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Publicado en BOIC núm. 112 de 08 de Junio de 2011
ANEXO . DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMÚNICACIONES DE CANARIAS
CAPÍTULO 1. OBJETO, ÁMBITO Y VIGENCIA DE ESTAS DIRECTRICES
CAPÍTULO 2. OBJETIVOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
CAPÍTULO 3. RÉGIMEN JURÍDICO DEL SUELO
TÍTULO II. PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
CAPÍTULO 1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN, CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
CAPÍTULO 2. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMÚNICACIONES
CAPÍTULO 3. EJECUCIÓN DEL PLANEAMIENTO
SECCIÓN 1. De los Instrumentos de ejecución
SECCIÓN 2. Régimen de licencias
TÍTULO III. CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LAS REDES Y SERVICIOS DE TELECOMÚNICACIONES DE CANARIAS
CAPÍTULO 1. SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMÚNICACIONES SOMETIDAS A ESTAS DIRECTRICES
CAPÍTULO 2. INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍAS RADIO
CAPÍTULO 3. INFRAESTRUCTURAS DE TECNOLOGÍAS POR CABLE
CAPÍTULO 4. INFRAESTRUCTURAS DE REDES ESPECIALES
CAPÍTULO 5. OTRAS DIRECTRICES Y ACTUACIONES SECTORIALES
R Presidencia 5 Sep. 2018 CA Canarias (publicación de la Sentencia nº 1138/2018 de 3 Jul., declarada firme, dictada por el TS 3.ª, Sección 5.ª contra el D 124/2011 de 17 May., Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones)
La Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) Sentencia nº 1138/2018, de 3 de julio («B.O.I.C.» 17 septiembre) establece que:
"La interpretación que se realiza conduce a la estimación de las pretensiones que la parte recurrente deduce en el escrito de interposición del recurso, en relación con las directrices concretamente impugnadas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo: A) Directrices que imponen determinadas infraestructuras -Directrices 5.2.d) y f); 11.1.b); 22.2 y 30.1.b); 8, 9 y 10. B) Las que establecen la obligación de compartición 4.1.d) y 6. C) Las que imponen las denominadas cláusulas de progreso: 4.1.e); 6.2; 39.2 y 3; 5.2.d) y f); 14.2.1 y finalmente. D) Las que suponen una Intervención administrativa, Directrices 14 y 25. Por todo ello, ante la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria novena de la Ley 9/2014 es consecuencia obligada declarar que dichos preceptos deben entenderse derogados tácitamente por la ley estatal o, si se quiere, desplazados por esta, hasta tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias no se realice la adaptación a que viene obligada, para lo que deberá recabar el oportuno informe previsto en el artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto, en los términos expresados, las citadas Directivas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo."
TSJIC de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo, S 52/2016, 15 Feb. 2016 (Rec. 243/2012)
Las Sentencias TS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 22 de mayo de 2017 y 3 de julio de 2018, Rec. 2292/2016 y 1863/2017, estiman los recursos de casación interpuestos contra las Sentencias del TSJ Canarias de 15 de febrero de 2016 y 15 de diciembre de 2016, que declararon la nulidad del D 124/2011, de 17 mayo, declarando que en lo relativo a las Directrices citadas en los respectivos Fundamentos décimo y quinto, deberá la Comunidad Autónoma proceder a su adaptación a la legislación estatal, previo informe del Ministerio de Industria, considerando, hasta tanto, que las referidas Directrices quedan sin aplicación.
TSJIC de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo, S 448/2016, 15 Dic. 2016 (Rec. 110/2013)
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 883/2017, 22 May. 2017 (Rec. 2292/2016)
TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 1138/2018, 3 Jul. 2018 (Rec. 1863/2017)
Las Sentencias TS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) de 22 de mayo de 2017 y 3 de julio de 2018, Rec. 2292/2016 y 1863/2017, estiman los recursos de casación interpuestos contra las Sentencias del TSJ Canarias de 15 de febrero de 2016 y 15 de diciembre de 2016, que declararon la nulidad del D 124/2011, de 17 mayo, declarando que en lo relativo a las Directrices citadas en los respectivos Fundamentos décimo y quinto, deberá la Comunidad Autónoma proceder a su adaptación a la legislación estatal, previo informe del Ministerio de Industria, considerando, hasta tanto, que las referidas Directrices quedan sin aplicación. TSJIC de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo, S 52/2016, 15 Feb. 2016 (Rec. 243/2012) TSJIC de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de lo Contencioso-administrativo, S 448/2016, 15 Dic. 2016 (Rec. 110/2013) TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 883/2017, 22 May. 2017 (Rec. 2292/2016) TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, S 1138/2018, 3 Jul. 2018 (Rec. 1863/2017)
Aprobar las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, que figuran como anexo.
DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LAS TELECOMÚNICACIONES DE CANARIAS
El Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, establece el marco regulador en la que debe organizarse la protección de los escasos recursos territoriales de las islas y que se ve sensiblemente afectado por las infraestructuras de telecomunicaciones. Estas tienen que ubicarse a lo largo de toda la geografía insular y afectan con ello necesariamente al paisaje. Estas Directrices vienen a establecer los criterios con los que debe darse cumplimiento a la necesidad de dotar de servicios de emergencias y otros esenciales para la seguridad o para la protección de la vida, en zonas que pueden ser especialmente sensibles a la acción humana. Del mismo modo se cuida el entorno rural y urbano, y se garantiza el establecimiento con criterios de mínimo impacto ambiental y visual de una serie de servicios, que pueden ir cambiando con el tiempo. Con ello se avanza en los criterios que ya introdujera, con carácter muy de mínimos, la Ley 19/2003, de 14 de abril , por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. Sus Directrices 103 a 105, que quedan en vigor, sin ser desplazadas, han sido claramente superadas por el tiempo y por estos criterios complementarios, demandados por una sociedad donde las telecomunicaciones sufren tal evolución que es de todo punto requerida la intervención pública para garantizar la protección del entorno, al tiempo que un adecuado nivel de servicio, en lo que a viabilidad por existencia de previsiones en el planeamiento se refiere. Obsérvese desde ahora que la imposición de determinadas infraestructuras para garantizar un determinado nivel de servicios de telecomunicaciones va dirigida exclusivamente al planificador, a efectos de que el planeamiento no retrase el desarrollo tecnológico y, con ello, social y económico, al tiempo que se adoptan las necesarias medidas de protección del territorio y el medio ambiente. En ningún caso se imponen con esto obligaciones a los operadores de telecomunicaciones, más allá de la debida colaboración con las Administraciones Públicas y del necesario respeto general a la ley y al sistema de planeamiento.
En dicho doble sentido protector del entorno y garante de los servicios se pronuncia la Ley 11/2009, de 15 de diciembre , de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias. En sus aspectos más ligados al planeamiento territorial y urbanístico es desarrollada por estas Directrices.
En el ámbito sectorial, de competencia estatal, el modelo dibujado por la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones, así como las exigencias en el ámbito territorial de las leyes 10/2005, de 14 de junio , de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por Cable y de Fomento del Pluralismo; de la 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; o de la Ley 7/2010, de 31 de marzo , General de la Comunicación Audiovisual, entre otras, exige asegurar, en el plano territorial, la disponibilidad de suelos y de infraestructuras portantes de redes de telecomunicaciones en cantidad suficiente y con las condiciones adecuadas para el destino previsto, y situar a las Administraciones Canarias en posición de poder cumplir con el papel que de futuro dibujan dichas normas. Todo ello en el respeto a los principios inspiradores del planeamiento territorial, por un lado y, por otro, a los derechos de los operadores de telecomunicaciones reconocidos en la citada Ley General de Telecomunicaciones, especialmente a la ocupación del dominio público y de la propiedad privada para el establecimiento de redes de comunicaciones, esto es, a la libertad de configuración o determinación de su red.
También deben citarse como normas estatales de importancia las establecidas por el Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero , sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones y las relativas a la protección frente a emisiones radioeléctricas (Reglamento aprobado por Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre ), sin olvidar el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo , algunas de cuyas previsiones han sido tenidas en cuenta y utilizadas por estas Directrices, especialmente las referentes a actuaciones provisionales, en cuanto que permiten dar una salida transitoria y puntual a las más urgentes necesidades sociales en tanto se adecua el planeamiento a estas y sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Transitoria Única.
