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BOE.es - Documento BOE-A-2018-13752
Documento BOE-A-2018-13752
«BOE» núm. 244, de 9 de octubre de 2018, páginas 98032 a 98040 (9 págs.)
BOE-A-2018-13752
En el recurso interpuesto por don G. H. M., abogado, en nombre y representación de «Bombeos Martín, S.L.», contra la negativa del registrador de la Propiedad de Santa Fe número 2, don Vicente Merino Naz, a practicar las cancelaciones de cargas posteriores a una anotación de embargo caducada ordenados en el correspondiente mandamiento judicial.
En el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Fe se tramitó procedimiento de ejecución de títulos judiciales número 1594/2009. En dicho procedimiento se dictó decreto por el que se adjudicó la participación del 39,75% de la finca registral número 6.272 del Registro de la Propiedad de Santa Fe número 2 a la entidad «Bombeos Martín, S.L.». En virtud de mandamiento librado el día 5 de febrero de 2018 por doña E. P. I., letrada de la Administración de Justicia del indicado Juzgado, se ordenó la cancelación de la anotación letra A causada en virtud del propio procedimiento, así como todas las cargas posteriores. La señalada anotación preventiva letra A fue practicada el día 22 de marzo de 2010, prorrogada a virtud de la letra G en fecha 4 de marzo de 2014, constando al margen de la misma nota de cancelación por caducidad, conforme a los artículos 86 de la Ley Hipotecaria y 353 del Reglamento Hipotecario, de fecha 15 de mayo de 2018.
Presentado el día 20 de marzo de 2018 dicho mandamiento de cancelación de cargas en el Registro de la Propiedad de Santa Fe número 2, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Registro de la Propiedad de Santa Fe número dos:
– Acuerdo dictado en la calificación del mandamiento librado el 05-02-2018 por Doña E. P. I., Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número tres de los de Santa Fe, dimanante del Procedimiento: ejecución de títulos judiciales 1594/2009, presentado en este Registro el 20-03-2018, según asiento 2417 Diario 199, conforme a los arts. 18 y concordantes de la L.H., dentro de los límites impuestos por el art. 100 R.H.:
– En la parte dispositiva del decreto, se decreta la cancelación de cargas sobre la participación del 39.75% de la finca registral n.º 6272 del Registro de la Propiedad de Santa Fe.
– Del examen del Registro, se observa que, sobre dicha participación de finca del Ayuntamiento de Vegas del Genil, aparece una anotación de embargo tomada bajo la letra A, dimanante de los autos 1594/2009, que es objeto del procedimiento, fue practicada el 22-03-2010, prorrogada a virtud de la letra G en fecha 04-03-2014, al margen de dicha anotación aparece nota de cancelación por caducidad, conforme al art. 86 L.H. y 353 R.H, de fecha 15-05-2018.
– Denegada la cancelación de las anotaciones e inscripciones posteriores a que se refiere el precedente mandamiento, al haber caducado la anotación de embargo, antes de la inscripción de la adjudicación, no siendo título bastante éste mandamiento a que se refiere el art. 175 R.H., sino el que se dicte en juicio declarativo donde se diriman las cuestiones de preferencia (arts. 44 L.H., 1923-II del C.C., 175.2 R.H. y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28-09-1987, 06-04-1994 y de octubre de 1994 y 08-11-2000–.
Procede por ello dictar el siguiente:
Acuerdo: Denegar la práctica de las cancelaciones, por los defectos dichos de carácter insubsanable. El asiento de presentación queda automáticamente prorrogado por plazo de sesenta días a contar desde la fecha de su última notificación (art. 323 L.H.).
Notifíquese al presentante y a la citada Letrada Judicial.
Este acuerdo puede (…)
Santa Fe, 15 de mayo 2018.–El Registrador de la Propiedad (firma ilegible y sello del Registro con el nombre y apellidos del Registrador).»
