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Timestamp: 2020-03-31 02:54:54+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 480, de 30/06/2015
Sesión celebrada el martes, 30 de junio de 2015
Designar Ponencias:
Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. 542/000006 GOBIERNO
Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. 542/000006 GOBIERNO
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 542/000006 GOBIERNO
Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil.
Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. 542/000006 GOBIERNO
El letrado ha comprobado las asistencias. A continuación, procede aprobar el acta de la sesión anterior celebrada el 18 de junio. (Asentimiento).
En segundo lugar, al amparo del artículo 71.4 del Reglamento del Senado, se propone la ampliación del orden del día de esta sesión. El Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 23 de junio, acordó la habilitación y los plazos de reunión de los órganos de la Cámara necesarios para la tramitación de cuatro proyectos de ley de competencia de esta comisión. Está comprobado que se ha ampliado y se han habilitado los meses de julio y agosto.
El señor DÍAZ TEJERA: Solo la última semana del mes de agosto.
El señor PRESIDENTE: Lo ha comprobado el letrado ahora mismo. Se ha habilitado el mes de agosto y parece que existe una preferencia en esta Cámara por que en la última semana se celebren cuatro comisiones. No cuentan ahora mismo con la nuestra, pero si nosotros la convocamos tendrá lugar la reunión. Ahora mismo se contaba con Fomento, Trabajo, Hacienda y una más que no sabemos cuál es.
El señor DÍAZ TEJERA: La pregunta es: ¿cualquier día del mes de agosto, no solo la última semana?
El señor PRESIDENTE: Lo que entendí en el Pleno cuando se aprobó la habilitación es que se habilitaba el mes de agosto y se decía que las comisiones que parecía que iban a reunirse en esa fecha lo harían en la última semana de agosto. Es una manera de adaptarse al que se vaya de vacaciones, no es una cuestión reglamentaria ni obligatoria. Seguramente a todos nos vendrá mejor que sea la última semana de agosto o alrededores de esa última semana.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, mi pregunta no es esa. Mi pregunta viene motivada porque esta mañana en Junta de Portavoces se volvió a insistir en que la habilitación es para el mes de julio y la última semana de agosto. Mi pregunta concreta es: ¿la habilitación es para todos los días del mes de julio y todos los días del mes de agosto, excepto los domingos o feriados?
El señor PRESIDENTE: Me dice el letrado que los meses de julio y agosto están habilitados en relación con los proyectos de ley concretos.
El señor DÍAZ TEJERA: Los que ya han entrado.
El señor PRESIDENTE: Exactamente, y también algunos que van a entrar. En cualquier caso, lo que acaba de consultar el letrado es que están habilitados los meses de julio y agosto. Recuerdo que eran julio y agosto, que no era la última semana. Además, sería muy original eso de habilitar la última semana de agosto y el mes de julio entero. Creo que eso sería ya…
El señor BILDARRATZ SORRON: Si me permite el presidente, creo que está habilitado todo el mes de agosto. Según se me ha respondido a una pregunta hoy en Junta de Portavoces, está lo relativo a los plazos de enmiendas, para lo cual, evidentemente, si corren los plazos tiene que estar habilitado agosto. En la Junta de Portavoces todos los portavoces han asumido que las comisiones se celebrasen en el mes de julio, pero se subrayaba que en agosto fuera en la última semana para que tanto el personal asistente como los senadores podamos organizarnos las vacaciones. Creo que ese era el esquema.
El señor SAURA LAPORTA: Si estamos de acuerdo en que sea la última semana de agosto, no hace falta discutir nada más.
El señor PRESIDENTE: Estamos de acuerdo y, además, antes de que el letrado comprobase que efectivamente estaban habilitados los meses de julio y agosto, yo decía que esta comisión, cuando lo ha visto oportuno y lo hemos decidido todos, ha pedido la habilitación de algún mes extraordinario. El año pasado pedimos la habilitación del mes de enero; fuimos la única comisión que lo pidió y la Mesa del Senado así lo acordó a petición nuestra. O sea que si tuviéramos algún problema con la última semana de agosto, nos adaptaríamos a la necesidad de la comisión. (El señor Díaz Tejera pide la palabra). Tiene la pala el senador Díaz Tejera.
Dada la relevancia y la trascendencia de los textos que no han entrado todavía, pero que van a entrar, dos relativos a la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal sobre asuntos clave, uno sobre la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil —también asunto muy relevante— y la cooperación judicial internacional en materia civil, nuestra disponibilidad es completa para abordarlo cuando sea menester con el rigor que requieren estas materias. No es aquello a lo que últimamente nos estamos acostumbrando de no hablar nada en ponencia, no hablar nada en comisión y llevarlo todo a Pleno, sino tratarlo con el respeto y la dignidad que requieren esas materias el día que fuera menester.
El señor PRESIDENTE: Como usted sabe, señor Díaz Tejera, en esta Mesa se dispone todo para que se trate lo más profunda y rigurosamente posible cada uno de los textos que vienen a la comisión. Luego ya es cuestión de los portavoces de cada grupo lo que decidan, y para eso también estamos dispuestos, para que cada uno soberanamente decida darle un trato más profundo, debatir más o debatir menos, llevarlo a Pleno, dar por defendido lo que sea o no hacerlo.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, si este grupo tuviera alguna queja sobre la Mesa lo haría expresamente. Si no lo ha dicho es porque no lo piensa; no hace falta que nadie interprete lo que no se ha formulado.
El señor PRESIDENTE: No tengo la más mínima duda, señor Díaz Tejera.
El señor DÍAZ TEJERA: Lo sé.
El señor PRESIDENTE: Bien, en este punto se propone la ampliación del orden del día, aunque ya el señor Díaz Tejera ha nombrado los proyectos: el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, el Proyecto de Ley orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil y Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil con competencia legislativa plena.
El letrado me ha escrito una nota en la que dice: Si se designaran las ponencias de los cuatro proyectos de ley referidos, no sería necesario reunir a la comisión para tal objeto a la conclusión del próximo Pleno; es decir, que podríamos ver la posibilidad de designar ponencias. En el caso del Grupo Socialista, yo sé ya cuáles son los ponentes, porque el señor Díaz Tejera nos dijo hace un par de comisiones que los ponentes son cuatro y que son siempre los cuatro. En el caso del resto de los grupos, también; en el caso del Grupo Popular, paradójicamente, no lo sé. (El señor Altava Lavall: Pues se lo voy a manifestar, si usted me da la palabra, señor presidente.— El señor Díaz Tejera: ¿Y en nombre del Grupo Socialista, podrá hablar el Grupo Socialista?)
Un momento, ahora le doy la palabra, señor Díaz Tejera. Primero, el señor Altava.
El señor ALTAVA LAVALL: Para el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, el Grupo Parlamentario Popular propone a los senadores don Juan Ramón Represa —sentado en la Mesa de la comisión— y quien les habla, don Manuel Altava. Para el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y regulación de las medidas de investigación tecnológica, también a los senadores don Juan Ramón Represa y Manuel Altava. Para el Proyecto de Ley de reforma de la Ley de enjuiciamiento civil, a la senadora doña Carmen Dueñas y el senador don Mario Arias. Y para el Proyecto de Ley de cooperación jurídica internacional en materia civil, a la senadora doña Carmen Belén Torres y al senador don Ángel Pintado.
El señor DÍAZ TEJERA: Señor presidente, lo primero que hay que decirle a la comisión, porque esto pueden verlo personas que no saben cómo es el funcionamiento, es que este punto no está incluido en el orden del día.
El señor PRESIDENTE: Lo sé, estamos en el punto «ampliación del orden del día».
El señor DÍAZ TEJERA: Lo primero que hay que plantear es si aceptamos la ampliación del orden del día. Por nuestra parte, no hay ningún inconveniente. El Grupo Socialista no tiene inconveniente porque nunca plantea ningún sabotaje al trabajo del bien público, y el que se sonríe tiene doble trabajo: sonreír y dejar de sonreír. Nunca planteamos eso. Aceptamos la ampliación del orden del día.
Y respecto a los ponentes, como usted antes bien dijo porque ya se lo había comunicado, pero formalmente es el portavoz del Grupo Socialista quien tiene que comunicarlo, son los cuatro senadores que ya le he planteado respecto a este conjunto de textos. Cada uno entre sí ya se reparte el trabajo, pero son la señora Marra, el señor Sen, el señor Esquerdo y un servidor de ustedes.
