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Timestamp: 2018-07-21 02:07:01+00:00

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Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, por la que se reforma la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, Versión 16/07/2003
LEY ORGÁNICA 16/1994, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL.
BOE 268 de 09/11/1994
Redacción publicada el 16/07/2003
Disposición adicional cuarta. Cobertura de plazas por Jueces de provisión temporal
Disposición transitoria cuarta. Normas sobre requisitos de ingreso y permanencia en la Carrera Judicial
Versión 09/11/1994
Redactado conforme a la corrección de erratas publicada en BOE núm. 285, de 29 de noviembre de 1994. Ref. BOE-A-1994-26300.
El largo tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha permitido acumular el suficiente bagaje de experiencias en su aplicación para poder determinar con rigor los aspectos en que su reforma es precisa. Ahora bien, una reforma que complete todos los aspectos necesitados de retoque debe ser objeto del más amplio estudio y elaboración posible con todos los sectores sociales y profesionales afectados y por ello exige un lapso de tiempo relativamente amplio para su preparación. Sin embargo, la necesidad de determinadas modificaciones se presenta con una especial urgencia y con una mayor claridad, pues responden a la conveniencia de perfeccionar el equilibrio entre los poderes del Estado, reconociendo al Consejo General del Poder Judicial aquellas competencias que el órgano de gobierno del Poder Judicial viene considerando como necesarias para el íntegro ejercicio de sus funciones constitucionales.
Ello ha permitido anticipar en esta Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aquellas cuestiones que, por responder a las características que acaban de recogerse, son susceptibles de tratamiento legislativo inmediato, sin merma del mayor detenimiento y reflexión que debe dedicarse a los demás aspectos de aquella Ley necesitados de modificación.
En la relación circunstanciada de las necesidades de la Administración de Justicia para 1992 el Consejo General del Poder Judicial planteó, por vez primera tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica, su posición acerca de la consideración de la materia relativa a la selección de Jueces y Magistrados como competencia propia, sin dejar de reconocer, sin embargo, las competencias concurrentes del Gobierno derivadas de la responsabilidad política de este órgano en la propuesta y ejecución de la política presupuestaria aprobada por las Cámaras y, con arreglo a ella, de la decisión sobre las dimensiones personales y materiales del aparato organizativo en su conjunto al servicio del Poder Judicial. Posteriormente, el Consejo General del Poder Judicial ha reiterado esa solicitud en algunas ocasiones.
La presente Ley Orgánica no sólo efectúa la atribución de la competencia en materia de selección de Jueces y Magistrados al Consejo General del Poder Judicial, sino que trata de resolver las cuestiones que se han planteado desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial directamente relacionadas con la materia.
El sistema de ingreso en la Carrera Judicial, se aborda y no solamente en lo que se ha dado en llamar el acceso por el tercero o el cuarto turno. En efecto, tanto la composición del Tribunal, como la potenciación de una etapa de formación inicial o previa al ejercicio de la función jurisdiccional se modifican en la Ley. El acceso a la Carrera Judicial de juristas con más de seis años de ejercicio profesional previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente (el llamado tercer turno) se configura en el texto propuesto como un concurso-oposición, y se limita a una cuarta parte de las plazas de la categoría de Juez.
El sistema de acceso a la categoría de Magistrado mediante concurso entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional ha dado lugar a cuestiones en su aplicación que frecuentemente han llegado al Consejo General del Poder Judicial y a los Tribunales. La presente Ley trata de resolver estas cuestiones de acuerdo con las líneas que se consideran más acordes con la jurisprudencia y con la doctrina integrada por las resoluciones y declaraciones sobre la materia del Consejo General del Poder Judicial, estableciendo las garantías adecuadas. Así: a) de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se permite que sean convocados a la entrevista todos los candidatos o sólo quienes hayan superado una determinada puntuación; b) se prevé el establecimiento del procedimiento idóneo para que el Tribunal pueda tener conocimiento suficiente de las incidencias que puedan haber afectado al candidato a lo largo de su vida profesional con trascendencia para valorar su aptitud para el desempeño de la función judicial, subsanando las deficiencias observadas en este punto en la práctica de los concursos; c) se dispone que el resultado de la entrevista se traduzca en una valoración definitiva de los méritos, con el límite de una modificación de la puntuación inicial de aquéllos en una proporción máxima determinada, con el fin de reforzar las garantías en el procedimiento; d) en el mismo sentido de acentuar las garantías se establece que el Tribunal, cuando aprecie la falta de la condición de jurista de reconocida competencia en el candidato, acordará su exclusión de manera específicamente motivada y se comunicará al interesado; e) respecto del contenido de la entrevista, se recoge literalmente la propuesta efectuada por el Consejo General del Poder Judicial en sus informes a las convocatorias hasta el momento efectuadas, y f) igualmente se recoge la propuesta del Consejo General del Poder Judicial respecto del requisito de la redacción de la correspondiente acta detallada.
