Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/11/registro-oficial-17-de-noviembre-del-2000
Timestamp: 2020-07-13 23:44:50+00:00

Document:
Registro Oficial. 17 de NOVIEMBRE del 2000
Virnes 17 de Noviembre del 2000
\n 154 Delégase\n a la economista Fabiola Calero de Cevallos, Subsecretaria del\n Tesoro y Crédito Público, para que asista e intervenga\n en la sesión del Directorio del Banco Central del Ecuador,\n a realizarse el dia miércoles 25 de octubre del 2000
\n 083 Modifícase el Acuerdo\n Ministerial No. 389, publicado en el Registro Oficial No. 387\n de 2 de marzo de 1990
\n Derógase el Acuerdo Ministerial\n No. 511 de 7 de noviembre de 1997, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 191 de 11 de noviembre de 1997
\n Reajústanse y niéganse los precios de venta a farmacia\n y al público en todo el territorio nacional de los productos\n farmacéuticos elaborados por las siguientes empresas
\n 077-DDE Baxter
\n 084-DDE Comerciosa S.A.
\n 085-DDE Hoechst Eteco S.A.
\n 086-DDE Aventis Pharma S.A
\n 087-DDE Quifatex S.A.
\n 83-96 César Gustavo González\n Mejía en contra del IESS
\n 205-99 Lorgia Jacinta Serrano\n Minuche de García en contra del Banco Central del Ecuador\n
\n 294-99 Francisco Lecaro Rubira\n en contra de la Compañia LIMARI Cía. Ltda
\n 336-99 Nehi Grapee Galáa\n Navarrete en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda\n
\n 32-2000 Manuel Reyes Molina\n en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 57-2000 Gustavo Zambonino Jorrín en contra\n de EMETEL S.A.
\n 70-2000 César Conrado\n Jouvin Vargas Machuca en contra de la Junta de Beneficencia de\n Guayaquil
\n 93-2000 Segundo Morales Ramírez\n en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 114-2000 Santiago Murrieta\n León en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 117-2000 Gualberto Pilco Guamán\n en contra de Luis Cornelio Vega y otra
\n 123-2000 Riumaldo Daniel Caraguay\n en contra de Byron Gordillo y otra
\n 126-2000 Luis Contreras en\n contra de Orlando Rodrigo Panata
\n 129-2000 Manuel Ortiz Rentería\n en contra de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres\n
\n 040\n Cantón Quito:\n Que reforma a la Ordenanza 019 que rige a la Comisión\n Taurina y a los espectáculos taurinos
\n Cantón\n Azogues: De regulación y cobro\n de tasas por concepto de aprobación de planos de la EMAPAL\n
\n Cantón Salinas: Que\n reforma a la Ordenanza de ornato y fábrica
\n Cantón San Miguel de Ibarra:\n Que reforma la Ordenanza que reglamenta la comercialización\n de ganado en pie, el faenamiento y la distribución de\n carnes
N0 154
Artículo único. - Delegar a la economista Fabiola\n Calero de Cevallos, Subsecretaria del Tesoro y Crédito\n Público de esta Cartera de Estado, para que a nombre y\n en representación del Ministro de Economía y Finanzas,\n en la sesión del Directorio del Banco Central del Ecuador,\n a realizarse el miércoles 25 de octubre del 2000, asista\n e intervenga en las discusiones respecto del tema: "Crédito,\n numeral 1" signado en las convocatorias de 18 y 25 de octubre\n del 2000, respectivamente.
Dado en Quito, 24 de octubre del 2000.
Es copia - Certifico.
f) Ing. Com. Luis Abarca Strong, Secretario General del Ministerio\n de Economía y Finanzas.
Quito, 25 de octubre del 2000.
