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Timestamp: 2020-07-10 07:58:54+00:00

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Control de Convencionalidad, Tendencias_TribunalesConst_Mex-Col-Guatemala | Pena capital | Derechos humanos
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Boletín Humanizando 4
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D150.190
Tendencias de los Tribunales Constitucionales de México, Colombia y Guatemala : análisis de
sentencias para el control de convencionalidad / [la compilación de esta obra fue elaborada por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ; la edición y diseño de las páginas interiores estuvieron al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; el diseño de la portada estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ; presentación Ministro Juan N. Silva Meza ; Introducción Javier Hernández Valencia]. -- México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis : Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012. xxiv, 232 p. ; 22 cm.
ISBN 978-607-468-448-3
1. Derecho internacional de los derechos humanos – Control de convencionalidad – Sentencias
– América Latina 2. Armonización legislativa – Estudio de casos 3. Tribunal constitucional – Derecho comparado 4. Jerarquía normativa – Recursos procesales 5. Libertad de expresión – Legislación
Derecho a la salud – Impartición de justicia 7. Derechos sexuales 8. Derechos reproductivos
Derechos de las mujeres 10. Despenalización del aborto 11. Planeación familiar 12. Derechos de
los indígenas 13. Derecho a la identidad cultural 14. Medios de comunicación 15. Activismo judicial
Identidad sexual 17. Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes
Buenas prácticas judiciales I. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Coordinación de
Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia II. Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos III. México. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dirección General de Comunicación y Vinculación Social VI. Silva Meza, Juan Nepomuceno, 1944- V. Hernández Valencia, Javier
D.R. © Suprema Corte de Justicia de la Nación Avenida José María Pino Suárez núm. 2 Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06065, México, D.F.
D.R. © Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Alejandro Dumas núm. 165 Colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11560, México, D.F. www.hchr.org.mx
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La edición y diseño de las páginas interiores estuvieron al cuidado de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El diseño de la portada estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Primera Sala Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Ministro José Ramón Cossío Díaz Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Segunda Sala Ministro Sergio A. Valls Hernández
Ministro Luis María Aguilar Morales Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano Ministro José Fernando Franco González Salas Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos
OfICINA EN MéxICO DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DEREChOS hUMANOS
Introducción Javier Hernández Valencia
Derecho constitucional e internacional de los de- rechos humanos. Herramientas de armonización
y práctica judicial. Rodrigo Uprimny Yepes, Nelson Camilo Sánchez
II. La muestra de buenas prácticas
Tendencias de los Tribunales Constitucionales de México, Colombia y Guatemala…
III. Las lecciones aprendidas
1. Identificación de la fuente normativa
2. La jerarquía y aplicación de la fuente internacio-
nal en la normativa interna
Determinación de la orden judicial concreta y re-
La Libertad de expresión en el derecho comparado:
aportes para una conceptualización desde el dere- cho internacional de los derechos humanos. Zamir
Fajardo Morales, Omar Gómez Trejo
El corpus iuris de la libertad de expresión: propues-
ta de sistematización
1. Titularidad de la libertad de expresión
2. Formas y medios de expresión protegidos
3. Protección especial de las/os periodistas y de los
Formas de expresión no protegidas y límites a la
III. Análisis de casos
Los tipos penales de injuria y calumnia en Colom-
bia (sentencia C-442 de 2011)
2. El delito de desacato en Guatemala
3. Vida privada y libertad de expresión en el dere-
cho constitucional mexicano
Derecho a la salud: elementos preliminares para una aproximación comparada. Oscar Parra Vera
II. Breve síntesis de los principales estándares inter- nacionales
1. El contenido del derecho a la salud
2. Obligaciones respecto al derecho a la salud
Utilización del derecho internacional de los dere-
chos humanos para impulsar la justiciabilidad
El uso de estándares internacionales de conexi-
dad e interdependencia como criterio de protección judicial de dimensiones prestacionales del derecho a la salud
V. Las críticas a los criterios de conexidad y al énfasis en la protección del derecho a la salud a través de
VI. El activismo judicial dialógico y la intervención judicial para resolver los problemas estructurales; la sentencia T-760 de 2008
Derecho a la salud, autonomía personal y libre
Derecho a la salud y derecho a la identidad
Otras aproximaciones a la relación entre auto-
nomía personal y derecho a la salud en el derecho
Breve análisis comparado de algunas decisiones judiciales de México, Colombia y Guatemala en
relación con los derechos sexuales y reproducti- vos de las mujeres: el aborto y el uso de ciertos métodos de planificación familiar. Yuria Saavedra
Álvarez, María Elisa Franco Martín del Campo
I. Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el derecho internacional de los derechos humanos
3. Derecho a la salud sexual y reproductiva
4. Derecho a una vida libre de violencia
5. Derecho a una vida libre de discriminación
6. Derecho a la autonomía y a la privacidad
II. Análisis de las sentencias de Colombia, México y Guatemala en relación con la penalización del aborto y el uso de ciertos métodos de planificación familiar
Colombia: la despenalización del aborto en cir-
cunstancias específicas
Ponderación del deber de protección de la vida en
gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada
México: la despenalización en el Distrito Federal
de la interrupción del embarazo antes de las doce semanas de gestación
Momento en el que se debe proteger la vida hu-
mana de acuerdo con la normatividad internacio- nal
La existencia y naturaleza normativa del concepto
"vida" en la Constitución mexicana
La interrupción del embarazo y la configuración del delito de aborto
3. Guatemala: el uso de ciertos métodos de planifi-
cación familiar y la libertad de decidir el número y
a. Libertad de decidir el número y espaciamiento
de los hijos y uso de métodos de planificación fami-
El uso de métodos de planificación familiar y salud
Buenas prácticas judiciales y conclusiones
Tres Cortes Constitucionales frente los derechos de
los pueblos indígenas. María de los Ángeles Arcos García
Primera sentencia de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación de México, sobre el derecho de la persona indígena a la autoadscripción y a la consi- deración de su especificidad cultural al momento de aplicar la ley
Segunda sentencia de la Corte Constitucional de
Colombia sobre el derecho a la consulta previa y el derecho al territorio
La Opinión Consultiva de la Corte de Constitucio-
nalidad de Guatemala sobre el contenido del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo
L a reforma constitucional en materia de derechos humanos apro­
bada en junio del año pasado por el Congreso de la Unión,
ha traído consigo un cambio fundamental en la manera de
impartir justicia en el país. Los cambios introducidos en ella son múltiples y los retos, particularmente para el Poder Judicial de la Federación, de gran envergadura.
Si bien algunos de temas que incorporó aquella reforma consti­ tucional ya eran una obligación para el Estado mexicano y en consecuencia para las autoridades que lo conforman, resultado de la ratificación de diversos tratados internacionales en la mate­ ria, lo cierto es que la reforma constitucional de derechos humanos vino a explicitarlos en la norma de mayor jerarquía del país.
Si este escenario pudiera imaginarse muy complicado, lo cierto es que México no es el único país que se ha enfrentado a la nece­
sidad de incorporar fuentes de origen internacional al marco interno, o a la obligación de aplicar el principio pro persona o a que la interpretación de las normas internas deba hacerse a través del principio de interpretación conforme o aplicando control di­ fuso de convencionalidad. Tampoco somos el único país que debe retomar las características intrínsecas de los derechos humanos y cumplir con las obligaciones del Estado de promover, respetar, pro­ teger y garantizar los derechos, así como las de prevenir, investi­ gar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos.
Nos encontramos, sin duda, ante un escenario de desafíos, pero esta realidad no es exclusiva de México, distintos países de la región ya han dado pasos en aquel sentido.
Muestra de ello ha sido la recepción del derecho internacio­ nal, tema transversal a las fronteras. En todas las regiones del planeta nos encontramos con "diálogos normativos" entre los mar­ cos internos y las normas de fuente internacional, caracterizados no por la exclusión de unos por otros, sino por la complementa­ riedad de ambos, privilegiando el estándar más favorable para
XII las personas.
Frente a esa realidad no exclusiva de México, el derecho compa­ rado es un referente muy importante para conocer la experiencia comparada de otros poderes judiciales frente a la internacio­ nalización del derecho internacional, así como de los obstácu­ los enfrentados y las fortalezas obtenidas por ellos.
Por otra parte, la universalización del discurso de los derechos humanos ha generado una trasnacionalización de criterios. Cada vez es más recurrente que una Corte Constitucional retome crite­ rios y precedentes desarrollados por otras Cortes, no sólo de las internacionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos), sino tam­ bién de Cortes nacionales.
Es así como muchas de las sentencias que se emiten por distintas Cortes Constitucionales, no sólo retoman sus respectivos marcos jurídicos además de fuentes del derecho internacional de los de­ rechos humanos, sino también argumentos e interpretaciones dados por otros tribunales internacionales y nacionales.
De esa forma, el diálogo jurisprudencial entre Cortes, a través de sus sentencias, se ha convertido en un referente reciente de la labor jurisdiccional.
Si bien es cierto que hay temas trasnacionales, también lo es que las regiones del planeta, a partir de contextos políticos, sociales, económicos y culturales similares, comparten la exigencia de cier­ tos derechos humanos.
El caso de América Latina ilustra sociedades con recientes demo­ cracias en construcción o consolidación, con una presencia rele­ vante de poblaciones indígenas, con desigualdades sociales muy marcadas y preocupantes índices de pobreza. Sociedades pues, donde la garantía de los derechos civiles y políticos y de los sociales, económicos y culturales, es un pendiente.
Teniendo como marco los elementos mencionados, la Presiden­ cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha planteado con total seriedad impulsar las medidas a su alcance para coad­ yuvar en la implementación de la reforma constitucional de dere­ chos humanos, entre otros aspectos, a través de la generación de herramientas que sirvan para apoyar la labor jurisdiccional que desempeñan las y los juzgadores federales. En este proceso, ha contando con la colaboración valiosa de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere­ chos Humanos.
Bajo esta premisa, ambas instituciones diseñaron la publicación que ahora se presenta, como un compendio de ensayos que analiza­ ra las sentencias de tres tribunales constitucionales (la Corte Consti­ tucional de Guatemala, la Corte Constitucional de Colombia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México) sobre varios temas relacionados con derechos humanos destacando las buenas prácticas judiciales implícitas en aquellas.
De esa forma, se analizaron sentencias sobre integración del derecho internacional de los derechos humanos al derecho cons­
XIV titucional, libertad de expresión, derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y derechos de los pue­ blos indígenas.
Especialistas en cada materia se dieron a la tarea de analizar tres sentencias sobre un mismo tema, emitidas por los tribunales constitucionales referidos.
De esa forma, Rodrigo Uprimny Yepes y Nelson Camilo Sánchez identifican en las tres sentencias analizadas aspectos que consi­ deran como buenas prácticas de la intervención judicial, entre las que se encuentran, la correcta identificación de las fuentes nor­ mativas aplicables, la ubicación de la jerarquía interna de las normas internacionales y el uso creativo del derecho internacio­ nal para el remedio judicial. La constatación de estos elementos lleva a los autores a concluir que las sentencias revisadas repre­ sentan experiencias exitosas de diálogo entre estándares internacio­ nales de protección y su relación con los ordenamientos nacionales, de incorporación de los estándares a la práctica judicial local.
Por su parte, Zamir Fajardo Morales y Omar Gómez Trejo, par­ tiendo del reconocimiento del papel que desempeña el ejercicio pleno de la libertad de expresión en cualquier sistema demo­ crático, describen algunos argumentos que consideran buenas prácticas respeto de la tutela judicial efectiva de ese derecho. Para ello, y luego de sistematizar el corpus iuris sobre libertad de expresión, hacen una revisión de cómo las Cortes Constitucionales interpretaron la injuria y la calumnia (en el caso de Colombia), el delito de desacato (en Guatemala) y la protección a la vida privada (en México) en conflicto con la libertad de expresión. Debe destacarse que en las sentencias revisadas el uso de los estándares internacionales de derechos humanos es una herramienta para los operadores jurídicos para darle contenido al derecho humano y determinar sus límites legítimos. Asimismo, la sentencia colombiana es un ejemplo de cómo ejercer control de constitucio­ nalidad/convencionalidad, conjuntando y armonizando ambas fuentes del derecho.
Sobre el derecho a la salud, y luego de una síntesis a profundidad de los principales estándares en la materia, Oscar Parra Vera des­ taca aspectos presentes en las sentencias revisadas que repre­ sentan buenas prácticas judiciales: la recuperación de estándares internacionales sobre el tema, el papel del derecho internacio­ nal de los derechos humanos en la justiciabilidad del derecho, el uso de los criterios de conexidad e interdependencia para im­ pulsar la protección judicial de dimensiones prestacionales del derecho a la salud y los remedios judiciales estructurales contra la intervención judicial en derechos sociales concentrada en casos individuales.
Es particularmente interesante, además de pertinente en el debate sobre la justiciabilidad de los derechos sociales, el análisis que realiza Oscar Parra sobre el "activismo judicial dialógico" a tra­ vés del cual la Corte Colombiana ha ordenado la revisión gene­ ral de una política pública que tiene impacto en la violación masiva de derechos. Retomando conceptos como el "estado de cosas inconstitucional" se proponen remedios estructurales a través de los cuales se busca terminar no con la vulneración de un derecho individual, sino transformar una política pública que tiene reper­
XVI cusiones en la violación de derechos de manera masiva.
Yuria Saavedra Álvarez y María Elisa Franco Martín del Campo analizan tres sentencias que abordan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, concretamente el aborto y el uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar. Retomando el contenido de estos derechos en el derecho internacional de los
derechos humanos y su vínculo con los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud sexual y reproductiva, a una vida libre de violencia y libre de discriminación, y a la autonomía y a la privacidad, analizan cada una de las sentencias destacando los debates implícitos en la decisión judicial, entre ellos la ponde­ ración de derechos. De igual forma que en los otros temas, las autoras destacan como buenas prácticas el uso de instrumentos internacionales tanto del Sistema Interamericano como del Uni­ versal, y de la interpretación que los órganos facultados para ello han realizado de aquellos.
Finalmente, María de los Ángeles Arcos García examina dos sen­ tencias y una opinión consultiva desde el punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. Destaca como buena prác­ tica de las sentencias de México y Colombia el fundamentar con base en instrumentos internacionales, en particular el Con­ venio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En el caso de la sentencia mexicana, debate los criterios de auto­ adscripción y lengua como definitivos para identificar a una per­ sona como indígena y resalta la obligatoriedad de los jueces de considerar las especificidades culturales de la persona procesa­ da al tomar una decisión judicial. De la sentencia colombiana destaca el derecho a la consulta previa de comunidades indíge­ nas y afrodescendientes, entendido como derecho constitucional en razón de que el Convenio 169 es norma integrante del bloque de constitucionalidad colombiano, en materias como territorio, aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de
recursos naturales en las zonas en que se asientan las comuni­ dades, temas de gran actualidad en el escenario mexicano, pero no sólo.
Debe señalarse que las sentencias fueron seleccionadas bajo la consideración de que en ellas se incorporan buenas prácticas judi­ ciales, que pueden ser consideradas por otros tribunales.
Resulta muy interesante que, a pesar de las particularidades y especificidades normativas de cada país, los ensayos recuperan prácticas comunes en las distintas Cortes Constitucionales, lo que reitera lo señalado párrafos arriba en el sentido de temas más allá de las fronteras de cada país en torno a los cuales poder establecer un diálogo entre Cortes.
Un agradecimiento especial a las y los especialistas que parti­ ciparon en la obra, sus análisis serán de gran ayuda para los operadores jurídicos en la labor de armonizar el derecho interno con el internacional.
La armonización del derecho interno y el internacional es una
XVIII tarea que involucra a todas las autoridades del Estado, sin em­ bargo, los jueces nacionales juegan un rol central en esa tarea. En palabras de Rodrigo Uprimny y Nelson Camilo Sánchez, "(…) de los jueces depende que los Estados logren corregir las vulneraciones de derechos en el orden interno, dado que son ellos los llamados a investigar y juzgar los casos que las involucran y, si lo hacen de conformidad con lo exigido en los estándares inter­
nacionales, podrían evitar la intervención de los sistemas interna­ cionales de protección".
La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espera que esta obra sea una contribución en esa ruta.
Ministro Juan N. Silva Meza Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
E l Dr. Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, subrayaba hace algunos años que un elemento central del debate contemporáneo sobre los derechos humanos (y debiera
añadir "desde" los derechos humanos) debía necesariamente ser la ampliación del marco ajustadamente legalista o, siendo más generosos, jurídico, en el que se había privilegiado su desarrollo y, por reflejo, incluso su propia crítica. Debíamos evitar "encerrar prematuramente el concepto en una estrecha caja", 1 y más bien propulsar nuestras discusiones al más amplio, más exigente y más dinámico posible de los escenarios, el del "razonamiento público del mundo contemporáneo".
1 Sen, Amartya, Human Rights and the limits of Law, Cardozo School of Law, Yeshiva University, New York, Sept., 2005.
En un periodo histórico de particulares y serios retos, México em­ prendió también un rumbo de ambiciosas transformaciones políti­ cas, institucionales y jurídicas, entre las cuales destacan con peso propio las reformas constitucionales sobre amparo y derechos humanos de junio de 2011. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH­ México) asumimos el compromiso conjunto de alinear nuestros esfuerzos para la mayor y mejor promoción y difusión de dere­ chos humanos en el contexto de las referidas reformas constitucio­ nales. La presente publicación es un producto que se suma a un fecundo camino de sostenido trabajo compartido, al cual se unen además el apoyo de las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Colombia y Guatemala.
