Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L304.html
Timestamp: 2019-03-26 15:05:10+00:00

Document:
as20151L304
AUTO SUPREMO Nº 304/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 286/2009
Parte Imputada : Lidia Flora Valle Calderón
Por memorial presentado el 05 de junio de 2009, cursante de fs. 306 a 308, Genaro Quenta Fernández en representación del Ministerio Público interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 100/2009 de 15 de abril de fs. 288 a 291, pronunciado por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y María Luisa Canedo García y Lorena Diva Molina Canedo contra Lidia Flora Valle, por la presunta comisión del delito de Estafa y Estelionato, previstos y sancionados por los arts. 335 y 337 del Código Penal (CP), respectivamente.
Desarrollado el juicio oral y público, por Sentencia 30/2007 de 15 de diciembre (fs. 181 a 186), el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, declaró a Lidia Flora Valle Calderón, autora y culpable de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándole a tres años de presidio a cumplir en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, más costas a favor del Estado a ser calificados en ejecución de sentencia; asimismo, la declaró absuelta de pena y culpa por la comisión del delito de Estafa previsto y sancionado por el art. 335 del CP. Mediante Auto Complementario de 26 de febrero de 2008 (fs. 214 vta.) se determinó la aplicación del art. 366 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal (CPP), para que la imputada se acoja al beneficio de la suspensión condicional de la pena.
Contra la mencionada Sentencia, el Ministerio Público, la parte querellante María Luisa Canedo García y Lorena Diva Molina Canedo y la imputada Lidia Flora Valle Calderón , interpusieron recurso de apelación restringida (fs. 204 a 207); (fs. 209 a 212 vta.), y de (fs. 224 a 227), resuelto por Auto de Vista 100/2009 de 15 de abril, emitido por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró la improcedencia de la apelación restringida interpuesta por Lidia Flora Calderón y procedente en parte las apelaciones restringidas del Ministerio Público y de la parte querellante, confirmando en parte la Sentencia, modificando la pena a tres años y cinco meses de reclusión. La solicitud de explicación, complementación y enmienda formulada por la imputada, fue declarada no ha lugar mediante Resolución 57/2009 de 10 de junio.
Del memorial de recurso de casación (fs. 306 a 308) y del Auto Supremo 046/2015-RA-L de 04 de febrero (fs. 361 a 364 vta.), se extrae la denuncia a ser analizada en la presente Resolución, aspecto sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del CPP.
Denuncia el recurrente, que la agravación de la pena de tres años a tres años y cinco meses, no es congruente con los razonamientos expuestos por el Tribunal de alzada, quien había referido que “3. Que el Tribunal ad quo…en la parte de fundamentación de la pena, se refiere como atenuantes: a) que la imputada no tiene antecedentes penales, b) que cuenta con 62 años, con grado de bachiller, con un hijo con personalidad definida, y c) que el comportamiento social posterior al hecho fue plausible al pretender devolver de a poco a las victimas el daño ocasionado. Sin embargo se tiene que, ninguno de estos tres argumentos son sustentables en atención a los montos sonsacados y su gravedad con relación a las víctimas, es decir que en ningún momento el Tribunal Ad quo realiza una valoración sobre las victimas inducidas a error, a lo que el Tribunal Ad quo no cumple con lo señalado por el Art. 37 num.1), como tampoco el Art. 38 num.2) del cuerpo sustantivo penal, cuando no toma en cuenta la extensión de daño causado y la efectividad de la sanción penal; que no se puede considerar algo plausible (encomiable), la intención de pretender devolver dineros obtenidos que en ningún momento fue materializada, no que revictimiza a los querellantes” (sic); alegando que en mérito al razonamiento expuesto por el Tribunal de alzada, éste debió imponer la pena de cinco años de reclusión contra la imputada. Invoca como precedentes contradictorios los Autos Supremos 562 de 1 de octubre de 2004 y 237 de 7 de marzo de 2007, que habrían señalado que no puede existir incongruencia o contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa y resolutiva, y el Auto Supremo “de fecha 19 de septiembre de 200” (sic) que corresponde a la gestión 2000; el cual, conforme se tiene expuesto en el Auto Supremo 046/2015-RA-L de admisión, no será considerado a efectos de la labor de análisis, por haber sido tramitado con el Código de Procedimiento Penal de 1972, no correspondiendo al sistema acusatorio vigente.
