Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/C-604-16.htm
Timestamp: 2019-03-26 16:32:22+00:00

Document:
C-604-16
NORMA DEL CODIGO GENERAL DEL PROCESO SOBRE VALORACION DE MENSAJES DE DATOS-Inhibición para decidir de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda
CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Valoración de impresión en papel de mensajes de datos de conformidad con las reglas generales de documentos
Referencia: Expedientes acumulados D-11396 y D-11403
Actores: José Salomón Blanco Gutiérrez[1] (D-11396), Karen Viviana Suárez Ruiz y Andrés Guzmán Caballero (D-11403).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia.
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral 4 de la Constitución Política, los demandantes acusan de inconstitucional el inciso 2º del artículo 247 de la Ley 1564 de 2012.
Mediante providencia de diecinueve (19) de mayo de dos mil dieciséis (2016), el Magistrado Sustanciador dispuso admitir la demanda, por considerar reunidos los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991, corrió traslado al Procurador General de la Nación y comunicó el inicio del proceso a los presidentes de la República y del Congreso, a los Ministros del Interior; de Justicia y del Derecho, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y a los Directores del Departamento Nacional de Planeación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
De igual forma, invitó a participar a las Facultades de Derecho de las Universidades Externado de Colombia, Javeriana, Nacional de Colombia, ICESI de Cali, Libre, Eafit de Medellín, del Atlántico, de la Sabana, Sergio Arboleda, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia y del Rosario. Así mismo, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la Nación, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a la Cámara de Comercio Electrónico, al Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de Los Andes – GECTI- y a la Fundación Karisma, con el objeto de que emitieran concepto técnico sobre la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991.
Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre los expedientes de la referencia.
1.1. Los actores argumentan que la norma impugnada “viola los preceptos procesales relacionados con la incorporación de las pruebas documentales, así como los requisitos de validez jurídica de los mensajes de datos vigente”, que permiten establecer la veracidad y examinar ese tipo de información con el “rigor técnico necesario”. En este sentido, señalan que los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, sobre comercio electrónico, establece como requisitos de validez jurídica de un mensaje de datos, que “esté escrito… esté firmado y… sea original”.
Subrayan que la sola impresión del mensaje de datos no refleja los requisitos de escritura, firma y originalidad. No se podría “acceder” a una impresión para su posterior consulta, como lo exige el artículo 6 de la Ley 527; no podría identificarse el iniciador del mensaje de datos, como lo impone el artículo 7 ídem., y tampoco podría considerarse original, en los términos del artículo 9 ídem, debido a que no existiría garantía de que el mensaje no fue modificado o se ha conservado inalterado desde que se creó. La “volatilidad” de esta clase de documentos los haría susceptibles de ser modificados, al momento de ser consultados, copiados, impresos o comunicados.
1.3. Desde otro punto de vista, los actores consideran un “contrasentido legal” que dos leyes prevean “dos criterios de valoración de los mensajes de datos”. Por un lado, se hallaría el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, que ordena tener en cuenta “la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado…, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente”, y por otro lado, se contaría con la disposición demandada del Código General del Proceso, según la cual: “la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos”.
2. Por último, los demandantes Karen Viviana Suárez Ruiz y Andrés Guzmán Caballero (expediente D-11403) consideran que el aparte acusado vulnera el principio de supremacía constitucional (art. 4 C. P.) y el bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.).
Considera que el inciso objeto de controversia, al prever que la impresión del mensaje de datos debe ser valorada de conformidad con las normas generales sobre los documentos, complementa las reglas de interpretación y los criterios de apreciación de los mensajes de datos, contenidos en la Ley 527 de 1999, pero no afecta ni modifica la competencia y obligación del juez de evaluar el mérito de esa y todas las pruebas. Si bien la impresión del mensaje de datos traería consigo la transformación del documento electrónico, esto no implicaría la pérdida del valor probatorio que le es propio, ni tampoco afectaría el principio cardinal que establece la equivalencia funcional de los mensajes de datos y los documentos tradicionales, reconocido de los artículos 5 al 8 de la Ley 527 de 1999.
