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Timestamp: 2019-11-11 21:11:28+00:00

Document:
Ordenanza nº 9107 Adhiere al Protocolo Interministerial e Interinstitucional de Acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia de la Violencia de Género y Violencia Familiar
Viernes, 19 Agosto 2016 15:54
Ordenanza nº 9107
Promulgada: 08.05.2013 por Decreto nº 674
Publicada: 23.05.2013
Artículo 1°.- Adhiérase el municipio de la ciudad de Paraná al Protocolo Interministerial e Interinstitucional de Acciones destinadas a la Prevención, Protección y Asistencia de la Violencia de Género y Violencia Familiar, del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, aprobado por Decreto Provincial N° 1507/2012, el cual se acompaña como Anexo de la presente.
Decreto Nº 1507 MGJ
Fecha: 21.05.2012
Publicado: 02.11.2012
Artículo 1º.- Apruébase el protocolo interministerial e intersectorial de Acciones Destinada a la Prevención, protección y Asistencia integral de la Violencia de Género y Violencia Familiar, el que agregado en original forma parte integrante del presente.
Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado de Gobierno y Justicia.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y oportunamente archívese.
Como Política de Estado, la Provincia de Entre Ríos impulsa y promueve los principios de celeridad, responsabilidad, acompañamiento y trabajo multi e interdisciplinario entre sus Poderes, Ministerios e Instituciones ligadas a la violencia en todos sus estamentos, considerando las circunstancias sociales y el crecimiento de situaciones vinculadas a la misma, que requieren de respuestas rápidas y concretas en materia de prevención, protección y asistencia para el abordaje. En mesura de las condiciones de época y el crecimiento de situaciones vinculadas a las violencias de género y familia, en sus distintas formas de manifestación, el Estado Nacional promulgó la Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, adhiriendo nuestra Provincia por Ley Nº 10.058. También forma parte del ordenamiento, la Ley Provincial Nº 9198 de Prevención de la Violencia Familiar, que establece el marco preventivo-asistencial y el procedimiento judicial a seguir para la atención de situaciones de violencia familiar que se produzcan. Considerando este marco, el Gobierno de la Provincia Potencia, refuerza y fortalece las acciones vinculadas a la prevención y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar, estableciendo un protocolo de actuación, con la participación de los distintos Poderes, Ministerios y Organizaciones Sociales. Por ello, en la firme convicción de avanzar en lo expuesto, se implementará además el sistema web de Registro Único de denuncias de situaciones de violencia, con la creación del Observatorio a nivel provincial que incluirá la participación de todos los municipios de nuestro territorio. Y en un avance a los obstáculos que presenta la ausencia de denuncias personales sobre violencia de género familiar, laboral, educativo, entre otros, se implementará una línea telefónica de acceso gratuito, que subsanará y asistirá como herramienta para las cuestiones relacionadas a las víctimas de violencia. Este Protocolo, es una respuesta concreta a una necesidad de trabajo conjunto, articulado y profesional por parte del Estado Provincial, municipal y la sociedad civil, para fortalecer políticas vinculadas a la promoción permanente de los derechos humanos.
‐ Potenciar, reforzar y fortalecer las políticas públicas, vinculadas a la prevención, y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar, con la participación de los distintos Poderes, Ministerios e Instituciones de la Sociedad Civil.
‐ Poner en funcionamiento el registro único de situaciones de violencia, bajo el programa web especifico.
‐ Impulsar la concreción del Observatorio a nivel provincial de elaboración, recolección, análisis y difusión de casos de violencia, cualitativa y cuantitativamente, que actuará a nivel departamental con asiento en los municipios de la provincia.
‐ Favorecer estrategias de abordaje territorial de la violencia de género y la violencia familiar en todos los departamentos de Entre Ríos.
‐ Promover la participación, articulación e integración de los distintos niveles y poderes del estado nacional y provincial.
‐ Establecer los canales comunicacionales pertinentes para efectuar la difusión y sensibilización de los marcos normativos vigentes y los protocolos de actuación.
