Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/01/
Timestamp: 2019-11-16 23:27:18+00:00

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Reproduzco en esta entrada del blog el apartado dedicado a empleo y cohesión social del Manifiesto aprobado en la convención autonómica socialista que ha tenido lugar del 28 al 30 de enero, un manifiesto que parte como punto de referencia esta reflexión de alcance general: “Ahora, cuando la crisis económica de los últimos tres años –la más fuerte y más extensa desde los años treinta del siglo XX- viene marcando las posibilidades de crecimiento y bienestar de nuestro país, las Comunidades Autónomas deben ser, junto a la Administración del Estado, agentes útiles para acelerar y asegurar la recuperación de la economía y del empleo”. Sin duda, será necesario concretar algunas de las propuestas que ahora se formulan en el marco de las reformas de las políticas activas de empleo y en el marco del acuerdo social global entre el gobierno y los agentes sociales; ; unas reformas, cuyos dos últimos documentos conocidos, y que a buen seguro merecerán mi atención en este blog más adelante tratan sobre las bases de las mismas y sobre el plan de choque para combatir el desempleo de jóvenes y personas en situación de desempleo de larga duración.
“2.- Empleo y cohesión social: garantía del Estado de Bienestar
• Acuerdo del Estado y las Comunidades Autónomas para transformar en profundidad los programas actuales de formación de las personas en situación de desempleo, adecuándolos a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.
• Adopción de un programa conjunto de Estado y Comunidades Autónomas que garantice la existencia de iniciativas específicas de los servicios de empleo para los menores de 25 años que no estudien ni trabajen, y para las personas sin graduado en educación secundaria, que permitan además combinar formación y trabajo.
• Coordinación efectiva de la red de las oficinas de empleo en toda España, con acceso a registros compartidos e instrumentos de impulso de la movilidad interna.
• Concertación de los programas de impulso de inversiones, públicas y privadas, hacia el capital humano (educación e I+D+i), el capital tecnológico y las infraestructuras, armonizando los objetivos, requisitos y procesos en todas las administraciones.
• Concertación entre las instituciones autonómicas y estatales de medidas de apoyo a la financiación de iniciativas empresariales, con especial atención a las líneas de avales que garanticen y faciliten el acceso al crédito de las PYMES.
• Concertación de acuerdos interautonómicos que propicien el principio de validez en toda España de las actuaciones de cada administración y un marco normativo mínimo común a todas las administraciones en aquellos ámbitos de especial interés para la actuación empresarial, como son las actuaciones referidas al establecimiento, la prestación de servicios o las condiciones de los mismos, desde las licencias de apertura a los horarios comerciales o las normas de protección de los consumidores”.
5. A partir del segundo párrafo de la página 3 se entra por los sujetos firmantes en los posibles contenidos de la reforma, desgranando en dos páginas las cuestiones que deberán ser objeto de la misma en el poco tiempo que resta hasta el 19 de marzo; una reforma, que se incorporaría a un nuevo Acuerdo Interconfederal y que sería, lo digo yo y no el texto, el punto obligado de referencia de cualquier reforma legal de la negociación colectiva.
Los firmantes constatan, en primer término, los “problemas” que padece nuestro sistema de negociación colectiva, con cita expresa, y yo diría que no exhaustiva aunque ciertamente la redacción permite incluir la mayor parte de los mismos, “de estructura y vertebración, legitimación, flexibilidad interna, innovación y adaptación de contenidos, gestión, y de adaptación a las dificultades”. Digo que no es exhaustiva la relación porque las mismas partes se cuidan de reconocer que las cuestiones citadas son “entre otras” algunas de las que suscitan más dificultades en la realidad cotidiana de la negociación y las que han planteado mayor conflictividad jurídica en sede extrajudicial (con la intervención de los distintos servicios o tribunales arbitrales existentes en sede estatal y autonómicas) y judicial.
La racionalización y vertebración del sistema de negociación colectiva deberá llevarse a cabo, parece obvio y aunque no lo dijera el texto así debería ser, para hacer frente “a la realidad empresarial y a la de los trabajadores”. En un cuidado equilibrio entre las tesis más partidaria de una negociación colectiva más centrada en niveles superiores al de la empresa (preferentemente en clave sectorial y defendida por las organizaciones sindicales) y las de quienes propugnan (preferentemente desde algunos ámbitos empresariales y de determinados círculos académicos de economistas) la negociación de empresa, el texto asume que la reforma pasa por “racionalizar y vertebrar mejor los convenios colectivos” (añado yo ahora, de ámbito superior a la empresa), y potenciar también “la negociación colectiva en el ámbito de la empresa” (aquí no digo nada porque la dicción del texto es clara y sin ambages), a fin y efecto, o al menos ese es el deseo de los sujetos firmantes, de permitir “ampliar su (de la negociación colectiva) eficiencia y destinatarios”. Como casi siempre ocurre con acuerdo como el que estoy analizando, será necesario esperar a la letra pequeña del hipotético acuerdo final para saber cómo se concreta el deseo genérico de las partes, sin olvidar, y creo que los negociadores deberían tenerlo en consideración, el muy amplio espacio que la reforma de la LET operada por la Ley 35/2010 ya ha abierto para la suscripción de acuerdos colectivos de empresa, a salvo de aquellos que pretendan modificar un convenio colectivo estatutario y para el que las formalidades legales son superiores (pero en modo alguno infranqueables).
