Source: http://jovenesemergencia.org/tribunaljuventud/ejes-tematicos/eje-vii/
Timestamp: 2018-02-26 01:28:50+00:00

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Eje VII. Juventud, feminicidio y violencias de género | #TribunalJuventudMX
VII.I Introducción
La violencia de género se encuentra en diferentes ámbitos: el político, el económico, el cultural y/o social, los espacios rurales y los espacios urbanos, el de la salud, el de los derechos sexuales y reproductivos, etcétera. Esta violencia tiene una relación directa con el sistema patriarcal en el que vivimos; es expresión de que a las mujeres se les ha enseñado que no son dueñas de su vida ni de sus cuerpos y como consecuencia son sujetos de exclusión y subordinación de masculinidad hegemónica y heterosexual que se contrapone también a otro tipo de manifestaciones sexuales. Esto se agrava con la falta de garantías por parte del Estado a los múltiples derechos de las mujeres, así como la acción de anteponer otros derechos antes que estos.
En 2006, Naciones Unidas describe que la violencia contra las mujeres en México es como la punta de un iceberg que oculta bajo la superficie problemas sistémicos más complejos. Uno de sus principales fundamentos es que la desigualdad de género se presenta como legitimada por diversos discursos sociales, que presentan las cualidades de lo femenino y de los masculino como una atribución natural y no como construida históricamente. Por otro lado, las características del sistema jurídico y de gobierno, dividido en varios niveles, no responde con eficacia a los delitos producto de la violencia, incluida la de género. La intención de este eje es presentar estas violencias de género ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México con un enfoque desde las juventudes y hacia las generaciones futuras.
VII.II Marco general
VII.II.I Trata, explotación sexual y laboral de mujeres, niños, niñas y adolescentes
La trata y la explotación de personas son el segundo negocio a nivel mundial que más ganancias producen, estas van de 32,000 a 36,000 millones de dólares.1 En América Latina y el Caribe son los dos delitos más rentables.2 Es un fenómeno que se ha extendido por todo el mundo en donde las principales víctimas somos las mujeres, niñas, niños y adolescentes. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que 1.8 millones de niños y niñas son víctimas de trata a nivel mundial.3
La trata de personas es el proceso de reclutamiento, transporte, traslado, acogida y recepción de personas, previo a la explotación sexual y/o laboral.4 Es un delito de lesa humanidad que se entiende como todo comercio de personas con fines de explotación sexual, laboral o extracción de órganos.5
VII.II.I.I Trata de personas en México
México es considerado un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata; esto implica que, por una parte, hay personas que son raptadas y explotadas en el interior del país o trasladadas al extranjero y, por otro lado, que hay personas de otros países que son introducidas a México con el fin de ser explotadas.
El informe presentado en 2012 por la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), menciona los estados con mayor índice de desapariciones de mujeres y niñas con fines de trata y explotación sexual, estos son: Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chiapas, Oaxaca, Edo. México, Hidalgo, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Distrito Federal (D.F.) y Tlaxcala.6 Mientras que la declaración de la Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que, aproximadamente, 800 mil mujeres adultas y 20 mil menores de edad han sido reclutadas por la fuerza por las 47 redes de trata que se encuentran en el país.
Recientemente la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboraron, por separado, sus diagnósticos sobre la situación de la trata de personas en México. En el diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se informó que las víctimas fueron elegidas por su sexo, edad y escolaridad, además, por los aspectos de belleza física que el mercado de tratantes y consumidores exigen. De 2007 a 2012 se detectó que el 93% de las víctimas fueron mujeres sometidas a explotación sexual. De ellas, el 45% tenían entre 13 y 17 años, mientras que el 15% oscilaba de 0 a 12 años de edad. La edad promedio de las víctimas de trata va de los 15 a 25 años de edad en Monterrey,7 en Puebla de los 18 a los 25 años,8 en Chiapas de los 15 a 20 años9 y en el Estado de México es de 15 años;10 como se ve, somos las jóvenes las principales víctimas de la trata humana.
Por otra parte, el informe realizado por la CNDH informó que nuestro país ocupa el segundo lugar en enviar víctimas de trata a Estados Unidos con fines de explotación sexual y laboral.11 El D.F. es el principal lugar de origen de trata de personas en el país, ya que es el lugar con mayor incidencia de captación de personas, según los casos de CATWLAC. Dentro de esta entidad federativa, los principales lugares relacionados a la trata de personas son las delegaciones: Iztapalapa, Álvaro Obregón y Benito Juárez.
VII.II.I.II Explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes
A nivel mundial, las principales víctimas de trata con fines de explotación sexual son 98% mujeres y niñas.12 Lo que evidencia que este tipo de violencia está signada por la desigualdad de género, ya que la explotación sexual y comercial de mujeres, niñas, niños y adolescentes es parte de graves violaciones a los derechos humanos que dañan nuestra integridad y dignidad como personas y dañan a la sociedad en general, sosteniéndose en una cultura que subsume a las mujeres a ser objetos de consumo y de sumisión. Estos actos nos cosifican, pues somos personas usadas como mercancías para un intercambio económico y beneficios materiales entre los tratantes y los clientes; hoy en día estos fenómenos son considerados una nueva forma de esclavitud, la esclavitud moderna, que ataca principalmente a la población infantil y juvenil.
La explotación sexual y comercial de mujeres está concretamente representada en los actos de prostitución forzada, mientras que la explotación sexual comercial contra niñas, niños y adolescentes se presenta como: prostitución infantil, producción, distribución y consumo de pornografía infantil, turismo sexual, venta y tráfico de menores de edad.
En 2006, la Secretaría de Seguridad Pública federal informó que aproximadamente 1,200 niños al año son captados por las redes de prostitución infantil y que desde 1980 hasta la fecha se han incrementado las organizaciones que abusan de niñas, niños y adolescentes; sumándose a esto que, debido a la difusión de la pornografía infantil mediante las redes de comunicación masiva, la explotación de niños y niñas ha incrementado en México.
El eje de Feminicidio y Violencias de género está muy ligado al eje siguiente, sobre las juventudes como fuerzas destructivas; pues los cárteles de la droga mexicanos han encontrado en la explotación sexual y en la pornografía un monto de ganancias elevadas, que ascienden a 10 mil millones de dólares cada año.13 Estos grupos, como es el caso de los cárteles del Golfo, los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios,
levantan a niñas de 12 años para que vigilen a las autoridades y los otros grupos delincuenciales (halconas), posteriormente las convierten en sicarias, mulas o esclavas sexuales y cuando se cansan de ellas, las matan y les desfiguran el rostro para hacer más difícil su identificación.14
VII.II.I.III Explotación laboral de mujeres, niñas, niños y adolescentes
En nuestro país padecemos la explotación laboral y servidumbre forzada como segunda forma de trata más realizada después de la explotación sexual. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que el 55% de las víctimas de explotación laboral son mujeres y niñas.15 Pero no solamente ellas son reclutadas, también hombres jóvenes y adolescentes indígenas son captados y forzados a la mendicidad en las grandes ciudades y zonas turísticas de México.