‐ Incorporar el Protocolo Interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil y el Protocolo Interinstitucional e intersectorial de acciones destinadas a la prevención, asistencia, recuperación y restitución de derechos de las Personas Victimas del Delito de Trata.
‐ Incorporar en las acciones de este Protocolo, aquellas situaciones previstas en las Leyes provinciales de Violencia Laboral, de prevención de la Violencia Escolar y la Ley de Salud Mental y toda legislación vinculada a la temática.
‐ Garantizar la coordinación de actuaciones, haciendo efectiva la participación de los Ministerios e Instituciones a través de mecanismos y estructuras de cooperación permanente. Promoviendo la participación del sector académico, profesional y demás organizaciones de la sociedad civil.
‐ Adoptar medidas tendientes a la erradicación de toda forma de discriminación y desigualdad de género.
‐ Aportar las informaciones pertinentes desde cada organismo, según los acuerdos establecidos, al Registro Único de Situaciones de Violencia.
‐ Habilitar una Línea Telefónica Gratuita, de tres dígitos, para la recepción de denuncias de situaciones de violencia, dentro del territorio provincial.
‐ Solicitar a los Municipios y Juntas de Gobierno de la Provincia la adhesión al presente Protocolo.
La Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación y la Secretaría General del Ministerio de Gobierno y Justicia, coordinarán con los municipios de la Provincia todas las actividades y acciones vinculadas al efectivo cumplimiento del presente protocolo.
MARCO JURIDICO DE REFERENCIA
‐ Constitución Nacional.
‐ Constitución Provincial.
‐ Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
‐ Decreto Reglamentario a la Ley 26.485, Nº 1011/2010.
‐ Ley Provincial Nº 10.058 de adhesión a la Ley nacional Nº 26.485.
‐ Ley Provincial Nº 9198/99 de Prevención de la Violencia Familiar, protección y asistencia integral de las personas involucradas en la problemática.
‐ Decreto Reglamentario Nº 1468/09 a la Ley 9198/09.
‐ Ley Provincial Nº 9671/06 de Violencia Laboral.
‐ Ley Provincial Nº 9655/05 de Prevención de la Violencia Escolar en Establecimientos Educativos.
‐ Ley Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
‐ Ley Provincial Nº 9861 de Protección Integral De Los Derechos Del Niño, El Adolescente Y La Familia.
‐ Protocolo Interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 2405/10.
‐ Ley Provincial Nº 10.032. Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, reglamentada por Decreto Nº 3929/2011.
‐ Protocolo Interinstitucional e Intersectorial de acciones destinadas a la prevención, asistencia y recuperación de las personas Victimas del Delito de Trata, aprobado por Decreto Nº 4730/2011.
‐ Ley Nacional Nº 26.657, Derecho a la Protección de la Salud Mental.
1º Los integrantes de los poderes del Estado provincial y nacional, adoptaran las medidas necesarias a los fines del cumplimiento irrestricto de los derechos expresados en las legislaciones propias de violencia de género, familiar, laboral y las acontecidas en establecimientos educativos, procurando las acciones de prevención y asistencia pertinentes para cada uno de los casos.
2º Se establecen como principios fundamentales, el respeto a los Derechos Humanos de las personas afectadas en situaciones de violencia, en toda situación cualquiera sea su forma de manifestación; y la eliminación de toda forma de discriminación y desigualdad de género. Potenciando vínculos saludables y relaciones sociales basadas en la equidad.
3º La prevención en medidas concretas de comunicación y sensibilización a la sociedad, promoviendo los valores de igualdad, deslegitimación de la violencia: de genero, familiar, laboral o en el ámbito escolar.
4º Informar a las personas afectadas de todas las acciones que se llevaran adelante durante el proceso de actuación post intervención, sea por denuncia directa o de forma indirecta a través de los organismos facultados. Respetando el derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia.
5º El uso de un lenguaje claro, adecuado, sencillo y comprensible.
6º Las comunicaciones en materia de violencia se realizarán en forma profesional por parte del organismo que intervenga en cualquiera de las instancias, sea de prevención, protección integral, asistencia e inclusive para la recopilación de datos del Registro Único de Situaciones de Violencia, respetando los preceptos y derechos adquiridos para las personas afectadas en situación de violencia, en las legislaciones vigentes.
