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Timestamp: 2020-08-12 17:22:12+00:00

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Blog | Page 3 | Fundación Libertad y Desarrollo
La derecha no es única ni existe un monopolio discursivo...
No. Apoyar la lucha contra la corrupción, o en su momento, a la CICIG, no es una categoría para diferenciar a la “derecha” de la “izquierda”. Tampoco es decir que la Corte de Constitucionalidad se extralimitó en su auto-amparo. Ni si quiera el debate de si las cortes deben ser electas ya o si el Congreso es soberano para definir el procedimiento para elección de las altas cortes.
Por si fuera poco, la dicotomía “fachos” y “chairos” sólo ha servido para banalizar aún más una discusión que de por sí ya era superficial y falta de argumentos. Tampoco se puede plantear la dicotomía desde términos personalistas. Ser de derecha no es estar de acuerdo con Felipe Alejos o Roberto Arzú; como ser de izquierda no es estar de acuerdo con CODECA o Mario Roberto Morales.
Créanme. Es un poquito más complicado que eso.
La “derecha” ni siquiera es una categoría ideológica única. Dentro del concepto caben conservadores tradicionalistas, conservadores liberales, liberales clásicos, libertarios, anarco-capitalistas, liberales sociales, ordo-liberales, demócratas-cristianos o social-cristianos. Y aquí me limito a enlistar familias de ideologías políticas. Si agregamos las escuelas económicas, las permutaciones se vuelven infinitas.
Tampoco es una categoría sobre valores generales. Por ejemplo, los conservadores tienden a ser más organicistas que individualistas. Los liberales son individualistas ante todo. Los liberales-sociales han matizado el individualismo absoluto con el interés por el colectivo. Mientras que los demócratas-cristianos tratan de encontrar el balance entre el individuo y la sociedad.
La creencia en el mercado es quizá una característica común; pero tampoco es absoluta. Algunos conservadores creen que antes de libertad de mercado es mejor un poco de mercantilismo, es decir, protección del Estado de sectores estratégicos. Los liberales clásicos, los libertarios y anarco-capitalistas creen en el absolutismo de mercado y propugnan un sistema económico donde las regulaciones sean mínimas o inexistentes. Los ordo-liberales creen en el mercado, pero con regulaciones para corregir sus falencias, entre ellas, la promoción activa de la competencia o la prestación estatal de algunos servicios públicos. Mientras que los demócratas-cristianos matizan el absolutismo de mercado con conceptos como la solidaridad o subsidiariedad, que se traducen en sistemas fiscales más agresivos.
Los conservadores y liberales chocan en la dicotomía entre orden y libertad; mientras los primeros creen en el orden primero y libertad después, los segundos -en cambio- están dispuestos a sacrificar un poco de orden por el valor supremo de la libertad. Para muestra, la disyuntiva que mejor evidencia esta diferencia es la seguridad en los aeropuertos después del 11 de septiembre. Quienes creían que las medidas de revisión y registro de pasajeros eran muy invasivas, probablemente respondían a valores más liberales; quienes em cambio creían que las medidas eran necesarias para garantizar la seguridad, probablemente respondían a valores más conservadores de orden.
La influencia de los valores religiosos también es otra fuente de dicotomía. El conservadurismo y el demo-cristianismo tienen como base filosófica una fuerte raíz religiosa, aunque también con diferentes grados y matices. Los liberales, en cambio, propugnan el laicismo y la libertad religiosa como valor supremo.
Y luego, no podemos obviar que derechas e izquierdas están muy relacionadas con las condiciones contextuales propias del lugar. Por ejemplo, en los países musulmanes, donde el radicalismo islámico es una variable transversal, las derechas propugnan mayor influencia de la religión en política, mientras que los liberales que propugnan la separación de Iglesia y Estado, son considerados como de izquierda.
Esta es quizá una pequeña muestra que el debate sobre ideologías es un poco más complejo de lo que algunos quieren presentar. Y sobre todo, sirve para evidenciar que quien limita la discusión a temas coyunturales como CICIG, cortes o visión de relaciones internacionales, quizá necesita antes educarse un poco sobre la riqueza y diversidad detrás de la discusión de ideologías.
No son simples “líos judiciales”
Nuestro país vive una crisis institucional que se agudizó con la embestida que fraguaron entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso contra la Corte de Constitucionalidad (CC).
Como expliqué en otra oportunidad, todo comenzó con una denuncia de un aspirante a cortes de apelaciones que denunció a magistrados de la CC por la resolución dictada en el contexto de la manipulación en la elección de altas cortes que denunció el Ministerio Público (MP).
En los días sucesivos a la denuncia, toda la atención se centró en el llamado “autoamparo” que tramitó con rapidez la CC y que ordenó interrumpir el trámite del antejuicio en contra de los magistrados perseguidos. El Congreso desobedeció abiertamente al tribunal constitucional y esto podría subir de tono si en la próxima sesión plenaria deciden continuar con el trámite del antejuicio.
