Source: http://goizargi.com/2008/contraelsoberanismoespanol.htm
Timestamp: 2018-06-23 17:25:26+00:00

Document:
CONTRA EL SOBERANISMO ESPAÑOL
La ley del Parlamento Vasco 9/2008, de 27 de junio "de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y normalización política", en su único artículo, somete a consulta de todos los ciudadanos y ciudadanas del País Vasco, con derecho activo, y con carácter no vinculante, a celebrar el sábado 25 de octubre de 2008, previa convocatoria por el Lehendakari el día 15 de septiembre del mismo año, las siguientes preguntas:
¿Está Usted de acuerdo en apoyar un proceso final dialogado de la violencia, si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca, su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?
¿Está Usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un Acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco, y que dicho Acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?.
El citado texto legal ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, por el abogado del estado, en representación del Presidente del Gobierno del Estado, y por el Partido Popular. Ambos recursos se apoyan, en gran parte, en el dictamen emitido por la Comisión Permanente del Consejo de Estado de tres de julio de 2008 y centran, básicamente, su oposición en tres ejes:
La vulneración del artículo 149.1.32ª y 92.1 y 2 de la Constitución española, en relación con la Ley Orgánica 2/1980 sobre regulación de la distintas modalidades de referéndum, de los que, en definitiva, se viene a concluir que la Ley vasca vulnera la competencia exclusiva que tiene el estado para la autorización de la consulta popular.
Que la Ley vasca ha vulnerado el Reglamento del Parlamento Vasco, al tramitarse por el procedimiento de lectura única
Que la segunda pregunta, de las contenidas en la Ley, viola los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, porque la misma es contraria a la atribución de la soberanía nacional al pueblo español y porque la misma atenta a la unidad de la Nación española.
Ciertamente, el texto recurrido tiene aspectos legalmente discutibles que se centran, fundamentalmente, en los dos primeros epígrafes anteriormente citados, pero, como se puede adivinar del título de este artículo, no van a ser objeto de análisis en este texto. Nos vamos a centrar, en lo que podemos definir como el soberanismo español, y la confrontación que resulta, entre un concepto dogmático como el de soberanía, - en contra del cual ya nos hemos manifestado en más de una ocasión, en este mismo medio- con el principio democrático.
Debe partirse para ello de que la referencia a la soberanía, como elemento definidor de la iniciativa adoptada por el Lehendakari, no se ha dado en ninguna de sus intervenciones y que, en ningún caso, se sostiene en el texto legal recurrido. A pesar de ello, la proyección pública de los medios de comunicación a la consulta que se pretende realizar a los ciudadanos vascos, es la de una "consulta soberanista".
En efecto, sin que ello tenga ningún valor científico y sin ningún ánimo de exhaustividad, si cogemos las editoriales de los principales diarios del Estado del último trimestre y tomamos aquéllas que utilizan la expresión soberanista, las referencias a este término son utilizadas, de manera constante, en las alusiones al proyecto de la Ley vasca. A título meramente de ejemplo se emplean expresiones como :
Via soberanista: El Correo Español (01/06/08, 21/05/08)),
Plan soberanista: El Correo Español (30/05/08), el Diario Vasco (30/05/08), El Mundo (21/05/08), La Gaceta de los Negocios (21/05/08), El Pais (22/05/08)
Embestida soberanista: ABC (29/05/08),
Hoja de ruta soberanista: La Razón (24/05/08),
Programa soberanista: La Razón (21/05/08)
Bloque soberanista: Gara (27/04/08),
Consulta soberanista: El Pais (30/04/08),
Proyecto soberanista: Expansión (20/05/08), El Diario Vasco (08/05/08).
En definitiva, la principal clave interpretativa que trasladan a sus lectores los medios de comunicación del Estado del llamado "proyecto de Ibarretxe", así como Gara, es la reiterada clave soberanista. Por el contrario, se omite por completo este calificativo, cuando se trata de los recursos de inconstitucionalidad planteados frente a la Ley, cuando son realmente éstos los que apelan a la defensa de la soberanía nacional, para negar validez jurídica al texto vasco.
