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Timestamp: 2019-12-15 22:25:08+00:00

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Derecho electoral mexicano - KIPDF.COM
Derecho electoral mexicano Libro de texto Centro de Capacitación Judicial Electoral México, Distrito Federal, abril de 2011 www.te.gob.mx www.te.gob...
Author: Juan Francisco Alvarado Salas
LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN EL DERECHO ELECTORAL MEXICANO
CONSIDERACIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS Y REGLAS EN EL DERECHO ELECTORAL MEXICANO
NOCIONES BASICAS DE DERECHO URBANISTICO MEXICANO
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN EL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO
FUENTES Y ANTECEDENTES DEL DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO
XV CICLO DE CONFERENCIAS EN DERECHO PROCESAL MEXICANO
Reforma constitucional de El surgimiento del nuevo Derecho agrario mexicano*
EL PROCEDIMIENTO MONITORIO Y EL DERECHO PROCESAL MEXICANO
PROCESO ELECTORAL ORDINARIO CALENDARIO ELECTORAL
Centro de Capacitación Judicial Electoral México, Distrito Federal, abril de 2011
www.te.gob.mx www.te.gob.mx/ccje/ http://www.te.gob.mx/ccje/unidad_capacitacion/materiales_capacitacion.html [email protected]
Introducción ............................................................................................................. 3 Lección 1. Derecho electoral ................................................................................... 7 Lección 2. Soberanía y representación popular .................................................... 15 Lección 3. Sujetos del derecho electoral ............................................................... 31 Lección 4. Las autoridades electorales ................................................................. 43 Lección 5. El proceso electoral federal en México ................................................ 53 Lección 6. Mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano .................... 67 Recapitulación ....................................................................................................... 82 Referencias bibliográficas ..................................................................................... 89 Anexo .................................................................................................................... 95
Objetivo general Al concluir la lectura de este libro y mediante la realización de los ejercicios que aquí se incluyen, comprenderás y sabrás de qué manera un conjunto de normas y procedimientos que conforman el derecho electoral hacen posible la renovación periódica y auténtica de los poderes Ejecutivo y Legislativo en México.
Introducción En las democracias modernas los ciudadanos eligen a sus representantes a través del voto, siguiendo un conjunto de reglas. Éstas pueden definirse como el derecho electoral de un país determinado. En México, el derecho electoral tiene un nivel de especialización y detalle que difícilmente se encuentra en otros países. Las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones son robustas, complejas y con un gran número de funciones. Este fenómeno no es gratuito, deriva del pasado autoritario de México y sobre todo de una característica muy distintiva: la celebración periódica de elecciones no auténticas. A partir del reconocimiento de esa realidad, y en un esfuerzo para erradicarla, se crearon las reglas e instituciones que hoy se encargan de garantizar la autenticidad del voto en un sentido amplio. Explicar el derecho electoral mexicano no es una tarea que pueda cumplirse fácilmente. Para los fines de este libro, no basta con adoptar un enfoque que explique el derecho electoral como una rama del derecho público y que señale sus fuentes y sujetos. Tampoco es suficiente el enfoque que se concentra en describir las reglas establecidas en la legislación electoral. Con el fin de acercar el tema a los fines del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Centro de Capacitación Judicial Electoral (CCJE) tomó la decisión de explicar el derecho electoral mexicano desde un enfoque interdisciplinario. De esta manera, utilizando conceptos de derecho y ciencia política, se explican los principios y derechos fundamentales que deben sostenerse en una democracia, luego se abordan los actores principales del derecho electoral y, finalmente, se describen los medios de defensa que se han constituido en México para garantizar la prevalencia de los derechos y principios, y para vigilar la conducta de los actores. En este último punto es donde se destaca el papel del TEPJF como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México. 3
Este material didáctico pretende ser una herramienta para apoyar las tareas de los lectores interesados en el aprendizaje de las reglas y procedimientos que conforman el derecho electoral en México. El libro de texto está dirigido a: funcionarios electorales miembros de partidos políticos académicos estudiantes ciudadanos interesados en temas electorales
A través de este libro de texto, obtendrás los conocimientos suficientes para entender los principios y derechos fundamentales que deben sostener a una democracia, conocer a los actores principales del derecho electoral y los medios de defensa que se han constituido en México para garantizar la prevalencia de los derechos y principios, así como para vigilar la conducta de los actores. En primer lugar se analiza el concepto de derecho electoral y los elementos que lo conforman, para después abordar el estudio de las características que deben tener las elecciones y el sufragio en las democracias representativas en general, y en la democracia mexicana en lo particular. En segundo lugar, se explica cuáles son los sujetos a quienes se dirige el derecho electoral mexicano, distinguiendo entre ciudadanos, partidos políticos y autoridades electorales. También se explica su papel dentro del proceso electoral federal, entendido como el procedimiento mediante el cual se realiza la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. Finalmente, se explican a grandes rasgos los mecanismos de defensa contemplados en el derecho electoral mexicano: el régimen administrativo sancionador electoral; el sistema de medios de impugnación y la persecución de delitos electorales. En esta lección es donde se destaca el papel del TEPJF como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en México. El libro explica las reglas y procedimientos del derecho electoral de acuerdo a la Constitución y ordenamientos jurídicos federales vigentes, ya que su estructura se replica (en líneas generales) en las entidades federativas.
Este material incluye ejercicios y tareas de autoevaluación que determinarán tu aprendizaje sobre el tema. Además podrás profundizar en los aspectos de tu interés con base en la bibliografía que respalda el contenido del material. Estructura del material didáctico El libro se compone de cuatro partes: Secuencia didáctica. Se organiza en seis lecciones que se subdividen en subtemas. Cada lección contiene un objetivo específico que sirve como base para que evalúes los alcances de tu aprendizaje. Evaluaciones. Encontrarás tres tipos de evaluaciones que en conjunto pretenden corroborar tus conocimientos sobre el derecho electoral. Los tres tipos de evaluaciones que tendrá cada lección son: a) La diagnóstica. La encontrarás al comenzar cada lección y consiste en la realización de interrogantes abiertas sobre el tema a estudiar. De esta forma podrás identificar cuánto sabías sobre el tema y cuando termines de trabajar cada lección sepas qué tanto conocimiento, habilidades y actitudes obtuviste. Este tipo de evaluación te permite dar seguimiento a tu proceso de aprendizaje. b) La sumativa. La encontrarás al final de cada lección y consiste en realizar ejercicios con preguntas de opción múltiple; relacionar conceptos con ideas y/o eventos; ordenar e identificar actos o principios del derecho electoral. Su finalidad es comprobar el logro de los objetivos planteados en cada lección. En esta parte de la evaluación se incluyen tareas de investigación que además de comprobar tus conocimientos, prueban también tu compromiso con el proceso de aprendizaje, al solicitarte que investigues las características particulares del derecho electoral en tu entidad federativa y contrastes lo que allí ocurre con las elecciones federales. Para las preguntas cerradas, los reactivos de respuestas se encuentran al final del libro. c) La autoevaluación. Se ubica al final de cada lección y consiste en dar respuesta a preguntas sobre el cumplimiento de los ejercicios de aprendizaje propuestos en el libro, midiendo con esto tu capacidad de autocrítica frente a tu propio proceso de conocimiento. Su finalidad es evaluar tu actitud y compromiso frente al estudio del derecho electoral. Este material didáctico te 5
ofrece un espacio que te permite emitir un juicio valorativo sobre tu desempeño y los puntos que te hacen falta mejorar. Anexo documental. Contiene el texto completo de las tesis y jurisprudencias que son citadas a lo largo de este material para que eventualmente puedas profundizar en los temas que atraigan tu interés. Ubicación del libro de texto dentro de la oferta académica del CCJE Este libro de texto fue elaborado a partir de los materiales de apoyo del curso Derecho Electoral Mexicano, el cual es impartido por el CCJE del TEPJF como parte de su oferta de capacitación externa. Después de estudiar este curso, contarás con las bases suficientes para estudiar sobre: Evolución histórica de las autoridades electorales en México Reformas electorales en México Sistemas electorales y de partidos Partidos políticos Los distintos juicios y recursos que componen el sistema de medios de impugnación en materia electoral Derecho administrativo sancionador electoral La oferta de cursos del CCJE puede consultarse en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/ccje/unidad_capacitacion/materiales_capacitacion.html. Con este libro de texto, el TEPJF mantiene su compromiso de fortalecer la transmisión de conocimientos dirigida a organismos electorales, partidos políticos, agrupaciones políticas y ciudadanos interesados en la materia electoral.
Lección 1. Derecho electoral
Objetivo Al final de esta lección, los participantes identificarán el concepto y el marco normativo del derecho electoral mexicano.
Contenido Esta lección contiene los siguientes temas: Tema
Introducción 1.1 ¿Qué tanto sabes de… Derecho electoral?
1.4 Evalúa tu aprendizaje
Introducción En esta lección se explica en qué consiste el derecho electoral mexicano y cuáles son sus objetivos, con especial énfasis en los principios constitucionales en materia electoral. También se describe el marco constitucional y legal del derecho electoral en México.
1.1 Qué tanto sabes de…Derecho electoral Explica qué significa para ti el Derecho electoral
1.2 Concepto y objetivo del derecho electoral Definición El Derecho Electoral puede entenderse en dos sentidos (Nohlen 2007, 367): En sentido estricto: como sinónimo de sufragio. Consiste en el derecho de votar (sufragio activo) y de ser elegido (sufragio pasivo). El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al Estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas, a saber: universal, igual, libre, directo y secreto. En sentido amplio: como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones y principios referentes a la organización, administración y realización o ejecución de las elecciones; la constatación de validez de los resultados electorales; así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación. En este libro vamos a adoptar la definición amplia del derecho electoral, como el conjunto de reglas y procedimientos que regulan todo lo relativo a las elecciones, tanto en la fase de preparación, durante los comicios y posteriormente, en la etapa de declaración de validez y resultados. Objetivo El derecho electoral se desarrolla en el marco de una democracia representativa1, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía participa en el proceso de toma de decisiones políticas mediante la designación e integración de un número de representantes que deciden a nombre de sus electores. El ejercicio del poder político otorgado a los representantes en la toma de decisiones no es absoluto ni permanente. A diferencia de los regímenes 1
Nohlen afirma que las elecciones son la base de las democracias liberales y la fuente de legitimación del sistema político. Por esto, los gobiernos surgidos de elecciones libres, competitivas y universales son reconocidos como legítimos y democráticos (2004, 13-4). Sin embargo, también hay elecciones en regímenes autoritarios, sólo que en esos casos cumplen una función distinta: “los resultados electorales no ponen en duda la dominación del partido oficial, [pero] pueden surtir efecto en la cúpula del poder político que, en muchos casos, se muestra sensible a la variación en el apoyo o rechazo popular” (15-6). Además, la celebración de elecciones en regímenes no democráticos puede buscar el objetivo de legitimar al sistema, mejorar su imagen al exterior para promover la inversión económica, o funcionar como válvula de escape de posibles conflictos internos.
autoritarios, las democracias representativas se caracterizan por la división del poder y la renovación periódica de los cargos mediante elecciones competitivas, libres y auténticas. El derecho electoral es un instrumento de garantía para la democracia porque asegura certeza en el otorgamiento de la representación popular. Además, desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales (Aragón 2007, 33). En el caso de México y de varios países de América Latina, el desarrollo y consolidación del derecho electoral ha sido clave en su transición a la democracia por dos factores: 1. La introducción paulatina de reglas claras y el diseño de instituciones que generan seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales. 2. La instauración de un sistema de medios de impugnación que garantiza la legalidad y constitucionalidad de todo acto o resolución electoral, así como la protección de los derechos políticos.
1.3 Marco constitucional y legal del derecho electoral La Constitución En México, el derecho electoral se regula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), principalmente en los artículos 35, 39, 40, 41, 99, 116 y 122: El artículo 35 reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, tales como el derecho a votar, ser votado y de asociación. Los artículos 39 y 40 definen al régimen político mexicano como una democracia representativa. El artículo 41 confirma el papel de las elecciones competidas en la democracia representativa mexicana y establece las bases para la formación de partidos políticos, la competencia por el poder y la organización de las elecciones. El artículo 99 establece las bases para la calificación de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Los artículos 116 y 122 confirman que los principios establecidos en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en las elecciones locales de los 31 estados y el Distrito Federal. Las leyes federales Las reglas generales descritas en la Constitución están desarrolladas de manera más específica y detallada en cuatro leyes que regulan el derecho electoral (a nivel federal): Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe). Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME). Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF). Código Penal Federal (CPF).
Las dos primeras leyes están dedicadas exclusivamente al derecho electoral, la tercera regula aspectos importantes de la estructura y atribuciones del TEPJF, mientras que la cuarta tipifica los delitos electorales que deben ser perseguidos y sancionados. Además, en las constituciones y leyes locales de los 31 estados y en el Estatuto de Gobierno y en las leyes del Distrito Federal se regulan las disposiciones aplicables para la organización y calificación de las elecciones locales a partir de los fundamentos establecidos en la CPEUM.