En medio de este enfrentamiento (pandemia aparte) se desvió la atención al tema fundamental: la elección de las altas cortes. La resolución de la CC que desató la tormenta antes descrita obliga a los diputados a elegir magistrados de las altas cortes y excluir a quienes tengan conflicto de interés a partir de un acucioso informe que presentó el MP.
El objetivo macro de las bancadas pro-impunidad y sus secuaces probablemente no sea descabezar a la CC en el corto plazo. Aunque la institucionalidad es su última prioridad, saben que no es fácil y el costo puede ser alto. Lo que sí tienen claro es que al mostrar músculo con la embestida que tomaron han sembrado temor y colocado en una posición de debilidad al tribunal constitucional en el tablero de ajedrez.
El apoyo a la CC ha venido de actores de la sociedad civil y de la comunidad internacional. Excepto el Procurador de los Derechos Humanos y algunas bancadas de oposición que no rebasan las cuatro o cinco decenas de congresistas, el resto del poder político apoya acuerpa la cruzada pro-impunidad.
En esta rebelión de las mafias, debilitar al tribunal constitucional es crucial porque para conseguir sus oscuros fines deben desatender la sentencia que les obliga a excluir a los aspirantes a magistrados cuyo conflicto de interés los hace no elegibles.
En el desgaste, planean patear el balón hacia delante con miras a que en abril de 2021 los intereses oscuros conseguirán designar a una CC subordinada a sus intereses. Recuerde el lector que designan a los magistrados de la CC cinco actores: Ejecutivo, Congreso, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados y USAC.
Y es en medio de esta crisis institucional, el presidente Giammattei pronunció unas desafortunadas palabras al desmarcarse del asunto y afirmar que estos son “líos judiciales”. El presidente debe recordar que el artículo 182 de la Constitución reconoce como función del presidente representar la unidad nacional y que la literal “a” del artículo 183 le obliga a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”. Falta a su deber al mirar para otro lado mientras algunas mafias del Congreso y sus secuaces pisotean el orden constitucional.
Pero además del obvio mandato legal, el presidente debe ejercer liderazgo porque no estamos frente a un “lío judicial”, sino ante el intento feroz de los grupos oscuros por consolidar la captura del Estado.
El mandatario debe preguntarse si quiere pasar a la historia como el presidente que permitió la cooptación del poder judicial o si tomará el liderazgo que le corresponde. Bien haría con retomar su promesa de emprender la urgente reforma judicial (única solución de fondo a la crisis que vivimos) y convocar a juristas notables para legitimar el proceso y procurar su difícil éxito en el hemiciclo.
En una entrada anterior expliqué en qué consistía el antejuicio que con inusual celeridad tramitó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
La denuncia se presenta por la inconformidad de un aspirante a magistrado de Corte de Apelaciones (CdeA) respecto de la sentencia que dictó la CC a partir de un amparo interpuesto por el Ministerio Público (MP) derivado de las pesquisas que revelaron reuniones de varios protagonistas del proceso de selección de altas cortes con el procesado Gustavo Alejos. Esta sentencia la expliqué en esta entrada.
La inconformidad: ¿por qué afirman que se extralimitó?
Básicamente existe una inconformidad, de acuerdo con la denuncia presentada, porque la CC en la sentencia mencionada ordenó que debe “excluirse del proceso de elección a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de los hechos notorios denunciados…”.
El denunciante considera “exceso” por parte de la CC al resolver el texto entrecomillado del párrafo anterior “…ya que es facultad del Congreso de la República de Guatemala elegir a las personas idóneas dentro de las nóminas de candidatos enviadas…”. Todo esto puede leerse en la denuncia.
Viaje a 2009 y 2010
El caso 2009
Ahora bien, sorprende que esta sentencia cause tanto revuelo, ya que la propia CC ha sentado abundante jurisprudencia en la materia. Pero especialmente porque este fallo no hace más que recoger la jurisprudencia que la CC sentó en el proceso de elección de magistrados para CSJ en 2009 y de fiscal general del MP en 2010.
En 2009, se interpusieron amparos contra el proceso de designación de magistrados de CSJ ante la amenaza de que el Congreso eligiera por planillas sin considerar si los aspirantes, en lo individual, cumplían los requisitos de idoneidad y honorabilidad. En aquel momento, dentro del expediente 3690-2009 se otorgó un amparo provisional, auto de fecha 1 de octubre de 2009, por medio del cual se ordenó al Congreso:
“…que, de demostrarse fehacientemente por cualquier ciudadano o institución, que uno o varios de los electos carece de los requisitos habilitantes para ocupar el cargo, su elección deberá ser revisada. Para efecto de lo anterior, cualquier interesado podrá presentar pruebas indubitables… En caso que el Congreso de la República determine que las denuncias presentadas están fundamentadas, procederá a la sustitución correspondiente”. (Resaltado propio)
En aquel momento el Congreso tuvo dudas sobre cómo dar cumplimiento al amparo provisional y resolvió solicitar una opinión consultiva a la CC. Una de las preguntas era cómo determinar la idoneidad sin vulnerar el principio de presunción de inocencia a lo cual la CC respondió dentro del expediente 3755-2009:
“el Organismo Legislativo simplemente deberá determinar la idoneidad de los aspirantes con base a pruebas fehacientes que permitan establecer si su imparcialidad está comprometida y si cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Probidad, Ley del Organismo Judicial y los convenios internacionales aceptados y ratificados con Guatemala relacionados con el tema. El Organismo Legislativo no actúa en ejercicio de función jurisdiccional alguna, sino valorando, en acatamiento de lo dispuesto constitucionalmente”. (Resaltado propio)
Bien puede deducirse que el fallo que profiere la CC en este caso y que motiva la denuncia, es desarrollando la jurisprudencia que ya había sentado este tribunal en 2009. Ahora repasemos lo sucedido en 2010 con la elección de fiscal general.