N0 083
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 389, publicado en el\n Registro Oficial No. 387 de 2 de marzo de 1990, esta Secretaria\n de Estado, emitió disposiciones para el transporte del\n petróleo crudo producido en los campos de la Región\n Amazónica, a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano\n Lago Agrio - Esmeraldas, SOTE,
Que, el Acuerdo Ministerial N0 389, citado, no contiene disposiciones\n que permitan recoger todos los elementos técnicos que\n se presentan para la regulación de entregas de petróleo\n crudo de los campos de la Región Amazónica al sistema\n de transporte existente en el país, Sistema de Oleoducto\n Transecuatoriano SOTE;
Que, las nuevas modalidades contractuales como son de participación,\n de operación de campos marginales y de gestión\n compartida, han propiciado el ingreso de nuevas compañías\n operadoras como usuarias del sistema de transporte, SOTE;
Que, los potenciales de producción de petróleo\n crudo existentes en el país, exceden a la capacidad de\n transporte y por tanto, es necesario regular los volúmenes\n de entrega del petróleo crudo de las compañías\n operadoras en forma equitativa sin que se perjudiquen los intereses\n nacionales;
Que, dada la diferencia de calidad y especificaciones del\n petróleo crudo, procedente de los campos hidrocarburíferos\n de la Región Amazónica ecuatoriana, así\n como, el grado de complejidad que demanda la operación\n de transporte de este recurso natural, a través de Sistema\n del Oleoducto Transecuatoriano, es necesario ampliar las normas\n respectivas que regulan esta fase de la actividad hidrocarburífera.
Que, es necesario incentivar la inversión de las compañías\n operadoras las mismas que se reflejan en la producción\n promedia mensual de cada una de ellas y no únicamente\n en el potencial de producción de petróleo crudo\n de cada campo, lo que hace necesario ampliar las disposiciones\n contenidas en el Acuerdo Ministerial No. 389, citado;
Que, la Dirección Nacional de Hidrocarburos y la Dirección\n de Asesoría Jurídica de este Ministerio, con memorandos\n N0 311 - DNH - CO - PT - Y 005447 y 539 - DAJ - JE - 2000, de\n 23 y 26 de octubre del 2000, en su orden, emitieron los informes\n pertinentes; y,
En ejercicio de las facultades que le confieren el numeral\n 6 del Art. 179 de la Constitución Política de la\n República del Ecuador, el Art. 9 de la Ley de Hidrocarburos,\n y el inciso último del Art. 16 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Artículo único. - Agréguese después\n del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 339, publicado\n en el Registro Oficial No. 387 de 2 de marzo de 1990, el siguiente\n artículo innumerado:
"Art ... . - En el caso de que el sistema de transporte\n del país, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, SOTE,\n se vea disminuido en su capacidad de transporte en lo que respecta\n al crudo de las compañías operadoras, ya sea por\n circunstancias de fuerza mayor, imprevistos no catalogados como\n fuerza mayor o caso fortuito, o por cualquier otra causa de orden\n interno o externo a la operación del mismo, que implique\n la potencial disminución de transporte o una sobre demanda\n de su capacidad; la Dirección Nacional de Hidrocarburos\n podrá considerar para la asignación de cupos, otros\n criterios como son los de: producción promedio mensual,\n gravedad del crudo u otros que técnicamente sean justificables".
Dado, en Quito, 26 de octubre del 2000.
f) Ing. Pablo Terán Ribadeneira.
Es fiel copia del original. - Lo certifico. Quito, 26 de octubre\n del 2000.
N0 1412
Que, mediante Acuerdo Ministerial N0 511, suscrito por el\n ex Ministro de Gobierno economista César Verduga, el 7\n de noviembre de 1997 y publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial N0 191 de 11 de noviembre de 1997, se expidió\n el Reglamento del Ministerio de Gobierno y sus entidades adscritas\n para la contratación de bienes, prestación de servicios\n y ejecución de obras excepcionados de conformidad con\n el Art. 6 de la Ley de Contratación Pública;
Que, el artículo 7 del Reglamento a la Ley de Contratación\n Pública, el cual ha servido de fundamento legal para la\n expedición del Acuerdo Ministerial N0 511 de 7 de noviembre\n de 1997, expresa que: "La adjudicación de los contratos\n referidos en el artículo 6 de la ley se realizará\n previo el proceso de selección que considere adecuado\n el Ministro la máxima autoridad de la entidad contratante,\n según las circunstancias de la contratación, salvo\n en los casos en que tal proceso de selección no fuere\n posible;
Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 1522, publicado en el Registro\n Oficial No. 329 de 30 de noviembre de 1999, se reformó\n el primer inciso del antes mencionado Art. 7 del Reglamento a\n la Ley de Contratación Pública, limitándose\n la capacidad de exoneración de procedimientos precontractuales\n a las contrataciones previstas en los literales b), h) e i) del\n artículo 6 de la Ley de Contratación Pública,\n previo el proceso de selección que considere adecuado\n el Ministro o la máxima autoridad de la entidad contratante,\n según las circunstancias de la contratación;
Que, la Ley de Contratación Pública en el artículo\n 6, establece normas básicas que deben observarse para\n proceder a la contratación exceptuada de procedimientos\n precontractuales, tales normas no se encuentran clara y taxativamente\n establecidas en el Acuerdo Ministerial 511 de 7 de noviembre\n de 1997;
Que, estas circunstancias determinan que dicho acuerdo ministerial\n adolezca de imprecisiones de forma y de fondo, vicios estos,\n que en varias ocasiones han generado confusión y errores\n al momento de efectuar los procesos de contratación de\n este portafolio y sus dependencias, en desmedro y retardo de\n la gestión pública;
