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Timestamp: 2020-04-06 10:03:17+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 237, de 12/12/2012
cve: DSCD-10-CO-237
Año 2012 X Legislatura Núm. 237
- Sobre actuaciones de emergencia en ríos asturianos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000457) ... (Página2)
- Sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000480) ... (Página5)
- Sobre el Plan especial del Alto Guadiana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000579) ... (Página9)
- Sobre la caducidad del expediente ambiental del cierre de la autovía orbital. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000633) ... (Página13)
- Relativa a la aprobación de una ley integral de lucha contra el cambio climático para combatir el calentamiento global y frenar su impacto negativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000941) ... (Página17)
- Para desafectación para la defensa de los terrenos sin uso de la base militar EVA-4 de Roses (Girona) y su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/001032) ... (Página21)
- SOBRE ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN RÍOS ASTURIANOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000457).
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión número 15 de esta Comisión.
Señorías, quisiera proponerles un cambio en el orden del día que ha sido solicitado por diversos grupos parlamentarios y comunicado en la reunión de Mesa y portavoces. No obstante, quisiera reiterar aquí esta propuesta por si alguna de sus señorías tiene algún inconveniente. El cambio consistiría en que la proposición de UPyD, que figuraba en el orden del día con el número 6, pasaría a debatirse en primer lugar. Vamos a decir cómo quedaría el orden del día. El segundo punto del orden del día sería la proposición del Grupo Parlamentario Popular que figuraba con el número 5... (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, la diputada que tiene que defender la iniciativa no está aquí y, por tanto, no puedo decir si está de acuerdo o no. Me refiero a la número 5.
El señor PRESIDENTE: Si mientras se desarrolla el debate de la primera propuesta llega la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, podemos preguntar si se puede alterar el orden del día, que continuaría de la siguiente manera. En el punto 3 se debatiría la propuesta número 1, presentada por el Grupo Socialista; en el punto 4... (Denegaciones.) No puede ser. Señorías, como les he advertido en reiteradas ocasiones, esta Presidencia siempre tiene el ánimo de dar satisfacción a todas las propuestas de cambio, pero hay que tener en cuenta que todos los portavoces conocen el orden del día con anticipación y que esta vez no es posible.
Vamos a seguir el orden del día que teníamos fijado en un principio. Debatimos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre actuaciones de emergencia en ríos asturianos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición no tiene enmiendas. Les comunico que las votaciones no van a tener lugar antes de las seis de la tarde. Daré un turno de diez minutos a cada proponente y seis minutos para defender las enmiendas o fijar la posición. De todas formas, les ruego que no agoten los turnos, si es posible, en aras de una mayor brevedad de la sesión.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Esta iniciativa fue presentada hace unos meses, con motivo de unas gravísimas inundaciones en el Principado de Asturias. Paralelamente, habíamos registrado y sustanciado una pregunta al señor ministro, cuya respuesta fue que los distintos aspectos contemplados en esta proposición no de ley se irían cumpliendo, lo que nos dio una cierta tranquilidad. Concretamente, la respuesta del señor ministro fue: Vamos a seguir avanzando en la suscripción de protocolos de colaboración con los ayuntamientos asturianos para establecer zonas de protección fluvial, para evitar futuras ocupaciones de zonas inundables, que incluyan corredores fluviales cuya protección urbanística es la medida más efectiva y sostenible para evitar el riesgo de inundaciones en esta zona. Con esta declaración, insisto, que abarcaba parte de los contenidos de esta proposición no de ley, nos habíamos quedado relativamente tranquilos. No obstante, el motivo por el que presentamos esta iniciativa en el día de hoy son unas declaraciones del actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y del delegado del Gobierno en Asturias, que han hecho la presentación de unos planes para acabar con las inundaciones en toda la región -dicen- sustituyendo la filosofía de la minimización y la prevención de las inundaciones, así como la minimización de los impactos en el territorio. Este cambio drástico en el concepto de la gestión de los ríos, convirtiéndolos exclusivamente en un canal que conduce agua, lejos de la consideración de espacios de biodiversidad, generadores de riqueza, de inundaciones, incluso, en las vegas con aportes de materiales, de abonos, etcétera, este concepto ya superado hace muchos años, me atrevería a decir décadas, en nuestro país, y que es la filosofía que guía este nuevo plan anunciado por el actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, efectivamente nos puso muy nerviosos y fue el motivo por el que sustanciamos esta iniciativa.
Tengo que decir que los ríos asturianos tienen unas características muy singulares. Son muy cortos, por estar las montañas muy cerca de la costa; tienen unos estiajes muy pronunciados y unos altos riesgos
de inundación, dado lo angosto de los valles. A esto hay que añadir los riesgos del cambio climático que ya estamos sufriendo, con frecuentes avenidas y, como consecuencia de ello, aguas torrenciales que generan inundaciones. Los ríos asturianos están pidiendo a gritos una gestión integral de los mismos que viene a ser la filosofía que guía la directiva europea 2007/60, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 903/2010, que es la que al actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico le parece una pérdida de tiempo y una medida ineficaz. Sorprenden mucho que las declaraciones en sede parlamentaria del ministro diciendo precisamente todo lo contrario sean flagrantemente contradichas por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico; pero es que no solo contravienen las palabras del ministro sino el propio contenido de la directiva que antes he mencionado.
A mi grupo le preocupa esta vuelta al concepto de ríos como meros canales que conducen agua, guiados exclusivamente por la dinámica hidráulica, y lejos de un concepto integral del río. En ese plan que anuncia el presidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico echamos en falta el mapa de riesgos y de posibles zonas inundables que está comprometido a presentar en Bruselas en cumplimiento de esta directiva y cuya fecha tope es diciembre del próximo año. Tampoco menciona, porque no está en la filosofía que inspira el plan anunciado, los planes de gestión de riesgos de inundaciones que, en cumplimiento de la directiva antes citada, debe presentar ante la Unión Europea en diciembre de 2015.
Ante esta situación y por la preocupación que alberga mi grupo parlamentario sobre este histórico retroceso en el concepto de río y, sobre todo, en el de gestión del río en su conjunto, hemos presentado esta proposición no de ley porque, si bien en su punto primero está desfasada, puesto que la declaración de emergencia ya fue sustanciada, consideramos que los puntos dos y tres continúan vigentes en cuanto a proseguir los trabajos para la correcta aplicación de la directiva que antes comentaba, con los requerimientos que exige en cuanto a planes de prevención, evaluación y mitigación de los efectos, y también a suscribir protocolos de colaboración entre los ayuntamientos correspondientes y el Principiado de Asturias, con el fin de definir los corredores fluviales que permitan ordenar y gestionar perfectamente los ríos, en consonancia, insisto, con las declaraciones realizadas en sede parlamentaria en el mes de marzo por el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ruego especialmente al Grupo Popular que apoye esta proposición no de ley, por el bien de los ríos asturianos y en consonancia con las declaraciones literales del ministro de Agricultura que acabo de leer.
El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene el punto primero de su propuesta, que ha dicho que está desfasado?
La señora CARCEDO ROCES: Está desfasado pero no daña. Posteriormente a la presentación de esta iniciativa, se hizo la declaración de emergencia y se ejecutaron obras, incluidas en este plan, por un valor de tres millones y pico de euros. Ese punto fue cumplido, pero no los otros dos.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la aclaración.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella, por un tiempo máximo de seis minutos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Quisiéramos dejar constancia de nuestro acuerdo con la propuesta que se nos trae hoy aquí, ya que entendemos que es oportuna; lo fue cuando se presentó y sigue siéndolo en este momento. Efectivamente, como ha planteado la portavoz del Grupo Socialista, hay que incidir en una situación que necesita claridad y es verdad que las declaraciones del presidente de la confederación no la aportan. Estamos ante un debate que va más allá del tema que nos ocupa, ya que varía el concepto que pueden tener algunos dirigentes de lo que tiene que significar la protección de los ríos y los planes integrales. No se puede jugar con los problemas de los ciudadanos, con situaciones que, efectivamente, son complicadas, porque, no nos engañemos, la naturaleza lo es; no podemos pretender jugar con esas inquietudes y plantear soluciones de laboratorio que son contrarias a lo que debe ser una naturaleza sostenible y que quizá incluso puedan esconder otro tipo de intereses.
Manifestamos nuestro voto favorable por la oportunidad de esta proposición. Estamos convencidos de que debe ser aprobada por unanimidad, ya que no se han presentado enmiendas. Lo contrario sería acrecentar aún más la preocupación y las dudas que existen en estos momentos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Insua.
El señor PÉREZ INSUA: Señorías, desde el primer minuto el Gobierno fue consciente de la trascendencia que las lluvias y crecidas de los pasados días 5, 6 y 7 de febrero tenían en el Principado de Asturias, y un recorrido cronológico por las medidas tomadas por el ministerio, evidencian con toda claridad lo que acabo de decir. El mismo día 15 de febrero, es decir, inmediatamente después de los acontecimientos que dan lugar a esta proposición no de ley, se celebró una reunión en la Delegación del Gobierno de Asturias con los responsables de los ayuntamientos afectados, donde se hizo una primera identificación de los daños a reparar en los más de 30 municipios que padecieron las crecidas. En ella, los ayuntamientos aportaron toda la información precisa para que el ministerio, con carácter de urgencia, aprobase las actuaciones de emergencia en el dominio público hidráulico para paliar los efectos de las avenidas de 2012 en las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria, por un importe total de 4 millones de euros. Ahora mismo está pendiente, y usted lo sabe, la tramitación y la toma en consideración por parte del Consejo de Ministros. Paralelamente, la confederación hidrográfica siguió manteniendo contactos con los ayuntamientos afectados para continuar con urgencia el desarrollo del programa de las obras de emergencia y así atender los problemas de los cauces derivados de dichas inundaciones que, en buena parte, fueron planteados también por los alcances y alcaldesas en esa reunión que acabo de mencionar. Por todo ello, es evidente que el primer punto de esta proposición no de ley, que insta al Gobierno a declarar como actuación de emergencia la restauración de los daños ocasionados en los ríos asturianos sobre obras e infraestructuras competencia de la administración hidráulica, estaciones de control y limpieza del dominio público hidráulico, especialmente la retirada de troncos y otros arrastres en zonas susceptibles de sufrir obstrucciones durante próximas crecidas, ya no es preciso, ya que la declaración está realizada, faltando solo la tramitación del expediente.
Por lo que se refiere al segundo punto de esta propuesta, en el que se insta al Gobierno a proseguir con los trabajos para la correcta aplicación de la Directiva Europea 2007/60, traspuesta mediante el Real Decreto-ley 903/2010, con objeto de disponer de forma coordinada el conjunto de medidas que permiten la prevención, evaluación y, en su caso, mitigación de los efectos de las inundaciones, hay que decir que estos trabajos desarrollados por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico son necesarios para la elaboración de los planes de gestión del riesgo de inundación y de obligada realización antes de diciembre de 2015. Es evidente que no es preciso recordatorio alguno, pues ya están realizando. También se está avanzando en la elaboración de los programas de medidas que fijan los contenidos dichos planes, dado que su exigencia viene dada ya por el marco normativo vigente relativo a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Esta es una razón más para que consideremos no pertinente la presentación de esta proposición no de ley, que puede venir dada quizá por la fecha de presentación. Incidiendo en el mismo tema, es adecuado recordar que actualmente está en ejecución el contrato, adaptación y desarrollo del sistema nacional de cartografía de zonas inundables en la demarcación hidrológica del Cantábrico, en el ámbito de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, País Vasco y Navarra, con un presupuesto de 2.761.485,68 euros y un plazo de ejecución de veinticuatro meses, previéndose su finalización el 17 de mayo de 2013. Es evidente que este segundo punto tampoco parece pertinente, puesto que el ministerio es plenamente consciente de las obligaciones establecidas por la directiva y se está trabajando intensamente para su cumplimiento a través de este contrato mencionado.
Finalmente, la proposición no de ley demanda del ministerio la suscripción de los necesarios protocolos de colaboración con el Principado de Asturias y los ayuntamientos correspondientes para la ejecución de estas actuaciones, definiendo los corredores fluviales que permiten ordenar y gestionar adecuadamente los ríos, con especial atención a la protección frente a nuevos desarrollos de la denominada zona de flujo preferente, del Real Decreto 9/2008, y las zonas de inundación peligrosa. Es oportuno recordar aquí que las previsiones del ministerio a este respecto fueron manifestadas aquí mismo, en el Congresos de los Diputados, por el propio ministro en su comparecencia del pasado 14 de marzo. El ministro mencionó la voluntad del departamento de suscribir protocolos de colaboración con el Principado de Asturias y los ayuntamientos de la comunidad autónoma para establecer zonas de protección fluvial que eviten futuras ocupaciones de zonas inundables, que incluyan corredores fluviales, cuya protección urbanística es la medida más efectiva y sostenible, y que eviten los riesgos de inundación en estas zonas. Mi grupo parlamentario cree que este tercer punto tampoco es procedente, y no porque nos parezca inadecuado o porque no estemos completamente de acuerdo sino porque la voluntad del ministerio, al igual que las otras demandas contenidas en esta proposición no de ley, ya ha sido manifestada claramente de palabra y de obra.
Vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, más por una cuestión de forma y de inoportunidad que por su fondo, en el que, como queda dicho, hemos concordado con el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Carcedo.
La señora CARCEDO ROCES: Estoy de acuerdo con la intervención del portavoz del Grupo Popular, lo que ocurre es que yo no me refería a las declaraciones del señor ministro en este aspecto, que suscribo, sino a declaraciones del presidente de la confederación hidrográfica sobre un nuevo plan que nada tiene que ver con lo que usted acaba de leer, ni con lo que dijo el ministro, ni con lo que dice la directiva. Ese es el motivo de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Ya sabe usted que no es costumbre admitir turnos de réplica. Hemos hecho una excepción.
- SOBRE LAS MEDIDAS A TOMAR ANTE LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO PROTOCOLO AGRÍCOLA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN UE-MARRUECOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000480).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el segundo punto del orden del día: Proposición no de ley sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, don Jesús Caicedo, por un tiempo máximo de diez minutos.
El señor CAICEDO BERNABÉ: Señorías, ante la entrada en vigor el pasado mes de octubre del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Marruecos y el comienzo de la campaña de exportación del tomate por parte del Reino de Marruecos hacia los mercados comunitarios, se está constatando que los puntos clave contenidos en el nuevo acuerdo, antiguos problemas -contingentes, precios de entrada y volúmenes mensuales-, están siendo incumplidos por la parte marroquí, provocando una caída generalizada de los precios del tomate español y una saturación de mercancía en los mercados europeos.
El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos incluye que cuando el tomate marroquí, dentro del contingente autorizado de 285.000 toneladas, bajara de 46,1 euros cada 100 kilos habría que aplicar derechos arancelarios específicos y, en concreto, cuando estuviera por debajo del 92 % del precio de entrada autorizado, cuando bajara de 42,4 euros por cada 100 kilos, el derecho específico a aplicar sería un derecho arancelario importante, 29,8 euros cada 100 kilos. Esta situación provoca graves pérdidas a los productores y exportadores españoles, puesto que el precio registrado en las primeras semanas de noviembre ha sido de 36 euros cada 100 kilos, por debajo del umbral de rentabilidad del cultivo del tomate. Si bien es cierto que la Comisión ha introducido en un nuevo reglamento comunitario modificaciones sobre los precios de entrada y control del contingente que mejoran sensiblemente lo anterior y que el control de las aduanas corresponde a los Estados miembros, también lo es que la Comisión se debe responsabilizar de su correcto funcionamiento, así como del cabal cumplimiento de los términos del acuerdo, con especial interés en la percepción de los derechos de liquidación y gravamen cuando los precios de entrada reales se sitúen por debajo de los precios de entrada establecidos en el acuerdo. El hecho de que en los últimos días haya habido una bajada continua de precios es indicativo de que no se han aplicado con todo rigor en toda la zona comunitaria los derechos arancelarios específicos. Los bajos precios ponen en peligro el resultado económico de las exportaciones. Además, si a los precios registrados en los mercados de destino se les descuentan los gastos de transporte, seguro, flete y comisiones, el precio que puede pagarse al productor, tanto comunitario como marroquí, será tan bajo que difícilmente se podrá seguir manteniendo la actividad. Por ello es fundamental que la Comisión Europea analice cuáles son las razones que originan la situación de este mercado y cuáles son las consecuencias que esas cotizaciones tienen en los precios que perciben los productores. Asimismo, es necesario que se lleve a cabo un seguimiento -y digo seguimiento- de los derechos arancelarios que se están liquidando en la aduana cuando los precios se sitúan por debajo de los precios de entrada acordados con Marruecos, sin perjuicio de que los Estados miembros deban ejercer ese control, y que se haga una comprobación estadística de los cupos que han entrado desde Marruecos a la Unión Europea durante las primeras semanas del mes de noviembre.
Ante esta situación, entre otras medidas, es aconsejable actuar coordinadamente con los exportadores marroquíes, toda vez que ellos también pueden resultar perjudicados, por lo que se considera oportuno
que el Gobierno continúe en la línea de favorecer los contactos de los sectores de frutas y hortalizas españoles y marroquíes en aras de obtener mejores resultados, siempre respetando las normas de la competencia. Los antecedentes con Francia e Italia en el tema de la fresa han dado muy buenos resultados. Cabe esperar que el grupo adopte medidas que también prevea el tratado para compensar a los que se han visto perjudicados por esa falta de control y para evitar que la situación se vuelva a repetir en el futuro. Es notablemente destacada la preocupación de los sectores productivos españoles ante la situación actual y, por tanto, es más urgente continuar con los contactos mantenidos, con el fin de defender los intereses de los productores españoles y exigir el cumplimiento estricto de los acuerdos bilaterales en vigor. Quiero valorar también la actuación rápida y efectiva del ministro, que introdujo en el orden del día del Consejo de Ministros europeo en Bruselas, el 28 de noviembre, este asunto, consiguiendo el apoyo de nueve países, entre ellos Francia. Esto no había ocurrido nunca; nunca se había tenido en cuenta a un ministro en este sentido. Eso también ha permitido que en estos momentos el tomate se haya recuperado y normalizado. Para que no ocurra lo que ha ocurrido anteriormente, presentamos esta PNL para su aprobación en esta Comisión. Espero que sea apoyada por el resto de los grupos.
Primero. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno: a) A continuar la labor realizada ante la Unión Europea para asegurar el establecimiento de un sistema eficaz de seguimiento de los controles aduaneros, que garantice que las cantidades previstas en el protocolo agrícola, susceptibles de beneficios arancelarios preferentes establecidos por el contingente, no sean rebasadas en ningún caso. Este sistema contemplará la puesta en marcha de un intercambio de información que dé transparencia al cumplimiento de dichos contingentes. b) Al cumplimiento, control e inspección de la trazabilidad de los productos, así como de los estándares fitosanitarios que garanticen la seguridad alimentaria que se exige en las producciones europeas. c) A la elaboración en la próxima reforma de la política agraria común, la PAC, de una regulación de precios de entrada que garantice su estricta aplicación. d) A la realización de un seguimiento permanente del impacto de las consecuencias del acuerdo sobre los mercados comunitarios y sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo, procediendo, en el caso de que se constaten perjuicios como consecuencia del acuerdo, a la puesta en marcha de medidas de apoyo a los productores españoles que se vean afectados negativamente por el mismo, que sirvan para compensar y mejorar su competitividad.
Segundo. También se insta al Gobierno a ayudar al sector productor en España a nuevas inversiones que mejoren su competitividad mediante: la incentivación de la concentración de la oferta en origen, favoreciendo la fusión de cooperativas; la modernización y ampliación de las instalaciones y la promoción de actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas y ahorros energéticos y de inversiones en el ámbito de la reciente resolución del 6 de febrero de 2012 de la Secretaría de Estado de I+D+i. Se le insta también a mantener un permanente contacto con el Gobierno francés sobre los mecanismos y aplicación de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del protocolo; a mantener contactos con el sector productor español en Marruecos para evaluar información sobre el cumplimiento del protocolo y la evolución del tomate marroquí en los mercados comunitarios -por cierto, el viernes próximo tendrá lugar una reunión entre los ministros marroquí y español-, y a colaborar con el Gobierno marroquí a los efectos de controlar los productos exportados a la Unión Europea, así como su implicación para el mejor desarrollo de los intercambios de los productos contemplados en este protocolo.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que también ha dado por defendida su enmienda.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Consuelo Rumí, para defender las enmiendas que ha presentado a esta iniciativa del Grupo Popular.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor Caicedo, lo que usted ha expuesto antes de leer la proposición no de ley es lo que sucede efectivamente. Lo que ocurre es que su iniciativa no tiene nada que ver con una solución al problema que ha expuesto y es responsabilidad del Gobierno buscar esa solución. Esta proposición que ustedes presentan es fruto de un debate que ya tuvimos en el Pleno el pasado mes de marzo a iniciativa del Grupo Socialista. ¿Y qué hizo el Grupo Popular? Presentó una enmienda que no fue aceptada y después la registró como proposición no de ley. Y ni se han molestado en actualizarla, porque la actualización que hacen es poner continuar en vez de hacer y derivarlo todo a la reforma de la política agraria común que tendrá lugar, echando balones fuera y dejando todo para mañana, como Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó; pues ya saben lo que le pasó a Escarlata O'Hara. El problema es que el tiempo no pasa en balde y el problema más relevante que tenemos hoy -y usted lo conoce lo mismo que yo- no es si es conveniente o no la prórroga del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos.
Hoy como entonces los socialistas defendemos los intereses del sector hortofrutícola español, andaluz y almeriense que están muy afectados por este acuerdo; un sector cuya importancia no podemos ni debemos desconocer: supone en torno al 32 % de la producción agraria nacional y genera alrededor de 450.000 empleos. Es además un sector que aporta a la economía española un claro superávit comercial. Ponerlo en riesgo, señorías, es poner en riesgo zonas enteras de España en las que la tasa de paro es ya especialmente alta. Lo que nos preocupa hoy, lo que preocupa al sector, es que Marruecos no cumple el acuerdo, lo que tiene como consecuencia un grave daño para los agricultores de nuestra tierra. Hasta el ministro, sin leer, se ha dado cuenta de que Marruecos no cumple, porque ha reclamado en Bruselas que se extremen los controles aduaneros. Pero esto no es suficiente, señorías.
¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos registrado unas enmiendas que recogen todo lo que nos preocupa a nosotros y también a los agricultores. En primer lugar, hay una serie de cuestiones que ya planteábamos en el debate en el Pleno, especialmente, la necesidad de establecer ayudas al sector, un sector que está perjudicado por las desiguales condiciones en las que se ve obligado a competir por este acuerdo -les pongo los ejemplos del tomate en Almería o de la fresa en Huelva-, incluyendo las ayudas indirectas necesarias para que sean competitivos, por ejemplo bonificar el gasóleo o rebajar las tarifas eléctricas. Se lo dije en el debate en Pleno. No es justo que los costes de la aplicación de este acuerdo con Marruecos recaigan exclusivamente sobre un sector especialmente castigado por la crisis económica. Recogemos también que el acuerdo se está incumpliendo. Lo ha dicho usted señoría y lo decimos todos. El acuerdo se está incumpliendo. ¿Por qué no lo ponemos entonces? Exigimos también que Europa y España garanticen su cumplimiento íntegro y correcto como única forma de proteger a nuestro sector hortofrutícola. Por ello, introducimos una referencia expresa a la necesidad de pagar los aranceles cuando se exceda el precio de entrada. Introducimos también referencias específicas a la necesidad de conseguir que Marruecos haga su parte en la labor de supervisión de ese cumplimiento.
Señorías, no podemos ni queremos -al menos este grupo- mirar para otro lado. Es bien conocido que el acuerdo se está incumpliendo, como he dicho. Les voy a poner el ejemplo que tengo más cercano: el tomate almeriense. Las organizaciones agrarias de mi provincia, Almería, no se cansan de alzar la voz en Bruselas y ante el Gobierno para que dejen de hacer la vista gorda frente a la entrada irregular del producto marroquí, porque está entrando mucho más de lo establecido y además a un precio muy inferior al previsto. Las cifras son evidentes. La entrada de tomate marroquí se ha incrementado en un 70 %. En los primeros diecinueve días de noviembre han entrado 26.557 toneladas, según datos de la Comisión Europea. Esto ha tenido una repercusión sobre los precios. El propio acuerdo fija un precio mínimo de entrada de 46 céntimos el kilo para no tener que pagar aranceles adicionales. Pues bien, ¿qué ha hecho la entrada masiva de producto? Ha tirado los precios. Ha llegado a entrar tomate a 36 céntimos el kilo y este precio tan bajo no permite competir a los productores locales, porque supondría vender por debajo de los costes. Hasta los que tenemos los conocimientos más elementales en este tema entendemos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave es que nadie parece querer hacerse responsable de esta situación. ¿Qué dice la Comisión? La Comisión dice que el problema de los aranceles adicionales, es decir, si se paga o no, es responsabilidad de los Gobiernos nacionales. ¿Qué dice el ministro? El ministro dice que la Comisión tiene que extremar los controles en aduanas. En definitiva, los unos por los otros la casa sin barrer, y mientras tanto nuestro sector al borde de la ruina. No voy a poner aquí en duda -lo dije también en el Pleno- la cooperación entre España y Marruecos, que debe ser objetivo básico de la política exterior española, pero este objetivo no puede erigirse en excusa para que el Gobierno actual no proteja a nuestros agricultores y no demande de la manera más contundente ante las instituciones europeas el cumplimiento de este acuerdo y, sobre todo, su control efectivo.
