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Timestamp: 2020-04-07 11:27:55+00:00

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Sentencia de Tutela nº 252/17 de Corte Constitucional, 26 de Abril de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 679759325
DEBER DE PROTECCION DEL ESTADO AL ADULTO MAYOR. ACCESO EFECTIVO A PROGRAMAS PRESTACIONALES Y ASISTENCIALES EN HOSPITAL GERIATRICO. La accionante tiene72 años de edad y por la ausencia de recursos económicos y apoyo familiar vive en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali desde hace más de 6 años. Aduce que dicha entidad ha incurrido en actuaciones que vulneran sus derechos fundamentales, tales como la realización de medidas inapropiadas que le han impedido acceder a los dineros de los subsidios para adultos mayores, amenazas y tratos humillantes, cambios de habitación a lugares más fríos que empeoran su salud y la entrega incompleta del kit de aseo. Se aborda temática referente a: 1º. La procedencia de la acción de tutela para amparar los derechos de sujetos de especial protección constitucional. 2º. La especial protección constitucional de los adultos mayores y, 3º. Los deberes del Estado en relación con este grupo poblacional. La Corte concluye que el hospital demandado desconoció derechos fundamentales de la peticionaria, al haber incurrido en una irregular prestación del servicio hacia los adultos mayores que residen en dicha institución. Se CONCEDE el amparo solicitado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.
Acción de tutela interpuesta por M.G.S.I. contra Hospital Geriátrico y A.S.M.. Fueron vinculados el Municipio de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca.
La S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Aquiles Ignacio Arrieta Gómez (e), A.R.R. e I.H.E.M. (e), quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente:
Dentro del proceso de revisión del fallo dictado en única instancia por el Juzgado 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, en la acción de tutela instaurada por M.G.S.I. en contra del Hospital Geriátrico y A.S.M..
La señora M.G.S. promovió acción de tutela, en contra del Hospital Geriátrico y A.S.M. de Cali, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la vida, salud, integridad física y psicológica, y la dignidad humana, ya que la entidad ha venido realizando acciones que amenazan sus derechos así como los de otros residentes del Hospital.
2.1. El Juzgado 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, por auto del 9 de junio de 2016, avocó conocimiento y corrió traslado al demandado para pronunciarse sobre los hechos referidos en la acción instaurada por parte de la Señora M.G.S.I.. Igualmente procedió a vincular al Municipio de Santiago de Cali y al Departamento del Valle del Cauca.
2.2. Respuesta de la E.S.E. Hospital Geriátrico y A.S.M.
2.2.1. Afirma R. Posada Montes, representante legal del Hospital, que la Ley 100 creó un programa de auxilio para ancianos indigentes. Los Decretos 3771 de 2007 y 3550 de 2008, establecieron que la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional sería administrada para otorgar subsidios económicos directos e indirectos.
2.3.1. D.L.M.L., abogada del grupo jurídico de la Secretaria de Salud Pública Municipal, relata que la accionante se encuentra debidamente vinculada al sistema de salud, a través del mecanismo subsidiado.
2.3.2. En este sentido, explica que de existir algún inconveniente debe acudir a la IPS asignada que deberá ordenar los servicios incluidos en el POS a través de la autorización de médico tratante o citar a un comité técnico científico en caso que la señora S. requiera un servicio NO POS.
Pruebas decretadas en S. de Revisión.
“PRIMERO. SOLICITAR la Defensoría del Pueblo Regional del Valle del Cauca, que en el término de diez (10) días rinda informe de una visita que deberá realizar a la E.S.E. Hospital Geriátrico y A.S.M., que sea acompañada por un trabajador social y un psicólogo, y en la que se: (i) verifiquen las condiciones de vida de los adultos mayores que habitan en la institución; (ii) precisen y observen las fallas en la prestación del servicio alegadas por la accionante, M.G.S., especialmente lo relativo a la entrega de kits de limpieza y de los subsidios, directos e indirectos, que le corresponden a los adultos mayores que viven en el Hospital; (iii) entreviste a la señora M.G.S. y verifique su condición de salud psíquica, física y anímica; (iv) brinde su opinión, como ente protector de los derechos fundamentales, respecto a los hechos narrados por la accionante.
TERCERO. ORDENAR a la E.S.E. Hospital Geriátrico y A.S.M. que, en el término de cinco (5) días, indique: (i) que exámenes y verificaciones llevó a cabo para establecer que sus beneficiarios estaban imposibilitados físicamente para reclamar el subsidio directo del que son acreedores; (ii) cuáles son los beneficiarios, con nombre e identificación, que están imposibilitados físicamente para reclamar su subsidio directo; (iii) que envíe el reglamento de comportamiento, manual de convivencia o compendio de directrices que deben seguir los usuarios que habitan en el Hospital; (iv) que envíe la carta de derechos de los usuarios de la institución; (v) que indique las razones por las cuales la señora M.G.S. no se ha ajustado al contexto institucional y cuáles son las medidas que piensa tomar la institución para solventar la situación; (vi) que envíe copia de la historia clínica de la accionante”.
3.2. R. Posada Montes, Gerente del Hospital Geriátrico y A.S.M., indica que la Ley 100 de 1993 creó un programa de auxilios para adultos mayores en situación de indigencia, dicha norma fue reglamentada mediante el Decreto 3771 de 2007[1]. Este último estableció que tales ayudas serían financiadas a través de los recursos de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional y determinó, en el artículo 30º[2], los requisitos que tendrían que ser cumplidos por quienes pretendieran acceder a dicho auxilio.
Esta situación, indica la institución, puede también observarse en una queja presentada por otra de las usuarias de la S. Santa Luisa[11] y en la historia clínica de la accionante que también se anexa a lo enviado por el Hospital San Miguel.
