Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2015/10/02/responsabilidad-por-los-danos-en-el-inmueble-por-el-avance-de-las-raices-de-los-arboles-ubicados-en-la-vereda/
Timestamp: 2020-08-06 19:26:40+00:00

Document:
Responsabilidad por los daños en el inmueble por el avance de las raíces de los árboles ubicados en la vereda – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 2 octubre 2015
Partes: Grande José y otros c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)
Cita: MJ-JU-M-94299-AR | MJJ94299 | MJJ94299
Se responsabiliza al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños sufridos en el inmueble propiedad de los actores a raíz del avance de las raíces de los ejemplares arbóreos ubicados en la vereda, al incumplir la obligación de mantenimiento y conservación e incurrir en una falta de servicio. Cuadro de rubros indemnizatorios.
1.-Corresponde condenar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a resarcir los daños y perjuicios sufridos por los actores con motivo del avance de las raíces de dos árboles situados frente a su propiedad como consecuencia de la falta de mantenimiento, y se proceda al corte profundo de las raíces y la posterior reparación de la respectiva vereda, por cumplir de manera irregular su deber de adoptar las medidas necesarias para conservar el arbolado público, toda vez que de la totalidad del material probatorio obrante permite tener por suficientemente probado el efectivo acaecimiento del hecho dañoso ocurrido en la propiedad de los actores.
2.-Es evidente que la pretensión esgrimida por los coactores con respecto la remoción y corte de las raíces ha devenido abstracta y, en consecuencia, nada cabe resolver sobre el punto, toda vez que de las constancias existentes en autos, se ha señalado que efectivamente se han removido las especies arbóreas.
3.-La Ley Nº 1556 , norma vigente en el momento de la producción del evento dañoso y que regulaba el cuidado del arbolado público urbano, imponía al gobierno local la vigilancia, mantenimiento y custodia de los elementos que circundan las vías de tránsito, como es el caso de los árboles, obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones que se mantiene vigente en la actualidad a partir del dictado de la Ley Nº 3263 de Arbolado Público Urbano.
4.-Los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, al estar ubicados en calles y plazas, constituyen bienes del dominio público del Estado, y pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlos en buen estado, de manera que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos, para su integridad o bienes, de modo que cualquier incumplimiento debidamente acreditado de esa obligación, como en autos, a través de la falta de realización de las tareas mínimas indispensables para mantener en condiciones seguras al arbolado público, configura un ejercicio irregular de sus funciones.
5.-Los accionantes efectuaron varias presentaciones y reclamos ante una dependencia del Gobierno, de manera que la demandada se encontraba en pleno conocimiento del estado sanitario y mecánico de los árboles y de las veredas, y conocía los perjuicios ocasionados en el inmueble ya desde octubre de 2002, de acuerdo a las contestaciones de oficios obrantes en autos, por lo cual es posible concluir que este comportamiento pasivo, a pesar de la existencia de un deber concreto de actuación, ha dado lugar a la configuración de un accionar irregular que determina una falta de servicio, en los términos establecidos en el art. 1112 del CCiv.
6.-La impugnación a la pericial no puede tener favorable acogida, toda vez que las respuestas brindadas por el experto en su responde resultan acertadas, solventes y razonadas, y la parte demandada ha formulado una lacónica impugnación del dictamen que no permite tener por correctamente fundada la crítica intentada.
7.-No todas las condiciones negativas y positivas que contribuyeron a la producción de un resultado pueden dan origen al deber de responder, y es necesario recurrir a las previsiones del Código Civil, ante la falta de una regulación concreta propia del ámbito del Derecho Administrativo. Teniendo ello presente, los actores han demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre los daños materiales y morales invocados, los que han sido una consecuencia directa de la omisión en que ha incurrido el GCBA ante la falta de realización de tareas de control y mantenimiento respecto de los árboles ubicados en la vereda de la propiedad de aquellos; omisión que a su vez determinó la invasión de las raíces en el subsuelo de la vivienda, que afectó la cañería de agua.
8.-Teniendo en cuenta los hechos probados, en especial, la reiteración de los reclamos al GCBA a lo largo de los años, sin obtener respuesta, sumado a que dicha situación se proyectó sobre la vida doméstica y cotidiana de los actores, sin duda poseen entidad suficiente para generar una perturbación anímica, agravada por la posterior sensación de incertidumbre respecto de la posibilidad de recuperar los costos de reparación del inmueble deteriorado, circunstancias estas que son aptas para provocar molestias en el ritmo habitual de vida de la parte demandante, de modo que corresponde que sean resarcidas.
