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Timestamp: 2019-10-18 14:11:38+00:00

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﻿ SENTENCIA 15833 DE JUNIO 13 DE 2001
SENTENCIA 15833 DE 13 DE JUNIO DE 2001
CONTENIDO:LA QUERELLA. EFECTOS PROCESALES Y SUSTANCIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:QUERELLA, PROCESO PENAL, PRUEBA, DEFENSA TÉCNICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:356 DE AGOSTO DE 2001, PÁG.1381
Sentencia 15833 de junio 13 de 2001
EFECTOS PROCESALES Y SUSTANCIALES
Radicación 15.833
Bogotá, D.C., junio trece de dos mil uno.
Decide la Sala el recurso de casación presentado por el defensor del procesado Alonso Nereo Camargo Jiménez, contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 16 de octubre de 1997, que confirmó la del Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, del 21 de abril del mismo año. Camargo Jiménez fue condenado a la pena de 30 meses de prisión por el delito de abuso de confianza, en concurso con fraude a resolución judicial.
El abogado Alonso Nereo Camargo Jiménez, obrando como endosatario al cobro de Héctor Mariano Amado Cadena, promovió proceso ejecutivo contra Desiderio Parra Castro (librador) y José Jesús Parra Roncancio (primer beneficiario y endosante) con base en el cheque número 493023 del Banco del Estado, girado el 7 de septiembre de 1990 por $ 860.000, que resultó impagado por el banco librado.
Con el mandamiento de pago se decretó el embargo y secuestro de los bienes del “demandado” (fl. 138 c.) y para el efecto se comisionó al inspector de policía de la zona respectiva en que se encontraran los muebles y enseres objeto de la medida cautelar.
La inspección 18 A Distrital de Policía practicó la diligencia en la carrera 82A Nº 52A-74. Allí fueron secuestrados un televisor, un betamax, un equipo de sonido y seis cuadros. Estos bienes le fueron entregados al secuestre Ignacio Salamanca Salcedo, quien procedió en el mismo acto procesal a entregarlos en depósito gratuito al doctor Alonso Nereo Camargo Jiménez.
Como la inspección de policía no tenía competencia en el lugar donde practicó el secuestro, se declaró la nulidad de lo actuado por el juzgado del proceso ejecutivo, providencia en la que se dispuso devolver los bienes objeto de la medida cautelar a la persona que los poseía, o en su lugar a quien atendió la diligencia. Fue así como se libró la comunicación del caso al secuestre Ignacio Salamanca Salcedo, quien no pudo devolver los elementos sobre los que recayeron la medida cautelar, por no encontrar a la persona que los tenía en depósito, a pesar de las diligencias que realizó con tal propósito. Por esta razón el secuestre formuló denuncia penal contra Alonso Camargo Jiménez (fl. 133 y ss. c.).
José de Jesús Parra Roncancio, uno de los perjudicados con los hechos referidos, denunció también ante los entonces juzgados de instrucción criminal al abogado ejecutante, al secuestre y al depositario de los bienes embargados, por no cumplir la orden judicial de devolverlos al poseedor. El Juzgado 12 de inscriminal, al que le correspondió el asunto en reparto, adelantó la investigación, la que fue continuada posteriormente por la Fiscalía Seccional 271 de Bogotá, despacho que profirió resolución de acusación (nov. 14/95) contra Camargo Jiménez y Amado Cadena, por los delitos de abuso de confianza agravado por la cuantía (el denunciante estimó el valor del objeto material en $ 3.000.000) y fraude a resolución judicial. Esta decisión fue confirmada por la fiscalía delegada ante el tribunal con providencia del 14 de junio de 1996, al desatarse la apelación interpuesta por el primero de los procesados en mención.
Cabe anotar que en la providencia que resolvió situación jurídica la fiscalía precluyó la investigación a Ignacio Salamanca Salcedo —secuestre— (fl. 225) y posteriormente, en la causa, el juzgado cesó el procedimiento a favor de Héctor Mariano Amado Cadena —acreedor—, por extinción de la acción penal (muerte). En consecuencia la actuación prosiguió únicamente contra Alonso Nereo Camargo Jiménez.
Correspondió la etapa del juicio al Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, el cual culminó con sentencia condenatoria, la que, siendo apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá (oct.16/97).
De la denuncia presentada por el secuestre conoció la Fiscalía 26 Local de la Unidad Segunda de Delitos Querellables de Bogotá, despacho que mediante resolución del 9 de febrero de 1998 precluyó la investigación al considerar que era atípica la conducta de Camargo Jiménez en cuanto al delito de abuso de confianza.
Dos cargos formula el demandante contra la sentencia del tribunal:
Primer cargo. Causal primera.
