Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64822
Timestamp: 2017-11-19 12:29:20+00:00

Document:
Sentencia C-621 de 2015 Corte Constitucional
Fecha de Expedición: 30/09/2015
Respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, la Sentencia C-539 de 2011 reitera que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, "sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta"; (ii) la diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión o constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto "la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional".
conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa -quien la preside-, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortíz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes:
Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos si es ocasionada por negligencia suya".
1.2.1. Los demandantes afirman que el artículo 7° parcial de la Ley 1564 de 2012, específicamente en lo que respecta a la expresión "además" del primer inciso; y el segundo inciso del mismo artículo, vulneran los artículos 4, 230, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Constitución Política, con sustento en las siguientes razones:
1.2.2. Afirman los accionantes que el artículo 7° de la Ley 1564 de 2012, vulnera la Carta en dos sentidos: primero, incurre en una violación directa del artículo 230 de la Constitución Política al agregar expresiones no contenidas en el artículo constitucional indicado, introduciendo en el texto que reproduce la norma constitucional, la palabra "además" y derogando la expresión "sólo" literalmente indicada en la última.
Los doctores Felipe Navia Arroyo y Málory Zafra Sierra, como miembros del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, respetuosamente solicitan a la Corte Constitucional se declare la exequibilidad de la expresión "además" contenida en el primer inciso del artículo demandado, y que se declare la exequibilidad tal y como aconteció en la sentencia C-836 de 2001 en punto del segundo inciso del artículo 7° de la ley 1564, por los siguientes motivos:
1.3.1.2. De acuerdo con lo anterior, no resulta claro que con el vocablo "además" empleado en la disposición demandada, se le esté otorgando mayor importancia a las fuentes de derecho que tradicionalmente han sido catalogadas como auxiliares, ubicándolas al mismo nivel de la ley, pues el enunciado legal referido, denota que la ley se encuentra en un nivel jerárquico superior frente a las demás fuentes de derecho.
1.3.2.2. Indica que la obligación contenida en la disposición demandada, referente a que los Jueces de la República expidan providencias sometidas al imperio de la Ley, teniendo "además" en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, no deviene de ninguna modificación por vía legislativa de la normativa Superior, como lo aduce los accionantes, sino de la lectura autorizada que del mismo precepto ha efectuado la Corte constitucional, dimensionando el alcance del concepto del Imperio de la ley. Lo anterior, en razón a que de acuerdo con el interviniente, el legislador busca que la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de cierre de las diferentes jurisdicciones, cumpla su función de instrumento de materialización del principio de igualdad y robustecimiento del principio de seguridad jurídica.
1.3.2.3. De acuerdo con lo expresado, el representante del Ministerio de Justicia y del Derecho procede a citar múltiples fallos jurisprudenciales proferidos por esta Corporación, con el fin de indicar que el contenido constitucional del "imperio de la ley" trasciende el simple acto normativo expedido por el Congreso de la República, y que se debe entender como la norma jurídica aplicable al caso concreto, lo que implica que en el marco del artículo 230 Superior, el concepto de ley debe cobijar todas las fuentes de derecho aplicables al caso concreto, sin que esto implique que se haya revaluado el papel de la legislación como la principal fuente de derecho.
1.3.3.1. La expresión "imperio de la ley" consagrada en el artículo 230 Superior no puede entenderse bajo la acepción formal de ley emitida por el legislador, sino que cobija todo el sistema jurídico colombiano, en el cual tiene cabida las normas constitucionales y legales, así como la interpretación que de ellas se hace vía jurisprudencial.
1.3.4.1. En criterio de los intervinientes, el artículo 7 demandado al poner el término "además", lejos de imponer una modificación al sistema de fuentes constitucionalmente estatuido, en realidad hace aplicación de lo que la Corte señaló, al indicar que una de las finalidades del CGP es la adecuación de las normas procesales a la Constitución de 1991, a la jurisprudencia constitucional y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen fuerza vinculante al precedente judicial y a la costumbre.
1.3.4.2. La disposición demandada otorga al juez la posibilidad "de apartarse de su propio precedente, lo que se conoce como precedente vertical (sic)", siempre que cumpla con una carga argumentativa similar a la que se aplica al momento de apartarse de la doctrina probable, de manera que no se percibe vulneración directa o indirecta de los artículos 4 y 230 de la Carta.
1.3.6.1. Sostiene el ciudadano interviniente que la expresión demandada "además" no viola el artículo 230 de la Constitución Política, pues no cambia el sentido de este, en tanto no se está equiparando el grado de sumisión del juez a la ley y a la aplicación de las fuentes auxiliares, sino que por el contrario el Legislador deja claro que el juez ante todo está sometido al imperio de la ley, y acto seguido aclara que además de aquella debe tener en cuenta la equidad, la costumbre la doctrina y la jurisprudencia.
