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Timestamp: 2020-03-31 09:47:10+00:00

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﻿ Sentencia 1482-05 de abril 2 de 2009
SENTENCIA 1482-05 DE 02 DE ABRIL DE 2009
CONTENIDO:PROCEDENCIA O NO DE LA VINCULACIÓN DE APRENDICES PARA DETERMINADOS SECTORES. ES NECESARIO QUE LA EMPRESA O EMPLEADOR REÚNA LOS REQUISITOS QUE TRAE LA LEY 789 DE 2002 PARA QUE PUEDA O DEBA VINCULARLOS, A PARTIR DE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECÍFICAS DE CADA ACTIVIDAD SE PUEDE DEDUCIR SU OBLIGACIÓN DE VINCULAR APRENDICES, TENIENDO EN CUENTA QUE EL TÉRMINO DE EMPRESA SE DEBE ENTENDER EN SU SENTIDO LATO, NO ESTÁ RESTRINGIDA A SU DEFINICIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUES NO DE OTRA FORMA SE PODRÍA ENTENDER QUE EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 789 DE 2002, HUBIESE INCLUIDO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE POR SU NATURALEZA NO PUEDEN SER CONSIDERADAS EMPRESAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE APRENDIZAJE
Sentencia 1482-05 de abril 2 de 2009
Rad.: 11001-03-25-000-2005-00047-00(1482-05)
Actor: Guido Rafael Lossada Aduén
Consiste en decidir si procede anulación, solicitada por el ciudadano Guido Rafael Lossada Aduén, de las expresiones “empleadores” y “empleador” contenidas en los artículos 11 y 14 del Decreto 933 de 2003, que reglamenta el contrato de aprendizaje a que hace referencia la Ley 789 de 2002, por cuanto considera que varió el sentido y cobertura de la norma reglamentada pues la norma legal solo se dirige a las denominadas “empresas”.
Las expresiones acusadas corresponden a la parte destacada de los artículos 11 y 14 del Decreto 933 de 2003, normas que establecen:
PAR. 3º—El patrocinador podrá aumentar la cuota de aprendices, sin exceder el doble de la misma, siempre y cuando mantenga el número de empleados que venían vinculados y que sirvieron como base para el cálculo de su cuota mínima de aprendices, debiendo informar este incremento a la regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, donde funcione su domicilio principal.
PAR. TRANS.—Los patrocinadores a quienes el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, no les haya determinado la cuota de aprendices en el marco de la Ley 789 de 2002, deberán establecer la cuota de aprendices, seleccionarlos, contratarlos o monetizarla e informar a esa entidad, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a la vigencia del presente decreto. El incumplimiento de esta obligación acarreará la imposición de las sanciones previstas en la Ley 119 de 1994” (1) .
PAR.—La cancelación de la multa no exime al patrocinador del pago del valor equivalente a la monetización por cada una de las cuotas dejadas de cumplir” (lo destacado corresponde a lo demandado).
El demandante pide, además, la anulación de las locuciones “empleadores” y “empleador”, contenidos en la totalidad del Decreto 933 de 2003.
El decreto acusado, como se deduce de su contenido, se fundamentó en los artículos 189-11 de la Carta Política (2) y reglamentó los artículos 12, 30 y 32 de la Ley 789 de 2002, normas que establecen:
“ART. 12.—Capacitación para inserción laboral. De las contribuciones parafiscales destinadas al Servicio Nacional de Aprendizaje, se deberá destinar el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que recibe por concepto de los aportes de que trata el numeral 2º del artículo 11 y el numeral 2º del artículo 12 de la Ley 21 de 1982, para la capacitación de población desempleada, en los términos y condiciones que se determinen por el Gobierno Nacional para la administración de estos recursos, así como para los contenidos que tendrán estos programas. Para efecto de construir y operar el sistema nacional de registro laboral de que trata el artículo 42 de la presente ley, en los términos y condiciones que se fijen en el reglamento, el SENA apropiará un cero punto uno por ciento (0.1%) del recaudo parafiscal mientras sea necesario.
PAR. TRANS.—Los contratos de aprendizaje que se estén ejecutando a la promulgación de esta ley, continuarán rigiéndose por las normas vigentes a la celebración del contrato” (3) .