La violación directa de la ley sustancial que le atribuye a la sentencia de segunda instancia, la hace consistir en el desconocimiento de los principios de la cosa juzgada y non bis in idem, por cuanto alega que Camargo Jiménez fue juzgado dos veces por el mismo hecho y delito.
Argumenta que la Fiscalía 26 Local de Bogotá profirió resolución de preclusión el 9 de febrero de 1998 a favor de Alfonso Nereo Camargo Jiménez por el delito de abuso de confianza, proceso iniciado por la denuncia presentada por José Ignacio Salamanca Salcedo, secuestre de los bienes. En tanto que el proceso penal que ahora se estudia en sede de casación tuvo origen en la denuncia presentada por José de Jesús Parra Roncancio. En consecuencia, afirma, la sentencia del Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá, desconoció el principio de cosa juzgada.
Agrega el demandante, para finalizar la argumentación, que copia de dicha providencia, la de Fiscal 26 Local de Bogotá, “se dio a conocer a los distintos funcionarios, que conocieron del presente protocolo”, la que está visible a folios 40 a 42 del cuaderno anexo del tribunal.
Segundo cargo. Causal tercera.
Lo formula al amparo de la causal 3ª del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal. La sustenta en los siguientes hechos:
a) El sindicado careció de defensor durante un período de la etapa instructiva, b) El fallador ignoró unas pruebas, o no las valoró adecuadamente, o las apreció equivocadamente; c) Ausencia del requisito de procesabilidad de la querella que, según el libelista, era necesario para poder investigar el delito de abuso de confianza, d) Violación del debido proceso y de garantías fundamentales por adelantar dos procesos penales por los mismos hechos contra Alonso Nereo Camargo.
El Ministerio Público, por intermedio del |Procurador Segundo Delegado para la casación penal, solicita a la Sala que case parcialmente la sentencia, por cuanto, en su concepto se han quebrantado los principios del non bis in idem y de cosa juzgada, dada la existencia de dos decisiones judiciales sobre un mismo hecho, de una parte la adoptada por la Fiscalía 26 de Bogotá, que precluye la investigación a favor de Alfonso Camargo Jiménez, por el delito de abuso de confianza, y de otra, la sentencia condenatoria del Juzgado 14 Penal del Circuito de Bogotá. Deja a salvo la condena por fraude a resolución judicial, por cuanto este extremo de la conducta punible no fue cobijado por la preclusión.
A esta conclusión y petición arriba el Ministerio Público luego de señalar los errores técnicos en que se incurrió en la demanda de casación.
Entre los errores, señala el Ministerio Público que el casacionista invocó primero la violación directa de la ley sustancial, dejando como segundo cargo la nulidad del proceso.
Respecto al segundo cargo planteado por el actor, critica la falta de razón de los argumentos y la ausencia de una adecuada demostración. El hecho de que se hubiese nombrado un defensor apenas se advirtió su ausencia, y que el abogado se posesionó con oportunidad para la clausura de la investigación, es suficiente para afirmar que carece de asidero el argumento, en sentido de que el sindicado careció de defensor al momento de la calificación.
En cuanto a que no se tuvieron en cuenta en la valoración, ni se apreciaron correctamente unas pruebas, el censor solamente se limitó a mencionar un catálogo de pruebas en forma genérica, sin indicar las razones de la inconformidad denunciada. Y, recuerda el procurador que cualquier defecto de esta índole tiene su ámbito de ataque en casación por la vía de la causal primera, cuerpo segundo.
En cuanto a la nulidad por ausencia de la querella, afirma el Ministerio Público que la ley aplicable es la vigente al momento de la realización de la conducta, y no ninguna posterior, la cual, no se exigía el requisito que invoca el actor.
Finaliza pidiendo a la Sala que case parcialmente el fallo.
I. Aspectos de técnica del recurso de casación.
1. Una de las causales invocadas, en el capítulo IV de la demanda, es la de nulidad, por el numeral 3º del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, pero alega esta causal en segundo lugar.
En cambio, invoca como primera causal la violación directa de la ley sustancial, por quebrantamiento del principio de “cosa juzgada”.
Como bien lo anota el Ministerio Público, olvidó el casacionista el principio de prioridad, que enseña que primero debe alegarse la nulidad, ya que si se parte del postulado de que el proceso es nulo, mal puede invocar con preferencia la violación directa de la ley, que implica reconocer la validez del proceso.
2. Además, la demanda sostiene que la violación al principio de la cosa juzgada, del “non bis in idem", constituye una violación directa a la ley sustancial, y así lo alega en el primer cargo contra la sentencia. Sin embargo, el mismo hecho también lo sugiere como argumento en el segundo cargo, por nulidad. Es decir que la violación al principio de la cosa juzgada o del non bis in idem es, para el casacionista, tanto una nulidad como una violación directa, lo que revela falta de claridad y precisión en la formulación de los cargos.
