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Timestamp: 2019-10-21 11:19:41+00:00

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﻿ Sentencia C-316 de mayo 2 de 2012
SENTENCIA C-316 DE 02 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE. SE DECLARA EXEQUIBLE LA “CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA FACILITAR LA ASISTENCIA EN CASOS DE DESASTRE”, ADOPTADA EN SANTIAGO DE CHILE, EL 7 DE JUNIO DE 1991 Y SE DECLARA EXEQUIBLE LA LEY 1460 DE JUNIO 29 DE 2011, POR MEDIO DE LA CUAL SE APROBÓ.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRÁMITE DEL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO, PREVENCIÓN DE DESASTRES, CONVENCIÓN INTERNACIONAL
Sentencia C-316 de mayo 2 de 2012
Ref.: Expediente LAT - 373
Revisión de constitucionalidad: de la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991 y de la Ley Aprobatoria 1460 de junio 29 de 2011.
Bogotá D.C. dos de mayo de dos mil doce.
EXTRACTOS: «2. Convención y ley aprobatoria.
LEY 1460 DE 2011(1)
ART. I.—Aplicabilidad.
ART. II.—Solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia.
ART. III.—Autoridad nacional coordinadora.
ART. IV.—Dirección y control de la asistencia.
ART. V.—Medios de transporte, equipos y abastecimientos.
ART. VI. Vías de acceso y de tránsito.
ART. VII.—Personal.
ART. VIII.—Áreas restringidas.
ART. IX.—Apoyo del estado auxiliado.
ART. X.—Riesgos.
ART. XI.—Protección al personal de auxilio.
ART. XII.—Reclamaciones e indemnización.
ART. XIV.—Costos.
ART. XV.—Relación con acuerdos existentes.
ART. XVI.—Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
ART. XVII.—Firma.
ART. XVIII.—Ratificación.
ART. XIX.—Adhesión.
ART. XX.—Reservas.
ART. XXI.—Entrada en vigor.
ART. XXII.—Vigencia.
ART. XXIII.—Depósito, registro, publicación y notificación.
En nombre del Gobierno Nacional, y en cumplimiento de los artículos 150 numeral 16; 189, numeral 2º y 224 de la Constitución Política de Colombia, presentamos a consideración del honorable Congreso de la República, el proyecto de ley, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
En 1989, con la Resolución 44-236, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el programa internacional denominado “Decenio Internacional para la Resolución de los Desastres Naturales” - DIRDN.
ART. 1º—Apruébase la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias. (C.P., art. 214.1).
2.1. El control de constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta las siguientes características(2): “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano”(3).
3.2.1. El control de constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7º a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969(4).
3.2.2. La “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre” fue suscrita por el entonces embajador, representante acreditado permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, de conformidad con el literal c del numeral 2º del artículo 7º de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969, doctor Julio Londoño Paredes, el día 8 de octubre de 1992(5) en la ciudad de Washington D.C., y le fue impartida la aprobación ejecutiva el 4 de diciembre de 2007. El entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el convenio de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta a folio 97 del cuaderno 2 de pruebas, ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional.
4. El proceso de formación del proyecto de ley en el Congreso de la República(6).
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de los Ministros de Interior y Justicia y de Relaciones Exteriores, doctores Fabio Valencia Cossio y Jaime Bermúdez Merizalde, el 21 de agosto de 2009, de conformidad con la Constitución (art. 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso 777 del 25 de agosto de 2009,(7) cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (C.P., art. 157, num. 1º).
La ponencia para primer debate en el Senado de la República fue publicada en la Gaceta 1043 del 16 de octubre de 2009,(8) habiendo recibido informe favorable a cargo del senador Jairo Clopatofsky Ghisays.
“Por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (...): proyecto de ley 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago, Chile, el día 7 de junio de 1991 (...)”.
En la siguiente sesión del miércoles 24 de marzo de 2010, se llevó a cabo la discusión y aprobación del proyecto de ley tal como se observa en el Acta 21(9) de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 232 de 2010. El siguiente es el texto de la aprobación:
El señor secretario realiza el llamado a lista para la votación del articulado, la omisión del articulado y el título del proyecto (...) Me permito informar señor presidente que ha sido aprobado (sic) la omisión de la lectura del articulado, el articulado y el título del proyecto, por 9 votos a favor, ninguno en contra.
Habiendo sido aprobado, se designa como ponente para segundo debate al senador Jairo Clopatofsky” (subrayas fuera de texto) (sic).
De acuerdo con certificación de 29 de julio de 2011, suscrita por el secretario general de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley 107 de 2009 Senado fue aprobado el día 24 de marzo de 2010, según consta en el Acta 21 de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 232 del 2010(10).