Ciudad de Buenos Aires, 13 de julio de 2015.-
I.- Mediante el escrito de fojas 1/7 se presentaron por derecho propio los actores José GRANDE, María Rosa GRANDE, Marcelo Alejandro GRANDE y María Concepción ARANGO, e interpusieron la presente acción contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reclamando el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que -según alegaron- les fueron ocasionados en la acera y en su propiedad, con motivo del avance de las raíces profundas de los dos árboles situados en la finca situada en la calle Guardia Nacional Nº 3111 de la CABA. Asimismo, solicitaron que se intimara al GCBA -Dirección General de Espacios Verdes- a que procediera al corte profundo de las mencionadas raíces y a la posterior reparación de la respectiva vereda. De conformidad con la pretensión esgrimida, valuaron los perjuicios sufridos en la suma de quince mil pesos ($15.000), que debía ser abonado juntamente con sus intereses, desde la fecha en que se hubiera producido cada uno de los perjuicios invocados. Relataron que, desde el año 2002, comenzaron a realizar numerosos reclamos ante la Dirección General de Espacios Verdes, sin haber obtenido respuesta alguna y que, finalmente, el 14/01/2008 insistieron en sus reclamos, ante la urgencia de la situación, debido a los daños provocados por la rotura de los caños de gas y de desagüe pluvial de su vivienda. Añadieron que la falta de mantenimiento del arbolado urbano -ubicado en el frente de su propiedad- por parte del GCBA, tuvo las siguientes consecuencias: (i) humedad en el inmueble, (ii) afectación de la nivelación de los pisos, (iii) impedimento de la apertura de la puerta, (iv) hundimiento de los cimientos provocando un cráter que debió ser rellenado, (v) deterioro de los caños de gas y pluviales, y (vi) rotura de la cerámica en los sectores afectados.Señalaron que estas deficiencias habían generado un riesgo cierto para los eventuales transeúntes y en consecuencia, podían atentar contra su integridad física, especialmente de los vecinos de edad avanzada o aquellos que padecían algún tipo de capacidad motriz disminuida. Invocaron, en consecuencia la responsabilidad de la autoridad administrativa por la falta de adopción de las medidas pertinentes para la conservación de los bienes del dominio público y citaron, en sustento de su pretensión, el artículo 1113 del Código Civil. Posteriormente, detallaron los rubros por los cuales sufrieron los perjuicios económicos alegados. En tal sentido, respecto del daño material, incluyeron el costo de los gastos incurridos para efectuar la reparación de caños, cerámicas, pastina, laja, arena y la mano de obra de albañilería y gasista, por la suma de diez mil pesos ($10.000). Luego, estimaron el daño moral en la suma de cinco mil pesos ($5.000), de modo tal que el monto total reclamado en autos alcanzaba la suma de quince mil pesos ($15.000), con más intereses y costas. A fin de probar sus dichos, ofrecieron prueba documental, confesional, testimonial, informativa y pericial. Finalmente, solicitaron que se hiciera lugar a la demanda impetrada, y que se condenara a la parte demandada al pago del monto reclamado, con más los intereses que correspondieran y las costas del proceso. II.- Una vez habilitada la instancia judicial (v. dictamen del Sr. Fiscal a fs. 61 y providencia de fs. 62), y en virtud del traslado de fojas 66/75, se presentó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – por intermedio de su letrada apoderada- a fin de contestar la demanda instaurada.
En primer lugar, realizó una pormenorizada negación de las alegaciones efectuadas en la demanda y desconoció la prueba documental aportada por la actora. A continuación se refirió al sustento fáctico de la pretensión de autos.Señaló que, a través de la lectura de la demanda y de la prueba instrumental acompañada por la actora, no se comprobaba relación de causalidad adecuada entre los daños denunciados y las raíces de los árboles referidos en la demanda, de modo tal que pudiera generar responsabilidad del GCBA. Manifestó que debía, en principio, analizarse el estado previo del inmueble, su antigüedad, condiciones de mantenimiento, ancho de la vereda, etc., a fin de dilucidar la causa de origen de las rajaduras. Expresó que los materiales de la construcción, con el transcurso del tiempo, sufrían un desgaste natural y que los caños de “época” (que no eran de hidrobronz) producían corrosión y oxidación y, por lo tanto, se perforaban. En consecuencia, señaló que el estado del caño, por su sudoración y pérdida de agua, provocaba lo que se conocía como “hidrotropismo positivo” (es decir, el avance de las raíces hacia el agua que despedían los caños), que a su vez generaba el crecimiento e invasión de aquéllas en forma horizontal (v. fs. 68). Por otra parte, entendió que si la parte actora hubiese tenido una mayor diligencia en la conservación y mantenimiento de la totalidad de su finca, (tareas de renovación, sustitución de caños, trabajos de permeabilización de los cimientos, etc.,) nunca habría sufrido los supuestos daños que invocó en la demanda. En este aspecto, afirmó que la conservación de la totalidad de las instalaciones vetustas le competía al propietario del inmueble. En resumen, sostuvo que no podía adjudicarse responsabilidad alguna a su mandante por la rajadura de la pared de los actores, ya que si aquélla hubiera tenido origen en la invasión de las raíces de plátanos, “la mitad de los edificios del éjido capitalino se encontraría con las paredes agrietadas”. (v. fs.69) De acuerdo con estas afirmaciones, concluyó señalando que los daños invocados eran de exclusiva responsabilidad del damnificado, quien debía asumir las consecuencias de su propia negligencia, de conformidad con lo prescripto por el art. 1111 del Código Civil. En forma subsidiaria, se refirió a la cuantificación de los daños, solicitando se rechazaran las sumas indemnizatorias pretendidas por improcedentes, excesivas, infundadas e irrazonables. En tal sentido, realizó consideraciones a fin de controvertir cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados. Por último, ofreció prueba documental y pericial, y peticionó, en definitiva, que se rechazara la demanda, con costas. III.- A fojas 83 se dispuso convocar a las partes a la audiencia prevista en el artículo 288 del CCAyT. El acta de fojas 87 da cuenta de la realización de ese acto procesal, en el que se decidió abrir la causa a prueba y se proveyeron las probanzas ofrecidas. Luego de producidas las pertinentes medidas probatorias, a fojas 195 se pusieron los autos a los fines del artículo 390 del CCAyT. El alegato de la parte actora fue agregado a fojas 207/209, y el de la demandada a fojas 212/217. A fojas 219 pasaron los autos a despacho para dictar sentencia.
