Source: http://www.fiscaldemesa.com.ar/constituciones/constitucion-de-la-rioja-2008/
Timestamp: 2017-04-29 15:31:08+00:00

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Constitución de La Rioja (2008) | Fiscal de Mesa
Resueltos a consolidar un Estado democrático basado en la participación popular que garantice a través de instituciones estables y legítimas la plena vigencia de todos los derechos que esta Constitución reconoce y consagra.
Evocando la gesta justiciera de Juan Facundo Quiroga, Ángel Vicente Peñaloza, Felipe Varela y todos nuestros próceres, héroes y luchadores sociales y el largo combate de nuestro heroico Pueblo Riojano para alcanzar un verdadero federalismo y un definitivo régimen de libertad y justicia social.
Artículo 1°.- SOBERANÍA POPULAR. El poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la provincia, quien lo ejerce por medio de sus legítimos representantes y por las otras formas de participación democrática establecidas en esta constitución.
Artículo 2°.- FORMA DE GOBIERNO. La provincia de La Rioja, parte integrante de la República Argentina, adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, democrática y social, y en ejercicio de su autonomía, no reconoce más limitaciones a su poder que las expresamente delegadas en la Constitución Nacional al Gobierno Federal.
Artículo 3°.- PRINCIPIOS DEL SISTEMA POLÍTICO. El Estado provincial garantiza a través de todos sus actos el logro de la democracia participativa en lo económico, político, social y cultural. La actividad de todos los órganos del poder público está sujeta a los principios republicanos, en particular a la publicidad de los actos, legalidad de las acciones de los funcionarios, periodicidad de las funciones y efectiva rendición de cuentas.
Artículo 4°.- DISTRIBUCIÓN DEL PODER. El Poder del Estado provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido en esta constitución en Funciones conforme a las competencias que ella establece.
Artículo 5°.- PREÁMBULO. El preámbulo no es una mera enunciación de principios, sino fuente interpretativa y de orientación para establecer el alcance, significado y finalidad de las cláusulas de la presente Constitución.
Artículo 6°.- LÍMITES Y DIVISIÓN POLÍTICA. La provincia tiene los límites que por derecho le corresponden con arreglo a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los tratados que se celebren. No podrán ser alterados sino por ley ratificada por consulta popular. El territorio de la provincia está dividido en dieciocho departamentos, con sus actuales límites determinados por la ley, los que no podrán ser modificados sin previa consulta popular de los departamentos involucrados.
Artículo 7°.- SEDE DE LAS AUTORIDADES. Las autoridades centrales del gobierno residen en la ciudad de La Rioja, capital de la provincia, salvo que por ley sujeta a consulta popular se fije otra sede.
Artículo 8°.- IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. Ninguna norma jurídica tendrá
efecto retroactivo, ni podrá afectar los derechos adquiridos o alterar las obligaciones contractuales.
Artículo 9°.- INCONSTITUCIONALIDAD. Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la Constitución Nacional o a esta Constitución debe ser declarada inconstitucional por los jueces, a requerimiento de parte o de oficio.
Artículo 10°.- SUPRESIÓN DE TRATAMIENTOS HONORÍFICOS. Quedan suprimidos los tratamientos honoríficos a funcionarios y magistrados o cuerpos colegiados de la provincia, cualquiera sea su investidura.
Artículo 11°.- SOSTENIMIENTO DEL CULTO CATÓLICO. El gobierno de la provincia coopera a sostener el culto católico, apostólico y romano.
Artículo 12°.- ALZAMIENTO. Los que se alzaren para cambiar esta Constitución, deponer los órganos de gobierno o impedir el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, como así también los funcionarios políticos que en la provincia formaren parte del gobierno de facto que surgiere del alzamiento o subversión serán pasibles de las sanciones civiles, penales y políticas que determinen las leyes y esta Constitución. Los funcionarios del régimen constitucional con responsabilidad política que omitieren la ejecución de actos en defensa del mismo serán pasibles de idénticas sanciones.
Artículo 13°.- LÍMITES DE LA LIBERTAD. La Provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad, sin perjuicio del derecho individual o colectivo de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinario, sometido únicamente a las prescripciones de la ley.
La provincia no reconoce organizaciones, cualesquiera sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales y sociales reconocidas por esta Constitución o atentatorias del sistema democrático republicano en que esta se inspira.
Artículo 14°.- INHABILITACIONES. Quienes ejercieren funciones de responsabilidad política en los gobiernos de facto o pertenezcan a la dirigencia de las organizaciones referidas en el
artículo anterior, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos.
Artículo 15°.- DEMANDAS CONTRA EL ESTADO. El Estado provincial, las municipalidades y entidades descentralizadas, y demás personas jurídicas públicas pueden ser demandadas, sin necesidad de autorización de la Función Legislativa, y sin que en el juicio deba gozar de privilegio alguno.
Artículo 16°.- GESTIÓN INTERNACIONAL. La provincia detenta la facultad de efectuar, en el orden internacional, gestiones, actos o convenios que fueren necesarios para la satisfacción de sus intereses, sin perjuicio de la política exterior delegada al Gobierno Federal.
Artículo 17°.- GESTIÓN INTERJURISDICCIONAL. La Provincia podrá celebrar acuerdos, efectuar gestiones o mantener relaciones a nivel bilateral o regional con otras provincias o con la Nación en el ámbito de sus intereses propios y sin afectar los poderes políticos delegados al Gobierno Federal. En particular, podrá acordar con la Nación sobre coparticipación de impuestos, compensación de los efectos negativos de la política económica nacional y participación en todo órgano que administre facultades concurrentes, regímenes concertados y empresas interjurisdiccionales o del Estado Nacional que exploten recursos en su territorio.
Artículo 18°.- INTERVENCIÓN FEDERAL. En caso de Intervención Federal, los actos que sus representantes ejecuten en el desempeño de sus funciones serán exclusivamente administrativos, con excepción de los que deriven del estado de necesidad.
Artículo 19°.- DERECHOS HUMANOS. Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes y tienen derecho a defender su vida, libertad, reputación, integridad moral y física y seguridad individual. Nadie puede ser privado de su libertad sino por vía de penalidad, con arreglo a una ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia de juez competente.
Artículo 20°.- ACCIONES PRIVADAS. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Artículo 21°.- IGUALDAD. Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión o cualquier otra condición socioeconómica o política.
Artículo 22°.- PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona es inocente mientras no haya sido declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada previo proceso legal.
La privación de la libertad durante el proceso tiene el carácter excepcional, sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que no exceda el término máximo que figura en la ley. Las normas que autoricen son de interpretación restrictiva, salvo el caso de flagrancia, nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de juez competente, siempre que existan elementos de convicción suficiente de participación en hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se dará inmediato aviso al juez competente y se pone a su disposición el aprehendido con constancia de sus antecedentes.
Artículo 23°.- IN DUBIO PRO REO. Desde la iniciación del proceso penal, el o los jueces que intervinieren están obligados a aplicar el principio: “in dubio pro reo”.
Siempre se aplicará, aún con efecto retroactivo, la ley penal más favorable al imputado.
Artículo 24°.- DETENCIÓN DE PERSONAS. En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados, y las personas comprendidas en tales situaciones no podrán ser enviadas a establecimientos fuera de la provincia. De esta medida se dará cuenta en forma inmediata al juez competente y se pondrá a su disposición al detenido con los antecedentes del caso dentro de las veinticuatro horas.
Con la privación de la libertad de una persona se labrará un acta que será firmada por ella, si es capaz, donde constará la razón del procedimiento, el lugar donde será conducido y el magistrado interviniente, dejándosele copia de la orden y del acta labrada, a más de darle cuenta de inmediato a un familiar del detenido o a quien este indique y al Ministerio Público a los efectos de su defensa.
Artículo 25°.- CUSTODIA DE PRESOS. Todo encargado de la custodia de presos debe, al recibirlos, exigir y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario, es pasible de las sanciones previstas por la ley. La misma obligación de exigir la indicada orden bajo igual responsabilidad incumbe al ejecutor del arresto o detención.
Artículo 26°.- CÁRCELES. Las cárceles y demás lugares destinados al cumplimiento de las penas de privación de la libertad serán sanas, limpias, y organizadas con el fin de obtener primordialmente la reeducación y readaptación del detenido, que incluirá el trabajo productivo y remunerado. Toda medida que conduzca a mortificar física o moralmente a los detenidos hará responsable a quien la ejecute, autorice o consienta. Deberá garantizarse la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas.
