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Timestamp: 2019-04-25 12:13:04+00:00

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Gaceta Oficial N° 37.332 de fecha 26 de noviembre de 2001
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el literal d, del numeral 3, del articulo 1, de la Ley N° 4 que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de República Bolivariana de Venezuela N° 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros,
Artículo 1°. El presente Decreto Ley tiene por objeto la regulación del tránsito y del transporte terrestre, a los fines de garantizar el derecho al libre tránsito de personas y de bienes por todo el territorio nacional; la realización de la actividad económica del transporte y de sus servicios conexos, por vías públicas y privadas, así como lo relacionado con la planificación, ejecución, gestión, control y coordinación de la conservación, aprovechamiento y administración de la infraestructura vial, todo lo cual conforma el sistema integral y coordinado de transporte terrestre nacional.
Artículo 2°. El sistema de tránsito y transporte terrestre tiene como finalidad ordenar, transformar y orientar el sector hacia su pleno desarrollo. Asimismo, la ejecución de la infraestructura que se requiere para operarlo eficientemente, y finalmente la coordinación de los órganos competentes del Poder Público, en la rectoría, planificación y control del tránsito y del transporte.
Artículo 3°. El transporte terrestre, así como la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de la infraestructura vial, constituye una actividad económica de interés general, a cuya realización concurren el Estado y los particulares de conformidad con la Ley.
Artículo 4°. Es de la competencia del Poder Público Nacional en materia de tránsito y transporte terrestre lo relacionado con licencias de conducir; registro vehicular; tipología de unidades de transporte; condiciones de carácter nacional para la prestación de los servicios de transporte de uso público y de uso privado de personas; el transporte público de pasajeros en rutas suburbanas, interurbanas, metropolitanas y periféricas, sin menoscabo de las competencias que la ley y los reglamentos atribuyan a los Municipios; el transporte de carga; la circulación en el ámbito nacional; el régimen sancionatorio; el control y fiscalización del tránsito en la vialidad, sin perjuicio de las competencias de los estados y municipios; las normas técnicas y administrativas pare la construcción, mantenimiento y gestión de la vialidad, así como la concesión, el ordenamiento de las estaciones de peajes, el establecimiento de las tarifas en el ámbito nacional y las demás que le atribuya la ley.
Artículo 5°. Es de la competencia del Poder Público Estadal, en materia de tránsito y transporte terrestre, la conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras y autopistas nacionales en coordinación con el Ejecutivo Nacional, en los términos previstos en el presente Decreto Ley, y la ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales, así como la circulación en el ámbito estadal.
Artículo 6°. Es de la competencia del Poder Público Municipal, en materia de tránsito y transporte terrestre, la prestación del servicio de transporte público de pasajeros urbano y, suburbano, interurbano, periférico y metropolitano, en el ámbito de su circunscripción y en los términos que establezca la ley y los reglamentos; la ordenación de la circulación de vehículos y personas; la construcción y mantenimiento de la vialidad urbana; los servicios conexos; la ejecución de las sanciones; el control y fiscalización del tránsito urbano, de conformidad con lo establecido en este Decreto Ley.
Artículo 7°. Las autoridades encargadas de controlar y hacer cumplir la regulación del tránsito y transporte terrestre son:
Artículo 8°. Son destinatarios del sistema de tránsito y transporte terrestre los conductores, peatones, pasajeros y operadores del servicio de transporte público y sus actividades conexas.
Artículo 9°. El Ministerio de Infraestructura llevará los registros nacionales de vehículos, de conductores, de servicios de transporte terrestre, de servicios conexos, de infraestructura vial y de accidentes, infracciones y sanciones, los cuales constituyen el Sistema Nacional de Registro de Tránsito y Transporte Terrestre, cuya dirección estará a cargo del Registrador Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre y de los Registradores Delegados en cada entidad federal. Estos últimos estarán funcional y orgánicamente subordinados al Registrador Nacional. Este sistema deberá prestar el apoyo necesario al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Artículo 14. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Infraestructura es el órgano rector del tránsito y transporte terrestre y le corresponde la elaboración de los planes nacionales, planes sectoriales y las normas generales que regulan la actividad del tránsito y transporte terrestre.
