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Timestamp: 2019-09-23 07:27:00+00:00

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﻿ Sentencia 2006-00218 de mayo 12 de 2014
SENTENCIA 2006-00218 DE 12 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:REGLAS SOBRE DEPÓSITO DE LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES. SE ESTABLECE QUE NO OBSTANTE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, REFERENTE A QUE EL MINISTERIO DEL TRABAJO DEBE NEGAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SINDICAL CUANDO LOS ESTATUTOS RESULTEN CONTRARIOS A LA CONSTITUCIÓN O LA LEY, LA JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, HAN MANIFESTADO QUE, EL MINISTERIO NO PUEDE NEGAR LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE SEAN DEPOSITADAS ANTE ÉL. SI LA OBLIGACIÓN DEL SINDICATO ES SIMPLEMENTE LA DE DEPOSITAR LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS ANTE EL MINISTERIO, LO QUE IMPLICA TAMBIÉN DEPOSITAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN QUE LA MODIFICACIÓN SE REALIZÓ DE ACUERDO CON LAS EXIGENCIAS LEGALES, EL MINISTERIO NO PUEDE ENTRAR A JUZGAR SI ESAS ENMIENDAS SE AJUSTAN A LA CONSTITUCIÓN O LA LEY. DE ESTA MANERA, SI EL MINISTERIO CONSIDERA QUE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS SON INCONSTITUCIONALES O ILEGALES TENDRÁ QUE ACUDIR A LA JURISDICCIÓN LABORAL PARA QUE ASÍ LO DECLARE.
TEMAS ESPECÍFICOS:SINDICATO, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, MINISTERIO DEL TRABAJO, MODIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO, REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES
Sentencia 2006-00218 de mayo 12 de 2014
Radicación número: 110010324000-2006-00218-00 (1471-13)
Actor: Jorge Eliecer Lerma Sterling
Demandado: Ministerio de la Proteccion Social y Otros
Precisa la Sala que el asunto que se debate a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es de naturaleza administrativa por un acto expedido por el Ministerio de la Protección Social — hoy de Trabajo—, conflicto que puede ser debatido, tanto en acciones de simple nulidad como en acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el acto de depósito de la inscripción de un cambio en la junta directiva de la Unión Sindical de Trabajadores de las comunicaciones USTC por solicitud de algunos miembros del Comité Ejecutivo de este sindicato, requiriendo la rotación de dignidades y efectuado por el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo) se ajusta a derecho a pesar de no haberse efectuado elecciones o convocatoria de una asamblea de trabajadores.
La competencia entendida como la facultad legal otorgada a un juez para conocer de un determinado asunto, está asignada en este evento a esta Corporación al tenor de lo dispuesto en el artículo 128 numeral 2o del Código Contencioso Administrativo dado que el conflicto surge entre los señores Jorge Eliecer Lerma Sterling y Jose Herbert Rodriguez Bobadilla y la administración —Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Trabajo)— en torno a la inscripción de un cambio de Junta Directiva de la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC , expedido por una autoridad estatal del orden nacional, que carece de cuantía y cuya naturaleza no corresponde a una relación de orden laboral legal y reglamentaria.
Conviene recordar que el inciso primero del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad sindical, establece que: "Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución.”
Esa norma constitucional, se encuentra acorde con lo dispuesto por el Convenio 87 de la OIT, en el cual se establece que:
"ART. 2º—Los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas." (se subraya)
"Artículo 8º.
"1. (...).
"2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el presente Convenio." (se subraya).
"ART. 10.—En el presente Convenio, el término "organización" significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores."
Se trata del principio de autonomía sindical, de profundo arraigo democrático, cuyo desarrollo legal se contempla en el artículo 353 del Código Sustantivo del Trabajo, con las modificaciones que introdujeron las Leyes 50 de 1990 y 584 de 2000, en los siguientes términos:
“… Derecho de asociación.
Los trabajadores y empleadores, sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a éstas con la sola condición de observar los estatutos de las mismas (…)”.
