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Timestamp: 2017-03-25 00:44:19+00:00

Document:
TD-20 by Ediciones Legales - issuu
• Reformas penales innecesarias
Bayardo Albán Ortega
• El club de los países ricos
• Del ejercicio profesional del periodista
Un alcance al proyecto de Ley de Comunicación
Iván Granda Pinto
• El objetivo del derecho
Fernando Moreno Almeida
Año II • Número 20 • Agosto 2010
La popularidad del presidente Obama ha decaído
más allá de la esperada. Muchos de sus electores
esperaban más que la importante reforma de salud que propuso y logró que el Congreso aprobara. Sus detractores se han polarizado aún más sin
que se vislumbre nadie que pueda liderarlos.
Por otra parte, la crisis europea va a durar más de
lo inicialmente esperado. Los gobiernos nacionales y seccionales reconocen haber gastado en
exceso y concedido beneficios que ahora cuesta
mucho reducir.
Parecería que la situación de Europa es bastante
más grave que la de los Estados Unidos de Norteamérica.
Alguien dice que esto es gracias a que la Revolución Francesa nunca terminó de entrar en dicho
¿Podremos, en el Ecuador, sacar alguna lección de
lo que les sucede a estos grandes?
TRIBUNA DEMOCRÁTICA llega a su publicación
número 20 donde se han consignado más de cien
editoriales de opinión profesional que han orientado a nuestros lectores.
En esta oportunidad y haciendo eco de la solicitud del Doctor Alexis Mera, desde la Presidencia
de la República, a través del Oficio No. T.4738SNJ-10-1079; procedemos a reproducir sus aclaraciones en relación a los comentarios vertidos
sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de
Datos Públicos por el Doctor Jorge Baquerizo
González, Registrador de la Propiedad de Machala
en este espacio y que correspondió al número 17
de fecha mayo de 2010.
Las reformas penales generadas últimamente
son calificadas de innecesarias por el joven Abogado lojano Bayardo Albán, quien menciona que
el auge delictivo “más que un problema jurídico
es un problema social, ya que el mismo Estado a
través de los gobiernos de turno han omitido y
dejado de lado los problemas sociales como el
desempleo, corrupción, migración, etc”.
La Doctora Rosalía Arteaga nos recuerda la existencia del “club de los países ricos”, en razón de la
reciente incorporación de Chile a este exclusivo
grupo de países. Su ejemplo debe regarse en el
continente y se debe valorar sobre todo la conducción política del hermano sudamericano donde ha primado la decisión de “dejar de lado rencillas internas y trabajar por objetivos nacionales”.
Un periodista de formación y con muchos años
de experiencia, realiza “un alcance al proyecto de
Ley de Comunicación”, se trata del Licenciado Iván
Granda Pinto, quien nos hace conocer los antecedentes de la normativa que regula el ejercicio
profesional del periodista y que con la nueva Ley
que tendrá el carácter de orgánica quedará subordinada a ésta.
El Doctor Fernando Moreno Almeida presenta su
editorial “el objetivo del derecho” con reflexiones
filosóficas que conducen siempre a ilustrarnos
de la experiencia pasada, cita a Lao Tse 600 años
antes de Cristo, cuando afirmaba que “se puede
amar al pueblo y gobernarlo, sin más pretensiones que ésas”.
Oficio No. T.4738-SNJ-10-1079
Quito, julio 12 de 2010
Revista Novedades Jurídicas
El doctor Jorge Baquerizo González, Registrador de la Propiedad de Machala, presenta un análisis sobre la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en la sección Tribuna Democrática, Año
II, número 17, de mayo de 2010, de la revista Novedades Jurídicas, en el que comete varios errores de
interpretación de la referida Ley, que resulta necesario aclarar.
Empieza diciendo el doctor Baquerizo que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos
(en adelante LSNRDP), establece que la “ley de cada uno de los registros determinará los actos que
deben ser inscritos o registrados, pero sin que se establezca ningún requisito para su inscripción, esto
es, que así como se lo ha redactado, dicho acto se lo cumplirá sin requisito previo [... ]”.
El comentario del doctor Baquerizo, se refiere al Artículo 3 de la LSNRDP que establece que “En la ley
relativa a cada uno de los registros o en las disposiciones legales de cada materia, se determinará: los hechos, actos, contratos o instrumentos que deban ser inscritos y/o registrados; así como la obligación de las
registradoras o registradores a la certificación y publicidad de los datos, con las limitaciones señaladas en
la Constitución y la ley.”
Sin embargo, a diferencia de lo que el doctor Baquerizo considera, este artículo, lejos de eliminar los
requisitos para la inscripción de los actos o contratos que lo requieran, lo que hace es remitirse a cada
una de las leyes que regulan tales inscripciones para el cumplimiento de dicha formalidad. Es necesario aclarar que el objetivo de la LSNRDP no fue cambiar las formalidades registrales en el Ecuador, sino
simplemente establecer la interconexión, a nivel nacional, de todos los registros públicos existentes
para brindar facilidades de acceso a los usuarios de los distintos registros, y de esa manera dar cumplimiento al mandato establecido en la Disposición Transitoria Primera número 8 de la Constitución
El doctor Baquerizo concluye que al “eliminar el requisito de la calificación registral se está dando paso
para que el Registro de la Propiedad pase a convertirse en un simple archivo de documentos, al cual
accederían libremente todos los hechos, actos, contratos e instrumentos.”
