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Timestamp: 2019-09-17 11:07:39+00:00

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﻿ SENTENCIA SP14993-2017/47905 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017
SENTENCIA SP14993-2017 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:SE PRECISA LA FIGURA DE FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR OMITIR VALORAR PRUEBA. SE ACLARA QUE EL FALSO JUICIO DE EXISTENCIA ES UNA ESPECIE DE ERROR DE HECHO DE NATURALEZA OBJETIVA EN CUANTO SE PRESENTA U OCURRE CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL DEJA DE CONSIDERAR ALGUNO O ALGUNOS DE LOS MEDIOS DE PRUEBA LEGAL QUE FUERON REGULARMENTE APORTADOS A LA ACTUACIÓN. ESTA TACHA SE CONOCE COMO FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR OMISIÓN. ASÍ MISMO, SE INDICA QUE SE PRESENTA CUANDO EL FALLADOR AFIRMA SUPUESTOS DE HECHO SUSTANCIALES CON REFERENCIA A ELEMENTOS DE PERSUASIÓN QUE NO FUERON ALLEGADOS AL PROCESO. ESTOS SUCESOS SE DENOMINAN FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR SUPOSICIÓN. CON BASE EN ELLO, SE EXPLICA QUE EN CUALQUIERA DE SUS DOS MODALIDADES LA CONSECUENCIA ES LA CONSTRUCCIÓN DE UNA REALIDAD FÁCTICA DIFERENTE O DISTINTA DE LA QUE CON SUJECIÓN A SU EXACTO TENOR COMPROBARÍAN LAS PRUEBAS CIERTAMENTE INCORPORADAS. ADEMÁS, ELLO PROPICIARÍA INDEBIDA APLICACIÓN DE NORMAS Y, CONSECUENCIALMENTE, LA EXCLUSIÓN DE LAS QUE SÍ ESTABAN CONVOCADAS A REGIRLO, DETERMINANDO UN RESULTADO JURÍDICO DIFERENTE Y FAVORABLE AL SUJETO PROCESAL QUE DEMANDA EL VICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONARIO JUDICIAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN INDEBIDA DE LA PRUEBA, FALSO JUICIO DE EXISTENCIA, FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR OMISIÓN, FALSO JUICIO DE EXISTENCIA POR SUPOSICIÓN
Sentencia SP14993-2017/47905 de septiembre 20 de 2017
SP14993-2017
Rad.: 47905
Aprobado Acta 311
EXTRACTOS: «II. La demanda
5. El recurrente propuso un cargo con fundamento en el artículo 201, numeral 1, de la Ley 600 de 2000, en el que alega la violación indirecta de la ley debido a errores de hecho consistentes en falsos juicios de existencia por omitir la valoración de prueba testifical y documental que modifica de manera sustancial la situación de los enjuiciados, pues para el actor con los respectivos elementos de conocimiento era inexcusable la aplicación de la garantía de in dubio pro reo prevista en el artículo 7º del Código de Procedimiento Penal, y por contera la confirmación del fallo de primer grado.
Asevera, en concreto, que no fueron apreciados los testimonios de:
I.R.D., alias “E.B.”, quien, según el demandante, en declaración rendida en diciembre de 2011 refutó los señalamientos hechos por J.O.G., alias “T.”, acerca de la intervención de las autodefensas en el debate electoral para la alcaldía de Rionegro (Santander), así como en la designación del candidato finalmente elegido.
La versión rendida el 9 de mayo de 2012 por V.E.C.V., alias “Comandante D.”, persona que, contrariando lo afirmado por alias “T.”, señaló que para el año 2003 él no presentó, intervino ni respaldó la candidatura de J.A.M.P. para la alcaldía de Rionegro.
La declaración de H.C.B., rendida el 9 de mayo de 2012, quien como dirigente del Partido Liberal en Bucaramanga, sostuvo que M.P. para junio de 2003 fue nombrado en la Secretaría de Tránsito de esa ciudad y por expreso mandato legal (Ley 136 de 1994), dado que éste no llevaba residiendo en Rionegro al menos tres años, no podía aspirar a la alcaldía de esa localidad, además de que pese al cargo ocupado por el testigo en el partido nunca supo que el citado tuviese interés en esa contienda electoral.
