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Timestamp: 2020-08-11 19:31:50+00:00

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﻿ SENTENCIA C-188 DE MARZO 24 DE 1999
SENTENCIA C-188 DE 24 DE MARZO DE 1999
CONTENIDO:INCUMPLIMIENTO DEL ESTADO EN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CONCILIACIÓN O EN SENTENCIA JUDICIAL. PAGO DE INTERESES MORATORIOS. SE DECLARA EXEQUIBLE EN LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA EL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 65 DE LA LEY 23 DE 1991, TAL COMO QUEDÓ REDACTADO A PARTIR DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY 446 DE 1998, SALVO LAS EXPRESIONES "DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES AL PLAZO ACORDADO PARA SU PAGO" Y "DESPUÉS DE ESTE ÚLTIMO", LAS CUALES SE DECLARAN INEXEQUIBLES. POR UNIDAD NORMATIVA, DECLARA EXEQUIBLE EN LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA, EL INCISO ÚLTIMO DEL ARTÍCULO 177 DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (DECRETO LEY 01 DE 1984), EXCEPTO LAS EXPRESIONES "DURANTE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A SU EJECUTORIA" Y "DESPUÉS DE ESTE TÉRMINO", QUE SE DECLARAN INEXEQUIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERÉS MORATORIO, CONCILIACIÓN JUDICIAL, SENTENCIA JUDICIAL, PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO, PAGO DE INTERÉS MORATORIO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:329 DE MAYO DE 1999, PÁG.911
Sentencia C-188 de marzo 24 de 1999
Ref.: Expediente D-2191
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de 1998.
Demandantes: Ana María Acosta, Juliana Gómez, Cristina Trujillo, Adriana Gómez, Catalina Rozo y Claudia Ochoa.
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Las ciudadanas Ana María Acosta, Juliana Gomez, Cristina Trujillo, Adriana Gomez, Catalina Rozo y Claudia Ochoa, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, han presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 72 (parcial) de la Ley 446 de julio 7 de 1998.
PAR.—Será obligatoria la asistencia e intervención del agente del Ministerio Público a las audiencias de conciliación judicial”.
Afirman que esta norma presenta una discriminación injusta y arbitraria, dándole una “patente de corso” a la administración pública para poder evadir el pago de los intereses moratorios cuando incumpla con las obligaciones que legalmente contrajo.
Consideran que el inciso 2º del artículo 72 de la Ley 446 de 1998 viola también el principio de proporcionalidad —expresión del derecho a la igualdad—, toda vez que no son congruentes los beneficios que tiene la administración al exonerarla del pago de intereses moratorios, con los fines que establece la norma en sí, tales como llegar a un acuerdo conciliado en forma rápida y en igualdad de condiciones.
Destacan que el principio de igualdad es objetivo y no formal, y que siendo así, únicamente sería razonable la desigualdad consagrada por la disposición demandada —la cual favorece a la administración pública—, en la medida en que existieran justificados motivos o situaciones que reportaran beneficio de interés general para la colectividad.
Manifiesta que para estos efectos —los de la conciliación—, el Estado se despoja de esa condición de superioridad, en aras de lograr un beneficio mayor, cual es la resolución del conflicto, respetando los criterios definidos por la ley y el interés general.
Considera que la disposición demandada establece un trato diferencial pero que este tiene plena justificación, teniendo en cuenta que la conciliación surte efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.
De esta manera —concluye—, el artículo 16 de la Ley 38 de 1989, establece que la forma de pago de las sentencias a cargo de la Nación estará regida por el procedimiento previsto en el Código Contencioso Administrativo. Siguiendo este mandato, los artículos 176 y 177 Ibídem regulan las obligaciones por parte de la autoridad a quien corresponda la ejecución de la sentencia, así como las atribuciones del agente del Ministerio Público.
Por su parte, el Decreto 768 de 1993, modificado por los decretos 818 y 2841 de 1994, determinan los mecanismos para obtener el cumplimiento de las condenas a cargo de la Nación. Según tales disposiciones, una vez se condena a un organismo, este debe expedir una resolución mediante la cual se adopten las medidas para su cumplimiento.
