Source: https://www.hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313653
Timestamp: 2019-05-21 17:12:42+00:00

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Informe Mundial 2018: Unión Europea | Human Rights Watch
Populistas xenófobos hostiles a los derechos humanos moldearon la política incluso cuando no lograron ganar en las urnas, y los gobiernos europeos parecieron decididos a mantener a los migrantes alejados a toda costa. Sin embargo, hubo indicios en la respuesta a la crisis en Polonia de que los líderes de la Unión Europea (UE) estaban empezando a reconocer que el futuro del bloque depende de la voluntad de defender los derechos humanos y el Estado de derecho.
La UE y sus Estados miembros intensificaron sus esfuerzos para prevenir las llegadas y externalizar la responsabilidad del control migratorio a países fuera de las fronteras de la UE. En Libia, en particular, la UE siguió una estrategia de contención en cooperación con las autoridades libias, a pesar de las abrumadoras pruebas de una brutalidad generalizada y sistemática contra los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos arbitrariamente por dichas autoridades, o privados de libertad de otra manera. Libia no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y no tiene en funcionamiento un sistema de asilo.
A mediados de noviembre de 2017, poco más de 150.000 personas llegaron a Europa por mar, menos de la mitad de las llegadas durante el mismo período de 2016, con una disminución significativa en las llegadas a las islas griegas y un descenso en las salidas de embarcaciones desde Libia. Hubo un gran aumento en las embarcaciones de migrantes en el Mediterráneo occidental, desde Marruecos hasta España, aunque el número total permaneció bajo. La ruta de los Balcanes Occidentales se mantuvo en gran parte cerrada, debido a un régimen fronterizo abusivo en Hungría y devoluciones de migrantes por parte de Croacia.
El Mediterráneo siguió siendo letal, con casi 3.000 muertos o desaparecidos a mediados de noviembre de 2017. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) llevaron a cabo aproximadamente el 40 por ciento de todos los rescates en el Mediterráneo central en el primer semestre de 2017, pero en septiembre varias ONG suspendieron sus actividades debido a preocupaciones de seguridad y un aumento de las interceptaciones, a veces imprudentes y acompañadas de abusos, por parte de las fuerzas de la guardia costera libia. Respaldada por las instituciones de la UE, Italia impuso a las ONG un código de conducta que rige los rescates tras una campaña para deslegitimar e incluso criminalizar sus esfuerzos.
A pesar de los llamamientos en favor de la ampliación de canales seguros y legales, incluida la reunificación familiar y las visas humanitarias, las instituciones de la UE y los Estados miembros avanzaron sólo en el reasentamiento de refugiados reconocidos. La Comisión Europea anunció en septiembre que los Estados miembros habían reasentado a 22.518 refugiados en los últimos dos años, y recomendó un plan para reasentar a 50.000 refugiados en Europa durante los próximos dos años. Los Estados miembros fueron lentos a la hora de responder a la convocatoria anterior de la Comisión de promesas de reasentamiento.
Los Estados miembros menos afectados por las llegadas directas se mostraron reacios a compartir la responsabilidad hacia los solicitantes de asilo. El plan vinculante de dos años para reubicar a casi 100.000 solicitantes de asilo fuera de Grecia e Italia finalizó oficialmente en septiembre, con sólo 29.401 personas transferidas, menos de un tercio del objetivo final. Sin embargo, algunos países continuaron con las reubicaciones y para mediados de noviembre, otros 2.000 habían sido transferidos. En junio, la Comisión Europea inició un procedimiento para infraccionar a Hungría, Polonia y la República Checa por incumplimiento del plan. En septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) desestimó el caso contra el plan de reubicación presentado por Hungría y Eslovaquia.
Los países de la UE siguieron devolviendo a solicitantes de asilo a Italia y reanudaron las devoluciones a Grecia, en virtud del Reglamento de Dublín, que exige que el primer país de entrada de la UE asuma la responsabilidad de las solicitudes de asilo en la mayoría de los casos. En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictaminó que Hungría estaba violando sus obligaciones de derechos humanos por la manera en que detuvo a los solicitantes de asilo y los devolvió a Serbia, bajo el argumento del “tercer país seguro”, y en abril el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitó la suspensión de las devoluciones a Hungría según las normas de Dublín. Alemania suspendió oficialmente tales devoluciones a finales de agosto, y varios otros países de la UE adoptaron una postura similar.
Hubo pocos progresos en la reforma de las leyes de asilo de la UE. Las problemáticas propuestas facilitarían rechazar sumariamente las solicitudes de asilo, el envío de personas a países fuera de la UE en función del concepto de “tercer país seguro” y la revocación del estatuto de refugiado. Mientras tanto, los solicitantes de asilo continuaron enfrentando unas tasas de reconocimiento muy variadas en todo el bloque.
Los partidos populistas extremistas ejercieron una influencia externa sobre la política europea durante el año. A pesar de lograr el segundo lugar en vez del primero en las elecciones presidenciales de Francia y Austria y en la votación parlamentaria en los Países Bajos, los populistas de la derecha radical ingresaron al Parlamento alemán y, en el momento de la redacción de este informe, estaban en conversaciones para formar parte del gobierno de coalición en Austria, tras las elecciones de octubre. Y lo que es aún más grave, elementos de su agenda política de antiinmigración, antirefugiados y antimusulmanes continúan siendo adoptados por los principales partidos políticos en muchos países de la UE.
El sentimiento y la violencia racistas, xenófobos y antimusulmanes persistieron en toda la UE. Los musulmanes experimentaron hostilidad e intolerancia generalizadas. El antisemitismo, incluidos los crímenes de odio, sigue siendo un motivo de preocupación.
En su informe anual de junio, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (ECRI) señaló que el populismo nacionalista y el discurso de odio xenófobo habían conseguido entrar en la corriente principal política de la región. En un informe de abril, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA, por sus siglas en inglés) señaló que muchos crímenes de odio en la UE siguen sin ser denunciados y siendo invisibles, dejando a las víctimas sin reparación, e instó a los Estados miembros a mejorar el acceso a la justicia para las víctimas.