Las partes firmantes del acuerdo desean reforzar su influencia en la ordenación de la negociación colectiva, pero son al mismo tiempo conscientes de que existen otras organizaciones empresariales y sindicales de ámbito autonómico que tienen mucho que decir al respecto, y tratan nuevamente de encontrar una redacción del texto que les otorgue prioridad para determinar la estructura de la negociación pero que no imposibilite, aún cuando sea subordinada, la intervención de las citadas organizaciones autonómicas. Al menos esa es la conclusión, forzosamente provisional, que extraigo de la manifestación contenida en el Acuerdo de que la estructura de negociación en cada sector “debe corresponder a la negociación colectiva sectorial, de ámbito estatal o en su defecto de ámbito autonómico, suscrita por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas” (que, recuérdese una vez más, no son sólo los sujetos firmantes del acuerdo que estoy examinando). Está por ver que implicación concreta puede tener esta propuesta en la reforma de la estructura de la negociación prevista en el artículo 84 de la LET.
6. Las deficiencias o defectos jurídicos que han surgido en la práctica cotidiana de la negociación colectiva sobre los sujetos legitimados para negociar también son objeto de reconocimiento en el acuerdo, comprometiéndose las partes “a analizar y reforzar estas materias, en sus ámbitos respectivos”. Sobre esta materia es interesante traer a colación una reciente sentencia de la sala de lo social del Tribunal Supremo, concretamente de 4 de noviembre de 2010 (número de recurso 132/2009), en la que a partir de un conflicto suscitado por una asociación empresarial se sienta la doctrina, que ahora se reproduce, en su fundamento de derecho tercero:
“Las recurrentes en primer lugar alegan que tienen la suficiente legitimación y representatividad para negociar, como se deriva de su pertenencia al Comité Nacional de Transportes por Carretera, donde tienen una representatividad de más del 10 por 100, dado el número de empresas que pertenecen a cada una de las federaciones recurrentes. Pero el argumento de que la mayor o menor representatividad viene dada por la pertenencia al Comité Nacional de Transportes por Carretera no es acogible porque, aunque es cierto que ello muestra la implantación en el sector, no lo es menos que la legitimación para negociar convenios colectivos la otorga el artículo 87-3 del Estatuto de los Trabajadores a las asociaciones empresariales que, además de tener implantación en el sector por estar asociadas a ellas el diez por ciento de los empresarios del sector, resulte que sus asociados emplean, al menos, al diez por ciento de los trabajadores ocupados en esa actividad como hemos dicho en nuestras sentencias de 20 de junio 2006 (RCO 189/04 ) y 3 de diciembre de 2009 (RCO 84/2008 ), "" tratándose -ya en concreto- de Asociaciones empresariales, con la entrada en vigor de la Ley 11/1994, la legitimación inicial -art. 87.3 ET - requiere que cada asociación [no el conjunto de las que concurran] cumpla la doble exigencia de que formen parte de la asociación el 10 por 100 de los empresarios del sector y que tales empresas ocupen el 10 por 100 de los trabajadores afectados; y la legitimación plena -art. 88.1 ET - va ya referida al conjunto de todas las asociaciones, no a cada una de ellas ( SSTS 25/05/96 -rec. 2005/1995 -; 19/11/01-rec. 4826/00 -; y 21/11/02-rec. 42/02 -)" . Este último requisito no lo reúnen las recurrentes porque su simple pertenencia a la citada Comisión no lo acreditan, ya que el número de vehículos autorizados con el que cuenta cada asociado ni consta, ni es indicativo del número de trabajadores del mismo, dadas las posteriores vicisitudes, cual acaba reconociendo el recurso de CODETRANS al decir que "no goza de repercusión jurídica alguna para determinar la representatividad necesaria para formar parte en la negociación colectiva".
Por otra parte, y ciertamente es uno de los puntos más destacados del acuerdo a mi parecer, las partes aceptan, aunque no se diga de forma expresa, que las medidas de flexibilidad interna en la empresa puede ser una herramienta adecuada para que los sectores y las empresas se adecuen a los cambios operados en la realidad productiva, adecuación que las partes consideran indispensable (probablemente aquí insistiera más la parte negociadora empresarial) y que deberá realizarse, al objeto de garantizar una mayor eficacia, “ con una mayor participación de los representantes de los trabajadores” (sin duda aquí la insistencia vino de la parte negociadora sindical). Sobre la flexibilidad interna ya he manifestado mi parecer en numerosas entradas de este blog, y sólo me permito reproducir ahora la tesis expuesta en un artículo publicado hace un tiempo en El Periódico de Cataluña junto con Francesc Castellana y Jaume Collboni: “Por otro lado, será necesaria más flexibilidad pactada en el seno de las empresas, para que estas mejoren su capacidad de adaptación y, en consecuencia, su competitividad. Esta flexibilidad interna significa la posibilidad real de hacer una distribución flexible de la jornada anual, cambios de funciones dentro de la empresa, la retención y captación de personal formado, la suspensión parcial de los contratos o la reducción del tiempo de trabajo y, en caso de agotar la capacidad que da la flexibilidad pactada, el acompañamiento en la salida de la empresa del trabajador y en la búsqueda de un nuevo empleo”.