En el derecho de asociación sindical subyace la idea básica de la libertad sindical que amplifica dicho derecho, como facultad autónoma para crear organizaciones sindicales, ajena a toda restricción, intromisión o intervención del Estado que signifique la imposición de obstáculos en su constitución o funcionamiento. Ello implica, la facultad que poseen las referidas organizaciones para auto conformarse y auto regularse conforme a las reglas de organización interna que libremente acuerden sus integrantes, con la limitación que impone el inciso 2 del art. 39, según el cual la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos.
La Corte Constitucional en la sentencia T-173/95(5) aludió a los principios democráticos que deben regir tanto la organización como el funcionamiento de los sindicatos, en los siguientes términos:
“Es por esta razón por la que el ordenamiento jurídico no puede ser indiferente frente a las condiciones de funcionamiento de organizaciones de esa naturaleza, mucho más cuando está fundado en valores de participación y pluralismo (artículo 1 de la Carta). Así lo quiso el constituyente de 1991 al ordenar en el segundo inciso del artículo 39, la sujeción de los sindicatos "al orden legal y a los principios democráticos" (subrayado de la Sala). En el ejercicio de su fuero interno, un sindicato puede establecer las condiciones de funcionamiento que estime pertinentes, siempre que ellas sean compatible con los principios rectores de una sociedad democrática”.
“2.3. Libertades de asociación sindical positiva y negativa.
No corresponde a la Sala establecer de manera exhaustiva los principios democráticos a los cuales debe sujetarse todo sindicato. Teniendo en cuenta los casos sub-examine, dos rasgos fundamentales de la sociedad democrática delineada en la Constitución de 1991 deben ser resaltados: su carácter participativo y su vocación igualitaria. Ambos aparecen incluidos en el Preámbulo mismo de la Carta, y su espíritu permea todo su texto (v.gr. artículos 1º, 2º, 13, 103 y Bs.)”.
“En el seno de una democracia participativa, el papel decisorio de los individuos es ejercido no sólo en los espacios políticos tradicionales (v.gr. elecciones parlamentarias o presidenciales), sino también en contextos más reducidos y más cercanos a las actividades diarias de las personas (empresas, sindicatos, universidades, etc.). Esta tendencia -denominada por la teoría política "uso extensivo de la democracia(1)" presente en mandatos constitucionales como los de los artículos 45 y 68, que buscan asegurar la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en las decisiones que les incumben, respectivamente, unida al uso intensivo de mecanismos políticos tradicionales (of. Capítulo 1 del Título IV de la C.P.), constituye el núcleo de la filosofía participativa de nuestro Estatuto Superior”.
“La participación de todas las personas interesadas en el resultado de un proceso de toma de decisiones, es tal vez el más importante de los "principios democráticos" a que se refiere el artículo 39 de nuestra Constitución. Siendo el sindicato el foro de discusión y decisión por excelencia de asuntos determinantes para el desarrollo de las relaciones entre empleador y empleados, forzoso es concluir que el respeto a la posibilidad de participar en él es un límite del fuero interno otorgado por el ordenamiento Jurídico a los sindicatos”.
Considera la jurisprudencia constitucional, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, sus estatutos, las condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2º del art. 39 (…)(6). Este inciso hace referencia a que la estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos se sujetan al orden legal y a los principios democráticos.
Ya con anterioridad los Convenios 87 y 98 de la OIT aprobados por las Leyes 26 y 27 de 1976, así como el Convenio 154 ratificado por la Ley 524 de 1999, establecieron en su primera parte una serie de normas sobre la libertad sindical. Entre ellas se encuentran los artículos 2 y 3 del primero de los convenios citados, que rezan:
“ART. 2º—Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.
“ART. 3. 1.—Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
“2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal”.
De acuerdo con el marco legal anterior, las normas integrantes de la Constitución Política, los convenios internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad y la ley consagran, de manera expresa el libre ejercicio de la actividad sindical, pero sin que dicha libertad sea absoluta, pues si bien este derecho fundamental de carácter social goza de la especial protección del Estado e incluso su vulneración es sancionada bajo las normas penales, tiene un límite respecto a su estructura interna y funcionamiento, los cuales deben estar sujetos “al orden legal y a los principios democráticos”.
Requisitos para efectuar los cambios de junta directiva del sindicato
El Código Sustantivo del Trabajo establece en el artículo 371 que cualquier cambio en la junta directiva, ya sea total o parcial, debe ser comunicado en los términos indicados en el artículo 363 y mientras no se cumpla este requisito el cambio no tiene ningún efecto.
