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Timestamp: 2019-01-19 07:03:36+00:00

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﻿ SENTENCIA SL2764-2017/47692 DE FEBRERO 22 DE 2017
SENTENCIA SL2764-2017 DE 22 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONSONANCIA. SE RECUERDA QUE EL PRINCIPIO DE CONSONANCIA CONSISTE EN QUE, ENTRE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Y EL OBJETO DEL RECURSO DE ALZADA, DEBE EXISTIR PLENA CORRESPONDENCIA, LO QUE SIGNIFICA QUE, EN PRINCIPIO, AL JUZGADOR LE ESTÁ VEDADO APARTARSE DE LAS MATERIAS QUE LE PROPONE EL RECURRENTE. ENTONCES, EL IMPUGNANTE ESTÁ IGUALMENTE OBLIGADO, ENTRE OTROS DEBERES PROCESALES, A FORMULAR SU RECURSO CON LA INDICACIÓN PRECISA DE LAS MATERIAS QUE LE OBJETA A LA DECISIÓN DEL JUEZ DE PRIMER GRADO, PORQUE DE NO SER ASÍ, SE ASUME QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO QUE DEJA LIBRE DE ATAQUE. ES DE ESPERARSE, DESDE LUEGO, QUE EL EJERCICIO DE ESE DERECHO DE DEFENSA SE ASUMA CON EL RIGOR DE EXPLICARLE AL SUPERIOR CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS DEL DISENSO, A TRAVÉS DE UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y/O FÁCTICA, SEGÚN CORRESPONDA, COHERENTE Y SUFICIENTE PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO. AHORA BIEN, A PESAR QUE LA SOLA MENCIÓN DE LA TEMÁTICA EN EL RECURSO DE ALZADA, RESULTA SUFICIENTE PARA QUE EL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA QUEDE INVESTIDO DE COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ELLO HA SIDO ASÍ CUANDO EL PLANTEAMIENTO, ADEMÁS DE LA BREVE ALUSIÓN, ES COHERENTE Y NO TIENE PROPÓSITO DISTINTO AL DE DERRUIR ESA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE CONSONANCIA, COMPETENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA, DECISIÓN DEL JUEZ, RECURSO DE CASACIÓN, DERECHO DE DEFENSA
Sentencia SL2764-2017/47692 de febrero 22 de 2017
Rad.: 47692
Debe dilucidar la Sala si con su proveído el juez ad quem, vulneró el principio de consonancia como violación medio de las normas sustanciales que consagran el derecho que se impetra.
Al punto es pertinente precisar que al tenor de lo dispuesto en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el principio de consonancia consiste en que, entre la sentencia de segunda instancia y el objeto del recurso de alzada, debe existir plena correspondencia, lo que significa que, en principio, al juzgador le está vedado apartarse de las materias que le propone el recurrente.
Por ello, el impugnante está igualmente obligado, entre otros deberes procesales, a formular su recurso con la indicación precisa de las materias que le objeta a la decisión del juez de primer grado, porque de no ser así, se asume que está de acuerdo con lo que deja libre de ataque. Es de esperarse, desde luego, que el ejercicio de ese derecho de defensa se asuma con el rigor de explicarle al superior cuáles son los fundamentos del disenso, a través de una argumentación jurídica y/o fáctica, según corresponda, coherente y suficiente para la resolución del asunto.
Bajo esa perspectiva, al descender al caso concreto, encuentra la Sala que la controversia sobre la prescripción se planteó desde la contestación de la demanda y, en efecto, el juez de primer grado la negó con razones que explicó en su proveído.
A su vez, se observa que la accionada, inconforme con esa decisión, consignó en su memorial de alzada, lo siguiente:
“(…) la sanción moratoria no es de aplicación automática, condenando de esta forma a una condena que ocasiona detrimento patrimonial de mi defendida, por cuanto se reconoce una sanción errada en lo concerniente al pago de un día salario por cada día de retardo. Teniendo en cuenta que la resolución de reconocimiento de los valores se deja de cancelar unas sumas por operar el fenómeno de la prescripción, Excluyendo (sic) de un solo plano la buena fe de las actuaciones administrativas como mecanismo de protección, por cuan[t]o en el proceso no se demostró la mala fe de mi patrocinada. (…). Por lo tanto solicito al ad quem revisar el expediente del proceso en mención y desestimar la sanción moratoria a la cual fue condenada por el a quo” (f. 449 a 450).