Sobre la naturaleza y características de la relación de aprendizaje esta sección en reciente sentencia del 19 de junio de 2008 (4) , precisó:
“Las principales características del contrato o relación de aprendizaje en la regulación de la Ley 789 de 2002 son, en síntesis, las siguientes (5) :
d) La remuneración del aprendiz no tiene naturaleza salarial; se denomina “apoyo de sostenimiento mensual” y tiene como finalidad “garantizar el proceso de aprendizaje”. El monto de este apoyo no puede ser objeto de negociación colectiva por expresa disposición legal. El aprendiz debe recibir ese apoyo “durante toda la vigencia de la relación”. En la fase lectiva, la cuantía será del 50% del salario mínimo legal mensual. En la fase práctica, dicho apoyo equivale, por regla general, al 75% del salario mínimo legal mensual (6) . En todo caso, si el aprendiz es estudiante universitario, el apoyo de sostenimiento mensual no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual.
f) Se admiten en la regulación legal diversas modalidades de contrato de aprendizaje: 1) En primer lugar, puede consistir en prácticas con estudiantes universitarios, técnico o tecnólogos, caso en el cual no hay lugar a brindar formación académica, de modo que la relación de aprendizaje se circunscribe “al otorgamiento de experiencia y formación práctica empresarial”. Es posible también, en el caso de los estudiantes universitarios, que el contrato de aprendizaje implique el cumplimiento de actividades de 24 horas semanales en la empresa y al mismo tiempo el cumplimiento por el aprendiz del desarrollo del pensum de su carrera. 2) Una segunda modalidad de aprendizaje puede darse en empresas, respecto de estudiantes que se encuentren cursando los últimos dos años de educación media. 3) Otra modalidad es la del “aprendiz alumno” matriculado en el SENA de acuerdo con la regulación tradicional de la formación de esa entidad. 4) Se contempla, finalmente, la modalidad del “aprendiz de capacitación de nivel semicalificado”, es decir, la capacitación “que se orienta a formar para desempeños en los cuales predominan procedimientos claramente definidos a partir de instrucciones específicas”, en los cuales las exigencias de educación formal y experiencia son mínimas.
i) Se regula en la ley igualmente la selección de aprendices y de los oficios u ocupaciones objeto del contrato: esta selección corresponde autónomamente a la respectiva empresa obligada a la vinculación de aprendices, “de acuerdo con los perfiles y requerimientos concretos de mano de obra calificada y semicalificada así como la disponibilidad de personal que tenga para atender oficios u ocupaciones similares”, y puede también acudir a los listados elaborados por el SENA, “priorizando la formación semicalificada, técnica o tecnológica”. En principio, pueden ser objeto del contrato de aprendizaje “todos los oficios u ocupaciones que requieran de capacitación académica integral y completa para su ejercicio y se encuentren reconocidos como propios de formación educativa técnica-profesional, tecnológica o profesional universitaria titulada”.
El demandante censura la expedición del decreto acusado por violación de los artículos 30 y 32 de la Ley 789 de 2002, en tanto considera que el Gobierno Nacional excedió su potestad reglamentaria al modificar tanto el contenido como el espíritu de la ley, que solo rige para las empresas, mientras que, el decreto reglamentario con las expresiones acusadas extendió su campo de aplicación a los empleadores o al empleador.
Alega que la finalidad de la norma es que el aprendiz, al terminar su preparación electiva y técnica, se vincule laboralmente con la empresa donde hace su práctica y esto sólo se logra cuando se hace en una empresa, porque no todo empleador es empresario. A título de ejemplo señala que en las instituciones educativas, que pueden ser empleadores no empresarios, no pueden tener aprendices porque esto afectaría la calidad de la educación en la medida en que los aprendices después no pueden desarrollar las cátedras.
Conforme al panorama descrito, para la Sala, las normas acusadas no desconocen ni exceden el sentido de la norma que reglamentan, por las siguientes razones:
En efecto, empresa, en su acepción pertinente, significa: “2. f. Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” (7) ; la norma acusada, efectivamente, utiliza las expresiones “empleador”, que representa al “que emplea” (8) , por ello de su lectura no se deduce que extienda su campo de aplicación a todos los empleadores sino que debe entenderse que la reglamentación es para las empresas que cumplan las condiciones que la ley señala para vincular aprendices a su organización.
