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Timestamp: 2020-08-10 07:00:03+00:00

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Ageitos, Stela Maris - La Historia de La Impunidad | Presidentes de los Estados Unidos | Gobierno de los Estados Unidos
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Argentina (1976/1989): Desde las Actas del Proceso a los indultos de Menem.
PROLOGO: Osbaldo Bayer EPILOGO: Rafael Bielsa
AUNQUE SUPIERA QUE MAÑANA EL MUNDO SE HABRIA DE DESINTEGRAR, IGUAL PLANTARIA MI MANZANO.
1.- EL GOLPE 2.- LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL 3.-LA LEY SACRILEGA 4.- EL PAIS ESQUIZOFRENICO 5.- EL INFORME FINAL 6.- EL ENTIERRO DE LOS VIVOS 7.- LOS NIVELES DE IRRESPONSABILIDAD 8.- LA COMISION BICAMERAL 9.- LOS JUICIOS 10.- LA LEY DEL PUNTO FINAL 11.- LA LEY DE LA OBEDIENCIA DEBIDA 12.- LOS INDULTOS
A todos mis colegas de las Organizaciones Defensoras de los Derechos
Humanos, que en todos estos años crearon los caminos necesarios para
esquivar los obstáculos legislativos y jurídicos que se fueron interponiendo para
el esclarecimiento de la verdad. Muchos de aquellos trabajos integran ideas
desarrolladas en los capítulos de este libro.
En primer lugar, tratar de elaborar una cadena de resoluciones legislativas, administrativas, judiciales y políticas llevadas a cabo desde que se inicia el Terrorismo de Estado en nuestro país hasta los gobiernos demócraticos que lo sucedieron, a fin de demostrar que ha primado la intencionalidad de cerrar toda alternativa de investigación para conocer la verdad de los detenidos-desaparecidos, tanto durante la època de facto como en la de los gobiernos democráticos.
En segundo lugar, tratar de sistematizar y en cierto modo celebrar, las tareas y búsqueda constante desarrolladas no sólo por los familiares dierectos de las víctimas, sino también por mis colegas.
Por último intentar enfocar una teoría acerca de la historia de la Impunidad en la Argentina. Es decir, referirnos a aquellos hechos (criminales) que han quedado sin castigo, como asi, también, hacer referencia a los responsables (culpables) que les ha faltado castigo. Para que ello ocurra deberán tenerse en cuenta dos circunstancias. Por un lado, una voluntad política seguida del acatamiento general de la comunidad, y por otro lado, una norma jurídica que así lo determine, sea una ley, una resolución judicial, un indulto. Cuando hablemos de Impunidad, vamos a hacer referencia a que existiendo remedios y recursos legales para investigar y castigar a todos aquellos que cometieron hechos aberrantes, se decide privilegiar a determinados estamentos del Estado, integrantes, por ejemplo, de alguna fuerza de seguridad de la Nación, y que, por ese hecho y sólo cuando ello ocurra, no seran juzgados.
Y en última intancia si han sido juzgados y hasta eventualmente condenados, por ejemplo, por
delitos aberrantes (Delitos de Lesa Humanidad), pueden ser liberados. Los crímenes de Lesa Humanidad son aquellos que no solo atentan contra una o varias
personas, sino contra la conciencia general de la humanidad, en cuanto tiene efectos destructivos sobre las posibilidades de convivencia civilizada.
El origen jurídico de esta denominación lo encontramos en el Tribunal de Nüremberg, Alemania
(l945/1946), donde fueron juzgados los criminales nazis de la Segunda Guerra Mundial. El art. 60 del Estatuto de Nüremberg afirma que se entiende por “Crimen de Lesa Humanidad:
el asesinato, el exterminio, la reducción a esclavitud, la deportación o cualquier otro acto
las persecuciones por motivos
inhumano cometido contra la población civil
políticos, raciales o religiosos, constituyan o no violación del derecho interno de los países ”
donde se cometan
Impunidad significa, redondamente, dejar sin juicio ni castigo a los culpables de un crimen. Dejar sin juicio ni castigo a los Crímenes de Lesa Humanidad significa, además, tolerar y dejar intactas las estructuras y actitudes que han hecho posible llevar adelante esos crímenes y fundamentalmente, eludir la responsabilidad de salvaguardar los valores básicos de convivencia de una comunidad (la famosa “reconciliación nacional”). Por ello, el Derecho Internacional ha ido estableciendo la necesidad que estos crímenes no tengan beneficio de la anmistía, ni prescripción, ni caducidad, ni indultos. Inclusive que los culpables sean extraditados y hasta juzgados en el paìs donde se encuentren. Como así también, que no solo se enjuicie al autor directo del delito, sino también a los indirectos, cómplices, instigadores y encubridores.
Desde la década de los años sesenta, en la mayoría de los regímenes del continente americano, se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Torturas, asesinatos políticos, secuestros, desapariciones forzadas, muertes, genocidio. Todo ello aplicado en forma sistemática para reprimir movimientos populares o proyectos políticos de oposición al poder. Esta política ha sido aplicada, en principio, por los gobiernos dictatoriales de facto y consentidos, en muchos casos, por los gobiernos democráticos, inspirados, todos, en la ideología de la Seguridad Nacional.
Las transformaciones políticas orurridas en los últimos años en el continente no han logrado erradicar totalmente prácticas graves de violación a los derechos humanos del hombre y de los pueblos, porque o bien se han dictado leyes de impunidad, o bien, directamente se han anmistiado e indultados a los responsables de los crímenes. Los principios asentados por el Tribunal de Nüremberg, en cuanto a que estos crímenes son imprescriptibles y de jurisdicción universal, han sido desconocidos, en su mayoría, por los gobiernos del continente. Estoy convencida que la Impunidad seguirá siendo un escollo importante para la vigencia real de los derechos básicos de los hombres y de los pueblos.
Desde las actas, leyes, decretos y documentos del Proceso, los juicios, intrucciones y leyes del Dr. Raúl R. Alfonsín, hasta los indultos presidenciales del Dr. Carlos S. Menem.
"En la vasta pirámide erigida sobre la República por el aparato represivo, en sus cámaras subterráneas prosperan los centros clandestinos de detención. Allí, en las sombras de la nocturnidad desarrolla su macabra tarea el lumpen consagrado a la tortura, la violación y el asesinato. Ellas serán las cloacas donde el sistema perverso habrá de evacuar su peores excrecencias abonadas con las carnes laceradas de miles y miles de desdichados. En la cúspide, los comandantes lucirán sus mejores entorchados, ajenos a sus ojos al horror
subterráneo, al olor putrefacto sus olfatos, imperceptibles sus oídos al grito desgarrador de los "
atormentados; pero, plenos conocedores de este submundo donde reina el espanto
FEDERICO MITTELBACH (INFORME SOBRE DESAPARECEDEROS)
Nuestro país adopta para su Gobierno la forma Representativa, Republicana y Federal, con base en la división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo está constituido por dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de Senadores de las Provincias. y de la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente por el pueblo de las Provincias, de la ciudad de Buenos Aires y de la Capital. El Senado se compone de tres Senadores por cada Provincia y tres por la Ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta. La formación y sanción de las leyes es una función que, con las modalidades que prevee nuestra Constitución Nacional corresponde exclusivamente al Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo está a cargo de un ciudadano que con el título de Presidente de la Nación Argentina es elegido directamente por el pueblo, en doble vuelta, según lo establece la nueva normativa.
La misma Constitución establece el procedimiento que debe aplicarse para el desempeño del
Poder Ejecutivo cuando surjan circunstancias especiales: en caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará que funcionario público ha de desempeñarse en la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo Presidente sea electo. El Poder Judicial es ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás Tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Los Magistrados son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en seción pública y con respecto a los Tribunales Federales Inferiores el Poder Ejecutivo nombra a los Jueces en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado y en sesión pública, esto último según lo ha dispuesto la nueva Carta Magna. En ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. Si bien la nueva Constitución confeccionada recientemente en la ciudad de Paraná recepta en su art. 36 que " Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiera su observancia por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, considerándose estos como insanablemente nulos ", lamentablemente no ha receptado que los Crímenes de Lesa Humanidad sean considerados imprescriptibles, como lo dispuso la Convención Nacional Constituyente del Paraguay ( 1991-1992 ) en su Art. 5 : " Nadie será sometido a torturas ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El genocidio y la tortura, así como la desaparición forzada de personas, el secuestro y el homicidio por razones
políticas son imprescriptibles
Durante mucho tiempo, nuestro país ha vivido una prolongada inestabilidad jurídica, política, social y cultural que ha dado lugar a profundas crisis institucionales; al nacimiento de gobiernos de facto con características profundamente totalitarias; a la implementación de la pena de muerte; a modificaciones sustanciales en los procedimientos de organización de los tres Poderes del Estado; a la promulgación y ejecución de legislaciones represivas. El último gobierno constitucional que terminó normalmente su mandato fue el de Juan Domingo Perón ( 1946-1952 ). Ni siquiera el mandato constitucional del Dr. Raúl Alfonsín pudo terminar normalmente, que debió retirarse, aunque por otras causas, algunos meses antes de su culminación. El Dr. Carlos Saúl Menem, de acuerdo a la nueva Constitución, es recién, el segundo Presidente Constitucional que culminaría su período en forma normal.
Las dictaduras militares fueron las encargadas de impedir la terminación normal de los mandatos legales, ya que, salvo las excepciones mencionadas, ningún gobierno pudo completar su gestión originada en la elección popular. Cuando se producen los descalabros institucionales, los derechos y garantías que corresponden a una adecuada protección del ser humano y de los pueblos y a sus valores supremos son alterados, confundidos y casi siempre violados. El ordenamiento jurídico vigente se ve modificado por el NUEVO GOBIERNO. Su llegada se fundamentará, reiteradamente, en " que resulta necesario reestablecer la vigencia de los valores de la moral cristiana y la dignidad humana" ; " mantener la vigencia plena del orden jurídico y social" ; todos harán referencia a DIOS.
El día 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina amanecía con un nuevo sistema jurídico institucional: SE LEGALIZABA EL SISTEMA REPRESIVO Y QUEDABA CONSTITUIDO EL TERRORISMO DE ESTADO. Daba comienzo un trágico periodo donde iban a ser violados en forma sistemática, y, quizás, como nunca, los derechos humanos fundamentales, como la vida, la integridad física y la moral, la dignidad, la libertad, la identidad y la vida familiar, la seguridad, el respeto a las convicciones religiosas. El plan criminal que se ponía en marcha - " fiel a los preceptos morales y cristianos del nuevo régimen"- sería ejecutado por los agentes del Estado que, con autorización o bajo órdenes de sus superiores, quedarían comprometidos a garantizar la impunidad y el secreto de sus acciones. Ese mismo día, se sancionaba la "ley" Nro. 21.256 ( publicada en el Boletín Oficial con fecha 26-03-76 ) que aprobaba el Reglamento para el funcionamiento de la JUNTA MILITAR:
PODER EJECUTIVO NACIONAL Y LA COMISION DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO.
Artículo 1. Apruébase el adjunto Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo. Artículo 2. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial Y archívese.
1 - Junta Militar.
1.2 Jerarquía y carácter. Será el órgano supremo del Estado encargado de la supervisión del
estricto cumplimiento de los objetivos establecidos
1.3.1. Lugar : Para la 1º fase en el edificio Comando General del Ejercito. posteriormente a
determinar por la Junta Militar
1.3.2. Duración : A partir del momento de la constitución de la Junta Militar, los Comandantes
Generales durarán en sus funciones un máximo de tres (3) años y según cada una de las Fuerzas
1.3.3. Convocatoria de la Junta Militar: Será realizada a pedido de cualquiera de sus miembros.
Dicha convocatoria tendrá carácter de obligación ineludible.
1.3.5. Ausencia temporaria: Se procederá según lo determinado en el artículo 1º, 2º párrafo del
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, excepto en el caso de elección o
remoción del Presidente de la Nación, que se realizará conforme a lo establecido en el art. 2º del Estatuto.
1.4.2. Supervisar el cumplimiento de los objetivos básicos y de sus políticas concurrentes
durante todo el desarrollo del proceso.
1.4.4. Convocar al seno de la Junta a cualquier integrante de los gobiernos nacional y
provinciales, para información, asesoramiento y otros efectos.
2.1. Designación. Será un Oficial Superior de la Fuerzas Armadas designado por la Junta
Relevo. Conforme a lo establecido en el artículo 2º del Estatuto.
Ausencia temporaria. En este caso será reemplazado por el Ministro del Interior.
Acefalía. En caso de acefalía el PEN será reemplazado por el Ministro del Interior, hasta la
designación de un nuevo presidente por la Junta Militar
2.5. Juramento. Al tomar posesión de su cargo prestará juramento ante la Junta Militar y en los
siguientes términos: " Sr. N.N. juráis por Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente los Objetivos Básicos fijados, en el Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional y la Constitución de la Nación Argentina "- Sí juro. " Si así no lo hicierais, Dios y la Patria os lo demanden. " 2.6. Atribuciones. 2.6.1.Las determinadas en los artículos 4º, 5º, 9º, 11, 12, y 14 del Estatuto.
2.6.2. Establecer el número de Ministros y Secretarios de Estado que tendrán a su cargo el
despacho de los negocios de la Nación, como asimismo sus funciones y vinculación de
dependencia. 3. Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL).
3.2.1. Ejercer facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas
3.2.2. Asesorar al PEN, llevándole la interpretación del pensamiento militar conjunto respecto
de asuntos trascendentales, considerando la exigencia de dar prioridad a los objetivos establecidos en el documento " BASES" o a las actualizaciones que al mismo introduzca la Junta Militar.
3.3.1. Intervenir en la formación y sanción de las leyes de la Nación de acuerdo al
procedimiento establecido en 4.
3.3.2. Podrá solicitar la concurrencia de Ministros y Secretarios de Estado o su representantes
al seno de la Comisión, para información, asesoramiento, y otros efectos.
3.4.1. Presidencia. Será ejercida en forma rotativa, con una duración de un año y con la
modalidad que establezca la Junta Militar. En caso de ausencia temporaria será reemplazado
por el miembro de la misma Fuerza que le sigue en antigüedad.
3.4.2. Secretaría. Será desempeñada por un Oficial Jefe designado por la Fuerza que ejerza la
Presidencia de la CAL.
3.4.3. Subcomisiones. Los proyectos serán tratados por ocho (8) Subcomisiones de Trabajo,
presididas cada una por uno de los Oficiales Superiores mencionados en 3.1. e integrada por el
número de asesores que se determine.
3.5.2.1. Para secionar la CAL será necesaria la presencia de las tres Fuerzas Armadas,
asumiendo el miembro mas antiguo presente la representación de su Fuerza, para los casos en que sea necesario resolver por votación. Las decisiones deberán ser aprobadas por mayoría absoluta.
La formación y sanción de las leyes se ajustará a lo señalado en 4.
4.1.1. La Presidencia de la Nación, una copia de los proyectos entrados en la Secretaría
4.1.2. Los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas una copia de los proyectos
relativos a aspectos no específicos de sus funciones.
4.2. Los proyectos, una vez registrados en la Secretaría de la Comisión de Asesoramiento
Legislativo, serán tratados en seción plenaria de la misma para su calificación como de Significativa Trascendencia, dentro de las 72 horas de recibidos. En el mismo plazo la Comisión de Asesoramiento Legislativo comunicara al Poder Ejecutivo Nacional la nómina de
los declarados como de Significativa Trascendencia y este podrá sancionar y promulgar los que no hubieran recibido tal calificación.
4.3. La Comisión de Asesoramiento Legislativo y los órganos competentes de la Presidencia de
la Nación coordinaran permanentemente la marcha del estudio de los proyectos calificados como de Significativa Trascendencia.
4.4. Los proyectos calificados como de Significativa Trascendencia por la Comisión de
Asesoramiento Legislativo serán remitidos a la Subcomisión de Trabajo correspondiente, la
que deberá emitir un dictamen provisorio dentro de los 20 días de recibidos salvo que se
tratare del proyecto de ley de presupuesto o de otros de naturaleza compleja por su materia o extensión, en cuyo caso el plazo se extenderá a treinta días corridos, por resolución de la Comisión de Asesoramiento Legislativo previ consulta con el Poder Ejecutivo Nacional.
4.5. Los dictamenes provisorios serán tratados en seción plenaria de la Comisión de
Asesoramiento Legislativo, la que deberá producir dictamen definitivo dentro de los treinta o
cuarenta días de su ingreso a la Secretaría de la Comisión de Asesoramiento Legislativo según lo señalado en 4.4.
4.6. Los dictamenes definitivos serán remitidos al Poder Ejecutivo Nacional dentro de las 72
horas subsiguientes.
4.7. El Poder Ejecutivo Nacional sancionará y promulgará los proyectos calificados como de
Significativa Trascendencia por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, si comparte los
dictamenes definitivos de la misma.
4.8. Para el caso en que el Poder Ejecutivo Nacional no compartiera el dictamen de la
Comisión de Asesoramiento Legislativo, aquel deberá elevar a consideración de la Junta Militar el proyecto con el dictamen definitivo de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y los fundamentos de su desacuerdo, para su resolución por la misma.
4.9. Para los casos de disidencia entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de
Asesoramiento Legislativo aquél promulgará y sancionará el proyecto calificado como de Significativa Trascendencia , según lo resuelto por la Junta Militar”.
