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Timestamp: 2020-01-22 03:25:39+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 243, de 22/03/2007
Año 2007 VIII Legislatura Núm. 243
PRESIDENCIA DEL EXCMA. SRA. DÑA. CARME CHACÓN I PIQUERAS
Sesión plenaria núm. 225
celebrada el jueves, 22 de marzo de 2007
- Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. (Número de expediente 121/000086.)...(Página 12249)
- Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. (Número de expediente 121/000100.)...(Página 12254)
- Proyecto de Ley de la carrera militar. (Número de expediente 121/000114.)...(Página 12262)
(Votaciones.)...(Página 12277)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.)...(Página 12278)
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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas...(Página 12249)
Proyecto de Ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea...(Página 12249)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Torres Balaguer, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia...(Página 12254)
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la señora Malaret García, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas...(Página 12262)
Proyecto de Ley de la carrera militar...(Página 12262)
El señor ministro de Defensa (Alonso Suárez) presenta el proyecto de ley de la carrera militar. Señala que el proyecto de ley que hoy se debate constituye un hito nuevo en la evolución de nuestras Fuerzas Armadas durante las últimas décadas. Comparado con la ley de 1999 el proyecto actual consta de menos artículos y disposiciones y procura evitar detalles que deben ser, y son, evidentemente reglamentarios. Incorpora nuevos contenidos sobre reglas de comportamiento, la aplicación del principio de igualdad, la definición de las categorías militares, los centros universitarios de la Defensa, la homologación de los centros militares de formación y sobre todo un verdadero diseño de carrera para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas. Manifiesta que de lo que se trata fundamentalmente es de disponer de una ley que aborde dentro de un conjunto coherente los aspectos más relevantes que perfilan la vida y el itinerario profesional de un militar, una ley consecuente que debe integrar los cambios y las modificaciones en nuestro entorno, así como la experiencia y los resultados de las leyes que la precedieron, una ley con perspectiva que atienda a los requerimientos del futuro.
Señala que la finalidad principal del proyecto es lograr la mayor calidad posible de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de la organización a la que habrán de servir en los tiempos venideros.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maldonado i Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Oltra Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el señor Cuadrado Bausela, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.
Se someten a votación las enmiendas, enmiendas transaccionales y texto del dictamen del proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.
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Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de defensa de la competencia, así como el texto del dictamen.
Se someten a votación las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de ley de la carrera militar, que son rechazadas por nueve votos a favor; 284 en contra y 11 abstenciones.
- PROYECTO DE LEY DE REFORMA Y ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN MERCANTIL EN MATERIA CONTABLE PARA SU ARMONIZACIÓN INTERNACIONAL CON BASE EN LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA. (Número de expediente 121/000086.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Iniciamos la sesión y lo hacemos con el punto VII del orden del día, el referido a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en particular con el debate del proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea. ¿Algún diputado de la Comisión va a hacer presentación del dictamen? (Pausa.) Pues comenzaremos el debate con el turno a favor de las enmiendas presentadas, en primer lugar con el señor Sánchez i Llibre en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que va a defender su enmienda.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió está satisfecho de los acuerdos a los que ha llegado con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Gobierno en la tramitación de esta ley en Ponencia y en Comisión, donde hemos conseguido incorporar 25 enmiendas de las muchas que habíamos presentado, pero 25 enmiendas importantes, ya que hemos conseguido incorporar un plan específico, abreviado y sencillo para las pequeñas y medianas empresas, hemos eliminado algunos aspectos que nos preocupaban mucho en este proyecto, como el criterio de consolidación horizontal -mediante diferentes transaccionales hemos conseguido eliminar este criterio-, y hemos precisado con contundencia la definición del grupo de sociedad a fin y efecto de determinar cuáles son los centros de decisión, dónde se toman las decisiones en determinados momentos sobre transacciones importantes que se puedan realizar en la vida mercantil de una sociedad. Pero, aparte de estos tres aspectos que consideramos relevantes en este acuerdo, pensamos que es necesario avanzar todavía más, profundizar y poder negociar algunos aspectos importantes que aún quedan pendientes para poder dar finalmente solvencia, eficacia y transparencia a esta ley, que es una demanda importante de la sociedad económica y mercantil española. Por tanto, nosotros, a través del resto de las enmiendas que nos quedan, pedimos al Grupo Parlamentario Socialista y al Gobierno un esfuerzo definitivo para poder delimitar y definir algunos aspectos relevantes que quedan pendientes en esta ley y que el inicial rechazo frontal que tuvo esta ley por parte de todos los agentes económicos y sociales del mundo económico español se transforme en un éxito rotundo a través de la negociación en lo que queda de tramitación en esta sesión y en el Senado. También sería muy importante que dentro de esta negociación pudiéramos incorporar el máximo consenso en relación con el resto de los aspectos que quedan por definir y a los que me referiré brevemente en el tiempo que me queda.
En primer lugar, piensa Convergència i Unió que esta ley, al final de la tramitación, debe ser una ley neutral, una ley que tenga una neutralidad mercantil efectiva y que no tenga efectos fiscales perniciosos y no deseados. Este es un aspecto que nos gustaría que nos aclarase el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, con el fin de saber si podemos retirar las enmiendas que tenemos pendientes, acabar de negociar algunas -porque creo que nos van a plantear alguna transacción- y finalmente, en el trámite en el Senado, conseguir esta neutralidad deseada no solamente por este grupo parlamentario, sino por todos los agentes económicos y sociales de España. Queremos saber cómo van a quedar definidos los intangibles tras la reforma que hoy estamos parlamentando, cómo se van a contabilizar todos aquellos beneficios extraordinarios reinvertidos con las nuevas definiciones, cómo van a quedar las valoraciones de los diferentes activos empresariales a través de estas nuevas fórmulas que se van a implementar en esta ley, cómo van a quedar las modificaciones en los activos de la empresa a través de la definición del nuevo valor razonable que también nosotros establecemos en esta ley; cómo va a afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias la no amortización de los fondos de comercio que se va a implementar en este trámite parlamentario, etcétera. Como son aspectos relevantes, nuestro grupo parlamentario quiere saber si el Gobierno va a consensuar
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con nosotros y con el resto de formaciones políticas para que efectivamente esta ley tenga neutralidad mercantil y su aplicación no tenga efectos fiscales perniciosos en los próximos ejercicios, en que será de obligatorio cumplimiento.
Hay otro aspecto que también nos preocupa muchísimo, y es que hemos conseguido lo más difícil, un plan abreviado y sencillo para las pequeñas y medianas empresas, pero nos ha quedado la duda, y no solamente a este grupo parlamentario sino también a importantes colectivos de profesionales, abogados, economistas, intendentes mercantiles, de cómo va a ser la formulación de este plan abreviado para las pequeñas y medianas empresas. Nosotros queremos y le pedimos al Grupo Parlamentario Socialista no solo que este plan abreviado sea simplificado y sencillo de aplicación para las pequeñas y medianas empresas, sino también poder participar activamente, a través de las informaciones y de los inputs que hemos recibido de los diferentes sectores empresariales y económicos españoles, en su confección. Por lo tanto, pedimos al Grupo Parlamentario Socialista su colaboración para que podamos estar presentes en la confección de este plan abreviado de las pequeñas y medianas empresas.
Incluso llegaría un poco más lejos en el sentido de que si no existiera tiempo para que las pymes pudieran aplicar este plan contable a partir del uno de enero de 2008, pudiera haber una demora de un trimestre, de un semestre o de un año, repito, por si las pequeñas y medianas compañías no han sido capaces de digerir este plan abreviado y sencillo, que nosotros entendemos que si es abreviado y sencillo no tendría que suponer ninguna dificultad, pero planteamos estas cuestiones porque así nos han llegado desde diferentes sectores. Hay una cuestión que consideramos importante para la simplificación de estas normas. Si somos capaces de definir lo que es una pequeña y mediana empresa, si somos capaces de definir un tipo simplificado de plan general de contabilidad, podríamos hacer, por ejemplo, que si una pequeña y mediana empresa tiene la obligación de presentar a la Agencia Tributaria aquellas cuestiones que hacen referencia al balance y a la cuenta de resultados, que desde la Administración tributaria, se pudieran pasar telemáticamente, de forma automática, al Registro Mercantil, con lo cual les ahorraríamos una operación importante. Es otro aspecto que nos preocupa, que queremos que sea sencillo y les pedimos encarecidamente que nos den la posibilidad de poder participar.
Hay otra cuestión importante que es el tema fiscal. Tenemos pendientes dos enmiendas fiscales muy importantes, las números 48 y 49, en las que planteamos aspectos relevantes de la negociación que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Socialista. Sabemos que queda un trámite parlamentario importante en el Senado, pero consideramos indispensable que en esta negociación que hemos mantenido con el Grupo Parlamentario Socialista, a la que esperamos se unan el resto de grupos de esta Cámara, se pueda mantener la deducibilidad fiscal del fondo de comercio adquirido de forma no onerosa, de manera que dicha deducibilidad no esté condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias. También queremos mantener esta deducción fiscal del fondo de comercio adquirido de forma onerosa, de manera que dicha deducción fiscal no esté condicionada tampoco en su imputación contable de pérdidas y ganancias por aquellas operaciones que se hubieran realizado con anterioridad a la reforma. Son dos aspectos relevantes sobre los que sería muy interesante poder llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista.
Hay una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que hace referencia a la enmienda 26, que parece que la vamos a poder consensuar.
Nosotros pedíamos la eliminación de la obligatoriedad de consolidar simplemente porque una filial del grupo sea cotizada, en los casos en que la legislación exima a una empresa. Esta consolidación del grupo superior no le aporta nada al minoritario de la filial cotizada. Esperamos conocer la transaccional para poder dar nuestra conformidad. En función de la posición del Grupo Parlamentario Socialista a las demandas que le hemos planteado, nuestro grupo retiraría las enmiendas y las dejaríamos para una posterior negociación en el trámite parlamentario que se ha de realizar en el Senado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. Continuamos con el señor Mantilla, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de nuevo en el turno de defensa de las enmiendas presentadas.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nos trae a esta Cámara el debate sobre la reforma de la legislación mercantil para adaptarla a la normativa de la Unión Europea.
Cuando defendimos la enmienda a la totalidad dijimos que consideraba este grupo -no solamente lo consideraba el grupo sino también los estamentos económicos y profesionales- que había algunas situaciones en las cuales era preciso introducir determinadas modificaciones para adecuar esta normativa a las necesidades reales de las empresas españolas. Tengo que decir que se ha avanzado mucho -aunque no se han completado todos los planteamientos que tenía este grupo, sugeridos por los estamentos económicos- en principio en dos temas, más el que hoy me proponen.
Tenemos que agradecer a los grupos que han participado en este debate en Comisión que hayamos introducido mejoras que son importantes y sustanciales. Una de ellas ha sido que se contemple la creación de un plan general para las pequeñas y medianas empresas. Eso es importantísimo, porque se da la circunstancia de que el plan general, hoy colgado en Internet -dificilísimo de comprender-, está pensado única y exclusivamente para la gran empresa, para la empresa que cotice, para la que
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consolide o para la que tenga determinados activos financieros, de futuros, derivados, etcétera, en tanto que la pequeña y mediana empresa, que no tiene ninguna de estas obligaciones, se quedaba con unas imposiciones contables fuera de lugar. Por tanto, vuelvo a repetir que hay que agradecer, en este caso al Grupo Parlamentario Socialista, que haya aceptado la postura del Grupo Popular, fundamentalmente con respecto a este tema.
Hoy se me propone una transaccional más respecto a otro gran sentir de las instituciones y colectivos económicos y profesionales, transaccional que propone mantener el sistema simplificado de contabilidad, que, en principio, no tiene nada que ver con el plan general. Este sistema tiene que adecuarse al plan general, pero era el que se había creado para la sociedad limitada Nueva Empresa, que tiene unas características y unas connotaciones que representan una mayor flexibilidad contable que ese plan general. Decía al portavoz socialista que eso es fácil hacerlo, porque -vamos a llamarlo así- en el plan B para las pequeñas y medianas empresas se puede adaptar el balance y la cuenta de resultados a ese método simplificado, además de hablar un poco de cómo tienen que hacerse las anotaciones contables en el pertinente libro-registro, como puede ser el diario o los libros auxiliares. Por tanto, no hace falta decir que el Grupo Popular va a apoyar esta transaccional, porque, en definitiva, repito, es una petición importante de todas las instituciones, colectivos y entidades.
Otro aspecto que también hay que destacar es la eliminación en el artículo 42 del Código de Comercio de la consolidación horizontal, que venía definida por la unidad de decisión; al intentar relatar cuáles podían ser las vinculaciones nos podíamos encontrar con que prácticamente todos los grupos de España de cierta importancia tenían la obligación de consolidar, con el pertinente coste, etcétera. Se ha suprimido la consolidación horizontal, que -vuelvo a repetir- era una petición unánime de todos los grupos políticos.
Quiero decir al Grupo Socialista que la redacción que ha aprobado en la Comisión, mediante la presentación de una transaccional, tiene que ser mejorada. Parece ser que el portavoz del Grupo Socialista tiene una nueva transaccional para mejorar la actual redacción. Como es una petición de los distintos grupos, si se llega a un consenso, mejor. De todas formas, faltan temas importantes, lo dijimos en esta tribuna y volvemos a insistir en ello. Esta adaptación de la legislación mercantil tiene como soporte un libro blanco que se confeccionó hace cuatro o cinco años, allá por el año 2002. En el libro blanco se hablaba, obviamente, del valor razonable, del fair value al que todos hemos tenido que andar dando vueltas. En ese libro blanco dice que el fair value debería ser de aplicación voluntaria en determinados bienes, entre otros, hablaba de los bienes del inmovilizado. Parece ser, tras el debate que tuvimos en la Comisión y después de la Comisión, que podíamos llegar a un entendimiento sobre que la aplicación del fair value o valor razonable a los bienes de inmovilizado se llevase a cabo de una forma voluntaria. No ha sido así y nuestro grupo seguirá insistiendo en que es necesaria esa actualización de valores porque, vuelvo a repetir, hace más de once años que no se ha aprobado ninguna revalorización o actualización de valores en España. Por tanto, estamos partiendo de la base de que en los balances de las empresas aquellos inmovilizados que tengan más de doce años están valorados al precio de adquisición; un precio de adquisición de hace más de doce años. No hace falta decirles a SS.SS. que en esos últimos once años el incremento de precio que han sufrido los bienes de inmovilizado ha sido notorio. De ahí que cuando a mí me hablan de la imagen fiel, diga que es una imagen fiel muy relativa porque por mucho precio de adquisición que haya no se parece en nada al valor de mercado que puedan tener hoy los edificios, las naves industriales, etcétera. Por eso, repito al Grupo Socialista -y creo que el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda está por la labor- que es necesario que presionen a su Gobierno para que esta actualización de los bienes de inmovilizado, aunque sea voluntaria, se pueda llevar a cabo y lógicamente con una gratuidad fiscal absoluta.
Hay otros temas en relación con los cuales me da la impresión de que el portavoz socialista va a adquirir determinados compromisos en esta sesión. Como también decía el señor Sánchez i Llibre, hay temas que de momento han quedado en el tintero y no están recogidos en la ley. Punto primero, el régimen transitorio. La ley, hagan lo que hagan y digan lo que digan, tiene que contemplar un régimen transitorio para determinados elementos del activo o del pasivo que figuran hoy en el balance de las empresas y tienen que tener un tratamiento. O se mantiene el tratamiento que tenían o se establece uno nuevo, pero hay que decirlo. Es decir, los fondos de comercio que hoy figuran en los balances, las marcas o cualquier otro activo inmaterial -o intangible, como lo llaman ustedes- lógicamente tiene que tener un régimen transitorio para saber cómo se va a actuar sobre ellos; no lo dicen y tienen que hacerlo. También estamos de acuerdo con que el fondo de comercio no se amortice contablemente, pero consideramos que esa amortización o esa no amortización contable que no se puede transcribir en libros debe ser deducible fiscalmente. Parece ser que podemos llegar a un entendimiento sobre esto; a ver si es cierto.
Otra cuestión que no dicen ustedes aquí es que cuando se aplique el valor razonable a los bienes escasísimos a los que se va a aplicar, que son los activos financieros especulativos -por decirlo de alguna manera-, está claro que si no se dice nada la creación de esa cuenta tendrá implicaciones fiscales. Hay que decir si las va a tener o no. Parece que también puede haber un compromiso de que el saldo de la cuenta no tendrá implicaciones fiscales.
Le hablaba también al portavoz socialista de un tema importante sobre el que nosotros propondríamos una enmienda en el Senado: que hay que cambiar de sitio la disposición adicional primera, en la que ustedes, en la Comisión de Economía, introdujeron el plan general para
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las pymes, y donde ahora también va a colgarse el sistema transitorio. Hay que cambiarla de sitio porque en la redacción para el plan general grande -por llamarlo de alguna manera- han incrustado el plan general pequeño, con lo que todos los condicionamientos que tiene el resto del articulado están afectando también al plan general pequeño. Por tanto, hay que llevar tanto el plan pequeño para las pymes como la transaccional de ahora a la última parte del punto. Vuelvo a repetir que, si no se hace así, tendremos que presentar una enmienda en el Senado para esto.
Por tanto, hay determinados temas, como sabe el portavoz socialista, con los que este portavoz no está totalmente de acuerdo. Hay denominaciones sobre las que discrepamos, pero hay una que es fundamental, patrimonio neto y fondos propios. Tienen que ser sinónimos, no pueden ser distintos.
Le decía tanto al presidente del ICAC como al portavoz socialista que no hay que distinguir entre patrimonio neto y fondos propios, simplemente hay que excluir aquellas partidas que consideremos que no deben formar parte del patrimonio neto o fondos propios. Es sencillísimo. Intentar distinguir esa denominación es un capricho. Curiosamente, en el plan general colgado en Internet -y ya todas las instituciones y organismos están haciendo cursillos, carísimos sea dicho de paso, aunque después van a tener que modificarse de acuerdo con lo que nosotros aprobemos aquí- no se distingue entre fondos propios y patrimonio neto. Por tanto, esto es una incongruencia. Estamos discutiendo constantemente sobre fondos propios y patrimonio neto y el plan general, que es propuesto por el ICAC, no los distingue; por tanto, esto es una incongruencia. Sabe que no es un capricho de este portavoz. Tenemos que llegar también a un consenso en la terminología porque -repito una vez más- esta variación va a dar lugar a modificaciones en libros de texto u otras obras y, si nosotros podemos evitarlo, sería mucho mejor. Por tanto, en principio, tenemos que agradecer, por lo que a nosotros respecta, al Grupo Socialista y lógicamente también al Grupo Catalán (Convergència i Unió) la buena disposición que han tenido con el planteamiento de este grupo parlamentario. Se han aceptado posturas de este grupo parlamentario y estoy totalmente convencido de que se van a seguir aceptando porque, repito, esta no es una ley política, esta es una ley estrictamente económica, esta es una ley que tiene que servir para las empresas y para aquellos que tienen vinculación con las empresas y no tiene que tener ninguna carga política. Lo que sin duda desearía el Grupo Parlamentario Popular es apoyar esta ley porque estas son las leyes que tienen que tener un amplio consenso y que vea la sociedad, que vean las instituciones que existe un respaldo unánime a las mismas. Nuestra postura definitiva en la sesión de hoy estará a expensas de los compromisos que adquiera el portavoz del Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mantilla.
Señorías, ¿grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Señor Puig, en nombre de Esquerra Republicana, su turno. Perdón, señor Llamazares, no le había visto. Disculpe, señor Puig.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve. Anuncio el voto favorable de mi grupo parlamentario al dictamen en este clima de consenso, aunque con una diferencia, nosotros pensamos que no hay nada más político que la política económica.