Se prevé la posibilidad de que tengan acceso a las pruebas de especialización los ya Magistrados. Con ello se sigue la voluntad manifestada por el Consejo General del Poder Judicial en diversas convocatorias, que ha sido considerada, sin embargo, por el Tribunal Supremo como incompatible con el texto de la Ley vigente —por lo que a las pruebas de especialización en el orden social hace referencia—, lo que hace necesaria la modificación que introduce esta Ley.
Igualmente se admite en el texto propuesto la participación de miembros de la Carrera Fiscal en las pruebas de especialización, aumentando la participación en éstas y recogiendo la tradición anterior a la Ley Orgánica.
Respecto del ingreso y permanencia en la Carrera Judicial se consagran dos limitaciones que ya vienen siendo aplicadas, aunque su cobertura normativa ha sido discutida en ocasiones: a) la imposibilidad de presentarse a pruebas de selección hallándose en edad muy próxima a la de jubilación, y b) la imposibilidad de solicitar la excedencia voluntaria hasta alcanzar los tres años de servicios efectivos, aun cuando se trate de miembros de la Carrera Judicial ingresados mediante concurso entre juristas que pertenezcan a otro Cuerpo del Estado.
Por otro lado se recoge en el texto la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial realice por la vía de la especialización las convocatorias de concurso para el ingreso en la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado de juristas de reconocida competencia, y se establece una limitación derivada de la propia especialidad, cual es la imposibilidad de ejercer jurisdicción en otro orden hasta transcurridos cinco años, y previa la formación que se considere precisa, colmando así dos aspiraciones del órgano de gobierno de los Jueces y Magistrados tendente a dotar de una mayor efectividad a este sistema de acceso a la Carrera Judicial.
Se regula la figura de los Jueces adjuntos, atribuyendo a quienes han superado la oposición el carácter de funcionarios en prácticas. Se prevé que sus funciones, que precisará reglamentariamente el Consejo General del Poder Judicial, sólo pueden ser auxiliares y de colaboración con los titulares de los órganos judiciales, salvo cuando se disponga otra cosa por la propia Ley Orgánica del Poder Judicial en el marco de las medidas de apoyo a los órganos judiciales.
La Ley aborda una nueva regulación de la composición y normas de funcionamiento de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia.
En primer lugar, se ha dado entrada, como miembros natos, a los Presidentes de las Audiencias Provinciales radicadas en el territorio del Tribunal Superior correspondiente. Con ello se pretende que quienes ostentan la presidencia de los órganos colegiados en materia civil y penal en las respectivas provincias, intervengan en las decisiones que han de adoptar estos órganos. Se establece, al propio tiempo, que el número de miembros natos y electos permanezca equilibrado aumentando así el número de miembros electos en la misma proporción en que aumenta el de natos, como consecuencia de la incorporación de los Presidentes de las Audiencias Provinciales.
Igualmente se ha considerado imprescindible la presencia de aquellos Decanos que, elegidos por los Magistrados, están liberados de su trabajo jurisdiccional conforme al artículo 163 de esta Ley por tener a su cargo la responsabilidad específica de la estructura judicial en las grandes ciudades. Teniendo en cuenta la forma de su elección, su integración se produce con la consideración de miembros electos y sin necesidad por tanto de reequilibrio en el número de miembros electos.
El funcionamiento de las Salas de Gobierno, en aquellos supuestos en los que el número de sus miembros es superior a diez, ha planteado en la práctica numerosos problemas de efectividad al no estar previsto en el texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial otro sistema de adopción de acuerdos que el de las reuniones de Pleno.
Para dar mayor efectividad al funcionamiento de estas Salas se prevé, en consecuencia, la creación de la comisión compuesta por tres miembros natos y tres electos, elegidos todos ellos por la totalidad de los componentes de la Sala, que serán renovados anualmente, y el sistema de funcionamiento y facultades de esta comisión.