Que, el artículo 123 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva\n dice: "La Administración no podrá expedir\n disposiciones o tomar decisiones contrarias a las leyes ni regularlas,\n salvo la potestad reglamentaria que la ejerce el Presidente de\n la República.";
Que, el artículo 89 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,\n expresa que los actos administrativos que expidan los órganos\n y entidades sometidos a este estatuto se extinguen o reforman\n en sede administrativa de oficio o a petición del administrado;\n mientras que el artículo 90 de ese mismo cuerpo legal\n determina que los actos administrativos podrán extinguirse\n o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad\n o de oportunidad; y,
Art. 1. - Derógase el Acuerdo Ministerial N0 511 de\n 7 de noviembre de 1997, publicado en el Suplemento del Registró\n Oficial N0 191 de 11 de noviembre de 1997, por el cual se expidió\n el Reglamento del Ministerio de Gobierno y sus entidades adscritas\n para la contratación de bienes, prestación de servicios\n y ejecución de obras excepcionados de conformidad con\n el artículo 6 de la Ley de Contratación Pública.
Art. 2. - El presente acuerdo póngase en conocimiento\n de la Contraloría General del Estado para los fines legales\n pertinentes.
Art. 3. - Este acuerdo entra en vigencia a partir de la presente\n fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial.
Comuníquese, dado en el Distrito Metropolitano de Quito,\n 12 de octubre del 2000.
f) Juan Manrique Martínez, Ministro de Gobierno y Policía.\n Ministerio de Gobierno y Policía.
Quito, 27 de octubre del 2000.
No. 077\n - DDE
Que el 7 de febrero del 2000 la empresa BAXTER, presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 25 productos\n importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa BAXTER;
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa BAXTER:
(Anexo17NOT1;2)
f) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca
Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo. - f) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo\n certifico
No. 84\n - DDE
LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR,\n INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA.
Que el 7 de febrero del 2000 la empresa Comerciosa S.A., presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 56 productos\n importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa Comerciosa\n S.A.;
Que la solicitud de reajuste de precios en 55 productos cumple\n con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE\n del 3 de febrero del 2000 y en un producto no cumple con el mencionado\n acuerdo porque el Registro Sanitario no ampara la presentación\n solicitada; y,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa Comerciosa S.A.:
(Anexo 17NOT3;5)
Art. 2. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa Comerciosa\n S.A.:
(Anexo 17NOT6)
Art. 3. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.\n - Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 2 de marzo del 2000.
f.) Ing. Augusto L. Tosí, Subsecretario de Industrialización,\n delegado del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca. f.) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del\n Ministerio de Salud Pública.
Dirección Nacional de Industrias. - Oficina de Documentación\n y Archivo - f) Ilegible. - Es fiel copia del original. - Lo certifico.
No. 085\n - DDE
Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No.\n 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el consejo\n debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica,\n emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el\n Art. 3(3 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse\n a partir de la recepción del requerimiento y, el consejo\n debe pronunciarse en el término de los quince días\n posteriores a la recepción del informe;
\n Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas\n administrativas para la fijación, revisión, reajuste\n y control de precios de los medicamentos de uso humano;
Que el 7 de febrero del 2000 la empresa Hoechst Eteco S.A.,\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de fijación proporcional de precios\n de 5 productos importados y de reajuste de precios de 40 productos\n nacionales e importados;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa Hoechst\n Eteco S .A.;
Que la solicitud de fijación proporcional de precios\n en 4 productos cumple con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial\n No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000, pero en 1 producto no\n cumple con el mencionado acuerdo, por cuanto el Registro Sanitario\n no está notarizado;
Que la solicitud de reajuste de precios en 37 productos cumple\n con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE\n del 3 de febrero del 2000, pero en 4 productos no cumple con\n el mencionado acuerdo, por cuanto en el primer producto no presenta\n el Registro Sanitario, en el segundo el Registro Sanitario no\n ampara la presentación solicitada y en el tercero el precio\n base es más alto que el del acuerdo; y,
Art. 1. - Fijar proporcionalmente los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa Hoechst Eteco\n S.A.:
(Anexo 17NOT7)
Art. 2. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional de\n los siguientes productos de la empresa Hoechst Eteco S.A.:
(Anexo 17NOT8;9)
Art. - 3. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa Hoechst Eteco\n S.A.:
(Anexo 17NOT10)
Art. - 4. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa Hoechst Eteco\n S.A.:
(Anexo 17NOT11)
Art. 5. - El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial. Comuníquese y publíquese.\n - Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 2 de marzo del 2000.
