Source: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2005-14443
Timestamp: 2019-02-24 04:26:42+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2005-14443
Documento BOE-A-2005-14443
«BOE» núm. 202, de 24 de agosto de 2005, páginas 29354 a 29366 (13 págs.)
BOE-A-2005-14443
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2004/12/28/7
En primer lugar, por la necesidad de completar el modelo legal dual definido en la memoria del Proyecto de Ley del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno, en donde se partía de la conveniencia de deslindar claramente, el ámbito estrictamente político, del que es propio de la actuación de la Administración, recuperando para la estructura política las decisiones de dicha naturaleza y reservando a la Administración el terreno de la ejecución de las directrices políticas.
En segundo lugar, a fin de crear el marco legal necesario para la renovación de la Administración Regional, lo que vendrá a posibilitar la realización de los cambios estructurales y de funcionamiento que resulten necesarios para hacer de ella una organización receptiva; transparente en su actividad; accesible en un plano espacial, temporal y material; que no aplace o retarde la solución de las demandas o peticiones ciudadanas y que permita la participación de los murcianos en la toma de las decisiones administrativas que les afecten.
Se circunscribe así la actuación de los órganos directivos de la Administración regional al desarrollo y concreción de las directrices emanadas del Consejo de Gobierno y de los consejeros y, si bien el Proyecto viene a delimitar el ámbito competencial encomendado a cada uno de ellos, se les considera también como parte de un conjunto más amplio dado que, más allá de la forma concreta que pueda adoptar un sector de la Administración Regional —consejería, organismo autónomo regional o entidad pública empresarial— ésta debe mantener su sentido unitario, como organización destinada al cumplimiento de los específicos fines que la Constitución y el Estatuto de Autonomía encomiendan para la Región de Murcia.
Se distingue también en el proyecto, entre aquellos órganos directivos de carácter «necesario», puesto que vienen a constituir el núcleo organizativo común e indispensable de todas las consejerías —consejeros, secretarios generales, directores generales y vicesecretarios— y aquellos que no tienen tal carácter, tales como los secretarios autonómicos y los subdirectores generales, los cuales existirán sólo en función de que concurran determinadas circunstancias que los hagan aconsejables y se incluyan en el correspondiente decreto de órganos directivos de cada Consejería.
Artículo 5. Instrumentos de colaboración y cooperación.
Artículo 6. Régimen jurídico de los convenios.
Asimismo, le corresponde la aprobación de los proyectos de los convenios que se suscriban con otras comunidades autónomas y su remisión a la Asamblea Regional o a las Cortes Generales, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía.
6. Los convenios celebrados al amparo de este capítulo, sin perjuicio de que obliguen a las partes desde el momento de su firma, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Artículo 7. Suscripción de los convenios.
Artículo 8. Del seguimiento de los convenios.
Artículo 9. De los consorcios.
Artículo 10. Órganos administrativos.
Artículo 11. Órganos superiores y órganos directivos.
3. Los secretarios generales, los secretarios autonómicos y los directores generales ostentan la condición de alto cargo, son nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero respectivo, gozan del tratamiento de ilustrísimo y están sometidos al régimen de incompatibilidades establecido por la normativa regional en la materia.
Artículo 12. Las Consejerías.
Artículo 13. Organización interna de las Consejerías.
Las secretarías autonómicas, en su caso.
La Vicesecretaría.
Artículo 14. Potestad de organización.
Artículo 15. Ordenación jerárquica de las consejerías.
Artículo 17. Las secretarías generales.
Artículo 18. Las secretarías autonómicas.
Artículo 19. Las direcciones generales.
1. Los directores generales son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas de cada Consejería. A tal efecto, les corresponde:
Artículo 20. Las vicesecretarías.
Artículo 21. Las subdirecciones generales y órganos asimilados.
Artículo 22. De los demás órganos de la Administración General.
Artículo 23. Requisitos para constituir órganos colegiados.
Artículo 24. Creación, modificación y supresión de órganos colegiados.
Artículo 25. Forma de las disposiciones y actos.
1. Adoptarán la forma de Decreto del Presidente las siguientes disposiciones, que no precisarán refrendo de ningún consejero:
Artículo 26. Conflictos de competencias.
Artículo 27. Recurso de alzada.
Artículo 28. Actos que ponen fin a la vía administrativa.