1) Estatuto para el proceso de Reorganización Nacional ( conocido oficialmente el 29-
03-76);
2) Acta para el proceso de Reorganización Nacional ( conocida oficialmente el 29-03-76 );
3) Acta fijando el propósito y los objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional ( conocido oficialmente el 31 -03-76).
Artículo 1 La Junta Militar integrada por los Comandantes Generales del Ejercito, la Armada, y la Fuerza Aérea, órgano supremo de la Nación, velará por el normal funcionamiento de los demás poderes del Estado y por los objetivos básicos a alcanzar, ejercerá el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas y designará al ciudadano que con el título de Presidente de la Nación Argentina desempeñará el Poder Ejecutivo de la Nación En caso de ausencia temporaria, enfermedad o licencia de alguno de los miembros de la Junta Militar, el cargo será desempeñado interinamente por el Oficial Superior que lo reemplace en el Comando de la Fuerza
Artículo 2 La Junta Militar podrá, cuando por razones de Estado lo considere conveniente, remover al ciudadano que se desempeña como Presidente de la Nación, designando a su remplazante, mediante un procedimiento a determinar. También inicialmente removerá y designará a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas Ejercerá, asimismo, las facultades que los incisos 15, 17, 18 y 19 del artículo 86 de la
Constitución Nacional otorgan al PEN, como así también las que los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y
26 del artículo 67 atribuyen al Congreso.
La Junta Militar solo secionará con la presencia de la totalidad de sus miembros y sus decisiones las adoptará por simple mayoría. La designación y remoción del Presidente de la Nación se realizará conforme a lo establecido en el artículo 2º.
Artículo 4 El Presidente de la Nación tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 86 de la Constitución Nacional con excepción de lo especificado en sus incisos 1º ( primera parte), 5º ( en lo que respecta a los miembros de la Corte Suprema, cuya designación se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 9º del presente Estatuto), 15, 17, 18 y 19. En lo que respecta al inciso 16 del citado artículo, los empleos de Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas serán provistos por el Presidente de la Nación, a cuyo efecto convalidará las respectivas resoluciones de los Comandos Generales de las Fuerzas Armadas.
Las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, serán ejercidas por el Presidente de la Nación, con
excepción de aquellas previstas en los artículos 45, 51 y 52 y en los incisos 21, 22, 23, 24, 25 y
26 del artículo 67. Una Comisión de Asesoramiento Legislativo intervendrá en la formación y
sanción de las leyes, conforme al procedimiento que se establezca. Artículo 6: En caso de ausencia del país, licencia autorizada por la Junta Militar, o enfermedad del Presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será asumido por el Ministro del Interior con las mismas formalidades establecidas para el Presidente. En caso de acefalía, será remplazado por el precitado Ministro hasta la designación de un nuevo Presidente por la Junta Militar.
Artículo 7 Una ley esta establecerá el número de Ministros y Secretarios de Estado que tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, como asimismo sus funciones y vinculación de dependencia.
Artículo 8 La Comisión de Asesoramiento Legislativo estará integrada por nueve Oficiales Superiores designados tres por cada una de las Fuerzas Armadas.
Artículo 9 Para cubrir vacantes de Jueces de la Corte Suprema de Justicia, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, el Presidente de la Nación convalidará las designaciones efectuadas por la Junta Militar.
Los miembros de la Corte Suprema, Procurador General de la Nación y Fiscal General de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y Jueces de los Tribunales Inferiores de la Nación, gozarán de las garantías que establece el artículo 96 de la Constitución Nacional, desde su designación o confirmación por la Junta Militar o Presidente de la Nación, según corresponda.
A los efectos previstos en los arts. 45, 51 y 52 de la Constitución Nacional, en lo referente a los
miembros de la Corte Suprema y Tribunales Inferiores, el Gobierno dictará una ley para proveer la integración y funcionamiento de un jurado de enjuiciamiento para los magistrados nacionales
Artículo 12 El PEN proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales, y designará a los Gobernadores, quiénes ejercerán sus facultades conforme a las instrucciones que imparta la Junta Militar.
Artículo 13 En lo que hace al Poder Judicial Provincial, los Gobernadores Provinciales designarán a los miembros de los Superiores Tribunales de Justicia y Jueces de los Tribunales Inferiores, los que gozarán de las garantías que fijen las respectivas Constituciones Provinciales, desde el momento de su nombramiento o confirmación. Asimismo, cada Provincia dictará una ley de enjuiciamiento de magistrados judiciales o adecuará la existencia a la situación institucional vigente.
Artículo 14 Los Gobiernos Nacional y Provinciales ajustarán su acción a los objetivos básicos que fijo la Junta Militar, al presente Estatuto y a las Constituciones Nacional y Provinciales en tanto no se opongan a aquellos.
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los veinticuatro días del mes de marzo del año mil novecientos setenta y seis, reunidos en el Comando General del Ejercito,
el Comandante General del Ejercito, Teniente General D. Jorge Rafael Videla, el Comandante
General de la Armada, Almirante D. Emilio Eduardo Massera y el Comandante General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General D. Orlando Ramón Agosti, visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del Gobierno de la República.
9.-Notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos paises.
2. Objetivos básicos.
En forma complementaria, para reforzar y/o ampliar los objetivos originales del Proceso en marcha, las nuevas autoridades dispusieron reformas a alguna de las leyes de la Nación. Así, por ejemplo, se dispuso la " reforma" al Código Penal de la Nación a través de la "Ley" 21.338 que imponía, por un lado, el aumento excesivo de las penas, pensado como el mejor mecanismo de seguridad y control social; y por el otro, se restablecía la pena de muerte.( Publicada en el B.O. 24-05-76 ) Entre otros casos, se declaran ilegales las organizaciones políticas y sindicales ("Ley" 21.322) y se disolvían las organizaciones sociales y sindicales (" ley " 21.325 ) ( publicadas en B.O. 9- 06-76 Y 1-07-76 ).
4.- El General Videla se dirigía a la sociedad argentina aquel 24 de marzo de 1976 de este modo:
"A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país. Por ello, al par que se continuará combatiendo sin tregua la delincuencia subversiva, abierta o encubierta, se desterrara toda demagogia no se tolerará la corrupción o la venalidad bajo ninguna forma o circunstancia ni tampoco, cualquier transgresión a la ley u oposición al proceso de reparación "
Casi diez años después, el 9 de Diciembre de 1985, la CAMARA FEDERAL DE LA CAPITAL FEDERAL, en el proceso seguido a las tres primeras Juntas Militares por excesos cometidos en la lucha antisubversiva (Causa Nº 13 caratulada Causa Originariamente instruida por el Consejo Supremo de las FF.AA. en cumplimiento del Decreto 158/83 del P.E.N.), afirmaba:
de la antijuricidad y del exceso. Se ha recorrido el camino de la guerra; la guerra civil; la guerra internacional; la guerra revolucionaria o subversiva . Se han estudiado las disposiciones del Derecho Positivo Nacional; analizado las reglas escritas del Derecho de Gentes; consultado la opinión de los autores del Derecho Constitucional; del Derecho Internacional Público; de los teóricos de la guerra convencional; y de los ensayistas de la guerra revolucionaria. Se han mentado los usos de la guerra impuestos por los pueblos civilizados. Se han atendido las enseñanzas de la Iglesia Católica. NO SE HAN ENCONTRADO, PUES, QUE CONSERVE VIGENCIA NI UNA SOLA REGLA QUE JUSTIFIQUE O AUNQUE MAS NO SEA , EXCULPE A LOS AUTORES DE HECHOS COMO LOS QUE SON MATERIA DE ESTE JUICIO. Ni el homicidio, ni la tortura, ni el robo, ni el daño indiscriminado, ni la privación ilegal de la libertad encuentran en esas leyes escritas o consetudinarias o en esos autores, una nota de "
justificación o de inculpabilidad
han estudiado las conductas incriminadas a la luz de las justificantes del Código Penal,
" Se ha demostrado que, pese a contar, los Comandantes de las FF.AA. que tomaron el
poder el 24 de marzo de 1976, CON TODOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES Y LOS MEDIOS PARA LLEVAR A CABO LA REPRESIÓN DE UN MODO LICITO, SIN DESMEDRO DE LA EFICACIA, optaron por la puesta en marcha de procedimientos clandestinos e ilegales
sobre base de órdenes que en el ámbito de cada uno de su respectivos comandos, impartieron
Por ejemplo, en mayo de 1977, el Episcopado Argentino se dirigía a la Junta Militar de
entonces en estos términos."
pasa el país. Sabemos de la amenaza a la vida nacional que la subversión ha significado y significa. Comprendemos que quienes son los responsables del "bienestar del país" se hayan vistos precisados a tomar "medidas extraordinarias", comprendemos también que por el cúmulo de circunstancias en que entran a jugar intereses de todo orden, pareciera haberse desatado contra la Argentina una campaña internacional, que nos duele como ciudadanos
en verdad la situación excepcional por la que
amantes de la Patria que somos y por nada quisiéramos vernos involucrados en posturas de
reclamos de las que "no conocemos el origen" atentados contra la vida y fama de las personas
sabemos que se tradujo en todo tipo de
Asi como contra la propiedad
"desinterés" al "servicio de la Patria", que no en pocos casos ha significado la ofrenda de la
Hemos escuchado manifestar muchas veces el carácter cristiano que el gobierno de las "
FFAA quiere imprimir en su gestión
y valoramos "el esfuerzo de gobernantes y funcionarios", "de su entrega" y
así como la "renuncia de logros personales"
En ocasión de visitar la provincia. de Tucumán, en junio de 1976, Monseñor Pio Laghi, habló con Jefes y Oficiales de la Guarnición de Tucumán y les impartió la bendición Papal: “ Uds.
saben encontrar bien una definición de la Patria
cuota de gran sacrificio, sigan ustedes con subordinación y valor y mantengan la serenidad de
"En ciertas situaciones la autodefensa exige tomar determinadas actitudes, con lo que
en este caso habría que "respetar el derecho hasta donde se pueda Nación, 27.06.76).
acción de ustedes es una acción y una
A su regreso a la Capital porteña, Monseñor le decía a un grupo de periodistas:
". (Diario la
" En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas que suprime toda participación amplia del pueblo de las decisiones políticas. Pretende incluso, justificarse en ciertos paises de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de guerra permanente. En algunos casos, expresa una clara intencionalidad de protagonismo político
DOCUMENTO DE PUEBLA (TERCERA CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO)
Reflexiones sobre la violencia política, (México- 1979, Número 527 ).
1- La existencia de miles de personas secuestradas desaparecidas en la Argentina es la consecuencia mas grave de lo que significó la última dictadura militar. Por su gravedad dejó de ser un problema privado y se convirtió en un problema público y político .
La situación dejo de reducirse a una mera situación judicial que enfrenta a familiares afectados con militares o personal de seguridad como imputados, procesados y/o condenados. Si la existencia de personas secuestradas desaparecidas se origina en una política desde el Estado - lo que llamamos Terrorismo de Estado- sus consecuencias no solo afectan a las víctimas y a sus familiares y amigos; sino que afectan al conjunto de la sociedad y requiere, en consecuencia, una respuesta y una elaboración social, pública y política. Las sociedades que no son capaces de enfrentar y hacer justicia a los responsables de las tragedias que han padecido, suelen reeditarlas. Así lo manifestó la COMISION DE MADRES Y FAMILIARES DE LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS ALEMANES EN LA ARGENTINA al Sr. Presidente de la República Alemana, Dr. Richard Von Weizcäcker, en su visita al país en el mes de mayo de 1987, cuando le manifestaron:
" Señor presidente, algunas madres y familiares de este grupo sufrieron la desaparición de sus seres queridos durante el régimen nazi en Alemania, muchos años después
volvieron a perder a sus seres queridos en la Argentina
LA REPETICION. "
En general, se hace referencia a la Desaparición Forzada de Personas como " excesos ". Este término incorporado por la dictadura militar cuando sus crimenes dejaron de ser silenciados busca introducir una diferenciación entre el accionar del Estado autoritario y sus instituciones militares, de las violaciones a los Derechos Humanos.
"Hábilmente ", dirá el Dr. Julio C. Raffo, en su artículo "Al pan, pan y al vino, vino " ( publicado
entre las manifestaciones mas llamativas de
esta actitud esta la que se persigue en la desnaturalización del uso de las palabras: como si se
pudiera transformar la sustancia de los hechos acerca de los cuales se habla, mediante el
procedimiento de usar palabras altisonantes solemnes o rebuscadas
como el secuestro, la tortura o el homicidios se los denominó excesos ”
“En el sentido común y en el sentido técnico del Derecho, el exceso es un hecho que nace
lícito y se convierte en ilícito por una cuestión de cantidad o proporción
pesar del sentido tradicional del término, se denominó " excesos" a los hechos que ya eran delitos desde el momento mismo en que se comenzaban a cometer. Al natural reclamo de que
se investigue que paso con cada uno de los secuestrados y se aplique la ley, se lo llamó "
venganza "
" De ninguna manera se trato de excesos. Por el contrario, se trato de un claro sistema represivo ( de un plan criminal, según lo denominó la Cámara Federal de la Capital Federal ), que fue concebido, planificado y conducido desde el Estado y ejecutado por las FF.AA. que institucionalmente subordinaron el conjunto de su accionar a las tareas de la represión.
en el Diario de Rio Negro con fecha 18-09-78 ), "
Así, a graves delitos
A la resignación frente a delitos atroces y aberrantes se la denominó " perdón
2.- Durante los años del gobierno militar la represión en todas sus formas ( secuestro, tortura, detenciones ilegales, desapariciones ) junto a la miseria, marginalidad y la anulación de todos los derechos sociales se convirtieron en expresiones de un mismo proyecto de dominación. Todo el accionar represivo estuvo orientado a facilitar la imposición de un modelo económico- social que permitiera destruir las bases económicas y sociales y construir un " nuevo país ". Así se procedió al exterminio de toda forma de organización política y social: las estructuras y los cuadros del movimiento obrero y de sus organizaciones sindicales; los centros de estudiantes universitarios y secundarios; los militantes de los partidos políticos populares; los intelectuales y las asociaciones de profesionales; los sectores comprometidos de la Iglesia y comunidades religiosas fueron barridas por constituir peligros reales o potenciales para la implantación de aquel proyecto. La Doctrina de la Seguridad Nacional fue el marco y el soporte ideológico del desarrollo concreto del plan represivo. Esta Doctrina fue introducida en las Academias Militares en la década del sesenta. Se usó antes en Argelia, Panamá y Brasil. El centro de la Doctrina está puesto en la defensa de la " seguridad de la Nación ", que se encontraría amenazada permanentemente por la infiltración de elementos que buscarían la destrucción del " modo de vida democrático " y de nuestra " tradición occidental y cristiana ". De este modo se desvía el eje de atención de la amenaza exterior al interior de la sociedad. Las FF.AA. se convierten en la encarnación del Estado, la Soberanía y de la Patria misma. Actúan como árbitros de todos los conflictos y son los artífices de imponer y mantener EL
ORDEN. La política se militariza procediéndose a la formulación de grandes objetivos nacionales, propuestos como metas a largo plazo. Todo aquello que presente otros objetivos, son tomados como exponentes de la " subversión "
ó " enemigo interno " . Y así, toda oposición o disidencia política o ideológica al régimen es
concebida como una forma de guerra permanente. Este " estado de guerra " supone un " estado de emergencia " en el cual se fundamenta el otorgamiento de poderes especiales en los jurídico, en lo político, en lo social y en lo económico, siendo monopolizados y reprimiéndose ante la existencia del " enemigo interno " que es necesario neutralizar para preservar la esencia y la unidad Nacional. La prioridad del accionar estatal es la represión de toda actividad y de organizaciones sociales y políticas adversas.
A partir del 24 de marzo de 1976, el secuestro y la desaparición forzada de personas se convirtieron en el método privilegiado de detención de personas indefensas por razones políticas: se completa la Doctrina de la Seguridad Nacional y se crea la llamada " muerte argentina ": LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, construyéndose un aparato clandestino que será en el que descansará el grueso de la tarea de la represión ( o "guerra sucia", o, “comisión de delitos aberrantes” ). La clandestinidad de las acciones represivas, el secreto con que se las encubre, es el complemento en la acción del aparato represivo : se secuestran miles de personas , las mismas se convierten en desaparecidos ( como por arte de magia ) y los organismos oficiales niegan cualquier noticia sobre el destino de las víctimas. Esta es la base de Terrorismo de Estado ; al secuestro, a la cárcel, y a la muerte se añadió la tortura generalizada de los prisioneros; la paralización de la sociedad por el terror, la censura en los medios de comunicación, la subordinación de la Justicia al Poder Militar, la negativa de los propios actos, la búsqueda sistemática de la confusión y la desinformación. Con la creación de una estructura jerárquica que controlara y condujera el accionar represivo, se dio origen a las " zonas militares " y a los denominados "grupos de tareas " . Esta estructura revestía el carácter de paralela, pero, interna, dentro de las FF.AA. ya que son las propias instituciones militares las que realizan las tareas " sucias " y son - en la mayoría de los casos - en los propios edificios militares donde se desarrolla el plan represivo (los denomiandos Centros de Detención Clandestina). Por ello, el accionar represivo clandestino basado en el método del secuestro y la desaparición de miles de personas no hubiera sido posible sin contar con una desarrollada infraestructura y una logística que lo hiciera posible. Esto, junto a la impunidad del propio accionar, solo lo podían ofrecer las instituciones militares que brindaron sus instalaciones, sus móviles, el armamento, el personal, y la operatividad de las llamadas " zonas francas ". La técnica del secuestro como procedimiento de detención significaba la impunidad absoluta del secuestrador y la indefensión total de la víctima. Que, por otro lado, con su habitual despliege de armas, violencia y saqueo de los domicilios particulares de las víctimas, resultó ser el mejor método para paralizar el accionar de los familiares y amigos. Todas las denuncias sobre secuestros, detenciones ilegales, desapariciones, presentaban una aterradora similitud: siempre se siguen los mismos pasos; se repiten los mismos actos que tienen un mismo final. Y esto, constituye la prueba relevante de que no nos encontramos frente a hechos aislados, grupos incontrolados o meros excesos. Estamos a la aplicación lisa y llana de un plan de exterminio. (NUNCA MAS Informe de la Conadep ( EUDEBA, Edición Julio 1987).
