Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=20
Timestamp: 2020-04-03 01:36:20+00:00

Document:
Case 11.193, Informe No. 97/03, Shaka Sankofa (Estados Unidos)
Caso 12.644, Informe No. 90/09, José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García (Estados Unidos)
Caso 12.562, Informe No. 81 /10, Wayne Smith, Hugo Armendáriz y otros (Estados Unidos)
Caso 12.776, Informe No. 81/11, Jeffrey Timothy Landrigan (Estados Unidos)
Caso 12.028, Informe No. 47/01, Donnason Knights (Granada)
En el Informe No. 52/02, fechado el 10 de octubre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena e imposición de sentencia a pena de muerte de Ramón Martínez Villareal; y b) ejecutar el Estado al señor Martínez Villareal de conformidad con el proceso penal del que se trata en este Caso, el Estado perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo I de la Declaración Americana.
1. Otorgue al señor Martínez Villareal una reparación efectiva que incluya un nuevo juicio de conformidad con las garantías del debido proceso y un juicio imparcial que le confieren los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana o, de no poderse celebrar un nuevo juicio en cumplimiento de estas garantías, la puesta en libertad del señor Martínez Villareal.
El Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado remitió a la Comisión a sus comunicaciones anteriores relativas a su informe de fondo en las que señaló que el señor Villareal padece de una discapacidad mental y que su sentencia de muerte quedó sin efecto. El Estado también informó que el señor Villareal fue liberado el 4 de octubre de 2006. Puesto que ha sido liberado, Estados Unidos considera que ha cumplido la primera recomendación de la Comisión, contenida en su Informe No. 52/02, de liberar al señor Villareal.
Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado reitera que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos. El Estado también se complace en observar que el párrafo 607 del capítulo III.D del Informe Anual de 2011 de la CIDH señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de sus recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso.
Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido plenamente la recomendación 1 contenida en el Informe No. 52/02 y ha cumplido parcialmente la recomendación 2. Por lo tanto, la CIDH seguirá supervisando el punto pendiente de cumplimiento.
En el Informe No. 75/02, fechado el 27 de diciembre de 2002, la CIDH concluyó que el Estado no había garantizado el derecho de las Dann a la propiedad, en condiciones de igualdad, en contravención de los artículos II, XVIII y XXIII de la Declaración Americana, en relación con sus reivindicaciones de los derechos de propiedad por las tierras ancestrales Western Shoshone.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.
Los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión el 23 de noviembre de 2013. En dicha respuesta, reiteran que el Estado no ha hecho esfuerzos para cumplir con las recomendaciones. Subrayan que Estados Unidos ha seguido permitiendo actividades de extracción de recursos destructivas en las tierras ancestrales de los Western Shoshone, sin intentos de sentarse a resolver las violaciones de derechos humanos existentes y continuas identificadas en el Informe de Fondo. Solicitan la intervención adicional de la Comisión para que lleve a cabo una visita in loco y que recomiende un taller de capacitación para funcionarios públicos sobre los derechos humanos internacionales de los pueblos indígenas.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también reiteró que rechaza las recomendaciones de la Comisión.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de sus recomendaciones contenidas en el Informe No. 75/02 continúa pendiente. En consecuencia, seguirá supervisando el cumplimiento de sus recomendaciones.
En el Informe No. 97/03 del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado: a) era responsable de las violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, cometidas en el juicio, declaración de culpabilidad y condena a muerte de Shaka Sankofa; b) era responsable de la violación del derecho fundamental a la vida del señor Sankofa, infringiendo el artículo I de la Declaración Americana, al ejecutar al señor Sankofa basándose en esas actuaciones; y que c) transgredió una norma internacional de jus cogens enmarcada en el derecho a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana al ejecutar al señor Sankofa por un delito que se concluyó que había cometido a los 17 años de edad.
2. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas, a fin de evitar violaciones de derechos similares a las cometidas en el Caso del señor Sankofa en futuras actuaciones referentes a la imposición de la pena capital.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado se refirió concretamente a la respuesta presentada por Estados Unidos el 17 de diciembre de 2012 en relación con el seguimiento de las recomendaciones en este caso y a la conclusión de la Comisión que figura en el párrafo 613 del capítulo III.D del Informe Anual 2012 de la CIDH, que indica que ha habido un cumplimiento parcial de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 97/03.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 97/03 sigue siendo parcial. Por lo tanto, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
En el Informe No. 98/03, fechado el 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de la violación de los derechos de los peticionarios consagrados en los artículos II y XX de la Declaración Americana, por negarles una oportunidad efectiva de participar en el parlamento federal.
