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Timestamp: 2013-05-19 10:24:16+00:00

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Alexandre Balguy-Gallois
,encargado de curso en laUniversidad París I Panthéon-Sorbonne y en el Instituto Católicode París, es asesor jurídico deReporteros sin Fronteras.
Indice31-03-2004Revista Internacional de la Cruz Roja No 853, p. 37-68 (edición en inglés)
por Alexandre Balguy-Gallois
Protección de los periodistas y de los medios de información ensituaciones de conflicto armado
Dado que los periodistas cuya tarea es cubrir "guerras" trabajan en condiciones cada vezmás complicadas, delicadas y peligrosas, es importante recordar la protección especialque les confiere el derecho internacional humanitario. En este artículo, el autor examinael régimen de protección establecido por el derecho internacional humanitario para losperiodistas y los medios de información en situaciones de conflicto armado, tanto en elrégimen general relativo a las personas civiles y los bienes de carácter civil, como en las disposicionesespecíficas relativas a los periodistas.
El número de periodistas asesinados en 2003 en el mundo, cuarenta ydos, es el más elevado desde 1995
. El reciente conflicto en Irak hacontribuido en gran medida a este balance. Durante la campañamilitar, hubo proporcionalmente más víctimas entre los periodistas queen las filas de las fuerzas armadas de la Coalición. Catorce periodistasy colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida, dosdesaparecieron y unos quince resultaron heridos mientras cumplían sutarea informativa durante la guerra y la posguerra en Irak. Sin olvidara los periodistas atacados deliberadamente en los territorios ocupadosen Oriente Medio, el bombardeo por la OTAN, en 1999, del edificio de la Radiotelevisión del Estado serbio(RTS) en Belgrado o los bombardeos de las oficinas de la cadena de televisión qatarí Al-Jazira en Kabul y enBagdad por el ejército estadounidense.La tendencia general es la degradación de las condiciones para el ejercicio de la labor periodística en lassituaciones de conflicto armado: "Cada vez resulta más peligroso para los periodistas cubrir una guerra. Elriesgo imprevisible de atentados, que se suma a los peligros tradicionales de la guerra, los armamentos cadavez más perfeccionados, frente a los cuales resultan ineficaces incluso la formación y la protección de losperiodistas, unos beligerantes más preocupados por ganar la “batalla de la imagen” que por respetar laseguridad del personal mediático: todos ellos factores que aumentan los riesgos del reportaje de guerra"
.Esta comprobación general, particularmente preocupante, ha incitado a Reporteros sin Fronteras a elaboraruna "Declaración sobre la seguridad de los periodistas y de los medios de comunicación en situación deconflicto armado"
, que fue abierta a la firma el 20 de enero de 2003 y revisada el 8 de enero de 2004, a laluz de los acontecimientos de Irak. El objetivo de esa Declaración es recordar los principios y las normas delderecho internacional humanitario que protegen a los periodistas y a los medios informativos en situaciones deconflicto armado, y proponen a la vez mejoras del derecho para adaptarlo a las exigencias actuales. Desde esaperspectiva, resulta necesario reafirmar la ilicitud de los ataques contra los periodistas y los medios decomunicación, así como recordar las obligaciones de precaución que incumben a las autoridades que preparano deciden un ataque que pueda afectarlos.
La afirmación del carácter ilícito de los ataques dirigidos contra los periodistas y los medios informativos derivade la protección que confiere el derecho internacional humanitario a las personas civiles y los bienes decarácter civil, así como del hecho de que los medios de comunicación, incluidos los de propaganda, no puedenser considerados como objetivos militares, salvo en casos excepcionales. Dicho de otro modo, si bien es ciertoque no existe un estatuto específico para los periodistas y sus equipos, éstos se benefician de la proteccióngeneral que gozan las personas civiles y los bienes de carácter civil, a no ser que contribuyan de maneraefectiva a la acción militar.
