Source: https://www.universal-rights.org/lac/mecanismos-internacionales/report-on-the-39th-session-of-the-human-rights-council-2/
Timestamp: 2020-07-05 14:10:48+00:00

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Reporte de la sesión 39 del Consejo de Derechos Humanos | Universal Rights Group
by the URG team octubre 1, 2018 Blog, Instituciones, procesos y mecanismos de derechos humanos internacionales, Reportes del Consejo de Derechos Humanos
El 39º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ( HRC39 ) se celebró del lunes 10 de septiembre al viernes 28 de septiembre de 2018.
El 10 de septiembre, la Sra. Michelle Bachelet, presentó su primera actualización oral sobre la situación global de los derechos humanos como nueva Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Un número de dignatarios pronunciaron declaraciones durante la sesión, incluyendo, entre otros, el Excmo. Sr. Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela; SE Sra. Maria Luisa Navarro, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá; SE Sr. Zohrab Mnatsakanyan, Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia; SE Lord Ahmad de Wimbledon, Ministro de Estado para la Commonwealth y las Naciones Unidas del Reino Unido; y SE Sr. Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría.
Tres paneles de discusión se llevaron a cabo durante la sesión.
El 19 de septiembre, el Consejo celebró por primera vez una Diálogo Interactivo con el Subsecretario General de Derechos Humanos, Sr. Andrew Gilmour, sobre el informe del Secretario General sobre represalias.
Más de 74 informes en los diversos puntos del orden del día del Consejo se tuvieron en cuenta.
Más de 220 eventos paralelos fueron organizados por los Estados y / o las ONG.
Los informes de resultados del Grupo de trabajo del EPU de los siguientes 14 Estados fueron adoptados: Turkmenistán, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia, Uzbekistán, Tuvalu, Alemania, Djibouti, Canadá, Bangladesh, Federación de Rusia, Azerbaiyán, Camerún y Cuba.
Tres nuevos representantes de mandato de procedimientos especiales fueron designados: Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea y un miembro de los Estados de Europa occidental y otros Estados del Grupo de trabajo de expertos en las personas de ascendencia africana.
El grupo central de la resolución sobre “Situación de los derechos humanos en Myanmar” y el grupo central de la resolución “Situación de los derechos humanos de los musulmanes Rohingya y otras minorías en Myanmar” pudieron fusionar sus resoluciones en un solo texto sobre ” Situación de derechos humanos de los musulmanes Rohingya y otras minorías en Myanmar ‘, que fue aprobado por votación. La resolución establece un nuevo mecanismo independiente en para recopilar, consolidar, preservar y analizar las pruebas de los crímenes internacionales más graves y las violaciones del derecho internacional cometidas en Myanmar desde 2011 y preparar archivos para facilitar y acelerar procedimientos penales justos e independientes.
24 textos fueron considerados por el Consejo: 23 resoluciones y una Declaración del Presidente. De estos, 14 fueron adoptados por consenso (58.3%) y 10 por voto registrado (41.7%). Este número representa una reducción considerable (29,4%) en el número de textos adoptados en comparación con la sesión anterior de septiembre ( HRC36), la cual vio la adopción de 34 textos.
Ocho enmiendas escritas y / o verbales fueron presentadas por los Estados durante el examen de textos y resoluciones. Todas fueron rechazadas por votación.
Diez de los textos adoptados por el Consejo (41.7%) tuvieron Implicaciones del Presupuesto por Programas (PBI) y nueve requirieron nuevos créditos no incluidos en los Presupuestos por Programas anteriores. El costo total de las nuevas actividades obligatorias asciende a un total de $22,907,500 al momento de la escritura.
Reunión informativa de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
SE Sra. Michelle Bachelet abrió HRC39 con su primer discurso público oficial como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los Estados y la sociedad civil lo ven como una oportunidad para evaluar la posición y trazar el curso probable de la nueva Alta Comisionada en el ejercicio de su mandato. Para leer el análisis de URG de su discurso inaugural, haga clic en aquí .
La Alta Comisionada Bachelet pronunció un primer discurso fuerte y cuidadosamente equilibrado.
La primera parte del discurso estableció los parámetros generales de su enfoque estratégico para su mandato. En particular, trató de disipar simultáneamente las preocupaciones, por un lado, de la sociedad civil y algunos Estados occidentales, que temen que pueda optar por evitar, o al menos reducir, la frecuencia y el volumen de la condena pública de graves violaciones de los derechos humanos; y, por otro lado, de otros Estados (especialmente los países en desarrollo), que desean que la nueva Alta Comisionada forje una relación más cooperativa con los Estados, haciendo hincapié en el diálogo, el consenso y la diplomacia discreta.
La Alta Comisionada entendió que esta era una opción prácticamente ficticia y, por lo tanto, optó por comprometerse a perseguir ambos objetivos, de conformidad con la plenitud de su mandato, tal como lo proporcionó la Asamblea General en su resolución 48/141, de 20 de diciembre de 1993.
Con respecto al papel de la Alta Comisionada para denunciar las violaciones de los derechos humanos y dar voz a los que no tienen voz, la Sra. Bachelet tenía claro que esto seguiría siendo una parte central de su mandato y su trabajo, y de hecho, teniendo en cuenta su historial personal, no podría ser de otra manera.
“Me esforzaré por ser la voz [de todas las personas] y su defensora fuerte, con total objetividad, sin temor ni favoritismos”. “Traigo conmigo”, concluyó, “mi apego fundamental al coraje, la dignidad y el altruismo de todos los defensores y activistas por los derechos humanos”.