I.- En el caso de autos, de acuerdo con los hechos narrados en el escrito de demanda, los actores pretendieron, en primer lugar, que se ordenara al GCBA a que procediera a la poda de dos árboles ubicados en el inmueble de propiedad de los actores, junto con sus raíces. En segundo término, solicitaron que se condenara al GCBA al pago de un resarcimiento por los daños y perjuicios presuntamente sufridos como consecuencia de la falta de mantenimiento de los mencionados árboles, cuyas raíces habían dañado la vereda y penetrado en su propiedad. I.1 En cuanto a la primera pretensión articulada -esto es, la remoción y corte de las raíces-, cabe señalar que tanto en la contestación de oficio obrante a fojas 187/192 -que no fue impugnada en los términos del art.331 del CCAyT-, como en los escritos de fojas 132/136 y de fojas 206/209, se ha señalado que efectivamente se han removido las especies arbóreas. En consecuencia, resulta aplicable las consideraciones desarrolladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, al señalar que “no puede ignorarse la regla según la cual las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan, aunque sean sobrevinientes a la interposición del recurso (cf. doctrina de Fallos: 311:787;310:112; 315:2074; 318:342)”[TSJ CABA en la causa “Pérez, Ariel c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” de fecha 21/03/2007)].
De acuerdo con lo señalado en el precedente citado, es evidente que la primera pretensión esgrimida por los coactores en estos autos ha devenido abstracta y, en consecuencia, nada cabe resolver sobre el punto. I.2 Ahora bien, despejada la cuestión anterior y teniendo en cuenta el contexto fáctico relatado, en segundo lugar los accionantes también pretenden que se declare la responsabilidad del Estado local por el accionar omisivo ilícito que le atribuyen, en el marco de un vínculo de naturaleza extracontractual. Se trata, entonces, de un supuesto de responsabilidad por omisión, sustentado en el supuesto incumplimiento de un deber normativo a cargo del demandado. Al resolver el conflicto suscitado en la causa “Addimanda Luis Alberto c/CGBA s/responsabilidad médica” (Expte. 14577/0, sentencia del 05/06/13) se detalló cuál es el marco conceptual aplicable a la responsabilidad estatal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuyas consideraciones corresponde remitirse en honor a la brevedad. Más allá de la remisión efectuada, cabe aquí recordar que la responsabilidad del Estado puede suscitarse tanto como consecuencia de una acción, como de una omisión estatal. Este último caso se configura, esencialmente, cuando el Estado no adopta decisiones en el cumplimiento de sus deberes que podrían haber evitado la producción de un evento dañoso.II.- El Máximo Tribunal también ha sistematizado los recaudos de orden genérico que deben concurrir para la procedencia de todo reclamo resarcitorio fundado en la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita. Así, la Corte ha exigido la presencia de los si guientes requisitos: (a) la autoridad pública debe haber incurrido en una falta de servicio (artículo 1112 del Código Civil); (b) el actor debe haber sufrido un daño actual y cierto; y (c) debe existir una relación de causalidad entre la conducta estatal (omisiva) impugnada y el daño cuya reparación se persigue (CSJN, “Parisi de Frezzini, Francisca c/ Laboratorios Huillen y otros” , Fallos, 332:2328).
A su vez, en recientes pronunciamientos la Corte ha dicho que -cuando se pretende responsabilizar a las autoridades públicas por su obrar omisivo- el análisis de la presencia de los recaudos antes enumerados es más estricto. Así, se ha señalado que “resulta relevante diferenciar las acciones de las omisiones, ya que si bien esta Corte ha admitido con frecuencia la responsabilidad derivada de las primeras, no ha ocurrido lo mismo con las segundas. Respecto del último supuesto corresponde distinguir entre los casos de omisiones a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible. La determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados debe ser motivo de un juicio estricto y basado en la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias generalizables de la decisión a tomar” (CSJN, “Mosca”, Fallos, 330:563).
III.1. De acuerdo con los presupuestos antes detallados, en primer lugar, es necesario determinar si el GCBA incurrió en una falta de servicio.En el caso, por cumplir de manera irregular su deber de adoptar las medidas necesarias para conservar el arbolado público. A tales efectos, y en lo que atañe específicamente a las obligaciones del GCBA vinculadas con la causa, es menester destacar que la Ley Nº 1556 (BOCBA Nº www2116 del 25/01/2005) -norma de “Regulación del Arbolado Público Urbano” vigente al momento de producción del evento dañoso alegado en el sub lite establecía en su artículo 14 que “[l]a autoridad de aplicación [debía] tomar las medidas necesarias para la conservación del arbolado público, conforme a las normas técnicas para su adecuado manejo y conservación. A tal fin [debía] realizar inspecciones periódicas a los efectos de detectar enfermedades o daños con la supervisión de un ingeniero forestal o agrónomo como técnico responsable”. En efecto, la Ley Nº 1556, que regulaba el cuidado del arbolado público urbano al tiempo de producirse los hechos de autos, imponía al GCBA la vigilancia, mantenimiento y custodia de los elementos que circundan las vías de tránsito, como es el caso de los árboles. A su vez, esta obligación legal de conservación del arbolado público en buenas condiciones se mantiene vigente en la actualidad, a partir del dictado de la Ley Nº 3263 de Arbolado Público Urbano.En sentido concordante, la Corte Suprema ha señalado, “el uso y goce de los bienes del dominio público por parte de los particulares importa para el Estado – considerado ‘lato sensu’- la obligación de colocar sus bienes en condiciones de ser utilizados sin riesgos” (CSJN, Fallos 315:2834 y 317:144, entre otros).