Finalmente, se establece el sistema de dación de cuenta de los asuntos tratados en comisión al pleno, y la facultad del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de abocar al Pleno aquellos asuntos de trascendencia o interés y los que propongan la mayoría de los miembros de la Sala de Gobierno de forma razonada.
El régimen de provisión de plazas es objeto también de modificación en esta Ley.
Por un lado se ha establecido la posibilidad de que las secciones de las Audiencias Provinciales puedan estar compuestas por cuatro Magistrados, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen, a fin de dotarlas de una mayor operatividad.
Al mismo tiempo se ha introducido, con carácter general, la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de las Salas de Gobierno, pueda atribuir en exclusiva el conocimiento de determinados asuntos o de las ejecuciones en todos los órdenes jurisdiccionales, a uno o varios Juzgados cuando existan en una circunscripción varios Juzgados de la misma clase. La Ley reconoce al Consejo General del Poder Judicial la importante facultad de no sacar a concurso de traslado temporalmente determinadas plazas, respondiendo con ello a la propuesta efectuada por este órgano constitucional a raíz del agotamiento de la cláusula contenida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, por la que se suspendió temporalmente el requisito de los tres años de servicio efectivos en la Carrera para el ascenso a Magistrado y habilitando con ello un medio eficaz para paliar la existencia de excesivas vacantes.
La experiencia ha demostrado la necesidad de arbitrar mecanismos de estabilidad en la provisión de plazas de Jueces o Magistrados. El Consejo General del Poder Judicial ya había arbitrado medidas que ahora se incluyen en el texto de la Ley limitando la posibilidad de concursar a los que no lleven destinados dos y tres años dependiendo de que el destino servido se haya obtenido de forma forzosa o voluntaria.
La reforma incluye también un nuevo diseño de la provisión de plazas en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y social, propiciando la especialización o la realización de actividades formativas específicas con carácter previo a servir el destino en estos órganos.
La proclamación de la necesidad de una modificación de la regulación de los Magistrados suplentes, Jueces sustitutos y de provisión temporal constituye una constante desde los primeros momentos del Consejo General en su actual mandato, acorde con la necesidad de asumir las competencias adecuadas para el ejercicio de su función. A pesar del avance producido en cuanto a la cobertura de plazas judiciales, sigue siendo una necesidad, que se entiende coyuntural, arbitrar sistemas para la mejor y más efectiva cobertura de las plazas vacantes.
En punto al nombramiento de Magistrados suplentes, y con el fin de despejar dudas de legalidad, la Ley recoge explícitamente la interpretación del artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial mantenida hasta ahora constantemente por el Consejo General del Poder Judicial en sus disposiciones generales, nombramientos y actos de resolución de recursos, en el sentido de que la facultad de nombramiento de Magistrados suplentes alcanza al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.
La Ley trata de mejorar las garantías propias del régimen de los Magistrados suplentes, ordenando que, no sólo las propuestas de nombramientos, sino también el orden de preferencia y las exclusiones de solicitantes se motiven especialmente. Igualmente se exige que este requisito de motivación se cumpla en las propuestas de adscripción, que pueden tener tanta importancia práctica como las propuestas de nombramiento. Con la misma finalidad se proclama la integración funcional de los expresados Magistrados en condiciones de absoluta igualdad con los restantes miembros de la Sala y se regulan con más detalle las cuestiones relativas a las causas de incompatibilidad, las prohibiciones y los motivos de cese, que se enumeran taxativamente.
La preocupación por la calidad de la función de los Jueces no titulares se atiende en la presente Ley: a) previendo que la preferencia para el nombramiento derivada del ejercicio anterior de funciones jurisdiccionales sólo juega cuando este ejercicio haya tenido lugar «con aptitud demostrada»; b) estableciendo que la Sala de Gobierno en sus propuestas valorará la idoneidad y aptitud del candidato y fijando la falta de aptitud, y no sólo la dejación en el ejercicio de los deberes del cargo, como causa de cese, y c) finalmente, precisando que la preferencia para ser nombrados de aquellos en quienes concurran determinadas circunstancias sólo tendrá lugar en el caso de que no resulten desvirtuadas por otras que comporten la falta de idoneidad.
En materia de sustituciones externas, la Ley establece las circunstancias con arreglo a las cuales debe concretarse el concepto jurídico indeterminado de imposibilidad de sustitución ordinaria que abre el paso a la externa y para sentar el criterio de que no puede ser excluido ningún orden jurisdiccional del régimen de sustituciones externas. Se precisa cuándo procede aplicar la prórroga de jurisdicción.