A partir de dicha plataforma multi­institucional, identificamos pron­
tamente que existe una marcada tendencia en los Altos Tribunales
respectivos a apropiarse del rol rector en la adecuación del dere­ cho interno de sus respectivos países a los compromisos inter­ nacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, el
XXII contenido y sentido de las rutas adoptadas merecía someterse
a escrutinio, lo cual se presentaba como un campo de nuevas y
poco exploradas oportunidades para el análisis jurídico. Contá­ bamos para ello, a nuestro favor, con un dinámico diálogo judi­ cial y activos desarrollos del derecho comparado, así como con
sólidas y bien establecidas relaciones entre las Altas Cortes entre
sí y correspondientemente con las Oficinas del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas en las tres naciones.
Nos propusimos entonces la tarea de producir una publicación que constituyera una primera entrega de análisis de algunas de­ cisiones de los Tribunales Constitucionales de México, Guate­ mala y Colombia alrededor de cinco temas específicos, cuya recurrencia o cuya irrupción en los debates constitucionales de estos países, pero seguramente también en el espacio más am­
plio de nuestra región, dan cuenta de su importancia: la incorpo­ ración de los estándares internacionales de derechos humanos en el derecho doméstico; la libertad de expresión; el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a la consulta previa, libre
e informada; el derecho de las mujeres a la salud y a la libertad sexuales y reproductivas; y, más ampliamente, el derecho a la salud.
Las y los juristas que fueron invitados a hacer posible esta publi­ cación se sintieron muy estimulados por la propuesta conceptual
y todos sus ensayos emplean metodologías analíticas que deli­
mitan el problema jurídico que buscó resolver cada una de las Altas Cortes en su respectiva sentencia, para luego proceder a
identificar los principales estándares internacionales relacionados
y finalmente examinar si la decisión adoptada responde explí­
cita o implícitamente a los mandatos normativos contenidos en dichos estándares internacionales.
Los textos abonan ese campo con saldo positivo, sin prescindir de las particulares de cada país, pero también sin renunciar al desa­ fío del análisis jurídico comparado, crítico y contextualizado de las decisiones de las Altas Cortes. Pero la compilación de visio­ nes se pone así a disposición de los lectores con un propósito
explícito, que es el de apostar a haber configurado en esta obra una identificación adecuada de respuestas positivas que constitu­ yan una "buena práctica judicial", en tanto se trata de decisiones conforme a los estándares internacionales de derechos huma­ nos y, adicionalmente, subrayar la intención de que algunos de los elementos conceptuales transversales empleados por las y los juris­ tas participantes, sean un punto de partida útil y recurrente para quienes, en sus distintos roles de operadores jurídicos, deban abordar directamente las tareas referidas a la incorporación de los estándares internacionales sobre derechos humanos en la solución de casos concretos. Nos proponemos por tanto dejar una contribución que potencie y presente contenidos al control de convencionalidad en asuntos relacionados con los derechos humanos que la reforma constitucional mexicana del año pasado ha puesto en la agenda de los togados.
Dejo expreso testimonio de mi agradecimiento sincero a las y los especialistas que acompañaron este proyecto, que con sus contri­ buciones apuntalan los esfuerzos y visión compartidos de la SCJN y la OACNUDH­México para la plena vigencia y disfrute de los derechos humanos en este país.
Herramientas de armonización y práctica judicial
Rodrigo Uprimny Yepes Nelson Camilo Sánchez*
* Los autores se desempeñan como Director e Investigador Principal del Centro de Estu­ dios de Derecho Justicia y Sociedad – Dejusticia, respectivamente; y como profesores de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.
D urante las últimas dos décadas nuestra región ha expe­ rimentado un proceso de acercamiento entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los dere­
chos humanos. Este acercamiento se debe, por un lado, a que en virtud de las obligaciones jurídicas que emanan de los tratados de derechos humanos, actualmente el derecho internacional tiene un impacto significativo y directo en los ordenamientos jurídicos nacionales. Y, por otro lado, a que el desarrollo del derecho cons­ titucional ha acompañado este proceso internacional creando distintas figuras para incorporar estas normas en el ordenamiento interno, bien sea de manera directa o indirecta.
No obstante, la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos no ha sido homogénea en los diferentes Esta­
dos que se han comprometido internacionalmente a cumplirlos. Esta situación se debe, en parte, a que distintas autoridades de varios Estados latinoamericanos se han mostrado reticentes a dar cumplimiento a este compromiso jurídico y político. General­ mente, los Estados que han sido reticentes a esta incorporación han esgrimido tres tipos de argumentos. En primer lugar, algunas autoridades han argumentado que no existe relación vinculante entre derecho internacional y derecho nacional. En segundo lugar, algunos Estados que admiten dicha interrelación han limitado la incorporación de estándares a través de la jerarquía normativa con la que estos estándares se integran al derecho nacional. Final­ mente, otro número de autoridades han reducido el proceso de incorporación de los estándares interamericanos frente a dudas respecto de las normas que conformarían estos parámetros y cuáles de ellas podrían integrarse al sistema nacional.
En otros casos, la falta de implementación se debe a que los funcionarios encargados de ésta tienen dudas dogmáticas o meto­ dológicas sobre cómo realizar dicha incorporación en la prácti­ ca. En efecto, difíciles preguntas surgen cuando un funcionario judicial se enfrenta a la aplicación del compendio de normas que hoy en día conforman el derecho internacional de los dere­ chos humanos: ¿Cuáles son esas normas y cómo se determinan?
4 ¿Cuál es la relación entre esas normas y las disposiciones expresas de la Constitución del país? ¿Cuál es la relación entre el deber del Juez de aplicar las normas incorporadas del derecho internacio­ nal y el deber de respetar el principio de legalidad, en materias como por ejemplo el derecho penal?
Afortunadamente, la práctica judicial de algunas Altas Cortes Supremas y constitucionales de la región ha hecho esfuerzos impor­
Rodrigo Uprimny Yepes • Nelson Camilo Sánchez
tantes por reducir esta indeterminación y presentar metodologías que permitan armonizar, en la práctica, los dos sistemas norma­ tivos. En este texto destacaremos tres experiencias de implemen­ tación judicial que se constituyen en verdaderas nuevas prácticas que merecen ser estudiadas, no sólo por las judicaturas de los respectivos países, sino como modelos de intervención judicial posible para otros contextos similares. Nos basaremos entonces en dos decisiones de amparo, una de la Corte de Constituciona­ lidad de Guatemala y la otra de la Corte Constitucional colom­ biana, y una reciente consulta resuelta por la Suprema Corte de la Nación de México.
Para identificar estas buenas prácticas, dividiremos nuestro texto en tres partes. En la primera presentaremos de manera breve cada una de las decisiones que destacaremos como buenas prácticas judiciales. En la segunda presentaremos las razones por las cuales consideramos que estas decisiones presentan metodologías de incorporación que valen la pena ser resaltadas. Finalmente, cerra­ remos el texto con unas conclusiones breves.
1. Guatemala 1
El caso se originó a partir de una solicitud de amparo a los dere­ chos a la vida, de defensa, al debido proceso, petición y libre
1 Corte de Constitucionalidad en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo. Expe­ diente 30­2000. Magistrado Presidente: Conchita Mazariegos Tobías.
acceso a los tribunales, presentada por una persona que había sido condenada a pena de muerte tras un proceso penal por la comisión del delito de plagio o secuestro. En la solicitud de amparo se alegó que la imposición de la pena de muerte era violatoria de los derechos del procesado en la medida en que dicha sanción era incompatible con el artículo 4.2 de la Con­ vención Americana de Derechos Humanos. Según el accionante, al momento en que Guatemala aceptó y ratificó la Convención Americana, solo se imponía la pena capital por el delito de pla­ gio o secuestro cuando moría la víctima. Alegó que en su caso el ofendido no había fallecido y, por tanto, el Estado no podía aplicarle legítimamente la pena capital. 2
La autoridad impugnada se opuso a estos argumentos, alegando que no se había cambiado la estructura de la figura delictiva de plagio o secuestro, ya que es la misma conducta que tenía antes de la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Huma­ nos la que prevalecía en el caso. En síntesis, el argumento del Tribunal demandado era que el delito de plagio y secuestro —conducta principal— establecía la posibilidad de la aplicación de la pena de muerte desde la época de ratificación del tratado.
6 Por tanto, al aplicar este tipo jurídico no se estaba extendiendo la aplicación de una sanción prohibida.
2 El artículo 4.2 de la CADH, establece que "[e]n los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimien­ to de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente". En virtud de ello, los Estados no pueden aplicar la pena de muerte a delitos que no estipularan dicha sanción a la fecha de entrada en vigencia del tratado para el Estado respectivo.
La Corte de Constitucionalidad, en calidad de tribunal extra­ ordinario de amparo, inició la revisión del problema jurídico a partir del análisis de la validez del derecho internacional en el derecho interno guatemalteco. Sobre el punto concluyó —como se explicará con mayor detalle en una sección posterior— que el derecho internacional, ya sea consuetudinario o convencional, se integra al sistema internacional guatemalteco por previsión expresa de la Constitución. En segundo lugar, la Corte examinó cuál es la jerarquía normativa de dicha integración. En esta materia, la Corte señaló que la Convención Americana, al ser un tratado de derechos humanos tenía preeminencia sobre la legis­ lación ordinaria, en virtud de expreso mandato constitucional.
Respecto de la controversia específica, la Corte analizó la orden expresa establecida en el artículo 4,2 de la Convención Ameri­ cana con la historia legislativa penal sobre el delito de plagio en Guatemala. En este estudio, la Corte encontró que el delito sancionado con pena de muerte en el Código Penal antes de la vigencia del Pacto de San José era un delito complejo en cuyo tipo configuraban dos conductas punibles: a) el plagio o secuestro de persona, y b) la muerte de la víctima. La Corte encontró enton­ ces que una de estas conductas (plagio más muerte de la víctima) era un delito distinto al plagio simple. Así, aunque no hubiese variado el nombre del delito, las dos conductas correspondían a dos cosas distintas pues el primero de ellos se había establecido para la protección de un bien jurídico superior: la vida. En cambio, en el otro, el bien protegido era la libertad individual. En conse­ cuencia, a juicio de la Corte "[n]egar que existen diferencias de
sustancia en los tipos penales simplemente porque la figura no se introdujo en la descripción sino en la penalidad, podría significar una vulneración del principio de legalidad que no admite la exten­ sión analógica de los tipos de infracción".
Con base en estas consideraciones, la Corte encontró que la pena de muerte se había extendido a una conducta que no se encontraba sancionada con dicha pena a la fecha de entrada en vigencia del tratado, aun cuando dicha sanción hubiera sido establecida para una conducta adicional dentro de un mismo tipo jurídico. En virtud de ello, la Corte concedió el amparo soli­ citado, dejando en suspenso la sentencia proferida por el juzgador penal y ordenando la modificación de la misma conforme a los límites establecidos por la Convención Americana.
La controversia se originó a partir de una acción de tutela (recurso de entidad similar al amparo) interpuesta contra el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores por una ciudadana cuyo hijo fue víctima de desaparición forzada, presuntamente
8 cometida por agentes del Estado. La demandante había concurrido previamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma­ nos (CIDH) solicitando protección a su derecho a la vida e integri­ dad personal, con base en el mecanismo de medidas cautelares de protección previstas en el Reglamento de la CIDH. La Comisión
3 Corte Constitucional. Sentencia T­558 de 2008. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
Interamericana ordenó al Estado colombiano que implementara las medidas de protección necesarias para garantizar la inte­ gridad de la familia "dignidad de la persona y, por supuesto, el
derecho a la vida". Solicitud que fue reiterada en dos oportuni­ dades posteriores, sin que el Estado adoptara las medidas solici­ tadas. De hecho, alegó la peticionaria, en vigencia de las medidas cautelares, agentes estatales entraron a su casa de manera ilegal
y torturaron a uno de los miembros de su familia. La acción de
tutela se promovió entonces con el objeto de que el Juez consti­ tucional ordenara al Estado el cumplimiento de las medidas de protección solicitadas en sede internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores contestó la demanda ar­ gumentando que había sido diligente en lo que a su competencia correspondía. Sobre este punto, el Ministerio recalcó que sus
funciones se limitaban a transmitir a las autoridades nacionales competentes las decisiones adoptadas por la CIDH y a informar
a esta última los avances que se presentaran en cuanto a la eje­ cución de las mismas en el orden interno.
La Corte Constitucional, en virtud de su función de revisión even­ tual de los fallos de tutela, asumió competencia para revisar la decisión de los tribunales de instancia que habían parcialmente concedido el amparo solicitado. Al analizar la materia objeto de petición, la Corte encontró que el caso enfrentaba cinco pro­ blemas jurídicos complejos: i) determinar cuál es la naturaleza jurídica de los diversos actos emanados de las Organizaciones Internacionales y cuál en particular aquélla de las medidas cau­ telares decretadas por la CIDH; ii) establecer la manera en la
que las medidas cautelares se integran al ordenamiento jurídico colombiano; iii) determinar las autoridades públicas internas que están llamadas a participar en la ejecución de las medidas; iv) establecer si la acción de tutela procede para garantizar la eficacia de unas medidas cautelares decretadas por la CIDH;
y el caso concreto, v) decidir la procedencia o no de la acción solicitada.
Para resolver estas cuestiones, la Corte empezó por realizar un detallado estudio de las fuentes del derecho internacional público. Con base en este determinó la entidad y alcance de las "recomen­ daciones" emitidas por la CIDH, tanto a través de sus informes como mediante el decreto de las denominadas medidas cautelares. En segundo lugar, la Corte determinó que, debido a su naturaleza, las medidas cautelares se incorporan de manera automática al ordenamiento jurídico colombiano, dadas sus "particulares caracte­ rísticas procesales y los fines que pretenden alcanzar". En cuanto
al tercer interrogante, la Corte sentó los criterios que conforme al derecho interno, vinculan a distintas instituciones estatales en el cumplimiento mancomunado y armónico de la implementa­ ción de las medidas. En cuarto término, la Corte encontró que
10 las medidas cautelares y la acción de tutela tenían importantes semejanzas, siendo la principal su naturaleza cautelar. Si bien la Corte encontró que la acción de tutela no había sido concebida para garantizar el cumplimiento interno de las medidas caute­ lares, señaló que nada obstaba para que en casos determinados, los dos mecanismos pudieran complementarse. Finalmente, y con base en las consideraciones anteriores, la Corte determinó que
el comportamiento omisivo de las autoridades involucradas —el no
cumplimiento de las medidas internacionales— constituía una ame­ naza para los derechos de la demandante y, en consecuencia, tuteló sus derechos y ordenó a distintas entidades públicas medidas precisas para que dentro de sus competencias garantizaran el cumplimiento de lo solicitado por la CIDH.
3. México 4
A diferencia de las anteriores, esta sentencia no se relaciona con
una solicitud de amparo, sino con una consulta surgida al interior de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, en este caso el tribunal actuó oficiosamente para determinar su rol dentro de la implementación de sentencias internacionales sobre derechos humanos recaídas contra el Estado. El antece­ dente inmediato de la sentencia fue la publicación en el Diario Ofi­ cial mexicano de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el citado caso, la Corte ordenó, entre otras medidas, que el Es­ tado mexicano debía: i) conducir eficazmente con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable la investigación, y en su
caso, los procesos penales que tramiten en relación con la detención
y posterior desaparición forzada; ii) continuar con la búsqueda
efectiva y la localización inmediata de la víctima, y iii) adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 912/2010. Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos.
estándares internacionales en la materia y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A partir de estas órdenes, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación decidió iniciar el procedimiento para analizar, en pri­ mera instancia, el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para posteriormente esta­ blecer cuáles son las obligaciones concretas que resultan para el Poder Judicial como parte del Estado mexicano.
En su análisis, la Suprema Corte señaló, como primera medida,
que no era competente para analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana era correcta o incorrecta. La Suprema Corte reconoció que las sentencias de
la Corte Interamericana constituyen cosa juzgada y, en conse­
cuencia, debían las autoridades mexicanas acatar y reconocer
la totalidad de la sentencia en sus términos. De esto se deriva, a
juicio de la Suprema Corte, que para el Poder Judicial son vincu­ lantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sen­ tencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia mediante la cual se resuelve el litigio.
La Suprema Corte entró entonces a ahondar en esta interpretación
para dar lineamientos claros sobre cómo los Jueces deben cum­
plir con este principio. Así, la Suprema determinó que:
Jueces nacionales deben inicialmente observar los derechos
humanos establecidos en la Constitución mexicana y en los tra­ tados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte,
así como los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Fede­ ración al interpretarlos y acudir a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana para evaluar si existe alguno que resulte más favorecedor y procure una protección más amplia del derecho que se pretende proteger.
Para ello la Corte acudió a la conocida figura doctrinaria y jurispru­ dencial del control de constitucionalidad, concentrado y difuso, la cual adaptó al concepto de la Corte Interamericana del "control de convencionalidad", lo que le permitió llegar a una novedosa fórmula de integración normativa e interpretativa a la que deno­ minó "Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad".
En el caso concreto, la Corte decidió que dada la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla el Poder Judicial como parte del Estado mexicano, tenía tres obligaciones: i) los Jueces debían llevar a cabo un control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad; ii) debía restringirse la interpretación del fuero militar en casos concretos; iii) el Poder Judicial de la Federación debía implemen­ tar medidas administrativas derivadas de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco.
