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Timestamp: 2018-08-18 23:41:39+00:00

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PREOCUPANTE LENTITUD DEL INAIP PARA ATENDER RECURSOS DE INCONFORMIDAD | Mayaleaks.org.mx
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Un caso: la solicitud del Frente Cívico para conocer el contrato del Hospital de Ticul, lleva casi un año en el archivo
MÉRIDA, YUC. A 27 DE OCTUBRE DE 2015.- Una muestra de la inoperancia del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán (Inaip), es la lentitud de sus consejeros para resolver los recursos de inconformidad que interponen los ciudadanos insatisfechos con las respuestas que reciben a sus solicitudes de información, denuncia el Frente Cívico Familiar (FCF).
Este organismo conoce varios casos de este tipo, incluso uno que lleva casi un año sin ser atendido.
Consejeros del Inaip: atraso
Se trata del recurso de inconformidad presentado por un miembro del Frente Cívico ante la Secretaría Técnica del Instituto, el 25 de noviembre de 2014, inconforme por la resolución emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo (Unaipe), a una solicitud de información que pedía copia del contrato para la construcción del Hospital de Ticul, que se haría mediante el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), firmando en 2012 en la administración de Ivonne Ortega Pacheco.
El gobierno actual declaró la inexistencia de ese documento, no obstante que el solicitante presentó datos para su mejor localización. Pero no solo eso: el gobierno lo hizo sin fundamentar su resolución y en franca violación a varios artículos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Este caso aparece en un informe del FCF sobre las inconsistencias del Inaip, cuya primera parte publicamos ayer.
El caso se remonta, indica el informe, al 22 de octubre de 2014 cuando el Frente Cívico presentó ante la Unaipe una solicitud de acceso a información pública del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán (folio 13189), con el siguiente texto: “solicito copia clara y legible del contrato de fecha 12 de septiembre de 2012, celebrado entre Servicios de Salud de Yucatán (SSY) e Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V., mismo que suscribieron por el Proyecto para la Prestación de Servicios para llevar al cabo el proyecto del Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul, de acuerdo a lo publicado en los estados financieros consolidados al 31 de marzo de 2013 por el Banco Nacional de México, integrante del grupo financiero
Banamex, en su división fiduciaria, por el Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago No. F/422.
RESOLUCIÓN. (Infraestructura Hospitalaria de la Península es una empresa subsidiaria del Grupo Marhnos, creada ex profeso para la construcción del Hospital de Ticul, que recibía fondos del fideicomiso F/422. Debido a esto, por ley, la información del fideicomiso y de Infraestructura Hospitalaria, debe ser pública. De aquí que los detalles del contrato de esa empresa con SSY aparezcan en los documentos de Banamex).
El cinco de noviembre de 2014, la Unaipe, a cargo de Mirka Elí Sahuí Rivero, hermana del secretario de Desarrollo Social, Mauricio Sahuí Rivero, notificó al solicitante del FCF su resolución en la que informa que recibió su solicitud de información y la turnó a la unidad administrativa correspondiente de los SSY.
Esta dependencia, dice la resolución de Sahuí Rivero, contestó “que con los datos proporcionados por el ciudadano, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en sus registros y archivos y no se encontró documento puntualmente solicitado por el ciudadano, debido a que no se ha tramitado, recibido o generado, por lo tanto dicha información se declara inexistente”.
En esa resolución se indica al solicitante que si estaba inconforme con el contenido, podría impugnarla a través de un recurso de inconformidad.
El FCF se acogió a ese beneficio y presentó ese recurso el 14 de noviembre de 2014. En ese documento pide la revocación de la resolución emitida por Sahuí Rivero y solicita que en su lugar se ordene al gobierno la entrega inmediata de la información solicitada.
VIOLAN LA LEY. En el documento, el FCF alega el incumplimiento de los artículos 9, 39, y 40 de Ley de Acceso a la Información Pública.
El artículo 9, dice el recurso de inconformidad, establece que los sujetos obligados, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, deberán publicar y mantener actualizada la información pública, sin que medie la solicite.
Por su parte, el artículo 39 señala que “si los datos proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la Unidad de Acceso a la Información Pública deberá requerir al solicitante, por única vez, por escrito dirigido al domicilio indicado por el mismo en la solicitud respectiva, por estrados en caso de no haber proporcionado domicilio o por vía electrónica, dentro de cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
“El solicitante deberá responder a esta petición aclaratoria en un plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación y en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud”.