Según el articulista, la calificación registral a la que se refiere, consta en el Artículo 11 de la Ley de Registro vigente. La Ley de Registro, si bien fue reformada por la LSNRDP, permanece vigente, así como
su artículo 11, y por lo tanto afirmar que la calificación registral prevista en dicho artículo fue eliminada, carece de fundamento alguno.
Luego el articulista comenta el último inciso del artículo 3, y dice que “pese a la contradicción en que
se ha incurrido al sostenerse primero que la información puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de un registro y luego que ésta no será parcial o exigua, obligaría al Registrador a entregar una
certificación parcial sobre un predio, o sea, a conceder certificados diminutos que podrían ser utilizados con fines deshonestos y malintencionados para engañar a las personas que de buena fe quieran
llevar adelante un negocio jurídico.” Para fundamentar esta afirmación, el doctor Baquerizo transcribe
un texto que no corresponde al último inciso del artículo 3 de la LSNRDP publicada en el Registro Oficial Suplemento 162 del 31 de marzo de 2010.
El supuesto texto que el doctor Baquerizo atribuye al último inciso del artículo 3 dice:
“	La información que el Estado entregue puede ser específica o general, versar sobre una parte o sobre
la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos, en ningún caso la
información será parcial y/o exigua. “
El verdadero texto del último inciso del Artículo 3, que consta publicado en el Registro Oficial, es el
la totalidad del registro y será suministrada por escrito o por medios electrónicos. “
Como se ve, el comentario del doctor Baquerizo parte de un texto que no es el vigente, lo cual de por
sí, le resta seriedad a su argumento; pero más allá del lapsus del Registrador, lo importante es mencionar que la intención del inciso en cuestión, no es que se entregue al usuario certificados diminutos
que puedan afectar a los usuarios. Recordemos nuevamente que el objetivo de la LSNRDP es crear
una gran base de datos públicos interconectada, en la que conste toda la información patrimonial de
las personas (la misma información que ahora es accesible al público, pero interconectada y accesible desde una sola oficina registral). Por lo tanto, al tenerse acceso a toda la información patrimonial
de una persona, la información que se entregue puede ser sobre la totalidad de dicho patrimonio, o
sobre una parte del mismo, es decir, sólo sobre los inmuebles, o sólo sobre los vehículos, o sobre los
vehículos y los inmuebles, pero de ninguna manera se puede entender que se trate de información
diminuta que pueda afectar al usuario, como equivocadamente lo entiende el doctor Baquerizo.
Luego el articulista, al comentar el Artículo 10 de la LSNRDP (que establece que el último registro de
un dato público es el que prevalece sobre los anteriores), se hace la siguiente pregunta “¿qué pasará
con las demandas de expropiación, de reivindicación, de prescripción, etc. O con las hipotecas vigentes?” Según él, si lo que ha de prevalecer es el último registro, al efectuarse la última inscripción, se
eliminarían automáticamente las hipotecas o servidumbres anteriores.
Frente a esto, cabe preguntarse también ¿I es que acaso podría ser de otra forma? ¿Acaso la posterior
cancelación de una hipoteca no deja sin efecto la hipoteca? ¿Es esa la preocupación del doctor Baquerizo? ¿Acaso no es de lo más elemental que el registro posterior prevalezca sobre el anterior? Si
no fuera así, las transferencias de dominio de inmuebles no podrían efectuarse pues con la primera
inscripción ya no cabrían inscripciones posteriores.
Además, la propia Ley de Registro, vigente desde 1966, y bajo la cual el doctor Baquerizo debe cumplir
sus funciones como Registrador de la Propiedad de Machala, establece en el sexto inciso del artículo
18 que “Las anotaciones se harán en el Repertorio, en serie numerada, como primero, segundo, tercero,
etc., siguiendo el orden de presentación de los documentos.” ¿Qué de novedoso tiene el Artículo 10
de la LSNRDP?
Cosa distinta es que lo que se pretenda inscribir con posterioridad posea algún vicio que impida su
inscripción, para lo cual existe la calificación registral, contemplada en el Artículo 11 de la Ley de Registro, a la que se refiere el articulista y que, como ya vimos, está plenamente vigente.
Por otro lado, el doctor Baquerizo considera excesivas las potestades otorgadas a la Dirección Nacional
de Registro de Datos Públicos, ya que se subordina totalmente el accionar de los registros de la propiedad a un organismo adscrito a un Ministerio que tendrá a su cargo el control, intervención, auditoría
y vigilancia de todos y cada uno de los registros a nivel nacional, lo cual se contradice con lo señalado
en el artículo 13 de la misma Ley, que otorga autonomía registral y administrativa a los registros.