Si se parte del hecho de que los derechos humanos son derecho positivo vinculante, es necesario contar con una dogmática ge­ neral que ofrezca herramientas para resolver los problemas de
derechos humanos en la práctica judicial. En trabajos anteriores hemos propuesto una dogmática que si bien no pretende ser origi­ nal, busca ser pedagógica y analógicamente está relacionada con la teoría del daño (Uprimny et al, 2008). En esta teoría el primer paso de análisis es (i) la determinación de si existe o no perjuicio (si existe una situación fáctica que prima facie está prohibida por la normatividad de derechos humanos). Constatado ello, es necesario establecer (ii) si la persona está obligada o no (lo cual remite a la tesis de imputación o nexo de causalidad corres­ pondiente), pero (iii) incluso, constatado el daño, surge el debate sobre si existen razones que exculpen al responsable (como la culpa de la víctima), lo cual significa, en materia de derechos humanos, analizar si la restricción se encuentra o no justificada. Finalmente, (iv) en la teoría del daño, una vez constatado el perjuicio, se procede a determinar la indemnización correspon­ diente; en materia de derechos humanos, una vez constatada la violación, es indispensable proceder a analizar el eventual remedio judicial.
Esa dogmática la usamos en este estudio para identificar de ma­ nera más sistemática los principales aciertos de las sentencias
14 seleccionadas y, presentar con ello, los aspectos que pueden consi­ derarse como buenas prácticas de intervención judicial. En este ejercicio, encontramos que las tres sentencias se destacan en tres aspectos específicos: la correcta identificación de las fuentes normativas aplicables; la correcta ubicación de la jerarquía interna de las normas internacionales; y el uso creativo del derecho cons­ titucional para establecer el remedio judicial. Veamos.
El primer paso para una dogmática adecuada de derechos huma­
nos es la determinación de las fuentes normativas aplicables a un caso concreto. Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos han consolidado un conjunto de fuentes jurídi­
cas que deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar las posibles tensiones entre derechos. Así, el primer paso para resol­ ver una cuestión concreta de derechos es entonces tomar en con­ sideración todas las fuentes jurídicas relevantes, de tal manera que se pueden precisar de antemano las posibles subsunciones
y los conflictos entre normas y estándares aplicables. Determina­
dos los derechos en juego, se deben precisar las obligaciones correlativas que los hacen exigibles y que determinan su alcance.
Las tres sentencias estudiadas se destacan por iniciar su estudio
a partir de la determinación concreta de la fuente jurídica interna­
cional aplicable al caso concreto. Esta cuestión es trascendental pues una de las principales críticas que usualmente recibe la incor­ poración de estándares internacionales en casos concretos es que los tribunales constitucionalizan normas internacionales sin veri­ ficar adecuadamente su grado de vinculatoriedad, con lo cual se generan grandes riesgos, en términos de seguridad jurídica, de afectación del principio democrático o de arbitrariedad judicial, pues para los operadores jurídicos no es claro ni siquiera cuáles son las normas de referencia en un debate constitucional complejo.
En los casos analizados, los tres tribunales ubicaron correcta­ mente el tipo de norma de la cual se desprende la prestación concreta y su grado de obligatoriedad. En todos ellos el tipo de
norma era distinta. Así, en el caso de Guatemala, la Corte se basó en el uso directo de una norma de Hard Law (el artículo 4.2 de la Convención Americana), la Suprema Corte mexicana se refi­ rió a una decisión específica de la Corte Interamericana derivada de una sentencia en un caso contencioso, y la Corte Constitu­ cional colombiana hizo uso de medidas de protección cautelar emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivadas del Reglamento Interno de la CIDH.
Distinguir correctamente entre cada una de estas fuentes jurídi­ cas es pues uno de los primeros aciertos de estas paradigmáticas decisiones. Sobre esta materia vale la pena destacar el porme­ norizado estudio realizado por la Suprema Corte mexicana y la Corte Constitucional colombiana. Por un lado, para entrar a analizar la fuerza vinculante de las sentencias de la Corte Inte­ ramericana, la Suprema Corte hizo uso de la Convención Ameri­ cana, especialmente de los artículos 62.3, 67 y 68 del citado instrumento. Con base en estas normas, la Corte señaló que las resoluciones pronunciadas por la Corte Interamericana son obli­ gatorias para los Estados que figuren como parte en los litigios concretos, y que la jurisprudencia resultante de sus demás reso­
16 luciones será orientadora para las decisiones que deban adop­ tarse en el orden jurídico interno. Además estableció que "para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios conte­ nidos en la sentencia mediante la cual se resuelve ese litigio".
De este razonamiento se destacan varias consideraciones impor­ tantes. En primer lugar, la Corte establece la fuente normativa
originaria (la Convención Americana) y, a partir de ésta aclara que cuando un Estado le da competencia a un tribunal judicial para interpretar un tratado específico se convierte dicho tribunal en la fuente auténtica de interpretación, la cual no puede ser contra­ riada en sede interna. En segundo lugar, la Suprema Corte se refiere a las sentencias emitidas contra el Estado parte en con­ creto y señala que las decisiones son obligatorias en sus puntos resolutivos y, además, relevantes constitucionalmente en todos sus apartados y consideraciones, así no estén detalladas en los pun­ tos resolutivos u órdenes. En tercer lugar, se hace referencia a la jurisprudencia general del tribunal, así no haya sido emitida en un caso relativo al Estado particular, y le da una relevancia interpre­ tativa, a partir de la cláusula general de interpretación auténtica dada al tribunal internacional. 5
La situación a la que se vio expuesta la Corte Constitucional colom­ biana tenía un grado adicional de complejidad. Ello pues en su caso no se hacía referencia a una competencia que se derivara directamente del tratado internacional (las medidas cautelares de la CIDH no están expresamente mencionadas en la Convención Americana) y no se trataba de un órgano judicial, sino de uno de tipo cuasijudicial.
5 En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional colombiana al afirmar que: "el operador jurídico debe tomar en consideración la naturaleza del órgano inter­ nacional que adoptó la recomendación; si se trata de una invitación dirigida al Estado para que tome medidas legislativas o administrativas encaminadas a enfrentar situa­ ciones generalizadas de violaciones de los derechos humanos o si por el contrario se alude a un caso concreto; y finalmente, los principios y las disposiciones del tratado internacional con base en los cuales la recomendación fue adoptada".
La Corte se adentró entonces en un estudio detallado de las di­ versas fuentes de derecho internacional. En primera medida la Corte encontró que la doctrina tradicional, e incluso las referen­ cias normativas del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, no era explícita en cuanto al valor normativo de los actos unilaterales de las organizaciones internacionales. No obstante, la Corte constató que:
…los órganos de las organizaciones internacionales pueden, de conformidad con el tratado multilateral constitutivo de cada una de ellas, u otros textos normativos como son los Estatutos o los Reglamentos Internos, adoptar actos jurídicos unilaterales de diversa denominación y con distintos efectos jurídicos, como son:
resoluciones, recomendaciones, decisiones, opiniones consul­ tivas, medidas provisionales, medidas cautelares o incluso sen­ tencias, como es el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además encontró que, pese a cierta incertidumbre terminológica en la doctrina y alguna ambigüedad conceptual, dichos actos se podían distinguir entre (i) los actos de los órganos judiciales inter­ nacionales, que pueden ser "sentencias", las cuales tienen efecto vinculante y hacen tránsito a cosa juzgada y "opiniones consul­ tivas", desprovistas de tales efectos, y (ii) las decisiones y las reco­
18 mendaciones.
En materia específica sobre las medidas cautelares, la Corte Cons­ titucional se adentró en el estudio de las facultades de la CIDH estipuladas en el artículo 41 de la Convención, las cuales con­ trastó con la práctica internacional de la adopción de medidas cautelares. A partir de esta reflexión, la Corte señaló que las medi­ das cautelares son:
…un acto jurídico adoptado por un organismo internacional de protección de los derechos fundamentales mediante el cual se conmina al Estado demandado para que adopte, en el menor tiempo posible, todas las medidas necesarias, de orden admi­ nistrativo o judicial, a fin de que cese una amenaza que se cierne sobre un derecho humano determinado. La práctica de la CIDH en la materia muestra además que tales medidas, decretadas por un órgano de naturaleza cuasijurisdiccional, pueden ser adop­ tadas en el curso de un proceso que se adelante contra un Estado Parte o incluso sin que haya sido presentada aún la demanda, es decir, como una especie de medida cautelar previa.
Con base en esta conclusión, la Corte encontró sustento para deri­ var la obligatoriedad jurídica a nivel doméstico de estas medidas. Así, el estudio juicioso del derecho internacional se armoniza con la interpretación constitucional para la protección de derechos.
2. La jerarquía y aplicación de la fuente internacional en la normativa interna
La precisión de normatividad relevante para resolver un caso es notoriamente insuficiente si no es posible distinguir diversos alcances que pueden tener las normas seleccionadas. En otras palabras, la aplicación judicial de los derechos exige precisión sobre el grado de aplicación de una determinada norma. Ello incluye no sólo un estudio de las obligaciones que se derivan de tales normas, sino además la jerarquía de las mismas dentro del ordenamiento interno.
El derecho internacional no prescribe una técnica determinada de introducción de las normas internacionales en los ordenamientos
nacionales ni la jerarquía y autoridades que tendrán éstas en relación con la legislación interna. En este sentido, el derecho inter­ nacional otorga a los Estados un marco amplio para decidir cómo incorporar el derecho internacional en sus ordenamientos jurídi­ cos y el rango jerárquico que éste tendrá en su relación con otras normas internas. Por tanto, la introducción de los estándares usual­ mente se presenta a través de normas con rango supraconstitu­ cional, supralegal, legal o a través de reglas jurisprudenciales derivadas de la interpretación de normas constitucionales.
Las sentencias analizadas abordan este punto y, en todos los casos, aclaran que la integración normativa debe hacerse a partir de normas con jerarquía constitucional o, al menos, supralegal. En el caso sometido a conocimiento de la Corte Constitucional guate­ malteca la cuestión era cardinal pues allí debía decidirse si la disposición contenida en la Convención Americana debía prefe­ rirse sobre una disposición legal expresa contenida en el Código Penal. En principio, la Corte parece reconocer una fuerza nor­ mativa supraconstitucional cuando determina que:
Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado (artícu­
lo 204), exceptuándose todo lo que se refiera a la materia de derechos humanos, que por virtud del artículo 46, se somete al
20 principio general de que los tratados y convenciones acep­ tados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.
Sin embargo, la Corte no profundiza en este punto pues el conflicto normativo no se produce directamente entre el tratado internacional y la Constitución, sino entre el primero y una ley ordinaria. Al respecto, la Corte aclara que "la cuestión a despejar
es la determinación del rango o jerarquía que la Convención Inte­ ramericana sobre Derechos Humanos tiene en relación con el Código Penal". En efecto, en razón de lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución, se reconoce preeminencia del Pacto sobre la legislación ordinaria en tanto el asunto sobre el que versare la con­ troversia fuera materia de "derechos humanos". Bajo este enten­ dido, queda determinado al menos que la Convención Americana prevalece en cualquier caso frente a disposiciones contenidas en las leyes guatemaltecas.
La Constitución colombiana también parece presentar una solución confusa en cuanto a la jerarquía normativa del derecho inter­ nacional. Ello pues, por un lado, establece que "la Constitución es norma de normas", mientras que, por otro, señala que los tra­ tados de derechos humanos "prevalecen en el orden interno" y que "los deberes y derechos consagrados en [la Constitución], se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia". Para armo­ nizar estas cláusulas, la Corte Constitucional colombiana ha hecho uso del concepto de bloque de constitucionalidad, el cual se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer for­ malmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes o la protección judicial de derechos, por cuanto han sido norma­ tivamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución (Uprimny, 2006). A partir de este concepto, en la sentencia estudiada, la Corte Constitucional colombiana determinó que si bien el Reglamento de la CIDH no se refiere a la forma en que las medidas cautelares deben ser
"incorporadas o recepcionadas en el ordenamiento jurídico interno", éstas se incorporan de manera automática al ordenamiento jurí­ dico colombiano dado que "por sus particulares características procesales y los fines que pretenden alcanzar, su fuerza vincu­ lante en el derecho interno va aparejada al cumplimiento de los deberes constitucionales". En tal sentido, si bien no otorga una jerarquía supralegal a estas medidas, la Corte determina que constituyen un parámetro constitucional de interpretación.
Una posición similar fue recientemente acogida por el Poder Constituyente mexicano en la modificación del artículo 1 de la Cons­ titución Federal, publicada el 10 de junio de 2011. En dicha norma se establece directamente que "todas las personas goza­ rán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte", y que "las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tra­ tados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". Así las cosas, la Carta Constitucional mexicana adopta el derecho internacional de los derechos humanos a partir de la integración directa de normas en rango constitucional, así como parámetro de interpretación de
22 otras normas, como lo serían las normas y reglamentos infracons­ titucionales.
3. Determinación de la orden judicial concreta y remedio judicial
La intervención judicial no tiene una vocación académica sino que tiene una pretensión práctica, que es intentar solucionar el
conflicto suscitado por esa afectación de un derecho fundamen­ tal. En tales condiciones, un último aspecto de cualquier discusión sobre derechos humanos en sede judicial es el relativo a los "reme­ dios judiciales". Frente a las diversas situaciones concretas es siempre necesario reflexionar sobre cuál es la medida apropiada para reparar a las víctimas o para hacer cesar las prácticas vulne­ radoras de los derechos. La realización práctica de ese remedio judicial debe contener no sólo órdenes —simples o complejas— que puedan revertir la situación, sino además, debe establecer con la mayor claridad posible los responsables de llevar a cabo las acciones u omisiones requeridas para dar cumplimiento a lo ordenado.
De nuevo, en este punto las sentencias estudiadas marcan una pauta metodológica que puede ser aprovechada como una buena prác­ tica judicial. Las diferencias de los tres casos son en sí mismas un buen ejemplo de los distintos escenarios a los que se puede enfrentar un juzgador a la hora de establecer las responsabili­ dades en el cumplimiento del remedio judicial. En primer término,
la orden resultante de la incorporación de estándares normativos
puede derivar en una orden sencilla dirigida a una sola autoridad con competencia directa, como fue el caso del amparo resuelto
por la Corte Constitucional guatemalteca. En segundo lugar, la
entidad de la vulneración o amenaza de un derecho puede obligar
a la colaboración armónica entre autoridades públicas, como
sucedió en el caso sometido a conocimiento de la Corte Consti­ tucional colombiana. Finalmente, en otros casos, los tribunales se
enfrentarán a decisiones internacionales que de manera genérica
ordenan el cumplimiento de ciertas medidas pero sin determinar con claridad cuál autoridad interna se debe encargar de llevarla a cabo y a través de cuál instrumento. Precisamente sobre esta materia se destaca, por su rigurosidad y creatividad metodoló­ gica, la decisión de la Suprema Corte de México y su doctrina del "Control de convencionalidad ex officio en un modelo de control difuso de constitucionalidad".
La cuestión a decidir en el caso era la siguiente: en casos en los que un estándar internacional —bien sea general o derivado de una orden genérica— se integra a la Constitución, pero no se encuentra expresamente estipulado en una norma interna ¿Cómo deberían actuar las autoridades judiciales y administrativas? Tomarse en serio la integración normativa sugiere que, como lo hemos venido exponiendo, los funcionarios públicos reconozcan la autoejecutabilidad de tales normas. Pero la pregunta es ¿a partir de cuáles herramientas se puede compatibilizar esta obli­ gación con la doctrina constitucional?
Para resolver esta pregunta la Suprema Corte recurrió a una doc­
24 trina común de interpretación constitucional: el control de constitu­ cionalidad difuso. De acuerdo con esta figura, todo funcionario que tenga la autoridad y deba resolver un caso concreto deberá tener en cuenta todas las normas directamente aplicables a dicho caso, y aplicarlas dependiendo su jerarquía normativa, y teniendo en cuenta los principios básicos del derecho, como es la inter­ pretación pro personae. En el llamado neoconstitucionalismo, una
tendencia muy aceptada en el constitucionalismo latinoamericano, 6 la determinación de la normatividad aplicable debe hacerse ini­ ciando por la Constitución, pues ésta se entiende como una norma directamente aplicable y no como una simple norma programática. Además, como ya lo hemos mencionado, en la medida en que determinados estándares normativos del derecho internacional de los derechos humanos se integran a dicha Constitución (en vir­ tud de figuras como la del bloque de constitucionalidad), estas normas se vuelven igualmente necesarias para la determinación de la fuente normativa. Así las cosas, para la resolución de todo caso que involucre un tema de derechos humanos tanto la Cons­ titución como los estándares del derecho internacional de los derechos humanos deberán ser tenidos en cuenta. Incluso, si existe una norma legal que contravenga estos estándares, la autoridad deberá preferir la aplicación de la norma constitucional enten­ dida en su extensión ampliada a partir del concepto de bloque de constitucionalidad. Esta es entonces la metodología que con­ lleva el concepto de "Control de convencionalidad ex officio". Es decir, la idea de que la Convención Americana se convierte en una fuente normativa que deberá ser tenida en cuenta por cualquier autoridad –judicial o administrativa– a la hora de apli­ car o interpretar el ordenamiento interno en un caso concreto.
