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Timestamp: 2019-05-26 15:54:04+00:00

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HOMOLOGA TUS ESTUDIOS ABOGADOS - Áreas de Trabajo
La homologación de títulos extranjeros en España, evolución del sistema y restricciones injustificadas
Súmate a la denuncia a la Comisión Europea
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS REALIZADOS EN CENTROS ESPAÑOLES EN CONVENIO CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
ACCESSO A CONCURSO OPOSICION AL CUERPO DE TECNICOS DE GESTION SIN NECESDIAD DE HOMOLOGAR TITULO EXTRANJERO
ACCESO A LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
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Madrid, a veintitrés de enero de dos mil trece.
Visto el recurso contencioso administrativo que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, ha promovido D.ª Adriana representado por el Procurador D. JUAN CARLOS ESTEVEZ FERNANDEZ- NOVOA. Contra MINISTERIO DE EDUCACIÓN representada por el Abogado del Estado, sobre HOMOLOGACIÓN TITULO. Siendo ponente el Istmo Sr. Magistrado de esta Sección D. FRANCISCO DIAZ FRAILE.
PRIMERO.- Se impugna la resolución del Ministerio de Educación de 15-4-2011, que desestimó el recurso de reposición deducido en su día por la hoy parte actora contra una anterior resolución de 12-11-2010 que había acordado la homologación del título de Bachelor of Arts in Business Administration, obtenido por la interesada en University of Wales (Reino Unido), al título español de Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, si bien condicionada dicha homologación a la previa superación de requisitos formativos complementarios (prueba de aptitud o asistencia a cursos tutelados) para acreditar conocimiento en las siguientes materias: macroeconomía, matemáticas, microeconomía, dirección financiera y econometría. La demanda termina con la súplica que es de ver en autos.
SEGUNDO.- Sobre un caso idéntico -no ya similar- al que ahora nos ocupa, tanto por el thema decidendi, como por el planteamiento del debate procesal que han realizado las partes, nos hemos pronunciado en la sentencia de 6-7-2011 (que devino firme), recaída en el recurso n.º 4/2010, donde dijimos lo siguiente: ““SEGUNDO.- La solicitud de homologación origen de la litis se presentó el ---, por lo que resulta de aplicación al caso ratione temporis el Real Decreto 285/2004, de 20 febrero, que regula las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, cuya normativa damos aquí por reproducida en lo menester en aras a la brevedad.
La parte demandante --- impetra que se declare su derecho a la homologación, y a tal efecto aduce tres precedentes administrativos favorables a la homologación del mismo título, a cuya pretensión se ha opuesto el Abogado del Estado en los términos que son de ver en autos
Sobre la relevancia de los precedentes administrativos en casos como el que nos ocupa hemos de recordar lo dicho por este Tribunal en la sentencia de 28-5-2009 (recurso n.º 506/1997 ), donde se puede leer lo siguiente: "El informe emitido por ese órgano técnico es especialmente relevante para establecer este juicio de equivalencia pero no debe olvidarse la especial importancia que tienen esta materia los precedentes en supuestos similares, tal y como establece el art. 7 apartado b) del Real Decreto 86/1987 y ha destacado este Tribunal en su sentencia de 13 de mayo de 2005 y de 7 de Mayo de 2007 (Recurso: 86/2005 ) en la que se afirmaba que "Los cambios de criterio han de ser motivados y no pueden adoptarse sin una justificación razonable y exhaustiva, resultando insuficiente a tal efecto las meras conjeturas o especulaciones carentes de todo apoyo y argumentación en los datos constatables, pues ello convertiría en arbitrariedad lo que esta diseñado como un juicio de discrecionalidad técnica, máxime cuando no consta que ni el Consejo de Coordinación Universitaria ni el órgano administrativo que resolvió ambas peticiones tuvieran en consideración otros criterios que los puramente académicos que se deducían del programa de estudios cursado por los solicitantes, y si no fue así es a la Administración a la que le correspondía demostrar lo contrario". De modo que es posible que la Administración se aparte del precedente administrativo de forma motivada, lo contrario congelaría la posibilidad de todo cambio de criterio aunque apreciase la ilegalidad del precedente. Ahora bien, este cambio de criterio debe hacerse de forma motivada y exhaustiva, como garantía que permita constatar que no existe un trato discriminatorio injustificado o una actuación arbitraria de la Administración, de ahí que los tribunales puedan y deban examinar la motivación proporcionada para justificar el cambio de criterio y así concluir si las razones expuestas justifican de forma razonable, y siempre respetando el margen de discrecionalidad técnica de que disponen estos órganos técnicos, el cambio de criterio operado o si por el contrario no resultan convincentes las razones aducidas para apartarse de los precedentes administrativos".
