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Timestamp: 2018-09-20 01:28:21+00:00

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﻿ Sentencia 46387 de marzo 6 de 2013
SENTENCIA 46387 DE 06 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PENSIONES EN RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. EL INGRESO BASE DE PENSIONES RECONOCIDAS EN APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN SE DEBE REALIZAR DE LA SIGUIENTE FORMA: I) TOMAR EL PROMEDIO DE LO DEVENGADO EN EL TIEMPO QUE HICIERE FALTA PARA QUE EL BENEFICIARIO ADQUIERA EL DERECHO A LA PENSIÓN, O II) TOMAR EL PROMEDIO DE LO COTIZADO EN TODO EL TIEMPO, EN CASO DE QUE ESTE PROMEDIO SEA SUPERIOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RÉGIMEN PENSIONAL DE TRANSICIÓN, INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO BASE DE COTIZACIÓN EN PENSIONES, PENSIÓN DE JUBILACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN DEL BONO PENSIONAL, TRANSICIÓN PENSIONAL, BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS
Sentencia 46387 de marzo 6 de 2013
Rad.: 46387
Acta: 7
Bogotá D.C., seis de marzo de dos mil trece.
Estima la Sala que la inteligencia que el juez de apelaciones le dio al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es la que se corresponde con su genuino sentido y alcance, pues la citada disposición legal prevé dos mecanismos para el cálculo del ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en aplicación del régimen de transición allí previsto: i) Tomar el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere falta para que el beneficiario adquiera el derecho a la pensión, o ii) tomar el promedio de lo cotizado en todo el tiempo, en caso de que este promedio sea superior.
En el fallo objeto de reparo, el juez colegiado, con apoyo en la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, indicó que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 “salvaguardó el derecho pensional de las personas que a la entrada en vigencia tuvieran 35 años de edad si son mujeres o 40 si se trata de hombres o 15 años de servicios cotizados, a quienes los requisitos de la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, se rigen por la normatividad anterior a dicha Ley 100, las demás situaciones se regulan en los términos del inciso 2º, artículo 36 ibídem por las normas de esta ley” y que, en tales condiciones, el Ingreso Base de Liquidación es un aspecto que está regulado por el artículo 36 precitado.
Agregó el tribunal que
“no es materia de controversia que el demandante es beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, y que al momento de entrada en vigencia del sistema general de pensiones le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, lo que significa que para la liquidación de ésta se debe aplicar lo previsto en el inciso 3 del artículo 36 de la ley en mención, que señala que el ingreso base para liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para acceder a la misma, actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, y no el salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicio como lo establece el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues como se expuso anteriormente, el ingreso base para liquidar la pensión tuvo un tratamiento especial en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no constituye uno de los requisitos que respetó el régimen de transición de los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la ley en comento (...) razón por la cual encuentra la Sala que dicha pensión es ajustada a la ley, pues la Ley 33 de 1985, que es la que gobierna la pensión de jubilación del accionante, se aplica en virtud del fenómeno jurídico de la transición en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto del 75%, más no en lo tocante a la base salarial, dado que aquélla (sic) está regulada en el inciso tercero del aludido artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que esto implique que se esté fraccionando a escindiendo la norma”.
Tal hermenéutica se acompasa con lo adoctrinado por esta Sala de Casación en la sentencia de 16 de diciembre de 2009, radicado 34836, en la que reiteró lo dicho en las de 5 de marzo de 2003, radicado 19663 y 27 de julio de 2004, radicado 22226, cuando se dijo:
Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el ingreso base de liquidación.
Tal postura jurídica de la Corte, que aquí se reitera, aparece vertida, entre otras, en las sentencias de 5 de marzo de 2003 (Rad. 19663) y 27 de julio de 2004 (Rad. 22226).
Los cargos sostienen, en síntesis, que como quiera que el demandante era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su pensión debió liquidarse con base en los salarios devengados durante el último año de servicios, solución que, a su juicio, se desprende de la propia norma antes citada ya que cuando ella se refiere al “monto” está aludiendo a los factores con que debe liquidarse la pensión.
Para resolver la acusación es conveniente tener en cuenta que como los cargos se enfilan por la vía directa es dable entender que no es materia de discusión el siguiente hecho que el tribunal dio por acreditado implícitamente: que cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 para los trabajadores territoriales (jun. 30/95), el demandante no había cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, aunque le faltaban menos de diez (10) años para ello.
Establecida esa circunstancia, que además no es controvertida por el impugnante, el ad quem asumió que el ingreso base para computar la pensión no podía ser el salario promedio del último año de servicios, sino el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho pensional, actualizado anualmente de acuerdo con la variación el índice de precios al consumidor según certificación que expida el DANE.
