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Timestamp: 2019-02-22 09:04:57+00:00

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Siempre nos dicen que el crecimiento de la ciudad es bueno; que es positivo el incremento de las construcciones así como el de la producción industrial. Aunque en algunos aspectos esto es así, en otros trae efectos no deseados, por ejemplo, en los cambios del clima, ya que ha quedado comprobado que en los últimos años los bahienses vivimos en una ciudad menos confortable. Un estudio académico que compara el clima de la ciudad entre 1985 y 2014, titulado "Modificaciones en la distribución espacial de la temperatura y la humedad relativa como resultado del crecimiento urbano", demostró que el aumento del área urbana y de las actividades industriales en los últimos años, modificó la distribución de la temperatura y la humedad, como también la situación de confort de sus habitantes.
"Con una superficie de 52 km2 aproximadamente, en el verano de 1985, el centro de la ciudad fue más cálido que las zonas periféricas. La zona más confortable fue la costera y las diferencias de temperatura dentro de la ciudad no superaron los 5 ◦C durante las mediciones diurnas. En 2014, con más de 110 km2 de zona construida, las diferencias en la distribución térmica fueron más marcadas. En el centro de la ciudad se presentaron las temperaturas más altas y las zonas más confortables fueron las periféricas y los parques. Las temperaturas de 2014 fueron levemente más elevadas que las de 1985. Por ello, el índice de temperatura aparente en el último año mostró a la ciudad en el rango de desconfort durante todo el día. Evidentemente el crecimiento de las edificaciones y el incremento de la población de esta ciudad durante los últimos 30 años generaron cambios en la atmósfera urbana. Los mismos modificaron la distribución espacial de la temperatura y la humedad relativa y con ello aumentó el desconfort de ciudadanos y turistas", sostiene el estudio, publicado en abril de este año por los investigadores de la UNS y del Instituto Argentino de Oceanografía, Dres. Federico Ferrelli, María Luján Bustos y María Cintia Piccolo, en la Revista de Climatología.
Más Pruebas de la Contaminación del Estuario (1)
Domingo, 25 Septiembre 2016 23:36
Con una fuerte crítica a la jueza Gabriela Marrón y los jueces de la Cámara local, Casación dispuso la semana pasada que la causa por la contaminación del estuario de Bahía Blanca y los peces que allí viven siga en el fuero federal. Los magistrados de la Sala I coincidieron en que no se puede descartar la interjurisdiccionalidad del daño ambiental denunciado por la Asociación de Pescadores Artesanales, en una demanda que alcanza a varias empresas del polo petroquímico y dos ex funcionarios. En un reciente trabajo, presentado como tesis para un doctorado en Biología en la Universidad Nacional del Sur, se reafirma el hallazgo de metales pesados como mercurio, cobre y cromo en esas aguas por encima de los límites máximos establecidos a nivel internacional. Remarca que las concentraciones de esos metales y de otros como hierro, cadmio y manganeso fueron mayores a la de estudios anteriores y concluye que varios tipos de peces que allí habitan “sirven como bioindicadores de los niveles de metales en el mismo estuario” lo que reafirma la gravedad del fenómeno, en cuanto a la afectación de la producción ictícola del sector.
La denuncia fue presentada por los abogados Lucas Omar Beier y Luis Osvaldo Arellano, en representación de los pescadores artesanales Ricardo Luis Pasquali y Pablo Alejandro Bustos y contra los miembros del directorio de PBB POLISUR S.A., su controlante DOW QUÍMICA ARGENTINA S.A., SOLVAY INDUPA S.A.I.C., PROFERTIL S.A.. COMPAÑÍA MEGA S.A., PETROBRAS ARGENTINA S.A., Transportadora del Gas del Sur S.A. y OILTANKING EBYTEM S.A. Se los acusa por la posible comisión de los delitos de contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo (arts. 55, 56 y 57 de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos) y adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables (art. 200 del Código Penal). Además, la denuncia alcanza también a Eduardo Conghos, subsecretario de Gestión Ambiental de la municipalidad de Bahía Blanca y José Manuel Molina, ex director ejecutivo del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, por considerarlos cómplices necesarios de los delitos citados y por la comisión de los delitos de encubrimiento (art. 277 del C.P.) y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del C.P.).
