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Control de Contitucionalidad -Benini
PROGRAMA - Seguridad I-Organización Interna
DchoConstitucional2Catedra. (1)
EL CASO “FAYT” Y SUS IMPLICANCIAS CONSTITUCIONALES.
Por el Dr. Antonio María Hernández (h.), Doctor en Derecho y Ciencias Sociales
(U.N. de Córdoba), Profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Público
Provincial y Municipal (U.N. de Córdoba), Ex Diputado de la Nación Argentina, Ex
Convencional Constituyente Nacional, Académico de Número de la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y Vicepresidente de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional
I..EL CASO “FAYT”.
I.1. La explicación sintética del caso.
Este caso debe su nombre al Juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Dr. Carlos Santiago Fayt, que planteó una acción declarativa de
inconstitucionalidad contra dos disposiciones incorporadas en la reforma
constitucional de 1994 que le afectaban: el art. 99 inc. 4, tercer párrafo y la
Dicho artículo estableció que para los magistrados de la Justicia Federal era
necesario un nuevo nombramiento para mantener el cargo cuando cumplieran setenta
y cinco años de edad y que dicha designación se haría por cinco años, pudiendo
repetirse indefinidamente. La disposición transitoria prescribió que la caducidad de
los nombramientos y la duración limitada indicada por ese artículo entraría en
vigencia a los cinco años de la sanción de la reforma, o sea el 24 de agosto de 1999.
El Alto Tribunal sentenció la causa el 19 de agosto del año pasado, haciendo lugar a
la demanda y declarando “...la nulidad de la reforma introducida por la convención
reformadora de 1994 en el art. 99, inc. 4, párrafo tercero –y en la disposición
transitoria undécima- al art. 110 de la Constitución Nacional”.(1)
El fallo, de extraordinaria importancia institucional y sin precedentes en la
jurisprudencia de la Corte, ha considerado revisable judicialmente la actuación del
poder constituyente derivado y declarado la nulidad de la propia constitución
reformada, dando origen a un debate profundo en nuestro derecho.(2)
I. 2. Los fundamentos de la sentencia de la Corte.
Seguidamente efectuamos una síntesis de los mismos, en el orden que fueron
enunciados en los respectivos Considerandos de la sentencia.
a) Justiciabilidad de esta causa:
La Corte, luego de analizar en los Considerandos 1º a 4º los aspectos procesales del
caso, concluye en afirmar en el considerando 5º, el carácter justiciable de la
cuestión, pues en su opinión existe una “causa”, “...pues el actor ha invocado ante el
Poder Judicial la protección de un derecho: el de manterner la inamovilidad en el
cargo de Juez de este Tribunal para el cual fue designado según el procedimiento
vigente para entonces en la Constituciön Nacional y de acuerdo al alcance que dicba
garantía le reconocía”. “El Estado Nacional ha resistido tal pretensión, de modo que
se configura una controversia entre partes que sostienen derechos contrapuestos,
esto es una controversia “definida y concreta” (Fallos, 242:353) que remite al
estudio de puntos regidos por normas constitucionales e infraconstitucionales de
naturaleza federal, lo cual es propio del mencionado poder (arts. 1 y 2, ley 27; arts.
116 y 117 de la Constitución Nacional).”(Considerando 5º)
Seguidamente la Corte afirma que su control de constitucionalidad corresponde
aunque “...lo atinente al contenido de una reforma constitucional haya sido
atribuído válidamente a un poder distinto del judicial , pues aún en tales hipótesis
siempre este departamento, a la luz de la Constitución, está habilitado para juzgar
en los casos que se le planteen, si el acto impugnado ha sido expedido por el
órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y con arreglo a las
formalidades a que está sujeto”...”Si la esencia de nuestro sistema de gobierno
radica en la limitación de los poderes de los distintos órganos y en la supremacía
de la Constitución, ningún departamento puede ejercer lícitamente otras
facultades que las que le han sido acordadas (Fallos, 137:47) y es del resorte de
esta Corte juzgar “la existencia y límites de las facultades privativas de los otros
poderes” (Fallos, 210:1095) y “excedencia de sus atribuciones” en la que éstos
puedan incurrir (Fallos, 254:43).” (Considerando 5º)
b) La doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la
El Alto Tribunal sostuvo textualmente lo siguiente al respecto en el Considerando 6º:
“Que, además, la doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la
Constitución fue elaborada por el Tribunal hace más de treinta años, pues surge de la
recta interpretación de la sentencia dictada in re: “Soria de Guerrero, Juana Ana c.
Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A-“.”En ese precedente, se aplicó a la actividad
de una convención reformadora el principio jurisprudencial que limitaba las
facultades jurisdiccionales respecto del procedimiento de "formación y sanción” de
las leyes. Sin embargo, se afirmó que esa regla general sólo cedería si se demostrase
la falta de concurrencia de los “requisitos mínimos e indispensables” que
condicionan la sanción de la norma constitucional reformada (conf. Consids. 3º y 4º,
Fallos, 256:556)
“Al respecto, es elocuente que el Congreso de la Nación –al emitir en diciembre de
1993 la declaración de necesidad de la reforma y fijar mediante una ley, según la
práctica constitucional argentina, los puntos a revisar- haya expresado mediante
términos inequívocos –aún cuando no era necesario- su conocimiento y aceptación
del carácter justiciable de los límites del poder reformador, puesto que al prever la
sanción de nulidad de las “modificaciones, derogaciones y agregados que realice la
Convención Constituyente apartándose de la competencia establecida...” (art. 6, ley
24.309, dicha prescripción presupone la existencia de un poder dotado de facultades
suficientes para realizar el control sobre el alcance de las disposiciones y
derogaciones adoptadas por la Convención, que permita privar de efectos a las
realizadas en infracción a los límites impuestos, el cual no puede ser otro que aquel
que tiene como atribución esencial la de preservar la supremacía constitucional: el
“Por lo demás, la invalidez del procedimiento de reforma de la Constitución dista de
ser una materia novedosa en los antecedentes que dieron origen a nuestra Carta
Magna, pues Alberdi prevenía en 1852 sobre la ineficacia de la proposición de
reformas que no estuviesen apoyadas por dos terceras partes del Congreso, o por dos
terceras partes de las Legislaturas Provinciales (art. 39, proyecto de constitución
acompañado a Las Bases)”.
c) La limitación del poder constituyente derivado:
La Corte expresa en este sentido en el Considerando 7º que se trata del “fondo de
este asunto” y que “...la facultad de reformar la Constitución no puede exceder el
marco de la regulación –constitucional- en que descansa”.
Se recuerda esta doctrina respecto del poder constituyente derivado provincial
(Fallos 316:2743), con cita de Manuel Gorostiaga (conf. “Facultades de las
Convenciones Constitucionales”, Rosario, 1898, págs. 52 y 53) y después se agrega:
“Restricción que también resulta del texto del art. 30 de la Constitución Nacional,
que, tras declarar la posibilidad de que aquélla sea reformada “en todo o en
cualquiera de sus partes” y conferir al Congreso de la Nación la función de declarar
la necesidad de la reforma, atribuye su realización a “una Convención convocada al
efecto” (el énfasis es agregado); precisamente, la expresión que se subraya, situada al
final del artìculo citado, pone de manifiesto que la convención se reúne con la
finalidad de modificar aquéllas cláusulas constitucionales que el Congreso declaró
que podían ser reformadas y sobre las que el pueblo de la Nación tuvo oportunidad
que se funda directamente en la Constitución”. “..309 y el ejercicio de la actividad reformadora. pues la declaración por el Congreso de la necesidad de la reforma bajo las condiciones que expresa el texto de la Constitución. citando a González Calderón.. quien tiene poderes para realizar un cometido. precisa de esta manera la cuestión: “. debe contar con las facultades implícitas necesarias para llevar a buen término la misión deferida. es un acto del poder preconstituyente –aún cuando en la historia constitucional argentina se haya implementado mediante la forma de leyes-. 301:205). a cargo de la convención.. 30: El Tribunal. pero que no son substantivas ni independientes de los poderes expresamente concedidos. pues si de un poder expreso pudiera implicarse otro de análoga consistencia se destruyen los límites de la concesión y no 4 . afirma en primer lugar que esta cuestión está tratada en la Primera Parte de la Constitución y no en la Segunda -entre las atribuciones del Congreso-.. que pueden considerarse adecuadas y compatibles con el diseño general de la Constitución. a cargo del Congreso y de la reforma propiamente dicha. La invocación de la denominada teoría de los poderes implícitos no puede justificar un desconocimiento de que el principio que sostiene el diseño institucional de la república es que ningún poder puede arrogarse mayores facultades que las que le hayan sido expresamente conferidas.. sino auxiliares y subordinadas (Fallos. Luego recuerda. e) El alcance de las facultades implícitas de la convención: La Corte. a quien “. Más predicar la presencia de poderes de dicha naturaleza es únicamente reconocer ciertas atribuciones que son imprescindibles para el ejercicio de las expresamente concedidas. Cabe recordar que no se trata de confrontar un acto legislativo material típico con acto emanado de la convención reformadora.pues es una afirmación sobre la naturaleza de la propia Constitución que se sitúa como ley suprema del país”. en el Considerando 8º.le corresponde llevar a cabo la actividad reformadora dentro de ese marco”. sobre las que no concurren dichos requisitos”. d) El procedimiento del art.de pronunciarse al elegir a los Convencionales y no otras. en el Considerando 9º. 300:1282. que el procedimiento de la reforma tiene dos etapas: de declaración de necesidad de la reforma.Sin duda. Y agrega: “En la adecuación o en el exceso respecto de esos límites reside la cuestión a resolver en el sub lite y este Tribunal centrará su juicio en las relaciones entre la ley 24.
