Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-747-de-diciembre-2-de-1998?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418de0f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-15 11:09:17+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SU-747 DE DICIEMBRE 2 DE 1998
SENTENCIA SU-747 DE 02 DE DICIEMBRE DE 1998
CONTENIDO:JURADOS DE VOTACIÓN. CUMPLIMIENTO DE SU DEBER AUNQUE EXISTAN AMENAZAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:JURADO DE VOTACIÓN, AMENAZA, PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN CIVIL, DEBERES DEL JURADO DE VOTACIÓN, AMENAZA A JURADO DE VOTACIÓ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:327 DE MARZO DE 1999. PG. 444
Sentencia SU-747 de diciembre 2 de 1998
Ref.: Exp. T-152455
Aprobada por acta 50
Santa Fe de Bogotá, D.C., diciembre dos de mil novecientos noventa y ocho.
Quienes no lo hagan y se presenten a las mesas de votaciones, deberán responder ante la justicia popular.
Esto es válido para los jurados del Sur del Huila, Caquetá y Putumayo.
Estado Mayor del Bloque Sur, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP
Montañas del Caquetá, septiembre 15 de 1997”.
3. En virtud de la amenaza contenida en el citado escrito, un gran número de personas que habían sido designadas como jurados de votación —de acuerdo con distintos documentos que obran en el expediente, la mayoría de ellos docentes y empleados municipales—, presentaron su renuncia ante el Registrador del Estado Civil de Santiago. Las personas designadas manifiestan que “en la actualidad no hay garantías para nuestras vidas, ya que conocemos que en el Municipio de Santiago, renunciaron los candidatos a la alcaldía y al concejo municipal, por ello vemos seriamente amenazada nuestra integridad”. Aseguran que su participación como jurados de votación en los comicios constituye una amenaza para sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, además de representar una vulneración de la disposición del derecho internacional humanitario que prohibe involucrar en los conflictos armados a la población civil.
“Ante las renuncias o no aceptaciones presentadas por los jurados de votación, sírvanse contestarles que es de forzosa aceptación y solo se exonera de acuerdo con los artículos 108 y 151 del Código Electoral”.
4. El día 24 de octubre de 1997, los demandantes presentaron acciones de tutela contra el Registrador del Estado Civil de Santiago. Consideran que el rechazo de su renuncia al cargo de jurados de votación —en atención a las amenazas proferidas por el bloque sur de las FARC-EP—, vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la libertad de conciencia. Así mismo, aseveran que esa decisión desconoce el mandato del derecho internacional humanitario que indica que “A los civiles se les debe marginar del conflicto”. Solicitan que se acepte su renuncia al cargo de jurados de votación.
En el Acta 2 del día 24 de septiembre se expresa que se habían presentado renuncias masivas de los candidatos a la alcaldía y al concejo municipal, en razón de las amenazas de la guerrilla, y que distintos funcionarios públicos habían solicitado información acerca del procedimiento a seguir para ser exonerados del nombramiento como jurados de votación. Al final se expone que no se cuenta con la garantías necesarias para la realización de las elecciones y que ello afecta “no solo a los candidatos y funcionarios que tienen relación con el proceso electoral, sino también a la ciudadanía en general, quienes han recibido comunicados de parte de la guerrilla, atentando contra el normal desarrollo de las votaciones y la integridad personal de cada uno de los habitantes de la población”. Por eso, se concluye de la siguiente forma: “Recomendamos a las autoridades competentes tomar las medidas correspondientes para la suspensión y aplazamiento de las elecciones del 26 de octubre en el municipio de Santiago”.
En el acta correspondiente a la reunión sostenida en las horas de la mañana del día 22 de octubre, consta la información suministrada por el alcalde acerca del rechazo del Presidente de la República a la solicitud presentada por todos los alcaldes del Putumayo, en el sentido de estudiar la posibilidad de aplazar las elecciones. En relación con las renuncias de los jurados de votación, se indica que “no serán aceptadas y que se tomarán medidas. Puesto que la democracia tiene que salir adelante (sic)”. Algunos exponen su preocupación por la vida de los jurados y, luego, el registrador expresa que los miembros de la Policía “no pueden ser jurados de votación, puesto que se estaría violando la Constitución”. Respecto a las garantías de seguridad y de mantenimiento del orden público que podía prestar la fuerza pública, el comandante de policía indica que cuenta con un número aproximado de 25 agentes para que atiendan y controlen el normal desarrollo de las elecciones.