En una evaluación de agosto sobre estrategias destinadas a ayudar a los romaníes, la Comisión Europea descubrió que hasta el 80 por ciento de los romaníes están en riesgo de pobreza en toda la UE, y pidió mayores esfuerzos para mejorar el acceso a la educación y el empleo.
En agosto, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, identificó el derecho a la vida en la comunidad y la desinstitucionalización; el derecho a la capacidad legal; y el derecho a una educación inclusiva como desafíos clave que afectan a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en Europa. En septiembre, Muižnieks hizo un llamado para que se ponga fin a la segregación escolar de los niños con discapacidad, los niños romaníes y los niños refugiados y migrantes.
Una decisión de marzo del TJUE que respalda las prohibiciones del uso de velos en el sector privado socava seriamente el derecho de las mujeres a la igualdad y la no discriminación. En julio, el TEDH mantuvo la prohibición de Bélgica sobre los burkas y los velos islámicos integrales.
En una resolución de junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió que se ponga fin a la impunidad de la violencia sexual y el acoso a las mujeres en público mediante el enjuiciamiento de los responsables. En junio, la UE firmó el Convenio de Estambul para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Once Estados miembros de la UE, incluyendo el Reino Unido, Grecia y Hungría, aún no han ratificado la convención.
En mayo, el Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, advirtió que los ataques contra lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) están muy extendidos en Europa, y destacó la necesidad de leyes antidiscriminatorias fuertes y eficaces. En abril, el TEDH dictaminó que exigir a las personas transgénero someterse a la esterilización para que se reconozca su género viola los derechos humanos.
Los atentados en Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, España, Suecia y el Reino Unido mataron en total a más de 60 personas y dejaron cientos de heridos. Todos los ataques mortales masivos entre estos fueron reclamados por el Estado Islámico (también conocido como ISIS). Algunos incidentes fueron atribuidos o reivindicados por organizaciones armadas de extrema derecha, extrema izquierda o separatistas regionales. A lo largo del año, se produjeron ataques específicos contra oficiales de policía o soldados en Francia, Polonia, España, Suecia y el Reino Unido.
Francia, Alemania y los Países Bajos aprobaron leyes que permiten o mejoran los poderes existentes del ejecutivo para solicitar controles administrativos que restrinjan el movimiento y la asociación de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional.
En marzo, los gobiernos aprobaron una nueva directiva de la UE para combatir el terrorismo que refuerza el marco existente de la UE. La directiva exige que los Estados criminalicen la “provocación pública para cometer un delito de terrorismo” y diversos actos preparatorios que no incluyan las participación directa en los ataques. Los grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por la escasez de garantías y la imprecisión de los términos de la directiva, así como su impacto en la libertad de expresión.
A lo largo del año, se condenó por delitos de terrorismo a personas en Francia y España por publicar comentarios en línea que fueron considerados como glorificación o apología del terrorismo, en algunos casos sin evidencia de vínculo directo alguno con la incitación a la violencia.
En junio, la Comisión Europea aceleró los planes existentes para combatir la radicalización y eliminar contenido terrorista en línea. Un plan de acción anglo-francés publicado el mismo mes incluía propuestas para eliminar material extremista en línea y para acceder a contenido cifrado, aumentando las preocupaciones sobre la libertad de expresión y la privacidad.
Las investigaciones penales sobre la presunta complicidad de las autoridades polacas y lituanas permanecieron estancadas, y seguía pendiente una revisión judicial de una decisión de 2016 de los fiscales de cerrar la investigación sobre la supuesta complicidad del Reino Unido en las entregas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a Libia. Un caso del TEDH contra Lituania y Rumania por su complicidad en la tortura y detención secreta de la CIA seguía pendiente.
Hasta agosto, 1.262 personas solicitaron asilo en Croacia en 2017, incluidas personas que regresaron a Croacia desde otros Estados miembros de la UE bajo las normas de asilo del bloque. Apenas 76 solicitantes de asilo habían recibido alguna forma de protección en 2017 en el momento de redacción de este informe. Croacia reubicó a 78 solicitantes de asilo de Grecia e Italia a fines de septiembre.
Durante el año, Croacia devolvió a los solicitantes de asilo y migrantes que ingresaron al país desde Serbia sin examinar sus solicitudes de asilo. En julio, el TJUE dictaminó que Croacia violó la legislación de la UE al permitir que los solicitantes de asilo y los migrantes cruzaran a Eslovenia y Austria sin examinar primero sus solicitudes de asilo.
Los solicitantes de asilo y los refugiados siguen sufriendo aislamiento social y dificultades para acceder a clases de idiomas, educación y empleo. Los niños migrantes y asilados no acompañados siguen siendo ubicados en instituciones residenciales para niños sin disposiciones adecuadas para su protección y cuidado. De los 30 niños no acompañados registrados, sólo uno se matriculó en la escuela durante el curso académico 2017/2018.
A las personas con discapacidad se les siguió negando el derecho a la capacidad legal y a vivir en la comunidad. Las personas adultas con discapacidad continuaron siendo ubicadas en instituciones residenciales sin su consentimiento.
Los miembros de minorías nacionales, en particular los de etnias serbia y romaní, continuaron siendo objeto de discriminación, intolerancia étnica y expresiones de odio. Miles de romaníes siguen en situación de apatridia. Los niños romaníes continúan sufriendo segregación de hecho en el sector educativo.
El poder judicial croata continuó haciendo lentos progresos en la rendición de cuentas por los crímenes de guerra.