La Comisión formuló al Estado la siguiente recomendación:
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de su recomendación continúa pendiente. En consecuencia, seguirá supervisando el cumplimiento de su recomendación.
En el Informe No. 99/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que: a) el Estado era responsable de violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena e imposición de la sentencia a pena de muerte de Cesar Fierro; y b) que, de ejecutar el Estado al señor Fierro, de conformidad con el proceso penal del que se trata en este Caso, el Estado perpetrará una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida en virtud del artículo I de la Declaración Americana.
1. Otorgue al señor Fierro una reparación efectiva que incluya un nuevo juicio de conformidad con las garantías del debido proceso y un juicio imparcial que le confieren los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, de no poderse celebrar un nuevo juicio en cumplimiento de estas garantías, la puesta en libertad del señor Fierro.
El Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores en relación con este informe de fondo, en especial la que envió el 17 de diciembre de 2012, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir las recomendaciones de la CIDH. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado reitera que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos. El Estado también se complace en observar que el párrafo 619 del capítulo III.D del Informe Anual de 2012 de la CIDH señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de sus recomendaciones contenidas en el informe de fondo de este caso.
Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo el 11 de diciembre de 2012. Los peticionarios indican que el señor Fierro no ha sido liberado ni se le ha hecho un nuevo juicio, y que no se han adoptado medidas ejecutivas, legislativas ni judiciales conducentes a alguna de estas acciones. El señor Fierro permanece en el pabellón de la muerte en Texas sin fecha programada para su ejecución, y no se ha presentado acción judicial alguna este último año a su nombre. En cuanto a la recomendación de que Estados Unidos revisara sus leyes, procedimientos y prácticas para mejorar el cumplimiento de sus obligaciones de acceso consular, informan que ni el gobierno federal ni gobierno estatal alguno ha iniciado tal revisión. Cuando las agencias policiales violan estas obligaciones y se declara culpables a ciudadanos extranjeros de algún delito, los tribunales no disponen ningún remedio ni ningún otro recurso para su liberación. Afirman que en estos casos, los órganos fiscales rutinariamente tratan de disuadir a los tribunales de ofrecer cualquier tipo de recurso. El poder ejecutivo no ejerce su facultad de clemencia, ni a nivel estatal ni federal, como recurso para tales violaciones. La denuncia de Estados Unidos en 2005 del Protocolo Facultativo sobre la Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias no se ha retirado.
Durante el último año, los peticionarios también informan que se ha llegado a decisiones judiciales en los casos de varios ciudadanos extranjeros que intentaron obtener reparación judicial por no haber sido informados sobre su acceso consular. Hasta donde entienden los peticionarios, ningún tribunal en Estados Unidos ha ofrecido reparación en alguno de estos casos, ni en acción civil alguna, para tratar de obtener indemnización por violación del acceso consular. En los casos penales, las cortes han denegado la reparación con fundamentos diversos.
Por lo tanto, la Comisión reitera que su segunda recomendación se ha cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
En el Informe No. 100/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma de jus cogens internacional reflejada en el artículo I de la Declaración Americana al sentenciar a Douglas Christopher Thomas a la pena de muerte por delitos que había cometido cuando tenía 17 años, y al ejecutarlo en conformidad con esa sentencia.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado se refiere concretamente a su comunicación presentada a la Comisión el 17 de diciembre de 2012, y destaca que le complace observar que el párrafo 622 del capítulo III.D de su Informe Anual 2012 señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 100/03.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 100/03 sigue siendo parcial. Así pues, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
En el Informe No. 101/03, del 29 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma internacional de jus cogens reflejada en el artículo I de la Declaración Americana, al sentenciar a Napoleón Beazley a la pena de muerte por un delito que cometió cuando tenía 17 años de edad, y al ejecutarlo en virtud de esa sentencia.
El 7 de octubre de 2013 la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios no han presentado este año información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado se refirió concretamente a la respuesta presentada por Estados Unidos el 17 de diciembre de 2012 en relación con el seguimiento de las recomendaciones en este caso y a la conclusión de la Comisión que figura en el párrafo 625 del capítulo III.D del Informe Anual 2012 de la CIDH, que indica que ha habido un cumplimiento parcial de las recomendaciones contenidas en el informe No. 101/03.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 101/03 sigue siendo parcial. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el punto pendiente de cumplimiento.
