Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/01/
Timestamp: 2019-12-15 14:09:22+00:00

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Justicia en Bolivia: January 2015
La juez de Ejecución Penal Primera, Yolanda Ramírez, acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y beneficio en razón de cargo por la matanza en la cárcel de El Abra solicitó una audiencia para cambio de trabajo con el fin de evitar la obstrucción de las investigaciones en la vía ordinaria. Asimismo, declaró sentirse más aliviada al dejar las funciones.
La renuncia la efectuará entre hoy y el lunes ante el Tribunal Electoral. Dicho ente debe aceptar o rechazar la disposición de la juez. En caso de aceptarla, Ramírez debe continuar en ejercicio hasta que el Tribunal elija a otra persona para su puesto.
Ramírez explicó que toma esta decisión con el fin de evitar que la sigan acusando de obstruir las investigaciones. Asimismo, explicó que se siente más tranquila desde que tomó la decisión, pues era incómodo para ella seguir tratando a los reos de El Abra.
“No me estoy desempeñando como yo quisiera en el cargo. No me gusta, es una situación incómoda en el trato con los reos principalmente de El Abra (…) Estuve buscando otro trabajo y lo conseguí, lo que voy a hacer es simplemente un cambio de fuente laboral. Además, así facilito la investigación y dejo de obstruir como dice la fiscalía”, dijo.
El trabajo que ahora asumirá es de asesora legal y subadministradora en un centro comercial. De todos modos, Ramírez continúa con detención domiciliaria y los procesos disciplinarios iniciados sin resolución.
Según el representante del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Jhonny Rocha, el proceso disciplinario continuará hasta sacar una resolución de destitución, a pesar que el documento pueda ser archivado.
“La Juez está tomando una decisión correcta, pues así muchos reos no se sentirán amenazados e incluso ella podrá defenderse con mayor libertad, pues el proceso penal debe continuar”, explicó Rocha.
Dos reos esperan audiencia
Dos privados de libertad del penal de El Abra están a la espera de una audiencia que definirá su traslado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz. Esto es a raíz de que ambos están acusados de los delitos de asesinato y lesiones graves en la balacera del 14 de septiembre, donde cuatro personas perdieron la vida y 11 fueron heridas.
Según las investigaciones de la matanza, se descubrió que uno de los acusados fue quien habría propinado el batazo final en la cabeza de Sergio Arce, alias “El Lucifer”, acabando con su vida. Según fuentes oficiales, existen las pruebas suficientes y necesarias para incriminar a ambos reclusos. En caso de que el juez resuelva su culpabilidad se procederá con el traslado inmediato de los mismos a Chonchocoro. Se espera que la audiencia se lleve a cabo el próximo mes.
Fiscal Quispe dice que pidió su cambio para servir en provincia
El fiscal Humberto Quispe afirmó ayer a Página Siete que solicitó su transferencia a la localidad de Pucarani, capital de la provincia Los Andes, del departamento de La Paz, para cumplir con "el servicio en provincia”, un requisito para ser institucionalizado en el cargo, según afirmó.
"El cambio a Pucarani yo lo solicité. Fue una decisión personal. Es para cumplir el requisito del ‘servicio en provincia’”, dijo el funcionario del Ministerio Público.
El cambio se produce en medio de las constantes denuncias contra esta autoridad difundidas a través de éste y otros medios de comunicación. Supuestas víctimas de Quispe lo acusan de robos, extorsiones, privación de libertad, torturas, sobornos y resoluciones contrarias a las leyes.
El fiscal Quispe afirmó que su despacho, ubicado en la Fiscalía de la ciudad de La Paz, no recibirá más casos debido a su pronta partida. Por el momento, se encuentra en una etapa de inventario y de concluir algunos procesos que le quedan pendientes. "Estamos revisando todos los documentos para dejar la oficina”, aseguró.
El miércoles, cuando Página Siete le preguntó al fiscal sobre la fecha en la que dejaría la oficina en La Paz para cumplir sus funciones en Pucarani, manifestó que ayer (jueves) sería su último día. Pero ayer dijo que permanecerá por lo menos un mes más, el tiempo que le demorará hacer el inventario de todos los archivos.
Además, también el miércoles dijo que se trasladaba a Pucarani para cumplir con un año de provincia, un requisito previo a la institucionalización en el cargo. Sin embargo, ayer explicó: "No es precisamente un año, es un tiempo de servicio, así lo estipula la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 260”.
La mencionada norma fue promulgada el 11 de julio de 2012 y en ninguno de sus artículos se encuentra la figura del "servicio en provincia” como un requisito para desempeñarse como representante del Ministerio Público.
El artículo 39, sobre los requisitos para ser fiscal de materia, establece "haber ejercido las funciones de fiscal , jueza, juez o abogado durante cuatro años. Haber vencido el curso de formación inicial en la Escuela de Fiscales del Estado, con antigüedad en la profesión de abogado libre de tres años”.
Tampoco se estipula este supuesto requisito para ingresar a la carrera fiscal.
Además, Página Siete consultó con otra fiscal, Frida Choque, si hay la figura del "servicio en provincia” en alguna norma como una obligación previa para consolidarse en el cargo de fiscal. "No existe ese requisito”, respondió.
Después de la destitución de dos fiscales de la ciudad de El Alto por ser presuntos partícipes de una red de extorsión, la fiscal departamental, Patricia Santos, aseguró que no se protegerá a Quispe en ninguna denuncia.
Denuncias contra supuestas víctimas
El 23 de diciembre del año pasado el fiscal Humberto Quispe presentó una denuncia ante la fiscal departamental, Patricia Santos, contra Víctor V. por los delitos de "extorsión; consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados, y acusación y denuncia falsa”.
El funcionario aseguró que detrás de las últimas denuncias en su contra se encuentra esta persona, quien fue investigada por valerse de documentos irregulares para conseguir el título de abogado.
"Él reunió a estas otras tres personas para difamarme”, dijo Quispe, refiriéndose al joyero Mario Gutiérrez, la abogada Carmiña Luna y a José Luis Cuenca, quienes lo acusaron de irregularidades.
Por ello Quispe los denunció ante la Fiscalía por difamación y calumnia.
El concejo lanzó ayer la convocatoria para jueces
La presidente del Concejo de la Magistratura, Cristina Mamani, anunció ayer el lanzamiento de convocatorias públicas en los siguientes días para la selección de nuevos jueces.
"El proceso selectivo será riguroso y se excluirá del mismo a todo postulante que tenga antecedentes negativos o sentencia penal ejecutoriada", adelantó sin precisar una fecha para la publicación de las convocatorias.
Mamani explicó que los nuevos administradores de justicia deberán mostrar una renovada mentalidad, tener vocación de servicio y capacidad de decidir y resolver asuntos judiciales en el marco de la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
En la capital cruceña la demanda de jueces pasa de 100, que deben cubrir juzgados abiertos con las nuevas leyes que protegen a la mujer y la renovada ley de los menores y adolcentes.
Potosí Descubren a falso funcionario de Fiscalía
- La fiscal departamental de Potosí, Wilma Blazz, informó sobre la detención de una persona que se hizo pasar por fiscal y médico forense para supuestamente estafar a personas que deseaban acelerar sus procesos o demandas en el Ministerio Público.
Las cámaras de seguridad hicieron que las víctimas reconozcan a Óscar Peñaranda y de esta manera facilitar su aprehensión. La Fiscalía del departamento realizó la apertura del caso por el delito de estafa.
“Ha sido aprehendido Oscar Peñaranda, quien haciéndose pasar por falso funcionario del Ministerio Público ha procedido a estafar a víctimas haciéndoles creer que iba a cerrar sus casos. En otra ocasión se ha hecho pasar como médico forense (…) se le ha aperturado el proceso penal por el delito de estafa”, informó Blazz a la Red ACLO Potosí.
La fiscal resaltó que esta persona no tiene ninguna vinculación con esta entidad pública, sino que es de profesión chofer y oriundo de la ciudad de La Paz, además cuenta con antecedentes de haber estado recluido en el penal de El Abra de Cochabamba.
El modus operandi de este sujeto era ingresar al Ministerio Público y mientras simulaba hablar por celular recorría las distintas oficinas para estudiar a sus víctimas y luego ofrecerles la solución de sus casos por montos de dinero.
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Un estudio identifica cuatro ejes estructurales de la crisis judicial
La ineficiencia del sistema, falta de una reflexión, limitaciones de independencia e imparcialidad y barreras en el acceso, son los cuatro ejes de la actual crisis judicial del país que son identificados por el libro Laberinto.bo, realizado por dos abogados y que será presentado hoy.
Rogelio Mayta y Pamela Delgadillo son los autores del documento. En 2003, mientras asesoraban legalmente a las víctimas del conflicto de septiembre y octubre de ese año e impulsaban el juicio contra autoridades del Gobierno, vivieron en carne propia los efectos de la crisis judicial y decidieron realizar un aporte a la sociedad.
“Hemos logrado sistematizar los principales problemas de la administración de la justicia en relación a cuatro ejes desarrollados en el libro. Algunos son consabidos y otros novedosos o que no fueron abordados”, explicó Mayta a La Razón.
El estudio comenzó a fines de 2013 y compila datos de 2009 a 2012 y entrevistas con operadores de justicia y civiles. Se publica en una coyuntura a puertas de una cumbre de la justicia que definirá el referéndum para implementar una reforma, algo anunciado por el gobierno de Evo Morales. Según el texto, el primer eje se refiere a la inexistencia de una reflexión sobre la administración de la justicia boliviana, que tome en cuenta las características socioculturales del país.
“Se trata de la cultura jurídica boliviana, de los aspectos socioculturales. No se tomó en cuenta que hay una visión autoritarista, ritualista y formal; por otro lado, el fetichismo legal, que todo se resuelve por ley”, dijo Mayta. El segundo problema tiene que ver con la ineficiencia del sistema, que se refleja en la sobrecarga de trabajo de los juzgados y tribunales, que casi ocasionó el colapso del sistema y en otros casos, provocó mayor productividad.
“Cada materia es diferente. No es lo mismo la administración de justicia en material penal que laboral o civil”, sostuvo Delgadillo. Según los datos, si se realiza la comparación con la carga de trabajo de 2009 a 2012, en materia civil bajó el 9%, y en el área penal, la demanda de casos subió en 147%. “Estamos colapsados. Entran casi 200.000 casos y se resuelve solo el 0,4% (800 casos)”, acotó la abogada.
Sin embargo, en materia laboral la realidad es distinta, no hubo incremento de jueces; pero su capacidad de respuesta mejoró en 307%. La corrupción es parte del tercer eje, como componente principal de las limitaciones “reales y aparentes” de independencia e imparcialidad. Para Mayta, se trata de un “problema endémico”, ante el que las soluciones legales han resultado ineficaces, como la reforma judicial de 1994 y el voto popular de 2009.
El acceso a la justicia es otra de las problemáticas abordadas en el texto por la limitación de los costos, discriminación a la población en situación de vulnerabilidad y la inexistencia de los suficientes juzgados y tribunales. Ante esta situación, el texto realiza algunas propuestas como la realización de un diagnóstico nacional, participación ciudadana y concertación. El estudio fue realizado con el apoyo de la ONG Diakonía y la red Unitas. El libro se presentará este jueves a las 18.30 en el Auditorium, ubicado en la calle Guachalla (Sopocachi).