Artículo 27°.- ACCIÓN DE HABEAS CORPUS. Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad competente o a quien arbitrariamente se restringiere o amenazare en su libertad puede por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante un juez letrado inmediato, a fin de que se ordene su libertad o que se someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la supresión, privación o restricción que padeciere. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna formalidad procesal.
El juez de hábeas corpus ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública. Todo funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está
obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparta el juez de hábeas corpus. La ley establecerá las sanciones que correspondan a quienes rehusaren o descuidaren ese cumplimiento.
Artículo 28°.- ACCIÓN DE AMPARO. Procederá la acción de amparo contra cualquier decisión, acto u omisión de autoridad o de particulares que, con manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pusiere en peligro actual o inminente, restringiere, limitare o amenazare el ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución o en la Constitución Nacional, a fin de que el juez arbitre los medios para el inmediato restablecimiento del ejercicio del derecho afectado. Esta acción procederá siempre que no pudieren utilizarse por razones de urgencia los medios ordinarios sin daño grave e irreparable y no procediese el recurso de hábeas corpus.
Cuando una disposición legal imponga a un funcionario un deber expresamente determinado, todo aquel en cuyo interés debe ejecutarse el acto o cumplirse la abstención y sufriere perjuicio material, moral o político por falta injustificada del cumplimiento del deber, puede demandar ante el juez competente su ejecución inmediata, quien previa comprobación sumaria de la obligación legal y del derecho del reclamante, dirigirá al funcionario un mandamiento de ejecución o de prohibición según el caso.
Artículo 29°.- HABEAS DATA. Toda persona física o jurídica podrá interponer acción de hábeas data para garantizar su derecho de autodeterminación informativa, a cuyo fin está facultada para acceder a sus datos personales y los referidos a sus bienes, y al destino de tal información que se encuentren asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos, electrónicos y ópticos, de carácter público o privado, de soporte, procesamiento y provisión de la información; y, en caso de falsedad o uso discriminatorio de tales datos, exigir la supresión, rectificación, actualización o el sometimiento a confidencialidad de los mismos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
Artículo 30º.- DEFENSA EN JUICIO. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. En ningún caso el defensor del imputado o querellante particulares podrán ser molestados, ni allanados sus domicilios o locales profesionales con motivo del ejercicio de su ministerio. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, consanguíneos o afines. Toda declaración del imputado es un medio de defensa y deberá ser realizada ante el juez de la causa o autoridad judicial competente según lo establezca la ley, pero carecerá de valor probatorio si la misma se celebró sin la asistencia de letrado de parte u oficial.
Queda abolido el secreto del sumario para las partes y prohibida la incomunicación de los detenidos sin orden de juez competente, la que en ningún caso excederá de un día.
Se asegurará a los indigentes los medios para actuar o defenderse en cualquier jurisdicción o fuero.
Artículo 31°.- DERECHO A LA PRIVACIDAD. Son inviolables el domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole. Sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de juez competente.
Artículo 32°.- LIBERTAD DE PRENSA. Todo habitante de la provincia es libre de escribir, imprimir o difundir, por cualquier medio, sus ideas.
No podrá dictarse ley ni disposición alguna que coarte, restrinja o limite la libertad de prensa; que trabe, impida o suspenda por motivo alguno el funcionamiento de imprentas, talleres tipográficos, difusoras radiales o televisas y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento; que decomise sus maquinarias o enseres, o clausure sus locales, ni expropie sus bienes.
Sólo se considerarán abuso a la libertad de expresión los hechos constitutivos de delitos comunes. La calificación y juzgamiento de estos hechos corresponde a la justicia ordinaria, la que deberá tratar con preferencia los juicios que versen sobre la transgresión de este
Artículo 33°.- LIBERTAD DE CULTO. Es inviolable el derecho que toda persona tiene de profesar su religión y ejercer su culto, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia y sin más limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres y el orden público. Nadie será obligado a declarar el culto que profesa.
Artículo 34°.- DERECHOS DEL TRABAJADOR. El trabajo, como digna actividad humana, goza de la protección del Estado Provincial, quien reconoce y declara los siguientes derechos a objeto de que todas las autoridades ajusten sus acciones a los principios informadores de los mismos: derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la participación en las ganancias de la empresa con control de su producción, cogestión o autogestión en la dirección, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico, a la defensa de sus intereses profesionales y de aprender y enseñar.
En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá
la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo.
Artículo 35°.- PROTECCIÓN DE LA FAMILIA. La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad será objeto de preferente atención por parte del Estado provincial, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. La provincia promoverá la unidad económico familiar y el bien de familia, conforme a lo que una ley especial determine.
Artículo 36°.- EDUCACIÓN FAMILIAR. Como una forma de protección familiar, los establecimientos e institutos de enseñanza secundaria, superior y universitaria deberán incluir en sus planes de estudio una asignatura que se refiera a aquellos aspectos de la educación de adolescentes y jóvenes que signifique prepararlos para el matrimonio, la paternidad y la vida familiar.
Artículo 37°.- PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE. Todo niño o adolescente tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo total o parcial, moral o material, permanente o transitorio, corresponde a la provincia, como inexcusable deber social, proveer a dicha protección ya sea en forma directa o por medio de institutos.
Artículo 38°.- PROTECCIÓN DE LA ANCIANIDAD. Todo anciano tiene derecho a la protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados para ese fin.
Artículo 39°.- PROTECCIÓN DEL DISCAPACITADO. La provincia promoverá políticas de prevención, protección, rehabilitación e integración de los discapacitados físicos y psíquicos, como asimismo aquellas tendientes a la toma de conciencia de la sociedad respecto a los deberes de solidaridad para con ellos.
Artículo 40°.- DERECHO A LA VIVIENDA. EI Estado propenderá al logro de una vivienda digna para todos los habitantes de la provincia.
Artículo 41°.- DERECHO A ASOCIARSE. Todo ciudadano goza del derecho de asociarse, cualquiera sea su objetivo, siempre que no afecte la moral, el orden público o el ordenamiento legal.
Artículo 42°.- DERECHO DE PETICIÓN. Queda establecido el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente sin que la publicación de dichas peticiones dé lugar a la aplicación de penalidad alguna a quien la formule. La autoridad a que se haya dirigido la petición está obligada a comunicar por escrito al solicitante la resolución pertinente.
Artículo 43°.- DERECHO DE REUNIÓN. Los habitantes tienen derecho a reunirse sin autorización, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares públicos, pudiendo efectuar manifestaciones públicas en forma individual o colectiva.
Artículo 44°.- ADMISIBILIDAD EN LOS EMPLEOS. Todos los habitantes son admisibles en los empleos públicos sin más requisitos que la idoneidad y el domicilio en la
provincia. La designación se efectuará por concurso público de oposición y antecedentes que garanticen la idoneidad para el cargo conforme lo reglamente la ley.
Artículo 45°.- ESTABILIDAD. Ningún empleado o funcionario escalafonado de la provincia podrá ser separado de su cargo mientras dure su buena conducta, aptitudes físicas o mentales. La cesantía sólo se dispondrá previo sumario que justifique la medida.
Artículo 46°.- RÉGIMEN DE REMUNERACIONES. La ley establecerá un régimen de remuneraciones de magistrados, funcionarios y demás empleados de la Provincia teniendo en cuenta el principio de que a igual tarea corresponde igual remuneración.
Artículo 47°.- RÉGIMEN PREVISIONAL. El Régimen Jubilatorio Provincial será
único para todas las personas y asegurará la equidad y la inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables.
Artículo 48º.- ACUMULACIÓN DE EMPLEO. En ningún caso podrán acumularse en una misma persona dos o más funciones o empleos rentados, ya sea provincial, municipal o nacional, con excepción de la docencia en ejercicio, con las limitaciones que la Ley deberá establecer para este último caso.
Como excepción podrá contratarse profesionales universitarios por tiempo determinado cuando sus antecedentes técnicos y científicos así lo aconsejen para la función a desempeñar.
La aceptación de un nuevo empleo hace caducar automáticamente al anterior.
Cuando se trate de cargos políticos podrá retenerse el empleo sin derecho a percepción de haberes.
Artículo 49°.- RESPONSABILIDAD. La provincia es solidariamente responsable con sus agentes cuando éstos causaren daños a terceros por mal desempeño de sus funciones, a menos que los actos que los motiven hubieren sido ejecutados fuera de sus atribuciones.
Artículo 50°.- MANIFESTACIONES DE BIENES. Los que ejercen las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial están obligados, al entrar en funciones y al cesar en las mismas, a efectuar manifestación de bienes, por sí, su cónyuge y personas que la ley determine.
