Source: https://www.adelaprat.com/2017/10/26541/
Timestamp: 2017-10-21 11:56:10+00:00

Document:
-LA CORTE REVOCA LA SENTENCIA que DECLARÓ LA
INCONSTITUCIONALIDAD del ARTÍCULO 1.078 del CÓDIGO CIVIL–
“Recurso de hecho deducido por Seguros Bernardino Rivadavia Coop.
Ltada. en la causa:”Lima, Maira Joana y otros c/ Agon Alfredo; Sastre
María Patricia y otros s/ daños y perjuicios”.
Constitucionalidad del artículo 1.078 del Código Civil (hoy derogado),en
cuanto otorga daño moral únicamente a damnificados directos y no
lo otorga a damnificados indirectos (padres y hermanos de la víctima)
Dictamen del Procurador Fiscal al que adhiere la CSJN.
Ídem tratamiento en el CCyCN (Nuevo Código).
Los agravios del apelante han sido objeto de adecuado tratamiento en
el dictamen emitido por el Sr. Procurador Fiscal, a cuyos términos y
fundamentos esta Corte adhiere y remite por razón de brevedad.
Por lo expuesto,se declara procedente la queja interpuesta,admisible
el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada en cuanto
declaró la inconstitucionalidad del art. 1.078 del Código Civil que
disponía que la acción por indemnización del daño moral sólo
competía al damnificado directo.Con costas a cargo de los vencidos.
(art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil modificó la sentencia
de la instancia anterior, que había condenado a la demandada a indemnizar los
daños sufridos por los actores.
Respecto de la actora M.J.L. damnificada directa del accidente de tránsito que le
causó un conjunto de afecciones y secuelas tales como fractura de muñeca, de cadera,
acortamiento de la pierna derecha,dificultad masticatoria, trastorno depresivo mayor
de tipo grave y estrés postraumático,entre otras, se le reconoció la pérdida de chance
y el daño estético sufridos.
No obstante, disminuyó la condena en concepto de daño moral.
Respecto de los damnificados indirectos del accidente, hermanos y padres de la acto-
ra,redujo el monto indemnizatorio correspondiente al lucro cesante y confirmó
la condena por gastos médicos, de farmacia y traslados, y revocó la condena por
Además,declaró la inconstitucionalidad del artículo 1.078 del Código Civil –hoy de-
rogado– y, en consecuencia, ordenó la reparación de daño moral sufrido
por aquéllos.-damnificados indirectos–
La Cámara señaló que dicha norma prevé que únicamente el damnificado directo
se encuentra legitimado para exigir la indemnización por las consecuencias
extrapatrimoniales del hecho ilícito.
Contra dicho pronunciamiento, la citada en garantía dedujo recurso extraordinario
(fs.1267/1278 vta.), que fue contestado (fs.1303/1320 vta.), y desestimado (fs.1323
/1323 vta.),lo cual dio lugar a la presente queja (fs. 58/62 vta. del cuaderno respecti-
La recurrente alega que el artículo 1.078 del Código Civil es razonable y, por ende,
no viola ninguna garantía constitucional.Sostiene que la diferente legitimación para
reclamar la indemnización por daños patrimoniales y por daños extrapatrimoniales,
no necesariamente implica una violación del artículo 16,de la Constitución Nacional.
“El recurso extraordinario es formalmente admisible puesto que se puso en tela de
juicio la validez constitucional de una norma del Código Civil y la sentencia ha sido
contraria a su validez (art. 14, inc.1, Ley 48).Por lo tanto ha sido mal denegado.
“La cuestión controvertida consiste en determinar si el artículo 1.078 del Código
Civil –aplicable al caso y actualmente derogado-, en tanto no prevé la legitimación
de los padres y los hermanos para reclamar la indemnización por daño moral ante
el hecho ilícito padecido por el damnificado directo, es inconstitucional a la luz de
los artículos 16 y 19 de la Constitución Nacional.
“Ante todo, cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una disposi-
ción legal es un acto de suma gravedad institucional y una de las más delicadas
funciones del Poder Judicial y,por ello, debe ser considerada como última ratio del
orden jurídico y sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitu-
-cional es manifiesta y de incompatibilidad inconciliable.
“En este caso, no se alcanza a demostrar que la norma en cuestión resulte inconstitu-
cional.En primer término, la garantía del artículo 16 de la Constitución Nacional, im-
plica la igualdad de tratamiento para casos idénticos o razonablemente simi-
lares o asimilables entre sí.
“Sin embargo,no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones
que considere diferentes.
“Entiendo que el menoscabo de bienes patrimoniales es indemnizable de con-
formidad con las reglas de los artículos 1.079 y concordantes.
De acuerdo con esa norma, todo aquel damnificado que haya sufrido un daño directo
o indirecto a causa de un hecho ilícito se encuentra legitimado para reclamar su
“En este supuesto,el damnificado invoca un daño cuya prueba es necesaria para la
procedencia del reclamo indemnizatorio (Fallos: 316:2894,”Gómez Orué de Gaete“,
considerando 5º).
“Por otro lado, las consecuencias no patrimoniales del hecho ilícito son resarci-
das de acuerdo con el artículo 1.078 del Código Civil.En este caso, el daño consiste
en las angustias, inquietudes,miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación
vivida por el damnificado.
“En virtud de la naturaleza del perjuicio sufrido,la dimensión del daño no puede ser
acreditada con certeza.No obstante,el Legislador consideró que el perjuicio
extrapatrimonial debe tenerse por configurado por la sola producción
“El legislador entendió que no es posible exigirle al generador del daño que
indemnice a todo aquél que meramente invoque la existencia de daño moral.
“Por lo tanto, estableció en qué casos los Jueces pueden presumir su existencia.
“En este contexto, considero que las diferentes reglas probatorias en los supuestos
de daños materiales e inmateriales en los casos de responsabilidad extracontractual,
constituyen una justificación objetiva y razonable del tratamiento diferenciado
que brinda el Código Civil a la “legitimación activa” en cada supuesto.
“Para más, de conformidad con el art.1741,del Código Civil y Comercial de la Nación,
el ordenamiento vigente mantiene la regla según la cual sólo el damnificado directo
se encuentra legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no
patrimoniales del hecho ilícito.
“La legitimación activa ha sido ampliada por el nuevo Código pero sólo para casos
de muerte o de gran incapacidad de la víctima.
El legislador, a través de la limitación contenida en el art. 1.078, ha establecido un
medio apropiado –considerando la particular naturaleza de los daños no patrimonia-
les y las cuestiones probatorias conexas-,a fin de procurar la previsibilidad de los
riesgos y la cobertura de los daños derivados de los hechos ilícitos.
“La limitación contenida en el artículo 1.078 supera el examen de razonabilidad… en
el sub-lite, el artículo citado en tanto no prevé la legitimación de los padres y de los
hermanos para reclamar la indemnización por daño moral ante las lesiones padeci-
das por el damnificado directo del hecho ilícito,no resulta inconstitucional”.
Por ello, corresponde hacer lugar a la queja, declarar formalmente procedente
el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada,imponiendo las costas
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