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Timestamp: 2019-05-23 09:19:06+00:00

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﻿ SENTENCIA 2309 DE SEPTIEMBRE 19 DE 1991
SENTENCIA 2309 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 1991
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:245 DE MAYO DE 1992, PÁG.343
Sentencia 2309 de septiembre 19 de 1991
EXTRACTOS: «Las disposiciones acusadas. Son las siguientes disposiciones de la Ley 50 de 1990 que se subrayan en lo que se demanda:
ART. 3º—El artículo 46 del CST, modificado por el artículo 4º del Decreto Ley 2351 de 1965, quedará así:
ART. 46.—Contrato a término fijo. El contrato a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente.
1. Si antes de la fecha del vencimiento estipulado, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente.
2. No obstante, si el término fijo es inferior al año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente.
PAR.—En los contratos a término fijo inferior a 1 año, los trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.
Las empresas de servicios temporales existentes al momento de entrar en vigencia la presente ley, deberán acreditar los requisitos exigidos en esta disposición, dentro de los 6 meses siguientes.
ART. 95.—La actividad de intermediación de empleo podrá ser gratuita u onerosa pero siempre será prestada en forma gratuita para el trabajador y solamente por las personas naturales, jurídicas o entidades de derecho público autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
El artículo 94 de la Ley 50 de 1990 en los segmentos enjuiciados comporta una proposición jurídica incompleta, por las siguientes razones:
Dicho artículo 94, cuyo inciso primero es demandado parcialmente, excluye de la reglamentación sobre las empresas de servicios temporales, a las empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, “como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo”. Del inciso se demandan las expresiones “están excluidas”, que en sí mismas, autónomamente, no sólo no reglan nada, sino que además resultan sin sentido, al carecer del sustantivo a que se refieren y del supuesto que sería objeto de exclusión. La frase “como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo”, contiene una enunciación, a manera de ejemplo, de lo que considera la ley “empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión”, y por ello no puede otorgársele el carácter de proposición legal completa a un ejemplo, sin revisar el género o proposición jurídica fundamental de donde proviene, lo cual haría inane una declaratoria de inexequibilidad.
Visto lo cual, se encuentra la Corte imposibilitada para conocer de la acusación y por lo tanto se inhibe de fallar sobre la misma.
3. Examen de mérito de las demás disposiciones demandadas de la Ley 50 de 1990.
a) Los convenios internacionales.
La circunstancia de que una ley resulte contraria a un convenio internacional, no la sitúa en el plano de la inconstitucionalidad. Cuando el actor sostiene que los artículos 71 y 95 de la Ley 50 de 1990 por oponerse a artículos de la Ley 37 de 1967, aprobatoria del Convenio Nº 88 de la Organización Internacional del Trabajo, resultan contrarios a los artículos 17 y 32 del Estatuto Fundamental de 1886 (hoy artículos 53 y 334 C. N. 1991) no le asiste la razón, como de manera reiterada lo ha sostenido la Corporación, porque “en los procesos de inexequibilidad la confrontación de las normas acusadas para calificar su validez, sólo puede ser hecha con las disposiciones de la Carta Constitucional y nunca con normas de derecho internacional, pues la infracción de éstos es extraña a la jurisdicción nacional de la Corte, plantea problemas interestatales, que escapan de su competencia, y no implican violación directa de la Constitución” (sentencia de diciembre 10 de 1981, Magistrado Ponente doctor Carlos Medellín Forero).
