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Timestamp: 2017-02-24 03:59:01+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito y destino que incluya
medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y proteger a las víctimas de esa trata, en
particular amparando sus derechos humanos internacionalmente reconocidos,
Teniendo en cuenta que si bien existe una gran variedad de instrumentos jurídicos internacionales
que contienen normas y medidas prácticas para combatir la explotación de las personas, especialmente las
mujeres y los niños, no hay ningún instrumento universal que aborde todos los aspectos de la trata de
Preocupados porque de no existir un instrumento de esa naturaleza las personas vulnerables a la trata
no estarán suficientemente protegidas,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la
Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta encargado de
elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar
la elaboración, entre otras cosas, de un instrumento internacional relativo a la trata de mujeres y de niños,
Convencidos de que para prevenir y combatir ese delito será útil complementar la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional
destinado a prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a
menos que en él se disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos
tipificados con arreglo a la Convención.
a) Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los
b) Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines
de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas
de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud,
la servidumbre o la extracción de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación
que se tenga la intención de realizar descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta
cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de
explotación se considerará "trata de personas" incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios
A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la
prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente
Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo
delictivo organizado, así como a la protección de las víctimas de esos delitos.
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito en su derecho interno las conductas enunciadas en el artículo 3 del presente Protocolo,
cuando se cometan intencionalmente.
2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión
de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo
1 del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con
arreglo al párrafo 1 del presente artículo.
1. Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte
protegerá la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas,
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata.
2. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea
medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda:
b) Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y
examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la
recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la
sociedad civil, y en particular mediante el suministro de:
b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un
idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender;
4. Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la
edad, el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las
necesidades especiales de los niños, incluidos el alojamiento, la educación y el cuidado adecuados.
5. Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de
personas mientras se encuentren en su territorio.
6. Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que
brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos.
1. Además de adoptar las medidas previstas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado
Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas legislativas u otras medidas apropiadas que permitan a
las víctimas de la trata de personas permanecer en su territorio, temporal o permanentemente, cuando
2. Al aplicar la disposición contenida en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte
dará la debida consideración a factores humanitarios y personales.
1. El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el que ésta
tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
receptor facilitará y aceptará, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo
debidamente en cuenta su seguridad.
2. Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de personas a un
Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de residencia permanente en el
momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice
teniendo debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cualquier procedimiento
legal relacionado con el hecho de que la persona es una víctima de la trata, y preferentemente de forma
3. Cuando lo solicite un Estado Parte receptor, todo Estado Parte requerido verificará, sin
demora indebida o injustificada, si la víctima de la trata de personas es uno de sus nacionales o tenía derecho
de residencia permanente en su territorio en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte
4. A fin de facilitar la repatriación de toda víctima de la trata de personas que carezca de la
debida documentación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese derecho de
residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio del Estado Parte receptor convendrá en
expedir, previa solicitud del Estado Parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que
sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
5. El presente artículo no afectará a los derechos reconocidos a las víctimas de la trata de
personas con arreglo al derecho interno del Estado Parte receptor.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier acuerdo o arreglo bilateral o
multilateral aplicable que rija, total o parcialmente, la repatriación de las víctimas de la trata de personas.
1. Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con
b) Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un
nuevo riesgo de victimización.
2. Los Estados Parte procurarán aplicar medidas tales como actividades de investigación y
campañas de información y difusión, así como iniciativas sociales y económicas, con miras a prevenir y
3. Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el
presente artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.
4. Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular
a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta
de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a
5. Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas
educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación
bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación
conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
1. Las autoridades de los Estados Parte encargadas de hacer cumplir la ley, así como las
autoridades de inmigración u otras autoridades competentes, cooperarán entre sí, según proceda,
intercambiando información, de conformidad con su derecho interno, a fin de poder determinar:
a) Si ciertas personas que cruzan o intentan cruzar una frontera internacional con documentos
de viaje pertenecientes a terceros o sin documentos de viaje son autores o víctimas de la trata de personas;
b) Los tipos de documento de viaje que ciertas personas han utilizado o intentado utilizar para
cruzar una frontera internacional con fines de trata de personas; y
c) Los medios y métodos utilizados por grupos delictivos organizados para los fines de la trata
de personas, incluidos la captación y el transporte, las rutas y los vínculos entre personas y grupos
involucrados en dicha trata, así como posibles medidas para detectarlos.
2. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como
a los de inmigración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación en la prevención de la trata de personas
o reforzarán dicha capacitación, según proceda. ésta deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir
dicha trata, enjuiciar a los traficantes y proteger los derechos de las víctimas, incluida la protección de las
víctimas frente a los traficantes. La capacitación también deberá tener en cuenta la necesidad de considerar
los derechos humanos y las cuestiones relativas al niño y a la mujer, así como fomentar la cooperación con
organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil.
3. El Estado Parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado
Parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas,
los Estados Parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para
prevenir y detectar la trata de personas.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir,
en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales
para la comisión de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá,
entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así
como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los
pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su derecho interno,
para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de
conformidad con su derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la
comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados Parte
considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en
particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de
que éstos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o
expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida
o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte verificará, de conformidad con su derecho
interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad
expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para la trata de personas.
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los derechos, obligaciones y
responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho
internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean
aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el
principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.
2. Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no
sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser víctimas de la trata de personas. La interpretación y
aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación
o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación
del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá,
a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la
solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia
mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación
del presente Protocolo o adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente
artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de
todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente
artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre
de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta
el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de
integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya
firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual
manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el
alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones
regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el
presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica
declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya
depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de
que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o
apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día
después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha
de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, cualquiera que sea la última fecha.
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los
Estados Parte en el Protocolo podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de
las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente
Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada
enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el
presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus
Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho
de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta
a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en
vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan
expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el
Secretario General haya recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente
Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.
2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
En Fe De Lo Cual, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
Ejemplar anticipado del texto auténtico. El ejemplar certificado por el Secretario General se publicará posteriormente.
Corrupción Este documento ha sido publicado el 15ago05ç por el Equipo Nizkor y Derechos Human Rights

References: resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 27