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Timestamp: 2013-06-20 00:24:16+00:00

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celex-txt - 31999R0975 -
Reglamento (CE) n° 975/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales
DO L 120 de 8.5.1999, p. 1/7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
edición especial en checo: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en estonio: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en húngaro Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en lituano: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en letón: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en maltés: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en polaco: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en eslovaco: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
edición especial en esloveno: Capítulo 01 Tomo 03 p. 74 - 80
REGLAMENTO (CE) N° 975/1999 DEL CONSEJO
por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales
(1) Considerando conveniente fijar las modalidades de ejecución de las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar (la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;
(2) Considerando que el Consejo adoptó, simultáneamente al presente Reglamento, el Reglamento (CE) n° 976/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias, distintas de las de cooperación al desarrollo que, dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros países(3) que, dentro del marco de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros países;
(3) Considerando que la política comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo contribuye al objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como al de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales;
(4) Considerando que la Unión Europea respeta los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho, según se enuncia en el apartado 2 del artículo F del Tratado de la Unión Europea;
(5) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inscribe en el respeto de los principios de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos que constituyen la piedra angular del sistema internacional de protección de los derechos humanos;
(6) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos se inspira en los principios generales que informan la Declaración universal de derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales;
(7) Considerando que la Comunidad reconoce la interdependencia de todos los derechos humanos y que el progreso del desarrollo económico y social y de la realización de los derechos civiles y políticos se apoyan mutuamente;
(8) Considerando que conviene considerar el respeto del Derecho internacional humanitario como parte de los derechos humanos en el sentido del presente Reglamento; considerando también los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional de 1977, la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatuto de los refugiados, y el Convenio de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio, así como otras normas de Derecho internacional convencional o consuetudinario;
(9) Considerando la Resolución sobre derechos humanos, democracia y desarrollo adoptada el 28 de noviembre de 1991 por el Consejo y los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, que definió las orientaciones, procedimientos y líneas de acción concretos destinados a promover, a la vez que los derechos económicos y sociales, las libertades civiles y políticas mediante un régimen político representativo basado en el respeto de los derechos humanos;
(10) Considerando que la acción de la Comunidad Europea en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos forma parte de un enfoque positivo y constructivo que incluye los derechos humanos y los principios democráticos como tema de interés común para la Comunidad y sus socios, y como elemento del diálogo para favorecer iniciativas para su respeto efectivo;
(11) Considerando que este enfoque positivo debería traducirse en la ejecución de acciones de apoyo a los procesos de democratización, mejora del Estado de Derecho y desarrollo de una sociedad civil pluralista y democrática, así como en la aplicación de medidas de confianza destinadas a prevenir los conflictos, apoyar los esfuerzos de paz y luchar contra la impunidad;
(12) Considerando que resulta por tanto esencial que los instrumentos financieros utilizados en apoyo de las acciones positivas en estos ámbitos en favor de cada país sean utilizados de manera coherente con los programas geográficos e integrados con otros instrumentos de desarrollo con el fin de aumentar su impacto y eficacia;
(13) Considerando que es asimismo necesario garantizar que dichas acciones sean coherentes con la política exterior de la Unión Europea, incluida la política exterior y de seguridad común;
(14) Considerando que estas acciones deben centrarse, en particular, en las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, como los niños, las mujeres, los refugiados, los emigrantes, las minorías, las personas desplazadas, los pueblos indígenas, los presos y las víctimas de torturas;
(15) Considerando que el apoyo comunitario a la democratización y al respeto de los principios del Estado de Derecho en el marco de un régimen político respetuoso de las libertades fundamentales del individuo contribuye a la realización de los objetivos de los distintos acuerdos celebrados por la Comunidad Europea con sus socios, acuerdos que hacen del respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos un elemento esencial de las relaciones entre las partes;