El derecho internacional humanitario distingue, sin dar una definición exacta, dos categorías de periodistas enactividad en una zona de conflicto armado: los corresponsales de guerra acreditados ante una fuerza armada ylos periodistas "independientes". La primera categoría abarca, según el
Dictionnaire de droit international public , a todo "periodista especializado que, bajo la autorización y la protección de las fuerzas armadas de unbeligerante, está presente en el teatro de operaciones y cuya misión es informar acerca de losacontecimientos vinculados al curso de las hostilidades"
. Esta definición corresponde, en particular, a unapráctica de la II Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. El corresponsal de guerra llevaba uniforme, era
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considerado un oficial y estaba bajo la autoridad del jefe del cuerpo de ejército al que estaba adscrito. Eltérmino "periodista" designa, por su parte, según un proyecto de Convención de las Naciones Unidas de 1975,a "... todo corresponsal, reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de filmación, de radio yde televisión, que habitualmente ejercen esa actividad como ocupación principal"
.La protección de los corresponsales de guerraLos "corresponsales de guerra" entran en la categoría mal definida de "personas que siguen a lasfuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas"
. Como no forman parte de lasfuerzas armadas, tienen la condición de personas civiles y reciben la protección que de ello se deriva
. Además, dado que están asociados, en cierto modo, al esfuerzo bélico, los corresponsales deguerra se benefician del estatuto de prisioneros de guerra cuando caen en poder del enemigo, siemprey cuando hayan sido autorizados a seguir a las fuerzas armadas
.La protección de los periodistas en misión profesional peligrosaLos participantes en la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1974-1977 estimaron convenientecompletar el artículo 4, párrafo A, apartado 4, del III Convenio de Ginebra para responder a lasexigencias de su época, estipulando una disposición particular en el Protocolo I relativa a las "medidasde protección de periodistas". El artículo 79, resultante de esta preocupación, y que no modifica elrégimen conferido a los corresponsales de guerra, reza como sigue:"Artículo 79 - Medidas de protección de periodistas1. Los periodistas que realicen misiones profesionales peligrosas en las zonas de conflicto armado seránconsiderados personas civiles en el sentido del párrafo 1 del artículo 50.2. Serán protegidos como tales de conformidad con los Convenios y el presente Protocolo, a condiciónde que se abstengan de todo acto que afecte a su estatuto de persona civil y sin perjuicio del derechoque asiste a los corresponsales de guerra acreditados ante las fuerzas armadas a gozar del estatuto queles reconoce el artículo 4, A.4) del III Convenio.3. Podrán obtener una tarjeta de identidad según el modelo del Anexo II del presente Protocolo. Esatarjeta, que será expedida por el gobierno del Estado del que sean nacionales o en cuyo territorioresidan, o en que se encuentre la agencia de prensa u órgano informativo que emplee sus servicios,acreditará la condición de periodista de su titular."En el artículo 79, se recuerda formalmente que todo periodista que efectúe misiones peligrosas en zonasde conflicto armado
"es" una persona civil
en el sentido del artículo 50 (1) y que, como tal,goza de la protección que todo el derecho internacional humanitario otorga a las personas civiles. Demodo que el periodista está protegido tanto contra los efectos de las hostilidades
, como contra laarbitrariedad de una parte en conflicto cuando cae en poder de ésta, por captura o detención
. Losredactores del Protocolo I no desearon crear un estatuto especial para los periodistas, pues "... todoaumento del número de estatutos particulares, acompañado necesariamente de una proliferación designos protectores, tiende a debilitar el valor protector de los estatutos protegidos ya aceptados..."
