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Timestamp: 2017-11-23 05:18:57+00:00

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Decreto 96/2010 de 30 de julio, por el cual se regulan los centros integrados de formación profesional dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 96/2010 DE 30 DE JULIO, POR EL CUAL SE REGULAN LOS CENTROS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DENTRO DEL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS (BOIB DE 7 DE AGOSTO)
Art. 4. Creación de centros integrados de formación profesional
Art. 5. Finalidades de los centros integrados de formación profesional
Art. 7. La lengua catalana como lengua de la enseñanza, del aprendizaje y de comunicación
Art. 8. Requisitos de los centros integrados
Art. 10. Planificación, gestión y financiación de los centros integrados
Art. 11. Proyecto funcional
Art. 12. Órganos de gobierno de los centros integrados de formación profesional
Art. 13. Órganos de coordinación de los centros integrados de formación profesional
Art. 14. Órganos colegiados de participación de los centros integrados
Art. 16. Departamento de Información y Orientación Profesional
Art. 17. Ejercicio de la función inspectora
Segunda. Régimen aplicable a los centros privados
Tercera. Transformación de centros en centros integrados
Primera. Régimen transitorio aplicable en la transformación de centros educativos de enseñanza secundaria en centros integrados de formación profesional
Segunda. Creación de secciones específicas
Tercera. Vigencia de las ofertas actuales
Cuarta. Acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, establece que los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, que tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, constituyen las ofertas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También indica que se debe garantizar a los diferentes colectivos: jóvenes, trabajadores en activo o desocupados, el acceso eficaz a la formación profesional. La mencionada Ley traza las líneas básicas de los centros integrados de formación profesional.
Por otra parte, establece que las administraciones públicas tienen que adaptar las ofertas de formación, especialmente las dirigidas a grupos con dificultades de inserción laboral y que sean motivadoras de futuros aprendizajes, y permite el reconocimiento de las competencias obtenidas. El artículo 11 señala que las administraciones, dentro del ámbito de sus competencias, pueden establecer los requisitos específicos que deben reunir los centros de formación profesional.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, hace una apuesta por el aprendizaje a lo largo de la vida, potenciando la educación permanente como principio básico del sistema educativo. Es necesario, por lo tanto, favorecer que las personas adultas puedan conciliar el estudio con el trabajo y otras responsabilidades.
Asimismo, establece en el artículo 39, apartado 5, la posibilidad de que los estudios de formación profesional regulados en la Ley puedan realizarse en los centros integrados a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002. También en el artículo 42, apartado 1, indica que corresponde a las administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias y con la colaboración de los agentes sociales y económicos, programar la oferta de las enseñanzas de formación profesional.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el cual se regula el sub-sistema de formación profesional para la ocupación, en el preámbulo, señala el hecho de convertir el aprendizaje permanente en nuestro país en un elemento fundamental, no solo para la competitividad y la ocupación, sino también para el desarrollo personal y profesional de los trabajadores.
El artículo 12 del Real Decreto 34/2008 regula los certificados de profesionalidad y establece que las acciones formativas correspondientes a certificados de profesionalidad podrán impartirse en los centros integrados de formación profesional conforme a lo que se dispone en el Real Decreto 1558/2005.
El Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, regula los requisitos básicos de los centros integrados de formación profesional. El artículo 4, en la redacción que le da el Real Decreto 564/2010, de 7 de mayo, por el cual se modifica el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, señala las competencias atribuidas a las administraciones autonómicas en cuanto a la creación o la autorización de estos tipos de centros en su territorio de gestión.
Los centros integrados son concebidos como una institución al servicio de las personas y del sector productivo y deben contribuir a la cualificación y recualificación de las personas, y deben acomodarse a sus distintas expectativas profesionales. El centro integrado pretende, asimismo, atender a las necesidades de cualificación inmediatas y emergentes del sistema productivo, ser un referente orientador para el sector productivo y formativo de su entorno, facilitar la integración de las ofertas de formación profesional y rentabilizar los recursos humanos y materiales disponibles.