(16) Considerando que la calidad, el impacto y la continuidad de las intervenciones deberían salvaguardarse, en particular previendo la posibilidad de iniciar programas plurianuales de promoción de los derechos humanos y los principios democráticos que se prepararían en colaboración con las autoridades del país en cuestión teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada país;
(17) Considerando que la ejecución de una acción eficaz y coherente requiere que se tengan en cuenta las características propias de la acción en favor de los derechos humanos y de los principios democráticos y que éstas se traduzcan en el establecimiento de procedimientos flexibles, transparentes y rápidos para la toma de decisiones relativas a la financiación de las acciones y proyectos en este sector;
(18) Considerando que es esencial asegurarse de que se posee una capacidad de reacción rápida ante situaciones urgentes o de una importancia particular con el fin de reforzar la credibilidad y la eficacia del compromiso comunitario en materia de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos en los países donde tales situaciones se produjesen;
(19) Considerando que, muy especialmente en el caso de los procedimientos de concesión de subvenciones y de evaluación de los proyectos, conviene tener en cuenta la particularidad de los beneficiarios del apoyo comunitario en este ámbito, particularmente el carácter no lucrativo de sus actividades, los riesgos en que incurran sus miembros, a menudo voluntarios, en un medio a veces hostil, y su margen escaso de maniobra en términos de fondos propios;
(20) Considerando que el desarrollo de la sociedad civil debe materializarse, en particular, en el surgimiento y organización de nuevos actores y que, a tal fin, la Comunidad puede verse obligada a aportar en los terceros países beneficiarios apoyos financieros a socios que carecen de experiencia anterior en ese ámbito;
(21) Considerando que las decisiones relativas a la concesión de un apoyo financiero en favor de proyectos de promoción de los derechos humanos y de los principios democráticos deben tomarse de manera imparcial, sin discriminación en razón de diferencias raciales, religiosas, culturales, sociales o étnicas respecto de los organismos beneficiarios del apoyo comunitario y las personas o grupos de personas a los cuales se dirigen los proyectos apoyados, y que no deben estar guiadas por consideraciones de carácter político;
(22) Considerando que conviene fijar las modalidades de ejecución y de gestión de la ayuda de la Comunidad en favor de la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos financiada por el presupuesto general de las Comunidades Europeas;
(23) Considerando que, con arreglo al punto 2 de la Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 6 de marzo de 1995(4), en el presente Reglamento se introducirá un importe de referencia financiera para toda la duración del programa, sin que ello afecte a las competencias de la Autoridad Presupuestaria definidas en el Tratado,
El presente Reglamento tiene como objetivo fijar las modalidades de ejecución de las acciones comunitarias que, en el marco de la política comunitaria de cooperación al desarrollo, contribuyan al objetivo general del desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Las acciones que contempla el presente Reglamento se realizarán en el territorio de los países en vías de desarrollo o estarán vinculadas a situaciones que en ellos se produzcan.
Dentro de los límites del artículo 1, y en consonancia con el conjunto de la política exterior de la Unión Europea, la Comunidad Europea aportará su ayuda técnica y financiera a las acciones que tengan particularmente como objetivo:
1) La promoción y la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, tal y como se recogen en la Declaración universal de los derechos humanos y otros instrumentos internacionales sobre desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, en particular:
c) la promoción y la protección de los derechos humanos de las personas discriminadas, pobres o desfavorecidas, lo que contribuirá a reducir la pobreza y la exclusión social;
d) el apoyo a las minorías, los grupos étnicos y los pueblos indígenas;
a) el fomento y el fortalecimiento del Estado de Derecho y, en particular, el apoyo a la independencia y al fortalecimiento del poder judicial así como el respaldo a los sistemas penitenciarios que respeten la persona humana; el apoyo de las reformas constitucionales y legislativas; el apoyo a las iniciativas a favor de la abolición de la pena de muerte;
f) el apoyo de los procesos electorales, en particular mediante el respaldo a las comisiones electorales independientes, la concesióBon de ayudas materiales, técnicas y jurídicas para la preparación de elecciones, incluidos los censos electorales, así como mediante medidas destinadas a favorecer la participación de grupos concretos, especialmente las mujeres, en los procesos electorales, y mediante la formación de observadores;
g) el apoyo a los esfuerzos nacionales de delimitación de las competencias civiles y militares y la sensibilización y la formación respecto de los derechos humanos para el personal civil y militar.
