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Timestamp: 2020-08-05 23:25:47+00:00

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ACCIONES COLECTIVAS | Protección al Consumidor | Los consumidores
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Cláusulas Abusivas en Los Contratos. Cuadernos_consumidor_30
R. Pinochet.- Concepto Consumidor
Bolilla VII y Bolilla VIII - Derechos de Incidencia Colectiva.docx
En las acciones colectivas, las sumas de dinero no percibidas por los usuarios que son acreedores en virtud de una sentencia o de un convenio homologado:
¿son propiedad del proveedor obligado a devolver el dinero que cobró en exceso?
1.- La necesidad social y legal de proteger al consumidor.-
En el pasado, nos habían dicho, con énfasis, que las grandes organizaciones multinacionales, deshumanizadas, hacían gala de su posición dominante para someter los derechos de los consumidores[1], ignorar a la sociedad civil y desconocer las decisiones estatales.
Para disminuir el alea de poder de esas organizaciones privadas, se instrumentaron mecanismos legales con el fin de regular a las entidades en cuestión, y se crearon organismos administrativos, destinadas a controlarlos, y, eventualmente, sancionarlas.
Las normas sancionadas, para regular la actividad de los proveedores y disminuir así el alea de superioridad que estos portan en las relaciones de consumo[2] han sido, entre muchas otras, las siguientes: i) La Ley Nº 22.802, ii) La Ley Nº 24.065, iii) La Ley Nº 24.076, iv) La Ley Nº 24.240, v) La Ley Nº 25.065, vi) La Ley Nº 25.156, vii) La Ley Nº 26.356, viii) La Ley Nº 26.361.
No olvido que los derechos de los consumidores tienen rango constitucional, ya que han sido consagrados por el artículo 42 de la Carta Magna Nacional[3].
Ese artículo, el 42 de la Constitución Nacional, obliga a las autoridades públicas a adoptar medidas concretas en pos de la tutela de los consumidores, aunque ello no siempre ocurre. Esta es la razón por la que no siempre se protegen de forma inmediata los derechos de los consumidores, o muchas veces no se los reglamenta, extremo este que afecta a los usuarios, ya que no pueden ejercer –en forma pacifica- sus derechos[4].
2.- El régimen mixto de protección a los consumidores.-
Ante la sospecha que las autoridades públicas no actuarán con diligencia, celeridad y pericia en pos de la tutela de los derechos de los usuarios y consumidores, se creó en la Argentina un sistema mixto o dual[5], en el cual la actividad que llevan a cabo las autoridades públicas (Ministerio Publico, Defensor del Pueblo, Autoridad de Aplicación, Entes Reguladores), se complementa con la intervención de una persona profesionalizada en el tema, que no es estatal (en virtud que su patrimonio no lo es) pero que si es pública (ya que posee facultades que exorbitan al derecho privado, como ser ejercer legitimación colectiva, ello conforme lo reconoce la Constitución Nacional[6] y la ley[7]), y debería ser especializada y profesionalizada en materia de protección al consumidor.
Esas personas son las asociaciones de defensa de los consumidores, a las que un autor ha considerado entidades intermedias defensoras de los intereses colectivos, que poseen la naturaleza de personas de existencia ideal de carácter privado (artículos 31 y 33 del Código Civil)[8], no obstante ejerzan funciones publicas, ya que las mismas han sido dispuestas por la Constitución[9] y por la ley[10].
La Ley de Defensa del Consumidor, a través del artículo 55to., concedió a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, la legitimación activa para accionar en defensa de un interés colectivo afectado o simplemente amenazado[11].
Estas entidades se constituyen como personas jurídicas y, en su Estatuto, detallan que su objeto es el de proteger a los usuarios y consumidores, auto dotándose, para ello, de distintas facultades para poder llevar a cabo su finalidad.