6 La idea de neconstitucionalismo generalmente se aplica a los regímenes constitucionales en donde se reivindica la fuerza normativa de los textos constitucionales. Así, estas Constituciones aspiran a ser textos que efectivamente gobiernen la vida en sociedad, por lo que incluyen mecanismos de justicia constitucional que aseguren que sus pro­ mesas de derechos y bienestar no sean meramente retóricas sino mandatos normativos con eficacia práctica. Para ver más acerca de la noción de neoconstitucionalismo se puede consultar Carbonell, (2003), Rodríguez y Uprimny (2007). Para una revisión de este concepto en el constitucionalismo latinoamericano ver: Uprimny, (2011).
En este texto presentamos algunas experiencias exitosas de diá­ logo entre estándares internacionales de protección, la relación de éstos con los ordenamientos nacionales y las prácticas y for­ mas de incorporación posibles de estos estándares a la prác­ tica judicial local. La guía analítica y metodológica que brindan las sentencias estudiadas es sumamente importante para que de manera rigurosa y democrática los funcionarios judiciales puedan seguir extendiendo esta armonización dinámica entre el derecho internacional y el derecho constitucional.
Si bien esta tarea incumbe a todas las ramas del poder de los Estados, los Jueces nacionales pueden jugar un rol trascendental en la integración del derecho internacional de los derechos humanos. De los Jueces depende que los Estados logren corregir las vulne­ raciones de derechos humanos en el orden interno, dado que son ellos los llamados a investigar y juzgar los casos que las involucran y, si lo hacen de conformidad con lo exigido por los estándares internacionales, podrán evitar la intervención de los sistemas inter­ nacionales de protección. Debido a ello, la incorporación judicial
26 de estos estándares es vital en la articulación de las normas y deci­ siones internacionales en los ordenamientos jurídicos internos.
En este sentido, las decisiones estudiadas comprueban en la práctica judicial las importantes funciones que juega el sistema internacional de derechos humanos, y en particular el sistema in­ teramericano, en la consolidación de los sistemas democráticos de la región y, particularmente, en los sistemas nacionales de jus­
ticia. De hecho, estas decisiones confirman que las decisiones de los órganos de protección (i) sirven como criterio de interpretación de los estándares internacionales; (ii) tienen una importancia como pauta para identificar acciones u omisiones contrarias a la digni­ dad humana, y (iii) constituyen parámetros de orientación para la adopción de medidas estatales que busquen garantizar la obser­ vancia de los derechos humanos, y prevenir futuras violaciones.
Carbonell, Miguel (Ed. 2003), Neoconstitucionalismos, Madrid, Trotta.
Rodríguez, César y Uprimny, Rodrigo (2007), "Constitución, modelo económi­ co y políticas públicas en Colombia", en Luis Eduardo Pérez, César Rodríguez y Rodrigo Uprimny, Los derechos sociales en serio: hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas. Bogotá, DeJusticia.
Uprimny, Rodrigo, (2006), Bloque de constitucionalidad, garantías procesales y proceso penal, Bogotá, Escuela Judicial Lara Bonilla, Consejo Superior de la Judicatura.
Uprimny Yepes, Rodrigo, Inés Margarita Uprimny Yepes y Oscar Parra Vera (2008), Derechos humanos y derecho internacional humanitario, Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla/IIDH/Fundación Social/ASDI.
Uprimny, Rodrigo, (2011), "Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina: tendencias y desafíos", en Rodríguez, César (coord.) El derecho en América Latina. Un mapa para el pensamiento jurídico del siglo XXI, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, pp. 109–137.
aportes para una conceptualización desde el derecho internacional de los derechos humanos
Zamir Fajardo Morales Omar Gómez Trejo*
* Los autores son funcionarios de la Unidad Jurídica y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH­México). Las opiniones presentadas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente el parecer de la OACNUDH­México.
L os derechos humanos y la democracia son dos proyectos ina­ cabados que se condicionan y retroalimentan, de manera sincrética en unos casos, y de manera paradójica en otros.
La anterior premisa implica reconocer que en América Latina la democracia, más que una realidad vívida, es un caro anhelo que orienta la acción política y jurídica de muchos actores, desde sus diferentes espacios y fronteras. De igual manera se debe enten­ der que los derechos humanos en el hemisferio se encuentran en constante movimiento y cobran fuerza en la medida en que los Estados se comprometen (requeridos o no por la sociedad civil organizada) de manera cierta y eficaz con su pleno reconocimien­
to, respeto y garantía.
En la definición del alcance de este binomio democracia­ derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana reco­ noce que el primer elemento esencial de la democracia es "el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales" y establece que, inter alia, la libertad de expresión y de prensa es un componente fundamental para el ejercicio de la democra­ cia. Así, una comunidad política organizada que no asegure el pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamen­ tales no puede considerarse como una comunidad democrática y, consecuentemente, una comunidad política en la que no esté asegurada la libertad de expresión y de prensa no puede consi­ derarse como democrática.
Por ello, el análisis comparado de una pequeña muestra de deci­ siones jurisdiccionales de algunos países del hemisferio nos ser­ virá para identificar varios elementos jurídicos que delimitan el estado del debate sobre la protección judicial de la democracia, mediante la garantía de la libertad de expresión en tanto derecho humano especialmente protegido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH).
32 El presente texto busca aportar, de manera modesta y mediante elementos principalmente descriptivos, un conjunto de estánda­ res internacionales sobre la libertad de expresión y a partir de dichos estándares analizar tres decisiones jurisdiccionales de las Altas Cortes de Colombia, México y Guatemala. Dicho análi­ sis aportará algunos elementos generales que se desprenden de las sentencias y que podremos considerar como buenas prácticas respecto a la tutela judicial efectiva de la libertad de expresión.
Zamir Fajardo Morales • Omar Gómez Trejo
II. El corpus iuris de la libertad de expresión:
propuesta de sistematización
En el DIDH existe un amplio conjunto de instrumentos interna­ cionales que reconocen la libertad de expresión como derecho humano y que establecen sendas garantías para su pleno ejer­ cicio. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) reconoce a todas la personas la libertad de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 1 y en idéntico sentido la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom­ bre (DADDH) reconoce a todas las personas la libertad de inves­ tigar, opinar, expresarse y difundir su pensamiento por cualquier medio. 2 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) establece que el derecho a la libertad de expresión com­ prende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cual­ quier otro procedimiento de su elección; 3 en tanto que la Conven­ ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 4 amplía el contenido y alcance de esta libertad estableciendo también pre­ visiones concretas respecto de sus restricciones. 5
1 Ver DUDH, art. 19.
2 Ver DADDH, art. IV.
3 Ver PIDCP, art. 19.
4 Ver CADH, art. 13.
5 Respecto del marco normativo interamericano es importante precisar que sus previsio­ nes han buscado "reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de infor­ mación, opiniones e ideas". En este sentido ver, Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opi­ nión Consultiva OC­5/85, 13 de noviembre de 1985, párr. 50. Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Considerando los diferentes grados de desarrollo y amplitud en la protección de este derecho por los diferentes instrumentos inter­ nacionales, corresponde a todas las autoridades públicas (en el marco de sus respectivas competencias y en virtud del principio Pro Personae) atender de manera prioritaria la norma o interpre­ tación (de fuente nacional o internacional) que, en cada caso, favorezca de manera más amplia el goce y ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de ser el caso que lo limite en la menor medida posible.
La libertad de expresión en tanto derecho humano, como vimos, fundamenta el ejercicio de la democracia en las diferentes socie­ dades, de suerte que sus funciones principales 6 en este contexto están orientadas a la plena realización de la autodetermina­ ción individual y social, 7 a la existencia de una opinión pública informada, al establecimiento de una cultura de transparencia y rendición de cuentas y a la consolidación de una ciudadanía activa; siendo especialmente relevante recordar que la libertad
(RELE­CIDH), Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expre­ sión, CIDH, 2010, párr. 4.
6 Para un desarrollo más amplio de las funciones de la libertad de expresión en las
34 sociedades democráticas ver, Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de periodis­ tas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Con­ sultiva OC­5/85, 13 de noviembre de 1985, párr. 50; RELE­CIDH, Marco jurídico interamericano …, op. cit., párr. 7 y ss.
7 Ver Corte IDH, inter alia, caso Claude Reyes vs. Chile, sentencia del 19 de septiem­ bre de 2006, párr. 85; caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia del 2 de julio de 2004, párr. 116; caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 86; Caso Olmedo Bustos y otros vs. Chile, sentencia del 5 de fe­ brero de 2001, párr. 73; caso Ríos y otros vs. Venezuela, sentencia del 28 de enero de 2009, párr. 105; caso Perozo y otros vs. Venezuela, sentencia del 28 de enero de 2009, párr. 116; OC­5/85, op. cit., párr. 70; CIDH, caso Víctor Manuel Oropeza vs. México, informe No. 130/99, 19 de noviembre de 1999, párr. 46.
de expresión constituye un prerrequisito inexcusable para el ejer­ cicio de los demás derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos ha señalado que:
libertad de opinión y la libertad de expresión son condicio­
nes indispensables para el pleno desarrollo de la persona. Son fun­ damentales para toda sociedad 8 y constituyen la piedra angular de todas las sociedades libres y democráticas. Ambas libertades están estrechamente relacionadas entre sí, dado que la libertad de expresión constituye el medio para intercambiar y formular opiniones. 9
La libertad de expresión tiene una dimensión individual (todas las personas 10 pueden expresar pensamientos, ideas e información)
y una dimensión colectiva 11 (la sociedad tiene derecho a estar
8 Véanse Comité de Derechos Humanos (CDH), caso Benhadj vs. Argelia, Comunica­ ción Nº 1173/2003, Dictamen aprobado el 20 de julio de 2007; y caso Park vs. la República de Corea, Comunicación Nº 628/1995, Dictamen aprobado el 5 de julio de 1996.
9 CDH, Observación general Nº 34, Artículo 19 Libertad de opinión y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34, 12 de septiembre de 2011, párr. 2. 10 El ejercicio de este derecho por parte de funcionarias/os públicos presupone un conjunto de deberes especiales que ellas/os deben cumplir con ocasión y en desarrollo de sus funciones. Ver, RELE­CIDH, Marco jurídico interamericano…, párrs. 199­218.
11 Corte IDH, caso Kimel vs. Argentina, sentencia de 2 de mayo de 2008, párr. 53; caso Claude Reyes, op. cit., párr. 75; caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1º de febrero de 2006, párr. 163; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 108; caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 146; caso Ricardo Canese vs. Paraguay, sentencia del 31 de agosto de 2004, párr. 77; caso "La Última Tenta­ ción de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, sentencia de 5 de febrero de 2001, párr. 64; OpiniónConsultiva OC­5/85, op. cit., párr. 30. También, CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Informe Anual 1994, Título III, 17 de febrero de 1995; caso Víctor
bien informada). Las dos dimensiones de la titularidad de este derecho "deben garantizarse simultáneamente en forma plena, para dar efectividad total al derecho consagrado en los instru­ mentos internacionales". 12
La delimitación, meramente ilustrativa que a continuación presen­ tamos, de algunas formas de expresión que dan contenido a este derecho humano nos sirve como referente para entender su alcan­ ce y sus límites.
En el sistema interamericano encontramos reconocidas a través de diferentes decisiones judiciales y cuasi­judiciales las siguien­ tes formas de expresión protegidas por el DIDH: el derecho a hablar 13 (inclusive el derecho a usar el idioma o dialecto de su elección); 14 el derecho a escribir (libros, 15 artículos periodísticos, 16 opiniones); 17 el derecho a difundir 18 estas expresiones (de manera
Manuel Oropeza vs. México, op. cit., párr. 51; caso Francisco Martorell vs. Chile, Informe No. 11/96, párr. 53.
12 Corte IDH, caso Ricardo Canese, op. cit., párr. 80; caso Ivcher Bronstein, op. cit.,
36 párr. 149; caso Olmedo Bustos, op. cit., párr. 67.
13 Corte IDH, caso López Alvarez, op. cit., párr. 164; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 109; caso Ricardo Canese, op. cit., párr. 78; caso Ivcher Bronstein, párr. 147; caso Olmedo Bustos, op. cit., párr. 65; Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párr. 31.
14 Corte I.D.H., caso López Álvarez vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, párr. 164.
15 Corte IDH, caso Palamara Iribarne, op. cit.; y caso Kimel vs. Argentina, op. cit.
16 Corte IDH, caso Herrera Ulloa, op. cit.
17 Corte IDH, caso Ricardo Canese, op. cit.
18 Corte IDH, caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 73; caso Herrera Ulloa, párr. 109; caso Ricardo Canese, párr. 78; caso Ivcher Bronstein, op. cit., párr. 147; caso Olme­ do Bustos, op. cit., párr. 65; Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párr. 31.
oral 19 y/o escrita) sin restricciones arbitrarias; 20 el derecho a la expresión artística o simbólica y a su acceso y difusión, y el de­ recho a buscar, recibir y acceder a todas las formas de expre­ sión, entre otras. 21
En el sistema universal encontramos como formas de expresión protegidas las siguientes: el pensamiento político, 22 los comen­ tarios sobre los asuntos propios 23 y los públicos, 24 las campañas puerta a puerta, 25 la discusión sobre derechos humanos, 26 el periodismo, 27 la expresión cultural y artística, 28 la enseñanza 29 y el pensamiento religioso. 30 Puede incluir también la publicidad comercial. Asimismo están protegidas por el sistema universal la palabra oral y escrita y el lenguaje de signos, y expresiones no
19 Corte IDH, caso Usón Ramírez vs. Venezuela, sentencia del 20 de noviembre de
20 Corte IDH, caso Palamara Iribarne, párr. 73; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 109; caso Ricardo Canese, op. cit., párr. 78; caso Ivcher Bronstein, op. cit., párr. 147; caso Olmedo Bustos, op. cit., párr. 65; Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párr. 31.
21 Para un desarrollo más amplio de éstas y otros formas de expresión que definen el alcance del derecho humano a expresarse libremente. Ver, RELE­CIDH, Marco jurídico interamericano…, op. cit., párr. 19­29.
22 CDH, caso Mika Miha vs. Guinea Ecuatorial, Comunicación Nº 414/1990,
23 CDH, caso Fernando vs. Sri Lanka, Comunicación Nº 1189/2003, Dictamen del
31 de marzo de 2005.
24 CDH, caso Coleman vs. Australia, Comunicación Nº 1157/2003, Dictamen del
25 CDH, Observaciones finales sobre el Japón (Documento CCPR/C/JPN/CO/5).
26 CDH, caso Velichkin vs. Belarús, Comunicación Nº 1022/2001, dictamen del 20 de octubre de 2005.
27 CDH, caso Mavlonov y Sa’di vs. Uzbekistán, Comunicación Nº 1334/2004, Dictamen del 19 de marzo de 2009.
28 CDH, caso Shin vs. la República de Corea, Comunicación Nº 926/2000, Dicta­ men del 16 de marzo de 2004.
29 CDH, caso Ross vs. el Canadá, Comunicación Nº 736/97, Dictamen aprobado
del 18 de octubre de 2000.
verbales tales como las imágenes y los objetos artísticos. 31 Los medios de expresión comprenden los libros, los periódicos, 32 los folletos, 33 los carteles, las pancartas, 34 las prendas de vestir y los alegatos judiciales, 35 así como modos de expresión audiovisuales, electró­ nicos o de Internet, en todas sus formas.
La protección de las diferentes formas de expresión es una obli­ gación del Estado en el marco de sus compromisos internacio­ nales. Así, la regla general debe ser la protección de todas las formas de expresión y la excepción (en aras del principio pro personae) es la limitación de algunas formas de expresión espe­ cialmente lesivas de bienes de interés público internacional. 36 Así, la protección de la libertad de expresión no requiere que la forma de expresión sea socialmente aceptada o que sea ino­ fensiva; de esta suerte, el Estado debe asegurarse de que sean protegidas las opiniones, ideas e informaciones que ofenden, chocan, inquietan, resultan ingratas 37 o perturbadoras para los funcionarios, los candidatos a ejercer cargos públicos, o a un
31 CDH, caso Shin vs. la República de Corea, op. cit.
32 CDH, caso Zundel vs. el Canadá, Comunicación Nº 1341/2005, Dictamen del
20 de marzo de 2007.
33 CDH, caso Shchetoko y otros vs. Belarús, Comunicación Nº 1009/2001, Dicta­ men del 11 de julio de 2006.
34 CDH, caso Kivenmaa vs. Finlandia, Comunicación Nº 412/1990, Dictamen del
31 de marzo de 1994.
35 CDH, caso Fernando c. Sri Lanka, op. cit.
36 En este listado encontramos principalmente la propaganda de la guerra y la apo­ logía del odio que constituyan incitación a la violencia; la incitación directa y pública al genocidio; la pornografía infantil y la apología a la comisión de crímenes inter­ nacionales.