Artículo 51°.- DERECHO DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES. Los consumidores de bienes y los usuarios de servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Artículo 52°.- DERECHOS IMPLÍCITOS. Los principios, declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución no serán interpretados como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de soberanía popular, de la forma republicana de gobierno y que corresponden al hombre en su calidad de tal o como integrante de la sociedad o de sus organizaciones en donde desarrolla su personalidad y busca el cumplimiento de los deberes de solidaridad. Tampoco se entenderá como negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación, los cuales quedan incorporados a esta Constitución.
CULTURA, EDUCACIÓN Y SALUD PÚBLICA Artículo 53°.- FINES DE LA EDUCACIÓN. La educación es un derecho humano fundamental y un deber de la familia y del Estado. Su finalidad es el desarrollo integral, permanente y armonioso de la persona, capacitándola para vivir en una sociedad democrática y participativa, basada en la ética, la libertad y la justicia social; en el respeto a las tradiciones e instituciones del país, y en los sentimientos religiosos, morales y de solidaridad humana.
Artículo 54°.- CARÁCTERES DE LA EDUCACIÓN. El Estado asegurará el acceso a la educación, su permanencia y la posibilidad de alcanzar los más altos grados de educación. Deberá posibilitar la igualdad de oportunidades para todas las personas, desarrollando las acciones a su alcance para este fin mediante el principio de centralización normativa y descentralización operativa de tales acciones. También procurará que el estudiante de cualquier nivel pueda insertarse en el mundo productivo del trabajo sin detener el proceso educativo.
Artículo 55°.- SISTEMA EDUCACIONAL. Para el cumplimiento de los fines establecidos en esta Constitución, la provincia organizará un régimen educacional que comprenda la enseñanza pre-primaria, primaria, secundaria, superior y universitaria, que se ajustará a las siguientes bases:
3.- Se promoverá la consolidación de la familia, el conocimiento de la Constitución Nacional y provincial, y de la realidad provincial, nacional y latinoamericana.
Artículo 56°.- CONSEJO DE EDUCACIÓN. La coordinación de la política educativa estará a cargo de un Consejo Técnico Educativo, en el que tendrán representación los docentes y los padres, cuya denominación y funcionamiento reglamentará la ley respectiva.
Artículo 57°.- UNIVERSIDADES. La enseñanza universitaria será regida por un Consejo Superior formado en cada establecimiento mediante la participación de los docentes, estudiantes, egresados y no docentes.
Una ley especial reglamentará su estructura funcionamiento y procedimientos a que deberá ajustarse, asegurando la autonomía universitaria con las facultades de dictar su propio estatuto, elegir sus autoridades y nombrar su personal.
Artículo 58°.- CULTURA. El Estado asegurará a todos los habitantes el derecho a acceder a la cultura y eliminará toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural.
El acervo histórico, arqueológico, artístico y documental forma, parte del patrimonio cultural de la provincia.
Artículo 59°.- DERECHO A LA SALUD. El Estado asegurará la salud como derecho fundamental de la persona humana. A tal efecto, tenderá a que la atención sanitaria sea gratuita, igualitaria, integral y regional, creando los organismos técnicos que garanticen la promoción, prevención, protección, asistencia y rehabilitación de la salud física, mental y social conforme al sistema que por ley se establezca.
El Estado fomentará la participación activa de la comunidad y podrá celebrar convenios con la Nación, otras provincias, o entidades privadas u otros países destinados al cumplimiento de los fines en materia de salud.
Artículo 60°.- FUNCIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA. La actividad económica estará al servicio del hombre y se organizará conforme a los principios sociales de esta Constitución. El Estado garantiza la libre iniciativa privada, armonizándola con los derechos de la persona y la comunidad, debiendo regular las actividades económicas a esos efectos. A tal fin se crearán los institutos y se arbitrarán los medios necesarios con intervención de representantes del trabajo, sociedades, cooperativas, asociaciones de productores, trabajadores, empresarios e instituciones oficiales de crédito para la defensa efectiva de la producción básica, la distribución de la tierra pública, el aprovechamiento de los recursos naturales, la radicación de industrias, especialmente en el interior de la provincia y la comercialización de la producción en beneficio de los productores y consumidores.
Artículo 61º.- FUNCIÓN SOCIAL DEL CAPITAL. El capital debe tener por principal objeto el desarrollo y progreso de la provincia y sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo.
Artículo 62°.- FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD. La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia la misma queda sometida a las restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
Artículo 63°.- POLÍTICA AGRARIA. La tierra es considerada factor de producción y no de renta y debe ser objeto de explotación racional.
Artículo 64°.- DOMINIO DE LOS RECURSOS NATURALES. La provincia, en el ejercicio de la soberanía inherente al pueblo es dueña originaria de todas las sustancias minerales y fuentes naturales de energía, incluidos hidrocarburos, que existen en su territorio con excepción de los vegetales.
Artículo 65°.- DOMINIO Y USO DE LAS AGUAS. Son de dominio público de la provincia los lagos, ríos y sus afluentes y todas las aguas públicas existentes en su jurisdicción.
La ley que reglamente su uso deberá establecer que toda concesión de uso y goce de aguas del dominio público es inseparable y se atribuye como derecho inherente al predio.
Artículo 66°.- SERVICIOS PÚBLICOS. Los servicios públicos pertenecen originariamente, según su naturaleza y características, a la provincia o a las municipalidades y podrán ser concedidos a los particulares para su explotación en la forma y modo que determine la ley, priorizándose las entidades cooperativas.
Artículo 67°.- COOPERATIVISMO. El Estado, a través de la ley, fomentará y promoverá
la organización, el mantenimiento y el desarrollo de cooperativas y mutuales, mediante la asistencia técnica e integral, el correcto ejercicio de la fiscalización y un adecuado plan de educación y capacitación cooperativista y mutualista.
Artículo 68º.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.
Las autoridades gubernamentales formarán dentro del organismo competente un Cuerpo de Protección Ambiental, para fiscalización y control de los derechos y obligaciones consagrados en el presente
Artículo 69°.- DESARROLLO INTEGRAL. El Estado promoverá el desarrollo integral, autónomo y armónico de las diferentes zonas de su territorio.
Artículo 70º.- RÉGIMEN FINANCIERO. El Régimen Financiero de la provincia se basa en el poder impositivo de la misma. En virtud del poder fiscal originario, es privativo de la provincia la creación de impuestos y contribuciones, la determinación del hecho imponible y las modalidades de percepción, con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al Gobierno Federal en virtud de lo dispuesto por la Constitución Nacional.
Artículo 71º.- TESORO PROVINCIAL. El Estado provee a sus gastos con los fondos del Tesoro Provincial formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados por ley para urgencias de la provincia o para empresas de utilidad pública, por el producido de los servicios que preste; por la administración de los bienes de dominio público y por la disposición o administración de los del dominio privado; por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que resulten de los poderes no delegados a la Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos federales recaudados por los organismos competentes; y por las reparaciones que obtenga del erario nacional por efectos negativos de las políticas nacionales sobre sus recursos tributarios o no tributarios creados por ley.
Artículo 72º.- EMPRÉSTITOS. Podrán autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la provincia, emisión de títulos públicos u otras operaciones de crédito por ley sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros en funciones de la Cámara de Diputados, pero ningún compromiso de esta clase podrá contraerse sino para obras
públicas. En ningún caso el servicio de la totalidad de las deudas autorizadas podrá
comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se tomará
como base el cálculo de recursos menor de los tres últimos años. Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones no podrán ser distraídos ni interinamente de su objeto, bajo la responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos.
Artículo 73°.- RÉGIMEN TRIBUTARIO. El Régimen Tributario de la provincia se estructurará sobre la base de la función económico-social de los impuestos y contribuciones.
La igualdad, proporcionalidad y progresividad constituyen la base de los impuestos, contribuciones y cargas públicas.
Artículo 74°.- LICITACIONES. Toda enajenación de bienes de la provincia o municipios, compra, obras públicas y demás contratos se efectuará por el sistema de subasta y licitación pública, bajo pena de nulidad, con excepción de los casos que la ley determine.
Artículo 75º.- PRESUPUESTO. En el presupuesto se consignarán los ingresos y egresos ordinarios y extraordinarios, aún cuando hayan sido autorizados por leyes especiales, considerándose derogadas si no se incluyeren en el presupuesto las partidas correspondientes. El presupuesto sancionado seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de uno nuevo.
Artículo 76°.- PARTICIPACIÓN POLÍTICA. Es derecho y deber de todo ciudadano participar en la vida política.
