Source: http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/($IDWeb)/4B9CF28637E88D4203257BF200430ECA
Timestamp: 2019-10-18 18:50:26+00:00

Document:
Resolución ENRE 0267/2013. (no publicada en B.O.) , miércoles 25 de septiembre de 2013, 26 p.
Citas Legales : Código procesal civil y comercial - artículo 165, Constitución nacional - artículo 042, Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso a), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso b), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso f), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso g), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso h), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 inciso y), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos a); f) y g), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - artículo 25 incisos b) e y), Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 2., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 3., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 3.2., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 4., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 5.1., Contrato de concesión (Edesur S.A.) - subanexo 4 - punto 6.3., Decreto 01398/1992 - anexo I - artículo 56 inciso b) - punto b.1.3., Decreto 01759/1972 (t.o. 1991) - artículo 084, Ley 15.336, Ley 15.336 - artículo 02, Ley 19.549 - artículo 07 inciso d), Ley 24.065 - artículo 02, Ley 24.065 - artículo 02 inciso a), Ley 24.065 - artículo 04, Ley 24.065 - artículo 27, Ley 24.065 - artículo 56 incisos a); o) y s), Ley 24.065 - artículo 56 inciso b), Ley 24.065 - artículo 63 incisos a) y g), Ley 24.065 - artículo 72, Ley 24.065 - artículo 89, Ley 24.240, Ley 24.240 - artículo 25, Ley 24.240 - artículo 40 bis, Ley 24.240 - artículo 45, Ley 26.361, Plan operativo de emergencias (Edesur S.A.), Resolución ENRE 0002/1998, Resolución ENRE 0002/1998 - anexo, Resolución ENRE 0031/2011, Resolución ENRE 0031/2011 - artículo 01, Resolución ENRE 0031/2011 - artículo 02, Resolución ENRE 0031/2011 - artículo 07, Resolución ENRE 0031/2011 - artículo 17, Resolución ENRE 0292/2009, Resolución ENRE 0347/2012, Resolución ENRE 0347/2012 - artículo 4, Resolución ENRE 0525/2010, Resolución ENRE 0527/1996, Resolución ENRE 0527/1996 - anexo - punto 2.4., Resolución ENRE 0905/1999, Resolución ENRE 0905/1999 - anexo - punto 1., Resolución ENRE 0905/1999 - anexo - punto 4.4., Resolución SE 0146/2002, Resolución SE 0250/2013, Resolución SE 2022/2005, Resolución SE 2022/2005 - artículo 3
Fallos Citados : CNFed. Cont. Adm. Sala 1; fallo: "Edenor S.A. c/ Resolución ENRE 32/2011 s/ medida cautelar" (Expte. N° 33.580/2010). Causa N° 6.406/2011 [28 de abril de 2011], CNFed. Cont. Adm. en pleno; fallo: "Edesur S.A. c/ Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Resolución 361/05 - Resolución SE 568/08" (Expte. N° 157.932/02). Causa N° 20.402/08 [13 de julio de 2011], CSJN; fallo: "Angel Estrada y Cía. S.A. c/ Resolución SEyP 71/96" (Expte. N° 750-002119/96) [5 de abril 2005], CSJN; fallo: "Fernández Arias Elena y otros c/ Poggio José (Suc)" [19 de septiembre de 1960]
VISTO: Los Expedientes ENRE N° 33.528/2010 y N° 33.540/2010 y la Resolución ENRE N° 31/2011, y
Que a fojas 1.052/1.104 y documentación anexa del Expediente ENRE N° 33.528/2010, al cual se refieren las demás remisiones que se efectúan a continuación en este acto, la “EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A.” (“EDESUR S.A.”) presentó el 11 de marzo de 2011, en legal tiempo y forma, en atención a la fecha de notificación de fojas 961, vista conferida en el Artículo 17 de la Resolución impugnada, fojas 959/960, y el cargo de fojas 1.052, Recurso de Reconsideración y de Alzada en subsidio contra la Resolución ENRE N° 31 del 8 de febrero de 2011 (fojas 939/960).
Que la mencionada Resolución dispuso imponer sanciones a “EDESUR S.A.” por incumplimientos a sus obligaciones verificadas entre los días 20 y 31 de diciembre de 2010, a saber: una multa por incumplimiento al Artículo 25 incisos a), f) y g) del Contrato de Concesión y el Artículo 27 de la Ley N° 24.065, una multa por incumplimiento al Artículo 25 incisos b) e y) del mismo contrato y la Resolución ENRE N° 905/1999 y asimismo, con base en lo dispuesto en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, el Artículo 2 de la Ley N° 24.065 y el Artículo 40 bis de la Ley N° 24.240, el pago de resarcimientos a los usuarios T1R afectados por las interrupciones en el servicio público de electricidad prestado por “EDESUR S.A.”.
Que la Distribuidora manifiesta en su Recurso que las sanciones y resarcimientos dispuestos carecen de fundamentación y que no se le permitió producir la prueba ofrecida, entre ellas la pericial sobre el impacto del clima extraordinario durante el mes de diciembre de 2010 en las redes subterráneas y sobre la capacidad de transmisión de los cables, no habiéndose tampoco respetado los límites sancionatorios previstos contractualmente.
Que en cuanto a los resarcimientos dice que no se han demostrado reclamos de los usuarios por los daños, no se le ha permitido defenderse sobre ese punto ni se ha probado la relación de causalidad entre los daños y las interrupciones, ni la existencia misma de ellos, ni tampoco fue tratada por el ENRE la propuesta de la Distribuidora de habilitar un procedimiento en "EDESUR S.A." para los usuarios con daños efectivos.
Que en el relato de los hechos entre los días 20 y 31 de diciembre de 2010 realizado por la recurrente y su comparación entre la temperatura y lluvias esperadas y las producidas, enfatiza haber dispuesto en la ocasión todos sus recursos humanos y técnicos posibles, tanto en la recuperación de la red como en el Plan Operativo de Emergencia (POE), habiendo además previsto adecuadamente el número de su personal, el que aumentó en un VEINTIDÓS POR CIENTO (22%), por encima de lo solicitado por el ENRE.