Titulado de la UMSA, asesor de organizaciones sociales y abogado del Comité Impulsor del juicio por 2003.
Titulada de la UCB, especializada en Derecho Constitucional y parte del Comité.
Darán más puntos para ser juez a las mujeres y a buenos alumnos
Con el nuevo reglamento de la carrera judicial se otorgarán puntos extras a los postulantes a jueces que sean mujeres, autoridades indígena originario campesinas y a quienes obtuvieron el título universitario por excelencia, afirmó ayer Cristina Mamani, vocal del Consejo de la Magistratura.
La norma hará prevalecer la meritocracia de los aspirantes. "Dentro del concurso de méritos se calificará con puntaje adicional si los postulantes cumplen con las condiciones de ser mujer, la calidad de autoridad indígena originaria campesina y, finalmente, haber obtenido el título universitario por excelencia”, explicó ayer Mamani, durante la presentación del documento.
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, resaltó que se debe impulsar a las mujeres en espacios públicos, también a las personas que hayan ejercido como autoridades indígenas originarias campesinas y a quienes obtuvieron su título profesional por excelencia académica.
"Hay que validar la equidad de género, promoviendo la participación de la mujer; hay estudiantes que salen por excelencia y a ellos se les va a ponderar, son las bondades que ofrece la carrera judicial”, indicó. Sin embargo, la autoridad dijo que los puntos extras no afectarán en gran medida en la selección.
El nuevo reglamento tiene 128 artículos, en los que se especifica el perfil del juez, la equivalencia de género y la participación ciudadana. El abogado que pretenda ser juez deberá tener por lo menos dos años de trabajo como jurista, someterse al sistema de selección, la evaluación al desempeño y la constante capacitación.
La vocal explicó que existen dos modalidades para ingresar a la carrera judicial: a través de un concurso de méritos o mediante la postulación para el ingreso directo, en el que es necesario cumplir ciertos requisitos que avalen la trayectoria como jurista.
A través del concurso de méritos se someterán a un proceso de selección. Se calificará la formación académica como cursos de posgrado, doctorado, maestría, especialidad o diplomado en derecho y la formación en el exinstituto de la Judicatura. Esta información estará disponible en internet para que la gente pueda denunciar irregularidades.
Según la presidenta del Consejo de la Magistratura se tomarán tres exámenes de competencia. El primero será sobre conocimiento de la Constitución Política del Estado, leyes, códigos y convenios internacionales. Luego estará la evaluación psicológica, en la que un profesional del área determinará si el postulante es apto o no para ejercer el cargo tomando en cuenta su perfil psicológico. Las conclusiones de este examen no serán reveladas. Y finalmente se evaluarán los resultados de un curso complementario judicial.
"Desde la carrera judicial vamos a reformar la justicia; lo más importante es que lo hagan por propio mérito y no se lo deberán a nadie más que a su propio esfuerzo. Es un periodo de transición”, dijo la vocal Mamani.
Trasladan al fiscal Humberto Quispe a Pucarani
El fiscal Humberto Quispe, denunciado por supuestos casos de extorsión, robo, privación de libertad y resoluciones contrarias a las leyes, dejará hoy su cargo en la ciudad de La Paz para desempeñar sus funciones, en la localidad de Pucarani, a 35 kilómetros de la sede del gobierno.
"Mañana (hoy) estoy entregando la oficina. Me iré a Pucarani para cumplir con mi año de provincia, porque todavía me falta (cumplir este plazo) para institucionalizar el cargo porque soy fiscal de carrera”, informó a Página Siete.
El representante del Ministerio Público negó que su cambio de destino se deba a las constantes denuncias en su contra que llegaron al Órgano Judicial y a este medio de comunicación.
Por ejemplo, José Luis Cuenca denunció que en mayo del año pasado el fiscal Quispe le robó pertenencias durante una investigación irregular tras un atraco que sufrió los días previos en su domicilio de la zona de Irpavi.
Un segundo caso lo presentó la abogada Carmiña Luna, quien fue detenida en 2012 al ser acusada de falsificar documentos. Ella dijo que Quispe "sembró” pruebas en su contra y meses después fue sobreseída y salió de prisión porque no se halló sustento en la acusación en su contra.
El último caso en conocerse lo presentó el orfebre Mario Gutiérrez quien exige al fiscal -desde hace un año- que le regrese joyas y dinero por un valor de 80.000 dólares que le secuestraron cuando le acusaron de comprar objetos robados.
En julio de 2014 un juez emitió una resolución que ordenaba al representante del Ministerio Público devolver los objetos confiscados al orfebre, orden que no se cumplió hasta la fecha.
El denunciado manifestó que estas aseveraciones en su contra, así como otras, carecen de sustento. Mientras tanto, en los próximos días cumplirá sus funciones en la capital de la provincia Los Andes, en el departamento de La Paz.
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EL GABINETE DEFINIRÁ FECHA PARA LA CUMBRE JUDICIAL MORALES NO IRÁ A LA REELECCIÓN
El presidente en ejercicio Álvaro García Linera reiteró ayer que en 2019 ni él ni Evo Morales se postularán a la reelección porque son respetuosos de lo que dicta la Constitución.
La autoridad se refirió al tema ante consultas en sentido de que la administración busca abrir la Constitución para posibilitar que el presidente Evo Morales vaya a la reelección indefinida, amén de modificar la justicia, tal cual planteó la primera autoridad al convocar a un referendo.
"El Presidente ha sido muy claro y nosotros somos muy respetuosos de la Constitución, así que vamos a respetar la Constitución".
La Carta Magna establece que las autoridades nacionales (presidente y vicepresidente) pueden ser "reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua".
Cumbre judicial. Asimismo, informó que actualmente se prepara la "cumbre judicial" para delinear el proceso que apunta a la apertura de la Constitución la construcción de un nuevo sistema judicial desde sus cimientos.
Explicó que ahora no se requiere de ajustes en el Órgano Judicial para mejorar el sistema, sino de un ajuste estructural que se definirá en la cumbre y que la fecha será definida por el gabinete de ministros.
El Mandatario aseguró que “hay que sembrar la semilla de un nuevo árbol (de la justicia) y eso se hará este año y en todas las dimensiones, parte legal, parte administrativa, parte formativa y la formación social; son cuatro elementos que nos tienen que dar un tipo de justicia de la cual la gente se sienta orgullosa, protegida y garantizada”.
MAGISTRATURA HARÁ EVALUACIONES ANUALES A JUECES
El Consejo prevé lanzar convocatorias públicas para ocupar los cargos de jueces.
El Consejo de la Magistratura evaluara cada fin de año a juezas y jueces con la implementación de la carrera judicial e institucionalización de cargos, afirmó Cristina Mamani, presidenta de esa institución judicial.
La primera fase, de acuerdo con la autoridad, comenzará en el fortalecimiento en materia de Niñez y Adolescencia que actualmente cuenta con apenas 20 jueces a nivel nacional.
Los jueces "serán evaluados cada año con la implementación de la carrera judicial. Vamos a contratar más administradores de justicia para la niñez y adolescencia, quienes también de manera inicial serán evaluados y analizados. Esta evaluación, dentro de la carrera judicial, será para los jueces y no para el personal de apoyo, tal cual establece la Ley 025".
El proceso selectivo –según se tiene definido y comprometido por el pleno del Consejo de la Magistratura– será riguroso y se excluirá del mismo a todo postulante que tenga antecedentes negativos o sentencia penal ejecutoriada. Señaló que los nuevos jueces serán evaluados en mayo de 2015.
"Estabilidad laboral no quiere decir que los jueces sean intocables. Si hay denuncias, en contra de ellos, también serán sancionados y hasta destituidos si cometen faltas. Por eso la evaluación anual será importante".
La Presidenta del Consejo de la Magistratura declaró que los nuevos administradores de justicia deberán mostrar una renovada mentalidad, tener vocación de servicio, idoneidad, independencia, imparcialidad y capacidad de decidir y resolver asuntos judiciales en cumplimiento de las disposiciones de la Constitución Política y el respeto a los derechos humanos.
"Todo esto se tiene que hacer con dinero. Para la implementación de la carrera judicial se requiere de hasta un 5% del presupuesto". Raúl Jiménez - CONSEJO DE ABOGADOS
Nuevo reglamento garantiza estabilidad para jueces
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó que hoy se presentará el nuevo reglamento para la carrera judicial y que esta norma garantiza la estabilidad laboral de los jueces.
"Significa que hay estabilidad laboral para los jueces, los que están empezando y tienen que continuar dentro de la carrera conforme a la evaluación que se hará de acuerdo con el reglamento, es una garantía que los jueces puedan desempeñar sus funciones dentro de la estabilidad laboral”, indicó la autoridad.
Remarcó que en el país existen al menos 1.004 jueces, una cantidad que aún es pequeña para el requerimiento de los litigantes y que estos operadores de justicia muchas veces dejan la carrera judicial debido a la inestabilidad de su puesto de trabajo.
En cuanto a las constantes críticas sobre la incapacidad de algunos jueces, Mamani respondió que efectivamente hubo errores en las designaciones, pero que en el futuro serán subsanados. "Han hecho designaciones, quizás hubo algunos errores y a partir de la vigencia de la carrera judicial vamos a exigir y valorar los méritos”, destacó.
Según ella, aquella persona que obtenga la mayor cantidad de puntaje en la evaluación será la que obtenga el puesto de una futura convocatoria. "Ya no será necesario ir a conversar con nadie porque habrá aprobado el examen”.
Asimismo, se refirió a las convocatorias de los operadores de justicia y afirmó que además de la evaluación por méritos, también se realizará un análisis psicológico de los postulantes.
Orfebre exige a fiscal Quispe joyas de un decomiso irregular
El orfebre Mario Gutiérrez exige que se le devuelva el dinero y joyas que le secuestraron el 5 de marzo de 2014 en un operativo "irregular” encabezado por el fiscal Humberto Quispe. Una jueza ya accedió a su pedido mediante una resolución que hasta ahora no se cumple.
"Absolutamente nada de lo que me quitaron me devolvieron hasta ahora, a pesar de la resolución de la jueza. Ya pasaron 10 meses”, se queja el hombre, acusado de comprar joyas robadas.
La resolución, emitida el 30 de julio del año pasado por la jueza Margot Pérez, dispone "la devolución bajo control jurisdiccional de todos los objetos descritos en el acta de desprecinto e ingreso voluntario del 5 de marzo de 2014. El fiscal Humberto Quispe deberá proceder a la devolución a Mario Gutiérrez”.
El 25 de febrero, Quispe llegó al local de Gutiérrez y lo acusó de comprar dos lingotes de oro y joyas robadas de una tienda en Obrajes. Con él iban dos personas que aseguraron haber vendido lo robado a Gutiérrez.
Lo trasladaron en un vehículo a las oficinas de la fuerza anticrimen en la zona Sur. Allí, Gutiérrez fue visitado por su primera abogada, quien le garantizó que todo se solucionaría.