en la historia constitucional argentina. para todo aquello que comportase una modificación. Sin duda. son los que resultan de la finalidad.309. debe profundizarse el análisis de la intención de quienes fijaron los puntos habilitados para la reforma en la ley 24. 3869).tardaría en echarse por tierra todo el aludido equilibrio de la Constitución (Fallos. dirigido a aventar los “fantasmas” que pudiesen obstruir la convocatoria a una reforma sobre la base de infundados argumentos relativos a los peligros de una convención con poderes ilimitados (cfr:.309. 7º de la ley bajo examen. pág. Diario de Sesiones Cámara de Senadores. 6º de la ley 24. derogación o agregado de la competencia establecida en los arts. 4092). 96 -en la numeración anterior a la reforma. dice textualmente: “.” g) La inamovilidad de los jueces: El Alto Tribunal sostiene en el Considerando 11º que el art. pág. en el caso. en el Considerando 10º.. Debate de la ley 24. 2º de la ley 24. 2º y 3º de ese cuerpo normativo.Esos poderes implícitos. Al respecto.309: La Corte. 2º 5 .309. que se definieron en los acuerdos de fuerzas políticas que precedieron la declaración del Congreso y que. revela el carácter de restricción explícita que el Congreso atribuyó a aquello que alterase o excediese el marco de la habilitación.. El Alto Tribunal en este Considerando rechaza la opinión del Procurador General que había sostenido la aplicación de dicha teoría y sostiene que en vez de examinarse la intención de los convencionales en el debate de la convención. según resulta del debate en el seno del Congreso-. sin perjuicio de la prohibición contenida en el art. 6º de la ley 24. Debate de la Ley 24. la sanción representa un énfasis innecesario –que revela la indudable intención de los representantes del pueblo. expresa: “Que la sanción explícita de nulidad contenida en el art. sesión del 20/21 de diciembre de 1993.consagró dicho principio. han contribuído a formar el consenso necesario para el cumplimiento del procedimiento establecido en el art. Esta finalidad. el sentido y el alcance de la reforma. sentido y alcance.” f) La sanción de nulidad del art. sesión del 21 de octubre de 1993. intervención del Senador Eduardo Menem. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.309. se expresaron en las llamadas “coincidencias básicas” y se hicieron constar en el art. que dicha norma no fué incluída entre las cláusulas que la convención estaba habilitada para revisar -según los arts.309. 318:1967)”. 30 de la Constitución Nacional (conf.
. puesto que todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes de 1853.y la incorporación de un nuevo artículo. 2º inc. En el Considerando 13º la Corte continúa con el mismo análisis y expresa que si bien se autorizó por el art.en el Núcleo de Coincidencias Básicas” tampoco aparece explícita ni implícitamente la mención a la garantía de inamovilidad con el contenido con el cual había sido establecida para los jueces federales por el citado art.309.algún contenido que pudiera interpretarse racionalmente como relativo a la posibilidad de fijar un término a la garantía de inamovilidad de los jueces federales con motivo del cumplimiento de una edad determinada”. h) El análisis del Núcleo de Coincidencias Básicas: La Corte concluye en el Considerando 12º en que “. había sido incluído en el art. 4º: El Alto Tribunal en el Considerando 14º expresa al respecto: “Que no puede razonablemente admitirse que. 5º del texto anterior. 319:24). i) La irrazonabilidad de la reforma del art. a saber.y 3º de la ley 24.309. ello estuvo vinculado al apartado H del Núcleo y respondió a la voluntad de crear el Consejo de la Magistratura. 86.materia que estaba explícitamente habilitada puesto que el art. al punto que es uno de los dos contenidos sobre los que se asienta la independencia de este departamento y que ha sido calificada por el Tribunal. relativos a la designación y remoción de los magistrados federales. inc. 99 inc. a) de la ley 24. como una garantía en favor de la totalidad de los habitantes. la convención reformadora incorpore una cláusula nítidamente extraña a las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación. Dice el Alto Tribunal que en ningún párrafo de los puntos I y J del citado Núcleo. 4º. 99 de la Constitución –según la numeración anterior de la reforma.309 la modificación del art. con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional. aparece “.y que se mantuvo intacta en su redacción en el texto sancionado en 1994 como art. 2º de la ley 24. inc.. (Fallos. antes que de un privilegio en favor de quienes ejercen la magistratura. la intervención del Señor Presidente de la Nación en la designación de los magistrados federales –art. 110. Constitución reformada. 99. 96 de la Constitución”.” 6 .
