Source: https://transparencia.org.ve/project/informe-para-segunda-discusion-del-proyecto-de-ley-de-amnistia-y-reconciliacion-nacional/
Timestamp: 2019-04-26 12:19:12+00:00

Document:
Esta Ley tiene por objeto aprobar, con una modificación de forma, el artículo 1 del Proyecto de Ley sin modificaciones. Busca sentar las bases para la reconciliación nacional y la paz social mediante la amnistía de los hechos considerados delitos, faltas e infracciones que se señalan en esta ley.
I- Antecedentes del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional:
La Comisión Permanente de Política Interior, desde su instalación, ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales la aprobación de un instrumento legal que permita alcanzar la Paz en la sociedad venezolana y poner fin a la persecución contra dirigentes políticos, estudiantes, y otros ciudadanos que han sido sometidos al poder punitivo del Estado por el hecho de pensar distinto y de llevar adelante manifestaciones o expresar críticas al gobierno a causa de sus convicciones políticas.
Ello llevó a la presentación del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para su discusión ante la Plenaria de la Asamblea Nacional. El Proyecto de Ley fue aprobado en primera discusión el 16 de febrero de 2016, y fue remitido a esta Comisión Permanente conforme a lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a fin de efectuar las consultas correspondientes y preparar el informe para la segunda discusión.
Con arreglo a lo establecido en el artículo 105 ejusdem, se aprobó que la Presidenta de la Comisión asumiera la Ponencia para el estudio del mencionado Proyecto de Ley y la preparación del Informe para segunda discusión.
El mencionado Proyecto de Ley fue sometido a consulta pública, según de seguidas explicaremos, habiéndose incorporado en la consulta a las ONG en materia de derechos humanos, organizaciones de personas víctimas de la violencia en todas sus formas, organizaciones públicas y privadas, sectores interesados y a la colectividad en general.
Producto del debate, se procede en la presente oportunidad a formular el Informe para segunda discusión del mencionado Proyecto de Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo
208 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este informe se recogen algunas observaciones formuladas en la primera discusión del Proyecto, y las recibidas durante el período de consulta pública.
II- Proceso de consulta pública
La Comisión Permanente de Política Interior, en el marco de la consulta pública del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, y dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 211 de la Constitución, y 45 y 101 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, realizó una serie de eventos a los fines de difundir dicho Proyecto de Ley e intercambiar opiniones con la ciudadanía acerca de su contenido, así como de incorporar observaciones y proposiciones surgidas de las discusiones con los diversos sectores sociales. En este sentido, se realizaron los siguientes eventos:
52 foros y conversatorios, los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente forma:
– 6 en la Región Andina
– 6 en la Región de Los Llanos
– 19 en la Región Centro Norte
– 10 en la Región Centro Occidental
– 8 en la Región de Oriente
– 3 en la Región Sur
Como parte de estos mecanismos de consulta, fue distribuida a la población una encuesta en torno al Proyecto de Ley en discusión, la cual arrojó un apoyo contundente y masivo a favor de dicho instrumento legal.
Se recibieron comunicaciones escritas y se realizaron audiencias con diversos sectores interesados, a los fines de recabar la opinión de las organizaciones públicas y privadas en torno a este Proyecto de Ley. Como resultado, se recibieron recomendaciones y observaciones por parte de, entre otras, las siguientes organizaciones:
– Universidad Central de Venezuela (realizadas por el Prof. Jesús Ollarves)
– Universidad del Zulia (realizadas por el Prof. Ney Molero)
– Universidad Católica Andrés Bello (realizadas por la Prof. Magaly Vásquez)
– Universidad Metropolitana (realizadas por la Prof. Andrea Santacruz)
– Colegio de Abogados de Caracas
– Foro Penal Venezolano
– Varias ONG de derechos humanos
Igualmente, se realizaron foros y conversatorios con diversos sectores y grupos interesados en este Proyecto de Ley, a saber:
– Universidad Católica Andrés Bello
– Universidad del Zulia
– Fundación por los Derechos y Equidad Ciudadana (FUNDECI)
– Fundación para el Debido Proceso (FUNDEPRO)
– Comité de Víctimas de las Guarimbas
– Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero de 2014
– Familiares de los presos políticos
Se realizaron reuniones con abogados, expertos y profesores universitarios, a los fines de discutir los aspectos técnicos, viabilidad y alcance del mencionado Proyecto de Ley.
Se formuló la consulta vía web, a los fines de que la colectividad pudiera tener conocimiento del mencionado Proyecto de Ley y enviara sus observaciones o recomendaciones.
De las opiniones de los ciudadanos y las organizaciones participantes en la consulta pública, que debió extenderse hasta el 28 de marzo de 2016, así como de los planteamientos formulados por los Diputados durante la primera discusión del mencionado Proyecto de Ley y por la Fiscal General de la República, mediante declaraciones públicas, se obtuvieron conclusiones, observaciones o propuestas que pueden resumirse en los siguientes términos:
– El sentimiento ampliamente mayoritario de la colectividad en favor de medidas de pacificación como la amnistía, que permita la liberación de los presos por motivos políticos y la unión de las familias disgregadas por esta misma razón
– El apoyo de la población a una norma jurídica que promueva la amnistía y reconciliación nacional
– La necesidad de introducir la mayor claridad y precisión posibles en los artículos, a los fines de evitar interpretaciones tergiversadas
– La necesidad de aprobar normas que favorezcan la amnistía en materia laboral y pongan fin a la persecución de los funcionarios públicos
– La necesidad de simplificar el Proyecto de Ley, a los fines de que pueda ser una norma de fácil manejo por parte de todos los ciudadanos
– La pertinencia de establecer regulaciones sobre el papel de las víctimas de los delitos cubiertos por la amnistía
– La pertinencia de crear una Comisión Especial que se encargue del estudio de las posibles reparaciones a las víctimas de la violencia en todas sus formas y que examine la posible creación de una Comisión de la Verdad
Adicionalmente, se formularon algunas observaciones desde el punto de vista técnico, así como sobre el alcance de la Ley, en función de lo cual se proponen las siguientes modificaciones al texto legal aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional.
