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Timestamp: 2020-08-11 12:00:45+00:00

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Resolución de TEAC, 00/189/1998, 28-05-2001 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/189/1998 de 28 de Mayo de 2001
Núm. Resolución: 00/189/1998
El principio de interdicción de la "reformatio in peius" ha de entenderse en sentido global, de forma que el ma-yor importe de la cuota que sería procedente podrá tener efectividad si no da lugar a rebasar el límite de la deuda tributaria.
R.G. 4846/1995, R.B. 00/0189/1998
PRIMERO: Por la Inspección de los Tributos del Estado de la Delegación Especial de fue incoada con fecha de 22 de octubre de 1993 acta previa modelo A.02 nº por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio de 1991, en la que se hizo constar que la sociedad , arrendataria de las tiendas números uno y dos del inmueble sito en , señalado con los números, subarrendó a sus socios y administradores, Sres. local de farmacia en fecha 1-9-72. De acuerdo a escritura pública de resolución convencional y onerosa de contratos de arrendamiento y subarrendamientos de fecha 19 de septiembre de 1991, la propietaria del inmueble referido , se obliga a satisfacer la suma total de 300.000.000 pts. a los subarrendatarios en la forma pactada en el referido contrato, declarando a continuación los subarrendatarios que aceptan las cantidades pactadas, renunciando al contrato de subarriendo cada uno de ellos renuncia condicionalmente al contrato de arrendamiento, siempre que haya acuerdo de la propietaria con los subarrendatarios. La entidad, se constituyó como sociedad participada por terceras partes por los antes citados en fecha 16-3-71, manteniéndose dicha participación accionarial a lo largo del tiempo hasta el 18-9-91 en que los tres venden sus acciones y se produce el cese de administradores de los señores citados. La entidad y sus socios y administradores, en su nombre, llegaron al acuerdo de rescisión convencional del contrato de arrendamiento citado con la propietaria. en fecha anterior al 18-9-91, acordando su elevación a escritura pública, en fecha 19-9-91. El acuerdo fue logrado entre la propietaria y los socios citados con anterioridad a la transmisión de acciones y en los términos que luego se elevarían a escritura pública. Asimismo, habiendo pagado 300.000.000 pts (1.803.036,31 €) en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Texto Refundido de la ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el 50 por cien correspondería al precio de los derechos del arrendatario y el otro 50 por cien el de los derechos de los subarrendatarios, por lo que se imputa a. un incremento de patrimonio de 150.000.000 pts (901.518,16 €) de los que 50.000.000 pts (300.506,05 €) revierten al obligado tributario a través de un reparto de dividendos que se entiende acordado y llevado a la practica, lo que supone, previa elevación al integro, un bruto por este concepto de 66.666.667 pts (400.674,74 €), siendo el neto de 50.000.000 pts (300.506,05 €) con una retención imputable de 16.666.667 pts (100.168,69 €); a ello ha de añadirse la cantidad directamente percibida por la resolución del contrato de subarrendamiento, que es de 37.666.667 pts (226.381,23 €), resultante de restar del importe total cobrado, la parte que se considera percibida en concepto de rendimiento del capital mobiliario, constituyendo dicha parte una alteración de patrimonio que se produce en el periodo de referencia, siendo el periodo de generación de 20 años;. La deuda tributaria propuesta ascendió a 70.053.664 pts. (421.031 €)
SEGUNDO: Tras el correspondiente informe ampliatorio al acta de referencia, el Inspector Jefe dictó acuerdo, modificando la propuesta de liquidación contenida en el acta de referencia, en base a considerar que: 1) no procedía la elevación al integro de los rendimientos del capital mobiliario por suponer ello un incremento artificioso del importe de dicho rendimiento, cuya cuantía es plenamente conocida, por consiguiente se considera una percepción de 50.000.000 de ptas en concepto de rendimientos del capital mobiliario con una retención, a deducir en la cuota, de 12.500.000 pts (75.126,51 €); 2) asimismo al resto de la cantidad cobrada, 37.666.667 pts (226.381,23 €), se le da el tratamiento de incremento de patrimonio, tomando como valor de adquisición el de mercado a 31 de diciembre de 1978, conforme solicita el interesado en su escrito de alegaciones en el que se indica que se puede "valorar el derecho perdido, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, en 31 de diciembre de 1978 en 33.000.000 pts (198.333,99 €), el incremento de patrimonio gravable obtenido por el sujeto pasivo alegante, sería de 3.370.777 pts (20.258,78 €)", se acepta dicha cifra como valor del derecho de arrendamiento, tomándose la mitad, 16.500.000 pts (99.167 €), como valor de la parte correspondiente a los subarrendatarios, de los cuales una tercera parte, 5.500.000 pts (33.055,67 €), se considera imputable al obligado tributario, aplicando sobre dicha cifra el coeficiente establecido en el art.3.1 de la Ley 17/1991 de 27 de mayo, determinando un valor de adquisición de 14.074.500 pts (84.589,45 €), que restadas del valor de enajenación da lugar a un incremento de patrimonio de 23.592.167 pts. (141.791,78 €) a tipo medio, sin que se estime procedente la valoración aportada con fecha de 13 de mayo de 1994 que atribuye al derecho de arrendamiento un valor de mercado, a 31 de diciembre de 1978, de 116.490.000 pts (700.119 €), ya que la misma eliminaría casi en su totalidad el incremento de los precios inmobiliarios experimentado en los años comprendidos en el periodo. Dicho incremento de patrimonio se considera plenamente sujeto al impuesto, sin que le alcance la no sujeción prevista en el art.3.4 de la Ley 44/1978; por último, si bien en cuanto al precio percibido por el abandono del local considere no aplicable sanción por poder plantearse dudas acerca de la efectiva sujeción al impuesto, justifica la aplicación de la sanción con respecto a la parte de indemnización correspondiente a que los socios subarrendatarios acuerdan percibir directamente, ya que no se aprecia causa alguna que pueda disculpar la no declaración. Se liquida una sanción aplicable del 100 por cien sobre dicha parte de la cuota; ascendiendo la deuda tributaria a un total de 34.575.703 pts (207.804,16 €)., de las cuales 21.748.546 pts (130.711,39 €) corresponden a la cuota, 9.166.252 pts (55.090,28 €) a la sanción y 3.660.905 pts (22.002,48 €). a los intereses de demora
TERCERO: Disconforme el interesado con dicho acuerdo promovió contra el mismo reclamación económica administrativa, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de , alegando, en resumen: 1) la cantidad percibida debe tener la consideración de indemnización no sujeta conforme al artículo 3.4 de la ley 44/1978; 2) que no puede estar conforme con la presunción de reparto de dividendos ya que no se ha producido ninguna Junta Universal Extraordinaria de accionistas ni se ha distribuido ningún dividendo, únicamente se ha computado una renta en aplicación de las normas sobre operaciones vinculadas; 3) que, en el supuesto de no aceptación de las alegaciones anteriores, ha de tenerse en cuenta que para la determinación de los incrementos de patrimonio gravables, se ha de partir del valor del bien o elemento enajenado en 31 de diciembre de 1978, actualizado por aplicación del coeficiente establecido por la Ley 31/90 por lo que pudiéndose valorar el derecho perdido a 31 de diciembre de 1978 en 33.000.000 ptas (198.333,99 €), el incremento de patrimonio obtenido por el sujeto pasivo será de 3.370.777 pts (20.258,78 €); 4) por último se opuso a la sanción.
CUARTO: El Tribunal Económico Administrativo Regional de acordó en primera instancia el 5 de noviembre de 1997, estimar la reclamación, anulando la liquidación impugnada que deberá ser sustituida por otra en la que no se imputen los dividendos por la operación vinculada ni, por siguiente las retenciones y deducción de la cuota dimanantes de dicho concepto, reconociendo al reclamante en su caso, el derecho a la devolución de las cantidades que resulten indebidamente ingresadas, así como, al cobro de los correspondientes intereses legales; en dicha resolución, el Tribunal de instancia considera como incremento sujeto al impuesto la totalidad del importe que se imputa como contraprestación obtenida por la rescisión del contrato, no obstante, al haber considerado la Inspección, para el cálculo del incremento de patrimonio, determinado valor del derecho a 31 de diciembre de 1978, la tributación de la totalidad imputada empeoraría la situación del reclamante, lo cual implicaría la aplicación de la denominada "reformatio in peius", y siendo así, es evidente que procede confirmar en este aspecto la regularización efectuada.
QUINTO: Contra la anterior resolución, notificada el 9 de diciembre de 1997, el interesado interpuso recurso de alzada ante el Tribunal Económico Administrativo Central el 19 de diciembre siguiente, manifestando que la indemnización percibida por el reclamante subarrendatario del local de negocio no estaba sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en virtud del artículo 3.4 de la ley 44/1978.