Artículo 77°.- PARTIDOS POLÍTICOS. La provincia reconoce y asegura la existencia y personería de los partidos políticos, los que expresan el pluralismo democrático y concurren a la orientación, formación y manifestación de la voluntad popular. A tal fin deberán obligadamente organizar las escuelas de formación de dirigentes.
A los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos electivos y el Estado garantiza su libre funcionamiento dentro del territorio provincial por el sólo hecho de su constitución, sin injerencia estatal o cualquier otra en su vida interna y su actividad pública.
Artículo 78°.- BANCAS LEGISLATIVAS. Declárase que las bancas de toda representación legislativa pertenecen a los partidos políticos que han intervenido en el acto electoral y han nominado sus candidatos. Cada partido tiene la atribución de determinar si la forma en que es ejercida su representación o mandato responde al programa y doctrina política que sirvió para la exaltación del candidato al cargo que ostenta. En caso de incumplimiento en el ejercicio de su mandato, podrá el partido iniciar acción ante el Tribunal Electoral de la provincia con el fin de cuestionar el desempeño de la representación y resuelta la inconducta, queda abierta la sustitución por el suplente respectivo.
Artículo 79°.- CUERPO ELECTORAL. La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.
Artículo 80°.- SUFRAGIO ELECTORAL. El sufragio electoral es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y su ejercicio una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 81°.- LEY ELECTORAL. La Ley Electoral será uniforme para toda la provincia y la dividirá en tantos distritos electorales como departamentos haya. La misma ley establecerá la forma en que estarán representadas las minorías. El voto es universal, libre, igual y secreto.
Artículo 82°.- TRIBUNAL ELECTORAL. En la provincia funcionará un Tribunal Electoral permanente integrado por un miembro del Tribunal Superior de Justicia que lo presidirá, un juez de cámara y un miembro del ministerio público, elegidos por sorteo que efectuará el Tribunal Superior cada cuatro años. La ley fijará sus atribuciones y responsabilidades.
Artículo 83°.- INICIATIVA POPULAR. Por la iniciativa popular, el cuerpo electoral con el porcentaje que la ley determine, que no debe ser inferior al cinco por ciento del electorado, puede presentar un proyecto de ley o de derogación de leyes en vigencia para su tratamiento por la Cámara de Diputados, incluyendo la reforma constitucional.
Artículo 84°.- CONSULTA POPULAR. Las cuestiones de gobierno y la vigencia de nuevas leyes, la reforma o derogación de normas jurídicas de significativa importancia, pueden ser sometidas a consulta popular, que podrá ser obligatoria o facultativa. Será
obligatoria en los siguientes casos:
Artículo 85°.- REVOCATORIA POPULAR. El cuerpo electoral tiene el derecho de decidir la destitución o separación de aquellos funcionarios electivos que no han cumplido el mandato recibido o que por el mal desempeño en sus funciones han dejado de merecer la confianza depositada en ellos por el pueblo.
Artículo 86°.- CÁMARA DE DIPUTADOS. La Función Legislativa de la provincia es ejercida por la Cámara de Diputados, integrada por representantes elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 87°.- COMPOSICIÓN. DISTRIBUCIÓN. INTEGRACIÓN. La Cámara de Diputados se compone de treinta y seis miembros, elegidos directamente por el pueblo de la provincia.
Para su reparto, se adjudicará en los departamentos que tengan una sola banca por simple mayoría de sufragios. En el resto se aplicará el sistema D’ Hont, y el partido que obtenga la mayoría solo podrá adjudicarse hasta un máximo de: cinco bancas en el departamento Capital; tres bancas en el departamento Chilecito; dos bancas en el departamento Arauco; dos bancas en el departamento Coronel Felipe Varela; dos bancas en el departamento Chamical, y dos bancas en el departamento Rosario Vera Peñaloza.
Nunca podrán las minorías tener un porcentual menor al equivalente a ocho bancas, pudiendo acrecer estas últimas en caso de ser mayoría en los departamentos.
Ningún candidato podrá acceder a una banca si su partido político no alcanzó un mínimo del tres por ciento de la totalidad de los votos válidamente emitidos en toda la provincia.
Artículo 88°.- DIETA. Los representantes legislativos gozan de una dieta establecida por ley, acorde a los gastos que demande la actividad. La misma no excederá de la remuneración que perciba por todo concepto el Gobernador y se hace efectiva de acuerdo con la asistencia a las sesiones y a las comisiones que integran.
Artículo 89º.- REQUISITOS. Para ser diputado se requiere ser argentino, mayor de edad, con dos años de residencia inmediata y efectiva anterior a la elección, en el departamento que representa.
Artículo 90º.- ORDEN DE ADJUDICACIÓN. Corresponde adjudicar los cargos de diputados respetando el orden de colocación de los candidatos en las listas oficializadas por el Tribunal Electoral. Los que siguen serán considerados suplentes, a los que se agregarán en tal carácter los otros suplentes que la ley establezca.
Artículo 91º.- DURACIÓN. Los diputados durarán cuatro años en el ejercicio de su mandato y podrán ser reelegidos. La Cámara se renovará por mitad cada dos años. El diputado suplente que se incorpore en reemplazo del titular completará el término del mandato.
Artículo 92°.- INCOMPATIBILIDADES. No pueden ser diputados los militares en servicio activo; los que hayan sido condenados a penas de reclusión o prisión mientras subsistan los efectos jurídicos de la condena; y los deudores del fisco cuando se hubiere dictado sentencia en su contra.
Artículo 93º.- INMUNIDADES. Los miembros de la Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o votos que emitan en el desempeño de su mandato. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de la Cámara, dentro o fuera de ella, por causa de sus votos u
opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de sus deberes de legislador, es ofensa a la misma Cámara, que debe ser sancionada.
Artículo 94º.- DESAFUERO. La Cámara al conocer el sumario podrá allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo considerarse allanado de hecho si la Cámara no hubiese resuelto el caso dentro de los diez días siguientes en que se recibió el sumario. Para no hacer lugar al allanamiento se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido será puesto inmediatamente en libertad.
Artículo 95°.- FACULTAD DISCIPLINARIA. La Cámara, con dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros, corregirá a cualquiera de ellos por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o ausentismo notorio e injustificado o lo excluirá
de su seno por inhabilidad física, psíquica, moral o legal sobreviniente a su incorporación.
Artículo 96°.- PRESIDENCIA. La Presidencia de la Cámara será ejercida por el Vicegobernador, quien tendrá voto sólo en caso de empate.
Los nombramientos de las autoridades de la Cámara deberán hacerse por mayoría absoluta de los presentes. Si hecho el escrutinio ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta, deberá repetirse la votación limitándose a los dos candidatos más votados.
Artículo 97°.- INVESTIGACIONES. Es facultad de la Cámara designar comisiones con fines de fiscalización o investigación en cualquier dependencia de la administración pública provincial o entidades privadas cuando estuvieren comprometidos intereses del Estado. No deberá interferir en el área de atribuciones de las otras funciones y resguardará
los derechos y garantías individuales. Para practicar allanamientos debe requerir la autorización del juez competente.
Artículo 98°.- INTERPELACIÓN. La Cámara, con la aprobación de un tercio de sus miembros presentes, podrá llamar a su seno a los ministros para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes, a cuyo efecto deberá citarlos con cuarenta y ocho horas de anticipación y hacerles saber los puntos sobre los cuales han de informar.
Artículo 99°.- REGLAMENTO INTERNO. La Cámara dictará su reglamento, el que preverá la constitución de comisiones internas encargadas de intervenir en el estudio del material legislativo. Se integrarán respetando la proporción de la representación parlamentaria de la Cámara.
Artículo 100°.- FACULTADES DE LAS COMISIONES. Las Comisiones Legislativas podrán dictar resoluciones, declaraciones y efectuar pedidos de informes. La Cámara podrá disponer la remisión a las mismas de asuntos de menor trascendencia para que ellas los resuelvan.
Artículo 101°.- COMISIÓN PERMANENTE. La Cámara podrá designar de su seno, antes de entrar en receso, una Comisión Permanente a la que le corresponderán las siguientes funciones: seguir la actividad de administración, promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del nuevo período de sesiones.
Artículo 102°.- PERÍODO DE SESIONES. La Cámara se reunirá en sesiones ordinarias todos los años desde el primer día hábil del mes de marzo hasta el quince del mes de diciembre, pudiendo por sí prorrogarlas por el término que sea necesario.
La Cámara podrá ser convocada a sesiones extraordinarias por el gobernador cuando mediaren razones de urgente interés público y por el presidente del cuerpo cuando lo solicitare la tercera parte de sus miembros. En tales casos, se tratarán únicamente los asuntos que motivaron la convocatoria.
