Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321370.html
Timestamp: 2019-03-23 02:31:37+00:00

Document:
as201321370
Auto Supremo: 370/2013
Expediente: SC-14-12-S
Partes: René Méndez Balcazar y Enriqueta López Vaca. c/ Sunner Valverde De
Proceso: Nulidad de Contratos y Cancelación de Inscripciones en Derechos
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 181 a 184, interpuesto por Sunner Valverde De Los Ríos contra el Auto de Vista de fs. 175 y vlta.y Auto complementario de 29 de diciembre 2011 de fs. 178, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Contratos y Cancelación de Inscripción en Derechos Reales, seguido por René Méndez Balcázar y Enriqueta López Vaca contra Sunner Valverde De Los Ríos, la concesión del recurso de fs. 190.
La Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2218/2012 de 8 de noviembre de 2012, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sunner Valverde De Los Ríos contra Rómulo Calle Mamani y Rita Susana Nava Durán, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia; y:
El Juez Treceavo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz, pronuncio Sentencia de 3 de octubre de 2011, cursante de fojas 155 a 159 vlta., de obrados, que declaró probada parcialmente la demanda de nulidad de contrato de venta de inmueble por simulación e improbada en cuanto a la nulidad por error esencial, causa y motivo ilícito y falta de forma; improbada la reconvención por reivindicación, mejor derecho propietario, acción negatoria, desocupación y entrega y de daños y perjuicios, planteada por la parte demandada, disponiendo: se declara nulo el contrato privado de venta de inmueble de fecha 12 de marzo de 1997, reconocido en la misma fecha ante la Notaria de Fe Pública Nº.17 que cursa de fs. 1 y 2, suscrito entre René Méndez Balcázar, Enriqueta López Vaca, a favor de Sunner Valverde De Los Ríos, con una superficie de 7 has. 8.390 m2, partida Computarizada Nº 010375416; se ordena la cancelación en Derechos Reales de la inscripción de la matricula Nº 7.01.2.01.0022954 a favor de Sunner Valverde De Los Ríos; se ordena la inscripción en Derechos Reales del contrato privado de venta de inmueble de fecha 29 de octubre de 1997, reconocido el 30 de octubre de 1997, suscrito entre René Méndez Balcázar y Enriqueta López Vaca a favor de Sunner Valverde De Los Ríos.
Resolución de primera instancia que es apelada por el demandado, mediante escrito de fs. 163 a 165 vlta., que merece el Auto de Vista de 22 de diciembre de 2011, cursante de fs. 175 y vlta., que confirma totalmente la Sentencia apelada; Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo por escrito de fs. 181 a 184.
Que, en virtud al mismo se dictó Auto Supremo Nº 46/2012 de 7 de marzo de 2012, que casa parcialmente la Resolución de Alzada, interponiendo ante dicho pronunciamiento Acción de Amparo Constitucional por la parte demandada contra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, a lo que la Resolución 232/2012 de 25 de septiembre, del Tribunal de garantías, anuló el precitado Auto Supremo, que fue confirmado por la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2218/2012 de 8 de noviembre de 2012, en tal circunstancia se procede al presente análisis.