37 Ver Corte IDH, caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010, párr. 172. caso Ríos y otros, op. cit., párr. 105 y caso Perozo y otros, op. cit., párr. 116.
sector cualquiera de la población; 38 lo cual no implica que las personas que se desempeñan como funcionarios públicos, como políticos y como candidatos a ejercer cargos públicos no puedan ser protegidos en cuanto a su honor, cuando éste sea sujeto de ataques injustificados, pues de hecho si debe haber una protección acorde con el principio de pluralismo democrático, 39 pero en todo caso evitando que dicha protección genere inhibición de las expre­ siones y/o autocensura. En palabras de la Corte IDH, resulta
y apropiado que las expresiones concernientes a fun­
cionarios públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública gocen, en los términos del artículo 13.2 [de la CADH], de una mayor protección que permita un margen de apertura para un debate amplio, esencial para el funcio­ namiento de un sistema verdaderamente democrático. 40
Por su parte el Comité de Derechos Humanos ha señalado que, el simple hecho de considerar que una declaración insulta a una fi­ gura pública no basta para justificar la imposición de sanciones, aunque las personalidades públicas también pueden beneficiarse de las disposiciones del Pacto. 41 Además, todas las figuras públi­ cas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importan­ cia, como los Jefes de Estado o de Gobierno, pueden ser objeto
38 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 88; caso Olmedo Bustos, op. cit., párr. 69; caso Ivcher Bronstein, op. cit., párr. 152; caso Ricardo Canese, op. cit., párr. 83; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 113; caso Ríos y otros, párr.105; caso Perozo y otros, op. cit., párr. 116. CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato…, op. cit.
39 Corte IDH, caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 128.
40 Corte IDH, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina, sentencia de 29 de noviem­ bre de 2011, párr. 47; caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 83; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 82.
legítimo de críticas y oposición política. 42 Asimismo, en el ámbito de los procesos electorales, debe protegerse la libertad de expre­ sión y de prensa, ya que éstas se vinculan inescindiblemente con los derechos políticos 43 fortaleciendo además el debate demo­ crático electoral.
3. Protección especial de las/os periodistas y de los medios de comunicación social
La Corte IDH, en el paradigmático caso Herrera Ulloa, precisó que en un sistema democrático el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información, considerando que las/os periodistas y los medios de comunicación proveen a la sociedad la información necesaria para el debate público abierto e informado. 44 De otro lado, la RELE­CIDH, nos recuerda que, según la jurisprudencia interame­ ricana, los medios de comunicación "cumplen un papel esencial en tanto vehículos o instrumentos para el ejercicio de la libertad de expresión e información, en sus dimensiones individual y colec­ tiva, en una sociedad democrática". 45
42 CDH, caso Marques de Morais c. Angola, Comunicación Nº 1128/2002.
43 El Comité de Derechos Humanos ha señalado que es inherente a la esencia de las sociedades democráticas "que sus ciudadanos puedan informarse sobre sistemas y partidos políticos distintos a los que están en el poder y criticar y evaluar abiertamente y en público a sus gobiernos sin temor a ser objeto de interferencia o de castigo, dentro de los límites establecidos en el párrafo 3 del artículo 19". Ver, CHD, caso Aduayom et al. vs. Togo, Comunicaciones 422/1990, 423/1990 y 424/1990, Dictamen del 12 de Julio de 1996, párr. 7.4. En idéntico sentido ver, Corte IDH, caso Canese, op. cit., párrs. 88­90.
44 Corte IDH, caso Herrera Ulloa, op. cit., párrs. 117 y 118; caso Olmedo Bustos, op. cit., párr. 68.
45 La Relatoría precisa además que son condiciones indispensable para el adecuado funcionamiento de los medio de comunicación: i) la pluralidad de medios; ii) aplicación
Así, el periodismo (sea profesional o no) 46 está inescindiblemente vinculado con la libertad de expresión 47 y no puede ser sometido a restricciones ilegítimas; 48 así que el Estado debe adoptar medi­ das especiales de protección cuando "la libertad de expresión se vea ilegítimamente restringida por condiciones de facto que colo­ quen, directa o indirectamente, en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan". 49
Dentro de los principales derechos de las/os periodistas se encuentran: 50
a) El derecho a investigar y difundir hechos de interés público (inclusive información de la prensa extranjera);
b) El derecho a informar libremente sobre las actividades esta­ tales y criticar al gobierno;
c) El derecho a mantener en reserva sus fuentes de información.
d) El derecho a contar con condiciones de libertad e inde­ pendencia;
efectiva de normas antimonopólicas; y iii) plena garantía de la libertad e independen­ cia de las/os periodistas que trabajan en ellos. Ver, RELE­CIDH, Marco jurídico intera­ mericano…, op. cit., párrs. 171 y 197. Respecto a la prohibición de monopolios u oligopolios (públicos y/o privados) sobre la propiedad o la administración de los me­ dios de comunicación. Ver, Corte IDH, Opinión Consultiva OC5/85, op. cit., párrs.
33­34.
46 La Corte IDH ha definido al periodista profesional como la persona que ejerce su libertad de expresión en forma continua, estable y remunerada. Ver, Corte IDH, Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párrs. 72­74; caso Fontevecchia y D’Amico, op. cit., párr. 46.
47 Ver, Corte IDH, Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párr. 78.
48 Corte IDH, Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit.
49 Corte IDH, caso Manuel Cepeda, op. cit., párr. 172.
50 RELE­CIDH, Marco jurídico interamericano…, op. cit., párrs. 174­198.
e) El derecho a no ser blanco de acoso judicial u otro tipo de represalia por causa de su trabajo;
f) El derecho a ser protegido por el Estado frente a circunstan­ cias que puedan amenazar su seguridad, integridad perso­ nal o su vida o a la de su familia;
g) El derecho a que los funcionarios públicos se abstengan de hacer declaraciones que generen o aumenten el riesgo de agresiones por particulares.
Asimismo, la especial protección de los periodistas y los medios de comunicación social (inclusive los medios de radiodifusión co­ munitaria), 51 imponen a éstos una alta responsabilidad social de la que derivan deberes éticos insoslayables; al respecto la Corte IDH ha señalado que:
la importancia de la libertad de expresión en una so­
ciedad democrática y la responsabilidad que entraña para los medios de comunicación social y para quienes ejercen profe­ sionalmente estas labores, el Estado debe minimizar las restricciones a la información y equilibrar, en la mayor medida posible, la par­ ticipación de las distintas corrientes en el debate público, impul­ sando el pluralismo informativo. En estos términos se puede explicar la protección de los derechos humanos de quien enfren­
42 te el poder de los medios, que deben ejercer con responsabili­ dad la función social que desarrollan, y el esfuerzo por asegurar
[d]ada
51 Según la Relatoría Especial de la CIDH sobre Libertad de Expresión, la norma­ tividad estatal sobre radiodifusión comunitaria debe reconocer las características especiales de estos medios y contener, como mínimo, los siguientes elementos: a) la exis­ tencia de procedimientos sencillos para la obtención de licencias, b) la no exigencia de requisitos tecnológicos severos para la solicitud de "espacio", y c) la posibilidad de
autofinanciamiento mediante la publicidad. Ver, RELE­CIDH, Marco jurídico párr. 235.
, op. cit.,
condiciones estructurales que permitan la expresión equitativa de las ideas. 52
Respecto al ejercicio periodístico, el Comité de Derechos Huma­ nos ha reconocido en su jurisprudencia constante el derecho de las y los periodistas de contar con la protección necesaria para recibir la información que les sirva de base para cumplir su come­ tido periodístico. 53 La libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas entre los ciudada­ nos, los candidatos y los representantes elegidos es indispen­ sable. Ello comporta la existencia de una prensa y otros medios de comunicación libres y capaces de comentar cuestiones públi­ cas sin censura ni limitaciones, así como de informar a la opinión pública. 54 El público tiene también el correspondiente derecho a que los medios de comunicación le proporcionen los resultados de su actividad. 55 Dichos resultados son de especial relevancia para los miembros de las minorías étnicas y lingüísticas por lo que corresponde a los Estados promover medios de comunicación independientes y diversificados. 56
Considerando que la evolución de las tecnologías de la infor­ mación y la comunicación (TIC), como Internet y los sistemas de difusión electrónica de la información en tecnología móvil, ha
52 Corte IDH, caso Ríos y otros, op. cit., párr. 106; caso Kimel, op. cit., párr. 57; y caso Fontevecchia y D’Amico, op. cit., párr. 45.
53 CDH, caso Gauthier c. el Canadá, Comunicación Nº 633/95.
54 CDH, Observación General Nº 25 (1996) artículo del PIDCP (la participación en los asuntos públicos y el derecho al voto), párr. 25.
55 CDH, caso Mavlonov y Sa’di c. Uzbekistán, op. cit.
56 CDH, Observación general Nº 34, op. cit., párr. 2.
cambiado sustancialmente las prácticas de la comunicación en todo el mundo, generando una red mundial en la que se intercam­ bian ideas y opiniones, los Estados deberán adoptar medidas adecuadas y eficaces para fomentar la independencia de esos nuevos medios y asegurar el acceso de los particulares a la infor­ mación que estos proveen.
4. Formas de expresión no protegidas y límites a la libertad de expresión
En general, todas las formas de expresión deben ser protegidas por el Estado estando prohibida la censura previa. Esta regla tiene como excepción la protección moral de la infancia y la adoles­ cencia cuando se trata de espectáculos públicos y la obligación del Estado de prohibir toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constitu­ yan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal simi­ lar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza color, religión, idioma u origen nacio­ nal. Esta prohibición implica la reprobación ab initio de dichas expresiones, de manera que éstas no son formas de expresión
44 protegidas por el DIDH pues atentan contra el fundamento mismo de los derechos humanos (la dignidad humana y la igualdad esencial de las personas). Sin embargo, se debe precisar en este punto que la prohibición de censura previa 57 es una regla gene­
57 La Corte IDH ha entendido que la censura previa tiene lugar cuando, por medio del poder público, se establecen medios para impedir en forma previa la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por cualquier tipo de procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control del Estado. Ver, Corte IDH,
ral que impone una interpretación restringida de sus excepciones y que implica consecuentemente el deber al Estado de asegurar­ se de que las restricciones legítimas a la libertad de expresión (sin perjuicio de la prohibición ab initio de las formas de expresión no protegidas) deban analizarse bajo el concepto de responsabi­ lidades ulteriores. 58
Así, bajo la premisa de que la libertad de expresión no es un derecho absoluto 59 podemos entender las restricciones admisi­ bles y legítimas a las que este derecho humano puede estar sujeto. En este punto analizaremos brevemente los requisitos mínimos
caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 68. Por su parte la CIDH considera que la cen­ sura previa es una "suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias". Ver, CIDH, caso Matus Acuña vs. Chile, Informe de Fondo No. 90/05, 24 de octubre de 2005, párr. 35. De otro lado, la censura indirecta se encuentra expresamente prohibida en el artículo 13.3 de la CADH. El listado de posibles restricciones indirectas del artículo 13.3 de la CADH no debe ser entendido como numerus clausus, considerando que el orden jurídico interamericano es un derecho vivo que debe adecuarse a la evolución de los tiempos y a las condiciones de vida actuales. Por esta razón, la Corte IDH ha señalado que se debe considerar en sentido amplio la expresión "cualesquiera otros medios" in­ corporando, por ejemplo, las restricciones derivadas del uso de las nuevas tecnologías. Asimismo, las restricciones indirectas en tanto violaciones de la libertad de expresión pueden derivar de actuaciones de terceros cuando el Estado omite su deber de debida diligencia en la garantía de este derecho o cuando conoce el riesgo de la restricción por acciones u omisiones de los particulares y no interviene así como cuando es omiso justamente por la expectativa de obtener un beneficio por tal restricción cometida por un particular. Ver, Corte IDH, caso Ríos y otros, op. cit., párrs. 107­110 y 340; caso Perozo y otros, op. cit., párrs. 118­121 y 367.
58 Al respecto ver, Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 54; caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 79. CIDH, caso Francisco Martorell, op. cit., párr. 58; Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato…, op. cit.
59 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 54; caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 79; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 120; caso Tristán Donoso vs. Panamá, sentencia del 27 de enero de 2009, párr. 110; caso Ríos y otros, op. cit., párr. 106; caso Perozo y otros, op. cit., párr. 117; CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato…, op. cit.
que deben cumplirse para que la libertad de expresión pueda estar sometida a restricciones (legítimas). Estos requisitos deben ser entendidos como dirigidos a todas las autoridades, conside­ rando que:
los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial)
y otras autoridades públicas o de gobierno, cualquiera que sea su nivel (nacional, regional o local), pueden dar lugar a la res­ ponsabilidad del Estado [por violar derechos humanos]. El Esta­ do parte también puede incurrir en esa responsabilidad en determinadas circunstancias respecto de actos realizados por entidades semiestatales. En cumplimiento de esta obligación, los Estados partes deben cerciorarse de que las personas estén protegidas de los actos de particulares o de entidades privadas que obsten al disfrute de las libertades de opinión y expresión en la medida en que esos derechos del Pacto sean susceptibles de aplicación entre particulares o entidades privadas. 60
Entonces, los requisitos que deben cumplirse para que un Estado pueda justificar la restricción del derecho a la libertad de expre­ sión son, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de PIDCP y 13 de la CADH, los siguientes:
a) Excepcionalidad: En desarrollo del principio pro personae, las limitaciones o restricciones a los derechos humanos de­ ben ser de interpretación y aplicación excepcional, 61 bus­ cando en todo tiempo la mayor protección de los derechos
60 CDH, Observación general Nº 34,op. cit., párr. 7.
61 Ver, CDH, Observación General Nº 34, op. cit., párr. 22. Además Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 43.
humanos. Tanto la Corte IDH como la CIDH "han exami­ nado si las limitaciones puntuales se insertan dentro de un patrón o tendencia estatal en el sentido de limitar o res­ tringir indebidamente el ejercicio de este derecho, caso en el cual serán inadmisibles por carecer de dicho carácter excepcional". 62
b) Adoptadas por objetivos legítimos: La libertad de expresión sólo puede ser limitada legítimamente mediante medidas ne­ cesarias para:
i) asegurar el respeto a los derechos 63 o a la reputación de los demás; 64
ii) asegurar la protección de la seguridad nacional, 65 del orden público 66 o la salud o la moral públicas. 67
62 RELE­CIDH, Marco jurídico interamericano…, op. cit., párr. 98.
63 El término "derechos" comprende todos los derechos contenidos en la normativa inter­ nacional de los derechos humanos. Ver, CDH, Observación general Nº 34, op. cit.
64 Respecto a este punto es importante considerar que el Estado debe "ponderar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación públi­ ca". Así, la expresión "los demás" puede referirse a otras personas a título individual o como miembros de una comunidad, por ejemplo a una comunidad definida por su fe religiosa o a un grupo étnico. Ver, Corte IDH, caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 123. Asimismo es importante considerar para efectos de las responsabilidades ulteriores el artículo 14 de la CADH que establece el alcance jurídico del derecho de rectificación
o respuesta.
65 Los principios de Johannesburgo nos permiten precisar qué se entiende por seguri­ dad nacional en este contexto. Así, para definir genuinamente la seguridad nacional
debemos entender que ésta se refiere al propósito de "proteger la existencia de un país
o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, sea de una fuente
externa, tal como una amenaza militar, o de una fuente interna, tal como la incitación
al derrocamiento violento del gobierno". Así, no serán legítimas las restricciones cuyo
"propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con
la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un gobierno de una situa­
ción embarazosa o de la revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre
Estos objetivos, aunque abstractos, deben ser interpretados de manera restringida, es decir, considerando que este lis­ tado es numerus clausus y no puede ser ampliado por los Estados.
el funcionamiento de sus instituciones públicas, o el de afianzar una ideología en par­ ticular, o el de suprimir la conflictividad industrial". Ver, Principios de Johannesburgo sobre la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, Londres, 1996, principio No. 2. El Comité de Derechos Humanos ha señalado que se viola el derecho a la libertad de expresión cuando se suprime información de interés público o se impide al público el acceso a ésta, o cuando se procesan periodistas, investigadores, ecologistas, defen­ sores de los derechos humanos u otros por haber difundido esa información, alegan­ do como objetivo la "seguridad nacional". Ver, Observación General 34, op. cit., párr. 28).
66 Respecto al concepto de orden público la Corte IDH, en el marco de la CADH, ha entendido "que hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones, sobre la base de un sistema coherente de valo­ res y principios". Así, la Corte precisó que el concepto de orden público reclama que "dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la infor­ mación por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario de la democracia, que no es concebible sin el debate libre
y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. […] También interesa al
orden público democrático, tal como está concebido por la Convención Americana, que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libre­ mente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información". Ver, Corte IDH, Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párrs. 64 y 69. De otro lado, los Principios de Siracusa, señalan que la expresión orden público se puede definir como "el conjunto de normas que aseguran el funcionamiento de la
48 sociedad o el conjunto de principios en que se basa dicha sociedad. El respeto de los derechos humanos es parte del orden público". Principios de Siracusa sobre las Dispo­ siciones de Limitación y Derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ ticos. Adoptados por la Conferencia que se celebró en Siracusa, Italia, del 30 de abril al 4 de mayo de 1984.
67 Respecto al concepto de "moral", el CDH en su Observación General Nº 22, pun­ tualizó que "el concepto de moral se deriva de muchas tradiciones sociales, filosóficas
y religiosas; por consiguiente, las limitaciones impuestas con el fin de proteger la moral deben basarse en principios que no se deriven exclusivamente de una sola tradición". CDH, Observación General No. 22, Artículo 18 ­ Libertad de pensamiento, de con­ ciencia y de religión, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 179, 1993, párr. 8.
c) Necesidad: La necesidad de la medida no debe confundirse con su utilidad, pertinencia, conveniencia o importancia; por ello, el Estado debe justificar que no hay medidas distintas a la restricción del derecho a la libertad de expresión, que sean capaces de salvaguardar los derechos de terceros u otro objetivo legítimo. En todo caso, para demostrar la ne­ cesidad de una medida que restrinja la libertad de expre­ sión, corresponde a las autoridades la carga de demostrar la existencia de una necesidad social imperiosa que justi­ fique la restricción, 68 siendo éste un criterio fundamental de análisis. Asimismo, la medida restrictiva que se adopte, en su caso, deben representar el medio menos gravoso para "proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro". 69
d) Proporcionalidad: La medida adoptada debe resultar pro­ porcional al objetivo legítimo 70 que se invoca y debe afectar en la menor medida posible el ejercicio legítimo de la liber­ tad de expresión; 71 así que, el sacrificio de la libertad de
68 Corte IDH, caso Fontevecchia op. cit., párr. 54; Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párrs. 41­46.
69 Ver, Corte IDH, caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 119. caso Kimel, op. cit., párr. 76. Además, CDH, Observación General Nº 34, op. cit., párr. 22.