En mayo del año pasado, la jueza Marrón, titular del Juzgado Federal 2, declaró la incompetencia del fuero federal para entender en el tema. Para el juez de Casación Mariano Borinsky, Marrón “omitió realizar un análisis acabado y actualizado de los informes ambientales desarrollados en el marco de la presente investigación penal”. Tales estudios “evidencian los elevados niveles de metales en el hígado y músculo de los peces característicos del estuario de Bahía Blanca (especies saraquita, pescadilla común, tiburón, gatuzo, lenguado y corvina rubia), que cumplen con sus respectivos circuitos migratorios (en algunas especies, desde Río de Janeiro, República Federativa Brasil, hasta la Patagonia argentina, pasando por Bahía Blanca)”. Además, según el ministerio público fiscal, “de los estudios agregados a la causa se desprende que el agua en Bahía Blanca, canal conductor de estos peces a través de la cual se trasladan, presenta índices elevados de cadmio, zinc, mercurio e hidrocarburos, contaminación que se extiende a otras provincias a través de los cauces”.
Por otro lado, la fiscalía cita las conclusiones del estudio de tecnología alimentaria realizado por el ingeniero químico José María Quintana. De allí se desprenden “altos valores de metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y mercurio) en los organismos estudiados (camarón y langostino), por lo que se concluye: detección de metales pesados disueltos en agua de mar, indicadores de ingresos recientes al sistema ya que estos compuestos metálicos son efímeros, de desplazamiento rápido a partículas en suspensión y sedimentos. Acumulación de metales pesados e hidrocarburos de petróleo en los sedimentos de la zona interior del estuario. Acumulación de metales pesados en tejidos de músculo de pescado de especies capturadas en el estuario”.
Para la jueza de Casación Ana María Figueroa, la declaración de incompetencia, dictada por Marrón y avalada luego por los camaristas bahienses carece de fundamentación y fue apresurada. “En el actual estado en que se encuentra la producción de prueba en estas actuaciones, resulta prematura la decisión confirmada por la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, en cuanto ha asignado competencia a la justicia local a los fines de conocer en la presente causa” sostiene la magistrada en su voto, en la misma línea que Borinsky y el restante juez, Gustavo Hornos.
Más pruebas sobre la contaminación del estuario
En la resolución de Casación, está citada como testigo en la causa la doctora Sandra Elizabeth Botté, quien se desempeña en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO). Convocada por la fiscalía, explicó que a partir de los estudios realizados mediante la toma de muestras de sedimentos y de agua en el estuario de Bahía Blanca “se han detectado valores altos de contaminación”. La investigadora dividió los metales estudiados entre esenciales y no esenciales. “Los esenciales son requeridos para el metabolismo por los seres vivos. Los no esenciales son los que no son requeridos para el metabolismo de los seres vivos; dentro de ellos, el mercurio, cadmio, plomo y cromo, son tóxicos per se, sin importar el nivel de concentración. Los esenciales deben superar un cierto nivel para llegar a ser tóxicos, dependiendo éste de cada ser vivo” explicó la especialista.
Precisamente Botté fue directora de la tesis de doctorado en Biología que Noelia Soledad La Colla presentó el año pasado y que recientemente ha sido publicada en la web. El objetivo general de la tesis fue evaluar los niveles de varios metales en tejidos de especies ictícolas del estuario de Bahía Blanca y evaluar su utilidad como indicadores del potencial riesgo en el ambiente, así como para la salud humana. Las especies analizadas fueron, saraca (Brevoortia aurea), pejerrey (Odontesthes argentinensis), corvina rubia (Micropogonias furnieri), pescadilla de red (Cynoscion guatucupa), gatuzo (Mustelus Schmitti) y lenguado (Paralichthys orbignyanus).
La tesis concluye que algunas de esas especies “sirven como bioindicadores de los niveles de metales” en el mismo estuario. Además, da cuenta del hallazgo en tomas de agua del mismo sitio, de niveles de mercurio, cobre y cromo “que superaron, en algunas mediciones, los límites máximos establecidos por normas de calidad ambiental internacional”, destaca. Agrega que las concentraciones de cobre y manganeso en la fracción particulada, de cromo en la fracción disuelta y de hierro y cadmio en ambas fracciones, fueron superiores a los trabajos previos para el mismo sistema costero. “Por lo tanto, las actividades antrópicas que se desarrollan en las inmediaciones del estuario, así como los ríos, arroyos y efluentes que descargan en el estuario deberían ser especialmente considerados ya que estarían actuando como una probable fuente de metales para el sistema estuarino” remarca La Colla. Además de los metales mencionados, en las seis especies ictícolas estudiadas, también se estudió la presencia de nitrógeno, plomo y zinc.