El señor PRESIDENTE: Había dado por hecho que estábamos todos de acuerdo en ampliar el orden del día porque estamos tratando ya hace un rato este tema y pensé que había una anuencia silenciosa en este asunto, puesto que estábamos refiriéndonos a otros temas que tenían una implicación directa con este. En cualquier caso, ¿queda claro que todos aprobamos la ampliación del orden del día para que se designen ponencias? (Asentimiento). Debo suponer que tenemos ya la del Grupo Socialista y la del Grupo Popular; y, como ustedes saben, en el resto de los grupos el miembro de la comisión es automáticamente el ponente.
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al dictamen del Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.
A este proyecto de ley se ha presentado una propuesta de veto y cien enmiendas.
La ponencia que se ha designado con relación a este proyecto ha emitido informe, se han rechazado las enmiendas y el veto, y se mantiene el texto de la ponencia.
Señorías, pasamos a la defensa de la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
En el ejercicio de la función para la que la población de Gran Canaria me votó, que es hablar, ejercer de parlamentario, explico la posición del Grupo Socialista en torno a este texto.
En este texto nos encontramos con la desagradable realidad que nos hemos encontrado en otros textos tan relevantes como este, o incluso más, y es que aspectos cardinales, aspectos relevantes del mismo, no han sido evaluados por los órganos consultivos del Estado. No sé si en la práctica es una técnica del Grupo Popular para en su momento proponer que se disuelva el Consejo de Estado, como ya ha propuesto en otras comunidades autónomas y ha disuelto —ya no digo que el Defensor del Pueblo sea un órgano consultivo, pero también se ha propuesto su disolución en algunas otras comunidades autónomas—, en general, los órganos de consulta, los órganos de fiscalización de las administraciones públicas. Pero, ciertamente, hay una función de asesoramiento de la Junta de Fiscales del Estado, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, y se han incorporado al texto aspectos cardinales sin que previamente estos órganos lo hayan podido evaluar; incluso hay un misterio —no sé si al final el grupo mayoritario va a proponer la contratación de alguna agencia de detectives para localizar un párrafo, el séptimo—, porque el día 23 de junio de 2014 había un párrafo que decía: En los casos de nacimiento fuera de España, cuyo régimen de filiación esté sujeto a la legislación extranjera, se consignará, en todo caso, la filiación materna correspondiente a la madre gestante, siendo necesaria para hacer constar la filiación paterna no matrimonial la declaración conforme del padre y de la madre sobre dicha filiación. Si la madre estuviera casada y la legislación extranjera lo exigiera, se precisará la conformidad del marido respecto de tal filiación. En cualquier otro caso, para la inscripción en el Registro Civil de la filiación del nacido será necesario que haya sido declarada en una resolución judicial reconocida en España mediante un procedimiento de exequátur; no obstante, respecto a las adopciones internacionales, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.
Señor presidente, este párrafo, incluido en el texto de 23 de junio de 2014, no figura en el texto de 15 de junio de 2015 que se aprobó en el Congreso de los Diputados. He leído el debate en ponencia, en comisión, en el Plenario, en las enmiendas a la totalidad, y no he encontrado razonamiento alguno en relación con esta materia. Intereso, si a bien lo tiene el Grupo Popular, que de vez en cuando no acusa recibo de ningún argumento o ninguna sugerencia, que en esta ocasión pudiera acusar recibo de esta pregunta: ¿qué ha pasado con este párrafo que ha desaparecido? ¿Qué otras razones hay, aparte de las de orden procedimental, como la que he esgrimido, o de contenido, para esta desaparición? Pues otra razón es el hecho de que, sorprendentemente, el tema de las filiaciones matrimoniales y no matrimoniales ya estaba solventado desde el año 2011, en la primera Ley de registro civil del año 1957 —a la que ahora nos remitimos— y en el texto de 2011, que fue aprobado por unanimidad —vuelvo a subrayar esto, el texto del registro civil de 2011 fue aprobado por unanimidad—. Se solventaba en correspondencia con lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, que dice: «Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su filiación». Y me causa cierto estupor que aquí se recupere aquello de distinguir a los menores en función de que la filiación sea matrimonial o no matrimonial; insisto, yo creía que esto ya estaba solventado con la Ley de registro civil, aprobada por unanimidad. Incluso, ya quedó claro desde junio del año 2014, mediante dos sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —cuyo ponente, que ahora acaba su mandato, fue precisamente el magistrado propuesto por Andorra— que establecían que los menores, sea cual fuere su condición o su filiación, tenían derecho a estar registrados, no podían estar en un limbo jurídico, en una especie de indeterminación porque no tenían filiación de naturaleza alguna.
Tercer razonamiento, lo relativo a la propia dinámica de la gestión del Registro Civil. Es verdad que se ha dado marcha atrás y se ha planteado la suspensión de su entrada en vigor hasta junio de 2017, lo que da tiempo para alcanzar un consenso y establecer fórmulas al menos debatidas previamente y acordadas con los que deben aplicarlo. Una primera propuesta era que la Organización Médica Colegial se encargaría de la tramitación de la filiación electrónica. Pues bien, imagínense ustedes que en una población de 46 millones una entidad privada se encargara de administrar toda la filiación electrónica desde los centros sanitarios. Esto generó críticas por parte del Consejo General del Poder Judicial y cambiaron de criterio. Esa era su posición en noviembre de 2013. Posteriormente, en el texto que entró en el Congreso en junio de 2014 ya no planteaban lo mismo, lo habían retirado, pero no ofrecían ninguna propuesta nueva. Un mes más tarde, propusieron la posibilidad de una entidad pública vinculada al Ministerio de Defensa, la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, pero con la respuesta de todos los operadores jurídicos, los servidores públicos, etcétera, como no hubo acuerdo con los registradores mercantiles —hubo elecciones en ese colegio, dos candidaturas, uno decía que ya se arreglará, el otro que no—, al final decidieron dar marcha atrás y remitirlo al año 2017.
Nosotros seguimos pensando que es una buena fórmula lo que establecía la Ley de 2011, aprobada por unanimidad, es decir, que no fueran los jueces quienes lo hicieran; llevamos un tiempo insistiendo en que nos parece bien que sean los propios secretarios judiciales —se les llame letrados de la Administración de Justicia, se les llame directores procesales o como ustedes quieran— porque es un cuerpo que está infrautilizado, que tiene una alta cualificación y es una pena que no se puedan encargar de esto. En cuanto a que siga siendo gratuito, no voy a argumentar nada porque parece que últimamente ya lo han aceptado pero, repito, volvemos a insistir en que se encargara de su gestión a los secretarios judiciales.
¿Qué otros razonamientos esgrimimos en esta materia? No se trata solo de la filiación electrónica, sino también del registro electrónico. En cuanto a la filiación, insistimos en la conveniencia de no seguir manteniendo el desequilibrio entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario, porque de alguna forma esta ley vuelve a petrificar esa posición, y además había referencias, no del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primero tiene sede en Luxemburgo y el segundo en Estrasburgo, en el Convenio de Roma de 1950, de protección de derechos fundamentales y libertades públicas, donde se planteaba la aceptación de una cuestión prejudicial, había que equilibrar lo que estaba desequilibrado desde su origen, que es la relación entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecario. Nosotros presentamos un conjunto de enmiendas —que no voy a explicar ahora porque no es el turno de defensa de las enmiendas—, la 89, la 90 y algunas otras más, que pretenden equilibrar esa posición entre el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario.
Por otro lado, nos parecía que este texto era excesivamente cruel con la gente que lo está pasando muy mal en España. Hay gente que no ha podido pagar el impuesto sobre bienes inmuebles y, al no estar al corriente de pago, se le han retirado ayudas de tipo social, de emergencia o ayudas para que sus hijos puedan acudir a los comedores escolares. Pensamos que es una crueldad y debemos plantear que no necesariamente el incumplimiento de una obligación tributaria, como es el pago del impuesto sobre bienes inmuebles —que por cierto ha aumentado un 50 %—, o no estar al día en términos tributarios tiene que suponer la retirada de ayudas básicas relativas a la mera subsistencia de ese deudor hipotecario; que se garantizara que esas rentas básicas para la mínima subsistencia, lo que Ernst Forsthoff llamaba la procura existencial, estuvieran excluidas de la posibilidad de ser embargadas. Por esta razón, presentamos enmiendas que van en esa dirección.
Asimismo nos parecía importante regular no solo la filiación matrimonial o no matrimonial, sino también las situaciones relativas a los menores que están en España, que son seres humanos, que existen. No estamos evaluando cómo llegaron a existir, que ese es otro debate pendiente en la sociedad española, la maternidad subrogada, lo que digo es que cuando ya existen esos menores, se tienen que filiar porque no pueden estar en una situación de indeterminación, en una especie de limbo, se tienen que registrar.
