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Timestamp: 2020-08-13 16:58:50+00:00

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Blog Social y Laboral | Lefebvre – El Derecho
CEOE y Cepyme, preocupadas porque el Gobierno apruebe cambios en la reforma laboral antes de las elecciones
Denuncian la “vocación electoralista” del Ejecutivo con esta medida
Las juntas directivas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han mostrado su preocupación ante el anuncio de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, de cambiar varios aspectos de la reforma laboral de 2012 antes de que se celebren las elecciones generales el próximo día 28 de abril.
Así lo han señalado en un comunicado, donde los empresarios han dejado claro que “no tiene sentido que el Gobierno tenga la intención de aprobar un Real Decreto Ley laboral con clara vocación electoralista antes de los comicios”.
Bajo su punto de vista, cambios legislativos “tan relevantes” deben aprobarse mediante un proyecto de Ley y no mediante un Real Decreto Ley, porque “esta última opción excluye la posibilidad de diálogo y de consenso deseable en cualquier proceso democrático”.
También han recordado que la Constitución limita el recurso al Real Decreto Ley a los supuestos en que concurra “una extraordinaria y urgente necesidad”.
“La Carta Magna garantiza así la máxima restricción del empleo de este tipo normativo que, en última instancia, priva al Congreso y al Senado de la potestad de dictar leyes con la suficiente deliberación de todos los grupos parlamentarios”, han recordado.
Además, han resaltado que “el Gobierno debe tener en cuenta que el artículo 86 de la Constitución excluye una serie de materias de la regulación por Real Decreto Ley, especialmente, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos”.
Tanto para la organización que lidera Antonio Garamendi como para la que encabeza Gerardo Cuerva, el Ejecutivo y el conjunto de los partidos políticos tienen que ser conscientes de que el uso abusivo del Real Decreto Ley constituye “una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes”.
POSIBLE RUPTURA DEL DIÁLOGO SOCIAL
Además, creen que el recurso a este instrumento cuando ya se ha anunciado la disolución de las Cortes supone “la relegación del poder legislativo a un papel pasivo y empobrece la calidad democrática”. También han mostrado su preocupación porque se puede romper de forma “unilateral” el diálogo social.
Por último, han avisado de que “no tiene sentido volver a orillar el dialogo tripartito poco después de anunciar la convocatoria de elecciones ante la imposibilidad del Ejecutivo de tener una mayoría amplia en el Parlamento que le permita ejecutar su plan de reformas”.
El Gobierno trabaja para modificar de la reforma laboral antes de elecciones
“Siempre se puede meter una canasta de tres puntos en el último segundo del partido”, asegura Valerio
MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) –
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha señalado que, “aunque la legislatura ha descarrillado”, el Gobierno está trabajando para la modificación de los aspectos centrales de la reforma laboral.
“Siempre se puede meter una canasta de tres puntos en el último segundo del partido y en ello estamos y tanto estamos trabajando en ello que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, considera indecente lo que cree que vamos a hacer”, ha apuntado la ministra.
Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde ha asegurado que al Ejecutivo “nunca le han temblado las piernas” y ha afirmado que “tiene claro lo que hay que hacer” en materia laboral antes de que se ponga fin a su mandato.
“A este Gobierno nunca le han temblado las piernas para adoptar medidas positivas para la ciudadanía de este país. Ni nos han temblado ni nos van a temblar”, ha apostillado la titular del Ministerio.
En esta línea, ha recordado que todavía se está debatiendo en las mesas del diálogo social los aspectos más lesivos de la reforma laboral, aunque ha señalado que “no ha habido un acuerdo todavía”.
Durante el turno de réplica, Valerio le ha pedido al senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo que “no le quepa la menor duda” de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a seguir trabajando hasta el último momento para revertir los aspectos más lesivos del marco laboral, “pese a la cercanía de la próxima fecha electoral”.
Por último, Valerio ha recordado que el Gobierno, desde el primer día, ha tomado decisiones que suponen “un paso adelante en la mejora de la calidad del empleo de los trabajadores españoles”.