1.4 Evalúa tu aprendizaje… Ejercicio 1. Definiciones De acuerdo con la información presentada en esta lección, indica cómo se define el derecho electoral.
Ejercicio 2. Investigación Investiga qué leyes regulan el derecho electoral en tu entidad federativa.
1.5 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Realicé los ejercicios que me solicitaron
Hice el ejercicio de investigación propuesto en esta lección
Lección 2. Soberanía y representación popular
Objetivo Al final de esta lección, los participantes distinguirán las características del sufragio y de las elecciones como elementos del derecho electoral mexicano.
2.1 ¿Qué tanto sabes de… soberanía y representación popular?
2.2 La renovación de los poderes ejecutivo y legislativo
2.3 Características de las elecciones
2.4 El sufragio y sus características
2.5 Evalúa tu aprendizaje
Introducción En esta lección se explicarán los conceptos de soberanía y representación popular. A continuación se presentarán las reglas de la renovación de los poderes y las características de las elecciones y del sufragio.
2.1 Qué tanto sabes de… soberanía y representación popular? ¿Qué características deben tener las elecciones democráticas?
Explica qué significan para ti la soberanía y la representación popular.
2.2 La renovación de los poderes ejecutivo y legislativo Soberanía y representación popular La soberanía popular significa que el poder supremo está en manos del pueblo, es decir, de la totalidad de los ciudadanos. Este concepto se relaciona con el de la representación popular. En las democracias el pueblo expresa su voluntad mediante elecciones, en las que elige a sus representantes para que éstos tomen decisiones en su nombre. En la democracia mexicana los ciudadanos ejercen su soberanía mediante los poderes de la Unión (y los de los estados, de acuerdo a sus respectivas competencias). Dichos poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. El derecho electoral regula la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tal como lo indican los artículos 39, 40 y 41 de la CPEUM. El ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que dura en su cargo seis años (CPEUM, artículos 80 y 83). El poder legislativo se divide para su función en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La primera se integra por 500 diputados electos cada tres años, y la segunda por 128 senadores, que duran en su cargo seis años (CPEUM, artículos 50, 52 y 56). Reglas de renovación de los poderes La renovación de poderes solamente es posible a través de elecciones que deriven de procesos electorales constitucionales y legales. El TEPJF ha establecido que EN los comicios para renovar los poderes ejecutivo y legislativo deben observarse los siguientes principios constitucionales: Elecciones libres, auténticas y periódicas. Sufragio universal, libre, secreto y directo. Garantía del financiamiento público de los partidos políticos. Campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad. Organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral. Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. 17
(Tesis X/2001 y TEPJF 2006, 36-37) En ese contexto, los artículos 39, 40, 41, 116, 130 y 133 de la CPEUM establecen reglas para realizar los comicios. Dichas reglas son obligatorias para las autoridades en general, para los partidos políticos, candidatos, personas jurídicas o personas físicas, y se resumen de la siguiente manera: El Estado mexicano se constituye en una república democrática, representativa y federal, compuesta de estados libres y soberanos. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. Los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. La organización de las elecciones está a cargo de un organismo público y autónomo. Debe existir un sistema de medios de impugnación asignado a un tribunal de jurisdicción especializada, para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se ajusten a la CPEUM y a la ley. El sistema aplica de igual modo para los estados miembros de la República, de acuerdo con las bases generales que se establecen en la CPEUM. Las elecciones se realizan mediante procedimientos especiales que deben satisfacer plenamente determinadas condiciones para garantizar la validez de la renovación de las funciones públicas. Debe garantizarse que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas para considerarlas producto del ejercicio popular de la soberanía. Dichos procesos electorales deben regirse por el principio de equidad. Los partidos políticos gozan de las prerrogativas necesarias para cumplir con sus fines: fomentar la participación ciudadana en la vida política del país y como organización de ciudadanos, ser el medio para que éstos puedan ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos. En el otorgamiento de financiamiento público y en el acceso a los medios de comunicación masiva deben prevalecer los principios de igualdad y equidad. 18
En las campañas electorales deben prevalecer los recursos públicos sobre los de origen privado.
2.3 Características de las elecciones Las elecciones son el mecanismo mediante el cual la ciudadanía expresa su voluntad y elige a sus representantes. La selección periódica de los gobernantes por la ciudadanía, constituye la base de la democracia. Las elecciones, además de seleccionar a los representantes, tienen otras funciones: permitir un cambio pacífico y periódico del gobierno, legitimar a quien ostenta el poder, influir en las políticas de gobierno y ejercer el control sobre los gobernantes. Los principios rectores La organización de las elecciones en México es una función estatal regida por cinco principios rectores: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (CPEUM, artículos 41, Base V, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso b). La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define a estos cinco principios de la siguiente manera (Jurisprudencia P./J.144/2005): Certeza. Consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades para que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a la que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. Legalidad. Es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley para que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Imparcialidad. Consiste en que las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista durante el ejercicio de sus funciones. Independencia o autonomía en el funcionamiento y en las decisiones de las autoridades electorales. Implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos. Se refiere a la situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad 20
aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Objetividad. Obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñados para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma. Las características de las elecciones De acuerdo a la CPEUM, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas (artículo 41, párrafo segundo). Estas características pueden explicarse de la siguiente manera: Libres. Implica el derecho y la oportunidad de elegir entre varias opciones, lo que supone la existencia de una oferta plural que forme alternativas políticas, sin obstáculos. Además deben coincidir otra serie de libertades, sin las cuales no podría hablarse de elecciones libres, por ejemplo: la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, entre otras. Auténticas. La voluntad de los votantes debe reflejarse de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios. Es de vital importancia que esta característica sea garantizada por el Estado de derecho, dada la importancia de las elecciones en un régimen democrático. Aunque la democracia no se puede reducir únicamente a prácticas electorales, las elecciones son el mecanismo por excelencia para la designación de los gobernantes, la participación política de la ciudadanía y el control del gobierno por ella. Además, al cumplir con la función de promover la sucesión del poder de manera pacífica y ordenada, permiten la estabilidad política y la paz social (Crespo 2007, 24). Periódicas. La renovación de los órganos de representación, mediante la celebración de elecciones en los intervalos determinados por la ley electoral es el mecanismo de limitación del poder político. Los 21
representantes ejercen su cargo sólo por un tiempo determinado, a cuyo término deben emprenderse elecciones para integrar de nuevo los cargos públicos. La periodicidad permite a la ciudadanía hacer una evaluación del papel de sus representantes para después premiarlo con la ratificación en el cargo, o castigarlo con la sustitución por otro candidato o partido.
2.4 El sufragio y sus características Derecho al sufragio El derecho de sufragio, además de ser un derecho político de carácter fundamental, es el principio de la democracia representativa. Los procesos de elección de los órganos representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento y protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Éstos son el conjunto de prerrogativas que hacen efectiva la participación en la toma de decisiones políticas de un Estado (Nohlen 2007, 48): Elegir representantes políticos. Ser elegidos y ejercer cargos de representación. Participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas. Controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los representantes. Por ello, los derechos políticos, como derechos fundamentales de las personas, requieren de mecanismos, procedimientos e instituciones que hagan efectivo su ejercicio. Derechos políticos Los derechos políticos esenciales considerados por la doctrina y reconocidos en el artículo 35 de la CPEUM son los siguientes: Votar en las elecciones populares (sufragio activo): Es el derecho de participación política por excelencia y consiste en la facultad que tiene el ciudadano de manifestar su voluntad en favor de los candidatos a ocupar cargos de elección popular de todo tipo. El sufragio activo debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, de acuerdo con los artículos 41, Base I, párrafo segundo y 116, fracción IV, inciso a de la CPEUM, así como el artículo 4.2 del Cofipe. Las características del sufragio activo pueden explicarse de la siguiente manera: o Universal: El voto le corresponde a todas las personas que pertenecen a la comunidad política de un Estado determinado (ciudadanía), sin distinción por algún otro factor como sexo, raza, 23
lengua, ingreso o patrimonio, estrato o clase, educación o convicción política, en tanto cumplan con algunos requisitos indispensables (nacionalidad, edad determinada, residencia, capacidad civil o mental). En la medida en que el sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los gobernantes electos se fortalece y la probabilidad de resolver controversias sociales y legales de manera pacífica aumenta significativamente (Crespo 2007, 24). o Libre: Al emitir su voto, el ciudadano debe elegir de acuerdo a su propia voluntad, sin influencia del exterior. El voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. Además, el elector debe contar con una plena capacidad de decisión, es decir, debe tener opciones políticas genuinas de elección, derivadas de un sistema competitivo entre los contrincantes. o Secreto. Debe garantizarse que el votante pueda tomar una decisión no perceptible por otros; esto se logra a través de implementar mecanismos como cabinas electorales, mamparas y boletas opacas. o Directo. El voto debe dirigirse sin intermediación de ningún órgano o cuerpo de electores al candidato o fuerza política de su elección. Otras características del sufragio son: o Personal e intransferible. Está vinculado con el principio del sufragio directo. Sólo la persona que es titular de tal derecho puede ejercerlo y su decisión expresada en el sufragio no puede transferirse a otra opción política. o Igual. El voto de todo ciudadano tiene el mismo peso, es decir, el valor numérico de cada voto debe ser el mismo. Este principio está directamente vinculado con el diseño de la geografía electoral.
Ser votado para todos los cargos de elección popular (sufragio pasivo): Consiste en la aptitud del ciudadano para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, siempre y cuando reúna las cualidades y requisitos exigidos por las leyes (tales como edad o residencia). Cada candidato cuenta con las garantías para: a) participar en libertad y de manera pacífica; b) exigir el respeto al resultado obtenido, y c) a ocupar el cargo para el que resulte electo.
Asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos. El derecho de asociación consiste en la posibilidad de creación de una organización, como las asociaciones ciudadanas, las agrupaciones políticas y los partidos políticos, con la finalidad de influir en la vida política y social del país.
Derechos fundamentales estrechamente vinculados con los derechos político-electorales En el sistema jurídico mexicano existen otros derechos fundamentales que están vinculados estrechamente con los derechos político-electorales referidos. La relación entre ellos deriva del hecho de que los primeros no podrían ejercerse sin los segundos. El TEPJF identifica entre esos derechos los de petición, información, reunión, libertad de expresión y difusión de ideas (entre otros) como derechos fundamentales vinculados con los derechos de votar, ser votado, de asociación y afiliación. Como explica Ricardo Raphael (2007, 41-2): De poco sirve votar si no se cuenta con suficiente información y si no se ha deliberado sobre el tema consultado; poca relevancia tiene el derecho a ser votado si se limitan las facultades para organizarse, afiliarse o competir justa y equitativamente por la voluntad política de la población; igual consecuencia se produce si los votos no sirven como mecanismo eficiente para exigir una rendición de cuentas permanente a quienes gobiernan.
Por lo anterior, el TEPJF ha determinado que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) procede en contra de violaciones a diversos derechos, no sólo a los estrictamente enlistados en la ley (Jurisprudencia 36/2002). En ese contexto, los derechos político-electorales, junto con los derechos fundamentales, constituyen la base de las organizaciones ciudadanas que dan lugar a los partidos políticos, con lo que se hace posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Como se verá en la siguiente lección, tanto los ciudadanos como los partidos políticos son los dos elementos fundamentales de las democracias modernas.
2.5 Evalúa tu aprendizaje Ejercicio 1. Definiciones Con base en la lectura de esta lección, define qué es la soberanía popular.
Con base en la lectura de esta lección, define qué es la representación.
Ejercicio 2. Evalúa tus conocimientos sobre… Características de las elecciones y del sufragio De la siguiente lista, indica en la columna de la derecha, con una “E” cuáles son las características de las elecciones y con una “S” del sufragio (o ambas, si es el caso). Características 1. Auténtico 2. Directo 3. Igual 4. Libre 5. Periódico 6. Personal 7. Secreto 8. Universal
Ejercicio 3. Evalúa tus conocimientos sobre… Principios rectores Lee el siguiente ejemplo de la vida cotidiana y después narra una historia personal donde tú hayas transgredido o cumplido cualquiera de los cinco principios rectores del proceso electoral federal: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Ejemplo: Cuando discute un desacuerdo con su hijo, Tania impone como regla no gritar. Sin embargo, en ocasiones, Tania rompe la norma impuesta y le grita a su hijo o permite que él le grite. Con esta conducta, Tania viola los principios de legalidad y certeza, porque por un lado no respeta ni hace respetar la norma establecida y, por otro, no la aplica consistentemente, de manera que su hijo no sabe si está permitido gritar o no.