3. En el numeral 2º, del capítulo B, en desarrollo de la impugnación por la causal tercera, sostiene la demanda que “durante la etapa instructiva y del juicio se presentaron pruebas tanto documentales como testimoniales.... que no fueron valoradas ni tenidas en cuenta objetivamente, y las demás pruebas testimoniales a las cuales se les dio una apreciación equivocada por parte del fallador”.
Y aunque menciona tres pruebas documentales, de ellas afirma simultáneamente y de manera conjunta que no fueron valoradas ni tenidas en cuenta, sin explicar cuáles dejaron de ser valoradas, no fueron tenidas en cuenta, dejando de señalar la incidencia de estas omisiones en la sentencia.
Finaliza diciendo que a “a las demás pruebas testimoniales se les dio apreciación equivocada”. Esta argumentación tan general e imprecisa no es de recibo en casación. No explica el demandante cuáles fueron esos testimonios, ni dice en qué consiste la equivocación, sin insinuar al menos cuál sería la apreciación correcta.
Además, tratándose de defectos de la prueba, bien por inexistencia o por equivocada valoración, debió hacerlo al amparo de la causal primera, cuerpo segundo del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, por violación indirecta, señalando si la infracción de la ley se debió a errores de hecho o de derecho, y cuál fue el sentido de violación con respecto a cada prueba.
4. Si bien los errores anteriormente señalados son suficientes para que fracase la demanda, la Sala se pronunciará sobre importantes asuntos que surgen de la cuestión procesal planteada.
II. Defensa técnica.
La nulidad por falta de defensor en el lapso comprendido entre la finalización de la indagatoria hasta días antes del cierre, la Sala comparte los argumentos del Ministerio Público, en el sentido de señalar que carece de fundamento el argumento del demandante cuando afirma que la fiscalía profirió resolución de acusación contra Alonso N. Camargo Jiménez “sin que éste tuviera defensor”. En efecto, esta aseveración no corresponde a la realidad, pues antes del cierre de la investigación, apenas la fiscalía advirtió que el abogado que asistió al sindicado en la diligencia de indagatoria no tenía la representación en las etapas subsiguientes, le nombró defensor de oficio, el cual se posesionó inmediatamente. Y el mismo procesado, que ostenta la calidad de abogado y ejerce la profesión, presentó un amplio alegato pre calificatorio, con detallado análisis probatorio.
Y como la falta de defensa técnica debe ser mirada en cada caso concreto y en las condiciones específicas del proceso, no puede deducirse que el abogado Camargo haya carecido de ella y menos de una manera que implique la nulidad del proceso.
III. La querella.
El demandante argumenta que debió aplicarse, por favorabilidad, una norma posterior a la de la ocurrencia de los hechos, es decir la prevista en el Decreto 2700 de 1991, que exige querella como requisito de procesabilidad para el delito de abuso de confianza, y no el anterior Código de Procedimiento Penal, Decreto 050 de 1987, en el cual este delito es de investigación oficiosa.
1. La querella es la solicitud que hace el sujeto pasivo de la conducta punible para que se inicie investigación penal por un ilícito para el cual se previó por el legislador esa condición.
2. La legitimidad de la querella en este caso depende exclusivamente de que haya sido presentada por el titular de los bienes muebles sobre los cuales recayó la conducta de abuso de confianza imputada al procesado.
La condición de sujeto pasivo de un delito y por ende la titularidad para ser querellante legítimo está otorgada por la ley y no por la decisión de un juez y menos por la interpretación interesada que a una providencia le dé uno de los sujetos procesales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2700 de 1991, son legítimos querellantes: a) El sujeto pasivo de la conducta punible, o lo que es igual, el titular del interés jurídicamente protegido por el tipo penal, b) De las sociedades el representante legal, c) Del incapaz, el representante legal, el defensor de familia, el agente del Ministerio Público, o el Defensor del Pueblo, d) En caso de imposibilidad del titular o impedimento de quien puede actuar por representación, la querella puede ser interpuesta por los perjudicados directos, e) Cuando el bien jurídico lesionado o puesto en peligro esté relacionado con el interés público, el Ministerio Público, f) Si el sujeto pasivo es la sociedad el Defensor del Pueblo, g) En los delitos de inasistencia alimentaria, también es querellante legítimo el defensor de familia.
3. El legislador, con acierto, reconoció de manera expresa que algunas disposiciones de naturaleza procesal generan efectos sustanciales (D. 2700/91, art. 10).
