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Timestamp: 2020-04-03 23:19:03+00:00

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﻿ AUTO 23348 DE ABRIL 6 DE 2005
AUTO 23348 DE 06 DE ABRIL DE 2005
CONTENIDO:DELITO DE SECUESTRO. DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA ENTRE EL JUEZ ESPECIALIZADO Y DEL CIRCUITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO, DELITO DE SECUESTRO, DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:402 DE JUNIO DE 2005, PG.781
Auto 23348 de abril 6 de 2005
DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA ENTRE EL JUEZ ESPECIALIZADO Y EL DE CIRCUITO
Colisión Nº 23.348
Dirime la Corte el conflicto negativo de competencias suscitado entre los Juzgados Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca y Penal del Circuito de Cáqueza (Cund.) para conocer del juzgamiento de Juan Martín Alfonso Lizarazo y Orlando Quintero Ruíz, acusados por los delitos de secuestro simple, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de defensa personal agravado.
1. La fiscalía séptima adscrita a la unidad nacional de fiscalías delegadas contra la extorsión y el secuestro, a través de resolución del 23 de febrero de 2004, acusó a los ya mencionados por la presunta comisión de los delitos también ya indicados, por hechos que en el citado proveído calificatorio fueron consignados de la siguiente manera:
“...La policía de carreteras en la vía al Llano-Cáqueza, dejó a disposición los señores antes mencionados porque, el día 27 de junio de 2003, siendo las 5:00 a.m., a la altura del sitio la Báscula Alto de la Cruz, se interceptó el vehículo camión, marca Chevrolete, color verde, servicio público, tipo estacas, placas TBO-375, el cual conducía el señor Alonso y Óscar, como ayudante. De acuerdo al reporte dado por la central de policía de carreteras, el vehículo en mención había sido hurtado momentos antes en la ciudad de Bogotá. Dicha información había sido revelada por sistema satelital. Que ninguno de los ocupantes del vehículo logró dar respuesta coherente a la solicitud de la procedencia del vehículo y carga y que la ruta que debía cubrir Neiva - Bogotá, en Corabastos al entregar la carga, lo cual no sucedió así, siendo enviado el carro rumbo a la ciudad de Villavicencio. Los policiales lograron ubicar al propietario del automotor, lo enteraron de la situación y este manifestó que no conocía a las personas que iban en el vehículo, confirmándose el hurto y quien dijo que instauraría el denuncio, sin que se conociera hasta ese momento la ubicación de conductor original del vehículo” (sic).
2. Para el desarrollo de la fase de juzgamiento el expediente fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca, despacho que mediante auto del 25 de enero del presente año se abstuvo de tramitar dicha etapa al considerar que con la entrada en vigor del nuevo Código de Procedimiento Penal —a partir del 1º de enero de 2005— se modificó la competencia de los delitos de conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, asignándoles “competencia privativa” sobre determinadas conductas punibles y renovando así aquellas que les había otorgado la Ley 733 de 2002, normatividad que en su oportunidad trasladó a los jueces especializados el conocimiento de procesos de delitos que no revestían la calidad de graves.
Agrega que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6º y 533 de la Ley 906 de 2004, el nuevo Código de Procedimiento Penal se aplicará única y exclusivamente para el juzgamiento de los delitos cometidos con posterioridad a su vigencia, es decir, que no se aplicará para aquellos procesos que se venían tramitando por la Ley 600 de 2000, significando que la nueva normatividad es improcedente en cuanto a la competencia se refiere, pues, cuando una disposición sobreviniente modifica los factores que determinan la competencia, la readjudicación funcional se suscita a partir de la vigencia de dicha normatividad, ya que de conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 las disposiciones de tal naturaleza tienen efecto general e inmediato. En suma, para el juzgador en cita en lo relativo a la competencia debe ceñirse conforme a lo dispuesto en la Ley 906 de 2004.