7º La asistencia en forma integral y oportuna de quienes padecen cualquier tipo de violencia en los ámbitos parte de este protocolo, asegurándoles el acceso gratuito, rápido, transparente y eficaz de los medios existentes a tal fin.
8º Derecho a la NO revictimización, el sometimiento de la mujer, hombre o niño agredida/o a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así también a declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud, educación, laboral o cualquier otro.
9º La garantía de seguridad durante el transcurso del proceso judicial, en el ámbito o fuero que corresponda según las manifestaciones de violencia que se trataren, en atención a las leyes vigentes y ajustado a las disposiciones del Juez Interviniente.
10º La interrelación, coordinación y ejecución de todas las medidas de prevención, protección y asistencia, por parte de todos los organismos involucrados en el presente protocolo, articulando de manera eficiente, en pos del cumplimiento de los objetivos y los derechos propios de las personas en situación de violencia, todos los recursos asignados para cada Ministerio y sus dependencias de competencia en la materia.
11º La cooperación y participación de la sociedad civil en todas las medidas de prevención y asistencia, éste último con el consentimiento de las personas en situación de violencia. Intensificando el buen uso de las comunicaciones y de la información.
12º La obligatoriedad de todos los miembros partes de este protocolo al uso debido del Programa de Registro Único de Situaciones de Violencia, manteniendo estrecha y coordinada relación entre los entes participes durante todo el proceso.
MARCO JURIDICO DE REFERENCIA DEL PRESENTE PROTOCOLO
Violencia de Género - Ley 26485, Decreto Reglamentario Nº 1011/2011
Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.
Se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes:
b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil;
Violencia Familiar – Ley Provincial Nº 9198/99, Dec. Regl. Nº 1468/09
Por violencia familiar se entiende:
Toda comisión por acción u omisión dirigida a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica, psico-emocional, económica, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, ya sea en una relación de pareja, en la persona de ancianos, menores de edad y/o discapacitados, entendiéndose como tal el conformado por aquellas personas unidas por lazos de parentesco, sanguíneos o no, aunque provenga de uniones de hecho y que compartan la vivienda en forma permanente o temporaria.
Violencia Laboral – Ley Provincial Nº 9671/06
Se considera violencia laboral
Toda acción ejercida en el ámbito laboral que atente contra la integridad moral, física, sexual, psicológica o social de los trabajadores estatales o privados. A tal efecto, sin perjuicio de otras acciones que pudieran estar comprendidas en el párrafo anterior, serán consideradas como:
1) Maltrato psíquico y social:
a) El constante bloqueo de iniciativas.
b) Obligar a ejecutar tareas denigrantes para la dignidad humana.
c) Juzgar de manera ofensiva el desempeño.
d) Amenazar repetidamente con despidos infundados.
2) Maltrato físico: toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador.
3) Acoso: la acción persistente y reiterada de incomodar con palabras o gestos, en razón del sexo, edad, nacionalidad, capacidades diferentes, estado civil, conformación física o situación familiar.
4) Inequidad salarial: ejercer la disparidad salarial entre hombres y mujeres que ejercen igual función en el mismo lugar de trabajo, siempre que cuenten con iguales antecedentes en cuanto a su calificación, esfuerzo y responsabilidad. Los casos citados precedentemente no excluyen otros que pudieran encuadrarse en la definición contenida en primer párrafo de este artículo.
Violencia en el Ambito Educativo
Las instituciones educativas se caracterizan por ser espacios de socialización y formación pedagógica. Su organización sistematizada, de múltiples aprendizajes, actores, tiempos y cotidianeidad no las exenta y las hace permeables a la confluencia, producción, reproducción de violencias. A su vez, las mismas están sujetas a continuos desafíos frente a contextos cambiantes atendiendo a las diversas demandas sociales.
Estos hechos, entre otros las convierten en un lugar central para incidir desde el Estado en los procesos de aprendizaje de los sujetos, su integración social y su constitución como ciudadanos.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como:
El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
La violencia pueden visualizarse en las instituciones educativas como:
1) La emergente del campo social y que se manifiesta en la institución: maltrato infanto juvenil, violencia familiar, abuso sexual, cuestiones relacionadas a los consumos problemáticos y adicciones.