Que "EDESUR S.A." alega la nulidad absoluta de la Resolución recurrida por vicio en la causa con fundamento en: (i) haber el ENRE considerado que el fenómeno climático no fue anormal, para lo cual aporta datos sobre las temperaturas registradas en el período de que se trata y la continuidad de ellos con alta temperatura de lo que se deriva el calentamiento progresivo de las instalaciones y su entorno, incrementándose así las tasas de falla de los equipamientos eléctricos, (ii) haber considerado que el personal de "EDESUR S.A." durante la crisis fue insuficiente, por lo ya expresado al respecto, (iii) haber considerado incumplida la Resolución ENRE N° 905/1999 por demoras en la instalación de grupos electrógenos, sobre lo cual señala diferencias interpretativas (iv) que el ENRE le atribuye no haber previsto correctamente el incremento irracional de la demanda, cuando se trata del efecto de la originada por climatización provocada por los picos del verano que se funda en decisiones individuales de los usuarios y además los parámetros para estimar el aumento de la demanda se encuentran distorsionados, (v) no haber cumplido con la realización de las inversiones necesarias, en tanto el ENRE no ha considerado los extraordinarios precios bajos de las tarifas a lo que se agrega el impulso irrazonable que tal elemento determina en el aumento de la demanda, (vi) atribuirle la desatención a nuevos pedidos de suministro, que niega, por entender que corresponde al ENRE probar su ocurrencia afirmando que durante el período referido no hubo solicitudes de nuevos suministros sin que hubiesen sido cumplidos dentro de los plazos contractuales y que en cuanto al incumplimiento del Artículo 25 inciso g) del Contrato de Concesión por la salida en servicio de equipos, no se tuvo en cuenta que los mismos se encontraban sobre exigidos por la exagerada demanda, por lo que sus salidas de servicio no deben ser penalizadas por tratarse de conductas prudentes, (vii) haber considerado que "EDESUR S.A." incumplió con la Resolución ENRE N° 525/2010, siendo que por el contrario la cumplió dado que al dictarse la misma ya estaba ampliado el Plan de Inversión 2010, y aún así se presentó y ejecutó la regularización de su Plan Operativo y (viii) no haberse acreditado daño alguno para que sea viable la aplicación del Artículo 40 bis de la Ley N° 24.240 y haber ignorado la ya referida propuesta de “EDESUR S.A.” proponiendo un procedimiento de verificación de daños.
Que la recurrente considera violado el debido proceso legal al haberse rechazado la prueba ofrecida por innecesaria y no haberse corrido un traslado a "EDESUR S.A." respecto de los daños causados, entendiendo que la Resolución recurrida está fundada solamente en apariencia y que el debido proceso se afecta ante la fijación de una multa que supera más de SETENTA (70) veces el límite máximo.
Que también considera la recurrente que el ENRE incurrió en error en el derecho aplicado, al haber fundado la sanción y su monto en el Artículo 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión atento tanto al límite máximo penalizable como a su determinación y destino, entendiendo en cuanto a esto último que ambos conceptos deben estar únicamente referidos a los usuarios afectados.
Que asimismo afirma que ha existido vicio en el objeto en tanto no existió el derecho de defensa de "EDESUR S.A." de poder ser oída y ofrecer prueba (debido proceso adjetivo) y haber el ENRE asumido daños como existentes sin haberlos comprobado.
Que el mismo vicio atribuye a la Resolución recurrida en cuanto a lo dispuesto en sus Artículos 1 y 2, por no haber abierto a prueba el procedimiento y además resultar la sanción impuesta en dicho articulado excesiva y no respetarse los límites establecidos en el ya citado punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión ni tampoco el principio de tipicidad.
Que sobre la motivación del acto también lo encuentra viciado alegando que está basado en fundamentos que no son más que mera apariencia, por existir remisiones a informes internos, haber efectuado lecturas parciales del descargo, haber emitido juicios de valor basados en una versión de los hechos y haber asumido determinadas circunstancias como ciertas, pero sin pruebas concretas, volviendo a referir en este cuestionamiento la no producción de pruebas en afectación a la garantía del debido proceso. En tal sentido y por los fundamentos antes reseñados considera viciado el procedimiento.
Que "EDESUR S.A." también sostiene que el acto recurrido persigue una finalidad distinta a la que dice buscar, entendiendo irrazonable que mediante sanciones que producen una afectación sustancial a su giro económico y que configuran exceso de punición se pretenda incentivar y mejorar niveles de inversión, que es lo que dice buscar el ENRE, y que debido al acto atacado ella no ha alcanzado a operar con balance neto positivo, sino que resultó en una pérdida neta.
Que en cuanto al Artículo 40 bis de la Ley N° 24.240, sobre cuya base se dispusieron resarcimientos a los usuarios, lo tacha de inconstitucional requiriendo que se revoque el acto por razones de legitimidad. Sostiene su interpretación con base en el criterio, que cita, fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Angel Estrada”.
Que asimismo, bajo el título de “Ilegalidades adicionales” "EDESUR S.A." considera que se han verificado en el caso las siguientes ilegalidades: (i) duplicidad de sanciones, como entiende que las configura el Artículo 7 de la Resolución recurrida, (ii) determinación de daños de oficio sin un previo trámite acorde a toda actividad jurisdiccional y sin ponderar que ya se encuentran previstas en el Contrato de Concesión, y (iii) determinación de daños sin sustento fáctico sino de un modo hipotético, no constituyendo en todo caso daños resarcibles en términos jurídicos.
Que como conclusión de su Recurso la concesionaria peticiona la revocación de la Resolución recurrida y, subsidiariamente, para el caso de su rechazo, solicita que se dé trámite al Recurso de Alzada que en subsidio interpone.
