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Timestamp: 2019-09-20 14:32:31+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XIII, número 2911, lunes 14 de diciembre de 2009
De la Comisión de Asuntos Indígenas, de trabajo 2009-2010
De la Comisión de Desarrollo Metropolitano, de trabajo 2009-2010
De la Comisión de Desarrollo Social, de trabajo para el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura
De la Comisión de Participación Ciudadana, de trabajo correspondiente al periodo 2009-2012
De la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de la LXI Legislatura
De la Comisión de Reforma Agraria, de trabajo correspondiente al periodo octubre de 2009-agosto de 2010
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, correspondiente a la reunión del miércoles 11 de noviembre de 2009
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, relativa a la segunda reunión ordinaria, celebrada el martes 24 de noviembre de 2009
De la Comisión de Puntos Constitucionales, a la reunión plenaria que tendrá verificativo el lunes 14 de diciembre, a las 11:00 horas
De la Comisión de Justicia, a la cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el lunes 14 de diciembre, a las 13:00 horas
De la Comisión de Juventud y Deporte, a la tercera reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 16:00 horas
De la Comisión de Derechos Humanos, a la sesión plenaria que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 17:00 horas
De la Comisión de Juventud y Deporte, a la tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 17:30 horas
De la Comisión Especial de análisis de políticas de creación de nuevos empleos, a la reunión de instalación, por celebrarse el martes 15 de diciembre, a las 11:00 horas
De la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de las aduanas y de los puertos y aeropuertos nacionales, a la reunión de instalación, que se realizará el martes 15 de diciembre, a las 11:00 horas
De la Comisión de Salud, a la segunda reunión plenaria, que se efectuará el martes 15 de diciembre, a las 13:00 horas
De la Comisión de Desarrollo Social, a la quinta sesión ordinaria, que se realizará el martes 15 de diciembre, a las 16:00 horas
Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010
De la Comisión de Cultura, a la exposición pictórica Oaxaca: rinconcito de magia y tradición, de la maestra Doris Arellano Manzo, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, y se inaugurará el martes 15 a las 10:00 horas.
De la Comisión de Cultura, a la exposición pictórica Lo mágico de lo diverso y lo libre, de la maestra Carla Elena Name, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, y se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas
De la Comisión de Cultura, a la exposición Taller de manualidades de los trabajadores del Sindicato de la Cámara de Diputados, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, y se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas
De la Comisión de Cultura, a la pastorela Los tres diablillos, que se efectuará el martes 15 de diciembre, a las 18:00 horas
De la Comisión de Cultura, a la exposición del nacimiento tradicional hecho por artesanos de Tlaquepaque, que permanecerá hasta el jueves 7 de enero
Del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, al curso Legislación y el desarrollo rural, que se realizará los viernes comprendidos del 23 de octubre al 12 de febrero, de las 10:00 a las 15:00 horas
Las tareas que el artículo 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece para las comisiones ordinarias incluyen las siguientes: • Elaborar programa anual de trabajo;
• Sesionar cuando menos una vez al mes; y
• Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, los proyectos y las proposiciones turnados a ellas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. II. Presentación
El programa de trabajo de la comisión es producto de las contribuciones y el consenso de los integrantes, quienes coincidimos en el compromiso de trabajo para superar las ofensivas condiciones de desventaja social y exclusión política que hoy caracterizan a los pueblos originarios de México.
Esta responsabilidad parte de la reflexión de que, pese a las condiciones de subordinación, los pueblos indígenas han resistido, manteniendo su supervivencia y conservando sus particularidades culturales.
Durante muchos años, la tendencia imperante de la política en México se caracterizó por pensar que lo mejor para el futuro de la nación era la desaparición de la población indígena. No obstante, la resistencia y las formas de lucha indígenas obligaron al reconocimiento de la diversidad del país, y se realizaron algunos cambios trascendentes.
Los cambios recientes más significativos en los tratos que el Estado ha llevado a cabo para con los pueblos indígenas, se reducen prácticamente a dos: por un lado, se logró el reconocimiento de sus derechos a partir de la reforma del artículo 2o. constitucional, al hacer presente su existencia, aunque limitada, como sujetos colectivos; y, en complemento, se abrió la posibilidad de una aplicación mejor orientada del presupuesto destinado para el desarrollo en sus regiones originarias, a través de la institución responsable de instaurar y coordinar las políticas públicas del gobierno federal.
Ambas medidas, aunque representan avances, no cubren lo que demandan los pueblos indígenas para superar sus rezagos.
En el recuento del Decenio internacional de los pueblos indígenas, llevado a cabo en octubre de 2004 en Tepoztlán, Morelos, se planteó lo anterior de la siguiente manera:
Al finalizar la década, continúa siendo un desafío la construcción de los Estados democráticos, inclusivos, interculturales, equitativos sobre la base de un pacto social genuino que reconozca el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas expresado a través de las diversas formas de autonomía o autogobierno que los pueblos indígenas promueven en los marcos de los nuevos modelos de Estado. Estas transformaciones requieren la voluntad política de los Estados, que se expresa en la redistribución del poder político y reorientación de los recursos presupuestarios, que permitan el desarrollo y el ejercicio pleno de los derechos colectivos.
En la primera década del siglo XXI, muchas voces se plantean insistentemente la transformación de México a partir de la reforma del Estado.
Quienes se pronuncian porque esta reforma sea de fondo y atienda a la realidad del país proponen, entre otras cosas, que la relación del Estado con los pueblos y las comunidades indígenas debe dejar de ser sólo de reconocimiento formal para convertirse en una política de Estado, donde se asuma de una vez la condición multicultural que el país históricamente ha mantenido, pese a quienes sostienen mestizajes y la homogeneidad cultural como factor de unidad nacional y condición para el desarrollo.
En función de lo anterior, los integrantes de la comisión hemos coincidido en que uno de los principales retos de ésta en la LXI Legislatura serán la revisión, el análisis, la discusión y la génesis de consensos para actualizar el marco jurídico de los derechos y el desarrollo de los pueblos, las comunidades y los individuos indígenas.
Por ello, entre las tareas prioritarias que es necesario impulsar para crear esa política de Estado está consolidar y profundizar la participación de los pueblos, las comunidades y las organizaciones en el diseño, aplicación y evaluación de las acciones que el aparato público tiene que desempeñar a su favor. La transformación de la relación entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad nacional requiere un trato sustentado en el compromiso de llevar a cabo una sistemática tarea de desarrollo que se ponga al servicio de las aspiraciones de los propios pueblos.
Para los integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas, hay la convicción y el pleno compromiso para contribuir en la redefinición del Estado mexicano, a partir de la construcción del estado pluricultural de derecho del siglo XXI en el contexto del bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
En congruencia con lo anterior, la comisión se propone impulsar el siguiente programa de trabajo.
Avanzar en la construcción de un estado pluricultural de derecho y de una política de Estado con y para los pueblos indígenas.
Que los pueblos, las comunidades y los individuos indígenas gocen verdaderamente de sus garantías individuales y ejerzan sus derechos colectivos con libre determinación y, con ello, participen en igualdad de oportunidades a los demás mexicanos de los retos y los beneficios del desarrollo nacional.
Actualizar a las necesidades de la realidad mexicana el marco jurídico que regula los derechos de los pueblos, de las comunidades y de los individuos indígenas, así como su plena participación en el desarrollo, considerando sus demandas y propuestas.
2. Específicos a) Analizar, discutir y, en su caso, aprobar las minutas, las iniciativas, las excitativas, las opiniones y los puntos de acuerdo que se turnen a la comisión.
b) Abatir el rezago de la LX Legislatura y anteriores.
c) Promover la armonización de la legislación nacional y de la política indigenista del Ejecutivo federal con los contenidos de los convenios y de las declaraciones de los organismos multilaterales.
d) Integrar y defender el presupuesto para el ejercicio de 2010 orientado al desarrollo integral de los pueblos y de las comunidades indígenas.
e) Dar seguimiento y realizar evaluación permanente, en el marco de las atribuciones de la comisión, al ejercicio del presupuesto indígena de 2010.
f) Convocar a los pueblos y a las organizaciones indígenas, y a la academia, con objeto de conocer sus demandas y propuestas, así como para recabar su opinión sobre las iniciativas y acciones legislativas. VI. Agenda legislativa
Para lograr esos objetivos, nos proponemos atender las siguientes líneas de trabajo: 1. Elaborar, consultar y avanzar en el proceso para la expedición de la Ley Reglamentaria del Artículo 2o. Constitucional.
2. Legislar en materia de consulta y desarrollo de los pueblos y de las comunidades indígenas.
3. Trabajar con la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores en las definiciones legislativas pendientes o que requieren en el corto plazo trabajo conjunto o en conferencia.
4. Establecer coordinación legislativa y concordancia con los congresos estatales para lograr que las transformaciones no queden exclusivamente en el ámbito federal sino que abarquen también lo correspondiente a la competencia de estados y de municipios.
5. Consultar, para las tareas legislativas, a las autoridades, y a los representantes y las organizaciones de los pueblos y de las comunidades indígenas.
6. Legislar en la esfera de nuestra competencia para
a) La educación intercultural para todos los mexicanos y una educación pertinente y de calidad para los pueblos indígenas;
b) El cumplimiento del mandato constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales, como el agua, los recursos mineros y el petróleo;
c) El reconocimiento del territorio indígena y la superación de los conflictos agrarios;
d) El derecho a la alimentación y a la salud, sobre todo para la población de alto riesgo: mujeres, niños y ancianos;
e) La participación y representación política de los pueblos indígenas;
f) Los derechos y la atención de los indígenas migrantes y de los asentados en zonas urbanas;
g) La consolidación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;
h) La formación y el reconocimiento profesional de los intérpretes y de los traductores indígenas;
i) La representación indígena en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;
j) La equidad entre los géneros y el reconocimiento pleno de los derechos de las indígenas.
k) La vinculación del patrimonio cultural con la investigación y el desarrollo tecnológico;
l) El fortalecimiento y la difusión de las lenguas y las culturas indígenas;
m) El derecho de los pueblos indígenas a la comunicación e información; y
n) La conciliación de las prácticas del derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo, así como hacer efectivas la asistencia de intérpretes y traductores para los indígenas en los procesos de solución de conflictos. VII. Acciones de fortalecimiento y difusión 1. Definir como escenario de futuro la integración del "desarrollo con identidad" para los pueblos, las comunidades y las colectividades indígenas en las condiciones que demandan en sus territorios originarios, así como en los que por razones de crecimiento de la ciudades son considerados indígenas urbanos y los que han seleccionado para inmigrar, creando el escenario inédito de la presencia de colectividades indígenas en todos los estados de la república.
2. Atender el mandato constitucional de establecer un presupuesto suficiente y pertinente para impulsar el desarrollo con identidad e integral de los pueblos y de las comunidades indígenas y para vigilar su adecuado ejercicio con la participación de éstos.
3. Realizar encuentros de vinculación y articulación de tareas con
a) Representantes de pueblos y de comunidades indígenas;
b) La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Senadores;
c) Legislaturas de las entidades federativas;
d) Dependencias y entidades de los gobiernos federal, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios;
e) Instituciones de investigación y educación superior;
f) Organizaciones no gubernamentales; y
g) Organismos multilaterales.
4. Realización de foros y reuniones sobre los temas de la agenda legislativa y del presente programa de trabajo.
5. Acciones de reflexión y difusión sobre la participación de los pueblos indígenas en los movimientos de la Independencia y la Revolución.
6. Visitas de seguimiento y evaluación a la ejecución de los programas federales en regiones y comunidades indígenas.
7. Participación en las efemérides relativas a
a) Descubrimiento de América, 12 de octubre;
b) Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero;
c) Aniversario del natalicio de Benito Juárez García, 21 de marzo;
d) Aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, 10 de abril;
e) Día Panamericano del Indio, 19 de abril; y
f) Día Mundial de las Poblaciones Indígenas, 9 de agosto.
8. Participación en las reuniones del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas.
9. Participación en foros de organismos multilaterales y legislativos regionales como los siguientes:
a) Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas;
b) Parlamento Centroamericano;
c) Parlamento Latinoamericano; y
d) Parlamento Indígena de América.
10. Edición de publicaciones que contribuyan a la realización de los objetivos de la comisión y a la difusión de sus resultados.
11. Producción de materiales audiovisuales con la colaboración del Canal del Congreso y de la Dirección General de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, que promuevan los trabajos de la comisión y que contribuyan al fortalecimiento de las identidades indígenas, así como al debate para la consolidación y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
12. Instalar y mantener actualizada permanentemente la página electrónica (Internet) de la comisión. VIII. Subcomisiones
Para la organización y el desarrollo de las actividades del presente programa se constituyen las siguientes subcomisiones de trabajo. 1. De Marco Jurídico y Dictamen.
2. De Derechos de los Pueblos Indígenas a la Libre Determinación y a la Autonomía.
3. De Política de Estado para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
4. De Presupuesto Indígena.
5. De Transparencia y Rendición de Cuentas. IX. Reuniones plenarias, octubre de 2009-agosto de 2010 • Primera, 28 de octubre
• Segunda, 8 de diciembre
• Tercera, 19 de enero
• Cuarta, 9 de febrero
• Quinta, 9 de marzo
• Sexta, 6 de abril
• Séptima, 11 de mayo
• Octava, 8 de junio
• Novena, 6 de julio
• Décima, 3 de agosto Atentamente
Diputado Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica)
La nación mexicana atraviesa por un entorno económico adverso. Precisamente por eso se requiere aprovechar, más que antes, las ventajas comparativas que ofrecen las zonas metropolitanas y reorientar el modelo de desarrollo económico. No se trata solamente de adoptar medidas emergentes para impulsar la reactivación económica, la inversión y la generación de empleo. El reto concierne al modelo de desarrollo nacional y a los cambios necesarios para el fomento de la competitividad económica de las zonas metropolitanas, que en conjunto aportan tres cuartas partes del producto interno bruto nacional.
Por eso los diputados que integramos la Comisión de Desarrollo Metropolitano nos proponemos trabajar, con visión de Estado, corresponsabilidad política y desde el ámbito legislativo, en el impulso de la competitividad económica, de políticas públicas orientadas a la viabilidad urbana y ambiental del crecimiento metropolitano y a promover la reducción de las disparidades del desarrollo social y entre entidades federativas y regiones del país. Eso supone necesariamente la adecuación de la legislación federal y local en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano en las zonas metropolitanas.
