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Timestamp: 2018-02-24 00:30:33+00:00

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Seguridad ciudadana y defensa de los privados de libertad | Revista "Defensa y Justicia"
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Si vemos la cárcel desde la perspectiva de las personas que están en su interior, podemos imaginar que no es fácil hacer respetar sus derechos y el ejercicio de su defensa desde este espacio. Son múltiples los obstáculos que tiene que superar una persona privada de libertad antes de movilizar recursos jurídicos. Vamos a referirnos a ellos desde la perspectiva del nuevo modelo de gestión penitenciaria, ya que forma parte integral de la política criminal ecuatoriana. El propósito es abrir un debate desde la óptica de las políticas públicas en justicia, con perspectiva de criminología crítica, para ir más allá de las respuestas aportadas por un cierto populismo penal y una seguridad ciudadana de corte represiva.
No haremos mayor referencia a otros modelos que garantizan la seguridad ciudadana, más que al nuevo modelo de gestión carcelaria y el COIP. Solo queremos recordar que ya las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en 1955, conocían establecimientos abiertos (Regla 63, numeral 2), instituciones que no existen en el COIP ni en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. Las Reglas Mínimas señalaban, además, que era “(…) conveniente evitar que en los establecimientos cerrados el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento”. Planteaban que “en algunos países se estima que el número de reclusos en dichos establecimientos (cerrados) no debe pasar de 500 (Regla 63, numeral 3)”. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cómo se puede entender, desde esta recomendación internacional, que todavía, en el año 2014, se estén inaugurando cárceles como el CRS de Latacunga que albergará más de 4 000 reclusos?
Es así que el primer obstáculo se presenta cuando la persona privada de libertad requiere conversar con su defensor, quien generalmente no está presente en la cárcel. Por ello, tiene que buscar formas de comunicarse con él. Todos sabemos que en las cárceles, que aún no responden al nuevo modelo de gestión penitenciaria, existen celulares clandestinos y a veces no tan clandestinos en su interior. Cuando una persona privada de libertad tiene un problema o quiere consultar algo que le urge, puede llamar por teléfono a su defensor. Los reclamos llegan sin filtro o, mejor dicho, sin censura previa, a los oídos del defensor, quien luego puede acordar la estrategia de defensa con su defendido por la misma vía. La posibilidad de efectuar llamadas telefónicas en cualquier momento es un instrumento efectivo que permite garantizar una representación adecuada. Estoy consciente de las denuncias de abusos cometidos, desde la cárcel, por medio de celulares clandestinos que, por cierto, son las mismas denuncias que hacen en Guatemala, Chile u otros países. Al parecer, son estas denuncias las que conllevaron a que en el nuevo sistema de gestión penitenciaria, las autoridades hayan puesto mayor énfasis en evitar el ingreso de los teléfonos celulares a las cárceles. Si vemos esta prohibición desde el enfoque de la seguridad ciudadana, habría que preguntarse si ¿no sería preferible permitir que se realicen las llamadas telefónicas a fin de interceptarlas y conocer las redes? Las revelaciones de Edward Snowden sobre las actividades de la NSA (National Security Agency) son lo suficientemente elocuentes para dejar en evidencia que se puede interceptar casi cualquier celular, sea ese el de la Canciller alemana o de millones de ciudadanos de cualquier otro país. En este sentido parece debatible que la prohibición de usar celulares pueda contribuir a mejorar la seguridad ciudadana. Lo que efectivamente logra, es dificultar el contacto de las personas privadas de libertad con su familia y su defensor. A pesar de ello, la mayoría de los países a nivel internacional aún prohíben el uso de celulares en las cárceles. Uruguay es una excepción.
Para hacer posible el contacto telefónico con familiares y representantes legales, se han instalado teléfonos públicos en los patios exteriores. Es un hecho que en vez de superar el problema de la incomunicación, ha generado nuevos obstáculos para la defensa. Ahora los recluidos ya no pueden llamar directamente a su defensor, si quiren hacerlo tienen que pedir permiso para que el guía les deje salir de su pabellón. En caso de que el recluso sea considerado conflictivo o frente a una denuncia de ilegalidades cometidas por los mismos funcionarios penitenciarios, queda al criterio de estos últimos permitir o no que se efectúe la llamada. Existe el riesgo de una selección previa y así de una censura respecto a las denuncias o reclamos.
