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Timestamp: 2020-01-29 04:23:37+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1666 DE DICIEMBRE 5 DE 2000
SENTENCIA T-1666 DE 05 DE DICIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:CONTAMINACIÓN AUDITIVA. DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA ACCIÓN DE TUTELA. LA CONTAMINACIÓN AUDITIVA COMPROMETE DERECHOS COLECTIVOS QUE SÓLO CON OBJETO DE TUTELA CUANDO SE LOGRA ESTABLECER LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES RESPECTO DE PERSONAS DETERMINADAS, COMO POR EJEMPLO, LA CERCANÍA DE LA RESIDENCIA DEL PETICIONARIO CON LA DEMANDADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA INTIMIDAD, DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, CONTAMINACIÓN SONORA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS COLECTIVOS, ABUELOS
Sentencia T-1666 de diciembre 5 de 2000
SENTENCIA NÚMERO T-1666 DE 2000
Ref.: Expediente T-356346
Actora: Mariela López de Buitrago
— Contaminación auditiva.
Acción de tutela contra el párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio la Esperanza de Villavicencio y la administración de ese municipio por una presunta violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, un medio ambiente sano y la protección especial de las personas de la tercera edad.
Santafé de Bogotá D.C., cinco de diciembre del año dos mil.
EXTRACTOS: «II. Consideraciones y fundamentos
La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de instancia proferidos en el trámite de este proceso, en virtud de los artículos 86 y 241 de la Carta Política; corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de Tutelas adoptar la decisión respectiva, según el reglamento interno, y el auto de la Sala de Selección Número Nueve del 12 de septiembre de 2000.
Para la revisión de los fallos de instancia proferidos en el trámite de esta acción, la Sala debe analizar si: a) como consideró el Consejo de Estado, la actora sólo estará legitimada para reclamar judicialmente la vulneración de sus derechos fundamentales, una vez agote el recurso de las autoridades administrativas competentes para controlar la contaminación auditiva del medio ambiente que habita; b) la existencia de las acciones populares inhibe la procedencia de la tutela; y c) la emisión sonora de las campanas de la iglesia del Espíritu Santo efectivamente viola o amenaza los derechos fundamentales de la actora y su esposo.
3. Comportamiento de las autoridades administrativas.
El Consejo de Estado, actuando como fallador ad quem, juzgó que la accionante no puede pretender con la acción de tutela, que se desconozcan instancias administrativas competentes para controlar la contaminación auditiva del medio ambiente.
Sin embargo, tal consideración no puede ser admitida por esta Sala como suficiente para denegar el amparo impetrado, pues en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, se consagró como causal de improcedencia de la tutela, la existencia de “...otros recursos o medios de defensa judiciales...”, y no de los meramente administrativos; además, la afirmación de que la actora no acudió a las autoridades administrativas competentes es contraria a lo acreditado en el expediente, pues, como se pasa a exponer, sí lo hizo, y ninguna de esas autoridades cumplió la función para la cual, según el artículo 2º de la Carta Política, fueron instituidas.
Inicialmente, la demandante acudió a la Inspección de Policía del barrio La Esperanza, y el titular de esa dependencia para entonces, Manuel Eduardo Useche González, dejó constancia en el “acta de compromiso” que obra a folio 14 del expediente, de que, oída la intervención del demandado, decidió que el asunto no era de su competencia: “...el señor cura párroco hace una breve historia de su recorrido manifestando que de 1975 a 1985 fue párroco en este barrio de La Esperanza, igualmente que se encuentra extrañado en el sentido de que le manden silenciar las campanas y que ha recibido una acusación ante la curia indicando que si recibe una orden de la curia la acatará, pero que tendrán que enfrentarse al pueblo porque el pueblo es el que las reclama, y en su defecto que si le mandan silenciar las campanas habla con un técnico de sonido para que le instale unas cornetas y de esta forma llamar al culto... el despacho procede a indicarles a las mismas que el artículo 19 de la Constitución Nacional garantiza la libertad de cultos y dice que toda persona tiene derecho de profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva, entonces basados en esta norma de normas el despacho le pone de presente a la quejosa que no es la autoridad policiva sino más bien la eclesiástica la que deba disponer el silencio de las campanas o no. Así mismo y en gracia de discusión este despacho cometería un abuso de autoridad al mandar silenciar las campanas; como bien lo dice la Constitución, la difusión de todos los cultos es libre, es decir, no se le pone coto o medida a la forma como deba ser convocada la comunidad a rendir culto...”.