En todo caso, nuestro grupo valora positivamente esta iniciativa de armonización de carácter europeo y, por tanto, vamos a contribuir, con otros grupos parlamentarios, a una posición consensuada en la materia.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Llamazares.
Ahora sí, señor Puig, su turno en nombre de Esquerra. Adelante.
Intervengo para fijar posición respecto al proyecto de ley. Nosotros ya no tenemos ninguna enmienda para el Pleno porque fueron en su momento transadas y aprobadas. Teníamos muy claro que había que retrasar la entrada en vigor para que las empresas se pudieran adaptar. Fue aceptado y se modificó y, por tanto, nuestra enmienda decayó. La finalidad del proyecto de ley no es otra que la de cumplir un mandato de la Unión Europea, como es la adecuación de la contabilidad de las empresas a las nuevas normas internacionales de contabilidad. Para conseguir este objetivo era necesario adecuar la legislación mercantil en materia de contabilidad y, en especial, el Código de Comercio y, por extensión, realizar una ligera modificación de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de la Ley de Sociedades Anónimas. A nuestro entender, la reforma es positiva y si además finalmente se quieren aprobar transacciones por consenso, permitiremos que las empresas se puedan adaptar con plenas garantías a esas nuevas normas, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas, que eran nuestra preocupación como grupo parlamentario, que se diesen los condicionantes para que pudiesen adaptarse a la entrada en vigor de las modificaciones que supone este proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig, muchas gracias.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Torres.
El señor TORRES BALAGUER: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como podemos comprobar, esta es una ley muy viva, porque está conformándose en estos momentos
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para tratar de unir todas las voluntades de los grupos que son trabajar al servicio de las empresas españoles. Llevamos muchísimos meses de tramitación de esta ley; nos hemos sentado muchas veces con cada grupo parlamentario y, al final, lo que queda es la voluntad del Ministerio de Economía y Hacienda y del Grupo Parlamentario Socialista de hacer una buena ley para las empresas españolas para que en la contabilidad, que es un instrumento que trata de reflejar el estado de sus cuentas para que el tráfico jurídico tenga seguridad, se pueda ver cuál es la solvencia y que la imagen fiel de estas empresas para los operadores sea absolutamente clara. Voy a tratar de incorporar nuevos compromisos del Grupo Parlamentario Socialista a todo lo que hasta ahora se ha venido debatiendo.
Saben ustedes que la principal preocupación que teníamos era que las pymes no sufrieran este proceso de adaptación a la normativa comunitaria que, a su vez, adaptaba las normas internacionales de contabilidad. Hemos adquirido el compromiso de que, además del Plan General de Cuentas, exista un plan reducido para las pequeñas y medianas empresas, que lógicamente excluye las operaciones complejas. Aquí se ha puesto de manifiesto por los grupos parlamentarios su preocupación por que la remisión reglamentaria que hacemos sea suficientemente clara para que esa transformación del plan general grande al reducido sea efectiva, fundamentalmente en cuanto a criterios y a complejidad. Podemos comprometernos todos a hacer un seguimiento, como ha pedido algún grupo parlamentario, para que el Gobierno lo lleve a buen puerto y los grupos parlamentarios, que dejamos una cuestión tan importante en manos en este caso del ICAC, nos quedemos tranquilos de que hemos hecho esta remisión y se ha cumplido efectivamente. Este Parlamento tiene instrumentos de sobra para hacer el seguimiento y el Grupo Parlamentario Socialista colaborará en el mismo. Pero hemos introducido un paso más. Aquí hay una enmienda transaccional, la número 89 del Grupo Parlamentario Popular -que, por cierto, coincide con la número 51 de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)-, donde introducimos un nuevo sistema, en este caso le llamaríamos simplificado, en el que hay criterios de registro y valoración que permitirán fundamentalmente a las microempresas todavía una mayor adaptación. Por tanto, ya estamos haciendo un esfuerzo enorme para que esta adaptación pueda llevarse a cabo. El compromiso que el Grupo Parlamentario Socialista adquirió en la tramitación de esta adaptación a las pymes queda suficientemente explicitado mediante estas enmiendas transaccionales que, por cierto, era exactamente la pretensión, aunque sin enmiendas, de Esquerra Republicana y que este grupo parlamentario aceptó. Hasta aquí, un primer bloque.
Segundo bloque. Gran preocupación por la normativa del Código de Comercio, artículo 42, que obligaba a la consolidación en función de criterios de interés, lo que se conoce como consolidación horizontal. Hicimos en Comisión una primera transacción, eliminando la obligatoriedad de esta consolidación. Parece que los grupos no están satisfechos, porque continúan existiendo muchas obligaciones contables para estos grupos, fundamentalmente familiares, por lo que vamos a ofrecer una nueva transacción -lo lamento mucho, pero todavía está elaborándose- a la que queremos llegar a lo largo de esta sesión con los grupos parlamentarios para eliminar todavía más estas obligaciones de información que obligaban a esta consolidación, aunque no a su presentación obligatoria. Por cierto, la de España es la única norma de consolidación horizontal de Europa. En este caso, no quiero ser incisivo pero fue aprobada por el Grupo Parlamentario Popular en el año 2003 y nosotros ahora lo corregimos. Segunda gran preocupación, la consolidación horizontal, resuelta.
Tercera gran preocupación, los temas de fiscalidad. Desde esta tribuna comprometo la neutralidad fiscal de la reforma, así como un régimen transitorio que tenga efecto cero para todos los que tienen en marcha temas de amortización, como señalaba algún portavoz, activos inmateriales, el fondo de comercio, etcétera. Y los múltiples casos afectados por la reforma van a ser abordados mediante enmiendas en el Senado. Voy a tratar de enumerarlos brevemente, si el tiempo me lo permite. Con carácter general, se modificarán todos los artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que utilicen términos y expresiones contables, por ejemplo las referencias al valor teórico, fondos propios, etcétera. Con carácter particular, se modificarán las materias siguientes: las amortizaciones, los nuevos criterios de amortización contable del fondo de comercio. Aquí está el compromiso: a efectos fiscales, se podrá permitir la amortización fiscal de este activo inmaterial aun cuando no se amortice contablemente, porque, como SS.SS.
conocen, las NIC no permiten esta amortización. También los intangibles.
SS.SS. ya saben que los activos que tienen vida indefinida no se amortizan, como el caso de las marcas, etcétera. Nos comprometemos a que esto, a efectos fiscales, continúe amortizándose. En cuanto a las operaciones de arrendamiento financiero, con la nueva ley muchas operaciones no podrán acogerse a la regulación anterior. Saben ustedes que estos bienes se consideran como una adquisición económica, por lo que haremos esta corrección. Introducimos un nuevo criterio de valoración razonable en los activos financieros. Manifestaba el portavoz del Grupo Popular su preocupación por si al introducir el valor razonable en los activos financieros y tener que ir a la cuenta de patrimonio neto, no pasando por la cuenta de pérdidas y ganancias, tendrá alguna repercusión la cuenta. Desde esta tribuna le tranquilizo porque no va a haber ninguna repercusión fiscal por el hecho de que las empresas actualicen el valor de sus activos financieros. Puede descansar tranquilo, el compromiso es de neutralidad fiscal. Por otra parte, están todas las cuestiones relativas a las correcciones de valor y a las provisiones para riesgos y gastos -por ejemplo, se crean las provisiones para actuaciones medioambientales, cuyos efectos fiscales tendrán que regularse-, todos los criterios de imputación de ingresos y gastos, la cuestión de los errores contables, los cambios de criterios contables y la deducción
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por reinversión de beneficios extraordinarios. SS.SS. saben que con la nueva regulación los criterios de calificación contable del inmovilizado material van a cambiar, por lo que muchas empresas que en estos momentos se pueden acoger a la deducción por reinversión, al no calificar a estos activos de activos fijos pues pasan a ser activos corrientes, incumplirían las condiciones fiscales. El compromiso de mi grupo parlamentario es introducir enmiendas en el Senado para que no tengan problemas a la hora de aplicar esta deducción fiscal.
Con toda seguridad me estoy dejando muchas cosas en el tintero, pero quiero transmitir la filosofía de mi grupo parlamentario. Nosotros, al igual que SS.SS., hemos trabajado para que las empresas tengan un instrumento que, cumpliendo las normas internacionales de contabilidad que hemos traspuesto del reglamento comunitario, no suscite la duda de que forman parte del derecho contable interno de este país. Ahí no podemos aceptar algunas enmiendas o sugerencias filosóficas referidas a las normas internacionales de contabilidad, pues en España se necesita una seguridad jurídica que nos ha ido muy bien. Cuestión distinta es que flexibilicemos los criterios de adaptación y que, como se ha demostrado por parte de mi grupo parlamentario, en la misma sesión de debate seamos capaces de tener en cuenta todas sus preocupaciones para que el trabajo de esta Cámara no sea para este grupo parlamentario o para otro, sino para el bien de nuestras empresas. Es posible que me haya dejado algún compromiso en el tintero porque son muchos, pero hay uno que no me quiero dejar y es que, si hace falta profundizar en la línea que se ha expuesto, estaremos dispuestos a hacerlo. Le pedimos al Grupo Parlamentario Popular que el esfuerzo que todos hemos hecho no se quede en baldío, que lo apoye. Con su colaboración hemos hecho muchas modificaciones y hemos incorporado cantidad de enmiendas. Le solicitamos que no se quede al margen. Nos hemos comprometido, no nos da ningún apuro. Esperemos que también se comprometa, al igual que ha hecho el resto de grupos políticos, a los que agradezco sinceramente un trabajo de muchos meses.
Son normas para todas las empresas españolas. Imaginen el gran impacto que esto va a tener. Sería importante que esta Cámara les lanzara el mensaje de que trabajamos por ellas, de que no tenemos intereses contrapuestos. Todos trabajamos por que funcione la economía. Por eso pido un último esfuerzo: que saquemos esta ley, si es posible, por unanimidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Torres.
- PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. (Número de expedien--te 121/000100.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el debate del punto 40 del orden del día, referido al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia.
Si ningún diputado va a hacer presentación del dictamen de la comisión, comenzaremos con el turno a favor de las enmiendas presentadas. En primer lugar, intervendrá el señor Mardones en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Mi grupo solo mantiene viva para este debate ante el Pleno una enmienda a este proyecto de ley. Esta enmienda trata de hacer una introducción y una modificación, pero no en el fondo o la forma de este proyecto de ley, sino para la efectividad en la defensa de la competencia de lo que consideramos unas restricciones o dificultades en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco.
Esta Ley 28/2005, defendida en su momento por el Ministerio de Sanidad y Consumo español, regula la venta y el suministro de este producto de consumo como es el tabaco. Nuestra enmienda únicamente pretende hacer un mantenimiento, que es armónico y permisible con la directiva comunitaria en cuanto a que hay una serie de pequeños comercios que, entre otras cosas, venden tabaco y están ubicados en aeropuertos, estaciones de autobuses y estaciones de transporte marítimo y ferroviario de toda España. Desde un punto de vista económico, no es posible la inducción que se efectúa por la carestía y porque no hay posibilidades físicas ni administrativas de sacarlo fuera de estos establecimientos de aeropuertos, estaciones de autobuses y embarcaderos de transporte marítimo o estaciones ferroviarias. La economía de este colectivo -muy abundante en toda España- sufriría por un efecto colateral de la Ley 28/2005 y este hecho alteraría la defensa de la competencia. Por tanto, esta es nuestra enmienda que vamos a mantener para su votación.
Dicho esto, mi grupo fija posición respecto a este nuevo texto del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que valoramos muy positivamente. La experiencia de los últimos quince años así lo demuestra, sobre todo desde que se debatió en esta Cámara la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia que venía impuesta desde 1986, fecha en la que el Estado español ingresa en la entonces Comunidad Económica Europea y tiene que empezar a adaptar su legislación al acervo comunitario, uno de los más importantes principios era el relativo a la defensa de la competencia: dar a todos los sectores productivos de la economía española una norma que permita una seguridad jurídica en todas las actividades que evite competencias desleales, posiciones de dominio de mercados en las que grandes colectivos de empresas multinacionales podían distorsionar la fecundación de una economía liberal de mercado que se tenía que reflejar en las tarifas, en los precios y en cualquier otra actividad comercial.
Para impedir esas prácticas restrictivas que no permiten el desarrollo de la libertad económica, faltaba en nuestro ordenamiento una legislación específica. Pues bien, la Ley de Defensa de la
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Competencia, de 1989, creó dos órganos fundamentales: el Servicio de Defensa de la Competencia y el tribunal; dos figuras que ahora desaparecen con esta nueva ley, por quedar todas sus competencias más las actualizadas integradas en la nueva figura de la Comisión Nacional de la Competencia. Creo que es un acierto que va a permitir, fundamentalmente, cumplir lo que el mercado nos demanda y las normas democráticas de la libre competencia. ¿Cómo? Reformando el sistema español de defensa de la competencia, reforzando los mecanismos ya existentes y dotando de poderes a la Comisión Nacional de la Competencia y a los órganos de defensa de la misma que existen en las comunidades autónomas en razón de las competencias reconocidas en sus estatutos de autonomías, según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
Nosotros apoyamos este proyecto de ley porque creemos que se dota de una estructura institucional óptima para su cometido; se protege la competencia efectiva en los mercados y, sobre todo, se tiene en cuenta el nuevo sistema de disposiciones emitidas tanto por el Consejo Europeo como por el Parlamento Europeo en las directivas y acuerdos de estos órganos multinacionales en el seno de la Unión Europea. Han transcurrido los años suficientes, más de quince, para hacer estas adaptaciones fundamentales, respetando unos principios que quiero destacar para justificar nuestro voto a favor de la aprobación de este proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. En primer lugar, junto a la racionalidad que supone la creación de la Comisión Nacional de la Competencia, está la garantía de la seguridad jurídica. Basta destacar que el título del capítulo I habla de las conductas prohibidas y su artículo 1 de conductas colusorias para darnos cuenta de que estamos entrando en el terreno de las garantías jurídicas que permiten la seguridad de la actividad empresarial. Por tanto, seguridad jurídica de todos los operadores económicos, independencia en la toma de decisiones de la Comisión Nacional de la Competencia. Esa será su prueba de fuego para no ser un organismo aleatoriamente manipulable por poderes gubernamentales o fácticos que se puedan mover en la economía. La piedra de toque deberá estar en la seguridad jurídica de los operadores económicos, la independencia en la toma de decisiones, la responsabilidad frente a la sociedad que demanda una transparencia en cuanto a precios, suministros, servicios, etcétera, así como la lucha jurídica efectiva contra las conductas restrictivas y la búsqueda de la coherencia de todo el sistema. Por entender que este proyecto de ley lo reúne y nos ponemos a la altura de las exigencias de protección de los consumidores que demanda la sociedad española dentro de la Unión Europea, votaremos favorablemente este proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señora Mardones.
Continuamos con el señor Azpiazu, en nombre del Grupo Vasco, para defender sus enmiendas.
Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna con la intención de hacer una valoración del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia en su estado actual, es decir, una vez incorporadas las enmiendas que hemos transaccionado con el Grupo Socialista. He de decir que en el Grupo Vasco se encuentra moderadamente satisfecho con los acuerdos alcanzados tanto con el Grupo Socialista como con el Ministerio de Economía y Hacienda.
Nuestro grupo hace, en general, una valoración positiva del proyecto de Ley de Defensa de la Competencia tanto en lo que respecta a los principios en los que se basa como a los objetivos que persigue. En efecto, el proyecto incorpora aspectos novedosos que impulsan la defensa de la competencia como principio rector de nuestro sistema económico: moderniza la estructura institucional de los órganos de defensa de la competencia, creando un subórgano como es la Comisión Nacional de Competencia; establece un sistema de excepción legal en el análisis de las conductas colusorias; reduce los plazos previstos para la resolución de expedientes sancionadores; amplía las competencias de la Comisión Nacional de Competencia en el control y concentraciones; etcétera. En definitiva, se trata de un texto que efectivamente moderniza el modelo de defensa de la competencia que actualmente se encuentra en vigor y adapta el modelo estatal al modelo comunitario de defensa de la competencia que se inició el 1 de mayo de 2004 con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003.
El proyecto de ley que nos presentó en su día el Gobierno era -y creemos que es todavía- incompleto al haber marginado un aspecto que parece esencial para el buen funcionamiento del sistema estatal y, a pesar de haber sido corregido parcialmente con las transacciones que hemos acordado, no nos satisface plenamente. Consideramos que en un futuro se puede abordar esta reforma más en profundidad. Me estoy refiriendo a la descentralización que se inició con la Ley 1/2002. Una ley, a nuestro juicio, incompleta, imprecisa e incoherente, que fue adoptada para salir del paso tras la adopción de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1999 que implicaba la puesta en funcionamiento de un sistema descentralizado de reparto de competencias exclusivas en aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia entre órganos estatales y autonómicos.
En ese sentido cabe manifestar que el proyecto de ley no nos gusta del todo, por un lado, porque no prevé las modificaciones de la citada Ley 1/2002, cuando lo razonable hubiera sido incorporar la regulación relativa a la coordinación entre las autoridades de competencia dentro de su texto articulado, obviamente mejorando el actual y, por otro lado, porque los aspectos novedosos que incorpora el proyecto de ley, el reparto de competencias entre la autoridad estatal y las autonómicas, era -y ahora es menos, pero también sigue siéndolo- relativamente asimétrico, cuando lo razonable hubiera sido que en un sistema de reparto de competencias los puntos de conexión hubieran servido para delimitar claramente las competencias de
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cada autoridad con independencia de la conducta o de la actividad objeto de control. A nuestro entender, existe aún una falta manifiesta de claridad en la definición de los puntos de conexión para el reparto de los asuntos y, asimismo, falta un criterio coherente que delimite y defina la actividad que deben llevar a cabo las autoridades autonómicas de la competencia. Lo razonable hubiera sido que tanto la autoridad estatal como los órganos autonómicos, tras aplicar un punto de conexión claro, intervinieran en el análisis y en la resolución de expedientes con independencia de la vertiente del derecho de la competencia al que pertenecen. En particular, me quiero referir a las conductas colusorias: acuerdos entre empresas; abusos de posición dominante y actos de competencia desleal, incluso, que puedan afectar al mercado intracomunitario, en cuyo caso deberían aplicarse los artículos 81 y 82 del tratado junto con los artículos 1 y 2 de esta ley; control y concentraciones en empresas; realización de informe y control de los criterios de concesión de las ayudas públicas y control de la actividad normativa de la Administración. Nuestro grupo entiende que este era el momento oportuno para realizar una reforma completa y otorgar al sistema una coherencia que hoy en día desgraciadamente aún no posee. Por esta razón presentamos una serie de enmiendas que transaccionamos, de las cuales únicamente nos queda hoy una viva para votar en este Pleno, dirigidas a completar esta gran laguna y otorgar al texto una mayor coherencia, dando a los órganos autonómicos de la competencia un papel más relevante en la defensa de la competencia en el sentido que he indicado anteriormente.
He de decir que hemos mantenido varias reuniones con los responsables del Ministerio de Economía y con el Grupo Parlamentario Socialista a fin de llegar a acuerdos puntuales que a nuestro juicio hubieran mejorado sustancialmente el sistema. Creemos firmemente que la defensa de la competencia debe llevarse a efecto con eficacia en todos los sectores y en todos los mercados territorialmente considerados y hasta ahora la labor desarrollada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, si bien no debe ser desdeñada, ha sido forzosamente muy parcial debido a la limitación que posee. La creación de nuevos organismos autonómicos lógicamente refuerza e impulsa la defensa de la competencia en el territorio estatal. Por ello debemos evitar que la nueva ley coarte sus competencias y por ende aminore su eficacia. Nuestras propuestas no han sido aceptadas, yo diría que lógicamente, de forma íntegra. No obstante entendemos que el esfuerzo realizado, tanto por el ministerio como por el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Socialista, ha sido considerable para incorporar en el texto del proyecto una serie de precisiones tendentes a otorgar un papel más relevante a los órganos autonómicos en la aplicación de la ley.
