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Timestamp: 2020-02-29 12:56:36+00:00

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RESOLUCIÓN 2370 DE 11 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. ACTUALIZA Y UNIFICA LOS CRITERIOS DE LA REGULACIÓN DEL TRÁMITE DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD EN EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE. DEROGA LAS RESOLUCIONES 6657 DE 2004, 6658 DE 2004, 6618 DE 2008, 3884 DE 2009, 692 DE 2012, 919 DE 2014 Y 1168 DE 2014.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY PENAL, CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE, ADOLESCENTE, RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, SANCIONES AL ADOLESCENTE POR RESPONSABILIDAD PENAL, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, REGLAS DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, FISCAL DELEGADO DE LA NACIÓN, PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD DE LA PRUEBA, PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES, PROCEDIMIENTO PENAL, FORMAS DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, PRINCIPIO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, TÉRMINO DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
VIGENCIA:DEROGADO POR LA RESOLUCIÓN 4155 DE 2016 ARTÍCULO 41 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.
RESOLUCIÓN 0-2370 DE 2016
“Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se derogan las resoluciones 0-6657 de 2004, 0-6658 de 2004, 0-6618 de 2008, 0-3884 de 2009, 0-0692 de 2012, 0-0919 de 2014, 1168 de 2014”.
(Nota: Derogado por la Resolución 4155 de 2016 artículo 41 de la Fiscalía General de la Nación)
Que mediante las resoluciones 0-6657 y 0-6658 de 2004, posteriormente modificadas y adicionadas por las resoluciones 0-6618 de 2008, 0-3884 de 2009, 0-0692 de 2012, 0-0919 de 2014 y 1168 de 2014, el Fiscal General de la Nación reglamentó el trámite para la aplicación del principio de oportunidad.
Que con posterioridad a dicha reglamentación se promulgaron la Ley 1312 de 2009 (por medio de la cual se reforma la L. 906/2004 en lo relacionado con el principio de oportunidad) y la Ley 1474 de 2011 (arts. 13 y 40), que modificaron y adicionaron las disposiciones legales relacionadas con el principio de oportunidad.
Que el artículo 114 de la Ley 906 de 2004, autoriza a los fiscales delegados en cada caso concreto, a adelantar todas las actuaciones que son competencia de la Fiscalía General de la Nación tanto en las etapas de investigación como en las audiencias preliminares o de juicio, y a su turno el artículo 49 del Decreto-Ley 16 de 2014, describe la competencia de los fiscales delegados así: “Los fiscales delegados tienen competencia en todo el territorio nacional y actúan siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación siguiendo las políticas y directrices formuladas por el Fiscal General de la Nación en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía”.
Que el parágrafo 2º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, asignó al Fiscal General de la Nación o a su delegado especial, la competencia para aplicar el principio de oportunidad en los casos de delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo límite máximo exceda seis (6) años de prisión.
Que la Ley 1098 de 2006 mediante la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, consagró como principio rector la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
Que en virtud de lo dispuesto en los artículos 154, 158 y 174 del Código de la Infancia y la Adolescencia, la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente solo se podrá llevar a cabo con el consentimiento de las partes.
Que según lo dispuesto por artículo 158 del Código de la Infancia y la Adolescencia está prohibido el juzgamiento de adolescentes en ausencia y según la Sentencia C-055 de 2010 de la Corte Constitucional dicha prohibición no se aplica cuando la mencionada ausencia se deba a contumacia o a actuaciones elusivas.
ART. 1º—Objeto. Esta resolución tiene por objeto actualizar y unificar los criterios de la regulación del trámite del principio de oportunidad y promover su aplicación de conformidad con la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, en el marco de la función reglamentaria conferida al Fiscal General de la Nación en esta materia.
ART. 2º—Principio de proporcionalidad. El principio de oportunidad es un instrumento constitucional de la política criminal del Estado, cuya consagración y aplicación solo es posible mediante la ponderación de los intereses del Estado, de la sociedad y de los intervinientes en el proceso penal. La aplicación del principio de oportunidad debe estar fundamentada siempre en el desarrollo de los criterios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, propios de la técnica de la ponderación. En su aplicación se presume el respeto por el principio de justicia.