“Votación: fue aprobado de la siguiente manera:
Angarita Medellín Darío Ninguno
Clopatofsky Ghisays Jairo Ninguno
Enríquez Rosero Manuel Ninguno
Galán Pachón Juan Manuel Ninguno
Jaramillo Martínez Guillermo Alfonso Ninguno
López Montaño Cecilia Ninguno
Piñacué Achicué Jesús Enrique Ninguno
Restrepo Betancur Luzelena Ninguno
Constancia de esta votación queda registrada en el Acta 21 del 24 de marzo de 2010, de sesión ordinaria de la Comisión Segunda del Senado de esa fecha, publicada en la Gaceta 232 del 20 de mayo de 2010. (...)
3.2.3. De conformidad con el inciso 2º. del artículo 156 del reglamento, se repartió la ponencia para primer debate dentro del plazo establecido, tal como consta en la copia adjunta de recibido del 27 de octubre de 2009, día en que se envió a las oficinas de los senadores la Gaceta 1043 de 2009, donde se encuentra publicada la ponencia para primer debate”.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Senado el 24 de marzo de 2010 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 15 de diciembre de 2010, se cumple en requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
El texto definitivo aprobado en primer debate correspondiente al proyecto de ley y la ponencia para segundo debate al proyecto de ley de la referencia fueron publicados en la Gaceta del Congreso 114(11) del 14 de abril de 2010, siendo esta última, presentada en forma favorable por el senador Jairo Clopatofsky Ghisays.
El proyecto de ley fue anunciado el 14 de diciembre de 2010 para la próxima sesión, tal como consta en el Acta 33 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 78(12) del jueves 10 de marzo de 2011. El anuncio se realizó así (negrilla fuera de texto):
“Por instrucciones de la presidencia y, de conformidad con el Acto Legislativo 01de 2003, por secretaría se anuncian los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...) Señor presidente los siguientes son los proyectos para la sesión del día de mañana: (...) Proyectos con ponencia para segundo debate (...) proyecto de ley 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991”. (...) todos estos proyectos están debidamente publicados en la Gaceta del Congreso, están leídos señor presidente proyectos (sic) y anunciados para la próxima sesión”.
Al final se lee: “Siendo las 8:30 p.m., la presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 15 de diciembre de 2010, a las 9:00 a. m”.
Según consta en el Acta 34 del miércoles 15 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 80(13) del 11 de marzo de 2011, la plenaria del Senado aprobó el proyecto en la fecha para la cual fue anunciado, por la mayoría de los 55 senadores. El siguiente es el texto de la aprobación:
Proyecto de ley 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
La presidencia somete a consideración de la plenaria la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 107 de 2009 Senado; cierra la discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre la votación e indica a la secretaría abrir el registro para proceder a la votación nominal.
En consecuencia, ha sido aprobada la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del proyecto de ley 107 de 2009 Senado.
Por secretaría se da lectura al título del proyecto de ley 107 de 2009 Senado, Por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre” adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el articulado en bloque, el título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes del proyecto de ley 107 de 2009 Senado, cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009, abre a votación e indica a la secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
De acuerdo con certificación de 27 de septiembre de 2011, suscrita por el secretario general del Senado de la República, el proyecto de ley 107 de 2009 Senado fue aprobado el día 15 de diciembre de 2010, según consta en el Acta 34 de sesión ordinaria de la plenaria del Senado de la República de esa fecha, publicada en la Gaceta 80 del 11 de marzo de 2011(14). El secretario explicó:
“I. La discusión y aprobación de la ponencia para segundo debate del proyecto se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 80 del viernes 11 de marzo de 2011 paginas 51 -53, que contiene la publicación del Acta 34 de la sesión ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de 2010. Votación nominal a omisión de lectura del articulado, titulo del proyecto y que surta su trámite a la honorable Cámara de Representantes, del proyecto de ley 107 de 2009 Senado, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2009. La totalidad de la votación fue de 54 votos: por el sí votos afirmativos, cero votos negativos; no hubo abstenciones.
II. La Fecha de la votación se realizó el día 15 de diciembre de 2010 como consta en el Acta de Plenaria 34 de la sesión ordinaria del día miércoles 15 de diciembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 80 del viernes 11 de marzo de 2011”.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el 15 de diciembre de 2010 e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el 31 de mayo de 2011, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art. 160).
El proyecto de ley de la referencia fue radicado con el número 173 de 2010 en la Cámara de Representantes, y publicado en la Gaceta del Congreso 256 del jueves 12 de mayo de 2011 (p. 16).
La ponencia favorable para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 256(15) del 12 de mayo de 2011 y el ponente designado fue el representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés.
De conformidad con el texto del Acta 40 del 25 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 613(16) de 23 de agosto de 2011, el anuncio de la aprobación del proyecto de ley se realizó el día 25 de mayo de 2011, en los siguientes términos:
Proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres”.