Sin embargo, la mayoría de los médicos refieren la buena disposición de la señora M.G., su colaboración a la hora de realizar las terapias y tratamientos que se le sugieren, así como su reconocimiento al error y la intención de enmendar los percances sucedidos.
3.4. D.L.L., Abogada de la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, manifiesta que el municipio realiza apoyo y control en tres aspectos relacionados con los Centros de Población del A.M..
Asimismo, la Alcaldía de Cali envía copia de la historia clínica de la señora M.G. y un informe[16] elaborado por C.M.T., líder del Centro de Atención al A.M., y L.Á.A., Psicóloga del Equipo Psicosocial del Centro de Atención al A.M., que incluye sus apreciaciones sobre la accionante, una vez realizada una visita y entrevista a esta última. Del documento se observa que el día 3 de marzo de 2017 dos profesionales se dirigieron al Hospital San Miguel, allí establecieron que la demandante cursó estudios de primaria y no percibe ningún ingreso.
En el marco de la visita realizaron a la adulta mayor una prueba para establecer su estado cognitivo, en la cual obtuvo un máximo puntaje en orientación espacio-tiempo, memoria a corto plazo, atención, concentración y capacidad ejecutiva, así como en la calificación de lenguaje, siendo el único elemento de la prueba en el que no obtuvo el máximo puntaje el atinente a la memoria a largo plazo. En consecuencia, la señora M.G. alcanzó 34 de 35 puntos posibles, lo que muestra que tiene “una adecuada capacidad en lo que se refiere a procesos de pensamiento y conducta (capacidad cognitiva) y sin evidenciar alteración alguna”[17].
Indica el informe que por su bajo nivel de escolaridad la accionante no logró independencia económica, razón por la que debió acudir a la Secretaría de Bienestar Social e ingresar al Hospital Geriátrico. Sin embargo, expresan que la señora S. se encuentra inconforme por no percibir un subsidio directo. De acuerdo con las funcionarias, para la obtención de tal beneficio es necesario ser calificado por el Sisben, pero estas evaluaciones no se llevan a cabo dentro de los centros que brindan atención a los adultos mayores en situación de pobreza.
3.5. L.I.M.M., Defensora del Pueblo Regional Valle del Cauca, allega informe de visita, entrevista, fotografías y copia de la caracterización del Destinatario-Usuario-Beneficiario, así como unas recomendaciones finales[19].
En estos documentos se puede apreciar que los funcionarios de la Defensoría fueron atendidos, en primer lugar, por el G.C.G., quien manifestó las dificultades de convivencia que se han presentado con la accionante, lo que ha llevado a múltiples traslados de habitación por los constantes conflictos que se dan con las demás compañeras. Sin embargo, indica que las dificultades ya no persisten.
Posteriormente, se realizó una visita a la S. Santa Luisa, donde reside la señora M.G.. Allí se pueden observar 6 camas, tendidas al momento de la inspección, y un baño con su respectiva ducha, así como una ventana y varios armarios. En relación con el espacio particular de la demandante se observó que: “(s)e advirtió sobre su cama una montaña de ropa, en la pared ganchos colgados con ropa y un cuadro, en el piso al pie de su cama tarros, bolsas, tres palo [sic], un asiento con otra cantidad de ropa. Encima del armario se pudo ver vasos con jugo del día anterior, cascaras [sic] de limón exprimidas con mosquitos, frascos, botellas y dentro del armario un desorden total”[20].
En la entrevista con la señora M.G. se precisó que lleva 6 años viviendo en el ancianato y tiene 3 hermanos que viven en Armenia. Indica que agradece tener un sitio en el cual vivir, pero que reclama tranquilidad y buen trato. Aunque mantiene la calma en la extensa conversación, también llora por momentos, canta y ríe, lo que muestra un temperamento inquieto. Se le pregunta por lo afirmado en la tutela, sobre los kits de aseo, a lo que responde que tiene jabón y champú, pero que les dan muy poco papel higiénico. En cuanto a su situación económica, informa que recibe ayuda de un amigo y gana dinero lavando la ropa de sus compañeras.
Dice que ha tenido muchos problemas con el gerontólogo, C.G., ya que la ha cambiado de habitación y discuten con frecuencia, lo que a su juicio es maltrato por parte del profesional. En ese momento la Defensora le ofrece la oportunidad de comunicar sus sugerencias al Director del Hospital, a lo que la accionante responde que ella ha conversado con este último y que confía en él. Indica que quisiera tener una habitación sola, porque desea trabajar en sus proyectos.
Posteriormente, se promueve por parte de la Defensoría una reunión entre la señora M.G. y el Director del Hospital, en la que se permite que esta manifieste su deseo de recibir un subsidio directo, kits de aseo más completos y contar con una habitación individual, asimismo se refiere a los problemas con el médico gerontólogo. El Dr. R.P. contesta que va a revisar la posibilidad de la habitación individual, aunque le parece difícil. También manifiesta que apoyará a la accionante en todos sus proyectos, que va a trabajar en los kits de aseo y que creará un comité de convivencia. Finalmente, toma la determinación de cambiar de función al gerontólogo, en relación con la demandante.
- Hacerle entrega de la normatividad (Manual de Convivencia), que tiene la Institución, a fin de que se entere sobre las disposiciones establecidas, para su acatamiento. Esta recomendación fue aceptada por la señora G., quien manifestó que le gustaría leerlas.
- Se recomendó a la doctora C.T., L. del grupo A.M. de la Secretaría de Gobierno municipal, remitir información escrita a la Dirección del Hospital para que se socialice con los residentes, quienes presentaron esa inquietud del subsidio.