3.- Una de las consecuencias mas importantes desde el punto de vista de la doctrina jurídica internacional, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue la constitución de un Tribunal Militar Internacional que tendría a su cargo el juzgamiento de los crimenes cometidos por dicho conflicto armado. ( Acuerdo de Londres ).
Consideró al GENOCIDIO como una negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros; Es un crimen de Derecho Internacional - sostuvo - que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cómplices deberán ser castigados, ya sean estos, individuos particulares, funcionarios públicos o estadistas y el crimen que haya cometido lo sea por razones religiosas, raciales, políticas o de cualquier otra naturaleza. El genocidio es un delito internacional de la mayor gravedad: se produce con la realización de actos perpetrados para destruir parcial o totalmente a grupos humanos .
En nuestro país, las fuerzas de la represión contrapusieron su doctrina de la seguridad
nacional a una doctrina determinada y se tomó como estereotipo la persecución al " marxismo- lenninismo " para adjudicarle ese mote, en realidad, a todo oponente del régimen del año 1976. Cabe destacar la patética analogía entre el mas grande genocidio de este siglo y el caso argentino, es decir, la Alemania nazi y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional
seguridad que si en la última Guerra Mundial hubiesen ganado las tropas del Reich, el juicio no
se hubiera hecho en Nüremberg sino en Virginia
). Tanto el régimen nazi como el argentino negaron el acceso a la protección jurídica a una determinada categoría de personas, descalificándolas : en 1993 se promulgaron leyes en Alemania donde, entre otras cosas, se negaba a los judíos su condición de alemanes.
El Gral. Videla decía el 18-12-77 : "
víctima de la represión. La represión es contra una minoría a quién no consideramos argentina
" ( Diario La Prensa ).
Durante el genocidio de Alemania, el Ministro de Guerra de Turquía afirmaba: " Nos es difícil para hacer excepciones entre los dos millones de armenios dicernir entre culpables e inocentes : suprimiéndolos a todos estaremos seguros de alcanzar a todos los culpables " ( Doc. 227 - Generalisimo. Emberg ). Videla recalcaba el 24 de octubre de 1975 : " Si es preciso en la Argentina, deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país " ( Diario Clarín ) Todas las elaboraciones criminológicas sobre la teoría de la pena y la función resocializadora del Derecho Penal sucumbieron a tenor del razonamiento militar. Tamañas privaciones de legalidad eran condición necesaria para la supervivencia del régimen:
que, además, precisaban de la clandestinidad y el misterio para eludir la conciencia popular respecto a la dimensión de la represión. En la Alemania nazi se sancionó el Decreto llamado " Noche y Niebla ", cuyo accionar consistía
en : " detenciones secretas, de duración indeterminada, sin acusación, sin pruebas, sin interrogatorios y sin defensores; ningún Tribunal podía intervenir, ordenar una libertad o revisar medidas adoptadas. La finalidad de este decreto es dejar a los familiares, amigos y conocidos del prisionero en la incertidumbre acerca de su paradero. Caso de producirse una defunción será no comunicada a sus parientes. " La sentencia recaída en la causa contra los ex-comandantes, ratificada por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, afirma : "
en Jefe ordenaron una manera de luchar contra la subversión terrorista que básicamente consistía en: a) capturar a los sospechosos con tener vínculos con la subversión de acuerdo a los informes de inteligencia ; b) conducirlos a lugares situados en unidades militares o bajo su
dependencia; c) interrogarlos bajo tormentos para obtener los mayores datos posibles acerca de la persona involucrada; d) someterlos a condiciones de vida inhumana para quebrar su resistencia moral; e) actuar en la clandestinidad para lo cual los secuestradores ocultaban su identidad, operaban frecuentemente de noche, mantenían incomunicado a la víctima, negando
a cualquier autoridad, familiar o allegado el secuestro y el lugar de alojamiento; f) dar amplia
libertad a los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido que podría ser luego, liberado, puesto a disposición del P.E.N., sometido a proceso militar o civil y/o eliminarlo físicamente Como se podrá apreciar, el caso argentino, no es inédito : tomo las enseñanzas de atrocidades cometidas en casos anteriores. Quizás, como simple reflejo de emular practicas que en lejanas tierras sirvieron para eliminar la semilla de la resistencia popular. (Frase utilziada por el Dr. el Dr. Barcelo).
en esta guerra hay vencedores y nosotros fuimos los vencedores y tenga la plena
( Gral. Viola, 18-03-81, Diario Clarín
Yo quiero significar que la ciudadanía argentina no es
algunos de los procesados en su calidad de Comandantes
4.- En el mes de mayo de 1978 el diario La Prensa publicó una lista de los nombres de casi 3000 detenidos - desaparecidos en la Argentina. Esta publicación fue pagada por los familiares de los desaparecidos y patrocinada por la Asamblea permanentede los Derechos Humanos (A.P.D.H.), el Movimiento Ecúmenico de los Derechos Humanos (M.E.D.H.) y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Entre los nombres publicados figuran las 2508 personas que desaparecieron, según el aviso, luego de haber sido arrestadas en su trabajo, en sus hogares o en la vía pública, ostensiblemente por grupos armados que decían ser miembros de las FFAA o de Seguridad. Un total de 1318 son casos documentados.
La editorial del Diario HERALD del 22 de mayo de aquel año, con referencia a la lista
publicada, decía : "
llamamiento al gobierno con el fin de que se realicen acciones tendientes a ayudar a las miles de personas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Mientras ese enorme problema humano permanezca intacto es imposible creer que los derechos humanos se respetan en este país. En muchos casos, después de dos años sin tener el menor indicio sobre el paradero de un hijo, hija marido o esposa desaparecidos, los familiares abandonan toda esperanza. Lo único que quieren saber es si la persona que buscan está viva o muerta. No es preguntar demasiado. No obstante, la repuesta es el silencio total, mientras que los recursos de Habeas Corpus interpuestos son rechazados, con el informe de que la víctima del secuestro no fue detenida por ninguna de las fuerzas de seguridad. Los familiares recorren un laberinto interminable de
.En algunos casos, se
comisarías, bases militares, tribunales y oficinas gubernativas
realizaron intentos a través de los Tribunales de seguir una huella que sugería que la
persona desaparecida podría estar detenida en algún establecimiento militar. Pero hasta ahora, todo intento de localizar a una persona desaparecida por medio de los
procedimientos judiciales terminó en un callejón sin
Durante más de dos años este diario ha persistido en su
" CALIGULA ( brutalmente ) : Pareces de mal humor. Será porque hice morir a tu hijo ?
LEPIDO ( con garganta apretada ) : No, Cayo, al contrario. CALIGULA:(resplandeciente) ¡ Al contrario ! Ah, como me gusta que el rostro desmienta las inquietudes del corazón. Tu rostro está triste. Pero, ¿ y tu corazón ? Al contrario, ¿ verdad ? LEPIDO ( resueltamente ) : Al contrario, César. CALIGULA : ( cada vez más feliz ) : Ah, Lépido, a nadie quiero más que a ti. Riamos juntos ¿ quieres? Y cuéntame algo divertido. LEPIDO ( que ha sobrestimado sus fuerzas ):¡ Cayo! CALIGULA : Bueno, bueno, contaré yo, entonces. Pero te reirás, ¿ no es cierto, Lépido ? ( con mirada maligna). Aunque mas no sea por tu segundo hijo. ( De nuevo risueño ). Por otra parte,
no estás de mal humor ( Bebe, luego, dictando ) Al LEPIDO ( con cansancio ) : Al contrario, Cayo.
CALIGULA : En buena hora. ( Bebe ). Ahora, escucha. ( Soñador). Había una vez un pobre emperador a quién nadie quería. El, que amaba a Lépido, hizo matar al hijo más pequeño de éste, para arrancarse ese amor del corazón. ( Cambiando de tono ). Naturalmente, no es cierto. Gracioso ¿ verdad ? No te ríes ¿ Nadie se ríe?. Escuchad, entonces, que todo el mundo ría ( Con violenta cólera ) Tú, Lépido y todos los
demás. Levantaos, reíd ( Golpea en la mesa ) Lo quiero, ¿oís? quiero veros reír !!!
al, vamos, Lépido.
EL MALENTENDIDO - CALIGULA (Albert Camus, Edición agosto 1982 )
1.- Efectivamente, así la habían denominado las Organizaciones Defensoras de los DD.HH a la " Ley " nº 22.068. Promulgada el 12 de septiembre de 1979 por la Junta Militar, pretendía regular el “presunto fallecimiento” de las personas que habiendo sido secuestradas o detenidas permanecían en calidad de desaparecidos.
1) Que podía declararse el fallecimiento presunto de la persona cuya desaparición del lugar de su domicilio o residencia, sin que de ella se tenga noticias, hubiese sido fehacientemente denunciada entre el 6 de noviembre de 1974 ( fecha de declaración del Estado de Sitio por decreto 1368/74 ) y la fecha de promulgación de la presente ley (12-9-79).
2) Que la declaración del fallecimiento presunto será decretada por el Juez Federal del último domicilio o residencia del desaparecido y podía ser promovida por el cónyuge, por cualquiera de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o por el Estado Nacional. La acción era privativa de cada legitimado y podía ejercerse " a pesar de la oposición de otros titulares". En ningún caso, tenía carácter contencioso.
6) Para los efectos de índole civil, había que remitirse a las disposiciones pertinentes de la ley 14.394; es decir, al dispositivo elgal que desde el año 1954 regulaba la ausencia de una persona, que regula los procedimientos judiciales relacionados solamente con la liquidación de los bienes del presunto fallecido y la habilitación de su cónyuge para contraer nuevas nupcias.
En primer lugar, decía la Junta, el Estado debía intervenir para dar solución a los casos de menores, huérfanos o desamparados, “cuyos padres puedan haber fallecidos en acciones de carácter subersinos”. También para que puedan regularizar su situación patrimonial y hasta previsional.
En segundo lugar y si bien es cierto que la ausencia de las personas se encontraba regulada, como dijimos, desde el año 1954 a través de la ley 14.394, incorporada al Código Civil, la Junta entendía que era el momento de comenzar a abreviar plazos para considerar como ausentes o desaparecidos (fallecidos) a una persona del lugar de su residencia habitual, en atención a la “presunción más convincente de la vinculación de la ausencia con los hechos terroristas acotecidos en el país”
2.- Todos los miembros del gobierno militar coincidían en afirmar que "
desaparecidos es un hecho doloroso y con esta ley tratamos de ayudar a los familiares
“ Se trataba de una medida legislativa que tiende a resolver, entre otros problemas, lo relativo a
adopciones, divorcios, viudez, todo lo cual hace necesario que se determine su situación ”
jurídica, ya que se trata de una urgencia social que requiere respuesta “Se busca esclarecer la situación de individuos QUE SE IGNORAN DONDE ESTAN; porque hubo una guerra civil, donde hubo muertos sin identificar en enfrentamientos, muertos
ajusticiados por los propios terroristas, personas que salieron clandestinamente del país y otras que se encuentran en la clandestinidad en el propio país para actuar contra la seguridad del
Harguindeguy reproducidas en EL INFORME PROHIBIDO (Informe de la OEA sobre la situación de los DDHH en Argentina). Por supuesto esta supuesta ley, iba a ser cuestionada y criticada por los familiares y los organismos defensores de los DDHH. No hubo otra institución u organización o asociación que manifestara su oposición. Ni siquiera la Iglesia.
el problema de los ”
Palabras mas, palabras menos, manifestadas, entre otros, por Videla; Viola,
1) Que era atentatoria contra las personas desaparecidas ya que solo trataba las consecuencias patrimoniales o de estado civil y nada decía sobre las causas que habían dado lugar a tal situación; 2) Exigían la pronta investigación a fondo sobre la suerte corrida por cada uno de los detenidos - desaparecidos; 3) Que no era casualidad que la "ley" hacía referencia solamente a un período de tiempo determinado; es decir, desde el 6 de noviembre de 1974 ( declaración del Estado de Sitio ) y hasta el 12 de septiembre de 1979 ( promulgación de esta ley ); 4) Concedía solamente competencia ordinaria a la Justicia Federal ( es decir, solo podían intervenir los Jueces designados por la Junta Militar ); 5) Hacía intervenir al Estado a través del Ministerio Público como titular de la acción, cuando la acción era privativa de cada legitimado; 6) Se trataba solamente de un trámite administrativo; 7) En el trámite final, si el interesado pedía el testimonio de la declaración presunta , ello equivalía a la expedición de la partida de defunción del desaparecido.
Con posterioridad, en el mes de noviembre de 1979, alrededor de 700 familias de personas detenidas-desaparecidas, interpusieron contra el Gobierno una demanda por INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley 22.068, pidiendo, además, que se dicte una medida de no innovar a fin de suspender la posible aplicación de oficio de la norma y hasta tanto el poder juridsdiccional se expida sobre la validez o repugnancia constitucional de la misma.
3.- La llamada "Ley sacrílega" fue complementada con el dispositivo número 22.062, que regulaba los beneficios previsionales de los "ausentes" Disponía que: “La ausencia de una persona del lugar de su residencia o domicilio en la República, sin que de ella se tenga noticia por el término de (1) un año, faculta a quiénes tuvieren un derecho reconocido por las leyes nacionales de jubilaciones y pensiones o de prestaciones no contributivas, subordinado a la muerte de esa persona, a ejercerlo en la forma prescrita en la presente ley”. Para tal efecto el artículo segundo determina que " los interesados deberán acreditar mediante certificación judicial, la denuncia de desaparición y justificar los extremos legales y la realización de las diligencias tendientes a la averiguación de la existencia del ausente, ante la Caja Nacional de Previsión respectiva u organismo que tenga a su cargo la liquidación de la prestación no contributiva", agregando que, " sin perjuicio de la prueba que ofrezca el peticionario o de la que se estimare procedente disponer de oficio, el ausente será citado por edictos que se publicaran sin cargo en el Boletín Oficial durante (5) cinco días". Debo recordar en este aspecto que, incorporada al Código Civil, la ley Nº 14.394 regula el procedimiento y plazos a seguir en situaciones de ausencia prolongada de una persona y facultaba a pedir el presunto fallecimiento de la víctima, como así también las consecuencias patrimoniales y de estado que debían enfrentar los familiares.
Este articulado garantizaba los intereses legítimos de las partes y evitaba los peligros en la tramitación legal que correspondía. Pero, obvio era, la dictadura necesitaba instrumentos más rápidos y efectivos para borrar las huellas del crimen. Por ello, creó una nueva norma legal, suponiendo, seguramente, que los familiares se resignarían a la búsqueda y se convencerían que sus seres queridos no volverían jamás. Esta ley se encuentra vigente en todos sus términos.
4.- Los fantasmas aparecían. El régimen había planeado y planteado el tema de la manera mas paradojal: las personas desaparecidas se habían, por arte de magia, “esfumado”, hasta se sugería algún hecho desgracidado, un accidente, una ausencia voluntaria. Es decir, que la búsqueda, la verdad, las preguntas interminables de los familiares y amigos de las víctimas sobre la suete corrida por la persona secuestrada y que no aparecía caían en un círculo vicioso y hasta ezquizoide: SI ESTÁN, DÓNDE ESTÁN ?, SI ESTÁN MUERTAS, DÓNDE, QUIÉN O QUIENES LOS MATARON, EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS ?, DÓNDE ESTÁN SUS RESTOS ?, QUIÉN Y CÓMO Y CUÁNDO SE INHUMARON SUS RESTOS ? La dictadura iba a insistir en el uso del término “desaparecido”. Si reconocía el uso del término secuestrado o detenido, debía reconocer el hecho delictivo de un secuestrador, la comisión de un delito, la responsabilidad del Estado. La dictadura suponía, también, que con ello empujaba a la resignación. La historia oficial trataría de traslucir a la opinión pública otra imagen: aquellas de las famosas obleas que decían: “LOS ARGENTINOS SOMOS DERECHOS Y HUMANOS”. Y en medio de las primeras contradicciones del régimen, llegaba al páís, por primera vez, una Organización Internacional para invesigar las denuncias sobre los crímenes que se estaban cometiendo en la Argentina.
