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Timestamp: 2018-08-17 11:54:30+00:00

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By On mayo 29, 2018 In Derecho, Otras Tagged DEFINICIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL, La aparición del Derecho de la integración o Derecho comunitario, La estructura jerárquica del ordenamiento comunitario, La Supranacionalidad del Derecho comunitario, Las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno, Relaciones entre el Derecho interno y el Derecho comunitario
Se conoce con el nombre de derecho público a la rama del Derechoque tiene el objetivo de regular los vínculos que se establecen entre los individuos y las entidades de carácter privado con los órganos relacionados al poder público, siempre que éstos actúen amparados por sus potestades públicas legítimas y en base a lo que la ley establezca.
Por otra parte, la relación más usual en el derecho público es de desigualdad(el poder público está en una posición soberana, lo que se conoce como imperium), mientras que, en el derecho privado, las relaciones son de igualdad.
El Derecho comunitario en virtud de su supranacionalidad se constituye en un ordenamiento jurídico propio y especializado, distinto del Derecho interno y del Derecho internacional común, que se inserta en los ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior a la ley nacional a la que desplaza o sustituye en forma directa y automática (principios de aplicación directa y preeminencia). Existe una ordenación jerarquizada de normas donde las superiores son la Constitución comunitaria y las que ocupan un rango inferior, las derivadas o secundarias, que emanan de los órganos comunitarios. También se reconoce la importancia de estas normas en la conformación del bloque de constitucionalidad. El Derecho andino escapa a los controles corrientes de juridicidad y para su cumplida ejecución, los países miembros conservan competencias residuales o complementarias de naturaleza legislativa. El Tribunal Andino de Justicia es la instancia especializada en la hermenéutica del Derecho andino y su actividad se suma a la del juez estatal en una comunicación colaborativa.
Palabras clave: Supranacional, aplicación directa, preeminencia, Constitución comunitaria, Derecho derivado, interpretación prejudicial.
1. Las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno
Las relaciones al interior de la comunidad internacional1 son reguladas por el Derecho internacional, que es un sistema legal convencional que se rige por relaciones de coordinación; a diferencia del Derecho interno de los Estados nacionales, que se expide por autoridades legítimas, tiene una estructura jerárquica definida tanto legislativa como administrativamente y se gobierna por una relación de subordinación (Pallares Bossa, 2004, p. 12-13).
Entre el Derecho internacional y el Derecho interno se establecen relaciones que en Colombia se explican con base en la teoría dualista (Anzola Gil, 1995, p. 29-30), por lo cual se entiende que la validez del Derecho internacional en el plano interno depende de su “transformación” en Derecho nacional mediante su reconocimiento en el Derecho interno. De esta manera, los tratados internacionales tienen validez una vez han sido aprobados por ley del Congreso (art. 224 CN), se haya declarado su exequibilidad por la Corte Constitucional (art. 241.10 CN) y se efectúe el respectivo canje de notas (Anzola Gil, 1995, p. 29-30).
De acuerdo con Pallares Bossa, el Derecho internacional juega un papel importante como fuente del Derecho constitucional moderno. Las disposiciones previstas en los tratados internacionales hacen parte del Derecho interno del país y en muchas ocasiones son fuente directa del mismo2. La jurisprudencia le reconoce al Derecho internacional un lugar dentro de la estructura de normas colombianas, esto es: la noción de bloque de constitucionalidad que designa a un conjunto de normas jurídicas que se sitúan en un nivel constitucional (Anzola Gil, 1995, p. 66) y que ha ampliado el concepto de Constitución nacional y permitido que la revisión de constitucionalidad se realice no solo frente al texto constitucional, sino, además, respecto a otras disposiciones que tienen jerarquía constitucional3.
Por otra parte, la integración económica, de acuerdo con Chahín Lizcano (2004), se presenta como una de las formas más novedosas e interesantes que reviste la política comercial de la actualidad y que sustenta las relaciones económicas y políticas internacionales.
