Source: https://iadpi.com.ar/2018/04/18/nuevo-regimen-de-presentaciones-electronicas-ac-scba-3886/
Timestamp: 2020-07-13 05:37:49+00:00

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El día 15 de marzo de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó el Acuerdo 3886/2018, mediante el cual aprobó el nuevo Reglamento para las presentaciones por medios electrónicos, para su aplicación en forma obligatoria y a partir del primer día hábil del mes de junio de 2018, a todos los procesos en los que corresponda observar el régimen previsto en el Libro I, Título III, Capítulo II del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, esto es: los previstos en los trámites ante la justicia Civil y Comercial, de Familia, del Trabajo y Contencioso Administrativa, y además en los juicios de amparo regulados en la ley 13.928, que pueden ser tramitados por ante cualquier fuero, inclusive Penal y Penal Juvenil[1].
Esta Acordada, dictada por el máximo Tribunal en el orden provincial en el marco del ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 834 del Código Procesal Civil y Comercial, nace como resultado de la propuesta formulada en el ámbito de la Mesa de Trabajo creado por Resolución de Corte Nº 3272/15[2], y declama como objetivo en sus considerandos la necesidad superar dificultades operativas suscitados en supuestos puntuales y, en particular, en cuanto a qué casos resulta obligatoria la presentación electrónica de escritos en los procesos judiciales, atendiendo las distintas modalidades de intervención de las partes en juicio, en pos de procurar la plena digitalización del expediente.
Se deja en claro en el artículo 2 de la Acordada, que el régimen de presentaciones electrónicas que se aprueba es de carácter general, lo que significa que será operativo para la generalidad de los procesos, excepto en aquéllos que, en razón de normativas específicas actualmente existentes o que puedan establecerse en el futuro, se apliquen sistemas diferenciados[3].
Finalmente, debe destacarse que mediante el artículo 3 de esta Acordada quedan derogados, a partir de la fecha de su entrada en vigencia, la Resolución de Corte Nº 1827/12, los acápites 2 (cuarto párrafo) y 3 (primer y segundo párrafo) de la Resolución de Corte Nº 3415/12, el artículo 1 de la Resolución de Corte Nº 1647/16, así como “toda otra normativa que se oponga a lo aquí dispuesto”[4].
Destacamos que el nuevo régimen reproduce la previsión ya contenida en las anteriores resoluciones, así como en el Reglamento para la notificación por medios electrónicos[5], de poder acudir a una auditoría del sistema, ya sea de oficio o a pedido de parte interesada, en cuyo caso se requerirá a la Subsecretaría la producción de un informe circunstanciado sobre los antecedentes existentes en el servidor, vinculados a una determinada presentación.
La posibilidad de acudir a una auditoría del sistema de presentaciones electrónicas reviste una capital importancia, en tanto brinda la posibilidad de obtener un informe detallado y preciso de los antecedentes vinculados a determinada presentación electrónica (firmante, remitente, la fecha y hora exacta de su ingreso al sistema, expediente al que se refiere, organismo receptor, etc.), constituyéndose así en una herramienta central a la hora de disipar cualquier duda que pueda presentarse en relación a la concreta operatividad y funcionamiento del sistema[6].
De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, como órgano máximo de la Administración de Justicia en el ámbito provincial, y en ejercicio de las amplias atribuciones que en materia de reglamentación le son conferidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el propio Código Procesal Civil y Comercial[7] para asegurar el mejor cumplimiento de las normas procedimentales, ha decidido imponer la “presentación electrónica” como el medio preponderante para canalizar las peticiones judiciales, a efectos de consolidar el tránsito hacia la definitiva implementación del “expediente digital”.
Y no vemos aquí ningún exceso reglamentario por parte de la Suprema Corte provincial; no sólo por las razones ya apuntadas, sino porque además no avizoramos que la implementación del escrito electrónico al proceso judicial bonaerense resulte incompatible con las normas procesales vigentes. Es que en efecto, si bien el soporte papel ha sido el medio por el cual tradicionalmente se han instrumentado prácticamente la totalidad de los actos procesales, lo cierto es que aquél no se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento procesal como el formato excluyente para contener los “actos escritos”, pues como ya hemos tenido oportunidad de señalar, la gran mayoría de las normas rituales pueden considerarse “tecnológicamente neutras”, en el sentido de que no exigen inexorablemente de una reforma normativa para reemplazar el soporte papel por el digital[8].
