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﻿ Sentencia 2009-00112 de junio 13 de 2011
SENTENCIA 2009 - 00112 DE 13 DE JUNIO DE 2011
CONTENIDO:JUECES DEBEN SOLICITAR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO DE LOS BIENES QUE SON ENTREGADOS A LOS SECUESTRES. LOS JUECES DE LA REPÚBLICA, COMO DIRECTORES DE LOS PROCESOS JUDICIALES, PUEDEN EXIGIR INFORMES PERIÓDICOS SOBRE EL ESTADO DE LOS BIENES QUE SON ENTREGADOS AL CUIDADO DE SECUESTRES. LO ANTERIOR A FIN DE GARANTIZAR LA INTEGRIDAD Y SALVAGUARDA DE LOS MISMOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROL DISCIPLINARIO, FALTAS DISCIPLINARIAS, FUNCIONARIO JUDICIAL, OBLIGACIONES DEL SECUESTRE
Sentencia 2009-00112 de junio 13 de 2011
Rad. 700011102000200900112 01 / 1962 F
Aprobado según Acta 58 de la misma fecha
Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer de las decisiones proferidas en primera instancia por los consejos seccionales de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en relación con las investigaciones adelantadas contra funcionarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º de la Carta Política y 112, numeral 4º de la Ley 270 de 1996.
Previo a abordar el análisis del material probatorio allegado al plenario, la Sala parte del principio según el cual, la manifestación de la potestad sancionadora del Estado, se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre sus servidores, dada la especial sujeción de estos al mismo, en razón de la relación jurídica surgida por la atribución de una función jurisdiccional. De esta manera se pretende que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de una ética del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia que deben caracterizar sus actuaciones.
2. Estudio de fondo del asunto.
Conforme a los planteamientos de la funcionaria encartada en el recurso de alzada, corresponde ahora determinar si acertó o no el a quo al proferir sentencia sancionatoria en contra de la doctora Luz Marina Gaviria Ochoa, en su condición de Juez 2ª Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), a quien se le formularon cargos por el incumplimiento de los deberes descritos en los numerales 2º y 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, así como por su incursión en la prohibición prevista en el artículo 154.3 ídem, al desconocer los artículos 9, numeral 4º literal c); 11; 37, numeral 1º; 39, numeral 1º; 530, numeral 4º; y, 531, todos del Código de Procedimiento Civil.
En el caso que se analiza, se tiene que la primera imputación devino porque presuntamente la inculpada incumplió el artículo 153.15 de la Ley 270 de 1996, consistente en “resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional”, pues a pesar de haber dispuesto por auto del 7 de marzo de 2007 “La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados”, tal como se lo permitía el artículo 530, numeral 4º del Código de Procedimiento Civil, para el 22 de septiembre de 2009, no había cristalizado su propia orden.
Pues bien, tal como lo sostuvo la primera instancia, se tiene que a voces del artículo 531 ibídem “Si el secuestre no cumple la orden de entrega de los bienes dentro de los tres días siguientes a aquel en que la reciba”, la funcionaria debía efectuarla “en un plazo no mayor a quince días”, al margen de que en materia civil la justicia sea rogada, lo cierto es que medió petición de entrega por el extinto Néstor Humberto Zuluaga Gómez para los días 22(20) y 26(21) de febrero de 2007, por lo que ante el silencio del secuestre Piedrahita Rodríguez cuando en su memorial del 14 de marzo siguiente, además de obviar su responsabilidad frente al “manejo, administración o recibo de las sumas que por concepto de pago de arrendamiento se debía cancelar a la sociedad Agromontes de María S.A.”, reconociendo el recibo del inmueble en su “entidad material”, bastaba para requerir el cumplimiento de la orden dispuesta en el numeral 4º del auto del 7 de marzo de 2007 relacionado con la entrega del inmueble al rematante.
Era a partir de la aprobación que debía verificarse su cumplimiento, haciendo gala de lo que con especial cuidado disponen los artículos 37.1 y 39.1 del Código de Procedimiento Civil, pero la funcionaria optó por mostrarse impávida frente al silencio del secuestre, sin que pueda exculparse en una petición de nulidad que surgió con posterioridad a la aprobación del remate, porque como bien lo sostuvo la inculpada en el interlocutorio del 18 de diciembre de 2007, “las nulidades podrán alegarse en cualquiera de las instancias, antes de que se dicte sentencia, o durante la actuación posterior si ocurrieron dentro de ella”, de suerte que presentándose la solicitud de nulidad el 25 de abril de 2007 y siendo aprobado el remate el 7 de marzo de 2007, nada le impedía materializar la entrega del inmueble.