- La Psicóloga del Equipo psicosocial Centro de Atención al A.M., presentó informe, en el cual recomiendo que se hace necesario realizar intervención psicosocial, que le permita a la adulta mayor el manejo de ansiedad y las posibles somatizaciones que estas generan en momentos de estrés, además de una valoración por psiquiatría que permita descartar patologías de ese orden. Así mismo, fomentar actividades que le permitan a la adulta mayor el desarrollo de sus habilidades, ocupar de manera adecuada su tiempo libre, además de instaurar en los adultos mayores nuevos conocimientos que redundarán en su salud física y emocional”[21].
Esta S. es competente para examinar el fallo materia de revisión, de conformidad con lo establecido en los artículos 86º y 241º-9 de la Constitución Política y 31º a 36º del Decreto 2591 de 1991.
La accionante, M.G.S., es una mujer de 72 años que por la ausencia de recursos económicos y apoyo familiar, así como en razón de su especial condición, vive en un hogar geriátrico en la ciudad de Cali desde hace más de 6 años. En el escrito de tutela relata que la institución en la que reside, Hospital Geriatrico y A.S.M., ha incurrido en actuaciones que vulneran sus derechos fundamentales, entre las cuales están: (i) la realización de medidas inapropiadas que le han impedido acceder a los dineros de los subsidios; (ii) amenazas y tratos humillantes; (iii) cambios de habitación a lugares más fríos que empeoran su salud (alergias); y (iv) la entrega incompleta del kit de aseo.
En vista de lo anterior, la señora M.G.S. considera afectados sus derechos a la dignidad, salud e integridad física y psicológica, por lo que solicita que: (i) se detengan las conductas dirigidas a apropiarse de los subsidios de los adultos mayores; (ii) la cambien de habitación a una que se encuentre en condiciones que no afecten su salud; (iii) no continúen los malos tratos y humillaciones contra los adultos mayores; (iv) les entreguen los kits de limpieza completos; (v) se adopten medidas disciplinarias en contra de los servidores públicos; (vi) cesen las amenazas de que la van a sacar del hogar geriátrico.
En consecuencia, el problema jurídico a responder en esta decisión está dado en determinar si ¿por el Hospital Geriátrico y A.S.M. se desconocieron los derechos fundamentales a la vida digna, salud e integridad física y psicológica de la señora M.G.S., por la supuesta incursión en irregularidades y mala prestación del servicio hacia los adultos mayores?
Procedencia de la acción de tutela para amparar derechos de sujetos de especial protección constitucional[22].
Especial protección constitucional de los adultos mayores. Reiteración de Jurisprudencia[29].
4.2. En el texto “La Justicia y la Política de la Diferencia”, de I.M.Y., se establece que “la gente oprimida sufre en sus facultades para desarrollar y ejercer sus capacidades y expresar sus necesidades, pensamientos y sentimientos”[31]. Es decir, que la opresión tiene un significado estructural, que puede observarse en impedimentos sistemáticos que soporta un determinado grupo[32]. Lo anterior implica que las desventajas e injusticias que sufren algunas personas, se deben a “las prácticas cotidianas de una bien intencionada sociedad liberal”[33].
4.3. En el texto indicado, Y. trae cinco formas en las que un grupo puede ser oprimido, estas son: la explotación, la marginación, la carencia de poder, la violencia y el imperialismo cultural. En el caso de la marginación, la autora plantea que “las personas marginales son aquéllas a las que el sistema de trabajo no puede o no quiere usar”[36]. Un claro ejemplo de lo anterior son los adultos mayores, esto porque al llegar a cierta edad ven la imposibilidad de conseguir un empleo digno y estable, de forma tal que deben contar con una pensión o recurrir al apoyo familiar, o asistencia social y del Estado, para suplir sus necesidades. Sin embargo, estos soportes no siempre se dan, haciendo que muchos miembros de este grupo se encuentren en situación de miseria[37].
Deberes del Estado en relación con los adultos mayores.
Esta norma define algunos conceptos importantes en materia de protección y garantía de derechos de las personas mayores (art. 3), plantea una serie de principios rectores para su aplicación (art.4), y enuncia los derechos de los ancianos y los deberes de la sociedad para con ellos (art. 5 y 6). En su Título II define los lineamientos principales para trazar la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. En su Título III, los requisitos para el funcionamiento de las instituciones prestadoras de servicios de atención y protección integral al adulto mayor. Para terminar, el Título IV se refiere al Consejo Nacional del A.M..
También se puede observar la Ley 1276 de 2009, la cual reforma la Ley 687 de 2001 y autoriza a las “Asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual se llamará Estampilla para el bienestar del A.M., como recurso de obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en cada una de sus respectivas entidades territoriales”.
Indica la norma que son beneficiarios de dichos centros de vida los adultos mayores de niveles I y II del S. o quienes requieran este servicio. Estos centros son entendidos como el “conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, a los Adultos Mayores, haciendo una contribución que impacte en su calidad de vida y bienestar”. En estas instituciones deberá ofrecerse alimentación, orientación psicosocial, atención primaria en salud, aseguramiento en salud, deporte, recreación, auxilio exequial, entre otros. Estos centros se financian principalmente en un 70% con la estampilla municipal y departamental comentada anteriormente.
En el mundo actual hay una tendencia creciente a la violencia. En América Latina los países con mayor índice son: Colombia, Brasil y Panamá, en ese orden, donde se registran anualmente más de 102 mil casos de extrema violencia, de los cuales 37,15 % son en ancianos. Por su parte, en Argentina y Chile este fenómeno se ha venido incrementando desde hace más de tres décadas[69]. || Según estimados, para el 2020 existirán, por primera vez, más ancianos que niños. Por ello, en los próximos años habrá que seguir de cerca el trato a este grupo poblacional. Es de esperar que se incremente el abuso contra el anciano, y el impacto de este abuso sobre la salud debe ser considerado. G. condiciones de vida que les ofrezcan independencia, protegerlos jurídicamente, crearles espacios adonde acudir para reclamar por las violaciones que pudieran sufrir y brindarles información a ellos y a la sociedad sobre las formas en que se puede manifestar el maltrato, son acciones que deben cumplirse con exactitud y que contribuirían a la prevención de la violencia[70].