Artículo 103°.- QUÓRUM. La Cámara sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus componentes. Podrá realizar sesiones en minoría al sólo efecto de acordar medidas para compeler a los inasistentes. Las sesiones serán públicas salvo que en razón de la naturaleza del asunto se resolviere lo contrario.
Artículo 104°.- DECLARACIONES. La Cámara podrá expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley sobre cualquier asunto político o administrativo atinente a los intereses generales de la Provincia o de la Nación.
Artículo 105°.- ATRIBUCIONES. Corresponde a la Cámara de Diputados:
Inciso 19.- Dictar las leyes de organización y los códigos: rural, de procedimientos
judiciales, contencioso administrativo, electoral, bromatológico, de recursos renovables y no renovables y otros que sean necesarios y que correspondan a la competencia de la provincia;
Artículo 106°.- ORIGEN DE LAS LEYES. Las leyes pueden tener origen en proyectos presentados por uno o más diputados, por el Gobernador o por el Tribunal Superior de Justicia, en los casos autorizados en esta Constitución.
Artículo 107°.- PROMULGACIÓN Y VETO. Cuando un proyecto de ley fuere sancionado por la Cámara, esta lo remitirá dentro de los cinco días al gobernador para su promulgación y publicación. El gobernador podrá vetar dicho proyecto en el término de diez días hábiles, en forma total o parcial. Si no lo hiciere se considerará promulgado.
Vetada en todo o en parte una ley sancionada volverá con sus objeciones a la Cámara y si esta insistiere en su sanción con dos tercios de votos de los miembros presentes, será ley y pasará al gobernador para su promulgación. No concurriendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el gobernador, no podrá repetirse en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el gobernador, este podrá promulgar la parte no vetada.
Artículo 108°.- JUICIO POLÍTICO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Gobernador, Vicegobernador, Ministros, Miembros del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General, el Defensor General, el Fiscal de Estado y los miembros del Tribunal de Cuentas podrán ser denunciados ante la Cámara de Diputados por inhabilidad sobreviniente física o mental, por mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo o por delitos comunes.
Artículo 109°.- DIVISIÓN DE LA CÁMARA. Anualmente, la Cámara en su primera sesión se dividirá por sorteo en dos salas, compuestas cada una por la mitad de sus miembros a los fines de la tramitación del Juicio Político. En caso de que la composición de la Cámara fuese impar, la sala segunda se integrará con un miembro más.
Artículo 110°.- SALA ACUSADORA. La sala acusadora nombrará anualmente, en su primera sesión, una comisión de investigación de cinco miembros, no pudiendo facultar al presidente para que la nombre. Dicha comisión tendrá por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación, teniendo para tal efecto las más amplias facultades.
Artículo 111°.- COMISIÓN INVESTIGADORA. La comisión investigadora practicará
las diligencias en el término perentorio de cuarenta días y presentará el dictamen a la sala acusadora que podrá aceptarlo o rechazarlo, necesitando dos tercios de los votos de sus miembros presentes cuando fuere favorable a la acusación.
Artículo 112°.- SUSPENSIÓN DE FUNCIONES. Desde el momento que la sala acusadora haya aceptado la acusación, el acusado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones sin goce de sueldo.
Artículo 113°.- COMISION ACUSADORA. Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombrará una comisión de tres de sus miembros para que la sostenga ante la segunda sala constituida en tribunal de sentencia, previo juramento prestado ante su presidente.
Artículo 114°.- SALA DE SENTENCIA. La sala de sentencia procederá de inmediato al estudio de la acusación, prueba y defensa, para pronunciarse en definitiva en el término de treinta días. Vencido este término sin dictar el fallo condenatorio, el acusado volverá al ejercicio de sus funciones con derecho a percibir los haberes no cobrados sin que el juicio pueda repetirse por los mismos hechos.
Artículo 115°.- PRONUNCIAMIENTO. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la sala de sentencia.
La votación será nominal, debiendo registrarse en el acta el voto de los diputados sobre cada uno de los cargos que contenga la acusación.
Artículo 116°.- EFECTOS. El fallo no tendrá más efecto que el de destituir al acusado, pudiendo inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a acusación, juicio y condena conforme a las leyes comunes y ante los tribunales ordinarios.
Artículo 117°.- PROCEDIMIENTO. La Cámara dictará una ley de procedimientos para esta clase de juicios, garantizando el ejercicio del derecho de defensa.
Artículo 118°.- GOBERNADOR. La Función Ejecutiva Provincial será desempeñada por el Gobernador, quien es el jefe político de la administración de la provincia o en
su defecto por el Vicegobernador, quien además de ser titular de la Cámara de Diputados, aún cuando no reemplace al Gobernador podrá participar en los acuerdos de ministros y reuniones de gabinete. Ambos se eligen al mismo tiempo y por idéntico período.
Artículo 119°.- REQUISITOS. Para ser elegido Gobernador o Vicegobernador se requiere:
Artículo 120º.- DURACIÓN DEL MANDATO. El Gobernador y Vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios.
Durarán en sus funciones el término de cuatro años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda motivar su prórroga. Podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo periodo consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.
Artículo 121°.- JURAMENTO. Al tomar posesión de sus cargos, el Gobernador y Vicegobernador prestarán juramento ante la Cámara de Diputados o en su defecto ante el Tribunal Superior de Justicia, de cumplir y hacer cumplir fielmente esta Constitución, la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y de la Provincia.
Artículo 122°.- INMUNIDADES. El Gobernador y Vicegobernador tendrán desde su elección las mismas inmunidades e incompatibilidades que los diputados.
Artículo 123°.- RESIDENCIA. El Gobernador y Vicegobernador residirán en la ciudad Capital y no podrán ausentarse de la provincia por más de treinta días sin autorización de la Cámara de Diputados. Durante el receso de ésta sólo podrán ausentarse de la Provincia por motivos urgentes y por el tiempo estrictamente indispensable, previa autorización de la comisión de receso.
Artículo 124°.- ACEFALÍA. En caso de muerte, destitución, renuncia, licencia, suspensión, enfermedad o ausencia del Gobernador, será reemplazado en el ejercicio de sus funciones por el Vicegobernador por todo el resto del período legal en las tres primeras situaciones y hasta que hubiere cesado la inhabilidad temporaria en las restantes.
Si la inhabilidad temporaria afectare simultáneamente al Gobernador y Vicegobernador, se hará cargo de la Función Ejecutiva, hasta que aquella cese para alguno de ellos, el Vicepresidente Primero o Vicepresidente Segundo de la Cámara de Diputados.
Artículo 125°.- NUEVA ELECCIÓN. Si antes de asumir el ciudadano electo Gobernador muriese, renunciare o no pudiese ocupar el cargo, se procederá de inmediato a una nueva elección. En caso de acefalía simultánea y definitiva del Gobernador y Vicegobernador faltando más de dos años para la expiración del mandato, las funciones ejecutivas serán ejercidas por el Vicepresidente Primero de la Cámara de Diputados o en su defecto por el Vicepresidente Segundo de la misma o por el Presidente del Tribunal Superior, en este orden quienes deberán convocar al pueblo de la Provincia a elección de Gobernador y Vicegobernador en el término de treinta días. No podrá ser candidato el funcionario que desempeñe interinamente el cargo de Gobernador..
Faltando menos de dos años para la finalización del período, el funcionario que desempeñe la Función Ejecutiva convocará a la Cámara de Diputados dentro de los cinco días si esta se hallare en receso, o le hará saber las vacantes dentro de las veinticuatro horas si estuviese en sesiones, para que dentro de los cinco días en el primer caso y de los tres en el segundo, se reúna con el quórum de dos tercios como mínimo a fin de designar de entre sus miembros y por mayoría de votos al reemplazante de cada uno de los cargos vacantes.
Artículo 126°.- DEBERES Y ATRIBUCIONES. El Gobernador es el representante legal del Estado provincial y jefe de la administración con los siguientes deberes y atribuciones:
Inciso 5.- Presenta el proyecto de Ley de Presupuesto y recursos, hace recaudar
las rentas de la provincia, decreta su inversión con arreglo a la ley y publica trimestralmente el estado de tesorería.
Artículo 127°.- MINISTROS. El despacho de los asuntos de la Función Ejecutiva estará a cargo de ministros, cuyo número, funciones y departamentos determinará la ley.
Artículo 128°.- CONDICIONES. Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado y no ser cónyuge del Gobernador ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad. Rigen además iguales incompatibilidades.