Los testimonios de E.L.M. y R.A.A., concejales de Rionegro para el periodo 2004-2007 y miembros del movimiento político adversario al que ganó las elecciones con presunto apoyo de las autodefensas, quienes coincidieron en afirmar que no tuvieron conocimiento de que M.P. haya brindado apoyo a candidato alguno que aspirara a la alcaldía de ese municipio, y que la postulación de éste para el cargo de personero en ese entonces la hizo el movimiento político de tales concejales, por iniciativa del segundo de ellos, versión corroborada con la declaración de L.M.C.J., también omitida por el juzgador de segundo grado.
Las declaraciones del 1º de marzo de 2011 rendidas por F.A.S.V., nominador del cargo que desempeño D.V.R. en el Hospital San Antonio de Rionegro, y Y.P.T., persona a la que justamente reemplazó V.R. en el mencionado centro asistencial, quienes, según el análisis del censor de los apartes por él trascritos de sus testimonios, coinciden en no hacer señalamiento respecto a que la designación de la citada acusada en el respectivo cargo hubiese ocurrido o fuera determinada por persona o grupo armado ilegal alguno.
El testimonio de Y.P.A.F., quien trabajó en “C.” para la época de los hechos aquí debatidos, y sobre los mismos indicó que nunca supo ni escuchó de intervención de las autodefensas para apoyar a un candidato en particular, y agregó que como V.R. trabajó en la campaña política de A.Q. le quedaba fácil conseguir el empleo en el Hospital de Rionegro, además que sobre C.A.A. señaló que nunca lo vio actuar con grupos de autodefensas, y supo que su designación como inspector de policía en San Rafael de Lebrija ocurrió siete meses después de electo A.Q., aspecto este sobre el que también declararon V.L.R. y A.V..
La declaración de F.A.A.P., elegido concejal de Rionegro en el periodo 2004-2007 por el mismo movimiento político del alcalde electo A.Q., quien negó cualquier conocimiento acerca de presión por parte de grupos armados ilegales en la contienda electoral de aquélla época, y acerca de los acusados expuso la buena impresión que de cada uno de ellos él tenía, así como que su nominación en los cargos en los que fueron nombrados se debió, en términos generales, a los méritos personales de cada uno y no al influjo de las autodefensas.
Asegura que tampoco tuvo en cuenta el ad quem el testimonio rendido el 7 de mayo de 2012 por el desmovilizado O.L.M., alias “P.”, de quien transcribe apartes en los que éste asegura que por las funciones que desempeñó como miembro de las autodefensas, nunca estuvo interesado en asuntos políticos ni le importaba quien ocupara cargos de esa especie en el municipio de Rionegro, ya que las fuentes de financiamiento las obtenían de otras actividades, además que por su experiencia y conocimiento del personal militante en la organización podía asegurar que los procesados no hicieron parte de la misma, y que no le consta que éstos hubiesen llegado a acuerdos con el grupo armado ilegal.
También cuestiona el demandante al fallador de segundo grado con base en el mismo error alegado, por no haber valorado la ampliación de declaración de 16 de septiembre de 2010 rendida por J.O.G., alias “T.”, en la que corrigió las imprecisiones y equívocos señalamientos hechos contra los acusados en anteriores versiones.
Finalmente puntualiza que el tribunal no valoró prueba documental oportunamente allegada, a saber, de una parte, las denuncias y quejas interpuestas por M.P. en su calidad de personero, por las irregularidades que advirtió en materia de contratación; y de otra, los fallos absolutorios dictados “en tres instancias” en favor de A.Q. por su presunta componenda con los grupos de autodefensas para respaldar su aspiración a la alcaldía de Rionegro, decisiones que acreditan, según el demandante, que los señalamientos de quienes así lo afirmaron obedecieron a propósitos insanos o a revanchismo político.
Arguye, para terminar, que de haber sido valorados los reseñados elementos de conocimiento de manera conjunta y en contraste con las pruebas de cargo que sustentan el fallo condenatorio dictado en segunda instancia, la conclusión habría sido confirmar la absolución emitida en primera instancia en favor de todos los procesados, sentido en el que solicita casar la sentencia atacada.
7. En armonía con los fines del recurso extraordinario de casación (artículo 206 de la Ley 600 de 2000), cuales son, en términos generales, asegurar la inmunidad de las garantías sustanciales reconocidas en la ley a quienes intervienen en el proceso penal (eficacia del derecho material), así como unificar la jurisprudencia, y por esas dos vías reparar los eventuales agravios causados a las partes e intervinientes con la sentencia cuestionada, una vez la Corte ha declarado la respectiva demanda ajustada a derecho desde el punto de vista formal, su deber es resolver los problemas jurídicos que evidencie con sujeción a los cargos formulados, o los que advierta a raíz del inherente examen de la actuación.