SEXTO: En fecha 29 de diciembre de 1997 fue notificada la resolución del Tribunal Regional de , al Director del Departamento d Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal, que interpuso contra la misma recurso de alzada ante este Tribunal Central, mediante escrito de 16 de enero de 1998, alegando que el acto que se recurre se circunscribe a, que el Tribunal de instancia da por buena la liquidación por el incremento de patrimonio aún reconociendo que el coste de adquisición del derecho fue cero, impidiendo modificar la liquidación en este punto con base en la "reformatio in peius", y fundamenta su recurso en que, si bien la Inspección hizo tributar parte de la contraprestación recibida como incremento de patrimonio reconociendo un valor de adquisición determinado a 31 de diciembre de 1978, y el Tribunal Regional, por su parte, señala que el coste de adquisición de derecho de subarriendo es cero, se entiende que, no existe inconveniente en que se liquide el incremento de patrimonio de acuerdo con lo dispuesto por el Tribunal Regional, pues el haberse rectificado la liquidación en cuanto a los dividendos imputados, en ningún caso se va a rebasar el límite de la deuda tributaria reclamada, no existiendo con ello la "reformatio in peius"; dicho recurso de alzada fue puesto de manifiesto al interesado en fecha 18 de septiembre de 1998, y presento escrito de alegaciones efectuando las que estimo convenientes a su derecho.
SEPTIMO: Con fecha 12 de noviembre de 1998, por la Vocal de la Vocalía Primera de este Tribunal Central, se dicta Providencia de acumulación de los expedientes referenciados, R.G. y R.G. , por reunir los requisitos establecidos en el art.45 en relación con el art.44 del Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico administrativas de 1 de marzo de 1996.
OCTAVO: Del examen del expediente se deduce que no está suspendida la ejecución del acto administrativo impugnado.
PRIMERO: Concurren en el supuesto objeto de estudio los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que son presupuesto básico para la admisión a trámite del presente recurso de alzada, en el que las cuestiones principales que se plantean consisten en determinar: 1ª) si la indemnización percibida por el reclamante subarrendatario del local de negocio estaba sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; 2ª) si procede aplicar el principio de interdicción de la "reformatio in peius"
SEGUNDO: En cuanto a la primera cuestión, alega el interesado que se trata de una indemnización de las no sujetas según el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 44/1978. Dicho precepto establecía que no tenían la consideración de renta "las indemnizaciones que constituyan compensación de la pérdida o deterioro de bienes o derechos que no sean susceptibles de integrar el hecho imponible del Impuesto sobre el patrimonio". El artículo 8.e) del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 2384/1981, reprodujo esta misma disposición, si bien desarrolló su significado en el artículo 10, titulado "Indemnizaciones", especificando que "se considerarán incluidas entre las indemnizaciones a que se refiere la letra e) del artículo 8 anterior..." y a continuación agrupa tres categorías que, en síntesis, eran las derivadas de las laborales de traslado, despido o cese, las que son consecuencia de enfermedad, accidente laboral o incapacidad permanente y las derivadas de lesiones personales.
NOVENO: En cuanto a la segunda cuestión, alegada por Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal como consecuencia de que el Tribunal Regional admite que la tributación de la totalidad de la contraprestación obtenida por la rescisión del contrato empeoraría la situación del reclamante, lo cual implicaría la aplicación de la denominada "reformatio in peius", este Tribunal Central entiende, tal y como ha manifestado en diversas resoluciones, entre otras la de 17 de noviembre de 1999, que el principio de interdicción de la "reformatio in peius" deberá tenerse en cuenta con carácter global, de manera que, en el supuesto objeto de estudio, el mayor importe de la cuota que sería procedente, por la tributación total de la contraprestación obtenida por la rescisión del contrato, podrá tener efectividad si no da lugar a rebasar el límite de la deuda tributaria al haberse rectificado la liquidación en cuanto a los dividendos imputados; por lo que procede estimar en este sentido el la alegación efectuada por el Director del Departamento de Inspección, no obstante, si bien a la vista de las cifras que intervienen en la liquidación pudiera producirse el resultado a que se alude, y por tanto no se produzca la "reformatio in peius", este Tribunal entiende que, tal resultado se manifestará, en su caso, sólo cuando el órgano competente gire la oportuna liquidación. En consecuencia deberá anularse la resolución recurrida en lo referente a este extremo.
EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, conociendo el recurso de alzada promovido por, y la reclamación interpuesta por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA, contra Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
de 5 de noviembre de 1997, número de expediente , ACUERDA: 1) desestimar la reclamación interpuesta por el interesado; y 2) estimar el recurso interpuesto por Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria; y 3) anular la resolución impugnada conforme a los pronunciamientos de la presente resolución.
Resolución de TEAC, 00/2315/1997, 06-10-2000
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 06/10/2000 Núm. Resolución: 00/2315/1997

References: Resolución 
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 artículo 74
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 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 artículo 3
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 8
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