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Discutido y aprobado en sesión de quince (15) de febrero de dos mil doce (2012).
REF: Exp. T. N° 0500122030002011-00053-01
Despacha la Corte la impugnación formulada al fallo de 16 de diciembre de 2011, proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, por medio del cual negó la tutela de Martha Yolanda Lizarazo Ricaurte contra los juzgados Segundo Civil del Circuito y Cuarto Civil Municipal, ambos de Duitama, donde fueron vinculados la Reestructuradora de Créditos de Colombia Ltda., Pedro José Serrato Rodríguez y Gilberto Vega Niño.
I.- La promotora del amparo, actuando directamente, sostiene que le han sido vulnerados los derechos al debido proceso, defensa y mínimo vital.
II.- Asevera que dentro del litigio ejecutivo hipotecario de la Reestructuradota de Créditos de Colombia Ltda., cesionaria de la Corporación de Ahorro y Vivienda las Villas, frente a Pedro José Serrato Rodríguez, del cual conoce el de categoría circuito, las autoridades transgredieron sus prerrogativas al no permitirle actuar y reconocerle su señorío sobre el predio gravado y rematado.
III.- El resguardo lo sustenta en los siguientes eventos:
Que desde 2001 ha sido la poseedora quieta, pacífica y tranquila de un local comercial ubicado en la misma ciudad sede de los estrados enjuiciados, del cual deriva su “subsistencia” sin resistencia de nadie ni tenerse que entender con auxiliar de la justicia alguno para su usufructo.
Que ha intentado infructuosamente intervenir en la causa coactiva para hacer valer sus “derechos (…) pese a que he presentado todas las pruebas tendientes a ese fin”.
Que Gilberto Vega se ha anunciado como rematante del predio y ha amenazado a su arrendataria, Maritza Quijano, para que le entregue el fundo y la desconozca a ella.
Que el 8 de noviembre de 2011, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de la referida localidad inició la diligencia de entrega a Vega, sin atender su “oposición”, indicándole que debía comparecer mediante apoderado, desconociendo lo regulado en los artículos 337 y 338 del Código de Procedimiento Civil.
Que las autoridades atacadas se niegan a valorar las pruebas que ha presentado para acreditar su dicho.
Que en la actualidad adelanta litigio de declaración de pertenencia sobre el bien raíz “pues ya he cumplido con el tiempo requerido por la ley para adquirir por prescripción el dominio de las cosas”.
IV.- La peticionaria aspira se ordene a los encartados “atiendan la posesión alegada” y se le concedan los recursos formulados en tiempo.
El del circuito indicó que Lizarazo Ricaurte no es parte ni interviniente en el juicio que adelanta, es decir, que no tiene interés, y precisó que la actora presentó “nulidad a la diligencia de remate, la cual le es negada en auto de 10 de agosto de 2009 (…) contra dicha providencia se interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación, los cuales se niegan como consta en providencia del 4 de septiembre del año 2009 (…) se reitera esto en proveído del 25 de septiembre del año 2009 (…) la accionante a través de apoderada presenta recurso de reposición del auto de fecha 25 de septiembre de 2009 y nuevamente este recinto conforme al marco legal deniega cualquier intervención, como así se contiene en proveído de fecha 16 de octubre de 2009”. Solicita, pues, se deniegue el auxilio (folios 50 a 53).
El Municipal relató lo acontecido durante la “diligencia de entrega del bien rematado”, insistiendo que sus decisiones se ajustan a la ley, en especial al artículo 531 del estatuto ritual civil, como sustento para el rechazo a la oposición, además que por la cuantía de la litis, la gestora debía ser agenciada por profesional del derecho. Igualmente, manifestó que Lizarazo apeló su pronunciamiento, el cual quedó postergado de definir al quedar suspendido el exhorto por “lo avanzado de la hora y en especial a que se encontraban pendientes otras diligencias para practicar” (folios 66 a 71).
Los vinculados guardaron silencio.
Denegó la salvaguarda impetrada al considerar que hubo incuria de la quejosa por no “oponerse a la medida cautelar de secuestro practicada desde el 10 de agosto de 2000” y complementó que “si la diligencia de entrega que correspondía adelantar era aquella a que se refiere el artículo 531 (…) en esa diligencia no se admiten las oposiciones ni la decisión que las rechaza es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación” (folios 74 a 83).
El accionante la sustenta a través de abogado, indicando que mal podría oponerse al momento del “secuestro” ya que fue anterior a su “posesión”, la que empezó en 2002, época para la cual el inmueble estaba sin custodia de auxiliar alguno toda vez que el primero rindió cuentas y acabo sus funciones el 19 de abril de 2002. Así mismo insistió en sus planteamientos iniciales (folios 5 a 26).
1.- La controversia que se estudia se centra en establecer si los llamados infringieron las prerrogativas denunciadas al desconocerle a Lizarazo Ricaurte sus derechos para intervenir y oponerse como poseedora a la entrega del predio rematado.