El número de apátridas siguió disminuyendo en Estonia en 2017, aunque la tasa de naturalización es muy lenta. Según el Ministerio del Interior, en 2016 sólo 1.450 apátridas adquirieron la ciudadanía por naturalización y, a partir de enero de 2017, quedaban 79.438 apátridas en Estonia, en comparación con los 82.561 en enero de 2016. Las personas apátridas, la mayoría de etnia rusa que perdieron su nacionalidad en 1991 después de la caída de la Unión Soviética, continúan enfrentando importantes obstáculos a la integración social y económica. No sólo carecen de plenos derechos políticos y laborales, sino que tampoco se les permite acceder a ciertas carreras en el servicio civil nacional y local, la policía y las aduanas.
Si bien Estonia ha logrado algunos avances en la reducción de la apatridia infantil en los últimos años, el gobierno sólo ha abordado parcialmente el problema. Los niños entre 15 y 18 años y aquellos nacidos fuera de Estonia de padres que son apátridas residentes en Estonia todavía no pueden obtener automáticamente la ciudadanía. En febrero de 2017, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomendó a Estonia “acelerar la naturalización de los niños con ciudadanía indeterminada” entre los 15 y los 18 años de edad.
En enero de 2017, Estonia se convirtió en la primera ex república soviética en reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo contraídos en el extranjero. En julio de 2017, Estonia celebró su primer Desfile del Orgullo en 10 años. A pesar de estos importantes pasos, el gobierno todavía no ha implementado la Ley de Cohabitación de 2016 que otorgaría a las personas en uniones civiles del mismo sexo los mismos derechos que las parejas casadas, incluso en relación con la propiedad y la adopción.
Hasta el 25 de septiembre de 2017, el gobierno había reubicado a 141 solicitantes de asilo según el plan de reubicación de la UE.
Francia continúa confiando en poderes abusivos antiterroristas aplicados después de los ataques de noviembre de 2015.
El estado de emergencia que permitió el uso de fuerzas de seguridad sin salvaguardas adecuadas se extendió en diciembre de 2016 y julio de 2017. El estado de emergencia finalizó el 1 de noviembre, cuando entró en vigor la nueva Ley para reforzar la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo, tras su aprobación parlamentaria en octubre.
A pesar de la preocupación generalizada de los organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como en el exterior, la ley incorpora algunos de los poderes utilizados en el estado de emergencia. Estos incluyen poderes que han conducido a abusos importantes, como el de obligar a las personas consideradas como una amenaza a la seguridad nacional a que vivan en un lugar de residencia asignado, y llevar a cabo registros domiciliarios sin autorización judicial.
El defensor del pueblo francés, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia (CNCDH) y una gran coalición de ONG criticaron la ley por otorgar al ejecutivo el poder de restringir la libertad de culto, reunión, libre circulación y el derecho a la privacidad, sin las garantías judiciales adecuadas.
Un informe del defensor del pueblo francés en enero confirmó las conclusiones anteriores de la CNCDH de que los varones jóvenes de minorías visibles están sobrerrepresentados en los controles policiales y tienen 20 veces más probabilidades de ser parados por la policía que los miembros de la población mayoritaria. La nueva ley de seguridad amplía los poderes de control policial en las fronteras y alrededor de ellas, incluidas las estaciones internacionales de tren, lo que plantea la preocupación de que se pueda ampliar el uso de controles de identidad discriminatorios.
Un informe de abril de la CNCDH registra una disminución del 44,7 por ciento en incidentes antisemitas y antimusulmanes en 2016 en comparación con 2015.
Según los informes, hasta octubre había entre 500 y 1.000 migrantes, incluidos hasta 200 niños no acompañados, en el área de Calais, a pesar del desmantelamiento del precario campamento informal a finales de 2016. El defensor del pueblo francés y organizaciones locales informaron que las condiciones de vida para los migrantes que vivían allí eran extremas, así como el acoso y el abuso policial contra migrantes y trabajadores humanitarios, y concluyeron que contribuían a “condiciones de vida inhumanas”. El informe de una investigación solicitada por el ministro del Interior, publicado en octubre, encontró que la policía había abusado de inmigrantes en Calais.
A pesar de varias órdenes judiciales, las autoridades locales en Calais continuaron obstruyendo el trabajo de las organizaciones de asistencia y se negaron a proporcionar agua y saneamiento. A finales de octubre, el gobierno central había abierto cuatro nuevos refugios para estancias cortas y había provisto de agua corriente, baños y duchas.
Hasta finales de septiembre, Francia había reubicó a 377 solicitantes de asilo de Italia y 4.091 de Grecia.
En un informe anual de marzo de 2017, el inspector de prisiones encontró que las mujeres en prisión se enfrentan a dificultades para “acceder a atención psiquiátrica”.
En febrero, Francia se convirtió en el primer país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU en adherirse a la Declaración sobre Escuelas Seguras.
Las llegadas de solicitantes de asilo y migrantes cayeron por segundo año consecutivo. A finales de julio, se habían registrado 105.000 nuevos solicitantes de asilo. Las autoridades tomaron decisiones sobre más de 408.000 solicitudes de asilo durante la primera mitad del año, muchas de ellas pendientes del año anterior. En agosto, Alemania había acogido a 1.730 refugiados reasentados, de los cuales 1.700 eran sirios. A finales de septiembre, Alemania había reubicado a 3.641 solicitantes de asilo de Italia y 4.838 de Grecia.
En la primera mitad de 2017, las autoridades registraron 143 ataques contra refugios de asilo y 642 ataques contra refugiados y solicitantes de asilo fuera de sus hogares.
El Parlamento federal de Alemania aprobó una serie de medidas de vigilancia durante el año que plantean preocupaciones sobre los derechos a la privacidad y la libertad de expresión. Una medida, que permitiría a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley la instalación de malware en teléfonos móviles, tabletas y computadoras para eludir el cifrado, no había entrado en vigor en el momento de la redacción de este informe. Una segunda medida entró en vigor parcialmente en octubre, y que requiere que las empresas de redes sociales eliminen el “contenido ilegal”, un término insuficientemente definido que incluye el discurso de odio, bajo pena de grandes multas. Una tercera, que entró en vigor en julio, permite a las autoridades policiales en la frontera examinar datos en los teléfonos móviles de refugiados y migrantes sin una orden judicial previa, una sospecha razonable de un delito ni consentimiento.