El recurrente solicita la admisión del recurso y, determinada la existencia de contradicción, se anule el Auto de Vista para que la Sala Penal Tercera emita nueva resolución.
Mediante Auto Supremo 046/2015-RA-L de 04 de febrero, cursante de fs. 361 a 364 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el representante del Ministerio Público para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Quinto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dictó Sentencia condenatoria contra Lidia Flora Valle Calderón por el delito de Estelionato, y; absolviéndola de la comisión del delito de Estafa en base a los siguientes fundamentos: i) Que, en la gestión 1995, la imputada suscribió dos contratos de anticrético de dos departamentos por las sumas de $us. 22.000.- (veintidós mil dólares estadounidenses) y $us. 20.000.- (veinte mil dólares estadounidenses) a favor de las acusadoras particulares; ii) Que, el por el informe de la oficina de Derechos Reales se evidenció la existencia de gravámenes del inmueble a favor del Banco Unión S.A. de 31/10/1994, de 14/8/1998, 5/5//1999, 7/6/2000 y de 29/3/2001 dentro de un proceso civil ejecutivo, además de otro gravamen de 28/3/2001 por una obligación contraída con Edgar Trujillo Sánchez con intervención de la imputada; finalmente, en fecha 1/3/2006 se inscribió el inmueble de la Av. Las Muñecas Nº 367 a favor del Banco Unión; iii) Que, por las declaraciones testificales de Erick Peralta Molina, María Luisa Canedo García y Lorena Diva Molina Canedo, se establece que el inmueble contaba con varios gravámenes cuya suma ascendía a $us. 200.000.- (doscientos mil dólares estadounidenses) a favor del Banco Unión, entidad que se adjudicó el referido inmueble; y, las acusadoras particulares entregaron el dinero para el anticrético de buena fe con sólo la firma de un documento privado, posteriormente reconocido judicialmente, cuando solicitaron la devolución del dinero, la imputada entregó un cheque del Banco Unión que sólo tenía como fondos la suma de $us. 36.- (treinta y seis dólares estadounidenses); y, iv) Que, por las literales introducidas a juicio, concluyeron que la imputada suscribió dos contratos de anticresis con las querellantes de mala fe, teniendo conocimiento que sobre el inmueble pesaban gravámenes acto con el cual se configuran los elementos del delito de Estelionato; sobre la Estafa, no se demostró el dolo para obtener el beneficio económico indebido, menos el engaño o artificio para provocar el error en las víctimas, ya que voluntariamente las víctimas se enteraron del anticrético del inmueble, tomando en cuenta que una de las víctimas continúa viviendo en el inmueble y la otra recién se enteró en septiembre de 2001 que el inmueble se encontraba en remate, cuando fue a cobrar el cheque del Banco Unión; asimismo en el uso de la última palabra, la imputada refirió la intensión de devolver el dinero poco a poco pero las querellantes señalaron querer la devolución completa del dinero. Mediante Auto Complementario de 26 de febrero de 2008 el Tribunal de juicio otorgó a la imputada el beneficio de suspensión condicional de la pena previsto por el art. 366 inc.1) del CPP.
II.2.Del recurso de apelación restringida del Ministerio Público.
Genaro Quenta Fernández, fiscal de materia, en representación del Ministerio Público interpuso recurso de apelación restringida (fs. 204 a 207); en cuyos argumentos, denunció como agravios:
Inobservancia de la Ley sustantiva Penal, enmarcado en los art. 335, 337 y 38 del CP, debido a que el Tribunal de juicio concluyó que se configuró el delito de Estelionato pero no así el de Estafa, en razón a que las querellantes voluntariamente por el aviso de prensa se enteraron del ofrecimiento del inmueble en anticrético, no evidenciando el dolo ni engaño; sin embargo, la conclusión de que la imputada contrató de mala fe sobre el inmueble en cuestión como si fuera libre, conociendo que pesaban gravámenes sobre él, desde la gestión de 1994 al 2001, además de otra deuda contraída con Kevin Trujillo también registrada sobre el inmueble que pasó a propiedad el Banco Unión S.A, lo cual no sólo configura el delito de Estelionato; sino, también el de Estafa, por existir dolo en la intención de obtener un beneficio económico indebido, provocando error en la víctima elaborando el contrato privado; aun así, continuó prestándose ingentes cantidades de dinero del Banco Unión S.A con la intensión de no pagar y que el Banco se quede con el inmueble, convencida de que las víctimas no podrían reclamar el importe de los contratos privados; ii) Contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, debido a que determinó la existencia de detrimento en el patrimonio de las víctimas; pero, resolvió absolver a la imputada por el delito de Estafa, porque no se demostró el dolo para obtener el beneficio económico indebido, ni el engaño o artificio para inducirlas en error, vicio previsto por el art. 370 incs.5) y 8); y, iii) Que, la Sentencia carece de fundamentación en la imposición de la pena, tomando sólo en cuenta que la imputada no tenía antecedentes penales , sin considerar la ilegalidad del delito y el concurso real, tratándose de una persona preparada.
Radicada la causa en la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, ésta resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 100/2009 de 15 de abril, en el cual concluyó que: i) El A quo, acertadamente determinó que la imputada, al suscribir dos contratos de anticresis conociendo que los mismos no podían ser celebrados, en razón a que existían gravámenes a favor del Banco Unión S.A., así como un juicio ejecutivo que concluyó con la adjudicación del inmueble a favor de la referida entidad, configurándose el delito de Estelionato; sin embargo, el Tribunal de alzada, no encontró la existencia de los presupuestos configurativos del delito de Estafa, porque la mencionada conducta no puede constituir al mismo tiempo este tipo penal, basado en las publicaciones de prensa ofreciendo el inmueble en anticrético, si bien hubo beneficio económico, éste se basó en la suscripción de dos contratos de anticrético, no existiendo inobservancia de la ley sustantiva; ii) Que, no resulta evidente la existencia de contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia , debido a que los fundamentos no están orientados a encontrar autoría en ambos delitos , evidenciando en la fundamentación probatoria, descriptiva e intelectual un análisis somero y preciso del por qué el tribunal encuentra la autoría del delito de Estelionato y no el de Estafa; iii) Que, tampoco resulta cierto que la Sentencia crezca de fundamentación en cuanto a la imposición de la pena en consideración a los arts. 37 incs.1) y 2), 38 y 40 del CP , señalando el A quo, que la pena máxima por Estelionato es cinco años, sancionando a la imputada con una pena media de tres años en razón a que no cuenta con antecedentes, tiene 62 años y existe la intención de devolver el dinero a las víctimas, por lo cual se tomó en cuenta la personalidad de la imputada, la gravedad del hecho y las circunstancias en las que cometió la conducta antijurídica, su edad, educación, conducta anterior y posterior al delito, su condición de mujer, madre y edad avanzada, otorgándole el beneficio de suspensión condicional de la pena previsto por el art. 366 inc. 1) del CPP, conforme se desprende del Auto complementario de 26 de febrero de 2008 (fs. 214 vta.); iv) Que, la decisión no se basó en las declaraciones testificales como alega la imputada; sino, en los contratos de anticresis, informes de DDRR, certificaciones y testimonios que acreditan que la imputada celebró dos contratos de anticrético cuando los departamentos estaban gravados con anterioridad; que la valoración de la prueba corresponde al Tribunal de instancia conforme el principio de inmediación, no existiendo defectuosa valoración de la prueba ni violación al debido proceso por falta de fundamentación, porque la Sentencia es clara, específica y fundamentada identificando y describiendo los elementos introducidos a juicio; y, cumpliéndose con las reglas de la deliberación, redacción y fundamentación; y, v) Respecto a la imposición de la pena, los argumentos de que la imputada carece de antecedentes penales, tiene 62 años, bachiller, con un hijo y que pretendió devolver el dinero a las víctimas poco a poco, no son sustentables en atención a los montos sonsacados, la gravedad y cantidad de víctimas; por lo que, el A quo no realizó una valoración de las víctimas frente a la pena impuesta, la extensión del daño y la efectividad de la sanción penal, no siendo plausible la intensión de devolver el dinero poco a poco cuando aquello no sucedió, incumpliendo con los arts. 37 inc. 1) y 38 inc. 2) del CP; consecuentemente, al tenor de los arts. 400 y 413 del CPP, modifica la pena impuesta.
Con esos argumentos, declaró improcedente el recurso de apelación restringida de la imputada y procedente en parte los fundamentos de los recursos del Ministerio Público y las acusadoras particulares, modificando la pena que debe cumplir la imputada Lidia Flora Valle Calderón a tres años y cinco meses de reclusión a cumplirse en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mas costas a favor del Estado, calificables en ejecución de Sentencia y subsistente los razonamientos sobre el delito de Estafa.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN ENTRE EL FALLO IMPUGNADO Y LOS PRECEDENTES INVOCADOS
Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, emitido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otra contra M.P.F.H., quien fue condenada por la comisión del delito de Estelionato y absuelta por el tipo penal de Estafa a través de una Sentencia que apelada por la parte imputada y querellante, fue confirmada con la modificación de la pena. Ante la formulación de recurso de casación por la imputada, el Tribunal de casación advirtió que el Tribunal de alzada incurrió en manifiesta y notoria ausencia de fundamentación en el Auto de Vista impugnado, al no haberse pronunciado respecto a los puntos apelados, pues tanto el Tribunal de Sentencia como el de Apelación, no se pronunciaron sobre el valor de una Sentencia ejecutoriada dictada por un Juez en materia civil, presentada como prueba fundamental por la imputada, mediante la cual acreditaba el incidente prejudicial opuesto, por cuyo motivo se interrumpió el juicio oral por un año; además, observó que no se dijo nada respecto a la etapa preparatoria, al no constar cuándo se realizó y notificó personalmente con la imputación formal, para que la imputada pueda oponer incidentes y asumir defensa, de ahí porque recién pudo formular el incidente de prejudicialidad dentro del juicio oral, determinando su suspensión por un año en contravención del principio de continuidad, incurriéndose en defectos absolutos que debieron ser corregidos aún de oficio por el Tribunal de alzada. Con estos antecedentes fácticos, la Corte Suprema de Justicia, dejó sin efecto la Resolución impugnada, señalando la siguiente doctrina legal aplicable:
"Las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; si en obrados se observan defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, deben ser corregidos de oficio por el Tribunal de alzada o el de casación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, aunque el recurrente no hubiera efectuado reclamo oportuno para su saneamiento, facultad que está restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad. Además en ningún fallo puede omitirse la fundamentación del mismo, no pudiendo ser reemplazado por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva".
Auto Supremo 237 de 7 de marzo de 2007, resolución dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y otro por el delito de violación, en el cual se determinó dejar sin efecto el Auto de Vista recurrido al evidenciar que ingresó en revalorización de la prueba que fundó el fallo absolutorio, transgrediendo los principios de inmediación, concentración e inmediatez, competencias exclusivas del Tribunal de Sentencia; así como la violación del principio de congruencia y fundamentación por omitir pronunciarse sobre todos los puntos denunciados en el recurso de apelación restringida, sentó como doctrina legal aplicable:
“Que la apelación restringida, como medio legal que permite al justiciable impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiere incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia; no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, bajo los principios de concentración, inmediatez y congruencia, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales , los Tratados Internacionales, el debido proceso y la correcta aplicación de la Ley. Por ello el sistema procesal no admite la doble instancia, estando limitado el accionar del Tribunal de la Apelación para anular total o parcialmente la sentencia y ordenar la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal, cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la Ley o su errónea aplicación; o cuando la nulidad sea parcial, se indicara el objeto concreto del nuevo juicio; y finalmente, cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesario la realización de un nuevo juicio, puede resolver directamente. Recuérdese que las normas procesales son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio; siendo deber del Tribunal de Alzada y de Casación observar los defectos de procedimiento que constituyen defectos absolutos y atentan derechos fundamentales, debiendo ser corregidos de oficio, conforme ordena el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial, facultad que esta restringida para casos donde se encuentren violaciones flagrantes al debido proceso y existan defectos absolutos que determinen nulidad, considerándose entre los defectos de la sentencia o resolución superior la omisión de la fundamentación, que no puede ser obviada o reemplazada por la simple relación de documentos o la mención de los requerimientos de las partes; finalmente, tampoco puede existir incongruencia y contradicción entre los fundamentos expuestos en la parte considerativa con la resolutiva”.
