Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020227.htm
Timestamp: 2020-03-28 15:05:33+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 27 Febrero 2002
Coherencia con el Pacto
Editorial ABC 27 Febrero 2002
Luis María ANSON La Razón 27 Febrero 2002
La Iglesia se reafirma contra Eta
Editorial La Razón 27 Febrero 2002
CARLOS DÁVILA ABC 27 Febrero 2002
La tregua etarra definitiva y el Lizarra-2
Lorenzo Contreras La Estrella 27 Febrero 2002
JAVIER PRADERA El País 27 Febrero 2002
Román Cendoya La Razón 27 Febrero 2002
Reto en Zumarraga
Editorial El Correo 27 Febrero 2002
Ibarreche quiere anexionarse Treviño y le da 306.000 euros
L. R. R. - Vitoria.- La Razón 27 Febrero 2002
EEUU incluye a 21 etarras en su guerra contra el terrorismo mundial
JULIO A. PARRADO. Corresponsal El Mundo 27 Febrero 2002
El TSJ de Castilla y León desestima un recurso contra los letreros bilingües en el Condado
Redacción - Burgos.- La Razón 27 Febrero 2002
La Constitución desvirtuada
Nota del Editor 27 Febrero 2002
COMUNICADO DE PRENSA EN RELACIÓN A LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA DE TARRAGONA POR LA QUE SE ABSUELVE AL RECTOR AROLA Y EL COORDINADOR DE LAS PAAU DE LA UNIVERSIDAD DE TARRAGONA DE UN DELITO DE PREVARICACIÓN
Barcelona, Josefina Albert Galera, Profesora de la U.R.V de Tarragona, Francisco Caja, Presidente de Convivencia Cívica Catalana 27 de Febrero de 2002
El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo está envuelto otra vez en un cruce de reproches entre el PP y el PSOE. Las discrepancias sobre la lealtad de los firmantes en el cumplimiento de los compromisos alcanzados en dicho acuerdo ha adquirido una frecuencia cíclica, cuyos episodios más agudos siempre coinciden bien con problemas internos del PSOE, bien con aproximaciones de éste al PNV. Es posible que el tono de algunas críticas formuladas por los populares contra los socialistas sea excesivo y poco útil para reconducir la situación, pero la amenaza que pesa sobre el pacto no es de formas, sino de contenidos.
El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo tiene una letra y un espíritu definidos en los dos ámbitos que refleja su título. Por un lado, el consenso de PP y PSOE en la lucha contra ETA, y en éste el comportamiento de ambos es irreprochable y la lealtad demostrada incuestionable. Por otro, la restauración del régimen de libertades y derechos en el País Vasco, menoscabado hasta lo intolerable por los terrorismos de persecución y callejero, con la indiferencia contemplativa del nacionalismo gobernante. Por eso, el preámbulo del Acuerdo fija las condiciones mínimas que han de cumplirse para que PP y PSOE puedan recuperar la colaboración política con los nacionalistas. No sólo no se ha cumplido ninguna de tales condiciones, sino que, por el contrario, el PNV ha afianzado su política soberanista, en la que enmarca una estrategia de ruptura progresiva con el Estado, con meta puesta en la autodeterminación.
Desde el 13 de mayo del pasado año hasta hoy, el nacionalismo no ha logrado mejorar mínimamente el nivel de seguridad física y de calidad democrática de la vida de los no nacionalistas. Las únicas expectativas recientes sobre un cambio de actitud del PNV sólo responden a las interpretaciones subjetivas, erróneas y voluntariosas hasta el ridículo que hizo Ramón Jáuregui de lo tratado en la reunión de partidos convocada por Ibarretxe o de sus confidencias con éste. A este paso, Jáuregui va a hacer innecesario el Congreso extraordinario de su partido y a convertir en papel mojado el borrador de la ponencia que aprobó la Gestora que preside. Si hay socialistas que quieren engañarse por enésima vez con el PNV, están en su derecho. Pero tienen la obligación moral y política de no confundir más a los ciudadanos, invocando en Madrid un acuerdo que se regatea en Vitoria.
Ayer, cuando me disponía a escribir una canela fina sobre la conducta del párroco de la iglesia vitoriana del Buen Pastor, llegó la columna de Miguel Ángel Rodríguez. Un texto inmejorable al que cedí paso. Rodríguez lleva haciendo ya mucho tiempo una de las más brillantes colaboraciones del periodismo español. Su Aquí andamos es de lectura obligada. Aznar -¿ojo al ojo piojo!- lo lee todos los días con atención.
Este párroco entre el hacha y la serpiente, más cercano a la cruz gamada que a la cruz de Cristo, Esteban Martínez se llama, se ha situado en la frontera de un delito de colaboración con banda armada y de apología del terrorismo.