2010: otra crisis institucional
En 2010 se interpusieron varias acciones de amparo dentro del proceso de comisiones de postulación para la designación de fiscal general. La CC acabó por anular la designación del fiscal general.
En la resolución en la que finalmente acaba por anular la designación del fiscal general, la CC invoca las resoluciones de 2009 y ratifica la necesidad de que se verifique la idoneidad y honorabilidad de los aspirantes. En este auto de fecha 10 de junio de 2010, dentro de los expedientes acumulados 1477, 1478, 1488, 1602 y 1630-2010, la CC resolvió entre otras cosas:
“…y ante una crisis institucional previsible en el ámbito de la administración de justicia (que es pública y notoria y por ello, relevada de prueba alguna) debe actuar conforme lo manda el inciso i) del artículo 272 de la Constitución Política de la República, para restaurar el orden constitucional en riesgo de un colapso grave, para que el Ministerio Público pueda cumplir a cabalidad sus funciones y reordenar, dentro del sentido del indicado auto de amparo provisional, la rectificación del proceso de selección de los aspirantes al cargo de Fiscal General….” (Resaltado propio)
Este párrafo es ilustrativo del reconocimiento de la crisis institucional que se vivía en aquel momento, algo que ocurre en el caso actual. En tal sentido, se vale de los hechos notorios que evidenciaban esa crisis y como guardián del “orden constitucional”, decidió conocer y resolver el problema. Se puede notar además que la CC se autoidentifica como “árbitro político de última instancia” ante las crisis, cuando prosigue:
“A este respecto, cabe recordar que precisamente, como el más alto guardián de la Constitución Política de la República, desde la promulgación de la misma -hace ya veinticinco años- y su instalación, a lo largo de las décadas pasadas, esta Corte ha tenido actuaciones que han asentado criterios que le han legitimado democráticamente en su importante papel de defender el orden constitucional. Quizá el caso más relevante lo constituya la sentencia del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y tres…. Con cuya obligada intervención durante la alteración constitucional perpetrada en esa fecha esta Corte se vio en la imperiosa necesidad de actuar motu proprio y emitir el histórico fallo, en el cual, se hizo efectiva la tarea que el artículo 268 de la Constitución Política de la República le encomienda consistente en la función esencial de la defensa del orden constitucional…” (Resaltado propio)
¿Se ha extralimitado la CC?
El alegato básico es que la CC se ha extralimitado. Haciendo a un lado el aspecto político de los intereses de grupos oscuros que buscan sacar renta de esta crisis y tomar el control de los órganos de administración de justicia, vale la pena tomar en serio la pregunta de quienes se la formulan con honestidad intelectual.
La respuesta es que la CC, como se lee en la resolución anterior, tiene una misión profundamente amplia en virtud del artículo 268 constitucional: defender el orden constitucional. Llenar el contenido de esta misión deja un amplio margen de maniobra al tribunal constitucional.
Es claro que desde la sentencia del Serranazo, pasando por las resoluciones de 2009 y 2010 antes referidas, queda clara la amplitud del mandato de la CC. A ello hay que agregar que al estar bajo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe además aplicar el control de convencionalidad para garantizar el cumplimiento de los estándares que nos impone la pertenencia a dicho sistema.
Las resoluciones de 2009 y 2010 son el referente y punto de partida de la sentencia que hoy se ataca con tanta ferocidad. Aquellas resoluciones fueron valientemente dictadas por los magistrados Roberto Molina Barreto, Alejandro Maldonado Aguirre, Mario Pérez Guerra, Gladys Chacón Corado y Juan Francisco Flores Juárez en contextos de crisis como el que hoy vivimos.
Aquella magistratura no puede ser reprochada por tener un sesgo progresista, como algunos afirman de la actual. De modo que la sentencia hoy reprochada no se puede machacar bajo una supuesta lectura “ideológica” como algunos pretenden. Hoy más que nunca debemos recordar el rol histórico de la CC y juzgar la sentencia actual en ese contexto.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 182
 artículo 183
 resolución 
 artículo 272
 artículo 268
 resolución 
 artículo 268