También consta en el informe que la encargada de dicha inspección, Patricia Diazgranados Alonso, remitió al Tribunal Administrativo del Meta, que por mal tiempo no se practicó la medición de la contaminación auditiva, y esa fue razón suficiente para negarle a la actora su petición de protección: “posteriormente y con fecha 18 de abril de 2000, la señora tutelante presentó un derecho de petición con el fin de solicitar se dé aplicación a la Ley 232 de 1995, el despacho, teniendo en cuenta este derecho de petición, mediante auto de fecha abril 24 de 2000, ofició a la jefe del grupo de promoción y prevención de saneamiento ambiental para lo pertinente... del cual verbalmente un funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente nos informó que no se ha podido hacer la visita solicitada por la temporada invernal; oficio IPE: 096 de la misma fecha se dio respuesta al derecho de petición en mención” (fl. 36).
Las anteriores transcripciones son suficientes para descartar la consideración del Consejo de Estado, y también para que en la parte motiva de esta providencia se ordene remitir copia de la misma a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que investigue la responsabilidad que pueda corresponder al Inspector de Policía del barrio La Esperanza(1), y a los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio.
(1) La copia del oficio lPE 96 que obra a folio 39 no contiene la resolución de la petición de la accionante.
4. Tutela contra un particular.
Precisamente la inoperancia de los medios administrativos previstos en el ordenamiento para el control de la contaminación auditiva, hace que en este caso sea palmariamente clara la situación de indefensión en que se encuentra la actora frente al agente emisor de la contaminación. Esa situación de indefensión, es la que ha tenido en cuenta la Corte Constitucional, en otras oportunidades (2) , como razón suficiente de la procedencia de la acción de tutela en contra de particulares; en la sentencia T-25 de 1994 (3) , se consideró al respecto:
(2) Ver por ejemplo, las sentencias T-28 y T-210 de 1994, T-357 de 1995, T-394 de 1997 y T-630 de 1998.
(3) M.P. Jorge Arango Mejía.
“En el presente asunto, a juicio de la Sala, la situación de indefensión de la peticionaria respecto de la factoría de muebles, es clara. Y es de naturaleza fáctica, pues frente a la emisión constante del ruido, poco es lo que la actora puede hacer para suprimir o aminorar sus causas. Podría decirse que con protectores de los oídos, como los que recomiendan los expertos en salud ocupacional, la afectada estaría en capacidad de superar los inconvenientes. Pero ese no es el caso. El concepto de indefensión se refiere a la posibilidad de la víctima de enfrentarse con éxito al origen del problema. No se ocupa de las diversas alternativas para afrontar los efectos molestos o dañosos. Esto es obvio, si se tiene en cuenta que, prácticamente siempre, las víctimas de las contaminaciones o poluciones podrían, por ejemplo, irse del lugar afectado y, así, se llegaría a una situación —contradictoria de la ley— en la que jamás se daría la indefensión”.
5. Existencia de otro mecanismo para la defensa de los derechos conculcados.
El Tribunal Administrativo del Meta, juez a quo, y el Consejo de Estado, fallador ad quem, consideraron que no existe en este caso perjuicio alguno causado por el párroco demandado a la actora y su esposo, porque está acreditado que éstos no han sufrido pérdida de la audición a causa de la contaminación sonora a la que vienen siendo expuestos, y porque ésta afecta directamente un derecho colectivo, el que tiene toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano, para cuya defensa están previstas en el ordenamiento las acciones populares; sin embargo, tampoco esas consideraciones son, a juicio de esta Sala de Revisión, atendibles en el presente caso, por las razones que se pasa a considerar.
En primer lugar, debe resaltarse que la acción de tutela no es un mecanismo de defensa resarcitorio; antes bien, claramente dice el artículo 86 de la Carta Política que ella procede cuando quiera que los derechos fundamentales de la persona “...resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión...”; es decir, que en el caso de emisiones sonoras que sobrepasen los límites permitidos, la persona expuesta a ese factor de riesgo para su salud e integridad personal, no está sometida a soportar el abuso del emisor de tal factor contaminante hasta que se le diagnostique un daño permanente, o la pérdida del órgano auditivo; para quedar legitimada por activa; basta para ello que se acredite una amenaza objetiva, y la exposición al factor de riesgo —emisión sonora que sobrepasa los límites máximos permitidos—, que en este caso es concreta para la actora y su esposo, y se origina en el comportamiento del párroco accionado.