En efecto, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó en primer debate el proyecto de ley de la referencia en la siguiente sesión del 31 de mayo de 2011, según consta en el Acta 41 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 612 del 23 de agosto de 2011(17). La aprobación se realizó con el quórum decisorio requerido, con doce de los trece representantes que conforman la Comisión Segunda, según lo certifica el secretario general de dicha comisión en oficio expedido el 25 de agosto de 2011(18). La aprobación se llevó a cabo como se expone a continuación:
“Sí, señor presidente. Nos encontramos en el punto cuatro, el segundo proyecto de ley que está anunciado y se va a debatir y votar es el siguiente: Proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago de Chile el 7 de junio de 1991.
Lo anterior, ratificado por lo manifestado por la secretaría general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en escrito de fecha 25 de agosto de 2011, cuando certificó:
“La ponencia para primer debate del proyecto de ley 173/10 Cámara, 107/09 Senado “Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre” adoptada en Santiago de Chile el 7 de junio de 1991” está publicada en la Gaceta del Congreso 256 del 12 de mayo de 2011, páginas 9 a 16.
El anuncio del proyecto de ley se hizo en sesión del día 25 de mayo de 2011, Acta 40, la cual se aprobó en sesión del día 10 de agosto de 2011, está en publicación.
Se aprobó en primer debate en sesión del día 31 de mayo de 2011, Acta 41, la cual se aprobó en sesión del día 10 de agosto de 2011, está en publicación.
La (sic) texto aprobado en primer debate en cámara esta publicada en la Gaceta del Congreso 376 del de (sic) 2011, pagina 8.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate de Cámara de Representantes el 31 de mayo 2011 e iniciado el segundo debate en la plenaria respectiva 15 de junio 2011, se cumple el requisito constitucional del término mínimo de ocho días entre uno y otro momento legislativo (C.P., art 160).
El texto aprobado fue publicado en la Gaceta 376 del martes 7 de junio de 2011 (pp. 8 y 9).
La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta del Congreso 376 del 7 de junio de 2011,(19) con ponencia del mismo representante a la Cámara, Luis Enrique Salas Moisés.
El anuncio de votación del proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, se hizo en la sesión del 9 de junio de 2011, según consta en el Acta 71 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso 607 del viernes 19 de agosto de 2011(20). La trascripción del anuncio es la siguiente (negrillas fuera de texto):
Proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991”(21).
Tal como consta en el Acta 072, en la sesión del 15 de junio de 2011, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 155 representantes asistentes Gaceta del Congreso 732 del 28 de septiembre de 2011,(22) según lo ratifica la certificación expedida el 9 de agosto de 2011 por el secretario general de la Cámara de Representantes(23) y que en su tenor dice:
El suscrito secretario general de la honorable Cámara de Representantes certifica:
Que en sesión plenaria de la honorable Cámara de Representantes, el día quince (15) de junio de 2011, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta y cinco (155) honorables representantes, fue considerada y aprobada con las mayorías que exige la Constitución y la ley la ponencia para segundo debate, el articulado y el título al proyecto de ley 173/2010 Cámara 107/2009 Senado, convertido en la Ley 1460 de junio 29 de 2011 “Por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre” adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991”, de la siguiente manera:
Ponencia para segundo debate fue aprobado por unanimidad.
El articulado, titulo del proyecto y la pregunta “si quieren que este proyecto de ley, sea ley de la República”, fueron aprobados por unanimidad.
Lo anterior consta en el Acta de sesión plenaria 072 de junio 15 de 2011. El proyecto de ley en comento fue anunciado para discutirse en la próxima sesión plenaria cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8㼧 del Acto Legislativo 01 de 2003, dicho anuncio se dio el día junio 09 de 2011 de los corrientes, según consta en el Acta de plenaria 071 de la misma fecha”.
“Proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
El título proyecto de ley 173 de 2010 Cámara, 107 de 2009 Senado, por medio del cual se aprueba la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre, adoptada en Santiago, Chile, el 7 de junio de 1991.
El Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria del convenio internacional el 29 de junio de 2011, convirtiéndose en la Ley 1460 de 2011 y fue debidamente publicada en el Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011.
Mediante oficio(24) recibido el día cinco de julio de 2011, la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta corporación copia auténtica del convenio y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de esta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
En relación con el examen de fondo, este consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones superiores, para determinar si aquellas se ajustan o no a las disposiciones constitucionales que rigen las relaciones internacionales y a la Constitución Política en general.
5.1.3. El presente instrumento internacional es una “Convención Interamericana”. En el escenario continental se dan cita las naciones latinoamericanas y caribeñas, como las naciones angloamericanas y anglofrancoamericanas —al igual que en el Caribe—, al lado de los pueblos de raíz iberoamericana. Por ello, el ámbito hemisférico es un espacio privilegiado para la profundización de las relaciones exteriores dirigidas a la integración de Latinoamérica y el Caribe, a cuya consolidación concurre el sistema interamericano.