1.3.7.1. El representante de la Defensoría comienza su argumentación analizando el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, del cual concluye de manera precisa que: (i) por regla general, los fallos de la Corte constitucional hacen tránsito a cosa juzgada; (ii) la Corte no puede pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica amparada por una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada; (iii) la cosa juzgada le confiere a las providencias un carácter definitivo e inmutable en desarrollo del principio de seguridad jurídica; (iv) se está en presencia de cosa juzgada formal cuando un texto normativo ya ha sido objeto de pronunciamiento anterior por parte de la Corte; (v) se habla de cosa juzgada material cuando pese a que no se demanda un texto normativo formalmente idéntico, su contenido sustancial es igual; (vi) hay cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia; (vii) se presenta cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro "se formulen nuevos cargos de constitucionalidad".
El jefe del Ministerio público le solicita a la Corte Constitucional, declarar la exequibilidad condicionada de la palabra "además", contenida en el artículo demandado parcial, bajo el entendido de que la vinculación del juez a las fuentes auxiliares del derecho es solo de naturaleza relativa, es decir únicamente procedente mientras éstas no contradigan la ley en sentido amplio, y siempre que no se aduzcan razones para justificar que el juez se aparte de ellas. En segundo lugar, solicita que se declare exequible el aparte demandado del segundo inciso del mismo artículo.
2.4. Ya analizando los cargos concretos, se determina que la palabra "además" contenida en la disposición acusada admite dos lecturas: por un lado, es posible entender que aquella vincula al juez a considerar a las fuentes secundarias como de igual jerarquía a la ley en sentido amplio, de manera que si existiese jurisprudencia contra legem, se debería ponderar con la Ley para la resolución de un caso concreto, lo cual no se acopla a los postulados constitucionales.
3.2.4. En relación con "el concepto de la violación", en la sentencia C-1052 de 2000, reiterada entre otras por la C- 543 de 2013, la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por los demandantes. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
A juicio de este despacho, de la lectura de la norma acusada, no se infiere la supuesta vulneración de los preceptos constitucionales señalados y se advierte que las afirmaciones hacen referencia a interpretaciones subjetivas sobre el sentido y alcance de la expresión "además" contenida en el artículo 7 de la Ley 911 de 2004. Las apreciaciones subjetivas no son propias del juicio abstracto de constitucionalidad el cual debe recaer sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente deducida por el actor.
3.2.6.4. El planteamiento de los demandantes se fundamenta en un marco de abstracción que no permite concretar o verificar la violación que los accionantes pretenden demostrar. No hay suficientes argumentos que permitan verificar, al menos prima facie, que en efecto pueda existir una contradicción objetiva entre la expresión "además" con el artículo 230 constitucional como lo sostiene la demanda.
El argumento que presenta la demanda es que se generaría una violación directa del artículo 230 de la Constitución Política por agregar expresiones no contenidas en el artículo constitucional indicado, introduciendo en el texto legal que reproduce la norma constitucional, la palabra "además" y derogando la expresión "sólo" literalmente indicada en la última.
Para la demanda, la palabra además en la redacción del artículo implica que la Ley "modifica el sistema de fuentes". El actor sostiene que mientras el artículo 230 constitucional sostiene que "los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la Ley" la norma demanda: "Los jueces, en sus providencias, están sometidos al imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina." Cambia con la eliminación de la palabra solo y la inclusión de la palabra además, todo el orden de las fuentes normativas.
3.3.1. Los demandantes señalan que la norma demandada le da una relevancia tal a la jurisprudencia que la equipara a la Ley, e incluso que la pone por "encima de esta" al exigir al juez que exponga su carga argumentativa cuando se aparte del precedente en casos análogos o cuando se aparte de la doctrina probable, al incluir la expresión:
3.3.2. Para los demandantes, el hecho de que se exija al juez una carga argumentativa cuando se aparte de la doctrina probable o del precedente, implica que el legislador le está dando un valor normativo a la jurisprudencia superior al de la Ley, puesto que "esta carga argumentativa debe ser asumida cuando se aparten de la doctrina probable (jurisprudencia) no así cuando se aparten de la Ley."
3.3.4. En consecuencia, esta Corporación deberá resolver si la expresión "Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos." contemplada en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 1564 de 2012 establece para el juez una carga argumentativa tal, que la convierte en una norma de igual, e incluso mayor valor jurídico que la Ley; y si ello atenta contra el contenido del artículo 230 de la Constitución Política.