Así, el dictamen del Consejo de Estado, sostiene que su admisión pondría en riesgo el orden constitucional del estado y las bases mismas en las que se asienta (artículos 1.2, que afirma la soberanía nacional del pueblo español y no de fracciones del mismo, y 2 CE, que fundamenta la Constitución en la Unidad de la Nación española) y concluye sosteniendo que la admisión de la iniciativa vasca supondría generar una tensión entre el pueblo español, como titular de la soberanía nacional, y una parte del mismo, a la que se le reconocería, en la práctica, una capacidad exorbitante de las competencias del ámbito territorial limitado y afectantes al orden constitucional establecido.
El recurso del PP, después de sostener que la segunda pregunta plantea nada menos que el derecho de autodeterminación del pueblo vasco interpelado, copia literalmente el dictamen recogido en el párrafo anterior.
El más expresivo es, sin duda, el recurso de la abogacía del estado, que sostiene que la segunda pregunta propuesta es claramente lesiva, tanto de la atribución de la soberanía nacional al pueblo español, como de la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. "En consecuencia nos dice- el reconocimiento de un nuevo sujeto soberano en el Pueblo Vasco un sujeto con capacidad de autodeterminarse políticamente, sea mediante "asociación" con España o "nueva relación" con el Estado Español, sea, incluso, mediante desmembración del Reino de España, sea de cualquier otra manera- requiere una previa decisión constituyente, imputable al soberano constitucional (el pueblo español, art. 1.2 CE) y encauzada a través del procedimiento del artículo 168 de la norma fundamental".
Si comparamos estos recursos y dictámenes, con el dictamen 96/2008, emitido por la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi al anteproyecto de ley, podemos observar que, en este último, no se hace ningún tipo de alusión a la soberanía, como objeto del anteproyecto o como instrumento legitimador del mismo. Los preceptos invocados para dar validez jurídica al texto recurrido son, fundamentalmente:
El artículo 10.2 del EAPV, para la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno vascas
El artículo 9 del mismo texto legal, que recoge el derecho de participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del Pais Vasco
Y, finalmente, lo que definen como la subsunción aproblemática de la competencia, en lo que se refiere a las consultas locales o municipales en la competencia genérica sobre régimen local que ostenta la CAPV en su artículo 10.4, que lo es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18
A la luz de estos datos objetivos, lo primero que llama la atención es que se califique como soberanista a la Ley, cuando la única apelación al soberanismo proviene de los que expresan su disconformidad con la misma. De la misma forma que resulta contradictoria, añadimos, la apelación a la legalidad, de los que vienen incumpliendo sistemáticamente el Estatuto de Gernika, negándose a la culminación del traspaso de competencias pactado, bajo el escudo de que "ahora no toca". En ese momento la legalidad se transforma en arbitrariedad y el derecho deja de serlo para convertirse en fuerza, haciéndose realidad aquella famosa frase de Antonio Canovas del Castillo de que "cuando la fuerza causa estado, la fuerza es el derecho".
Sostener que el Pueblo Vasco no puede dar expresión formal de su opinión, bajo el principio de que no es sujeto legitimado por ser una fracción del Pueblo Español, es dar apariencia jurídica al ejercicio de la fuerza y hacer del texto constitucional, en vez de un instrumento jurídico integrador, una expresión jurídico-formal opresiva, en la que un sujeto identitario no puede dar expresión democrática del sentir de sus ciudadanos.
Por tanto, una primera conclusión que se puede obtener, es que existe una desinformación en el discurso mediático, cuando se califica como soberanista a quien no apela a la soberanía para la realización de una consulta democrática y, sin embargo, no se utiliza dicho calificativo, respecto de quien se reclama como titular la soberanía y, en aras de dicha legitimidad, sostiene que la consulta pretendida atenta a la unidad de España y rompe al sujeto político constituyente.