III- De las modificaciones al Proyecto de Ley aprobado en primera discusión
En función al debate formulado tanto durante la primera discusión como durante la consulta pública del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, un equipo técnico, integrado por miembros de la Comisión Permanente de Política Interior y de la Consultoría Jurídica de la Asamblea Nacional, han estudiado y priorizado las observaciones formuladas y han realizado una serie de modificaciones al Proyecto aprobado en primera discusión. Como resultado, se produjo el texto legislativo que de seguidas pasamos a reproducir,
cambios, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 208 de la Constitución y 105 del
Modificaciones en la Exposición de Motivos
Se proponen algunas modificaciones en la Exposición de Motivos que recogen los ajustes propuestos para el texto del Proyecto de Ley. A fines didácticos, incorporamos un cuadro comparativo con la formulación original de la Exposición de Motivos, y el texto actualizado, al cual se añadieron referencias históricas o antecedentes adicionales:
Exposición de Motivos original
Exposición de Motivos con texto actualizado
La sociedad venezolana ha vivido momentos de gran confrontación en los últimos lustros, caracterizada por una dinámica polarizante. Sin que las diferencias entre pareceres o incluso entre intereses legítimos si bien parciales, dejen de existir, y a conciencia de que la distancia que los separe puede ser ancha, convivir es un imperativo de la vida venezolana, en las perspectivas del funcionamiento institucional, el desarrollo social y la prosperidad económica de todos según la pauta de la Constitución a partir de su Preámbulo. En su solícita preocupación por Venezuela, Su Santidad el Papa Francisco, quien ha recibido, escuchado y aconsejado al Ciudadano Presidente de la República y otras autoridades públicas, a líderes de la oposición democrática, a familias que sufren la separación de sus seres queridos a consecuencia de la radicalidad en la
confrontación política, nos ha dicho que “No hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo”. Animados por todo el pueblo venezolano que de modo pacífico, democrático, constitucional y mediante su voto, decidió la integración de esta Asamblea Nacional, demostrando así su decisión acerca de cómo deben ser resueltas las controversias entre nosotros, en el espíritu republicano de nuestra Constitución y en el llamado del Papa, presentamos este proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
El discurso del poder, tanto en la retórica y la propaganda, como en la motivación de decisiones de diversos órganos del Poder Público, ha influido en proporción significativa a la exacerbación de la pugnacidad política y de ello deriva una responsabilidad, pero a su vez, los sectores políticos y sociales que lo han adversado no son ajenos a la responsabilidad de contribuir a generar un clima que favorezca la convivencia en la diversidad, dimanación natural del pluralismo que es tanto uno de los valores preeminentes de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, como una de la características de nuestro sistema de gobierno (arts. 2 y 6 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). A consecuencia del mutuo respeto que debe signar nuestras relaciones sociales, se impone un consenso mínimo acerca de lo que nos es común, susceptible de ser identificable como espacio compartido para el encauzamiento institucional del proceso democrático, al cual concurren, como le es propio, distintas ideas, propuestas, proyectos.
En consonancia con el espíritu que debe distinguir una amnistía, este Proyecto de Ley no intenta dilucidar quién es el principal factor político causante de la escisión de la conciencia nacional ni asume una u otra respuesta a esta cuestión como premisa. Más bien obedece a la convicción de que es preciso recomponer el tejido social y el sentido de pertenencia a una misma comunidad política, lo cual exige colocarse por encima de la diatriba parcial y sentar las bases para la reconciliación. La amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos, con la finalidad de cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y
de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos.
La facultad de decretar la amnistía es propia de la Asamblea Nacional, ya que es un cuerpo plural y representativo el que debe evaluar si existen las circunstancias que justifican adoptarla, siendo esta una apreciación fundamentalmente política. Hasta tal punto estaba consciente el constituyente de 1999 de la significación de esta atribución de la Asamblea Nacional que excluyó las leyes de amnistía del ámbito de aplicación del referendo abrogatorio de leyes (art. 74 de la Constitución), pues entendió que la visión mayoritaria del cuerpo legislativo acerca de la conveniencia o necesidad de
La amnistía está en último término al servicio de la paz, como valor constitucional fundamental que debe ser preservado para las futuras generaciones (Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y que define al tipo de sociedad propugnado por la Constitución (art. 3 ejusdem). La paz es además un derecho humano de los pueblos, que sustenta soluciones como la amnistía ante situaciones de conflicto político.
la amnistía no debía ser menoscabada por una opinión popular circunstancialmente contraria a ella, que podría ser expresión de la misma división sociopolítica que la amnistía pretende superar. En la actual realidad venezolana la amnistía recibiría seguramente un respaldo popular mayoritario pero no es eso lo que ahora se quiere subrayar, sino la naturaleza de la amnistía como medida de pacificación y de reconciliación, que responde a los altos intereses nacionales, cuya ponderación ha de efectuar la Asamblea Nacional.
Esta valoración positiva de la amnistía presupone obviamente que se respeten los límites impuestos por el Derecho Internacional a esta forma de condonación de los delitos y de sus penas. La amnistía no debe conducir a la impunidad en relación con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios. Así lo han establecido los tratados y la jurisprudencia internacional y de ello se hizo eco cabalmente la Constitución vigente en su artículo 29. Dentro de estos linderos la amnistía es un mecanismo legítimo y en ocasiones necesario para la promoción, preservación
o la recuperación de la paz.
La amnistía ha tenido además una especial importancia en nuestra historia constitucional. Ha sido empleada en distintos momentos de nuestra evolución política como manifestación de un espíritu de tolerancia hacia los adversarios, que mediante esta condonación legal pueden volver a la vida pública y recuperar el ejercicio de sus derechos. Ha estado presente desde la etapa fundacional de la República. La utilizó el Congreso General de Venezuela respecto de la sublevación de Valencia, tal como se obligaría después a concederla el gobierno español en atención a lo dispuesto en la capitulación de Miranda. La decretó Bolívar frente al movimiento de la Cosiata, así como lo haría después el Congreso de Venezuela, bajo el impulso de Soublette, en relación con la Revolución de las Reformas. La lista de situaciones en las que se acudió a la amnistía en el siglo XIX es muy extensa, siendo también digna de mención la decretada por la Asamblea Constituyente de 1864, tras la Guerra Federal, la cual se fundó en que “para destruir todos los odios convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional”. La sucesión de alzamientos o revoluciones o recuperación de la paz.
