Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23100
Timestamp: 2019-10-15 16:35:53+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 192/2012
SENTENCIA 192/2012, de 29 de octubre
ECLI:ES:TC:2012:192
En el recurso de amparo núm. 5822-2011, promovido por don Pedro González-Trevijano Sánchez, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Cermeño Roco y asistido por el Abogado don Ramón Entrena Cuesta, contra la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaída el 3 de junio de 2011 en el rollo de apelación núm. 160-2011 y contra el Auto de 7 de octubre de 2011 que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquélla. Han sido parte la Universidad Rey Juan Carlos representada por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández y asistida por el Abogado don José María González Bustillo, y don David Ríos Insua representado por la Procuradora doña Myrian González Fernández y asistido por el Letrado señor Codina Vallverdú. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 27 de octubre de 2011, la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Cermeño Roco, actuando en nombre y representación de don Pedro González-Trevijano Sánchez, interpuso recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento.
a) Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos de 23 de octubre de 2009 se convocaron elecciones a Rector, a celebrar el 26 de noviembre de 2009, siendo tres los candidatos presentados, entre los cuales se hallaba el demandante de amparo.
b) El también candidato don David Ríos Insua —quien se ha personado como parte en el presente proceso— presentó el 13 de noviembre de 2009 un escrito oponiéndose a la proclamación de la candidatura del señor González-Trevijano, al considerar que el ahora demandante de amparo no podía presentarse a las elecciones, por impedirlo el art. 77.3 de los estatutos de la Universidad, con arreglo al cual: “El mandato del Rector tendrá una duración de cuatro años. Sólo podrá ser removido por el Claustro y en la forma establecida por estos Estatutos. Únicamente podrá presentar de nuevo su candidatura a las elecciones a Rector una sola vez consecutiva.”
c) La impugnación fue rechazada por resolución de la Junta Electoral Central de la Universidad recaída el 13 de noviembre 2009; y el 16 de noviembre de 2009 procedió a la proclamación definitiva de los tres candidatos presentados.
d) El señor Ríos Insua interpuso recurso contencioso-administrativo contra las mencionadas resoluciones de la Junta Electoral Central de la Universidad de 13 y 16 de noviembre de 2009 en cuanto habían acordado, respectivamente, la proclamación provisional y definitiva de don Pedro González-Trevijano Sánchez como candidato a las elecciones rectorales.
e) Habiendo correspondido el conocimiento del recurso al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid, por Sentencia de 10 de enero de 2011 procedió a su desestimación.
f) Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación, correspondiendo su resolución a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que, mediante Sentencia de 3 de junio de 2011 (rollo de apelación núm. 160-2011), procedió a su estimación, anulando la proclamación de la candidatura del demandante de amparo y ordenando retrotraer el proceso electoral al momento inmediato anterior al de la proclamación provisional de los candidatos.
g) Frente a la anterior Sentencia formuló el demandante de amparo un incidente de nulidad de actuaciones, aduciendo la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) —por incongruencia omisiva así como por motivación irracional y arbitraria— en relación con el derecho de acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE) y con el derecho a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE). La pretensión anulatoria fue desestimada mediante Auto de 7 de octubre de 2011, que reitera los razonamientos contenidos en la Sentencia de 3 de junio de 2011.
3. En la demanda presentada ante este Tribunal Constitucional el recurrente en amparo sostiene que las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE).
4. Por providencia de 19 de diciembre de 2011, la Sala Segunda del Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, así como, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, requerir a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 23 de Madrid para que remitieran testimonio, respectivamente, del rollo de apelación núm. 160-2011 y del procedimiento ordinario núm. 146-2009, acordándose al mismo tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en el proceso judicial, para que pudieran comparecer en el recurso de amparo.
5. En la misma providencia de 19 de diciembre de 2011 se accedió a la petición formulada en la demanda de acordar la suspensión provisionalísima de las resoluciones judiciales impugnadas, conforme al art. 56.6 LOTC. Y mediante otra providencia de la misma fecha la Sala acordó abrir pieza separada y conceder un plazo de diez días al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que efectuasen alegaciones respecto al mantenimiento de la medida cautelar de suspensión acordada.