Finalmente, pedimos al Gobierno que presente ante esta Cámara para su tramitación las leyes -por cierto, comprometidas por el ministro- de cadena alimentaria y fomento de concertación de cooperativas, porque pueden venir a mejorar la situación crítica que atraviesa el sector. En definitiva...
El señor PRESIDENTE: Señora Rumí, ha terminado su tiempo.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Estoy terminando ya, presidente.
En coherencia con nuestra posición, proponemos establecer medidas complementarias para que el acuerdo con Marruecos permita que este se aplique de forma correcta y justa. Todas son propuestas constructivas en un tema que para mi grupo y para mí en especial es de vital importancia. Como les dije en el Pleno, dar la espalda a estas enmiendas es dar la espalda a los agricultores españoles.
Muchas gracias de nuevo, señor presidente, por su generosidad. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Realmente es un agradecimiento merecido (Risas), porque ha rebasado ampliamente su tiempo.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Pero solo se lo digo yo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Voy a ser menos generoso, por aquello de la confianza, con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Solo a los efectos de si acepta o no... (El señor Centella Gómez: Fijación de posición.)
Perdón. ¿Grupos que deseen fijar posición respecto a esta iniciativa? (Pausa.) De mayor a mayor, tiene la palabra en primer lugar el señor Centella, por un tiempo máximo de seis minutos.
El señor CENTELLA GÓMEZ: No creo que lo consuma, señor presidente, igual que en la anterior intervención.
Cuando el partido en el Gobierno, el Partido Popular, presenta proposiciones no de ley para pedir al Gobierno que haga algo que tendría que hacer sin necesidad de que su propio grupo se lo recordase, nos entran las dudas. En este caso, nos sorprende aún más. Estoy convencido de que si esta proposición la hubiera presentado el Grupo Socialista, Izquierda Unida u otro grupo, el Grupo Popular estaría hoy diciendo que no. Con toda seguridad, el Grupo Popular estaría votando hoy que no a esta proposición, porque ¿qué es lo que pretende la misma? Ni más ni menos que tapar la vergüenza del Gobierno, que no ha hecho sus deberes y, por tanto, buscar un titular fácil en la prensa aparentando que al Partido Popular le preocupa algo que en la práctica ha demostrado que no le preocupa. Por tanto, todavía nos cuesta mucho más trabajo afrontar el debate.
En primer lugar, todos sabemos que el protocolo del que hablamos es un acuerdo político. Todos sabíamos que la Unión Europea lo planteaba simplemente por un acuerdo político con el Reino de Marruecos. Por eso nosotros en el Parlamento Europeo dijimos lo que dijimos y por eso el Partido Popular en el Parlamento Europeo dijo lo que dijo, totalmente contrario a lo que hoy manifiesta. Por tanto, ya sabíamos que el acuerdo no se iba a cumplir, porque no está hecho para cumplirse, está hecho simplemente para pagar de alguna manera prebendas políticas y para mantener una cierta estabilidad que le puede interesar a determinados países de la Unión Europea. En segundo lugar, ¿por qué no se plantearon estas cosas en el Parlamento Europeo? ¿Por qué no se plantearon estas cosas que nos trae aquí hoy el Grupo Popular cuando se discutió el tratado en esta Cámara? No se plantearon simplemente porque el Partido Popular no se las cree.
El segundo punto nos llena todavía más de estupor, porque el Partido Popular está votando estos días en contra de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que precisamente van en la dirección de lo que plantea este punto, que es ayudar al sector productor a nuevas inversiones. Está votando que no en los presupuestos. Por tanto, no es nada creíble.
A partir de ahí, hoy podemos hacer aquí un debate que busque un titular, pero el problema es real. El problema de la agricultura, el problema del sector al que nos referimos ha rebasado ya en estos momentos los límites de emergencia y no está para una PNL, señorías, esta para actuaciones del Gobierno, que tiene el Consejo de Ministros en lugar del "Diario de Sesiones" del Parlamento. Eso es lo que le demandamos. Que el Gobierno utilice el BOE, que es lo que tiene que hacer, y que resuelva los problemas que hoy son acuciantes. No basta solamente, como ya se ha dicho, con una declaración de intenciones. Como no somos sectarios, aunque lo que nos pide el cuerpo es no participar siquiera en la votación, vamos a votar que sí, porque no se puede decir que no a lo que aquí se plantea, pero queremos denunciar la hipocresía, queremos denunciar que hoy aquí se busca un titular pero el Consejo de ministros el viernes no hará nada de lo que aquí se plantea.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: El Grupo Parlamentario Popular nos trae hoy a debate una proposición no de ley que en su momento fue una enmienda a una iniciativa sobre la misma temática presentada por el Grupo Socialista, como ha dicho la portavoz, en el mes de marzo. Nos preguntamos, a bote pronto, a qué estamos jugando, porque esta PNL es el reconocimiento público y por escrito de que la valoración del impacto del acuerdo con Marruecos no se hizo bien. El señor ministro, en su comparecencia, dijo -no lo recuerdo textualmente- que el impacto del acuerdo con Marruecos no se consideraba destacable. Este portavoz le dijo que esa consideración no era ninguna unidad de medida y por tanto nos costaba creer que
se hubiera formalizado el acuerdo sin tener en cuenta un estudio del impacto económico de las consecuencias que podría tener en el sector.
Cuando leemos la exposición de motivos, nos encontramos con lo siguiente. Empieza así: Una vez aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo, se hace preciso adoptar por parte del Gobierno una serie de medidas que contribuyan a clarificar y a minimizar, en su caso, el impacto en las producciones hortícolas españolas, especialmente las consideradas sensibles. Dice: Una vez aprobado. Por tanto, esto viene tarde y no hace más que constatar lo que ya hemos dicho. En principio, nos planteamos leer la misma intervención que hicimos en el mes de marzo en el Pleno del Congreso, porque resumía lo mismo que estamos diciendo aquí. Entonces no entendimos por qué se votó en contra de la proposición del Grupo Socialista y, tras presentarse esta hoy, aún lo entendemos menos.
Esta proposición no de ley carece también de una cosa importante, y es que no contempla en ninguno de sus estadios el principio de reciprocidad, para nosotros muy importante, en este acuerdo. Disculpen mi tono; es por lo que es, por un catarro. En cualquier caso, para no alargar el tema y para que no nos encontremos cada seis meses una proposición no de ley de un partido o de otro pidiendo lo mismo con diferentes palabras o matizando cosas o sin querer reconocer o reconociendo, haciéndonos al final trampas al solitario, estaría bien que de una vez por todas se alcanzase un acuerdo entre los grupos para no tener que estar discutiendo lo mismo cada seis meses y, en función de quién lo presente, votar una cosa u otra. Entendiendo que esto afecta a todos y que no es una cuestión de siglas políticas, sino la respuesta a un sector que tiene muchas incertidumbres después del acuerdo con Marruecos, nuestro grupo cree que sería interesante buscar de una vez una posición común sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de decir si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el señor Collarte.
El señor COLLARTE RODRÍGUEZ: No las aceptamos.
- SOBRE EL PLAN ESPECIAL DEL ALTO GUADIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000579).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre el Plan Especial del Alto Guadiana. El autor de esta iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra don Alejandro Alonso.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Esta proposición no de ley que presentamos va dirigida a una zona que sugiero a sus señorías que visiten si puede ser en esta época, cuando los expertos que trabajan en el Alto Guadiana están manifestando la euforia ante un hecho inédito en varias décadas, que no es otro que la recuperación del caudal del río Guadiana en un tramo en el que desde hace veintitantos años no había aflorado. Es una zona en la que se asienta el acuífero 23, en la que están declarados como Reserva de la Biosfera los 117 espacios lagunares y en la que se encuentran el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y las Lagunas de Ruidera; una zona, por qué no decirlo, que tiene además una gran importancia económica, puesto que desarrolla una actividad agrícola, ganadera y agroindustrial importantísima. Es por tanto una zona que requiere una especial atención por parte de las autoridades, de los Gobiernos locales, autonómicos y central. Es una zona que durante muchísimos años, sobre todo en las épocas del desarrollo, en la Dictadura, en los años cincuenta y sesenta, fue sometida a una sobreexplotación que llevó una situación insostenible y, por tanto, a la declaración de sobreexplotación del acuífero. Es una zona que nadie que la conozca pone en duda que requiere una actuación especial. Todos los Gobiernos hasta ahora -quizás el de ahora es el único que quiere desentenderse del Alto Guadiana- han tenido compromisos con la zona. Quiero recordar, sobre todo a los señores del Partido Popular -y tengo gran interés en escuchar a quien intervenga para ver cuál es su posición-, que el Plan hidrológico nacional de 2001, que aprobó el Gobierno del Partido Popular y del que tantos ríos de tinta se han escrito y tantas cosas buenas se han dicho, establecía un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año se aprobara un plan especial para el Alto Guadiana. Se aprobó el Plan hidrológico nacional y el Gobierno, del Partido Popular entonces, no cumplió su compromiso; se fue del Gobierno y fue necesario que pasaran varios años, hasta el año 2008, para que otro Gobierno, en este caso socialista, efectivamente, con un consenso social absoluto en la zona, aprobara el plan especial, cumpliendo el mandato de la Ley del Plan hidrológico nacional de 2001. A partir de ahí, han pasado tres años de actuación, dentro de ese Plan de 2008, hasta la fecha en la que nos encontramos; tres años para evaluar lo que ha ocurrido en esa zona.
Para que nadie pueda decir que mi opinión es una opinión parcial, he recogido opiniones de expertos en este tema. Los que más saben son los responsables del Instituto Geominero, que estudian la zona desde hace muchísimos años. Reproduzco lo que dice sobre este tema don Miguel Mejías, que es el responsable de hidrogeología del IGME encargado de esta zona. Dice que este año estamos en una situación excepcional, muy esperanzadora, porque por el antiguo cauce del Alto Guadiana, que llevaba seco décadas, ha vuelto a correr el agua. Es decir, que este año en el que nos encontramos, en 2012, después de veinticinco años, hemos visto que el Guadiana efectivamente vuelve a correr por su cauce. Los incrédulos de este tema dicen que es porque ha llovido en estos últimos años, pero no sé si lo dirá alguno de los portavoces. Lo que dicen los expertos es que lo que ha pasado en el Alto Guadiana es que, efectivamente, ha habido unos años de abundantes lluvias, pero también un mayor control y una actuación decisiva de la Administración, que es lo que ha permitido esa recarga del acuífero y, por tanto, que afloren las aguas del Guadiana que hacía más de veinticinco años que no las había visto ningún lugareño. Lo que dicen los responsables del IGME es que entre marzo de 2009 y marzo de 2012 -están evaluando la eficacia del plan- el acuífero se ha recuperado una media de 14,5 metros por año. Dicen: Aunque el año más húmedo fue 2009-2010, en ese curso el nivel ascendió 4 metros -luego no se trata exclusivamente de lo que llueve-. El curso siguiente otros 8 metros, y en el de 2011-2012 recuperó otros 2,5 metros. Dicen que esto es chocante porque ese curso hidrológico fue extremadamente seco, pero el acuífero es tan grande que mantiene la inercia de varios años.
Los que han evaluado en el IGME los recursos que se han almacenado en el Alto Guadiana, nos dicen que sobre un nivel de déficit de existencias de agua en el acuífero de 3.000 hectómetros cúbicos, hemos pasado en tres años de gestión del plan especial a solo un déficit de 800 hectómetros; es decir, que hemos sido capaces de recuperar, de almacenar en el acuífero 2.200 hectómetros cúbicos, que es mucho más que la capacidad de la mayoría de los pantanos o una superficie igual a la del pantano de Extremadura, que es el más grande que existe en nuestro territorio. Esto se ha hecho porque por parte de la Administración ha habido una actuación decidida de ordenación. Se han instalado más de 8.000 caudalímetros para controlar las extracciones de agua por cada uno de los agricultores; se han legalizado, ordenado situaciones en más de 4.000 explotaciones; la Administración ha comprado derechos de agua por valor de miles de millones de pesetas; se han adquirido 2.000 hectáreas de fincas en el entorno del parque nacional que, a base de no regar, están permitiendo esa recuperación. En definitiva, quiero demostrar con datos, que no son míos sino de los expertos del IGME, que una actuación seria y rigurosa en favor del acuífero está permitiendo la recuperación anhelada durante decenas de años por los responsables políticos y sociales de esta zona.
A partir de aquí viene la incógnita. ¿Qué hará este Gobierno...
El señor PRESIDENTE: Señor Alonso, le ruego que vaya concluyendo.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Llevo siete minutos y me dijo que tenía diez.
