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Timestamp: 2018-06-21 17:44:25+00:00

Document:
Asamblea Nacional Constituyente dictó Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia
Mediante Gaceta Oficial nro. 41.274 de fecha 08 de noviembre de 2017, se publicó la “Ley Constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, reimpresa por “fallas en los originales” en Gaceta Oficial nro. 41.276 de fecha 10 de noviembre de 2017 (en lo sucesivo y a los únicos fines del presente reporte “Ley Constitucional”), dictada por la Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de “generar las condiciones necesarias” para garantizar el reconocimiento a la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco y para “prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia” (artículo 1 de la Ley Constitucional), en los siguientes términos:
1. Derecho a la paz
2. Participación protagónica por la paz
3. Políticas públicas para la promoción y garantía de la convivencia pacífica
4. Medidas específicas de prevención
5.1 Prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra (artículo 11 de la Ley Constitucional)
5.2 Prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio
5.3 Responsabilidad en las redes sociales
6. Delitos y sanciones
6.1 Promoción o incitación al odio (artículo 20 de la Ley Constitucional):
6.2 Difusión de mensajes a favor del odio y la guerra (artículo 22 de la Ley Constitucional):
6.2.1 A través de medios de radio o televisión
6.2.2 A través de redes sociales
6.3 Negativa de cesión de espacios para la promoción de la paz (artículo 23 de la Ley Constitucional):
6.4 Abstención, omisión u obstrucción (artículo 24 de la Ley Constitucional):
6.5 Agravante (artículo 21 de la Ley Constitucional):
6.6 Imprescriptibilidad (artículo 25 de la Ley Constitucional)
7. Interpretación de la Ley Constitucional
8. Derogación expresa
9. Deber de difusión del texto de la Ley Constitucional
10. Entrada en vigencia
La “Ley Constitucional” establece el derecho a la paz, junto a la convivencia pacífica y la tranquilidad pública, como derecho irrenunciable del pueblo venezolano (artículo 3 de la Ley Constitucional) y declara como derecho y deber del Estado, las familias y la sociedad la promoción y defensa una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos (artículo 4 de la Ley Constitucional).
De conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Constitucional, todas las personas, las organizaciones y los movimientos sociales (especialmente del Poder Popular) tienen el derecho y el deber de participar de forma directa y protagónica en la construcción de la paz y la convivencia solidaria.
De esta forma, en el artículo 19 de la Ley Constitucional se dispone que todos los órganos y entes del Poder Público, personas jurídicas de naturaleza privada y la sociedad tienen el deber, responsabilidad y compromiso de colaborar activamente para:
a) asegurar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo;
b) prevenir y procurar la erradicación de toda forma de violencia política, odio e intolerancias, a los fines de
c) asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, evitar la impunidad, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación.
Según lo dispuesto en la Ley Constitucional, el Estado tiene la obligación de desarrollar políticas públicas para la promoción y garantía de la convivencia pacífica, las cuales se fundamentarán en los valores y principios establecidos en la Ley Constitucional y en corresponsabilidad y participación protagónica del Pueblo en la promoción y defensa de la paz, especialmente en las localidades y comunas (artículo 7 de la Ley Constitucional).
El artículo 8 de la Ley Constitucional establece como medidas específicas de prevención contra el odio, desprecio, hostigamiento, la discriminación, xenofobia y violencia moral o física entre las personas, las siguientes:
1. La formación y capacitación educativa (artículo 9 de la Ley Constitucional).
2. La difusión de valores y mensajes de concientización a través de los medios masivos de comunicación (artículo 12 de la Ley Constitucional)
4. La atención psicoterapéutica y de otros cuidados a la salud.
5. Las demás que determine la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica.
La Ley Constitucional determina las siguientes prohibiciones:
La Ley Constitucional prohíbe (y además exige revocar) la inscripción o constitución ante el Consejo Nacional Electoral de los partidos políticos y organizaciones cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia.
Asimismo exige a los partidos políticos y organizaciones políticas que contemplen dentro de sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la Ley Constitucional.
En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción.
El artículo 13 de la Ley Constitucional prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.
Por su parte, el artículo 14 eiusdem determina la responsabilidad por la difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.
Para ello la Ley Constitucional obliga a las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios adoptar las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes: “deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga”.
Consiste en fomentar, promover o incitar al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio, públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública.
Sanción: prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.
Consiste en difundir mensajes que constituyen propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza, por parte del prestador de servicio de radio o televisión.
Sanción: revocatoria de la concesión, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
Excepción: El prestador de servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y directo, solo será responsable de las infracciones previstas en la Ley Constitucional o de su continuación, cuando la Administración demuestre en el procedimiento que aquél no actuó de forma diligente.
En el caso de las redes sociales y medios electrónicos la persona jurídica (propietaria del portal) será responsable si la difusión de los mensajes a que hace referencia el artículo 22, no es retirada dentro de las seis horas siguientes a su publicación.
- Multa desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias.
- Bloqueo de los portales.
- Todo ello “sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar”.
Se trata del incumplimiento, por parte del prestador de servicio de radio o televisión, de la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia.
Sanción: multa desde el tres por ciento (3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción (de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos).
Dicha multa deberá ser depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley Constitucional, será sancionado por este delito:
a) Todo funcionario policial o militar que en ejercicio de sus funciones, voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la Ley Constitucional o para detener a la persona respectivamente responsable; salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física; y
b) Todo personal de salud que en ejercicio de sus funciones, sea en instituciones públicas o privadas, voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física.
Sanción: prisión de ocho a diez años.
Será considerado como un agravante de todo hecho punible: que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio.
En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente.
La Ley Constitucional determina que los hechos establecidos en dicha Ley tienen “carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos” (artículo 25 de la Ley Constitucional).
En caso de dudas en la interpretación o aplicación de la Ley Constitucional, se adoptará “aquella alternativa que brinde mayor protección a los derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica” (artículo 6 de la Ley Constitucional).
Cualquier norma que colide con lo establecido en la Ley Constitucional queda derogada (Disposición transitoria primera).
Todos los medios de comunicación deben difundir en su totalidad la Ley Constitucional. Asimismo, todos los medios impresos deben publicar íntegramente la Ley Constitucional (Disposición transitoria primera).
Finalmente, la Ley Constitucional dispone que su entrada en vigor será a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, a partir del miércoles 8 de noviembre de 2017.

References: artículo 19
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 22
 artículo 24