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Timestamp: 2018-12-13 05:07:13+00:00

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Nueva edición de la campaña de ASGECO "Consume original, Sé auténtico" 03-10-2017
Con el lema "LOS PRODUCTOS FALSOS ESCONDEN UN SERIO PELIGRO", la Asociación General de Consumidores ASGECO, con el apoyo de la OEPM y la Asociación para la Defensa de la Marca ANDEMA, lanza una nueva ...
Con el lema "LOS PRODUCTOS FALSOS ESCONDEN UN SERIO PELIGRO", la Asociación General de Consumidores ASGECO, con el apoyo de la OEPM y la Asociación para la Defensa de la Marca ANDEMA, lanza una nueva edición de su campaña en línea contra las falsificaciones Consume Original, Sé auténtico (http://asgeco.org/consumeoriginal/). La campaña incluye un Roadshow con un autobús itinerante que comienza su ruta el 2 de octubre en Cáceres. Las próximas ciudades que visitará el autobús informativo serán:
Córdoba, miércoles 4 de octubre
Cádiz, viernes 6 de octubre
Málaga, lunes 9 de octubre
Alicante, lunes 16 de octubre
La localización del autobús en cada una de las ciudades estará disponible en la web de la campaña.
El delegado de protección de datos, funciones y capacitación 02-10-2017
Un DPO, DATA PROTECTION OFFICER (DPO) o delegado de protección de datos, según la irregular traducción del GDPR (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS de la Unión Europea) que nos ha ofrecido la C...
Un DPO, DATA PROTECTION OFFICER (DPO) o delegado de protección de datos, según la irregular traducción del GDPR (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS de la Unión Europea) que nos ha ofrecido la Comisión, ha de ser ante todo, parafraseando al dicho inglés, una persona abierta, dialogante, conocedora en profundidad del negocio, que sepa trabajar en equipo y negociar con los diferentes operadores internos y externos (diferentes departamentos con intereses contrapuestos y diferentes proveedores y clientes con negocios contrapuestos), de mente ágil, proactivo y con los suficientes contactos con las Autoridades de Control, y, si sabe de Protección de Datos, mucho mejor.
Este es el panorama que nos encontramos con el nuevo operador en el mercado de la privacidad en Europa, el DPO (o DPD en España) será un miembro indispensable en el organigrama de un buen número de empresas, pero el panorama no es tan benigno, puesto que el Reglamento (y nuestra futura Ley Orgánica) exige que sea un profesional con acreditados conocimientos y práctica en la materia (pendientes todavía de conocer si, como dice el proyecto de Ley Orgánica, el cargo también lo pueden ejercer las personas jurídicas). Apenas un puñado de profesionales cumplen actualmente con los requisitos: las grandes consultoras de recursos humanos estiman que poco más de un centenar de profesionales entre Barcelona y Madrid y otros tantos en el resto de España. Serán las piezas más cotizadas del mercado legal de este año. A este panorama se ha añadido la publicación de los requisitos para acceder a la certificación oficial como DPO que ha publicado la Agencia de Protección de Datos y que, para poder obtener el título y la marca oficial, han de acreditar experiencia contrastada en la materia, de entre tres y cinco años.
Primero vamos a centrarnos en cuáles han de ser sus funciones reales y si nos encontramos ante un miembro del consejo asesor de la empresa o en realidad nos encontramos ante un fiscalizador al servicio de la Administración, todo ello envuelto en la recurrente idea de que hay que velar por la tutela de los derechos y libertades de los titulares de los datos personales, que no nos olvidemos, es un derecho fundamental de las personas, aunque algunos pensemos que se ha convertido en un bien patrimonial altamente apreciado por el mercado y lo que se pretende proteger no son tanto esos derechos y libertades sino los intereses económicos resultantes del concepto dato personal.
a) Informar y asesorar a la empresa y a sus empleados de las obligaciones impuestas por el Reglamento y de cualquier otra normativa aplicable al tratamiento de datos personales
b) Supervisar el cumplimiento de las normas establecidas por el Reglamento y de cualquier otra normativa de aplicación, así como supervisar las políticas de la empresa al respecto. Para tal fin, podrá asignar responsabilidades, realizar formaciones y campañas de concienciación, así como realizar las auditorías correspondientes para verificar el cumplimiento.
c) Asesorar a la empresa sobre la redacción de las evaluaciones de impacto y supervisar su aplicación y, por tanto, evaluar sobre el análisis de riesgo efectuado en dicho PIA (Privacy Assests Impact, por sus siglas en inglés, que será el idioma en el que todos nos moveremos en esta materia).
d) Cooperar con las autoridades de control (en su más amplio sentido, luego veremos qué sucede si no se coopera en su más amplio sentido).
e) Actuar como punto de contacto con la autoridad de control para cualquier cuestión relacionada con los tratamientos, especialmente en lo que respecta a las consultas previas derivadas del art. 36, que son las que ha de realizar el DPO a la Autoridad de control si cree que un tratamiento y sus medidas de seguridad pueden causar algún daño a los derechos y las libertades de los titulares de los datos. En el proyecto de Ley Orgánica español, el DPO actuará como interlocutor del responsable ante la Agencia de Protección de Datos, será la voz autorizada de la empresa, y por ende la cadena de transmisión de las instrucciones de la Agencia en materia de protección de datos.