3.4.1. En el caso sub examine la cuestión planteada en la demanda sobre el valor normativo de la jurisprudencia, dio lugar a varias intervenciones en las que se advierte la posible existencia de cosa juzgada material. Así lo manifiesta la intervención de la Defensoría del Pueblo, que se encarga de hacer una comparación entre la decisión C-836 de 2001 y aquella que compete en el caso concreto, comparando los contenidos normativos demandados y concluyendo que en virtud de la similitud existente entre ellos solicita: "Estarse a lo resuelto en la sentencia C-836 de 2001 (…)"
3.4.2. En el mismo sentido se pronuncian la Universidad Externado de Colombia, que recomienda "estarse a la exequibilidad declarada en la Sentencia C-836 de 2001" y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal1. Por su parte, el Ministerio del Derecho y la Justicia, aunque no se refiere directamente a la figura de la cosa juzgada, sostiene que sobre el punto ya la Corte ha sentado una posición clara.2
3.4.6.1. Sobre los requisitos para establecer la cosa juzgada constitucional, la Corte, en la Sentencia C-090 de 2015, reiterando la jurisprudencia en la materia, estableció que la cosa juzgada constitucional formal se da en aquellos casos en los que la Corte Constitucional se ha pronunciado previamente frente a la misma norma jurídica que pretende nuevamente someterse al análisis de la Corporación.3 En consecuencia, esta Corporación ha establecido que la cosa juzgada formal ocurre "cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio"4 o también, en aquellos casos en los que "se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual".5 En ambos supuestos, no es posible volver a abordar su estudio por existir un fallo ejecutoriado.6
La cosa juzgada formal puede ser absoluta "cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional"7. Es relativa "cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado"8.
3.4.6.2. Por su parte, la cosa juzgada material se presenta "cuando existen dos disposiciones distintas que, sin embargo, tienen el mismo contenido normativo, de manera que frente a una de ellas existe ya un juicio de constitucionalidad por parte de este Tribunal"9. En este sentido, la Corte ha manifestado que el fenómeno de la cosa juzgada opera sobre los contenidos normativos de una disposición jurídica10, razón por la cual tal identidad no involucra solamente aspectos gramaticales11.
(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de demanda, esto es, que los "efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos"12.
(iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que se esté ante el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado este Tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean13.
3.4.7. En el presente caso, el cargo segundo, relativo al valor jurídico de la jurisprudencia se dirige contra la frase contenida en el párrafo segundo del artículo demandado y que reproduce el siguiente texto: "Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos."
"Para esta Corporación es muy claro que la respuesta a tal pregunta no es otra que la de considerar que tal sentencia es fuente obligatoria. Así lo dispone el artículo 243 superior precitado e incluso el inciso 1° del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, que dice: Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares" (negrillas fuera de texto).
3.5.2. Luego, en la sentencia C-486 de 1993 en que la Corte Constitucional debió resolver sobre la constitucionalidad del Decreto 410 de 1971, la Ley 04 de 1989 y los artículos 3 a 9 y 98 a 514 del Código de Comercio. Según la accionante se encuentra una vulneración del artículo 230 de la Constitución al preverse que la costumbre mercantil podría ser aplicada como fuente formal del derecho, pues los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley; conforme lo establecido en el artículo 230 de la Constitución. En dicha sentencia la Corte rechaza la tesis de limitar el vocablo "ley" del artículo constitucional a su sentido formal y estabece que "su campo semántico no es otro que el de la totalidad del ordenamiento jurídico" para concluir explicando el proposito de la norma constitucional en el siguiente tenor:
La enfática prescripción del artículo 230 de la CP –"los jueces, en sus providencias, sólo está sometidos al imperio de la ley"- , tiene el sentido de rodear a la actividad judicial de una plenagarantía de independencia funcional frente a la intromisión de cualquier otro órgano público o privado. La factura reactiva de la garantía revela el indicado designio. La necesidad de la independencia judicial se deriva del sentido y alcance de la actividad sentenciadora de los jueces, la que se sujeta únicamente al ordenamiento jurídico estructurado a partir de la Constitución, sus principios y valores superiores y aplicado al caso concreto en términos de verdad y de justicia."
En la Sentencia, la Corte manifestó que la expresión "imperio de la ley" a la cual están sometidos los jueces, de conformidad con el artículo 230 C.P. se debe entender bajo la égida de dos garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección de trato por parte de las autoridades.
La Corte reiteró que el concepto de "ley" contenido en el artículo 230 Superior, se refiere a las distintas fuentes del derecho que deben ser aplicadas para resolver un caso concreto y como tal, bien puede tratarse de la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general, y que se incurre en el delito de prevaricato si cualquier autoridad pública emite resolución, dictamen o concepto que resulte ser manifiestamente contrario a la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general.