Planteado el debate en términos de sujetos legitimados para la toma de decisiones políticas, desde una perspectiva estrictamente jurídica no se puede negar la condición de tal, al Pueblo Vasco o Euskal-Herria. El Pueblo Vasco no es una fracción del Pueblo Español, sino que tiene identidad y personalidad propias y diferenciadas. Así lo reconoce el artículo 1º de nuestro Estatuto cuando sostiene que es el Pueblo Vasco el que se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español. Si no tuviera esa identidad, reconocida por el ordenamiento jurídico, difícilmente se podría constituir como sujeto constituyente en Comunidad Autónoma. Otra cosa muy distinta es que esa constitución bajo el régimen autonómico, se haga bajo el respeto a la Carta Magna y al Estatuto, que es lo que dice el citado precepto.
Este artículo 1º estatutario hay que ponerlo en relación con la disposición adicional única del mismo cuerpo legal, que es lo que da peculiaridad al Estatuto Vasco y lo diferencia de otros Estatutos, al establecer que la aceptación del régimen de autonomía no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. De estos preceptos necesariamente ha de concluirse que el Pueblo Vasco precede a la Constitución española y al Estatuto porque difícilmente se puede no renunciar a derechos preexistentes a ambos textos legales, como así es reconocido, si previamente no se tiene vida propia. La legitimación del Pueblo Vasco no surge del texto constitucional ni del Estatuto de Gernika. Si la Constitución es posterior a la existencia de nuestro pueblo, como así es reconocido en el Estatuto, el pueblo no surge de la Constitución sino que acata la misma, pero no, en virtud del refrendo constitucional, cuya legitimidad es cuestionada en Euskal-Herria, sino en aplicación del pacto estatutario, de la misma forma que a lo largo de su historia se ha acogido a distintas formulas jurídicas y estructuras políticas diversas y como lo podrá seguir haciendo en el futuro, de conformidad con la voluntad democráticamente expresada de sus ciudadanos.
Por tanto, simplificando, dado el contenido periodístico de presente artículo, debe concluirse:
1º) Que el Pueblo Vasco tiene identidad propia.
2º) Que desde identidad, ni es una expresión subordinada al Pueblo español ni es una fracción del mismo.
3º) Que esa identidad no surge de la Constitución ni del Estatuto sino que les precede.
4º) Que, en aras de su condición de sujeto político, el Pueblo Vasco decide constituirse en CA dentro del Estado Español.
5º) Que los poderes vascos no proceden de la Constitución sino que se adaptan al texto constitucional español.
6º) Que el Estatuto de Gernika es la doble expresión del pacto constituyente adoptado por los ciudadanos vascos, siendo su norma institucional básica, y del pacto político entre el Pueblo Vasco y el Pueblo Español.
7º) Que, por tanto, no es la Constitución la que legitima al Pueblo Vasco, sino que es el Pueblo Vasco el que decide formalizar el pacto estatutario y adoptarlo de acuerdo con la Constitución.
8º) Que la formalización del pacto estatutario y el acatamiento constitucional no implica renuncia de nuestro pueblo a cualesquiera derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia.
Este discurso jurídico, pendiente de desarrollo académico-doctrinal, en lo que el que suscribe conoce, es perfectamente sostenible. La misma legitimidad que tienen los que se sienten que forman parte del Pueblo español, la tienen aquellos que entienden que tienen identidad propia y diferenciada de lo español como vascos. Lo que parece que es antidemocrático es que se reconozca a los primeros el dar expresión política de su sentimiento identitario y, por otro lado, se niegue a aquellos que no la comparten, al quedar subsumida su voluntad en la de un colectivo más amplio.
Siendo esto cierto, sería un error plantear el debate político en torno a la consulta pretendida, en términos de confrontación de sujetos políticos. Esto es lo que hace el discurso mediático con la calificación de soberanista de la Ley vasca, y el error en el que inciden los recursos interpuestos, al sostener que el hecho mismo de conocer la opinión de los ciudadanos vascos, suponga una quiebra de la soberanía nacional. Cuando los medios de comunicación estatales hablan de plan, proyecto, programa o embestida soberanista están contribuyendo a la confrontación entre sujetos que tienen sentimientos identitarios diversos, de la misma forma que lo hace Gara cuando contrapone el bloque soberanista al unionista. Y cuando el Presidente del Gobierno del Estado, a través de sus servicios jurídicos, sostiene que los vascos no pueden tener opinión propia porque son parte del Pueblo español, lo que realmente está haciendo es ahogar la voluntad de los vascos dentro del conjunto de los ciudadanos del Estado, valiéndose para ello de una interpretación restrictiva y centralista del texto constitucional, que, por otra parte, está sometida al laudo de un árbitro designado por una de las partes.
