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Timestamp: 2017-08-17 09:46:00+00:00

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PASO 3: Camino a los Juzgados (Contencioso-Administrativo) – MAREA BÁSICA
mayo 7, 2017, By admin | 1 Comment
DON/DOÑA ————————————————————————————– , Procurador de los tribunales, con número de colegiado ———, en nombre y representación de Don/Doña —————————————————————————–, por designa del colegio de abogados de ————————————-, según acredito, bajo la dirección técnica del letrado del ilustre Colegio de ———————————————————-, D. ——————————————————— como mejor proceda en derecho, DIGO:
(Caso de acto expreso) Que por medio del presente escrito interpongo demanda de reclamación en revisión de la prestación que percibo por —————————————– en la cuantía de ———————– euros, e impugnando la resolución de fecha –/–/—- dictada por ————————————————————————–, dependiente de la ——————————————————, y que se me ha notificado en fecha de –/–/—- por la que se desestima el recurso de ———————————– interpuesto por mi principal contra la resolución de ———————– de fecha –/–/—-.
(Caso de acto presunto por silencio) Que por medio del presente escrito interpongo demanda de reclamación en revisión de la prestación que percibo por ————————————————————————– en la cuantía de ————————– euros, contra el acto presunto, por silencio administrativo, de la ———————————————-, por el que se desestima el recurso interpuesto por mi principal de fecha –/–/—-, contra ————————————————————————————.
Baso la presente demanda en los siguientes
Primero.- Con fecha –/–/—- insté a ———————————————————– la solicitud de revisión de ————————————- (contar la solicitud que se efectuó)
Segundo.- —————————————————————————————————————————————————————————————————————(contar el resultado: si contestaron, y en ese caso copiamos el acuerdo adoptado, si hubo silencio, los recursos planteados por nosotros)
Aporto como documentos 2 a —- los acuerdos y recursos presentados.
(Caso de denegación expresa) La resolución de fecha –/–/—-, notificada en fecha –/–/—- a esta parte, dice, literalmente
“(el resultado)”
Acompaño como documento ————- el acto que se impugna
(Caso de silencio). La administración no ha tenido a bien contestar en plazo a las reclamaciones antedichas, por lo que asistimos a un supuesto de silencio negativo que, cumplidos los plazos legales establecidos en el art 46.1 de la LJCA.
En todo caso se recuerda que la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014 ha fijado la doctrina de que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, toda vez que lo contrario implicaría una vulneración palmaria del derecho de acceso a la justicia del art. 24 d ela CE.
Cuarto.- En la actualidad soy perceptor/a de una prestación ————————————– por importe de ———————————- euros/mes.
Quinto.- De conformidad con la Carta Social europea, conforme desarrollaré en el apartado de derecho de esta demanda, ninguna persona debe quedar desprotegida dentro de los estados signatarios de dicha carta y sin una asistencia suficiente, lo que implica un nivel de protección social suficiente, por medio de prestaciones adecuadas, para evitar que se sitúe bajo el umbral de la pobreza.
Habida cuenta que, como se dirá, la renta media que aplica la jurisprudencia emanada de la Carta Social Europea, se sitúa en la cantidad de ————– euros para España, la prestación que percibo, inferior en ————— euros, incumple los mandatos de este tratado e inaplica el mismo, lo que además contraviene, como se dirá, el art. 29 de la Ley 25/2014 de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, que dispone que todos los poderes públicos y organismos del estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor de los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados.
PRIMERO. Jurisdicción. De la cuestión que se suscita ha de conocer la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
SEGUNDO. Competencia. Corresponde la competencia objetiva y territorial al Juzgado al que me dirijo, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 8 y 14 de la LRJCA y los Arts. 9.4 y 24 de la LOPJ.
TERCERO. Legitimación
La LJCA, art. 19.1 a), sobre legitimación activa del demandante por ser parte en la relación jurídica de la que trae causa el recurso, y al tener indudable interés directo y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada que del mismo se deriva, tal y como establece el art. 19.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
CUARTO.- Acto impugnado
(Caso de resolución expresa)
El acto que impugno, aún de carácter bastante anómalo por cuanto que su toma de decisión finge ser informativa y elude las formalidades de las resoluciones, está denegando de facto la solicitud efectuada por esta parte, rechazando las cuestiones de fondo en ella instadas, sin posibilidad de seguir adelante el proceso, lo que, además, general indefensión a esta parte.
Se añade además que el citado acto limita derechos subjetivos e intereses legítimos postulados por el administrado.
Por otra parte, y aun cuando no se adopta la formalidad de un acuerdo conforme exige la ley, precisamente para intentar evitar el cauce de recursos jurisdiccionales que esta parte ahora emprende, cuenta con una motivación administrativa en los términos que la jurisprudencia exige (sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1999, y de 10 de marzo de 2003, Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de junio de 1082)
Debido a todo ello, debe entenderse como una efectiva emanación de la voluntad administrativa respecto de la petición efectuada, y dado su contenido práctico desestimatorio, debe ser tenido como un efectivo acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, y deniega el derecho reclamado, siendo por ello impugnable con arreglo al art 25 de la LJCA
La ley ——————————————————————————- (referir la ley administrativa específica de la comunidad autónoma que hace que sea recurrible en vía contencioso administrativa) señala que los actos dictados en esta vía se recurrirán ante la jurisdicción contencioso administrativa.