Después de reafirmar su compromiso de abordar situaciones de violaciones “sin temor ni favoritismos” y donde sea que ocurran, la Sra. Bachelet reveló que, sin embargo, sería diferente del Alto Comisionado Zeid, que trazaría un nuevo rumbo. En particular, explicó su convicción de trabajar con los Estados, que conservan la responsabilidad primordial de la promoción y protección de los derechos humanos, en una relación caracterizada, cuando sea posible, por la cooperación, el diálogo y el consenso.
Si bien la Alta Comisionada fue víctima de violaciones e hija de víctimas; también “dirigió un organismo de la ONU, y […] tuvo el honor de dirigir a mi país, dos veces, como su presidente”. Ella, por lo tanto, posee las habilidades políticas necesarias, el juicio, y un compromiso inquebrantable con “la reducción de las diferencias entre las comunidades.”
A pesar de “las diferencias políticas que pueden dividir a algunos de los países en esta sala”, expresó su convicción de que “este Consejo debe luchar por el consenso”. “Creo que debería haber un mayor compromiso por parte de todos los Estados miembros, no disputas estériles; no retiros; pero el trabajo colectivo, coordinado y cooperativo para sostener los principios centrales y los objetivos comunes […] Las soluciones más efectivas se basan en principio y en apertura, en acuerdos colectivos y acciones coordinadas”.
“Espero reforzar nuestra comprensión común. Podemos superar las fronteras nacionales. Podemos promover más multilateralismo, más cooperación, más diálogo, más consenso y una acción más coordinada”.
A raíz de su compromiso expreso con el multilateralismo, incluida la creación (cuando sea posible) de una relación estrecha y de cooperación con los Estados, y su opinión de que la Oficina del Alto Comisionado no puede garantizar el progreso de los derechos humanos por sí misma, sino solo trabajando con otras partes del pilar de derechos humanos de la ONU; la Alta Comisionada Bachelet expresó su admiración y apoyo por “el trabajo realizado por este Consejo, sus mecanismos y expertos”. El EPU, señaló, “garantiza un escrutinio innovador del historial de derechos humanos de todos los Estados del mundo”. Las investigaciones dirigidas por las misiones de expertos en determinación de hechos del Consejo y los Procedimientos Especiales han descubierto hechos esenciales que deben abordarse”. “Su agenda en expansión y el aumento de la carga de trabajo no son solo un testimonio de las fallas del mundo para defender los derechos humanos; también son una marca de tu importancia”.
Además de expresar su apoyo al papel y al trabajo del Consejo, también subrayó su firme convicción en la importancia de fortalecer la posición del pilar de los derechos humanos en una ONU reformada. “Los derechos humanos expresan el propósito principal de la ONU: solo podemos lograr la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible para todas las sociedades cuando avanzamos en la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos […] Las nuevas reformas en curso en la ONU presentan una oportunidad para defender, lo más poderosamente que podamos, que el enfoque de derechos humanos sea el centro del trabajo de nuestros socios de la ONU”.
En particular, para fortalecer la eficacia del Consejo y la interconexión de los tres pilares de la ONU, la nueva Alta Comisionada instó a avanzar en tres áreas interconectadas: el cumplimiento nacional de las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos; la contribución de los derechos humanos a la Agenda 2030 y los ODS; y la agenda de prevención de la ONU.
Encuentre la declaración completa aquí.
Dignatarios de alto nivel
En su declaración ante el Consejo, el Excmo. Sr. Jorge Arreaza, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela (República Bolivariana de), rechazó los informes del anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein era parcial en contra de su país y expresó su esperanza de que la nueva Alta Comisionada no cometiera el mismo error, sino que se mantuviera independiente. Hizo un llamamiento al Consejo para que rechace las medidas coercitivas unilaterales contra cualquier país. Finalmente, el Sr. Arreaza aseguró al Consejo que podría contar con la plena cooperación de Venezuela y el Presidente Maduro (enlace a la declaración).
SE la Sra. Maria Luisa Navarro, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, expresó que su país se enorgullece de haber promovido importantes principios de derechos humanos durante su membresía en el Consejo, incluso aunque esos principios no contaran con el apoyo de todos los miembros. También destacó el apoyo de Panamá a los Procedimientos Especiales, como la mejor manera de abordar eficazmente las denuncias y las violaciones de los derechos humanos. Para terminar, la Sra. Navarro instó al rechazo de las políticas de exclusión, que ponían en peligro a muchas regiones, y en su lugar promovía el respeto por las personas de diferentes identidades étnicas, culturales y religiosas (enlace a la declaración)
SE Sr. Zohrab Mnatsakanyan, Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, comenzó su discurso recordando al Consejo la reciente transición democrática en Armenia, que siguió a grandes protestas en abril y demostró la fuerza de la sociedad civil en el país. El Gobierno recientemente elegido había lanzado planes de reforma de las importaciones, con un énfasis específico en la promoción de los derechos humanos y el estado de derecho ( enlace a la declaración).
En su discurso ante el Consejo, SE Lord Ahmad de Wimbledon, Ministro de Estado para la Commonwealth y las Naciones Unidas del Reino Unido, elogió al anterior Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, por su compromiso de promover la causa de los derechos humanos. Lamentó la decisión de Estados Unidos de retirarse del Consejo, lo que debería hacer que la gente reflexione sobre los diversos desafíos que enfrenta el Consejo, como su membresía. Lord Ahmad reconoció que aunque el panorama de los derechos humanos sigue siendo sombrío en muchas partes del mundo, esto no debe impedir que la comunidad internacional reconozca el inmenso valor del sistema de derechos humanos de la ONU y acoja el progreso de aquellos gobiernos comprometidos con el cambio y el progreso ( enlace a la declaración).