" ¿Quiere un recuerdo de los muchos que guarda el otro país? ” Los que viajaban hacia
Catamarca por la ruta nro. 67, entre Bañado de Ovanta y Los Altos, se bajaron espantados de sus vehículos, el 15 de julio de 1977. A los costados del camino, en la madrugada, con una temperatura bajo cero, aullando, iban seres amputados, semidesnudos, ancianos y ancianas ”
que levantaban sus puños débiles al cielo, arratrándose sin dirección
“ ¿ Qué había sucedido ? Desde Tucumán fueron llevados a Catamarca en vehículos cerrados,
oscuros, de carrocería metálica ( ¿serían vehículos militares?) y tirados en la ruta. Las autoridades militares tucumanas decidieron arrojar a esos marginados para que no molestaran
a las personas de bien que había elegido el Jardín de la República para sus vacaciones de
invierno. ( ¿ Se ve que, cuándo es necesario para marcar el límite entre ambos países, se
recurre a las " fuerzas de seguridad " ? ). NINGUNA FUERZA SOCIAL, NINGUNA "
JERARQUIA ECLESIASTICA, AVERIGUO LO SUCEDIDO
“Los derechos humanos en el otro país” ( SASID, Edición mayo de 1987 )
1.- Mientras el Gobierno de la Junta Militar repartía las obleas que decían que " los argentinos somos derechos y humanos ", llegaba al país, como dijimos, la COMISION INTERAMERICANA DE DD.HH. ( CIDH ) DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS ( O.E.A. ) el día 6 de septiembre de 1979. La O.E.A. es una organización internacional creada por los Estados Americanos a fin de lograr un orden de Paz y Justicia; fomentar la solidaridad y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Dentro de las Naciones Unidas la O.E.A. constituye un órgano regional. La CIDH es un organismo de la O.E.A., creado para promover la observancia y la defensa de los DD.HH. y para servir como órgano consultivo de la Organización en esa materia. La Comisión esta compuesta por siete miembros juristas conocidos en el continente por su dedicación a la materia y propuestos por los gobiernos de los Estados Miembros. Estos integrantes son personas independientes que se desempeñan en actividades diversas en sus respectivos paises y se reunen varias veces por año para considerar los casos que llegan a su conocimiento y adoptar las resoluciones pertinentes. La Comisión también realiza misiones " in loco ", es decir, en territorio de los paises integrantes de la Organización. Por otra parte, la Comisión no tiene facultades para aplicar sanciones. Se limita a recibir
denuncias de particulares e instituciones; transmitirlas a los gobiernos; escuchar sus descargos
o reconocimientos; emitir sus juicios sobre los casos a través de resoluciones y producir
informes anuales o especiales que son regularmente presentados a la Asamblea General Ordinaria de la O.E.A. El informe hecho por la CIDH sobre la situación de los DD.HH. en el país, pese a su gran importancia, fue prácticamente desconocido y omitido. En ningún diario o revista de circulación en el territorio del país fue publicado. En aquel momento, ninguna imprenta estaba dispuesta a correr con el riesgo de su impresión. Este informe nos introducía al tema comentado de la siguiente manera : " La CIDH ha recibido
en los últimos años, antes y después del pronunciamiento militar de marzo de 1976, denuncias de graves violaciones de los DD.HH. en el país, a las cuales ha dado el trámite reglamentario. Expresó, además, en diferentes oportunidades a representantes del gobierno argentino su preocupación por el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades del hombre ".
" Ante esta situación, la CIDH resolvió elaborar el presente Informe y al comunicar al gobierno
argentino esta decisión le hizo saber el interés que tenía en visitar la República Argentina para practicar una observación in loco, por considerar que este era el medio más idóneo para
establecer con mayor precisión y objetividad la situación de los DD.HH. en un determinado país "
y momento histórico
“El día de hoy a iniciado sus actividades en territorio argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integrada por su presidente, Dr. Andrés Aguilar, y por los miembros Dres. Luis Demetrio Tinoco Castro, Carlos A. Dunshee de Abranches, Tom Farer, Marco Gerardo Monroe Cabra, y Francisco Bertran Galindo. Actúa como secretario el Dr. Edmundo Vargas Carreño, secretario ejecutivo de la Comisión, asistido de personal profesional, técnico y administrativo de la misma. “El propósito de la visita es realizar una observación relativa al respeto de los derechos humanos, a las denuncias acerca de violaciones a dichos derechos y estudiar y analizar la situación de la materia a efecto de preparar un informe sobre la vigencia de tales derechos, de conformidad con las disposiciones, normativas que rigen la Comisión. “Durante su permanencia en Argentina la Comisión sostendrá entrevistas y audiencias con autoridades, entidades y personas representativas de los diferentes sectores que conforman la sociedad argentina, entre otros, de carácter político, profesional, religioso, empresarial, gremial, estudiantil, laboral, humanitario, y medios de comunicación colectiva. “El Gobierno de Argentina formuló la invitación correspondiente a la Comisión para efectuar la visita, y le ha dado amplias seguridades de que dispondrá de libertad irrestricta para visitar centros o sitios de detención, para poder entrevistar a todas las personas e instituciones que la Comisión estime necesario y de que las personas e instituciones que deseen comunicarse con la Comisión podrán hacerlo sin obstáculos de ninguna clase y de que no se adoptarán represalias contra ellas. “La Comisión realizará sus actividades de acuerdo con el programa preparado al efecto, tanto en la ciudad de Bs As, Capital Federal, como en otras localidades del país, entre ellas:
Córdoba, Tucumán, La Plata, Trelew y Resistencia. “En todos estos lugares la Comisión atenderá, según el caso, a personas y entidades que deseen exponer sus problemas y plantear, para su trámite reglamentario, denuncias referidas a los derechos humanos. “La Comisión espera que durante su permanencia en Argentina, las personas que estimen han sufrido violaciones de derechos humanos, así como representantes de entidades que integran la sociedad argentina, le presten su cooperación, con el objeto de coadyuvar a una mejor comprensión de la realidad argentina en el campo de los derechos humanos. “La Comisión tendrá sus oficinas en la forma siguiente: 1- Buenos Aires, Cap. Fed. : Avenida de Mayo 760 - del 07 al 15 de septiembre. 2- Córdoba: Hotel Crillón - del 10 al 14 de septiembre. 3- Tucumán : Hotel Versalles - del 14 al 15 de septiembre”.
2.- La Comisión estableció su sede en la Avda. de Mayo 760.de la Capital Federal. Desde el día 7 y hasta el día 15 de septiembre de que año, comenzaba a recibir las denuncias de los familiares y amigos de las víctimas de la represión. Había establecido su sede en la ciudad de Bs.As. pero también funcionaba en la ciudad de Córdoba y de Tucumán. El número total de denuncias que recibió la Comisión durante ese lapso, fue de 5.580, de las cuales eran nuevas 4.153 y 1.261 comunicaciones se referían a casos ya registrados y que estaban en trámite. La comisión durante su permanencia en el país se entrevistó con algunas autoridades nacionales, tales como: el Teniente General Jorge R. Videla; los integrantes de la Junta Militar (Viola, Graffigna y Lambruschini); los Ministros del Interior (Harguindeguy), de Justicia (Rodríguez Varela), de Relaciones Exteriores y de Culto (W.Pastor) y de Educación y Culto (L.L. Amadeo). También lo hizo con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (A. Gabrielli), miembros de la Cámara Federal de Apelaciones y con el Juez Federal, Dr. M. Anzoátegui.
En Rosario, lo hizo con el Comandante. del II Cuerpo de Ejército (A. Jáuregui); con el Jefe de
la Unidad Regional II de la Policía de la provincia de Santa Fe (H. Berdaguer) y con el Juez
Federal, Dr. R. Carrillo Avila. Asimismo, se entrevistaron con el Jefe de la Policía Federal (J. B. Sasiaiñ) y de la provincia. de Buenos.Aires. (O. P. Riccheri) y con los directores de los establecimientos carcelarios que la Comisión pudo visitar, Villa Devoto, Caseros, Resistencia, Rawson, Unidad 9 de La Plata, Olmos, Cárcel de Córdoba y, entre otros, la Unidad 21 conocido como Instituto de Resocialización. También, tuvo entrevistas con ex-presidentes de la Nación; con personalidades de la Iglesia Católica, con Entidades Defensoras de los DD.HH., con representantes de las organizaciones políticas, con asociaciones de profesionales y también, con asociaciones gremiales y sindicales.
“ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de su visita de observación in loco a la República Argentina, se permite formular al Gobierno argentino las siguientes recomendaciones preliminares:
a) Que se informe circunstanciadamente sobre la situación de las personas desaparecidas,
entendiéndose por tales aquellas que han sido aprehendidas en operativos que por las condiciones en que se llevaron a cabo y por sus características, hacen presumir la participación en los mismos de la fuerza pública.
b) Que se impartan las instrucciones necesarias a las autoridades competentes a fin de que los
menores de edad desaparecidos a raíz de la detención de sus pares y familiares y los nacidos en centros de detención, cuyo paradero se desconoce, sean entregados a sus ascendientes naturales u otros familiares cercanos.
c) Que se adopten las medidas pertinentes a efectos de que no continúen los procedimientos
que han traído como consecuencia la desaparición de personas. Al respecto, la Comisión observa que se han producido recientemente casos de esta naturaleza que como todos los
demás deben ser esclarecidos lo antes posible.
a) Que la facultad que el art. 23 de la Constitución otorga al Jefe de Estado para detener
personas bajo el régimen de Estado de Sitio, se sujete a un criterio de razonabilidad y no se extiendan las detenciones indefinidamente en tiempo.
b) Que, en consecuencia, se ponga en libertad a las siguientes personas detenidas a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional:
1. Aquellas que sin causa razonable y por tiempo
prolongado se encuentran detenidas para
detención no se convierta en pena, que solo el Poder Judicial puede imponer;
3. Los que son elegibles para gozar de libertad
condicional, en caso de haber sido
c) Que se restablezca a plenitud el ejercicio del derecho de opción para salir del país, a efecto
de que el trámite de las solicitudes no sufra dilaciones que entorpezcan la efectividad del ejercicio de dicho derecho.
a) Asegurar a las personas sometidas a juicio ante los tribunales militares, las garantías del
debido proceso legal, especialmente el derecho de defensa por un abogado elegido por el procesado.
b) Designar una comisión de juristas calificados para que estudie los procesos llevados a cabo
por tribunales militares durante la vigencia del Estado de Sitio, y que en los casos en que se hayan omitido las garantías inherente al debido proceso, haga las recomendaciones
a) Que se den las seguridades y facilidades para que los jueces procedan a investigar en forma
efectiva, los casos de las personas detenidas en virtud de las leyes de seguridad.
b) Que se otorguen las garantías indispensables para la eficaz defensa que corresponde
ejercer a los abogados que patrocinan a los procesados “.
Ese mismo día, la Comisión dio por concluida la observación en territorio Argentino. 3.-A partir del año 1976 funcionaron en territorio argentino alrededor de trescientos cuarenta Centros Clandestinos de Detención.
La mayoría de ellos, en las propias sedes de las instituciones militares; muy a pesar de las reiteradas manifestaciones de los integrantes del régimen que insistían en negar la realidad. En el mes de diciembre de 1977, Videla declaraba a la revista GENTE: "Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario" (22.12.77). El Gral. Viola sostenía en septiembre de 1978 que "No hay detenidos políticos en la Rca. Argentina, excepto algunas personas que podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las ideas que sustenta el Gobierno ". (7.09.78).
a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de
seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir
fundamentalmente que han muerto:
b) el derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder
Ejecutivo nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criteriod e razonabilidad, yal haberse prolongado sin die el arresto de estas personas , lo que constituye una verdadera pena, esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de apelación previsto en el art. 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de esa derecho. Igualmente la prolongada penalidad de los asilados , configura un atentado a la libertad personal, lo que constituye una verdadera pena;
c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y
otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes;
d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder
Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficiencia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad u orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.
2.- Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la
gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina.
a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado,
en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación;
b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la
aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora;
d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la
Comisión si pudo comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que , si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos.
3.- Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos
han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.
4.- La Comisión observa que con posterioridad a su vista a la República Argentina, en el mes de septiembre de 1979, han disminuído las violaciones de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personal y al derecho de justicia y proceso regular y que, particularmente desde el mes de octubre de ese año, no ha registrado denuncias por nuevos desaparecimientos de personas.
4.- Considerar la posibilidad de derogar el estado de sitio, en vista de que, según las reiteradas
declaraciones del Gobierno argentino, no persistirían las causas que lo motivaron.
a) Que la facultad que el Artículo 23 de la Constitución otorga al Jefe de Estado para detener
personas bajo el régimen de Estado de Sitio, se sujete a un criterio de razonabilidad y no se extiendan las detenciones indefinidamente;
b) Que, se ponga en libertad a las siguientes personas detenidas a disposición del Poder
Las que han sido absueltas o ya han cumplido sus penas;
Las que son elegibles para gozar de libertad condicional;
Que se restablezca a plenitud el ejercicio del derecho de opción para salir salir del país, a
efecto de que el trámite de las solicitudes no sufra dilaciones que entorpezcan la efectividad del
ejercicio de dicho derecho.
a) Asegurar a las personas sometidas a juicio ante los tribunales militare, las garantías del
debido proceso legal, especialmente el derecho a defensa por un abogado elegido por el procesado.
por tribunales militares durante la vigencia del Estado de Sitio, y que en los casos en que se hallan omitido las garantías inherentes al debido proceso haga las recomendaciones
c) Que se den las seguridades y facilidades para que los jueces procedan a investigar, en
forma efectiva, los casos de las personas detenidas en virtud de las leyes de seguridad.
d) Que se otorgen las garantías indispensables para la eficaz defensa que corresponde ejercer
a los abogados que patrocinan a los procesados.
13.- En lo que respecta a los derechos políticos, dar los pasos necesarios orientados al restablecimiento de la actividad y participación de los partidos políticos en la vida pública de la nación, así como garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. 14.- En lo que corresponde al derecho de libertad religiosa y de cultos, derogar el Decreto Nº 1867 del 31 de agosto de 1976 que prohibe todo tipo de actividad a los Testigos de Jehová, e investigar y sancionar cualquier discriminación en contra de los judíos.
Y yo he oído de
ti que puedes aclarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieras leer esta escritura y mostrarme su explicación serás vestido de púrpura y collar de oro será puesto en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor
“ Entonces, Daniel, cuyo nombre era Balthasar, estuvo callado casi una hora y sus
pensamientos le espantaban
" Entonces, Daniel fue traído delante del rey. Y habló el rey, y dijo a Daniel:
1.- El 28 de abril de 1983 las FF.AA. argentinas daban a conocer lo que ellas suponían sería el INFORME FINAL sobre el tema de los secuestrados desaparecidos durante el régimen militar. La versión oficial sobre el Terrorismo de Estado significaba un compendio de falsedades y se trataba de un verdadero agravio para todo el país. Lisa y llanamente sostenía que los crimenes más siniestros debían quedar sin sanción y que además, se debía tener en cuenta que los hechos protagonizados por las FF.AA. debían ser considerados como meros actos de servicio y como prenda de paz y de amor entre los argentinos.
Vamos a recordar algunos párrafos de aquel documento, sin antes dejar de mencionar que, en primer lugar, este documento sería el antecedente más inmediato de la llamada “Ley de Pacificación Nacional” (Nro. 22.924), y en segundo lugar, que más allá de la anulación que con posterioridad el gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín hiciera de esta ley (mediante la Ley Nro. 23.040), se constituiría en el germen jurídico y legislativo que dará, entre otras aberraciones jurídicas, las leyes del Punto Final, la Obediencia Debida y los Indultos presidenciales.
" La preservación y el mantenimiento efectivo del goce de los derechos y las garantías que la Constitución reconoce a todos los habitantes de la Nación, es decir, la salvaguardia de los
derechos humanos constituye la finalidad sustancial de la seguridad de un estado democrático,
como lo es la Rca. Argentina, por su tradición histórica, política y jurídica
Doctrina de Seguridad de por medio, continuaba: "
también el resguardo de la inviolabilidad de su territorio contra amenazas externas e internas y
la consolidación de un funcionamiento eficiente de su gobierno en el marco de la ley
específica y con mayor gravedad las conductas subversivas y los actos terroristas y la
declaración del estado de sitio, no fueron suficientes para conjurar la situación
Por ello, agregamos nosotros, fue necesario crear un sistema criminal especial, con
centros de torturas especiales y con muertes, también, especiales: la Desaparición de las Personas.
constitucional para enfrentar a la subversión". "
utilizaron directamente su poder contra terceros inocentes, aún cuando indirectamente estos
pudieran haber sufrido sus consecuencias
concepto de seguridad incluye
sanción por parte del Congreso de la Nación, de leyes que penalizan en forma
ese crucial momento histórico, las FF.AA. fueron convocadas por el gobierno
diferencia del accionar subversivo no
El informe continúa para determinar: "
que quiénes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran MUERTOS, aún cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la
. Según el Informe de la CONADEP, EL 72,4 % del total de las personas que hasta el
presente permanecen en la calidad de "desaparecidos" fueron detenidas ante testigos y luego desaparecieron; el 45,1 % fueron detenidas en sus domicilios también ante testigos; el 21,7 % en lugares públicos o en la vía pública; el 2% en dependencias militares, policiales o penales y un 27,6 % en circunstancias desconocidas.
