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Timestamp: 2019-09-22 02:42:55+00:00

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Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 12 de Abril de 2018, expediente CNT 061758/2017/CA001 - Jurisprudencia - VLEX 725681089
Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 12 de Abril de 2018, expediente CNT 061758/2017/CA001
Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA. CAUSA Nº CNT 61758/2017/CA1 “GOTTIFREDI, FERNANDO FABIAN c/ SWISS MEDICAL ART S.A.
s/ACCIDENTE- LEY ESPECIAL”. JUZGADO Nº 75.
I- En las presentes actuaciones, el Magistrado de primer grado desestima el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.348, y en función de ello le hace saber a la parte actora que deberá agotar la vía administrativa delineada en dicha ley (fs. 13/15).
Esta decisión provoca el reclamo del accionante a fs. 16/18vta.
II- De la sentencia de primer grado se desprende que: “ De la lectura del escrito de inicio surge que la pretensión incoada se funda en una accidente cuya ocurrencia data del 7/07/2017(VER FS 6).
Esta circunstancia determina la aplicación de la ley 27.348, publicada en el Boletín Oficial el 24 de febrero de 2017.
Esta norma incorpora un sistema de responsabilidad cerrado con una instancia administrativa precisa llevada a cabo ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
Según el art. 1 de la norma, dicha instancia administrativa es “previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención” (art. 1)
Por otro lado, la resolución 298/17 -dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo el 23-02-2017- delineó puntualmente el procedimiento a seguirse en sede administrativa.
Tal como lo sostiene reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad y debe ser considerada como la última ratio del orden jurídico (caso D., F. 242:73; F. 14:432 y F. 247:121) y, por lo tanto, procede únicamente cuando la aplicación de determinada normativa a un caso concreto causa gravamen al titular actual de un derecho.
De ahí que la declaración de inconstitucionalidad de una norma, por su carácter restrictivo, deba basarse en un agravio concreto y objetivo de un derecho individual protegido por la Constitución Nacional. Este agravio no debe ser subjetivo ni potencial. Debe ser grave de tal modo que amerite que un Poder distinto al que generó la regulación decida dejar de lado la aplicación de la norma agresora en defensa de la norma suprema agredida. En definitiva, toda declaración de inconstitucionalidad se fundamenta en última instancia en la defensa del orden jurídico.
Sentado lo expuesto, destaco que la parte actora no alegó los perjuicios concretos que le provoca la adopción del procedimiento administrativo previo impuesto por ley 27.348. La lectura del planteo formulado muestra que el actor se limitó a efectuar formulaciones genéricas, sin precisar adecuadamente los agravios reales que motivan la declaración solicitada.
Repárese que el demandante no puntualiza en qué modo la actuación ante las comisiones médicas afectaría el reconocimiento de su derecho. Antes bien, la lectura de las normas involucradas permite vislumbrar un escenario favorable a la rápida obtención de una Fecha de firma: 12/04/2018decisión eficaz del conflicto.
Alta en sistema: 17/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30446927#203452893#20180418103830299 Poder Judicial de la Nación De todos modos, no puede soslayarse que –conforme la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- las decisiones adoptadas en sede administrativa deben poseer un control judicial suficiente.
No corresponde definir ahora si los mecanismos recursivos delineados en forma genérica por los arts. 1 y 2 de la ley 27.348 y con mayor precisión por la resolución SRT 291/17, representan el “control judicial suficiente” al que se refiere el Alto Tribunal.
Eventualmente, cualquier decisión al respecto dependería de la existencia de un planteo concreto en el que se puntualicen qué agravios específicos ocasionaría el tránsito durante la instancia administrativa previa y, en su caso, por qué la vía recursiva vigente carecería de la amplitud necesaria para garantizar una adecuada y eficaz actuación de esta jurisdicción laboral.
En síntesis, la ausencia de agravios concretos respecto a la exigencia de una instancia administrativa previa, torna abstracto cualquier análisis actual respecto de su constitucionalidad.
En suma, no corresponde declarar la inconstitucionalidad de una norma en abstracto, por lo que corresponde la desestimación del planteo inicial tendiente a neutralizar la aplicación al caso de la instancia previa impuesta por la ley 27.348.