La amnistía ha tenido además una especial importancia en nuestra historia constitucional. Ha sido empleada en distintos momentos de nuestra evolución política como manifestación de un espíritu de tolerancia hacia los adversarios, que mediante esta condonación legal pueden volver a la vida pública y recuperar el ejercicio de sus derechos. Ha estado presente desde la etapa fundacional de la República. La utilizó el Congreso General de Venezuela respecto de la sublevación de Valencia, tal como se obligaría después a concederla el gobierno español en atención a lo dispuesto en la capitulación de Miranda. La decretó Bolívar frente al movimiento de la Cosiata, así como lo haría después el Congreso de Venezuela, bajo el impulso de Soublette, en relación con la Revolución de las Reformas. La lista de situaciones en las que se acudió a la amnistía en el siglo XIX es muy extensa, siendo también digna de mención la decretada por la Asamblea Constituyente de 1864, tras la Guerra Federal, la cual se fundó en que “para destruir todos los odios convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional”. La sucesión de alzamientos o revoluciones
característica del siglo XIX y la reacción que suscitaban desde el poder instaurado estuvieron acompañadas con frecuencia de medidas de clemencia adoptadas por los vencedores para facilitar la naciente gestión oficial o la recuperación de la normalidad institucional. Las consideraciones prácticas se conjugaban con el respeto a las razones políticas que animaban las luchas libradas.
En el siglo XX se recurrió igualmente a la amnistía, aunque en menor grado dado el carácter fuertemente represivo o autoritario de la mayoría de los gobiernos que dominaron la escena pública hasta finales de la década de los cincuenta, y en parte también debido a la mayor estabilidad política que aseguraron. Luego de la recuperación democrática y de la intensa conflictividad de los años sesenta, se adoptaron medidas de pacificación que, si bien tuvieron una forma jurídica distinta a la de la amnistía, respondían a ese espíritu de tolerancia que ha sido benéfico para nuestro devenir institucional. Lo mismo sucedió cuando se dictaron medidas de sobreseimiento respecto de los líderes y participantes del movimiento armado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, impulsadas primero
En el siglo XX se recurrió igualmente a la amnistía, aunque en menor grado, dado el carácter fuertemente represivo o autoritario de la mayoría de los gobiernos que dominaron la escena pública hasta finales de la década de los cincuenta, y en parte también debido a la mayor estabilidad política que aseguraron. Juan Vicente Gómez, a instancias de su secretario Francisco Baptista Galindo, decretó en 1925 una amnistía parcial que permitió el regreso de numerosos tachirenses exiliados en Colombia, y en
1927 se logró una amnistía general. Igualmente, en 1936, el general Eleazar López Contreras liberó a los presos políticos que se encontraban en las cárceles, luego del fallecimiento de Juan Vicente Gómez.
Luego de la recuperación democrática y por el Presidente que sufrió la insurrección militar, Carlos Andrés Pérez, y continuadas por sus sucesores, los Presidentes Velásquez y Caldera.
En los albores del siglo XXI, pocos meses después de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, las organizaciones que respaldaban al Presidente de la República promovieron y aprobaron una Ley de Amnistía Política General, que fue sancionada por la Comisión Legislativa Nacional y luego promulgada por el Presidente Chávez (Gaceta Oficial No.
36.934 del 17 de abril de 2000). Allí se otorgaba amnistía general y plena “a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidos por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos”. Mediante esta Ley se dejaba atrás la persecución de hechos relativos a episodios de la historia nacional que han merecido distintas lecturas pero que implicaron en todo caso la comisión de diversos delitos, incluso de algunos relacionados con el uso de la violencia, los cuales quedaron condonados
de la intensa conflictividad de los años sesenta, se adoptaron medidas de pacificación que, si bien tuvieron una forma jurídica distinta a la de la amnistía, respondían a ese espíritu de tolerancia que ha sido benéfico para nuestro devenir institucional. Lo mismo sucedió cuando se dictaron medidas de sobreseimiento respecto de los líderes y participantes del movimiento armado del 4 de febrero y del
27 de noviembre de 1992, impulsadas primero por el Presidente que sufrió la insurrección militar, Carlos Andrés Pérez, y continuadas por sus sucesores, los Presidentes Velásquez y Caldera.
En los albores del siglo XXI, pocos meses después de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, las organizaciones que respaldaban al Presidente de la República promovieron y aprobaron una Ley de Amnistía Política General, que fue sancionada por la Comisión Legislativa Nacional y luego promulgada por el Presidente Chávez (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
36.934, del 17 de abril de 2000). Allí se otorgaba amnistía general y plena “a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o con las consecuencias propias de una amnistía.
Una valoración especial corresponde al Decreto Ley Especial de Amnistía dictado por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 5870 extraordinaria), el cual recoge fielmente el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve su vinculación con el valor de la paz. En este Decreto Ley el Presidente Chávez declaró la amnistía respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del
11 y 12 de abril de 2002, así como en relación con acciones ilícitas posteriores, enmarcadas en el paro petrolero, e incluso concedió de manera general amnistía: “Por la Comisión de los Delito de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el dos de diciembre de 2.007” y “Por los hechos que configuren o constituyan actos de Rebelión Civil hasta el 02 de Diciembre de 2.007”. Con lo cual el Presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la animen. En aquella oportunidad el Presidente Chávez afirmó
perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos”. Mediante esta Ley se dejaba atrás la persecución de hechos relativos a episodios de la historia nacional que han merecido distintas lecturas pero que implicaron en todo caso la comisión de diversos delitos, incluso de algunos relacionados con el uso de la violencia, los cuales quedaron condonados con las consecuencias propias de una amnistía.
Una valoración especial corresponde al Decreto Ley Especial de Amnistía dictado por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
5870 extraordinaria), el cual recoge fielmente el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve su vinculación con el valor de la paz. En este Decreto Ley el Presidente Chávez declaró la amnistía respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del 11 y 12 de abril de
2002, así como en relación con acciones ilícitas posteriores, enmarcadas en el paro petrolero, e incluso concedió de manera que su voluntad era “dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz”, y añadió que estaba “lanzando una señal en representación de quienes quieren el camino de la paz”. Todos los venezolanos queremos transitar el camino de la paz y la Ley de amnistía contribuirá a alcanzarla.