El Informe, agrega: "
encontrarse sepultadas como no identificadas ha sido siempre una de las principales hipótesis aceptadas por el gobierno. Coincidió con este criterio el informe elaborado por la Comisión Interamericana de DD.HH. que visitó el país en 1979 al expresar que, en distintos cementerios, se podía verificar la inhumación de personas no identificadas que habían fallecido en forma violenta, en su mayoría en enfrentamientos con fuerzas legales
La afirmación, hoy más que nunca, de que miles de argentinos hayan muerto en presuntos enfrentamientos, se ve de por sí totalmente desvirtuada. Algunos represores arrepentidos se han atrevido a contar que se hacía con los cuerpos de las víctimascuando se decidía su “traslado”, podían ser arrojados al mar, estaqueados, inyectados , sepultados de a grupos y arrojados en tumbas sin identidad. Este es uno de los orígenes de las conocidas “ tumbas N.N”. El Informe continúa diciendo: "Se habla asimismo de personas desaparecidas que se
encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo
esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos ya que en la República
lugares secretos de detención, ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente
Mucho antes del Informe de la CONADEP, y como ya he hecho referencia, se habían registrado un centenar de Centros Clandestinos o Campos de Concentración, que incluían no solo su ubicación geográfica sino también su funcionamiento y a cual arma pertenecía su condición. La dictadura militar dividió al país en cinco grandes zonas, denominados “Los Comandos. de Zona”. A su vez, estos Comandos. de zonas fueron divididos en zonas y aréas. Dentro de esta estructura represiva funcionaron los Centros Clandestinos de Detención y desarrollaron sus tareas alrededor de mil agentes pertenecientes a las tres armas de las FF.AA., a las Fuerzas de Seguridad, Policía, Gendarmería y Servicio Penintenciario.
ubicación de sus sepulturas
consecuencia, debe quedar definitivamente claro
La posibilidad de que personas consideradas desaparecidas pudieran
El Informe intenta terminar con sentido exculpatorio, manifestando :
comprendió el complejo fenómeno de la subversión y expresó a través de sus dirigentes, su
repudio a la violencia·De esta actitud de la población se desprende, con claridad, que el deseo
de la Nación toda es poner punto final a un período doloroso de nuestra historia
victoria obtenida a tal altos precios contó con el consenso de la ciudadanía, que
El Dr. Alfredo Galletti, miembro co-fundador de uno de los primeros Organismos Defensories de los Derechos Humanos que se constituyeron en el país, el Centro de Estudios . Legales y Sociales. (CELS), luego de conocer el documento emitido por los responsables y ejecutores del
Terrorismo de Estado, escribió:
"El documento acerca de la subversión constituye, en su conjunto, un compendio de falsedades. Ha sido recibido con estupor, indignación y dolor. “Se trata de un verdadero agravio para todo el país. “Pretende ser punto final en el problema de los desaparecidos. “Se trata lisa y llanamente de un documento que tiende a dejar sin sanción a las más brutales violaciones de los derechos humanos que hayan existido a lo largo de toda la historia argentina. “No solo no habrá castigos, sino que los hechos protagonizados por las FF.AA, con su concepción totalitaria del terrorismo de estado, son exaltados y considerados como prenda de
paz y de amor entre los argentinos. Una verdadera burla y un atentado a los principios más elementales del derecho y de la justicia; una befa a los principios de amor, verdad y justicia". "La desaparición forzada de personas constituye un agravio para la humanidad. “Se trata de acciones criminales insoslayables, como ha señalado Juan Pablo II. “Son crimenes de lesa Humanidad, delitos continuos, cuya acción es imprescriptible, no sujeto a amnistía. Es la lesión más grave que se pueda inferir al ser humano como tal, es la afrenta más terrible a la dignidad humana, es el compendio de todas las violaciones de los derechos humanos., una a una, no sumadas meramente, sino multiplicadas. POR ESAS RAZONES JAMAS PUEDEN QUEDAR IMPUNES Y PARA EL CASO DEL PERDON O DE LA RECONCILIACION NO PUEDE HACERSE, SIN PREVIAMENTE RECONOCER LA EXISTENCIA DE LA CULPA Y LA MAS SEVERA, SEVERISIMA SANCION: VERDAD Y JUSTICIA SON PRINCIPIOS QUE NO PUEDEN ELUDIRSE. "El documento declara muertos a los desaparecidos. “Nos resistimos a creerlo. Si así fuera, es indudable que se habría cometido un genocidio y como tal, debe ser juzgado. Obrando como juez y parte del mismo tiempo, la Junta Militar expresa que las operaciones llevadas a cabo por las FF.AA. fueron ejecutadas por los mandos superiores, conforme a planos aprobados por la Junta Militar y planificados por ella a partir del momento de su constitución y quedan exentas de sanción de ninguna naturaleza. "Aún más, se pretende que fueron fieles ejecutoras de decretos emanados del gobierno constitucional, que ordenaban la lucha contra la guerrilla y la subversión en todo el ámbito del país. Pero no expresan el hecho incontrastable que tales decretos colocaban la lucha dentro de término legales, es decir, dentro de marcos normativos de los cuales no podrían apartarse. Por otra parte, tampoco expresan que el golpe militar fue dirigido contra las autoridades que habían emanado dichos decretos y que entre los fundamentos del golpe, estaba, según la "proclama", la ausencia de ejemplos éticos y morales por parte de los gobernantes. “La transformación de la lucha en Terrorismo de Estado, al utilizarse los métodos que se querían erradicar, implica una violación de los principios de la ética y de la moral y los denominados "excesos" trasuntados en el desaparecimiento de personas, de millares y millares de personas de ambos sexos, de toda edad, sin excluir niños, sacados de sus casas o lugares de trabajo, la inmensa mayoría de los casos ante testigos y luego "desaparecidas" implica una violación a todos los principios". "El considerar que el accionar de los integrantes de las FF.AA. en las operaciones realizadas constituyeron ACTOS DE SERVICIO, significa la pretensión de sustraerlos a la acción de la justicia. Pero si se trata del "actos de servicio" y como tales reconocidos por la Junta Militar, nunca, de manera alguna, pueden ser sustraídos de la Justicia y deben ser sometida a ella. PORQUE NO ES ACTO DE SERVICIO EL LLEVAR ADELANTE CRIMENES DE LA NATURALEZA QUE SE INDICA. “De la declaración se desprende, sin lugar a dudas, que los agentes de las FF.AA. y de Seguridad han asesinado en centros de detención a un número indeterminado de habitantes de la República., en cumplimiento de órdenes de la Junta, a través de los mandos y, como tal, no pueden quedar exentos de culpa ni de juzgamiento". "El documento mismo reconoce que se cometieron "errores" que pudieron traspasar los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales, pero SOLO QUEDARAN LIBRADOS AL JUICIO DE DIOS EN CADA CONCIENCIA Y EN LA COMPRENSION DE LOS HOMBRES. “Nada mas monstruoso que tal afirmación. “Una cosa son las acciones privadas de los hombres que pueden quedar reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados (como expresa el art. 19 de la C.N.) y otra es la de aquellas que ofendan al orden o a la moral pública o perjudiquen a un tercero. EN EL CASO DE COMISION DE UN DELITO NO PUEDE INVOCARSE JAMAS TAL NORMA". "Es inaudito pensar, como se expresa en las conclusiones, que únicamente el Juicio Histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de muertes inocentes o de métodos injustos. Se trata, ni más ni menos, que de principios que hacen a la base del propio Estado como tal y que, en caso de incumplimiento, corroen las bases del Estado mismo transformando la norma en arbitrariedad total de gobernantes omnipotentes. NI LAS MONARQUIAS ABSOLUTISTAS DE DERECHO DIVINO HABIAN LLEGADO A TAL GRADO DE ARBITRARIEDAD". "Es indudable que el documento como el acto institucional que lo confirme no tiene ninguna validez jurídica. “Se trata de actos absolutamente discrecionales emanados del gobierno de las FF.AA., totalmente inconstitucionales y la invalidez de tales dictados es total y absoluta. Atenta contra
el principio de división de poderes, sustrae a la justicia lo que a ella atañe, saca a las personas de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. No olvidemos que el propio régimen militar dictó normas, a las cuales debió sujetarse todo su quehacer. “Esta normatividad no puede ir más allá de ciertos límites, aún en los régimenes totalitarios y autoritarios. Aún dentro de formas de supralegalidad, como pueden ser las actas, totalmente inconstitucionales, debe observarse un mínimo de respeto a los poderes constituídos- así sea por los propios gobiernos de facto- y por los derechos humanos fundamentales". "A este último respecto, cabe agregar que existe un criterio de razonabilidad del acto, pero el de la discrecionalidad absoluta, como es el caso de documentos de las FF.AA. Estas obran como poderes absolutos. La Suprema Corte, si bien hizo concesiones dentro de su jurisprudencia a la legitimidad de los actos emanados de los gobiernos de facto, nunca podría convalidar un acto - así fuera una acta institucional- que excediera todo límite de razonabilidad
y se transformara en un acto despótico y en violación a los principios del derecho y de los
derechos humanos. fundamentales. “Se trata, por lo tanto, de una INVALIDEZ TOTAL Y ABSOLUTA y como tal así debe ser considerada". "Resulta inaudito, asimismo, la pretensión de considerar que no sólo las FF.AA. obraron en la forma que lo hicieron, con desprecio total de los derechos humanos., sino que lo harán nuevamente toda vez que sea necesario. Ya sabemos bien de qué manera cumplen las FF.AA lo prometido. El discurso de Viola en Montevideo por el cual aseguraba que " morirán en el país tantos como sea necesarios" y que fue una especie de inauguración de la política terrorista de Estado, o las declaraciones de los demás integrantes del poder militar, sin olvidar a Galtieri cuando manifestara que "no le importaba que murieran en las Malvinas también los que fueran
necesarios ", son unos pocos ejemplos. “Ello significa colocarse definitivamente por sobre todo poder constitucional y por encima del Estado de Derecho. Y no solo allí llega la amenaza, sino que aprovecharán las lecciones que los deparará la represión, con el objetivo de aumentarla o corregirla sin importar el número de víctimas que pudieran ocasionarse. Ello se desprende nítidamente del texto. Y ello significa, también, una " espada de Damocles " que se cierne sobre todo nuestro futuro institucional. La República y las instituciones representativas serán algo inexistente ".
" El docuemnto significaba la liquidación lisa y llana del recurso de Habeas Corpus.
“No habrá posibilidad de indagar acerca de los hechos producidos, ya que el poder militar no responderá ninguna requisitoria y se basará en el acta institucional para no hacerlo. “Desaparecerá, así, la institución clave y fundamental con referencia al principio de la libertad y
la vida de los ciudadanos. Tampoco será posible, conforme al documentp, la indagación acerca de los hechos producidos con motivo de "actos de servicio", aunque en la realidad nadie podrá impedir la intervención de la justicia competente. Pero podrá argüirse que " aquellas acciones que como consecuencia del modo de operar, pudieron facilitar la comisión de hechos irregulares y que fueran detectadas, han sido juzgadas y sancionadas por los Consejos de
Guerra ", según reza el documento
“Los desaparecidos, por millares, fueron llevados de sus domicilios o lugares de trabajo, en la inmensa mayoría de los casos ante testigos, por las FF.AA. y los organismos de represión, con absoluta y precisa coordinación a punto tal que resulta pueril la manifestación de que no es
“LAS MAS GRAVES VIOLACIONES A LOS DD.HH. FUERON COMETIDAS Y TALES ACCIONES NO PUEDEN QUEDAR LIBRADAS AL JUICIO DE LA HISTORIA DE LA HISTORIA. ES NECESARIA LA JUSTICIA. Caso contrario, continuaremos en un camino sin fin, que no permitirá, en manera alguna, la ansiada recuperación de las instituciones
argentinas. Pero, nada vale sino es con justicia, basada en la verdad y con el cumplimiento de
severísimas penas para aquellos que hayan delinquido
En resumidas cuentas, el documento “final” emitido por la Junta agravaba la situación y significaba, también, un verdadero agravio para todo el país.
2.- La ley 22.924 ( AMNISTIA DE DELITOS COMETIDOS CON MOTIVACION O FINALIDAD TERRORISTA O SUBVERSIVA DESDE EL 25 - 5- 73 HASTA EL 17 - 6 - 82 ).
Como dijimos, esta ley es la consecuencia más inmediata del Informe Final del Gobierno Militar. Fue sancionada y promulgada el 22 de septiembre de 1983 y publicada en el Boletín Oficial el 27 de septiembre de 1983. Bueno es recordar la nota al Poder Ejecutivo que acompaño el proyecto de ley Nº 22.924. Los términos utilizados en aquella oportunidad resonarán conocidos en nuestros oídos; son casi idénticos a los que con posteridad utilizarán casi la mayoría de los representantes del
pueblo para fundamentar las leyes del Punto Final , la de la Obediencia Debida y los indultos.
" Tenemos el honor de elevar a V.E. el adjunto proyecto que integran un conjunto de medidas
políticas y normativas tendientes a sentar las bases de la definitiva pacificación del país.
" La reconciliación nacional y la superación de pasadas tragedias son los antecedentes
necesarios para la consolidación de la paz, que constituye uno de los objetivos fundamentales
del gobierno nacional. Las dificultades que obstaculizan la plena vigencia de este valor social hacen más evidente la indudable necesidad de establecer un punto de partida para hacerlo posible.
" La Nación ha visto durante la década pasada sus años más críticos, originados en la
gravedad e irracionalidad del fenómeno terrorista y subversivo, desencadenantes de violentos enfrentamientos cuyas dolorosas secuelas han enlutado a la familia argentina.
" Debe aquí recordarse que las FF.AA. han luchado por la dignidad del hombre. Sin embargo,
la forma cruel y artera con que la subversión terrorista planteo la batalla pudo llevar a que en el curso de la lucha, se produjeran hechos incompatibles con aquel propósito.
" En los combates quedaron muertos y heridos y también resultaron afectados los supremos
valores que se defendieron. Existe la más firme convicción que lo pasado nunca más deberá repetirse.
" No es sobre la recriminación de los sufrimientos mutuamente inferidos y provocados que se
ha de construir la unión nacional, sino sobre la voluntad sincera de reconciliación y de búsqueda común de caminos para una armoniosa convivencia, que puede llevar a una etapa de paz y de trabajo, de calma y de progreso.
" La prudencia aconseja, pues, el ordenamiento que se propone como acto de gobierno que
mira al bien general del país, el que exige dejar atrás los enfrentamientos, perdonar los agravios mutuos y procurar la pacificación nacional con un gesto de reconciliación.
" Estas razones han llevado al convencimiento que el reencauzamiento constitucional de la
Rep. debe necesariamente incluir una base jurídica que permita a las nuevas autoridades acometer la tarea del futuro aliviadas de la pesada carga que estos enfrentamientos y secuelas
implican. LA PACIFICACION DE LOS ESPIRITUS DEBE APOYARSE EN LA EFECTIVA EXTINCION DE TODAS LAS CAUSAS ABIERTAS Y POR ABRIR, VINCULADAS CON LOS HECHOS OCURRIDOS DURANTE LOS ULTIMOS AÑOS.
" La ley proyectada otorgará los beneficios a quiénes agredieron a la Nación por motivaciones
subversivas o terroristas y que no han sido todavía condenados por la Justicia, ofreciéndoles la
oportunidad de reconsiderar sus actitudes y reinsertarse pacíficamente en la comunidad nacional.
" También comprende a quiénes no habiendo aún sido sentenciados y empeñados en las
tareas dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las actividades subversivas o terroristas, pudieron haber apelado al empleo de procedimientos que sobrepasaron el marco legal, por imposición de las inéditas y extremas condiciones en las que aquellas tuvieron lugar.
" La medida no alcanza a quiénes a la fecha hasta la cual se extienden los beneficios de esta
ley, desde el extranjero o la clandestinidad han continuado accionando como miembros de las
asociaciones ilícitas terroristas o subversivas, con total rechazo de toda la alternativa de pacificación o hayan demostrado su propósito de continuar vinculados con dichas asociaciones.
" No ésta incluidos aquellos que han merecido condenas de los distintos tribunales. Ello no
excluye la posibilidad que el Poder Ejecutivo Nacional, imbuido del propósito de pacificación
que preside este cuerpo legal y en ejercicio de las facultades que le otorga el inc. 6 del art. 86 de la Constitución Nacional, lo complemente analizando los casos excluidos de sus beneficios
a fin de que decida los indultos o conmutaciones que coadyuven a la finalidad anunciada.
“ No éstan comprendidos tampoco los actos de subversión económica, por cuanto se considera que las riquezas mal habidas durante este período de enfrentamientos no pueden ser disfrutadas pacíficamente por quiénes medraron en tales circunstancias.
" Desde 1811 hasta la fecha, la República. ha debido recurrir reiteradamente a remedios
legales de esta índole. En el origen de cada etapa fundamental han existido previsiones de
esta naturaleza, tal como ocurrió con el Acuerdo de San Nicolás ( Art. 13 ) o el Pacto de San José de Flores (Art. X), donde se dispuso un perpetuo olvido de todas las causas que han producido nuestra desunión. El espíritu de esta ley es, pues, amplio y se suma a una extensa cadena de precedentes nacionales, siendo sustento normativo el art. 67 inc. 17 de la C.N.".
" Por otra parte, la historia también demuestra que, si bien la extinción de acciones penales
constituye un presupuesto necesario de la reconciliación nacional, en modo alguno resulta por sí sola, causa suficiente".
" Por ello , esta acción de gobierno es coadyuvante a la paz, pero ha menester, además, que
este valor anide una vez más en el corazón del hombre argentino y se consolide definitivamente en el mismo. Solo así estarán dadas las condiciones para el encuentro de la familia argentina, en la irrenunciable empresa de plasmar en unidad, un proyecto de vida común".