7. Las partes acuerdan adoptar las medidas oportunas, que se concretarán jurídicamente, supongo, en el futuro acuerdo interconfederal, para dinamizar la negociación colectiva, mejorando la dinámica de los procesos negociadores y enriqueciendo los contenidos y materias objeto de los convenios (que en numerosas ocasiones sólo centran su atención en las cuestiones relativas al salario y tiempo de trabajo). Las partes son conscientes de que hay que poner orden en el bosque de la negociación colectiva en España (hay 2704 convenios registrados a 31 de diciembre de 2010, de los que 1937 son de empresa y 767 de otros ámbitos, aunque los primeros sólo afecten a 461.100 trabajadores y los segundos, por el contrario, a 6.629.900) y se plantean para la futura negociación “la supresión de los que no deben tener continuidad”.
Dado que el convenio colectivo es un producto vivo y que debe estar permanentemente adaptado a los cambios económicos y sociales de la realidad en la que opera, las partes hacen un llamamiento a la responsabilidad de los sujetos negociadores en sus respectivos ámbitos territoriales y sectoriales para que los adecuen, y la mención expresa a la temática salarial no se recoge de forma expresa pero no hay duda de que los negociadores estaban pensando en ella, “con realismo y celeridad” para garantizar la viabilidad de las empresas. Dicho de otra forma, las partes están aceptando que se tomen diversos criterios de referencia para hacer esa adecuación, e insisto que fundamentalmente la salarial, dado que no sólo deberán adecuarse a los criterios pactados en el AENC 2010- 2012. Además, la búsqueda de formulas adecuadas de composición de las divergencias en cuanto a la interpretación del convenio deberá ser potenciada en la negociación colectiva, haciendo un llamamiento las partes a los poderes públicos para que se aporte “el debido apoyo institucional” a la puesta en marcha y mantenimiento de los mecanismos extrajudiciales de composición de los conflictos.
8. Concluyo. Un “acuerdo para acordar” es como una película con dos partes. De momento hemos visto, y analizado la primera. Ahora falta esperar a ver, y en su caso examinar la segunda, y esperemos que la frase atribuida al Quijote “nunca segundas partes fueran buenas” no sea por una vez realidad, porque ciertamente la negociación colectiva necesita de una reforma en España que refuerce tanto los derechos de las personas trabajadoras como la capacidad de las empresas para adaptarse a los nuevos entornos productivos, algo que en modo alguno es incompatible conciliar si se apuesta por una política laboral que beneficie y que interese a todos los sujetos afectados.
He leído con atención la sentencia dictada en el día de ayer por el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid, en la demanda de conflicto colectivo interpuesta por la empresa Metro de Madrid contra diversas organizaciones sindicales y trabajadores integrantes del Comité de Huelga. No voy a entrar ahora en la razón sindical del conflicto ni en cómo se gestionó el mismo, sino sólo en algunas cuestiones, formales y de fondo, que ha sugerido la lectura de la sentencia y que someto, como decimos siempre los juristas, a mejor parecer. Tiempo habrá, estoy seguro de ello, para analizarla con más calma y detenimiento jurídico, y por ello también evito entrar en polémicas con los medios de comunicación, como es el caso del destacado diario económico Expansión, que dedica su editorial de hoy al conflicto con el titulo claro y contundente de “Ejemplarizante sentencia en la huelga del metro”
1. Convocatoria de huelga efectuada el 17 de junio. Días de huelga: 29 y 30 de junio. Motivo de la convocatoria: petición de respeto y aplicación del convenio colectivo vigente, y contra la prevista reducción del 5 % de las retribuciones del personal en aplicación (en el momento de la convocatoria) de un futuro Real Decreto (que finalmente fue la Ley 4/2010 de 29 de junio).
2. Negociación con la empresa para la fijación de los servicios mínimos. Desacuerdo sobre su contenido. La parte trabajadora consideró la propuesta de la empresa “abusiva e injustificada”.
La fijación de los servicios mínimos se concretó en la Orden de la Consejería de Transportes de 22 de junio, y fue impugnada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No se ha dictado sentencia por dicha Sala.
3. Decisión de la asamblea de trabajadores (17 de junio, ratificada el 28) de no respetar los servicios mínimos si la Asamblea de Madrid aprobaba la norma. La norma fue aprobada el 29 de junio, publicada en el DOCM del mismo día y con entrada en vigor también el mismo día.
4. La empresa comunicó por telegrama a los trabajadores que debían prestar servicios mínimos su obligación de dicha prestación los días 29 y 30 de junio. Los servicios no se prestaron (no queda claro en los hechos probados si los trabajadores se presentaron o no, y en el primer caso si no pudieron prestarse por alteraciones de orden público).
5. Se ejerció el derecho de huelga los días 28 de junio, 14 y 16 de julio. Sí se prestaron servicios mínimos.
6. Acuerdo de “solución del conflicto” suscrito por la dirección de la empresa y el comité de huelga el 17 de julio. “Ambas partes, con la firma del presente acuerdo, dan por finalizado definitivamente este conflicto”.
7. La sentencia considera como “hecho notorio” probado la repercusión económica del conflicto enunciada en el hecho noveno.
8. Las partes demandadas alegaron siete excepciones procesales, cuya aceptación total o parcial por la jueza hubiera impedido entrar en el fondo del litigio. Se desestiman las siete excepciones. La juzgadora hace un esfuerzo, a mi parecer, por “completar” o “reinterpretar” algunos de los problemas jurídicos que aparecen en la demanda y que habían sido puestos de manifiesto en las impugnaciones formales.