Artículo 15. Se crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre adscrito al Ministerio de Infraestructura, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente de la República, con autonomía financiera, administrativa, organizativa y técnica. El Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre gozará de los privilegios y prerrogativas que se le acuerdan a la República de conformidad. con la ley, y tendrá su sede en la ciudad de Caracas, sin perjuicio de que pueda establecerla en cualquiera otra localidad del país.
Aplicar las sanciones administrativas, en los casos previstos en este Decreto Ley.
Llevar estadísticas del tránsito y transporte terrestre, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas.
Promover la educación y seguridad vial, en coordinación con los órganos competentes.
Velar por el correcto funcionamiento en la prestación del servicio de trasporte terrestre.
Percibir y administrar los ingresos provenientes de los servicios que presten y de las sanciones que impongan.
Dictar los actos administrativos generales o particulares, en las materias de su competencia.
Informar trimestralmente al Ministerio de Infraestructura sobre los ingresos que perciban y administren.
Las demás que se le asignen o le confiera la ley.
Los derechos y acciones que adquiera por cualquier acto jurídico.
El producto de las tasas o contribuciones que le sean asignadas por ley.
Los demás recursos que lícitamente obtenga por cualquier concepto.
Artículo 18. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre tendrá un Directorio integrado por un Presidente o Presidenta, un Vicepresidente o Vicepresidenta, los cuales son de libre nombramiento y remoción del Presidente o Presidenta de la República, y tres Directores, de libre nombramiento y remoción del Ministro o Ministra de Infraestructura. Cada Director tendrá un suplente de libre nombramiento y remoción y designado de la misma forma, quien llenará sus faltas. temporales.
Artículo 21. El Directorio sesionará válidamente con la presencia de su Presidente o Presidenta o de quien haga sus veces y dos de sus restantes miembros. Las decisiones se
tomarán por mayoría absoluta de los miembros del Directorio, cuando se encuentren presentes todos sus integrantes y, por unanimidad cuando ocurriere el quórum mínimo.
Aprobar interinamente el plan operativo, el presupuesto anual del instituto, así como los estados financieros, y la memoria y cuenta del mismo.
Aprobar el Reglamento Interno del Instituto, propuesto por su Presidente o Presidenta y sus modificaciones cuando las circunstancias lo requieran.
Aprobar el estatuto de los funcionarios del Instituto.
Autorizar al Presidente del Instituto para suscribir y actualizar convenios y contratos que tengan por objeto el desarrollo y agilización de actividades y proyectos vinculados con el servicio del transporte terrestre, previa aprobación del Ministro de Infraestructura.
Autorizar la suscripción y extensión de la contratación colectiva con sus trabajadores en los términos señalados por la ley.
Autorizar la adquisición y enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad del Instituto, de conformidad con lo dispuesto en la ley que rige la materia.
Autorizar al Presidente del Instituto conjuntamente con dos miembros del Directorio para abrir, movilizar y cerrar las cuentas bancarias del Instituto, cumpliendo con las normas que rigen la materia.
Las demás que le confieran la ley y los reglamentos respectivos.
Ejercer la representación del Instituto y emitir los lineamientos necesarios para organizar, administrar, coordinar y controlar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto.
Ejecutar y hacer cumplir los actos de efectos generales o particulares que dicte el Directorio.
Nombrar, remover o destituir al personal del Instituto y ejercer la potestad disciplinaria sobre el mismo, de conformidad con el correspondiente estatuto.
Autorizar, conjuntamente con los funcionarios que a tal efecto designe el Directorio, la apertura, cierre y movilización de las cuentas del Instituto.
Celebrar en nombre del Instituto, previa aprobación del Directorio, convenios y contratos con organismos nacionales o internacionales, de conformidad con la ley.
Dictar los lineamientos generales para la elaboración del proyecto de presupuesto y someterlo ala consideración del Directorio del Instituto, de conformidad con la ley.
Delegar atribuciones o la firma de determinados documentos o certificaciones, de conformidad con la normativa aplicable.
Elaborar y presentar el proyecto de Reglamento Interno del Instituto a la consideración del Directorio.
Convocar y presidir las sesiones del Directorio, así como suscribir los actos y documentos que emanen de sus decisiones.
Ejercer la representación judicial y extrajudicial del Instituto, pudiendo constituir apoderados generales o especiales y darse por citado o notificado de cualquier demanda o recurso contra el Instituto.
Presentar la memoria y cuenta del Instituto a consideración del Directorio y del Ministro de Infraestructura.