Cualquier día, el juez Garzón, que hasta ahora no ha topado con la Iglesia, le citará en la Audiencia Nacional para que responda de sus actos. Además, ha cometido objetivamente, según la doctrina católica, un pecado de escándalo.
Se dan las circunstancias de tiempo, lugar y persona y una conciencia, como norma próxima de obrar, rectamente formada.
El escándalo entre la inmensa mayoría católica española, e incluso entre los no católicos, ha sido mayúsculo. Proteger en el recinto de una iglesia a los proetarras que luego vandalizan las calles vascas, matonean a las personas, destrozan los establecimientos, incendian los autobuses y prestan directa o indirectamente cobertura o apoyo a los asesinos etarras es algo que repugna a la conciencia ciudadana y le causa escándalo inextinguible.
Mientras fue presidente del Gobierno, Adolfo Suárez no acudió a los entierros de las víctimas del terrorismo que eran sepultadas a escondidas y de forma vergonzante. Calvo Sotelo, por el contrario, hizo frente a los etarras plantándose, como ahora hace Aznar, en los entierros de los ciudadanos que caían asesinados. Adolfo Suárez, que tantos y tan decisivos servicios ha prestado a la nación española, es hoy el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, organización por la que algo hice en sus comienzos. Tal vez se le ocurra convocar una manifestación, presidida por él, delante de la iglesia del Buen Pastor para recordar al párroco Martínez el «no matarás» bíblico.
La reelección de monseñor Rouco como presidente de la Conferencia Episcopal Española, y, significativamente, la de monseñor Sebastián como vicepresidente dan la pauta sobre las que serán las líneas maestras de la Iglesia Católica en nuestro país. Aunque todas ellas requieren un análisis, debido a la influencia social de la Institución, abordar una de ellas es urgente por motivos de actualidad: la relativa al terrorismo.
Si Rouco ya se había mostrado muy claro en este terreno (la última vez el mismo lunes, con una condena sin paliativos y «con todo tipo de colaboración» con éste «sea del grado que sea»), Fernando Sebastián ya expresó en su momento una posición de extraordinaria claridad y suma dureza frente al propio terrorismo, pero también frente a algunos ultranacionalismos de corte etnicista y excluyente.
Estas tomas de posición son fundamentales en un momento en el que algunos curas vascos (dos, ayer mismo) se han permitido acoger en sus iglesias a elementos proetarras que utilizan estos encierros como actos de agitación y proselitismo a favor de las tesis de la banda terrorista Eta.
Y es también importante la reafirmación de la beligerancia moral contra el terrorismo por parte de la Iglesia porque no hace demasiado tiempo se han apreciado en algunos de sus pastores una cierta tendencia a la equidistancia, por ejemplo en lo que afecta al «sufrimiento» de las víctimas del terror, muchas veces lamentado con similares términos al que «padecen» los etarras condenados por la Justicia y que sólo por esa causa sufren prisión como pago de sus crímenes.
Por eso, la doctrina que emane de la jerarquía eclesiástica debe ser nítida y sin fisuras. Ayer dejó claro Rouco Varela que los curas que habían permitido la presencia de proetarras en sus templos lo habían hecho al margen de las autoridades de la Iglesia. Ésa es una cuestión fundamental, porque una cosa es que unos sacerdotes concretos pueden errar, pero los pastores, los obispos, deben tener las cosas claras. Por ejemplo, para decirles a los curas comprensivos con el terrorismo que existen mucho mejores lugares para el apostolado misionero en países no democráticos, donde sin duda se colmarían sus aspiraciones.
La Iglesia Católica está sufriendo ataques, en la mayor parte de los casos injustos. Véase el caso Gescartera. Precisamente por ello, hace muy bien la presidencia episcopal en no permitir ninguna fisura en un elemento sustancial para la convivencia en España y para la idea de justicia de la mayoría del pueblo español. El problema se ha derivado de la mezcla entre las opiniones políticas de algunos pastores (que profesan el nacionalismo, antes, incluso, que la religión), y éstos deben saber claramente cuáles son sus límites para no dañar a la Iglesia de la que forman parte.
Por CARLOS DÁVILA ABC 27 Febrero 2002
El cura alavés de El Buen Pastor (¡qué sarcasmo la denominación de su parroquia!) ha encubierto con argumentos pseudopolíticos su miedo cerval a ETA. Hay que pensarlo así, de otro modo habría que creer que es como ellos; como Batasuna. El mismo día en que Rouco condenaba, abjuraba -por utilizar un término propio del caso- del terrorismo y toda su estela de muerte, este sujeto decía entender, y hasta compartir, las razones de sus huéspedes. Lo dicho, el tal Esteban Martínez cede la iglesia a los verdugos. Pero a propósito: ¿quién es él para alojar en un templo a estos indeseables?, ¿no se harta la Institución de decir que la auténtica Iglesia son los fieles?, ¿es que los feligreses de El Buen Pastor son los matarifes de ETA?
