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Timestamp: 2019-10-21 11:42:19+00:00

Document:
Divorcio - Eslovenia
La ley eslovena admite el divorcio: a) en virtud de un acuerdo entre los cónyuges y b) mediante la presentación de una demanda de divorcio.
a) En el caso del divorcio de mutuo acuerdo entre los cónyuges, el órgano jurisdiccional acuerda el divorcio en virtud del artículo 64 de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR), siempre que las partes hayan alcanzado un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres (respecto a lo cual debe solicitarse la opinión de un centro de asistencia social) y presenten un acuerdo notarial de división de los bienes comunes, de uso de la vivienda común y de pensión del cónyuge que carezca de medios de subsistencia y se halle desempleado sin mediar culpa de su parte.
b) Si el matrimonio deviene por cualquier motivo «insostenible», cualquiera de los cónyuges puede solicitar su disolución mediante la presentación de una demanda de divorcio. En este caso, el órgano jurisdiccional decide también sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres. Antes de adoptar una decisión, el órgano jurisdiccional debe solicitar la opinión de un centro de asistencia social.
En ambos casos, una vez recibida una demanda de divorcio, el órgano jurisdiccional ordena al centro de asistencia social competente la realización de una entrevista de asesoramiento, a la que ambos cónyuges están obligados a asistir en persona, sin representantes. El centro de asistencia social informa al órgano jurisdiccional del resultado de la entrevista de asesoramiento.
La Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares solo admite un motivo de divorcio: que el matrimonio haya devenido insostenible. Esto significa que el matrimonio se ha roto de forma tan profunda e irreversible que no puede ya salvarse. El matrimonio solo se considera «insostenible» cuando las relaciones entre los cónyuges se han roto no de modo temporal, sino profunda e irreversiblemente por motivos graves. La insostenibilidad del matrimonio se evalúa atendiendo a la situación en el momento del juicio, teniendo en cuenta las circunstancias que han conducido a esa situación. El órgano jurisdiccional aprecia también la insostenibilidad cuando el cónyuge demandado acepta el divorcio.
El matrimonio puede extinguirse a instancia de cualquiera de los cónyuges, sin que sea preciso que ambos lo consideren insostenible.
No se plantea la cuestión de la responsabilidad del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible, y el órgano jurisdiccional no la determina tampoco en el curso del juicio. El matrimonio puede disolverse también a instancia del cónyuge responsable del hecho de que el matrimonio haya devenido insostenible.
Los efectos jurídicos del divorcio son los siguientes:
Las personas que han cambiado su apellido por el matrimonio pueden presentar en el plazo de seis meses desde la sentencia firme de divorcio o disolución del matrimonio una declaración para solicitar la recuperación de su apellido de solteras. Solo pueden presentar la declaración las personas que no hayan cambiado nuevamente su apellido durante el matrimonio (artículo 17 de la Ley de Nombres Personales/Zakon o osebnem imenu, ZOI-1). La cuestión del cambio de apellido es de carácter administrativo y la resuelve un órgano administrativo, no judicial.
Para la división de los bienes comunes, se presume legalmente que pertenecen a partes iguales a los dos cónyuges; no obstante, si uno de ellos considera que en tal caso quedaría en desventaja, puede solicitar el reparto en proporción a su contribución al patrimonio común. Para ello, el órgano jurisdiccional tiene en cuenta no solo la renta de cada cónyuge, sino otras circunstancias, como la asistencia prestada por uno al otro, el cuidado y la educación de los hijos, la realización del trabajo doméstico, el mantenimiento del patrimonio y cualquier otra forma de trabajo y participación en la administración, el mantenimiento y el acrecentamiento del patrimonio común.
En caso de divorcio de mutuo acuerdo, los cónyuges deben acordar la educación y el cuidado de los hijos, y el órgano jurisdiccional evalúa si el acuerdo responde al interés de los hijos. Los cónyuges pueden acordar
asumir o continuar ambos encargándose del cuidado y educación de los hijos;
confiar la educación y el cuidado de todos ellos a uno de los padres;
confiar alguno de ellos a un progenitor y de los restantes al otro progenitor.
Si los padres no llegan a un acuerdo sobre la cuestión, les ayudará a alcanzarlo un centro de asistencia social.
Si los padres llegan a un acuerdo sobre el cuidado y la educación, pueden proponer al órgano jurisdiccional que adopte una resolución al respecto en un procedimiento no contencioso.
Si no alcanzan un acuerdo o este no es en interés de los hijos, el órgano jurisdiccional no disolverá el matrimonio basándose en dicho acuerdo y será precisa una demanda de divorcio.