Suscribir las comunicaciones dirigidas a entidades bancarias, públicas o privadas, relacionadas con solicitudes de información sobre estados de cuenta por concepto de depósitos especiales para pagos de contratos y el movimiento de las cuentas, referentes a los fondos del Instituto, así como su conciliación y control.
Coordinar con las oficinas encargadas de la planificación, la modificación del precio de los servicios que presta el Instituto.
Organizar, coordinar y llevar el control de las actividades desarrolladas por las oficinas regionales del Instituto a nivel nacional.
Artículo 24. Se llevará un Registro Nacional de Vehículos y Conductores, cuya organización y funcionamiento serán determinados por el Ministerio de Infraestructura, en él que se deberá garantizar la mayor transparencia en los trámites y procedimientos.
Artículo 29. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, practicará una revisión técnica, mecánica y física de los vehículos, a los fines de verificar el buen estado de funcionamiento y las características de las unidades del parque automotor existente. Los resultados de la revisión serán notificados al Registro Nacional de Vehículos y Conductores. Los vehículos que no aprueben la revisión no podrán circular por las vías públicas o privadas destinadas al uso público.
En el Reglamento de este Decreto Ley se establecerán las normas y procedimientos que regularán la revisión de vehículos.
Artículo 37. El Ministerio de Infraestructura es la autoridad competente para autorizar la fabricación, expedición y asignación de las placas identificadoras. Ninguna persona natural o jurídica podrá fabricar placas identificadoras sin su autorización. Todo lo atinente a la autorización para fabricación, expedición y asignación de las placas identificadoras será determinado en el Reglamento de este Decreto Ley.
Artículo 41. En el Reglamento de este Decreto Ley se establecerán los requisitos y condiciones, así como la obligación de realizar y aprobar cursos y exámenes especiales para obtener la licencia para conducir vehículos destinados al transporte de carga, transporte público de pasajeros, transporte escolar, turístico, de ambulancias, de bomberos, de valores, policiales o similares.
Artículo 43. Las licencias para conducir se otorgarán por grado de acuerdo. con los tipos de vehículos y la capacidad que exija su conducción. El grado indica la capacidad del sujeto para conducir vehículos de determinado tipo. Las licencias serán de cuatro grados:
Licencias de segundo grado para conducir motocicletas. Tipo "A", a personas mayores de dieciséis (16) años para conducir motocicletas cuya cilindrada sea menor a ciento cincuenta centímetros cúbicos (150 cm'); Tipo "B", autoriza a personas mayores de dieciocho (18) años para conducir motocicletas y motonetas de cualquier cilindrada.
Licencias de tercer grado para conducir vehículos de motor destinados al transporte privado de personas, con capacidad hasta de nueve (9) puestos, incluyendo el del conductor; vehículos destinados al transporte de carga, cuyo peso máximo no exceda los dos mil quinientos (2.500) kilogramos. Tipo "A", a las personas mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18), sujetas al régimen especial que se establecerá en el Reglamento de este Decreto Ley; Tipo "B", a las personas mayores de dieciocho (18) años.
Licencias de cuarto grado a las personas mayores de veintiún (21) años para conducir vehículos con capacidad hasta de nueve (9) puestos destinados al transporte público de pasajeros y los vehículos de carga, cuyo peso máximo no exceda los seis mil (6.000) kilogramos.
Licencias de quinto grado a personas mayores de veinticinco (25) años, para conducir todo tipo de vehículos cualquiera sea su capacidad o uso, con la excepción de los vehículos indicados en el numeral 1 de este artículo.
Artículo 48. Se considera propietario quien figure en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores como adquirente, aun cuando lo haya adquirido con reserva de dominio.
Inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores y efectuar oportunamente las renovaciones que exijan las autoridades competentes.
Pagar oportunamente los impuestos y tasas que lo graven.
Notificar al Registro Nacional de Vehículos y Conductores las modificaciones a las características del vehículo de su propiedad y los cambios de identificación, domicilio o denominación comercial, en los términos que establezca el Reglamento de este Decreto Ley.
Notificar por escrito al Registro Nacional de Vehículos y Conductores, cuando el vehículo se haga inservible de manera permanente o sea declarado pérdida total y demás casos previstos en este Decreto Ley.
Mantener el vehículo en buenas condiciones de seguridad, funcionamiento, control de emisiones de gases contaminantes y ruidos.
Proveer al vehículo de toda la documentación y elementos de identificación exigidos por las autoridades competentes, así como de sus correspondientes placas de identificación, renovándolas y manteniéndolas en perfecto estado de conservación y condiciones de visibilidad.