Y fue precisamente a partir de ese planteamiento, que el Tribunal entendió que debía asumir el estudio de la prescripción.
Ahora, si bien la Sala ha estimado en diferentes proveídos que la sola mención de la temática en el recurso de alzada, resulta suficiente para que el juez de segunda instancia quede investido de competencia para la resolución del conflicto, ello ha sido así cuando el planteamiento, además de la breve alusión, es coherente y “no tiene propósito distinto al de derruir esa decisión” (SL CSJ 1705-2017, Rad. 48696 de 2017).
Empero, en este caso, la mención que hace la censura a la temática de la prescripción, no fue precisamente para atacar las reflexiones en las que fundamentó el a quo su decisión de declararla impróspera. No. El ataque se orientó a demostrar la buena fe de la accionada frente a las obligaciones pendientes de pago a cuyo cumplimiento fue compelida junto con la sanción moratoria.
En otras palabras, el verdadero tema de disenso con la decisión impugnada, fue la condena moratoria; otra cosa bien diferente es que el apoderado del ISS, para derribar esa sanción, pretendió demostrar que la empleadora desplegó una conducta precedida de la buena fe que se evidencia —según lo afirmó—, en “la resolución de reconocimiento de los valores” en la que se dejaron pendientes “de cancelar unas sumas por operar el fenómeno de la prescripción”.
En esos términos, en criterio de la Sala, sí incurrió el tribunal en los errores de hecho que le endilga el recurrente en casación, como quiera que, no obstante fijar con claridad dos temas como objeto del recurso de alzada, valoró erradamente el memorial que lo contiene, y asumió el estudio de un tercero que no fue materia de impugnación y, que por tanto, escapaba al ámbito de su competencia, con lo cual incidió en la violación medio denunciada. En consecuencia, se casará la sentencia.
Dada la prosperidad del ataque, la Sala queda relevada del estudio del segundo cargo, en cuanto persigue la misma finalidad.
La Sala advierte que las materias objeto de inconformidad planteadas por el ISS en el memorial de apelación (fls 449 a 450), consisten en: (i) que la sentencia “condena al pago de dominicales y festivos, pero dentro del desarrollo de proceso respectivo, y dentro del debate probatorio, no se establece en forma concreta el fundamento de a que (sic) días y fechas exactas se condena y a que (sic) numero (sic) de horas y extras y recargos se adeuda”; y (ii) que no era viable la imposición de la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en razón a que el proceder de la demandada estuvo acompañado de la buena fe.
En cuanto a lo primero, no se configura error alguno porque contrario a lo que afirma el libelista, el tema sí fue objeto de discusión y debate probatorio en la instancia. Así es, porque a partir de las pruebas que obran al plenario, aportadas en la debida oportunidad y declaradas como tales, que además no fueron objeto de tacha por ninguna de las partes, el a quo emprendió el análisis fáctico del cual dedujo, que la empleadora, pese al reconocimiento expreso de la deuda, no le pagó a su ex trabajadora los conceptos reclamados.
A dicha conclusión arribó, a partir del estudio de los siguientes medios de convicción, que analizados por la Corte evidencian su acierto, en razón a que en los mismos consta que:
1. El ISS, en la Resolución 1205 de 14 de diciembre de 2005, expresamente asentó que “existían obligaciones laborales pendientes a favor de la trabajador[a], (…) según certificación expedida por el doctor Ramón de la Cruz, de la Unidad Hospitalaria Enrique de la Vega”.