La reunión del día 22 de octubre continuó en las horas de la tarde. En el documento se lee que el Ejército y la Policía “manifiestan que las condiciones para que la comunidad asista y participe en los comicios electorales están dadas estratégicamente e invitan a los candidatos a que inviten a sus seguidores a que voten masivamente ...” Así mismo, se relaciona la discusión en torno de las condiciones de seguridad en el sitio de la Escuela San José y en la Inspección de Policía de San Andrés. A este respecto, el registrador expone que, en vista de que no se dispone de personal de seguridad para ambos lugares, no puede asumir la responsabilidad de enviar un delegado. Por lo tanto, se decide trasladar esos puestos de votación a la cabecera municipal.
Considera que la referencia al protocolo II es impertinente, toda vez que su articulado señala que el protocolo no puede invocarse con el objeto de “menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que le incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos”. De allí deduce el juez que “la renuncia masiva de los jurados de votación no puede estar respaldada por el protocolo II, en razón a que el nombramiento de jurado de votación es instrumento del Estado colombiano para mantener el orden legítimamente constituido cuya determinación (...) es la de realizar los comicios del próximo 26 de octubre”.
Expone el ministerio que, en relación con la contienda electoral del 26 de octubre de 1997, el Gobierno Nacional no suspendió las elecciones en ningún municipio. Empero, manifiesta que “no se celebraron elecciones en treinta y dos (32) municipios y en ciertos corregimientos e inspecciones de sesenta (60) municipios del país, por la no inscripción de candidatos y en general debido a alteraciones del orden público ...”.
6. La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de derecho y social, que deriva su legitimidad de la democracia (C.P., art. 1º). Estos tres calificativos del Estado colombiano definen de manera esencial su naturaleza. La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución (C.P., art. 4º), lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho.
Finalmente, la definición del Estado colombiano como democrático entraña distintas características del régimen político: por un lado, que los titulares del poder público ejercerán esa calidad en virtud de la voluntad de los ciudadanos, la cual se expresa a través de las elecciones; de otro lado, en lo que ha dado en llamarse democracia participativa, que los ciudadanos no están limitados en su relación con el poder político a la concurrencia a elecciones para seleccionar sus representantes, sino que también pueden controlar la labor que ellos realizan e intervenir directamente en la toma de decisiones, a través de mecanismos como los contemplados en el artículo 103 de la Carta; y, finalmente, y de acuerdo con la reformulación del concepto de democracia, que la voluntad de las mayorías no puede llegar al extremo de desconocer los derechos de las minoría ni los derechos fundamentales de los individuos.
7. Para esta sentencia es de especial importancia detenerse en el concepto de democracia referido a la elección popular de los titulares del poder público. Como es sabido, la versión original de la Constitución de 1886 le asignaba a los ciudadanos un espacio muy reducido en lo referente a la elección de sus gobernantes y representantes. En efecto, inicialmente solo los concejales municipales y los diputados a las asambleas departamentales eran elegidos por todos los ciudadanos. Para participar en la elección de los representantes a la Cámara había que cumplir con requisitos patrimoniales o de capacitación escolar; el Presidente de la República era elegido por un colegio electoral —integrado por personas seleccionadas por los ciudadanos que cumplían los requisitos necesarios para poder votar en las elecciones de representantes a la cámara— y los senadores eran elegidos directamente por las asambleas departamentales. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que únicamente eran tenidos como ciudadanos los varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio, o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.
Como se observa, el Consejo Nacional de Delegatarios que hizo las veces de cuerpo Constituyente, en 1886, tuvo una visión muy restringida acerca de quiénes debían poseer la calidad de ciudadanos y acerca de las elecciones en las que podrían participar todos los ciudadanos. Esta concepción fue modificada paulatinamente, a través de distintas reformas constitucionales, entre ellas, fundamentalmente, la realizada por el Acto Legislativo 3 de 1910, que restableció el voto directo, aunque restringido, para la elección del Presidente de la República; la enmienda de 1936, que contempló que el Presidente de la República y los Representantes a la Cámara serían elegidos mediante voto universal; la de 1945, que estableció lo mismo para la elección de los senadores; el plebiscito de 1957, que extendió el derecho de voto a las mujeres; la enmienda constitucional de 1975, que dispuso que la mayoría de edad se alcanzaba a los 18 años; y la reforma de 1986, que preceptuó que también los alcaldes serían elegidos mediante el voto popular.