Efectuar la revisión técnica, mecánica y física del vehículo en los términos que señale el Reglamento de este Decreto Ley.
Mantener en vigencia el Seguro de Responsabilidad Civil.
Las demás que señalen este Decreto Ley y su Reglamento.
Portar la licencia de conducir vigente del grado correspondiente al vehículo que conduce.
Portar el certificado médico vigente.
Inscribirse en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores.
Usar el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás ocupantes del vehículo cumplan esta obligación.
No provocar ruidos contaminantes.
Velar por la seguridad de los menores de seis (6) años, quienes deberán ir en el asiento trasero del vehículo.
Cumplir y hacer cumplir con las normas que en materia de seguridad del tránsito y transporte terrestre establezca este Decreto Ley, su Reglamento y las demás que se dicten al efecto.
Artículo 57. El Reglamento de este Decreto Ley desarrollará las normas nacionales e internacionales aplicables en materia de dispositivos para el control del tránsito de vehículos y peatones, a ser utilizados en las vías públicas y privadas destinadas al uso público, en todo el territorio nacional.
Artículo 56. Las personas y organismos públicos o privados que requieran efectuar trabajos que afecten la circulación, deberán obtener la autorización respectiva de la autoridad administrativa competente; participarlo con la debida antelación e indicar su naturaleza, fecha de inicio, duración estimada y la restricción que causará a la circulación, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.
Detener el vehículo, en el lugar del accidente.
Cerciorarse si se han producido víctimas personales o daños a bienes públicos o privados como consecuencia del accidente y prestarle a las personas los debidos auxilios, procurando mantener el estado de las cosas.
Avisar a la autoridad competente en todo caso; y
Salvaguardar la fluidez y seguridad de la circulación e intercambiarse recíprocamente los datos de identificación de los vehículos y de las personas involucradas en el accidente y de ser posible de los testigos presenciales.
Artículo 59. Los usuarios de las vías públicas de uso permanente o casual tienen derecho a circular libremente, en condiciones idóneas de transitabilidad y seguridad, y a ser resarcidos por quienes tengan la responsabilidad de administrarlos, por los daños personales y materiales imputados al mal estado de la vialidad.
Artículo 67. El Reglamento de este Decreto Ley establecerá lo conducente a las señales y dispositivos de tránsito a ser utilizados en las vías públicas a nivel nacional.
Artículo 63. Las autoridades administrativas competentes deberán conservar el buen estado de funcionamiento, preservación y mantenimiento de las señales y dispositivos de tránsito en las vías públicas.
Artículo 64. El reglamento de este Decreto Ley especificará lo relativo a distancias, densidad, tamaño de los signos de la escritura y los colores y sus combinaciones, de toda la publicidad institucional y comercial que se autorice para colocarlas en las inmediaciones de carreteras y autopistas.
Queda prohibida la colocación de vallas, anuncios, carteles o demás medios publicitarios que induzcan al consumo de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, en las inmediaciones de carreteras y autopistas.
Artículo 68. La prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros y de carga se reserva para los venezolanos y extranjeros residentes. Las empresas extranjeras de transporte terrestre autorizadas para prestar el servicio de transporte terrestre internacional, no podrán realizar transporte nacional o local, salvo por lo dispuesto en los convenios y tratados internacionales.
Exigir un servicio higiénico, seguro, confortable, actualizado e ininterrumpido.
Los demás derechos previstos en la ley.
Pagar la correspondiente tarifa.
Informar al prestador del servicio y a la autoridad competente sobre las deficiencias o daños ocurridos en las instalaciones y unidades del servicio.
Cuidar y mantener en buen estado las instalaciones y unidades del servicio.
No fumar ni consumir bebidas alcohólicas dentro de las unidades del servicio.
Comportarse cívicamente y dar un trato respetuoso al conductor y a los demás pasajeros.
Artículo 75. A los efectos de este Decreto Ley las rutas de transporte .público de pasajeros se clasifican en urbanas, suburbanas, metropolitanas, interurbanas y periféricas.
El realizado por personas naturales o jurídicas, directamente o a través de terceras personas que estén debidamente autorizadas conforme a este Decreto Ley, recibiendo como contraprestación de tal actividad un flete.
El realizado por personas naturales o jurídicas, directamente o a través de terceras personas debidamente autorizadas conforme a este Decreto Ley, para su propio y exclusivo uso, sin percibir un pago.