Por último, dado que se trabaja el ámbito de la filiación y el ámbito de la adopción, nos parece una pena que por omisión no se aproveche para intensificar el plano de las adopciones, porque desde 2004 a 2011 ha habido un descenso de aproximadamente 4000; es decir, las dificultades con las que se encuentran son muy amplias. España tiene una prohibición de adopción con 45 países que el resto de países europeos no tiene. Sugerimos que las filiaciones no tengan en cuenta la condición de homosexual o heterosexual de las personas que van a hacer de padres o madres de facto, en términos factuales, no en términos biológicos. Se trata de que no exista una discriminación de esa naturaleza, aunque pensaba que era una senda que ya habíamos ganado hace diez años, con la reforma del artículo 44 del Código Civil, que establece que el matrimonio tiene la misma naturaleza, características y requisitos, sean los cónyuges del mismo o distinto sexo.
Este conjunto de razones, señor presidente, tanto en términos de procedimiento como de contenido, nos hace pensar que la propuesta de veto que he exteriorizado esta mañana está fundamentada y razonada. No obstante, quiero suscribir los razonamientos que dio mi compañero en el Congreso de los Diputados, Mario Bedera Bravo, que conoce bien esto, no solo en el campo teórico sino también en la práctica, por razones que no es menester que explique hoy pero que saben perfectamente quienes le conocen.
Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Arias Navia.
Defiendo el turno en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley, y me voy a ceñir lo más posible al texto. Quiero empezar agradeciendo el reconocimiento que hace el propio Grupo Socialista al modo de legislar del Partido Popular —entiendo que lo hacen con ironía— en lo que se refiere a la derogación de la parte más discutida, aquella que no alcanzó un consenso en lo referente al modelo del Registro Civil y en la ampliación de la vacatio hasta julio de 2017. Sobre este elemento se construyó su veto o enmienda de totalidad en el Congreso; es lo que ustedes llamaron la privatización del registro, algo con lo que nosotros ni estábamos ni estamos de acuerdo. Pero, en este caso, lo asientan sobre otras cuestiones.
En primer lugar, arguyen que el proyecto de ley no desarrolla la infraestructura tecnológica encargada de la gestión del servicio informático del Registro Civil. Sinceramente, nosotros creemos que esta no es una razón para vetar la ley. La infraestructura tecnológica deberá adaptarse, evidentemente, a los requisitos o requerimientos jurídicos diseñados por la ley, como, por otra parte, ha venido ocurriendo en el Registro Civil sin que se haya vetado nunca por este motivo ninguna otra ley. En segundo lugar, nos sorprende que el veto hable de pactos tácitos en leyes que, sin embargo, no dicen lo que el veto desearía, como ocurre, por ejemplo, a propósito de la supuesta atribución de la gestión del Registro Civil por parte de la Ley 20/2011 a los secretarios judiciales. Y también cabe destacar la incoherencia del grupo que lo propone porque, por una parte, el texto del veto que se formula al proyecto dice que no se puede hurtar al Parlamento ni a la sociedad en su conjunto el adecuado debate y reflexión y, por otra, mediante enmiendas al articulado, proponen reabrir cuestiones que trascienden del actual objeto del proyecto y que se acercan más a replanteamientos del Registro Civil que precisamente quedaron suspendidos por esa falta de consenso social y por el escaso tiempo de legislatura parlamentaria que nos queda.
En cuanto a las acusaciones de oscurantismo que aparecen en el texto de su veto, por el hecho de que el procedimiento de nacionalidad por residencia pase de una ley especial para los sefardíes a otra general sobre medidas de reforma en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, debe destacarse que precisamente el motivo de este cambio ha sido recoger este nuevo procedimiento en un proyecto en cuyo objeto encuentra mucho mejor encaje la reforma propuesta.
En cuanto a la petición de que la ley diga quién será el responsable de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, esto es algo que ya recoge, pues señala que será la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Y, finalmente, en lo que se refiere a la posibilidad de encomiendas, que es otro de los argumentos que utilizan para formular este veto, cabe decir que es algo que con carácter general está permitido en la legislación vigente, por lo que no se precisa ninguna referencia expresa en el proyecto que sometemos a debate. Además, en la actualidad se trabaja en la implantación de una plataforma tecnológica en la Administración General del Estado basada en otra ya existente de extranjería, de manera que no se contempla la encomienda citada.
Por estos motivos, nuestro grupo rechaza el veto del Grupo Socialista. En las siguientes intervenciones me extenderé más detalladamente en algunas de las observaciones realizadas por el portavoz del Grupo Socialista.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el senador Saura va a hacer uso del turno? (Denegaciones).
Primeramente quiero decir que ya estamos afrontando el último periodo de legislatura, con lo cual nos vemos inmersos en una metodología de trabajo que para nada compartimos. En ese sentido, este proyecto de ley —estos dos proyectos de ley al precio de uno— tiene dichas características, así que las mismas deficiencias las podremos subrayar en los siguientes proyectos de ley que tramitemos en la Cámara.
Hay un tema que nos parece muy importante, y es la responsabilidad o la llevanza de los registros civiles, que, tal como se ha comentado, queda pendiente hasta junio de 2017. Y también queremos destacar que el grupo mayoritario, que siempre ha aducido como justificación para sacar adelante todos los proyectos de ley su gran mayoría, haya sido consciente de la oposición que generaba en el resto de grupos y no haya sido capaz de resolver este tema que para nosotros es clave.
Compartimos la reflexión del Grupo Socialista con respecto a la disposición final séptima, relacionada con el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia. Esta disposición también fue debatida con motivo del Proyecto de Ley de la obtención de la nacionalidad española por los sefardíes, cuya supresión ayudó, de una u otra manera, a obtener una serie de acuerdos en este. Su nueva inclusión en este proyecto, sin haber alcanzado ningún acuerdo, no la entendemos.
El representante del Grupo Popular ha hecho referencia a la ampliación de la vacatio al 2017, y estamos de acuerdo, pero me gustaría subrayar un problema que genera, que es la finalización de la vacatio dotada por la Ley 18/2014, que —como todos los aquí presentes sabemos y así referencia el letrado en su magnífico informe— finaliza el 15 de julio. Como finaliza el 15 de julio, mi pregunta es: ¿Eso va a condicionar la labor —todos sabemos que sí— que esta Cámara ha de realizar y va a impedir, además, que aquí se apruebe alguna enmienda para que no vuelva al Congreso y no se cumpla con el plazo del 15 de julio que parece que el grupo mayoritario quiere a todas luces respetar, introducir o mantener? En ese sentido, compartimos un poco la reflexión que hace el Grupo Socialista y, dependiendo de la respuesta que aporte el grupo mayoritario, decidiremos nuestra posición con respecto al veto, si nos abstenemos o votamos favorablemente.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿la senadora Domínguez va a hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra la señora Rieradevall.
Suscribo las palabras del senador Bildarratz sobre la discrepancia de la metodología llevada a cabo en la tramitación de los proyectos de ley, que también pone de manifiesto la falta de respeto a esta Cámara. El hecho de que se acorten los plazos o se condicionen las entradas en vigor ningunea, dicho entre comillas, nuestro trabajo, y, como senadora representante en esta Cámara, no me parece bien, y supongo que esto es compartido por los demás senadores.
Por lo que respecta a este proyecto, nosotros valoramos positivamente que, finalmente, en el trámite llevado a cabo en el Congreso se acordara posponer su entrada en vigor hasta el 30 de junio de 2017 —ya en otra legislatura, en otro contexto—, en aras a intentar tejer el consenso necesario para ver cómo y quién lleva el Registro Civil. Por lo tanto, se derogan aquellas disposiciones adicionales de la Ley 20/2011 —tras las reformas de la CORA—, que van a dejar de tener efecto y en las que se encomendaba a los registradores de la propiedad y mercantiles la llevanza del Registro Civil.
Este proyecto de ley tiene dos objetivos que sí compartimos. En primer lugar, se agilizan las subastas, pues entendemos que sí se posibilita el acceso a las subastas electrónicas con mayor publicidad. Y el segundo objetivo, que también compartimos, es que facilita las comunicaciones del Registro Civil cuando los nacimientos y las defunciones se producen en los centros hospitalarios. Aun así, sobre este tema, debemos remarcar que debe trasladarse al Gobierno la necesidad de dotar de los recursos materiales necesarios para la consecución del objetivo del proyecto, ya que el coste de la implementación de la ventanilla única no debe trasladarse ni a los centros sanitarios ni a las administraciones sanitarias.