Una enmienda a la Ley Federal de Policía Criminal, en vigor desde julio, permite el monitoreo electrónico preventivo y la imposición de restricciones a los movimientos de personas consideradas como un riesgo para la seguridad nacional (Gefährder), pero que aún no han cometido ningún delito. Un poder de inmigración que permite restricciones similares a ciudadanos extranjeros en espera de deportación entró en vigor el mismo mes.
Las autoridades alemanas siguieron investigando crímenes internacionales graves relacionados con el conflicto en Siria e Iraq. Los juicios por crímenes de guerra están en curso o se han celebrado contra miembros del ISIS, antiguos miembros de Jabhat al-Nusra y diversos grupos armados opuestos al gobierno sirio.
En junio, el Parlamento Federal aprobó el reconocimiento de la igualdad de derechos matrimoniales para las parejas del mismo sexo, y la ley entró en vigor el 1 de octubre.
Un plan para Grecia de la Comisión Europea de diciembre de 2016 recomendó medidas más estrictas destinadas a aumentar el número de devoluciones de solicitantes de asilo a Turquía, incluido el debilitamiento de las protecciones para grupos vulnerables, la ampliación de la detención y la reducción de los derechos de apelación. Como resultado, Grecia aumentó la capacidad de detención y obligó a las personas identificadas como “vulnerables” a permanecer en las islas del mar Egeo hasta que su solicitud de asilo sea evaluada.
A pesar del progreso, el acceso al asilo siguió siendo difícil y sujeto a demoras, mientras que existían preocupaciones particulares con respecto a las bajas tasas de reconocimiento de refugiados en las islas.
La política del acuerdo entre la UE y Turquía de mantener a los solicitantes de asilo en las islas deja atrapadas a miles de personas en condiciones pésimas y de saturación, al tiempo que niega la mayor parte del acceso a procedimientos de asilo o protección de refugiados adecuados.
Según los datos del ACNUR, hasta octubre había más de 46.000 solicitantes de asilo y migrantes en la Grecia continental y 13.652 en las islas.
La incapacidad de las autoridades griegas para identificar adecuadamente a los solicitantes de asilo vulnerables para su traslado a tierra firme les impidió acceder a la atención y los servicios adecuados.
Las políticas, las condiciones, la incertidumbre y la lentitud de la toma de decisiones contribuyeron al deterioro de la salud mental de algunos solicitantes de asilo y otros migrantes en las islas, al tiempo que crearon tensiones que a veces estallaron en violencia.
La policía griega fue criticada por el uso excesivo de la fuerza contra los solicitantes de asilo durante una protesta en julio en el punto de acceso a Lesbos, y por los malos tratos infligidos a algunos de los detenidos tras los enfrentamientos. En el momento de redacción de este informe, una consulta estaba aún en curso.
En septiembre, el Consejo de Estado dictaminó que dos solicitantes de asilo sirios podrían ser trasladados de manera segura a Turquía sin que se escucharan sus reclamos, allanando el camino para un retorno a gran escala de los sirios bajo el acuerdo de la UE. El impacto más amplio de la sentencia aún no se había sentido en las islas en el momento de redacción de este informe, y ningún solicitante de asilo había sido devuelto bajo las condiciones permitidas en el fallo.
Más de 1.390 migrantes habían sido expulsados a Turquía hasta finales de octubre, después de que sus solicitudes fueran rechazadas de acuerdo a las normas o porque no presentaron una solicitud de asilo o acordaron regresar de manera voluntaria. En junio, el defensor del pueblo griego inició una investigación a partir de denuncias de expulsiones, entre las que había ciudadanos turcos, en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía.
Aproximadamente 3.150 niños migrantes no acompañados ingresaron a Grecia hasta el 31 de octubre. En julio, el defensor del pueblo griego criticó la detención prolongada de niños no acompañados en comisarías y campamentos de refugiados mientras esperan a ser ubicados en el sobrecargado sistema de albergues. En el momento de redacción de este informe, se estimaba que 2.016 esperaban ser ubicados en una instalación específica, incluidos 107 que fueron detenidos.
Grecia comenzó clases preparatorias por la tarde para integrar a los niños migrantes y solicitantes de asilo en las escuelas públicas de la Grecia continental, pero no pudo abarcar a cientos de niños en las islas. En el momento de redacción, el Ministerio de Educación planeaba extender las clases a los niños en las islas, pero los planes excluían a los mayores de 15 años y a los que vivían en campamentos.
Grupos de extrema derecha atacaron regularmente a los solicitantes de asilo en la isla de Chios. En abril, dos hombres fueron condenados por los incidentes por crímenes con agravantes raciales.
En marzo, en un fallo histórico, el TEDH ordenó a Grecia pagar unos €600.000 en daños por no proteger del trabajo forzoso a 42 migrantes recolectores de fresas que fueron disparados por capataces en 2013 cuando protestaban por el impago de los salarios.
En septiembre, el parlamento adoptó una nueva ley sobre reconocimiento legal de género, eliminando los requisitos médicos para cambiar el género legal de una persona.
Hungría registró una disminución en las solicitudes de asilo en 2017, con 3.035 solicitantes de asilo registrados en los primeros diez meses del año, en comparación con los más de 26.000 durante el mismo período de 2016, según el ACNUR. La mayoría de los solicitantes de asilo en 2017 procedían de Afganistán, Irak y Siria.
Una ley de marzo permite la detención automática de todos los solicitantes de asilo, incluidos los niños mayores de 14 años, en dos zonas de tránsito en la frontera de Hungría con Serbia durante todo el procedimiento de asilo. Junto con recientes enmiendas restrictivas a la ley de asilo, que prohíben a los solicitantes de asilo un acceso significativo al procedimiento de asilo, las autoridades limitaron la entrada diaria de solicitantes de asilo a 20, dejando a miles de personas varadas en Serbia en condiciones de pobreza.