Al respecto, señala el artículo 363 ibídem, modificado por el artículo 43 de la L.50/90:
“ART. 363.—Notificación. Una vez realizada la asamblea de constitución, el sindicato de trabajadores comunicará por escrito al respectivo empleador y al inspector del trabajo, y en su defecto al alcalde del lugar, la constitución del sindicato, con la declaración de los nombres e identificación de cada uno de los fundadores. El inspector o el alcalde, a su vez, pasarán igual comunicación al empleador inmediatamente”.
Y en cuanto a la elección de las juntas directivas, el artículo 391 del C.S.T. reza:
“ART. 391.—Elección de directivas. 1. La elección de directivas sindicales se hará por votación secreta, para asegurar la representación de las minorías, so pena de nulidad.
2. La junta directiva, una vez instalada, procederá a elegir sus dignatarios, en todo caso, el cargo de fiscal del sindicato corresponderá a la fracción mayoritaria de las minoritarias”(7).
Por su parte, el Decreto 1194 de 1994, por el cual se reglamentan los artículos 363 y 391 del C.S.T., modificados por los artículos 43 y 54 de la Ley 50 de 1990, respectivamente, el 371 del mismo Código y el artículo 55 de la Ley 50 de 1990, establece la obligatoriedad de inscribir los cambios que ocurran en las juntas directivas sindicales en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de la Protección Social, hoy de Trabajo. La solicitud de inscripción de las juntas directivas debe ser presentada por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la asamblea de elección, por el presidente o secretario de la junta, entrante o saliente, acompañada de la parte pertinente del acta de elección, suscrita por el secretario general de la organización sindical o por quien haya actuado como secretario de la respectiva asamblea, listado debidamente firmado por los asistentes a la misma, y la nómina de los directivos con indicación de sus nombres y apellidos, documentos de identidad y cargos que les fueron asignados.
En el acta de elección de juntas directivas se hace constar el número total de afiliados a la organización sindical, igualmente, si la elección de los miembros de la junta directiva se realizó por votación secreta, en papeleta escrita o tarjeta electoral y con sujeción a las normas constitucionales legales y estatutarias pertinentes.
Finalmente el parágrafo del artículo 2º del decreto en cuestión señala:
PAR.—Se presume que la elección de juntas directivas sindicales, se efectuó con el lleno de las formalidades legales y que las personas designadas para ocupar cargos en ellas reúnen los requisitos exigidos en la Constitución Política, la ley o los estatutos del sindicato, federación o confederación.”.
En el inciso 2º del artículo 3º ibídem, se prevé la posibilidad de que el funcionario pueda formular objeciones o negar la inscripción en el caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos de que trata el artículo anterior. Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos o que, producido el auto de objeciones, no se dé cumplimiento a lo que en él se disponga.
En ese orden de ideas, como lo sostuvo la Sección Primera de esta Corporación, en sentencia del 8 de noviembre de 2002, Radicación número: 11001-03-25-000-1998-0186-01(8099), Consejero Ponente: Olga Inés Navarrete, Actor: Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia -ANEC-, aunque la ley presume que la elección de la junta directiva ha cumplido con las formalidades legales, el funcionario competente del Ministerio debe efectuar una confrontación de la reforma con las normas pertinentes en el desarrollo de la elección de la Junta Directiva, con el fin de determinar “si se respetaron al menos las disposiciones estatutarias antes de proceder a la correspondiente inscripción”.
Requisitos del acta de depósito de las reformas a los estatutos de las organizaciones sindicales
El artículo 370 del C.S.T. -modificado por el artículo 5º de la Ley 584 de 2000- dispone:
“Validez de la modificación. Ninguna modificación de los estatutos sindicales tiene validez no comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social”.
El texto original de la norma requería para la validez de la reforma “la aprobación” del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; posteriormente el artículo 49 de la Ley 50 de 1990 exigió como requisito de validez la “inscripción en el registro sindical” a cargo de dicho organismo.