Las modificaciones que a propuesta del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) se han incorporado en el texto mejoran, a nuestro juicio, las potestades de las autoridades autonómicas al concederles la posibilidad de intervenir, aunque sea en tanto órganos consultivos, en casi todas las materias reguladas en el texto. Así cabe destacar las modificaciones relativas, en primer lugar, al ámbito del control de las ayudas públicas donde se las equipara a la Comisión Nacional de Competencia; en segundo lugar, al control de la actividad normativa de la Administración, donde también puede intervenir con las mismas facultades que la Comisión Nacional de Competencia; en tercer lugar, al ámbito de control de concentraciones, donde se solicitará informe preceptivo y no vinculante cuando la operación incida de forma importante en el territorio de una comunidad autónoma; en cuarto lugar, la aplicación del derecho comunitario en los ar-tículos 81 y 82 del tratado, donde emitían un informe preceptivo y no vinculante en los casos en que se aprecie una incidencia importante en el territorio de una comunidad autónoma; en quinto lugar, asimismo se les permitirá intervenir en los casos de inaplicabilidad de los artículos 1º y 2º de esta ley a través del Consejo Nacional de Competencia; en sexto lugar, se autoriza a los órganos autonómicos a relacionarse en el marco de sus competencias con los reguladores sectoriales y los órganos judiciales; y, finalmente, no se ponen obstáculos a que los órganos autonómicos puedan desarrollar actividades de promoción de la competencia y se les permite proseguir su labor de órgano consultivo en el otorgamiento de licencias comerciales a las grandes superficies.
Quiero significar que pretendíamos modificar a fondo la Ley 1/2002 para establecer un modelo de relaciones entre autoridades de competencia más simétrico y más coherente que el actual. También he de decir que el ministerio se ha mostrado dispuesto a mejorar en el futuro algunas disposiciones de esta ley y adoptar medidas para clarificar el contenido de otras. Excusándose en el todavía incipiente momento en que nos encontramos en cuanto a la creación de autoridades autonómicas de competencia, el Gobierno nos ha sugerido proceder a estas modificaciones y resolver estos problemas existentes en un futuro que desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) esperamos no muy tardío. En definitiva, si bien la posición del ministerio -insisto otra vez- no nos complace totalmente, entendemos que sí se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar la ley y para considerar con mayor dosis de confianza la labor que pueden desempeñar los órganos autonómicos en esta materia de gran importancia para dinamizar el desarrollo económico. Por ello nuestro grupo apoya este proyecto en el que ha habido un consenso suficiente con el Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Azpiazu.
El siguiente grupo con enmiendas presentadas es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Puig quien en su nombre las defienda en la tribuna.
Nuestro grupo parlamentario presentó varias enmiendas de carácter competencial que han sido transaccionadas
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en Comisión y nos alegramos porque con ello desaparecen parte de las dudas más importantes que teníamos al proyecto de ley. En ese sentido, nuestro grupo lo va a votar favorablemente. Salvado este escollo, siguen existiendo algunas enmiendas que a nuestro entender mejoran el proyecto.
Cabe destacar la enmienda número 87, por la que se pretende incorporar al texto una disposición adicional que debe actuar como cláusula de salvaguarda en el sentido de que se somete a la aplicación del conjunto de la ley el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. A pesar de que las dudas competenciales que tuvimos en su día han sido resueltas, la incorporación de esta enmienda serviría como norma de cierre, como garantía definitiva de que no se producirá invasión competencial alguna ni en la aplicación de la ley ni en su desarrollo.
El resto de las enmiendas que nuestro grupo mantiene para el debate y para la votación en Pleno se podrían englobar en distintos grupos. En primer lugar, las que hacen referencia a la forma de escoger, tanto al presidente de la comisión como a los consejeros. En este sentido, nuestro grupo parlamentario proponía que la comisión estuviera compuesta por ocho consejeros, además del presidente, pero con esta enmienda, transaccionada junto con otras de otros grupos parlamentarios, su composición queda finalmente en seis consejeros. En lo que no nos pusimos de acuerdo, y discrepamos, es en cómo regula el proyecto de ley la forma de designación del presidente y de dichos consejeros. Nuestro grupo viene a proponer un sistema similar al que se adopta en otros organismos reguladores, y que supone la intervención decisiva del Parlamento en su elección; proponemos que sea la Comisión de Economía, por acuerdo de cuatro séptimas partes, la que manifieste su aceptación tanto del presidente como de los consejeros nombrados por el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Economía. Entendemos que esta fórmula permite que dicho órgano goce de la mayor imparcialidad y consenso. En ese sentido, las enmiendas números 70, 71 y 74 son consecuencia de lo anterior y hacen referencia a las mayorías necesarias para adoptar acuerdos en el seno de la Comisión.
En segundo lugar, otro bloque de enmiendas se refiere a los aspectos procedimentales; son las números 76, 77, 79, 80, 81, 82 y 86. Sin entrar a valorar de forma detallada cada una de ellas, podemos afirmar que forman un hilo argumental que persigue la seguridad jurídica del procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la competencia, así como del procedimiento de control de las concentraciones. A nuestro entender, la ley otorga a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia unos plazos muy amplios para poder resolver, lo que redunda en una inseguridad jurídica totalmente innecesaria, puesto que se podrían acortar, y en algunos casos suprimir algún acto procedimental que entendemos injustificado, todo ello para evitar que la situación originada por estos citados procedimientos se vea dilatada en el tiempo.
Gran parte de estas enmiendas, pues, reducen dichos plazos e igualmente se establecen más garantías procedimentales, como la enmienda número 85, que prevé un trato similar al de la Ley de Enjuiciamiento Civil en determinados procedimientos, como la diligencia final o para mejor proveer. En ese caso, la enmienda número 85 introduce este trámite a fin de que la Comisión, motu proprio, acabado el periodo de pruebas y conclusiones y antes de dictar resolución, acuerde la práctica de cualquier diligencia de prueba para mejor formación de su convencimiento a la hora de resolver.
Finalmente, existe un tercer grupo de enmiendas que no tienen ningún tipo de relación argumental entre sí; nuestro grupo parlamentario entiende que algunas son simplemente de mejora técnica del texto de la ley. La enmienda número 58 pretende excluir del ámbito de aplicación de la ley aquellas conductas colusorias o prohibidas que sean de menor importancia, a efectos de evitar que para casos muy simples o de poca relevancia tenga que intervenir la Comisión de Defensa de la Competencia o sus equivalentes. La enmienda número 64 de nuestro grupo parlamentario introduce la definición de concepto de ayuda pública, que entendemos procedente conste definido en el propio texto de la ley a efectos de su aplicación.
Con ello, damos por defendidas nuestras enmiendas. Repito que valoramos el hecho de haber llegado a consensos amplios en buena parte de la ley, sobre todo en la parte que preocupaba más a nuestro grupo parlamentario, que era el tema competencial, que entendemos que ha sufrido una mejora importante y, por eso, nuestro voto es favorable en líneas generales al proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Puig.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra para defender sus enmiendas a este proyecto de ley.
Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió también está moderadamente satisfecho por la negociación que hemos mantenido con el Gobierno socialista y con el Grupo Parlamentario Socialista, en la que hemos conseguido consensuar y pactar alrededor de veinticinco enmiendas que, desde nuestro punto de vista, eran relevantes, fundamentales para poder dar apoyo a este proyecto de ley, ya que básicamente estas enmiendas introducidas refuerzan el respeto a las competencias de las comunidades autónomas. Esta era una cuestión en la que, como diré a continuación, hay algunos aspectos autonómicos en los que nos hubiera gustado profundizar más aún, pero esperamos que en lo que queda de trámite en este debate parlamentario en este Pleno y en las posteriores negociaciones en el Senado seamos capaces de avanzar un poco más. En cualquier caso, todos los grupos parlamentarios podríamos felicitarnos, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, que ha hecho un esfuerzo significativo para poder llegar a acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios,
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por el hecho de que todos aquellos aspectos que hacen referencia a la defensa de las competencias de las comunidades autónomas puedan estar incorporados en el proceso europeo de políticas de la competencia.
Señorías, a nuestro grupo parlamentario le hubiera gustado llegar a acuerdos más competenciales que, no siendo fundamentales en un futuro inmediato, a medida que se vayan produciendo diferentes resoluciones en los tribunales, podríamos incorporarlos en este dictamen de las Cortes Generales. Nos hubiera gustado avanzar en la efectiva reducción de los plazos y en la tramitación de los expedientes de la Comisión Nacional de la Competencia, así como de los que tramitan los tribunales de defensa de la competencia de las comunidades autónomas. También a nuestro grupo le hubiera gustado continuar avanzando en la participación de las comunidades autónomas en los procesos en los que sean de aplicación los artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. Esta es una cuestión que coincide básicamente con todos los planteamientos que el diputado Azpiazu ha formulado, en nombre del Partido Nacionalista Vasco.
Ellos también piensan que se han quedado cortos en las negociaciones con el Grupo Parlamentario Socialista. También a nosotros nos hubiera gustado avanzar más en el proceso de coordinación entre la Comisión Nacional de la Competencia y los tribunales autonómicos, aunque en estos aspectos relevantes podríamos seguir avanzando en la tramitación en el Senado.
Otro aspecto relevante -y sería interesante poder llegar a un acuerdo en él- es el reconocimiento pleno de las funciones consultivas de los órganos autonómicos, y, al mismo tiempo, no sería nada difícil mejorar el proceso de participación de las Cortes en el nombramiento de los miembros de la Comisión Nacional de la Competencia, así como en su funcionamiento interno.
Por lo que se refiere a los aspectos de la negociación en que hubiéramos podido llegar más lejos, uno de ellos es el de continuar ampliando todas aquellas competencias de participación de los tribunales de defensa de la competencia especialmente en las materias de comercio interior, en las cuales todas SS.SS. saben que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva. Estos son los aspectos más importantes en los cuales no se ha sido posible avanzar significativamente para poder llegar a un acuerdo global con el Grupo Parlamentario Socialista; quedan encima de la mesa; hay muchísimo tiempo en un futuro para poder consensuar una serie de jurisprudencias en materia de defensa de la competencia, que sinceramente creo que podremos incorporar en los futuros textos legislativos, pero repito que a nuestro grupo parlamentario -al igual que han manifestado el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana en defensa de sus enmiendas- le gustaría profundizar en estas materias, por lo que pediría otro esfuerzo significativo al Grupo Parlamentario Socialista para poder llegar a un acuerdo importante en el Senado. El Senado no deja de ser una cámara importante en legislación y en lo que representan las Cortes Generales del Estado español, y sinceramente estimo que, de una forma sosegada, con los diferentes grupos parlamentarios, se puede reabrir una negociación con el Gobierno para ver si es posible materializar algunos de estos aspectos que acabo de mencionar. Si ha sido posible llegar a un acuerdo y resolver situaciones difíciles en un proyecto de ley al que diferentes grupos parlamentarios, como el de Convergència i Unió, presentamos enmiendas a la totalidad, porque lo creíamos imposible, ¿por qué no podemos llegar a un acuerdo en cuestiones no tan relevantes y en las que se ha manifestado esa voluntad por el Grupo Parlamentario Socialista, reconociendo en este caso la complicidad de la señora Malaret en las negociaciones? Esta es una propuesta que Convergència i Unió deja encima de la mesa, y esperamos poder cumplir en el Senado algunas de nuestras expectativas y que son coincidentes con las de algunos grupos parlamentarios.
¿En qué hemos mejorado en el trámite parlamentario de la Comisión y en la negociación con los diferentes grupos parlamentarios, en concreto con el Grupo Parlamentario Socialista? Hemos mejorado sensiblemente en aspectos fundamentales que afectaban a las competencias autonómicas, lo que ha motivado que nuestro grupo parlamentario retirara la enmienda a la totalidad. Hay aspectos de esta tramitación que creemos que vale la pena mencionar, como aquel en el que se posibilita la participación de los órganos autonómicos en la adopción de decisiones sobre inaplicabilidad, cuando lo requiera el interés público; las normas sobre las conductas prohibidas por Defensa de la Competencia en acuerdos, decisiones o prácticas, y otro aspecto importante en el que también se ha conseguido consenso, como es incorporar a las comunidades autónomas en la valoración de conductas que afecten al comercio intracomunitario, es decir, supraautonómico, pero que incidan de una forma significativa en el territorio de la comunidad autónoma.
Hay otro avance significativo, como es la coordinación entre órganos estatales y autonómicos en la defensa de la competencia. Por ejemplo, la Comisión Nacional de la Competencia remitirá a los órganos autonómicos copia de todas las denuncias sobre las que existan indicios racionales de infracción que afecten a conductas de las respectivas comunidades autónomas, y se les pedirá informe preceptivo, aunque no será vinculante.
Es muy positivo el avance en la admisión de que las comunidades autónomas puedan participar en la comprobación de las ayudas públicas concedidas en su territorio, así como la posibilidad de impugnar actos de las administraciones autonómicas o locales de los que se deriven obstáculos de competencia. Es positivo al mismo tiempo recalcar que las comunidades autónomas puedan informar preceptivamente en el ámbito de las concentraciones económicas, que era uno de los aspectos que motivaron nuestra presentación de la enmienda a la totalidad, y hemos podido llegar a un acuerdo, en el que también estaba muy interesado el Partido Nacionalista Vasco. Creo que vale la pena manifestarlo y exponer públicamente que ha sido muy positivo que las comunidades autónomas puedan informar preceptivamente en el ámbito de las concentraciones. Son muy positivos los mecanismos de cooperación
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de los órganos de defensa de la competencia autonómicos con los órganos jurisdiccionales y con los órganos reguladores, y al mismo tiempo es muy relevante -y este grupo parlamentario muestra su satisfacción por ello- que se haya podido conseguir un acuerdo para que los órganos autonómicos puedan intervenir en los proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, cuando su instalación en la zona de que se trate pueda alterar la libre competencia.
Por tanto, son aspectos relevantes que han motivado este consenso, pero repito que hay otros aspectos, que no por ser colaterales dejan de ser importantes, en los que nos gustaría poder abrir otra mesa de negociación con todas las formaciones políticas y poder completar definitivamente esta ley, para que podamos celebrar que dicha tramitación haya sido un éxito en la negociación entre todas las formaciones políticas.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Sánchez i Llibre, muchas gracias.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular en lo relativo a la defensa de enmiendas, y será el señor Erias quien en su nombre defenderá las enmiendas del Grupo Popular.
El señor ERIAS REY: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que se dictamina hoy tiene, como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones a lo largo del trámite parlamentario, una gran trascendencia para la economía española. Nosotros hemos presentado al texto inicial bastantes enmiendas que han sido aceptadas, y por lo cual queremos agradecer el espíritu de consenso desarrollado, tanto por el Gobierno como por el Grupo Socialista, para intentar contribuir entre todos a la mejora de este proyecto de ley. Estamos razonablemente satisfechos por los resultados alcanzados, pero nos gustaría que la sensibilidad de los distintos grupos permitiera mejorar el texto en algunos asuntos que nosotros todavía continuamos pensando que se podrían mejorar. En concreto, seguimos insistiendo en que es necesario intentar que la independencia formal en la Comisión Nacional de la Competencia y el Gobierno, en el nombramiento de su presidente y de los consejeros, sea relativamente modificada porque, a estas alturas, lo que se contempla en el artículo 29.1 y 29.2 -que al presentar la enmienda, por error, hicimos constar artículo 21.1 y 21.2-, que es pretender dar independencia a un regulador del Gobierno y dejar el texto diciendo que el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que lo será también del consejo, será nombrado por el Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, nos parece, a todas luces, que, si bien la independencia real pudiera ser alcanzada, la independencia formal, la independencia en la medida en que sea nombrado a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, por el ministro y por el Gobierno, puede ser claramente mejorada. Por ese motivo nosotros presentamos las enmiendas números 94 y 95, que son las que se mantienen vivas, proponiendo que el presidente de la Comisión Nacional de la Competencia sea nombrado por el Congreso de los Diputados, por la mayoría de los tres quintos de la Cámara, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio. Lo mismo que decimos para el nombramiento del presidente, lo decimos para los consejeros de la Comisión Nacional de la Competencia.
Creemos, y reitero, que el nombramiento por el Gobierno nos sitúa en una dependencia del Ejecutivo que, a nuestro entender, debemos de evitar, para garantizar tanto la independencia formal como la independencia real.
Por este motivo creemos que sería bueno que la naturaleza y la composición de los nuevos órganos de defensa de la competencia, es decir, de la Comisión Nacional de la Competencia, naciera desde el nombramiento de sus miembros con una independencia real del Ejecutivo, para que así existiera una auténtica separación entre el regulador y el Gobierno, y que se procediera, dada la relevancia de la norma que hoy debatimos, a una actuación similar a como sucede con el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo o del Tribunal de Cuentas. Si bien es cierto que a estos organismos el constituyente quiso dar mayor relevancia, no por ello podemos olvidarnos de que, transcurridos más de veinticinco años desde la aprobación de la Constitución, y con una amplia experiencia en los órganos reguladores de la competencia, debíamos de profundizar en darle una mayor relevancia a esta institución, básica para garantizar la libertad de empresa y que el funcionamiento de nuestro sistema económico sea lo más próximo a una economía de mercado, donde cada uno de los agentes desarrolle el papel que cabe presumir.
En cualquier caso, quiero indicar que estamos satisfechos por los resultados alcanzados y consideramos que el texto final ha mejorado de manera sustantiva al proyecto inicial; proyecto al cual presentamos una enmienda a la totalidad y luego un conjunto de enmiendas parciales, que creemos que, gracias a ese espíritu de consenso y a ese diálogo entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ha permitido alcanzar y mejorar un texto más en concordancia con lo que nos exigen los ciudadanos hoy, y con lo que las empresas también reclaman para nuestra economía.
En consecuencia, el gran beneficiado de este nuevo proyecto legislativo va a ser el tejido productivo. Las enmiendas que quedan vivas, no solo complementarían el beneficio que se deriva del articulado para quienes tienen que ser evaluados por esta ley, sino que ante la sociedad quedaría como un órgano con mayor empaque formal, lleno de auténtica independencia. Pensamos que la independencia también se puede alcanzar si las personas que desarrollen la función están reputadas por su propia autoridad, para que no haya ninguna duda de que los resultados del procedimiento son los que se esperan de ellas. Sin embargo, insistimos en que los aspectos de su nombramiento por parte del Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y
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Hacienda, dejan un poco lastrada la norma, que esperamos que en el trámite sucesivo, incluso hoy mismo, sea mejorada con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista y de los demás grupos. Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señoría; muchas gracias. Entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta. Intervenimos en este turno de posición en la medida en que las enmiendas que presentamos a este proyecto de Ley de Defensa de la Competencia fueron incorporadas al texto, bien a través de transaccionales con otros grupos o bien directamente. De las nueve enmiendas que presentamos, cinco estaban relacionadas con cuestiones competenciales, ya que en el proyecto de ley echábamos en falta que no se reconocieran para los órganos de defensa de la competencia de las comunidades autónomas competencias en materia de control de concentraciones, aunque sí se reconocían en materia de ayudas públicas por administraciones autonómicas o municipales en sus respectivos ámbitos territoriales, aunque tenemos que decir que en este último punto las competencias también son escasas, ya que se limitaban a la elaboración de informes para ser remitidos a la comisión nacional.