70 Según la Corte IDH, para establecer la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión cuando ésta se restringe con el objetivo de preservar otros dere­ chos, se deben evaluar tres factores: (i) el grado de afectación del derecho contrario —grave, intermedia, moderada—; (ii) la importancia de satisfacer el derecho contra­ rio; y (iii) si la satisfacción del derecho contrario justifica la restricción de la libertad de expresión. Ver, Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 84.
71 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 83; caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 85; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 123; Opinión Consultiva OC­5/85, op. cit., párr. 46. En idéntico sentido CDH, Observación General No. 27, Artículo 12 ­ La libertad de circulación, Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 202, 1999, párr. 14.
expresión no debe ser desmedido 72 frente a las ventajas que con tal sacrificio se obtienen. 73
En este punto se debe precisar que requiere de un escrutinio especialmente riguroso el análisis de las limitaciones legítimas a la libertad de expresión cuando se trata de expresiones respecto de asuntos de interés público, o de discursos polí­ ticos o sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus fun­ ciones o sobre candidatos a ejercer cargos públicos, entre otros. 74 La RELE­CIDH ha señalado que se debe tener en cuenta los siguientes elementos:
el mayor grado de protección del que gozan las expre­ siones atinentes a la idoneidad de los funcionarios públicos y su gestión o de quienes aspiran a ejercer cargos públicos;
el debate político o sobre asuntos de interés público —dada la necesidad de un mayor margen de apertura para el debate amplio requerido por un sistema demo­ crático y el control ciudadano que le es inherente—; y
72 En todo caso, se debe considera también que el temor a una sanción civil despropor­ cionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto que tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público. Ver, Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 58.
73 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 83.
74 Corte IDH, caso Ivcher Bronstein, op. cit.; caso Herrera Ulloa, op. cit.; caso Ricardo Canese, op. cit.; caso Palamara Iribarne, op. cit.; caso Kimel, op. cit. CIDH, Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato…, op. cit.
3) el correlativo umbral de mayor tolerancia a la crítica que las instituciones y funcionarios estatales deben demos­ trar frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por las personas en ejercicio de tal control democrático.
e) Reserva de Ley: Las limitaciones deben estar establecidas de manera previa, clara y expresa en la ley. 75 Así, las cau­ sales de responsabilidad ulterior deben estar claramente definidas en la ley para que las personas puedan regular su comportamiento de conformidad con ella. 76 Las leyes no pueden conferir a los encargados de su aplicación una discrecionalidad sin trabas para restringir la libertad de expresión. 77 Respecto de limitaciones establecidas en el derecho penal se debe aplicar el principio de estricta lega­ lidad, de manera que la tipificación de un delito relacio­ nado con la libertad de expresión debe realizarse "en forma expresa, precisa, taxativa y previa". 78
f) No discriminatorias: Las limitaciones a la libertad de expre­ sión no deben tener por propósito o por resultado conductas discriminatorias. 79
75 Corte IDH, caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 79; caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 120; caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 117; Opinión Consultiva OC­5/85 op. cit., párrs. 39­40. CIDH, caso Francisco Martorell, op. cit., párr. 55; Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato…, op. cit.
76 CDH, caso Groot vs. los Países Bajos, Comunicación Nº 578/1994, Dictamen del 14 de julio de 1995.
77 CDH, Observación General No. 27, op. cit., párr.13.
78 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 54; caso Palamara Iribarne, op. cit., párr. 63.
79 Corte IDH, caso López Alvarez, op. cit., párr. 170; caso Ríos y otros, op. cit., párr. 349; caso Perozo y otros, op. cit., párr. 380.
a. La protección de la honra y la reputación
El DIDH reconoce, entre otros, el derecho de todas las perso­ nas a la honra y a la vida privada, prohibiendo explícitamente
todas las injerencias arbitrarias o abusivas en ella por parte de ter­ ceros o de la autoridad pública. 80 En el reciente caso Fontevecchia
la Corte IDH especificó que el artículo 11 cubre el derecho a la
intimidad, el cual "comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida
libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difu­ sión de información personal hacia el público", 81 incluyendo ade­ más el derecho a la propia imagen 82 (control sobre las imágenes
y fotografías personales). El derecho a la intimidad impone al
Estado la obligación de adoptar medidas que protejan a las per­ sonas de "las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación". 83
La protección de la honra y reputación (inclusive el derecho a la intimidad personal) 84 puede ser un motivo para fijar responsabili­
80 Corte IDH, caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia de 1 de julio de 2006, párrs. 193­194; caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 55; caso Fontevecchia, op. cit., párr. 48.
81 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 48.
82 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párrs. 67 y 70.
83 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 48. En idéntico sentido la Corte IDH cita: Corte Europea de Derechos Humanos, caso Von Hannover vs Alemania, sentencia del 24 de junio de 2004, párr. 57; y Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Resolución 1165 sobre el derecho a la privacidad, 26 de junio de 1998, art. 12.
84 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párrs. 59­60. En este caso la Corte declaró que los estándares que ha utilizado respecto a la protección de la libertad de expresión
dades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad de expre­ sión. 85 Sin embargo, la garantía del ejercicio simultáneo de los derechos a la honra y a la libertad de expresión (siempre que éstos entren en colisión) se debe realizar mediante una pondera­ ción que, en cada caso, atienda todas las circunstancias que lo rodean, 86 considerando principalmente que en una sociedad de­ mocrática las instituciones o entidades del Estado están someti­ das al escrutinio y la crítica del todas las personas, pues sus ac­ tuaciones deben hacer parte del debate público.
Respecto a los derechos en disputa, muchos casos enfrentan la honra y la reputación de las personas naturales o jurídicas con diferentes formas de expresión particularmente sensibles. En estos casos, sin perjuicio del deber de ponderar las circunstancias es­ pecíficas de cada caso, prima facie debe prevalecer la libertad de expresión y en caso de proceder responsabilidad ulterior y no ser suficiente con la rectificación y/o respuesta, se debe analizar la existencia de una "real malicia", esto es la existencia de una conducta dolosa, caracterizada por el pleno conocimiento de
en los casos de los derechos a la honra y a la reputación son aplicables, en lo perti­ nente, a casos sobre intimidad, considerando que ambos derechos están protegidos en el artículo 11 de la CADH. Específicamente en el caso Fontevecchia la Corte reto­ ma dos criterios relevantes de su jurisprudencia respecto a la difusión de información sobre eventuales aspectos de la vida privada: a) el diferente umbral de protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que son elegidos popularmente, respec­ to de las figuras públicas y de los particulares, y b) el interés público de las acciones que aquellos realizan. En el caso Fontevecchia la Corte IDH analiza el derecho a la libertad de expresión contrastado con el derecho a la intimidad del ex presidente ar­ gentino Carlos Menem. En este sentido, la Corte precisó que "[e]l diferente umbral de protección del funcionario público se explica porque se expone voluntariamente al escrutinio de la sociedad, lo cual lo puede llevar a un mayor riesgo de sufrir afecta­ ciones a su derecho a la vida privada".
85 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr.71; caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 118.
86 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párr. 51; caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 93.
estar difundiendo información falsa o con evidente desprecio por la verdad de los hechos y con una intención de causar un daño. 87 En este punto es importante precisar que, como nos recuerda la RELE­CIDH, el onus probandi en casos de responsabilidad ulte­ riores recae en quien alega afectaciones a su honra, debiendo probar la falsedad de las expresiones y los daños producidos; 88 de esta suerte, las eventuales responsabilidades ulteriores de las personas cuyas expresiones se cuestionan supone reconocer que la aplicación del principio onus probandi incumbit actori da a la libertad de expresión una protección inicial prevalente respecto de otros derechos como la honra y la reputación; de esta suerte, dicha protección inicial debe ser desvirtuada demostrando los ele­ mentos previamente explicados.
La Corte IDH ha establecido que "no estima contraria a la Con­ vención cualquier medida penal a propósito de la expresión de informaciones u opiniones". 89 En el mismo sentido, en el reciente caso Fontevecchia sostuvo que "tampoco estima contraria a la Convención Americana una medida civil a propósito de la expre­ sión de informaciones u opiniones que afecten la vida privada o intimidad personal"; 90 la Corte exige que esta clase de medidas civiles que generan responsabilidades ulteriores por expresio­ nes lesivas de la honra y la dignidad de las personas, deben ser
54 aplicadas de manera restringida "ponderando la conducta des­ plegada por el emisor de aquéllas, las características del daño alegadamente causado y otros datos que pongan de manifiesto
87 Corte IDH, caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 125; caso Usón, op. cit., párr. 86.
88 Corte IDH, caso Herrera Ulloa, op. cit., párr. 132; caso Tristán Donoso, op. cit., párr. 120.
89 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párrs. 55 y 78; caso Fontevecchia, op. cit., párr. 55.
90 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 56.
la necesidad de recurrir a la vía civil". 91 En este sentido, la Corte IDH determinó que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley civil deben realizar un control de convencionalidad, en el marco de sus respectivas competencias, para lograr que la ley general y abstracta sea interpretada de conformidad con los de­ rechos humanos establecidos en la CADH. 92
El principio de ultima ratio del derecho penal cobra especial relevancia en el análisis de los límites legítimos a la libertad de expresión. Así, esta fórmula que materializa el principio pro perso­ nae implica, en palabras de la Corte IDH, que excepcionalmente se puede recurrir al derecho penal para responsabilizar personas que incurren en un ejercicio abusivo e ilegal de su libertad de expresión, pero esta posibilidad de sanción penal "se debe ana­ lizar con especial cautela, ponderando al respecto la extrema gravedad de la conducta desplegada por el emisor de aqué­ llas, el dolo con que actuó, la absoluta necesidad de utilizar, en forma verdaderamente excepcional, medidas penales". 93
1. Los tipos penales de injuria y calumnia en Colombia (sentencia C-442 de 2011) 94
En este caso la Corte Constitucional colombiana debió examinar y determinar el alcance de la libertad de expresión y el alcance
92 Corte IDH, caso Fontevecchia, op. cit., párr. 93.
93 Corte IDH, caso Kimel, op. cit., párrs. 63 y 78.
94 Corte Constitucional colombiana, sentencia C­442/11, Magistrado Ponente Hum­ berto Antonio Sierra Porto, 25 de mayo de 2011.
del principio de estricta legalidad penal, como referentes inme­ diatos para resolver la acción pública de inconstitucionalidad respecto a los tipos penales de injuria y calumnia que fueron cuestionados por los demandantes. Así, una vez determinada positivamente la aptitud de la demanda, la Corte reconoce como punto de partida que "los tipos penales de injuria y calumnia pue­ den ser considerados, eventualmente, como una limitación a la libertad de expresión" 95 y procede a determinar el contenido y alcance de este derecho partiendo del artículo 20 de la Consti­ tución Política de Colombia y de los artículos 13 de la CADH y 19 de PIDCIP. 96 De estas normas la Corte desprende ocho rasgos que determinan el contenido del derecho a la libertad de expre­ sión, a saber:
a) Su titularidad es universal, sin discriminación, compleja, y puede involucrar intereses públicos y colectivos, además de los intereses privados del emisor de la expresión. La expre­ sión "toda persona" define el carácter universal del derecho (inclusive las personas jurídicas y especialmente los medios de comunicación) y en tanto acto de comunicación se en­
56 95 Sin perjuicio de lo anterior, la Corte aclara que su jurisprudencia no ha sido unifor­ me al respecto y que es especialmente relevante reconocer que la libertad de expresión no incluye un derecho al insulto. Así lo sostuvo en la sentencia C­010 de 2000. 96 De la naturaleza "plurinormativa" de estos artículos la Corte deriva dos categorías de libertad de expresión: en sentido estricto y en sentido amplio. Además, la Corte especifica que la libertad de expresión es un derecho que ocupa un lugar privilegiado en el catálogo de derechos fundamentales por: a. consideraciones filosóficas sobre la búsqueda de la verdad; b. razones derivadas del funcionamiento de las democracias;
c. motivos atinentes a la dignidad y autorrealización individual; d. consideraciones
sobre la preservación y el aumento del patrimonio cultural y científico de la sociedad; y
e. motivos históricos y consideraciones prácticas sobre la incapacidad estatal de inter­ venir apropiadamente en esta esfera.
tiende que tanto el emisor como el receptor (puede ser inclu­ so la colectividad) 97 son titulares del derecho. La Corte reconoce que la libre expresión es un instrumento para el ejercicio de otros derechos fundamentales como, inter alia, la libertad religiosa, la participación política y el libre desa­ rrollo de la personalidad.
b) Existe una presunción de cobertura de "toda forma de expre­ sión", sin perjuicio de ciertos tipos de expresión prohibidos, a saber: la propaganda en favor de la guerra; la apología al odio en sentido amplio; la pornografía infantil; y la inci­ tación directa y pública al genocidio. 98
c) Existen diferentes grados de protección 99 de los discursos amparados por la libertad de expresión, lo que incide direc­ tamente sobre la regulación estatal admisible y el estándar de control de constitucionalidad al que se han de sujetar las limitaciones.
97 La Corte sostiene que "[e]n una democracia, los intereses de los que reciben el in­ flujo de distintas expresiones son primordiales, puesto que de ello depende la forma­ ción de sus preferencias como ciudadanos".
98 La Corte sintetiza este rasgo de la libertad de expresión señalando que, con excep­ ción de los cuatro tipos de expresión prohibidos, "la presunción constitucional de co­ bertura por la libertad de expresión, y la sospecha correlativa de inconstitucionalidad de toda limitación a la expresión, se aplican en principio a toda forma de expresión humana".
99 Según la Corte, gozan de mayor protección las expresiones relacionadas con el discurso político, el debate sobre asuntos de interés público y los discursos que consti­ tuyen un ejercicio directo e inmediato de derechos fundamentales dentro de los que se encuentran ocho tipos de discurso: i. la correspondencia y demás formas de comunica­ ción privada; ii. Los discursos estéticos, morales, emotivos o personales; iii. La exposición de convicciones y la objeción de conciencia; iv. El discurso religioso; v. el discurso académico, investigativo y científico; vi. Las expresiones realizadas en el curso de
d) Protege expresiones exteriorizadas mediante el lenguaje con­ vencional, como las manifestadas por medio de conducta simbólica o expresiva convencional o no convencional.
e) La expresión puede efectuarse a través de cualquier medio elegido por quien se expresa, ya que esta libertad protege tanto el contenido de la expresión como su forma y su ma­ nera de difusión;
f) Esta libertad cubre tanto las expresiones socialmente acepta­ das como las consideradas inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impac­ tantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las posturas y creencias mayoritarias (se prote­ ge tanto el contenido como el tono de las expresiones);
g) El ejercicio de esta libertad conlleva, en todo caso, debe­ res y responsabilidades para quien se expresa; y
h) De esta libertad se derivan obligaciones a todas las autori­ dades del Estado y deberes para los particulares.
La Corte aborda el análisis de los tipos penales de injuria y ca­ lumnia en tanto restricciones a la libertad de expresión y como medidas de protección a los derechos fundamentales a la honra
manifestaciones públicas pacíficas; vii. El discurso cívico o de participación ciudada­ na; y viii. El discurso de identidad que expresa y refuerza la propia adscripción cultural o social.
y al buen nombre. Al respecto, la Corte reitera su jurisprudencia según la cual la honra y el buen nombre 100 constituyen derechos fundamentales que se protegen tanto en sede de acción de tute­ la, como a través de las instancias civiles y penales. 101
afectación al buen nombre se origina, básicamente, por la
emisión de información falsa o errónea y que, a consecuencia de ello, se genera la distorsión del concepto público. Por el contra­ rio, la honra se afecta tanto por la información errónea como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la con­ ducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma.
Así, la Corte sostiene que, sin perjuicio de reconocer la prevalen­ cia prima facie de la libertad de expresión frente a estos dos derechos en Colombia "históricamente se ha entendido que los tipos penales de injuria y calumnia son medidas de protección penal de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre"; 102 lo anterior, considerando que estos derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política como en diversos tratados internacionales de derechos humanos y que están ligados al respeto de la dignidad humana. La Corte analiza los
100 La Corte Constitucional ha señalado que el buen nombre se refiere a la apreciación que se otorga a las personas por asuntos relacionales mientras que la honra se refiere más a la apreciación de la sociedad hacia una persona a partir de su propia persona­ lidad y comportamientos privados directamente ligados con ella. Uno y otro derecho están íntimamente ligados con la dignidad humana.
101 Al respecto la Corte cita sus sentencias T­1319 de 2001 y C­489 de 2002.
102 Ver en este sentido la sentencia C­417 de 2009.
trabajos preparatorios del Código Penal, en punto a la tipifica­ ción de la injuria y la calumnia y concluye que la finalidad perse­ guida por el legislador al tipificar estos delitos "es proteger el derecho fundamental a la honra y que la posibilidad de la des­ penalización fue desechada debido a la importancia de los bie­ nes jurídicos tutelados"; concluyendo de esta manera que los tipos penales demandados persiguen una finalidad legítima. En este punto la Corte introduce un elemento relevante a la discusión: la libertad de configuración del legislador y los límites de ésta.