“ Como en los albores de nuestra Organización Nacional, REITERAMOS LA INVOCACION A
LA PROTECCION DIVINA para que permita se concrete esta acción de los hombres, que
deben completar, en esta tierra, los tramos de la obra que DIOS PREVIERA DESDE EL "
ART 8º- El tribunal ordinario, federal, militar u organismo castrense ante el cual se estén sustanciando causas en las que, "prima facie", corresponda aplicar la ley, las elevarán sin más trámite y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a la Cámara de Apelaciones correspondiente o al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en su caso. Se entenderá que se encuentran comprendidas en los alcances de la presente ley aquellas causas en trámite o sobreseidas provisionalmente, en las cuales se investiguen hechos cuyos autores aún no hayan sido individualizados y se les atribuya el carácter de integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales, o se exprese que los mismos invocaron algunos de estos caracteres. Lo expresado precedentemente también se aplicará cuando se hubiese alegado la condición de terroristas o manifestado que actuaban con una fuerza aparentemente irresistible. Por superintendencia del tribunal que corresponda se acumularán las causas que, referidas a un mismo hecho, no se encuentren aún acumuladas a la fecha de la presente.
3.- El análisis, hasta aquí, ha sido meramente descriptivo y sólo sirve para ordenar los pasillos de la memoria, que son, por otro lado, algo afectos al olvido y a la indiferencia. Pero no profundiza sobre las variantes que en aquellos años ocurrieron en la correlación de fuerzas en disputa, alrededor de este tema. También, seguramente, esta lejos de conformar a los damnificados directos y a todos aquellos que por principios éticos y humanos se niegan a hacerse los distraídos frente al holocausto. Como había escrito un periodista "seguramente, ya nunca seremos los mismos después de esta pasaje por los infiernos de la represión". La sensación era de impotencia, que junto a las pérdidas sufridas y a la tortura mental que la sola ideología de la Desaparición Forzada de Personas ha grabado de manera absoluta en sus conciencias. Todo parece indicar que al desgarramiento producido por la desaparición del ser querido debemos sumar, ahora, la desesperación de comprobar la imposibilidad de sancionar a todos los culpables. El Punto Final comienza a tomar cuerpo, ya que, finalmente, se sancionará una ley a fines del año 1986: con ella, 30.000 personas detenidas desaparecidas volvían a desaparecer; con ella, se comienza a cerrar el camino de la impunidad.
La ley que analizamos, disponía en su artículo septimo que su aplicación operaría de pleno derecho, una vez promulgada y se aplicaría a pedido de parte o bien directamente, de oficio. Como era obvio, las partes damnificadas no iban a pedir su aplicación; los familiares repudiaron y rechazaron es intento y en la mayoría de los casos plantearon su inconstitucionalidad. Es decir, su aplicación debía ser pedida de oficio, por el Estado, a través de sus fiscales. Por ello y teniendo en cuenta que durante el período de la represión, la vía judicial se convirtió, prácticamente, en un recurso inoperante, el derecho a la vida, a la integridad física y la libertad individual no tuvieron mucho que ver con lo que decían los jueces: las decisiones corrían por cuenta del aparato estatal que se había creado; entonces, fueron los propios fiscales del Estado quiénes se encargaban de pedir todas las Causas por Privación Ilegal de la Libertad y Tormentos y Homicidios que estaban en trámite en los juzgados civiles competentes, para dictaminar la aplicación de los beneficios que otorgaba la ley nro. 22.924.
“Señor Fiscal:
“Me encuentro ante la necesidad de responder negativamente a V. solicitud del 4 del corriente en el sentido de poner a su disposición las causas tramitadas con V. intervención para establecer cuales pueden ser encuadradas en el acto numerado 22.924. Sustancialmente, motiva mi negativa la circunstancia de que considero que dicho acto no es una ley, sino un simple acto de poder bajo la mera forma de ley; en otras palabras : una ley inexistente, que no tiene contenido jurídico, que no es Derecho, considero que el acto numerado 22.924 no debe ni puede ser derogado, pues no existe como ley, sino como simple acto. “No se me escapa la gravedad institucional del acto que Ud. invoca, ni de la manifestación que su requisitoria me impone realizar, pero también es verdad que el acto invocado carece de precedentes en la historia de nuestra Nación. “Fundo la impenitencia como ley del acto numerado 22.924 en los siguientes argumentos :
“1) El contenido de mi manifestación es susceptible de configurar un conflicto de poderes. Sin embargo, no tengo otro camino, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que dichos planteamientos deben ser resueltos por el propio Juez, en el habeas corpus deducido en favor de Ernesto Capello ( año 1977 ), en que remití las actuaciones al Alto Tribunal ante la rotunda negativa del Poder Ejecutivo a facilitarme información con la que pudiese establecer la racionalidad pedida.
“Por tal motivo, debo pronunciarme sen que me sea dable hacerlo impretando un pronunciamiento de la Corte Suprema.
“2) Es indiscutible que la Nación ha pasado por un período de violencia gravísimo, lo cual no puede escapar a la memoria de nadie. “Nuestra sociedad - como cualquiera - tiene conflictos entre grupos, clases, etc. Difusas ideologías absurdas partieron de esa realidad para confundir a sectores de clase media y lanzarlos a una agresión armada y fratricida en pos de mitos bucólicos. Tomaron del marxismo su parte ideológica - ni siquiera la analítica - y aún de ella sus extremos más utópicos e idealistas, sintetizadas malamente en fórmulas simplistas y panfletarias de indigesto argot incoherente. Con esa confusión se encubrió una eclosión irracional de violencia, producto de las innegables y no superadas contradicciones de nuestra clase media, a la que fue ajena nuestra clase obrera y sus dirigentes. “Este es un hecho del dominio público y que no necesito demostrar. “Me molesta muchísimo citarme a mí mismo, pero no me resta otro recurso que hacerlo aquí en forma reiterada, para mostrar que la presente manifestación no es mas de lo que siempre sostuve. En ocasión de declarar la inconstitucionalidad del decreto 642/76, el 4 de marzo de
1976, dije que la realidad exhibía una "violencia descarnada y cruel arropada en ideologías que cumplen a nivel colectivo la función que las racionalizaciones desempeñan en las psicosis de las patologías individuales " y agregaba que al legislar se debía " eludir la trampa de la violencia, de que el impulso emocional en defensa de la seguridad jurídica de todos los habitantes lleve a la lesión irreparable de esa misma seguridad, de que en la lucha por el respeto a la dignidad humana queden en el camino a jirones del concepto que se corresponde
" y concluía en que "las dificultades para conservar la guía de la razón se potencializan cuando
la sangre mana por las heridas que la observancia de esa guía en semejantes circunstancias se concrete en una conducta auténticamente heroica " ( habeas corpus en favor de Nestor Antonio Zapata, Juzgado Federal Nº 2 ). “Con posteridad, en septiembre de 1976, entendí que la interrupción del orden constitucional, no podía interpretarse como una denuncia a la Declaración Universal de Derechos Humanos, al principio republicano de gobierno, al del Estado de Derecho, al de división de los poderes, al del debido proceso legal y al del Juez natural e incluso al sostenimiento del Culto Católico Apostólico Romano, al hacer lugar al habeas corpus por opción de salida en favor de Pablo Alfredo Piza. “Lamentablemente no se entendieron las cosas de este modo, y no solo se violaron Derechos
Humanos para reprimir el terrorismo, sino también para realizar una ideología política - la de la
" seguridad nacional " -, lo que nada tiene que ver con el terrorismo y, por exceder sus límites,
cae en un crimen contra la Humanidad, cuya amnistía esta vedada por los tratados internacionales más importantes ratificados por la Nación y por la propia Constitución Nacional.
“3) Este acto inexistente es el último eslabón de una cadena legislativa y fáctica que ha puesto en serio peligro a la seguridad exterior e interior del Estado. La seguridad exterior se pone en peligro porque los terceros paises que se sienten alcanzados por las violaciones de Derechos Humanos " reaccionan ante ese Estado infractor, en primer lugar aislándolo moral y políticamente, por lo que se debilita su posición internacional " ( Hernan Montealegre, La Seguridad del Estado y los Derechos Humanos, Academia de Humanismo Cristiano, Cg. de Chile, 1979, p.653 ), dando incluso pie a la justificación de intervención humanitaria unilateral, sostenida por algunos internacionalistas ( idem p. 645 ) y esgrimida por Gran Bretaña en el curso del conflicto armado protagonizado contra esa potencia colonialista, en forma análoga a la usada por el gobierno de Mussolini en el caso de Etiopía. En cuanto a la seguridad interior, se ve afectada porque el aislamiento resulta en inevitables consecuencias económicas que generan tensiones sociales graves y porque la violencia desprestigia a las instituciones y genera un clima propicio a la repetición de actos análogos.
“4) Creo que ningún Juez del país, en su sano juicio, podría exigir exquisita objetividad en la valoración de cada una de las acciones violentas agresivas del terrorismo, por parte de las autoridades represoras, como para responsabilizarlas penalmente cuando hubiesen incurrido en excesos. El más elemental sentido común indica que, en tales circunstancias, no sería posible exigir finezas valorativas y, por ende tales actos encuadrarían en un correcto entendimiento, en las eximentes del art. 35. No sería para nada necesaria en tales supuestos
una amnistía o, en último caso, no habría obstáculo constitucional alguno a que una ley amnistiase los hechos encuadrados en la atenuante del art. 34 en una eximente incompleta. “Pero este no es el ámbito de supuestos que quiere abarcar el acto numerado 22.924. La amplitud de términos de ese acto y el generoso beneficio de la duda que otorga, lleva a incluir en él todos los casos de desapariciones forzadas de personas y también de homicidios en circunstancias que resulten dudosas en cuanto a su vinculación o motivación con referencia a la represión del terrorismo. No entraré en consideraciones numéricas, pero lo cierto es que, cualquiera sea la verdad acerca del número de hechos, estos configuran un fenómeno de
naturaleza masiva. El carácter masivo y pluriofensivo de las reiteradas violaciones de Derechos Humanos ha quedado demostrado en el "Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina " producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. ( Secretaría General, Washington D.C.,1980 ), que se llevo a cabo mientras se repartían en la ciudad obleas que decían " Los argentinos somos derechos y humanos" y se pretendía encuadrar penalmente a los dirigentes políticos que depusieron ante la Comisión ( Deolindo Felipe Bittel y Herminio Iglesias ). “En segundo lugar, el fenómeno no ha afectado únicamente a personas que practicaron actos de terrorismo. En este Juzgado se ha tramitado el habeas corpus en favor del dirigente sindical Smith, que topó con la habitual falta de información por parte del Poder Ejecutivo, en días en que dos y tres recursos análogos se tramitaban diariamente en el Tribunal. Es de conocimiento público - y fui preguntado al respecto reiteradamente en Europa - que en parecidas circunstancias desapareció el obispo luterano y ex-Rector de la Universidad Nacional de San Luis, Dr. Mauricio López. Es también de conocimiento público que las circunstancia que hallo la muerte el Obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, no están suficientemente esclarecidas,
como bien parecen sugerirlo las palabras de SS
meses más tarde las cartas credenciales del Embajador argentino ante la Santa Sede. “Es obvio que la desaparición forzada de personas, practicada en forma masiva, no es método legítimo para combatir el terrorismo, pero en base a los casos que menciono y al contenido y constataciones del informe de la Comisión Interamericana, resulta también claro que no se usó con ese único objetivo, sino con el de imponer un modelo político que respondía a una ideología: la llamada de la " seguridad nacional ", cuya naturaleza autoritaria, inhumana e incompatible con los principios cristianos está claramente puesta de manifiesto en el Documento de Puebla ( ver párrafos 67, 93, 130,179,189-190 ). “La masiva e indeterminada privación de libertad de personas de ideología incompatible con la del grupo dominante con el fin de imponer una ideología autoritaria, es un crimen del Derecho de Gentes, que en tiempo de guerra es crimen de guerra y en tiempos de paz es crimen contra la Humanidad, pues se comete con la intención de destruir, en todo o en parte, a un grupo nacional y porque, al menos, importa un grave atentado a la integridad mental de miembros del grupo. “Es indiscutible que quien permanece secuestrado largos años sin recibir ninguna noticia ni tener contacto con sus familiares o amigos, cuanto menos debe padecer un serio deterioro de su integridad mental. Pues bien: tal hecho encuadra en el art. 2º de la "Convención sobre Genocidio" del 9 de diciembre de 1948. Mal puede la Nación Argentina amnistiar tales actos cuando ha asumido ante el mundo el deber de reprimirlos, conforme al art. 5 de esa Convención. “La referencia a "grupo nacional" del art.2 de la citada Convención no debe entenderse en el sentido de una minoría nacional, sino que permite reprimir como genocidio la destrucción violenta de grupos de ciudadanos del propio país y de la propia nacionalidad, agrupados bajo cualquier circunstancia, aunque fuera por definición negativa (disidencia ideológica), lo que emerge claramente del propio sentido etimológico de " genocidio " , proveniente del " genos " griego - y no del " gens " latino -, que indica agrupación humana, como lo señalara el propio Lemzin al acuñar el neologismo ( cit., por Quintano Ripolles, Tratado del Derecho Penal Internacional e Internacional Penal, Madrid, 1955, Tomo I, pág. 627 ).
el Papa Pablo VI, en ocasión de recibir unos
“5 ) Admitir que la violación masiva y permanente de Derechos Humanos y la desaparición forzada y masiva de personas con fines políticos - genocidio - pueda ser amnistiada y reconocer el carácter de ley al acto de poder que así lo pretende, equivale a afirmar que la Nación Argentina se aparta de la comunidad internacional, que rechaza la carta de la O.N.U., la carta de la O.E.A., la declaración universal de Derechos Humanos, la Convención sobre Genocidio y todos los otros Documentos análogos que dan forma la conciencia jurídica internacional.
“Por otra parte, la desaparición forzada de personas constituye internamente el delito de privación ilegítima de la libertad. Es sabido que tal delito tiene carácter permanente y que su estado consumativo se extingue recién cuando la víctima recupera su libertad o muere. Mientras tanto el delito se sigue cometiendo. Tales personas no han recuperado su libertad. Tampoco se ha acreditado su muerte, que conforme a nuestro Código Procesal, por ser parte del cuerpo del delito, requiere probarse mediante prueba directa, que abarca el cadáver o restos del mismo. Es sabido que la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento es un mero expediente práctico de naturaleza civil, pero no puede tener efectos penales. No veo como puede pretenderse que tenga contenido jurídico - de Derecho, es decir, racional - un acto con forma de ley que pretende amnistiar delitos que se siguen cometiendo hasta el presente.
“6 ) La falta de contenido jurídico del acto numerado 22.924, lo que informa su carácter de ley inexistente, no se desprende del mero hecho de que desconozca los mas importantes tratados internacionales suscriptos por la Nación, sino que en este caso viola simultáneamente la escencia misma del fenómeno jurídico, del Derecho. No es únicamente la Convención Universal de Derechos Humanos la que nos obliga a reconocer al hombre como persona. Tampoco lo es la declaración de Derechos de nuestra Constitución Nacional, de la que claramente surge el reconocimiento de Derechos anteriores a toda ley positiva que se sintetizan en su condición de persona. Ni siquiera lo es el art. 19 de la Constitución Nacional, que lo presupone al reconocer un ámbito moral impenetrable para el Estado. “El cumplimiento del hombre como persona, de cualquier hombre como persona, es de la esencia ontológica del Derecho. En la medida en que se use a los hombres como medios se les desconoce el carácter de personas, se les trata como cosas, se olvida que deben ser tratados como " finalidad última " y el acto que así lo hace cae fuera del Derecho," deja de ser Derecho" (Cfr. Wenzel, Hans, Más allá del Derecho Natural y del positivismo jurídico, Córdoba 1962, p.64). " Nadie tiene derecho a servirse de una persona, a usar de ella como medio, ni siquiera Dios como Creador " ( Karol Wojtyla, Amor y Responsabilidad, Madrid 1978, p.21 ). No puede ser derecho la ley que quiere " olvidar " - amnistiar - la utilización masiva de personas con fines ideológicos, la cosificación del hombre en aras del mito de la " seguridad nacional " ni del Estado de " seguridad nacional "ni de ningún otro (dictadura del proletariado, superioridad racial, pueblo elegido, etc. ). “No comparto la idea de un iusnaturalismo idealista, sino la de estructuras lógicas que vinculan al legislador con la realidad y que limitan su poder, no señalando como "debe ser " el derecho, pero sí indicando, al menos, que algunas cosas no son Derecho (Cfr. Wenzel, Hans. Naturrencht und materiale Gerechtigkeit, Wöttingen, 1962 ), lo cual ha dado pie a que algunos autores caractericen esto como un " Derecho Natural negativo " ( V. Engisch, Karl, luf der Suzne nach der Gerechtigkeit, Mauptthemen de Rechtsphilosophie, München, 1971, p.240 ). consiguientemente, entiendo que hay límites ontológicos del Derecho y el acto con forma de ley que cae fuera de esos límites no puede ser considerado Derecho y, por ende, una ley que no es Derecho - no es el caso de la "ley injusta" - no es ley, sino un mero acto de poder, que puede ocasionar, pero nunca obligar. No se trata de Derecho defectuoso, sino de algo que no es Derecho (Cfr. Radburuch, Gustavo Gesetzliches Unrecht und Ubergehetzliches Recht, en Rechtzphilosophie, Stuugart, 1970, p.353 ). No importa quien lo emita : sea una autoridad de facto o el Congreso Nacional, este texto nunca sería Derecho, no por su forma sino directamente por la falta de contenido jurídico de su materia. “7) Incluso dentro de un planteo formal del Derecho, si el acto numerado 22.924 pretende desincriminar hechos cometidos masivamente, en que se desconoció del modo más abierto el carácter de persona del ser humano, y que por normas de superior jerarquía el propio poder que lo emite esta obligado a velar por su adecuada punición ( recordemos que la insuficiente protección a la vida humana, que el Derecho tiene el deber de tutelar, es el principal argumento en contra de la constitucionalidad de las leyes desincriminatorias del aborto, por ejemplo, usado por el Tribunal Constitucional Alemán ) y a proveer legislativamente a la misma, se trata de un acto antijurídico y, en la medida en que tiende a obstaculizar la acción de la Justicia para su punición, cumplimenta un tipo de objetivo de encubrimiento. Cómo es posible que una conducta objetivamente típica sea una ley ?.