A nuestro entender, el proyecto de ley no adaptaba su ámbito competencial al proceso de reformas estatutarias, en el cual diversas comunidades autónomas están adoptando competencias exclusivas en materia de promoción de la competencia en los mercados de las actividades económicas que se ejercen principalmente en las comunidades autónomas, además de dotarse de tribunales autonómicos de defensa de la competencia. Estos aspectos que considerábamos faltaban en el proyecto fueron incorporados en el trámite de ponencia, quizá no como nos hubiera gustado a nosotros, pero sí para resolverlo favorablemente, a través de las enmiendas transaccionadas con otros grupos. Las enmiendas transaccionadas fueron cinco, dos de ellas incorporadas en ponencia, por lo que el texto que llega al Pleno puede decirse que sí cumple el objetivo que se pretendía con la reforma y que se recoge en el texto del proyecto de ley. Dicho texto no hará más que reforzar los mecanismos ya existentes, y dotar de los instrumentos y la estructura institucional óptima para proteger la competencia efectiva en los mercados, teniendo en cuenta el nuevo sistema normativo comunitario y las competencias de las comunidades autónomas. De ahí que en función de ese objetivo presentáramos nuestras enmiendas y que hoy podamos decir que también estamos razonablemente satisfechos por la incorporación de las mismas -en sus diferentes formas- al proyecto de ley. Por tanto, volvemos a decir que vamos a dar nuestro voto favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Fernández.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Tiene la palabra el señor Llamazares.
Mi grupo parlamentario también considera que se ha modificado para bien el proyecto de ley presentado por el Gobierno, que es mejor de lo que era inicialmente, y que lo que constituía nuestras principales preocupaciones -una de ellas la Comisión de Defensa de la Competencia y, otra, la relación con las comisiones de las comunidades autónomas- se ha aclarado, si bien todavía mantenemos diferencias con respecto al texto del dictamen, que intentaremos modificar en el trámite que queda pendiente.
Quería hacer una reflexión al hilo de mi profesión; cada vez es más frecuente en ella lo que se llama el sistema basado en la evidencia.
Aplicando el sistema basado en la evidencia, la competencia no es una palabra neutra, cada uno de nosotros tenemos nuestra concepción de la competencia, y si no veamos el caso Endesa y las concepciones que tienen la Unión Europea, el Estado español o el Estado alemán, que son distintas. Por tanto, nosotros quisiéramos un mecanismo escabinado, un mecanismo mixto de configuración de la Comisión de Defensa de la Competencia, que fuese nombrado por el Parlamento -siempre hemos sido partidarios de un nombramiento parlamentario-, pero que no fuese un parlamento en sí mismo; es decir, que no limitase la acción de la mayoría parlamentaria y, en consecuencia, del Gobierno, para una determinada orientación de la política de competencia.
Esa es la posición de mi grupo parlamentario, que está convencido de que en los últimos tiempos cada vez es más evidente que la economía también es un ámbito de la política -aunque cada vez se hable menos de economía política- y, por tanto, que la Comisión de Defensa de la Competencia tiene en sí una determinada orientación política, que debe ser plural, debe ser por nombramiento parlamentario, pero no debe desoír la mayoría parlamentaria, debe desarrollar la orientación política de la mayoría parlamentaria. Por eso nosotros seguiremos presentando nuestras enmiendas, con la esperanza de mejorar el texto, no en el sentido en el que lo plantea la propuesta inicial del Gobierno, tampoco de la propuesta del Partido Popular, sino, como digo, en una propuesta de carácter mixto que haga que la Comisión de Defensa de la Competencia sea nombrada por el Parlamentario -no por mayoría de tres quintos, porque si no daríamos derecho de veto a la oposición parlamentaria- y que permita desarrollar la política económica que en ese momento defienda el Gobierno de turno, que en materia de economía también tiene derecho a tener política, porque en los últimos tiempos cada vez da más la impresión de que la economía es un terreno vedado a la política. Nosotros no lo creemos así; como he dicho, hemos visto en el caso Endesa el profundo sentido político
de ese debate y, por tanto, en nuestras enmiendas intentaremos mejorar el texto que se nos ha propuesto.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Llamazares.
Finalizamos, señorías, con el turno de fijación de posiciones del Grupo Parlamentario Socialista. Será la señora Malaret quien haga uso de la palabra.
La señora MALARET GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere empezar expresando su satisfacción por la unanimidad con la que hoy aprobaremos el dictamen de la Comisión de Economía, relativo al proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. Junto a esta satisfacción, manifestamos nuestro agradecimiento por el trabajo realizado conjuntamente por todos los grupos parlamentarios. Esto nos ha permitido obtener el resultado que he anunciado. Creo que, como se ha señalado por otros ponentes, todos ganamos con ello. En efecto, no podemos olvidar que el origen del derecho de la competencia está precisamente en la lucha contra los cárteles, contra el poder económico; solo en fases posteriores emergerá una nueva vertiente del derecho a la competencia, como es el control de las concentraciones empresariales, un control ex ante para evitar que emerjan posiciones de dominio que condicionen el mercado.
El consenso parlamentario de hoy tiene su origen en el procedimiento de elaboración del proyecto seguido por el Ministerio de Economía y Hacienda. Así, primero se aprobó en 2005 un libro blanco en el que se identificaban los puntos fuertes y las debilidades del modelo vigente desde la ley de 1989 y las reformas sucesivas, examinando los aspectos tanto de carácter sustantivo como de carácter organizativo. Así, partiendo de la experiencia acumulada durante estos años se formulaban propuestas y a veces, presentando distintas alternativas, las propuestas sustentadas en las prácticas y modelos existentes en los países de nuestro entorno. Este sólido documento fue sometido a debate público y posteriormente, recogiendo las principales aportaciones, se elaboró un anteproyecto de ley debatido también ampliamente con los distintos colectivos profesionales y agentes interesados; un proceso de elaboración abierto, transparente, sosegado, anclado en fundamentos sólidos; un buen hacer que luego todos hemos sabido continuar en el Congreso.
Como en el debate en Pleno que celebramos con ocasión de una enmienda a la totalidad planteada por algunas cuestiones muy puntuales, relativas a la concreta distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas en este campo, no pudimos exponer las principales novedades que supone esta reforma del derecho español a la competencia, vamos a proceder a explicar ahora las claves de esta reforma. Son unos elementos fundamentales que no han sido cuestionados en ningún momento y por ello también hoy tendremos este acuerdo unánime. Todas las enmiendas y las transacciones a las que hemos llegado se han centrado en aspectos colaterales, introduciendo mayor certeza en las relaciones entre las distintas autoridades de defensa de la competencia -la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y los organismos autonómicos- y perfilando las garantías necesarias en aras de una mayor seguridad jurídica de las empresas.
Podemos sintetizar el contenido de este proyecto de Ley de Defensa de la Competencia en dos grandes líneas estratégicas: modernización del derecho a la competencia y diseño de un nuevo modelo institucional. Veamos. En cuanto a la modernización del derecho a la competencia, el proyecto introduce cambios en aspectos sustanciales y procedimentales, tanto para adecuarlo a las reformas realizadas en el derecho comunitario como para dotar de mayor eficacia al régimen vigente, si bien cabe señalar que la adecuación al derecho comunitario no constituye una obligación. No estamos ante la trasposición de una directiva que guíe y limite al legislador español, sino que esta puesta en sintonía obedece a razones de oportunidad, al convencimiento de que con estos cambios apostamos por un adecuado equilibrio entre intervención pública, en garantía del correcto funcionamiento de las reglas inherentes al mercado, y preservación de la libertad empresarial a fin de que existan los incentivos necesarios para el desarrollo económico y social; una convicción basada en razones y en evidencias, y por ello ampliamente compartida como hoy estamos viendo.
En este ámbito de la modernización del derecho a la competencia los cambios sustantivos que podemos retener ahora son los siguientes. En primer lugar, simplificación del régimen de las conductas restrictivas de la competencia apostando por un mecanismo de autoevaluación. En segundo lugar, un nuevo régimen de control de concentraciones aclarando el concepto mismo de concentración, basado sobre todo en la idea de control y, sobre todo, reforzando el papel de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y limitando el papel del Gobierno. En tercer lugar, se articulan las relaciones de cooperación entre los tribunales ordinarios -que se ven llamados a desempeñar una tarea cada vez mayor en defensa de la competencia- y las distintas autoridades de defensa de la competencia, posibilitando que estas acudan aportando su saber y su quehacer profesional para ilustrar mejor la tarea de los tribunales. Finalmente, se introduce lo que en traducción al castellano se ha venido en llamar mecanismos de clemencia, esto es la posibilidad de exonerar del pago de la multa o bien reducir la misma a las empresas que, habiendo formado parte de cárteles, aporten información y pruebas sustantivas para la investigación y que inicialmente denuncien precisamente estos cárteles.
La segunda gran línea estratégica -como hemos señalado- lo constituye el diseño de un nuevo modelo institucional. Para dar mayor racionalidad, eficacia y credibilidad a las decisiones de los poderes públicos en materia de competencia, se crea la Comisión Nacional de la Competencia con la consiguiente integración en su seno del Servicio de Defensa de la Competencia y el
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Tribunal de Defensa de la Competencia, pero se mantiene la separación funcional y orgánica para contribuir a la mayor garantía de las empresas y, por ello, también se conserva para el órgano resolutorio la vieja denominación de Tribunal de Defensa de la Competencia. Este diseño institucional pretende evitar duplicidades y alargar innecesariamente el procedimiento. También, por ello, en el procedimiento de control de concentraciones se limita muy taxativamente el papel del Gobierno, que solo intervendrá en aquellos supuestos necesarios para garantizar el interés general cuando este no estribe en la mera defensa de la competencia, diseño institucional que aúna profesionalidad y democracia, separando nítidamente los cometidos técnicos de los cometidos políticos en instancias dotadas de legitimidades distintas; si bien en un sistema democrático la legitimidad de toda instancia, incluidas las que responden a saberes profesionales, solo puede reconducirse en último término a la legitimidad democrática. Por ello, el proyecto apuesta, en consonancia con todos los modelos vigentes en los países de nuestro entorno y en consonancia con toda la literatura especializada en regulación por un modelo de nom-bramiento de los titulares de los órganos de matriz gubernamental, firmemente por un examen parlamentario de los candidatos del que, en su caso, se podrían inferir conclusiones, pero ya digo de acuerdo con nuestros modelos de nuestro entorno, de acuerdo con la unanimidad de la literatura especializada la apuesta es por un nombramiento de matriz gubernamental, si bien enfatizando y reforzando la profesionalidad. En definitiva, se trata de una reforma que refuerza la credibilidad de la política de la competencia y, por ello, también en el proyecto se apuesta decididamente por la transparencia del proceso decisorio y por la transparencia de las decisiones. Finalmente, porque estamos firmemente convencidos de que la credibilidad de las instituciones es un bien público a preservar y estamos dispuestos a realizar todos aquellos esfuerzos y a adoptar todas las medidas necesarias en esta dirección, el proyecto apuesta por que la creación de la nueva comisión de la competencia no suponga de manera automática el cese de los actuales miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, sino que este proceso se produzca de manera paulatina y pausada. Con esta reforma los ciudadanos y las empresas podrán continuar trabajando para que todos tengamos mayores cotas de bienestar y de desarrollo económico.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Malaret, muchas gracias.
- PROYECTO DE LEY DE LA CARRERA MILITAR. (Número de expediente 121/000114.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Entramos, señorías, en el debate del último punto del orden del día de hoy -el punto VIII- referido a los debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en particular, al proyecto de Ley de la Carrera Militar. En este punto, señorías, son dos las enmiendas de devolución que han sido presentadas, en particular por los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el de Esquerra Republicana.
Comenzaremos, señorías, con la presentación de este proyecto por el señor ministro de Defensa. Adelante, señor ministro, cuando quiera. (Rumores.) Señorías, silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Alonso Suárez): Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, antes de iniciar el debate sobre el proyecto de Ley de la Carrera Militar, comparezco para presentarlo ante SS.SS. una vez que el Gobierno lo remitió a las Cortes a finales del pasado mes de noviembre y que ustedes han podido analizarlo, de acuerdo con los plazos previstos en la Cámara. Al elaborarlo y al enviarlo, cumplíamos un objetivo del Gobierno y atendíamos al mandato recibido con la entrada en vigor de la Ley de Tropa y Marinería. Es cierto que el proyecto ha padecido unos meses retraso sobre las previsiones, retraso por el que pido disculpas, pero créanme cuando les digo que esta licencia temporal ha estado motivada por el deseo de perfeccionar el proyecto que se estaba elaborando. No obstante, hemos cumplido, en cualquier caso, con el deseo final suscrito por todos los grupos de la Cámara de disponer de este proyecto de ley. Asimismo, quiero hacer notar que la producción normativa en el área de Defensa está siendo muy digna de consideración en esta legislatura. Es una producción amplia, que ha abordado y sigue abordando aspectos fundamentales de nuestra Defensa en sus diversas dimensiones y con perspectivas de futuro. Además, es una producción coherente en cuanto a su desarrollo, procurando la secuencia lógica de las sucesivas normas, así como la idoneidad del momento de su aparición, en el caso, por ejemplo, de la Ley de Tropa y Marinería.
Señorías, señora presidenta, tras la Directiva de Defensa Nacional 1/2004, firmada por el presidente del Gobierno, y que ya contenía mandatos fundamentales en relación con los contenidos de esta nueva ley, por lo que respecta, en concreto, al personal militar, sacamos adelante un Real Decreto-ley de indemnizaciones para compensar a las víctimas de las misiones internacionales en las que participa España. Por otra parte, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de Defensa Nacional y vino a dar respuesta con ella a buena parte de los cambios acaecidos en el escenario estratégico, en la sociedad española, y en el propio seno de las Fuerzas Armadas, estableciendo unas bases actuales sobre las que construir el andamiaje de nuestra Defensa en los tiempos futuros. También en dicha ley se instaba la regulación de ciertos aspectos relacionados con el personal de nuestros Ejércitos y que reciben ahora su tratamiento debido en el proyecto que presentamos. En tercer lugar, el problema perentorio que padecíamos en cuanto al número de efectivos
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de tropa y marinería nos obligó a adelantarnos y a promover la correspondiente ley ya en el año 2005. Por lo demás, no olvido el mandato legislativo vigente recogido en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que consiste en abordar una nueva regulación de los derechos fundamentales de los militares profesionales, una regulación que, a juicio del Gobierno y espero que de SS.SS., deberá suceder a esta ley cuyo proyecto abordamos hoy, siguiendo la secuencia lógica de las normas.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, el proyecto de ley que hoy debatimos constituye un hito nuevo en la evolución de nuestras Fuerzas Armadas durante las últimas décadas. Históricamente, como bien saben, debemos asociarlo a la Ley 17/1989, que reguló y regula el régimen de personal militar profesional y que materializaba lo apuntado en la Ley de criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar, promulgada en 1980, por la que se había iniciado la adaptación de nuestras Fuerzas Armadas al sistema constitucional de 1978. También está vinculada a la más reciente Ley 17/1999, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, que procuró responder a los diversos cambios acaecidos en la sociedad española, así como a un concepto estratégico distinto que demandaba nuevas misiones y exigía ya la plena profesionalización de los Ejércitos.
Hago notar que si entre aquellas dos leyes referidas al personal militar discurrió una década, ahora serán más de ocho años los que disten entre la anterior Ley de régimen de personal y la Ley de carrera, que ahora presentamos. Por otra parte, si entre la Ley de 1980 y la de 1989 transcurrieron nueve años, ahora solo ha pasado un año y medio desde la publicación de la Ley Orgánica de la Defensa. Quiero decirles con esto que la cadencia es razonable, que no hay dilación en el proceso de modernización de nuestros Ejércitos y, además, que hay una coherencia intrínseca y explícita en la sucesión de las normas. Técnicamente, comparado con la de 1999, el proyecto actual consta de menos artículos y disposiciones y procura evitar detalles que son evidentemente reglamentarios. Además, incorpora nuevos contenidos sobre varios aspectos, tales como las reglas de comportamiento, la aplicación del principio de igualdad, la definición de las categorías militares, los centros universitarios de la Defensa, la homologación de los centros militares de formación y, sobre todo, un verdadero diseño de carrera para todos los profesionales de las Fuerzas Armadas. Pero más allá de estos aspectos descriptivos o técnicos -importantes, evidentemente-, quiero decirles que de lo que se trata fundamentalmente es de disponer de una ley que aborde, dentro de un conjunto coherente, los aspectos más relevantes que perfilan la vida y el itinerario profesional de un militar. Es una ley consecuente a la vez que debe -lo hace- integrar los cambios y las modificaciones en nuestro entorno, así como la experiencia y los resultados de las leyes que la precedieron, y de un modo muy especial una ley con perspectiva que atienda a los requerimientos del futuro.
Lo he dicho con anterioridad en muchos foros. Tenemos unos militares excelentes, unos militares que están a la altura y que se encuentran entre los mejores del mundo, pero esto solo seguirá siendo así en las próximas décadas si adoptamos en estos momentos las medidas necesarias y adecuadas para conseguirlo. Por consiguiente, la finalidad principal del proyecto que hemos remitido al Parlamento es lograr la mayor calidad posible de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y relacionadamente de la organización a la habrán y en la que habrán de servir en los tiempos venideros, y a tal propósito de calidad, señorías, debemos atender tanto a la hora de captar y formar a nuestros militares, como a la hora de establecer los procedimientos de ascenso y selección para el desempeño de las distintas responsabilidades. Desde esta concepción, señora presidenta, señoras y señores diputados, la formación de nuestros militares constituye un elemento crucial, de lo cual es consciente el Gobierno, como puede comprobarse en el texto remitido. La formación es fundamental tanto en el nivel de la formación inicial como en el del perfeccionamiento a lo largo de todo el itinerario profesional. En este nivel de perfeccionamiento, la enseñanza no solo deberá dirigirse a la actualización de los conocimientos necesarios para el empleo o a su ampliación para acceder a otros de mayor responsabilidad, sino que también se tratará de adquirir títulos y especializaciones que adapten o reorienten los perfiles profesionales. En cuanto a la formación inicial, el proyecto contiene una reforma notable, la cual constituye uno de sus aspectos más destacados. En este se profundiza y se va más allá de lo que se trató en la Ley de 1989, cuando a las enseñanzas impartidas en los centros docentes militares, que permitían el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales, se les daba la equivalencia con las titulaciones del sistema educativo general. Esta es la situación actual.
En el futuro, si finalmente el Parlamento lo aprueba, la obtención además de un título del sistema educativo general será requisito para acceder a dichas escalas, títulos que serán de grado universitario en el caso de los oficiales, de formación profesional de grado superior en el caso de los suboficiales y de formación profesional de grado medio en el caso de los soldados y marineros. En ambos casos, estas titulaciones acompañarán a una formación militar excelente e imprescindible, la que se requiere para el desempeño profesional, y atender a las necesidades de la organización y preparación de las unidades, así como su empleo en las operaciones. Por lo tanto, la formación militar es excelente y de carácter operativo, complementada con titulaciones civiles de grado universitario o de formación profesional, en relación con lo cual quiero hacer algún comentario, algunas precisiones.
El planteamiento que el proyecto contiene no es una ocurrencia arbitraria, sino que en mi opinión está muy bien fundamentado. Se trata de formar excelentes militares dentro de la complejidad de cometidos y tareas a las que deben responder, ya hoy y en el futuro, los miembros de las Fuerzas Armadas. Señorías, debemos evitar la simplificación que sería reducir la actividad militar a lo escuetamente operativo. Por supuesto que la obtención del mejor profesional, desde el punto de vista operativo, es inexcusable, es fundamental y está en la base de la
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organización militar, pero hay otras áreas que deben complementarla. Hay áreas como la gestión de recursos, la comunicación social, las relaciones internacionales, determinados aspectos relacionados con las altas tecnologías y otras más, en las que un militar de hoy -no digamos del futuro- va a emplear también una parte muy importante de su vida profesional. Por lo tanto, la pregunta es: ¿Cuáles son los varios soportes en los que viene a asentarse la formación? Son, en resumen, tres: una formación básica y general en los términos indicados, tanto de carácter civil como militar; una preparación operativa del mejor nivel posible y, a la vez, una socialización dentro del ámbito castrense que permita interiorizar los principios y valores característicos e ineludibles de la institución.
