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Timestamp: 2017-12-16 09:14:28+00:00

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Foro Legal | Abogados Barcelona: noviembre 2010
La certificación en I+D facilita obtener deducciones tributarias
La obtención de deducciones por actividades de I+D en el Impuesto de Sociedades resulta más ágil si dichas actividades están convenientemente certificadas, con arreglo al Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, que regula la emisión de este tipo de certificados.
Para ello, la sociedad que esté interesada en la deducción, puede encargar un informe a una empresa certificante que esté debidamente acreditada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
No se trata de informes obligatorios, pero sí puede ser conveniente disponer de ellos porque su recomendación es vinculante para la Agencia Tributaria, lo cual resultará por tanto fundamental de cara a obtener la deducción, que está actualmente en el 8%.
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Etiquetas: deducciones, derecho fiscal, i+d, impuesto sociedades, real decreto 1432/2003
Derecho de desistimiento: libertad del consumidor para renunciar al contrato
Mediante el desistimiento, un consumidor puede renunciar libremente a la compra de un producto o a la contratación de un servicio durante un plazo mínimo de siete días hábiles. Sin embargo, el desconocimiento de este derecho dificulta su ejercicio, aun cuando la Ley lo establece de una forma clara.
La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) define claramente en su artículo 68 qué debemos entender por derecho de desistimiento: “es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase”.
Del contenido del derecho, por tanto, podemos destacar dos cuestiones esenciales: el consumidor puede desistir de forma totalmente libre (sin necesidad de dar ningún motivo para su renuncia) y sin coste (no se le puede imputar gasto alguno). Por otro lado, sí deben observarse dos requisitos formales: hacer el desistimiento dentro de plazo y comunicarlo a la empresa a la que se había adquirido el producto o contratado el servicio.
Plazo y forma de desistir
Por lo que respecta al plazo, la LGDCU establece un plazo general que debe ser, como mínimo, de siete días hábiles (artículo 71.1), sin perjuicio de que la empresa conceda libremente plazos superiores dentro de su política comercial, del mismo modo que ocurre con las garantías.
No obstante, ese plazo aumenta hasta tres meses (artículo 71.3) cuando el empresario no cumpla con todas las obligaciones de información que la Ley le impone y que posteriormente comentaremos.
En relación a la comunicación del desistimiento, señala el artículo 70 de la LGDCU que bastará con “el envío del documento de desistimiento o mediante la devolución de los productos recibidos”. Es importante destacar, al respecto, que el citado artículo establece que este derecho “no estará sujeto a formalidad alguna”, si bien esto no debe confundirse con la necesaria autotutela de derechos que todo consumidor (y todo ciudadano) debe llevar a cabo, para la mejor defensa de sus propios intereses.
Es decir, aunque la Ley no lo exija, el consumidor debe realizar la comunicación del desistimiento de un modo que permita acreditar que la ha dirigido a la empresa. Un burofax es siempre un medio especialmente recomendable en aras a obtener la mayor garantía en este aspecto, si bien sus costes son más altos que otros medios que también pueden resultar útiles, como el fax o el correo electrónico. En cualquier caso, es conveniente que el consumidor haga la comunicación mediante algún mecanismo que le permita poder demostrar, si ello fuera preciso, que hizo la comunicación de su desistimiento y que la hizo, además, dentro del plazo establecido. Y es que corresponderá al consumidor probar que ha ejercitado ese derecho (artículo 72).
Uno de los principales obstáculos para el ejercicio de este derecho es su desconocimiento. Por ello, el artículo 69 de la LGDCU establece la obligación para la empresa de informar al consumidor, de forma clara, comprensible y precisa, del derecho a desistir del contrato. Debe entregarle, además, un modelo de documento de desistimiento, indicándole a qué persona de la empresa debe dirigirse para ello.
La empresa debe entregar esta documentación por escrito. La consecuencia de incumplir esta obligación es, como hemos dicho, que el plazo de siete días durante los que el consumidor puede desistir pasa a ser de tres meses.
Es muy importante destacar que la empresa está obligada a retornar al consumidor cualquier importe que éste le hubiera abonado: “el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor y usuario sin retención de gastos” (artículo 76). Esta devolución deberá hacerse lo antes posible y, en todo caso, siempre antes del transcurso de 30 días.
Si no lo hiciera dentro de este plazo, deberá devolverla por duplicado.
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Etiquetas: abogados barcelona, derecho de consumo, derecho de desistimiento, Ley consumidores y usuarios, lgdcu, Nicolás de Salas
El número de hijos podría computarse para acceder a una pensión
La Comisión del Pacto de Toledo está estudiando una propuesta según la cual el número de hijos tendría peso en el cómputo de años cotizados, a efectos de tener derecho a percibir una pensión contributiva. Se trata de una medida que se aplica ya en otros países de la Unión Europea y que permite a algunas personas alcanzar el número mínimo de años exigidos de cotización, que es en España de 15 (aunque se estudia la posibilidad de elevarlo a 20).
La medida consistiría en computar uno o dos años de cotización más por cada hijo. Sin embargo, este cómputo sólo podría efectuarse en caso de no alcanzar los 15 años mínimos, pero no para obtener otros beneficios.
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Etiquetas: abogados barcelona, derecho laboral, pacto de toledo, pensión, pensión contributiva
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Suiza da un primer paso para eliminar el secreto bancario
Suiza empezará a compartir datos bancarios de clientes de sus bancos, de conformidad con una Ordenanza que entró en vigor el pasado octubre, y que pretende adaptar su legislación a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Para obtener esta información, los estados que la soliciten deberán acreditar la posible existencia de algún tipo de fraude o evasión fiscal y, además, acreditar también que la información en que se basa esa investigación se ha obtenido de forma lícita. Una vez entregada la documentación correspondiente, Suiza decidirá si entrega o no la información solicitada.
En un futuro, esta Ordenanza será sustituida por una Ley.
Etiquetas: abogados barcelona, derecho fiscal, evasión fiscal, ocde, secreto bancario
La sucesión en la empresa familiar: necesidad de su planificación
Lluís Llongueras ha sido despedido de la empresa que gestiona sus centros de peluquería. Ser su fundador o su imagen visible no es suficiente cuando no se controla la mayoría del capital. La noticia es sólo una muestra de la necesidad de planificar ordenadamente la sucesión en la empresa familiar.
El despido de Lluís Llongueras se ha convertido en una noticia que ha causado extrañeza a muchas personas, que no entendían cómo podían echar al conocido peluquero de su propia empresa. Sin embargo, la noticia no es tan extraña por dos cuestiones. Por un lado, porque nos demuestra una vez más que la realidad no siempre tiene por qué coincidir con la apariencia y, a efectos empresariales, lo importante no es quién protagoniza anuncios en televisión, sino quién aparece como titular del capital social en el Registro Mercantil. Por el otro, porque este tipo de situaciones no es infrecuente en las empresas familiares, sobre todo cuando no se ha abordado de manera ordenada y planificada el relevo generacional.
Si Llongueras hubiese mantenido en su poder la mayoría del capital social, la historia habría sido muy distinta.
La sucesión es un proceso inevitable en cualquier empresa y, por supuesto, también lo es en las empresas familiares. Sin embargo, es en éstas donde supone un mayor problema, ya que la mitad de ellas no consiguen llegar a la segunda generación. Las especiales características de este tipo de empresas, en que las decisiones estratégicas conviven con las sensibilidades familiares, hacen que les resulte más difícil que al resto superar un momento crítico como el de la sucesión.
La voluntad de los padres de asegurar el futuro de sus hijos en la empresa, el deseo de éstos de tomar el control o la realidad del propio mercado, que suele ser ajena a los sentimientos, hacen que no siempre sea posible conjugar todos esos intereses. Debe destacarse, sin embargo, que es perfectamente posible hacerlo si se planifica con tiempo y con el asesoramiento de profesionales externos. En este sentido, la elaboración de un protocolo familiar es uno de los mecanismos más útiles.
Todos los problemas que se plantean en un proceso de sucesión al frente de la empresa familiar pueden tener una respuesta jurídica, una solución legal. En muchas ocasiones, esa solución requerirá un proceso de negociación más o menos duro y, como fruto de éste, un compromiso serio por parte de todos los miembros de la familia empresaria, ya que cada uno de ellos deberá haber cedido en algún punto para conseguir el bien común.
Si tomamos como ejemplo el caso de Lluís Llongueras, podemos ver que su problema ha sido desprenderse de la mayoría del capital social, que entregó a otros miembros de la familia. La cesión de acciones o participaciones de la sociedad es un buen medio para que otros miembros de la familia, fundamentalmente los hijos, puedan sentirse miembros de la familia y puedan verse retribuidos, a través de la percepción de dividendos.
No obstante, esos mismos objetivos pueden conseguirse por otros medios. Una buena alternativa sería entregar a los hijos un usufructo sobre las acciones, pero conservar su propiedad. De este modo, el padre sigue teniendo los derechos de voto (controlando así, en su caso, las decisiones de la junta general) mientras los hijos tienen sólo los derechos económicos, es decir, se limitan a recibir dividendos.
En caso de querer entregar también derechos políticos a los hijos, otra alternativa que tiene el fundador es elevar previamente las mayorías necesarias para la toma de determinados acuerdos: por ejemplo, exigir una mayoría muy elevada para el cambio de administradores, con lo cual se puede asegurar su permanencia en el cargo.
Por otro lado, puede optarse también por aprobar, dentro del protocolo familiar, la creación de cargos como el de presidente honorífico que permitan al fundador (o al familiar que, en definitiva, se retira para dar paso a la nueva generación), ejercer un papel de
asesor de los nuevos administradores (con carácter consultivo y no vinculante) y, a la vez, asegurarle una retribución vitalicia.
Todas las alternativas comentadas son, como muchas otras, fórmulas distintas de acometer un proceso que, con todo, es necesario afrontar. La sucesión debe producirse tarde o temprano y negarse a ello o intentar retrasar lo inevitable es, también, una forma de perjudicar a la propia empresa. Por este motivo, es preferible dotarse cuanto antes de los instrumentos jurídicos necesarios, siendo el protocolo familiar la piedra angular de la regulación de las relaciones entre empresa familiar y familia empresaria.
A grandes rasgos, podemos decir que la planificación de la sucesión debe abarcar dos grandes ámbitos. Por un lado, debe contemplar qué características deberán reunir los sucesores. Por ello, es preciso que el protocolo establezca las condiciones de acceso a los puestos de administración de la sociedad: tener estudios universitarios, dedicación exclusiva a la empresa, etc. Por el otro, debe contemplar también el futuro del familiar que se aparta de la gestión cotidiana de la empresa, a través de algún tipo de figura (como la antes comentada del asesor consultivo) que permita aprovechar su experiencia acumulada y, también, garantizar económicamente su futuro.
Todas estas previsiones, además, deben recogerse a través de los vehículos adecuados. El protocolo familiar, que tiene vocación aglutinadora de contenidos y voluntades, debe ser el primer paso, pero no puede ser el único. Y es que hay algunos contenidos que deben trasladarse a los documentos sociales o familiares que en su caso corresponda.
A modo de ejemplo: de nada sirve establecer en el protocolo la prohibición de vender acciones de la empresa a personas ajenas a la familia si, después, esa misma prohibición no se incorpora a los estatutos sociales. De igual modo, la transmisión de las acciones a través de herencia debe estar recogida en los testamentos de los accionistas, a quienes ningún tercero puede obligar en este sentido.
En todo caso, es imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para que el protocolo sea de obligado cumplimiento. Un mecanismo ineludible es su inscripción en el Registro Mercantil. Sin embargo, es muy aconsejable que sea el propio protocolo el que prevea ya cláusulas penales que castiguen a quienes lo incumplan o, mejor aún, les disuadan de hacerlo.
La elaboración de un protocolo: un camino azaroso pero necesario
Dice la máxima que es preferible prevenir que curar. Muchas empresas familiares piensan que no es necesario establecer un protocolo cuando todos están de acuerdo. De hecho, muchos temen que iniciar el proceso para elaborarlo puede traer como consecuencia el inicio de disputas entre ellos.
Efectivamente, consensuar un protocolo no es un camino fácil, porque implica que todos sus partícipes deben sacrificar algún interés que les es propio en aras a alcanzar un acuerdo común, que sea satisfactorio para todos. Es una tarea dura y que, en muchos casos, no estará exenta de fricciones, pero es aconsejable tratar de limar las asperezas cuando es el momento de hacerlo. Tarde o temprano, acabarían apareciendo y tal vez ya no tendrían solución posible.
Por otro lado, la empresa familiar debe tener vocación de continuidad y, desde ese punto de vista, no resulta difícil adivinar que el consenso entre dos hermanos no tiene por qué mantenerse cuando, en la segunda generación, la empresa pasa a estar gobernada por cinco primos y, así, sucesivamente. Por ello, es preferible anticiparse a futuros problemas.