2) La que se reproduce en la escuela: episodios de violencia entre pares (docentes, alumnos), acoso escolar (ej. Bulling, procesos de intimidación y victimización entre iguales) producto de la convivencia y formas de convivencia social aprendidos (discriminación social, racial, sexual, género, portación de armas, diversos lenguajes de expresión).
3) La que produce la institución: implica a docentes, estudiantes, familias y demás actores institucionales a partir de un modelo jerárquico y disciplinante que puede potenciar vínculos de descalificación, discriminación y exclusión.
Mas allá de la complejidad del tema la escuela puede promover y sostener una diversidad de acciones, propuestas e iniciativas que afiancen una cultura democrática en las prácticas educativas.
En el marco del presente protocolo la participación de las unidades educativas se centra en el eje preventivo, brindando información, formación y herramientas para el empoderamiento, desarrollo de competencias y habilidades psicosociales, trabajo en redes y construcción del proyecto de vida, como también propiciando la derivación y asesoramiento en casos de violencia.
Se propone un modelo en el cual la prevención sea entendida como una actitud, una intervención sobre el contexto, y no como una tarea más, aislada. Se ofrece una construcción interdisciplinaria desde la complejidad, con intervenciones plurales para correrse del esquema individual, que parcializa y acota estas problemáticas.
El marco jurídico propio del campo educativo que sustenta esta propuesta es el siguiente:
 La Ley de Educación Nacional Nº 26206 y Ley de Educación Provincial Nº 9890 contemplan estas temáticas desde una nueva perspectiva.
 Res. Nº 0550/06 CGE que aprueba el Programa de Educación Sexual Escolar.
 Res. Nº 3902/06 de creación del Programa Educativo de Prevención de Conductras Adictivas.
 Ley Provincial 9655/05 establece el Programa Provincial de Violencia Escolar.
 Protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual infantil en la provincia de Entre Ríos. (Dec.2405/10 M.G.J.E.; Res. Nº 3571/10 CGE)
 Protocolo Interinstitucional e Intersectorial de acciones destinadas a la prevención, asistencia y recuperación de las personas víctimas del delito de trata (Decreto Nº 3829/11 MGJE).
 Res. 1692/09 CGE, regulariza la estructura básica formal de los Acuerdos Escolares de Convivencia para las instituciones educativas de la Provincia de Entre Ríos.
El conjunto de procesos, factores y sucesos que da cuenta de emergentes institucionales, sociales, culturales y políticos, requiere la construcción de herramientas teóricas, prácticas y metodológicas con una perspectiva inter y multidisciplinaria. Esta mirada abierta, múltiple y compleja es permanente y transversal a todos los miembros de éste Protocolo, y condición necesaria frente a la complejidad de las problemáticas.
Dada la necesidad de intervenir en los contextos, se articularán en la construcción de la agenda pública: el diálogo en los diferentes niveles de acción, acuerdos en metodologías, y modos de abordaje como parte importante para cumplimentar este objetivo. Reconociendo que hacen lugar a otros saberes, ayudan a desnaturalizar prácticas, preconceptos, repensar el ejercicio profesional de quienes acompañan los procesos y habilitan posiciones más igualitarias, garantes de los derechos, así como de las obligaciones de todos/as.
Los emergentes vinculados a la violencia no pueden ser abordados de un único modo, ni de una vez y para siempre, todo lo contrario; su tratamiento se nutre del empleo de abordajes diversos, actualizados y pertinentes a las realidades que se presentan. Condición fundante del trabajo en red como forma posible de articulación social y de transformación paulatina.
CAPACITACION- FORMACION
Las desigualdades sociales y de género, constituyen un cuadro de vulnerabilidades y violencias para niñas y niños, mujeres, varones, sin importar edad, condición social, económica, educativa, etc. Es ineludible entonces, fortalecer con distintas organizaciones sociales e instituciones públicas, un campo de análisis que concrete diferentes espacios de sensibilización, formación y capacitación, al interior de todos los Poderes, Ministerios y Organismos vinculados a la temática.