A todas estas obligaciones genéricas el actual esquema del DPO publicado por la Agencia Española de Protección de Datos añade:
a) Recabar información para determinar los tratamientos de datos personales
b) Analizar y comprobar que estos tratamientos están ajustados a Derecho
c) Informar, asesorar y emitir recomendaciones a la empresa
d) Supervisar (que no efectuar) el registro de actividades de tratamiento
e) Asesorar sobre la aplicación de los principios de Privacy By desing o by default
f) Asesorar sobre si debe o no realizarse un PIA (Evaluación de Impacto), la metodología, quién debe realizarlo, qué medidas de seguridad deben aplicarse y si se ha realizado correctamente el análisis de riesgos dentro del PIA y si el resultado de la evaluación de impacto es acorde con el Reglamento Europeo.
g) Centrar su actividad en los tratamientos que representen mayor peligro para los derechos y libertades.
El GDPR como oportunidad 02-10-2017
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos demanda a nivel tecnológico cosas que ya deberíamos estar haciendo, aprovechémoslo.
Los cambios principales del nuevo Reglamento Europeo de Prot...
Los cambios principales del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos se dan en las áreas de:
Endurecimiento de las condiciones del consentimiento
Figura del Responsable de Protección de Datos
Notificación de fugas de datos
Cifrado y pseudoanonimización de datos
En este breve espacio se puede destacar:
Se pide la protección de datos desde el diseño y por defecto (Art. 25) y la evaluación de impacto (Art. 35), usualmente conocido como Privacy Impact Assessment, para diseñar e implantar las medidas desde el principio. El considerar la seguridad desde el diseño es algo imprescindible para tener seguridad a un coste razonable.
Nos pide notificar las fugas de datos (Art. 33 y 34) pero si tenemos las adecuadas medidas para que los datos no sean accesibles, básicamente cifrado, no tendremos que notificar. El proteger nuestra información sensible, sean datos personales o no, es algo que ya deberíamos hacer.
Hemos de garantizar la disponibilidad de los datos, cosa la cual es un requisito de negocio.
De modo general, el Reglamento pide que se diseñen las medidas de seguridad en base a un análisis de riesgos, cosa la cual ya deberíamos estar haciendo.
El Supremo vuelve a condenar a varias empresas por blanqueo 27-09-2017
El Alto Tribunal es firme a la hora de juzgar a las compañías que no cuenten con planes de prevención de riesgos penales.
Una vez más, el Supremo es firme a la hora de condenar a las empresas que...
En primer lugar, sus administradores y directivos (tanto de hecho como de derecho) actuando en representación de la empresa llevaron a cabo una continuada actividad encajable en el delito de blanqueo de capitales, que es precisamente una de las figuras delictivas en que el legislador prevé la imposición de penas para las personas jurídicas.
Precisamente por esta misma ausencia del debido control recientemente la Audiencia Nacional ha imputado a la filial en Luxemburgo del banco de China ICBC también por blanqueo de capitales.
Plan Estratégico 2017-2018 de ICEX 26-09-2017
ICEX España Exportación e Inversiones ha publicado su Plan Estratégico 2017-2018, aprobado por su Consejo de Administración del 20 de julio de 2017 y enmarcado en la Estrategia de Internacionalización...
ICEX España Exportación e Inversiones ha publicado su Plan Estratégico 2017-2018, aprobado por su Consejo de Administración del 20 de julio de 2017 y enmarcado en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En el Plan se reconoce la importancia de la marca en la internacionalización de las empresas y se plantea como uno de los objetivos estratégicos el posicionar a las empresas españolas en las cadenas globales de valor, para lo cual ICEX proporcionará apoyo en la promoción y prestigio de sus marcas en los mercados internacionales, en particular en entornos digitales y redes sociales.
AUTOCONTROL anuncia un nuevo sistema de mediación con operadores de telecomunicaciones desarrollado en colaboración con la AEPD 25-09-2017
El sistema, que estará operativo a partir de enero de 2018, tiene como finalidad ofrecer una respuesta ágil a las reclamaciones en materias como la suplantación de identidad y la recepción de publicid...
(Madrid, 20 de septiembre de 2017). La Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) ha anunciado hoy un nuevo sistema de mediación voluntaria desarrollado en colaboración con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). El sistema, en el que participan Orange, Telefónica y Vodafone y que estará operativo a partir de enero de 2018, tiene como finalidad ofrecer una respuesta ágil a las reclamaciones en materias como la suplantación de identidad y la recepción de publicidad no deseada. AUTOCONTROL, organismo independiente y de reconocido prestigio en la resolución extrajudicial de controversias, será la encargada de gestionar dicho procedimiento, una iniciativa que está abierta a otras entidades a las que se planteen reclamaciones similares.