En el presente evento la crítica formulada al fallo condenatorio emitido en segunda instancia aboga por el reconocimiento del apotegma de in dubio pro reo, con base en que el ad quem dejó de valorar determinados elementos de persuasión, lo cuales con sujeción a su contenido impondrían la aplicación de esa máxima y por esa vía la confirmación de la sentencia de primera instancia.
Luego de revisar los fundamentos de la sentencia de segunda instancia con sujeción a la crítica propuesta por el recurrente, la Sala concluye, en armonía con el criterio expresado en su concepto por la delegada del Ministerio Público, que no hay lugar a la revocatoria de la decisión condenatoria atacada pues tal determinación está soportada en elementos de persuasión que, objetivamente valorados como lo fueron por parte del juez colegiado, acreditan sin lugar a dudas la configuración del delito endilgado a los procesados y la responsabilidad de estos frente a la respectiva conducta punible, sin que encuentren eco los planteamientos del impugnante acerca de los presuntos vicios de estimación probatoria que habrían ocasionado el sentido de tal decisión.
8. En efecto, respecto del falso juicio de existencia predicado por el actor en relación con diversos elementos de conocimiento (testimonios y documentos), impera señalar que esa es una especie de error de hecho de naturaleza objetiva en cuanto se presenta u ocurre cuando el funcionario deja de considerar alguno o algunos de los medios de prueba legal y regularmente aportados a la actuación (tacha que se conoce como falso juicio de existencia por omisión) o cuando afirma supuestos de hecho sustanciales con referencia a elementos de persuasión que no fueron allegados al proceso (crítica denominada falso juicio de existencia por suposición).
En cualquiera de sus dos modalidades la consecuencia es la construcción de una realidad fáctica diferente o distinta de la que con sujeción a su exacto tenor comprobarían las pruebas ciertamente incorporadas, de suerte que ello propiciaría indebida aplicación de normas que no son las llamadas a regular el episodio realmente acreditado y, por contera, la exclusión de las que si estaban convocadas a regirlo determinando un resultado jurídico diferente y favorable al sujeto procesal que demanda el vicio.
9. En el asunto estudiado la Sala observa que la supuesta omisión alegada por el censor respecto de las declaraciones de O.L.M. (alias P.), A.V. y F.A.A.P., carece de fundamento pues según se constata a folios 19, 23 y 25 del cuaderno del tribunal, el juez colegiado apreció el contenido de los testimonios de aquéllos justamente entre los fundamentos esgrimidos en el análisis orientado a demostrar que la campaña política de A.Q.Q. para la alcaldía de Rionegro (2004-2007) fue permeada por dineros de las autodefensas y que los nombramientos de los acusados en cargos de la administración municipal, tras la elección de aquél, respondían a los intereses de ese grupo armado ilegal conforme a compromisos previamente adquiridos.
El recurrente pregonó igualmente la configuración de un falso juicio de existencia por omisión, en el cual habría incurrido el ad quem al dejar de valorar los fallos que “en tres instancias” absolvieron a A.Q.Q. del cargo por concierto para delinquir agravado, endilgado por aceptar y cohonestar el apoyo dado por las autodefensas a su aspiración política a la alcaldía de Rionegro.
Con base en ello asegura que si por los mismos hechos aquí debatidos fue declarado inocente A.Q.Q., carece de fundamento la atribución de responsabilidad a sus defendidos en el fallo de segundo grado.
A la actuación ciertamente se aportó la sentencia de segunda instancia emitida el 16 de noviembre de 2010 en el Tribunal Superior de Bucaramanga(7), mediante cual fue confirmado el fallo absolutorio proferido el 22 de febrero de la misma anualidad en el juzgado segundo penal del circuito especializado de esa ciudad, en favor de A.Q.Q. respecto de los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante.
Sin embargo la réplica del casacionista por ese aspecto, de una parte, desatiende el principio de corrección material y por ello carece de objetividad, pues no es verdad lo afirmado en cuanto a que en sede de casación “parafraseando al Juez de primera instancia” la Corte confirmó la absolución del precitado. Lo ocurrido en ese asunto fue que ante la inobservancia de los requisitos de debida argumentación en la acreditación de los errores propuestos por el sujeto procesal que fungió de demandante —la parte civil—, esta corporación inadmitió(8) el recurso extraordinario y en consecuencia pronunciamiento de fondo respecto del acierto o no de lo decidido en las instancias no se concretó en la aludida decisión.