El principio de estricta legalidad, en el derecho penal se ve forta­ lecido con la premisa de que la criminalización de una conducta sólo puede operar como ultima ratio. La Corte parte de dos extre­ mos de análisis respecto a la tipificación de los delitos, precisan­ do que derivados del orden constitucional y del DIDH el Estado está obligado a tipificar ciertas conductas como la tortura, el geno­ cidio, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas y que en el extremo opuesto está obligado a no tipificar conduc­ tas que se desenvuelven en ámbitos de libertad garantizados como derechos humanos; y al respecto concluye la Corte que:
margen de esos dos extremos, y dentro de los límites gene­
60 rales que el ordenamiento constitucional impone al legislador en materia penal, existe un amplio espacio de configuración legis­ lativa en orden a determinar que bienes jurídicos son suscepti­ bles de protección penal, las conductas que deben ser objeto de
sanción, y las modalidades y la cuantía de la pena. 103
103 En este punto la Corte enfatiza que la política criminal del Estado no puede desco­ nocer los derechos y la dignidad de las personas.
Asimismo, la Corte reconoce que el principio de legalidad penal tiene un amplio alcance que incluye por lo menos los siguientes elementos:
a) La prohibición de analogía (nullum crimen, nulla poena sine lege stricta);
b) La prohibición de usar el derecho consuetudinario para fun­ damentar y agravar la pena (nullum crimen, nulla poena sine lege scripta);
c) La prohibición de la retroactividad (nullum crimen, nulla poena sine lege praevia);
d) La prohibición de delitos y de penas indeterminados (nullum crimen, nulla poena sine lege certa);
e) El principio de lesividad del acto (nullum lex poenalis sine iniuria);
f) El principio de la necesidad de tipificar un comportamiento como delito (nullum crimen sine necessitate);
g) El derecho penal de acto y no de autor.
Bajo este marco analítico la Corte plantea que "la ley penal cons­ tituye una severa restricción al ejercicio de los derechos fundamen­ tales y a su vez un mecanismo de protección de los mismos así como de otros bienes constitucionales", de manera que sólo deben ser tipificadas conductas que afecten bienes jurídicos con rele­ vancia constitucional.
En este punto la Corte Constitucional hace un análisis del caso Kimel vs. Argentina de la Corte IDH y de su relevancia para re­ solver la acción de inconstitucionalidad sub lite. Como punto de
partida para este análisis la Corte Constitucional reitera su juris­ prudencia constante respecto al alcance del bloque de consti­ tucionalidad señalando que "la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar [los tratados interna­ cionales] constituye un criterio hermenéutico relevante para esta­ blecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales". Así, la Corte especifica claramente que "la juris­ prudencia de la Corte IDH contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la CADH, instrumento internacional que integra el parámetro de control de convencionalidad" 104 (énfasis agregado).
La Corte Constitucional precisa que en la sentencia del caso Kimel la Corte IDH hizo referencia a que en ciertos casos la liber­ tad de expresión puede ser limitada para proteger la honra y la reputación, de manera que en dicha sentencia se reconoce que excepcionalmente el derecho penal puede ser utilizado para res­ tringir la libertad de expresión, siempre y cuando se trate de una medida estrictamente necesaria, frente a los ataques más graves y que la descripción típica sea clara y precisa. La Corte Consti­ tucional enfatiza el reconocimiento que hace la Corte IDH en el caso Kimel respecto a que ésta
estima contraria a la Convención cualquier medida penal
a propósito de la expresión de informaciones u opiniones, pero
104 En el mismo sentido ver Sentencias C­360 de 2005 y C­936 de 2010. La Corte Constitucional ha desarrollado una importante jurisprudencia respecto al carácter
vinculante de la jurisprudencia de la Corte IDH, reconociéndola como "fuente de dere­ cho internacional vinculante para Colombia". Al respecto ver la Sentencia C­370 de
dicha posibilidad se debe analizar con especial cautela, ponde­ rando al respecto la extrema gravedad de la conducta des­ plegada por el emisor de aquéllas, el dolo con que actuó, las características del daño injustamente causado y otros datos que pongan de manifiesto la absoluta necesidad de utilizar en forma verdaderamente excepcional, medidas penales.
Pese a que la Corte Constitucional reconoce expresamente el valor de las sentencias de la Corte IDH como fuentes de derecho, en la lógica de un sistema de precedentes considera que la senten­ cia del caso Kimel
puede ser trasplantada automáticamente al caso colombiano
en ejercicio de un control de convencionalidad que no tenga en cuenta las particularidades del ordenamiento jurídico interno, es­ pecialmente la jurisprudencia constitucional y de la Corte Supre­ ma de Justicia que han precisado notablemente el alcance de los elementos normativos de estos tipos penales (énfasis agregado).
De esta manera, la Corte Constitucional realiza el análisis de cons­ titucionalidad/convencionalidad demandado, partiendo de una revisión integral del sistema jurídico colombiano, teniendo como referente la Constitución Política de Colombia, los tratados inter­ nacionales sobre la materia, así como la jurisprudencia de la Corte IDH, de la Corte Suprema de Justicia y la suya propia.
Específicamente la Corte Constitucional reconoce que la Corte Suprema de Justicia colombiana ha desarrollado los delitos de injuria y calumnia defendiendo una interpretación restringida del
tipo penal que favorece la vis expansiva de la libertad de expre­ sión. Al respecto precisa la Corte que "la interpretación reiterada de los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones consti­ tuye derecho viviente que permite delimitar el contenido normativo de las disposiciones sometidas a control de constitucionalidad". Así, la Corte Constitucional precisa que la jurisprudencia de la Corte Suprema y la suya propia determinan el contenido y alcance de los tipos penales acusados y reitera que dicha jurisprudencia está de acuerdo con el contenido del derecho a la libertad de expresión y de esta manera concluye que esta jurisprudencia es obligatoria para los Jueces cuando interpreten y apliquen los tipos penales de injuria y calumnia en un caso concreto.
De otro lado, la Corte Constitucional precisa que es errado sos­ tener que la tipificación de la injuria y la calumnia per se son una vulneración de la libertad de expresión, lo cual, no ha sido soste­ nido ni por ella misma, ni por la Corte IDH. En este sentido, la Corte Constitucional concluye que:
medidas de carácter penal, son idóneas para proteger los
derechos fundamentales, o en general bienes constitucionalmente protegidos, porque están diseñadas para prevenir la ocurrencia
64 de las conductas que potencialmente pueden lesionarlos, precisa­ mente por los efectos disuasorios que tiene la amenaza de la sanción penal.
Asimismo, la Corte precisa que:
delitos de injuria y calumnia pretenden tutelar los dere­
chos a la honra y al buen nombre sin distinguir el sujeto activo
de la conducta tipificada, es decir, no sólo son tipos penales de sujeto activo calificado cuya comisión esté reservada a comuni­ cadores o periodistas. Igualmente estos delitos tampoco fueron diseñados para proteger la honra y el buen nombre de los servi­ dores públicos, sino que van dirigidos a preservar los derechos fundamentales de cualquier persona residente en Colombia, en esta medida cumplen importantes propósitos dirigidos a preser­ var la paz social y a evitar la justicia privada.
La Corte Constitucional parte de la premisa de que "existe una protección multinivel de los derechos al buen nombre y a la honra" y aclara que dentro de este diseño protector, los tipos penales de injuria y calumnia sólo son aplicados
se trata de vulneraciones especialmente serias de es­
tos derechos fundamentales, frente a las cuales los otros meca­ nismos de protección resultan claramente insuficientes, lo que precisamente concuerda con la idea del derecho penal como ultima ratio. 105
Por último, la Corte reconoce que la tendencia en el sistema in­ teramericano es a la despenalización de esta clase de conduc­
105 A este respecto la Corte precisa que "la manera como está diseñado el proceso penal respecto de estos delitos en particular, los cuales requieren querella por parte del interesado y además las posibilidades de desistimiento en la querella, la obligación de adelantar la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción penal y otras figuras previstas por la Ley 906 de 2004, reafirman la idea que la sanción penal sólo procedería como ultima ratio cuando se trata del juzgamiento de este tipo de delito, lo que resalta su adecuado diseño legislativo y repercute en el juicio de propor­ cionalidad de los artículos examinados"
tas, pero la Corte reconoce que en principio éste es un asunto reservado al legislador en el ejercicio de su potestad de confi­ guración legislativa.
Bajo esta construcción argumentativa la Corte Constitucional de­ clara exequibles las normas demandadas.
*** Como vemos, este caso es un ejemplo de cómo una Alta Corte ejerce un control de constitucionalidad/convencionalidad, en el que evalúa de manera integrada las diferentes normas del dere­ cho interno (de naturaleza penal y constitucional) de manera ar­ mónica con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Esto per se configura una buena práctica judicial. De esta suerte, es importante precisar que esta sentencia, implícitamente, 106 muestra un claro diseño metodológico respecto a cómo conjuntar y armonizar un análisis de constitucionalidad con un análisis de convencionalidad, incorporando las diferentes fuentes del dere­ cho, tanto interno como internacional.
Así, podríamos compartir o no el sentido de esta decisión, pero no se puede desconocer que argumentativamente la sentencia retoma y aplica los principales estándares internacionales sobre
66 libertad de expresión que fueron expuestos supra, e incluso pro­ pone desarrollos conceptuales de mayor alcance como son los elementos del principio de estricta legalidad penal, las razones
106 Recomendamos a las/os operadoras/es judiciales y en general a quien tenga inte­ rés académico en ello leer esta sentencia y "deconstruirla" para identificar el esquema argumentativo que usa la Corte colombiana para sustentar sus conclusiones jurídicas, con ello tendrán un buen referente de cómo se realiza un control de convencionalidad/ constitucionalidad en un caso concreto.
por las cuales la libertad de expresión ocupa un lugar privilegiado en el catálogo de derechos fundamentales; y la delimitación con­ ceptual de los ocho rasgos que determinan el contenido de este derecho. Por lo que consideramos que este esfuerzo de delimita­ ción teórico­jurisprudencial es una buena práctica que permite identificar la coherencia de la decisión y el alcance de la misma.
En tercer lugar, el análisis sobre el criterio de ultima ratio del de­ recho penal resulta relevante para entender por qué esta decisión es una buena práctica judicial. La Corte Constitucional hace explícito este entendimiento y postula la importancia de que se revise el "diseño legislativo" del procedimiento penal respecto a los tipos penales acusados y, como vimos, encuentra que la natu­ raleza querellable del delito, aunada a la obligatoriedad de la conciliación y a la interpretación restringida del tipo penal que han hecho la Corte Suprema colombiana y la propia Corte Cons­ titucional muestran cómo la revisión de un problema jurídico consti­ tucional puede y debe entender el derecho interno y el derecho internacional como dos componentes autónomos de un todo nor­ mativo que ofrece una solución conforme a la protección de los derechos humanos. No dudamos que una despenalización pura y simple de estas conductas sea la opción ideal respecto a la pro­ tección y garantía de la libertad de expresión, 107 pero no podemos
107 Casos como el del periodista Luis Agustín González, quien fue condenado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, el pasado 29 de febrero de 2012,
a 18 meses de prisión por el delito de injuria, nos permiten identificar los claros riesgos de mantener figuras punitivas como la injuria y la calumnia en el ordenamiento penal. Evidentemente el Tribunal no aplicó los criterios definidos por el DIDH y por la Corte Constitucional colombiana y generó una decisión abiertamente contraria a derecho, que justamente evidencia la actualidad y urgencia de asumir un debate profundo sobre
el abuso del derecho penal con el propósito de silenciar la expresión y el pensamiento
críticos. Para más información sobre este caso ver http://www.cidh.oas.org/relatoria/
showarticle.asp?artID=885&lID=2.
desconocer que la argumentación jurídica ofrecida por la Corte Constitucional supera con rigor los requisitos exigidos por el DIDH que identificamos antes y con ello salva la constitucionalidad de la norma, pero haciendo que este control de constitucionalidad­ convencionalidad sea referente ineludible para la eventual apli­ cación del tipo penal en casos concretos en que se supera la querella y la conciliación en el trámite de un proceso penal.
Respecto al muy sensible tema de la libertad de configuración del legislador, la Corte Constitucional colombiana aporta en este caso elementos muy valiosos en relación a los extremos en los que tal libertad de configuración se desvanece, reconociendo que a la luz del DIDH el Estado está obligado a tipificar ciertas con­ ductas como la tortura, el genocidio, las ejecuciones extrajudicia­ les y las desapariciones forzadas y que en el extremo opuesto está obligado a no tipificar conductas que se desenvuelven en ámbi­ tos de libertad garantizados como derechos humanos. La Corte delimita pues dichos extremos y reconoce una amplia libertad de configuración para las demás hipótesis. Sin duda que esta reflexión admite diferentes posiciones, divergentes y polémicas, pero para efectos de identificación de buenas prácticas judiciales conside­
68 ramos que es razonable la construcción teórica ofrecida por la Corte y que en tanto que respeta los mandatos expresos del DIDH resulta un elemento valioso de análisis.
Contrario a lo que podría pensarse prima facie (respecto a la inaplicación que abiertamente hizo la Corte Constitucional del caso Kimel para resolver esta acción) es importante ver que la Corte colombiana reconoció expresamente que la jurisprudencia
de la Corte IDH contiene la interpretación autorizada respecto de la CADH, por lo que no puede sostenerse que la Corte Constitu­ cional desconoció el efecto de la jurisprudencia interamericana en tanto fuente de derecho. Para nosotros resulta evidente que en esta sentencia se identificaron sendas diferencias entre los supues­ tos de hecho del caso Kimel vis a vis el caso que tenía en su cono­ cimiento la Corte Constitucional, por lo que de manera razonada dicha Corte encontró que no se podía aplicar el precedente Kimel (justamente porque no había identidad de supuestos fácticos para que el precedente fuera aplicado). Este análisis, aunque polémico, permite mostrar cómo la Corte Constitucional reconoce la natura­ leza jurídica de fuente de derecho a la jurisprudencia de la Corte IDH y explícitamente asume su deber argumentativo de justificar por qué en el caso concreto un precedente de la Corte IDH no es aplicable, lo que de suyo es una buena práctica judicial en nuestra opinión.
2. El delito de desacato en Guatemala 108
En este caso la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CCG) evaluó la constitucionalidad de los artículos del Código Penal que regulaban el delito de Desacato 109 . Para delimitar el tema central del debate, la CCG precisó que la libertad de expre­ sión es un derecho inherente a la persona humana de conformidad
108 Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Acción de Inconstitucionalidad Gene­ ral Parcial 1122­2005, 1 de febrero de 2006. 109 Tal delito se materializa mediante amenazas, injurias, calumnias u ofensas contra la dignidad de los Presidentes de los tres Organismos de Estado y respecto de cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones.
con "la regulación convencional internacional", específicamente con los artículos 18 de la DUDH, IV de la DADDH, 13.1 de la CADH y 19.2 del PIDCP. La Corte delimitó el contenido y alcance de la libertad de expresión retomando la OC­5/85 de la Corte IDH, reconociendo que existe una dualidad en el alcance tuitivo de este derecho (protege a las personas y a la sociedad en su conjunto).
Asimismo, de la interpretación directa de la Declaración de Prin­ cipios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, la CCG con­ cluye que las y los servidores públicos, por el desempeño de las funciones que les son propias, están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, de manera que las leyes que pena­ lizan una expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos violan la libertad de expresión y el derecho a la información.
Sostiene la CCG que, aplicando un elemental principio de rea­ lismo, resulta insoslayable que la expectativa de ser sancionado penalmente por expresar opiniones puede desalentar su expre­ sión; de manera que si bien la normativa penal no contempla una censura expresa, sí puede motivar la autocensura respecto del
70 escrutinio de la función pública. La Corte realiza el análisis del prin­ cipio de estricta legalidad penal según el cual el legislador tiene la obligación de determinar de la forma más clara y precisa posible (lex certa) cuáles son esas acciones u omisiones que se consideran punibles, mediante una clara definición de la conducta incriminada y sus elementos, concluyendo en el caso sub examine, que la regulación de tipos y sanciones penales que propendan a una protección indebida e irrazonable de los funcionarios e impi­
dan con ello el escrutinio público de su labor pública (Auditoría Social), atentan contra el derecho a la libre expresión del pen­ samiento y, por ende, afrentan al propio régimen democrático. En ese sentido la Corte cita al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Handsyde vs. UK).
Además de lo anterior, la Corte precisa que la protección misma de la libertad de expresión implica que del indebido ejercicio de ese derecho dimana responsabilidad, pero esta última, para el
caso de señalamientos dirigidos a funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos, sólo puede ser deter­ minada y subsecuentemente sancionada a través de sanciones civiles, pues la existencia de una sanción penal podría inhibir
el control de la función pública necesario en una sociedad demo­
crática, al ser instrumentalizada esta sanción como un medio represivo de la crítica. Continúa la CCG estableciendo que la
libertad de expresión, como todo derecho fundamental, está sujeto
a limitaciones, como la protección del honor, la intimidad y la propia imagen.