Por lo que se refiere a la gestación subrogada, consideramos que debe resolverse la situación actual, en la que solo se puede inscribir de facto a los menores procedentes de Estados Unidos, puesto que es el único que emite sentencia judicial. Por eso consideramos la necesidad de permitir la inscripción de aquellas filiaciones de menores nacidos en el extranjero declaradas por resolución judicial reconocida en España mediante un procedimiento de exequatur o mediante un control incidental por parte del encargado del Registro Civil en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su origen en un procedimiento análogo a uno español de jurisdicción voluntaria. Consideramos necesario que se aclare esta situación, máxime si tenemos en cuenta que el propio ministro de Justicia anunció que intentaría recoger en este proyecto de ley las demandas de las asociaciones de familias que están defendiendo esos derechos que quedan desprotegidos. Concretamente, en el Diario de Sesiones del Pleno de 11 de diciembre del Congreso, con motivo de la presentación de este proyecto de ley, el propio ministro dijo —palabras textuales—: «Como saben, señorías, cuando el nacimiento ha tenido lugar fuera de España y la determinación de la filiación está sujeta a la legislación extranjera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia recientemente, bien es cierto que referida a Francia y no a España, en la que declara que no reconocer la relación de filiación entre los niños nacidos mediante estas técnicas de gestación por sustitución y los progenitores que han acudido a este método reproductivo es contrario y viola el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, vamos a promover una adecuación de nuestro derecho a esta situación.» Nosotros nos preguntamos qué ha pasado con esta intención, porque era el momento de demostrar que se tenía esta intención.
Por lo que se refiere al veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, coincidimos con algunos de sus argumentos. Aun así, al considerar necesaria la aprobación de esta ley —aunque mejorable, eso sí, por eso hemos presentado enmiendas—, nos vamos a abstener en la votación.
Agradezco al portavoz del Grupo Popular que haya intervenido en la mañana de hoy; le agradezco que haya hecho uso de la palabra; le agradezco también que no practique eso de: quiero a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Se lo agradezco porque esa es nuestra función aquí: razonar. Ese es el sentido de las ponencias y de la comisión. Si no, podríamos sustituir las comisiones y las ponencias e ir directamente al Pleno a apretar el botón, ni siquiera a responder a los argumentos que se esgrimen en el Pleno, tan solo a leer los textos que previamente le ha redactado algún asesor. Por eso, le agradezco que haya intervenido aquí.
Es cierto que su exposición no tiene nada que ver con la exposición que ha hecho aquí el Grupo Socialista; tiene que ver con el escrito que previamente ha leído semanas antes. Por eso, le pido una vez más, por favor, acuse recibo de esta conversación; es reducida, solo es en comisión, pero vale lo mismo que en una ponencia o en el Pleno. Se trata de una conversación entre representantes de la soberanía, y de una conversación en torno a argumentos. Porque si yo le digo a usted: ¡qué calor tan espantoso hace en Madrid! y usted me dice: a mí el tocino me gusta frito, es evidente que no mantenemos una conversación, sino monólogos ininterrumpidos; no se conversa, no se acusa recibo de lo que se está diciendo.
Yo le he preguntado acerca de ese texto que está en la página 15 del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, párrafo 7, en comparación con la página 15 del Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, pero ya no del 23 de junio de 2014, sino del 15 de junio de 2015. ¿Por qué razón ese párrafo ha desaparecido? Porque ese párrafo pretendía, señor presidente, cumplir con la Convención sobre los derechos del niño del año 1989, que consiste en respetar el derecho a la filiación de los menores de edad, el derecho a la identidad de esos menores de edad. Es cierto que tiene que ver con el artículo 8 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma en 1950, pero también con la posterior Convención sobre los derechos del niño, que ya es parte de nuestro ordenamiento jurídico; está ratificada y es parte de nuestras leyes, que tenemos que respetar.
Pues bien, aquí se plantea que cuando haya un conflicto entre el orden público internacional y los derechos del niño a la filiación, a la identidad, primen esos derechos del niño. No estamos entrando en las características de la gestación de ese menor de edad. Ese es un asunto que está abierto en la sociedad española; todavía no hay una posición, 17 países de la Unión Europea aún no lo tienen regulado y 7 están en contra. Hay regulaciones en Canadá, en Estados Unidos, en India. En Estados Unidos se permite excepto si hay intercambio económico, y se requiere una resolución judicial. Lo que se planteaba en ese texto es que hay que contemplar los supuestos en los que ya hay una resolución judicial —el modelo norteamericano— u otros supuestos en los que, no teniendo esa resolución judicial, la realidad de ese menor de edad está ahí. ¿Qué es lo que decía el magistrado andorrano que fue ponente de estos dos casos, Mennesson y Labasse, de 26 de junio de 2014? ¿Qué decía el ponente? Que ese menor tenía derecho a su identidad, que ese menor tenía derecho a ser registrado, a esa filiación. Ese artículo preveía esa posibilidad. Ciertamente, eso se tendrá que regular. Ya lo discutimos aquí una vez con ocasión de una moción que presentó Izquierda Unida, a propósito de esas dos decisiones de junio de 2014 sobre el Registro Civil de Francia, y vuelvo a insistir en que el ponente fue este magistrado andorrano. Ahora no estamos planteando qué fórmula abordar desde el punto de vista jurídico. No es eso lo que estamos diciendo, ese asunto se tendrá que abordar en su momento, cuando la sociedad española llegue a cierto grado de consenso y se refleje adecuadamente aquí. Yo les puedo manifestar que habrá gran diversidad de criterios por parte de muchos, incluso también dentro del propio movimiento feminista, donde existen diferentes orientaciones en torno a este asunto, y no es competente este portavoz para adentrarse en esa materia, pero sí respecto a los menores. Y sobre los menores, es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la que nos vincula a todos, hasta que no entre en vigor la última reforma que se hizo aquí de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que no vinculase erga omnes, sino solo al que había sido recurrente; hasta tanto no llegue, esa sentencia nos vincula a todos. Sobre este primer asunto, si puede, me gustaría que acusase recibo del razonamiento que le hago.
Segundo asunto. Señor ponente del Grupo Popular, como usted sabe, suspender algo no quiere decir hacerlo desaparecer. Es una suspensión temporal de una decisión. Si se hubiese dicho: no tenemos por qué poner un registro público en manos de un profesional asimilado a un profesional liberal, como señaló la Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que no era un órgano de la Administración pública, sino un profesional asimilado a un profesional liberal. Si se hubiese dicho eso, nosotros no tendríamos por qué perder más tiempo con esta materia, estaría resuelto; pero se ha suspendido dos años, lo cual no quiere decir que no vuelva a reaparecer dentro de dos años la misma formulación que da a los registradores mercantiles esa posibilidad. Nosotros seguimos diciendo que no sea una competencia del juez para que este juzgue y ejecute lo juzgado y no tenga que hacer algo que no es imprescindible que haga, porque no es jurisdiccional, no es iurisdictio, sino que es una gestión de registrar algo que no supone pegas. En cuanto haya pegas, hay que plantearlo en otros términos porque hay que hacer una evaluación de naturaleza jurídica. Como este asunto está abierto, volvemos a insistir en que está solo suspendido, de ahí nuestro razonamiento.
En cuanto a la nacionalidad por residencia, como ya argumentamos en su momento, estas materias, señor ponente, no están ni en la exposición de motivos del propio ministro. Si usted lee la exposición de motivos de la ley, e incluso el discurso del ministro y la presentación del texto —todo lo que le decía antes de la filiación matrimonial y no matrimonial, que ya estaba consolidado en España con la Ley de registro civil del año 2011, aprobada por unanimidad, y vuelvo a subrayar lo de aprobada por unanimidad, respetando el artículo 39 de la Constitución y no distinguiendo entre menores, hayan nacido en una institución matrimonial o no—, verá que esta aparición no estaba en el discurso del ministro, ni en la exposición de motivos. En materia de nacionalidad por residencia, en general, lo que a mí me preocupa es si se van a hacer las cosas de tal manera que unos, los que pueden y tienen, tengan facilidad de acceso y otros, los que no pueden y no tienen, tengan menos facilidad de acceso. Lo digo por la facilidad de acceso a la nacionalidad de aquellos que han hecho donaciones en comparación con aquellos que no las han hecho, y me refiero a otros textos aprobados aquí con antelación.
Estos son parte de los razonamientos esgrimidos, junto con los de la primera intervención, y me gustaría escuchar el criterio del señor ponente sobre estas materias.
El senador del Grupo Popular, Arias Navia tiene la palabra.
Sí que voy a acusar recibo de las observaciones. Como voy a tener varias intervenciones, voy a dar respuesta a todas y cada una de las observaciones realizadas por el portavoz del Grupo Socialista.