SE Sr. Péter Szijjártó, Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Hungría, lamentó que en los últimos tiempos los funcionarios de la ONU hayan publicado informes y declaraciones sesgados y desequilibrados sobre Hungría. Argumentó, de manera poco convincente, que los funcionarios de la ONU deben respetar a los Estados miembros, y aunque deben ser independientes de los Estados miembros, no deberían ser independientes de la verdad. Además, señaló que los funcionarios de la ONU están empeñados en imponer cosas imposibles a Hungría y al pueblo húngaro, como la migración ilegal. Esto debería detenerse de inmediato ( enlace a la declaración ).
Se celebraron un total de tres mesas redondas durante la 39ª sesión. Los paneles trataron los siguientes temas (haga clic en el enlace para resúmenes de las reuniones de la OACDH)
Panel de discusión de alto nivel para conmemorar el 70 aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
Participación e inclusión de los pueblos indígenas en el desarrollo y la implementación de estrategias y proyectos en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (panel anual de discusión de medio día sobre los derechos de los pueblos indígenas).
Integración de género e investigaciones de derechos humanos: fortalecimiento de un enfoque centrado en las víctimas (Discusión anual sobre la integración de una perspectiva de género en todo el trabajo del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos).
Fondo fiduciario para apoyar la participación de los PMA y los PEID
El Fondo fiduciario para la participación de los PMA y los pequeños Estados insulares en desarrollo en el trabajo del Consejo (establecido en 2012) financió la participación de cinco (tres mujeres y dos hombres) funcionarios del gobierno en HRC39, de Afganistán, Bhután, Níger, Gambia y Tuvalu. Uno de ellos, Tuvalu, no tiene una Misión Permanente en Ginebra. Fue la primera vez que estas cinco personas participaron en una sesión de Consejo.
Comisiones de investigación, misiones de investigación e investigaciones independientes
Misión de esclarecimiento de hechos en Myanmar
La Misión Internacional Independiente de Esclarecimiento de Hechos sobre Myanmar (FFM) presentó su Informe de 440 páginas al Consejo durante un diálogo interactivo el 18 de septiembre. Sr. Marzuki Darusman, el Presidente de la Misión de Investigación, recordó al Consejo que, tan pronto como se estableció la Misión, “el oeste de Myanmar literalmente se incendió”. Los ataques / operaciones lanzados en agosto de 2017 expulsaron a cientos de miles de personas de sus hogares, causaron la muerte de al menos 10.000 personas y se caracterizaron por el uso de la violencia sexual a tal escala y de manera sistemática que parecieron convertirse en una táctica de guerra. Subrayó que la extrema brutalidad del Tatmadaw (el ejército de Myanmar) estaba en el centro de cada incidente.
Señor Darusman aclaró que el uso generalizado de la retórica excluyente y discriminatoria subyace a muchas de las atrocidades registradas, y que el mismo sistema que había perseguido a los Rohingya desde el nacimiento hasta la muerte esperaba a los desplazados a su regreso. Por lo tanto, no debe haber repatriación sin garantías explícitas de derechos humanos. La Misión también llegó a la conclusión de que un gran número de las acciones del Tatmadaw que constituían crímenes de lesa humanidad también podían clasificarse como crímenes de guerra. Finalmente, la Misión de Investigación puso en marcha un marco de rendición de cuentas de cinco puntos, que incluía un mecanismo judicial internacional, un mecanismo independiente para realizar investigaciones penales y prepararse para los enjuiciamientos, una oficina con los recursos adecuados para apoyar el trabajo del Alto Comisionado y del Relator Especial, un fondo fiduciario para atender las necesidades de las víctimas y un mecanismo a corto plazo para asegurarse de que no haya vacíos.
Myanmar, hablando como el Estado interesado, repitió la postura del Gobierno de que no podía aceptar el mandato de la Misión ni sus conclusiones. Acusó a la Misión de tratar de alentar la desunión nacional a través de su informe, el cual no reflejaba adecuadamente los esfuerzos del Gobierno por llevar la paz al país. Myanmar también informó al Consejo de que el Gobierno había estableció una Comisión de Investigación Independiente nacional, encargada de investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y cuestiones relacionadas tras los ataques terroristas de agosto de 2017.
Durante un dialogo interactivo en la HRC39, la Comisión de Investigación (COI) sobre Burundi presentó su último informe al Consejo. El señor Doudou Diène, presidente de la COI sobre Burundi, declaró que la Comisión había recopilado 400 testimonios adicionales de víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos durante los últimos 12 meses. Señaló que las graves violaciones de los derechos humanos en Burundi habían persistido durante este período y añadió que algunas de esas violaciones constituían crímenes de lesa humanidad. El señor Doudou Diène solicitó que el mandato de la Comisión se prorrogue un año más a la luz de las próximas elecciones en 2020 y dada la falta de otro mecanismo independiente en Burundi para investigar las violaciones de los derechos humanos.
La Sra. Françoise Hampson, miembro de la Comisión, hizo hincapié en que los agentes del Estado, en particular los miembros del Servicio Nacional de Inteligencia y la policía, estaban cometiendo graves violaciones de los derechos humanos. A menudo fueron ordenados por las autoridades administrativas e incluyeron violaciones tales como arrestos arbitrarios, detención, tortura y malos tratos. Otro motivo de grave preocupación, fue el creciente papel de Imbonerakure en el control de la población, ya que muchos testimonios los identificaron como los principales perpetradores de violaciones. Finalmente, la Sra. Hampson expresó las dudas de la Comisión sobre la independencia de la judicatura y su capacidad para enjuiciar a los autores de violaciones de derechos humanos y crímenes. Por lo tanto, hizo un llamamiento a la Corte Penal Internacional para llenar el vacío.
