Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920286.html
Timestamp: 2019-11-12 09:09:23+00:00

Document:
as201920286
Auto Supremo: 286/2019
Sucre: 01 de abril de 2019
Expediente: SC-120-18-S Partes: Fermín Fernández Pacaje y otra c/ Elia Zambrana Pereira.
Proceso: Mejor derecho propietario y otros.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 413 a 416 interpuesto por Rosendo Paco Calamani; el recurso de casación de fs. 419 a 427, interpuesto por Ercilia Herrera Guerra; y el recurso de casación de fs. 429 a 432 interpuesto por Elia Zambrana Pereira, todos en contra del Auto de Vista Nº 75/2018 de 28 de marzo, cursante de fs. 407 a 410, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre mejor derecho de propiedad y otros, seguido por Fermín Fernández Pacaje y Betzha Chino de Fernández en contra de Elia Zambrana Pereira; la contestación al recurso de casación de fs. 436 a 438; el Auto de concesión del recurso de 30 de julio de 2018, cursante en fs. 439; el Auto Supremo de admisión de fs. 447 a 449 vta; los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez Público Civil y Comercial Nº 10 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció la Sentencia Nº 355/2017 de 24 de octubre, cursante de fs. 344 a 345, declarando IMPROBADA la demanda principal de fs. 69 a 71, modificado y ampliado a fs. 85 a 86.
Resolución de primera instancia que fue apelada por Fermín Fernández Pacaje y Bertha Chino de Fernández, mediante el escrito que cursa en fs. 383 a 391, a cuyo efecto la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista N° 75/2018 de 28 de marzo, cursante de fs. 407 a 410; ANULÓ obrados hasta fs. 344 inclusive, disponiendo que el Juez A-quo dicte nueva resolución debidamente fundamentada y congruente conforme manda el art. 115 de la CPE en relación al art. 213 del Código Procesal Civil; arguyendo que en el caso que nos ocupa se evidencia que la Sentencia de 24 de octubre de 2017, en su parte considerativa no realiza un análisis de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante conforme al principio de verdad material que consagra el art. 180.I de la CPE, en relación a los arts. 1 num. 16) y 134 del Adjetivo Civil, y en ese entendido se advierte que el Juez de instancia no emite pronunciamiento con respecto a las pretensiones de “mejor derecho propietario y acción negatoria” invocadas en la demanda principal, y menos aún cumple con la fundamentación exigida por los lineamientos jurisprudenciales descritos en la SCP 141/2017-S de 06 de marzo.
Resolución que fue impugnada por Rosendo Paco Calamani, mediante el memorial de fs. 413 a 416; por Ercilia Herrera Guerra a través del escrito de fs. 419 a 427 y por Elia Zambrana Pereira por intermedio del memorial de fs. 429 a 432; los cuales se analizan.
DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN
II.1.- Recurso de casación de Rosendo Paco Calamani (fs. 413 a 416)
Acusa que el Tribunal de alzada no ha realizado una valoración o apreciación correcta de la sentencia de primer grado, ello tomando en cuenta que el Juez de la causa habría emitido dicha resolución aplicando los principios de legalidad, igualdad procesal, dispositivo, contradicción y verdad material; además de aplicar lo dispuesto por los arts. 4, 5 y 6 del Código Procesal Civil, y en base al tarifario probatorio producido en el proceso, respondiendo a los parámetros del art. 213 de la mencionada norma, extremo que conllevaría que el Ad-quem al anular obrados no valoró que la tercerista Ercilia Herrera Guerra, ha probado tener el mejor derecho propietario sobre el inmueble en cuestión.
Que no existe incongruencia en la sentencia, pues la tercerista Ercilia Herrera únicamente ha ejercido la defensa de su registro propietario, todo en virtud del derecho de propiedad que ostenta, en cuyo entendido el Juez de instancia para substanciar y resolver el fondo de la pretensión tomo en cuenta lo dispuesto en el art.105 del CC, en relación a lo establecido por los arts. 450 y 452 del mismo compilado legal, por lo que no cabría anular la sentencia, ya que ello implicaría desconocer la pretensión legal y el derecho propietario de la tercerista.
En base a lo expuesto solicita se reponga el Auto de Vista y se resuelva por confirmar la sentencia de primer grado.
II.2.- Recurso de casación de Ercilia Herrera Guerra (fs. 419 a 427)
Reclama que la valoración y fundamentación realizada por los vocales relatores del fallo recurrido, al anular la sentencia, es totalmente errada, puesto que en la sentencia, en contrario a lo indicado por dichas autoridades, si existe la fundamentación y motivación suficiente, toda vez que el juez de instancia ha realizado la apreciación de cada una de las pruebas presentadas en el proceso, y ha fundamentado cada una de las peticiones planteadas por los demandantes.
Señala que la jurisprudencia ordinaria contenida en el Auto Supremo Nº 1007/2017 de 25 de septiembre, establece que no es necesario que la fundamentación sea ampulosa o llena de citas legales, sino que es totalmente valido que sea concisa y específica, extremo al cual se apega la resolución anulada, que de manera concisa resuelve los puntos en litigio y determina el mejor derecho propietario del inmueble en cuestión.
Indica que para determinar la nulidad dispuesta, las autoridades de alzada debieron verificar el perjuicio que genera la emisión de una nueva sentencia, por lo que se ha incumplido con los principios que rigen las nulidades procesales, principalmente los principios de conservación, de trascendencia y finalidad del acto, ya que la nulidad no puede ser determinada simplemente por un acérrimo celo procesal, ello considerando que la valoración de pruebas que exige el Tribunal Ad-quem, no es trascendente para que la sentencia sea diferente y favorezca a los demandantes.