Se consideran servicios conexos: Los terminales de pasajeros públicos o privados, los paradores viales de pasajeros, turismo y carga, los terminales generadores, transferencia e intermodales de carga, el transporte de encomiendas, las escuelas para conductores, las gestorías, los estacionamientos, las estaciones de servicio, las estaciones fijas y móviles de revisión técnica, mecánica y física de vehículos, los centros de componentes automotrices usados, los servicios de grúa de arrastre y de plataforma, los centros de reciclajes de componentes automotrices usados.
Artículo 85. El Reglamento de este Decreto Ley establecerá las normas de organización, funcionamiento, control y fiscalización de los servicios conexos, sin perjuicio de las competencias municipales.
Artículo 89. Se declaran de utilidad pública e interés social todas las obras directamente afectas ala prestación del servicio de vialidad.
Las carreteras que atraviesen un estado y salgan de sus límites.
Las carreteras que atraviesen el Distrito Metropolitano de Caracas y salgan de sus límites.
Los puentes que formen parte de las carreteras antes indicadas aunque se encuentren dentro de los límites de un estado.
Las incluidas en los acuerdos internacionales celebrados por la República, las que pertenezcan al sistema vial estratégico fronterizo y de seguridad y defensa nacional.
Las que sirven de acceso a otros modos de transporte y las de conexión nacional e internacional.
Las que además de servir al tráfico local o estada¡, sirven al tráfico nacional e internacional.
Son vías alternas aquellas que se construyen, mantienen y amplían por las autoridades competentes, en aquellos casos en que hayan otorgado una autopista o carretera en concesión, con la finalidad de garantizar que los usuarios puedan ejercer su derecho al libre tránsito, sin tener que pagar a cambia contraprestación alguna.
El Plan Rector del Sistema de Vialidad se ajustará a la estrategia establecida en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en concordancia con los lineamientos de política económica del Estado y de promoción de la inversión privada bajo el régimen de concesión; contemplará la estimación de la demanda de vías de comunicación nacionales para las diferentes regiones del país, la cartera de proyectos de expansión vial con su descripción y consideración de avance, así como los aspectos básicos para impulsar el uso racional de la red vial concesionada con previsión tendiente a garantizar una vía alterna no concesionable, basada en la evaluación preliminar de vialidad; asimismo, definirá las directrices que regirán la construcción de carreteras para zonas agrícolas, aisladas y deprimidas con potencialidad para la generación de recursos.
Artículo 96. El Ministerio de Infraestructura elaborará con las autoridades estadales, los concesionarios y los organismos de seguridad y defensa del Estado, los planes de contingencia que garanticen la rehabilitación inmediata de las vías de comunicación en casos de desastres, emergencia y de calamidad, en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa.
Artículo 98. Para la fijación de las tarifas que se cobrarán a los usuarios por concepto de peaje por la utilización de las carreteras, puentes, túneles y autopistas que constituyen la red vial nacional y estadal, la gobernación del estado o autoridad estadal competente, elaborará la propuesta del pliego tarifarlo, con sujeción a las normas y procedimientos técnicos que establezca el Ministerio de Infraestructura y la someterá a este para su aprobación o no. El Ministerio de Infraestructura tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles para pronunciarse, contados a partir de la fecha de recepción de la correspondiente solicitud. De aprobar el pliego tarifarlo, el Ministerio mediante Resolución que será publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, fijará las tarifas, pudiendo ajustar el monto propuesto por el estado. De no aprobar el pliego tarifarlo, el Ministerio lo comunicará a la gobernación del estado o autoridad estadal competente, según el caso, no pudiéndose variar el monto de las tarifas que se estén cobrando a los usuarios.
Artículo 99. El Ejecutivo Nacional, par órgano del Ministerio de Infraestructura, podrá modificar las tarifas a cobrar por concepto de peajes, por razones de interés general, una vez oída la opinión de quienes administren la vialidad.
Artículo 100. Los ingresos provenientes de la recaudación por concepto de tarifas de peales, deberán ser destinados prioritariamente ala atención de las condiciones básicas de transitabilidad, seguridad, rehabilitación y mantenimiento de las vías que causan el pago de los usuarios y al mantenimiento de las vías alternas, si las hubiere o en todo caso a las vías de acceso, vías agrícolas y demás vías estadales. El Ministerio de Infraestructura establecerá el porcentaje que deberá ser destinado a estos fines, oída la opinión de quienes tengan la administración y aprovechamiento de las vías.
