Source: https://vivapy.wordpress.com/2017/02/23/la-justicia-se-deja-cortejar/
Timestamp: 2017-12-17 04:06:55+00:00

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La justicia se deja CORTEjar | Paraguay Péichante ✓
La justicia se deja CORTEjar
Publicado por jotaefeb ⋅ 23/02/2017 ⋅ 21 comentarios
Ahora que el oficialismo tiene asegurada la mayoría en la Corte Suprema de Justicia –según me confirmaron personas muy allegadas– se abre una nueva tranquera en el camino a la reelección presidencial por la vía que “descubrió” el abogado del senador Fernando Lugo en el sentido de interpretar la prohibición “en ningún caso” como aplicable solo a los presidentes y vicepresidentes en funciones, mas no a los expresidentes.
Con la autorización de la Corte Suprema de Justicia al Poder Ejecutivo para seguir contratando préstamos con bonos sin el visto bueno del Congreso se puso en evidencia que el Poder Judicial es funcional al Ejecutivo, particularmente en cuanto a la Sala Constitucional, pero observando la composición de fuerzas luego de la elección de las nuevas autoridades con Luis M. Benítez Riera al frente, los conocedores de las intimidades de este poder del Estado me autorizaron a señalar que ahora el eje Cartes-Lugo-Llano cuenta con mayoría segura y cómoda en la plenaria de la Corte.
Significa esto que la Corte está abierta a considerar cualquier planteamiento oficialista respecto a interpretar de modo favorable a dicho eje o frente político las disposiciones constitucionales para hacer viable la reelección presidencial.
Si habrá que convertir la supuesta denuncia colorada de “propaganda engañosa” de Lugo, que fue a parar a la Corte, o si es necesaria una nueva presentación es cuestión de simple estrategia leguleya, pues la decisión está tomada: el sí se puede volver a candidatar para Lugo, que se puede convertir en ídem para Cartes.
¿De qué forma? Ya se dijo varias veces, renunciando a la presidencia de la República, lo cual tiene dos inconvenientes: 1. Si va a hacerlo tendría que ser por lo menos seis meses antes de las elecciones, tal como se exige a otros para no caer en las inhabilidades contempladas en la Constitución. 2. La renuncia debe ser aceptada por el Congreso, cuyo presidente es opositor, y si ello no fuere inconveniente, se debería asegurar la mayoría en ambas cámaras, lo cual es incierto.
Para que el Presidente pueda ser considerado expresidente con posibilidades de competir para el 2018 debería renunciar por lo menos en julio de 2017, con la esperanza de que el Congreso lo apruebe antes del 21 de agosto, fecha límite que corresponde a los seis meses antes de los comicios.
Sin embargo, ahora que, además de la Justicia Electoral, el presidente de la Corte, Benítez Riera, y todos los demás ministros de extracción colorada (Antonio Fretes, Miryam Peña, Raúl Torres K., Alicia Pucheta y César Garay Z.) responden –según mi fuente– al proyecto político del Ejecutivo, es factible que no sea necesario esperar una probable impugnación a la candidatura de Lugo para recurrir a la Corte y beneficiar de rebote las pretensiones de Cartes. Esta opción desde luego choca con el calendario electoral ya aprobado.
Sería suficiente utilizar el expediente de la “propaganda engañosa” de Lugo que radica en la Corte para que esta se expida cuanto antes sobre “el fondo” de la cuestión –la reelección– acerca de la cual gua’u la ANR está en contra para que la autoridad judicial se expida a favor de la reelección de Lugo… y de paso de Cartes.
Ya lo dijimos en su momento, la denuncia (del Partido Colorado) de supuesta propaganda engañosa no es tal según el Código Electoral, lo que significa que deliberadamente la hicieron para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) se pronunciara y el luguismo lo apelara ante la Corte, configurándose de esa manera la confabulación entre el cartismo y el luguismo.
En resumen, el plan de reelección tiene algunos obstáculos insalvables, tanto por la vía de la enmienda como de la inexistente “certeza constitucional”, pero está visto que ya no depende de la institucionalidad sino de la funcionalidad de actores clave como algunos miembros de la oposición y de ministros de la Corte.
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/la-justicia-se-deja-cortejar-1567575.html
« Silencio que no es de inocentes ni es casual
¿Qué decide hoy la convención? »
21 comentarios en “La justicia se deja CORTEjar”
Publicado por jotaefeb | 04/03/2017, 11:31
Repudio de los bonos
El derecho de las personas a participar de los asuntos públicos es un derecho humano garantizado por el artículo 117 de la Constitución. Concuerda la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por Ley 1/89, que en el artículo 23 establece: “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de los representantes libremente elegidos”.
La contratación de un empréstito es un asunto público. Debe estar garantizado, consecuentemente, la participación de las personas con arreglo al artículo 202 numeral 10) de la CN. La Constitución de 1967 atribuía al Legislativo la potestad de “autorizar” empréstitos, pero la Constitución de 1992 exige la “aprobación o rechazo”, la que debe ser pura y simple como el agua de manantial, y no resultar de una maraña tecnocrática que transgrede principios de transparencia.
La Corte resolvió un proceso de certeza constitucional en perjuicio del derecho de las personas de participar de la dirección de los asuntos públicos. En vez de custodiar la Constitución, la violó.
Dicha decisión, además de violentar los artículos 3 y 247 de la Constitución, violenta las normas obligatorias del Código de Ética Judicial aprobado por la Circular 390/05. La declaración de la Corte en un proceso de certeza inexistente en la Constitución transgrede los artículos 10 “Independencia”, 22 “Institucionalidad Judicial”, 29 “Principio de División de los Poderes”, y 30 “Independencia y Autoridad Institucional”. La lesión a los valores de dignidad, prestigio, credibilidad, autoridad, independencia exigidos por este Código, infectando de nulidad insanable a una decisión violatoria de los artículos 3, 137, 202 numeral 10, y 247 de la Constitución.
La Constitución de 1992 crea órganos que tienen la obligación de defender los intereses difusos y el patrimonio público como el Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, y el Contralor General.
El Fiscal General tiene la atribución constitucional de velar por el respeto de los derechos constitucionales, defender los “intereses difusos” y el patrimonio público; el Procurador, el deber de defender los intereses patrimoniales del Estado; el Defensor del Pueblo, la obligación de defender los derechos humanos y los intereses comunitarios (deuda pública); y el Contralor, la obligación constitucional de controlar las actividades económicas y financieras del Estado, como es la actividad de contratar deuda. El artículo 9 numeral q) Ley 276/94 y artículo 43, párrafo tercero, y la Ley 1535/99, otorgan al Contralor especial competencia en materia de empréstitos.
Conforme al artículo 409 del Código Procesal Civil, estos órganos tienen la obligación de promover acción autónoma de nulidad contra el proceso de certeza constitucional de la Corte.
Pero si estos órganos incumplen sus competencias, como es previsible que ocurra debido a su obsecuente soberbia, toda persona, individual o colectivamente, está legitimada a promover acción autónoma de nulidad basado en los artículos 38, 40, y 45 de la Constitución, en defensa de los intereses difusos y el patrimonio colectivo, para repudiar la emisión de bonos espurios.
El artículo 15 inciso b) del Código Procesal Civil (principio de congruencia bajo pena de nulidad), el artículo 359 del Código Civil, y los artículos 137-8 de la Constitución, fulminan de nulidad insanable y a su carácter “no vinculante” a la sentencia de la Corte, legitimando el repudio judicial de la emisión, sin plazo de prescripción según el artículo 658 inciso a) Código Civil.
El Ejecutivo ha confesado en instrumento público judicial, que la emisión tiene carácter de incierta y peligrosa, y de este registro no puede retractarse a pesar de haber obtenido una sentencia relámpago carente de seriedad, ética, credibilidad, y autoridad alguna. La misma, antes que disipar dudas, confirma a Paraguay como un estado fallido.
En los “road shows” que tendrá el ministro de Hacienda y el presidente del BCP en los rascacielos de Nueva York, a miles de kilómetros de los sucios pasillos del Poder Judicial, será toda una hazaña mantener la cara de “póker” y evitar que la audiencia discierna la broma. A los que no les resultará nada simpático esta parodia de emisión es al pueblo paraguayo, que debe pagar la deuda, si en algún momento de la eternidad no la repudia.
(*) Abogado, Máster en Leyes, Universidad de Chicago.
Publicado por jotaefeb | 04/03/2017, 10:51
Desde hace ya bastante tiempo, los principales referentes de la disidencia colorada y del oficialismo liberal, con Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre a la cabeza, sostienen insistentemente que, a causa del proyecto de enmienda para habilitar la reelección, “el país está paralizado”. Lo mismo repiten hasta el cansancio los medios que hicieron del “anticartismo” su razón de ser, como ABC color y Última Hora. Según éstos, el Paraguay se halla prisionero de la inacción, especialmente en lo que respecta a la economía y a las condiciones de vida de la población, la cual estaría abandonada a su propia suerte. ¿En qué se basan para formular tan alocada “tesis”? La verdad que nadie lo sabe, ni ellos mismos, pero en los hechos de la realidad, definitivamente no.
Ayer nomás, el presidente anunciaba la puesta en marcha de un megaemprendimiento, el de la “Costanera Sur”, en el que se invertirán 180 millones de dólares, para la construcción de 8 kilómetros de doble avenida desde el puerto de Asunción hasta el Cerro Lambaré y, algo que algunos medios “olvidaron” mencionar o no le dieron el menor destaque, 5.000 viviendas sociales. Un proyecto de fuerte impacto económico, social y urbanístico, que cambiará por completo el rostro de la capital y que no se condice precisamente con la “parálisis” que denuncian a los cuatro vientos.