Los crímenes cometidos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes por trata con fines de explotación sexual y laboral continúan permeando día con día, a pesar de que en el año 2000 México firma la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Luego en 2007 se introdujo en el Código Penal la tipificación del delito de trata de personas y en 2012 se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
En general podemos decir que tenemos un país con legislaciones e instituciones encargadas de prevenir el delito, castigarlo y reparar el daño a las víctimas, sin embargo, estas no funcionan debido a que no sólo solapan, sino propician las condiciones de impunidad para que el mercado de trata de niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes siga con sus funciones.
VII.II.II Privación y criminalización de los derechos sexuales y reproductivos;
detención, prisión política y represión contra las mujeres jóvenes
VII.II.II.I Derechos Sexuales y reproductivos
De acuerdo a los encuentros de juventudes y de mujeres celebrados en el Cairo y Beijín en 1994 y 1995, los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos a la salud:
la respuesta de las sociedades a las crecientes necesidades de salud reproductiva de los adolescentes debería basarse en información que ayude a éstos a alcanzar el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma responsable. En particular, deberían facilitarse a los adolescentes información y servicios que les ayudaran a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el riesgo subsiguiente de infecundidad. Ello debería combinarse con la educación de los hombres jóvenes para que respeten la libre determinación de las mujeres y compartan con ellas la responsabilidad en lo tocante a la sexualidad y la procreación.16
Pese a estos acuerdos, en México persiste la falta de información y el poco esfuerzo del Estado mexicano por generar una educación sexual abierta y equitativa para los y las jóvenes. Esto se expresa en el problema del inicio temprano de la vida sexual (menor a 15 años) y en los embarazos en la adolescencia especialmente entre los 15 y 24 años. A estas condiciones hay que agregar los estereotipos y mandatos de género que afectan especialmente a las mujeres jóvenes, entre ellas, las relaciones de poder fundadas en el sistema patriarcal que nos impiden tener acceso a la construcción de acuerdos equitativos con nuestras parejas, a la desigualdad en el acceso a la información y el reconocimiento de nuestra sexualidad, a la carga cultural que se deposita sobre la figura de la maternidad y que en muchas ocasiones se transforma en la única alternativa de proyecto de vida para nosotras.
En específico, para esta acusación documentamos las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, en particular a los derechos sexuales y reproductivos de las habitantes de Durango.17
De este modo algunos de los agravios más frecuentes a los que nos enfrentamos las mujeres jóvenes son: la violencia y el abuso sexual, las infecciones de transmisión sexual, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la penalización de la interrupción del embarazo y los riesgos que esto involucra, la violencia obstétrica y la mortalidad materna.
En cuanto a la violencia y el abuso sexual, en México se evidencia la falta de sanción contra quienes cometen estos delitos. De acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), 26 de las 32 entidades del país no tienen sanciones graves para quienes cometen abuso sexual, el estupro y el rapto son tolerados, pues en muchas ocasiones los responsables pueden quedar en libertad si se casan con la víctima. Además en cifras del INEGI, el 7.3% de la violencia contra las mujeres es abuso sexual, esto tomando en cuenta que las mujeres casadas o en unión conyugal tienen un mayor riesgo y son las que menos denuncian dichas agresiones.18
El acceso al uso correcto de anticonceptivos es otro factor importante. El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) reporta en su informe en 2013, que sólo el 54 % de las mujeres utilizan un método anticonceptivo a pesar de conocerlos. Esta situación afecta especialmente a la población adolescente e indígena, por ello los embarazos se concentran principalmente en los rangos entre los 15 y 23 años de edad (26.8%), seguidas por quienes tienen entre 18 y 20 años (14.5%) y entre 21 y 23 años (20.7%).
Pese a las regulaciones y normativas generales y estatales, nuestro ejercicio de acceso la información sobre el uso de anticonceptivos se encuentra limitado. Cabe mencionar que muchas de las normas en los estados de la República establecen el acceso y la provisión de anticonceptivos para la pareja, cuando esto es en realidad una decisión de carácter personal y el acceso debería estar garantizado para todos y todas independientemente de nuestra pareja. En este mismo sentido se identifica que el abordaje de la anticoncepción desde la perspectiva de la planificación familiar deja de lado diversas prácticas de la sexualidad y limita el acceso a otras poblaciones, especialmente a los y las adolescentes. Es por ello que en julio de 2012 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) recomendó al Estado mexicano garantizar el acceso universal a servicios de salud, información y educación sobre derechos sexuales y reproductivos a fin de prevenir los embarazos no deseados en adolescentes.
Un caso que ejemplifica la forma sistemática en que los derechos y dignidad de las mujeres es violentada, es el caso de Yakiri Rubio; en su caso se ven expuestas no sólo las formas estructurales de violencia machista que favorecen las agresiones sexuales contra las mujeres, sino también la forma en que el machismo y el patriarcado permean las instituciones dedicadas a la procuración de justicia y al sistema penitenciario.19
Es por ello que resulta importante ubicar las distintas formas en que la criminalización de las mujeres nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, negándonos la posibilidad de acceder a condiciones de vida digna. Las formas de represión utilizadas en contra de las mujeres jóvenes impiden tener todas las condiciones para desenvolvernos plenamente y más aún, a acceder de manera plena y en igualdad de condiciones a la justicia. Con ello se limitan los espacios de libertad de los que tendríamos que ser dueñas comenzando por nuestros cuerpos, terminando en el uso de los espacios públicos y el ejercicio político al que tenemos derecho.
