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Timestamp: 2017-10-23 17:02:06+00:00

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Sentencia T.S.J. Canarias 145/2010 de 21 de octubre
Ejecución: Inactividad de la Administración. Procedimiento concursal. La ruina funcional de la plaza de garaje no es conforme a la valoración dada por la administración, y no repara el daño ocasionado. Debe darse la posibilidad de que adquiera otra que cumpla su finalidad. Al tratarse de un Proceso Concursal, debe procederse a la ejecución de las reparaciones acordadas, sin embargo, deberá estarse a las resultas del proceso. No existe dato alguno de la existencia de dicho procedimiento Concursal.
Visto por esta TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS. SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO. Sección Primera. con sede en Santa Cruz de Tenerife, integrada por los Sres. Magistrados, anotados al margen, el presente recurso de apelación número 0000139/2010, interpuesto por Luis, representado el Procurador de los Tribunales D./Dña. Desconocido y dirigido por la Abogada D./Dña. Francisco Javier Estévez Quintero, contra Instituto Canario De La Vivienda, habiendo comparecido, en su representación y defensa D./Dña. Letrado Servicios Jurídicos CCAA, versando sobre sanción administrativa.
Primero.-El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia el 12 de marzo de 2010,con el siguiente fallo: "Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso presentado por el Letrado D. Francisco Javier Estevez Quintero, en nombre y representación de D. Luis, se declara la inactividad de la Administración, con los siguientes pronunciamientos:
1) Se requiere a la administración demandada para que proceda a la ejecución de la Resolución dictada en el expediente S-29/05, si bien, habrá que esperar al resultado del procedimiento concursal en la que está incursa la entidad mercantil MAZOTTI S.A.
2) Se declara la imposibilidad material de ejecutar lo dispuesto en la Resolución dictada en el expediente S-83/04.
3) Se condena a los codemandados a que abonen al actor en concepto de indemnización sustitutoria por la imposibilidad material de ejecución de la Resolución recaída en el expediente S-83/04, la cantidad de 10.211,86 euros, más los intereses legales previstos en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ".
Tercero.-Seguido el recurso por todos sus trámites, se elevaron las actuaciones a esta Sala, formándose el correspondiente rollo, con señalamiento de votación y fallo para el día 26 de octubre, adelantándose al día de hoy.
Primero.-Interpuesto recurso contencioso administrativo contra la inactividad de la administración por no llevar a término lo dispuesto en las resoluciones de 23/9/2005 recaída en el expediente S-29/05 que es firme y en la resolución de 9/3/2005 recaída e el expediente S-83/05 que igualmente es firme, se siguió por sus trámites, dictándose la sentencia objeto de impugnación en el presente recurso.
Interesa el apelante su revocación por cuanto en relación al expediente S-29/05 queda su cumplimiento a un hecho ajeno al procedimiento cual es el resultado del procedimiento Concursal en el que está inmerso MAZOTTI S.A., siendo de aplicación el art. 168 del Decreto 2114/08 de 24 de julio; en segundo lugar por cuanto la ruina funcional de la plaza de garaje no es conforme a la valoración dada por la administración, y en todo caso no repara el daño ocasionado por cuanto debe darse la posibilidad de que adquiera otra que cumpla su finalidad.
Por la administración apelada se interesa la confirmación de la sentencia por cuanto el recurso de apelación presentado no es más que una reiteración de la demanda en su día presentada, no citando los motivos de discrepancia con la sentencia ni fundamento en el que se critique la sentencia; para proceder a la indemnización sustitutoria que solicita el apelante es necesario la previa resolución del procedimiento Concursal.
Segundo.-El Auto del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 1.995, declara, "Con carácter previo al examen del fondo del asunto procede examinar si el recurso es admisible, por razón de cuantía, y a este respecto el artículo 8.º de la LJCA (hoy, 7.º) determina que la competencia es improrrogable y constituye un presupuesto que afecta al orden público procesal, siendo examinable de oficio (en coherencia con las Sentencias de esta Sala de 14 y 24 febrero y 15 y 24 de 1994 -,, y -)."
En efecto, el artículo 81.1.a) de la Ley de la Jurisdicción excluye el recurso de apelación en relación con las Sentencias dictadas en asuntos"cuya cuantía no exceda de tres millones de pesetas" (18.030,36 euros). En consonancia con ello, el artículo 42.2 tan solo reputa de cuantía indeterminada los recursos que se refieran a los funcionarios públicos, "cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica".
La Sala no queda vinculada por la resolución del Juzgado en orden a la determinación de la cuantía, sino que debe examinar a priori, su propia competencia para revisar la sentencia del Juzgado de instancia, tanto si se hubiese planteado por alguna de las partes como si no se hubiese cuestionado, como es el caso, al tratarse de su propia competencia para conocer del recurso que viene atribuida por la norma contenida en el artículo 81.1 de la Ley 29/1998, norma que debe interpretarse en relación con la contenida en el artículo 42 de la misma Ley que establece las normas para fijar el valor económico de la pretensión remitiéndose a las normas de la legislación procesal civil que son las que establece el artículo 251 de la ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 con las especialidades previstas en aquel artículo.
En el presente caso cabe hacer las siguientes consideraciones; la parte apelante solicitó dada la imposibilidad de ejecución de la resolución S-83/2004 y la ruina funcional de la plaza de garaje que se le indemnice en la cantidad de 20.011, 20 euros, habiendo estimado parcialmente dicha petición la sentencia objeto de impugnación en el presente recurso, condenando a los codemandados a que le abonen la cantidad de 10.211, 86 euros más los intereses legales del art. 576 de la LEC. Impugnando dicho fallo el hoy apelante al entender que procede la indemnización total por él solicitada.