En el Informe No. 1/05, fechado el 28 de enero de 2005, la CIDH concluyó que el Estado: a) era responsable de las violaciones a los artículos II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana en relación con actuaciones penales seguidas contra el señor Moreno Ramos; y b) que si procedía a la ejecución del señor Moreno Ramos en virtud de las actuaciones penales de que se trata en el Caso, cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida previsto en el artículo I de la Declaración Americana.
1. Proporcione al señor Moreno Ramos un recurso efectivo, que comprenda una nueva audiencia de determinación de la pena conforme con los principios de igualdad y debido proceso y los mecanismos de protección de un juicio justo preceptuados por los artículos II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, incluido el derecho a un patrocinio letrado competente.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. Con respecto a la segunda recomendación de la Comisión, el Estado reitera que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos. El Estado también se complace en observar que el párrafo 628 del capítulo III.D del Informe Anual de 2012 de la CIDH señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de sus recomendaciones en Informe de Fondo en este caso.
Por lo tanto, la Comisión reitera que sus recomendaciones se han cumplido parcialmente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
En el Informe No. 25/05, fechado el 7 de marzo de 2005, la Comisión concluyó que el Estado había actuado en contravención de una norma internacional de jus cogens reflejada en el artículo I de la Declaración Americana al sentenciar a Toronto Markkey Patterson a muerte por delitos que había cometido cuando tenía 17 años de edad y por ejecutarlo de acuerdo con esa sentencia.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado se refirió concretamente a la respuesta presentada por Estados Unidos el 17 de diciembre de 2012 en relación con el seguimiento de las recomendaciones en este caso y a la conclusión de la Comisión que figura en el párrafo 631 del capítulo III.D del Informe Anual 2012 de la CIDH, que indica que ha habido un cumplimiento parcial de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 25/05.
En el Informe No. 91/05, emitido el 24 de octubre de 2005, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) por las violaciones de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana en el juicio, condena y sentencia a muerte del señor Javier Suárez Medina, al permitir la presentación de pruebas de un delito no adjudicado durante la audiencia de la sentencia capital del señor Suárez Medina y al no informar al señor Suárez Medina sobre su derecho a notificación y asistencia consular; y b) por las violaciones de los artículos I, XXIV y XXVI de la Declaración Americana, al fijar la fecha de ejecución del señor Suárez Medida en catorce ocasiones de conformidad con una sentencia de muerte que fue impuesta en contravención de los derechos del señor Suárez Medina a un debido proceso y a un juicio justo de conformidad con los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana, y por ejecutar al señor Suárez de acuerdo a esa sentencia el 14 de agosto de 2002, a pesar de la existencia de medidas cautelares otorgadas en su favor por esta Comisión.
1. Que proporcione un recurso efectivo al pariente más próximo del señor Medina, incluida una indemnización.
Por su parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores en relación con dicho informe de fondo, en especial la que envió el 17 de diciembre de 2012, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir las recomendaciones de la CIDH. El Estado también informó que el señor Medina fue ejecutado en 2002.
Con respecto a la tercera recomendación de la Comisión, el Estado reitera que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos. El Estado también se complace en observar que el párrafo 634 del capítulo III.D del Informe Anual de 2012 de la CIDH señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de sus recomendaciones en Informe de Fondo en este caso.
Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones en este caso el 22 de noviembre de 2012. En sus observaciones, indicaron que Estados Unidos ha cumplido parcialmente las recomendaciones de la Comisión y que ha ignorado repetidamente dos de las cuatro recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión. Concretamente, Estados Unidos no ha asegurado que no se introduzcan delitos no adjudicados como pruebas en procesos que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital, y no ha dispuesto reparaciones para la familia del señor Suárez Medina. Asimismo, aunque Estados Unidos fortaleció recientemente el lenguaje en sus cartas a las autoridades estatales sobre la emisión de medidas cautelares, no ha adoptado suficientes acciones para asegurar que se implementen tales medidas. Por ejemplo, Estados Unidos podría impartir talleres de capacitación sobre la Comisión Interamericana a funcionarios estatales y locales en los que se explique el funcionamiento de la Comisión y se haga hincapié en la importancia de cumplir con las medidas cautelares de la Comisión. Estados Unidos también podría apoyar las solicitudes de los peticionarios de suspender las ejecuciones para permitir que la Comisión cumpla su mandato. Como mínimo, Estados Unidos podría adoptar la postura en los trámites judiciales de que las medidas cautelares de Comisión merecen deferencia y “consideración respetuosa”. Según su punto de vista, esto les daría mayor peso a los esfuerzos de los peticionarios para convencer a los tribunales estatales y a quienes toman decisiones políticas de que la labor de la Comisión es de importancia crítica para evaluar la justicia de las sentencias de pena de muerte y el cumplimiento por parte de los estados de las normas fundamentales de derechos humanos. Estados Unidos ha adoptado medidas para mejorar el cumplimiento del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y ha presentado observaciones amicus curiae en apoyo de ciudadanos mexicanos que solicitan la revisión y reconsideración de sus condenas y sentencias de conformidad con la decisión de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros ciudadanos mexicanos. No obstante, Estados Unidos no ha promulgado legislación para implementar la sentencia en el caso Avena, y dos ciudadanos mexicanos han sido ejecutados sin recibir la revisión judicial ordenada por la decisión de la CIJ en el caso Avena.