Ejercicio 4. Lee y analiza los siguientes casos, después responde las preguntas. 1. Todd A. Eisenstadt (2004) utiliza el término “concertacesión” para describir los reconocimientos de triunfos electorales que el gobierno del PRI dio a la oposición mediante acuerdos políticos extrainstitucionales. El autor citó como ejemplo la elección para gobernador de Guanajuato en 1991. ¿Crees que se violó algún principio rector de la función electoral con aquella solución política? ——————————————————————————————————— ¿Por qué? ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— 2. La reforma electoral de 1987 introdujo el criterio de representación proporcional para los partidos en la integración del Consejo General de la entonces Comisión Federal Electoral (CFE). Para la contienda electoral de 1988, el PRI tuvo 16 representantes con voto en ese órgano electoral, mientras que el Ejecutivo y el Legislativo, junto con el resto de los partidos, sumaron 15 representantes en total (Woldenberg, 26). ¿Crees que se violaba algún principio rector de la función electoral con esta disposición legal? ——————————————————————————————————— ¿Por qué? ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— 3. Con la reforma electoral de 1996 se suprimió toda representación del Poder Ejecutivo en el Consejo General del IFE. Como consecuencia, el Secretario de Gobernación quedó fuera del órgano electoral. (Woldenberg, 31-43; y Constitución 1996, artículo 41, Base III). ¿Qué principio se favoreció con esa reforma? ———————————————————————————————————
¿Por qué? ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— 4. El TEPJF, en su sentencia SUP-RAP-175/2009, obligó a un periódico a publicar la réplica de un candidato —conforme el artículo 6º Constitucional— al que el diario había difamado acerca de su trayectoria profesional. ¿Qué principio buscó proteger el TEPJF? ——————————————————————————————————— ¿Por qué? ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ———————————————————————————————————
5. La Constitución prohíbe realizar reformas electorales 90 días antes del inicio de un proceso electoral (artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo). ¿Qué principio protege esta disposición? ——————————————————————————————————— ¿Por qué? ——————————————————————————————————— ——————————————————————————————————— ———————————————————————————————————
2.6 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Lección 3. Sujetos del derecho electoral
Objetivo Al final de esta lección, los participantes conocerán cuáles son los sujetos en el derecho electoral mexicano.
3.1 ¿Qué tanto sabes de… sujetos del derecho electoral?
3.4 Agrupaciones políticas nacionales
3.6 Evalúa tu aprendizaje
Introducción Esta lección se enfoca en los sujetos del derecho electoral mexicano particularmente se enfatiza en los ciudadanos y los partidos políticos. Otros sujetos de derecho electoral que también se mencionan en esta lección son: las agrupaciones políticas nacionales, los observadores electorales, las autoridades públicas, concesionarios y permisionarios de la ley, los extranjeros y/ o personas físicas o morales sancionables por el régimen administrativo sancionador Las autoridades electorales, por su importancia para el sistema político de México, son tratadas en una lección aparte.
3.1 Qué tanto sabes de… los sujetos del derecho electoral En tu opinión ¿qué significa ser sujeto de derecho electoral?
¿Cuál crees que es el sujeto de derecho electoral más importante en México?
3.2 Ciudadanos Definición e importancia El ciudadano es una persona que forma parte de una sociedad. Cada ciudadano es sujeto de derechos (políticos, electorales, civiles, etc.), pero la condición de ciudadano conlleva también algunas obligaciones. En las democracias contemporáneas la condición de ciudadanos la tienen todas las personas mayores de edad (por lo general, arriba de los 18 años). Desde la Constitución de 1857, el Estado mexicano reconoce que los derechos de los individuos son la base y la razón de existir de las instituciones mexicanas. El artículo primero de la antigua Carta Magna establecía que “el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”. La idea central de este artículo puede encontrarse en el artículo 39 de la Constitución vigente: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. A partir de estas ideas, se puede comprender mejor la importancia del ejercicio y de la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, y al ciudadano como núcleo fundamental del régimen democrático mexicano. Los ciudadanos son el fundamento de cualquier democracia representativa. Ellos eligen a los gobernantes encargados de ejercer el poder, les piden cuentas y los ratifican o castigan en las urnas (a los gobernantes o a sus partidos), dependiendo de su desempeño. Los ciudadanos también conforman partidos políticos y otras organizaciones para postular a otros ciudadanos como candidatos, promueven políticas públicas de acuerdo a sus ideologías, e integran las autoridades electorales que organizan y califican las elecciones. El día de la jornada electoral federal de 2009, por ejemplo, casi un millón de ciudadanos instalaron las casillas electorales 2, recibieron la votación de sus vecinos y contaron los votos de más de 34 millones de electores3
El IFE reportó que 987 mil 395 ciudadanos fueron designados funcionarios de las mesas directivas de casilla. Instituto Federal Electoral, Informe general sobre la implementación de la reforma electoral, durante el proceso 2008-2009 (México: IFE, 2010), 226-230. 3 Para mayor información puede consultarse el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones Federales de 2008-2009, disponible en:
que eligieron a los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Los ciudadanos son tan importantes para la democracia que ésta no podría concebirse sin aquellos. Como afirma Ricardo Raphael (2007, 11): […] no es posible hablar de democracia sin hacer referencia directa a la ciudadanía, ni poner en el centro a la ciudadanía sin hacerlo al mismo tiempo con los derechos y obligaciones que la constituyen. Si la ciudadanía es el átomo fundacional de toda sociedad que aspire a ser democrática, los derechos y obligaciones del individuo serían, alegóricamente hablando, el núcleo, los protones y los neutrones sin los cuales esa unidad básica estaría vacía de contenido.
Los ciudadanos como sujetos del derecho electoral Los ciudadanos son los principales sujetos del derecho electoral, lo que implica que tienen derechos y obligaciones fundamentales para la celebración de elecciones auténticas, periódicas y libres. El Cofipe establece los siguientes: Votar en las elecciones, lo cual es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación (artículo 4.1). Es derecho de los ciudadanos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular (artículo 4.1). Es derecho de los ciudadanos constituir partidos políticos y afiliarse a ellos (artículo 5.1). Es obligación de los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla (artículo 5.3). Es derecho de los ciudadanos participar como observadores electorales (artículo 5.4). Para poder votar, es obligación de los ciudadanos estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con la credencial para votar (artículo 6.1).
3.3 Partidos políticos Definición e importancia Los partidos políticos son “cualquier grupo de personas que busca participar en el poder político o conquistarlo, presentándose en los procesos electorales” (TEPJF 2011, 9). La representación política de los ciudadanos en la democracia es posible a través de los partidos políticos, pues son los encargados de postular candidatos para integrar los cargos públicos de representación popular. Los partidos son también uno de los canales de comunicación entre los ciudadanos y los que gobiernan, por lo que deben organizarse en una estructura formal en torno a un programa político determinado que sea ejecutable. El ordenamiento jurídico mexicano define a los partidos como entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Para realizar esas funciones, se otorgaron una serie de derechos a los partidos políticos, con un número importante de obligaciones, fijados en la CPEUM, en el Cofipe y en sus estatutos. Derechos de los partidos políticos Participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral federal. Participar en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal. Recibir financiamiento público para el ejercicio de sus actividades (dentro y fuera de los procesos electorales). Utilizar el tiempo que les corresponda en los medios de comunicación (radio y televisión) dentro y fuera de los procesos electorales, que será administrado por el Instituto Federal Electoral (IFE). Formar coaliciones, tanto para las elecciones federales como locales. Obligaciones de los partidos políticos Cumplir con sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de los candidatos. Garantizar la equidad y procurar la paridad de género en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. 35
Presentar ante el IFE una serie de informes que den cuenta de sus actividades y de la utilización de los recursos para el desarrollo de las mismas. Destinar los recursos de los que dispongan bajo los términos establecidos legalmente. Permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos competentes del IFE. Poner a disposición de toda persona su información pública. Aunque los partidos son considerados como el mecanismo principal de participación política, no se debe restar importancia a otros canales de actuación ciudadana, tales como asociaciones, agrupaciones políticas y demás formaciones colectivas que integran la diversidad de una comunidad.
3.4 Agrupaciones políticas nacionales Son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada (Cofipe, artículo 33). Las APN pueden participar en los procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido o una coalición política. Las postulaciones derivadas de tales acuerdos deberán ser registradas por el partido político determinado. Además, estas asociaciones están sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos.
3.5 Otros sujetos El Cofipe menciona también otras personas físicas y morales que son sujetos del derecho electoral y les asigna derechos y obligaciones con la finalidad de regular su actuación y asegurar la autenticidad de las elecciones. A continuación se describen estos sujetos y las reglas que rigen su conducta. Observadores electorales Con este nombre se denomina a los ciudadanos mexicanos autorizados para elaborar informes, juicios, opiniones o conclusiones sobre el proceso electoral y sus resultados. Están sujetos a responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley, dentro del régimen administrativo sancionador electoral. Autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, órganos autónomos y entes públicos Las autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno son considerados como sujetos que pueden cometer alguna infracción bajo el régimen administrativo sancionador electoral, por ejemplo difundir propaganda gubernamental en tiempos indebidos (desde el inicio de las campañas y hasta el día de la jornada electoral). Concesionarios y permisionarios de radio y televisión4 Los concesionarios y permisionarios deben ceñir su actuación (durante y fuera de los procesos electorales) a las restricciones al financiamiento establecidas por las reformas de 2007-2008. Son sujetos imputables de responsabilidad conforme al régimen sancionador electoral, por la difusión de propaganda política o electoral ordenada por personas distintas al IFE (Cofipe, artículo 350).
Concesionario: Persona física o moral titular bajo la modalidad de concesión de derechos de uso, aprovechamiento y explotación con fines comerciales sobre el espectro radioeléctrico. Permisionario: Persona física o moral, bajo la modalidad de permisos, de derechos de uso, aprovechamiento y explotación sobre el espectro radioeléctrico, con fines oficiales, culturales, de experimentación y/o educativos. (Reglamento de Acceso a Radio y Televisión en Materia Electoral, artículo 5.1, inciso c)..
Extranjeros La titularidad de los derechos políticos corresponde sólo a los ciudadanos, por lo que los extranjeros no pueden votar, ser electos para ocupar algún cargo político, ser afiliados, militantes o dirigentes de un partido político, ni hacer proselitismo a favor o en contra de un partido político. Los extranjeros no pueden violentar o actuar más allá de los límites establecidos por el mismo texto constitucional, de lo contrario serán sujetos a responsabilidad por las faltas cometidas bajo el régimen administrativo sancionador. Sin embargo, aún cuando se les tiene prohibido tomar parte en los asuntos políticos, los extranjeros sí tienen, en su calidad de personas, libertad de opinión para juzgar los asuntos de la materia y pueden participar como visitantes internacionales. Cualquier persona física o moral Con la reforma de 2007-2008 se incluyó a cualquier persona física o moral dentro de la categoría de sujetos sancionables por el régimen sancionador administrativo electoral. Cualquier persona puede ser sancionada por conductas que violenten las reglas del nuevo modelo de comunicación (dentro y fuera de los procesos electorales), por ejemplo, puede ser castigada por contratar propaganda en radio y TV, en territorio nacional o en el extranjero, para la promoción personal con fines políticos o electorales o para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos (Cofipe, artículo 345).
3.6 Evalúa tu aprendizaje… Ejercicio 1. Definiciones Explica cuál es la importancia del ciudadano en el derecho electoral mexicano. En la explicación describe cuáles son sus derechos y obligaciones en materia electoral.
Explica qué entiendes por partido político e identifica dos diferencias de tu definición respecto de la que establece la Constitución.
Ejercicio 2. Investigación Investiga qué partidos políticos cuentan con registro en tu entidad federativa.
Anota una de las razones ideológicas por las que apoyarías a uno de los partidos políticos con registro vigente. Busca en sus documentos básicos publicados en Internet si existe alguna disposición que se parezca a la razón ideológica que anotaste.
3.7 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Lección 4. Las autoridades electorales
Objetivo Al final de esta lección, los participantes distinguirán a las autoridades electorales del derecho electoral mexicano.
4.1 ¿Qué tanto sabes de… las autoridades electorales?
4.3 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4.4 La Suprema Corte de Justicia de la Nación
4.5 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
4.6 Autoridades electorales en las entidades federativas
4.7 Evalúa tu aprendizaje
Introducción Para garantizar la certeza en la renovación de los órganos de representación, el derecho electoral regula la existencia, el funcionamiento y las atribuciones de las autoridades electorales: el IFE y el TEPJF, sus análogos a nivel local, las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE).Todas estas instituciones serán analizadas en esta lección.
