Source: http://jurisprudencia.cplt.cl/cplt/decision.php?id=CPLT000028945
Timestamp: 2019-09-16 20:13:30+00:00

Document:
Servicio de Impuestos Internos con Consejo para la Transparencia Rol: 476-2018
Corte de Apelaciones de Santiago, 27/06/2019
Servicio de Impuestos Internos interpone reclamo de ilegalidad en contra de decisión de amparo del Consejo para la Transparencia, en cuanto por ella fue obligado a entregar información relativa al avalúo fiscal de cuatro bienes raíces de la comuna de Las Condes. Corte rechaza el reclamo.
Consejo para la Transparencia, 26/09/2018, C2185-18
Carlos Gajardo Galdames
En estos antecedentes, el Servicio de Impuestos Internos ha recurrido de ilegalidad en contra de la Decisión Amparo N° 2185-2018 del Consejo para la Transparencia, en cuanto por ella fue obligado entregar solicitada por Juan Quintana Marcó y que guarda relación con el avalúo fiscal de cuatro bienes raíces de la comuna de Las Condes.
Funda el reclamo en que su parte entregó toda la información, mediante la facilitación de los accesos o los links de internet" en los que el peticionario pudo encontrar lo requerido y que aquella que no entregó, lo fue por estar sujeta a reserva desde que es información tributaria reservada, información contenida en los formularios 2890.
Como vicio de ilegalidad, sostiene que la decisión recurrida vulnera las causales de reserva contempladas en los numerales 2° y 5° del artículo 21° de la Ley N° 20.285 y que, por ello la entrega de información reveladora de rentas de terceros vulnera el numeral 2° de la norma citada, en relación con el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política, desde que afecta derechos inherentes a la vida privada de las personas o bien derechos de carácter económico y también vulnera antecedentes tributarios reservados amparados el artículo 35 del Código Tributario.
Solicita "se revoque" la decisión de Amparo recurrida y, en su lugar, se rechace el amparo deducido por el solicitante, en razón de haber dado cumplimiento a la obligación de entrega y respetado el deber de reserva.
Acompaña documentación de sustento de su reclamo.
Informando el Consejo para la Transparencia, solicita el rechazo del reclamo por no concurrir ilegalidad alguna en la decisión reclamada y pide "mantener o confirmar" la decisión impugnada.
En primer lugar, refiere que no puede tenerse por respondida la solicitud de antecedentes mediante el señalamiento de "links" que conducen a preguntas y respuestas. Agrega que, en principio, las información requerida es publica sin importar su origen y que solamente fue empleada por el Servicio en el marco de avalúo de bienes raíces para la determinación del impuesto territorial como sustento de sus decisiones administrativas por la cuales efectúa el re-avalúo de los cuatro bienes raíces objeto de la consulta. Asimismo, el avalúo de un bien raíz es información pública, por lo que el requerimiento de entrega de información se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico. Por ello, al disponer su entrega, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política.
Concluye señalando que la información ordenada entregar se encuentra en registros públicos, por lo que, al no ser información privada, su divulgación no produce afectación de derechos comerciales, ni económicos de terceros, ni importa una divulgación de antecedentes personales.
Finalmente, se hizo parte el requirente de información, esgrimiendo observaciones análogas a las formuladas por el Consejo para la Transparencia.
En cumplimiento de la normativa del ramo, se agregó el recurso en forma preferente para su vista extraordinaria.
Primero: Que, en un primer orden de ideas, la regla general es que la información generada, distribuida, recibida, gestionada y almacenada en y por la administración pública, es también pública. En ciertos casos, que constituyen la excepción, la información puede revestir el carácter de reservada y/o secreta y, es misión del Consejo para la Transparencia, resolver en cuanto al fondo de las peticiones que le sean efectuadas al respecto, mediante la respectiva Decisión Amparo.
El recurso en contra de las decisiones del Consejo para la Transparencia no es un recurso de alzada, ni de fondo. Es una reclamación, por decisiones ilegales que el referido organismo cometa en la dictación de sus Decisiones Amparos, motivo por lo cual el rol del ad quem, es verificar la existencia o no de las supuestas infracciones normativas que se esgrimen en contra de aquellas.
Segundo: Que, la controversia jurídica en estos autos versa respecto de si la decisión del Consejo para la Transparencia, de ordenar al Servicio de Impuestos Internos la entrega de la información es o no ilegal, en el sentido de si vulnera o no los numerales 2° o 5° del artículo 21 de la Ley N° 20.285.