En el Informe Nº 63/08 de 25 de julio de 2008, la Comisión Interamericana concluye que Estados Unidos es responsable de la violación del artículo XXVI de la Declaración Americana en detrimento de Andrea Mortlock, ciudadana de Jamaica que se encontraba amenazada de deportación de Estados Unidos a su país, como resultado de lo cual le sería negado un medicamento fundamental para su tratamiento del VIH/SIDA.
Como consecuencia de esta conclusión, la Comisión Interamericana recomendó a Estados Unidos que se “abstuviera de expulsar a la señora Andrea Mortlock de su jurisdicción en virtud de la orden de deportación en cuestión en este caso”.
Los peticionarios presentaron su respuesta a la comunicación de la Comisión el 24 de octubre de 2013. En dicha comunicación, informan nuevamente que no saben de plan alguno por parte de Estados Unidos para retirar a la Sra. Mortlock de su jurisdicción en cumplimiento de la orden de deportación expedida en este caso. Subrayan, empero, que siguen sumamente preocupados por la vida de la Sra. Mortlock si las autoridades de inmigración estadounidenses deciden no cumplir con la recomendación de la CIDH e informarán a la Comisión sobre cualquier cambio.
Por otra parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo emprendido este año a fin de cumplir con la recomendación de la CIDH.
Por lo tanto, la Comisión reitera que, aparentemente, se ha cumplido su recomendación. Sin embargo, a la luz de la postura adoptada previamente por el Estado con respecto a la recomendación contenida en el informe de fondo, la Comisión Interamericana no puede emitir una determinación sobre el cumplimiento en tanto no reciba información concluyente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el cumplimiento de esta recomendación.
En su Informe No. 90/09 aprobado el 7 de agosto de 2009, la CIDH concluyó que los Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos de José Ernesto Medellín, Rubén Ramírez Cárdenas y Humberto Leal García protegidos en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, en relación de los procedimientos criminales que terminaron con la imposición de la pena de muerte contra ellos. Respecto al señor Medellín, que fue ejecutado el 5 de agosto de 2008, cuando era beneficiario de medidas cautelares, la Comisión Interamericana concluyó adicionalmente que “Estados Unidos no ha actuado de conformidad con sus obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos como Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos”. En su Informe 90/09 la CIDH también concluyó que si el Estado ejecutaba a los señores Medellín, Ramírez Cárdenas y Leal García, cometería una violación irreparable de su derecho a la vida, garantizado en el artículo I de la Declaración Americana.
En consecuencia, la CIDH realizó las siguientes recomendaciones al Estado:
1. Deje sin efecto las condenas a muerte impuestas a los señores Ramírez Cárdenas y Leal García, y otorgue a las víctimas un recurso efectivo, que incluya un nuevo juicio acorde con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo previstas en los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana, incluido el derecho de representación legal competente.
3. Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos I, XVIII y XXVI y, en particular, mediante la prohibición de que se introduzcan pruebas de delitos no juzgados durante la etapa de determinación de la sentencia en juicios por delitos punibles con la pena capital.
Revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital puedan solicitar amnistía, indulto o conmutación de sentencia con garantías mínimas de justicia, incluido el derecho a una audiencia imparcial.
Otorgue reparaciones a la familia del señor Medellín como consecuencia de las violaciones establecidas en el presente informe.
El Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus respuestas anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también confirmó que el señor Medellín fue ejecutado el 5 de agosto de 2008 y que el señor Leal García fue ejecutado el 7 de julio de 2011. El Estado subrayó asimismo que es parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y está plenamente comprometido a cumplir sus obligaciones con base en dicho instrumento de suministrar notificación y acceso consular en los casos de ciudadanos extranjeros detenidos, y reiteró su solicitud de que la Comisión analice su comunicación del 23 de junio de 2010, en la que se detallan los esfuerzos continuos de Estados Unidos para mejorar el cumplimiento de las disposiciones de notificación y acceso consular de esta Convención.