4.1 Qué tanto sabes de… las autoridades electorales ¿Qué autoridades electorales son reconocidas en el derecho electoral mexicano? Describe una función de dos autoridades electorales (federales o locales)
4.2 El Instituto Federal Electoral Atribuciones Como autoridad administrativa electoral, el IFE se encarga de organizar y realizar las elecciones federales, es decir, las relacionadas con la elección del Presidente de la República, de los senadores y diputados que integran el Congreso de la Unión, y de aquellas elecciones locales que por convenio acuerden las entidades federativas. Por mandato constitucional todas las actividades que realiza el Instituto deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad (véase la lección 2). El IFE es un organismo público, constitucional, autónomo e independiente, de carácter permanente, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su integración participan el Congreso de la Unión, los partidos políticos y los ciudadanos. Además de su función principal de organizar, realizar y calificar las elecciones, el IFE realiza diversas actividades, entre las cuales destacan las referentes a la declaración de validez y otorgamiento de constancias en la elección de diputados y senadores, el diseño de la geografía electoral, la actualización y depuración de los distintos materiales que conforman el Registro Federal de Electores, y las de capacitación y educación cívica. Estructura El Instituto está compuesto por diversos órganos centrales y desconcentrados para el desempeño de sus funciones en todo el territorio nacional, que pueden clasificarse en órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. Todos están integrados en un Servicio Profesional Electoral, con lo que se garantiza el profesionalismo en su actuar. Todos los actos y resoluciones que emite el IFE son susceptibles de control de legalidad y constitucionalidad por parte del TEPJF para garantizar los principios de la función electoral.
4.3 El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Atribuciones El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, con excepción de las acciones de inconstitucionalidad que competen a la SCJN (CPEUM, artículo 99). Se trata de un órgano permanente, colegiado, dotado de plena jurisdicción, que encabeza la impartición de justicia electoral en México y cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Su función principal es velar porque todos los actos y resoluciones de las autoridades en la materia (federales y locales) se sujeten a los principios de constitucionalidad y legalidad y garanticen los derechos fundamentales de carácter político-electoral. En la resolución de las controversias de su competencia cuenta con la facultad de la no aplicación de normas electorales contrarias a la Constitución5 para garantizar su coherencia con la misma. Como órgano jurisdiccional, el TEPJF emite jurisprudencia para las Salas del mismo Tribunal y el IFE. En el caso de las autoridades electorales locales, la jurisprudencia será obligatoria cuando se refiera a asuntos relativos a los derechos político-electorales de los ciudadanos, o esté relacionada con actos o resoluciones emitidos por dichas autoridades (LOPJF, artículo 233). Los medios de impugnación de su competencia se explican en la lección 6. Estructura El TEPJF funciona en forma permanente, con una Sala Superior y cinco Salas Regionales. La Sala Superior se conforma por siete Magistrados y cada Sala Regional por tres Magistrados que duran en su encargo nueve años. Con el propósito de aprovechar la experiencia de los Magistrados en funciones y de integrar nuevos miembros, su renovación es escalonada. Los magistrados son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la SCJN.
Siempre que deriven de la aplicación directa de la misma, ya que el control constitucional abstracto es competencia exclusiva de la SCJN, a través de acciones de inconstitucionalidad.
La Sala Superior y, en algunos casos, las Salas Regionales6 son órganos terminales, lo que significa que no existe instancia ni medio de impugnación que proceda en contra de sus determinaciones. Por lo tanto, el cumplimiento de sus resoluciones es obligatorio. La Sala Superior tiene su sede en el Distrito Federal y las Salas Regionales en las ciudades de Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca, cabeceras correspondientes a las cinco circunscripciones plurinominales en que se divide el territorio nacional.
Con excepción de lo relativo a las sentencias dictadas en juicios de inconformidad o en aquellas en las que hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la CPEUM.
4.4 La Suprema Corte de Justicia de la Nación Estructura y atribuciones La SCJN es la autoridad constitucional jurisdiccional máxima en el ordenamiento jurídico mexicano, cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Está conformada por once Ministros que duran 15 años en su cargo y funciona en dos periodos ordinarios por año. Acciones de inconstitucionalidad En materia electoral, la SCJN es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad7, mediante la que se plantea la no conformidad de las leyes con la Constitución, exigiendo la invalidación general de la norma impugnada. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los partidos políticos, las minorías parlamentarias (33% de los miembros de la legislatura respectiva) y el Procurador General de la República. Desde 1996 este mecanismo es procedente también en materia electoral. La acción de inconstitucionalidad puede iniciarse respecto a leyes o normas generales electorales (por ejemplo el Cofipe o las constituciones y códigos electorales estatales) que se consideren incompatibles con las determinaciones constitucionales. Para que la norma sea declarada inconstitucional, por lo menos ocho de los 11 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen que dar su voto favorable. La norma juzgada como inconstitucional deja de surtir efectos jurídicos generales, es decir, es expulsada del sistema jurídico. La jurisprudencia emitida por el pleno de la SCJN es obligatoria para el TEPJF cuando se refiera a la interpretación directa de un precepto de la CPEUM y en los casos en que resulte exactamente aplicable, en términos de lo previsto en el artículo 235 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
Desde la reforma del 22 de agosto de 1996 (CPEUM, artículo 105, fracción II).
4.5 La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales La Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con la FEPADE, que es un órgano especializado con rango de subprocuraduría, dotado de autonomía técnica y encargado de investigar y perseguir las conductas delictivas en materia electoral. Su objetivo es atender las denuncias y perseguir los delitos en la materia, así como promover una cultura de prevención. Se trata de una institución con carácter especializado porque es responsable de conocer, atender y perseguir la totalidad de los delitos electorales federales. Para llevar a cabo esta tarea, los agentes del Ministerio Público de la Federación deben informar de inmediato a la Fiscalía de las denuncias que reciban y contengan hechos probablemente constitutivos de algún delito electoral federal. La autonomía técnica significa que en su actuación está facultada para integrar y resolver averiguaciones previas en materia electoral federal, así como para intervenir en los procesos legales y juicios de amparo de su competencia, con entera independencia de las unidades de la PGR. Esto significa que las actuaciones de la Fiscalía no están sujetas a aprobación, revisión o corrección por parte de las unidades centrales de dicha dependencia, lo cual tiene por objeto garantizar la independencia de sus actos. El titular de la FEPADE es nombrado por el presidente de la República a propuesta del Procurador General de la República.
4.6 Autoridades electorales de las entidades federativas Las entidades federativas de la República son libres y soberanas en todo lo concerniente a su régimen interior. En materia electoral sus constituciones políticas deben garantizar la vigencia de los principios del régimen democrático (CPEUM, artículo 116, fracción IV). Las entidades federativas deben garantizar que: Las elecciones de los órganos representativos locales se realicen mediante sufragio libre, secreto y directo. Las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales sean autónomas e independientes. Los partidos políticos contiendan en condiciones de competencia y equidad durante las precampañas y campañas electorales. Se disponga de un sistema de medios de impugnación Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse. Cada una de las 32 entidades federativas del país regula su régimen jurídicoelectoral y establece sus autoridades electorales locales responsables de la organización y realización de los comicios, así como las encargadas de la calificación de las elecciones y resolución de las controversias en la materia. Aunque dichas autoridades guardan particularidades y denominaciones propias, podemos distinguir tres tipos de éstas: administrativas, jurisdiccionales y penales. La autoridad administrativa se encarga de organizar e implementar las elecciones locales, de fiscalizar las prerrogativas asignadas para tal efecto y, en su caso, de imponer sanciones por infracciones. La autoridad jurisdiccional se encarga de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos o resoluciones electorales en cada entidad federativa. La autoridad penal tiene como objeto investigar las conductas que constituyen delitos electorales. Como resultado de la configuración del sistema federal mexicano, dichas autoridades sostienen una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades electorales federales.
4.7 Evalúa tu aprendizaje… Ejercicio 1. Investigación Investiga qué autoridades electorales existen en tu entidad federativa. Anota dos de sus atribuciones que no tengan las autoridades electorales federales.
Ejercicio 2. Evalúa tus conocimientos sobre… Autoridades electorales 1. SCJN
a) Organismo encargado de declarar la validez de la elección de senadores.
b) Competente para investigar y perseguir las conductas delictivas electorales.
c) Competente para organizar elecciones en las entidades federativas y tener el control judicial de las mismas.
d) Competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad.
e) Tiene la facultad de no aplicar normas electorales contrarias a la Constitución.
4.8 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Lección 5. El proceso electoral federal en México
Objetivo Al final de esta lección, los participantes ubicarán las diferentes etapas del proceso electoral federal en México.
Contenido Esta lección contiene los siguientes temas Tema
5.1 ¿Qué tanto sabes de… el proceso electoral federal?
5.3.1 Preparación de la elección
5.3.2 Jornada electoral
5.3.3 Resultados y declaración de validez de las elecciones
5.3.4 Dictamen y declaraciones de validez de la elección y del
presidente electo 5.4 Evalúa tu aprendizaje
5.5 Autoevaluación
Introducción En esta lección se presentan las definiciones que algunos autores proporcionan sobre el proceso electoral federal, así como su definición legal. Se revisan las etapas del proceso electoral federal, los actos a realizarse en cada una de éstas, así como los actores que intervienen durante este periodo.
5.1 Qué tanto sabes de… el proceso electoral federal ¿Qué etapas del proceso electoral federal conoces? Descríbelas brevemente.
5.2 Concepto de proceso electoral Definición de autor José Woldenberg y Ricardo Becerra definen al proceso electoral como “[…] la condición y la expresión práctica de la democracia. En el proceso electoral se manifiestan las preferencias de los ciudadanos de una determinada comunidad política; está constituido por una serie de etapas en las cuales tiene lugar, característicamente, la designación de los titulares del gobierno y del Poder Legislativo. […] En él se manifiestan las opciones, las ideas y la fuerza de los actores (partidos y agrupaciones) que aspiran al gobierno o a los cargos legislativos, pero también y sobre todo en el proceso electoral cristaliza la participación y la decisión de los ciudadanos en torno a quienes deben ser sus gobernantes y legisladores.” (2004, 597) Definición legal El proceso electoral federal se define legalmente como el conjunto de actos que tienen como propósito la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión, que son realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos (Cofipe, artículo 209.1). Cuando en este texto se haga referencia a proceso electoral federal, únicamente se referirá a la definición legal.
5.3 Etapas del proceso electoral El proceso electoral federal inicia en octubre del año previo al de la elección de que se trate y termina con el dictamen y declaración de validez, que puede ser en agosto o septiembre del año de la elección, dependiendo si se trata de elecciones de diputados o presidenciales. En caso de impugnación de los resultados, concluirá hasta que el TEPJF resuelva el último de los medios de impugnación interpuestos (Cofipe, artículos 209 y 210). Dicho proceso se conforma por cuatro etapas (Cofipe, artículo 210.2): 1. Preparación de la elección 2. Jornada electoral 3. Resultados y declaración de validez de las elecciones 4. Dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo
5.3.1 Preparación de la elección Durante esta etapa se realizan todas las actividades necesarias previas al día de la jornada electoral. Inicia formalmente con la primera sesión que el Consejo General del IFE celebre durante la primera semana del mes de octubre previo al de las elecciones federales ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada electoral, es decir, el primer domingo de julio del año de la elección (Cofipe, artículos 210258). Se conforma esencialmente por los siguientes actos: Procesos internos para la selección de candidatos Es el conjunto de actos realizados por los partidos políticos para definir a sus candidatos a cargos de elección popular. Los estatutos de cada partido establecen el método de designación de candidatos a cargos de elección popular, el cual puede ser diferente para cada instituto político (por convención de delegados, designación por parte del consejo nacional o comité directivo u otros). Los partidos deben informar al IFE con anticipación el método que utilizarán para designar sus candidatos y los órganos responsables de organizar y vigilar el proceso interno.