Contra la anterior nota de calificación, don G. H. M., abogado, en nombre y representación de «Bombeos Martín, S.L.», interpuso recurso el día 25 de junio de 2018 atendiendo a los siguientes razonamientos:
No se discute por esta parte que cuando se presentaron al despacho (20/03/2018) el mandamiento de cancelación de cargas librado el 5 de febrero de 2.018, así como el decreto de adjudicación de la finca 6.272 de fecha 2 de septiembre de 2.014, la anotación de embargo letra A, practicada en fecha 22 de marzo de 2.010, prorrogada con data 4 de marzo de 2.014, había caducado ipso iure, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria (la anotación prorrogada caducará a los cuatro años de la fecha de la anotación misma de prórroga).
Si bien en esta alzada habrá que estar al tenor de los preceptos hipotecarios para entender acorde, o no, a derecho, la calificación del señor registrador, debemos manifestar que la prórroga de cuatro años que prevé el precitado artículo es no lo es tal en cuanto depende de la fecha de anotación registral de dicha prórroga. De no ser así, la prórroga, como creyó esta parte, hubiese durado hasta el 22 de marzo de 2.018 y, por tanto, la presentación del mandamiento de cancelación de cargas el 20 de marzo de 2.018 hubiese sido con carácter previo a la caducidad de la anotación.
Ello no obstante, entendemos que la calificación registral que hoy nos ocupa no es acorde a derecho de conformidad con la doctrina recogida, y sobradamente conocida por esta Dirección General, en la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 427/2017, de fecha 7 de julio de 2.017 (Recurso n.º 304/2015, ponente señor Salas Carceller), concretamente en su Fundamento de Derecho Quinto.
En virtud de la referida doctrina, esta vez aplicada a la actual redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes.
Constatada en la Calificación registral que hoy nos ocupa que nuestra anotación de embargo inicial era la primera de la finca (letra A), la certificación registral de cargas que se emitió en su día (30/9/2010) suple la caducidad de la anotación de embargo y, en consecuencia, es procedente la cancelación de las anotaciones preventivas de embargo posteriores a la letra A, que grava la finca, como consecuencia del despacho de la adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, resultantes del procedimiento en el que se trabó dicha anotación, que se encuentra caducada, antes de que la documentación calificada fuese presentada en el Registro de la Propiedad.
A los anteriores motivos les son de aplicación los siguientes:
– I. (...)
– IV.
Fondo del asunto.–Resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 656 y 674, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y especialmente la doctrina recogida en Sentencia del Tribunal Supremo n.º 427/2017, de fecha 7 de julio de 2.017 (Recurso n.º 304/2015, ponente señor Salas Carceller) FD.º Quinto: ''Quinto.–Para la resolución del tema debatido hemos de acudir a la doctrina sentada por esta sala en su sentencia n.º 282/2007, de 12 de marzo, que ha sido reiterada por la n.º 88/2015, de 23 de febrero, pues dicha doctrina –pese a que su formulación se hizo en relación con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881– ha de ser mantenida con arreglo a las disposiciones de la actual LEC 2000, especialmente sus artículos 656, 659 y 674.
Dicha doctrina reconoce una especial significación al momento de emisión por parte del Registro de la Propiedad de la certificación de cargas y gravámenes (artículo 656 LEC). Dicha certificación acreditativa de los derechos y cargas que afectan al inmueble sobre el que se ha iniciado la ejecución, persigue varios objetivos:
a) Conocer el importe de todas las cargas y derechos anteriores al gravamen por el que se sigue la ejecución a los efectos de determinar la valoración del bien para la subasta (que se calcula deduciendo su importe del avalúo);
b) Proporcionar a los posibles licitadores una información completa sobre las condiciones de adquisición y, en concreto, sobre la existencia de cargas anteriores que no desaparecerán con la adquisición;y,
c) Identificar e individualizar a los titulares de derechos y cargas inscritos o anotados con posterioridad al del acreedor ejecutante, los cuales quedarán extinguidos por la realización del bien, a los efectos de comunicarles la pendencia del proceso de ejecución para que puedan intervenir en él a los efectos legalmente previstos.