El señor PRESIDENTE: No, lleva nueve minutos.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Llevo siete minutos.
El señor PRESIDENTE: No coincide el control horario.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Señor presidente, he puesto el cronómetro de mi móvil y han pasado ocho minutos y diecisiete segundos desde que he empezado.
El señor ALONSO NÚÑEZ: ¡Por qué voy a concluir, señor presidente! Si me quiere quitar la palabra, quítemela, pero yo tengo diez minutos. ¿Cómo me va a quitar la palabra?
Está por ver qué va a hacer en este tema el Partido Popular, y ahora escucharemos a su portavoz. Lo que sabemos es que ha dejado el plan especial sin recursos económicos, puesto que la Ley de Presupuestos, que actualmente está en tramitación, contempla cero euros para dicho plan y únicamente fía cualquier procedimiento de normalización al intercambio de derechos entre particulares. Por eso nuestra proposición no de ley -si se aprueba- lo que pide es que se dote por parte del Gobierno el Plan Especial del Alto Guadiana en los Presupuestos Generales del Estado, que es lo que se ha hecho en los
últimos años, para continuar impulsando la adquisición de derechos de agua, el banco de aguas, para poder regularizar situaciones, para seguir con el proceso de adquisición de fincas en el entorno del parque nacional, para mantener el consorcio y para que se puedan continuar los planes de reforestación. En definitiva, en este momento mantenemos la incógnita de saber si el Partido Popular quiere asumir algún tipo de compromiso.
Creo que lo que solicita esta proposición no de ley -fuera de quien la propone en estos momentos-, es decir, el mantenimiento de las actuaciones, es lo que esperan los agentes e interlocutores sociales de la zona. Desearíamos, lógicamente, que la aprobara el Grupo Popular. De no ser así, nos gustaría que nos dijera -ahora o en otro momento- qué es lo que pretende hacer además de dar la autoridad en la ordenación del acuífero a los terratenientes de la zona que pudieran intercambiar derechos de agua con particulares que no los tengan. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Falcón, por un tiempo máximo de seis minutos.
La señora FALCÓN DACAL: Me corresponde, señor Alonso, en nombre de mi grupo parlamentario, defender la proposición no de ley que han presentado los diputados castellano-manchegos socialistas, relativa al Plan del Alto Guadiana. Este Plan Especial del Alto Guadiana que hoy nos ocupa, que se hizo con el borrador del anterior Gobierno popular -se lo recuerdo-, tiene su origen en la disposición adicional cuarta de la Ley 10/2002, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Lo primero que ustedes hicieron al llegar al Gobierno en el año 2004, con el señor Zapatero y con el señor Rubalcaba, fue derogar el trasvase del Ebro del Plan hidrológico nacional. Primera barbaridad, que si no se hubiera hecho podría habernos evitarnos muchos problemas que tenemos hoy en día en materia de aguas en España y, en concreto, en Castilla-La Mancha, especialmente en épocas de sequía (El señor Alonso Núñez: ¿El Ebro?). El trasvase, sí señor. A partir de aquí, continúan ustedes con una sucesión de despropósitos, como lo que pretendieron hacer con el Plan Especial del Alto Guadiana a través del Real Decreto 13/2008, de 11 de enero. Fue un plan inviable desde el inicio por carecer de financiación, en el que irresponsablemente el Gobierno socialista comprometió unas inversiones totalmente desproporcionadas, con más de 2.800 millones para el período 2008-2015 y más de 2.400 millones para el período 2016-2027, lo que supuso asumir en los ejercicios de 2008 y 2009 importantes compromisos en plena recesión económica, que a día de hoy todavía lastran los presupuestos de los organismos implicados en su gestión. Decía usted que siguiéramos comprando. No sé de dónde quiere que saquemos para seguir comprando si nos dejaron ustedes sin un duro. Le diré, a modo de ejemplo, que a día de hoy el Gobierno popular tiene que hacerse cargo de lo que el Gobierno socialista dejó sin pagar a Iberdrola por los costes de electricidad de trasvasar el agua del Tajo a las Tablas de Daimiel. Desde 2009 tampoco se han formalizado las concesiones previstas para los cultivos leñosos, y el Partido Popular lo está haciendo ahora. Las 60 primeras concesiones de agua se hicieron en junio de este año; el Plan Especial del Alto Guardiana tenía previsto adquirir en los dos primeros años, en 2009 y en 2010, 40 hectómetros cúbicos y solo compraron 13. ¡Tanto que decían ustedes que habían comprado millones y millones! ¡Pero si carecía de financiación desde el inicio! Está claro que en materia de aguas también aplicaron ustedes la política general socialista: dejar a deber y gastar lo que no tenían. Debe ser porque entre los firmantes de esta proposición no de ley está el expresidente de Castilla-La Mancha, el señor Barreda, que, como él mismo dice, no es contable.
Les aseguro que el Gobierno del Partido Popular de la nación, pero, sobre todo, de Castilla-La Mancha, es el primero que quiere ver las Tablas a rebosar -nadie quiere desentenderse, todos queremos ver las Tablas llenas- y solucionar el problema de la explotación de los pozos de la zona de La Mancha occidental y el uso sostenible del acuífero 23, y todo ello manteniendo, por supuesto, la sostenibilidad de las explotaciones, de todas las explotaciones agrarias, de las pequeñas y de las grandes. La diferencia con ustedes es que este Gobierno no genera falsas expectativas y actúa con responsabilidad y con eficacia, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias existentes, y propone soluciones viables. Por contra, ustedes planean y programan sin preocuparse de dónde van a sacar el dinero para financiar sus planes. Dios proveerá, ¿no? Esto me parece una irresponsabilidad muy grande. Incluso procedieron a la firma de convenios de cuantías elevadas sin reserva presupuestaria por parte de los organismos de cuenca responsables. Desde el primer momento, el Gobierno socialista incumplió el Plan Especial del Alto Guadiana porque nunca se realizó el presupuesto previsto, no llegó ni a la décima parte. De los 500 millones de euros anuales previstos no se dedicaron ni 50 millones.
Dicen ustedes que en apenas tres años, de 2008 a 2011, han vuelto a aparecer los ojos del Guadiana gracias a sus medidas. ¿De verdad pretenden convencernos de que esto ha sido gracias a sus medidas? Dice usted que don Miguel Mejías, experto del Instituto Geológico y Minero, cuya opinión respeto mucho, ha dicho que se ha recuperado. ¿Pero de verdad ha dicho que se ha recuperado gracias a las medidas del Gobierno socialista? ¿Es un experto en política o es un experto geominero? En todo caso, la recuperación se produjo a pesar de ustedes, no gracias a ustedes, gracias a las lluvias que cayeron en los últimos años, que fueron muy superiores a las caídas en años anteriores -gracias a la pluviometría, sí señor-, y también gracias a los 10 hectómetros cúbicos de agua trasvasada en 2010 -en el año de los incendios de las turberas que usted recordará-, realizado a través del río Cigüela, de los que tan solo llegaron 0,5 hectómetros cúbicos. El resto, el 95 % del total trasvasado, se puede decir que se lo bebió el cauce. Esto y las abundantes lluvias fueron las verdaderas razones de esta recuperación de los ojos del Guadiana y no las supuestas medidas del Gobierno socialista, porque prácticamente no se llegaron a aplicar.
Por otra parte, en su proposición no de ley solicitan ustedes mantener el Consorcio del Alto Guadiana, con la sede en Alcázar de San Juan, y su estructura administrativa. Esta claro que ustedes saben que esto es duplicar la Administración y pagar un millón de euros en sueldos innecesarios. ¡Pero si ni siquiera cumplieron ustedes con la obligación de resolver la solicitud de regularización de los pozos! ¿Cómo se les ocurre hacer este tipo de peticiones? ¿No se dan cuenta de que no hay para más, que no dejaron para más?
Aunque en estos momentos el acuífero 23, cercano a las Tablas de Daimiel está en mejores condiciones que en el pasado, hay que ser coherentes a la hora de dar solución a este problema y hay que establecer una regularización permanente para épocas de escasez. Por ello, el Gobierno actual, como primer paso de la nueva gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, ha procedido a aprobar el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, en el que se incorpora una disposición específica, la disposición adicional 14.ª, para la cesión de derechos hídricos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, precisamente para evitar...
El señor PRESIDENTE: Señora Falcón, le ruego que concluya.
La señora FALCÓN DACAL: Estoy terminando, señor presidente.
...el deterioro del acuífero 23 y mantener la sostenibilidad de las explotaciones agrarias derivadas, llevando a cabo una reordenación de los derechos de los usos de las aguas subterráneas a través de una solución viable para todos, también para las arcas públicas, y, por supuesto, teniendo en cuenta que el ámbito geográfico de aplicación del plan incluye ciertos espacios de la Red Natura 2000 y de los humedales de especial importancia internacional del Convenio Ramsar. El ministerio, a través del Real Decreto de medidas urgentes en materia de medio ambiente, regula la compra de derechos de agua entre particulares, entre todos, pequeños y grandes, no mercadeando con el agua, como dicen algunos, sino mediante una cesión administrativa controlada por la Confederación del Guadiana, tal y como ya contempla el Plan Especial del Alto Guadiana que aprobaron ustedes.
Por todo lo expuesto, para dar continuidad a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 17/2012, de medidas urgentes...
El señor PRESIDENTE: Señora Falcón, ha consumido su tiempo ampliamente.
La señora FALCÓN DACAL: ... en materia de medio ambiente, presentamos esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir para fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz, por un tiempo máximo de seis minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Intervengo para decir que nosotros no apoyaremos esta iniciativa, básicamente porque no somos así de complacientes con un plan que, en su momento, en mi grupo ya causaba escepticismo. Gran parte de las organizaciones ecologistas alertaban de los peligros de este plan especial; decían que no solucionaría los problemas de La Mancha húmeda y que no resolvería tampoco el déficit de agua. De hecho, el último informe de Adena plantea exactamente eso, que los resultados no son tan buenos como decía el diputado socialista sino que la mayor parte de estos derechos de agua han servido para comprar derechos de papel, porque era agua que no se estaba utilizando, para legalizar pozos ilegales. Por tanto, no entendemos esta autocomplacencia con un plan que, a nuestro
juicio, no tiene tal éxito. También nos sorprende la posición del Gobierno, que con su decreto ha empeorado la situación y pone más presión a los recursos acuíferos, como ya expresamos cuando se debatió el Real Decreto de medidas urgentes en materia de medio ambiente. Que conste que aunque estamos de acuerdo con aportar recursos y proteger ese territorio, no lo estamos con la filosofía de esta proposición, porque no compartimos el fondo de este plan ni cómo se lleva a cabo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alonso, simplemente para que nos diga si acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor ALONSO NÚÑEZ: No vamos a aceptar esta enmienda -que califico de insulto a la inteligencia- que propone que digamos al Gobierno que revise el plan como Dios quiera. Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva, que a lo mejor se arregla. Me parece que es imposible aceptarlo.
- SOBRE LA CADUCIDAD DEL EXPEDIENTE AMBIENTAL DEL CIERRE DE LA AUTOVÍA ORBITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000633).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre la caducidad del expediente ambiental del cierre de la autovía orbital. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra doña Laia Ortiz, por un tiempo máximo de diez minutos.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta es una proposición no de ley que puede parecer técnica o incluso de Perogrullo, porque, en definitiva, lo que viene a decir es que se cumplan las leyes. Lo que pasa es que a estas alturas de legislatura, y con la historia que lleva este proyecto concreto de la vía orbital, las cosas que son prácticamente de cajón necesitan ser confirmadas a nivel político o traídas a este Congreso. Lamentablemente es así y creo que hoy se va repetir la historia. Si presentamos esta iniciativa es por la poca confianza que tenemos en el Gobierno, motivada por cómo ha ido forzando la legislación vigente en términos medioambientales, y también porque para llevar a cabo este procedimiento en 2010 se tuvieron en cuenta unas alegaciones ambientales que se habían hecho en 2004, cuando estaban más que caducadas. La acumulación de arbitrariedades nos lleva hoy a pedir algo que es de cajón.