Esto los dejó estupefactos, sin capacidad para tan siquiera balbucear algún comentario, aunque siguiendo la lógica de quienes gustan pintar el panorama de negro, es de esperar que al superar el shock digan que “recién ahora” se impulsa la obra, “por la proximidad de una coyuntura electoral”, para después comenzar a buscar el pelo en la leche y descubir terribles “negociados” en ciernes.
Cualquier analista honesto reconocerá que la rueda no comenzará a girar mañana, ni comenzó a hacerlo ayer. Prueba de ello es que en los últimos 3 años, la Senavitat construyó un total de 20.000 viviendas para la gente más humilde, la más carenciada, que sobrevivía hacinada en condiciones infrahumanas.¿Acaso es ésta una expresión de la “parálisis” a la que hacen referencia y de la supuesta “insensibilidad social” del actual gobierno? ¿Y la ampliación del 75% de la cobertura del programa “Tekoporã”, que al inicio de la actual administración asistía a 80.000 familias en situación de pobreza y, en la actualidad, a un total de 141.000, previéndose llegar a 150.000 para fin de año, es otra “evidencia” de cuanto afirman? ¿O tal vez lo sería los 42 millones de dólares que se destinaron a becas universitarias, muchas de ellas para que nuestros jóvenes cursen sus estudios en facultades europeas? ¿Y la reducción del precio de los combustibles, y del gas de uso doméstico, y de las tarifas del transporte público, y el ajuste anual del salario mínimo?
Nunca hablan de esto, claro está, como tampoco del vasto plan de inversiones en obras públicas, que el año pasado representó alrededor de 600 millones de dólares en viaductos, rutas y caminos de todo tipo. Menos aún de los indicadores macroeconómicos, que hacen del Paraguay uno de los países más dinámicos de la región, a pesar de las condiciones adversas que se registran en las principales economías de América Latina y de la caída de los “commodities”, con un crecimiento promedio del 4% del PIB, baja inflación, un moderado endeudamiento público y reservas internacionales que superan los 7.000 millones de dólares, por citar los datos más relevantes.
Sin embargo, a pesar de lo señalado,“Marito”, Efraín, Zuccolillo y Vierci no paran con su letanía de que… “la búsqueda de la reelección presidencial vía enmienda, paraliza al país y le da la espalda a las necesidades de pueblo”.
Pues bien, para ahorrar tiempo en discusiones bizantinas, a los sostenedores de tan alocada “tesis” solo nos resta decirles dos cosa:¡BIENVENIDA LA “PARÁLISIS”! y ¡VIVA LA REELECCIÓN!
Publicado por jotaefeb | 02/03/2017, 11:51
Publicado por jotaefeb | 02/03/2017, 11:36
Entre dudas y certeza
Cobra fuerza la posibilidad de que legisladores “reeleccionistas” (oficialismo, Frente Guasu, llanismo) recurran a consultar a la Corte Suprema para que, con una “certeza constitucional”, diga si el expresidente Fernando Lugo puede ser nuevamente candidato en el 2018, con base en una muy peculiar interpretación del artículo 229 de la Carta Magna.
La jugada también abriría puertas a la candidatura de Horacio Cartes, siempre y cuando este renuncie 6 meses antes de las elecciones y que dicha renuncia sea aceptada luego por el Congreso.
La vía de la “certeza” tendría la ventaja para los políticos de trasladar la responsabilidad a la Corte, además de acortar y evitar muchos pasos que se deben dar con la enmienda.
Puede parecer un tanto audaz (por usar un adjetivo generoso) y hasta considerar que ingresa en el terreno de lo “kachiãi”, pero no sería menos insólito que insistir sobre la vía de la enmienda constitucional, luego de todo lo que ha ocurrido alrededor de ese mecanismo.
La posibilidad de habilitar la reelección vía enmienda se complicó mucho por obra de sus mismos impulsores. Los repetidos anuncios de su presentación desgastaron tanto el tema que, a esta altura, aún si se logra su aprobación en el Congreso, ya hay serias dudas de que el “Sí” triunfe luego en el referéndum. La división que existe en todas las carpas políticas y el posicionamiento en contra de algunos medios masivos de comunicación dificultarán su éxito.
La instalación del tema de la reelección y la división que motivó en la sociedad hace también que a esta altura, a poco más de un año de las elecciones generales, no tengamos candidatos seguros a competir en 2018.
Si la reelección, pese a todo, se aprueba, posiblemente los candidatos en la interna colorada serían Cartes y el senador Mario Abdo Benítez (si este último se mantiene en la pelea).
El problema principal de Cartes, según señalan las encuestas, es su sostenida impopularidad. La reacción de los estrategas del oficialismo es indicarle al Presidente que no abra la boca porque la perspectiva es que todo lo que diga será usado en su contra.
Presuntamente, hablará solo cuando haya obras que inaugurar, que demuestren que el gobierno “construye”. El riesgo es que sea tarde o que no tenga ya el efecto deseado.
En tanto, si hay reelección, en la oposición habría un quiebre (y si no la hay, también) . Por un lado, estarían Lugo y sus aliados y, por el otro, un sector del PLRA y sus aliados. Este sería un escenario aparentemente favorable para los colorados, quienes con su estructura y sus votos cautivos asegurarían el triunfo
A Lugo, evidentemente, no le sirve un PLRA dividido porque necesita de su estructura el día de las elecciones. Sin embargo, si existe la posibilidad de reelección y si se aprueba que los candidatos a presidente también puedan estar en la lista para el Senado, sería de todas formas un escenario favorable para el Frente Guasu.
El candidato liberal es, por ahora, su presidente Efraín Alegre, quien espera instalarse en el escenario a través de una gran campaña de marketing, como una suerte de tercera opción frente a Cartes y Lugo, que serán pintados como representantes del autoritarismo y el caos.
Algo que es distinto con relación a anteriores periodos preelectorales es, hasta ahora, la ausencia de fervor alrededor de algún líder en particular, sea de la oposición o el oficialismo. Inclusive, algunas convocatorias más o menos importantes, como la que hizo el cartismo en setiembre del año pasado, pareció más producto de la inversión económica realizada que de un auténtico entusiasmo popular.
En ese escenario, nadie tiene asegurado nada ni puede sentirse confiado, aún teniendo toda la estructura y todo el poder del dinero.
Publicado por jotaefeb | 02/03/2017, 11:32
Para Cartes, que no lo mira ni por tevé
Tan mal estamos, que hasta Pablo Repetto ya se fue de Olimpia, y adivinen quién todavía no se dio cuenta de que no queremos su reelección.
Según la encuesta publicada por ÚH desde el domingo, un 68,7% quiere la reelección, y la quiere para el 2018. Pero, al mismo tiempo, hay un 77% de paraguayos que considera que el uso de la enmienda para introducir la reelección presidencial violaría la Constitución Nacional.
Clarito como el cristal nio es. Sin embargo y contra todo pronóstico, el presidente y sus amigos siguen con el remanido tema.
Hasta recurrieron a la Corte Suprema de Justicia buscando un recurso –que parece que no existe en la Constitución– que les pueda colaborar con la cocinada. El mentado recurso es bastante jodido, porque le va a permitir al Gobierno vender más bonos, porque necesita plata para pagar las deudas.
Demasiado grande ya nos mintieron con Cartes. Él tiene plata y no va a robar; él es un exitoso empresario y sabrá administrar el país. ¡Ja! Miren cómo estamos: endeudados, hasta el cuello está este pobre país, y todo por culpa de Horacio Cartes y los cartesboys. O quizá el problema es, precisamente, que demasiado bien luego ya entienden.
Y mientras el grupo que insiste con la enmienda para prolongar el mandato presidencial no para, las aulas y muchos frondosos árboles comenzaron a dar la bienvenida a los niñitos, niñitas en todo el país, en el inicio de un nuevo periodo escolar.
Esta, además de la cantidad de gente viviendo en pobreza extrema, debe ser una de las realidades más tristes de todo el universo, incluyendo los siete exoplanetas descubiertos recientemente.
Es una de las cosas más desgraciadas que puede suceder en un país: que no es pobre en recursos, que no vivió recientemente una guerra civil, que no pasó por un periodo de sequía que causara hambruna y tampoco fue azotado por tornados, tormentas o devastado por tsunamis o terremotos.
Resulta inmoral que, dadas las condiciones del Paraguay, sus niños y jóvenes sean víctimas de malos ministros y políticos inescrupulosos que solo piensan en su propio beneficio.
Un caso ejemplar publicado por ÚH cuenta la historia de los chicos que dan clases bajo un árbol en la escuela San Isidro de la zona de Montaña Alta, en la ciudad de Limpio: “Tenemos ganas de estudiar para salir adelante, es nuestro último año y estar bajo el árbol no nos va a parar”, decía Micaela Benítez, mejor alumna del tercer ciclo.
Los estudiantes van a organizar polladas y hamburgueseadas, todo lo que genere recursos para reparar el salón y las sillas. Mientras, el ministro de Educación le culpa a cualquiera y el presidente no sale de su burbuja reeleccionaria.