Ahora bien: no está claro que a la accionante y a su esposo no se les ha causado un daño físico; sólo consta que tal daño no fue detectado por el médico legista en el examen de sus historias clínicas, ya que fueron éstos documentos y no aquellas personas los sometidos a examen y opinión del forense (fls. 206 a 219). Pero aún aceptando que esas personas permanecen ilesas, los criterios para juzgar sobre la procedencia de la acción que se revisa no son los de la salud e integridad física de la actora y su esposo. Al respecto, vale transcribir y reiterar aquí, parte de las consideraciones de la sentencia T-630 de 1998 (4) , en la que se otorgó el amparo judicial a unas personas que se sentían vulneradas por el estrépito de una congregación anglicana vecina:
(4) M.P. Antonio Barrera Carbonell.
“En el caso bajo estudio se observa que se trata de una tutela presentada contra un particular, respecto del cual el peticionario se encuentra en estado de indefensión, al tener que soportar junto con su familia el exagerado ruido producido por la Iglesia ..., en el momento de realizar el culto, sin que éste pueda hacer nada para impedir la agresión, siendo por lo tanto procedente formalmente la tutela impetrada.
“De otra parte, la contaminación auditiva compromete derechos colectivos que sólo son objeto de tutela cuando se logra establecer la vulneración de derechos fundamentales respecto de personas determinadas, como en el presente caso. Dada la cercanía de la residencia del peticionario con la demandada, la tutela resulta ser el mecanismo más idóneo para lograr la protección.
“Además, esta Sala no comparte el criterio plasmado por el juzgado de segunda instancia, al determinar que el peticionario puede acudir a la acción policiva para lograr la protección de sus derechos fundamentales, pues esta corporación en numerosas oportunidades ha señalado que la existencia del trámite policivo como medio de defensa judicial para la protección de los derechos vulnerados, no es justificación para declarar la improcedencia de la tutela como medio de defensa; pues como bien se ha dicho el otro medio de defensa ha de ser de carácter judicial y no de otra índole, haciendo de tal manera procedente el amparo constitucional”.
Así, resulta claro que la tutela interpuesta por Mariela López de Buitrago en contra del párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio procede, aún cuando ella cuenta con las acciones populares, y así no haya sufrido daño su integridad física, pues se encuentra en situación de indefensión frente al particular contra el cual dirige la acción y, como se verá a continuación, no se trata sólo de una amenaza contra los derechos a la salud y la integridad física, sino de la violación de derechos que, como el último de los mencionados, son en sí fundamentales, como los derechos a la intimidad, a la tranquilidad, y al debido proceso en las actuaciones administrativas.
Derechos a la intimidad, a la tranquilidad y al debido proceso
Desde el punto de vista constitucional, no hay diferencia relevante entre la vulneración que produce a los derechos fundamentales a la intimidad y la tranquilidad de sus vecinos la celebración evangélica exageradamente ruidosa, y el repique de campanas de una iglesia católica que efectivamente sobrepasa el nivel de presión sonora permitido para un sector residencial, en un máximo de 36 y 37 decibeles, y en un mínimo de 27 y 28 decibeles, según la medición que se practicó en la casa de la demandante. Por tanto, la consideración sobre la efectiva violación de esos derechos fundamentales de parte del demandado, puede hacerse transcribiendo algunos párrafos de la T-210 de 1994 (5) , con la que se ejemplifica cómo la Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades (6) ha juzgado que el ruido constituye una injerencia arbitraria en la intimidad de las personas:
(5) M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(6) Sentencias T-403 de 1992, T-210 de 1994, T-219 y 622 de 1995, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-454 y 456 de 1995, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero, T-394 de 1997, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, T-614 de 1997, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara y T-214 de 1998, Dr. Fabio Morón Díaz.
“En su versión tradicional, el derecho a la intimidad ha sido identificado con la protección al domicilio y a la correspondencia frente a intervenciones indeseadas y arbitrarias de personas ajenas. A nivel penal, el allanamiento del domicilio o la interceptación de las comunicaciones, sin orden judicial que las autorice, son conductas punibles que atentan contra la inviolabilidad de la habitación y del sitio de trabajo (C.P., tít. X, cap. IV ) y contra la reserva de las comunicaciones y documentos privados (C.P., tít. X, cap. V).