Previamente quiero manifestar una cuestión. Esto va más allá del debate político, porque es verdad que aquí tenemos posiciones antagónicas. Iniciativa per Catalunya-Verds y Esquerra Unida siempre se han opuesto a este proyecto de construcción de la vía orbital. No escondemos esta oposición, y la volvemos a plantear, como hemos hecho históricamente, pero entendemos que ahora tenemos la oportunidad de revisarlo. No compartimos la necesidad de esta autovía. En su momento alertamos del impacto medioambiental negativo que tendría y dijimos que no serviría para resolver los problemas de movilidad en el Vallès (Rumores.) Propusimos alternativas...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señoras diputadas, les ruego que se mantengan en silencio, porque no podemos oír la intervención de la portavoz de La Izquierda Plural.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Creemos que a estas alturas la situación de restricción presupuestaria obliga a revisar algunas obsesiones por la cultura del cemento. Pensamos que tanto en Madrid como en Barcelona estamos pagando cara esta obsesión por el cemento, que se ha visto desplazado por otras formas de movilidad, especialmente el ferrocarril. A nuestro entender, el Vallès occidental necesita mejoras viarias, pero de interconexión entre sus poblaciones, no otra autopista que pase de largo por allí y que sirva para llevar las mercancías. Si estamos apostando por llevar las mercancías por ferrocarril, por transporte público, entendemos que ese es el modelo. A estas alturas, deberíamos haber aprendido ya de los fracasos de la exageración de las infraestructuras viarias y del déficit en transporte público y ferrocarril. Es por ahí por donde deberíamos ir.
Lo que ahora tenemos encima de la mesa, que es lo que propone esta iniciativa, es algo muy técnico, pero a nosotros nos da la oportunidad de volver a plantear ese debate y a ustedes la de recapacitar y hacer las cosas bien. Esta iniciativa surge de la petición de más de 279 entidades y de ADEN, que precisamente presentó esta demanda. ¿Qué decían? Una cosa tan sencilla como esta. Que el 10 de abril había caducado el expediente ambiental del segundo tramo de esta vía orbital. Pero no había caducado porque lo dijeran estas asociaciones sino porque lo dice la Ley de impacto ambiental, que da dieciocho
meses de plazo. También dice que si el órgano ambiental no envía en ese plazo la declaración de impacto ambiental, el expediente debe archivarse porque caduca. Pero además, tenemos una solicitud presentada por la Asociación para la Defensa y el Estudio de la Naturaleza, ADEN, en representación de estas asociaciones, que pide al ministerio que confirme esa caducidad. Pues bien, en el caso de que alguien lo solicite la Ley de Procedimiento Administrativo -no les descubro nada- funciona por silencio administrativo positivo. Han pasado tres meses desde el 13 de abril de 2012, que fue cuando se hizo esa solicitud, y como no se ha contestado, la respuesta es positiva. Esto es lo que dice la ley. Ese expediente debe ser archivado, y en el caso de que se insista en hacer ese proyecto se debería volver a iniciar el procedimiento y a hacer una declaración de impacto ambiental.
Más allá del antagonismo, de las posiciones o de las diferentes propuestas que haya sobre la movilidad y sobre cómo tiene que acabar este proyecto, creo que hoy los ciudadanos y ciudadanas merecen que demostremos responsabilidad jurídica. Más allá de las posiciones que mantenga cada grupo parlamentario, lo que les pedimos hoy es que cumplan la ley y, por tanto, si se quiere seguir con este proyecto se debe volver a abrir un expediente. Lo que les pedimos es que, si ha cambiado la legislación, si ha cambiado la planificación urbanística desde que se tuvieron en cuenta esas demandas, volvamos a hacer una declaración de impacto ambiental. Nuestra oposición a este proyecto es clara, pero si ustedes quieren seguir adelante, lo que les pedimos es que hagan bien las cosas. A nuestro entender, las leyes están para garantizar derechos y también las reglas del juego democrático, más allá de la posición política que cada uno tenga. Las leyes no son de plastilina y no se pueden moldear a voluntad de un Gobierno, aunque es verdad que llevamos una legislatura en la que se están forzando al máximo, incluida la Constitución. Lo que les pedimos, y por eso no entendemos esa enmienda, es simplemente que cumplan la ley. Creo que esto no debería haber llegado al Congreso, pero es así. Repito que no entendemos la enmienda que plantean. Podríamos estar de acuerdo si se reconocieran los fundamentos jurídicos y la exposición de motivos, pero no nos confirma esto, y tampoco quieren incluir esa caducidad, que es la que marca la ley. Por tanto, pensamos que el Gobierno y el Grupo Popular quieren ir por la puerta de atrás e incumplir las leyes vigentes. Evidentemente, así no podemos llegar a acuerdos, porque significa romper las reglas del juego democrático.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra don Joan Bertomeu.
El señor BERTOMEU BERTOMEU: Señorías, en la exposición de motivos de la proposición no de ley que estamos debatiendo queda muy claro que estamos hablando de un proyecto que lleva muchos años en trámite. Solo hace falta, como es el caso, que a lo largo de su tramitación continúen presentándose propuestas y enmiendas para que siga perjudicando a los usuarios y el desarrollo económico de Cataluña. Así se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. El objetivo de la propuesta no es el de regular los trámites administrativos correspondientes sino evitar que se lleve a cabo la ejecución de esta autovía, y así lo acaba de ratificar la portavoz señora Ortiz, reconociendo su voluntad de que esta autovía no se realice.
La propuesta de caducidad del expediente ambiental del cierre de la autovía orbital se basa en las consultas ambientales del ejercicio de 2004, tal como indica el grupo proponente en esta PNL, pero la realidad no es que la construcción de esta autovía orbital se decidiera en esta época sino que la previsión de la misma data de 1979. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular cree que ya es hora de dar los pasos finales para proceder a la ejecución definitiva de la autovía orbital y aprovechar los trabajos realizados en la misma correspondientes al trazado y otros trámites llevados a cabo, como consultas a los diferentes municipios y demás.
Hay que tener en cuenta que en la propuesta del trazado ya existen tramos construidos, concretamente entre Terrassa y Vila de Cavalls, con cuatro carriles en algún tramo en un solo sentido, con un túnel iluminado y con solo 4 kilómetros; empieza y termina con una rotonda, una de ellas en medio de la nada, y si alguien tiene acceso a este tramo solo le sirve para ver las maravillosas imágenes que nos ofrece la montaña de Montserrat. Este no es el único tramo del cuarto cinturón, a 10 kilómetros hay otro, el de Abrera, por el que actualmente no pasa ningún coche, porque lo difícil es encontrar el camino de acceso a este tramo, y si alguien sigue las indicaciones de la A-2 se pierde.
Es curioso analizar las gestiones de los Gobiernos autonómico y estatal de los últimos años referentes a las gestiones realizadas para llevar a cabo la ejecución de este tramo de autovía orbital. Cataluña, que es la comunidad afectada por la propuesta, estaba gobernada por el tripartito, Partido Socialista Catalán,
Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Cataluña-Verds, y el Gobierno central lo tenía el PSOE, apoyado por el tripartito, siendo curioso que forman Gobierno o se dan el correspondiente apoyo, según el caso, pero discrepan de sus propuestas. Por una parte, el Partido Socialista de Cataluña hace propuestas diferentes a las del Ministerio de Fomento y a las del PSOE; el Grupo de Iniciativa per Catalunya-Verds discrepa totalmente de las propuestas del Partido Socialista de Cataluña, y Esquerra Republicana de Catalunya indica que continuarán defendiendo en sus alegaciones el trazado alternativo, siguiendo el corredor de la carretera C-155. En resumen, el problema de fondo era, una vez más, el tripartito, que con sus discrepancias paralizó las infraestructuras necesarias imprescindibles para el desarrollo económico de Cataluña.
Por otra parte, nos encontramos con que la propuesta del Ministerio de Fomento es la que pedía CiU, si se incluía, como decían ellos, un tercer carril, según manifestó don Josep Rull, indicando que la alternativa de Fomento es una muy buena base pero que requiere consenso, en referencia al tripartito. El Partido Popular de Cataluña siempre ha valorado el cuarto cinturón como una infraestructura básica para el desarrollo económico de Cataluña. En esa línea hemos presentado en los últimos años propuestas en el Parlamento de Cataluña en defensa de la construcción de esta autovía orbital, con el objetivo de disponer de una vía rápida y de gran capacidad que sirva para la movilidad catalana y también para el largo recorrido, con una dimensión apropiada para dar solución a la saturación de la red viaria catalana y, en especial, al colapso de determinados ejes del Vallès, como la B-30 o la A-7.
Vistos los antecedentes, tengo que decir que estoy de acuerdo con el final de la exposición de motivos en la que los proponentes de la PNL lo califican de chapuza legal y política, siendo los mismo que daban respaldo al Gobierno del PSOE y que indirectamente eran partícipes de estos retrasos que perjudicaron a Cataluña. Hay que tener en cuenta las propuestas del Ministerio de Fomento, ya que en la actualidad está previsto adaptar las previsiones de estudio a los objetivos del Plan de infraestructuras, transporte y vivienda, que será presentado al Consejo de Ministros para posteriormente remitir el expediente de información pública y el estudio informativo para la formulación de la correspondiente declaración de impacto ambiental. Por otra parte, el Ministerio de Fomento ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una ampliación del plazo para las actuaciones previstas en la fase II de la evaluación del impacto ambiental, es decir, para la elaboración del estudio de impacto ambiental, la evacuación del trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas o a las personas interesadas, hasta un máximo de nueve meses.
El Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda con el siguiente texto alternativo. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a llevar a cabo, dentro del ámbito de sus funciones, la tramitación ambiental del expediente correspondiente al estudio informativo "autovía orbital de Barcelona", de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación vigente, y con las resoluciones y determinaciones que al efecto establezca el órgano ambiental competente, en este caso el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz, por un tiempo máximo de seis minutos.
El señor RUIZ LLAMAS: La proposición que hoy debatimos -lo ha dicho la señora Ortiz- es un tema de tramitación administrativa para oponerse realmente a un tema de fondo. Iniciativa-EUiA ha manifestado siempre, eso es verdad, su oposición al que denominamos cuarto cinturón. El Grupo Socialista cree que es discutible que la norma de 2010 obligara a que se reiniciara el expediente, porque un acto de trámite como este no es impugnable. De todas maneras, sería un juez competente quien tendría que dilucidar si esto es un defecto formal y si tiene como consecuencia la necesidad o no de retrotraer el expediente. Tampoco creemos que esta sea una Comisión que deba pronunciarse sobre un debate jurídico. Es mejor abordar el tema de fondo, que es la necesidad política de impulsar o no esta infraestructura.
Señorías, el cuarto cinturón, la B-40, la autovía orbital o ronda del Vallès -todas estas denominaciones tiene esta infraestructura- está programada desde hace más de cuarenta años, como se ha dicho. Aparece por primera vez en el año 1968, en las denominadas vías interpolares, y posteriormente es recogida en el Plan de la red arterial del Ministerio de Obras Públicas del año 1974, en el Plan de carreteras de 1985 y, finalmente, en el Plan metropolitano de Barcelona del año 2010. En todos estos planes se recoge la infraestructura como necesaria y vital. Es una vía perimetral destinada a facilitar las relaciones entre las ciudades de la segunda corona metropolitana de Barcelona, que descongestiona la red local y comarcal, que canaliza al mismo tiempo parte del tráfico de largo recorrido que actualmente soportan la
AP-7, la B-30 y, en menor medida, el eix transversal y que conecta las comarcas del Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès occidental, el oriental y el Maresme.
A lo largo de estos últimos años, fundamentalmente con el Gobierno de izquierdas de Cataluña, se ha hecho un esfuerzo importantísimo de diálogo, con el fin de impulsar una autovía más sostenible y más amable con el territorio, evitando en lo posible los impactos medioambientales. Una movilidad sostenible ha de contar con las necesarias infraestructuras como elementos clave de la cohesión territorial, del bienestar de las personas y de la mejora de la competitividad del tejido productivo local y comarcal. Creo sinceramente que la opción denominada traza Herce, que se recogió en la planificación, hace una vía más permeable a la red secundaria y a los núcleos urbanos, ajustando este límite, desde nuestro punto de vista, para dar servicio a los mismos y minimizar la fragmentación de los espacios libres. La que se vino a denominar propuesta de la ronda del Vallès, es una autovía con carácter de ronda, que tiene numerosos enlaces con los municipios, para hacerla más permeable y útil al conjunto del territorio, facilitando también esta movilidad.
La autovía orbital, B-40, está incluida con este carácter en el Plan territorial metropolitano de 2010. Hay muchas razones para ello. La Agrupación de Municipios del Transporte Urbano enumeraba las ventajas de esta infraestructura: mejora la movilidad en las comarcas del Vallès oriental, occidental y Baix Llobregat, permite la conexión de estas cuatro comarcas, es una vía alternativa al colapso de la AP-7 y la B-30, permite el establecimiento de nuevos transportes públicos interurbanos entre las diversas poblaciones y comarcas -que son totalmente necesarios, ya que su crecimiento urbano en los últimos años requiere accesibilidad- y conecta las carreteras locales y comarcales. Las cámaras de comercio de Tarrasa y Sabadell, las patronales, los alcaldes, los agentes sociales y económicos de la zona se han manifestado sobre esta autovía diciendo que era una autovía necesaria. También está avalada por el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña, del que forman parte las patronales, los sindicatos mayoritarios y las organizaciones de consumidores, de agricultores y de pescadores. Todos ellos llegaron al acuerdo unánime, sobre una lista de infraestructuras, de que el cuarto cinturón o la B-40 era la prioridad número uno.
