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Timestamp: 2017-01-21 16:41:43+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCapítulo 2.El amparo contra leyes.
El capítulo anterior mostró en su contenido un análisis general de la estructura y
funcionamiento del juicio de amparo. Una de las acciones que se pueden hacer valer en el
juicio de garantías es la llamada acción de amparo contra leyes según lo permite el
artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En las páginas que forman parte del presente capítulo se busca justificar la
existencia de una acción en torno al ataque directo contra una ley considerada como
inconstitucional. Para ello es necesario conocer el desarrollo que ha presentado a través
del tiempo y los elementos que la hacen posible.
Para la protección constitucional se buscan “todos aquellos instrumentos
políticos, económicos, sociales y jurídicos incorporados a las normas fundamentales con
el propósito de limitar el ejercicio del poder y lograr que sus titulares se sometan a los
lineamientos constitucionales”
El amparo es una muestra clara de la posibilidad que existe para llevar a cabo una
actividad de control a la constitucionalidad, sin embargo, no es el único medio para
hacerlo y por ello también es necesario mencionar algunos de los sistemas existentes
REYES REYES, Pablo Enrique. La acción de inconstitucionalidad. Colección Estudios Jurídicos Oxford
University Press., México, 2000. p.09
recalcando el hecho de que en nuestro país esta facultad es otorgada a los particulares por
la vía jurisdiccional.
2.1 Definición de Inconstitucionalidad
Revisando el término inconstitucionalidad se puede apreciar que es una negación
al término de constitucionalidad. Considero necesario especificar primero lo que se
entiende por constitucionalidad y de este modo buscar desglosar el resto del tema. El
mismo nombre nos indica que es una acción referente a la Constitución, la cual en
nuestro país, conforme al artículo 133 es considerada como superior al resto de las leyes
existentes por su principio de supremacía y por ende debe existir una subordinación de
los actos tanto legislativos como de las autoridades con respecto a la norma máxima.
2.1.1 Definición de Constitución.
Para definir el término de Constitución me permito citar al autor Efrain Moto
Salazar quien dice que “es la norma suprema del país, y todas las autoridades, sea cual
fuere su jerarquía, deben ejercer su actividad de acuerdo con los mandatos de ella y en
concordancia con los principios que establece”
. Añado a lo anterior que dicha norma es
creada ‘por la voluntad soberana de un pueblo, mismo que mediante el ejercicio del voto
Efrain Moto Salazar. Elementos de Derecho. Editorial Porrúa S. C. México, 1986. P 66
elige a sus representantes y cuya base filosófica puede encontrarse en la teoría del
contrato social escrita por Russeau.
También existen definiciones de la Constitución enfocadas a su carácter político
como aquella que se presenta cuando cita el autor Nicolás Martínez Cerda a Luis Sánchez
Agesta al definir la Carta Magna como “el derecho fundamental de organización de un
Con respecto a su carácter regulador de conducta cita a Hans Kelsen: “la
constitución es pues la base indispensable de las normas jurídicas que regulan la conducta
recíproca de los miembros de la colectividad estatal, así como de aquellas que determinan
los órganos necesarios para aplicarlas e imponerlas y la forma como estos órganos habían
de proceder...”
Por último como regulador de las instituciones jurídicas cita a Hauriou: “...las
leyes constitucionales no significan nada en cuanto reglas y sólo tienen significación en
cuanto se les considere como estatutos orgánicos de instituciones; éstas,... asientan su
fuerza en la costumbre, que las fija...”
MARTÍNEZ CERDA, Nicolás. La Corte Constitucional y la Inconstitucionalidad de las normas
constitucionales. Edit. Instituto Mexicano del Amparo, México, 1995, p.01
Op cit, p. 02
Idem pp 03-04
2.1.1.1 Actividad del Derecho Constitucional
La rama del derecho encargada de estudiar e identificar que las legislaciones se
sujeten a la Constitución es el derecho constitucional pudiendo definirse de la siguiente
“Rama del derecho público que estudia el conjunto normativo que como decisión de la
voluntad de un pueblo soberano estructura al Estado, señalando su base geográfica, su forma
de gobierno, sus distintos órganos, las funciones de ellos, las relaciones de dichos órganos
entre sí y con los gobernados, reconociéndoles a éstos derechos fundamentales y fijando los
mecanismos para garantizar el respeto a tales derechos, así como la permanencia y desarrollo
de la organización establecida” 6
Existen autores como Fernando Lasalle que consideran a los problemas
constitucionales como problemas de poder y no propiamente de Derecho. Cita el autor
Reyes Tayabas que para el político francés “la verdadera Constitución de un país sólo
reside en los factores reales y efectivos de Poder que en ese país rigen; y las
Constituciones escritas no tienen valor ni son duraderas sino cuando dan expresión fiel a
los factores de Poder imperantes en la realidad social”
Cabe mencionar que el mismo autor indica que el poder del cual habla Lasalle no se
refiere a uno de sometimiento utilizando la fuerza, puesto que se basa en el interés de la
sociedad y el bien común, los cuales coinciden.
REYES TAYABAS, Jorge. Derecho constitucional aplicado a la especialización en amparo. Edit
Themis. Colección textos universitarios, México, 1997, pp. 04-05.
Op cit, p. 11
A juicio personal se considera que el problema de la constitucionalidad es de
interés para el Derecho. Al final de cuentas el sentido que da el autor al término poder
culmina con la búsqueda del bien común. El Derecho fue creado para regular la conducta
de las personas y su finalidad consiste en proporcionar a la sociedad ese bien común, el
cual es a mi parecer un fin social. Al considerar al Derecho como facultado para conocer
de la constitucionalidad de una ley, se puede entender que se analizarán las legislaciones
en base a una voluntad general y perseguida, el cual deberá ser manifestado dentro del
contenido de las disposiciones. Es hasta cierto punto una identificación de las
necesidades de la sociedad plasmadas en un texto considerado como derecho positivo
“...el fin fundamental del régimen constitucional es el establecimiento de un equilibrio
entre el orden, la libertad y el poder”
Si la Constitución no mostrara, en su contenido la voluntad general perseguida
por la sociedad, estaría fuera de la realidad en cuanto a las necesidades de su sociedad y
el mismo rechazo que recibiría a la larga traería su eliminación. A esto el autor Reyes
Tayabas cita Ignacio Burgoa quien considera que la Constitución “...es la expresión del
Derecho supremo y fundamental, se proclaman los principios políticos, sociales,
económicos, culturales y humanos que se derivan del ser, del modo de ser y del querer
ser de un pueblo en su devenir histórico” 9
constitucionales. Edit. Instituto Mexicano del Amparo, México, 1995, p.06
Themis. Colección textos universitarios, México, 1997, p. 13
2.1.2 Concepto de inconstitucionalidad
Conociendo entonces lo que rodea al término de constitucionalidad se puede
entender que en sentido contrario se encuentra la inconstitucionalidad tal y como lo
señala Piero Calamandrei cuando menciona que “surge de este modo el concepto que a
primera vista podría parecer absurdo, de una ley ilegal (inconstitucional), de una ley
ordinaria que es ilegal, no porque sea irregular su forma, sino porque no es conforme a la
Constitución su contenido”
Existen dos formas de llevar a cabo una violación a la Constitución: La primera se
dirige a desvirtuar la Norma Fundamental en el contenido declarativo de sus
disposiciones relativas a las garantías individuales, la segunda consiste en que aquellos
preceptos constitucionales que han sido violados a su vez contengan la distribución de la
competencia constitucional entre el poder federal y el estatal ( El control de la
constitucionalidad de las leyes y el Juicio de Amparo de Garantías en el Estado Federal,
1952, p.215).
