Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00045-de-abril-27-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a3b76c8a0b37015ae0430a010151015a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-11-17 23:47:30+00:00

Document:
﻿ Sentencia 1999-00045 de abril 27 de 2011
SENTENCIA 1999-00045 DE 27 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. LA DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE UNA SOCIEDAD PUEDE SER ACORDADA EN CUALQUIER MOMENTO ESTA DECISIÓN DEBE OBSERVAR LA PLENITUD DE LAS FORMALIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN TANTO ELLA CONSTITUYE UNA REFORMA DEL CONTRATO SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, OPONIBILIDAD DEL ACTO JURÍDICO, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS JUEGOS DE AZAR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:475 DE JULIO DE 2011, PÁG.1151
Rad.:11001-03-26-000-1999-00045-01(16763)
Demandado: Empresa colombiana de recursos para la salud-Ecosalud (Etesa S.A. en liquidación)
Referencia:Acción de nulidad
Decide la Sala en única instancia el proceso iniciado por virtud de la demanda que, en ejercicio de la acción pública de nulidad establecida en el artículo 84 del CCA, interpuso Oswaldo Hernández Ortiz, contra la Resolución 0799 de 20 de mayo de 1999, expedida por Ecosalud.
El proceso se originó en la demanda presentada el 25 de junio de 1999 por el ciudadano Oswaldo Hernández Ortiz en contra de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A.-Ecosalud. En la demanda, instaurada en nombre propio y en ejercicio de la acción de nulidad, se solicitó la declaración de nulidad de la Resolución 0799 de 20 de mayo de 1999, que ordenó la apertura de la convocatoria pública 004 de 1999, tendiente a otorgar los derechos de explotación del juego de suerte y azar “cuatro cifras” en operación manual, en todo el territorio nacional.
Adujo que a pesar de que en la asamblea general extraordinaria de accionistas de Ecosalud S.A. de 29 de julio de 1996 se acordó la disolución de esta sociedad de capital público, el representante legal de Ecosalud se profirió la Resolución impugnada, que ordenó la apertura de la convocatoria pública 004 de ese año. Esta decisión entraña violación de los artículos 222 y 223 del Código de Comercio, artículo 1502 del Código Civil, artículos 3º, 6º, 13, 25 numeral 7, 26 numerales 1º y 2º y 30 numeral 1º de la Ley 80 de 1993.
Expuso que además se aprecia una notoria diferencia entre el objeto previsto en el acto administrativo que convoca la licitación y los avisos de prensa, lo cual entraña violación del artículo 24 numeral 5º literales c) y e) y artículo 30 numerales 1º y 3º de la Ley 80 de 1993.
3. Admisión, contestación de la demanda, alegatos para fallo y concepto del Ministerio Público.
“Resolución 0799
“Por la cual se ordena la apertura de la convocatoria pública 004 de 1999 tendiente a otorgar los derechos de explotación del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual”.
El presidente de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA Ecosalud SA en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confieren los artículos 2º literal a, artículo 11 numeral 1º, artículo 24 literal m y numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, artículo 12 del Decreto 855 de 1994, Ley 10 de 1990, Decreto 271 de 1991, Acuerdo 04 de 1993, y
1. Que el Consejo Directivo de Ecosalud SA en sesión de abril 26 de 1999 y previo el análisis de la situación de los dos operadores actuales de los juegos cuatro y/o cinco cifras, autorizó al presidente de la entidad para que inicie y lleve hasta su terminación los trámites y todo lo necesario tendiente a contratar la operación del juego cuatro cifras en operación manual, en todo el territorio nacional.
6. Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 271 de 1991, en el acuerdo 04 de 1993 y la Ley 80 de 1993, la entidad creó y dio funciones al comité Evaluador de Licitaciones o concursos públicos, mediante la Resolución 0175 de febrero 5 de 1999.
"ART. 1º—Ordenar la apertura de la convocatoria pública 004 de 1999, para que inicie y lleve hasta su terminación los trámites y todo lo necesario, tendiente a otorgar la explotación del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual, en todo el territorio nacional.
"ART. 2º—Señalar como fecha de apertura de la convocatoria pública el día 11 de junio de 1999, quedando autorizadas las próximas convocatorias a partir de esta fecha.
"ART. 3º—Señalar como plazo de la convocatoria pública el término que debe transcurrir entre las ocho de la mañana (8:00 A.M.) del día once (11) de junio y las diez de la mañana (10:00 A.M.) del día treinta (30) de junio de 1999, período dentro del cual los proponentes pueden presentar propuestas.
"ART. 4º—La presente resolución rige a partir de su expedición.
Fdo.) Ramiro Varela M. Presidente” (copia auténtica fls. 28 a 30 cdno. ppal.)(2).
Los accionados expusieron que a través de la resolución demandada, todo lo que hizo Ecosalud fue dar formal inicio a un proceso reglado de selección de un contratista. De modo que se trata, de un simple acto de trámite con el cual se da inicio al proceso administrativo de selección. Por ello no procede la acción de nulidad y por tanto la corporación debe inhibirse de fallar. Igualmente resulta improcedente la acción de nulidad ejercida contra la operación administrativa de publicidad, en tanto no es posible declarar su nulidad, puesto que esta únicamente puede dirigirse contra los actos administrativos.
En tal virtud, la Resolución 0799 de 20 de mayo de 1999, expedida por Ecosalud S.A., que ordenó la apertura de la convocatoria pública 004 de 1999, es susceptible de ser demandada en acción de nulidad, en tanto se trata de un acto administrativo proferido antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, en los términos del inciso 2º del citado artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.
Frente a este cargo, Ecosalud SA precisó que como la decisión de disolver y liquidar la entidad no se encuentra debidamente en firme, no es del caso dar cumplimiento a la misma y por tanto la entidad debía continuar cumpliendo con las funciones de su competencia, máxime cuando se trata del manejo de un monopolio de arbitrio rentístico, cuyos recursos tienen una destinación social.
