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Timestamp: 2019-05-26 23:52:41+00:00

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Condenada una academia que informó mal a una alumna sobre la edad para acceder a un título oficial : Law Center Social from Derecho Civil -
Por Eleazar Robaina Espinosa hace 2433 días
CONTRATO DE ENSEÑANZA. Curso de preparación para acceder a la obtención de un título oficial. Reclamación de daños y perjuicios por la imposibilidad de la demandante de acceder a la convocatoria oficial al no cumplir el requisito de la edad legalmente exigida. Estimación parcial de la demanda. Dolo incidental de la academia a la hora de ofertar y lograr que la demandante suscribiera el contrato de enseñanza. De la publicidad dada por el centro se desprendía que el requisito de la edad debía cumplirse dentro del año en el que se celebrasen los exámenes, y no, como exige la norma, antes de finalizar el plazo de inscripción. Devolución únicamente del 50% del precio satisfecho por el curso al haber adquirido la actora los conocimientos necesarios para presentarse en la convocatoria siguiente.
La AP Madrid revoca la sentencia del Juzgado y estima parcialmente la demanda formulada en reclamación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de enseñanza.
En MADRID, a veintiuno de marzo de dos mil doce.
SENTENCIA: 00160/2012
Rollo: RECURSO DE APELACIÓN 671/2011
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 20 de la Audiencia Provincial de MADRID, constituido el Tribunal para su resolución con un solo Magistrado, los Autos de JUICIO VERBAL nº 2.137/10, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 4 DE MADRID , a los que ha correspondido el Rollo 671/11, en los que aparece como parte apelante DOÑA Asunción representada por la procuradora Sra. Gómez Mira, y como apelado e impugnante I.T.E.P. FORMACIÓN S.L., representado por el procurador Sr. Conde de Gregorio, sobre reclamación de cantidad, habiendo sido turnado al Ilmo. Sr. Don RAFAEL DE LOS REYES SAINZ DE LA MAZA .
PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid, en fecha 30 de marzo de 2011, se dictó sentencia , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda presentada por Dª Asunción contra ITEP Formación S.L. a la que absuelvo de la demanda, sin hacer imposición de las costas causadas.".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, exponiendo las alegaciones en que basa su impugnación. Admitido el recurso en ambos efectos, se dio traslado del mismo a la apelada, que presentó escrito oponiéndose expresamente al recurso interpuesto e impugnando la sentencia recurrida. Elevados los autos ante esta Sección, fueron turnados de ponencia, quedando pendientes de resolución.
PRIMERO: Formula la parte actora recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Madrid en el Juicio Verbal nº 2.137/10 , por la que se desestimó su demanda contra ITEP Formación, S.L. en reclamación del precio que le abonó por la realización del curso de imagen para el diagnóstico en el que estaba interesada para poder acceder a las pruebas de obtención del título oficial de técnico superior, más otra cantidad equivalente en concepto de daños y perjuicios, alegando los siguientes motivos de oposición:
1º) Error en la valoración de la prueba; 2º) Incongruencia de la Sentencia y falta de motivación; 3º) Infracción del art. 1.124 del CC; 4º) Infracción de la Ley General de Publicidad por publicidad engañosa, en relación con los arts. 1.270.2 y 1.107 del CC; 5º) Infracción de los arts. 1.101 , 1.104 y 1.107 del CC; y 6º) Vulneración del art. 1.544 del CC sobre el contrato de arrendamiento de servicios.
Por su parte, la demandada impugna también la Sentencia al no haber sido condenada en costas la actora a pesar de ver desestimada su demanda.
SEGUNDO: Lo primero que debe apuntarse es que la Sentencia de instancia no incurrió en incongruencia omisiva ni está falta de fundamentación. Una simple lectura de la Sentencia dictada permite comprobar que la misma está suficiente y mínimamente motivada; cuestión diferente es que no se comparta.
Por otro lado, no se trata de rebatir todo y cada uno de los argumentos dados por las partes a la hora de exponer su reclamación o de impugnarla. Baste indicar que es doctrina jurisprudencial reiterada (STS de 16 de marzo de 2007 , con cita de la de 20 de mayo de 1985), la que establece que la congruencia exige del Juzgador que se acomode a lo que constituye la esencia de las peticiones formuladas por las partes en sus respectivos escritos de alegaciones, afectando única y exclusivamente a la conexión fallo-petitum, y tomando para ello como punto de partida los hechos alegados por quienes son parte en el proceso, y no las fórmulas o las normas jurídicas que las mismas citen y estimen aplicables; y esa exigencia no cabe duda que ha sido fielmente cumplida. Otra cosa será que la parte no se muestre de acuerdo con lo resuelto.
Además, es también doctrina jurisprudencial que las sentencias absolutorias o desestimatorias - como en definitiva lo fue la dictada en el presente procedimiento, - son siempre congruentes porque resuelven todas las peticiones oportunamente deducidas por las partes en sus escritos fundamentales, admitiéndose excepciones a este principio general, como ocurre cuando la absolución derive de haberse apreciado una excepción que no fue alegada y no fuese apreciable de oficio, o se utilizaran argumentos no esgrimidos por las partes susceptibles de causar indefensión, lo que evidentemente no es de aplicación al supuestos de autos (STS de 22 de enero de 2.007).
Por ello, el segundo motivo de impugnación debe ser desestimado.
Lo que desde luego no se entiende, e incluso sí podría llegar a resultar incongruente, es la postura de la recurrente al solicitar la resolución del contrato en base al art. 1.124 del CC , y a la vez argumentar que éste sólo se firmó por maquinaciones insidiosas o por la publicidad engañosa ofrecida por la actora al ofertar sus cursos, de manera que de no haber concurrido no se habría llegado a suscribir, lo que parece invocar el dolo como causa de nulidad del contrato - y lo que sería incompatible con la petición de resolución contractual que presupone el reconocimiento de su validez, - solicitando además daños y perjuicios en base al art. 1.270.2 del CC . Por otro lado y en base a esa supuesta publicidad engañosa también habla de error en el consentimiento como causa invalidante del contrato que es, pero tampoco la solicita en base al mismo. De igual manera se confunde el dolo al que se alude en el art. 1.107 del CC , que hace alusión a la mala fe en el incumplimiento de las obligaciones, con el dolo del art. 1.270 del CC invalidante de los contratos, que nada tiene que ver con el anterior.
TERCERO: Igual suerte desestimatoria debe correr el primer motivo de impugnación alegado.
Ninguno de los errores en la valoración de la prueba denunciado se ha cometido por la Juzgadora de instancia. Cuestión diferente será si en base a lo acreditado en autos resulta o no estimable la pretensión de la actora.
El hecho de que el representante legal de la demandada y el testigo que depuso a su instancia no dijesen la verdad o incurrieran en incongruencias, resulta completamente irrelevante a efectos de lo resuelto. Como se desprende de la Sentencia dictada, sus manifestaciones no fueron tenidas en cuenta a la hora de desestimar la presente demanda. Además se ignora - por no exponerse en el escrito de recurso, - el alcance que se pretende dar a esa posible falta de validez probatoria que se aduce.
CUARTO: El tercer motivo de impugnación alegado también debe ser desestimado.
Se aduce la infracción del art. 1.124 del CC en cuanto que la demandada no cumplió con su obligación de matricularla para realizar las pruebas para la obtención del título de técnico superior en diagnóstico de imagen y como fue ofertado en el folleto de publicidad o divulgación del curso.
Pues bien, en primer lugar debe apuntarse que a lo que venía obligada la demandada en virtud del contrato suscrito, era a formalizar, gestionar o tramitar la matriculación del alumno en el instituto en el que quisiera presentarse a las pruebas libres para la obtención del título oficial, como se desprende de las condiciones del contrato suscrito por las partes y que obran al folio 25 de las actuaciones, y aunque a continuación se dijese que esta gestión no constituía una obligación. Se trataba de un servicio incluido en el precio del curso a satisfacer por los alumnos, como se desprende de lo consignado en la publicidad emitida por la demandada (folio 23), por lo que en definitiva venía obligada a prestarlo. En ese caso se habría tratado del IES Martínez Uribarri de Salamanca (folios 35 y 36) y las tasas correrían de su cargo. Si la actora no pudo matricularse en dicho centro, fue por no cumplir el requisito de edad legalmente exigida para ello, conforme a la convocatoria de las pruebas a las que pretendía presentarse y que fueron establecidas en la base 2.1 de la Orden EDU/482/2.010 de 12 de abril, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León (folios 26 a 34 y 37 de las actuaciones). Por tanto, si la demandada no pudo cumplir con la obligación derivada del contrato, fue sólo por causas objetivas que concurrían a la actora, y no por un incumplimiento serio, grave, definitivo e imputable sólo a la misma, que es lo que permitiría el ejercicio de la acción resolutoria promovida.
Igualmente debe ser desestimado el sexto motivo de impugnación alegado, que tiene estrecha relación con el anterior. A este respecto baste añadir que el incumplimiento que se aduce sobre la cláusula que establece el deber de informar con exactitud y detalle a los alumnos que contraten sus cursos de preparación, los requisitos y demás condiciones de las pruebas de acceso a la obtención de la titulación en la que estaba interesado la actora, fue anterior a la suscripción del contrato y se estimó por la recurrente como determinante del mismo, por lo que difícilmente puede sostenerse que se incumplió una vez suscrito.
QUINTO: Sin embargo, el cuarto motivo de impugnación sí debe ser acogido, al entenderse que en la Sentencia impugnada se infringió lo establecido en el art. 1.270.2 del CC .
Como se expresa en la Sentencia de la Sección 3ª de la AP de Granada de 19 de julio de 1.999 , el art. 1.270 del CC contempla y regula dos clases de dolo, según la distinción elaborada por el Derecho Común y que fue recogida incluso en Las Partidas. Por un lado, el causante ("non aviendo voluntad.... se puede desfacer e non vale"); y por otro el incidental ("hoviesse voluntad.... es tenudo de enmendar de aquel engaño que fizo"). Este segundo se dará cuando existiendo voluntad de contratar, sin embargo hay engaño en el modo en que se celebra el contrato mediante el empleo de una conducta culposa lata o con previsión para conseguir determinadas condiciones más beneficiosas por el que lo emplea que, de no darse, se hubieren establecido de otro modo con un equilibrio más ponderado de las prestaciones; si la distinción no es fácil en la teoría, más se puede complicar en la práctica, extremo que ahora viene aminorado en cuanto que sólo se plantea la existencia de uno y no del otro, habida cuenta los términos en que ha quedado planteado el debate, en el que no se alega ni se pretende la nulidad del contrato por vicio del consentimiento. También se puede hablar de dolo incidental, cuando las maquinaciones o la conducta negligente lata del contratante determinan sólo una insatisfacción del interés contractual de la otra parte, o cuando no se trate de una conducta grave, cuyo efecto no será entonces la resolución del contrato, sino la indemnización de los daños y perjuicios como se establece en el artículo 1270.2 del Código Civil .
La doctrina ha venido exigiendo para apreciar el dolo los siguientes requisitos: a) una conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la declaración negocial, utilizando para ello las palabras o maquinaciones adecuadas; b) que la voluntad del declarante quede viciada por haberse formado sin la natural libertad y conocimiento como consecuencia del engaño, coacción u otra insidiosa influencia; c) que dicha conducta sea determinante de la declaración; d) que sea grave, si se trata de anular el contrato, pues habrá que entenderlo de menor intensidad cuando se trate de dolo incidental pues no conllevaría tal efecto, sino el restablecimiento del equilibrio entre las prestaciones; y e) que no haya sido causado por un tercero, ni empleado por las dos partes contratantes.
Respecto del primero de los requisitos enumerados anteriormente, también ha señalado que es comprensivo del mismo no sólo la insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante, sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte, en contra del deber de informar que exige la buena fe o los usos del tráfico.
Como igualmente señala la Sentencia de la Sección 9ª de la AP de Madrid de 29 de junio de 2.009 - citada por la recurrente, - el dolo como vicio del consentimiento y que da lugar a la nulidad del contrato en base a los artículos 1.261 y 1.265 del Código Civil , concurre como establece el artículo 1.269 de dicho texto legal , cuando por medio de palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, se induce a otro a celebrar el contrato que sin ellas no hubiera celebrado, configurándose como una conducta de uno de los contratantes contraria a la buena fe que debe presidir las negociaciones y tratos previos de las partes a la celebración del contrato, siendo esencial que la finalidad de la conducta del contratante doloso vaya dirigida y consiga que el otro contratante celebre el contrato, ya sea por el error que le induce, como por mover su voluntad para la celebración del contrato; ahora bien, para que dicha conducta dolosa sea determinante de la nulidad del consentimiento es necesario que sea grave, conforme exige el artículo 1.270 del Código Civil , pues en otro caso la conducta dolosa dará lugar en su caso a otras consecuencias jurídicas, pero no a la nulidad del contrato por vicio del consentimiento, debiendo distinguirse entre el dolo causante de la celebración del contrato, que sería el que tuviera tal virtualidad, del dolo incidental, que determinaría una insatisfacción del interés contractual, cuyo efecto sería sólo el de la indemnización de los daños y perjuicios causados, como se deduce de lo dispuesto en elartículo 1.270.2 del Código Civil .
La conducta dolosa ha de ser probada inequívocamente, sin que basten meras conjeturas o indicios, como se establece en las STS de 22-2-61 y de 21-6-78 , entre muchas otras.
Pues bien, de la prueba practicada en autos ha quedado acreditado que Dña. Asunción se matriculó en el centro gestionado por la demandada, firmándose el correspondiente contrato de enseñanza en fecha 10 de septiembre de 2.009, con la intención de prepararse para obtener el título de técnico superior en diagnóstico de imagen. La actora había nacido el 9-7-90. Dicho centro, además de proporcionarle todos los manuales didácticos para preparar el temario correspondiente, le impartía clases prácticas y teóricas durante un curso de 9 meses de duración, que comenzó el 13 de octubre de 2.009 y finalizaba el 30 de junio de 2.010, según se desprende del contrato suscrito y de la documentación publicitaria expedida por la demandada (folios 18 a 25). Como dicho curso tenía como fin superar unas pruebas para la obtención del título deseado, y éstas se desarrollaban en institutos de diferentes Comunidades Autónomas, según la que las convocara cada año, la demandada también se obligaba en virtud del contrato suscrito, a gestionar o tramitar la matriculación del alumno en el instituto en el que quisiera presentarse para realizar esas pruebas libres para la obtención del título oficial, si bien las tasas de matriculación, de exigirse, serían de cuenta del propio alumno.
El curso de preparación se inició y se fue desarrollando con normalidad, como la propia actora reconoció en el interrogatorio y se desprende del contenido del escrito de recurso. El problema vino cuando se publicó la convocatoria de las pruebas para el año 2.010, que ese año lo hizo la Comunidad de Castilla y León, según la Orden EDU/482/2.010 de 12 de abril, de la Consejería de Educación de dicha Comunidad Autónoma (folios 26 a 34). Al intentar matricularse en el IES Martínez Uribarri de Salamanca, su solicitud fue denegada por no cumplir el requisito de edad legalmente exigida para ello, conforme a la convocatoria de las pruebas publicada (folios 35 a 37).
Según la información ofrecida por el centro demandado a la hora de publicitar sus cursos de preparación, la edad mínima requerida para presentarse a las pruebas en las que quería participar la actora, y para lo que se matriculó en dicho centro, era de 20 años, si bien se indicaba que se podrían cumplir dentro del año en el que se celebrasen los exámenes. Como la actora cumplía los 20 años durante 2.010, parecía que en principio no tenía que haber problemas con la edad. Sin embargo, su solicitud de matrícula fue rechazada por el IES elegido por no contar con la edad establecida, puesto que los 20 años habrían de cumplirse al final de la fecha del periodo de inscripción de las pruebas, que era el 14 de mayo de ese año (folio 37).
Al requisito de la edad se refería la base 2.1 de la Orden EDU/482/2.010 de 12 de abril, de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, según la cual, para presentarse a las prueba para la obtención de los títulos de técnico superior, y al que pretendía aspirar la actora, se requería tener 20 años (folio 27).
Dicha base es conforme y está redactada de igual manera que el art. 36 del RD 1.538/2006 de 15 de diciembre , de ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, entonces vigente, y que según su artículo 35, establecía las condiciones básicas que habrían de tener los aspirantes a la pruebas para la obtención del título de técnico superior establecidas por la LO 2/006 de Educación, a convocar periódicamente por las Administraciones educativas.
De acuerdo con el contrato de enseñanza suscrito, la información facilitada por el centro sobre los requisitos y demás condiciones relativas tanto a las pruebas libres para la obtención del título de técnico superior, como para las pruebas de acceso a los mismos, debía corresponderse con la de la última convocatoria celebrada, quedando exento de cualquier responsabilidad por la modificación o novedad que se pudiese introducir. Adujo el representante legal de la demandada en la prueba de interrogatorio, que la información ofrecida fue la correspondiente a la última convocatoria realizada, que lo fue por la Comunidad Autónoma valenciana, conforme a la cual sí cumplía los requisitos de edad y que así se le informó a la actora. Sin embargo, y salvo el hecho de haberse dado una información inexacta, nada de eso consta acreditado en autos. La actora ha aportado el boletín oficial de una convocatoria de la Junta de Castilla y León para la realización de las pruebas durante el año 2.009, y la base referente a los requisitos de edad es fiel reflejo de lo establecido en la norma básica (art. 36 del RD 1.538/2006) y exactamente igual también a la de la convocatoria para el año 2.010, para la que no fue admitida.
Desde luego no hace falta ser un experto en Derecho para interpretar tales normas y concluir queel requisito de la edad debe cumplirse antes de finalizar el plazo de inscripción, y no inmediatamente antes del inicio de las pruebas, como sostiene la demandada y también hizo creer a la actora con carácter previo a suscribir el contrato. Además, si existiere alguna duda, o si distintas Comunidades Autónomas lo interpretaban de diferente manera, o incluso en algunas de ellas se entendía cumplido el requisito de la edad aun cuando se cumplieran los años dentro del año de la convocatoria, era una cuestión que venía obligada a aclarar, habida cuenta que se trata de un centro especializado en la preparación para pruebas de acceso a títulos oficiales; y en caso de no ser factible por existir de manera irremediable distintas maneras de interpretar la norma, o por exigirse el requisito de la edad de forma distinta según la Comunidad Autónoma que convocara las pruebas, debía advertirlo en la publicidad o en la información que se ofreciera a los alumnos interesados en participar en dichas pruebas y en ser preparados para ellas en el centro demandado antes de suscribir el contrato. Es obvio que la actora se matriculó en el mismo con la intención de poder participar en las pruebas para la obtención del título que se convocaran durante el año 2.010; y si lo hizo fue al comunicársele e informársele de manera inexacta que podría hacerlo por cumplir los 20 años dentro del año de la convocatoria, como se desprende de la publicidad dada por el centro (folio 22) y lo manifestado por el representante legal de la demandada.
Por tanto, se entienden cumplidos los requisitos exigidos y expuestos anteriormente como para considerar que la demandada actuó con dolo incidental a la hora de ofertar y lograr que la actora suscribiera el contrato de formación o de enseñanza que les vinculaba, por lo que de conformidad con lo previsto en el art. 1.270.2 del CC , viene obligada a indemnizarle en los daños y perjuicios causados.
Se solicita la devolución de la totalidad del precio satisfecho por el curso y que asciende a la cantidad de 1.535,50 € (documento nº 4 de la demanda). Pues bien, esta Sala entiende que sólo debe ser indemnizada la actora en el 50% de dicha cantidad, habida cuenta que el curso de formación fue recibido a plena satisfacción; y si bien no pudo presentarse a las pruebas para obtener el título oficial durante ese año de 2.010, es obvio que adquirió el material y los conocimientos suficientes como para poder presentarse al año siguiente sin quizás tener que requerir otro curso de preparación; y en cualquier caso, ha obtenido unos conocimientos que siempre le servirán y le serán de utilidad en su futura vida laboral.
De conformidad con lo establecido en los arts. 1.100 y 1.108 del CC , dicha cantidad devengará los intereses legales desde la fecha de la interpelación judicial.
SEXTO: El quinto motivo de impugnación también debe ser desestimado, al no estimarse que se hubieren producido los daños morales que se aducen, y que deba ser indemnizada más allá de las cantidades que recuperará por razón de lo establecido en el anterior fundamento jurídico.
Como se expuso, la formación recibida le será de utilidad en el futuro y nada le impide presentarse a las pruebas al año siguiente, sin quizás necesitar otro curso de preparación como el ya realizado, por lo que no puede afirmar que hubiese perdido un año. En cualquier caso, y aún de haberse podido matricular en el curso 2.010 para la obtención del título oficial que pretendía, ello no implicaba que lo tuviere que haber conseguido, pues tenía que pasar unas pruebas cuyo resultado se ignoraba, y que no quedaba asegurado por la simple participación en el curso de preparación impartido por la demandada, por lo que no se puede hablar de una acreditada frustración de expectativas de trabajo.
SÉPTIMO: De conformidad con lo previsto en los arts. 394 y 398 de la LEC , no ha lugar a expresar condena en costas en ninguna de las instancias, debiendo ser desestimado el recurso de apelación interpuesto por la demandada desde el momento en que al estimarse parcialmente la demanda de la actora con ocasión del presente recurso, no procedería su condena en las costas causadas en la primera instancia.
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por la Ley Orgánica 1/09 de 3 de noviembre, procede acordar la devolución del depósito constituido por la recurrente.
Que debo estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Dña. Asunción y desestimar el recurso formulado por la representación de ITEP Formación, S.L., ambos contra la Sentencia de fecha 30 de marzo de 2011 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid en Juicio Verbal nº 2.137/10; y en consecuencia, estimando parcialmente la demanda formulada por Dña. Asunción , debo condenar y condeno a ITEP Formación, S.L. a que le abone la cantidad total de 767,75 €, más los intereses legales desde la fecha de interpelación judicial. No ha lugar a expresar condena en costas en ninguna de las instancias.
Se acuerda la devolución del depósito constituido por la recurrente.
Se hace saber a las partes que frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Casación y/o Extraordinario por Infracción Procesal , en los supuestos previstos en los artículos 477 y 468 respectivamente de la LEC en relación con la Disposición Final 16º de la misma Ley , a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante este mismo órgano jurisdiccional. Haciéndose saber a las partes que al tiempo de la interposición de los mismos, deberán acreditar haber constituido el depósito que, por importe de 50 euros, previene la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O.P.J ., establecida por la Ley Orgánica 1/09, de 3 de noviembre, sin cuyo requisito el recurso de que se trate no será admitido a trámite, excepto en los supuestos de reconocimiento expreso de exención por tener reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita. (Caso de interponerse ambos recursos deberá efectuarse un depósito de 50 euros por cada uno de ellos).
Dicho depósito habrá de constituirse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección abierta con el nº 2838 en la sucursal 1036 de Banesto sita en la calle Ferraz nº 41 de Madrid.
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 artículo 1270
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 35
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