Es el miedo más que la complicidad. Lo mismo sucede con la lista de los firmantes que en la Universidad Vasca han pasado la mano por el lomo a Letamendía, y han zarandeado a una víctima de la banda que se salvó por los pelos de una bomba, y que no se ha salvado de la presión agobiante de la banda. Ya se sabe que algunos de los suscriptores del manifiesto han garrabateado su apellido por simpatía, pero seguro que la mayor parte ha colaborado por miedo.
El miedo que, pese a que él no lo quiera, ha destilado el rector Montero. El miedo es la anestesia que paraliza toda la sociedad vasca y, desde luego, su propia estructura civil, incluyendo en ésta, claro está, a la Iglesia.
Estos días ya se ha producido un acontecimiento que depara la razón a los que creíamos que la euforia desplegada tras la reunión PP-PSOE de la pasada semana iba a ser efímera. Las cañas se han convertido en lanzas en poco tiempo. Y, ¿por qué?, pues porque el PSOE tiene compromisos anteriores con el PNV que son incompatibles con un pacto global contra el terrorismo y, ¡ojo!, contra el nacionalismo excluyente, un acuerdo que, a lo mejor, tiene mucho que ver con la estrategia socialista de no dar ni agua al PP, pero que, a lo peor, guarda cierta concomitancia con ese miedo que sienten los militantes del PSOE en el País Vasco, y que no quieren sentir los dirigentes de Madrid. El miedo campa por las campas vascas. Es la principal característica de un país que contempla, sin torcer el gesto, cómo sus empresarios pagan su paz con dinero destinado a la muerte de otros. Dicho así puede sonar fuerte, pero no hay tiempo para el eufemismo. El miedo abotarga las conciencias y obliga a un pobre e indigno cura a albergar o a los asesinos o a sus delfines. Es un asco.
Atención a ciertas informaciones aparentemente confusas, incluso fácilmente desmentibles, porque negar ya cuesta muy poco en política. Y esa atención conviene prestarle a los rumores —o algo más que rumores— según los cuales algunos alcaldes de Batasuna estarían estudiando la posibilidad de no acudir a los comicios municipales del año próximo. Esta eventual renuncia a probar la reelección en poblaciones vascas tradicionalmente "suyas" ha sido desmentida desde los órganos directivos del partido abertzale, con el señor Otegui al frente de las correspondientes declaraciones. Sin embargo, el propio tono de estos desmentidos refleja algo nuevo en la situación, sobre todo si se tiene en cuenta que el dirigente proetarra admite que en su formación hay puntos de vista que contradicen el principio mismo de la "lucha armada" como manera de dirimir el problema vasco. Tal vez en alguna ocasión se ha apuntado tímidamente esa "pluralidad" batasuna, pronto sustituida siempre por grandes afirmaciones de unidad, cohesión y ausencia de fisuras.
La actitud, todavía presunta, de los alcaldes dispuestos a no concurrir a los comicios de 2003 estaría basada, como se ha dicho, en una objeción contra la actividad criminal de ETA. Si la banda armada no declara una tregua, sino que por el contrario sigue matando, los discrepantes de Batasuna harían efectivo su propósito de no acogerse a "la marca" para participar en las elecciones municipales.
Al margen del fundamento o debilidad de estas hipótesis hay algo que empieza a perfilarse con bastante vigor. Se ha abierto, en efecto, una gran expectativa que no consiste en lo que hagan o dejen de hacer los candidatos batasunos, sino en el simple y tajante hecho de que ETA declara, de acuerdo con el PNV y los nacionalistas vascos moderados, nada menos que una tregua definitiva. No meramente indefinida o sine die, sino de carácter final. Un cambio histórico de posición, compatible en lo que falta de año con una intensificación del terrorismo, de acuerdo con el principio estratégico de que los muertos son buena munición para el éxito de la causa independentista cuando ésta, al modificar su rumbo, necesita prepararse "políticamente".
El contraataque pacifista etarra coincidiría con las actuales o futuras aproximaciones del Gobierno Ibarreche a socialistas y populares para dibujar el escenario municipal a costa de Batasuna. Al Gobierno central le inquieta profundamente que la supuesta paz en Euskadi vaya condicionada por un Lizarra-bis. Diríase que en tal caso podría preferir que todo continúe en la línea actual, es decir, con ETA cada vez más sometida a un desgaste policial, judicial y diplomático. Esto último si se valoran los problemas internacionales de la banda, que tienden a ser mayores que antes después del 11-S y de los cambios cualitativos registrados en la política francesa y de la Unión Europea, tanto policial como judicialmente. Ahí está para comprobarlo el nuevo sistema de detención y entrega inmediata cuya entrada en vigor se quiere acelerar.