“Sabemos bien que es preciso actuar, que es preciso tener impulso político y el Gobierno quiere hacer esta reforma, pero también necesitamos contar con aritmética parlamentaria y en este empeño vamos a seguir trabajando para llegar a un acuerdo que sea positivo para los trabajadores”, ha concluido.
Por su parte, el senador del grupo parlamentario de Unidos Podemos Óscar Guardingo le ha recordado al Gobierno que la aritmética parlamentaria sigue siendo la misma, que tenía un acuerdo político con su formación política y que las negociaciones entre el Ministerio y los sindicatos avanzaban.
Valerio dará un “empujón” a cambios en la reforma laboral y a varios planes para tratar de sacarlos adelante
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) –
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que tratará de sacar adelante, en el tiempo que le quede al frente del Ministerio, una serie de temas que ya están “muy debatidos” y sobre los que algunos existen incluso preacuerdos.
Valerio, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, ha mencionado, entre otras iniciativas que tiene “prácticamente ultimadas”, un plan de retorno para trabajadores desplazados a otros países y un plan para parados de larga duración, dirigido especialmente a los mayores de 45 años.
También ha citado los debates en el diálogo social y en el Pacto de Toledo sobre el futuro de las pensiones y algunos “retoques” en la reforma laboral de 2012 referidos a la subcontratación, la prevalencia del convenio de sector sobre el de empresa, la no limitación de la ‘ultraactividad’ y el registro obligatorio de la jornada laboral.
Valerio ha explicado que no se trata de “grandes reformas”, sino de “cosas muy debatidas” a las que “simplemente” hay que “darles un empujón para sacarlas adelante”. “Vía ley sería imposible, pero para la disolución de las Cámaras quedan algunas semanas y además la Diputación Permanente seguirá funcionando”, ha precisado la ministra.
España necesitará 10 millones de cotizantes más para pagar las pensiones en 2050, según BBVA
El servicio de estudios de la entidad aboga por introducir progresivamente un sistema de cuentas nocionales individuales
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) –
España necesitará tener 28,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2050 para poder pagar las 15 millones de pensiones previstas a esa fecha, lo que supone que en 31 años el sistema tendrá que sumar casi 10 millones de afiliados más de los que hay actualmente, según cálculos de BBVA Research.
El servicio de estudios de la entidad sostiene que, ante el previsible aumento del número de pensionistas, se pueden adoptar tres caminos alternativos.
El primero de ellos consistiría en aumentar la presión fiscal, introduciendo más impuestos o recortando el gasto público en otras partidas presupuestarias.
El segundo pasaría por acometer reformas estructurales para reducir la tasa de paro, aumentar la tasa de actividad y de empleo, y la productividad y los salarios.
La tercera alternativa, expone BBVA Research, es la de fomentar el ahorro complementario, compensando la reducción de la pensión media sobre el salario medio con más ahorro.
En su opinión, todas estas alternativas tendrían efectos más positivos sobre el crecimiento y el empleo cuanto antes se implantara en España, de manera gradual, un sistema de cuentas nocionales/individuales, “permitiendo anticiparse al futuro con decisiones informadas y blindando la pensión mínima” en función de la inflación subyacente y las ganancias de productividad.
BBVA Research sostiene que las cuentas nocionales asegurarían el equilibrio actuarial reduciendo la tasa de prestación de los pensionistas futuros, por lo que se necesitaría un ajuste gradual.
El sistema de cuentas nocionales por el que apuesta el servicio de estudios de la entidad contaría con aportaciones de empresas y trabajadores; sería de contribución definida, como en Suecia y otros países europeos; de reparto y progresivo, y su implantación sería gradual, como en Suecia, donde se tardaron 15 años.
Para BBVA Research, este sistema introduciría transparencia para los futuros pensionistas e incentivaría la demanda y oferta de trabajo y las decisiones planificadas sobre la carrera laboral.
“El sistema actual es menos transparente: apenas se sabe que una cotización del 28,3% del salario no financiaría ni 3,5 meses de la futura pensión”, argumenta el servicio de estudios de la entidad.
DÉFICIT DE MÁS DE 18.600 MILLONES PARA 2019
Por otro lado, BBVA Research recuerda que el déficit de la Seguridad Social alcanzó en 2018 los 18.937 millones de euros y el acumulado entre 2011 y 2018 es de casi 103.000 millones de euros.