Siendo lo anterior así, dice, a la luz de la nueva normatividad adjetiva penal el delito de secuestro simple y por conexidad los demás por los cuales fueron acusados los procesados, debe ser de conocimiento de los jueces penales del circuito de Cáqueza, pues la Ley 906 de 2004, artículo 36, numeral 2º asignó a los jueces especializados el delito se secuestro extorsivo agravado y no el simple.
Así, bajo las anteriores consideraciones, remitió el expediente al juez penal del circuito Cáqueza a quien le propuso colisión negativa de competencias.
3. Mediante auto del 7 de febrero del presente año el juez de Cáqueza aceptó la colisión negativa de competencias propuesta e igualmente repudió el conocimiento de la actuación, pues, en virtud de lo dispuesto en el artículo 533 de la Ley 906 de 2004 tal normatividad rige para los delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, lo cual significa que los delitos cometidos con anterioridad se regularán por las disposiciones de la Ley 600 de 2000, y por ello la competencia para conocer del presente asunto recae en los jueces penales del circuito especializados de Cundinamarca.
Teniendo en cuenta que la colisión negativa de competencias se suscitó entre un juez penal del circuito especializado y otro penal del circuito, corresponde a esta colegiatura dirimirlo de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 18 transitorio de la Ley 600 de 2000.
Como la discusión gira alrededor de establecer la competencia por un delito de secuestro simple, dado que en torno a los concursantes hurto y porte ilegal de armas de fuego no se genera duda alguna en razón a la conexidad con aquel, ha de tenerse presente no solo que se trata de una conducta punible ejecutada antes de que hubiera empezado a, regir el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Pereira y Manizales, sino también que fue cometida precisamente por fuera de las mencionadas jurisdicciones. Por ello, necesario se hace abordar en un comienzo el análisis de las normas que a ese respecto consagra el nuevo estatuto procesal (L 906/2004), debiéndose recordar que de conformidad con el artículo 35 numeral 5º los juzgados especializados conocerán del “Secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6º, 7º, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal”.
Ab initio cabe precisar que el dispositivo trascrito no es modelo de claridad, como debe serlo toda norma legal con la dimensión y características que se le imponen a una como la comentada. En efecto, previa a la presentación de las diversas hipótesis de interpretación sobre su alcance debe señalarse que —conforme a la tradición jurídica del país— el actual Código Penal escinde en simple y extorsivo las especies de secuestro, regulando una y otra en los modificados artículos 168 y 169, respectivamente. A la par, en el artículo siguiente (170) se consagran 16 causales de agravación, en principio reservadas a la modalidad extorsiva. Sin embargo, en el parágrafo del mismo dispositivo, tales circunstancias —con excepción de la 11, relacionada con la calidad del sujeto pasivo— se extienden con un más amplio ámbito punitivo al secuestro simple, de todo lo cual puede concluirse que de cara a las dos modalidades son predicables las mismas circunstancias de agravación con la única salvedad señalada.
Son —precisamente— esas causales las que han servido al legislador para señalar la competencia, repartida esta entre los juzgados especializados —por asignación directa— y los de circuito —por la vía residual (L. 906/2004, art. 36-2)— ya que en relación con los municipales ninguna clase de conocimiento les atribuye respecto de las mencionadas conductas.
Así, la falta de claridad a que se aludió antes puede abrir paso a variadas lecturas, todas ellas con distintas posibilidades de conocimiento, tanto en torno al juez especializado como al del circuito. Sin embargo, la Sala —reiterando su posición tradicional— se inclina por la que se explica a continuación, bajo el entendido que recoge con más fidelidad el pensamiento del legislador, se acomoda mejor a la tradición jurídica nacional, y porque tal forma de interpretación explica y justifica el que realmente sea la gravedad del comportamiento —como manifestación del criterio objetivo o de la naturaleza del hecho, como uno de los factores generadores de competencia— la que jalone la asignación de esta, atendiendo —entre otros aspectos— la trascendencia de la conducta, su impacto social y los efectos que se generan en las víctimas.