¿Cómo y dónde se va a impartir esta formación para el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales? En atención a todo lo expuesto, finalmente hemos optado por la alternativa que hemos expuesto en el texto del proyecto de ley. Se va a seguir realizando en academias militares que gestionarán el régimen de vida de los alumnos e impartirán, naturalmente, la formación militar, así como la conducente al título de formación de profesional en el caso de suboficiales y, en el caso de los oficiales, las enseñanzas necesarias para obtener los títulos universitarios del sistema educativo general se impartirán mediante un sistema de centros universitarios de la Defensa ubicados en dichas academias y adscritos a las universidades. Como pueden imaginar es un sistema exigente porque el ingreso, que será simultáneo, deberá cumplir con lo requerido para acceder a las enseñanzas de grado universitario y superar las pruebas para entrar en las academias, y porque además prevé una selección objetiva a lo largo del proceso de formación. Se trata así de una apuesta importante y, sin duda, compleja pero que no eludimos porque estamos convencidos de su necesidad y de su contribución a un objetivo que, como creo, compartimos todos. El objetivo es formar del mejor modo posible a quienes ejercen una profesión que demanda los mayores sacrificios cuando se trata de defender a España cumpliendo los preceptos constitucionales.
También se trata de que los militares que han de participar tanto en misiones internacionales como en la preservación de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, reciban la mayor y mejor formación posible; militares que, no lo olviden, deben estar preparados para afrontar situaciones de riesgo y ajustar su conducta al respeto a las personas y al derecho internacional; para los que la disciplina, con lo que esta significa de obedecer lo mandado y mandar con responsabilidad tiene que estar asumida; personas, militares que deben ejercer un liderazgo ante los subordinados, adquiriendo prestigio con su ejemplo y preparación; a quienes se exige comportarse con lealtad y compañerismo y prepararse para alcanzar el más alto grado de competencia profesional, por mencionarles solo algunas de las reglas de comportamiento que contiene el artículo 4 del proyecto de ley que hoy debatimos.
Asimismo, señorías, este es un proyecto que contiene importantes medidas derivadas de la evolución y los avances de nuestra sociedad, a la que nuestros militares pertenecen y sirven, y que deben ser incorporadas nítidamente a la vida diaria y a la organización de nuestros Ejércitos.
En el proyecto se potencia la igualdad de género y se declara la aplicación a los militares -tanto hombres como mujeres- todo lo previsto para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, naturalmente con las adaptaciones necesarias para las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas. Se establece la aplicación de las medidas de protección y prevención frente a la violencia de género y se reconocen los derechos de las mujeres militares, igualándolos con los reconocidos a todas las mujeres que trabajan para el Estado. En definitiva, se apuesta por la igualdad y se aplican principios ya asimilados en el ámbito de la Administración General del Estado.
Señorías, el personal militar es clave en la transformación actual y permanente de nuestros Ejércitos. Disponer de unas Fuerzas Armadas que respondan a los requerimientos de este tiempo y del que viene, capaces de cumplir con excelencia los cometidos y misiones encomendadas por nuestra Constitución y por la Ley de la Defensa Nacional, requiere prestar una gran atención a los recursos humanos que las sustentan. Para el conjunto de la organización, la distribución correcta de las responsabilidades y del sistema de ascensos son fundamentales. El sistema de ascensos que recoge el proyecto es más simple y racionalizado que el actual y se homogeneizan los criterios a emplear en las diferentes escalas. Desde la antigüedad a la elección, dependiendo del orden de ascenso del que se trate, y pasando por otros procedimientos, como la clasificación, el sistema está encaminado a potenciar cada vez más el mérito y la capacidad, incentivando la preparación y la dedicación profesional.
Señoras y señores diputados, a la hora de presentar este proyecto de ley también merecen mención el redimensionamiento de los efectivos y, de un modo especial, la renovación de los cuerpos y escalas. En cuanto al número, se procede a un nuevo dimensionamiento de los efectivos. Las nuevas cifras son el resultado de combinar las necesidades de la defensa con las disponibilidades demográficas, económicas y de reclutamiento.
Fijamos ahora un número entre los 130.000 y los 140.000 efectivos, incrementamos levemente el número de oficiales y suboficiales hasta los 50.000 -ahora hay 48.000-, pero se redistribuye a favor del número de los suboficiales y, finalmente, reducimos el número de oficiales generales, que pasa a ser de doscientos.
Sobre la renovación de los cuerpos y escalas, quiero recordarles que esta ya se señalaba en la Directiva de la Defensa Nacional y venía demandada desde la Ley 8/2006; es una renovación que incluye, por primera vez, a los militares de las escalas de tropa y marinería. En el proyecto que hemos presentado se mantiene la diferenciación entre cuerpos de carácter específico, de acuerdo con los requerimientos de cada ejército, y cuerpos de carácter común de las Fuerzas Armadas. Ahora los cuerpos generales con un mayor número de especialidades asumirán los cometidos de los cuerpos de especialistas de cada uno de los Ejércitos. Por consiguiente,
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hay modificaciones a favor de una estructura algo más simple, que va a redundar en la flexibilidad y en la eficacia, tanto en el nivel organizativo como en el operativo, al cual el primero debe servir.
En cuanto a la estructura de cuerpos y escalas se refiere, el gran cambio tiene lugar en las escalas, la nueva escala única de oficiales.
Actualmente, en los cuerpos generales de los Ejércitos y de infantería de Marina existe una escala de oficiales y otra superior de oficiales. Con esta ley desaparecerán ambas para dar paso a una única escala de oficiales. Se termina así con el modelo de escalas diferenciadas y dentro de esta reorganización viene a potenciarse a la vez la figura de los suboficiales, quienes, a partir de ahora, van a asumir nuevas responsabilidades incrementándose -es lógico y natural, y ocurre en todos los ejércitos del mundo desarrollado-, su peso dentro de la organización militar. Este planteamiento se considera mejor y tiene el respaldo interno de las Fuerzas Armadas, es razonable y el Gobierno considera necesaria la reforma. Me parece, señorías, que no hay discrepancias sobre el fondo ni sobre los objetivos y, por tanto, espero que obtenga el respaldo político de este Parlamento.
Señoras y señores diputados, por lo general, este tipo de cambios solo suelen presentar un problema, el de ejecución y, especialmente, el de tránsito desde la situación actual hasta la que habrá de producirse en su caso a consecuencia de la aprobación de la ley. Como no puede ser de otro modo, el proyecto incluye dichos procedimientos de transición y yo espero de SS.SS. que los asuman o que los mejoren. No es un reto, es un ruego que les hago explícitamente. Les pido que, si estamos de acuerdo en lo fundamental, en los objetivos y en la determinación de las necesidades de las que los deducimos, procuremos ponernos de acuerdo, evitemos la confrontación en el campo de respuestas o soluciones cuando son fundamentalmente técnicas, sea respaldando las que se ofrecen o aportando otras que, por lo que respecta al Gobierno, no tendremos dificultad en asumir si vienen a resolver mejor las cuestiones que nos preocupan y los objetivos que nos proponemos. Todos estos aspectos, los mencionados y otros más, tienen que ver con las vicisitudes por las que, como bien saben, discurre y evoluciona la vida profesional de quien hoy y mañana servirá a nuestras Fuerzas Armadas. Lo regulamos, señoras y señores diputados, desde la necesidad de adaptarlos al nuevo escenario militar que hemos proyectado ya previamente en nuestro ordenamiento jurídico, e introducimos cambios con el propósito de garantizar la calidad y de asegurar la máxima eficacia. Es un paso más ineludible en el proceso de modernización y de transformación de las Fuerzas Armadas. Puedo asegurarles que en su elaboración han predominado, sobre todo, los criterios de carácter profesional. Por tanto, salvo discrepancias graves en este sentido creo que no contiene ninguna dificultad política que no podamos superar.
Es un proyecto que ha habido que discutir mucho técnicamente, que llegó al Consejo de Ministros con el conocimiento y el apoyo de los Ejércitos y del Estado Mayor de la Defensa, y sobre el que nada más tener la aprobación del Gobierno, en las veinticuatro horas siguientes, comenzamos las relaciones con los grupos parlamentarios de cara a una tramitación que, por supuesto, esperamos que lo mejore. Puedo asegurarles, señorías, que el Gobierno, en coordinación con el Grupo Parlamentario Socialista, está dispuesto a recibir y a integrar constructivamente todas sus aportaciones.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor ministro, muchísimas gracias.
Comenzamos, señorías, con los turnos a favor de las enmiendas presentadas y lo haremos en primer lugar con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y en particular con su portavoz, don Gaspar Llamazares. Cuando quiera, señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, señora presidenta, mi grupo parlamentario, por primera vez en la legislatura, ha presentado una enmienda de devolución de un proyecto de ley en materia militar. Las razones de la presentación de esta enmienda de devolución son, en primer lugar, políticas, de política de defensa; en segundo lugar, son razones de forma, razones en relación con la forma de elaboración del proyecto de ley y, en tercer lugar, son razones de fondo, que tienen que ver con el contenido de este proyecto. En definitiva, mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene un desacuerdo de fondo con respecto al proyecto de Ley de la Carrera Militar y lo tiene porque, lejos de ser el proyecto consecuente de las dos leyes anteriores, de la Ley de Defensa Nacional y de la Ley de Tropa y Marinería, en nuestra opinión se queda en un proyecto de ley de racionalización de la carrera militar, lejos de lo que nosotros pretendíamos, que era un proyecto de ley de modernización, democratización y reestructuración de la carrera militar. Para nosotros esos eran los objetivos y, en nuestra opinión, no se cumplen suficientemente en el proyecto que nos presenta el Gobierno.
Hablemos en primer lugar de política de defensa. Decía Azaña que el problema de la elaboración en materia de defensa por parte de la República era que elaboraba mucho, pero que no había podido debatir -nunca lo hizo, solamente en un proyecto con respecto a los suboficiales- sobre política -decía él- de defensa o política de guerra. En nuestro caso hay algo de eso; no hemos podido discutir todavía de política de defensa en el Congreso de los Diputados. Pero hablando de política de defensa, nosotros creemos que no podemos respaldar una iniciativa que, si bien al inicio de legislatura nos permitió compartir con el Gobierno la retirada de tropas de Irak, nos permitió compartir con el Gobierno la decisión parlamentaria en el marco de los proyectos internacionales o nos permitió también avanzar en la profesionalización de las Fuerzas Armadas con la Ley de Tropa y Marinería, sin embargo, en este momento de la legislatura, pensamos que el Gobierno ha llevado a cabo un punto de inflexión, un retroceso, diríamos, en relación con la política de defensa.
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Retroceso externo e interno. Retroceso externo, empantanados con nuestra presencia militar en Afganistán, cada vez menos una presencia de seguridad y cada vez más una presencia de combate, para nosotros forma parte de la política de defensa. En segundo lugar, un Gobierno que, lejos de equilibrar nuestra situación internacional en el multilateralismo, aumenta sus compromisos compensatorios con los Estados Unidos, compromisos que han hecho, por ejemplo, impermeables las bases militares norteamericanas al conocimiento de este Parlamento, cuando estaba comprometido en la Ley de Defensa Nacional. Las bases de utilización conjunta son impermeables al control parlamentario. Compromisos que tienen que ver con un mayor grado de presencia de la OTAN y de su aparato militar en nuestro país. Recuerdo recientemente Albacete y ahora Zaragoza, que para nosotros significa un error. Compromisos, en definitiva, que tienen que ver con un modelo militar que no compartimos.
Nosotros no estamos planteando un modelo utópico, somos pacifistas, pero creemos que hay un modelo de transición, un modelo de transición hacia la paz, y ese modelo de transición debe ser un modelo defensivo profesional y vinculado a la política exterior de la Unión Europea. Sin embargo, nos vemos cada vez más en un modelo ofensivo y vinculado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con la cual hay cada vez mayores compromisos. Y eso trae como consecuencia una política de comercio de armas y de rearme en nuestro país que tampoco compartimos. No se trata de reducir -aunque sí sería una buena medida- el bajo gasto militar en nuestro país en el marco de la Unión Europea, se trata de que el gasto militar sea para ese ejército y para ese transarme que nosotros proponemos como alternativa.
En segundo lugar, pueden parecerles razones muy genéricas, pero también hay razones de forma y de fondo, señorías, porque este grupo parlamentario, en el entorno del debate de la Ley de Defensa Nacional, tuvo que retirar la ley de derechos y deberes de los militares, con la promesa del Gobierno, luego transformada en ley, de que en tres meses se trasladaría a esta Cámara el proyecto de ley de derechos y deberes de los militares. El Gobierno no solamente incumple un compromiso político con mi grupo parlamentario, que tuvo que bajarse de este estrado para retirar la ley, sino que además incumple un mandato legal. Y, además, el ministro de Defensa dice hoy que, por lógica, la ley de derechos y deberes debe venir después de la ley de la carrera militar. Señorías, eso no es así.
No lo es en términos del mandato legal -el mandato legal que incorporaba la Ley de Defensa Nacional era que ustedes tenían que presentar la ley de derechos y deberes en tres meses y no lo han cumplido- y tampoco es así en lógica, porque esta ley de la carrera militar debería haber tenido como precedente una ley de derechos y deberes de los militares que permitiera compartir esta ley con los distintos estamentos militares y no ser únicamente el reflejo de la opinión de los estados mayores. Esto está muy bien, pero en nuestra opinión tendría que ser también el reflejo de un compromiso, de un diálogo y de una negociación, con representantes de los militares, cosa que no ha sido posible porque no hay ley de derechos y deberes. Sin embargo ustedes aprovechan esta ley, para abundar en la contradicción, para introducir reglas de comportamiento que nosotros pensamos que deberían estar incluidas, bien en una reforma de las Reales Ordenanzas o bien en la ley de derechos y deberes de los militares.
Congruencia por congruencia, a nosotros nos parece nuestra posición más congruente, porque, desde el punto de vista de las formas, es muy importante cumplir los compromisos adquiridos y no los han cumplido ni con nuestro grupo parlamentario ni con la Cámara, que les mandata por ley la presentación de la ley de derechos y deberes de los militares.
En tercer lugar, desacuerdo también de formas, porque hay un escaso proceso de negociación. Nos hemos encontrado sobre todo con un pacto interno de los mandos del ejército, necesario para una reforma de la carrera militar, pero, como digo, insuficiente. Insuficiente porque no consta que se haya producido ese mismo nivel de acuerdo con las asociaciones que ya empiezan a funcionar en el ámbito militar y que deberían ser legales a tenor del compromiso de la ley de derechos y deberes de los militares. Lo que ha habido, en nuestra opinión, es una falta de negociación política, porque, si bien en las leyes anteriores habíamos tenido la oportunidad de negociar previamente a la elaboración del proyecto de ley, en este caso no ha sido así y hemos encontrado un proyecto de ley pactado a nivel interno pero que no ha sido pactado con las fuerzas políticas parlamentarias. Incluso no ha sido pactado con aquellas que habían pactado la Ley de Defensa Nacional o la Ley de Tropa y Marinería. Por tanto, déficit con relación a la negociación y al acuerdo. Y, en cuarto lugar, desacuerdo en las formas, porque esta ley deja demasiados temas fundamentales al desarrollo reglamentario. Han aprendido ustedes de Romanones, nosotros hacemos las leyes y luego el propio Ministerio de Defensa y el ejército hacen el desarrollo reglamentario. Hay muchas cosas que quedan genéricas y que no permiten luego el control parlamentario. A nosotros nos hubiera gustado una ley más precisa, que no dejase tantas cosas al desarrollo reglamentario y que permitiese el control parlamentario del Congreso de los Diputados. Esta deja demasiadas cosas en manos de los cuarteles generales y en la cúpula de las Fuerzas Armadas.
Señorías, esas son nuestras razones políticas y nuestras razones de forma.
Vayamos también a las razones que tienen que ver con el fondo de la propuesta. Antes me he referido al modelo de ejército. Ahí no tenemos acuerdo, señorías, no lo tenemos. Porque ustedes, en relación con la carrera militar, en este caso con el volumen de la oficialidad, realizan una racionalización -en el debate también me refiero a Azaña, que no compartía la racionalización- porque, en nuestra opinión, deja un ejército más numeroso de lo necesario y más desequilibrado de lo necesario, con demasiada oficialidad para la tropa que tiene el ejército.
Hablaba Azaña de un ejército macrocéfalo. Pues algo parecido se mantiene en esta propuesta del Gobierno. Hay una racionalización,
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pero nosotros creemos que habría que ser más ambiciosos y abordar una reestructuración que redujese nuestro ejército a unos 100.000 efectivos y que redujese y equilibrase también la relación entre oficialidad y tropa.
Es un primer desacuerdo con respecto a la propuesta que nos hace el Gobierno. Y no es un desacuerdo menor, porque el horizonte del Gobierno es un ejército en el marco de la OTAN, nuestro horizonte es un ejército defensivo en el marco de la Unión Europea.
El segundo desacuerdo con respecto al modelo que nos proponen -y hemos presentado catorce razones para ello en nuestra enmienda de devolución- es el que tiene que ver con la formación militar. Voy a hacer algunas preguntas, que creo que son pertinentes, porque tengo la impresión de que no se responde, en la formación militar. Sobre la propuesta del Gobierno, después de haber anunciado el anterior ministro la universidad de la defensa y después de la expectativa de nuestro grupo parlamentario de que hubiera un mayor mestizaje en la formación militar entre la formación específicamente de las academias y la formación universitaria, nos encontramos con un alicatado de las academias en clave universitaria. De alguna manera la universidad no entra en las academias, únicamente las academias se visten de universitarias; esta es nuestra valoración a este respecto. Y las preguntas fundamentales que habría que hacerse, en nuestra opinión, son: en primer lugar, cómo evitar el riesgo de la endogamia o cómo lograr el mestizaje entre la profesión militar y la sociedad civil. Ese tema no está desentrañado en el proyecto de ley y nos parece que en términos de modernización y en términos democráticos es fundamental. En segundo lugar, cómo facilitar la movilidad ascendente de tropa, suboficial, oficial, en la carrera militar, cómo evitar el riesgo del clasismo; en nuestra opinión, tampoco hay demasiada claridad. En tercer lugar, cómo garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad en la carrera profesional, superando tanto la subjetividad como el automatismo del mando; nosotros creemos que tampoco hay una respuesta y que prima demasiado la subjetividad. En cuarto lugar, cómo garantizar los deberes y los derechos de los militares, el equilibrio necesario entre la disciplina y la participación; creemos que tampoco se responde en el proyecto de ley. En quinto lugar, cómo estructurar un ejército, como decía antes, ágil y equilibrado, dentro de ese modelo defensivo a que me refería con anterioridad.
Voy terminando, señorías. La propuesta, también por imprecisión, no delimita y regula la carrera militar, ni la política de personal.
Mantiene en nuestra opinión la indeterminación y la calificación subjetiva del superior y retrasa la entrada en vigor de lo fundamental, la integración de escalas, manteniendo un cierto nivel de inseguridad jurídica. Tenemos también algunas otras diferencias, que tienen que ver con la unidad militar de emergencias, con problemas concretos, como la escala auxiliar, otras diferencias y otros flecos, que esperamos que en el procedimiento de negociación se puedan mejorar. Pero nuestras razones fundamentalmente están en lo que hemos dicho, en la estructura del ejército que se propone, en la formación, que, en nuestra opinión, es una formación híbrida, donde las academias se visten de universidad y, por otra parte, en que no se logra un adecuado equilibrio entre la igualdad, el mérito y la capacidad, en la evolución de la carrera militar.