Esta comisión se propone como objetivo general contribuir, desde el ámbito de su competencia, a la adecuación del marco jurídico, de manera que se establezcan las bases de regulación y el ordenamiento del desarrollo metropolitano con la especificidad de que actualmente carece la legislación federal y local.
La innovación legislativa, en este campo, implica reconocer el estatus que debe otorgarse al desarrollo metropolitano, atender a la diversidad y heterogeneidad entre zonas metropolitanas, tanto en territorio de una misma como de dos o más entidades federativas, así como establecer la debida planeación y coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que hará propicia la adecuada concurrencia de los sectores privado y social de la sociedad.
Hay coincidencia entre los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión en torno a la necesidad de establecer la planeación del desarrollo regional y metropolitano, sobre nuevas bases. Para aspirar a un desarrollo nacional socialmente más equitativo es necesario integrar entre sí los centros de población con menor desarrollo, aprovechando su vocación y potencialidades económicas, al desarrollo productivo en la región metropolitana de influencia.
Los sectores productivos del país, la sociedad organizada y la ciudadanía en general coinciden, también, en que es necesario concertar esfuerzos en la misma dirección, a saber, generar un desarrollo económicamente equilibrado y equitativo social y territorialmente, que asegure bienestar social y calidad de vida en las regiones de influencia de las zonas metropolitanas, en las cuales se concentra la mitad de la población nacional.
Es necesario, por tanto, reorientar el desarrollo regional y metropolitano, a partir de un federalismo cooperativo, sobre bases que aseguren certidumbre productiva, una equitativa distribución de recursos y oportunidades y la colaboración responsable de autoridades locales y federales, al margen de su extracción partidista y las diferencias en la duración del mandato constitucional.
Con esa visión legislativa, la Comisión de Desarrollo Metropolitano emprenderá sus tareas de apoyo al Pleno, para preparar resoluciones sobre las iniciativas, minutas y proposiciones con puntos de acuerdo que le sean turnadas, a partir del criterio de que es necesario instituir una gestión pública de orden metropolitano, apoyada en una legislación articulada y congruente con las diferencias entre zonas metropolitanas y entidades federativas del país, que induzca la debida coordinación entre autoridades y el financiamiento de proyectos y obras fincadas en una efectiva planeación metropolitana.
Se trabajará, por consiguiente, en la elaboración y la concertación de ese criterio, que permitirá promover la adopción de políticas públicas metropolitanas de Estado. Es convicción de esta comisión que tales políticas constituyen una condición necesaria para, por una parte, corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un compulsivo y desordenado crecimiento de las zonas metropolitanas y, por otra parte, para fomentar el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas de ellas, en beneficio de dos cuartas partes de la población asentada en apenas el 14 por ciento del total de municipios del país y en menos del 10 por ciento de la superficie total nacional.
Es evidente que se requiere fortalecer el financiamiento público para ordenar las actividades productivas, fomentar la inversión privada y adecuar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos que sirven a las zonas metropolitanas. Pero igualmente evidente es que, al mismo tiempo, habrá que impulsar la coordinación y la cooperación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que el diseño y la implementación de proyectos y la ejecución de obras en el ámbito territorial metropolitano tengan efectivamente un alto impacto social. Las leyes deberán proveer a esa coordinación y cooperación, sin demérito de la composición política plural y las restricciones presupuestarias.
Con base en las facultades que la ley le otorga, la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados desempeñará sus tareas sobre la base de acordar una visión compartida del desarrollo metropolitano, que permita adecuar las leyes para promover un crecimiento económico con equidad social y oportunidades de bienestar y calidad de vida en las zonas metropolitanas del país, establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental en los territorios metropolitanos y, de esa manera, a hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación.
La Comisión de Desarrollo Metropolitano es de carácter ordinario, según lo dispuesto en el artículo 39, numeral 2, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de esa misma Ley, esta comisión tiene, por consiguiente, atribuciones para dictaminar los asuntos legislativos que la Mesa Directiva de la Cámara le turne; así como para evaluar las políticas públicas y el ejercicio de la administración pública federal correspondiente al ramo y materia, para lo cual puede requerir al Ejecutivo federal, en su caso, la información que sirva con ese propósito; así como para opinar acerca de los recursos presupuestarios destinados al ramo y del ejercicio y aplicación de los mismos según los informes de la Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento de los acuerdos de la Cámara de Diputados sobre el trabajo legislativo en comisiones y de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Con fundamento en el artículo 45, numeral 6, inciso a), la Comisión de Desarrollo Metropolitano presenta el programa de trabajo correspondiente al primer año de ejercicio de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados.
3.1. Peculiaridades y dimensión del fenómeno metropolitano
La tendencia a la urbanización metropolitana es irreversible y acelerada. Tomó al país ocho décadas para que sus asentamientos pasaran de un predominio rural a urbano. En cambio, la transformación de grandes ciudades a aglomeraciones metropolitanas ha tenido lugar en apenas dos décadas.
El desarrollo metropolitano representa actualmente un dilema a escala mundial y nacional. Por una parte, es resultado de un crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades a causa de factores tales como: a) Los intensos y continuos movimientos migratorios y la proliferación de centros urbanos, sin la debida planificación de los asentamientos y los usos aptos del suelo;
b) Una búsqueda generalizada entre la población de satisfactores y oportunidades de empleo, vivienda y servicios de salud y de educación.
c) La consiguiente concentración de actividades económicas en determinados espacios urbanos, que producen tensiones sobre infraestructura y equipamientos y el deterioro del medio ambiente en la región. Pero por otra parte el desarrollo metropolitano ha derivado tanto en ventajas comparativas, como en ventajas competitivas, respecto al resto de los centros de población sobre los que ejerce influencia, en virtud de la integración de cadenas productivas, la integración de ramas económicas y la interconexión de mercados, que se han visto favorecidas por la consolidación de infraestructura, equipamiento y servicios públicos, de que están dotadas las zonas metropolitanas. En México, en toda entidad federativa está conformada al menos una zona metropolitana, con excepción de tres estados en las que se registran en estado de conformación.
La ampliación y adecuación de la infraestructura y el equipamiento, de la cobertura de dotación de servicios públicos suficientes y con calidad, así como la preservación del medio ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, ha sometido a las zonas metropolitanas a fuertes presiones financieras y sociales, que hacen obligada la planeación a escala metropolitana, sobre territorios que trascienden los límites del municipio, así como la coordinación de autoridades de distinto nivel y extracción partidista.
En ese marco, la legislación vigente en materia de ordenamiento de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano resulta obsoleta e insuficiente, ya que el desarrollo metropolitano solamente es regulado en tanto que desarrollo urbano, no obstante que implica la dimensión económica y social del desarrollo y éste a una escala regional. Por eso deberá otorgarse prioridad al establecimiento de ese estatuto y de un tratamiento que responda efectivamente a la especificidad y especialización que supone el fenómeno metropolitano, que además de atingencia exige a los gobiernos actuar con oportunidad.
El reto implica actuar atendiendo a la interrelación de los factores económicos, sociales y políticos que determinan que una metrópoli sea más o menos productiva, respetuosa del medio ambiente, segura y habitable en el futuro, sin marginación y exclusión de sector o estrato social alguno de la población mexicana.
En México se han identificado y delimitado un total de 56 zonas metropolitanas, conformadas por un total de 329 municipios de 28 estados y las 16 Delegaciones del Distrito Federal (Secretaría de Desarrollo social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consejo Nacional de Población, 2007).
Zonas metropolitanas en México 1. Aguascalientes
4. La Laguna
5. Saltillo
6. Monclova-Frontera
7. Piedras Negras
8. Colima-Villa de Álvarez
10. Tuxtla Gutiérrez
11. Juárez
13. Valle de México
14. León
15. San Francisco del Rincón
16. Moroleón-Uriangato
17. Acapulco
19. Tulancingo
20. Tula
22. Puerto Vallarta
23. Ocotlán
24. Toluca
25. Morelia
26. Zamora-Jacona
27. La Piedad-Pénjamo
28. Cuernavaca
29. Cuautla
30. Tepic
31. Monterrey
32. Oaxaca
33. Tehuantepec
34. Puebla-Tlaxcala
35. Tehuacán
36. Querétaro
37. Cancún
38. San Luis Potosí-Soledad
39. Rioverde-Ciudad Fernández
40. Guaymas
41. Villahermosa
42. Tampico
43. Reynosa-Río Bravo
45. Nuevo Laredo
46. Tlaxcala-Apizaco
47. Veracruz
48. Xalapa
49. Poza Rica
50. Orizaba
51. Minatitlán
52. Coatzacoalcos
53. Córdoba
54. Acayucan
55. Mérida
56. Zacatecas-Guadalupe * Fuente: Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2005, Secretaría de Desarrollo social, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Consejo Nacional de Población, México, 2008 (segunda reimpresión).
Las 56 zonas metropolitanas, conformadas y delimitadas actualmente en el país, aportan en conjunto alrededor del 75 por ciento del Producto Interno Bruto nacional e inciden en el desarrollo económico y social de las regiones donde están conformadas. La influencia que ejercen se deja ver en la contribución que cada zona metropolitana representa para el producto interno bruto de la entidad federativa en que se ubica, que oscila entre el 50 y el 80 por ciento. La economía y las oportunidades de bienestar social en las entidades federativas dependen, en buena medida, de la economía metropolitana.
Uno de cada dos mexicanos reside en alguna de las 56 zonas metropolitanas del país, que en conjunto representan el 56.05 por ciento (57.9 millones de habitantes) de la población nacional (103.3 millones de habitantes).
Las zonas metropolitanas del país presentan peculiaridades y diferencias entre sí y de una entidad federativa y región del país a otra. Atendiendo a su tamaño, por ejemplo, seis del total de ellas tienen una población mayor a 1 millón de habitantes, 18 de ellas entre 500 mil y 1 millón de habitantes y las 29 restantes más de 50 mil y menos de 500 mil habitantes, comprendiendo en conjunto a 329 municipios metropolitanos, el 14% del total de municipios del país (2,438) y las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Si se considera además del tamaño a la conformación territorial, se tiene que seis zonas se despliegan sobre territorio de dos o más entidades federativas (interestatales), tres de las cuales son las más grandes del país (ZM del Valle de México, ZM de la ciudad de Guadalajara y ZM de la ciudad de Monterrey); otras seis están ubicadas en la franja fronteriza (dos de ellas con más de un millón de habitantes); aunque la mayor parte de las zonas metropolitanas del país, cincuenta de ellas están contenidas en territorio de una sola entidad federativa, en dos de las cuales el municipio central alberga más de un millón de habitantes (Juárez y León).
3.2. Insuficiencias de la legislación en materia metropolitana
En México el ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano registran algunos avances en las últimas tres décadas, sin embargo aún no se ha provisto al país de una legislación adecuada para regular y orientar el desarrollo metropolitano.
A partir de la década de los años ochenta del siglo pasado, se expidieron leyes, se implantaron políticas públicas y programas concurrentes para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, el control de los procesos de urbanización y la regulación del desarrollo urbano, en congruencia con el sistema nacional de planeación democrática del desarrollo nacional. La expedición de la Ley General de Asentamientos Humanos, que abrogó la anterior, y las reformas constitucionales en materia de conurbaciones, sentaron las bases del sistema nacional de ciudades y de los planes de ordenamiento urbano estatal y de zonificación urbana municipal. El funcionamiento institucional del sector desarrollo urbano fue reorientado sobre esas nuevas bases, tanto en la administración pública federal como en las administraciones públicas estatales y municipales. Con ello, se dieron los primeros pasos para regular la expansión de las grandes ciudades y el fenómeno de conurbación.
A tres décadas de distancia, sin embargo, la legislación no ha sido readecuada para proveer a la regulación del fenómeno de "metropolización", cuyas características han cambiado, de tal modo que la conformación y el desarrollo de zonas metropolitanas no se limita a los territorios en que se presentan conurbaciones de gran tamaño, sino que comprende la formación de áreas no conurbadas en estrecha interdependencia con las ciudades centrales.
La investigación realizada sobre este fenómeno ha concluido que la conurbación no es ya la única variable de la conformación y el funcionamiento metropolitano y, por consiguiente, no es el único criterio que habrá que atender para su adecuada delimitación y planeación del desarrollo.
Por eso, la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha identificado como problema fundamental a resolver por el Legislativo el que las normas vigentes, aplicables al desarrollo metropolitano, sólo regula las conurbaciones, es decir, la unión física de centros urbanos ubicados en territorio de dos o más municipios, ya sean en una sola o en dos o más entidades federativas. Si bien las zonas metropolitanas se han conformado a partir de alguna conurbación, la mayor parte de ellas se han desarrollado como entramado de varias conurbaciones y la ciudad central ejerce influencia sobre áreas periféricas no conurbadas, a cuyo desarrollo afectan o bien al que también pueden contribuir. De tal modo que el funcionamiento metropolitano puede gravitar sobre núcleos conurbados diversos y distintas periferias territoriales. Habrá que considerar, adicionalmente, que las presiones demográficas en zonas metropolitanas se producen en los municipios periféricos, que crecen a expensas de las áreas metropolitanas intermedias y, en algunos casos, en territorio de distintos municipios.
Actualmente el marco legal que regula el desarrollo de conurbaciones comprende los artículos 25, párrafo segundo, 27, párrafo tercero, 115, fracciones V, inciso c), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Asentamientos Humanos, y de manera indirecta y mediante derivación correlativa la Ley General de Población y la Ley de Planeación. Pero en ninguna de estas disposiciones se establece, de manera íntegra y suficiente, la regulación del desarrollo metropolitano con las peculiaridades que lo hacen más complejo y sin duda distinto al de las conurbaciones.
Algunos estudios consideran que es necesaria la creación de una legislación más apropiada y específica a la realidad metropolitana, por medio de la cual se sienten las bases y lineamientos que deban regir el desarrollo metropolitano en el país. Un diagnóstico realizado por esta comisión acerca del marco jurídico relativo al desarrollo urbano en las treinta y dos entidades de la República, arroja entre otros resultados relevantes, que las zonas metropolitanas reciben el mismo tratamiento que se da a las conurbaciones, en congruencia con lo que establece el artículo 115, fracción VI, de la Constitución Política y a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos; sólo tres estados de la República han integrado la legislación en un Código Urbano (Aguascalientes, Querétaro y Zacatecas); en 21 estados se cuentan con Ley de Desarrollo Urbano y sólo en el Distrito Federal a partir de 2007 y, más reciente, en el estado de Hidalgo se ha expedido además la Ley de Desarrollo Metropolitano.