Con respecto a la actividad de los órganos jurisdiccional el autor Elisur Arteaga
Nava menciona que por virtud de la inconstitucionalidad “la corte quedó facultada para
resolver las contradicciones que se den entre la constitución, por un lado, y cierta clase de
leyes, federales y locales, y tratados internacionales, por otro”
constitucionales. Edit. Instituto Mexicano del Amparo, México, 1995. p.22
ARTEAGA NAVA, Elisur. La Controversia Constitucional, la acción de inconstitucionalidad y la
facultad indagadora de la Corte. El caso Tabasco y otros. Edit. Monte Alto., México, 1997. p.59
2.1.3 El amparo contra leyes.
El medio por el cual se puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad de
una ley, reglamento o tratado es el juicio de amparo conocido como “amparo contra
leyes” y conocen de ellos los Tribunales de la Federación, tal y como lo previenen los
artículos 103 y l07 (fracciones VII y VIII) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 114 fracción I de la Ley de Amparo. Reitera lo anterior el
autor Fix Zamudio al decir que “debe considerarse como la única vía efectiva a través de
la cual se pueden plantear las cuestiones relativas a la contradicción entre los preceptos
legislativos ordinarios y los de la Constitución Federal...”
El mismo autor es citado por Góngora Pimentel cuando manifiesta dos problemas
principales en el amparo contra leyes: los medios de impugnación para solicitar la
protección de leyes inconstitucionales y la oportunidad o procedencia de la reclamación
constitucional. (Reyes Reyes, México, p.74.) Otros autores ven al amparo contra leyes
con un enfoque a mejorar las relaciones de poderes y fijar una interpretación como lo
indica la siguiente cita:
“al desarrollar esa función reparadora...el amparo contribuye, por igual, a la
conservación del equilibrio constitucional entre el Poder Federal y los Poderes Locales dando
así lugar para que se fije la interpretación definitiva de la Constitución, y, en relación con esta
última, la de las leyes secundarias federales y locales”
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM, México, 1993, p.332.
El control de la constitucionalidad de las leyes y el Juicio de Amparo de Garantías en el Estado Federal.
UNAM, México, 1952. p. 215
A lo anterior, Enrique Alvarez del Castillo opina con respecto a la actividad
jurisdiccional que desempeñan los tribunales mencionando que “mediante el amparo en
contra de leyes, los Tribunales Federales protegen en forma directa la integridad de la
Me parece acertada la expresión anterior tomando en cuenta que la actividad de
estos órganos jurisdiccionales consiste en velar por el respeto a la supremacía
constitucional llevando a cabo un análisis que gira en torno a las posibles violaciones
que alguna ley podría presentar a un precepto de la Carta Magna.
Cabe mencionar que no todos los autores coinciden en que el amparo es el medio
idóneo para impugnar la constitucionalidad de las normas constitucionales, claro ejemplo
se encuentra cuando Nicolás Martínez Cerda sita a Tena Ramírez quien considera lo
“... nuestro juicio de amparo nació y subsiste para proteger la Constitución, no en
contra de ella misma, sino de los actos externos de cualquiera autoridad”
autor Pablo Enrique Reyes menciona que “la institución del amparo no es en realidad un
sistema de defensa directo de la constitucionalidad, sino que más bien es de defensa
primordial del individuo frente al Estado, que se resuelve en defensa secundaria y eventual de
ÁLVAREZ DEL CASTILLO, Enrique. La legitimación para defender la constitucionalidad de las leyes.
Edit. ILEMSA, México, 1947, p.71
constitucionales. Edit. Instituto Mexicano del Amparo, México, 1995. pp.13-14
University Press., México, 2000. p.73.
2.1.3.1 Diferencia entre acción de inconstitucionalidad y recurso de
El sentido que se da a la acción tendiente a declarar sobre una ley la
inconstitucionalidad puede ser dividido en dos dependiendo de las instancias que
resuelvan el juicio, es decir, al ejercicio de la vía. De este modo se puede encontrar que
exista una distinción y se utilicen términos como ‘acción de inconstitucionalidad’ y
‘recurso de inconstitucionalidad’.
Se entiende por ‘acción de inconstitucionalidad’ aquella que se resuelve por dos
instancias y su característica es el “combate por un ataque frontal y directo contra un
ordenamiento legislativo que se estima inconstitucional”
. También recibe el nombre de
‘sistema concentrado de control de constitucionalidad de leyes’ y debe el término de
concentrado al tipo de control que ejerce el Tribunal o Corte Constitucional apreciando
de éste modo una acumulación de funciones en un solo órgano.
Las contrapartes del quejoso son: el Congreso de la Unión y las Legislaturas de
los Estados que emitieron el ordenamiento legal impugnado por la parte actora, las
Legislaturas de los Ejecutivos Federal y Local de los Estados que lo promulgaron y los
Secretarios de Estado que ordenaron su publicación. Éste tipo de acción corresponde
únicamente a los partidos políticos y diputados con determinadas restricciones. La
sentencia dictada tiene efectos erga omnes (Castro Zavaleta, 1971, p.23)..
CASTRO y CASTRO, Juventino V. El sistema de derecho de amparo. Edit. Porrúa S.A., México,1979,
El ‘recurso de inconstitucionalidad’ “no combate directamente a un ordenamiento
legal, sino a una resolución ordinaria para decidir... si son constitucionales las
disposiciones legislativas utilizadas por el tribunal que pronunció la sentencia”
resolverá en una sola instancia.
El hecho de llamarlo recurso nada tiene que ver con respecto al sentido procesal
que se le puede dar porque para ello le corresponde más acertadamente el término de
acción puesto que su objeto es el inicio de un proceso jurisdiccional y no la impugnación
de una resolución dictada como consecuencia de un juicio anterior, la reclamación
corresponde a un acto que se encuentra fundado por una ley que a opinión del quejoso,
debe ser declarada como inconstitucional. (Braga Camazano, 1998, pp. 73-78).
Se presenta ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribunales Colegiados de
Circuito. Su contraparte es el juez común que aplicó la disposición legal impugnada por
el quejoso y que del mismo modo se estima inconstitucional. En pocas palabras se
impugna en amparo directo una ley que la parte actora estima inconstitucionalmente
aplicada en su perjuicio.