En atención a los principios ínsitos a una amnistía, este Proyecto de Ley alude directamente a los hechos punibles comprendidos por la amnistía, sin que ello implique un reconocimiento o atribución de culpabilidad o autoría respecto de los eventuales beneficiarios de esta medida. En el país existe un debate en la actualidad en torno a la independencia de la administración de justicia y muchos venezolanos sostienen, con buenas razones, que las imputaciones, juicios o condenas relacionados con los delitos objeto de esta amnistía responden a una persecución política. Más allá de esta discusión, el Proyecto de Ley señala los hechos punibles amnistiados y alude a algunos supuestos especiales en los cuales no han sido satisfechas las garantías objetivas de una administración imparcial de la justicia. Al identificar estos supuestos se han tenido en consideración general amnistía: “Por la Comisión de los Delitos de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el dos de diciembre de 2.007” y “Por los hechos que configuren o constituyan actos de Rebelión Civil hasta el 02 de Diciembre de 2.007”. Con lo cual el Presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática, y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la animen. En aquella oportunidad el Presidente Chávez afirmó que su voluntad era “dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz”, y añadió que estaba “lanzando una señal en representación de quienes quieren el camino de la paz”. Todos los venezolanos queremos transitar el camino de la paz y la Ley de Amnistía contribuirá a alcanzarla.
Como ya se apuntó, en el año 2000 la Comisión Legislativa Nacional había puesto de manifiesto otra vertiente de la amnistía, en la cual las fuerzas políticas emergentes pusieron término a la persecución penal de determinados delitos, ligados a acciones insurreccionales que las figuras más representativas del orden político naciente la jurisprudencia internacional de derechos humanos e informes emitidos por la Unión Interparlamentaria referidos a Venezuela.
b.- Los delitos de difamación, injuria y de vilipendio u ofensas contra funcionarios habían llevado a cabo cuando intentaron tomar el poder en 1992, al margen de los cauces institucionales.
El proyecto de Ley que se presenta ante la públicos que pudieran haberse cometido en las condiciones señaladas en el artículo 8 del Proyecto de Ley.
Asamblea Nacional contempla una amnistía que comprende los hechos siguientes:
a.- Los hechos punibles especificados en los artículos 5 y 6 del Proyecto de Ley, cometidos o que pudieran haberse cometido como parte de actuaciones que respondieran a una motivación política, en el marco de manifestaciones o protestas; de la difusión de opiniones o informaciones; o de la realización o promoción de acciones, proclamas o pronunciamientos públicos que pudieran atentar contra el orden general establecido.
b.- Los delitos de difamación, injuria y de vilipendio u ofensas contra funcionarios públicos, u otros delitos que pudieran haberse cometido en los supuestos señalados en el artículo 9 del Proyecto de Ley. Conviene apuntar que algunos de los hechos punibles amnistiados en estas disposiciones son delitos de acción privada, lo cual sin embargo no obsta a la aplicación de la amnistía, pues en las circunstancias allí señaladas el conflicto planteado trasciende los intereses puramente privados y se proyecta a la esfera pública por la condición del querellante, la relación de la información
Los artículos 35 y siguientes del Proyecto de Ley se refieren al alcance y efectos de la amnistía, así como al procedimiento para su aplicación. El Proyecto de Ley
difundida con la crítica a la conducta de funcionarios públicos y la relevancia pública de lo divulgado.
c.- Los hechos delictivos que se hubieran cometido en el contexto de las situaciones señaladas en el artículo 10 del Proyecto de Ley, las cuales se refieren a los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y días subsiguientes, y al paro nacional y petrolero ocurrido entre diciembre de
2002 y los primeros meses del 2003, si los respectivos delitos o faltas no quedaron abarcados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.870 Extraordinario, del 31 de diciembre de 2007.
d.- Los artículos 11 y 12 del Proyecto de Ley conceden amnistía en relación con otros hechos vinculados a protestas, expresiones o pronunciamientos con fines políticos.
e.- Otros delitos previstos en los artículos
13 y siguientes del Proyecto de Ley, que se incluyen en la amnistía porque la persecución penal ha lesionado las garantías de una administración imparcial de la justicia. Las garantías objetivas de la
precisa que el disfrute de la amnistía no está condicionado a que las personas presuntamente responsables de los delitos respectivos se encuentren o hayan estado a derecho en los procesos correspondientes. Establece igualmente las consecuencias de la amnistía y la forma en que deben proceder las autoridades o funcionarios para darle cumplimiento. La regulación sobre esta materia contenida en el Proyecto de Ley se ajusta a la naturaleza de la amnistía, ya que esta produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma (art.
104 del Código Penal), lo cual implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal).
Finalmente, los artículos 41 y siguientes prevén medidas complementarias a la amnistía que pueden contribuir a la reconciliación nacional, las cuales presuponen la participación de todos los sectores del país en la construcción de la paz, con especial mención a las organizaciones de víctimas de la violencia en todas sus formas y de las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos
administración imparcial de la justicia se refieren, según la jurisprudencia internacional de derechos humanos, a la ausencia de factores o circunstancias que, más allá de la intención de los funcionarios judiciales que hayan adoptado las decisiones correspondientes, menoscaben la confiabilidad de los justiciables en el sistema de justicia.
f.- El delito de fuga y de quebrantamiento de condena, en relación con las personas procesadas o condenadas por la comisión de cualquiera de los hechos punibles comprendidos por la amnistía.
En cada disposición se especifica el periodo cubierto por la amnistía, el cual guarda relación con el desarrollo de situaciones sociales o políticas y prácticas o respuestas institucionales vinculadas con la motivación de este Proyecto de Ley. Así, el 2007 marcó el despertar del movimiento estudiantil, lo cual se tradujo, luego, en la organización de manifestaciones, con la correlativa reacción oficial; además, ese año fue dictado un Decreto Ley de Amnistía que comprendió, hasta el 2 de diciembre de
2007, algunos hechos punibles abarcados por este Proyecto de Ley. De ahí que el lapso cubierto por la amnistía humanos. En atención a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, se aclara que el Proyecto de Ley que se presente no tiene implicaciones económico-financieras.
Habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, y en uso de la iniciativa legislativa que nos otorga el artículo 204, numeral 3, de la Constitución, los Diputados que suscribimos este Proyecto de Ley lo presentamos a la Asamblea Nacional para su discusión y sanción contemplada en los artículos 5 y 6 del Proyecto de Ley comience el 3 de diciembre de 2007. El 2003 dio inicio a medidas disciplinarias y de otra índole indebidamente adoptadas contra jueces, y el 2004 inauguró las actuaciones judiciales dirigidas a castigar la difusión de informaciones críticas sobre asuntos de interés público. Consideraciones similares fundamentan los lapsos fijados en otras disposiciones.