Si nos fijamos en el Protocolo de uso de cabinas telefónicas para los centros de rehabilitación social, vemos que las personas que corren más riesgo de ser víctimas de abuso son las que tienen menos acceso a dichas cabinas. Estipula el artículo 4 de dicho protocolo, lo siguiente: “Las personas privadas de libertad tendrán acceso a realizar llamadas telefónicas según el pabellón en el que se encuentren de acuerdo a la siguiente distribución: pabellón de mínima seguridad, dos llamadas semanales; pabellón de mediana seguridad, una llamada semanal; pabellón de máxima seguridad, una llamada quincenal; pabellón de máxima seguridad especial, una llamada cada tres semanas”. Es decir, las personas privadas de libertad en un pabellón de máxima seguridad especial, solo pueden llamar una vez cada tres semanas a su abogado defensor, pero si lo hacen, ya no pueden conversar con su familia.
En esa línea, el artículo 5 señala que “el tiempo autorizado por llamada telefónica es de cinco minutos”. Una persona privada de libertad, en un pabellón de máxima seguridad especial, tiene entonces cada tres semanas la posibilidad de comunicarse por teléfono por el lapso de cinco minutos con su defensor, hecho que claramente afecta la garantía de “contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de la defensa” (Art. 76 núm. 7. b), especialmente, porque “nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento” (Art. 76 núm. 7. a.), ni en la etapa de la ejecución de la pena. Pensemos solo en el caso de una persona privada de libertad, en un pabellón de máxima seguridad especial, que tras haber hablado con su esposa, es maltratada por un funcionario penitenciario o por otro recluso: ¿debería esta persona esperar tres semanas antes de poder denunciar los hechos por teléfono a su defensor? Las restricciones del mencionado protocolo son cuestionables desde la perspectiva constitucional y afectan el derecho a la defensa.
Otro obstáculo: cuando la persona privada de libertad busca apoyo de una defensa y quiere explicar su situación en una carta. No quiero referirme aquí a las diferencias sociales (capital social y cultural) que van a incidir en que personas más desposeídas a menudo no se atreven a dirigirse por escrito a “doctores” y así a representantes de un estrato social que posiblemente se podría burlar de sus falencias gramaticales u ortográficas. Es un problema que requiere de acciones de acercamiento y de promoción de un entendimiento mutuo entre los funcionarios y la población recluida.
Aquí quiero resaltar un problema que no se conocía en Ecuador antes de la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Las autoridades penitenciarias están restringiendo el acceso de papel y de esferos a los pabellones. De hecho, cada vez que los funcionarios de la Defensoría visitan el CRS de Latacunga, un gran número de personas detenidas pide encarecidamente que se le deje papel y esfero.
Se teme que los esferos puedan convertirse en armas y que esto podría poner en peligro la vida de otros reclusos. De hecho, algunos abogados podrían preguntarse si deberían quedarse en calidad de presos en el CRS, luego de ingresar con esferos y papel a los pabellones, ya que el artículo 718 COIP prohíbe ingresar a los centros con “cualquier instrumento que atente contra la seguridad”. Pero si los defensores no ingresaran con esfero y papel, ¿cómo podrían anotar las peticiones de las personas privadas de libertad?
Como abogados, siempre esperamos que nuestra tinta sea un arma para luchar contra las injusticias y por los derechos de nuestros defendidos, pero de ahí a considerar que cada esfero sea una posible arma letal, hay un mundo de distancia. Seguro es que una persona sin nada, sin ropa que pudiera usar para ahorcarse o estrangular a otros, sin esferos que pudieran convertirse en armas letales y sin libros que quizás puedan ser armas para incendios, presenta menos riesgos: el desnudo es el preso perfecto. Quiero usar este ejemplo para que discutamos qué concepto de ser humano constituye el trasfondo de estos miedos. Es un ser humano considerado como enemigo de la sociedad, bestializado, significado como carente de humanidad, un otro que requiere ser inhabilitado para no causar daños. Falta recordar, que esta no es la corriente de pensamiento criminal que inspira la Constitución. Las personas privadas de libertad constituyen un grupo de atención prioritaria que, entre otros, tiene el derecho a la comunicación (Art. 51 núm. 2) y a la atención de sus necesidades educativas y culturales (Art. 51 núm. 5). Es difícil imaginarse como se pueden cumplir estos postulados constitucionales sin que los detenidos tengan acceso a esferos, papel y libros.