Artículo 129°.- COMPETENCIA Y RESPONSABILIDADES. Los ministros refrendan y legalizan con su firma las resoluciones del Gobernador, sin la cual no tendrán efecto. Son solidariamente responsables. Sólo podrán resolver por si mismos en lo referente al régimen económico y administrativo de sus respectivas áreas y dictar providencias de trámite. Los ministros de la Función Ejecutiva provincial presentarán semestralmente una memoria detallada del estado de la provincia en lo relativo a los asuntos de sus áreas.
Artículo 130º.- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. El Gobernador podrá delegar en entidades descentralizadas con personalidad jurídica parte de sus funciones administrativas a los fines de la prestación de un servicio público determinado.
Artículo 131º.- FUNCIONES E INDEPENDENCIA. Sólo el Tribunal Superior y demás jueces ejercen la función jurisdiccional; tienen a su cargo la guarda de la soberanía del pueblo, la custodia de la supremacía constitucional y la protección de los derechos y garantías.
El Tribunal Superior y demás jueces tendrán el imperio necesario para mantener su inviolabilidad e independencia ante los órganos que ejercen las otras funciones del Estado.
En el ámbito de sus atribuciones, su potestad es exclusiva, no pudiendo el Gobernador ni la Cámara de Diputados en ningún caso ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de juicios pendientes, ni restablecer los que hubieren concluido..
Artículo 132º.- COMPOSICIÓN. La Función Judicial será desempeñada por un Tribunal Superior de Justicia, cámaras, jueces, jueces de paz letrados o legos, miembros de los Ministerios Públicos y demás tribunales, juzgados y funcionarios que establezca la ley..
Artículo 133º.- INMUNIDADES. Los jueces y miembros de los Ministerios Públicos, gozarán de las mismas inmunidades que los diputados.
Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y no podrán ser disminuidas con descuentos que no sean los que se dispusieren con fines de previsión o con carácter general.
La inamovilidad comprende el grado y la sede, no pudiendo ser trasladados sin su consentimiento.
Conservarán sus cargos mientras dure su idoneidad. Sólo podrán ser removidos en la forma y por las causas previstas en esta Constitución.
Artículo 134º.- INCOMPATIBILIDADES. Sin perjuicio de las demás incompatibilidades que surjan de esta Constitución y de la naturaleza de la Función Judicial, a los jueces y miembros de los Ministerios Públicos les está prohibido participar en organizaciones o actividades políticas, ejercer su profesión, exceptuándose los casos en que actúen por derecho propio, desempeñar empleos, funciones u otras actividades dentro y fuera de la Provincia con excepción de la docencia o ejecutar actos que comprometan su imparcialidad.
Artículo 135º.- ÉTICA. Los jueces y miembros de los Ministerios Públicos deberán desempeñarse observando una conducta ejemplar en todas sus actividades, tanto oficiales como privadas de tal forma que ese comportamiento mantenga y promueva la confianza pública. Esta norma comprende la obligación de actuar respetando los principios y pautas éticas.
Artículo 136º.- COMPETENCIA. Son de competencia del Tribunal Superior de Justicia y de los tribunales inferiores todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución Nacional, esta Constitución, las leyes nacionales y provinciales, cartas orgánicas y ordenanzas municipales según que las personas o las cosas caigan bajo la jurisdicción de la provincia.
Quedan excluidas de su conocimiento las causas atribuidas por esta Constitución al tribunal de juicio político o jurado de enjuiciamiento.
Artículo 137º.- INTEGRACIÓN, JURAMENTO, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. El Tribunal Superior estará integrado por cinco miembros y podrán dividirse en salas.
La presidencia del Cuerpo será desempeñada anualmente por turno por cada uno de sus miembros, elegido por simple mayoría, pudiendo ser reelegido.
Los miembros del Tribunal Superior, serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del Gobernador en sesión pública, y juran ante el propio Cuerpo.
Se remueven por las causales establecidas en esta constitución y procedimiento del juicio político.
Artículo 138º.- ATRIBUCIONES Y DEBERES. El Tribunal Superior tiene las siguientes atribuciones y deberes:
5. Interviene especialmente con facultades de superintendencia en las denuncias que las partes efectúen sobre “pérdida de la competencia de los jueces” y acreditado que fuera la misma, comunica inmediatamente al Consejo de la Magistratura para su intervención. Su omisión será motivo de juicio político.
Artículo 139º.- COMPETENCIA. El Tribunal Superior ejerce competencia originaria y exclusiva:
2. En los conflictos de competencia entre las funciones del Estado Provincial, entre estas y las municipalidades o de las municipalidades entre sí
y los que se susciten entre las Cámaras o jueces o entre uno de estos o cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de sus respectivas jurisdicciones.
3. En las causas contencioso-administrativas, previa denegación de autoridad competente al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley establecerá término y procedimiento para este recurso, y también podrá según la oportunidad y conveniencia futuras, crear un fuero contencioso-administrativo al cual le trasladará esta competencia.
Ejerce jurisdicción recurrida como tribunal de casación, inconstitucionalidad, revisión y demás casos que establezca la ley.
Artículo 140º.- APLICACIÓN DEL DERECHO. El juez tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad cuestiones de derecho.
El juez a pedido de parte o de oficio debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica.
Artículo 141º.- REQUISITOS. Para ser juez se requiere título de abogado, ocho años de ejercicio profesional o de desempeño en la magistratura y treinta años de edad.
Para ser juez de paz lego se requiere veinticinco años de edad, título secundario y ser argentino con dos años de residencia efectiva, inmediatos y previos a su designación en el departamento del juzgado.
Artículo 142º.- COMPETENCIA, JURISDICCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES. Una ley orgánica determinará la organización y atribuciones de los tribunales y juzgados que fueren necesarios para una eficaz administración de justicia en todo el territorio de la provincia.
Artículo 143º.- PÉRDIDA DE LA COMPETENCIA. Vencidos los plazos establecidos por ley para que los jueces dicten sus resoluciones, y previo pedido de pronto despacho, perderán la competencia de pleno derecho, sin necesidad de declaración alguna, si no la dictaran en el término legal establecido para las mismas. La competencia en estos casos deberá ser ejercida por el subrogante legal que corresponda.
Artículo 144º.- SISTEMA JUDICIAL. En la Provincia se aplicará el sistema oral en toda clase de procesos judiciales, y las cuestiones que se planteen en todas sus instancias se resolverán en audiencias públicas y contradictorias, cumpliendo con el principio de una justicia efectivamente rápida y eficiente.
La ley determinará la utilización de mecanismos alternativos de resolución de conflictos que disminuyan y pongan fin a la judicialización de los litigios.
Se promoverá la instalación del juicio por jurado en la medida y oportunidad que la ley lo establezca.
Artículo 145º.- POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. La Policía Técnica Judicial es un servicio de la justicia. Depende del Tribunal Superior de Justicia y tiene por objetivo, entre otros, para la averiguación del delito: el descubrimiento, consolidación, fortalecimiento y confirmación de las pruebas.
Actúa a disposición de los jueces y del Ministerio Público, según lo requieran y en los términos que la ley establezca.
Se organiza de acuerdo a esta Constitución y a la ley.
Artículo 146º.- PRINCIPIOS GENERALES. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa son órganos que integran la Función Judicial; tienen autonomía funcional y autarquía financiera, y ejercen sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación, de legalidad y objetividad.
Lo dispuesto en el Artículo 143°, de esta constitución, también es aplicable a los miembros del Ministerio Público.
Artículo 147º.- COMPOSICIÓN. FUNCIONES. El Ministerio Público Fiscal está compuesto por el Fiscal General, los Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales y demás funcionarios que se establezcan por ley.
El Ministerio Público Fiscal, tiene por misión sin perjuicio de otras que por ley se establezcan, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se le requieran, procurando ante los tribunales la satisfacción del interés social. Puede actuar en coordinación con las demás autoridades de la provincia.
En ningún caso podrán ejercer funciones jurisdiccionales.
Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público Fiscal.
Artículo 148º.- REQUISITOS. Para ser Fiscal de Cámara, o Agente Fiscal, se requiere los mismos requisitos establecidos en el Artículo 141°.
Artículo 149º.- ASISTENCIA Y DERECHOS DE LA VÍCTIMA. Se considera víctima a la persona directamente ofendida por el delito, a sus derechohabientes, su cónyuge o la persona que convivía con ella en el momento de la comisión del delito ligada por vínculos especiales de afecto.
En todo proceso penal deberá actuarse de manera tal que la víctima no sea revictimisada, se la ignore o menosprecie.