Entonces, a la luz de lo dicho surgen diversas cuestiones a analizar, como ser:
Frente a la posición de dominio de los proveedores se dictaron normas regulatorias de la actividad de estos, y se crearon instituciones administrativas destinadas a proteger a los consumidores (Defensor del Pueblo, Autoridades de
Aplicación, Entes Reguladores), como así también se permitió la intervención de la sociedad civil en la materia, a través de las asociaciones de defensa de los consumidores, ello ante la sospecha que, las autoridades públicas no podrían, enteramente, cumplir con su cometido[12]. Las autoridades públicas no cumplen siempre con su cometido, ello a la luz que continúan las vulneraciones a los derechos constitucionales, legales y contractuales de los usuarios, por parte de los proveedores. Ciertos funcionarios públicos tienen atribuciones específicas destinadas a proteger a los consumidores, y ejercen su cargo, remunerado, para ello, con todos los derechos y beneficios que tal cuestión genera. Las asociaciones de defensa de los consumidores (cuyos miembros no son empleados estatales y, consecuentemente, no perciben emolumentos, ni obtienen beneficios del Estado) fueron, en ocasiones, duramente criticadas por los funcionarios públicos. Por ejemplo, se les cuestionó haber celebrado acuerdos que, prima facie, se consideraron opuestos a los derechos de los usuarios[13].
También la autoridad judicial se ha manifestado al respecto anulando, por ejemplo, un acuerdo transaccional celebrado entre una asociación actora y un proveedor demandado[14], el cual fue considerado un caso[15]
emblemático[16].
Nosotros, siguiendo la tesitura judicial, consideramos que el acuerdo transaccional nulificado no resguardó los derechos de los consumidores[17]. Nos oponemos a ese tipo de convenios, los cuales, entendemos, pueden ser criticables en cuanto no protegen, íntegramente, a los consumidores. Esto quizás suceda ante la falta de acción y reacción de las autoridades públicas, y quizás como consecuencia de esto. Si ellas ejercieran sus funciones con celeridad (y si accionaren en ejercicio de legitimación colectiva, lo cual es materia de su competencia) no habría (o se reducirían considerablemente) violaciones a los derechos de los usuarios, y no sería necesario que los particulares (conformados en una asociación de consumidores) inicien acciones en ejercicio de legitimación colectiva con el fin de tutelar al universo de usuarios afectados.
3.- Un problema que se genera en las sentencias dictadas en el marco de las acciones colectivas: El destino del dinero no percibido por los usuarios.-
3.1.- La perspectiva de apoderarse del dinero remanente, es decir del no percibido por los acreedores, fuente de la actividad que lleva a cabo el proveedor con el fin de restringir el acceso de los usuarios a su acreencia:
Los proveedores cuando son demandados en el marco de acciones colectivas pretenden que, la sentencia que se dicte, alcance a la menor cantidad de personas posibles, o que, si alcanza al universo de afectados, el mecanismo de cobro sea complejo, ello a los efectos que la mayoría de los usuarios no pedan hacerse de su acreencia y, así, quedarse con las sumas de dinero no percibidas por sus verdaderos propietarios, los usuarios damnificados.
Una simple lectura del convenio tachado de nulidad por la justicia en el marco de los autos "Adecua c/ Banco Privado de Inversiones S.A. S/ordinario"[18], nos muestra que esa habría sido la intención del demandado[19] y, por ello, en el convenio transaccional se establecieron cortapisas y restricciones destinadas a complejizar el cobro de la acreencia por parte de los usuarios[20].
La norma en vigor establece una solución para el caso del reintegro de sumas de dinero a los usuarios: Que los dineros sean depositados en el mismo medio en el que se debitaron (por ejemplo, si un proveedor debita un suma de dinero de una cuenta, deberá reintegrarla mediando deposito en la misma o, -esto lo consideramos nosotros en virtud del principio de buena fe- en otra que pertenezca al acreedor y que este abierta en el deudor). Eso fue desconocido en el convenio nulificado, celebrado en el marco del caso judicial ya mencionado[21].