Pero la nueva Carta no se limitó a ampliar el número de dignatarios que serían elegidos popularmente, sino que también se propuso modificar la relación entre el ciudadano y el poder público. De esta forma, estableció, en su artículo 3º, que la soberanía residía en el pueblo, del cual emanaba el poder público. En consecuencia, contempló la posibilidad de que los electores realizaran un control directo sobre sus mandatarios —al establecer el voto programático y la revocatoria del mandato—, creó mecanismos para que los ciudadanos intervinieran directamente en la decisión sobre asuntos de gran interés público, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto (C.P., arts. 40, 103, 259), y estableció fórmulas de control sobre los representantes, tales como la pérdida de investidura y la asignación de competencia directa a la Corte Suprema de Justicia para la investigación y juicio de los parlamentarios.
Adicionalmente, y con el fin de brindar mayores garantías a la transparencia del voto, es decir, a la voluntad de los ciudadanos representada en las urnas, se le concedió rango constitucional a la organización electoral (C.P., arts. 263 ss.) —la cual fue elevada simultáneamente a la categoría de organismo independiente y autónomo (C.P., arts. 113 y 120)—, e incluso, con el objeto de garantizar de manera más clara el libre ejercicio del voto, se reglamentó constitucionalmente que este se efectuaría en cubículos secretos y a través de tarjetas electorales suministradas por la organización electoral.
9. Los elementos anteriores permiten establecer que en el marco de la Constitución de 1886 se dio una ampliación progresiva, aunque a un ritmo muy lento, del derecho de sufragio y de los espacios de participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes y representantes. Esta tendencia fue acogida y radicalizada por la Constitución de 1991. Pero esta, además, reconceptualizó la idea acerca de la participación política de los ciudadanos, restringida hasta entonces a la elección de dignatarios, para establecer mecanismos que posibilitaran un control real de los elegidos por parte de los electores y para brindarle a los ciudadanos la posibilidad de decidir directamente sobre materias que los asociados consideren que merecen su atención personal.
Las transformaciones introducidas en este campo por el Constituyente de 1991 denotan su fuerte compromiso con la profundización de la democracia en el país. En efecto, la Carta de 1991 le asigna un valor fundamental a la democracia, tanto en sus aspectos procedimentales —tales como las elecciones, el control de los mandatarios, los mecanismos de participación, la división de poderes, la regulación de los partidos políticos, etc.—, como en sus aspectos sustanciales - que se expresan en los derechos fundamentales y en los fines y obligaciones del Estado.
10. La democracia procedimental es entonces una conquista, un derecho de los asociados que merece la mayor protección de las instituciones del Estado (C.P., art. 40). Por eso, esta Corte ya ha señalado que el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que éstos puedan ejercer sus derechos como tales. Más el derecho fundamental de los ciudadanos “a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” implica también obligaciones para ellos. La democracia no puede subsistir si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para los asociados.
11. Como bien se ha señalado por esta corporación, el Estado de derecho liberal y el Estado social de derecho se diferencian en la relación que construyen entre el Estado y los asociados: así, mientras que el primero busca ante todo limitar el poder, de tal manera que no pueda amenazar los derechos y libertades de los ciudadanos, el segundo acoge esa limitación del poder, pero también precisa que el Estado debe cumplir con unos fines en la sociedad, lo cual implica que intervenga en ella. La Constitución dentro de este último modelo de Estado representa un cuerpo armónico de valores —acerca de cómo debe configurarse la comunidad social y política—, que debe encontrar su aplicación práctica, y ello produce tanto deberes para el Estado como para los asociados.
En distintas sentencias la Corte se ha referido a los deberes constitucionales, a los cuales define como “aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal.” Esta corporación ha expresado que si bien normalmente los deberes constitucionales deben ser regulados por la ley, en ocasiones, pueden ser aplicados directamente por el juez de tutela, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de otra persona(1).
12. Pues bien, entre los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano contempladas por el artículo 95 de la Constitución se encuentra el de “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” (num. 5º). Esta norma y la contemplada en el artículo 260 de la Carta, acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. Algunos de ellos han sido realizados, al tiempo que otros, como el voto obligatorio, no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles jurídicamente.
13. El Código Electoral prevé la figura de los jurados de votación, que son las personas encargadas de atender las mesas de votación, de colaborarle a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de sufragio, de controlar que la votación se realice en orden y en forma transparente y de realizar el primer conteo de los votos. Los nombramientos son realizados por los registradores municipales o distritales y pueden recaer en funcionarios públicos o personas dedicadas a actividades particulares. El artículo 104 del Código Electoral establece que “todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción contencioso administrativa, de las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, las que tienen funciones propiamente electorales, los miembros de las fuerzas armadas, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los auxiliares de los mismos y los funcionarios de la Administración Postal Nacional ...”. También establece que no podrán ser designados como tales los miembros de directorios políticos ni los candidatos.