2. Dentro del contrato individual de trabajo hay dos sujetos, el primero de ellos es el “trabajador”, quien es una persona natural que presta un servicio de manera personal, es decir, debe hacerlo él mismo, sea hombre o mujer, sin ayuda o intervención de ningún otro; el segundo es el “empleador” (9) , quien puede ser una persona natural o jurídica, sobre quien recae la prestación del servicio y otorga la remuneración que es la retribución o contraprestación del servicio prestado (10) .
De esa persona natural o jurídica puede depender una “unidad de explotación económica” llamada empresa o varias de ellas y la ley tiene los mecanismos para considerarlas como una sola empresa, conforme al artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo (11) .
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido que los términos patrono (entiéndase empleador) y empresa no son equivalentes (12) . El empleador es una persona natural o jurídica, es decir, sujeto de derechos, y la empresa es la una unidad de explotación económica o las varias dependencias de una misma persona, es un simple objeto de derechos, por ello no deben confundirse los sujetos con los objetos.
Ahora bien, el decreto acusado se refiere a los sujetos de derechos, que en este caso lo comportan las expresiones acusadas “empleadores” y “empleador”, que son quienes deben vincular a los aprendices, por ende, el decreto acusado no vulneró las normas superiores en que debió fundarse, pues estas expresiones, simplemente, se refieren a los destinatarios de la norma.
3. De otro lado, la Sala comparte lo señalado por el Ministerio Público, en su concepto fiscal, cuando precisa que tanto la Ley 789 de 2002 como el decreto acusado, utilizan el término de empresa no está restringida a su definición técnica del artículo 25 del Código de Comercio (13) , sino que debe entenderse en su sentido lato, pues no de otra forma se podría entender que el artículo 32 de la Ley 789 de 2002, hubiese incluido a las entidades públicas, que por su naturaleza no pueden ser consideradas empresas.
4. Finalmente, en lo que se refiere a la procedencia o no de la vinculación de aprendices para determinados sectores, como el educativo, la Sala se abstendrá de precisar tal punto, pues solo a partir de las condiciones particulares y especificas de cada actividad se puede deducir su obligación de vincular aprendices, pues, se insiste, lo sustancial es que la empresa o empleador reúna los requisitos que trae la Ley 789 de 2002 para que pueda o deba vincularlos.
(1) ART. 11-1.—Adicionado por el Decreto 3769 de 2004, artículo 1º, posteriormente corregido por el Decreto 4246 de 2004, artículo 1º. Para efecto de la determinación de la cuota de aprendices de que trata el artículo 33 de la Ley 789 de 2003, en las empresas de servicios temporales solo se tendrá en cuenta el número de trabajadores de planta, esto es, aquellos que se dedican al suministro temporal de personal.
(3) Artículo declarado exequible, por los cargos estudiados, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-038-04 de 27 de enero de 2004, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett.
(4) Expediente 11001032500020030027401, número interno: 2799-2003, demandantes: Pamela Miranda Hernández y Sara Milena Cuestas Garcés, magistrado ponente Gerardo Arenas Monsalve.
(5) Ley 789 de 2002, artículos 30 a 41.
(6) La Ley 789 fijó una excepción a esta regla: cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del 10%, el apoyo de sostenimiento en la fase práctica será del 100% del salario mínimo legal mensual (véase el artículo 30).
(7) Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición.
(8) Ibídem nota al pie anterior.
(9) Ley 50 de 1990 ART. 107.—La denominación “patrono” utilizada en las disposiciones laborales vigentes se entiende reemplazada por el término “empleador”.
(10) El artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, establece: “1. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración.
2. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera {empleador}, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario”.
(11) Norma que establece: “ART. 194.—Definición de empresa. 1. Se entiende como una sola empresa, toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, que corresponda a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio.
4. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa de que trata el presente artículo, para lograr el cumplimiento de las leyes sociales. También podrá ser declarada judicialmente”.
(12) Cfr. sentencias del 31 de octubre de 1957, 18 de abril de 1958 y 12 de diciembre de 1959.
(13) “ART. 25.—Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio”.

References: ARTÍCULO 25
 ARTÍCULO 32
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 42
 artículo 194
 artículo 25
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 30
 artículo 22