“La sociedad española ha hecho un enorme esfuerzo para financiar este déficit, que equivale a más de 10.650 euros por pensionista”, estima el servicio de estudios del banco, que calcula que, con las previsiones de febrero de 2019, el déficit en pensiones en 2019 excederá en un 12,6% el gasto (18.650 millones).
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El adelanto electoral deja al Congreso sin desmontar la reforma laboral y sin un nuevo régimen para autónomos
Tampoco prosperarán el desarrollo de los nuevos mercados financieros, la ley de morosidad o la despenalización de los piquetes de huelga
La disolución de las Cortes Generales por la convocatoria anticipada de elecciones generales el próximo 28 de abril acabará con iniciativas parlamentarias en curso, como el desmontaje parcial de la reforma laboral, la flexibilización de la regla de gasto o los cambios en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Y es que la disolución de las Cortes Generales, prevista para el 5 de marzo por el adelanto electoral, impedirá la aprobación de todas las normas que no hayan concluido su tramitación, incluidas aquellas que aun habiendo sido aprobadas, no han concluido su tramitación en el Senado.
En el caso de la reforma laboral, pese a reclamar su derogación en sucesivas ocasiones, el Congreso concluirá su legislatura incapaz de sacar un acuerdo adelante que desmonte, siquiera parcialmente esta reforma. La iniciativa que más avanzada tenía su tramitación, que buscaba que una subcontrata pudiera empeorar las condiciones laborales, se quedará en fase de ponencia pese a haber entrado a la Cámara en 2016.
En ella el PSOE había buscado incluir la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, la recuperación de la ultraactividad en la negociación colectiva y el registro horario, pero aunque lograra aprobarla ‘in extremis’ en la Cámara Baja, el PP no aceptaría tramitarla de forma ‘exprés’ y sin cambios en el Senado.
NI LEY DE MOROSIDAD NI REFORMA DEL RETA
Pendiente quedará, por ejemplo, la reforma del régimen de autónomos, pese a que la constitución de esta subcomisión para abordar esta tarea fuera aprobada en diciembre de 2016. La intención de muchos grupos era traducir estas conclusiones en una proposición de ley.
Otra de las iniciativas que no podrán ponerse en marcha son las referidas a combatir la morosidad, ya que los grupos no han conseguido un acuerdo para sacar adelante en ponencia dos iniciativas, una de Ciudadanos y otra del PDeCAT procedente del Senado, que ampliaban la regulación en esta materia, incluyendo un régimen sancionador.
EL DESARROLLO DE MIFID II QUEDA EN SUSPENSO
También quedará en suspenso el desarrollo de la reforma de los mercados de valores, la nueva arquitectura financiera propuesta desde Bruselas con su MiFID II, que tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez han ido llevando al Congreso durante esta legislatura en forma de decretos ley.
En vigor queda las trasposiciones de mínimos realizadas vía decretos ley, pero no así la ampliación de las normas que buscaba el Congreso, que había optado por tramitar todos los decretos como proyectos de ley para poder introducir cambios. De hecho, los grupos habían optado por fusionar en una única ponencia el desarrollo de estas normas, que incluyen desde la reforma de los sistemas de pago como modificaciones del régimen de supervisión y solvencia a las entidades de crédito.
La última norma en sumarse a este ‘paquete’ de reformas contemplaba la creación de la nueva autoridad de supervisión macroprudencial llevada al Congreso por la ministra Nadia Calviño, que asistirá al fracaso de uno de sus proyectos ley, el de distribución de seguros y reaseguros de privados.
LA LEGISLATURA ACABA SIN REFORMAR LA REGLA DE GASTO
Asimismo, la legislatura acabará sin que el Congreso haya podido reformar la regla de gasto y dar un mayor margen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas para emplear sus superávit, tal y como reclamaban una mayoría de grupos.
Esta reforma se ha quedado bloqueada en la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, en sucesivas ampliaciones de enmiendas, al igual como la impulsada para acabar con el veto del Senado a la senda de déficit y de deuda, que afecta también a la Ley de estabilidad presupuestaria.