Que al proceder al análisis de los argumentos recursivos, siendo que “EDESUR S.A.” en el desarrollo de los mismos vuelve a referenciar repetidamente distintos aspectos del acto recurrido, se tratarán en los considerandos siguientes en forma conjunta.
Que la recurrente sostiene la existencia de fuerza mayor para su actividad con motivo del fenómeno climatológico acaecido entre los días 20 al 31 de diciembre de 2010, cuyos extremos detalla, con el objetivo de eximirse de responsabilidad conforme los términos contractuales de la concesión.
Que la prestación del servicio de distribución de electricidad requiere, además que contar con las instalaciones pertinentes (transformadores, cables, interruptores, postes y demás instalaciones), que las mismas se encuentren en correcto estado de mantenimiento que permita abastecer a los usuarios, por lo que en consecuencia el servicio no debiera fallar más allá de los límites contractualmente admisibles definidos en las “Normas de calidad del Servicios Público y sanciones”, del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Que la excepción a este principio está dada por la configuración de fuerza mayor, lo cual se alega en el caso.
Que ni el cuadro de las “temperaturas/lluvia” contenido en el Recurso (fojas 1.057) ni el de “temperaturas mínimas, máximas y medias registradas entre el 20 y el 31 de diciembre de 2010” (fojas 1.063) demuestran que los datos resulten extraordinarios para los últimos días del mes de diciembre en la ciudad de BUENOS AIRES y alrededores a los fines de su encuadramiento como fuerza mayor.
Que independientemente de ello, en cuanto se refiere a niveles de temperatura, los datos indicados no se encuentran comprendidos en los parámetros objetivamente reglamentados por el ENRE en la “Base Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico” (Resolución ENRE N° 527/1996), cuyo punto 2.4. “Interrupciones por causas de Fuerza Mayor”, prevé su reconocimiento “1) Cuando hubieren sido autorizadas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD u ordenadas por el mismo u otra autoridad competente, y 2) Cuando sean consecuencia de temperaturas superiores a los +45° C, o inferiores a los -10° C, o de vientos de 130 km/h o más o de inundaciones de carácter excepcional”. La reglamentación no distingue situaciones derivadas de eventuales efectos por la “acumulación” de temperaturas inferiores sostenidas en el tiempo.
Que por lo tanto, en cuanto a niveles de temperatura se refiere, para justificar interrupciones del servicio de pleno derecho los mismos deben superar los precedentemente indicados.
Que la obvia mayor demanda de energía durante el período de que se trata con motivo de la temperatura registrada, que se cita a fojas 1.063, no puede tampoco justificar el incumplimiento, ya que la recurrente debe prever que se encuentre asegurada en todo momento la continuidad del servicio público a su cargo, con la excepción de la ocurrencia de temperaturas que superen los +45° o sean inferiores a -10°.
Que descartada la verificación de fuerza mayor, la responsabilidad de la concesionaria según su Contrato de Concesión aparece claramente configurada.
Que en tal sentido los efectos estacionales (en este caso las altas temperaturas) sobre las redes subterráneas son perfectamente conocidos y por lo tanto previsibles al momento de dimensionar adecuadamente las redes de distribución de energía.
Que por lo expuesto, lo expresado por la recurrente a fojas 1.061 y siguientes (incremento en la tasa de fallas por las altas temperaturas y el aumento de la demanda) no es atribuible a condiciones excepcionales sino a la falta de inversión para adaptar las redes a la demanda y/o a la celeridad en la atención de las interrupciones.
Que la consecuencia derivada de ello y/o por el mal mantenimiento u obsolescencia de los equipos son las interrupciones por sobrecargas de los mismos, lo que incluye los casos en los que las interrupciones se disponen para evitar las sobrecargas.
Que en estas circunstancias los equipamientos se llevan a su límite de carga o incluso a estados de sobrecarga porque no existen en cantidad suficiente para que actúen en forma normal.
Que cabe destacar que durante el período del 20 al 31 de diciembre de 2010 la concesionaria tuvo alrededor de NOVENTA (90) afectaciones en sus alimentadores de Media Tensión (M.T.) en las que se superaron las DOCE (12) horas de corte contadas desde el inicio de la interrupción y hasta la reposición total del suministro mientras que en cuanto a la red de Baja Tensión (B.T.), en el mismo período se registraron aproximadamente NUEVE MIL SETECIENTOS (9.700) afectaciones en las que se superaron las DOCE (12) horas de corte, contadas desde el inicio de la interrupción y hasta la reposición total del suministro (datos suministrados por la Distribuidora en cumplimiento del Modelo de Datos definido en el Anexo a la Resolución ENRE N° 2/1998).
Que en general, cuando hay interrupciones en la red de M.T. el servicio se puede reponer en el orden de DOS (2) a CUATRO (4) horas mediante maniobras en la red (se transfieren los usuarios -centros MT/BT- a otro alimentador que puede ser de la misma subestación AT/MT o de otra cercana). Con ello, lo que se logra es aislar la falla, para repararla más tarde o cuando haya tiempo y/o los materiales necesarios. Luego de la reparación, se vuelve la red a la condición previa a la falla. Todo ello es factible cuando las instalaciones cuentan con “reserva”.
Que de acuerdo a diseño esta reserva debe estar prevista para que ante un problema exista una alimentación alternativa, lo cual técnicamente se expresa indicándose que frente a la simple contingencia se pueda reponer el servicio.
Que en el caso, dado los niveles de carga alcanzados por los alimentadores y los tiempos insumidos para la reposición del servicio, ha quedado evidenciada la falta de reserva para transferir carga, por lo que ante la falla de los alimentadores los usuarios vinculados al mismo quedaron sin servicio hasta la reparación de la falla, todo lo cual es claramente demostrativo de la falta de inversión suficiente.