Burundi, hablando como el Estado interesado, rechazó el informe de la Comisión, afirmando que era parte de una mentira motivada políticamente, y abogaba por la oposición radical en el Estado. El informe separó, causó odio y divisiones. El país también se pregunta cómo los diferentes órganos de las Naciones Unidas podrían tener opiniones tan diferentes sobre el mismo país. Contrariamente al informe de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos, el informe del Consejo de Seguridad fue muy positivo.
Durante un diálogo interactivo en HRC39, la Comisión Internacional Independiente de Investigación (COI) en la República Árabe Siria presentó su último informe al Consejo. A la luz de los 20 años de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, el Sr. Paulo Sergio Pinheiro, Presidente de la Comisión, expresó su pesar y preocupación por el hecho de que los Principios Rectores se ignoraran por completo en Siria, donde más de seis millones de sirios eran desplazados internos, incluido un millón de desplazados en la primera mitad de 2018. Los civiles desplazados quedaron expuestos a un mayor riesgo de violencia y una serie de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidos entre otros, la falta de un nivel de vida adecuado, y violencia y abuso sexual. El Sr. Pinheiro hizo hincapié en la importancia de mantener los derechos humanos y la responsabilidad en el centro del debate internacional sobre Siria.
Siria, hablando como el país afectado, señaló que el último informe de la Comisión se caracterizaba por un doble rasero y acusaciones contradictorias que no tenían nada que ver con la realidad. Siria condenó además el tratamiento sesgado de los crímenes de guerra cometidos por diferentes partes en el conflicto. Siria también afirmó que la Comisión carecía de objetividad ya que adoptó opiniones de los Estados que patrocinaban el terrorismo y alentó a los terroristas a continuar con sus crímenes y así alargar la guerra en Siria.
Comisión de derechos humanos en Sudán del Sur
La Comisión de Derechos Humanos en Sudán del Sur dio una actualización oral al Consejo el 17 de septiembre. La Sra. Yasmin Sooka, Presidenta de la Comisión, declaró que durante la última misión de la Comisión a Sudán del Sur, había escuchado testimonios de asesinatos sin sentido y numerosos relatos de violencia sexual brutal. Además, las detenciones arbitrarias y la tortura en manos de la seguridad nacional también han aumentado en el país. En su declaración también hizo referencia a un estudio realizado en 2017 por el Global Women’s Institute y el International Rescue Committee, que determinó que más del 65% de las mujeres y niñas de Sudán del Sur habían sufrido violencia sexual al menos una vez en la vida. Además, en 2017, la UNMISS había investigado más de 217 casos de mujeres sudanesas del sur que habían sido violadas en grupo por las fuerzas de seguridad del Gobierno. A pesar del compromiso declarado del Gobierno de abordar la violencia sexual, hasta el momento, nadie había sido responsabilizado por estos crímenes, ni el gobierno había pagado ninguna compensación a las mujeres.
La Sra. Yasmin Sooka también expresó la preocupación de la Comisión sobre la sostenibilidad de la paz actual y recordó al Consejo el llamamiento de la Comisión a la Unión Africana y al Gobierno de Sudán del Sur para acelerar el establecimiento de un Tribunal Híbrido. Desafortunadamente, seis meses después, éste todavía no se ha establecido; también recordó a los miembros de la ONU que la paz sostenible requiere justicia y responsabilidad.
Sudán del Sur, hablando como el Estado interesado, informó al Consejo sobre la mejora de la situación de seguridad en el país. Con la firma del Acuerdo de Paz Revitalizado el 27 de junio de 2018, el Gobierno de Unidad Nacional confió en que la mejora continuaría. Señaló además que el Gobierno había formado un comité ministerial para discutir el establecimiento de un tribunal híbrido. El trabajo de este comité, sin embargo, se había retrasado debido a las negociaciones que condujeron al Acuerdo de Paz Revitalizado, pero reanudaría las discusiones ahora que se había firmado el Acuerdo. En conclusión, Sudán del Sur solicitó asistencia técnica y desarrollo de capacidades de la comunidad internacional para mantener y mejorar la situación de seguridad y aplicar el nuevo Acuerdo.
Durante el debate general bajo el punto 6 celebrado el 21 de septiembre de 2018, Túnez formuló una declaración en nombre del Grupo Árabe en la que pedían que se reforzara el EPU y se ampliara su alcance para hacerlo más eficaz. El Grupo también reiteró la necesidad de contar con una legislación nacional alineada con los compromisos internacionales.
Las Bahamas reiteraron que el EPU era un proceso que creaba un entorno propicio para la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, y señalaron que la cooperación técnica y la creación de capacidad eran importantes para ayudar a los Estados a superar los desafíos de la aplicación.
Austria, hablando en nombre de la Unión Europea (UE), señaló que para que el mecanismo de examen periódico universal tenga un impacto real sobre el terreno, debe proporcionarse asistencia técnica al país analizado. También afirmó que era importante tener “condiciones orientadas a la acción, específicas y cuantificables”. Además, la UE utilizó su declaración del ítem 6 para condenar enérgicamente las represalias contra las personas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos.
Togo, hablando en nombre del Grupo Africano, señaló que es importante que las recomendaciones del EPU sigan siendo realistas. En efecto, dijo que el alto número de recomendaciones debería ser recalibrado, prestando especial atención a la implementación de recomendaciones de ciclos previos.
17 titulares de mandatos (13 temáticos, cuatro específicos de país) presentaron informes anuales en HRC39 (todos los cuales están disponibles aquí ). Durante 12 diálogos interactivos (siete “agrupados” y cinco individuales), 108 Estados entregaron declaraciones (ya sea individualmente o en conjunto), de las cuales 26% provenían del Grupo Africano, 26% de APG, 8% de EEG, 18% de GRULAC, 21% de WEOG y 1% de otros países (a saber, el Estado de Palestina y la Santa Sede).