Con el fin de contribuir a dotar al Consejo General del Poder Judicial del apoyo técnico idóneo para el ejercicio de sus funciones constitucionales de gobierno del Poder Judicial, la Ley reconoce a los funcionarios destinados en sus órganos técnicos la situación de servicios especiales, equiparando en este punto al Consejo General del Poder Judicial con otros órganos constitucionales del Estado.
La comisión por un Juez o Magistrado de cualquier delito doloso, lo haya sido o no en el ejercicio de la función judicial, tiene un significado especial que trasciende de las consecuencias estrictamente penales previstas en el Código, más allá incluso de las penas privativas de derechos, puesto que evidencia su incapacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional mientras no obtenga la rehabilitación, como deriva del artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Resulta por tanto procedente dar una nueva regulación a estos efectos, modificando lo que establecen los actuales artículos 379.1.d) y 380.
El Consejo General del Poder Judicial en sucesivas memorias, y el Defensor del Pueblo, en su informe de 1991, han puesto de manifiesto la necesidad urgente de reformar la regulación de la potestad disciplinaria respecto a Jueces y Magistrados para que, sin merma de las necesarias garantías, resulte eficaz su ejercicio como instrumento indispensable para el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia y para el debido aseguramiento de la independencia judicial. Pues esta exigencia del Estado de Derecho tiene en el sometimiento al ordenamiento jurídico de Jueces y Magistrados y en la institución de la responsabilidad judicial las auténticas garantías de que sirve a los fines para los que ha sido reconocida por la Constitución (artículo 117.1 CE) y configurada por el ordenamiento jurídico. En definitiva, independencia judicial y responsabilidad de Jueces y Magistrados no son postulados antitéticos sino rigurosamente complementarios.
Con este propósito se aborda, en primer lugar, la modificación del régimen de prescripción, causa de extinción de la responsabilidad disciplinaria con fundamento constitucional en la seguridad jurídica (STC 157/1990), pero que no debe convertirse en la práctica, como viene ocurriendo, en motivo de generalizada impunidad de conductas que, siendo ciertamente reprochables y de indudable trascendencia para una eficaz prestación de la tutela judicial, se ven sin sanción por la brevedad de los plazos prescriptivos y por la previsión legal sobre su interrupción.
Se amplían, por tanto, dichos plazos acogiendo, entre las soluciones posibles, los que son más comunes en el derecho disciplinario, aunque se mantiene para las infracciones leves el plazo prescriptivo establecido por el Código para las faltas penales.
La regla del comienzo del plazo de la prescripción de las infracciones a partir del momento de su comisión requiere una previsión especial en el supuesto de las acciones y omisiones que dan lugar a la declaración de responsabilidad civil, puesto que sólo a partir de la firmeza de la sentencia en que dicha responsabilidad se declara resulta exigible la de carácter disciplinario.
Asimismo, se establece que la interrupción de la prescripción de la infracción se produzca no sólo por el acuerdo de iniciación del expediente disciplinario, sino también por la incoación de cualquier diligencia informativa relacionada con la conducta investigada, siempre que en uno y otro caso medie la oportuna notificación. Con ello se evita el indebido cómputo para el plazo de prescripciones del tiempo que transcurre durante la práctica de unas actuaciones, de muy frecuente utilización, encaminadas realmente a depurar responsabilidades, aunque formalmente no hayan dado lugar al procedimiento disciplinario, de las que tiene conocimiento el Juez o Magistrado afectado por las mismas. Si bien, en aras de la propia seguridad jurídica a la que la institución de la prescripción responde, se introduce en la Ley la cautela, común en el ejercicio de la potestad disciplinaria, consistente en que la prescripción vuelve a correr si el procedimiento iniciado permanece paralizado durante el plazo de seis meses por causa no imputable al Juez o Magistrado sujeto al expediente.