6. La Universidad Rey Juan Carlos, mediante escrito presentado el 13 de enero de 2012 por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández y suscrito por el Letrado don José María González Bustillo, solicitó su personación en el presente proceso, que fue aceptada por diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2012.
7. El 20 de enero de 2012 solicitó su personación don David Ríos Insua, designando como Procuradora a doña Myriam González Fernández y como Letrado a don José Ramón Codina Vallverdú, que fue aceptada por diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2012.
8. En la mencionada diligencia de ordenación de 1 de febrero de 2012 se acordó dar vista de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que dentro del plazo común de veinte días pudiera presentar alegaciones de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
9. El 5 de marzo de 2012 presentó su escrito de alegaciones la representación procesal de la Universidad Rey Juan Carlos, en el que solicita el otorgamiento del amparo impetrado por el demandante. A tal fin expone que la Sentencia impugnada ha vulnerado el derecho del demandante a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad (art. 23.2 CE), pues además del “cargo público representativo”, el precepto constitucional extiende también a las funciones públicas el derecho de acceso en condiciones de igualdad. Tras citar diversas resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía referidas a cargos públicos universitarios, reitera que el art. 23.2 CE comprende la protección del cargo de rector de una universidad pública española.
10. El mismo día 5 de marzo de 2012 se registró el escrito alegatorio de don David Ríos Insua, quien expone que el recurso de amparo debe ser inadmitido a trámite por no cumplir el requisito procesal de su “especial trascendencia constitucional” que, tras la reforma de la Ley Orgánica de este Tribunal llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, debe concurrir para que un recurso de amparo sea admitido a trámite, conforme al art. 50.1 b) LOTC. Añade que no concurre ninguno de los supuestos señalados a tal fin en la STC 155/2009, de 25 de junio; en particular, rechaza que sobre la cuestión planteada en el recurso no se haya pronunciado el Tribunal, toda vez que no puede considerarse como novedad el que no existan pronunciamientos concretos en el caso de un “Rector” puesto que se trata de un cargo o función pública en una Administración al que se accede de acuerdo con lo previsto en los estatutos de cada universidad, por remisión expresa de la Ley Orgánica de universidades. Tan es así que ya en la Sentencia de 20 de marzo de 1990, relativa a un director de centro docente, no se discutió siquiera la aplicabilidad del art. 23.2 CE sino únicamente el hecho de que la instrucción por la que se establecían determinados requisitos para poder ser elegido no resultaba discriminatoria ni vulneraba la necesaria reserva legal; además, la doctrina contenida en esa Sentencia es perfectamente trasladable al presente caso, al tratarse de puestos directivos en una Administración educativa en los que, para su designación o elección, tiene participación la comunidad educativa o universitaria.
11. El 6 de marzo de 2012 presentó su escrito el demandante, ratificándose en las alegaciones de hecho y de derecho expuestas en la demanda de amparo, que sintetiza del siguiente modo:
a) La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha privado de su derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad y de acuerdo con los requisitos que establece la ley (art. 23.2 CE) al cargo de Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
b) El señalado derecho fundamental ampara que el acceso al cargo de rector de una universidad pública no pueda ser denegado sino por incumplimiento de los requisitos legales a los que se encuentra condicionado, tratándose, por lo demás, de un cargo que, aun no siendo representativo en sentido estricto, es un cargo público electivo de especial relevancia que, además, comporta el ejercicio de efectivas y muy destacadas funciones públicas.
c) De este modo, gozando de esa protección constitucional, debe estarse a la reiterada doctrina que impone que la interpretación y aplicación de los requisitos legales que condicionan el ejercicio de un derecho fundamental debe estar guiada por la selección de aquéllas que, siendo jurídicamente posibles, resulten las más favorables a ese ejercicio.
d) Resulta palmario que el órgano judicial ha optado por seguir, entre las posibles, la interpretación y aplicación normativa más restrictiva y desfavorable, soslayando de esa manera aquella otra que, siendo igualmente factible —más ajustada a los criterios hermenéuticos que han de observarse—, habría permitido el pleno y efectivo ejercicio del derecho fundamental.