Anotó que la Ley 10 de 1990 en su artículo 43 autorizó la constitución y organización de una sociedad de capital público para la explotación y administración del monopolio rentístico creado mediante el artículo 42 ibíd. De ahí que, solo a través de una ley de régimen propio, fijada por iniciativa gubernamental, para la organización, administración, control y explotación del monopolio rentístico podía liquidarse Ecosalud SA, de conformidad con lo establecido en el artículo 336 de la Constitución.
A su vez, la Nación-Ministerio de Salud indicó que conforme al artículo 219 del Código de Comercio la disolución anticipada proveniente de decisión de los asociados estaba sujeta a las reglas previstas para la reforma del contrato social, esto es, reducirse a escritura pública que se registrará en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social (C.Co. 158). Sin los requisitos anteriores la reforma no producirá efecto alguno respecto de terceros.
Conceptuó que el artículo 242 de la Ley 222 de 1995 derogó el 428 del Código de Comercio dejando sin piso legal toda cláusula estatutaria que restrinja de alguna manera el derecho al voto, razón por la cual no es dable predicar que si en los estatutos sociales de Ecosalud SA, al contemplar que el consejo directivo hacía las veces de asamblea, ello le habilitaría para tomar decisiones en nombre de los accionistas, como es la de la disolución anticipada de la sociedad.
En efecto, según se lee en el Acta 004 de esa fecha aportada al proceso, siendo las 10: 00 A.M. del día 29 de julio de 1996, en la sala juntas del despacho de la Ministra de Salud “(...) previa convocatoria efectuada el día 5 de julio de 1996 mediante publicación en el diario ‘El Espectador’, se reunieron los siguientes miembros del consejo directivo de Ecosalud S.A., que en esta ocasión sesionaron en calidad de asamblea general de accionistas de conformidad con los estatutos sociales (...)”.
“(...) el gobernador de Antioquia teniendo en cuenta la solicitud que por unanimidad formularon los gobernadores en representación de los departamentos accionistas, y teniendo en cuenta la respuesta favorable a esa solicitud que dieron tanto el señor Presidente de la República como Usted, Ministra de Salud, y según el informe en derecho de la comisión que se ha escuchado en el día de hoy me permito proponer a la asamblea de accionistas: 1. Proposición en calidad de accionista: que se apruebe la disolución y la liquidación de Ecosalud. Si nosotros aprobamos hoy la disolución y ordenamos la liquidación, la administración de Ecosalud no puede hacer nada distinto a aquellos actos que apunten a adelantar ese proceso de liquidación. En consecuencia cabe la pregunta, ¿quién administra el monopolio? Una de las alternativas que da la comisión es que se cree una sociedad. 2. Proposición del señor gobernador de Antioquia: Que aquellas funciones del monopolio las ejerza el Ministerio de Salud transitoriamente mientras se tiene la nueva ley con la asesoría de los gobernadores, quienes actuarían como órganos consultivos. 3. Proposición del señor gobernador de Antioquia: Manifiesta que considerando que los nuevos juegos en apariencia tienen características distintas a las loterías y a las apuestas permanentes, pero que en el fondo constituyen una competencia desleal a las apuestas permanentes, se ordene en esta asamblea la revocatoria inmediata de los juegos que han sido aprobados desde cuando el señor Presidente de la República públicamente manifestó su acuerdo con la conferencia de gobernadores para liquidar a Ecosalud (...)” (copia auténtica Acta 004 de la asamblea general extraordinaria de accionistas fls. 103 a 127 cdno. ppal.)(7).
“(...) si hoy se ordena la disolución y liquidación por asamblea, puede darse que ese proceso se extienda durante el tiempo requerido para la expedición de una nueva ley que defina la administración del monopolio. Pretendiendo que: —No quede en el aire la administración del monopolio, —las funciones de administración del monopolio durante ese proceso las ejerza Ecosalud, aquellas que son compatibles con un proceso de liquidación (...) pero que por asamblea se ordene hoy, que la decisión de adjudicar o ampliar contratos deje de ser una decisión de resorte ejecutivo de Ecosalud y pase a su consejo directivo. Resolviendo así el problema legal que se necesita (sic) un administrador del monopolio en el intervalo, evitando una carga de responsabilidades para el Ministerio que no tiene la infraestructura para cumplir las funciones de Ecosalud (...) El señor gobernador de Antioquia manifiesta que por el hecho de decretar una disolución hoy (...) no quiere decir que Ecosalud desaparezca, tiene que seguir un proceso de liquidación que no puede fijar fecha. A lo que se aspira es que durante este período de liquidación por lo menos no se adjudiquen más contratos salvo las dos excepciones de las cuales se habló (juegos menores y promocionales) y cuyos detalles técnicos desconozco (...) respetuosamente ratifico la proposición de que se ordene la disolución y se dé un mandato a Ecosalud: ‘administre el monopolio como ente liquidador, hasta tanto una ley defina quien lo va a administrar’ eso sí adminístrelo con la restricción impuesta hoy, no más contratos salvo los que por vía de excepción tenga que estar manejando (...)”(copia auténtica Acta 004 de la asamblea general extraordinaria de accionistas fls. 103 a 127 cdno. ppal.).
“(...) el gobernador de Antioquia dice ‘yo creo que hay que tomar una decisión radical que le dé una señal clara al país y al Congreso yo por eso me ratificaría respetuosamente en la decisión de que decretemos la disolución. Eso además nos ayuda para que el Congreso tramite con la prontitud que se requiere el proyecto de ley para superar cualquier pasivo en la administración del monopolio (...) Aquí no hay más caminos: todos los departamentos colombianos hemos aprobado la disolución de Ecosalud.’ El señor gobernador de Antioquia procede a la lectura de la proposición: ‘Teniendo en cuenta la reiterada proposición de la conferencia de gobernadores, la aceptación del señor Presidente de la República y de la señora Ministra de Salud y la general preocupación por la marcha de Ecosalud, ordénase la disolución de Ecosalud. Se solicita al señor Presidente ordenar (sic) liquidador (...)”(copia auténtica Acta 004 de la asamblea general extraordinaria de accionistas fls. 103 a 127 cdno. ppal.)