A continuación, el artículo 105 establece que “el cargo de jurado es de forzosa aceptación”, y preceptúa que “las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales ; y si no lo fueren, a una multa de cinco mil pesos (5.000), mediante resolución dictada por el Registrador del Estado Civil”.
Como bien lo precisó esta corporación, en su Sentencia C-225 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero, el artículo 13 tiene por fin distinguir a los combatientes de los no combatientes. En este punto se identifica con el artículo 4º, que establece que “todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tiene derecho a que respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable ...”.
El desempeño del cargo de jurado de votación puede estar acompañado de ciertos riesgos, sobre todo cuando se cumple en zonas donde los grupos armados deciden convertir en blanco de sus acciones a los participantes y los colaboradores de los debates electorales. El Estado debe brindarle a estos colaboradores la protección necesaria. Más, lamentablemente, los mencionados riesgos no pueden ser eliminados en forma definitiva, tal como se quisiera.
El gobierno consideró que en el municipio de Santiago, Putumayo, existían las condiciones necesarias para realizar las elecciones del 26 de octubre de 1997. Así mismo, manifestó que había tomado las medidas para garantizar la seguridad en las elecciones. Estos pronunciamientos implicaban que los ciudadanos que habían sido designados como jurados de votación debían cumplir con la obligación que se les había impuesto, y que su renuncia no procedía. Esta situación, aunada a la circunstancia de que el hecho que dio origen a la presente acción de tutela ya se encuentra consumado, conduce a esta Sala a negar la tutela solicitada.
CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago —Putumayo—, el día 25 de octubre de 1997, Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá, el día 22 de enero de 1998, por medio de la cual se negó la solicitud de tutela entablada contra el Registrador del Estado Civil Municipal de Santiago, por los señores Jorge Eliécer Raza, Jhony Alvarado Ojeda, Alberto Caicedo H., Nidia del Socorro Enríquez, Luz Clemencia Morán, Gloria del Carmen Mejía de Ramos, Ligia Esperanza Mejía Pinchao, Margarita Osejo, Arelys David Solarte, Clara Elisa Jaramillo Guerrero, Nubia del Carmen Chamorro Puerchambud, Carlos Enrique Guaquez, Blanca Stella Alvarez Bolaños, Rosa Trejo de Guaquez, Miguel Aceves Mejía Pinchao, Leoncio Ortega David, Janeth del Pilar Montero Trejo, Ana Julia Puerchambud Morán, Lidia Marleny Bravo López, Silvio Edmundo López Arteaga, Alba Miriam Jaramillo Chabuesa, Lidia Ortega Rosero, Edgar Castro Revelo, Elizabeth del Rosario Aros Revelo, Edgar Rolando Delgado Delgado, Javier Fernando David Andrade, Libardo Chamorro, Nancy Liliana Cabrera Chavez, Pastora Chasoy Jajoy, Maura Jesús Jacanamijoy Jansajoy, Ángela Yanira Montero Osejo, María Luz Alquedan de Muñoz, Edmundo Imbajoa Mujanajinsoy, Luz Clemencia Delgado, Blanca Esperanza Chindoy, Luz Dary Castro Revelo, Doris Armanda Rosas Molina, Rita F. Arcos Delgado, Aura Ligia Mejía P, Ligia Marlen Yaguapaz Inauan, Javier Martínez, Onorio Efrén Rosas, Luis Eduardo Quemaq B., Ever Gerardo Suarez Delgado, Jesús Revelo Córdoba, Mireya del Carmen Revelo Córdoba, Ruth Cecilia Muñoz Córdoba, Wilson Montero, Luis Oracio Puerchambud Morán, Jhon Zamudio Revelo, Blanca Nubia Enríquez, Rubiela Nastul Arteaga, Blanca Elisa Criollo Revelo, Franklin Benavides Revelo, José Luis Herrera, Luis Delgado Cuatindioy María Ofelia Jossa, Gerardo Calvache y Jesús Ignacio Barrera.