En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grande, pidió a Hungría que mejorara el acceso de los solicitantes de asilo y que desmantelara las zonas de tránsito en las fronteras.
La construcción en abril de una segunda línea de vallas en la frontera de Hungría con Serbia, y las violentas y otras devoluciones de solicitantes de asilo en la frontera también contribuyeron a la caída significativa de las llegadas.
A mediados de noviembre, había 455 solicitantes de asilo detenidos en las dos zonas de tránsito, incluidos 243 niños, entre ellos 19 menores no acompañados, según el ACNUR.
El gobierno participó en una campaña para desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil, en particular las financiadas por el filántropo George Soros, describiéndolas como traidores extranjeros a sueldo, para difamar al propio Soros.
En febrero, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos expresó su preocupación por la continua estigmatización de los defensores de los derechos humanos por parte del gobierno.
En abril, el gobierno aprobó una ley que obligaba a todas las organizaciones de la sociedad civil que reciben más de $27.000 al año en fondos extranjeros a registrarse ante las autoridades como financiadas en el extranjero, e informar ese hecho en todos los materiales publicados. El incumplimiento está penalizado con una multa y, en última instancia, podría significar la cancelación del registro. Hasta la fecha, más de 200 organizaciones se han negado a registrarse, mientras que 20 sí lo hicieron.
Un grupo de 23 organizaciones, incluidas destacadas organizaciones de derechos humanos, presentó en agosto una queja ante el tribunal constitucional, impugnando la ley. La Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría en abril como resultado de la ley.
También en abril, el Parlamento adoptó una ley que apuntaba a la Universidad Centroeuropea en Budapest, introduciendo requisitos que harían imposibles sus operaciones en Hungría, y socavando su libertad académica. La ley provocó protestas en Budapest y generó críticas internacionales significativas, incluidas las del Departamento de Estado de EE.UU. y la Comisión Europea, que también inició un procedimiento de infracción contra Hungría.
En mayo, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que describía la situación de los derechos humanos de tal manera que corría el riesgo de violar los valores de la UE y llamaba a la acción en virtud del artículo 7 del tratado de la UE.
Muchos medios de comunicación están bajo control estatal o son propiedad de personas con estrechos vínculos con el gobierno. En septiembre, la publicación en línea progubernamental 888.hu publicó una lista con los nombres de ocho periodistas, acusándolos de seguir una agenda extranjera patrocinada por Soros.
Los romaníes continuaron sufriendo discriminación en materia de vivienda, educación y atención de salud pública. En mayo, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra Hungría por la continua discriminación de niños romaníes en la educación.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica destacó la violencia doméstica en Hungría en un informe al Consejo de Derechos Humanos en junio e instó a las autoridades a ratificar el Convenio de Estambul y mejorar la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
En junio, el tribunal de apelaciones de Budapest ordenó la repetición del juicio de un hombre sirio sentenciado en noviembre de 2016 a 10 años de prisión por terrorismo, por arrojar piedras durante los enfrentamientos de 2015 entre las fuerzas de seguridad húngaras y migrantes y solicitantes de asilo en la frontera serbo-húngara.
Más de 114.000 migrantes y solicitantes de asilo habían llegado a Italia por mar hasta mediados de noviembre, según el ACNUR, lo que colapsaba significativamente el sistema de recepción del país. El gobierno adoptó políticas más duras en medio de un tóxico debate político sobre la migración.
En los primeros siete meses del año, el número de nuevas solicitudes de asilo casi se duplicó en comparación con 2016, mientras que las autoridades otorgaron alguna forma de protección en el 43 por ciento de los casos. La mayoría recibió un permiso humanitario temporal para permanecer en el país, incluidos los que habían sufrido abusos como migrantes en Libia.
En febrero, el gobierno introdujo medidas para acelerar el procedimiento de asilo, incluyendo limitar las apelaciones contra decisiones negativas, y anunció planes para nuevos centros de detención de inmigrantes en todo el país.
El gobierno central tuvo problemas para encontrar alojamiento para los solicitantes de asilo en toda Italia, con muchas comunidades negándose a albergar centros de acogida. Muchos centros de recepción carecen de cuidados y apoyo para supervivientes de violencia sexual, así como de otras formas de violencia traumática. El hecho de que Italia no ofreciera apoyo a largo plazo a personas a quienes se otorgó protección internacional quedó en evidencia en agosto, cuando la policía desalojó violentamente a cientos de refugiados eritreos sin hogar de un edificio ocupado en Roma.
Los niños representaron el 15 por ciento de los recién llegados, y muchos viajaron solos. En marzo, el parlamento adoptó una ley para mejorar la protección de los niños no acompañados, que incluye priorizar su ubicación con familias de acogida en lugar de instituciones y garantizar que a cada niño se le nombre un tutor legal.
Una propuesta del gobierno para facilitar que los nacidos en Italia obtengan la ciudadanía se enfrentó a una significativa oposición y permanece bloqueada en el parlamento en el momento de redacción de este informe.
En julio, el Parlamento adoptó una ley que finalmente considera la tortura como delito, pero con una definición y un estatuto de limitaciones que no cumplen con los estándares internacionales.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa publicó un informe en septiembre en el que hacía un llamamiento a las autoridades para que trataran el hacinamiento y las condiciones de las prisiones, y que mejoraran las investigaciones sobre presuntos malos tratos por parte de los agentes del orden.
En julio, el comité de derechos de las mujeres de la ONU recomendó medidas más enérgicas contra la violencia de género, incluida una mejor identificación y protección en los centros de acogida de solicitantes de asilo y mecanismos adecuados contra la trata.