De acuerdo con lo anterior, en principio podría decirse que la labor del Ministerio de la Protección Social se limita a efectuar la radicación de la reforma estatutaria del sindicato en la correspondiente dependencia, sin efectuar ningún juicio con respecto a la validez de la reforma, ello con el propósito de salvaguardar la libertad de las asociaciones sindicales, que tiene su razón de ser no sólo en la Constitución Política (art. 39) sino también, en los Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo OIT debidamente ratificados por el Congreso y que, por tanto, forman parte del bloque de constitucionalidad en los términos del artículo 93 superior.
Sin embargo, llama la atención de la Sala que el artículo 369 del C.S.T. -modificado por la Ley 50 de 1990, art. 48- establece las siguientes reglas que es necesario seguir para la modificación de los estatutos:
1. Toda modificación debe ser aprobada por la asamblea general del sindicato.
2. Para efectos del correspondiente registro, la reforma debe ser remitida al Ministerio de la Protección Social “dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación, con copia del acta de la reunión donde se haga constar las reformas introducidas y firmadas por todos los asistentes”.
3. Para el registro de la modificación se seguirá el trámite previsto en el artículo 366 del C.S.T. donde se faculta al Ministerio para negar la inscripción en el registro sindical cuando los estatutos resulten contrarios a la Constitución o la ley o cuando la organización sindical tenga un número menor de miembros al exigido en la ley.
Así las cosas, las facultades del Ministerio de la Protección Social al efectuar el depósito de las reformas estatutarias de una organización sindical no se debían limitar al simple depósito de las mismas sino que, además, garantizaba que con las modificaciones efectuadas a los estatutos sindicales no se vulneraba de ninguna manera los preceptos de orden constitucional ni legal. Si ello ocurría, dicha entidad debía abstenerse de efectuar el depósito, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en los términos definidos en el parágrafo del artículo 366.
Ocurre, sin embargo, que aunque estas normas se encuentran formalmente vigentes, los trámites de modificación del registro sindical, previstos en el artículo 370 del C.S.T., modificado por la Ley 50 de 1990 y por la Ley 584 de 2000, han variado sustancialmente con la sentencia C-465 de 2008, en la cual la Corte Constitucional decidió, “Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 370 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 5° de la Ley 584 de 2000, por el cargo analizado, en el entendido de que el depósito de la modificación de los estatutos sindicales cumple exclusivamente funciones de publicidad, sin que ello autorice al Ministerio de la Protección Social para realizar un control previo sobre el contenido de la reforma. Por el contrario, las expresiones “Validez de la” y “tiene validez ni”, se declararon INEXEQUIBLES.
En consecuencia, el texto de la norma quedó con el siguiente tenor literal:
“ART. 370. Modificación.—Ninguna modificación de los estatutos sindicales comenzará a regir, mientras no se efectúe su depósito por parte de la organización sindical, ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social”.
Dicha situación conlleva que a partir de la notificación de la sentencia C-465/98, las reformas a los estatutos de las organizaciones sindicales son válidas desde su aprobación por parte de la Asamblea del sindicato y, por tanto, el depósito que efectúe el Ministerio de la Protección Social sólo garantiza la publicidad frente a terceros.
Recuerda la Corte, además “que el Ministerio de la Protección Social ya no puede negar la inscripción en el registro de las modificaciones de los estatutos de las organizaciones sindicales que sean depositadas ante él. Si la obligación del sindicato es simplemente la de ‘depositar’ la modificación de los estatutos ante el Ministerio - lo que implica también depositar los documentos que acrediten que la modificación se realizó de acuerdo con las exigencias legales -, el Ministerio no puede entrar a juzgar si esas enmiendas se ajustan a la Constitución o a la ley. De esta manera, si el Ministerio considera que las reformas introducidas son inconstitucionales o ilegales tendrá que acudir a la jurisdicción laboral para que así lo declare” (8).
De la inscripción de las Juntas Directivas Sindicales.
El Decreto 1194 de 1994(9) establece que la inscripción de las juntas directivas sindicales corresponde a los funcionarios que para el efecto designe el Ministerio de Trabajo(10), para lo cual el funcionario competente dispondrá de un término máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de radicación de la solicitud en el Ministerio de Trabajo, para inscribir, formular objeciones o negar la inscripción.