Incluir en los distintos programas de formación (educativos en sus distintos niveles y modalidades, académicos, de salud, de Asistencia, de las fuerzas de Seguridad, la Justicia y en las áreas Departamentales de los Municipios del territorio Provincial) la capacitación específica que permita la profesionalización en todos sus niveles de trabajo, potenciando los conocimientos adquiridos, con nuevas aplicaciones de prevención, protección y asistencia en todos, particularmente con las acciones impulsadas por este Protocolo especifico.
Propiciar además la sensibilización y capacitación a empresas, sindicatos, colegios de profesionales, organizaciones religiosas, entidades deportivas, culturales, Universidades y todo otro ámbito que, en razón de sus servicios, actividades u otros, puedan intervenir en situaciones de violencia.
PROTECCION INTEGRAL - ABORDAJE
En principio se debe conocer los canales de recepción de la noticia de casos de violencia, reconociendo la vía directa, por aviso de la persona damnificada; por intervención de los profesionales o funcionarios que toman contacto con una persona afectada por una situación de violencia y por último en base al conocimiento de una situación violenta a raíz del relato obtenido en el aviso a través de la línea telefónica gratuita asignada a estos fines.
Según lo establecido en los distintos tipos y modalidad de violencia, ésta tendrá su tratamiento acorde a las normas que la regulan, diferenciadas unas de otras pero tomadas desde este protocolo de manera que tengan su coordinación en el trabajo realizado por los Poderes del Estado, los Ministerios y las Instituciones ligadas a la problemática.
La violencia se encuentra relacionada de acuerdo a los ámbitos en que se suscita, por ello la situación que se presenta en el trabajo o en un establecimiento escolar tiene interrelación de competencia para las violencias de Genero y de Familia, es decir que todas, sin perjuicio del lugar de ocurrencia, están ligadas para su tratamiento por parte de los organismos facultados para su intervención.
La protección integral refiere al reconocimiento de las personas, como sujetos de derechos, la garantía de su cumplimiento, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento. Ésta logra concretarse en el presente, a través de la articulación interministerial e intersectorial de acciones destinadas a la prevención y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar. Dicha articulación remite al conjunto de tareas específicas de cada organismo Todo ciudadano que tome conocimiento, sospeche o advierta una situación de violencia, expresada en este Protocolo, tiene la obligación de informarla ante los organismos de competencia para su abordaje, asistencia, tratamiento y recuperación.
Parámetros Legales en la obligación de denuncia y competencia judicial
Violencia de género: personas que en circunstancias de ejercer sus funciones tomen conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres.
 Policía, con remisión inmediata a la autoridad judicial.
 Servicios Asistenciales.
 Servicios sociales.
 Educativos.
 Salud.
 Los Privados (empresas, comercios, entre otros).
La denuncia de Violencia contra las Mujeres puede ser presentada ante cualquier Juzgado independientemente del fuero o instancia de que se trate o el Ministerio Público (Art. 21º Ley Nacional Nº 26.485, Dec. Reglamentario 1011/10).
Violencia Familiar: personas que en circunstancias de ejercer sus funciones tomen conocimiento de un hecho de violencia familiar.
 Servicios Asistenciales sociales.
 Todo funcionario público.
La denuncia de Violencia familiar puede ser presentada ante el Juez de Familia y Juez de Paz, ante el Juez Civil y Comercial cuando existieran aquellos (Acuerdo General 39 punto 7º - 16/11/10 STJER).
Violencia Laboral: la persona en situación de violencia efectúa la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
La autoridad de aplicación de la ley de violencia laboral es el Ministerio específico.
Ante la noticia de un hecho de Violencia de Genero o Familia en el ambiente laboral, se prosiguen las instancias protocolares para cada uno de los casos, respetando las normas establecidas en la legislación vigente.