Sin embargo, una interpretación del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia (C.P., art. 93), exige entender comprendido en su núcleo esencial la interdicción de ruidos molestos e ilegítimos. En efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) establece: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra y a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
La prohibición que recae sobre las injerencias arbitrarias en la vida privada de la persona, su familia, su domicilio o su correspondencia, no sólo garantiza a la persona frente al ingreso injustificado de personas o agentes públicos al espacio físico de su exclusivo control, sino también la ampara contra las invasiones que penetran la esfera de intangibilidad de su vida personal o familiar, mediante aparatos electrónicos o mecánicos, en este caso ya no tan sólo en forma directa e intencional. La amplitud del concepto de “injerencia”, contenido en el derecho a no ser molestado que, a su vez, hace parte del núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad personal o familiar, incluye los ruidos ilegítimos, no soportables ni tolerables normalmente por la persona en una sociedad democrática”.
Además, la contaminación auditiva viola también el derecho personalísimo a la tranquilidad, tal como lo juzgó esta Corte en la Sentencia T-28 de 1994 (7) .
(7) M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“... la tranquilidad se ha erigido en derecho susceptible de protección por esta vía, en tanto es inherente a la persona humana y se encuentra dentro de los derechos del artículo 94 superior. La jurisprudencia lo ha catalogado como personalísimo, derivado por necesidad del derecho a la vida digna. Si bien es cierto que la tranquilidad tiene una dimensión subjetiva, indeterminable, y por lo tanto imposible de ser objeto jurídico, también es cierto que existen elementos objetivos para garantizar ese bienestar íntimo de la persona, dada la influencia del entorno sobre el nivel emocional propio. A nadie se le puede perturbar la estabilidad de su vivencia sin justo título fundado en el bien común. Y esto obedece a una razón jurisprudencial evidente: el orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la ley, en forma de Estado”.
En tercer lugar, está acreditado en el expediente que la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio, debido a la temporada invernal, no realizó la medición de la contaminación auditiva causada por el tañido de las campanas cuando se tramitó la petición queja que la actora de esta tutela intentó en uso de la facultad que le confiere la Ley 232 de 1995, aunque si la pudo realizar —con los resultados antes transcritos—, cuando lo solicitó el Tribunal Administrativo del Meta. De esa manera, en la actuación administrativa que se inició con dicha petición en interés particular, las autoridades municipales de Villavicencio cambiaron el derecho vigente que tenían la obligación de aplicar (C.P., arts. 2º y 23, y L. 232/95), por su mero capricho, y de esa manera incurrieron en una conducta constitutiva de vía de hecho, con la que claramente violaron el derecho al debido proceso de la accionante.
En conclusión, en la parte resolutiva de esta providencia se revocarán las sentencias de instancia proferidas en el trámite del proceso bajo revisión y, en su lugar, se tutelarán los derechos a la intimidad y la tranquilidad violados por el párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio, y el derecho al debido proceso, vulnerado por la Inspección de Policía del mismo barrio y por la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio; tanto al particular como a las autoridades mencionadas, se les prevendrá para que se abstengan de comportamientos como el que originó la acción que se revisa; además, se ordenará al párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio, que a partir de la notificación de esta providencia suspenda todo toque de las campanas de su parroquia, hasta tanto pueda acreditar ante el juez de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta, que el tañido de las mismas en ningún caso puede ser origen de una emisión sonora que sobrepase los límites permitidos para la zona residencial en que se encuentra ubicado el campanario.
1. Revocar las sentencias adoptadas por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Meta en el trámite de este proceso y, en su lugar, tutelar los derechos a la intimidad y la tranquilidad de Mariela López de Buitrago, violados por el párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio, y el derecho al debido proceso de dicha ciudadana, vulnerado por la Inspección de Policía del mismo barrio y por la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio.
2. Ordenar al párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio, que a partir de la notificación de esta providencia suspenda todo toque de las campanas de su parroquia, hasta tanto pueda acreditar ante el juez de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta, que el tañido de las mismas en ningún caso puede ser origen de una emisión sonora que sobrepase los límites permitidos para la zona residencial en que se encuentra ubicado el campanario.
3. Prevenir al párroco de la iglesia del Espíritu Santo del barrio La Esperanza de Villavicencio, al inspector de policía del mismo barrio y a la Secretaría del Medio Ambiente de ese municipio, para que, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991, se abstengan de comportamientos como los que dieron origen a esta tutela.
4. Ordenar que, por medio de la secretaría general de la Corte Constitucional, se remita copia de esta providencia a la Procuraduría General de la Nación, a fin de que investigue la responsabilidad que pueda corresponder al Inspector de Policía del barrio La Esperanza, y a los funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente de Villavicencio, por los comportamientos considerados en la parte motiva de la misma.
Comuníquese, notifíquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional».

References: artículo 6
 artículo 2
 artículo 19
 resolución 
 artículo 86
 artículo 94