Por eso, la equiparación de la zona metropolitana a la conurbación intermunicipal resulta actualmente insuficiente para un adecuado tratamiento, entre otros aspectos, porque no permite dar cuenta de la regulación del desarrollo urbano y del ordenamiento territorial en aquellas zonas metropolitanas conformadas a partir de la interdependencia económica y urbana, entre territorios conurbados y no conurbados ubicados en la misma zona de influencia.
Por otra parte, la adecuación de la legislación en la materia no se satisface solamente con dar respuesta a los problemas de regulación y ordenamiento de zonas metropolitanas en territorio de dos o más entidades federativas, que en México corresponden sólo a cinco, sino a los representados por la mayor parte de ellas, comprendidas en territorio de una sola entidad federativa, para las cuales la legislación de las entidades federativas tampoco ha sido readecuada, de tal modo que propicie condiciones para que las autoridades actúen conjuntamente, con base en una planeación concertada y una coordinación consistente con los requerimientos del desarrollo en la zona metropolitana de que se trate.
El desarrollo metropolitano implica la dimensión política de gobierno, tal como han sugerido los especialistas (entre otros Castells, Borja y Jones), lo que define el problema de coordinación intergubernamental. En otros países se ha resuelto la cuestión a través de instituir autoridad intermedia de gobierno metropolitano, que operan como instancias de coordinación y toma de decisiones colegiada por parte de autoridades locales o municipales con representación política electoral; en algunos casos se ha llegado incluso a dotarlas de potestad tributaria para financiar obras y proyectos metropolitanos y a establecer la figura de un órgano colegiado representativo que dita leyes y normatividad administrativa para regular ciertas materias del desarrollo metropolitano, tal como uso de suelo, transporte, infraestructura hidráulica y vial.
Esas fórmulas no son aplicables a nuestro régimen político, dentro del cual no se admite una autoridad entre el municipio y el estado. En apego a los principios federalistas, la función de gobierno en territorio metropolitano es concurrente y debe ser ejercida sin conculcar la soberanía de los estados en cuanto a su régimen interno, y la autonomía política y administrativa del municipio libre.
Pero en México, en años recientes, se tiene una composición políticamente más plural de los Ayuntamientos y entre los ejecutivos estatales, se presentan con mayor frecuencia que antes situaciones de "gobierno yuxtapuesto" (con ejecutivo estatal de partido distinto al de los alcaldes), de "gobierno dividido" (ejecutivo de un partido distinto de aquel que tiene mayoría o de una coalición legislativa con mayoría en el Congreso estatal), o bien de legislaturas locales sin mayoría de partido político alguno, lo cual representa dificultades para hacer propicia y efectiva la colaboración y la coordinación entre municipios y entre ellos y el ejecutivo estatal o entre municipios y ejecutivos de distinta entidad federativa.
A la cuestión de gobierno está estrechamente vinculada la relativa a la gestión pública metropolitana, misma que supone una coordinación entre autoridades de diverso orden y, al mismo tiempo, una acción intersectorial de la administración pública, que comprende desde infraestructura básica y vial, equipamiento urbano y servicios públicos sobre territorios heterogéneos, en todos los casos conformados por lo menos dos municipios, hasta el fomento de cadenas productivas y de la competitividad económica.
Las dificultades en este campo provienen de las diferentes capacidades institucionales entre municipios, la creciente alternancia partidista en el nivel municipal de gobierno, y la diferencia entre la duración del mandato de alcaldes y ejecutivos estatales. Tales dificultades repercuten además en la continuidad de la planeación y ejecución de obras y proyectos, así como en la aportación financiera de los municipios y del ejecutivo estatal respectivo.
3.3. Financiamiento público del desarrollo metropolitano
En contraste con las ventajas que en términos de integración de cadenas productivas y de mercados y, por tanto, de competitividad económica representan, las zonas metropolitanas del país están sometidas a problemas de funcionamiento urbano y, al mismo tiempo, a requerimientos de financiamiento para el mantenimiento y ampliación de cobertura y calidad de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos y la provisión de reservas territoriales para inducir los usos de suelo más apropiados, que representan una dimensión mayor de gasto de inversión que la del resto de ciudades del país. De la provisión del financiamiento público puede depender, en parte, la viabilidad del desarrollo de varios municipios en la región de influencia de una zona metropolitana.
En el conjunto del sistema nacional urbano, las zonas metropolitanas tienen las tasas más altas de densidad media urbana y de crecimiento poblacional. A la vez que son más acentuados los contrastes sociales derivados de la distribución desigual del ingreso y de la población sobre las diversas áreas del territorio metropolitano, las diferencias en el acceso a vivienda y servicios, así como la posibilidad de aprovechar las oportunidades de empleo y de ocupación productiva por cuenta propia.
Por eso, las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios públicos y los problemas de funcionamiento urbano y de preservación del medio ambiente implican políticas públicas transversales entre diversos sectores de la administración pública, federal, estatal y municipal, así como cuantiosas inversiones y una efectiva y continua coordinación intergubernamental y concertación con los sectores privado y social en los territorios metropolitanos.
En este renglón, se ha avanzado en virtud del establecimiento, por primera vez en México, de una fuente de financiamiento federal del desarrollo metropolitano, a partir de la creación del Fondo Metropolitano por parte de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, que autorizó un monto de un mil millones de pesos a la zona metropolitana del Valle de México para el ejercicio fiscal 2006. Durante la LX Legislatura, dicho monto fue incrementado a 3,000 millones de pesos para el ejercicio 2007 asignado a la misma zona metropolitana y a partir del ejercicio fiscal 2008, no sólo se volvió a incrementar para llegar a 5,550 millones de pesos sino que además ese monto fue asignado entre seis zonas metropolitanas adicionales. Un nuevo avance se produjo para el ejercicio de 2009, al ser autorizada la asignación de recursos federales a dieciséis zonas metropolitanas por un monto total de 5,985 millones de pesos.
Monto asignado a Fondo Metropolitano por año y ZM beneficiada
No obstante esos avances, el problema de financiamiento público del desarrollo metropolitano no radica sólo en la insuficiencia de los recursos, la ampliación de la cobertura para incorporar las 40 zonas metropolitanas aún no beneficiadas a la fecha, sino también en la estabilidad y certidumbre de la fuente de aprovisionamiento o ingreso, aún no prevista por la legislación, así como el reto representado por conseguir una distribución de los recursos federales que sea lo menos inequitativa posible entre zonas metropolitanas, con desigual desarrollo y requerimientos distintos.
Por eso, es de destacar que, desde el inicio de esta LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano empeñó esfuerzos, negociación política y un arduo trabajo técnico para justificar el incremento de los recursos federales asignados a fondos metropolitanos en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2010, frente a una reducción del orden de 41.5 por ciento que proyectó el Ejecutivo federal en comparación a los montos asignados en 2009; reducción que pudo ser revertida y convertida en un incremento real para el ejercicio 2010. Como parte de ese trabajo, la Comisión de Desarrollo Metropolitano acordó considerar, por primera vez, una combinación de criterios de orden sociodemográfico, económico y urbano, de tal manera que no se atendiera sólo al criterio del tamaño de la población metropolitana, tal como se venía haciendo, lo que se traducía en cierta inequidad a partir del monto asignado a cada zona metropolitana.
La propuesta de modificación presupuestaria, que hizo esta comisión a la de Presupuesto y Cuenta Pública, encontró el respaldo de los grupos parlamentarios primero en esa Comisión y luego en el Pleno de la Asamblea de esta Cámara de Diputados, de manera que para el ejercicio fiscal 2010 se logró asignar un monto total de 7 mil 455 millones de pesos para fondos metropolitanos, lo que representa un incremento del 24.5 por ciento respecto al monto total autorizado en 2009 y, al mismo tiempo, asignar Fondo Metropolitano a un total de 32 zonas metropolitanas, diecisiete adicionales a las autorizadas para el ejercicio 2009, duplicándose la cobertura de atención.
Este avance en el financiamiento público del desarrollo metropolitano, alcanzado en virtud de los acuerdos logrados en esta Cámara de Diputados, no obstante las restricciones presupuestarias derivadas de la debilidad fiscal y un entorno de recesión económica en los dos últimos años, requiere ser sostenido en los siguientes ejercicios fiscales.
Por eso, la Comisión de Desarrollo Metropolitano se propone impulsar que, a la par del aumento de los recursos federalizados hacia el desarrollo metropolitano, de una distribución menos asimétrica y discrecional en su asignación, conviene redireccionar el objetivo de los fondos metropolitanos, lo que permitirá potenciar la cobertura de atención de zonas metropolitanas, de manera que este rubro de gasto de inversión federalizado cumpla con la misión de apoyar los esfuerzos y los recursos que deben comprometer, por su parte, las entidades federativas y municipios, en el fomento de un desarrollo metropolitano ordenado y sustentable.
Esta comisión concibe los fondos metropolitanos como un instrumento de financiamiento complementario, que debe ser orientado no para sustituir la responsabilidad de los gobiernos estatales, sino como un incentivo para impulsar la planeación metropolitana y la responsabilidad de las entidades federativas y los municipios de coordinarse adecuadamente, ya que en esa medida se estará en posibilidades de promover la organización de las autoridades en zonas metropolitanas aún no beneficiadas con este tipo de apoyo federal.
Por otro lado, ante algunas dificultades detectadas, relativas a la canalización y el ejercicio con oportunidad de los recursos asignados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano considera que es necesario revisar y, en su caso, promover la readecuación de las Reglas de Operación de los fondos metropolitanos, en términos de agilizar la canalización de los recursos hacia las entidades ejecutoras de gasto en las entidades federativas, así como mejorar la eficiencia y transparencia en su aplicación por parte de éstas últimas, a partir de una adecuada rendición de cuentas, que implica la disposición de información suficiente y oportuna para evaluar los proyectos y obras metropolitanas comprometidas y su respectivo avance, con miras al siguiente ejercicio fiscal.
Sobre esas bases, los integrantes de esta comisión nos proponemos trabajar, en suma, en la revisión y readecuación de las consideraciones para la asignación, los lineamientos que deben observarse por parte de las autoridades locales y federales, de manera que la distribución de asignaciones responda a los principios de equidad fiscal y presupuestaria, de eficiencia de gasto y de continuidad de obras y proyectos comprometidos, además de considerar el impacto social de las obras y proyectos propuestos por las autoridades que soliciten Fondo Metropolitano.
Se trata de que las disposiciones que esta Cámara de Diputados establezca, en materia de fondos metropolitanos, induzcan la responsabilidad de los gobiernos locales, la correcta aplicación de los recursos asignados y la incorporación de los sectores privado y social en los consejos metropolitanos, órganos de concurrencia y consulta ciudadana, para contribuir al desarrollo metropolitano y rendir cuentas oportunamente al poder legislativo federal.
3.4. Retos de la Comisión de Desarrollo Metropolitano
3.4.1. Adecuación de la legislación en la materia
No obstante la relevancia de la cuestión metropolitana para la agenda del desarrollo nacional, el marco jurídico vigente carece de una regulación del desarrollo metropolitano, con la especificidad y especialización que requiere su tratamiento, hasta ahora equiparado y asimilado al que prevalece para el caso de las conurbaciones. La existencia de conurbaciones constituye sólo uno de los parámetros de la conformación y sólo uno de los criterios de delimitación de las zonas metropolitanas.
En la legislación de las entidades federativas, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos y del desarrollo urbano, tampoco se prevé la cuestión metropolitana como materia y objeto de regulación, con un alcance distinto al que se ha dado a la regulación de las conurbaciones ente municipios.
A esta insuficiencia se añade que la coordinación entre autoridades de los ejecutivos estatales y los municipios no es de orden vinculante, suele ser inconsistente y discontinua en la mayor parte de los casos, o bien exhibe rezagos en cuanto a la planeación y aportación de recursos suficientes para la acción pública concertada en zonas metropolitanas. Hasta ahora, la coordinación entre autoridades municipales, así como la planeación del desarrollo metropolitano, presenta consistencia sólo cuando la Federación ha canalizado recursos presupuestarios, tendencia no deseable en términos de la responsabilidad que deben asumir los gobiernos de las entidades federativas y los municipios.
Por tanto se requiere otorgar un tratamiento jurídico integral, especializado y transversal entre materias del ordenamiento territorial de los asentamientos y del desarrollo en zonas metropolitanas, a partir de parámetros tales como la influencia recíproca en cuanto al funcionamiento urbano y al desarrollo económico y social entre municipios conurbados y no conurbados, así como de criterios y bases generales para inducir la coordinación entre autoridades locales estatales y municipales, de modo que se hagan responsables de hacer frente a los problemas de funcionamiento urbano y de atender los requerimientos del desarrollo económico y social en la región de influencia metropolitana, es decir que trasciende los límites territoriales del municipio.
Para responder a las actuales condiciones del desarrollo metropolitano, en nuestro país se requiere adecuar la legislación para establecer en las normas el principio de transversalidad de la administración pública y el principio de colaboración y de asociación entre autoridades que concurren, con diferentes facultades y competencias, a la planeación y el ordenamiento del desarrollo metropolitano, hasta ahora no reconocido ni instituido como tal.
De ese modo se podrá hacer corresponsables a las autoridades municipales con las autoridades estatales, en la función concurrente de articular el ordenamiento territorial y la regulación del desarrollo urbano en las zonas metropolitanas, con base en criterios comunes y en una acción concertada con los sectores privado y social, que permita orientar el funcionamiento urbano y el desarrollo económico sobre bases sustentables, asegurar el aprovisionamiento de infraestructura y equipamiento, la prestación de servicios públicos de calidad y con la cobertura requerida, la promoción de la competitividad económica y el restablecimiento del equilibrio ecológico en las zonas metropolitanas.