Sí quiero entrar en lo que se refiere a la gestación subrogada y a los derechos del niño; en mi actividad, tanto política como personal, siempre van a primar, obviamente los derechos del niño están por encima de todo. En este sentido, creo —lo iba a decir posteriormente y lo repetiré hoy—, afortunadamente, que están garantizados por la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Habla de la suspensión temporal de la llevanza del registro. ¿Cuál es el objetivo? Pues que se llegue a un consenso que no fuimos capaces de alcanzar en esta legislatura, que, por cierto, ya está a punto de finalizar. En lo que se refiere a la adquisición por residencia, le daré una contestación en el turno de enmiendas.
Pero yo quiero hablar de este proyecto de ley. En mi primera intervención me he referido a la argumentación y al texto que han presentado ustedes como justificación del veto; de hecho, no me tengo que referir a otras cuestiones que ya no están en tela de juicio y que fueron el motivo de que ustedes presentaran un veto en el Congreso. Y quiero agradecer al resto de grupos el hecho de que hayan entendido que era más positivo presentar enmiendas para intentar mejorar este proyecto de ley, a nuestro juicio una reforma importante y necesaria. Este portavoz nunca pretenderá ningunear el trabajo del resto de los grupos ni del resto de los compañeros, porque todo el mundo desempeña aquí un trabajo muy importante y muy intenso.
Este proyecto es importante porque todas las medidas previstas, como la incorporación de las subastas judiciales al portal único de subastas electrónicas del BOE, así como la tramitación electrónica de los nacimientos y las defunciones desde los centros sanitarios, tengan un denominador común: la apuesta decidida por la modernización de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Precisamente por ello, además de importante, es una reforma necesaria. La reforma que hoy debatimos tiene como objetivo que nuestra Administración sea más dinámica, eficaz y operativa y con ello mucho más útil y beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos.
Este proyecto de ley, como muy bien decían, es fruto del compromiso del Gobierno para cumplir con las recomendaciones del informe de la CORA. Y a pesar de ello, señorías, estamos debatiendo el veto que presenta el Grupo Socialista, que muestra un rechazo frontal al proyecto. Volvemos a ver que hoy es un buen momento para oponerse a cualquier reforma planteada por el Gobierno. Podemos no coincidir, pero creo que deberíamos estar de acuerdo en que si el proyecto que debatimos tiene esencialmente dos propuestas —una la referida a las subastas y otra a la tramitación electrónica de los nacimientos y las defunciones desde los centros sanitarios, y esto es bueno para modernizar nuestra Administración de Justicia—, lo mejor es que intentemos mejorar este proyecto. Además, centran su crítica únicamente en eso, en la parte referente a la llevanza del registro, por lo que parece que la parte de las subastas electrónicas es de su agrado.
En definitiva, creo que ustedes tendrán que explicar a los ciudadanos por qué rechazan unas medidas que, desde el ahorro, la trasparencia y la coordinación, van a permitir simplificar y modernizar nuestra Administración y ofrecer a los ciudadanos mejores servicios públicos. De cara al futuro, seguiremos en la línea de la desjudicialización de la ley que se aprobó en el anterior mandato, en la anterior legislatura, la Ley 20/2011, pero, como no hemos sido capaces de alcanzar el consenso necesario para implantar el nuevo modelo de llevanza del registro, se aplaza. No existe, por tanto, la mal llamada privatización del servicio público que tanto criticaron y critican y que aprovechan para traer aquí en todo momento.
Por todos estos motivos, señor presidente, señorías, y por lo dicho en el turno anterior, mi grupo va a votar en contra de los vetos, e invito al resto de los grupos a que hagan lo mismo.
Vamos a votar el veto. Como ustedes saben, para que se apruebe, requiere al menos 14 votos favorables, que sería la mayoría absoluta de los miembros de la comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 14; abstenciones, 3.
Señorías, pasamos al debate de la defensa de las enmiendas.
Enmienda número 1, presentada por la señora Domínguez Hormiga, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Domínguez Hormiga tiene la palabra.
La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Gracias, señor presidente.
La enmienda presentada es de adición y con ella, aprovechando el trámite de modificación de la Ley de registro civil, se intenta una modificación del párrafo segundo del artículo 88 en cuanto a los procedimientos administrativos generales que se remiten de forma directa a la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, excepto en lo que se refiere a los plazos en caso de inactividad de la Administración. Dado que con carácter general la Ley 30/1992 prevé que el silencio de la Administración tiene carácter positivo, en este caso la Ley de registro civil prevé que el silencio es negativo.
Entiendo que las últimas reformas doctrinales van dirigidas a eliminar el conflicto entre la Administración silente y el administrado que se ve perjudicado por la Administración de manera formal. La adaptación normativa viene regida por la Directiva 2006/123, que regulaba los servicios del mercado interior y que fue adaptada por el Estado español mediante la Ley ómnibus, en la que se prevé con carácter general que el silencio negativo resulta admisible solo y exclusivamente cuando se cumplen criterios de necesidad justificada por una razón imperiosa de interés general. Dado que esa razón imperiosa de interés general no se justifica en materia de Registro Civil, la adaptación de la Ley de registro civil a esta directiva, siguiendo la línea de la Ley ómnibus de 2009, debería entender como positivo el silencio administrativo, y, por tanto, en caso de que la Administración no resolviese en el plazo establecido de tres meses, el administrado verá que su solicitud ha sido admitida. Sobre la base de lo dicho, es decir, de esta línea jurisprudencial, de la directiva y de la normativa española que se está adaptando en este sentido, entiendo que la modificación del artículo 88, párrafo segundo, está justificada.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Domínguez.
Entiendo que también va a defender usted las enmiendas 2 a 14, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes.
La señora DOMÍNGUEZ HORMIGA: Efectivamente. Las doy por defendidas.
Enmiendas 75 a 78, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Tiene la palabra don Jokin Bildarratz.
Comienzo diciendo que podemos congratularnos por la felicitación del portavoz del Grupo Popular por la aportación de nuestras enmiendas. Veremos cuántas se aprueban. El argumento del portavoz es que de esta manera siempre se va a mejorar el proyecto de ley. Nosotros vamos a realizar unos planteamientos que entendemos lógicos, a pesar de que no me haya contestado en el turno de portavoces sobre los plazos y la necesidad que tiene el Grupo Popular de que este proyecto de ley entre en vigor el 15 de julio, según los argumentos aportados en su momento en el informe del letrado.
Nuestro grupo presenta cuatro enmiendas. La enmienda 75, de supresión, se justifica en que se trata de una regulación disconforme con las previsiones del Código Civil en materia de filiación. En cuanto a la enmienda 76, sería bueno que de aquí al Pleno llegáramos a alguna transaccional, porque entendemos que el artículo al que la enmienda hace referencia es muy muy importante. Por otro lado, el Gobierno vasco tenía algún acuerdo al respecto con el Ministerio de Sanidad, y nos gustaría que se pudiera recoger.
En primer lugar, propondríamos una transaccional con el fin de que el plazo para proceder a las comunicaciones de los nacimientos y defunciones por los establecimientos sanitarios públicos fuese de setenta y dos horas en lugar de la comunicación establecida en el artículo 46, esto es, en el día natural siguiente al nacimiento. Tengan ustedes en cuenta que actualmente los familiares disponen de diez días para acudir al registro a tramitar la inscripción, con lo cual, la comunicación al día siguiente al nacimiento posiblemente se convierta en una cuestión muy complicada para los hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.
En segundo lugar, otro argumento que entendemos importante para llegar a una transaccional es el cuestionamiento de las huellas dactilares o la acreditación —tan importante— del niño o la niña. En este sentido, tenemos un planteamiento más abierto porque las realidades en las distintas comunidades son diferentes. Además, entendemos que todas las leyes tienen una voluntad de perdurabilidad en el tiempo, por lo que acotar un sistema muy concreto puede perjudicar en el futuro. Por tanto, proponemos algo que ya es una realidad —en diferentes comunidades autónomas ya se están haciendo pruebas de otro tipo—: un texto que indique que, además de las huellas dactilares, se dispondrá de cualquier otro procedimiento que, conforme a los avances tecnológicos, garantice la mayor fiabilidad, tanto de la identificación del recién nacido como de la relación de filiación materna. Nos parece que es un texto abierto que recoge el espíritu de este proyecto de ley, y si el grupo mayoritario tiene verdadera voluntad de llegar a un acuerdo y hacer una serie de modificaciones y aceptar algunas enmiendas, de aquí al Pleno podríamos alcanzar una transaccional que, por un lado, reafirmase dicha voluntad y, por otro, mejorase el texto de manera evidente.
