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Timestamp: 2018-10-19 07:55:21+00:00

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Por el principio iura novit curia se puede adaptar una demanda de nulidad de acto jurídico a una de ineficacia si se invocan las causales de esta - Actualidad Civil
Por el principio iura novit curia se puede adaptar una demanda de nulidad de acto jurídico a una de ineficacia si se invocan las causales de esta
CAS. N.º 1347-2015 TACNA
Emitida el 26 de noviembre del 2015
Señor juez supremo Almenara Bryson
Artículo 139.3 de la Constitución y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
“[…] del análisis del material fáctico de la demanda es evidente que si bien los hechos expuestos no se subsumen dentro de la causal de nulidad del acto jurídico, no obstante, se advierte que los demandantes sí alegaron el caso de ineficacia contemplado en el artículo 19 de la Ley número 27809; por lo que, de conformidad con el principio iura novit curia, el Juez de la causa debió calificar adecuadamente la demanda, pese a que la parte actora invocó erróneamente la norma de derecho material, pues dicho principio así lo permiteˮ.
CAS. N.º 1347-2015
Sumilla. Debido proceso y Iura novit curia. Constituye principio del derecho al debido proceso el aforismo Iura novit curia, según el cual los jueces deben conocer el derecho para resolver los asuntos que les sean planteados, aunque las partes no hayan invocado la norma jurídica pertinente o lo hayan invocado erróneamente, lo que exige al juez citar correctamente la norma a los hechos expuestos en la demanda, sin que ello implique la modificación de los hechos o lo solicitado por las partes. Art. 139 inciso 3 de la Constitución y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince.
La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil trescientos cuarenta y siete – dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:
En este proceso de nulidad de acto jurídico, es objeto de examen el recurso de casación interpuesto por la demandante Victoria Suárez Burga, mediante escrito de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, contra la resolución de vista de fecha veinte de enero de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que confirma la apelada obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, su fecha siete de marzo de dos mil catorce, que declara improcedente la demanda.
1. DEMANDA. Mediante escrito presentado ante el órgano jurisdiccional respectivo con fecha doce de julio de dos mil diez, obrante a fojas cincuenta, Carlos Alfredo Gonzales Villanueva y Victoria Suárez Burga interponen demanda contra las empresas DINESE EIRL en liquidación, Embotelladores Unidos SA, Scotiabank Perú SAA y Scotia Sociedad Titulizadora SA, a efectos de que se declare la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública del contrato particular de fideicomiso de fecha veintisiete de junio de dos mil seis, respecto del inmueble sito en manzana C, lote número uno, Parque Industrial de Tacna, inscrito en la Partida Registral número 11002040 del Registro de Propiedad Inmueble de Tacna, así como la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública de dación en pago de fecha siete de julio de dos mil seis, sobre el certificado de participación transferido al banco demandado en atención a la transferencia en fideicomiso del inmueble antes mencionado. Los fundamentos de hecho que sustentan la demanda son los siguientes: - Los actores indican que son acreedores laborales de la demandada DINESE EIRL en liquidación, empresa que se encuentra en procedimiento concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI). - La Comisión de Procedimientos Concursales de INDECOPI, mediante Resolución Administrativa número 3971-2008-CCOINDECOPI, dispuso la publicación de la disolución y liquidación de la empresa DINESE EIRL, precisando que por Junta de Acreedores de fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve se designó como liquidador a Alberto Arenas Benavente. - Sin embargo, mediante contrato marco de fi deicomiso de titulación, elevado a escritura pública con fecha veintisiete de junio de dos mil seis, DINESE EIRL transfi rió a favor de SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA SA, el inmueble sito en la manzana C, lote número uno, Parque Industrial de Tacna, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna. - Sostienen que las obligaciones adeudadas al banco demandado no son de cargo de DINESE EIRL, sino en realidad de EMBOTELLADORES UNIDOS SA; por ende, la transferencia del inmueble nada tenía que hacer respecto de las obligaciones de dicha empresa. - Alegan que el artículo 19 de la Ley del Sistema Concursal, Ley número 27809, señala que el Juez declarará la ineficacia y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores del concurso, los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, que no se refi eran al normal desarrollo de la actividad del deudor que perjudique su patrimonio y que hayan sido celebrados por éste dentro del año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales; por ello, los demandantes consideran que los actos jurídicos son nulos por estar incursos en las causales de nulidad contempladas en los incisos 3, 4 y 8 del artículo 219 del Código Civil.