a) el apoyo al desarrollo de las capacidades, incluido el establecimiento de sistemas locales de alerta rápida;
b) el apoyo a medidas destinadas a equilibrar las oportunidades y a superar las disparidades existentes entre distintos grupos de identidad;
c) el apoyo a medidas que faciliten la reconciliación pacífica de los grupos de interés, incluido el apoyo a las medidas de fomento de la confianza relacionadas con los derechos humanos y la democratización, con el fin de prevenir los conflictos y restablecer la paz civil;
e) el apoyo a las organizaciones internacionales, regionales o locales, incluidas las ONG, que intervengan en materia de prevención y resolución de conflictos y tratamiento de sus consecuencias, incluido el apoyo al establecimiento de tribunales penales internacionales ad hoc y a la instauración de una jurisdicción penal internacional permanente, así como en materia de apoyo y asistencia a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
a) estudios de determinación y de viabilidad;
b) intercambio de conocimientos técnicos y de experiencias entre organismos europeos y organismos de países terceros;
3) La ejecución de proyectos relativos a:
a) acciones de asistencia técnica y al personal expatriado y local destinado a contribuir a la realización de los proyectos;
b) la compra o suministro de cualquier producto o material estrictamente necesario para la ejecución de las acciones, incluida, en circunstancias excepcionales y cuando esté debidamente justificado, la compra o alquiler de locales;
c) en su caso, acciones que pongan de relieve el carácter comunitario de las actividades.
1. Los socios que pueden obtener un apoyo financiero en virtud del presente Reglamento son las organizaciones regionales e internacionales, las ONG, las administraciones y organismos públicos nacionales, regionales y locales y las organizaciones a nivel comunitario, los institutos y los operadores públicos o privados.
2. La Comisión ejecutará las acciones financiadas por la Comunidad en virtud del presente Reglamento, a petición de los socios contemplados en el apartado anterior o a iniciativa propia.
La ayuda de la Comunidad estará abierta a los socios mencionados en el apartado 1 de artículo 4 del presente Reglamento que tengan su sede principal en un país tercero beneficiario de la ayuda de la Comunidad en virtud del presente Reglamento o en un Estado miembro de la Comunidad. Dicha sede deberá constituir el centro efectivo de todas las decisiones relativas a las acciones financiadas de conformidad con este Reglamento. Excepcionalmente, esta sede podrá situarse en otro tercer país.
Sin perjuicio del contexto institucional y político en el cual los socios previstos en el apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento llevan a cabo sus actividades, se tendrán en cuenta en especial, para determinar si un socio puede tener acceso a la financiación comunitaria, los elementos siguientes:
f) su capacidad para desarrollar la cooperación con otros actores de la sociedad civil en los terceros países interesados y para hacer llegar la ayuda a las organizaciones locales responsables ante la sociedad civil.
1. Sólo se concederá la ayuda a los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4 si éstos se comprometen a respetar las condiciones de asignación y de ejecución fijadas por la Comisión y a las que se han comprometido los socios contractualmente.
3. La financiación comunitaria en virtud del presente Reglamento adoptará la forma de subvenciones.
4. En la medida en que las acciones se traduzcan en convenios de financiación entre la Comunidad y los países beneficiarios de acciones financiadas de conformidad con el presente Reglamento, dichos convenios estipularán que el pago de los impuestos, derechos y cargas no correrán a cargo de la Comunidad.
1. La participación en las licitaciones y en los contratos estará abierta en igualdad de condiciones a todas las personas físicas y jurídicas del país beneficiario y de los Estados miembros. Podrá ampliarse a otros países en vías de desarrollo y, en casos excepcionales debidamente justificados, a otros terceros países.
2. Los suministros serán originarios de los Estados miembros, del país beneficiario o de otros países en vías de desarrollo. Podrán ser originarios de otros países en casos excepcionales debidamente justificados.
2. En cualquier caso, y a los fines de lo dispuesto en el apartado 1, la Comisión fomentará:
El importe de referencia financiera para la aplicación del presente Reglamento durante el período comprendido entre 1999 y 2004 será de 260 millones de euros.
La Comisión se encargará de la programación, la instrucción, la decisión y la gestión, del seguimiento y de la evaluación de las acciones contempladas en el presente Reglamento según los procedimientos presupuestarios y otros vigentes. FijaráBa las condiciones de asignación, movilización y ejecución de las ayudas contempladas en el presente Reglamento.