En la enmienda 77 decimos que todas las comunidades autónomas tienen previstas en sus leyes la elaboración de las estadísticas de defunciones en sus respectivos ámbitos y, por tanto, codifican la causa básica de muerte. Por tanto, recogerlo en el artículo 64 nos parece del todo procedente.
Finalmente, la enmienda 78 propone la supresión del apartado nueve del artículo segundo de este proyecto de ley, que hace referencia al acceso telemático a los datos del padrón municipal. Por una parte, entendemos de la competencia municipal en todo este ámbito, además de la necesidad del consentimiento del interesado en relación con los hechos inscribibles en los registros civiles.
Creemos que estas cuatro enmiendas son lógicas y, además, como he dicho, proponemos una transaccional, para que de aquí al Pleno se mejore el proyecto de ley.
Enmiendas 15 a 50, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Saura.
Enmiendas 51 a 60 y 62 a 74, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Rieradevall.
Mi grupo ha presentado un total de 24 enmiendas, 2 de adición y 22 de modificación. Hoy mismo hemos retirado por registro la enmienda 61, sobre mejora técnica de la certificación de dominio y cargas, porque hemos detectado que la presentamos por error, ya que había sido transaccionada en el Congreso. Por tanto, ahora manifestamos verbalmente su retirada.
En el trámite del Senado presentamos dos nuevas enmiendas: la 71, de adición, y la 72, de modificación. Mediante la aprobación de la enmienda 71 se conseguiría regular en nuestro ordenamiento jurídico el supuesto de la filiación por maternidad subrogada y, con ello, dar una respuesta adecuada, respetando la seguridad jurídica de nuestro sistema, al vacío legal que ha existido en los últimos años, por el cual los menores nacidos en el extranjero por gestación subrogada quedaban desprotegidos y sin reconocimiento de su filiación en España.
Mediante la enmienda 72 modificamos la disposición adicional cuarta, sobre medios, ya que, conforme al proyecto, las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal. Entendemos que esto es inviable, porque este proyecto de ley es muy ambicioso y poner en marcha la ventana única no puede ser algo gratuito ni que no implique ninguna clase de incremento de dotaciones. Por tanto, proponemos que el Gobierno asigne los recursos humanos especializados, materiales y presupuestarios necesarios a las distintas administraciones públicas con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en esta ley, ajustándose a los requerimientos del despliegue. El coste de la implementación de las medidas contempladas en la presente ley, en particular, la inscripción de los recién nacidos y de los fallecimientos por parte de los centros sanitarios, no debe trasladarse ni a estos últimos ni a las administraciones sanitarias. Por otro lado, consideramos que tampoco es admisible que los términos en que se regula el procedimiento hagan recaer en las direcciones de los centros y en los profesionales sanitarios prácticamente toda la responsabilidad de las nuevas garantías legales, especialmente en materia de determinación de filiación. Esas garantías deberían prestarse por personal adecuadamente formado en las nuevas obligaciones legales.
El resto de las enmiendas ya se presentaron en el Congreso y no fueron consensuadas ni votadas a favor. E insistimos en su presentación. Por ejemplo, las enmiendas 70 y 73, sobre la filiación no matrimonial, suponen mejoras técnicas respecto de la comprensión y el alcance del precepto, así como para coordinar los mandatos contenidos en el artículo 120, en su nueva versión modificada, y en el artículo 44.8 de la Ley del Registro Civil.
También hemos presentado un grupo de enmiendas sobre la convocatoria de la subasta, su anuncio, contenido y publicidad; la remisión de los datos del anuncio de la subasta por el secretario judicial; los requisitos para pujar; la intervención del procurador en la subasta electrónica; el desarrollo y terminación de la subasta; y la publicación del decreto de adjudicación de bienes en el portal de subastas, por ejemplo.
Nos reservamos la defensa del resto de enmiendas para el Pleno, y esperamos su aprobación.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, y para la defensa de las enmiendas 79 a 100, tiene la palabra el señor Díaz Tejera.
Hago uso de la palabra ejerciendo mi función como parlamentario. Quien no quiera estar presente que no esté, pero omito cualquier comentario acerca de la demora o el retraso en la comisión, porque el único que me puede decir que deje de hablar es el presidente de la comisión en el ejercicio de sus funciones. Por eso, señor presidente, defiendo estas enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista. Algunas de ellas ya son conocidas por el ponente del Grupo Popular porque se plantearon en el Congreso, y hay otras que no estaban en el paquete de enmiendas que presentó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados.
Voy a hacer una referencia específica a las enmiendas 87 y 88. La enmienda 87 se refiere a la extensión de la notificación a través de la dirección electrónica, y es que no hay por qué usar la dirección electrónica solo para una materia cuando se puede usar para varias. En este punto quiero recordar un nombre que quizás a alguno le pueda doler. Había una juez en España que cuando daba cursos sobre gestión de asuntos hablaba de «en cadena» y «en cascada»;
o sea, ya que está la persona y puedes comunicarle varias cosas, aprovecha y comunícale todas en cadena y en cascada. Esa juez, con la que hice un curso, se llama Manuela Carmena y es la alcaldesa de Madrid. Y siempre he recordado las expresiones «en cadena» y «en cascada», que, como digo, ambos aprendimos en un curso del Consejo General del Poder Judicial. Si eso se decía cuando se hacía en papel y allí estaba presente cualquier ciudadano o ciudadana, creo que es un avance extender la notificación a través de la dirección electrónica. Y como quiera que el señor ponente del Grupo Popular antes ha dicho que yo no hacía propuestas en torno a la subasta electrónica, va ahora este conjunto de propuestas, algunas de las cuales ya estaban registradas. Explico ahora la que se contiene en la enmienda 87 —que no lo estaba—, para que tenga a bien dar su opinión al respecto. ¿Por qué razón? Porque tenemos un conjunto de propuestas sobre la subasta electrónica y sobre la afiliación electrónica, aunque no nos gusten los procedimientos electrónicos legislativos como el que estamos ahora viviendo —es aquello de soplar y hacer botella—. Preferimos la reflexión, compartir y negociar fórmulas que puedan ser más adecuadas para conseguir los objetivos que se buscan. Se busca el objetivo de la subasta electrónica, se busca el objetivo de la afiliación electrónica, y de ahí las propuestas que hacemos en la enmienda 87, que, como decía, propone la extensión de los actos de comunicación judicial, la extensión de la notificación a través de la dirección electrónica. Y no creemos que haya ningún argumento en contra de que se extienda el uso de la dirección electrónica también en la notificación.
Las enmiendas 84, 96 y 100 se dirigen, específicamente en el ámbito de la subasta electrónica, a proteger al deudor hipotecario —lo he explicado en la primera intervención—, es decir, a equilibrar una relación desequilibrada, como lo es la relación entre el acreedor hipotecario —el banquero— y el ciudadano. Pensamos que había que hacer un esfuerzo por equilibrarla en línea con lo decidido por los tribunales de justicia en algunas resoluciones y también en otras del Tribunal de Estrasburgo. ¿Por qué razón? Porque incluso en las enmiendas 89, 90 y 93 —de nuevo estamos trabajando en el ámbito de la subasta electrónica, y van ya siete enmiendas al respecto— proponemos excluir todo lo que tenga que ver con la procura existencial. También lo he dicho en la primera intervención, aunque no ha habido acuse de recibo, por lo que nos gustaría saber qué opinan con respecto a que esos ingresos por renta básica, esos ingresos para el comedor escolar, esos ingresos mínimos para la alimentación tres veces al día, estén excluidos del ámbito del embargo. A nosotros nos parece que lo adecuado es que se discuta en este momento.
Por otro lado, no hemos escuchado ninguna explicación sobre lo que no estaba en la exposición de motivos ni en el discurso del ministro en la presentación del texto. Me refiero a la enmienda número 95 y a la distinción entre la afiliación matrimonial y no matrimonial. Insistimos en que es un salto atrás en el túnel del tiempo porque eso ya estaba consolidado en el artículo 39 de la Constitución y luego en la Ley de Registro Civil del año 2011, aprobada por unanimidad —cosa rara en las Cortes españolas, aunque, es verdad, a veces hay textos que se aprueban por unanimidad—.
¿Y cuál es la razón de que presentemos la enmienda 97? Volver a insistir en la necesidad de proteger al máximo la adopción, eliminar la prohibición que tienen los españoles de adoptar en cuarenta y cinco países cuando el resto de los países europeos lo está haciendo y la necesidad de proteger al máximo al menor. No voy ahora a leer el texto, porque creo, señoría, que usted ya lo ha leído —sé que los que no son ponentes no han tenido a bien hacerlo porque no era su responsabilidad, pero usted sí—, y si se fija en el texto de esa enmienda comprobará que se pretende proteger al máximo al menor, facilitar la adopción internacional y abordar el fenómeno de la disminución del índice de adopción en España en muy pocos años, con prácticamente 4000 adopciones menos.
