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Timestamp: 2019-05-23 19:16:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 5742 DE ABRIL 30 DE 1993
SENTENCIA 5742 DE 30 DE ABRIL DE 1993
CONTENIDO:PENSIÓN DE VEJEZ. MODIFICACIÓN DE REQUISITOS
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:258 DE JUNIO DE 1993, PÁG.541
Sentencia 5742 de abril 30 de 1993
MODIFICACIÓN DE REQUISITOS
Dr. Hugo Suescún Pujols
Radicación Nº 5742
Santafé de Bogotá, D. C., treinta de abril de mil novecientos noventa y tres.
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por Rafael Montoya Velásquez contra la sentencia dictada el 16 de octubre de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio que le sigue al Instituto de Seguros Sociales.
Rafael Montoya Velásquez instauró el juicio contra el Instituto de Seguros Sociales con el fin de que fuera condenado a pagarle la pensión de vejez, en cuantía equivalente al salario mínimo legal, a partir del 3 de noviembre de 1987, y las costas del juicio.
Afirmó en su demanda que fue afiliado al Instituto y que en razón de haber completado los requisitos de edad —pues nació el 18 de enero de 1927— y densidad de cotizaciones, el 3 de noviembre de 1987 solicitó la pensión a que tenía derecho, petición que le fue negada, mediante la Resolución 01798 del 18 de abril de 1988, con el argumento de que sólo había cotizado 484 semanas. Que posteriormente volvió a solicitar la prestación y que también le fue negada mediante la Resolución 0255 del 6 de mayo de 1991, esta vez con el argumento de que no obstante tener cotizadas 563 semanas “solamente le eran válidas 460” (folio 2).
Al contestar la demanda el Instituto aceptó el carácter de afiliado del actor pero se opuso a las pretensiones porque sostuvo que no había reunido los requisitos necesarios para el reconocimiento de la pensión de vejez reclamada.
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, que conoció del proceso, por sentencia del 24 de julio de 1992 desestimó las pretensiones del promotor del litigio y absolvió a la entidad. No hubo condena en costas.
En virtud de la apelación del actor se surtió la alzada que concluyó con la sentencia recurrida en casación, mediante la cual el Tribunal confirmó la decisión del a quo.
Consideró el juez de apelación que al presentar el demandante la primera solicitud de reconocimiento de pensión, el 3 de noviembre de 1987, las normas entonces vigentes, que eran los artículos 11 del Acuerdo 224 de 1966 y 1º del Acuerdo 29 de 1983, exigían para tal efecto que el asegurado tuviera 60 años de edad si era varón o 55 si era mujer y, además, haber cotizado un mínimo de 500 semanas “pagadas durante los últimos veinte años anteriores a la fecha de la solicitud, o haber acreditado un mínimo de 1.000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo” (folio 87), y en esa oportunidd Montoya Velásquez únicamente tenía reunidas 484 semanas aun cuando ya había cumplido la edad requerida.
Y que al hacer el actor la segunda solicitud, el 2 de noviembre de 1990, la disposición vigente era el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, que otorga el derecho a pensión de vejez a quien con 60 ó 55 años de edad, según sea varón o mujer, reúne un mínimo de 500 semanas de cotización “pagadas durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de mil (1.000) semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo” (folio 88). En ese momento, según la sentencia, el demandante tenía la edad requerida pero no había logrado cotizar las 500 semanas antes del 18 de enero de 1987, cuando cumplió los 60 años de edad.
Pretende el impugnador que se case totalmente la sentencia recurrida y que en sede de instancia se revoque en su integridad la del juzgado y, en su lugar, se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle “una pensión de vejez en importe igual al salario mínimo mensual vigente a partir del momento en que cumplió 500 semanas de cotización para el riesgo del IVM, eso es a partir del mes de marzo de 1989” (folio 70), con costas para la demandada. Con este fin presenta dos cargos en la demanda por medio de la cual sustenta el recurso extraordinario (folios 66 a 82), la que fue replicada (folios 92 a 94).
Acusa a la sentencia de infringir directamente el artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966 en la forma en que lo modificó el artículo 1º del Acuerdo 29 de 1983, “en relación con el art. 58 de la Constitución Nacional y el art. 16 del C. S. T.”. (folio 70).
