Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-156-99.htm
Timestamp: 2017-10-22 15:20:13+00:00

Document:
C-156-99
Sentencia C-156/99
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Finalidad
El Derecho Internacional Humanitario busca regular el derecho de las partes en conflicto de escoger libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o que protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto. El Derecho Internacional Humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado, todo ello con la finalidad de garantizar la integridad de las personas que participan en el conflicto, así como las ajenas a éste.
PROTOCOLO I-Objeto
El Protocolo I adoptado en la Convención, se limita a establecer la prohibición de emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
PROTOCOLO II-Objeto
El Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos. Se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o de ríos. En todo caso, el Protocolo II garantiza la protección de la soberanía de los Estados, y no exime al Gobierno del respectivo Estado afectado por un conflicto armado interno, de mantener o restablecer el orden público, defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Además, se prohibe expresamente la intervención en dichos conflictos, o en los asuntos internos o externos por parte de otros Estados, invocando las normas de la Convención y el Protocolo.
CONVENCION INTERNACIONAL-Finalidad/CONVENCION INTERNACIONAL-Prohibición y restricción de armas
La finalidad de la Convención suscrita dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, es hacer efectivo el deber de los Estados en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para atentar contra la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Todo ello, no sólo con el objetivo de hacer efectivo el respeto y cumplimiento de los principios que rigen las relaciones internacionales, sino en especial, la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y las consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos y agresiones entre los Estados. Todo lo anterior persigue lograr la distensión internacional entre los Estados, la terminación de la carrera armamentista, la instauración de la confianza entre los Estados y, en especial, la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir en paz. Para ello, como lo reconoce la Convención, se hace indispensable prohibir o restringir, según el caso, aún más el empleo de ciertas armas convencionales, así como poner fin a la producción, el almacenamiento y la proliferación de esas armas.
CONVENCION INTERNACIONAL Y PROTOCOLO-Límites a la confrontación armada
Estima la Corte que la Convención y sus Protocolos, cuya importancia y necesidad está plenamente comprobada y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y por sus distintos miembros, al igual que por diversas organizaciones no gubernamentales, busca hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de su dignidad humana, así como a la paz a la seguridad personal y a circular libremente por el territorio nacional. Las normas incluidas en los instrumentos internacionales sub examine son mecanismos idóneos y efectivos para disminuir los graves, nocivos y dolorosos efectos que conlleva una guerra, así como para establecer límites a la crueldad de la confrontación armada, interna o externa, tanto para los combatientes como para la población civil, los bienes civiles y el medio ambiente, y para regular el conflicto o la guerra externa o interna.
CONFLICTOS ARMADOS-Pacífica resolución
En relación con los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica.
CLAUSULA MARTEN-Finalidad
El preámbulo de la Convención y del Protocolo II incluyen lo que la doctrina internacional ha denominado la Cláusula Marten", esto es, el principio según el cual "en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública." Esta cláusula indica que la Convención y los Protocolos I, II, III y IV no deben ser interpretados de manera aislada sino que deben ser relacionados con el conjunto de principios humanitarios, ya que estos instrumentos son desarrollo y concreción de tales principios y por ende son aplicables a los conflictos armados no internacionales.
Referencia: Expediente LAT-138
Revisión oficiosa de la Ley 469 del 5 de agosto de 1998, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos”.
Dra. MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ
Santafé de Bogotá, D.C, marzo diez (10) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
En cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el día once (11) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), copia auténtica de la Ley 469 del cinco (5) de agosto de ese mismo año, “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados” y de sus cuatro (4) Protocolos :
Protocolo I. “Sobre Fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), con la Convención;
Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra;
Protocolo III. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención;
Protocolo Adicional - considerado como IV -, “Sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Mediante auto del diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), se avocó el examen de constitucionalidad de la Ley 469 del cinco (5) de ese año, de la Convención y de los Protocolos aprobados por ésta, para lo cual ordenó practicar las pruebas pertinentes, fijar el negocio en lista, correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, y llevar a cabo las comunicaciones constitucional y legalmente exigidas.
Cumplidos como están los trámites y requisitos señalados en la Constitución Política y en el Decreto 2067 de 1991 para esta clase de procesos, procede la Corte a pronunciarse sobre los actos jurídicos objeto del presente control de constitucionalidad.
Se incluye a continuación el texto de la Ley 469 del cinco (5 ) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998) y de la Convención y Protocolos ya referenciados, el cual fue tomado del ejemplar cuya copia auténtica fue remitida a esta Corporación en su oportunidad legal.
"LEY 469 DE 1998
(Se adjuntan fotocopias del texto íntegro del instrumento internacional y sus cuatro protocolos mencionados, debidamente autenticados por el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores).
«Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados
Basándose en el principio de derecho internacional según el cual el derecho de las partes en un conflicto armado a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado, y en el principio que prohibe el empleo, en los conflictos armados, de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de naturaleza tal que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios,
La presente convención y sus protocolos anexos se aplicarán a las situaciones a que se hace referencia en el artículo 2º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra, incluida cualquiera de las situaciones descritas en el párrafo 4º del artículo 1º del Protocolo I adicional a los convenios.
Artículo 2º Relaciones con otros acuerdos internacionales
Artículo 3º Firma
La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, durante un período de 12 meses a partir del 10 de abril de 1981.
Artículo 4º Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
Artículo 5º Entrada en vigor
3. Cada uno de los protocolos anexos a la presente convención entrará en vigor seis meses después de la fecha en que 20 Estados hubieren notificado al Depositario su consentimiento en obligarse por él, de conformidad con los párrafos 3º o 4º del artículo 4º de la presente convención.
Artículo 6º Difusión
Las Altas Partes Contratantes se comprometen a dar la difusión más amplia posible en sus países respectivos, tanto en tiempo de paz como en período de conflicto armado, a la presente convención y a sus protocolos anexos por los que estén obligadas y, en particular, a incorporar el estudio de ellos en los programas de instrucción militar, de modo que estos instrumentos sean conocidos por sus fuerzas armadas.
Artículo 7º Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor
de la presente Convención
2. Cualquier Alta Parte Contratante estará obligada por la presente convención y por cualquiera de sus protocolos anexos por el que ese Estado se haya obligado, en cualquier situación de las previstas en el artículo 1º y con relación a cualquier Estado que no sea parte en la presente convención o que no esté obligado por el protocolo de que se trate, si este último Estado acepta y aplica la presente convención o el protocolo anexo pertinente y así lo notifica al Depositario.
3. El Depositario informará inmediatamente a las Altas Partes Contratantes interesadas de las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2º del presente artículo.
4. La presente convención y los protocolos anexos por los que una Alta Parte Contratante esté obligada se aplicarán respecto de un conflicto armado contra esa Alta Parte Contratante, del tipo mencionado en el párrafo 4º del artículo 1º del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra:
a) Cuando la Alta Parte Contratante sea también Parte en el Protocolo Adicional I y una autoridad como la mencionada en el párrafo 3º del artículo 96 de ese protocolo se haya comprometido a aplicar los convenios de Ginebra y el Protocolo I de conformidad con el párrafo 3º del artículo 96 del mencionado protocolo, y se comprometa a aplicar la presente convención y los pertinentes protocolos con relación a ese conflicto; o
Artículo 8º Examen y enmiendas
b) Esa conferencia podrá, con la participación plena de todos los Estados representados en ella, aprobar protocolos adicionales, que se adoptarán de la misma forma que la presente convención, se anexarán a ella y entrarán en vigor de conformidad con los párrafos 3º y 4º del artículo 5º de la presente convención.