2. La aparición del Derecho de la integración o Derecho comunitario
La tendencia mundial hacia la integración de los Estados ha venido estructurando un sistema de relaciones entre los sujetos participantes de los procesos de integración, relaciones que, según el entender de algunos autores, escapan a las regulaciones del Derecho internacional y, por ende, requieren de un ordenamiento jurídico propio y especializado que algunos llaman Derecho de la integración y otros Derecho comunitario (Sáchica, 1990, p. 7).
Con respecto a las relaciones del Derecho interno con este nuevo ordenamiento jurídico, el Derecho comunitario, la situación es distinta de la que se examinó anteriormente entre el Derecho interno y el Derecho internacional.
Para Chahín Lizcano (2004, p. 33) “la integración es un proceso multidimensional, aunque inicialmente económico, que comprende varias etapas [zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica, etc.], tendiente a lograr la comunidad y la unión de los países, con la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de sus habitantes”.
Para efectos de lo anterior, en virtud de un Tratado Internacional Constitutivo o Tratado Comunitario, los países miembros del proceso de integración “conciertan un programa de acción conjunta hasta conseguir la integración perseguida, y la creación de una organización independiente [la cual] dota[n] de poderes y recursos suficientes para lograrla” (Sáchica, 1990, p. 1).
En consecuencia, “la integración es desde el punto de vista jurídico una redistribución de poderes entre los Estados intervinientes en el proceso y los órganos de la comunidad creada, pues quedan capacitados todos para generar un Derecho derivado de un tratado constitutivo, común a toda el área y que se inserta en los ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior al de la ley nacional, a la que desplaza o sustituye, en forma directa y automática” (Sáchica, 1990, p. 11).
La predicha “redistribución de poderes” se realiza bajo el entendimiento de que “la soberanía no es indivisible4 sino que bien pueden los titulares de ella, es decir -los Estados- convenir libremente la atribución del ejercicio de una parte del poder soberano a instituciones distintas de los Gobiernos y al hacer esa atribución crean una fuente de Derecho que prima sobre las reglas internas respectivas” (Moreno Loayza, 1987, p. 55).
Sáchica (1990, p. 11) explica que el Derecho comunitario andino se origina y se nutre del Derecho internacional público, pero que se ha desprendido de este con “personalidad propia”(Poppe, 1985, p. 22). Los tratados que dan vida al proceso de integración5 están sujetos en su formalización y efectos a las reglas del Derecho de los tratados. No obstante lo anterior, queda claro que el Derecho de la integración no es un Derecho extranjero en los países miembrosâ(Andueza, 1985, p. 85). El Derecho de la integración es un Derecho común a las partes, dictado para proteger y desarrollar la comunidad de intereses representada por la organización internacional por lo que no se le puede dar el mismo tratamiento que se le da al Derecho extranjero6.
El Derecho comunitario es supranacional, y la supranacionalidad es el núcleo del Derecho de la integración ya que es el rasgo que produce la ruptura y diferencia con el Derecho internacional común (Ortiz Ahlf, 2002, p. 11-23).
3 . La Supranacionalidad del Derecho comunitario
La supranacionalidad del Derecho comunitario se manifiesta en dos principios fundamentales: la aplicación directa del Derecho que significa que produce efectos jurídicos en los países miembros sin requerir para ello complemento normativo de Derecho interno, y la preeminencia, que es la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de primar sobre una norma de Derecho interno que se le oponga.
Colombia cuenta con un ordenamiento interno, que pese a su vocación internacionalista, no contiene disposiciones constitucionales que reconozcan la supremacía de la norma comunitaria y su aplicación directa. No existe en el ordenamiento colombiano técnica expresa de incorporación para los actos de organizaciones interestatales.
Lo anterior, en principio, no garantizaría la eficacia plena del Derecho comunitario, ni facilitaría un cabal cumplimiento de las metas de la organización andina.
Según estudio de Tremolada Álvarez (2006), este vacío de Derecho positivo que llena la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana en materia de aplicación directa de actos de organizaciones internacionales se soporta para el caso de la Comunidad Andina, en que es el propio Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el que faculta al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión a tomar decisiones que como las resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los países miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.
Toda decisión del Consejo y de la Comisión será directamente aplicable salvo que su texto disponga que requerirá de acto expreso de incorporación al Derecho interno, supuesto ante el cual estaríamos frente a obligaciones non self-executing.