VII.II.II.II Detención, prisión política y represión contra las mujeres jóvenes
En la medida en que toda institución cuenta siempre con una base material, una serie de propósitos manifiestos y un conjunto de prácticas para realizarlos, se hallará permeada tanto por lo económico como por lo político y lo ideológico. Así también es el caso de la institución penitenciaria. Ésta se constituye en un espacio privilegiado para analizar lo que el Estado reprime, lo que desea exaltar, lo que quisiera imponer y aquello con lo cual no está dispuesto a transigir.20
Parte de esta ortopedia social son las prácticas represivas de un sistema neoliberal y patriarcal, que oprime especialmente a las mujeres, pero también a los hombres, por diversas condiciones de género, etnia, edad, clase, raza, entre otras. Estas formas de intimidación, hostigamiento y violencia no están desvinculadas unas de otras y actualmente vemos como las agresiones contra las comunidades van de la mano del narcotráfico, la militarización, la trata, el tráfico de personas, el sistema proxeneta, los feminicidios, la desaparición, etcétera. Todos ellos tienen en común la mercantilización del cuerpo, la deshumanización de nuestras relaciones, el uso de los cuerpos como un botín; cuerpos de hombres y mujeres subordinados y oprimidos que obtaculizan cualquier organización social.
Tan sólo en los últimos dos años, un tercio de las detenciones arbitrarias fueron cometidas contra mujeres, el 50% de las agresiones contra personas jóvenes fueron hacia las mujeres, siendo muchas de ellas vejaciones sexuales, tocamientos y amenazas de naturaleza sexual. Somos estas mismas mujeres las que nos enfrentamos un sistema judicial machista, que nos incrimina antes de defendernos, violando el debido proceso, sometiéndonos a la revictimización, omitiendo hechos o pruebas que demuestren que somos víctimas de violencia de género, careciendo de mecanismos y aplicaciones de la ley para sancionar a los responsables. Permeadas todas por un sistema legislativo patriarcal que invisibiliza a las mujeres con la producción, diseño e implementación de leyes y mecanismos ambiguos que no garantizan la seguridad, integridad o el ejercicio de las libertades de las mujeres, la deshumanización y falta de perspectiva en la creación y entrenamiento de los cuerpos policiacos.
Un ejemplo de estas prácticas, es el caso de Ana Lilia Yépez Cancino, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue detenida de manera arbitraria el pasado 1 de diciembre del 2012. Desde el momento de su detención, Ana igual que las otras mujeres detenidas ese día, fueron tratadas de manera cruel y humillante, además del uso excesivo de la fuerza pública, recibió agresiones sexuales por parte de los policías que la detuvieron, insultos que hacían referencia a su sexualidad y género, llamándola “puta” por participar en una actividad política.21
Azaola y José concluyen que:
el sistema penitenciario, como otros, se rige fundamentalmente por un modelo masculino en el que la norma se dicta y se desprende a partir de las necesidades de los hombres, siendo la mujer una especie de apéndice que se agrega a dicho modelo, y que como regla general, las internas pertenecen al sector más marginado de nuestra sociedad. De ello resulta que las mujeres encarceladas son, en su mayoría, víctimas de una triple discriminación: la que se deriva de la propia condición de mujeres, la que les impone su situación de prisioneras, y la que es común a todos los grupos pobres y desposeídos del país.22
Las mujeres en reclusión continúan con las cargas que socialmente se les ha asignado en condiciones de evidente escasez, por lo que muchas de ellas siguen manteniendo a sus familias desde dentro de las cárcel, asumiendo trabajos por los cuáles les pagan un muy reducido salario, a diferencia de los hombres que cuestan mucho a sus familias, pues la violencia en sus cárceles es tan grande que las mujeres que están libres deben trabajar para pagar por una mínima seguridad.
Al respecto Belausteguigoitia (2011) cita a una de las reclusas:
Nos abandonan porque nos creen fuertes. La sociedad te marca como modelo al caer en la cárcel, quedas marcada, eres el pilar de la sociedad […] Aquí seguimos siendo las madres, seguimos siendo las personas sujetas a los hombres y al poder.23
En los manuales de construcción de las prisiones, se señala que los centros para mujeres habrán de seguir prácticamente los mismos criterios que los destinados a varones, con la salvedad de que en los establecimientos para mujeres no es necesario edificar talleres, sino pequeños salones para lo que tradicionalmente se considera “actividades femeninas”: elaboración de flores o muñecos de peluche, por ejemplo.
Las condiciones anteriormente descritas son una pequeña muestra de cómo las prisiones reflejan la posición en la que se encuentran las mujeres en la sociedad mexicana. No puede pretenderse que exista rehabilitación mediante el trabajo mientras se perpetúe la división sexual del trabajo y sus consecuentes desventajas económicas, sin olvidar, como se ha indicado, que en muchos casos las mujeres somos el sostén de la familia.
VII.II.III Feminicidio
En nuestro país desde hace más de una década, el movimiento feminista ha retomado el concepto de Diana E. H. Russell “Femicide” (Feminicidio) el cual surgió para evidenciar los asesinatos brutales de niñas y mujeres por parte de sus maridos, novios, conocidos y desconocidos. Russell describió el feminicidio como la forma más extrema de terrorismo sexista motivada por odio, desprecio, placer o sentimiento de propiedad sobre las mujeres, mientras que según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGMVLV) en su artículo 21 define a la Violencia Feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
En el peritaje sobre feminicidio para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso “González y otras vs. México” Campo Algodonero, la Dra. Monárrez nos describe el Feminicidio Sexual Sistémico como el asesinato de una niña o mujer cometido por un hombre, donde se encuentran todos los elementos de la relación inequitativa entre los géneros: la superioridad genérica del hombre frente a la subordinación genérica de la mujer, la misoginia, el control y el sexismo. Es decir que no sólo se asesina el cuerpo biológico de nosotras como mujeres, se asesina también lo que ha significado la construcción cultural de nuestro cuerpo, con la pasividad y la tolerancia de un Estado ausente y por lo tanto, cómplice. El feminicidio sexual sistémico tiene la lógica irrefutable del cuerpo de las niñas y mujeres que han sido secuestradas, torturadas, violadas, asesinadas y arrojadas en escenarios sexualmente transgresores.
Los asesinos por medio de los actos crueles fortalecen las relaciones sociales inequitativas de género que distinguen los sexos: otredad, diferencia y desigualdad. Al mismo tiempo, el Estado secundado por los grupos hegemónicos, refuerza el dominio patriarcal y sujeta a los y las familiares de las víctimas y a todas nosotras las mujeres, a una inseguridad permanente e intensa, a través de un período continuo e ilimitado de impunidad y complicidades al no sancionar a los culpables y otorgar justicia a las víctimas.24
Según datos de Naciones Unidas, entre 2006 y 2012, los feminicidios en México aumentaron 40%. En estados como Chihuahua, el número de asesinatos contra mujeres es 15 veces más alto que el promedio mundial. En el país, se cometen 6.4 asesinatos de mujeres por día, de los cuales, 95% quedan impunes.