Corresponde ahora, analizar los precedentes presuntamente contradictorios y la argumentación que realiza el recurrente relacionados con los datos del proceso, razón por la cual y a efecto de establecer si la denuncia es evidente, en principio es necesario acudir al contenido de la apelación restringida a objeto de verificar la denuncia concreta y los fundamentos de la Resolución impugnada, a los fines de verificar si existe o no incoherencia entre la parte considerativa y resolutiva, que- a criterio del recurrente- se evidencia cuando el Tribunal de alzada determinó la existencia de la gravedad del hecho, la extensión del daño causado y la efectividad de la sanción penal; sin embargo, sólo incrementó el quantum de la pena de tres años a tres años y cinco meses; hecho que resultaría contradictorio a la doctrina legal sentada por los Autos Supremos 562 de 1 de octubre de 2004 y 237 de 7 de marzo de 2007; en cuyo mérito, este Tribunal ingresa a efectuar la labor de contraste que la ley le asigna.
Con ese propósito, es necesario aclarar en primera instancia, que de la revisión del recurso de apelación restringida interpuesto por el representante del Ministerio Público, conforme se tiene descrito en el acápite II. 2 de la presente resolución, se establece que la denuncia tiene tres vertientes: la primera relacionada con la inobservancia de la ley sustantiva penal, debido a que el impugnante consideró que la conducta de la imputada se subsumía también en el delito de Estafa, el segundo punto apelado se circunscribía a la supuesta contradicción entre la parte considerativa y resolutiva de la Sentencia, porque se determinó la existencia de detrimento en el patrimonio de las víctimas; pero, absolvió a la imputada por el delito de Estafa, al no haberse demostrado el dolo para obtener el beneficio económico indebido, ni el engaño o artificio para inducir a las víctimas en error; y , el tercer punto referido a la falta de fundamentación de la Sentencia en lo concerniente a la imposición de la pena, considerando únicamente que la imputada no contaba con antecedentes penales, sin tomar en cuenta la ilegalidad del delito, el concurso real y su nivel de instrucción.
Sobre este tópico, el Tribunal de alzada, evaluando los elementos fácticos y los fundamentos de la Sentencia atingentes a las atenuantes que consideró el A quo para imponer la sanción, determinó que los tres argumentos referidos a: “a) que la imputada no tiene antecedentes penales, b) que cuenta con 62 años, con grado de bachiller, con un hijo con personalidad definida, y c) que el comportamiento social posterior al hecho fue plausible al pretender devolver de a poco a las víctimas el daño ocasionado. Sin embargo, se tiene que, ninguno de estos tres argumentos son sustentables en atención a los montos sonsacados y su gravedad con relación a las víctimas, es decir, que en ningún momento el Tribunal Ad quo realiza una valoración sobre las víctimas frente a la pena dispuesta, considerando que fueron dos las víctimas inducidas a error, a lo que el tribunal Ad-quo no cumple con lo señalado por el Art. 37 num.1) como tampoco el Art. 38 num. 2) del cuerpo sustantivo penal, cuando no se toma en cuenta la extensión del daño causado y la efectividad de la sanción penal, que no se puede considerar algo plausible (encomiable) la intención de pretender devolver dineros obtenidos que en ningún momento fue materializada, lo que revictimiza a las querellantes” (sic). Bajo tales argumentos, en la parte resolutiva del Auto de Vista, el Tribunal de alzada determinó declarar procedente en parte los recursos de apelación restringida del Ministerio Público y de las querellantes, confirmando en parte la Sentencia que declara a la imputada autora del delito de Estelionato “…modificándose la pena que debe cumplir la acusada Lidia Flora Valle Calderón a tres años y cinco meses de reclusión a cumplirse en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes…” (sic). En ese contexto, se advierte que los fundamentos del Auto de Vista para incremental la sanción impuesta a la imputada son congruentes y coherentes con la decisión asumida de modificar el quantum de la pena, ampliando la sanción de tres años a tres años y cinco meses, lo cual imposibilita que la imputada pueda acceder al beneficio de la suspensión condicional de la pena previsto por el art. 366 del CPP. Debe tenerse presente que, ciertamente la imposición de la pena, corresponde a la autoridad sentenciadora, quien previa valoración de las circunstancias probadas en juicio, una vez asumida la convicción de la existencia del hecho, de la participación del o los imputados en él, el grado de participación y por ende su culpabilidad, dicta Sentencia condenatoria, en aplicación de lo dispuesto por el art. 365 del CPP, fijando de forma precisa la sanción que corresponda, para ello, debe realizar un estudio concienzudo de todas las circunstancias que rodean el hecho, vinculándolas de forma objetiva a los autores. Para su determinación, el juzgador, debe sujetarse a los lineamientos señalados en la norma punitiva, relativos a la aplicación de las penas, tomando siempre en cuenta su finalidad conforme el art. 118.III de la Constitución Política del Estado (CPE); por lo que, requiere que se encuentre debidamente fundamentada y motivada (art. 124 del CPP), sólo cumplidas las exigencias legales, la imposición de la pena, demostrará que es producto de un trabajo racional y no del capricho del juzgador.