Según Gutiérrez, ella se reunió con Quispe y minutos después le tomaron su declaración informativa, en la que aseguró que no compró ningún objeto robado. Después lo soltaron.
Durante 10 días su local estuvo precintado. No podía trabajar. Recién el 5 de marzo Quispe, acompañado por uniformados, abrió la joyería. Pidió hojas blancas al orfebre y ante su desconcierto hizo una lista de objetos a secuestrar. Se confiscó dinero en efectivo, oro y joyas. Un valor total de 80.000 dólares.
Dos días después la víctima del robo a la joyería de Obrajes, María Camacho, reconoció en lo secuestrado algunos objetos que le habían sido robados. Extrañamente menos de la mitad de lo que se quitó a Gutiérrez fue reconocido por Camacho, nada del dinero en efectivo. Ello consta en dos actas elaboradas el mismo día pero con firmas diferentes.
Quispe dijo que el joyero fue identificado en un anterior robo de joyas, porque ésa es su actividad.
El fiscal dijo que el 5 de marzo sólo se secuestró aquello que el dueño no pudo comprobar que se adquirió legalmente.
Reconoció que estos objetos permanecen en las dependencias de la Policía. "Está en la FELCC, usted va y está todito ahí. Yo ya no soy fiscal del caso, la rotación perjudicó el proceso de devolución”, afirmó.
Santos: No se protegerá a Quispe
Después de las denuncias emitidas contra el fiscal Quispe por supuestos robos, extorsión, privación de libertad y resoluciones contrarias a las leyes, la fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, afirmó ayer que no se protegerá a este funcionario del Ministerio Público.
"Como se trabaja en cualquier causa, si hay una responsabilidad de este servidor público tendrá que asumirla conforme corresponda. No se protegerá absolutamente a nadie si es que tiene culpa en el hecho”, dijo Santos.
Explicó que ella no recibió ninguna denuncia de forma directa, pero que entiende que hay algunas que se están investigando. "Entendemos que ya hay algunas investigaciones abiertas que se llevan en la máxima instancia del Ministerio Público”, afirmó.
El fiscal Quispe dijo en una anterior oportunidad que todas esas denuncias fueron rechazadas por el órgano jurisdiccional porque no tenían fundamento. Repitió que debido al cargo que ocupa muchas personas están interesadas en difamarlo. "Los delincuentes buscan eso. Nunca estarán conformes”, aseguró.
Fiscalía quiere trabajar en el control de las redes sociales
La fiscal de Distrito de La Paz, Patricia Santos, dijo ayer que el Ministerio Público está presto a trabajar en el control de las redes sociales para evitar delitos como el acoso y la corrupción.
Consultada sobre si debe haber un control de las redes sociales, Santos aseguró que es necesario, porque de esa forma se pondrá un remedio y se erradicará la inseguridad informática.
"Sí , todo lo que sea en pos de velar por la seguridad jurídica de la sociedad y erradicar lo que es la inseguridad, que tantos problemas está ocasionando a las instituciones y personas. Es necesario poner un remedio a esta situación y nosotros estamos siempre en forma positiva”, afirmó Santos, quien aclaró que la forma de control obedecerá a un análisis de las instancias superiores del Ministerio Público.
De acuerdo con la fiscal, los delitos mediante las redes sociales se han incrementado.
Críticas a la justicia boliviana
En una corta intervención ante autoridades del Órgano Judicial, Ole Thonke, embajador de Dinamarca, criticó la retardación de justicia que existe en Bolivia, poniendo como ejemplo la gran cantidad de privados de libertad sin sentencia ejecutoriada.
Thonke, en acto público en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró que en este momento, en Bolivia, existe una gran discusión en torno a la crisis de la justicia en nuestro país, “sus problemas de retardación, favoritismo, corrupción, desigualdad entre ellas”, afirmó.
El representante diplomático remarcó que hacia estas aseveraciones en base las percepciones de los mismos funcionarios judiciales a los cuales pudo conocer a lo largo de su trabajo en Bolivia, quienes, a decir de Thonke, “marcan la diferencia positiva” y asegura que ellos tienen el deseo de cambiar la mala imagen que se tiene, luchando contra las limitaciones que se tiene.
A tiempo de señalar que había efectuado visitas a varias de las oficinas del área judicial, Thonke indicó que comprendía a los funcionarios que tienen el deseo de hacer la diferencia, pero que hasta el momento deben cumplir su trabajo en medio de carencias, con equipos cuyos accesorios ya no existen para la venta, como la cintas magnetofónicas (cassettes) y que esto es un claro ejemplo sobre los varios elementos que influyen en la retardación de justicia.
Para el Embajador, es muy difícil comprender las razones por las cuales existen tantos detenidos preventivos en los recintos penitenciarios, cuyos procesos datan de decenios, resultado de las resoluciones que el mismo Estado emite, vulnerando los derechos fundamentales de los bolivianos.
Consejo de la Magistratura Graban audiencias para bajar mora procesal
Con el fin de bajar la mora procesal, generada por algunos procedimientos de carácter técnico, ayer el Consejo de la Magistratura (CM) implementó el programa piloto para ejecutar el “sistema de grabación audiovisual de audiencias”. Proyecto que afirman es arrastrado desde hace varias gestiones. El procedimiento informático, que es financiado por la Embajada de Dinamarca, en su etapa de prueba de dos meses, funcionará en cuatro juzgados de las ciudades de La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz.
En la presentación, la titular del CM, Cristina Mamani, rememoró que sólo hace unos años los actuarios transcribían lo que acontecía en las audiencias con la máquina de escribir, “y quizá era más rápido”, afirmó.
Según Mamani, luego se implementó la grabadora con cintas magnetofónicas, pero el problema resultó en la transcripción, que hasta la fecha es encomendada a “supernumerarios”, los cuales, en la mayoría de los casos, no tienen idea de lo que se debate en las mismas. La magistrada señaló que la transcripción de los procesos podía tardar hasta más de un año, lo cual también influía en la mora procesal.
En el mejor de los casos, la transcripción de una audiencia, que duró dos horas se demora cuatro. Por tal motivo, destacó que el nuevo sistema de grabación reducirá el tiempo de registro de audiencias, porque a la conclusión las mismas, en algo menos de 15 minutos, los representantes de los litigantes podían retirarse con la copia en un CD, con imagen y sonido de las actuaciones.
Según el jefe nacional de Informática del CM, Carlos Montellano, este registró contará con un menú de las diferentes partes de la audiencia, para abreviar el tiempo de la revisión minuto por minuto.
Este sistema es parte del Sistema Integrado de Gestión Procesal Multimedia del CM, para la ejecución del programa, Montellano explicó que para cada juzgado se necesitan al menos cuatro micrófonos de alta fidelidad y una cámara, todos conectados a un sistema que mezclará los registros, para elaborar uno definitivo en el computador, pero todo con un respaldo magnetofónico.
Afirmando que el principal objetivo es la eliminación de la transcripción de la audiencia, Montellano explicó que el sistema debe ser operado por el secretario, en base a tres pasos. El primero es la identificación de los intervinientes, esto en coordinación de los sistemas informáticos con los registros de los juristas. Luego la grabación de la audiencia de principio a fin y, por último, la copia de los archivos en una memoria portátil o un CD, junto a la copia final, se emitirá también un acta resumen, con las partes más sobresalientes del proceso.
Montellano informó que luego de los dos meses en el que efectuarán las pruebas piloto, el programa se implementará primero en los juzgados de materia en lo penal y desde el mes de agosto en los juzgados de materia en lo civil, llegando a equipar a la mitad de las salas (282) en todo el país.
Ole Thonke, embajador de Dinamarca, informó que se desembolsará cerca de tres millones de bolivianos. Thonke declaró su agrado por acompañar el salto tecnológico que Bolivia está haciendo, rumbo a documentos electrónicos y la investigación moderna.
Durante el acto, en el cual se efectuó la demostración del programa, en una audiencia simulada, algunos jueces efectuaron cuestionamientos, en las que se develó las dudas sobre algunos aspectos jurídicos como la dualidad de archivos, uno el tradicional en carpetas y otro digital.
Otro aspecto que no quedó claro para algunos de los miembros del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz fue el referido a las actas en papel, sobre si las mismas serían reemplazadas de manera definitiva, ya que son necesarias para las apelaciones.
También se planteó las dudas sobre cuáles son las medidas de seguridad con las que se cuenta para que no exista alteración de los archivos audiovisuales y el tipo de respaldo en caso de un corte de energía.
Por otro lado, se tiene el problema sobre las resoluciones emitidas al término de los juicios, que son los documentos requeridos en las diferentes instancias como el Registro de Antecedentes Judiciales.
Video Revelan la existencia de más implicados en el caso de extorsión en la Fiscalía de El Alto
Video sistema informático permite la grabación de audiencias judiciales
El TSJ asegura que Perú no formalizó solicitud de extradición de Belaunde
El Gobierno de Perú no oficializó hasta el momento el pedido de extradición de Martín Belaunde, exasesor del mandatario peruano, Ollanta Humala, informó la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maritza Suntura, quien explicó que de llegar la oficialización será analizada en el marco de las normas legales internas e internacionales y en un plazo de 60 días.
L a Comisión Nacional de Refugiado (Conare) rechazó el pedido de refugio del ciudadano peruano el viernes, poco después de que la máxima instancia judicial determinara la detención preventiva y luego, la cambiara, por domiciliaria con resguardo policial con fines de extradición en atención a un pedido del gobierno de Lima.
Suntura informó hoy al programa ‘Levántate Bolivia’ que la administración de Humala no formalizó el pedido de extradición.
“ No existe en este momento una solicitud formal de extradición; seguramente el Estado peruano verá esa situación de cumplimiento de todos los requisitos. Si nos llega en el plazo que establece el tratado de extradición, de 60 días, vamos a analizarlo nuevamente si cumple con los requisitos que establece la ley”, afirmó la magistrada.
Jorge Valda, defensa del ciudadano peruano, informó que analizan pedir asilo a un tercer país y apelar la decisión inicial de la Conare con el argumento de que no fueron tomadas en cuenta todas las pruebas de respaldo. “El fallo de la Conare, entiendo que se dictó de manera precipitada porque tenían 120 días”, cuestionó.
Belaunde cumple detención domiciliaria en La Paz, en la vivienda de un familiar, donde fue reforzada la seguridad policial tras el rechazo de refugio. Es buscado en su país por presuntos delitos contra la administración pública, vinculado a la malversación de fondos públicos y asociación ilícita para delinquir.
El presidente del TSJ Jorge von Borries informó ayer que el Gobierno del Perú y la defensa de Martín Belaunde tienen 60 días para presentar pruebas de cargo y descargo, respectivamente, para la definición sobre su extradición o no, luego de que fuera rechazado su pedido de refugio.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que la próxima semana presentará al presidente Evo Morales diez propuestas para reformar la administración de justicia en todos los juzgados del país. "La próxima semana presentaremos al señor presidente las diez propuestas de cambio para la justicia en Bolivia.