Tremolada Álvarez (2006, p. 107) asegura que en Colombia la naturaleza supranacional del ordenamiento andino expresada en términos de aplicabilidad directa y preeminencia, no encuentra contradicción alguna con su normativa interna; por el contrario, las normas comunitarias para surtir sus efectos no necesitan procedimientos de recepción y su aplicación prevalece sobre las normas internas.
El Derecho comunitario ofrece entonces la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al Derecho interno de cada país miembro y con una capacidad de aplicación directa y eficacia inmediata. A las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.
En consecuencia o como conclusión: “El Derecho comunitario constituye un orden jurídico propio, distinto del Derecho interno y del Derecho internacional que deben aplicarse uniformemente8 en el territorio de todos los Estados miembros y, por lo tanto, tiene una jerarquía superior a los ordenamientos jurídicos nacionales” (Moreno Loayza, 1987, p. 55).
4. La estructura jerárquica del ordenamiento comunitario
Los países miembros del proceso de integración en el tratado constitutivo “crean órganos, les transfieren las competencias, formulan el ordenamiento de aplicación directa, señalan las metas y diseñan el sistema de producción de normas y procedimientos de ejecución del programa que a las mismas conduce, tal como lo hacen las Constituciones políticas de los Estados” (Sáchica, 1990, p. 11).
El Tratado constitutivo “sirve de fundamento a un nuevo proceso autónomo y dinámico” (Uribe Restrepo, 1990, p. 52), tiene la “misma jerarquía y significación que las Constituciones tienen en el Derecho interno de los países miembros” (Andueza, 1985, p. 83-85) y, por ende, conserva la “misma estabilidad y dinamismo (Uribe Restrepo, 1990, p. 52)” que posee una Constitución nacional.
De conformidad con lo anterior, la doctrina concuerda en denominar a este primer grupo de normas fundacionales o primarias, les reconoce un “rango constitucional” (Crespo De Hernández, 1995, p. 103), y las identifica como la “Constitución comunitaria” (Sáchica, 1990, p. 11).
El Acuerdo de Cartagena, suscrito en 1969 por Colombia y otros cuatro países latinoamericanos9 que dio origen a la hoy denominada Comunidad Andina de Naciones, ha creado “un sistema jurídico con características propias” (Andueza, 1985, p. 83-85) dirigido a “promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros y con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano (Artículo 2.º. Protocolo de Quito-modificatorio del Acuerdo de Cartagena).
El sistema jurídico creado por el Acuerdo de Cartagena, como acaba de verse, tiene su fundamento constitucional en dicho Acuerdo de Integración Subregional y sus Protocolos (de Lima, Arequipa y Quito), así como en el Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia y en el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino.
Se entiende que el Tribunal Andino de Justicia es un órgano principal del Acuerdo, tiene jerarquía equivalente a la Comisión, la Secretaría General, y el Parlamento Andino y que juntos constituyen la clásica distribución de poderes: decisorio-legislativo, técnico-operativo, contralor jurisdiccional y contralor-político (Sáchica, 1990, p. 100).
Igualmente, el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena constituye una ordenación jerarquizada de normas en la que existen normas superiores e inferiores. Las primeras son las ya mencionadas fundacionales o primarias que se pueden ubicar en la cúspide de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico comunitario. Las normas que ocupan un rango inferior en esta estructura son las derivadas o secundarias10.
En Colombia, en la jerarquía normativa para las normas internacionales no existen normas supraconstitucionales11. Tremolada Álvarez (2006, p. 102) precisa que ni los tratados de integración ni el Derecho comunitario se acomodan a los supuestos normados por el artículo 93 de la Constitución12 de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Constitucional en Sentencia C-256 de 199813.
Tremolada Álvarez (2006, p. 119) concluye que en lo que se refiere al Derecho comunitario no se está frente a una categoría intermedia entre la Constitución y la ley y que en caso de contradicción de una norma interna con una norma comunitaria, no se resolverá en términos de constitucionalidad, toda vez que no sería un supuesto de in conformidad de una norma inferior con una superior; la cuestión de jerarquía se resolverá en términos de desplazamiento o inaplicación de la norma interna contraria a la norma nacional que prevalece.