Se sometió a votación la proposición presentada por el doctor Álvaro Uribe Vélez y fue aprobada por tres votos a favor(9) y un voto en contra(10). En la misma consta que se solicitó a la señora Ministra aprobar otra proposición en la que se pida al señor Presidente de la República, considerar la expedición de un decreto transitorio para ejercer los aspectos del monopolio que requieran administrarse por fuera del proceso de liquidación de Ecosalud. La Ministra respondió que iba a informar al gobierno para la expedición inmediata de un decreto que asuma la administración del monopolio (copia auténtica fls. 103 a 127 cdno. ppal.).
Es procedente anotar que a folio 401 y siguientes cuaderno principal obra oficio 6319 de 11 de agosto de 2004, suscrito por la secretaria general de Etesa en el que informó a esta corporación que, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto que decretó las pruebas, remitió al proceso “copia simple del acta 7 de 30 de marzo de 1999, teniendo en cuenta que este último documento se encontró en el archivo de Ecosalud S.A. sin ninguna firma que lo respalde”.
En el Acta 014 del consejo directivo de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., Ecosalud S.A., de fecha 16 de julio de 1998 que obra a folios 63 y siguientes del cuaderno principal (copia auténtica), aparece que el representante del Presidente de la República indicó:
“(...) se le informe en la próxima asamblea extraordinaria en la fecha que sea, lo aprobado concerniente a la disolución y liquidación de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. aprobada en las sesiones de las asambleas extraordinarias de fechas 29 de julio de 1996 y 25 de septiembre, que se decidió en forma irregular y con vicios procedimentales (...) no se puede plantear la disolución y liquidación de la empresa hasta tanto no se expida una ley para no dejar expósito el monopolio” (copia auténtica fl. 65 cdno. ppal.).
Y más adelante el mismo representante del Presidente de la República subrayó: “no podemos salir del mercado hasta no existir una ley, la empresa debe seguir operando y es la Asamblea la que tiene que fijar los parámetros y fechas para su liquidación y hemos venido operando y actuando en el sentido de que aquí se nos dijo que era a partir de la escritura pública y a partir de que el Presidente de la República avalara la decisión a través de un decreto, de su liquidación y hemos venido en ese sentido actuando” (copia auténtica fl. 71 c. ppal.).
A su vez, el delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público aseguró: “Y es que además el Código de Comercio así lo establece, que ha de producir efectos es a partir de elevarla a escritura pública y posterior registro” (copia auténtica fl. 71 cdno. ppal.). La misma acta da cuenta de que el delegado del Presidente aseguró: “finalmente la decisión fue una solicitud del gobernador de Antioquia donde dijo votemos la liquidación y presionemos al gobierno para que salga la ley. Esa no es una precisión de tipo jurídico; se tomó una decisión más política que jurídica en ese momento (...)” (copia auténtica fl. 71 cdno. ppal.).
De otra parte, el acta 016 del conejo directivo de Ecosalud S.A. de 5 de enero de 1999 incluye dentro de las conclusiones de la reunión: “Se definió claramente la posición del Gobierno Nacional frente a la entidad, fortaleciéndola e impulsando los proyectos que emprenda la administración encaminados a multiplicar los recursos para el sector salud. Para lo anterior, todos y cada uno de los miembros del consejo directivo dejaron expresa constancia de su ánimo de colaboración a toda la gestión que adelante la administración en procura de los objetivos propuestos” (copia auténtica, fl. 88 cdno. ppal.).
En la misma línea, en el Acta 018 del consejo directivo de Ecosalud S.A. de 26 de abril de 1999, aparece consignado que: “(...) consideró necesario someter al estudio de la conferencia de gobernadores, la propuesta de no disolución y no liquidación planteada por el Gobierno Nacional. Durante la mencionada sesión del 15 de abril de 1999, el Gobierno Nacional a través del señor Ministro de Salud, doctor Virgilio Galvis Ramírez, fijó la posición del señor Presidente de la República así: ‘Es el deseo del señor Presidente, sostener a Ecosalud S.A. dándole un vuelco total a la gestión y haciéndola una empresa totalmente cristalina, que le genere, de verdad, participación económica importante a los departamentos y así le puedan transferir como rentas cedidas estos dineros para el beneficio específico de la salud. El señor Presidente desea impulsar, a través de esta empresa, un juego de Lotto Nacional, que en los estudios de factibilidad llegaría a generar hasta $ 400 mil millones anuales’ (...)” (copia auténtica fl. 90 cdno. ppal.).
Más adelante, en el Acta 019 del consejo directivo de Ecosalud S.A. de junio 1º de 1999, se deja de presente: “Análisis de la situación de Ecosalud: El señor Ministro de Salud manifiesta que el consejo directivo debe atender las instrucciones de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en el sentido de que, hasta tanto no haya una entidad que administre y explote el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, no puede liquidarse Ecosalud, por cuanto se produciría un vacío jurídico, dejando expósito el monopolio consagrado constitucionalmente. El Presidente del consejo directivo advierte que la única forma de salvar el obstáculo anterior es con la ley de régimen propio, la cual debe tramitarse de manera urgente en la próxima legislatura, para lo cual se solicita al presidente de Ecosalud coordinar un grupo de congresistas con el propósito de estudiar las modificaciones al proyecto de Ley 177, archivado en la pasada legislatura y redactar el que se va a presentar el 20 de julio de 1999 (...) El consejo directivo acoge las instrucciones impartidas por la secretaría general de la Presidencia de la República, en el sentido de no liquidar Ecosalud SA hasta tanto no se defina el proyecto de ley de régimen propio (...)” (copia auténtica fls. 93 y 94 cdno. ppal.)
Sin embargo, en el plenario no logró establecerse la situación expuesta por el accionado. En efecto, la Empresa Territorial para la Salud-Etesa(12)en Oficio 6319 de 11 de agosto de 2004 dirigido a esta corporación, en respuesta a la prueba decretada mediante auto de 25 de junio de 2004, no remitió copia auténtica de la convocatoria a la asamblea extraordinaria de accionistas de Ecosalud SA del 29 de julio de 1996 (fl. 403 cdno. ppal.). Se limitó a referir que ese documento había sido solicitado como prueba por esta corporación, sin acompañarlo con la respuesta, ni tampoco indicar por qué no lo hizo.