PAR.—No se concederán inmunidades totales, salvo cuando el beneficio obtenido para la justicia, la sociedad y las víctimas sea significativamente superior al obtenido por el procesado.
ART. 3º—Discrecionalidad. Según el inciso primero del artículo 250 de la Constitución y el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, la aplicación del principio de oportunidad es una facultad constitucional de la Fiscalía General de la Nación, en consecuencia, su utilización no es obligatoria aun cuando se cumplan las condiciones para su adopción. Lo anterior no obsta para que el procesado o su defensor puedan solicitar ante el fiscal del caso estudiar la viabilidad de su aplicación. La respuesta a esta solicitud no tendrá carácter vinculante para el fiscal.
ART. 4º—Oportunidad procesal. De conformidad con el inciso primero del artículo 250 de la Constitución, se podrá aplicar el principio de oportunidad en cualquier etapa del proceso. También procederá su aplicación en la etapa de indagación.
En caso de allanamiento a cargos, su aplicación será viable hasta antes de la audiencia de individualización de pena y sentencia contemplada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
ART. 5º—Derechos de las víctimas. El fiscal de conocimiento que solicite la aplicación del principio de oportunidad tendrá en cuenta los derechos de las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 de la Ley 906 de 2004.
ART. 6º—Lineamientos generales. El fiscal que solicite la aplicación del principio de oportunidad deberá:
1. Verificar la existencia de un mínimo de elementos materiales probatorios que permitan inferir que el procesado es autor o partícipe de una conducta delictiva.
2. Consultar por el medio más expedito al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa, para establecer si el procesado ha sido beneficiado anteriormente con la aplicación del principio de oportunidad o si se está adelantando algún trámite en ese mismo sentido.
3. Mantener actualizado el sistema misional SPOA respecto del proceso sobre el cual se tramita la aplicación del principio de oportunidad.
Aspectos generales de la aplicación del principio de oportunidad
ART. 7º—Modalidades. El principio de oportunidad se aplica en las modalidades de: (i) Interrupción, (ii) Suspensión o (iii) Renuncia, previa autorización del juez de control de garantías. La aplicación de las modalidades de interrupción y suspensión está dirigida a lograr la renuncia de la acción penal. No obstante, se podrá renunciar a la persecución penal sin que previamente se haya interrumpido o suspendido.
PAR.—La celebración de preacuerdos no es excluyente respecto de la aplicación del principio de oportunidad.
ART. 8º—Modalidad de interrupción. Esta modalidad se presenta cuando no se impone condición alguna al procesado para la aplicación del principio de oportunidad.
ART. 9º—Modalidad de suspensión. Esta modalidad se presenta cuando en aplicación del principio de oportunidad se imponen determinadas condiciones al procesado y, para permitir su cumplimiento, se suspende la persecución penal por un tiempo determinado. Una vez verificado dicho cumplimiento la Fiscalía podrá renunciar al ejercicio de la acción penal.
PAR. 1º—La aplicación del principio de oportunidad en la modalidad de suspensión será preferente respecto de las causales 4, 5 y 7 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
PAR. 2º—En el transcurso de la suspensión se podrán modificar las condiciones impuestas o imponer otras, siempre que se lleven a cabo siguiendo los mismos requisitos exigidos para la aplicación del principio de oportunidad y se sometan a la respectiva autorización del juez de control de garantías.
ART. 10.—Prórroga. Procede en los casos de interrupción o suspensión de la acción penal y previo al vencimiento del término otorgado. Solicitar la prórroga implica cumplir con el procedimiento previsto para la aplicación del principio de oportunidad.
PAR.—La solicitud de prórroga debe ser presentada por el medio más expedito, al menos con treinta (30) días de antelación al vencimiento del término.
ART. 11.—Revocatoria. El fiscal que solicite y/o autorice la aplicación del principio de oportunidad en las modalidades de interrupción y suspensión, podrá revocarla antes del vencimiento del plazo previsto para su duración. Su fundamento debe atender a los criterios establecidos en el artículo 2º de la presente resolución.