3.5.5. Por su parte, la sentencia C- 539 del 2011 resuelve una demanda la inexequibilidad del artículo 114 de la Ley 1395 del 2010 ya que según los demandantes se encuentra una vulneración a los artículos 2, 4, 13, 83, 209, 230 y 240 de la Constitución Política. En dicha sentencia la Corte afirmó que: "Una interpretación adecuada del imperio de la ley a que se refiere el artículo 230 constitucional, significa para la jurisprudencia constitucional que la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido formal, sino que debe entenderse referida a la aplicación del conjunto de normas constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual informa la totalidad del ordenamiento jurídico."
3.5.6. Posteriormente, la sentencia C- 816 del 2011 sobre la constitucionalidad del artículo 102 de la Ley 1437 del 2011 conforme el cual se regula "La extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros por parte de las autoridades". Según los accionantes se debe declarar la inexequibilidad de dicha norma por la vulneración de los artículos 4, 230 y 241 constitucionales. Específicamente, en cuanto a la cuestión de la compatibilidad de postulados normativos que pretendan reconocer a la jurisprudencia un valor jurídico erga omnes, la Corte se pronunció en la sentencia C-836 de 2011 explicando que:
3.5.7. La más reciente decisión sobre el punto es la sentencia C- 284 del 201514 en que la Corte resolvió la demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 de la ley 153 de 1887. En esta oportunidad la Corte reitera su posición y establece que la expresión "Ley" del artículo 230 "ha sido entendida "en un sentido material" de manera que comprende todas las normas (i) adoptadas por las autoridades a quienes el ordenamiento jurídico les reconoce competencias para el efecto y (ii) siguiendo el procedimientos o las formas fijadas con ese propósito."
3.6.1. La influencia europea continental en el derecho constitucional colombiano del siglo XIX, trajo consigo la incorporación de la fórmula de doctrina legal (como se conocía en España) similar al concepto francés, muy difundido en el resto de Europa de "jurisprudence constante". Se trata de herramientas útiles para para suplir los vacíos dejados por el legislador en la norma positiva mediante el uso de la jurisprudencia, como herramienta de interpretación de la ley para la aplicación de temas o casos concretos.
El concepto francés (aún vigente) implica que la interpretación reiterada y constante que hace la Cour de Cassation sobre un mismo punto de derecho constituye una autoridad persuasiva, basada en el principio quieta non movere que conduce a seguir aquellas interpretaciones normativas que se han mantenido constantes con el tiempo. En España, la doctrina legal (también en vigencia) era a tal punto exigible que permitía activar el recurso de casación en caso de ser vulnerada.15
"Es doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema dé a unas mismas leyes en tres decisiones uniformes. También constituyen doctrina legal las declaraciones que haga la misma Corte, en tres decisiones uniformes, para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad de una cuestión dada que no quede sin resolver por no existir leyes apropiadas al caso. La Corte para interpretar las leyes, tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos de 27 a 32 del actual Código civil de la Nación."
Posteriormente la Ley 153 de 1887 se encargó de ratificar la fórmula de doctrina legal, con una cierta morigeración, implementando en la definición del artículo 10 las palabras más probable y restando con ello el carácter perentorio de su implementación así: "En casos dudosos, los jueces aplicarán la doctrina legal más probable. Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina legal probable".
"La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola continuamente con la realidad social que pretende regular."16
En la referida sentencia, la Corte Constitucional procuró darle a la doctrina probable un valor jurídico explicito, fundamentando para ello su fuerza normativa en "el derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en una interpretación uniforme y consistente del ordenamiento jurídico."
En razón de ello, la Corte no solo reconoce la constitucionalidad de la doctrina probable de la Corte Suprema, sino que fortalece su rigurosidad, exigiendo que el apartamiento de la misma por parte de los jueces de instancia, no sea caprichoso, sino que requiere una justificación de acuerdo con la seguridad jurídica, en concordancia con los principios de la buena fe y la igualdad frente a la ley.17
Al respecto, la citada Sentencia C-836 de 2001 estableció la diferencia de obligatoriedad entre la ratione decidendi de la decisión y el obiter dicta, señalando que "la parte de las sentencias que tiene fuerza normativa son los principios y reglas jurídicas" que hacen parte de la razón de la decisión, es decir aquellos que son "inescindibles de la decisión sobre un punto de derecho." En cambio de ello, las obiter dicta constituyen criterios auxiliares de la actividad judicial en los términos del inciso 2° del art. 230 superior, pues pueden servir para resolver aspectos tangenciales de la sentencia y en muchos casos permiten interpretar cuestiones relevantes desde el punto de vista jurídico, que si bien no deben ser seguidos en posteriores decisiones si pueden resultar útiles.