En ese sentido, el artículo 158 ibíd., al regular los requisitos para la reforma del contrato de sociedad, dispuso que toda reforma del contrato de sociedad comercial deberá reducirse a escritura pública que se registrará como se dispone para la escritura de constitución de la sociedad, en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social al tiempo de la reforma.
La disolución anticipada de la sociedad, como advierte la doctrina, entraña una reforma estatutaria, a pesar de que ninguna cláusula del contrato social resulta, en realidad modificada. Y por ello, mientras se procede a publicitar la decisión, mediante el registro de la escritura en que se haya solemnizado la reforma, las consecuencias de la liquidación no tendrán oponibilidad ante terceros(15) (C.Co. art. 158).
Al interpretar por vía de doctrina (CCA art. 25, C.C. art. 26) la normatividad en comento, la Superintendencia de Sociedades ha subrayado que:
“La decisión de disolver la compañía trae como primera consecuencia la obligación del representante legal de dar a ese acto eficacia jurídica, por cuanto compromete los intereses de los accionistas y de los terceros. Por estas razones la ley exige, para su perfeccionamiento, el cumplimiento de las solemnidades previstas para las reformas estatutarias, es decir, elevar la escritura pública y efectuar el registro en la cámara de comercio del domicilio social (C.Co. , arts. 219, inc. 2 u 158) (...) De manera que la disolución de la sociedad sigue siendo un acto entre socios, a cuyo amparo no pueden efectuarse o producirse hechos que se refieran a terceros, pues mientras no se cumplan las solemnidades, la disolución no se ha producido respecto de ellos, y sin su conocimiento no pueden cumplirse actos que afecten sus intereses”(20).
En otros términos, si la disolución proveniente de decisión de los asociados no se sujetó, como en efecto sucedió, a las reglas previstas para la reforma del contrato social (C.Co. art. 158), la decisión adoptada por la asamblea general extraordinaria de accionistas el 29 de julio de 1996 no produjo efecto alguno respecto de terceros, entre ellos, a los eventuales oferentes de la convocatoria cuyo acto de apertura se cuestiona.
Con arreglo a este marco legal se constituyó la Empresa Colombiana de Juegos de Suerte y Azar Coljuegos Ltda. mediante escritura pública 4379 de 1990 de la Notaría 9 de Bogotá del 23 de julio de 1990, inscrita el 17 de octubre de 1990, bajo el 307728 del libro IX, según da cuenta el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, sede norte 02N04072606899PJA0426 fechado el 26 de julio de 1999 (original, fl. 59 cdno. ppal.).
Posteriormente, por escritura pública 1408 de la Notaría 28 de Bogotá del 7 de diciembre de 1990, inscrita el 11 de diciembre de 1990 bajo el Nº 312621 del libro XI, dicha sociedad entre entidades públicas se transformó de limitada en anónima bajo el nombre Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. sigla Ecosalud S.A., como también pone de presente el certificado de existencia y representación legal citado (original, fl. 59 cdno. ppal.).
De acuerdo con el artículo 5º de los estatutos en estudio y con arreglo al certificado de existencia y representación legal referido, el objeto social de esta entidad descentralizada indirecta era la administración y explotación del monopolio rentístico previsto en el artículo 42 de la Ley 10 de 1990. En desarrollo del cual podía realizar todos los actos directamente relacionados con este y los que tuvieran como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o convencionalmente derivadas de su existencia y actividad, tales como mejorar, extender y modernizar, dirigir y administrar las actividades propias de este monopolio, así como las contenidas en los estatutos.
Para el desarrollo de su objetivo, la sociedad, conforme a las normas legales tenía las siguientes competencias: “a) Expedir los actos y celebrar todos los contratos y convenios para el cumplimiento de su objeto (...) c) Ejecutar directamente o mediante contrato con terceros, modalidades de juegos de suerte y azar diferentes a las loterías y apuestas permanentes existentes en el país, dentro de los límites establecidos por el artículo 43 de la Ley 10 de 1990 y demás normas concordantes (...) ” (original, fl. 59 cdno. ppal.).
A su vez, el Decreto 2433 de 1991, por el cual se reglamentó parcialmente el artículo 43 de la Ley 10 de 1990(29), dispuso que la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., Ecosalud S.A. podría realizar todas las operaciones comerciales que comporta la explotación económica del monopolio rentístico previsto por el artículo 42 de la Ley 10 de 1990, en forma directa o a través de terceros.
El artículo 2º ibid estableció que correspondía a Ecosalud S.A., en relación con la administración del monopolio rentístico constituido por la Ley 10 de 1990:
(i) Fijar la política general de explotación de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 10 de 1990;
A su vez, esta corporación ha señalado que no obstante que el artículo 336 constitucional establece una ley especial ello, no quiere decir que las leyes dictadas sobre la materia con anterioridad a la nueva Constitución (en particular la L. 10/90) hayan perdido vigencia automáticamente, pues ello supondría un vacío legal que haría inaplicable la nueva Constitución mientras se dicta la nueva ley prevista en ella:
“En efecto, respecto de la organización del monopolio el artículo 43 de la ley establece que ella se traduce en la existencia de una sociedad de capital público con participación de la Nación y las entidades territoriales o sus entidades descentralizadas, titulares de los monopolios rentísticos de las loterías existentes. En cuanto a la explotación y administración del monopolio, la misma norma legal establece que esas actividades corresponden precisamente a la sociedad que se ordena crear y que actualmente es la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., Ecosalud S.A.
e) Y como es natural a toda ley, con mayor razón cuando apenas contiene normas muy generales como la Ley 10 de 1990, su contenido es desarrollado a través de decretos reglamentarios, como es el caso de los decretos 271 y 2433 de 1991, de tal manera que ellos, a través de sus normas reglamentarias, que se enmarcan dentro de la ley, contribuyen a configurar el régimen propio que la Constitución prevé para la organización, administración, control y explotación del monopolio citado”(33) (se subraya).
La sociedad pública conformada a partir de la autorización legal contenida en el artículos 42 y 43 de la Ley 10 de 1990, no podía —sin infringir abiertamente la Constitución— ser disuelta anticipadamente por la simple voluntad de sus asociados, en tanto allí se le atribuyó la explotación económica, directamente o a través de terceros, estos últimos en calidad de operadores del arbitrio rentístico a favor de la Nación, consistente en la explotación monopólica de todas las modalidades de juegos de suerte y azar, diferentes de las loterías y apuestas permanentes entonces existentes.