En segundo lugar, se procede a una nueva tipificación de los ilícitos disciplinarios gubernativos de Jueces y Magistrados, con expresa supresión, a través de la disposición derogatoria, de la llamada responsabilidad intraprocesal o disciplinaria procesal contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este sentido, se incluyen en el elenco de tipos nuevas conductas que merecen un innegable reproche desde la perspectiva de la relación de servicio del Juez o Magistrado y que hasta ahora no eran sancionables por falta de una adecuada previsión normativa. Al mismo tiempo, se refuerza la seguridad jurídica procurando la mayor concreción posible en la descripción de las conductas sancionables. Así, se eliminan las «cláusulas abiertas» relativas a la infracción de prohibiciones y deberes establecidos en la ley, cuya literalidad podría hacer punible cualquier infracción normativa, y se observa en la utilización de la técnica de las «normas en blanco» los requisitos señalados por la doctrina del Tribunal Constitucional. En particular el de la necesaria concreción, de modo que la conducta calificada de ilícito disciplinario quede suficientemente precisada con el contenido de la norma que sirve de complemento y resulte, en todo caso, salvaguardada la función de «garantía del tipo» con la posibilidad del adecuado conocimiento de la actuación conminada con sanción disciplinaria.
No se prescinde, sin embargo, en la configuración de los supuestos sancionables, de indispensables conceptos valorativos y de ciertos conceptos jurídicos indeterminados declarados compatibles con el principio de tipicidad, tanto por el Tribunal Constitucional (SSTC 62/1982, 69/1989 y 219/1989) como por el Tribunal Supremo, especialmente en el ámbito del derecho disciplinario, siempre que su concreción sea razonablemente factible en virtud de criterios lógicos o de experiencia.
En materia de sanciones, la reforma se concreta en la supresión de la reprensión, que además de las dificultades de ejecución que suscita, parece haber perdido todo su sentido punitivo, la elevación de la cuantía de la multa, adaptándola a la evolución del poder adquisitivo de las retribuciones judiciales, a precisar el alcance y contenido de la sanción de traslado, cuya actual indeterminación la hacía difícilmente practicable, y a una nueva determinación de la competencia para la imposición de dichas sanciones. Conforme al régimen que se introduce, la competencia de los Presidentes de los Tribunales se reduce a la sanción de advertencia y la de las Salas de Gobierno a la de multa, prevista para las infracciones leves, correspondiendo la imposición de las sanciones establecidas para las faltas graves a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial y las de las faltas muy graves al Pleno del Consejo. Si bien, se establecen dos reglas especiales: por una parte, se recoge la previsión expresa de que los órganos pueden imponer sanciones de menor gravedad que las que tienen ordinariamente atribuidas cuando al examinar los expedientes, cuyo conocimiento está inicialmente atribuido a su competencia, resulta que los hechos objeto de los mismos merecen un inferior reproche disciplinario, evitando así la remisión a otra autoridad que sería innecesaria conforme a las reglas generales de la competencia y contraria a los principios de economía procedimental.
La Ley no parte de la exclusión del principio «non bis in idem» del ámbito disciplinario ni de las llamadas relaciones de supremacía especial, categoría que tanto conceptualmente como en su utilización para resolver cuestiones concretas debe ser objeto de matizaciones y en modo alguno puede servir como construcción dogmática para establecer excepciones plenas a la proyección de postulados derivados de derechos fundamentales como los de legalidad y tipicidad (artículo 25.1 CE) a los que dicho principio va íntimamente unido. Por el contrario se acogen las dos manifestaciones, material y procedimental, de la prohibición de la doble sanción penal y disciplinaria por la misma conducta de Jueces y Magistrados, pero se hace en los mismos términos en que ha sido establecida por la doctrina del Tribunal Constitucional.
Conforme a ella, es necesario para que resulte incompatible la punición penal y disciplinaria que concurran las tres identidades de sujeto, hecho y fundamento jurídico, de tal manera que no existe obstáculo alguno para que puedan resultar concurrentes cuando se vulneran con una misma conducta bienes jurídicos distintos.
Desde el punto de vista procedimental se da plena preferencia al proceso penal sobre el expediente disciplinario, impidiendo que se resuelva éste mientras no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento en la causa penal cuando verse sobre los mismos hechos y vinculando la declaración de los que se afirman probados en el ámbito jurisdiccional.