Los jóvenes que leen estas líneas pueden considerar que es un despilfarro la utilización de papel y esferos si hay computadoras e internet. Lamentablemente, las personas privadas de libertad en los nuevos centros de reclusión y en el siglo XXI, ni siquiera tienen enchufes en sus celdas. Si pretendemos rehabilitar socialmente a las personas mediante el encierro (así lo dispone el artículo 201 de la Constitución), no les deberíamos acostumbrar a condiciones que en nada se parecen a lo que algún día les espera en situación de libertad. Se habla del “principio de normalidad” que debería inspirar el sistema carcelario y es interesante ver que, por lo menos en lo que se ha declarado, el nuevo modelo de gestión penitenciaria estaría recogiendo este principio. Estipula el documento del Ministerio de Justicia, en tercer lugar y ya en su página 5, que el modelo se fundamenta en los siguientes principios: “(…) de Normalidad.- El régimen de privación de libertad debe procurar reducir las diferencias que existen entre la vida en privación de libertad y la vida en libertad”. Por lo menos, en este punto en particular se ha recogido parte de lo que estipulan las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos en el sentido de que “el régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto estas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su persona” (Regla 60, numeral 1).
Comparto plenamente la necesidad de que el principio de normalidad inspire el nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero para nombrar tan solo la contradicción más evidente, me surge la duda siguiente: ¿cómo se justifica obligar a las personas privadas de libertad de vestir uniformes color naranja bajo esta premisa?
Otra limitación al derecho a la representación se genera a raíz de otros protocolos del nuevo sistema de gestión penitenciaria. Es el caso de algunos artículos del protocolo de visitas. La Constitución no estipula limitación al derecho de la defensa, todo lo contrario, lo garantiza de manera íntegra. Prohíbe, entre otras, ser interrogado “por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público” (art. 76, numeral 7, e.). Si ahora leemos bajo esta premisa lo que estipula el artículo 29 del mencionado protocolo, hay dudas. “Art. 29.- El Equipo de Tratamiento y Educación organizará la visita legal (abogado defensor), y de otros profesionales de atención especializada que requiera la persona privada de libertad previa justificación escrita”.
Es decir, la persona privada de libertad, según esta norma, debe entregarle al Equipo de Tratamiento y Educación una justificación escrita si quiere reunirse con un defensor. Exigir una justificación equivale a realizar un interrogatorio. En ambos casos se obliga a la persona a revelar las razones que le llevaron a buscar defensa. ¿Queremos de verdad que en el futuro los equipos técnicos del centro de reclusión sean los que decidan si una persona privada de libertad puede presentar su reclamo o no? De esta manera, el mismo centro de reclusión pudieral filtrar las quejas que se ventilan “fuera de los muros”, situación que difícilmente coincide con los postulados de un Estado democrático y social de derechos. Peor aún, el protocolo limita el tiempo de la defensa contrario a la Constitución (artículo 76, numeral 7, b), dispone que: “Art.31.- El tiempo de visita legal o de otros profesionales es de una hora, dentro de los horarios hábiles de 08h30 a 12h30 y de 14h00 a 17h30, de lunes y viernes”. Además, que “las visitas legal o de otros profesionales se llevarán a cabo una vez por semana en las áreas de observación, mínima, mediana y máxima seguridad” (artículo 32).
Podemos cuestionarnos si la defensa constituye un producto, como una gaseosa que se consume en un determinado momento y por un tiempo prefijado. No lo es. Un caso puede ameritar una conversación de varias horas y en varios días, como también otros pueden requerir de una sola conversación de pocos minutos. Todo depende de las características de cada caso en singular. Es justo por ello, que no se estandarice el tiempo y día de la atención.
Los obstáculos prácticos no se agotan en las dificultades de comunicación con el exterior, vemos que muchas veces el hecho de asumir la representación de una persona privada de libertad genera reacciones abusivas que perjudican los derechos de los afectados y la defensa. Estos abusos estan documentados en diferentes estudios que tratan el acceso a la justicia de personas privadas de libertad que no vamos a profundizar.
Otro problema frecuente en la defensa es la falta de procedimientos administrativos uniformes. En vez de regular detalles sobre el uso de la ducha (y el nuevo modelo dedica todo un protocolo con seis considerandos y un total de ocho artículos a este tema), hubiera sido importante uniformar los procedimientos administrativos estableciendo reglas generales para ello. Si la administración penitenciaria no fundamenta por escrito las actuaciones que implican una posible afectación de los derechos legales y constitucionales de los reclusos, se crea un ámbito de arbitrariedad de difícil control. El COIP estipula, en el artículo 668, reglas claras para los traslados, cada resolución debería indicar qué norma y qué hechos la justifican. De igual manera queda una duda en cuanto al artículo 668, ¿cómo se puede implementar una norma que estipula el derecho de pedir el traslado para vivir cerca de la familia, si a su vez se construyen centros regionales de reclusión, cerrando aquellas cárceles que estaban ubicadas cerca de los núcleos familiares de las personas privadas de libertad?