Las precampañas no pueden durar más de 60 días si la renovación de poderes comprende la del ejecutivo y las dos cámaras del legislativo, y 40 días si sólo se renueva la Cámara de Diputados (CPEUM, artículo 41, Base IV, segundo párrafo, y Cofipe, artículo 211.2, incisos a y b). Una vez definidas las candidaturas, los partidos políticos realizan una solicitud de registro de candidatos ante el IFE, acompañándola de todos los requisitos formales. Campañas electorales Son los actos de difusión que realizan los partidos políticos (en lo individual o coaligados) y los candidatos registrados, a través de reuniones públicas, asambleas, marchas y propaganda electoral, dirigidos a la obtención del voto. Inician a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas y terminan tres días antes del día de la jornada electoral. En ningún caso pueden durar más de 90 días, tratándose de la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo, y de 60 días si la renovación es únicamente de la Cámara de Diputados (CPEUM, artículo 41, Base IV, segundo párrafo, y Cofipe, artículo 237, párrafos 2, 3 y 6). Integración y ubicación de casillas Procedimiento por el que se determina el número de casillas, el tipo y lugar en que deben instalarse, siguiendo criterios poblacionales y geográficos. Hecho lo anterior, se selecciona a los ciudadanos que las integrarán a través de dos sorteos y una capacitación. El IFE ordena la publicación de un listado con los nombres y el cargo de los integrantes de las mesas directivas de casilla, así como la ubicación que les corresponde. Este proceso, también conocido como encarte, debe realizarse a más tardar el 16 de mayo del año de la elección, pudiéndose realizar ajustes hasta antes del 25 de julio (Cofipe, artículos 240.1, inciso g y 242.1, inciso f). Registro de representantes de partido Es el procedimiento a través del cual los partidos políticos ejercen su derecho para acreditar hasta dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, así como representantes generales propietarios. Se busca que los partidos puedan supervisar los actos que se realicen el día de la jornada 57
electoral y, en su caso, hacer constar los incidentes que se susciten, así como formular escritos de protesta. El registro de los representantes de partido inicia una vez registrados sus candidatos, fórmulas y listas, y concluye hasta 13 días antes del día de la elección (Cofipe, artículo 245). Los partidos también tienen representantes registrados ante los Consejos locales y distritales, desde su instalación y hasta el final del proceso electoral. Registro de observadores electorales Es el procedimiento por el cual los ciudadanos mexicanos ejercen su derecho a supervisar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los que se llevan a cabo el día de la jornada electoral, en la forma y términos que determina el IFE. Únicamente pueden participar aquellos ciudadanos que presenten solicitud ante el presidente del Consejo Local o Distrital correspondiente a su domicilio, a partir del inicio del proceso electoral y hasta antes del 31 de mayo del año de la elección (Cofipe, artículo 5.4, inciso c). Distribución de la documentación y material electoral El Consejo General del IFE toma en cuenta las medidas de certeza que estime pertinentes para aprobar el modelo de boleta electoral que se utilizará para la elección, e instrumenta las acciones inherentes a su impresión, distribución y entrega en correspondencia con el número de electores. Asimismo, dispone lo relativo a las actas, listados nominales, líquido indeleble, marcadores, urnas y demás material necesario para la instalación y operación de las mesas directivas de casilla. Estos materiales los entregan los presidentes de los consejos distritales a cada uno de los presidentes de las mesas directivas de casillas, cinco días antes del día previo a la jornada electoral (Cofipe, artículos 252.1 y 255). 5.3.2 Jornada electoral Esta etapa inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio del año de la elección con la instalación de las mesas directivas de casilla. Concluye con el cierre de la misma a las 18:00 horas o hasta que haya depositado su voto el último de los ciudadanos que se encuentre formado. Las mesas directivas de casilla se integran con los ciudadanos relacionados en el encarte, quienes ejercen sus funciones como autoridad electoral. Se conforman 58
por un presidente, un secretario y dos escrutadores, que se encargan de recibir y contar la votación y elaborar el acta correspondiente. Todo ello bajo la supervisión de los representantes de partido debidamente acreditados y en la presencia de los observadores electorales (Cofipe, artículos 259-285). La jornada electoral tiene cuatro fases: Instalación de casillas Es el primer acto que se realiza el día de la jornada electoral. Consiste en la reunión de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y de los suplentes o, ante la falta de estos, de los ciudadanos de la sección. Los funcionarios verifican el material electoral, arman las mamparas, urnas y demás mobiliario. Todo lo anterior se hace constar en el apartado correspondiente a la instalación del acta de la jornada electoral. Una vez instalada formalmente la casilla, el presidente de la mesa da aviso del inicio de la votación (Cofipe, artículo 263.1). Votación Esta etapa comprende el ejercicio del derecho fundamental del sufragio activo de los ciudadanos en la renovación de los poderes. El ciudadano muestra ante la mesa directiva de casilla su credencial para votar con el propósito de que se verifiquen sus datos en el listado nominal de la sección. Una vez confirmados, el ciudadano recibe las boletas de cada elección y emite su voto en secreto en los canceles o elementos modulares respectivos. Finalmente deposita las boletas en las urnas correspondientes al tipo de la elección. La votación se cierra a las 18:00 horas o hasta que voten todos los electores formados a esa hora. El cierre de la votación se debe plasmar y firmar en el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, para proceder al escrutinio y cómputo de los votos recibidos en la casilla (Cofipe, artículo 273.1). Escrutinio y cómputo Es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla cuentan las boletas para determinar el número de electores que votó, el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el número de votos para candidatos no registrados, el número de votos nulos y el número de boletas sobrantes de cada elección. Todo ello se hace constar en las actas correspondientes de cada elección, las que deben firmar, sin excepción, todos los funcionarios y los representantes de los 59
partidos políticos que actuaron en la casilla (Cofipe, artículo 274). Finalmente, los presidentes de las mesas directivas de casilla fijan en un lugar visible los resultados de cada una de las elecciones, los que serán firmados por ellos y los representantes de partido que lo deseen (Cofipe, artículo 283). Clausura de casillas Una vez realizado el escrutinio y cómputo, y formados los expedientes de casilla, se procede a su envoltura y firma por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de partido que así lo deseen. A efecto de dejar constancia de lo anterior, el secretario levanta un acta en la que se fija la hora de clausura de la casilla y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete que contenga los expedientes (Cofipe, artículo 281). 5.3.3 Resultados y declaración de validez de las elecciones Inicia con la remisión de los expedientes electorales a los consejos distritales del IFE, en donde se procede a ingresar los datos de las actas de escrutinio y cómputo de casilla al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), y así obtener un panorama general de la preferencia electoral en el país. Estos resultados, aunque son oficiales, sólo son preliminares, pues se debe esperar hasta que se celebre la sesión de cómputo de cada elección para tener los resultados definitivos. En dichas sesiones, se suman los resultados de la votación ante la presencia de los partidos políticos interesados, quienes pueden manifestar lo que estimen pertinente y, en su caso, proceder a la apertura de los paquetes electorales que produzcan duda, o que por determinación legal deban de ser sometidos nuevamente a un conteo de votos. Finalmente, se realiza la declaratoria de validez y la entrega de las constancias de mayoría. Sin embargo, esta etapa concluye hasta que el TEPJF resuelve el último medio de impugnación (Cofipe, artículos 290-312). Esta etapa se conforma básicamente por las siguientes fases: Remisión y recepción de expedientes electorales Una vez clausuradas formalmente las mesas directivas de casilla, el secretario llenará la constancia de la hora de su clausura y el nombre de los funcionarios y representantes que harán la entrega del paquete electoral. La constancia deberá estar firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes de los partidos 60
que deseen hacerlo. Una vez clausuradas las casillas, los presidentes de las mismas, bajo su responsabilidad, harán llegar al centro de acopio del Consejo Distrital del IFE que corresponda, los paquetes y los expedientes (Cofipe, artículos 284-285). A partir de ese momento el Consejo Distrital asume la guarda y custodia de los mismos, previa expedición del recibo correspondiente (Cofipe, artículo 290). Información preliminar de los resultados Con la finalidad de trasmitir información inmediata de los resultados de la votación, se ha implementado un programa que es alimentado con los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de casilla en el orden en que se van recibiendo en los Consejos Distritales del IFE. Se denomina Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), debido a que no es definitivo. El propio Cofipe establece procedimientos (sesiones de cómputo) en los que los partidos políticos se encuentran facultados para formular observaciones sobre la certidumbre de dichos resultados. Cómputos distritales El término “cómputo” implica cuenta o cálculo de algo. En este caso, se trata de los votos de las elecciones. Como su nombre lo indica, se realiza a través de los Consejos Distritales del IFE. En este procedimiento, realizado el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, se suman los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de cada casilla. En esa sesión se establecen los resultados de las elecciones y se hacen constar en las actas de cómputo distrital de Presidente, senadores y diputados. En dicha sesión se expide la constancia de mayoría y validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, tomando en consideración a aquellos candidatos que obtuvieron el mayor número de votos. Cómputos de entidad federativa Es el procedimiento por medio del cual cada uno de los consejos locales del IFE suma los resultados anotados en las actas de cómputo distrital de la elección de senadores por el principio de mayoría relativa para expedir las constancias de validez correspondientes. La sesión se realiza el domingo siguiente al día de la jornada electoral. Asimismo se realiza el cómputo de la entidad federativa correspondiente a la 61
elección de senadores por el principio de representación proporcional, asentando los resultados en el acta correspondiente. Finalmente se expide la constancia de asignación de senadores de la primera minoría al candidato registrado por el partido que logró el segundo lugar en la votación de la entidad. Cómputos de circunscripción plurinominal Es el procedimiento a través del cual los consejos locales del IFE con residencia en las cabeceras de circunscripción (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Distrito Federal y Toluca) suman los resultados de las actas de cómputo distrital, a fin de determinar la votación obtenida de acuerdo a las listas regionales de diputados según el principio de representación proporcional en cada circunscripción. Este procedimiento tiene lugar una vez realizados los cómputos de entidad federativa el domingo siguiente al de la jornada electoral. Plazos para la resolución de medios de impugnación De acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la LGSMIME, los juicios de inconformidad relativos a las elecciones de diputados federales y senadores deben quedar resueltos a más tardar el 3 de agosto del año de la elección. Sus resoluciones pueden ser combatidas a través del recurso de reconsideración, mismas que a su vez deben ser resueltos a más tardar el 19 de agosto. Los juicios relativos a la elección del Presidente de la República deben resolverse a más tardar el 31 de agosto del año de la elección. El TEPJF debe emitir el dictamen de cómputo final, la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección (LOPJF, artículo 186, fracción II). Los recursos de reconsideración que se refieran a los cómputos distritales de la elección de diputados federales y de entidad federativa de senadores deben resolverse a más tardar el 19 de agosto del año de la elección. Los demás recursos de reconsideración deben ser resueltos, a más tardar, tres días previos a la fecha de instalación de las Cámaras del Congreso de la Unión, en observancia del artículo 69 de la LGSMIME. Constancias de asignación de diputados y senadores Es el procedimiento mediante el cual el Consejo General del IFE realiza la asignación de senadores y diputados federales electos por el principio de representación proporcional. Para ello toma en consideración los resultados del 62
cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores por el principio de representación proporcional y el cómputo de la votación para las listas regionales de diputados. Este procedimiento se realiza una vez que se encuentren resueltas todas las impugnaciones por el TEPJF, a más tardar el 23 de agosto del año de la elección. 5.3.4 Dictamen y declaración de validez de la elección y del presidente electo Esta etapa inicia cuando se resuelve el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno. Concluye con la emisión por el TEPJF del dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección de presidente. Se trata de un acto regulado por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción II, de la CPEUM; 186, fracción II, y 189, fracción I, inciso a de la LOPJF. En este acto no hay contienda ni partes. Se trata de un acto en el que interviene el IFE y el TEPJF. El primero suministra los resultados de los cómputos distritales, y el segundo realiza la sumatoria de los datos proporcionados por el Instituto y, en su caso, ejecuta la recomposición de cómputos distritales en cumplimiento de las sentencias de los juicios de inconformidad respectivos. En la fase de la declaración de validez de la elección de presidente, la Sala Superior del TEPJF verifica de oficio8 los requisitos constitucionales que deben cumplirse en el proceso electoral. La declaración de presidente electo consiste en la revisión de los requisitos de elegibilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la CPEUM, respecto del candidato que obtuvo el mayor número de votos. De reunirse los requisitos de elegibilidad, el TEPJF formula la declaratoria correspondiente y entrega la constancia al vencedor. Esta declaratoria también se notifica por oficio a la Cámara de Diputados para que emita el bando solemne a quién haya sido declarado presidente de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, artículo 74, fracción I).
Actuar de oficio significa la obligación legal de revisar los asuntos aunque las partes no los hayan mencionado, o bien de revisar la actuación de las partes aunque no se haya presentado una queja de parte de alguna de ellas.
5.4 Evalúa tu aprendizaje… Preparación de la elección Ejercicio 1. Definiciones Define qué son las campañas electorales y menciona dos tipos de actos que realizan los partidos durante éstas.
Ejercicio 2. Etapas del proceso electoral federal Encierra en un círculo la respuesta correcta en el siguiente ejercicio de opción múltiple: 1. ¿Cuál de las siguientes fases no se desarrolla durante la jornada electoral? a) b) c) d)
Integración y ubicación de las casillas. Instalación de las casillas. Escrutinio y cómputo. Clausura de las casillas.
2. ¿Cuándo se realizan los cómputos distritales? a) b) c) d)
El día de la jornada electoral. El día siguiente al de la jornada electoral. El miércoles siguiente al día de la jornada electoral. El domingo siguiente al día de la jornada electoral.
3. ¿Cuándo concluye la etapa de preparación de la elección? a) b) c) d)
Tres días antes de la jornada electoral Al iniciarse la jornada electoral Cuando se remiten los paquetes electorales a los consejos distritales Cuando el TEPJF resuelve el último medio de impugnación
4. ¿Durante qué periodo se realiza la etapa de declaración de validez de la elección y de presidente electo?
a) A partir de que se presentan los juicios de inconformidad ante la Sala Superior y hasta que el TEPJF realiza el cómputo final de la elección. b) A partir de que se resuelve el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de la elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y hasta que se emite el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. c) Inicia con la sesión pública que celebra la Sala Superior del TEPJF para hacer la declaración de validez de la elección y concluye cuando entrega la constancia de presidente electo a quien haya resultado ganador. d) Inicia al resolverse los medios de impugnación que se hayan presentado en contra de la elección o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye cuando el presidente electo toma protesta del cargo ante el Congreso de la Unión.