b) Esa conferencia podrá así mismo considerar cualquier propuesta de protocolos adicionales sobre otras categorías de armas convencionales no comprendidas en los protocolos anexos existentes. Todos los Estados representados en la conferencia podrán participar plenamente en la consideración de tales propuestas. Cualquier protocolo adicional será adoptado de la misma forma que la presente convención, se anexará a ella y entrará en vigor de conformidad con los párrafos 3º y 4º del artículo 5º;
Artículo 9º Denuncia
2. Cualquier denuncia de esta índole sólo surtirá efecto un año después de la recepción de la notificación por el Depositario. No obstante, si al expirar ese plazo la Alta Parte Contratante denunciante se halla en una de las situaciones previstas en el artículo 1º, esa Parte continuará obligada por la presente convención y los protocolos anexos pertinentes hasta el fin del conflicto armado o de la ocupación y, en cualquier caso, hasta la terminación de las operaciones de liberación definitiva, repatriación o reasentamiento de las personas protegidas por las normas de derecho internacional aplicable en los conflictos armados; y, en el caso de cualquier protocolo anexo que contenga disposiciones relativas a situaciones en las que fuerzas o misiones de las Naciones Unidas desempeñen funciones de mantenimiento de la paz, observación u otras similares en la zona de que se trate, hasta la terminación de tales funciones.
a) Las firmas de la presente convención, conforme al artículo 3º;
b) El depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación de la presente convención o de adhesión a ella, conforme al artículo 4º;
c) Las notificaciones del consentimiento en obligarse por los protocolos anexos, conforme al artículo 4º;
d) Las fechas de entrada en vigor de la presente convención y de cada uno de sus protocolos anexos, conforme al artículo 5º, y
e) Las notificaciones de denuncia recibidas conforme al artículo 9º, y las fechas en que éstas comiencen a surtir efecto.
El original de la presente convención con los protocolos anexos, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Depositario, el cual transmitirá copias certificadas conformes del mismo a todos los Estados.»
"Protocolo I, sobre fragmentos no localizables. Adoptado con la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecho en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980).
“Se prohíbe emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionara mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.”
Artículo I Protocolo enmendado
Por el presente artículo queda enmendado el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), anexo a la convención sobre prohibiciones o restricciones de empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados ("la convención"). El texto del protocolo según fue enmendado es el siguiente:
2. El presente protocolo se aplicará, además de las situaciones a que se refiere el artículo 1º de la convención, a las situaciones a que se refiere el artículo 3º común a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
2. Por "mina lanzada a distancia" se entiende toda mina no colocada directamente sino lanzada por medio de artillería, misiles, cohetes, morteros o medios similares, o arrojada desde aeronaves. Las minas lanzadas desde un sistema basado en tierra, a menos de 500 metros, no se consideran "lanzadas a distancia", siempre que se empleen de conformidad con el artículo 5º y demás artículos pertinentes del presente protocolo.
15. Por "transferencia" se entiende, además del traslado f&iacute;sico de minas desde o hacia el territorio nacional, la transferencia del dominio y del control sobre las minas, pero no se entenderá la transferencia de territorio que contenga minas colocadas.
Artículo 3º Restricciones generales del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
Artículo 4º Restricciones del empleo de minas antipersonal
Queda prohibido el empleo de toda mina antipersonal que no sea detectable, según se especifica en el párrafo 2º del anexo técnico.
Artículo 5º Restricciones del empleo de minas antipersonal que no sean minas lanzadas a distancia
3. Una parte en un conflicto sólo quedará exenta del ulterior cumplimiento de las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 2º del presente artículo cuando no sea posible tal cumplimiento debido a la pérdida de control de la zona por la fuerza como resultado de una acción militar enemiga, incluidas las situaciones en que la acción militar directa del enemigo impida ese cumplimiento. Si esa parte recupera el control de la zona, reanudará el cumplimiento de las disposiciones de los apartados a) y b) del párrafo 2º del presente artículo.
6. Las armas a las que se aplica el presente artículo que lancen fragmentos en un arco horizontal de menos de 90º y que estén colocadas en la superficie del terreno o por encima de ésta podrán ser empleadas sin las medidas previstas en el párrafo 2 a) del presente artículo durante un plazo máximo de 72 horas, si:
Artículo 6º Restricciones del empleo de las minas lanzadas a distancia
1. Queda prohibido emplear minas lanzadas a distancia a menos que estén registradas conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1º del anexo técnico.
Artículo 7º Prohiciciones del empleo de armas trampa y otros artefactos
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º, queda prohibido el empleo de las armas a las que se aplica el presente artículo en cualquier ciudad, pueblo, aldea u otra zona donde se encuentre una concentración similar de civiles, en la que no tengan lugar combates entre las fuerzas de tierra o no parezcan inminentes, a menos que:
Artículo 8º Transferencias
2. En caso de que una Alta Parte Contratante declare que va a aplazar el cumplimiento de algunas disposiciones concretas para el empleo de determinadas minas, según se dispone en el anexo técnico, se seguirá aplicando de todas formas a esas minas el apartado a) del párrafo 1º del presente artículo.
3. Hasta la entrada en vigor del presente protocolo, todas las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo tipo de acciones que sean incompatibles con el apartado a) del párrafo 1º del presente artículo.
Artículo 9º Registro y utilización de información sobre campos de minas,
zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos
Artículo 10. Remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos y cooperación internacional
1. Sin demora alguna tras del cese de las hostilidades activas, se deberá limpiar, remover, destruir o mantener de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º y en el párrafo 2º del artículo 5º del presente protocolo, todos los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
3. Respecto de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos colocados por una parte en zonas sobre las que ya no ejerza control, esta parte facilitará a la parte que ejerza el control, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2º del presente artículo, en la medida que esa parte lo permita, la asistencia técnica y material que se necesite para cumplir esa responsabilidad.
Artículo 11. Cooperación y asistencia técnicas
Artículo 12. Protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos
i) Proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas el inciso i) del apartado b) del párrafo 2º del presente artículo; y
i) Proporcionar al personal de la misión las protecciones indicadas en el inciso i) del apartado b) del párrafo 2º del presente artículo; y
ii) Adoptar las medidas previstas en el inciso ii) del apartado b) del párrafo 3º del presente artículo.
a) En la medida en que no les sean aplicables los párrafos 2º, 3º y 4º del presente artículo, se aplicará el presente párrafo a las siguientes misiones cuando desempeñen funciones en la zona de un conflicto o presten asistencia a las víctimas del mismo:
Artículo 13. Consultas entre las Altas Partes Contratantes
2. Entre las medidas previstas en el párrafo 1º del presente artículo figuran medidas pertinentes para garantizar la imposición de sanciones penales a las personas que, en relación con un conflicto armado y en contravención de las disposiciones del presente protocolo, causen deliberadamente la muerte o lesiones graves a civiles, y la comparecencia de esas personas ante la justicia.
a) Las minas antipersonal producidas después del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea;
b) Las minas antipersonal producidas antes del 1º de enero de 1997 llevarán incorporado, o se les fijará antes de su colocación, de manera que no se pueda separar fácilmente, un material o dispositivo que permita su detección con equipo técnico de detección de minas fácilmente disponible y que dé una señal de respuesta equivalente a 8 gramos, o más, de hierro en una sola masa homogénea;
b) Todas las minas antipersonal no lanzadas a distancia que se empleen fuera de las zonas marcadas, según se definen en el artículo 5º del presente protocolo, cumplirán los requisitos de autodestrucción y autodesactivación estipulados en el apartado a);
4. Señales internacionales para los campos de minas y zonas minadas. Se utilizarán señales análogas a las del ejemplo adjunto y seg&uacute;n se especifican a continuación para marcar los campos de minas y zonas minadas a fin de que sean visibles y reconocibles para la población civil:
Artículo II. Entrada en vigor
El presente protocolo enmendado entrará en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 1º del artículo 8º de la convención.
Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias
Artículo 1º Definiciones
4. Se entiende por "bienes de carácter civil" todos los bienes que no son objetivos militares tal como están definidos en el párrafo 3º.
Artículo 2º Protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil
Protocolo Adicional a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de efectos Indiscriminados
Artículo 1º Protocolo adicional
Artículo 1º Queda prohibido emplear armas láser específicamente concebidas, como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, es decir, al ojo descubierto o al ojo provisto de dispositivos correctores de la vista. Las Altas Partes Contratantes no transferirán armas de esta índole a ningún Estado ni a ninguna entidad no estatal.