En caso de que la solicitud de inscripción no reúna los requisitos previstos en el artículo 2º del mencionado decreto, el funcionario del conocimiento formulará mediante auto de trámite a los peticionarios, las objeciones a que haya lugar, a fin de que se efectúen las correcciones necesarias. Presentada la solicitud corregida, el funcionario dispondrá de un término máximo e improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente a su radicación, para resolver sobre la misma.
Constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se dé cumplimiento a lo que en él se dispone.
La providencia mediante la cual se ordena o no la inscripción, debidamente motivada, deberá notificarse al representante legal de la organización sindical, a quienes hayan suscrito la respectiva solicitud, y al empleador o empleadores correspondientes. Contra la misma, proceden los recursos de ley, interpuestos en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo.
Luego con base en estas previsiones se revisara el caso sub-examine.
Se demanda la nulidad de la Resolución 0000781 del 25 de abril de 2006 proferida por la oficina Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Protección Social por medio de la cual se revoca la Resolución 0000693 de 31 de marzo de 2006, que negó la inscripción en el registro sindical de la rotación de cargos de la Junta Directiva de la organización sindical Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones U.S.T.C. y en su lugar ordenó la inscripción en el registro de la rotación de cargos.
El motivo de inconformidad frente a la decisión lo centra en ningún caso se ha realizado elección por Asamblea, tan solo se presentó una solicitud de algunos miembros del Sindicato, los cuales tampoco reúnen la mayoría calificada por los estatutos para realizar los respectivos cambios.
Señala en particular respecto del artículo 2º del Decreto 1194 de 1994 que este corrobora la necesidad de la realización de asamblea y dentro de la misma la elección para el cambio de sus directivas, este procedimiento en ningún momento se ha efectuado.
Y que en este caso no se puede hablar de una simple rotación de cargos, porque esta figura no está consagrada en la legislación nacional y además porque el cambio realizado no es una rotación de cargos, ya que se violentaron derechos de los señores Jorge Lerma Sterling, José Herbert Rodriguez Bobadilla, Ramón Barrios Iriarte y Sigifredo Galicia Ruiz, quienes quedaron fuera de la Junta reconocida, sin que se haya realizado la elección que exigen tanto los estatutos como la ley.
Con el objeto de resolver el problema jurídico planteado la Sala encuentra probado los siguientes hechos:
— Por Resolución 00672 de 24 de abril de 2003 proferida por la Inspectora del Grupo de Trabajo, empleo y S.S. de la Dirección Territorial de Trabajo de Cundinamarca se ordenó la inscripción del reajuste de la Junta Directiva de la Organización sindical denominada: Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones “USTC”, de primer grado y de industria, elegida el día 7 de marzo de 2003.(11)
— El 28 de febrero de 2006 se radicó solicitud de inscripción de redistribución de cargos para lo cual los solicitantes integrantes de la Nueva Junta Directiva anexaron el acta pertinente de la reunión del comité Ejecutivo Central, y la planilla de dignatarios presentes.
— Por auto de fecha 9 de marzo de 2006 proferido por la Dirección territorial de Bogotá y Cundinamarca Grupo Trabajo, empleo y seguridad social del Ministerio de la Protección Social, - hoy trabajo. Se decidió objetar la solicitud de inscripción de la rotación de cargos presentada por la organización sindical en tanto dentro del acta de Reunión del comité Ejecutivo Central de esa Organización no consta el número total de directivos que conforman la Junta Directiva, y acreditar el listado original debidamente firmado por los directivos asistentes a la reunión del Comité Ejecutivo Central.(12)
— El 16 de marzo de 2006 se dio respuesta al auto de objeción por parte del Presidente entrante, habiendo anexado planilla de cargos y directivos del comité ejecutivo central suscrita por los asistentes.(13)
— El coordinador del grupo de archivo sindical certificó que la organización sindical aparece inscrita y vigente, y que la última junta directiva que aparece en el expediente es la inscrita mediante Resolución 000672 del 24 de abril de 2003, emanada de la Inspección de del grupo de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Dirección Territorial de Trabajo de Cundinamarca(14)