Publicado por jotaefeb | 28/02/2017, 09:37
Certeza constitucional y Vanossi
El pasado 24 de febrero entrevistamos en radio al abogado Hugo Estigarribia sobre la figura de la certeza constitucional usada por los ministros Myriam Peña, Antonio Fretes y Raúl Torres Kirmser para autorizar a Horacio Cartes endeudarnos sin aval, control, ni permiso de nuestros representantes en el Congreso Nacional.
Estigarribia explicó de un modo muy didáctico que la figura de la certeza constitucional surge de los artículos 18 y 99 del Código Procesal Civil pero solamente para los casos en que hay litigio, no para consultas académicas.
Estigarribia recordó que en febrero de 2016 los mismos Myriam Peña y Antonio Fretes rechazaron, con ese argumento de que la Corte no es un órgano de consulta, el pedido de certeza constitucional presentado por el abogado Alfredo Estigarribia López. Peña y Fretes votaron en febrero de 2016 exactamente en contra de lo que aprobaron ahora, en que el Ministerio de Hacienda consultó a la Corte, sin litigio y académicamente, si Cartes podía endeudarnos sin permiso del Congreso.
También entrevistamos ese 24 de febrero al ex ministro de la Corte Suprema José Altamirano, quien precisó que la certeza constitucional no puede resolverla una sala de la Corte sino solo el Pleno y agregó que Hacienda no tiene legitimación activa para pedir la certeza, sino que debió pedirla el presidente de la República.
Altamirano recordó que no se puede usar la certeza constitucional para violar nuestra Carta Magna pues “la facultad de endeudar al país requiere aprobación del Congreso por imperio de la Constitución” y que “la Sala Constitucional no puede conceder al Ejecutivo facultades que la Constitución no le otorga”.
La actitud de los ministros Peña y Fretes, votando en sentido contrario de lo que votaron hace un año del mismo modo en que Lilian Samaniego o Darío Filártiga dicen ahora lo que negaban desde 2011 sobre la reelección vía enmienda como Cartes mismo, indica que pretenden aprobar por la vía de la certeza constitucional dicha enmienda para la perpetuación del presidente de la República.
Las declaraciones de Estigarribia y Altamirano evidencian que a Peña y Fretes no les interesa nuestra Constitución, pues otorgaron al Ejecutivo una facultad que no tiene por un camino que no corresponde, y la violarán de nuevo pretendiendo autorizar la reelección vía enmienda mediante una certeza constitucional.
Buscando un escrito con el que Peña, Fretes y demás cómplices de Cartes en la Corte puedan justificar sus votos, cercanos al grupo Cartes hallaron al argentino Jorge Vanossi, como él lo admite al inicio de su trabajo (http://bit.ly/2lnqKdh) (http://bit.ly/2lJaXGC), que les hizo un dictamen a la medida.
Pero el dictamen de Vanossi no es más que una repetición del de Juan Carlos Mendonca, Campos Cervera y Chase Plate como puede apreciarlo cualquiera que lea su punto XIII: “En síntesis… Estimamos que no puede identificarse la duración de cada mandato –que no pretende ser cambiada– con la hipótesis de la “reelección” para otro mandato” …(http://bit.ly/2lnqKdh) (http://bit.ly/2lJaXGC).
La diferencia entre el dictamen de Vanossi y el de Mendonca, y lo que será el argumento de los cartistas de la Corte, es la justificación que Vanossi ensaya para incumplir el propósito de nuestra Constitución, para olvidar su objeto teleológico: “9º) Que estamos en presencia de la etapa histórica a la que pertenece la “interpretación dinámica” de las Constituciones …10º) Siguiendo el método de una “interpretación progresista”, se ha dicho en Fallos 241:291 de la Corte Suprema argentina que ‘Las leyes no pueden ser interpretadas solo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad…'” (http://bit.ly/2lnqKdh) (http://bit.ly/2lJaXGC).
Publicado por jotaefeb | 28/02/2017, 09:36
La deuda Gramont versus la deuda Cartes
El luguismo no tuvo la gente necesaria para apoyar al cartismo. El cartismo tampoco tuvo la gente necesaria para apoyar al cartismo. Se anunciaban manifestaciones multitudinarias: todo el pueblo paraguayo, o al menos el ochenta por ciento de los paraguayos y paraguayas, iba a concentrarse en la plaza para manifestar su apoyo al rekutu. Todo quedó en el oparei. Por primera vez en 28 años, tengo que darle la razón a Calé: Lugo se cree el Messi de la política. Aun suponiendo que lo fuera, la jugada le iba a salir como le salió al Barcelona su partido contra París Saint Germain: cuatro a cero con Messi y todo en el equipo. Suponer que apoyándose el rekutu de Cartes, se aseguraba el rekutu de Lugo, era seguir la estrategia del DT del Barcelona.
Eso no quiere decir que el partido haya terminado, porque se juega tanto en la cancha como en el vestuario. Esto en el sentido figurado y también en el sentido literal: más de una resolución se decidió cuando dos o más parlamentarios, al mismo tiempo, sintieron una necesidad imperiosa de irse al baño, donde cocinaron sus votos discretamente. El partido no ha terminado, y podemos tener sorpresas en cualquier momento.
Mientras sigue el partido –por no decir la farra–, quedan en suspenso cuestiones muy importantes, como la de los bonos. La disidencia tiene toda la razón del mundo al decir que, para endeudar al país, se necesita la aprobación del Congreso (huelga decir que emitir bonos es endeudarlo). Tiene razón al decir que si el Ejecutivo emite los bonos por sí y ante sí, el Congreso hará saber a los círculos financieros internacionales que esos bonos no son válidos.
El doctor Theodore Stimpson, en su artículo Bonos buitres (ABC, 17/2/17), explicó claramente por qué esos bonos deben considerarse bonos buitres. Pero por muy buitres que sean, pueden ser aceptados internacionalmente.
Para los bonos buitres están los fondos buitres, dispuestos a lucrar con todo tipo de deuda ilícita: un buen ejemplo es el caso Gramont. El Congreso no aprobó la deuda contraída por Gustavo Gramont, que no se llamaba Gramont sino Levy y encima falsificó documentos para recibir dinero con la presunta garantía del Paraguay. Para colmo, ningún funcionario público paraguayo estaba enterado del asunto, y el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo se lo dijo a los acreedores: Gramont no tiene facultades para comprometer al Gobierno paraguayo. No importó.
Los buitres internacionales ahora nos reclaman el pago del capital con los intereses, sabiéndose que todo fue una estafa muy mal tramada.
¡Lo que nos van a exigir cuando los bonos de Cartes, que tienen una cierta apariencia de legalidad, lleguen a su vencimiento! No han de faltar buitres dispuestos a darle el dinero, para reclamarlo después con intereses y con yapas.
http://www.ultimahora.com/la-deuda-gramont-versus-la-deuda-cartes-n1064994.html
Publicado por jotaefeb | 27/02/2017, 14:24
Que el tiro no le salga por la culata
El Ministerio de Hacienda decidió presentar, sigilosamente, una acción declarativa de certeza constitucional ante la Corte Suprema de Justicia sobre la vigencia del Presupuesto General de la Nación (la misma que el año pasado), y por consiguiente, la autorización para emitir los bonos soberanos.
En otras palabras, pidió a la Justicia que le diga si una eventual colocación de los títulos de deuda violaría la Constitución Nacional o no.
Esta jugada sorprendió a propios y extraños, con decir que hasta asesores del presidente Cartes manifestaron no saber nada de ella.
La certeza constitucional es una figura inexistente en la Carta Magna del 92, y esto lo han dicho miles de veces los constitucionalistas. Pero no es la primera vez que Hacienda recurre a esta dudosa figura para validar algún acto suyo. Ya lo había hecho en el 2015, con lo que se evitó devolver miles de millones en concepto de IVA a entidades sin fines de lucro.
Más allá de las interpretaciones sobre la validez o no de la certeza, no deja de llamar la atención la ambigüedad de esta estrategia planteada por el Tesoro.
Por un lado, le pide a la Corte un dictamen sobre la legalidad de la emisión de bonos, so pretexto de que es el órgano competente para entender y darle claridad al conflicto. Y es cierto, cualquier discusión o enfrentamiento político sobre la legalidad o no pierde sentido si la máxima instancia judicial se expide.
Sin embargo, por otro lado, consultado sobre los plazos de emisión, el ministro Santiago Peña aseguró que no van a esperar ningún fallo sobre la acción presentada. El secretario de Estado afirmó que hay una total seguridad sobre la legalidad de los tan cuestionados bonos.
Es acá donde el ministro cae en una incoherencia no propia de alguien con su preparación académica. ¿Para qué pedir un dictamen a la Corte si a fin de cuentas ese criterio no será respetado?
La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cómo quedará la credibilidad del país si el Tesoro emite sus bonos en el mercado internacional y luego la Corte Suprema de Justicia dictamina la inconstitucionalidad de este acto?
Con este recurso planteado, Hacienda abrió las puertas a que la Justicia le obligue a poner a consideración del Congreso los títulos de deuda, invalidando cualquier emisión previa. Ya mediatizado el tema, no le queda otro camino que esperar que el tiro no le salga por la culata. Como bien lo remarcó el abogado Theodore Stimson, al consultar sobre su incertidumbre, el propio Estado apeligra su existencia. Cuidado.
Publicado por jotaefeb | 26/02/2017, 16:29
Rascame y yo te rasco
Cuando llegaron las monedas de oro de los bonos de Londres, Salvador Jovellanos y sus amigos fueron al puerto con sendas carretillas para recogerlas. La anécdota puede ser falsa, pero no lo es que, durante la presidencia de Jovellanos (1872-74) se esfumaron las libras esterlinas.