Artículo 2º En el empleo de sistemas láser, las Altas Partes Contratantes adoptarán todas las precauciones que sean viables para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista no amplificada. Esas precauciones consistirán en medidas de instrucción de sus fuerzas armadas y otras medidas prácticas.
Artículo 3º La ceguera como efecto fortuito o secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico, no está comprendida en la prohibición del presente protocolo.
Artículo 4º A los efectos del presente protocolo, por "ceguera permanente" se entiende una pérdida irreversible y no corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación. La discapacidad grave equivale a una agudeza visual inferior a 20/200 en ambos ojos, medida según la "prueba de Snellen."
Artículo 2º Entrada en vigor
El presente protocolo entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º del artículo 5º de la convención.»
Artículo 1º. Apruébanse la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la "Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados", hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), y sus cuatro (4) protocolos:
"Protocolo Adicional, considerado como el IV, Sobre Armas Láser Cegadoras", aprobado en Viena el 13 de octubre de 1995, los que por el artículo 1º de esta ley se aprueban, obligarán al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de los mismos.
Eduardo Verano De la Rosa".
En ejercicio de las competencias constitucionales y legales, se decretaron pruebas con el fin de allegar al proceso copia auténtica del expediente legislativo y de todos los antecedentes del proyecto de ley que culminó con la expedición de la Ley 469 del cinco (5) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).
Para el efecto, se ofició por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los de las Comisiones Segundas Constitucionales Permanentes de ambas células legislativas, para que remitieran la información solicitada. Sobre ese material probatorio se hará referencia en las consideraciones que fundamentan la parte resolutiva de esta providencia.
El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita en su escrito, que se declare la constitucionalidad de la Convención y de los cuatro Protocolos en referencia, con base en las razones que se señalan a continuación:
En primer término, afirma el interviniente que si bien la Convención y los Protocolos no se refieren exactamente a la consecución de la paz, sí es claro que busca por medio del fortalecimiento de las relaciones y la regulación entre los Estados, la distensión internacional, la terminación de la carrera de armamentos y la instauración de la confianza y la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir en paz.
Señala el citado funcionario, que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional No. T-102 del diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), la Constitución de 1991 nació por la voluntad del pueblo colombiano de hacer cesar la situación sangrienta y de desorden público que venía - y viene - sufriendo el país, anhelo que quedó plasmado en el artículo 22 de la Carta Política como un derecho fundamental.
En su criterio, en la Convención y en sus Protocolos, si bien no se desconoce que los Estados pueden llegar a tener conflictos armados en ejercicio del poder de consecución de ciertos fines que resultan para ellos primordiales, se consagra el principio general de protección a la población civil contra los efectos de las hostilidades y los métodos o medios para enfrentar los conflictos armados, evitando así causar sufrimientos innecesarios a las personas.
Considera finalmente, que las razones básicas de adaptación a la Constitución se circunscriben en los considerandos de la Convención y en lo demás, se trata de regulaciones de carácter normativo sobre las obligaciones que adquieren los Estados que serán parte de esos instrumentos internacionales.
2. Ministerio del Medio Ambiente
La apoderada del Ministerio del Medio Ambiente presentó a consideración de esta Corporación, los argumentos que en su criterio sustentan la constitucionalidad de la Ley 469 de 1998, referente a la Convención en estudio a y sus cuatro (4) Protocolos.
Señala la citada funcionaria, que la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse exclusivamente nocivas o de efectos indiscriminados, hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos (1980) y sus cuatro (4) Protocolos, tienen como fuente jurídica el Derecho Internacional Humanitario, específicamente, el Derecho de Ginebra, así como la limitación del uso de la violencia y la conducción de las hostilidades en los conflictos armados.
Advierte la interviniente, que el Derecho de Ginebra comprende cuatro Convenios de 1949 y dos Protocolos Adicionales de 1977, cuyo objetivo fundamental es la protección de las personas víctimas de los conflictos armados. Así mismo, señala que un segundo aspecto está contemplado en los instrumentos internacionales dispersos, tales como las Convenciones de la Haya de 1907 (Leyes y costumbres de la guerra), el Protocolo de Ginebra de 1925 (Prohibición del uso de armas químicas), la Convención de 1976 (armas biológicas) y la Convención de 1993 (armas químicas).
En relación con los dos Protocolos Adicionales de 1977, expresa que estos establecen normas de carácter imperativo para los Estados, entre los cuales está el artículo 35, cuyo contenido aparecía en el reglamento de leyes y costumbres anexo a las Convenciones de la Haya de 1907, que consigna las reglas fundamentales para las Partes, y en virtud del cual, en consonancia con lo consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, todo Estado tiene el deber en sus relaciones internacionales de abstenerse de recurrir a la amenaza en todo conflicto armado.
De igual manera, la funcionaria afirma que otra fuente jurídica de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales la constituye la Cláusula de Martens, la cual estipula que en los casos no previstos en esta Convención y en sus Protocolos, la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.
Finalmente agrega, que el preámbulo de la Convención invoca el propósito de contribuir a la distensión internacional, a la terminación de la carrera de armamentos y a la instauración de la confianza entre los Estados, así como a la realización de la finalidad de todos los pueblos a vivir en paz, y por consiguiente, a contribuir al logro del desarme general.
El Jefe del Ministerio Público emitió su concepto en relación con la Convención y sus cuatro (4) Protocolos sometidos a revisión constitucional, así como de la ley aprobatoria No. 469 de 1998, solicitando a la Corte declarar la constitucionalidad de la misma, con base en los planteamientos que se presentan a continuación.
Respecto del análisis formal del Convenio en estudio, señala que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que dicho control debe recaer sobre la verificación de competencias de las autoridades que actuaron a nombre del Estado colombiano en las etapas de su celebración y negociación, en el evento en que nuestro país haya intervenido en la formación de éstos. Sobre el particular, afirma que Colombia no intervino directamente en la suscripción de la Convención, la cual está sujeta a la adhesión de los países interesados, razón por la cual no se necesita de la competencia de las autoridades en términos de representación diplomática.
Por este aspecto, considera entonces que la adhesión de Colombia a la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos (1980), y a sus cuatro (4) Protocolos se aviene a la Constitución.
En cuanto al trámite de la Ley aprobatoria No. 469 del cinco (5) de agosto de mil novecientos (1998) ante el Congreso de la República, advierte que no existe incompatibilidad alguna con la preceptiva constitucional.
De otra parte, aduce el Procurador que la Carta de las Naciones Unidas suscrita en la ciudad de San Francisco en los Estados Unidos de América el veintiséis (26) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), surgió como resultado de un acuerdo de voluntades entre los representantes de los diversos Estados reunidos después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer mecanismos internacionales de mediación ante la posibilidad del surgimiento de conflictos de carácter bélico entre los países, ante la magnitud global de los estragos causados por la guerra.
Sostiene el señor Procurador, que la finalidad de este instrumento internacional es la de preservar a las generaciones venideras de los flagelos de la guerra, y la reafirmación de la fe en los derechos fundamentales del hombre y la mujer, así como de la dignidad y el valor de la persona humana. Señala que en este contexto, surge la Organización de las Naciones Unidas, uno de cuyos objetivos es el mantenimiento de la tranquilidad y seguridad internacional, a través no solamente del fomento de las relaciones amistosas entre estados, en virtud de la promoción de la cooperación internacional, sino también, de la adopción concreta de medidas tendientes a prevenir, eliminar y suprimir amenazas a la paz.
Afirma el mencionado funcionario, que la O.N.U. se creó como escenario para el arreglo pacífico de las controversias y demás situaciones susceptibles de generar un quebrantamiento de la paz mundial, postulado cuya observancia vincula a los países miembros de la Organización según lo establecido en el numeral 3) del artículo 2º de la Carta de las Naciones Unidas, el cual señala a los Estados miembros el deber de abstenerse de recurrir al uso de la fuerza, ya sea contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de la Organización.