Pero, más allá de los flagrantes vicios del convenio nulificado[22], debe destacarse que se genera un problema real, que es de difícil solución, sino se adoptan medidas concretas destinadas a desalentar al proveedor demandado (obligado por acuerdo transaccional debidamente homologado o condenado por sentencia judicial) a poner trabas a sus usuarios acreedores.
El problema se genera en el caso de los ex usuarios, es decir de aquellos que fueron afectados en el pasado en sus
pero que no continúan,
al momento de ejecutarse la sentencia (o el convenio), siendo clientes del proveedor demandado.
intereses económicos por el cobro irregular de una suma de dinero por parte del proveedor,
En estos casos, generalmente,
no puede operar de modo directo el reintegro del dinero, y por ende debe
convocarse a los acreedores -ex usuarios- por edictos publicados en distintos medios, para que inicien los tramites en pos del recupero de su acreencia.
Diligencias que, en muchas ocasiones, son complicadas por el accionar de los proveedores y hasta por los propios jueces quienes, entendemos involuntariamente, caen en las redes que tienden los proveedores demandados y establecen algunas medidas que pueden restringir el acceso directo e inmediato de los usuarios a su acreencia[23].
Cuando consideramos, líneas arriba, que se deben adoptar medidas disuasorias que impidan que los proveedores lleven a cabo estrategias tendientes a impedir que los usuarios acreedores puedan percibir su crédito, en realidad nos referíamos a que se debe determinar, con claridad, que las sumas remanentes (es decir aquellas que no hayan sido percibidas por los usuarios) no pueden quedar, bajo ningún punto de vista, en el patrimonio del proveedor demandado (condenado cuando media sentencia, o cuando la obligación es asumida en el marco un acuerdo transaccional debidamente homologado) por haber vulnerado los derechos de los consumidores, ello en virtud que no es el legal propietario de ese dinero.
Si lo señalado, en el párrafo anterior, ocurriese en todos los casos (es decir si el dinero remanente -el no percibido por los consumidores acreedores- no quedase en poder del proveedor accionado), se limitaría la posibilidad que se sospeche de la existencia de colusión entre la asociación actora y la persona demandada[24], ya que, en principio y en teoría, no habría motivación económica alguna que alimente la intención de restringir el acceso de los usuarios a su acreencia.
3.2.- Las razones legales que fundamentan que el dinero remanente no debe quedar en poder o propiedad del proveedor demandado:
3.2.A.- Los derechos no nacen de un acto ilícito.-
Cuando un proveedor ha incorporado a su patrimonio un quantum dinerario en virtud de haber incurrido en un acto ilícito, que mereció condena judicial (o no, y el reintegro es pactado en un acuerdo transaccional), no posee un derecho subjetivo sobre los dineros percibidos.
En este contexto, me viene a la memoria el concepto que establece que de lo ilegitimo no nace lo legitimo, razón por la cual no pueden generarse derechos subjetivos como consecuencia de una conducta ilícita.
Mal puede un proveedor demandado quedarse con sumas de dinero que no le pertenecen, cuando las cobró compulsivamente a los usuarios, sea por una liquidación que incluía cobros ilícitos, o directamente mediante el debito compulsivo (a una cuenta) de sumas de dinero.
El hecho que, cierta cantidad de ex clientes de un proveedor condenado a reintegrar sumas cobradas ilegítimamente (o que acordó en un convenio con la asociación actora devolver lo que percibió en exceso) no retiren su acreencia, no convierte al proveedor en propietario de esas sumas, ya que dicho proveedor no las incorporó a su patrimonio legalmente.
Así las cosas, no puede considerarse que por el mero hecho que las sumas de dinero que pertenecen a los ex clientes no sean retiradas o percibidas (por cualquier motivo, como ser que no se enteraron de la acreencia, que viven en el extranjero, que fallecieron, etc.), las mismas se incorporen al patrimonio del proveedor como consecuencia del acto ilícito en él que incurrió.