Además, por otro lado, la queja tampoco es trascendente, como quiera que en materia penal la responsabilidad es individual frente a cada persona imputada o señalada de haber incurrido en una conducta delictiva, y su compromiso se resuelve con sujeción a la valoración armónica y en conjunto de las pruebas de cargo o de descargo aportadas, por lo que carece de fuerza vinculante la opinión o criterio valorativo plasmado en decisiones de otros funcionarios respecto de los mismos hechos —e incluso idénticas pruebas— en relación con otros individuos a quienes también se les atribuyó haber concurrido a la realización del punible.
10. Frente a los restantes elementos probatorios acerca de los cuales pregona el censor la configuración de sendos falsos juicios de existencia, es verdad que en forma expresa no fueron mencionados por el tribunal; empero, al contenido de aquéllos si hizo referencia el ad quem cuando, tras hallar demostrados los elementos objetivo y subjetivo del delito investigado con base en el análisis de las pruebas de cargo, anunció la prosperidad de la pretensión condenatoria de los sujetos procesales apelantes —Ministerio Público y Fiscalía— y a renglón seguido destaco:
…sin que lo manifestado por muchos declarantes que concurrieron a la presente actuación baste para adoptar una determinación distinta, en la medida que responden a los intereses personales que les asistían por la rencilla política existente desde antaño, o el particular criterio que desde la óptica de cada uno implicaba formarse un concepto acerca de lo que realmente estaba sucediendo o no en esa localidad y su zona rural por la incidencia que —en últimas— tuviera o no la acción de los integrantes de las AUC, siendo las versiones de los milicianos líderes de esa organización ilegal de una solidez incontrastable y coincidente, que no puede ser desechada por lo expresado en cada una de esas declaraciones rendidas por habitantes de la zona(9).
Al aprehender el contenido de las pruebas en las que habría recaído el vicio, no de manera fragmentada como lo hizo el demandante transcribiendo aspectos insulares de su tenor, sino en forma integral, la Sala concluye que los respectivos elementos de conocimiento no mudan o cambian los supuestos facticos ni, por contera, el sentido de la decisión atacada, sino que tal alcance sólo es posible otorgarlo al mediar una interpretación sesgada e interesada como la del recurrente, más no como resultado o con sujeción a su estricta y fidedigna literalidad.
10.1. En efecto, I.R.D. (alias E.B.) en el testimonio rendido en la sesión de audiencia pública del 11 y 12 de diciembre de 2011, con sujeción a las transcripciones del censor, se limita a afirmar que no intervino en forma directa y personal en las contiendas electorales locales, por cuanto sólo participó en la actividad política con miras a la penetración de las autodefensas en el Congreso de la República, reconociendo a la vez que en los municipios siempre “respetó” lo que en esa materia determinaran los “comisarios mayores” de la organización ilegal, cargo que ocupaba J.I.O.G. (alias T.) en la región donde se materializaron los hechos aquí debatidos.
Sin embargo, el demandante en un proceder que evidencia el sesgo y falta de objetividad de la queja, se cuida de citar otros apartes de la misma declaración y los vertidos en la primera intervención procesal del citado, el 9 de diciembre de 2010, oportunidad en la que el testigo igualmente reconoció que el grupo al margen de la ley de cuya dirigencia él hizo parte, no solo apoyó la candidatura de A.Q. por el movimiento político “C.C.” (así como la de varios concejales) en la contienda electoral del año 2003 para la alcaldía de Rionegro, sino que influyó en los respectivos comicios para garantizar los resultados, y que puede estimarse como verídica toda la información en detalle aportada a ese respecto por J.I.O.G. (alias T.).
10.2. Idéntico tratamiento se advierte por parte del demandante en cuanto al contenido de los testimonios de V.E.C.V. (alias comandante “D.”), H.C.B., R. A.A., E.L.M., L.M.C.J., F.A.S.V., Y.P.T., Y.P.A.F. y V.L.R., pues los apartes especialmente transcritos en la demanda de las versiones de aquéllos no desvirtúan los señalamientos que se desprenden de las pruebas de cargo valoradas por ad quem contra los procesados, ya que, en términos generales, lo asegurado por esos deponentes es que no les consta, no saben, o no están en condiciones de afirmar si los acusados, tras la elección de A.Q. en la alcaldía de Rionegro, accedieron a los cargos públicos que ocuparon en la administración municipal como producto de acuerdos previos con las autodefensas o por constreñimiento de la misma organización ilegal.