Trabajamos en varias propuestas y esta semana afinaremos estas decisiones para que se tome en cuenta como un insumo de debate de las reformas y revolución de la justicia boliviana", señaló. En esa línea, Guerrero destacó la necesidad de una agenda común para encarar una cruzada nacional para reformar la justicia con la participación de las instituciones del Órgano Judicial y los ministerios de Gobierno, Transparencia y Justicia, entre otros actores del ámbito judicial boliviano
Destituyen a fiscales acusados de extorsión
El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, ordenó ayer la destitución definitiva de los fiscales de materia de El Alto, Juan Eduardo Aliaga Sillerico y Edgar Alarcón Laura, por estar involucrados en casos de extorsión y corrupción.
“Hemos procedido a la destitución de estos dos malos fiscales, malos servidores que en vez de servir y proteger a la sociedad se dedicaban a extorsionar, hoy (ayer) a primera hora los hemos destituido a Juan Eduardo Aliaga Sillerico y Edgar Alarcón Laura, ambos fiscales de materia de El Alto”, afirmó Guerrero, según el reporte de la radio Aclo de la Red Erbol.
Dijo que este caso fue descubierto después de que el pasado jueves, cuando se encontraba en La Paz, recibió una denuncia de personas particulares contra ambos ahora exfiscales y un asistente por supuestos hechos de corrupción y extorsión.
“Entonces, inmediatamente, a partir de una instrucción de mi autoridad, la fiscal departamental de La Paz conformó una comisión conjuntamente la Inteligencia de la Policía y se trabajó en la aprehensión de los dos fiscales y un asistente que trabajaban en la ciudad de El Alto. Se inició un proceso penal, se ha pedido la detención de estas tres personas”, explicó.
El sábado se remitió a las tres personas ante un juez cautelar y anoche fue la audiencia, donde a uno de ellos se envió a la cárcel con detención preventiva y dos se beneficiaron con detención domiciliaria, por lo que Guerrero anunció que apelarán dicha determinación judicial.
Video Fiscales acusados de corrupción tienen detención domiciliaria
Si bien no se conocen las bases, los parámetros y menos la fecha para la realización de la cumbre judicial que el pasado 22 de enero (en el aniversario del Estado Plurinacional) el presidente Evo Morales anunció, según los juristas y expertos cruceños, dicho debate debe contar necesariamente con la mayor presencia de instituciones, organismos, profesionales, académicos y administradores de justicia para desarrollar una discusión netamente técnica, en lugar de posiciones políticas.
"Para cumplir con todas las expectativas del pueblo boliviano, la cumbre tiene que ser un escenario técnico y no político. De ser un lugar donde solamente participen los movimientos sociales vamos ha llegar a lo mismo", puntualizó Marcelo Arrázola, primer vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz.
El presidente Morales admitió el pasado jueves 22 que no se había logrado la transformación de la justicia.
Por eso convocó a una cumbre "para hacer una revolución en la justicia boliviana" y que a cuyo efecto saldría un comité que permita elaborar una propuesta para luego llevar adelante un referéndum.
A su turno, ayer, José Alberto Gonzales, presidente de la Cámara de Senadores, remarcó que el sistema judicial es una de las prioridades más importantes de este nuevo período gubernamental y sobre todo una de las tareas vitales de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Actitud positiva. El analista político Pablo Deheza calificó de "muy positivo que el Gobierno admita la necesidad de cambiar sus propios actos respecto a la actual situación del sistema judicial del país". "El llamado al diálogo es positivo. Ahora lo que no está claro es hacia dónde se quiere 'revolucionar la justicia'.
El gobierno no tiene clara la idea de cómo quiere cambiar la justicia", señaló.
Para el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, el solo anuncio de referéndum viola los principios de la Consitutución Política del Estado. "Salvo que la consulta pueda plantear la reforma parcial de la constitución. Y la cumbre, las condiciones no están dadas por el manejo político que se va hacer de ella", dijo.
Dos países pagan salarios de Defensa Pública en provincias
Desde 2013, el Servicio Nacional de Defensa Pública (Senadep) concentra su labor en la atención de reclusos que tramitan su indulto, sin olvidar otros casos en los que un defensor ad honórem es importante cuando el detenido no tiene recursos económicos.
El director nacional de esta institución que depende del Ministerio de Justicia, David Tezanos, señala orgulloso que el Senadep atendió la mayoría de los casos del indulto presidencial.
Sin embargo, una de sus preocupaciones es que Suiza y Dinamarca cubren los salarios de los abogados que trabajan en provincias debido a que el Tesoro General de la Nación (TGN) no llega a cubrir este rubro.
¿Cómo evalúa el trabajo de Defensa Pública en 2014?
En el ámbito cuantitativo Defensa Pública tenía una marca que batir en cuanto a atención de causas. En 2013, se atendieron 14.142 causas a nivel nacional y el año pasado se llegó a las 17.992.
¿Y cuántos casos relacionados al indulto se atendieron?
Respecto al indulto atendimos 758 de los 1.300 indultos que hubo con el Decreto Presidencial 1723. En Chuquisaca se atendió el 73% del total, se partió de un caso y se vio la necesidad de hacer una resolución biministerial lo que nos permitió llegar a 52 trámites por (el Senadep). En todos los departamentos, la mayoría de los indultos fue gestionada por Defensa Pública.
¿Cuántos funcionarios tiene actualmente el Senadep?
Tenemos 103 funcionarios operativos a nivel nacional y nos hacemos cargo del más del 30% de toda la carga procesal del sistema penal.
¿Cuántos casos atiende cada uno de ellos?
Las cifras varían por la especialidad. Algunos se especializan en atender a adultos mayores, otros a atender a adolescentes, entonces en promedio hay 40 causas en movimiento para cada uno. Y sobre la eficacia podemos que, por ejemplo, un defensor público logró mover 14 recursos constitucionales en la gestión 2014.
¿A eso se apunta este año?
Eso es lo que queremos mantener, un nivel cuantitativo, y mejorar en la parte cualitativa, que los defensores públicos se constituyan en verdaderos defensores de las garantías constitucionales. Tuvimos reconocimientos de derechos humanos, de la Defensoría del Pueblo, fundaciones y otras instituciones.
¿El Senadep tiene el apoyo económico de otros países?
Hemos tenido el apoyo de Dinamarca y Suiza, pudimos dotar de 88 nuevas computadoras completas para todo el personal operativo, 44 impresoras, dos vagonetas donadas por Suiza y otros equipos a fin de poder dotar en las diferentes unidades que tenemos oficinas en la FELCC, FELCN y FELCV.
¿Cuánto gana un defensor público en promedio?
Un funcionario de Defensa Pública gana en promedio 5.000 bolivianos.
¿La situación laboral ha mejorado en estos años?
Hubo incrementos que hemos tenido pero dentro de los lineamientos nacionales. Con la cooperación suiza y de Dinamarca llegamos a las provincias, el TGN no cubre la presencia de Defensa Pública en áreas rurales. No podemos tener un salario "A” para los (abogados) que dependen de la cooperación.
¿Qué requisitos tiene que tener un abogado para ingresar al Senadep?
Se les exige formación en materia penal. Asimismo, estamos implementando progresivamente lo del idioma y tres años de antigüedad en el ejercicio de la profesión.
¿El Senadep atiende exclusivamente delitos penales?
Sí, atendemos más a la población que comete robo, robo agravado, violación, asesinato y delitos de sustancias controladas. Nuestra ley 1008 es de décadas pasadas. El 26% de casos que atienen el Senadep es de causas de sustancias ilícitas como personas consumidoras, microtráfico, mujeres que llevan en su vientre menos un kilo, el Ministerio Público lamentablemente los imputa por tráfico. Hay delitos de menor recurrencia como lesiones, accidentes de tránsito, hurto y muy por debajo estafa, entre otros.
¿A qué problemas se enfrenta Defensa Pública?
Lamentablemente todavía nos falta que el Ministerio Público aplique la excepción en la detención preventiva y que no sea una regla; aplique los tipos penales sobre todo en materias de sustancias controladas.
Casos de microtráfico, los fiscales imputan a los detenidos como si fueran casos de narcotráfico, hay figuras penales que en otros países no ameritan una detención preventiva, sin embargo aquí en el país están en la cárcel. La mayoría de los casos no son de narcotráfico porque son de escasa relevancia. Ése es nuestro principal
La fiscal departamental de La Paz, Patricia Santos, informó ayer que un asistente y dos fiscales de la ciudad de El Alto se encuentran detenidos en celdas policiales, por estar involucrados, conjuntamente otras dos personas ajenas a la institución, en supuestos casos de extorsión. Y en las próximas 24 horas se debe señalar hora de la audiencia.
Explicó que el pasado día jueves se recibió una denuncia presentada por una persona particular, que daba cuenta sobre el accionar de personas, quienes falsificando credenciales de fiscales procedían a realizar operativos, inclusive dando órdenes de aprehensión falsas, para atemorizar a las personas y extorsionarlas.
“Tras la denuncia, lo que se ha hecho es inmediatamente conformar una comisión de fiscales, que ha procedido a realizar la investigación y el operativo correspondiente, lográndose que el juez cautelar, de forma inmediata, otorgue órdenes de allanamiento”, dijo.
Indicó que se ingresó al domicilio del asistente, circunstancia en la que esta persona habría recibido una llamada por parte de uno de los fiscales, acordando temas de extorsión, en relación a uno de los casos que fue debidamente identificado dentro de la investigación, exigiéndole se haga la entrega de sumas de dinero para favorecer a una de las partes.
Asimismo, dijo que colectaron sellos, hojas membretadas y credenciales falsos, que las dos personas ajenas a la institución utilizaban para hacerse pasar por funcionarios de la fiscalía en coordinación con los fiscales detenidos. Según la fiscal, estas dos personas serían un varón y una mujer, cuyo paradero es todavía investigado.
Fiscal general tiene plan de 10 puntos para cambiar la justicia
Mediante un comunicado, el fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero, anunció que el Ministerio Público (MP) presentará en los próximos días, al Ejecutivo y al Legislativo, el documento "Diez Decisiones de Cambio para Revolucionar la Justicia”, como un aporte para el debate sobre el proceso de transformación de la justicia.
El anuncio se dio a través de una nota difundida por la Fiscalía General del Estado y surge después de la decisión del presidente Evo Morales de convocar a un referendo para cambiar la justicia.
Al respecto, el fiscal general del Estado afirmó que esta reforma no sólo compete a los operadores o a las autoridades judiciales, sino a toda la sociedad en su conjunto y que amerita un profundo debate y una cruzada nacional.
"Considero que se ha definido como uno de los puntos centrales en esta nueva gestión del presidente Morales, el tema de la justicia, que lo hemos dicho varias veces, es una asignatura pendiente en estas reformas que se están dando en nuestro Estado, en esta Revolución Democrática y Cultural. El tema de acceso a la justicia es algo que todavía la gente clama, para eliminar la corrupción y así se tenga una justicia más pronta y oportuna”, dijo.
Morales planteó, durante la inauguración del año judicial en Sucre, el 5 de enero, un referendo para reformar la justicia y abrió la posibilidad de modificar la Constitución.
"Yo me voy a quejar al pueblo y el pueblo que defina mediante un referendo una profunda revolución dentro de la justicia. Si hay que hacer una reforma a la Constitución hay que hacerla mediante un referendo”, afirmó el Primer Mandatario.