Desde las juventudes, repudiamos todos los casos de feminicidio y luchamos para que ninguno quede impune; para esta audiencia mostramos el caso de Mallinali Saucedo Valdez, quien a la edad de 18 años y con el deseo de ser bioquímica, fue víctima de feminicidio y hasta ahora no se ha hecho justicia.25
Sobre la tipificación del delito de feminicidio, el Observatorio Nacional de Feminicidio (OCNF) ha mencionado que la falta de implementación de este delito, ha generado que en algunos estados el mismo asesinato de una mujer por razones de género no sea considerado como feminicidio. Por ejemplo: si en el Distrito Federal una mujer es encontrada desnuda y golpeada se podría investigar bajo la circunstancia de signos de violencia sexual, cosa que no es igual en San Luis Potosí, pues su tipo penal exige comprobar que se tuvo como fin ocultar una violación; es decir, supeditar la determinación de esta razón de género a la acreditación previa del delito de violación y además exige comprobar la intencionalidad del agresor para ocultarla, exigiendo con ello que se demuestre que el sujeto activo tuvo tres conductas dolosas: la violación, la privación de la vida y el ocultamiento de la violación.26
En el último año se han registrado en el país más de 2 mil 299 casos de feminicidio, de los cuales sólo el 24% se han sometido a un proceso de investigación, pero lo más grave es que el mayor número de estos casos se han concentrado en el Estado de México, donde tan sólo en los últimos 15 meses la cifra ya supera a 600 mujeres víctimas de feminicidio y este número continúa en aumento.27
En la Pre-audiencia “Violencia de género y feminicidio” realizada en agosto del presente año en la Ciudad de México, en el marco del TPP-Capítulo México se concluyó lo siguiente:
La violencia contra las mujeres, y su manifestación extrema en el feminicidio, son formas de violencia que tienen como causa y consecuencia la discriminación motivada en la condición de género de las mujeres y las niñas. Por ello, dentro de contextos y períodos históricos de gran violencia contra los pueblos, la violencia contra las mujeres se agudiza como ha sucedido en México desde 2007 hasta la fecha, a raíz de la guerra contra el narcotráfico y los enfrentamientos entre diversos grupos de hombres armados en el país.28
VII.II.IV Violencia, discriminación y crímenes de odio
A manera de preámbulo, recordemos que en 1872, México fue el segundo país de América Latina donde la sodomía29 fue despenalizada. Brasil lo había hecho en 1831, casi treinta años antes. Este preámbulo sin embargo es historia, pues en la actualidad Brasil ocupa el primer lugar en crímenes de odio por homofobia y México ocupa el segundo lugar.30
Lo preocupante en esta acusación es que a lo largo de la historia de la humanidad, ha existido una tendencia hegemónica que defiende la heterosexualidad como sexualidad dominante y es a partir de ella que se califican todas las demás orientaciones y manifestaciones de identidad de género.
Por homofobia se entiende el rechazo, burla, ofensas, discriminación, prejuicio, desprecio, señalamiento y odio hacia la orientación sexual o identidad de género que no se amolda a los roles heterosexuales establecidos social e históricamente; por lo que no sólo las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, travestis, transgénero y transexuales somos víctimas de violación derecho a la diversidad y disidencia sexual, sino también las personas heterosexuales que tienen comportamientos o apariencia física contrarios al concepto socialmente aceptado de lo que en la sociedad debe ser un hombre y una mujer. A la presencia de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia, se les denomina recientemente: homolesbobitransfobia.
Si bien el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), a la letra dice que:
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.31
La no discriminación es un derecho incumplido en México, ya que a las personas que no somos heterosexuales, heteronormadas o de género binario, de forma constante se nos niegan los derechos humanos.
Prueba de ello podemos constatarlo en el caso que presentamos del Maestro Filo, quien da clases en la Escuela Autónoma Emiliano Zapata (EAEZ), en la comunidad indígena de Huitziltepec, en la mixteca poblana. Filo sufre una triple discriminación: por no ser heterosexual, por ser indígena y por vivir en condiciones de pobreza.32
Parte del problema radica también en que una parte de la sociedad mexicana crea y reproduce una cultura de la homolesbobitransfobia, la cual implica violencia verbal, física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, escolar, laboral, institucional, hasta el extremo de la violencia: el asesinato. Muchas de estas violencias de género son incentivadas y justificadas por el resto de la sociedad, por los medios de comunicación, por la iglesia católica, por empresas públicas y privadas, incluso por las autoridades gubernamentales, lo que trae graves consecuencias en las prácticas judiciales y jurídicas negligentes, ya que muchos asesinatos por homolesbobitransfobia llegan a catalogarse como “crímenes pasionales” y por tanto son crímenes que han quedado impunes, y con dicha impunidad por parte del Estado mexicano se da pie a que sigan ocurriendo. Como prueba de ello, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS)33 que realizó la Comisión Nacional de de Prevención contra la Discriminación (CONAPRED) refleja la intolerancia de la población al opinar que una pareja homosexual no debe tener los mismos derechos que una pareja heterosexual; la población se encuentra en contra de que a parejas del mismo sexo se les permita adoptar (66.8% de la población está en contra de que lo hagan mujeres lesbianas y 71.4% en contra de que lo haga una pareja de hombres homosexuales). Asimismo, el 27.9% de la población manifiesta oposición a que dos personas del mismo sexo contraigan matrimonio. Adisionalmente, la ENADIS revela que 4 de cada 10 personas no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, lesbianas o bisexuales; mientras que el 75.7% opina que nada o poco se respetan los derechos de las personas no heterosexuales; y por último, 1 de cada 2 lesbianas, homosexuales o bisexuales considera que el principal problema que enfrenta es la discriminación, seguida de la falta de aceptación y las críticas y burlas. Esta encuesta refleja la opinión respecto al tema de la orientación sexual, pero no toca el tema de la identidad de género que engloba a travestis, transgénero y transexuales.
Sabemos que alrededor de 30 países del mundo, México uno de ellos, tienen alguna forma de protección legal contra la discriminación por la orientación sexual, además del cúmulo de tratados internacionales que también hacen referencia a dicha protección. Sin embargo, estos avances internacionales y nacionales no logran verse reflejados en las legislaciones locales, pues apenas 12 de los 31 estados del país cuentan con una cláusula no discriminatoria en su constitución local; mientras que 17 entidades cuentan con leyes que previenen la discriminación y 13 códigos penales estatales tipifican a la discriminación como delito.34
Por otro lado, la diversidad sexual supone, en principio, el reconocimiento a la identidad genérica. En este sentido, existen todavía vacíos legales respecto a la identidad genérica, pues apenas en 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas para que mediante un sencillo juicio civil las personas travesti, transgénero y transexuales puedan reasignar la concordancia de identidad sexo-genérica. En los 31 estados del país, no existe la posibilidad jurídica aún para cambiar la identidad sexo-genérica, ya que el Derecho a la identidad de género debería no darse mediante un juicio civil, sino como un trámite administrativo más, facultad propia de los registros civiles en los estados.