Mas acerca de esta tesis que ha sido repetida en fallos de 15 de agosto de 1985 (Magistrado Ponente Dr. Carlos Medellín Forero) y 1º de diciembre de 1988 (Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz), han de hacerse las siguientes reflexiones y precisiones en presencia de la Carta Política de 1991:
Como el artículo 53 de ella dispone que “los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna”, ha de puntualizarse su entendimiento, así:
Se quiere en dicho texto significar que tales convenios pasan a engrosar el acervo legislativo del país y en consecuencia habrán de tenerse en cuenta como una normatividad más al lado de la existente y de forzoso acatamiento y cumplimiento. Se ha querido con ello renovar y reforzar la concepción y los postulados de derecho constitucional sobre los derechos sociales y laborales fundamentales y reconocer expresamente el papel dinámico del derecho internacional del trabajo como fuente de innegable valor en las relaciones del capital y el trabajo, ya que dichos convenios al recoger la experiencia multifacética de los distintos Estados sobre la forma como deben conducirse y tratarse tales relaciones y abocar además los problemas socio-económicos que las mismas plantean, mejoran y enriquecen la dogmática y prácticas relativas a tales tópicos, del país donde los convenios han de aplicarse.
Siendo entonces los convenios internacionales del trabajo equiparables a la legislación doméstica del país, no puede pretenderse que sean violados por estatutos que ostentan igual jerarquía normativa a la suya, como lo es en el presente caso la Ley 37 de 1967 “por la cual se aprueba el convenio internacional del trabajo relativo a la organización del servicio de empleo”, en relación con la Ley 50 de 1990 objeto del presente juicio de constitucionalidad en algunos de sus textos. Y debiendo atenderse como regla general de hermenéutica jurídica los principios que mandan la prevalencia de la ley posterior sobre la anterior, y la preeminencia que tienen las leyes que proveen sobre una materia determinada de carácter general.
Consideración especial ha de merecer el artículo 93 de la nueva Constitución de conformidad con el cual “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno ...”, pues en él se consagra de manera indubitable la preponderancia sí, en cuanto hace a la normatividad interna, de los tratados y convenios internacionales que se ocupen del tema de los derechos humanos. Y con ello se persigue colocar a éstos en lugar preferente en el ordenamiento jurídico porque al decir de un pensador constituyen ellos dentro de nuestro entorno histórico- cultural “... las condiciones de la vida social, sin las cuales no puede ningún hombre perfeccionar y afirmar su propia personalidad. Puesto que el Estado existe para hacer posible esa tarea, sólo manteniendo esos derechos puede conseguir su fin. Los derechos, por consiguiente, son anteriores a la existencia del Estado, en el sentido de que, reconocidos o no, son la fuente de donde se deriva su validez legal”.
Frecuentemente se encuentra una variedad de derechos humanos que a su vez tienen arraigo en derechos vinculados a la persona que en su condición de prestadora o ejecutora de un servicio subordinado recibe una remuneración. Para citar algunos ejemplos de entre los reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y aclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 están los derechos humanos a la libertada de reunión y de asociación, a la seguridad social, a la libre elección de trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a trabajo igual, salario igual y a una remuneración equitativa, a sindicalizarse, al descanso en el trabajo, a cuidados y asistencia especiales en la maternidad y la infancia. Y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscrita el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972 (D. O. 33.780) contempla, entre otros, los derechos humanos que prohíben la esclavitud y la servidumbre, que protegen las libertades de conciencia y de religión, de pensamiento, de expresión y de asociación, los derechos del niño (piénsese en el niño trabajador) y de igualdad de protección de la persona, sin discriminación, ante la ley. Las normas que consagran todos estos derechos son subordinantes de la legislación ordinaria del país en relación con asuntos que versen sobre las materias en ellas tratadas.
Los demandados artículos 71 (que define a la empresa de servicios temporales) y 95 de la Ley 50 de 1990 (que dice cómo se presta la actividad de intermediación de empleo) son mandatos que por su propio contenido, nada tienen que ver con la temática de los derechos humanos con repercusiones de índole laboral, luego por este aspecto no es dable considerarlos frente a la normación internacional relativa a tratados y convenios.
b) Sostiene el actor que la expresión acusada “y así sucesivamente” del artículo 3º de la Ley 50 de 1990 que modifica el artículo 46 del C. S. T., vulnera la vocación de permanencia que es nota esencial de una relación de trabajo, la cual habiéndose pactado a término fijo pasa a ser intemporal a causa de las prórrogas y renovaciones, para pasar a ser una típica contratación indefinida.