Respecto del apartamiento de la decisión, la Corte en la sentencia C-836 de 2001 dejo claro que dicha posibilidad existe, tanto para la misma Corte Suprema respecto de su doctrina judicial como para los jueces de inferior jerarquía, pero siguiendo una carga argumentativa, que por supuesto se diferencia respecto del órgano que pretenda el distanciamiento. Así, la sentencia indicó: "Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas."
Es en ese sentido que la Corte ha manifestado en sentencias como la SU-047/9918, que el juez puede distanciarse de la doctrina probable siempre y cuando exponga clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican la razón por la que decide apartarse de ella. Al respecto esta Corporación ha sostenido en la sentencia C-836 de 2001, que el apartamiento de la doctrina probable es válido a condición de: "que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular."
En dicha decisión, esta Corporación, explicó que para evitar que los jueces sean caprichosos al apartarse de una decisión, si bien no están obligados de forma absoluta al seguimiento del precedente, al apartarse, los jueces "están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
Finalmente la Sentencia C-836 de 2001 consagró también la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia se aparte de su doctrina probable, (precedente horizontal) en tres supuestos: 1) cambios sociales que hagan necesario un ajuste en la jurisprudencia. 2) cuando encuentre que su jurisprudencia contradice "valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico" y 3) cuando exista un cambio relevante en el ordenamiento jurídico legal o constitucional.
3.7 EL PRECEDENTE JUDICIAL OBLIGATORIO EN COLOMBIA
3.7.2. Al respecto, en la sentencia C-104 de 199319 la Corte se pronuncia sobre las diferencias entre las sentencias de los demás tribunales y las decisiones de constitucionalidad, estableciendo que aquellas encargadas a la Corte Constitucional tenían naturaleza erga omnes y además, no constituían un criterio auxiliar de interpretación sino que "la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional -art. 243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o su aplicación ulterior".
3.7.3. En cuanto a las Sentencias de tutela, los pronunciamientos sobre la obligatoriedad del precedente se dan a partir del año 1995, con las sentencias T-12320 y T-26021 de ese año. En la primera la Corte se refirió a que las sentencias "sirven como criterio que auxiliar de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de la igualdad» pero será en la segunda donde por primera vez se refiera al valor de la jurisprudencia en términos de doctrina constitucional:
Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno de los principios de la administración de justicia es el de la autonomía funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían, no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar. 22
3.7.4. Pocos años más tarde, en la Sentencia T 566 de 199823, la Corte reitera el precedente de las sentencias antes referidas y va más allá, pues se pronuncia de forma aún más directa sobre el valor del precedente judicial en materia de tutelas dándole la connotación propia del case law, no solo por referirse explícitamente a la importancia de la identidad de los hechos sino por mencionar el valor de la jurisprudencia respecto de la administración así:
3.7.5. Con posterioridad a ello, y como bien lo indica la Sentencia C-539 de 201124, la Corte Constitucional ha señalado repetidamente, la vigencia y validez de la fuerza vinculante del precedente judicial en materia de tutela, señalando que las autoridades públicas, tanto administrativas como judiciales, están obligadas a acatar los precedentes que fije la jurisprudencia constitucional.
3.7.6. En la sentencia T-439 de 200025, la Corte precisó que si bien es cierto que la tutela no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, la ratio decidendi, constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma.
El precedente por lo tanto, es verdaderamente una regla de derecho derivada del caso y en consecuencia, las autoridades públicas solo pueden apartarse de la postura de la Corte cuando se "verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso concreto", o que "existan elementos de juicio no considerados en su oportunidad por el superior, que permitan desarrollar de manera más coherente o armónica la institución jurídica", en cuyo caso se exige una "debida y suficiente justificación". 26
3.7.7. En síntesis, respecto de la obligatoriedad de la jurisprudencia constitucional, la Sentencia C-539 de 2011 reitera que esta se fundamenta en (i) el respeto al principio de la seguridad jurídica, el cual implica el respecto por las normas superiores y la unidad y armonía de las demás normas con éstas, de manera que al ser la Corte Constitucional el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, "sus determinaciones resultan ser fuente de derecho para las autoridades y particulares, cuando a través de sus competencias constitucionales establece interpretaciones vinculantes de los preceptos de la Carta"; (ii) la diferencia entre decissum, ratio decidendi y obiter dicta, ratificando la obligatoriedad no solo de la parte resolutiva sino de los contenidos de la parte motiva de las sentencias, en el control abstracto de constitucionalidad como en el concreto, que son determinantes para la decisión o constituyen la ratio decidendi del fallo; y (iii) las características de la ratio decidendi y, por tanto, de la jurisprudencia como fuente de derecho, por cuanto "la ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional, en la medida en que se proyecta más allá del caso concreto, tiene fuerza y valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones, por lo que puede ser considerada una fuente de derecho que integra la norma constitucional".