En 2017, Letonia hizo pocos progresos en la reducción de su población apátrida, que a finales de 2016 era de 242.736 personas, según el ACNUR. Los apátridas, la mayoría de los cuales de etnia rusa, no tienen plenos derechos políticos y continúan sufriendo discriminación social y económica. Tampoco pueden acceder a ciertas carreras en el servicio civil, entre otras profesiones, y sufren restricciones en sus derechos a la propiedad.
En septiembre, el Parlamento rechazó las enmiendas a la ley de ciudadanía de Letonia presentadas por el presidente del país ese mismo mes, lo que permitiría que todos los niños nacidos en el país reciban automáticamente la ciudadanía letona, a menos que sus padres se opongan o ya tengan otra nacionalidad. Según la legislación actual, los no ciudadanos pueden registrar a sus hijos como ciudadanos letones, pero este proceso no es automático.
El Centro Estatal de Idiomas de Letonia sigue sancionando a las personas por no usar el letón en las comunicaciones profesionales. Durante 2016, el centro emitió 160 advertencias y multas, una fuerte disminución con respecto al año anterior. Por segundo año consecutivo, el alcalde de Riga estuvo entre los que fueron multados.
En diciembre de 2016, el Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, publicó recomendaciones tras su visita a Letonia en septiembre de 2016, y pidió a las autoridades letonas que garanticen una mayor protección para las mujeres, los niños y las personas LGBT. Letonia aún no ha ratificado el Convenio de Estambul, que firmó en 2016.
A fines de septiembre, Letonia había aceptado un total de 321 solicitantes de asilo de Italia y Grecia en virtud del plan de reubicación de la UE.
La retórica antiinmigrante y antimusulmana impregnó las plataformas electorales de los principales partidos en el período previo a las elecciones generales de marzo. El primer ministro en el poder publicó una carta abierta a los votantes pidiendo a los inmigrantes que no aceptaban los valores holandeses “actuar de forma normal o marcharse”.
El apoyo condicional y limitado en el tiempo ofrecido por el gobierno holandés a los solicitantes de asilo rechazados siguió siendo motivo de preocupación. En julio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC) criticó una ley que hace que la asistencia sanitaria, educativa y social dependan de la “voluntad demostrada de regresar a su país de origen” de los solicitantes de asilo rechazados.
En 2017, la Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo (COA, por sus siglas en holandés) redujo su capacidad de 48.700 a 31.000 lugares y cerró 45 ubicaciones, alegando que reflejaba una disminución en los números de solicitantes de asilo.
En marzo, entraron en vigor nuevos poderes antiterroristas que permitieron a las autoridades imponer restricciones a las personas sospechosas de estar involucradas en terrorismo, incluyendo obligaciones de información, limitación geográfica de movimiento, prohibiciones de contacto, prohibiciones de abandonar el país y que ampliaba el poder para despojar a ciudadanos holandeses a partir de 16 años de su ciudadanía mientras están en el extranjero si se sospecha que se han unido a un grupo terrorista. En agosto, el ministro de justicia en funciones confirmó el primer uso del poder para despojar de la nacionalidad holandesa a una persona condenada por un delito de terrorismo.
En julio, el Parlamento dio el paso final para adoptar una nueva y amplia legislación de vigilancia, a pesar de las críticas generalizadas de que violaba el derecho a la privacidad. Los grupos de derechos nacionales criticaron como inadecuado el organismo establecido por la ley para supervisar el ejercicio de los amplios poderes otorgados a los servicios de inteligencia para interceptar comunicaciones.
El gobierno siguió socavando el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos durante el año.
Utilizando su mayoría parlamentaria, el gobierno introdujo en julio una serie de leyes que amenazan la independencia judicial y el Estado de derecho. Una ley le daría al ministro de justicia el control de los nombramientos judiciales. Una segunda ley, aprobada el mismo mes, eliminaría a todos los jueces de la Corte Suprema en el cargo, excepto aquellos elegidos por el gobierno, y junto con su poder para nombrar jueces, le otorgaría el control de la corte.
Después de importantes críticas internacionales, el presidente polaco vetó ambas leyes y presentó sus propias propuestas al Parlamento, que tampoco garantizan adecuadamente la independencia del poder judicial. El presidente firmó una tercera ley que otorga al ministro de justicia el poder para nombrar a los presidentes de los tribunales inferiores, reducir la edad de jubilación de los jueces y destituir al presidente de cualquier tribunal.
Los esfuerzos por socavar la independencia del poder judicial se encontraron con una importante oposición internacional, incluida la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), el Consejo de Europa y el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
La Comisión Europea inició en julio un procedimiento de infracción contra Polonia por la ley de tribunales comunes. La Comisión también formuló nuevas recomendaciones bajo el marco del Estado de derecho y expresó su disposición a activar el artículo 7 del Tratado de la UE si las autoridades polacas no abordaban las preocupaciones. Los Estados miembros de la UE debatieron dos veces sobre el Estado de derecho en Polonia en el Consejo de Asuntos Generales durante el año, y muchos expresaron su apoyo a los esfuerzos de la Comisión, pero sin que el Consejo llegara a una conclusión firme. En noviembre, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre Polonia para dar los pasos necesarios para que el Parlamento presente una solicitud formal al Consejo para activar el artículo 7 en relación con Polonia.
En septiembre, el Parlamento polaco aprobó una ley con efectos adversos para las organizaciones de la sociedad civil. Establece un organismo controlado por el gobierno encargado de supervisar la distribución de fondos públicos a las ONG. Antes de su adopción, la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE expresó su preocupación por la ley e instó a los legisladores a proporcionar salvaguardias que limiten la interferencia del gobierno en el trabajo del organismo. Las ONG financiadas por el Estado que trabajan en temas de asilo y migración, derechos de las mujeres y derechos LGBT informaron sobre dificultades y demoras a lo largo del año para acceder a los fondos estatales que se les otorgaron.