De tal modo, por expresa previsión normativa los árboles de la Ciudad de Buenos Aires, -al estar ubicados, entre otros lugares, en calles y plazas-, constituyen bienes del dominio público del Estado, y pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlos en buen estado, de manera que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos, para su integridad o bienes. A partir de todo lo expuesto resulta claro que la autoridad pública tiene el deber de ejercer sus competencias públicas constitucionales y legales a fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes, de modo que cualquier incumplimiento debidamente acreditado de esa obligación -en el caso, a través de la falta de realización de las tareas mínimas indispensables para mantener en condiciones seguras al arbolado público-, configura un ejercicio irregular de sus funciones. Entonces, si a consecuencia del incumplimiento de esa obligación de mantenimiento y conservación un individuo sufriera un daño cierto y efectivo en su persona o bienes y, a su vez, se presentaran los restantes presupuestos que hacen procedente la responsabilidad estatal, correspondería que la Ciudad de Buenos Aires indemnizara los perjuicios ocurridos.
III.2. A partir de tales premisas, corresponde analizar si, en el sub lite, el GCBA incumplió su obligación de mantenimiento y conservación respecto de los ejemplares arbóreos ubicados en la vereda de la propiedad de los actores. Pues bien, de las constancias obrantes en autos se desprende que los accionantes efectuaron varias presentaciones y reclamos ante Dirección General de Espacios Verdes de la la Subsecretaría de Atención Ciudadana (reclamos Nº 37760/02 – fs. 21/22-, y Nº 37763/02 -fs.26/27-), de manera que la demandada se encontraba en pleno conocimiento del estado sanitario y mecánico de los árboles y de las veredas. Asimismo, es claro también que conocía los perjuicios ocasionados en el inmueble a consecuencia de las circunstancias descriptas, ya desde octubre de 2002 (ver contestaciones de oficios obrantes a fs. 46/57). En consecuencia, ha sido su inacción la que provocó que continuara y se mantuviera en el tiempo la situación dañosa imperante. De este modo, es posible concluir que este comportamiento pasivo, a pesar de la existencia de un deber concreto de actuación, ha dado lugar a la configuración de un accionar irregular que ha dado lugar una falta de servicio, en los términos establecidos en el art. 1112 del Código Civil. IV.- Demostrada la existencia de un obrar defectuoso, en segundo lugar es necesario establecer si, a consecuencia del incumplimiento del deber de actuar, se produjo un daño cierto y efectivo al actor. Así, en cuanto al material probatorio que sustenta el acaecimiento del hecho dañoso alegado por la actora, es necesario considerar, en primer lugar, los reclamos formulados (y sus múltiples reiteraciones) ante la Dirección General de Espacios Verdes de los que se da cuenta supra. A su vez, en la pericia practicada en autos se sostuvo que “la cañería rota aparenta ser de PVC y presenta una fractura irregular compatible con las roturas por empuje lateral, como las que producen las raíces de los árboles” (énfasis agregado). Asimismo, el experto indicó que se podía apreciar la existencia de un daño conocido como “efecto caverna”, que se produce por el lavado constante de la tierra debajo de los solados, generado a partir de la rotura de una cañería conductora de efluentes pluviales que corre paralela a la línea municipal.Agregó que “la rotura de la cañería hace que al producirse la descarga de agua durante las precipitaciones pluviales, la misma fugue por este quiebre y transforme en lodo la tierra circundante, el cual, al transformarse en un material líquido, es a su vez arrastrado a través del tramo siguiente de la cañería hacia el exterior de la vivienda. Este lento pero persistente vaciamiento origina la oquedad que se observa debajo de los restos del patio de la vivienda.” (v fs. 163 vta.). El perito también acompañó -a modo ilustrativo- un croquis donde se indicaron las reparaciones realizadas por la actora. Dicho profesional manifestó que “se han colocado las baldosas a contrapendiente generando una zona central en la cual se acumula agua durante las precipitaciones pluviales, dificultando la circulación de los peatones. Sobre el extremo izquierdo se observa parte de la vereda rota, en coincidencia con los medidores de luz. Se observa también el cambio de baldosas adyacentes a la caja de AYSA, en la entrada del local comercial”. Al contestar el pedido de explicaciones efectuado por la parte demandada a fojas 174, el profesional señaló que “la inspección no fue realizada sobre ninguna unidad funcional en especial, sino sobre el inmueble en su conjunto”, y que “se observa[ba] el cambio de baldosas desde el exterior de la finca hacia los medidores de gas, lo cual es indicio de cambio del tramo de cañerías previo al medidor.”