3.7.8. Pero el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a las Altas Cortes. Al respecto en la sentencia C-335 de 200827, refiriéndose en general a las decisiones de todos los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, reitera el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre y, al respecto, afirma:
3.7.9. Luego en la Sentencia C-816 de 201128, la Corporación sostuvo:
En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad.29
* En suma, el deber de igualdad en la aplicación de las normas jurídicas, al ser un principio constitucional, es a su vez expresión del otro principio constitucional mencionado, el de legalidad. El ejercicio de las funciones administrativa y judicial transcurre en el marco del estado constitucional de derecho y entraña la concreción del principio de igualdad de trato y protección debidos a los ciudadanos, en cumplimiento del fin estatal esencial de garantizar la efectividad de los derechos, y en consideración a la seguridad jurídica de los asociados, la buena fe y la coherencia del orden jurídico. Lo que conduce al deber de reconocimiento y adjudicación igualitaria de los derechos, a sujetos iguales, como regla general de las actuaciones judiciales y administrativas.
* Precisamente, tanto (i) la extensión administrativa de las sentencias de unificación -ordenada en la norma legal demandada- como (ii) la fuerza de los precedentes judiciales, son mecanismos puestos a disposición de los jueces y la administración, para concretar la igualdad de trato que unos y otros deben a las personas.
3.7.13. Queda entonces claro que para la Corte el carácter vinculante, obligatorio y de fuente de derecho de la jurisprudencia emanada de las altas cortes en sus respectivas jurisdicciones y de la Corte Constitucional en todo el ordenamiento jurídico, está ampliamente reconocido. Como lo sostuvo en la sentencia SU-053 de 2015 "los órganos judiciales de cierre cumplen el papel fundamental de unificar la jurisprudencia, con base en los fundamentos constitucionales invocados de igualdad, buena fe, seguridad jurídica y necesidad de coherencia del orden jurídico."
Como se ha visto, la Corte Constitucional ha desarrollado una extensa jurisprudencia en la que ha determinó la importancia y carácter vinculante del precedente para las autoridades judiciales, como el deber que recae en el juez de instancia de aplicar el precedente en las decisiones que incumban casos posteriores con similares supuestos de hecho, con el fin de garantizar seguridad jurídica, la igualdad de trato en la actividad judicial y mantener la línea jurisprudencial respecto al caso en concreto. Sin embargo, en diferentes oportunidades esta Corporación ha manifestado que el juez puede también desligarse del precedente, y cuando lo hace tiene el deber de argumentar de manera rigurosa y clara las razones por las cuales decide apartarse de tal precedente. En la Sentencia C-400 de 199830 la Corte manifestó:
3.8.2. El apartamiento judicial del precedente es la potestad de los jueces de apartarse de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de cierre, como expresión de su autonomía judicial constitucional31. Para que el apartamiento sea válido es necesario el previo cumplimiento del estricto deber de consideración del precedente en la decisión, ya que la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales de cierre no puede ser sencillamente ignorada frente a situaciones similares a las falladas en ella.
3.8.4. Asimismo, la carga argumentativa del juez que se desliga del precedente implica una exigencia tal, que si él no realiza una debida justificación de las razones que lo alejaron de tal precedente constitucional se genera un defecto que puede viciar la decisión. "el desconocimiento, sin debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste precedente horizontal o vertical, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe"32.
La Corte ha reconocido que es preciso hacer efectivo el derecho a la igualdad, sin perder de vista que el juez goza de autonomía e independencia en su actividad, al punto que si bien está obligado a respetar el precedente fijado por él mismo y por sus superiores funcionales, también es responsable de adaptarse a las nuevas exigencias que la realidad le impone y asumir los desafíos propios de la evolución del derecho. En consecuencia, un juez puede apartarse válidamente del precedente horizontal o vertical si (i) en su providencia hace una referencia expresa al precedente conforme al cual sus superiores funcionales o su propio despacho han resuelto casos análogos, pues "sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia" (requisito de transparencia); y (ii) expone razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo (requisito de suficiencia). Satisfechos estos requisitos por parte del juez, en criterio de la Corte, se entiende protegido el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades y garantizada la autonomía e independencia de los operadores judiciales.
