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Timestamp: 2020-04-07 08:44:02+00:00

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Gastos de outplacement en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal – Miguel Carrillo. Abogado experto en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional
Gastos de outplacement en la jurisprudencia del Tribunal Fiscal
7 enero, 2020 7 enero, 2020 MIGUEL CARRILLO	0 Comments
En relación al tema que nos ocupa, debemos indicar que resulta un tema controversial en la actualidad la deducción de los gastos de outplacement que efectúan las empresas, concepto que hace referencia a capacitaciones en favor de ex trabajadores para que éstos se reinserten al mercado laboral, capacitación que si bien se contrata cuando los servidores son trabajadores de la empresa, se hace efectiva cuando éstos ya no tienen ningún vínculo laboral con la empresa.
A nivel empresarial, el concepto de outplacement tiene un uso habitual en el ámbito empresarial, específicamente en el sector de recursos humanos, el cual refiere una seria de procedimientos que una compañía pone en marcha para asistir a un empleador que queda sin puesto de trabajo tras una reorganización de empresas.
En esa medida, el outplacement se asemeja al coaching empresarial toda vez que ambos se materializan en una capacitación a favor del personal, , siendo la diferencia entre ambos conceptos que el outplacement constituye una capacitación que se entrega a favor de ex trabajadores, con los cuales la empresa ya no mantiene ningún vínculo laboral.
En ese sentido, corresponde analizar, si dichos programas contratados por las empresas con la finalidad de brindar capacitación a sus ex trabajadores para su reinserción en el mercado laboral, cumplen o no con el principio de causalidad previsto en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, y consecuencia pueden ser deducidos como gasto para efectos del Impuesto a la Renta y como crédito fiscal para efectos del Impuesto General a las Ventas.
Al respecto, el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que: “A fin de establecer la renta bruta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta Ley, en consecuencia son deducibles….”
De otro lado, analizando el criterio de razonabilidad del gasto, consideramos que no resulta razonable que la empresa que tiene la intención de desvincularse de un personal, por motivos objetivos o subjetivos, con la finalidad de reemplazarlo o reestructurar el área en la cual los trabajadores prestaban sus servicios, se interés porque éstos se reinserten en otra empresa y contrate a un tercero para que brinde dicha capacitación, cuando estos ex servidores ya no le permiten generar renta ni ejerce respecto de los mismos un control o poder de dirección que sí mantenía mientras se encontraba vigente el vínculo laboral; asimismo, consideramos que al tener un límite en su deducción en la Ley del Impuesto a la Renta, el outplacement podría ser utilizado por las empresas para inflar el gasto por una capacitación a favor de ex servidores, alegando que el gasto resulta prorporcional en relación a sus ingresos, cuando en realidad se trata de una liberalidad que no cumple con el principio de causalidad del gasto.
La jurisprudencia del Tribunal Fiscal analizó los servicios de outplacement, con ocasión de la emisión de las Resoluciones N° y en las cuales sustentó que no constituyen gasto deducible toda vez que se otorgan cuando el beneficiario ya no mantiene un vínculo laboral con la empresa; sin embargo, señaló que su no deducción también estaría justificada al no haberse indicado expresamente en los convenios de mutuo disenso con los trabajadores, aspecto este último que permitiría que el gasto de outplacement pueda ser deducido en tanto se señale expresamente en los convenios de muto disenso con los trabajadores, a pesar que el beneficio se materialice cuando ya no se mantiene un vínculo laboral con los mismos, aspecto éste último que se analizó en la Resolución N° 17929-3-2013 y que sustentó la deducción como gasto del outplacement como veremos a continuación.
Resolución N° 01601-3-2010 del 11 de febrero de 2010.
Que la recurrente señala que el servicio consistió en capacitación a trabajadores que iban a ser despedidos para facilitar su reinserción en el mercado laboral, sin embargo, según se observa del listado de la planilla de trabajadores de folio 588, dichos trabajadores fueron cesados con fecha 30 de noviembre de 2001, siendo que además no se ha probado que tal curso forme parte de la negociación para el retiro o cese de las citadas personas, consecuentemente a la fecha de efectuada la capacitación los beneficiarios del curso no mantenían vínculo laboral alguno con la recurrente, razón por la cual no le resulta aplicable la deducción establecida en el inciso ll) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta”
Resolución N° 02763-4-2010 del 16 de marzo de 2010.
Consideramos que el fallo del Tribunal Fiscal en las Resoluciones N° 02763-4-2010 y 01601-3-2010, resulta válido, toda vez que el servicio de outplacement no podría ser deducible en la medida que se otorgue a un ex trabajador de la empresa, dado que, ya no está poniendo a disposición de la empresa su labor, y en caso se aceptara su deducción, las empresas podrían descontar de su renta neta todos los importes que ex trabajadores perciban posterioridad al vínculo laboral sin que preste efectivamente el servicio a favor de la entidad empleadora o le genere renta o utilidad por sus servicios, sin necesidad de analizar si los mismos cumplen el principio de causalidad, conclusión que no resultaría coherente en atención a lo expresamente señalado en el inciso l) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.