En todo caso, doctrinantes como Anzola Gil reconocen la importancia de las normas del Derecho comunitario en la conformación del bloque de constitucionalidad.
El criterio precedente también ha sido sostenido por la Corte Constitucional en Sentencia C 1490 de 2000 con ponencia del Dr. Fabio Morón Díaz:
“la Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C. P, se incorpora al bloque de constitucionalidad; no ocurre lo mismo con el Acuerdo a través del cual se estableció la Organización Mundial de Comercio -OMC-, cuya materia no puede incorporarse al bloque de constitucionalidad, pues no corresponde a aquellas a las que se refiere el citado artículo 93 superior.”;
La Corte aclara que no todos los tratados internacionales incorporados en el ordenamiento nacional pueden ser incluidos en el bloque de constitucionalidad, pues el constituyente introdujo esa prerrogativa únicamente para aquellos tratados que versen sobre derechos humanos o sobre la prohibición de limitarlos en los estados de excepción, tal como lo dispone el artículo 93 de la Carta.
En salvamento de voto a esta sentencia el magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz precisa que no era necesario analizar la eventual violación de la Decisión 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena ni, mucho menos, considerarla como parte del bloque de constitucionalidad.
Para el magistrado, el bloque de constitucionalidad no se puede conformar más que con instrumentos internacionales que reúnan al menos dos características, que se echan de menos en el caso de la Decisión 351 de 1993: Que se trate de instrumentos internacionales ratificados por Colombia y que su contenido específico sea el reconocimiento de derechos humanos.
En cuanto al Derecho derivado o secundario14, este “emana de los organismos comunitarios, los que, en virtud de la competencia que les ha sido delegada por los Estados miembros, están en capacidad de dictar normas obligatorias dentro de la región, generales o particulares” (Uribe Restrepo, 1998, p. 78).
El Derecho derivado emana de la organización internacional del Acuerdo de Cartagena y no de los países miembros del proceso de integración andino; de ahí que el ex magistrado del Tribunal Andino de Justicia Andueza concuerde en que estas normas:
“… No constituyen Derecho nacional aunque formen parte de él en cada uno de los países miembros. Son por tanto legislación internacional, razón por la cual son de carácter superior a las leyes y a los reglamentos nacionales que las contravengan. Tampoco son tratados internacionales, pues los órganos propios con que cuenta el Acuerdo tienen personería jurídica diferente a la de los países miembros” (Andueza, 1989, p. 56).
5. Relaciones entre el Derecho interno y el Derecho comunitario
El Derecho comunitario y el Derecho interno coexisten en un mismo territorio, suelen recaer sobre los mismos destinatarios y regulan las materias que los respectivos ordenamientos jurídicos se han reservado. Hay una yuxtaposición normativa que debe ser coordinada15.
No obstante lo anterior, el Derecho comunitario no llega a confundirse con las normas del Derecho interno. Existe una “autonomía recíproca” entre la fuente normativa de la organización internacional y la de los países miembros la cual se manifiesta en que estos Derechos no pueden derogarse el uno al otro. En caso de contradicción se aplica el principio de la primacía del Derecho comunitario andino sobre el Derecho interno.
A diferencia de la fuente primaria16, la fuente secundaria (el Derecho derivado) tiene naturaleza imperativa puesto que el derecho emana de un órgano de la organización que produce unilateralmente las normas.
De acuerdo con Sáchica (1985, p. 9) las Decisiones se pueden equiparar a lo que en los Derechos nacionales significan las leyes, pues son desarrollo de los tratados y su validez está condicionada a su acuerdo con ellos.
De acuerdo con la opinión prevalente y aceptada en Colombia, las relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno se explican con base en la tesis dualista del orden internacional de manera que el Derecho internacional tiene validez en el plano interno al ser “transformado” en Derecho nacional mediante su reconocimiento en el orden interno. La jurisprudencia nacional reconoce al Derecho internacional un lugar dentro de la estructura de las normas nacionales, esto es: la noción de bloque de constitucionalidad (Anzola Gil, 1995, p. 66).