Considera que al establecer que la simple impresión en papel del mensaje de datos se debe valorar como documento, la norma hace aplicable la presunción de autenticidad del artículo 244, inciso 6, del C.G.P. y las reglas sobre tacha de falsedad y desconocimiento de documentos (arts. 269 a 273 ídem.). Correlativamente, la disposición no comportaría la derogación de los requisitos de confiabilidad, conservación y forma de identificación de su iniciador, establecidos en la ley de comercio electrónico, como erradamente lo consideran los demandantes. Tampoco incidiría en su presunción de autenticidad, en la posibilidad de controvertirla, ni en la forma de valoración.
Explica que el Código General del Proceso hace referencia a «documentos» de tipo físico y electrónico que, a su vez, pueden ser originales o reproducidos. Un original sería aquél medio en que se creó el documento, que permite garantizar su autenticidad e integridad, conforme al artículo 3 de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos), de tal manera que, por ejemplo, si un título valor se plasmó en un papel su original será físico, mientras que si se generó mediante un mensaje de datos, el documento es originalmente electrónico.
Con base en el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, el interviniente señala que la naturaleza electrónica del documento depende de que su soporte sea informático, de ahí que el artículo impugnado no otorgue ese tratamiento a las impresiones de los mensajes de datos y ordene su valoración conforme a las reglas generales sobre los documentos. Ambas clases de documentos, en todo caso, se presumirían auténticos y la única diferencia sustancial radicaría en la forma de utilizar la tacha de falsedad o el desconocimiento del elemento en cuestión.
4.3.1. Asociación Bancaria y de Entidades Financieras – Asobancaria-
Sostiene que la argumentación de los demandantes, en relación con el desconocimiento del artículo 4 C.P., carece de los requisitos formales que debe cumplir un cargo de inconstitucionalidad. Carecería de claridad, pues no permitiría determinar de qué manera el inciso impugnado es contrario al citado artículo; de certeza, dado que no sería confrontado con el texto de la Carta; de especificidad, por cuanto “la proposición presentada por los accionantes no es verificable. Los argumentos… los remite a los descritos en el acápite de vulneración del debido proceso”; de pertinencia, porque el argumento “no es confrontado con la Constitución”, y de suficiencia, en razón de que no permitiría a la Corte decidir de fondo.
En el mismo sentido, el interviniente cita parcialmente los artículos 4 de la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública nacional, y 19 de la Ley 594 de 2000 o ley general de archivos, y asevera que los obligados al cumplimiento de las dos leyes deben garantizar la autenticidad, integridad, inalterabilidad, veracidad y fidelidad de la información, documentos y archivos en cualquier soporte. La función archivística, además, bridaría elementos técnicos que pueden ser tenidos en cuenta para la determinación de los mencionados atributos del documento, como para identificar los criterios técnicos de valoración de los mensajes de datos reglamentados en el artículo 11 de la Ley 527 de 1999.
Mediante escrito radicado en esta Corporación en la oportunidad procesal correspondiente, el Procurador General de la Nación presentó el concepto 006135, conforme a lo previsto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución, en el que solicita a la Corte inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo y, subsidiariamente, declarar la constitucionalidad de la norma acusada.
6.2.2. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener: “(i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, su trascripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial de las mismas; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; (iii) las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente para conocer de la demanda”.
Tampoco el cargo es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición. Y, por último, la suficiencia implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del legislador[2].
6.2.4.2. En el sistema jurídico nacional, el anterior modelo de regulación de mensajes de datos fue recepcionado, en lo sustancial, a través de la Ley 527 de 1999, “mediante la cual se reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Según la exposición de motivos de la Ley, la normatividad fue creada, entre otros fines, con el objeto de proporcionar fundamento jurídico a las transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos y darle fuerza probatoria a los mensajes de datos con relevancia jurídica en la materia[3].