TAMPOCO LA LEY DE LA PAH NI LA RENTA MÍNIMA
Otras iniciativas que aún no han salido de la Mesa del Congreso y continúan en prórrogas de plazos para presentar enmiendas son la reforma de Código Penal para despenalizar las acciones de los piquetes en una huelga, la subida del salario mínimo o la ley de la PAH sobre emergencia habitacional.
Tampoco se aprobará la iniciativa legislativa popular (ILP) para fijar una renta de ingresos mínimos para toda persona desempleada, impulsada por los sindicatos, y que en principio se encontraba en barbecho a la espera de recibir el Gobierno un informe de la AIReF para medir su impacto en términos presupuestarios y sociales.
UNA LEY, PENDIENTE DE UNA TRAMITACIÓN ‘EXPRÉS’ EN EL SENADO
Por otro lado, la Comisión de Hacienda del Congreso busca poder aprobar este jueves ‘in extremis’ una iniciativa ya acordada en ponencia, el proyecto de ley que regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, una trasposición de directiva europea llevada al Congreso por el entonces ministro Cristóbal Montoro en 2016.
Sin embargo, aunque sea aprobada por el Congreso y remitida al Senado –la Comisión de Hacienda tiene competencia legislativa plena–, sólo una tramitación ‘exprés’ en la Cámara Alta permitiría su aprobación definitiva antes de la disolución de las Cortes.
Para ello, tras ser aprobada por el Congreso en comisión, la norma tendría que ser calificada por la Mesa del Senado el lunes de la semana siguiente y, o bien tramitarla por la vía de urgencia y en lectura única en un sólo Pleno esa semana, o acelerar su aprobación en comisión en un Pleno la última semana de mes o el lunes día 4, antes de la disolución de las Cortes.
En todo caso, sin cambio alguno, ya que de lo contrario toda modificación tendría que volver a ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. Sin embargo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Senado no prevé por el momento convocar ningún Pleno más allá del de la próxima semana, que sería el último de la legislatura en esta Cámara.
La OIT advierte de que la temporalidad y la parcialidad involuntaria aumentan el riesgo de pobreza
En España, más del 85% de los trabajadores tiene un contrato temporal porque no pudo acceder a uno a tiempo completo
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido de que la temporalidad y la parcialidad involuntaria aumenta el riesgo de pobreza entre los trabajadores, según se desprende de su informe ‘Perspectivas sociales y del empleo en el mundo’.
En concreto, el informe pone de relieve que durante 2017 los contratos de trabajo que duraron seis meses o menos representaron más de la mitad de todos los contratos temporales en Bélgica, Finlandia, Italia y España, mientras que solo supusieron el 15% en Alemania.
Según la OIT, los contratos temporales de al menos dos años fueron los más frecuentes en Alemania, Austria y Dinamarca, ya que suponen más de un tercio de los contratos totales, mientras que en España, Francia o Portugal apenas representan un 10%.
La OIT ha alertado de que la prevalencia de los contratos temporales de corta duración puede incrementar la inseguridad que sienten los trabajadores, aumentar la volatilidad de sus ingresos y frustrar el desarrollo de su carrera profesional.
De hecho, ha apuntado que hay pruebas que muestran que cuanto más breve es la duración del contrato de trabajo, mayor es la tasa de pobreza.
Así, ha afirmado que “no es sorprendente” que en los países en los que la duración media de los contratos temporales es de corta duración tengan más probabilidades de que haya más empleo temporal involuntario.
“Cerca de un tercio del empleo a tiempo parcial es no deseado y se debe a que los solicitantes de empleo no pudieron encontrar un trabajo a tiempo completo”, según se destaca en el informe.
La OIT también destaca que el empleo a tiempo parcial involuntario es más frecuente en los países del sur de Europa, entre los que destacan Grecia, Italia y España, donde más del 60% de los trabajadores trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria.
Asimismo, ha hecho hincapié en que el número de trabajadores en riesgo de pobreza es más elevado en los países, como España y Grecia, donde el trabajo a tiempo parcial involuntario es más alto.
Por otro lado, apunta que en España más del 85% de los trabajadores temporales tiene un empleo temporal porque no pudo acceder a un trabajo a tiempo completo.