¿Cuántas llegaron? Ni siquiera la mitad del crédito negociado por la empresa Baring Brothers, perfectamente buitre. Entonces no existía la expresión fondos buitres (vulture funds), surgida con la crisis asiática de 1997, pero ya había buitres (ya la Biblia condenó a los usureros).
A la hora de pagar, al Paraguay se le exigió el importe nominal del crédito y no el importe recibido; el monto se lo fijó en Londres. (Existe un ensayo muy interesante sobre el asunto en el libro de Harris Gaylord Warren Paraguay: Revoluciones y finanzas, publicado por Servilibro.)
Menciono aquellos bonos de Londres, que iban a sacar del atraso al país supuestamente, porque ahora se nos quiere sacar del atraso con bonos internacionales; en caso de duda, decidirán tribunales internacionales.
A los bonos de hoy los llaman buitres, porque no han pasado por el Congreso; no importa. Para negociar los bonos buitres están los fondos buitres, que los van a reconocer como si fueran legales, para reclamarlos después en tribunales internacionales donde se puede probar que lo negro es blanco.
Buitres. Es triste que los buitres cuenten con el respaldo de nuestra Corte Suprema de Justicia, que los ha blanqueado vai vai. En términos populares, es lo que se llama rascame y yo te rasco.
El Poder Ejecutivo necesitaba los bonos para pagar deudas: caso contrario, el país caería en default.
Ciertos ministros de la Corte querían evitar el juicio político y le concedieron al Ejecutivo la facultad que la Constitución le concede al Congreso: “aprobar o rechazar la contratación de empréstitos”. Si la “certeza constitucional” blanquea el bicicleteo, ¿blanqueará también el rekutu presidencial? Los magistrados judiciales, que ya se han concedido ese derecho, no pueden negárselo a un amigo, aunque sea de otro club.
Endeudamiento. En realidad, al Ejecutivo ya se le había concedido la licencia para endeudar al país a espaldas del Congreso y de la opinión pública con la ley de Alianza Público-Privada (APP). ¿Por qué? Porque esa ley le concede la facultad de negociar en secreto, con empresas internacionales, acuerdos que comprometen el patrimonio nacional.
Supuestamente, el Ejecutivo los negociaría en secreto, pero después informaría al Congreso, para su necesaria aprobación. Falso: sutilmente, el sistema de APP permite las cláusulas confidenciales, que se mantienen en secreto y pueden ser muy peligrosas.
Como si fuera poco, permite también que la jurisdicción sea internacional y que el Gobierno garantice una cierta ganancia a las empresas privadas.
¿Qué nos garantizan las empresas privadas? A lo sumo, reclamaciones internacionales dudosas. Esas reclamaciones, con los bonos y las jurisdicciones internacionales serán, si no los tres clavos de Cristo, los tres clavos del Paraguay.
Pero me olvido de un cuarto clavo, el tratado TISA (siglas en inglés), que el Gobierno negocia en secreto, para privatizar todos los servicios.
Publicado por jotaefeb | 26/02/2017, 16:26
¿Quién ordenará este caos?
El actual caos político y jurídico que estamos viviendo en nuestro país es consecuencia directa de la intención de algunos sectores políticos de modificar la Constitución por la vía de la enmienda, para permitir la reelección presidencial.
Como muy bien lo dice Alfredo Boccia en su columna de esta semana, esta intención de cambio constitucional ha puesto fin a nuestras antiguas e históricas peleas entre colorados y liberales o entre stronistas y antistronistas, o a la más reciente, entre la izquierda y la derecha.
Movidos unos pocos por claros principios jurídicos y una gran mayoría por mal disimulados intereses particulares, hoy observamos cómo en un “cambalache político” se encuentran mezclados y revueltos colorados, liberales, izquierdistas y derechistas… tanto en el bando de opositores como en el de los partidarios de la enmienda constitucional.
La primera y más significativa víctima de este caos político ha sido el Presupuesto General de la Nación, la ley más importante que promulga nuestro país cada año.
Es la ley más importante porque en ella se determina cuánto va a recaudarse y qué sectores serán los afectados; así como cuánto va a gastarse y qué sectores serán los beneficiados.
Es también la ley más importante, porque dentro del derecho público donde lo que no está permitido está prohibido, el presupuesto aprobado es el único sustento legal que le permite al Estado disponer del dinero que recauda.
Producto del enfrentamiento y del caos político mencionado anteriormente, el Presupuesto del 2017 primero fue inflado en el Congreso por los opositores a la Enmienda, para luego –en una decisión inédita– ser vetado totalmente por el Poder Ejecutivo. Dejándonos, en el mejor de los casos, con muchas interrogantes legales.
Hoy ese caos político está creando un caos jurídico; porque a pocos meses del inicio del proceso electoral para las presidenciales, no sabemos con qué reglas vamos a jugar y a pocos meses del inicio del año, no sabemos hasta dónde llega la legalidad del actual Presupuesto General de la Nación.
Para poder funcionar armónicamente una sociedad necesita un orden, el cual a su vez está compuesto por diferentes órdenes menores.
El orden menor es el orden económico, compuesto por las personas y las empresas que desean invertir, comprar y vender. En este nivel se producen las transacciones económicas y es donde la gente gana o pierde dinero.
El orden superior siguiente es el orden político, que es el responsable de limitar las actividades económicas que tras el afán del lucro fueran perjudiciales para la sociedad en su conjunto.
El orden político lo componen los diversos actores que detentan el poder y las diferentes instituciones que rigen las actividades de la sociedad. En este nivel se promulgan leyes y se controla el cumplimiento de ellas.
Nuevamente, si una o varias personas o instituciones del orden político se extralimitan en sus atribuciones, promulgando leyes arbitrarias o realizando actos de abuso de poder, debe aparecer un orden superior para limitarlo, y este es el orden moral.
El orden moral lo constituyen las personas y las instituciones que gozan de gran prestigio y que son respetadas por la sociedad. Este grupo es el que tiene la responsabilidad ineludible de poner su voz de alerta para impedir que el orden político se extralimite.
Solamente el liderazgo moral de muchas personas y de muchas instituciones de prestigio –actuando individual o colectivamente– podrá ayudar a ordenar el terrible caos político que estamos viviendo y que ya está amenazando nuestra convivencia pacífica.
Publicado por jotaefeb | 26/02/2017, 16:25
La solución propuesta por el Gobierno a la incertidumbre generada por la emisión de bonos, sin haber pasado por el proceso tradicional de aprobación parlamentaria, es una muestra más de la incapacidad para generar los acuerdos políticos necesarios que garanticen legitimidad a las políticas públicas. El espacio naturalmente establecido para el acuerdo era el Congreso y no el Poder Judicial. Es realmente preocupante la forma en que se están tomando decisiones fundamentales para el país, no solo para el presente, sino, como en el caso de los bonos, las que afectarán a las generaciones futuras.
Al sombrío ambiente político de las últimas semanas generado por la ambición reeleccionaria de varios ex presidentes, se agrega un dictamen de la Corte Suprema de Justicia sobre la legalidad de la emisión de bonos que aumenta la nebulosa en el ya degradado ambiente político.
El presidente de la República está tomando decisiones importantísimas para nuestro país, como lo son debatir la reelección y emitir bonos sin que primen el sentido común y el cumplimiento de las normas tal como están explícitamente escritas.
El marco normativo e institucional está siendo constantemente reinterpretado, incluso más allá de lo que parecía posible. Esta reinterpretación se está dando para satisfacer aspiraciones individuales y de una gestión de gobierno, pasando por encima de los intereses generales y de la necesidad de mirar la construcción del desarrollo y de la democracia a largo plazo.
Esta semana se agrega un nuevo actor a la toma de decisiones económicas. La Corte Suprema de Justicia, que a solicitud del Poder Ejecutivo ha señalado básicamente que una nueva emisión de bonos se ajusta al marco legal vigente.
Ahora resulta que temas que constitucionalmente deben ser resueltos en el marco de un acuerdo político que garantizan el equilibrio de poderes y la participación de quienes son elegidos como representantes del pueblo, se negocian en los estrados judiciales.
La legalidad de la política pública es un requisito necesario. El problema actual es que este principio se está haciendo más laxo porque la Constitución y las leyes se están interpretando con una flexibilidad que atenta hasta contra el sentido común.
Además de que las políticas se deben implementar bajo el manto de la norma, estas deben contar con la legitimidad necesaria para garantizar procesos conducentes a fortalecer las instituciones, la cohesión social y los principios democráticos que subyacen al proceso de desarrollo.
Un gobierno que debe recurrir a la judicialización de sus decisiones económicas porque no logra el acuerdo político con los actores constitucionalmente establecidos crea un escenario inadecuado para lograr resultados que beneficien a la mayoría.
Si no beneficia a la mayoría pone en riesgo los cimientos de los principios republicanos, genera insatisfacción ciudadana e incertidumbre en los mercados y atenta contra la gobernabilidad. Nada de esto contribuye al crecimiento económico, al desarrollo y a la construcción de la democracia.
Ojalá el Gobierno logre este último año tomar sus decisiones en el marco de la claridad de las normas y sin necesidad de reinterpretarlas para dotarle de legalidad; menos aun que sea necesario recurrir al Poder Judicial porque no es capaz de lograr los acuerdos mínimos con el Poder Legislativo. Además, debiera contar con la legitimidad ciudadana, por ahora bastante escasa en el tema del endeudamiento.
Publicado por jotaefeb | 26/02/2017, 16:21
Respetable la opinión del abogado Benigno López sobre los bonos soberanos, no por ser presidente del IPS, sino por haber “participado directamente –como él mismo lo afirma– en todas las emisiones de deudas del Paraguay, desde el año 1999 hasta la fecha, incluyendo la que está en trámite, asesorando al Ministerio de Hacienda en el desarrollo y construcción de la relación jurídica y financiera con los bancos que actúan como underwriter (asegurador) de Paraguay”.
El mismo sostiene que para esta emisión soberana, Paraguay “tiene un presupuesto aprobado por mandato constitucional y legal, el cual contempla autorizaciones legales expresas y suficientes para emitir deuda en los mercados internacionales”. ABC http://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/los-bonos-estan-debidamente-respaldados-por-las-normas-legales-1567827.html.
Es la postura del oficialismo, desde el presidente Cartes, pasando por el ministro de Hacienda, hasta todos los diputados y operadores que reciben las instrucciones de la oficina del “Ministerio de la Verdad” de repetir las consignas. De todos ellos, tal vez el Dr. López sea quien más sabe, pero carece totalmente de libertad para opinar con propiedad.
Pero hay también otras opiniones muy respetables, como la del también abogado y máster en leyes Theodore Stimson, quien sostiene que no es posible que un veto del Ejecutivo –accidentalmente convertido en ley para una discutida reconversión tácita del presupuesto– secuestre la atribución constitucional del Congreso de aprobar empréstitos, atribución independiente de la de aprobar el presupuesto. ¿Por qué esto es así? porque aprobar préstamos públicos y externos es un acto de soberanía, no un simple contrato.
Pero antes que perdernos en artículos e incisos de leyes que rigen al respecto, es necesario como ciudadanos tener en claro por qué el Ejecutivo elude al Congreso (único poder con atribuciones para préstamos) para endeudar más al país. Primero, porque sabe que en el Poder Legislativo encontrará más que obstáculos, límites, y segundo, porque está en los umbrales de una línea populista de gobernar con miras a un eventual segundo período, en el cual necesitará recurrir a este método para conservar el poder, a pesar de todo y en especial a costillas de la economía.
También deberíamos aprender de la (mala) experiencia de otros países. En ese sentido nada mejor que de la Argentina, donde el gobierno expidió mayor cantidad de bonos del que estuvo en condiciones de pagar. Un día comunicó a todos los prestamistas o compradores de bonos que no podía pagar los montos contratados y comenzaron las negociaciones que finalmente concluyeron en lo que ya estaba calculado: el gobierno no podía pagar sino menos de la mitad de lo que había prestado (canje de deuda).
Al percatarse de la mala situación económica del país, la mayoría de los prestamistas decidió aceptar el ofrecimiento, pero un pequeño porcentaje dijo que no, que quería que se le devolviera el 100%, momento en que surgen los llamados “fondos buitre”: entidades financieras que compran bonos difíciles de cobrar con la esperanza de ganar.
Estos fondos fijan generalmente como lugar de resolución de conflictos la justicia de Nueva York porque mundialmente se confía en que ella es independiente. Los fondos entregados a los buitres fueron efectivamente a parar a Nueva York y ganaron los juicios a la Argentina. Desde aquí se escucharon los gritos populistas: “no pagaremos la deuda a los buitres”, pero muy pronto tal vez lo escuchemos aquí mismo, seguro de las mismas personas que hoy hablan de la absoluta legalidad de los fondos soberanos a ser contratados gracias a un frágil veto del Ejecutivo pasando por encima del Congreso.
Cuando escuchen la palabra déficit, no se olviden; recuerden la palabra buitre y aprieten los bolsillos.
Publicado por jotaefeb | 26/02/2017, 16:11
Cuando en una sociedad existen abusos y distorsiones, la herramienta de corrección es la política.
De ella se espera que organice nuestra convivencia para que esta no se convierta en un caos, una jungla, en la que el más fuerte devore al más débil.
Para el ejercicio de la política, el Estado se organiza como tal y sus ciudadanos otorgan ese poder.
En nuestro caso bajo el sistema occidental de división de poderes, teorizado por el barón de Montesquieu, y adoptado de forma predominante en las democracias de esta parte del mundo.
“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”, justificaba teorizando en su Espíritu de las leyes.
En nuestras sociedades democráticas definimos entonces que el poder puede ejercerse, pero bajo un sistema de pesos y contrapesos que permite gobernar, pero bajo un control que al menos en teoría puede evitar abusos y despotismos.
Vista así, la democracia obliga a negociar, a ceder, a acordar, a buscar consensos. A tragarse incluso un buen y gordo sapo cuando haga falta.
El capítulo de esta semana fue muy gráfico, al conocerse que el Poder Ejecutivo recurrió calladamente a la Corte Suprema de Justicia el 30 de diciembre pasado, para evitar negociar con el Poder Legislativo la autorización para emitir bonos (o pagarés del Estado) por más de 500 millones de dólares.
Los tres ministros que integran la Sala Constitucional otorgaron una medida cautelar permitiendo, por ahora, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que el Gobierno emita los bonos.
La consulta de Hacienda y la aceptación de la acción por parte de la sala de la Corte se hicieron bajo la figura de la certeza constitucional, una figura que no solo no existe constitucionalmente, sino que también nos recuerda que bajo ella la Corte confirmó como presidente al entonces senador González Macchi. Es decir, mejor antecedente no podemos tener.
Más gráfico aún es todo con las declaraciones posteriores del ministro de Hacienda quien dijo que “la decisión de la Corte no condiciona nuestra interpretación.
Es un adicional, complementa, pero no condiciona. Para nosotros no existe absolutamente ninguna duda de la legalidad”. Es decir, Santiago Peña fue a la Corte para buscar el respaldo jurídico, pero admite que si no lo tiene igualmente emitirá los bonos sin esperar que se resuelva la cuestión de fondo. Entonces, ¿para qué puentear al Congreso e ir a la Corte si finalmente no importa lo que esta diga?
El propio asesor del Presidente para temas constitucionales, el exparlamentario Marcelo Duarte, reconoció que la figura es un invento, una ocurrencia que convierte a la Corte en mesa de consultas.
Por ello sería bueno que el Presidente escuchara de tanto en tanto a algunos de sus asesores.
“Hubiese ido al Congreso y no a la Corte” nos dijo en la 730AM el exministro de Hacienda César Barreto, quien se mostró además preocupado por el ritmo de endeudamiento público que estamos teniendo.
No es poco lo que está en juego, es una nueva deuda a cargar sobre las espaldas de las futuras generaciones.
Por eso es obligatoria la búsqueda de consensos, de acuerdos que otorguen legitimidad a decisiones tan fundamentales en el ejercicio de gobernar.
Salvo que concibamos al país solo como una empresa, en la que un patrón hace y deshace conforme a su única voluntad.
Puré de banderas e ideologías
Alfredo Boccia Paz –
La política paraguaya siempre estuvo fantásticamente fragmentada. La división tribal nos viene de nuestra historia profunda, de nuestros genes originarios. Pero era fácil la comprensión de los conflictos. Durante doscientos años nos dividimos entre colorados y liberales, diferenciados por una polca, un color y una tradición familiar. Nada muy difícil de identificar, digamos.
Durante la dictadura se enfrentaron stronistas contra antistronistas. Pese a alguna contaminación muy minoritaria –entre los stronistas había liberales geniolitos y levirales, y entre los antistronistas estaban los colorados del Mopoco–, las cosas eran claras. Los stronistas ocupaban cargos públicos y los antistronistas jamás, por ejemplo.
Más recientemente inauguramos la división por motivos ideológicos. Ocurrió cuando la izquierda tuvo a Lugo, porque antes nuestro espectro partidario tenía tortícolis con vista a la derecha. Fue toda una novedad y, aunque aquello haya llegado al país con atraso, nos entregamos con entusiasmo a la tarea de partirnos entre zurdos y fachos. Tampoco en esa época existían mayores dificultades en reconocerlos.
Creo que todo comenzó a pudrirse en el 2012, con el juicio político a Lugo. Allí la lógica de las divisiones barajó mal las cartas, distribuyéndolas entre golpistas y antigolpistas. Resultó que en el primer bando había un conglomerado muy amplio –ANR, PLRA, Unace, PDP y PEN– y en el segundo quedaba solo un pequeño grupete progresista. A partir de entonces, nuestras divisiones ya no fueron las de antes.
Hoy todo es confuso. El país está roto entre los que están a favor o en contra de la enmienda. A los primeros los acusan de ser cartistas y a los otros de anticartistas, aunque las cosas están lejos de ser tan simples. La imposibilidad constitucional de la reelección unió repentinamente a interesados que están en las antípodas políticas, fumigó con amnesia antiguas traiciones y convirtió a las ideologías en fútiles adminículos. Cuando el Paraguay se divide entre dos grupos surrealistas, el análisis político se complica. Es imposible diferenciarlos por el color de sus banderas. Hay colorados y liberales en ambos sectores. La ideología no ayuda: hay zurdos y fachos de ambos lados. Ni siquiera el pasado reciente sirve: lo de golpistas o antigolpistas se volvió anacrónico: los hay en las dos partes.
Felizmente para el análisis, se ha preservado el odio. Los contendientes se odian entrañablemente. Es un alivio, pues hasta las divisiones deben ser bien organizadas. A los efectos de la clasificación, el antagonismo es bienvenido, imposible odiar al otro si no están claras las antinomias. ¿Cómo desarrollar un odio saludable al enemigo si este tiene una bandera del mismo color que nosotros? ¿Cómo insultar con credibilidad al zurdo, si el compañero de al lado usa una remera del Che? Sorprendente nuestro país. Ingresó a la era de la posideología de la mano de su robusta tradición kachiãi.
Publicado por jotaefeb | 25/02/2017, 08:09
Tuvieron la deliberada intención de perpetrar una alevosa traición a la Patria. El pasado 9 de febrero convocaron a una rueda de prensa en la presidencia del Senado e informaron “al mundo” que los bonos soberanos a ser emitidos próximamente por Hacienda, para cubrir los servicios de la deuda externa y financiar obras de infraestructura, carecen de valor legal. Una maniobra inescrupulosa del “marioabdismo”, el “efrainismo” y sus incondicionales del PDP, cuyo impacto, de haber prosperado, sería difícil dimensionar, pero que para la infelicidad de sus promotores fue desactivada por completo, al ser legitimada dicha operación por la propia Corte Suprema de Justicia, contra la que ahora descargan toda su ira.
Esta historia se inició hace algunos meses, cuando la disidencia, el oficialismo liberal y el partido familiar de Masi-Filizzola elevaron a la máxima potencia la estrategia de boicot que venían implementado. Entonces sancionaron un Presupuesto General que recortaba la emisión de bonos, ataba de pies y manos al Banco Central del Paraguay en su labor de mantener el dólar estable y aumentaba sustancialmente los gastos corrientes del Estado, al elevar los sueldos de los docentes y trabajadores de la salud sin contar con fuentes de financiación para el efecto.
El objetivo era claro: Provocar una cesación de pagos (default), dado que la ejecución de dicho Presupuesto hubiera impedido honrar los compromisos externos, dar riendas sueltas a la inflación y aumentar a escalas superlativas la conflictividad social, especialmente en el sector público.
Ante semejantes amenazas, concebidas para desestabilizar al gobierno de HC, aunque la víctima principal terminara siendo la población en general, el Ejecutivo no tuvo otra opción más que hacer uso de su facultad de vetar la ley sancionada y mantener el mismo presupuesto del 2016 para el ejercicio 2017, tal como prevé la Constitución. Y esto implicó, entre otras cosas, que la autorización otorgada por el Congreso para que el Ejecutivo emita el año pasado bonos soberanos por valor de 656 millones de dólares, se traslade automáticamente para el actual ejercicio, aunque los necios se resistan a reconocerlo.
Se habían frustrado así en sus pretensiones. Por eso la “alerta internacional” que lanzaron hace un par de semanas, una jugarreta rastrera y antinacional por donde se la mire. Pero tampoco les funcionó, razón por la cual ahora asistimos a la histeria de Desirée, Bacchetta, “Marito” y compañía, que tiene y tendrá amplia difusión en los “medios amigos” de Vierci y Zuccolillo.
Con el cinismo que a todos ellos caracteriza, ahora disparan su artillería contra los ministros de la Corte, los mismos a los que mantuvieron en sus respectivos cargos por casi un año y medio, negando sus votos para realizarles un juicio político y destituirlos. Desde luego, tampoco falta algún desquiciado que responsabilice a Cartes de lo resuelto por el máximo tribunal, exigiendo su destitución de la presidencia de la República, lo que al ciudadano común ya aburre y a los más politizados les causa risa.
La verdad de todo esto es que les fracasó el boicot, por eso los chillidos. Y eso es lo que escucharemos durante algunos días, para luego desvanecerse como sucede siempre con el “lata parara”, que seguramente se potenciará nuevamente cuando se trate y apruebe la enmienda, hasta nuevamente esfumarse.
Ya los conocemos sobradamente. Ni cuando fueron mayoría en el Senado lograron su cometido, menos lo harán ahora que la perdieron. Solo son capaces de producir ruido, molesto por cierto, pero solo eso, ruido.
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:50
Saboteadores al poder
La disputa entre los oficialistas y la oposición, incluyendo a sus aliados colorados disidentes, se ha salido totalmente de curso y amenaza seriamente la estabilidad económica de nuestro país, construida mediante los esfuerzos de muchos años.
Pero las tilinguerías de algunos políticos que, por cierto, son siempre los mismos, no se agotan con las amenazas y las coacciones contra órganos del Estado. Estamos ante una situación mucho más seria que el propio debate de la enmienda de la Constitución, porque los opositores y los colorados disidentes han demostrado que no solo están decididos a violar la Constitución sino que también a boicotear con todos los recursos legales e ilegales la gestión del Gobierno. Tal es el caso de lo que está ocurriendo actualmente en el Senado, donde los colorados disidentes y los opositores están emitiendo declaraciones y resoluciones tendientes a desconocer la legalidad de los bonos del tesoro que llegaren a ser emitidos por el Ministerio de Hacienda, conforme la ley de Presupuesto del 2016.
Según estos mercaderes de la política, violadores sistemáticos de la Constitución y pisoteadores de los derechos del pueblo a tomar sus propias decisiones en asuntos de interés nacional, el Ministerio de Hacienda no puede emitir válidamente bonos del tesoro por la suma de US$ 550.000.000 porque el Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley para el presupuesto general de gasto del 2017. Agregan que es el Parlamento el que debe aprobar esa emisión de bonos, aprobación que no existe debido al veto presidencial, que fuera admitido por ambas Cámaras del Congreso.
Esta es una falacia que raya con la traición a la patria porque lo que buscan estos personajes que se dicen representantes del pueblo no es otra cosa que llevar a nuestro país a un estado de cesación de pagos. Si los bonos no son emitidos, no se podrán atender deudas vencidas ni refinanciarlas a menores tasas de interés. Obviamente no soy economista, pero un mínimo de racionalidad me permite resaltar algunos aspectos que denotan la inmisericorde campaña desatada por algunos parlamentarios y sus cómplices, los medios de prensa, para desacreditar al Gobierno y colocarlo ante la opinión pública como el responsable del default en el que inevitablemente se caerá de no atenderse en tiempo esas obligaciones contraídas.
Dos cuestiones sustanciales sirven para demostrar el total descarrilamiento mental, ético y jurídico de esos legisladores: El artículo 217 de la Constitución Nacional y el artículo 19 de la Ley 1.535/1.999 “De administración financiera”, determinan claramente que de producirse el veto total o parcial del presidente la ley de presupuesto, sancionada por el Congreso, entrará a regir la misma ley que se encuentra vigente. En otras palabras, vetada la ley de presupuesto para el 2017, se aplica la ley de presupuesto del 2016 y no hay duda alguna de que esto es así.
El veto total o parcial de la ley de presupuesto es una potestad exclusiva del presidente de la República y, por tanto, su ejercicio no puede ser considerado como un acto de arbitrariedad, que nos conducirá al caos y que dejará sin recursos al estado para atender sus gastos, como lo afirman algunos medios de prensa. Esto es así porque por disposición constitucional y legal rige “la misma ley del año anterior”.
El nuevo capítulo de esta historia de destrucción masiva del estado y del gobierno es que algunos Senadores manifiestan reiteradamente que los bonos del tesoro que llegaren a ser emitidos este año por el Ministerio de Hacienda, no serán reconocidos como válidos por el Congreso Nacional, por no haber sido autorizados por una ley de la nación.
Esta es una falacia fácil de refutar. Si la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera establecen que en caso de veto rige la ley de presupuesto del año anterior, las previsiones de ingresos y egresos que en esta se dispongan y autoricen se aplican igualmente en el ejercicio fiscal del año siguiente.
Si la emisión de esos bonos del tesoro está contemplada en la ley general de Presupuesto del 2016 y si esta rige también para el presente año, quiere decir que esa emisión de bonos está aprobada por una ley sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo y tiene plena vigencia aun cuando hubiese sido aprobada el año anterior. En efecto, fue el mismo Congreso Nacional el que sancionó la Ley de Presupuesto del 2016 y sus disposiciones se encuentran en plena vigencia y seguirán así hasta que una ley posterior las modifique o las deje sin efecto.
Los más reconocidos economistas locales han advertido las terribles consecuencias sobre nuestra economía de continuarse con la intención de producir el default y de negar validez a los bonos del tesoro a ser emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Me resulta difícil calificar esta maquiavélica maquinación generada por un “grupete” de políticos, que no escatiman esfuerzos para desestabilizar política y económicamente a todo el Paraguay, haciéndolo perder su imagen de país seguro y confiable para las inversiones y de un estado serio y responsable para atender los compromisos económicos contraídos.
Lo más irónico de todo esto es que se autodenominan demócratas y defensores de la constitución pero ¿quién nos defiende de esos bárbaros, de sus mentiras y maquinaciones?
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:44
Precisiones elementales de respeto a la Constitución
Algunos medios titularon ayer que la Corte Suprema autorizó al Gobierno a disponer de los bonos que figuran en el Presupuesto 2016, que algunos senadores y dirigentes políticos cuestionan, ya que consideran que deben ser “reautorizados” por el Congreso.
Es una enunciación, más que errónea, errática, conceptual, gramatical, jurídicamente hablando.
La Constitución Nacional establece con claridad, síntesis y contundencia, en el artículo 217, sabiamente titulado con precisión “De la vigencia del presupuesto”, porque anticipa esa posibilidad: “Si el Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el artículo anterior, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”. Lo dice la Constitución, a la que dicen atenerse todos los críticos que establecen que los bonos no están incluidos y que tienen que ser aprobados de nuevo.
¡Vale la pena calcular qué hubiera pasado si los constituyentes no hubieran puesto la precisión! ¡De terror!
Parece que hay algunos que pregonan una Constitución manipulada a su medida, es decir, a la medida de sus pretensiones electoralistas o financieras o de impunidad ante la Justicia.
La información se viralizó, no hay que olvidar que el verbo viene de viral, de virus; como suele suceder con esas plagas, cada vez más generalizadas; antes contagiaban a las redes, luego a los diarios o espacios radiales y televisivos populares, cada vez más abundantes y frecuentes y hoy hasta a los que enuncian actuar con la verdad en la mano; en fin, se instala el territorio del rumor y, tras su instalación, el de la mentira como si fuera verdad. Como en la consigna nazi: “miente, miente que algo quedará”, por lo menos, la siembra y luego la cosecha de la verdad absoluta, de la confusión, del odio… y del racismo o el sectarismo, que son dos caras de la misma moneda.
En este caso, el Ejecutivo impulsó una acción innecesaria, aunque prudente, ya que en esta lucha en que cada quien, lo mismo un burro que un gran profesor, como escribió Discépolo, se autoproclama intérprete, vocero y santón, dueño de la verdad constitucional, no está de más recordar que la única instancia en definir constitucionalidad o inconstitucionalidad es la Corte Suprema.
La Constitución Nacional establece con claridad, síntesis y contundencia, en el artículo 217, sabiamente titulado con precisión “De la vigencia del presupuesto”, porque anticipa esa posibilidad: “Si el Poder Ejecutivo, por cualquier razón, no hubiese presentado al Poder Legislativo el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los plazos establecidos, o el mismo fuera rechazado conforme con el artículo anterior, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso”.
Pero eso no significa anunciar que “la Corte” “autoriza” el uso de los bonos, al servicio del Ejecutivo; la Corte Suprema, simplemente, interpreta, como establece también con claridad meridiana la Constitución, la constitucionalidad o inconstitucionalidad en cualquier disputa o duda al respecto de la Carta Magna. En este caso no había lugar para la duda, analizado el texto constitucional con seriedad conceptual, alfabética y jurídica.
En este caso, no hay lugar a la duda: el artículo 217 de la Carta Magna que establece “la vigencia” del Presupuesto 2016 durante el 2017. El mismo presupuesto. Ni más ni menos.
Los serviles son quienes en base a sus sectas o poderes fácticos tratan de amañar y apañar la Constitución a sus intereses.
Hay, además de las posturas sectarias, absolutistas y disparatadas, la posible violación constitucional grave de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, al actuar sectariamente, con claros intereses políticos electoralistas, en vez de, como establece el artículo 219 de la Constitución: “Son deberes y atribuciones de la Comisión Permanente del Congreso: Velar por la observancia de esta Constitución y de las leyes…”.
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:43
Bonos gate
La reforma constitucional argentina de 1994 prevé la acción declarativa de certeza constitucional en el art. 43, en un proceso que respeta en la práctica el debido proceso, el contradictorio, el principio de bilateralidad, llevado ante magistrados imparciales e independientes. El artículo 259 de la Constitución de Paraguay establece las atribuciones de la Corte y no incluye tal figura. El ministro de Hacienda alegando notoria incertidumbre y peligro de “frustración” de los títulos de deuda pública, promovió ante la Corte una declaración de certeza inexistente en la CN y contraria al debido proceso consagrado en sus artículos 16 y 17.
El inciso c) artículo 52 del Código Procesal Civil condena el fraude procesal, esto es, la utilización del proceso para conseguir un fin, objeto, o beneficio ilícito. El ministro de Hacienda abrió un proceso ante la Corte respecto del artículo 202 numeral 10) de la Constitución, esto es, respecto a la atribución privativa del Congreso de rechazar o aprobar empréstitos, pretendiendo usurpar atribuciones en violación de los artículos 137 y 138 de la Constitución. Este fraude procesal para contraer empréstitos sin asegurar una legal, expresa, y transparente aprobación legislativa como prevé el art. 43 de la Ley 1535/99, es nulo de nulidad insanable según el art. 137 de la Constitución, y art. 357 del Código Civil.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ratificada por Ley 2535/05 de la República del Paraguay exige al Estado paraguayo procedimientos e informaciones transparentes en materias de presupuesto y hacienda pública. El artículo 9 numeral 2) de la Convención exige al Estado adoptar medidas para “promover” la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Entre otras, la adopción de medidas para la aprobación del presupuesto nacional –y la observación leal de las mismas, desde luego–, y la adopción de medidas correctivas para cumplir el principio de transparencia. La solicitud de una ilegal medida cautelar para emitir deuda viola instrumentos internacionales ratificados por el país.
Esta emisión que el propio Estado paraguayo confiesa es incierta y peligrosa, exigirá al Estado el pago de no-competitivas tasas y elevadas comisiones, respecto de una colocación en moneda norteamericana y bajo las regulaciones de NY, EE.UU. Consecuentemente, estará bajo la jurisdicción del Estado Norteamericano y potencialmente aplicable el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), para investigar las altas comisiones y todas las circunstancias de una emisión de bonos ilegales.
En noviembre de 2015, el Standard Bank tuvo que pagar un total de 36.9 millones de dólares al Security and Exchange Commission (SEC) de los EE.UU. y al U.K.’s Serious Fraud Office (Oficina de Fraude del Reino Unido) por pagos irregulares a una firma privada de Tanzania, relacionados a la emisión de bonos soberanos de Tanzania.
Sobre la responsabilidad personal de los funcionarios en la emisión de deuda ilegítima, Giuliani Fonrouge enseña: “… en los últimos tiempos se ha manifestado una tendencia a disminuir la autoridad del Poder Legislativo, colocándola en una situación de pasividad con respecto al ejecutivo, contraria a los principios del derecho público … Ello obedece, por una parte, a la tendencia al cesarismo tan funesta en América Latina y que se manifiesta por la absorción de facultades por parte del Poder Ejecutivo, y por otra, a la pasividad del Congreso frente a los avances de aquel, ya que, por una mal entendida solidaridad política, consiente la transferencia de facultades indelegables… Por ello rechazamos el concepto de que en los empréstitos irregulares no puede hablarse de consecuencias jurídicas, sino de problemas de responsabilidad política del Ejecutivo ante el Poder Legislativo… y … ante los suscritores víctimas de la inobservancia de los requisitos legales. Estas responsabilidades son amplias, civiles y penales; de orden jurídico con respecto a los particulares tenedores de títulos públicos y de orden político frente al cuerpo legislativo”.
El artículo 43 de la Ley 1535/99, concordante con el artículo 202 numeral 10), de la Constitución establece: “Los contratos de empréstito serán válidos y exigibles solo en caso de ser aprobados por ley del Congreso”. En conclusión, los bonos emitidos por veto y medida cautelar valdrán de papel higiénico.
(*) Abogado, Máster en Leyes
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:33
Los bonos están debidamente respaldados por las normas legales
Por Benigno López (*)
La Ley 1535/99 de Administración Financiera define al Presupuesto como un todo, no como partes independientes, sino como un sistema armónico de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento, que permite el debido funcionamiento del Estado. Al establecer la Constitución Nacional y la mencionada ley, la repetición del Presupuesto aprobado en el 2016 para el ejercicio 2017, a consecuencia del veto total aceptado por una de las Cámaras del Congreso, la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales está debida y legalmente aprobada por el Congreso.
Los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos y respaldados por el Estado y que al ser comercializados en los mercados internacionales, en especial en el Estado de Nueva York, se exige que el Estado emisor haya seguido el proceso legal adecuado para ello, conforme a su propia legislación. Es por ello que responden con su “full faith end credit”, la terminología americana que indica que se ha seguido el proceso legal adecuado para el efecto.
La emisión de deuda soberana en los mercados internacionales requiere que la misma sea aprobada por todos los estamentos y organismos legales internos de un Estado para su validez, siendo el principal el Congreso paraguayo. En el Paraguay, desde la primera emisión se ha respetado lo dispuesto por la Ley 1535/99 de Administración Financiera, que exige que este tipo de financiamiento esté aprobado dentro de la Ley de Presupuesto General de la Nación, artículos 40 y siguientes. Todas las emisiones de deuda soberana en los mercados internacionales han seguido este camino; aprobación de la misma en el Presupuesto de la Nación.
Por tanto, reitero que la emisión de bonos soberanos para el ejercicio 2017 encuentra su aprobación y autorización en la ley. Pues, la emisión de deuda fue aprobada por el Congreso de la Nación, que es el órgano autorizado constitucionalmente para ella, y esta autorización se da por la repetición, puesta en vigencia o prórroga del Presupuesto aprobado para el 2016 a consecuencia del veto total del Presupuesto para el 2017 por el Poder Ejecutivo, y aceptado por una de las cámaras que lo pone automáticamente en vigencia.
Así lo dice la Constitución Nacional en su artículo 217, complementada por el artículo 19 inciso c) de la Ley 1535/99, donde el sistema constitucional que nuestro país adoptó a diferencia de otros es que el país NUNCA SE QUEDE SIN PRESUPUESTO QUE EJECUTAR en un determinado año fiscal. No está previsto, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, financiero y presupuestario un año fiscal sin presupuesto.
Pues el Art. 217 de la CN y artículo 19 inciso c) de la Ley 1535, c) determina que seguirá vigente el presupuesto del año en curso “…cuando, producida la objeción total, ambas cámaras no confirmaran la sanción inicial del Congreso”.
El veto aceptado por la Cámara de Diputados a fines del 2016 es el detonante para que entre en vigencia TODO el Presupuesto aprobado y vigente a fines del 2016 para el presente ejercicio fiscal. ¿Por qué decimos que es TODO el Presupuesto vigente al final del 2016 el que entra en vigencia este año? Pues porque así lo define la Ley 1535/99 al decir que en el Presupuesto se prevé “…la cantidad y el origen de los ingresos, se determinará el monto de los gastos autorizados y los mecanismos de financiamiento. Se elaborará por programas y con técnicas adecuadas para la asignación de los recursos financieros del Estado” (Art. 5 Ley 1535/99). El Presupuesto General de Gastos es también un conjunto de sistemas (Art. 1 Ley 1535/99) y estos sistemas comprenden, entre otros, los sistemas de inversión, crédito y deuda pública (Art. 3 Ley 1535/99).
La estructura del presupuesto comprende, entre otras cosas (Art. 12, inciso c, Ley 1539), el presupuesto de financiamiento, que incluye los ingresos generados por el crédito público y las recuperaciones de préstamos, y los gastos para atender las amortizaciones de capital y las demás aplicaciones de naturaleza financieras.
Habiendo participado directamente en todas las emisiones de deudas de Paraguay, desde el año 1999 hasta la fecha (incluyendo la que está en trámite), asesorando al Ministerio de Hacienda en el desarrollo y construcción de la relación jurídica y financiera, con los bancos que actúan como underwriter de Paraguay en las mismas, y conociendo la legislación paraguaya y la documentación legal y financiera que exige una emisión de deuda soberana, entiendo que para esta emisión soberana el Paraguay está constitucional y legalmente autorizado para hacerla.
Esto es porque se encuentran en la ley todas las autorizaciones legales que la práctica internacional exige: Paraguay tiene un presupuesto aprobado por mandato constitucional y legal, el cual contempla autorizaciones legales expresas y suficientes para emitir deuda en los mercados internacionales.
El acceso a los mercados internacionales es una conquista del Paraguay en su conjunto. Estando tan cerca del grado de inversión, debemos ayudar internamente al país fortaleciendo aún más su imagen internacional. Si queremos crecer y dotar de infraestructura tan necesaria a nuestro pueblo, el acceso a los mercados será un instrumento al que seguirán recurriendo los gobiernos, presentes y futuros. Nadie gana poniendo en discusión esta emisión, todos perdemos. Que podamos salir a financiarnos afuera por nuestros propios méritos, y a tasas y plazos muy competitivos es un logro país que debemos seguir fortaleciendo.
(*) Abogado, exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y actual presidente del Instituto de Previsión Social (IPS).
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:31
Resolución judicial chavista
Mediante una insólita y peligrosa resolución, que refleja el sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dispuso el 14 de febrero que durante la tramitación de una “acción declarativa de certeza constitucional”, promovida por el ministro de Hacienda Santiago Peña, se hallan vigentes para el ejercicio fiscal 2017 los arts. 73, siguientes y concordantes de la Ley Nº 5554/2016, “con la consecuente autorización otorgada por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo para emitir bonos del Tesoro Nacional, dentro de los límites establecidos en las normas citadas”. Tan urgido estuvo el accionante por obtener esa declaración que subrepticiamente presentó el pedido ya el 30 de diciembre, es decir, diez días antes de que el Presidente de la República decretara que en 2017 seguirá rigiendo el Presupuesto del año anterior, que autorizó la emisión de bonos por valor de hasta 670 millones de dólares. Como se sabe, uno de los motivos por los cuales el Poder Ejecutivo vetó íntegramente el Presupuesto sancionado por el Congreso para este año fue que, con el sensato propósito de reducir el intenso ritmo del endeudamiento público, solo permitía la emisión de bonos hasta un monto de 349 millones de dólares. Y bien, como la declaración de “certeza constitucional” no está prevista en nuestro ordenamiento jurídico, los genuflexos ministros Raúl Torres Kirmser, Myrian Peña Candia y Antonio Fretes le dieron a la mencionada acción el trámite propio de una de inconstitucionalidad, aunque no se haya atacado la validez de ninguna ley ni de otro instrumento normativo. Imitando a la inversa lo que se estila cuando se promueve una acción de inconstitucionalidad, que es suspender los efectos de la normativa impugnada hasta tanto se resuelva la cuestión, lo que en este caso se hizo fue avalar los bonos soberanos que el Ministerio de Hacienda emita dentro de los límites fijados en el Presupuesto de 2016, hasta que concluya el procedimiento. O sea que podrían ser colocados de inmediato en el mercado financiero, antes de que la Sala Constitucional se expida definitivamente, previa intervención del fiscal general del Estado. Por lo tanto, un inversor adquiriría bonos que luego podrían resultar invalidados por la sentencia definitiva, colocando al Paraguay ante los ojos del mundo como un país estafador. Es un absurdo absoluto que la Sala Constitucional haya apelado al procedimiento de la acción de inconstitucionalidad para admitir la figura de la declaración de “certeza”, que no está contemplada en nuestro Derecho, y, en consecuencia, debió haber sido rechazada in limine. Es seguro, sin embargo, que, vista la sumisión de los magistrados de la Corte, terminarán avalando la violación del art. 202, inc. 10, de la Ley Suprema, según el cual es deber y atribución del Congreso “aprobar o rechazar la contratación de empréstitos”.
El fondo de esta cuestión, que afecta severamente a la institucionalidad republicana, consiste en que el Poder Ejecutivo pretende seguir endeudando al país, esta vez soslayando al Congreso con toda mala fe. Si el art. 202, inc. 10, de la Constitución le confiere al Legislativo una facultad especial con relación a los empréstitos, es porque la considera muy importante; de lo contrario, hubiera bastado con la atribución de “sancionar anualmente la Ley del Presupuesto General de la Nación”, otorgada por el inc. 5 del mismo apartado. Esto significa que el Poder Legislativo debe aprobar o rechazar los bonos en cada caso, sin que exista la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda recurrir al subterfugio de invocar la aprobación prestada a otros anteriores. Se entiende que así sea, pues endeudar al país, comprometiendo incluso a las generaciones futuras, es una cuestión de la mayor gravedad. Si la jugarreta del Poder Ejecutivo fuera admisible, podría en adelante objetar, aunque más no sea parcialmente, cualquier Presupuesto sancionado por el Congreso que redujera el monto del nuevo endeudamiento propuesto por él, y recurrir al que fue autorizado en 2016, barbaridad que seguramente sería consentida por una Sala Constitucional que esté al servicio del Presidente de la República y en contra del equilibrio de poderes.
Además, los gastos corrientes y de inversión, financiados con las recaudaciones tributarias, los cánones y los royalties, tienen un destino específico contemplado en el Presupuesto controlado por el Congreso; en cambio, los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos pueden ser empleados discrecionalmente por el Presidente de la República, pues no se discrimina el destino de los mismos, lo que abre una ancha vía para la corrupción. Si se sabe que el 57% de lo que el Poder Ejecutivo consiga ahora será utilizado para pagar la deuda vencida y que el resto será invertido en obras de infraestructura, es solo porque así lo han dicho, en términos generales, los funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Tratando de justificar la “bicicleteada”, el propio titular de esa cartera advirtió a fines de noviembre último que si no se emitieran los bonos por el valor que tiene en vista el Gobierno, se produciría una cesación de pagos. Calificó la disminución dispuesta por el Congreso el año pasado de “error grave”, y agregó que “cuando un país se atrasa solo un día, entra en default”, lo que conllevaría que los acreedores puedan exigir de inmediato el pago de 2.380 millones de dólares, solo en bonos soberanos. Esa deplorable contingencia, que resultaría de la irresponsabilidad gubernativa de endeudar al país por sumas imposibles de amortizar con los recursos ordinarios, no puede servir de excusa para esquivar al Congreso del ejercicio de una obligación constitucional.
De hecho, lo que el Poder Ejecutivo pretende es darse a sí mismo una carta blanca para hacer lo que se le antoje con el dinero, aprovechando indebidamente una autorización otorgada en otra ocasión para determinadas operaciones financieras. Los bonos fueron aprobados solo para ser emitidos en 2016, y no pueden ser automáticamente reproducidos en 2017 porque al Poder Ejecutivo le disgustó que el Legislativo, con toda sensatez, haya creído oportuno reducir la velocidad del endeudamiento.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda, la peregrina acción declarativa de “certeza constitucional” fue promovida para “brindar una mayor tranquilidad y seguridad a los inversores internacionales”. Eso está por verse, pero los ciudadanos ya tienen buenos motivos para sentirse aún más inquietos e inseguros, ante esta nueva muestra de total entreguismo de la Sala Constitucional a los designios del Poder Ejecutivo. Es de temer, en efecto, que ese obsecuente órgano admita que se viole la Ley Suprema para la reelección si el aberrante asunto llegara a esa instancia.
Así comenzó Venezuela, con un Poder Judicial totalmente sometido al poder de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y así está hoy ese desventurado país.
Publicado por jotaefeb | 24/02/2017, 09:13

References: artículo 117
 artículo 23
 artículo 202
 artículo 9
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 artículo 409
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 artículo 359
 artículo 658
 artículo 229
 resolución 
in fine
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 artículo 217
 artículo 19
 artículo 217
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 artículo 219
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 artículo 52
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