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Timestamp: 2019-09-23 02:29:59+00:00

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El Tribunal Colegiado estimó que dichos argumentos eran infundados
las pruebas aportadas en el procedimiento acreditaban que la permanencia de CA bajo la guarda y custodia de sus abuelos maternos podía afectar su normal desarrollo
6 meses después de conocer que su nieto estaba en el DIF
III. TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
IV. COMPETENCIA Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente
V. OPORTUNIDAD DEL RECURSO El recurso de revisión es oportuno
Sentencia en el juicio de amparo directo.
El 11 de julio de 2012, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito dictó sentencia en el juicio de amparo directo ***/2012, en la cual determinó negar el amparo a RLP y ASS. Para arribar a dicha decisión, el Tribunal Colegiado argumentó lo siguiente42:
En primer lugar, se estimó que atendiendo al contenido del artículo 4 constitucional, se advertía que el Derecho de Familia es un conjunto de normas jurídicas dirigidas a regir la conducta de los miembros del grupo familiar entre sí, creando las relaciones conyugales y consanguíneas, constituidas por un sistema de derechos y obligaciones, poderes, facultades y deberes entre consortes y parientes.
Por otra parte, los artículos 3, 7, 9, 12, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño –que obligan en forma preponderante a los tribunales judiciales a velar por el interés del niño– evidenciaban que las acciones y la toma de decisiones relacionadas con la niñez tendrán que realizarse de modo tal que en primer término se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas, ya que todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno tienen la obligación de asegurar a los menores la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar, considerando los derechos y deberes de su madre, padre, demás ascendientes, tutores y custodios u otras personas que sean responsables de los mismos.
Del análisis de los artículos 4.202, 4.204 y 4.205, del Código Civil del Estado de México, el Tribunal Colegiado concluyó que, en principio, la patria potestad y la custodia se ejercen conjuntamente por el padre y la madre y en caso de que ambos faltaran por los abuelos, con la finalidad de buscar un desarrollo íntegro del menor. En este sentido, el Tribunal Colegiado consideró que la patria potestad y la guarda y custodia conllevan la representación de los menores no emancipados y constituyen el deber y derecho de proveer a la asistencia y protección de las personas y bienes de los hijos, en la medida reclamada por sus necesidades físicas, tales como suministrar alimentos, y de naturaleza espiritual, como la dirección, los cuidados, la rectitud de la conducta y la obligación de guarda y custodia o derecho de vigilancia y corrección del hijo.
Respecto a la obligación de guarda y custodia o derecho de vigilancia y corrección del hijo, el Tribunal Colegiado interpretó que éste es un derecho/obligación de carácter no patrimonial que se vincula con el deber de educar a los menores y la obligación y derecho que el hijo tiene de no abandonar la casa de los ascendientes a cuya autoridad está sometido.
Además, el Tribunal Colegiado determinó que la obligación de guarda y custodia –o derecho de vigilancia y corrección del hijo–, conlleva la representación de los menores no emancipados y a la vez responsabilidad en que incurren quienes ejercen la patria potestad por los daños y perjuicios causados por los menores que estén bajo su poder y que habiten con ellos, si esos daños se causaron por falta de adecuada vigilancia.
El Tribunal Colegiado estimó que los tres aspectos fundamentales que crean responsabilidades y derechos de los padres para hacer efectivas la patria potestad y la guarda custodia y, correlativamente, las obligaciones y deberes para los hijos, son los siguientes:
La guarda es la simple tenencia material del menor con fines de educación que constituye a su vez el gran deber en las relaciones entre padres e hijos.
La asistencia no se reduce a proporcionar los medios económicos para la subsistencia física, sino a substraer a los hijos de todo peligro en su formación humana, física y espiritual.
El deber de educación de los hijos implica el deber y derecho de ocuparse de la formación física, espiritual y moral del menor, así como el de atender a su preparación para ejercer una profesión o actividad que represente utilidad al menor y a la sociedad.
Partiendo de lo anterior, el Tribunal Colegiado calificó como fundados, pero inoperantes, los conceptos de violación donde los quejosos argumentaron que conforme a los artículos 4.118, 4.123 y 4.204, fracción II, del Código Civil local, ellos acreditaron con las copias certificadas de sus actas de nacimiento que eran los progenitores de OSL y abuelos maternos de CA y, por lo mismo, a ellos correspondía el ejercicio de la patria potestad y la guarda y custodia del niño.