Los peticionarios presentaron su respuesta a las observaciones de la Comisión el 22 de noviembre de 2012. Los peticionarios destacan que Estados Unidos ejecutó a ambos peticionarios en violación del informe de fondo y de las recomendaciones de la Comisión, así como de las reiteradas medidas cautelares. Aunque los peticionarios reconocen y aprecian los esfuerzos del poder ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos para implementar la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena, el hecho es que hasta ahora el Congreso no ha promulgado legislación que daría efecto a la sentencia de la CIJ. El peticionario Rubén Ramírez Cárdenas sigue vivo, pero podría ser ejecutado en 2013. No ha recibido revisión o reconsideración de su condena y sentencia de conformidad con el mandato de la CIJ en el caso Avena. Además, Estados Unidos ha ignorado completamente tres de las cuatro recomendaciones contenidas en el informe final de la Comisión. Concretamente, Estados Unidos no ha dejado sin efecto las sentencias de muerte de todos los peticionarios, no ha asegurado que no se introduzcan delitos no adjudicados como pruebas en procesos que puedan dar lugar a la imposición de la pena capital y no ha revisado sus procedimientos de clemencia. Aunque Estados Unidos sin duda señalaría que los estados individuales controlan las normas y procedimientos relacionados con la clemencia ejecutiva de los prisioneros estatales, Estados Unidos no ha adoptado medidas para alentar dicha revisión por parte de los estados. Por último, Estados Unidos no ha dispuesto reparaciones para la familia del señor Medellín.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió la recomendación formulada por la Comisión con respecto a los señores Medellín y Leal García y está pendiente el cumplimiento de las recomendaciones relacionadas con el señor Ramírez Cárdenas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes de cumplimiento.
Caso 12.562, Informe No. 81/10, Wayne Smith, Hugo Armendáriz y otros (Estados Unidos)
En su Informe No. 81/10, aprobado el 12 de julio de 2010, la CIDH concluyó que en virtud de la deportación de Wayne Smith y Hugo Armendáriz de Estados Unidos, dicho Estado es responsable por la violación de los derechos de los señores Wayne Smith y Hugo Armendáriz consagrados en los artículos V, VI, VII, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana. La CIDH destacó además que el derecho internacional indudablemente reconoce que un Estado Miembro debe ofrecer a los residentes no ciudadanos la oportunidad de presentar una defensa contra una orden de deportación con base en consideraciones humanitarias y de otro orden, tales como los derechos protegidos bajo los Artículos V, VI, y VII de la Declaración Americana. Los órganos administrativos o judiciales encargados de revisar las órdenes de deportación en cada Estado Miembro, deben tener la posibilidad de considerar en forma significativa la defensa de un residente no ciudadano; examinarla y sopesarla con respecto al derecho de un Estado soberano de hacer cumplir una política de inmigración razonable y objetiva; y ofrecer reparación efectiva por la deportación si hubiere méritos. En el Caso 12.562 Estados Unidos no cumplió con estas normas internacionales.
Permita a Wayne Smith y Hugo Armendáriz regresar a los Estados Unidos a expensas del Estado.
Reabra los procedimientos de inmigración respectivos, de los señores Wayne Smith y Hugo Armendáriz y les permita presentar sus defensas por razones humanitarias con respecto a su expulsión de los Estados Unidos.
Permita que un juez de inmigración competente e independiente aplique una prueba de equilibrio a los casos individuales de Wayne Smith y Hugo Armendáriz, que considere debidamente sus defensas por razones humanitarias y pueda proveer una reparación significativa.
Implemente leyes para asegurar que los derechos a la vida familiar de los residentes no ciudadanos consagrados bajo los artículos V, VI, y VII de la Declaración Americana, están debidamente protegidos y gozan del debido proceso en una base de caso por caso en los procedimientos de inmigración que tratan sobre expulsión.
El Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también reiteró su posición el 26 de marzo de 2011 durante la reunión de trabajo relativa a este caso, y siguió rechazando la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo.
