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Timestamp: 2019-09-18 07:59:27+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 631/2010 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 631/10
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte días del mes de Diciembre del año dos mil diez, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y VICTOR MANUEL NUÑEZ, quien integra esta sala en reemplazo del Dr. Wildo Rienzi, por ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “ANGEL MARIA DE BEITIA CANOSA S/ HOMICIDIO CULPOSO Y RESISTENCIA”, a fin de resolver el Pedido de Extinción de la acción planteado en estos autos.-
¿Resulta procedente el pedido de Extinción de la acción planteado en estos autos?-
A los efectos de establecer el orden de votación se realizó el sorteo de ley que arrojó el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y NUÑEZ.-
La DRA. PUCHETA DE CORREA dijo: Corresponde examinar el planteamiento de extinción, por ser ésta una cuestión de orden público en primer lugar, y en segundo en razón de la inoficiosidad del avance de este proceso de constatarse el exceso en la duración del mismo y la procedencia de la declaración de extinción.-
El objeto del control de la duración del procedimiento es lograr que el Estado realice una persecución penal eficaz dentro de un plazo razonable, que no se prolongue de manera indefinida, de modo que tanto la ciudadanía como la persona sindicada como autor del hecho punible puedan tener una respuesta del órgano estatal en un espacio de tiempo, principalmente se pretende un pronunciamiento que defina la posición del imputado frente a la ley y la sociedad y ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.-
La sanción procesal (extinción), consecuencia de la conclusión del “plazo razonable”, se funda en el derecho del imputado de verse libre del cargo y de las restricciones del proceso en un lapso de tiempo razonable y acorde con la gravedad y complejidad de la causa. Se relaciona con el principio de inocencia y el derecho a la libertad e intimidad del perseguido por la justicia, que resultaría vulnerado por un proceso excesivo e innecesariamente largo.-
El plazo razonable de duración del proceso penal es una garantía de gran amplitud consagrada en la Carta Magna y en los diferentes tratados suscriptos por nuestro país, que por imperio del Art. 137 de ley suprema, forman parte de nuestro ordenamiento legal. Así la Constitución Nacional preceptúa: “En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: (…) 10. El sumario no se prolongará más allá del plazo establecido por la ley” (Art. 17). Esta norma constitucional se ciñe a los principios republicanos de gobierno inspirados en dos presupuestos esenciales: la limitación temporal de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en el sistema. Esta posición no busca otra cosa sino la fijación de límites en la duración de todos los procesos penales con la finalidad de combatir el retardo injustificado de la administración de justicia, en cumplimiento del certero adagio que prodiga que “la justicia tardía equivale a la consagración de la injusticia”.-
En igual sentido, el Pacto San José de Costa Rica, ratificado por nuestro país por Ley 1/89, básicamente establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos -ratificado por Ley Nº 5/92- se expide sobre la cuestión en idénticos términos (Art. 14.3.c).-
Tanto la Constitución Nacional como los diferentes Pactos Internacionales sostienen de manera uniforme y coincidente que el proceso penal debe tener un “plazo razonable” de duración. Ahora bien, ¿que se entiende por plazo razonable? Esta interrogante encuentra una respuesta en nuestra legislación positiva (Art. 136 de la Ley 1286/98), en la cual, a los efectos de hacer operativa la garantía enunciada, los legisladores fijaron de manera expresa lo que en su momento entendieron por plazo razonable de duración del proceso (tres años, con el aditamento de seis meses para los supuestos de sentencia condenatoria).-
Así el Art. 136 de la Ley 1286/98 dispone: “Toda persona tendrá derecho a una resolución definitiva en un plazo razonable. Por lo tanto, todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto de procedimiento. Este plazo sólo se podrá exceder por seis meses más cuando exista una sentencia condenatoria, a fin de permitir la tramitación de los recursos (…)”.-