Estas Directrices de Ordenación de las Telecomunicaciones de Canarias se dictan en el respeto a la competencia exclusiva estatal en materia de telecomunicaciones (149.1.21 de la Constitución Española) y en ejercicio de las competencias reconocidas constitucionalmente a las Comunidades Autónomas en los artículos 149.1.23ª, que permite a las mismas establecer normas adicionales de protección en materia ambiental, más allá de las normas del Estado, así como el 148.1.9ª que otorga competencias a las comunidades autónomas sobre la gestión en materia de protección del medio ambiente, así como otras materias que convergen en lo tocante a la ordenación territorial de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones además de la aludida protección del medio ambiente (principio rector de las políticas de los poderes públicos según el artículo 5.2.e) del Estatuto de Autonomía de Canarias ), ordenación del territorio, infraestructuras, turismo y actividad económica.
IV.- Estructura.
Título I, sobre «Disposiciones generales», en el que por un lado (capítulo 1) se determina el objeto, ámbito y vigencia de estas Directrices, es decir, su ámbito de aplicación; y por otro (capítulo 2), sus objetivos básicos y principios de intervención, esto es, lo que se pretende, y cómo deben lograrse dichos objetivos. Finalmente, en el capítulo 3 se incorpora el régimen del suelo.
Título II, sobre «Planificación urbanística, territorial, y de los espacios naturales», que se articula en tres capítulos. El primero dibuja los distintos instrumentos de planeamiento, así como el procedimiento para su elaboración, titulándose «Instrumentos de ordenación. Contenido y metodología de elaboración». El segundo, bajo el título de «Instrumentos de ordenación, gestión y ejecución de las Infraestructuras de telecomunicaciones», refiere detalladamente cada uno de los instrumentos, concretando su contenido y las especiales reglas que, en lo tocante a las telecomunicaciones, deben observar. Por último, el tercero («Ejecución del Planeamiento»), se divide en dos secciones, la una sobre «Los instrumentos de ejecución», y la segunda dedicada al «Régimen de licencias», que tan particular resulta en cuanto se refieren a una tipología de infraestructuras que viene siendo aún extrañas para las Oficinas Técnicas de los ayuntamientos, por lo que requiere ser especialmente clarificado y unificado, en aras a evitar disparidad de criterios y, con ello, falta de seguridad jurídica.
Título III, denominado «Criterios técnicos y objetivos territoriales para las Redes y Servicios de Telecomunicaciones de Canarias» contiene las determinaciones de carácter técnico y sin relevancia territorial directa. Se trata de especificaciones que se prevén cambiantes en el tiempo, con remisiones dinámicas a códigos técnicos, estándares y similares. En definitiva, es aquí donde se determinan las necesidades sociales que deben ser atendidas por el planeamiento, con qué tecnologías y qué tipos de servicios, qué uso de suelo requiere cada uno y cuáles son las reglas y características constructivas de cada una, por lo que ha de ser necesariamente una norma que permita su actualización sencilla, sin cambiar por ello el modelo territorial. Como quiera que se sitúan aquí las disposiciones de carácter técnico, se introducen en él los conceptos básicos para esta norma, como el de red de telecomunicaciones, o los tipos de redes, remitiéndose en todo lo demás a la normativa sectorial de telecomunicaciones, especialmente a la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones.
OBJETO, ÁMBITO Y VIGENCIA DE ESTAS DIRECTRICES
Las presentes Directrices de Ordenación regulan, como Directrices sectoriales que son, el modo en que debe realizarse por el planificador el estudio territorial y urbanístico para llevar a cabo la previsión en el planeamiento de la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones, con respeto y para la protección del territorio y de los recursos naturales. Para ello su ordenación fija como objetivos a asegurar, en consonancia con la Ley 11/2009 , de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias y dentro del marco de los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico:
Las presentes Directrices tendrán vigencia indefinida, sin perjuicio de las revisiones y modificaciones que procedan, con arreglo al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
OBJETIVOS BÁSICOS Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN
b) El cumplimiento de las necesidades mínimas en infraestructuras de telecomunicaciones que aseguren la viabilidad de los servicios mínimos requeridos por el Título III de estas Directrices para cada uso del suelo. En todo caso deberá prever las infraestructuras de telecomunicaciones necesarias, calculadas conforme a las determinaciones del Título III de estas Directrices, que permitan el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas a que se refiere el capítulo I del título III de la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones y su normativa de desarrollo.
c) La integración de las infraestructuras de telecomunicaciones requerida por las redes en el entorno urbanístico y territorial, minimizando el impacto visual, entendido este como el que afecta al paisaje y que se manifiesta principalmente por el excesivo contraste de color, forma, escala, etc., entre los elementos visuales introducidos por una actividad o instalación y el medio en que se ubica; por el predominio visual de los elementos introducidos en relación con los del medio; por la ocultación de un elemento natural o artificial, o por la falta de compatibilidad entre los usos históricos que han caracterizado un paisaje y la significación que adquiere la nueva actividad o instalación en este, en consonancia con los artículos 65 y 216 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo .
d) La optimización de las ubicaciones y los trazados de los elementos, para que, en la medida de lo posible, los distintos proveedores de servicios de telecomunicaciones concentren sus instalaciones en los mismos soportes materiales, con la finalidad de disminuir al mínimo el número y el impacto de estas infraestructuras garantizando, al mismo tiempo, la adecuada cobertura a la demanda insular, siempre que ello sea técnicamente viable, suponga una efectiva reducción del impacto ambiental y paisajístico, y que su emplazamiento conjunto permita mantener las emisiones radioeléctricas por debajo de lo regulado en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, o en la normativa que lo sustituya.
h) Se potenciará que las redes de telecomunicaciones aprovechen las canalizaciones o galerías de servicio ya existentes de otros suministros y servicios como agua, saneamiento, redes de control de tráfico (entre otras, de semáforos, cámaras, paneles electrónicos), redes de iluminación, eléctricas, así como la existencia de canalizaciones al efecto en el borde o subsuelo de las redes viarias, siempre que no existan inconvenientes significativos para el eficiente uso de la red de infraestructuras y suministro que se pretenda usar. Se ofrecerá por parte de las Administraciones de forma pública y conocida su disponibilidad para el uso de dichas canalizaciones o galerías de servicio, y en general el régimen de uso de su dominio público, de conformidad con lo señalado en el artículo 28.1 de la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones.
2. Esta coubicación y compartición de infraestructuras será en todo caso obligatoria en el suelo rústico categorizado en cualquiera de las modalidades de la letra a) del artículo 55 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo ; en aquellas áreas, urbanas o no, definidas como centros históricos o que se encuentren dentro del entorno de protección de un bien de interés cultural; y, en general, en todos aquellos lugares que determine el planeamiento por tratarse de zonas donde el impacto ambiental o paisajístico pudiera tener repercusiones negativas sobre los ciudadanos, el territorio, los recursos naturales protegidos, o la economía y, en particular, sobre el sector turístico. En estos casos también podrá imponerse la elección de la tecnología más adecuada con la integración paisajística o protección medioambiental perseguida, debiendo respetarse en otro caso el principio de neutralidad tecnológica.
Las infraestructuras de telecomunicaciones podrán tener la consideración siguiente, dependiendo del alcance territorial de sus beneficios y el régimen jurídico que se quiera aplicar a las mismas, de acuerdo con el anexo relativo a los conceptos fundamentales utilizados por el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 mayo :
1. En el marco del artículo 6 de la Ley 11/2009 , de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, la implantación de las infraestructuras de telecomunicaciones en espacios naturales protegidos, deberá sujetarse a las determinaciones de sus respectivos planes y normas de los Espacios Naturales de Canarias y, a falta de estos, de modo coherente con la finalidad de la protección. En todo caso deberá garantizarse la prestación del servicio de emergencias, así como de sus servicios auxiliares como el de telefonía móvil y, cuando existan residentes, servicio de radiodifusión sonora.
b) La obligación a que se refiere el epígrafe anterior deberá incluir necesariamente la terminación, a falta de la puesta en funcionamiento, de las redes de servicio público a que se refiere el capítulo I del título III de la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones, y su normativa de desarrollo. Las restantes exigencias de carácter territorial bastará que estén ejecutadas como meras infraestructuras portantes (NAD).