En el supuesto que nos ocupa la decisión de la Administración desviada de su reiterada línea de actuación anterior no aparece justificada, incumpliendo así el requisito de la motivación, que en el caso exigía no solo explicar la solución que se dispensaba al caso aislado, sino también la separación del criterio aplicado con anterioridad en casos similares, incidiendo de tal manera la resolución en un vicio que provoca su nulidad, permitiendo así, ante la endeblez de la resolución recurrida al defender la decisión adoptada, la entrada en juego del derecho de igualdad en la aplicación de la ley pues ninguna razón consistente se esgrime o aparece para dispensar a la actora un trato diferente al que se ha aplicado con anterioridad en los casos semejantes que la demandante ha traído a nuestra consideración, por lo que, en definitiva, se impone, sin más circunloquios, la estimación del recurso que nos viene ocupando”“.
Cuanto acabamos de transcribir es hic et nunc de cabal aplicación -mutatis mutandis- en observancia del principio de unidad de doctrina, que cuenta con el respaldo de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, debiendo subrayarse -aunque ya se ha indicado más arriba- que en el supuesto enjuiciado la invocación de los precedentes administrativos se ha venido haciendo por la parte interesada desde la precedente vía administrativa, sin que la Administración demandada haya dado una respuesta satisfactoria para apartarse de tales precedentes, siendo de remarcar que el carácter de discrecionalidad técnica que tiene la decisión administrativa litigiosa limita el posible control judicial de la misma a un control de legalidad e impide entrar en el núcleo de la decisión administrativa tomada, por lo que resulta insuficiente cuando existen precedentes claros en la materia -cuál es el caso- con la mera motivación del caso aislado por medio del informe del órgano técnico, sin justificar la prescindencia de los mentados precedentes, pues, si admitiéramos una tal motivación como bastante para justificar la decisión adoptada en cada caso por la Administración, a esta última le bastaría con explicitar en cada caso de que conociera unas razones de discrecionalidad técnica de mayor o menor extensión para motivar en debida forma su decisión, pudiendo volver a cambiar de criterio con solo esgrimir otras razones de discrecionalidad técnica distintas, sin justificar dicho cambio de criterio, y todo ello sin que el órgano judicial pueda introducirse en el estudio del núcleo de la decisión adoptada al tratarse de un ámbito dominado por la discrecionalidad técnica, de donde que una justificación expresa del cambio de criterio y el apartamiento de los precedentes sea tan necesaria en casos como el que ahora nos ocupa. Si se admitiese como bastante para apartarse de una línea de actuación administrativa anterior demostrada con los precedentes una motivación simplemente concerniente al caso y fundada en el informe del correspondiente órgano técnico, sin alusión alguna a los precedentes para desviarse de los mismos, estaríamos permitiendo que la Administración actuase sin la seriedad requerida, abriendo la posibilidad de actuaciones discriminatorias o arbitrarias, y ello con la extremada dificultad de su control judicial habida cuenta la imposibilidad de entrar en el núcleo de la decisión tomada, dificultando también, o incluso impidiendo, el ejercicio del derecho de defensa por parte de los interesados al desconocer las razones del cambio de criterio de la Administración, que ciertamente puede variar de criterio, pero explicando dicha variación o cambio a medio de una justificación racional y razonable suficiente que permita a la Administración dar razón de que sus actuaciones no son arbitrarias, discriminatorias, caprichosas o irreflexivas, haciendo así igualmente posible el ejercicio del derecho de defensa por parte de los interesados y en su caso el control judicial que eventualmente puedan reclamar los afectados.
TERCERO.- No se aprecian méritos suficientes para una especial imposición de costas (artículo 139.1 de la LJ ).
D. ª ISABEL GARCIA GARCIA-BLANCO D. JOSE LUIS TERRERO CHACON
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