Para cumplir las finalidades citadas, los centros integrados de formación profesional tienen que tener autonomía y flexibilidad organizativa, versatilidad en la programación de su oferta formativa y capacidad de respuesta formativa a las necesidades del mundo laboral como consecuencia de los rápidos cambios tecnológicos, organizativos y materiales.
Los centros integrados así concebidos se desarrollan como dispositivos inteligentes con capacidad de respuesta a situaciones del mundo laboral que demandan una organización formativa competente para formar a las personas en una situación de normalidad y en una situación que demanda respuestas rápidas en un tiempo limitado.
La innovación en la formación profesional es otro rasgo de identidad de los centros integrados de forma que tienen que dar respuesta a las demandas de cualificación inmediatas y emergentes, a la vez que pueden mejorar de forma permanente su acción formativa en la organización de la formación, la tecnología incorporada a los procesos de formación, las didácticas específicas, la formación en centros de trabajo, las modalidades de la oferta formativa, la colaboración con las empresas, la atención individualizada, la respuesta a determinados colectivos, especialmente aquellos que se encuentran en situación de dificultad de inserción, y la formación del profesorado.
Los centros integrados deben concebirse más allá de un edificio común y una oferta integrada y se tienen que desarrollar como una organización que da una respuesta a las necesidades formativas de carácter sectorial o multisectorial en un territorio económico. De esta forma, se incorpora al proyecto un espacio integrado de recursos y de respuestas que multiplica la eficacia y la eficiencia del sistema formativo, a la vez que facilita la relación formación y empresa.
En virtud de todo esto, una vez aprobado por el Pleno del Consejo de Formación Profesional de las Illes Balears, con el informe favorable del Instituto Balear de la Mujer, con el Informe del Consejo Escolar de las Illes Balears, visto el dictamen del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, previo informe de las secretarías generales, de acuerdo con el Consejo Consultivo de las Illes Balears, a propuesta de los Consejeros de Turismo y Trabajo y de Educación y Cultura, y habiéndolo considerado el Consejo de Gobierno en la sesión del día 30 de julio de 2010, Decreto:
Artículo 1. Objeto.—Este Decreto tiene por objeto regular los requisitos básicos que tienen que tener los centros integrados de formación profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears según lo que establece el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, y en el marco de lo que dispone el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre.
Artículo 2. Definición de centro integrado de formación profesional.—1. Los centros integrados de formación profesional son aquellos centros que reúnen los requisitos establecidos en el Real Decreto 1558/2005, de 26 de diciembre y, además, los que figuran en este Decreto, que imparten todas las ofertas formativas referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conducen a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.
2. Estos centros deben incluir, dentro del ámbito de las familias profesionales o áreas que tengan autorizadas, las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones formativas de inserción y de reinserción laboral y las de formación permanente dirigidas a la población con edad laboral.
3. Los centros integrados tienen que disponer de una oferta modular, flexible y de calidad adaptada a las demandas de la población y a las necesidades generadas por el sistema productivo y que puede ser desarrollada en las modalidades presencial, a distancia y mixta, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades individuales y personales. Se debe tener en cuenta:
a) Que se pueda impartir una oferta modular que conduzca a la obtención de los certificados de profesionalidad o de los títulos y otras ofertas formativas.
b) Que la oferta contemple, en el sentido más extenso, programas asociados a los diferentes niveles de cualificación y la oferta parcial de un módulo asociado a una necesidad sectorial o de empresa.
c) Que haya posibilidad de impartir cursos de actualización y de especialización.
d) Que se tengan en cuenta las necesidades individuales a lo largo de la vida y las colectivas puntuales, de forma que la oferta sea adecuada a determinadas poblaciones o demandas de baja intensidad.
e) Que se pueda impartir la formación exigida por los reguladores sectoriales y que no forma parte de la formación referida al Catálogo Nacional.