— Por Resolución 000693 de 31 de marzo de 2006, proferida por la Inspectora del grupo de trabajo, empleo y seguridad Social de la Dirección Territorial de Cundinamarca resolvió negar la inscripción de la rotación de cargos en la Junta Directiva presentada por la Organización Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones USTC, en tanto no aportó el listado debidamente firmado por los asistentes a la asamblea de elección, por tanto al organización sindical no dio cumplimiento al auto de objeciones proferido.(15)
— El 05 de abril de 2006 se presentó recurso de apelación por fungía como presidente entrante del comité Ejecutivo central de la “USTC”, por considerar que el tema había quedado subsanado.(16)
— Concedido el recurso, por Resolución 000781 de 25 de abril de 2006 la Coordinadora del grupo de Trabajo, empleo y Seguridad Social, de la dirección territorial de Cundinamarca resolvió revocar la Resolución No. 0000693 de 31 de marzo de 2006 que negó la inscripción en el registro sindical de la rotación de cargos, y en su lugar ordeno la inscripción en el registro sindical de la rotación de cargos de la Junta directiva de la organización sindical USTC.(17)
— En fecha 08 de mayo de 2006, el señor Jorge Eliecer Lerma Sterling en la condición de Presidente de la USTC solicitó revocatoria directa de la Resolución 00781 del 25 de abril de 2006, en tanto la solicitud de inscripción presentada el 28 de febrero de 2006 por algunos miembros del comité ejecutivo requirieron la rotación de cargos incluyendo en la misma a dos pensionados. La solicitud no fue firmada por quien fungía como presidente hasta el momento y por el tesorero en idéntico periodo.
Y finalmente porque los cambios en la junta directiva tienen mayoría calificada y para los mismos se requiere de las dos terceras (2/3) partes de los miembros de conformidad con el artículo 11 de los estatutos.(18)
— La petición de revocatoria directa fue resuelta por medio de oficio de fecha junio 22 de 2006 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de la Dirección Territorial de Cundinamarca respondiendo la imposibilidad de acceder a la solicitud porque la resolución cuya revocatoria solicita creo derechos, genero una situación jurídica no solo respecto de algunos directivos en particular, sino respecto de la misma organización sindical en su conjunto, por lo que la situación de los pensionados no puede afectar a toda la organización.
Agrega tras requerir a la organización sindical para que manifestara si daba su consentimiento para revocar respondió negativamente, por lo que desde este aspecto tampoco es procedente la revocatoria directa.(19)
Para determinar si le asiste la razón a la parte demandante, estima la Sala que inicialmente resulta imperioso hacer referencia a la garantía constitucional de que todo sindicato se autoconforme y autoregule conforme a las reglas de organización interna que sus integrantes definan; de la misma manera, deben poder establecer en los estatutos, sus órganos de dirección y la forma de representación, para llevar a la realidad el ejercicio de la libertad sindical. Por ello, el legislador está impedido para menoscabar esos presupuestos mínimos del derecho de sindicación, siempre y cuando no se vulneren las normas constitucionales y legales y además se garantice la representación de las minorías.
Dicho planteamiento ha sido desarrollado a su vez por la Corte Constitucional señalando, además, que las restricciones o limitaciones que establezca el legislador al derecho de asociación sindical deben sujetarse al principio de razonabilidad, como se exige respecto de todos los derechos fundamentales, lo que significa que la finalidad de aquellas debe ser legítima a la luz de la Constitución Política y que los medios utilizados para alcanzarla deben ser idóneos, necesarios y proporcionados.
De acuerdo con lo anterior, en el desarrollo del derecho fundamental previsto en el artículo 39 de la Carta Política los sindicatos pueden, entre otros asuntos, elegir y reformar libremente a su junta directiva bajo el procedimiento señalado para el efecto en la ley y en los estatutos, siendo ésas las únicas restricciones que impedirían la correspondiente inscripción en el registro sindical.
Pues bien, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto 1194 de 1994, constituye causal para negar la inscripción de las juntas directivas de las organizaciones sindicales, el que la elección sea contraria a la Constitución Política, a la ley o a los estatutos, o que producido el auto de objeciones no se dé cumplimiento a lo que en él se dispone.