5.5. La liquidación de Ecosalud por el legislador.
“PAR.—A partir de la vigencia de la presente ley se ordena la liquidación de Ecosalud S.A. para lo cual se tendrá como máximo un término de seis (6) meses. En la estructura de la nueva empresa y de acuerdo con las necesidades de la planta de personal serán vinculados los trabajadores de la actual Empresa Colombiana de Recursos para la Salud Ecosalud ”.
En estas condiciones, los ponentes acompañamos la propuesta presentada por la Ministra de Salud, de crear una entidad nacional que sustituya la liquidada Ecosalud. En este sentido, consideramos que crear una empresa comercial del Estado con una junta directiva compuesta por alcaldes y gobernadores, que administre exclusivamente los juegos que esta ley le otorgue, y dentro de los parámetros que aquí se definan, garantizará el manejo adecuado del monopolio de este sector, la extracción de las rentas en beneficio de sus titulares, permitiendo a su vez un adecuado control y la redistribución racional de las rentas obtenidas”(36) (se destaca).
“En síntesis, la Corte estima no sólo que el cargo del actor carece de sustento sino que, además, la creación y regulación de Etesa es expresión de las facultades del Congreso para crear entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica (C.P. art. 150 ord. 7), y para, con una amplia libertad y margen de apreciación, fijar el régimen propio de los monopolios rentísticos (C.P. art. 336). En tales circunstancias, bien podía el artículo 39 acusado crear esta empresa, definir su objeto y naturaleza, su sede y ámbito de actividades, la conformación de su patrimonio y capital, y la definición de sus órganos de dirección. Igualmente, en la medida en que el legislador había considerado inconveniente el mantenimiento de Ecosalud, tal y como se explicó en esta sentencia al estudiar el posible vicio de procedimiento en la aprobación de este artículo 39 (Cf. supra fundamentos 8 y ss.), es legítimo que esta disposición haya ordenado la liquidación de Ecosalud S. A en un término de seis (6) meses, pues corresponde al Congreso suprimir entidades del orden nacional (CP art. 150 ord 7). Igualmente, con el fin de proteger el trabajo, también podía la ley ordenar que en la nueva empresa, y de acuerdo con las necesidades de la planta de personal, fueran vinculados los trabajadores de la actual Empresa Colombiana de Recursos para la Salud Ecosalud(37) (subrayas fuera de texto original).
Es importante destacar que la secretaria general de Etesa, al solicitársele en este proceso copia de la escritura pública mediante la cual se solemnizó la reforma de los estatutos de la sociedad Ecosalud al disponer la disolución de la misma, puso de presente: “La liquidación de la Empresa Colombiana de recursos para la Salud S.A., fue ordenada por la Ley 643 de 2001 y el Decreto Reglamentario 1100 del mismo año, con fundamento en el Decreto 254 de 2000 y Decreto 414 de 2001. Conforme a lo anterior, y en un período de seis (6) meses se formalizó la mencionada liquidación, todo lo cual en el acta final de la junta liquidadora, de fecha 16 de julio de 2001, cuya copia se anexa para su conocimiento. No se encontró (sic) en el archivo de Ecosalud SA, escrituras públicas solemnizando reformas estatutarias tal como lo solicita el honorable Consejo de Estado” (original fl.402 cdno. ppal. Subrayas fuera de texto original).
De otro lado, a folio 258 y siguientes cuaderno principal obra en original otro certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede Norte 02N10100709199PJA0426 fechado el 7 de octubre de 1999, hora 16:37:04, conforme al cual “(...) la sociedad [Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA Ecosalud S.A.] No se halla disuelta. Duración hasta el 23 de julio del 2090”. Asimismo, en respuesta a prueba decretada, el jefe de registros públicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en comunicación 18150 fechada el 28 de julio de 2004, informó: “En atención al oficio de la referencia, adjunto el certificado correspondiente a la Sociedad Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. Ecosalud S.A. De otro lado, le informo que una vez revisados nuestros archivos no se encontró inscrita ninguna escritura de reforma de estatutos para el año 1999 y siguientes, en la sociedad antes mencionada” (original. Fl. 377 a 380 cdno. ppal.).
“Constitución: Escritura pública 4379, Notaría 9 de Bogotá del 23 de julio de 1990, inscrita el 17 de octubre de 1990, bajo el Nº 307728 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada Empresa Colombiana de Juegos de Suerte y Azar Ltda. y empleará como sigla Coljuegos.
“Que por EP 1408 de la Notaría 28 de Bogotá del 7 de diciembre de 1990, inscrita el 11 de diciembre de 1990 bajo el Nº 312621 del libro IX, la sociedad se transformó de limitada en anónima bajo el nombre de Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA sigla Ecosalud S.A.
“Que el acta de la junta de socios del 16 de julio de 2001, por medio de la cual se aprobó la cuenta final de liquidación de la sociedad, fue inscrita el 12 de diciembre del 2001 bajo el 806036 del libro IX.
“Que no figuran inscripciones anteriores a la fecha del presente certificado, que modifiquen total o parcialmente su contenido” (fl. 379 cdno. ppal.).
A su vez, en oficio dirigido al entonces magistrado sustanciador de este proceso, el presidente (E) de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, puso de presente que a partir de la promulgación de la Ley 643 de 2001 se dispuso la liquidación de Ecosalud S.A. “proceso que finalizó el día 17 de julio del año en curso [2001]” (original, fl. 355 cdno. ppal.).
(i) Como quedó establecido en el proceso, la sociedad Ecosalud no dio cumplimiento a lo dispuesto por normas de orden público previstas en la legislación mercantil para que la decisión de su disolución anticipada produjera efectos frente a terceros, como son justamente los eventuales oferentes a quienes se dirigió la Resolución 0799 de 1999 impugnada.