4. Estos tipos de centros deben incorporar, igualmente, servicios de información y de orientación profesional. Cuando se cree la red de orientación profesional conjunta de la Administración educativa y de la Administración de trabajo, los servicios de información y orientación profesional de los centros integrados formarán parte de la misma. La información y orientación se debe hacer teniendo en cuenta todas las acciones que desarrollen las diferentes administraciones (Servicio de Ocupación de las Illes Balears, Consejería de Educación y Cultura, consejos insulares, ayuntamientos.), así como las que dependan de los diferentes agentes económicos y sociales.
5. Los centros integrados han de potenciar la relación con el sector o los sectores en aspectos de colaboración mutua, tales como: espacios, equipa-miento, formación del profesorado y formación del alumnado en centros de trabajo, colaboración con las empresas y organizaciones empresariales y sindicales, innovación e investigación, desarrollo de la cultura de la formación permanente y difusión y prestigio de la formación profesional.
Artículo 3. Tipología de centros integrados de formación profesional.—1. Los centros integrados de formación profesional pueden ser públicos o privados. En el caso de que sean privados y para garantizar los procesos administrativos y de custodia en cuanto a la expedición de titulaciones, se deben adscribir a un centro público.
2. Los centros integrados pueden ser de nueva creación o proceder de la transformación de centros ya existentes.
3. Los centros integrados pueden recibir subvenciones y otras ayudas para financiar las acciones formativas y los servicios que ofrecen, incluidas las de régimen de conciertos educativos, en el caso de centros integrados privados.
Artículo 4. Creación de centros integrados de formación profesional.—1. La programación de la oferta integrada de formación profesional tiene que hacerse teniendo en cuenta que la formación a lo largo de la vida es un derecho de las personas que los poderes públicos tienen que asegurar. Para facilitar el ejercicio de este derecho, las administraciones competentes en materia de educación y de formación tienen que organizar una red balear de centros integrados de titularidad pública.
2. La creación de los centros integrados debe tener en cuenta lo que se regula en el artículo 4 del Real Decreto 1558/2005. Al mismo tiempo, se debe coordinar con otras administraciones que desarrollen actividades estratégicas dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y las respectivas administraciones de ámbito insular.
3. Los centros deben cumplir los requisitos que dicta este Decreto y los establecidos con carácter general por el Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre. Reglamentariamente, debe establecerse el procedimiento mediante el cual se determina la imposibilidad de que un centro integrado de formación profesional continúe realizando las funciones que tiene asignadas porque no cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Artículo 5. Finalidades de los centros integrados de formación profesional.—Las finalidades de los centros integrados de formación profesional son:
a) Responder a las necesidades de formación de las personas y del mercado laboral dentro del marco de la formación profesional que emana de la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, de 19 de junio de 2002, y de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con la posibilidad de obtener un título, un certificado de profesionalidad o bien de mejorar la cualificación, mediante ofertas modulares flexibles de calidad y adaptadas a las demandas de la población y de los sectores productivos de las Illes Balears, desarrollando acciones formativas dirigidas a la población demandante: jóvenes, personas trabajadoras en activo y en situación de desempleo, sea cuál sea su modalidad.
b) Prestar los servicios de información y de orientación profesional para que las personas tomen las decisiones más adecuadas respecto a sus necesidades de formación profesional con relación a su entorno productivo e integrarlos dentro de la red de orientación profesional, según se ha descrito en el punto 4 del artículo 2.
c) En el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, colaborar en los procesos de evaluación y de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas mediante la experiencia laboral y las vías no formales de formación.
d) Cooperar con el entorno socioproductivo, reforzando los vínculos entre el sistema formativo y el productivo, especialmente dentro del área de influencia del centro.
e) Asistir técnicamente y en cuanto a formación al resto de centros de formación profesional que tengan las mismas familias profesionales o afines.
f) Fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres para acceder al mismo tipo de opciones profesionales y a su ejercicio.