De esta manera, estima el señor Procurador, que con ello no se prohibe la utilización o tentativa de utilización de la fuerza, sino sólo en cuanto tal aplicación no sea conforme con los objetivos de la O.N.U., es decir, que la fuerza armada es legítima cuando en criterio de la Organización ella esté al servicio del interés común.
Por otra parte, afirma que el Derecho Internacional Humanitario ha sido concebido como un mecanismo de protección de la persona humana, sea ésta partícipe en un conflicto armado o ajena al desenvolvimiento del mismo. Su finalidad es entonces, preservar la dignidad inherente a todo ser humano; su vida e integridad personal, sea moral o física; garantizar la asistencia a los heridos; excluir de la contienda a los civiles no involucrados en la acción armada y asegurar la presencia del personal sanitario y religioso en los sitios de batalla, de reclusión y de atención médica.
En su sentir, ni el derecho ni la forma de hacer la guerra son ilimitados, razón por la cual la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados hecha en Ginebra el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro (4) Protocolos, son formas de regular el conflicto, de disminuir sus efectos nocivos, de imponer talanqueras a la crueldad de la confrontación liderada por Estados, así como regular la guerra externa o interna.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10) del artículo 241 de la Carta Política, esta Corporación es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Tal es el caso de la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados” , hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro Protocolos, aprobados en la misma fecha de la Convención y los otros dos en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), así como, de la Ley 469 de agosto cinco (5) de agosto de mil novecientos (1998), aprobatoria de tales instrumentos.
2. Examen de constitucionalidad de la Convención, sus Protocolos y la Ley Aprobatoria.
Esta Corporación ha señalado en forma reiterada, que el control de constitucionalidad que ejerce respecto de los tratados y sus leyes aprobatorias, en virtud del mandato del artículo 241-10 de la Ley Fundamental, comprende la totalidad del contenido material del instrumento internacional y de la ley que lo aprueba, tanto en su aspecto formal como de fondo. A continuación, la Sala procede a realizar dicho control integral.
2.1 La constitucionalidad en los aspectos formales
Antes de examinar el contenido material de la Convención y sus Protocolos objeto de revisión, procede la Corte a determinar si en el proceso de formación de la Ley 469 de 1998 se cumplieron los requisitos consagrados en la Constitución para la expedición de este tipo de leyes.
2.1.1 La representación del Estado colombiano en la celebración de la Convención
Colombia no intervino directamente en la aprobación y suscripción original de la Convención materia de examen. Dicho instrumento internacional, a diferencia de los tratados internacionales corrientes, está sujeto a la adhesión de los países interesados en contar con este instrumento jurídico abierto al depósito de la nota de aceptación, ratificación y adhesión de los Estados.
En el expediente no aparece si el funcionario que actuó a nombre del Estado colombiano y suscribió esa adhesión tenía competencia para hacerlo. Sin embargo, obra en el mismo confirmación presidencial del texto de la aludida Convención, efectuada con anterioridad a su presentación al Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en el artículo 8o. de la Convención de Viena de 1969, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado.
Ese principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, no solo porque el artículo 9º de la Carta Política da especial importancia a los principios del derecho internacional, sino además, porque corresponde al Presidente de la República, como Jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional, tratados o convenios (CP, art. 189, num. 2). Es natural entonces, que la confirmación presidencial subsane la falta de representación durante el trámite de suscripción del tratado. Por consiguiente, considera la Corte que no hubo irregularidades en la suscripción del mencionado Convenio por el Estado colombiano, menos aún cuando la adhesión a este tipo de instrumentos no requiere en principio, de la verificación de la competencia de las autoridades, en términos de representación diplomática.
2.1.2 Trámite legislativo para la formación de la Ley 469 de 1998.
De conformidad con la documentación allegada al proceso, a saber, los antecedentes legislativos y las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República, se pudo constatar que el trámite surtido en esa Corporación para la expedición de la Ley 469 de 1998, y que alude al Proyecto de Ley radicado bajo los números 34 de 1997 - Senado y 178 de 1997 - Cámara, fue el siguiente:
1. El Proyecto de la Ley Aprobatoria fue presentado al Congreso por el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional y del Medio Ambiente, por cuanto se trata de un proyecto de carácter gubernamental. (Fl. 211)
2. El Proyecto de Ley No. 34/97 Senado, fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 315 del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y siete (1997) - Págs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 -.
3. El Senador Jairo Clopatofsky Ghisays presentó la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Permanente del Senado, la cual fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 464 del seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y siete (1997) - Págs. 1 y ss - .
4. Dicha Comisión aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley el día tres (3) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 9 de los 13 Senadores, como consta en el Acta No. 10 de la misma fecha, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión de fecha el veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998) - Fl. 48 -.
5. La ponencia para segundo debate aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 515 del cinco (5) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997) - págs. 2 y ss. -.
6. El segundo debate del proyecto de ley se surtió en la Plenaria del Senado de la República con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, según consta en certificación suscrita por el Secretario General (E) el veintiocho (28) de septiembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), con un quórum de 96 Senadores de 101, según Acta No. 23 de la sesión ordinaria del diecieséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), publicada en la Gaceta del Congreso No. 554 del dos (2) de diciembre de ese año. (Fl 287)
7. El ponente para primer debate en la Cámara de Representantes fue el congresista Guillermo Martínezguerra Zambrano, cuya ponencia fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 85 del veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998) - Pág. 8 -.
8. El proyecto fue aprobado por unanimidad por los 14 representantes en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara, el día veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y ocho (1998), según consta en la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión II de la Cámara de Representantes, suscrita el veintiocho (28) de septiembre de ese mismo año (Acta No. 16).
9. La ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 94 del ocho (8) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) - págs. 24 y ss. -
10. El Proyecto de Ley fue aprobado en sesión plenaria de la Cámara el dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998), con un quórum deliberatorio y decisorio de 129 Representantes, según consta en la certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara el día veintinueve (29) de septiembre de ese año. (Fls. 141 y 142)
11. El Presidente de la República sancionó la Ley Aprobatoria del Convenio bajo examen el día cinco (5) de agosto de mil novecientos (1998).
12. El texto de la Ley fue remitido a esta Corporación por el Gobierno Nacional mediante oficio de agosto once (11) del mismo año, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción, según lo dispuesto por el numeral 10 del artículo 241 de la Carta Política.
En este orden, esta Corporación considera que no existe reparo alguno en cuanto al trámite legislativo otorgado a la Ley 469 de 1998, toda vez que se inició en el Senado, como corresponde para la aprobación de tratados (CP, art. 154) y cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 157, 158, 160, 164 y 165 de la Constitución para el trámite de una ley ordinaria - como lo es la que aprueba un tratado internacional - razón por la cual éste se encuentra ajustado en los aspectos formales a los preceptos superiores.
2.2 Examen material de la Convención y de sus Protocolos
2.2.1. Consideraciones previas. Derecho Internacional Humanitario
Previo al examen material de la Convención y los cuatro Protocolos objeto de revisión constitucional, es conveniente precisar algunos aspectos relativos al origen de dichos instrumentos.
El Derecho Internacional Humanitario fue concebido como mecanismo de protección de la persona humana en los casos de conflictos armados, bien como sujeto activo o pasivo de los mismos. En desarrollo de ese objetivo, se crearon los Convenios de Ginebra de 1949, así como sus protocolos adicionales I y II de 1977, relativos al trato que deben recibir los heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra y las personas civiles en un conflicto bélico.
Ahora bien, el Derecho de Guerra se basa en la regulación de los métodos utilizados por las partes enfrentadas para lograr la rendición del otro, de tal manera que puedan ser compatibles con la dignidad de la persona y su integridad. Y para hacer efectiva esta finalidad, se prohibe igualmente, el uso de armas o métodos de guerra que puedan ocasionar sufrimientos o pérdidas personales o materiales a los afectados por el conflicto.
