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Timestamp: 2019-08-23 05:06:37+00:00

Document:
DECRETO 106 DE 20 DE ENERO DE 2005
CONTENIDO:MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. PROMULGA EL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.
“Por el cual se promulga el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)”.
Que el Congreso Nacional, mediante Ley 808 del 27 de mayo de 2003, publicada en el Diario Oficial 45.201 del 28 de mayo de 2003, aprobó el “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999);
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-037 de 2004 del 27 de enero de 2004, declaró exequibles la Ley 808 del 27 de mayo de 2003 y el “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999);
Que el 14 de septiembre de 2004, Colombia depositó ante la Secretaría General de las Naciones Unidas el instrumento de ratificación del “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). En consecuencia, el citado instrumento internacional entró en vigor para Colombia el 14 de octubre de 2004, de acuerdo a lo previsto en su artículo 26.2; y
“De conformidad con el artículo 24 párrafo 2 del Convenio Colombia declara que no se considera vinculada por el párrafo 1 del mismo artículo”.
“De otra parte de conformidad con el artículo 7º párrafo 3 del convenio, notificó que el Estado colombiano establece su jurisdicción, de conformidad con su legislación nacional, con arreglo al párrafo 2 del mismo artículo”.
ART. 1º—Promúlgase el “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
(Por ser transcrito en este lugar se adjunta fotocopia del texto del “Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo”, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).
“Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
Recordando también todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General sobre la cuestión, incluida la Resolución 49/60, de 9 de diciembre de 1994, y su anexo sobre la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, en la que los Estados miembros de las Naciones Unidas reafirmaron solemnemente que condenaban en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y, quienquiera los cometiera, incluidos los que pusieran en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazaran la integridad territorial y la seguridad de los Estados,
Recordando así mismo la Resolución 52/165 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1997, en la que la asamblea invitó a los Estados a que consideraran, en particular, la posibilidad de aplicar las medidas que figuraban en los incisos a) a f) del párrafo 3 de su Resolución 51/210, de 17 de diciembre de 1996,
3. Por “producto” se entenderá cualesquiera fondos procedentes u obtenidos, directa o indirectamente, de la comisión de un delito enunciado en el artículo 2º.
El presente convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente sea nacional de ese Estado y se encuentre en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2 del artículo 7º, con la excepción de que serán aplicables a esos casos, cuando corresponda, las disposiciones de los artículos 12 a 18.
a) Tipificar como infracción penal, con arreglo a su legislación interna, los delitos enunciados en el artículo 2º;
1. Cada Estado parte, de conformidad con sus principios jurídicos internos, adoptará las medidas necesarias para que pueda establecerse la responsabilidad de una entidad jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, cuando una persona responsable de su dirección o control cometa, en esa calidad, un delito enunciado en el artículo 2º. Esa responsabilidad podrá ser penal, civil o administrativa.
3. Cada Estado parte velará en particular por que las entidades jurídicas responsables de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º estén sujetas a sanciones penales, civiles o administrativas eficaces, proporcionadas y disuasorias. Tales sanciones podrán incluir sanciones de carácter monetario.
a) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) ó b) del párrafo 1 del artículo 2º en el territorio de ese Estado o contra uno de sus nacionales o haya tenido ese resultado;
b) Con el propósito de perpetrar un delito de los mencionados en los apartados a) ó b) del párrafo 1 del artículo 2º contra una instalación gubernamental de ese Estado en el extranjero, incluso un local diplomático o consular de ese Estado, o haya tenido ese resultado;
c) Con el propósito o el resultado de cometer un delito de los indicados en los apartados a) ó b) del párrafo 1º del artículo 2º, en un intento de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto;
4. Cada Estado parte tomará, así mismo, las medidas que resulten necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2º en los casos en que el presunto autor del delito se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.
5. Cuando más de un Estado parte reclame jurisdicción respecto de uno de los delitos mencionados en el artículo 2º, los Estados partes interesados procurarán coordinar sus acciones de manera apropiada, en particular respecto de las condiciones para enjuiciar y de las modalidades de la asistencia judicial recíproca.
1. Cada Estado parte adoptará las medidas que resulten necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos internos, para la identificación, la detección y el aseguramiento o la incautación de todos los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2º, así como el producto obtenido de esos delitos, a los efectos de su posible decomiso.
2. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con sus principios jurídicos internos, las medidas que resulten necesarias para el decomiso de los fondos utilizados o asignados para cometer los delitos indicados en el artículo 2º y del producto obtenido de esos delitos.
4. Cada Estado parte considerará el establecimiento de mecanismos mediante los cuales los fondos procedentes de los decomisos previstos en el presente artículo se utilicen para indemnizar a las víctimas de los delitos mencionados en los incisos a) ó b) del párrafo 1º del artículo 2º o de sus familiares.
1. El Estado parte que reciba información que indique que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de un delito enunciado en el artículo 2º tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias, de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en esa información.
4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3º se ejercitarán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3º del presente artículo.
5. Lo dispuesto en los párrafos 3º y 4º se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado parte que, con arreglo al apartado b) del párrafo 1 ó al apartado b) del párrafo 2º del artículo 7º, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
6. El Estado parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen, a los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del artículo 7º y, si lo considera oportuno, a los demás Estados partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 del presente artículo informará sin dilación de los resultados de esta a los Estados partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
1. En los casos en que sea aplicable el artículo 7º, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.
2. Cuando la legislación de un Estado parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo solo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1.
2. Cuando un Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro Estado parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente convenio como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2º. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación al que se ha hecho la solicitud.
4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados partes se considerará que los delitos enunciados en el artículo 2º se han cometido no solo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 7º.
5. Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados partes con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2º se considerarán modificadas entre esos Estados partes en la medida en que sean incompatibles con el presente convenio.
4. Cada Estado parte podrá estudiar la posibilidad de establecer mecanismos para compartir con otros Estados partes la información o las pruebas necesarias a fin de establecer la responsabilidad penal, civil o administrativa en aplicación del artículo 5º.
A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca, ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2º se considerará delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.
Nada de lo dispuesto en el presente convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca si el Estado parte al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2º o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.
1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado parte y cuya presencia se solicite en otro Estado parte para fines de prestar testimonio o de identificación para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos enunciados en el artículo 2º podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:
b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos. Estados;
9. Convenio internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997”.

References: artículo 26
 artículo 24
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
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 artículo 2
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 artículo 2
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