g) Optimizar y potenciar el uso eficiente de los recursos públicos y privados destinados a la formación profesional aprovechando las sinergias producidas por las familias profesionales.
h) Desarrollar un modelo de formación profesional basado en el trabajo digno, la responsabilidad profesional y social, la sostenibilidad, el equilibrio ecológico, la calidad y la prevención de los riesgos laborales.
i) Impulsar la mejora de las aptitudes y de las competencias de las personas usuarias, con la promoción de proyectos de movilidad, perfeccionamiento profesional y de cooperación dentro del contexto europeo.
Artículo 6. Funciones de los centros integrados de formación profesional.—1. Son funciones de los centros integrados:
a) Organizar e impartir las ofertas formativas que hayan sido autorizadas y que se correspondan con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y otras ofertas formativas que den respuesta a demandas del entorno productivo y de las personas, aunque no conduzcan a la obtención de un título o un certificado de profesionalidad.
b) Impulsar una oferta flexible que permita que las personas adultas y los trabajadores y trabajadoras puedan acceder a la misma, teniendo en cuenta la compatibilidad de horarios que les posibilite la asistencia a ésta.
c) Desarrollar un plan estratégico con las empresas del sector, los ayuntamientos, mancomunidades y consejos insulares del ámbito territorial correspondiente, a nivel sectorial, insular y comarcal, relacionado con las familias profesionales que constituyen la oferta del centro. Este plan también ha de permitir impulsar acciones y proyectos de innovación.
d) Promover acciones de formación continua del profesorado, expertos y expertas u otras personas formadoras que desarrollen su actividad formativa dentro del centro o en su entorno y colaborar con ellas.
e) Informar, formar y asesorar a otros centros de formación profesional y colaborar, cuando corresponda, con los centros de referencia nacional.
f) Desarrollar e impulsar con las empresas y con los interlocutores sociales de su entorno, proyectos de innovación y desarrollo, difundiendo las experiencias al resto de centros de formación profesional.
g) Potenciar la mejora permanente y la proyección nacional e internacional del centro, impulsando la organización y la participación en proyectos europeos de movilidad, cooperación y perfeccionamiento profesional.
h) Los centros integrados públicos tienen que colaborar con el organismo competente que se determine en su momento, en los procedimientos de evaluación y de acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas mediante la experiencia profesional o las vías no formales de formación.
i) Promover la cultura emprendedora a través de la formación y el asesoramiento en la creación de empresas, especialmente las que trabajen modelos sostenibles, solidarios y democráticos.
j) Con la finalidad de contribuir a la mejora continuada y de asegurar la calidad de la formación, facilitar información, orientación, mediación entre alumnado y trabajo, investigación, innovación y planes de formación para la empresa.
k) Incentivar la participación en proyectos europeos de movilidad de alumnado y profesorado, así como en proyectos de innovación de ámbito internacional.
l) Otras funciones de naturaleza análoga que determine la administración pública que haya propuesto la creación del centro integrado público o haya autorizado al centro integrado privado.
2. Para realizar las funciones señaladas en los apartados anteriores, los centros integrados pueden desarrollar acuerdos y convenios con las empresas, organizaciones empresariales y sindicales, instituciones y otros organismos y entidades para el aprovechamiento de las infraestructuras y los recursos. Estos acuerdos y/o convenios deben cumplir los parámetros de máxima flexibilidad y eficiencia de los procesos.
Artículo 7. La lengua catalana como lengua de la enseñanza, del aprendizaje y de comunicación.—La lengua catalana, propia de las Illes Balears, es la lengua de la enseñanza. Su uso como lengua vehicular y de aprendizaje en los centros integrados se debe adecuar a las directrices siguientes:
a) La lengua catalana tiene que ser la lengua de uso preferente en los actos culturales y sociales y en las relaciones del centro con las administraciones públicas y las entidades privadas.
b) La lengua catalana tiene que ser la lengua de las actuaciones administrativas de régimen interno y de proyección externa de los centros integrados sostenidos con fondos públicos.