Por el contrario, el número de trabajadores que tienen un contrato de trabajo temporal de forma involuntaria apenas ronda el 10% en Austria y supera el 15% en Alemania.
En este sentido, la organización ha puesto de relieve que la falta de oportunidades de empleo a tiempo completo no es la única razón por la que los trabajadores aceptan empleos a tiempo parcial. La conciliación laboral y familiar también es otro de los principales motivos.
Para la OIT, esta situación pone de relieve la importancia de que se impulsen políticas públicas encaminadas a aliviar las cargas de responsabilidades familiares que “con demasiada frecuencia” sufren las mujeres que participan en el mercado laboral.
El 80% del patrimonio personal desviado a paraísos pertenece al 0,1% más rico, según el IEB
Tan solo el 10% del patrimonio declarado pertenece al 0,1% con más recursos
BARCELONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –
El 80% del patrimonio personal desviado a paraísos fiscales pertenece al 0,1% más rico de la población, según ha concluido el Institut d’Economia de Barcelona (IEB) en la última edición del IEB Report.
En un comunicado este martes, el centro de investigación de Economía de la Universitat de Barcelona (UB) ha indicado que el IEB Report expone que el 50% de este patrimonio evadido corresponde al 0,01% con más recursos.
El IEB Report lleva como título ‘El presente y el futuro de los paraísos fiscales’ y está dedicado a analizar el papel actual de los paraísos fiscales y los resultados de las políticas para minimizar su impacto.
También señala que las tasas de evasión fiscal son diez veces mayores entre la población más rica en comparación con las medias nacionales.
En contraposición, si se analizan los resultados obtenidos a través de las declaraciones de impuestos, el estudio concluye que de media tan solo el 10% del patrimonio declarado pertenece al 0,1% más rico de la población, y el 5% al 0,01% con más recursos.
Los datos de este informe corresponden a la contribución del profesor de la Universidad de Copenhague, Niels Johannesen, que ha rescatado la información obtenida gracias a las filtraciones sobre las cuentas de los clientes del HSBC Switzerland, los papeles de Panamá y las declaraciones que se realizaron en Dinamarca, Noruega y Suecia.
Johannesen ha calificado de “éxito modesto” los resultados de los programas de transparencia, intercambio de información y amnistías fiscales.
En ese sentido, ha sostenido que 100.000 contribuyentes en Estados Unidos declararon cuentas en paraísos fiscales por valor de 100.000 millones de dólares, lo que ha alertado de que representa un 10% de la riqueza total estimada del país desviada en estas cuentas.
También ha defendido que unos seis billones de dólares corresponde al patrimonio personal evadido y que esta cifra representa un 8% de la riqueza de los hogares a nivel mundial.
El salario en las grandes empresas creció un 0,8% en 2018 y el aumento del empleo se moderó al 3,1%
MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –
La retribución media bruta en las grandes empresas que operan en España aumentó un 0,8% el año pasado, frente al retroceso de una décima de 2017, mientras que el avance del empleo se moderó al 3,1%, cinco décimas menos que el ejercicio anterior, según datos de la encuesta ‘Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas’, elaborada por la Agencia Tributaria.
La AEAT ha destacado que el cambio de tendencia en los salarios se empezó a apreciar en los últimos meses de 2017 y se consolidó a lo largo de todo el ejercicio 2018, a pesar de los incrementos algo inferiores que se registraron en el segundo trimestre.
Por su parte, los perceptores de rendimientos del trabajo, indicador fiscal que aproxima la evolución del empleo asalariado, crecieron en diciembre un 2,6%. El crecimiento en el año fue del 3,1%, medio punto por debajo del aumento estimado en 2017 y con una trayectoria de esta variable decreciente desde mediados de 2017.
En términos mensuales, el salario medio bruto en las grandes empresas no registró variación alguna, frente al retroceso de cinco décimas del mes de noviembre, mientras que la ocupación por su parte subió una décima, tras no varias el mes previo.