De modo que si bien la disolución anticipada de una sociedad puede ser acordada en cualquier momento, esta decisión deber observar la plenitud de las formalidades legales y estatutarias, en tanto ella constituye una reforma del contrato social (C.Co. art. 162). En el sub lite, la orden impartida por el máximo órgano social no cumplió con las formalidades exigidas para las reformas del contrato social, esto es, que dicha declaración se hubiere elevado a escritura pública y que este instrumento se hubiere registrado en la cámara de comercio correspondiente al domicilio social (C.Co. art. 158 inc. 1º).
Como estas previsiones legales tienden a “darle autenticidad y publicidad”(39) a la determinación de los asociados de disolver anticipadamente la sociedad, su inobservancia acarrea ipso iure que no resulte oponible frente a terceros, como son los eventuales oferentes de la convocatoria abierta con la resolución impugnada, toda vez que las reformas contractuales sólo surten efectos ante los terceros a partir del momento de su registro en la cámara de comercio(40).
Encuentra la Sala que la decisión de la asamblea de disolver anticipadamente a Ecosalud adoptada el 29 de julio de 1996 se adoptó en oposición al contenido del artículo 336 superior. Este mandato supremo prescribe perentoriamente que es de reserva de ley la organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos y que las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinados exclusivamente a los servicios de salud. Pero además repugna abiertamente con el canon fundamental en cita, comoquiera que impide efectivamente el ingreso de recursos para el sector salud.
La decisión de disolución anticipada de Ecosalud, sin la intervención forzosa del legislador, para que este definiera —con arreglo a lo dispuesto por el artículo 336 en concordancia con el numeral 7 del artículo 150 ibid— la organización, administración, control y explotación de este monopolio de suerte y azar no sólo genera un vacío legal inadmisible, sino que además impide el destino de los recursos del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar a los servicios de salud.
Medida con la que, por contera, se vulnera también el artículo 49 constitucional, tan estrechamente relacionado con las finalidades sociales del Estado y –por lo mismo— con la satisfacción de necesidades insatisfechas de la población vulnerable (C.P. arts. 1º, 2º y 365).
Este precepto constitucional retoma la ya centenaria institución del derecho colombiano(41) con arreglo a cual se impone la aplicación constitucional preferente aún frente a disposiciones estatutarias de sociedades públicas y sus reformas, como en el caso sometido a estudio de la Sala, cuando quiera que estas en tanto normas jurídicas (lex contractus o lex inter partes, C.C. art.1602) resulten incompatibles con la Carta.
De acuerdo con la teoría normativa del negocio jurídico, este al igual que la ley es fuente de derecho objetivo, en tanto los particulares tienen el poder de crear normas jurídicas(42). La Corte Suprema de Justicia de vieja data ha puesto de presente que el postulado de la normatividad de los actos jurídicos se traduce esencialmente, entonces, en que legalmente ajustado un contrato se convierte en ley para las partes, quienes por consiguiente quedan obligados a cumplir las prestaciones acordadas en él(43).
En consecuencia, si una decisión adoptada por los accionistas en una asamblea general (sea una sociedad privada, pública o mixta) repugna —como sucede en el sub examine— con lo dispuesto por la Carta Política, se impone la aplicación de esta última. La oposición grave u ostensible de un negocio jurídico no puede pasar inadvertida para el juez, quien en eventos como este debe recurrir a lo prescrito en el artículo 4º superior y así garantizar la unidad y coherencia del sistema de fuentes, que imprime la Constitución. El principio pacta sunt servanda que subyace como pivote de las relaciones jurídicas contractuales no puede esgrimirse como fuente de derecho, cuando en forma abierta desafía mandatos superiores contenidos en la Carta.
“Nadie está autorizado a pactar en contra de la Constitución, como se desprende del artículo 4º de la Carta. Ello se extiende a las normas de naturaleza privada, como los contratos. De igual manera, los efectos de cualquier norma, sea estatal (legislada o judicial) o privada, no puede contravenir la Constitución. De ahí que no pueda obligarse a una persona a cumplir un contrato violatorio de la Carta (...)”(46).
6. Segundo cargo: Violación de la ley por no coincidir el objeto de la licitación pública con lo señalado en los avisos de prensa.
Al respecto, la Sala encuentra que el primer aviso de la convocatoria pública004 de 1999 publicado en el diario El Tiempo el martes 25 de mayo de 1999, en la página 13A, contiene una previsión significativamente distinta de lo que se ordenó en el artículo 4º de la Resolución 0799 de 1999, acusada.
Así, mientras el primero indica que: “Objeto: La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA Ecosalud S.A. está interesada en recibir propuestas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para explotar el juego cuatro cifras en operación manual, en Santafé de Bogotá DC y el departamento de Cundinamarca tres operadores; los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, dos operadores, y por el departamento de Caldas, un operador” (original del diario a fl. 32 cdno. ppal.)(48); en el segundo ordena sin ambages: “la apertura de la convocatoria pública 004 de 1999, para que inicie y lleve hasta su terminación los trámites y todo lo necesario, tendiente a otorgar la explotación del juego de suerte y azar cuatro cifras en operación manual, en todo el territorio nacional” (copia auténtica, fls. 28 a 30 cdno. ppal. se subraya).
En efecto, la jurisprudencia(49) —con base en lo dispuesto por el artículo 209 superior, los artículos 3º, 43, 46 y 48 del Código Contencioso Administrativo y el parágrafo del artículo 119 de la Ley 489— tiene determinado que la publicidad de los actos administrativos atañe a su fuerza vinculante, esto es, a su oponibilidad frente a terceros.
Además, las causales de nulidad del acto administrativo que prevé el inciso 2º del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo se predican de circunstancias anteriores o concomitantes a su expedición, esto es, relativas a su formación, de modo que las anomalías que se presenten con posterioridad no tienen la virtualidad de afectar su validez o legalidad, sino que sus efectos se proyectarán tan sólo en el ámbito de su eficacia y oponibilidad.
2. INAPLÍCASE la decisión de disolución de Ecosalud S.A. adoptada el 29 de julio de 1996, por su consejo directivo (Acta 004 de esa fecha).
3. NIÉGANSE las pretensiones anulatorias de la Resolución 0799 de 20 de mayo de 1999, acto administrativo expedido por la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A., Ecosalud, por los cargos formulados.