Nuestro grupo parlamentario es partidario de seguir la tramitación y contestar las alegaciones formuladas en el estudio informativo. Le pedimos al Gobierno que impulse las medidas necesarias para que no se produzcan más retrasos indebidos que puedan impedir la construcción de la B-40 o vía orbital y se puedan completar los tramos pendientes. Señorías, creo que mayoritariamente podemos estar de acuerdo en que disponer de unas infraestructuras de transporte adecuadas es una condición para el desarrollo económico y ayudará, además de a resolver problemas de movilidad y a la utilización del transporte público urbano en la zona, a que esas comarcas tan importantes de la segunda corona metropolitana se consoliden como un polo de atracción de inversiones. Esto nos haría más competitivos en el sector industrial y también en el sector de servicios y ayudaría a la creación de puestos de trabajo, de los que estamos tan necesitados. Es por ello que creemos que se debería continuar la tramitación. No sé lo que hará el Grupo de Iniciativa, si aceptará o no la propuesta, pero estamos de acuerdo en que se continúe la tramitación y, por tanto, en que se impulse esta infraestructura. Precisamente el Grupo Socialista ha presentado tanto en el presupuesto de 2012 como en el de 2013 las partidas de inversión necesarias para ello. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A los efectos de expresar la aceptación o no de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Más allá de que pudiéramos continuar con el debate sobre esta infraestructura, este no era el objetivo de esta propuesta, como he explicado. Me sorprende la resistencia del Gobierno a cumplir la ley -es lo que dice, que no se puede pedir una prórroga, aunque en la enmienda no lo quieren reconocer- y que el Grupo Socialista lo remita a los jueces. Es obligación de un gobierno cumplir la ley. Por tanto, no hay que remitirlo a los jueces, porque el Gobierno la debe cumplir previamente. Eso es lo que exigimos en esta propuesta. (El señor Ruiz Llamas: Está reabriendo el debate.)
El señor PRESIDENTE: Perdone. Colabore como viene haciéndolo en el resto de los puntos del orden del día y no reabra el debate. Simplemente le he pedido, como a todos los grupos proponentes, que manifestara si aceptaba o no la enmienda. El portavoz del Grupo Socialista, con toda la razón del mundo, dice que está usted reabriendo el debate y entonces no terminaríamos nunca. Simplemente diga usted si acepta o no la enmienda. De sus palabras parece deducirse que no la va a aceptar. Limítese a eso, se lo ruego.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: No la puedo aceptar porque es contradictoria con lo que ha dicho el propio diputado del Grupo Popular.
- RELATIVA A LA APROBACIÓN DE UNA LEY INTEGRAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA COMBATIR EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y FRENAR SU IMPACTO NEGATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000941).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la aprobación de una ley integral de lucha contra el cambio climático para combatir el calentamiento global y frenar su impacto negativo. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la diputada doña Ascensión Carreño, por un tiempo máximo de diez minutos.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señorías, mi grupo presenta esta proposición porque considera que hay que ir más allá de las buenas intenciones y adoptar políticas sostenibles. No vamos a conseguir enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático con declaraciones de buena fe. En estos últimos años todo ha empeorado, señorías. No se cumplieron las cuotas de emisiones de CO2 que estableció el Protocolo de Kioto, no se ha tenido una política energética definida y se han adoptado medidas de dudosa eficacia para reducir el consumo energético de una forma improvisada. Importamos mucha energía y la usamos de forma poco eficiente y peor que el resto de la Unión Europea. La inseguridad jurídica en torno a las energías renovables ha perjudicado al sector y la política forestal ha sido la gran olvidada. Junto a todo esto está la desaparición de la diversidad biológica, la creciente presión demográfica humana sobre los recursos naturales básicos o la desertización, que es mayor, con una pérdida de capacidad productiva y del valor de la tierra para producir bienes y servicios. Por tanto, es necesario y urgente un cambio de estrategia para adaptarnos a la situación actual real y sobre todo a los compromisos adquiridos tanto a nivel comunitario como internacional. Es el momento de actuar con más intensidad y, sobre todo, ahora. Por eso, mi grupo considera necesaria la aprobación de un marco regulatorio por sectores, que desarrolle políticas públicas de adaptación al cambio climático; normativas que se inspiren en la Convención de Naciones Unidas, en la normativa comunitaria, en directivas europeas y en los principios de desarrollo sostenible: precaución, cooperación, integración sectorial, participación y, sobre todo, coordinación de las comunidades autónomas y las entidades locales. Son principios que deben tener carácter de directrices para la aplicación y el desarrollo de distintas actuaciones concretas y ambiciosas y que deben guiar la actuación del conjunto de las administraciones. ¿Cuál es el objetivo? Reducir la vulnerabilidad de España a los impactos del cambio climático mediante una planificación y gestión de los distintos sectores socioeconómicos y de los sistemas y recursos naturales: biodiversidad, recursos hídricos, bosques, agricultura, caza, pesca, suelo, ecosistemas marinos, salud humana, industria, energía, turismo, construcción y urbanismo. Esta es una forma efectiva de involucrar transversalmente a todos los sectores con compromisos que pudiesen ser integrados en sus políticas. Por eso es necesario adoptar disposiciones en todo el territorio español, respetando las particularidades provinciales y locales. Esta una realidad competencial que añade complejidad a la gestión y que implica un marco regulatorio diferente. Es necesario por tanto trabajar en el programa nacional de escenarios climáticos regionalizados, para poder disponer de los datos, de la información y sobre todo del conocimiento detallado de las proyecciones climáticas futuras, necesarias para abordar acciones de adaptación al cambio climático, y en el plan de adaptación que defina esos objetivos y acciones sectoriales y transversales de una forma coordinada con las distintas administraciones.
Señorías, mi grupo considera que hay que avanzar en ese sentido, tratando de definir una estrategia nacional que establezca compromisos sectoriales en función de un análisis de coste y beneficio de medidas en las que se tengan en cuenta la protección de nuestro medio ambiente y la gestión de la actividad económica y del empleo. La única manera de avanzar es ir hacia una sociedad con bajas emisiones en carbono, y el papel de las administraciones es fundamental para tomar la iniciativa y demostrar con su ejemplo la necesidad y la viabilidad de esta transición. Los datos están ahí. Tras diez meses de duro trabajo, España cumplirá con su objetivo en el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto. El Gobierno actual se ha marcado como meta revertir la situación del cambio climático y conducir a España hacia una economía baja en carbono. No son declaraciones de buena fe. Hemos podido conocer la ruta que se ha marcado el Gobierno en distintas comparecencias que se han producido en el Congreso
y las estrategias de impulso de la actividad económica baja en carbono en nuestro país ya están dando resultados positivos. Reducir las emisiones con proyectos puestos en marcha por nuestras empresas, que apoyen las tecnologías bajas en carbono y que, además de reducir las emisiones de CO2, creen actividad económica y generen empleo en nuestro país es uno de los objetivos. También lo es el Fondo de carbono. Quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el Gobierno en los presupuestos de 2013, destinando 10 millones de euros al Fondo de carbono, lo que va a permitir impulsar el desarrollo de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También quiero recordar el plan de empleo del sector forestal, para activar la reforestación y el uso de biomasa como fuente de energía renovable. Esta es la ruta que se ha marcado el Gobierno con el impulso a la rehabilitación de viviendas, buscando una mayor eficiencia energética, o con los incentivos a las empresas que trabajen en mejorar su eficiencia energética.
Señorías, mi grupo presenta una enmienda con el propósito de que el Gobierno actúe de la forma que crea más conveniente a la hora de abordar cambios normativos en los distintos sectores, teniendo en cuenta la situación actual que está viviendo España. Espero que todos los grupos se sumen a esta iniciativa, porque somos conscientes de que la agenda de transformación hacia una economía sostenible y baja en emisiones está aquí y es el momento de hacerla efectiva. Considero que los Gobiernos, tanto el nacional como los autonómicos y los locales, el sector privado y la sociedad civil deben incrementar los esfuerzos y los grupos políticos tenemos también esa responsabilidad. No podemos obviar que este camino se presenta complejo con la crisis financiera y económica que estamos atravesando, pero en este reto tenemos que ver una clara oportunidad. El reto supone avanzar cada día pensando en el modelo de país o de Unión Europea que queremos tener dentro de cincuenta años. En ese reto es evidente que todos tenemos responsabilidades. Los emprendedores y los inversores necesitan señales adecuadas que favorezcan esta transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono. Tengo la esperanza de que las decisiones que se han adoptado durante estos días en Doha sean una oportunidad, porque estoy convencida de que los países que aprovechen el capital natural de manera sostenible serán los ganadores del mañana. Queremos que España lo sea. Tenemos que hacer más, y hacerlo entre todos, para reducir emisiones de cara a los próximos años. La Conferencia de Doha abre la puerta a una mayor ambición y a una mayor acción sobre el cambio climático. Se ha visto que la Unión Europea sigue ejerciendo una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Hemos sido capaces de configurar una posición común, a pesar de que Polonia y otros países tenían posiciones distintas. Se han hecho grandes esfuerzos de conciliación y hay que destacar que España ha jugado un papel fundamental en la búsqueda del consenso comunitario. Se ha llegado a acuerdos importantes, como conseguir prorrogar durante ocho años más el Protocolo de Kioto. La Unión Europea ha hecho un esfuerzo para reducir sus emisiones un 20 % respecto del año base, 1990, e incluso está dispuesta a llegar a un 30 % si otros países desarrollados se suman a ello. En España, que es un país cuyas emisiones de gases de efecto invernadero representan más del 1 % de las emisiones globales, las administraciones deben tener el compromiso de seguir trabajando con la misma firmeza en la lucha contra el cambio climático. Reducir la huella de carbono es una necesidad y conocer sus costes y beneficios nos ayudará en la toma de decisiones.
Señorías, nos encontramos en un momento de transición económica y social a nivel global. El modelo económico de desarrollo del siglo XXI requiere un replanteamiento del sistema energético, del uso de los recursos naturales y de las afecciones a los mismos. Personalmente creo en la ética ecológica, en la necesidad de cuidar la naturaleza y en la compasión universal por todos los seres vivos. Considero que garantizar la biodiversidad, la seguridad alimentaria, erradicar la pobreza, conseguir una economía verde dentro de un desarrollo sostenible debe ser nuestra ambición. Por eso considero necesario y urgente un cambio de estrategia para adaptarnos a la situación actual real y a los compromisos adquiridos tanto a nivel comunitario como internacional. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas. El Grupo de La Izquierda Plural ha presentando dos enmiendas. Para su defensa, tiene la palabra doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Estoy haciendo un acto de contención después de la intervención que acabamos de oír. Seguramente, como ecologista, puedo compartir muchas de las cuestiones que la diputada ha dicho defender. (La señora Carreño Fernández pronuncia palabras que no se perciben.)
El señor PRESIDENTE: No mantengan diálogo entre ustedes.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Puedo compartir con usted muchas de las cosas que ha dicho, pero sinceramente el resultado que me parece descubrir es que vivimos en países distintos o que estamos hablando de realidades muy diferentes.
Más allá de la intervención que acabamos de oír, a nuestro grupo parlamentario esta proposición no de ley le parece una provocación o un acto de cinismo extremo. Después de escuchar esta intervención, puedo entender que es fruto de la incoherencia dentro del Grupo Popular. El paso positivo de esta propuesta es que ustedes hablan del informe del IPCC, hablan de la existencia del cambio climático y hablan del impacto del aumento de la temperatura. El secretario de Estado de Medio Ambiente no se ha dignado a afirmar esto en esta Comisión cuando ha venido y además ha puesto en duda los efectos del cambio climático. Es un paso adelante que en esta exposición de motivos hablen de los impactos muy negativos del cambio climático. Eso está bien. Luego vienen a decir aquí que hay que ir más allá de las buenas intenciones. Efectivamente. Por eso entendemos que lo que vienen a plantear aquí es un acto de cinismo extremo. Este es el año de la energía sostenible. No hay ningún gobierno del mundo que haya hecho en un año, en un solo año de legislatura, tantos méritos para desmontar el poco avance que había en energía sostenible. En temas de eficiencia energética, el Gobierno de España se ha dedicado a combatir y a vetar la Directiva de Eficiencia Energética en Europa. En cuanto a las energías renovables, el primer decreto del año las ha parado, las ha fulminado. La ley que está ahora en el Senado se dedica a castigar a todas las energías por igual, independientemente de su contribución al cambio climático o no. Podemos hablar también de las políticas de residuos, que parece que no tienen nada que ver con el cambio climático, o de las políticas de la Ley de Costas, que mañana debatiremos en el Pleno del Congreso, que niegan la existencia del cambio climático, porque si no serían francamente temerarias. Sinceramente, venir aquí a decir que hay que pasar de buenas intenciones a hechos después de lo que viene haciendo este Gobierno en todo el año es una auténtica provocación al resto de los grupos de la Cámara que intentamos avanzar en ciertas medidas medioambientales.