3.2.B.- Ingreso al patrimonio del proveedor de sumas de dinero por conceptos no pactados o directamente prohibidos por la normativa. Enriquecimiento sin causa:
Cuando un proveedor incorpora a su patrimonio sumas de dinero cono consecuencia de cobrar un concepto prohibido por la normativa, incurre en un acto ilícito. También sucede ello cuando percibe un concepto no pactado contractualmente, o cuando el origen del rubro cobrado es una cláusula contractual abusiva.
En este contexto, vale traer a colación lo dispuesto por el artículo 499 del Código Civil: "No hay obligación sin causa, es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos, o de uno de los actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia, o de las relaciones civiles.".
Cuando un proveedor percibe dinero en abierta violación al orden normativo (constitucional, legal o contractual), no incorpora el mismo a su patrimonio como consecuencia de una causa legal. Por ende no es el legítimo propietario del mismo.
En este contexto, si se permite que el proveedor (condenado por sentencia u obligado por un convenio) incorpore a su patrimonio el dinero que no sea cobrado por los usuarios acreedores, se estaría enriqueciendo sin causa.
Quien sin causa engrosa su patrimonio, se encuentra en una situación de ilegítima superioridad frente y ante los terceros afectados, lo que impacta negativamente en el derecho constitucionalmente consagrado a la igualdad. Por ejemplo, se sostuvo en el seno de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación que: "Todo enriquecimiento injustificado de una persona… es contrario al principio constitucional de igualdad."[25].
Entonces, en este orden de ideas, bajo ningún aspecto puede permitirse que el proveedor condenado u obligado por un convenio, se quede con las sumas no retiradas por los ex clientes (que son sus acreedores), pues se estaría enriqueciendo sin causa, con la afectación frente a terceros que ello ocasiona.
Debe destacarse, siguiendo el razonamiento del tribunal cimero, que si un mismo hecho ha causado el empobrecimiento de una persona y el enriquecimiento de otra, el derecho de la actora consiste en la recuperación del monto equivalente a la ventaja o valor incorporado sin causa que ha tenido la demandada[26]. Esas sumas de dinero nunca podrían permanecer ni quedar en el patrimonio del enriquecido, so pena de vulnerar el principio de buena fe y de igualdad, ya que los usuarios vieron menguado su patrimonio como consecuencia del cobro ilegal por parte del proveedor deudor.
3.2.C.- Ingreso ilegal de bienes al patrimonio. Su destino:
Vélez Sarsfield zanjó el problema que puede ocurrir cuando una persona se apropia de algo de forma ilegal o adquiere un derecho de ese modo y quiere mantenerlo en su patrimonio.
La solución del codificador fue sencilla, y de sentido común, impedir que el apropiante quede con la propiedad del bien o con la titularidad de la acreencia o del derecho que deriva de la obligación que se impone a un tercero.
En este sentido se encuentra lo establecido por el artículo 502 del Código Civil, el cual dispone que: "La obligación fundada en una causa ilícita, es de ningún efecto. La causa es ilícita, cuando es contraria a las leyes o al orden público."
A todo evento recordamos que, por imperio del artículo 65 de la Ley Nº 24.240, los derechos de los consumidores son de orden público. Entonces, el cobro de una suma de dinero por parte de un proveedor en oposición a la normativa en vigor (constitucional, legal y hasta contractual), impacta negativamente en el orden público. Consecuentemente, esa percepción de dinero no puede generar un derecho legal a favor del proveedor.
Por ello, bajo ningún aspecto puede permitirse que permanezca en el patrimonio de un proveedor, condenado por sentencia u obligado por convenio, el dinero que percibió de forma ilegal, sea por que no estaba pactado – contractualmente- el concepto cobrado, o por que –directamente- estaba prohibido el cobro por la normativa en vigor.