Al respecto cabe precisar que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se crea como el
organismo encargado de regular y controlar el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en el
cual obviamente se encuentran no sólo los registradores de la propiedad, sino todos los registros públicos. Antes de la vigencia de la LSNRDP, el control de los registradores de la propiedad estaba a cargo
de las Cortes Superiores de Justicia. Hoy dicho control ha pasado a la Dirección Nacional de Registro
de Datos Públicos, en parte como un mecanismo para garantizar que los registradores cumplan con
la interconexión exigida por la propia Constitución de la República. Por ende, fuera de las atribuciones específicas conferidas a la Dirección Nacional para garantizar la interconexión de los registros, las
otras atribuciones de control sobre los registradores, ya existían en manos de las Cortes Provinciales
de Justicia, y los registradores nunca argumentaron una supuesta violación de la autonomía registral
Dice también el doctor Baquerizo, que la administración concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades de los registros de la propiedad no se cumple puesto que lo único que hacen los municipios
es el concurso para la designación de los registradores y “pare de contar”.
Al respecto, cabe aclarar que según la LSNRDP, las atribuciones de los municipios con relación a los
registros de la propiedad, comprenden, además de la designación de los registradores, las siguientes:
1.- estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro (Art. 19); 2.- fijación de
la tabla de aranceles por los servicios de registro que preste (Art. 33); y 3.-conocer las quejas que se
presenten contra los registradores e imponerles las sanciones correspondientes (Art. 16 de la Ley de
Por lo tanto, es falso que la única función de los municipios con respecto a los registros de la propiedad se limite a la realización de los concursos para la designación de los registradores.
I finalmente el articulista acusa una supuesta contradicción del Artículo 33 de la Ley, al establecer por
un lado que sea la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos la encargada de fijar los valores
por los servicios de registro y certificaciones, mientras que por otro lado establece que en el caso de
los registros de la propiedad corresponde a las municipalidades dicha atribución.
Frente a esto, el doctor Baquerizo se pregunta ¿Quién mismo fija los aranceles?
Sencillo, en el caso de los registros de la propiedad, los municipios (en vista de la administración conjunta que tienen sobre aquellos), y en los demás casos, la Dirección Nacional de Registro de Datos
Públicos. No se trata de una contradicción, sino, sencillamente, de situaciones diferentes.
Hecha estas aclaraciones, mucho agradecería a usted, señor Director, se sirva disponer su publicación
en el mismo espacio donde aparecieron los comentarios del doctor Baquerizo, con el fin de contribuir
al debate jurídico en la Patria.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima.
Dr. Alexis Mera Giler	SECRETARIO NACIONAL JURÍDICO
GAD/hrg
Reformas penales innecesarias
• Bayardo Albán Ortega
Estudios Superiores: Universidad Nacional de Loja. Títulos obtenidos: Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República (mayo 2010);
Licenciado en Jurisprudencia (mayo 2010). Asistente a seminario de Derecho Constitucional (organizado por la Corte Provincial de Justicia
de Loja). Seminario de Derecho Administrativo (organizado por la Procuraduría General del Estado en Loja). Seminario de Derecho Laboral
(organizado por la Corte Provincial de Justicia de Loja).
En la actualidad atravesamos un incremento desmesurado de la delincuencia en
nuestra sociedad, por lo que cada vez que
surgen nuevas formas de quebrantar la ley,
las autoridades judiciales, administrativas
y más sectores de la sociedad, recurren a
reformas que en nada han mejorado o mejor dicho no han aplacado la delincuencia.
Considero que el problema por el que se
están buscando soluciones es de carácter
jurídico y social, donde están involucradas las principales funciones del Estado,
Judicial, Legislativa y Ejecutiva. Empero, la
Función Judicial, una de las principales responsables, ha puesto en tela de duda su
capacidad para trabajar de manera eficiente, es decir, con resultados eficaces para la
sociedad. Al efecto, los principios que consagra el Art. 169 de la Constitución de la
República en concordancia con los Arts. 4,
18, 19, 20, 23 28, 29 del Código Orgánico
de la Función Judicial, demuestran que
nuestra normatividad es rica en garantías
y derechos, por tanto no existen vacíos legales que requieran reformas para un óptimo funcionamiento del sistema judicial.