Lo anterior muestra que el amparo contra leyes puede efectuarse por las vías de
amparo directo o indirecto, caracterizando a cada uno de ellos el momento, la
circunstancia que se pretende con la acción y quienes poseen la facultad para hacer valer
la acción. El juicio de amparo contra leyes o también llamado recurso es el de interés
para el desarrollo de la presente tesis y a ello opina el autor Joaquín Braga Camozano lo
“el control incidental... seguirá siendo sin ningún género de dudas la vía más
utilizada y probablemente también la que lleve en mayor número de ocasiones a la Suprema
Corte a declarar inconstitucionales determinados preceptos legales...pero que permitirán en
cualquier caso al órgano de la constitucionalidad desarrollar con mayor eficacia y tranquilidad
su función de depuración del ordenamiento y adecuación del texto constitucional a la
cambiante realidad política y social”
2.2 La acción de amparo por inconstitucionalidad de ley.
Existen diversas corrientes con respecto al momento adecuado para poder llevar a
cabo la acción de amparo contra leyes. Básicamente pueden distinguirse dos corrientes:
una considera que la acción de amparo debe efectuarse contra la ejecución del acto que
regula mientras que la otra menciona que puede realizarse contra la ley sin haberse
llevado a cabo ningún acto.
Como precursores de la primera corriente pueden encontrarse los autores Enrique
Álvarez del Castillo, José María Lozano y Vallarta quienes consideran que no puede
ejercerse la acción de amparo contra leyes por la mera existencia de una ley violatoria de
BRAGA CAMAZANO, Joaquin. La acción de inconstitucionalidad. UNAM, México, 1998, p59.
la Constitución dada la generalidad que caracteriza el contenido de las leyes y que por
ende no causan perjuicio alguno, caso contrario sucede cuando se lleva a cabo la
ejecución de la misma al aplicarse para cada caso en concreto. Cita el autor Álvarez del
Castillo a José María Lozano con respecto a que “la ley adquiere una existencia real
cuando se aplica, hay un caso particular; sólo entonces hay una persona ofendida y tiene
derecho a defenderse contra la aplicación actual de la ley por medio del recurso de
amparo”
La ley no deberá ser perfectamente ejecutada para traer consecuencias jurídicas
puesto que tal y como lo señala Lozano en muchas ocasiones basta un principio de
ejecución para que se pueda recurrir a los tribunales federales. A esto, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación determinó por medio de jurisprudencia que no es necesaria la
ejecución completa de la ley para poder ser impugnada:
“ Cuando una ley es autoaplicativa puede impugnársele, aunque no hubiese sido
aplicada, dentro de los primeros treinta días de su vigencia, o bien dentro de los quince días
siguientes al que en concreto sea aplicada; pero en este último supuesto, hace falta demostrar,
obviamente, que tal acto de aplicación se ha producido; y no basta argüir que como la ley es
autoaplicativa, debe deducirse o suponerse que ha sido aplicada al quejoso, pues esta
presunción opera sólo cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros 30 días de
vigencia de la ley. “
Edit. ILEMSA, México, 1947, p.72
LEYES AUTOAPLICATIVAS, OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLAS. Amparo en revisión
8411/66. Ponente Arturo Serrano Robles. Séptima Época Volumen 65, séptima parte, 2 de mayo de 1974,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.54
Juventino Castro obtiene de interpretar la tesis anterior que “basta un principio
cualquiera de ejecución para que el ofendido pueda recurrir a los tribunales federales
pidiendo el amparo de la justicia de la Unión”
Vallarta, plantea el problema que puede suscitarse si se admitiera el amparo en
contra de la expedición de una ley tomando en cuenta que se presentaría la privación de
ésta en su efecto esencial cuando busca resolver en lo particular para cada caso en
El autor Emilio Rabasa por su parte, considera que puede iniciarse un juicio de
amparo en contra de una ley del mismo modo que puede hacerse en contra de cualquier
acto siempre y cuando se tome en cuenta el momento preciso para llevar a cabo la acción
de amparo. Para el caso de aquellas leyes cuya promulgación tiene fuerza de
obligatoriedad a las personas, indica el supuesto de cumplimiento forzoso por éstas,
momento preciso para encontrar una posible violación sin necesidad de esperar la
ejecución de un hecho material. Si el amparo se pide desde la promulgación de una ley, el
particular puede prevenir la aplicación de ésta en su perjuicio constituyendo el amparo
una forma de control constitucional.(Álvarez del Castillo, 1947, pp. 72-73).
Los primeros antecedentes en México en el amparo contra leyes y plasmados en
un ordenamiento legal se pueden encontrar en los siguientes documentos: en el inciso
sexto de la fracción V del artículo 137 en la Constitución de 1824 cuando daba facultad a
la Corte Suprema de Justicia para “conocer de las infracciones de la Constitución y leyes
generales, según se prevenga por ley” y en el Proyecto de Constitución de Yucatán en
1840 cuya procedencia “se declaró contra cualquier acto del gobernador o de ley de la
legislatura que, en agravio del gobernado, violase la Constitución y no únicamente los
preceptos en que consagraba las garantías individuales”
No por ello debe ignorarse el caso de la Constitución española de 1812 también
conocida como la Constitución de Cádiz, la cual en su artículo 372 mencionaba que “las
cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la
Constitución que se le hubieran hecho presentes, para poner el conveniente remedio y
hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a ella”.
Posteriormente a este acontecimiento surgió el Acta de Reformas de 1847, el cual
no contenía el sentido del Proyecto yucateco puesto que no se ejercía una protección
constitucional siendo sólo un medio de control de un ordenamiento ordinario (de las
garantías individuales) y no de las leyes secundarias como lo contemplaba el Proyecto.
En la Constitución de 1857 se contemplaba la acción de amparo contra leyes
propiamente en el contenido de los artículos 101 y 103, procediendo el amparo para el
caso de leyes o actos autoritarios que alteren el régimen competencial establecido por la
Constitución entre las autoridades federales y las de los Estados.
BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa S. A., México, 1999, p.141
Actualmente el fundamento del amparo contra leyes se encuentra en los artículos
103 y 107 constitucionales. La inconstitucionalidad de una ley puede ser impugnada en
su totalidad o parcialmente y por ende la declaración de invalidez puede ser total o
parcial con respecto a la ley o tratado que se impugna. El autor Fix Zamudio divide la
evolución del amparo contra leyes en cinco etapas
Durante la primera etapa el amparo en esta materia se limita a la impugnación de
actos cometidos por autoridades o la aplicación de una ley pero en su mayoría con
respecto a las personas físicas. Existieron contadas excepciones en que se permitía a las
personas morales ejercer la acción de amparo contra leyes. La época que comprende la
primera etapa abarca desde la Constitución de 1857 hasta la primera Ley de Amparo
promulgada durante la vigencia de la Constitución de 1917 (Ley de Amparo del 18 de
octubre de 1919).
La segunda etapa inicia con la promulgación de la Ley de Amparo del 30 de
diciembre de 1935, la cual entró en vigor el 10 de enero de 1936. Dentro de éste período
se introduce la posibilidad de ejercer la acción de amparo en vía directa o de acción para
impugnar las leyes que iban en contra de la Constitución. Surge el concepto de ley
autoaplicativa para impugnar aquellas leyes que por la sola promulgación obliguen a su
cumplimiento. Dadas las regulaciones en cuanto al término que se daba impugnar una ley
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM, México, 1993, pp. 166-171
autoaplicativa, se apreció en los tribunales un recargo de inconformidades contra leyes
recién promulgadas.