El que suscribe tiene serias divergencias con la ley aprobada por el Parlamento, no ya desde una perspectiva estrictamente competencial o en cuanto a la forma de su tramitación, sino, también, desde una perspectiva política, por razones de estrategia, oportunidad y contenido, al mezclar en un mismo texto, cuestiones que afectan a las mal llamadas pacificación y normalización de Euskalherria. Sin embargo, desde esta posición crítica, también tiene que decir que el contenido democrático del hecho mismo de la consulta que se pretende a los ciudadanos de la CAV es indiscutible. Y es en estos términos en los que debe plantearse el debate político si no queremos generar una mayor radicalización social. La cuestión a dilucidar es: ¿resulta legítimo que instituciones democráticas quieran conocer la opinión directamente expresada de los ciudadanos a los que sirven, de los que obtienen la legitimidad de su propia existencia, sobre cualquier cuestión que quieran someter a su consideración?. La respuesta a esta cuestión parece que debiera de ser afirmativa. Lo contrario significaría: o bien negar contenido democrático al hecho mismo de la consulta, o bien sostener que existen instituciones por encima de la voluntad democráticamente expresada de ese colectivo de ciudadanos. Ambas conclusiones tienen un contenido netamente antidemocrático. Ningún texto constitucional puede convertirse en instrumento que sirva para dar apariencia jurídica democrática, a lo que vulnera el principio mismo que inspira el modelo democrático, que es el derecho de participación política y ningún tribunal, por muy altas atribuciones que tenga, puede suplantar la voluntad del conjunto de los ciudadanos por la suya propia. Hacer una interpretación del texto constitucional en clave soberanista, como se ha hecho por los recurrentes, en el fundamento de sus recursos que es objeto de crítica en este artículo, supondría quebrar el principio mismo que inspira el pacto constituyente que es el de ofrecer, en clave orgánica, cauces de expresión jurídico-formal a la voluntad democráticamente expresada de los ciudadanos. Y si desde los poderes del estado, incluido el propio Tribunal Constitucional, se hace esta interpretación, se estaría mutando el principio democrático que precede a toda Carta Magna del que deriva su propia legitimidad.
El contenido democrático de la consulta planteada por el Lehendakari tiene así una doble perspectiva:
Por un lado, un sentido afirmativo, en el sentido de que nuestras instituciones quieren conocer la opinión de los ciudadanos para cuyo servicio han sido constituidas sobre las cuestiones que se plantean para su consideración.
Por otro, y esta perspectiva es mucho más importante que la anterior, la consulta planteada supone la negación de que la voluntad de otros se superponga al sentir democráticamente expresado de los vascos.
Es totalmente legítimo y democrático que nuestras instituciones quieran conocer nuestra opinión sobre aquello que se somete a nuestra consideración. Sin embargo, mucho me temo que ésta no va a ser la decisión que vaya a adoptar el Tribunal Constitucional. A partir de ahí la pregunta va a ser ¿y ahora qué hacemos?. Espero que la respuesta a la misma esté prevista en claves posibilistas, lo contrario sería un acto de irresponsabilidad política del que deberá responderse ante la ciudadanía vasca.
Deusto 2008/VII/23
La expresión de "se constituye en CA", también se encuentra en otros estatutos de nacionalidades históricas como el catalán o el gallego, así como en otros, por ejemplo el de Asturias. Hay otros como el andaluz que hacen una expresa referencia a la indisoluble unidad de la nación española o como el de Cantabria que reconocen su condición de entidad regional histórica. Ahora bien, y a diferencia de todos los estatutos, incluso del catalán o del gallego, el vasco no hace ninguna referencia a que los poderes de la CAV provengan del texto constitucional.

References: artículo 149
 artículo 168
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 1