Efectivamente, la Agencia Internacional de la Energía dice que estamos en un momento en el que se necesita una transición del modelo energético y exige liderazgo político, medidas y regulación. Eso es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía y cualquier organización con un mínimo de sentido común que ve la crisis energética y la crisis climática que tenemos aquí. Por eso no somos complacientes con lo que ha pasado en Doha, porque estamos ante una situación de auténtica irresponsabilidad mundial ante el aumento de temperatura. Nos preocupa esta complacencia. Usted ha empezado su intervención diciendo que hay que pasar de las buenas intenciones. ¿Con qué tiene que ver exactamente una ley de cambio climático, si han desmontado el tema de residuos, el tema de energía y el tema de eficiencia energética? ¿Con qué tiene que ver exactamente? ¿Tendrá que ver con la movilidad? ¿Qué medidas han avanzado en movilidad sostenible? No han avanzado en nada, absolutamente en nada.
Hemos presentado enmiendas, porque nuestro grupo parlamentario defiende en su programa electoral una ley de cambio climático como la que tienen otros países del mundo, una ley que diga algo, que pase de intenciones a hechos. Nuestras enmiendas defienden, en primer lugar, una ley de cambio climático, sí, pero una ley que incorpore, por ejemplo, unos Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de carbono y que incorpore la obligación de presentar cuentas anuales que hablen de la huella ecológica de las políticas. Esto es pasar de las intenciones a los hechos.
En segundo lugar, no podemos compartir una proposición no de ley que habla del cambio climático e incluye en su exposición de motivos que España ya ha hecho los deberes en legislación energética. Tenemos mucho camino por recorrer: una ley de energías renovables, una ley de ahorro y eficiencia energética. Si incluyen esto, podemos llegar a un acuerdo, porque querrá decir que están dando un giro a las políticas, pero, si no, si ustedes creen que vamos a luchar contra el cambio climático desmontando las únicas políticas existentes o atacando directamente a sectores que estaban creando empleo en nuestro país, como el sector de las renovables, o que estaban trabajando para la eficiencia energética, no podemos compartir lo que plantean, porque es una auténtica tomadura de pelo. Si realmente quieren pasar de las intenciones a los hechos, aprueben estas enmiendas, aunque con la autoenmienda que se han hecho no es que pasen ya de las buenas intenciones es que autoenmiendan incluso esas buenas intenciones, porque ya no quieren hacer una ley y lo relegan a una comisión. Sinceramente, es lamentable que tal como está el planeta, tal como está el país y tal como está el sector de las energías vengan ustedes con esto, siendo además autocomplacientes con un año que ha sido auténticamente nefasto para la lucha contra el cambio climático en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de sustitución a esta iniciativa que entiendo que queda incorporada. (Asentimiento.)
Para defender sus enmiendas, por orden de presentación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora NARBONA RUIZ: Nuestro grupo considera que esta proposición no de ley del Grupo Popular es un insulto a la inteligencia y una falta de respeto a los diputados de esta Comisión. Hablar aquí del deseo de dotar de seguridad jurídica al sector de las energías renovables con los cambios que se han producido en esta legislatura y sobre todo con la ley de fiscalidad energética, que ha sido analizada ya en el Congreso y en el Senado y que vendrá para su aprobación final la próxima semana, nos parece -insisto- absolutamente intolerable.
Hoy, dentro de un rato, se va a presentar el libro que reúne el trabajo de la Comisión de Cambio Climático de la pasada legislatura; una Comisión en la que, en cuarenta y ocho sesiones, más de sesenta expertos y ocho ministros del Gobierno de España estuvieron exponiendo tanto las políticas como el análisis y el diagnóstico del cambio climático en nuestro país y la situación de la negociación internacional. Esa Comisión terminó con un conjunto de más de cien recomendaciones que todos los grupos de la Cámara, menos el Grupo Popular, aprobaron. Por supuesto, dentro de esas recomendaciones aparecía la propuesta de una ley de cambio climático, algo que existe ya en otros países, concretamente en el Reino Unido, y que nuestro grupo parlamentario considera que sería sin duda un avance. Nuestra enmienda contempla los contenidos que podría tener esa ley y, por supuesto, la reconducción absoluta de la política energética que el Gobierno actual está llevando a cabo, porque es totalmente contraria a la lucha contra el cambio climático, como es contraria a cualquier adaptación al cambio climático la reforma de la Ley de Costas. Hemos podido escuchar al Gobierno decir que prorrogar setenta y cinco años las concesiones sobre dominio público no comporta ningún riesgo asociado por las consecuencias del cambio climático en nuestro litoral.
El Gobierno no deja de hacer declaraciones altisonantes sobre su voluntad de cumplir con el Protocolo de Kioto y con la negociación internacional. Solo quiero recordar que en el año 2004, después de ocho años del Gobierno del Partido Popular, España se alejaba en más de 40 puntos del cumplimiento del Protocolo de Kioto y que las primeras reducciones de emisiones tuvieron lugar en España mucho antes de que empezara la crisis económica, concretamente el año 2005, cuando hubo por primera vez en nuestro país una reducción de emisiones de CO2, como la hubo también después, en intensidad mayor que la caída del producto interior bruto, como resultado del aumento espectacular en el mix energético de las energías renovables a lo largo de esos años.
Señorías, hemos presentado una enmienda que intenta definir con concreción y con ambición lo que debería ser una legislación en materia de cambio climático y votaremos que no a la proposición que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que no es más que un ejercicio de cinismo y de falta de respeto a esta Comisión. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada a esta iniciativa por Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, don Marc Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: El cambio climático es uno de los retos más importantes a los que se enfrenta hoy en día la humanidad. Los Gobiernos y quienes toman las decisiones en los sectores públicos y privados deben implementar respuestas adecuadas frente a la amenaza que supone para la supervivencia. Los impactos pueden ser reducidos, retardados o evitados con políticas y medidas de mitigación que sean adecuadas. La crisis económica no debería ser un obstáculo sino un estímulo para lograr una transición hacia economías verdes, bajas en carbono y sostenibles.
A nivel internacional, se ha avanzado de forma importante en la lucha por reducir y estabilizar la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera; la Convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático o el Protocolo de Kioto podrían servir de ejemplo. También se ha avanzado en la Unión Europea, y así lo pone de manifiesto el compromiso asumido por la misma de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en el año 2020 respecto a las de 1990, porcentaje que podría elevarse al 30 % si se alcanzase un acuerdo internacional. El objetivo de la Unión es reducir las emisiones entre el 80 y el 95 % en el año 2050, en comparación con los niveles de 1990.
El Estado español, como parte integrante de la Unión Europea, deberá cumplir también con estos compromisos, y no cabe duda de que para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y para
adoptar las medidas de adaptación resulta imprescindible dotarse de un marco jurídico adecuado. Al mismo tiempo, hay que destacar la importancia que tiene una parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, las derivadas de actividades no incluidas en el mercado de derechos de emisión, las conocidas como emisiones de sectores difusos. Dentro de estas emisiones difusas encontramos las procedentes del transporte, la agricultura, los residuos, los gases fluorados, actividades industriales no sometidas al mercado de derechos de emisión y de la edificación, viviendas y servicios. Estas emisiones representan aproximadamente dos tercios del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Cataluña y un 55 % del total de las emisiones en España. La importancia de explicar este hecho está en que el control, el seguimiento y, en general, el funcionamiento de lo que afecta a las emisiones de actividades sometidas a los mercados de derechos de emisión corresponde mayoritariamente a la Comisión Europea, especialmente a partir del año 2013, mientras que las actuaciones en materia de emisiones difusas son fundamentalmente responsabilidad de los Estados. En este sentido, cabe además destacar que tanto respecto a las actuaciones a desarrollar en el marco de las emisiones difusas como en el caso de la adaptación, estas acciones tienen un elevado componente autonómico y local. Por tanto, a la hora de plantear una ley estatal de cambio climático la aplicación del principio europeo de subsidiariedad tiene que ser un elemento a tener en cuenta, entendiendo dicho principio en el sentido de que los niveles de poder que tienen que decidir son los que están más cercanos al ciudadano. La naturaleza global del fenómeno del cambio climático en ningún caso debería ser una excusa para que el Estado se apropie de unas competencias que no le corresponden. Frente a la argumentación de estar ante un problema mundial está el hecho de que las fuentes de las emisiones de gases de efecto invernadero son autonómicas y locales y, por tanto, los impactos de adaptación también lo son. En consecuencia, es del todo imprescindible respetar las competencias que las diferentes administraciones tienen en este campo.
Desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió venimos reclamando de forma reiterada ese protagonismo para la Administración autonómica y local, así como la necesidad de una territorialización de los objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de los recursos para implementar las políticas para poder conseguirlo. Que no haya un criterio de reparto de esfuerzos, de corresponsabilidad y, consecuentemente, de reparto de recursos, pone en cuestión la propia capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de sus compromisos, como ya han señalado expertos internacionales.
Hemos planteado esta enmienda, fruto de una proposición no de ley que presentamos en la Comisión y que, lamentablemente -como es lógico- no ha podido agruparse, para poder debatir sobre esta cuestión. En ella se remarca el papel de las comunidades autónomas y el de los entes locales en este tema.
El señor PRESIDENTE: Ya le he aclarado antes que para que se agrupe una iniciativa a otra similar se tiene que acordar en la Mesa, porque si no no hay plazo para que se puedan presentar enmiendas.
Tiene la palabra la señora Carreño a los simples efectos de manifestar si acepta alguna de las enmiendas que se han presentado.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: No aceptamos ninguna, solo la que hemos presentado nosotros.
- PARA DESAFECTACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS TERRENOS SIN USO DE LA BASE MILITAR EVA-4 DE ROSES (GIRONA) Y SU POSTERIOR AFECTACIÓN AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001032).
El señor PRESIDENTE: El punto sexto del orden del día ha decaído porque no se ha aceptado el cambio en el orden del día y el portavoz ha tenido que ausentarse. Pasará al listado de actividades y, en su día, cuando le corresponda el turno, se podrá debatir.
Pasamos al punto séptimo, que es la proposición no de ley para desafectación para la defensa de los terrenos sin uso de la base militar EVA-4 de Roses (Girona) y su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el señor Pàramo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Este tema está relacionado con el anuncio que hace tiempo hizo Defensa sobre la próxima desafectación de unas instalaciones, atendiendo a que la base de vigilancia y control de radar que hay en el municipio de Rosas se reagrupa gracias a unas obras importantes, de más
de 6 millones de euros, que se han realizado en la misma zona. Esta proposición no de ley, que se podría interpretar como muy localista, lo que pretendo es que se interprete como el antecedente de una situación que voy a narrar y que se está dando en muchas otras partes donde hay instalaciones de uso militar que quedan en desuso. Para la Administración General del Estado todo queda muy lejos, pero tengo que decir que para los ayuntamientos, para los municipios todo queda muy cerca y se sufre la descoordinación y la falta de eficacia en la administración y gestión del patrimonio público que está en manos de la Administración. Me refiero concretamente a las instalaciones militares que al quedar en desuso se degradan, caen en el abandono y se convierten en focos de problemas, incluso sociales. Creo que el Parlamento tiene la obligación de poner remedio a este desaguisado y evitar que se repitan situaciones así.
La presencia militar en Rosas es constante desde los principios de la historia. Allí tenemos murallas construidas por los íberos, por los griegos, por los romanos y por los visigodos; entramos en la Alta y en la Baja Edad Media; en la edad moderna, el emperador Carlos I construyó allí unas de las primeras fortificaciones que se hicieron en el Estado español, me refiero a la Ciudadela y también al castillo de la Trinidad. Estamos rodeados de fortificaciones, siempre defensivas por la situación geoestratégica de la zona del Ampurdán, concretamente la del Cabo de Creus. Esto ha sido hasta el siglo XX, ya que en los años cincuenta y sesenta el amigo americano, recién llegado, construyó allí la base del Pení. Esta base se está replegando y esa zona que tiene gran valor paisajístico carece de valor urbanístico; está situada en pleno parque natural y cuando quede desafectada su utilidad no podrá ser otra que la de ser una instalación de dicho parque. Para evitar lo que ya está pasando en un municipio vecino por las mismas razones, es decir, instalaciones militares que han caído en desuso -me refiero a la base del antiguo Loran, en Torroella de Montgrí-, pedimos que el Gobierno tome medidas para que no se repita esta situación. Vuelvo a decir que estas medidas no son puramente de interés local sino que pueden ser el inicio de una toma de posición a nivel estatal.