AUTOCONTROL y la Agencia Española de Protección de Datos han suscrito hoy un protocolo general de actuación que respalda esta iniciativa. Este anuncio supone otro hito importante en nuestro desarrollo, centrado en ofrecer soluciones de autorregulación a empresas y Administración, y pone de manifiesto nuestra acreditada experiencia en la tramitación extrajudicial de reclamaciones, después de que nuestro Jurado de la Publicidad haya resuelto más de 3.500 casos sobre reclamaciones publicitarias desde 1996, explica José Domingo Gómez Castallo, Director General de AUTOCONTROL. Esperamos que próximamente otros operadores se adhieran también a este proyecto, que contribuye a garantizar una mejor adaptación a la nueva normativa de protección de datos, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo de 2018.
La AEPD acoge con satisfacción esta iniciativa, que va a ser un instrumento importante para avanzar en la consecución de los objetivos del Reglamento. El procedimiento, voluntario para los ciudadanos e independiente de las reclamaciones planteadas ante la Agencia, puede contribuir a agilizar las reclamaciones sobre unos hechos que tienen unos efectos especialmente negativos para los afectados, afirma Mar España Martí, Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos insta a las Administraciones Públicas a adaptarse al nuevo reglamento 25-09-2017
La Agencia Española de Protección de Datos ha instado a las Administraciones Públicas a que completen el proceso de adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la nueva regul...
GDPR: qué deben saber tus clientes y no saben 20-09-2017
Aunque todavía suena relativamente lejano ese 25 de mayo de 2018 cuando todas las empresas deben estar preparadas para cumplir Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el tiempo pasa volando ...
Aunque todavía suena relativamente lejano ese 25 de mayo de 2018 cuando todas las empresas deben estar preparadas para cumplir Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el tiempo pasa volando y la adaptación no llega. De hecho, muchas organizaciones no saben qué deben hacer o directamente si esa normativa les afecta.
Para poner un poco de conocimiento la labor de los partners es esencial. La primera idea a transmitir es que el GDPR afecta a cualquier empresa que recoja y utilice datos de ciudadanos europeos, independientemente de si dicha organización está establecida en la Unión Europea o no. Así, salvo casos muy excepcionales, cualquier cliente, sin importar tamaño ni sector, tendrá que adoptar medidas.
Este nuevo reglamento eleva el grado de privacidad de los datos exigiedos. Así, las empresas tendrán que tener el consentimiento explícito de los usuarios para poder registrar sus datos además ofrecer un acceso a la información. Las medidas también contemplan recrudecer el derecho al olvido.
La administración pública y las empresas privadas que gestionen gran cantidad de datos cuenten con un responsable de esta información (Delegado de protección de datos). Esta nueva figura tendrá que examinar y valorar el estado de la protección de datos en todo momento. Un reto en el que los partners tendrán mucho que decir u ofrecer.
En lo que se refiere a la información, la definición de datos personales recogida en la normativa incluye los habituales (nombre, apellidos, dirección, teléfono) añadiendo otros como fotografías y contenidos en redes sociales.
El incumplimiento o la falta de adaptación de todas estas medidas conlleva consecuencias más graves que las impuestas hasta ahora. De hecho, las multas se elevan hasta un máximo de 20 millones de euros o el 4% de los ingresos anuales mundiales de la compañía. Sanciones como para replantearse muchas cosas.
Falta de conocimiento y aplicación
Pese a todo lo que se ha hablado sobre el GDPR, en España alrededor del 56% de las empresas todavía no cumple con las directrices marcadas por la normativa a día hoy. Un alto número liderado, sobre todo, por las pymes que no cuentan con los recursos necesarios para adoptar todas las medidas necesarias.
Además, el desconocimiento y la confusión es alta entorno a esta normativa europea. Un estudio de WatchGuard alerta que 37% de los encuestados simplemente no sabe si su organización necesita cumplir con GDPR, mientras que más de un cuarto (28%) cree que su organización no necesita cumplir en absoluto.
EL 48% DE LAS EMPRESAS BUSCAN AYUDA EXTERNA
Pese a que, como decíamos, la ley afecta a todas las empresas con datos en Europa, tan solo un 10% considera que su empresa está actualmente 100% lista para su entrada en vigor. Un pequeño porcentaje que en parte es debido a que el 44% de los participantes no saben lo cerca que está su organización del cumplimiento.
Quizás lo más importante para un partner de este estudio es que casi la mitad (48%) de las organizaciones entrevistadas están, o podrían estar buscando ayuda para el cumplimiento en un tercero externo. Una oportunidad clara para el canal.
Compliance laboral: la importancia de los procedimientos de identificación, análisis y gestión de los riesgos corporativos 18-09-2017
El Código Penal tiene tipificados más de veinte delitos al hablar de la responsabilidad penal de la empresa. Administradores y directivos, responderán ante los accionistas y frente a los acreedores so...
El Código Penal tiene tipificados más de veinte delitos al hablar de la responsabilidad penal de la empresa. Administradores y directivos, responderán ante los accionistas y frente a los acreedores sociales, por sus actos u omisiones que fueran contrarios a las leyes, a los estatutos, o por incumplimientos inherentes al desempeño del cargo.
Con las reformas del Código Penal, en el año 2010 y en marzo de 2015 (LO 2/2015), y con la inclusión de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en nuestro Ordenamiento Jurídico, las sociedades comenzaron a adoptar medidas relativas a evaluar el grado de cumplimiento normativo en su actividad y funcionamiento interno, así como a valorar las posibles responsabilidades penales a las que se enfrentan en caso de potenciales incumplimientos.
