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Timestamp: 2019-04-24 20:44:39+00:00

Document:
Boletín Oficial de Navarra Número 62 de 1 de abril de 2019 - navarra.es
BOLETÍN Nº 62 - 1 de abril de 2019
En el marco legislativo estatal, es reseñable la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como “Ley de Memoria histórica”, que venía a corregir parcial y tardíamente años de olvido institucional hacia las víctimas del franquismo que habían sufrido un sinfín de penurias y humillaciones. Según se expresa en su exposición de motivos “la Ley sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”. Mediante el Real Decreto 1803/2008, de 3 de noviembre, por el que se regulan las condiciones y el procedimiento para el abono de las indemnizaciones reconocidas en la Ley 52/2007 a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia y en desarrollo de la misma, se crea una Comisión de Evaluación facultada para realizar de oficio las actuaciones que estime pertinentes para la comprobación de los hechos o datos alegados a fin de esclarecer los hechos causantes y contribuir a la determinación del nexo causal que puedan dar lugar al reconocimiento y reparación solicitados. A dicha Comisión corresponde la tramitación de las solicitudes que al respecto se formulen, así como su estudio, valoración y resolución.
Por otra parte, también queremos apelar a un acuerdo de muy reciente creación, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, firmada apenas hace tres años en septiembre de 2015 en el marco de las Naciones Unidas. Y, en concreto, a la consecución del “Objetivo número 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, cuya finalidad es promover sociedades Justas, Pacíficas e Inclusivas. Un objetivo que consideramos que no se puede alcanzar si no se hace un debido ejercicio de memoria y de reconocimiento y reparación de las víctimas allá donde hayan existido situaciones de conflicto.
Asimismo, cabe mencionar el Convenio número 116 del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, ratificado por España el 31 de octubre de 2001, que contempla que “la indemnización prevista se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado” y, en el seno de la UE, es de resaltar también al respecto la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril, que impone a los Estados miembros la obligación de establecer un régimen de indemnizaciones para las víctimas de delitos violentos, designando las autoridades públicas u organismos competentes y diseñando los correspondientes procedimientos administrativos.
Con carácter previo, mediante Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas había aprobado los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, documento que prevé el mecanismo de las vías administrativas públicas para la restitución, reparación, rehabilitación y satisfacción por los daños sufridos. Pues bien, enmarcada en ese conjunto normativo internacional, estatal, autonómico y foral diseñado e implantado con la finalidad de reconocer y reparar en lo posible a las víctimas de delitos violentos y de terrorismo, por motivaciones políticas y con la intención de complementarlo y completarlo, se considera ahora la necesidad de aprobar esta Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas por Actos de Motivación Política Provocados por Grupos de Extrema Derecha o Funcionarios Públicos para dar amparo a un conjunto de víctimas de vulneraciones de derechos humanos que hasta ahora no encontraban acomodo en la legislación previa. Se instituye, a través de esta norma, un procedimiento administrativo al objeto de adoptar medidas administrativas de reconocimiento y reparación de las víctimas delimitadas en su ámbito de aplicación. En este sentido, es importante reseñar que la presente ley foral no tiene, en ningún caso, finalidad punitiva, y respeta con plena garantía el deber de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales.
Artículo 6. Derecho a la verdad.
Artículo 7. Derecho al reconocimiento.
Artículo 12. Efectos de la declaración como víctima.
Artículo 15. Nombramiento y toma de posesión.
Artículo 16. Organización y funcionamiento.
Artículo 17. Medios.
Artículo 18. Memoria de actividad.
Artículo 21. Informes y conclusiones.
Artículo 22. Educación para la paz y la convivencia.
Artículo 23. Sensibilización.
Disposición adicional primera.–Medios personales y materiales.
Disposición adicional tercera.–Desarrollo reglamentario.
Código del anuncio: F1904228

References: Real Decreto 
 Resolución 

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23