Nuestra proposición es muy clara, pretende poner las bases para evitar la situación de degradación constante y conflictiva de estas instalaciones, que pueden tener una importante utilidad para el Parque Natural del Cabo de Creus. Se han presentado dos enmiendas, una de la señora Ortiz, que nos pide que se concrete (La señora Ortiz Castellví: Que no se concrete) que no se concrete, que se especifique la utilidad posterior de estas instalaciones al servicio del Parque Natural del Cabo de Creus. La otra enmienda, que es del Grupo Popular, entendemos que resume nuestra proposición de manera clara. Aceptaremos esta enmienda que voy a leer a continuación: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el momento oportuno estudie la viabilidad de que los edificios desocupados en la finca base militar EVA-4 de Roses (Girona) se pongan al servicio del Parque Natural del Cabo de Creus. En todo caso, el procedimiento estaría en consonancia con las disposiciones generales para la enajenación de los bienes inmuebles recogidas en el Real Decreto 1286/2010, de 15 de octubre. Técnicamente, como bien dice la justificación, es una mejora. Lo que voy a pedir es el compromiso de los grupos que estén a favor de realizar de forma oficial un seguimiento para evitar que un bien importante, que es patrimonio de todos los españoles, caiga en la degradación y que los ciudadanos de nuestro país no puedan decir, con razón, que ni el Estado sabe conservar lo que es suyo ni los políticos sabemos poner orden en estos desaguisados, en estas situaciones de ineficacia, incluso podríamos decir de despilfarro, y más en estos tiempos en los que todos estamos obligados a proteger el patrimonio común.
El señor PRESIDENTE: Señor Pàramo, todavía disponía de un poco de tiempo.
El señor PÀRAMO I PONSETÍ: Con pocas palabras basta.
El señor PRESIDENTE: Su grupo ha presentado una enmienda y quería preguntarle si decae (Asentimiento). Decae la enmienda de su grupo a su propia iniciativa.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, doña Laia Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Compartimos el objetivo de esta iniciativa. Simplemente hemos presentado una enmienda para dar más flexibilidad a la disposición de estas instalaciones; es decir, que no se concretara si van destinadas a la dirección y a los servicios del parque sino que se pongan a disposición del mismo para su uso. Repito que queríamos que no se concretara a ese nivel para que estén a disposición del parque y que este determinara el uso al que las quiere destinar.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, aunque haya sido aceptada, tiene la palabra doña Concepción Veray.
La señora VERAY CAMA: Ya sé que el portavoz de Convergència i Unió ha explicado, incluso ha leído, la enmienda presentada por mi grupo parlamentario. Antes de hacer una intervención más concreta sobre la proposición no de ley que hoy se presenta, quisiera manifestar la sorpresa de mi grupo por que esta proposición se debata en esta Comisión y no en la de Defensa, dado que el titular de la finca de la que estamos hablando es precisamente ese ministerio y no el de Agricultura. Creo que las proposiciones no de ley se tienen que presentar donde toca, porque al final el Ministerio de Agricultura poco puede decir en el día de hoy en relación con este tema.
Dicho esto, quiero explicar que el Ministerio de Defensa, mediante la Orden 63/2012, de 11 de septiembre, ha nombrado un comisionado para la elaboración de una propuesta para la racionalización y utilización eficiente del patrimonio del Ministerio de Defensa, cuyas funciones está desarrollando en estos momentos, y se espera que próximamente presente un primer informe con las propiedades que puedan ser objeto de desafección, tal y como se pide en esta PNL. El escuadrón de vigilancia aérea número 4, situado en la localidad de Rosas, ha sido objeto de unas obras de modernización de infraestructuras que comenzaron en el año 2009, tal y como explica la exposición de motivos de esta proposición no de ley. Estas obras permitieron una drástica reducción del personal que dio como resultado que parte de sus instalaciones hayan quedado en desuso. Esto es verdad y se tienen que explicar las cosas tal y como son. Pero también es necesario recordar y tener en cuenta que si en un futuro se procediera a la desafectación del acuartelamiento del EVA-4 sería necesario realizar obras de adecuación en esta finca, como, por ejemplo, las de los accesos a la zona técnica del escuadrón de vigilancia aérea, actuaciones que supondrían un coste económico importante que no se puede perder de vista.
En el Grupo Popular reconocemos la relevancia ambiental de los terrenos incluidos en los espacios protegidos y pertenecientes a la Red Natura 2000, como es el caso de los que hoy nos ocupan. El Ministerio de Defensa lleva a cabo una política medioambiental, basada en el concepto de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente, compatible con la misión de las Fuerzas Armadas y dirigida a alcanzar los objetivos e intenciones de la legislación vigente en cuanto a la conservación, protección y, cuando es posible también, recuperación de las condiciones ambientales. Por esta razón, existe desde hace años un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa para la conservación del medio natural y la gestión de los recursos naturales en las instalaciones militares. En este sentido, cabe destacar también que en el año 2009 la Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor, concedió el certificado de gestión ambiental al sistema Multisite, implementado en los EVA del sistema de mando y control, cuya validez era de tres años. En octubre de 2012 dicho certificado ha sido renovado por Aenor, lo que corrobora la importancia que para los escuadrones de vigilancia aérea tiene la preservación y el cuidado del medio ambiente. La conservación y la protección del medio ambiente son una de las señas de identidad de los escuadrones de vigilancia aérea, al estar muchos de ellos, como el que hoy nos ocupa, en parajes naturales de gran valor ecológico.
He querido referirme a todo esto porque aunque el portavoz de Convergència i Unió ha explicado y leído nuestra enmienda, creo que es importante exponer el motivo por el que la hemos presentado. En ella se dice que sea el propio Ministerio de Defensa el que estudie la posibilidad de poner al servicio del parque los edificios en desuso de esta base EVA-4 en un futuro, cuando realmente esta finca sea desafectada. El señor Pàramo, en nombre del grupo proponente, nos pedía un compromiso. Quiero decir, señorías, que la presencia militar se ha convertido en una garantía para la conservación de la flora y la fauna de los diferentes lugares del territorio nacional, y Rosas, donde está ubicada la base EVA-4, no es una excepción, por lo que pueden estar muy tranquilos. Nosotros aceptamos el compromiso que se nos ha pedido. Ni el Ministerio de Defensa ni mi grupo parlamentario van a permitir que esta garantía de conservación desaparezca, por lo que en un futuro si esta finca se ve desafectada en todo momento se actuará desde el ministerio a favor de la protección y conservación del medio ambiente y nunca en contra. (Aplausos.)
El señor SÁEZ JUBERO: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, que ha defendido el diputado y alcalde de Rosas, don Carles Pàramo, y anunciar nuestro voto favorable a la misma. Nos alegramos de que concite el consenso, ya que el grupo proponente ha podido aceptar las aportaciones del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural y llegar a un acuerdo satisfactorio para el conjunto de los grupos de la Cámara.
En los últimos años, en el ámbito de Interior y en el de Defensa hay menos necesidades de terrenos o instalaciones. Por ejemplo, en Interior, especialmente en Cataluña, se ha producido el despliegue de los Mossos d'Esquadra y, por tanto, el repliegue de Guardia Civil y Policía Nacional. En Defensa, a efectos de logística no hay necesidad de tantas instalaciones ni terrenos militares. Consecuentemente, se ha ido incrementando la necesidad de que estas instalaciones reviertan en instituciones locales y, por tanto, que muchas de ellas pasen a ser de uso y disfrute de los ciudadanos de los pueblos de España, en este caso, de Cataluña. Esto también significa una gran aportación a la protección paisajística del paraje del Cap de Creus.
Mostramos nuestra conformidad con la aportación realizada por el Grupo Parlamentario Popular para que se respete el procedimiento administrativo. Evidentemente son instalaciones que pertenecen al Ministerio de Defensa o al de Interior -también a otros ministerios- regladas por un procedimiento administrativo para su desafectación o, como ya se ha citado, para su enajenación, en el que hay que fijar un justiprecio para que luego las instituciones locales puedan comprar estos terrenos a dichos ministerios.
Ya que hablamos del Cap de Creus, quiero decir que si el Pení acaba formando parte de este Parque Natural del Cap de Creus tendrá mucha importancia para la restauración del paisaje de esa zona. En la exposición de motivos, el señor Pàramo pone el ejemplo del Club Mediterranée, que era una ciudad de vacaciones en un enclave privilegiado del Cap de Creus. Gracias a la compra de los terrenos de este club de vacaciones por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005 y a su posterior demolición, el Cap de Creus recuperó uno de sus enclaves más privilegiados. Estas gestiones las realizó el Ministerio de Medio Ambiente, cuya titular en aquel momento era doña Cristina Narbona, miembro de esta Comisión. En aquellos años también tuvo lugar una actuación muy importante para nuestra demarcación, para Girona, como fue el derribo en el año 2006 de las antenas de Radio Liberty, en la playa de Pals, siendo también titular del ministerio la señora Narbona.
Debo decir que el caso del Pení no es el único que está pendiente de solución -lo ha explicado también el señor Pàramo- sino que en el caso de la base Loran, que era una base de comunicaciones en el municipio de Torroella de Montgrí, y en el de los antiguos terrenos militares de la Clota, L'Escala, existen negociaciones avanzadas entre los alcaldes de esas localidades, Jordi Cordón y Estanis Puig, y el Ministerio de Defensa para fijar el justiprecio que permita la reversión de estos terrenos a sus municipios y así recuperar unos enclaves paisajísticos muy importantes.
Para mi grupo parlamentario es una satisfacción que haya un acuerdo para que se trabaje en la línea de que estas instalaciones afectas al Ministerio de Defensa un día no muy lejano puedan incorporarse al Parque Natural del Cap de Creus que protege uno de los enclaves paisajísticos más importantes de nuestra demarcación, Girona, y que afecta a los municipios de Rosas, Cadaqués y Port de la Selva. Por tanto, nuestro voto será afirmativo. Nos alegramos de que finalmente esta proposición no de ley haya conseguido el apoyo unánime de esta Comisión de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pàramo para aclarar qué enmiendas va a aceptar finalmente.
El señor PÀRAMO i PONSETÍ: Agradezco la buena predisposición de todo el mundo para entender aquello que he intentado explicar. Que nadie crea que hemos presentado equivocadamente en esta Comisión un tema cuyo protagonismo, lógicamente, está en el Ministerio de Defensa, pero entendemos que el Gobierno no tiene compartimentos estancos sino que cada ministerio tiene que cooperar con el resto. Lo que se ha hecho en esta Comisión ha sido intentar concienciar a sus señorías, que son quienes deben cuidar del patrimonio natural, en este caso paisajístico, para que hagan llegar al Ministerio de Defensa que este no es un caso de enajenación de unas fincas con utilidades diversas sino que es una cuestión muy concreta, porque si defendíamos el territorio por cuestiones militares también conviene hacerlo por cuestiones paisajísticas y patrimoniales, sobre todo pensando en las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Quiero aprovechar para decir que volveremos a tratar este tema en la Comisión de Defensa, pero que incluiremos lo que acaban de comentar la señora Veray y el señor Sáez, en el sentido de que la antigua base Loran, en el término municipal de Torroella de Montgrí, debe entrar en este mismo acuerdo de colaboración entre dos ministerios. Como bien ha dicho la señora Veray, queda técnicamente mejorada la proposición, porque tenemos que acatar las leyes -también se ha dicho en otras intervenciones- y el Real Decreto 1286 nos condiciona a todos. Creo que si trabajamos juntos conseguiremos lo que queremos, que es proteger y exhibir nuestro patrimonio.
Quiero terminar mostrando mi agradecimiento -lo hago rápidamente, en dos palabras, señor presidente- al Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos, que me han hecho llegar un mensaje de apoyo que transmito a todas las señorías que están aquí presentes.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones. Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley sobre actuaciones de emergencia en ríos asturianos. Está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y se vota en sus propios términos, ya que no se ha presentado ninguna enmienda.
Votamos la proposición sobre las medidas a tomar ante la entrada en vigor del nuevo protocolo agrícola del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular.
Votamos la proposición sobre el Plan especial del Alto Guadiana, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, habiendo sido rechazada la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a votar la proposición no de ley sobre la caducidad del expediente ambiental del cierre de la autovía orbital. A esta iniciativa se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que no ha sido aceptada. Por tanto, se vota en sus propios términos.
Votamos la proposición relativa a la aprobación de una ley integral de lucha contra el cambio climático para combatir el calentamiento global y frenar su impacto negativo, del Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda y ha rechazado todas las demás.
Votamos, por último, la proposición no de ley para desafectación para la defensa de los terrenos sin uso de la base militar EVA-4 de Rosas (Girona) y su posterior afectación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, se vota el texto con la enmienda incorporada.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
e contrario
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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