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Timestamp: 2018-12-12 19:17:36+00:00

Document:
﻿ RESOLUCIÓN 4061 DE 1997
RESOLUCIÓN 4061 DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA. SUSPENDE PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 3536 DE 1997, RELACIONADOS CON EL OTORGAMIENTO MEDIANTE LICENCIA DE CONCESIÓN PARA PRESTAR DICHO SERVICIO EN GESTIÓN INDIRECTA COMERCIAL, DE CUBRIMIENTO ZONAL O LOCAL EN FRECUENCIA MODULADA F.M. PARA ALGUNOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS DEL PAÍS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1080 DE OCTUBRE 15 DE 1997, PG. 926 (3)
RESOLUCIÓN 4061 DE 1997
“Por la cual se suspenden los plazos establecidos en la Resolución 3536 del 24 de julio de 1997”.
El Ministro de Comunicaciones,
en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales
Que mediante Resolución 6077 del 19 de diciembre de 1996, el Ministro de Comunicaciones, ordenó la apertura de la Licitación Pública Nacional Nº 001 de 1997, cuyo objeto era el de otorgar mediante licencia de concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta, comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada, F.M., para los municipios o distritos del país;
Que mediante Resolución 3355 del 10 de julio de 1997, el señor Ministro de Comunicaciones, declaró “... desierta la Licitación Pública Nacional 01 de 1997, abierta para otorgar en concesión el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta, comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada, F.M., para los municipios o Distritos del País”;
Que mediante Resolución 3536 del 24 de julio de 1997, el señor Ministro de Comunicaciones, seleccionó las personas naturales y jurídicas, “...para el otorgamiento mediante licencia de concesión para prestar el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta, comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada, F.M., para algunos municipios y distritos del país.”
Que mediante comunicación del día 26 de agosto de 1997, dirigida al Señor Ministro de Comunicaciones, el señor Procurador General de la Nación, manifestó:
“El artículo 277 constitucional atribuye al Procurador General de la Nación, entre otras, las funciones de velar por el cumplimiento de las finalidades estatales y defender el ordenamiento jurídico, actuando ante las autoridades cuando advierta que el patrimonio público, el interés general o la legalidad, se encuentren amenazados por la acción u omisión de las mismas. En este sentido, del texto constitucional se desprende el reconocimiento de precisos instrumentos de intervención en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, que le garanticen a la sociedad colombiana, la defensa de sus supremos intereses.
La constitución reconoce a toda persona la libertad de fundar medios masivos de comunicación, y acceder en igualdad de oportunidades al uso del espectro electromagnético (arts. 20 y 75 constitucionales).
En los últimos días, se han denunciado ante la opinión pública posibles irregularidades que generan dudas sobre la legalidad del proceso de adjudicación de los contratos de la referencia (Res. 3536, jul 24/97), inquietud compartida por amplios sectores sociales, como se demuestra con las reiteradas informaciones periodísticas y los debates que se han presentado al interior de diversas corporaciones públicas y asociaciones privadas.
El Procurador no podría, sin faltar a sus altos destinos constitucionales, permitir que el proceso continúe y se consoliden eventuales violaciones al ordenamiento jurídico, con sacrificio de los valores y principios esenciales del Estado, indispensables para la convivencia pacífica.
Los fines esenciales del Estado, de garantizar la efectividad de los valores, principios, derechos y deberes consagrados en la constitución y de asegurar la vigencia de un orden justo, se verían eventualmente comprometidos, si a pesar de las dudas existentes sobre la legalidad de la adjudicación, se continúa con el proceso de contratación directa.
La Procuraduría, con fundamento en el artículo 277 numerales 1º, 3º, 6º y 7º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 62 y 63 de la Ley 80 de 1993, ha iniciado las investigaciones pertinentes, para establecer con ocasión del trámite de la contratación directa y la consecuente adjudicación se violaron las normas y principios que rigen esta clase de actos o se configura alguna de las situaciones de nulidad absoluta prevista en los artículos 44 y 45 del mismo ordenamiento. Por consiguiente, mientras no se agote esa tarea de garantías para la sociedad, resulta razonable que el gobierno nacional suspenda de inmediato la firma de los contratos y el otorgamiento de las licencias correspondientes.
Solo así debe entenderse que se cumplen los presupuestos y finalidad del Estado Social de derecho, diseñado en la Constitución Política de 1991, que persigue, ante todo, la prevalencia del interés general y la efectividad del derecho sustancial y de las garantías, dentro de un sistema de vigencia del ordenamiento jurídico. De lo contrario, lo único que se conseguiría, seria la consumación de una eventual vulneración al sistema constitucional.
De conformidad con los principios y valores establecidos en, el preámbulo de la Carta Política, en concordancia con su artículo 1º y sustentado en los principios de justicia y equidad, le reitero mi solicitud de suspensión inmediata, de la firma de los contratos y el otorgamiento de las licencias, dentro del proceso de contratación directa, para la “concesión de la prestación de los servicios de radiodifusión sonora comercial en gestión directa zonal y local y en frecuencia modulada, F.M., para algunos municipios y distritos del país”. Proceso que culminó con la Resolución de adjudicación 3536 del 24 de julio de 1997, emanada del ministerio que usted dirige”;
Que los argumentos de carácter constitucional expuestos por el señor Procurador General de la Nación son de recibo por este despacho, en cuanto que las normas constitucionales que los soportan tienen la máxima fuerza jurídica y condicionan todas las normas del sistema jurídico colombiano;
Que el inciso 1º del artículo 3º de la Ley 80 de 1993, establece los fines de la contratación estatal en los siguientes términos: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos fines”;
Que el artículo 26, numeral 1º de la Ley 80 de 1993, establece en virtud del principio de responsabilidad: “los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”;
Que el artículo 28 ibídem, consagra que: “en la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrán en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos;
Que el artículo 23 de la Ley 80, establece: “ de los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales.- Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”;
Que el artículo 14 de la Ley 30 de 1993, establece que la dirección del contrato y del proceso contractual se encuentran en cabeza de los directores de los organismos estatales, que para el caso del Ministerio de Comunicaciones, es el señor Ministro de Comunicaciones.
En consecuencia, será acatada la reiterada solicitud de suspensión del trámite de contratación mencionado.
ART. 1º—Suspender los plazos establecidos en los artículos 5º y 6º de la Resolución 3536 del 24 de julio de 1997 por medio de la cual se efectúo la contratación directa para el otorgamiento mediante licencia de concesión para prestar. el servicio de radiodifusión sonora en gestión indirecta comercial, de cubrimiento zonal o local y en frecuencia modulada, F.M., para algunos municipios y distritos del país, hasta tanto la Procuraduría General de la Nación se pronuncie en forma definitiva sobre la investigación iniciada respecto a la contratación directa y a que hace referencia la carta del 26 de agosto de 1997.
ART. 2º—Notifíquese personalmente la presente Resolución a todos los adjudicatarios de que trata el artículo tercero de la Resolución 3536 del 24 de julio de 1997 o a su representante o apoderado.
ART. 3º—Contra la presente resolución procede el recurso de reposición por vía gubernativa
ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Santafé de Bogotá D. C., 2 de septiembre 1997.

References: RESOLUCIÓN 

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