ART. 12.—Modalidad de renuncia. La modalidad de renuncia se presenta cuando la Fiscalía General de la Nación desiste definitivamente de la persecución penal de uno o varios hechos que configuran uno o más delitos. Su aplicación tiene como consecuencia la extinción de la acción penal respecto de estos hechos, en los términos del artículo 329 de la Ley 906 de 2004.
ART. 13.—Efectos sobre la prescripción. Comoquiera que las modalidades de interrupción y suspensión del principio de oportunidad implican cesar temporalmente y por completo cualquier trámite propio de la persecución penal, tal como lo dispone el artículo 323 de la Ley 906 de 2004, se interpretará que con su aplicación se suspenden los términos procesales y el término de prescripción de la acción penal. Dicha suspensión se contará desde la fecha de la legalización de su aplicación.
ART. 14.—Ruptura de la unidad procesal. En los términos del numeral 4º del artículo 53 de la Ley 906 de 2004, cuando en cualquiera de los casos regulados en la presente resolución, la utilización del principio de oportunidad no proceda para todos los autores y partícipes o respecto de la totalidad de las conductas punibles, procederá la ruptura de la unidad procesal una vez se haya legalizado su aplicación.
ART. 15.—Reincidencia. No habrá lugar a la aplicación del principio de oportunidad para el procesado que, dentro de los cinco (5) años anteriores a la solicitud hubiere sido beneficiado con esta herramienta jurídica y sea reincidente en la misma conducta punible.
Se exceptúan de esta prohibición los eventos en los que se aplique el principio de oportunidad con base en las causales 2, 3, 4, 5, 8, 16 y 18 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004. En estos casos, la carga argumentativa para el fiscal que la solicite es superior.
ART. 16.—Control judicial. En todos los casos será el fiscal de conocimiento o, quien para el efecto el Fiscal General de la Nación designe, quien actúe en la audiencia de legalización de aplicación del principio de oportunidad ante el juez de control de garantías.
Si el juez no legaliza su aplicación, sin perjuicio de la interposición de los recursos a que haya lugar o de que se vuelva a intentar la aplicación del principio, el fiscal de conocimiento reanudará inmediatamente la actuación en el estado en que se encontraba al momento del inicio del trámite.
ART. 17.—Audiencias reservadas. El fiscal de conocimiento evaluará la posibilidad de proponer al juez de control de garantías la restricción de la publicidad en los procedimientos propios de la aplicación del principio de oportunidad, en los términos del capítulo II del título VI de la Ley 906 de 2004, en aras del buen desarrollo y la eficacia de la investigación, y de la seguridad de procesados y testigos.
ART. 18.—Poder preferente del Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación podrá asumir de manera preferente la competencia para conocer cualquiera de los procedimientos regulados en la presente resolución independientemente de la etapa en que se encuentren, en virtud de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 251 de la Constitución y en el numeral 2º del artículo 116 de la Ley 906 de 2004.
ART. 19.—Implementación, coordinación y seguimiento de la dirección nacional del sistema penal acusatorio. La dirección nacional del sistema penal acusatorio y de la articulación interinstitucional en materia penal dispondrá lo necesario para implementar, coordinar y hacer seguimiento a los procedimientos consagrados en el título II de la presente resolución.
Esta dirección nacional deberá adoptar las medidas tendientes a adecuar los procedimientos aquí consagrados, con la debida formalización y fundamentación, dirigida a garantizar la operatividad, funcionalidad, continuidad y sostenibilidad de la aplicación del principio de oportunidad, así como a solucionar problemáticas en su aplicación. Lo anterior en cumplimiento de las funciones consignadas en el artículo 25 del Decreto-Ley 16 de 2014, en especial las de los numerales 1º y 2º.