La disposición antedicha, responde sin duda al hecho de que aún no se han formulado las adecuaciones pertinentes al sistema de ingreso de causas, o al menos no se ha tomado la decisión política de avanzar en ello, de modo de permitir el inicio de expedientes por medios electrónicos[9]. De todos modos, no debe olvidarse que estamos frente al régimen general, por lo que en caso de que hubieran previsiones específicas respecto de supuestos puntualmente contemplados, habrá de estarse a las mismas.
Se trata de situaciones que si bien son verdaderamente excepcionales y de interpretación restringida[10], bien pueden verificarse en determinados supuestos habida cuenta de su propia naturaleza urgente, tales como en los procesos de familia o de amparo.
3) Los escritos que no puedan ser considerados como “de mero trámite” de acuerdo a la reglamentación de la Suprema Corte[11], en los casos en que se actúe por derecho propio, salvo cuando los patrocinados sean titulares de certificados digitales.
Este inciso tiene particular vinculación con el Acuerdo 3842/17 de la Suprema Corte de Justicia. En efecto, a tenor del citado Acuerdo, en la provincia de Buenos Aires todos los escritos judiciales son considerados, por regla, como “de mero trámite”, con excepción de: 1. La demanda, su ampliación, reconvención y sus contestaciones, así como la primera presentación en juicio en la que se peticione ser tenido por parte; 2. La oposición y contestación de excepciones; 3. El planteo y la contestación de incidentes, y, en general, las peticiones que requieran sustanciación entre las partes previo a su resolución, así como sus respectivas contestaciones; 4. El desistimiento, la transacción y el allanamiento, así como todas las presentaciones que importen abdicar derechos procesales o sustanciales, o cuando la legislación exija otorgamiento de poder especial. Quedan incluidas en esta noción la formulación de posiciones en la prueba confesional y el consentimiento expreso de resoluciones judiciales; 5. Los escritos de interposición, fundamentación y contestación de recursos; 6. La solicitud de medidas cautelares, así como los pedidos tendientes a su levantamiento o modificación y sus respectivas contestaciones[12].
De tal modo, en el ámbito bonaerense, y más allá de las críticas particulares que puedan formularse respecto de la clasificación efectuada, existe una clara y precisa pauta para la interpretación de las facultades que cuadra reconocerles a los abogados en el ejercicio profesional en la presentación de escritos “de mero trámite”. Y tales pautas, a la postre, sirven para despejar toda duda sobre qué tipo de presentaciones pueden ser canalizadas por el letrado que asiste a las partes con su sola firma, cuestión trascendental para el ágil desenvolvimiento del proceso en la era del expediente digital[13].
Relacionado con lo tratado en el punto que antecede, y antes de continuar con el análisis del nuevo Reglamento, debemos detenernos a señalar que con la derogación de la Resolución de Corte Nº 1827/12 (el hasta ahora vigente Reglamento para las presentaciones electrónicas) y del cuarto párrafo del acápite 2 de la Resolución de Corte Nº 3415/12 (Protocolo para las presentaciones electrónicas), se ha eliminado del nuevo esquema la posibilidad de que los peticionantes que actúen por derecho propio confieran a sus letrados poder suficiente para realizar presentaciones electrónicas, mediante el otorgamiento de la controvertida “acta poder” de la que nos ocupáramos en anteriores oportunidades[14].
Sabido es que la presentación de escritos judiciales ante los órganos de la Administración de Justicia, requiere que se asegure de alguna manera que dicho acto efectivamente tuvo lugar, así como el día, la hora y las condiciones en las que se efectuó[15].
El cargo electrónico cumple idéntica función que el cargo tradicional, aunque a diferencia de este último, aquél brinda una mayor cantidad de datos acerca del acto procesal, en tanto informa quién es el titular del certificado digital generador de la presentación electrónica, si esta última es dirigida a un órgano judicial o a otro destinatario, el expediente al que se refiere y el estado actual de la presentación, entre otros[16].
De esta manera, luego de que el usuario del sistema completa los datos que el portal web requiere y genera el escrito electrónico, al ejecutar la opción de “firmar y enviar” la diligencia queda definitivamente cumplida como acto procesal, y la presentación ingresa y queda almacenada en la base de datos del sistema, “agotando así el íter de exteriorización formal de la voluntad y de comunicación al órgano, en relación a ese acto en sí mismo considerado”[17].