Por eso, desde esa óptica se estima que el especializado debe conocer (i) de todas las modalidades y variantes del secuestro extorsivo, incluidas las agravadas y por cualquier causal (arts. 169 y 170, in integrum), recogiéndose en esta apreciación conclusiva el señalamiento de competencia efectuado en la parte inicial del artículo 35-5 de la Ley 906 de 2004. Además, el mencionado servidor judicial tendrá competencia (ii) respecto del delito de secuestro simple cuando en él concurra alguna de las cuatro causales señaladas en el dispositivo antes reseñado, siendo ese el debido entendimiento que ha de otorgársele a la expresión legal ‘o agravado según los numerales 6º, 7º,11 y 16 del artículo 170 del Código Penal’.
En ese contexto, entonces, el juzgado de circuito conocerá (i) del secuestro simple en todas sus posibilidades, conforme al artículo 168 del Código Penal y (ii) del secuestro simple agravado por cualesquiera de las restantes doce (12) causales del artículo 170 del Código Penal, tal como lo definió la Sala en auto de octubre 29 de 2002 con ponencia del magistrado Édgar Lombana Trujillo (Rad. 20062), en seguimiento de norma de similar alcance y descripción:
“La polémica entre los funcionarios judiciales surge entonces frente a la interpretación de dicho precepto, y en ello la razón está de lado, a no dudarlo, del Juzgado 2º Penal del Circuito de Mocoa, toda vez que la simple interpretación gramatical o literal de la norma transcrita permite concluir de manera inequívoca que el legislador le (sic) atribuyó a los jueces especializados el conocimiento no solo del delito de secuestro extorsivo, agravado o no, sino además del secuestro simple, siempre que del mismo se predique la configuración de uno por lo menos de los supuestos de intensificación punitiva expresamente allí aludidos (C. Penal, art. 170, ords. 6º, 7º, 11 y 16).
Tal conclusión se extrae ante el empleo de la conjunción disyuntiva “o”, que en su sentido natural, gramatical y de lógica jurídica diferencia y separa, en este caso, los conceptos del secuestro extorsivo y del secuestro simple agravado por los numerales 6º, 7º, 11 y 16 citados. Disposición que por lo tanto y contrario sensu, deja a la competencia de los jueces penales del circuito únicamente el secuestro simple y el simple agravado por cualquiera de las restantes causales contempladas en el artículo 170 del Código Penal”.
Descendiendo al caso particular, bajo aquel norte pareciera no existir duda alrededor de que la competencia para seguir conociendo de la presente actuación estaría radicada en el juez penal de circuito de Cáqueza si en cuenta se tiene que la pieza acusatoria se produjo por un secuestro simple sin concurrencia de agravante alguna. No empece lo que parece tan claro, no puede la Sala detenerse en esa simple declaración porque la conclusión a la que ha arribado se sostiene sobre la visión o desde la perspectiva del nuevo Código de Procedimiento Penal, estando obligada, entonces, a precisar si —como lo señala el juez especializado— las normas que modifican o que asignan nuevas competencias regladas por la Ley 906 de 2004 realmente rigen ya para todo el país o si —conforme lo sostiene el juzgado de circuito colisionante— solamente resultan aplicables para delitos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira.
Pues bien, no hay duda que fue en el propio Acto Legislativo 3 de 2002 donde se acuñó la aplicación gradual del nuevo sistema, defiriéndole a la ley además del señalamiento del inicio de la vigencia, la designación de los distritos judiciales donde operaría en un principio y gradualmente hasta finales de 2008, época para la cual la implementación nacional total deberá ser una realidad. Y si se recuerda —así mismo— que la gradualidad fue declarada exequible por la Corte Constitucional en cuanto a la forma (C-1092/2003), no hay lugar a discusión para la Sala al tener que aceptarse que la nueva normatividad solo rige en los cuatro distritos judiciales reseñados en el párrafo anterior y respecto de delitos cometidos en esas jurisdicciones a partir del 1º de enero de 2005.