Esas son nuestras opiniones fundamentales sobre este proyecto de ley y queríamos hacer hincapié en ellas. Tenemos una diferencia de fondo con otras enmiendas de devolución. No nos gustaría votar al mismo tiempo que otras enmiendas de devolución, con las cuales no compartimos nada, pero esperamos, en primer lugar, que el Gobierno sea sensible a las posiciones que hemos defendido en el día de hoy y, en segundo lugar, que sea sensible también a los compromisos adquiridos. Cuando se adquiere un compromiso que además tiene rango legal, señorías, hay que cumplir, hay que presentar el proyecto de ley de derechos y deberes de los militares ante esta Cámara, porque ese mecanismo no solamente es de modernización de las Fuerzas Armadas, sino de democratización del conjunto de la sociedad española.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Llamazares, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el debate de la siguiente enmienda presentada, la del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y tomará la palabra para defenderla el señor Puig.
Señorías, señor ministro, estoy de acuerdo con las primeras palabras que ha expuesto hoy ante esta Cámara, en la capacidad legislativa de su ministerio, pero no siempre podemos estar de acuerdo en el sentido que algunas de estas iniciativas tienen, desde nuestro punto de vista. A veces, algunas de sus iniciativas no van en el sentido de entender la vida militar o la vida social de una manera progresista. Se lo digo porque algunas de sus iniciativas, de su ministerio, las suyas y las de su antecesor, están donde están. Por ejemplo, la devolución del castillo de Montjuïc. Está donde está, aparcada en el túnel del tiempo y, además, alguien lo utiliza partidaria y políticamente, vendiendo que hay un acuerdo en algunas de las cosas que algunos grupos de la oposición hemos planteado y que no han sido aceptadas de momento. Lo que no podemos permitir es que sea utilizado de forma partidista por aquellos que luego no van a defender una devolución clara y concreta del castillo de Montjuïc. También, la falta de compromiso en su momento de traer a esta Cámara un proyecto de ley de derechos y deberes de los militares. Nuestro grupo parlamentario ha colaborado con su ministerio, hemos acordado propuestas, hemos participado y hemos aprobado leyes, pero vemos que se queda por el camino el compromiso social del Gobierno respecto a distintos aspectos que nos parece que son muy importantes.
A algunos puede parecerles que no es el momento de la presentación de esta enmienda de totalidad, que ahora no toca, como decía el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. En esta Cámara se han tomado decisiones, se han aprobado propuestas que instan al Gobierno a cumplir una serie de requisitos y estos no han sido llevados a
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término por parte del Gobierno. Cuando decimos que a los ciudadanos no les interesa la política, hay ciudadanos que les interesa cuando se toman decisiones que les pueden afectar y en esta Cámara se han aprobado propuestas que afectan a los ciudadanos, propuestas como diferentes proposiciones no de ley del Grupo Popular y de Convergència i Unió, con enmiendas de diferentes grupos, que daban soluciones sociales a diferentes colectivos. Y el Gobierno no ha dado cumplimiento a ninguna de ellas. Nuestro grupo entiende que, para avanzar y mejorar condiciones de los militares de ahora -lo podemos hacer y lo hemos estado haciendo-, no podemos dejar en el olvido las mejoras de las condiciones de aquellos que fueron militares por obligación, que fueron obligados en su momento por la dictadura y por el servicio militar obligatorio. Nuestro grupo entiende que se han aprobado decisiones que no han tenido correspondencia y los ciudadanos piden respuesta.
Nosotros hemos presentado esta enmienda de totalidad porque entendemos que esta ley no va en el camino progresista, no va a dar soluciones sociales y de compromiso social. Tenemos enmiendas en este proyecto de ley, que ya discutiremos en el trámite de Comisión, que van en la línea del cumplimiento de dos proposiciones de ley, con enmiendas de Esquerra Republicana, a las que no se ha dado cumplimiento. Una de ellas es la que en su momento se aprobó para dar respuesta al colectivo de gente que fue obligada -hoy precisamente, este año, hace 50 años- a ir al conflicto colonial del Sáhara-Ifni, que padeció las consecuencias de un conflicto colonial y que 50 años más tarde no ha visto reconocidos sus planteamientos y sus demandas. Esta Cámara aprobó dar soluciones a los militares que iban en misiones al extranjero; en aquella época también había militares por obligación que fueron al extranjero a un conflicto colonial. Pedimos que se les responda y que se les dé reconocimiento, ya que 50 años después ese colectivo sigue reivindicando sus necesidades. La Asociación de veteranos del Ifni-Sáhara y su presidente, Josep Riotost, sigue pidiendo soluciones a aquel conflicto al que fueron obligados a ir.
Es un colectivo pequeño, seguramente con un ala de un avión solucionaríamos el problema, problema que no es de dinero ni de presupuesto; es un problema pequeño que se puede solucionar. Son gente mayor, lamentablemente cada día hay menos, y nosotros pedimos que este Gobierno tome ya una decisión de cumplimiento, de reconocimiento de lo que padecieron aquellos ciudadanos, que fueron obligados por una dictadura a ir a un conflicto colonial que no tenía ningún sentido.
La otra proposición no de ley a la que también hemos presentado enmiendas es una demanda por la que ya hace años que diferentes grupos de la Cámara y diferentes diputados, como Emilio Olabarría o Carles Campuzano, del Partido Nacionalista Vasco y de Convergència i Unió, han trabajado y han luchado. Es el reconocimiento del cómputo del servicio militar obligatorio, de la prestación social sustitutoria, a lo que, con la excusa del Pacto de Toledo, va pasando el tiempo y no damos soluciones.
Tampoco es un tema de dinero, no lo es; con los datos facilitados por el Gobierno, el coste de tomar en consideración y de aceptar el cómputo del servicio militar obligatorio, de la prestación social sustitutoria y -porque también sale reflejado- del servicio femenino, que se hizo para cómputo, sería menor. Cuando hay un superávit del dinero del Gobierno de más de 12.000 millones de euros, computar este aspecto sería de fácil solución. Si miramos las actas parlamentarias de todo este historial de conceptos, veremos que vamos dando largas al tiempo. Según cifras facilitadas por el mismo Gobierno, el coste aproximado de dar cobertura al cumplimiento de que computase este tiempo de servicio militar obligatorio o de prestación social sustitutoria sería de unos 260 millones de euros, y además no afectaría a todo el mundo, porque aquellos que ya tienen cumplidos los años necesarios para cobrar el cien por cien de sus pensiones o para llegar a las pensiones contributivas ya no tendrían necesidad de ello. Se calcula que sería un colectivo de un millón de personas las que podrían tener derechos que les facilitarían el acceso al cobro de una pensión del cien por cien o al cobro de una pensión contributiva.
Pedimos soluciones, pedimos un compromiso del Gobierno para dar respuesta a ese colectivo de personas del Sidi-Ifni de la gente que hizo el servicio militar obligatorio. Esto es un compromiso. Nuestro grupo no puede entender que ciudadanos que en su momento, en momentos de la dictadura, sirvieron al régimen sigan cobrando -miembros de la División Azul- y que a otros que fueron obligatoriamente al Sidi-Ifni no se les reconozca. No podemos aceptarlo y queremos soluciones, queremos ese compromiso social para cerrar un tema que ya lleva demasiados años abierto, demasiados años. La excusa no puede ser el Pacto de Toledo, no puede ser, porque, cuando se discutió aquí la Ley de Tropa y Marinería, nuestro grupo parlamentario ya lo advirtió y presentó una enmienda, que parcialmente fue aceptada, para que la paga que cobran los reservistas cuando terminan el contrato con el ejército hasta su jubilación no fuera compatible con otro ingreso de funcionario. Eso se aceptó, pero quedo libre para el resto, que podían seguir cobrando cualquier otro ingreso, y para la tropa y marinería, que podían cobrar esta paga hasta la jubilación. Esto no pasó por el Pacto de Toledo, señor ministro, pasó directamente a esta Cámara. Por tanto, ya ha sido debatido, está en los informes y pedimos este compromiso.
Nuestra enmienda de totalidad va principalmente por el compromiso social de que en esta Cámara se tomen decisiones. A veces podemos aceptar que no se cumplan los compromisos de esta Cámara; podemos aceptar que no se publiquen las balanzas fiscales; podemos aceptar que el Gobierno no colabore para que las selecciones autonómicas puedan participar en competiciones internacionales, a pesar de haberse aprobado aquí; pero no podemos aceptar que compromisos sociales no sean llevados a término por el Gobierno. Esta es la obligación. Si esta es la casa de la democracia, cuando decimos que los ciudadanos no creen en la política, démosles algo para hacerles creer que la política vale la pena. Este es el compromiso.
Esto no cuesta dinero. El presupuesto de Defensa es extenso. No podemos permitir que, con un pequeño puñado de euros, solventemos el problema de unos ciudadanos
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que fueron obligados por la dictadura a ir a una guerra colonial y que a otros ciudadanos, que fueron obligados por el servicio militar obligatorio, no se les solvente, no se les reconozca. Todos los grupos han tenido iniciativas en ese sentido. Pongámonos de acuerdo, llevemos este compromiso adelante y nosotros podríamos retirar esta enmienda de totalidad y discutirlo en el trámite o con el compromiso que sea; queremos soluciones.
Paso, en la parte final de mi exposición, a otros temas de la ley que nos preocupan, pero sobre los que ya tendremos ocasión de hablar en su trámite en Comisión. Algunos textos de la ley quedan un poco trasnochados en una visión democrática de la vida y de la vida militar. Que es un Estado plurinacional y plurilingüístico no queda reflejado en la Ley de la Carrera Militar. Hay que respetar los derechos de los ciudadanos que tienen otra lengua diferente al castellano y eso me parece que no está nada reflejado en esta ley. Nosotros pedimos que quede también reflejado y nuestras enmiendas van en ese sentido. También, y aquí coincido con el señor Llamazares, está el tema de las enseñanzas militares, el de la universidad, que me parece que tiene que clarificarse con la democratización de esa vida militar.
Señor ministro, me parece que finalmente solo quedan dos enmiendas a la totalidad, la de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y la de Esquerra Republicana de Catalunya; el PP ha retirado su enmienda.
Nuestros votos no son necesarios, pero sí creo que es necesario que su Gobierno recoja los compromisos sociales y adquiera un compromiso real de adecuar lo que se ha aprobado en esta Cámara para dar respuesta a los colectivos de los ciudadanos. Estamos de acuerdo en arreglar las situaciones y las condiciones de los militares actuales, lo hemos demostrado en otras iniciativas en esta Cámara, pero no podemos perder más tiempo en no reconocer los derechos adquiridos por aquellos que fueron obligados a cumplir un servicio militar obligatorio o que fueron obligados a participar en una guerra colonial trasnochada.
Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer turno en contra de las enmiendas presentadas? (Pausa.) Pasaríamos al turno de fijación de posiciones y comenzaríamos con el señor Rodríguez Sánchez en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor ministro, señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego no es indiferente cuál sea la evolución de las Fuerzas Armadas en el Estado español y considera, para empezar, que esta ley, en su 90 por ciento, es una ley que intenta dar una solución más o menos acertada a lo que es una concepción laboral, profesional, en las Fuerzas Armadas.
Mayoritariamente es una ley de efectivos, de plantillas, de categorías, de empleos, de cuerpos, de escalas, de enseñanzas, de accesos y de destino. Nosotros compartimos que, aunque se puede mejorar ampliamente, era necesario reducir el número de los efectivos militares, que había que simplificar sobre todo los cuerpos, como se hace en la ley, de 13 a 10, reducirlos, o las escalas de 26 a 17, aunque se podría hacer más y mejor, contemplar una sola escala de oficiales e incluso determinar la subordinación del poder militar al poder político, como es la nueva relación respecto al nombramiento de los jefes del Estado Mayor.
Compartimos que había que hacer una equivalencia en la vida civil de los estudios militares, condición fundamental para su profesionalización.
Esperemos que las reglas de comportamiento militar, enunciadas de forma sucinta, cuando se desarrollen en las reformas de las reales ordenanzas correspondan a un espíritu democrático y no tengan connotaciones de carácter jerarquizador irracional o que acaben con un criterio de igualdad de los individuos como personas con dignidad.
En todo caso, repetimos que el 90 por ciento de la ley es mejorable, pero nosotros podemos compartir su orientación. Para el Bloque Nacionalista Galego los problemas más graves -y por eso tendremos que abstenernos en las dos enmiendas a la totalidad ya que no las podremos votar favorablemente porque coincidimos en la intención de la ley en su 80 por ciento- son de carácter ideológico político y los voy a enumerar de forma sucinta pero clara. En primer lugar, sigue sin gustarnos abiertamente el artículo 6, que consideramos que se excede en cuando a las ceremonias de juramento o promesa ante la bandera de España. Creemos que no hay motivos de ningún tipo para obligar a los militares a pasar por juramentos o promesas que excedan a las de los funcionarios normales. Nos sigue pareciendo que ese juramento o promesa ante la bandera de España es excesivamente teatral, excesivo, grandilocuente y con connotaciones, para hablar claro, muy españolistas, es decir, incluso con alguna connotación de carácter feudal. Es cierto que se suprime esa frase que era indigna: Y si no, mereceréis su desprecio y castigo como indignos. Cuando lo que era indigno era una frase de este tipo. Pero sigue siendo, repito, excesivamente decimonónica por grandilocuente, en ese sentido. Por lo tanto, ese artículo merecería por lo menos una reducción y una equiparación con el resto de los funcionarios.
Hay un segundo tema que nos resulta también grave y preocupante, y es la disposición adicional sexta, nada menos que el empleo del idioma oficial.
Es una redacción poco afortunada, primero, porque hay más idiomas oficiales en el Estado español y, segundo, porque de una forma contundente coloca al castellano o al español como lengua exclusiva en actos y relaciones de servicio, que son prácticamente todas las que ocurren dentro de los cuarteles o fuera cuando se actúa como funcionario del ejército. Esta exclusividad, que lleva consigo una exclusión de las otras lenguas en sus territorios de los ámbitos militares, es excesiva.
No hay que negar que determinado tipo de relaciones y actos militares de servicio haya que hacerlos en una sola lengua, y si es sobre todo con distintas compañías y distintas partes del Estado español o con miembros que no conocen todas esas lenguas, lo lógico es que se establezca el criterio de comunicación por encima de otros criterios. Pero no debe excluirse la
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posibilidad de que en actos de servicio en territorios con otra lengua puedan usarse, de forma perfectamente pautada y clara, las otras lenguas oficiales en esos territorios. Acabar con este derecho, por lo menos como derecho, no se compadece con el criterio de cooficialidad de otras lenguas. Solo faltaría que quedara restringido el uso a la atención al ciudadano en áreas de información o de registro. Repito, la disposición adicional sexta es ampliamente mejorable, incluso desde el criterio de que haya una lengua común para determinado tipo de actividades que puedan ser desarrolladas o a nivel de Estado o de un territorio con compañías de distinta procedencia o incluso si es delicado el tema y exige un conocimiento a la perfección de un idioma determinado. Pero cuando estamos recurriendo ya al inglés para maniobras de carácter militar, no se entiende que en actos de carácter protocolario, por ejemplo, en una comunidad autónoma, el capitán general, el capitán o un soldado no puedan hacer una intervención pública, en un acto puramente simbólico, en una lengua que no sea el castellano.
Hay otro aspecto, que ya no es inherente a la ley sino que es derivado de las limitaciones democráticas en el Estado español, que es la disposición adicional octava, el servicio de asistencia religiosa. Seguimos teniendo que someternos a los acuerdos de la Santa Sede de 1979, que es legal, y la ley no tiene la culpa de esto, pero, francamente, si la Iglesia católica tuviera un mínimo de decencia acabaría con esto de los arzobispos castrenses, con los privilegios de la confesionalidad, y homologaríamos, en todo caso, el acceso de todas las religiones a los servicios militares de carácter religioso.
Se plantearon algunas objeciones en relación con la disposición adicional quinta. Sin embargo, nosotros consideramos que en este aspecto puede ser discutible, pero creemos que es inevitable y útil que si hay una Unidad Militar de Emergencia se le dé carácter de agente de la autoridad, porque si van a andar defendiendo los montes de los incendiarios, creo que no tiene mucho sentido otorgarles ese papel y después que no sean agentes de la autoridad; o cuando se actúa con policía militar, naval o aérea, exactamente igual. Si esto está perfectamente controlado, es para funciones específicas y nosotros no le vemos ningún problema. Lo que nos preocupa más es que quede pendiente de actualización el régimen del personal militar en lo que se refiere a derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Pensamos que es una regulación muy necesaria para que por lo menos los militares puedan participar en las esencias de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y que su profesión no lleve consigo exclusiones no justificadas. Por tanto, los canales de participación se deben asegurar, y es cierto que esta ley se debió utilizar para hacerlo claramente y con contundencia, y si tiene que tener alguna limitación que esté perfectamente pautada y explicada.
Concluyo ya, señora presidenta. Pienso que el problema más grave de las leyes que se aprobaron aquí no está en esta ley, está en la Ley de Defensa Nacional, que creo que daba cobertura a un tipo de estrategias que, desde un punto de vista multilateral, desde un punto de vista esencialmente democrático e internacionalista, no son de recibo. Esta ley -vuelvo a repetirlo- no es el problema, aunque sí tiene problemas adyacentes que, desde nuestro punto de vista, hemos situado. Diríamos que no había que acompañar la ley de tanto énfasis, aunque sea retórico y colateral y en algún caso práctico y preocupante, por ejemplo, que el ejército sea un instrumento no del Estado español, que eso es lógico, sino de la nación española, pero con una concepción que mezcla las esencias más genuinas de una tradición que nosotros no compartimos con la transnacionalización, y esto es lo que realmente es preocupante; en definitiva, lo que era el sustrato de la Ley de Defensa Nacional.
Nosotros vamos a intentar contribuir a que por lo menos lo que tiene que ver con los aspectos profesionales y laborales se mejore en el proceso de ponencia con las enmiendas que hemos presentado.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Rodríguez, muchas gracias.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias. Adelante, señor Mardones.
He escuchado con atención tanto la defensa de este proyecto de ley y las razones que ha dado el señor ministro de Defensa como las que han expuesto los oradores que me han precedido, concretamente en lo que hace referencia a la defensa de las dos enmiendas de totalidad que han quedado después de la retirada de la del Grupo Parlamentario Popular, que me hubiera gustado que también hubiera entrado en la discusión porque la veía positiva. Digo esto porque mi grupo ha presentado enmiendas parciales a este proyecto de ley siguiendo nuestra línea de que Coalición Canaria en ninguna legislatura ha presentado enmiendas a la totalidad respecto a todos los ministerios del Estado, ni de texto alternativo ni de devolución, sino que hemos hecho una aportación complementaria vía enmiendas. Este es un proyecto de envergadura, un auténtico proyecto de Estado porque se dirige a uno de los instrumentos de toda política de Estado vertebral en el principio de soberanía de una nación como son las Fuerzas Armadas. No estamos hablando aquí de un proyecto de ley de precios o de materia de consumo, etcétera; estamos hablando de algo que tiene una serie de formalismos, de antecedentes y de exigencia profesional fundamental. Nunca hemos presentado ninguna enmienda a la totalidad, pero en cambio sí hemos presentado enmiendas al articulado y en el Registro de esta Cámara mi grupo ha presentado 127 enmiendas parciales a este proyecto de ley. Pueden parecer excesivas, pero, a nuestro juicio, lo ha demandado el propio texto y quisiéramos encontrar colaboración para perfeccionar este proyecto, al menos en la discusión en ponencia y en Comisión, en las negociaciones que se puedan establecer entre los grupos parlamentarios y el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y con el propio Ministerio de Defensa. Aquí está nuestra oferta de colaboración porque consideramos
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que este proyecto de ley es muy deficiente, bien por lo que dice, bien por lo que no dice.