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA, TERRITORIAL Y DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN, CONTENIDO Y METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN
Los instrumentos de planeamiento a que se refiere la Directriz 12 deberán contemplar de acuerdo con su alcance y contenido, además de las especificaciones establecidas por la Ley 11/2009, de 15 de diciembre , de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias y el resto de normativa de aplicación, al menos:
1. El Plan de Implantación o Despliegue será el documento por el que los operadores trasladen regularmente al planificador las previsiones de sus necesidades de uso de suelo y cómo destinarían estos para los servicios de comunicaciones electrónicas que prestan, diferenciando claramente los usos e instalaciones actuales y los meramente previstos, conformándose como principal vehículo para articular en relación al planeamiento, del que no forma parte pero en cuya tramitación se integra, el derecho de los operadores a definir sus redes que dimana de los artículos 26 y 27, en relación con el 29, de la Ley 32/2003 , General de Telecomunicaciones.
- cuando de mantener una misma infraestructura se incumpla la normativa técnica, debido a la acumulación de los elementos instalados en ellas; especialmente, el aumento de los niveles de exposición de los campos electromagnéticos por encima de lo previsto en el Real Decreto 1066/2001 .
En particular, detallarán las infraestructuras mínimas que deben preverse para garantizar los servicios de telecomunicaciones afectos al buen funcionamiento de centros hospitalarios, servicios de seguridad y emergencias, así como geriátricos, residencias de ancianos, centros educativos y escuelas infantiles; pudiendo contemplar el modo en que deba efectuarse su implantación, lo que también deberá determinar cuando se trate de bienes inmuebles de interés cultural declarados monumentos en aplicación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo , de Patrimonio Histórico de Canarias, conjuntos histórico-artísticos, en las zonas arqueológicas declaradas como bienes de interés cultural dentro del ámbito de sus competencia, y todo ello de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en estas Directrices.
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMÚNICACIONES
1. Serán instrumentos de ejecución para la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones los recogidos en el artículo 41 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo , destinados a asegurar el cumplimiento de las exigencias mínimas de telecomunicaciones en las nuevas urbanizaciones, la ejecución de los accesos y suministros a instalaciones aisladas, o el desarrollo de un conjunto de estaciones o infraestructuras de telecomunicaciones de nueva implantación.
CRITERIOS TÉCNICOS Y OBJETIVOS TERRITORIALES PARA LAS REDES Y SERVICIOS DE TELECOMÚNICACIONES DE CANARIAS
SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMÚNICACIONES SOMETIDAS A ESTAS DIRECTRICES
La Sentencia TS (Sala 3.ª, Sección 5.ª) Sentencia nº 1138/2018, de 3 de julio («B.O.I.C.» 17 septiembre) establece que: "La interpretación que se realiza conduce a la estimación de las pretensiones que la parte recurrente deduce en el escrito de interposición del recurso, en relación con las directrices concretamente impugnadas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo: A) Directrices que imponen determinadas infraestructuras -Directrices 5.2.d) y f); 11.1.b); 22.2 y 30.1.b); 8, 9 y 10. B) Las que establecen la obligación de compartición 4.1.d) y 6. C) Las que imponen las denominadas cláusulas de progreso: 4.1.e); 6.2; 39.2 y 3; 5.2.d) y f); 14.2.1 y finalmente. D) Las que suponen una Intervención administrativa, Directrices 14 y 25. Por todo ello, ante la ausencia de cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición transitoria novena de la Ley 9/2014 es consecuencia obligada declarar que dichos preceptos deben entenderse derogados tácitamente por la ley estatal o, si se quiere, desplazados por esta, hasta tanto por la Comunidad Autónoma de Canarias no se realice la adaptación a que viene obligada, para lo que deberá recabar el oportuno informe previsto en el artículo 35 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. Todo lo cual lleva a la estimación del recurso de casación interpuesto, fijando la doctrina expuesta, y, en consecuencia, a la estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente, dejando sin efecto, en los términos expresados, las citadas Directivas del Decreto 124/2011, de 17 de mayo."

References: artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 55
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 35