En su recurso de inconformidad, el Frente Cívico advierte que el acuerdo de la Unaipe no cumple con este artículo ya que no requirió al firmante que aclare su solicitud de información.
OMISIONES DELIBERADAS. También viola el artículo 40 al aceptar como válida la explicación de los SSY de que no encontró la copia del PPS y lo declara inexistente.
Ese artículo establece claramente, señala el FCF, que “cuando la información solicitada no esté en poder del sujeto obligado ante cuya Unidad de Acceso a la Información Pública se presente la solicitud, ésta deberá orientar al particular sobre la Unidad de Acceso que la tenga”.
Asimismo, establece que “cuando los documentos no se encuentren en los archivos de la unidad administrativa del sujeto obligado, ésta deberá remitir a la Unidad de Acceso en cuestión, un oficio en donde funde y motive la inexistencia de la misma.
“La Unidad de Acceso (la presidida por Sahuí Rivero), analizará el caso y se cerciorará si la búsqueda de la información fue suficiente, emitiendo una resolución al respecto”.
De lo anterior, agrega el FCF en su recurso de inconformidad, “se desprenden serias omisiones por parte de la unidad de información responsable, ya que al otorgar la contestación a la solicitud de ninguna forma funda ni motiva dicha respuesta sustentando la búsqueda exhaustiva, que argumenta en el oficio de respuesta, y que como Unidad de enlace en la entidad denominada Servicios de Salud de Yucatán debió localizar y realizar la búsqueda exhaustiva en las demás unidades administrativas”.
PRUEBAS. En su recurso de inconformidad, el FCF recuerda que en la solicitud de información del 22 de octubre incluyó información de Banamex que hace referencia al contrato del Hospital de Ticul.
Para facilitar aún más la localización de ese documento, en el propio recurso de inconformidad, el FCF adjunta copia simple de los estados financieros consolidados condensados intermedios no auditados al 30 de junio de 2013, y por los seis meses que terminaron el 30 de junio de 2013 y 2012, también publicados en el portal de internet de Banamex, que para pronta referencia en la página 6 establece:
“El 19 de septiembre de 2012 el Fideicomiso invirtió $16,310,000 en acciones representativas del capital social de Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V., convirtiéndose en su tenedora al 70%. En septiembre de 2012, IHP suscribió el Contrato de PPS para llevar a cabo el proyecto del Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Yucatán. El contrato incluye el diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación, conservación y mantenimiento del Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul, de conformidad con el contrato PPS antes mencionado, por un período de 25 años, que concluye el 13 de septiembre de 2037″.
MÁS DATOS. En la página 35, Banamex cita de nuevo el contrato y dice: “IHP celebró un contrato de prestación de servicios con los SSY, en el cual se compromete a prestar todos los servicios que se requerirán para llevar a cabo el Proyecto denominado Centro Hospitalario en el Municipio de Ticul con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Yucatán”.
En el mismo documento en su anexo página 7, reitera la firma del contrato: “El 14 de septiembre de 2012 se firmó el contrato para el Proyecto de Prestación de Servicios del Hospital Regional de Ticul, entre los Servicios de Salud de Yucatán e Infraestructura Hospitalaria de la Península”.
El FCF, en el recurso de inconformidad que interpuso ante el Inaip, aporta otros datos sobre la existencia del multicitado contrato: los Anexos del Análisis y el Informe de Avance de Gestión Financiera 2013, de la Auditoría Superior de la Federación, que en sus páginas 45 y 46 textualmente citan: “Al 31 de diciembre de 2012, 8 de las 32 entidades federativas (Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán) cuentan con contratos PPS para el financiamiento de 15 proyectos”.
CASI UN AÑO. En su recurso de inconformidad, el FCF agrega que “en el supuesto sin conceder de que, con los datos que se proporcionaron no hubiese sido posible la localización de la información, lo correcto hubiese sido que la unidad responsable me hubiese requerido para que aclare la solicitud”, conforme los señala el artículo 39 de la Ley, pero la Unaipe nunca lo hizo.
Respecto al recurso de inconformidad, el informe del FCP sobre las inconsistencias del Inaip que entregó a Mayaleaks, afirma que luego de presentar ese documento el 25 de noviembre de 2014, el Inaip nunca respondió.
“El recurrente se presentó en dos o tres ocasiones al Instituto para darle seguimiento al caso, pero imposible hablar con algún funcionario. Hasta el 27 de octubre de 2015, once meses después, el recurso de inconformidad sigue sin resolución”.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 artículo 39
 artículo 40
 resolución 
 artículo 39