Las reformas a las leyes vigentes, o en su caso la expedición de nueva legislación, debieran estar orientadas a asegurar la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno en el aprovisionamiento de agua potable, el mejoramiento de la movilidad urbana y el establecimiento de asentamientos y usos de suelo en territorios metropolitanos, que sean consistentes y viables con la tendencia y las características de crecimiento que presentan las zonas metropolitanas. A la fecha no se dispone en las leyes de criterios básicos que permitan homologar los estándares de planeación, coordinación y provisión de recursos de financiamiento público del desarrollo metropolitano, en congruencia con la función que desempeñan las zonas metropolitanas en el sistema urbano y el desarrollo económico y social nacional.
3.4.2. Aspectos a considerar en la innovación legislativa
Las iniciativas de ley o reforma legal presentadas hasta ahora han enfatizado la cuestión de la coordinación intergubernamental y la gobernabilidad metropolitana, al proponer el establecimiento de entidades públicas de orden metropolitano y la asociación entre municipios para la ejecución conjunta de obras de infraestructura y equipamiento y la prestación de servicios públicos metropolitanos. En esta línea habrá que insistir para encontrar el diseño institucional que mejor se adapte al sistema federal vigente, en el que no cabe la instauración de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el municipio.
Otros asuntos relevantes para el perfeccionamiento del marco jurídico federal se refieren a la especificidad que exige la regulación de la planeación del desarrollo metropolitano, lo que implica la revisión y el análisis del sistema nacional de planeación del desarrollo.
Otra línea de trabajo legislativo que debe ser retomada consiste en las acciones del sector público para orientar el desarrollo económico hacia la consecución de mayor competitividad, aprovechando la capacidad instalada, la integración de mercados y la generación de empleo en los sectores secundario y terciario que hacen posibles las zonas metropolitanas en su área de influencia.
Por eso, la adecuación de la legislación federal y estatal deberá proveer a una adecuada planeación y coordinación intermunicipal, a la provisión de recursos y la orientación del financiamiento y la acción pública conjunta y sostenida en el tiempo, de manera que la continuidad de los proyectos y obras metropolitanas no se vean supeditadas a la voluntad política de las autoridades en turno y, a la vez, contribuyan a fomentar la competitividad económica y cerrar las brechas de acceso a las oportunidades de bienestar social para la población.
La adecuación de nuestras leyes, en materia metropolitana, debe ser orientada por consiguiente a asegurar que las autoridades acuerden una planeación conjunta del desarrollo metropolitano y que homologuen los criterios para la regulación de los usos del suelo, a partir de una visión metropolitana del desarrollo intermunicipal.
El desarrollo urbano debe ser considerado, en el caso de las zonas metropolitanas, como un asunto de fomento económico y promoción de bienestar social, no sólo como problema de ordenamiento territorial de los asentamientos o bien provisión de servicios públicos.
Es entonces una cuestión que concierne al gobierno a escala metropolitana, que repercute en las posibilidades de garantizar la planeación y coordinación entre autoridades, de distinto nivel y extracción partidista, para acometer la regulación de los asentamientos y las actividades, a administración eficiente de las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos, el óptimo aprovechamiento de las ventajas competitivas de la economía metropolitana como un todo articulado, así como la previsión de las necesidades y los requerimientos futuros en el territorio metropolitano.
Se trata, por tanto, de garantizar una perspectiva de desarrollo regional, con un enfoque transversal y una acción interinstitucional de la administración pública.
IV. Estrategias y líneas de acción
Con base en el contexto y el diagnóstico planteados, la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha hecho un esfuerzo de síntesis y de sistematización de propuestas, inquietudes y comentarios, vertidos durante diversas sesiones de trabajo con presidentes municipales, gobernadores, legisladores locales y al interior de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Con la finalidad de orientar de manera puntual las posibilidades reales que tiene esta comisión para contribuir en el perfeccionamiento del marco legal del tema metropolitano, hemos integrado un total de 37 acciones específicas en 7 líneas de acción que corresponden, a su vez, a tres grandes estrategias: 1. De proceso legislativo.
2. De vinculación legislativa.
3. De gestión legislativa. De esta forma presentamos el esquema general de nuestro programa de trabajo que, aunque se plantea proyectado a los tres años de ejercicio, puntualiza sobre los tiempos correspondientes a cada periodo y a cada uno de los tres años que dura la presente legislatura.
Apoyar al Pleno en el desahogo de las iniciativas y los resolutivos tendientes a la adecuación del marco jurídico federal en materia de regulación del desarrollo metropolitano, así como de las políticas públicas y el financiamiento público hacia las zonas metropolitanas. Estrategia 1. Proceso legislativo: Sustentar la adecuación del marco jurídico federal
Grupo de trabajo: De análisis al marco jurídico y enlace con comisiones estatales
Línea de acción 1: Desahogo de asuntos legislativos turnados a la Comisión de Desarrollo Metropolitano para su trámite y seguimiento Acciones específicas 1. Resolver los proyectos de dictamen que no se alcanzaron a conocer en pleno de la LX Legislatura.
2. Resolver las minutas que le sean turnadas durante la LXI Legislatura.
3. Resolver las proposiciones con punto de acuerdo que hayan sido turnadas a la comisión.
4. Resolver las iniciativas que quedaron pendiente en la LIX y LX Legislaturas.
5. Resolver las iniciativas turne la mesa directiva a esta comisión durante la presente legislatura.
Línea de acción 2: establecer criterios para la adecuación del marco jurídico. Acciones específicas 1. Evaluar el marco jurídico existente.
2. Elaborar un marco conceptual en materia metropolitana.
3. Analizar las legislaciones estatales en materia metropolitana para homogeneizar criterios de regulación.
4. Elaborar y promover una iniciativa de ley de desarrollo metropolitano.
5. Foros de consulta para la integración de la iniciativa de ley de desarrollo metropolitano.
6. Revisar y proponer una reglamentación para los fondos metropolitanos.
7. Analizar y proponer las modificaciones a las Leyes General de Asentamientos Humanos, de Planeación, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente con la finalidad de alinear los objetivos de desarrollo sustentable en las zonas metropolitanas.
8. Integrar un diagnóstico político, económico y social que sustente las propuestas que se hagan respecto a gobierno y representación metropolitana.
Estrategia 2. Vinculación legislativa: Fomentar el trabajo coordinado con las comisiones homologas en la colegisladora, las legislaturas locales y congresos o parlamentos en otros países y con el ramo correspondiente de la administración pública federal para fortalecer las tareas de adecuación del marco jurídico legal
Grupo de trabajo: De verificación física y avances financieros
Línea de acción 1: Evaluar el impacto, social y regional, de los proyectos apoyados con fondo metropolitano Acciones específicas 1. Evaluación institucional: Solicitar expedientes de avance y seguimiento de obras a la SHCP.
2. Evaluación de costo-beneficio de proyectos por zona y región.
3. Definir una estrategia para el seguimiento y, en su caso, adecuación de proyectos que requieren continuidad.
4. Establecer un vínculo institucional con los Consejos Metropolitanos para coadyuvar en la evaluación y seguimiento.
5. Establecer un vínculo institucional con las comisiones legislativas de los congresos estatales con zonas metropolitanas.
6. Identificar los problemas y necesidades que enfrentan las autoridades de las entidades federativas y municipios para planear, regular y financiar el desarrollo metropolitano.
7. Verificación física de obras y proyectos en zonas metropolitanas.
8. Revisar los ejercicios financieros de las obras para evitar subejercicios.
9. Concertar visita oficial al extranjero para intercambio y documentación de experiencias exitosas.
Línea de acción 2: Fortalecimiento del financiamiento público al desarrollo metropolitano Acciones específicas 1. Elaboración de propuestas para dar viabilidad social, política y económica a los fondos metropolitanos.
2. Definir criterios adecuados para la asignación de recursos.
3. Evaluar el impacto presupuestario: Solicitar los análisis costo-beneficio entregado a la SHCP.
4. Definir criterios normativos para los subejercicios.
Línea de acción 3: Evaluar el programa sectorial de la administración pública federal y promover la adecuación de las políticas públicas en la materia Acciones específicas 1. Solicitar información a la titular del ramo sobre el estado que guarda la ejecución del programa sectorial en la materia.
2. Formular recomendaciones al Ejecutivo federal para adecuar las políticas públicas en materia de ordenamiento territorial, regulación del desarrollo metropolitano y fomento de la competitividad económica de las zonas metropolitanas.
Estrategia 3. Gestión legislativa: Promover la interlocución con los sectores social y privado para tratar asuntos de orden metropolitano y documentar el criterio del legislador
Grupo de trabajo: De estudio, análisis y revisión de proyectos
Línea de acción 1: Planeación participativa: Inducir la concurrencia de los sectores público, social y privado en la planeación del desarrollo metropolitano. Acciones específicas 1. Analizar criterios técnicos de delimitación de zonas metropolitanas.
2. Realizar proyecciones demográficas en los estados y municipios para sustentar previsiones de crecimiento.
3. Orientar el trabajo de los centros de investigación hacia los requerimientos de la comisión.
Línea de acción 2: Vinculación social y ciudadana: Integración de propuestas de la sociedad civil. Acciones específicas 1. Contacto e interlocución con sectores involucrados en la problemática de zonas metropolitanas.
2. Reuniones de trabajo con Instituciones Académicas y organizaciones especializadas en el tema metropolitano.
3. Convocar y organizar foros regionales.
4. Convocar a un foro nacional.
5. Integrar un plan de medios para la difusión del tema metropolitano.
6. Fortalecer el Micro sitio de la Comisión y contribuir al enlace con las páginas de internet particulares de cada diputado, para una adecuada difusión del trabajo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), el 29 de septiembre del año en curso fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la integración de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, con lo cual fue integrada la Comisión de Desarrollo Social por 14 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 9 del Partido Acción Nacional, 4 del Partido de la Revolución Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México, 1 del Partido del Trabajo y 1 de Nueva Alianza.
El 6 de octubre del año en curso, la comisión realizó la sesión de instalación, donde se acordó iniciar inmediatamente el diseño del programa de trabajo para cumplir el artículo 45, numeral 6, inciso a), de la LOCGEUM, el cual señala la obligación de las comisiones de elaborar programa anual de trabajo.
Debe señalarse que para la LOCGEUM, el programa de trabajo constituye una herramienta fundamental para organizar, jerarquizar y dotar de los consensos necesarios al conjunto de actividades que realizan las comisiones legislativas, de tal modo que puedan ejercer de la manera más adecuada y con mayor beneficio social las atribuciones que la ley les confiere.
Con este marco jurídico se sometió a consideración del pleno de la comisión el siguiente programa de trabajo para el primer año del ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados:
El trabajo de las comisiones legislativas es pieza fundamental de la dinámica parlamentaria. Sus integrantes dan seguimiento a temas específicos y analizan las políticas emprendidas por el gobierno federal. Son también un vínculo con los actores sociales que buscan incidir en la creación de leyes o en la gestión de asuntos públicos específicos; en este caso, en la política social.
La Comisión de Desarrollo Social tiene entre sus encomiendas analizar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, con lo cual contribuye a que la Cámara de Diputados cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A este cuerpo de apoyo legislativo corresponde impulsar la transparencia en la asignación y aplicación de los recursos destinados a los programas del sector social, a fin de cuidar que lleguen a sus destinatarios con suficiencia y oportunidad y sin condicionamientos políticos.
En particular, y mandatada por los artículos 18 a 28 de la Ley General de Desarrollo Social, debe poner especial cuidado en la asignación equitativa de recursos a los programas y fondos prioritarios de interés público, buscando en todo momento que contribuyan de manera efectiva a erradicar la pobreza en sus diversas manifestaciones.
Con esta visión, la comisión participará activamente en la definición e implantación de una política de Estado para el desarrollo social, que sea transversal y esté claramente articulada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siguiendo los criterios de justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto de la diversidad, libre autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y transparencia que marca la ley.
Una política de Estado sobre desarrollo social incluye necesariamente a los sectores de la sociedad en su diseño e impulso. Implica una nueva gobernanza, donde es fundamental el acercamiento cotidiano con los actores preocupados por las sustentabilidad del desarrollo social en el país para que los propios destinatarios de los programas gubernamentales opinen y evalúen las acciones de gobierno y propongan procedimientos de corrección de desviaciones. Se debe trascender la visión asistencialista y construir condiciones sólidas que permitan el ejercicio de una ciudadanía con acceso pleno al desarrollo social sustentable.
Analizar, discutir y aprobar propuestas legislativas orientadas a potenciar tanto el combate efectivo de la pobreza, la marginación y la exclusión social como el desarrollo productivo y avanzar en la construcción de condiciones para que todos los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos, garantizando mayor igualdad de oportunidades y el acceso al desarrollo social en todas las regiones del país.
Objetivos específicos Promover el diálogo entre poderes y las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión para alcanzar consensos que se traduzcan en acciones para el combate efectivo de la pobreza y de la desigualdad.
Dar prioridad a las modificaciones legales que se inscriban en el marco de una política social de Estado.
Analizar, revisar y dar seguimiento a las políticas y los programas de desarrollo social, y –en su caso– sugerir su reorientación o su mejoramiento.
Actualizar la legislación que regula las acciones del gobierno y la sociedad en materia de desarrollo social, de tal manera que se orienten a un esquema progresivo de superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social, en el marco de la actual crisis financiera y económica.
Promover mayor transparencia, rendición de cuentas e imparcialidad en el diseño y en la aplicación de los programas sociales y, en general, de la política de desarrollo social, a través de la comunicación permanente con las autoridades encargadas de la política de desarrollo social y la optimización de las reglas de operación de los programas gubernamentales del ramo. La Comisión de Desarrollo Social, en el primer año de ejercicio de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, centrará sus trabajos como sigue
I. Atención del rezago legislativo y análisis del marco jurídico de la política social existente En el primer periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, evaluar el rezago legislativo proveniente de la LX Legislatura: 39 iniciativas y 15 puntos de acuerdo, lo cual se atenderá de inmediato conforme a los criterios que acuerde la mesa directiva de la comisión.
Para el despacho de los asuntos legislativos, es fundamental depurar los archivos que se encuentran bajo resguardo en la comisión, de tal manera que se garantice su adecuada clasificación en apoyo de las labores parlamentarias. Por tanto, resulta necesario depurar y consolidar en los próximos seis meses el archivo de la comisión.