(2) A folios 455 y 456 cuaderno principal obra copia auténtica de la Resolución 1287 de 15 de julio de 1999 por la cual se declaró desierta la convocatoria pública 004 de 1999 “por cuanto no se presentó ninguna propuesta”.
(3) Por el cual se dicta el estatuto orgánico de las entidades descentralizadas del orden nacional, en Diario Oficial Nº 32.687 de 1968. Decreto derogado expresamente por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998 (D.O. 43.464, dic. 30/98).
(4) Por el cual se dictan normas sobre sociedades de economía mixta (Diario Oficial Nº 34.491 de ene. 1996):
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 6 de agosto de 1997, Exp. 13.495, C.P. Carlos Betancur Jaramillo. En esa oportunidad la Sala consideró que aunque en principio podría sostenerse que el acto de apertura de una licitación es de mero trámite, no siempre deberá mantenerse este calificativo, porque podrán darse casos en los que el acto, en lugar de limitarse a invitar a los interesados que estén en un mismo pie de igualdad para que participen en el proceso selectivo, restrinja indebida o ilegalmente esa participación. Evento en el cual el acto así concebido podrá desconocer los principios de transparencia e igualdad de oportunidades y resultar afectado de desviación de poder. En eventos como este, de acuerdo con la providencia en cita, el acto de apertura deja de ser así un mero trámite para convertirse en un obstáculo para la selección objetiva de los contratistas.
(6) Como ya se indicó el artículo 4º del Decreto 130 de 1976, norma aplicable a la época de los hechos, autorizaba que los estatutos dispusieran que un mismo órgano haría las veces de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva. Así el artículo 7º del lo estatutos de Ecosalud —aprobados por Decreto 271 de 1991— dispuso que la dirección y administración de la sociedad estará a cargo del consejo directivo que a su vez hará las veces de asamblea general de accionistas y del presidente (fl. 384 cdno. ppal.).
(9) La señora Ministra de Salud, el doctor Eduber Rafael Gutiérrez y el doctor Adolfo León Palacio.
(10) En el acta aparece que el doctor Pinzón se opuso: “Yo considero que nosotros no tenemos la facultad para ordenar la disolución de las entidades nacionales en consecuencia si estoy de acuerdo con la reforma estatutaria dejo clara mi posición”.
(13) En Concepto 2450 de 10 de noviembre de 1998, el entonces secretario jurídico de la Presidencia de la República Jaime Arrubla Paucar, en oficio dirigido a la Superintendente Nacional de Salud, señaló a propósito del régimen jurídico de los juegos de suerte y azar: “1. Ecosalud SA puede disolverse por la sola voluntad de sus asociados con fundamento en le artículo 46 (sic) del Decreto 271 de 1991 —aprobatorio de los estatutos—, que remite al artículo 228 del Código de Comercio, el cual dispone que la sociedad comercial se disolverá, entre otras, por la decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social.
“2. No obstante la viabilidad jurídica existente para la disolución de Ecosalud S.A. por decisión de los asociados, es necesario tener en cuenta que el arbitrio rentístico de la Nación, por mandato constitucional, debe ser explotado y administrado por una sociedad de capital público de creación legal. Por tanto, al tomarse la decisión en este sentido, se generaría un vacío jurídico que conllevaría al incumplimiento del ordenamiento contemplado en el artículo 336 superior.
(14) En consonancia con este precepto el artículo 457 Código de Comercio al prever las causales de disolución de la sociedad anónima, establece que esta se disolverá por las causales indicadas en el artículo 218.
(15) Reyes Villamizar, Derecho Societario tomo II, Bogotá, Temis, 2006, pág. 15.
(16) Reyes op. cit., pág. 18.
(17) Narváez, José Ignacio, Teoría general de las sociedades, Bogotá, Legis, 1998, pág. 235.
(18) Reyes op. cit., pág. 20.
(19) Narváez, op. cit., pág. 235. En sentido similar vid. Pinzón, Gabino, Sociedades Comerciales, Vol. I, Bogotá, Temis, 1988, pág. 254: “(...) La terminación de la sociedad afecta no solamente a los socios, ni solamente a terceros, sino que afecta a unos y otros. Por eso es necesario que un hecho tan importante en la vida de una sociedad sea dotado de certeza y de publicidad suficientes, para que produzca la plenitud de sus efectos y para que se proceda a la liquidación del patrimonio social, con el fin de extinguir con efectos obligatorios para los asociados y para terceros todas las situaciones jurídicas creadas en virtud de la capacidad jurídica de la sociedad, como sujeto distinto de los socios, individualmente considerados (...) una vez elevada a escritura pública dicha reforma e inscrita en el registro público de comercio, adquiere la certeza y la publicidad mencionadas y produce la plenitud de sus efectos entre los socios y frente a terceros, como cualquier otra reforma debidamente solemnizada”.
(20) Superintendencia de Sociedades, Oficio OA-05199 de 8 de mayo de 1974, citado en Reyes op. Cit., pág. 373.
(21) Por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones, en Diario Oficial Nº 39.137 del 10 de enero de 1990. Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 046 del 9 de abril de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(23) Artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia 046 del 9 de abril de 1991, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(25) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 3 de octubre de 1991, rad. 404, C.P. Javier Henao Hidrón. Al responder indicó: “(...) el arbitrio rentístico en favor de la Nación establecido por la Ley 10 de 1990, el cual comprende ‘todas las modalidades de juegos de suerte y azar’, excluye las loterías, vocablo que debe entender en su acepción genérica por constituir un monopolio asignado a los departamentos. De modo que la excepción comprende no sólo las loterías existentes, al momento de la promulgación de aquella ley, explotadas por tales entidades territoriales, sino las que llegaren a organizarse en el futuro, salvo que una ley República disponga expresamente lo contrario”.
(26) Por el cual se dictan normas generales para la reorganización y el funcionamiento de la administración nacional, en Diario Oficial Nº 32.552, del 17 de julio de 1968. Decreto derogado expresamente por el artículo 121 de la Ley 489 de 1998 (D.O. 43.464, dic. 30/98).