Si Ecuador contara con jueces de garantías penitenciarias, tal como lo exige la Constitución, tendría a especialistas capacitados para dar respuesta a posibles arbitrariedades. Se trataría de jueces con conocimiento de derecho administrativo, constitucional y de ejecución de penas. En la actualidad, y debido a unas resoluciones discutibles del Consejo de la Judicatura, son los jueces de garantías penales los funcionarios que asumen el rol de jueces de garantías penitenciarias. Son entonces los mismos jueces que resolvieron enviar a las personas a prisión, quienes reclaman a los CRS la violación de los derechos de los detenidos.
A su vez, son jueces penales, siendo las cuestiones que generalmente se resuelven en materia penitenciaria de orden de derecho administrativo y constitucional. Cada acto de la administración penitenciaria limita y puede restringir indebidamente los derechos constitucionales de las personas privadas de libertad. Son precisamente estas las normas que deberían servir de base para las decisiones judiciales y no el derecho penal.
Ya hemos visto que la falta de especialización de los jueces de garantías penitenciarias genera problemas. Hay resoluciones que confunden los requisitos de las rebajas con aquellos necesarios para pedir la prelibertad. Existen algunas resoluciones dictadas en el marco de la aplicación del principio de favorabilidad, que exhiben un desconocimiento de las garantías constitucionales. Existen fallos donde jueces aplican el principio de favorabilidad bajando la pena privativa de libertad y subiendo a su vez la multa. Por ello creo que sería conveniente, y que urge, que se retome el desafío de crear una judicatura especializada en materia penitenciaria.
Antes de concluir, quisiera referirme al nuevo rol que cumplen los defensores públicos. Con la entrada en vigencia del COIP cambió radicalmente la carga laboral y el rol de los defensores públicos. Previamente al cambio normativo, los funcionarios de la Defensoría Pública intervinieron básicamente en trámites de carácter administrativo, a eso también se debe el nombre que se dio al subproceso (administrativo penal). Los defensores actuaron en la obtención de copias certificadas de sentencias, participaron en audiencias disciplinarias y en otras actividades que nunca trascendieron las paredes de las cárceles. Desde que entró en vigencia el COIP, este rol ha cambiado radicalmente. Según la visión del legislador, ahora la persona privada de libertad o su defensor o defensora, pueden presentar cualquier petición, reclamación o queja relacionada con la ejecución de la pena o la vulneración de sus derechos ante el juez de garantías penitenciarias (véase artículo 670, párr. 2, COIP). Es decir, cada acto de la administración penitenciaria, como por ejemplo, una resolución que otorgue acceso a actividades laborales, la participación en eventos culturales, la protección de la salud, etc. pueden ser cuestionados ante la instancia judicial. En este sentido, el COIP representa una gran oportunidad para lograr que las condiciones carcelarias se adecuen a los estándares del Estado democrático.
Pero el COIP no solo crea nuevas posibilidades de acceso a la justicia para personas privadas de libertad, la normativa exige, además y de manera obligatoria, que muchas decisiones que antes se tomaban en el ámbito administrativo, ahora requieran de la intervención de un juez. Es el caso específico de los beneficios penitenciarios o también de la apelación de decisiones de traslada. Es un cambio positivo, pero a su vez de alta exigencia para la instituciones. Ya el poder judicial ha percibido un incremento explosivo de la carga laboral de los jueces que actúan como jueces de garantías penitenciarias. En el caso de la Defensoría Pública ha ocurrido lo mismo. Está frente a una avalancha de trabajo nuevo, no considerado en la asignación de recursos humanos. Solo desde marzo hasta agosto de este año, la Defensoría Pública ha judicializado cientos de casos de beneficios penitenciarios. Ha sentido la escasez de personal que pudiera atender estos casos. Fruto de la falta de recursos humanos son las demoras innecesarias en la atención de los usuarios, esto a su vez causa descontento y frustraciones en la población recluida, situación que a lo largo podría convertirse en un grave problema de seguridad ciudadana.
Jörg Stippel es penalista y docente universitario
Defensa, privados de libertad
jhesenia duque
15 julio, 2016 at 11:12 pm Reply →
Esta muy bien que por fin se pensara en los derechos de los pribados de la libertad pero tambien cabe rrecalcar que deberin modificar el bincula familiar permitiendo la total libertad de poder estar el mayor tiempo posible con su familia en sus dias de visita esto ayudaria mucho a mejorar la auto estima de los pribados de la libertad
0 Participación social en la seguridad interna y externa de la ciudadanía Los espejismos entre la inseguridad y la seguridad jurídica 0
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References: artículo 4
 artículo 5
 artículo 718
 artículo 201
 artículo 29
 artículo 668
 resolución 
 artículo 668
 artículo 670
 resolución