A) En especial, destaca el interés de la juzgadora por validar la petición de la demanda, impugnada por los demandados por considerar que se plantea una acción declarativa y con ausencia de interés actual, y además incorrectamente dirigida contra personas físicas (miembros del Comité de Huelga y del Comité de Empresa) que no pueden ser llamados a juicio en un conflicto colectivo.
La sentencia (página 7, 2º) no es precisamente un prodigio de claridad, ya que empieza afirmando que “se ha mantenido siempre que en el conflicto colectivo se requiere una controversia real y actual entre las partes”, pero inmediatamente a continuación se trae a colación una sentencia del TS de hace casi 19 años (24 de febrero de 1992) en la que se afirma que el concreto y actual interés que imponga la necesidad de actuar “puede constituirlo el propósito de superar una situación de incertidumbre, si este tiene consecuencias prácticas”. De forma muy curiosa, jurídicamente hablando, la juzgadora entiende que en el conflicto del que debe conocer se produce dicha situación, ya que “no sólo interesa a la empresa, sino al resto de la ciudadanía, la determinación de los límites del ejercicio del derecho fundamental de huelga en relación con el incumplimiento de los servicios mínimos”. Que yo sepa, en este conflicto no se trataba de resolver la cuestión abstracta a la que hace referencia la juzgadora, sino sólo si se respetaron o no los servicios mínimos, y en el supuesto de que no hubiera ocurrido así que repercusiones jurídicas podía tener. No me consta que la “ciudadanía” se haya personado como parte en el juicio, a no ser que la juzgadora entienda que la demanda presentada por la empresa incluía los intereses de la “ciudadanía”.
B) Más curiosidades jurídicas de la sentencia: las partes demandadas habían alegado inadecuación de procedimiento porque la demanda de conflicto colectivo pedía la condena de personas físicas. La sentencia, tras aceptar la validez de una acción declarativa en trámite procesal de conflicto colectivo, reconoce que la demanda no es jurídicamente correcta en cuanto que pide la condena solidaria de las personas físicas codemandadas, pero este aparentemente importante error jurídico lo salva calificándolo de “un simple error de expresión, puesto que como se ha dicho tratándose de una acción y pretensión declarativa, la misma no puede entrañar una obligación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, sino simplemente de estar y pasar por lo declarado”. Resulta cuando menos curiosa, jurídicamente hablando, la forma de solventar el aparente error procesal cometido por la parte demandante.
C) Las partes demandadas alegaban falta de acción en relación con la consecución de un acuerdo que puso fin al conflicto, “sin que la empresa efectuará expresa reserva de acciones”. Ahora la juzgadora interpreta los términos literales del acuerdo, y llega a la conclusión de que la frase antes referenciada no implica una renuncia al ejercicio de sus derechos por parte de la empresa en relación a posibles acciones derivadas de la huelga. Parece que el refrán castellano de “quien calla otorga” no es de aceptación por la juzgadora, que antes de resolver este apartado de la demanda ya formula manifestaciones generales sobre la validez de un pacto de finalización de un conflicto en los términos literales en que se suscriba, para llegar a la conclusión (que gramaticalmente hablando hubiera podido ser también la contraria a mi parecer) que no puede deducirse la renuncia de la empresa al ejercicio de acciones a la falta de manifestación sobre las mismas en el texto que puso fin al conflicto, trayendo a colación diversas sentencias en las que se afirma que la renuncia puede inferirse de la conducta de los titulares del derecho “pero no es lícita deducirla de una conducta no suficientemente expresiva del ánimo de renunciar”, llegando a la afirmación cuando menos también curiosa, porque no acabo de entender cuál es la relación con el litigio objeto de conflicto, que “la eficacia jurídica del silenció ha de encontrarse expresamente regulado en las normas”. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué acuerdo, y en qué términos, hubiera sido necesario para que la juzgadora lo hubiera considerado válido a efecto de renuncia del ejercicio de derechos por parte de la empresa?
En conclusión, la juzgadora ha salvado todas las excepciones procesales propuestas por las partes demandadas, de tal manera que ello le permite entrar en el fondo del litigio. Así lo hace a partir del fundamento jurídico tercero, poniendo de manifiesto que el objeto de la litis lo constituye únicamente, siempre según su parecer, “la declaración de que la huelga de los días 29 y 30 de junio en el Metro de Madrid fue ilegal o abusiva”. Por cierto, conviene recordar la diferente regulación de las huelgas “ilegales” y de las huelgas “ilícitas o abusivas”, y sus posibles diferentes efectos jurídicos, no sólo por lo dispuesto en el real Decreto-Ley 17/1977 de 4 de marzo, de relaciones de trabajo, sino también por la interpretación que de esta norma ha efectuado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional en relación con el artículo 28.2 de la Constitución.
9. En el fundamento jurídico cuarto la sentencia efectúa un amplio análisis de concepto de servicios esenciales para la comunidad, con amplia cita de jurisprudencia del TC y con lógica referencia a la sentencia número 53/1986 de 5 de mayo, en la que se calificaba al Metro de Madrid como un servicio esencial, “pues, entre otros, satisface la libre comunicación y circulación y el acceso al trabajo, a los lugares de residencia o a los centros en los que los ciudadanos obtienen la prestación de derechos fundamentales”.