Violencia en las Instituciones Educativas: El Consejo General de Educación desarrolla programas de prevención de la violencia en establecimientos educativos, en respuesta a las problemáticas actuales instrumentándose diferentes programas específicos como Educación Sexual Escolar (Protocolo Interinstitucional de Actuación en caso de abuso Sexual Infantil y Protocolo para el abordaje de Víctimas de Trata en la Provincia de E.R), Programa Enredarse, Resolución Nº 135/07, y Prevención en adicciones en el ámbito escolar, inclusión en diseños curriculares de todos los niveles y modalidades al tratamiento de estas temáticas, instancias de formación docentes específicas, entre otras de igual importancia.
Ante el conocimiento hechos de violencia de género o familia, se prosiguen las instancias protocolares para cada uno de los casos, respetando las normas establecidas en la legislación vigente, sea docente, directivo, funcionario público o privado quien da el primer aviso a las autoridades pertinentes de acuerdo a lo que establece este Protocolo.
Estas acciones son indispensables a la hora de abordar dichas problemáticas sustentadas en la defensa de los Derechos del Niño, Adolescentes y Jóvenes de la educación entrerriana.
La asistencia y tratamiento estarán bajo la órbita de equipos interdisciplinarios de profesionales de los distintos organismos, tanto del ámbito provincial como municipal. Debiendo concretarse este proceso en los distintos niveles de atención. De igual modo, la aplicación de asistencias inmediatas y posteriores al susceso, componente fundamental en la práctica, tienen su sustento legal en las disposiciones que desde la justicia se establezcan, por ello, el compromiso en el abordaje de las mismas, es vital en situaciones de violencia.
Desde el protocolo se impulsa:
 Conformar equipos interdisciplinarios capacitados en la problemática dentro de cada organismo y/o fortalecer los ya existentes.
 Brindar espacios de contención, tratamiento y recuperación individual a las personas afectadas por este flagelo.
 Evaluar la creación de espacios terapéuticos grupales.
 Promover un abordaje terapéutico a quienes padecen de estas situaciones, a fin de revertir el deterioro de la persona, gozando de sus derechos, reinsertándose en el ámbito familiar, social, etc.
 Brindar asistencia al denunciado, entendiendo de este modo una forma de prevención.
 Realizar entrevistas diagnósticas a todos los integrantes del grupo familiar conviviente, evaluado la necesidad de abordar terapéuticamente a los mismos, considerando a la totalidad del grupo familiar, en forma directa o indirecta involucrados en esta problemática.
 Realizar el diagnóstico de riesgo que permita determinar el grado de vulnerabilidad, a fin de solicitar medidas de protección.
 Promover la articulación intrainstitucional, con seguimiento sistemático de los casos de violencia, basados en el concepto de corresponsabilidad.
 Coordinar con las organizaciones de la sociedad civil que, por su intermedio puedan colaborar en la asistencia de personas afectadas por situaciones de violencia.
PROGRAMA INFORMATIZADO – REGISTRO UNICO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA
La implementación de la tecnología en lo que refiere a la recopilación de la información de situaciones de violencia, en todas sus manifestaciones y tipos, a través de un programa novedoso y de principal necesidad en las acciones partes de este Protocolo, es decir, una herramienta que permitirá a las estructuras de los tres Poderes, Ministerios y Municipios de la Provincia de Entre Ríos, tener en tiempo real la noticia de situaciones de violencia que se encuentran en proceso de abordaje desde su intervención por parte de cualquiera de las instituciones del estado, y de ese modo interactuar para dar respuestas eficientes, vertiginosas y concretas a las personas afectadas por éstas situaciones.
Este programa que tendrá su respaldo desde la Dirección General de Informática de la Provincia y la División específica de la Policía de Entre Ríos, será de acceso restringido a los usuarios solo autorizados que intervengan en la temática de violencia, según lo indica este Protocolo de trabajo, quienes accederán con contraseña, desde un equipo identificado previas garantías de seguridad, mediante la “Web” y desde éste se podrá efectuar las siguientes acciones concretas:
Del mismo modo que la informatización del Programa de Registro Único de Violencia genera una herramienta de interacción entre los organismos que abordan los casos de violencia, se impulsa con la instauración del Observatorio a nivel provincial, en aplicación de lo que a nivel nacional se instauro desde la Ley de Violencia Contra la Mujer, un medio de monitoreo, análisis y difusión de datos para las situaciones de violencia en la provincia, que no solo permite una base de informes estadísticos, en forma cualitativa y cuantitativa, sino que garantizará que desde cada ciudad del territorio provincial se pueda tener una visión macro de las realidades y establecer los mecanismos de respuesta en cada uno de los casos de violencia, desde la prevención, la protección integral, la asistencia y la recuperación de personas como ejes establecidos desde este protocolo.