De conformidad con lo dispuesto en el inciso f) del numeral 6 del artículo 45 de la LOCGEUM, la comisión dictaminará, atenderá o resolverá las iniciativas, los proyectos y las proposiciones que le sean turnados, en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Para tal efecto, la comisión deberá realizar cuando menos una sesión mensual.
Integrar en los próximos dos meses un acervo bibliohemerográfico para apoyar el análisis de la problemática social. El acervo estará a disposición de los integrantes de la comisión y los de las demás relativas a temas vinculados con el desarrollo social.
Mantener estrecho contacto con los centros de estudios de la Cámara, a fin de realizar trabajos que permitan mejorar los programas de desarrollo social y los que requiera la Mesa Directiva de esta soberanía. Para ello será necesario establecer un calendario de reuniones periódicas.
Establecer estrecha comunicación con la Secretaría de Desarrollo Social y demás autoridades federales competentes para contar con su punto de vista en cuanto a la evaluación y resolución a que se someterán las iniciativas, los proyectos y las proposiciones que se le turnen.
Convocar por lo menos a una reunión mensual a los asesores de la mesa directiva para mantener a los diputados al tanto de los trabajos de la comisión.
Hacer un análisis sistemático de las iniciativas que proponen modificaciones de la Ley General de Desarrollo Social, incorporando las propuestas y observaciones que han dado a conocer actores involucrados, a fin de considerar la viabilidad de iniciar un proceso sistemático de actualización.
Realizar un diagnóstico sobre la viabilidad de dotar de plena independencia a la Comisión Nacional de Evaluación. II. Impulso de la transparencia en la política social Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, vigilar el cumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales y, en su caso, proponer adecuaciones para un mejor desempeño. Al efecto, será necesario establecer un calendario de reuniones de evaluación de los principales programas gubernamentales, ya sea en campo o con las autoridades federales correspondientes.
La comisión impulsará el intercambio de opiniones y estudios con dependencias públicas, con la participación de especialistas y académicos, relativas a la problemática social y al diseño de una política de Estado en la materia. Será fundamental la comunicación permanente con el Consejo Nacional de Evaluación, así como con instituciones y asociaciones interesadas en el ámbito social, a fin de dar seguimiento y opinar respecto a las políticas y a la ejecución de los programas de desarrollo social.
Propiciar la publicación de obras relativas a la problemática social, encaminadas a analizarla y plantear soluciones o formas de atenderla.
Mantener actualizada la información sobre las actividades de la comisión y difundirla oportunamente vía electrónica, a fin de cumplir los objetivos de transparencia rendición de cuentas y dar a conocer los trabajos de este órgano legislativo.
Establecer comunicación activa con la Comisión de Desarrollo Social del Senado, a fin de generar una lógica de trabajo conjunto y un intercambio de información sobre los asuntos legislativos en ambas Cámaras.
Realizar las evaluaciones correspondientes a los informes que emitan las autoridades federales, a fin de evaluar su desempeño y necesidades para lograr una mejor distribución de los recursos asignados al desarrollo social mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. III. Rendición de cuentas y vinculación con la sociedad Sostener trimestralmente reuniones con los funcionarios y las asociaciones del sector social para analizar el avance y la eficacia de programas, evaluar su efecto y sugerir acciones de gobierno.
Elaborar y rendir el informe semestral de actividades de la comisión de conformidad con lo dispuesto en el inciso b), numeral 6, del artículo 45 de la LOCGEUM.
Llevar a cabo giras de trabajo con integrantes de la comisión, a fin de evaluar la operación de los programas sociales, en el marco de sus atribuciones de fiscalización.
Programar conferencias magistrales y talleres donde los miembros de la comisión dialoguen con expertos en políticas de desarrollo social.
Impulsar que en el primer año de actividades se instale una conferencia parlamentaria de desarrollo social, en coordinación con la Cámara de Senadores.
Analizar y dar seguimiento a la política social en las entidades federativas para determinar si la propaganda relacionada con los programas sociales cumple el espíritu de imparcialidad y uso de recursos no partidista.
Promover la participación de la sociedad civil para fortalecer y dar seguimiento al aporte en la formación de la contraloría social.
Difundir el marco legal y los trabajos de la Comisión de Desarrollo Social a través de medios impresos y del Canal del Congreso.
Revisar el diseño y la aplicación de padrones de beneficiarios, así como ampliar la participación social en programas de implantación de la política social en su vertiente de control por la Secretaría de Hacienda. IV. Definición, ejercicio y control presupuestario Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 20 a 23 de la Ley General de Desarrollo Social, mediante la elaboración de propuestas específicas en el proceso de integración del Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de procurar que a los programas sociales se asignen los recursos necesarios para su mejor desempeño y efectividad.
Dar opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rinda el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 45 de la LOCGEUM.
Efectuar el seguimiento de los programas o de las acciones gubernamentales. Es necesario que de los recursos públicos federalizados (ramo 33 y vía convenio de desarrollo social), que ejercen estados y municipios, se informe de oportunidades sobre su ejercicio, cuenten con reglas de operación, padrones de beneficiarios y procedimientos de evaluación que garanticen un uso eficiente y eficaz, además del escrutinio de los ciudadanos y la fiscalización de las instancias competentes. Atentamente
Diputado José Francisco Yunes Zorrilla (rúbrica)
De conformidad con las facultades y atribuciones conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presenta el proyecto de Plan de Trabajo 2009-2012 de la Comisión de Participación Ciudadana, con los objetivos de impulsar la cimentación de una democracia deliberativa y ciudadana, basada en acciones y trabajos para la construcción de consensos hacia el fortalecimiento del poder público y de la sociedad civil, con directrices de la representación política y participación ciudadana de la sociedad civil y el Estado.
La comisión desde sus orígenes mediatos hasta la actual, se erige en el marco de la participación y cooperación de diputadas y diputados que la integran, para dar continuidad al planteamiento de los proyectos y metas concretas de la comisión.
La responsabilidad y compromiso que tenemos todos los integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana, es lograr homogeneizar y establecer en el marco legal todos los mecanismos de participación social que nos permitan legitimar las decisiones de gobierno.
Esta actividad deberá ser el fruto de consultas públicas entre todas las corrientes ciudadanas, así como las expresiones plurales de los sectores público, privado, social, empresarial, académico, entre otros.
Durante las Legislaturas LVI y LVII se constituyó una Comisión Especial de Participación Ciudadana en la Cámara de Diputados con la finalidad de analizar y proponer nuevas formas de la actividad social en el Estado.
Durante la LVIII Legislatura federal (4 de octubre del 2000), se determinó la integración de la Comisión de Participación Ciudadana con el carácter de ordinaria.
El 19 de noviembre de 2003 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para aumentar la competencia de la Comisión de Participación Ciudadana, al dotarla de facultades de intervención en el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre otros cuerpos legales, establece los derechos y obligaciones en la materia a través de los siguientes artículos: Articulo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;
IV. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Articulo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Articulo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.
Artículo 26, inciso A cuarto párrafo: En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.
Entre otros concordantes y concurrentes.
Por su parte la Ley de Planeación, señala:
Articulo 1o., fracción cuarta: Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta ley.
Artículo 20 (Capítulo Tercero Participación Ciudadana): En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta ley. Con este marco de referencia debe considerarse la especificidad inherente a la organicidad del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su Artículo 39, numeral 1: Las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales; y el numeral 3 determina que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control…
Objetivos Propiciar la acción coyuntural e integradora del gobierno con el pueblo, sectores social, empresarial, educativo, privado, entre otros.
Proponer en la reforma del Estado el fortalecer y propiciar la transparencia y la rendición de cuentas.
Establecer y legislar dentro de la reforma del Estado, los mecanismos de participación social que coadyuven a la legitimación de los actos del Estado.
Asegurar el futuro del Estado mexicano.
Desarrollar la cimentación de un Estado basado en los principios de pluralidad, democracia participativa, gobernabilidad democrática y autonomía de las instituciones públicas.
Legislar en materia de participación ciudadana.
Aportar al cumplimiento de la representación política y la participación ciudadana.
Dirigir la aplicación de políticas públicas reales, así como a la transparencia en el ejercicio de las funciones y la rendición de cuentas.
Realizar tareas de debate, análisis, aprobación de alternativas y pronunciamientos, en dictámenes concretos en los temas de la agenda nacional y las políticas públicas. Plan de Trabajo
Este proyecto se plantea en base a seis ejes rectores que se desarrollarán en subcomisiones de trabajo integrados por las Diputadas y Diputados Federales de forma paritaria, bajo la siguiente propuesta: a) Foros ciudadanos.
b) Participación ciudadana.
c) Auditoria ciudadana.
d) Legislación en la materia.
e) Principios y valores cívicos, democráticos y éticos.
f) Parlamento de las niñas y los niños. a) Foros ciudadanos Marco legal para la participación ciudadana.
Impulsar la participación ciudadana que coadyuve a la vigilancia, control y transparencia de las acciones y recursos públicos.
La importancia de la Contraloría Social en la rendición de cuentas.
Elevar a rango constitucional la participación ciudadana directa.
Elementos conceptuales en materia de participación ciudadana directa.
Analizar y promover en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las figuras de democracia participativa (iniciativa popular, el referéndum, plebiscito, presupuesto participativo, otros).
Consejos de Participación Social en todos los municipios, las entidades federativas y las dependencias de gobierno federal.
Derecho comparado en materia de métodos de participación ciudadana directa.
Foros de análisis y discusión para la elaboración de la Ley Federal de Participación Ciudadana convocando, a nivel nacional, a todos los sectores de la sociedad (académico, privado, social, organizaciones de la sociedad social, servidores públicos, organismos no gubernamentales, entre otros, de la ciudadanía).
Organizar un encuentro nacional de legisladores locales y federales rumbo a la Ley Federal de Participación Ciudadana.
Foros nacionales de análisis y propuestas sobre los temas de relevancia política, económica y social.
Organizar foros internacionales para comparar y compartir las experiencias extranjeras en materia de participación ciudadana.
Fomentar la difusión de los temas desarrollados en los foros a través del Canal del Congreso de la Unión, Internet, entre otros.
Desarrollar foros de participación ciudadana en el interior del país sobre temas especializados para jóvenes, mujeres, grupos vulnerables, migrantes, equidad de género, entre otros; trasmitidos a través del Canal del Congreso de la Unión e Internet. b) Participación ciudadana Fortalecer las acciones de fomento y apoyos otorgados por el gobierno federal a favor de las organizaciones de la sociedad civil.
Establecer procedimientos que permitan una relación productiva entre la administración pública federal y las agrupaciones políticas nacionales mediante talleres y mesas de trabajo, con la participación de funcionarios federales que aporten herramientas de información y de participación ciudadana. c) Auditoría ciudadana Participación de ciudadanos en la vigilancia del ejercicio de recursos públicos.
Proponer la fusión de la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. d) Legislación en la materia Análisis comparativo de la legislación de las entidades federativas en materia de participación ciudadana.
Conocer e impulsar las iniciativas ciudadanas sobre el marco legal en las entidades federativas de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
Analizar y proponer reformas Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Consolidar la aplicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, a fin de enriquecer algunos preceptos legales que permitan un efectivo fomento de las actividades de todas las organizaciones de la sociedad civil.
Proponer una reforma constitucional y legal que establezca la participación ciudadana y sus procedimientos.
Foros de análisis y discusión para la elaboración de la Ley Federal de Participación Ciudadana. e) Principios y valores cívicos, democráticos y éticos Apoyar y difundir la Exposición Itinerante de los Símbolos Patrios y la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
Promover la cultura cívica, la cultura política y la participación ciudadana en los planes y programas de estudios y en las políticas públicas.
Fomentar la educación cívica y cultura democrática entre la sociedad mexicana en coordinación con el sector social público y privado.
Promoción nacional e internacional de valores y métodos democráticos como: diálogo, participación, horizontalidad, comunicación, justicia, equidad, tolerancia, honestidad, respeto, libertad, compromiso, responsabilidad ciudadana, identidad nacional, símbolos patrios, Constitución Política, cultura indígena, formas de gobierno, entre otros. f) Parlamento de las Niñas y los Niños de México Coordinar la organización del Parlamento de las Niñas y los Niños de México, con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Coordinar la instalación e organización de la Asamblea Ciudadana, como órgano de expresión y definición social y política, que legitime la relación de la participación del Estado con la sociedad. Atentamente
Diputado Arturo Santana Alfaro
Las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que tienen por objeto la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones de los asuntos turnados para el ejercicio de su análisis y estudio correspondiente, de acuerdo al ámbito de su competencia.
Las comisiones legislativas van encaminadas al trabajo técnico y profesional del legislador, con lo que se busca fortalecer la división de tareas parlamentarias por especialidades, "así como la organización funcional y efectiva de la producción normativa".
En síntesis, constituyen la integración de un grupo de miembros pertenecientes a las Cámaras, quienes por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos que les son turnados para preparar los documentos que servirán de base al pleno para la toma de decisiones y las resoluciones definitivas.
El artículo 45, numeral 6, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consigna la obligación de las Comisiones Ordinarias de elaborar un programa anual de trabajo.
En este sentido, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía ha procedido a la elaboración de su plan de trabajo, considerando que el marco normativo que regula la radio, la televisión y la cinematografía requiere promover su desarrollo atendiendo a diversos factores, como son su función social; el papel cultural y educativo que desempeñan; las características propias de la industria y la necesidad de hacer frente a los requerimientos en materia tecnológica, indispensables para una industria sostenible y competente, en beneficio del interés público.
El presente programa de trabajo pretende ordenar, programar y sistematizar las tareas legislativas de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, hasta el día 31 de agosto de 2010.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
El mismo precepto señala que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
El citado ordenamiento, en su artículo 45, numeral 6, inciso a), establece el deber de las Comisiones Ordinarias de elaborar un programa anual de trabajo.