Para efectos de la presente acusación, se resalta el caso y testimonio de Ilsa Aguilar, una mujer transgénero de 24 años, originaria del estado de Querétaro, quien desde noviembre de 2013 ha padecido agravios por la negación institucional del derecho al cambio de nombre a consecuencia de la discriminación por identidad de género (transfobia) y la falta de legislación en beneficio de las personas transgénero y transexuales.35
Ahora, las preguntas son: ¿quién define qué papel debe jugar el rol masculino y el femenino? ¿Qué dice la religión y la moral católica? En México, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 92.9 millones de personas que ocupan el 82.7% del total de la población del país profesa la religión católica; el 9.9% reconoce una religión diferente y 4.7% no sigue religión alguna.36 Por tanto, la moral católica, institucionalizada desde el siglo III, se impone en 8 de cada 10 personas del país a través del Catolicismo de la Iglesia Católica, que es un documento básico de la opinión del catolicismo y que respecto a la diversidad sexual, desarrolla el tema de la siguiente manera:
La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso.37
La moral católica se impone en las personas y éstas a su vez la imponen en las leyes, instituciones y procedimientos, para violentarnos de todas las formas posibles ante nuestro derecho a la diversidad y disidencia sexual. Como evidencia, tenemos la negación gubernamental contenida en los diferentes códigos civiles a garantizar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, pues derivado de dogmas morales buscan mantenerlo como un derecho propio de personas heterosexuales, es decir, reducen el derecho al matrimonio y en muchos casos a formar una familia, a la unión de un hombre con una mujer tal como lo estipula el documento del Catolicismo de la Iglesia Católica.
Es entonces que el pleno goce del derecho al matrimonio igualitario en México es un tema incompleto aún, pues solamente el D.F. publicó en noviembre de 2006 una Ley de Sociedad de Convivencia, que sentó el precedente para que después 5 de los 31 estados del país (Campeche, Coahuila, Colima, Jalisco y Quintana Roo) permitieran la unión civil entre personas del mismo sexo, esto bajos esquemas de “sociedades de convivencia”.
En marzo de 2010, el D.F. modificó su Código Civil para permitir el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo, posteriormente lo hizo Coahuila y Quintana Roo. En los restantes 29 estados de la República sigue pendiente esta legislación, obligando a que durante 2013 y 2014, diversas parejas hayan recurrido a la vía del amparo para poder ejercer el derecho al matrimonio, tales son los estados de: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Yucatán, buscando así alcanzar la igualdad de derechos en materias como herencia, seguridad social, beneficios fiscales y adopción.38
Con estos vacíos legales y debido a la impunidad del Estado mexicano, -así como el feminicidio es el acumulado histórico-social de todas las violencias de género–, los crímenes de odio por homolesbobitransfobia son el acumulado heteropatrialcal hegemónico y dominante de la sexualidad humana, por lo que el año pasado la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) dio a conocer que de 1995 a 2013 fueron asesinadas 887 personas no heterosexuales, heteronormadas o de código binario. Además se señala que:
los lugares del país más afectados por esta problemática son Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Yucatán y Jalisco. Los años con mayor número de casos son 2011 y 2012. La mayor parte de los crímenes homofóbicos han sido contra hombres, ya que en la sociedad prevalece la idea de que el varón públicamente asumido como homosexual o gay debe ser despreciado e incluso exterminado, pues renunció a sus privilegios hegemónicos y dominantes de género.39
Es importante mencionar que en ocasiones estos crímenes de odio por homolesbobitransfobia se centran en personajes o líderes de agrupaciones que defienden los derechos humanos. Tal es el caso de tres activistas: el primero, el joven psicoterapeuta homosexual Octavio Acuña Rubio de 28 años de edad, fundador de la asociación civil queretana Aquesex; su homicidio en 2005, perpetrado por 6 puñaladas en el cuerpo, ocurrió en la ciudad de Querétaro.40 El segundo caso es el de Quetzalcoatl Leija Herrera de 33 años de edad, director del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (CEPRODEHI). En 2011 fue brutalmente asesinado a golpes en la cabeza en la plaza central de Chilpancingo, Guerrero.41 El tercer caso es el de la psicóloga Agnes Torres de 28 años, defensora de los derechos humanos de las personas transgénero y transexuales. Su asesinato ocurrió en Puebla en 2012, después de que la golpearon, quemaron y torturaron.42
En esta acusación, se resalta el caso y testimonio de Jazz Bustamante, una mujer transexual de 23 años, originaria del estado de Veracruz y quien en marzo del presente año sufrió violencia física y psicológica mediante un intento de homicidio por transfobia.
La mayoría de crímenes de odio por homolesbobitransfobia se cometen mediante puñaladas, seguido de los golpes, estrangulaciones, arma de fuego, ahorcamientos, asfixia, ahogos y tortura, de lo menos común pero que se da, es por desnucamiento y lapidación.
Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 1974 dejó de considerar la homosexualidad como una enfermedad, la transexualidad sigue siendo conceptualizada como un trastorno de la personalidad. El reconocimiento social, institucional y moral de las personas transgénero y transexuales se ve condicionado porque se considera una patología no sólo por la orientación sexual sino por cuestiones de identidad genérica. Derivado de esto, la mayoría de agravios o crímenes se comenten en los últimos años contra las personas con identidad transgénero, ya que tal como lo denuncia el caso de Jazz Bustamante:
en lo que va del año 2014, tan sólo en el estado de Veracruz, han asesinado a 25 personas transgénero; 11 de ellas del municipio de Coatzacoalcos, en la capital Veracruz van 4, en Tierra Blanca hay 3 casos, en Córdoba 1, en Poza Rica hay 2 casos, en Xalapa también 2, Tezonapa 1 caso y en el municipio Martínez de la Torre 1 caso.43
VII.III Presentación de los casos
Derivado de la anterior explicación general del eje Feminicidio y violencias de género, enunciamos los siguientes casos que tenemos documentados; además de los casos que ya se señalaron en el contenido de este eje y que reflejan la situación que padecemos las juventudes en México:
Violencia contra la diversidad sexual en comunidades indígenas.