Permite generar además, una “Clínica Jurídica”, para el abordaje de los hechos de violencia, para capacitar y aunar criterios entre los distintos organismos.
El Observatorio tendrá su funcionamiento impulsado por la Secretaria General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación y la Secretaria General del Ministerio de Gobierno y Justicia, quienes efectuarán el enlace con los Municipios de la Provincia en dos etapas, que abarcarán su primer inicio en aquellos situados en la costa del Uruguay y la costa del Paraná, completando la ejecución en el resto de los Departamentos.
LINEA TELEFONICA GRATUITA DE DENUNCIAS ANONIMAS
La necesidad de implementar una línea telefónica gratuita, de acceso público, articulada, para su uso en
todo el territorio provincial, se concretará, no solo como una herramienta de recepción de denuncias, sino
que desde ésta se podrá canalizar toda la información que la persona asistida requiere al momento de
entablar la conversación con un operador, la que a diferencia de muchas otras líneas gratuitas de
asistencia, establece el contacto directo persona a persona.
Un progreso en las comunicaciones, que tendrá respaldo y funcionamiento 24 Hs. de todos los días del año,
a raíz de que será instaurada desde la Policía de la Provincia de Entre Ríos, que en un principio tendrá sus
bases operativas en cada uno de los Departamentos de Entre Ríos, precisamente en las Salas del “101”,
para luego incorporarse al futuro “911” en proceso de formación en todo el territorio.
Un numero de tres dígitos que permitirá que cualquier persona afectada por una situación de violencia
personal o no, sin necesidad de identificación, y con total garantía de confidencialidad, sea asistida por un/a
funcionario/a policial capacitado/a de la fuerza, que escuchará, contendrá, asistirá y dispondrá de las
medidas que correspondan, según los parámetros de acción establecidos en este protocolo.
1. Todos los organismos involucrados en la aplicación del presente protocolo, a través de sus Poderes, Ministerios y dependencias darán cumplimiento preciso a los parámetros de acción establecidos, mediante la realización de los Protocolos de acción específicos de cada área de injerencia en la temática, conforme los objetivos, preceptos rectores y ejes de trabajo, los que se adjuntaran como anexos. El mismo será entregado en el plazo de 15 días, desde la firma del presente, a la Secretaria General del Ministerio de Gobierno y Justicia.
2. A Partir del presente, se crea el Consejo Provincial de Estudio, Análisis y Revisión del “Protocolo Interministerial e Intersectorial de acciones destinadas a la prevención y asistencia integral de la Violencia de Género y Familia”. Conformado por un representante de cada Organismo involucrado en la temática, siendo designados por acto resolutivo, con notificación dentro de los 15 días, desde la firma del presente, a la Secretaria General del Ministerio de
Gobierno y Justicia.
3. El Consejo, se reunirá cada 45 días para efectuar el estudio, análisis y revisión del Protocolo, una vez finalizada la reunión entre sus integrantes, se labrará un acta acuerdo de propuestas, modificaciones y observaciones, si las hubiere, la que se entregará a la Secretaria General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación para su evaluación y administración. El Consejo Provincial podrá dictar su propio reglamento a los efectos de determinar su funcionamiento.
4. Solicitar a los Municipios y Juntas de Gobierno de la Provincia, la firma de un convenio de adhesión al presente protocolo, el que se formalizará mediante ordenanza o resolución según el caso.
5. Requerir a los Municipios de la Provincia, a través de la Secretaría General y de Relaciones Institucionales de la Gobernación, un informe de las áreas bajo su dependencia, que tengan vinculación con la temática abordada desde este protocolo, para ser incluidos en los anexos respectivos.
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References: Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
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