5.5 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Lección 6. Mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano Objetivo Al final de esta lección, los participantes distinguirán la finalidad de los mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano. Contenido Esta lección contiene los siguientes temas: Tema
6.1 ¿Qué tanto sabes de… mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano?
6.2 El régimen administrativo sancionador
6.2.1 Procedimientos sancionadores
6.2.2 El procedimiento especial sancionador
6.2.3 El procedimiento sancionador ordinario
6.2.4 Otros procedimientos
6.3 Sistema de medios de impugnación en materia electoral
6.3.1 Principios y características
6.3.2 Juicios y recursos
6.5 Evalúa tu aprendizaje
Introducción Existen mecanismos de defensa que buscan proteger a los principios y reglas establecidas por el derecho electoral mexicano. Los mecanismos que se mencionan en este capítulo defienden a las instituciones, los partidos y sobre todo a los derechos político-electorales de los ciudadanos.
A continuación se explican tres tipos de mecanismos de defensa, diferenciados por su naturaleza: Régimen administrativo sancionador electoral (administrativo). Es resuelto por la autoridad que organiza las elecciones. Las sanciones son administrativas y pueden revisarse ante un órgano jurisdiccional. Juicios y recursos del sistema de medios de impugnación en materia electoral (jurisdiccional). Los juicios y recursos son resueltos por una autoridad jurisdiccional y generalmente las sanciones impuestas son definitivas, ya que no existe una autoridad que pueda revisarlas. La excepción en este caso es el recurso de revisión. Delitos electorales tipificados en el Código Penal Federal (penal). Aunque la persecución de los delitos se realice por un órgano administrativo, sus castigos son impuestos por jueces de esa materia. Los delitos electorales prevén sanciones de privación de la libertad para conductas consideradas especialmente graves, las cuales pueden dañar el régimen democrático y los derechos de los ciudadanos. En cada entidad federativa pueden replicarse todos o alguno de estos mecanismos de defensa. En este manual sólo se explicarán los mecanismos de defensa previstos por las normas federales.
6.1 Qué tanto sabes de… mecanismos de defensa de derecho electoral mexicano Explica qué entiendes cuando escuchas la frase “mecanismos de defensa”. ¿Por qué los delitos electorales pueden considerarse mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano, si su realización es perjudicial para la democracia?
¿Qué mecanismos de defensa en materia electoral conoces y qué derechos protegen? Anota tres.
6.2 El régimen administrativo sancionador electoral Finalidad La finalidad del Régimen Administrativo Sancionador Electoral consiste en inhibir las prácticas nocivas y conductas irregulares que vulneran los principios rectores en la materia electoral (legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad) (Tesis XLIII/2008). Principios aplicables El régimen administrativo sancionador electoral parte de los principios del derecho penal, porque ambos derivan de la facultad sancionadora del Estado (ius puniendi). Le resultan aplicables los principios desarrollados por el derecho penal (tomando en cuenta las diferencias de los bienes jurídicos tutelados y de las características particulares del caso), lo que ha permitido la construcción de una doctrina propia (Tesis XLV/2002). Tipología Este régimen contiene el conjunto de procedimientos diseñados para proteger los principios, directrices y reglas del derecho electoral mexicano, a través del dictado de medidas cautelares y mediante la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas-electorales. Dicha tarea compete al IFE en cuatro ámbitos: Procedimiento especial sancionador por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la emisión de propaganda política o electoral ilícita. Procedimiento sancionador ordinario por infracción normativa en general. Procedimiento en materia de quejas por irregularidades en el ejercicio del financiamiento. Procedimiento disciplinario por irregularidades cometidas por los servidores públicos del IFE.
6.2.1 Procedimientos sancionadores Mediante estos procedimientos el IFE puede imponer sanciones a los sujetos obligados que cometan faltas administrativas en materia electoral. Cuando hay 70
indicios de que se cometió una conducta irregular el Instituto inicia una investigación para decidir si debe aplicar una sanción. A continuación se explican los cuatro tipos de procedimientos del régimen administrativo sancionador electoral contenidos en el Libro Séptimo del Cofipe (artículos 340-387). 6.2.2 El procedimiento especial sancionador Se inicia únicamente mediante la presentación de una queja o denuncia que incluya pruebas sobre la comisión de actos anticipados de precampaña o campaña, o sobre la emisión de propaganda política o electoral ilícita. A partir del análisis de la queja o denuncia, el IFE puede emitir medidas cautelares, es decir, puede ordenar al presunto infractor que interrumpa la conducta denunciada. De esta manera se mantiene el equilibrio en la contienda electoral, independientemente de las sanciones que se impongan si se acredita la falta (Cofipe, artículos 367 a 371). 6.2.3 Procedimiento sancionador ordinario Se conforma por una secuencia de actos que inician a partir del conocimiento de una infracción normativa o mediante una denuncia. Puede iniciarse de oficio o a instancia de parte afectada, siempre que sea atribuido a alguno de los sujetos obligados del derecho electoral y que constituya una falta sancionada en la ley (Cofipe, artículos 361 a 366). 6.2.4 Otros procedimientos Procedimiento en materia de quejas Se origina a partir de la presentación de una queja o denuncia. Puede iniciarse de oficio con motivo de irregularidades detectadas en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas 9 (Cofipe, artículos 372 a 378).
Aunque las APN no reciben financiamiento público, sí ejercen recursos en el ejercicio de sus actividades.
Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas Este conjunto de actos se encuentra previsto para determinar responsabilidades disciplinarias en que incurran los servidores públicos del IFE con motivo del ejercicio de sus funciones, tales como negligencia notoria, ineptitud o descuido en el desempeño de sus actividades, que ponen en riesgo la independencia de la función electoral (Cofipe, artículos 379 a 387).
6.3 Sistema de medios de impugnación en materia electoral Finalidad Los medios de impugnación permiten verificar que todo acto y resolución electoral se emita en estricto apego y cumplimiento de los principios de legalidad y constitucionalidad. Se debe garantizar la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales, así como el respeto y garantía de los derechos político-electorales del ciudadano. 6.3.1 Principios y características El sistema de medios de impugnación en materia electoral se rige por tres principios: Constitucionalidad. Todo acto y resolución electoral debe emitirse observando los principios, directrices y reglas fijados en el mandato constitucional. Legalidad. Toda actuación electoral debe realizarse en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Definitividad. El deber de agotar en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes o estatutos partidarios. También se refiere a las etapas del proceso electoral, de manera que no se sometan a revisión actos ya declarados válidos.
El sistema tiene las siguientes características: Los medios de impugnación son resueltos por el TEPJF. Puede ejercer plenitud de jurisdicción (sin ninguna limitación). Los derechos, obligaciones, deberes y cargas procesales que derivan de dicho sistema son de base constitucional y configuración legal. Esto significa que no son de carácter absoluto, pues pueden ser delimitados por el legislador a través de las leyes respectivas. La presentación de un medio de impugnación no producirá efectos suspensivos sobre el acto o resolución impugnados. Los juicios y recursos que lo integran son vías procesales de orden público, por lo que la autonomía de la voluntad de las partes y de los terceros que 73
intervienen en los medios de impugnación quedará subordinada a dicho interés. 6.3.2 Juicios y recursos Recurso de Revisión (RRV) Es un medio de impugnación de carácter administrativo que se interpone contra actos y resoluciones de los órganos del IFE. Tiene como finalidad garantizar que estos actos se ajusten al principio de legalidad. Los supuestos de procedencia del recurso tienen relación con el tiempo en que se interpone y de acuerdo al tipo de acto o resolución que puede combatirse a través del mismo. Las autoridades competentes para conocer de este recurso son los diversos órganos del IFE determinados por la ley. Sin embargo, los recursos que se interpongan durante los cinco días previos a la jornada electoral los resuelve el TEPJF. (LGSMIME, artículos 35 a 39) Recurso de Apelación (RAP) Es un medio de impugnación de naturaleza jurisdiccional que se interpone contra actos y resoluciones de diversos órganos del IFE. Tiene como finalidad garantizar que todos los actos y resoluciones de los órganos del IFE se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad. La Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF son competentes para resolver este recurso. (LGSMIME, artículos 40 a 48) Juicio de Inconformidad (JIN) Es el medio de impugnación a través del cual los partidos políticos y los candidatos, por cuestiones de elegibilidad, pueden combatir los resultados electorales de los comicios federales relativos a la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados y senadores, exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez. (LGSMIME, artículos 49 y 50) La competencia para conocer de este juicio corresponde al TEPJF. La Sala Superior conoce y resuelve los juicios de inconformidad que se presentan en contra de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Las Salas Regionales conocen de los juicios en primera instancia que se presentan en contra 74
de las elecciones de diputados o senadores. (LGSMIME, artículo 53) Recurso de Reconsideración (REC) Este medio se interpone ante la Sala Superior del TEPJF para impugnar las sentencias de fondo emitidas por las Salas Regionales del propio Tribunal en dos supuestos: Al resolver los juicios de inconformidad Cuando, en cualquier medio de impugnación de su competencia, hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución. (LGSMIME, artículo 61) Este medio también se puede interponer para impugnar la asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional que realiza el Consejo General del IFE. (LGSMIME, artículo 61) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) Es un medio de impugnación de naturaleza jurisdiccional que se interpone para controvertir los actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos: Derecho de votar y ser votado Derecho de asociación individual para formar parte en los asuntos políticos del país de manera pacífica Derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos Derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas (LGSMIME, artículo 79) La finalidad de este juicio es proteger los derechos político-electorales y aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con éstos, como: Libertad de expresión y manifestación de las ideas Derecho a la información Derecho de petición en materia política. (Jurisprudencia 36/2002) La Sala Superior y las Salas Regionales del TEPJF son competentes para resolver estos juicios. 75
Juicio de revisión constitucional electoral (JRC) Es el medio de defensa constitucional que tienen los partidos políticos para impugnar actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas. Mediante este juicio se pueden impugnar la organización y calificación de los comicios, así como resolver las controversias que surjan durante los mismos y que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones. (LGSMIME, artículo 86) La Sala Superior es la autoridad competente para conocer de este juicio en única instancia cuando se impugnan actos o resoluciones relativos a las elecciones de Gobernador y de Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Las Salas Regionales los conocen en única instancia cuando se trata de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales del Distrito Federal. (LGSMIME, artículo 87) Juicio para solucionar los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores (JLI) Es un medio de impugnación de naturaleza jurisdiccional que puede promover un servidor del IFE cuando considere que sus derechos laborales han sido afectados por el Instituto. La autoridad competente para conocer de este juicio es el TEPJF. La Sala Superior conocerá de estos juicios cuando se trate de actos o resoluciones de órganos centrales del IFE o de las Salas Regionales, o cuando los actos o determinaciones provengan de órganos desconcentrados. (LGSMIME, artículo 94) Juicios para resolver los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus Servidores (CLT) Es un medio de impugnación de naturaleza jurisdiccional que puede promover un servidor del TEPJF cuando considere que sus derechos laborales han sido afectados por un acto o resolución de alguno de los órganos del propio Tribunal. (RITEPJF, artículo 140)
6.4 Delitos electorales Definición Los delitos electorales son aquellas conductas que perjudican o ponen en peligro la función electoral, los procesos electorales y el sufragio. Se les conoce como mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano porque caracterizan conductas que son especialmente dañinas al ejercicio libre y democrático del voto y una de las vías para prevenirlas y sancionarlas es a través del derecho penal. Su clasificación como conductas delictivas responde a los bienes jurídicos que busca garantizar: el libre ejercicio del sufragio, el secreto del voto, el buen uso de la documentación oficial relativa a las cuestiones electorales, la autenticidad y legalidad de los procedimientos electorales, y la autenticidad de los resultados de las elecciones y su transparencia. Se encuentran tipificados en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal vigente. La FEPADE está encargada de su averiguación y persecución. Los delitos electorales pueden ser cometidos por: Cualquier persona Funcionarios electorales Funcionarios partidistas Candidatos Ministros de culto Servidores públicos Diputados y senadores Sujetos e infracciones La Tabla 1 muestra a las personas sujetas a sanción por la comisión de conductas ilícitas configuradas como delitos, con ejemplos para cada caso. Tabla 1. Sujetos que pueden cometer delitos electorales Sujetos Ciudadanos Ministros de culto religioso
Delito Votar a sabiendas que no cumplen con los requisitos de la ley. Votar más de una vez en una misma elección. Cuando en el desarrollo de actos públicos o propios de su ministerio induzcan al electorado a votar a favor o en contra de un partido político o candidato, o a abstenerse del ejercicio del derecho de voto.