5.2.1. En la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989,(25) se estableció el programa internacional “Decenio Internacional para la Resolución de los Desastres Naturales - DIRDN”, programa que se implementó desde enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 1999, cuyo objetivo era “promover a nivel global el conocimiento sobre los conceptos de prevención y atención de desastres con énfasis en la aplicación de la ciencia y la tecnología, y mejorar la capacidad de cada país para la reducción de los riesgos y adoptar sistemas de alerta regional, nacional y local, contando con la ayuda de la cooperación internacional”(26).
5.2.2. En 1994 en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales, se formuló la estrategia y el plan de acción de Yokohama, para un mundo más seguro y dentro de los años siguientes, se discutió la necesidad de adecuar y actualizar los contenidos normativos y los mecanismos de coordinación existentes a las nuevas realidades y complejidades de los desastres(27).
5.2.3. En la II Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres de Kobe, Japón, se aprobó la “Declaración y el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015”, en la que se instó a los países a desarrollar e impulsar las iniciativas nacionales y regionales para los lazos de colaboración frente a desastres, lineamientos que permitieron alcanzar una década después, un considerable aumento de la capacidad de los Estados y las comunidades, frente a los desastres, con la intención de reducir las pérdidas que estos ocasionan, tanto en términos de vidas humanas como en bienes sociales, económicos y ambientales de las mismas.
5.2.4. Como desarrollo de dichos acuerdos, nace la Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastres, firmada el 6 de julio de 1991, aprobada en la sesión ordinaria de la asamblea general de la OEA y la cual entró en vigor el 16 de octubre de 1996, con la ratificación de la misma por parte de Panamá, Perú y Uruguay.
5.3. Fines del convenio: valor constitucional de la protección de la vida y bienes de los habitantes de los Estados parte (C.P., arts. 1º, 2º, 11, 58).
5.3.1. El convenio tiene como finalidad la construcción de un modelo compartido de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro humanitario, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, tendiente a dar impulso a la ayuda mutua y a la eficaz e inmediata prestación de asistencia reciproca entre los países, sin dejar de lado el tema de la prevención y la creación de mecanismos de mitigación de desastres, con miras a la protección frente a eventuales pérdidas humanas y materiales que afectan el desarrollo económico y social de los países de América.
5.3.2. Como lo indicó la exposición de motivos, “La Convención Interamericana mantiene el espíritu de la reciprocidad y el manejo de los riesgos naturales acorde con los objetivos y directrices de las Naciones Unidas y de la OEA, los cuales promueven la articulación de sistemas y de acuerdos relacionados con la prevención y atención de los desastres entre los países en desarrollo, así como los mecanismos que facilitan la solidaridad y el fortalecimiento entre países de la región”. Esta corporación, en Sentencia C-194 de 2011, dijo:
“En efecto, a partir de los años noventa, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha venido empleando la expresión “asistencia humanitaria”, para referirse a una variedad de actividades internacionales, incluyendo la ayuda a las víctimas de desastres naturales, conflictos e intervenciones armadas. Algunos autores como Weiss,(28) tomando como base la jurisprudencia sentada por el Tribunal Internacional de Justicia en el caso del Estrecho de Corfú(29) entre el Reino Unido y Albania y el asunto de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua,(30) así el texto de la Resolución 45/100 titulada “Asistencia humanitaria a las víctimas de las catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden”, de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1990, sostienen incluso que nos encontramos ante un “Nuevo orden humanitario internacional”, uno de cuyos pilares es la asistencia humanitaria.
La asistencia humanitaria, en palabras de Hardcastle y T. L. Chua,(31) apunta a la protección inmediata y urgente de los derechos humanos, en especial, los derechos a la vida, salud, alimentación, educación y vivienda, entre otros; por lo que se imponen responsabilidades básicas al Estado donde tuvo lugar la emergencia humanitaria, en especial, (i) adoptar medidas urgentes y efectivas encaminadas a atender a las víctimas; (ii) no obstruir el ingreso y entrega de la asistencia humanitaria proveniente del exterior encaminada a atender a los afectados (obligación de no hacer) y asimismo, la carga de remover todos los obstáculos para que la ayuda proveniente del exterior ingrese al país sin dificultades (obligación positiva)”.
5.3.3. Así las cosas, los imperativos de la asistencia humanitaria justifican la celebración de convenios de cooperación con otros Estados, que permitan la salvaguarda de vidas humanas, la debida y eficaz atención a las victimas con la mayor prontitud posible. De esta manera, tanto el objeto como los fines de la convención, derivados del concepto mismo de atención humanitaria, se ajustan a los mandatos constitucionales de protección de los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la integridad física y la salud, así como a los principios que rigen las relaciones exteriores y de integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe, expresamente consagrados en los artículos 9º, 226 y 227 de la Constitución Política.
5.4. Objeto y finalidad (preámbulo).
5.4.1.Según se deduce del contenido del preámbulo del convenio, los Estados del hemisferio, fundados en el sentido de cooperación y en el espíritu de solidaridad y buena vecindad, dispusieron la creación de un instrumento que facilite y regule los procedimientos internacionales para la prestación de asistencia en casos de desastres, catástrofes y otras calamidades que destruyen la vida y amenazan la seguridad y los bienes de los habitantes del continente americano, con miras a hacerla más efectiva e inmediata.
(i) Permite al Estado colombiano cumplir con la obligación de internacionalizar sus relaciones políticas y afianzar una integración con las naciones latinoamericanas, bajo bases precisas de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional (C.P., arts. 226 y 227), con miras a alcanzar un objetivo común, como es el de prepararse y fortalecer los mecanismos para la atención de desastres en forma mancomunada con otros Estados.
(ii) Sujeta la ejecución del convenio a los fundamentos constitucionales que gobiernan las relaciones exteriores, como son el respeto a la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, bajo el gobierno de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art. 9º.), sometiendo el cumplimiento del acuerdo a la concordancia con los ordenamientos internos de los Estados partes y a la integración con los países latinoamericanos.
(iii) Resalta la importancia de fomentar alianzas y otras acciones que respondan a los riesgos y amenazas a causa de fenómenos naturales y antrópicos que devastan la región e impactan el desarrollo económico y social de los países, construyendo modelos compartidos de atención humanitaria multilateral, para actividades de socorro, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, sin dejar de lado la prevención y creación de mecanismos de mitigación de desastres (C.P., arts. 224 y 227).
(iv) Asegura la realización de los fines esenciales de un Estado social de derecho, en la medida en que redundará en la eficacia en la atención de desastres y en el cumplimiento del deber de las autoridades de garantizar la efectividad de los derechos y las libertades de los ciudadanos (C.P., arts. 1º, 2º y 229).
5.5. Ámbito de aplicación, alcance y autoridades competentes, (preámbulo, arts. I, II, III y IV).
5.5.1. El artículo I establece como premisa fundamental para la aplicación de la convención, la solicitud de asistencia que un Estado parte realice a otro, e indica que para efectos de la convención, la aceptación de asistencia por un Estado parte, del ofrecimiento de auxilio de otro Estado, será considerada como una solicitud de asistencia. El artículo II, señala la forma en que serán trasmitidas las solicitudes, ofrecimientos y aceptaciones de asistencia entre los Estados, indicando que se surtirán por los canales diplomáticos o por la autoridad nacional coordinadora, establece la necesidad del mantenimiento de consultas entre los Estados auxiliador y auxiliado, al ocurrir un desastre, con el fin de determinar el tipo de auxilio requerido y finalmente prescribe que aceptada la asistencia, el Estado auxiliado debe notificar a sus autoridades competentes para que otorguen las facilidades necesarias al Estado auxiliador. El artículo III establece que cada Estado parte de acuerdo con su legislación interna, designará una autoridad nacional coordinadora, que se encargará de transmitirlas solicitudes de asistencia, recibir los ofrecimientos de auxilio y coordinar la asistencia dentro de su jurisdicción nacional; determina igualmente que la designación de la autoridad nacional coordinadora se notificará a la Secretaría General de la OEA e indica la función de coordinación que ejercerán el Comité Interamericano de Asistencia para Situaciones de Emergencia de la OEA y su presidente en casos de desastre. Por su parte, el artículo IV prescribe que la responsabilidad general de la dirección, control y supervisión de la asistencia dentro de su territorio, estará a cargo del Estado auxiliado, el cual deberá proporcionar —en la medida de sus capacidades— instalaciones y servicios locales y brindará protección al personal y a los equipos y materiales que hayan sido llevados a su territorio por el Estado auxiliador; anota que en los casos en que la asistencia incluya personal, el Estado auxiliado en consulta con el Estado auxiliador, deberá designar una persona que ejercerá la supervisión operativa directa del mismo.
5.6. Exoneración de gravámenes y tributos (art. V).
5.6.1. En relación con exoneraciones del pago de tributos, tasas o contribuciones para los medios de transporte, equipos y abastecimiento enviados por los Estados parte para las actividades de asistencia, la Constitución Política radica en el Congreso de la República la potestad tributaria y con ello la facultad de establecer los sujetos pasivos de los impuestos, tasas y contribuciones y los hechos generadores de los mismos, y la facultad de exonerar determinados sujetos y hechos de la carga impositiva. Adicionalmente, la exoneración de los gravámenes en cuestión autorizada por el legislador a través de la ley aprobatoria, tampoco no (sic) vulnera criterios constitucionales de equidad; por el contrario, responden a criterios de razonabilidad, ya que la incorporación al territorio aduanero nacional de los bienes destinados a la atención de desastres desarrolla directamente los objetivos del convenio y los fines constitucionalmente ya discernidos.
5.6.2. Específicamente, respecto de la hipotética exoneración de tributos de ciertos tributos que puedan escapar a la potestad legislativa del Congreso, la Corte señaló que la prohibición contenida en el artículo 294(32) de la Constitución, no imposibilita que los tratados internacionales concedan exenciones, siempre que la Nación compense a las entidades territoriales las posibles afectaciones de sus ingresos(33).
5.6.3. Sobre las disposiciones contenidas en los artículos V y VII de la convención, que establecen que los Estados parte de acuerdo con su legislación interna, deberán suministrar los permisos y facilidades migratorias, así como poner su mayor empeño en agilizar y dispensar las formalidades aduaneras, con el fin de permitir la entrada, salida y tránsito de bienes y personas del Estado auxiliador y que tengan por finalidad la prestación de asistencia, se plantea alguno de los intervinientes (ver supra 3.4.) si debe limitarse esa libertad de movilidad mediante declaración interpretativa, que por motivos de seguridad nacional o pertinencia del interés nacional.
5.7. Estatuto personal: libertad de ingreso, salida y tránsito de personas; áreas restringidas; inmunidades (arts. VI, VI y VIII).
5.7.1.Las disposiciones contenidas en estos artículos bajo examen relativas a la circulación en el territorio nacional del personal no nacional de auxilio, no contravienen la Carta Política, en lo referente a la soberanía nacional y libre determinación de los pueblos, toda vez que responden a las exigencias de un mundo cada vez más globalizado e integrado que permita la solución de problemas a nivel global, como lo es el caso de desastres naturales o calamidades de diversa índole, con el concurso de la comunidad internacional. Además, se trata de medidas migratorias, respecto de las cuales el legislador tiene una amplia facultad de regulatoria.
5.7.2.La jurisprudencia constitucional ha admitido la introducción de cláusulas de inmunidad en los tratados internacionales para reconocer que las mismas son medios para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos y la autonomía de las organizaciones internacionales en el ejercicio de sus funciones y que no, per se, contrarias al ordenamiento jurídico,(34) pues que tienen su fundamento en disposiciones de derecho internacional aceptados por Colombia (C.P., art. 9º) y no quebrantan por sí mismas el concepto de soberanía nacional(35).
5.7.3. De otra parte, se ha precisado que las inmunidades y privilegios conferidos se ajustan a la Carta Política siempre y cuando estén encaminadas a la “defensa, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate y de los Estados que acuerdan conceder dichas prerrogativas,(36) y que estas no sean absolutas.
5.7.4. A partir de los anteriores presupuestos la Corte no observa contradicción entre el texto del Convenio y la Constitución, ya que, al igual que ocurre con la concesión de las exoneraciones tributarias en materia de medios de transporte, equipos y abastecimientos —artículo V sub examine—,no son absolutas, toda vez que están orientada únicamente a los bienes cuya destinación sea la prestación de auxilio en casos de desastre y calamidades y se encuentra acorde con los principios de derecho internacional aceptados por Colombia, la Convención de Viena y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en anteriores oportunidades(37).
5.8. Responsabilidades y riesgos (arts. IX, X y XIV).
5.8.1. Los artículos IX y X establecen las obligaciones y responsabilidades de los Estados parte, señalando que el Estado auxiliado procurará ofrecer al personal de auxilio el apoyo que este requiera, y que el Estado auxiliador prestará la asistencia con pericia, evitando negligencia, sin que ello implique la garantía de que no ocurrirán daños. El artículo XIV indica que los costos por concepto del auxilio prestado correrán por cuenta del Estado que auxilia, sin costo alguno para el Estado auxiliado, salvo acuerdo en contrario.
5.9. Protección al personal de auxilio (art. XI).
5.9.2. Esta corporación se ha pronunciado en varias oportunidades sobre el principio de inmunidad de jurisdicción de los Estados y los organismos internacionales,(38) para concluir que tal principio se deriva de una regla del derecho internacional público reconocido por la costumbre y los instrumentos internacionales, en virtud del cual “los agentes y bienes de Estados extranjeros deben ser inmunes frente a la actuación coercitiva de las autoridades públicas de los Estados huéspedes”(39).
5.9.3. La Corte ha sostenido que el principio de inmunidad de jurisdicción debe ser entendido en concordancia con el artículo 9º de la Constitución Política según el cual, las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia; la soberanía, independencia e igualdad de los Estados; y, tratándose de organismos y agencias internacionales, en la necesidad de que gocen de independencia para el cumplimiento de su mandato. Así, en criterio de la jurisprudencia, los privilegios e inmunidades de los Estados y las agencias internacionales huéspedes en Colombia, “queda[n] supeditad[os] a que, efectivamente, propendan por la defensa de la independencia, igualdad y soberanía del organismo de derecho internacional de que se trate”(40).
5.9.4. Con todo, esta corporación ha sostenido que a la luz de la Constitución, en el territorio colombiano ningún Estado u organismo internacional gozan de inmunidad absoluta,(41) por cuanto las atribuciones que le competen al Estado colombiano en términos de soberanía e independencia, implican que tiene capacidad jurídica para “asegurar la defensa de los derechos de las personas sometidas a su jurisdicción”. Así, las intervenciones de las autoridades colombianas que persigan la defensa de los derechos de los habitantes del territorio nacional, en tanto no obstaculicen el desempeño eficaz de las funciones de los organismos de derecho internacional huéspedes en Colombia, “no solo son legítimas sino necesarias para garantizar el orden constitucional y en particular el respeto a la recíproca independencia(42)”.
5.9.5. Entre los límites a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional, en materia penal, la Corte ha indicado que los privilegios “no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales,(43) los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello”(44).
5.9.6. Ahora bien, frente a la jurisdicción civil y administrativa, la Corte en Sentencia C-315 de 2004, que declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones Especiales” de las Naciones Unidas —abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre 1969—, así como de la Ley Aprobatoria 824 de 2003, indicó:
“(1) El principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo (...)(45)” De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los afectados”(46).
5.9.7. En conclusión, la jurisprudencia constitucional estima que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este sentido, dicho principio solo se justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y en el respeto por la soberanía, independencia e igualdad de los Estados. Es por ello que dicho principio no es contrario a la intervención de las autoridades colombianas, cuando estas persigan la protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional. Por consiguiente, el reconocimiento de privilegios e inmunidades en los términos planteados en el convenio bajo examen, en el que claramente se excluyen los actos ajenos a la prestación de asistencia y las acciones civiles o administrativas a faltas intencionales de conducta o negligencia grave, que podrán ser resueltas por los tribunales del Estado auxiliado, es compatible con las normas constitucionales.
5.9.8. Como prescripción adicional, se establece que el personal de auxilio deberá respetar las leyes y reglamentaciones del Estado auxiliado y de los Estados en tránsito, debiéndose abstener de llevar a cabo actividades políticas o incompatibles con dichas leyes o con las disposiciones de la convención; y las acciones judiciales que se emprendan contra el personal de auxilio serán conocidas y resueltas en los tribunales del Estado auxiliado.
5.10. Reclamaciones e indemnización (arts. XII, XIII).
5.10.1. El artículo XII, sobre las reclamaciones e indemnización, establece la renuncia del Estado auxiliado a cualquier reclamación por daños o perjuicios que pudieran plantearse contra el Estado auxiliador o el personal de auxilio. Adicionalmente señala que en caso de reclamaciones por daños o perjuicios que surjan del cumplimiento de la prestación de auxilio, el Estado auxiliado subrogará al Estado auxiliador y al personal de auxilio, exceptuando claramente la aplicación de dicho régimen, a los actos ajenos al cumplimiento de la asistencia ni a faltas intencionales o de negligencia grave.
5.10.3. El artículo 90 de la Constitución Política consagra la cláusula general de responsabilidad del Estado al señalar en su inciso primero que “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Encuentra la Corte que, dado que la administración y control de la prestación de auxilio es realizada por el Estado auxiliado, la correlativa asunción de los riesgos por el mismo y la subrogación del Estado auxiliador y el personal de auxilio por actos relacionados con la misión, tiene pleno fundamento en la responsabilidad patrimonial del Estado como garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, consagrado en los artículos 2º, 58 y 90 de la Constitución.
5.10.5. Por otra parte, el artículo XIII establece la posibilidad de que las disposiciones previstas en los artículos XI y XII sean modificadas por acuerdo expreso entre el Estado auxiliador y el Estado auxiliado, como corresponde al desarrollo de las relaciones entre estados soberanos.
5.11. Relación con acuerdos existentes (art. XV).
5.12. Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (art. XVI).
5.13. Firma, adhesión, ratificación, reservas y vigencia (arts. XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XIII).
1. Declarar EXEQUIBLE de la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1460 de junio 29 de 2011, por medio de la cual se aprobó la “Convención Interamericana para Facilitar la Asistencia en Casos de Desastre”, adoptada en Santiago de Chile, el 7 de junio de 1991.
(1) Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011.
(2) Ver, sentencias C-468 de 1997; C-376 de 1998; C-426 de 2000 y C-924 de 2000.
(3) Sentencia 1192 de 2008.
(4) 7. Plenos poderes. 1. Para la adopción la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado: a) si se presentan los adecuados plenos poderes, o b) si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados; o de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. 2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado:
a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; c) los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. 8. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7º, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. 9. Adopción del texto. 1. La adopción del texto de un tratado se efectuara por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2.2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de dos tercios de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente.10. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo (a) mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración; o b) a falta de tal procedimiento, mediante la firma, la firma “ad referendum” o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto.
(5) Copia a folio 167 del cuaderno 1 de pruebas.
(6) En el presente caso no era necesario agotar el requisito de la consulta previa a las comunidades étnicas que puedan resultar afectadas directamente por cualquier medida legislativa. La consulta previa es imperativa en el caso de decisiones que afectan directamente comunidades étnicas. Sobre este punto la Corte afirmó lo siguiente en la Sentencia C-030 de 2008: “De este modo, cuando se adopten medidas en aplicación del convenio, cabe distinguir dos niveles de afectación de los pueblos indígenas y tribales: el que corresponde a las políticas y programas que de alguna manera les conciernan, evento en el que debe hacerse efectivo un derecho general de participación, y el que corresponde a las medidas administrativas o legislativas que sean susceptibles de afectarlos directamente, caso para el cual se ha previsto un deber de consulta”...
(7) Folios 85 a 90 de cuaderno 2 de pruebas.
(8) Folios 80 a 84 del cuaderno 2 de pruebas.
(9) Folios 23 a 60 del cuaderno 2 de pruebas.
(10) Folios1 y 2 del cuaderno 2 de pruebas.
(11) Folio 172 del cuaderno 1 de pruebas.
(12) Folios 165 a 169 del cuaderno 2 de pruebas.
(13) Folios 159 a 164 del cuaderno 2 de pruebas.
(14) Folios1 y 2 del cuaderno 5 de pruebas.
(15) Folios 9 a 16 del cuaderno de pruebas 3.
(16) Folios 3 a 22 del cuaderno 5 de pruebas.
(17) Folios 23 a 44 del cuaderno 5 de pruebas.
(18) Folio 46 del cuaderno principal.
(19) Folios 13 a 22 del cuaderno 3 de pruebas.
(20) Folios 2 a 72 del cuaderno 4 de pruebas.
(21) Folios 60 y 61 del cuaderno 4 de pruebas.
(22) Folios 85 a 151 del cuaderno 6 de pruebas.
(23) Folio 102 del cuaderno 2 de pruebas.
(24) Oficio OFI11-00065990 de JMSC 33020 del 2 de julio de 11 (fl. 1, cdno. 1).
(25) Resolución 44-236.
(26) Exposición de motivos.
(27) Ponencia para primer debate al proyecto 107 de 2009 de Senado.
(28) Pierre Weiss, Relations internationales: le nouvel ordre mondial. Paris, Edit. Eyrolles, 1993, p. 192.
(29) Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia de fondo del 9 de abril de 1949, asunto del Estrecho de Corfú, en L. Gardiner, The Eagle Spreads his Claws: A History of the Corfu Channel Dispute and of Albanian Relations with the West, 1945-1965, Blackwood& Sons, Edinburgh, London, 1966, p. 286.
(30) Corte Internacional de Justicia de La Haya, sentencia del 27 de junio de 1986, asunto de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en Nicaragua, en Lang, “L’affaire Nicaragua de EtatsUnis devant la CIJ”, LGDJ, 1990, pp. 861-900.
(31) Rohan J. Hardcastle y Adrian T. L. Chua., “Asistence Humanitaire: vers un droit d´ácces aux victimes des guerres”, Révue Internationale de la Croix Rouge, decembre de 1998, pp. 633-654.
(32) Artículo 294 de la Constitución. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Tampoco podrá imponer recargos sobre sus impuestos salvo lo previsto en el artículo 317.
(33) Sentencia C-859 de 2007.
(34) Ver, entre otras, la Sentencia C-254 de 03.
(35) Ver entre otras las sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-315 de 2004.
(36) Sentencias C-203 de 1995 y C- 442 de 1996.
(37) Sentencias C-203 de 1995, C-137 de 1996, C-254 de 2003, C-1333 de 2000, C-315 de 2004, C-820 de 2004, entre otras.
(38) Sentencias T-93 de 2010, T-628 de 2010, T-633 de 2009, T-1029 de 2005, T-917 de 2005 y T-833 de 2005; y las sentencias de constitucionalidad C-1156 de 2008, C-276 de 2006, C-038 de 2006, C-863 de 2004, C-315 de 2004, C-578 de 2002, C-287 de 2002, C-442 de 1996, C-137 de 1996 y C-563 de 1992.
(39) Sentencia C-137 de 1996.
(40) Sentencia C-442 de 1996.
(41) Sentencias C-1156 de 2008, C-863 de 2004, C-315 de 2004, C-287 de 2002, C-442 de 1996 y C-137 de 1996.
(42) Sentencia C-788 de 2011.
(43) Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4º del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (L. 17/71), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente”. Igualmente, el artículo 43 de la Convención que regula la inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares”. Ver. Sen. B. “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, pp. 95-202 y 285 a 309.
(44) Sentencia C-788 de 2011.
(45) Sentencia del 25 de agosto de 1998, Radicación IJ-001, Sección Tercera del Consejo de Estado.
(46) Sentencias C-1156 de 2008 y C-254 de 2003.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 156
 artículo 8
 artículo 241
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 294
 artículo 9
 artículo 90
 artículo 7
 Resolución 
 Artículo 294
 artículo 317
 artículo 31
 artículo 41
 artículo 43