(lex100.pjn.gov.ar/lex100/web/)”
III- En el memorial del recurso, el apelante sostiene que la exigencia pretendida por el Juez de primer grado de agotar la vía administrativa previa, implicaría sumar exigencias legales para acceder a la justicia, cuando la propia ley persigue evitar cualquier duplicación al determinar el carácter “excluyente de toda otra intervención”.
Recalca que esta ley crea nuevas barreras para judicialización de los conflictos atinentes a los riesgos en el trabajo, lo que tuvo inicio hace doce años con la Ley 24557, y ha merecido cuestionamientos constitucionales en numerosos precedentes de la Corte Suprema de la Nación.
En este sentido el agraviado advierte que aún con un cambio de paradigma normativo, el Poder Legislativo insiste en “retacear” el acceso a la justicia, ya sea por la vía recursiva que crea o bien desplazando la competencia territorial hacia el domicilio de la Comisión Médica Jurisdiccional, que nos es parte del conflicto.
Destaca que la vía recursiva supone un “debate acotado y pruebas limitadas –en relación-“, concluyendo que no existe en este modelo un procedimiento administrativo con debate y prueba.
Luego, afirma que esta ley establece modificaciones procesales que avanzan sobre las facultades no delegadas a la Nación, no pudiendo ser subsanado con la mera adhesión de las provincias, puesto que dicha adhesión es sólo a los fines de “delegar la jurisdicción administrativa”. Esto, sostiene que implica un avasallamiento de la distribución federal de competencias.
Todo lo cual, concluye, perpetraría contra las garantías constitucionales de acceso a la justicia, y la existencia de un juez natural que asegure la especialización requerida en la resolución de un conflicto.
También remarca la desigualdad de acceso a la justicia con respecto a otros habitantes que para hacer otro tipo de reclamo, no estarían supeditados a la instancia administrativa.
Asimismo se explaya en torno a la competencia territorial y la Fecha de firma: 12/04/2018 Alta en sistema: 17/05/2018 modificación del apartado 2 del artículo 2 de la Ley 27348.
Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30446927#203452893#20180418103830299 Poder Judicial de la Nación Finalmente, solicita la tacha de inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 27348 en cuanto impide la acción judicial expedita, se revoque el fallo apelado y se declare la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo.
IV- Ahora bien, delimitado el marco de la contienda, señalo que en el escrito de inicio el accionante reclama una indemnización dineraria por aplicación de la reparación sistémica regulada en las Leyes 24557 y 26773, como consecuencia de un accidente in itinere producido el 7 de junio de 2017, que le habría provocado lesiones en el hombro, el brazo, y la pierna izquierda.
Entre otras inconstitucionalidades solicita la tacha sobre los artículos 8, 21, 22 y 46 de la ley 24557, así como los artículo 1 y concordantes de la Ley 27348, relativos al procedimiento administrativo ante las comisiones médicas, y DNU 54/2017.
V- Luego, antes de abordar la cuestión traída a decisión, corresponde aclarar que no fue ordenada la vista al F. General aun cuando, en apariencia, podría tratarse de una cuestión de competencia.
En efecto, cabe señalar, que hasta el momento, estamos únicamente ante un liminar control de constitucionalidad del procedimiento administrativo obligatorio diseñado en la ley 27.348, puesto que el juzgador de origen solo se pronunció al respecto, decretando su constitucionalidad.
Del mismo modo lo entendió el a quo, quien resolvió sin la previa intervención de la fiscalía.
Es central entender que los conflictos interpretativos sobre la Ley 27348, tienen diversos niveles superpuestos o bien implícitos, que el juez debe deslindar necesariamente. Con lo cual, la hipótesis bajo análisis puede variar sustancialmente, y llevar en algunas oportunidades a que sea necesario el pase previo al fiscal, y en otras no, como en la especie.
Por lo tanto, en la presente, sólo abarco el análisis de la constitucionalidad del requisito dispuesto en el artículo 1 de la ley, y normas concordantes.
VI- A tales fines es necesario destacar, que entre otras causas, existe un dictamen del F. General de la Cámara (nº 72.879 del 12 de julio de 2017), y un pronunciamiento de la Sala II en la Sentencia Interlocutoria Nº
74.095 del 3 de agosto del 2017, ambos en la causa “B., Florencia Victoria C/ Swiss Medical ART S.A. S/Accidente - Ley Especial”.
En el caso de la Sala II, en consonancia con el dictamen fiscal, y el fallo de la...

References: artículo 51
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
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