Ahora, si bien el 17 de junio de 2008(22), como consecuencia del infortunado deceso del rematante, la querellante obvió recordarle en su derecho de petición a la funcionaria investigada que debía materializar la entrega del inmueble, no lo es menos que el 19 de diciembre de ese mismo año estaba haciendo lo propio(23), lo que ello sólo se cumplió hasta el 25 de junio de 2010, según el acta que la misma inculpada allegó(24), escenario en que la inculpada no tuvo reparo en reconocer la calidad de heredera del rematante, y no tendría por qué negar una sucesión procesal plenamente acreditada -como lo hizo en sus descargos-, máxime cuando el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, así lo permitía, dada la calidad de cónyuge supérstite de la quejosa para con el rematante.
Y es que no se explica la salida procesal de la inculpada cuando manifiesta la imposibilidad de ubicar a la quejosa y el secuestre si su intención era no entregarle a la primera —por ausencia de derecho de postulación-, el inmueble rematado; además, ningún informe del CTI debía procurarse frente a tales circunstancias, cuando, entre otras, ninguna duda ofrecía el diligenciamiento respecto al lugar de ubicación de la quejosa, en tanto en el memorial del 17 de junio que se dejó mencionado, esta anunciaba para efectos de notificaciones “la dirección MA B3 D11 Mercado El Papayo de Sincelejo”(25), ora que el auxiliar de la justicia Piedrahita Rodríguez para el 14 de marzo de 2007 acudió al llamado que le hicieran a la carrera 16 Nº 34A-25 del barrio las Mercedes en el Municipio Ovejas (Sucre) —sin entregar el inmueble claro está—, personaje respecto del cual el mismo jefe de sección de investigación del CTI —Sincelejo, señor Wilson Uribe Mantilla no tuvo reparo en señalar que “ya estaba enterado, porque había recibido la citación”(26), la misma que obra a folios 326 y 327 dirigida a la referida dirección.
Se encuentran entonces colmado los requisitos previstos en el artículo 142 del CDU para proferir sentencia sancionatoria, pues se tiene la certeza sobre la existencia objetiva de la falta descrita en el artículo 153.15 de la Ley 270 de 1996 y el grado subjetivo de responsabilidad con que actuó la disciplinada, toda vez que el comportamiento enrostrado se aviene descuidado, pues como lo sostuvo el Seccional de Instancia, se afectó “la eficiente y oportuna administración de justicia”, no sin antes precisar que la entrega del inmueble rematado no se produjo en un “término razonable”, habiendo distado algo más de 3 años entre el primer requerimiento —febrero de 2007— y la entrega real y material —junio de 2010—, obviando el término que con especial cuidado dispone el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil.
Similar situación acontece respecto a la prohibición descrita en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, consistente en “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”, pues evidentemente el 17 de junio de 2003 la doctora Luz Marina Gaviria Ochoa había tenido su primera intervención en el proceso ejecutivo objeto de debate nombrando perito avaluador del inmueble perseguido, calenda para la que obraba por obvias razones la diligencia de secuestro practicada al predio a rematar desde el 25 de marzo de 2003, por manera que desde la referida cronología, tal como lo sostuvo la primera instancia, mediando 17 intervenciones judiciales de la disciplinable en el expediente, fácil le resultaba colegir —dada su larga trayectoria profesional—, que sin haber “rendido oportunamente cuenta de su gestión” el auxiliar de la justicia, tal como lo ordena el artículo 9º, numeral 4º, literal c) del Código de Procedimiento Civil, se hacía necesario la imposición de las medidas de control disciplinario que en ese tipo de diligenciamientos consideró viable el artículo 11 ibídem, cual es la imposición de una multa, situación advertida por la disciplinable hasta el 26 de febrero de 2007, cuando optó por requerir al secuestre “para que rinda informe de su administración en cuanto a cánones (sic) de arriendo pagados por el señor Rodrigo Zuluaga Gómez”, como “arrendador” del bien inmueble rematado, amén de que, dicha normativa no ofrecía dificultad en su interpretación a un juez de la República, ni le obligaba a realizar mayores elucubraciones sobre el deber ser de los preceptos.
