Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632172.html
Timestamp: 2019-03-21 08:24:26+00:00

Document:
as201632172
Auto Supremo Nº 172/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-SCZ.355/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 181, interpuesto por el Servicio Nacional Del Sistema De Reparto (SENASIR) representado legalmente por Olga Duran Uribe y Brenda Erika Siñani Rojas, contra el Auto de Vista N° 126 de 23 de abril de 2015, cursante de fs. 171 a 172, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso de Calificación de Rentas seguido por Elard Bravo Chávez contra el SENASIR, el Auto que concedió el recurso a fs. 184; los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de oficio iniciado por la Comisión de Calificación de Rentas, emitió la Resolución N° 0011427 de 2 de diciembre de 2013 cursante a fs. 85 a 88, resolviendo suspender definitivamente la renta Única de Vejez otorgado al asegurado Elard Bravo Chávez y determinar el monto de lo indebidamente cobrado.
Contra esta resolución, el asegurado interpuso recurso de reclamación a fs. 128 a 129, argumentando que los fundamentos expuesto en la Resolución N° 0011427 de 2 de diciembre de 2013 son inconsistentes, toda vez que de la prueba adjunta evidenciaría que su persona es asegurado en la Caja Petrolera de Salud incluida su familia, y que transcurrido el tiempo por mandato y obligaciones procedió a la afiliación de la Caja Ferroviaria R.O.; y con respecto a la inconsistencia de los aportes adjunta un ejemplar legalizado por la Dirección Departamental del Trabajo en la cual consta su filiación, por lo que solicita la restitución de su renta de jubilación; recurso que fue resuelto por la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución N° 704/14 de 29 de septiembre de 2014 de fs. 138 a 141 confirmando la Resolución N° 0011427 de 2 de diciembre de 2013, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.
En grado de apelación deducido por el asegurado de fs. 154 a 155, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Auto de Vista N° 126 de 23 de abril de 2015, cursante de fs. 171 a 172, revocó la Resolución N° 0011427 de 2 de diciembre de 2013 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas y, de similar forma revocó la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 704/14 de 29 de septiembre de 2014, ordenándose al SENASIR la inmediata Rehabilitación de la renta única de vejez en favor de Elard Bravo Chávez, a partir de la suspensión de la misma.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 178 a 181 interpuesto por la entidad demandada SENASIR, en el que acusó que la Comisión revisora de rentas observó el hecho de que el interesado no figura en la planillas de ENFE RED ORIENTAL durante los periodos 01/71 a 12/87, aclarándose que sólo existe dentro de las planillas RED ORIENTAL el nombre de Bravo C. Alberto con mat 13560 y que revisado el expediente del titular no da a conocer un segundo nombre o número de matrícula, por tal motivo la Comisión de calificación de rentas, por Resolución N° 0011427 resuelve suspender definitivamente la renta única de vejez por existir modificación en los aportes de 288 a 82 en el régimen básico y de 262 a 82 en el régimen complementario, esto debido a que no figuraría en las planillas ENFE RED ORIENTAL (régimen básico) durante dichos periodos.
Refiere que si bien el interesado adjuntó documentación por la cual se establece que prestó servicios en ENFE RED ORIENTAL, señala que no tuvo un periodo de continuidad dentro de los mismos lo que provocó que sus aportes no cumplan con los requisitos exigidos, es por ello que en previsión de los arts. 5 y 9 del Decreto Supremo (DS) Nº 27991 en base a la revisión de oficio efectuada se suspendió la renta en favor del beneficiario.
Sin embargo, denuncian que el auto de vista no tomó en cuenta dichos preceptos amparando su decisión en una interpretación errónea del art. 14 del D.S. 27543, cuya disposición establece: “...en el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR”, sin embargo en el caso específico sí existen planillas pero en las mismas no figura el Sr. Bravo Chávez Elard, así como tampoco establece los periodos observados ya que dicha documentación muestra sólo datos globales, denotándose que no existió una correcta interpretación de la normativa ni tampoco valoración de la documentación adjunta que demuestran que al iniciar el trámite el beneficiario no contaba con la totalidad de sus aportes.