. Por otra parte, es importante señalar que la tarjeta de identidad mencionada en el párrafo 3 delartículo 79 no crea un estatuto, sino que sólo "acreditará la condición de periodista de su titular". Suposesión no condiciona, pues, el derecho al estatuto de persona civil
. Además, aunque laprotección de los periodistas sólo está codificada en el marco de los conflictos armados internacionales(Protocolo I), éstos gozan asimismo de la protección conferida a las personas civiles en situación deconflicto armado no internacional
.En el asunto
Randal , antes mencionado, la Sala de Apelaciones del TPIY reconoció que los periodistas enmisión en zonas de guerra sirven al "interés general", puesto que "cumplen una función capital en lamedida en que llaman la atención de la comunidad internacional sobre los horrores y las realidades delos conflictos". Según la Sala de Apelaciones, el reconocimiento de ese interés general no se basa en laidea de que los periodistas pertenecen a una categoría profesional particular, sino más bien en el hechode que el trabajo de investigación y de difusión de información que efectúan permite que los ciudadanosde la comunidad internacional reciban informaciones cruciales provenientes de las zonas de conflicto. Afin de salvaguardar la capacidad de los periodistas de hacer su trabajo, la Sala les confirió el privilegiode poder negarse a testimoniar ante una instancia judicial por hechos relacionados con su profesión.Sólo pueden ser obligados a hacerlo si se cumplen dos condiciones: en primer lugar, que el testimoniopresente un interés directo y revista particular importancia para alguna cuestión fundamental del asuntotratado y, en segundo lugar, que el elemento de prueba deseado no puede obtenerse razonablementede otra fuente
.La protección de los periodistas "incorporados"Actualmente, existe cierta ambigüedad por lo que respecta al estatuto de los denominados periodistas"
embedded " (insertados o incorporados)
, es decir, los que se desplazan con las tropas militares entiempo de guerra. El fenómeno no es nuevo, pero sí lo es la amplitud que alcanzó en el conflicto iraquí de 2003
. El hecho de que esos periodistas fueran "insertados" en unidades militaresestadounidenses y británicas y de que aceptaran una “Carta de incorporación” [19],
por la cual seobligaban a seguir estrictamente a la unidad en la que se integraban, que les garantizaba protección,tiende a asimilarlos a los corresponsales de guerra mencionados en el III Convenio de Ginebra. En esesentido, cabe señalar que los principios rectores del Ministerio británico de Defensa en materia demedios de comunicación
confieren a los periodistas "incorporados" el estatuto de prisioneros deguerra si son capturados
. En cambio, según fuentes no oficiales, parecería que las autoridadesmilitares francesas consideran que tanto los "incorporados" como los "unilaterales"
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al estatuto de persona civil, según dispone el artículo 79 del Protocolo I. Parece indispensable aclarareste punto, sobre todo porque el estatuto de prisionero de guerra conferido a los corresponsales deguerra tiene consecuencias prácticas, especialmente por lo que respecta al interrogatorio de losprisioneros y a la confiscación de sus objetos de uso personal (artículos 17 y 18 del III Convenio deGinebra).En varias ocasiones, durante el conflicto en Irak, funcionarios del Pentágono advirtieron a los periodistasque no estaban "incorporados" de los peligros que corrían al quedarse fuera del dispositivo deencuadramiento militar. La acogida dispensada a los periodistas “incorporados” dentro de las unidadesmilitares, en particular de las fuerzas estadounidenses
, fue al parecer muy diferente de laindiferencia que éstas manifestaron por el bienestar y la seguridad de los periodistas "unilaterales".Dado los muchos “unilaterales” que resultaron heridos o muertos durante la guerra en Irak, algunostemen que la práctica del encuadramiento aumente en los futuros conflictos de este tipo. Es un asuntoque preocupa tanto a los periodistas como al público, ya que consideran que la multiplicidad de fuentesy de perspectivas es fundamental para que la cobertura mediática de la guerra sea objetiva yequilibrada