Que al respecto debe recordarse lo dispuesto por la reglamentación del inciso b) del Artículo 56 (b.1.3) de la Ley N° 24.065 que expresa: “El concesionario determinará, a su criterio, los trabajos e inversiones que estime necesario llevar a cabo a los efectos de dar cumplimiento al nivel de calidad preestablecido” (Decreto N° 1.398/1992).
Que por lo tanto no corresponde, en principio, que esta autoridad regulatoria determine qué y dónde deben hacerse las inversiones, sin perjuicio de su deber de control, y el del ejercicio -a criterio del ENRE- de la potestad que le reconoce el Artículo 25, inciso h) del Contrato de Concesión de “EDESUR S.A.”.
Que también debe recordarse que conforme lo dispuesto por el punto 5 del Subanexo 4 del referido Contrato, “Sanciones”, se establece que el objetivo de la aplicación de sanciones económicas es “... orientar las inversiones de LA DISTRIBUIDORA hacia el beneficio de los usuarios, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público de electricidad.”.
Que de lo expuesto surge claramente la procedencia y fundamentación de las penalidades aplicadas en los Artículos 1 y 2 de la Resolución recurrida.
Que en cuanto al incumplimiento al Artículo 25 inciso y) del mencionado Contrato, se verificó tanto con motivo de una infracción consistente en la demora de la instalación de grupos electrógenos que no fue objeto de oportuno descargo (fojas 180/2), así como también de la constatación indiscutible de haber resultado insuficiente la cantidad de personal afectado y/o medios para atender la situación de emergencia planteada dados los tiempos excesivos de falta de suministro.
Que en tal sentido debe recordarse que la Resolución ENRE N° 905/1999 dispuso la existencia obligatoria de un POE para aplicar en casos de interrupciones importantes del servicio. En su parte pertinente la Resolución expresa: “1.- Objeto: El objeto del Plan de Emergencias es prever la reacción oportuna y adecuada de la empresa ante incidentes imprevistos que provoquen interrupciones importantes del servicio…” orientado para cumplir las siguientes funciones básicas: … b) Planificar un sistema eficiente de fuentes alternativas de abastecimiento que provea el servicio en forma temporaria hasta que se supere la contingencia, c) Organizar a la empresa adecuadamente para administrar situaciones de crisis, pudiendo disponer un aumento del personal asignado a la solución del problema y a la atención de la zona afectada …” 4.4.- …Organización funcional de emergencias: Es la estructura orgánica que se pone en funcionamiento en la empresa para enfrentar la situación de emergencia. Debe ser capaz de enfrentar la situación más crítica que pueda presentarse…”
Que en el caso ha quedado evidenciado que el personal afectado por la Distribuidora resultó insuficiente para “enfrentar la situación más crítica que pueda presentarse”.
Que en lo que se refiere a las obligaciones de la Distribuidora en materia de inversiones, es indudable su responsabilidad última como prestadora del servicio público, debiendo por lo tanto realizar todas las que resulten necesarias para mantener la calidad del mismo; en tal sentido el Artículo 25 del Contrato de Concesión establece que: “LA DISTRIBUIDORA deberá cumplimentar las siguientes obligaciones: … f) Efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los niveles de calidad del servicio definidos en el “Subanexo 4”, y “g) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno y conforme al nivel de calidad establecido en el “Subanexo 4”, debiendo a tales efectos, asegurar las fuentes de aprovisionamiento. LA CONCEDENTE no será responsable, bajo ninguna circunstancia, de la provisión de energía eléctrica faltante para abastecer la demanda actual o futura de LA DISTRIBUIDORA…”.
Que el Artículo 27 de la Ley N° 24.065 prescribe que: “Los transportistas y los distribuidores efectuarán el mantenimiento de sus instalaciones en forma de asegurar un servicio adecuado a los usuarios”.
Que el Artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión expresa que es obligación de la Distribuidora “cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas del ENTE en virtud de sus atribuciones legales”.
Que al citar normativa de su Contrato de Concesión la Distribuidora afirma que las penalidades aplicadas en el caso “…no son las previstas...” en dicho contrato (fojas 1.084), omitiendo la previsión del punto 5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, según la cual el Ente ha sancionado los incumplimientos en forma complementaria a la normativa prevista en los puntos 2, 3 y 4 del Subanexo 4 del referido Contrato, cuyo análisis es semestral.
Que sobre ello corresponde remitirse a lo que se ha expresado con detalle en los considerandos del acto recurrido en oportunidad de imponer la sanción, de los que surge que se trata de la aplicación de multas distintas, no impidiendo los precedentemente citados puntos 2, 3 y 4 -sanciones específicamente tabuladas- la aplicación, también, de las sanciones del punto 5.1, estas últimas no específicamente tabuladas.
Que el punto 5.1, siempre del mismo Subanexo expresa: “El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENTE), dispondrá la aplicación de sanciones, complementarias a las ya mencionadas cuando la Distribuidora no cumpla con las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, sus Anexos y la Ley N° 24.065 (marco regulatorio de la generación, transporte y distribución de la electricidad)”.
Que por ello “EDESUR S.A.” puede ser pasible de más de una penalidad por sus incumplimientos. La multa bajo la modalidad de bonificación destinada a los usuarios afectados en forma individual y directa, y también la que pueda aplicarse en forma complementaria por incumplimiento de otras obligaciones (como las emergentes de los incisos a), f) y g) del Artículo 25 del Contrato de Concesión), resaltando que la expresión del texto precedentemente transcripto refiere a multas complementarias “a” las ya mencionadas y no “de” las ya mencionadas, por lo que tampoco la penalización de las complementarias se encuentra subordinada a las de la calidad, sino que su aplicación por incumplimiento a otras obligaciones de la concesionaria es totalmente independiente de las primeras.
Que en cuanto al planteo de la recurrente referido al quantum de la multa, por considerar las sanciones notoriamente excedidas de los límites contractualmente previstos, debe puntualizarse que el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión prescribe que por incumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión el Ente podrá aplicar una multa no superior “al valor de QUINIENTOS MIL (500.000) kWh valorizados al precio que en promedio vende energía eléctrica”.