En este punto la Corte concluye que la responsabilidad en el ejer­ cicio de la libre expresión del pensamiento encuentra asidero en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (CADH y PIDCP principalmente), aclarando que no podría quedar exenta de responsabilidad toda expresión de pensamiento dirigida a auto­ ridades y funcionarios públicos, si ésta se hace irrespetando su dignidad como personas, a tal grado de menoscabar sustancial­ mente ésta y hacer así nugatorio el imperativo categórico conte­ nido en el artículo V de la DADDH. Por ende, la Corte concluye
y declara que constitucionalmente está exenta de responsabi­ lidad penal la crítica que va dirigida al desempeño de la fun­ ción pública. En suma, la Corte entiende que la responsabilidad que pudiera imputarse a una persona por haber realizado una crítica, señalamiento o imputación que pueda ser considerada como infamante contra un funcionario público, debe ser de tipo civil.
La Corte retoma el Informe de la CIDH sobre la Incompatibilidad entre las leyes de desacato y la CADH en el que se estableció que tales leyes no son acordes con el criterio de necesidad y que los fines que persiguen no son legítimos, por considerarse que se pres­ tan para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las institu­ ciones democráticas. 110 Respecto a la exceptio veritatis que establece el mismo código penal acusado, la Corte encuentra que éste establece una inversión de la carga probatoria carente de razonabilidad como condicionante para la absolución.
La CCG dio la razón a los demandantes y consecuentemente de­ claró inconstitucionales los artículos del Código Penal acusados.
72 Este caso nos presenta una buena práctica judicial en la que se evalúan de manera concreta los efectos adversos de la legis­
110 También acude la Corte al derecho comparado y cita el caso New York Times vs. Sullivan (376 U.S. 254, 1964) de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el que ésta estableció que el Estado debe garantizar la libertad de expre­ sión, incluso en sus leyes penales, considerando que las leyes que penalicen la difa­ mación no se pueden referir a una crítica general al gobierno o de sus políticas, pues los ciudadanos son libres de divulgar información cierta sobre sus funcionarios.
lación penal restrictiva de la libertad de expresión a partir de la propia Constitución y del DIDH. La argumentación vertida en esta sentencia nos presenta un especial énfasis en los informes y recomendaciones de la Relatoría Especial de la CIDH sobre Liber­ tad de Expresión obteniendo de esta Relatoría los principales elementos de análisis para ofrecer la solución del caso. Consi­ deramos que este reconocimiento implícito de que la doctrina especializada de esta Relatoría es una fuente autorizada de interpretación de las obligaciones estatales establecidas en la CADH, es per se una buena práctica judicial que apunta a enten­ der que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos cuenta con importantes herramientas para dar efecto útil a las normas de los tratados internacionales y en todo caso, para encontrar la interpretación que proteja en mayor medida a la per­ sona humana (principio pro personae).
El especial énfasis de la Corte guatemalteca respecto a la pros­ cripción de la sanción penal de aquellos casos en donde se hagan señalamientos dirigidos a funcionarios públicos por actos efec­ tuados en el ejercicio de sus cargos y la aplicación de eventuales responsabilidades ulteriores de naturaleza civil nos parece una consideración muy positiva en aplicación de los principios pro personae y ultima ratio del derecho penal.
Respecto al criterio de Auditoría Social a los funcionarios públi­ cos, utilizado por la CCG para definir la legalidad de un tipo penal y la relación de dicho criterio con la democracia, consi­ deramos que es un desarrollo teórico muy importante de la Corte guatemalteca que además de ser una buena práctica judicial es un aporte conceptual oportuno y de alto nivel.
3. Vida privada y libertad de expresión en el derecho constitucional mexicano 111
Esta sentencia resuelve un amparo directo en revisión respecto de la aplicación del tipo penal de ataques a la vida privada, esta­ blecido en la Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato. El perió­ dico La Antorcha publicó una nota de prensa en la que se revela­ ban detalles precisados por un ex servidor público sobre presuntos actos de corrupción cometidos por el presidente municipal de un Ayuntamiento. Además la nota presentó cuestiones relacionadas con las deudas del referido presidente municipal y con conduc­ tas reprochables de éste (de índole sexual inclusive). El burgo­ maestre presentó denuncia penal contra el director general del periódico alegando que era mentira todo lo que se había publi­ cado y que tales afirmaciones le causaban deshonra, descrédito y perjuicio, y que lo desprestigiaba e invocando el tipo penal de ataques a la vida privada.
El director del periódico (el señor W) fue condenado y su senten­ cia fue confirmada en segunda instancia; contra esta decisión el
74 ex servidor municipal interpuso un juicio de amparo directo que le fue negado y este juicio fue posteriormente conocido en revi­ sión por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante la Sala o PS­SCJN).
111 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Amparo Directo en Revisión 2044/2008, Ministro Ponente José Ramón Cossío Díaz, Primera Sala 17 de junio de 2009.
La PS­SCJN concedió el amparo de manera lisa y llana conclu­ yendo que en este caso el señor W en realidad estaba ejer­ ciendo legítimamente un derecho fundamental. El Alto Tribunal encontró que el razonamiento de la sentencia de amparo fue erróneo e inadecuado en el tratamiento de los derechos implica­ dos en el caso y estableció que hubo una incorrecta interpre­ tación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En un interesante análisis la PS­SCJN encontró que la sentencia revisada efectivamente trató el caso del "señor W" como una limitación (restricción) de la libertad de expresión.
En primer lugar la Sala precisó que los derechos fundamentales tienen estructura de principios y por ende no tienen acotadas previamente sus condiciones de aplicación y en ese sentido con­ tienen un mandato de optimización 112 que en la práctica depen­ derá de otras normas jurídicas: los principios/derechos humanos están indefectiblemente llamados a ser limitados por los otros prin­ cipios y reglas con los que entren en tensión. Estas limitaciones se encuentran explícitamente en la Constitución y se concretan en el orden público, la vida privada, los derechos de los demás y la moral.
Al respecto la PS­SCJN sostiene que aunque en el desarrollo ordi­ nario de su función normativa el legislador puede dar especifici­ dad a los derechos, su compatibilidad o incompatibilidad con la Constitución exige un análisis sustantivo, de suerte que "[n]o basta
112 Entendido como la instrucción de que "algo" constitucionalmente establecido sea realizado en la mayor medida posible.
invocar la ley, señalar su existencia, y considerar que allí se ter­ mina la labor de un tribunal de constitucionalidad". La Sala preci­ só que la CPEUM, en Constitución "regulativa", 113 es "fuente del derecho" en sí misma considerada, por lo que debe aplicarse para el enjuiciamiento de los casos concretos.
Así, inter alia, la Sala identificó la obligación de la autoridad judi­ cial de justificar la necesidad de acudir al derecho penal (al que califica como el instrumento más intenso y peligroso de limitación de derechos: herramienta de ultima ratio). Respecto al derecho al honor y a la vida privada de los funcionarios públicos vis a vis la libertad de informar de los periodistas, la Sala concluye que la sentencia que se revisaba entendió equivocadamente que existe una equivalencia automática entre "vida sexual" y "vida privada"
y soslaya o mezcla los diversos significados de estas expresio­
nes. Considerando que el denunciante era un funcionario público
y el denunciado un periodista, sostiene la Sala que la ponde­
ración a realizar en estos casos debe considerar el tipo de interés público asociado tanto a las actividades de los funcionarios pú­ blicos como a la actividad periodística per se. 114
76 La Sala encuentra que el Tribunal Colegiado que resuelve el am­ paro que se revisa hace un uso inadecuado de los conceptos
113 Esto es, que declara cuáles son los fines y valores que dan sentido a las formas y procedimientos de acción política y los convierte en prohibiciones y deberes, en están­ dares sustantivos que se deben respetar.
114 La Sala, retomando jurisprudencia y doctrina internacional, declaró la protección especialmente enérgica de la expresión y difusión de informaciones en asuntos de in­ terés público, inclusive los discursos políticos y electorales.
de vida privada, reputación e intimidad. 115 En este punto la Sala recuerda que el derecho a la vida privada esta reconocido en declaraciones y tratados de derechos humanos que vinculan al Estado mexicano 116 y además reconoce, citando abundante juris­ prudencia del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su iden­ tidad ya sea en sus relaciones con los demás o solas y la vincula­ ción de este derecho con un "amplio abanico de otros derechos".
La Sala precisó que el derecho a la vida privada 117 es un dere­ cho variable (por motivos internos y externos) 118 e implica que las personas gozan de un ámbito de proyección de su existencia que queda reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellas y les provee de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad —para el desarrollo de su autonomía y libertad—. Así, la Sala precisa que en relación a la jurisprudencia interamericana de derechos humanos es claro
115 La SCJN ha entendido el derecho a la vida privada como un concepto amplio que incluye honor, privacidad e intimidad. Sin perjuicio de esto la Sala señaló que hay motivos para hacer distinciones nítidas entre ellos.
116 Refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el PIDCP (artículo 17), la CADH (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (ar­ tículo 16).
117 La Sala precisa que la vida privada guarda relación clara con derechos conexos como el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protec­ ción contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, entre otros.
118 Según la Sala, la variabilidad externa alude a la diferencia normal y esperada entre el contenido prima facie de los derechos fundamentales y la protección real que ofrecen en casos concretos una vez contrapesados y armonizados con otros derechos e intereses.
que ningún derecho es absoluto y que todos pueden ser restrin­
gidos siempre que ello no se haga de manera abusiva, arbitraria
o desproporcional.
En la especie la Sala concluyó que:
es cierto que por el sólo hecho de referirse a aspectos
sexuales de la vida de las personas, ciertos hechos o afirmaciones caigan dentro de un ámbito inquebrantable e intocable de pri­ vacidad, de manera que cualquier conducta que pueda ser vista como una mínima afectación a ellos deba ser por esa razón dura­ mente sancionada, hasta por medios penales, con independen­ cia de cualquier otra consideración.
En este punto la Sala precisa que la libertad de expresión y el
derecho a la información son derechos funcionalmente esenciales en la estructura del Estado constitucional de derecho y para el ade­ cuado funcionamiento de la democracia. En este punto la Sala retoma la jurisprudencia de la Corte IDH y precisa que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, lo que implica que los individuos no vean impedida su
78 posibilidad de manifestarse libremente y además que se respete el derecho de la colectividad a recibir cualquier información y
a conocer la expresión del pensamiento ajeno, lo cual es conditio
sine qua non para el adecuado funcionamiento de la democra­ cia. 119 Asimismo, la Sala consideró que la libertad de expresión
119 Siguiendo la jurisprudencia de la Corte IDH la Sala reconoce que los medios de comunicación de masas juegan un papel esencial para el despliegue de la función co­
cobija tanto expresión de opiniones como aseveraciones so­ bre hechos. 120
Respecto a la resolución jurídica de los conflictos entre libertad de información y de expresión y derechos de la personalidad, la Sala encuentra que tanto la Constitución como los tratados inter­ nacionales sobre derechos humanos establecen reglas claras para la resolución de dichos conflictos; entre tales reglas destaca aquélla que precisa que las personas que desempeñan o han desem­ peñado responsabilidades públicas, así como los candidatos a desempeñarlas, tienen un derecho a la intimidad y al honor con menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciuda­ danos ordinarios frente a la actuación de los medios de comuni­ cación de masas en ejercicio de los derechos a expresarse e informar. Al respecto la Sala retoma la jurisprudencia de la Corte IDH y de la Corte Europea de Derechos Humanos sobre el umbral de protección del honor y los límites de la crítica aceptable res­ pecto de un funcionario público.
lectiva de la libertad de expresión y concluye que el ejercicio efectivo de las libertades de expresión e información exige la existencia de condiciones y prácticas sociales que lo favorezcan y el mismo puede verse injustamente restringido por actos normativos o administrativos de los poderes públicos o por condiciones de facto que coloquen en situación de riesgo o vulnerabilidad a quienes la ejerzan. En este punto la Sala refiere
el alcance de la OC 5/85 de la Corte IDH.
120 La Sala consideró que respecto a las opiniones no tiene sentido predicar su verdad
o falsedad; en cambio la información cuya obtención y amplia difusión está en princi­
pio constitucionalmente protegida es la información veraz e imparcial. La veracidad impone una exigencia de un razonable ejercicio de investigación y comprobación. La Sala entiende la imparcialidad como una barrera contra la tergiversación abierta, contra la difusión intencional de inexactitudes y contra el tratamiento no profesional de informaciones.
En el análisis de las responsabilidades ulteriores (criterio tomado del DIDH), la Sala considera que para el análisis de la necesidad idoneidad y proporcionalidad de estas medidas, deben satisfa­ cerse al menos las siguientes condiciones:
a) Cobertura legal y redacción clara (seguridad jurídica);
b) Intención específica, negligencia patente o real malicia:
exige que la expresión que alegadamente causa un daño
a la reputación de un funcionario público haya sido emitida con la intención de causar ese daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara ne­
gligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad
o falta de veracidad de los mismos;
c) Materialidad y acreditación del daño;
d) Doble juego de la exceptio veritatis. La persona que se expresa debe siempre poder bloquear una imputación de responsabilidad ulterior probando que los hechos a los que se refiere son ciertos y, complementariamente, no puede ser
80 obligada a probar que los hechos sobre los cuales se expre­ só son ciertos;
e) Gradación de medios de exigencia de responsabilidad. Medidas leves para reaccionar a afectaciones leves y me­ didas más graves para casos más graves;
f) Minimización de las restricciones indirectas.
La PS­SCJN consideró que la garantía de los derechos implica­ dos en este caso imponía al Tribunal:
a) Realizar una interpretación integral de la entrevista publica­ da: totalidad del contenido, contexto, propósito general y modo de presentación.
b) Considerar que la protección de la intimidad y el honor de las personas que ocupan o han ocupado cargos de respon­ sabilidad pública es siempre menos extenso, porque han aceptado voluntariamente exponerse al escrutinio público.
c) Considerar el fuerte interés público ligado al hecho de que existiera un debate acerca de la regularidad o irregulari­ dad de la gestión de un Presidente Municipal.
d) Considerar las posibilidades de acceder a los medios de co­ municación y reaccionar a expresiones o informaciones que los involucren.
e) Considerar que la democracia exige conocimiento y escru­ tinio constante de las acciones y omisiones de los funciona­ rios del Estado, y que el umbral de intensidad de crítica y debate al que deben estar expuestos personas como la que eran objeto de referencia en la nota periodística analizada es un umbral muy alto, no fácil de traspasar por razones que abran la puerta a la imputación de responsabilidades civi­ les o penales.
f) Identificar la imposibilidad de aplicar la Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato al caso concreto, por representar una norma de limitación de derechos innecesaria y desproporcio­ nada, que hacía imposible evaluar jurídicamente los hechos del caso de conformidad con los estándares de derechos hu­ manos sintetizados a la luz del DIDH. La PS­SCJN concluyó que la ley y su aplicación no respetan la doctrina de la exceptio veritatis.
En suma, la Sala encuentra que el acumulado de estas cláusulas impone condiciones extraordinariamente exigentes y dejan a la norma fuera de los estándares de razonabilidad. La ley anali­ zada hace prácticamente imposible escapar del procesamiento penal en ocasión de actos de ejercicio de las libertades de expre­ sión y opinión que deberían considerarse completamente norma­ les y deseables.
Este caso muestra elementos fundamentales para realizar un control de constitucionalidad/convencionalidad respecto de la aplica­
82 ción de la restricción más intensa de la libertad de expresión: el uso del derecho penal. La Primera Sala de la SCJN retoma los principales elementos de los estándares internacionales sobre liber­ tad de expresión y realiza un test de necesidad y proporciona­ lidad de la medida penal concluyendo que dicha medida y la ley en que se sustenta son abiertamente inconstitucionales por violar las normas de derechos humanos. Este caso muestra cómo la auto­ ridad judicial puede y debe proteger a las personas de la actua­
ción de otras autoridades (inclusive judiciales) que puedan afectar derechos humanos.
La Sala sustenta su decisión planteando un claro marco jurídico­ conceptual del que desprende los argumentos y premisas que le permiten fundar y motivar la decisión de amparar al periodista que había sido condenado penalmente con lo cual impone el prin­ cipio de supremacía constitucional como pilar tuitivo de los de­ rechos humanos.
De especial relevancia es la valoración judicial que hace la Sala respecto de la Ley de Imprenta del Estado de Guanajuato conside­ rando sus efectos violatorios de la libertad de expresión y el deber de desaplicarla precisamente por oponerse a los derechos humanos como parte del orden constitucional vigente.
Sin duda que el uso de los diferentes estándares internacionales sobre derechos humanos que invoca la PS­SCJN en este caso permiten identificar una buena práctica judicial de armonización e integración de los estándares internacionales sobre derechos humanos con el derecho constitucional mexicano, permitiendo ver los cimientos jurisprudenciales de la consolidación de un bloque de constitucionalidad tuitivo de los derechos humanos.
elementos preliminares para una aproximación comparada
Oscar Parra Vera*
* Abogado Senior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las opiniones del autor son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente el parecer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de su Secretaría.
A pesar de las diversas objeciones contra la protección judi­ cial de los derechos sociales, en el ámbito internacional y comparado es posible encontrar numerosos ejemplos de
formas directas e indirectas de protección judicial del derecho a

References: artículo 4
 artículo 4
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 artículo 57
 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 41
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 1
 resolución 
 Artículo 19
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 13
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 artículo 19
 artículo 14
 Artículo 18
 Artículo 12
 artículo 11
 Resolución 
 artículo 11
 artículo 20
 resolución 
 resolución