En esta oportunidad es necesario precisar, si la querella tiene solamente alcances procesales, dado que se le ha examinado en el marco de condición de procesabilidad, naturaleza dada por el artículo 1º de la Ley 81 de 1993.
Desde ya se hace necesario afirmar que resultan innegables los efectos procesales y sustanciales que se derivan de la querella.
3.1. Efectos procesales. Si se le mira como presupuesto para que el Estado pueda adelantar la acción penal, o como requisito previo a la adopción de una determinación, desde luego que las disposiciones que regulan la institución en comento tienen alcance de mera sustanciación y ritualidad para el juicio.
Un ejemplo de los efectos procesales de la querella, viene dado en los motivos que la ley previó para disponer la terminación de la acción penal.
La querella legítima habilita la iniciación, adelantamiento y terminación de la investigación penal. Su ausencia está legalmente prevista como motivo de terminación de la actuación cumplida, impidiendo al funcionario resolver de fondo el asunto sometido a su consideración. Así, por ejemplo, los artículos 327 y 36 del Código de Procedimiento Penal (D. 50/87, arts. 34 y 352) ordenan dictar resolución inhibitoria, preclusión de la acción penal o cesación de procedimiento, cuando se establezca que la acción no podía iniciarse o proseguirse. Más aún, no es posible proferir sentencia, si está ausente el presupuesto de procesabilidad de la querella.
3.2. Efectos sustanciales. Cuando el efecto de un acto procesal incide en la decisión final que se ha de adoptar en un proceso penal, por ejemplo, impidiendo al funcionario judicial la declaración de responsabilidad de una persona y la consiguiente imposición de la sanción, en relación con un hecho determinado, contribuyendo de paso a mantener incólume el buen nombre (ingrediente de la dignidad humana), dado que no se genera antecedente penal, o porque habilita la ejecución de otros actos procesales que producen tales consecuencias, debe admitirse, que éstas superan el ámbito procesal, se trasladan con naturaleza sustancial al asunto objeto del proceso penal. En efecto:
3.2.1. Desistimiento.
El artículo 34 del Código de Procedimiento Penal determina que el desistimiento aceptado por el querellado extingue la acción penal. Para que el funcionario judicial lo admita debe ser presentado por escrito antes de que se profiera sentencia de primera o única instancia. En los procesos iniciados por ser el delito investigable de oficio, si no ha culminado la actuación y entra a regir una disposición que exige querella, no cabe duda que el desistimiento resulta admisible, por los efectos favorables que ello implica en la relación jurídica penal para el procesado.
3.2.2. La conciliación.
La conciliación le permite al procesado terminar anticipadamente el proceso, obviando la culminación del trámite que le puede significar una sentencia de condena. Entre los delitos para los cuales se previó aquélla, están los “que admitan desistimiento” (L. 81/93, art. 6º), esos delitos no son otros que los querellables (C.P., art. 34). Si nos ubicamos en el supuesto del proceso iniciado oficiosamente y en cuyo trámite la legislación introdujo la querella, debe reconocerse que habrá lugar a la terminación del proceso sin tenerse que hacer declaración de fondo sobre el asunto, con las implicaciones favorables que de ello se derivan para el incriminado.
4. El asunto materia del recurso:
4.1. El Decreto 50 de 1987 tuvo vigencia hasta el día 30 de junio de 1992. A partir del 1º de julio siguiente entró a regir el Decreto 2700 de 1991, legislación que dispuso en su artículo 33 la querella cuando la cuantía del abuso de confianza superara los diez salarios mínimos legales mensuales, que equivalían a $ 517.200.
El delito de abuso de confianza para la época en que se presentó la denuncia por el titular del interés jurídico afectado con la conducta del procesado Camargo Jiménez era de aquellos que implicaba para todo habitante del territorio colombiano que tuviese conocimiento de su ocurrencia el deber de denunciarlo ante las autoridades nacionales, siendo mayor de dieciocho años, por ser un delito investigable de oficio.
4.2. Una relación procesal equilibrada y razonable entre las investigaciones adelantadas a partir de las disposiciones que impusieron la querella para los delitos de abuso de confianza, para hacer referencia exclusiva al delito que ocupa la atención de la Sala, y las actuaciones no terminadas e iniciadas oficiosamente, implica, en el estado en que se encuentre el proceso y en lo pertinente a ese momento procesal, admitir la aplicación de los mecanismos que se deriven de la institución de la querella y que sustancialmente resulten favorables al procesado. Así por ejemplo, el desistimiento, la conciliación, son mecanismos consecuenciales a la naturaleza querellable de los delitos (CPP, arts. 34, 38, estos dos últimos modificados por la L. 81/93, arts. 6º y 7º).