3.3.- Una resolución trascendente de la justicia sobre el destino de las sumas de dinero no percibidas por los usuarios acreedores, en el marco de una acción colectiva:
En autos "Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y otros c. C&A Argentina S.C.A. s/ordinario"[27], sostuvo, entre otras cuestiones, que:
· Las sumas no reclamadas que integran el monto de condena –cuyo quantum se ignora- no sólo deben ser vistas desde la óptica del perjuicio patrimonial ocasionado al universo de consumidores, sino que también debe tenerse particularmente en cuenta el lucro desproporcionado que ella generó a quien lo ha provocado.
· La justificación de la asignación de un destino de la masa dineraria distinto del de las arcas de la accionada, esté argumentado desde la perspectiva del enriquecimiento obtenido mediante un hecho ilícito.
· Si un escaso porcentaje de damnificados se apersonara a solicitar individualmente la restitución de lo cobrado
indebidamente, indudablemente la demandada vería igualmente satisfecho su propósito inicial, pues el remanente quedaría de todos modos en poder de ella, lo cual llevaría al resultado disvalioso que este tipo de proceso colectivo tiende a evitar, consistente en que las grandes empresas se abstengan de adoptar conductas que posibiliten un indebido enriquecimiento de aquéllas a costa de los consumidores.
· El fundamento de la solución legal reside en que la inacción y/o desinterés del titular del derecho en percibir su
dividendo no permite tener abierto "sine die" el proceso judicial a la espera de que el cobro pudiera producirse, lo que
obliga a poner un término perentorio para hacerlo, vencido el cual se produce la pérdida de ese derecho y su transmisión al erario estatal para el fomento de actividades de interés público.
Siguiendo el razonamiento judicial, bajo ningún aspecto puede permitirse que un proveedor condenado por sentencia u obligado por convenio homologado a devolver sumas de dinero, incorpore a su patrimonio las sumas remanentes, es decir aquellas que no han sido percibidas, por los ex usuarios.
5.- Consideraciones finales.-
Hemos analizado, en este artículo, que, según entendemos, no corresponde que el proveedor condenado por
sentencia (u obligado por convenio transaccional) a devolver sumas de dinero a los usuarios, pueda incorporar a su patrimonio las sumas no percibidas por los usuarios acreedores. Los motivos que sustentan nuestra postura, son diversos, como ser, por ejemplo:
· Que la percepción ilegítima de sumas de dinero no puede generar un derecho subjetivo favor del proveedor.
· Que el proveedor no es el legítimo propietario de ese dinero.
· Que permitir que ese dinero se incorpore al patrimonio del proveedor deudor no hace más que generar, a su favor,
· Que si un escaso porcentaje de damnificados se apersonara a solicitar individualmente la restitución de lo cobrado
indebidamente, la condenada (u obligada por convenio homologado) vería igualmente satisfecho su propósito inicial, de obtener un beneficio incausado.
En este contexto, debemos preguntarnos si el dinero remanente (es decir el que no ha sido percibido por los ex usuarios acreedores) no ingresa de modo definitivo al patrimonio del acreedor, ¿cuál será el destino del mismo?
Las respuestas a la pregunta que nos formulamos en el párrafo anterior podrían ser diversas, a saber:
· Que se destine a un fondo destinado a la educación de los consumidores.
· Que ingrese a un fondo de promoción de usuarios desfavorecidos.
· Que sea administrado por el Estado o la justicia, conforme dispongan los magistrados, de acuerdo a su saber y entender, y a la sana crítica que debe conducir sus decisiones.
Pero, mas allá de la discusión sobre cómo se debe administrar el dinero no percibido por los usuarios acreedores, lo importante es considerar que el mismo no debería ingresar al patrimonio del proveedor obligado a reintegrarlo, ya que, de permitirse ello, se estaría avalando que se enriquezca sin causa, se lo estaría premiando por su actuación contraria a derecho.