La tercera etapa comienza a partir de las reformas a la Ley de Amparo que fueron
publicadas en febrero de 1951 introduciendo algunas novedades importantes en materia
del amparo contra leyes. El primer cambio indica dos términos para interponer la
demanda de amparo, el primero es de 30 días para las leyes autoaplicativas en donde se
impugna la ley en sí, y el segundo es de 15 días para las leyes heteroaplicativas donde se
impugna el acto de la autoridad respaldado por una ley que se estima inconstitucional.
El segundo cambio fue para ampliar la suplencia de queja, esto es que no sólo
procedía en materia penal, sino también cuando los actos se apoyaran en leyes declaradas
inconstitucionales por jurisprudencia definitiva de la Suprema Corte. Esto indicaba que
en caso de que el quejoso hiciera valer un precepto que por jurisprudencia fuera
inconstitucional, los Tribunales debían corregir los errores en la interposición de la
demanda. El tercer cambio permite ejercer la acción de inconstitucionalidad por la vía
incidental o ‘vía de excepción’ la cual consiste en “acudir ante el juez del amparo en
contra de una resolución judicial alegándose que la misma se dictó violando el artículo
133 constitucional, por haberse apoyado dicha resolución en una ley inconstitucional”
La cuarta etapa comienza a partir del decreto del 30 de diciembre de 1957 el cual
otorga al Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM, México, 1993, p.169
para conocer del recurso de revisión que se presentara contra las sentencias dictadas por
los jueces de distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre y cuando
decidieran sobre la constitucionalidad de una ley. Anteriormente correspondía conocer a
las Salas de la Corte dependiendo de la materia en conflicto.
La quinta y última etapa comprende a partir del decreto del 28 de octubre de 1968.
Con respecto al amparo contra leyes se distribuyen las competencias para conocer de la
materia entre el Tribunal en pleno y las Salas de la Suprema Corte. El primero conoce de
los recursos de revisión cuando se impugna una ley. Una vez convertido el criterio en
jurisprudencia, se requiere a las segundas (salas) para fundar su resolución con la
jurisprudencia formada. No sucederá así en caso de que determinen la existencia de
razones suficientes para no utilizar ésta debiendo indicar dichos motivos al Pleno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación posee la facultad para conocer de los
recursos de revisión interpuestos contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados
de Circuito en juicios de amparo uni instanciales si éstos deciden sobre la
inconstitucionalidad de una ley. También como parte integrante de estas reformas se
encontraba la hecha a la fracción XII del artículo 73 en el sentido “de declarar optativo
para el interesado entre impugnar la ley desde el primer acto de aplicación o bien agotar
los recursos o medios de defensa legal que procedan contra aquél”
2.2.2 Elementos del amparo contra leyes
CASTRO ZAVALETA, Salvador. Práctica del Juicio de Amparo. Cárdenas Editor y Distribuidor,
México, 1971, p. 25
Por medio de la acción de amparo contra la inconstitucionalidad se busca tener un
control de los actos de autoridad y del sistema normativo para estar apegado al sentido
que la Constitución guarda en sus disposiciones. Arteaga Nava considera que es un
control irreal en base al término reducido que se tiene para presentar la acción después de
entrar en vigor una ley. (Arteaga Nava, 1997, p. 67).
Para entender la postura del autor Arteaga Nava y conocer los presupuestos
procesales del amparo contra leyes considero adecuado llevar a cabo un desglose de los
elementos indicados en la ley reglamentaria correspondiente.
2.2.2.1 Términos
Para el autor Pallares debe entenderse por término “el tiempo en que un acto
procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y validez legales”
, de no obedecerse lo
anterior el acto recibiría la denominación de extemporáneo y el derecho precluye.
La regla general señalada por la Ley de Amparo manifiesta que el término para
interponer la demanda de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente en
que surta efectos la notificación al quejoso (artículo 21 de la Ley de Amparo). El artículo
22 del mismo ordenamiento legal indica un listado de excepciones al término establecido
como regla general, dentro de los cuales en la fracción I permite la ampliación de éste a
treinta días cuando sea reclamable una ley en vía de amparo.
PALLARES, Eduardo. Citado por AGUILAR ÁLVAREZ Y DE ALBA, Horacio. El amparo contra
leyes. Edit. Trillas., México, 1990, p.136
Cabe mencionar que para el derecho existen dos formas de contar los términos:
días hábiles e inhábiles. El artículo 23 de la Ley de amparo señala lo siguiente: “son días
hábiles para a promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todo los
días del año con exclusión de los sábados y domingos, el 1º. De enero, 5 de febrero, 1º. Y
5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre”. Así mismo pueden
clasificarse en prorrogables, improrrogables y fatales. Los primeros son aquellos cuya
duración puede ser modificada a contrario sensu de los segundos, y los terceros son
aquellos que ocasionan la pérdida del derecho una vez transcurrido el tiempo señalado.
La inconveniencia que a mi parecer se puede encontrar con el término anterior es
cuando la inconstitucionalidad de una ley se encuentra después de varios años de su
entrada en vigor para lo cual se debe tomar en cuenta que existen leyes autoaplicativas y
leyes heteroaplicativas.
2.2.2.1.1 Leyes autoaplicativas.
Una ley autoaplicativa también recibe el nombre de acción automática y es
aquella que obliga a la sociedad a su cumplimiento desde el momento en que se
promulga, “cuando denominamos “autoaplicativas” a algunas leyes nos referimos a la
circunstancia de que la ley produce efectos jurídicos frente a alguno de sus destinatarios,
por sí misma sin requerir un acto intermedio de aplicación“
ARELLANO GARCÍA, Carlos. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa, S. A., México, 1983, p. 571
El perjuicio causado a una persona con respecto a una ley puede ser desde el
momento que una vez creada entra en vigor, por su transformación o bien por la
extinción de situaciones de derecho. La realización de una norma origina consecuencias
jurídicas, para el caso de las leyes autoaplicativas una vez que entra en vigor la ley con
esta peculiaridad, se ocasionan para algunos gobernados deberes jurídicos que provienen
de una adecuación de sus condiciones o conductas con lo regulado por la norma.
El autor Enrique Álvarez del Castillo considera que el amparo debe dirigirse
contra el acto de promulgación de una ley y no contra la expedición de ella, y en su caso,
procederá siempre y cuando los preceptos de la ley impugnada adquieren el carácter de
obligatorios inmediatamente (Álvarez del Castillo, 1947, p.75).