10. Yerra la sentencia a mi parecer en la manifestación efectuada en el fundamento jurídico quinto de que las organizaciones sindicales, o las asambleas de trabajadores, “deciden incumplir los servicios mínimos”. En puridad jurídica el incumplimiento se predica de aquellos sujetos trabajadores a los que se ha fijado dicha prestación y la incumplen, y de ese incumplimiento puede derivar la responsabilidad laboral prevista en el RDL 17/19977. Las organizaciones sindicales responden de los actos a acuerdos adoptados en el marco de sus competencias, tal como dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y de sus actuaciones contrarias a derecho son jurídicamente responsables, pero aquí, en el concreto litigio enjuiciado, se trata de analizar si hay responsabilidad jurídica de las personas que no cumplieron con dichos servicios. La sentencia sitúa en el mismo plano de responsabilidad, con olvido del diferente marco jurídico, la actuación de sujetos colectivos y de personas actuantes a título individual. Por ello manifiesto mi acuerdo con las tesis del letrado de CC OO Enrique Lillo, recogidas hoy en El País en los siguientes términos: “El abogado de CC OO, Enrique Lillo, considera que la sentencia es "parcial". A su juicio, no se puede establecer un incumplimiento "global" de servicios mínimos porque se trata de un acto individual. "Esas actuaciones se deben analizar individualmente, la jueza ha quebrado esta doctrina y eso es incompatible con la protección de los derechos fundamentales", según Lillo”. Pero además, así parece reconocerlo explícitamente la propia sentencia en el quinto párrafo del fundamento jurídico sexto al afirmar “que ningún servicio mínimo se prestó dichos días por causa únicamente imputable a los trabajadores del Metro”.
¿Continuará? Probablemente.
1- El Pleno del Senado del día 19 de enero aprobó sin ninguna modificación el texto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura remitida por el Congreso de los Diputados, que lo aprobó con 341 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. La Comunidad Autónoma extremeña se convierte así, a la espera de la publicación del texto en el BOE y con entrada en vigor del texto el mismo día, en la séptima Comunidad Autónoma que ha reformado su Estatuto de Autonomía, siguiendo los pasos de las de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla – León, reformas de las que he ido dando cuenta en entradas anteriores del blog y con especial atención a la CC AA de Cataluña.
2. He procedido a una lectura detallada del nuevo EAE. A mi parecer, los preceptos más destacados de contenido sociolaboral son los que reproduzco a continuación, que como se verá tienen diferente grado de intensidad por lo que respecta a su fuerza jurídica. Sin duda, y mucho más tras el acuerdo entre el PSOE y el PP, el nuevo Estatuto no debería ser fuente de conflictos jurídicos en cuanto a su contenido, aunque como es obvio sí que podrán suscitarse en relación con la distribución competencial efectiva que se vaya realizando a medida que se produzca su desarrollo. A medida que vaya concretándose su desarrollo será el momento de analizar la problemática concreta que puede suscitarse para cada título competencial.
3. El artículo 7, incluido en el Título Preliminar, enuncia los principios rectores de los poderes públicos extremeños. Entre otros, se dispone que tales poderes “4. Promoverán la concertación y el diálogo social con sindicatos y empresarios como instrumentos necesarios en la concepción y ejecución de sus políticas de cohesión y desarrollo. 5. Adoptarán activamente todo tipo de políticas para la consecución del pleno empleo, especialmente mediante medidas que promuevan la inversión productiva y que ajusten la oferta y la demanda de trabajo en un marco de responsabilidad social empresarial…. 12. Consideran un objetivo irrenunciable que informará todas las políticas regionales y la práctica de las instituciones, la plena y efectiva igualdad de la mujer en todos los ámbitos de la vida pública, familiar, social, laboral, económica y cultural. Asimismo, removerán los obstáculos que impidan o dificulten la igualdad real y efectiva mediante las medidas de acción positiva que resulten necesarias…. 15. Promoverán la autonomía, la igualdad de oportunidades y la integración social y laboral de las personas con discapacidad, con especial atención a su aportación activa al conjunto de la sociedad, a la enseñanza y uso de la lengua de signos española y a la eliminación de las barreras físicas….17. La integración de los inmigrantes que viven en Extremadura es un objetivo común de las políticas públicas regionales y que estará orientado por los principios del mutuo conocimiento, el respeto por las diferencias, la igualdad de derechos y deberes, en el marco de los principios y valores constitucionales.
4. El Título I regula las competencias autonómicas. Como disposiciones generales, el artículo 8 concreta que la CC AA “… asume competencias sobre las materias que se identifican en los siguientes artículos. Dichas competencias comprenderán las funciones que en cada caso procedan, sin perjuicio de las que pudieran corresponder al Estado en virtud de títulos competenciales propios previstos en la Constitución. 2. Asimismo, asume las competencias que le sean atribuidas, delegadas o transferidas por el Estado, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y cualesquiera otras que le puedan corresponder de acuerdo con esta, con los otros títulos del presente Estatuto y con el resto del ordenamiento jurídico. 3. En el ejercicio de sus competencias la Comunidad Autónoma podrá establecer políticas propias”.
5. El EAE atribuye a la autonomía (artículo 9) competencias exclusivas, entre otras en las siguientes materias: “7) Fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la política económica nacional….17) Organización, funcionamiento y régimen de las cooperativas y entidades asimiladas. Fomento de todas las modalidades de economía social. ..27) Acción social. En particular, la promoción y protección de los mayores y la prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por cualquier tipo de discapacidad, dependencia o cualesquiera otras circunstancias determinantes de exclusión social. Prestaciones económicas de asistencia social diferentes de las de seguridad social…28) Políticas de integración y participación social, cultural, económica y laboral de los inmigrantes, en colaboración con el Estado, y participación en las políticas de inmigración estatales. 29) Políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución de planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las desigualdades por razón de sexo”.
6. Extremadura también asume (artículo 10), competencias de desarrollo normativo y ejecución en materia de “6) Seguridad social, con excepción de las normas que configuran su régimen económico y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente”. La CC AA puede “desarrollar, ejecutar y, en su caso, complementar la normativa del Estado, mediante la legislación propia de desarrollo, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva”.
7. Sobre las competencias de ejecución (artículo 11), el EAE las atribuye, entre otras, en “7) Trabajo y relaciones laborales, incluyendo la función pública inspectora, que se coordinará con el Estado. Las políticas activas de empleo, la intermediación laboral, la seguridad y salud en el trabajo, la formación profesional para el empleo y, en su caso, la gestión de los fondos de protección del desempleo. 8) Gestión del régimen económico de la seguridad social y de los servicios que integran el sistema, con pleno respeto a los principios de unidad económico-patrimonial y de solidaridad financiera… 13) Fijación, en colaboración con el Estado, de las necesidades del mercado laboral que determinan la concesión de las autorizaciones de trabajo de los extranjeros.
8. Asociadas a todas las competencias que le atribuye el EAE, el artículo 13 reconoce a la CC AA “el ejercicio de las actividades de policía, de servicio público y de fomento, pudiendo regular la concesión y otorgar y controlar subvenciones con cargo a fondos propios y, en su caso, a los provenientes de otras instancias públicas”.
9. En el título II, dedicado a las instituciones de Extremadura, encontramos en su capítulo V, que trata sobre otras instituciones estatutarias, la figura del Consejo Económico y Social, disponiendo el artículo 47 que “Una ley de la Asamblea regulará la composición, las competencias, el régimen jurídico, la organización y el funcionamiento del Consejo Económico y Social de Extremadura, con sede en la ciudad de Mérida, como órgano colegiado consultivo de la Junta en materias socioeconómicas”.
10. Por fin, cabe hacer mención del título VI, que regula la economía y la hacienda de la autonomía extremeña. Como principios generales por los que debe regirse la economía de la CC AA (artículo 73) se dispone que “1. Toda la riqueza de la región, en sus distintas formas y cualquiera que sea su titularidad, está subordinada al interés general. Se protege la libertad de empresa y se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. 2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma fomentarán y, en su caso, regularán la participación de los agentes sociales y económicos en organismos e instituciones con funciones de desarrollo de Extremadura. Igualmente, propiciarán la constitución y el desarrollo de sociedades de economía social y promoverán y protegerán el trabajo autónomo”.
1. La Orden 60/2010, de 30 de diciembre, convoca las ayudas destinadas al fomento de empleo estable y otras medidas para la creación de empleo durante el año en curso, y toma como punto de referencia el marco general establecido por el Decreto 130/2006 de 29 de septiembre, así como también el II Pacto Valenciano para el crecimiento y el empleo. La norma se ha publicado en el Diario Oficial autonómico del pasado día 18 y va dirigida a fomentar la inserción laboral en centros de trabajo ubicados en el territorio autonómico de personas desempleadas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo, y también a reducir la tasa de temporalidad de colectivos especialmente afectados por la inestabilidad laboral. Las ayudas se dirigen con carácter general a las empresas que procedan a las contrataciones estables, o a la conversión de contrataciones temporales, si bien en algunos supuestos concretos regulados en la norma también se regulan ayudas directas para los propios trabajadores (quienes acceden a jubilación parcial, los que suspenden su contrato por excedencia o por motivos familiares).
La norma regula cinco grandes programas: por el primero se incentiva la contratación indefinida inicial de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y desempleados de larga duración; en el segundo se apoya la conversión en indefinidos de las mujeres y los jóvenes menores de 30 años; el tercero se dirige de forma específica a facilitar la contratación de trabajadores con discapacidad por empresas del mercado ordinario; el cuarto es un programa marco de incentivos al reparto del tiempo de trabajo y a la conciliación de la vida familiar, en el que se integran diferentes subprogramas: incentivos a la contratación indefinida que derive de acuerdo en la empresa para conseguir una mayor organización del tiempo de trabajo; incentivos a las contrataciones que se realicen para sustituir horas extraordinarias; incentivos a la contratación a tiempo parcial para prestar actividad laboral durante el período sin cubrir por jubilación parcial de otro trabajador; incentivos a las contrataciones por ausencia legal de un trabajador, con mención expresa a las excedencias voluntarias y forzosas y al acuerdo entre las partes; incentivos para formalizar contratos de interinidad por sustitución de trabajadores que causen baja temporal por razones familiares como son la maternidad, riesgo durante el embarazo, acogimiento y adopción, guarda legal y cuidados de familiares enfermos. En fin, el quinto programa lleva por título genérico “otros incentivos a la creación de empleo estable” y se refiere a los supuestos de regularización del trabajo doméstico, a la prestación de trabajo a domicilio y al cuidado de personas dependientes. Dado que el objetivo declarado de la norma es la creación de empleo estable, los nuevos empleos que se creen, o las conversiones contractuales, deberán mantenerse durante un período mínimo de 3 años en las pymes y de 5 en las restantes empresas, y en el supuestos de contratación temporal de personas con discapacidad la duración mínima será de 1 año.