Nombramiento de nuevos titulares de mandatos
Tres nuevos titulares de mandatos fueron nombrados durante la sesión para cubrir puestos en mandatos existentes. El último día de la sesión, se nombraron los siguientes titulares de mandatos:
Anaïs Marin (Francia) fue nombrada como Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia.
Daniela Kravetz (Chile) fue nombrada como Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea.
Se nombró a Dominque Day (Estados Unidos de América) como miembro de Europa Occidental y otros Estados para el Grupo de trabajo de expertos en personas afrodescendientes .
Para informar los nombramientos, el Grupo Consultivo, formado por representantes de Etiopía, Ecuador, Singapur, Israel y Azerbaiyán, escudriñó alrededor 25 solicitudes individuales para tres vacantes. El Grupo Consultivo envió sus recomendaciones al Presidente del Consejo el 9 de agosto de 2018 para dos vacantes. El 7 de septiembre de 2018 envió una adición a su informe al Presidente del Consejo sobre el mandato del miembro de Europa Occidental y otros Estados del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. Tras “amplias consultas en particular a través de los coordinadores regionales”, para garantizar el respaldo de [sus] candidatos propuestos, “el Presidente siguió las recomendaciones del Grupo Consultivo en dos de tres casos. Sus propuestas fueron enviadas al Consejo por carta el 21 de septiembre. Para el miembro de Europa Occidental y otros Estados del Grupo de Trabajo de Expertos en Afrodescendientes, el Presidente decidió presentar un candidato diferente al número uno del Grupo Consultivo.
A partir de hoy, hay 56 mandatos de Procedimientos Especiales (44 temáticos, 12 específicos del país), y 80 titulares de mandatos (56% hombres, 44% mujeres).
Debate general bajo los temas 5 y 10
El debate general bajo el tema 5 (órganos y mecanismos de derechos humanos) tuvo lugar el día 21 de septiembre de 2018, después de una presentación del informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre una Declaración sobre los derechos de los campesinos.
Con respecto al informe del Grupo de Trabajo, Togo, hablando en nombre del Grupo Africano, tomó nota con reconocimiento del proceso multilateral que había dado lugar al borrador actual de la Declaración, que era una “ocupación prioritaria del Grupo Africano” en lo que respecta a las personas al desarrollo continuo en el continente africano. Cuba, Ecuador, Bolivia, India y China también hablaron en apoyo del borrador.
Suiza señaló que el texto final lamentablemente se apartaba de lo que podía aceptar, pero subrayó que el proceso de negociación había sido satisfactorio. La mayoría de los otros Estados WEOG, que más tarde se abstuvieron durante la votación de la resolución, aparentemente debido a la preocupación por las implicaciones de la Declaración en virtud del derecho internacional, prefirieron permanecer en silencio sobre el tema.
Durante el debate general del ítem 5, Túnez, en nombre del grupo de los Estados árabes, pidió que “todos los derechos [sean colocados] en igualdad de condiciones […] especialmente el derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales.” El respeto mutuo y el diálogo constructivo fueron enfatizados como los pilares para alcanzar los derechos humanos. De manera similar, el Pakistán, en nombre de la OCI, hizo hincapié en el EPU como un foro particularmente eficaz y no conflictivo para el intercambio de ideas y mejores prácticas. El EPU ha llevado a muchos países a enmendar o crear legislación interna para cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Austria, hablando en nombre de la UE, citó a un número creciente de países que se negaron a cooperar con el ACNUDH y los mecanismos del Consejo como motivo de preocupación, junto con la ola de represalias contra los defensores de los derechos humanos, como se documenta en el informe del Secretario General sobre el tema.
Mongolia habló para comprometerse a revisar las leyes nacionales para que la INDH del país pueda llevar a cabo su mandato plenamente en línea con los Principios de París. Túnez, hablando en su capacidad nacional, llamó la atención sobre su invitación permanente, que había dado lugar a 18 visitas de titulares de mandatos desde 2011.
Durante el debate general en tema 10 (asistencia técnica y creación de capacidad), que se celebró el día 27 de septiembre de 2018, Togo, hablando en nombre del Grupo Africano, reconoció la contribución de la OACNUDH en el terreno y pidió una cooperación más estrecha con los países interesados ​​y el intercambio de mejores prácticas. Pakistán, en nombre de la OCI, elogió la cooperación técnica y la creación de capacidad como “la herramienta más eficaz, no politizada , imparcial y objetiva a disposición del Consejo para prevenir abusos contra los derechos humanos”.
Una declaración hecha por Dinamarca en nombre del grupo central de la resolución sobre “Derechos humanos y aplicación de la Agenda 2030”, hizo hincapié en la naturaleza interrelacionada y que mutuamente reforzante de los derechos humanos y la Agenda 2030. Además, subrayaron el hecho de que la cooperación técnica y la creación de capacidad podrían marcar una diferencia real en la integración de los derechos humanos en las políticas y marcos nacionales sobre la implementación de los ODS.
Australia, hablando en nombre de un grupo de Estados, utilizó su declaración bajo el tema 10 para destacar la difícil situación de las personas con discapacidad en la región del Pacífico (que representan hasta el 15% de la población). Se sostuvo que la asistencia técnica y la creación de capacidad tienen un papel importante que desempeñar en la creación de programas efectivos para combatir la discriminación y la exclusión.
Tuvalu hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que luchara contra el cambio climático, lo que representa una importante amenaza para el disfrute de los derechos humanos en los pequeños Estados insulares en desarrollo. También expresó su agradecimiento por el Fondo Fiduciario de Asistencia Técnica Voluntaria de las Naciones Unidas, que permite su participación en las sesiones del Consejo, una opinión compartida por otros PEID y PMA incluidos Afganistán, las Bahamas, Bhután, Gambia y Níger.