11. En contraste con la imprecisión de los comentados medios de prueba acerca de la probable ajenidad de los enjuiciados en la conducta punible endilgada, el ad quem fundamentó la atribución de responsabilidad en el testimonio del desmovilizado J.I.O.G. (alias T.), corroborado —entre otros elementos de juicio— con los de A.P.D.O. (alias C.) y O.L.M.B. (alias P.)(10), también exmilitantes del aludido grupo al margen de la ley, con los cuales halló acreditado:
(I) Que las llamadas “Autodefensas Unidas de Colombia”, “Bloque Central Bolívar” intervinieron en el proceso electoral local del municipio de Rionegro (Santander), e influenciaron a sus pobladores para que votaran por el candidato a la alcaldía A.Q.Q., del movimiento “C.C.”, cuya campaña fue solventada por el aludido grupo ilegal con el conocimiento y aquiescencia de éste y de varios de quienes hicieron parte de la misma;
(II) Que la selección de del citado candidato fue fruto de un acuerdo previo en el que intervino el grupo al margen de la ley, so pretexto de desterrar la fuerza política imperante, pacto consentido por aspirantes al concejo municipal y por líderes locales, oportunidad en la que igualmente se convino las cuotas burocráticas que otorgaría el candidato de resultar electo como alcalde;
(III) Que del aludido convenio fue levantada un acta el 25 de septiembre de 2003 en San Rafael, la cual fue suscrita, entre otros, por C.A.A.S. y C.H.H.J.(11), pacto de cuya existencia estaba al tanto D.V.R., quien junto con el último promovió activamente la campaña de Q.Q.;
(IV) Que J.A.M.P. también postuló ante el grupo de autodefensas su aspiración a la alcaldía de Rionegro, pero como el aval fue para Q.Q., a aquél le ofrecieron y garantizaron el cargo de personero municipal;
(V) Finalmente, que fruto del contubernio con la organización armada ilegal, una vez resultó electo como alcalde Q.Q., se concretó la designación del últimamente citado en el cargo prometido, así como el nombramiento de A.S. como inspector de policía en el corregimiento de San Rafael, el de H.J. como secretario de salud del municipio de Rionegro y V.R. como subdirectora administrativa del hospital de la misma localidad.
Tales aspectos el fallador de segundo grado igualmente los encontró respaldados con las declaraciones de O.M., A.V., H.A. y J.V., quienes por haber estado vinculados para la época de los hechos como empleados en la administración municipal, se enteraron de manera directa —o por comentarios— de los motivos determinantes del nombramiento de los citados en los respectivos cargos, lo mismo que con los testimonios de J.R.E., J.A.C. y S.T., personas que por mandato de la Registraduría Nacional del Estado Civil ejercieron vigilancia electoral en los comicios del año 2003 en la localidad de Rionegro y en virtud de ello les consta la influencia ejercida por las “Autodefensas Unidas de Colombia”, las reuniones que estas realizaban con la población para determinar los resultados electorales, y qué candidatos y activistas políticos consintieron o se adhirieron a ese proyecto expansionista del grupo armado ilegal(12).
Las mismas circunstancias relacionadas con la presencia, dominio e influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en Rionegro (Santander) en la contienda electoral del año 2003, con miras a la elección del alcalde y concejales, la refieren otros medios de prueba debidamente allegados a la actuación, no mencionados en el fallo de segunda instancia, pero acertadamente destacados en el concepto de la delegada del Ministerio Público(13), tales como los testimonios de M.A.P.P., M.A.N., V.M.D.D., F.A. B., I.M.F.A., J.F.L.G. y P.S.R., cuyas aseveraciones respaldan, sin lugar a duda, el compromiso de los procesados en la conducta punible endilgada.
Todos los señalados medios de conocimiento, cuya apreciación y análisis comparte la Sala, permiten corroborar la reconstrucción de la situación fáctica decantada en la sentencia impugnada, la cual no cambia con la valoración personal que de otras pruebas —las supuestamente pretermitidas— esgrimió el censor, además que en relación con el contenido de la rememorada prueba de cargo ningún reproche vinculante ofreció éste para cuestionar su objetividad, o para derruir el mérito suasorio que merecen al ser versiones objetivas en las que no se demostró ni se avizora ánimo vindicativo ni el torcido interés de perjudicar a los procesados.