Delimitados de esa forma los términos de la controversia, es evidente que la razón está del lado del tribunal porque en realidad el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en modo alguno establece que a los trabajadores beneficiarios del régimen de transición que le faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho pensional se les liquidará este con base en el promedio de los salarios del último año de servicios. Lo que estatuye tal precepto es que el derecho en cuestión se les liquidará con base en lo devengado durante el tiempo que les hiciera falta para ello que, en este caso concreto, estimó era de cuatro (4) años.
No hay que perder de vista que en la Ley 100 de 1993 se distinguen varias situaciones, dentro de las cuales, para efectos de estos cargos, cabe destacar las dos siguientes:
1. La de los que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenían reunidos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o vejez, quienes conservarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, según lo manda el artículo 11 ibídem.
2. La de los que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 cuenten más de 40 años de edad si son hombres, o 35 si son mujeres, o quince (15) o más años de servicios o cotizados, para quienes la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión, serán los establecidos en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Sin embargo, el IBL de estas personas, cuando les faltare menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en ese lapso, es decir, el comprendido entre la entrada en vigencia la Ley 100 y el momento en que cumplan los requisitos para la pensión.
No hay lugar a entender que cuando el referido artículo 36 habla del monto de la pensión está refiriéndose a los salarios del último año de servicios puesto que tal expresión hace relación únicamente al porcentaje del ingreso base a tener en cuenta para liquidarla, el cual en el caso de los trabajadores oficiales es el 75%.
De suerte que en el caso del demandante la pensión es equivalente al 75% de los salarios devengados durante el tiempo transcurrido entre el momento que entró a regir la Ley 100 de 1993 y aquel en que completó los requisitos para acceder a dicha prestación, en el entendido que, para el ad quem, se reunieron tales requisitos en la fecha del retiro del trabajador, aspecto éste que no es posible entrar a constatar en razón de la vía escogida para el ataque.
Por consiguiente no pudo cometer el juzgador de segundo grado los dislates que se le endilgan”.
Al tratarse de una pensión de origen legal, donde el tiempo de servicios estaba satisfecho al momento de la desvinculación de la entidad bancaria el 1º de octubre de 1989 y que se llegó a la edad de los 50 años como se dijo en imperio del artículo 36 de Ley 100 de 1993, es conforme a ese ordenamiento jurídico que se debe definir el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida a la señora Yolima Quiroga de González.
En efecto, para los beneficiarios del régimen de transición, se les aplica las disposiciones anteriores a la Ley 100 de 1993, respecto a la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión, más no frente a lo que tiene que ver con la base salarial, por cuanto este aspecto quedó regulado por el inciso 3º del artículo 36 de la nueva ley de seguridad social, que en su parte pertinente prevé “...El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuera superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.
“De conformidad con el criterio jurisprudencial antes reseñado, incurrió el tribunal en el desatino jurídico que se le atribuye, al aplicar a este caso el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, cuando el precepto pertinente era el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Aparece claro, entonces, que el tribunal asignó a las normas señaladas por la censura una exégesis que no corresponde al cabal y lógico entendimiento que de ellas se desprende; en consecuencia el cargo prospera”.
De las consideraciones del tribunal no se desprende que hubiere dado un entendimiento a la norma en cuestión, diferente al señalado por la anterior jurisprudencia, ni la censura explica con claridad en dónde estribó la equivocación que pregona.
Con relación al quebrantamiento del principio de inescindibilidad que denuncia el ataque, importa mencionar que el ad quem no violó el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 al haber considerado que el ingreso base de liquidación de la pensión del demandante debía obtenerse de acuerdo a lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 36 de la citada ley, pues, como ya se vio, precisamente esta disposición prevé, con claridad, la manera de obtener el IBL de las pensiones pertenecientes al régimen de transición allí previsto.
Al respecto, esta Sala de la Corte, en sentencia del 11 de mayo de 2010, radicado 36963, asentó:
“Ciertamente nada impide que un afiliado a la seguridad social que reúna requisitos en distintos regímenes, se acoja a aquella normatividad que más le favorezca, eso sí se insiste, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias de ese régimen que le es más beneficioso, y bajo la condición de que se le aplique en su integridad; la única combinación de elementos de sistemas es la permitida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993”.
Y más recientemente, en sentencia del 21 de junio de 2011, radicado 39155, se dijo:
“El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, garantiza para efectos de la prestación de vejez la aplicación del régimen anterior en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto; pero la normatividad que corresponda se aplica en su integridad, salvo en lo relacionado con el ingreso base de liquidación por propia disposición de la norma en cita, sin que sea posible escindir regímenes y tomar de cada uno de ellos aquellas disposiciones que se estimen más favorables, porque esto sería crear una nueva norma para cada caso, lo cual resulta inadmisible en virtud del principio de inescindibilidad de la ley (...)”.
Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo del recurrente. Se fijan las agencias en derecho en $3’000.000.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que José Crisanto Cano Vegapromovió contra el Instituto de Seguros Sociales.
Magistrado: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruíz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

References: artículo 36
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 artículo 1
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 artículo 11
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 artículo 288
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