De modo coincidente con lo dispuesto respecto de la compulsa del Sistema de Notificaciones Electrónicas[18], el tercer párrafo del artículo 7 del Reglamento impone la obligación, en cabeza de los funcionarios sindicados en cada organismo por el titular de la dependencia, de cotejar, al menos dos veces por día, el sistema informático a efectos de descargar las presentaciones electrónicas remitidas y posibilitar su despacho en tiempo oportuno. Se prevé que ese ingreso se efectúe al comenzar y antes de finalizar cada jornada laboral, sin perjuicio de la mayor asiduidad que cada organismo determine propiamente.
Y poner de relieve esto último no resulta ocioso, toda vez que la dependencia judicial destinataria de un escrito electrónico no tiene otro camino que descargarla para imprimirle el trámite jurisdiccional correspondiente. Así, bajo el esquema reglamentario actual, sólo cabe la posibilidad de “observar” documentos electrónicos remitidos a través del sistema para su confronte (léase cédulas, mandamientos, oficios)[19], mas nunca y puede seguirse tal proceder respecto de las presentaciones electrónicas que, en tanto escritos judiciales en sentido estricto, merecen recibir la correspondiente respuesta jurisdiccional.
Atendiendo a esta carga procesal, aunque contextualizada en el marco del régimen de notificaciones electrónicas aprobado por el Acuerdo 3845/17 de la Suprema Corte, el Reglamento para las presentaciones por medios electrónicos establece en su artículo 5 que las copias en papel sólo serán requeridas cuando deban agregarse a una cédula a diligenciarse en ese formato. Nos hemos ocupado de los supuestos en los que corresponde acudir a la notificación en soporte papel en otro trabajo, al cual nos remitimos a fin de no desbordar las lindes del presente[20].
Por fuera de las previsibles dificultades prácticas que motivará la implementación de esta última disposición, estimamos que se ha perdido una valiosa oportunidad de avanzar un poco más hacia de la adopción del expediente electrónico, pues no logramos comprender la estricta necesidad de imponer la carga al interesado de acompañar la documentación original en papel dentro del siguiente día hábil de formulada la presentación, cuando bien podría haberse sustituido ello constituyendo al remitente como depositario de los originales, con carga de arrimarlos al expediente ante la primera intimación del organismo, ya sea de oficio o bien a pedido de parte, tal como lo hemos propuesto en otra ocasión y admitido jurisprudencialmente[21].
Es claro que una exigencia semejante va, a no dudarlo, en la senda contraria a los propios fines del expediente electrónico, cuya noción se estructura precisamente en la posibilidad de la formulación de actos procesales en forma remota a través del portal web, desde cualquier lugar, con la consecuente optimización del tiempo y de los recursos humanos y económicos, tanto de los letrados y auxiliares de la justicia en general, como los del propio Poder Judicial[22].
Aquí se revela con vigor la necesidad de pensar al expediente electrónico en forma integral, considerando no sólo determinados aspectos aislados de la actuación procesal, sino como un sistema del que forman parte la totalidad de las actuaciones (v.gr. escritos, notificaciones, resoluciones), para lo cual será necesario progresar con la adecuación de la Acordada 2514/92 de la Suprema Corte, la cual viene rigiendo lo atinente a las exigencias formales de los escritos, resoluciones y expedientes en general, desde hace casi veintiséis años, en épocas donde recién comenzaba a advertirse “el creciente uso de computadoras personales”[23].
[1] Conforme el artículo 1 de la Resolución 1358/06 SCBA -texto según Res. 1794/06-, el sorteo de las causas de amparo se efectúa por las Receptorías Generales de Expedientes de cada departamento judicial, entre todos los órganos jurisdiccionales de primera instancia o instancia única, de los fueros civil y comercial, penal, laboral, familia, menores y contencioso administrativo.
[2] La Mesa de Trabajo se encuentra integrada por funcionarios de la Secretaría de Planificación, de la Subsecretaría de Tecnología Informática (ambas dependencias de la Suprema Corte de Justicia) y representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, por Resolución de Corte Nº 1074/16 se amplió la referida Mesa con representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y al señor Fiscal de Estado.
[3] Sólo a título de ejemplo, señalamos que actualmente se encuentra previsto el ingreso electrónico de causas de apremios provinciales y pruebas piloto para el inicio electrónico de apremios que promuevan los distintos Municipios y las Cajas de Previsión Social para profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Ver al respecto las Resoluciones de Corte Nº 3563/11, 3027/14, 2088/17 y 2090/17, entre otras.