Nos hemos visto sorprendidos positivamente por las catorce razones que el señor Llamazares ha expuesto. En mi larga experiencia en la Comisión de Defensa y en otras comisiones nunca he encontrado una justificación de una enmienda a la totalidad de devolución tan racional y sensatamente razonada como la que ha presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la palabra de su portavoz el señor Llamazares. Discrepamos de algunas cuestiones de fondo, por supuesto, pero las cuestiones formales, las que hablan de la profesionalidad y la carrera, son verdaderamente significativas. Mi grupo ha venido luchando desde que se debatieron aquí los proyectos de ley de las que después serían tanto la Ley 17/1989 como, sobre todo, la Ley 17/1999 por que era necesario lo que después se reflejó y se ha incumplido por tercera vez: una ley de derechos y deberes de los profesionales militares. No se puede profesionalizar un instrumento del Estado sin hacerle un reconocimiento de derechos y deberes en leyes específicas. Coincido con el señor Llamazares en que ha habido aspectos que se han conculcado con este proyecto como son los aspectos formales.
No voy a entrar en cuestiones de fondo, pero en las Fuerzas Armadas en un Estado de derecho las cuestiones formales no son pura parafernalia; las cuestiones formales son muy importantes en una profesión en que para ejercerla se exige uniforme. No van, como los cuerpos civiles, vestidos de paisano -como se dice en el lenguaje militar- y además están sometidos a unas formalidades -aunque a veces pasa desapercibido- como son sencillamente que, mientras en la vida civil nosotros podemos decirle a un compañero o a un colaborador del trabajo buenos días o buenas tardes o no decírselo, o darle la mano o no dársela, el militar está obligado a cuadrarse ante un superior y a hacer un saludo llevándose la mano a la visera de la gorra si la lleva puesta. Por tanto, los principios de formalidad son muy importantes y este proyecto de ley no los respeta.
Aquí hay cuestiones que pueden producir situaciones en la vida profesional militar en las que las cuestiones de objetividad tienen que primar sobre las de subjetividad. ¿Cómo se puede traer un artículo en cuanto a los ascensos a empleos se diferencian? Resulta que la norma más radical es para los cabos primeros, con una especie de concurso-oposición para ser cabo primero. Siempre hemos entendido que para la elección de generales, reservada bien a la cúpula militar, bien sobre todo al Consejo de Ministros, se vaya a la promoción por vía de la elección. Ahora se baja la elección a un estamento como es el de los jefes de comandante, teniente coronel y coronel, y se deja solamente al comandante y al teniente coronel el proceso de clasificación, pero la elección -que estaba reservada a los generales- se le aplica también al coronel. Esto puede producir una frustración tremenda en todas las escalas militares.
Habrá militares que al salir de la academia se encuentren con una especie de predisposición a no llegar nunca al generalato, y es que además tienen que pasar una especie de listón que le han puesto en el nivel de coronel y ya no pueden ascender a coronel por la vía de clasificación de acuerdo con su expediente personal. Nos podemos encontrar con que a un teniente coronel del Ejército del Aire, como ya se encuentra con la barrera de la elección, no le compute para nada el número de horas de vuelo para ascender a coronel. ¿Comprenderíamos nosotros que una compañía privada de aviación, para nombrar comandante del avión 747 (Jumbo) -las compañías comerciales exigen a lo mejor 4.000 horas de vuelo para sentarse de copiloto-, dijera: No, usted me cae bien, me cae simpático, usted parece que tiene unos valores subjetivos y le voy a hacer comandante de un Jumbo con 500 horas de vuelo? No, esto no puede ser porque fracturamos uno de los principios fundamentales de una carrera en la que están no solamente normalizadas la profesión y la carrera, sino también los grados de ascenso de jerarquías, es decir, los empleos correspondientes.
La profesión militar es una carrera que funciona por empleos, no como los cuerpos restantes de funcionarios del Estado, que no funcionan así.
Conviene recoger esto y tenerlo perfectamente matizado. ¿Cómo se puede traer la Unidad Militar de Emergencia -después de haberse resuelto su creación por vía de decreto- para que tenga rango de ley facultar a unos señores que van entrar en misiones de catástrofes, de incendios forestales, de riadas, de vertidos tóxicos como agentes de la autoridad? Lo que faltaba. No estamos en estado de guerra para facultar a una unidad militar a que detenga a los ciudadanos. Para presentarlos ¿a qué jurisdicción, a la militar o a la civil? Es importante que dejemos claro y de forma objetiva que para detener por orden judicial o en caso de comisión de flagrante delito están los cuerpos de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas que los tengan con carácter de agentes de la autoridad, y no ponerles una disposición. No digo que vaya a confrontarse directamente con las competencias en caso de riesgos y catástrofes que tienen las comunidades autónomas, sino las que tienen otros organismos que incluso dependen del Ministerio del Interior como es la Dirección General de Protección Civil. Esto nos lleva fundamentalmente a la necesidad de una garantía de control parlamentario para los efectos que se derivan de una ley que remite a un reglamento, como acertadamente ha señalado el señor Llamazares, que sustrae a este Parlamento -lo cual es grave- una capacidad de control y de observancia en cuanto se lleva a unos estamentos muy altos en una categoría profesional de los mandos militares, con carácter de inseguridad jurídica, llegar a regular fundamentalmente por vía del reglamento, es decir, no digo ya por real decreto sino por orden ministerial o por resolución comunicada de un mando determinado. Esto no es respeto profesional a la dignidad de las personas que entran en una carrera con su uniforme y su juramento a la bandera -el que sea- en el que se habla de derramar la sangre, es decir, de la oferta máxima. A ningún funcionario de un cuerpo civil del Estado se le exige que entregue la vida en el cumplimiento de su misión, excepto a los militares, porque se encuentran en un escenario de actividad profesional en el que el que está enfrente lleva munición y armamento letal. Por tanto, vamos a respetar esas líneas.
Lo anteriormente expuesto me lleva -para terminar, señora presidenta- a la posición de mi grupo, que quiere dejar abierta la puerta para la enmienda en ponencia y en Comisión, en las negociaciones con el
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ministerio, que no nos ha dejado a muchos portavoces como este que habla más salida que las enmiendas. Yo me he enterado de este proyecto cuando se ha publicado en el Boletín de las Cortes Generales, por lo que no tengo otra vía para corregir lo que considera mi grupo y este diputado que son errores que presentar enmiendas para dejar la vida profesional militar como corresponde en un país democrático, con una Constitución que claramente señala nuestros poderes que emanan de esta Cámara y del pueblo que representamos. Me hubiera gustado en este sentido un voto negativo.
Como hay que votarlas, mi grupo quiere dejar una línea abierta de templanza y nos vamos a abstener. Tal vez racionalmente hubiéramos votado que sí, al menos si se hubieran mantenido la enmienda del Grupo Parlamentario Popular y la del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que ha defendido el señor Llamazares, porque nos parecen verdaderos documentos de reflexión para que entre todos, con un consenso general y absoluto, hubiéramos resuelto esta cuestión. Las Fuerzas Armadas españoles merecen un tratamiento más acorde con la racionalidad, la democracia y la profesionalidad.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.
Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y será el señor Txueka quien tome la palabra en su nombre.
El señor TXUEKA ISASTI: Gracias, señora presidenta.
He visto ausentarse al señor ministro, pero imagino que vendrá pronto.
Ante este proyecto de ley que, junto con la Ley de Tropa y Marinería, entiendo que pretende abordar y cerrar el proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas, tenemos que manifestar en principio que por lo menos a nosotros se nos han ofrecido todas las facilidades para su conocimiento y debate por parte de los responsables del Ministerio de Defensa.
Lógicamente, es obligación del propio ministerio para con el Parlamento, pero también es de cortesía reconocerlo así, y así lo reconozco.
Sinceramente creemos que este proyecto aborda con bastante realismo la adecuación del número de medios materiales a la realidad posible actual y a las necesidades previsibles, porque no solo adecua el número sino también la estructura militar tanto de oficiales como de suboficiales, y además entendemos que ha primado también un principio de eficacia, que los profesionales así lo han considerado, y nosotros no vamos a enmendar la plana sobre los aspectos de eficacia profesional dentro de un ejército. Hay un aspecto importante, que para nosotros es prueba también de que camina en esta dirección de búsqueda de eficacia, y es que el orden del escalafón y antigüedad no sea el único criterio de ascenso y que los aspectos de formación y capacidad sean determinantes a la hora de realizar las selecciones de estos ascensos. En esa línea también entendemos que no colme las aspiraciones de algunos grupos y asimismo que haya habido reticencias importantes desde el propio ejército, pero nos parece importante la adscripción del sistema de formación militar universitaria de defensa a las universidades públicas civiles y que, al final, los militares reciban un título de grado del sistema educativo general, que les equipara y garantiza más, si cabe, los criterios de eficacia, normalización -que también se han planteado repetidamente aquí- y adecuación a las necesidades y realidades de la sociedad. También se plantean temas interesantes sobre los aspectos de conciliación familiar y militar, violencia de género y también un aspecto que hemos leído en distintos informes, que ha creado reticencias entre expertos en esta materia, y es que en momentos de catástrofe, así definidos y solicitados por las autoridades civiles, la Unidad Militar de Emergencia actúe como agente de autoridad. Entendemos que en cuanto a reforzar las capacidades civiles para atender estos presupuestos de protección civil algunos estamentos del propio ejército están reticentes porque plantean que dedicar recursos humanos, físicos y financieros a crear una unidad es simplemente reforzar la imagen social de los ejércitos. Nosotros siempre hemos considerado que esto es muy importante, aparte de sus implicaciones en el entorno europeo de actuaciones, sobre las que ya hemos debatido repetidas veces en las distintas comisiones. Pero les contestamos, y lo creemos firmemente, que en casos excepcionales hay que aprovechar todos los medios presentes, incluidos, lógicamente, los militares y que estos tienen que estar preparados y, en su caso, sus actuaciones reguladas. Por ello, la calificación como agentes de autoridad, sobre la base de solicitud civil y sobre mandos civiles, nos parece en principio correcta.
Por ese motivo, en general estamos bastante de acuerdo en la dirección en que se ha caminado a la hora de elaborar esta ley, por lo que no vamos a apoyar las enmiendas de totalidad. Además, ante el propio ofrecimiento del ministro, parece que hay un talante de analizar las enmiendas en el debate de la propia ley. Entendemos que se va a actuar con unos criterios bastante abiertos y que se pueden abordar perfectamente dichas enmiendas por vía de enmiendas parciales. Por tanto, vuelvo a manifestar que no vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad, que son el objeto de nuestra intervención en este punto del orden del día.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias a usted, señor Txueka.
Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Será el señor Maldonado quien fije posición en este proyecto de Ley de la Carrera Militar.
El señor MALDONADO I GILI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, comparezco en nombre de Convergència i Unió para fijar nuestra posición en relación con las dos enmiendas a la totalidad presentadas. Señor ministro, he escuchado con el respeto y con el interés que se merece su intervención por la relevancia que tiene la ley. Para nosotros esta ley es importante, y si usted me preguntara por qué es importante esta ley
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para un partido nacionalista, le diría que por tres aspectos: porque es una ley que afecta a personas, porque es una ley que afecta a hombres y mujeres y porque es una ley que afecta a familias enteras. Afecta a su futuro, a su futuro profesional, social y económico. Es una ley social, y de ahí nuestro interés en que sea una ley positiva para aquellas personas a quienes va dirigida. Hoy mi grupo no definirá su voto, porque hoy no hay que definir el voto de la ley sino el de las dos enmiendas a la totalidad, y no lo va a hacer porque nos encontramos al principio del proceso parlamentario. A partir de ahora habrá que negociar con el Gobierno y con el grupo que le da apoyo, hay un trámite de enmiendas que se debaten en Comisión y habrá un debate en el Pleno. Estamos pues en el inicio de un proceso parlamentario.
Voy a exponer cómo vemos esta ley, señor ministro. La vemos deficitaria en temas básicos. No nos gustan algunas cosas y faltan y sobran otras. Es una ley que nos preocupa y que debe ser muy mejorada. Esta ley es el siguiente eslabón de otras leyes, de la Ley de Defensa y de la Ley de Tropa y Marinería, que contaron con nuestro voto afirmativo porque en relación con algunos temas pendientes el Gobierno adquirió el compromiso de que en esta última ley se solucionarían. Usted ha dicho exactamente que estaban dispuestos a asumir las mejoras que aportáramos y en las que estuviéramos de acuerdo en lo fundamental. Estamos de acuerdo en lo fundamental. La verdad es que esta es una ley que hacía falta. Todo evoluciona. En los antecedentes de este proyecto de ley se dice, y es verdad, que pocas instituciones han experimentado en España en los últimos años cambios tan significativos como las Fuerzas Armadas: cultura de la paz, democratización, formación del ejército, etcétera. Por tanto, esta ley hacía falta. Las leyes anteriores contaron con nuestro voto, pero al ver el proyecto de ley que nos mandó, señor ministro, nos quedamos muy preocupados porque no se abordan algunos de aquellos temas de los que antes he hablado y he dicho que se habían quedado en el tintero. Esta ley es una oportunidad única y última para enmendar estas lagunas y debe ser muy mejorada -con mayúsculas- en su trámite parlamentario. Nuestra preocupación se plasma en las múltiples enmiendas presentadas por Convergència i Unió. ¿Y por qué nos preocupa esta ley? Porque hay mucha gente angustiada; porque hay mucha gente preocupada; porque este portavoz -y supongo que los demás portavoces de los grupos parlamentarios- ha recibido miles de email de militares preocupados; centenares y centenares de cartas de militares, de esposas, de hijos e hijas preocupados por el futuro y por la carrera de su cónyuge o de su padre; por la gran cantidad de colectivos de militares que se han reunido con Convergència i Unió -y suponemos que con todos los grupos- para expresar su angustia. ¿Qué es lo que nos preocupa de esta ley, señor ministro? No nos gusta de esta ley la falta de respuesta colectiva a sectores importantes del ejército y la falta de solución a los problemas en los ascensos del personal de las escalas auxiliares. Este es uno de los motivos que nos ha inundado de escritos. Se observa en la disposición adicional décima que no se da solución a este problema. El tema del reordenamiento de los escalafones de las escalas militares y del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra, tal y como está planteado en el proyecto, no soluciona los problemas de agravios e injusticias que viene sufriendo el personal afectado desde hace tantos años. Este es un texto que consta en muchísimos escritos y que creemos que tiene una base y, por tanto, se debe solucionar. Tiempo habrá.
El léxico también nos preocupa porque es muy militarista y nada de acuerdo con la realidad actual. No se habla de Estado, se hacen definiciones excesivamente españolistas, por lo que hay que adecuar el léxico a la realidad política actual.
Falta incluir a los militares de complemento en el apartado 1 del artículo 3. Falta incorporar definiciones de las funciones de los cuerpos especialistas y más definiciones en temas de formación de suboficiales.
Hay que anular del todo el texto que habla de reservistas obligatorios, no vaya a ser que volvamos a impulsar el nuevo servicio militar.
Tiempo habrá de hablar de enmiendas. Nuestro voto, señor ministro, irá muy condicionado a la actitud del Gobierno ante nuestras enmiendas. Nuestro posicionamiento respecto a estas dos enmiendas a la totalidad va a ser en contra. ¿Por qué? Porque la ley hay que enmendarla. La actitud del Gobierno, hasta ahora, ha sido de diálogo, de consenso, de acuerdo. Es más, nuestro grupo ya tiene constancia de esta voluntad. Llevamos días hablando con el ministerio, igual que otros grupos, y vemos que hay voluntad de acuerdo. Entendemos que ahora es cuando hay que hacerlo.
Entendemos que las enmiendas se pueden presentar por muchos motivos, también electorales -estamos en precampaña-, pero nosotros vamos a votar en conciencia, pensando en aquellos a los que va dirigida esta ley. A Convergència i Unió le interesa más que sea una buena ley y de ahí nuestra actitud de dar apoyo a esta ley y de diálogo con el Gobierno.
¿Por qué votamos en contra de estas enmiendas? Nuestro voto a esta ley irá muy condicionado a lo que el Gobierno haga pero ahora votamos en contra de las enmiendas de totalidad porque es el momento de enmendarla, no de rechazarla. Nuestro voto estará muy condicionado, señor ministro, por temas que creemos que están bien encaminados. Ya le he hablado de diferentes asuntos anteriormente y, como tenemos poco tiempo, además de lo antes mencionado, le diré que hay un tema que, por encima de todo, para Convergència i Unió es básico en relación con nuestro voto final a favor de esta ley y es una enmienda, presentada en tiempo y forma, que exige que se cumpla la proposición no de ley presentada por Convergència i Unió sobre los veteranos del Sidi Ifni-Sáhara. Tenemos el compromiso del Gobierno, es verdad, de solucionar ya esto, la proposición no de ley que insta al Gobierno a indemnizar a estos hombres que fueron obligados a ir a una guerra y que ven cómo otros expedicionarios son reconocidos y compensados -Balcanes, etcétera- y ellos se van consumiendo y van muriendo sin que la memoria histórica les llegue a ellos. Convergència i Unió vota hoy en contra de estas enmiendas sobre todo por el compromiso contraído por el ministerio para que esto se solucione ya.
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Señor ministro, nosotros podríamos votar a favor de las enmiendas con un tono amable, electoral, pero no lo vamos a hacer. Nosotros votaremos en contra porque tenemos el compromiso fehaciente del Gobierno de que esto se solucionará ya. Señor ministro, es el momento de que esta gente entienda lo que decimos en Cataluña con la expresión anem per feina. ¿Qué significa esto? Que, en lugar de votar en contra, hemos negociado con el Gobierno y hay un compromiso. Peix al cova, solucionado, como dice muy bien el parlamentario de Girona. Nosotros votaremos a favor porque tenemos el peix al cova y anem per feina; un compromiso con un grupo de personas que hoy en Sabadell, en Tarrasa, en Barcelona, en Canarias, en Valencia, están atentos a cuál es la solución a esta injusticia que de alguna forma ha tenido lugar con ellos.
Si el buen amigo, Josep Riatós, presidente de la Federación de Veteranos Sidi Ifni-Sáhara, pudiera estar aquí diría: ¡A buenas horas mangas verdes!, que es una expresión muy militarista, porque de alguna forma se han sentido muy solos. Yo quisiera rendir homenaje desde este foro, desde este hemiciclo a Josep Riatós y a sus muchachos, a Josep Riatós y a su junta directiva, que durante tantos años se han sentido tan y tan solos.
Ellos que, cuando se aprobó la proposición no de ley, tuvieron lágrimas en sus ojos, hoy escucharán de alguna forma que estamos en el tramo final, que esta solución está encaminada, que el Gobierno ya está comprometido motu proprio y que la ley recogerá una compensación económica, pero no es solo un problema de compensación económica, porque es verdad que poderoso caballero es don Dinero, pero también es un problema de reconocimiento moral para aquellos que fueron obligados a ir a la guerra y, una vez allí, algunos se quedaron.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Maldonado.
El señor MALDONADO I GILI: Este verano, en Jérica, tuvo lugar un encuentro de veteranos de Sidi Ifni-Sáhara encabezados por un periodista canario, también valiente, señor Herrero, que me decía que hay personas que tienen familiares suyos enterrados no saben dónde y que pedían que se buscaran esos cuerpos. Pues bien, señor ministro, el acuerdo es una compensación económica, una indemnización, pero la petición va más allá, que puedan de alguna forma puedan tener reconocimiento como soldados que fueron obligados, pero que cumplieron con su deber, hicieron lo que tenían que hacer y hasta hoy nadie les ha dicho gracias. Si en Jérica pedían que se recuperaran los cuerpos, si Josep Riatós y sus compañeros en el Congreso vieron que la proposición no de ley de Convergència i Unió les mostraba que, a pesar de que habían estado solos muchos años, ya no lo estaban, hoy de alguna forma esta ley también puede y debe solucionar un tema que arrastramos desde hace 50 años.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Maldonado, por favor.