No. 86\n - DDE
Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3\n de febrero del 2000 el Consejo Nacional de Fijación de\n Precios de Medicamentos de Uso Humano, emitió una resolución\n de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos\n de uso humano;
Que el 7 de febrero del 2000 la empresa Aventis Pharma S.A.,\n presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 50 productos;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa AVENTIS\n PHARMA S.A.;
Que la solicitud de reajuste de precios en 47 productos cumple\n con lo dispuesto en el Acuerdo No. 6 A - DDE del 3 de febrero\n del 2000 y en 3 productos no cumple con el referido acuerdo por\n cuanto los registros sanitarios de los ítems 9, 39 y 50\n se encuentran caducados, y del ítem 9 no corresponde al\n producto solicitado; y,
Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a\n farmacia y al público en todo el territorio nacional del\n siguiente producto de la empresa Aventis Pharma S.A.:
(Anexo17NOT12;14)
Art. 2. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional de los siguientes productos de la empresa Aventis Pharma\n S.A.:
(Anexo 17NOT15)
No. 87\n - DDE
Que el 7 de febrero del 2000 la empresa Quifatex S.A., presentó\n al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización\n y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 20 productos;
Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos\n de Uso Humano, en sesión celebrada el 23 de febrero del\n 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa Quifatex\n S.A.;
Que la solicitud de reajuste de precios no cumple con lo dispuesto\n en el Acuerdo No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000 por cuanto\n los precios del ítem 12 no han sido fijados de conformidad\n al Decreto 1076 y de los demás productos para el cálculo\n de reajuste no considera los índices de inflación\n posteriores a las fechas de los respectivos acuerdos que sirvieron\n de base para el reajuste; y,
Art. 1. - Negar el reajuste de los precios máximos\n de venta a farmacia y al público en todo el territorio\n nacional del siguiente producto de la empresa Quifatex S.A.:
(Anexo 17NOT16)
No. 83\n - 96
JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE CESAR GONZALEZ\n CONTRA IESS.
Quito, agosto 28 del 2000; las 15h00.
VISTOS: De fs. 72 a 73 del cuaderno de última instancia,\n corre el escrito contentivo del recurso de casación deducido\n por el Sr. Director General del IESS, respecto de la sentencia\n de mayoría dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior\n de Quito, en la que se confirma la que en el primer nivel, dictara\n la Sra. Jueza Segunda del Trabajo de Pichincha, declarando con\n lugar, parcialmente, la demanda deducida por el Sr. César\n Gustavo González Mejía en contra de dicha entidad\n recurrente. Agotada la sustanciación inherente al recurso\n de casación y siendo el estado de la causa el de resolver\n sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO.\n - La Sala es competente para conocer y pronunciarse sobre el\n recurso interpuesto, por así disponerlo el Art. 1 de la\n Ley de Casación, dado que consta a fs. 1 del cuaderno\n estructurado en este nivel, que se ha practicado el sorteo legal.\n SEGUNDO. - El recurrente sustenta su recurso, básicamente\n y en síntesis, en lo siguiente: Que la Quinta Sala de\n la H. Corte Superior de Justicia de Quito, no aplicó en\n el fallo censurado, lo estatuido en los incisos finales del Art.\n 128 de la Constitución e infringió lo dispuesto\n en el Art. 355, numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento\n Civil, que enumeran las solemnidades sustanciales de todos los\n juicios, al no cumplir con la obligación de declarar la\n nulidad, aunque las partes no la hayan alegado y, finalmente,\n que la sentencia omitió aplicar el Art. 2 de la Ley de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa, a la que está\n sujeto el actor, y no al Código del Trabajo. TERCERO.