Guerrero señaló que tanto con las propuestas de los administradores de justicia como de otros sectores de la sociedad se debe llegar al referendo, para que sea la ciudadanía la que en definitiva plantee qué tipo de justicia quiere y qué reformas se debe hacer.
Dijo que el cambio debe darse no sólo en los mecanismos de selección o elección de las autoridades, sino en los nuevos paradigmas de la justicia y aplicación plena de la justicia indígena originaria y campesina.
Sugirió que se tiene que avanzar hacia una justicia restaurativa y de paz, los dos elementos centrales que debería contener el debate de reforma o de revolución en el campo judicial.
"Desde el MP hemos planteado diversas propuestas y lo vamos a hacer ahora en estos espacios, en estas instancias; consideramos que amerita un profundo debate sobre estas propuestas de cambio, para llegar a una descolonización; como diría alguna autoridad, hay que nacionalizar la justicia, para que realmente sirva al pueblo”, aseguró.
Guerrero agregó que este proceso requiere un cambio de mentalidad y de compromiso de los abogados.
Visiones y reformas
Preguntas El presidente Evo Morales explicó, al momento de anunciar el refendo para reformar la justicia , que las preguntas serán "concretas” y estarán referidas a las penalidades, sanciones e incumplimiento de plazos, entre otros temas. Además, el Ejecutivo recurrirá a expertos que ayudarán a elaborar los cambios.
Reclamos En esa oportunidad, Morales lamentó que sus reclamos internos y públicos a la administración de justicia no hayan tenido respuesta y detalló algunos ejemplos del cuestionado accionar de fiscales y jueces.
Cumbre analizará justicia boliviana
En el contexto de realizar una evaluación al sistema de justicia boliviana, el presidente Evo Morales convocó a una cumbre, previa al referendo donde se enmarquen propuestas sólidas para realizar la consulta ciudadana. Para el analista cruceño Hugo Molina, el asumir una cumbre y posible referendo sería un gasto insulso para Bolivia.
El mandatario sostuvo que para superar la crisis judicial en el país se deben elaborar propuestas integrales de todo el sistema con la finalidad de evaluar y analizar las eficiencias de esta instancia.
“Vamos a convocar a una cumbre para hacer la revolución dentro de la justicia boliviana (...) Están convocados todos los sectores sociales, para esta profunda transformación de la justicia boliviana”, dijo.
A criterio del mandatario la crisis de la justicia se refleja, en el país, por ejemplo, en la demora de la atención de los casos judiciales, el porcentaje de reclusos con sentencia ejecutoriada apenas llega al 16%, en tanto que los reos que permanecen en los reclusorios con carácter preventivo alcanzan al 84%.
Adelantó que en la cumbre se estructurará un comité que elaborará propuestas para llevar adelante el referendo, con el objetivo de mejorar la justicia en el país, planteamiento que se conoció el 6 de enero en la inauguración del año judicial.
Además y a su juicio, la transformación del Órgano Judicial no sólo es responsabilidad del Estado sino también de “todo el pueblo boliviano”. Por ello aseguro que “de manera conjunta con nuestras instituciones colegiales, con nuestros expertos nacionales en la justicia. Hay buenos abogados y buenas abogadas, pero tenemos que dignificar la abogacía”.
Según publicaciones de prensa, el 8 de enero, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, anunció que el referendo para la reforma judicial tendrá entre cuatro y cinco preguntas y se realizará este año, y todo ese trabajo se iniciará después del 22 de enero.
Para el analista Molina, “lo único que va generar el realizar un referéndums es un gasto innecesario de más de 180 millones de bolivianos, para generar una simple expectativa, pero una solución de fondo no se realizaría”.
Los problemas de fondo se realizan con medidas estructurales que tiene que ver con el sistema de administración de justicia, con los abogados, presupuestos para la policía, fiscalía, entre otros.
El presidente Evo Morales convocó hoy a una cumbre, previa al referendo para revolucionar la justicia en Bolivia, en la que se elaborarán "propuestas" dirigidas a la consulta popular, concebida como una de las últimas alternativas para superar la crisis judicial en el país.
"Vamos a convocar a una cumbre para hacer la revolución dentro de la justicia boliviana. (...) Están convocados todos los sectores sociales, para esta profunda transformación de la justicia boliviana", dijo.
La crisis de la justicia se refleja, en el país, por ejemplo, en la demora de la atención de los casos judiciales, el porcentaje de reclusos con sentencia ejecutoriada apenas llega al 16%, en tanto que los reos que permanecen en los reclusorios con carácter preventivo alcanzan al 84%.
"Esa propuesta de llevar al referéndum y que el pueblo boliviano decida sobre la nueva justicia boliviana", añadió. A su juicio, la transformación del Órgano Judicial no solo es responsabilidad del Estado sino también de "todo el pueblo boliviano".
"De manera conjunta con nuestras instituciones colegiales, con nuestros expertos nacionales en la justicia. Hay buenos abogados y buenas abogadas, pero tenemos que dignificar la abogacía", apuntó.
Además, el Jefe de Estado cuestionó que algunos juristas den libertad a delincuentes y narcotraficantes, después de que son capturados por la policía y las Fuerzas Armadas.
En 2011, por primera vez en la historia se eligieron a las principales autoridades del Órgano Judicial a través del voto popular, en el marco de la Carta Magna que Morales promulgó el 7 de febrero de 2009, tarea que; sin embargo, fue cuestionada por la falta de resultados.
Vacación de jueces paraliza 2.463 procesos judiciales
¡Mi proceso está parado! ¡Cuándo volverán a sus funciones!¡Por qué no buscan remplazo que tomen decisiones!¡Por qué les permiten vacaciones cuando se busca descongestionar! Estos son algunos de los criterios que tienen abogados,
fiscales y población en general, al ver que su caso no avanza debido a las vacaciones asumidas por algunos jueces y vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ).
Las vacaciones inesperadas de los funcionarios judiciales generaron molestia en el Consejo Departamental de la Magistratura, quienes no descartan asumir acciones legales contra los funcionarios. El Ministerio Público tiene presentadas 2.463 causas para juicio, pero ninguna avanza debido al receso.
La representante del Consejo de la Magistratura, Paola Chirinos, aseguró que el permiso afecta al desarrollo de los procesos en todo el departamento. En el caso de la capital, ninguno de los dos Tribunales de alzada pueden avanzar con ninguna audiencia programada por ausencia de sus miembros.
“Estamos esperando que el Ministerio Público haga llevar una nota de estas observaciones, porque les abriré proceso a los señores vocales y jueces, por haber programado vacación sin haber consensuado con el Consejo de la Magistratura—indicó en tono molesto Chirinos--. Tenemos cerca de 20 personas y son todos vocales de sala plena y jueces técnicos, y al salir de uno en uno, hace imposible que se lleven a cabo las audiencias”.
Aseguró que existe una Ley de Descongestionamiento Judicial que no estaría siendo cumplida a cabalidad por los funcionarios judiciales. Eso tendrá repercusión en que las audiencias no se cumplan dentro del plazo programado que era de tres meses.
El fiscal departamental, Gilbert Muñoz, cuestionó la falta de voluntad de los funcionarios del TDJ, asegurando que es necesario avanzar con la Ley 586 de descongestionamiento y efectivización del sistema procesal, que establece un plazo de ocho meses para avanzar con los procesos de forma sustancial.
“Esto va a afectar y hará que se retrasasen en el señalamiento de las audiencias y desde el punto de vista del Ministerio Público, se tomó medidas hace dos años para agilizar el descongestionamiento pero el Órgano Judicial, recién está tomando sus previsiones—indicó Muñoz--. Se están tomando decisiones tardías a algo que ya se venía proyectando desde el Órgano Legislativo en el avance y el sistema de las causas”.
Añadió que las vacaciones deberían ser programadas sin afectar el normal desenvolvimiento de los casos, poniendo como ejemplo las acciones realizadas por el Ministerio Público para que sus fiscales salgan en receso sin afectar sus casos.
“En nuestro caso, las vacaciones las hemos fraccionado e individualizado, se dieron pasos cortos para que no pongan en peligro la normal secuencia del proceso”.
La abogada Gina Castellanos, cuestionó la determinación del TDJ de permitir vacaciones personalizadas, asegurando que era mejor continuar con la vacación colectiva donde el daño era menor a lo que ocurre actualmente con procesos paralizados.
“En vez de mejorar lo empeoraron, puesto que antes las vacaciones eran anuales y salían por una única vez por 20 días y coincidía el reinicio del año judicial que era el 20 de enero—dijo Castellanos--. En esta gestión se eliminó la vacación y es por turnos y lamentablemente la afectación es peor y claro quienes sufren son las personas que tienen procesos en curso”.
Formalidades generan más burocracia en procesos
Uno de los problemas que está atravesando el Ministerio Público, es el rechazo constante a los documentos que son enviados al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). Estos no quieren ser recibidos por no cumplirse ciertas formalidades.
“El personal subalterno no nos quiere recibir los documentos si no presentamos un oficio dirigido a la autoridad—denunció el fiscal Muñoz--. Creemos que más allá de las formalidades nos ponen objeciones para que se agilicen las actividades”.
Video Ministro de Salud se retractó y pidió disculpas a Cusi
TSJ determina detención domiciliaria para Martín Belaunde
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó hoy sustituir la detención preventiva por la detención domiciliaria para el empresario peruano y exasesor del presidente Ollanta Humala, según informaron fuentes judiciales a ANF.
De acuerdo con esta resolución la detención domiciliaria con fines de extradición obedece a que el presidente de la Comisión Nacional de Refugiado (Conare), César Siles argumentó que esta instancia no tiene los ambientes requeridos para la ejecución de la medida de detención preventiva, garantizando los mínimos derechos humanos del detenido.
Martín Belaunde fue detenido ayer por la Policía Boliviana tras conocer la primera determinación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre su detención provisional.
La detención del peruano se realizó tras un operativo de la Policía en la zona de bajo Llojeta, un barrio popular al sudoeste de la sede Gobierno en una vivienda que pertenece al popular astrólogo peruano Yulliano Arista conocido como el "Curaca Blanco".
Fiscal Quispe: “Yo nunca he pedido ni un solo peso a nadie”
El fiscal Humberto Quispe , adscrito al Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP), fue denunciado por al menos tres personas por hechos de corrupción, robo y extorsión, entre otros.
En una entrevista con Página Siete, el fiscal negó rotundamente las acusaciones en su contra, dijo que nunca pidió un peso a nadie y que al ser funcionario del Ministerio de Gobierno corre el riesgo de que lo sindiquen por cualquier delito. Culpó a un abogado de montar las denuncias.
¿Qué tiene que decir sobre las denuncias en su contra?
Es todo obra del abogado V.E.V.B. A mí me llegó una información de Inteligencia de que este señor no es abogado, se dio inicio al proceso y descubrimos que sus títulos era falsos. Cuando iniciamos el proceso, él me inició otro en Sucre por consorcio de jueces, concusión, uso indebido de influencias, pero nunca explicó por qué.