La víctima tendrá derecho a recibir un trato digno y respetuoso; a que se hagan mínimas sus molestias derivadas del procedimiento; a la salvaguarda de su intimidad en la medida en que no obstruya la investigación y a la exclusión de la publicidad en los actos en los que intervenga; a ser informada acerca del estado y trámite de la causa, el resultado del acto procesal en el que ha participado y sobre la situación del imputado; podrá proponer diligencias para una mejor averiguación de la verdad.
Sin perjuicio de la posibilidad de constituirse como querellante particular o actor civil, la víctima podrá intervenir en el proceso penal.
Artículo 150º.- COMPOSICIÓN. FUNCIONES. El Ministerio Público de la Defensa, compuesto por el Defensor General, los Defensores, Asesores de Menores e Incapaces, funcionarios y aquellos que la ley determine, tienen por funciones, además de las otras que por ley se le establezcan: disponer la adopción de todas las medidas que sean necesarias y conducentes para el ejercicio de las funciones y atribuciones que la Constitución provincial, las leyes y los reglamentos le confieran; realizar todas las acciones conducentes para la defensa y protección de los derechos humanos; promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados, de los niños y de los incapaces; asegurar en todas las instancias y en todos los procesos en que se ejerza la representación y defensa oficial, la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, de los niños, o de los discapacitados; coordinar las actividades con las diversas autoridades provinciales y municipales, especialmente con las que cumplan funciones de instrucción criminal y policía judicial.
Una ley determinará la organización y atribuciones del Ministerio Público de la Defensa.
Artículo 151º.- REQUISITOS. Para ser Defensor Oficial o Asesor de Menores e Incapaces, se requiere los mismos requisitos establecidos en el Artículo 141°.
ÓRGANOS DE SELECCIÓN Y REMOCIÓN
Artículo 152º.- SELECCIÓN Y REMOCIÓN. Previo a su designación como integrante de la Función Judicial, para acceder a los cargos de jueces, o miembros de los Ministerios Públicos, los interesados serán seleccionados mediante un examen de idoneidad en concurso público por ante el Consejo de la Magistratura.
Es incompatible el ejercicio del cargo de miembro del Consejo de la Magistratura con el de miembro del Jurado de Enjuiciamiento.
Artículo 153º.- INTEGRACIÓN. El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, funcionará en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá su presidencia, y se integrará cada dos años, sin reelección inmediata, con:
tres diputados, uno por la minoría, y dos representantes de la Función Ejecutiva; un representante de los jueces inferiores elegido al efecto por sus pares, y uno de los abogados de la matrícula elegido por el voto directo de todos los letrados matriculados
de la provincia; asimismo, podrá ser integrado por personas del ámbito académico en la forma y número que indique la ley, debiendo considerarse preferentemente a tal efecto a docentes de las carreras de derecho.
Cuando el concurso sea para cubrir cargos del Ministerio Público Fiscal o del Ministerio Público de la Defensa, la presidencia del Cuerpo la ejercerá el Fiscal General o el Defensor General según correspondiere, y el representante de los jueces inferiores será
reemplazado por el representante del Ministerio Público que concerniere al cargo que se concurse.
Artículo 154º.- ATRIBUCIONES Y DEBERES. El Consejo de la Magistratura tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1. Efectúa la selección de todos los jueces y miembros del Ministerio Público para cubrir los cargos vacantes de la Función Judicial.
2. Cubre las vacantes que se produzcan de manera transitoria, no pudiendo exceder esas designaciones el plazo de seis meses.
3. Puede cubrir los cargos que requieran suplencias temporales, no pudiendo exceder en este caso el plazo de la ausencia.
4. Recibe las denuncias en contra de jueces o miembros del Ministerio Público y decide la apertura del jurado de enjuiciamiento, o la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia para que ejerza la superintendencia e imponga, en el caso de ser pasible, las sanciones administrativas que la ley prevea.
5. Somete a jurado de enjuiciamiento al juez que pierda la competencia por más de tres veces al año.
El Consejo de la Magistratura examinará las idoneidades psicofísicas, científico – técnica, gerencial y ética de los aspirantes en concurso público y abierto, y sus resoluciones serán fundadas.
No puede presentarse al concurso del cargo vacante, el juez designado transitoriamente para cubrir ese cargo.
Ningún concurso desde su convocatoria hasta la designación podrá demorar más de ciento veinte días corridos.
Artículo 155º.- DESIGNACIONES. El Consejo de la Magistratura elevará una nómina de tres postulantes en condiciones de cubrir el cargo a la Cámara de Diputados quien elegirá a uno respetando el orden de mérito, pudiendo alterarlo fundadamente, y le otorgará acuerdo en sesión pública.
Agotada la lista, sin que la Cámara haya designado a ninguno de sus integrantes, el Consejo deberá convocar a nuevo concurso.
Artículo 156º.- FACULTADES. COMPOSICIÓN. El Jurado de Enjuiciamiento, regulado por una ley especial sancionada por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Cámara de Diputados, tendrá a su cargo la remoción de los jueces y miembros del Ministerio Público de la Función Judicial.
Es integrado por un presidente que será miembro del Tribunal Superior de Justicia, tres diputados, uno por la minoría, un representante del Poder Ejecutivo; y un abogado de la matrícula elegido por el voto directo de todos los letrados matriculados de la provincia, y se integrará cada dos años, sin reelección inmediata; funcionará en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 157º.- TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO. Decidida la apertura del juicio en contra del juez o miembro del Ministerio Público por parte del Consejo de la Magistratura, se integrará, por sorteo del que estará exento el presidente del Consejo, una comisión investigadora y de acusación de tres miembros que llevará adelante la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento. Desde el momento de la apertura, el acusado quedará
suspendido en el ejercicio de sus funciones. Todo este trámite deberá efectivizarse en un plazo de treinta días hábiles, prorrogables por quince días hábiles más.
DEFENSOR DEL PUEBLO Artículo 158°.- FUNCIONES. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito de la Legislatura Provincial, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión fundamental será la defensa de los derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial y municipal, de empresas públicas o privadas prestatarias de servicios públicos, o cuando por cualquier motivo se vean afectados los recursos naturales o se altere el normal desarrollo del medio ambiente humano.
Artículo 159°.- FUNCIONES. El Fiscal de Estado es el encargado de la defensa judicial de los intereses públicos y privados de la provincia y del patrimonio fiscal. Tendrá
personería para demandar la nulidad e inconstitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos, contratos o resoluciones en el solo interés de la ley o en defensa de los intereses fiscales de la provincia. Será también parte en los procesos que se formen ante el Tribunal de Cuentas. La ley reglamentará sus funciones.
Artículo 160°.- NOMBRAMIENTO. Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades. Será designado por el Gobernador con acuerdo de la Cámara de Diputados por un término de cuatro años y podrá ser reelegido.
En ese período será inamovible y sólo podrá ser removido por las causas y el procedimiento establecido para el juicio político.
Artículo 161°.- INTEGRACIÓN. El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y tres Vocales, los que durarán en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegidos. Durante ese término sólo podrán ser removidos por las causas y el procedimiento establecido para el tribunal de juicio político.
Artículo 162°.- DESIGNACIÓN. El Presidente, el Vicepresidente y uno de los Vocales serán designados por la Cámara de Diputados a propuesta del bloque mayoritario.
Los dos vocales restantes a propuesta de cada bloque de los partidos que hubieren obtenido representación en ese cuerpo, en orden sucesivo al bloque mayoritario. En caso de existir una sola minoría, esta propondrá a ambos.
Artículo 163°.- ATRIBUCIONES. El Tribunal de Cuentas tendrá las siguientes atribuciones:
controlar la legitimidad en la percepción e inversión de caudales efectuadas por los funcionarios y empleados públicos, entes de la administración centralizada, descentralizada y municipales, empresas públicas o con participación estatal e instituciones privadas que administren fondos del Estado, los que estarán obligados a remitir las cuentas documentadas de los dineros que hubieren invertido o percibido para su aprobación o desaprobación; inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos e instituciones en que el Estado tenga intereses y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad.
Artículo 164°.- FALLOS. Los fallos que emita el Tribunal harán cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha o no de acuerdo a esta constitución y las normas jurídicas respectivas, siendo susceptibles de los recursos que la ley establezca por ante el Tribunal Superior de Justicia. Si en el curso del trámite administrativo surgiere la posible comisión de un hecho delictivo, se remitirán las actuaciones respectivas al juez competente.
Artículo 165°.- LEY ORGÁNICA. La Cámara de Diputados dictará la ley orgánica que reglamentará las funciones del Tribunal de Cuentas. Cuando en las cartas orgánicas municipales se creare el Tribunal de Cuentas, no se aplicarán las disposiciones de este título.
