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Timestamp: 2019-09-16 20:49:47+00:00

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﻿ SENTENCIA 18961 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2002
SENTENCIA 18961 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:PENSIÓN CONVENCIONAL. DEBE ESTARSE A LO CONVENIDO POR LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CALIDAD DE LAS PARTES, ACTO DE LAS PARTES, PENSIÓN CONVENCIONAL
Sentencia 18961 de septiembre 30 de 2002
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia el 25 de enero de 2002, en el juicio promovido por José Joaquín Castro Rodríguez contra la recurrente.
José Joaquín Castro Rodríguez instauró demanda laboral en contra de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, con el fin de que se le condenara, en cuanto interesa al recurso de casación, a la reliquidación de la pensión de jubilación y al pago de las diferencias que resulten debidamente indexadas.
El fundamento de tales pretensiones se resume así:
Laboró para la demandada en diferentes períodos, siendo el último de ellos el comprendido entre el 15 de enero de 1973 y el 15 de noviembre de 1991. Al haber prestado servicios a otras entidades oficiales por más de 20 años, solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación a la entidad demandada, la que le fue concedida mediante Resolución 422 del 16 de septiembre de 1997. Para dicha liquidación no se le tuvo en cuenta el promedio de los sueldos básicos devengados, como tampoco los demás factores salariales.
La empresa por su parte aceptó como ciertos la vinculación laboral y sus extremos, los demás los negó o solicitó su prueba. Se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de cobro de lo no debido, pago, prescripción y falta de causa para demandar.
Mediante providencia del 24 de julio de 2001, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá D.C. condenó a la empresa demandada a reliquidar la primera mesada pensional y a pagar las diferencias por reajustes de mesadas pensionales causadas. La absolvió de las demás pretensiones, declaró no probadas las excepciones y condenó en costas a la parte demandada.
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sentencia de 25 de enero de 2002, confirmó las condenas contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, modificó la cuantía de la mesada pensional, revocó la absolución a la Caja Nacional de Previsión, y en su lugar le impuso pagar la cuota parte que le corresponda de la pensión reajustada.
Sostuvo el tribunal que al liquidar la pensión de jubilación la Caja Agraria no tuvo en cuenta todos los factores salariales, como sí lo hizo para deducir la cesantía definitiva, como se desprende de la prueba recaudada, entre ellas un certificado expedido por la entidad demandada, visible a folio 236 del expediente. Precisó que de conformidad con el artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 y parágrafo 3º del artículo 42 de la convención colectiva de trabajo vigente en los años 1990 a 1992, la pensión de jubilación debe liquidarse con base en el promedio de los salarios y primas de toda especie percibidos en el último año de servicios.
Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada interpuso el recurso de casación, con el que pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal Superior de Armenia, en cuanto condenó a reajustar la pensión vitalicia jubilación a $ 473.699.17 desde el 18 de septiembre de 1995 y una vez constituida en sede de instancia revoque la de primera instancia y en su lugar absuelva a la Caja Agraria de las pretensiones de la demanda.
“Capítulo V. Motivos de casación
Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto-Ley 528 de 1964, por violar indirectamente en la modalidad de aplicación indebida de los artículos 1º, 19, 467, 468, 476 del Código Sustantivo del Trabajo, leyes 33 y 62 de 1985, el Decreto 1848 de 1969, artículo 73, el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la Ley 100 de 1993.
Capítulo VI. Demostración del cargo
La violación de las anteriores disposiciones se produjo en forma indirecta al no dar por probado, estándolo que los viáticos, los gastos de transporte, prima de diciembre y escolar, vacaciones proporcionales, fueron tenidos en cuenta como factores para el salario total, para obtener la primera pensión de jubilación.
Estos errores manifiestos de hecho se dieron por la apreciación equívoca de las siguientes pruebas:
La demanda (fls. 2 al 10)
Resolución 422 del 16 de septiembre de 1997 (fls. 20 al 24).