Al respecto responde esta corporación lo siguiente:
El artículo 3º de la Ley 50 de 1990, modificatorio del artículo 46 del C. S. T. consagra en su inciso 1º el régimen del contrato de trabajo a término fijo, para lo cual impone que siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente.
Es esta la regla general. Mas los numerales 1º y 2º del artículo 3º contemplan las hipótesis de que las partes antes del vencimiento del contrato y con una anticipación mínima de treinta (30) días no manifiesten su deseo de no prorrogarlo, entonces se contempla el fenómeno jurídico de la tácita reconducción, consistente, en el evento del numeral 1º cuando el lapso convenido es de un año o más, en que el mismo se entenderá renovado por un período igual al originalmente pactado y de ahí en adelante se observará este mismo procedimiento.
El numeral 2º previene el caso de un contrato cuyo término fijo sea inferior a un (1) año, a cuyo efecto se dispone que la prórroga sólo podrá hacerse hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, terminados los cuales el período de renovación no podrá ser menor de un (1) año, luego de lo cual y hacia el futuro se observará esta misma modalidad de prórroga automática.
Explicado así el alcance del artículo 46 del CST no se ve cómo pueda quebrantar el artículo 17 de la C. N. 1886 (hoy art. 53 C. N. 1991), porque en ninguna situación de desprotección se coloca al trabajador. Antes por el contrario y en aras de la seguridad jurídica de él y también de su empleador se consagra la renovación automática del contrato en caso de silencio de las partes, ocurrido con una antelación de un mes a la fecha de su expiración.
Introdujo el nuevo artículo 46 algunas innovaciones al anterior en lo siguiente:
Aunque no se establece como período mínimo del contrato el de un año, como sí ocurría en la legislación anterior y salvo algunas excepciones, se busca en la versión del novedoso artículo 46 desalentar la contratación por plazos inferiores a ese, ya que, como se dijo, sólo se permite, si en esta última forma se ha pactado, una renovación automática por igual lapso no superior a 3 períodos o inferiores, luego de los cuales la renovación no podrá ser inferior a un año.
De ahí también que expresamente se ordene en el artículo 46 nuevo que en los contratos de trabajo de períodos inferiores a un año, los asalariados tendrán derecho a vacaciones y prima de servicios proporcionales.
c) Se objeta la constitucionalidad del artículo 71 de la Ley 50 de 1990 en cuanto hace al carácter de empleador que se le atribuye a la empresa de servicios temporales respecto de los trabajadores que destaca al servicio de terceros beneficiarios y ello no obstante que estos últimos son quienes reciben directamente la prestación del servicio.
La empresa de servicios temporales venía reglamentada y dado su marco legal en el Decreto Reglamentario 1433 de 1983.
La Ley 50 de 1990 se refiere a ella en sus artículos 71 a 94, así:
La empresa de servicios temporales se define como la que contrata la prestación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar de manera temporal en sus actividades y ello a través de personas naturales con tratadas directamente por tal empresa. Esta tiene el carácter de empleadora respecto de esas personas.
La empresa de servicios temporales debe constituirse como persona jurídica. La persona natural o jurídica que contrata los servicios de ella se llama usuario.
Sus trabajadores son de dos clases: los trabajadores de planta que desarrollan labores en las propias dependencias de la empresa y los trabajadores en misión que son los enviados a las dependencias de los usuarios con el fin de cumplir la tarea o el servicio contratado con ella.
Los servicios temporales que pueden contratar los usuarios se limitan a los siguientes: labores ocasionales, accidentales o transitorias a que se refiere el artículo 6º del C. S. T.; cuando sea menester reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad; y para atender incrementos en la producción, el transporte, las ventas de productos o mercancías, los períodos estacionales en cosechas y en la prestación de servicios, por un término de 6 meses prorrogable hasta por 6 meses más.
Los trabajadores en misión, a quienes se les aplican las normas del C. S. T., en lo pertinente, tienen derecho a un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad y también percibirán los mismos beneficios que esta última tenga establecidos para sus trabajadores en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y recreación. Tienen derecho igualmente a compensación monetaria por vacaciones y prima de servicios proporcional al tiempo laborado y de su salud ocupacional es responsable la empresa de servicios temporales.