[1] A los efectos de
perjuicio de ello, es sabido que ambos conceptos son diferentes, pues los consumidores son las personas que adquieren que se extinguen luego de consumidos, mientras que los usuarios son las personas que adquieren servicios de uso renovable. En este sentido, Lowenrosen, Flavio; "Derecho del Consumidor", Tomo I, Editorial Ediciones Jurídicas, Bs. As., 2008, páginas 20 y 22. [2] El artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional vuelve a mencionar al usuario y al consumidor al
referirse a los derechos de incidencia colectiva. Estos nuevos derechos procuran superar la situación de desigualdad y equilibrar la "relación de consumo" de los consumidores y usuarios (parte más débil) frente a los empresarios y proveedores (parte más fuerte). En este sentido Quiroga Lavié, Benedetti, Cenicacelaya; "Derecho Constitucional Argentino", T. I, pág. 310. [3] Establece el artículo 42 de la Constitución Nacional que: "Los consumidores y usuarios de bienes y servicios
este artículo trataremos como sinónimos los conceptos de usuarios y consumidores. Sin
económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control." [4] Por ejemplo, el Decreto Nº 764/2000, en el artículo 30 de su Anexo II, consagró el régimen de portabilidad numérica a favor de los usuarios de de telefonía móvil. No obstante debieron transcurrir casi doce (12) años para
que se instrumenten las medidas necesarias y suficientes que le permitan ejercer, a los usuarios, su derecho a migrar de empresa prestadora del servicio de telefonía móvil sin perder la titularidad del numero telefónico, y sólo cumplieron con la carga legal cuando la justicia los intimó ello en el marco de autos "UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/ESTADO NACIONAL – SECRETARIA DE COMUNICACIONES – DTO 764-2000 S/AMPARO LEY 16.986", Expediente Nro. 22.270-2008. Intervino en primara instancia el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 6, y en segunda la Sala V de la Excma. de Apelaciones de ese fuero. El primero dicto sentencia en marzo de 2009, y el segundo en junio de ese año. [5] Dice un autor que el antecedente de la Ley Nº 24.240 "…es la regulación francesa conocida como Ley Royer, del 27 de diciembre de 1973, que otorgó legitimación activa a las organizaciones de consumidores debidamente autorizadas para actuar ante los órganos jurisdiccionales en defensa de los intereses de los mismos". Tinti, Guillermo Pedro; "Derecho del Consumidor", Editorial Alveroni, Córdoba, 2da. Edición, página
[6] Artículos 42 y 43. [7] Ley Nº 24.240. El artículo55 de esa norma dice que: "Las asociaciones de consumidores y usuarios constituidas como personas jurídicas reconocidas por la autoridad de aplicación, están legitimadas para accionar cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores o usuarios, sin perjuicio de la intervención de éstos prevista en el segundo párrafo del artículo 58 de esta ley. Las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita.". [8] Tinti, Guillermo Pedro; "Derecho del Consumidor", Editorial Alveroni, Córdoba, 2da. Edición, página 112. [9] Artículo 42. [10] Ley Nº 24.240, artículos 54 a 58. [11] Tinti, Guillermo Pedro; "Derecho del Consumidor", Editorial Alveroni, Córdoba, 2da. Edición, página 112.
[12] Tinti, Guillermo Pedro; "Derecho del Consumidor", Editorial Alveroni, Córdoba, 2da. Edición, página 112. [13] "Colombo criticó con dureza a una entidad de consumidores Acusó a Adecua de "perjudicar" a la gente, y por eso justificó la decisión oficial de suspender a esa entidad por no cumplir con su objetivo. El Gobierno acusa Adecua de haber firmado convenios con bancos y financieras para evitar que las empresas paguen indemnizaciones a miles de usuarios. "¿Qué servicios cobraron los abogados de Adecua? ¿Honorarios por defender a los consumidores o por asegurar a las empresas un enorme negocio?. Nosotros presentamos la denuncia penal que investigue si hubo una organización para defraudar y la ruta del dinero, dónde fueron los 15 millones de pesos en honorarios", puntualizó Colombo."", ver http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/19298-colombo-critico-con-dureza-una-
entidad-consumidores.html.