Sostiene el recurrente que sin desconocer el Tribunal que para la época de la segunda solicitud tenía más de 60 años de edad y había cotizado más de 500 semanas para el riesgo de vejez, se absolvió al Instituto por considerar que le era aplicable el Acuerdo 49 de 1990, y afirma textualmente:
“Si bien es cierto que el razonamiento del ad quem se compadece con el principio de aplicación inmediata de la ley laboral, también lo es, que dicho principio encuentra excepciones cuando se está en frente de derechos causados durante la vigencia de una normatividad anterior, de conformidad con lo dispuesto por el art. 58 de la Constitución Nacional en concordancia con el art. 16 del C. S. T. En dicho caso la norma anterior, aún después de haber sido derogada, sigue produciendo efectos respecto de las situaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia. Es decir, sigue obrando hacia el futuro en forma ultraactiva.
En el presente caso el ad quem desconoció lo dispuesto por las normas referidas, al analizar la situación jurídica del demandante a la luz del art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, dejando de aplicar en consecuencia el art. 11 del Acuerdo 224 de 1966 con la modificación que en su literal b) le introdujera el art. 1º del Acuerdo 029 de 1983 aprobado por el Decreto 1900 del mismo año” (folios 71 y 72).
Explica luego que para el 18 de abril de 1990, fecha en que entró a regir el Acuerdo 49 de ese año, tenía ya cumplidos los requisitos de los 60 años de edad y las 500 semanas de cotización por lo que mal podía aplicársele la nueva normatividad, sin que el hecho de no haber presentado otra solicitud durante la vigencia de los artículos 11 del Acuerdo 224 de 1966 y 1º del Acuerdo 29 de 1983 determine la aplicación del nuevo reglamento, “pues ello conduciría al desconocimiento de un derecho (la pensión de vejez), el cual ya tenía el carácter de (derecho) cierto” (folio 73).
En apoyo de su tesis invoca y transcribe en lo pertinente la sentencia de esta Sección del 19 de noviembre de 1992.
La opositora defiende la legalidad de la sentencia impugnada con el argumento de que cuando Montoya Velásquez pidió por primera vez, la pensión de vejez, el 3 de noviembre de 1987, no contaba con el requisito de las 500 semanas anteriores a la solicitud, razón por la que le fue negada, y cuando elevó la segunda solicitud la norma vigente era el Acuerdo 49 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en la que se exige acreditar las 500 semanas cotizadas con anterioridad al cumplimiento de la edad mínima.
Teniendo en cuenta que el Tribunal no desconoce que al hacer la segunda solicitud de pensión Rafael Montoya Velásquez había cumplido los 60 años de edad y tenía 500 semanas de cotización, pues fundamenta la absolución en que, según el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, para la pensión de vejez reclamada solamente se cuentan las 460 semanas cotizadas antes del cumplimiento de la edad mínima requerida de acuerdo con el reglamento vigente cuando se hizo esa solicitud, la Corte considera viable el cargo formulado por vía directa.
La cuestión que el recurrente plantea es la conocida como ultraactividad de la ley a fin de mantener el respeto por los derechos adquiridos, es decir la posibilidad de subsistencia en el tiempo de los efectos de un precepto derogado en aquellos casos en que los derechos causados bajo su imperio sean reclamados posteriormente, estando ya en vigencia una nueva normatividad.
En el caso sub examine no hay duda de que en la primera ocasión en que, como asegurado del Instituto de Seguros Sociales, el recurrente reclamó el reconocimiento de su pensión de vejez, aún no cumplía el mínimo de 500 semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de la solicitud. Pero como tampoco se discute que logró completar tal densidad de cotizaciones bajo el régimen y vigencia de los artículos 11 del Acuerdo 224 de 1966 y 1º del Acuerdo 29 de 1983, resulta que el derecho adquirido de conformidad con esas normas no le podía ser desconocido por las posteriores reglamentaciones que, en orden a regular el riesgo de vejez, dictara la entidad de seguridad social.