No podrá la empresa de servicios temporales prestar servicios a usuarios que tengan vinculación económica en los términos del Código de Comercio (Capítulo XI (sic) del Libro Segundo).
Los contratos celebrados entre las empresasa de servicios temporales y sus usuarios deben constar por escrito y sujetarse a las especificaciones de que da cuenta el artículo 81.
Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aprobar las solicitudes de autorización de funcionamiento de tales empresas, a cuyo efecto deberán cumplir con los requisitos y la reglamentación del artículo 83. Del mismo modo sus reformas deben ser comunicadas a dicho ministerio como también debe someterse al mismo la aprobación de su reglamento interno de trabajo. También las alcaldías para otorgar las licencias de funcionamiento del establecimiento, deben exigir la susodicha autorización ministerial.
Tiene a su cargo el mencionado ministerio el control y vigilancia de las empresas de servicios temporales y al efecto podrá suspender o cancelar las autorizaciones de funcionamiento. También investigará e impondrá multas a las empresas que desarrollen actividades de servicios temporales sin haber obtenido autorización para ello.
Se sustraen de la reglamentación de las empresas de servicios temporales, las empresas que prestan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, como son los casos de las de suministro de alimentación y realización de tareas de aseo.
Pues bien, retomando la censura que el actor hace al artículo 71 de la Ley 50 de 1990, considera esta corporación lo siguiente:
En primer lugar debe notarse que la calidad de empleador de que se reviste a la empresa de servicios temporales respecto de los trabajadores que destaca en misión a terceros beneficiarios, viene dada en el Decreto 1433 de 1983 y con la expedición de este ordenamiento se quiso definir de una vez por todas así la relación entre ella y dichos trabajadores. Se consiguió con ello dar la debida seguridad jurídica a una y otros y principalmente en beneficio de la clase asalariada, pues, como la vinculación inicial en primer término se hace directamente con la empresa, la cual posteriormente remite al trabajador al usuario, era menester precisar responsabilidades y por lo tanto identificar al patrono. Y ha sido así como por definición legal, se le da este carácter a la empresa de servicios temporales, incorporándola a la categoría jurídica de contratista independiente prevista en el artículo 34 del CST y relevando de la demostración de los requisitos señalados en esa norma para tal contratista.
Siendo entonces el contratista independiente patrono de los trabajadores en misión, nada obsta a juicio de la Sala para que a su vez surja la responsabilidad solidaria de los beneficiarios del servicio, en los términos del artículo 34 referido que al respecto es aplicable.
De lo dicho se desprende que el artículo 71 acusado no quebranta el artículo 17 de la anterior Carta Política que corresponde al artículo 25 de la nueva, porque de ninguna manera desprotege al trabajador, sino que por el contrario lo ampara en sus relaciones con la empresa de servicio temporal, al imprimirle a ésta la condición de empleador de aquel, sin perjuicio a su vez de la responsabilidad solidaria que le cabe al usuario del servicio.
d) Cuestiona la demanda la previsión del artículo 95 de la Ley 50 de 1990 consistente en que la actividad que presten los intermediarios o bolsas de empleo sea onerosa (no para los trabajadores que es gratuita). A ello responde la Corte que tal actividad encaja en el mandato del anterior artículo 32 constitucional que corresponde al artículo 333 actual y conforme a los cuales se garantiza la libertad de empresa e iniciativa privada, sin que de otro lado se encuentre que se desconozcan postulados de bien común, dentro de los cuales ha de enmarcarse esa libertad cual lo pregonan esos textos. Antes por el contrario, dichos intermediarios, con la debida reglamentación a que se hallan sometidos, constituyen instrumentos de mercado de empleo porque cabalmente encauzan mano de obra hacia sectores del capital que la necesitan. No se observa tampoco el quebranto del artículo 17 constitucional extinguido, reemplazado por el artículo 25 de la Carta vigente, y más bien lo que se revela en el artículo 95 impugnado es su finalidad protectora laboral, porque releva de erogación alguna a los trabajadores que acudan a los servicios de tal intermediación.