Dado el uso político que se ha hecho de la facultad del Contralor General la República de imponer inhabilitaciones, se incluyen en la amnistía las infracciones administrativas señaladas en el artículo 19 del Proyecto de Ley.
La amnistía sobre infracciones administrativas no es extraña a la experiencia de otros países ni es inédita en el nuestro, como lo demuestra en parte la Ley de Amnistía Política General del
Ello también se desprende del Decreto con Fuerza de Ley de Aviació n Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº
37.293 del 9 de septiembre de 2001, cuya Disposición Transitoria Quinta decretó una “amnistía administrativa”. Esta amnistía, al igual que la de carácter
tributario (art. 83 del Código Orgánico Tributario), tiene una naturaleza y propósito solo parcialmente coincidentes con los de la amnistía prevista en este Proyecto de Ley, pero guardan afinidad con esta.
Los artículos 20 y siguientes del Proyecto de Ley se refieren al alcance y efectos de la amnistía, así como al procedimiento para su aplicación. El Proyecto de Ley precisa que el disfrute de la amnistía no esté condicionado a que las personas presuntamente responsables de los delitos respectivos se encuentren o hayan estado a derecho en los procesos correspondientes. Establece igualmente las consecuencias de la amnistía y la forma en que deben proceder las autoridades o funcionarios para darle cumplimiento. La regulación sobre esta materia contenida en el Proyecto de Ley se ajusta a la naturaleza de la amnistía, ya que esta produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma (art.104 del Código Penal), lo cual implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal).
Finalmente, los artículos 27 y siguientes del Proyecto de Ley prevén medidas complementarias a la amnistía que pueden contribuir a la reconciliación nacional, las cuales presuponen la participación de todos los sectores del país en la construcción de la paz, con especial mención a las organizaciones de víctimas de la violencia en todas sus formas y de las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos.
En atención a lo dispuesto en el artículo
103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, se aclara que el Proyecto de Ley que se presenta no tiene implicaciones económico-financieras directas.
IV.- Texto del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para segunda discusión
PRIMERO Se mantiene la denominación de la Ley aprobada en primera discusión, proponiéndose su aprobación por la Plenaria de la Asamblea Nacional, en los siguientes términos:
SEGUNDO: Se mantiene la denominación del Capítulo I aprobado en primera discusión, proponiéndose su aprobación por la Plenaria de la Asamblea Nacional, en los siguientes términos:
TERCERO: Se propone aprobar, con una modificación de forma, el artículo 1 del
Proyecto de Ley sin modificaciones, cuyo tenor pasará a ser el siguiente:
CUARTO: Se propone la modificación del artículo 2, el cual quedará redactado en los siguientes términos:
QUINTO: Se propone la modificación del artículo 3, el cual quedará redactado en los siguientes términos:
SEXTO: Se propone la incorporación de un nuevo artículo, el cual quedará reflejado en el
texto normativo como “artículo 4”, en los siguientes términos:
SÉPTIMO: Se propone la modificación del enunciado del Capítulo II, el cual pasará a ser el siguiente:
OCTAVO: Se propone la incorporación de un nuevo artículo, como “artículo 5”, el cual quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 5.- Se concede la amnistía de los delitos o faltas a que alude el artículo siguiente, cometidos o que se considere que han sido cometidos entre el 3 de diciembre de 2007 y el
31 de diciembre de 2015, en las circunstancias que se indican a continuación:
La participación en estas manifestaciones o protestas;
La invitación pública a llevar a cabo acciones de protestas o reclamo contra el orden institucional o el gobierno establecido;
NOVENO: Se propone la modificación del artículo 4 aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 6 del mencionado texto legislativo, y quedará redactado en los siguientes términos:
Artículo 6.- En las circunstancias señaladas y dentro del lapso mencionado en el artículo anterior, se concede amnistía en favor de todas aquellas personas investigadas, imputadas, acusadas o condenadas como autores o partícipes en la realización de acciones con fines políticos que se correspondan con los hechos punibles de instigación pública; intimidación pública; instigación a delinquir; violencia o resistencia a la autoridad; desobediencia a la autoridad; obstaculización de la vía pública; daños a la propiedad; incendio; fabricación,
porte, detentación, suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o incendiarios; ultraje a funcionario público; asociación para delinquir; agavillamiento; conspiración; traición a la patria; rebelión civil o militar; instigación a la rebelión civil o militar; insubordinación; faltas al decoro militar; ataque y ultraje al centinela; u otros hechos punibles conexos con los fines y circunstancias señaladas en el artículo anterior.
DÉCIMO: Se propone la modificación del artículo 5 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 7, quedando redactado de la siguiente forma:
DÉCIMO PRIMERO: Se propone la modificación del artículo 6 del texto normativo aprobado en primera discusión a los fines de corregir la remisión normativa a artículos del presente instrumento legislativo, cuya numeración fue modificada en la presente propuesta, siendo que esta norma pasará a ser el artículo 8 y quedará redactada en los siguientes términos:
DÉCIMO SEGUNDO: Se propone la eliminación del artículo 7 del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión.
DÉCIMO TERCERO: Se propone la modificación del artículo 8 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual se fusionará con el artículo 9 de dicho Proyecto y quedará redactado, bajo el número 9, en los siguientes términos:
DÉCIMO CUARTO: Se propone la fusión y a su vez la modificación de los artículos 10 y
11 del texto normativo aprobado en primera discusión, los cuales pasarán a ser el artículo
10, quedando redactado en los siguientes términos:
DÉCIMO QUINTO: Se propone la eliminación del artículo 12 del texto normativo aprobado en primera discusión.
DÉCIMO SEXTO: Se propone la eliminación del artículo 13 del texto normativo aprobado en primera discusión.
DÉCIMO SÉPTIMO: Se propone la modificación del artículo 14 del texto aprobado en primera discusión en lo relativo a la remisión normativa a artículos del presente instrumento legislativo, cuya numeración fue modificada en la presente propuesta, siendo que esta norma pasará a ser el artículo 11 y quedará redactada en los siguientes términos:
DÉCIMO OCTAVO: Se propone la modificación del artículo 15 del texto normativo aprobado en primera discusión, ajustándose la redacción del primer párrafo y eliminándose el segundo, siendo que este artículo pasará a ser el número 12 y quedará redactado en los siguientes términos:
DÉCIMO NOVENO: Se propone la fusión de los Capítulos III y IV del texto normativo aprobado en primera discusión, pasando el Capítulo III a tener la siguiente denominación:
VIGÉSIMO: Se propone la modificación del artículo 16, el cual pasará a ser el artículo 13 y quedará redactado en los siguientes términos:
VIGÉSIMO PRIMERO: Se propone la modificación del artículo 17, el cual pasará a ser el artículo 14 y quedará redactado en los siguientes términos:
VIGÉSIMO SEGUNDO: Se propone la eliminación del artículo 18 del texto normativo aprobado en primera discusión.