[4] La Resolución de Corte Nº 1827/12 aprobó el primer Reglamento para las Presentaciones Electrónicas, Nº 3415/12 aprobó el Protocolo para Presentaciones Electrónicas, complementario del Reglamento, y la Nº 1647/16 dispuso la coexistencia del sistema electrónico con el de formato papel, hasta tanto se evalúe un informe encomendado a la Mesa de Trabajo sobre distintos aspectos del régimen de presentaciones electrónicas.
[5] Artículo 2, tercer párrafo, del Reglamento para la notificación por medios electrónicos, aprobado mediante Acuerdo 3845/17 S.C.B.A.
[6] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Derecho procesal informático, 1ra. ed., Buenos Aires: La Ley, 2017, p. 210.
[7] En efecto, el artículo 834 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. numeración introducida por el dec.-ley 7861/72), faculta a la Suprema Corte de Justicia para dictar las medidas reglamentarias que aseguren el mejor cumplimiento de las normas de ese cuerpo legal; por su parte, el artículo 32 inciso “s” de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 5.827, enumera entre las atribuciones conferidas al mismo Tribunal, la de dictar las reglamentaciones conducentes al debido ejercicio de las funciones que le acuerden las leyes.
[8] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Análisis de la presentación electrónica y su relación con el cargo electrónico en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, publ. en elDial.com, el 20/04/2017, cita online: DC22E6.
[9] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Derecho procesal informático, ob. cit., p. 146/7.
[10] El artículo 93 de la ley 5.177 establece que que las partes pueden actuar “…aún sin patrocinio letrado: 1. Cuando se deban solicitar medidas precautorias o urgentes. 2. Para contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal. 3. Para la recepción de órdenes de pago. 4. Cuando se actúa en la justicia de paz lega. 5. Para solicitar declaratoria de pobreza. Sin embargo, el artículo 94 de esa misma ley dispone que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces pueden ordenar sin recurso alguno, que la parte sea asistida por letrado, cuando a juicio del juez, obstare la buena marcha del juicio, a la celeridad y el orden de los procedimientos, presentare escritos impertinentes o lo exigiera la calidad o importancia de los derechos controvertidos.
[11] Acordada 3842/17 de la Suprema Corte de Justicia, dictada el 8 de marzo de 2017.
[12] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Los escritos de “mero trámite” en el proceso judicial bonaerense. Reglamentación por parte de la SCBA y su implicancia en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas, publicado en elDial.com, el 15/03/2017, cita online: DC22A7
[13] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., La actuación “de mero trámite” y su vinculación con el Sistema Informático de Gestión Judicial nacional, publicado en LL del 16/02/2018, cita online: AR/DOC/252/2018.
[14] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., La nueva dicotomía del acta poder para efectuar presentaciones electrónicas en la Provincia de Buenos Aires, publ. en elDial.com el 13/07/2017, cita online: DC238C.
[15] CAMPS, Carlos E., El derecho procesal y la informática«, publ. en LL del 30/4/2014, p. 1; LA LEY 2014-C-657.
[16] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Derecho Procesal Informático, ob. cit., p. 149.
[17] S.C.B.A., en autos “Nardachione, Pablo Oscar c/ I.O.M.A. s/ Amparo. Recurso de queja por denegación de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley”, c. Q 74394, resol. del 28/12/2016.
[18] Conforme el artículo 5 del Reglamento para la notificación por medios electrónicos (Ac. 3845/17 SCBA), los funcionarios sindicadas en cada órgano deberán compulsar al menos dos veces por día -al comenzar y antes de finalizar cada jornada- el sistema, a fin de verificar la recepción de comunicaciones electrónicas a confronte.
[19] Acápite 3, tercer párrafo, del Protocolo para presentaciones electrónicas, aprobado por Resolución de Corte Nº 3415/12.
[20] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Derecho Procesal Informático, ob. cit., p. 187.
[21] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Validez jurídica de los documentos digitales adjuntos en el sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas de la provincia de Buenos Aires, publ. en elDial.com el 04/04/2017, cita online: DC22BD; en idéntico sentido: Cám. Civ. y Ccial. de Azul, Sala Primera, en autos “Fabián Eduardo y otro c/ Duliere Teodoro s/ Prescripción adquisitiva larga”, sent. del 07/03/2017.
[22] BIELLI, Gastón E. y NIZZO, Andrés L., Derecho procesal informático, ob. cit., p. 123.
[23] Ver considerandos del Acuerdo Nº 2514/92 de la Suprema Corte de Justicia, dictado el 22 de diciembre de 1992.

References: artículo 834
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 artículo 834
 artículo 32
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 5
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