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Timestamp: 2015-03-29 23:44:16+00:00

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CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. ULTIMOS CRITERIOS DE LA S.C.J.N. » Indice Fiscal
CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO. ULTIMOS CRITERIOS DE LA S.C.J.N.
February 24, 2012 | Author: admin | Posted in www.encuentrofiscal.com/
En el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Mes de Diciembre de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó las Tesis Aisladas P. LXX/2011 (9a.), P. LXV/2011 (9a.), P. LXXI/2011 (9a.), P. LXIX/2011(9a.), P. LXVIII/2011 (9a.), P. LXVI/2011 (9a.) y P. LXVII/2011(9a.).
En dichas tesis se hacen diversos análisis respecto al control de la convencionalidad en el sistema jurídico mexicano.
Como antecedente recordemos que en la resolución emitida el 25 de octubre de 2011 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en el punto único se determinó:
“Único. Han quedado sin efectos las tesis jurisprudenciales números P./J. 73/99 y P./J. 74/99, cuyos rubros son los siguientes: ‘CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ y ‘CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN.’”,
La anterior conclusión se arribó en virtud del marco constitucional generado con motivo de la entrada en vigor del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011.
Por lo tanto era urgente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación derivado de la reforma constitucional estableciera los criterios para llevar a cabo el control de la convencionalidad a la luz de dicha reforma.
Al hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dichas tesis aisladas se llego a los siguientes criterios:
I.	CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD EN EL SISTEMA JURIDICO MEXICANO.
Existen en nuestro en el orden jurídico mexicano dos grandes vertientes dentro del modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de Derechos Humanos:
1.	El control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control:
a.	Acciones de inconstitucionalidad,
b.	controversias constitucionales y
c.	amparo directo e indirecto
2.	El control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.
Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas.
En este sentido en el primer caso hablamos de un sistema de CONTROL CONCENTRADO DE LA CONVENCIONALIDAD, y en el segundo caso de un sistema de CONTROL DIFUSO DE LA CONVENCIONALIDAD, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional.
También se recalca que las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad.
II.	CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.
De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior.
Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.
III.	EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE DEL LITIGIO.
Se establece el criterio de que las sentencias emitidas por la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). son vinculantes en sus términos cuando el estado mexicano fue parte en el litigio, siendo importante recalcar que serán obligatorias para las autoridades mexicanas NO SOLO LOS PUNTOS DE RESOLUCION CONCRETOS DE LA SENTENCIA, SINO LA TOTALIDAD DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN ELLA.
Lo anterior en virtud de que el Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la CIDH, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la CIDH es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso.
Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas sentencias constituyen cosa juzgada.
En ese sentido respecto a las sentencias, lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la misma en sus términos.
Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. IV.	CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUE PARTE.
En este sentido, debemos aclarar que los criterios de la CIDH que derivan de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte en el litigio son orientadores para todas las decisiones de los jueces mexicanos, siempre que sean más favorables a la persona, de conformidad con el artículo 1o. constitucional.
De este modo, los jueces nacionales al interpretar los DDHH, deben:
a.	Observar los derechos humanos establecidos en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación y
b.	acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorable y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.
Esto no prejuzga la posibilidad de que sean los criterios internos los que se cumplan de mejor manera con lo establecido por la Constitución en términos de su artículo 1o., lo cual tendrá que valorarse caso por caso a fin de garantizar siempre la mayor protección de los derechos humanos. V.	PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente.
a)	Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
b)	Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;
c)	Los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y
d)	Los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
VI.	PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.
En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos:
a)	Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;
b)	Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,
c)	Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
A CONTINUACION LES DEJO LAS TESIS AISLADAS EMITIDAS POR LA Suprema Corte de Justicia de la Nación QUE ESTABLECEN DICHOS CRITERIOS EN MATERIA DE CONVENCIONALIDAD EN NUESTRO SISTEMA JURÍDICO MEXICANO Y LA EJECUTORIA CORRESPONDIENTE.
Revista Anafinet #26 Versión Digital
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