El término para ejercer la acción de inconstitucionalidad es de treinta días
contados a partir de la entrada en vigor de la ley siempre y cuando lo que se impugne sea
su expedición, en caso contrario será de quince días. (fracción I artículo 22 de la Ley de
Amparo). La Suprema Corte de Justicia reitera los términos anteriores cuando indica lo
“Cuando una ley es autoaplicativa puede impugnársele, aunque no hubiese sido
siguientes al que en concreto sea aplicada; pero en este último supuesto, hace falta
demostrar, obviamente, que tal acto de aplicación se ha producido; y no basta argüir que
como la ley es autoaplicativa, debe deducirse o suponerse que ha sido aplicada al quejoso,
pues esta presunción opera sólo cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros 30
días de vigencia de la ley.”
Así mismo, se regulan en la fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo dando
facultad para conocer de los juicios de amparo indirecto contra leyes autoaplicativas a los
2.2.2.1.2 Leyes heteroaplicativas.
Las leyes heteroaplicativas se caracterizan porque la obligación a cumplirlas
aparece en el momento de llevarse a cabo el acto que se encuentra regulado en la misma
ley. Delio Colomé Ramírez las define como aquellas leyes “que tienen un carácter de
mandamiento inofensivo, que no daña ni afecta a persona alguna, por su sola
promulgación, puesto que da preceptos generales sin designar personas... mientras no se
ejecute o aplique debe considerarse como letra muerta y a nadie ofende ni causa
agravios”
Coincide con la definición anterior el autor Carlos Arellano García quien a su vez
añade que las consecuencias de la ley pueden consistir en la creación de deberes,
extinción o transformación de derechos, mismos que se hacen efectivos tras un acto de
aplicación posterior. (Arellano García, 1983, p. 572).
COLOMÉ RAMÍREZ, Delio. Apuntes de Amparo. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México,
1992, p.17
Si se intentara impugnar una ley heteroaplicativa antes de realizarse el primer
acto de aplicación, se carecería del interés jurídico que se requiere a la parte actora para
poder elevar la controversia a juicio de amparo puesto que aún no hay presencia de una
extinción de derechos o la creación de deberes jurídicos que afecten sus intereses.
El término para interponer la demanda de amparo contra una ley heteroapolicativa
es de 15 días posteriores a su entrada en vigor y siempre y cuando se haya llevado a cabo
el acto de aplicación. Si después del término señalado el quejoso se percata de alguna
violación a sus derechos, no podrá ejercer su acción puesto que el término para hacerlo
transcurrió. Conocen de los juicios de amparo contra leyes heteroaplicativas los
Tribunales Colegiados de Circuito o los Jueces de Distrito.
2.2.2.2 Personalidad
Los principios que rigen la personalidad en el juicio de amparo contra leyes son
dos: instancia de parte y agravio personal y directo, mismos que fueron señalados en el
capítulo anterior. El fundamento constitucional que rige dichos principios en éste juicio
se puede encontrar en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, facultando a toda aquella persona que haya sufrido un
agravio (bajo los supuestos del artículo 103 del mismo ordenamiento legal) a solicitar la
protección de sus garantías mediante el juicio de amparo.
De éste modo, cualquier persona que haya resultado lesionado por una ley o acto
de autoridad local o federal podrá ejercer la acción de amparo ante los tribunales de la
Federación. Para determinar la existencia de un agravio al reclamarse la
inconstitucionalidad de una ley que se pretende aplicar o ya lo fue, el juzgador deberá
realizar un estudio jurídico comparando la ley impugnada con la Constitución.
La Ley de Amparo en su artículo 4 reitera que tienen personalidad para promover
el juicio de amparo aquella persona a quien perjudique la ley, tratado internacional,
reglamento o cualquier acto que se reclame.
La regla general de las partes en el juicio de amparo se encuentra en el artículo 5
de la Ley de Amparo señalando a las siguientes: el agraviado o agraviados que
posteriormente se convierte en quejoso una vez presentada la demanda de amparo contra
la ley, tratado internacional o reglamento; la autoridad responsable en cuyo caso
corresponde a la ejecutora del acto, quien en determinado caso actuó obedeciendo la ley
que se estima inconstitucional; el Ministerio Público no tiente intervención en el juicio de
amparo contra leyes puesto que se afectan únicamente los intereses del particular a quien
se aplica la ley; y por último el tercero perjudicado que tampoco se presenta en este caso
puesto que con el amparo contra leyes cuando se reclama la sentencia dictada por el juez
no va únicamente en torno al acto que lleva a cabo la autoridad señalada como
responsable, sino al ataque directo de la disposición legal que la funda, para lo cual en
raras ocasiones se presenta el interés de un tercero ajeno al juicio.
2.2.2.3 Competencia
El autor Enrique Alvarez del Castillo considera que “la intervención del órgano
jurisdiccional en las actividades propias de los órganos ejecutivo y legislativo se
manifiesta, una vez más, en la competencia constitucional que tiene atribuida de juzgar
sobre la validez (legitimidad) de las leyes ordinarias a la luz del Texto fundamental” 31
Lo anterior podría parecer una clara muestra de invasión de esferas
competenciales del órgano judicial a los otros dos restantes, sin embargo, una de las
obligaciones del primero a la sociedad consta en velar por el respeto al principio de la
supremacía constitucional, actividad que realiza al juzgar sobre la constitucionalidad de
La competencia en el amparo indirecto es determinada por la fracción I del
artículo 114 de la Ley de Amparo el cual otorga la facultad a los Jueces de Distrito para
conocer del amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos
expedidos por el Presidente de la República, reglamentos de leyes locales expedidas por
los gobernadores u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general. Puede
ejercitarse la acción de amparo ya sea por la sola entrada en vigor de la ley (leyes
autoaplicativas) o con motivo del primer acto de aplicación (leyes heteroaplicativas)
siempre y cuando causen un perjuicio al quejoso.
Para la sentencia dictada por el Juez de Distrito con respecto a la
inconstitucionalidad de la ley aplicada al quejoso procede recurso de revisión ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo señala la fracción VIII inciso a)
Edit. ILEMSA, México, p.71
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual dice
“ Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de Distrito o los
Tribunales Unitarios de Circuito proce3de revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de
Justicia(...) a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos
directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados
internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la
fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por
los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el
problema de constitucionalidad”.
La Ley de Amparo faculta a la Suprema Corte para conocer con respecto a las
sentencias dictadas por los jueces de distrito en la fracción I enciso a) del artículo 84, el
cual posee el mismo contenido citado anteriormente.
Para el caso de un amparo directo, corresponde conocer a los Tribunales
Colegiados de Circuito conforme lo señala el artículo 158 de la Ley de Amparo, el cual
nos remite a las fracciones V y VI del artículo 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos indicando que conocen de actos contra sentencias definitivas
o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio.
2.2.2.4 Formalidad
La formalidad se indica en los artículos 115 y 166 de la Ley de Amparo señalando
que la demanda presentada deberá hacerse por escrito y contener: nombre y domicilio
del quejoso y de quien promueve a su nombre, nombre y domicilio del tercero
perjudicado si o hubiere, titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende
su promulgación, ley que se reclame manifestando el quejoso bajo protesta de decir
verdad los hechos que constituyen antecedentes de los conceptos de violación o el acto
reclamado si así fuera el caso, los preceptos constitucionales que el quejoso estime
violados y el concepto o conceptos de la violación, la ley que en concepto del quejoso se
haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicare cuando las violaciones reclamadas
se hagan por la inexacta aplicación de las leyes de fondo.