* "apartarse de dicho precedente, en el caso de decisiones adoptadas por órganos de cierre sería la misma Corporación y en el caso del precedente horizontal los mismos jueces, siempre que cumplan la carga argumentativa antes descrita y construyendo una mejor respuesta al problema jurídico, so pena de incurrir en la causal de procedibilidad de la tutela por defecto sustantivo o material, que tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas partícipes del proceso respectivo, entre otros."
3.8.7. Como se explicó, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el valor vinculante del precedente de las Altas Cortes en tanto que órganos de cierre de sus jurisdicciones, y con ello la obligación de los jueces de instancia de apegarse a ellos en sus decisiones, pero esa obligación no coarta la libertad de decisión del juez o autonomía judicial protegida constitucionalmente en tanto él puede apartarse del precedente si cumple con los requisitos que para ello se han establecido. Al respecto, la sentencia C-634 de 201133, la Corte dio claridad sobre las condiciones que debe cumplir la carga argumentativa exigida al juez de instancia para apartarse del precedente del tribunal de cierre y en general de la Corte Constitucional según tenga lugar:
3.8.8. En síntesis, reiterando lo sostenido por esta Corporación34: (i) la jurisprudencia, es "criterio auxiliar" de interpretación de la actividad judicial -CP, artículo 230.2-, y de este modo los jueces en sus providencias"sólo están sometidos al imperio de la ley"-CP, artículo 230.1-; (ii) sin embargo, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -autoridades de cierre de las correspondientes jurisdicciones- y la Corte Constitucional -en todos los casos, como guardián de la Constitución-, tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la unificación de la jurisprudencia, y en virtud de los principios de igualdad, buena fe y seguridad jurídica -CP, artículos 13 y 83-; (iii) excepcionalmente, el juez puede apartarse del precedente judicial vinculante de los órganos jurisdiccionales de cierre, mediante una argumentación explícita y razonada de su apartamiento, en reconocimiento a la autonomía e independencia inherentes a la administración de justicia y al ejercicio de la función judicial -CP, artículo 228-.
3.8.9. Ahora bien, a lo largo de la jurisprudencia de esta Corporación se ha sostenido que las decisiones de la Corte Constitucional en materia de interpretación de la constitución en materia de derechos fundamentales tiene prevalencia respecto de la interpretación que sobre la misma realicen los demás órganos judiciales. Así quedó sentado en la ratio decidendi de la Sentencia C-816 de 201135, en que la Corte decidió declarar exequibles el inciso primero y el inciso séptimo del artículo 102 de la ley 1437 de 2011, entendiéndose que las autoridades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones, deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia. a su vez compiló la línea jurisprudencial en la materia.
* En la Sentencia C-539 de 201136 la Corte decidió declarar exequible la expresión "que en materia ordinaria o contenciosa administrativa" contenida en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, en el entendido que los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado -y el Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria- a que se refiere la norma, deben respetar la interpretación vinculante que realice la Corte Constitucional, la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general.
* En ambas decisiones de importancia fundamental para la materia, se establece una regla sobre el valor normativo del precedente jurisprudencial de los jueces en Colombia, consistente en que si bien los precedentes de las altas cortes son obligatorios para los jueces de instancia y aún para ellos mismos, los precedentes en materia de interpretación de derechos fundamentales emanados de la Corte Constitucional tienen un valor preponderante y deben ser seguidos por los demás tribunales y jueces del país.
3.9 CASO CONCRETO
La norma demanda establece en su segundo párrafo que: "Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos."
3.10.3. En cuanto al cargo que sostenía que la palabra además implicaba un cambio en la estructura jerárquica de las fuentes normativas en Colombia, la Corte encontró que la supuesta contradicción entre el artículo demandado y la norma constitucional, basada en la inclusión de la palabra "además" no surgía del tenor literal del texto demandado sino de la interpretación subjetiva de la demandante y además, que no existía la argumentación suficiente para generar en la Sala la convicción necesaria para adelantar un estudio de constitucionalidad. En función de lo anterior, la Corte se declaró inhibida frente a este cargo de la demanda.
ACLARACIÓN DE VOTO DEL MAGISTRADOLUIS ERNESTO VARGAS SILVA A LA SENTENCIA C-621/15
1 El artículo 7 de la ley 1564 de 2012 constituye una manifestación del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional en relación con la fuerza vinculante del precedente judicial (horizontal y vertical) y con el alcance de la expresión "imperio de la ley", el cual comprende todo el sistema jurídico. (…)La fuerza vinculante que le otorga el artículo 7° del Código General del Proceso al precedente judicial, el cual se manifiesta bajo el nuevo concepto de doctrina probable (sentencia C-836 de 2001), no es nada distinto que el alcance que a la jurisprudencia le ha impreso esta alta corporación en diversas decisiones. En ese orden de ideas, el legislador ordinario no plantea modificación ni alteración alguna al sistema de fuentes consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política.