ART. 20.—Naturaleza jurídica de la orden de aplicar el principio de oportunidad. En todos los casos, la resolución que decide la aplicación del principio de oportunidad, que se someterá a legalización por parte del juez de control de garantías, configura una orden en los términos de los artículos 161 y 162 de la Ley 906 de 2004, contra la que no procede recurso alguno. En consecuencia no es un acto administrativo sino uno judicial, que solo genera efectos una vez legalizado y ejecutoriado.
ART. 21.—Funciones del grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa. Además de las funciones consagradas en la Resolución 153 del 6 de mayo de 2016, proferida por la dirección nacional del sistema penal acusatorio y de la articulación interinstitucional en materia penal, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa tendrá las siguientes, en lo que tiene que ver con la aplicación del principio de oportunidad:
1. Recibir, registrar y consolidar todas las solicitudes de principio de oportunidad a nivel nacional.
2. Recibir, registrar y consolidar los informes sobre la aplicación efectiva del principio de oportunidad.
3. Proyectar las órdenes de aplicabilidad del principio de oportunidad de competencia del Fiscal General de la Nación y aquellas que le sean asignadas especialmente por el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general de la Nación y el director nacional de sistema penal acusatorio y de la articulación interinstitucional en materia penal.
4. Dar el trámite correspondiente a los derechos de petición, tutelas y demás solicitudes presentadas por los sujetos procesales en relación con la aplicación del principio de oportunidad en los casos de su competencia.
5. Realizar monitoreo permanente a todas las actividades atinentes a la aplicación del principio de oportunidad, con la finalidad de rendir los informes requeridos por el Fiscal General de la Nación, el vicefiscal general de la Nación y/o la dirección del sistema penal acusatorio y articulación interinstitucional en materia penal.
6. Administrar en debida forma la base de datos creada para la aplicación del principio de oportunidad.
7. Informar al Fiscal General de la Nación, cuando la aplicación del principio de oportunidad proceda en un asunto de connotación nacional.
8. De igual manera, previa autorización de la dirección nacional de sistema penal acusatorio y de la articulación interinstitucional en materia penal, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa podrá:
8.1. Realizar acompañamiento en las audiencias a los fiscales de conocimiento que lo soliciten, utilizando la figura de fiscal de apoyo.
8.2. Realizar mesas nacionales para establecer las posturas jurídicas de los diferentes delegados en aras de tener una retroalimentación, adoptar las medidas pertinentes para solucionar las falencias que se adviertan y de esta manera unificar criterios.
8.3. Desarrollar y participar en seminarios, talleres y conversatorios a nivel nacional.
8.4. Compilar la jurisprudencia y doctrina relacionada con estas herramientas jurídicas.
8.5. Proyectar memorandos para socializar las decisiones a que haya lugar frente al trámite administrativo para la difusión de la figura jurídica.
8.6. Elaborar protocolos para la adecuada aplicación del principio de oportunidad.
8.7. Socializar y replicar instrucciones y lineamientos de la dirección, a los fiscales del país con el fin de asegurar el cumplimiento ágil y adecuado en la aplicación de la figura.
8.8. Asumir en cualquier momento, el trámite y la decisión para la aplicación del principio de oportunidad dada la complejidad del asunto o el interés en el caso.
ART. 22.—Competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación. El Fiscal General de la Nación conocerá de manera exclusiva de la aplicación del principio de oportunidad con fundamento en las causales 2, 3, 4, 5 y 8 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
PAR.—En estos casos la aplicación del principio de oportunidad es decisión exclusiva del Fiscal General, los acercamientos y conversaciones tendientes a su aplicación no son vinculantes para su adopción.
ART. 23.—Aplicación directa. En los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo no exceda de seis (6) años, el fiscal de conocimiento podrá aplicar de manera directa el principio de oportunidad, el cual deberá ser legalizado por el juez de control de garantías. Lo anterior de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
ART. 24.—Delegación especial. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 2º del artículo 324 y en el artículo 330 de la Ley 906 de 2004, para la aplicación del principio de oportunidad en los delitos sancionados con pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de seis (6) años, y con excepción de los casos de competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación, se delega a:
2. El fiscal jefe de la dirección de fiscalías nacionales especializadas de justicia transicional, para autorizar su aplicación en los casos de conocimiento de los fiscales adscritos a esta unidad, cuando invoquen la aplicación de la causal 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
PAR.—Los acercamientos y conversaciones adelantadas entre las partes, tendientes a la aplicación del principio de oportunidad no serán vinculantes para los fiscales delegados.