VIGÉSIMO TERCERO: Se propone la eliminación del artículo 19 del texto normativo aprobado en primera discusión.
VIGÉSIMO CUARTO: Se propone la eliminación del artículo 20 del texto normativo aprobado en primera discusión.
VIGÉSIMO QUINTO: Se propone la modificación del artículo 21 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 18 y quedará redactado en los siguientes términos:
VIGÉSIMO SEXTO: Se propone la modificación del artículo 22 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 15 y quedará redactado en los siguientes términos:
Cuando los supuestos enriquecimientos ilícitos que hayan dado lugar a la imputación o la acusación con fines de persecución penal, hayan tenido como único sustento el procedimiento de verificación patrimonial efectuado por la Contraloría General de la República.
VIGÉSIMO SÉPTIMO: Se propone la eliminación del artículo 23 del texto normativo aprobado en primera discusión.
VIGÉSIMO OCTAVO: Se propone la eliminación del artículo 24 del texto normativo aprobado en primera discusión.
VIGÉSIMO NOVENO: Se propone la eliminación del artículo 25 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO: Se propone la eliminación del artículo 26 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO PRIMERO: Se propone la eliminación del artículo 27 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO SEGUNDO: Se propone la modificación del artículo 28 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 16 y quedará redactado en los siguientes términos:
TRIGÉSIMO TERCERO: Se propone la modificación del artículo 29 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 17 y quedará redactado en los siguientes términos:
TRIGÉSIMO CUARTO: Se propone la eliminación del artículo 30 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO QUINTO: Se propone la eliminación del artículo 31 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO SEXTO: Se propone la eliminación del artículo 32 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Vista la fusión de los Capítulos III y IV del texto normativo aprobado en primera discusión, se propone la modificación de la numeración del Capítulo V aprobado en primera discusión, que pasará a ser el Capítulo IV, y cuya redacción se modifica en los siguientes términos:
TRIGÉSIMO OCTAVO: Se propone la eliminación del artículo 33 del texto normativo aprobado en primera discusión.
TRIGÉSIMO NOVENO: Se propone la eliminación del artículo 34 del texto normativo aprobado en primera discusión.
CUADRAGÉSIMO: Se propone la modificación del artículo 35 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 19 de la presente propuesta legislativa y quedará redactado en los siguientes términos:
Las omisiones, inexactitudes o incumplimientos vinculados a la obligación de presentar, dentro de un determinado plazo, la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción o en la normativa precedente a este Decreto Ley, ocurridos entre los años 1999 al 2015, siempre que, en el caso de la inobservancia de la obligación de efectuar oportunamente la declaración jurada de patrimonio, esta haya sido presentada aunque luego del vencimiento del plazo legal;
CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Vista la modificación de la numeración de los Capítulos del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión, se propone la modificación de la del anterior Capítulo VI, que pasará a ser el Capítulo V, manteniendo su denominación, en los siguientes términos:
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Se propone la modificación y fusión de los artículos 36 y 37 aprobados en primera discusión, que pasarán a ser el artículo 20 y quedarán redactados en los términos siguientes:
CUADRAGÉSIMO TERCERO: Se propone aprobar, con una modificación de forma, el artículo 38 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 21 y será del tenor siguiente:
CUADRAGÉSIMO CUARTO: Se propone la modificación del texto normativo del artículo 39 aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 22 y quedará redactado en los términos siguientes:
CUADRAGÉSIMO QUINTO: Se propone la incorporación de un nuevo artículo, bajo la numeración de artículo 23, en los términos siguientes:
Artículo 23.- Las personas investigadas, imputadas, acusadas o sujetas a una condena no firme por la presunta comisión de hechos punibles comprendidos por la presente Ley podrán solicitar al Ministerio Público, en fase preparatoria, que no pida el sobreseimiento, o al juez competente para verificar el cumplimiento de los supuestos de la amnistía, que no declare el sobreseimiento, a fin de que el proceso siga su curso y se pueda obtener una decisión definitiva sobre la culpabilidad o la inocencia.
CUADRAGÉSIMO SEXTO: Se propone la modificación del artículo 40, el cual pasará a ser el artículo 24 y quedará redactado en los términos siguientes:
Artículo 24.- Los organismos administrativos, judiciales, militares o policiales en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la presente Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, en lo que atañe a los hechos punibles comprendidos por esta Ley, una vez que se haya pronunciado el juez facultado para verificar los supuestos de la amnistía. Si las autoridades
o funcionarios correspondientes no lo hubieren hecho de manera oportuna, el interesado en dicha supresión podrá exigirlo directamente, con base en el artículo 28 de la Constitución y, luego, ante el tribunal competente en materia de habeas data, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquellos incurran por la demora o denegación.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Se propone la incorporación de un nuevo artículo, bajo la numeración de artículo 25, en los siguientes términos:
CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Se propone la modificación del artículo 41 del texto normativo aprobado en primera discusión, el cual pasará a ser el artículo 26 y quedará redactado en los términos siguientes:
CUADRAGÉSIMO NOVENO: Vista la modificación de la numeración de los Capítulos del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión, se propone la modificación de la del Capítulo VII, que pasará a ser el Capítulo VI, manteniendo su denominación, en los siguientes términos:
QUINCUAGÉSIMO: Se propone la eliminación del artículo 42 del texto normativo aprobado en primera discusión.
QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Se propone la modificación del artículo 43 aprobado en primera discusión, que pasará a ser el artículo 27 y quedará redactado en los siguientes términos:
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Se propone la modificación del artículo 44 aprobado en primera discusión, que pasará a ser el artículo 28 y quedará redactado en los siguientes términos:
QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Vista la modificación de la numeración de los Capítulos del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión, se propone la modificación de la del Capítulo VIII, ahora Capítulo VII, manteniendo su denominación, en los siguientes términos:
QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Se propone la aprobación sin modificaciones del artículo 45 del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión, que pasará a ser el artículo 29 de la presente propuesta, en los siguientes términos:
IV-Estructura de la nueva normativa propuesta
Vistas las modificaciones anteriormente expresadas, se propone un texto normativo estructurado de la siguiente forma:
Este Capítulo estaría conformado por los artículos que van desde el 1 hasta el 4.