Resumendel ACNUDH del debate general del tema 10 ( enlace )
Resumendel ACNUDH del debate general del tema 5 ( Enlace )
UNTV elemento 10 (Parte 1) (Parte 2)
UNTV elemento 5 (Parte 1) (Parte 2)
Dos eventos informales celebrados durante la sesión ofrecieron una plataforma para la reflexión sobre las próximas elecciones al Consejo, programadas para el 12 de octubre en Nueva York.
El primer evento, celebrado en el segundo día de la sesión y patrocinado por Amnistía Internacional, ISHR, y las Misiones Permanentes de Albania, Canadá, Chile, Mongolia y Senegal brindó la oportunidad a alrededor de nueve de los Estados candidatos (de 18) presentar sus candidaturas, incluidas sus promesas y compromisos de membresía, y que la sociedad civil entable un diálogo con ellos.
El segundo evento, organizado por la Misión Permanente de Noruega y la URG el 24 de septiembre, marcó el lanzamiento de la Guía de yourHRC.org a las Elecciones del 2018 Consejo de Derechos Humanos. Encuentre más información sobre el tema en: yourHRC.org.
Ambos eventos tenían por objeto mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las elecciones al Consejo, así como promover una mayor observancia de las normas establecidas en la resolución 60/251 de la Asamblea General sobre la composición del Consejo.
El 39º período de sesiones del Consejo concluyó con la aprobación de 24 textos, 23 resoluciones y una declaración del Presidente. Esto es diez menos que el número de textos (34) adoptados en la 36ª sesión en septiembre de 2017 y, como tal, representa una disminución significativa del 29,4%.
Además, cuando se combinan con los 42 textos aprobados en la 37ª sesión y los 20 textos adoptados en la 38ª sesión, el número total de textos adoptados en 2018 es 86. Esto representa una disminución significativa del 24% del número total de textos aprobados en 2017 (113) y es el número más bajo de textos adoptado por el Consejo en un solo año de trabajo desde 2011 .
Alrededor del 42% de los textos en HRC39 fueron adoptados por votación registrada . Este es el porcentaje más alto de resoluciones votadas desde el establecimiento del Consejo.
14 (58,3%) de los textos adoptados por el Consejo eran de naturaleza temática, mientras que 10 (41,7%) se referían a situaciones específicas de cada país. De estos últimos textos, tres trataron las violaciones de los derechos humanos bajo el tema 2 del programa, dos bajo el tema 4, y cinco trataron de proteger los derechos humanos a través de la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades (bajo el tema 10).
17 de los textos adoptados por el Consejo (71%) tenían Implicaciones del Presupuesto del Programa (PBI), requiriendo asignaciones de $ 22,907,500 que anteriormente no estaban cubiertas por el presupuesto regular de las Naciones Unidas.
En términos de efectos operacionales, las resoluciones adoptadas en la HRC39 darán lugar a tres paneles, una reunión entre sesiones y 15 informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se renovaron siete mandatos existentes (cinco Procedimientos Especiales, una Comisión de Encuesta y un Grupo de eminentes expertos internacionales y regionales). Tal vez lo más notable es que una resolución (el texto conjunto UE-OCI) estableció un mecanismo de tipo IIIM, con un plazo indeterminado para la ejecución de su mandato.
Resoluciones enumeradas por orden de L números
Ítem ​​de agenda Título Grupo central PBI Nuevos requisitos de recursos Adopción
2 Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay, Perú ✓ $ 339’900 Voto
3 Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos Brasil, Costa Rica, Italia, Marruecos, Filipinas, Eslovenia, Tailandia ✓ $ 17’800 Consenso
10 Mejora de la cooperación técnica y la creación de capacidad en el ámbito de los derechos humanos Brasil, Honduras, Indonesia, Marruecos, Noruega, Qatar, Singapur, Tailandia, Turquía ✓ $ 59’200 Consenso
3 Promoción de un orden internacional democrático y equitativo Cuba ✗ – Voto
3 El uso de mercenarios como medio para violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la autodeterminación Cuba ✗ – Voto
3 La seguridad de los periodistas Austria, Brasil, Francia, Grecia, Marruecos, Qatar, Túnez ✗ – Consenso
3 Gobierno local y derechos humanos Chile, Egipto, República de Corea, Rumania ✓ $ 78’700 Consenso
10 Asistencia técnica y creación de capacidad en el ámbito de los derechos humanos en la República Centroafricana Togo (Grupo Africano) ✗ – Consenso
10 Asistencia técnica y creación de capacidad en el ámbito de los derechos humanos en la República Democrática del Congo Togo (Grupo Africano) ✓ $ 160’600 Consenso
3 Los derechos humanos al agua potable y al saneamiento Alemania, España ✗ – Voto
3 El derecho al desarrollo Venezuela (República Bolivariana de) (NAM) ✓ $ 24’600 Voto
3 Mortalidad y morbilidad materna prevenibles y derechos humanos en contextos humanitarios Burkina Faso, Colombia, Estonia, Nueva Zelanda ✓ $ 217’400 Consenso
3 Igual participación en asuntos políticos y públicos Botswana, República Checa, Países Bajos, Perú, ✓ $ 78’700 Consenso
4 Situación de los derechos humanos en Burundi Austria (Unión Europea) ✗ – Voto
10 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales Bolivia ( Estado Plurinacional de), Cuba, Ecuador, Sudáfrica ✗ – Voto
10 Asistencia a Somalia en el campo de los derechos humanos Somalia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ✗ – Consenso
3 Derechos humanos y pueblos indígenas Guatemala, México ✗ – Consenso
8 Instituciones nacionales de derechos humanos Australia ✓ $ 102,000 Consenso
4 La situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria Francia, Alemania, Italia, Jordania, Kuwait, Marruecos, los Países Bajos, Qatar, Turquía, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ✗ – Voto
2 Situación de los derechos humanos en Yemen Bélgica, Canadá, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos ✓ – Voto
2 Situación de los derechos humanos de los musulmanes Rohingya y otras minorías en Myanmar Austria (Unión Europea), Pakistán (Organización de Cooperación Islámica) ✗ – Voto
10 Asistencia técnica y creación de capacidad para el Yemen en el ámbito de los derechos humanos Túnez (Grupo de Estados Árabes) ✗ – Consenso
10 Asistencia técnica y creación de capacidad para mejorar los derechos humanos en el Sudán Togo (Grupo Africano) ✓ $ 226’300 Consenso
La 39ª sesión del Consejo, el último período ordinario de sesiones de 2018, se caracterizó por dos cosas principales: el discurso inaugural de la nueva Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet; y la reacción positiva del cuerpo a la partida de los Estados Unidos como miembro.