En tal acto administrativo, consta con precisión, que “mediante certificación de 27 de Julio (sic) el doctor Ramón de la Cruz, jefe del departamento de recursos humanos” de la misma unidad, “relaciono (sic) las horas dominicales y festivas (sic), con la correspondiente liquidación, y que a continuación detallamos, los que a la fecha no han sido cancelados (…)”.
El detalle de la deuda abarca desde enero de 2001 hasta diciembre de 2002, mes a mes, número de horas trabajadas, días dominicales y festivos laborados, así como el valor en pesos de cada uno de esos conceptos, por los que se ordenó pagar la suma de $ 2.571.417.
2. En la documental de folio 19, que contiene la certificación de 27 de julio de 2005 expedida por el jefe de recursos humanos de la Unidad Hospitalaria Enrique de la Vega, se observan, “como valores adeudados por días dominicales, festivos y reajuste de prestaciones la suma de $ 2.787.440”.
Entonces, la revisión de esas dos documentales, en criterio de la Sala, en efecto, arroja con exactitud la información que señaló el juez de primer grado, de modo que en oposición a lo que afirma la alzada, sí fueron objeto de discusión y debate probatorio en esa instancia.
En lo que respecta al segundo reparo —sanción moratoria— adujo el sentenciador a quo, que el ISS no le canceló a la accionante las sumas adeudadas una vez venció el término de 90 días consagrado en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. Así, con apoyo en jurisprudencia de esta Sala y “[t]oda vez que no existe ninguna razón que amerite una conducta de buena fe por parte del demandado”, impuso la condena objeto de apelación.
Por su parte, el recurrente pretende derribar esa inferencia y la correlativa condena, bajo el argumento de que el actuar del ISS sí estuvo precedido de la buena fe, en cuanto entendió que las obligaciones pendientes de pago estaban prescritas, tal cual —afirmó— lo consignó en la resolución de reconocimiento.
Sin embargo, esa aseveración, única en la que pretende el apoderado de la recurrente asir la conducta recta y razonable que exima al ISS demandado de la sanción moratoria, no se evidencia en la Resolución 1205 de 2005 (f. 10 a 14), pues en ninguno de sus apartes consta que los dineros adeudados, no se cancelarían, en virtud de la configuración del fenómeno prescriptivo de la acción.
En conclusión, como bien lo adujo el juez de primera instancia, al no existir al plenario prueba alguna que acredite que la conducta morosa de la empleadora a la terminación del contrato de trabajo de la accionante, estuvo revestida de razones atendibles que la justificara, no prospera el recurso de alzada. No obstante, la decisión de primera instancia se modificará para precisar que la imposición de la sanción moratoria, corre a partir del 26 de septiembre de 2003 en virtud del término de gracia —90 días— que prevé el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, y con el fin de emitir condena en concreto.
Así, a partir del salario que fijó el a quo con base en la documental de folios 19 y 20, sin reparo por parte de la demandada, en monto diario de $ 29.664.16, desde el 26 de septiembre de 2003 y calculada hasta el 15 de febrero de 2017, asciende a la suma de ciento cuarenta y dos millones novecientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos con cuatro centavos ($ 142.951.587.04), la cual se cancelará, sin perjuicio de la que se cause en adelante hasta cuándo se verifique el pago objeto de condena.
Costas en las instancias, a cargo del Instituto de Seguros Sociales.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 9 de junio de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en el proceso ordinario laboral que Janeth Isabel Cuentas de Alquerquez adelanta contra el Instituto de Seguros Sociales.
1. CONFIRMAR los ordinales primero y segundo de la sentencia de 12 de junio de 2009 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena.
2. MODIFICAR el ordinal tercero y, en su lugar, disponer que la sanción moratoria corre a partir del 26 de septiembre de 2003, a razón de $ 29.664.16 diarios, la que calculada hasta el 15 de febrero de 2017, asciende a la suma de ciento cuarenta y dos millones novecientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos con cuatro centavos ($ 142.951.587.04), cuantía que se cancelará sin perjuicio de la que se cause en adelante, hasta cuando se verifique el pago objeto de condena.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 66
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
e contrario
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1