¿Entonces le inició un proceso sin ninguna evidencia?
Por eso digo que todo está armado en mi contra, los que vinieron a denunciarme (como testigos) son José Luis Cuenca, por un caso de robo en Irpavi; M.G., quien me denunció por llevarme joyas; y la abogada Carmiña Luna que está procesada por falsificación de documentos.
En dos semanas aparecieron tres presuntas víctimas de usted. ¿A qué atribuye esto?
Él está en todo, él paga todo. Yo lo conozco muy bien. Las tiene a todas esas personas como testigos. Lo único que hice yo es cumplir mi deber como funcionario del Ministerio Público. ¿Usted cree que todas esas personas son víctimas?
Hay casos específicos en que lo denuncian por extorsión...
De esos casos tardaron en denunciarme. Del señor Cuenca son siete meses después. Lo que pasa es que después de notificar a este abogado (V.E.V.A.) vino la persecución contra mí: él me denunció en Sucre, Cuenca me denunció después y luego Luna.
¿Piensa que se debe a una confabulación en su contra?
Yo me siento intimidado, no solamente por la justicia, también por los medios de comunicación, me siento atemorizado y comprimido porque no puedo desarrollar mi trabajo.
Yo tomaré las acciones pertinentes. Si no hubiera conocido este caso (del abogado) nunca hubiese salido en los medios que soy una persona corrupta. Jamás en mi vida he pedido dinero a alguien, todo los operativos que realicé lo hice legalmente, si hubiese hecho algo malo, ¿usted cree que hubiera dado a conocer públicamente? Me hubieran reclamado esas personas que supuestamente me pagaron.
¿Qué pasó con el caso de la abogada Luna?
En su oficina se encontraron certificados de toda clase, falsificados, los testigos dijeron que le entregaron documentos y ella imprimía. Nos dio una probabilidad de culpabilidad.
Pero en este caso hubo una sanción para usted por afirmar a priori que la abogada era cabecilla de una red de falsificadores sin pruebas...
No, no era así. Fue referente a la publicidad, pero cuando uno hace un operativo y la prensa pregunta, hay que responder. Ella dice que hemos dañado su imagen, pero yo no dañé su imagen, han sido los medios.
Los medios reflejaron lo que dijo usted del caso, ¿qué informó sobre la abogada?
Lo que se dijo es que ella es parte de la red, se hallaron elementos y la probabilidad de culpa. Pero por las imágenes que sacaron los medios, desde entonces no se puede dar información con imágenes.
Con todas estas denuncias y procesos en su contra, ¿no ha pensado en dejar el Ministerio Público?
Yo sé cuáles son los retos y no tengo por qué dejarlos. El día que yo entré como fiscal sabía a lo que me estaba enfrentando. No olvidemos que las partes nunca saldrán satisfechas. Cualquiera nos denunciará por corrupción.
¿Hizo especializaciones para atender casos especiales?
Sí, tengo especialidad en operativos especiales, en manejo de crisis, en inteligencia, porque también soy un soldado profesional. Si no tuviese esa capacitación es imposible descubrir hechos ilícitos. Fui capacitado en la Policía Boliviana en diferentes especializaciones, como el manejo de armas.
¿En qué unidad trabaja ahora?
En la unidad de Atención Temprana de la Fiscalía de La Paz.
¿Dejó el CEIP?
No, paralelamente sigo adscrito al CEIP.
¿Hace cuánto tiempo está en el CEIP y quién lo designó?
Unos dos años y me designó la Fiscalía de Distrito.
¿Y no hay rotación de fiscales en esa unidad policial?
Hay, pero también se necesitan fiscales especializados.
FFAA El fiscal Quispe fue miembro del Ejército y lo dejó en 1996.
Cargo Fue representante del Consejo de la Magistratura de La Paz y también trabajo en la Gobernación.
Fiscalía Es fiscal adscrito al Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) hace dos años.
Calvimontes admite culpa pero el proceso continuará
El ministro de Salud Juan Carlos Calvimontes en la audiencia de conciliación realizada ayer en el Juzgado Séptimo de Sentencia del Tribunal de Justicia de La Paz, aceptó su culpabilidad de develar la enfermedad del magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Gualberto Cusi, por lo que la autoridad jurisdiccional estableció que en el plazo de cinco días deberá pedir las disculpas correspondientes de forma pública.
Sin embargo, el abogado de Cusi, Eduardo León, explicó que la autoridad de Estado en una conferencia de prensa deberá desmentir "las frases y palabras" señaladas en contra de su cliente, así como lo hizo para desprestigiar ante la ciudadanía al Magistrado suspendido.
"El día de ayer se ha llevado la audiencia de conciliación, y el ministro Juan Carlos Calvimontes ha aceptado la culpa y la responsabilidad de haber vertido una serie de palabras en contra del honor de Gualberto Cusi. Se ha retractado, ha pedido disculpas y ha pedido de que no se lo siga procesando, porque él no quiere enfrentar este proceso por la responsabilidad que tiene", informó el abogado.
A pesar de la determinación judicial, León aseguró que el proceso contra el ministro de Salud por el delito de discriminación instaurado en el Ministerio Público continuará, toda vez que ocasionó la exclusión de su cliente por la sociedad.
Proyectan un juzgado por cada distrito
El poder judicial se encamina en un proceso de reestructuración para llegar a todos los rincones de la ciudad y en niveles más positivos en lo que a aplicar la ley se refiere. Las casas judiciales se deben multiplicar en los diferentes distritos de la ciudad, desconcentrando tareas del Palacio de Justicia que ya enfrenta problemas en su obsoleta estructura. Para esto se necesitan más jueces y el Colegio de Abogados pide que esos ítems se otorguen a profesionales locales.
Las primeras seis casas de justicia que la municipalidad cruceña ha construido en la zona de Los Chacos, zona norte, Plan 3.000 y la Villa 1ro de Mayo, por citar algunas, son edificios donde se han asignado jueces que atienden casos de violencia familiar y procesos penales entre otros, que hasta el año pasado se concentraban en el edificio situado sobre la avenida Uruguay, entre Beni y Monseñor Rivero. Los motivos para el traslado de miles de proceso judiciales son varios y diferentes. Mirael Salguero, presidente del Tribunal Departamental de Justicia, explica que "debemos desconcentrar la justicia y conseguir que sea accesible a todos los ciudadanos". Entre los motivos, Salguero comenta que "la estructura del edificio está trabajando a su tope de capacidad y eso es muy peligroso, por ello se ha tomado esta decisión".
Angélica Zapata, que preside el Colegio de Abogados, aplaude la medida pero critica el cómo se está realizando. "Muchos abogados y litigantes se han visto perjudicados porque sus causas han terminado, una en Los Chacos y otras en la zona norte". Zapata considera que para realizar la desconcentración del poder judicial "se debe tomar en cuenta la ubicación de los afectados".
Belaúnde se entrega y la Conare revisa su extradición
El empresario peruano y exasesor del presidente del Perú, Ollanta Humala, Martín Belaúnde se entregó ayer a la Policía tras conocer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó su detención preventiva con fines de extradición.
Detenido en oficinas de la Felcc. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió ayer la detención preventiva contra Belaúnde, que se encuentra en Bolivia con una solicitud de refugio desde el 16 de diciembre de 2014.
El ministro de Gobierno, Jorge Perez, informó que el peruano fue trasladado hasta las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la calle Sucre en La Paz.
Cadena A informó que el empresario prófugo de la justicia peruana salió acompañado de sus allegados. El operativo se dio en la calle 6 de Bajo Llojeta, en la periferia suroeste de La Paz.
No se violó la norma de refugio. Belaúnde cuenta con 10 días para defenderse. La detención preventiva ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia se basó en el parágrafo tercero del Artículo 5 del reglamento de la Ley 251 de Protección a Personas Refugiadas que establece: "Sin perjuicio de la aplicación de los principios de no devolución e improcedencia e la extradición, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado no impedirá la sustanciación del procedimiento de extradición".
Para Saúl Paniagua, abogado internacionalista, la detención de Belaúnde es correcta y no viola la norma del refugio, ya que de por medio hay una solicitud de extradición. "La aprehensión es una medida precautoria para tramitar la extradición, el Tribunal Supremo de Justicia es el encargado de conceder o no dicha extradición, pero finalmente será el presidente del Estado quien tiene la potestad de vetar o no esa resolución", dijo Paniagua.
Su abogado toma acciones ante la Conare. Jorge Valda, abogado de Belaúnde en Bolivia, se dirigió hasta las instalaciones de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) para tomar acciones contra la detención preventiva.
Martín Belaúnde estaba vestido con una chompa verde y un pantalón de tela. No se encontraba enmanillado en el momento de abandonar el domicilio. De acuerdo a la red televisiva, la casa donde se encontraba el peruano es del famoso vidente conocido como el "Curaba Blanco".
"Tras que se supo públicamente una resolución emitida por parte del Tribunal de Justicia en Sucre, el señor Belaúnde se comunicó con los efectivos de la policía boliviana, indicando que había tomado conocimiento de dicha situación, indicando en qué lugar se encontraba", indicó el ministro Pérez.
• Según el abogado del empresario, José Urquizo, existe una "colisión de normas", porque la orden de detención contradice las leyes bolivianas, que señalan que las personas que han solicitado refugio no puede ser expulsadas ni extraditadas mientras se resuelva su pedido.
• Belaúnde sostiene que es inocente y aseguró que "nunca" ha cometido ningún delito de corrupción.
• Belaúnde Lossio, quien fue amigo cercano de Humala y su esposa, Nadine Heredia, participó como asesor en la primera campaña electoral de 2006 y colaboró en la de 2011. Además, estuvo en el círculo de poder hasta que se descubrió que dirigía una red de corrupción.
Las acusaciones contra el exasesor de Humala
Ilícitos. El exasesor de campaña de Ollanta Humala está acusado de asociación ilícita, lavado de activos y malversación de recursos públicos, por los cuales un tribunal peruano ordenó detenerlo. En diciembre, el empresario pidió refugio político en Bolivia, solicitud que ahora es considerada por la Conare.
Respeto. El pasado 9 de enero, Belaúnde, que es buscado por la justicia de su país, dijo que pidió refugio político y que respetará las decisiones que tome el Gobierno de Bolivia.
Decisión judicial Calvimontes tiene 5 días para disculparse
El ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, tiene cinco días para disculparse públicamente con el suspendido magistrado Gualberto Cusi por las revelaciones y declaraciones sobre la enfermedad que padece, así refiere la resolución del Juzgado Séptimo de Sentencia del Tribunal de Justicia de La Paz.
El proceso por los delitos de difamación, calumnias e injurias se extinguirá en favor del ministro Calvimontes, según el abogado de defensa del magistrado Cusi, Eduardo León. "El proceso continuará si no se sigue la determinación judicial", dijo.
León manifestó que en la audiencia de conciliación del caso, el Ministro de Salud admitió su culpa y responsabilidad por las declaraciones que hizo en contra de Cusi.
A su turno el directo afectado por las revelación y declaraciones del ministro Calvimontes, Gualberto Cusi, manifestó que el dignatario de Estado debe retractarse para resarcir el daño provocado en su persona.