En todo caso, cabe manifestar en lo concerniente a nuestros cuerpos normativos
como el Código Penal, promulgado en
un sistema inquisitorio con pocas garantías en materia constitucional y de
Derechos Humanos; el Código de Procedimiento Penal con un nuevo sistema
acusatorio-oral en donde prevalecen las
garantías al debido proceso y además
se consagran los principios de celeridad
y eficacia procesal; y, la Carta Magna de
2008, que es una de las constituciones
más garantistas de la historia de nuestro
país. En consecuencia, ya existe cierta incongruencia legal, porque dichas leyes
de alguna manera no son compatibles
entre sí, mejor dicho no están acordes a
nuestra realidad jurídica y social, puesto
que no se puede aplicar un sistema acusatorio oral con un código sustantivo inquisitorio, lo que llevaría necesariamente
a requerir de nuevos cuerpos normativos
que estén en concordancia con la Constitución de la República y también con los
Humanos. En suma, el Código de Proce-
dimiento Penal en los últimos años ha sufrido un sinnúmero de
reformas provocadas en la mayoría de casos, por el incremento
de la delincuencia en las urbes más grandes de nuestro país. En
nuestro caso, para tratar de detener a la delincuencia, las sugerencias consisten en que “se deben endurecer las leyes o penas”
y, afirmativamente, todos los ciudadanos se suman a este tipo
de propuesta sin conocer con precisión cuál es el fondo del problema que en mi criterio es jurídico-social, no sólo por la estructura y funcionamiento de la administración de justicia, sino por
las deficientes políticas de Estado encaminadas a reducir factores
que causan o llevan a las personas a quebrantar la ley y el orden
En tal virtud, el Código Penal posee los tipos penales necesarios
para condenar a cualquier infractor que infrinja la ley y por lo mismo las sanciones establecidas están para aplicarlas, el endurecer
o aumentar las penas para cada infracción o cambiar de nombre
a un delito no lleva a frenar el auge delictivo porque al infractor
o delincuente en lo más mínimo le intimida una pena con más
años. Hoy en día el desempeño de la Función Judicial ha sido objeto de considerables críticas, en mi concepto es uno de los principales responsables en complicidad con un precario sistema de
“rehabilitación social” que en nada ha cambiado ni mejorado, con
cárceles que se han convertido en centros de operación y de formación de bandas delictivas. Así, pues, el manejo de esta delicada función del Estado conlleva una gran responsabilidad, porque
en verdad ha existido descuido en la preparación de jueces, fiscales, secretarios y también de los abogados (con sus respectivas
excepciones). El funcionario judicial no puede seguir preocupándose constantemente por tener un buen sueldo o ingreso cuando se ha despreocupado o se ha dejado de lado el conocimiento y la preparación constante, pues, el perjudicado es el usuario
de la justicia. Cabe destacar que el mismo Estado es el que por
muchas décadas no se preocupó por tener una justicia eficiente,
más bien descuidó el manejo de ésta llegando a ser controlada y
responder a intereses de grupos con poder económico y político
que por muchos años dejaron en la impunidad cientos de delitos
y que todavía quedan vestigios que no permiten un desarrollo
total de la justicia, es decir, aquí si cabe hablar de independencia
de la Función Judicial. Entonces, de nada serviría que la Policía
capture a criminales y a bandas delictivas de alta peligrosidad y
que luego de meses éstos estén en libertad, so pretexto de no
haber cumplido ciertas formalidades para que prospere su juzgamiento.
Desde mi punto de vista, las reformas penales
que se quieran efectuar
cada vez que aumente
el índice delincuencial
no traerán una solución
definitiva, sólo son un
parche, el fondo del problema (en parte) lo tiene el sistema de justicia
porque las leyes y sanciones están para aplicarlas, el sistema procesal oral está consagrado
en la Constitución, la administración de justicia
en el sentido de obrar y
actuar en derecho y no
de responder a intereses de ciertos sectores.
En suma, dicho problema más que jurídico es
de carácter social, las
reformas no deben estar encaminadas en tratar de encerrar la mayor
cantidad de delincuentes, más bien deben ser
con el propósito de un
juzgamiento justo y eficaz y también con una
verdadera rehabilitación
social para así generar
confianza al ciudadano.
que se quieran efectuar cada vez que aumente
el índice delincuencial no traerán una solución
definitiva, sólo son un parche, el fondo del problema (en parte) lo tiene el sistema de justicia
porque las leyes y sanciones están para aplicarlas, el sistema procesal oral está consagrado en
la Constitución, la administración de justicia
debe ser independiente en el sentido de obrar
y actuar en derecho y no de responder a intereses de ciertos sectores. En suma, dicho problema más que jurídico es de carácter social, las
reformas no deben estar encaminadas en tratar
de encerrar la mayor cantidad de delincuentes, más bien deben ser con el propósito de un
verdadera rehabilitación social para así generar
A más de lo manifestado dentro del presente
análisis, para encontrar soluciones a este inconveniente, se debe realizar un estudio criminológico para determinar los factores que
dan origen a este problema social, igualmente, establecer el por qué ciertos sectores de la
sociedad incurren en ilícitos, lógicamente para
realizar este tipo de estudio o investigación
se debe contar con un equipo especializado y
conformado por penalistas y criminólogos que
conozcan la realidad de nuestro país. En conclusión, como lo he mencionado con anterioridad, más que un problema jurídico es un problema social, ya que el mismo Estado a través
de los gobiernos de turno han omitido y dejado
de lado los problemas sociales como el desempleo, corrupción, migración, etc.; las reformas
penales muchas de las veces son meramente
políticas a conveniencia del régimen de turno, mientras que los delitos de “cuello blanco”
nunca son mencionados. En todo caso el brote
delincuencial se da por las constantes inequidades sociales y también por la libertad con la
que ingresan a nuestro país cientos de extranjeros indocumentados. En fin lo que debemos
hacer como ciudadanos es contribuir con ideas
efectivas a largo plazo y no con ideas inquisitorias que solamente son temporales y que en
nada contribuyen a solucionar este grave problema.
El club de los países ricos
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador.
Ex Vicepresidenta Constitucional de la República del Ecuador.
Fue Ministra de Educación y Cultura y Deportes del Ecuador.