Diputados: Juan Gerardo Rores Ramírez (PRI), presidente; Andrés Massieu Fernández (PRI), Ricardo Armando Rebollo Mendoza (PRI), Rubén Arellano Rodríguez (PAN), María Yolanda Valencia Vales (PAN), Ariel Gómez León (PRD), Alberto Emiliano Cinta Martínez (PVEM), secretarios; José Manuel Aguero Tovar (PRI), Roberto Armando Albores Gleason (PRI), Javier Corral Jurado (PAN), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT), Carlos Flores Rico (PRI), Jorge Franco Vargas (PRI), Mary Telma Guajardo Villarreal (PRD), José Manuel Hinojosa Pérez (PAN), Juan Huerta Montero (PAN), María del Carmen Izaguirre Francos (PRI), Sergio Mancilla Zayas (PRI), Salvador Manzur Díaz (PRI), Alfonso Jesús Martínez Alcázar (PAN), Luis Enrique Mercado Sánchez (PAN), Fausto Sergio Saldaña del Moral (PRI), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (PRD), Canek Vázquez Góngora (PRI), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), Guillermo José Zavaleta Rojas (PAN), Sixto Alfonso Zetina Soto (PAN).
I. Dictámenes
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, una de las principales funciones de las comisiones constituye la elaboración de dictámenes.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía atenderá con toda oportunidad los turnos que reciba, evitando la creación de rezago.
De igual forma, trabajará para descargar aquéllos asuntos que devienen de legislaturas anteriores.
La Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía cuenta con un rezago que comprende 18 iniciativas y 4 proposiciones con punto de acuerdo de la LIX Legislatura y 31 iniciativas y 1 minuta provenientes de la LX Legislatura.
Como anexo, se acompaña el listado y características de las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo pendientes de dictamen.
Se analizará y estudiará de forma minuciosa cada asunto, tomando en cuenta las opiniones y valoraciones de los diputados y las diputadas, de las dependencias, organismos y entidades de la administración pública federal, así como de cualquier persona física o moral, pública o privada, que tenga interés o injerencia en los temas que ocupan a la comisión.
Actividades propuestas a) Durante los meses de noviembre y diciembre de este año, enero y febrero de 2010, la Presidencia enfocará sus esfuerzos en revisar y analizar el contenido de las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo.
b) Se elaborará un documento de conclusiones, que será sometido a consideración de los integrantes de la mesa directiva de la comisión, con el objetivo de abatir el rezago legislativo. Deberá contener la siguiente información, en su caso:
1. Iniciativas que no requieran de dictamen, ya sea por la oportunidad o cualquier otra circunstancia justificada.
2. Proposiciones con puntos de acuerdo que, por la oportunidad, ya no requieran dictamen.
3. Iniciativas que pudieran analizarse de forma conjunta por la similitud sobre los temas que versan.
4. Iniciativas divididas por tema para facilitar el adecuado seguimiento.
La comisión, por acuerdo de su mayoría, podrá darle prelación al estudio de las iniciativas, en función de los temas que aborden.
c) Se propondrá un esquema de trabajo con plazos para presentar, en su caso, las propuestas de dictámenes correspondientes y someterlos a consideración de los integrantes de la comisión. Con ello se pretende abatir el rezago, sin perjuicio de que los asuntos nuevos sean atendidos con la debida oportunidad y de forma paralela.
d) Se analizarán, estudiarán y, en su caso, propondrán reformas, adiciones, derogaciones o incluso abrogaciones al marco jurídico vigente en materia de radio, televisión y cinematografía.
f) Se estudiarán, analizarán y realizarán los trabajos necesarios para presentar dictámenes, opiniones y demás asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara turne a la comisión. II. Reuniones de trabajo de la comisión
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso d) del punto 6 del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la comisión sesionará cuando menos una vez al mes. Ello sin perjuicio de convocar a sesión extraordinaria cuando resulte necesario para el debido cumplimiento de sus funciones.
Los integrantes de la comisión promoverán que las reuniones de trabajo se realicen en el marco de una discusión respetuosa e informada de los temas. Para ello asumen el compromiso de conocer y analizar previamente la documentación que les sea remitida de manera oportuna por la presidencia o por la secretaría técnica para evitar dilaciones innecesarias y circunscribir los temas de las reuniones a los previstos en el respectivo orden del día.
Lo anterior, no es óbice para que se aborden otros asuntos, siempre que así sea acordado por la mayoría.
La mesa directiva se reunirá el segundo martes de cada mes. La comisión se reunirá en plenaria el tercer martes de cada mes. Las reuniones respectivas se llevarán a cabo a partir de las 17:00 horas.
Actividades propuestas a) La presidencia, por sí o a través de la secretaría técnica, remitirá de forma oportuna los asuntos objeto de estudio a los miembros de la comisión.
b) La secretaría técnica elaborará y actualizará toda la información relacionada con los acuerdos que requieran de seguimiento.
c) Con base en el artículo 45, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se promoverán las reuniones de trabajo con la presencia de los servidores públicos, para facilitar el intercambio de información y la colaboración con el Poder Ejecutivo federal.
d) Se dará seguimiento al cumplimiento de las atribuciones por parte de las instancias, entidades y dependencias cuyas atribuciones u objeto, guarden relación con aspectos de radio, televisión y cinematografía.
e) Se estudiarán, analizarán y realizarán los trabajos necesarios para presentar dictámenes, opiniones y demás asuntos que la Mesa Directiva de la Cámara turne a la comisión. III. Organización de foros, actividades y viajes de trabajo
La tarea de emitir nuevas leyes o de modificar las ya existentes invariablemente incide de forma económica y social. Es responsabilidad de los legisladores vigilar que el marco normativo atienda las necesidades sociales y vigile por el interés público.
Resulta de vital importancia que los integrantes de la comisión conozcan a fondo los temas que les compete abordar y cuenten con la información soporte para tomar decisiones informadas.
Para ello se fortalecerán los vínculos con cada uno de los actores, tanto del sector público como del privado, que tengan relación o injerencia con los temas que ocupan los trabajos de la Comisión. Con ello, se prevé mantener un diálogo permanente.
En este orden, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía organizará foros y eventos, en función de los temas que se acuerden en el seno de la comisión. Se realizarán exclusivamente los viajes que resulten indispensables para el cumplimiento de los fines de la comisión.
Actividades propuestas a) Celebración de reuniones de trabajo con las dependencias, organismos y entidades relacionados con la radiodifusión y la industria cinematográfica para allegarse de mayores elementos que permitan conocer la situación actual y sus necesidades, así como sus respectivos programas de desarrollo.
b) Organización de foros relacionados con la situación actual de la industria cinematográfica y su regulación.
c) Organización de foros y actividades sobre temas que ocupan a la radiodifusión en general.
d) Coordinación con las diversas instancias, dependencias y entidades pertenecientes al sector público.
e) Vinculación con las personas físicas o morales cuya labor esté relacionada con las actividades competencia de esta comisión.
f) Promoción de foros y reuniones con representantes de organismos internacionales. IV. Atención ciudadana y transparencia
Para el debido cumplimiento de las funciones legislativas, resulta indispensable mantener un canal de comunicación permanente y directo con la ciudadanía a quien se representa.
La comisión llevará a cabo todas las gestiones tendientes a hacer más accesible el proceso de envío y recepción de comunicaciones de cualquier tipo.
Se atenderá o en su caso, se canalizará a las instancias competentes cualquier tipo de solicitud, inconformidad o manifestación.
Íntimamente vinculados a lo anterior, están los temas de la transparencia y el acceso a la información, ejes fundamentales de la democracia mexicana.
La comisión refrenda su particular compromiso no sólo en dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales que regulan esa materia, sino a llevar a cabo acciones adicionales tendientes a transparentar su quehacer cotidiano y rendir cuentas de cara a la ciudadanía.
Actividades propuestas a) Llevar a cabo todas las gestiones para poder crear un micrositio de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía que dé a conocer sus funciones y compromisos principales, así como las actividades legislativas y la documentación que les da soporte.
b) Sin perjuicio de lo anterior, mantener actualizada –en la página web de la Cámara de Diputados– la información de la comisión sobre:
i. Planes de trabajo.
ii. Reportes de actividades.
iii. Directorio de los diputados y del personal que la integra.
iv. Relación y estado de los asuntos legislativos que se le hayan turnado, lo que incluye iniciativas, minutas y puntos de acuerdo.
v. Textos de los dictámenes aprobados.
vi. Relación de reuniones, actividades, foros y viajes de trabajo, así como sus respectivas minutas, actas y versiones estenográficas.
c) Se dará seguimiento a los asuntos turnados -por razones de competencia- a las instancias, entidades o dependencias del Poder Ejecutivo Federal, coadyuvando en la observancia del marco normativo vigente.
d) Hacer más accesibles los medios de comunicación con la ciudadanía, mediante la creación de herramientas que permitan fácil acceso a través del uso de Internet o por mensajería tradicional.
e) Se creará una cuenta de correo exclusivamente para recibir todo tipo de quejas, sugerencias, denuncias o manifestaciones relacionadas con la cinematografía o la radiodifusión y se proporcionará un número telefónico para tal efecto.
f) La presidencia, a través de la secretaría técnica, garantizará el seguimiento de las peticiones, denuncias o quejas para determinar el cauce correspondiente y dará cuenta de ello a la comisión. V. Otras actividades a) Dar seguimiento a la ejecución y puesta en marcha de las disposiciones derivadas del acuerdo por el que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias autorizadas para prestar el servicio de radio y que operan en la banda de amplitud modulada, a fin de optimizar el uso, aprovechamiento y explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2008.
b) Exhortar al Poder Ejecutivo federal para que fortalezca los procedimientos de supervisión y vigilancia de los contenidos en radio y televisión; así como para que, en el marco de su competencia, ejerza las acciones legales conducentes en contra de las personas físicas o morales que operan estaciones de radiodifusión, sin contar con concesión o permiso.
c) Emitir opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el fin de hacer aportaciones sobre aspectos presupuesta les cuya actividad tiene injerencia en las materias competencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, en beneficio del interés público.
d) Vigilar el cumplimiento del artículo correspondiente del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, que se refiere a la distribución de los denominados "tiempos fiscales", solicitando a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación la información bimestral correspondiente.
e) Integrar un sistema básico de información y documentación para dar servicio a los integrantes de la comisión.
f) Coordinar las actividades propias de esta comisión con las demás en las que se traten asuntos correlativos al área de su competencia.
g) Desarrollar en su caso análisis sobre los asuntos de coyuntura concernientes a los temas objeto de la comisión.
h) Mantener contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones para conocer los avances en la adopción del estándar en materia de radio digital, así como solicitar informes sobre el mismo.
i) Elaborar un informe de actividades semestral para cumplir lo dispuesto en el artículo 45, párrafo sexto, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, además de publicar los avances en el trabajo de la comisión. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2009.
Diputados: Juan Gerardo Rores Ramírez (rúbrica), presidente; Andrés Massieu Fernández (rúbrica), Jorge Venustiano González Ilescas (rúbrica), Ricardo Armando Rebollo Mendoza (rúbrica), María Yolanda Valencia Vales (rúbrica), Rubén Arellano Rodríguez (rúbrica), Ariel Gómez León (rúbrica), Alberto Emiliano Cinta Martínez, secretarios; José Manuel Aguero Tovar (rúbrica), Roberto Armando Albores Gleason (rúbrica), Carlos Flores Rico, Jorge Franco Vargas, María del Carmen Izaguirre Francos (rúbrica), Sergio Mancilla Zayas (rúbrica), Salvador Manzur Díaz, Sergio Saldaña del Moral (rúbrica), Canek Vázquez Góngora (rúbrica), José Francisco Yunes Zorrilla, Javier Corral Jurado, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Sixto Alfonso Zetina Soto, Juan Huerta Montero, Guillermo José Zavaleta Rojas, José Manuel Hinojosa Pérez, Luis Enrique Mercado Sánchez, Guillermo Cueva Sada (rúbrica), Jaime Fernando Cárdenas Gracia (rúbrica), Gerardo del Mazo Morales (rúbrica), Mary Telma Guajardo Villarreal (rúbrica), Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, ANUAL DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE DE 2009-AGOSTO DE 2010
Los integrantes de la Comisión de Reforma Agraria, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XXXII del artículo 39, en la que se establece que "las comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales", y en inciso a), numeral 6, del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a las tareas de las comisiones, presenta su programa anual de trabajo del primer año de ejercicio de la LXI Legislatura, correspondiente al periodo octubre de 2009-agosto de 2010.
Promover con el trabajo legislativo, con el seguimiento y evaluación de la instrumentación de las políticas, programas, acciones y presupuestos orientados al sector agrario nacional, para el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Agraria y demás ordenamientos que tienen por objeto el desarrollo integral y equitativo de la población del sector rural mediante el otorgamiento de la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, el ordenamiento de la propiedad rural, la atención de los conflictos agrarios, la organización y defensa de los derechos agrarios de ejidatarios y comuneros, la capitalización del campo y el fomento de las actividades productivas para elevar el bienestar de la población rural y su mayor y mejor participación en la vida nacional.
II. 1. En el ámbito agrario, cumplir con el mandato expresado en el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de aprobar la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación entre septiembre y noviembre de 2009.
II. 2. En lo que corresponda al ámbito agrario, analizar y opinar sobre el tercer Informe de Gobierno como lo prescribe el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.3. Propiciar la comparecencia del secretario de la Reforma Agraria y de los titulares de los organismos sectorizados, Procuraduría Agraria y Fifonafe, con el propósito de efectuar la glosa del tercer Informe de Gobierno.
II.4. En el límite de sus atribuciones como Comisión de Reforma Agraria, efectuar la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año anterior, de los ramos de la administración pública federal que le correspondan.
II.5. Evaluar el Plan Nacional de Desarrollo y los programas respectivos, en lo que corresponde al área de competencia de esta comisión.
II.6. Dictaminar, opinar, formular informes y resoluciones sobre todas las iniciativas y proposiciones que reciba de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura durante el periodo.
II.7. Efectuar reuniones de trabajo en las entidades federativas, con los niveles de gobierno necesarios para atender la problemática agraria, particularmente de conflictos sociales originados por la incertidumbre en la tenencia de la tierra.
II.8. Elaborar el programa anual de trabajo, que deberá incluir realización de audiencias consultas populares, foros, visitas, entrevistas, convocatorias a particulares y comparecencias de servidores públicos cuando fuere necesario.
II.9. Elaborar el informe anual de actividades y presentarlo a la LXI Legislatura a través de la Mesa Directiva y la Gaceta Parlamentaria.
II.10. Atender lo no previsto en este programa anual de trabajo e incorporarlo al informe anual de actividades.