“8) Si el acto numerado 22.924 es una conducta típica y antijurídica configuraría un delito si también fuese culpable y sería mi deber extraer testimonio y remitirlos al Juez competente. No obstante , no estoy del todo convencido de que configure un delito. Me encuentro aquí con
argumentos que guardan gran similitud con los que esgrimía Radbruch cuando se refería a la dificultad de responsabilidad de responsabilizar a los Jueces formados en el positivismo legal ( Cfr. Radbruch, Gesetzliches Unrecht, cit. p. 356 ). No escapa a mi atención que hemos vivido un largo período en que a fuerza de repetirse consignas, censurarse la prensa y todos los medios masivos, ejercerce el más arbitrario control sobre todas las manifestaciones culturales, identificarse a los Derechos Humanos como " fueros " de los terroristas, etiquetar de " marxistas " y " subversivos " todo lo que no cuadraba en los cánones de la ideología de la seguridad nacional o de la del censor de turno, se ha generado un clima de alienación idolátrica que ha desembocado en un serio estrechamiento de la conciencia jurídica. Nos hemos desviado totalmente de nuestra mejor tradición jurídica, vinculadas a los albores mismos de la nacionalidad.
“Se ha afirmado y repetido que éramos víctimas gratuitas de una campaña de desprestigio internacional promovida por el comunismo, de la que formaría parte el mismo Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz, cuando la verdad fue que la O.N.U. no tuvo una eficaz intervención en nuestras violaciones de Derechos Humanos debido al veto permanente de la Unión Soviética a toda iniciativa en tal sentido y cuando el día de hoy el gobierno comunista polaco estará aduciendo lo mismo contra el citado Comité Noruego. “Llega un momento en que la mutua repetición de frases hechas consolida como verdad las más burdas racionalizaciones y todos terminan aceptándolas como tales. Creo realmente que los propios protagonistas del acto numerado 22.924 no reconocen la naturaleza de los actos que pretenden " amnistiar ", que los consideran como injustos menores, que no puede exigírsele que distingan entre los " excesos " - que serían impunes o atenuados aplicando la ley vigente - y la desaparición forzada practicada en forma masiva como crimen contra la Humanidad. Creo que han internalizado su propio discurso y, con ello, una tremenda pérdida del sentido de la realidad. Tengo serias dudas acerca de la existencia de dolo, y más aún acerca de la exigibilidad de una adecuada comprensión de la antijuricidad, como presupuesto necesario para el reproche de culpabilidad penal. “En síntesis, Sr. Fiscal: al negarme a poner a su disposición las causas del Juzgado a mi cargo, le recuerdo que el acto numerado 22.924 no es una ley, porque importa una tipicidad objetiva de encubrimiento, al obstaculizar la investigación y punición de conductas que la Nación Argentina tiene el deber constitucional e internacional de penar, y porque carece de materia jurídica su contenido, por importar un gravísimo desconocimiento del carácter de persona del ser humano, al pretender desincriminar la mediatización masiva del mismo, configuradora de un crimen contra la Humanidad, propia del Derecho de Gentes y condenado por la conciencia jurídica universal. “Le actualizo de este modo su conocimiento de la antijuricidad y, en nombre de la dignidad de la Nación Argentina en el concierto de las naciones civilizadas del mundo, donde aspiro que
continúe siendo una " Nueva y gloriosa Nación ", en homenaje al Gran Pueblo Argentino y a su reputación universal - que recibió las ofensas que hoy se pretenden " amnistiar " pese ha haber repudiado al terrorismo -, le invito a que asuma su deber de perseguir los delitos mediante la acción pública y le recuerdo que la obediencia jerárquica es unánimemente rechazada como eximente en el Derecho de Gentes para los autores, partícipes y encubridores de los delitos que contempla, incluso en el ámbito militar y pese a que en dicho ámbito, como es obvio, la
obediencia jerárquica es mucho más vinculante que en el civil
EL ENTIERRO DE LOS VIVOS: LAS TUMBAS NN Y LOS ARROJADOS AL MAR.
" LAS CRESTAS MONTAÑOSAS DUERMEN; LOS VALLES, LOS RISCOS Y LAS GRUTAS, ESTAN EN SILENCIO “
Alcman 60 (10) 646 (de la Fábula de Edgar A. Poe " Silencio ")
1.- Estoy recordando la lectura de algún clásico. Las crónicas del avance de Teodorico al frente de las hordas ostrogodas sobre la Dalmacia y la península Itálica. Los tiempos eran terribles, era la caída de los pueblos, naciones enteras, eran arrasados por el invasor que junto con los bandidos completaban el saqueo y la destrucción. Pero en medio de la dureza, el jefe Ostrogodo, al frente de toda una Nación en marcha, en medio de la más atroz anarquía y hambruna, no alcanzó jamás la perversidad y la crueldad que dieron nuestras fuerzas armadas en su empeño por aniquilar la subversión. Porque ellas, inauguraron la nueva característica de horror, luego del secuestro o de la detención, que fue la desaparición de las personas. Porque uno de sus resultados, fueron las tumbas NN. Quizás, la última frecuencia demoniaca del proceso de la desaparición de las personas. En toda la tradición de la Edad Media y en los antiguos tiempos cristianos, la cristiana sepultura era un deber, un precepto sagrado. De la violación de tal imperativo surgió la figura y el temor de las "almas en pena", errantes por no haber muerto cuando Dios manda y sabido por los suyos. La Argentina, aunque nada se diga, es también un páramo donde divagan miles y miles de "almas en pena", porque es la tierra donde miles y miles de personas viven angustiadas sin saber que les ocurrió a sus seres queridos.
2.- Las tumbas N.N. son la prueba irrefutable del crimen. Con el genocidio que sufrió el pueblo argentino, al destrozar y mezclar los restos de los mártires, se cumplió el propósito de que ni muertas las personas desaparecidas pudieran
identificarse. La gesta de los militares se convirtió así en una gesta contra la humanidad. Era el año 1982, donde el régimen militar -relajado y derrotado por los británicos- con su corrupción y el peso de sus crímenes que empiezan a tomar mayor cuerpo en las investigaciones, aparecen los primeros ex-campos de concentración identificados, tumbas NN
Debo precisar que los cadáveres de los desaparecidos eran depositados en cementerios, en zonas militares, en campos abiertos, ríos, arroyos y hasta en el mar. De este modo, bien podemos decir que el país entero descansa sobre el crimen. Hay aspectos significativos de este método de sepultura. La mayoría son fosas comunes, de 10 mts. por 16 cmts., donde se acumularon los restos -previamente descuartizados y mezclados sus miembros- para que no se pueda individualizar a las personas enterradas.
Y estas sepulturas son el nexo, la prueba y la acusación, porque allí se encuentra el cuerpo del
delito, con la responsabilidad de las FF.AA. argentinas como telón de fondo. Por supuesto que no se procuró con ello ocultar el asesinato -la impunidad estaba garantizada- sino impedir la identificación e individualización de los restos, con el propósito de que sus deudos y allegados no pudieran, ni siquiera, reunirse con ellos. Aquella tendencia, aquella intención, aquella voluntad de transformar a los desaparecidos en algo inexistente -como si no hubieran sido- fue motivada y también meditada por un odio puro e
infernal contra sus semejantes. Hubo, sin lugar a dudas, un propósito de desmoralizar, de destrucción espiritual, de aniquilar el espíritu del pueblo con el fin de instrumentar una política siniestra; pero, se llegó tan lejos, que, como lo precisó "L'Osservatore Romano": llegó hasta la pérdida del alma. Es decir, que de los "desaparecidos" (alrededor de 30.000) no se supo nada durante el proceso. Llegaron a desaparecer hasta sus prontuarios; era, como si no hubieran existido. Ya más lejos en el tiempo, nos encontramos con algunos rastros, algunas huellas, del destino de los "desaparecidos".
Se trata del tendal de cadáveres, de ambos sexos, que, en un hallazgo atrozmente lúgubre, fueron encontrados en unos terrenos en las afueras de la localidad de Pilar de la provincia de Buenos Aires. De ellos, tres pudieron ser identificados; uno de ellos, se trataba de Inés Nocetti (Testimonio de Adolfo T. Ocampo, legajo 1104 de la Conadep). "A las dos de la madrugada del 11 de agosto de 1976, penetraron en el edificio y derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en éste. Otros hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el departamento de enfrente
por el Capitán de Navío Guillermo Andrew, quién merced a un llamado telefónico, logró que llegaran al lugar dos camiones del Ejército. Los dos grupos se trabaron en un intenso tiroteo (aún hoy pueden apreciarse los impactos en el frente) El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del Capitán ya citado, pudieron oir a los victimarios gritar "tenemos zona liberada"; acorde a esto, se retiraron las fuerzas, dejando actuar a los
victimarios, quiénes después de destruir y robar, se llevaron a Selma (Ocampo) y a una amiga,
Inés Nocetti, ambas desaparecidas al día de la fecha
de haber sido fusilados en Campo de Mayo, sus restos fueron llevados a los terrenos de Pilar, amordazados, rociados de kerosene y cubiertos de restos de neumáticos y de caucho, fueron prendidos fuego. Es imposible extendernos en los detalles de este pavoroso crimen; pero, es bueno indicar que significaba, además de infundir mayor temor a la población, satisfacer los bajos instintos de la clase militar y era una clara demostración de la danmación de quiénes estaban en ello. En esa forma y como lo desarrolla esclarecidamente Laura Beatriz Bonaparte en el "Centro Internacional de Rehabilitación e Investigación para las victimas de torturas", se procura dar carácter permanente, eterno, a las desapariciones; añadiendo a las atrocidades cometidas sobre las víctimas directas, una intención consciente y perversa de sumir en la incertidumbre la desesperación y el permanente dolor da padres, madres, esposos, hijos, hermanos, amigos.("Militares en la Argentina y su método de Tortura interminable" Febrero de 1984). Con el advenimiento del gobierno militar se produce,ya en forma generalizada, en todo el territorio de la Nación, un aumento significativo en el número de desapariciones de personas, hechos que tienen una serie de características comunes: los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad, y, si bien en la mayoría de los casos se proclamaban genéricamente como correspondientes a alguna de esas fuerzas, normalmente adoptaban precauciones para no ser identificados con burdas indumentarias, pelucas, etc.
Estos hombres y mujeres, después
No obstante lo anterior, la Cámara Federal tuvo probado, en general, que:
mismos, distribuidas en el territorio del país, cuya existencia era ocultada al conocimiento público, mantenidas allí en forma clandestina; interrogadas bajo tormento, con imposición de "
cond<iciones inhumanas de vida y de alojamiento Considerando II de la sentencia de Cámara.)
víctimas eran conducidas a unidades militares o policiales o que dependían de los
(Capítulos XI, XII y XIV del
Con respecto a la suerte corrida por las víctimas, la Cámara dijo:
en libertad con adopción de medidas que no revelaran lo que les había ocurrido,
a proceso o puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional con ocultamiento
del período de cautiverio
fueron eliminados. Ello se estima acreditado tanto por el hallazgo en la costa del mar y en los ríos de un llamativo número de cadáveres, cuanto por el significativo aumento de inhumaciones: bajo el rubro NN, en las que la omisión de las más elementales diligencias
se la enterró bajo ese rubro
tendientes a la identificación de los cadáveres no encuentra otra explicación
Los ""
secuestrados no incluidos en el capítulo anterior, se infiere,
Se produjo la muerte violenta de personas supuestamente
vinculadas a organizaciones terroristas en episodios presentados como enfrentamientos con
las fuerzas legales, que eran fraguados
quiénes no se volvió a tener noticias sentencia de Cámara.)
traslados masivos de secuestrados de
(Capítulos XVI y XV del Considerando II de la
3.- En el mes de noviembre de 1977 era secuestrada de su casa particular en la ciudad de La Plata, la Sra. María Mercedes Hourquibie de Francese. Tenía en el momento del secuestro 77 años. En el mes de febrero de 1987, el grupo de Peritos Oficiales compuestos por Alejandro Inchaurregui; Morris V. Tidball Binz; Mercedes C. Doretti y Luis B. Fondebrider (Grupo Clayde Snow) procedía a la identificación de los restos "de quien en vida fuera Maria Mercedes Houtquibie de Francese" (Informe elevado a la Causa Nº 44, incoada en virtud del Decreto 280 del Poder Ejecutivo- Fs. 9691/97).
Los restos de la Sra. Hourquibie de Francese habían sido encontrados junto a otros en una de las fosas comunes descubiertas en el cementerio de Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. La Cámara Federal de la Capital Federal en la Causa Nº 13 (seguida contra las tres primeras Juntas Militares) en el caso del secuestro y desaparición de la Sra. Hourquibie de Francese (Caso Nº 163) había dicho: "No está probado que María Mercedes H. de Francese haya sido
privada de su libertad el 3 de noviembre de 1977 por un grupo de personas armadas
está que a partir de esa fecha no volvió a ser vista
Maria Cristina Temperoni, quién relata haberla visto salir de su casa, vestida normalmente, con su cartera, acompañada de dos personas, sin recordar si vestían o no uniforme o portaban "
armas y sin signos de violencia o temor
Diciembre de 1985). En el mes de agosto de 1988, uno de sus nietos, procedió a trasladar los restos de su abuela del cementerio de Avellaneda a la bóveda familiar de la ciudad de La Plata. En esa oportunidad, reflexionaba: "A mi abuelita le gustaba mucho salir a pasear y no decir con quién La desaparición de la Sra. Francese debiera entrar en la nueva categorización hecha
recientemente por Harguindeguy en el sentido "
Es desincriminante la declaración de
(Fs. 28.835 de la sentencia del Juicio del Siglo-
4.-Ya más cerca, en estos días, también han aparecido manifestaciones de ex-integrantes de las fuerzas de la represión que hacen referencia que muchos desparecidos fueron arrojados al mar, en la mayoría de los casos, vivos o adormecidos. Uno de ellos, dice, a casi 20 años de los hechos, que no puede dormir. El otro, mientras practica equitación en uno de los clubes más coquetos de Buenos Aires, menciona que en algunos casos tuvo que utilizar "interrogatorios fuertes", para sacarle información a los subversivos. Ninguno se arrepiente. Sostienen que obedecieron realizar estos "hechos atroces" en bien de la Patria y en cumplimiento de las ördenes de servicio”. Ruegan que nunca más tengan que participar en estos hechos. No se arrepienten.
Cuando los constituyentes de 1853 delinearon el proyecto que tenían para el nuevo Estado, estipularon en el Preámbulo de la Constitución que uno de los propósitos fundamentales que los impulsaba a organizarse con las pautas que consagraban era, entre otros, el de proveer a la defensa común. Las FF.AA. como órgano del Estado e integrante de la Administración Pública, reconocen un órden jerárquico que en ellas se plasma con notoria evidencia. De la esencia misma de la jerarquía, se desprende que la ubicación que cada uno de los integrantes tienen en la escala jerárquica importa un diferente nivel de exigencias y atribuciones. A medida que se asciende en ella se acrecientan ambas, porque a mayor capacidad de mando corresponde mayor responsabilidad. Obediencia y Subordinación constituyen la esencia de la disiplina militar.
Esta disciplina en el devenir de los tiempos, se ha logrado o bien por medio de una paciente tarea de educación inculcándole con perseverancia mediante el estímulo del "espíritu militar" y tratando de fundamentarla en el "honor" inherente a la condición de castrense; o bien, se la ha obtenido mediante la fuerza, a palos, o como ocurrió recientemente y hasta exponiéndolos durante un tiempo sin protección a las rigurosas condiciones climáticas del Sur. Los antecedentes patrios nos ponen de relieve que ambos métodos fueron frecuentemente utilizados entre los militares desde antaño y así lo destaca el general D. Tomás de Iriarte en
sus memorias, donde relata "
infamante de azotes era casi diario, se cerraban las puertas del cuartel para evitar la presencia de algún extraño; formaban al batallón, salían los cabos con su vara y el mayor con otro y
empezaba el vapuleo;
se oyesen los gemidos de aquellos desdichados cuyo delito era imaginario o
anarquía."Edic. Arg. S.I.A. 1946 p.XXXV DEL Estudio Preliminar realizado por Enrique de
trato que se daba a las tropas era el más inicuo, el castigo
la banda de tambores no cesaba de tocar
Tomás de Iriarte, Brigadier Gral. "Memorias, la independencia y la
Gandía). Agregando, este militar, que habiendo sido él testigo del método reinante en el Ejercito del Norte y no pudiendo aprobar el rigor con que se trataba a los jefes y oficiales, porque estos eran arrojados y recluídos en calabozos como el último soldado, sistema tan opresivo y contrario a los principios republicanos.,máxime cuando venía de servir a una monarquía y jamás los había visto practicar, Belgrano, apercibiéndose de los graves efectos que le causaban estos tratamientos, un dìa le dijo:
que mi corazón y mis principios repugnan, no se podrían hacer buenos soldados de los americanos; es preciso que pase todavìa mucho tiempo para que el punto del honor sea el móvil de las acciones; las masas estàn muy atrazadas en nuestro país, no tenemos "
Iriarte, yo conozco bien a nuestros paisanos; créame usted, pero sin este rigor
Desde aquel entonces, el rigor que reinaba en el ejército Argentino persistió durante décadas. Es por ello, que nada puede esperarse de estos personajes, que lejos de contribuir a la reconstrucción de la verdad, siguen desparramando el rigor y la ignorancia que ha caracterizado su formación como integrantes de las FF.AA.