Artículo 8. Requisitos de los centros integrados.—1. Los centros integrados de formación profesional de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, además de los requisitos establecidos en este Decreto, deben reunir las condiciones previstas en el artículo 8 del Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre.
2. Estos centros tienen que cumplir con los requisitos especificados en los reales decretos que regulan los títulos de formación profesional, los requisitos de los certificados de profesionalidad y los derivados de las normas de prevención.
3. Los espacios y las instalaciones tienen que ser adecuados para realizar las actividades de gestión, coordinación, información, orientación y apoyo de las funciones del centro, así como deben serlo las aulas, los laboratorios y los talleres para la función docente.
4. Se puede autorizar el uso de espacios e instalaciones singulares, así como la utilización de instalaciones y equipamientos propios de entornos profesionales, ubicados en un recinto distinto al resto de instalaciones del centro, de acuerdo con el procedimiento que se regule en desarrollo de la previsión que figura en el artículo 8.3 del Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre.
5. Los centros deben contar con suficiente número de profesores y profesoras y de expertos y expertas profesionales para desarrollar las tareas asignadas. También tienen que contar con suficiente personal de administración y de servicios, vigilancia y mantenimiento.
6. Cada centro tiene que analizar y determinar, según el plan estratégico, la plantilla orgánica de profesorado y de expertos y expertas necesarios para desarrollar la oferta formativa. En el caso de centros públicos debe priorizarse la incorporación de profesorado de la Consejería de Educación y Cultura y de la Consejería de Turismo y Trabajo, y tienen que respetarse para las adscripciones los correspondientes ámbitos territoriales.
7. El procedimiento de selección y contratación del profesorado y de los expertos y expertas de los centros públicos viene determinado por la normativa vigente.
Artículo 9. Autonomía de los centros integrados de formación profesional.—1. Los centros integrados tienen que disponer de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, dentro del marco de la normativa vigente. El grado de autonomía tiene que ser el necesario para conseguir una formación profesional de calidad, y tiene que dotarlos de la flexibilidad necesaria para tener un funcionamiento lo suficientemente ágil y que dé respuestas a las necesidades de los requerimientos de la formación profesional actual. En casos excepcionales que determine el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, los planes funcionales y la oferta se tienen que ajustar a las necesidades que se consideren estratégicas.
2. La Consejería de Educación y Cultura y la Consejería de Turismo y Trabajo, teniendo en cuenta la naturaleza de las ofertas formativas y las características de los colectivos destinatarios, tienen que determinar los plazos de admisión y de matrícula, así como otras cuestiones que se determinen y que sean diferentes a los periodos habituales de ámbito general.
Artículo 10. Planificación, gestión y financiación de los centros integrados.—1. Las consejerías competentes en materia de educación y de empleo, con la colaboración de los agentes económicos y sociales representados en el Consejo de Formación Profesional, tienen que establecer y definir un modelo de planificación común, que puede tener carácter anual o plurianual, para el conjunto de centros integrados de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
2. Este modelo de planificación tiene que contemplar:
a) Las necesidades detectadas en los sectores productivos y sociales de las Illes Balears, teniendo en cuenta las características sectoriales y territoriales existentes en la Comunidad Autónoma.
b) El personal y los recursos materiales necesarios para responder con garantías a las necesidades planteadas.
c) La disposición de financiación suficiente para las actividades formativas, teniendo en cuenta su normativa reguladora y la normativa vigente en prevención de riesgos laborales.
d) Cada una de las consejerías titulares de centros integrados públicos tiene que aportar el presupuesto correspondiente para desarrollar las actividades formativas correspondientes, así como las cantidades económicas y de recursos humanos necesarios para garantizar el desarrollo de las mismas (gastos corrientes, administración, seguridad, conserjería, mantenimiento en general).
