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Timestamp: 2019-08-25 02:37:05+00:00

Document:
utela de primera instancia No. 53642
CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN.
Aprobado Acta No. 132
Bogotá, D. C., abril catorce (14) de dos mil once (2011).
Resuelve la Sala lo pertinente en relación con la acción de tutela instaurada por CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN, contra la decisión proferida por la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, actuación que se hizo extensiva a JORGE ALFREDO MELÉNDEZ ALARCÓN y a la Fiscalía Ciento Setenta y Ocho Seccional de esta ciudad, por la presunta conculcación de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad.
1. La Fiscalía Quinta Especializada de Neiva después de vincular mediante indagatoria a JORGE ALFREDO y CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN, mediante resolución que data 29 de marzo de 2010 decretó la preclusión de la investigación a favor de los denunciados por atipicidad de la conducta.
2. Inconforme con el anterior pronunciamiento, el apoderado de la parte civil lo recurrió y solicitó su revocatoria, efecto para el cual señaló, entre otras cosas, que “existen serios motivos de credibilidad, e indicios graves de la responsabilidad de los sindicados con el material que se encuentra en el plenario”, la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal de Bogotá previo el estudio del acervo probatorio accedió a las pretensiones del recurrente, y en su lugar, profirió resolución de acusación contra JORGE ALFREDO y CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN por el delito de estafa.
3. CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN, a través de apoderado acude al juez de tutela para que previo el procedimiento establecido en el Decreto 2591 de 1991, le proteja sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa e igualdad, si se tiene en cuenta que: (i) la decisión a través de la cual fue llamado a juicio no se encuentra motivada, (ii) el Fiscal ad quem le dio trámite a un recurso que no se encontraba sustentado sustancialmente, y (iii) no se pronunció sobre el memorial de los no recurrentes.
Esta Corporación asumió el conocimiento del asunto, comunicó lo pertinente a la Fiscalía accionada, vinculó a la actuación a JORGE ALFREDO MELÉNDEZ ALARCÓN y a los terceros que pudieran verse afectados con la decisión que ponga fin a la solicitud de amparo.
1. Ha sido criterio reiterado de esta Sala que la acción de tutela puede ejercitarse para demandar el amparo de un derecho fundamental que resulte vulnerado cuando en el curso del proceso el funcionario judicial actúa y decide de manera arbitraria o caprichosa, o en aquellos eventos en los cuales la providencia es emitida desbordando el ámbito funcional o en forma manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico; esto es, cuando se configuran las llamadas vías de hecho, bajo la condición de que en tales circunstancias el afectado no disponga de otro medio judicial idóneo para abogar por la vigencia de sus derechos constitucionales o cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio de carácter irremediable.
2. Como la solicitud de amparo interpuesta por el apoderado de CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN se orienta a cuestionar una de las decisiones judiciales proferidas en el proceso que en la actualidad se adelanta en su contra por presunto delito de estafa, se debe decir que esta acción constitucional tiene un carácter subsidiario y residual con la significación que procede únicamente ante la ausencia de medios de defensa judicial para la protección de las garantías o cuando el medio pertinente, previamente previsto en el ordenamiento jurídico, es claramente ineficaz para la defensa de éstas, evento en el que procede como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio de carácter irremediable.
3. La acción de tutela incoada por el demandante, la cual se hizo extensiva a su compañero de causa JORGE ALFREDO MELÉNDEZ ALARCÓN resulta improcedente porque su pretensión es lograr por este medio se deje sin efecto el llamamiento a juicio que se les hizo por el delito estafa, con la excusa que se han presentado irregularidades que afectan sus derechos fundamentales, olvidando que este trámite constitucional no es una tercera instancia, ni está instaurado como una jurisdicción paralela a la ordinaria y tampoco es la sede a la que se acude como última opción cuando los resultados de acudir a las vías ordinarias han sido desfavorables porque no puede existir concurrencia de medios judiciales dado que siempre prevalece la acción ordinaria, y de ahí que se afirme que la tutela no es un mecanismo adicional o complementario pues su carácter y esencia es ser único instrumento de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que:
“La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”1.
4. Basta leer la providencia dictada por la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá para comprobar que en ella se resaltan uno a uno los medios probatorios que le permitieron tomar la decisión objeto de reproche2, circunstancia suficiente para declarar la improcedencia del amparo solicitado toda vez que la proyección material del principio de autonomía de la función jurisdiccional imposibilita deslegitimar lo decidido por la simple circunstancia de no ser compartido por quien ahora formula el reproche y que en sede de la acción de tutela no es posible efectuar una nueva valoración sobre el asunto reseñado como si dicho mecanismo fuera el escenario natural para intentar imponer una posición particular, criterio igualmente sostenido por la Corte Constitucional al establecer que:
En conclusión, los jueces de la República gozan de autonomía en sus decisiones y sus providencias no podrán ser desconocidas ni revaluadas por el juez constitucional, pues este último se debe limitar a determinar si existió o no una vulneración a los derechos fundamentales de los asociados y sólo en esos casos podrá emitir las órdenes al juez natural que permitan enmendar ese defecto.3
5. Además de las copias que hacen parte de este trámite constitucional aparece acreditado que contrario a lo señalado por el apoderado de CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN, el escrito presentado el 15 de junio de 2010 por la parte civil a través del cual interpuso el recurso de apelación contra la resolución de preclusión de la investigación4, resultaba suficiente para que el Fiscal ad quem se pronunciara al respecto, si se tiene en cuenta que la sustentación adecuada hace referencia no a la extensión de los argumentos, sino a la seriedad de los mismos, a su fundamento y al señalamiento lógico y concreto de las razones de discrepancia, además tal como lo tiene precisado la jurisprudencia nacional, la ley no establece fórmulas sacramentales para la sustentación de la apelación, por lo que resulta suficiente que el impugnante señale las razones concretas de su disentimiento con la providencia recurrida, que lo llevan a postular un proveimiento diferente al que censura5, como aquí sucedió. Y,
Si bien es cierto en la resolución a través de la cual los procesados fueron llamados a juicio, la Fiscalía Veintidós Delegada ante el Tribunal de Bogotá no hizo alusión de manera puntual a los argumentos expuestos por los no recurrentes, de todos modos las inconformidades fueron resueltas, máxime si se tiene en cuenta que las pretensiones de los investigados estaban orientadas a que con base en el estudio del acervo probatorio se mantuviera la preclusión de la investigación decretada a favor de JORGE ALFREDO y CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN.