En resumidas cuentas, a Madrid le preocupa que la ofensiva de las armas sea sustituida por una estrategia política de "asalto institucional", de desobediencia absoluta o progresiva y de exigencias inasumibles por el Gobierno central. Quien se mueva por el mundo político de la capital de España estará en disposición de captar hasta qué punto es fundada tal apreciación. Tregua final, tregua definitiva y Lizarra-bis o, si se prefiere, Lizarra-2. Frente político implacable, más o menos gradual, en sustitución de la insostenible línea independentista basada en la metralleta, los presos y las persecuciones judiciales.
La reunión del pasado viernes en Vitoria, convocada de manera urgente ocho días antes por el lehendakari Ibarretxe, dedicó sus seis horas de duración a un tema monográfico: los desestabilizadores efectos del terrorismo sobre los ayuntamientos vascos y la adopción de medidas para defender a los concejales populares y socialistas, amenazados de muerte por ETA, acosados por el nacionalismo radical y desamparados por buena parte del nacionalismo moderado. El asesinato de siete concejales del PP y del PSOE desde la ruptura de la tregua y la renuncia a sus cargos de otros veinte representantes municipales de ambos partidos en el País Vasco ponen dolorosamente de manifiesto el drama personal de las víctimas y la desaparición de las condiciones mínimas para la práctica de la democracia en el ámbito municipal vasco: de los 17 concejales elegidos en Zumárraga sólo nueve continúan en sus cargos.
En torno a la mesa se sentaron los presidentes de las formaciones políticas vascas con representación parlamentaria (excluida Batasuna), los presidentes de las tres diputaciones forales y de la Asamblea de Municipios Vascos, el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma y el consejero vasco de Interior. Si el punto de referencia sólo fuese la incomunicación entre nacionalistas y constitucionalistas durante los últimos cuatro años, la celebración del encuentro debería considerarse por sí misma un éxito. El gélido trato dado a los amenazados concejales vascos del PP y del PSOE por muchos de sus vecinos nacionalistas resalta la importancia de que los presidentes del PNV y EA asumieran inicialmente como un deber de principio -mas tarde rebajado- la tarea de asegurar su protección
Poco tiempo han durado, sin embargo, esos momentos de satisfacción: las diversas versiones dadas por los participantes sobre los acuerdos y los compromisos adquiridos en la reunión traen a la memoria el Rashomon de Akira Kurosawa, infructuosa reconstrución de un acontecimiento a través de los relatos de sus protagonistas. Por lo pronto, algunos dirigentes del PNV y de EA niegan ahora, de manera no convincente, que se estudiase la creación de una gestora en Zumárraga o el eventual aislamiento municipal de Batasuna en 2003. Tal vez los defensores de las interpretaciones más esperanzadas -como el lehendakari Ibarretxe y el socialista Jáuregui- recurrieron consciente o inconscientemente a la técnica del como si, esto es, la presentación a la luz más favorable de una negociación en curso a fin de fortalecer a quienes intentan alcanzar acuerdos racionales: según la teoría de la profecía autocumplida acuñada por Robert K. Merton, las predicciones optimistas de Ibarretxe o Jáuregui podrían llegar a materializarse si lograsen finalmente influir en tal sentido sobre los actores. En el lado opuesto, resulta también comprensible que el presidente del PP vasco, escaldado por experiencias anteriores, se muestre receloso por el temor a una emboscada que desmovilice a los movimientos ciudadanos y propicie un pacto entre PNV y PSOE a costa de los populares: nadie debe olvidar que en 1998 el nacionalismo moderado pactó en secreto con ETA y en público con Batasuna para excluir de la vida pública vasca tanto al PP como al PSOE.
Pero las interpretaciones optimistas de Jáuregui o pesimistas de Iturgaiz no guardan relación con la sectaria manipulación realizada anteayer por el pinturero secretario general del PP, dispuesto al parecer a forzar la ruptura del Pacto Antiterrorista con el PSOE a menos que los socialistas acepten obedientemente el papel de recaderos o lacayos del Gobierno. Con mirada huidiza de fulero, Javier Arenas acusó en televisión a los socialistas vascos de 'deslealtad' con el argumento de que el presidente de su gestora, Ramón Jáuregui, había cocinado con el lehendakari Ibarretxe el apoyo del Gobierno vasco a una parte de las nueve medidas para proteger a los concejales vascos del PP y del PSOE presentadas la semana pasada a la Mesa de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Las marrullerías de los pinches marmitones de la política, profesionales del poder resueltos a perpetrar todo tipo de vilezas y adulaciones para sobrevivir en el oficio, deberían tener un límite: el mocito Arenas no debería olvidar que anda en juego la vida de los cargos públicos, los concejales y los militantes populares y socialistas en el País Vasco.
La nueva política vasca del PSOE y Prisa se hace desde el espejismo. Ellos «ven» cómo están cambiando las cosas mientras que no sucede nada de lo que dicen.