Fue Viceministra de Cultura.
Se ha desempeñado como Secretaria General de la Organización Tratado de Cooperación Amazónica en Brasil 2004-2007.
Actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de Fundación Natura Regional, miembro del Consejo directivo del Centro Agronómico de
Investigación y Enseñanza (CATIE) en Costa Rica.
Colabora con varias revistas, periódicos y medios de comunicación.
Como el “club de los países ricos” se ha denominado al grupo de países que forman
parte de la OCDE, es decir de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, constituida en Europa, después del fin de la segunda guerra mundial
y del denominado plan Marshall. Aquel
que, con el principal soporte y financiamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, logró sacar adelante a muchos
países europeos, totalmente asolados
después de la guerra que se libró en su
de sus habitantes, pero también contribuir al desarrollo global de la economía.
Con sede en París, a este grupo pertenecen los países que han tenido un desarrollo económico importante, pero sobre
todo, que han demostrado que son capaces de liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios.
Lo admirable es que esta admisión se
produce pese a que Chile ha tenido que
arrostrar un devastador terremoto, considerado uno de los más fuertes a escala
mundial, demostrando que el empuje y la
decisión del pueblo chileno y de sus gobernantes, no se amilana ante hechos dramáticos como el vivido por ellos. Además,
este ingreso se da en medio de una de las
El compromiso de los miembros de la
OCDE es mejorar las condiciones de vida
El por qué traigo a colación este tema y
en estos momentos, se debe al reciente
ingreso de Chile, nuestro hermano país
sudamericano, a este exclusivo grupo
de países. El 27 de mayo de este año, del
2.010, Chile se constituye en el primer país
de la América del Sur, que logra la aceptación de la OCDE para su ingreso. El otro
país Latinoamericano que forma parte de
esta Organización, es México.
más severas crisis económicas mundiales de todos los tiempos.
En medio de la errática política nacional e internacional ecuatoriana, bien harían nuestros gobernantes en mirar de cerca el ejemplo chileno,
gobernado durante los últimos años, por líderes
de la concertación nacional, con la excepción
que constituye el actual gobernante recientemente elegido, pero también decidido a dejar
de lado rencillas internas y trabajar por objetivos
Por supuesto que Chile tiene todavía algunas
asignaturas pendientes, muchas de ellas relacionadas con la crónica asimetría del continente
y también al interno de cada uno de nuestros
países, lo que los transforma en profundamente inequitativos; pero el solo hecho de la aceptación de Chile dentro de la OCDE, constituye ya
un avance significativo que debemos ponderar y
Otro tema en el que Chile ya ha comenzado a
trabajar es, como lo dice el reciente informe de
CEPAL, que el país demuestra una mejoría en el
tratamiento de la “cohesión social” y debe superar inequidades sociales y territoriales de larga
data y gran persistencia. Pero en ello están trabajando con estrategias nacionales como la conformación de los llamados think-tank regionales en
los que se ha empeñado la red DETEALC y varias
instancias e instituciones chilenas.
El éxito de Chile debe alegrarnos, esas solidaridades deben ir más allá de los arrebatos que nos
ocasionan eventos como el recientemente realizado Mundial de Fútbol, sabiéndose que lo que
está ocurriendo en el país de la estrella solitaria,
es un trabajo sostenido por décadas y por los diferentes sectores políticos y económicos.
Una fuerte incidencia de políticas de descentralización, que no desarticulan al país, sino que le
dan la fuerza que proviene de sus partes integrantes y constitutivas que son las regiones, le
da fortalezas que seguramente han incidido a la
hora del análisis sobre su pertenencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
El ejemplo chileno bien podría regarse en el
continente, por donde corren hálitos de integración y de trazado de políticas conjuntas, que,
desafortunadamente van por un camino errado
y creador de conflictos en lugar de armonizaciones.
Es también interesante mirar que, entre los lineamientos generales de la OCDE está el propender al desarrollo económico de sus países
miembros, pero también de otros lugares del
planeta. Los foros tocan temas como medioambiente, empleo, progreso y mejoramiento de la
calidad de vida, y eso vuelve aún más influyente
y más relevante al grupo de países que la conforman y al que pertenece ahora nuestro país
hermano de Chile.
Del ejercicio profesional del
• Iván Granda Pinto
ESTUDIOS: Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador; Diplomados en Producción de Radio, TV y Cinematografía en
el ILCE de México, DF; Ciencias y Artes de la Comunicación Cristiana en el Instituto Internacional de Estudios Superiores de México, DF; Producción
Informativa en Radio y TV en el Instituto de Radio y Televisión de la Universidad Complutense de Madrid, España; Curso de Producción de Noticieros
de Radio y TV, dictado por Televisión Española en el Centro Internacional para el Desarrollo en Santa Cruz, Bolivia; Curso de Fortalecimiento Institucional en Prácticas de Comunicación , por el Centro de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alcalá, en la Antigua, Guatemala y en
Santa Cruz, Bolivia; varios cursos de Comunicación en CIESPAL.