A los solicitantes de asilo, la mayoría de la república rusa de Chechenia y Asia Central, y que llegaron al cruce fronterizo polaco-bielorruso, se les negó sistemáticamente el derecho de acceder al procedimiento de asilo polaco, y fueron devueltos sumariamente a Belarús. Las autoridades polacas ignoraron en cinco ocasiones durante 2017 las órdenes provisionales vinculantes del TEDH para detener la deportación de los solicitantes de asilo a Belarús.
En junio, el Parlamento polaco adoptó una ley que restringe el acceso a la anticoncepción de emergencia, incluso en casos de violación.
Las autoridades catalanas llevaron a cabo un referéndum sobre la independencia el 1 de octubre, a pesar de que el Tribunal Constitucional español había ordenado que se suspendiera y más tarde lo declaró inconstitucional. La votación se vio empañada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Guardia Civil y agentes de la policía nacional.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a las autoridades españolas a garantizar investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre todos los actos de violencia.
Las autoridades centrales utilizaron los poderes constitucionales para disolver el gobierno regional catalán e imponer el control directo del gobierno el 27 de octubre, así como la convocatoria de elecciones en diciembre. En noviembre, los fiscales iniciaron procesos penales contra 14 representantes del disuelto gobierno catalán por sedición y otros delitos.
Los ataques en Barcelona y Cambrils en agosto a manos de una célula extremista armada dejaron 16 muertos y más de 100 heridos. ISIS asumió la responsabilidad. El ataque de Barcelona fue el más mortífero en España desde 2003.
Los funcionarios públicos advirtieron contra la islamofobia a raíz de los ataques. Los incidentes antimusulmanes que se conocen incluyeron un asalto a un niño marroquí de 14 años. Un hombre pakistaní entabló en mayo un caso contra España en el TEDH por el uso policial de perfiles étnicos, un problema persistente en el país.
El aumento del número de inmigrantes que llegan a España por mar choca con las condiciones deficientes en las instalaciones policiales y los obstáculos para solicitar asilo. Más de 16.000 personas llegaron por mar en los primeros diez meses de 2017, un aumento significativo con respecto al año anterior. Más de 5.000 cruzaron las fronteras terrestres hacia Ceuta y Melilla, muchos de ellos escalando vallas alrededor de estos enclaves españoles.
En octubre, el TEDH descubrió que la devolución sumaria en 2014 de Melilla a Marruecos de dos hombres del África subsahariana constituyó una expulsión colectiva. La decisión significa que España debería reformar una ley de 2015 que formaliza esta práctica, y que continuó periódicamente durante 2017. Los solicitantes de asilo en los enclaves españoles enfrentaron retrasos en las transferencias a la España peninsular, incluidos los solicitantes de asilo LGBT, a pesar de su vulnerabilidad al abuso.
En enero, un tribunal de apelaciones reabrió la investigación de las muertes de 15 inmigrantes en las aguas de Ceuta en febrero de 2014, después de que agentes de la Guardia Civil dispararan pelotas de goma y gases lacrimógenos al agua.
Hasta septiembre, España había reubicado a 1.257 solicitantes de asilo de los 9.323 que se había comprometido a acoger desde Grecia e Italia. Si bien se comprometió a reasentar a 1.449 refugiados de fuera de la UE, en el momento de redacción de este informe había reasentado sólo a 631.
El TJUE emitió dos fallos contra España, en diciembre de 2016 y enero, por prácticas hipotecarias desleales, allanando el camino para demandas de los consumidores contra los bancos.
Más de seis meses después de que el gobierno pusiera formalmente en marcha el comienzo del Brexit, persistieron importantes preocupaciones sobre el estado de los derechos y la protección de todos los residentes del Reino Unido derivados de la legislación de la UE después de que el Reino Unido abandone la UE. Un proyecto de ley para trasladar la legislación de la UE a la legislación nacional después del Brexit planteó serias dudas sobre la concesión de amplios poderes al ejecutivo para enmendar leyes que socavan los derechos sin un control parlamentario, y la exclusión de derechos actualmente protegidos por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
En junio, un incendio destruyó un bloque de apartamentos en Londres, de los cuales una importante cantidad eran viviendas sociales, lo que generó preguntas preocupantes sobre el cumplimiento del deber del Estado de garantizar viviendas seguras y adecuadas. Setenta y una personas murieron y cientos quedaron sin hogar. El gobierno estableció una investigación pública sobre las circunstancias inmediatas que rodearon el incendio.
A pesar de las denuncias de graves abusos en los centros de detención de inmigrantes, el Reino Unido insistió en no imponer un límite máximo de tiempo a la detención de inmigrantes, y continuó deteniendo a los niños migrantes que buscaban asilo.
Hasta junio, el Reino Unido había reasentado a 8.535 sirios como parte de un compromiso de reasentar 20.000 para 2020. Por otra parte, el gobierno revirtió en abril una decisión muy criticada en febrero para restringir un programa para acoger a niños no acompañados solicitantes de asilo en Europa sin vínculos familiares en el Reino Unido.
No se propusieron nuevas leyes antiterroristas en respuesta a los ataques en Londres, Manchester e Irlanda del Norte que resultaron en 36 muertos y más de 250 heridos. Tres ataques inspirados o reclamados por ISIS causaron la mayoría de estas muertes. El gobierno vinculó a los ataques relacionados con ISIS a sus esfuerzos para presionar a las compañías de internet para que eliminen el contenido considerado extremista.
Un caso en el TEDH sobre las implicaciones de privacidad de la interceptación masiva de datos de comunicaciones del Reino Unido seguía pendiente en el momento de redacción de este informe.
El Equipo de Alegaciones Históricas de Irak, un organismo creado para investigar presuntos abusos contra civiles en Irak por parte de las fuerzas armadas del Reino Unido entre 2003 y julio de 2009, fue cerrado por el gobierno en junio de 2017. Un examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por el personal del Reino Unido en Irak permaneció abierto.