El efecto ultraactivo que tienen las normas derogadas no es más que la necesaria consecuencia del principio según el cual las leyes laborales carecen de efecto retroactivo (arts. 58 C. N. y 16 C. S. T.) y solamente se aplican a situaciones futuras o en curso. Y resultaría indudablemente retroactiva la disposición de seguridad social que pretendiera volver sobre el pasado para desconocer o modificar circunstancias consumadas o derechos adquiridos. No se pierde entonces el derecho ya consolidado porque su titular no lo hubiera pedido en el lapso en que rigió la disposición que sirvió de fundamento para su causación y sólo venga a reclamarlo cuando esa norma haya sido derogada o sustituida, puesto que la desaparición de la ley por virtud de su derogatoria no permite en forma alguna el desconocimiento de los derechos válidamente adquiridos bajo su imperio. La causación de un derecho no depende entonces de que su titular lo solicite durante la vigencia de la norma que lo consagró.
En similar sentido se pronunció la Corte en el proceso cuyo fallo invoca el recurrente, oportunidad en la cual se dijo:
“Por otro lado, la Sala observa que al actor le era aplicable el Acuerdo número 224 de 1966 con la reforma introducida por el Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 del mismo año, que establecía el requisito de 60 años, si es varón o 55 o más años de edad, si es mujer, con un número de quinientas semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte años anteriores a la fecha de la solicitud, o haber acreditado un mínimo de mil semanas de cotización sufragadas en cualquier tiempo, puesto que para la fecha en que empezó la vigencia del Acuerdo número 049 de febrero 1º de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, publicado en el Diario Oficial de abril 18 de 1990 que dispuso las cotizaciones en el mismo número, 500 satisfechas durante los últimos veinte años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o 1.000 en cualquier tiempo, ya había cumplido la edad de 60 años y había cotizado más de 500 semanas, según la certificación de folio 9 por lo cual no era aplicable el nuevo Acuerdo, al haberse consolidado con anterioridad a su expedición el derecho a la pensión de vejez, restándole sólo la presentación de la solicitud, requisito que se cumplió el 7 de junio de 1990 (folios 6 y 7), razón por la cual tampoco hubo aplicación indebida de las normas singularizadas en la acusación” (sentencia de 19 de noviembre de 1992, Rad. 5264).
Las consideraciones anteriores significan que el cargo es fundado y por tanto prospera. En consecuencia, se casará la sentencia.
Como consideraciones de instancia sólo cabe agregar que la condena a la pensión de vejez no se dispondrá desde la fecha en que lo indica el recurrente al fijar el alcance de su impugnación, sino que para tal efecto se tendrá en cuenta el día en que elevó su segunda solicitud al Instituto de Seguros Sociales, vale decir, el 2 de noviembre de 1990. Desde esta fecha la entidad deberá reconocer y pagar a Rafael Montoya Velásquez la pensión de vejez en cuantía igual al salario mínimo legal vigente al momento de cada pago, en atención a que al entrar en vigencia el Acuerdo Nº 49 de 1990, aprobado por el artículo 1º del Decreto 758 de ese año (Diario Oficial Nº 39.303 de 18 de abril de 1990), ya tenía cumplida la edad y cotizadas para ese riesgo las 500 semanas en la forma exigida por el régimen anterior, de acuerdo con la nota anexa a la Resolución 02055 del 6 de mayo de 1991 (folio 9).
No se estudia el segundo cargo por cuanto tiene la misma finalidad del primero, que prosperó.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia recurrida, dictada el 16 de octubre de 1992 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Actuando en sede de instancia REVOCA la proferida el 24 de julio de ese año por el Juzgado Once Laboral del Circuito de esa misma ciudad y, en su lugar, CONDENA al Instituto de Seguros Sociales a pagar a Rafael Montoya Velásquez la pensión mensual de vejez a partir del 2 de noviembre de 1990 en cuantía igual al salario mínimo legal vigente en el momento de efectuarse cada pago.
Sin costas en el recurso ni en la segunda instancia. Las de primera instancia serán de cargo de la parte demandada.
Hugo Suescún Pujols—Rafael Baquero Herrera—Ernesto Jiménez Díaz.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 1
 Resolución