2. La partida presupuestaria asignada es de 30.400.00 euros, pendiente de concreción en su distribución hasta que se dicte la resolución de convocatoria para este año. La tramitación se efectuará en régimen de concesión directa y se resolverá a medida que las solicitudes tengan entrada en el registro correspondiente. Con carácter general, el plazo para su presentación será de 2 meses desde la contratación objeto de la ayuda, con la fecha límite del 30 de septiembre, si bien se contemplan algunas reglas propias para supuestos concretos: para los contratos formalizados durante este año y antes de la publicación de esta norma, el plazo de 2 meses corre a partir del 19 de enero, el día siguiente al de la publicación; en los supuestos de conversión de contratos temporales en indefinidos, el plazo será de 40 días a partir del siguiente al de la publicación; en fin, en el supuesto de trabajadores con discapacidad, para los que se admite la subvención por mantenimiento o transformación de contratos efectuados durante el cuatro trimestre de 2010, la petición deberá formalizarse durante los 2 meses siguientes al día de publicación de la norma. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo de 6 meses para dictar y notificar la resolución, a contar desde la entrada de la solicitud en el registro, contándose este período a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria.
3. En el programa de incentivos a la contratación indefinida inicial de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años y parados de larga duración, las personas desempleadas deberán haberse encontrado inscritas como mínimo, y con carácter general, durante los 3 meses anteriores a la contratación, salvo si son desempleados de larga duración (12 meses) o menores de 25 años que provengan de centros de menores tutelados por la Generalitat, para los que no se requiere período previo de inscripción. La cuantía de la subvención variará según el período de inscripción como demandante, y oscilará entre 2.000 y 5.000 euros, con incrementos adicionales del 30 % en algunos contratos en el ámbito de la investigación y otros de 600 euros si la contratación es de una mujer cuando preste sus servicios en actividades donde la presencia femenina se encuentre subrepresentada, o bien la parte empresarial haya puesto en marcha un plan de igualdad de oportunidades o la cofinanciación, o prestación directa, de guardería para el cuidado de los hijos menores de 3 años de edad. En todos los supuestos, y la explicación es válida para el resto de programas, las cuantía se reducirán a un 25 % cuando la contratación sea para trabajo fijo discontinuo, y también de forma proporcional para las contrataciones a tiempo parcial con un mínimo de 20 horas semanales.
La misma cuantía de las subvenciones, pero sin incrementos adicionales, se producirá en el supuesto de conversión de contratos temporales de jóvenes menores de 30 años y mujeres en indefinidos, siempre y cuando la novación se produzca una vez transcurridos 6 meses desde el inicio de la prestación contractual con carácter temporal, con independencia de que se hayan formalizado uno o más contratos.
En la contratación estable de trabajadores con discapacidad, el importe de la subvención no podrá superar en concurrencia con otras ayudas públicas el 60 % del coste salarial anual de la persona contratada, y oscilará entre 4.000 y 6.000 euros. Cuando se trate de contratación temporal, la cuantía estará comprendida entre 1.200 y 2.000 euros. También está prevista una ayuda para adaptación del puesto de trabajo, por importe de 902 euros por trabajador.
En el programa de incentivos al reparto del tiempo de trabajo y a la conciliación de la vida familiar y laboral, la contratación debe ir dirigida a personas desempleadas y que sean menores de 30 años, mayores de 45 años, mujeres, con discapacidad de un mínimo del 33 %, o que lleven inscritas de forma ininterrumpida desde 180 días antes de la contratación. En los supuestos de contrataciones por acuerdos en la empresa para una mejor organización del trabajo, para reducir las horas extraordinarias y para las jubilaciones parciales, las cuantías generales de las subvenciones por contrataciones indefinidas iniciales (o en el supuesto de contrato de relevo por período mínimo de un año, con el compromiso de conversión cuando se jubile de formas definitiva el trabajador) oscilarán entre 3.000 y 4.000 euros, y en el supuesto de contratación temporal por reducción de horas extraordinarias la cuantía será de 600 euros por cada período de 6 meses y con los límites referenciados. Para el trabajador que accede a su jubilación parcial, la ayuda será de 720 euros/año y con el límite de 3.600 euros, con una cuantía adicional del 25 % para quienes accedan a esta modalidad de jubilación a partir de los 65 años.
En las contrataciones formalizadas para suplir a un persona con excedencia, o acuerdo con la empresa, para suspender su relación laboral, las subvenciones para la empresa oscilarán entre 240 y 1.140 euros según la duración de la suspensión, y para los trabajadores que se acojan a excedencia voluntaria o acuerdo con la empresa hay la previsión de una ayuda de 720 euros por períodos de 3 meses y con un máximo de 1.800 euros. Las mismas cuantías se aplicarán a las contrataciones por ausencias temporales de trabajadores por motivos familiares.
Por fin, en las contrataciones para llevar a cabo una prestación a domicilio, o el cuidado de personas dependientes y el trabajo doméstico, la subvención será de 4.000 euros en el primer caso y 3.500 en el segundo. Se prevé la conversión de contratos temporales en indefinidos, con las citadas ayudas, siempre y cuando la jornada de trabajo sea igual o superior a la del contrato transformado, y dicha conversión se acepta que puede producirse “cualquiera que fuera la modalidad y la fecha de celebración de estos (contratos de duración determinada)”.