1. La Comisión adoptará, de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 13:
- las decisiones relativas a las acciones cuya financiación de conformidad con el presente Reglamento sobrepasen un millón de euros por acción así como toda modificación de estas acciones que implique un rebasamiento superior al 20 % del importe inicialmente convenido para la acción en cuestión,
- los programas destinados a proporcionar un marco coherente de actuación en un país o región determinados o sobre un tema particular en los que las necesidades observadas parezcan tener tendencia a perdurar a causa de su amplitud y de su complejidad.
2. La Comisión notificará al Comité previsto en el artículo 13 las decisiones de financiación que tenga intención de aprobar relativas a proyectos y programas por un importe inferior a 1000000 de euros. Esta información se realizará a más tardar una semana antes de la toma de decisión.
1. La Comisión estará asistida por el Comité (en lo sucesivo denominado "el Comité de los derechos humanos y de la democracia"), formado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. Cuando se haga referencia al presente artículo, el representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que deban tomarse. El Comité emitirá su dictamen sobre este proyecto en un plazo que el Presidente fijará en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá con arreglo a la mayoría fijada en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que deba tomar el Consejo a propuesta de la Comisión. Durante las votaciones en el Comité, los votos de los representantes de los Estados miembros se ponderarán con arreglo a lo definido en el citado artículo. El Presidente no tomará parte en la votación.
La Comisión aprobará las medidas previstas cuando éstas se ajusten al dictamen del Comité.
Cuando las medidas previstas no se ajusten al dictamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión aprobará las medidas propuestas.
2. Para las acciones que cumplan estas condiciones la Comisión actuará previa consulta con los Estados miembros de la manera más eficaz. Los Estados miembros dispondrán de cinco días laborales para presentar sus objeciones. De no haberlas, el Comité al que hace referencia el artículo 13 estudiará el tema en su siguiente reunión.
3. La Comisión informará al Comité mencionado en el artículo 13, en su siguiente reunión, acerca de todas las medidas urgentes financiadas con arreglo a las presentes disposiciones.
El Comité podrá estudiar toda cuestión general o específica relativa a la ayuda comunitaria en la materia, y deberá desempeñar también un papel útil como medio de mejorar la coherencia de las actividades en favor de los derechos humanos y de la democratización emprendidas por la Unión Europea respecto de los terceros países. Una vez al año se procederá al examen de la programación prevista para el ejercicio siguiente o a un cambio de impresiones sobre las orientaciones generales de las acciones que vayan a ejecutarse al año siguiente en virtud del presente Reglamento.
1. La Comisión evaluará periódicamente las acciones financiadas por la Comunidad en virtud del presente Reglamento con el fin de establecer si los objetivos perseguidos por estas acciones han sido alcanzados y proporcionar directrices para mejorar la eficacia de las acciones futuras. La Comisión presentará al Comité un resumen de las evaluaciones realizadas que podrían, en su caso, ser examinadas por éste. Los informes de evaluación estarán a disposición de los Estados miembros que los soliciten.
Todo contrato o convenio de financiación celebrado de conformidad con el presente Reglamento establecerá, en particular, que la Comisión y el Tribunal de Cuentas podrán realizar controles in situ y en la sede de los socios contemplados en el apartado 1 del artículo 4 del presente Reglamento según las modalidades habituales definidas por la Comisión en el marco de las disposiciones vigentes, en particular las del Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
1. La Comisión informará a los Estados miembros, a más tardar en un plazo de un mes a partir de su decisión, sobre las acciones y proyectos aprobados, indicando sus importes, naturaleza, país beneficiario y socios afectados.
El resumen recogerá, en particular, informaciones relativas a los socios con los cuales se ejecutaron las acciones contempladas en el artículo 1 del presente Reglamento.
Tres años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación global de las acciones financiadas por la Comunidad en el marco del mismo, evaluación que podrá ir acompañada de sugerencias adecuadas relativas al futuro del presente Reglamento.
Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2004.
(1) DO C 282 de 18.9.1997, p. 14.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 19 de noviembre de 1997 (DO C 371 de 8.12.1997, p. 74), Posición común del Consejo de 25 de enero de 1999 (DO C 58 de 1.3.1999, p. 17) y Decisión del Parlamento Europeo de 14 de abril de 1999 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(3) Véase la página 8 del presente Diario Oficial.
(4) DO C 102 de 4.4.1996, p. 4.

References: Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 148
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 1