Por manera que el retardo se aviene injustificado, al margen de la buena producción a que alude la funcionaria implicada, quien, en las diferentes oportunidades que tuvo el expediente para adoptar las decisiones a que había lugar, optó por mostrarse indiferente frente al descuido del auxiliar de la justicia, lo que robustece el criterio de la Sala en el sentido de que le faltó hacer uso de los poderes de ordenación e instrucción como directora del Juzgado y del proceso, lo que se deduce del mismo razonamiento depuesto por el a quo cuando refiere, que la juez sancionada “nunca se dio a la tarea de revisar el proceso, pues de haberlo hecho, se hubiera percatado que en esos cuatro años [marzo de 2003 a febrero de 2007] el señor Piedrahita Rodríguez en su calidad de secuestre rindió informe alguno sobre su gestión como custodio y administrador del referido bien... cuando ya era necesaria y aun demorada la entrega del inmueble rematante, fue que procedió a requerir al auxiliar”.
Ahora, aduce la inculpada que “la mora sólo se cuenta a partir del momento en que ingresa el expediente al despacho”, empero, como bien se le anunciara en la segunda sanción de que fuera objeto por la misma falta —artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996—, “dada su condición de jefe [del despacho]..., le corresponde definir las medidas necesarias para el trámite de los procesos y estar al tanto de los mismos, máxime cuando ocurren situaciones como las que nos ocupan, en donde el proceso se entorpece por las determinaciones del funcionario.
Tales comportamientos indiscutiblemente contrarían la normatividad y atentan contra el principio de celeridad que rige las actuaciones procesales, pero además constituyen una clara vulneración a la prohibición contenida en el numeral 3º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, descubriendo su falta de cautela y celo en el cumplimiento de los deberes impuestos por la ley como juez de la República, que le imponen actuar con apego absoluto a la normatividad y de manera particular respetar las garantías constitucionales de quien concurre a solicitar el servicio de justicia”(27).
Finalmente, se tiene que con fundamento en los mismos supuestos de hecho que se dejaron mencionados, la primera instancia dispuso la formulación cargos por el incumplimiento del deber descrito en el artículo 153.2 de la Ley 270 de 1996, consistente en “desempeñar con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad las funciones de su cargo”.
Pues bien, debe señalarse que en lo que concierne a la falta que se dejó mencionada, la Sala considera que la conducta que se tuvo como sustento para edificarla, queda subsumida en el artículo 154.3 de la Ley 270 de 1996, consistente en “retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados”, toda vez que si se considera cada una de ellas con autonomía e independencia se vulneraría el principio non bis in ídem, pues lo que se presenta en verdad es la figura que los penalistas definen como concurso aparente de tipos.
Para el mejor entendimiento del caso planteado es oportuno dejar en claro que según el profesor Alfonso Reyes Echandía el concurso aparente de tipos se presenta cuando una misma conducta parece simultáneamente encuadrada en dos tipos penales —en este caso disciplinarios— diversos y excluyentes, de tal manera que el operador jurídico, no pudiendo coetáneamente aplicarlos porque violaría el principio del non bis in ídem, debe resolver concretamente a cuál de ellos se adecúa el caso en estudio.
Sentado lo anterior, la Sala a diferencia de lo concluido por el a quo en la sentencia apelada, considera que la falta de “solicitud, celeridad, eficiencia” que tipifica el numeral 2º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, queda subsumida en la conducta descrita en el artículo 154.3 in fine, en las cuales en efecto se le halló responsable a la enjuiciada, siendo claro que si bien su comportamiento aparentemente encajaría en los tipos legales, los últimos son de mayor riqueza descriptiva y subsumen al primero en virtud del principio de la consunción, al que echa mano la doctrina para solucionar esta clase de problema, resultando evidente que entre uno y otro no hay primacía en cuanto a la gravedad de la sanción porque para ambos se fijó la misma sanción.
Por consiguiente, está probado que la funcionaria inculpada, incurrió en las faltas disciplinarias descritas en los artículos 153.15 y 154.3 de la Ley 270 de 1996, al desconocer los artículos 9, numeral 4º literal c); 11; 37, numeral 1º; 39, numeral 1º; 530, numeral 4º; y, 531, todos del Código de Procedimiento Civil, debiendo absolverse por la falta descrita en el artículo 153.2 ídem, como antes se dijo, por lo que se confirmará el fallo sancionatorio contra la doctora Luz Marina Gaviria Ochoa, en su condición de Juez 2ª Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), únicamente en cuanto a los dos primeros preceptos que se dejaron mencionados y la sanción impuesta como pasa a verse:
En lo que tiene que ver con la sanción, atendiendo a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, se sustentará en los siguientes fundamentos:
1. De un lado, la disciplinable reporta antecedentes disciplinarios de la misma naturaleza que no se pueden dejar de lado, pues fueron anteriores al proceder omisivo que ahora se reprocha; conforme quedó dicho, la Juez incurrió en faltas graves descritas en los artículos 153.15 y 154.3 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 9º, numeral 4º literal c); 11; 37, numeral 1º; 39, numeral 1º; 530, numeral 4º; y, 531, todos del Código de Procedimiento Civil.