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Etiquetas: abogados barcelona, acciones, administradores, Antonio Valmaña, dividendos, empresa familiar, estatutos sociales, protocolo familiar, registro mercantil, sucesión
Foro Legal ofrece formación para aplicar la reforma de la Ley de Morosidad
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Etiquetas: abogados barcelona, derecho mercantil, formación, foro legal, Ley de Morosidad, plazos de pago
La lucha contra la morosidad: una nueva cultura del pago
Una nueva cultura del pago para Europa. Eso es lo que representan los últimos intentos del poder legislativo en la lucha contra la morosidad, según palabras de la eurodiputada Barbara Weiler. La nueva directiva europea aprobada tan solo hace unos de meses ha derivado, en nuestro país, en la publicación de la nueva Ley 15/2010, que entró en vigor el pasado 7 de julio, introduciendo medidas más fuertes de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales españolas.
El entorno económico en el que nos encontramos y el efecto de la crisis económica se han traducido en un importante aumento de impagos. Ante ello, y para la protección de las pequeñas y medianas empresas, la nueva normativa ha convertido los plazos de pago y su contabilización en un derecho imperativo. Esta regulación prohíbe expresamente la posibilidad de fijación inter partes de plazos de pago más amplios que los recogidos en la Ley, restringiendo de esta forma el principio de autonomía de la voluntad.
En consecuencia, se tendrán por no puestos y se declararán nulos los pactos entre las partes para alargar los periodos de pago. Y es que era precisamente esa posibilidad de pacto voluntario la que, hasta la nueva regulación, provocaba que, en el sector de la gran distribución, los proveedores soportaran plazos medios de cobro que se aproximaban hasta los 100 días.
La situación es más alarmante, si cabe, en el sector de la construcción, donde los fabricantes de materiales, los contratistas y sus subcontratistas llegan a tener plazos de cobro que pueden ser superiores a los 200 días. La realidad de los retrasos en el pago es todavía más grave cuando los deudores son organismos públicos, que actúan con absoluta discrecionalidad a la hora de hacer frente a sus pagos.
En concreto, el redactado del artículo 4 de la nueva Ley provoca un gran cambio para nuestras relaciones comerciales en referencia a los plazos de pagos. Así, este precepto establece un plazo máximo de pago en 60 días a partir de 1 de enero de 2013, considerándolo un periodo de adaptación, reflejado en la Disposición Transitoria Segunda, con distintos tramos de reducción de los plazos: desde el 7 de julio de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011, el plazo máximo será de 85 días; durante el año 2012, el plazo máximo será de 75 días; a partir del 1 de enero de 2013, definitivamente el de 60 días.
Las empresas son reticentes a aplicar la Ley por miedo a perjudicar sus estrategias comerciales, pues todavía existe un profundo desconocimiento de su contenido , y los proveedores que conocen la Ley son reticentes a la hora de aplicar los derechos que ésta les otorga por miedo a enturbiar las relaciones con sus clientes. Sin embargo, la norma es imperativa y no deja lugar a dudas: e indica que las obligaciones de pago de todas las operaciones comerciales celebradas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma, esto es, el pasado 7 de julio, tendrán un plazo establecido por la Ley, teniéndose que adaptar al mismo.
El texto completo de la nueva Ley de Morosidad puede consultarse en la página web del Boletín Oficial del Estado, disponible en el siguiente enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf
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Etiquetas: abogados barcelona, autonomía de la voluntad, derecho mercantil, Ley 15/2010, Ley de Morosidad, operaciones comerciales, plazos de pago
Los Ayuntamientos podrán subir el tipo impositivo del IBI en 2011
Los Ayuntamientos podrán subir el tipo impositivo del IBI hasta el mes de agosto de 2011, lo cual permitirá que la decisión se tome después del mes de mayo, cuando se hayan celebrado ya, por tanto, las elecciones municipales. Así lo establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Los consistorios podrán elevar el tipo hasta el 1,1% máximo (con un tipo incrementado de hasta el 1,17%), si bien deberán establecer un tipo más reducido para los primeros años de la subida.
Por otro lado, se ha alargado hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo en que la Dirección General del Catastro seguirá determinando la base liquidable del impuesto, cosa que debían empezar a hacer los Ayuntamientos en 2011.
Etiquetas: abogados barcelona, derecho fiscal, ibi, impuesto bienes inmuebles, impuestos, ley presupuestos, tipo impositivo
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References: Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 68
 artículo 70
 artículo 69
 artículo 4