Por su parte, el Convenio de Ginebra suscrito el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980), establece en su preámbulo, dentro de los principios fundamentales o normas del Derecho Internacional Humanitario : a) la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades ; b) la limitación en el uso de métodos y medios de guerra ; c) la protección del medio ambiente natural ; d) la Cláusula de Martens, según la cual, en los casos no previstos en la Convención y en los protocolos, la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública y e) la contribución a la distensión internacional y al desarme, por razones humanitarias.
En efecto, el Derecho Internacional Humanitario busca regular el derecho de las partes en conflicto de escoger libremente los métodos y medios utilizados en la guerra, o que protegen a las personas y a los bienes afectados o que puedan ser afectados como consecuencia del conflicto. Principios que están comprendidos en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, los dos protocolos adicionales de 1977, así como en el derecho internacional consuetudinario de los conflictos armados, aplicable en situaciones de conflicto armado en las que sea necesario un grado de protección mayor que el que brinda el derecho internacional de los derechos humanos.
En resumen, el Derecho Internacional Humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado, todo ello con la finalidad de garantizar la integridad de las personas que participan en el conflicto, así como las ajenas a éste.
De otro lado, según lo consagra la Carta de las Naciones Unidas, suscrita en la ciudad de San Francisco el veintiséis (26) de junio de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), la cual surgió como resultado de un acuerdo entre los diversos Estados reunidos después de la Segunda Guerra Mundial, se hace necesario establecer ciertos mecanismos internacionales de mediación en razón a los estragos causados por la guerra y ante la posibilidad del surgimiento de nuevos conflictos bélicos entre los distintos Estados. No cabe duda entonces, de que dicho instrumento se fundó en la necesidad de preservar a las generaciones venideras de los flagelos de la guerra, convocando a los Estados para que hagan efectivo el deber en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial, así como también la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades derivadas de la guerra, buscando mantener la paz y la seguridad internacional, y para promover el progreso económico y social de todas las naciones en aras de la justicia.
Es así, dentro de este contexto, como surge la Organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos primordiales son el mantenimiento de la tranquilidad y la seguridad internacional, a través del fomento de las relaciones amistosas entre Estados en virtud de la promoción de la cooperación internacional, como también de la adopción de ciertas medidas concretas tendientes a prevenir, eliminar y suprimir amenazas a la paz. De conformidad con lo anterior, no se prohibe la utilización o tentativa de la fuerza sino sólo en cuanto tal aplicación no sea conforme con los objetivos de la O.N.U. consagrados en la Carta Fundamental de la Organización, es decir, que la fuerza armada es legítima cuando esté al servicio del interés común.
2.2.2. Contenido normativo de la Convención y de sus Protocolos
El Preámbulo de la Convención, al cual se aludió con anterioridad, señala los objetivos y las finalidades de ésta y reitera los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, entre ellos, la protección general de la población civil contra los efectos de las hostilidades; la limitación en el uso de métodos y medios de guerra; la protección del medio ambiente natural; la cláusula de Martens, según la cual en los casos no previstos en la Convención y en los protocolos, la población civil y los combatientes quedarán bajo la protección de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, y la contribución a la distensión internacional y al desarme.
Debe resaltarse que la Convención, ateniendo a lo dispuesto en los convenios de Derecho Internacional Humanitario, es aplicable en los conflictos armados internacionales e internos, en cuanto se refiere a las prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos definidos en el anexo técnico del Protocolo II.
Los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. de la Convención se refieren al ámbito de aplicación (las situaciones a que se hace referencia en el artículo 2o. común a los Convenios de Ginebra del doce (12) de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve (1949), relativos a la protección de las víctimas de la guerra); las relaciones con otros acuerdos internacionales (en cuanto a que ninguna norma de esta Convención se interpretará de forma tal que menoscabe otras obligaciones impuestas a las altas partes contratantes por el derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados); firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión; entrada en vigor (seis meses después de la fecha de depósito del vigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión), y difusión (de manera amplia en los distintos países, en tiempos de paz o de conflictos armados e incorporación del estudio de la Convención y de sus Protocolos en los programas de instrucción militar, de modo que sean conocidos por sus fuerzas armadas).
Por su parte, el artículo 7o. se refiere a las relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor de la Convención, mientras que el artículo 8o. consagra los medios para enmendar la Convención o sus Protocolos, así como el procedimiento para hacer efectiva la enmienda. Así mismo, este precepto dispone que en cualquier momento, después de la entrada en vigor de la Convención, una Alta Parte Contratante podrá proponer protocolos adicionales sobre otras categorías de normas convencionales no comprendidas en los protocolos existentes, los cuales serán considerados en una conferencia a la que serán invitados todos los Estados Partes.
El artículo 9o. se ocupa de la denuncia de la Convención o cualquiera de sus Protocolos, mediante la notificación al Depositario, la cual sólo surtirá efectos un año después de la recepción de la notificación.
En cuanto al Depositario de la Convención y sus Protocolos, el artículo 10 señala que será el Secretario General de las Naciones Unidas, quien tendrá además de sus funciones habituales, informar a todos los Estados acerca de las firmas de la Convención, el depósito de los instrumentos de ratificación, las notificaciones del consentimiento en obligarse por los protocolos anexos, las fechas de entrada en vigor y las notificaciones de denuncias recibidas.
Finalmente, el artículo 11 determina que los textos auténticos de la Convención y sus Protocolos, en los distintos idiomas en que se efectúen, serán entregados al Depositario.
Ahora bien, el Protocolo I adoptado en la Convención, se limita a establecer la prohibición de emplear cualquier arma cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.
Por su parte, el Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, que fue enmendado el tres (3) de mayo de 1996, y que es anexo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, consta de 14 artículos y de un anexo técnico.
Este Protocolo se refiere al empleo en tierra de las minas, armas trampa y otros artefactos que en él se definen, incluidas las minas sembradas para impedir el acceso a playas, el cruce de vías acuáticas o de ríos. El artículo 1o. señala como ámbito de aplicación del Protocolo, además de las situaciones a que alude el artículo 1o. de la Convención, aquellas a que se refiere el artículo 3o. común a los Convenios de Ginebra de 1949, es decir los conflictos de orden interno; no obstante, no se aplicará a las situaciones de tensiones y disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
Es importante señalar, que en este mismo precepto se indica que en los conflictos internos que ocurran en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada parte en el conflicto estará obligada a aplicar las prohibiciones y restricciones del presente protocolo.
En todo caso, el Protocolo II garantiza la protección de la soberanía de los Estados, y no exime al Gobierno del respectivo Estado afectado por un conflicto armado interno, de mantener o restablecer el orden público, defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Además, se prohibe expresamente la intervención en dichos conflictos, o en los asuntos internos o externos por parte de otros Estados, invocando las normas de la Convención y el Protocolo.
Por su parte, el artículo 2o. define lo que se entiende por mina, arma trampa, otros artefactos, bienes de carácter civil, objetivo militar, registro, etc. A su vez, los artículos 3o., 4o., 5o. y 6o. establecen las restricciones del empleo de minas, armas trampas y otros artefactos, así como del empleo de minas antipersonales que no sean detectables y que no sean lanzadas a distancia, y del empleo de las minas lanzadas a distancia. Igualmente, el artículo 7o. señala las prohibiciones del empleo de armas trampa y otros artefactos.
El artículo 8o. consagra el compromiso de cada Alta Parte Contratante de no transferir a otro Estado ningún tipo de minas cuyo empleo esté restringido o prohibido por este Protocolo.
Los artículos 9o. y 10 se ocupan, de un lado, del registro y utilización de información sobre campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos, las cuales estarán sometidas a las pautas y demás disposiciones del anexo técnico, y del otro, de la remoción de campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos.
El artículo 11 establece lo concerniente a la Cooperación y asistencia técnica entre las Altas Partes Contratantes, y dispone que estas deberán comprometerse a facilitar el intercambio de equipo, material e información científica y técnica para la limpieza de minas.