DESEMPEÑO PROFESIONAL: Gerente de Relaciones Públicas y Public Affairs de RJR Ecuador; Director Nacional de Comunicación Social de la Defensoría del Pueblo; Director de Noticias de HCJB la Voz de los Andes; Presentador de Noticieros en Radio Exterior de España; Reportero, Productor
y Presentador de Noticieros en Gamavisión y Ecuavisa; Presentador de Noticieros en EXA FM de la Cadena Democracia; Docente en Comunicación
Televisiva en las Universidades Internacional SEK y De las Américas.
DISTINCIONES: Dos premios a la Excelencia Periodística en Ecuavisa; Condecoración al mérito laboral 2008; varios Diplomas por cobertura periodística en el conflicto del Cenepa.
Hace cuarenta y tres años, en 1967, los
periodistas ecuatorianos hicieron conocer al gobierno de turno la necesidad de
expedir una Ley para su Defensa Profesional. Durante esa época, en los medios
de comunicación, concretamente en
prensa escrita, laboraban periodistas titulados por las universidades Central del
Ecuador o Estatal de Guayaquil, junto a
otros distinguidos cronistas y articulistas que contaban con el aval de una trayectoria profesional forjada en el diario
bregar informativo. Pero también hubo
personas que no eran ni titulados ni tenían experiencia, pero querían ser periodistas.
Con la Ley de Ejercicio Profesional del
Periodista, dictada en septiembre de
1975, se procedió a la calificación de los
profesionales con derecho a federarse.
Esa Ley abrió la posibilidad de obtener
un certificado de profesionalización
para las personas que carecían del título
universitario correspondiente, pero que
tenían a su haber una preparación académica básica y laboraban varios años
en prensa, televisión, radio o unidades
de Relaciones Públicas. Cuando finalizó
la fase de calificación y se entregaron los
certificados, con acierto, alguien dijo “No
están todos los que son ni son todos los
que están”.
Desde entonces y a consecuencia del
desarrollo tecnológico que debieron
implementar las empresas periodísticas
en prensa escrita, radio y televisión, se
abrieron poco a poco plazas de trabajo
para periodistas y casi todas las universidades crearon facultades de comunicación. Hoy, los medios de comunicación
se preocupan por contratar a los gradua-
dos con mejor preparación. No obstante, la oferta de titulados
en Comunicación Social o Comunicación Organizacional rebasa
la demanda que, al momento de conseguir empleo, resulta ser
limitada y casi nula.
El citado artículo precisa
y menciona los cargos
de desempeño exclusivo
de comunicadores y periodistas profesionales
en medios escritos, en
en radio. Se refiere a editores, jefes de información, jefes de redacción,
redactores, corresponsales, directores de noticias, subdirectores de
noticias, productores de
noticias y a quienes ejerzan funciones equivalentes. Sin embargo, omite
a los reporteros; es decir,
olvida a quienes constituyen las piezas clave
para la consecución y
generación de las noticias que se difunden en
los noticieros de radio,
televisión y en la prensa
escrita. Sin reporteros,
sencillamente no sería
posible armar un noticiero completo en radio
o en televisión, ni editar
un periódico sin vacíos.
En medio de este escenario, en la Asamblea Nacional se ha esbozado un Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo texto
sujeto a discutirse en segundo debate, presenta tremendos vacíos, entre otros, en el Art. 18 que habla del ejercicio profesional
de la comunicación y el periodismo. Esos vacíos afectan, precisamente, a los comunicadores profesionales.
El citado artículo precisa y menciona los cargos de desempeño exclusivo de comunicadores y periodistas profesionales en
medios escritos, en medios audiovisuales y en radio. Se refiere
a editores, jefes de información, jefes de redacción, redactores,
corresponsales, directores de noticias, subdirectores de noticias,
productores de noticias y a quienes ejerzan funciones equivalentes. Sin embargo, omite a los reporteros; es decir, olvida a quienes
constituyen las piezas clave para la consecución y generación de
las noticias que se difunden en los noticieros de radio, televisión y
en la prensa escrita. Sin reporteros, sencillamente no sería posible
armar un noticiero completo en radio o en televisión, ni editar un
periódico sin vacíos.
El artículo 18 carece de asidero lógico en lo que respecta al empleo del término medios audiovisuales en lugar de medios televisivos o, simplemente, televisión. Quienes entendemos de medios
audiovisuales sabemos que éstos abarcan un amplio espectro de
productos comunicacionales que se vinculan sobre todo al proceso de enseñanza- aprendizaje, bajo una verdad que no admite
comprobación “nada hay en la mente que no haya pasado por
los sentidos” . Medios audiovisuales son: la radio, la televisión, las
cintas cinematográficas, los videos, las vistas fijas que se proyectan acompañadas de grabaciones sonoras, el power point, las
fotografías, el teatro de títeres con muñecos guignol, los dibujos
animados, etc., todos estos muy efectivos para los distintos tipos
y grados de enseñanza en la técnica didáctico – pedagógica, así
como para la democratización de la enseñanza.
Pero, en el estricto y cotidiano cumplimiento del trabajo informativo y de opinión, los canales de televisión cuentan con los noticieros en sus diferentes emisiones, así como con programas de
entrevistas y debates. Este medio, la televisión, en cualquier parte
del mundo tiene un nombre propio y específico, se llama televisión. No utiliza el genérico de
medio audiovisual. Distinto es el hecho de que
varios programas de televisión utilizan recursos audiovisuales para una mejor comprensión
de la teleaudiencia, en los que no están, precisamente, los noticieros.