El recurrente imputa infracción, interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, acusando la violación de los arts. 519 y 549 del Código Civil, indicando que el Tribunal de Alzada debió analizar el caso concreto, porque el contrato de fs. 1 a 2 no se enmarca en ninguna de las causales de nulidad prevista, toda vez que los demandados consintieron libremente los términos estipulados en el contrato de fs. 1 a 2 de 12 de marzo de 1997. Asimismo indica que los actores no han propuesto ni producido un medio probatorio idóneo para quitar eficacia jurídica al contrato de 12 de marzo de 1997, porque tanto en la simulación absoluta como en la relativa se debe cumplir con la doctrina del derecho procesal civil (pertinencia de la prueba) y la prueba idónea en una simulación es el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros según establece el art. 545 parágrafo II del Código Civil. Acota que los demandantes afirman ilegalmente que fue un préstamo y no una venta de donde se colige que debería existir en obrados una prueba escrita que demuestre que existió un préstamo, para que de esa forma se hubiere optado por la segunda opción del art. 545 parágrafo II del Código Civil, los actores mínimo debieron demostrar que pagaron intereses con recibos del supuesto préstamo. Si bien existe el contrato de fs. 3 a 4 dicha documental señala que los demandantes le vendieron una fracción de terreno motivo de la litis, no específica que es una dación de pago. Señala, el recurrente, que han violado el principio constitucional de verdad material porque presumen que el contrato de fecha 12 de marzo de 1997 de fs., 1 y 2 fue hecho como garantía de préstamo, al respecto el principio no le permite al juzgador presumir más al contrario el Juez está obligado al momento de dictar sus Resoluciones hacer un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, que genera la primacía de la realidad fáctica, esto es que una Resolución judicial debe estar basada en los hechos y limitada a ellos.
El recurrente en su argumento recursivo señala que existe error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, que los demandantes no probaron la dación de pago, en virtud a ello –dice- el contrato cursante de fs. 1 a 2 y 42 a 44 cumple con los requisitos de formación de los contratos, de donde dicha documental tiene valor probatorio y al no asignarle ese, el Ad quem ha cometido error de hecho y de derecho. Señala que el contrato de fs. 3 y vlta., no es una prueba idónea que reste validez jurídica al de fs. 1 y 42 a 44, por la sencilla razón legal: a) simplemente acredita el de fs. 3 y vlta., que los actores vendieron 10.000 m2 del terreno de la litis, b) dicho contrato no especifica que es una dación de pago y c) claramente especifica que es un contrato de venta, el error de hecho y de derecho se manifiesta por haber hecho una presunción y conclusión subjetiva en base a un contrato que no cumple con los dispuesto en el art. 545 parágrafo II del Código Civil que prevé que la prueba de la simulación “entre partes sólo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”. Indica también que no es lícito invocar su propia simulación para demandar la nulidad del contrato.
Por último, solicita al Tribunal Supremo case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda principal y probada la reconvencional.
Es pertinente señalar que el presente examen deviene del mandato que emerge de la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 2218/2012 de 8 de noviembre de 2012, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sunner Valverde De Los Ríos contra los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en consecuencia, el análisis se basa únicamente en los puntos denunciados en el recurso de casación, enfatizando que en su tenor no se denunció violación de los elementos constitutivos que hacen a la simulación, por tanto no observan como punto de agravio la subsunción realizada por el Juez de primer grado y confirmado por el Tribunal de Alzada sobre ese instituto jurídico, en tal circunstancia éste Tribunal especializado se inhibe de realizar un examen sobre la calificación de la simulación, pronunciamiento que no puede ser de oficio, por la vinculatoriedad de la Resolución constitucional precitada por cuanto ella señala: “En ese sentido el Auto Supremo reclamado a través de la presente acción de amparo constitucional, adolece de congruencia ya que se pronunció de oficio sobre un punto que no fue cuestionado en el recurso de apelación ni en el de casación, afectando de esa forma el debido proceso, por lo que en el presente caso se hace necesaria la concesión de la tutela”. Conforme lo expuesto, se procede a la consideración solamentede las infracciones acusadas en el recurso:
Sobre la violación de los arts. 519 y 549 del Código Civil, porque el contrato de fs. 1 a 2 no se enmarca en ninguna de las causales de nulidad prevista en la norma; se debe señalar que la doctrina distingue según el carácter expreso o tácito de la sanción de invalidez a las nulidades expresas y las nulidades implícitas o virtuales, las primeras expresadas taxativamente en la norma, y las segundas, que aun faltando la expresa sanción de la nulidad, se encuentra tácitamente contenida y se hace indudable cuando un acto jurídico tiene un contenido ilícito que contraviene normas imperativas. En tal razón la simulación absoluta, que subsume la sentencia, no produce efecto entre las partes contratantes por disposición expresa del art. 543 parágrafo I del Código Civil, por lo que es inválida en sus efectos, correspondiendo lógicamente la sanción de nulidad (tácita), bajo ese criterio el art. 544 parágrafo II de la misma norma sustantiva dispone: “Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes…”, por lo que la nulidad como sanción de la simulación es lógica consecuencia del contrato viciado, originado en una declaración de pura apariencia, coincidiendo con este criterio Santos Cifuentes en su obra Negocio Jurídico (2004: pag. 647) sostiene al señalar sobre la acción de nulidad “… hay que admitir que la acción que nace por su causa no puede ser de inexistencia, sino de nulidad, puesto que dirige sus dardos a un negocio correspondientemente viciado, pero que presenta peculiaridades no ajenas a la tipificación original de la figura…”. Conforme los antecedentes, el Juez de origen como el Tribunal Ad quem, parten su análisis de la simulación del art. 543 del Código Civil, en tal caso la nulidad declarada no necesariamente debe estar reatada a las causales señaladas en el art. 549 de la norma Sustantiva Civil, por las razones ya explicadas, no percibiéndose infracción al art. 549 del Código Civil, y menos el art. 519 de la misma norma legal, por ser ésta última una norma que tutela la eficacia del contrato, que no ésta relacionada a la figura de simulación o nulidad, como forzadamente pretende el recurrente. Sobre éste punto no se evidencia violación, de la ley.
Respecto a la prueba idónea en la simulación, sobre el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros según establece el art. 545 parágrafo II del Código Civil; se debe establecer previamente que los juzgadores de instancia en la apreciación de la prueba gozan de libertad probatoria, siendo esa facultad incensurable en sede casatoria, determinado ello, conforme los antecedentes del proceso, y de la lectura de la Sentencia y del Auto de Vista impugnado, se evidencia que para decidir la simulación en el contrato de fecha 12 de marzo de 1997, cursante de fs. 1 a 2, se basaron en el documento de fecha 29 de octubre de 1997 (reconocido el 30 de octubre del mismo año), cursante de fs. 3 a 4, siendo éste documento la prueba escrita que no atenta contra la ley o el derecho de terceros, criterio fundamentado de los jueces de instancia que es concordante con el art. 545 parágrafo II del Código Civil. Habiendo cumplido con lo imperativo de la norma, no se evidencia vulneración o aplicación errónea sobre este punto de agravio.
En relación a que los actores debieron exponer prueba escrita que demuestre que existió un préstamo; conforme lo señalado anteriormente, la valoración de los elementos probatorios es una facultad privativa de los Jueces de grado, que escapa a la potestad de éste Tribunal de Casación, siendo permisible sólo cuando se alegaré error de hecho o de derecho en la apreciación acusada, en concordancia con el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, en tal razón no es válido exponer como punto de agravio, la falencia u omisión de prueba ya que la ponderación de ella es una facultad exclusiva de los jueces de grado, y es sobre la base de ellas que se ha estructurado el armazón fáctico del proceso. Respecto a que el documento de fs. 3 a 4 no especifica que es una dación de pago; se debe puntualizar que los Jueces de instancia no manifestaron que en dicho documento de fs. 1 a 2 se especificó que es una dación en pago, o sea, que el objeto del contrato haya establecido una prestación diversa a la debida, en contraste, señalaron que el segundo contrato (de fs. 3 a 4), como instrumento, fue hecho en pago del préstamo que se alude en demanda, conclusión que es resultado del análisis interno conforme la libertad de apreciación probatoria propia de los jueces inferiores.