Por otro lado, conforme la competencia de los Tribunales de alzada previsto por el art. 51 del CPP, relacionado con los arts. 398 del citado cuerpo legal y 58 de la Ley del Órgano Judicial, este Tribunal, así como la extinta Corte Suprema de Justicia, emitieron amplia doctrina legal y entendimientos que establecen requisitos y parámetros a tomarse en cuenta respecto a la imposición de la pena, su control y la obligación del Tribunal de apelación cuando evidencia la falta de justificación en la imposición de una sanción privativa de libertad; es importante tomar en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que pudieran concurrir; pero también la finalidad de las sanciones privativas de libertad, que se encuentra descrita en el art. 118 parágrafo III de la CPE. Existen criterios específicos para la fijación de la pena y el control que debe ejercer el Tribunal superior en grado, como son la evaluación, decisión y justificación del tipo y la extensión de la pena; por cuanto, no puede considerarse una cuestión propia de la discrecionalidad del Juez. La individualización de la pena está sometida al principio de proporcionalidad recogido por el CP, en sus diferentes artículos y a la finalidad de la pena establecida constitucionalmente. Corresponde al Tribunal de alzada, ante la constatación de su incumplimiento, proceder directamente a la modificación del quantum de la pena, en sujeción a los principios constitucionales y procesales, en ejercicio de la facultad reconocida por el art. 414 del CPP, considerando a) La personalidad del autor (arts. 37 y 38 del CP) que exige un análisis del perfil de la personalidad, vinculado al hecho concreto para aplicar la pena en la dimensión que corresponda a esa persona concreta e individual, de tal manera que el reproche jurídico, guarde armonía con el hecho, su personalidad y las circunstancias; la edad, que puede, puede operar como agravante o atenuante; la educación y la posición económica determinan que el reproche será mayor debido a que el autor tuvo acceso a una educación, en especial, en casos vinculados a delitos económicos; la vida anterior libre de sanciones penales que se constituye en atenuante; la conducta posterior se considerará si el autor demuestra intensión de reparar el daño causado; también podrán considerarse si se entregó voluntariamente a la autoridad policial o judicial existiendo la posibilidad de huir o no ser descubierto; y, la confesión que manifieste arrepentimiento, o ayude al establecimiento de la verdad. Si la confesión y el arrepentimiento no son reales; sino, un intento de lograr la impunidad o una sanción más benigna, los administradores de justicia deben examinar tal situación al momento de decidir la sanción. La extensión del daño causado debe ser delimitada sólo para aquello que tenga vinculación con el hecho típico, directamente. Además, debe tenerse en cuenta que no es necesaria la concurrencia de todas las circunstancias descritas, pues dependerá de cada caso concreto; también deben considerarse la mayor o menor gravedad del hecho [(art. 38 inc. 2) del CP)]; es decir, la naturaleza de la acción, los medios empleados, la extensión del daño causado y del peligro corrido y finalmente las circunstancias y consecuencias del delito, que también deben ser consideradas en el caso concreto.
No debe dejarse de lado la fundamentación para fijar la pena, la cual debe satisfacer la Sentencia condenatoria observando los parámetros descritos por el legislador; por lo tanto, la resolución debe contener un razonamiento capaz de dar cuenta de que se consideraron dichos parámetros de tal modo que a través de la exposición razonada del Juez o Tribunal se pueda evidenciar que su resolución se ha fundado en parámetros legales, y no es fruto de la apreciación estrictamente personal o arbitraria al efecto debe explicar cómo aplicó la pena, en término considero las previsiones de los arts. 37, 38 y 40 del CP, al caso concreto y qué atenuantes y agravantes tomo en cuenta para establecer la sanción dentro de los límites legales. La finalidad de la sanción privativa de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados, con respeto de sus derechos cuyo máximo no puede exceder los treinta años de presidio sin derecho a indulto, conforme prevé el art. 118.III de la CPE; siendo éste el marco constitucional, sobre el cual el legislador impone o define las penas mínimas y máximas aplicable a cada tipo penal, sobre los márgenes definidos por el legislador.