(1) Sobre este tema, ver, de manera general, la Sentencia T-125 de 1994. Con respecto a los deberes específicos, ver, entre otras: para el deber de solidaridad con las demás personas, las sentencias T-125 de 1994, T-298 de 1994, T-036 de 1995, C-237 de 1997, C-239 de 1997 y T-341 de 1997; con respecto a la tributación, una aplicación colectiva del principio de la solidaridad, ver los fallos T-232 de 1994, C-333 de 1993, C-489 de 1995, C-540 de 1996, C-690 de 1996 y C-150 de 1997; en relación con el servicio militar, ver las sentencias C-058 de 1994, C-179 de 1994, C-406 de 1994 y C-511 de 1994; para el deber de colaboración con la justicia, ver las sentencias C-035 de 1993 y C-037 de 1996.
Lo que hace preferible la democracia u otras formas de organización política es el respeto por la dignidad de la persona, que dentro de este sistema es pensada y tenida —ante todo— como sujeto titular del poder soberano y no como simple objeto de este (citoyen y no simple sujet, en términos de Rousseau). Por eso todas las instituciones democráticas están dispuestas para proteger a los individuos (que pensados en conjunto son el pueblo) con todo su patrimonio axilógico inherente (la libertad y la vida en primer término), y permitirles su realización plenaria como sujetos morales. Es lo que se expresa sintética y elocuentemente cuando se afirma que la persona es el fin, y las instituciones el medio, dentro de una filosofía personalista, o de la dignidad, como la que (¡por fortuna!) informa a nuestra Constitución.
i) Resultaría absurdo que el cumplimiento de los deberes que permiten y posibilitan la convivencia, y que, por tanto, tienen como destinatario al hombre medio, exigieran de este actos que sólo son propios de arquetipos humanos como el héroe o el mártir. Si se nos compeliera a tales extremos no nos hallaríamos ya en el caso de tener una obligación sino en el de ser obligados, situación que rebasa los límites del ámbito normativo para ubicarse en el campo de la necesidad, al anularse la posibilidad de optar. Por eso, la eticidad que informa a cualquier ordenamiento jurídico democrático, es la que Fuller ha llamado moral del deber, en contraste con la moral de la aspiración propia sólo de héroes o mártires quienes, por cierto, no lo son porque alguien se los exija sino por su propia decisión.
ii) Si con el cumplimiento de la conducta exigida se arriesga el sacrificio de un interés que el propio ordenamiento normativo juzga superior, el deber resulta contradictorio y desnaturalizante del sistema axiológico en que pretende fundarse. Es, precisamente, el caso en la situación sub judice, de acuerdo con la solución que la Corte le ha dado: para preservar la democracia debe arriesgarse la vida, cuya protección integral es, en último término el fundamento del sistema.
Podría argüirse que los anteriores razonamientos se han construido al margen de los hechos que suscitaron el conflicto; pero, al revés, son estos los que les sirven de respaldo. Pensar que en una zona como el Putumayo, donde la insurgencia les ha impuesto sus leyes aún a los organismos armados responsables de defender la soberanía, son suficientes 25 policías para garantizar la vida de los ciudadanos obligados a servir de jurados en un certamen electoral, y sobre los cuales pesa la amenaza de un “juicio popular”, es pueril e irrisorio. Como igualmente lo es, el descartar como amenaza seria un panfleto cuya autoría puede atribuirse, fundadamente, a un grupo armado en condiciones de realizar sus designios.
La circunstancia adicional de que los alcaldes municipales de dicho territorio hubiesen solicitado el aplazamiento de los comicios en sus respectivas jurisdicciones, refuerza de manera elocuente el fundado temor de las personas que, ante la negativa oficial, promovieron la acción de amparo. Para cualquier observador desprevenido, enterado de la realidad colombiana actual, abundar en este tipo de consideraciones es “llover sobre mojado”. Otra cosa juzgó la mayoría de la Corte, y acatamos su juicio, pero con las reservas que consignamos a modo de salvamento.
Los magistrados que suscribimos el anterior salvamento, juzgamos oportuno —y necesario— rectificar un error evidente contenido en la sentencia de la que disentimos, este de carácter histórico.
No fue el “plebiscito” de 1957 el que confirió a la mujer el derecho al sufragio. Si este fue vota por ella fue, justamente, porque el Acto Legislativo 3 de 1954, vigente en el momento de votarse la reforma plebiscitaria, había abolido la restricción contenida en el artículo 171 de la Carta del 86, que reservaba tal derecho a los varones.

References: artículo 103
 artículo 3
 artículo 95
 artículo 260
 artículo 104
 artículo 105
 resolución 
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 171