Compliance Laboral o Labour Compliance, hace referencia a la función corporativa de prevención y gestión de los riesgos asociados a un eventual incumplimiento normativo laboral en el seno de la organización.
En los últimos tiempos el Compliance laboral se ha enfocado en dos ámbitos. Por un lado, qué debe hacer la empresa para cumplir con sus obligaciones normativas en materia de gestión de recursos humanos y de establecimiento de políticas de ?Diversity & Inclusion?. Por otro lado, desde la perspectiva de los empleados y directivos, cuestionar si están claras las obligaciones de cumplimiento, si se integran en la cultura corporativa.
El Compliance laboral no sólo se ocupa de garantizar el cumplimiento de las normas laborales legalmente exigibles a las empresas (Función de Cumplimiento), sino que va más allá de la letra del legislador para garantizar, de un lado, un entorno libre o con menor riesgo de incumplimientos laborales en una genuina labor de prevención (Función de Prevención), y de otro, debe asegurar, como parte de la responsabilidad social de las empresas, una serie de prácticas laborales tendentes al cumplimiento óptimo o mejorado de dicha normativa laboral (Función de Cumplimiento Óptimo o Excelencia Laboral) con el objetivo de crear un ambiente de trabajo estimulante mejorando el clima laboral y el bienestar de los empleados.
La Audiencia Nacional imputa al banco chino ICBC por blanqueo de capitales 18-09-2017
El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en España tenía como “línea de negocio casi exclusiva” el ser “instrumento de blanqu...
El magistrado considera que esta entidad tuvo conocimiento de que su oficina en España tenía como “línea de negocio casi exclusiva” el ser “instrumento de blanqueo de las ganancias ilícitas obtenidas por grupos criminales, mayoritariamente de nacionalidad china (como el grupo EMPERADOR, SNAKE o CHEQIAN), que obtenían pingües beneficios, sobre todo en exportaciones e importaciones fraudulentas con China y en la economía sumergida” dentro del mercado español.
La operativa consistía en captar el máximo de depósitos en efectivo de clientes, que, en su gran mayoría, estaban inmersos en actividades de economía sumergida y sospechosas de fraude fiscal y arancelario. Se aumentó la opacidad de sus fondos, con el fraccionamiento de los abonos que realizaban, el uso de las cuentas internas innominadas del banco, los usos compartidos de documentación falsa y NIEs, la facturación simulada y las transferencias masivas a China.
El auto del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de Madrid de 6 de septiembre de 2017, rec. nº 40/2016 , analiza escrupulosamente si se cumplen todos y cada uno de los requisitos para que pueda ser responsable penalmente previstos en el art. 31 bis CP :
1º.- Tener personalidad jurídica.
Explica el auto cómo la entidad ICBC " INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA" es una empresa transnacional en el contexto de la Unión Europea y que como tal disfruta de la libertad de establecimiento de las sociedades mercantiles en Europa y de la libre prestación de servicios y, en consecuencia, del reconocimiento mutuo de personalidad jurídica dentro del Mercado Único.
La entidad ICBC LUXEMBOURG SA el 6 de mayo del 2010 abrió una sucursal en España, que se denominó INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LUXEMBOURG SA Sucursal en España.
El establecimiento español no ostenta "per se" una personalidad jurídica propia, se le considera "una sede de explotación desprovista de personalidad jurídica, calidad que si ostenta la entidad ICBC Sucursal de LUXEMBURGO como así se expresa en su escritura de constitución.
La entidad matriz para Europa, ICBC LUXEMBOURG es una persona jurídica con sede en Luxemburgo, por lo que para conocer si se puede imputar Responsabilidad Penal a la entidad ICBC LUXEMBURGO se acude a su ley nacional de Luxemburgo, donde se constituyó y tiene su domicilio social. El régimen jurídico de la Responsabilidad Penal está recogido en al artículo 34 del Código Penal de Luxemburgo desde 2010. El ámbito de aplicación "ratione materiae" de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas es muy amplio y se extiende no solo a todos los delitos previstos en el CP, también a los previstos en la legislación especial. El delito de blanqueo de capitales está incluido.
2º.- Ser imputable.
Se acude al Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, rec 128/2014, de 19 de mayo de 2014 que se pronunció sobre la diferencia doctrinal entre personas jurídicas imputables e inimputables. La AN aclara que las personas jurídicas penalmente responsables no son todas aquellas que han adquirido personalidad jurídica conforme a Derecho, sino que es preciso que las mismas realicen una actividad lícita de cierta entidad en el tráfico jurídico ya que, en otro caso, se considerarán meros instrumentos en manos de los auténticos responsables penales que serían sus creadores y/o sus gestores.
En el caso que nos ocupa en el auto se concluye que no es un mero instrumento del delito, sino un auténtico sujeto de derechos y obligaciones por las actividades realizadas como: la aceptación de depósitos y de otros fondos reembolsables, el otorgamiento de préstamos, la concesión de garantías y suscripción de compromisos, elaboración de informes comerciales, etc.
3º.- Cometer alguno de los delitos de los que puede ser responsable una persona jurídica.