Carta enviada de la Caja Agraria al actor. Con sus anexos (fls. 26 y 27 y anexos 28 a 39).
Carta enviada al demandante (fl. 40 con sus anexos fls. 41 y 42).
La contestación de la demanda (fls. 82 a 84).
Convención colectiva de trabajo 1990 (fls. 109 a 160).
El honorable tribunal que falló la segunda instancia cometió el error, ostensible, de tomar el último sueldo básico y de no tomar, como lo ordena la ley y la convención, el promedio de lo devengado en el último año de servicios, como lo señala la Resolución 422 de 1997, producida por la Caja Agraria así:
De noviembre 16 de 1990 a enero 14 de 1991 $ 347.535
De enero 15 de 1991 a febrero 15 de 1991, $ 357.047
De febrero 16 de 1991 a noviembre 15 de 1991 $ 448.159
Este total $ 5.081.810, más los gastos de representación de 31.200 suman $ 5.113.010.40.
Esta cifra, de $ 5.113.010.40, dividido 360 días, da $ 14.202.80, $ 14.202.80. multiplicado por 30 días da un total de $ 319.563.15, que es la pensión de jubilación otorgada por la caja.
Si el tribunal, hubiera estudiado el caso, y hubiera analizado las pruebas suficientemente, no hubiera cometido el error de hecho y hubiera revocado totalmente la decisión de a quo, como le solicitó a esa honorable Corte Suprema de Justicia que lo haga, después de casar la sentencia de segunda instancia.” (fls. 24, 25 y 26 del cdno. de la Corte).
El desacierto del tribunal es garrafal porque no obstante apreciar el convenio colectivo de trabajo aplicable al demandante, desconoció que él consagra un salario promedio especial para liquidar la pensión de jubilación convencional, tal como surge de la simple lectura del parágrafo 3º de la cláusula 42, que es del siguiente tenor:
“PAR. 3º—La pensión se liquidará así:
Primer factor – fijo. Último salario básico más primas de antigüedad y/o técnica si las estuviere devengando.
Segundo factor - Valores variables. Salario en especie, auxilio de transporte, incentivo de localización, gastos de representación si los hubiere, primas semestrales, primas habituales o permanentes, horas extras, dominicales o feriados trabajados, viáticos devengados durante ciento ochenta días (180) o más y el valor de la sobre-remuneración en el caso de que desempeñe cargos superiores provisionalmente, devengados durante el último año.
Los valores anteriores se suman y dividen por doce (12) con lo cual se obtiene el segundo factor.
Tratándose de una pensión convencional ha de estarse a lo convenido por las partes, y siendo indiscutible que el acuerdo colectivo celebrado entre ellas señala una base especial de liquidación de dicha pensión, es claro que esa es la que debe tenerse en cuenta para tales efectos y no el salario promedio establecido para liquidar otras prestaciones sociales, como equivocadamente lo asentó el juzgador.
Por lo anterior, resulta irrelevante la apreciación del fallador del certificado expedido por el liquidador de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación y la comunicación de fecha 18 de septiembre de 1996, emanada de la vicepresidencia de recursos humanos de la Caja Agraria, donde consta el salario promedio de liquidación del auxilio de cesantía.
En consecuencia, ha debido tener en cuenta el ad quem los valores discriminados en la Resolución 422 del 16 de septiembre de 1997, porque ella es la que guarda consonancia con los factores incidentes en la liquidación de la pensión de jubilación en la forma diáfana regulada por la convención colectiva aplicable, guarismos que precisamente son los que aplicó la Caja Agraria para la liquidación y pago de la pensión convencional.
Por lo anterior, forzoso es concluir que la sentencia recurrida incurrió en los errores que se le endilgan, en consecuencia se aplicaron debidamente las normas enlistadas en la proposición jurídica y por ello el cargo prospera, sin que se ameriten consideraciones adicionales de instancia.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa la sentencia de fecha 25 de enero de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, en el proceso seguido por José Joaquín Castro Rodríguez contra la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, en cuanto condenó a la demandada al pago a reajustar la pensión de jubilación del demandante a $ 473.699.17 desde el 18 de septiembre de 1995. En sede de instancia, revoca esa misma condena impuesta por el juez de primer grado, y en su lugar absuelve a la demandada de todas las súplicas de la demanda.

References: Resolución 
 artículo 73
 artículo 42
 artículo 60
 artículo 73
 artículo 45

Resolución 
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