Por supuesto, no le pido en absoluto acuse de recibo de las enmiendas 79, 82, 86, 92, 98 y 99, en coherencia con el turboelectrónico procedimiento que estamos utilizando. Y como sé que está encantado ante el hecho de que los órganos consultivos no hayan podido evaluar lo que se ha incorporado al texto, y tampoco lo dijo el ministro en su discurso ni está en el preámbulo introductorio que explica el texto, si no lo ha podido explicar el ministro, ¿cómo le voy a pedir a su señoría que lo haga aquí, en la mañana de hoy? Por mi parte, sería abusar demasiado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, en turno en contra, tiene la palabra el senador Arias.
Señoría, como puede entender, voy a intentar referirme a la mayoría de las enmiendas, y en las anteriores intervenciones ya he intentado contestar a la mayor parte de las reivindicaciones u observaciones del resto de los grupos. Intervengo para fijar la posición de mi grupo en sustitución de mi compañera, la senadora Torres, que, como saben, está en este momento en otro proyecto de ley.
Obviamente, hay que dar las gracias al resto de grupos por las enmiendas presentadas, aunque ya adelanto que nuestro voto va a ser contrario a ellas. Y las rechazamos, en algunos casos —no voy a entrar una a una—, por considerar que están fuera del objeto del proyecto, y en otros, porque no consideramos necesarias ciertas precisiones, como, por ejemplo, las relativas a los procuradores o los secretarios judiciales. Sin embargo, me voy a detener en alguna de las enmiendas, aunque de manera general, porque será en el trámite del Pleno donde lo hagamos con más detalle.
Quiero empezar por aquellas que se refieren a la posición del deudor hipotecario. Creemos que la modificación que se propone no guarda relación con el objeto del proyecto, al igual que las enmiendas que se refieren a la protección de los ingresos mínimos y los derechos sociales. Obviamente, todos estamos muy sensibilizados y muy preocupados por la situación que vive nuestro país y no queremos que ningún niño ni nadie se quede sin alimentarse y sin tener un techo bajo el que vivir. Y en eso trabajamos en los ayuntamientos, y también en nuestro grupo, el Grupo Popular, teniendo en cuenta que, después, cuando algunos llegan con propuestas muy novedosas reconocen que las propuestas o acciones que estaban llevando a cabo los gobiernos del Partido Popular eran significativamente mejores.
También quiero hacer referencia a las enmiendas que abordan la cuestión de la filiación por dos madres. No aceptamos la redacción propuesta porque no consideramos que en este momento sea oportuno ampliar a otros supuestos la previsión de dicho apartado. Por otro lado, en la enmienda que se refiere a la obtención de los datos del Instituto Nacional de Estadística se cuestiona que puede haber una violación del derecho fundamental a la protección de datos. Nosotros creemos que no es así, y además se va a desarrollar un tratamiento profesional de la información por las administraciones públicas.
Otras enmiendas hacen referencia a los institutos autonómicos de estadística, como las enmiendas 76 y 77, del Grupo Vasco. Voy a trasladar a mi compañera y a mi grupo la propuesta de transaccional ofrecida por el Grupo Vasco, y veremos si somos capaces de llegar a un acuerdo de cara al Pleno. En principio rechazamos la modificación estricta —si nos ceñimos a las enmiendas—, porque se trata de una ley nacional y no se refiere a instituciones autonómicas, que al fin y al cabo tan solo cuentan con una previsión normativa que no está desarrollada. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma no hay un instituto de estadísticas.
En cuanto a las enmiendas que abordan la cuestión del coste, nuestro grupo considera que la modificación que se incluye en el texto que se aprueba no implica el incremento de costes ni tampoco retribuciones o gastos de personal. Y en relación con las que piden la modificación del artículo 120, sobre la afiliación no matrimonial, las rechazamos por considerar que es más adecuada la terminología que viene del Congreso de los Diputados.
Otras enmiendas exceden, como he dicho, del objeto del proyecto, como, por ejemplo, la referente a la adopción internacional, del Grupo Socialista, o la relativa al procedimiento para la adopción de la nacionalidad española por residencia. Nosotros estimamos que la supresión de la disposición que se propone no supone mejora alguna. Y en cuanto a la número 51, de Convergència i Unió, sobre la subasta presencial, consideramos que es contraria al proyecto, y por eso la rechazamos.
Finalmente, quiero referirme a aquellas enmiendas que versan sobre la gestación por sustitución, una cuestión compleja que todos somos conscientes de que se debe analizar en el ámbito de las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Pero en este caso consideramos que actualmente no es necesario el cambio de la legislación vigente, ya que, desde nuestro punto de vista, la instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010 está plenamente vigente, por lo que, como no puede ser otra manera, cabe inscripción. Ese sentido, estoy totalmente a favor de la inscripción en nuestro Registro Civil de la resolución judicial extranjera que fija el vínculo.
Concluyo mi intervención reiterando nuestro voto negativo a estas enmiendas, agradeciendo el trabajo de los ponentes, y esperando que seamos capaces de llegar a algún acuerdo de aquí al Pleno que mejore el texto que debatimos.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Domínguez.
Dado que el portavoz del Grupo Popular ha dicho que no iba a detallar cada una de la enmiendas, sino que se iba a referir a ellas forma general, y no ha hecho alusión a las presentadas por el Grupo Mixto, en concreto, a la enmienda número 1, presentada por mí, en este caso no puedo hacer uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.
Parece que hay una contradicción en sus propios términos o, como les gusta decir a los juristas, una contradictio in terminis. Al comienzo de la comisión ha habido un agradecimiento del portavoz del Grupo Popular por el trabajo realizado por los diferentes grupos en la elaboración de las enmiendas, pero reconocerá que al no haber aceptado ninguna —y cuando digo ninguna es cero, un cero a la izquierda— sorprende un poco ese agradecimiento, porque, cuando menos, el grupo mayoritario considera que los grupos de la oposición en su generalidad hemos sido bastante torpes a la hora de intentar mejorar este texto; por lo visto no hemos sido capaces de percibir el espíritu de este proyecto de ley, el dos al precio de uno que tiene para el Grupo Popular.
Como se ha dicho, hemos hecho una propuesta transaccional, y veremos si de verdad hay espíritu de aceptarla o existen unos límites que invitan a que no se acepte nada y este proyecto de ley vaya directamente al Boletín Oficial del Estado, sirva únicamente para cumplir una formalidad —no voy a decir que pérdida de tiempo— y solo se trate de palabras para llenar páginas y páginas de diferentes boletines pero sin ninguna traslación a las necesidades de la ciudadanía, que lo único que pretende es que nosotros trabajemos para mejorar su vida.
Lo único que pretende recoger la transaccional que les pedimos — si no la plantean presentaremos una enmienda firmada por todos los grupos— es algo que el Ministerio de Sanidad también cree imprescindible realizar, y es que si cualquier familiar dispone de diez días para acudir al registro a tramitar, por ejemplo, la inscripción de un nacimiento, los hospitales no tengan que comunicar a la oficina del Registro Civil que corresponda los nacimientos en el día natural siguiente, como se publica en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sino en el plazo de setenta y dos horas. En todo caso, si estamos hablando de aceptar que se tomen las dos huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para que figuren en el mismo documento de la inscripción, pedimos que se acepten las pruebas que en el futuro mejoren el resultado de esa comprobación.
Espero que la magnanimidad y las ganas de voluntad que veo en el grupo mayoritario nos lleven a aprobar al menos una transaccional. De lo contrario, seguiremos valorando que la verdadera voluntad del grupo mayoritario es no aprobar ninguna enmienda y que el texto vaya directamente al Boletín Oficial del Estado porque el grupo mayoritario y el Gobierno tienen otra serie de prioridades.
El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya no hará uso de la palabra.
Agradezco el agradecimiento —valga la redundancia— del senador Arias por haber presentado enmiendas e intentar mejorar el texto y esperamos que este agradecimiento sea sincero y veamos la aprobación de las enmiendas o de algunas transaccionales que lo mejoren.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Díaz Tejera tiene la palabra.