Para el PSOE, la nueva situación del País Vasco supone que El País ha publicado una lista con alcaldes de Batasuna que no repetirán, por desacuerdo con la violencia de Eta. Que los partidos van a desalojar de las alcaldías a Batasuna por no condenar la violencia. Que la inactividad de Eta se debía a la posibilidad de una tregua. Y que se reúnen en la lehendakaritza para hablar de la seguridad de los cargos públicos. La realidad es que los alcaldes de Batasuna han dicho que siguen. Que después de las municipales y en función de los pactos ya veremos quién se queda con las alcaldías. Que Eta ha intentado asesinar la semana pasada y que la seguridad de los concejales y la elaboración de listas sigue igual de complicada. Lo dramático del socialismo es que han eliminado el grito de ¿Eta NO! de la cabecera de la última manifestación y lo que empieza a ser también un espejismo es esperar que Zapatero y Jaúregui hagan una inequívoca defensa de la Constitución y del Estatuto. Mañana sabremos, con la encuesta del CIS, cómo se valora esta nueva política del PSOE .
Las diferencias de interpretación sobre el sentido último de lo acordado en la reunión del pasado viernes en Ajuria Enea y los reproches dirigidos por el PP a la actuación de los socialistas en la preparación de la misma han devuelto la política vasca a una nueva secuencia de discrepancias y de confusión. Las reticencias que muestran algunos portavoces nacionalistas amenazan con reducir los efectos de dicho encuentro a la adopción de más medidas de seguridad para los concejales y a la presentación de una moción conjunta en todos los ayuntamientos de Euskadi. Esta versión mínima de la unidad democrática se muestra especialmente reacia a la adopción de medidas que conformen una política compartida tendente a situar a Batasuna fuera del gobierno de las instituciones vascas. Y ello porque quienes defienden esta postura mantienen en el horizonte de sus deseos el futuro restablecimiento de la confluencia nacionalista con la izquierda abertzale. Por su parte, la acusación de deslealtad con que los dirigentes del PP han vuelto a censurar el comportamiento de los socialistas resulta tan excesiva como equivocada. La concurrencia de dos foros en los que se establezcan pautas de actuación frente al terrorismo -el Pacto por las Libertades y la eventual continuidad de la iniciativa del lehendakari- implica una responsabilidad añadida para quienes participen en ambos -el PP y el PSOE-. Su común exigencia al nacionalismo para que éste dé prioridad al acuerdo entre los demócratas frente a ETA y su entorno podrá precisar una severa crítica a las ambivalencias jeltzales, pero nunca la incomunicación respecto al nacionalismo gobernante.
Los que parecían primeros síntomas de un clima más unitario frente a ETA pueden comenzar a desvanecerse si las coincidencias entre los partidos políticos no alcanzan un grado alto de claridad o las iniciativas no se aplican con prontitud. El caso del Ayuntamiento de Zumarraga representa la medida exacta del problema: el vaciamiento de un consistorio por la acción coactiva del terror degrada el sistema democrático y amenaza con que tan grave anomalía se instaure en otros municipios o dificulte la presentación de candidaturas en los comicios de 2003. La situación no permite más dilaciones; y resulta incomprensible que se aleguen razones de cautela jurídica para posponer la aplicación de lo previsto en el artículo 182 de la Ley Electoral General, precepto que no podría encontrar un caso más ajustado que la localidad guipuzcoana. Los partidos democráticos tienen una obligación ineludible: devolver a los ciudadanos de Zumarraga un consistorio legitimado por la presencia de todos sus representantes. La disposición favorable hecha pública ayer por la Diputación de Guipúzcoa no puede encontrar en el Gobierno vasco y en los partidos democráticos otra respuesta que no sea la colaboración activa.
El Gobierno vasco aprobó ayer la firma de sendos convenios de colaboración con los ayuntamientos de Treviño y de la Puebla de Arganzón que, dotados en total con 306.516,15 euros, tienen el objetivo de «mejorar el bienestar de los ciudadanos del enclave». Según informó el portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Josu Jon Imaz, los convenios, previstos para este año, se enmarcan en las áreas de promoción económica y desarrollo rural; sanidad; y, educación y cultura.
El Gobierno de Castilla y León no tardó en mostrar su desacuerdo con estos convenios. El consejero de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la posición de la Junta «no es favorable» a que el Gobierno vasco firme convenios con dos ayuntamientos del Condado de Treviño y recordó que existe una «lealtad constitucional».
NUEVA YORK. EEUU incrementó ayer su ofensiva contra el terrorismo etarra dentro de la guerra que ha lanzado contra el terrorismo, al incluir a 21 miembros de esa banda en la lista de terroristas sometidos a restricciones financieras.
Los terroristas de ETA incluidos en este listado, entre los que está el considerado responsable político de la banda, Mikel Albizu, están colocados en el mismo nivel que Osama bin Laden y otros terroristas de Al Qaida, Abú Sayaf o Hamás.