Violación, criminalización de la defensa de la vida y tentativa de feminicidio.
Desaparición Forzada e involuntaria de Pamela Leticia Portillo Hernández.
Feminicidio Mallinali Saucedo Valdez.
Violencia por transfobia en Veracruz.
Violaciones generalizadas a los derechos humanos de las mujeres, en particular a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de Durango.
Negación institucional del derecho al cambio de nombre a consecuencia de la discriminación por identidad de género (transfobia) y la falta de legislación en beneficio de las personas transgénero y transexuales en Querétaro.
Criminalización, detención y prisión política contra las mujeres jóvenes.
VII.IV Implicaciones y consecuencias que tendrá para las generaciones futuras si esto sigue imperando
Debido a que los tres niveles del gobierno mexicano mantienen colusión con la delincuencia organizada, no están resolviendo los agravios que padecemos sino todo lo contrario, los están agravando más y frente a este clima de violencia generalizada e institucionalizada se percibe un futuro casi inexistente para las próximas generaciones.
Si el Estado mexicano no implementa acciones para poder erradicar todas las formas de violencias de género, los crímenes derivados del odio machista continuarán permeando en nuestros pueblos de México. De continuar además sin generar las leyes, instituciones u organismos, procedimientos y sanciones encaminadas a combatir y erradicar el acumulado heteropatrialcal hegemónico y dominante de la sexualidad humana, la heterosexualidad continuará siendo la única opción socialmente válida para el ejercicio del amor, la familia, la sexualidad y felicidad y con ello, cualquier expresión contraria será objeto de discriminación, criminalización, agresión y hasta asesinato no sólo del cuerpo biológico sino de todo lo que somos y representamos.
Si se sigue perpetuando la invisibilización de la participación política de las mujeres jóvenes a pesar de ser y haber sido la columna vertebral de la organización social y la resistencia como fundadoras de movimientos y organizaciones, milicianas y comandantas de las guerrillas, motores de los movimientos sindicalistas, estamos en riesgo de ser ese más del cincuenta por ciento de la fuerza del movimiento magisterial, de estar presentes siempre en los movimientos estudiantiles y juveniles, de encabezar el clamor de justicia por las asesinadas los asesinados desaparecidas y desaparecidos, de ser quienes acompañan a los presos, quienes arropan dentro de la prisión a otras mujeres. Podríamos dejar de ser las madres, las hermanas, las parejas, las hijas, las compañeras de lucha, pero por encima de todo, dejaríamos de ser las mujeres del futuro que hemos resistido ayer y hoy todas las negativas de equidad y justicia, para continuar construyendo perspectivas y alternativas para nosotras, para todas y todos. Es por ello que no podemos seguir dejando invisibles las historias y nos invitamos a todas y todos a construir diálogos por la libertad, que nos ayuden a avanzar hacia la visibilización y reconocimiento de la participación y lucha equitativa de todas las personas y sobre todo, por alcanzar el pleno ejercicio de todos los derechos ahora y también para las generaciones que están por venir.
VII.V Agravios, derechos violentados y responsables
VII.V.I Trata, explotación sexual y laboral de mujeres, niños, niñas y adolescentes
El derecho a la dignidad e integridad personal.
El derecho a no ser comercializado como una mercancía.
El derecho a no ser una mercancía sexual.
El derecho a no ser una mercancía laboral.
El derecho a la no esclavitud.
El derecho a la no explotación.
El derecho a un plan de vida.
El derecho a la garantía de derechos sexuales y reproductivos.
El derecho a decidir sobre nuestra vida y nuestros cuerpos.
El derecho a no ser despojados del producto de nuestro trabajo.
El derecho al trabajo libre.
El derecho a la reparación adecuada del daño.
El derecho a la garantía de no repetición del daño.
VII.V.II Privación y criminalización de los derechos sexuales y reproductivos; Detención, prisión política y represión contra las mujeres jóvenes
El derecho a la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
El derecho a la justicia y la verdad.
El derecho a la reparación integral del daño.
El derecho a la privacidad de datos durante el proceso judicial.
El derecho al reconocimiento de nuestros cuerpos como un territorio libre y autónomo.
El derecho al deseo sexual.
El derecho a la vida libre de violencia.
El derecho a los servicios básicos de salud.
El derecho a la sexualidad informada y en libertad de elección.
El derecho a la participación política.
El derecho a la no criminalización de la protesta social.
El derecho a la no represión.
El derecho a reconocernos como personas poseedoras de ideas, discursos y proyectos autónomos que puedan aportar a la construcción de un mundo diferente.
El derecho al debido proceso de justicia.
El derecho a la libre asociación.
El derecho a soñar con una realidad mejor, en las que todas y todos seamos participes.
VII.V.III Feminicidio
El derecho a la vida, en especial a no ser asesinadas, y menos por razones de género.
El derecho a la libertad .
El derecho a la paz .
VII.V.IV Violencia, discriminación y crímenes de odio
El derecho a la diversidad sexual.
El derecho a la seguridad e integridad personal.
El derecho a la sexualidad libre y responsable.
El derecho a no ser heterosexual ni desear vivir en la heteronorma social.
El derecho al amor, a la familia, a la sexualidad y a la felicidad no heterosexual.