Sin embargo, en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 17929-3-2013, se permitió la deducción del gasto por concepto de outplacement, al encontrarse expresamente señalado en los convenios de mutuo disenso con los trabajadores, a pesar que la capacitación se otorgó cuando la empresa no mantenía vínculo laboral con los mismos, priorizándose así los términos contractuales para la deducción del gasto antes que el análisis de si dichas entregas cumplían o no con el principio de causalidad, tal como veremos a continuación:
Resolución del Tribunal Fiscal N° 17929-3-2013 del 3 de diciembre de 2013
Argumentos de la contribuyente:
“Que por lo tanto se concluye que los gastos por servicios de outplacement en el presente caso cumplen con el principio de causalidad previsto en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, y en ese sentido, corresponde levantar el reparo bajo examen y revocar la apelada en este extremo”
De lo expuesto en los párrafos anteriores, se desprende que si bien hay un criterio jurisprudencial vertido por el Tribunal Fiscal en la Resolución N° 17929-3-2013, (el cual no es vinculante para la Administración Tributaria al no constituir jurisprudencia de observancia obligatoria) que considera que los gastos por servicios de outplacement resultan deducibles si se encuentran incorporados en los convenios de mutuo disenso entre las empresas y los trabajadores, consideramos que los mismos no cumplen con el principio de causalidad del gasto, no pudiendo ser deducibles para efectos del Impuesto a la Renta y la contratación de los mismos, no daría derecho al crédito fiscal para efectos del Impuesto General a las Ventas, por las razones que pasamos a detallar a continuación:
De otro lado, cabe señalar que la posición del Tribunal Fiscal vertida en la Resolución N° 17929-3-2013, vinculada con la deducción como gasto de los gastos por concepto de outplacement ha sido ratificada con ocasión de la emisión de la Resolución N° 11284-8-2015 del 18 de noviembre de 2015, en la cual dicho colegiado, analizando los alcances del concepto de “outplacement” ha concluido lo siguiente:
Resolución del Tribunal Fiscal N° 11284-8-2015 del 18 de noviembre de 2015
“Que de lo expuesto, se tiene que la recurrente, en su calidad de entidad empleadora, contaba con una política de incentivos a fin de lograr que los trabajadores optaran en forma voluntaria por la extinción del vínculo laboral, incentivos entre los cuales se encontraba el programa de apoyo para la reinserción o recolocación en el mercado laboral denominado “outplacement”, servicio que era prestado por un tercero, la empresa DBM Perú, por el plazo de un año a partir del cese laboral o hasta que iniciaran una nueva relación de trabajo dependiente, lo que ocurriese primero.
Que en tal sentido, se tiene que la prestación del servicio de “outplacement” en favor de los ex trabajadores con quienes se suscribieron los convenios de referencia, no constituye una liberalidad de la empresa, sino que en el caso de autos, está acreditado que proviene de una obligación contractual asumida por la recurrente como parte de la negociación para la extinción del vínculo laboral.
Que por lo tanto, si bien en el presente caso los servicios de outplacement benefician a ex trabajadores, esto es, que el servicio se presta cuando ya no existe vínculo laboral, es servicio es contratado por la recurrente en favor de aquellos en estricto cumplimiento de una obligación contraída por la empresa con motivo del cese de la relación laboral, conforme se advierte de los convenios suscritos entre aquellas y los trabajadores, por lo que el gasto en mención se encuentra dentro del supuesto previsto por el inciso l) del artículo 37° De la Ley del Impuesto a la Renta, y no corresponde a un acto de liberalidad no deducible como erróneamente sostiene la Administración”
Que en consecuencia, el gasto por servicios de outplacement o recolocación de personal cesado de la empresa cumple con el principio de causalidad, por lo que procede levantar el presente reparo y revocar la apelada en este extremo.
Que tampoco son pertinentes las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 02763-4-2010 y 01601-3-2010, invocadas por la Administración porque corresponden a situaciones diferentes a la analizada, pues en tales casos, el colegiado determinó que no se había acreditado que las partes hubieran acordado los desembolsos por outplacement en virtud de la negociación para el retiro o cese de los trabajadores, aspecto que sí se encuentra acreditado en autos, a través de los CONVENIOS DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO POR MUTUO DISENSO presentados por la contribuyente.”
Al respecto, del análisis de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal vinculadas con la deducción como gasto por “servicios de outplacement”, la posición actual de dicho colegiado considera que los gastos por concepto de outplacement cumplen con el principio de causalidad previsto en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, sin embargo consideramos que la justificación para su deducción no debe tener como indicador la consignación expresa del outplacement en los convenios de mutuo disenso con el trabajador, toda vez que lo pactado entre las partes no necesariamente involucra que el gasto es causal, más aún si los gastos por concepto de outplacement están dirigidos a un personal que ya no forma parte de la fuente productora de renta de las empresas al momento en el cual se otorga el beneficio, lo cual evidencia que dicho desembolso no está vinculado con la generación o mantenimiento de la fuente productora de renta.
De otro lado, podemos concluir que si bien el inciso l) prevé que constituyen gastos deducibles a favor del trabajador aquellos efectuados a favor del personal con ocasión del vínculo laboral o con motivo del cese, la interpretación que corresponde darle a la norma debe atender a si al momento de la entrega o del pago del beneficio a favor del trabajador, estamos ante un desembolso que cumpla con el principio de causalidad; asimismo, resulta pertinente mencionar que el análisis para la deducción del gasto por outplacement, debe atender a analizar la causalidad del gasto por el servicio de capacitación a favor de ex trabajadores, y si ello constituye un beneficio para la empresa, toda vez que si se analiza el outplacement como un pago directo al ex trabajador por motivo del cese, y no lo que ha sido objeto de contratación por la empresa, esto es, el servicio de outplacement, se va a llegar a la conclusión que todo lo pactado mientras que era trabajador de la empresa ya es deducible, lo cual no se desprende del principio de causalidad previsto en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta.
Finalmente, de lo expresado en los párrafos precedentes podemos concluir que no toda obligación contractual es deducible, en consecuencia no toda obligación contractual cumple con el principio de causalidad, resultando necesario analizar en cada caso en concreto si lo contractual entre las partes, en la deducción del gasto tiene vinculación con el mantenimiento o generación de la fuente productora de renta.
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References: artículo 37
 artículo 37
 Resolución 

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