Finalmente señala que la disposición acusada no consagra un privilegio a favor de la administración. Simplemente —asegura—, el legislador, consciente del tiempo que demandaría hacer efectiva una condena en este plazo, establece unos intereses corrientes para los primeros seis meses y moratorios con posterioridad a este término.
No observa el Procurador ninguna transgresión al artículo 209 de la Constitución, toda vez que precisamente —al establecerse un plazo de seis (6) meses— se da cabal cumplimiento a los principios que rigen la actividad en la administración pública.
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad del artículo parcialmente acusado, de conformidad con lo dispuesto en el 241, numeral 4º, de la Constitución Política, pues aquél hace parte de una ley de la República.
La norma demandada contempla en su inciso 1º la fuerza de cosa juzgada y el mérito ejecutivo que se predican del acta correspondiente al acuerdo conciliatorio mediante el cual, por vía extrajudicial y como mecanismo expedito de solución de conflictos, se pone fin a diferencias existentes entre la administración pública y los particulares, así como de la providencia por cuyo medio se aprueba.
“ART. 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de 1991 quedará así:
ART. 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
Lo que se espera de este como de cualquier acuerdo, en especial cuando se trata de asuntos de contenido pecuniario, es el cabal y exacto cumplimiento de los obligados en virtud del mismo. Las partes pueden convenir plazos para que dentro de ellos tenga lugar las distintas prestaciones pactadas, y en razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en el contexto de una economía inflacionaria, es lógico que acuerden intereses durante dichos plazos, es decir corrientes, y que asuman a plenitud el compromiso de pagar intereses de mora cuando, vencidos los términos, no se hubiere pagado lo debido.
Para la Corte, carece de fundamento la justificación que pretende aportar en este caso el Procurador General de la Nación, consistente en que las personas jurídicas de derecho público deben administrar sus recursos con base en el correspondiente propuesto anual de ingresos y gastos, de lo cual pasa a sustentar la constitucionalidad del término de seis meses. Aunque en verdad, por mandato del artículo 345 de la Constitución, en tiempo de paz no puede hacerse erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el presupuesto de gastos, es de elemental previsión, acorde con una mínima responsabilidad del Estado en el manejo de sus recursos, que se contemplen en los presupuestos anuales partidas destinadas al pago de las obligaciones a su cargo y de los intereses que se generan por razón de los retardos en que incurra. La negligencia administrativa no puede ser fuente de enriquecimiento sin causa para las arcas estatales ni de injustificado perjuicio para los particulares con quienes él mantiene pasivos.
Las mismas razones expuestas son válidas respecto del último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 01/84), que dice:
Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago —evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales—, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria.
Declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el segundo inciso del artículo 65 de la Ley 23 de 1991, tal como quedó redactado a partir de la vigencia del artículo 72 de la Ley 446 de 1998, salvo las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes al plazo acordado para su pago” y “después de este último”, las cuales se declaran INEXEQUIBLES.
Por unidad normativa, declárase EXEQUIBLE, en los términos de esta sentencia, el inciso último del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (D.L. 01/84), excepto las expresiones “durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria” y “después de este término”, que se declaran INEXEQUIBLES.
La presente sentencia surte efectos a partir del día siguiente a su notificación. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
Magistrados: Eduardo Cifuentes Muñoz—Antonio Barrera Carbonell Alfredo Beltrán Sierra—José Gregorio Hernández Galindo Carlos Gaviria Díaz—Alejandro Martínez Caballero Fabio Morón Díaz—Martha Sachica de Moncaleano—Vladimiro Naranjo Mesa.
El suscrito secretario general (e) de la corte constitucional hace constar que:
El honorable magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, no suscribe la presente providencia por encontrarse con permiso debidamente autorizado por la Sala Plena de esta corporación.

References: ARTÍCULO 65
 ARTÍCULO 72
 ARTÍCULO 177
 artículo 72
 artículo 241
 artículo 72
 artículo 72
 resolución 
 artículo 16
 resolución 
 artículo 209
 artículo 59
 artículo 345
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 65
 artículo 72
 artículo 177