También deberá contener la fecha en que se notificó la sentencia definitiva, laudo
o resolución que pusiera fin al juicio o en su defecto la fecha en que el quejoso conociera
la resolución recurrida.
Así mismo, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que
pusiera fin a juicio por estimarse inconstitucional la Ley, el Tratado o el reglamento
aplicado, serán incluidos únicamente en el capítulo relativo a los conceptos de violación
de la demanda sin necesidad de señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el
reglamento. Como respuesta a lo anterior, el tribunal realizará la calificación en la parte
de los considerandos de la sentencia dictada por él.
Se entienden por conceptos de validez, “los razonamientos por virtud de los
cuales se llegue a la convicción de que la ley o el tratado no se ajustan a lo que dispone la
Es necesario mencionar que a pesar de que la sentencia debe ser definitiva y que
conforme al principio de definitividad la parte actora deberá utilizar todos los recursos
que la ley de donde se desprende el acto reclamado proporciona, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación considera por jurisprudencia que no es necesario el agotamiento de
“... actualmente, de acuerdo con las últimas reformas a la Ley de Amparo de fecha
tres de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicadas el treinta de abril del indicado
año, que entraron en vigor a los ciento ochenta días siguientes a su publicación, el quejoso
puede a voluntad, contra el primer acto concreto de aplicación de la ley, agotar el recurso que
proceda y posteriormente acudir al amparo contra la resolución que en éste se dicte, o bien,
ejercitar la acción constitucional desde luego. Pero en ninguno de ambos supuestos, el hecho
de no agotar un recurso establecido por la ley que se estima inconstitucional, trae como
consecuencia la improcedencia del juicio”
Acompañando a la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el
expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio de
amparo, en caso de no obedecerse lo anterior la autoridad responsable no remitirá al
Tribunal Colegiado de Circuito la demanda y mandará prevenir al promovente para que
facultad indagadora de la Corte. El caso Tabasco y otros. Edit. Monte Alto., México, 1997, p. 66
AMPARO CONTRA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. RECURSOS ORDINARIOS.
Amparo en revisión 1549/61. Unanimidad de 16 votos. Ponente Ramón Canedo Aldrete. Séptima Época,
volumen 17, Primera Parte, Pleno, 12 de mayo de 1970, Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 156
el término de cinco días supla las deficiencias, si aún así no se presentaran las copias
entonces se remitirá la demanda al tribunal quien la tendrá por no interpuesta.
La sentencia pronunciada siempre se ocupará de los individuos particulares o
personas morales (privadas u oficiales) que lo hubieran solicitado limitándose a
ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una
declaración general respecto de la Ley que la motivare (artículo 76 de la Ley de
Amparo); “la sentencia no pierde su carácter de resolución concreta... lo prohibido es que
el mandamiento contenga algo más que la simple declaración de que se ampara el
quejoso contra la ley”. El precepto en cuestión contiene consagrado el principio de la
relatividad en las sentencias de amparo.
En caso de que existieran deficiencias en los conceptos de violación de la
demanda o en los agravios formulados dentro de los recursos interpuestos por el quejoso,
la autoridad tiene la obligación de suplir la deficiencia cuando el acto reclamado se funde
en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia. La sentencia que conceda el amparo tiene por objeto la restitución al agraviado
en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que
guardaban antes de la violación, para el caso del amparo contra leyes deberá dejarse todo
como se encontraba hasta antes de la aplicación de la ley declarada inconstitucional
(artículos 76 fracción I y 80 de la Ley de Amparo).
Edit. ILEMSA, México, p. 73
2.3 Sistemas de Control de la Constitucionalidad
El control de la constitucionalidad busca impedir que una autoridad viole las
garantías individuales obedeciendo los lineamientos de una ley o actuando fuera de ellos,
así mismo se puede entender por sistema de control constitucional “aquellos regímenes
que tienen por finalidad específica invalidar actos de autoridad y leyes que sean
contrarios a la Ley Fundamental”
Lo relevante es buscar los medios para poder controlar esos actos o disposiciones,
los cuales deben estar acordes con la finalidad de la Constitución, puesto que como ya se
ha dicho anteriormente, contiene en sus artículos la responsabilidad de proteger el bien
común que la sociedad persigue depositando su confianza en las autoridades. A esto, el
autor Pablo Enrique Reyes Reyes señala que “la constitución, como norma suprema,
requiere mecanismos efectivos para lograr su permanencia y preeminencia sobre todo el
orden jurídico nacional, pues es precisamente aquella la que funda y sustenta todas las
normas, actos y autoridades de nuestra estructura política”
La única condición que debe poseer el acto es haber sido cometido por una
autoridad en tiempo actual y no potencial, esto quiere decir que ya se hubiere cometido el
acto y las consecuencias y efectos puedan ser percibidas. Aquellas leyes que se
encuentran dentro de un proceso de formación y aun no se encuentran vigentes no pueden
ser materia del control constitucional en base a la condición que se pide.
BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa S. A., México, 1999, p.164
University Press., México, 2000, p.21
Algunos autores consideran que el medio idóneo para llevar a cabo el control de
constitucionalidad es el amparo, sin embargo otros como el maestro Tena Ramirez lo
niegan firmemente. El maestro argumenta que en el amparo existe un acentuado
individualismo, y que “no es propiamente control de la constitucionalidad aquel que sólo
cuida de evitar las invasiones de los poderes en la esfera de los derechos públicos de la
Para demostrar la individualidad Tena Ramírez realiza una identificación de los
elementos en el juicio de amparo: el juicio se sigue a petición de la parte agraviada, la
parte agraviada debe ser un individuo particular y además la sentencia de amparo se
ocupa de casos en concreto y no hace declaraciones generales.
Juventino V. Castro parece no estar de acuerdo con el maestro Tena Ramírez
cuando menciona que en aquellos “amparos en que se reclama la inconstitucionalidad
misma de la ley que se pretende aplicar... el juez federal debe llevar a cabo un contraste
entre la Constitución y la ley inferior impugnada, lo cual sí es una función de índole
Sin embargo cuestiona la constitucionalidad en el momento de la sentencia, ya
que esta tiene efectos individuales favoreciendo sólo a quien ejerció la acción y para el
resto de la sociedad, la ley que por resolución es inconstitucional es de cumplimiento
p..32
obligatorio. Se muestra entonces un control constitucional parcial y sólo para
determinados individuos. A continuación se mencionan los dos sistemas considerados
principales para el estudio del control de la constitucionalidad.
Me encuentro a favor de considerar al juicio de amparo contra leyes como un
medio de control a la constitucionalidad, sin embargo, también aprecio algunas
deficiencias. Si bien es cierto se pone a disposición del particular la facultad de
cuestionar el sistema normativo que deriva de la Constitución acudiendo para ello al
órgano jurisdiccional; al momento que éste último dicta sentencia declarando la
inconstitucionalidad de la ley el resultado que se obtiene es la no aplicación de la misma
al particular que originó la actividad de los Tribunales y no precisamente la corrección de
aquellas disposiciones que vulneran la Carta Suprema.
