Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-460-08.htm
Timestamp: 2017-10-22 13:48:31+00:00

Document:
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada y regulada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Leonardo Berrío Chamorro demandó los artículos 495 y 502 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.”
Explica que la mayoría de los estados han señalado que para conceder la extradición debe existir una “causa probable de autoría del hecho que de pie a la detención y posterior extradición” del solicitado, lo cual se establecerá a través de las pruebas que generen convicción acerca de los hechos materia de juzgamiento, que se deberán allegar a la solicitud de extradición.
En consecuencia, después de citar jurisprudencia de la Corte Constitucional en donde se desarrolla el “test de razonabilidad”, argumenta que existe una desigualdad sustancial en el trámite de la solicitud de extradición, que hacen naciones como Gran Bretaña, respecto a la misma hecha por otras, como los Estados Unidos de América, donde no se exige la causa probable de realización de la conducta punible. Así, agrega:
“El trato discriminatorio, tiene su fuente en la formación de la Ley 906 de 2004, ya que durante los debates que le dieron origen, el honorable Congreso de la República de Colombia, no tuvo en cuenta los preceptos legales existentes como lo eran la Ley 138 de 1888 y Ley 26 de 1913. … en Colombia existen tres leyes vigentes que regulan la extradición de manera distinta, producto de la falta de coherencia en la creación de la ley 906 de 2004. Es decir, que el trato discriminatorio es producto no de un objetivo expreso por parte del legislador, sino de un error en la formación de la ley 906 de 2004. Debemos tener en cuenta que en este mismo error se incurrió en la creación del anterior Código de Procedimiento Penal (ley 600 de 2000), el cual aun cuando es vigente en cierta parte del territorio colombiano, en materia de extradición ya no lo es, y es por ello que se hace referencia a la ley 906 de 2004.” (F. 20 cd. inicial).
Concluye señalando que no existe objetivo claro para el trato diferenciador y es por ello que la Ley 906 de 2004, en sus artículos 495 y 502, no supera la primera etapa del “test de razonabilidad” y, por ende, su trato discriminatorio se constituye en inconstitucional.
Por tanto considera la Fiscalía que en el caso objeto de estudio, se mantienen las mismas razones sociales, culturales, políticas e ideológicas que se tuvieron en cuenta en la sentencia C-1106 de 2000 y que se repitieron en la C-1266 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. En consecuencia, la Fiscalía solicita a la Corte Constitucional que mantenga su línea jurisprudencial sobre la materia y declare la exequibilidad de las normas demandas.
Mauricio Pava Lugo, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, solicitó a la Corte que declare la constitucionalidad de las normas demandadas, en intervención que arribó extemporáneamente, recordando con distintos puntos de vista doctrinarios que, en materia de extradición, la “causa probable”, como patrón probatorio para concederla, estaría satisfecha con la copia auténtica de la sentencia o de la resolución de acusación o su equivalente, que aporte el Estado requirente. Se parte del principio de confianza legítima internacional, conforme al cual se considera que las autoridades judiciales del país solicitante, si han sentenciado o acusado, ha sido porque contaban con el material probatorio suficiente para proceder de tal manera; en síntesis, se confía en las autoridades judiciales extranjeras, como se confía en las propias.
Recuerda que en dicha ocasión la Corte integró la unidad normativa con el texto completo de cada uno de los artículos citados, razón por la cual, en criterio del Ministerio Público existe cosa juzgada material en relación con el cargo por la presunta violación del derecho fundamental al debido proceso, toda vez que esta corporación ya se manifestó sobre los argumentos en que éste se fundamenta. Así, determinó que el trámite de extradición no es el de un proceso judicial y que el pronunciamiento de la Sala de Casación Penal no es una providencia de tal naturaleza. Además, la Corte Constitucional determinó que dada la naturaleza de la figura de la extradición, el concepto que emita la citada Sala no puede incorporar juicios de valor ni efectuar un análisis probatorio respecto de la existencia de la conducta punible, sus circunstancias, ni sobre la responsabilidad del solicitado en el delito por el cual es requerido.
“… todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Un tribunal puede apartarse de un precedente cuando considere necesario hacerlo, pero en tal evento tiene la carga de argumentación, esto es, tiene que aportar las razones que justifican el apartamiento de las decisiones anteriores y la estructuración de una nueva respuesta al problema planteado. Además, para justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretación actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, que ha orientado el sistema jurídico de determinada manera.”
3.2. En el mismo sentido, la jurisprudencia ha manifestado que hay lugar a declarar cosa juzgada material “cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos”, fenómeno que, como se explica en la misma providencia, “tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política”[2].
De tal forma, para esta corporación la cosa juzgada material se justifica en cuanto “los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior”[3].
3.3. Finalmente, sobre la naturaleza de esta figura, se ha advertido que “para que se produzca el fenómeno de la cosa juzgada material no es indispensable que los textos de las normas sean idénticos; sin embargo, su contenido sí debe serlo. Ahora bien, la identidad de contenidos supone que los efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos. En tal medida, cualquier modificación que restrinja, aumente o de algún modo altere los efectos de la norma, justifica un nuevo pronunciamiento de constitucionalidad”[4].
“… por su propio contenido, el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente.
Por esto –y no por otra razón-, es que la intervención de la Corte Suprema de Justicia en estos casos, se circunscribe a emitir un concepto en relación con el cumplimiento del Estado requirente de unos requisitos mínimos que ha de contener la solicitud, los cuales se señalan en el Código de Procedimiento Penal.”
Así, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, de manera supletoria, por la ley. El artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 1997, modificó el alcance que se había consagrado en el texto original de la Constitución de 1991 y facultó a las autoridades competentes para conceder la extradición de nacionales colombianos por nacimiento, por delitos cometidos en el exterior que sean considerados como tales en la legislación penal colombiana, con la improcedencia por delitos políticos y “cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma”.
No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener por objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero -si no se trata de sentencia- sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el Gobierno Nacional lo previsto en los tratados públicos.”
“… en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud.”
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 495 Y 502 de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
A este respecto debo afirmar que los enunciados normativos demandados en esta ocasión son normas que forman parte de un Código de Procedimiento Penal distinto al adoptado en 1991, con un sistema procesal penal diferente, expedido con posterioridad a un segundo Código de Procedimiento Penal del año 2000 –Ley 600 de 2000- y una reforma constitucional –Acto Legislativo 03 de 2004-. Esto significa que actualmente existe otro contexto jurídico y político.
Adicionalmente, es de observar que el Código de Procedimiento Penal actual (Ley 906 de 2004), contiene un capítulo especial (arts. 490 a 514) dedicado a la extradición. Así mismo, considero necesario advertir que en el contexto de legitimación, hay una diferencia entre la adopción de un decreto ley y una ley, fruto de un debate democrático. Así también, la titulación del artículo 502 es diferente a la del artículo 558 del Decreto 2700 de 1991, que alude sólo a la “Corte”.
[1] C-447 de septiembre 18 de 1997, M. P. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Cfr. C-489 de mayo 4 de 2000, M. P Carlos Gaviria Díaz.
[3] Cfr. auto N° 027A de junio 30 de 1998, M. P. Carlos Gaviria Díaz.
[4] Cfr. C-565 de mayo 17 de 2000, M. P Vladimiro Naranjo Mesa.
[5] Cfr. C-1266 de diciembre 5 de 2005, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
[6] Cfr. sentencia en el asunto de radicación 22072, noviembre 3 de 2004, M. P. Alfredo Gómez Quintero.
[7] Asunto de radicación 25.333, julio 4 de 2006, M. P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

References: resolución 
 artículo 243
 artículo 1
 resolución 
 artículo 502
 artículo 558