En su parte final, este artículo 18 menciona
algo muy preocupante cuando señala que “En
las entidades públicas y en las privadas con finalidad social o pública, las oficinas de comunicación o relaciones públicas estarán dirigidas
por comunicadores, comunicadoras o periodistas profesionales”. Nótese que no menciona ni
precisa cuáles son los cargos que deben estar
ocupados por periodistas profesionales, como
sí lo hace en los literales anteriores que se refieren a medios escritos, medios audiovisuales
y a la radio. Omite, al parecer deliberadamente,
los cargos de Asesores de Comunicación Social,
Directores de Comunicación Social, Periodistas,
Reporteros y de todos aquellos que realizan
funciones vinculadas a la comunicación en las
instituciones del Estado. Ellos, deben contar
con el respectivo título académico otorgado
por un centro de estudios superiores del país e
inscrito y reconocido por el CONESUP.
Lo citado reviste enorme importancia por cuanto, si no se menciona ni se especifica cada uno de
estos cargos como de desempeño exclusivo de
profesionales titulados en Comunicación Social
o Comunicación Organizacional, dicho artículo
resulta ambiguo y puede facultar a que cualquier persona sin la debida preparación acceda
a estos puestos en las instituciones de la administración pública, como efectivamente está sucediendo con muchos asesores y directores de
Comunicación Social que no tienen el respectivo
Es más, cualquier reclamo que realicen los gremios de los periodistas profesionales a los principales de esas instituciones, obtendrá como
respuesta valedera que el texto de la ley es claro
en su sentido literal y que, por lo tanto, lo que no
está prohibido explícitamente, se entiende que
está permitido tácitamente. En esa lógica, las autoridades nominadoras no cometerían ninguna
Finalmente, cabe recordar que la Ley de Comunicación tendrá la categoría de orgánica y estará jerárquicamente sobre las leyes ordinarias,
entre ellas la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista.
• Fernando Moreno Almeida
Abogado y Doctor en Jurisprudencia. Juez en la ciudad de Ibarra especialmente en el campo penal por 25 años. Autor de varios libros: Jurídicos:
“Hacia una nueva legislación en tránsito”(Tesis de Grado). Novela “Escape” dos ediciones. Cuento “Jorge Gutiérrez”. De pensamientos y ensayos
resume la recopilación “A la Luz del Tao”. Ensayo “Homenaje al Viejo Maestro, Lao Tse.” Ha viajado por las Américas y la República Popular de China;
ha seguido numerosos cursos de derecho y uno de inglés en Estados Unidos.
Se ha teorizado mucho y se ha hecho una
ciencia del derecho con múltiples ramificaciones. Frente a tanta especialidad y
confusión, conviene volver a los orígenes
y hacer una introspección.
En un primer momento de la historia humana existían los príncipes, eran señores
con poder disuasivo. Un príncipe por lo
general era un hombre curtido y hábil en
las armas que tenía sus secuaces y dominaba una extensión territorial. Estos
príncipes cuando el reino era próspero y
habían llegado a tratos y pactos con sus
vecinos consolidando sus dominios territoriales y el poder sobre vidas y haciendas de las gentes bajo su órbita, se veían
en la necesidad de velar por sus súbditos.
En la paz la gente tenía disputas y roces
fruto de la naturaleza humana, entonces
el príncipe debía dirimir en los conflictos.
Esta actividad se conoció luego como la
justicia, que en principio fue administrada por los propios príncipes y reyes. El
objeto de esta justicia era la paz social,
que en el reino haya tranquilidad y buena vecindad.
Más tarde, hubo concejos reales y luego
parlamentos. Se limitó el poder omnímodo de los monarcas enmarcándolos en leyes. Estas leyes a menudo eran crueles y su
aplicación volvía impopular la decisión del
monarca, entonces se inventó a los jueces.
Los jueces y el poder político siempre han
estado de brazo, por ello es una hipocresía
pretender decir lo contrario. En un principio los jueces eran simples títeres de los
gobernantes y aún hoy se da el caso. De
todas formas para ilustrar incidentes históricos recordamos los fallos de las Cortes
Inglesas bajo el reinado de Enrique VIII en
el asunto de Tomás Moro, de Ana Bolena,
y luego en el reinado de Isabel I el caso de
su prima María Estuardo. Los fallos eran
predecibles y estaban bajo la tutela de los
reyes porque los jueces se crearon para difuminar el descontento popular ante el fallo del gobernante.
La administración de justicia era un acto
de gobierno, el objetivo: la paz social. Esto
se lograba muchas veces con el terror. Las
leyes penales eran infamantes, crueles y
Si el objetivo del derecho y su brazo ejecutor la administración de
justicia era preservar la paz social, desde siempre el derecho se
movía en dirección a este objetivo. Hoy se pretende tramitar todo,
cuando siempre se ha movido lo que molesta a la sociedad.
Estos parámetros son eternos y deben tenerse en cuenta a la hora
de alzar los castillos especulativos que pretenden hacer ciencia de
un propósito primordial de la sociedad: mantener la paz en el reino.
De todas formas no hay que olvidar la célebre frase de Benito Juárez: “La paz es el respeto al derecho ajeno”. Pero el derecho ajeno
debe enmarcarse en planos de equidad y ponderación donde el
fin real de toda justicia debe ser mantener la paz en la sociedad,
hoy según modas que han evolucionado al poder alternativo y de
elección popular de las sociedades organizadas llamadas países;
pero igual el objetivo, preservar la paz social, y si no pregúntenles a los jueces justicieros que ha pasado cuando han alterado el
equilibrio y han dado fallos en otro sentido. Recuérdese que han
existido fallos que han provocado la caída de los gobiernos; en
nuestro Ecuador el fallo del Dr. Castro en el caso Bucaram facilitó
la caída del presidente Gutiérrez.
Siempre el poder político estará atado a los jueces y yo soy partidario en este país tercermundista de que las leyes faciliten el cambio de jueces ante el cambio de gobiernos, especialmente en los
Tribunales de alzada y de última instancia, ya que lo contrario lleva
a penosas situaciones. Esto porque unos poderosos idealistas han
pretendido dar autonomía al sistema judicial, y se supone que en
los países del primer mundo se ha logrado tal objetivo. Aunque
en Norteamérica en el caso de los esposos Rosenberg condenados a muerte por espionaje atómico, se evidenció la eterna alianza
entre el poder, la conveniencia, y los jueces; para citar un ejemplo.
Y si se ha conseguido ubicar a gente de confianza en las estructuras de la administración de justicia, la objetividad en la política
aconseja dejar sin efecto o perpetuar ad infinito las reorganizaciones. Desencantémonos de las especializaciones y destrezas, los
buenos jueces ante todo deben tener olfato y servir al propósito
primordial del derecho: preservar la paz social.
Concluyendo, el objetivo del derecho es ser una herramienta para
el gobierno. La administración de justicia es una forma de gobernar que utiliza como herramienta al derecho.
existían los príncipes,
eran señores con poder
disuasivo. Un príncipe
por lo general era un
hombre curtido y hábil
en las armas que tenía
sus secuaces y dominaba
una extensión territorial.
Estos príncipes cuando
el reino era próspero y
habían llegado a tratos
y pactos con sus vecinos
consolidando sus dominios territoriales y el poder sobre vidas y haciendas de las gentes bajo
su órbita, se veían en la
necesidad de velar por
sus súbditos. En la paz
la gente tenía disputas y
roces fruto de la naturaleza humana, entonces el
príncipe debía dirimir en
los conflictos. Esta actividad se conoció luego
como la justicia, que en
principio fue administrada por los propios príncipes y reyes. El objeto
de esta justicia era la paz
social, que en el reino
haya tranquilidad y buena vecindad.
Las formas de gobierno cambian pero el objetivo es mantener la estabilidad y la paz en el país.
A pesar de las presuntuosas especulaciones del
siglo presente y los vientos de comunismo que
soplan en la región, hay que recordar que los
estados imperiales de la antigüedad son similares a los estados comunistas contemporáneos.
En ambos casos la riqueza y los medios de producción están en manos de un caudillo que los
dispone a conveniencia y los reparte entre su
gente de confianza, en ambos casos se reprime
duramente a la oposición y disidencia. Tal es la
similitud que inclusive en la Cuba de Fidel Castro y en Corea del Norte la sucesión en el poder
se ha dado por vía dinástica.
Nada nuevo hay bajo el sol refiere la Biblia, mi
Maestro dice “Nada puede hacérsele al mundo,
sin violentar su naturaleza. El mundo es un vaso
sagrado que no puede ser rectificado; intentar
cambiarlo es arruinarlo; tratar de sujetarlo es
perderlo.” “El sabio en el ejercicio del gobierno,
vacía las mentes y llena los estómagos; debilita
los deseos y fortalece los huesos, Trata de apartar la especialización y cultiva la sabiduría.” “El
mundo se gobierna dejando que las cosas sigan
su curso; no se puede gobernar con la interferencia.”
Gobernar visto desde un amplio espectro es
quitar donde hay exceso, y sumar donde falta;
es reprimir con justicia y reparar sin exceso; es
ayudar al necesitado y a quienes pugnan por
realizarse en la vida. Para ello no es del caso inflar el derecho ni volver insolentes a los gobernados.
“Las citas corresponden a Lao Tse, 600 años
antes de Cristo, quien sobre el arte de gobernar dice: “Se puede amar al pueblo y gobernarlo, sin más pretensiones que ésas”.”
• El club de los países ricos Fernando Moreno Almeida Bayardo Albán Ortega Un alcance al proyecto de Ley de Comunicación Rosalía Arteaga Serrano Iván Granda Pinto Año II • Número 20 • Agosto 2010 Published on issuu

References: Artículo 3
 Artículo 11
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 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 Artículo 3
 Artículo 10
 artículo
18
 Artículo 10
 Artículo 11
 artículo 13
 Artículo 33
 artículo 18
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