Los peticionarios presentaron información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fondo en relación con este caso el 7 de noviembre de 2013 y el 14 de diciembre de 2012. En sus comunicaciones, destacaron que el Estado no ha cumplido las recomendaciones contenidas en el informe de fondo y subrayaron la importancia de la adhesión de buena fe por parte del Estado de sus obligaciones internacionales respetando el principio de pacta sunt servanda. En cuanto a las recomendaciones 1, 2 y 3, los peticionarios indican que presentaron solicitudes de libertad condicional humanitaria a nombre de los señores Smith y Armendariz, que fueron denegadas por las autoridades de inmigración de Estados Unidos sin explicación. El señor Smith falleció en Trinidad el 15 de julio de 2011, sin que se le hubiera otorgado permiso para volver a Estados Unidos, con lo que permanente e irreversiblemente se incumplieron en este sentido las recomendaciones Nos. 1, 2 y 3. El Estado tampoco ha adoptado medidas para disponer restitución significativa a la familia del señor Smith. Actualmente, el señor Armendariz permanece todavía en México, lejos de sus hermanos y sus padres de edad avanzada, que se encuentran en Estados Unidos. El Estado no le ha permitido volver a ingresar a Estados Unidos libre de cargos, no ha reabierto sus procedimientos de inmigración ni ha permitido que un juez de inmigración competente e independiente aplique a su caso una prueba de ponderación con la consideración debida de factores humanitarios, todo ello a pesar de repetidas solicitudes.
En cuanto a la recomendación 4, los peticionarios indican que su cumplimiento está pendiente, pues Estados Unidos no ha emprendido reformas a la legislación aplicable ni cambios notables en su implementación. Informan que la legislación de Estados Unidos todavía establece que quienes son declarados culpables de un delito agravado —un término amplio que comprende incluso delitos menores— están sujetos a deportación obligatoria sin discreción judicial para considerar defensas humanitarias o de otro tipo legítimo contra la deportación, consideradas caso por caso y sin tomar en cuenta los intereses superiores de los menores de edad afectados. Los peticionarios observan que las propuestas de reforma legislativa integral en curso ofrecen al Estado una oportunidad histórica para adoptar las medidas legislativas necesarias para cumplir con las recomendaciones, y para alinear finalmente sus leyes de inmigración con sus obligaciones internacionales implementando la recomendación 4 contenida en el Informe No. 81/10, así como las recomendaciones similares expedidas en otros casos relativos al sistema de inmigración estadounidense.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el Estado ha incumplido las recomendaciones formuladas. La Comisión exhorta a Estados Unidos a cumplir cabalmente y sin demora sus recomendaciones con respecto al señor Armendariz, así como a disponer reparaciones plenas para los familiares del señor Smith. La Comisión seguirá supervisando las recomendaciones de este caso.
En su informe No. 80/11, aprobado el 21 de julio de 2011, la CIDH concluyó que el Estado no actuaba con debida diligencia para proteger a Jessica Lenahan y Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales de la violencia doméstica, lo cual incumplía la obligación del Estado de no discriminar y de proteger la igualdad ante la ley de conformidad con el artículo II de la Declaración Americana. El Estado también falló en su obligación de adoptar medidas razonables para proteger la vida de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales en contravención de su derecho a la vida, de conformidad con el artículo I de la Declaración Americana, en relación con su derecho a la protección especial como menores de acuerdo con el artículo VII de la Declaración Americana. Por último, la Comisión concluye que el Estado violó el derecho a la protección judicial de Jessica Lenahan y sus familiares, conforme al artículo XVIII de la Declaración Americana.
Por consiguiente, la CIDH formuló las siguientes recomendaciones al Estado:
Emprenda una investigación seria, imparcial y exhaustiva con el objetivo de determinar la causa, hora y lugar de las muertes de Leslie, Katheryn y Rebecca Gonzales, e informar debidamente a sus familiares del curso de la investigación.
Realice una investigación seria, imparcial y exhaustiva de las fallas sistémicas que ocurrieron en relación con la ejecución de la orden de protección de Jessica Lenahan como garantía de no repetición, incluyendo una investigación para determinar las responsabilidades de los funcionarios públicos por violar la legislación del estado y/o federal, y sancionar a los responsables.
Ofrezca una plena reparación a Jessica Lenahan y a sus familiares, considerando su perspectiva y necesidades específicas.
Adopte una legislación con medidas integrales a nivel federal y de los estados, o reformar la legislación vigente, para reforzar el carácter obligatorio de las órdenes de protección y otras medidas de seguridad para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes y crear mecanismos de implementación efectivos. Estas medidas deben ir acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su implementación, de una reglamentación adecuada para garantizar su aplicación, de programas de capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados, y del diseño de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país puedan usar como guía.
Adopte una legislación con medidas integrales a nivel federal y de los estados, o reformar la legislación vigente, para efectos de incluir medidas de protección de las niñas y los niños en el contexto de la violencia doméstica. Estas medidas deben ir acompañadas de suficientes recursos destinados a fomentar su implementación; de una reglamentación adecuada para garantizar su implementación; de programas de capacitación para los funcionarios policiales y judiciales involucrados; y del diseño de protocolos y directivas modelo que los departamentos de policía de todo el país puedan usar como guía.