Sobre el primer punto, como recuerda este informe de la sesión, el discurso de la Sra. Bachelet señaló una nueva partida para la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y su Oficina. Al comprometerse a continuar la importante labor del Alto Comisionado Zeid de denunciar públicamente violaciones graves de los derechos humanos por parte de los Estados y apoyar a los defensores de los derechos humanos, la nueva Alta Comisionada prometió involucrar a los Estados en un espíritu de diálogo y cooperación constructivos, incluido el Consejo de Derechos Humanos. Expresó su firme convicción de que trabajando con los Estados, los principales responsables del sistema internacional de derechos humanos, y consiguiendo el consenso e identificando un terreno común, sería posible impulsar un verdadero cambio interno y asegurar mejoras en el disfrute de fondo de los derechos humanos.
El discurso de la Alta Comisionada, junto con otras declaraciones que pronunció en Nueva York, también brindan indicaciones sobre el probable enfoque de su trabajo en los próximos años.
En este sentido, subrayó su firme creencia en la importancia de fortalecer la posición del pilar de los derechos humanos en una ONU reformada: “Los derechos humanos expresan el propósito central de la ONU, solo podemos lograr la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible para todas las sociedades cuando avanzamos en la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos […] Las nuevas reformas en curso en la ONU presentan una oportunidad para abogar, lo más poderosamente que podamos, que un enfoque de derechos humanos sea el centro del trabajo de nuestros socios de la ONU.”
En particular, para fortalecer la efectividad del Consejo y la interconexión de los tres pilares de la ONU, la nueva Alta Comisionada instó a avanzar en tres áreas interconectadas: el cumplimiento nacional de las obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos; la contribución de los derechos humanos a la Agenda 2030 y los ODS; y la agenda de prevención de la ONU.
Sobre el primer punto, hizo un llamado a todos los actores, incluyendo su Oficina, Estados, expertos independientes, INDH, parlamentos, sociedad civil y actores del desarrollo, para que “avancen junto con la implementación de los compromisos [de derechos humanos] de los Estados… Las normas y las leyes son vitales, pero deben aplicarse. Estoy convencida de que al construir instituciones nacionales, podemos garantizar poderosos grupos de derechos, que pueden contribuir a hacer realidad los derechos “. Como impulsora clave de la “agenda de implementación” global, la Alta Comisionada instó a los Estados y a otros a centrar su atención en el desarrollo de mecanismos e instrumentos a nivel nacional para coordinar la implementación, de manera integrada, de “las recomendaciones de Órganos de Tratados, Procedimientos Especiales y el EPU, incluso con el apoyo de equipos de las Naciones Unidas en terreno y otros actores”.
El fortalecimiento de la implementación nacional contribuirá, a su vez, tanto al desarrollo sostenible como a la prevención de violaciones y crisis.
Con respecto al primero, señaló que “la Agenda 2030 […] abre una gran oportunidad para una mayor integración de los objetivos de derechos humanos, incluidas las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos, en las políticas nacionales y en el trabajo de la ONU”. Sencillamente, a juicio de la Sra. Bachelet, no será posible avanzar realmente en la consecución de los ODS a menos que los Estados avancen en “la llamada área sensible de los derechos humanos”.
En cuanto a la prevención, la nueva Alta Comisionada llamó la atención sobre el importante papel del Consejo, en cooperación con su Oficina y otras partes relevantes del sistema de las Naciones Unidas, en la construcción de la resiliencia de las sociedades en materia de derechos humanos (para evitar que ocurran violaciones en primer lugar), y al responder rápidamente a las crisis emergentes.
Haciendo una analogía con la salud humana, reflexionó que: “El buen doctor se basa en construir resiliencia: fortalecer los procesos de curación e intervenir para interrumpir los síntomas de la patología […] Los derechos humanos son una medicina poderosa que ayuda a curar heridas y desarrollar la resiliencia [de las sociedades,] para que sean más capaces de resistir choques impredecibles”.
Con esto en mente: “Los Pactos, los otros siete tratados básicos de derechos humanos y las recomendaciones de todos los organismos y expertos en derechos humanos de la ONU son contribuciones fundamentales para prevenir, mitigar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos, incluidas las desigualdades y las discriminaciones que atormenta a tantos de nuestros semejantes”.
Cuando esta ‘prevención primaria’ falle, ella hace un llamado al Consejo, con el apoyo de su Oficina, para ‘construir nuevas estrategias y herramientas más fuertes para la prevención, la intervención temprana y también la responsabilidad. Creo firmemente que el poder de la justicia puede disuadir y prevenir incluso las peores violaciones y crímenes “.
El Tío Sam no fue extrañado
Un segundo punto clave de discusión en HRC39 fue el impacto, o no, de la salida de los Estados Unidos del Consejo (durante la primera semana de la HRC38). La opinión general entre las delegaciones es que, hasta ahora, no se echa de menos a los Estados Unidos (por ejemplo, el Consejo sigue adoptando medidas enérgicas contra las violaciones graves de los derechos humanos) y, de alguna manera, su ausencia puede haber conducido incluso a mejoras en el trabajo y la entrega del órgano principal de derechos humanos del mundo.
Sobre la cuestión de las medidas enérgicas contra los abusos contra los derechos humanos, al final de la sesión un grupo de doce organizaciones no gubernamentales internacionales pronunció una declaración conjunta en la que acogió la adopción de una serie de “resoluciones históricas sobre las situaciones de los países, mejorando aún más su contribución al protección de los derechos humanos.” En particular, las organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención sobre la acción del Consejo sobre:
Myanmar, incluida la creación del mecanismo de investigación independiente, que señalaron “es un paso importante hacia la rendición de cuentas por los horrendos crímenes cometidos en Myanmar, como se detalla en el informe de la Misión de Investigación a esta sesión”.
Yemen: el Consejo adoptó una resolución (patrocinada por Bélgica, Canadá, Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos) por la que se renueva el mandato del Grupo de Expertos Eminentes, para continuar las investigaciones internacionales sobre las violaciones cometidas por todas las partes en el conflicto. No obstante, el Consejo también adoptó una resolución separada sobre Yemen, patrocinada por el Grupo de los Estados Árabes (con Arabia Saudita en primer plano), que proporciona asistencia técnica y apoyo para la creación de capacidad al Estado.
Venezuela: el Consejo adoptó una resolución que lleva el escrutinio internacional a la crisis humanitaria y de derechos humanos que se desarrolla en el país.
Burundi: la renovación del mandato del COI ‘le permitirá continuar su investigación crítica y trabajar hacia la rendición de cuentas’.
Las resoluciones del Consejo sobre Myanmar y Venezuela fueron históricamente importantes por varias razones.
En el caso de Myanmar, al comienzo de la sesión hubo dos proyectos de resolución separados: uno de la UE sobre la situación de los derechos humanos en todo el país, que trataba de responder al informe de la misión internacional independiente de esclarecimiento de sobre Myanmar, y fortalecer aún más los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones que están teniendo lugar; y uno de la OCI centrado principalmente en las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los musulmanes Rohingya en el estado de Rakhine. Al final, la UE y la OCI llegaron a un acuerdo para presentar un solo texto combinado, lo que aumentó en gran medida el poder simbólico de la intervención del Consejo. Esto es históricamente significativo porque es la primera vez que la OCI actúa como patrocinador principal de una resolución específica por país (más allá de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados – OPT), centrada en las violaciones a nivel nacional y el establecimiento de un sólido mecanismo de rendición de cuentas.
En el último punto, con la resolución final sobre la ‘Situación de los derechos humanos de los musulmanes Rohingya y otras minorías en Myanmar’, el Consejo decidió “establecer un mecanismo independiente continuo para recopilar, consolidar, preservar y analizar pruebas de los crímenes internacionales más graves y las violaciones del derecho internacional cometidas en Myanmar desde 2011, y preparar archivos para facilitar y acelerar procedimientos penales justos e independientes, de conformidad con las normas del derecho internacional, en tribunales o cortes nacionales, regionales o internacionales que tienen o pueden tener jurisdicción en el futuro sobre estos crímenes, de conformidad con el derecho internacional”. Esta es, en efecto, una versión centrada en Myanmar del mecanismo internacional, independiente e imparcial (IIIM) sobre Siria, establecido por la Asamblea General en 2016; y marca un paso importante (aunque aún no definitivo) para el Consejo en sus esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Con respecto a Venezuela, el Consejo adoptó una resolución sobre “Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela” acogiendo un informe reciente (junio de 2018) del ACNUDH sobre violaciones de derechos humanos en el país, expresando preocupación por la magnitud de los abusos denunciados, haciendo un llamamiento al Gobierno para que acepte la asistencia humanitaria, instando al Gobierno a cooperar con el ACNUDH y los mecanismos del Consejo; y solicitando a la Alta Comisionada que prepare un informe completo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y que lo presente al Consejo en su 41ª sesión. Esta nueva resolución es particularmente notable e importante porque fue liderada y presentada por los países del propio grupo regional de Venezuela (GRULAC), a saber: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México,Paraguay y Perú (más tarde apoyados por Canadá y otros Estados WEOG). Esta es la primera vez que esto ocurre desde la creación del Consejo en 2006 y, junto con la resolución UE-OIC sobre Myanmar, representa una ruptura importante con la noción, que se ha mantenido durante doce años, de que (con algunas excepciones, tales como dirigentes africanos sobre la situación en Eritrea), solo los Estados occidentales (u occidentales afiliados) pueden llevar a la atención del Consejo las situaciones de violaciones graves (tales como el liderazgo africano en la situación en Eritrea).
Finalmente, la resolución sobre Venezuela también es simbólicamente importante en el contexto de la membresía de EEUU al Consejo, porque la falta de acción percibida en Venezuela fue una de las principales razones / excusas que dio la administración Trump para la partida de Estados Unidos del Consejo. Además, no es inverosímil decir que una resolución encabezada por América Latina sobre Venezuela sería difícil de imaginar si Estados Unidos hubiera estado aún en el Consejo, debido al riesgo de que la iniciativa se percibiera como impulsada por los Estados Unidos y, por lo tanto, politizada.
Foto destacada: A general view of participants of Human Rights Council 39th regular session. 10 september 2018. UN Photo / Jean-Marc Ferré

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