Aporte Bahiense a Investigación sobre Donald Trump
Sábado, 06 Agosto 2016 22:20
La organización Chequeado dio a conocer la primera de doce producciones a publicarse este año en el sitio Chequeado Investigación. En la entrega inicial que se conoció este sábado, dedicada a los negocios que tiene en América Latina el candidato a presidente de Estados Unidos Donald Trump, colaboró Sandra Crucianelli, la creadora de Solo Local. Su aporte estuvo relacionado con la aparición del postulante por el partido republicano en los Panamá Papers, base de datos que administra el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su siglas en inglés). Desde mayo pasado, Sandra integra el grupo formado por el ICIJ para investigar la filtración de archivos que recibió el diario alemán Süddeutsche Zeitung, a principios de 2015. La constituyen millones de correos electrónicos, hojas de cálculo, imágenes y documentos del estudio jurídico panameño Mossack Fonseca, entre 1977 y el año pasado.
En los Panama Papers, Trump figura mencionado 3540 veces y su imperio aparece ligado con 32 empresas offshore. Entre ellas se destaca Trump Ocean Club de Panamá, que incluye un edificio, un hotel y un casino. En Brasil, uno de sus socios, el Grupo Salamanca, figura con varias sociedades gestionadas en las Islas Vírgenes. “El propio Trump aparece en los Panama Papers de una manera curiosa: su ficha de reclutamiento con datos personales” dice el informe que firma Martín Sivak y cita un recuadro, donde figuran, entre otros datos, la dirección del candidato, su color de su pelo y una característica física para identificarlo, su marca de nacimiento en ambos talones. Allí figura la explicación sobre por qué no fue reclutado para combatir en Vietnam.
En cuanto a sus negocios en América Latina, la investigación sostiene que la organización Trump no invierte directamente en este continente, sino que cobra a los desarrolladores locales por usar su nombre. De la sucesión de hoteles y edificios con la marca Trump, el magnate recibe un pago inicial y luego comisiones por las ventas, que van del 5 al 13%, además de administrar los hoteles. “Trump nunca pierde” concluye el artículo que forma parte del proyecto “Investigación y datos: Chequeado sin corsé”, que incluye más de 12 producciones a publicarse antes de fines de 2016 en el sitio especial “Chequeado Investigación”y que fueron financiadas por Open Society Foundations (OSF).
Además de colaborar con este proyecto de Chequeado, Crucianelli rastreó la presencia de empresarios de Bahía Blanca en los Papeles de Panamá. El primer producto de ese trabajo puede leerse en este sitio, donde también se publican los informes televisivos preparados para Canal Siete.
El Nombre de Scioli en la Causa Suris
Miércoles, 03 Agosto 2016 02:00
Es el propio Juan Ignacio Suris el que introduce al ex gobernador en la causa donde al bahiense se lo acusa de liderar una asociación ilícita tributaria. En su extensa declaración ante la justicia federal de Bahía Blanca, que puede leerse en el auto de procesamiento suyo junto a otras cinco personas más, cita a la firma Emiser SA. como una de las que recibió facturas a nombre de una de las empresas que él creó junto a algunos de sus “socios”. La llama como “la empresa contratista que hacía de fusible con el gobierno de Scioli” y la acusa de causarle “varios perjuicios económicos dado que el último pago con la finalización de las obras entregadas en su totalidad, nunca fue realizado”. Según declaró Suris ante el ex juez Santiago Ulpiano Martínez, Emiser contrató a CVP Industria, una de las empresas que él mismo creó, “para realizar la obra con una sobrefacturación de por medio”.
¿A qué obra se refiere Suris en su declaración de marzo de 2014? A la construcción “desde sus cimientos” de todos los centros turísticos de la costa atlántica, “desde Pehuén Có hasta Las Toninas, en cada pueblo o ciudad” afirma el bahiense. Asegura que su empresa proveyó los materiales, que fueron comprados a través de la cuenta de CVP, “pudiendo corroborar el ingreso y egreso de los saldos en dicha cuenta y quienes son los depositantes de los valores emitidos por CVP”. declaró ante el juez.
CVP fue constituída el 11 de marzo de 2009, entre Suris, como presidente y Nicolás Ibarra Gutierrez, otro de los imputados, como vice, con domicilio fiscal en Valentín Gómez 2886, planta baja, departamento 2 de la Capital Federal. Su objeto social era la construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte, reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos, venta al por mayor de equipos de sonido, radio y televisión, comunicaciones, venta al por mayor de artículos de ferretería, entre otros. Es una de las seis empresas creadas por Suris, según la acusación que lo llevará a juicio, probablemente antes de fin de año, al solo fin de emitir y comercializar facturas apócrifas.
Una de las usuarias de esas facturas era precisamente Emiser que, según publicó en el diario La Nación, el periodista Hugo Alconada Mon, tiene como propietario a Juan Carlos Mancinelli, “un empresario bonaerense que en los últimos años exhibió capacidad de llegada a la estructura del gobierno provincial” menciona. La AFIP, en una orden de intervención abierta contra Emiser, le imputó la recepción de facturas truchas de Suris por algo más de 1,6 millones de pesos y 1,2 millones, ambos montos a los cuales hay que agregarles el IVA. Para Alconada Mon, “Mancinelli es una figura cercana a Scioli desde hace años” y su nombre aparece en la denuncia contra el ex gobernador por enriquecimiento ilícito. Además de la construcción de los paradores en la costa, Emiser también logró la adjudicación para limpiar un tramo del rio Luján.