ART. 25.—Conexidad procesal. En los casos en los que se advierta conexidad procesal en los términos de los artículos 50 y 51 de la Ley 906 de 2004, para determinar la competencia, se observarán las reglas descritas en el artículo 52 de la Ley 906 de 2004.
Aspectos especiales del procedimiento
ART. 26.—Procedimiento para aplicación de las causales exclusivas del Fiscal General y para eventos de justicia y paz. En los casos de competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación regulados en el artículo 22 de la presente resolución, y en los casos de justicia y paz se aplicará el siguiente procedimiento:
1. El fiscal de conocimiento deberá remitir al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa el formato para la aplicación de principio de oportunidad con el propósito de que se registre la información. El formato, con indicación concreta de la causal y las razones de orden jurídico y procesal que motivan su aplicación, se remitirá con los siguientes anexos:
1.1. Copia de los materiales probatorios y evidencia física mínimos, que permitan inferir de manera razonable la tipicidad del hecho y la autoría del procesado, sin que se vulnere la reserva del expediente, ni se comprometa el curso de la investigación.
1.2. Copia de todos aquellos soportes que el fiscal de conocimiento considere necesarios para fundamentar su solicitud.
1.3. El registro de la manifestación de la víctima.
2. Recibida la solicitud, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa establecerá en un término máximo de tres (3) días, contados a partir del día siguiente del recibo, si hace falta algún documento de los anteriores o adicional para realizar el estudio, y lo comunicará de manera inmediata al fiscal de conocimiento, quien deberá remitir los documentos requeridos en un término no mayor a tres (3) días. Si en dicho término la solicitud no se ajusta, se devolverá y se dejará la respectiva constancia en el registro.
3. Admitida la solicitud, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa establecerá la viabilidad de la aplicación del principio de oportunidad y proyectará la resolución que autoriza o niega en un término no superior a diez (10) días contados a partir de la recepción de todos los documentos.
4. El Fiscal General de la Nación suscribirá dicha resolución de encontrarla procedente.
5. Adoptada la decisión, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa la comunicará por el medio más expedito al fiscal de conocimiento.
PAR. 1º—En los casos de aplicación del principio de oportunidad de competencia exclusiva del Fiscal General de la Nación, la carpeta y el control de la investigación estarán a cargo del fiscal de conocimiento mientras dure la interrupción o la suspensión.
PAR. 2º—En el evento de presentarse alguna novedad que tenga incidencia en su aplicación, el Fiscal General de la Nación decidirá sobre la renuncia o continuidad de la persecución penal, o la prórroga de la suspensión o interrupción. Para el efecto el fiscal de conocimiento deberá comunicar dichas novedades.
PAR. 3º—Para los casos de justicia y paz, tanto la viabilidad de aplicación del principio de oportunidad como la suscripción de la resolución autoriza o niega, estarán a cargo del delegado especial.
ART. 27.—Procedimiento para la aplicación directa y la delegación especial. Cuando se pretenda la aplicación del principio de oportunidad en los términos de los artículos 23 sobre aplicación directa y 24 sobre delegación especial de la presente resolución, se seguirá este trámite:
1. El fiscal de conocimiento actualizará el sistema misional SPOA, respecto del caso al que pretende aplicar el principio de oportunidad y, diligenciará el respectivo formato para su aplicación, como requisito de procedibilidad.
2. Posteriormente lo remitirá por el medio más expedito a quien desempeñe funciones de jefe o coordinador de la unidad o dirección a la que se encuentre adscrito y, simultáneamente, al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa.
3. El jefe o coordinador de la unidad o dirección será informado previamente de la decisión de solicitar la aplicación del principio de oportunidad. De tratarse de un caso de connotación informará inmediatamente al Fiscal General.