5.2.3. Asimismo, en temas pensionales la Corte ha recalcado que esta prestación está directamente ligada al mínimo vital, pero que en personas mayores adquiere una especial importancia en la medida en que puede afectar su vida en condiciones dignas y que es difícil que estas recurran a otras opciones para asegurar un ingreso que les permita vivir con suficiencia[75]. Por ello, esta Corporación ha permitido que vía acción de tutela muchos adultos mayores reclamen su mesada pensional, sin tener que acudir al mecanismo ordinario. En sentencia T-567 de 2014, esta S. indicó que:
Especial atención merecen los adultos mayores en situación de pobreza extrema que, como explicó esta S. en la sentencia T-207 de 2013, por su edad avanzada y no contar con ingresos suficientes requieren de una mayor protección. Así, partiendo de la aplicación del principio de solidaridad y de la protección a la dignidad humana (arts. 1 y 13 superiores), el ordenamiento jurídico le reconoce una protección especial a los adultos mayores en situación de pobreza extrema, a la hora de proteger sus derechos individuales, lo cual se ve reflejado en disposiciones de rango constitucional, de derecho internacional y en el orden legal, tal y como se observó en el acápite anterior.
iv) Según lo establece el artículo 30º, los requisitos para ser beneficiario son: “1. Ser colombiano. 2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. 3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del S. y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del A.M.; o asisten como usuarios a un Centro Diurno. 4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.”
vi) Existen dos tipos de subsidios: directo e indirecto. El primero se gira en dinero directamente a los beneficiarios. El segundo se otorga en servicios sociales básicos y se entrega a través de los Centros de Bienestar del A.M., Centros Diurnos, R.I. o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- (art. 31º[88]).
viii) Según el artículo 37º de la norma, el derecho al subsidio se pierde cuando se dejen de cumplir los requisitos para ingresar y en los siguientes casos: “1. Muerte del beneficiario. 2. C. de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio. 3. Percibir una pensión u otra clase de renta o subsidio. 4. Mendicidad comprobada como actividad productiva. 5. C. de realización de actividades ilícitas, mientras subsista la condena. 6. Traslado a otro municipio o distrito. 7. No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros. 8. Ser propietario de más de un bien inmueble”.
ix) El reporte de la novedad de retiro lo hace el ente territorial y deberá regirse a lo establecido Manual Operativo del Programa de Protección Social al A.M. elaborado por el Ministerio la Protección Social (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), el cual deberá garantizar el debido proceso (art. 37º). Sobre esto último es necesario traer a colación el artículo 29º superior en el sentido de que “el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Ahora bien, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que en principio se encuentran las personas que pertenecen a este tipo de programas, el respeto al debido proceso en estos casos no puede constituirse en el agotamiento meramente formal de etapas procesales. Por el contrario, en virtud de la especial protección constitucional que merecen las personas mayores en situación de pobreza, las autoridades competentes de llevar a cabo dichos trámites tienen la obligación de verificar las condiciones reales de los beneficiarios antes de proceder a iniciar el trámite, evitando la arbitrariedad y el incremento de la situación de indefensión en la que se encuentran. No hacerlo desconoce los principios de solidaridad y de respeto por la dignidad humana y deriva en una violación de los derechos fundamentales al mínimo vital y al debido proceso de sujetos de especial protección constitucional.
Conforme a los antecedentes descritos, en este asunto la acción de tutela se presenta con el fin de que el Hospital Geriátrico y A.S.M.: (i) detenga las conductas dirigidas a apropiarse de los subsidios de los adultos mayores; (ii) cambie de habitación a la accionante, a una que se encuentre en condiciones que no afecten su salud; (iii) no continúe los malos tratos, injurias y humillaciones contra los adultos mayores, especialmente contra la accionante; (iv) les entreguen a todos su kit de limpieza completo; (v) se tomen medidas disciplinarias en contra de los servidores públicos mencionados; y (vi) cesen las amenazas de que van a sacar a la demandante del hogar geriátrico.
Lo anterior, porque la señora M.G.S. considera que el Hospital ha incurrido en acciones dirigidas a afectarla y vulnerarle sus derechos a la dignidad, salud e integridad física y psicológica, tales como: (i) la realización de medidas inescrupulosas que han impedido que la accionante acceda a los dineros de los subsidios a los que tiene derecho; (ii) amenazas y tratos humillantes; (iii) un cambio de habitación a un sitio más frío, que ha producido un empeoramiento de las alergias de la demandante; y (iv) la entrega incompleta del kit de aseo al que tiene derecho como residente del hospital.
La presenta acción de tutela fue presentada por M.G.S., mujer de 72 años que vive en el Hospital Geriátrico y A.S.M.. No tiene ingresos económicos permanentes, así como tampoco una familia que se haga a cargo de ella. Presenta algunas dificultades en materia de salud, sin perjuicio de que tiene condiciones físicas apropiadas, conforme a su historia clínica[92] y el informe realizado por la Defensoría del Pueblo[93].
En la acción fue demandado el Hospital Geriátrico y A.S.M.. Asimismo, el juez de instancia decidió vincular de oficio[94] al Municipio de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca.
Las anteriores entidades pueden ser sujeto de esta acción, en la medida en que en el caso del Hospital Geriátrico y A.S.M. se trata de una Empresa Social del Estado, mientras que el Municipio de Santiago de Cali y el Departamento del Valle del Cauca son entidades públicas descentralizadas con personería jurídica propia. También, debe atenderse a la relación de subordinación que tiene la accionante con las mencionadas entidades, al estar vinculada a los servicios del Hospital en cuestión.