En el procedimiento disciplinario, además de introducir concreciones en su tramitación, precisando el contenido del pliego de cargos y de la propuesta de resolución, se introducen como más importantes novedades las que se refieren a los siguientes extremos:
a) Se incorpora a la Ley la previsión de las llamadas diligencias informativas, que la práctica ha consagrado para evitar la apresurada apertura de expedientes disciplinarios sin un mínimo contraste de la realidad de los hechos denunciados.
b) La Ley establece el carácter potestativo del recurso en vía administrativa para los Jueces y Magistrados que resulten sancionados y para el Ministerio Fiscal, acogiendo una aspiración unánimemente mantenida en la doctrina, y resuelve el problema suscitado en relación con la posibilidad de que los denunciantes recurran la decisión adoptada sobre la no iniciación del expediente disciplinario o la resolución misma recaída en éste, que había sido denegada por la jurisprudencia a la vista de la actual regulación. A tal efecto, se excluye la impugnación por los mismos en vía administrativa aunque se deja a salvo la legitimación que puedan ostentar en el recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la interpretación que a la luz de la Constitución debe hacerse del artículo 28.1 de la Ley de dicha jurisdicción, y, finalmente, se incluye la legitimación por sustitución de las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados.
c) El instructor del expediente disciplinario tiene la consideración de delegado del órgano que ostenta la competencia para acordar la iniciación del procedimiento, quien, consecuentemente, puede no sólo devolver a aquél lo actuado para que complete el pliego de cargos, la instrucción o la propuesta de resolución para que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad sino también acordar su sustitución cuando observe defectos graves en la tramitación del expediente.
El anormal atraso o la extraordinaria acumulación de asuntos en determinados Juzgados y Tribunales, con indudable incidencia en la efectividad de la tutela judicial que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, debe tener una singular respuesta en la Ley.
Para la normalización de tales situaciones la mera exención temporal de reparto de asuntos prevista en el artículo 167.1 de la Ley o el reforzamiento de la plantilla de secretaría pueden resultar medidas inviables, inadecuadas o insuficientes. En ocasiones resultan imprescindibles medidas de apoyo que afectan a la propia titularidad de los órganos judiciales.
Resulta por ello necesario que la Ley contemple dichas medidas de apoyo de manera expresa y de forma que quede plenamente satisfecha la exigencia constitucional de predeterminación, de cuyo contenido forma parte el que la titularidad o la composición de los órganos judiciales tengan en la norma el suficiente grado de fijeza para asegurar su independencia e imparcialidad y que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente establecido para la designación de quienes ejercen la jurisdicción (STC 47/1983).
En consecuencia, la Ley precisa los supuestos de aplicación de las medidas de apoyo judicial, que en ningún caso pueden acordarse en función de algún procedimiento o serie de procedimientos determinados y regula la tramitación y decisión sobre las propuestas para que Jueces y Magistrados sirvan temporalmente en Juzgados o Tribunales distintos de aquéllos de que son titulares o sobre la adscripción en régimen de apoyo de Magistrados suplentes o Jueces sustitutos, asegurando la debida publicidad y el diseño del correspondiente plan de actualización del órgano necesitado de apoyo con una especial previsión de su duración temporal.
El adecuado reconocimiento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de su potestad reglamentaria externa ha sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial como un requisito necesario parar utilizar este instrumento fundamental para el ejercicio de sus competencias.
El texto de la presente Ley Orgánica mediante el que se regula explícitamente la expresada potestad se ajusta a lo declarado en la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986, que reconoce aquélla. La formulación legal opta por ceñirse estrictamente a las manifestaciones del Tribunal Constitucional, el cual ha declarado que los Reglamentos de desarrollo del Consejo General sólo pueden contener regulaciones de carácter secundario y auxiliar, dado el carácter estricto de la reserva de ley orgánica para las cuestiones referentes al estatuto judicial y al funcionamiento y gobierno de los tribunales.
En el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos de desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el Consejo General del Poder Judicial se ha tenido en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre audiencia de las asociaciones interesadas.
No se ha considerado necesario precisar a quién corresponde evacuar el dictamen de legalidad, entendiendo que resulta de aplicación el precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que excluye la intervención del Consejo de Estado, en reconocimiento de la autonomía del Consejo General como órgano constitucional (artículo 142.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), y de que concurren en los servicios técnicos del Consejo General los requisitos para el ejercicio de esta función.