Continúe adoptando políticas públicas y programas institucionales encaminados a reestructurar los estereotipos de las víctimas de la violencia doméstica, y de promover la erradicación de los patrones socioculturales discriminatorios que impiden que las mujeres y las niñas y los niños cuenten con una plena protección frente a actos de violencia doméstica, incluyendo programas para capacitar a los funcionarios públicos de todas las ramas de la administración de justicia y de la policía, y programas comprehensivos de prevención.
Diseñe protocolos, a nivel federal y estatal, en los que se especifiquen los componentes adecuados de la investigación que debe realizar la policía en respuesta a un informe de niñas o niños desaparecidos en el contexto de una denuncia de violación de una orden de protección.
Los peticionarios respondieron a la comunicación de la Comisión el 12 de noviembre de 2013; anteriormente habían presentado observaciones pertinentes al cumplimiento el 23 de octubre y el 7 de febrero de 2013. Subrayan en sus comunicaciones que a más de dos años de la expedición del Informe de Fondo, el Estado ha adoptado pocas medidas concretas para implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión. Reiteran además su preocupación porque el Estado no mantiene comunicación adecuada con los peticionarios ni les suministra respuestas regulares y significativas a sus solicitudes y sugerencias relacionadas con el cumplimiento. Resaltan como prioridades inmediatas en el cumplimiento la extensión de reparaciones plenas a Jessica Lenahan y la investigación adecuada y eficaz de la muerte de sus hijas en Colorado, la investigación y sanción de las fallas policiales en este caso y la necesidad de que el Departamento de Justicia adopte orientación relativa a la tendenciosidad de género en las actividades policiales y organice una mesa redonda de discusión sobre los derechos humanos y la violencia doméstica.
El 30 de octubre de 2013, los peticionarios participaron en una reunión de trabajo con el Estado en relación con caso durante el 149º período de sesiones de la CIDH, en la cual estuvo presente Jessica Lenahan. En esta reunión, los peticionarios subrayaron la necesidad de que Estados Unidos disponga de parámetros de referencia concretos para facilitar la implementación de la decisión en el caso Lenahan a través de iniciativas de política y educación a nivel nacional así como la importancia de que el Estado responda por escrito a la correspondencia que le envían los peticionarios. Los representantes del Estado presentes no pudieron suministrar información nueva ni adquirir compromiso alguno, e indicaron que no pudieron prepararse adecuadamente debido al la paralización de los servicios gubernamentales ocurrida en las semanas anteriores a la reunión de trabajo.
En cuanto a la recomendación 2, los peticionarios informan en sus comunicaciones que la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres se ha comunicado con el Departamento de Policía de Castle Rock para ofrecer apoyo y asistencia técnica para cambios de política y capacitación. Ellos creen que se impartió este tipo de capacitación en la primavera de 2013 para las fuerzas policiales en el distrito judicial que cubre Castle Rock, y desean que se les informe sobre los siguientes pasos. Los peticionarios también conversaron con funcionarios locales en Colorado sobre la posibilidad de una investigación forense de la muerte de las hijas de Jessica Lenahan y desean recibir actualizaciones al respecto. En cuanto a la recomendación 3, solicitan que el Estado explique detalladamente por qué no hay posibilidad de pagar reparaciones en los ámbitos federal, estatal ni local.
Con respecto a la recomendación 6, los peticionarios también informan que el 20 de junio de 2013, la Oficina de Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, la Oficina de Víctimas y Delincuencia, y la Oficina sobre Violencia contra las Mujeres del Departamento de Justicia expidieron una declaración conjunta sobre discriminación de género en las actividades policiales. En esta declaración se anunció que la prevención de la discriminación basada en género por parte de las fuerzas policiales es una alta prioridad de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debido al papel negativo de la tendenciosidad de género en la respuesta de la policía a los delitos contra las mujeres. Por lo tanto, opinan que son esenciales varios pasos adicionales para convertir esta declaración en una herramienta significativa de cambio, entre ellos, que el Departamento de Justicia informe a los defensores y otros sobre su jurisdicción para investigar quejas y sobre sus protocolos para la conducción de investigaciones sobre las actividades policiales con tendenciosidad de género; y que el Departamento de Justicia debe completar las actualizaciones de su información públicamente disponible para reflejar que las investigaciones de violencia doméstica y sexual y la falta de aplicación de las leyes referentes a estos temas recaen en la jurisdicción del Departamento de Justicia.