En un tránsito de legislación de las características señaladas, la aplicación de las premisas normativas impone la necesidad de obrarse con prudencia, justicia y equidad. Sólo así, la decisión judicial, la aplicación de los contenidos jurídicos y el juicio realizado resulta razonable, coherente y lógico, y por ende, las soluciones serán adecuadas y justas.
4.3. Aplicando lo dicho al asunto sub examine, se tiene que, los efectos procesales de la querella, se deben resolver conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, principio de aplicación inmediata de la norma ritual, en caso de una nueva legislación. Igualmente, a los trámites agotados se les aplica el principio de preclusión, según el cual, el proceso se desarrolla a través de una sucesión ordenada y continua de actos procesales que deben ejecutarse en un plazo predeterminado para ellos. Por consiguiente, al expirar el término o agotarse la actuación, queda clausurada la oportunidad procesal y habilitado el estadio subsiguiente, en pos de la culminación del trámite a que haya lugar. De esta manera se confiere seguridad, precisión al procedimiento y firmeza a las decisiones judiciales, cuyos efectos deben ser respetados en el proceso en que se profieran, en la medida en que se respeten los derechos y las garantías fundamentales de los intervinientes.
Este proceso se adelantó con base en la denuncia presentada por José de Jesús Parra Roncancio el 13 de noviembre de 1991. Desde esta fecha hasta el 30 de junio de 1992 se dicto “auto cabeza de proceso” (feb. 24/92) y practicaron algunas pruebas, vinculándose a la actuación a Héctor Mariano Amado. Con el nuevo Código de Procedimiento Penal (jul. 1º/92) se resolvió situación jurídica, cerró y calificó investigación, así mismo se agotó la etapa del juicio hasta proferirse los fallos de instancia. En otras palabras, la fase de la iniciación del sumario se cumplió ajustada a las exigencias de las disposiciones vigentes para el momento, esto es, por delito investigable de oficio, y por lo tanto, no es dable pregonar la aplicación retroactiva del artículo 33 del Decreto 2700 de 1991, en virtud del principio de preclusión.
4.4. La conclusión del numeral anterior impera para todos los efectos de carácter procesal, sin que sea dable pregonar idéntica solución para las consecuencias de carácter sustancial, pues en esta materia, si aquellos son permisivos, aun siendo posterior la disposición, se aplican con preferencia a las desfavorables, por mandato de los artículos 29 de la Constitución Nacional y 10 del Código de Procedimiento Penal.
En el sub judice no se desconoció por el instructor y los falladores de instancia los efectos sustanciales examinados en acápites anteriores y que se derivan de la naturaleza querellable que se le dio al abuso de confianza. Los sujetos procesales (procesado y sujeto pasivo reconocido como parte civil) no tramitaron desistimiento de la querella, en cambio sí intentaron la conciliación, diligencia que se realizó el 2 de octubre de 1996, y que terminó frustrada en su propósito por falta de acuerdo en cuanto a la pretensiones de los interesados.
4.5. Por último, haciendo un ejercicio por vía de discusión, sobre la hipótesis de la exigencia jurídica que querella para el abuso de confianza en este caso, desde cuando presentó la denuncia el señor Parra Roncancio, la conlcusión no se modificaría a favor de la pretensión del demandante.
4.5.1. Los bienes secuestrados fueron: un telvisor a color de 20”, un betamax VCR –7200, un equipo de sonido Sony y seis cuadros. En esta diligencia intervino la señora Martha Yudiela Forero Prieto, quien se identificó como esposa del demandado José de Jesús Parra Roncancio, sin hacer oposición al secuestro practicado.
4.5.2. En declaración rendida en estas diligencias por la señora Martha Yudiela, y refiriéndose a los elementos que fueron secuestrados, según se han relacionado en el párrafo anterior, dijo: “Era del patrimonio familiar de José Parra y Martha Yudiela Forero, los adquirimos dentro del matrimonio”.
4.5.3. Sí existe relación patrimonial que permita dedicir sociedad de hecho o conyugal entre dos personas, cualquiera de ellos es titular legítimo para querellar en el delito de abuso de confianza que tenga por objeto material bienes cuyo dominio pertenezca a esa sociedad. Y, en este caso, a la sociedad conyugal formada por el denunciante, señor José de Jesús Parra Roncancio y quien atendió la diligencia de secuestro, señora Martha Yudiela Forero Prieto, pertenece la propiedad de los elementos sobre los cuales recayó la medida cautelar y la conducta típica.