En mérito a lo expuesto solicita se case el Auto de Vista y se determine confirmar la Sentencia de primer grado.
II.3.- Recurso de casación de Elia Zambrana Pereira (fs. 429 a 432)
Denuncia que el Tribunal Ad quem ha incumplido la previsión inmersa en el art. 265.I del adjetivo civil, ya que en una actitud de abuso de su facultad de Tribunal de apelación, optó por anular la sentencia, sin establecer ni fundamentar el motivo de dicha nulidad y menos establecer o hace referencia a la disposición del art. 17 de la LOJ, es decir anula de oficio, otorgando más de lo pedido por la parte recurrente, incurriendo en violación del art. 220.II (III) inc. a) de la norma referida, lo que genera que se haya emitido una resolución ultra y extra petita.
Señala que al anular la sentencia no se tomó en cuenta que el Juez de instancia resolvió el mejor derecho de propiedad, en razón a que los demandantes no tenían la posesión del inmueble y que si bien tenían registro propietario, la tercerista Ercilia Herrera, a través de la citación a su garante de evicción demostró tener registro preferente, por lo que lo resuelto por el a-quo responde a una correcta aplicación de la ley.
En ese merito, solicita se case el Auto de Vista y en el fondo se confirme la Sentencia de primer grado.
Señala que el recurso de casación interpuesto por Elia Zambrana Pereira no contiene los requisitos mínimos para su procedencia, debido a que la recurrente no indica ni siquiera el folio del expediente donde se ubica el Auto de Vista recurrido, olvidando además que el recurso de casación constituye una demanda nueva de puro derecho el cual debió ser deducido en consideración de lo dispuesto por el art. 274 del Código Procesal Civil.
Sostiene que el recurso de Rosendo Paco Calamani y Hercilia Herrera Guerra, no ameritan ser considerado ya que a decir del art. 54.IV, estos no son partes del proceso, motivo por el cual no fueron atendido en el encabezamiento de la Sentencia ni en el Auto de Vista recurrido.
En base a estos argumentos solicita que las impugnaciones de referencia sean declaradas improcedentes o alternativamente se las declare infundadas.
III.1. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la Sentencia
La congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto, conforme orientaba el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.
En tal sentido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo el nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable únicamente en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.
Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el Auto Supremo Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (El resaltado nos pertenece)
Expuesta como está la doctrina aplicable al caso, corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Del análisis del recurso de casación de la demandada Elia Zambrana Pereira (fs. 429 a 432), se puede colegir que en lo trascendental de dicho medio impugnatorio, acusa que que el Tribunal Ad quem vulneró lo establecido por el art. 265.I del Código Procesal Civil, al no ceñirse a los reclamos del recurso de apelación y disponer la anulación de obrados, cuando ese extremo no fue solicitado por los recurrentes (que piden la revocatoria de la sentencia) otorgando en ese entendido más de lo pedido (resolución extra petita) e incurriendo en la violación del art. 220.II (III) inc. a) de la norma referida.
A este efecto, revisado que fue el Auto de Vista Nº 75/2018 cursante de fs. 407 a 410, se tiene que el Tribunal de alzada, asumió una decisión anulatoria de obrados, señalando que la Sentencia de 24 de octubre de 2017, en su parte considerativa no realiza un análisis de los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante conforme al principio de verdad material establecido en el art. 180.I de la CPE, en relación a los arts. 1 num. 16) y 134 del Adjetivo Civil, y en ese entendido el Juez de instancia habría emitido un pronunciamiento incongruente al no haber analizado las pretensiones de “mejor derecho propietario y acción negatoria” invocadas en la demanda principal, y menos haber fundamentado su determinación conforme a lineamientos jurisprudenciales descritos en la SCP 141/2017-S de 06 de marzo.
Sobre el particular, conviene acudir a los criterios doctrinales esbozados en el fundamento del punto III.1 de la doctrina aplicable, donde se ha establecido que la falta de congruencia en la sentencia, no es considerada una causal de nulidad, ya que por expresa determinación del art. 218.III de la Ley Nº 439 es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo de esa incongruencia, puesto que las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución del conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.
De ahí que en este proceso, se puede concluir señalando que la decisión de anular la Sentencia por la presunta incongruencia o falta de motivación, no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Tribunal de apelación, fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del Juez a-quo y fallar en el fondo de lo debatido y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular la resolución apelada para que el Ad quem resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación de la parte actora (abocados, entre otros, a la valoración de la prueba) conforme al art. 265.I de la Ley Nº 439; determinación que es asumida en el marco del art. 220.III del Código Procesal Civil
Siendo evidente la nulidad a disponerse, no corresponde ingresar a considerar los recursos de casación formulados por Rosendo Paco Calamani y Ercilia Herrera Guerra.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 75/2018 de 28 de marzo cursante de fs. 407 a 410, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y en consecuencia se dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el referido Tribunal de Alzada emita nueva resolución dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I de la Ley Nº 439 y de acuerdo a lo delineado en la presente resolución.
Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales del Tribunal de Segunda Instancia signatarios del Auto de Vista impugnado, no se les impone multa.
De conformidad a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025, comuníquese la presente Resolución al consejo de la Magistratura.
Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.

References: Resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución