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Timestamp: 2018-07-23 04:13:02+00:00

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¿Se hará justicia en el caso de Francisco Uson?
Tema: ¿Se hará justicia en el caso de Francisco Uson? Lun Oct 15, 2007 8:37 am
¿Se hará finalmente justicia? Caso General Usón
Por: Martha Colmenares Categoría: Caso General Usón, Presos Politicos
Un importante documento realizado por Sol Castro, valioso aporte en su lucha por la libertad de los presos políticos de Venezuela. Se refiere al general de Brigada Francisco Usón Ramírez. Un caso emblemático de violaciones a los derechos y de cómo se maneja la “justicia”. Fue sometido a Consejo de Investigación y por disposición presidencial pasado “a situación de retiro por medida disciplinaria”. Otro de los cargos, por haber supuestamente criticado “la inacción del Alto Mando ante la conducta bochornosa” del general Acosta Carlez”. Imposible olvidar cómo este oficial, actualmente gobernador del estado Carabobo, ordenó la represión brutal contra un grupo de mujeres entre ellas, una querida amiga, valiosa mujer, Elba de Diamante, quien “resultó seriamente lesionada al ser lanzada contra el pavimento delante del general Acosta”.
También, “Se le llegó incluso a investigar por su supuesta participación en los sucesos de abril que sucedieron luego de la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia anunciada por el general en jefe Lucas Rincón Romero, Inspector General de las Fuerzas Armadas, en la madrugada del 12 de abril”. Luego, por unas declaraciones aportadas en el programa La Entrevista, se ordenó su detención el 22 de mayo. “Es probablemente el único en la región, en el que un ciudadano ha sido condenado y paga además con cárcel el haber expresado una opinión”. Desde entonces se encuentra privado de su libertad, en el penal militar (CENAPROMIL), Ramo Verde, en los Teques, estado Miranda. El documento completo en leer más. O en este link. También en la red digital internacional Occidente Liberal se puede acceder a los vínculos referenciales. Martha Colmenares
Tema: Re: ¿Se hará justicia en el caso de Francisco Uson? Lun Oct 15, 2007 8:37 am
¿Se hará finalmente justicia?
Sol María Castro S.
El día 7 de noviembre de este año, la justicia venezolana tendrá una nueva prueba de fuego. Ese día, si no hay presiones indebidas sobre la juez, capitán de corbeta Aniole Infante Beberaggi, debería salir en libertad condicional uno de los presos políticos emblemáticos del régimen: El general de Brigada Francisco Usón Ramírez. En esa fecha habrá cumplido los dos tercios (2/3) de la injusta sentencia de cinco años y seis meses que recibió de un tribunal militar el 11 de octubre de 2004 por supuestas injurias a la Fuerza Armada.
¿Quién es el Gral. Francisco Usón?
El general de brigada Francisco Vicente Usón Ramírez vio su carrera bloqueada luego de renunciar al cargo de Ministro de Finanzas del presidente Chávez (febrero 26, 2002-abril 17, 2002) la noche del 11 de abril de 2002 a raíz de los sucesos de esa tarde en los alrededores del Palacio de Miraflores.
Egresado de la Academia Militar, en el arma de ingeniería, fue el Alférez Mayor de su promoción “General de División Gregorio Mac Gregor” (1977), es decir, el primero de su clase. A lo largo de su carrera descolló siempre en las primeras posiciones y fue promovido a los diferentes rangos dentro del Ejército en el tiempo correspondiente sin ningún tipo de demoras hasta 2002. Con una especialidad en Matemática y dos maestrías, una en Investigación de Operaciones en Ciencias de la Defensa y Planeamiento Logístico (George Washington University, 1988) y otra en Estrategia de Recursos Nacionales (National Defense University, 1999), el general Usón ocupó dentro del Ministerio de la Defensa, los cargos de director de Planificación (1996-1998) y de Informática del Ejército (2000). Al regresar de comisión de servicio en el exterior, se hizo cargo de la Oficina Central de Presupuesto (Ocepre) en octubre, 2000, hasta su nombramiento como Ministro de Finanzas en febrero de 2002. Una vez reincorporado al Ejército, fue designado director general sectorial de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Defensa y fue brevemente director del Centro de Estudios Militares Avanzados.
Tema: Re: ¿Se hará justicia en el caso de Francisco Uson? Lun Oct 15, 2007 8:38 am
Blanco de oportunidad del régimen1
Como el equivalente en términos militares a un “blanco de oportunidad” se califica el Gral. Usón; castigado por un régimen que teme al que actúa independientemente o define la realidad tal cual como es y no como quiere hacerla ver “la revolución”.
Hay dos hechos que parecen desencadenar la saña con que se ha perseguido al Gral. Usón y que llevaron, primero, a su retiro de la Fuerza Armada y luego a su encarcelamiento. El primero es su renuncia a seguir acompañando al Presidente como integrante del tren Ejecutivo; renuncia que informó personalmente al Jefe del Estado el 11 de abril (de 2002). Esa noche, el Gral. Usón le recordó a Chávez que había incumplido la promesa que le había dado el día antes de ser tolerante con las manifestaciones cívicas que se venían dando por el nombramiento político del presidente y la junta directiva de PDVSA y que por lo tanto no podía seguir acompañándolo en su gestión de gobierno.
Justo un año después de su renuncia al gabinete ejecutivo, se le somete a un Consejo de Investigación sin su presencia a pesar de que el Artículo 288 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas estipula que el Consejo deberá escuchar al oficial, salvo que éste renuncie por escrito a su comparecencia. Veintitrés días más tarde, por disposición del Presidente de la República, se le aplica la sanción más severa, pasándolo a situación de retiro por medida disciplinaria, argumentando que “al entregar dos cartas” a su superior, el Ministro de la Defensa, con fecha 2 de diciembre de 2002 y 27 de enero de 2003, en las mismas, el general “empleó términos que ofenden y desacreditan de palabra al personal integrante del Alto Mando Militar,” y que con ello incurrió en faltas estipuladas en el Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 (Artículos 115, 116, y 117 y agravantes contenidas en el Artículo 114).
Otra muestra absurda de la justicia venezolana cuando lo que el general había supuestamente criticado fue la inacción del Alto Mando ante la conducta bochornosa del jefe del Comando Regional (CORE) N° 2, el general de brigada Luis Felipe Acosta Carlez. Éste había allanado una empresa privada, y lesionado a sus trabajadores, y respondido a las interrogantes de los periodistas eructando públicamente. Además había ordenado la represión brutal contra un grupo de mujeres que protestaban la acción; una de las cuales, la Sra. Elba de Diamante, resultó seriamente lesionada al ser lanzada contra el pavimento delante del general Acosta.
El segundo hecho que parece haber marcado la obsesión oficialista contra el Gral. Usón es el hecho de que al incorporarse a la vida civil, comenzara a trabajar como miembro de la Comisión de Seguridad Electoral en las áreas de logística y estrategia de la alianza opositora Coordinadora Democrática para remover democráticamente, por la vía electoral, al primer mandatario nacional a través del Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP) de 2004.
Al general se le llegó incluso a investigar por su supuesta participación en los sucesos de abril que sucedieron luego de la renuncia de Hugo Chávez a la presidencia anunciada por el general en jefe Lucas Rincón Romero, Inspector General de las Fuerzas Armadas, en la madrugada del 12 de abril. Esta investigación como era de suponerse nunca prosperó como tampoco lo hizo posteriormente la investigación que también se intentó en su contra por el caso de los ciudadanos colombianos encontrados en el Municipio El Hatillo en mayo de 2004, acusados, por el gobierno nacional, de ser paramilitares contratados para un magnicidio.
Se llegó al extremo de que el vicepresidente de aquel entonces, José Vicente Rangel, acusara al general Usón ante el cuerpo diplomático y la prensa de estar implicado en ese caso.
Es en ese contexto que se llega al 16 de abril de 2004, cuando el general Francisco Usón asistió como uno de los invitados de la profesora Marta Colomina en su programa La Entrevista en el canal Televén (el programa fue sacado del aire por presiones políticas en 2005). El día antes, la periodista Patricia Poleo, también invitada de la Prof. Colomina, había publicado en su columna de El Nuevo País una versión sobre cómo habrían ocurrido los hechos en los que resultaron quemados ocho soldados en una celda de castigo en Fuerte Mara en el estado Zulia el 30 de marzo. Poleo afirmaba que su fuente militar le había indicado que el incendio había sido provocado por el uso de un lanzallamas operado desde el exterior de la celda. Sobre ésta, que era la noticia del día giró el programa.
Al consultarle al general cómo se utilizaba un lanzallamas, éste, como experto en ingeniería militar, dio su opinión de carácter técnico (historia, características y empleo) y sobre esa base, explicó, utilizando siempre el tiempo condicional que de haber usado esa arma, el hecho demostraría premeditación por cuanto no es un arma que esté lista para ser utilizada en forma inmediata.
Con fecha 10 de mayo de 2004, el ministro de la Defensa, general en jefe Jorge Luis García Carneiro, ordenó al entonces Fiscal General Militar, coronel Eladio Aponte Aponte (hoy magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia) abrir una investigación contra el general Usón con ocasión de las declaraciones emitidas en La Entrevista. Inmediatamente, la Fiscalía Militar emitió una orden de detención sin que hubiese ningún tipo de actuación previa.
El general es detenido el 22 de mayo, por una comisión de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y de la Guardia Nacional perteneciente al Comando Regional (CORE) N° 8, un día después de librada la orden de detención, a la salida del aeropuerto de Puerto Ordaz a donde había viajado para dictar un taller sobre seguridad electoral durante el proceso de reparos a las firmas consignadas para el RRP. Es trasladado vía terrestre y presentado al día siguiente ante el juez que libró la orden de detención, el capitán de corbeta Alfredo Hernández Osorio, juez de Primera Instancia Permanente Militar en los estados Miranda y Vargas. Éste declinó la competencia en virtud de que como general de brigada debería ser juzgado en única instancia en la Corte Marcial.
Al día siguiente, el juez fue destituido por esa acción, y el expediente pasó a la Corte Marcial que también declinó su competencia en el caso por cuanto: 1) se trataba de un militar en condición de retiro; 2) no era un delito militar2; y 3) no había evidencias (ni siquiera el video con las declaraciones del general había sido consignado). Sin embargo, se insiste y se envía esta vez al Tribunal Militar Segundo de Primera Instancia. Éste mantuvo la privativa de libertad y le asignó como lugar de reclusión el Centro de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, estado Miranda.
Las numerosas apelaciones hechas por la defensa del general para que éste fuera juzgado en libertad y las denuncias sobre las violaciones a sus derechos procesales fueron todas desestimadas, tanto por el tribunal de control a cargo como por la Corte Marcial.
Estos serían apenas los primeros elementos que vulneraron, una vez más en Venezuela, el debido proceso y los derechos del general a un proceso justo.
Finalmente, en un juicio que tuvo apenas cinco audiencias -la mayoría de ellas a puertas cerradas a pesar de que el artículo 242 del Código de Justicia Militar establece que salvo circunstancias graves y especiales, la audiencia del reo será pública-, el Tribunal Primero de Juicio, presidido por el capitán de navío Máximo González, lo encontró culpable de cometer injuria a la Fuerza Armada, delito tipificado en el artículo 505 del Código de Justicia Militar, y lo condenó a cinco años y seis meses el 11 de octubre de 2004. Además, como penas accesorias (la Fiscalía había solicitado el último día la aplicación de circunstancias agravantes y accesorias de la pena), lo inhabilitó políticamente y le prohibió el recibir premios o reconocimientos. Todo ello a pesar de que los testigos presentados por la Fiscalía Militar (comandantes de los diferentes componentes), declararon que no habían recibido personalmente ninguna queja ni se habían sentido ofendidos por las opiniones del general Usón.
La sentencia condenatoria fue ratificada por la Corte Marcial, actuando como tribunal de Apelación en enero de 2005 y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en junio de ese mismo año. En el caso de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia hay que hacer notar que uno de los magistrados (Eladio Aponte Aponte), además presidente de la Sala, se negó a separarse de la causa a pesar de que había sido el Fiscal General Militar cuando se inició el caso. También es importante señalar que no se celebró la audiencia y que la sentencia dada por los magistrados fue en contra de jurisprudencia previa dictada por la propia Sala de Casación y por la Sala Constitucional del TSJ.
El Gral. Usón fue condenado así por lo que la doctrina ha denominado delitos de desacato (ofensas y vilipendio); delitos que han desaparecido de casi todos los códigos penales en el continente. El caso del general es probablemente el único en la región, en el que un ciudadano ha sido condenado y paga además con cárcel el haber expresado una opinión.
El ensañamiento no terminó con la sentencia condenatoria
Sin embargo, el ensañamiento contra el general Usón no acabó con la sentencia condenatoria. No es sólo lo sufrido a nivel personal cuando se le negó, por ejemplo, el permiso a asistir al acto de graduación de bachiller de su única hija o cuando su hermano Santiago fue también dado de baja de la Fuerza Armada tras un Consejo de Investigación. Es que además ha sido víctima de repetidas violaciones a su derecho al trabajo penitenciario, que de poder haberlo realizado, le hubiese permitido reducir los lapsos para el beneficio de libertad condicional.
En diciembre de 2006, tampoco le fue permitido asistir a la audiencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que revisó el recurso contencioso administrativo de nulidad que interpuso el general en contra de la resolución del Ministerio de la Defensa de 2003, mediante la cual se ordenó su pase a retiro. La Sala lo declaró sin lugar.
En abril de este año, la dirección del penal le suspendió el derecho de visita por ocho días (en la práctica por dos semanas) por haber enviado una carta de solidaridad a los dueños, empleados y trabajadores de Radio Caracas Televisión, en ocasión del cierre forzado de sus transmisiones cuando el presidente Chávez decidió suspender la concesión del canal a partir del 27 de mayo. De nuevo, sin ningún procedimiento legal, se aplicó la sanción argumentando la aplicación de supuestas disposiciones contempladas en los reglamentos internos en cuanto a la emisión y recepción de correspondencia a pesar de que tal reglamento interno es inexistente.
A todas estas violaciones al debido derecho, habría que agregar las amenazas que sobre su integridad física ha recibido el Gral. Usón desde su reclusión en el Centro de Procesados Militares en Ramo Verde. Amenazas que no pueden ser tomadas a la ligera habida cuenta de los dos “accidentes” que casi le cuestan la vida, quizás sólo producto de decisiones erradas o de algo más maquiavélico. En agosto de 2004, en dos oportunidades mientras permaneció en el Hospital Militar en Caracas para una intervención quirúrgica, recibió, en una instancia, una inyección de adrenalina directamente al torrente sanguíneo. La dosis tenía una concentración y cantidad letal que lo llevó a convulsionar y a punto de un paro cardíaco. Al día siguiente en otro “error”, tuvo una supuesta reacción alérgica a un analgésico que también puso en peligro su vida. Pese a la petición por parte de sus abogados de ser trasladado a un centro médico privado por razones de seguridad, el Consejo de Guerra Permanente de Caracas lo negó. Tampoco solicitó ningún tipo de investigación sobre lo ocurrido.
El día 7 de noviembre de este año, el caso del Gral. Francisco Usón volverá a una corte militar para que la juez, capitán de corbeta Aniole Infante Beberaggi, determine de forma discrecional, si el general, al haber cumplido dos tercios (2/3) de la sentencia de cinco años y seis meses, puede cumplir el resto de la condena bajo la medida de beneficio de libertad condicional, consagrada en el Código Orgánico Procesal Penal (Artículo 501) y la Ley de Redención Judicial (Articulo 3).
En Venezuela es prácticamente imposible esperar justicia de un sistema judicial bajo constante amenaza; que debe plegarse al Ejecutivo, so pena de que su autonomía sea calificada como traición y por ende causa de destitución del juez que la exhiba. Los venezolanos incluso han tenido que ver con estupor como jueces y magistrados del máximo tribunal de la República entonaban al unísono consignas “chavistas” en el auditorio de la propia Corte al inicio del año judicial 2006. Así, los jueces que han dictado sentencias en los procesos judiciales incoados contra docenas de venezolanos enjuiciados por motivos políticos, han sentenciado de acuerdo con lo que de ellos se espera y los imputados ha visto una y otra vez como son violados todos y cada uno de sus derechos a una justicia expedita y objetiva.
Lo más que puede esperarse de la “justicia chavista” es, como mucho, que condicione su aplicación al comportamiento que el Comandante Chávez supone es el idóneo bajo determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, después de negar repetidamente que existan presos políticos, ironizando que lo que hay son “políticos presos”, justo después de la elección presidencial de diciembre de 2006, declaró que estaba "dispuesto a revisar algunos casos de los presos políticos", como el de su ex ministro de Finanzas, general Francisco Usón para un eventual indulto presidencial. Señaló que la revisión "dependería de su conducta en prisión" y por si existía alguna duda sobre cuál es el modelo de conducta idónea para el Presidente, días antes, envío funcionarios adscritos a la Cancillería a tantear si el Gral. Usón estaba dispuesto a “asumir una actitud similar” a la del comandante Francisco Arias Cárdenas.
El general, en respuesta, envió una misiva al Presidente con fecha 10 de diciembre, en la que dejaba muy clara su intención de no aceptar ninguna medida de indulto o perdón presidencial por cuanto cumplía "con dignidad" su sentencia y se negaba a "ser exhibido como un trofeo" de la "supuesta magnanimidad de Presidente reelecto". Además, agregaba que "el indulto es para las personas que, sintiéndose culpables, buscan el perdón por algún crimen cometido”, y él reiteraba su inocencia.
En su lugar, el general abogaba en la carta porque se aprobara una Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional; proyecto de ley que entregaron los familiares de los presos y perseguidos políticos, respaldada por casi 20.000 firmas, en mayo de este año a la Asamblea, y que ésta ha ignorado olímpicamente a diferencia de lo sucedido en 1999 cuando el denominado Congresillo, con un país paralizado por la tragedia de Vargas, recibió un proyecto de amnistía para todas aquellas personas que entre 1960 y 1992 participaron en conspiraciones e insurrecciones contra las instituciones. El proyecto se aprobó vía fast track en menos de dos meses. No hace falta explicar el por qué.
En virtud de la situación de indefensión ante la justicia venezolana, el caso del Gral. Usón fue presentado y admitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en marzo de 2006, y está pendiente de decisión, probablemente en el mes de octubre de este año. Es más que probable que la justicia que le ha sido negada en su país, le sea garantizada por la justicia internacional. ¡Es justicia!
1 Tomado de la jerga militar, un blanco de oportunidad es aquel individuo o individuos que son marcados como indeseables; en este caso por el régimen.
2 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) establece en el artículo 261, que “la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar” y la intención del legislador ha sido ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Penal en fallo del 23 de octubre de 2001 (Sentencia N° 750) y en Sala Constitucional en la Sentencia 1.256 de fecha 11 de junio de 2002. En consecuencia, si existía un delito, la competencia le correspondía sólo a un tribunal de justicia ordinario (civil) ya que un delito militar es aquel que constituye transgresiones a los deberes militares, por lo tanto no puede ser cometido ni por un civil ni por un oficial retirado.
Tema: Re: ¿Se hará justicia en el caso de Francisco Uson?

References: Artículo 288
 Artículo 114
 artículo 242
 artículo 505
 resolución 
 artículo 261