III. Estrategias de trabajo
III.1. Realización mensual de sesiones ordinarias previa convocatoria con por lo menos veinticuatro horas de anticipación durante los periodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas durante los recesos y con convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaría conteniendo a) proyecto de orden del día; b) fecha, hora y lugar preciso de su realización dentro del Palacio Legislativo; y c) relación pormenorizada de los asuntos que deberán ser votados por la comisión.
III.2. Realización de reuniones extraordinarias de trabajo cuando así los exija la instrumentación de las acciones del actual programa anual de trabajo.
III.3. Integrar subcomisiones permanentes para la presentación de anteproyectos de dictámenes o resolución, así como para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias administrativas.
III.4. Constituir mesas de trabajo para el desahogo de las iniciativas y las proposiciones de dictamen que en calidad de "proyectos" recibió la comisión de legislaturas anteriores
III.5. Realizar comparecencias de los servidores públicos del ramo agrario para el cumplimiento de los mandatos constitucionales sobre Presupuesto, Cuenta Pública, Informe de Gobierno y Plan Nacional de Desarrollo.
III.6. Realizar audiencias para atender a los ciudadanos u organizaciones agrarias que soliciten la intervención de esta comisión en algún problema de su interés.
III.7. Efectuar consultas populares sobre las iniciativas de reforma a la legislación agraria, en los casos que así lo estime la comisión.
III.8. Llevar a cabo foros de consulta entre especialistas de la legislación agraria o tribunales agrarios, procuración agraria, registro agrario, sobre políticas rurales, Presupuestos, Cuentas Públicas, Planes de Desarrollo, etcétera, según lo considere la comisión
III.9. Efectuar visitas a las entidades federativas, particularmente a regiones, zonas, municipios, ejidos y comunidades donde se presenten conflictos sociales por motivos de la incertidumbre en la tenencia de la tierra y promover sus soluciones
III.10.Realizar entrevistas a personalidades destacadas de instituciones nacionales e internacionales que coadyuven con esta comisión en el cumplimiento de sus funciones y planes de trabajo.
A las 11:20 horas, el presidente, Jesús María Rodríguez Hernández, solicitó hacer la lista de asistencia, por lo que el secretario Daniel Gabriel Ávila Ruiz informó que se habían registrado los diputados Jesús María Rodríguez Hernández, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, José Antonio Arámbula López, Julio Castellanos Ramírez, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Luis Felipe Eguía Pérez, Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Héctor Guevara Ramírez, José Luis Jaime Correa, Jesús Alfonso Navarrete Prida, Alma Carolina Viggiano Austria y Pedro Vázquez González, lo que hizo un total de 15 diputados presentes; asimismo justificó su inasistencia el diputado Sami Gabriel David David; y faltaron las diputadas Rosalina Mazari Espín y Alba Leonila Méndez Herrera.
El presidente declaró que había quórum e inició la sesión solicitando que se diera lectura al orden del día propuesto para la sesión.
La secretaria Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo leyó el orden del día: 1. Registro de asistencia y declaración de quórum.
4. Presentación de la propuesta para la integración de los grupos de trabajo.
5. Dictámenes a discusión.
7. Convocatoria para la próxima sesión.
8. Clausura. El presidente lo sometió a discusión y el diputado Luis Felipe Eguía Pérez solicitó que se pudiera entregar con antelación. La secretaria lo sometió a votación y fue aprobado.
Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo informó que el acta de la sesión de instalación, correspondiente al 13 de octubre del año en curso, ya ha sido distribuida entre los asistentes, por lo que, por instrucciones de la presidencia, consultó si se podía dispensar la lectura, sugerencia que fue aprobada. Acto seguido, anunció que se encontraba a discusión el acta y no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó.
El presidente presentó la propuesta de integración de los grupos de trabajo, señaló que, conforme lo acordado en la última sesión, los grupos serían conformados considerando la preferencia de cada diputado y, en su defecto, se facultaba a la mesa directiva para integrar a los diputados que no hubieran externado su parecer. De esta manera propuso que el grupo de trabajo de reformas constitucionales quedara integrado por los diputados Julio Castellanos Ramírez, Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, Rosalina Mazari Espín, Alba Leonila Méndez Herrera y Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo; el grupo de trabajo de reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos quedara integrado por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez , Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, José Antonio Arámbula López, Luis Felipe Eguía Pérez, Mariana Ivette Ezeta Salcedo y Alma Carolina Viggiano Austria; y el grupo de trabajo de reformas al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por Daniel Gabriel Ávila Ruiz (PAN), Sami Gabriel David David, José Luis Jaime Correa, Héctor Guevara Ramírez, Jesús Alfonso Navarrete Prida y Pedro Vázquez González; señalando que él participará en los tres.
La secretaria Dolores de los Ángeles Nazares anunció que estaba a discusión la propuesta, no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó. También informó que, por instrucciones de la presidencia, se someterían a discusión y votación los dictámenes con proyecto de acuerdo por el que se desechan dos iniciativas que adicionan la fracción XXXIII del numeral dos del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; la presentada por el diputado José Orlando Pérez Moguel del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la sesión del 10 de noviembre de 2005 y la presentada por el diputado Manuel Salvador Salgado Amador del Partido Verde Ecologista de México, en la sesión del 7 de octubre de 2008; así como el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el numeral tres del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado José Edmundo Ramírez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 18 de marzo de 2009.
El presidente comentó que se trataba de propuestas de dictamen elaboradas por esta comisión durante la anterior legislatura, por lo que, consideró conveniente someterlas a discusión y votación a efecto de aprovechar el tiempo y evitar la acumulación del trabajo legislativo sobre todo en materia de lo que está en rezago.
El diputado José Luis Correa dijo que los dictámenes no le parecían mal, pero que siendo documentos que no fueron elaborados por la comisión de esta legislatura se deberían enviar a los grupos de trabajo para que se puedan conocer y hacer propios o en su defecto rechazarlos. Propuso que se les diera lectura como una forma de suplir esa carencia.
Ante esto, el diputado Héctor Guevara Ramírez señaló que no tenía caso hacer la lectura si se iban a turnar a los grupos de trabajo. Propuso que se sometiera a votación o bien que pasaran a los grupos de trabajo o del pleno de la comisión para que se determinara su suerte.
El diputado José Antonio Arámbula coincidió en que el método correcto era el turno del asunto al grupo de trabajo antes de someterlo a consideración del pleno, pero señaló que ha sido difícil integrar el quórum por lo que propuso que se votaran los dictámenes aprovechando que hoy se encontraban la mayoría de los diputados.
El diputado Fermín Alvarado Arroyo apuntó que no se trataba de un asunto menor, que se debía dar materia y función a los grupos de trabajo, por lo que se manifiesta a favor de enviarlos para su enriquecimiento.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria señaló que lo ortodoxo era el turno a los grupos de trabajo, pero que también valdría la pena entender el contenido del dictamen y votarlo, refiriéndose a la dificultad que encerraba la obtención del quórum.
El diputado José Luis Jaime Correa asentó que no sería justo que esta comisión sentara un precedente de apresuramiento o de soslayo a las normas internas por conveniencia de tiempo. Añadió que la tarea legislativa se debe dar con un análisis más detenido y un procedimiento pulcro, por lo que instó a votar por el turno de las propuestas de dictamen a los grupos de trabajo.
El diputado Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez se unió a la propuesta de resolver en este momento la suerte de los dictámenes.
El diputado Julio Castellanos Ramírez comentó que, en el tiempo en que se había dado la discusión, él leyó el contenido de las propuestas de dictamen y está a favor; añadió que si bien es cierta la dificultad que encierra reunir el quórum, también lo es la necesidad de procedimientos prístinos al procesar los asuntos y propuestas dentro de la comisión; en ese sentido se manifestó por enviar las propuestas de dictamen a los grupos de trabajo pero, al mismo tiempo, instó a hacer un compromiso de interés en la lectura previa de los documentos y de asistencia de los integrantes para auspiciar el quórum, en la siguiente sesión, que permitiera resolver los asuntos.
El presidente hizo un recuento de las propuestas hechas, valoró las virtudes de ambas y se manifestó a favor de turnar las propuestas de dictamen a los grupos de trabajo en aras de mantener un procedimiento interno estrictamente apegado a la normatividad vigente.
El secretario Daniel Gabriel Ávila Ruiz pidió el compromiso de los integrantes y de los grupos de trabajo para que, antes de la próxima sesión, se tuviera resolución respecto a estas propuestas de dictamen.
La secretaria sometió a consideración si se analizaban, discutían y votaban las propuestas de dictamen o se turnaban a los grupos de trabajo; la mayoría se pronunció a favor de turnarlas a los grupos de trabajo.
El presidente instruyó a la secretaría técnica para que se diera cumplimiento a lo acordado, por lo que Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo anunció que la sesión se encontraba en el punto de los asuntos generales y ofreció el uso de la palabra.
Al no haber nadie que se manifestara, el presidente señaló que al haber agotado los puntos inscritos en el orden del día se daba por concluida la sesión a las 12:48 horas del día de su inicio.
La Mesa Directiva de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
Diputados: Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), presidente; Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo (rúbrica), secretarios.
En los salones C y D del edificio G, a las 10:00 horas, el martes 24 de noviembre, con la asistencia de 23 diputados, el diputado Reyes Tamez Guerra, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, declaró abierta la segunda reunión ordinaria, dando lectura al orden del día, el cual fue aprobado.
Posteriormente dio lectura al acta de la primera reunión ordinaria, siendo aprobada. Comentó que la comisión estaba de plácemes por contar con la asistencia del distinguido doctor José Hernández Moreno, astronauta reconocido a nivel internacional, quien ha impulsado el proyecto de reactivación de la agencia espacial mexicana que, por primera vez, se incluyó un fondo económico para que pudiera iniciar sus trabajos. El presidente dio la bienvenida al astronauta y agradeció su asistencia a los diputados.
El diputado Jorge Romero realizó una intervención acerca del proyecto de creación de la agencia espacial mexicana, comentando que en el país como en el resto del mundo se había pasado de la era industrial a la era del conocimiento y que era necesario que México estuviera a nivel competitivo en el tema de ciencia y tecnología, por ello se estaba promoviendo la creación de la agencia espacial mexicana y agradeció la presencia de los promotores de dicha agencia. Continuó mencionando que los países que hoy tenían la vanguardia de desarrollo económico eran los que habían invertido en ciencia y tecnología, por ello la importancia de crear dicha agencia, recalcando que se había presentado ante la comisión una propuesta de dictamen para la creación de la agencia.
El doctor José Hernández Moreno agradeció la asistencia y el interés de los diputados y dijo que era muy importante que países como México empezaran a planear y planificar el futuro diversificando la economía, ya que los recursos naturales se terminarían en algún momento, por lo que se tendrían que realizar inversiones en educación y en ciencia y tecnología para asegurar el futuro de México, por lo que consideraba que una agencia espacial mexicana era un buen inicio para lograr dichas metas y que estaba muy contento de que se hubiera aprobado un presupuesto para la agencia, esperando que el dictamen se pudiera presentar para empezar a recolectar firmas y fuera votado lo más pronto posible para que se convirtiera en ley, para que gente talentosa pudiera comenzar sus labores. Asimismo, comentó que estaba en la disposición de asesorar con su experiencia a la agencia.
Acto seguido, el diputado Reyes Tamez Guerra agradeció la intervención del doctor José Hernández Moreno y comentó los antecedentes y el estado que guardaba la iniciativa para la creación de la agencia espacial mexicana, mencionando que la Cámara de Diputados había aprobado un dictamen que el 25 de abril de 2006 había sido enviado a la Cámara de Senadores para revisión y análisis; posteriormente la Cámara de Senadores lo había modificado el 4 de noviembre de 2008, y ese era el dictamen que actualmente tenía la Comisión de Ciencia y Tecnología para analizarlo. Comentó que todos los integrantes de la comisión valorarían el proyecto para poder realizar el dictamen correspondiente.
El diputado José Luis Velasco Lino felicitó al astronauta, diciendo que era el primer mexicano que se había desarrollado en el espacio exterior y comentó que ningún presupuesto sería suficiente para atender las necesidades de avanzar en el desarrollo tecnológico, pero que ya se había dado el primer paso para poder establecer metas financieras a corto plazo.
El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez comentó que todos en la reunión conocían algo de ciencia y tecnología y preguntó al ciudadano Jorge Hernández que si podría presentar una conferencia en diversas instituciones educativas para dar a conocer el tema.
El diputado Reyes Tamez Guerra solicitó que se abriera un receso para despedir al doctor José Hernández y agradecerle, de nuevo, muy cumplidamente su presencia.
Una vez restablecida la reunión, el diputado Reyes Tamez Guerra comentó que en la primera reunión
de trabajo se había entregado a los integrantes una propuesta del programa de trabajo, de la cual se habían recibido algunos comentarios que se incluyeron en la nueva versión que se estaba presentando, y solicitó la aprobación de dicho programa de trabajo, sabiendo que estaba sujeto a modificaciones que se podrían incorporar y anexar, pero que era necesario cumplir con uno de los objetivos de la comisión que era contar con el programa de trabajo y entregarlo a la Mesa Directiva para que fuera publicado.
Acto seguido, los diputados aprobaron el programa de trabajo 2009-2010.
El diputado Reyes Tamez presentó en asuntos generales la propuesta para la realización de foros, uno de ellos con el tema de vinculación y competitividad, que cuenta ya con el programa tentativo. Comentó que dicho foro buscaba la participación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Foro Consultivo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el sector empresarial, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación y el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Comentó que se contaban con propuestas para que la comisión organizara un foro con la Cámara de Comercio México-Israel, con un tema específico que tenía como propósito difundir las tecnologías que tenían impacto en el sector económico para hacer los procesos productivos más eficientes; las temáticas serían salud, seguridad, agua y manejo de desechos sólidos, y la fecha propuesta era la primera semana de febrero y solicitó tomarla en consideración.
El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina comentó que en nuestro país, como en otros, no había grandes recursos destinados para ciencia y tecnología; dijo que en estado de Sinaloa, donde él pertenece, en días pasados había sostenido un platica con el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en la cual se comentó que dicho instituto trabajaba con el mismo recurso que de hace cuatro años –2005–, que era de 11 millones de pesos, del cual se aplicaba una parte para fondos mixtos y otra para el gasto operativo, sobrando prácticamente nada para programas específicos del consejo, por lo que solicitó realizar un exhorto a los estados, a los gobernadores, particularmente, para que dicho consejo reciba más recursos.