4. Para continuar con el trámite, el fiscal de conocimiento deberá esperar la validación de la base de datos del grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa, la cual se realizará preferentemente a través de correo electrónico y en un plazo no superior a cinco (5) días. Luego de esto, y dentro del término previsto en el artículo 39 de la presente resolución, solicitará la audiencia de control de legalidad para la aplicación del principio de oportunidad.
5. Realizada la audiencia, el fiscal remitirá copia del acta respectiva al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa.
PAR.—Dada la complejidad del asunto o el interés en el caso, el grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa podrá asumir, en cualquier momento, el trámite y la decisión para la aplicación del principio de oportunidad.
ART. 28.—Ley de justicia y paz. En los términos y condiciones de la Ley 975 de 2005, del artículo 14 del Decreto 3391 de 2006 y del numeral 16 del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación puede aplicar el principio de oportunidad al tercero que ostente la titularidad aparente de bienes que pertenecen a grupos organizados al margen de la ley. Para su aplicación en estos casos, se observarán las siguientes reglas:
1. Actuará como delegado especial del Fiscal General de la Nación, el fiscal que para el efecto delegue el director nacional de fiscalías especializadas de justicia transicional.
2. Recibida la respectiva solicitud, el delegado especial la comunicará por el medio más expedito a la subunidad élite de persecución de bienes para la reparación de las víctimas, para que esta rinda informe escrito en el que relacione todos los bienes que fueron entregados por los eventuales beneficiados. Dicho informe hace parte de los criterios para decidir la aplicación del principio de oportunidad. En lo demás se seguirá el procedimiento regulado por el artículo 26 de la presente resolución, en lo que resulte pertinente.g
ART. 29.—Principios aplicables. La aplicación del principio de oportunidad deberá estar guiada por los principios generales del Código de la Infancia y la Adolescencia, en especial aquellos relativos al sistema de responsabilidad penal adolescente, y por los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad.
Para su trámite la Fiscalía General de la Nación contará con el apoyo de las instituciones y entidades que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente.
ART. 30.—Naturaleza. De conformidad con el numeral 11 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, los artículos 140 y 174 del Código de la Infancia y la Adolescencia y la jurisprudencia, en los procesos penales que se adelanten contra adolescentes se procurará optar por medidas diferentes al efectivo enjuiciamiento de los adolescentes infractores. En consecuencia, la aplicación preferente del principio de oportunidad como mecanismo de terminación anticipada del proceso, es un principio rector del sistema de responsabilidad penal adolescente. Esta aplicación buscará satisfacer el interés superior del menor.
ART. 31.—Oportunidad. De conformidad con el inciso primero del artículo 250 de la Constitución y con el artículo 139 del Código de la Infancia y la Adolescencia, el principio de oportunidad se tramitará en cualquier momento y sin importar la edad de la persona procesada, siempre que se demuestre que al momento de cometer el hecho punible tenía entre catorce (14) y dieciocho (18) años.
ART. 32.—Derechos de las víctimas. De conformidad con el artículo 140 del Código de la Infancia y Adolescencia, el artículo 328 de la Ley 906 de 2004 y el artículo 40 de la presente resolución, el fiscal de conocimiento comunicará a la víctima por el medio más expedito, su propósito de aplicar el principio de oportunidad. De ello se dejará constancia.
ART. 33.—Procedencia. La aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente procede en los eventos dispuestos en los artículos 174 y 175 del Código de la Infancia y la Adolescencia y por las causales contempladas en el artículo 324 de la Ley 906 de 2004.
Cuando se apliquen las causales del artículo 324 de la Ley 906 de 2004, se atenderá lo dispuesto en el artículo 144 del Código de la Infancia y la Adolescencia para garantizar que su aplicación no sea contraria al interés superior del adolescente.
ART. 34.—Límites a la aplicación. La aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente se encuentra limitada por el interés superior del menor.