La expedición de dicha certificación, sin duda, ha dado lugar a la extensión de nota marginal en la hoja registral a efectos de publicidad; y la existencia de la ejecución es comunicada a los titulares de derechos que figuren en asientos posteriores al del derecho del ejecutante (artículo 659.1 LEC ), todo lo cual no se ha cuestionado por las partes.
En consecuencia, puede afirmarse que el contenido de tal certificación tiene un valor esencial en el desarrollo del procedimiento de apremio y que la situación registral que proclama fija las condiciones para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior –como puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante– no modifica dicha situación.
En definitiva, la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes''.»
El registrador de la Propiedad de Santa Fe número 2, don Vicente Merino Naz, emitió informe, en el que mantuvo íntegramente su calificación, y formó el oportuno expediente que elevó a esta Dirección General.
Vistos los artículos 17, 24, 32, 66, 82, 86, 97, 220 y 326 de la Ley Hipotecaria; 108, 111.2.º, 165, 175 y 321 del Reglamento Hipotecario; 629, 666, 668, 674 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007, 23 de febrero de 2015 y 7 de julio y 21 de noviembre de 2017, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 28 de julio de 1989, 30 de octubre de 1999, 20 de marzo de 2000, 11 de abril de 2002, 13 de noviembre de 2003, 18 de noviembre de 2004, 14 de enero de 2005, 15 de febrero de 2007, 4 de enero y 11 de diciembre de 2008, 19 de abril y 28 de octubre de 2010, 5 de diciembre de 2011, 19 de mayo y 20 de julio de 2012, 3 de abril, 15, 27 y 28 de junio y 3 de diciembre de 2013, 31 de enero, 10 de febrero, 3 y 12 de junio, 7 de agosto y 18 de diciembre de 2014, 28 de enero de 2015, 30 de junio, 19 y 20 de julio, 2 de octubre y 28 de noviembre de 2017 y 9 (ésta en consulta vinculante), 13, 23 y 24 de abril de 2018.
1. La cuestión que se plantea en el presente recurso ha sido objeto de estudio por esta Dirección General en numerosos recursos, por lo que no procede sino ratificar la doctrina elaborada al respecto (vid. «Vistos»).
En concreto, la cuestión planteada se refiere a la negativa del registrador a cancelar las cargas posteriores a la anotación preventiva de embargo letra A (practicada el 22 de marzo de 2010 y prorrogada el 4 de marzo de 2014 por la anotación letra G) como consecuencia del despacho del decreto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas, resultantes del procedimiento en el que se trabó dicha anotación, dado que la misma había caducado (4 de marzo de 2018) antes de que la documentación calificada fuese presentada en el Registro de la Propiedad (20 de marzo de 2018).
3. En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo del que dimanan y también la de su prórroga, ya se había producido. En consecuencia, se rechaza la cancelación de las cargas posteriores, al estar caducada la anotación del embargo ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.
Podría haberse dictado mandamiento judicial ordenando una ulterior prórroga de dicha anotación preventiva, en cuyo caso hubiera subsistido registralmente la preferencia del proceso de ejecución entablado y sus consecuencias últimas sobre esas cargas posteriores, y sería indudable la eficacia cancelatoria del mandato dictado por el juez que conoció de aquél.