En julio de 2013, los peticionarios también informaron que el Departamento de Justicia propuso que la mesa redonda de discusión sobre los derechos humanos y la violencia doméstica se llevara a cabo antes del 1º de octubre de 2013. En este sentido, los peticionarios esperaban que el Estado les informara formalmente antes del 9 de agosto de 2013 sobre un temario y fechas propuestas, pero en septiembre recibieron una comunicación informal que les indicaba que la planeación de la mesa redonda estaba todavía en proceso y que se llevaría a cabo a principios de febrero de 2014. Aunque los peticionarios comprenden el impacto de la paralización gubernamental en sus actividades de planeación, exhortan al gobierno a cumplir sus compromisos de realizar la mesa redonda sobre derechos humanos y violencia doméstica y a establecer un calendario específico y una agenda de acción en este sentido, en colaboración con los peticionarios.
El Estado presentó su respuesta a la comunicación de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró su comunicación anterior, del 1º de noviembre de 2012, sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también hizo referencia a su participación en varias reuniones de trabajo con el Relator de País de la CIDH y los peticionarios para discutir sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Estados Unidos también observó con beneplácito que los párrafos 646-649 del capítulo III.D del Informe Anual 2012 de la Comisión discuten la respuesta de Estados Unidos a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, y que el párrafo 650 señala que la Comisión considera que ha habido un cumplimiento parcial de las recomendaciones contenidas en el Informe No. 80/11.
Con base en estas consideraciones, la Comisión concluye que el Estado ha cumplido parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. La Comisión exhorta a las partes a seguir dialogando sobre formas para implementar las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 80/11. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes.
En Informe No. 81/11, la Comisión concluyó que los Estados Unidos era responsable de violar los artículos II, XVIII, y XXVI de la Declaración Americana respecto a Jeffrey Timothy Landrigan, y que su ejecución el 6 de octubre de 2010, constituía una violación grave e irreparable del derecho básico a la vida consagrado en el artículo I de la Declaración Americana.
1. Que otorgue reparaciones a la familia del señor Landrigan como consecuencia de las violaciones establecidas en este informe.
Que revise sus leyes, procedimientos y prácticas para asegurar que las personas acusadas de delitos punibles con la pena capital sean juzgadas y, de ser condenadas, sean sentenciadas de acuerdo con los derechos establecidos en la Declaración Americana, incluidos sus artículos I, II, XVIII y XXVI.
El Estado presentó su respuesta a la comunicación de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró su comunicación anterior, del 7 de diciembre de 2012, sobre este informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
Los peticionarios presentaron su respuesta el 29 de octubre de 2013. Los peticionarios observan que Estados Unidos no ha dispuesto reparaciones para la familia del señor Landrigan. También afirman que la ejecución de Timothy Landrigan se llevó a cabo utilizando una sustancia importada ilegalmente, según se determinó mediante acciones subsiguientes de agencias y decisiones de tribunales federales. Afirman que en nueve de las últimas trece ejecuciones por parte del estado de Arizona, a partir de la ejecución de Timothy Landrigan el 23 de octubre de 2013, los verdugos sujetaron a los prisioneros a un procedimiento quirúrgicamente doloroso e invasivo para colocar las vías intravenosas letales. Por lo tanto, los peticionarios solicitan que la Comisión tome nota del incumplimiento por parte de Estados Unidos de la mayoría de sus recomendaciones contenidas en el Informe 81/11, y que la Comisión inste a Estados Unidos a disponer reparaciones para su familia por su ejecución ilegal.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado incumplió las recomendaciones formuladas por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las recomendaciones pendientes
En el Informe No. 47/01, de fecha 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1), en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al sentenciar al señor Knights a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los derechos del señor Knights en virtud del artículo 4(6) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención Americana, al no otorgar al señor Knights un derecho efectivo a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana, en conjunción con una violación del artículo 1(1) de la Convención, en razón de las condiciones de detención a que ha sido sometido; y d) la violación de los derechos del señor Knights consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la Convención, al no poner a su disposición asistencia letrada para recorrer la vía constitucional.
1. Otorgue al señor Knights una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia y una compensación.
3. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho consagrado en el artículo 4(6) de la Convención Americana a solicitar una amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para garantizar la efectividad en Granada del derecho a un juicio imparcial consagrado en el artículo 8(1) de la Convención Americana y el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana, en relación con los recursos de carácter constitucional.
5. Adopte las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que el derecho al trato humano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención Americana en lo que se refiere a las condiciones de arresto de la víctima tenga plena vigencia en Granada.

References: artículo 48
 artículo 48
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 25