El diputado Enrique Ibarra Pedroza solicitó al diputado Reyes Tamez información sobre la forma en la que habían quedado las diversas partidas de ciencia y tecnología en el Presupuesto de Egresos.
El diputado Reyes Tamez Guerra comentó que daría conocer con exactitud estas cifras, ya que de los recursos asignados había un incremento de 740 millones de pesos, pero hubo una reducción de alrededor de 250 millones de pesos que al final sería un incremento solamente de 500 millones, con relación al Presupuesto que había enviado el Ejecutivo, y que en relación con el Presupuesto de 2009, el déficit que se tenía era de 812 millones. Entonces al incrementarse 740 millones, la cifra quedaba casi empatada. También comentó que era muy importante poder trabajar con los estados, ya que algunos no contaban un centro de investigación de primer nivel, es decir, un cuerpo académico de primer nivel que trabajara en las áreas de frontera que le interese a cada estado.
El diputado Guadalupe Eduardo Robles Medina propuso realizar un exhorto a los gobernadores de las entidades federativas que no cuentan con dichos centros a crear una agencia de ciencia y tecnología –elevada a rango de secretaría la de ciencia y tecnología– y de alguna manera justificar la importancia de destinar recursos.
El diputado Tomás Gutiérrez Ramírez solicitó que en el programa de trabajo se ingresara la creación de algunas subcomisiones y que se incluyera en el estado de Guanajuato la propuesta para realización de un foro.
La diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que quería complementar la idea del diputado Robles de enviar un exhorto muy respetuoso a los gobiernos de los estados con el propósito de que consideraran en sus presupuestos la posibilidad de fortalecer las asignaciones presupuestarias al tema de ciencia y tecnología, lógicamente en los estados donde se tenía una entidad en la materia, y solicitó realizarlo rápidamente ya que los estados ya estaban elaborando sus proyectos de presupuesto.
El diputado José Alberto González Morales agradeció el apoyo de la comisión para el estado de Puebla, en el caso específico del telescopio milimétrico, y realizó una invitación para asistir y ver el adelanto científico que tiene nuestro país.
El diputado Reyes Tamez Guerra propuso realizar una redacción cuidadosa y respetuosa para realizar el exhorto mencionado y dio por concluida la reunión a las 11:50 horas.
Diputados: Reyes Tamez Guerra (rúbrica), presidente; Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Óscar Román Rosas González (rúbrica), Alejandro Bahena Flores (rúbrica), Guadalupe Eduardo Robles Medina (rúbrica), Rodolfo Lara Lagunas (rúbrica), secretarios; Ángel Aguirre Herrera (rúbrica), Nicolás Carlos Bellizia Aboaf (rúbrica), Germán Osvaldo Cortez Sandoval (rúbrica), José Alberto González Morales (rúbrica), Aarón Irízar López (rúbrica), Óscar Lara Salazar (rúbrica), José Trinidad Padilla López (rúbrica), María Isabel Pérez Santos (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), Jorge Romero Romero (rúbrica), José Luis Velasco Lino (rúbrica), José Antonio Yglesias Arreola (rúbrica), Tomás Gutiérrez Ramírez (rúbrica), José Francisco Javier Landero Gutiérrez (rúbrica), Yolanda del Carmen Montalvo Gómez, Miguel Antonio Osuna Millán (rúbrica), César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), Laura Margarita Suárez González (rúbrica), Julián Francisco Velázquez y Llorente (rúbrica), César Francisco Burelo Burelo (rúbrica), Ana Luz Lobato Ramírez (rúbrica), Gerardo Leyva Hernández (rúbrica), Carolina García Cañón, Juan Enrique Ibarra Pedroza (rúbrica).
A la reunión plenaria que tendrá verificativo el lunes 14 de diciembre, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
3. Lectura y aprobación del orden del día y del proyecto de programa de trabajo para el primer año de ejercicio.
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen, en sentido positivo, de iniciativas de ley que reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referentes al Estado laico (punto incluido por acuerdo en la primera reunión de la comisión).
A la cuarta reunión ordinaria, que se efectuará el lunes 14 de diciembre, a las 13:00 horas, en el salón D del edificio G.
A la tercera reunión de mesa directiva, que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 16:00 horas, en la sala de juntas del órgano legislativo convocante.
Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez
A la sesión plenaria que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 17:00 horas, en el salón de usos múltiples número 2 del edificio I.
Orden del Día 1. Pase de lista, declaratoria de quórum e instalación de la sesión.
4. Aprobación del programa de trabajo para el primer año de ejercicio legislativo.
6. Clausura de la sesión y cita para la siguiente. Atentamente
Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez
A la tercera reunión plenaria, que se llevará a cabo el lunes 14 de diciembre, a las 17:30 horas, en el salón D del edificio G.
DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS DE CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS
A la reunión de instalación, por celebrarse el martes 15 de diciembre, a las 11:00 horas, en el salón de protocolo del edificio C.
2. Presentación de invitados.
3. Declaración de quórum.
4. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
5. Presentación de integrantes.
6. Bienvenida, por el presidente.
7. Declaración formal de instalación.
8. Intervención de los integrantes.
9. Entrega del proyecto de programa de trabajo a los integrantes.
10. Clausura. Atentamente
Diputado Isaías González Cuevas
DE LA COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE ESTUDIAR, ANALIZAR, EVALUAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADUANAS Y DE LOS PUERTOS Y AEROPUERTOS NACIONALES
A la reunión de instalación, que se realizará el martes 15 de diciembre, a las 11:00 horas, en la zona C del edificio G.
Orden del Día 1. Lista de asistencia y presentación de los integrantes.
4. Declaración formal de instalación, por el presidente.
Diputado Héctor Hugo Hernández Rodríguez
A la segunda reunión plenaria, que se efectuará el martes 15 de diciembre, a las 13:00 horas, en el salón B del edificio G.
Diputado Julián Francisco Velázquez y Llorente
A la quinta sesión ordinaria, que se realizará el martes 15 de diciembre, a las 16:00 horas, en los salones C y D del edificio G.
Orden del Día 1. Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la cuarta sesión ordinaria, realizada el 4 y el 5 de noviembre de 2009.
4. Informe sobre el proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010, ramo 20.
5. Observaciones sobre las reglas de operación de los programas del ramo 20.
Al Premio Nacional de Finanzas Públicas 2010
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados es un organismo de apoyo técnico al que se le ha otorgado como misión contribuir a la función legislativa en materia de finanzas públicas y economía, mediante el análisis, seguimiento y evaluación técnica de las políticas públicas; así como apoyar a los legisladores, comisiones y grupos parlamentarios de una manera objetiva en el ámbito y finalidad de las atribuciones del Congreso de la Unión.
Actualmente la función del CEFP se desarrolla en circunstancias en las que la sociedad reclama una profunda reforma de las finanzas públicas y diversos sectores plantean inquietudes, opciones y alternativas para ello.
De ahí la importancia de convocar a la tercera edición del Premio Nacional de Finanzas Públicas, que al igual que en sus dos primeras ediciones, espera recibir una favorable participación de estudiosos y de ciudadanos que buscan que sus propuestas sean examinadas, discutidas, reconocidas y difundidas.
Siempre es grato emplazar al ejercicio de las ideas y del talento en el análisis, pero lo es más cuando se requieren ensayos inéditos que abonen al examen de soluciones y pongan a disposición del Poder Legislativo evidencias sobre las tendencias y los derroteros en el campo de las finanzas públicas y la responsabilidad hacendaria, por ello el CEFP publica su:
Convocatoria al Premio Nacional de Finanzas Públicas
Impulsar la cultura de las finanzas públicas en México y disponer de un acervo de investigaciones de calidad y estudios de frontera en materia de finanzas públicas que coadyuven con el trabajo legislativo en el tema de referencia.
Premio Primer lugar: 125 mil pesos y diploma.
Segundo lugar: 50 mil pesos y diploma.
Tercer lugar: 25 mil pesos y diploma. Los trabajos premiados y aquellos que lo ameriten a juicio del jurado calificador serán propuestos para su posible publicación en la revista Finanzas Públicas del CEFP, previa valoración del comité de arbitraje de la revista.
Podrán participar todos los interesados que cumplan con los siguientes:
Presentar estudios enmarcados bajo las siguientes modalidades: • Comparativos o de caso, siempre y cuando tengan como principal referente a las finanzas públicas de México.
• Teóricos, cuando contribuyan a expandir la frontera del conocimiento en el campo de las finanzas públicas.
• Tecnológicos, cuando la aportación sea un desarrollo de software, hardware o de prototipos innovadores en el campo de las finanzas públicas y las políticas públicas asociadas a este tema Temática
Reforma Hacendaria y Fiscal: • Sustentabilidad de las finanzas públicas en México.
• Sistema tributario integral.
• Política de gasto público.
• Federalismo fiscal
• Políticas públicas para el desarrollo y el crecimiento económico.
• Combate a la pobreza en el marco de las finanzas públicas.
• Transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Participantes
Los estudios, investigaciones o desarrollos tecnológicos pueden ser elaborados por una o varias personas, de nacionalidad mexicana o extranjeros.
Los trabajos deben cumplir las siguientes características: • Estar redactados en castellano.
• Contener un planteamiento claro y objetivo, con rigor analítico y metodológico.
• Iniciar con un prólogo que explique el tema y terminar con un capítulo de conclusiones.
• Las obras deben ser investigaciones terminadas. Procedimiento
Los ensayos se presentarán en cinco tantos, bajo pseudónimo, en disco compacto y en edición impresa. En forma anexa se acompañará un sobre lacrado con los datos del participante. Es importante que en el exterior del sobre lacrado se escriba un correo electrónico para mantener contacto y para avisos en general.
La entrega puede ser en forma personal en horas hábiles o por paquetería con acuse de recibo certificado en las instalaciones del CEFP, edificio I, primer piso, Palacio Legislativo, avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, código postal 15960, teléfono 5036 0000, extensión 56006.
La convocatoria se abre a partir del martes 24 de noviembre de 2009 y la fecha límite de entrega de los trabajos será el lunes 1 de marzo de 2010.
Los resultados del jurado se darán a conocer el lunes 5 de abril de 2010 en el sitio www.cefp.gob.mx, y el premio se entregará la última semana del mismo mes en una ceremonia especial.
Los trabajos patrocinados por entidades públicas o por empresas de carácter mercantil y aquellas obras cuyos derechos no sean propiedad del autor. Asimismo, no podrán participar los estudios elaborados por personal adscrito al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
La tercera edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas contará con un reconocido y ameritado grupo de profesores, investigadores y estudiosos de universidades e institutos nacionales, así como de funcionarios públicos que se desempeñan en las dependencias relacionadas con las finanzas públicas.
Para aclaración y detalles de información en general se pueen dirigir a la página: http://www.cefp.gob.mx, o al teléfono 5036 0000 extensión 56006 o 55220
A la exposición pictórica Oaxaca: rinconcito de magia y tradición, de la maestra Doris Arellano Manzo, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 15, a las 10:00 horas.
A la exposición pictórica Lo mágico de lo diverso y lo libre, de la maestra Carla Elena Name, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre en el vestíbulo principal, donde se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas.
A la exposición Taller de manualidades de los trabajadores del Sindicato de la Cámara de Diputados, que permanecerá del lunes 14 al viernes 18 de diciembre, en el pasillo del edificio H, planta baja; y se inaugurará el martes 15, a las 12:00 horas, en el vestíbulo principal.
A la pastorela Los tres diablillos, que se efectuará el martes 15 de diciembre, a las 18:00 horas, en el auditorio del edificio E, planta baja.
A la exposición del nacimiento tradicional hecho por artesanos de Tlaquepaque, que permanecerá hasta el jueves 7 de enero de 2010.
Al curso Legislación y el desarrollo rural, que se realizará los viernes comprendidos del 23 de octubre al 12 de febrero, de las 10:00 a las 15:00 horas, en el salón de usos múltiples número 4 del edificio I.
Proporcionar a los asistentes una visión de conjunto sobre el marco legal que incide en el campo mexicano; los sujetos sociales que lo componen; las relaciones que establecen con la tierra, los recursos naturales, las actividades económicas; y los problemas estructurales del sector que deberían atenderse con políticas públicas.
Conocer la nueva realidad del campo mexicano y la legislación vigente sobre desarrollo rural.
En las últimas décadas, el campo mexicano ha tenido una serie de transformaciones. Estos cambios se expresan en términos de una especialidad distinta de la de hace algunas décadas, donde se revelan prácticas territoriales diversas, así como en relaciones técnico-económicas producto de la apertura comercial, en diferentes formas de autoridad y poder que se manifiestan en variadas estructuras e instituciones, y en la presencia cada vez más activa de una gran diversidad de actores rurales.
De manera paralela se ha ido transformando la legislación que regula las actividades que en él se realizan, los derechos de los actores que en él conviven, y las acciones de gobierno para procurarles mejores niveles de vida.
A fin de estudiar esta nueva realidad, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), en el marco de las actividades de su quinto aniversario de creación, ha organizado el curso Legislación y el desarrollo rural, que será impartido por investigadores del CEDRSSA, por académicos y por especialistas en la materia.
El curso consta de 10 módulos, de 5 horas cada uno. Se impartirá 1 por semana, los viernes, de las 10:00 a las 15:00, a partir del 23 de octubre y hasta el 12 de febrero. Las sesiones serán apoyadas por material de la colección Legislación para el Desarrollo Rural, editada por el CEDRSSA.
Módulo VIII. La biotecnología y el desarrollo rural. Enero 22. Maestra Gloria Margarita Álvarez López.
Módulo IX. El derecho a la alimentación y el desarrollo rural. Enero 29. Maestro Francisco López Bárcenas.
Módulo X. La pesca y el desarrollo rural. Febrero 12. Maestra Jazmín Barajas Santinelli.
Doctor José Sergio Barrales Domínguez

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 Artículo 2
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 artículo 93
 artículo 45
 artículo 115
 artículo 43
 artículo 45
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 resolución 
 artículo 45
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Artículo 26

Artículo 20
 Artículo 39
 artículo 45
 artículo 39
 artículo 93
 artículo 45
 artículo 39
 artículo 45
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 artículo 39
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 artículo 74
 artículo 69
 artículo 39
 artículo 49
 resolución