Si los padres no alcanzan un acuerdo sobre el cuidado y la educación de los hijos ni siquiera con la ayuda de un centro de asistencia social, el órgano jurisdiccional decidirá a petición de uno o de ambos padres
En casos excepcionales, el órgano jurisdiccional puede decidir confiar la educación y el cuidado de todos o alguno de ellos a un tercero,
Previo dictamen de un centro de asistencia social y, al formar la decisión, oyendo al niño directamente o a través de una persona de su confianza elegida por el propio niño, si este es capaz de entender el significado y las consecuencias del acto.
En caso de divorcio mediante presentación de una demanda y con el fin de regular las relaciones entre los cónyuges y sus hijos menores comunes, el órgano jurisdiccional decidirá sobre el cuidado y la educación de los hijos una vez determinado el mejor modo de defender el interés de estos. También en este caso, los padres pueden acordar el cuidado y la educación de los hijos comunes en interés de estos; se aplican las mismas reglas, mutatis mutandis, al cuidado y la educación de los hijos que en el caso de divorcio de mutuo acuerdo. La sentencia de divorcio establece con quién vivirán los menores tras el divorcio, el régimen de visitas del otro progenitor y la manutención de los menores.
Los padres deben tratar de llegar a un acuerdo sobre el régimen de visitas.
Si alcanzan un acuerdo, pueden proponer al órgano jurisdiccional que adopte una resolución al respecto en un procedimiento no litigioso; el órgano jurisdiccional rechazará el acuerdo si considera que no responde al interés de los hijos.
Si los padres no logran alcanzar un acuerdo, el órgano jurisdiccional decidirá a propuesta de uno de ellos (en caso de divorcio en virtud de un acuerdo entre los cónyuges, estos deben aportar un acuerdo sobre el régimen de visitas, que el órgano jurisdiccional incluirá en la sentencia de divorcio), que deberá acreditar la intervención del centro de asistencia social para demostrar que han tratado previamente de alcanzarlo.
El órgano jurisdiccional decide de oficio sobre el régimen de visitas únicamente cuando la cuestión afecta al régimen de visitas tras una demanda de divorcio o la disolución del matrimonio de los padres.
El régimen de visitas se establece en primera instancia ante los juzgados de distrito (okrožna sodišča) en un procedimiento no litigioso, a menos que decidan conjuntamente el cuidado y la educación de los hijos, en cuyo caso la cuestión se determina en un procedimiento civil.
Para determinar el régimen de visitas se tiene principalmente en cuenta el interés del menor: se considera que el régimen de visitas no defiende el interés del menor si le impone presiones psicológicas o pone en peligro su desarrollo físico y mental.
Para adoptar su decisión, el órgano jurisdiccional tiene también en cuenta la opinión del menor, si la expresa el propio niño o una persona de su confianza elegida por él, siempre que sea capaz de entender el significado y las consecuencias de ello.
El niño tiene también derecho al contacto con otros familiares que tengan vínculos estrechos con él (como sus abuelos y sus medio hermanos).
MANUTENCIÓN del cónyuge y los hijos
Los cónyuges pueden alcanzar un acuerdo sobre la manutención de los hijos, que deberán firmar ante el órgano jurisdiccional; en tal caso, el tribunal dicta una resolución especial en un procedimiento no litigioso. Si el acuerdo no responde al interés de los hijos, el órgano jurisdiccional denegará su aprobación.
Si los cónyuges no han alcanzado un acuerdo por sí mismos o con la ayuda de un centro de asistencia social, pueden solicitar al órgano jurisdiccional que adopte una decisión. Antes de hacerlo, el órgano jurisdiccional debe solicitar la opinión de un centro de asistencia social y tener en cuenta la opinión del niño, si este la ha expresado y es capaz de entender su importancia y sus consecuencias.
Los padres están obligados a mantener sus hijos hasta que alcanzan la mayoría de edad y, posteriormente, hasta que terminan su educación ordinaria y alcanzan los 26 años de edad, en la medida en que su capacidad material y su renta lo permitan, con el fin de proteger el interés del menor (su desarrollo general).
La manutención de los hijos se determina en función de las necesidades del menor y la capacidad material y de renta de la persona responsable. A tal efecto, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta el interés del niño, de modo que su manutención sea adecuada para asegurar su desarrollo físico y mental. La manutención de los hijos se revisa anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia.
El cónyuge o pareja extramatrimonial está obligado a mantener a los hijos menores de su pareja con los que convivan si los padres no pueden hacerlo.
Los hijos mayores de edad están obligados a mantener a sus padres si estos carecen de medios suficientes y no pueden adquirirlos ni recibir tal manutención del otro cónyuge.
El cónyuge que carece de medios de vida y está desempleado sin mediar culpa de su parte tiene derecho a manutención.