IV.1 En cuanto a los testimonios obrantes en autos, (v. declaraciones de los testigos Salvador Edgardo Di Tomase y Javier Brand Di Claudio a fs. 95 y 97, respectivamente), los testigos coincidieron en que existía un árbol en la vereda frente al domicilio de los actores y que éste produjo un daño en la vivienda de éstos últimos. Allí manifestaron, en lo sustancial, que ” [-] el daño fue notorio y visible a simple vista” (v. fs. 95) y que “el árbol había roto todo el patio de la actora el cual se había hundido y también estaba levantando parte de la vereda” (v.fs. 97). Asimismo, que “se realizaron reparaciones [-] fueron grandes [-] donde había fácil tres personas”(v. fs. 95). Agregaron que “los gastos de reparaciones estuvieron bajo el dominio de los actores” y que “las reparaciones fueron realizadas en los últimos meses del año 2008” (v. fs. 97). IV.2. Respecto de la pericia ordenada en autos, resulta oportuno puntualizar que, aun cuando la parte demandada ha formulado una lacónica impugnación del dictamen obrante a fojas 152/166 (v. fs. 172/174), los términos en que fue planteado el disenso no permiten tener por correctamente fundada la crítica intentada. A ello corresponde añadir que las respuestas brindadas por el experto en su responde (fojas 177/179) resultan acertadas, solventes y razonadas. De esta manera, es relavante tener en cuenta que el artículo 384 del CCAyT establece que “[l]a fuerza probatoria del dictamen pericial es estimada por el/la juez/a teniendo en cuenta la competencia del/la perito/a, los principios científicos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, las observaciones formuladas por los/las consultores/as técnic os/as o los/las letrados/as, y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca”. Asimismo, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, aún cuando las conclusiones del dictamen pericial no obligan a los jueces en la ponderación de la prueba, para prescindir de ellas se requiere, cuanto menos, que se le opongan otros elementos no menos convincentes (conf.doctrina de Fallos 310:1697; causa S.1682.XXXII., “Soregaroli de Saavedra, María Cristina c/ Bossio, Eduardo César y otros” del 13 de agosto de 1998). En este orden de ideas, debe tenerse presente que, como lo ha señalado nuestro Tribunal de Alzada, “la pericia es una actividad procesal desarrollada por encargo judicial a personas distintas de las partes, calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente” (Sala II, in re “Tamalet Luis Artemio c/ GCBA s/ daños y perjuicios” , Expte. Nº 4377/0, sentencia del 24/10/2006). Asimismo, la jurisprudencia exige que la impugnación de una pericia deba canalizarse a través de una “contrapericia”, que debe contener -como aquélla- una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, por lo que no puede consistir en una mera alegación de los pareceres subjetivos o de razonamientos genéricos del contenido del dictamen que ataca (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala D, en autos “C. B., J. G. y otros c. Covisur Vial del Sur S. A.”, sentencia del 09/02/2000, LL 2000-D, 59; sala A in re “B., J. C. c. Compañía Elaboradora de Productos Alimenticios S. A.”, sentencia del 19/04/2000, LL 2000-E, 385; y sala D, en “Ojeda, Leonor V. c. Empresa Ferrocarriles Argentinos”, sentencia del 09/02/2000, LL 2000-E, 580; entre muchos otros). En función de las consideraciones aquí formuladas, la impugnación a la pericial deducida en autos no puede tener favorable acogida.
IV.3. Así las cosas, la totalidad del material probatorio obrante en el expediente permite tener por suficientemente probado el efectivo acaecimiento del hecho dañoso ocurrido en la propiedad de los actores.Ahora bien, a fin de determinar el momento en el que se produjeron los daños, corresponde señalar que las constancias de la causa permiten apreciar que los primeros reclamos dirigidos ante la Dirección General de Espacios Verdes fueron formulados en el mes de octubre de 2002. En efecto, la propia demandada ha acompañado en autos la constancia de las presentaciones efectuadas por la parte actora con motivo de “aceras rotas por raíces” y “corte de raíces”, que datan del día 7 de octubre de 2002 (v. fs. 48/49). Sin embargo, dichos reclamos dan cuenta de los daños en la vereda, mas no permiten tener por efectivamente producidos los daños en la propiedad de los actores. De tal modo, y a los efectos de tomar una fecha de inicio de la producción de los perjuicios cuya reparación se persigue en autos, resulta razonable considerar el reclamo realizado con carácter de “urgente” ante la mencionada Dirección General dependiente de la Secretaría de Atención Ciudadana, formulado el 14/11/2008. Este criterio resulta, a su vez, concordante con lo señalado en las declaraciones testimoniales obrantes en la causa (v. fs. 95 y 97) y no contradice lo informado en la pericia realizada por el experto (fs. 163 vta.).
V.- Verificadas entonces la presencia de una falta de servicio y la existencia de daño actual y cierto, corresponde ingresar en el análisis del último de los requisitos que condicionan la procedencia del reclamo resarcitorio de los actores, es decir, determinar si el demandante pudo demostrar la existencia de un nexo de causalidad suficiente entre la conducta omisiva que se atribuye a la demandada (en el caso, la ausencia de mantenimiento y remoción de las especies arbóreas) y los perjuicios invocados.