3. La consejería titular del centro integrado público puede delegar en los órganos de gobierno de los centros de titularidad pública la contratación de expertos y expertas, la adquisición de bienes y la contratación de obras y de servicios con los límites que la normativa establezca. Asimismo, puede regular el procedimiento para obtener recursos complementarios mediante la oferta de servicios. Estos recursos tienen que incorporarse a los presupuestos de los centros según lo que se regule.
Artículo 11. Proyecto funcional.—1. Los centros integrados tienen que elaborar un proyecto funcional de centro que constituya el instrumento fundamental para la organización y la planificación del centro. El proyecto tiene que tener en cuenta las funciones definidas en el artículo 6 de este Decreto y, también, debe contemplar los objetivos del centro, las prioridades, el procedimiento de gestión, el plan de actuación en acciones formativas y los mecanismos de evaluación. Debe revisarse, como mínimo, bienalmente.
2. Reglamentariamente, se debe establecer el procedimiento de autorización y de seguimiento del proyecto funcional de centro y de sus actualizaciones. En todo caso, el proyecto debe estar aprobado/informado por el Consejo Social del centro antes de solicitar la autorización. Los proyectos funcionales deben enviarse al Consejo de Formación Profesional de las Illes Balears.
3. Los centros integrados tienen que poner en marcha y aplicar un modelo de mejora continuada y de excelencia con la gestión, como herramienta para asegurar la calidad y el reconocimiento de la formación.
Artículo 12. Órganos de gobierno de los centros integrados de formación profesional.—1. Los centros integrados tienen que disponer, como mínimo, de los siguientes órganos unipersonales: el director o la directora, el jefe o la jefa de estudios y el secretario o la secretaria. En función de la complejidad del centro puede nombrarse un jefe o una jefa de área económica, compras y mantenimiento; en caso contrario, tiene que asumir las funciones el secretario o secretaria.
2. La dirección de los centros integrados tiene que proveerse por el procedimiento de libre designación, según lo que dispone el artículo 13.1 del Real Decreto 1558/2005 de 23 de diciembre. Los cargos de jefe de estudios y secretario o secretaria tienen que ser propuestos por el director o directora, así como el jefe o la jefa de área económica, compras y mantenimiento. En este caso, la persona que ocupe este lugar de trabajo ha de responder a un perfil con formación adecuada para poderlo desarrollar. En el caso de centros integrados de titularidad de la Consejería de Educación y Cultura, el director o directora debe nombrarse entre personal funcionario público docente.
3. Las funciones de los cargos reseñados son las habituales en un centro de formación, más todas aquellas que la consejería que ha propuesto la creación del centro integrado público o ha autorizado el centro integrado privado pueda determinar con carácter particular, especialmente en función de lo que se dispone en el apartado 3 del artículo 10, para los centros integrados de titularidad pública.
Artículo 13. Órganos de coordinación de los centros integrados de formación profesional.—1. Los centros integrados tienen que establecer los departamentos de familia profesional como órganos de coordinación de la actividad formativa dentro cada familia profesional.
2. Estos centros tienen que tener un departamento de información y de orientación profesional, así como el de relaciones con las empresas y el entorno productivo, que tiene que asumir la coordinación de las prácticas formativas, además de las funciones de asesoramiento y mediación en la ocupación.
3. Los centros integrados tienen que contar con órganos de coordinación para garantizar, si procede, las siguientes funciones:
a) Desarrollo de sistemas para asegurar la calidad.
b) Desarrollo y aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Reconocimiento y evaluación de competencias profesionales.
d) Desarrollo de sistemas de gestión medioambiental.
e) Otras funciones de naturaleza análoga que determine la administración pública que haya propuesto la creación del centro integrado público o haya autorizado el centro integrado en régimen de concierto educativo.