PAR.—En el sistema de responsabilidad penal adolescente se podrá aplicar el principio de oportunidad en el evento descrito en el parágrafo 3º del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 relativo a conductas dolosas cuya víctima sea un menor de edad, cuando en aplicación del interés superior del menor y del principio de proporcionalidad, se concluya que los derechos del menor de edad víctima pueden ceder en favor de los derechos del menor de edad procesado penalmente.
ART. 35.—Restricción a la publicidad del proceso. En los términos del artículo 153 del Código de la Infancia y Adolescencia, las personas que conozcan del trámite del principio de oportunidad guardarán la debida reserva con el fin de proteger el interés superior del menor.
ART. 36.—Procedimiento. Para la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente se seguirá lo establecido en el artículo 27 de la presente resolución.
ART. 37.—Control judicial. Para solicitar al juez de control de garantías la legalización de la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal adolescente, se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 32 y 33 de la presente resolución. Cuando el proceso penal se adelante en ausencia del menor se tendrá en cuenta lo consagrado en los artículos 154, 158 y 174 del Código de la Infancia y la Adolescencia y en la Sentencia C-055 de 2010 de la Corte Constitucional.
Exigencias comunes a todos los procedimientos
ART. 38.—El fiscal que solicite la aplicación del principio de oportunidad prestará especial atención a la exigencia consagrada en el numeral 2º del artículo 27 de esta resolución, según la cual se debe remitir por el medio más expedito el formato que contiene la información sobre la aplicación del principio de oportunidad, a quien obre como su jefe o coordinador de unidad o dirección, y de manera simultánea al envío de dicha información al grupo de mecanismos de terminación anticipada y justicia restaurativa.
ART. 39.—La solicitud ante el juez de control de garantías para la realización de la audiencia de legalización de la aplicación del principio de oportunidad, se hará dentro de los cinco (5) días siguientes, al recibo de la comunicación de la autorización proferida por el Fiscal General o el delegado especial, o al recibo de la validación de la base de datos regulada en el numeral 4º del artículo 27 de la presente resolución, según el caso. En los eventos en que se requiera autorización del Fiscal General de la Nación o de su delegado especial, estos procurarán que la fecha en la que se envía la comunicación sea la misma que la de la respectiva resolución.
ART. 40.—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 328 de la Ley 906 de 2004 y 6º de esta resolución, en la audiencia de legalización de la aplicación del principio de oportunidad, el fiscal de conocimiento deberá mostrar que la víctima tiene conocimiento sobre su celebración, sus efectos y su contenido.
En aplicación del inciso segundo del artículo 327 de la Ley 906 de 2004, el fiscal pondrá en conocimiento del juez la posición de la víctima o su representante frente a la utilización del principio de oportunidad en el caso concreto. Lo anterior le permitirá llevar a cabo la mencionada audiencia de control, incluso en los casos excepcionales en que no comparezca la víctima.
ART. 41.—De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 323 y el 330 del Código de Procedimiento Penal, el cumplimiento de lo establecido en la presente resolución es requisito de validez para su legalización ante juez de control de garantías.
ART. 42.—Vigencia. La presente resolución se aplicará para los procedimientos y solicitudes en curso, las cuales deberán remitirse al funcionario competente en el término de treinta (30) días siguientes a la comunicación de la presente reglamentación.
ART. 43.—Derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga las resoluciones 0-6657 de 2004, 6658 de 2004, 0-6618 de 2008, 0-3884 de 2009, 0692 de 2012, 0-0919 de 2014 y 1168 de 2014 y todas aquellas que le sean contrarias.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 41

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 114
 artículo 49
 artículo 324
 artículo 158
 resolución 
 artículo 250
 artículo 323
 artículo 250
 artículo 447
 artículo 328
 artículo 324
 artículo 2
 artículo 329
 artículo 323
 artículo 53
 artículo 324
 resolución 
 artículo 251
 artículo 116
 artículo 25
 resolución 
 Resolución 
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 330
 artículo 324
 artículo 52
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 14
 artículo 324
 artículo 26
 artículo 250
 artículo 139
 artículo 140
 artículo 328
 artículo 40
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 144
 artículo 324
 artículo 153
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 327
 artículo 323
 resolución 
 resolución 
 resolución