Que la Distribuidora considera que dicho límite debe calcularse por el incumplimiento producido con independencia de la cantidad de usuarios afectados por el mismo.
Que debe advertirse que la misma norma expresa que: “El ENTE destinará esta multa a compensar a quien sufriese un daño o sobrecosto por el accionar de LA DISTRIBUIDORA”, cuya razonable interpretación no puede ser otra que el límite corresponde a cada usuario, y no al hecho en sí, porque de lo que se trata es de compensar daños o sobrecostos y ello no puede ser obtenido con un límite global que no tenga en cuenta el número de perjudicados.
Que a los efectos de evidenciar la apuntada razonabilidad basta considerar que si en el presente caso, en el que se vieron afectados por más de DOCE (12) horas aproximadamente DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL (287.000) usuarios (siendo muchos más los que han sufrido interrupciones de menor duración), sólo considerando a los primeros, el máximo penalizable de QUINIENTOS MIL (500.000) kWh., equivalentes a PESOS SETENTA Y UN MIL ($ 71.000), -según la tarifa de época-, la penalidad por usuario sólo ascendería a CERO COMA VEINTICINCO CENTAVOS ($ 0,25), lo que no parece razonable (y la cifra sería aún sensiblemente menor si se incluyeran a los afectados por lapsos menores).
Que por lo tanto la sanción aplicada se encuentra dentro de los límites previstos en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Que con relación al cuestionamiento relacionado con la determinación de la multa, que se efectuó sobre la base del universo de los usuarios, ello se enmarca en los criterios que adopta el ENRE al discernir el quantum de las sanciones que aplica, que en lo que se refiere a la penalidad dispuesta en los Artículos 1 y 2 del acto recurrido se basó en el antecedente configurado por la Resolución ENRE N° 525 del 22 de septiembre de 2010 que intimó a “EDESUR S.A.” poco tiempo antes de que se verificaran los incumplimientos sancionados.
Que en efecto, el referido acto emplazó a la concesionaria a adecuar el Plan de Inversiones del año 2010 a las instrucciones que aparecen citadas en dicho acto e impartió otras.
Que surge de los considerandos de dicha Resolución la existencia de una situación de deterioro generalizado en la calidad del servicio prestado por la concesionaria por falta de inversión suficiente en todo su sistema de distribución, lo que comprende al universo de sus usuarios.
Que en cuanto al destino de la multa, fue dirigido únicamente a los usuarios afectados, observándose con ello cabalmente lo dispuesto en la normativa citada por la concesionaria, por lo que corresponde rechazar el referido cuestionamiento.
Que acerca de la sanción por incumplimientos en la atención de todo nuevo requerimiento de suministro (Artículo 25 inciso b del Contrato de Concesión) ya sea que se trate de un aumento de la capacidad de suministro o de una nueva solicitud de servicio, surge de las afirmaciones de la propia Distribuidora en las actuaciones al expresar a fojas 173 que para atender la emergencia movilizó todos los recursos disponibles, lo que implicó la asignación de personal normalmente afectado a otro tipo de tareas a fin de brindar soporte al personal técnico.
Que por ello la afectación de personal impactó negativamente en el cumplimiento de las tareas habituales de las personas que se debieron sustraer de ellas, incidiendo en la atención de las solicitudes de nuevos suministros.
Que con respecto a lo expresado por la recurrente sobre el rechazo a la producción de parte de la prueba ofrecida en el sumario, que no comprendió la documental, corresponde volver sobre lo ya señalado en la Resolución recurrida en cuanto a que el rechazo sobre la ofrecida, destinada a acreditar los registros de temperatura y su extensión, se debió a la inexistencia de hechos controvertidos sobre los datos existentes que figuran en las actuaciones, siendo que lo que se desestima es la excepcionalidad atribuida a los mismos y el carácter de fuerza mayor que le fueran asignados por la Concesionaria.
Que en lo que se refiere a la prueba de oficios a contratistas y a la pericial técnica y contable tampoco resulta necesaria por la evidencia probatoria documental ya obrante en el Expediente acerca del número de personal afectado a las reparaciones, siendo que ello no acredita si dicho número resultó suficiente y, respecto del POE, la demora en la instalación de los grupos no pudo ser justificada. En cuanto a la de oficio a proveedores, el rechazo obedeció a la inexistencia de cargos con relación a la cantidad de generadores previstos, destacándose que no pudieron justificarse las demoras en su instalación en ciertos casos.
Que con relación a la impugnación contenida en el Recurso respecto a los resarcimientos dispuestos en el Artículo 7 de la Resolución recurrida, la Distribuidora tacha de inconstitucional al Artículo 40 bis de la Ley N° 24.240, alegación ésta ajena a la consideración y decisión del ENRE.
Que ello no obsta que en el presente acto se deje sentada la convicción de esta autoridad regulatoria en cuanto a la plena legalidad de la normativa cuestionada en su legitimidad, en tanto ha sido aplicada en la Resolución impugnada.
Que en la argumentación de “EDESUR S.A.” se cita la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación emergente del caso “Ángel Estrada”, por el que interpreta que el ENRE carecería de facultades para dirimir un conflicto por aplicación del derecho común.
Que en tal sentido debe destacarse que no procede que la doctrina del caso “Ángel Estrada” se interprete con la generalidad con la que lo hace la recurrente.
Que cabe señalar al respecto que, continuando con su tradicional doctrina (el caso “Fernández Arias” de 1960), la Corte admite la existencia de la facultad jurisdiccional a cargo de una entidad administrativa, con los resguardos y condiciones también tradicionales.
Que el Artículo 72 de la Ley N°24.065 prescribe: “Toda controversia que se suscite entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente. Es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de terceros interesados, ya sean personas físicas o jurídicas, por iguales motivos que los enunciados en este Artículo, el someterse a la jurisdicción previa y obligatoria del ente”.