De conformidad con la jurisprudencia es necesario revisar que la presente acción cumpla con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. De los antecedentes expuestos esta S. encuentra que en el caso concreto la acción de tutela es la herramienta idónea para perseguir la salvaguarda de los derechos alegados por la accionante, como se pasa a exponer:
Encuentra la S. que los hechos narrados por la accionante son de carácter continuado y se han seguido presentando, especialmente aquellos relacionados con la no entrega de insumos y del subsidio directo, así como con el sometimiento a tratos que la señora M.G.S. define como humillantes y vulneradores de su dignidad humana. Ahora bien, conforme a lo indicado por la demandante un hecho novedoso que seguramente la llevó a presentar la acción fue el reciente cambio de habitación, a una que ella relaciona con el empeoramiento de su condición de salud, sin embargo no se tiene fecha precisa de cuando se dio el traslado.
La señora M.G.S. afirma que ha sufrido tratos humillantes e injurias por parte de algunos funcionarios del Hospital demandado. Entre estas se encuentran imputaciones deshonrosas, el cambio de habitación y el decomiso de sus bienes.
Sin embargo, el Hospital Geriátrico y A.S.M. precisó que no se habían dado tales hechos, sino que son señalamientos falsos de la accionante basadas en la malinterpretación de las medidas que la institución tomaba contra la señora S. en razón de su constante desobedecimiento de las reglas del manual interno de la entidad. En la prueba enviada en sede de revisión la entidad demandada indicó que:
En cuanto a la inspección realizada por la Regional del Valle del Cauca, de la Defensoría del Pueblo[100], esta permite concluir que la señora M.G.S. tiene un temperamento inquieto y que asume como actos de maltrato las discusiones que tiene con el gerontólogo de la institución en la que reside. Sin embargo, tampoco encuentran hechos de violencia física o psicológica de carácter grave.
Sin perjuicio de lo anterior, estas instituciones también identificaron que efectivamente la accionante presenta un cuadro de ansiedad que requiere tratamiento y atención. Por ello, realizaron una serie de recomendaciones al Hospital para que asista a la S.M.G..
Ello muestra una falta de diligencia de los implicados. Por un lado, el Hospital ha ignorado los sentimientos de ansiedad e inquietud de la accionante, poniéndola en una situación poco digna a nivel emocional, llevándola a tener una sensación permanente de maltrato por parte de las personas que deben brindarle cuidado y asistencia. Asimismo, la Alcaldía debió atender con mayor prontitud las denuncias de la señora S., que conoce desde el momento de la interposición de la acción de tutela[101]; a pesar de ello, solo asistió al Hogar Geriátrico hasta que esta Corte se lo exigió. Tal como se expuso en las consideraciones de esta providencia, las entidades territoriales son especialmente responsables de la vigilancia de los centros que brindan prestaciones y asistencia a los adultos mayores.
A tal conclusión se llega al observar: (i) la historia clínica de la accionante, que prueba las múltiples ocasiones en las que es remitida a evaluarse con un profesional de la salud, por el hecho de tener mal comportamiento. En la misma es posible notar que los médicos que la han atendido, destacan que la problemática general de la señora S. se relaciona con situaciones asociadas a discusiones con las directivas y el personal del Hospital; y (ii) las entrevistas y conclusiones allegadas en los informes de la Defensoría y la Alcaldía, de los cuales se desprende el estado de ansiedad de la accionante, y la incomodidad que siente por las acciones que desarrollan los dirigentes de su lugar de residencia en relación con ella.
Tanto el Hogar Geriatrico, como la Alcaldía, tienen la responsabilidad de maximizar la calidad de vida de la accionante, incluyéndola en las dinámicas propicias para su atención y dándole el trato especial al que tiene derecho, conforme al ordenamiento jurídico interno e internacional expuesto en los acápites 5.1.3 al 5.1.9. Al no hacerlo desconocen las condiciones mínimas que se deben brindar a la señora M.G.S. para garantizarle una vida libre de humillaciones y digna.
En consecuencia, se ordenará al Hospital Geriátrico y A.S.M. que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, brinde asistencia terapéutica permanente a la accionante, si ella así lo acepta. Asimismo, se le advertirá a la institución que debe atender con amabilidad y prudencia las solicitudes de sus residentes, brindando siempre respuestas respetuosas, sencillas, de fácil comprensión y de fondo a las quejas, peticiones o reclamos de estos.
En relación con lo anterior, la Defensoría del Pueblo manifestó que se había realizado una reunión entre el Director del Hospital y la señora S., a través de la cual se logró acordar que la institución haría lo posible para acomodar a la accionante en una habitación más cómoda, sin embargo, esta última desea estar en un espacio individual, pero la entidad alega que no cuenta con un espacio disponible en este momento.
Esto desconoce los deberes de protección y solidaridad que, por disposición constitucional se tienen con los adultos mayores, debido a que este Hogar Geriátrico constituye el único espacio donde la accionante puede desarrollarse dignamente, por su precaria condición económica y la ausencia de una familia que se haga cargo de ella. Ese espacio debería dignificarla, apoyarla y brindarle una alta calidad de vida, sin embargo la ignoran y la castigan cambiándola de habitación y compañeras de espacio por incumplir unas supuestas normas de convivencia, que al parecer nunca han sido vigiladas por la Alcaldía de Cali, y que implican sanciones que pueden llegar a amenazar o vulnerar su derecho a la salud, como ella lo indicó en el escrito tutelar. Adicionalmente, no se observa en el expediente ni en lo dicho por el Hospital, el cumplimiento de las mínimas garantías a las que obliga el debido proceso constitucional en cualquier procedimiento sancionatorio, en el caso particular de la señora S. pareciera que nunca se le dio la oportunidad de defenderse, presentar o controvertir pruebas y conocer de la sanción misma.