4.5.4. En este caso, quien denunció el punible, según documento obrante a los folios 1 a 4 del cuaderno original, es sujeto pasivo del delito de abuso de confianza atribuido a Nereo Camargo Jimenez, por ser el señor José de Jesús Parra Roncancio titular del bien jurídico protegido con la conducta descrita en los artículos 358 y 359 del Código de Procedimiento Penal. En consecueica, al reunirse tal condición en el denunciante, se vinculan con el escrito cuyos folios se acaban de citar las exigencias establecidas por la ley para tener a dicha información como querella proveniente de quien legítimamente está facultado para presentarla.
4.5.5. La tesis del demandante, en cuanto a que el auto del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá del 1º de octubre de 1991, con el que se dispuso devolver los bienes “a la persona que los peseía, y en su lugar a quien atendió la diligencia” (comunicado con oficio 1366 del 22 de octubre siguiente) para derivar de allí que la única habilitada para querellar era la persona que atendió la diligencia, no tiene fundamento jurídico alguno. La determinación del querellante legítimo está expresamente reglada por el artículo 30 del Código de Procedimiento Penal otorgándose al sujeto pasivo de la conducta ilícita, independientemente que ésta coincida o no con quien haya afrontado la diligencia de secuestro.
4.5.6. Queda demostrado cómo, llevando hipotéticamente la vigencia de la querella en este caso específicamente hasta la denucnia presentada por Parra Roncancio, así no se exigíese para ese isntante, tampoco al censor le asiste razón para descalificar la legitimidad del denunciante–querellante.
IV. Prohibición de la doble valoración.
1. El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal expresa su anuencia con la pretensión del impugnante, y pide a la Sala casar parcialmente la sentencia, pues se ha violado el principio de cosa juzgada.
2. El artículo 29 de la Constitución Política prescribe que “quien sea insdicado tiene derecho (...) a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Este postulado es repetido en el artículo 1º del Código de Procedimiento Penal. De otra parte, la hipótesis jurídica prevista en el artículo 15 ibídem, resulta concordante con el mandato superior, en cuanto a que la persona a la que se le haya definidio por sentencia ejecutoriada o por providencia de igual valor su situación, no será sometida a otro proceso por el mismo hecho.
Constituyen una manifestación del debido proceso las garantías procesales relacionadas con la cosa juzgada (res iudicata pro veritate habetur) y la prohibición de la doble valoración (ne bis in idem), desarrolladas como norma rectora en los artículos 9º del Código Penal 1º y 15 del Código de Procedimiento Penal.
Los principios en mención tienen como propósito impedir que se repita la imputación penal parcial o totalmente, en el mismo o en otro proceso. En tal virtud, si se ha resuelto de fondo un asunto, el juez penal queda vinculado con la decisión adoptada y por tanto está obligado a abstenerse de hacer nuevo pronunciamiento de mérito, una vez cononzca de la existencia de esa resolución judicial.
2.1. La cosa juzgada se opone a revirir actuaciones judiciales agotadas, prohíbe decidir nuevamente, es un atributo reconocido por la ley a la sentencia en firme, a la decisión de la que se puede predicar que es irrefragable o inmutable como garantía de seguridad jurídica.
La esencia del principio de la cosa juzgada es la certeza judicial. El hecho ha sido debatido y aprobado en juicio, de ahí que la decisión no represente una simple verdad formal sino que constituya un verdadero acto de justicia material. En estas condiciones, la providencia que asuma tal naturaleza —de cosa juzgada—, por cumplir los requisitos que se expresan en seguida, permite en otra actuación que tenga por objeto idéntico hecho al ya juzgado aplicar el non bis in idem.
Son pues requisitos para que una decisión judicial alcance la categoría jurídica de cosa juzagada: a) La existencia de una providencia de fondo, b) Ejecutoria de la decisión y que haga tránsito a cosa juzgada. Por lo tanto, no alcanzan este efecto, la resolución inhibitoria, la sentencia de juez extranjero en los términos de los artículos 14, 15-1, 16 y 17-2 del Código Penal la amnistía y el indulto a que se refiere el artículo 78 ídem, la acción de revisión, la rehabilitación del condenado (CPP, 526) los subrogados penales, los asuntos que deban se revisados por efectos del principio de favorabilidad, entre otras.
2.2. El non bis in ídem no permite que simultáneamente los funcionarios judiciales persigan a una persona más de una vez por un mismo hecho, independientemente de si ha sido absuelta o condenada. Esta garantía fundamental y procesal opera bajo una triple identidad: de persona (eadempersonam) o elemento subjetivo, de objeto (eadem re) o apsecto fáctico resuelto y de causa (eadem causa petendi) o fundamento de la pretensión jurídica ante la jurisdicción penal.