Artículo 107. El Ministerio de Infraestructura, mediante Resolución, establecerá las normas y procedimientos técnicos que regularán el establecimiento, ubicación y características de las estaciones recaudadoras de peajes; las características de los canales de almacenamiento y los equipos y servicios conexos que estarán obligadas a prestar quienes administren la vialidad.
Artículo 103. El Ministerio de Infraestructura ordenará la eliminación de las estaciones recaudadoras de peajes que no se ajusten a las normas y procedimientos técnicos establecidos. El incumplimiento de la orden de remoción del Ministerio acarreará la intervención de la correspondiente estación recaudadora por parte del Ejecutivo Nacional. El Reglamento de este Decreto Ley establecerá el procedimiento que deberá seguirse en estos casos.
Artículo 105. No podrán establecerse nuevas estaciones recaudadoras de peajes en las carreteras y autopistas nacionales, sin la previa autorización del Ministerio de Infraestructura. Los estadas deberán someter a la aprobación del Ministerio de Infraestructura los respectivos proyectos, el cual tendrá un lapso de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de los documentos, para pronunciarse.
Artículo 107. Las concesiones tendrán por objeta la construcción, conservación, reparación, rehabilitación, ampliación, mantenimiento, administración y aprovechamiento de carreteras, puentes, túneles y autopistas, así como la prestación de cualquier otros servicios conexos, que se otorgaran mediante contratos que celebrarán los estados de conformidad con la ley.
Artículo 108. Los Estados podrán otorgar concesiones, sometiendo previamente a la aprobación del Ministerio de Infraestructura, los respectivos contratos y proyectos, el cual tendrá sesenta (60) días hábiles, cantados a partir de la fecha de recepción de los documentos, para pronunciarse.
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE LA RESPONSABILIDAD
Circulen sin placas identificadoras o con placas que no correspondan al vehículo.
Incumplan con la obligación de registrar el vehículo o suministren datos falsos al Registro Nacional de Vehículos y Conductores.
Conduzcan vehículos efectuando competencias de velocidad y demás maniobras prohibidas en las vías de circulación.
Ejecuten cualquier tipo de actividad o de trabajo que afecte la circulación y la seguridad del tránsito, en contravención a lo dispuesto en este Decreto Ley.
Transporten exceso de personas o de carga. El Ministerio de Infraestructura establecerá, mediante Resolución, los límites de personas y carga permitidos, según el caso.
Conduzcan vehículos que no cumplan con las normas técnicas o de control de calidad relativas a la tipología de los vehículos y límite de peso para los vehículos de carga.
Presten el servicio de transporte terrestre público de pasajeros y de carga en cualquiera de sus modalidades, sin estar debidamente autorizados conforme a lo establecido en este Decreto Ley y su Reglamento.
Presten el servicio de transporte terrestre de carga en cualquiera de sus modalidades, en días u horarios no permitidos.
Cobren tarifas de transporte público de pasajeros que superen las establecidas por la autoridad competente.
Presten servicios conexos sin estar debidamente autorizados para ello de conformidad a lo establecido en este Decreto ley y su Reglamento.
Conduzcan vehículos desprovistos de los dispositivos, equipos o accesorios de uso obligatorio relativo a las condiciones de seguridad, o cuando dichos aditamentos presenten defectos de funcionamiento;
Conduzcan vehículos cuya emisión de gases, ruidos o sonidos, supere los límites permitidos por las disposiciones que regulan la materia.
Dañen o alteren los dispositivos para el control del tránsito, los coloquen o sustituyan sin permiso de la autoridad administrativa competente.
Adelanten en sitios prohibidos por este Decreto Ley, por su Reglamento o por la autoridad administrativa del tránsito y transporte terrestre.
Usen equipos de comunicación mientras se conducen vehículos, con excepción de dispositivos de manos libres.
Violen el derecho ala circulación a los demás usuarios de las vías.
Incumplan la obligación de notificar al Registro Nacional de Vehículos y Conductores en los casos establecidos en este Decreto Ley y su Reglamento.
Artículo 117. Serán sancionadas con multa de cinco (5) a diez (10) unidades tributarias, las empresas aseguradoras y las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de componentes automotrices usados o al servicio de taller mecánico, que incumplan la obligación de notificar al Registro Nacional de Vehículos y Conductores en los supuestas previstos en los artículos 31 y 32 de este Decreto Ley.
