Source: https://delajusticia.com/2012/10/09/curiosa-libertad-sobre-el-relato-de-hechos-probados-contencioso-administrativos/?replytocom=9189
Timestamp: 2019-09-19 21:25:32+00:00

Document:
Curiosa libertad sobre el relato de hechos probados contencioso-administrativos delaJusticia.com El rincón jurídico de José R. Chaves
Esto por cuanto no figuran en los antecedentes de hecho de la sentencia las pruebas que se hubiesen practicado y los hechos probados (…). Por ello, aduce que «Infringe, en definitiva, la Sentencia de instancia el artículo 209 apartados 2y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no contiene relación ni en los Antecedentes de hecho ni en la fundamentación jurídica de todas las pruebas practicadas; e infringe el artículo 218 del mismo texto legal, en cuanto que la motivación relativa a la apreciación y valoración de un bloque documental enormemente trascendente en aras a la adecuada resolución del presente litigio, al que no hace referencia siquiera…».
La referencia que efectúa el art. 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judiciala la consignación de «hechos probados» ha de atenderse con la subsiguiente men ción «en su caso», es decir, cuando la respectiva norma procesal la exija. Claro ejemplo de tal exigencia la tenemos en el apartado segundo del art. 97 del Real Decreto Legislativo 2/1.995, de 7 de abril que aprueba el Texto refundido de la Ley del Procedimiento Laboral así como en el apartado b) del art. 191 del mismo texto lega lal considerar como uno de los objetos del recurso de suplicación la revisión de los hechos declarados probados.”
«2.2. Los hechos probados.
35. A diferencia del artículo 372 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 que guardaba silencio sobre este extremo, la regla 2ª del artículo 209 de la vigente dispone que «[e]n los antecedentes de hecho [de las sentencias] se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden, que hubieren sido alegados oportunamente y tengan relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.
36. Esta redacción, es fruto de la incorporación al Proyecto de Ley, ya en el informe de la Comisión del Congreso de los Diputados, de la enmienda 1158 del Grupo Parlamentario Catalán CIU -coincidente en este punto con la 861 de Coalición Canaria- que justificaba la conveniencia de que » tras los antecedentes de hecho se incluya un apartado de hechos probados, que supere la incertidumbre que genera la actual redacción del artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (según el cual en las sentencias se expresarán los «hechos probados, en su caso»). Todo ello debe redundar en una mejora en la motivación de las sentencias, que, según ha declarado el Tribunal Constitucional, no comprende sólo el razonamiento jurídico, sino también las pruebas practicadas y los criterios de valoración».
37. Por el contrario fue rechazada la enmienda 266 del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, reproducida como enmienda 73 en el Senado, que, tras proponer que las sentencias constasen de un apartado de hechos probados, proponía que «se indicarán, en párrafos separados y numerados, los hechos que se declaren expresamente probados».
38. Lo expuesto es determinante de que, por más que la expresa declaración de hechos probados redunde en una motivación más respetuosa con los derechos de los litigantes, al facilitar la identificación de las premisas fácticas que sirven de soporte a la decisión judicial, tal declaración específica no constituya un requisito formal ineludible de las sentencias civiles, sin perjuicio, claro está, de la imprescindible delimitación del supuesto de hecho con la necesaria claridad -en este sentido, afirma la sentencia 576/2000, de 12 de junio-referida a la Ley de 1881, pero en razonamiento que no ha perdido vigencia- que «la expresión en su caso del art. 248.3 LOPJ no significa que quepa prescindir de las apreciaciones fácticas en las resoluciones del orden jurisdiccional civil (…) aquella exigencia debe entenderse sin perjuicio de que en ciertos casos sea factible, y a veces incluso oportuno, consignar los hechos probados a propósito de la motivación jurídica (…) es necesario que se expresen las razones de hecho (…) deben fijarse los hechos probados que constituyen premisa fáctica ineludible para obtener la conclusión (…) debe deducirse de la Sentencia cuáles son los hechos que por estar probados, justifican, con motivación suficiente, la aplicación normativa que se realiza».
Al hilo de lo que dice «contencioso» recordar que el antiguo articulo 191 b) LPL, hoy art. 193 b) LRJs, dice con claridad que el objeto del recurso de suplicación en el orden social, es «revisar los hechos declarados probados a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas» por ello, el legislador en el proceso social en su art. 97.2 LRJS, al regular la forma de la Sentencia dispone que «».
Cuando en nuestra LJCA se aprobó in extremis, el «procedimiento abreviado» del art. 78, el legislador tenia en mente y le sirvió de guía, el rápido y eficaz proceso social, pero se autolimitó no llegando a exigir que se consignaran en las sentencias, los hechos probados.
Creo que fue un error, nuestra LJCA prácticamente en muchos asuntos se limita a dar a justiciable una sola oportunidad (igual que en la vía social) y creo que se daría una mejor tutela judicial si el juzgador al igual que dice el actual art. 97.2 LRJS tuviese que «apreciando los elementos de convicción, declarará expresamente los hechos que estime probados, haciendo referencia en los fundamentos de derecho a los razonamientos que le han llevado a esta conclusión».
Lo grave de la Sentencia del Tribunal Supremo que comentamos, no esta en este fundamento de derecho, sino en los siguientes cuando no aclara como llega a superar los efectos de la cosa juzgada, pues según parece se habían aportado al proceso otras Sentencias Firmes (de la Jurisdicción Social) y la Sala con un farragoso esfuerzo en no querer entrar a fijar unos hechos probados «ciertos» llega a valorar documentos públicos (ese tema y limitación lo conoce bien Sevach, en su libro sobre la prueba) en contra de lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Civil y por supuesto afectando a la intangibilidad de las sentencias firmes. Seguro que acabara en el Constitucional (si logra ser de los elegidos) vía recurso de amparo.

References: artículo 209
 artículo 218
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 372
 artículo 209
 artículo 248