(28) El Decreto 130 de 1976, por el cual se dictan normas sobre sociedades de economía mixta, en su artículo 4º disponía acerca de la constitución de sociedades entre entidades públicas que las sociedades que se creen por la participación exclusiva de entidades públicas con el fin de desarrollar actividades de naturaleza industrial o comercial, se someten a las normas previstas para las empresas industriales o comerciales del Estado. Sus estatutos proveerán sobre las materias mencionadas en el inciso segundo del artículo anterior y, además, podrán disponer que un mismo órgano hará las veces de asamblea de accionistas o junta de socios y de junta directiva (artículo declarado exequible por la Corte Suprema de Justicia, mediante Sent. 127 de oct. 10/91, M.P. Pedro Escobar Trujillo).
(29) Diario Oficial Nº 40.129, del 30 de octubre de 1991.
(30) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C 1191 de 2001. Allí se hace una relación más o menos pormenorizada del amplio debate que tuvo esta materia en la asamblea nacional constituyente.
(31) Corte Constitucional, Sentencia C-540 de 2001 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(35) Mediante el Decreto 175 de 2010 (DO 47.604 ene. 26/2010) 'se suprime la Empresa Territorial para la Salud, Etesa, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones'. Modificado por el Decreto 2676 de 2010 (D.O. 47.782 jul. 26/2010) y por el Decreto 4816 de 2010, por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Empresa Territorial para la Salud, Etesa en Liquidación hasta el 31 de diciembre de 2011 (D.O. 47.937 dic. 29/2010).
(36) Gaceta del Congreso Nº 371 del 14 de septiembre de 2000, pág. 2.
(37) Corte Constitucional, Sentencia C 1191 de 2001, M.P. Uprimny Yepes.
(38) Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional, en Diario Oficial Nº 43.903, del 22 de febrero de 2000. Modificado por la Ley 1105 de 2006 (Diario Oficial Nº 46.481 de dic. 13/2006).
(39) Reyes, op. cit. pág. 381.
(40) Reyes, op. cit. pág. 382.
(41) Contenida en el artículo 215 de la Constitución de 1886 y que provenía del histórico Acto Legislativo 03 de 1910, artículo 40.
(42) “(...) el ordenamiento jurídico otorga poder normativo a los privados para crear normas jurídicas de grado inferior en relación a las normas jurídicas de grado superior. Esta delegación normativa es un modo de descentralización normativa para la configuración de un ordenamiento jurídico privado subordinado, coordinado y armonizado con el ordenamiento jurídico superior por su relación de complementariedad”: Morales Hervias, Rómulo, “¿Existen intercambio económicos sin acuerdo contractual? A propósito de las teorías del contrato y del negocio jurídico”, en A.A.V.V. Estudios sobre el contrato en general, Lima, Ara Editores, 2004, pág. 549.
(45) Al exponer la teoría de la pirámide jurídica, ideada por Merkl, Kelsen expuso: “La norma que determina la creación de otra es superior a esta; la creada de acuerdo con tal regulación, es inferior a la primera. El orden jurídico, especialmente aquel cuya personificación constituye el Estado, no es, por tanto, un sistema de normas coordinadas entre sí, que se hallasen, por así decirlo, una al lado de la otra, en un mismo nivel, sino que se trata de una verdadera jerarquía de diferentes niveles de normas. La unidad de estas se halla constituida por el hecho de que la creación de una norma —la de grado más bajo-, se encuentra determinada por otra— de grado superior-cuya creación es determinada, a su vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, que representa la suprema razón de validez de todo el orden jurídico. La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los siguientes términos: supuesta la existencia de la norma fundamental, la Constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional”: (Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, México, Editorial Nacional, 1975, págs. 227 y ss.).
(46) Corte Constitucional, Sentencia T 222 de 2004. En otras oportunidades esa misma corporación ha echado mano de la llamada “excepción de inconstitucionalidad” frente a normas provenientes de particulares, vid. Sentencias T 394 de 1999 (se inaplicó una norma de los estatutos sociales de una cooperativa de transporte, con base en la cual esta última suspendió a un conductor por razón de su edad) y T 433 de 2008 (se inaplicó la norma pertinente de los estatutos de un club social, que no permitía la inscripción como hijo de socio de un menor por ser tratarse de un hijo extramatrimonial).
(48) El segundo aviso de la convocatoria pública004 de 1999 publicado en el diario El Espectador el domingo 30 de mayo de 1999, en la página 10A, se lee:“Objeto: La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA Ecosalud SA está interesada en recibir propuestas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para explotar el juego cuatro cifras en operación manual, en Santafé de Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca tres operadores; los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, dos operadores, y por el departamento de Caldas, un operador” (original del diario a fl. 32 cdno. ppal.). A su vez, igualmente en el tercer aviso de la convocatoria pública004 de 1999 publicado en el diario El Nuevo Siglo el domingo 6 de junio de 1999, en la página 23, se lee:“Objeto: La Empresa Colombiana de Recursos para la Salud SA Ecosalud S.A. está interesada en recibir propuestas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para explotar el juego cuatro cifras en operación manual, en Santafé de Bogotá D.C. y el departamento de Cundinamarca tres operadores; los departamentos de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, dos operadores, y por el departamento de Caldas, un operador” (original del diario a fl. 31 cdno. ppal.)
(49) Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de 23 de octubre de 1991, Exp.6121, C.P. Álvaro Lecompte Luna; Sección Segunda, sentencia del 23 de junio de 1994, rad. 7852, M.P. Dolly Pedraza de Arenas; Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, Exp. 2431; Sección Segunda — Subsección “B”, Sentencia de 10 de agosto de 2006, Rad. 25000-23-25-000- 2000-05533-01(4563-04), C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado (E); Sección Tercera, sentencia de marzo 08 de 2007, Rad. 85001-23-31-000-1999-00500-01(16228), C.P. Fajardo Gómez; Sección Quinta, sentencia de 13 de febrero de 2009, Rad. 11001-03-28-000-2008-00022-00 y sentencia de 7 de marzo de 2011, Rad. 11001-03-28-000-2010-00006-00, C.P. María Noemí Hernández Pinzón y Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2000.

References: artículo 84
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 artículo 11
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