La norma enunciada debe ser interpretada en concordancia con los artículos 137 y 25 del mismo cuerpo legal. El Art. 137 define los efectos del transcurso del plazo máximo y al respecto establece: “Vencido el plazo previsto en el artículo anterior el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, conforme a lo previsto por este Código”.-
Y el Art. 25 prevé entre los motivos de extinción: “(…) 3. el vencimiento del plazo previsto en el artículo 136 de este código”.- La Sala Penal, luego de realizar una armónica interpretación de los artículos que regulan la materia, ha determinado que el cómputo del plazo máximo de duración se inicia a partir de la notificación al procesado de la resolución del juez de la causa, que luego de tomar conocimiento del acta de imputación tiene por iniciado el procedimiento, conforme a las previsiones del Art. 303 del Código Procesal Penal (Acuerdo y Sentencia N° 1322 del 24 de setiembre de 2004).-
En las constancias obrantes en los autos principales se observa que Ángel María de Beitia Canosa fue imputado por la fiscalía, notificándose de esta acta el encausado en fecha 15 de Agosto de 2002, conforme obra a fojas 4 de autos. -
De esta manera, es desde esta fecha que debe correr el plazo establecido en el artículo 136 del CPP antes citado, por lo que este juicio debería extinguirse en fecha 15 de Agosto de 2005. Posteriormente el incoado fue condenado mediante Procedimiento Abreviado, por SD Nº 137 del 3 de Diciembre de Noviembre y este fallo fue confirmado en Cámara de Apelación con modificación sobre las medidas cautelares. Luego de ello, la defensa recurrió en casación, resolviendo la Corte Suprema de Justicia por A y S Nº 599 de 26 de Julio de 2005 anular todas las resoluciones y reenviar el proceso a etapa Intermedia. -
Posteriormente, en fecha 22 de Setiembre de 2005, se dispuso la rebeldía del citado encausado, estado que fuera levantado en fecha 3 de Octubre de 2005.
El Ministerio Público, en su dictámen Nº 1336 de fecha 5 de Octubre de 2007, en lo relacionado con la extinción, expresó que en base a un cálculo del tiempo del presente juicio, se ve que el mismo ha durado en exceso sobrepasando el plazo del artículo 136 del CPP, lo que hace procedente la extinción de la acción penal. -
En este juicio, se ha dictado la sentencia condenatoria que hubiera llevado el plazo de extinción a seis meses más, tal como lo establece el artículo 136 del CPP, pero se debe decir que al haberse anulado los fallos antes mencionados entonces los mismos no poseen consecuencia alguna, y por ello el plazo de extinción sigue siendo el 15 de Agosto de 2005. Es por esto que la rebeldía arriba dicha no posee efecto alguno para interrumpir el plazo de extinción, porque fue dictada con posterioridad a la extinción sobrevenida. -
Cabe destacar igualmente que la extinción sobreviniente no es atribuible a esta Magistratura, puesto que el expediente ingresó en ella ya en estado de extinción, conforme al cotejo de los plazos de autos. -
De igual manera, corresponde remitir estos autos al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a efectos de ser usadas sus facultades disciplinarias y de supervisión previstas en el artículo 23 de la Ley Nº 609/95.
De esta manera, es procedente declarar el estado de extinción con relación al procesado Angel Maria de Beitia Canosa, debido a que el mismo no ha tenido diligencia alguna y tampoco posee causa de interrupción en el transcurso del proceso. ES MI VOTO. -
A su turno los Doctores BLANCO y NUÑEZ manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 631.
1.- DECLARAR que en la causa penal en estudio se ha operado la extinción de la acción, por haberse cumplido en exceso el plazo previsto en el Art. 136 del Código Procesal Penal para la duración del proceso y por imperio de los artículos 137 y 25 inc. 3 del mismo cuerpo legal; y disponer en consecuencia el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO del procesado Ángel María de Beitia Canosa, por imperio del Art. 25 numeral 3 del Código de Formas.-
2.- REMITIR estos autos al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia a los efectos señalados en el considerando de esta resolución. -
Víctor Manuel Nuñez

References: resolución 
 artículo 136
 resolución 
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 23