La pasada semana, la defensa de Gualberto Cusi presentó ante el Ministerio Público la querella penal por discriminación contra el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes. En la demanda también está incluida la directora del Hospital de la Caja Petrolera de Salud (CPS), María Teresa Bilbao. Para ambas personas solicitan la detención preventiva.
Eduardo León, abogado de Cusi dijo que insistirán "hasta las últimas consecuencias en esta denuncia" para señalar que esta demanda también se extiende contra todas las personas que hubieran sido autores materiales o intelectuales del hecho delictivo en el que se violaron derechos constitucionales de su cliente.
El criterio legal para la querella es que se violentó el derecho a la privacidad que tenía su cliente y que fue develado por la autoridad en salud, en conferencia de prensa, además del respeto a su imagen, que en su criterio debe ser observado por las autoridades llamadas por ley en lo que señala la Ley 045, y peor aún una autoridad: "Una autoridad pueda divulgar hechos de una persona, que pueda violentar el derecho a la personalidad y el Ministro ha incurrido en estos delitos se lo ha presentado en un expediente de 400 fojas, donde se constan las declaraciones videos y normas que hacen al conjunto que se vaya a determinar la autoridad que investigue el caso".
Detención preventiva con fines de extradición para Belaunde
El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó ayer por la mañana, el Auto Supremo en el que se determinó la detención preventiva “con fines de extradición” para Martín Antonio Belaunde Lossio, el empresario peruano, exasesor del presidente Ollanta Humala, acusado en su país de gestionar, en gobiernos regionales, intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos estatales, con el fin de obtener beneficios económicos personales.
Belaunde, quien cuenta con orden de aprehensión en su país, desde el 11 de septiembre de 2014, en diciembre, solicitó a la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) de Bolivia, la condición de asilado político y en conferencia de prensa, efectuada el 9 de enero de este año, en la ciudad de Santa Cruz, afirmó que es un perseguido político, debido a su "ideales socialistas" y que al temer por su vida, el 1 de diciembre, decidió cruzar la frontera hacia nuestro país, vía Desaguadero.
De acuerdo con la explicación de la magistrada Maritza Suntura, miembro TSJ, el Auto Supremo fue dictado en atención a la nota enviada por la Embajada del Perú el 5 de enero de este año, en la que se solicitaba "el arresto provisorio, con fines de extradición" de Belaunde.
Suntura detalló que se consideraron varios aspectos pero en especial los términos expresados en el parágrafo tres del artículo cinco del reglamento a la Ley 251, de Protección a Personas Refugiadas, que indica: "Sin perjuicio de la aplicación de los principios de no devolución e improcedencia de la extradición, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, no impedirá las sustanciación del procedimiento de extradición".
De acuerdo con la interpretación del TSJ, sí se puede proceder a la detención preventiva con fines de extradición, de manera independiente al pedido de Belaunde, para ser beneficiado con el refugio político en Bolivia.
"No debemos confundir que la detención preventiva con fines de extradición es diferente a la extradición misma, porque acá, lo que se ha pedido, a través de la Embajada (del Perú) es arresto provisorio, lo que para nosotros es igual a la detención preventiva con fines de extradición", detalló Suntura en entrevista con la Red Erbol. Para este trámite, la Embajada del Perú tiene un plazo de 45 días.
En tanto, el Conare, desde la última audiencia declaratoria con Belaunde, tiene un plazo de 120 día para hacer conocer si Belaunde se beneficia con el refugio.
Suntura señaló que el Conare debe informar de esta determinación al TSJ, el mismo día en que sea tomada.
DETENCIÓN EN CONARE BOLIVIA
Por otro lado, la magistrada Suntura, puntualizó que la Sala Plena del TSJ, al no poder emitir el mandamiento de detención, este debió ser expedido por un Juez de Instrucción en La Paz, ya que por información del Conare y la misma Embajada del Perú, Belaunde declaró su domicilio en esta ciudad.
Además, señaló que la determinación de la detención preventiva debía efectuarse en predios del Conare, esto en resguardo de los derechos que le competen a Belaunde, como solicitante del asilo, pues esta condición lo excluye de ser tratado como una persona que cometió un delito común.
En este sentido, Jorge Valda, abogado de Belaunde, señaló que a pesar de que su cliente reconoce la determinación del TSJ, es "un tanto arbitraria", por lo cual será apelada, para que el fallo sea reconsiderado, pues a pesar de la explicación de la magistrada Suntura, el abogado considera que no se tomó en cuenta la Ley 251, del 2012, y el fallo sólo se basó en el tratado de extradición entre los dos países del 2003.
Conocido el Auto Supremo emitido en Sucre, a las 14.00 en La Paz, encabezados por el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, la Policía Nacional, a requerimiento del Tribunal Departamental coadyuvado por el Ministerio Público, procedieron a la detención preventiva de Belaunde, alojado en el domicilio de la zona Bajo Llojeta, perteneciente a Yuliano Arista "Curaca Blanco", quien declaró que el exasesor era el primo de su esposa.
Según Valda, su cliente, de manera voluntaria, tomó contacto con la Policía boliviana para indicar la dirección donde se encontraba, a fin de ponerse a conocimiento de la autoridad, pues Belaunde mantiene la confianza en la justicia de Bolivia, la versión fue corroborada por el ministro Pérez.
Según fuentes gubernamentales, el operativo que se ejecutó a las 14.00 horas ya estaba preparado tiempo antes, a la espera de la determinación emitida por TSJ, por lo que luego de la confirmación, se procedió a la detención de Belaunde.
Investigarán patrimonio de los fiscales del país
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer que en los próximos días se pondrá en marcha la Unidad de Investigaciones Patrimoniales del Ministerio Público que se encargará de investigar las cuentas bancarias y los bienes de los fiscales, asistentes y todos los servidores del Ministerio Público.
Guerrero hizo el anuncio en el marco del lanzamiento del Programa Nacional de Unidades para Delitos de Flagrancia que permitirá atender por parte de los fiscales y jueces, de forma casi inmediata, los hechos delictivos que estén enmarcados en este ámbito.
Dijo que se conocerá el patrimonio de cada uno de los fiscales de acuerdo a los ingresos que perciben y en caso de que exista alguna irregularidad o sospecha de delito, se procederá a una investigación inmediata.
En 2014 el Ministerio Público recibió 450 denuncias contra los fiscales de los cuales se han destituido a 30, un número similar recibió sanciones de suspensión, multas y llamadas de atención.
Guerrero señaló que las denuncias anunciadas por la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, contra algunos fiscales a la fecha no llegaron a su despacho.
Guerrero y la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, lanzaron ayer en Cochabamba el Programa para Delitos de Flagrancia. Guerrero indicó que después de conocer el resultado “exitoso” del programa piloto de unidades de flagrancia hace tres meses en cuatro departamentos: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Santa Cruz, se tomó la decisión de ampliar el ámbito de acción.
“Hemos atendido 408 casos de los cuales se han resuelto 350, más o menos el 86 por ciento. Hemos obtenido sentencias incluso de 30 años, uno de esos casos es aquí en Cochabamba y en Santa Cruz hemos obtenido sentencia de 12 o de 8 años en temas de robo agravado”, dijo.
Con este programa se resolverán delitos relacionados con violencia contra la mujer, robo, hurto, violación y narcotráfico entre otros. Sin embargo, los que tienen relación con el tema de corrupción no, porque requieren de mayor información para su tratamiento.
Mamani dijo que es necesario ampliar y uniformar criterios para que se pueda aplicar el programa y su procedimiento desde Pando a Tarija. “Ahora estamos reunidos para que se aplique, que hayan jueces de flagrancia a nivel nacional”.
Indagan sobre privatización
El Ministerio Público designó en las últimas horas a un equipo de tres fiscales para el inicio de investigación respecto a las dos proposiciones acusatorias de la Cámara de Diputados contra exautoridades por llevar adelante o participar en el proceso de privatización de empresas en el país. Habrá un primer pronunciamiento al respecto en 30 días.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, dijo que el Legislativo remitió las proposiciones el pasado viernes en horas de la tarde y ayer por la mañana se dio el aviso mediante memorial a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el inicio de la investigación.
“El procedimiento es de 30 día hábiles para que nosotros realicemos toda la revisión y los actos investigativos y en 30 días la Fiscalía General se estará pronunciando sobre los resultados de esta etapa que corresponde”, señaló Guerrero. Aseguró que este proceso se llevará adelante mediante el modelo de la fiscalía corporativa.
Hace una semana la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó dos proposiciones acusatorias en contra de 13 exautoridades, incluidos Gonzalo Sánchez de Lozada y Samuel Doria Medina, por supuestos daños económicos causados con la privatización y capitalización de empresas entre 1989 y 2000.
En cuanto a las dificultades para aplicar el programa sobre delitos de flagrancia, el fiscal Ramiro Guerrero detalló que existieron varias debilidades en el proceso y que merecen ser ajustadas. Una de ellas es la falta de coordinación con los jueces que en un inicio fue “dificultosa”, porque no entraron a la dinámica debido a que este programa no implica que dejen los otros casos que investigan.
A esto se suma que el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) no estaba funcionando los fines de semana y feriados.
Otro tema pendiente es la ausencia de abogados de Defensa Pública. En el acto estuvo presente la ministra de Justicia Sandra Gutiérrez y vocales de los tribunales departamentales de justicia.
TSJ dispone detención inmediata del peruano Belaunde
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia aprobó este martes la detención preventiva del empresario, Martín Belaunde, de manera inmediata, respondiendo a una solicitud interpuesta por el Gobierno peruano.
“Ya está aprobada en sala plena la detención preventiva del señor Belaunde, la resolución ya fue notificada a Perú y a La Paz para que el Tribunal de Justicia departamental tome conocimiento y designe juez para resolver el mandamiento”, informó el presidente del TSJ, Jorge Von Borries.
Por su parte, el magistrado del TSJ, Gonzalo Hurtado, explicó que la sala plena dictó la resolución para que se proceda con el mandamiento de aprehensión para la detención preventiva y no así para la extradición en sí, toda vez que ese proceso debe cumplirse en un máximo de 45 días.
“La figura es mandamiento de detención preventiva para fines de extradición. Es decir que será detenido hasta que se formalicen los requisitos para fines de extradición, la detención debe desarrollarse en el domicilio que se registró al ingresar al país y debe dar cumplimiento la policía nacional”, explicó la autoridad.
Von Borries, señaló que la instancia que preside resolvió pedir la detención preventiva del empresario peruano "para que no se dé a la fuga y notificarle en el uso de sus derechos que se lo está buscando".
Programa facilitó que 349 personas sean sentenciadas
En tres meses de aplicación del Programa de Atención de casos en Flagrancia se logró 349 sentencias de los 408 casos atendidos, es decir, el 85 por ciento . La información la dio a conocer ayer el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
Los acusados recibieron penas entre 30, 10 y 8 años, en procesos que se desarrollaron en 24 y 48 horas, señaló la autoridad.
Se trata del programa piloto para las unidades de flagrancia que se implementó el pasado 20 de octubre en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca para la aplicación del procedimiento inmediato en delitos flagrantes.