Que el fallo en el caso “Ángel Estrada” dice: “12) Que para delimitar el alcance de las facultades a que se refiere el Artículo 72 de la Ley N° 24.065 es preciso computar la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y, especialmente, con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:111 y 1036, y sus citas)…” por lo que cabe entonces analizar, de acuerdo a la doctrina del fallo, cuál es el alcance de esa facultad jurisdiccional que le asigna la Ley al Ente.
Que determinada la existencia de esa facultad en cabeza del Ente, el fallo esboza los criterios en base a los cuales se delimitaría el ámbito de competencia material para el ejercicio de la misma, señalando que “el Ente... carece de competencia para dirimir el conflicto planteado en autos con arreglo a los principios contenidos en la legislación común”.
Que esta afirmación no debe ser tomada en forma aislada del contexto en el que fue emitida, pues una interpretación literal daría lugar a la existencia de una contradicción con la primera afirmación del fallo, o sea la efectiva existencia de facultad jurisdiccional a cargo del Ente, dado que en caso contrario esa facultad quedaría totalmente vacía de contenido.
Que ha de recordarse que desde la Ley N° 15.336, sancionada en 1960, que junto con la Ley N° 24.065 de 1992 integra el llamado Marco Regulatorio Eléctrico Nacional, se ha considerado a la electricidad como una cosa susceptible de comercio.
Que el Artículo 2 de la Ley N° 15.336 dice: “A los fines de esta ley, la energía eléctrica, cualquiera sea su fuente y las personas de carácter público o privado a quienes pertenezca, se considerará una cosa jurídica susceptible de comercio por los medios y formas que autorizan los códigos y leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente”.
Que debe destacarse que la ley dice que la forma de su comercialización es la que “autorizan los códigos y leyes comunes”, concepto que se integra con lo dispuesto por el Artículo 4 de la misma Ley, que expresa: “Las operaciones de compra o venta de la electricidad de una central con el ente administrativo o con el concesionario que en su caso presta el servicio público, se reputarán actos comerciales de carácter privado en cuanto no comporten desmedro a las disposiciones de la presente Ley (texto según la reforma introducida por el Artículo 89 de la Ley N° 24.065).
Que la concesionaria es un sujeto de derecho privado y asimismo lo son los usuarios; también el contrato de suministro que se celebra entre ellos es de carácter privado. El propio fallo “Ángel Estrada”, con toda claridad le atribuye a la relación que se establece entre usuarios y Distribuidora el carácter de contrato de derecho privado.
Que por lo tanto no hay conflicto entre usuarios de electricidad y prestadores que se pueda resolver sin aplicar normas de derecho común, razón por la cual el Artículo 72 de la Ley N° 24.065 fija una competencia personal y también una material, limitada, dentro de la que procede la competencia jurisdiccional administrativa del Ente.
Que en lo personal queda limitada a los conflictos existentes entre generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios, que son los agentes del mercado que menciona el Artículo 4 por un lado; y a los usuarios en los conflictos que se planteen con los concesionarios de los servicios públicos de distribución y transporte, por otro.
Que en cuanto a lo material, el Artículo la determina en lo relativo a las controversias producidas “con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad”.
Que cabe destacar que en el fallo plenario dictado en los autos “EDESUR SA C/ RESOLUCION 361/05 ENRE-RS 568/08 (EX 157.932/02)”, causa N° 20.402/2008, se resolvió que: “Establecido el incumplimiento contractual de las Distribuidoras en el suministro de energía eléctrica, el ENRE. tiene competencia para determinar el daño directo -valor de reposición del objeto dañado- ocasionado a los usuarios cuando éstos requieran voluntariamente la intervención de tal organismo administrativo (conf. segunda parte del Artículo 72 de la Ley N° 24.065)”.
Que además de lo expuesto, debe tenerse presente que con la sanción de la Ley N° 26.361 se modificó sustancialmente el contenido de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, consignándose expresamente que los servicios públicos domiciliarios (dentro de los que queda comprendido el servicio eléctrico) se rigen por las normas contenidas en sus marcos regulatorios, conjuntamente con las normas de la Ley de Defensa del Consumidor, estableciéndose que: “En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable al consumidor”, consignando además que las autoridades de aplicación de esas normas serían, indistintamente, tanto la autoridad sectorial (en el caso, el ENRE) como la autoridad general (la Secretaría de Comercio).
Que de ello se desprende que la referida norma resulta directamente aplicable para los Entes Reguladores. Por su parte, el Artículo 40 bis de dicha Ley establece: “Daño directo. Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios”, y “La autoridad de aplicación podrá determinar la existencia de daño directo al usuario o consumidor resultante de la infracción del proveedor o del prestador de servicios y obligar a éste a resarcirlo, hasta un valor máximo de CINCO (5) Canastas Básicas Total para el Hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).
Que siendo que las referidas disposiciones resultan aplicables también al ENRE, aparece claro que desde la sanción de la Ley N° 26.361 cuenta con facultades para determinar la existencia del daño directo por fallas en la prestación del servicio, como ha acontecido en el presente caso en el que, ante las interrupciones del servicio eléctrico, se han determinado daños mínimos que necesariamente han padecido los usuarios.
Que es público y notorio, y no necesita prueba, que producida la interrupción del servicio eléctrico por más de DOCE (12) horas continuas, se corta la cadena de frío y se descomponen todas las mercaderías mantenidas en heladeras. A ello debe agregarse como otra consecuencia la ausencia del servicio de ascensores en edificios de departamentos, lo que dificulta y a veces imposibilita el acceso a la propia vivienda, así como la falta de agua por no funcionamiento de las bombas elevadoras al tanque del edificio, los gastos de iluminación alternativa, la imposibilidad de tener acceso a los servicios de radio y televisión y a los que se realizan con computadoras, entre otros.