La Orden de 31 de diciembre de 2010 establece las bases reguladoras de los programas de fomento del empleo en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo y se procede a su convocatoria para este año.
La norma se publicó en el Boletín Oficial autonómico del día 19 y entró en vigor ayer sábado, previéndose su vigencia hasta el año 2013 inclusive. Tiene como punto de referencia estatal la Orden TAS 3501/2005 de 7 de noviembre, e integra en un solo texto los programas de promoción, divulgación y difusión de cooperativismo por una parte y el programa de fomento de empleo para cooperativas y sociedades laborales por otra. Su finalidad es promover la incorporación de personas desempleadas a las entidades de economía social, apoyar el desarrollo de proyectos de creación y modernización de este tipo de empresas, mediante una mejora de su competitividad, y la promoción del cooperativismo, en el bien entendido que debe tratarse de empresas que se encuentren en condiciones de competir en el mercado, ya que quedan excluidas del campo de su aplicación, entre otros supuestos, las empresas en crisis. Para ello se regulan cinco programas: de fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales; de mejora de la competitividad en tales empresas; de impulso de proyectos empresariales y asistencia técnica; de fomento del acceso a la condición de socio – trabajador; en fin, de actividades de promoción del cooperativismo.
La partida presupuestaria asignada es de 2.975.000 euros. La tramitación se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo para la presentación de las solicitudes es de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de la norma. La autoridad administrativa laboral dispone de un plazo de 6 meses para dictar y notificar la resolución, y en caso de no hacerlo se entenderá desestimada la solicitud.
El programa I regula el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales, incentivando la incorporación con carácter estable como socios trabajadores o de trabajo de las personas desempleadas y de los trabajadores que cumplan los requisitos fijados en el programa, entre los que destaco el supuesto de trabajadores que vieron extinguido su contrato anterior por causas imputables al empresario, despido colectivo, o amortización de puesto de trabajo, siempre y cuando no se trate de un caso en el que la empresa a que se incorporen “participe el empresario/a o personas que participaron en el capital social de la extinta empresa, directa o indirectamente, o sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad”. La incorporación de la persona desempleada, o la novación de la situación jurídica de la persona contratada anteriormente de forma temporal, deberá suponer un incremento neto de la plantilla de la empresa, y la cuantía de la subvención, para una prestación de actividad a tiempo completo, irá desde un mínimo general de 5.500 euros hasta un máximo de 10.000 euros para personas desempleadas y con una discapacidad igual o superior al 33 %, con reducción proporcional cuando la prestación de servicios sea a tiempo parcial.
El programa II trata de la mejora de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales, y prevé la concesión de subvenciones financieras y subvenciones directas para financiación y adquisición de inmovilizado. Su cuantía será, en el primer caso, de un máximo de cuatro puntos del tipo de interés fijado por la entidad de crédito que conceda el préstamo solicitado por la empresa, y en los dos casos deberá haber una aportación mínima del beneficiario del 25 % de la inversión, y con el tope de 18.000 euros para la posible ayuda,
El programa III trata del impulso de proyectos empresariales cooperativos y asistencia técnica, con subvenciones para la contratación de directores o gerentes, hasta el 50 % del coste y con un máximo de 20.000 euros, así como también de profesionales cualificados que resulten necesarios para la viabilidad de la empresa, hasta el 75 % del coste y siempre con un máximo de 20.000 euros. Para formación empresarial se financiará el 75 % del coste de los servicios prestados, con el mismo límite que en los supuestos anteriores. En todo caso, la cuantía máxima de todas las ayudas que puedan concederse de acuerdo a lo previsto en este programa no podrá superar los 20.000 euros. Para asistencia técnica se prevé
una subvención hasta el 75% de los gastos ocasionados con motivo de la puesta en marcha de los proyectos contemplados en la norma, hasta un máximo de 10.000 euros.
También se prevé una ayuda excepcional para el lanzamiento de actividad, que consistirá en una subvención de hasta el 50% de los gastos necesarios para el inicio de la actividad, con un máximo de hasta 20.000 euros. Serán subvencionables, a través de esta ayuda, los gastos para la compra de mercancías, materias primas y otros aprovisionamientos, alquiler del local y maquinaria, publicidad, suministros, siempre que se realicen en el primero año desde lo inicio de la actividad.
El Programa IV contempla el fomento del acceso a la condición de socio/a trabajador/a de personas desempleadas o de quienes ya prestan sus servicios como trabajadoras, con una subvención de hasta 4.500 euros para la incorporación a una cooperativa y hasta 2.000 euros para la incorporación a una sociedad laboral, “sin que en ningún caso pueda ser superior a la cuantía que corresponda suscribir en concepto de aportación de capital social y cuota de ingreso, o de acciones o participaciones sociales, de ser el caso, por la incorporación como socio o socia”.
Por último, el programa V regula las subvenciones para fomentar las actividades de promoción del cooperativismo. La cuantía de las ayudas previstas en esta modalidad no podrá superar el 75% de los gastos necesarios para su realización, hasta un máximo de 30.000 euros por beneficiaria.

References: artículo 84
 artículo 87
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 47
 resolución 
 resolución