Por otro lado, se debe señalar que el principio de verdad material, establecido en el art. 180 parágrafo I de la Constitución Política del Estado,“…abarca la obligación del juzgador, a momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales” (SC 0713/2010-R de 26 de julio), por lo que éste principio pondera la primacía de la realidad fáctica construida sobre la base probatoria obtenida en proceso, decantando el conocimiento de los hechos por sobre las formas. Ante esa circunstancia, la base fáctica edificada en torno a las pruebas aportadas al proceso, generaron presunción judicial para la decisión jurisdiccional asumida dentro los límites que señala el art. 1320 del Código Civil, siendo la aplicación adecuada de éste principio por el cual el Ad quem ha concluido que el primer documento (de fs. 1 a 2) es simulado, conforme el fundamento que se ha esbozado en la Resolución de Alzada. En este punto no existe aplicación errónea del principio de verdad material como se manifiesta en el recurso.
Sobre el error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba acusado, es de indicar con carácter previo que el error de derecho o el de hecho debe evidenciarse en la valoración que el juzgador realiza a cada uno de los medios probatorios a tiempo de dictar Resolución, en ese entendido, el art. 253 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil, que norma este tipo de infracción, no lo concibe como un mecanismo de denuncia sobre lo que probaron o no los contendientes en el debate, como tampoco es un filtro para establecer la legalidad o ilegalidad, eficacia (material) o invalidez de la prueba, como tampoco es una balanza para establecer cuál prueba es más meritoria que otra; el error de derecho radica cuando se ha otorgado a una prueba una eficacia probatoria diferente a la establecida por ley; y el error de hecho es la equivocación en lamaterialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente. De lo señalado, se establece que el recurso imputa concurrencia de error de hecho y derecho en el documento de fs. 1 a 2 y en fs. 3 a 4, sin establecer cuál es error que converge en un determinado medio probatorio, y la forma en cómo se evidencia ese error; induciendo forzadamente a un análisis de eficacia material del contrato, que no es el caso, sino la eficacia probatoria de la misma, por otro lado, pretende en sentido contrario, restar “validez jurídica” a un documento por medio de la apreciación de error de hecho y de derecho, situación que no es concordante con lo que establece el art. 253 núm., 3) del Código Adjetivo Civil, conforme los conceptos antes brindados. Asimismo, nuevamente trae a colación el análisis del documento de fs. 5 cuando el Auto de Vista ha explicado que haciendo una supresión mental de ese documento el resultado de la decisión hubiese sido el mismo, en ese sentido la construcción fáctica de los hechos no se consolida en el documento de fs. 5, sino en los documentos de fs. 1 a 4. No evidenciándose yerro en la apreciación del Juez, no siendo evidente el error de hecho o de derecho denunciado.
Sobre que no es lícito invocar su propia simulación para demandar nulidad de un contrato; se debe señalar que la norma no prohíbe accionar la nulidad de un contrato donde se es parte, es más, de la lectura del art. 545 parágrafo II del Código Civil, se establece esa permisibilidad, no existiendo rigidez en el derecho de accionar simulación por los contratantes suscribientes; llama la atención el comportamiento del recurrente, para solventar su posición recursiva, al tratar de inducir en error a éste Tribunal de Casación al traer a colación jurisprudencia de febrero de 1914 (G.J. Nº 884), enero de 1935 (G.J. Nº 1131) y septiembre-octubre de 1952 (G.J. Nº1338), entre otros, todas ellas dictadas por la Corte Suprema de Justicia antes de la vigencia del Código Civil el 2 de abril de 1976.
Por todo lo expuesto, con la debida congruencia sobre los puntos de agravio acusados en recurso, se evidencia que estos no contienen el fundamento necesario para cambiar el decisorio de los Jueces de grado, por lo que se declara infundado. Por lo que éste Tribunal emite Resolución en la forma determinada por los arts. 271 núm., 2) y 273 Código Adjetivo Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I núm., 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUND ADO el recurso de casación en el fondo de fs. 181 a fs. 184, interpuesto por Sunner Valverde De Los Ríos contra el Auto de Vista de fs. 175 y vlta., y Auto complementario de 29 de diciembre 2011 de fs. 178, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas.

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