Adicionalmente, resulta preocupante para esta Corporación que el conflicto que se ha suscitado entre la institución demandada y la accionante esté relacionado con las quejas que la señora S. manifiesta en contra de la prestación de servicios del Hospital. El ordenamiento constitucional protege el derecho a disentir y opinar sobre aquellas situaciones con las que no se está de acuerdo. El disenso no puede callarse, mucho menos cuando este proviene de sujetos de especial protección constitucional. La rebeldía, desacuerdos, protestas e inconformidades no pueden ser resueltas con medidas retaliativas, especialmente si estas se manifiestan en las condiciones de prestación del servicio a los mayores adultos.
En el caso concreto, no logró demostrarse que los constantes cambios de habitación que fueron ordenados a la accionante se dieran por una causa diferente al desacuerdo con la directiva, a la cual le correspondía ser comprensiva y mostrar un apoyo institucional más amplio frente a las quejas presentadas por la señora M.G.. Lo anterior, porque estas encuentran sustento jurídico en el derecho a disentir, que no puede llevar a una reacción correctiva por parte de la entidad a la que se le plantea el disenso, menos si esta última tiene una función de atención y protección de la población adulta mayor en situación de pobreza y abandono. En la medida que este grupo de especial protección requiere de una mayor comprensión que facilite su adaptación a la vejez, deben asumir las instituciones responsables estos desacuerdos como una carga soportable que puede ser atendida con mesura y tolerancia.
Ahora bien, esta Corporación al observar la historia clínica[106] de la accionante no encuentra una afectación relacionada con sus alergias. Sin embargo, si considera importante prevenir a la entidad demandada sobre la necesidad de mantener a la demandante en adecuadas condiciones de salud, esto requiere que en caso de presentarse cualquier afectación directa en la señora M.G.S., asociada a la habitación que ocupa, debe el Hospital Geriátrico y A.S.M. cambiarla del sitio en el que pernocta de inmediato.
La señora M.G.S. resalta varias conductas que considera vulneran su dignidad, entre las que se encuentran la falta de acceso al subsidio directo que se otorga a los adultos mayores, así como los tratos humillantes a los que se ve sometida por parte del Hospital demandado. Finalmente, destaca que en el kit de aseo que le entregan para su cuidado personal hacen falta insumos que requiere para su higiene.
En consecuencia, se ordenará a la Contraloría Regional del Valle del Cauca que realice una visita al Hospital Geriátrico y A.S.M. que permita verificar que se esté dando un uso correcto a los recursos asignados para brindar subsidios indirectos a quienes habitan en esta última institución. Asimismo, que vigile que no existan usos indebidos de ningún recurso, así como apropiaciones indebidas de los subsidios por parte del Hogar Geriátrico.
Sin perjuicio de lo anterior, por la situación particular de la señora M.G.S., esta Corporación ordenará también a la Alcaldía de Cali que asista a la accionante en los trámites para la obtención del subsidio directo y que, en caso de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para ser beneficiaria del subsidio, empiece a entregarlo, brindándole a la demandante la opción más sencilla y efectiva para reclamarlo.
Por último, en lo atinente a la negligencia financiera, ya se indicó en esta providencia que los recursos que recibe el Hospital Geriátrico y A.S.M. deben ser vigiladas con especial cuidado, por ser de vital importancia para la garantía de los derechos la población mayor que habita en tal institución.
Por lo anterior, este Tribunal solicitará a la Defensoría del Pueblo que en búsqueda de la garantía de no repetición, en el término de un (1) mes, realice una jornada de formación dirigida a los funcionarios del Hospital Geriátrico y A.S.M. en la que les enseñe sobre medidas de prevención al maltrato contra adultos mayores. Asimismo, deberá reunirse con los residentes de este Hogar, con el fin de conocer posibles denuncias y hacer pedagogía de los derechos de los adultos mayores.
Finalmente, se prevendrá al Hospital Geriátrico y A.S.M. sobre el uso de amenazas de carácter disciplinario en contra de sus residentes, las cuales deben ser remplazadas por medidas conductuales de carácter preventivo, que incluyan acompañamiento y consejo, y que resulten apropiadas para el estado de los adultos mayores que residen en la institución. Igualmente, se le ordenará crear, en el término de un (1) mes, el comité de convivencia, al que ya se comprometió con la Defensoría del Pueblo, brindando un escenario que propicie el diálogo frente a conflictos de cualquier carácter. Finalmente, se le ordenará cesar toda amenaza de abandono o expulsión en contra de la señora M.G.S..
Esta Corporación precisó, en el acápite 5.2., que el Estado tiene unos deberes prestacionales y asistenciales a favor de los adultos mayores, entre los que están los de garantizar ciertos subsidios, de carácter indirecto, a favor de las personas mayores que tengan una condición vulnerable en razón de su pobreza. Si bien, en el caso particular de la señora M.G. no están claros los requisitos para exigir el otorgamiento del subsidio directo, si están dadas las condiciones para que se le brinde un apoyo en bienes y servicios, tal como el alojamientos y alimentación que recibe en el Hospital demandado.
En consecuencia, se ordenará a la Alcaldía de Cali que, en el plazo de tres (3) meses, realice todas las actividades tendientes a garantizar el perfeccionamiento del contrato que se requiere para que el Hospital Geriátrico y A.S.M. reciba los recursos necesarios para entregar de forma completa el kit de aseo de los adultos mayores que residen en este último. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital deberá garantizar la entrega óptima del kit de aseo mientras se suple la necesidad por parte de la entidad territorial.
En razón de lo expuesto la S. concluye que el Hospital Geriátrico y A.S.M. desconoció los derechos fundamentales a la vida digna, salud e integridad física y psicológica de la señora M.G.S., al haber incurrido en una irregular prestación del servicio hacia los adultos mayores que residen en la institución.
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2016 por el Juzgado Doce Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cali. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales a la dignidad, salud e integridad física y psicológica de la señora M.G.S..