2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escritos presentados a fojas ciento ocho y doscientos tres, las demandadas SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA SA y SCOTIABANK PERÚ SAA, contestan la demanda respectivamente, alegando lo siguiente: - Los actores sustentan la demanda amparados en la ineficacia que regula el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley número 27809; sin embargo, se trata de dos fi guras jurídicas distintas, pues no se puede confundir la nulidad con la ineficacia, menos aún la ineficacia del acto jurídico contemplada en el artículo 195 del Código Civil, con la ineficacia prevista en la Ley del Sistema Concursal. - Agregan que no se precisa la fecha en que se solicitó el ingreso a concurso de DINESE EIRL en liquidación, pues ello revelaría que la transferencia en fideicomiso no se encuentra dentro del periodo de vigilancia o sospecha, es decir, dentro del periodo en que cualquier transferencia puede ser declarada ineficaz en atención a lo señalado por el artículo 19 de la Ley número 27809, toda vez que el fideicomiso fue elevado a escritura pública el veintisiete de junio de dos mil seis, mientras que el sometimiento a disolución y liquidación de DINESE EIRL corresponde al año dos mil ocho, es decir, existe una brecha de dos años.
3. REBELDÍA. Mediante resoluciones obrantes a fojas doscientos setenta y dos y doscientos ochenta y cuatro, las demandadas DINESE EIRL en liquidación y EMBOTELLADORES UNIDOS SA son declaradas en rebeldía.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. El Juez del Tercer Juzgado Comercial de Tacna expide la resolución de fecha siete de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, que declara improcedente la demanda. Las razones que sustentan dicha decisión son las siguientes: - El Juez señala que la teoría del acto jurídico distingue la nulidad de la ineficacia del acto jurídico, pues en la primera se arguye la carencia de un requisito de validez previsto en el artículo 140 del Código Civil o una causal de anulabilidad preestablecida en los artículos 219 y 221 del mismo Código, mientras que en la ineficacia se cuestiona los efectos del acto jurídico. - En virtud de ello, el Juez considera que el actor pretende se declare la nulidad de un acto jurídico (ineficacia estructural) por ser ineficaz (ineficacia funcional), lo que implicaría una nulidad por ineficacia del acto, lo que importa que el petitorio sea jurídicamente imposible, por cuanto no se puede declarar la nulidad de un acto jurídico por una causal de ineficacia estructural, cuando la norma y la doctrina exige que para la nulidad exista la ausencia de un requisito de validez que afecte su estructura, mientras que el acto jurídico ineficaz se constituye perfectamente válido. - En tal sentido, concluye que la demanda se encuentra incursa en la causal de improcedencia contemplada en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil.
4. RECURSO DE APELACIÓN. Mediante escrito obrante a fojas trescientos noventa y ocho, los demandantes interponen recurso de apelación contra la antes mencionada resolución, alegando lo siguiente: - El Juez se sustrae de su obligación de resolver la causa de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. - El petitorio es claro pues es de naturaleza civil al tener por objeto la declaración de nulidad de dos actos jurídicos, el mismo que debe contextualizarse en el marco de la legislación concursal. - Es de suma importancia tener en cuenta las fechas de los actos jurídicos cuya nulidad se demandan, por cuanto los mismos se han llevado a cabo dentro del periodo de sospecha que establece el artículo 19 de la Ley del Sistema Concursal, Ley número 27809.
6. RESOLUCIÓN DE VISTA. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna expide la resolución de vista de fecha veinte de enero de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos, que confirma la apelada que declara improcedente la demanda. Los fundamentos de dicha decisión son los siguientes: - La Sala Superior señala que el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil prescribe que el Juez declarará improcedente la demanda cuando el petitorio sea jurídica o físicamente imposible. - Sostiene, además, que si bien los actores solicitan la nulidad de dos actos jurídicos; sin embargo, por otra parte alegan hechos que se encuadran dentro de una norma que trata sobre la ineficacia funcional de actos jurídicos, lo que supone la existencia de un acto jurídico válido, parcialmente ineficaz, por resultar inoponible a los acreedores del concurso. - En tal sentido, la Sala de mérito considera que es jurídicamente imposible pretender la nulidad de los referidos actos jurídicos en base a una causal de ineficacia funcional o extrínseca, máxime si la nulidad de un acto jurídico se rige por el principio de legalidad, es decir, las causales de nulidad son establecidas e impuestas por la ley, no pudiendo ser creadas por los particulares, ni aplicadas por analogía, por consiguiente resulta de aplicación la causal de improcedencia de la demanda prevista en el artículo 427 inciso 6 del Código adjetivo, referida al petitorio jurídicamente imposible.