De la documentación allegada en copia simple, que no fue tachada de falsa, y de la enviada por la entidad demandada se infiere que el sindicato efectuó la solicitud de inscripción el mismo día de reunión de Comité Ejecutivo Central, es decir dentro del lapso previsto en el artículo 2º del Decreto 1194 de 1994, sin que exista constancia probatoria alguna de que se informó a la "Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom en liquidación(20)", de la nueva designación de dignatarios de su junta directiva dentro de la oportunidad legal, dicha situación no puede conllevar la imposibilidad jurídica del Ministerio de efectuar la inscripción en el registro que para tales efectos lleve el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social – hoy Ministerio de Trabajo-
Debe recordarse aquí que una vez efectuada la elección para el periodo estatutario respectivo la razón de ser de la comunicación al Inspector de trabajo y a la empresa es proteger a los trabajadores elegidos como miembros de la junta directiva, pues los mismos gozan de fuero sindical, a la luz del literal c) del artículo 406 del C.S.T., modificado por el artículo 12 de la Ley 584 de 2000, situación que no se ve afectada por la nueva designación de cargos. La norma señala:
“c) Los miembros de la junta directiva y subdirectivas de todo sindicato, federación o confederación, sin pasar de cinco (5) principales y cinco (5) suplentes, y los miembros de los comités seccionales, sin pasar de un (1) principal y un (1) suplente. Este amparo se hará efectivo por el tiempo que dure el mandato y seis (6) meses más;”.
Y a su vez, el parágrafo 2º de la norma en cita prevé:
“PAR. 2º—Para todos los efectos legales y procesales la calidad del fuero sindical se demuestra con la copia del certificado de inscripción de la junta directiva y/o comité ejecutivo, o con la copia de la comunicación al empleador” (se resalta).
Ahora, según los estatutos(21) el comité estará integrado por quince miembros con los siguientes cargos: Presidente, vicepresidente, Secretario General Fiscal, Tesorero y diez (10) secretarias o departamentos especializados, cuya caracterización será adoptada por según las necesidades por el comité ejecutivo Central y/o las subdirectivas.
Señala el mismo estatuto que el “Comité Ejecutivo central será elegido para un periodo de cinco (5) años, mediante inscripción de listas, utilizando el sistema de cuociente electoral –sic- y voto secreto, en el congreso nacional convocado, entre otras cosas, para este propósito.
“El Comité Ejecutivo una vez instalado procederá a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de Fiscal del Sindicato saldrá de la segunda lista en votación escogido por los que fueron elegidos por esa lista.”
Este articulo 11 de los estatutos está en consonancia con el inciso 4º del artículo 2º del decreto 1194 de 1994 en tanto allí se señala que los miembros de la junta directiva electa harán la correspondiente designación de cargos, lo que significa que no se requiere asamblea general, o para el caso Congreso Nacional, para efectuar la elección de dignidades al interior del Comité Ejecutivo Central dado que éste sigue siendo el mismo que en el año 2003 fue elegido precisamente por esa instancia Directiva de la organización sindical, sin que su composición haya cambiado de ninguna manera, luego la decisión democrática adoptada en la elección del año 2003 respecto de las personas elegidas se ha respetado concluyendo entonces que el cambio total o parcial de juntas directivas, subdirectivas o comités seccionales de las organizaciones sindicales, se refiere a la Junta misma más no a sus dignidades internas, que es el caso que ocupa la atención de esta Sala, y en ambos casos se requiere la inscripción ante el Ministerio de Trabajo.
Luego en este caso, una cosa es la elección del Comité Ejecutivo cuya competencia es del Congreso Nacional de afiliados, y otra bien diversa es la elección de dignatarios de aquel cuya competencia de escogencia radica en el comité ejecutivo elegido, siendo que la designación de cargos en el sub-examine solo cobijó a quienes el comité elegido en el año 2003, en reunión el 28 de febrero de 2006 estimó prudente reubicar en otra dignidad del mismo.
Ahora no resulta cierto el argumento del demandante en el sentido de que Jorge Eliecer Lerma, Jose Herbert Rodriguez Bobadilla, Ramón Barrios Iriarte y Sigifredo Galicia quedaron por fuera de la Junta porque el primero de los mencionados pasó al cargo de Secretario de Telecomunicaciones, José Herbert Bobadilla pasó al cargo de secretario de asuntos pensionales y de salud; Ramón Barrios Iriarte pasó a ocupar el cargo de Secretario de reclamos y Sigifredo Galicia a quien no se mencionó y fue inscrito en el año 2003 como Secretario de Formación de lo que se deduce que continuó en el desempeño de la misma dignidad.