El señor MALDONADO I GILI: Voy acabando.
El portavoz que les habla era un niño, hoy es un hombre. Los soldados que fueron eran jóvenes, hoy son abuelos, algunos han perecido. Esperemos, señor ministro, que esta solución final llegue a todos los que están vivos hoy, que en este corto lapso no falte nadie, porque se merecen un reconocimiento del Gobierno, se merecen un reconocimiento de la clase política y seguro que ustedes lo harán, porque tenemos ese compromiso.
El señor MALDONADO I GILI: Acabo en tres segundos.
También quiero recordarle, señor ministro, que este grupo celebra con entusiasmo el anuncio del señor Hereu, alcalde de Barcelona, diciendo que en muy pocos días, antes de dos meses, el Castell de Montjuïc será entregado a la ciudad de Barcelona, tal y como pedía el ayuntamiento y tal y como pedía la clase política catalana. Es una buena noticia, no sabemos cuándo y dónde se va a firmar, pero esperamos que no sea un anuncio electoral de precampaña.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será la señora Oltra quien tomará la palabra para fijar posición sobre este proyecto de ley.
La señora OLTRA TORRES: Con la venia, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en el turno de fijación de posición sobre las enmiendas de devolución al proyecto de Ley de la Carrera Militar, toda vez que mi grupo parlamentario ha retirado la enmienda a la totalidad que había presentado.
Señorías, comienza con este debate la tramitación de un proyecto de ley, el de la Carrera Militar, que ha sido, a tenor de la expectación suscitada, uno de los más controvertidos de esta legislatura. Les puedo asegurar que, como decía anteriormente el señor Maldonado, esta ha sido la iniciativa que ha hecho que recibiéramos más cartas con quejas y solicitudes, mensajes de correo electrónico y peticiones de reunión los grupos parlamentarios. Sin duda, comienza hoy un debate importantísimo para nuestras Fuerzas Armadas actuales y para el futuro de las mismas, porque este proyecto de ley, que nace para sustituir a la vigente Ley 17/1999, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas, pretende proyectar un modelo determinado de Fuerzas Armadas, pero a la vez modifica las condiciones profesionales de cada uno de sus miembros, de ahí su complejidad y de ahí su importancia. Yo no cumpliría con mi obligación hoy si no dijese en este debate que creemos que este proyecto de ley no es oportuno ni necesario, como voy a tratar de explicar a continuación.
Señorías, con este proyecto de ley el Gobierno está cambiando las expectativas profesionales o, si se prefiere,
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las expectativas de carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas por tercera vez en poco más de quince años. La Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del régimen del personal militar profesional, supuso la base sobre la que se asentó la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas. Posteriormente, en la primera legislatura de Gobierno del Partido Popular, hubo que dar un paso más, constituyéndose la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Profesionalización de las Fuerzas Armadas, cuyo dictamen de conclusiones fue la base de la vigente Ley 17/1999, que respondía de esta forma al cambio que supuso la supresión del servicio militar obligatorio y la transformación en unas Fuerzas Armadas completamente profesionales. Hemos llegado a este punto, en 2007, en el que, sin motivo objetivo que lo justifique, nuevamente se pretende modificar la normativa que rige el desarrollo de ese modelo profesional.
Si el Gobierno pensaba que el modelo necesita ajustes, se podrían haber hecho modificaciones puntuales de la Ley 17/1999, que, como SS.SS., conocen en muchos aspectos está pendiente de desarrollo. Esto hubiese generado menos incertidumbre, menos desconfianza y menos desorientación profesional, inseguridad y frustración entre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y entre los que pretenden serlo; antes al contrario, se hubiese contribuido a la consolidación del modelo. Por eso, creemos que este proyecto de ley es innecesario.
Les decía que, además, nos parece inoportuno. Una de las novedades que incorpora el proyecto de ley es la reforma de la enseñanza, con la novedad de la incorporación de la obligatoriedad de obtener una segunda titulación para los futuros militares mediante la adaptación a la estructura universitaria prevista en los acuerdos de Bolonia, cuando para el resto de estudios universitarios todavía no se ha aprobado ni verificado el modelo. No entendemos por qué se quieren hacer ensayos de laboratorio con la enseñanza militar, y la mejor prueba de cuanto les estoy diciendo es que han tenido que dejar sin integrar las escalas en los cuerpos de Ingenieros y de Sanidad Militar. Y decía según la titulación porque, actualmente, con el despacho de teniente, o lo que es lo mismo con la superación de los estudios en las academias generales, nuestros militares ya deberían tener la titulación de grado correspondiente. El Gobierno ha renunciado por tanto al reconocimiento de estos estudios con la titulación de grado ofreciendo a cambio una titulación en otras materias que no vienen definidas en esta ley. No nos oponemos a que nuestros futuros militares puedan completar los estudios que reciben en las academias y a que se facilite la obtención de esa titulación, pero ese debe ser, señorías, un objetivo suplementario. No entendemos por qué el Gobierno quiere pasar de un modelo vocacional a un modelo ocupacional. Queremos apostar por tener militares bien formados y preparados para las misiones que se les vayan a encomendar y no creemos que eso se vaya a conseguir si en el mismo tiempo que están actualmente en las academias les exigimos además que aprueben otra carrera universitaria; el sentido común dice que necesariamente una irá en demérito de la otra. Por otra parte, no queremos un modelo en el que se fomenta la competitividad entre compañeros, pues no se prevé que todos los alumnos que finalicen sus estudios vayan a tener plaza en las Fuerzas Armadas. Ese modelo ya está probado y no funcionó.
Finalmente, no puedo dejar de decir que no era esta la ley que debería haber sido prioritaria en el calendario legislativo del Gobierno. Como ya han comentado portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, la urgencia legislativa no tenía el nombre de carrera militar, señorías, sino el de derechos y deberes de los militares, que fue, quiero recordar, una de las pocas promesas electorales del partido que hoy gobierna en España. Por eso, solicitaremos la supresión del artículo que habla de las reglas de comportamiento. Quiero terminar este apartado diciendo que vamos a apostar por dotar de mayores garantías los procesos para el ascenso de los profesionales de las Fuerzas Armadas, que apostamos también por contemplar a los militares de complemento dentro del articulado de la ley y no en una disposición adicional, que creemos que la integración de escalas no debe suponer la merma de expectativas profesionales para ningún militar en activo, que defenderemos la potenciación de la figura del reservista voluntario no solo como solución para paliar necesidades puntuales de la defensa, sino como elemento esencial del fomento de la cultura de defensa entre nuestra sociedad, y por último que exigiremos el cumplimiento de los compromisos que el Gobierno adquirió con mi grupo parlamentario en la tramitación de la Ley de Tropa y Marinería para abordarse en esta ley, de entre los que quiero destacar el reordenamiento de los escalafones de las escalas auxiliares y del Cuerpo Auxiliar de Especialistas del Ejército de Tierra.
De lo que acabo de exponer, señorías, se puede deducir que nuestras razones difieren básicamente de las que ha presentado como argumentos de su enmienda a la totalidad Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Desde el respeto pero desde la más profunda divergencia con algunos de sus planteamientos recogidos, debo decir que no vamos a dar nuestro voto a esta enmienda a la totalidad y que este ha sido un motivo más por el que nos decidimos a retirar nuestra enmienda de devolución. El voto conjunto no hubiese reflejado lo que ambos grupos pretendíamos con nuestras enmiendas.
Respecto de la enmienda de devolución de Esquerra Republicana, y con el mismo laconismo que se aprecia en el texto para justificar la misma, nuestro grupo no va a darle el voto favorable. Con esta motivación, señorías, podría estar de acuerdo incluso el grupo que apoya al Gobierno, pero intuimos, y hoy hemos comprobado en la intervención de su portavoz, que ocurre lo mismo que con la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Señora presidenta, en todas las ocasiones en las que hemos debatido sobre leyes que afectan a temas relacionados con la defensa, desde que asumió el Gobierno el Partido Socialista hemos defendido la necesidad, más que la conveniencia, de conservar la tradición del consenso previo entre los grupos mayoritarios de la Cámara y en esta ocasión no quiero dejar de hacerlo, entre otras cosas porque ese fue otro de los compromisos que el Gobierno adoptó con mi grupo parlamentario. En esta ocasión, el Gobierno no cumplió en los términos que acabo de manifestar, pues aprobó el proyecto de ley sin
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haber hecho ni un solo comentario con este grupo parlamentario, pero he de decir que después nos ha ofrecido aproximar posturas y, como este grupo parlamentario no ejerce el sectarismo de otros grupos, que hacen pactos excluyentes como el del Tinell y luego hacen lo que están haciendo hoy, señor ministro, y apuesta por ofrecer aquello que exige, el Grupo Popular ha retirado la enmienda de totalidad que habíamos presentado, como gesto que propicie un mayor entendimiento y un acercamiento de posturas entre el texto presentado por el Gobierno y la alternativa que en forma de 111 enmiendas parciales ha presentado el grupo al que pertenezco.
Para finalizar, quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que a título individual o en nombre de asociaciones nos han hecho llegar sus peticiones, quejas o problemas. Esperamos que nuestras enmiendas sirvan para solucionarlos, esa al menos ha sido nuestra intención. También quiero agradecer desde aquí los consejos de tantas personas, militares y no militares, que anónimamente nos han proporcionado luz entre tanta confusión. Señora presidenta, el grupo del que hoy me honro en ser portavoz espera que el trámite parlamentario mejore esta ley y confía en que el significado de la palabra consenso, que no es otra cosa que acercar posturas desde el desencuentro hasta llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes, guíe el trabajo que hoy comenzamos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Oltra, muchas gracias.
Finalizamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario Socialista y, en particular, de su portavoz, el señor Cuadrado. (Rumores.)
Señor Cuadrado, adelante.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, hoy ha presentado usted aquí un proyecto de ley, el de la Carrera Militar, que forma parte de un ciclo de tres años de reformas en materia de política de defensa, de política militar, que no tiene antecedentes en cuanto a la intensidad. Son tres años en los que, señorías, hemos aprobado la Ley Orgánica de la Defensa, no una cuestión menor, sino exactamente la ley fundamental en el marco de la defensa: para qué queremos las Fuerzas Armadas, qué política de defensa, qué política de seguridad para nuestro país; nada menos que esta cuestión.
Además, hemos dado garantías, señorías, a la profesionalización de las Fuerzas Armadas con una Ley de Tropa y Marinería que hace sostenible, viable, el sistema. Hemos tenido la ocasión de entrar en otros aspectos parciales con un decreto de indemnizaciones, la Directiva de Defensa Nacional, etcétera. Un gran ciclo de reformas en política de defensa que necesita esta ley, que es una ley, señorías, muy oportuna, tan oportuna que todos los que han intervenido han hecho referencia a la urgencia de arreglar situaciones laborales en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Todos han hecho referencia a los email, a los correos electrónicos que hemos recibido y, por tanto, es evidente que hay una urgencia en esa materia, pero lo que me interesa destacar, ante una política de Estado como esta, señor ministro, es que la Ley de la Carrera Militar lo que hace es dar respuesta desde el punto de vista profesional a lo que este Parlamento, las Cortes Generales, han decidido que quieren para la política de defensa en España. Efectivamente, señorías, necesitamos unas Fuerzas Armadas que no son las del siglo XIX, que no son los ejércitos de la guerra fría, que ni siquiera son los ejércitos de hace veinte años, son unas Fuerzas Armadas que cumplen misiones, al servicio de los españoles, en materia de defensa de España, la defensa del territorio, la defensa clásica; en materia de misiones en el exterior y política exterior de nuestro país; en materia de ayuda humanitaria en concreto -y hemos tenido ejemplos donde lo hemos podido comprobar-; en materia de servicios a la población como, por ejemplo, la extinción de incendios. Alguien se sorprendía de que se considere a un militar que está en la Unidad Militar de Emergencias un agente de la autoridad. Señor Mardones, ¿cómo no va a ser un agente de la autoridad alguien que tenga que decidir si se evacua una casa en fuego? ¡Por favor! No habrá que esperar a que venga un agente de la autoridad. Por tanto, es verdad, son las Fuerzas Armadas que necesitan los españoles para las misiones que les hemos encomendado y esta es la gran oportunidad de esta ley. Es imprescindible y urgente esta ley. Es una ley que, en coordinación con la Ley Orgánica de la Defensa, señor Llamazares, es absolutamente respetuosa con lo que queremos que hagan nuestros militares cuando están en el exterior. Es tan absolutamente necesario ser respetuosos con lo que queremos que sean -por cierto, a partir de una parlamentarización de la aprobación de las misiones en el exterior, ahora se aprueban aquí- que hoy no sería posible que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran, por ejemplo, en Afganistán si no fuera a las órdenes de Naciones Unidas, para hacer lo que les diga Naciones Unidas, para estar allí el tiempo que les diga Naciones Unidas, exclusivamente bajo mandato y a las órdenes de Naciones Unidas. Esa es la gran diferencia, señor Llamazares. Por eso me ha extrañado su discurso, que no tenía que ver directamente con la Ley de la Carrera Militar, pero que hablaba de la OTAN, de Naciones Unidas, de Afganistán y de las bases.
Señor Llamazares, estamos donde debíamos estar, donde los españoles han querido que estemos, donde este Parlamento, a través de la aprobación de la Ley Orgánica de la Defensa, ha querido que estemos, y es en misiones en el exterior que no se pueden entender si no es bajo el manto y con la bandera de Naciones Unidas. Por eso me ha extrañado. Es más, le diré una cosa, señor Llamazares, si hoy don Manuel Azaña pudiera votar aquí, votaría en contra, no le quepa ninguna duda, de esa enmienda a la totalidad. Le aseguro que me he leído con devoción todas las opiniones de don Manuel Azaña sobre política militar y hoy no podría entender que se argumente una enmienda a la totalidad de esta ley diciendo, como usted ha dicho, señor Llamazares, lo siguiente. A propósito de aquello de que nunca hablamos de política de defensa, como decía don Manuel Azaña, como ve usted, en esta legislatura quizá no hacemos otra cosa que hablar de política de defensa. Estaría muy contento don Manuel Azaña. No hablamos de otra cosa, no me lo negará. Hemos hablado de política de defensa de la A a la Z. Y hoy ha dicho usted aquí que los ascensos tienen que
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ser muy objetivos. Le he leído las 92 enmiendas que su grupo ha presentado y usted plantea con enmiendas concretas que los ascensos tienen que ser tan objetivos que volvemos al ascenso por antigüedad, se lo aseguro.
Aplicando literalmente sus enmiendas no habría otra razón. Volvemos atrás. Nosotros tenemos aproximadamente 1.200 coroneles y ustedes saben, señor Llamazares y señor Mardones, que todos no pueden llegar a generales en unas Fuerzas Armadas operativas. Estará de acuerdo conmigo. Como esto es así, hay que aplicar un sistema que sea objetivo y justo, y no hay manera de hacerlo con lo que usted propone en sus enmiendas parciales.
Señorías, tienen que ser operativas y viables las Fuerzas Armadas. Que nuestras Fuerzas Armadas, cuando vayan a Afganistán, hagan lo que están haciendo, un excelente trabajo. Para eso hace falta tener unas Fuerzas Armadas que tengan unos componentes operativos de posibilidad de funcionamiento y con lo que ustedes proponen, señorías, las harían absolutamente inviables.
Señorías, en la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida se dice que el sistema de enseñanza que se propone es un alicatado de las academias. ¿Un centro universitario adscrito a una universidad pública española, de acuerdo a nuestra Ley Orgánica de Universidades, es un alicatado? Es un centro adscrito que propone títulos universitarios, porque lo que hace hoy aquí este proyecto de ley que trae el Gobierno es abrir puertas -más, no digo yo que estuvieran cerradas-, y hoy para ser oficial hace falta tener un título universitario. ¿Cómo se obtiene el título universitario? Como se obtienen en España todos los títulos universitarios, y en este caso a través de un centro adscrito a la universidad, señor Llamazares. Si conseguimos este gran avance -ojalá; ¿qué diría don Manuel Azaña si levantara la cabeza?-, no diga usted que no, señor Llamazares, retire la enmienda a la totalidad. Si usted quiere hacer un discurso de política militar diferenciada del Partido Socialista, es posible que tenga materia para hacerlo, pero no por ahí, señor Llamazares. Por eso hoy ha hecho usted un discurso aquí con la OTAN, las bases y Afganistán, no con la ley de la carrera militar.
Señorías, estamos ante una ley que forma parte de un ciclo reformista en materia de política de defensa que no se podrá igualar, sin ninguna duda: en tres años, Ley Orgánica de la Defensa Militar, profesionalización de verdad, con dinero, con recursos -no se puede hacer de otra manera-, y una ley de carrera militar que homologa. Alguien antes ha empleado una expresión en relación con el modelo: de vocacional a ocupacional. No, militares vocacionales, profesionales, pero homologados a todas las fuerzas armadas de los países más avanzados del mundo: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia o Estados Unidos. Si ustedes ven los sistemas de acceso a oficiales y suboficiales, de relación con las universidades y la formación universitaria, verán que hoy aquí damos un enorme paso.
Termino con lo siguiente. Es una ley que va a tener un gran consenso, y esto es bueno para una política de Estado como esta y para unas fuerzas armadas como las que queremos todos. Yo creo que estamos haciendo, con esta voluntad de consenso, un gran servicio al país, al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y a los grandes objetivos y misiones de las Fuerzas Armadas. Desde Esquerra Republicana se nos dice que se quiere una ley más social, y habrá posibilidades de hacerlo en las enmiendas, S.S. lo sabe, incluso con herencias del pasado donde es posible que se pueda plantear una situación de injusticia clara con respecto a colectivos concretos.
Usted sabe que hay una voluntad de hacer modificaciones en esa dirección que usted plantea, pero yo le pido que retire la enmienda a la totalidad, porque hoy existe aquí una necesidad, en términos de voluntad política, por encima de aspectos parciales, en los que vamos a tener la posibilidad, mediante enmiendas y mediante una voluntad de consenso, de introducir esos elementos de mejora, de dar un gran paso hacia unas fuerzas armadas del siglo XXI. Yo creo que esto debería hoy primar.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cuadrado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIONES.)
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, vamos a proceder a las votaciones del día de hoy. Comenzamos con la votación del proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, para su armonización internacional, con base en la normativa de la Unión Europea. Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) La primera es una enmienda transaccional, ¿Algún grupo se opone a dicha enmienda? (Pausa.) Comenzamos votando la enmienda transaccional a la enmienda número 26, que también lo es a la enmienda número 84, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobada.
Seguimos con la enmienda transaccional a la enmienda número 51, que también lo es a la enmienda número 89 del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. ¿Algún grupo se opone? (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 304; en contra, uno.
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Pasamos a votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 131; en contra, 165; abstenciones, ocho.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del dictamen.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda aprobado el dictamen.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Pasamos a votar el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia. Comenzamos votando la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305, a favor, nueve; en contra, 164; abstenciones, 132.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Queda rechazada.
Continuamos votando en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 18; en contra, 283; abstenciones, dos.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Quedan rechazadas. Les informo, señorías, de que han sido retiradas las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Pasamos, finalmente, a votar en bloque las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 132; en contra, 171; abstenciones, dos.
Finalmente, señorías, procedemos a la votación del dictamen.
La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Finalizamos, señorías, con la votación del debate de totalidad de iniciativas legislativas, en particular las enmiendas de totalidad de devolución del proyecto de Ley de la Carrera Militar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, nueve; en contra, 284; abstenciones, 11.

References: artículo 42
 artículo 42
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 6
 real decreto 
 resolución 
 artículo 3