Artículo 29. Reclamaciones previas a la vía civil o laboral.
Artículo 30. Reclamaciones económico-administrativas.
Artículo 31. Reglas generales.
Artículo 33. Revisión de oficio.
Artículo 35. Órganos de contratación.
Artículo 36. Mesa de Contratación.
Artículo 37. Actividades propias de los organismos públicos.
Los organismos públicos realizan, bajo la dependencia o vinculación de la Administración General, actividades de ejecución o gestión, tanto administrativas como de contenido económico, cuyas características justifiquen su organización y desarrollo en régimen de descentralización funcional.
Artículo 38. Personalidad jurídica y potestades.
1. Los organismos públicos tienen personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos de esta ley y su propia ley de creación.
2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, salvo la potestad expropiatoria, en los términos que prevean sus normas de creación.
Los estatutos podrán atribuir a los organismos públicos regionales la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento del servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio.
Artículo 39. Clasificación y adscripción de los organismos públicos.
2. Los organismos autónomos dependen de una Consejería a la que corresponde la planificación, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.
3. Las entidades públicas empresariales dependen de una Consejería o un organismo autónomo que ejercerá las funciones aludidas en el apartado anterior.
Artículo 40. Creación de organismos públicos.
1. La creación de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales se efectuará por ley.
a) El tipo de organismo público que crea, con indicación de su denominación y sus fines generales, así como la Consejería de adscripción.
b) Las potestades administrativas generales que puede ejercitar.
c) Sus órganos directivos y el procedimiento para el nombramiento de sus titulares.
d) En su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de ley.
3. El anteproyecto de ley de creación de un organismo público que se eleve al Consejo de Gobierno, deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y del plan inicial de actuación del mismo, cuyo contenido se desarrollará reglamentariamente debiendo fijar, en todo caso, sus objetivos, así como sus recursos humanos y materiales.
4. La aprobación del plan inicial de actuación corresponde al titular de la Consejería de la que dependa el organismo.
Artículo 41. Estatutos.
1. Los estatutos de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales regularán, como mínimo, los siguientes extremos:
a) La estructura organizativa, y las funciones y competencias del organismo.
b) El patrimonio que se les asigne para el cumplimiento de sus fines y los recursos económicos que haya de financiar el organismo.
2. La aprobación de los estatutos corresponde al Consejo de Gobierno, mediante decreto a propuesta del titular del departamento de adscripción, previo informe de las consejerías competentes en materia de organización administrativa y hacienda.
Artículo 42. Extinción y liquidación de organismos públicos.
b) Mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno, a propuesta del titular del departamento de adscripción, previo informe de las consejerías competentes en materia de organización administrativa y hacienda, en los casos siguientes:
b.1) Por el transcurso del tiempo de existencia señalado en la ley de creación.
b.2) Porque la totalidad de sus fines y objetivos se asuma por los servicios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma.
b.3) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público.
2. La norma correspondiente establecerá las medidas aplicables al personal del organismo afectado, en el marco de la legislación reguladora de dicho personal. Asimismo, determinará la integración en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de los bienes y derechos que, en su caso, resulten sobrantes de la liquidación del organismo, para su afectación a servicios de la Administración General o adscripción a los organismos públicos que proceda conforme a lo previsto en las disposiciones reguladoras del patrimonio de la Comunidad Autónoma, ingresándose en el Tesoro regional el remanente líquido resultante, si lo hubiere.
Artículo 43. Funciones de los organismos autónomos.
Los organismos autónomos se rigen por el Derecho Administrativo y se les encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una Consejería, la realización de actividades administrativas de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos.
Artículo 44. Personal al servicio de los organismos autónomos.
1. El personal al servicio de los organismos autónomos estará sujeto al régimen general aplicable al personal de la Administración General, sin perjuicio de las peculiaridades que pueda establecerse en su ley de creación.
2. El organismo autónomo aplicará las instrucciones sobre recursos humanos establecidas por la Consejería competente en materia de función pública.
Artículo 45. Patrimonio de los organismos autónomos.
El régimen patrimonial de los organismos autónomos será el establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 46. Funciones y régimen general aplicable a las entidades públicas empresariales.
1. Las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades y servicios económicos, prestacionales, o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación.
2. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en esta ley, en sus normas de creación y en la legislación presupuestaria.
3. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que sus estatutos asignen expresamente esta facultad.
Artículo 47. Personal al servicio de las entidades públicas empresariales.
1. El personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral, excepto aquel que se encuentre sujeto a una relación de servicio de carácter estatutario, el cual se regirá por la legislación que le resulta de aplicación.
2. La selección del personal laboral de estas entidades se realizará mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad.
3. La ley de creación de cada entidad pública empresarial deberá determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administración pública de la Comunidad Autónoma y, en su caso, de otras administraciones públicas, podrán cubrir destinos en la referida entidad, y establecerá, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal.
Artículo 48. Patrimonio de las entidades públicas empresariales.
El régimen patrimonial de las entidades públicas empresariales será el establecido en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 49. Régimen de contratación y presupuestario de los organismos públicos.
1. La contratación de los organismos públicos se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislación de contratos de las administraciones públicas.
2. El régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero de los organismos públicos será el establecido en la Ley de Hacienda de la Región de Murcia.
Artículo 50. Control de eficacia.
Los Organismos Públicos están sometidos a un control de eficacia que será ejercido por la Consejería de adscripción, sin perjuicio de lo establecido al respecto por la Ley de Hacienda de la Región de Murcia. Dicho control tiene por finalidad comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos asignados.
Artículo 51. Impugnación de los actos de los organismos públicos.
Contra los actos y resoluciones de los organismos autónomos, así como contra los dictados en el ejercicio de potestades administrativas por las entidades públicas empresariales, caben los recursos administrativos o reclamaciones previas que procedan, previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
Fundaciones constituidas mayoritariamente o en su totalidad por aportaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma:
1. Las fundaciones constituidas, mayoritariamente o en su totalidad, por aportaciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se rigen por el Derecho privado y por la normativa específica que les resulta de aplicación.
2. El Consejo de Gobierno aprobará la constitución de las fundaciones a que se refiere el apartado anterior, su dotación económica, los estatutos, y la designación de los miembros que, en representación de la Comunidad Autónoma, vayan a formar parte de su patronato.
Disposición adicional segunda. Sociedades mercantiles regionales.
1. Son sociedades mercantiles regionales aquellas cuyo capital esté aportado íntegramente o tenga participación mayoritaria de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, ya sea de forma directa o indirecta.
2. La creación de las sociedades mercantiles regionales se efectuará:
a) Por decreto del Consejo de Gobierno, si la cuantía de la aportación pública no excede de la autorizada anualmente por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
b) Por ley de la Asamblea Regional, cuando exceda de dicha autorización.
3. Corresponderá al Consejo de Gobierno la propuesta o designación, según proceda, de los representantes de la Administración pública de la Comunidad Autónoma en los órganos de las sociedades en que ésta participe, sin perjuicio de las facultades atribuidas por su normativa de creación a los organismos públicos.
4. Las sociedades mercantiles regionales se regirán íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación. En ningún caso podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública.
Disposición adicional tercera. Organismos autónomos y entidades públicas empresariales de nueva creación.
El régimen de control de los organismos autónomos que se creen al amparo de esta ley, será el establecido en el artículo 98.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia para los organismos autónomos de carácter administrativo. Las entidades públicas empresariales de nueva creación, estarán sujetas al régimen de control financiero previsto en el artículo 99.1 de dicha Ley.
Disposición adicional cuarta. Modificaciones de la Ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1. Se modifica el número 2 del artículo 22 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, que queda redactado como sigue:
«2. Es competencia de la Consejería de Hacienda la afectación de bienes y derechos al dominio público, excepto en los casos de afectación a fines o servicios públicos encomendados a los organismos públicos, para cuya afectación expresa será competente el titular de la Consejería de la que dependan.»
2. Se da nueva redacción al artículo 50 de la Ley 3/1992, de 30 de julio, que queda como sigue:
2. Los bienes y derechos propiedad de los organismos públicos que resulten innecesarios para el cumplimiento de sus fines, excepto los que hayan sido adquiridos para devolverlos al tráfico jurídico, que podrán ser enajenados por aquéllos, se incorporarán al patrimonio de la Administración General de la Comunidad Autónoma, previa desafectación, en su caso, por el Consejo de Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.2».
El Consejo Jurídico de la Región de Murcia y el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia se regirán por esta ley en lo no previsto en su normativa específica.
Disposición transitoria primera. Adaptación de los organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público a las previsiones de esta ley.
1. Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contenidas en el título primero de esta ley y de las competencias de control atribuidas en la misma a las consejerías de adscripción, los organismos autónomos y las demás entidades de Derecho público existentes, se seguirán rigiendo por la normativa vigente a la entrada en vigor de esta ley, hasta tanto se proceda a su adecuación a las previsiones contenidas en la misma.
2. Dicha adecuación se llevará a efecto por Decreto, a propuesta del titular del departamento de adscripción, en los siguientes casos:
b) Adecuación de los entes incluidos en la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, al tipo de entidad pública empresarial.
Cuando la adecuación suponga la transformación de un organismo autónomo en entidad pública empresarial, o viceversa, se producirá mediante ley.
4. Una vez producida dicha adecuación, la referencia, en cualquier norma regional, a los organismos autónomos de carácter administrativo, comercial, industrial, financiero o análogo y a las entidades de Derecho público de la letra a) del apartado 1 del artículo 6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda regional, se entenderán hechas a los organismos y entidades públicas empresariales, a los que se refiere esta ley, respectivamente.
Disposición transitoria segunda. Registros.
1. Hasta tanto se desarrolle reglamentariamente y se implante de forma efectiva el sistema previsto en el artículo 32 de esta ley, cada Consejería llevará su propio registro de documentos, con independencia de la existencia de un Registro General, que estará adscrito a la Consejería competente en materia de organización administrativa.
Del mismo modo y hasta dicho momento, a los efectos previstos en el número 2 del artículo 32, se entenderá por registro del órgano competente para la tramitación de una solicitud, el registro del órgano competente para resolver y el registro general de la Consejería que tenga atribuida la competencia para iniciar la tramitación de la misma.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de organización administrativa, proponer al Consejo de Gobierno las normas de desarrollo del sistema previsto en el artículo 32 de esta ley. Igualmente le corresponde, en tanto no se realice dicho desarrollo reglamentario, dictar las normas de coordinación precisas, en orden a determinar, con carácter general, la adecuada uniformidad en el funcionamiento de los registros de entrada y salida de documentos de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, así como hacer públicas las oficinas de registro propias de dicha administración o concertadas, sus sistemas de acceso y horarios de funcionamiento.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley, y en concreto:
a) De la Ley 1/1988, de 7 de enero, del Presidente, del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el artículo 2.3, el título IV, el título V, el título VI y las disposiciones transitorias, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria primera de esta Ley.
b) Del Decreto Legislativo 1/1999 de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, los artículos 5 y 6.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», suplemento número 11, de 30 de diciembre de 2004)
Entrada en vigor: 19 de enero de 2005.
Publicada en el BOMU núm. 11, suplemento, de 30 de diciembre de 2004.
el art. 16, por Ley 2/2017, de 13 de febrero (Ref. BOE-A-2017-2468).
el art. 16, por Decreto-ley 2/2016, de 20 de abril (Ref. BORM-s-2016-90341).
la disposición adicional 5, en la redacción dada por la disposición final 3 de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, por Ley 7/2016, de 18 de mayo (Ref. BOE-A-2016-6042).
con efectos desde el 1 de enero de 1016, los arts. 11, 40 y 41, por Ley 1/2016, de 5 de febrero (Ref. BOE-A-2016-3540).
los arts. 11.6, 40.2 y 41.1, por Decreto-ley 4/2014, de 30 de diciembre (Ref. BORM-s-2014-90484).
el art. 47, por Ley 14/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-1927).
SE AÑADE la disposición adicional 6, por Ley 3/2012, de 24 de mayo (Ref. BOE-A-2013-1788).
SE DICTA EN RELACION adaptando la normativa aplicable al Instituto de Vivienda y Suelo: Ley 4/2008, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-2212).
arts. 5 y 6 de la Ley de Hacienda, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre (Ref. BORM-s-2000-90008).
En la forma indicada el art. 2.3, los títulos IV, V y VI y las disposiciones transitorias de la Ley 1/1998, de 7 de enero (Ref. BOE-A-1988-24186).
MODIFICA los arts. 22.2 y 50 de la Ley 3/1992, de 30 de julio (Ref. BOE-A-1993-1775).
DE CONFORMIDAD con los arts. 1.2 y 51 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio (Ref. BOE-A-1982-15031).

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 22
 artículo 50
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 2