Razones de seguridad o certeza jurídica, eficacia de la jurisdicción, economía procesal, justicia material, la misma naturaleza de derecho fundamental que ostenta, la necesidad de impedir el proferimiento de decisiones contradictorias, imponen a los jueces el deber de no desconocer decisiones anteriores o revivir asuntos finiquitados, nociones estas comprendidas en la garantía procesal del non bis in idem.
3. Las persecuciones múltiples se pueden solucionar por la vía del non bis in idem o a través de las reglas de competencia, aún mediante los incidentes de colisión de competencias, conforme al título II, libro I, del Código de Procedimiento Penal, disposiciones que deben aplicarse en concordancia con el numeral 5º del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. Estas dos últimas soluciones no tienen cabida cuando el rito procesal está agotado en su totalidad, al menor en una de las actuaciones. En esta eventualidad la revisión fue la vía que el legislador dejó como posible.
Significa lo dicho que ante dos trámites que versan sobre el mismo hecho, la prohibición de la persecución múltiple non bis in idem impone la necesidad al funcionario judicial de proceder en cuanto a la acción penal, así: a) Inhibirse de abrir investigación en la fase previa (CPP, art. 327), b) En el sumario precluir la investigación (art. 36 ib) c) En la causa cesar el procedimiento (art. 36 id) y d) De no resolverse la situación en las instancias, podrá reclamarse en casación o mediante el ejercicio de la acción de revisión.
4. En este caso, la Sala procede a definir cómo debe procederse en situaciones como la que ahora examina, por cuanto que, la providencia judicial a que alude el demandante, sólo fue conocida con posterioridad a la decisión del tribunal, convirtiéndose en un hecho sobreviniente al fallo que constituye el objeto del recurso de casación.
4.1. Ciertamente que, aparentemente, existieron dos actuaciones penales simultáneas sobre los hechos constitutivos de abuso de confianza imputado a Alonso Nereo Camargo Jiménez (endosatario al cobro de Héctor Mariano Amado Cadena) por los bienes secuestrados el 13 de septiembre de 1991 a través de la Inspección 18 de Policía del Distrito de Bogotá, en el proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado 16 Civil Municipal de esta capital, a instancia de Héctor Mariano Amado Cadena contra Desiderio Parra Castro y José de Jesús Parra Roncancio. Esas actuaciones penales son:
4.2. El problema jurídico planteado no es posible solucionarlo con las disposiciones relacionadas con la competencia. Nada aporta a la solución que debe adoptar la Sala en virtud del recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Bogotá indagar por dónde se denunció, abrió investigación, capturó o indagó primeramente en las respectivas actuaciones.
4.3. La resolución que profirió la Fiscalía 26 Local no existía jurídicamente para el momento en que el Tribunal de Bogotá dictó la sentencia de segunda instancia, luego a esta última decisión no puede atribuírsele ilegalidad alguna por no haber tenido en cuenta el motivo que ahora impide continuar con la acción penal y que obliga a cesar el procedimiento.
La situación creada con la ejecutoria de la resolución proferida por la Fiscalía 26 Local de Bogotá en cuanto al delito de abuso de confianza y el juzgamiento que por ese mismo hecho se adelanta en este proceso, es una circunstancia sobreviviente a la sentencia del ad quem acá recurrida.
4.4. En estrcito sentido no es dable afirmar la nulidad de la sentencia del tribunal, porque cuando se tomó la decisión por dicha corporación no se desconocieron las disposiciones relacionadas con la cosa juzgada ni con el non bis in idem.
4.5. Ya se había dicho (supra 2.1.) que la esencia de la cosa jugada es la certeza judicial aspecto este sustancial en un Estado de derecho como que toca, nada menos, con la seguridad jurídica y la preservación o garantía del ordenamiento del que es responsable el Estado y en particular, la rama judicial del poder público.
Dentro de los múltiples criterios que concurren a conformar la seguridad jurídica se destaca la estructura ordenada y epistemológica del proceso, de manera teleológica y preclusiva. De ahí que se haya sostenido que dicha seguridad jurídica no ocnstituye un término ni antitético ni en tensión dialéctica con la justicia.
Precisamente, uno de los grandes alcances de la cultura jurídica moderna se proyecta, desde la perspectiva del plano de una justicia real, en las formas propias de los procedimientos, cuyo respeto repercute en esa anhelada seguridad jurídica y dentro de ellas, el principio de las instancias y las oportunidades probatorias, con sus cargas y valoraciones.
Como es bien sabido, culminada la primera instancia, precluye también toda posibilidad probatoria. Los recursos que permiten acceder a la segunda, se someten al caudal probatorio recopilado por el a quo, por lo que, posteriormente, sólo se admite discutir lo probado durante las dos etapas principales del proceso tramitado en la primera instancia (sumario y causa). Por esta razón, la carga procesal de la segunda instancia ya no consiste en aportar ni solicitar pruebas, sino en formular peticiones o postulaciones propias de los recursos.