Mediante escrito presentado a fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, con fecha doce de febrero de dos mil quince, la demandante Victoria Suárez Burga interpone recurso de casación, medio impugnatorio que ha sido declarado procedente por este Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha trece de julio del año en curso, obrante a fojas veintidós del cuaderno de casación, por las siguientes infracciones normativas: - Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, así como del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil: sostiene que se ha declarado improcedente la demanda en base al argumento de que debió demandar ineficacia y no nulidad del acto jurídico, sin tener en cuenta que si el juzgado consideraba que no se habían dado los presupuestos necesarios para que la demanda sea admitida, debió señalar ello en el auto de calificación de la misma, y no esperar que se tramite el proceso para hacerlo; agrega a ello que la Sala Superior debió disponer que el Juez de la causa proceda a calificar nuevamente la demanda conforme a ley, lo cual no ha ocurrido, por lo que se afecta el derecho al debido proceso.
La cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la decisión impugnada ha infringido el derecho al debido proceso de la recurrente, contemplado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado.
PRIMERO. Sobre el derecho al debido proceso, reconocido constitucionalmente en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, cuya infracción acusa la impugnante, debe señalarse que constituye un derecho humano abierto de naturaleza procesal y alcances generales que busca resolver de forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades judiciales. Se considera un derecho continente pues comprende una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los derechos que consagra, y no uno de manera específica. Así, se puede entender que el debido proceso está compuesto de una serie de derechos, principios y garantías, entre ellos, el principio iura novit curia.
SEGUNDO. Al respecto, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil estipula que: “El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”.
TERCERO. La norma antes citada, que tiene su antecedente en el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, regula el aforismo latino “iura novit curia” que significa que el Tribunal conoce el Derecho, es decir, los jueces deben conocer el ordenamiento jurídico con el fin de resolver los asuntos que les sean planteados en el ejercicio de la función jurisdiccional. Monroy Gálvez considera que uno de los presupuestos de aplicación de dicho aforismo, es el de errar en la alegación del derecho, presupuesto de hecho para la aplicación del aforismo al derecho objetivo, consistente en la utilización incorrecta de la norma jurídica aplicable a la pretensión en disputa, exigiendo al Juez su intervención para —en el fallo— citar correctamente la norma aplicable al caso que resuelve; igualmente considera como otro postulado importante en el tema, la invocación equivocada de la relación jurídica sustantiva, en el que se exige al Juez precisar en su decisión la verdadera naturaleza de la relación jurídica existente entre las partes, enmendándose con ello el derecho subjetivo deficientemente invocado[1].
CUARTO. La facultad del Juez de adecuar la calificación jurídica de la pretensión procesal tiene su límite en el principio de congruencia procesal, umbral normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes para que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones. Esta es la regla más importante del juzgamiento consistente en la correspondencia que debe existir entre lo pretendido y lo juzgado conocido como principio de congruencia procesal. Cuando se dice que el juez no puede ir más allá del petitorio debe tenerse en cuenta que la aplicación del aforismo no puede modificar el objeto de la pretensión especificado por el titular del derecho, ni tampoco incidir sobre la causa petendi que sustenta dicha pretensión. Es necesario establecer que el objeto o petitum lo constituye el derecho que el demandante alega en estricto dentro de la demanda, mientras que la causa o causa petendi está referido a aquello que suscita el pedido, constituyendo los fundamentos de hecho de la demanda, esto es, la unidad fáctica en que se apoya la reclamación del actor; siendo ello así, se puede concluir que el Juez tiene la facultad de calificar jurídicamente los hechos expuestos por las partes, prescindiendo de la calificación efectuada por ellas, siempre que no implique la modificación o alteración de los hechos.
QUINTO. En el presente caso, se aprecia que los demandantes, por escrito de fojas cincuenta, peticionan la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura pública del contrato particular de fideicomiso de fecha veintisiete de junio de dos mil seis, así como del acto jurídico contenido en la escritura pública de dación en pago de fecha siete de julio de dos mil seis, invocando para ello las causales de nulidad contempladas en los incisos 3, 4 y 8 del artículo 219 del Código Civil, referidas al objeto jurídicamente imposible, fin ilícito y por ser contrarios a las leyes que interesan al orden público; sin embargo, dentro de los fundamentos de hecho de la demanda alegan que la demandada DINESE EIRL, mediante los actos jurídicos materia de nulidad y dentro de un procedimiento concursal (periodo de sospecha), habría transferido el inmueble ubicado en la manzana C, lote número uno, del Parque Industrial de Tacna, Distrito y Provincia de Tacna, infringiendo así el artículo 19 de la Ley General del Sistema Concursal, Ley número 27809, norma que regula la ineficacia de las transferencias celebradas con un año anterior a la solicitud del procedimiento concursal.