V.1. Cabe destacar que, en este aspecto, la doctrina es conteste en señalar que el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción (v.BUSTAMANTE ALSINA, JORGE; Teoría General de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, pág. 267). En términos análogos la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, para atribuir responsabilidad al ente estatal demandado, debe acreditarse con suficiente certeza el nexo de causalidad, por lo que corresponde rechazar la demanda si de las pruebas aportadas sólo surge al respecto una mera posibilidad (CSJN, Fallos, 322:3101 entre otros). Asimismo, al referirse específicamente al accionar omisivo estatal, el Máximo Tribunal expresó que “el examen de responsabilidad requiere determinar los elementos de causalidad a nivel de autoría, es decir, si hay algún elemento que permita establecer una conexión entre el daño y el presunto autor [-] en el caso de la omisión ilegítima rigen en este caso los presupuestos derivados de la responsabilidad extracontractual del Estado. En consecuencia, como en toda pretensión indemnizatoria que involucre una reparación de daños y perjuicios no puede estar ausente el nexo causal entre el daño invocado y la prescindencia estatal, de manera que las consecuencias dañosas puedan serle imputadas. Así, sólo deberá responder si el perjuicio es consecuencia de la omisión en una relación de causa a efecto sin elementos extraños que pudieran fracturar la vinculación causal. Dentro de este marco, quien reclame la correspondiente indemnización deberá probar, como principio, esa relación de causalidad” (CSJN, Fallos, 332:2328 ). También otros tribunales inferiores han adoptado parámetros similares, al afirmar que “[c]onstituye una carga procesal del actor acreditar la relación de causalidad entre el daño cuyo resarcimiento persigue y el hecho de la persona o de la cosa a los que se atribuye su producción.Por ello, se debe probar una conexión entre los factores eficientes del daño, ya sean personas o cosas y el daño mismo, sea que éste recaiga también directamente sobre personas o cosas, pues de otro modo bastará la afirmación de la víctima, como si se presumiera la relación causal, para comprometer en el hecho a un tercero absolutamente ajeno al mismo” (CNCiv., Sala H, 4/6/97, “F. de D’A., E.I. c/Instituto Social del Ejército y otros, LL 1998-C-642), o bien al sostener que “[l]a existencia de una relación de causa a efecto entre el hecho que se le imputa a la Administración y el daño producido es una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir ese daño” (CNCAF, Sala II, “Transporte Río de la Plata c/ EN”, sentencia del 01/06/2000). También se ha señalado que la determinación -en un caso concreto- de cuáles fueron las causas eficientes del resultado dañoso, suele ser una tarea difícil, ya que los hechos son fenómenos complejos por la concurrencia o concatenación de distintas circunstancias que actúan como condición del resultado. Sin embargo, no todas las condiciones —negativas y positivas— que contribuyeron a la producción de un resultado pueden dan origen al deber de responder (TSJ, Expte. 6584/09: “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Bertilotti, Marta Rosa c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)’”, sentencia del 16/07/2010, voto de la Dra.Conde). Entonces, a efectos de determinar cuál es el criterio que debe emplearse para establecer la existencia de un nexo de causalidad suficiente entre una conducta estatal y un cierto perjuicio resulta necesario recurrir a las previsiones del Código Civil, ante la falta de una regulación concreta propia del ámbito del Derecho Administrativo, (ver al respecto lo explicado en la causa “Addimanda”, ya citada, respecto de la necesidad de integrar el análisis de los presupuestos de la responsabilidad estatal con la normativa propia del derecho privado). Así, el estándar adoptado por dicho cuerpo normativo para determinar a qué causas corresponde atribuirles el resultado dañoso, es el que habitualmente se conoce en doctrina como “la teoría de la causalidad adecuada”, que postula que es “causa” aquella que, según el “curso natural y ordinario de las cosas” es idónea para producir un determinado resultado (conf. art. 901 Cód.Civ.). De este modo, para poder establecer cuál ha sido la causa de un determinado daño es necesario formular un juicio de probabilidad y, consecuentemente, evaluar si un determinado acto -u omisión- es idóneo para producir regular o normalmente el resultado acaecido, de acuerdo con lo que razonablemente puede ser previsto como una consecuencia de dicho accionar (BUSTAMANTE ALSINA, JORGE, cit., pág. 252).
