Source: https://boe.vlex.es/vid/constitucional-hemodonacion-bancos-sangre-15380764
Timestamp: 2020-02-27 12:56:19+00:00

Document:
SENTENCIA 203/1993, de 17 de Junio, del Pleno del Tribunal constitucional en el Conflicto positivo de Competencia 284/1986, promovido por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relacion con diversos preceptos del Real decreto 1945/1985 por el que se regula la Hemodonacion y los Bancos de Sangre. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15380764
SENTENCIA 203/1993, de 17 de Junio, del Pleno del Tribunal constitucional en el Conflicto positivo de Competencia 284/1986, promovido por el Consejo ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relacion con diversos preceptos del Real decreto 1945/1985 por el que se regula la Hemodonacion y los Bancos de Sangre.
Marginal: BOE-T-1993-18874
El 15 de marzo de 1986, el Abogado de la Generalidad de Cataluña, don Sergio González Delgado, plantea conflicto positivo de competencias frente al Real Decreto 1.945/1985, de 9 de octubre, por el que se regula la Hemodonación y los Bancos de Sangre, en sus arts. 2.2, 3.1, 18.3, Disposición adicional tercera y Disposición final primera. Manifiesta el Abogado de la Generalidad que, formulado el correspondiente requerimiento de incompetencia al Gobierno, respecto de los arts. 2.2, 3.1, 18.3 y Disposiciones adicionales primera y tercera, y Disposición final primera, el Gobierno atendió al requerimiento en lo que se refiere a la Disposición adicional primera del Decreto, no atendiéndolo respecto del resto de su contenido.
Procede en primer lugar, el Abogado de la Generalidad a analizar el régimen constitucional y estatutario del reparto de competencias en materia de Sanidad, a la vista de las disposiciones constitucionales y estatutarias, y de la normativa referente a transferencia de servicios, concluyendo que, fuera de la competencia estatal sobre las bases, la coordinación general y la alta inspección en materia de Sanidad, todo el resto de dicha materia ha sido entregado a la disponibilidad de la Generalidad, que, por tanto, podrá ejercer sobre ella la potestad de desarrollo legislativo, la reglamentaria y la función ejecutiva, incluida la inspección.
La fijación de las bases, mantiene, es una competencia material que está concebida estructuralmente para la regulación del interés general de la materia de que se trate. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el instrumento para establecer las normas básicas con posterioridad a la Constitución es la Ley (STC l/1982), aun cuando admitió posteriormente que puede haber algunos supuestos en los que el Gobierno, de modo complementario, puede hacer uso de su potestad reglamentaria para regular por Real Decreto algunos de los aspectos básicos de una materia determinada (STC 32/1983). Sin embargo, como señaló en la misma Sentencia, «lo que no podía hacer el Gobierno es definir en términos generales y por Real Decreto lo que es básico, pues es al legislador postconstitucional a quien corresponde establecer lo que se entiende por bases en una materia».
La Disposición final primera, por último, ignora las competencias ejecutivas que ostenta la Generalidad de Cataluña. La autorización de que trata la Disposición final primera a determinados Bancos de Sangre constituye simplemente un acto de aplicación del Derecho, desprovisto de todo carácter normativo, máxime a la vista de la normativa de transferencias. Y no puede considerarse que sea una manifestación de la competencia de coordinación, pues ésta es una técnica que consiste en señalar objetivos o resultados a alcanzar, pero sin sustituir al titular de la competencia ejecutiva, que será en definitiva quien deberá llevar a término las actuaciones correspondientes.
Por todo ello, suplica al Tribunal dicte Sentencia por la que se anulen los referidos preceptos del citado Real Decreto por no respetar el orden establecido en la Constitución, declarando en particular, que la competencia controvertida en lo que concierne la Disposición final primera corresponde en Cataluña a la Generalidad.
Por providencia de 20 de marzo de 1986, la Sección Segunda del Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el conflicto, y dar traslado al Gobierno, por conducto de su Presidente, de la demanda y documentos presentados, al objeto de que, en el plazo de veinte días, aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Acordó, asimismo la Sección, dirigir al Presidente del Tribunal Supremo el oficio previsto en el art. 61.2 LOTC y dispuso finalmente la publicación de la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» para general conocimiento.
Con fecha 19 de abril de 1986 presenta escrito de alegaciones el Abogado del Estado, destacando en primer lugar que el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña no pone en duda la titularidad estatal para la emanación del Real Decreto en cuestión, ya que circunscribe la pretendida anulación por vicio de incompetencia, a preceptos concretos. Añade que según expresamente señaló el Consejo Ejecutivo en el requerimiento previo, «los métodos, requisitos técnicos y condiciones mínimas» tienen carácter de materia básica.
La impugnación de los arts. 2.2, 3.1, 18.3 y Disposición adicional tercera no se fundamenta en la...
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