Por su parte, el artículo 12 desarrolla lo concerniente a la protección contra los efectos de los campos de minas, zonas minadas, minas, armas trampa y otros artefactos, para lo cual determina su ámbito de aplicación y las atribuciones en esta materia de las fuerzas y misiones de mantenimiento de paz, de las misiones humanitarias y de investigación de las Naciones Unidas, de las misiones del Comité Internacional de la Cruz Roja, y de otras misiones humanitarias y de investigación.
El artículo 13 reglamenta lo relacionado con el compromiso que suscriben las Altas Partes Contratantes en el sentido de consultar y cooperar entre sí con respecto a toda cuestión relativa a la aplicación de este Protocolo, para lo cual se celebrarán anualmente conferencias con la participación de las Altas Partes.
Finalmente, el artículo 14 establece la obligación de las Partes de adoptar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las violaciones del Protocolo cometidas por personas o en territorios sujetos a su jurisdicción o control, así como para garantizar la imposición de sanciones penales a quienes causen la muerte o lesiones graves a civiles, entre otras.
Adicionalmente, se acompaña al Protocolo II, el Anexo Técnico, que comprende entre otros aspectos, el registro, las especificaciones sobre detectabilidad, autodestrucción y autodesactivación, al igual que las señales internacionales que se utilizarán para los campos de minas y zonas minadas.
De otra parte, se adopta como parte de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, el Protocolo III, sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, el cual está conformado por dos artículos, el primero de los cuales define lo que se entiende por arma incendiaria, concentración de personas civiles, objetivo militar, bienes de carácter civil y precauciones viables. Por su parte, el artículo 2o. garantiza la protección de las personas civiles y los bienes de carácter civil, para lo cual prohibe atacar en todas las circunstancias, a la población civil o a bienes civiles, incluidos los bosques u otros tipos de cubierta vegetal, con armas incendiarias de toda especie.
Por último, hace parte de la Convención el Protocolo IV, Adicional a la Convención sobre armas láser cegadoras, adoptado por esta en la misma fecha, el cual consta de cuatro artículos.
El artículo 1o. prohibe emplear o transferir a otro Estado armas láser específicamente concebidas como única o una más de sus funciones de combate, para causar ceguera permanente a la vista no amplificada, la cual es definida por el artículo 4o. del Protocolo, como una pérdida irreversible y no corregible de la vista que sea gravemente discapacitante y sin perspectivas de recuperación.
El artículo 2o. señala que en el empleo de sistemas láser, las partes adoptarán precauciones para evitar el riesgo de ocasionar ceguera permanente a la vista, mediante medidas de instrucción a sus Fuerzas Armadas. Finalmente, el artículo 3o. establece como excepción a la prohibición de que trata el artículo 1o. del Protocolo, la ceguera ocasionada como efecto fortuito o secundario del empleo legítimo con fines militares de sistemas láser, incluido el empleo de los sistemas láser utilizados contra equipo óptico.
2.2.3. Examen material de la Convención y sus cuatro Protocolos
La finalidad de la Convención suscrita dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, es hacer efectivo el deber de los Estados en sus relaciones internacionales, de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza para atentar contra la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Todo ello, no sólo con el objetivo de hacer efectivo el respeto y cumplimiento de los principios que rigen las relaciones internacionales, sino en especial, la protección de la población civil contra los efectos de las hostilidades y las consecuencias nocivas y de barbarie derivadas de los conflictos y agresiones entre los Estados.
Ahora bien, la Convención y sus cuatro Protocolos persiguen la humanización de la guerra en épocas como la actual, donde con ocasión del progreso científico y tecnológico de la humanidad, se han concebido los más sofisticados y crueles elementos de destrucción y eliminación masiva del género humano, como lo son las minas, las armas trampa y otros artefactos o armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, así como las armas químicas, biológicas, incendiarias (lanzallamas fougasses, proyectiles explosivos, cohetes, granadas, minas, bombas, entre otros) y armas láser que causen ceguera.
Según se dispone en el preámbulo de la Convención, es principio del derecho internacional, que las partes en un conflicto armado tienen en forma limitada, el derecho a elegir los métodos o medios de hacer la guerra, razón por la cual se les prohibe en tales conflictos, el empleo de armas, proyectiles, materiales y métodos de hacer la guerra de tal naturaleza, que causen daños superfluos o extensos, duraderos y graves, o sufrimientos innecesarios.
Por su parte, la Convención reconoce el derecho de la población civil y de los combatientes a estar amparados por los principios del derecho internacional derivados de la costumbre, de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.
Todo lo anterior persigue lograr la distensión internacional entre los Estados, la terminación de la carrera armamentista, la instauración de la confianza entre los Estados y, en especial, la realización de la aspiración de todos los pueblos a vivir en paz. Para ello, como lo reconoce la Convención, se hace indispensable prohibir o restringir, según el caso, aún más el empleo de ciertas armas convencionales, así como poner fin a la producción, el almacenamiento y la proliferación de esas armas.
En desarrollo de los postulados de la Convención, se adoptaron en ella - en la misma fecha -, los Protocolos sobre Fragmentos no Localizables (Protocolo I), el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos (Protocolo II), el Protocolo sobre prohibiciones o restricciones del empleo de armas incendiarias (Protocolo III), y el Protocolo Adicional a la Convención sobre armas láser cegadoras (considerado como Protocolo IV). Estos instrumentos desarrollan de manera específica, los objetivos generales de la Convención, prohibiendo o restringiendo el uso de minas, armas y otros artefactos en los conflictos armados internacionales o internos, que puedan atentar contra la población civil, los combatientes o los bienes materiales de aquellos.
Ahora bien, haciendo alusión a la Convención y a los cuatro Protocolos que son materia de revisión, es preciso advertir que las minas, las armas trampa y otros artefactos pueden afectar a cualquier Estado y persona, generando o bien su muerte o la pérdida de las extremidades interiores o la ceguera. Según cifras de la O.N.U., anualmente alrededor de 26.000 personas sufren la desgracia de ser víctimas inocentes de un artefacto explosivo ; igualmente, se informa por el Secretario de esa organización, que hay más de 113 millones de minas sembradas en el mundo y cada año se emplazan entre 2 y 5 millones más. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la remoción total de las minas costaría la astronómica cifra de 33.000 millones de dólares y se necesitarían 1.100 años para conseguir su total erradicación. Los programas de la O.N.U. logran extraer anualmente 85.000 minas, teniendo en cuenta que ese peligroso trabajo se hace manualmente.
Durante la realización de la Primera Conferencia de Revisión de la Conferencia de 1980, en la cual se aprobó el Protocolo IV sobre armas láser y se modificó el Protocolo II sobre minas y armas trampa, un grupo de organizaciones no gubernamentales, entre ellas el Comité Internacional de la Cruz Roja, propusieron a los distintos Gobiernos la proscripción total de la fabricación, comercio y utilización de este tipo de armas. Este objetivo no se logró, pero sí se avanzó en cuanto a su limitación, tal como se consignó en los mencionados instrumentos, que en esta ocasión ocupan la atención de la Corporación.
Cabe agregar, que durante la celebración de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Ginebra en diciembre de 1995, el Gobierno Colombiano expresó su apoyo al Comité en pro de la proscripción total de las minas, dadas las nefastas consecuencias que estos artefactos han producido en nuestro país.
En igual sentido, lo reconoció el 12 de febrero de 1996 el Presidente de los Estados Unidos al sancionar la enmienda LEAHY, mediante la cual dicho país puso en vigor una moratoria al empleo de minas, catalogadas como armas que no discriminan, que no apuntan a un blanco y que son accionadas por las propias víctimas.
Para enfrentar este gravísimo problema, se había expedido el artículo 35 del Protocolo Adicional I de 1977, que hace parte del Derecho de Ginebra, y éste a su vez del Derecho Internacional Humanitario, disposición que prohibe el empleo de armas, proyectiles y materiales, así como métodos y medios de guerra y de combate de tal naturaleza, que causen males superfluos o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural.