LAS VENTAS MODERAN SU CRECIMIENTO
Por su parte, las ventas totales de las grandes empresas cerraron el año 2018 con un alza del 3%, una vez corregido el efecto estacional y de calendario, tasa siete décimas inferior a la del año 2017. En diciembre creció un 2,5% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, las ventas interiores crecieron en diciembre, en términos interanuales, un 2,2%, una décima por debajo del crecimiento de octubre, por lo que en el conjunto del año repuntó un 2,8%, tres décimas más que en 2017.
Al igual que en las ventas totales, el crecimiento se fue moderando a lo largo del año, aunque no con la intensidad de las ventas totales y con algo más de irregularidad, ya que en el tercer trimestre se apreció un repunte que no tuvo continuidad posterior, explica la AEAT.
Por destinos, las ventas de bienes y servicios de consumo aumentaron al mismo ritmo que lo habían hecho en 2017 (+2,7%), con estabilidad en la primera parte del año y peores resultados en el tramo final.
De su lado, las exportaciones se elevaron en diciembre un 3,9%, finalizando el año con un incremento del 4,1%, por debajo del 5,5% de 2017. Esto ha sido así porque en el primer semestre del año las ventas al exterior se mantuvieron relativamente estables en el entorno del 5%, pero en la segunda mitad del año el crecimiento se redujo cerca de dos puntos.
En todos los destinos hubo un menor aumento que en 2017, pero fue más acentuado en las dirigidas a terceros países que partían de unas tasas elevadas en el año anterior.
El Gobierno quiere implantar la ‘mochila austriaca’ desde 2020
Programa la reforma de la Seguridad Social en cinco años y ampliar el parque de vivienda social al 8% en 2030
MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno incluye en la denominada ‘Agenda del Cambio’ la implantación gradual del sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente, conocido como ‘mochila austriaca’, a partir del próximo año, así como la simplificación y reordenación del menú de contratos a tres fórmulas: indefinido, temporal estructural y formativo.
Así figura en la ‘Agenda del Cambio’ tomada en consideración este viernes por el Consejo de Ministros, que incluye 60 nuevas medidas en formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, igualdad y eficiencia de la Administración para sentar las bases de un crecimiento “sostenible e incluso” a medio y largo plazo.
Entre las reformas incluidas en la agenda para un mercado laboral “eficiente y justo” el Gobierno proyecta para 2020 la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales de capitalización para la movilidad a través de la creación del fondo correspondiente.
Dicho fondo permite a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica, para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación. “Esta propuesta se abordará en el marco del diálogo social para que su diseño y aprobación cuente con los mayores consensos posibles”, señala el Gobierno.
También se incluye la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impulsar la lucha contra el fraude laboral y la simplificación y reordenación del menú de contratos de trabajo a tres fórmulas contractuales: indefinido, temporal estructural y formativo.
A su vez, se contempla la revisión del sistema de prácticas no laborales en empresas y reconducir a los titulados con estudios finalizados a los contratos laborales en prácticas. Simplificar y reducir la carga burocrática de los contratos de formación y aprendizaje y acercar los centros formativos a las empresas en colaboración con los agentes sociales y las comunidades autónomas es otra de las metas.
El Ejecutivo programa también la reforma del sistema de Seguridad Social de aquí al año 2024, en el marco del diálogo social con empleadores y empleados, y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo
De esta forma, se aprobarán medidas para el refuerzo de los ingresos, revisión de los gastos y de la cobertura de determinados colectivos y la adaptación de los diferentes parámetros del sistema. Junto al refuerzo del sistema público, el Gobierno tiene previsto desarrollar la previsión social en las empresas con sistemas de pensiones complementarias acordados entre empresarios y trabajadores, así como la reorganización de la Seguridad Social para dotar de mayor eficacia a la gestión con menores costes.
Igualmente, verán la luz incentivos en el mapa de prestaciones y subsidios para impulsar la búsqueda activa de empleo, y se reforzarán las políticas activas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo.
Otras de las medidas recogidas en la ‘Agenda del Cambio’ en materia de mercado laboral son la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, reformas para garantizar la migración “ordenada, regular y segura” y un plan de retorno a España, que se suman a otras ya aprobadas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros, o el Plan de choque por el empleo joven. Todas estas medidas se están poniendo en marcha este año o se proyectan para el próximo ejercicio.