(Caso de acto por silencio administrativo). A pesar de la obligación constitucional de resolver, la administración en este caso ha guardado silencio, lo que impide la prosecución del proceso por el cauce de los recursos
Como dice la STC 37/12 de 19 de marzo de 2017
la figura del silencio es una mera “ficción legal, que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la Administración”, de manera que en estos casos “no puede calificarse de razonable aquella interpretación que prima la inactividad de la Administración, colocándola en mejor situación que aquella en la cual se habría encontrado si hubiera cumplido su obligación de resolver” expresamente y hubiese efectuado la notificación procedente observando todos los requisitos legales”, por lo que “resultan contrarios al art. 24.1 CE los pronunciamientos judiciales de inadmisión de recursos contencioso-administrativos por extemporaneidad
QUINTO.- Plazo. Se interpone el presente recurso dentro del plazo de dos meses desde la notificación del acto impugnado, conforme dispone el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
SEXTO. Procedimiento.-
El procedimiento a seguir es el ordinario, establecido en los arts. 45 y s.s de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
SEGUNDO.- En el caso que nos ocupa la prestación reconocida a mi principal y que la administración se niega a revisar, es de ————— euros, es decir, por debajo de los —————– euros mensuales en que el derecho europeo cuya aplicabilidad directa reivindicamos, sitúa el mínimo admisible.
TERCERO.- La administración recurrida mantiene que al señalar el subsidio que percibe mi principal, y con ello denegar el que reclama, se ajusta a la legalidad y a los presupuestos que maneja; pero al hacerlo desconoce el carácter obligatorio que despliega la propia carta social europea y sus protocolos en nuestro ordenamiento, y obvia la obligación constitucional de remover los obstáculos a la efectividad de los derechos humanos consagrada en los arts 9 y 10 de la propia CE.
Del mismo modo, la administración, con su negativa a resolver, como debe, esta pretensión activada por mi principal, desoye que por aplicación del art. 148.1.20 de la Constitución, la competencia en materia de servicios sociales, lo que incluye la ayuda a que tengo derecho, le corresponde a la propia administración recurrida y que con arreglo a la ley ——————- (citar la ley de ámbito comunitario correspondiente).
Más aún, incluso los tratados signados por España y no publicados formalmente, también pueden ser acogidos por los tribunales cuando dichos tratados no afectan negativamente a los derechos fundamentales de las personas y no les imponen cargas, y son conocidos por otros medios (RAMIRO BROTONS, A. “Derecho internacional público 2. Derecho de tratados. Tecnos 1987, pág. 267-269), dándose el caso en la práctica de aplicación de tratados no publicados oficialmente mientras dichas normas convencionales no supusieran cargas a los ciudadanos (STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 12 de marzo de 1985; sentencia del TC 292/2005 de 10 de noviembre y 328/2005 de 12 de diciembre). Lo mismo por la referencia implícita que realiza el art. 15 de la citada ley de tratados.
Con arreglo a las conclusiones emitidas el pasado 28 de enero de 2014 por el Comité Europeo de Derechos Sociales, el sistema español de rentas mínimas, ya sea consecuencia de prestaciones contributivas o no contributivas y de mera asiste4ncia social, incumplen con lo preceptuado en los arts 12 y 13.1 de la Carta Social Europea, entre otros aspectos, por establecer prestaciones que se encuentran manifiestamente por debajo del umbral de la pobreza, fijado conforme a la Oficina de Estadística de la Unión europea (EUROSTAT para España en 663,41€ por persona/, así como por condicionar el derecho a obtener rentas mínimas suficientes a requerimientos de residencia (de seis meses a tres años, según la comunidad), edad (mayores de 25 años) y duración (la prestación concluye en un tiempo, aunque no lo haga la necesidad).
Se aporta como documento ————- el dictamen referido.
La jurisprudencia del Tribunal de DDHH de Estrasburgo permite usar esta vía reservada a los derechos civiles y políticos para la aplicación del propio derecho emanado por la Carta Social Europea y la jurisprudencia emanada de su Comité, cuando una ley y/o un derecho existente no se aplica, equiparándolo a una negación del derecho a una “justicia justa” Articulo 6. Los remedios legales (leyes, recursos, etc…) deben ser efectivos y no ilusorios” lo que admite la reivindicación de los mismos ante el referido tribunal europeo (https://www.escr-net.org/es/caselaw/2006/airey-v-ireland-32-eur-ct-hr-ser-1979-1979-2-ehrr-305-esp).
NOVENO. En cuanto a las costas es de aplicación el art. 139 de la LJCA, debiendo ser impuestas a la Administración en el caso de oponerse a la pretensión formulada en la demanda.
AL JUZGADO SUPLICO que se tenga por interpuesto recurso en Procedimiento contencioso administrativo frente al acto que dejo señalado, se acuerde requerir a la administración a la aportación del expediente y, tras sus sucesivos trámites y celebración de la preceptiva vista, se dicte sentencia por la que declare nulo y deje sin efecto el acto objeto de recurso, declarando el derecho de mi representado a obtener, de conformidad con la Carta Social Europea, de aplicación directa en España, una prestación mensual de 663,41 euros, así como a percibir los atrasos correspondientes, con expresa imposición de las costas a la Administración demandada en caso de oponerse al recurso.
OTROSÍ DIGO II: Que la cuantía del procedimiento es de ————– euros, con arreglo a las normas legales.
Por lo que SUPLICO AL JUZGADO, que se tenga por hecha dicha manifestación a los efectos oportunos.
Descarga aquí la demanda en .pdf:
http://mareabasica.es/paso-3-camino-a-los-juzgados-contencioso-administrativo/
Tags: contencioso-administrativo, demandas, españa incumple CSE, juzgados, marea basica, paso 3, raclama carta social, renta basica ya
Hola. Desde la pagina 2 a la pagina 13, ambas inclusive, del PDF sobre ” Al juzgado de lo contencioso-administrativo ” no hay testo. no se si será una confusión o que ?????. Por favor corregir el error si se puede. Gracias

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 46