No obstante que la norma era clara y su finalidad era buena, los Estados consideraron conveniente poner en vigor una serie de instrumentos específicos para regular, restringir y prohibir el empleo de algunos medios, armas y artefactos de guerra y de combate, como las minas y armas trampa, las armas incendiarias, las armas láser y otros artefactos, que dado su efecto y la gravedad de sus consecuencias, no sólo vienen atentando contra la integridad personal de los partícipes del conflicto armado, así como contra la sociedad civil y los bienes civiles, sino también generando un grave problema de contaminación ambiental.
Sin duda alguna, el problema de las minas, las armas trampa, las incendiarias y las láser, es asunto de fundamental importancia e interés en la actualidad para Colombia.
En efecto, la Convención y sus cuatro Protocolos se ocupan, dentro de un marco de guerras y combates donde el uso de armas cuyos efectos y consecuencias son cada vez más graves y de mayor magnitud para la integridad de la población civil, de los combatientes y del medio ambiente y en prosecución de la humanización de la guerra, de la restricción y prohibición de utilizar medios, métodos y armas que, como las minas y las armas trampa, entre otras, que persiguen efectos tan graves como la eliminación del enemigo, o la manera de reducirlo a las más severas condiciones de incapacidad e impotencia, puesto que su recuperación y rehabilitación son casi imposibles y sus dolencias y sufrimientos se hacen casi insoportables.
Ahora bien, el Derecho Internacional Humanitario ha sido concebido como un mecanismo de protección de la persona humana, sea ésta partícipe o no del conflicto armado.
En efecto, como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corporación, estos convenios, como el que ahora se revisa, hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos puesto que, tanto los tratados de derechos humanos como los convenios de derecho humanitario, son normas de ius cogens que buscan ante todo, proteger la dignidad de la persona humana, garantizada por el artículo 1o. de la Carta Política Colombiana, como un principio constitucional. Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana, tanto en situaciones de conflictos entre Estados como dentro de éstos.
La diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que si bien un grupo de esos ordenamientos están diseñados en lo esencial para situaciones de paz y otros operan en situaciones de conflicto armado, ambos cuerpos normativos están concebidos para proteger los derechos humanos.
En este contexto, la Convención y sus Protocolos, ante la inminente y grave amenaza que constituyen las minas y demás armas y artefactos descritos en ellos para la integridad y la vida de la persona humana, constituyen cabal desarrollo y logran dar efectivo cumplimiento al principio constitucional de respeto de la dignidad humana, (CP, art. 1o.), así como a las finalidades del Estado encauzadas a garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales, a mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica (CP art. 2o.). Igualmente, a través de estos instrumentos, se busca por parte del Estado colombiano, en los términos del inciso segundo del artículo 2o. de la Carta Política, proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades.
Esta protección de la dignidad y los derechos de la persona en los conflictos armados internos, armoniza plenamente con los principios constitucionales, y en especial, con el valor que funda la institucionalidad colombiana, a saber, el respeto de la dignidad humana y el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona (CP.1 arts 1º y 5º). Existe entonces, una perfecta coincidencia de finalidades entre la Constitución colombiana y la Convención bajo revisión, pues es indudable que la identidad que se deriva de la dignidad humana debe prevalecer sobre las diferencias que enfrentan a los combatientes
Así mismo, estima la Corte que la Convención y sus Protocolos, cuya importancia y necesidad está plenamente comprobada y reconocida por la Organización de las Naciones Unidas y por sus distintos miembros, al igual que por diversas organizaciones no gubernamentales, busca hacer efectivos los derechos constitucionales fundamentales que toda persona, participe directamente o no del conflicto armado, tiene a su vida e integridad personal, moral o física, y al respeto de su dignidad humana, así como a la paz (CP, art. 22) a la seguridad personal y a circular libremente por el territorio nacional (CP, art. 24).
En consecuencia, las normas incluidas en los instrumentos internacionales sub examine son mecanismos idóneos y efectivos para disminuir los graves, nocivos y dolorosos efectos que conlleva una guerra, así como para establecer límites a la crueldad de la confrontación armada, interna o externa, tanto para los combatientes como para la población civil, los bienes civiles y el medio ambiente, y para regular el conflicto o la guerra externa o interna.
Respecto a los Protocolos I "sobre fragmentos no localizables", III "sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias", y el IV "sobre armas láser cegadoras", sus disposiciones son aplicables únicamente en los eventos en que exista una guerra declarada o cualquier otro conflicto armado entre Estados; en caso que se libre una lucha en contra de la dominación colonial; o finalmente, en el evento de una ocupación total o parcial del territorio de uno de ellos. En consecuencia, dado su ámbito de aplicación expresamente señalado en los Protocolos, se excluye de su radio de acción cualquier conflicto armado interno.
No obstante, esta Corporación[1], con ocasión de la revisión de la Declaración sobre las normas relativas a la conducción de hostilidades en los conflictos armados no internacionales, suscrita en Taormina, Italia el 7 de abril de 1990, se pronunció acerca de la obligatoriedad del derecho internacional humanitario en todos los conflictos armados. Sobre este punto, la Corte señaló :
"...la obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los respectivos tratados. No es pues legítimo que un actor armado irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales respectivos, puesto que -se repite- la fuerza normativa del derecho internacional humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos los actores armados, estatales o no estatales, están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.
Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro­cidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva[2]".
En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el ius cogens.[3]" Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto".
En consecuencia, a pesar que del contenido y ámbito expreso de aplicación de los citados Protocolos - con excepción del Protocolo II - se deduce que sólo rigen para los conflictos de carácter internacional, las reglas sobre la conducción de las hostilidades que en función del principio de proporcionalidad limitan el derecho de las partes a elegir los medios de la guerra con el fin de evitar males superfluos e innecesarios se imponen también en los conflictos de orden interno.
Por lo demás, siguiendo los criterios que se han dejado expuestos, estima la Corte que estos Protocolos se ajustan al ordenamiento constitucional, en cuanto le dan efectividad a los principios consagrados en el artículo 1o. de la Carta Política, y logran hacer efectivos los fines del Estado enunciados en el artículo 2o. ibídem.
Para la Corporación, existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución Colombiana y los Convenios de Derecho Internacional Humanitario como los que ahora se revisan, puesto que todos ellos se fundamentan en el respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados"[4].
Es indudable que el derecho humanitario tiene como principal finalidad, garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana y pretende facilitar un reconocimiento recíproco de los actores enfrentados. Y a su vez, esta humanización de la guerra tiene una especial trascendencia constitucional en la búsqueda de la reconciliación y la paz, que es en el constitucionalismo colombiano, un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22), lo cual confiere fundamento constitucional a los instrumentos internacionales objeto de revisión.
En relación con el Protocolo II, sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, cuyo ámbito de aplicación se extiende tanto a confrontaciones entre Estados como a conflictos internos, conviene traer a colación lo expresado por la Corte en la sentencia No. C-225 de 1995 (M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero), según la cual:
"en un conflicto armado no internacional, los alzados en armas son sujetos de derecho internacional humanitario, puesto que están obligados a respetar las normas humanitarias, ya que éstas son normas de ius cogens imperativas para todas las partes del conflicto. Pero esos rebeldes no devienen, por la sola aplicación del derecho humanitario, sujetos de derecho internacional público, puesto que siguen sometidos al derecho penal interno del Estado respectivo, y pueden ser penados por haber tomado las armas e incurrido en perturbación del orden público. Como dice el jurista chileno Hernán Montealegre, "el derecho humanitario coexiste con el derecho interno, el que recibe su aplicación general, y no afecta la condición jurídica de las partes contendientes respecto a su posición legal o ilegal ante el recurso a la fuerza.[5]"
Ahora bien, el Estado, como lo reconoce el artículo 1o. del Protocolo II, detenta el monopolio jurídico legítimo de la coacción, mientras que los alzados en armas quedan sometidos a las penas previstas en la legislación ordinaria, para delitos como la rebelión o la sedición. En el ordenamiento constitucional colombiano, sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos (CP. Art. 223).