Señalan expresamente dentro de las normas legales transgredidas y mal aplicadas, el art. 23 del Manual De Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997 y el art. 1 de la Resolución Ministerial N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, disposición normativas que fueron erróneamente interpretados por el tribunal ad quem a momento de emitir el Auto de Vista 126/15 de 23 de abril de 2015, teniendo en cuenta que el beneficiario no cumplió con el requisito específico de los 180 aportes lo que implica que no puede acogerse al sistema de repartos.
Por lo expuesto y los fundamentos descritos, solicitan que el Tribunal Supremo de Justicia case el Auto de Vista N° 126/2015 y confirme la Resolución N° 0011427 de 2 de diciembre de 2013, así como la Resolución de la Comisión de Reclamación N° 704/14 de 29 de septiembre de 2014, emitidos por el SENASIR.
CONSIDERANDO II: Que, así expuestos los fundamentos del recurso de casación, corresponde resolver el mismo en base a los hechos denunciados y la normativa invocada, estableciéndose lo siguiente:
Del análisis del recurso de casación interpuesto por la entidad recurrente, se evidencia que la problemática central versa en sentido de que el tribunal ad quem, habría realizado una errónea interpretación del art. 14 del DS 27543, toda vez que dicha disposición hace referencia a la inexistencia de planillas, pero en el caso específico, existen planillas e donde el interesado Elard Bravo Chávez, no figuraría en dichas planillas como estableció el informe del archivo central del Servicio Nacional de Sistema de Reparto.
Previamente antes de resolver la problemática suscitada, es necesario y preciso señalar que, por disposición del art. 45 de la CPE “todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”, la que debe prestarse bajo los principios de “universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia”] finalizando dicha disposición constitucional estableciendo que “su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social”] esta misma norma Constitucional en su parágrafo IV obliga al Estado garantizar “el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”.
La jubilación a la que se hace referencia, está íntimamente ligada al derecho a percibir una remuneración, que debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos puedan gozar de una renta que permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad. Esta obligación estatal se encuentra reafirmada por el art. 67.II de la Constitución Política del Estado (CPE), que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación.
De lo expuesto, se tiene que los principios que ordenan y orientan al sistema de seguridad social no deben ser considerados como simples postulados enunciativos o retóricos, sino por el contrario deben ser empleados de forma preferente y efectiva por parte de la administración del Estado, así como también por parte de los administradores de justicia quienes tienes el deber ineludible de interpretar y aplicar la Constitución Política del Estado y las Leyes nacionales de un modo razonable e íntegro en beneficio de la sociedad en su conjunto.
De esta forma una comprensión en contrario, es decir, disposiciones de cualesquier naturaleza que tiendan a restringir, impedir o bien retrotraer condiciones ya superadas y consolidadas, para el acceso y posterior ejercicio pleno de un derecho, sin duda no sólo constituirían una afrenta a mandatos constitucionales, sino conllevaría una afectación eventualmente irreparable a la ciudadanía, dadas las lógicas y especiales condiciones que el derecho a la jubilación posee.
Ahora, también es menester recordar que desde 1955, a través del Código de Seguridad Social (CSS) aprobado mediante Ley de 14 de diciembre de 1956, en Bolivia se instituyó el Seguro Social Obligatorio bajo el sistema de prestaciones definidas, conocido como Sistema de Reparto, con el fin de -entre otros- proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de los medios de subsistencia, así como brindar esa protección a los familiares en casos de contingencias como los riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte (art. 3 del CSS).
Es en ese sentido, que el DS Nº 27543 de 31 de mayo 2004, en su parte considerativa estableció que el SENASIR, es la institución pública designada para procesar y otorgar prestaciones del Sistema de Reparto, y que habiéndose presentado dificultades logísticas e información incompleta no logró calificar las prestaciones de la totalidad de los asegurados que presentaron sus solicitudes hasta el 31 de diciembre del 2001, otorgando a tal fin directrices para facilitar la certificación de aportes.
Así, el art. 14 de la señalada norma reglamentaria, establece que: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas, record de servicios o calificación de años de servicio, esta disposición legal, velando por el acceso a una jubilación justa otorga mayor facilidad para que los beneficiarios puedan acceder al beneficio de las rentas, disponiendo que, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del mencionado DS, así como lo señalado por el art. 83 del MPRCPA.