Los hechos que se relatan en el auto pueden ser constitutivos de un delito de blanqueo del art. 302.2 CP , para el que se prevé responsabilidad penal para la persona jurídica.
4º.- Que los hechos se hayan cometido:
A) En nombre o por cuenta de la entidad y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de las mismas (art. 31 bis 1.a CP).
En este caso los Directores LIU GANG y LIU WEI han actuado en el marco de los poderes concedidos por ICBC LUXEMBOURG, y en beneficio y por cuenta de la Entidad.
Los investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. No practicaron ninguna comprobación de control, no han realizado nunca ninguna comunicación de operaciones sospechosas o de comunicaciones sistemáticas. Las advertencias y recomendaciones de los oficiales de cumplimiento normativo fueron o directamente ignoradas o implementadas con serias inconsistencias que las convertían en papel mojado.
B) En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo e indirecto de la entidad por quienes estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el apartado anterior han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquellos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso (art. 31 bis 1.b CP).
Junto con los Directores Generales, se encuentran también investigados en las presentes diligencias una serie de empleados ejecutivos con altas responsabilidades dentro del organigrama del ICBC ESPAÑA.
5º Ausencia del debido control
Los directores investigados no adoptaron ninguna de las normas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. No practicaron ninguna comprobación de control , no han realizado nunca ninguna comunicación de operaciones sospechosas o de comunicaciones sistemáticas. Las advertencias y recomendaciones de los oficiales de cumplimiento normativo fueron o directamente ignoradas o implementadas con serias inconsistencias que las convertían en papel mojado.
La ausencia de control sobre la actividad de todos los empleados fue esencial para perpetrar presuntamente los comportamientos de ocultación, transformación y transferencia de las ganancias ilícitas que constan descritas en el auto.
En consecuencia, y en aplicación del estatuto jurídico procesal de las personas jurídicas (art. 119 de la LECRIM ), en el auto se acuerda que se dirija el proceso contra la entidad, se le comunique la imputación y se le requiera para que nombre un representante legal y un Abogado y Procurador.
Publicación de las Propuestas de Resolución Provisional de las Ayudas para el Fomento de las solicitudes de Patentes y Modelos de Utilidad 18-09-2017
Pulse en el enlace de CONSULTA DE COMUNICACIONES para ver la Propuesta de Resolución Provisional y comprobar si su solicitud ha sido seleccionada en el muestreo aleatorio y, por tanto, tiene que envia...
La ley regulará el acceso de los herederos al testamento 'en la nube' 15-09-2017
La futura Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) regulará el procedimiento para que los herederos pueden acceder a los sistemas de almacenamiento de información a través de internet o en la nube. ...
La futura Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) regulará el procedimiento para que los herederos pueden acceder a los sistemas de almacenamiento de información a través de internet o en la nube. La nueva norma da respuesta así a los problemas que planteaba que el albacea o los llamados no pudieran o encontraran dificultades para acceder a determinados bienes o títulos por encontrarse éstos o sus títulos almacenados en la red.
Según la disposición adicional séptima del anteproyecto de LOPD, el acceso a los contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información a favor de personas fallecidas se regirá por las reglas previstas en el artículo 3, que regula el acceso de los herederos a los datos del fallecido.
Así, siempre que éstos acrediten tal condición, podrán dirigirse al responsable o al encargado del tratamiento para solicitar el acceso a los datos del causante, salvo que el fallecido hubiera prohibido expresamente esta posibilidad. También podrán acceder a los datos el albacea testamentario o aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello.
La LOPD, no obstante, remite a un futuro real decreto el establecimiento de los requisitos y las condiciones para acreditar la validez y la vigencia de tales mandatos e instrucciones. También podrá crearse un Registro de los mismos.
Tal y como explica la Memoria de Análisis de Impacto Normativo de la LOPD, se pretende establecer un sistema asimilable al de las instrucciones previas en el ámbito sanitario. "El interesado podrá incorporar en un documento de instrucciones su manifestación de voluntad en lo que respecta al uso y destino de sus datos, documentos o ficheros, si opta por su conversación destrucción o portabilidad, así como por el mantenimiento o cancelación de sus cuentas, pudiendo designar una persona para que ejecute sus instrucciones", asevera el texto.
En el caso de que el Gobierno optara por crear y regular un Registro al que incorporar estas instrucciones, el acceso de terceros al mismo solo sería posible en caso de fallecimiento. Además, solo el designado o los herederos podrán consultar el contenido de las instrucciones para dar cumplimiento a la voluntad del fallecido y ejercer por él sus derechos.
El tratamiento de los datos de las personas fallecidas es una de las grandes novedades que incorpora la nueva LOPD, cuya fase de audiencia y consulta pública concluyó en julio. Según los planes de Justicia, el proyecto de ley será aprobado por el Consejo de Ministros antes de final de año, para que el Congreso apruebe el texto definitivo coincidiendo con la plena aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, el 25 de mayo de 2018.
Como siempre nuestrs leyes van atrasadas. Y si van adelantadas se pasan de largo porque no tienen ni idea de lo que legislan. De todas maneras a ver como lo hacen ya que hay muchos flecos y no creo que abarquen todos los casos que se den. Asi que los jueces tendrán que seguir dando su interpretación de la ley.