El control constitucional surge cuando se otorga un medio basado en un juicio
cuya culminación determinará si existe o no la inconstitucionalidad de una ley dada, sin
embargo los efectos de la sentencia son los que ponen en duda dicho interés controlador.
2.3.1 El sistema americano.
El sistema americano puede considerarse con éste nombre por dos cosas: apareció
en la Constitución de Estados Unidos de 1787 y sirvió de modelo para la mayoría de las
constituciones de la mayoría de los Estados del Continente Americano, las excepciones
que se conocen son las de Perú y Ecuador.
El control de la constitucionalidad se efectúa al momento de llevar a cabo una
revisión judicial de las leyes y su constitucionalidad. La característica primordial en el
sistema americano es la “atribución del conocimiento de cualesquiera cuestiones relativas
a la constitucionalidad de las normas a todos los tribunales en el ejercicio ordinario de la
potestad jurisdiccional, de forma tal que, si un juez estima inconstitucional la ley a aplicar
a un determinado caso de que esté conociendo, simplemente la inaplica en ese caso
Al realizar un análisis del esquema que el sistema americano se pueden encontrar
que una de las condiciones es con respecto a que deberán ser las partes mismas quienes
soliciten la revisión de esa ley y planteen la cuestión, en su caso, también se permite que
de oficio sea un juez quien plantee la controversia pero esto es para el caso de invasión de
esferas. (Fix Zamudio,1993, p.172)
A la acción que realiza la parte actora cuando plantea la inconstitucionalidad de
una ley se le puede llamar de distintas formas, los procesalistas italianos le denominan
“cuestión prejudicial” o incidentes. La justificación a las anteriores denominaciones
radica en que existe una controversia principal, a partir de ella, una de las partes
considera que la ley de la cual se desprende el acto materia de la controversia principal es
inconstitucional, entonces surge otro problema “secundario” proveniente de uno principal
y por ello es considerado como un incidente en el proceso.
BRAGA CAMAZANO, Joaquin. La acción de inconstitucionalidad. UNAM, México, 1998,
pp.51-52.
En cuanto a los efectos de la sentencia en el sistema americano, ya se había
mencionado que existe el principio de relatividad en donde los efectos de la resolución
afectan únicamente a las partes que intervinieron en la controversia principal de donde
surgió el “incidente” de inconstitucionalidad, además se obtiene con la misma resolución
la desaplicación de la propia ley para el caso en concreto. (Fix Zamudio,1993, pp 172-
2.3.2 Sistema austriaco.
El sistema austriaco está inspirado en el filósofo Hans Kelsen y tiene se presenta
por primera vez en la Constitución de Austria de 1920, de ahí su nombre. Su diferencia
principal con el sistema americano es que el austriaco deposita la facultad para
determinar la inconstitucionalidad de una ley a un órgano específico llamado Corte o
Tribunal Constitucional. Se puede decir que hasta cierto punto delimita en cuantía al
órgano encargado de resolver en esta materia.
Las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes en éste sistema no pueden ser
conocidas por los jueces ordinarios y como consecuencia podemos encontrar la segunda
diferencia con el sistema americano: el problema de la inconstitucionalidad debe
plantearse como parte de un proceso independiente en donde es el objeto principal de la
controversia, y no como un incidente.(Fix Zamudio,1993, p. 173)
La parte actora en el sistema austriaco son los mismos órganos del Estado que son
afectados por la ley “inconstitucional” y en cuanto a los efectos de la sentencia, son de
aplicación general y no particular como en el sistema americano. Esto quiere decir que la
inaplicabilidad o ineficiencia de la ley que por resolución del Tribunal Constitucional es
en contra de la Constitución se llevará a cabo a partir de que se publica la decisión. Al
notar la contradicción entre ambos sistemas, el autor Fix Zamudio cita a Pierre
Calamandrei cuando dice que “.... el control judicial, es decir, el americano, es
necesariamente difuso, incidental, especial y declarativo, y viceversa; el que califica
como autónomo, o sea el austriaco, es concentrado, principal, general y constitutivo”
2.3.3 El sistema mixto
Puede considerarse un tercer sistema que aunque no posee un nombre se puede
catalogar como mixto puesto que toma tanto del sistema americano como del austriaco
aquellos elementos que le presentan ventajas y los mezcla. Lo práctico de esta
combinación es que presenta una menor rigidez en su aplicación con lo cual, le permite
adecuarse más a las necesidades de la sociedad en donde se aplique la mezcla de
Con respecto a esto el autor Ignacio Burgoa considera que “es cierto que cuando
estos atributos aparecen combinados en regímenes constitucionales específicos, el control
es mixto; pero esta combinación no autoriza a la forjación de ‘nuevos tipos’ distintos y
FIX-ZAMUDIO, Héctor. Ensayos sobre el derecho de amparo, UNAM, México, 1993, p. 173
autónomos de los que hemos señalado, sino de instituciones híbridas o atípicas de
protección constitucional”
Cada mezcla produce un sistema diferente, algunos países utilizan más elementos
de un sistema que de otro, tal es el caso de México que en su juicio de amparo contra
leyes utiliza mayormente los elementos del sistema americano. Un elemento del sistema
austrico que se puede encontrar en México es la vía por la cual se promueve el amparo.
En nuestro país el amparo contra leyes se efectúa por la vía directa o principal y no como
incidente, de éste modo no son los jueces ordinarios quienes resuelven, sino la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. (Fix Zamudio,1993, p.174)
Para mostrar un claro ejemplo de este sistema mixto, el autor Joaquín Braga
Camozano señala que es la vía que se ha seguido en la nueva regulación constitucional de
México: “consiste en una combinación de un control...concreto e incidental (1), difuso
(2), instado por cualquier ciudadano afectado en sus derechos (3), temporalmente
ilimitado (4) y cuya sentencia, conforme a la “fórmula Otero”, sólo produce efectos
respecto de las partes en litigio (5). Resulta así un verdadero sistema mixto...”
La clasificación anterior no es la única que existe para identificar los medios de
control constitucional puesto que cada autor propone o menciona unas distintas. Ignacio
BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa S. A., México, 1999, p.165
BRAGA CAMAZANO, Joaquin. La acción de inconstitucionalidad. UNAM, México, 1998, pp. 56-57.
Burgoa presenta una clasificación distinta y hasta cierto punto más amplia, la cual es
mencionada a continuación.
2.3.4 Control de Constitucionalidad por Órgano Político
Éste sistema fue ideado por Sieyés y el Poder Conservador que dirigió el país
cuando estaba en vigor la Constitución de 1836. Su característica principal es en cuanto a
la petición de la declaración de inconstitucionalidad, la cual sólo puede ser efectuada por
las autoridades contra otras de ellas que sean responsables de una violación. No existe
una controversia entre el órgano que hace la petición y la que resuelve ya que sólo se
realiza un estudio acerca de la ley o acto reclamados para que el poder controlador pueda
concluir si existe constitucionalidad o no.