Los 21 terroristas son los mismos que la Unión Europea incluyó el pasado 27 de diciembre en su listado de organizaciones e individuos terroristas.
Las personas y grupos colocados en esta lista del Departamento del Tesoro pueden sufrir la incautación de cuentas o propiedades en EEUU, y además las empresas de este país no pueden realizar transacciones con ellos.
El secretario del Tesoro, Paul O'Neill, afirmó que «la acción de bloqueo de hoy es resultado de la estrecha cooperación» con el Gobierno de España y la UE, una colaboración que «simboliza un nuevo y extremadamente importante capítulo de la guerra financiera contra el terrorismo».
Estados Unidos considera a esta veintena de etarras como «financieros del terrorismo», ya que «han actuado para ETA o en su favor». O'Neill añadió que EEUU y España «no sólo estamos comprometidos en la cooperación contra el terrorismo, sino que unidos también jugamos un papel líder».
La decisión de los Estados Unidos coincide con la aprobación, el próximo viernes, por el Consejo de Ministros del viernes de una comisión, en la que participarán varios ministerios, para que estudie cómo bloquear las cuentas de las organizaciones terroristas y quienes las apoyan.
En el mismo sentido, los ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea, que se reúnen a partir de mañana en la capital belga deberían, en principio, intentan consensuar una decisión marco que permita congelar de manera preventiva bienes y pruebas de entre otros miembros de organizaciones terroristas. La norma requiere la unanimidad de los 15 estados miembros para ser aprobada. Salvo Italia, el resto de los países apoya el texto de compromiso elaborado por la presidencia española de la UE.Roma, que ya amenazó en diciembre con bloquear la orden de detención y entrega, quiere ahora lograr una cláusula que le permita denegar la demanda de un juez de otro país de la Unión Europea en los casos de embargo preventivo de bienes como de aseguramiento de pruebas.
Mientras tanto, el Gobierno sigue estudiando la reforma de la Ley de Partidos, que servirá para que la Justicia pueda disolver aquellas asociaciones que no actúen respetando los principios democráticos.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Administración del Estado en marzo del pasado año contra el acuerdo del Ayuntamiento de Condado de Treviño (Burgos) de colocar en la fachada de la Casa Consistorial un cartel bilingüe, en euskera y castellano.
La sentencia, que tiene fecha del 1 de febrero del año 2002, indica que este acuerdo municipal «no se entromete en quien ha de hablar o escribir el idioma vasco en el Condado de Treviño» lo que sí sería una invasión competencial, sino que se limita a colocar unos «letreros anunciadores» en ambos idiomas con lo que «es incuestionable que se cumple un fin público».
La resolución judicial añade que aunque el Condado de Treviño pertenece a la provincia de Burgos y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León «lo cierto es que se trata de un enclave en el corazón de una provincia del territorio vasco y en consecuencia sus transeúntes o incluso residentes han de ser en gran medida pertenecientes a esa comunidad bilingüe».
Ya estamos acostumbrados a que muchos jueces se olviden de la letra y espíritu de la Constitución, así que otra más no nos pilla por sorpresa. Utilizando sus argumentos, en base a "transeúntes o incluso residentes", habría que poner altavoces al lado de todos los letreros para emitir las indicaciones en silbo gomero, que en árabe ya las hay en algunas autopistas (a los ingleses, alemanes y franceses, como les agrada e interesa aprender español, parece que no hace falta que les pongamos los letreros en sus idiomas). Y como los madrileños no dicen nada de sus letreros en gallego, habrá que recordarles que hay que atender a los ciudadanos usuarios de la lengua española, la "impropia", pues en la autopista/autovía A6 no ponen La Coruña.
Tras la sentencia de la Audiencia de Tarragona por la que se absuelve al Rector de la universidad de Tarragona, Lluís Arola, y al Coordinador de las PAAU, Joan Igual, queremos manifestar los siguiente:
1.- Ni la Sentencia ni las circunstancias que han rodeado al proceso pueden ser consideradas justas y propias de un Estado de Derecho. En primer lugar, por las presiones y coacciones ejercidas sobre las instancias judiciales por las autoridades, y muy en especial por el gobierno de la Generalitat, con el President Pujol y el conseller de Universidades, Mas Colell, a la cabeza. La presencia de éste último, acompañado por los rectores de las universidades catalanas y destacados miembros de diferentes partidos políticos en el juicio oral en apoyo de los encausados, canto de Els Segadors a las puertas del Juzgado incluido, no puede ser interpretada sino como el punto culminante de una intolerable campaña de sistemáticas coacciones por parte del poder político sobre el poder judicial que cualquier ciudadano respetuoso de los principios básicos del Estado de derecho debería abominar y recriminar y que ha reducido a la nada el principio democrático de separación de poderes y limitado de forma irremediable la independencia de los Tribunales de Justicia.