Y ha de advertirse que el campo de aplicación —en tales condiciones— es absoluto, esto es —entre otros— en lo relacionado con la oralidad de la actuación, la inmediación, la publicidad, la concentración, etc. y no solo de las disposiciones “relativas al procedimiento acusatorio que a través de dicha normatividad se implanta en el país”, como limitadamente lo considera el juez especializado, sino —además— con todas las regulaciones que en el nuevo código se establecen, entre ellas el señalamiento de competencias, como que de no ser así, verbi gratia, todas las sentencias que dictadas por los juecesmunicipales fueran apeladas tendrían que ser conocidas por los tribunales superiores, acatando lo dispuesto por el artículo 34-1 del nuevo estatuto procesal.
En esas condiciones —en torno al problema que ocupa a la Corte— resulta factible predicar que habiendo sido consagrada en el nuevo estatuto procesal una asignación de competencias, tal señalamiento no puede mirarse como un simple cambio de las mismas (vale decir del juez especializado al de circuito o al municipal atendida por ejemplo la cuantía), en la medida en que los nuevos señalamientos normativos tienen consagración o regulación en un novedoso estatuto con restricción en su aplicación, como que tal orientación o imposición legislativa solo tiene cabida en las circunstancias de tiempo y de lugar atrás reseñadas, esto es, en los distritos pioneros del sistema y a partir de enero de 2005.
Distinto sería que la mutación de competencias tuviera lugar al interior de una misma legislación, de un mismo código, o de un mismo procedimiento, ya que en tal evento el manejo de la situación sí se resolvería por lo previsto en la Ley 153 de 1887, artículos 43 y 40: las leyes que establecen los jueces y determinan el procedimiento prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir, cosa que no ocurre en el caso bajo examen —se itera— si no se olvida que la asignación de competencia se ha efectuado al interior de códigos diferentes, que tienen campos de aplicación diversos y con coberturas igualmente disímiles.
En conclusión, las normas que asignan competencias en el nuevo código de procedimiento —a partir del artículo 32— comenzando por la Sala Penal de la Corte Suprema son aplicables exclusivamente —por ahora— por los jueces de los cuatro mencionados distritos judiciales y reservadas a los delitos cometidos después del 1º de enero del año que avanza, en la medida en que ha sido la propia ley la que ha fijado la fecha en que ha de empezar a regir la nueva normatividad, siendo legalmente viable tal previsión conforme lo autoriza el artículo 53 de la Ley 4ª de 1913, respecto de la cual puede predicarse su carácter de excepción frente a la ya mencionada norma de la Ley 153 de 1887 que impone la inmediata aplicación de las disposiciones que regulan la sustanciación y ritualidad en las actuaciones.
Desde esa óptica, pues, el conocimiento del secuestro simple y los delitos concursantes atribuidos a Juan Martín Alfonso Lizarazo y Orlando Quintero Ruiz sigue estando bajo la dirección del juzgado primero especializado de Cundinamarca, en la medida en que respecto de los delitos cometidos antes de aquella fecha no ha habido modificación alguna de competencias.
Declarar que la competencia para conocer de la presente actuación seguida contra los procesados Juan Martín Alfonso Lizarazo y Orlando Quintero Ruiz continúa en el juzgado primero especializado de Cundinamarca, a donde se devolverá el expediente. Remítase acopia de este auto al otro juzgado colisionante.
Marina Pulido de Barón—Sigifredo Espinosa Pérez—Herman Galán Castellanos—Alfredo Gómez Quintero—Édgar Lombana Trujillo—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas—Mauro Solarte Portilla.

References: resolución 
 artículo 40
 artículo 36
 artículo 533
 artículo 18
 artículo 35
 artículo 170
 artículo 35
 artículo 170
 artículo 168
 artículo 170
 artículo 170
 artículo 34
 artículo 32
 artículo 53