Artículo 14. Órganos colegiados de participación de los centros integrados.—1. Los órganos colegiados de participación son:
b) El claustro de profesorado
2. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en los centros integrados de formación profesional. Tiene que estar formado por doce miembros con voz y voto, más el secretario o la secretaria, que será el secretario o la secretaria del centro, con voz y sin voto, con la siguiente composición:
a) Cuatro representantes: dos del ámbito educativo nombrados por la consejería competente en materia de educación y dos del ámbito laboral nombrados por la consejería competente en materia de formación. Uno o una de estos representantes tiene que ser el director o la directora del centro y debe presidir el Consejo.
b) Cuatro representantes del centro: dos del profesorado, uno del personal no docente y uno del alumnado.
c) Cuatro representantes de las organizaciones empresariales y sindicales que tengan la condición legal de más representativos: dos representantes de las organizaciones sindicales y dos de las empresariales.
3. El Consejo Social tiene que desarrollar las siguientes funciones:
a) Establecer las directrices generales para elaborar el proyecto funcional del centro y aprobarlo.
b) Analizar y aprobar el presupuesto y revisar las cuentas de gestión del centro.
d) Emitir informe con carácter previo al nombramiento del director o directora.
e) Colaborar en el establecimiento de contactos con las empresas y las instituciones para facilitar la consecución de los objetivos fijados en el proyecto funcional.
f) Otras funciones de naturaleza análoga que determine la administración pública que haya propuesto la creación del centro integrado público o haya autorizado el centro integrado en régimen de concierto educativo.
4. El claustro de profesorado es el órgano de participación del profesorado en la actividad del centro y tiene las siguientes funciones:
b) Promover iniciativas dentro del ámbito de la experimentación y de la innovación pedagógica y en la formación del profesorado.
c) Participar en la elaboración de planes de mejora de la calidad del centro.
d) Ser consultado en la elección de la dirección del centro.
Artículo 15. Profesorado.—1. Para ejercer la docencia en los centros integrados es necesario cumplir los requisitos generales de titulación así como lo que se establece en las normas que aprueben los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad, además de la acreditación de la competencia docente, de acuerdo con la normativa vigente.
2. En los centros de titularidad pública que dependan de la Consejería de Educación y Cultura o de la Consejería de Turismo y Trabajo pueden ejercer la docencia las personas funcionarias de acuerdo con lo que se establece en el artículo 15.2 del Real Decreto 1558/2005. También el profesorado que haya sido transferido a la Comunidad Autónoma y al mismo centro, siempre que cumpla con los requisitos definidos en el primer apartado de este artículo.
3. Pueden ser contratados, como expertos o expertas, profesionales cualificados para impartir aquellas enseñanzas que por su naturaleza lo requieran, en las condiciones que determinen la Consejería de Educación y Cultura y la Consejería de Turismo y Trabajo.
4. En el caso del profesorado funcionario interino de los cuerpos de profesorado técnico de formación profesional y de profesorado de enseñanza secundaria de nueva incorporación, la Consejería de Educación y Cultura puede prever un procedimiento selectivo, previo a la adjudicación, a fin de que pueda demostrar las habilidades y competencias imprescindibles respecto de los módulos sobre los cuales tendrá atribución docente.
Artículo 16. Departamento de Información y Orientación Profesional.—1. Los centros integrados tienen que disponer de un Departamento de Información y Orientación Profesional en el que pueden ejercer sus funciones las personas profesionales que dependan de la administración educativa o de la administración laboral. La provisión de estos puestos se tiene que hacer según la normativa establecida por la Administración competente: titulación, conocimiento de catalán y otros aspectos, tanto sean centros públicos, privados, como privados concertados.
2. En casos excepcionales, previo informe favorable del Consejo Social, se puede contratar algún experto o experta como personal eventual, en las condiciones y con el régimen que determine la normativa aplicable.
Artículo 17. Ejercicio de la función inspectora.—Corresponde a las administraciones educativa y laboral, cada una dentro del ámbito de sus respectivas competencias, la inspección de los centros integrados de formación profesional.
