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Timestamp: 2019-04-21 08:06:14+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-2977
Documento BOE-A-2019-2977
«BOE» núm. 53, de 2 de marzo de 2019, páginas 20376 a 20384 (9 págs.)
BOE-A-2019-2977
https://www.boe.es/eli/es/rd/2019/03/01/90
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de marzo de 2019,
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, destinadas a indemnizar, en el ejercicio presupuestario de 2019, tanto a los abogados y procuradores de los tribunales por las actuaciones profesionales realizadas, al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, siempre que tengan por destinatarios a quienes sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores de los Tribunales el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
2. Asimismo, este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales, de las aportaciones del Estado, en el ámbito de su competencia, destinadas a indemnizar a los psicólogos en la prestación de atención psicológica a las víctimas de todo tipo de delitos en el ejercicio presupuestario 2019.
1. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto, atendiendo al carácter singular que se deriva de las excepcionales circunstancias en que ha de realizarse la actividad subvencionada y dado que concurren razones de interés público y de reconocimiento de derechos fundamentales que determinan la improcedencia de su convocatoria pública, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley.
2. Para la concesión de las subvenciones será de aplicación la normativa específica que las regula y en su defecto la Ley General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo.
3. La concesión de las subvenciones se realizará mediante resolución del titular de la Secretaría de Estado de Justicia en la que se detallará la cuantía máxima concedida para la ejecución de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de atención a las víctimas de todo tipo de delitos, las actuaciones concretas a financiar, y se determinará el plazo de presentación de la memoria y la cuenta justificativa final prevista en el artículo 8.
4. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución será de un mes a partir del momento en que el órgano otorgante disponga de la documentación a que se refiere este real decreto. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
5. La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
6. La resolución de concesión de las subvenciones pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el Ministerio de Justicia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
a) El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia.
b) El Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos.
2. Estas entidades, en coordinación con el Ministerio de Justicia, desarrollarán las siguientes actuaciones:
a) Por lo que se refiere a la asistencia jurídica gratuita, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, se financiarán las siguientes actuaciones profesionales:
1.º Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.
3.º Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, se de alguna de las siguientes circunstancias:
i. Su intervención sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
ii. Tratándose de delitos leves, la persona frente a la que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de la infracción de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de asistencia jurídica.
b) Por lo que se refiere a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos:
1.º Atención psicológica especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
2.º Colaboración en la realización de pericias psicológicas a solicitud de los órganos judiciales en el ámbito del Ministerio de Justicia.
3. El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita, y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, con carácter previo a la concesión de la subvención, deberán acreditar, el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria de la subvención, así como estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y no ser deudora por procedimiento de reintegro, comprometiéndose las entidades subvencionadas a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención.
1. El importe máximo de las subvenciones será el siguiente:
a) Al Consejo General de la Abogacía Española: 45.003,22 miles de euros.
b) Al Consejo General de los Procuradores de España: 3.673,25 miles de euros.
c) Al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos: 1.051,80 miles de euros.
2. La subvención tendrá carácter anual y se financiará, respectivamente, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 13.02.112A.483, 13.02.112A.484 y 13.02.112A.488 del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Justicia.
1. El pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita se efectuará por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda. Mensualmente el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudores por procedimiento de reintegro.
2. El pago de la subvención en lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos se efectuará por periodos mensuales vencidos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda.
3. Con carácter previo al pago, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos deberá rendir justificación ante el Ministerio de Justicia del cumplimiento de las condiciones impuestas, de la consecución de los objetivos y de la efectiva realización de la actividad.
Artículo 8. Memoria y cuenta justificativa final.
1. Con carácter general, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
a) Cumplir el objetivo, realizar la actividad y adoptar el comportamiento en que se fundamenta la concesión de subvención, en la forma, condiciones y plazo establecidos en la resolución de concesión, aportando los datos cuantitativos necesarios para la correcta evaluación de las actuaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de este real decreto.
d) Remitir al Ministerio de Justicia, dentro del mes natural siguiente al de la finalización de cada mes, una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas.
e) Someterse a las actuaciones de control y seguimiento de la aplicación de los fondos destinados al proyecto subvencionado mediante la verificación de documentos y a la evaluación continua y final por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, así como al control financiero de los mismos por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas.
2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. El órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida será el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición adicional única. Efectos económicos.
1. Los abonos previstos en el apartado 1 del artículo 6 correspondientes a:
Las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2018, correspondientes al Consejo General de la Abogacía Española, y a las actividades realizadas en los meses de noviembre y diciembre del año 2018 correspondientes al Consejo General de Procuradores de España, así como la cuantía restante de abonar al citado Colegio Profesional, relativa a la regularización de baremos recogida en la Orden JUS/117/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, serán liquidados y satisfechos durante el primer trimestre de 2019.
2. Los abonos previstos en el apartado 2 del artículo 6 correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del año 2018, para la asistencia psicológica, serán liquidados y satisfechos durante los tres primeros meses de 2019.
Disposición transitoria primera. Regularización de los primeros meses de 2019.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.1, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio en relación a los meses completos de 2019 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 6.3, el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos remitirá al Ministerio de Justicia una justificación de la actividad realizada en los meses completos de 2019 anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto, a los efectos de su correspondiente libramiento en el mes siguiente al de su presentación.
Disposición transitoria segunda. Pago de los últimos meses del año 2019.
1. El pago de las subvenciones correspondientes al último trimestre del año 2019 en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en el primer trimestre de 2020.
2. El pago de las subvenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2019 en lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos y en aplicación de las disponibilidades presupuestarias, se podrá efectuar por el Ministerio de Justicia en los dos primeros meses de 2020.
3. Lo establecido en los puntos 1 y 2 de esta disposición transitoria no afectará al régimen de acreditación mensual que establecen para el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos los artículos 6.1, 6.3 y 9.2 letra d) del presente real decreto.
4. En todo caso, el pago correspondiente a diciembre de 2019 se efectuará el primer trimestre de 2020, una vez acreditada la prestación del servicio de conformidad con lo previsto en este real decreto.
Se faculta a la Ministra de Justicia para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
CITA Ley 35/1995, de 11 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-26714).

References: real decreto 
 real decreto 
 artículo 22
 artículo 28
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 124
 artículo 46
 artículo 6
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 8
 artículo 14
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 6
 real decreto 
 artículo 6