Derivado de todos los derechos violentados que hemos señalado, responsabilizamos del atentado contra estas y otras condiciones mínimas de dignidad a las autoridades en los distintos niveles de gobierno que no trabajan por garantizar el ejercicio pleno de estos y otros derechos; 1) a nivel legislativo a las cámaras locales y federales que no han procurado las modificaciones pertinentes en las leyes y mecanismos para que todas y todos podamos tener un acceso pleno y en igualdad de condiciones a todas nuestras libertades; 2) a los ejecutivos de los gobiernos locales y federal, quienes en su papel de representantes máximos del Estado mexicano, no sólo no han garantizado nuestros derechos, sino que en muchos de los casos entorpecen el ejercicio pleno de la ley y la generación de condiciones mínimas para que en los distintos territorios del país podamos acceder a estos y otros derechos; 3) a las autoridades judiciales, quienes en el ejercicio de las leyes vulneran nuestro acceso a la justicia y revictimizan a quienes acuden a ellas para denunciar delitos de violencia, incluso manipulando los protocolos y leyes para seguir agraviando nuestra libertad; 4) a las servidoras y los servidores, trabajadoras y trabajadores de las instancias de seguridad pública quienes en su labor ponen por encima de la dignidad de las mujeres y de las personas no heterosexuales o heteronormadas cualquier otra garantía o derecho aun a favor de los agresores y victimarios, además de ser ellas y ellos mismos quienes nos violentan y agreden psicológica, física y sexualmente; 5) a las instancias y personal de salud locales y federales que limitan el acceso de las mujeres y personas no heterosexuales o heteronormadas a las distintas alternativas de autocuidado y ejercicio pleno de la sexualidad, anteponiendo su concepción moral a la libre elección y seguridad; 6) a las instituciones estatales de educación, formación y promoción de los derechos humanos, quienes no han cubierto de manera cabal e íntegra con la función de promover y garantizar el derecho a la información para el ejercicio pleno y libre de nuestra sexualidad. Acusamos también a todas ellas porque en el ejercicio de sus responsabilidades no se toma en cuenta una perspectiva de género y mucho menos de juventud que nos reconozca como mujeres y personas no heterosexuales o heteronormadas sujetas de derechos en condiciones de equidad. Por último, acusamos a todo el Estado mexicano, que en su contubernio con los carteles del narcotráfico –como son: el Cártel del Golfo, los Zetas, Nuevo Milenio y los Caballeros Templarios– operan en distintas partes del país y son quienes llevan a cabo de manera directa el reclutamiento, la trata y la explotación sexual y laboral de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
VII.VI Demandas, exigencias y reparaciones
VII.VI.I Trata, explotación sexual y laboral de mujeres, niños, niñas y adolescentes
Que el Estado mexicano restablezca los derechos fundamentales.
Que el Estado mexicano promueva, defienda y garantice los derechos humanos.
Que el Estado mexicano garantice el acceso a una vida plena, digna y libre.
Que se garantice una vida libre de violencia sexual y laboral para niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Que el Estado mexicano dé seguimiento institucional, investigación y resolución de los casos de trata, explotación sexual y laboral de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
Que el Estado mexicano genere los mecanismos necesarios para que las leyes e instituciones impidan futuros casos de trata y explotación sexual y laboral.
Que el Estado mexicano no haga sólo tratados comerciales con otros países, sino que genere protocolos de búsqueda con otros Estados para encontrar a las personas desaparecidas con fines de trata y explotación sexual y laboral.
Que el Estado mexicano garantice la no repetición del daño.
VII.VI.II Privación y criminalización de los derechos sexuales y reproductivos; detención, prisión política y represión contra las mujeres jóvenes; privación y criminalización de los derechos sexuales y reproductivos; detención, prisión política y represión contra las mujeres jóvenes
Que el Estado mexicano nos reconozca como personas sexuales, libres y autónomas poseedoras de deseos que deben tener la posibilidad de ejercerse libre y plenamente en condiciones de seguridad y respeto.
Que el Estado mexicano asuma responsabilidades para la transformación en los esquemas educativos que limitan la información y el ejercicio pleno de la sexualidad de manera segura e informada.
Que el Estado mexicano haga obligatoria una formación integral para las prestadoras y los prestadoes de servicios públicos de salud y educación.
Que el Estado mexicano posibilite y respete las libertades y derechos políticos, así como nuestra capacidad de organizarnos en condiciones de equidad y que no nos sometan ante ningún tipo de poder.
El sobreseimiento de los procesos judiciales de aquellas mujeres que fueron detenidas en el ejercicio de su derecho a decidir, en la búsqueda de la interrupción legal del embarazo.
El sobreseimiento de los procesos judiciales de todas aquellas mujeres que llevan algunos procesos por ejercer su derecho a la libre manifestación de ideas, a la protesta, la organización y la participación política.
Que el Estado mexicano dé seguimiento institucional, investigación y resolución de los casos de violencia sexual, violación, abuso médico y negación de servicios públicos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.
Que el Estado mexicano dé seguimiento institucional, investigación y resolución de los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por motivos políticos.
Que el Estado mexicano trabaje de forma conjunta e interinstitucional para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer de manera plena, informada y segura todos sus derechos y que en caso de violaciones a sus garantías, puedan acceder a procesos de justicia popular e institucional desde una perspectiva de género y de juventudes que las reconozca plenamente.
Que el Estado mexicano genere los mecanismos necesarios para que las leyes que “protegen” a las mujeres de la violencia puedan hacerse valer garantizando no sólo los procesos de justicia pronta y expedita, sino la prevención de las agresiones.
Que el Estado mexicano repare de forma integral del daño para todas las mujeres que en el ejercicio pleno de sus libertades sexuales y políticas han sufrido algún tipo de represión y criminalización.
VII.VI.III Feminicidio
Que el Estado mexicano garantice que ningún feminicidio quedará impune y que se realizarán investigaciones que tengan el contexto de la violencia de género para evitar la re-victimización y dar con el paradero, juicio y castigo de los culpables.
Que el Estado mexicano revise su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada, a fin de poner fin a la violencia e inseguridad que afectan a mujeres y niñas.
Que el Estado mexicano garantice capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos y todas las funcionarias y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Que se garantice el acceso a la justicia de las mujeres.
Que se repare de forma integral los daños por las irregularidades, omisiones y acciones indebidas en las investigaciones de los feminicidios.
Que el Estado mexicano garantice la no repetición del daño en feminicidio.
VII.VI.IV Violencia, discriminación y crímenes de odio
Que el Estado mexicano dé cumplimiento íntegro del artículo 1 constitucional.
Que el Estado mexicano respete la Declaración de la ONU (2008).
Que el Estado mexicano cumpla el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México (2012).
Que el Estado mexicano firme los Principios de Yogyakarta (2006).
Que el Estado mexicano garantice el ejercicio pleno del Derecho a la diversidad y disidencia sexual y el Derecho a la identidad de género.
Que el Estado mexicano genere las leyes, instituciones u organismos, procedimientos y sanciones encaminadas a combatir y erradicar la homolesbobitransfobia, por lo que se requieren acciones urgentes que incidan en la eliminación del acumulado heteropatrialcal hegemónico y dominante de la sexualidad humana que ha establecido a la heterosexualidad como la única opción válida para el ejercicio del amor, la familia, la sexualidad y felicidad.
Que el Estado mexicano garantice que ningún crimen de odio por homolesbobitransfobia quedará impune y que se realizarán investigaciones que tengan el contexto de la violencia de género para evitar la re-victimización y dar con el paradero, juicio y castigo de los culpables.
Que el Poder Ejecutivo y/o el Poder Legislativo a nivel federal, impulsen una iniciativa que dote de facultades a la Procuraduría General de la República (PGR) para contabilizar los crímenes de odio por homolesbobitransfobia en todo el país, tal como se ha insistido en el caso del feminicidio.
Que el Poder Ejecutivo y/o el Poder Legislativo a nivel federal, presenten un marco legal que castigue las declaraciones y discursos homofóbicos de ministros de culto y jerarcas católicos; así como de comentaristas de radio, televisión, prensa escrita y políticos que discriminan la diversidad sexual y emiten mensajes que incitan a la violencia.
1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2013). ¨International Labor Office, Forced Labour and Human Trafficking. A Handbook for Labour Inspectors”. México: CNDH, Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, p.15.
2 San Juana Martínez (2013). ¨La trata de mujeres genera 10 mil millones de dólares al año a cárteles mexicanos”. Mexico: La Jornada, 16 de Octubre. Disponible en:http://www.jornada.unam.mx/2013/01/06/politica/002n1pol
3 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2005). “Contra la Trata de Niños, Niñas y Adolescentes”. Mexico: UNICEF, Diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, p 38.
4 Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (2013). “Informe anual de datos georeferenciados del Sistema Alerta Roja (SAR)” p.14
5 Paris Martínez (2014). “Hampa mexicana prefiere a mujeres jóvenes para la explotación sexual y a indígenas para trabajo”. México: Animal Político, 14 de octubre. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2014/09/hampa–mexicano–prefiere–mujeres–jovenes–para–la–explotacion–sexual–y–indigenas–para–trabajo–forzado–onu/
6 Martínez, San Juana. Op. cit.
7 Comisión Nacional de Derechos Humanos, op.cit., p. 39
11 Bertha Teresa Ramírez (2014). “Señala diputada que trata de personas es el tercer negocio más redituable del mundo”. México: Lajornada. 14 de octubre. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/07/31/senala–diputada–que–trata–de–personas–es–el–tercer–negocio–mas–redituable–del–mundo-3299.html
12Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op.cit., p. 37
13 San Juana Martínez (2013). “La trata de mujeres genera 10 mil millones de dólares al año a cárteles mexicanos” México: Lajornada, 14 de octubre. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/01/06/politica/002n1pol
15 Comisión Nacional de Derechos Humanos Op. cit., p. 17
16 Anarella Velez (2010) “Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo”. México: Estudiosdelamujer.blog´s, 14 de octubre. Disponible en: http://estudiosdelamujer.wordpress.com/2010/09/26/programa-de-accion-de-la-conferencia-internacional-sobre-la-poblacion-y-el-desarrollo-el-cairo-1994/
17 Ver ficha del Caso Derechos Sexuales y Reproductivos en Durango.
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2013) Estadística por el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. México: INEGI, 12 de octubre. Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/violencia0.pdf
19 Ver ficha del Caso de Yakiri Rubio
20 Elena Azaola (1990). La institución correccional en México: una mirada extraviada. México: Ed. Siglo XXI, p. 326
21 Ver ficha del Caso Ana Lilia Yépez Cancino
22Elena Azaola y Cristina José (1996). Las mujeres olvidadas: un estudio sobre la situación actual de las cárceles de mujeres en la república mexicana. México: Ed. El Colegio de México, p. 426
23 Marisa Belausteguigoitia (2011). Mujeres en Espiral: Justicia y Cultura en espacios de reclusión”, en Claudia de Anda. México: Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.
24 Julia Estela Monárrez Fragoso (2009). “Peritaje sobre Feminicidio Sexual Sistémico en Ciudad Juárez. Caso 12.498 “González y otras vs México” Campo Algodonero.” México: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 08 de octubre de 2014, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/Expedientes/Mon%C3%A1rrez.pdfx
25 Ver ficha del Caso Mallinali Saucedo Valdez.
26 Participación del OCNF en la Audiencia Temática de Feminicidio y Violencias de Género del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México.
27 Lourdes Aguilar Romero (2014).”Ocupa México el 16º lugar en feminicidios”. México: Punto Crítico, 07 de octubre, Disponible en: http://www.elpuntocritico.com/noticias–mexico/noticias–politica–mexico/91361-ocupa–m%C3%A9xico–el-16%C2%BA–lugar–en–feminicidios.html
28 Dictamen de la pre-audiencia de género y feminicidio, celebrada en la Ciudad de México los días 4, 5 y 6 de agosto de 2014, pág. 1.
29 La sodomía es un término de origen religioso que hace referencia al acto de realizar actos sexuales entre hombres y por lo cual de acuerdo a la ley divina, se debe ser condenado y castigado. Este pasaje bíblico además hace referencia al tema del castigo a la homosexualidad.
Daniel Helminiak (2007). “Sodomía: la mítica invención de un pecado”. México: Letra S, 5 de octubre de 2014, Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2007/08/02/ls–sodomia.html
30J. Hernández (2013). México ocupa el segundo lugar en el mundo en crímenes de odio por homofobia: OIKOS. México: Sin embargo, 5 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/17-05-2013/624189
31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. México, 2014. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/2.htm?s
32 Ver ficha del Caso del Maestro Filo.
33 Consejo Nacional para prevenir la discriminación (2010). Encuesta nacional sobre discriminación en México: CONAPRED, 4 de octubre de 2014. Disponible en: http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-RG–Accss-002.pdf
34 Ibid, p.12
35 Ver ficha del Caso Ilsa Aguilar.
36 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2012). Conociendo México. México: INEGI, 8 de octubre de 2014 Disponible en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/mexcon/folleto_nacional_pliegos_baja.pdf
37 El Catecismo de la Iglesia Católica. Disponible en:
38 Para lee más cifras del Matrimonio igualitario en México consulte el sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_M%C3%A9xico
39 Redacción (2013). “México, segundo lugar mundial en crímenes de odio: ONG; la homofobia predomina entre mexicanos.” México: Sin embargo, 8 de Octubre de 2014. Disponible en: http://www.sinembargo.mx/17-05-2014/994214
40 Antonio Medina (2005). “Asesinan en Querétaro al psicólogo Octavio Acuña, destacado activista gay”. México: NotieSe, 8 de Octubre. Disponible en: http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=5
41 SIPAZ (2011). “Guerrero: asesinato brutal de activista LGBT en Chilpancingo”. México: Blog Sipaz, 8 de Octubre 2014. Disponible en: http://sipaz.wordpress.com/2011/05/05/guerrero–asesinato–brutal–de–activista–lgbt–en–chilpancingo/
42 Gabriela Hernández y Jenaro Villamil (2012). “Asesinan a Agnes Torres, activista transgénero”. México: Proceso, 8 de octubre 2014. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=300753
43 Ver ficha del Caso Jazz Bustamante.

References: artículo 21
 artículo 1
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