El concepto de violación era fundado, en virtud de que en la sentencia reclamada no se emitió un pronunciamiento sobre los elementos con los que se pretendió probar el parentesco entre los quejosos y el niño. Sin embargo, el mismo era inoperante porque ése no fue el motivo por el que se les negó la guarda y custodia. La Sala Familiar fundamentalmente revocó la sentencia de primera instancia y negó a los quejosos la custodia del niño porque estimó que para poder otorgársela hubiera sido necesario que los quejosos acreditaran que la convivencia del niño con ellos no le resultaría perjudicial, lo que nunca lograron acreditar.
A continuación, el Tribunal Colegiado abordó el estudio conjunto de los siguientes argumentos hechos valer por los quejosos:
La vulneración de los derechos fundamentales de su nieto, debido a que la Sala Familiar dio prioridad a lo manifestado por el DIF, en el sentido de que el niño se encontraba en peligro con sus abuelos. Los quejosos estimaron que dicha consideración fue inadecuada, pues la Sala nunca mencionó en qué consistía el supuesto peligro ni quién le podría hacer daño al niño, como tampoco se había demostrado que la convivencia del niño con los quejosos pudiera resultar perjudicial para su desarrollo o que con ello se comprometiera su salud, seguridad y moralidad.
Que contrario a lo estimado por la Sala Familiar, no estaba acreditado que su hija viviera con ellos.
Que en la prueba pericial en trabajo social realizada a los quejosos se precisó que ellos eran personas responsables, que se han preocupado por el cuidado de su hija, así como de la integridad física, social y moral de su nieto. Además, señalaron que ninguna autoridad del DIF estuvo presente cuando se realizó la pericial en trabajo social, en el cual se concluyó que los abuelos maternos y la madre biológica estaban en las mejores condiciones para tener la guarda y custodia del menor, sin que se observara algún problema para que el niño viviera con ellos.
Que era falso lo manifestado por el DIF, en cuanto a que ellos nunca acudieron a sus instalaciones y que durante el lapso de 8 meses abandonaron y dejaron en completo estado de indefensión a su nieto. En este sentido, lo quejosos relataron distintas diligencias que supuestamente realizaron ante diferentes autoridades para poder tener contacto con su nieto y obtener su custodia. Además añadieron que, al percatarse de que las autoridades sólo estaban haciendo tiempo para que se cumpliera el término legal para poder dar a su nieto en adopción, ellos acudieron ante los tribunales a solicitar su custodia.
Que su nieto no los había podido conocer porque las autoridades lo habían impedido, a pesar de que ellos llevaban más de tres años en los tribunales peleando por estar a su lado. Por lo mismo, estimaron que al menor también se le estaba privando del desarrollo de su personalidad, sus aptitudes y su capacidad, al no respetarle sus derechos como niño a preservar su identidad, incluyendo su nombre y relaciones familiares.
El Tribunal Colegiado estimó que dichos argumentos eran infundados, pues en el caso era evidente que el otorgamiento de la guarda y custodia a favor de los quejosos no era lo más conveniente para el sano desarrollo físico, emocional e intelectual del menor de edad, atendiendo a los siguientes motivos.
El Tribunal Colegiado señaló que para decretar la custodia sobre el menor de edad se debía atender a la situación en que éste se encontraba y que las autoridades del orden familiar estaban facultadas para adoptar todas las medidas necesarias a fin de evitar que el menor sufra un daño, entre las cuales se encuentra el poder encomendar su guarda y custodia a un tercero –ajeno a los padres y abuelos– o, en el último de los casos, confiarlo a una institución oficial o particular.
Así las cosas, el Tribunal Colegiado estimó que el conjunto de las pruebas aportadas en el procedimiento acreditaban que la permanencia de CA bajo la guarda y custodia de sus abuelos maternos podía afectar su normal desarrollo, porque la conducta de los quejosos podía poner en riesgo la salud, seguridad o moralidad del niño.
Como se consideró en la resolución reclamada, el Tribunal Colegiado estimó que con las copias certificadas de la averiguación previa número ********** y de la causa penal ***/2008, se acreditó que:
El 27 de noviembre del 2008 fue abandonado un recién nacido en un terreno baldío, por lo que se siguió proceso penal en contra de OSL por el delito de abandono de incapaz.
El 17 de diciembre del 2008, la trabajadora social del albergue infantil visitó a los familiares del niño CA, pues hasta esa fecha ningún familiar se había presentado al albergue para solicitar información de cómo recuperar al menor. Se entrevistó con ASS, abuelo del menor, quien manifestó que tenía conocimiento del caso y declaró que no se habían presentado al albergue porque desconocían el lugar donde se encontraba el niño. Por lo anterior, la trabajadora social le explicó los trámites que debía realizar para solicitar una posible reintegración del niño.
El 12 de enero de 2009, el DIF estimó que los abuelos maternos no podían tener bajo su guarda y custodia al niño CA, debido a que la madre del niño vivía en su domicilio. Por lo mismo, se realizó una valoración a los tíos maternos del menor, buscando otra alternativa familiar para detentar su custodia
Además, el Tribunal Colegiado estimó que, contrario a lo indicado en los conceptos de violación, la pericial en psicología realizada a los actores y a la madre tampoco acreditaba que fueran personas responsables, que se hubieran preocupado por la integridad física y moral de su nieto, ni que ellos ni su madre biológica se encontraran en condiciones de tener la guarda y custodia del menor43. Esto fue corroborado con las testimoniales a cargo de CMG, TTS y MCAR y, además, debía tenerse en cuenta que para el 17 de diciembre del 2008, el abuelo ASS ya tenía conocimiento de que el menor se encontraba en el DIF y, no obstante, los abuelos promovieron el juicio hasta el 17 de junio de 2009 (6 meses después de conocer que su nieto estaba en el DIF).
Asimismo, el Tribunal Colegiado declaró que no existieron medios de convicción que acreditaran que los quejosos hubieran comparecido al albergue con el fin de tener una relación afectiva con su nieto, ni que se hubieran preocupado por su salud. Tal desinterés hacia el menor por parte de sus abuelos generaba incertidumbre de su estabilidad física y emocional, máxime que los quejosos no desvirtuaron las manifestaciones relativas a que la madre del menor vivía en su domicilio. Por ende, era evidente que en el domicilio de los abuelos el niño estaría ante la presencia constante de su madre, lo que constituiría un peligro para su salud física y psicológica, en virtud de las condiciones en las que lo abandonó y porque no había quedado evidenciado su arrepentimiento, ni que OSL tuviera interés afectivo alguno hacía su hijo.
Por lo anterior, se estimó correcto que en la sentencia de la Sala Familiar se hubiera negado el otorgamiento de la guarda y custodia definitiva a los quejosos, al estar acreditada la existencia de diversos obstáculos que objetiva y legamente impedían otorgárselas y máxime que la custodia no podía reclamarse sin tener la patria potestad y, en el caso, no estaba demostrado que a los quejosos se les hubiera otorgado la patria potestad de su nieto.
Así, el Tribunal Colegiado consideró que no resultaban creíbles las manifestaciones de los quejosos, en el sentido de que ellos eran los familiares idóneos para el cuidado y protección del niño CA. Lo anterior, atendiendo a que constaba en autos que en diciembre de 2008 habían sido notificados del nacimiento de su nieto y se les informó que había sido el producto de un parto fortuito, que tenía bajo peso y un débil estado de salud, lo que era consecuencia de que había estado desnudo y expuesto en un terreno baldío durante las 12 horas posteriores a su nacimiento. Por lo anterior, el Tribunal Colegiado estimó que era evidente que los quejosos estaban enterados de la situación de desamparo de su nieto; sin embargo, en tres años no se presentaron al albergue del DIF para conocerlo, lo que claramente evidenciaba su falta de interés genuino y directo de proporcionarle cariño, amor, atención y cuidados a su nieto.
A consideración del Tribunal Colegiado, la conclusión anterior se robustecía con la prueba pericial en psicología practicada a la abuela, RLP, donde ella manifestó que si tuviera la custodia de su nieto no se negaría a que su progenitora lo viera. En el mismo sentido, el abuelo, ASS, dijo que la presentación de la demanda también tuvo como motivación el procurar que su hija OSL pudiera estar más cerca de su niño. Dicha confesión expresa de los quejosos evidenció que no tenían un interés verdadero o una preocupación legítima por el bienestar de su nieto y que la tramitación del juicio sólo tuvo como propósito dispensar la actuación inhumana de su hija.
El Tribunal Colegiado concluyó que, como acertadamente se determinó en la resolución reclamada, del análisis conjunto de los elementos de convicción se advertía que si el menor se encontrara bajo los cuidados de sus abuelos maternos eso implicaría un riesgo físico o emocional para él y no un mayor beneficio. Así, en las condiciones relatadas, la resolución reclamada fue emitida conforme a Derecho y, por ende, no quebrantaba ninguna prerrogativa constitucional ni los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en perjuicio del niño CA.
Por tanto, resultaron inoperantes las inconformidades relativas a que no se tomó en consideración que los quejosos tenían derecho al respeto de su honra, reputación y al reconocimiento de su dignidad, en virtud de que su dicho no estaba acreditado en autos.
Asimismo, el Tribunal Colegiado calificó de inoperantes los argumentos relativos a que conforme a lo establecido en el inciso a), fracción II, del artículo 4.228 del Código Civil del Estado de México, por ser menor de diez años, el niño debía permanecer al lado de su madre salvo peligro para su normal desarrollo, por lo cual legalmente ésta tenía a su favor la presunción de ser la más apta para su cuidado.
Lo anterior, en atención a que no correspondía a los quejosos alegar tales aspectos, sino a la madre del menor de edad y máxime que, en todo caso, dichas manifestaciones les causaban perjuicio, por indicar de que lo que en realidad pretendían era obtener la guarda y custodia de su nieto para que la ejerciera la madre del menor.
De igual manera, el Tribunal Colegiado calificó como inoperante el concepto de violación vertido en cuanto a que los quejosos ofrecieron diversos medios de prueba que no fueron valorados en la resolución reclamada, en virtud de que los quejosos no especificaron cuáles eran las pruebas que en su concepto se valoraron incorrectamente, ni indicaron la eficacia demostrativa que en su caso les correspondía. Asimismo, el Tribunal Colegiado consideró que en la sentencia reclamada tampoco se violó el principio de congruencia establecido en los artículos 1.195 y 1.198 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, a la vez que también era infundado que se hubieran transgredido las garantías de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y formalidades esenciales del procedimiento, otorgadas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación, el Tribunal Colegiado determinó que lo procedente era negar el amparo.
Inconformes con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia del Tribunal Colegiado, mediante escrito presentado el 16 de agosto de 201244. Los recurrente hicieron valer –en resumen- los siguientes agravios:
En su primer agravio45, los recurrentes expresan que se violaron en su perjuicio y en perjuicio de su menor nieto lo dispuesto por los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales, ya que la sentencia del Tribunal Colegiado señala, por las razones reseñadas en el apartado anterior, que es evidente que el otorgamiento de la guarda y custodia a favor de los abuelos no resulta ser lo más conveniente para el sano desarrollo físico, emocional e intelectual del menor.
Igualmente, aquí mismo refieren que se dejó de tomar en consideración el contenido del artículo 76 bis de la Ley de Amparo. A su consideración, debido a lo anterior, se debió suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda de amparo, así como los agravios vertidos en el presente recurso de revisión, pues tratándose de menores de edad o incapaces, como ocurre en el caso concreto, se debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación.
En el segundo agravio46 arguyen que se transgreden en su perjuicio los artículos 4º, 14 y 16 constitucionales, toda vez que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad, debido proceso legal, cumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento, debida fundamentación y motivación y certeza jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales en relación con lo dispuesto en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Los quejosos en su demanda de amparo argumentan que de acuerdo con la legislación sustantiva civil del Estado de México, la patria potestad debe ser ejercida, en primer lugar, por los padres, y en caso de que no pueda ser ejercida por los padres, ésta debe ser ejercida por los abuelos47, sin embargo, el Tribunal Colegiado determinó que dichos conceptos de violación resultaban fundados pero inoperantes, pues en el caso concreto lo importante no era el cumplimiento formalista de las disposiciones que regulan el ejercicio de la patria potestad en el Estado de México, sino que lo importante era determinar que la permanencia del menor con sus abuelos le resultara perjudicial.