Exceso hasta diez (10) toneladas, multa de diez unidades tributarias (10 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Exceso superior a diez (10) toneladas hasta veinte (20) toneladas, multas de veinte unidades tributarias (20 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Exceso superior a veinte (20) toneladas hasta treinta (30) toneladas, multas de treinta unidades tributarias (30 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Exceso superior a treinta (30) toneladas hasta cuarenta (40) toneladas, multas de cuarenta unidades tributarias (40 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Exceso superior a cuarenta (40) toneladas hasta cincuenta (50) toneladas, multas de sesenta unidades tributarias (60 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Exceso superior a las cincuenta (50) toneladas, multas de cien unidades tributarias (100 UT) por cada tonelada o fracción excedida.
Artículo 116. Serán sancionados con suspensión de la licencia:
Por el término de tres (3) meses, quien conduzca vehículos de un tipo distinto al autorizado por su licencia.
Por el término de seis (6) meses:
b. Los conductores que hayan acumulado cinco (5) infracciones en un período de dore (12) meses.
Por el término de doce (12) meses:
a. Los conductores con licencia de cuarta grado, que conduzcan vehículos correspondientes a dichas licencias, en condiciones que pongan en peligro la seguridad del tránsito.
b. Los conductores que en caso de accidente de tránsito terrestre hayan producido lesiones gravísimas, de las tipificadas en el Código Penal y que hayan sido declarados responsables por dicho accidente. En este caso, cuando el hecho se haya producido como consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas o par exceso de velocidad, la suspensión podrá dictarse hasta por tres (3) años contados a partir de la fecha de la sentencia definitivamente firme.
c. Los conductores que tengan más de cinco (5) procedimientos acumulados en uno o más expedientes por infracción en sede judicial.
Por un término de tres (3) años:
Por el término de cinco (5) años, a los conductores que en caso de accidentes donde tenga lugar el fallecimiento de personas, hayan sido declarados responsables por dicho accidente. No obstante, cuando el hecho se haya producido debido a la ingestión de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o por exceso de velocidad, le será revocada la licencia y quedará inhabilitado por diez (10) años para obtener nueva licencia.
Cuando el conductor no porte documento alguno que permita la identificación del vehículo.
Cuando el vehículo circule sin sus correspondientes placas identificadoras.
Cuando sea evidente la falsedad de los documentos de registro o de los seriales de identificación del vehículo.
En el caso del numeral 2 de este artículo, la autoridad deberá hacer entrega del mismo al momento de subsanarse la falta, sin perjuicio de la multa a que haya lugar. En el caso del numeral 1, la autoridad entregará el vehículo al propietario al momento de disponer de una grúa, a los fines de ser conducido, bien a un lugar que éste estime conveniente o bien a talleres de reparación que subsanen la falla, en cuyo caso el propietario quedará sujeto a presentación y revisión del vehículo en la oportunidad que se fije. En el caso del numeral 4, el vehículo será entregado a su propietaria previa autorización del Fiscal del Ministerio Público que conozca del hecho, y cuando se trate del supuesto previsto en el numeral 5, las autoridades entregarán el vehículo a su propietario en un lapso no mayor de quince (15) días continuos, una vez descartada mediante experticia la falsedad de los documentos o de los seriales del mismo.
Artículo 121. Las infracciones sancionadas con multa prescribirán a los finco (5) años contados a partir de la fecha de notificación al sancionado de la decisión que pone fin al procedimiento que dio lugar a la sanción.
Incumplimiento reiterado del deber de suministrar al Ministerio de Infraestructura la información que éste solicite, en la oportunidad y en la forma en que hubiere sido requerida.
Impidan la realización de las inspecciones que acuerde el Ministerio de Infraestructura.
Artículo 123. Serán sancionadas con multa de hasta mil unidades tributarias (1000 UT) por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, las personas jurídicas que ejerzan actividades de transporte público de pasajeros o de carga, sin la debida autorización de conformidad con este Decreto Ley, sin perjuicio de la suspensión de las actividades que realiza.
Artículo 125. Si el sancionado no pagare la multa dentro del plazo indicado en el artículo anterior, las autoridades administrativas del tránsito y transporte terrestre, a través del órgano competente, iniciarán de inmediato el Juicio ejecutivo correspondiente para hacer efectivo el crédito, siguiéndose el procedimiento especial de la vía ejecutiva previsto en el Código de Procedimiento Civil. Las planillas de multas impuestas tienen el carácter de títulos ejecutivos.
Artículo 130. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre informará a la Superintendencia de Seguros, las denuncias contra aquellas empresas de seguro que incumplieren las obligaciones contraídas en las pólizas de responsabilidad civil de vehículos o condicionen la contratación de las pólizas, con el objeto de que se les apliquen las sanciones o medidas administrativas contempladas en la ley.