12. El Ministerio Fiscal formuló alegaciones mediante escrito presentado el 12 de marzo de 2012 en el que tras considerar que la cuestión debatida es de mera legalidad ordinaria, por no comprender el derecho reconocido en el art. 23.2 CE al cargo de rector, sostiene que la Sentencia impugnada realiza una interpretación de dicha legalidad ordinaria que no está incursa en arbitrariedad, irrazonabilidad o error fáctico patente, por lo que tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) resulta lesionado; del mismo modo que tampoco resulta afectado el derecho de autonomía universitaria ex art. 27.10 CE (al margen de que con relación al mismo serían de apreciar, a su juicio, carencia de legitimación del demandante, falta de agotamiento de la vía judicial y de haberse alegado su vulneración en la vía judicial) ya que el órgano judicial se ha limitado a controlar la legalidad de la decisión de la Junta electoral central de la Universidad, sin que el ejercicio de dicha función jurisdiccional afecte al normal desarrollo de la Universidad, ni a sus competencias, ni incida en la libertad académica.
13. Por providencia de 25 de octubre de 2012 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 29 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaída el 3 de junio de 2011 en el rollo de apelación núm. 160-2011 y contra el Auto de 7 de octubre de 2011 que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquélla.
2. Una vez delimitado el objeto de nuestro enjuiciamiento, debemos abordar con carácter previo el óbice aducido por la representación procesal de don David Ríos Insua, examinando si, como considera, la demanda de amparo se encuentra incursa en causa de inadmisión, derivada del incumplimiento de la exigencia impuesta por el art. 50.1 b) LOTC de que el recurso ofrezca especial trascendencia constitucional, en los términos definidos en nuestra STC 155/2009, de 25 de junio.
3. Una vez descartado el óbice planteado, nuestro enjuiciamiento exige abordar separadamente dos cuestiones. La primera, si el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE se proyecta sobre el cargo de rector de una universidad pública, esto es, si queda comprendido en la noción de “funciones y cargos públicos” que acoge el precepto constitucional. Y segunda, —aunque sólo para el caso de responderse afirmativamente a la anterior— si la interpretación que hizo el órgano judicial de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos ha podido vulnerar el art. 23.2 CE, por dispensar al demandante de amparo un eventual trato discriminatorio o atentatorio a las exigencias del principio de igualdad, en relación con aquellas otras personas que, tras el pronunciamiento judicial, sí pueden concurrir como candidatos a la elecciones rectorales.
4. Según se ha anticipado, hemos distinguido en el art. 23.2 CE un derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad y con arreglo a las leyes, como derecho distinto al de acceder a los cargos públicos electivos de representación política, al que acabamos de referirnos.
a) En primer lugar, son funciones desarrolladas en el ámbito de la Administración, entendida esta expresión en un sentido lato, comprensivo de cualquier organización medial o servicial, y no constreñida sólo a sus manifestaciones personificadas (ATC 298/1996, de 16 de octubre, FJ 3); sin que queden excluidos, entre otros ámbitos, el de los órganos constitucionales o de creación estatutaria y el poder judicial (así, las SSTC 198/1989, de 27 de noviembre; y 110/1991, de 20 de mayo, en relación con el acceso a la carrera judicial).
b) En segundo lugar, son funciones desempeñadas por funcionarios públicos en el sentido del art. 103.3 CE, esto es, por aquellas personas vinculadas con la Administración mediante una relación de servicios de carácter estatutario, es decir, preordenada legal y reglamentariamente, y no integrada contractualmente (SSTC 86/2004, de 10 de mayo, FJ 4; y 132/2005, de 23 de mayo, FJ 2; y ATC 298/1996, de 16 de octubre, FJ 3).
5. Llegados a este punto estamos ya en condiciones de responder afirmativamente acerca de si el cargo de rector de una universidad pública implica el desempeño de una función pública incardinada en el ámbito de protección del art. 23.2 CE.
6. Una vez determinado que el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE se proyecta —en los términos que hemos fijado— sobre el cargo de Rector de una universidad pública, debemos examinar si la interpretación que hizo el órgano judicial de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos ha podido vulnerar el mencionado precepto constitucional, por dispensar al demandante de amparo un eventual trato discriminatorio, o atentatorio a las exigencias del principio de igualdad, en relación con aquellas otras personas que, tras el pronunciamiento judicial, sí pueden concurrir como candidatos a la elecciones rectorales.
“El mandato del Rector tendrá una duración de cuatro años. Sólo podrá ser removido por el Claustro y en la forma establecida por estos estatutos. Únicamente podrá presentar de nuevo su candidatura a las elecciones a Rector una sola vez consecutiva.”