2. Ese servicio de administrar justicia está vinculado ontológicamente a los fines esenciales del Estado, de tal manera que la más mínima sospecha sobre la celeridad y pronta justicia de los servidores judiciales, puede generar una grave perturbación del servicio;
3. En el presente caso, se trata de una juez del circuito, cuya jerarquía en la rama judicial es incuestionable, pues se halla en un punto intermedio de la estructura funcional de la judicatura, lo cual le impone un mayor celo y respeto por el ordenamiento jurídico y un compromiso ético más elevado.
Ha de decirse, en cuanto atañe a la forma de culpabilidad, que la Sala de instancia, al formular este cargo contra el disciplinable, hizo la imputación a título de culpa, pues la imputada no observó “la debida diligencia para proceder a la entrega del bien inmueble”, amén de que, “con la omisión de dar trámite eficaz, oportuno y eficiente con relación a una orden proferida por ella misma sin ejecutar las diligencias necesarias para hacerla cumplir, infringiendo las funciones propias de su cargo, las cuales se han visto incumplidas, y con ello se ha podido ocasionar menoscabo a los intereses de la aquí quejosa... y al Estado mismo en el últimas es el garante de la efectividad de las actuaciones judiciales”.
Finalmente, se colmaron los requisitos previstos en el artículo 142 del CDU para proferir sentencia sancionatoria, pues se tiene la certeza sobre la existencia objetiva de las faltas y el grado subjetivo de responsabilidad con que actuó la disciplinada. Las faltas se calificaron de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 734 de 2002 y se impuso la suspensión del cargo por dos (2) meses, sanción que, al margen del concurso aparente que condujo a la absolución de la falta descrita en el artículo 153.2 de la Ley 270 de 1996, se aviene consecuente y razonable frente a la actividad probatoria allegada, al tenor de lo previsto por los artículos 44.2 y 45.2 de la misma ley disciplinaria.
MODIFICAR el fallo proferido el 15 de diciembre de 2010 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Sucre, en el siguiente sentido:
1. CONFIRMAR el fallo que declaró disciplinariamente responsable a la doctora Luz Marina Gaviria Ochoa, en su condición de Juez 2ª Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), como autora a título de culpa de las faltas descritas en los artículos 153.15 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 530, numeral 4º y 531 del Código de Procedimiento Civil; y 154.3 ídem, al desconocer los artículos 9º, numeral 4º literal c); 11; 37, numeral 1º; 39, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, al tenor de lo previsto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este proveído.
2. ABSOLVER a la doctora Gaviria Ochoa de la falta descrita en el artículo 153.2 de la Ley 270 de 1996, conforme a lo dicho.
3. Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR la sanción de suspensión por el término de dos (2) meses, a la doctora Luz Marina Gaviria Ochoa, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.455.291, en su condición de Juez 2ª Promiscuo del Circuito de Corozal (Sucre), conforme a las consideraciones anteriores.
4. NOTIFÍQUESE esta decisión a la disciplinable, informándole que contra ella no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.
5. Ejecutoriada la presente sentencia, comuníquese a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a las Presidencias de las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura de Sucre y al Tribunal Superior de Sincelejo, conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 734 de 2002.
6. Devuélvase el expediente al Seccional de origen para lo de su cargo.
(20) Fl. 150 c.a.1.
(21) Fl. 166 Ib.
(22) Fl. 300 c.a. 1.
(23) Fl. 314 Ib.
(24) Fls. 75 - 77 cuaderno de 1ª instancia.
(25) Fl. 301 c.a. 1.
(26) Fl. 79 cuaderno de 1ª instancia.
(27) Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Providencia del 17 de julio de 2009, aprobada mediante acta 74 de la fecha. Expediente 700011102000200500260 01. M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

References: artículo 153
 artículo 154
 artículo 153
 artículo 530
 artículo 531
 artículo 52
 artículo 142
 artículo 153
 artículo 531
 artículo 154
 artículo 9
 artículo 11
 artículo 154
 artículo 153
 artículo 154
 artículo 153
 artículo 154
in fine
 artículo 153
 artículo 142
 artículo 153
 artículo 196
 artículo 153