2.- La tutela es un instrumento de carácter preferente y sumario previsto para la guarda inmediata de las garantías fundamentales, cuando estas resulten vulneradas o amenazadas por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, de particulares; al mismo tiempo, es de naturaleza residual, por lo cual sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa, salvo que se presente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3.- Para los efectos de la decisión estudiada están acreditados los siguientes eventos:
Que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Duitama adelanta el proceso ejecutivo con garantía real de la Reestructuradota de Créditos de Colombia Ltda., cesionaria de la Corporación de Ahorro y Vivienda las Villas, frente a Pedro José Serrato Rodríguez, en el cual, entre otros trámites, fue decretado el secuestro del bien el 27 de agosto de 1999 y perfeccionado el 10 de agosto de 2000, sin que haya sido propuesta objeción alguna por la quejosa (folios 50 y 80).
Que vendido el predio en almoneda, el 26 de marzo de 2009, fue adjudicado a Gilberto Vega Niño (folio 51 y 80).
Que Lizarazo Ricaurte promovió nulidad de la diligencia de remate, la que fue denegada el 10 de agosto de 2009, siéndole también adversos los resultados de los diferentes recursos intentados, resueltos con autos de 4 y 25 de septiembre y 16 de octubre, todos del mismo año (folio 52).
Que dispuesta la entrega al rematante del bien raíz a través de comisionado, dicho exhorto correspondió al Juzgado Cuarto Civil Municipal del mismo lugar.
Que el 8 de noviembre pasado, el estrado municipal inició la diligencia, rechazó de plano la oposición de la de la aquí reclamante y exigió su comparecencia mediante togado, resolución que aquélla apeló y cuya concesión está pendiente de ser decidida, la haber sido suspendida dicha actuación (folios 66 a 71 y 81 del cuaderno 1 y 3 a 4 de éste).
Que este mecanismo se presentó el 9 de diciembre de 2011 (folio 34).
4.- Se desestimará la censura propuesta, pero por las razones que pasan a mencionarse:
En primer lugar, frente a la nulidad a la diligencia de remate que la gestora planteó en 2009, con resultados desfavorables a sus intereses, se tiene que la última decisión concerniente a tal circunstancia es la de 16 de octubre del mencionado año, por lo tanto, en el sub examine no se cumple el requisito de inmediatez consagrado en el artículo 86 de la Carta Política, ya que la dicha providencia fue proferida hace más de “seis (6) meses”, exactamente dos (2) años, un (1) mes y veintitrés (23) días antes de la interposición de esta queja, por lo que cuestionar hasta ahora las determinaciones que allí se tomaron, deja sin soporte atendible el pedimento, desde la perspectiva de “derechos constitucionales fundamentales”. Es claro que no tiene premura quien voluntariamente deja pasar un largo período antes de elevar el reclamo.
Sobre la oportunidad para impetrar esta demanda excepcional “la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término ajustado para la interposición de la queja el de seis meses, puntualizando que ‘en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legítima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas. Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional. En el pasado las legislaciones procesales han fijado el término de perención en seis meses y ese podría ser un plazo razonable, pues sí la falta de impulso extinguía el proceso, y así continúa siendo en materia contencioso administrativa, el silencio prolongado del afectado frente a una presunta vía de hecho es relevante para juzgar la ausencia de actualidad del amparo” (29 de noviembre de 2010, exp.00363-01, ratificada el 8 de julio y 19 de septiembre de 2011, radicaciones 00065-01 y 01854-01, respectivamente).
En lo que respecta a la diligencia de entrega del predio, la impugnante no puede aspirar a que el sentenciador constitucional se pronuncie prematuramente sobre un tópico que le corresponde desatar al fallador natural, por cuanto de admitirse, implicaría reemplazar los instrumentos normales a través de los cuales se pueden buscar las garantías de tales prerrogativas dentro de esa misma causa.
De acuerdo con lo anterior, el amparo propuesto se torna apresurado puesto que está pendiente la resolución de la concesión o no de la alzada que formuló ante el rechazo de plano que el funcionario comisionado decretó respecto de la “oposición a la diligencia de entrega al rematante”, según da cuenta el informe rendido por el juzgado y la inspección que sobre el expediente realizó el Tribunal.
Así, a la luz de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la petición efectuada resulta improcedente dado su carácter subsidiaria, pues como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación “la acción de amparo no se instituyó con el propósito de reemplazar los procesos ordinarios o especiales que llevan implícitos medios de defensa para la salvaguarda de los caros intereses superiores, por cuanto esas herramientas fueron las diseñadas por el legislador para que de ellas hicieran uso los sujetos procesales dentro de cada asunto en particular; así que si el accionante puso en marcha siquiera una sola de éstas, le está vedado formular de manera concomitante la presente vía, porque con ello estaría pretendiendo sustituir al juez natural por el constitucional, siendo que éste nunca se creó con ese objetivo; tal circunstancia lo que pone en evidencia es un comportamiento presuroso, pues es el funcionario que conoce del asunto quien ostenta la potestad, bajo los postulados de la independencia, desconcentración y autonomía, para resolver el conflicto de intereses que se le sometió a su composición” (sentencia de 10 de agosto de 2009 rad. 2009-00189-01, citada en la de 29 de junio de 2011, rad. 00635-01).
5.- En consecuencia, se respaldará el fallo objeto del ataque.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

References: artículo 531
 artículo 531
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 6