Con respecto a la resolución, es de carácter erga omnes recayendo únicamente en
los procedimientos de contención. La crítica que se realiza a éste sistema es que ocasiona
pugnas entre las mismas autoridades originando entonces una alteración en el orden legal
y desequilibrando los poderes de los Estados. (Burgoa, 1999. p.154).
2.3.5 El auto-control de la Constitucionalidad
El principio de supremacía en que se basa el auto-control proviene del derecho
norteamericano. El mismo autor en cuestión menciona que el contenido del artículo 126
de la constitución de 1857 (contiene la supremacía constitucional) que después fue
transcrito al 133 en la constitución de 1917 es el texto apreciable en el artículo 6 de la
Dentro de este sistema, corresponde a los mismos jueces, sin importar la categoría
que posean el análisis de la constitucionalidad de las leyes secundarias cuando las
adecuan a sus decisiones. La razón legal del auto-control se encuentra en el artículo 133
(artículo que habla de la supremacía constitucional) el cual textualmente indica en su
segundo enunciado que “Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución,
leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados”.
El contenido del segundo enunciado de la Constitución parece indicar a los jueces
que para poder aplicar alguna disposición de leyes secundarias o locales, deberá antes
realizar un análisis para concluir que éstas no son contrarias a la Constitución. (Burgoa,
1999, p.157). Se puede apreciar que el estudio mencionado anteriormente en la práctica
no se lleva a cabo por parte de los jueces que conocen de las controversias y aplican las
leyes secundarias. La justificación que encuentro es en base a que las autoridades
legislativas encargadas de realizar las leyes se debieron percatar en su momento que las
disposiciones enunciadas en ellas respetaran el contenido y sentido que la Carta Magna
La mayor crítica que presenta éste sistema es en base a que se otorga una facultad
extensiva a los jueces para determinar si aplicarán o no las disposiciones de una ley en
base a la constitucionalidad que ellos mismos determinan para cada caso en concreto, lo
cual llevaría a una desobediencia de una autoridad a las disposiciones que por jerarquía
Para el caso de la Suprema Corte en sus actividades tendientes a la interpretación
de la norma, también se verían afectados si dicha interpretación a la luz del resto de los
jueces no es hecha conforme a la Constitución.
El precursor del auto-control, tal y como lo señala el mismo Ignacio Burgoa es
don Gabino Fraga quien considera que la decisión de inconstitucionalidad de una ley
aplicable corresponde a las autoridades estatales y que se permite al Ejecutivo la
posibilidad de que “conozca y decida las cuestiones de constitucionalidad que susciten las
leyes secundarias, en la medida que sea necesaria para el ejercicio de sus facultades
propias de ejecución” salvo en los casos de controversia que corresponden conocer al
La tesis inspirada por Gabino Fraga, comenta Matos Escobedo, únicamente ha
permanecido como doctrina puesto que nuestro sistema jurisdiccional no la ha aprobado
en base a que las autoridades en su actuación siempre deben tomar en cuenta el principio
de supremacía contenido en la Constitución y por ende acatar y respetar sus
disposiciones, sin que para ello se les deban otorgar facultades extraordinarias.
BURGOA, Ignacio. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa S. A., México, 1999, p. 159
El autor Ignacio Burgoa encuentra una contradicción en la misma Constitución
relacionada con el auto-control. Por una parte, como ya se ha dicho anteriormente el
artículo 133 constitucional plantea la supremacía constitucional y obliga a los jueces a
obedecer las disposiciones de la Constitución a pesar de encontrar contradicciones con
otras leyes o tratados. También se ha dicho que esta facultad lleva al juez a realizar un
análisis de las leyes secundarias que aplicará a cada caso en concreto para determinar su
Sin embargo, en el artículo 103, del mismo ordenamiento faculta a los Tribunales
de la Federación para resolver las controversias que se presenten por leyes o actos que
violen las garantías individuales o invadan soberanía o la esfera de competencia. Esto
indica que se otorga la misma facultad a los jueces locales dentro de un procedimiento
jurisdiccional y a los Tribunales de la Federación cuando deciden en un juicio de
garantías. No existe por ende una distinción entre las facultades de órganos
jurisdiccionales de mayor y menor rango.
2.3.6 Control de Constitucionalidad por Órgano Jurisdiccional
Es el sistema de control que se sigue actualmente en México. Dentro de éste ya no
compete a las autoridades ejercitar la acción de inconstitucionalidad, sino aquella
persona física o moral que se ve afectada strictu sensu por una o más violaciones a la
Constitución. Existe una verdadera contienda cuando se enfrenta por un lado al
gobernado que resulta agraviado y por el otro a la autoridad que el anterior señala como
responsable de la violación, además que se debe seguir un procedimiento establecido para
el juicio en particular. (Burgoa, 1999, p.155)
El control jurisdiccional se enfoca en el estudio de la actividad que realiza el
poder legislativo al crear leyes federales y locales. Carlos Arellano García cita al
formador del sistema constitucional, Hamilton, quien consideraba que la facultad
otorgada al órgano jurisdiccional puede mostrar superioridad del poder judicial frente al
No coincido con la postura anterior puesto que considero como actividad principal
del órgano jurisdiccional dar justicia a quien lo merece y para ello velar por la aplicación
adecuada de las leyes. Si una persona física o moral considera que ha sido violado uno
de sus derechos por la aplicación de una ley que puede estimarse inconstitucional, tiene la
facultad de solicitar al órgano jurisdiccional la restitución de su derecho afectado.
Para ello, se debe llevar a cabo un procedimiento que culminará con la
determinación de la existencia o no de una base constitucional en la ley de la cual se
deriva el acto que afecta el derecho de la parte que eleva su inconformidad al mismo
órgano. El mismo Arellano García señala lo siguiente:
“la interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los
tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerado por
los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, así como el de cualquier
ley que provenga del cuerpo legislativo”
Con respecto a la sentencia que se obtiene, en caso de resultar inconstitucional la
ley aplicada, de ninguna manera se llevará a cabo una declaración absoluta y general del
resultado del juicio, por el contrario se limita a proteger únicamente a la persona que
solicitó la protección contra la ley por juicio de amparo. En cuanto a los efectos de la
declaración obtenida, no se deroga la ley, sin embargo si se deja sin efectos la misma
frente al gobernado que resultó beneficiado con la sentencia obtenida en el juicio de
Una vez analizado lo correspondiente al Juicio de Amparo en el primer capítulo, y
al amparo contra leyes específicamente en éste segundo capítulo, es necesario abordar el
tema relativo a la posibilidad de que la sentencia declaratoria obtenida en dicho
procedimiento sea de pronunciación general y no únicamente respecto a los intereses
particulares de quienes solicitaron la actividad del órgano jurisdiccional.
ARELLANO GARCÍA, Carlos. El Juicio de Amparo, Edit. Porrúa, S. A., México, 1983, p.568
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 resolución 
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 artículo 372
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133
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22
 artículo 23
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