Las empresas que pierdan un USB podrán ser multadas con hasta 20 millones de euros 13-09-2017
Las empresas y entidades que extravíen memorias USB con información sensible podrán ser sancionadas con multas de 20 millones de euros o más, de acuerdo con la nueva normativa europea de protección de...
La Policía Local controla el cumplimiento de la L.O.P.D. por parte de los profesionales del transporte 13-09-2017
Pese a no ser un aspecto habitual del control del transporte público en la provincia, la unidad especializada de la Policía Local de Elche se interesa por asegurar que cualquier dato de carácter perso...
La AEPD sanciona a Facebook por vulnerar la normativa de protección de datos 12-09-2017
La Agencia constata que Facebook trata datos, incluso especialmente protegidos, con fines de publicidad sin recabar el consentimiento y no cancela totalmente la información de los usuarios cuando ya n...
Diligencia debida en compliance penal (UNE 19601) Parte I 12-09-2017
El término ?diligencia debida? se utiliza en distintos contextos, con diferentes significados. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones de empresas, por ejemplo, los procesos de Due Diligence busc...
El término ?diligencia debida? se utiliza en distintos contextos, con diferentes significados. En el ámbito de las fusiones y adquisiciones de empresas, por ejemplo, los procesos de Due Diligence buscan satisfacerse de la corrección de las manifestaciones e informaciones facilitadas por los responsables de la entidad a fusionar o adquirir, mediante el análisis de su información financiera, fiscal, legal, laboral, etc. Se trata, principalmente, de detectar riesgos o pasivos contingentes no desglosados por la contraparte y que pueden afectar al precio de la transacción o incluso condicionar el buen fin de la misma. En el ámbito del Compliance penal, la acepción más frecuente de dicho término se relaciona con obtener información y analizarla para determinar si una determinada relación entraña riesgo de comisión de un delito. Son procesos que se desarrollan con notable frecuencia, pues afectan a muchos sujetos y transacciones. Para distinguirla de otros significados, en los foros de normalización internacional se planteó cambiarle el nombre, desestimándose finalmente tal iniciativa pues los profesionales dedicados al compliance conocen perfectamente su significado y no lo confunde con otros.
Si concebimos a la organización como una ?caja?, sólo pueden desarrollar actividades que comporten su responsabilidad criminal aquellos sujetos que están ?dentro? de ella (porque participan en su gestión, procesos internos y toma de decisiones), o los que estando ?fuera? de la misma obran en su interés. Así pues, aplicando procesos de diligencia debida sobre unos y otros se cierra el círculo del control sobre quienes tienen la capacidad de dañar a la organización con su conducta. Para ello, la Norma UNE 19601 recurre a las definiciones de miembros de la organización y socios de negocio, que son conceptos organizativos, no jurídicos, con la finalidad de cubrir entre ambos a todo el elenco de personas cuya conducta tiene capacidad de afectar negativamente a la organización. En líneas generales, son miembros de la organización aquellos sujetos que están integrados en ella, con independencia de la naturaleza jurídica de su vínculo. La norma española evita recurrir a los conceptos de ?empleados? (ISO 19600) o ?personal? (ISO 37001) para poder dar así cabida a cualquier sujeto que participe en los procesos internos de la organización, provenga de una empresa de trabajo temporal, sea un implante, etc. Solemos asociar erróneamente este tipo de relaciones no laborales con perfiles de riesgo bajo, cuando pueden eventualmente participar en procesos de negocio que entrañen riesgo penal, como haría cualquier empleado en su posición. Además, determinados directivos y ejecutivos con amplia capacidad de adoptar decisiones pueden estar vinculados mercantilmente con la organización. Es el caso, por ejemplo, de equipos de gestión, contratados externamente ante situaciones especiales (crisis, procesos de fusión, etc). Por eso la Norma UNE 19601 evita limitar la prevención penal a las relaciones laborales. Por otra parte, la norma española cierra el círculo de la diligencia debida recurriendo al concepto de socio de negocio, que es todo aquel con quien la organización mantiene o se plantea mantener una relación de negocio y no es miembro de la misma. Conviene aclarar que ?relación de negocio? incluye cualquier actividad a la que se dedique una organización, abarcando también las no remuneradas. Por lo tanto, todo sujeto que muestre vínculos con la organización será un miembro o un socio de negocio de ella, y se aplicarán procesos de diligencia debida en ambos casos. Esta aproximación es parecida a la del estándar ISO 37001 sobre sistemas de gestión anti-soborno, y similar también a la derivada de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) norteamericana. Es distinta, sin embargo, de la empleada por la Bribery Act británica, que recurre al concepto único de ?associated person? que incluye tanto a empleados como a determinados terceros.
La AEPD sanciona a Facebook con 1.200.000 euros por vulnerar la protección de datos de los usuarios 11-09-2017
La AEPD sanciona a Facebook con 1,...
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictado resolución en el procedimiento iniciado a la empresa Facebook para analizar si los tratamientos de datos que realiza la red social se adecuan a la normativa de protección de datos. La Agencia declara la existencia de dos infracciones graves y una muy grave de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) e impone a Facebook una sanción de 1.200.000 euros ?300.000 por cada una de las primeras y 600.000 por la segunda?, la más elevada que ha impuesto la agencia.
