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Timestamp: 2018-04-23 21:04:47+00:00

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Juicio sin garantía fiscal y peritajes polémicos | Veritas Online
Juicio sin garantía fiscal y peritajes polémicos
08:22 2016
A pesar de que la Exposición de Motivos a la Iniciativa de Decreto señala que esta modalidad de juicio fortalece el derecho humano al recurso judicial efectivo al privilegiar la resolución de fondo de la controversia y menciona que el carácter opcional de este juicio no implica una denegación de justicia, es muy probable que la redacción de algunos de los preceptos que se pretenden adicionar dé lugar a planteamientos de inconstitucionalidad, los cuales se resolverán en juicio de amparo.
El 8 de septiembre de 2016, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un proyecto de decreto para reformar y adicionar múltiples disposiciones de la recién modificada Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El cambio fundamental propuesto se relaciona con una nueva forma de resolver ciertos litigios fiscales a través de un proceso contencioso administrativo denominado Juicio de resolución exclusiva de fondo.
La parte actora que impugne alguna resolución definitiva que derive exclusivamente de una revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica fiscal podrá optar por tramitar su juicio en esta vía, siempre y cuando la cuantía del asunto exceda de doscientas veces la Unidad de Medida y Actualización elevada al año (aproximadamente $5,330,000.00). Una vez que el demandante seleccione esta opción, no podrá variarla a lo largo del juicio.
En la demanda solo se podrán plantear conceptos de impugnación que tengan por objeto resolver exclusivamente sobre el fondo de la controversia, por lo que cualquier argumento de forma o de procedimiento se tendrá por no formulado. En caso de que todos los conceptos de impugnación se refieran a aspectos formales o procedimentales, la demanda se remitirá para ser tramitada a través del acostumbrado juicio en la vía tradicional.
Se estima que uno de los pocos beneficios que presenta esta opción de juicio es la benevolencia de no tener que presentar garantía del interés fiscal. Esto es así ya que al admitirse la demanda, se suspenderá de plano la ejecución del acto impugnado sin necesidad de garantizar el interés fiscal, aunque dicha suspensión solo será válida hasta que se dicte la resolución que finalice el juicio.
Por otra parte, el Juicio de resolución exclusiva de fondo plantea una nueva audiencia de fijación de litis, la cual busca introducir formalmente el principio de oralidad en los juicios contencioso administrativos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En dicha audiencia, las partes expondrán los motivos por los que estiman les asiste la razón. En caso de que no asista alguna de las partes, se presume que consiente con los términos en que quedó fijada la litis e incluso precluye su derecho de formular alegatos posteriormente, ya sean orales o escritos. Parece ser que la sanción por la inasistencia a la audiencia de fijación de litis es realmente excesiva y podría considerarse violatoria de los derechos de las partes en un procedimiento jurisdiccional.
Por otra parte, se establece que cualquier audiencia privada con el Magistrado Instructor de un asunto, deberá celebrarse con la presencia de la contraparte. La redacción de este nuevo precepto puede dar lugar a que alguna de las partes jamás pueda alegar oralmente lo que a su derecho convenga frente al Magistrado Instructor siempre que su contraparte decida no aparecerse a tal audiencia.
Otra novedad de este juicio se refiere a la obligación de adjuntar al escrito inicial de demanda o de contestación, el dictamen pericial que en su caso se ofrezca. Este mandato asume que el perito de la parte actora puede rendir un dictamen completo sin necesidad de estudiar el expediente del juicio, basándose exclusivamente en los documentos que esta parte le proporcione. En cambio, el perito de la parte demandada podrá emitir su dictamen con una visión más completa, conociendo las pruebas y documentos que la parte actora ofreció en el juicio, dentro de las que se incluyen el dictamen del perito del actor, además de los documentos que la parte demandada le facilite como es el expediente administrativo.
Cabe resaltar que la obligación del juzgador de cerciorarse de la idoneidad del perito queda relegada a un segundo plano, después de que el dictamen ya fue rendido. Además, la propuesta de reforma olvida que los dictámenes periciales pueden llegar a ser sumamente técnicos y especializados, principalmente aquellos en materia contable que requieren tiempo para elaborarse y proporcionar respuestas adecuadas a las preguntas de los cuestionarios, lo cual no podría lograrse correctamente si se tiene que exhibir el dictamen al presentar la demanda o contestación de la misma.
Por otro lado, se establece la posibilidad de que el Magistrado Instructor ordene la celebración de una audiencia especial con los peritos en donde deberán responder a sus dudas y cuestionamientos. Asimismo, las partes podrán ampliar el cuestionario pericial y formular repreguntas a los peritos. En caso de que no se tengan suficientes elementos de convicción, se podrá designar a un perito tercero después de esta audiencia especial.
Para implementar esta reforma se deberán crear, a más tardar al 30 de junio de 2017, tres Salas Regionales Especializadas en materia del juicio de resolución exclusiva de fondo las cuales deberán integrarse por magistrados avezados en la materia fiscal.
Es indudable que la reforma planteada busca dar prioridad a la resolución de asuntos que repercuten directamente en la recaudación del fisco federal, aunque las propuestas no fueron adecuadamente ponderadas. De ser aprobadas dichas adiciones, acudir al Juicio de resolución exclusiva de fondo se puede convertir en una apuesta para el contribuyente, en donde tendrá que sopesar qué le conviene más: no tener que garantizar el interés fiscal acudiendo a este o presentar una demanda enriquecida con conceptos de impugnación de fondo y de forma por el juicio en la vía tradicional.
Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados
Lic. Juan de la Cruz Higuera Ornelas, LL.M.
Asociado Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com
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