\n - Revisada que ha sido la sentencia que se impugna, esta Sala\n encuentra que fue dictada sin violación de los preceptos\n legales y constitucionales que invoca el recurrente, conclusión\n a la que se arriba en base de las siguientes puntualizaciones:\n En cuanto a la falta de competencia del Juez a quo, que debió\n generar la declaratoria de nulidad, según el recurrente,\n es necesario referirse, básicamente, a las observaciones\n que se pasan a mencionar: a). - En ningún momento procesal\n ha sido objeto de controversia y más bien ha sido aceptado\n en forma implícita y explícita por la parte empleadora,\n el hecho que el actor ingresó a su servicio el 1 de septiembre\n de 1974, fs. 23, en los términos de contratos sucesivos\n y del Código del Trabajo y que, mediante los respectivos\n ascensos, pasando por ayudante, fs. 284; Analista Auxiliar Administrativo,\n fs. 285, Auxiliar de Oficina 2, fs. 286, Analista Auxiliar de\n Administración, fs. 287, Programador Administrativo 1,\n fs. 288, Programador Administrativo 3, fs. 289, Programador Administrativo\n 4, fs. 290, Administrador, fs. 291, Planificador Administrativo,\n fs. 292 y 293, Jefe de Programación Administrativo, fs.\n 294, Jefe de Departamento de Desarrollo Administrativo, fs. 28\n etc., llegó a desempeñar el 7 de agosto de 1992\n (fs. 13), la función de Jefe del Departamento Nacional\n de Desarrollo Administrativo Norte hasta el 3 de octubre de 1994,\n en que se le notificó, mediante oficio de fs. 18 fechado\n el 28 de septiembre del mismo año que: "... la nueva\n estructura del IESS aprobada por el Consejo Superior en sesión\n de 12 de julio de 1994, (el subrayado es de la Sala) no contempla\n el cargo de Jefe del Departamento Nacional de Desarrollo Administrativo\n que venía siendo desempeñado por Usted y que con\n arreglo al Art. 71 de la Ley de Presupuesto, literal d), que\n reforma el literal d) del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa ha dispuesto que se le indemnice, etc.;\n b).-De autos obran ejemplares de contratos colectivos sucesivos\n suscritos entre el IESS y la respectiva organización de\n trabajadores, como el de fs. 246 y siguientes, en cuyo Art. 9\n se consagra la estabilidad en caso de ascensos, concediéndoles\n el derecho a cualquier reclamación ante el Comité\n Obrero Patronal, al que en el Art. 77 del contrato colectivo\n que corre fs. 104 y siguientes, se le asigna aplicar las disposiciones\n de la Constitución, Código del Trabajo, contratos\n colectivos, etc., todo lo cual comporte considerar a los trabajadores\n comprendidos en los ascensos, sujetos al Código del Trabajo.\n Así mismo, nótese que en el contrato celebrado\n para regir a partir de 1 de enero de 1994, fs. 57 y siguientes.,\n el IESS declara vigentes todos los derechos adquiridos, por cualquier\n medio, relievándose además que en el Art. 8, no\n se excluye, en cuanto a estabilidad, las funciones del actor.\n En este mismo contrato, es de destacar lo previsto en el Art.\n 49 en cuanto a ingreso y promoción referido al desempeño\n de las jefaturas departamentales regionales, de servicio y similares,\n sometiéndoles a lo previsto en el contrato colectivo.\n Por otro lado, la Sala toma nota también que a fs. 42\n corre la parte pertinente del acta de la resolución del\n Tribunal de Garantías Constitucionales, en la que, luego\n de citar, como una de sus razones, el hecho de que el Ab. José\n Bruque se encontraba amparado en el contrato colectivo, se lo\n ha sometido a un procedimiento extraño al Código\n del Trabajo y observa la resolución dictada por el Director\n Nacional del IESS por tal procedimiento. Adviértese también\n que el Art. 3 (fs. 115) del respectivo contrato colectivo protege\n a todos los trabajadores y hace excepciones en las que no encaja\n la situación del actor; c).-De autos aparecen, por otro\n lado, suficientes constancias según las cuales se le reconoció\n al actor los derechos que estaban señalados en los diversos\n contratos colectivos a los trabajadores sujetos al Código\n del Trabajo, tales como bonificación por la muerte de\n la madre, bonificaciones por tiempo de servicios, por ejemplo\n fs. 183, relativo al Art. 19 del Cuarto Contrato Colectivo que\n corre a fs. 184 y siguientes. Las observaciones antes mencionadas\n demuestran que tanto el actor como la parte demandada, de acuerdo\n con los sucesivos contratos colectivos, entendieron y actuaron\n bajo el supuesto de que sus relaciones estaban regladas por el\n Código del Trabajo y en ningún caso por la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a tal punto que se\n respetó tales contratos al promoverse los