Tercero: Que, es un hecho público y notorio que, a comienzos del año 2018, las propiedades urbanas tuvieron un reevalúo en su tasación fiscal, lo cual afectó el valor del Impuesto Territorial que las grava, siendo en su mayoría incrementados en una proporción considerable. Aquella labor, por mandato legal, la realizó el Servicio de Impuestos Internos, desde que es el servicio encargado de la determinación del valor de los bienes raíces y ello lo hace mediante actos administrativos que reflejan el avalúo fiscal para una propiedad determinada y, en tal sentido resulta plenamente aplicable lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución en cuanto "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen "
Cuarto: Que, a modo excepcional, el mismo artículo 8° establece que "una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional "
Quinto: Que en el caso que se revisa, la información solicitada, guarda relación con los antecedentes documentales que el Servicio de Impuestos Internos tuvo en consideración, para efectuar el avalúo o re-avalúo de cuatro bienes raíces de la comuna de Las Condes, entre ellos, información contenida en compraventas y en antecedentes contenidos en los Formularios 2890.
Sexto: Que debe tenerse especialmente presente que la compraventa de bienes raíces -sin importar su valor- se efectúa por escritura pública y su tradición o entrega, se efectúa mediante la inscripción conservatoria de un extracto de la escritura. La escritura pública, queda en un registro público y pasado un año se remite al archivo judicial y, en cualquier momento, puede ser revisada por quien así lo solicite. Lo mismo ocurre con el registro de propiedad y cualquier persona, puede revisar la historia de un bien raíz, solicitando el o los respectivos certificados de dominio, con o sin vigencia, al Conservador de Bienes Raíces.
Adicionalmente, tanto en la escritura de compraventa, como en la inscripción, aparece el nombre completo de las partes, su cédula de identidad, el bien objeto de la venta, el precio vendido. Adicionalmente, en la escritura pública, existen otros antecedentes, como el estado civil de los contratantes, el domicilio, la forma de pago del precio y, dicha información, por contenerse en escrituras públicas, es también de libre acceso.
Séptimo: Que, en el proceso de compraventa de todo bien inmueble, es deber del notario público, completar un formulario requerido por el Servicio de Impuestos Internos en el que se contenga el nombre y Rut de las partes, el bien objeto de la compraventa y su Rol, el precio y la forma de pago. Dicha información, es solicitada por el Servicio para el cumplimiento de sus fines propios en cuanto órgano fiscal encargado de la recaudación de los impuestos de fuente interna y para toda otra función fiscalizadora que la ley le encomiende cumplir en base a la información que se contenga en dicho formulario. El referido formulario, es el denominado Formulario 2890.
Octavo: Que, a diferencia de otros formularios, en que el contribuyente declara información propia y lo presenta el mismo contribuyente, sujeto a su responsabilidad tributaria por la veracidad de los antecedentes declarados y contenidos en él, el Formulario 2890 en su formato actual -cuyo origen está a Circular N° 02 del 06 de Enero del 2000- "será utilizado por los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces del país, a contar del 10 de enero del 2000, para traspasar al SII la información referente a transferencias o transmisiones de bienes raíces, en que los Notarios intervienen autorizando el acto o contrato y los Conservadores realizando las inscripciones que en derecho correspondan". De manera tal que el sujeto pasivo obligado a llenarlo no es el contribuyente, sino que el Notario y/o el Conservador respectivo, mediante información pública a la que tiene acceso en razón de su cargo.
Noveno: Que, no existe, ni se ha hecho valer norma legal alguna que revista el carácter de ley de quorum calificado que otorgue al Formulario 2890 o a la información contenida en él el carácter de reservado, de lo que resulta que tanto ésta como aquel son esencialmente antecedentes y datos públicos, en virtud de las normas sustantivas del derecho civil que regulan la compraventa y tradición de Bienes Raíces.
Décimo: Que, por lo expresado, la entrega de los referidos formularios o de las compraventas de bienes raíces que el Servicio de Impuestos Internos tuvo para la determinación del avalúo fiscal de las cuatro propiedades raíces, no vulnera de manera alguna información personal, sensible, comercial, ni tributaria como ha esgrimido el recurrente.
Undécimo: Que, conforme a lo que se ha venido razonando, lo decidido por el Consejo por la Transparencia, atenta en contra de lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ni de las normas sobre protección de datos personales, ni del artículo 35 del Código Tributario, lo que necesariamente lleva a descartar infracción a los numerales 2° y 5° del artículo 21 de la Ley N° 20.285. Con el mérito de lo expuesto, esta Corte solo puede declarar que no existe el vicio que se reprocha a la Decisión Amparo N° 2185-2018, lo que necesariamente llevará al rechazo del reclamo de ilegalidad deducido en su contra.
Por estas consideraciones, citas legales antes señaladas y de conformidad al artículo 28 de la Ley N° 20.285, se rechaza la reclamación de ilegalidad deducida por el Servicio de Impuestos Internos en contra de la Decisión Amparo N° 2185-2018 del Consejo para la Transparencia.
Contencioso Administrativo N° 476-2018
No firma el Ministro señor Madrid, por estar haciendo uso de su feriado legal.
Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Carlos Gajardo Galdames, conformada por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze.
Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Carlos Gajardo G. y Abogado Integrante José Luis López R. Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

References: artículo 21
 artículo 19
 artículo 35
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 35
 artículo 21
 artículo 28