La Ley 527 consta de tres partes básicas. En la primera, el legislador estableció un conjunto de disposiciones generales sobre el uso de los mensajes de datos, en la segunda, previó reglas sobre el comercio electrónico en materia de transporte de mercancías, y en la tercera parte, reglamentó lo relativo a las firmas digitales, los certificados y las entidades de certificación. Bajo del Modelo de la CNUDMI, inicialmente el proyecto de ley preveía normas destinadas a organizar y regular primordialmente el comercio electrónico. Sin embargo, como lo ha constatado la Corte[4], el Congreso luego adoptó una perspectiva más amplia sobre el problema del uso general de los documentos electrónicos y creó una legislación también más integral al respecto.
6.2.4.5. Para que lo aquí interesa, resulta relevante destacar algunas disposiciones previstas en la parte primera de la Ley (primeros dos capítulos). El legislador definió como mensaje de datos toda información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax. A su vez, conceptualizó el Intercambio Electrónico de Datos, como la transmisión electrónica de datos de una computadora a otra, estructurada bajo normas técnicas previstas para ese propósito (art. 1).
La Ley 527, así como el modelo de la CNUDMI, pretenden crear, en relación con el uso masivo del documento tradicional en papel, una nueva plataforma documental homóloga, a partir de una reconceptualización de nociones como “escrito”, “firma” y “original”, con el propósito de dar entrada al empleo de técnicas basadas en la informática[5]. En este sentido, el fin de dichas regulaciones es la creación de los denominados “equivalentes funcionales”, es decir, de técnicas y mecanismos telemáticos orientados a cumplir la misma función que desempeñan los tradicionales documentos en papel, con idénticas garantías de seguridad y confianza en la información consignada.
De esta manera, si el papel hace que el documento sea legible para todos, asegura su inalterabilidad a lo largo del tiempo, permite su reproducción y autenticación y proporciona una manera aceptable de presentación ante las autoridades públicas y los tribunales, el propósito de una legislación sobre el documento electrónico es establecer los requisitos técnicos y jurídicos, a partir de las cuales, todas esas funciones puedan ser realizadas por la documentación basada en mensajes de datos. En la mayoría de los casos, según la Ley Modelo, dicho tipo de documento podría de hecho realizar con mucha mayor fiabilidad y rapidez las mencionadas funciones, por la facilidad para determinar el origen y del contenido de los datos[6].
Conforme a lo anterior, el artículo 6 de Ley 527 de 1999 estableció que en todos aquellos casos en los cuales una norma jurídica requiera que la información conste por escrito, el requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la respectiva información es accesible para su posterior consulta. Por su parte, el artículo 7 previó que cuando se exija la firma del correspondiente documento, la exigencia se entenderá cumplida si se utiliza un método que permita identificar al iniciador del mensaje y determinar que el contenido cuenta con su aprobación, y si es confiable y apropiado para el propósito en virtud del cual el mensaje fue generado o comunicado.
Y, a la luz del artículo 8 ídem, en todos los supuestos en los cuales la ley imponga que la información sea presentada y conservada en su forma original, esta exigencia quedará llevada cabo con un mensaje de datos, siempre que obre alguna garantía confiable de que se ha conservado la integridad de la información, a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, como mensaje de datos o en alguna otra forma, y además, si de requerirse su presentación, puede ser efectivamente exhibida.
Para efectos del artículo anterior, además, la Ley 527 considera que la información contenida en un mensaje de datos es íntegra, siempre que haya permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación. Señala, así mismo, que el grado de confiabilidad requerido, será determinado a la luz de los fines para los que se generó la información y de todas las circunstancias relevantes del caso (art. 9).