Segundo. ORDENAR al Hospital Geriátrico y A.S.M. que:
(iii) M. a la demandante en adecuadas condiciones de salud, por lo que en caso de presentarse cualquier afectación directa en la señora M.G.S., asociada a la habitación que ocupa, debe el Hospital cambiarla de habitación de inmediato.
(vi) Cese toda amenaza de abandono o expulsión en contra de la señora M.G.S..
(iii) En el plazo de tres (3) meses, realice todas las actividades tendientes a garantizar el perfeccionamiento del contrato que se requiere para que el Hospital Geriátrico y A.S.M. reciba los recursos necesarios para entregar de forma completa el kit de aseo de los adultos mayores que residen en este último. Sin perjuicio de lo anterior, el Hospital deberá garantizar la entrega óptima del kit de aseo mientras se suple la necesidad por parte de la entidad territorial.
Cuarto. ORDENAR a la Defensoría del Pueblo que en búsqueda de la garantía de no repetición, en el término de un (1) mes, realice una jornada de formación dirigida a los funcionarios del Hospital Geriátrico y A.S.M. en la que les enseñe sobre medidas de prevención al maltrato contra adultos mayores. Asimismo, deberá reunirse con los residentes de este Hogar, con el fin de conocer posibles denuncias y hacer pedagogía de los derechos de los adultos mayores.
Quinto. ORDENAR a la Contraloría Regional del Valle del Cauca que, en el término de un (1) mes, realice una visita al Hospital Geriátrico y A.S.M. que permita verificar que se esté dando un uso correcto a los recursos asignados para brindar subsidios indirectos a quienes habitan en esta última institución. Asimismo, que vigile que no existan usos indebidos de ningún recurso, así como apropiaciones indebidas de los subsidios por parte del Hogar Geriátrico.
Sexto. ORDENAR al Ministerio de Salud que con apoyo del Ministerio de Educación, en el término de un (1) año, realice una campaña educativa que incluya la impresión de una cartilla dirigida a los centros que brindan servicios a los adultos mayores. Esta debe: (i) hacer especial énfasis en el buen trato y la comprensión que se debe tener con las personas mayores, promoviendo acciones tendientes a facilitar la adaptación al envejecimiento; (ii) sugerir medidas de tolerancia y atención frente a los disensos que puedan presentar los residentes de estos centros, así como las personas que reciban atención en estos; (iii) prevenir y prohibir las amenazas de carácter disciplinario en contra de los adultos mayores en estas instituciones, especialmente aquellas que se generen con motivo de las quejas presentadas por estas personas; y (iv) promover mecanismos de detección temprana, acción oportuna, acompañamiento y seguimiento a casos de maltrato contra los adultos mayores.
Séptimo. LÍBRENSE por la Secretaría General de esta Corporación las comunicaciones de que trata el artículo 36º del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
[2] “Requisitos para ser beneficiario de los subsidios de la subcuenta de subsistencia. Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 4943 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> Los requisitos para ser beneficiarios de los subsidios de la Subcuenta de Subsistencia son: || 1. Ser colombiano. || 2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de Pensiones. || 3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del S. y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran en una de estas condiciones: Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente; o residen en un Centro de Bienestar del A.M.; o asisten como usuarios a un Centro Diurno. || 4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional”.
[3] Centro de Bienestar al A.M..
[5] F. 30, Cuaderno 2.
[6] F. 27, Cuaderno 2.
[7] F.s 31-32, Cuaderno 2.
[8] F.s 33-40, Cuaderno 2.
[9] F.s 58-64, Cuaderno 2.
[10] F. 29, Cuaderno 2.
[11] F. 41, Cuaderno 2.
[12] F.s 42-57, Cuaderno 2.
[13] F. 84, Cuaderno 2.
[16] F.s 115-121, Cuaderno 2.
[17] F. 115, Cuaderno 2.
[18] F. 22, Cuaderno 2.
[19] F.s 90-97; 99-100; 102-111, Cuaderno 2.
[20] F. 91, Cuaderno 2.
[21] F.s 93-94, Cuaderno 2.
[24] I.em.
[26] En la misma línea, la S. Sexta de Revisión insistió en la sentencia T-417 de 2016, que “le corresponde al juez constitucional determinar si en el caso concreto la utilización del recurso de amparo, más allá de buscar la salvaguarda de derechos fundamentales vulnerados al interior de una actuación administrativa, pretende enmendar la falta de agotamiento de la vía gubernativa y con ello habilitar el estudio de la controversia en un escenario judicial. Evento en el cual, la acción de tutela se torna improcedente.// En lo ateniente a los mecanismos judiciales ordinarios, la jurisprudencia constitucional ha admitido que bajo algunas circunstancias no se erigen como un medio eficaz o idóneo para garantizar el goce del derecho fundamental invocado, cuando existe evidencia de un perjuicio irremediable o cuando la mora judicial de la jurisdicción implica un agravio desproporcionado para el solicitante”. . En relación con el estudio que corresponde al juez constitucional, la Sentencia T-669 de 2013 expresa que “Para determinar la concurrencia de estas dos características, deben examinarse los planteamientos fácticos de cada caso, estudiando aspectos tales como si la utilización del medio o recurso de defensa judicial existente tiene por virtud ofrecer la misma protección que se lograría a través de la acción de tutela; el tiempo que tarda en resolverse la controversia en la jurisdicción ordinaria; el agotamiento de la posibilidad de ejercicio del derecho fundamental durante el trámite, la existencia de medios procesales a través de los cuales puedan exponerse los argumentos relacionados con la protección de los derechos fundamentales; las circunstancias que excusen o justifiquen que el interesado no haya promovido o no espere promover los mecanismos ordinarios que tiene a su alcance; la condición de sujeto de especial protección constitucional del peticionario, que exige una especial consideración de su situación, entre otras.”