consumidores no haya sido el objeto central de la actividad de la asociación. Pero, en este contexto vale preguntarse si no hay cierta responsabilidad en las autoridades estatales, ello como consecuencia que no adoptan medidas directas y concretas que impidan que los proveedores continúen vulnerando los derechos de los usuarios. Además, debemos recordar que los organismos estatales (por imperio del artículo 52 de la Ley Nº 24.240 esa atribución la tienen el ministerio Público Fiscal, Defensor del Pueblo, Autoridad de Aplicación) portan legitimación para iniciar acciones colectivas en defensa del universo de usuarios afectados por los proveedores y aún por el propio Estado. Por ese motivo podrían, las personas mencionadas, con continuidad, iniciar -frente a la violación de un derecho con alcance colectivo por parte de un proveedor- acciones judiciales, ya que cuentan con recursos humanos capacitados e infraestructura para ello (solventadas con fondos públicos) y su competencia o atribución administrativa es la protección de los usuarios. Pero, como no actúan de forma continúa iniciando acciones judiciales en pos de la protección del conjunto de usuarios afectados por un proveedor, nos encontramos ante estas circunstancias en que, por inacción de las autoridades estatales, actúan, casi en soledad, las asociaciones de
consumidores en sede judicial ejerciendo su legitimación colectiva. [14] Autos "Adecua c/ Banco Privado de Inversiones S.A. /ordinario", CNCom, Sala C, Expediente Nº 19073/07, fallo del 24 de abril de 2014. En primera instancia el expediente tramitó, por ante, el Juzgado 20, secretaría 39. [15] ADECUA reclamó que el demandado cese una conducta (la de imponer unilateralmente la compañía de seguro
que percibirá el seguro de vida sobre saldo deudor) y que le reintegre, a sus clientes, el dinero cobrado en exceso. [16] Ferrari, Matias H.; "Un antes y un después en transacciones colectivas de consumidores",
http://www.abogados.com.ar/un-antes-y-un-despues-en-transacciones-colectivas-de-consumidores/14432
recortó las facultades legales de los clientes del banco, pues, entre
otras cuestiones: i) Limitó a tan sólo 60 días a partir de la última publicación, el derecho que poseen a oponerse al acuerdo homologado, ii) Excluyó a algunos usuarios beneficiarios del acuerdo transaccional, vulnerando el principio de extensión de la protección a todos los consumidores comprendidos en la acción colectiva de que se trate, iii) Limitó el derecho a que los usuarios acreedores puedan hacer valer su acreencia, pues estableció un plazo exiguo de sesenta días a contar de la última publicación, para que puedan iniciar los trámites destinados al reintegro de las
sumas que le han sido debitadas en exceso, iv) Pone en cabeza de los usuarios la carga de ir a demostrar que son titulares de la acreencia, lo desacredita la intención y sentido de la acción colectiva intentada, ya que desvirtúa el sentido tutor del colectivo afectado que portan este tipo de demandas, v) La complejidad de los trámites a realizar a los fines del recupero de una suma de dinero baja en concepto de acreencia, generó algo previsible, que los usuarios acreedores no opten por la vía del reclamo individual y tan sólo 27 sobre miles que podían haber iniciado los tramites, efectivamente los hayan realizado. [18] CNCom, Sala C, Expediente Nº 19073/07, fallo del 24 de abril de 2014. [19] La CNCom, Sala C, en autos ""Adecua c/ Banco Privado de Inversiones S.A. S/ordinario" entendió, el 24 de abril de 2014, que la lectura de las cláusulas del acuerdo y su confrontación con ciertos datos contenidos en la