Según su abogado, Mancinelli fue una “víctima” de Suris y no su socio. El nombre del empresario allegado a Scioli apareció este martes en la declaración que realizó ante el fiscal de La Plata Alvaro Garganta, el senador provincial de la Sexta Sección Electoral, por la Coalición Cívica, Andrés De Leo. Fue en una ampliación de la denuncia que la diputada nacional Elisa Carrió realizó ante el fiscal Garganta y en la que involucra tanto al ex gobernador, como a su jefe de Gabinete Alberto Pérez y al ex presidente de ABSA, Guillermo Scarcella. La trascendencia periodística de la denuncia de Carrió motivó la presentación de un escrito del propio Scioli, ante el fiscal.
Quien también buscó desligarse de Suris hoy fue Lázaro Báez, en una entrevista telefónica. “Nos quisieron ligar a un tal Suris para darle más trascendencia a las denuncias” dijo el empresario patagónico, preso en el penal de Ezeiza, a propósito de los vínculos que existirían entre su empresa emblemática, Austral Construcciones y el bahiense, a través del uso de facturas truchas.
Buscan Frenar Audiencia Pública del OCEBA
Martes, 26 Julio 2016 23:35
A menos de 48 horas de la convocatoria a una audiencia pública sobre el aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, una solicitud de medida cautelar fue presentada este martes ante la justicia del Contencioso Administrativo de feria en Bahía Blanca. Está impulsada por dos vecinos de la ciudad y apunta a lograr la suspensión de la convocatoria por parte del Organismo de Control de la Energía Eléctrica prevista para el próximo jueves en Mar del Plata. La petición promueve “la defensa de la información previa y veraz para los usuarios del servicio eléctrico de la provincia”.
El recurso alude a la resolución 6 de enero de este año del ministerio de Energía y Minería de la Nación que habilitó los nuevos Precios de Referencia de la Energía en el Mercado, en función de la previa declaración de emergencia del Sector Eléctrico Nacional. Cita además la resolución 7 de la misma cartera, también de enero de 2016, a través de la cual se instruye al Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) para aplicar, tanto el Régimen Tarifario de Transición como la Tarifa Social y el Plan de Ahorro de Energía. Esta última resolución es la que faculta al ENRE a la transformación de las facturas por el servicio eléctrico de bimestrales en mensuales y a la Revisión Tarifaria Integral, a completarse antes de que finalice el año. Las dos resoluciones implicaron fuertes ajustes en los valores a abonar por los usuarios de la energía, en particular, en la provincia de Buenos Aires.
En los antecedentes de la solicitud de la medida cautelar, se cita el fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata (la misma que frenó el aumento nacional en la tarifa de gas) y que estableció la suspensión en la aplicación de las mencionadas resoluciones 6 y 7. Ante la apelación del Estado nacional a esta decisión, el mismo tribunal dispuso que el otorgamiento de un Recurso Extraordinario Federal, aun por resolver, “no genera efectos suspensivos”. Por lo tanto, según entiende el abogado que patrocina la presentación, ambas resoluciones están suspendidas y por lo tanto, las distribuidoras de energía eléctrica no pueden demandar el pago de las facturas con el aumento concedido en marzo pasado.
Ante la inexistencia de convocatoria a audiencia pública previa, el juez en lo Contencioso Administrativo 1 de La Plata Luis Federico Arias ya había suspendido a fines de mayo pasado, la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Este mes, basándose en un antecedente ante la Suprema Corte, el mismo juez anuló los aumentos. Esa resolución fue apelada por la fiscalía de Estado bonaerense y las distribuidoras de energía eléctrica que operan en la provincia ante Arias, quien concedió el recurso el 15 de este mes. “Frente a este cuadro, no quedan dudas de que, al día de la fecha, la Resolución que establece el cuadro tarifario para los usuarios de la provincia de Buenos Aires se encuentra anulada y dicha solución se encuentra avalada por el último pronunciamiento del máximo tribunal bonaerense” dice la presentación judicial ante la justicia bahiense, que deberá resolver el juez Agustín López Cóppola. Sin recurrir a los tribunales, otras organizaciones también califican de ilegal la convocatoria a la audiencia pública e instan a no participar.
Intiman a Osecac a Cumplir con Fallo Judicial
Ratifican Testimonios en Caso de Trata de Personas

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