EXPANSIÓN La duración de la experiencia era de tres meses, pero la misma será ampliada y replicada en todo el país.
En este sentido, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, informó sobre la implementación de unidades de flagrancia en los departamentos de Tarija, Oruro, Potosí, Beni y Pando desde hoy.
El objetivo de la medida es resolver los conflictos penales en el menor tiempo, reparar el daño integral de la víctima, aplicar una salida alternativa o sancionar al acusado. De esta manera se reducirá la retardación de justicia y se evitarán posibles hechos de corrupción.
DEFENSA PÚBLICA Guerrero señaló que debe ajustarse el trabajo desarrollado por los funcionarios de Defensa Pública, pues su presencia es indispensable para garantizar que no se vulneren los derechos de los acusados.
En ese sentido, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, adelantó que se realizarán ajustes en los horarios de defensores públicos todos los días, ya sea sábados, domingos y feriados.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Nuria González, destacó el trabajo continuo de los jueces y la coordinación con el Ministerio Público.
Fiscalía General y Consejo de la Magistratura Implementan programa contra delitos flagrantes
El Ministerio Público en coordinación con el Consejo de la Magistratura dieron por inaugurado la implementación del Programa Nacional de Flagrancia, luego de que en la gestión anterior se implementara un programa piloto en cuatro departamentos en los cuales se tuvo la resolución de 86 por ciento del total de casos atendidos en tres meses.
Ramiro Guerrero, fiscal general del Estado, señaló que la implementación del Programa Nacional de Delitos en Flagrancia tiene el objetivo de impedir el congestionamiento de casos en juzgados y fiscalías, evitar la retardación de justicia y luchar contra la impunidad, aplicando, con criterios uniformes y adecuados, el procedimiento inmediato en caso de delitos en flagrancia, respetando los derechos y garantías constitucionales.
Guerrero explicó que hace tres meses arrancó este el programa Piloto de Unidades de Flagrancia en las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre, que logró resolver 349 casos de 408 atendidos, con una efectividad del 86 por ciento, muchos de ellos con sentencias de 30 años en menos de 24 horas.
"Hoy tres meses después, haciendo una evaluación del trabajo, hemos tomado la decisión de aplicar este programa a nivel nacional, de ampliar la cobertura, de ampliar el trabajo de nuestros jueces y fiscales, eso es trabajar con eficiencia", señaló el Fiscal General.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, felicitó a los fiscales y jueces por los resultados de su trabajo y pidió seguir trabajando de manera coordinada con el único objetivo común que se tiene, que es el de transformar la justicia.
Guerrero instó a la Policía Nacional a trabajar de manera coordinada poniendo al servicio de la sociedad lo mejor de su profesionalismo en el avance de las investigaciones y al Ministerio de Justicia, mediante el Servicio Nacional de Defensa Pública, a trabajar para que no se vulnere ningún principio procesal.
El acto contó con la presencia presidentas y presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia de todo el país, lo cual, según el Fiscal General, demuestra un compromiso de transformar la justicia y de avanzar para mejorar cada día el sistema judicial, aspecto que se lo trabajará de manera conjunta y uniformizando criterios, en el marco de la absoluta independencia que tiene cada una de las instituciones.
"La crisis de la justicia no sólo la vamos a resolver los operadores de justicia, es una tarea de nuestro pueblo, de toda la institucionalidad, es una tarea de la sociedad, para desmontar esa estructura colonial y revolucionar la justicia, para poner al servicio de nuestro pueblo una justicia más eficaz, pronta, oportuna y totalmente transparente", finalizó.
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Una abogada pide la detención del fiscal Humberto Quispe
La abogada Carmiña Luna fue detenida en 2012 por el fiscal Humberto Quispe, quien la acusó de falsificar documentos. Un año y medio después, la jurista salió liberada del proceso, denunció al representante del Ministerio Público de sembrar pruebas, pero hasta la fecha no se inicia el proceso.
En noviembre de 2012, un operativo de la Fiscalía y del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP) termina con la detención de Luna y de otros abogados más. Quispe informó en ese entonces que en esas oficinas se hallaron cédulas en blanco y otros documentos falsificados.
Sin embargo, a finales de 2013 la abogada salió con sobreseimiento, ninguna de las acusaciones del fiscal tuvieron sustento, pero Luna tuvo que pasar un año y más con arresto domiciliario.
"Un día mi procurador se robó unos papeles de un edificio que yo estaba comprando. A las dos semanas yo denuncié el robo ante la Fiscalía. Pasaron otras dos semanas y el fiscal Quispe apareció con esa documentación en mi oficina, hizo el allanamiento sin orden y en las noticias salió que yo era parte de un grupo que falsificada documentos”, contó.
Dijo que aparte de la documentación del edificio que fue robada, Quispe sembró pruebas en la oficina de Luna.
Durante el proceso, Luna relató que tuvo que denunciar a Quispe ante el Ministerio de Gobierno e incluso ante la Fiscalía General, desde donde se emitió una sanción contra Quispe.
"En mi resolución de sobreseimiento demostré todo y me absolvieron del caso. El fiscal general (Ramiro Guerrero) se pronunció a mi favor y lo sancionó, pero ahora pedí un mandamiento de aprehensión que hasta la fecha el fiscal a cargo no da curso, ni siquiera lo llamó a declarar”, explicó Luna a este medio.
Asimismo, dijo que goza del respaldo del Ministerio de Gobierno. "Este señor goza de mucha influencia, hace tiempo ya era seguro que iba a ser destituido pero no pasó nada”, dijo.
Al respecto, el fiscal acusado señaló que él actuó ante la llamada del CEIP. "No tengo por qué sembrar nada porque para empezar no la conozco, era un operativo donde no se podía sembrar nada, ahí había todo, los certificados de nacimientos, cédulas de identidad que estaban en blanco”, explicó.
Aseveró que no se necesitó orden de allanamiento porque fue un operativo donde Luna y los otros fueron sorprendidos en flagrancia.
Quispe reconoció que fue sancionado, pero según él por haber "publicado el caso a través de los medios de comunicación”.
Robo José Luis Cuenca denunció en diciembre de 2014 a Humberto Quispe por el delito de robo. Según el afectado, el fiscal sustrajo objetos de una casa mientras hacía una reconstrucción de un atraco ocurrido en la casa de Cuenca. Asimismo, lo denunció de haber usado su vehículo que supuestamente tenía que estar retenido en la Policía.
Procesos Al menos 10 son las denuncias contra el fiscal Humberto Quispe que se ventilan en la justicia desde el año 2011. Los delitos por los que fue acusado son desobediencia a la autoridad, privación de libertad, uso indebido de influencias y cohecho pasivo, entre otros más.
Quispe niega militancia y protección del MAS
Ante las denuncias sobre la presunta militancia del fiscal Humberto Quispe al Movimiento Al Socialismo (MAS) y además la supuesta protección del partido de Gobierno, el aludido negó ambas acusaciones y aseveró que como ciudadano tiene derecho al voto.
"Yo no tengo ninguna militancia al MAS, pero como cualquier ciudadano estoy identificado con los principios, con los ideales, como cualquier otro ciudadano porque no puedo hacer política pero sí tengo derecho al voto”, afirmó Quispe.
El fiscal fue filmado por Unitel hace unos dos meses en un acto proselitista del MAS en la ciudad de El Alto. Al respecto, dijo que nunca estuvo en él aunque luego reconoció que estaba afuera de ese encuentro.
"Para estar en un acto yo tendría que estar al medio de las personas, yo estaba observando afuera, ¿acaso no tengo derecho a mirar?, le pregunté (al periodista)”, declaró Quispe.
La justicia en Bolivia tiene ambas piernas amputadas.
¿Qué opina de la circular 071 del Tribunal Electoral que ha consumado una suerte de “Ponchazo” con lo que quedan fuera de la carrera importantes candidatos opositores?
El Tribunal Electoral es un brazo represor del régimen que preside Evo Morales. Otro ejemplo de una autocracia cada vez más intolerante y abusiva, que no admite la pluralidad política. En democracia no hay razón política para impedir que las personas accedan al derecho de ser elegidos, que el poder político actual en Bolivia ignora para lograr la dominación total. Dejar fuera de la contienda electoral a candidatos de oposición remite a la forma como Morales y compañía se arroparon en el proceso democrático de 2005, para ir transformándose más temprano que tarde en lo que son hoy: dictadores disfrazados de demócratas. Aquí “la justicia no solo cojea, sino que suele tener ambas piernas amputadas” como se refiere la venezolana Paulina Gamuz, a la administración de justicia en América Latina.
A esto se le suma un nuevo juicio contra Doria Medina y otros líderes políticos por las privatizaciones. Todo indica que se quiere proscribir la política para cualquiera que no esté con el MAS. ¿Qué opina de estas medidas?
Es otra forma, quizás más acabada, de los que son: autócratas que no admiten ni la existencia de “los otros”, por lo tanto, ni pensamiento político diferente, ni debate político, ni crítica. Pretenden imponer el pensamiento y partido único. Así, la mayoría de Bolivia solo conoce “el país de las maravillas”, es decir de mentira, que pintan el oficialismo y sus medios, y otros funcionales, pues el poder político que impone miedo. Enjuiciar a Doria Medina por “privatizador” es un absurdo. Esa controversia se resolvería, por ejemplo, preguntando a los extrabajadores y cañeros proveedores del Ingenio Azucarero Guabirá, si esa medida no les fue favorable en los años 90 del siglo pasado. Hoy son dueños accionistas. No se vendió ese ingenio al capital transnacional, sino a cruceños y bolivianos.
Mal inicio para una campaña electoral ¿Qué perspectivas le ve?
Demasiado odio y sed de venganza contra todo oponente político. En el caso de Doria Medina entra en juego la venta de sus acciones y de su familia de la cementera SOBOCE, y que no hubiera dejado ese dinero, 300 millones de dólares, en Bolivia. Fue una operación abierta, no entre cuatro paredes, tras años y años de trabajo productivo. Sin embargo, ¿cómo podemos los ciudadanos enterarnos de qué forma y en cuánto se han enriquecido los dirigentes actuales del bloque en el poder, sin que se les conozca trabajo productivo y legal alguno? Tampoco es un misterio, tan sencillo como haber usado y abusado del poder político para el enriquecimiento personal. Lo que no sabemos son las sumas. Ahí juegan con el mayor secretismo, como en las mafias.
El vicepresidente García Linera ha dicho que toma nota de todos los que insultan al presidente Morales a través de las redes sociales. ¿Qué opina?
En términos políticos, esa es la práctica de toda dictadura: espiar, meterse en la vida de los otros, amenazar, castigar, torturar, meter preso, hasta matar. Ahí no hay secretos. ¿Recuerda esa magnífica película “La vida de los otros” sobre el sistema represivo-opresivo-irrespirable en la llamada República Democrática Alemana? En esa época era con micrófonos y grabadoras. La tecnología le hace el trabajo más fácil y más barato al “Vice”, pero lo pinta de cuerpo entero, pues sigue en la época del terror jacobino, según sus propias palabras, pretenciosas como él mismo: “Yo me veo como uno de los últimos jacobinos de la Revolución Francesa y veo a Evo como Robespierre”.
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