Capítulo II. De los hechos relacionados con la realización de manifestaciones o pronunciamientos o con la divulgación de ideas o informaciones vinculados con fines políticos
Este Capítulo estaría conformado por los artículos que van desde el 5 hasta el 12.
Capítulo III. De otros hechos punibles comprendidos por la Amnistía
Este Capítulo estaría conformado por los artículos que van desde el 13 hasta el 18. Capítulo VI. De las infracciones administrativas comprendidas por la Amnistía Este Capítulo estaría conformado por un único artículo, el 19.
Capítulo V. Del alcance, efectos y procedimiento de la Amnistía
Este Capítulo estaría conformado por los artículos que van desde el 20 hasta el 26. Capítulo VI. De otras medidas destinadas a lograr la reconciliación nacional Este Capítulo estaría conformado por los artículos 27 y 28.
Capítulo VII. Disposición final
Este Capítulo estaría conformado por un único artículo, el 29.
V– Texto definitivo propuesto:
Esta valoración positiva de la amnistía presupone obviamente que se respeten los límites impuestos por el Derecho Internacional a esta forma de condonación de los delitos y de sus penas. La amnistía no debe conducir a la impunidad en relación con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios. Así lo han establecido los tratados y la jurisprudencia internacional y de ello se hizo eco cabalmente la Constitución vigente en su artículo 29. Dentro de estos linderos la amnistía es un mecanismo legítimo y en ocasiones necesario para la promoción, preservación o recuperación de la paz.
En el siglo XX se recurrió igualmente a la amnistía, aunque en menor grado, dado el carácter fuertemente represivo o autoritario de la mayoría de los gobiernos que dominaron la escena pública hasta finales de la década de los cincuenta, y en parte también debido a la mayor estabilidad política que aseguraron. Juan Vicente Gómez, a instancias de su secretario Francisco Baptista Galindo, decretó en 1925 una amnistía parcial que permitió el regreso de numerosos tachirenses exiliados en Colombia, y en 1927 se logró una amnistía general. Igualmente, en 1936, el general Eleazar López Contreras liberó a los presos políticos que se encontraban en las cárceles, luego del fallecimiento de Juan Vicente Gómez.
Luego de la recuperación democrática y de la intensa conflictividad de los años sesenta, se adoptaron medidas de pacificación que, si bien tuvieron una forma jurídica distinta a la de la amnistía, respondían a ese espíritu de tolerancia que ha sido benéfico para nuestro devenir institucional. Lo mismo sucedió cuando se dictaron medidas de sobreseimiento respecto de los líderes y participantes del movimiento armado del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, impulsadas primero por el Presidente que sufrió la insurrección militar, Carlos Andrés Pérez, y continuadas por sus sucesores, los Presidentes Velásquez y Caldera.
En los albores del siglo XXI, pocos meses después de la entrada en vigor de la Constitución de 1999, las organizaciones que respaldaban al Presidente de la República promovieron y aprobaron una Ley de Amnistía Política General, que fue sancionada por la Comisión Legislativa Nacional y luego promulgada por el Presidente Chávez (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.934, del 17 de abril de 2000). Allí se otorgaba amnistía general y plena “a favor de todas aquellas personas que, enfrentadas al orden general establecido, hayan sido procesadas, condenadas o perseguidas por cometer, con motivaciones políticas, delitos políticos o conexos con delitos políticos, hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos”. Mediante esta Ley se dejaba atrás la persecución de hechos relativos a episodios de la historia nacional que han merecido distintas lecturas pero que implicaron en todo caso la comisión de diversos delitos, incluso de algunos relacionados con el uso de la violencia, los cuales quedaron condonados con las consecuencias propias de una amnistía.
Una valoración especial corresponde al Decreto Ley Especial de Amnistía dictado por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5870 extraordinaria), el cual recoge fielmente el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve su vinculación con el valor de la paz. En este Decreto Ley el Presidente Chávez declaró la amnistía respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del 11 y 12 de abril de 2002, así como en relación con acciones ilícitas posteriores, enmarcadas en el paro petrolero, e incluso concedió de manera general amnistía: “Por la Comisión de los Delitos de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el dos de diciembre de 2.007” y “Por los hechos que configuren o constituyan actos de Rebelión Civil hasta el 02 de Diciembre de 2.007”. Con lo cual el Presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de conciliación democrática, y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía, según las consideraciones políticas que la animen. En aquella oportunidad el Presidente Chávez afirmó que su voluntad era “dar una
demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz”, y añadió que estaba “lanzando una señal en representación de quienes quieren el camino de la paz”. Todos los venezolanos queremos transitar el camino de la paz y la Ley de Amnistía contribuirá a alcanzarla.
Como ya se apuntó, en el año 2000 la Comisión Legislativa Nacional había puesto de manifiesto otra vertiente de la amnistía, en la cual las fuerzas políticas emergentes pusieron término a la persecución penal de determinados delitos, ligados a acciones insurreccionales que las figuras más representativas del orden político naciente habían llevado a cabo cuando intentaron tomar el poder en 1992, al margen de los cauces institucionales.
El proyecto de Ley que se presenta ante la Asamblea Nacional contempla una amnistía que comprende los hechos siguientes:
b.- Los delitos de difamación, injuria y de vilipendio u ofensas contra funcionarios públicos, u otros delitos que pudieran haberse cometido en los supuestos señalados en el artículo 9 del Proyecto de Ley. Conviene apuntar que algunos de los hechos punibles amnistiados en estas disposiciones son delitos de acción privada, lo cual sin embargo no obsta a la aplicación de la amnistía, pues en las circunstancias allí señaladas el conflicto planteado trasciende los intereses puramente privados y se proyecta a la esfera pública por la condición del querellante, la relación de la información difundida con la crítica a la conducta de funcionarios públicos y la relevancia pública de lo divulgado.
c.- Los hechos delictivos que se hubieran cometido en el contexto de las situaciones señaladas en el artículo 10 del Proyecto de Ley, las cuales se refieren a los acontecimientos del 11 de abril de 2002 y días subsiguientes, y al paro nacional y petrolero ocurrido entre diciembre de 2002 y los primeros meses del 2003, si los respectivos delitos o faltas no quedaron abarcados por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Amnistía publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.870 Extraordinario, del 31 de diciembre de 2007.
e.- Otros delitos previstos en los artículos 13 y siguientes del Proyecto de Ley, que se incluyen en la amnistía porque la persecución penal ha lesionado las garantías de una administración imparcial de la justicia. Las garantías objetivas de la administración imparcial de la justicia se refieren, según la jurisprudencia internacional de derechos humanos, a la ausencia de factores o circunstancias que, más allá de la intención de los funcionarios judiciales que hayan adoptado las decisiones correspondientes, menoscaben la confiabilidad de los justiciables en el sistema de justicia.