2 "Teniendo en cuenta todo lo anterior, consideramos que la Honorable Corte Constitucional ya ha resuelto, en su jurisprudencia sobre disposiciones jurídicas con contenido normativo similar a la demandada, el problema planteado en este proceso por la tensión existente entre la fuerza vinculante de determinadas decisiones judiciales y la autonomía e independencia judicial."
3 Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
4 Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-489 de 2000. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
5 Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia C-030 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
6 Sentencia C-030 de 2003. M.P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
7 Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia C-310 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
8 Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Auto de Sala Plena, A-174 de 2001. Ver, inter alia: Sentencias C-366 de 2006, C-850 de 2005, C-710 de 2005.
9 Sentencia C-287 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver: Sentencia C-427 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero y Sentencia C-532 de 2013 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10 Sentencia C-427 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero
11 Sentencia C-687 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
12 Sentencia C-565 de 2000 reiterada en la Sentencia C-710 de 2005.
13 Según señala la citada sentencia, "Sobre este punto, en la Sentencia C-310 de 2002 se dijo que: "De igual manera, la jurisprudencia señala que si la disposición es declarada exequible, la cosa juzgada material, en principio, imposibilita al juez constitucional para ‘pronunciarse sobre la materia previamente resuelta, ya que puede conducir a providencias contradictorias que afecten la seguridad del ordenamiento jurídico, o alteren la confianza legítima de los administrados en la aplicación de la Constitución, o vulneren el principio de la igualdad.’ No obstante, atendiendo al carácter dinámico de la Constitución, que se deriva de su relación directa con la realidad sociopolítica del país, es posible que el juez constitucional se vea obligado a revaluar la interpretación previamente adoptada en torno al alcance de un determinado texto jurídico, debiendo adelantar un nuevo juicio de inconstitucionalidad; esta vez, a partir de acontecimientos distintos a los que respaldaron la decisión positiva que se adoptó en el pasado –cambios sociales, económicos, políticos o culturales–, aun cuando no se hayan presentado cambios sustanciales o formales en las disposiciones constitucionales que suscitaron su aval inicial. Por supuesto que, en estos casos, la actividad desplegada por el organismo de control constitucional no atenta contra la cosa juzgada material, pues ‘el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica’"
14 M.P. Mauricio González Cuervo
15 Moliner Gonzalo, La garantía de la seguridad Jurídica en las Sentencias de Casación, en Tribuna Abierta Nº 35, 2013, Explica: "en la tradición jurídica española, anterior a la ubicación de la Jurisprudencia dentro del organigrama civil de las fuentes del derecho en el art. 1.6 CC —lo que, como se sabe, no se produjo hasta la reforma introducida en el mismo en el año 1974 (R.D. de 31 de mayo de 1974)— en concreto en la legislación procesal, se le había dado ya a la misma un lugar preferente dentro de las previsiones procesales legales con el recurso de casación, pues lo que entonces se conocía como «doctrina legal», aun sin estar reconocida como fuente ni siquiera complementaria del derecho, era susceptible de abrir el recurso de casación en cuanto que el mismo, según la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, podía fundarse en la infracción de ley o en la «infracción de doctrina legal», lo que significó que a efectos el recurso de casación se pudiera denunciar tanto la infracción de una fuente del derecho propiamente dicha como la infracción de la jurisprudencia a pesar de no venir ésta reconocida como fuente del derecho."
16 Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil
17 Artículos 6 y 83 de la Constitución Política de Colombia
18 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Alejandro Martínez Caballero.
19 M.P. Alejandro Martínez Caballero
20 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
21 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
22 Sentencia T-260 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández, reiterada en la Sentencia T-715 de 1997.
23 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
24 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
25 M.P. Alejandro Martínez Caballero
26 Ver sentencias T-566 de 1998, T-439 de 2000 y T-569 de 2001, citadas en la Sentencia C-539 de 2011 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
27 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
28 M.P. Mauricio González Cuervo
29 Sentencia SU-053 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
31 M.P. Alejandro Martínez Caballero
32 Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
33 Sentencia T-102 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
34 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
35 Ver entre otras, Sentencia SU-053 d 2015, T-309 de 2015, C-816 de 2011, C-634 de 2011.
36 M.P. Mauricio González Cuervo
37 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

References: artículo 7
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 resolución 
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 243
 artículo 21
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
e contrario
 artículo 114
 artículo 230
 artículo 102
 artículo 4
 artículo 230
 artículo 10
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 228
 artículo 102
 resolución 
 artículo 114
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 230