No se discute, por obvio, que la disposición transcrita limita a dos el número de mandatos consecutivos que pueden desempeñarse en el ejercicio del cargo de Rector a partir de la entrada en vigor de los Estatutos. Lo que se cuestiona es si el mandato que ya venía ejerciendo el demandante de amparo en el momento en que se aprobaron los referidos estatutos ha de computarse a tales efectos. Este es el prius al que ha de darse respuesta, pues el problema de los eventuales efectos retroactivos de la norma y su compatibilidad con el art. 9.3 CE —cuya vulneración, por lo demás, no sería susceptible de repararse mediante el recurso de amparo— sólo es abordable si previamente se alcanza la conclusión de que el precepto obliga a computar el mandato que el demandante de amparo venía ejerciendo en el momento en que se aprobaron los estatutos de la universidad.
1º Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE).
2º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recaída el 3 de junio de 2011 en el rollo de apelación núm. 160-2011 y el Auto de 7 de octubre de 2011 que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquélla.
1. Voto particular que formula la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 5822-2011.
Don Ramón Rodríguez Arribas, don Francisco José Hernando Santiago, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y doña Encarnación Roca Trías.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5822-2011
Promovido por don Pedro González-Trevijano Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló la proclamación de su candidatura al cargo de Rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Se enjuicia la anulación de la proclamación de la candidatura a Rector del recurrente en amparo en las segundas elecciones convocadas tras la aprobación de los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que limitan a una sola vez consecutiva la posibilidad de presentar candidatura por quien ya hubiera ocupado el cargo. El demandante fue nombrado Rector-Presidente en las elecciones al claustro constituyente convocadas por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, ocupando este cargo hasta la entrada en vigor de los primeros Estatutos universitarios y resultando elegido Rector en las elecciones celebradas conforme a los mismos, cuya aprobación supuso la puesta en funcionamiento de la Universidad en ejercicio del derecho a la autonomía universitaria.
Se otorga el amparo. El Tribunal Constitucional afirma que el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución se proyecta sobre el cargo de Rector de las universidades públicas, pues este precepto no sólo integra el derecho de participación política de los ciudadanos en el sistema democrático en condición de representantes, sino también el derecho a acceder a cargos o puestos funcionariales, estando las funciones públicas reconocidas jurisprudencialmente como funciones que, desarrolladas en el ámbito de la Administración en sentido lato, son desempeñadas por personas vinculadas con la misma mediante una relación de servicios estatutarios en el sentido del artículo 103 de la Constitución. De la normativa que regula el cargo de Rector se infiere que las universidades públicas se integran en el marco de la Administración y que dicho cargo se reserva a funcionarios públicos de carrera sin quedar desvirtuada tal naturaleza por la particularidad de ser proveído a través de un proceso electoral. La Ley Orgánica de Universidades, que satisface la función configuradora de la autonomía universitaria atribuida al legislador por el artículo 27.1 de la Constitución, integra en el marco de dicha autonomía la potestad de auto-organización, en cuyo ámbito presenta un especial alcance la designación del Rector.
Determinado que las funciones del cargo de Rector se integran en el marco de las funciones públicas, el Tribunal Constitucional concluye que el órgano judicial ha excluido del acceso al demandante mediante una aplicación extensiva de la causa de ineligibilidad, soslayando de este modo el principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental. Por no inferirse de los Estatutos de la Universidad si el mandato en curso es o no computable a efectos de presentar la candidatura, con la anulación de la proclamación de la candidatura del recurrente el órgano judicial ha conculcado las reglas jurisprudenciales que han completado el referido principio en relación con el artículo 23.2 de la Constitución. La Sentencia cuenta con un Voto Particular.
El órgano judicial, pese a la ausencia de norma expresa impeditiva, ha excluido al demandante de amparo de la posibilidad de acceder al cargo de Rector de la Universidad mediante una aplicación extensiva de la causa de inelegibilidad prevista en sus Estatutos, dispensándole así un trato contrario a las exigencias del principio de igualdad en relación con aquellas otras personas que sí podían concurrir como candidatos a la elecciones rectorales (SSTC 32/1985, 160/1990) [FJ 6].
Las causas de inelegibilidad de los cargos y funciones públicas deben ser objeto de interpretación restrictiva, pues la configuración de las condiciones de acceso por vía negativa requiere una mayor y más severa justificación objetiva y racional para superar el juicio que el art. 23.2 CE impone, debiendo por ello rechazarse que una norma delimitadora negativamente de un derecho de elegibilidad se interprete extensivamente (SSTC 45/1983, 48/1998) [FJ 6].