A ningún ciudadano puede ocultársele el objetivo político de una tal campaña: exceptuar del poder de la justicia al poder político más allá de toda razón, esto es, de sustraer del control jurisdiccional las actuaciones administrativas. No ha sido otro el propósito del Gobierno de la Generalitat en este órdago a la grande contra una simple ciudadana: que la ley no sea igual para todos, que el poder quede fuera del imperio de la Ley, que para ellos, el poder político, haya siempre “arreglos” extrajudiciales.
2.- Es asimismo inadmisible la campaña orquestada por los habituales salvadores de la patria (alcaldes, Consejo de Rectores, organizaciones sindicales y políticas) para confundir a la ciudadanía sobre la verdadera naturaleza del procedimiento judicial seguido contra el Rector Arola y el Coordinador de las PAAU, presentándolo ante la opinión pública como un juicio contra la universidad catalana, contra el catalán o contra Cataluña. Nada más lejos de la realidad: el Rector Arola y el coordinador de las PAAU han sido procesados no por motivos lingüísticos sino por haber represaliado de forma injusta y deliberada a la profesora Albert por motivos lingüísticos, o, lo que es lo mismo, por considerar que el ejercicio de un derecho civil básico –el dirigir una queja al Defensor del Pueblo- constituía un ataque a la lengua catalana que, al margen de toda legalidad, debía ser sancionado ejemplarmente.
El hecho que ha motivado el proceso penal seguido contra ambos funcionarios no es en modo alguno “un hecho administrativo interno”, como lo han calificado los que han prestado su “inquebrantable adhesión” a los encausados, sino una actuación merecedora de reproche penal, o lo que es lo mismo, lesiva de un bien jurídico concreto: el protegido por el Código Penal en su artículo 404, el recto y normal funcionamiento de la actividad de la Administración, con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución Española, bien jurídico que es vulnerado cuando una autoridad o funcionario dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia.
Calificar el recurso a los Tribunales de una ciudadana, el ejercicio del legítimo derecho constitucional de tutela judicial efectiva, de “campaña contra toda la universidad catalana” o “contra el catalán”, como ha hecho el Gobierno de la Generalidad, es signo inequívoco de una mentalidad antidemocrática e incompatible con un Estado de derecho, al manifestar una ideología que subordina el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales, valor supremo de nuestro ordenamiento jurídico, a otros valores sean estos el fortalecimiento de una lengua o la causa nacional.
3.- Las presiones y coacciones del gobierno catalán y de diferentes grupos políticos han dado sus frutos; la vergonzante campaña orquestada por las autoridades políticas para influir en la decisión de los jueces ha logrado sus objetivos: torcer la voluntad de unos jueces que con su resolución instauran un espacio de inmunidad que otorga patente de corso para cometer cualquier delito…si se hace en defensa del catalán o de Cataluña. La sentencia de la Audiencia de Tarragona instaura en el ordenamiento jurídico lo que propiamente ha de llamarse la EXIMENTE PATRIÓTICA. Porque no es el Código Penal ni cualquiera de las normas de nuestro ordenamiento jurídico lo que los Magistrados han tenido en las manos (a la vista) al dictar la Sentencia: para el Tribunal ha quedado probado que el Rector de la Universidad de Tarragona y el coordinador de las PAAU excluyeron personalmente a la profesora Albert por haber ejercitado su legítimo, fundamental derecho de haber dirigido una queja al Defensor del Pueblo, como ha sostenido tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular en el juicio.
