Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831115.html
Timestamp: 2019-11-21 03:39:07+00:00

Document:
as201831115
Auto Supremo Nº 115
Expediente : 236/2017
Demandante : Lidia Arévalo Zelada Vda. de Antezana (Beneficiaria
de Juan Antezana Ricaldi)
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 110 a 112, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas, en representación del Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 004/2016 de 26 de septiembre, cursante de fs. 106 a 108, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro de la regularización de Renta Única de Viudedad, a favor de la beneficiaria Lidia Arévalo Zelada Vda. de Antezana; el Auto de 9 de mayo de 2017, por el que concedió el recurso (fs. 119); el Auto Supremo Nº 236-A de 16 de junio de 2017 (fs. 127), por el cual se declaró admisible el recurso de casación interpuesto; los antecedentes del proceso; y:
La Comisión Nacional de Prestaciones del SENASIR mediante Resolución Nº 00002202 de 11 de mayo de 2015, cursante de fs. 56 a 57, dispuso regularizar la fusión de la Renta de Viudedad en favor de la derechohabiente Lidia Arévalo Zelada Vda. de Antezana, en la suma de Bs2683,55.- (Dos mil seiscientos ochenta y tres 00/100 bolivianos), conforme se detalla en esa Resolución; estableciendo que hubo un cobro indebido de Bs6.277,29.- (Seis mil doscientos setenta y siete 29/100 bolivianos), que ordena que deberán ser descontados en un 20% mensual de la renta fusionada, hasta cubrir el total adeudado.
Ante la interposición del Recurso de Reclamación por la asegurada (fs. 67 a 68), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 601/15 de 4 de agosto de 2015, cursante de fs. 76 a 79, confirmó la Resolución Nº 00002202 de 11 de mayo de 2015, por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En conocimiento de la determinación asumida por la Comisión de Reclamación, la beneficiaria interpuso recurso de apelación, conforme consta la nota de fs. 91; que fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Auto de Vista Nº 004/2016 de 26 de septiembre, que cursa de fs. 106 a 108, revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 601/15 de 4 de agosto de 2015; disponiendo se emita una nueva y que el SENASIR mantenga subsistente la fusión de las dos rentas de vejez, en aplicación del art. 1 de la Resolución de Directorio (RD) Nº 024/2000 de 28 de noviembre, dejando sin efecto la determinación de los cobros indebidos.
En conocimiento del señalado Auto de Vista, Claudia Maldonado Encinas, en representación de Juan Edwin Mercado Claros, Director General Ejecutivo del SENASIR formuló recurso de casación en el fondo, de fs. 110 a 112, señalando lo siguiente:
Luego de efectuar el análisis de los antecedentes, argumentó que se incurrió en una incorrecta interpretación y aplicación del Instructivo D.G.P Nº 01/99 de 04 de enero, que establece que el SENASIR, tiene potestad de revisión de oficio o a denuncia, de las rentas, que constituye el ejercicio de una responsabilidad administrativa, aplicando un procedimiento administrativo que no lesiona derecho ni norma constitucional, puesto que dichas rentas, son pagadas con recursos del Tesoro General de la “Nación”.
También argumenta que se incurrió en una mala interpretación del art. 63 del Manual de Prestaciones, que autoriza a la Unidad de Recaudaciones a proceder a la fusión de rentas que percibía un asegurado.
En el caso presente, la asegurada recibía dos rentas, una del Sector Ferroviario (Renta Básica y Complementaria) y otra del Sector Administración Pública (Renta Básica), emergente de las rentas del titular Juan Antezana Ricaldi, habiéndose fusionado automáticamente en el mes de abril de 2002, resultando que a partir de enero de 2001, ningún asegurado podía percibir dos o más incrementos por sus rentas, porque al momento de realizarse esa fusión, corresponde ese incremento, en función a la persona beneficiaria y no así al número de rentas que pudiese tener y al haberse efectuado ese doble incremento, ocasionó una inestabilidad financiera que puede afectar a todo el Sistema de Jubilación.
Alega que en mérito a las facultades previstas por los art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS), 5 del Decreto Supremo (DS) Nº 27066 de 06 de junio de 2003 y 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005, se realizó esa revisión de las rentas de la beneficiaria y se dispuso la restitución de lo cobrado indebidamente, considerando para ello, que en aplicación de los arts. 42 inc. b) y 43 de la Ley Nº 1178 y 8 del DS Nº 23215, el Sistema de Control Gubernamental Interno de cada entidad pública, mediante el Sistema de Control Interno y Auditoría Interna, que tiene el objeto de promover el acatamiento de las normas legales y proteger los recursos contra irregularidades, fraudes y errores; ahora el SENASIR, tiene la obligación de efectuar esa revisión y determinar el daño económico al Estado, para su recuperación de lo indebidamente pagado y cobrado por la beneficiaria, aspecto que debe ser enmendado por este Tribunal.
También denunció la violación del Principio Constitucional de Seguridad Jurídica, porque el DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003, en su art. 5 inc. h), otorgó al SENASIR, la atribución de efectuar la recuperación de aportes en la vía administrativa y/o coactiva Social, en el marzo previsto por el “art. 210 del Código Procesal del Trabajo”.
A ese efecto cita al tratadista Manuel Osorio, respecto de la renta que se concede de manera singular, afirmando además que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, entre las que se encuentra el aludido DS.