confundir". [20] El tribunal actuante sostuvo que la complejidad de los trámites a realizar a los fines del recupero de una suma de dinero, baja, en concepto de acreencia, generó algo previsible, que los usuarios acreedores no opten por la vía del reclamo individual y tan sólo 27 sobre miles que podían haber iniciado los tramites, efectivamente los hayan realizado. [21] Autos "Adecua c/ Banco Privado de Inversiones S.A. /ordinario", CNCom, Sala C, Expediente Nº 19073/07, fallo del 24 de abril de 2014. En primera instancia el expediente tramitó, por ante, el Juzgado 20, secretaría 39. [22] Ver cita 18. [23] En los autos "UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES C/Banco de la Provincia de Buenos Aires S/Sumarísimo", Expediente 45.420 (ver www.eldial.com), el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 21 (sentencia ratificada por la Sala C del furo) condenó al banco demandado por haberle cobrado a los usuarios un concepto (transferencia de fondos) cuya percepción estaba prohibida -por imperio del artículo 5 del Decreto 1570/2001- a partir de diciembre de 2001 hasta octubre de 2002, pero, por disposiciones internas del banco demandado (Circular "K" Nº358, de fecha 13.8.02) la prohibición de cobro se extendió hasta febrero del año 2003. La condena consistió en disponer que el accionado devuelva a los usuarios las sumas percibidas en exceso (capital mas intereses). En el marco del proceso de ejecución de sentencia, el juez de grado dispuso, el 26 de marzo de 2014, que los ex clientes del banco deberán acudir a la misma sucursal en la que tenían abierta la cuenta bancaria, ello a los fines de iniciar los trámites en pos del recupero de su acreencia. Tal medida, claramente, afecta a los ex usuarios acreedores del banco condenado en autos, ya que les complica (o directamente les impide) la posibilidad de hacerse de su acreencia, ello en virtud que los obliga a trasladarse a una sucursal determinada, sin considerar que la entidad demandada es una única persona jurídica, y sin atender a la realidad de los hechos, en cuanto a que los ex usuarios pudieron haber tenido la cuenta abierta en una sucursal ubicada en una ciudad, y ahora estar viviendo en otra, máxime cuando el cobro prohibido ocurrió hace mas de 10 años. Es más, el traslado hacia la sucursal donde estaba abierta la cuenta puede resultar imposible por cuestiones de edad o de salud del ex usuario, o quizás resulte mas oneroso ese traslado que el quantum a recuperar, extremo este que se opone al criterio que sustenta que la homogeneidad se da, en estas acciones, como consecuencia del bajo monto a recuperar, lo que hace imposible (o dificultoso, por lo menos) el reclamo individual. Este tipo de medidas torna ilusorio el derecho de los usuarios. Por eso, se entiende prudente que, los jueces, dispongan que los ex clientes de un proveedor condenado por sentencia (u obligado por convenio transaccional) puedan iniciar los trámites para percibir su acreencia (y efectivamente percibirla) en cualquier sucursal de la entidad deudora (y hasta en otras que celebren convenio al efecto con esta). De este de este modo se garantiza el acceso irrestricto –y al menor costo posible- de los ex usuarios a su acreencia, y se convierte en real la ejecución de la sentencia.
[17] El acuerdo, según el tribunal actuante,
"exhibe nuevas exteriorizaicones de que las partes pudieron ser guiadas por el animo de
[24] "La subsecretaria de Defensa del Consumidor, María Colombo, acusó hoy a la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) de "perjudicar" a la gente, y por eso justificó la decisión oficial de suspender a esa entidad por no cumplir con su objetivo.",
http://www.noticiasargentinas.com/nuevosite/19298-colombo-critico-con-dureza-una-entidad-consumidores.html
[25] Fallos: 331:831, disidencia del Dr. Fayt, 326:2457. [26] Fallos 326:2457. [27] Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, fallo del 24/11/2011, publicado en La Ley Online; Cita online: AR/JUR/78697/2011
Citar: elDial.com - DC1CE2
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References: artículo 42
 artículo 55
 artículo 499
 artículo 502
 artículo 65
 resolución 
 artículo 43
 artículo 42
 artículo 30
 artículo55
 artículo 58
 Artículo 42
 artículo 52
 artículo 5