REFORZAR LA DISCIPLINA FISCAL EN TODAS LAS ADMINISTRACIONES
En cuanto a la fiscalidad del siglo XXI, el Gobierno ha incluido en la Agenda del Cambio el aumento de la progresividad y eficacia de los impuestos directos, como ya ha llevado a cabo con la reforma del Impuesto de Sociedades o del IRPF en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, y en la misma línea, también apuesta por modificar la tributación de la riqueza, y cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio o las rentas del capital.
Respecto a la anunciada ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal, contempla la ampliación del listado de deudores a la Hacienda Pública, límites “más rigurosos” para los pagos en efectivo, prohibición del ‘software’ de doble uso o la creación de una unidad de control de grandes patrimonios.
Incluye también el impuesto sobre las transacciones financieras, ya aprobado y en tramitación parlamentaria, y una nueva “fiscalidad verde” en el marco de los Presupuestos. El liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional mediante el control activa contra estos dos fenómenos en los foros internacionales es otra de las propuestas que recoge la Agenda del Cambio, a desarrollar este año.
El Ejecutivo también quiere reforzar los mecanismos de disciplina fiscal para “robustecer” la orientación de medio plazo de la política presupuestaria, vinculando “más estrechamente” los programas de estabilidad trianuales con el proceso presupuestario anual por niveles de administraciones públicas, así como reforzar los mecanismos “preventivos y correctivos” de desviaciones de déficit de las administraciones públicas en todos sus niveles territoriales.
Establecer un mecanismo de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados, de manera que se puedan valorar la eficiencia y eficacia para su rediseño si fuera necesario, es otro de los objetivos del Gobierno incluidos en la Agenda del Cambio.
AMPLIAR EL PARQUE DE VIVIENDA SOCIAL AL 8% EN 2030
En materia de vivienda, la ‘Agenda del Cambio’ también aboga por lograr ampliar en 20.000 propiedades el parque público de viviendas y por incrementar el parque de vivienda social o asequible desde el 2% actual al 8% en 2030.
De igual forma, quiere movilizar el suelo público para crear propiedades sociales o asequibles o poner en marcha instrumentos financieros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes.
Además, recoge la reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible en coordinación con las comunidades autónomas, con la intención de configurar un parque
de vivienda social o sujeta a protección que esté al servicio de las políticas públicas de vivienda.
Por otro lado, apuesta por impulsar medidas de agilización de trámites de concesión de licencias de obras para impulsar la construcción de viviendas o por actuaciones en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler y sobre la demanda.
Entre otros objetivos de la Agenda 2030 y las medidas para la ‘Agenda del Cambio’ destacan el plan de modernización del comercio minorista 2019-2020, la estrategia España Nación Emprendedora, la Ley de ‘startups’ y la Ley de transformación digital en el ámbito del sector financiero (sandbox) este año.
El Gobierno aprobará este viernes una oferta de empleo público específica para enfrentar el Brexit
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno aprobará este viernes en el Consejo de Ministros un decreto con una oferta de empleo público “específica” para enfrentar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, según ha avanzado este miércoles en el Congreso la ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Durante su comparecencia ante la comisión del ramo para informar de las crisis industriales en Alcoa y La Naval, así como de la política de su departamento, Maroto ha señalado que el Gobierno busca “reforzar” los recursos humanos y materiales en los diferentes puntos aduaneros y garantizar la prestación de servicios en caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo.
La ministra ha señalado que el Gobierno también trabaja en otro decreto para garantizar la seguridad jurídica en determinados ámbitos, como la asistencia sanitaria, la Seguridad Social, el reconocimiento de algunas titulaciones o el sector turístico.
DESCUENTOS DEL ICEX
Por otro lado, la ministra ha hecho referencia al ya anunciado ‘cheque Brexit’, que permitirá la contratación con descuentos de servicios en las oficinas del ICEX, España Exportación e Inversiones, con el fin de facilitar la prospección en nuevos mercados por parte de las empresas.
Otras de las líneas de actuación del Gobierno, según ha comentado, será el aumento de las ayudas a las organizaciones y confederaciones dedicadas a la exportación para aquellos gastos derivados a la contratación de asesoría jurídica para hacer frente a obligaciones contractuales o a las barreras comerciales.
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