Concluyó argumentando que se incurrió en errónea interpretación del art 477 del RCSS, pese a que existe la normativa prevista por el art. 1º de la Ley Nº 2197 de 09 de mayo de 2001 que modifica el art. 57-III de la Ley Nº 1732 de Pensiones y 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2015, que concede al SENASIR la facultad de revisión de oficio de las rentas y determinar el daño económico al Estado, concediendo el art. 5 inc. h) del DS 27066, a recuperar los mismos en la vía administrativa y coactiva social.
Solicita que, este Tribunal, deliberando en la fondo CASE en parte el Auto de Vista Nº 004/2016 de 26 de enero, emitido por la Sala Segunda Social y Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y se confirme en su totalidad, la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 601/15 de 08 de agosto.
Mediante Auto Supremo Nº 236-A de 16 de junio 2017, este Tribunal admitió el recurso de casación en el fondo de fs. 110 a 112, interpuesto por la apoderada del Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, promovido contra el Auto de Vista Nº 004/2016 de 26 de septiembre, cursante a fs. 106 a 108.
El art. 477 del RCSS que señala que: “Las prestaciones en dinero concedidas podrá ser objeto de revisión de oficio, o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento: La revisión que revocare la prestación concedida o redujere el monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas. En este último caso la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas”.
En el caso concreto, se establece de la revisión de la resolución de vista impugnada en casación, que no se ha puesto en duda la facultad que tiene el SENASIR para revisar de oficio de las rentas en curso de pago y adquisición, puesto que esta facultad se encuentra reconocida en la normativa citada precedentemente (arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5 inc. H del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003), y menos respecto del Instructivo emitido por la Dirección General de Pensiones D.G.P. Nº 01/99 de 04 de enero de 1999, acusado de haberse interpretado y aplicado incorrectamente en el recurso objeto de la presente resolución; por consiguiente, conforme consta en el Auto de Vista, puntos 4 y primera parte del punto 5 del Segundo Considerando, aplicó adecuadamente la indicada normativa, por lo que se evidencia que no existe infracción alguna sobre este particular, pues en la parte Resolutiva del Auto de Vista se determinó que se mantenga subsistente la fusión de las dos rentas, en aplicación de la RD Nº 024/2000 de 28 de noviembre; empero, dejó sin efecto la determinación de los cobros indebidos, porque en el texto de esa resolución de vista se estableció que la beneficiaria no presentó en momento alguno documentación falsa que hubiera motivado algún error en la Administración (SENASIR), que hubiese provocado daño al Estado, pues era responsabilidad de los funcionarios encargados de esa tarea de fusión, el controlar que no se mantuvieren los incrementos salariales ahora reclamados.
Respecto a que se habría vulnerado los principios de seguridad, jurídica, o que se hubiera soslayado el carácter obligatorio que tienen las normas sociales, tampoco es evidente, porque de los antecedentes del expediente, se establece que como consecuencia que la beneficiaria Lidia Arevalo Zelada Vda. de Antezana, luego de haber sido beneficiada con la renta de viudedad, al fallecimiento de su cónyuge Juan Antezana Ricaldi, que recibía en dos partidas, la primera en el Sector Administración Pública (Renta Básica) y la segunda en el Sector Ferroviario y R.A., (Renta Básica y Complementaria), conforme se acreditó mediante el Informe de fs. 53 a 55 de obrados y las hojas de trabajo de fs. 44 a 54; y cuando se dispuso la fusión automática de dicha rentas, en abril del 2002, no se proporcionó ninguna documentación por dicha beneficiaria, para realizar ese procedimiento que era automático, sino que en mérito a la normativa administrativa emitida para ese efecto se debió cumplir un procedimiento en el que no intervino la derechohabiente, aspecto que impide que se aplique la última parte del art. 477 del RCSS y las disposiciones administrativas complementarios citadas líneas arriba (arts. 9 del DS Nº 27991 de 28 de enero de 2005 y 5 inc. H del DS Nº 27066 de 06 de junio de 2003 y el Instructivo D.G.P. Nº 01/99 de 04 de enero de 1999), al constituir un requisito de inexcusable cumplimiento, para disponer la devolución de los montos indebidamente cancelados.
Por último, es evidente que en aplicación de las indicadas facultades de revisión que tiene el SENASIR, puede recuperar los daños económicos provocados al Estado, conforme faculta los arts. 42 inc. b), 43 de la Ley Nº 1178 y 8 del DS Nº 23215; empero, esa facultad, de acuerdo a la misma normativa descrita, solo permite realizar esa tarea en la vía administrativa o Coactiva Social, cuando se evidencie justamente los presupuestos jurídicos para su procedencia, cuando los beneficiarios o derechohabientes, hubiesen presentado documentos, datos o declaraciones fraudulentas, aspecto que en el caso presente no se ha acreditado, evidenciando que se incurrió en un error administrativo, no imputable a la beneficiaria, sino a los funcionarios encargados de realizar esa fusión automática de rentas.
Se hace constar además que, resulta impertinente la cita del art. 210 del Código Procesal del Trabajo, porque no se aplica a los procesos Coactivos Sociales, como erróneamente argumentó la recurrente.
POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la LOJ, declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo de fs. 110-112, interpuesto por Claudia Maldonado Encinas, en representación del Director General Ejecutivo del SENASIR, contra el Auto de Vista N° 004/2016 de 26 de septiembre, cursante a fs. 106 a 108, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución