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Timestamp: 2017-09-23 11:04:12+00:00

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Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO-LEY 5/2010, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBAN MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (BOJA DEL 28)
Capítulo II. Medidas sectoriales de organización (Arts. 3 a 10)
Sección 2.ª Medidas de organización en el sector de la obra pública (Arts. 5 a 7)
Sección 5.ª Medidas de organización del sector agrario y pesquero (Arts. 11 a 24)
Sección 7.ª Medidas de organización en materia de cultura (Arts. 20 y 21)
Subsección 1.ª De las personas concesionarias sin derecho de acceso a la propiedad (Arts. 25 a 29)
Sección 2.ª De la finalización de las adjudicaciones vigentes y recuperación de bienes del IARA (Arts. 33 y 34)
Por todo ello, en ejercicio de la facultad concedida por el artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 27 de julio de 2010, dispongo:
«3. Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda, en el ámbito de sus competencias específicas, el control económico-financiero del sector público andaluz, así como la emisión de informes, y en su caso las autorizaciones, en relación con la creación, alteración y supresión de las entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía y los consorcios a que se refiere el artículo 12 de esta Ley. En especial, corresponde a dicha Consejería el informe preceptivo para perfeccionar negocios de disposición o administración que impliquen la ubicación de sedes y subsedes de los consorcios a que se refiere el artículo 12.3 y de las entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, así como para destinar inmuebles a los citados usos».
«4. Se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para cualquier fórmula de participación no reglada en entidades por parte de las Consejerías o entidades instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, distinta de las previstas en la legislación sectorial o en la presente Ley».
La adscripción de las agencias administrativas y públicas empresariales a una o varias Consejerías o a una agencia se efectuará por decreto del Consejo de Gobierno».
«2. Las personas titulares de los máximos órganos directivos a que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, ejercerán las funciones que les atribuyan los estatutos de la agencia, cualquiera que sea el régimen jurídico de vinculación de las referidas personas».
3. El resto de las modificaciones o refundiciones se llevarán a cabo por decreto del Consejo de Gobierno, previo informe de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública».
2. Los estatutos de la agencia determinarán su órgano de contratación, pudiendo fijar la persona titular de la Consejería a que se halle adscrita la cuantía a partir de la cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos, salvo que dicha autorización corresponda al Consejo de Gobierno».
«3. Las agencias administrativas se adscriben a una Consejería, a la que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad en los términos previstos en el artículo 63 de esta Ley. Excepcionalmente pueden adscribirse a otra agencia administrativa cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas».
Las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, cualquiera que sea su forma de vinculación, de forma directa, funciones complementarias y de investigación y auxilio de las potestades públicas atribuidas, entre otras las de autotutela y recuperación del dominio público, sancionadora, expropiatoria, de fe pública y de todas aquellas reservadas a personal funcionario».
3. Las agencias de régimen especial se adscriben a la Consejería competente por razón de la materia. Excepcionalmente pueden adscribirse a una agencia administrativa o de régimen especial cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas».
«1. El personal de las agencias de régimen especial podrá ser funcionario, que se regirá por la normativa aplicable en materia de función pública, y personal sujeto a Derecho Laboral. Las funciones que impliquen ejercicio de autoridad serán desempeñadas por personal funcionario».
«2. El personal al servicio de las fundaciones del sector público andaluz se rige por el Derecho Laboral. El nombramiento del personal no directivo irá precedido de convocatoria pública y de los procesos selectivos correspondientes basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad».
Reglamentariamente se establecerán los días y horarios en que deberán permanecer abiertas las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía».
«Disposición adicional primera. Registro en entidades de Derecho Público.-Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades de Derecho Público que no tengan la consideración de agencia administrativa o de régimen especial dispondrán de oficinas de registro cuando, de acuerdo con su norma reguladora, tengan atribuido el ejercicio de potestades administrativas que requieran la existencia de dichos órganos. En este supuesto, la Consejería o la agencia a la que esté adscrita la agencia pública empresarial ubicará en sus dependencias los registros auxiliares que se estimen necesarios».
Dicho decreto establecerá las medidas aplicables en materia de personal, presupuestos y tesorería, y acordará la integración de los bienes del organismo autónomo en el patrimonio de la Comunidad Autónoma y los de las entidades de Derecho Público en el patrimonio de la agencia pública empresarial en la que se integre».
3. Las adquisiciones referidas en este precepto se harán en Bolsa siempre que fuera posible».
«1. Se crea, con la denominación de Agencia Andaluza del Conocimiento, una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería o Consejerías que se establezca por el Consejo de Gobierno, a la que le corresponde ejercer las competencias de evaluación y acreditación de las actividades universitarias; y de fomento, gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Le corresponde también prestar servicios para la tramitación y ejecución de programas y actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación o a programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países. Asimismo, le corresponde el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía, transfiriendo conocimiento a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las empresas y de dichos Agentes en los programas I+D+I de la Unión Europea».
Artículo 5. Adaptación y transformación de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.-1. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará, desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública.
Artículo 6. Subrogación.-1. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía quedará subrogada en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que es titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. desde la fecha en que se acuerde su disolución.
De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias».
El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas».