7. Solamente las actuaciones y decisiones judiciales que realmente contengan un pronunciamiento arbitrario, con evidente, directa e importante repercusión perjudicial en los derechos fundamentales, pueden ser susceptibles de cuestionamiento en sede constitucional pero no aquellas que estén sustentadas en un determinado criterio jurídico admisible a la luz del ordenamiento o en una interpretación razonable de las normas aplicables, a riesgo de atentar contra el principio de la autonomía judicial.
8. Además, de conformidad con el inciso 4 del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
“Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
9. Lo anterior le sirve a la Sala para afirmar que la pretensión elevada por CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN, actuación que se hizo extensiva a su compañero de causa JORGE ALFREDO MELÉNDEZ ALARCÓN resulta aún más improcedente porque existen procedimientos normales expeditos frente a las presuntas irregularidades que dice se presentaron en el proceso que actualmente se les adelanta por el presunto delito de estafa, circunstancia que elimina la viabilidad de la acción de tutela puesto que ésta sólo puede ser utilizada, ante la carencia de mecanismos ordinarios, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al presunto afectado en sus derechos fundamentales le brinda el ordenamiento jurídico, criterio sostenido igualmente por la Corte Constitucional cuando señaló que:
“La acción de tutela no ha sido concebida como un instrumento para sustituir los demás medios de defensa judicial, sino como un mecanismo que complementa los otros recursos y acciones, en la medida en que cubre aquellos espacios que éstos no abarcan o lo hacen deficientemente. Aceptar lo contrario sería admitir que el juez constitucional tomara el lugar de las otras jurisdicciones, resultado que iría en contra del fin de la jurisdicción constitucional, cual es el de velar por la guarda e integridad de la Constitución, tarea que comprende también la de asegurar las competencias de las otras jurisdicciones. Es por eso que esta Corte estableció que dentro de las labores que le impone la Constitución está la de señalarle a la acción de tutela límites precisos, de manera que se pueda armonizar el interés por la defensa de los derechos fundamentales con la obligación de respetar el marco de acción de las jurisdicciones establecidas”6.
10. Efectivamente, los elementos probatorios que hacen parte de este trámite constitucional permiten advertir que el proceso penal adelantado en contra JORGE ALFREDO y CAMILO MELÉNDEZ ALARCÓN por la conducta punible de estafa se encuentra pendiente de la intervención de los sujetos procesales en las audiencias preparatoria y de juzgamiento, así como del proferimiento de la decisión conclusiva de rigor, contra la cual procede el recurso ordinario de apelación.
11. Así pues, emerge claro que la parte que presuntamente se ve afectada en sus garantías fundamentales al debido proceso y defensa, dentro de las oportunidades procesales previstas en el ordenamiento jurídico de rigor, puede emplear los instrumentos de protección idóneos para esgrimir las presuntas falencias puestas de presente en la demanda de tutela al interior del escenario natural.
De tal forma el mecanismo de tutela resulta ser manifiestamente improcedente, como quiera que lejos está de ser concebido como un procedimiento alternativo de los medios judiciales mencionados -intervención en las audiencias preparatoria y pública de juzgamiento e interposición y sustentación del recurso de apelación contra la sentencia, si a ello hubiera lugar-.
12. En este punto, la Sala reitera que mientras el proceso esté en curso cualquier solicitud de protección de garantías fundamentales debe hacerse exclusivamente en ese escenario porque de lo contrario todas las decisiones provisionales que se tomaran en el transcurso de la actuación penal estarían siempre sometidas a la eventual revisión de un juez ajeno a ella, como si se tratara de una instancia superior adicional a las previstas para el normal desenvolvimiento de los procesos judiciales.
A mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1. NEGAR por improcedente la acción de tutela promovida por el apoderado de CAMILO MÉLENDEZ ALARCÓN, actuación que se hizo extensiva a su compañero de causa JORGE ALFREDO MELÉNDEZ ALARCÓN. Y,
2. En caso de no ser recurrida esta decisión, remítanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS
1 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-625 de 2000.
2 Fls. 51 a 63 c. Corte Suprema de Justicia.
3 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. 332/06
4 Fls. 37 y 38 c. corte.
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto casación No. 29371 del 02-09-08.
6 CORTE CONSTITUCIONAL. Sent. T-625 de 2000.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 86