Disponiendo el art. 42.1.b) segundo, que la cuantía del recurso se calcula, para los supuestos de estimación parcial de la pretensión, por lla diferencia entre lo solicitado y lo concedido, en el presente caso, por la diferencia entre los 20.011,20 euros solicitados y los 10.211,86 euros concedidos, diferencia que es inferior al limite fijado en el art. 81 de la LJCA para admitir los recurso de apelación.
Por tanto en relación a dicha impugnación, se inadmite el presente recurso.
Tercero.-Igualmente se impugna el primer pronunciamiento del fallo, relativo a que la administración deberá requerir de ejecución la resolución S-29/05 sin embargo deberá esperarse al resultado del procedimiento Concursal en el que se haya inmersa la entidad MAZOTTI S.A..
La resolución recaída en el expediente S-29/05 sancionaba a la constructora y le requería a fin de que en el plazo de treinta días prorrogables por otros 15 si existiera causa justificada realizar las obras de reparación, caso contrario, se impondrían multas coercitivas para su total cumplimento conforme al art. 99 de la Ley 2/2003, identificándose las obras a efectuar, tanto en el pavimento como alicatado. Resolución de fecha 23 de septiembre del 2005 que es firme al no haber sido impugnada.
Alega la administración apelada que el recurso de apelación es una mera reiteración del contenido de la demanda, o citando motivos de discrepancia con la sentencia, ni fundamento que desvirtúe el contenido de ésta.
Efectivamente la crítica contenida en relación a este pronunciamiento de la sentencia impugnada es que se difiere la ejecución a un hecho ajeno a procedimiento siendo de aplicación el art. 168 del Decreto 2114/1968 de 24 de julio, conforme al cual: "Si el expedientado no ejecutase las obras en el plazo señalado o en la prórroga concedida, en su caso, o se paralizasen sin causa justificada, se procederá a la ejecución subsidiaria de aquéllas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del art. 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de remitir, si procediese, testimonio a la jurisdicción ordinaria por si estimara la concurrencia de responsabilidades de orden penal en la actuación del expedientado.
El Director general del Instituto Nacional de la Vivienda ordenará la ejecución de las obras por dicho Organismo autónomo o delegará en una persona o Entidad la ejecución de las mismas. En cualquiera de ambos casos las obras se realizarán por cuenta y a costa del promotor o propietario sancionado, pudiendo el Instituto Nacional de la Vivienda proceder a la exacción cautelar y anticipada, a reserva de la liquidación definitiva del importe de los gastos, daños y perjuicios.
Para determinar el importe de la exacción cautelar, los Servicios Técnicos del Instituto Nacional de la Vivienda o la persona encargada de la ejecución de las obras procederán a redactar un presupuesto de las que hayan de ser realizadas y una vez aprobado se exigirá su ingreso en la Caja del Instituto Nacional de la Vivienda, con aplicación de lo dispuesto en el art. 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo."
En la sentencia impuganda se recoge la declaración efectuada por la administración de que la sancionada, MAZOTTI S.A., se encuentra en proceso Concursal, por lo que la sentencia declara que si bien debe procederse a la ejecución de las reparaciones acordadas, sin embargo, deberá estarse a las resultas del proceso Concursal.
Cuarto.-Ahora bien, no existe dato alguno de la existencia de dicho procedimiento Concursal, salvo lo recogido en sentencia, y si bien ello fuera cierto, tampoco tenemos constancia de en qué momento de se inició el mismo, teniendo en cuenta que la resolución es del año 2005 y que es firme, ha transcurrido más que plazo suficiente para su cumplimiento, por ello esta Sala estima el recurso en este punto, entendiendo que dada la falta de acreditación de modo documental, o por personación en el presente recurso del representante legal o administrador judicial en su caso de la empresa MAZOTTI S.A., que así lo alegara, no se estima acreditado su existencia y la fecha de inicio del mismo que si fuera con posterioridad al acto de cuya ejecución se trata y al plazo en él concedio manifestaría dejación de la administración en que sus actos de lleven a su completo cumplimiento, por lo que la administración deberá procede a conminar a la sancionada a llevar a su puro cumplimiento el acto administrativo, y en caso de que no lo cumpliera, deberá proceder bien por la vía del art. 168 del decreto 2114/1968 o bien aplicando las normas de la LRJ y PAC a conseguir su ejecución del acto administrativo por ella dictado y firme.
Quinto.-En cuanto a las costas, habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional.
En el presente recurso de apelación se acuerda:
1.º- inadmitir el primer pedimento relativo a la indemnización en aplicación del art. 81 de la LJCA.
2.º- Estimar en parte el recurso en cuanto al primer punto del fallo de la sentencia impuganda, de modo que se requiere a la administración demandada para que proceda a la ejecución de la Resolución dictada en el expediente S-29/05 mediante requerimiento a MAZOTTI S.A. y utilizando si fuera necesario las vías que ofrece el art. 168 del D 2114/68 y la LRJ y PAC.
Sin expresa declaración de costas.
Publicación.-. Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por el Ilmo./a. Sr./a. Magistrado Ponente de la misma, estando la Sala celebrando audiencia pública, de lo que como Secretario de la Sala doy fe. En Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 2010.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 576
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 81
 artículo 42
 resolución 
 artículo 81
 artículo 42
 artículo 251
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 139
 Resolución