V.2. De conformidad con el marco conceptual y jurisprudencial reseñado supra, y de acuerdo con los hechos narrados en el escrito de demanda, para acreditar la existencia de un nexo de causalidad suficiente los actores debían demostrar que los daños materiales y morales invocados han sido una consecuencia directa de la omisión en que ha incurrido el GCBA. Del material probatorio colectado en la causa se colige que, efectivamente, los perjuicios alegados derivan directamente de la falta de realización de tareas de control y mantenimiento respecto de los árboles ubicados en la vereda de la propiedad de los actores; omisión que a su vez determinó la invasión de las raíces en el subsuelo de la vivienda, que afectó la cañería de agua.Asimismo, cabe recordar aquí los términos en que se ha expedido el perito interviniente, al precisar que la rotura de la cañería originó, a su vez, la oquedad que observó debajo de los restos del patio de la vivienda (v. fs. 163 vta.). En otras palabras, la falta de mantenimiento y conservación del arbolado público, así como la posterior falta de remoción y de toda respuesta por parte de la Direcció n de Espacios Verdes de la Secretaría de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, pese a la existencia de reclamos reiterados a lo largo de los años, produjo el descontrolado avance de las raíces sobre los bienes de propiedad de los actores. En tales condiciones, ha quedado demostrada la relación de causalidad directa entre la conducta estatal y el daño cuya reparación se persigue, por lo que en virtud de lo antes expuesto, se encuentra obligado el GCBA a reparar los perjuicios sufridos por la demandante, en la medida en que hayan quedado efectivamente acreditados. VI.- De acuerdo con lo hasta aquí señalado, se ha demostrado en autos el acaecimiento del hecho dañoso invocado por la parte demandante -el avance de las raíces profundas sobre el inmueble de su propiedad-; la falta de servicio que determinó su acaecimiento- la omisión de adoptar las medidas pertinentes para conservar las especies en condiciones de seguridad-; la efectiva existencia de un perjuicio ocasionado sobre un bien de propiedad de la actora -la rotura de la cañería y los cimientos de su vivienda-; y la relación de causalidad existente entre ese daño y la omisión estatal impugnada. Así corroborada la existencia de responsabilidad estatal y del correlativo deber resarcitorio, corresponde analizar, entonces, la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados. En este sentido, es pertinente recordar que, de conformidad con el principio general contenido en el art.1083 del Código Civil -de aplicación supletoria cuando se enjuicia la responsabilidad extracontractual del Estado por su actividad ilícita, a tenor de lo explicado en el precedente “Addimanda” ya citado-, “[e]l resarcimiento de daños consistirá en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto si fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fijará en dinero”. VI.1. En primer lugar, es preciso referirse al daño material invocado. Por este rubro, la demandante reclamó que se le abonara el costo de reparación de los gastos en la suma de diez mil pesos ($10.000), que estimó a partir de los costos de materiales (caños, cerámicas, pastina, laja, arena, etc) y de la mano de obra (albañilería y gasista) utitilizado en la reparación. A fin de acreditar la procedencia del monto invocado, la parte actora acompañó las facturas Nº 0001-00002977, 0001-00005394, 0013-00022546 y 001300022676 -fpjas 29/30- por la suma total de setecientos dieciséis pesos con setenta y ocho centavos ($716,78).
Por su parte, la pericia de fojas 163/165 aporta elementos adicionales a fin de alcanzar una completa estimación de los costos incurridos por los actores en la reparación efectuada, de la que también da cuenta el experto. En efecto, el perito arquitecto acompañó en autos una planilla (básandose en la revista Vivienda en el año 2013) detallando el costo de los materiales estimativos efectuados para la reparación, que asciende a la suma de cuarenta y tres mil seiscientos sesenta ($43.660). Dicha planilla ilustrativa (v. fs. 146) incluye de forma sucinta los siguientes ítems:(i) demolición de solado del patio y evacuación de materiales, (ii) carga a pala sobre volquete/camión, (iii) mezcla de cascotes para relleno, (iv) contrapiso de hormigón de cascotes sobre terreno natural, (v) instalación para gas natural baja presión, en vivienda familiar, 2 bocas, (vi) mano de obra para colocación de gres cerámico, (vii) carpeta de cemento fratazado 2 cm de espesor, (viii) corte y colocación de zócalo cerámico, (ix) mezcla para colocación de cerámicas hasta 6 mm de espesor (x) mezcla para colocación de zócalos, (xi) cargas sociales según S.O.C.A.M.G.L. y P, (xii) céramica esmaltada tikpo canteras cerro negro 30 x 30 cm modelo intermedio, (xiii) zócalo cerámico, (xiv) carpeta de cemento fratazado 2 cm de espesor, y (xv) desagües pluviales, instalación tradicional, 0,100 m, material y mano de obra. Por otro lado, ante la contundencia del informe pericial, las impugnaciones planteadas por la parte demandada sólo demuestran su disconformidad con las aseveraciones del experto, pero no aportan elementos relevantes que permitan desvirtuar la veracidad de sus conclusiones. Por lo tanto, teniendo en cuenta que se tuvo por demostrado que los actores realizaron los pertinentes reclamos desde el año 2002 y que sufrieron un claro perjuicio en su propiedad a partir del 14/11/2008, fecha en la que se había producido la ruptura de los caños de gas y de desague pluvial debido a las raíces profundas de los árboles, cabe establecer la indemnización por daño material, como lo pide, en la suma de diez mil pesos ($10.000).