En el tercer agravio48, los recurrentes manifiestan que les perjudica que en la sentencia reclamada se haya determinado que el otorgamiento de la guarda y custodia del menor a su favor no resulta ser lo más conveniente para el desarrollo físico, emocional e intelectual de dicho menor, pues de no desestimarse lo argumentos vertidos en la sentencia de amparo directo para llegar a tal determinación, se seguirá privando a su menor nieto de su familia y del amor que sólo los recurrentes pueden ofrecerle.
Posteriormente, los recurrentes exponen su concepción sobre la institución jurídica de la patria potestad y sobre la guarda y custodia. Respecto a la patria potestad sostienen que es un estado jurídico que constituye un conjunto de prerrogativas y obligaciones legalmente reconocidas en principio a los padres, respecto menores considerados tanto en sus personas como en sus patrimonios; estado jurídico que tiene la característica de ser de orden público, por lo tanto, es de especial relevancia social su preservación y debida aplicación de las normas que la rigen. Asimismo, consideran que la patria potestad no sólo constituye un conjunto de prerrogativas a favor de los padres, sino que es también una obligación en el sentido verdadero a cargo de los padres y a favor de los hijos, respecto de la educación, principalmente, protección y alimentación, elementos de importancia para la subsistencia y desarrollo de los hijos.
Con relación a la guarda y custodia expresan que, a su entender, se vincula a la vez con el deber de educación de los menores y con la obligación y el derecho del hijo de no abandonar la casa de los ascendientes a cuya autoridad está sometida. Consideran que la obligación de vigilancia y corrección del hijo implica la responsabilidad en que incurren las personas que ejercen la patria potestad sobre éste, por los daños y perjuicios causados por los hijos que estén bajo su poder y que habiten con ellos, si esos daños se han causado por falta de adecuada vigilancia. Asimismo, aducen que compete la representación de los menores no emancipados a los ascendientes que ejercen la patria potestad, ya que a ellos está encomendada la tarea del cuidado de la persona y los bienes del menor.
Así pues, argumentan que una de las prerrogativas de la patria potestad y la custodia es el cuidado y vigilancia de los menores y dicha guarda no se puede entender desvinculada de la posesión material de los hijos porque tal posesión es un medio insustituible para protegerlos, cultivarlos física y espiritualmente y procurarles la satisfacción de sus necesidades.
Concluyen el agravio con lo siguiente: “De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicadas a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidos a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requiere para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente familiar y social, el ejercicio de los derechos de los adultos, no podrá en ningún momento ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tres son los aspectos fundamentales que crean responsabilidades para los padres y derechos para hacerlas efectivas y correlativamente obligaciones y deberes para los hijos: la guarda, la asistencia y la educación49.”
Mediante proveído de 24 de agosto de 2012 el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró el presente amparo directo en revisión con el número de expediente 2554/2012, admitió a trámite el mismo, lo turno al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su estudio y lo remitió a esta Primera Sala para su radicación50.
Por medio de proveído de 3 de septiembre de 2012 esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y envió el expediente a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su estudio y la formulación del proyecto de resolución respectivo51.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y en relación con lo establecido en los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, reformado mediante resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de 201152.
V. OPORTUNIDAD DEL RECURSO
El recurso de revisión es oportuno, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo. De las constancias de autos se advierte que la sentencia recurrida fue dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito el 11 de julio de 201253, se terminó de engrosar el 12 de julio y fue notificada por lista a las partes el viernes 13 de julio54. Dicha resolución surtió efectos para los recurrentes el día hábil siguiente, es decir, miércoles 1 de agosto de 2012.
El término de diez días para la interposición del recurso empezó a correr a partir del jueves 2 de agosto de 2012 y concluyó el miércoles 15 de agosto, descontando los días 16 a 31 de julio por tratarse del periodo vacacional y los días 4, 5, 11 y 12 de agosto por ser sábados y domingos, conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a lo dispuesto en el Acuerdo 2/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En esas condiciones, al haber sido presentado el recurso de revisión el 15 de agosto de 201255, resulta incuestionable que fue interpuesto dentro del término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo.

References: artículo 4
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 resolución 
 artículo 76
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 86