En este mismo orden de ideas, proferido el fallo de la segunda instancia, el ad quem pierde competencia para hacer pronunciamiento sobre nuevas postulaciones de los sujetos procesales, salvo las pertinentes a la concesión del recursos extraordinario de casación. En sede de este recurso, como es bien sabido, no son de recibo nuevas pruebas porque éste versa sobre un juicio a la sentencia que puso fin a las instancias. Tampoco se admitirán postulaciones diferentes a las que le conciernen en la etapa de trámite del recurso, salvo las que impliquen la cesación del procedimiento por causales objetivas (CPP, art 36). Finalmente, luego de una segunda instancia serán admisibles como postulaciones, las que son propias de una acción de revisión en cuyo trámite sí es posible una nueva apertura probatoria (art. 237).
En cuanto al recurso de casación que en esta providencia se decide, ya la Sala ha afirmado que la sentencia del tribunal acusada por el recurrente, mantienen las presunciones de legalidad y de certeza que la acompañan sin que hubieren sido desvirtuadas por las alegaciones del recurrente ni por las del Ministerio público en cuanto solicitó casar parcialmente la sentencia, porque es apodíctico que cuando ella se dictó, no se desconocieron las disposiciones relacionadas con el doble juzgamiento.
4.6. El recurrente acusa la sentencia de segunda instancia por el desconocimiento de la cosa juzgada, apoyando su discurso en la fotocopia simple de una resolución interlocutoria proferida por la Fiscalía 26 Local de Bogotá, mediante la cual precluyó una investigación adelantada contra Alonso Nereo Camargo Jiménez por el delito de abuso de confianza. Es decir, sobre un documento aportado después de la sentencia que acusa, para reprochar a la sentencia de haberlo desconocido. Hay en todo esto varios despropósitos.
4.6.1. Se trata de un documento allegado al expediente en una etapa procesal que no admite, por seguridad jurídica, ninguna fase probatoria.
4.6.2. El documento contiene una fotocopia simple de una resolución de preclusión, cuyo sello es apenas visible, poco legible y sin que la fecha pueda ser realmente establecida.
4.6.3. El contenido del documento no permite apreciar que haya existido un juzgamiento sobre los mismos hechos a los que alude el proceso sobre el cual se estudia la viabilidad de casar su sentencia de segundo grado.
4.7. El recurrente le ha presentado, sorpresivamente, al proceso, una supuesta prueba sobreviniente para apoyar toda una argumentación sobre cosa juzgada y “non bis in idem”, como principio de no incurrir en doble valoración, es decir, como su nombre lo indica, postula, luego de culminadas las instancias, un hecho nuevo y una prueba nueva como causal de cesación de procedimiento, para que sobre ello se anule y case una sentencia, que no conoció ni el hecho, ni la prueba.
La cuestión planteada no encaja dentro de la causales objetivas de improseguibilidad de la acción penal, puesto que el “non bis in idem” exige justamente de una especial valoración que se apoye no simplemente en el documento tardíamente aportado sino en el “otro” juzgamiento que constituye este proceso, según la pretensión del recurrente, en el que “dobla” aquel, a pesar de que ese “otro”, al menos por la fecha de la preclusión alegada, es posterior a la sentencia de segunda instancia atacada en casación. Es decir, más pareciera que fue el proceso que supuestamente terminó con preclusión ejecutoriada, el que el “dobló” el proceso que ahora ocupa la atención de la Corte.
Es un imposible jurídico para la Sala pronunciarse en sede de casación sobre un hecho ocurrido después de la sentencia de segunda instancia, objeto de este recurso extraordianrio y menos aún sobre una prueba tan elemental que no es posible, por la etapa en que se encuentra este proceso, ni valorar, ni contradecir como tampoco y menos todavía respecto del “juzgamiento” en el que fue proferida, lejos del alcance de al corporación en este momento procesal.
4.7. Se debe precisar, finalmente, que como la Sala ha decidido no casar el fallo de segunda instancia, el recurrente cuenta con otras vías para que sus pretensiones puedan ser valoradas, dados los hechos y pruebas sobrevinientes, a los que se ha aludido en esta parte motiva.
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cópiese y cúmplase.
Carlos Eduardo Mejía Escobar—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge Córdoba Poveda—Herman Galán Castellanos—Carlos A. Galves Argote—Jorge Aníbal Gómez Gallego—Álvaro O. Pérez Pinzón—Nilson Pinilla Pinilla.

References: resolución 
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 artículo 220
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 artículo 30
 artículo 1
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 artículo 78
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