VI.2.Por último, corresponde referirse al daño moral alegado, que la parte actora estimó en cinco mil pesos ($5.000). En lo que respecta a este rubro, la doctrina lo define como la “lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravios a las afecciones legítimas” (ALSINA, JORGE BUSTAMANTE, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, 1980, p.305). Así, se ha señalado que el daño moral es aquel que se manifiesta a través de los padecimientos, molestias y angustias que lesionan las afecciones legítimas de la víctima, lo que demuestra el intento de resarcir aspectos propios de la órbita extrapatrimonial del damnificado (CNCiv., sala L, febrero 27-995 -Méndez, Roberto L. y otro c. Ferrocarriles Argentinos – La Ley, 1996-D, 667). Asimismo, se ha dicho que si bien este rubro debe ser probado, al igual que los demás perjuicios resarcibles, “dicha prueba operará normalmente por vía de presunciones judiciales u hominis (o sea, por inferencias efectuadas a partir de otros elementos) atento la imposibilidad de mensurar el daño moral de la misma forma material, rotunda y directamente perceptible a los sentidos que en el caso del daño patrimonial” (CCAyT, Sala II, “Baladrón María Consuelo c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, EXP. 824, sentencia del 13/04/2004). En cuanto a su apreciación judicial, se ha afirmado que su quantum “se determina en función de la entidad que asume la modificación disvaliosa del espíritu [.] El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, son elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral padecido.Pero todo ello debe ser valorado prudentemente por el juez tomando en cuenta las cuestiones objetivas del caso concreto” (CCAyT, Sala II, en autos “Naccarato, Roberto Aníbal c/ GCBA s/ Impugnación actos administrativos” EXP 1187/0, sentencia del 2/7/02). En este aspecto, el Alto Tribunal federal ha señalado que “[a]un cuando el dolor no puede medirse o tasarse, ello no impide justipreciar la satisfacción que procede para resarcir —dentro de lo humanamente posible— las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por el actor. A los fines de la fijación del quantum, debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fallos: 316:2894; 321:1117 ; 325:1156 ; 326:820 y 847; 330:563 y 332:2159 )” (CSJN, in re “Migoya, Carlos Alberto c/Buenos Aires, Provincia de y otros s/daños y perjuicios” , sentencia del 20/12/2011, Fallos 334:1821). Todo lo hasta aquí dicho permite sostener que, para la determinación del daño moral, no puede perderse de vista que el juzgador debe sortear la dificultad de imaginar o predecir el dolor que el hecho dañoso produjo en la esfera íntima del reclamante, para luego fijar una indemnización en dinero que supla o compense el desmedro injustamente sufrido, por lo que -más que cualquier otro rubro- queda sujeto al prudente arbitrio judicial, que ha de atenerse a una recta ponderación de las diversas características que emanan del proceso (CCAyT, Sala I, “R., N. A. y otros c/ G.C.B.A. y otros s/ daños y perjuicios”, EXP. 702/0, autos del 23/11/2005 y CNCiv.Sala L, sentencia del 16 de junio de 2000, ED, 191-319). En el sub lite, la parte actora señaló que -a raíz de los sucesos narrados- le asiste a la familia el derecho a una compensación por haber sido herida en sus afecciones íntimas (v. fs. 5). Los hechos probados en autos, en especial, la reiteración de los reclamos al GCBA a lo largo de los años, sin obtener respuesta, sumado a que dicha situación se proyectó sobre su vida doméstica y cotidiana, sin duda poseen entidad suficiente para generar una perturbación anímica a los actores, agravada por la posterior sensación de incertidumbre respecto de la posibilidad de recuperar los costos de reparación del inmueble deteriorado. Así pues, las circunstancias aludidas son aptas para provocar molestias en el ritmo habitual de vida de la parte demandante, de modo que corresponde que sean resarcidas en virtud de lo dispuesto por el artículo 1078 del Código Civil. Ahora bien, más allá de la procedencia del rubro reclamado, también se estima que la suma solicitada en el escrito de demanda resulta adecuada. Entonces, teniendo en cuenta la incidencia que el evento dañoso pudo tener sobre las afecciones legítimas de los actores, corresponde establecer la indemnización por daño moral, como lo pide, en la suma de pesos cinco mil ($5000).
VII.- A su vez, para determinar la tasa de interés aplicable a las sumas acordadas, de conformidad con lo establecido por nuestro Tribunal de Alzada en pleno, debe efectuarse un promedio entre las sumas líquidas que se obtengan por aplicación de (i) la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina y (ii) la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -comunicado 14.290- (conf.CamCAyT en Pleno, in re “Eiben, Francisco c/ GCBA s/ empleo público”, EXP 30370/0, acuerdo plenario del 31/05/2013). En cuanto a las fechas a partir de las cuales de berán calcularse los intereses, es preciso distinguir cada uno de los rubros por los que procede la indemnización: -por la suma reconocida en concepto de daño material ($10.000), los intereses se computarán a partir del 14/11/2008 (fecha de las reparaciones) hasta el efectivo pago. -por la suma reconocida en concepto de daño moral ($ 5.000), los intereses se computarán a partir del 07/10/2002 (fecha del primer reclamo) hasta el efectivo pago.
VIII.- Finalmente, teniendo en consideración el modo en que se resuelve, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62 del CCAyT), corresponde imponer las costas a la parte demandada, por haber resultado sustancialmente vencida. Por las razones expuestas, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda entablada por los actores José GRANDE, María Rosa GRANDE, Marcelo Alejandro GRANDE y María Concepción ARANGO y, en consecuencia, condenar al GCBA al pago de la suma de quince mil pesos ($15.000), en los términos del considerando VI) de esta sentencia, con más los intereses calculados conforme las pautas establecidas en el considerando VIII). 2) Declarar abstracto lo peticionado por los actores respecto a la poda y corte profundo de las raíces y la restitución de las baldosas ubicadas frente a la finca Guardia Nacional 3107/3109 y 3111 de la CABA. 3) Condenar en costas al GCBA vencido (art. 62 del CCAyT) 4) Diferir la regulación de honorarios para el momento en que exista en autos liquidación definitiva. Regístrese y notifíquese por Secretaría a las partes y al perito interviniente.-
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References: artículo 1113
 artículo 288
 artículo 390
 artículo 14
 artículo 384
 artículo 1078