Artículo 166°.- FUNCIONES Y REQUISITOS. El Asesor General de Gobierno tendrá
las funciones de asesorar al Gobernador y reparticiones de la administración pública, con excepción de las entidades descentralizadas y presidirá el cuerpo de abogados del Estado.
Artículo 167°.- FUNCIONES. En el ámbito de la Función Ejecutiva funcionará el Consejo Económico Social, con la finalidad de asegurar la participación a través de la opinión no vinculante de los sectores representativos de la producción y de las áreas económicas y sociales de la comunidad en el orden provincial y regional Tendrá como función actuar como órgano consultivo en la elaboración del presupuesto provincial y/o regional, procurando la participación sectorial para conocer el orden de prioridades en la distribución del gasto público y fortalecimiento de la conciencia tributaria en la provincia y en cada uno de los departamentos.
Artículo 168°.- AUTONOMÍA. Los Municipios tienen autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera. La Legislatura Provincial sancionará un régimen de coparticipación municipal en el que la distribución entre la provincia y los municipios se efectúe en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada uno de ellos, contemplando criterios objetivos de reparto y sea equitativa, proporcional y solidaria, dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades. La autonomía que esta Constitución reconoce no podrá ser limitada por ley ni autoridad alguna.
Deberán dictar su propia Carta Orgánica, con arreglo a lo que disponen los
Artículos 169º y 172º, a cuyos fines convocarán a una Convención Municipal, la que estará integrada por un número igual al de los miembros del Concejo Deliberante y serán elegidos directamente por el pueblo del departamento.
Artículo 169º.- ORGANIZACIÓN. El Gobierno Municipal se compone de un Departamento Ejecutivo y otro Deliberativo.
El Departamento Ejecutivo será ejercido por una persona con el título de Intendente, elegido de conformidad al Artículo 171°.
El Departamento Deliberativo será presidido por un Viceintendente, elegido de igual forma que el Intendente a quien reemplazará en caso de ausencia, renuncia, fallecimiento, o inhabilidad.
El Departamento Deliberativo será desempeñado por un cuerpo que se denominará
Concejo Deliberante y estará compuesto por concejales.
Los concejales percibirán por su actividad una dieta establecida por ordenanza, acorde a los gastos que demande la actividad y que no excederá de la remuneración que por todo concepto perciba el Intendente.
Hasta 10.000 habitantes 7 concejales De 10.001 a 15.000 habitantes 9 concejales De 15.001 a 45.000 habitantes 11 concejales De 45.001 a 100.000 habitantes 13 concejales De 100.001 habitantes en adelante 15 concejales.
Artículo 170º.- EJIDO MUNICIPAL. El ejido municipal coincidirá con los límites del Departamento de conformidad a lo previsto en el Artículo 168°.
Artículo 171º.- CONDICIONES Y MANDATO. Los Intendentes y Viceintendentes serán elegidos directamente y a simple pluralidad de sufragios por el pueblo del municipio y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos en las mismas condiciones que para Gobernador y Vicegobernador.
Los concejales serán elegidos directamente por el pueblo del municipio, aplicándose el sistema D’ Hont para la distribución de los cargos y respetando lo establecido en el Artículo 81°, segundo párrafo, pudiendo ser reelectos.
Para ser Intendente, Viceintendente, o Concejal se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial.
Artículo 172º.- CARTAS ORGÁNICAS. ATRIBUCIONES. Las Cartas Orgánicas Municipales establecerán las estructuras funcionales del municipio, conforme a los requerimientos del Departamento, incorporando los aspectos de educación, salud pública, gobierno y cultura, hacienda, obras y servicios públicos, y el desarrollo social y económico.
Región 1: VALLE DEL BERMEJO: Vinchina, General Lamadrid, Coronel Felipe Varela.
Región 2: VALLE DEL FAMATINA: Famatina, Chilecito.
Región 3: NORTE: Arauco, Castro Barros, San Blas de Los Sauces.
Región 4: CENTRO: Capital, Sanagasta.
Región 5: LLANOS NORTE: Independencia, Ángel Vicente Peñaloza, Chamical, General Belgrano.
Región 6: LLANOS SUR: General Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, General Ortíz de Ocampo, General San Martín.
Artículo 173°.- RECURSOS. Cada Municipio provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro municipal formado por el producido de la actividad económica que realice y los servicios que preste; con la participación, y en la forma que los municipios convengan con la provincia, del producido de los impuestos que el gobierno provincial o federal recaude en su jurisdicción; por la venta o locación de bienes del dominio municipal; por los recursos provenientes de empréstitos y otras operaciones de crédito que realice; por los subsidios que le acuerda el gobierno provincial o federal y por los demás ingresos provenientes de otras fuentes de recursos.
Artículo 174°.- INTERVENCIÓN. Los Municipios podrán ser intervenidos por ley aprobada con dos tercios de votos de los miembros de la Cámara de Diputados, en los siguientes casos:
Artículo 175°.- CONVENCIÓN CONSTITUYENTE. El Poder Constituyente será
ejercido por una Convención integrada por igual número de miembros que la Cámara de Diputados y será el órgano competente para reformar esta Constitución en forma parcial o total.
Los Convencionales Constituyentes deberán reunir las condiciones requeridas para ser diputado provincial y tendrán las mismas inmunidades y privilegios que estos, desde su elección hasta que concluyan sus funciones, teniendo las mismas incompatibilidades.
Artículo 176°.- DECLARACIÓN DE LA REFORMA. La necesidad de la reforma parcial o total de la constitución deberá ser declarada por ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados. Sancionada la ley y comunicada al Gobernador, este no podrá vetarla y deberá convocar a elecciones para elegir los Convencionales Constituyentes de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la ley.
Artículo 177º.- ENMIENDA. La Cámara de Diputados de la Provincia podrá sancionar con el voto de lo dos tercios de sus miembros la enmienda de esta Constitución, que no podrá exceder de tres
artículos, y sólo quedará incorporada al texto constitucional si fuere ratificada por consulta popular, que tendrá lugar en oportunidad de la primera elección general que se realice.
Cláusula Transitoria 2º.- Sancionada la Constitución los Convencionales Constituyentes prestarán juramento de cumplir sus disposiciones. El Gobernador, Vicegobernador, miembros del Tribunal Superior, Fiscal de Estado, Diputados, Intendentes y Viceintendentes municipales, lo harán ante la Convención Constituyente.
a) Mandato por cuatro (4) años: En el año 2009, se convocará por el Período 2009 -2013 a los departamentos: Capital para elegir siete (7) bancas; Coronel Felipe Varela, para elegir tres (3) bancas; Rosario Vera Peñaloza para la elección de tres (3) diputados; y Sanagasta, Castro Barros, Famatina, Vinchina, Gral.
Juan Facundo Quiroga, elegirán un (1) diputado cada uno.
b) Mandato por dos (2) años: También en el año 2009, se convocará para el Período 2009 – 2011, en la siguiente forma: de los últimos cinco (5) Departamentos:
A los fines de realizar el sistema de renovación constitucional según lo establecido en el Artículo 91º, se convocará a elecciones para el Período 2011-2015, a los siguientes departamentos: Chilecito, cuatro (4) bancas; Arauco, tres (3) bancas; Chamical, tres (3) bancas; y General Lamadrid, General Belgrano, Ángel Vicente Peñaloza, General San Martín, General Ortiz de Ocampo, Independencia y San Blas de Los Sauces, el que resultó sorteado en el año 2009 que elegirán un (1) diputado.
Al respecto, la Ley Electoral, impondrá como lo ordena el Artículo 87º que para la oficialización de las listas, la Justicia Electoral deberá respetar la igualdad de los géneros como requisito de validez para los Partidos Políticos.
Cláusula Transitoria 5º.- Los Concejos Deliberantes deberán integrarse para culminar su mandato en el año 2011, a cuyos fines, en el año 2009, por única vez, se convocará a elecciones por dos (2) años, por el tiempo que falte para completar el mandato del periodo 2007-2011, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169º.
Sancionada y promulgada por la Asamblea Constituyente de la Provincia de La Rioja, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia, en La Rioja, a catorce días del mes de mayo del año dos mil ocho.
Constitución Nacional y constituciones provinciales La Rioja: Elecciones el 05-07-2015 La Rioja (Capital): Elecciones 2015 y conflictos constitucionales La Rioja: Elecciones provinciales el 27 de octubre La Rioja: Candidatos municipales 2011 La Rioja: elecciones el 28-06-2009 ¿Te gustó? Compartilo:
Escrito: 8 de Diciembre de 2008 a las 19:05. Última modificación: 13 de Septiembre de 2012.

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