SEXTO. Ahora bien, examinado el proceso, se tiene que tanto el Juez como la Sala Superior declararon improcedente la demanda, bajo el sustento de que está incursa en la causal de improcedencia prevista en el artículo 427 inciso 6 del Código Procesal Civil, esto es, por ser el petitorio jurídicamente imposible, en razón a que se peticiona la nulidad del acto jurídico sustentada en un supuesto de ineficacia, es decir, no cuestiona los requisitos de validez del acto jurídico, sino solo sus efectos; sin embargo, del análisis del material fáctico de la demanda es evidente que si bien los hechos expuestos no se subsumen dentro de la causal de nulidad del acto jurídico, no obstante, se advierte que los demandantes sí alegaron el caso de ineficacia contemplado en el artículo 19 de la Ley número 27809; por lo que, de conformidad con el principio iura novit curia, el Juez de la causa debió calificar adecuadamente la demanda, pese a que la parte actora invocó erróneamente la norma de derecho material, pues dicho principio así lo permite.
SÉTIMO. Abona a favor de la posición de esta Sala Suprema la decisión dictada por el máximo intérprete de la Constitución Política, esto es, el Tribunal Constitucional que, en la sentencia recaída en el expediente quinientos sesenta y nueve – dos mil tres- AC/TC, ha señalado en su fundamento jurídico décimo quinto que: “Se parte, pues, del principio de congruencia judicial, que exige al juez que, al pronunciarse sobre una causa, no omita, altere o exceda las peticiones contenidas en el proceso a resolver. Sin embargo, como ya se ha visto, existen casos en los cuales la pretensión no resulta clara y evidente, o está planteada de manera incorrecta, o se ha invocado erróneamente la norma de derecho aplicable, frente a lo cual el juez (…), luego del análisis fáctico, tiene el deber de reconocer el trasfondo de lo solicitado y pronunciarse respecto de él, sin que ello represente una extralimitación de sus facultades”[2].
OCTAVO. Este orden de ideas permite a este Supremo Tribunal concluir que, en efecto, los jueces de mérito han infringido el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, al no observar el principio contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, esto es, el aforismo latino iura novit curia, al desestimar la demanda en base a una supuesta causal de improcedencia, incumpliendo así los fines del proceso consagrados en el artículo III del Título Preliminar del Código adjetivo, esto es, resolver el conflicto de intereses con relevancia jurídica; por lo tanto, corresponde sancionar con nulidad las resoluciones impugnadas hasta la etapa procesal pertinente.
Por tales fundamentos, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396, tercer párrafo, numeral 3, del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364: 1. Declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Victoria Suárez Burga, mediante escrito de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, por la infracción normativa de los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado y III del Título Preliminar del Código Procesal; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fecha veinte de enero de dos mil quince, obrante a fojas cuatrocientos treinta y dos, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna; INSUBSISTENTE la apelada obrante a fojas trescientos ochenta y ocho, su fecha siete de marzo de dos mil catorce, que declara improcedente la demanda, inclusive hasta fojas sesenta y siete, que admite la demanda. 2. ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva resolución con arreglo a ley y las consideraciones expuestas en la presente sentencia. 3. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Carlos Alfredo Gonzales Villanueva y Victoria Suárez Burga con DINESE EIRL en liquidación y otros, sobre nulidad de actos jurídicos; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson.
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS.
[1] MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas de Derecho Procesal Civil, Lima: Stadium, 1987, pág. 219.
[2] Fundamento jurídico décimo quinto de la sentencia del Tribunal Constitucional número quinientos sesenta y nueve – dos mil tres –AC/TC, su fecha cinco de abril de dos mil cuatro.

References: Artículo 139
 artículo 19
 resolución 
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 219
 artículo 19
 artículo 195
 artículo 19
 resolución 
 artículo 140
 artículo 427
 artículo 19
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 427
 artículo 427
 resolución 
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 219
 artículo 19
 artículo 427
 artículo 19
 artículo 139
 artículo 396
 resolución 
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