sucesivos ascensos\n del actor, concediéndole préstamos y consolidaciones\n hipotecarias, así como pagándole bonificaciones,\n tal como queda señalado en líneas anteriores. El\n Art. 8 del Primer Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre\n el IESS y sus trabajadores el 13 de marzo de 1980 (fs. 116) preceptúa:\n "Si por sus méritos, experiencia y antigüedad\n un trabajador llegare a ocupar cargos directivos en la institución,\n el IESS se compromete a respetar sus derechos de carrera Institucional;\n y una vez que concluyan esas funciones, se lo reubique en un\n cargo igual o superior al ejercido antes de la nominación,\n con todos los beneficios estipulados en el presente. Contrato\n Colectivo de Trabajo..." este principio aparece reiterado\n en el literal a) del Art. 71 del Segundo Contrato Colectivo de\n Trabajo Unico a nivel nacional que estaba vigenté en el\n IESS, cuando se le comunicó al accionante con la supresión\n del cargo que ejercía. De su parte, el Art. 35, numeral\n 4to. de la Constitución Política del Estado dice:\n "los derechos del trabajador son irrenunciables, será\n nula toda estipulación que implique renuncia, disminución\n o alteración..." y con sujeción a lo dispuesto\n en la norma constitucional en su Art. 35, numeral 6; el 7 del\n Código del Trabajo preceptúa: "En caso de\n duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias\n o contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales\n y administrativos las aplicarán en el sentido mas favorable\n a los trabajadores". Estos principios están contenidos\n en el Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo y que la doctrina\n laboral considera como parte integrante del contrato individual\n de cada uno de los trabajadores como son los acuerdos convenios\n de carácter colectivo que forman parte del elemento normativo\n de cada uno de estos últimos contratos colectivos, lo\n cual evidencia que tanto lo estipulado en el contrato colectivo\n suscrito en 1980 como en el contrato colectivo suscrito el 25\n de agosto de 1994 en relación con los trabajadores del\n IESS que pasan a desempeñar cargos de jefes o directores,\n por ascenso, formó parte del contrato individual de trabajo\n que vinculó al actor con la institución demandada\n y por lo mismo estuvo obligada a respetar, lo que evidentemente\n no ha sucedido así. Lo dicho seria suficiente para pronunciarse\n en el sentido sostenido por esta Sala al inicio del presente\n considerando, esto es, que la Sala de Apelación dictó\n su resolución apegada a la ley y a la Constitución,\n sino que hay más: la parte demandada no acreditó\n en ningún momento que efectivamente "la nueva estructura\n del I.E.S.S., aprobada por el Consejo Superior en sesión\n del 12 de julio de 1994 no contempla el cargo de Jefe del Dto.\n Nac. de Desarrollo Administrativo que venia siendo...",\n pues no aparece de autos acta de la sesión del Consejo\n Superior, celebrada el 12 de julio de 1994 en la que, supuestamente\n se aprobó tal "nueva estructura". La Sala precisa\n este antecedente porque en la sesión aludida debieron\n darse las razones para la supresión del cargo respectivo\n y, básicamente, qué persona o dependencia asumiría\n las gestiones que hasta entonces las ejercía el titular,\n porque dada su naturaleza no podría prescindirse de tales\n gestiones. Se menciona este particular teniéndose presente\n que con arreglo a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n el simple cambio de nomenclatura de una dependencia no comporta\n supresión de la misma. Desatender este antecedente seria\n abrir la posibilidad de que, mediante ese procedimiento, esto\n es, el simple cambio de nombre de una oficina, se vulneren los\n derechos de algún trabajador, incluyendo a alguien que,\n como el actor, llega a determinadas funciones luego de largos\n años de servicio y mediante una serie de ascensos. La\n realidad antes descrita, que la parte demandada no probó\n en debida forma y que el oficio de fs. 18, dirigido por el Director\n General del IESS, tenía fundamento legal y que no se trataba\n de un simple cambio de nombre de la dependencia o cualquier otra\n arbitrariedad, ni que el actor estaba sujeto al régimen\n de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pone al\n actor en la otra órbita