Este principio es complementado por el numeral 4o. del artículo 1º del Protocolo II bajo revisión, el cual protege ampliamente la soberanía de los Estados. En efecto, este precepto dispone que no pueden invocarse las disposiciones del presente Protocolo "con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos." Esto permite concluir que el Protocolo II no vulnera la soberanía nacional, ni equivale a un reconocimiento de beligerancia de los grupos insurgentes.
Cabe agregar, que la aplicación del derecho internacional humanitario no menoscaba la responsabilidad del Gobierno de preservar el orden público, por lo cual se mantiene el deber del Estado colombiano, y en particular de la Fuerza Pública, de garantizar la convivencia pacífica entre los ciudadanos y asegurar la paz (CP Preámbulo y arts. 2º y 22). Al respecto, esta Corporación ya había señalado:
"La organización política tiene como fin primordial la convivencia pacífica. La paz fue uno de los principales fines buscados en el nuevo consenso social, al punto de ser llamado ese cuerpo "la Constituyente de la paz". (Intervención del constituyente Misael Pastrana Borrero ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente).
La convivencia pacífica es un fin básico del Estado (CP art. 2) y el móvil último de la actividad militar de las fuerzas del orden constitucional. La paz es, además, presupuesto del proceso democrático, libre y abierto, y condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. El lugar central que ocupa en el ordenamiento constitucional llevó a su consagración como derecho y deber de obligatorio cumplimiento (CP art. 22)[6]."
Ahora bien, el Estado en relación con los conflictos que internamente se presentan, debe "proporcionales cauces institucionales adecuados, ya que la función del régimen constitucional no es suprimir el conflicto - inmanente a la vida en sociedad - sino regularlo, para que sea fuente de riqueza y se desenvuelva de manera pacífica y democrática"[7].
En este orden de ideas, cabe concluir que en relación con los conflictos armados, el primer deber del Estado es prevenir su advenimiento, para lo cual debe establecer mecanismos que permitan que los diversos conflictos tengan espacios sociales e institucionales para su pacífica resolución. En ello consiste, en gran parte, el deber estatal de preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica, tal como lo dispone el citado numeral 4 del artículo 1o. del Protocolo II, según el cual, "No podrá invocarse disposición alguna del presente protocolo con el fin de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al Gobierno de mantener o restablecer el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos".
De otra parte, el preámbulo de la Convención y del Protocolo II incluyen lo que la doctrina internacional ha denominado la Cláusula Marten", esto es, el principio según el cual "en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública."
Esta cláusula indica que la Convención y los Protocolos I, II, III y IV no deben ser interpretados de manera aislada sino que deben ser relacionados con el conjunto de principios humanitarios, ya que estos instrumentos son desarrollo y concreción de tales principios y por ende son aplicables a los conflictos armados no internacionales. Igualmente, las normas de otros convenios de derecho internacional humanitario que sean compatibles con la naturaleza de los conflictos no internacionales se deben, en general, considerar aplicables a los mismos, incluso si ellas no aparecen en la Convención y los Protocolos, en particular el Protocolo II, ya que las disposiciones codificadas en este campo aparecen como una expresión convencional de principios de ius cogens que se entienden automáticamente incorporados al derecho interno colombiano, según lo determinó esta Corporación en anteriores decisiones.
Como lo señaló la Corte en la sentencia C-225 de 1995 citada con anterioridad - argumentos que deben ser prohijados en esta oportunidad por tratarse de la misma materia -, en el caso colombiano, la aplicación de tales normas a los conflictos armados internos es aún más evidente, por cuanto la Constitución señala que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario" (CP. art. 214 ord 2). Incluso en aquellos casos en los cuales no exista norma escrita, las víctimas de los conflictos armados no internacionales se encuentran protegidas por los principios de humanidad, según se desprende no sólo de la Cláusula Martens sino del artículo 94 de la Carta, el cual expresa la misma filosofía de esta cláusula pues precisa que "la enunciación de derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos."
Por su parte, en los Protocolos II, III y IV se consagra una de las reglas esenciales del derecho internacional humanitario, a saber, el principio de distinción, según el cual las partes en conflicto deben diferenciar entre combatientes y no combatien­tes, puesto que estos últimos no pueden ser nunca un objetivo de la acción bélica.
La Corte Constitucional considera que las normas destinadas a proteger a la población civil, armonizan plenamente con la Carta Política, y en particular con la protección de la vida, la dignidad y la libertad de las personas (CP arts. 1º, 2º y 11º), valores que aparecen como uno de los fundamentos esenciales del Estado colombiano. Ya esta Corporación había establecido que "independientemente de la situación jurídica de normalidad o anormalidad política, la sociedad civil víctima de la confrontación armada debe ser protegida por parte del Estado."[8]
En conclusión, la Corte considera que las prohibiciones y restricciones establecidas en la Convención de Ginebra de 1980 y en sus Protocolos encuentran pleno sustento constitucional, pues no sólo armonizan con los principios y valores de la Carta, sino que incluso, en la práctica, reproducen disposiciones constitucionales específicas.
Igualmente, y respecto a su importancia y efectividad, es necesario precisar que, en atención al informe presentado por el Secretario General de la O.N.U. acerca de las cifras tan elevadas y desgarradoras del número de minas colocadas a lo largo del mundo, así como el número de muertos y heridos que han dejado en los últimos años, la comunidad internacional ha tenido que adoptar una serie de medidas encaminadas a enfrentar dicha situación, como en efecto lo hizo en la Convención y en los Protocolos que se revisan, las cuales a juicio de la Corte, no quebrantan el ordenamiento superior, sino que por el contrario, constituyen un adecuado mecanismo de concreción del mismo.
Por todo lo expuesto anteriormente, la Corte Constitucional considera que no sólo la Convención de Ginebra de 1980 y los Protocolos I, II, III y IV que la desarrollan, coinciden con los valores, principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, por lo cual serán declarados exequibles en la parte resolutiva de esta sentencia, sino que además, su aprobación y ratificación constituye tanto la obediencia por los poderes constituidos a los mandatos de la Carta, como una garantía para la protección de los derechos humanos, mediante la regularización y humanización de la guerra, externa o interna.
De igual manera, y en este mismo orden de ideas, también será declarada exequible la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), tanto por su aspecto formal, puesto que como pudo verificarse, cumplió con los requisitos y trámites exigidos por la Constitución como desde el punto de vista de su contenido material.
Declarar EXEQUIBLES la “Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, hecha en Ginebra, el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) y sus cuatro Protocolos : “Protocolo I. Sobre fragmentos no localizables”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención; “Protocolo II. “Sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos”, enmendado el tres (3) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), en Ginebra; “Protocolo III. Sobre prohibiciones y restricciones del empleo de armas incendiarias”, adoptado el diez (10) de octubre de mil novecientos ochenta (1980) con la Convención ; “Protocolo Adicional, considerado como IV, Sobre armas láser cegadoras”, aprobado en Viena el trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), y la Ley 469 de agosto cinco (5) de mil novecientos noventa y ocho (1998), mediante la cual se aprobaron estos instrumentos internacionales.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte
Constitucional y archívese el expediente.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-225 de 1995. MP. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[3] Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[4] Sentencia C-179/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
[5]Hernán Montealegre. La seguridad del Estado y los derechos humanos. Santiago de Chile: Academia de Humanismo Cristiano, 1979, pág. 563.
[6]Sentencia T-539/92. MP Eduardo Cifuentes Muñoz.
[7]Sentencia C-573/94 del 27 de octubre de 1994. M.P Alejandro Martínez Caballero.
[8]Sentencia T-439/92.

References: resolución

 artículo 241
 artículo 2
 artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 4

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 96
 artículo 96

Artículo 8
 artículo 5
 artículo 5

Artículo 9
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 5

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 3

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 3
 artículo 5

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 5
 artículo 8

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 2
 artículo 5

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 35
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 214
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 94