Bajo el entendimiento de dicha normativa y revisados los antecedentes que informan al proceso, se evidencia que el titular de la renta, el Sr. Elard Bravo Chávez al momento de presentar su solicitud de Renta de Vejez, entre otros documentos adjuntó Certificación emitido por el Encargado de Personal de la Empresa Nacional de Ferrocarriles Red Oriental de fecha 19 de septiembre de 1997 a fs. 39, en el cual acredita que prestó servicios en dicha empresa desde el 5 de enero de 1971 hasta el 29 de diciembre de 1987; asimismo adjunta 2 Certificaciones emitidas por la “Liquidadora del Fondo Complementario de Seguridad Social Ferroviario Red Oriental” ambas de fechas 6 de junio de 1999, en el cual establecen que el ex trabajador Elard Bravo Chávez tiene aportes válidos para el Fondo Complementario de 180 aportaciones a fs. 38 y al Fondo Básico de 204 aportaciones a fs. 37; por último, se observa Hoja de Afiliación a la Caja Ferroviaria de Salud R.O. de fecha 15 de Agosto de 1983, perteneciente al Sr. Elard Bravo Chávez y a su entorno familiar, registrado bajo la matrícula N° 43-0925-BCE, cuyo seguro fue concedido como resultado del cargo que desempeñaba dentro de la Empresa Ferroviaria Oriental; documentos que constatan que el solicitante trabajó en la Empresa Ferroviaria Red Oriental S.A. por los periodos 01/75 a 12/87, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no cuenta con los aportes y requisitos establecidos en el art. 1 de la Resolución Ministerial N° 1361, llegándose a evidenciar que la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuó una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dicha comisión a tiempo de pronunciar su resolución, haya aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues sólo evocaron a considerar la documentación que tenía en su poder (planillas en archivo del SENASIR), vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Ahora bien, con respecto al reclamo formulado por la entidad recurrente, en sentido de que el interesado Elard Bravo Chávez no estaría figurando en las planillas del área de certificación C.C., conforme se establecería del Informe de certificación y archivo central del SENASIR, cursante a fs. 78; al respecto, corresponde aclarar que si bien cursan planillas correspondiente a la entidad aseguradora, donde presumiblemente no se encuentra registrado el nombre del reciamente, así como los aportes efectuados, sin embargo estos aspectos fueron debidamente aclarados y demostrados por el beneficiario quien a través de certificaciones de trabajo, de aportes al Fondo Complementario y Básico, así como planillas correspondientes a la entidad aseguradora, acreditó el tiempo efectivo prestado dentro de la Empresa Ferroviaria Red Oriental S.A.; antecedentes que no han sido debidamente considerados por la autoridad administrativa a tiempo de resolver el caso en cuestión, en ese sentido, y en primer término, bajo el principio de equidad previsto por el art. 45 de la CPE, el SENASIR, estaba en la obligación de revisar dicha documentación tomando en cuenta la normativa legal vigente, pero sin embargo, a título de precautelar los dineros del Tesoro General de la Nación que en realidad, son dineros de los propios trabajadores y/o asegurados, vulneró los derechos del beneficiario que se encuentran consagrados en los arts. 45 y 67 de la CPE.
En ese sentido, del análisis pormenorizado de los antecedentes descritos, nos
lleva al razonamiento y a la certeza de que estos aspectos no fueron tomados en cuenta por la Comisión de Calificación de Rentas como tampoco por la Comisión de Reclamación del SENASIR al momento de emitir sus resoluciones; correspondiendo en el caso presente disponer la rehabilitación de la renta única de vejez en favor del reclamante, aspecto que fue subsanado por el tribunal de apelación, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
Por último, en lo que refiere a la vulneración del art. 23 del MPRCPA aprobado por la Resolución Secretaria! N° 10.0.0.87 de 21 de julio de 1997 y, del art. 1 de la Resolución Ministerial N° 1361 de 4 de diciembre de 1997, cabe señalar que al haberse acreditado que el beneficiario efectivamente trabajó dentro de la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. durante los periodos 01/71 a 12/87, tendría existente las cotizaciones mínimas para ser beneficiario de la renta de vejez, consiguientemente no se advierte ninguna vulneración a dichas disposiciones legales.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el arts. 271.2 y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 178 a 181, interpuesto por el Servicio Nacional de Sistema de Reparto.
Sin costas, en aplicación del art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO) de 20 de julio de 1990 y art. 52 del Decreto Supremo N° 23215 de 22 de julio de 1992.

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