La manutención puede solicitarse durante el procedimiento de divorcio o mediante una demanda específica en el plazo de un año desde la disolución definitiva del matrimonio si las condiciones para recibirlo existían en el momento del divorcio y continúan existiendo en el momento de su solicitud.
Los cónyuges pueden alcanzar un acuerdo sobre la manutención en caso de divorcio mediante un acuerdo de manutención ante notario público en forma de documento notarial ejecutivo.
La manutención puede establecerse por tiempo indefinido o por un plazo determinado para que el cónyuge pueda situarse en una nueva posición y organizar sus asuntos.
La manutención se establece en función de las necesidades del solicitante y las capacidades de la persona que lo paga. Es una cantidad mensual que se abona por anticipado y puede solicitarse desde el momento de la presentación de la demanda de solicitud de manutención. En casos excepcionales, puede pagarse de una sola vez.
El tribunal deniega las demandas de manutención si su pago resultaría injusto para el obligado a la luz de los motivos que hicieron insostenible el matrimonio o si la persona con derecho a manutención hubiera cometido un delito contra el obligado a pagarlo o sus familiares cercanos antes o después del procedimiento de divorcio.
Un cónyuge no está obligado a mantener al otro si ello pondría en peligro su capacidad de mantenerse a sí mismo o de mantener a los menores a su cargo.
La manutención de los hijos se revisa anualmente en función del índice de precios al consumo de Eslovenia.
La «cohabitación» (življenjska skupnost) es un elemento esencial del matrimonio (artículo 3 de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares). La desaparición de la cohabitación (prenehanje življenjske skupnosti) o separación legal supone la desaparición definitiva de los elementos esenciales de la relación mutua entre los cónyuges. Al concluir la cohabitación, desaparece la unión económica y los vínculos íntimos y afectivos entre los cónyuges, como puede ser el caso del hogar común, etc.
La ley no especifica las condiciones de la separación legal. Los órganos jurisdiccionales deciden sobre la separación legal en cada caso en función de sus circunstancias y características concretas.
La separación legal no afecta a la existencia del matrimonio, únicamente supone la desaparición de la cohabitación. Para disolver el matrimonio es precisa una demanda sin acuerdo o una propuesta de disolución de mutuo acuerdo. Con la separación legal, los cónyuges ponen fin a la creación de un patrimonio común. El cónyuge dependiente puede solicitar la manutención mediante una demanda en el plazo de un año desde la separación legal.
La anulación del matrimonio supone que en el momento de su celebración no se dieron las condiciones legalmente exigidas para su validez (es decir, no se contrajo voluntariamente, el consentimiento se prestó bajo coacción o por error, no se celebró con arreglo al procedimiento establecido, los contrayentes eran parientes cercanos o alguno de ellos padecía una enfermedad mental grave o actuó sin suficiente reflexión previa). Los efectos jurídicos del matrimonio desaparecen desde el día en que adquiere firmeza la sentencia de nulidad.
Ø El matrimonio no deviene nulo ipso iure, solo puede anularse mediante una sentencia.
Ø La ley eslovena distingue entre la nulidad relativa y absoluta del matrimonio. La distinción hace referencia a las distintas personas que pueden demandar la nulidad.
a) Los motivos de nulidad relativa son:
discapacidad mental grave o incapacidad de juicio en el momento de la celebración del matrimonio (a instancia de uno de los cónyuges, pero solo una vez finalizada la situación);
consentimiento prestado bajo coacción o error (a instancia del contrayente bajo coacción o por error);
matrimonio celebrado por persona menor de 18 años de edad (a instancia de los padres o del tutor).
b) Los motivos de nulidad absoluta son los siguientes [las personas legitimadas para presentar una demanda son, además de ambos cónyuges, otras personas que se beneficien de modo directo de la nulidad del matrimonio (por ejemplo, otros herederos del cónyuge fallecido pueden demandar la nulidad del matrimonio para que el cónyuge superviviente pierda sus derechos hereditarios); los beneficiarios pueden presentar también una demanda tras la anulación del matrimonio; y también la fiscalía puede instar la nulidad]:
discapacidad mental grave o incapacidad de juicio de un cónyuge persistente en el momento en que se demande la nulidad;
si uno de los cónyuges estaba ya casado en el momento de celebrarse el matrimonio;
si los cónyuges son parientes en línea directa o en línea colateral hasta cuarto grado;
si en el momento de contraer matrimonio no estaban presentes los cónyuges o un cónyuge y un representante del otro;
si los cónyuges no celebraron el matrimonio con el propósito de mantener un hogar común.
Los efectos jurídicos de la anulación del matrimonio se producen desde el día en que adquiere firmeza la sentencia de nulidad. En cuanto a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, la manutención del cónyuge dependiente, la devolución de los obsequios entre los cónyuges y las relaciones de estos con sus hijos comunes, los efectos jurídicos son iguales en la anulación que en el divorcio.