Que no resulta jurídicamente indispensable que los damnificados deban demostrar la entidad de los daños sufridos para que se resuelva el pago de los mismos desde que la Ley N° 24.240 en su actual redacción no lo requiere, sino porque desde siempre la posibilidad estuvo prevista, conforme a lo dispuesto por el Artículo 165 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que: “Cuando la sentencia contenga condena al pago de… daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá por lo menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación…La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados, siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto”.
Que establecida la existencia de los daños, correspondió al Ente determinar su entidad, fijándola en su mínima expresión.
Que la posibilidad de la determinación de oficio de los daños fijada por la ley encuentra su fundamento constitucional en la necesidad de que se verifique el respeto a los derechos económicos de los usuarios establecidos en su Artículo 42.
Que de esta forma su reconocimiento no requiere tener que realizar gestiones y gastos por parte de los usuarios que pudieran convertirlos en ilusorios, equilibrando de esta manera la natural asimetría de medios y recursos entre la recurrente y sus usuarios.
Que el Artículo 42 de la Constitución Nacional señala el necesario establecimiento de procedimientos eficaces para la solución de conflictos de los usuarios con las prestadoras del servicio público, lo que se ha concretado en las disposiciones legales citadas.
Que este tipo de procedimientos es imperativo para resguardar adecuadamente los derechos de los usuarios de servicios públicos de prestación masiva, como es, en especial, el caso de la que se brinda a los usuarios residenciales, donde en razón de la menor cuantía de los daños registrados sería prácticamente imposible su reparación a través de otros procedimientos.
Que además, el hecho de requerir ante las interrupciones verificadas en el caso de que se trata de parte de los usuarios afectados cualquier actividad tendiente al reconocimiento de sus derechos, importaría prolongar aun más los inconvenientes padecidos.
Que la intervención de oficio está reafirmada por la disposición del Artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor (al cual remite el Artículo 40 bis transcripto), en cuanto dispone: “Actuaciones Administrativas. La autoridad nacional de aplicación iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las disposiciones de esta ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare un interés particular o actuare en defensa del interés general de los consumidores…”.
Que cabe señalar que la Ley N° 24.065 no sólo asignó al Ente la función jurisdiccional mencionada, sino que además estableció la necesidad de que sujete su accionar a los principios y disposiciones establecidos en el Artículo 2, cuyo inciso a) prevé la necesidad de “proteger adecuadamente los derechos de los usuarios”.
Que para la situación concreta de los resarcimientos dispuestos, la normativa de la Ley de Defensa del Consumidor resulta más favorable que los institutos previstos en los respectivos contratos de concesión de las Distribuidoras, siendo que las disposiciones de estos contratos relativos a la determinación del monto bonificable por energía no suministrada, fueron establecidas en el contexto de las previsiones normales de producción de contingencias, con períodos máximos admisibles de interrupciones del servicio y bonificaciones a partir de la superación de los límites establecidos.
Que la gran cantidad de usuarios afectados y la duración de las interrupciones superaron largamente los límites admisibles, en los que el menoscabo producido a los usuarios, de quedar el resarcimiento circunscripto a la penalidad prevista en el Contrato de Concesión de la recurrente, sólo resultaría cubierta una mínima parte de los perjuicios sufridos.
Que debe citarse lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, en autos “EDENOR S.A. c/Resolución ENRE N° 32/2011 s/medida cautelar” (Exp. N° 33.580/2010, Causa N° 6.406/2011), de fecha 28 de abril de 2011, resolutorio en el que se dijo: “… Los argumentos de la accionante van dirigidos a cuestionar la facultad del Ente para disponer resarcimientos económicos a favor de los usuarios. El ENRE sustentó su competencia en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240 y su complementaria Ley N° 26.361. A partir de la reforma introducida por esta última, se eliminó el término supletoriamente del Artículo 25, aclaró expresamente que los servicios públicos domiciliarios se rigen por sus propios marcos regulatorios y por la presente ley, agregó la frase ‘En caso de duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable al consumidor’ e incorporó un último párrafo que contempla que ‘Los usuarios de los servicios podrán presentar sus Reclamos ante la autoridad instituida por la legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley’. De aquí se desprende que la referida norma resulta directamente aplicable para los entes reguladores. Con la introducción del Artículo 40 bis, el Ente Regulador aparecería facultado para determinar la existencia del daño directo, definido como todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios. En función de esta prerrogativa no vislumbro en forma evidente la ausencia de facultades como pretende endilgar la accionante, quien no se hace cargo de los preceptos legales señalados. Es más, su crítica gira exclusivamente en torno a la doctrina emanada del Alto Tribunal en el caso “Ángel Estrada” que el Ente estaría desconociendo. Al respecto, considero que más allá de lo que en definitiva se decida al momento de resolver el Recurso directo, dicha jurisprudencia es anterior a la reforma introducida por la Ley N° 26.361, y por lo tanto no recepciona las facultades jurisdiccionales incorporadas en esta normativa. Frente a ello, la argumentación de la parte actora no resulta atendible, en la medida que a la luz de las normas transcriptas, prima facie el ente sería competente para determinar el monto de los perjuicios ocasionados a los usuarios afectados por la interrupción del servicio.”.
Que también debe recordarse el precedente constituido por la Resolución ENRE N° 292/2009 (caso Azopardo), en la que también se trató la responsabilidad de la recurrente fuera de los límites previstos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con fundamento en que la cantidad de usuarios afectados y la inusual extensión de las interrupciones pusieron en evidencia el acaecimiento de un hecho extraordinario que superó las pautas previstas por el Contrato de Concesión, razón por la cual se juzgó que merecía un tratamiento especial.
Que dicho precedente estableció un monto mínimo que la Distribuidora debía pagar a cada usuario de Tarifa 1R, pequeños demandas, uso residencial, a cuenta del resarcimiento total (considerandos 11, 12, 13 y 21 de la Resolución ENRE N° 292/2009), tratándose los resarcimientos fijados de una estimación mínima de daños y perjuicios susceptibles de incrementarse por la acreditación de los que superaran los montos fijados.