Aunque el acceso al aborto permaneció restringido en Irlanda del Norte, en junio, el ministro de salud del Reino Unido anunció que las mujeres y niñas de la región que cada año viajan a Inglaterra para acceder a servicios de aborto ya no tendrían que pagar para hacerlo.
Si bien la Unión Europea y sus Estados miembros continuaron prometiendo su compromiso con los derechos humanos, las iniciativas de política exterior a menudo se vieron socavadas por otros intereses nacionales, incluida la seguridad, el comercio y el acceso a los recursos naturales; el deseo de evitar que refugiados, solicitantes de asilo y otros migrantes lleguen a Europa; y un fracaso del Servicio de Acción Exterior de la UE para ofrecer un liderazgo de principios en nombre de los derechos humanos.
En abril, los ministros de Asuntos Exteriores de la UE adoptaron una estrategia sobre Siria que incluía la justicia por crímenes de guerra, la liberación de miles de prisioneros, clarificación sobre las desapariciones forzadas, levantamiento de asedios y el final de los ataques ilegales y el uso de armas fuera de la ley, a pesar de la falta de la acción efectiva de la UE para cumplir estas prioridades. También en abril, la UE coorganizó una conferencia internacional de donantes para asegurar el apoyo continuo a los refugiados sirios y los países de acogida en la región. La UE y sus Estados miembros se convirtieron en los principales donantes del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para investigar crímenes atroces cometidos en Siria.
Los Estados miembros de la UE apoyaron el establecimiento por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de un mecanismo para crímenes cometidos por ISIS en Irak, sin insistir en que Irak se convierta en miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), que tendría jurisdicción sobre los crímenes cometidos por todas las partes.
La UE y sus Estados miembros continuaron denunciando la expansión de los asentamientos israelíes, el desplazamiento de palestinos y la demolición de sus hogares y otras estructuras en la Cisjordania ocupada como violaciones del derecho internacional y obstáculos a una paz duradera.
En los Estados árabes del Golfo, la UE no insistió públicamente en la liberación de numerosos defensores de los derechos humanos encarcelados, incluidos ciudadanos de la UE y un ganador del premio Sájarov.
La UE a menudo guardó silencio acerca de las graves violaciones de derechos humanos en países a lo largo de la ruta migratoria del Mediterráneo, como Egipto, Libia y Sudán, al tiempo que involucró a estos países en esfuerzos para frenar los flujos migratorios.
La UE y sus Estados miembros fortalecieron los lazos diplomáticos y comerciales con Irán, y siguieron mostrándose firmes partidarios del acuerdo nuclear de Irán. La UE también inició conversaciones con Irán para establecer un diálogo de derechos humanos entre ambos. Pero, en general, la UE y sus Estados miembros no utilizaron su influencia política y económica para presionar por la liberación de los periodistas y los defensores de los derechos humanos encarcelados y por reformas efectivas de derechos humanos en el país.
La UE expresó reiteradamente su preocupación por la detención de defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política en Turquía. Si bien el Parlamento Europeo respondió a los acontecimientos negativos en Turquía votando para recortar los fondos de pre-adhesión, hubo desacuerdo entre los Estados miembros sobre el camino a seguir.
A pesar de las disputas entre los Estados miembros, la UE emitió numerosas declaraciones públicas en las que deploraba la represión de los derechos humanos en Rusia y mostraba su apoyo a la acosada comunidad de derechos humanos.
La UE no logró aprovechar las conversaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación con Azerbaiyán para garantizar mejoras concretas de derechos.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la UE lideró el establecimiento, y más tarde la extensión del mandato, de una Misión de Investigación (FFM) para investigar e informar sobre abusos en el estado de Rakhine en Birmania. Los ministros de Exteriores de la UE condenaron los atroces crímenes en el estado de Rakhine, instaron al gobierno birmano a cooperar con la FFM, insistieron en el derecho de los refugiados rohingya a regresar a sus hogares y exigieron que los responsables de las graves violaciones de derechos humanos rindan cuentas. Sin embargo, en el momento de redacción de este informe, la UE no había adoptado sanciones específicas contra los oficiales militares birmanos responsables de crímenes de lesa humanidad. La UE y sus Estados miembros fueron los principales donantes humanitarios en apoyo a los refugiados rohingya en Bangladesh.
En junio, la Alta Representante de la UE hizo un llamamiento a China para que permitiera que el ganador del Premio Nobel, Liu Xiaobo, enfermo terminal, viajara al extranjero con su esposa para recibir tratamiento médico. Varios Estados miembros de la UE se hicieron eco de ese llamamiento, y Alemania utilizó la Cumbre del G20 en Hamburgo para presionar al presidente chino para que dejara salir a Liu Xiaobo, pero China se negó. Mientras tanto, la UE no desafió seriamente la amplia represión contra la disidencia y la libertad de expresión en China.
La UE y el Parlamento Europeo condenaron la represión de Camboya contra la oposición política y la libertad de prensa y la decisión de disolver el Partido de Rescate Nacional de Camboya, y declararon que el respeto de los derechos humanos es un "requisito previo para que Camboya continúe beneficiándose del programa preferencial de la UE “Todo Menos Armas’”.
La Comisaria europea de comercio expresó su preocupación por la campaña antidrogas de Filipinas acompañada de asesinatos extrajudiciales de presuntos usuarios y traficantes de drogas. El Parlamento Europeo adoptó una resolución que denunciaba los abusos y pedía la liberación de la senadora Leila de Lima, que recibió la visita de una delegación de diputados del Parlamento Europeo.
La UE y sus Estados miembros denunciaron la represión de derechos humanos en Venezuela e impusieron un embargo a las armas y materiales que pueden utilizarse para la represión interna. Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE también adoptaron un marco legal para imponer sanciones punitivas específicas contra personas responsables de abusos, pero en el momento de redactar este informe no habían incluido a ninguna persona en su lista de sanciones. El Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática y a los presos políticos en Venezuela.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 7
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