El carácter excepcional que la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial tiene respecto de la potestad reglamentaria por antonomasia que constitucionalmente corresponde al Gobierno, aconseja determinar concretamente las materias en que aquélla puede desenvolverse. La presente Ley no se limita a tener por hechas las habilitaciones explícitas e implícitas contenidas ya en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino que efectúa, con carácter adicional, una enumeración de materias concretas para cuya redacción se han tenido en cuenta los campos en los que efectivamente el Consejo General ha hecho ya uso de esa facultad reglamentaria. Enumeración que, por otra parte, cumple con una finalidad integradora de aquellos preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 301.5, 329.3, 341.2, 365.2, 366.2 y 377) que se limitan a prever el desarrollo reglamentario de sus disposiciones, sin especificar que el mismo compete al Consejo General del Poder Judicial, al venir ello reclamado sin más por el hecho de afectar a alguna de las materias contenidas en la referida enumeración. Lo que, a su vez tiene el correspondiente contrapunto integrador en favor de la potestad reglamentaria del Gobierno en los restantes preceptos de la citada Ley Orgánica (artículos 434.3, 447.1 y 2, 472, 485, 486, 487, 492, 493, 495.2, 504.2, 506.1, 508.2 y d. a. 10.ª. 2) que contienen asimismo indeterminadas remisiones al ejercicio de la mencionada potestad.
Los límites que se imponen al ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial afectan también al Gobierno cuando se apresta a dictar disposiciones generales sobre materias análogas relacionadas con el estatuto judicial, por lo que se modifica, en congruencia, la disposición adicional correspondiente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los términos que resultan también de la declaración interpretativa efectuada por la sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986.
Cuestión relacionada con el ejercicio de la potestad reglamentaria es la relativa a la facultad del Consejo General del Poder Judicial para informar acerca de los anteproyectos de ley y disposiciones generales de las Comunidades Autónomas que versen sobre alguna de las materias comprendidas en el artículo 108 LOPJ, y que ha sido afirmada por el órgano constitucional de gobierno del Poder Judicial en diversos informes. En la Ley se recoge también la facultad de las Cámaras y, si es el caso, de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas de solicitar informe al Consejo General sobre proposiciones de ley o enmiendas cuando versen sobre las mismas materias, siempre que exista una previsión en tal sentido en sus respectivos Reglamentos. Con ello, con pleno respeto a la soberanía de las Cámaras y de las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y siguiendo la opinión del órgano de gobierno del Poder Judicial, se permite la apertura de un cauce de solución para aquellos casos en que el informe del Consejo General pueda tener relevancia y no haya sido solicitado o no haya podido serlo por razón del procedimiento legislativo seguido.
Constituye una necesaria novedad de la reforma que se acomete, el tratamiento de la utilización de los medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos en la administración de justicia. La nueva redacción del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que otorga validez a los documentos emitidos, establece mecanismos que, por un lado, garantizan tanto la identificación del órgano, cuanto la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos y, por otro, aseguran la homogeneidad de los sistemas mediante la intervención reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial para el aseguramiento de la compatibilidad de los programas, aplicaciones y sistemas informáticos y el cumplimiento de los derechos y garantías establecidos en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal.
Finalmente, se da una nueva redacción al apartado 1 del artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de aclarar definitivamente el contenido de las funciones de los servicios comunes que, además, se extienden a las Audiencias Provinciales.
La necesidad de acomodar las competencias del Consejo General del Poder Judicial en materia presupuestaria a la condición de órgano constitucional que le atribuye su regulación en la Constitución y reafirma el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, justifica el que, sin merma de los principios de legalidad y especialidad, se amplíen en un doble aspecto los términos en los que la Ley reconoce su autonomía presupuestaria, en similitud con restantes órganos constitucionales.
Por último, se recogen expresamente en el texto legal atribuciones en materia de ejecución y liquidación presupuestaria que hasta ahora viene ejerciendo el Consejo conforme a la previsión contenida en normas reglamentarias.
La Ley aborda la modificación del artículo 66 en lo que se refiere a las competencias de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con el propósito de dar una mayor uniformidad a las resoluciones judiciales en algunas materias que así lo requieren.
De conformidad con las observaciones realizadas por el Consejo General del Poder Judicial, el nuevo régimen disciplinario relacionado con las prohibiciones e incompatibilidades de Jueces y Magistrados, a las que se remite el nuevo artículo 417.7 de la Ley, obliga, en línea con las resoluciones del Tribunal Constitucional, a realizar una precisión sobre ellas, más adecuada a la realidad social. En consecuencia se establece una nueva regulación de éstas incompatibilidades y prohibiciones modificando los artículos 391 y 392 de la Ley.

References: artículo 163
 artículo 200
 resolución 
 artículo 303
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 artículo 24
 artículo 167
 artículo 108
 artículo 230
 artículo 272
 artículo 59
 artículo 66
 artículo 417