Situación distinta se presenta con el Derecho comunitario o Derecho de la integración: el Acuerdo de Cartagena suscrito en 1969, creó un “sistema jurídico con características propias” donde el Tribunal Andino de Justicia, la Comisión, la Secretaría General y el Parlamento Andino constituyen la clásica distribución de poderes. Los países miembros del proceso de integración subregional andino, dieron origen a la Organización Internacional del Acuerdo de Cartagena a la cual dotaron de poderes y recursos suficientes a fin de lograr la integración perseguida.
El Derecho comunitario se origina y nutre del Derecho internacional común, pero, en virtud de su supranacionalidad, se constituye en un ordenamiento jurídico propio y especializado distinto del Derecho interno y del Derecho internacional común que se inserta en los ordenamientos jurídicos nacionales con valor superior a la ley nacional, a la cual desplaza o sustituye en forma directa y automática (principios de primacía y preeminencia), y sin necesidad de complemento normativo de Derecho interno.
El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena constituye una ordenación jerarquizada de normas en la que existen normas superiores e inferiores. Las primeras son la Constitución comunitaria28, que se ubican en la base de la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico comunitario y, por ende, son el fundamento de todo el proceso. Las normas que ocupan un rango inferior son las derivadas o secundarias, que emanan de los órganos comunitarios29.
Según doctrina sentada por la Corte Constitucional en Sentencia C-256 de 1998 ni los tratados de integración ni el Derecho comunitario se acomodan a los supuestos normados por el artículo 93 de la Constitución30 y, por ende, quedan excluidos de la noción de bloque de constitucionalidad.
El Derecho comunitario no es una categoría intermedia entre la Constitución y la ley; y en caso de contradicción de una norma interna con una norma comunitaria, esta no se resolverá en términos de constitucionalidad, toda vez que no sería un supuesto de inconformidad de una norma inferior con una superior. La cuestión de jerarquía se resolverá en términos de desplazamiento o inaplicación de la norma interna contraria a la norma nacional que prevalece.
También se ha reconocido la importancia de las normas del Derecho comunitario en la conformación del bloque de constitucionalidad (Anzola Gil, 1995, p. 66).
Recientemente, la Corte Constitucional sostuvo el criterio precedente en Sentencia C 1490 de 2000 con ponencia del magistrado Fabio Morón Díaz en el sentido de que la Decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el Régimen Común sobre derecho de autor y conexos, dado que regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales, a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la C. P., se incorpora al bloque de constitucionalidad.
En salvamento de voto a esta sentencia el magistrado ponente Dr. Fabio Morón Díaz precisa que no era necesario analizar la eventual violación de la Decisión 351
En cuanto cuestión respuesta, la doctrina entiende que, conforme a los artículos 34 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, la interpretación prejudicial es siempre y en todos los casos de “obligatoria observancia”. Sin embargo, puesto que el juez nacional conserva a plenitud su facultad de administrar justicia, recurrirá de nuevo al Tribunal Andino de Justicia cuando considere que la sentencia es oscura o insuficiente y dejará de aplicarla cuando estime que la norma comunitaria no es aplicable al caso del litigio.
Finalmente, según una concepción dualista del orden internacional y al parecer en apoyo de la tesis de la conversión, se vio como, parte de la doctrina critica severamente las normas que regulan la interpretación prejudicial. Para los críticos estas normas violan el principio de autonomía e independencia del juez y plantean más bien una clara subordinación del juez nacional frente a un órgano judicial comunitario que pasa a ejercer el poder de decisión y priva al juez nacional de una de las facultades más importantes de su función judicial.
Por su parte, la doctrina a favor de estas normas arguye que no se trata de la interpretación de una ley cualquiera, sino de un tratado internacional y que en este campo el juez nacional tiene una potestad muy subsidiaria.