En cada disposición se especifica el periodo cubierto por la amnistía, el cual guarda relación con el desarrollo de situaciones sociales o políticas y prácticas o respuestas institucionales vinculadas con la motivación de este Proyecto de Ley. Así, el 2007 marcó el despertar del movimiento estudiantil, lo cual se tradujo, luego, en la organización de manifestaciones, con la correlativa reacción oficial; además, ese año fue dictado un Decreto Ley de Amnistía que comprendió, hasta el 2 de diciembre de 2007, algunos hechos punibles abarcados por este Proyecto de Ley. De ahí que el lapso cubierto por la amnistía contemplada en los artículos 5 y 6 del Proyecto de Ley comience el 3 de diciembre de
El 2003 dio inicio a medidas disciplinarias y de otra índole indebidamente adoptadas contra jueces, y el 2004 inauguró las actuaciones judiciales dirigidas a castigar la difusión de informaciones críticas sobre asuntos de interés público. Consideraciones similares fundamentan los lapsos fijados en otras disposiciones.
La amnistía sobre infracciones administrativas no es extraña a la experiencia de otros países ni es inédita en el nuestro, como lo demuestra en parte la Ley de Amnistía Política General del 2000. Ello también se desprende del Decreto con Fuerza de Ley de Aviación Civil, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.293 del 9 de septiembre de 2001, cuya Disposición Transitoria Quinta decretó una “amnistía administrativa”. Esta amnistía, al igual que la de carácter tributario (art. 83 del Código Orgánico Tributario), tiene una naturaleza y propósito solo parcialmente coincidentes con los de la amnistía prevista en este Proyecto de Ley, pero guardan afinidad con esta.
Los artículos 20 y siguientes del Proyecto de Ley se refieren al alcance y efectos de la amnistía, así como al procedimiento para su aplicación. El Proyecto de Ley precisa que el disfrute de la amnistía no esté condicionado a que las personas presuntamente responsables de los delitos respectivos se encuentren o hayan estado a derecho en los procesos correspondientes. Establece igualmente las consecuencias de la amnistía y la forma en que deben proceder las autoridades o funcionarios para darle cumplimiento. La regulación sobre esta materia contenida en el Proyecto de Ley se ajusta a la naturaleza de la amnistía, ya que esta produce la extinción de la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena y todas las consecuencias penales de la misma (art. 104 del Código Penal), lo cual implica, respecto de los procesados, el cese de cualquier medida de coerción personal (art. 29 del Código Orgánico Procesal Penal).
En atención a lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, se aclara que el Proyecto de Ley que se presenta no tiene implicaciones económico-financieras directas.
Artículo 13.- Se concede amnistía de los hechos punibles cuya comisión se atribuya a funcionarios judiciales y se considere que hayan sido perpetrados entre el 1 de enero de
2003 y el 31 de diciembre de 2015, cuando la persecución penal contra el funcionario judicial se hubiera producido con motivo de alguna decisión jurisdiccional que este hubiera dictado en cumplimiento de sus atribuciones, luego de alguna declaración, exhortación o solicitud efectuada públicamente por alguna alta autoridad de los organismos de rango constitucional con funciones políticas, en la cual se requiriera el encarcelamiento o condena del funcionario. Quedan exceptuados de esta amnistía los hechos punibles comprendidos por alguna acusación o condena referidas a la efectiva obtención de un beneficio económico por el funcionario judicial, como retribución por la adopción de la decisión correspondiente.
Las omisiones, inexactitudes o incumplimientos vinculados a la obligación de presentar, dentro de un determinado plazo, la declaración jurada de patrimonio prevista en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción o en la normativa precedente a este Decreto Ley, ocurridos entre los años 1999 al 2015, siempre que, en el caso de la
inobservancia de la obligación de efectuar oportunamente la declaración jurada de patrimonio, esta haya sido presentada aunque luego del vencimiento del plazo legal;
Artículo 22.- En aquellos procesos penales que se encuentren en fase preparatoria, referidos a los hechos punibles comprendidos por la amnistía, el Ministerio Público
procederá a solicitar el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, dentro de los diez días continuos siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley. El tribunal competente deberá pronunciarse en un lapso no mayor de diez días continuos a partir de la solicitud fiscal.
Artículo 24.- Los organismos administrativos, judiciales, militares o policiales en los cuales reposen registros o antecedentes sobre personas amparadas por la presente Ley, deberán eliminar de sus archivos los registros y antecedentes relacionados con ellas, en lo que atañe a los hechos punibles comprendidos por esta Ley, una vez que se haya pronunciado el juez facultado para verificar los supuestos de la amnistía. Si las autoridades o funcionarios correspondientes no lo hubieren hecho de manera oportuna, el interesado en
dicha supresión podrá exigirlo directamente, con base en el artículo 28 de la Constitución y, luego, ante el tribunal competente en materia de habeas data, sin perjuicio de las responsabilidades en que aquellos incurran por la demora o denegación.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los días del mes de Independencia y 157º de la Federación. Por la Comisión Permanente de Política Interior: de dos mil dieciséis. Año 205º de la

References: artículo 1
 artículo 104
 artículo 105
 artículo
208
 artículo 29
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 103
 artículo 204
 artículo 19
 artículo
103
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 6

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo
10
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 14
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 15
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 16
 artículo 29
 artículo 17
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 38
 artículo 21
 artículo 39
 artículo 22
 artículo 23

Artículo 23
 artículo 40
 artículo 24

Artículo 24
 artículo 28
 artículo 25
 artículo 41
 artículo 26
 artículo 42
 artículo 43
 artículo 27
 artículo 44
 artículo 28
 artículo 45
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 103

Artículo 13

Artículo 22

Artículo 24
 artículo 28