La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), que entró en vigor en junio de 2008, regula la mediación en los litigios sobre relaciones de derecho civil, mercantiles, laborales, familiares y otras relaciones patrimoniales respecto de las cuales las partes pueden libremente negociar y transigir, salvo disposición en contrario de una ley específica. El matrimonio no puede disolverse en sí mismo sin la intervención de un órgano jurisdiccional, ante el que debe interponerse una demanda sin acuerdo o una propuesta de disolución de mutuo acuerdo.
El artículo 32 de la Ley de Procedimiento Civil (Zakon o pravdnem postopku) asigna a los juzgados de distrito el conocimiento de los litigios matrimoniales (en materia de nulidad o divorcio; la ley eslovena no contempla una demanda específica de separación legal).
La demanda o propuesta de disolución debe ir acompañada de una certificación del registro matrimonial y del registro de nacimientos, y en la vista debe presentarse el documento personal de identidad.
Los cónyuges deben adjuntar lo siguiente a la propuesta de disolución del matrimonio de mutuo acuerdo:
un acuerdo sobre el cuidado, la educación y la manutención de los hijos comunes y el régimen de visitas de los padres (con el dictamen de un centro de asistencia social);
un acuerdo sobre la división del patrimonio común en forma de documento notarial ejecutivo;
un acuerdo sobre quién conservará o adquirirá el uso del último domicilio común;
un acuerdo sobre la manutención del cónyuge que carece de medios de vida y está desempleado sin mediar culpa de su parte.
El tribunal exime del pago de las tasas judiciales si estas reducirían notablemente la renta disponible para la manutención propia o la de los familiares. Los extranjeros a los que sean de aplicación un tratado internacional o condiciones de reciprocidad están exentos del pago de las tasas judiciales (artículos 10 y 11 de la Ley de Tasas Judiciales/Zakon o sodnih taksah, ZST-1).
Las partes pueden solicitar asistencia jurídica gratuita para cubrir los costes de abogados y peritos; la decisión de conceder o no la asistencia jurídica gratuita corresponde al órgano jurisdiccional de distrito del lugar de residencia permanente del solicitante. En este procedimiento, el tribunal evalúa los criterios (sustantivos, económicos) en relación con lo dispuesto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Zakon o brezplačni pravni pomoči).
La sentencia de divorcio o anulación del matrimonio puede recurrirse ante un tribunal superior (višje sodišče), generalmente en un plazo de 15 días. La sentencia de divorcio basada en una propuesta de los cónyuges de mutuo acuerdo puede recurrirse:
si se han producido infracciones graves del procedimiento civil;
si la parte presentó la propuesta por error o bajo coacción o engaño;
si no se cumplen los requisitos legales del divorcio de mutuo acuerdo.
El recurso extraordinario de revisión no cabe en los litigios matrimoniales.
De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 2210/2003, las resoluciones judiciales emitidas en otro Estado miembro se reconocen sin necesidad de iniciar un procedimiento especial al efecto.
Las partes interesadas pueden solicitar una decisión sobre el reconocimiento o no de una resolución judicial. Para ello, deben presentar una solicitud de declaración de reconocimiento de la sentencia ante el órgano jurisdiccional de distrito competente de Eslovenia.
La presentación de la demanda se rige por la ley eslovena.
La parte que solicita o se opone al reconocimiento de una resolución judicial o presenta una demanda de declaración de reconocimiento de sentencia debe aportar:
copia de la resolución judicial que reúna los requisitos necesarios para confirmar su autenticidad;
confirmación, en un formato normalizado, de la resolución judicial en el litigio matrimonial.
Lo dispuesto en el Reglamento (CE) 2201/2003 (Bruselas II bis) se aplica principal y directamente a los asuntos de jurisdicción internacional que afecten a nacionales o residentes de Estados miembros de la UE.
Si ambos cónyuges son nacionales de distintos países en el momento de la presentación de la demanda, se aplican las leyes acumuladas de dichos países con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional eslovena (artículo 37, apartado 2, de la Ley de Derecho y Procedimiento Internacional Privado/Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).
Si el matrimonio no puede disolverse con arreglo a la ley de los países de nacionalidad de los cónyuges, se aplica la ley eslovena si uno de los cónyuges tenía residencia permanente en este país en el momento de presentación de la demanda.
Si uno de los cónyuges es de nacionalidad eslovena pero no tiene residencia permanente en este país y el matrimonio no puede disolverse con arreglo a lo establecido en el citado artículo 37, apartado 2, la disolución se regirá por el derecho esloveno.

References: artículo 64
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 37