Disposición adicional primera. Centros integrados sectoriales.—El Gobierno de las Illes Balears puede crear centros integrados sectoriales de formación profesional por razones estratégicas excepcionales para la economía y para el mercado de trabajo de las Illes Balears.
Disposición adicional segunda. Régimen aplicable a los centros privados.—1. Es de aplicación a los centros integrados de formación profesional de titularidad privada lo que se establece en los artículos 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 5 por lo que respecta a las finalidades a, b, d, f, g, h y i, 6.1 apartados a, b, f, g, i, j, k y l, 6.2, 7, 8, 15.1. y 17.
1.	2. Los centros privados que tengan concierto educativo tienen que ajustarse a los artículos 9, 10 y 17 y tienen que disponer de los órganos de gobierno y participación establecidos en los artículos 12, 13 y 14.
Disposición adicional tercera. Transformación de centros en centros integrados.—1. Los centros educativos públicos que figuran en el Anexo se transforman en centros integrados de formación profesional, para ello cuentan con la autorización de la Consejería de Turismo y Trabajo.
2. Los centros indicados pueden impartir la oferta referida a las familias profesionales asociadas a cada uno de ellos que figura en el Anexo.
Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable en la transformación de centros educativos de enseñanza secundaria en centros integrados de formación profesional.—1. Cuando un centro educativo de enseñanza secundaria se transforme en un centro integrado, el régimen de extinción de las enseñanzas de los niveles de ESO y del bachillerato debe ser el siguiente:
a) El año académico en que se inicie el funcionamiento del centro como centro integrado de formación profesional se debe dejar de impartir el primer curso de la ESO. En los siguientes años académicos deben dejar de impartirse progresivamente los siguientes cursos de la ESO hasta su extinción.
b) En el año académico en que se deja de impartir el tercer curso de la ESO también se debe dejar de impartir el primer curso del bachillerato. El siguiente curso académico debe dejarse de impartir el segundo curso del bachillerato.
2. En todo caso, las enseñanzas de ESO y bachillerato solo se pueden impartir transitoriamente durante un plazo máximo de cinco años que cuentan desde el mismo curso en el cual se inicia el funcionamiento como centro integrado.
Disposición transitoria segunda. Creación de secciones específicas.—En el caso de los institutos de educación secundaria que dependen de la Consejería de Educación y Cultura, ya existentes a la entrada en vigor de este Decreto, con una carga de formación profesional de tres o más familias profesionales, se pueden crear secciones específicas de formación profesional, dependientes de un centro integrado, siempre que sean autorizadas explícitamente. Estas secciones tendrán un funcionamiento equivalente al de un centro integrado en aquellos aspectos regulados en este Decreto, el cual se determinará en la normativa complementaria que establezca la Consejería de Educación y Cultura.
Disposición transitoria tercera. Vigencia de las ofertas actuales.—Las ofertas formativas de formación profesional del sistema educativo de los centros integrados surgidos de la transformación de un Instituto de Educación Secundaria son las actuales hasta la sustitución por los títulos correspondientes que se regulen de acuerdo con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Disposición transitoria cuarta. Acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.—Hasta que no estén aprobados los títulos o los certificados de profesionalidad, mediante el Real Decreto que los regule, y que acrediten determinadas cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, los centros integrados pueden incluir en su oferta módulos formativos del Catálogo Modular de Formación Profesional, que tiene que ser el referente para el cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo 8.2.
Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.—Se autoriza a la Consejera de Turismo y Trabajo y al Consejero de Educación y Cultura a dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y para la aplicación del presente Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—El presente Decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

References: artículo 11
 artículo 39
 artículo 11
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 1
 artículo 11
 Real Decreto 

Artículo 2
 Real Decreto 

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 5
 artículo 2

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 8
 Real Decreto 
 artículo 8
 Real Decreto 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 6

Artículo 12
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 10

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 15
 Real Decreto 

Artículo 16

Artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 8