No hubiese pagado la prima en los términos convenidos.
Obstaculice con su proceder el ejercicio de los derechos del garante.
Al producirse el accidente, el vehículo esté destinado a usos diferentes de los normalmente previsibles en el momento de la celebración del contrato.
Los daños reclamados hayan sido causados intencionalmente por el asegurado o con su complicidad.
Haya entregado el vehículo a un conductor incapacitada o inhabilitado para conducir, a sabiendas de tal circunstancia.
No mantenga el vehículo con su diseño original, externo o interno, en cuanto a las condiciones de seguridad y de buen funcionamiento exigidas por este Decreto Ley y su Reglamento.
Artículo 134. Las acciones civiles a que se refiere este Decreto Ley para exigir la reparación de todo daño prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. La acción de repetición a que se contrae el artículo anterior prescribirá en igual término, a partir del pago de la indemnización. correspondiente.
Verificar si los vehículos reúnen las condiciones de seguridad exigidas en este Decreto Ley y cualesquiera otras normas que regulen la materia.
Levantar el croquis del accidente, hacer una relación de los daños sufridos por los vehículos o por cualquiera otra propiedad, y formar el expediente administrativo del caso.
Ordenar el avalúo de los daños causados, que se hará por un solo perito o un funcionario experto designado por la autoridad administrativa del tránsito y transporte terrestre competente.
Artículo 139. El acto de imposición de la sanción deberá contener la citación del presunto infractor para que comparezca al tercer día hábil siguiente ante la autoridad administrativa competente que la practicó. Si la citación personal no fuere posible, será suficiente que la boleta sea entregada en la dirección que consta en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores, lo cual se comprobará con el recibo firmado por quien la haya recibido. En este caso, el lapso para la comparecencia comenzará a correr una vez que consten en el expediente respectivo las diligencias practicadas.
Artículo 147. Si en el acto de comparecencia el presunto infractor impugna la sanción impuesta, se abrirá un lapso probatorio de cinco (5) días hábiles para la promoción y evacuación de pruebas.
Artículo 144. Contra las decisiones que impongan una sanción, podrá interponerse el recurso de reconsideración dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o acudir directamente a la vía jurisdiccional, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes. Si es ejercido el recurso de reconsideración, deberá agotarse íntegramente la vía administrativa para poder acudir ala vía jurisdiccional.
Única. Se derogan la Ley de Tránsito Terrestre publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 5.085 Extraordinario, de fecha 9 de agosto de 1996, los convenios de transferencia de competencias y traspaso del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre que no hayan sido ejecutados y las demás disposiciones legales que contradigan lo establecido en este Decreto Ley.
Dentro del referido lapso, la Comisión deberá efectuar un análisis de los expedientes de todo el personal adscrito al Servicio Autónomo, con el objeto de seleccionar aquellos funcionarios que serán transferidos al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y retirar aquellos que no lo sean, de conformidad con la ley.
Séptima. Los procedimientos administrativos y civiles que se hayan iniciado antes de la entrada en vigencia de este Decreto Ley, se regirán por lo previsto en la Ley de Tránsito Terrestre, hasta su culminación.
Décima. Las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad cinco (5) puestos y posean una certificación de prestación de servicio vigente, tienen un lapso de cinco (5) años contados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ley, para adecuarse al mejoramiento del servicio con vehículos nuevos o usados no mayores de ocho (8) años, de capacidad cinco (5) puestos, de conformidad con las normas de control de calidad de obligatorio cumplimiento en la modalidad de taxi especial, o unidades de treinta y dos (32) puestos o más que cumplan con las normas de control de calidad según la modalidad.
Dado en Caracas, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil uno. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

References: artículo 236

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 24

Artículo 29

Artículo 37

Artículo 41

Artículo 43

Artículo 48

Artículo 57

Artículo 56

Artículo 59

Artículo 67

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 68

Artículo 75

Artículo 85

Artículo 89

Artículo 96

Artículo 98
 Resolución 

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 107

Artículo 103

Artículo 105

Artículo 107

Artículo 108

Artículo 117

Artículo 116

Artículo 121

Artículo 123

Artículo 125

Artículo 130

Artículo 134

Artículo 139

Artículo 147

Artículo 144