Delito Obstruir el desarrollo normal de la votación sin mediar causa justificada. Alterar los resultados electorales, sustraer o destruir boletas, documentos o materiales electorales. Presionar a los electores e introducirlos a votar por un candidato o partido determinado. Realizar propaganda electoral mientras cumplen sus funciones en la jornada electoral. Sustraer, destruir, alterar o usar indebidamente material electoral. Aprovecharse de fondos, bienes o servicios a sabiendas de que provienen de actividades ilícitas. Obligar a sus subordinados, haciendo uso de su autoridad, a emitir votos a favor de un partido político o candidato. Condicionar la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas sociales o la realización de obras públicas a la emisión del voto a favor de un partido político o candidato. Destinar de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición para apoyo a un partido político o un candidato.
Son los dirigentes de partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas y sus representantes ante el órgano electoral y los candidatos. Es decir, los funcionarios partidistas son todos aquellos que así estén registrados ante la autoridad competente
6.5 Evalúa tu aprendizaje… Ejercicio 1. Investigación Investiga qué medios de impugnación existen en tu entidad federativa. ¿Crees que debería existir un medio de impugnación adicional? Si es así, ¿qué derechos debería proteger?
Ejercicio 2. Evalúa tus conocimientos sobre… Régimen administrativo sancionador electoral Evalúa tus conocimientos sobre el régimen administrativo sancionador electoral. Relaciona los procedimientos con sus descripciones que se encuentran en la columna derecha. 1. Procedimiento ( ) especial sancionador
a) Por irregularidades en el ejercicio del financiamiento
2. Procedimiento ( ) sancionador ordinario
b) Por irregularidades cometidas por los servidores públicos del IFE
3. Procedimiento ( ) en materia de quejas
c) Por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la emisión de propaganda política o electoral ilícita
4. Procedimiento ( ) disciplinario
d) Por infracción normativa en general
El sistema de medios de impugnación en materia electoral Evalúa tus conocimientos sobre el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Relaciona los principios que lo rigen con sus definiciones que se encuentran en la columna derecha. 1. Legalidad
a) El deber de agotar en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes o estatutos partidarios.
b) Toda actuación electoral debe realizarse en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley.
c) Todo acto y resolución electoral debe emitirse observando los principios, directrices y reglas fijados en el mandato constitucional.
Mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano De la siguiente lista de mecanismos de defensa del derecho electoral en México, indica en la columna de la derecha cuáles son competencia del IFE y cuáles del TEPJF: Mecanismos de defensa 1. Procedimiento especial sancionador 2. Acciones de inconstitucionalidad 3. Recurso de revisión 4. Procedimiento sancionador ordinario 5. Juicio de revisión constitucional electoral 6. Recurso de apelación 7. Juicio de inconformidad 8. Procedimiento de quejas sobre el financiamiento y gasto de los partidos políticos 9. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 10. Recurso de reconsideración 80
6.6 Autoevaluación Qué hice, qué me falta… Lo que debí hacer…
Recapitulación 1. Derecho electoral Derecho electoral es el conjunto de reglas y procedimientos que regulan y controlan la legalidad de las elecciones en todas sus fases: la de preparación, la de los comicios y la de los resultados y declaración de su validez, así como el control constitucional y legal de los mismos. El derecho electoral es un instrumento de garantía para la democracia porque permite asegurar certeza en el otorgamiento de la representación popular. En México, el derecho electoral se regula en la Constitución, el Cofipe, la LGSMIME, la LOPJF y el Código Penal Federal.
2. Soberanía y representación popular La soberanía popular significa que el poder supremo está en manos del pueblo, es decir, en la totalidad de los ciudadanos. En las democracias el pueblo expresa su voluntad mediante elecciones, en las que elige a sus representantes para que éstos tomen decisiones en su nombre y para realizar sus intereses. En la democracia mexicana los ciudadanos ejercen su soberanía mediante los poderes de la Unión (y los de los estados, de acuerdo a sus respectivas competencias). Dichos poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. Los principios rectores que deben regir los procesos electorales y que están previstos en la Constitución son: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. De acuerdo a la CPEUM, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Los principales derechos políticos de los ciudadanos son: Elegir representantes políticos. Ser elegidos y ejercer cargos de representación. Participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas. Controlar el ejercicio de las funciones públicas encomendadas a los representantes. 82
3. Sujetos del derecho electoral Los sujetos del derecho electoral son: Ciudadanos Partidos políticos Agrupaciones políticas nacionales Autoridades electorales Otros (observadores electorales, autoridades o servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, órganos autónomos y entes públicos, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, extranjeros, cualquier persona física o moral).
4. Las autoridades electorales Autoridades electorales federales El IFE es un organismo independiente y autónomo, encargado de organizar y realizar las elecciones federales, así como de aquellas elecciones locales que por convenio acuerde con las entidades federativas. Se divide en órganos de dirección, órganos ejecutivos y técnicos y órganos de vigilancia para cumplir con sus funciones. El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, es un órgano permanente, colegiado, dotado de plena jurisdicción y cuyas resoluciones son definitivas e inatacables. Está integrado por una Sala Superior y cinco Salas Regionales. La SCJN es la autoridad constitucional jurisdiccional máxima en el ordenamiento jurídico mexicano. En materia electoral, es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad (mediante las que se plantea la no conformidad
de las leyes con la Constitución, exigiendo en juicio la invalidación de la norma impugnada). Sus resoluciones son definitivas e inatacables. La FEPADE es un órgano especializado de la Procuraduría General de la República (PGR). Tiene rango de subprocuraduría, está dotado de autonomía técnica y es la encargada de investigar y perseguir las conductas delictivas en materia electoral. Su objetivo es atender las denuncias y perseguir los delitos en la materia, así como promover una cultura de prevención. Está encabezada por un Fiscal Especializado con nivel de subprocurador. Autoridades electorales en las entidades federativas Las autoridades administrativas electorales en cada una de las entidades federativas son las encargadas de organizar las elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Actualmente casi todas son permanentes. Las autoridades jurisdiccionales electorales locales, son encargadas del control judicial de las autoridades administrativas estatales. Existen de varios tipos y se pueden agrupar en: a) autoridades jurisdiccionales insertas en el poder judicial; b) autoridades jurisdiccionales insertas en el poder judicial del estado; c) autoridades jurisdiccionales dotadas de autonomía constitucional separadas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y; d) autoridades jurisdiccionales insertas en el poder judicial del estado como tribunales con doble jurisdicción electoraladministrativa.
5. El proceso electoral federal en México Consiste en el conjunto de actos ordenados por la CPEUM y la ley, para que las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos participen en la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión. Se conforma de cuatro etapas: Preparación de la elección.- Se inicia con la primera sesión que celebra el Consejo General del IFE durante la primera semana de octubre del año previo a aquel en que deban realizarse las elecciones federales ordinarias, y concluye al iniciarse la jornada electoral. Se trata de la etapa más extensa del proceso electoral, pues dura aproximadamente nueve meses (octubre a julio).
Jornada electoral.- Se inicia a las 8:00 horas del primer domingo de julio y concluye con la clausura de casilla. Es el día en que se recibe la votación de los ciudadanos y es la etapa más corta del proceso electoral, pues dura menos de un día. Resultados y declaraciones de validez de las elecciones.- Se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales a los consejos distritales del IFE y concluye con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, emita en última instancia el TEPJF. Esta etapa dura poco menos de dos meses (julio y agosto). En el caso de las elecciones intermedias11, ésta es la tercera y última etapa, y el proceso electoral concluye cuando los órganos competentes del IFE emiten resultados definitivos, declaran la validez de las elecciones y entregan las constancias respectivas (en caso de que éstos no fueran impugnados). Cuando los resultados son motivo de controversia, el proceso termina cuando el TEPJF resuelve en definitiva las impugnaciones que se hubieran presentado en contra de los resultados de las elecciones.12 Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.- Se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubieran interpuesto en contra de la elección presidencial o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno y concluye cuando la Sala Superior del TEPJF aprueba el dictamen que contiene el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidente electo. También esta etapa dura poco menos de dos meses (agosto y septiembre) y se desarrolla cada seis años, cuando se celebran elecciones presidenciales.
Por elecciones intermedias, se conoce a aquellas que se realizan cada tres años y en las que solamente se renueva la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 12 La Sala Superior del TEPJF ha sostenido que el proceso electoral concluye hasta que el último acto o resolución de la etapa de resultados adquiere definitividad (Jurisprudencia 01/2002).
6. Mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano Régimen administrativo sancionador electoral Su finalidad consiste en inhibir las prácticas nocivas y conductas irregulares que vulneran los principios rectores en la materia electoral (legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad). Este régimen contiene el conjunto de procedimientos diseñados para proteger los principios, directrices y reglas del derecho electoral mexicano: Procedimiento especial sancionador por actos anticipados de precampaña y campaña, así como por la emisión de propaganda política o electoral ilícita Procedimiento sancionador ordinario por infracción normativa en general Procedimiento en materia de quejas por irregularidades en el ejercicio del financiamiento Procedimiento disciplinario por irregularidades cometidas por los servidores públicos del IFE. Sistema de medios de impugnación en materia electoral Su finalidad consiste en garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales y partidos políticos se apeguen a los principios de constitucionalidad y legalidad, así como dar definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Los medios de impugnación previstos en la ley son los siguientes: Recurso de Revisión (RRV) Recurso de Apelación (RAP) Juicio de Inconformidad (JIN) Recurso de Reconsideración (REC) Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) Juicio de revisión constitucional electoral (JRC) Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el IFE y sus servidores (JLI) Delitos electorales Los delitos electorales son aquellas conductas que perjudican o ponen en peligro la función electoral, los procesos electorales y el sufragio. Pueden ser cometidos 86
por: Cualquier persona Funcionarios electorales Funcionarios partidistas Candidatos Ministros de culto Servidores públicos Diputados y senadores
Respuestas Respuestas Lección 2: Ejercicio 2
1.legalidad y certeza
4. S y E
6. S 7. S 8. S
Respuestas Lección 4:
Respuestas Lección 5:
Respuestas Lección 6: Ejercicio 2 Régimen administrativo sancionador electoral 1. c 2. d 3. a 4. b
El sistema de medios de impugnación 1. b 2. c 3. a
Mecanismos de defensa del derecho electoral mexicano 1. IFE 2. SCJN 3. IFE / TEPJF 4. IFE 5. TEPJF 6. TEPJF 7. TEPJF 8. IFE 9. TEPJF 10. TEPJF
Referencias bibliográficas Becerra Ricardo, Pedro Salazar y José Woldenberg.1997. La reforma electoral de 1996, México: FCE. Carbonell Sánchez, Miguel. 2006. Los derechos fundamentales en México. México: UNAM-IIJ-CNDH. Castro y Castro Juventino V. 2000. El Artículo 105 Constitucional. México: Porrúa. Córdova Vianello, Lorenzo y Pedro Salazar Ugarte, coords. 2005. Política y Derecho. (Re) pensar a Bobbio. México: Siglo XXI-IIJ. Crespo, José Antonio. 2007. Elecciones y Democracia. México: Instituto Federal Electoral. De Valls, Pedicone. 2001. Derecho Electoral. Buenos Aires: Ediciones La Rocca. Dworkin, Ronald. 2002. Los derechos en serio. Barcelona Ariel. Eisenstadt Tood A. 2004. Cortejando a la democracia en México: Estrategias partidarias e instituciones electorales. México: Colegio de México. Galván Rivera, Flavio. 2006. Derecho procesal electoral mexicano. México: Porrúa. Gómez Lara, Cipriano. 2001. Teoría General del Proceso. México: Oxford University Press. Granados Atlaco, Miguel Ángel. 2005. Derecho Penal Electoral Mexicano. México: Porrúa. Instituto de Investigaciones jurídicas. 2002. Enciclopedia Jurídica Mexicana. México: Porrúa-IIJ. Nohlen, Dieter. 2004. Sistema Electorales y Partidos Políticos. México: FCE. _____. 2006. Diccionario de Ciencia Política. Teorías, métodos, conceptos. México: Porrúa.
_____, et. al. (comps.). 2007. Tratado de derecho electoral comparado de América Latina, México: FCE. Ojeda, Alberto J. 2008. Ciudadanía y Democracia. México: Instituto Federal Electoral. Patiño Camarena, Javier. 2006. Nuevo derecho electoral mexicano 2006. México: UNAM. Raphael, Ricardo. 2007. Para entender la institución ciudadana. México: Nostra ediciones. Thomson, Aranzadi. 2005. Manual de Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Ministerio de Justicia de España. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2011. Partidos políticos: manual del participante. Centro de Capacitación Judicial Electoral. México: TEPJF. Disponible en: http://www.te.gob.mx/ccje/unidad_capacitacion/materiales_capacitacion.htm l _____2005. Autoridades electorales y el derecho de los partidos políticos en México. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. _____. 2006. Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo. Disponible en http://www.te.gob.mx/documentacion/publicaciones/Informes/DICTAMEN.pd f. Woldenberg, José y Becerra, Ricardo. 2004. “Proceso Electoral”. En Léxico de la política, comp. Baca Olamendi, Laura; Bokser-Liwerant, Judit; Castañeda, Fernando; Cisneros Isidro; Pérez Fernández del Castillo, Germán, 597-603. México: FLACSO, CONACyT, FCE y Fundación Heinrich Böll. Legislación Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Código Penal Federal. 90
Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso General Constituyente, 5 de febrero de 1857. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Ley Reglamentaria de las fracciones I y II, del artículo 105, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sentencia identificada con la clave SUP-JRC-165/2008, emitida el 26 de diciembre de 2008, p. 22-24. Jurisprudencia Tesis y jurisprudencias vigentes, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Disponibles en: http://200.23.107.66/siscon/gateway.dll/nJurisprudenciayTesis?f=templates &fn=default.htm: Jurisprudencia 7/2005. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.