Quiero empezar por agradecer que el señor ponente del Grupo Popular haya hablado. Fíjense ustedes adónde hemos llegado que hay que agradecerle a un parlamentario que haya parlado, que haya hablado, porque yo todavía sigo estupefacto por la última Comisión de Justicia en la que estuve: no habló nada y dijo aquello de que se reservaba —como Laura, que se reservaba para el matrimonio— para el Pleno, y aquí no dijo nada. Por eso le agradezco que haya hablado, aunque sea de su libro, aunque sea de su libro. Eso siempre es de agradecer, porque es una señal de respeto al trabajo de los otros el tratar de decir lo que se piensa.
Le agradecería que, si pudiera, me acusara recibo de lo que le he planteado. Le he planteado qué opina usted sobre esto que se ha incorporado en el texto —que no estaba en el preámbulo, que no está en el discurso del ministro— y es de la distinción entre la filiación no matrimonial y la matrimonial. Fíjese usted que el párrafo 2 del artículo 39 de la Constitución española precisa que los poderes públicos aseguran la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y luego el párrafo 3 obliga a los padres a prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. El legislador constituyente nos está diciendo que es irrelevante e intranscendente a los efectos de la obligación de cuidado de los hijos que hayan nacido en un matrimonio o no. Y le vuelvo a insistir que el artículo 44 del Código Civil —que el Constitucional ha dicho ya que se ajusta a la Constitución— plantea que el matrimonio tiene la misma naturaleza, requisitos y caracteres sean los cónyuges del mismo o distintos sexo. A mí me parece que esto es un salto atrás y creo que sería bueno no incorporar esta distinción. Ese es un asunto, le vuelvo a insistir, sobre el que me gustaría escuchar su criterio.
Le he planteado también el asunto de la adopción internacional cuando hablaba de la propuesto 97, porque estamos hablando de filiación, estamos hablando de los menores y estamos hablando de facilitar la filiación de esos menores, planteando una fórmula en el sentido de que solo en supuestos excepcionales las instituciones lo acojan y que, por el contrario, siempre es preferible la fórmula del acogimiento familiar. En el segmento de la población más frágil, más vulnerable, que es la población infanto-juvenil —algunos dicen que es la tercera edad, pero yo creo que es incorrecto porque ellos disponen de recursos culturales para tener criterio— se plantea una sugerencia concreta para facilitar esa adopción que, insisto, no voy a leer por respeto a usted, en primer lugar, que sí sé que ya la ha leído, y al resto de los integrantes de la comisión.
En cuanto a la maternidad subrogada —asunto que sigue abierto, pero que ahora no se aborda en términos de contenido material—, muchos de los que han trabajado en esta materia se oponen rotundamente porque es cosificar a la mujer y reducirla al papel de un órgano, de una incubadora, y por esa razón no aceptan de ninguna manera que se contemple esa realidad; así, hay 7 países de la Unión Europea que expresamente lo prohíben —uno de ellos es España, también Alemania—, pero hay 17 que no lo contemplan. Pero luego hay realidades materiales que se van imponiendo; por ejemplo, cuando te encuentras con un niño o con una niña, que es un ser humano que existe, no puedes decirle: mira, mi niño, la Convención de Derechos del Niño del año 1989 —por nombrar la más reciente, ya no me remito al Convenio de Roma de 1950— no se te aplica porque hay un análisis ideológico respecto al papel que tiene que jugar el ser humano en la reproducción, etcétera. Si uno se encuentra con esa realidad, ese menor tiene derecho a esa filiación, ese menor tiene derecho a esa identidad y otros conceptos de orden público internacional no son los que deben primar cuando estamos hablando del derecho a la filiación, el derecho a la identidad, el derecho de ese menor.
¿Por qué razón? Porque hay quien piensa que donde no hay reglas jurídicas los seres humanos son buenos, justos y benéficos —como decía la Constitución de 1812—, y hay quienes piensan que donde no hay reglas jurídicas los seres humanos no son buenos, justos y benéficos, sino que donde no hay reglas jurídicas hay muchísimo más abuso que si existiesen esas reglas jurídicas. Es decir, aunque existan las reglas jurídicas, las posibilidades de abuso son infinitas —cierto es, cierto es—, pero más abuso habría si no hubiera regla jurídica, porque entonces no habría unos parámetros por los que medir el comportamiento humano, lo que es permisible o no, lo que se puede acordar o lo que no se puede acordar, y el Estado debe tutelar siempre los derechos de todos los seres humanos, en particular los seres humanos más vulnerables y más frágiles.
Pero aquí no se plantea el contenido material de la maternidad subrogada, lo que se plantea es la necesidad del derecho a filiación de esos menores que llegan aquí, y cuando están aquí los tienes que filiar, tienes que darles una identidad. Cosa distinta, insisto, es la regulación del contenido material, que no es lo que se está planteado en esta enmienda; muy al contrario, lo que se plantea es algo distinto en la enmienda número 95. Me gustaría escuchar su criterio respecto a este apartado, señoría, no sobre lo que no planteamos, sino sobre lo que sí planteamos.
Nada más, presidente, y gracias por dejarme hablar con entera libertad.
Para finalizar, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Arias.
Le pido disculpas a la portavoz del Grupo Mixto porque sí es cierto que iba a contestar a la defensa de su enmienda y al final no lo hice en la intervención anterior. Nosotros rechazamos esta enmienda porque consideramos que queda fuera del proyecto de ley que estamos debatiendo.
A los portavoces del grupo vasco y de Convergència i Unió, al igual que al resto de los portavoces, les vuelvo a agradecer la presentación de enmiendas que puedan mejorar este proyecto. Tomamos la palabra y les digo sinceramente que tenemos que hablar para intentar llegar a un acuerdo; otra cosa es que podamos o no podamos, pero debemos y tenemos la obligación de intentar llegar a ese acuerdo. Agradezco también a la portavoz de CiU su aportación.
Y contesto al portavoz del Grupo Socialista, a sus enmiendas y a su intervención. Senador Díaz Tejera. Entiendo que usted lo que pretende es que hablemos de lo que usted quiere que hablemos, pero yo tengo que hablar de lo que vengo a hablar, que es también del proyecto de ley que debatimos, no simplemente de aquellas cuestiones que sí son importantes y que forman parte del proyecto de ley. Yo he hecho una serie de intervenciones, tanto en el turno de vetos como en el de las enmiendas, que van a tener continuidad también en el Pleno; por lo tanto, se le contestó a la mayoría de las cuestiones que usted planteó, pero en el Pleno también se le va a seguir completando la contestación y la argumentación a todas y cada una de ellas.
Coincido en la importancia y la necesidad de que se aborde y se garantice el derecho de filiación de esos menores y también coincido en la necesidad de que avancemos en la cuestión de la gestación subrogada. Espero que en la próxima legislatura, porque en esta ya va a ser difícil, seamos capaces todos juntos de avanzar en garantizar el derecho de filiación, que nosotros hoy en día consideramos que está garantizado por la instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado, pero también la regulación de la gestación subrogada.
Reafirmamos nuestra apuesta decidida por este proyecto de ley, un proyecto de ley que apuesta por la modernización de la Administración de Justicia y del Registro Civil, y reitero a todos los ponentes y al letrado de la comisión nuestro agradecimiento y manifiesto nuestro voto negativo a las enmiendas, pero siempre abiertos a la posibilidad de llegar a acuerdos en el trámite del Pleno.
Por tanto, una vez más, quiero darles las gracias por su atención.
Señorías, finalizado el debate y antes de proceder a la votación del texto de la ponencia, voy a decir una obviedad, ya que es temprano, y es que es perfectamente legítimo, es perfectamente admisible que cualquiera de los ponentes de esta comisión demande, como ha hecho el señor Díaz Tejera, un acuse de recibo a otro, y también es perfectamente admisible, perfectamente legítimo que el ponente al que se le demanda haga de su intervención lo que considere oportuno y acuse recibo tal y como desee. Porque aquí está permitido discrepar, señorías, y a veces nos ponemos todos muy exagerados.
Dicho esto, vamos a proceder a votar el texto de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el﻿ siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 5; abstenciones, 2.
Acto seguido procede, como ustedes saben, designar al miembro de la comisión que tendrá que presentar el dictamen en el Pleno.
El señor DÍAZ TEJERA: En esta ocasión el Grupo Socialista no tiene nada que proponer.
¿Algún portavoz tiene algo que proponer? (Pausa).
El señor ALTAVA LAVALL: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor presidente, en primer lugar queremos felicitarle por su carácter liberal, que nos encanta, y proponer a su señoría para que presente el dictamen en el Pleno.
Así lo haré y agradezco que se acepte por asentimiento.
Finalizado el orden del día de la comisión, se levanta la sesión.

References: artículo 71
 resolución 
 artículo 39
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 120
 artículo 44
 artículo 39
 artículo 120
 resolución 
 artículo 39
 artículo 44