Por último ha de decirse que tampoco tiene fundamento la censura del artículo 95 en cuanto somete a quienes se dedican a la prestación del servicio de intermediación de empleo a la autorización del Ministerio de Trabajo, y ello porque tal injerencia corresponde a la función de “vigilancia y control del cumplimiento de las normas de este código (C. S. T.) y demás disposiciones sociales” que se le asigna a dicho organismo (CST, art. 485).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, previo estudio de la Sala Constitucional y oído el concepto del señor Procurador General de la Nación,
1. INHIBIRSE de fallar sobre las expresiones “están excluidas” y “como las de suministro de alimentación y las que realizan labores de aseo” del artículo 94 de la Ley 50 de 1990, por existir proposición jurídica incompleta.
2. SON EXEQUIBLES las siguientes disposiciones de la Ley 50 de 1990:
1. Del artículo 3º, que modifica el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, las siguientes expresiones: “y así sucesivamente” pertenecientes a los numerales 1º y 2º de este último texto.
2. Del artículo 71 la expresión: “la cual tiene con respecto de éstas el carácter de empleador”.
3. Del artículo 95 las expresiones “podrá” y “u onerosa” y “autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
(Sentencia Nº 109, septiembre 19 de 1991. Expediente 2309. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).
En el asunto 2309 que se refiere a algunos apartes de los artículos 3º, 71, 94 y 95 de la Ley 50 de 1990, me permito aclarar el voto en lo tocante con el artículo 93 de la Constitución Nacional, esto es, con la exégesis que de éste se hace en la sentencia, artículo que en lo pertinente dice: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.
Me parece, en efecto, que el alcance de esta disposición constitucional debió precisarse en dos sentidos, a saber, que no todos los derechos que aparecen consagrados en los tratados internacionales son derechos humanos en el sentido de aquella norma y para sus propósitos, pues ellos deben limitarse a los que son verdaderamente esenciales para el ser humano, como son los de la vida y la integridad personal —que proscriben, por ejemplo, la muerte y las torturas—, de la libertad individual —que precaven contra toda forma de confinamiento ilícito— y de la personalidad —opuesta a la esclavitud, la servidumbre y la trata de personas. No hay duda de que existen muchos otros derechos y que nadie osaría desconocer su importancia, pero creo que están por fuera de la normatividad de los derechos humanos a los que se refiere el artículo 93 dicho.
En segundo lugar creo que debió precisarse que la lectura acertada del artículo revela que él se refiere no a los derechos humanos consagrados en tratados públicos en sí mismos y de por sí sino a éstos cuando los tratados “prohíben su limitación en los estados de excepción”, como de hecho ocurre en varios casos, de manera que se exige, de un lado, el reconocimiento de un derecho humano, y del otro, además, que se prohiba su limitación a través de medidas de excepción: las dos ocurrencias son necesarias para que se dé la consecuencia de la preeminencia de la norma internacional.
Esta última reflexión debió haber llevado a abordar el análisis del interrogante de si, hermanadas las reglas del artículo en cita y las del artículo 214-2, conforme a las cuales durante los estados de excepción “no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades individuales” y “en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario”, es de concluirse, para su debida coordinación y coherencia, que el carácter prevalente “en el orden interno” se limita a dichos estados de excepción, o si, por el contrario, se predica respecto también de la legislación ordinaria.
Por estos motivos encuentro desafortunada la frase de la sentencia según la cual “las normas”, los tratados internacionales, “que consagran todos estos derechos son subordinantes de la legislación ordinaria del país en relación con asuntos que versan sobre las materias en ellas tratadas”.
Jaime Sanín Greiffenstein—Pablo J. Cáceres Corrales.

References: artículo 46
 artículo 4
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 53
 artículo 93
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 17
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 71
 artículo 6
 artículo 81
 artículo 83
 artículo 71
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 71
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 95
 artículo 32
 artículo 333
 artículo 17
 artículo 25
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 94
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 71
 artículo 95
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 214