Jurisprudencia 61/2002. DERECHO DE ASOCIACIÓN. SUS DIFERENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIA POLÍTICA Y POLÍTICO-ELECTORAL. Jurisprudencia 36/2002. JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADNO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. 91
Jurisprudencia 29/2002. DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Jurisprudencia 27/2002. DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN.
Jurisprudencia 26/2002. DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. Jurisprudencia 24/2002. DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICOELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. Jurisprudencia 21/2001. PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. Jurisprudencia 02/2000 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Tesis XLIII/2008. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Tesis XLV/2002. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO EELCTORAL. Tesis X/2001. ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.
Tesis emitidas por la Suprema Corte Justicia de la Nación: P/J 144/2005. FUENCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, 18 de octubre de 2005. SCJN. Tesis Aislada Núm.: 606 C, LIBERTAD DE IMPRENTA. ALCANCES. 92
El presente material podrá ser citado, siempre y cuando se señale la fuente bajo la siguiente leyenda: Centro de Capacitación Judicial Electoral, “Derecho electoral mexicano. Libro de texto”, Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abril de 2011.
Tesis y jurisprudencia relacionadas con el tema “Derecho electoral mexicano”
En este anexo se presentan las tesis vigentes13 ordenadas por año, de las más recientes a las más antiguas, en orden numérico sucesivo de acuerdo a las claves asignadas por el TEPJF. Primero las tesis de jurisprudencia y, en un segundo apartado, las tesis.
Jurisprudencia vigente _______________________________________________________________ Partido Revolucionario Institucional vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 7/2005 RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las 13
De conformidad con el Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación número 4/2010, de seis de septiembre de dos mil diez, por el que se determina la actualización de la jurisprudencia y tesis, así como la aprobación y publicación de la compilación 1997-2010.
normas jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98. Partido Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática. 26 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-025/2004. Partido Verde Ecologista de México. 11 de junio de 2004. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278.
Asociación denominada Organización Nacional Antirreeleccionista vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 61/2002 DERECHO DE ASOCIACIÓN. SUS DIFERENCIAS ESPECÍFICAS EN MATERIA POLÍTICA Y POLÍTICO-ELECTORAL. El artículo 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra la libertad general de asociación, concebida como un derecho constitucional establecido para los ciudadanos mexicanos, de este género deriva, como una especie autónoma e independiente, el derecho de asociación política, que tiene su fundamento en el artículo 35 de la propia Constitución y por la otra, el derecho de asociación político-electoral, consagrado a su vez en el artículo 41, fracción III, octavo párrafo de la Carta Magna. El citado artículo 35 establece que los ciudadanos mexicanos detentan la libertad general de asociación pacífica con fines políticos, mientras que el artículo 41, así como los artículos 33 a 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, contemplan el derecho de los ciudadanos a formar e integrar una clase especial de asociación política, que recibe el nombre de agrupación política nacional, a través de la cual se propende al establecimiento de mejores condiciones jurídicas y materiales para garantizar a los ciudadanos el ejercicio real y pleno de sus derechos políticos, en condiciones de igualdad, con orientación particular hacia los derechos políticos de votar y ser votado con el poder de la soberanía que originariamente reside en ellos, en elecciones auténticas, libres y periódicas, por las que se realiza la 97
democracia representativa, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Esta subespecie de derecho de asociación política, encuentra su límite lógico, natural y jurídico en el momento que queda satisfecho ese propósito, lo cual se consigue cabalmente a través de la afiliación y militancia en una agrupación política, y con ello se colma el derecho de asociación, de modo que la afiliación simultánea a diferentes agrupaciones de esta clase, no está respaldada por la prerrogativa ciudadana expresada en el citado artículo 9o. De esto se concluye que no ha lugar a confundir al género con sus especies. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-057/2002. Asociación denominada Organización Nacional Antirreeleccionista. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-063/2002. Unión de Participación Ciudadana, A.C. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-078/2002. Asociación denominada Ciudadanos Unidos del Distrito Federal. 11 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Nota: El contenido del artículo 41, fracción III, octavo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción V, noveno párrafo, del ordenamiento vigente. La Sala Superior en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 25.
José Luis Amador Hurtado vs. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 36/2002 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN. En conformidad con los artículos 79 y 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo; 35, fracciones I, II y III; 41, fracciones I, segundo párrafo, in fine, y IV, primer párrafo, in fine, y 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano debe considerarse procedente no sólo cuando directamente se hagan valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos político-electorales: I) De votar y ser votado en las elecciones populares; II) De asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, y III) De afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, sino también cuando se aduzcan violaciones a otros derechos fundamentales que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o de libre expresión y difusión de las ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nugatorio cualquiera de aquellos derechos político-electorales, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva.
Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 40 y 41.
Democracia Social, Partido Político Nacional vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 29/2002 DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER RESTRICTIVA. Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados. Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 27 y 28.
María Soledad Limas Frescas vs. Asamblea General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua Jurisprudencia 27/2002 DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, fracción I y 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-098/2001. María Soledad Limas Frescas. 28 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-314/2001. Francisco Román Sánchez. 7 de diciembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-135/2001. Laura Rebeca Ortega Kraulles. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 27.
Partido Democracia Social vs. Consejo Estatal Electoral de Aguascalientes Jurisprudencia 26/2002 DERECHO DE PETICIÓN EN MATERIA POLÍTICA. TAMBIÉN CORRESPONDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho genérico de petición a favor de los habitantes de la República, que debe ser respetado por todos los funcionarios y empleados públicos, siempre que se formule por escrito y de manera pacífica y respetuosa. El artículo 35, fracción V, constitucional, consagra el derecho de petición en materia política como prerrogativa específica de los ciudadanos mexicanos; disposiciones que son aplicables en materia electoral, porque existe el criterio interpretativo de que los derechos fundamentales contemplados en la Constitución General de la República deben de interpretarse en un sentido amplio y no restrictivamente, así como criterio generalizado en los tribunales federales, en el sentido de que los derechos fundamentales contemplados en dicha Constitución, no sólo le asisten a las personas físicas sino también a las personas jurídicas, cuando éstas sean susceptibles de disfrutarlos, criterio que, trasladado al artículo 35, conduce a la conclusión de que el derecho de petición en materia política, no sólo corresponde a los ciudadanos en lo individual, sino también a los partidos políticos, por su naturaleza, funciones y finalidades constitucionales y legales. Por ende, si los partidos políticos son formas de asociación ciudadana, no puede negarse que están facultados, a través de sus legítimos representantes, para acudir ante las autoridades políticas, y en forma más concreta ante las autoridades electorales, a realizar alguna solicitud o petición, referente a cuestiones político-electorales, y que al no existir restricción, ésta necesariamente tendrá que resolverse. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-026/2000. Partido Democracia Social. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-033/2000. Partido de Centro Democrático. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-034/2000. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 5 de abril de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 25 y 26.
José Luis Amador Hurtado vs. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 24/2002 DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES. El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el proceso electoral. Tercera Época: Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-117/2001. José Luis Amador Hurtado. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-127/2001. Sandra Rosario Ortiz Loyola. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-128/2001. Dora Soledad Jácome Miranda. 30 de enero de 2002. Mayoría de cinco votos. Los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, votaron porque se confirmara la resolución impugnada, al considerar que la parte actora no comprobó el hecho fundatorio de sus pretensiones jurídicas, omitiendo en consecuencia, pronunciarse sobre la cuestión jurídica que aborda la presente tesis. Nota: El contenido del artículo 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, fracción VI, de la Constitución vigente; asimismo, el 5, párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales corresponde con el artículo 5, párrafos 1 y 4 del ordenamiento vigente.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 19 y 20.
Coalición Alianza por México vs. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Jurisprudencia 21/2002 COALICIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS EN MATERIA ELECTORAL. Conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral únicamente los partidos políticos tienen la condición jurídica necesaria para acudir, mediante el juicio de revisión constitucional electoral, a reclamar la violación a un derecho; sin embargo, si quien acude a la instancia jurisdiccional federal es una coalición, ésta no necesariamente carece de legitimación, pues si bien la coalición no constituye en realidad una entidad jurídica distinta de los partidos políticos que la integran, aunque para efectos de su participación en los comicios éstos deban actuar como un solo partido, debe necesariamente entenderse que su legitimación para intentar este tipo de juicios se sustenta en la que tienen los partidos que la conforman; criterio que comulga tanto con el artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que en la ley se deben determinar las formas específicas de participación de los partidos políticos en los procesos electorales, como con el diverso 63, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala la obligación de los partidos políticos que pretendan coaligarse, de prever en el convenio respectivo quién ostentará la representación de la coalición para el caso de la interposición de los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, lo cual implica que, efectivamente, las coaliciones están legitimadas para presentar o interponer las demandas o recursos en materia electoral federal que sean procedentes. Tercera Época: Recurso de reconsideración. SUP-REC-009/2000. Coalición Alianza por México. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Recurso de reconsideración. SUP-REC-041/2000 y acumulados. Partido de la Revolución Democrática. 28 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-134/2001. Coalición Alianza por el Cambio de Tabasco. 26 de julio de 2001. Unanimidad de seis votos. Nota: El contenido del artículo 63, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 98, párrafo 1, inciso f), del ordenamiento vigente. La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 14 y 15.
Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 02/2000 JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual; y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo "cuando", contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80. 104
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-015/99. Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99. Hermino Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Asunción Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-036/99. Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago. 17 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. La Sala Superior en sesión celebrada el doce de mayo de dos mil, aprobó por mayoría de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 2001, páginas 17 y 18.
Tesis vigentes _______________________________________________________________ Partido Verde Ecologista de México vs. Consejo General del Instituto Federal Electoral Tesis XLIII/2008 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 51 y 52.
Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una homogeneización mínima. Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián Espericueta.
La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122.
Partido de la Revolución Democrática y otro vs. Tribunal Electoral de Tabasco Tesis X/2001 ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA. Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran los principios que toda elección debe contener para que se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídicopolítico construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de 4 votos en este criterio. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/2001. Partido Revolucionario Institucional. 24 de julio de 2001. Mayoría de 4 votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 63 y 64.
Tesis de la SCJN _______________________________________________________________ Tesis: P./J. 144/2005 Rubro: FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación de afinidad política, social o cultural. Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio. El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco. Instancia - Pleno Materia - Constitucional Localización - 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; XXII, Noviembre de 2005; Pág. 111; [J];
LIBERTAD DE IMPRENTA. ALCANCES. Conforme a la evolución de los artículos 6o. y 7o. constitucionales se puede advertir la intención del legislador en que exista una norma que reconozca el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas, tendentes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, lo que se le conoce como la libertad de expresión (oral) así como de la publicación de ideas (imprenta), las cuales en su ejercicio no deben menoscabar la moral, los derechos de tercero, la vida privada que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de una persona, en su familia y decoro; tampoco pueden, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público por lo que si bien la sociedad tiene derecho a 110
estar informada y esto se logra a través de los medios masivos de comunicación, la información difundida deberá ser veraz, objetiva, verdadera, justa, de calidad, íntegra, además de honesta y conveniente; es decir, que refleje la realidad y respete los principios morales del hombre, sus legítimos derechos y dignidad, tanto en la obtención de la noticia como en su divulgación. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 550/2006. Sergio Aguayo Quezada. 9 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Amparo directo 551/2006. Primitivo Rodríguez Oceguera. 9 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García. Registro No. 172990 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Marzo de 2007 Página: 1711 Tesis: I.3o.C.606 C Tesis Aislada Materia(s): Civil, Constitucional
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 artículo 35
 artículo 41
 artículo 99
 artículo 35
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 39
 artículo 33
 artículo 350
 artículo 5
 artículo 345
 artículo 99
 resolución 
 artículo 233
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 artículo 105
 artículo 116
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 artículo 209
 artículo 210
 artículo 41
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 artículo 237
 artículo 245
 artículo 5
 artículo 263
 artículo 273
 artículo 274
 artículo 283
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 artículo 290
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 artículo 58
 artículo 186
 artículo 69
 artículo 74
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 artículo 53
 artículo 61
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 artículo 79
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 94
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 artículo 140
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 Artículo 105
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 artículo 9
 artículo 35
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in fine
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 artículo 79
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 artículo 80
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 artículo 116
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