de la relación jurídica\n laboral, esto es, la sujeta al Código del Trabajo, de\n tal manera que, siendo así, el titular del órgano\n jurisdiccional para conocer el conflicto, era el Juez de Trabajo,\n no procediendo entonces, la declaración de nulidad por\n falta de competencia, que invoca la parte demandada al deducir\n su recurso de casación. Lo anterior, sin tomar en cuente\n que la Sala considera que el ser titular de una Jefatura Departamental,\n caso de la especie, per se, no implica necesariamente estar inmerso\n en las excepciones que trae el Art. 128 de la Constitución\n vigente a la época de los hechos que generaron este proceso,\n respecto del amparo del Código del Trabajo, de tal modo,\n que en el pronunciamiento de la Sala de Apelación no se\n ha violado ninguna disposición constitucional. Finalmente,\n la Sala ha tenido muy presente al dictar esta resolución,\n el literal c) del Art. 49 de la Constitución Política\n en cuanto a la intangibilidad que el Estado garantiza a los derechos\n de los trabajadores. Por todas las consideraciones anotadas,\n la Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR\n AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación interpuesto.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Hugo Quintana Coello, Jaime Velasco Dávila\n (Voto Salvado), Julio Jaramillo Arízaga, Teodoro Coello\n Vázquez (Voto Salvado), Angel Lescano Fiallo, Nicolás\n Castro Patiño y Jaime Espinoza Ramírez (Conjuez)\n (Voto Salvado).
Quito, 3 octubre del 2000.
VOTO SALVADO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS DOCTORES JAIME\n VELASCO DAVILA, TEODORO COELLO VÁZQUEZ EN EL JUICIO DE\n TRABAJO QUE SIGUE CESAR GONZÁLEZ CONTRA EL IESS.
VISTOS: En el juicio planteado por César Gustavo González\n Mejía en contra del doctor Raúl Zapater Hidalgo,\n Director General del IESS, tanto en la calidad que ostenta como\n por sus propios derechos, en forma solidaria con el Instituto\n Ecuatoriano de Seguridad Social, la mayoría de los integrantes\n de la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, confirman la\n sentencia dictada por el Juez Segundo del Trabajo que acepta\n la acción intentada. - De este pronunciamiento, el Director\n General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el trece\n de mayo de mil novecientos noventa y seis, interpone recurso\n de casación; siendo el estado del proceso el de resolver,\n para ello se considera: PRIMERO. - De acuerdo con lo establecido\n en el Art. 1 de la Ley de Casación y el sorteo practicado,\n esta Sala tiene facultad para emitir pronunciamiento; SEGUNDO.\n - El recurso de casación tiende a reparar el agravio cometido\n en la sentencia; por ello, este medio extraordinario de impugnación\n debe expresar en forma clara y precisa las razones en que se\n fundamente y las normas de derecho que se estiman infringidas;\n TERCERO. - El recurrente impugna la decisión, aduciendo\n que la misma contraviene el Art. 355, numerales 1ero. y 2do.\n del Código de Procedimiento Civil, los incisos finales\n del Art. 128 de la Constitución, así como el Art.\n 2do. de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues,\n el demandante está sujeto a las normas de esta ley, en\n ningún caso al Código Laboral; y, basa su impugnación\n en las causales primera, segunda y tercera del Art. 3 de la Ley\n de Casación; CUARTO. - El accionante en el escrito inicial\n manifiesta:" ... El 1 de septiembre de 1.974 ingresé\n a prestar mis servicios con contrato de trabajo a prueba en calidad\n de empleado con cargo al Presupuesto Vigente del Instituto Ecuatoriano\n de Seguridad Social. Mis primeras funciones las desempeñé\n en el Departamento Central "B" del IESS. Paulatinamente,\n y gracias a mi correcto desempeño he ido ascendiendo de\n funciones, hasta que mi última función en el IESS\n fue la de Jefe del Departamento Nacional de Desarrollo Administrativo\n del IESS..." lo cual corrobora el documento de fs. 13; QUINTO.\n - En la audiencia de conciliación y contestación\n a la demanda, el IESS, planteó entre otras excepciones\n la de "incompetencia del Juzgado, en razón de la\n materia...&qu

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 123
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 6
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