En cuanto al argumento de que los cambios de Junta Directiva tienen una mayoría calificada y para los mismos se requiere inicialmente de las dos tercereas partes de los miembros del comité ejecutivo, tal y como estima señala el artículo 11 de los estatutos se dirá lo siguiente:
El parágrafo 1º del aludido artículo señala que cualquier miembro del Comité Ejecutivo Central o de las Subdirectivas, podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas: a.) Traición a la organización, b.) No asistencia consecutiva a más de tres (3) reuniones ordinarias sin justificación, c.) Violación reiterada a los estatutos o reglamentos, d.) Por renuncia voluntaria o protocolaria del titular, e.) Quedara inmediatamente expulsado quien haya negociado su fuero sindical.
Y agrega el mencionado parágrafo: “En los tres primeros casos las causales deberán ser comprobadas ante el Comité Ejecutivo Central, que sesionará especialmente para tratar dichos asuntos y decidirá en primera instancia con la mayoría (de las 2/3 partes) sobre la remoción del directivo, o remitir el caso al Comité de Disciplina.”
Luego, no es cierto que para la elección de dignatarios se requiera mayoría que refiere el demandante porque el señalado artículo respecto de la elección de dignidades al interior del Comité Ejecutivo establece que una vez instalado este “procederá a elegir sus dignatarios. En todo caso, el cargo de Fiscal del Sindicato saldrá de la segunda lista en votación escogido por los que fueron elegidos por esa lista”, elección que implica que se lleva a cabo por mayoría simple de votos de la mayoría de los asistentes porque la noma no establece ningún tipo de mayoría calificada para la escogencia aludida en tanto los estatutos no regulan el tema del quorum.
Resultan suficientes estas argumentaciones para confirmar la sentencia recurrida.
DENIÉGANSE las súplicas de la demanda
En firme archÍvese el expediente.
1 Flios 45
2 Flios 41-44
3 Flios 46-47
4 Flios 74-85
5 M.P. Carlos Gaviria Díaz
1 , presente en mandatos constitucionales como los de los artículos 45 y 68, que buscan asegurar la participación de los jóvenes y la comunidad educativa en las decisiones que les incumben, respectivamente, unida al uso intensivo de mecanismos políticos tradicionales (of. Capítulo 1 del Título IV de la C.P.), constituye el núcleo de la filosofía participativa de nuestro Estatuto Superior”. 1 Helmut Dübiel. ¿Qué es el neoconservadurismo? Ed. Anthropos. Barcelona. 1993. p. 48.
6 sentencia C-797 de 2000 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
7 Las expresiones “en papeleta escrita”, “y aplicando el sistema de cuociente electoral” contenidas en el numeral primero del artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo fueron declaradas inexequibles en la sentencia C- 466 de 2008.
8 En sentencia 3888-01 del 16 de abril de 2009 C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Actor: Sindicato de Trabajadores de Noel S.A. “SINTRANOEL”, la Sala explicó los diferentes tipos de conflictos colectivos laborales y la competencia de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa según el tipo de conflicto.
9 Art 3º
10 Ley 1444 de 2011 Artículo 7°, Reorganización del Ministerio de la Protección Social.
11 Flios 102-104
12 Flio 88
13 Flios 91-92
14 Flio 94
15 Flio 95
16 Flios 105-106
17 Flios 115-116
18 Flios 34-38
19 Flio 40
20 DECRETO NÚMERO 1615 DE 12 DE JUNIO DE 2003, POR EL CUAL SE SUPRIME LA EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM y SE ORDENA SU LIQUIDACIÓN
21 Artículo 11: Conformación del Comité Ejecutivo Central.

References: ARTÍCULO 369
 artículo 128
 artículo 39
 artículo 353
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 371
 artículo 363
 artículo 363
 artículo 43
 artículo 391
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 49
 artículo 93
 artículo 369
 artículo 366
 artículo 366
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 5
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 11
 resolución 
 artículo 39
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 406
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 391
 Artículo 7
 Artículo 11