[31] Y., I.M. (2000). La Justicia y la Política de la Diferencia. Madrid: Ediciones Cátedra. Universitat de València. P.. 73.
[32] Puede observarse un análisis sobre este asunto en el libro “Litigio Estratégico en Colombia”, que incluye un capítulo denominado “Construyendo una ciudadanía de oro”. L.T., B.. Litigio Estratégico en Colombia, 2013. Ed. Universidad del Rosario.
[33] I.. P.. 75.
[36] I.. P.. 94.
[42] I.em.
[48] I.em.
[49] I.em
[50] I.em
[57] Puede observarse un análisis sobre este asunto en el libro “Litigio Estratégico en Colombia”, que incluye un capítulo denominado “Construyendo una ciudadanía de oro”. L.T., B.. Litigio Estratégico en Colombia, 2013. Ed. Universidad del Rosario.
[62] G. De León, T.; V.R., Eleida. Violence in elderly adult. Medicentro Electrónica, Santa Clara, v. 17, n. 4, p. 161-163, Dec. 2013. Available from . access on 08 Apr. 2017
[63] G.P.I., Cremé Lobaina E, M.L.C.M. intrafamiliar en adultos mayores de un área de salud. MEDISAN [internet]. 2012 ago. [citado 30 sep. 2013];16(8):[aprox. 9 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol_16_8_12/san08812.htm
[64] D.V.M., J.B.E., M.D.B.I. educativa sobre violencia a integrantes de la Universidad del A.M. 24 de febrero MEDISAN [internet] 2011 ene [citado 30 sep. 2013]; 15(1):[aprox. 8 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol_15_1_11/san15111.htm
[65] J.T.. E. mistreatment: Ethical Issues, Dilemmas and Decisions., New York: H.P.; 1986.
[66] I.. D.V.M., J.B.E., M.D.B.
[67] I.. J.T..
[68] C.J.J., G.C.S., R.S.I., Santana Castellón D, F.O., F.L.O.C. generales sobre la atención al anciano víctima de maltrato. Medisur [internet]. 2010 [citado 3 oct. 2013];8(4):[aprox. 12 p.]. Disponible en: http://medisur.sld.cu.ez.urosario.edu.co/index.php/medisur/article/view/920/167
[69] Enamorado Pina GV, P.R.J., D.C.A., R.E.J.. Violencia intrafamiliar contra el adulto mayor en una comunidad de Guinea Bissau. MEDISAN [internet]. 2013 jul. [citado 30 sep. 2013];17(7):[aprox. 7 p.]. Disponible en: http://bvs.sld.cu.ez.urosario.edu.co/revistas/san/vol17_7_13/san04177.htm
[70] U.C.F., R.F.R., V.A.R.. Violencia doméstica en la tercera edad. Rev Cubana Salud Pública [internet]. 2010 mayo-jun. [citado 12 mar. 2011];36(2):[aprox. 5 p.]. Disponible en: http://scielo.sld.cu.ez.urosario.edu.co/scielo.php?pid=S0864-34662010000200016&script=sci_arttext&tlng=es
[86] “La entidad territorial o el resguardo, seleccionarán los beneficiarios previa verificación del cumplimiento de los requisitos. Con el fin de garantizar un mayor acceso, el Ministerio de la Protección Social seleccionará los beneficiarios que residan en los Centros de Bienestar del A.M., previa convocatoria y verificación de requisitos.”
[87] “Criterios de priorización de beneficiarios. En el proceso de selección de beneficiarios que adelante la entidad territorial, se deberán aplicar los siguientes criterios de priorización: 1. La edad del aspirante. 2. Los niveles 1 y 2 del S.. 3. La minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante. 4. Personas a cargo del aspirante. 5. Ser adulto mayor que vive sólo y no depende económicamente de ninguna persona. 6. Haber perdido el subsidio al aporte en pensión por llegar a la edad de 65 años y no contar con capacidad económica para continuar efectuando aportes a dicho sistema. En este evento, el beneficiario deberá informar que con este subsidio realizará el aporte a pensión con el fin de cumplir los requisitos. Este criterio se utilizará cuando al beneficiario le hagan falta máximo 100 semanas de cotización. 7. Pérdida de subsidio por traslado a otro municipio. 8. Fecha de solicitud de inscripción al programa en el municipio. Parágrafo 1°. Las bases de ponderación de cada uno de los criterios, serán las que se establezcan en el Manual Operativo del Programa de Protección Social al A.M.. Las Entidades Territoriales deberán entregar la información de priorizados, cada seis (6) meses.”
[88] “Artículo 31. Modificado por el Decreto 3550 de 2008, artículo 1º. Modalidades de beneficios. Los beneficios de la subcuenta de subsistencia, serán otorgados en las modalidades de subsidio económico directo y subsidio económico indirecto. El subsidio económico directo se otorga en dinero, el cual se gira directamente a los beneficiarios. El subsidio económico indirecto se otorga en Servicios Sociales Básicos y se entrega a través de los Centros de Bienestar del A.M., Centros Diurnos, R.I. o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF–. (…)”
[92] F.s 42-75, Cuaderno 2.
[93] F.s 91-93, Cuaderno 2.
[94] F.s 7-8, Cuaderno 1.
[95] F.s 1-6, Cuaderno 1.
[96] F.s 13-27, Cuaderno 1.
[97] F.s 58-64, Cuaderno 2.
[98] F. 29, Cuaderno 2.
[99] F.s 115-121, Cuaderno 2.
[100] F.s 90-97, Cuaderno 2.
[102] F. 15, Cuaderno 1.
[103] F. 104, Cuaderno 2.
[104] F.s 33-40, Cuaderno 2.
[106] F.s 122-176, Cuaderno 2.
[107] F. 15, Cuaderno 1.
[108] F.s 91-92, Cuaderno 2.

References: artículo 30
 artículo 30
 artículo 37
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 1