El Tratadista Franz Von Liszt, señaló que: “La pena es un mal que el Juez penal inflige al delincuente a causa del delito, para expresar la reprobación social con respecto al acto y al autor”; de lo expuesto, resulta evidente y esencial el equilibrio y la proporcionalidad que debe existir entre la culpabilidad y la punición, teniendo la pena como finalidad, además de la retribución por el daño causado, la readaptación y reinserción del delincuente a la sociedad, preservando los derechos del imputado y de la víctima, conforme destaca la visión ‘garantista’ de nuestro sistema penal, en ese sentido, nuestro Código Penal, en lo referente a las sanciones, ha establecido en la mayoría de los delitos penas indeterminadas, es decir, que existe un margen de un mínimo y un máximo, y para evitar una “discrecionalidad” mal aplicada de los juzgadores, existe los márgenes establecidos por la misma norma punitiva para fijar la pena, previstos por los arts. 37, 38 y 40 del CP, observando la pertinencia de aplicar el concurso de delitos si correspondiera (arts. 44 y 45 del CP).
El Tribunal de alzada, dentro de su competencia de ejercer el control sobre la Sentencia, con base en las denuncias planteadas en el citado medio de impugnación y ante la constatación de que el fallo de mérito contiene defectos, corresponde aplicar alguno de los supuestos descritos en los arts. 413 y 314 del CPP; ante la existencia de errores de derecho en la fundamentación de la Sentencia, es competente para corregir el error con una nueva Sentencia debidamente justificada en lo pertinente, sin anular la sentencia impugnada o, cuando existen errores u omisiones formales, relativos a la imposición o el cómputo de penas, que necesariamente debe ser ponderada de manera objetiva y con base en la ley (arts. 37, 38, 39, 40, 40 Bis, 44, 45 y 46 del CP –si corresponde- y parágrafo III del art. 118 de la CPE) como se tiene desarrollado precedentemente.
De lo anterior, se establece con total claridad, que el Tribunal de alzada, al modificar el quantum de la pena impuesta a Lidia Flora Valle Calderón, incrementando la sanción en cinco meses, lo hizo en observancia y cumplimiento de las previsiones descritas en la normativa penal contenidas en los citados arts. 37, 38, 39, 40 del CP y 118.III de la CPE; y, dentro de los márgenes normativos y competencias precedentemente expuestos, considerando no sólo las agravantes, sino también las atenuantes y circunstancias del hecho. Respecto a la contradicción con la doctrina legal con los Autos Supremos 562 de 01 de octubre de 2004 y 237 de 07 de marzo de 2007, se advierte que tales precedentes no guarda relación con el caso de autos, debido a que el primero alude la existencia de defectos absolutos que no fueron observados ni corregidos por el Tribunal de alzada, como ser pronunciarse sobre todos los puntos apelados relativos a la existencia de una sentencia en la vía civil que acreditaba el incidente de prejudicial que suspendió la realización del juico, sentando como jurisprudencia la obligatoriedad de observancia de las normas procesales y, ante la existencia de defectos su corrección por los Tribunales de alzada y casación, corrección que debe estar debidamente fundamentada, guardando congruencia entre la parte considerativa y resolutiva. Similar situación acontece con el Auto Supremo 237 de 07 de marzo de 2007, resolución que dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado debido a que el Ad quem incurrió en revalorización de la prueba y omitió pronunciarse sobre todos los puntos apelados, situación que no coincide con el caso de autos, donde se alega contradicción entre la parte considerativa del Auto de Vista que habría determinado la existencia de la gravedad del hecho y la extensión del daño causado; y, la parte resolutiva que decidió incrementar la sanción en cinco meses, que como se manifestó líneas arriba, fue en observancia de la normativa penal, tomando en cuenta tanto las atenuantes como las agravantes; dentro de esos parámetros, este máximo Tribunal de Justicia concluye que no existe contradicción entre los fundamentos del Auto de Vista y la doctrina sentada por los precedentes invocados por inexistencia de situación de hecho similar con supuestos fácticos análogos, encontrándose el fallo impugnado suficientemente fundamentado y guardando congruencia entre sus razonamientos considerativos y la decisión asumida, en ese sentido, el recurso deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Genaro Quenta Fernández en representación del Ministerio Público.

References: Resolución 
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 artículo 15
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