Doctrina sobre el principio de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales (SSTC 76/1987, 30/2008) [FJ 6].
El derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE se proyecta sobre el cargo de Rector de universidad pública ya que el diseño perfilado por el legislador orgánico para la provisión de dicho cargo combina apropiadamente los principios de mérito y capacidad, que inciden sobre los extremos reglados del acceso al cargo de rector –art. 23.2 CE en relación con el art. 103.3 CE–, con la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada ex art. 27.10 CE [FJ 5].
Forma parte del contenido esencial de la autonomía universitaria no sólo la potestad de autonormación sino también la de auto-organización, en cuyo ámbito presenta un especial alcance la designación del Rector en cuanto ejerce la dirección, el gobierno y la gestión de la universidad, desarrolla las líneas de actuación aprobadas por los órganos colegiados correspondientes y ejecuta sus acuerdos (STC 75/1997) [FJ 5].
El cargo de Rector de una universidad pública implica el desempeño de una función pública incardinada en el ámbito de protección del art. 23.2 CE, dado que las universidades públicas se integran en el marco de las Administraciones públicas y que se trata de una función reservada a funcionarios públicos pertenecientes al Cuerpo de Catedráticos de universidad [FJ 5].
En el supuesto de provisión de puestos de trabajo entre personas que ya han accedido a la función pública y acreditado los requisitos de mérito y capacidad cabe tener en cuenta otros criterios, posibilidad que cobra especial significación en la figura del Rector universitario en cuanto máxima autoridad académica de la universidad cuya representación ostenta (SSTC 365/1993, 30/2008) [FFJJ 4, 5].
Doctrina sobre la delimitación de la noción constitucional de “funciones públicas” desarrolladas en el ámbito de la Administración por funcionarios públicos y englobadas en la protección que dispensa el art. 23.2 CE (SSTC 86/2004, 132/2005; ATC 298/1996) [FJ 4].
El cargo de Rector no reúne las notas exigidas en la noción de “cargo público” empleada en el art. 23.2 CE, aunque sea, ciertamente, un cargo público de una universidad pública y representativo de la correspondiente comunidad universitaria al que se accede tras un proceso electoral, dado que ni la universidad es un ente territorial ni la representación a la que atiende el cargo de rector es de naturaleza política [FJ 3].
Doctrina sobre la restricción de la noción constitucional de “cargo público”, empleada en el art. 23.2 CE, a los cargos electivos de representación genuinamente política del Estado o de los entes territoriales en que este se organiza (STC 23/1984) [FJ 3].
La diversidad de pronunciamientos previos por parte de este Tribunal en relación con cargos públicos académicos dota de especial trascendencia constitucional al presente recurso de amparo al dar ocasión para aclarar el sentido y alcance de su doctrina, más allá también de la ausencia de precedente en nuestra jurisprudencia sobre el cargo de Rector o de la incidencia que en la universidad afectada habría de tener que quien fue elegido Rector por la comunidad universitaria debiese cesar en el cargo (STC 155/2009) [FJ 2].
Artículo 23.1, f. 3, VP
Artículo 23.2, passim, VP
Artículo 27.10, ff. 1, 5
Artículo 103, ff. 3, 5
Artículo 103.3, ff. 4, 5, VP
Artículo 1.2 d), f. 5
Artículo 2.2 b), f. 5
Artículo 20.1, f. 5, VP
Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid 22/2003, de 27 de febrero. Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos
Artículo 77.3, f. 6
Artículo 77.3 in fine, ff. 1, 6
Derecho a acceder a las funciones públicasDerecho a acceder a las funciones públicas, Doctrina constitucional, f. 4, VP
Derecho a acceder a los cargos públicosDerecho a acceder a los cargos públicos, Doctrina constitucional, f. 3, VP
EleccionesElecciones, ff. 1, 3, 5, 6
Interpretación extensiva de causas de inelegibilidadInterpretación extensiva de causas de inelegibilidad, f. 6
Principios de mérito y capacidadPrincipios de mérito y capacidad, ff. 4, 5, VP
Retroacción de actuaciones electoralesRetroacción de actuaciones electorales, f. 1
Acceso a la función públicaAcceso a la función pública, ff. 4, 5, VP
Causas de inelegibilidad en la función públicaCausas de inelegibilidad en la función pública, f. 6
Elecciones a RectorElecciones a Rector, ff. 1, 3, 5, 6
Estatutos universitariosEstatutos universitarios, ff. 1, 3, 5, 6, VP
Interpretación de las normas más favorable a los derechos fundamentalesInterpretación de las normas más favorable a los derechos fundamentales, f. 6
Rectores universitariosRectores universitarios, ff. 1, 3, 5, 6, VP
UniversidadesUniversidades, ff. 1, 3, 5, 6

References: resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 103
 artículo 27
 artículo 23

Artículo 23

Artículo 23

Artículo 27

Artículo 103

Artículo 103

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 20

Artículo 77

Artículo 77
in fine