¿Cómo, entonces, resulta posible concluir de esta premisa la sorprendente conclusión, como hace la sentencia, de la inocencia de los acusados? Para los jueces: “concurre una causa troncal que a juicio de esta Sala es la esencia de la exclusión , cual es el incumplimiento de la normativa reguladora de las PAAU en tanto se estimó que, omitiéndose por los profesores Sr. Fernández y Sra. Albert cualquier trámite interno relativo a la presentación de quejas por motivos lingüísticos, aquéllos acuden a una institución extrauniversitaria (el Defensor del Pueblo). Tal extremo es fácilmente asimilable ideológicamente en tanto que afectaba a una circunstancia rodeada de una gran sensibilidad en la U.R.V., como era la cuestión lingüística, siendo claramente deducible que por los acusados se entendió que el trato de dicha cuestión de forma extrauniversitaria contravenía la normativa interna de desarrollo de las PAAU (…) razón por la cual, partiendo de la base de que la Sra. Albert denunció un incidente concreto y que el Sr. Fernández se quejó del sistema general, los acusados acudieron al criterio de falta de idoneidad (quizás pérdida de confianza o similar en los profesores por el expresado motivo) para fundamentar la exclusión para las siguientes pruebas, concepto que está embebido de una total discrecionalidad…”
La brutalidad de un tal razonamiento destruye las bases mismas del Estado de Derecho. Sostiene sin ambigüedades la prerrogativa de la autoridad administrativa, su discrecionalidad, para declarar no idóneos para la función docente a quienes osan ejercer el derecho de dirigir una queja al Defensor del Pueblo, esto es, para discriminarlos por causa de atreverse a sostener la simple idea de que la política lingüística del Gobierno catalán vulnera derechos fundamentales y ejercer, en consecuencia, su derecho de queja. Ello significa, ni más ni menos, otorgar plenos poderes a las autoridades políticas, haciendo retroceder el derecho a fundamentos medievales, aboliendo los principios de supremacía de los derechos y libertades fundamentales y de seguridad jurídica y entronizando la arbitrariedad en el lugar de la Ley. Como ha declarado tras la sentencia, para el Rector Arola y los que le secundan el ejercicio de un derecho fundamental, el de tutela judicial efectiva, es un mal, un mal radical que exige la inmediata exclusión de sus autores, para lo que la Sentencia ha venido a otorgar patente de corso: el poder discrecional del Rector se extiende de forma omnímoda para declararlos no idóneos para las funciones docentes. Es esta la “sensibilidad” que los jueces responsables de la sentencia aplauden y autorizan, el extremo que consideran tan “fácilmente asimilable ideológicamente”.
Y el gobierno catalán y la oposición aplauden esa fina sensibilidad de los jueces: por encima de la Ley está esa especial “sensibilidad”, la que autoriza la supresión de los derechos de la ciudadanía. Ser idóneo para el ejercicio de los derechos y facultades que las leyes otorgan a los ciudadanos, para el ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales que la constitución consagra, depende de una condición absoluta: la discrecionalidad de quien ejerce el poder. La dignidad que otorga la condición de ciudadano, la dignidad civil, se convierte así en mera cuestión graciable. La impunidad del poder político está así definitivamente consagrada por una sentencia que no dudamos en calificar de manifiestamente injusta.
La sentencia de la Audiencia de Tarragona es, en efecto, manifiestamente injusta pues contradice e ignora lo resuelto en sentencia firme por el Juzgado nº 1 de Tarragona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sede contencioso-administrativa (que declaran sin ambages que “la actora reunía los requisitos de idoneidad para participar como vocal en las PAAU” y que “la causa alegada por la Universidad no cabe inferirla del grupo de profesores que no son idóneos”), además de resultar autocontradictoria: si el acudir en queja al Defensor del Pueblo es motivo de exclusión de una profesora de la función docente, de igual modo debe ser motivo de exclusión el haber acudido a los Tribunales de Justicia en demanda de la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución Española.
4.- El principio que la sentencia consagra corrompe de raíz la vida democrática. Liquida la separación de poderes y la independencia judicial. Convierte a la sociedad catalana en una sociedad corrupta en la que los autores de una real limpieza étnica disponen ya de una patente de corso. Expresamos nuestra más profunda consternación por lo que, cada vez con mayor evidencia, va adquiriendo en Cataluña carta de naturaleza política: la indefensión de la ciudadanía ante un poder de carácter nacionalista que no duda en supeditar la dignidad civil y los derechos de los ciudadanos en aras de la construcción nacional, en un interminable auto de fe en desagravio de una lengua sacralizada, con el que se desafía el orden constitucional y se cercena la independencia del Poder judicial.
La amenaza de un poder totalitario, sin límites, porque no admite definición racional, es hoy real en Cataluña. Los últimos acontecimientos revelan la existencia de una causa que ordena el cumplimiento del siniestro mandato que procede de la voz de los sagrados ancestros: la sinrazón patriótica, la ley de la tierra, de la nación exige hoy en Cataluña el sacrificio de la dignidad civil de los ciudadanos que la misma existencia de esa Ley no escrita, excluye a priori. Un mal que nosotros denunciamos y combatimos. Pero, del mismo modo, queremos transmitir a la ciudadanía nuestro compromiso renovado con la defensa de los derechos fundamentales: cuanto mayor sea la injusticia, mayor será nuestra resistencia civil.
5.- Por último, la naturaleza manifiestamente injusta de la referida sentencia determina que la Profesora Albert, por libre y propia decisión, haya decidido acudir en amparo al Tribunal Constitucional para que sea anulada la Sentencia y que esté dispuesta a ejercer las acciones legales oportunas para exigir las responsabilidades derivadas del error inexcusable de los autores de la sentencia, considerando asimismo la posibilidad de interponer querella criminal por falsificación de uno de los documentos aportados por la defensa de los encausados en este proceso, en el sentido apuntado tanto por el Ministerio Fiscal y la acusación particular en el juicio.

References: artículo 182
 resolución 
 artículo 404
 resolución 
 resolución 
 artículo 24