Que por lo tanto, el resarcimiento dispuesto por el ENRE, cuyas pautas surgen de las actuaciones seguidas en el Expediente ENRE N° 33.540/2010, resulta de acuerdo a las disposiciones legales aplicables al caso.
Que en cuanto al planteo que concluye en la existencia de una situación de incertidumbre y reducción tarifaria, debe estarse a lo ya expresado por este Ente en el acto recurrido y en la Resolución ENRE N° 525/2010, citada también a otros efectos en la presente, a la cual cabe remitirse en mérito a la brevedad.
Que la conducta del ENRE con posterioridad ha sido consistente, debiéndose agregar el posterior dictado de la Resolución ENRE N° 347/2012, la cual tomó en cuenta las solicitudes de cobro de los valores resultantes de la aplicación del Monitoreo de Costos (MMC) de las Distribuidoras y en consecuencia, a fin de permitirles la realización de inversiones en obras de infraestructura y de mantenimiento correctivo de sus instalaciones, dispuso autorizar que las mismas cobren un monto fijo diferenciado para cada una de las distintas categorías de usuarios.
Que la Resolución S.E. N° 250 del 7 de mayo de 2013 aprobó los valores correspondientes al concepto MMC para las Distribuidoras “EDESUR S.A.” y “EDENOR S.A.” por el período que va de mayo de 2007 a febrero de 2013, así como las deudas de las Distribuidoras por aplicación del PUREE en el marco de la Resolución S.E. Nº 1.838/2007, sus modificatorias y complementarias, autorizándolas a compensarlas, con intereses para ambas sumas, hasta el mes de febrero de 2013 e instruyendo a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), a emitir liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir por el MMC, por cuenta y orden del Fondo Unificado en los términos del Artículo 3 de la Resolución S.E. Nº 2.022/2005 y a recepcionar liquidaciones de ventas con fecha de vencimiento a definir por el MMC como parte de pago de las deudas que por las transacciones económicas del MERCADO MAYORISTA ELECTRICO (MEM) tuviesen las concesionarias hasta la fecha de dictado de la citada Resolución.
Que la Resolución también autorizó a CAMMESA a recepcionar liquidaciones de venta con fecha a definir por el MMC excedentes, como parte de pago de las deudas por los préstamos otorgados en los términos de la Resolución S.E. N° 146/2002 hasta la fecha de dictado de la misma Resolución, e instruyó a las Distribuidoras a ceder los créditos correspondientes a las liquidaciones de venta, con fecha a definir por el MMC, al fideicomiso constituido en los términos del Artículo 4 de la Resolución ENRE Nº 347/2012.
Que por todo lo expuesto, procede rechazar la pretensión de “EDESUR S.A.” de invocar la existencia de incumplimientos contractuales por parte del Estado concedente para eximirse de sus responsabilidades. Ello en razón de que no es aplicable a un Contrato de Concesión de la naturaleza e implicancias del de la Distribuidora.
Que en el ámbito doctrinario y acerca de la inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus a concesiones como la de la Distribuidora, Gordillo sostiene que “Es propio de estos contratos la inaplicabilidad de la exceptio non adimpleti contractus, esto es, la negación del derecho del concesionario o licenciatario a exceptuarse de cumplir con sus obligaciones si la administración no ha cumplido con las suyas propias. De acuerdo a este criterio, aunque la administración no cumpla con las obligaciones que ha asumido contractualmente, el contratista debe de todos modos cumplir finalmente con su parte del contrato: “El ha tomado a su cargo satisfacer una necesidad pública y debe hacerlo de cualquier manera y a costa de cualquier sacrificio” (conf. Bercaitz: Teoría general de los contratos administrativos). Este criterio es sustancialmente diferente en los contratos administrativos que no importan monopolio o exclusividad…” (Conf. Gordillo A. “Contrato Administrativo”, Cap. XI, pag. 28).
Que por su parte, Juan Carlos Cassagne entiende que para que la exceptio sea viable debe existir una razonable imposibilidad de cumplir el contrato en las condiciones convenidas, sosteniendo que el incumplimiento de la administración debe ser de tal magnitud que configure una situación de hecho que habilite al concesionario a suspender su ejecución y pedir la rescisión judicial del contrato; ello no acontece en el caso.
Que por todo lo precedentemente expuesto corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración intentado por “EDESUR S.A.”.
Que se ha emitido el Dictamen Jurídico requerido por el inciso d) del Artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo que disponen los Artículos 56 incisos a), o) y s) y 63 incisos a) y g) de la Ley N° 24.065 y el Artículo 84 del Decreto PEN Nº 1.759/1972 (Texto Ordenado en 1991) reglamentario de la Ley Nº 19.549.
ARTÍCULO 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por “EDESUR S.A.” contra la Resolución ENRE N° 31 del 8 de febrero de 2011.
ARTÍCULO 2.- Remitir los Expedientes del Visto a la SECRETARÍA DE ENERGÍA en razón a los fines del Recurso de Alzada interpuesto subsidiariamente por “EDESUR S.A.”
ARTÍCULO 3.- Notifíquese a “EDESUR S.A.”
ARTÍCULO 4. – Regístrese, comuníquese y archívese.
RESOLUCION ENRE N° 267/2013
Código procesal civil y comercial - artículo 165
Bibliografía citada: Berçaitz, Miguel Angel "Teoría general de los contratos administrativos". 2. ed. corr. y act. Buenos Aires: Depalma, 1980. 679 p.
Gordillo, Agustín Alberto "Tratado de derecho administrativo". 8a. ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2003. Vol. 1

References: artículo 165
 artículo 042
 artículo 25
 artículo 25
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 artículo 084
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 artículo 63
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 Artículo 25
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 Artículo 2
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 Artículo 25
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 Artículo 40
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 Artículo 6
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 Artículo 40
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 Artículo 56
 Artículo 25
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