Desde la inicial Ley Hipotecaria, la publicidad registral de los embargos se realiza mediante un asiento provisional, transitorio, de duración limitada, como es la anotación preventiva, frente al asiento de inscripción, de duración indefinida, que recoge situaciones duraderas. En este sentido la anotación preventiva de embargo se diferencia claramente de una hipoteca judicial. Cierto es que el Reglamento Hipotecario, en la redacción dada por el Decreto de 17 de marzo de 1959, previó en su artículo 199 la duración indefinida de la prórroga de la anotación preventiva. Ahora bien, ante los graves inconvenientes que suponía para el tráfico inmobiliario la permanencia de anotaciones de embargo prorrogadas, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil en su disposición final novena, da nueva redacción al artículo 86 de la Ley Hipotecaria disponiendo expresamente la caducidad no ya solo de la anotación preventiva, sino también de su prórroga, quedando derogado el artículo 199 del Reglamento Hipotecario.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que pueden existir procedimientos de ejecución que motivan anotaciones preventivas posteriores. En esta hipótesis puede ocurrir que una anotación preventiva anterior haya caducado y, al expedirse la certificación de dominio y cargas de la anotación posterior no se haga constar en la certificación la anterior anotación, por haber caducado con anterioridad a su expedición. Esta situación puede constituir un grave riesgo para los adjudicatarios de los procedimientos posteriores, por la existencia de un embargo cuya anotación se ha cancelado por caducidad, a la que, sin embargo, se le pretenda dar eficacia preferente.
Hay un argumento más que da la doctrina autorizada, sobre el enfoque que debe darse a esta cuestión, que guarda estrecha relación con el papel del Registro de la Propiedad y del registrador en el mantenimiento de la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, que es esencial para el desarrollo económico, y es que, sin desconocer la importancia de que las sentencias se ejecuten y de las legítimas expectativas de quien acude a una subasta judicial, es lo cierto que el ordenamiento jurídico tiene previstas las fórmulas precisas para que esos derechos no se desconozcan, mediante el mecanismo de la prórroga, que, según la última redacción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede renovarse tantas veces como sea necesario.
En la Resolución de esta Dirección General de 11 de enero de 2017, y las que ésta recoge entre sus «Vistos», queda claro que la caducidad de la anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que la legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y sin más trámites las cargas posteriores, aunque ello no significa que deba soportarlas, sino que la liberación debe ser acordada en un procedimiento distinto en el que sean parte los interesados, y en el que el juez se pronuncie sobre tal extremo en particular. En el procedimiento que motiva la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, si bien se trata de una demanda directa contra la calificación registral, han sido demandados los titulares de las anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la ejecución.
8. En definitiva, el registrador deberá calificar el mandamiento cancelatorio conforme al contenido registral en el momento de la presentación del título. El ámbito de calificación de los documentos judiciales ha sido objeto de estudio en la reciente Sentencia número 625/2017, de 21 de noviembre, del Pleno del Tribunal Supremo, que literalmente dice: «Esta función revisora debe hacerse en el marco de la función calificadora que con carácter general le confiere al registrador el art. 18 LH, y más en particular respecto de los documentos expedidos por la autoridad judicial el art. 100 RH. Conforme al art. 18 LH, el registrador de la propiedad debe calificar, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que resulte de ellas y de los asientos registrales. Y, en relación con la inscripción de los mandamientos judiciales, el art. 100 RH dispone que la calificación registral se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la congruencia del mandamiento con el procedimiento o juicio en que se hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del Registro. Esta función calificadora no le permite al registrador revisar el fondo de la Resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal».
10. De cuanto antecede, resulta que, en el ámbito de la calificación, los registradores de la Propiedad han de atenerse a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y sólo pueden cancelar (en los términos previstos en los artículos 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2.a del Reglamento Hipotecario), las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotación de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecución del que deriva el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotación preventiva de embargo esté vigente, por no haber transcurrido el plazo de cuatro años de vigencia que fija el citado artículo 86, o el de sus sucesivas prórrogas, al tiempo en que, al menos el decreto de adjudicación, haya sido presentado en el Registro de la Propiedad. Habiendo adecuado el registrador su actuación a esta doctrina, no cabe acoger favorablemente el recurso interpuesto contra su calificación.

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 199
 artículo 86
 artículo 199
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 artículo 86