La confiabilidad en el contenido de los mensajes de datos, como lo puso de presente la Corte Suprema de Justicia en sentencia citada por los demandantes, depende de mecanismos técnicos que garanticen su integralidad, inalterabilidad, rastreabilidad, recuperabilidad y conservación. La integralidad asegura que el contenido transmitido electrónicamente sea recibido en su totalidad; la inalterabilidad garantiza la permanencia del mensaje en su forma original, mediante sistemas de protección de la información; la rastreabilidad permite al acceso a la fuente original de la información; la recuperabilidad posibilita su posterior consulta y de la conservación depende su perdurabilidad en el tiempo, contra deterioros o destrucción por virus informativos[7].
En el ámbito probatorio, la Ley establece que los mensajes de datos son medios de convicción y su fuerza en cuanto tales corresponde hoy, cabe aclarar, a la otorgada a los documentos en general en el Código General del Proceso. Así mismo, la regulación prohíbe expresamente negar capacidad demostrativa, efectos o validez jurídica, en cualquier actuación judicial o administrativa, a la información contenida en mensajes de datos, por el sólo hecho de tratarse de información en esa clase de soporte o por no haber sido presentada en su forma original.
El primer inciso del artículo 247, interpretado conjuntamente con el artículo 2 de la Ley 527 de 1999, comporta que si una información generada, enviada o recibida a través de medios electrónicos, ópticos o similares, como el EDI, el Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax, es allegada al proceso en el mismo formato o en uno que reproduzca con exactitud la modalidad en que fue transmitida o creada, ese contenido deberá valorarse como un mensaje de datos. Más exactamente, esto quiere decir que solo si el mensaje electrónico es aportado en el mismo formato en que fue remitido o generado, de un lado, se considerará un mensaje de datos y, del otro, deberá ser probatoriamente valorado como tal.
Lo anterior, a su vez, supone dos elementos. En primer lugar, debido a que la norma hace referencia a la incorporación de verdaderos mensajes de datos, como pruebas, al proceso, su introducción a la actuación presupone los «equivalentes funcionales» a los que se hizo referencia con anterioridad, previstos en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que reemplazan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de su aportación en original.
La incorporación al proceso del documento electrónico supone, también se advirtió, los «equivalentes funcionales» a los que hacen relación los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999, que homologan la exigencia escritural del documento, la necesidad de la firma y la obligación de su aportación en original. Y, por otro lado, presupone también que tales mensajes deben ser valorados con arreglo, además de la sana crítica, a su confiabilidad, derivada de las técnicas empleadas para asegurar la conservación de la integridad de la información, su inalterabilidad, rastreabilidad y recuperabilidad, así como de la manera de identificación del iniciador del mensaje.
PRIMERO.- Declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo sobre el inciso 2º del artículo 247 de la Ley 1564 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, por ineptitud sustancial de la demanda, en relación con el cargo formulado.
LUIS ERNESTO VARGAS SILVA (P)
[1] El actor suscribió la demanda con Juan Ricardo Gelvez. Sin embargo, este no acreditó, mediante diligencia de presentación personal, su condición de ciudadano en ejercicio.
[2] Una explicación amplia de las exigencias que deben cumplir los cargos puede encontrarse en la Sentencia C-1052 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[3] En la Sentencia C-662 de 2000, se indicó: “Colombia se pone a tono con las modernas tendencias del derecho internacional privado, una de cuyas principales manifestaciones ha sido la adopción de legislaciones que llenen los vacíos normativos que dificultan el uso de los medios de comunicación modernos, pues, ciertamente la falta de un régimen específico que avale y regule el intercambio electrónico de informaciones y otros medios conexos de comunicación de datos, origina incertidumbre y dudas sobre la validez jurídica de la información cuyo soporte es informático, a diferencia del soporte documental que es el tradicional”.
[4] Cfr. Sentencia C-831 de 2001.
[5] Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, con la Guía para su incorporación al derecho interno, 1996, con el nuevo artículo 5 bis, aprobado en 1998. Organización de las Naciones Unidas. New York, 1999, p. 20.
[7] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de diciembre de 2010, expediente 11001 3110005200401074.

References: artículo 241
 artículo 241
 artículo 247
 artículo 13
 artículo 242
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 244
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 247
 artículo 2
 artículo 247
 artículo 5