Artículo 8. Adaptación del Servicio Andaluz de Empleo.-1. El Servicio Andaluz de Empleo adoptará la configuración de agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley.
Artículo 9. Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.-1. La Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol adoptará la configuración de agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y se denominará, desde la entrada en vigor de este Decreto-Ley, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, debiendo entenderse actualizadas con la nueva denominación todas las disposiciones normativas que se refieran a la citada entidad pública.
Artículo 30. Bonificaciones para la liquidación anticipada de lotes.-Aquellas personas adjudicatarias de explotaciones agrarias u otros bienes del IARA, que tuvieran reconocido el derecho de acceso a la propiedad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario o del artículo 59 de la Ley 8/1984, de 3 de julio, y liquidasen las cantidades adeudadas al IARA dentro del año siguiente a contar desde la entrada en vigor de la presente disposición, quedarán exentas del abono de los gastos notariales devengados por el otorgamiento de la correspondiente escritura de compraventa, que serán asumidos por el IARA.
Artículo 31. Supresión de la tutela administrativa.-A partir de la entrada en vigor de este Decreto-Ley, las adquisiciones, anteriores y posteriores, de bienes del IARA por parte de las personas adjudicatarias quedarán exentas de la aplicación del régimen de autorizaciones que establecen los apartados 1 y 3 del artículo 28 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, con la modificación introducida por la disposición final segunda de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, de forma que las personas adquirentes podrán disponer libremente de sus explotaciones, sin más limitaciones de las que resulten de la aplicación de la normativa en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo o de las cargas que se establezcan en garantía de las cantidades que pudieran quedar pendientes de pago, por razón de la enajenación o de la ulterior liquidación de obras.
Artículo 34. Bienes no solicitados por sus ocupantes no concesionarios.-1. Las adjudicaciones en cultivo provisional, otorgadas al amparo de lo dispuesto en el artículo 23.3 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, que aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, cuyos titulares no se hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, o que no pudieran acceder a la propiedad por no cumplir los requisitos para ello, no serán renovadas, requiriéndose a las personas cultivadoras para que procedan al desalojo, previa indemnización, en su caso, por las mejoras útiles realizadas en la finca por aquéllas, siempre que subsistan y se justifique su importe, una vez deducidos los gastos originados por sus ocupantes sufragados por el IARA.
Artículo 35. Del destino de los bienes no ocupados por terceras personas propiedad del IARA.-Las tierras, bienes y derechos propiedad del IARA que no estuviesen ocupados por terceras personas a la fecha de entrada en vigor de este Decreto-Ley, y los que puedan quedar en esa situación en lo sucesivo, se podrán destinar a potenciar aquellas actuaciones que permitan su puesta en valor, mediante la cesión a entidades públicas para fines de interés general o enajenación a entidades públicas o personas físicas y jurídicas de carácter privado, conforme al procedimiento previsto en el Decreto 192/1998, de 6 de octubre, para destinarlos tanto a fines agrarios como a aquellos otros fines y usos compatibles que permitan la modernización y mejora del medio rural y las condiciones de vida de la población, así como aquellos fines que favorezcan el empleo en el medio rural. Ello incluye devolver al tráfico jurídico el patrimonio rústico cuyo uso hubiere devenido urbano en virtud de los correspondientes instrumentos de planeamiento, aprobados por los órganos competentes en la materia.
Disposición adicional primera. Configuración de las agencias públicas empresariales.-A partir de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, son agencias públicas empresariales de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre:
Disposición adicional cuarta. Régimen de integración del personal.- 1. En los casos en que, como consecuencia de la reestructuración del sector público andaluz establecida en el presente Decreto-Ley, se produzca la supresión de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades instrumentales públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial que asuman el objeto y fines de aquéllas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería competente en materia de Administración Pública, y que aplicará las siguientes reglas:
Lo que se certifica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3.e) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aprobada por Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
VIGENTE DE 29 DE JULIO DE 2010 A 15 DE ENERO DE 2011.
Disposición adicional cuarta. Régimen de integración del personal.-En los casos en que, como consecuencia de la reestructuración del sector público andaluz establecida en el presente Decreto-Ley, se produzca la supresión de centros directivos de Consejerías o la extinción de entidades instrumentales públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias, la integración del personal en las agencias públicas empresariales o de régimen especial que asuman el objeto y fines de aquéllas se realizará de acuerdo con un protocolo que se adoptará por la Consejería competente en materia de Administración Pública, y que aplicará las siguientes reglas:
Disposición adicional novena. Venta con precio aplazado.-Las enajenaciones que se realicen al amparo de lo dispuesto en la presente Ley, así como por aplicación de los Decretos 192/1998, de 6 de octubre, por el que se regula el régimen de disposición de bienes del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y 293/2002, de 3 de diciembre, gozarán de la posibilidad prevista en el apartado 3 del artículo 34 del Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el Texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, así como en el artículo 177 del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, pudiendo quedar aplazado el pago de las cantidades que se fijen en concepto de precio, garantizándose aquél mediante hipoteca a favor de la Hacienda Pública, previa autorización por resolución del órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de agricultura.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.-1. Quedan derogadas cuantas normas contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, las siguientes:

References: artículo 110
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 63
 artículo 68

Artículo 5
 artículo 68

Artículo 6

Artículo 8
 artículo 54

Artículo 9
 artículo 68

Artículo 30
 artículo 34
 artículo 59

Artículo 31
 artículo 28

Artículo 34
 artículo 23

Artículo 35
 artículo 68
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 177
 resolución