"LOS NIVELES DE IRRESPONSABILIDAD" (LOS DECRETOS DEL DR. ALFONSIN)
"Y ¿No será - me dices en tus horas de desaliento, cuando te vas de ti mismo.- no será, que
creyendo al ponernos en marcha, caminar por campos y tierras,
en torno al mismo sitio ?
estemos dando vueltas
"El Sepulcro de Don Quijote" MIGUEL DE UNAMUNO
1.- " Nuestra comunidad esta dispuesta a contemplar con otro criterio la situación especial de aquellos miembros de las FF.AA.y de Seguridad que se limitaron a actuar en cumplimiento de ordenes superiores. Si bien se espera que la Obediencia en un Estado Democrático no sea ciega, debe admitirse que en las circunstancias excepcionales de la lucha contra el terrorismo se obró en un contexto de confusión y de coerción, habiendo desencadenado la conducción
militar una intensa propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la Seguridad Nacional que pudo haber hecho creer a quiénes no tenían capacidad decisoria que las ordenes que recibían eran legítimas, al mismo tiempo, muchas veces, se actuó bajo presiones irresistibles de diversa
"(Discurso
presidencial del 13-12-83).
De un plumazo se borraban el trabajo de investigación de las Organizaciones Defensoras de los DDHH, de algunos de los sobrevivientes de los campos de concentración argentinos para intentar individualizar a los secuestradores y a los torturadores. Trabajo arduo, obsesivo y valiente, porque dentro de la estructura criminal planeada, se convertía en muy difícil la tarea de la individualización. No se hacía ninguna alusión a los miles de seres secuestrados y desaparecidos: nada se disponía sobre la averiguación de sus destinos. La cuestión era, seguía e iba a ser solamente, militar.
Con la política de incriminar solamente a las cúpulas el gobierno se inventa la estratégia de la "autodepuración" para el cuerpo militar. En realidad y como bien lo señalara el Dr. Marcelo A. Sancinetti, la estrategia de la autodepuración iba a tener dos etapas: en primer lugar, juzgamiento por los propios militares (CONSEJO SUPREMO DE LAS FFAA): si este fracasaba, lo harían los "jueces civiles de la dictadura", en grado de apelación. ( del libro “Derechos Humanos en la Argentina Post Dictatorial”).
1) El gobierno democrático ha anunciado su más firme decisión de restablecer el estado de derecho en la Argentina. Ello requiere disponer una serie de medidas que son necesarias para asegurar el más amplio respeto tanto a los derechos individuales básicos como a los procedimientos de decisión de los poderes constitucionales. 2) Las medidas en cuestión tienden a resolver situaciones pasadas y también a prevenir hechos futuros. El pasado gravita sombriamente sobre nuestro porvenir: las violaciones extremadamente aberrantes de los derechos que hacen a la esencia de la dignidad humana en que incurrieran el terrorismo y la represión de ese terrorismo no pueden quedar impunes. Esa impunidad significaría claudicar frente a principios éticos fundamentales, poniendo en peligro la prevención de futuras violaciones. 3) La convicción de que es necesario hacer justicia con quienes, desde uno y otro lado, han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica
que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía. Esta ley además de ser moralmente inaceptable, resulta políticamente irresponsable, al extender sobre toda la institución militar la culpa que solo debería recaer sobre algunos de sus miembros. La ley de pacificación es, por otra parte, jurídicamente viciosa porque importa la consagracion de una desigualdad arbitraria, y asimismo el perfeccionamiento de la asunción de la suma del poder público. Por último, dado que las normas de facto no gozan de la presunción de la legitimidad que beneficia a las de origen democrático, su validez precaria queda ancelada cuando, como en este caso, su contenido es claramente inicuo. 4) Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo Nacional envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para privar de todo efecto jurídico, incluso el que pudiera derivar de la ultra-actividad de la ley penal màs benigna y el de la cosa juzgada, a esta Ley de Amnistía que será declarada inconstitucional e insanablemente nula. Se preven normas especiales respecto de la excarcelación y de la libertad vigilada de quiénes pudieran haberse beneficiado por la aplicación de la Ley de Amnistía que se propone anular. 5) La aprobación de ese proyecto por el Congreso de la Nación implicará que queda abierta la via de la justicia para investigar y eventualmente, castigar los hechos cometidos por el terrorismo y los que ejecutaron los miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad con el motivo alegado de remprimir a ese terrorismo. En lo que hace a estos últimos hechos, el respeto a la prohibición del artículo 18 de la Constitución Nacional de sacar al imputado del juez designado por ley antes del acto juzgado, obliga a que la necesaria derogacion de las normas del Código de Justicia Militar que establecen las competencias de los tribunales militares para estos delitos sea dejada sin efecto para el futuro pero no respecto de hechos pasados. Es al mismo tiempo inadmisible, sin embargo, que delitos que han afectado seriamente los derechos e intereses de personas ajenas al ámbito militar sean juzgados, en última instancia, por tribunales administrativos integrados con los pares de los imputados, que no son jueces constitucionales. Ello constituye tanto un privilegio arbitrario como una privación de la garantía del debido proceso penal. En razón de lo dicho, la jurisdicción militar, impuesta para el pasado por el principio juez natural, solo es aceptable si se prevé, al mismo tiempo, un recurso de apelación amplio, que pueden interponer tanto el procesado como la parte acusadora En este recurso entenderán los tribunales civiles a todos los argentinos. En esa segunda instancia deberá darse intervención al particular damnificado, sin perjuicio de su derecho irrestricto a denunciar y a aportar elementos probatorios en la etapa procesal anterior. 6)-Hemos dicho reiteradamente que es necesario distinguir entre tres situaciones que se dieron en el contexto de la metodología inhumana empleada para reprimir el terrorismo. En primer lugar, la situación de quiénes planearon y supervisaron esa metodología, dando las ordenes necesarias para ponerla en práctica y omitiendo prevenir sus consecuencias. En segundo lugar, la situación de los que se excedieron en el cumplimiento de esas ordenes por motivos tales como crueldad, perversidad o codicia. En tercer lugar, la situación de quiénes se limitaron a cumplir las ordenes recibidas en un contexto que no estuvo, en general, exento de presiones y en el que se ejerció una intensa y permanente propaganda inspirada en la doctrina totalitaria de la seguridad nacional. Esta última hizo creer a los actuantes en muchos casos que las ordenes recibidas eran legítimas. 7) - Debe caer el peso ejemplificador de la ley sobre quiénes están incluidos en las dos primeras categorías, es decir quienes pusieron en marcha esta maquinaria de muerte y quienes se aprovecharon de ella para torturar o para satisfacer fines personales. En cambio es necesario contemplar con otro criterio a quiénes, habiendo cumplido ordenes recibidas en un clima de error y coerción, debe ofrecérseles la oportunidad de servir en el futuro a la democracia constitucional. Las normas jurídicas en vigencia sobre la obediencia debida son en general suficientes para instrumentar esta necesaria distinción, con solo algunas modificaciones en materia probatoria que contemple una situación extremadamente anómala como el contexto en que éstas ordenes fueron dadas y recibidas. 8) Todo esto requiere modificaciones al Código de Justicia Militar, a través de un proyecto que se envía al Congreso, de modo de derogar la competencia de los tribunales militares para delitos comunes cometidos en el futuro por personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
establecer un recurso de apelación amplio ante los tribunales civiles de las sentencias recaídas en los procesos militares, e incluir normas interpretativas y probatorias de la obediencia debida. 9) El recurso de apelación amplio recien mencionado también permitirá la revisión, previniéndose para ello plazos adecuados, de las condenas de civiles por tribunales militares. Pero, ademàs de este recurso, se prevé tambien, mediante un proyecto separado, la extensión para tales casos del recurso de hábeas corpus, lo que hará posible materializar la posición de la Corte Suprema sobre la insubsistencia de tales condenas una vez pasada la situación de excepción.
Visto el artículo 86, inciso 1º y 15 de la Constitución Nacional, y al artículo 179 del Código de Justicia Militar y CONSIDERANDO: Que la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación el 24 de marzo de 1976, y los mandos orgánicos de las Fuerzas Armadas que se encontraban en funciones a esa fecha concibieron e instrumentaron un plan de operaciones contra la actividad subversiva y terrorista, basado en métodos y procedimientos manifiestamente ilegales. Que entre los años 1976 y 1979, aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha, inspirados en la totalitaria "doctrina de la seguridad nacional". Que todos los habitantes del país, y especialmente, los cuadros subalternos de las Fuerzas Armadas, fueron expuestos a una intensa y prolongada campaña de acción psicológica destinada a establecer la convicción de que los "agentes disolventes o de la subversión", difusa categoría comprensiva tanto de los verdaderos terroristas como de los meros disidentes y aún de aquellos que se limitaban a criticar los métodos empleados, merecían estar colocados fuera de la sociedad y aún privados de su condición humana y reducidos por tanto a objetos carentes de protección jurídica. Que, por otra parte, y en el marco de esa acción psicológica, organizó la represión sobre la base de procedimientos en los cuales, sin respeto por forma legal alguna, se privó de su libertada a personas que resultaron sospechosas a juicio de funcionarios no individualizados, y sobre la base de esa mera sospecha, no obstante haber sido encontradas en actitud no violenta, fueron conducidos a lugares secretos de detención, sin conocerse con certeza su paradero ulterior, a pesar de lo cual cunde en la opinión pública la seria presunción de que muchos de ellos fueron privados de vida sin forma alguna de juicio, y, además, de que durante el tiempo de esa detención muchos o casi todos los detenidos fueron víctimas de salvajes tormentos. Que en numerosas manifestaciones individuales los integrantes de los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación en la fecha antes indicada, han reconocido la responsabilidad que les cupo en los procedimientos descriptos, esas manifestaciones se han visto corroboradas por la explícita declaración contenida en el Acta de la Junta MILITAR DEL 28 de abril del año en curso, donde se declara que todas las operaciones fueron ejecutadas conforme a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas, y por la Junta Militar. Que la existencia de planes y de ordenes hace a los miembros de la Junta Militar actuante en el período indicado, y a los mandos de las Fuerzas Armadas con capacidad decisoria, responsables en calidad de autores mediatos por los hechos delictivos ocurridos en el marco de los planes trazados y supervisados por las instancias superiores (art.514 del Código de Justicia Militar); la responsabilidad de los subalternos, que el texto de esa norma desplaza, se ve especialmente reducida por las circunstancias de hechos derivados de la acción psicológica antes destacada, que bien pudo haberlos inducido, en muchos casos, a error sobre la significación moral y jurídica de sus actos dentro del esquema coercitivo a que estaban sometidos. Que además, de los atentados derivados del cumplimiento regular de las ordenes recibidas, es también un hecho de conocimiento público que en el curso de las operaciones desarrolladas por personal militar y de las fuerzas de seguridad se cometieron atentados contra la propiedad de las víctimas, contra su dignidad y libertad sexsual, y contra el derecho de los padres de mantener consigo a sus hijos menores. Que, por otra parte, se ha señalado también la existencia de casos en los cuales se ejerció con desviación de poder la facultad de detención emergente del artículo 23 de la Constitución Nacional, y consecuentemente se menoscabó de modo ilegal la libertad personal.
Que la existencia de textos normativos, públicos o secretos, destinados a amparar procedimientos reñidos con principios éticos básicos, no puede brindar justificación a éstos, pues son insanablemente nulas las normas de facto cuya eventual validez precaria queda cancelada ab initio por la iniquidad de su contenido. Que con la actuación que se preconiza se apunta, simultáneamente, al objetivo de consolidar la paz interior. Que esa persecución debe promoverse, por lo menos, en orden a los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormento a detenidos, todo ello, sin perjuicio de los demás delitos que se pongan de manifiesto en el curso de la investigación, y en los que las personas a quiénes se refiere este decreto hayan intervenido directamente, o como autores mediatos o instigadores. Que para el injuiciamiento de esos delitos es aconsejable adoptar el procedimiento de juicio sumario en tiempo de paz,concebido para aquellos casos en que sea necesaria la represión inmediata de un delito para manatener la mora, la disciplina y el espíritu militar de las fuerzas armadas (art.502 del Código de Justicia Militar). Esos valores se han visto afectados de modo absoluto con la adopción, por los mandos superiores orgánicos de esas fuerzas, de un procedimiento operativo reñido con los principios elementales del respeto por la persona humana. Que, de acuerdo con lo establecido en el art.122, inciso 1º del Código de Justicia Militar, corresponde intervenir en el juzgamiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Que la persecución penal de los hechos a que se refiere este decreto interesa a todos y cada uno de los habitantes, en particular a las víctimas, los que podrán -en uso de sus derechos- realizar aportes informativos dirigidos al esclarecimiento de esos delitos y al acopio probatorio contra sus autores.
Articulo 1º Sométase a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Junta Militar que usurpó el gobierno de la Nación Argentina el 24 de marzo de 1976 y a los integrantes de las dos Juntas Militares subsiguientes. TENEIENTE GENERAL JORGE R. VIDELA, BRIGADIER GENERAL ORLANDO R. AGOSTI, ALMIRANTE EMIIO E. MASSERA, TENIENTE GENERAL ROBERTO E. VIOLA, BRIGADIER GENERAL OMAR D.R. GRAFFIGNA, ALMIRANTE ARMANDO R. LAMBRUSCHINI, TENIENTE GENERAL LEOPOLDO F. GALTIERI, BRIGADIER GENERAL BASILIO LAMI DOZO Y ALMIRANTE JORGE I. ANAYA.
Artículo 2º Ese enjuiciamiento se referirá a los deliltos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a los detenidos, sin perjuicio de los demás de que resulten autores inmediatos o mediatos, instigadores o cómplices los oficiales superiores mencionados en el artículo primero.
Artículo 3º La sentencia del tribunal militar será apelable ante la Cámara Federal en los términos de las modificaciones al Código de Justicia Miliaar una vez sancionadas por el Honorable Congreso de la Nación el proyecto remitido en el día de la fecha.
Veamos, entonces. El gobierno del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín procede a anular la aberración jurídica que pretendían los militares, mediante la Ley 23.040. Era demasiado aberrante.
Por otro lado, dertermina de antemano los niveles de "responsabilidad" según grado, función y calidad, disponiendo el enjuiciamiento sumario ante el CSFFAAA e instaurando -sutilmente- en
la reforma al Código de Justicia Militar (Ley 23049 (XX), una diferencia entre el pasado y el
futuro : para el futuro, el injuiciamiento en manos de la justicia civil para juzgar los delitos en los
cuales el personal castrense ha puesto en juego la vida de los particulares, para los hechos producidos en el pasado se reconoce la necesidad de enviar a la justicia militar al personal que integró el cuadro represivo. En este último caso, se podía recurrir a los tribunales civiles.
Se define el "principio" de la Obediencia Debida que unos años más tarde, se convertiría en el item más grosero de la política de DDHH de Alfonsín -como criterio para evaluar la conducta del personal militar y de seguridad que participó en la represión: SOLO AQUELLOS QUE HAYAN COMETIDO EXCESOS CON REFERENCIA A LAS ORDENES IMPARTIDAS IBAN A SER EVENTUALMENTE CASTIGADOS.
Por último se formaría una Comisión. La COMISION .NACIONAL SOBRE LA DESAPARICION DE PERSONAS ( CO.NA
creada por Decreto Nro. 187 del 19 de diciembre de 1983 e integrada por personalidades de distintos sectores, evitando, de ese modo, la posibilidad de la constitución de una Comisión Bicameral Parlamentaria de investigación.
DEP.), fue
“ Considerando: Que el Poder Ejecutivo Nacional, a traves de una serie de proyectos de
leyes y decretos, ha materializado ya su decisión de que las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro pasado reciente sean investigadas y eventualmente sancionadas por la Justicia.
“ Que como se ha dicho muchas veces, la cuestión de los derechos humanos trasciende a los poderes públicos y concierne a la sociedad civil y a la comunidad internacional.
“ Que con respecto a esta última su interes legítimo esta contemplado en los proyectos
enviados al Honorable Congreso de aprobación de una serie de pactos internacionales sobre derechos humanos, los que incluyen la jurisdicción obligatoria de un tribunal internacional competente en la materia.
“ Que con relación a la sociedad civil, debe satisfacerse ese interes legítimo de intervenir
activamente en el esclarecimiento de los trágicos episodios en los que desaparecieron miles de personas, sin que esa intervención interfiera con la actuación de los órganos constitucionales competentes para investigar o penar estos hechos, o sea, los jueces.“
ART. 1 Constituir una Comisión Nacional que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país.
Serán funciones específicas y taxativas de la Comisión, las siguientes:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la Justicia,
si ellas estan relacionadas con la presunta comisión de delitos;
b) Averiguar el destino o paradero de ls personas desaparecidas, como así también toda otra
circunstancia relacionada con su localización;
c) Determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raiz
de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo y dar intervención, en su caso, a los organismos y tribunales de protección de menores;

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 Artículo 2
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 resolución 
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