La AEPD también ha confirmado que los usuarios no son informados de que se va a tratar su información mediante el uso de cookies -algunas de uso específicamente publicitario y alguna de uso declarado secreto por la compañía- cuando navegan por páginas que no son de Facebook y que contienen el botón ?Me gusta?. Esta situación también se produce cuando los usuarios no son miembros de la red social pero han visitado alguna vez una de sus páginas, así como cuando usuarios que sí están registrados en Facebook navegan por páginas de terceros, incluso sin iniciar sesión en Facebook. En estos casos, la plataforma añade la información recogida en dichas páginas a la que figura asociada a su cuenta en la red social. Por ello, la AEPD considera que la información facilitada por Facebook a los usuarios no se ajusta a la normativa de protección de datos.
En consecuencia, la Agencia estima que Facebook no recaba de forma adecuada el consentimiento ni de sus usuarios ni de aquellos que no lo son ?y cuyos datos también trata?, lo cual constituye una infracción tipificada como grave.
La AEPD presenta Facilita RGPD, una herramienta para ayudar a las empresas a cumplir con la protección de datos 11-09-2017
Con este cuestionario online las empresas y profesionales pueden constatar que los datos que tratan pueden considerarse de bajo riesgo y obtener los documentos mínimos indispensables para facilitar el...
La importancia de los programas compliance en el sector vinícola 11-09-2017
Algunos ya habréis escuchado, en contextos legales y empresariales, el término compliance. También en el ámbito académico, ya que se están implantando cursos y másteres orientados a formar especialist...
Algunos ya habréis escuchado, en contextos legales y empresariales, el término compliance. También en el ámbito académico, ya que se están implantando cursos y másteres orientados a formar especialistas en la materia.
Compliance es un término de origen anglosajón que deriva del sector financiero, área tradicionalmente sometida a una compleja legislación.
Literal y formalmente significa "the act of obeying an order, rule, or request", cuya traducción práctica es "cumplimiento normativo".
En la línea de la Ley Orgánica 15/2003 de reforma del Código Penal, la Ley Orgánica 5/2010 introdujo de manera expresa la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como un catálogo cerrado de delitos por los que una persona jurídica podría ser responsable penalmente, consagrando de manera definitiva en nuestro ordenamiento, la desaparición del principio penal clásico: "Societas delinquere non potest", es decir, que una persona jurídica no puede delinquir y sólo las personas físicas podían.
El sector vitivinícola en particular, y el agroalimentario en general, están expuestos a legislaciones cada vez más complejas y exigentes (fiscal, laboral, contable, mercantil, medioambiental, seguridad alimentaria, protección de datos, industrial), con una desordenada normativa comunitaria, estatal y autonómica, en continuo crecimiento en número y grado de complejidad.
Otra realidad a tener en cuenta, es que España cuenta con la normativa fiscal más profusa y compleja de Europa, caracterizada por frecuentes modificaciones, lagunas, correcciones y cambios de opinión en la doctrina, lo que genera un alto grado de incertidumbre en las empresas. A todo ello se le suma la dilatada duración de las disputas con las autoridades tributarias, que en su caso, consume un elevado coste en tiempo y recursos.
Es por ello que como director de comunicación de la World Compliance Association (Madrid) y director del comité de compliance en el sector agroalimentario, así como profesor en diversas materias en másteres de postgrado universitario, soy conocedor del reto al que se enfrentan las empresas en los próximos años.
Por otra parte, la implantación de mecanismos de control más eficientes por parte de las administraciones, hace necesario que las organizaciones cuenten con servicios cada vez más especializados.
Los programas de compliance son un conjunto de políticas y procedimientos encaminados al cumplimiento normativo por parte de la empresa y de todos sus empleados.
Un buen programa de cumplimiento abarca todo tipo de normas, tanto las de imperativo legal, como los códigos éticos o normativa interna de la empresa, entre otras.
Así pues, los programas de compliance tienen como finalidad establecer una verdadera cultura de cumplimiento y respeto a la legalidad vigente (y a la ética empresarial), estableciendo a su vez un sistema preventivo que ayude a evitar problemáticas a empresas que puedan derivar responsabilidades civiles y/o penales.
"los modelos de organización y gestión deben estar perfectamente adaptados a la empresa y a sus concretos riesgos".
A diferencia de la mentalidad sajona, en nuestro país no nos caracterizamos por una cultura preventiva, sino más bien reactiva. Es por ello que las empresas proactivas contarán con una notable ventaja competitiva, evitando -o al menos mitigando- serias sanciones, suspensión de actividades, intervención judicial, posibles responsabilidades penales y, por extensión, graves perjuicios para su imagen corporativa.
Tal como recomienda la Fiscalía General del Estado en la Circular (1/2016), en la que se analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas, "los programas deben ser claros, precisos y eficaces y, evidentemente, redactados por escrito".
Ya sea mediante personal propio, como si recurre a consultorías y empresas especializadas en las materias, es recomendable que implante un sistema compliance corporate que garantice el cumplimiento normativo en la organización.