12. Por las razones atrás precisadas la Corte comparte en su integridad la valoración probatoria consignada en la sentencia de segunda instancia, así como las razones expuestas por la agente de la Procuraduría para solicitar que no se case el fallo impugnado, sin que esté de más señalar (pese a que no fue objeto de cuestionamiento por el recurrente) que en situaciones de hecho semejantes a la aquí debatida, incluso unidas por un nexo territorial con los sucesos objeto de este proceso, sobre la configuración del delito de concierto para delinquir en modalidad agravada por consistir el ilícito acuerdo en la promoción de grupos armados al margen de la ley, la Sala ha señalado(14) que el tipo penal descrito en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000:
…se estructura sobre la base de considerar diversas formas de afectación del bien jurídico de la seguridad pública en una escala progresiva que advierte la gravedad de las conductas; es así como se sanciona: i) el acuerdo de voluntades para cometer delitos; ii) el acuerdo para promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley; y, iii) la ejecución material del acuerdo, consistente en promover, armar o financiar efectivamente grupos armados al margen de la ley.
Como fácil se aprecia, los dos primeros comportamientos se inscriben dentro de los denominados tipos de peligro, y el tercero, dentro de los de lesión(15).
Se ha distinguido entre promover efectivamente un grupo armado al margen de la ley (inciso 3º del artículo 340 del Código Penal), y el concierto para promover una organización de ese tipo (inciso 2º ídem)(16), señalando que cabe un mayor desvalor de la conducta y un juicio de exigibilidad personal y social más drástico para quien organiza, fomenta, promueve, arma o financia el concierto para delinquir, que para quien solo lo acuerda, el cual traduce la celebración de consensos ilegales con grupos armados al margen de la ley que coparon por la fuerza territorios y espacios sociales, y que requerían de alianzas estratégicas con fuerzas políticas para consolidar su dominio y expansión.
Recuérdese que sobre el contenido de la conducta y la manera como se manifiesta el concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover a grupos armados al margen de la ley, cuando el acuerdo nace de consensos entre congresistas o mandatarios regionales y actores armados, la Sala ha expresado lo siguiente:
“Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales —que, claro, le agregan mayor gravedad al injusto—, sino en la medida que con esa contribución se incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se crean condiciones materiales mediante inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente.
“En otras palabras: la distorsión de la función estatal, cuando eso sucede, es la prueba del acuerdo; así como en el concierto simple, los delitos ejecutados en función del acuerdo son la manifestación del consenso ilegal. En el primer evento, si la distorsión de la función estatal implica la consumación de un injusto, concursará con el concierto para delinquir agravado, así como los delitos comunes lo hacen con el delito de concierto para delinquir simple”(17).
En el presente evento, probado como se encuentra que los acusados adheridos a la campaña política del aspirante a la alcaldía de Rionegro 2004-2007 escogido y patrocinado por las Autodefensas Unidas de Colombia para ganar ese cargo de elección popular, no tuvieron inconveniente en aceptar ese apoyo del grupo armado ilegal, del cual fueron conocedores, sino que antes bien coadyuvaron la candidatura del elegido y en contraprestación a ello, una vez se materializó ese designio como estaba previsto, ellos fueron nombrados en cargos públicos de la administración municipal en cumplimiento de los compromisos previamente acordados con la agrupación delictiva, devienen satisfechas las exigencias estructurales del tipo penal imputado en la acusación.
Basten las anteriores consideraciones para señalar que la Sala, en armonía con el concepto de la delegada del Ministerio Público, no casará la sentencia atacada.
NO CASAR el fallo de segunda instancia mediante el cual D.V.R., J.A.M.P., C.H.H.J. y C.A.A.S., fueron declarados coautores del delito de concierto para delinquir en modalidad agravada.
7 Cuaderno original nº 11, folios del tribunal, folios 243 a 275.
8 Cfr. AP 17 de octubre de 2012, Rad. 36458.
9 Cuaderno del tribunal, folio 32.
10 Cuaderno del tribunal, folios 15-22.
11 Cuaderno original nº 5, folios 82-84.
12 Cuaderno del tribunal, folios 22-25.
13 Cuaderno de la Corte, folios 34-46.
14 Cfr. Sentencia de única instancia SP 14 agt. 2013, Rad. 37915. Y en similares términos SP 18 ene. 2012, Rad. 27408, y SP 18 ene. 2012, Rad. 32764.
15 Cfr. SP 19 dic. 2007, Rad. 26.118.
16 Auto 14/05/2007, Rad. 26.942.
17 Cfr. SP 09 dic. 2009, Rad. 28.779.

References: artículo 201
in dubio
 artículo 7
in dubio
 artículo 340
 artículo 340