ASPECTOS BÁSICOS DEL DERECHO AMBIENTAL. UNA MIRADA HACIA EL CONTROL FISCAL AMBIENTAL. CONTROLARÍA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Derecho Ambiental Es un derecho que protege el medio ambiente Derecho Ambiental Derecho (Normas Jurídicas) Protección (Función Tuitiva) Medio Ambiente (Objeto de Protección) Derecho
Derecho Ambiental DEFINICIÓN Es un conjunto de normas jurídicas que integrando un sistema normativo o un subsistema normativo del ordenamiento jurídico regulan las actividades humanas para proteger el medio ambiente o la naturaleza. “Lo propio de una norma ambiental es que considera el medio ambiente no como un objeto de apropiación privada
Es una rama autónoma del derecho (no forma parte ni se desprende de otras ramas del derecho. Es un derecho transnacional
Es un derecho colectivo (no afectaciones individualizadas)
Es un derecho interdisciplinario
Es un derecho de naturaleza dinámica
PRINCIPIOS DEL DERECHO AMBIENTAL Preventivos Prevención Precaución Reparadores Contaminador – Pagador Corrección de fuentes generadoras del daño
DELIMITACION DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 1. Que exista peligro de la ocurrencia de un daño; 2. Que el daño sea irreversible; 3. Que exista un principio de certeza sobre el peligro, aunque no haya prueba absoluta; 4. Que la decisión de la Autoridad busque proteger el medio ambiente; 5. Que el caso sea motivado y excepcional.
DICOTOMÍA DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 1. Las decisiones públicas adoptadas dentro del marco de la certeza científica serán siempre responsables y fomentan el desarrollo de estudios científicos rigurosos. 2. La intervención de las autoridades implica un estancamiento de las actividades científicas y el intercambio comercial.
ANTECEDENTES DEL DERECHO AMBIENTAL • Bombas Atómicas, Generación pacifista y crisis del petróleo • Club de Roma (1968) a. Limites al crecimiento b. Hacia un equilibrio total c. Dinámica del crecimiento en un mundo finito • Conferencia de Estocolmo
CLUB DE ROMA El crecimiento de la población como variable desequilibrante Mayor demanda de alimentos Impulso de la agroindustria Expansión de la frontera agrícola Daño de los RRNN Constitución Política de 1991 Ley 23 de 1973 Decreto 2811 de 1974 Ley 9ª de 1979 Ley 99 de 1993
FUNDAMENTOS DEL DERECHO AMBIENTAL COLOMBIANO CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA ART. TEMA 8º Obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación 49 Saneamiento ambiental 58 Función ecológica de la propiedad 66 Créditos agropecuarios por calamidad ambiental 67 La educación para la protección del ambiente 79 Derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales 80 Desarrollo Sostenible, planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales 81 Prohibición de ingresar desechos tóxicos y residuos peligrosos 82 Deber de proteger los recursos culturales y naturales del país
CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA ART. TEMA 215 Emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico 226 Internacionalización de las relaciones ecológicas, ( 268-7 Fiscalización de los recursos naturales y del ambiente 277-4 Defensa del ambiente como función del Procurador 282-5 Defensor del Pueblo y la protección del ambiente 289 Programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente 300-2 Asambleas Departamentales y medio ambiente 301 Departamentos: atender los recursos naturales y las circunstancias ecológicas 310 Control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales
CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA ART. TEMA 313-9 Concejos Municipales y patrimonio ecológico 317 Contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales 330-5 Territorios indígenas y preservación de los recursos naturales 331 Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente 332 Dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables 333 Limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente 334 Intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano 339 Política ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo
CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA ART. TEMA 340 Representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación 366 Solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado
Las normas pertenecientes al derecho internacional pueden ser bilaterales(entre dos partes) o multilaterales (más de dos partes). Los Estados suelen comprometerse a aplicar dichas normas en sus propios territorios y con un status superior a las normas nacionales.
El antecedente más remoto de un acuerdo de derecho internacional tuvo lugar en el 3.200 a.C, cuando las ciudades caldeas de Lagash y Umma acordaron la delimitación de sus fronteras después de una guerra. A nivel general, el derecho internacional siempre ha estado enfocado a la preservación de la pazy a evitar el estallido de conflictos bélicos.

References: artículo 93
 artículo 93
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