Congreso internacional sobre insolvencia y mercado de crédito 06-09-2017
Directores Matilde Cuena Casas. Profesora Titular de Derecho Civil (acreditada a Catedrática). Universidad Complutense. Vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. Ignacio Tirado Martí. Profesor...
Directores Matilde Cuena Casas. Profesora Titular de Derecho Civil (acreditada a Catedrática). Universidad Complutense. Vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. Ignacio Tirado Martí. Profesor de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid. David Ramos. Profesor de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid. Coordinador José María Torres. Presidente de Numintec. Secretaria Camila Jaramillo. Doctoranda de la Universidad Complutense de Madrid. Abogada. PROGRAMA PRIMERA JORNADA 23 de noviembre 8.30: Entrega de documentación 9.15: Inauguración. 9.30: Conferencia: Efectos económicos de los sistemas de intercambio de información sobre solvencia en los mercados de crédito. Don Jorge Padilla. Profesor en Barcelona Graduate School of Economics. Director Compass Lexecon Europa. 10.00: Conferencia: El Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores. Doña. María Lissowska. Dirección General de Salud y Consumidores. Comisión Europea. I. LA PREVENCIÓN DE LA INSOLVENCIA 10.45: Mesa redonda. Modelos de ordenación de los sistemas información crediticia e impacto económico. Modera: Ignacio Tirado Don Federico Ferretti. Senior Lecturer in Law at Brunel University London (UK). Miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea, Financial Services User Group (FSUG). Dña Rhona Parry. Representante de Equifax. Association of Consumer Credit Information Suppliers (ACCIS) Doña Dolores Cano. Jefa de División de la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Don Martin Schmalzried. Policy Officer en COFACE (Confederation of Family Organisations in the EU) y Miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea, Financial Services User Group (FSUG). 12.00: PAUSA CAFÉ 12.30: Mesa redonda: Los datos sobre solvencia patrimonial ante el Reglamento Europeo de Protección de datos personales. Modera: Matilde Cuena Casas. Don José Luis Piñar Mañas. Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad San Pablo-CEU y Abogado. Exdirector de la Agencia Española de Protección de datos. Don Pablo Pascual. Director de la Asesoría Jurídica de Experian España. Don Lorenzo Prats Albentosa. Catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Don Carlos Alonso Martínez. Director de la Asesoría Jurídica de Equifax Ibérica. 14.00: Comida de trabajo 16.00: Mesa redonda: El nuevo escenario financiero para PYMES y consumidores. Fintech y big data.. Modera: David Ramos Muñoz Don Pablo Blasco. Director de Fintech Spain. Profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid en las áreas de innovación, estrategia y emprendimiento. Don Ricard Martínez Martínez. Director de la Cátedra Microsoft. Privacidad y Transformación digital. Universidad de Valencia. Don Fernando Zunzunegui. Profesor de Derecho del Mercado Financiero. Universidad Carlos III. Abogado especialista en regulación financiera. Don Javier Puyol. Socio - Director de Puyol- Abogados & Partners. Exdirector de la asesoría jurídica contenciosa de BBVA. Don Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña. Departamento de inversores. Dirección General del Servicio Jurídico de las CNMV. 18.00: PAUSA 18.30: Presentación del libro "La prevención del sobreendeudamiento privado. Hacia un préstamo y consumo responsables", dirigido por la profesora Doña Matilde Cuena. Intervienen: Don Alejandro Rubio González. Secretario General Técnico. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Don César Molinas. Economista. Don Julio Gil Dolz. Jefe División Relaciones con la Clientela Bancaria. Departamento de Conducta de Mercado. Banco de España. 20.00: Fin de la jornada. SEGUNDA JORNADA 24 de noviembre II. LA SOLUCIÓN DE LA INSOLVENCIA. PYMES Y CONSUMIDORES 10.00: Conferencia: Líneas generales de la Propuesta de Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad. Don Ondrej Vondracek. Representante del Departamento de Justicia de la Comisión Europea. 10.30: Conferencia: La insolvencia de la persona natural. Perspectiva internacional. Don Jason Kilborn. Profesor de Derecho mercantil. Marshall Law School. Chicago. 11.30: PAUSA CAFÉ 12.00: Proyección del cortometraje “El Corredor” producido por José María Torres. Premio Goya 2016 al mejor cortometraje y finalista en los Oscar de Hollywood.. 12.20: Mesa Redonda: Hacia un nuevo régimen de Segunda Oportunidad para las personas físicas insolventes. La adaptación del Derecho español a la Propuesta de Directiva. Modera: David Ramos Muñoz Don Juan Mora Sanguinetti. Economista Titulado del Servicio de Estudios del Banco de España-Eurosistema y abogado Don Ignacio Tirado Martí. Profesor de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid. Dña Matilde Cuena. Profesora Titular de Derecho Civil. Acreditada a Catedrática. Universidad Complutense. 14.00: Clausura del Congreso. Don Ángel Rojo Fernández-Río. Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad Autónoma de Madrid. Comentarios Escribir un comentario Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña: Usuario: Contraseña: Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com. Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios. No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes. Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.
9.15: Inauguración.
12.30: Mesa redonda: Los datos sobre solvencia patrimonial ante el Reglamento Europeo de Protección de datos personales.
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References: resolución 
 artículo 34
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 real decreto 
 resolución