. Por estas razones, la susodicha Declaración sobre la seguridad de los periodistas y delos medios de comunicación en situación de conflicto armado considera útil precisar que "los periodistastienen derecho a una protección idéntica, sea cual sea su estatuto profesional (periodistasindependientes o pertenecientes a una agencia o a un medio de comunicación) y su nacionalidad, esténo no integrados en un dispositivo de encuadramiento". Además, la práctica de los periodistas"unilaterales" de rodearse de guardaespaldas puede resultar peligrosa para el conjunto de losperiodistas. El 13 de abril de 2003, un agente de seguridad que acompañaba a un equipo de la cadenade televisión CNN que se dirigía a Tikrit (norte de Irak) respondió con un arma automática a losdisparos que alcanzaron al convoy, formado por varios vehículos, en la entrada de esta ciudad. Algunosperiodistas se preocupan por ese comportamiento, que inaugura una nueva práctica, contraria a todaslas reglas profesionales: "Esta actitud crea un peligroso precedente que podría poner en peligro a todoslos demás reporteros que cubren este conflicto, como los que puedan producirse en el futuro. Existe unverdadero riesgo de que ahora los beligerantes imaginen que todos los vehículos de prensa vanarmados (...). Los periodistas pueden y deben utilizar medios para garantizar su seguridad, comotrasladarse en vehículos blindados y llevar chalecos antibalas, pero recurrir a sociedades privadas deseguridad que no dudan en hacer uso de sus armas sólo puede aumentar la confusión, entre losreporteros y los combatientes", declaró Robert Ménard, secretario general de Reporteros sin Fronteras
.La suspensión de la protecciónEn virtud del artículo 79, párrafo 2, del Protocolo I, relacionado con el artículo 51, párrafo 3, losperiodistas gozan de la protección jurídica que les confiere el derecho internacional humanitario, salvo siparticipan directamente en las hostilidades y mientras dure esa participación. Esta salvedad no se aplicaen el desempeño habitual de su profesión, esto es, acudir al lugar, realizar entrevistas, tomar notas yfotografías, filmar, grabar sonido, etc., y transmitir esa información a su periódico o agencia, sino desdela perspectiva de un acto inusitado que contribuya de manera directa y efectiva a la acción militar. Eltérmino "directamente" refuerza la condición que autoriza la suspensión de la protección y exige unaestrecha conexión entre el comportamiento del periodista y sus efectos sobre el desarrollo de lashostilidades
. Según el Comentario del artículo 51, párrafo 3, "por acto de hostilidad (oparticipación directa en las hostilidades) [...] hay que entender los actos que, por su naturaleza o por supropósito, estén destinados a causar daños al personal o al material de las fuerzas armadas adversas"
. El hecho de que un periodista difunda mensajes de propaganda no puede ser considerado comouna participación de esta índole (véase más adelante).Es sólo mientras dura la participación directa en las hostilidades cuando el periodista pierde su inmunidad y seconvierte en un objetivo lícito. Una vez terminada la participación, recupera su derecho a la protección contralos efectos de las hostilidades. Las autoridades que capturan a un periodista mientras comete actos dehostilidad o posteriormente pueden tomar a su respecto medidas de represión o de seguridad, en aplicacióndel artículo 45 ("Protección de personas que han tomado parte en las hostilidades") del Protocolo I o de lasdisposiciones del IV Convenio de Ginebra (internamiento, residencia forzosa, etc.). Además, dado que no esmiembro de las fuerzas armadas, el periodista puede ser enjuiciado por perfidia, en virtud del artículo 37 (1)(c) del Protocolo I.
La protección de los medios de comunicación en cuanto bienes de carácter civil Las instalaciones de las emisoras de radio y de televisión son bienes de carácter civil que, como tales, gozande una protección general. La prohibición de atacar los bienes de carácter civil está firmemente establecida enel derecho internacional humanitario desde comienzos del siglo XX y la reafirman los Protocolos de 1977, así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional
.De la doble obligación consignada en el artículo 48 del Protocolo I -es decir, hacer en todo momento ladistinción entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia, dirigir las operacionesúnicamente contra estos últimos- se desprende, en particular, que los bienes de carácter civil se benefician, aligual que la población civil, de una protección general, cuyas modalidades están estipuladas en el artículo 52
. Si bien es cierto que el artículo 85 de este Protocolo califica de infracción grave el hecho de lanzarataques contra la población civil o contra personas civiles, no contiene disposición similar alguna referente alos bienes de carácter civil en general. Constituyen, no obstante, infracciones graves los ataques a ciertosbienes que gozan de una protección especial, tales como las obras o instalaciones que contienen fuerzaspeligrosas, las localidades no defendidas, las zonas desmilitarizadas, los monumentos históricos y las obras de
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