sino en la comprobación de que aquélla es fruto de un ejercicio indebido de la limitada competencia otorgada a la Convención reformadora”. “El Tribunal a quo..E. Ricardo y otros c. se puntualizó la necesidad de preservar al Poder Judicial de la “sobrejudicialización de los procesos de gobierno” (cons. en virtud de haberse configurado un manifiesto exceso en las facultades de que disponía la convención. pues el art.-Congreso de la Nación” del 31 de marzo de 1999..309. además se equivoca al fundar la no aplicación al actor de las cláusulas impugnadas en la doctrina de los derechos adquiridos al amparo de un régimen constitucional diferente. conforme al procedimiento reglado por el art. Después el Alto Tribunal recuerda que en la sentencia de la causa “Gomez Diez. cuando se 7 .más con parejo énfasis ha destacado en dicho precedente que esa autorrestricción en modo alguno supone que este poder abdique del control de constitucionalidad de las normas o actos emanados de los otros poderes del Estado –como es una convención reformadora-. ni jamás puede entenderse como implicado en una mera adecuación o actualización de las facultades del Poder Ejecutivo”.309. 30 de la Constitución Nacional y a lo dispuesto en la declaración de necesidad instrumentada mediante la ley 24.N. esta Corte no comparte la afirmación de que el Congreso. 4º.el régimen de designación. “. resulta abstracta en la presente causa. por las razones expuestas. en cumplimiento de su función preconstituyente.” k) La no revisión de la conveniencia o no de la norma impugnada: La Corte en el Considerando 16º sostiene en su primer párrafo: “Que esta sentencia no comporta un pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza substancial que conciernen a la conveniencia o inconveniencia de la norma impugnada –juicio que no está en las atribuciones propias del Poder Judicial-. 9º). habilitó una modificación de significativa trascendencia a la garantía de la inamovilidad de los magistrados judiciales federales a partir de una edad determinada. (3) La discusión que versa sobre la posibilidad de invocar derechos adquiridos frente a las disposiciones sancionadas regularmente por una convención reformadora de la Constitución Nacional. no puede aplicarse al actor por vicio de nulidad absoluta. 99 inc. ya que una alteración tan substancial no reconoce habilitación suficiente en las facultades implícitas que se derivan de la expresa atribución de reformar –en los términos del apartado I del “Núcleo de Coincidencias Básicas” incorporado a la Ley 24. párrafo tercero de la constitución reformada.j) La nulidad del exceso de las facultades de la convención reformadora: La Corte en el Considerando 15º afirma sobre este particular: “Que. P.
quien así se refiere a la misma: “Cuando la Corte Suprema acuñó la esencia de la seguridad jurídica. . Santa Fé. incluídos los actuales magistrados de esta Corte Suprema. tras la reforma de 1994. Los efectos de esta sentencia en la seguridad jurídica. 18). en cumplimiento de la primera y mas elevada misión que constitucionalmente le corresponde. 1898. Provincia de s/acción declarativa”: La Corte había sentenciado esta causa el 22 de junio de 1999. 343. expresando que es una de las bases principales de nuestro ordenamiento jurìdico cuya tutela incumbe a los jueces (Fallos. hemos jurado “cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional conforme al texto sancionado en 1853.observen –como en el caso. pues. reconociendo su jerarquía constitucional equiparada al derecho de propiedad (Fallos. con las reformas de 1860. que la transgresión verificada en el sub lite determina que esta Corte deba restablecer la vigencia de la Constitución Nacional. 252:134) dió un paso decisorio en pos de esa solidificación del entramado guía de las relaciones y situaciones jurídicas”. folios 339. Ésta es considerada uno de los “arbotantes”12 que sostienen el Estado de Derecho junto a los principios de legalidad y razonabilidad por Augusto Mario Morello (5). en los términos de las normas que habilitaron su funcionamiento” (Acordada de la Corte Suprema 58. pues se trató una cuestión similar y se adelantaron argumentos que luego se repetirían en esta oportunidad. 3. Fallos. 8 . Dicho fallo es un antecedente de este caso. Libro de Actas de la Corte Suprema. Casiano Rafael c. Con igual celo por esta función propia. donde constan nuestros juramentos). De los múltiples efectos que este fallo ha producido en nuestro derecho (4).” Seguidamente.” l) El precedente del caso “Iribarren.. 317:570. 1957 y las modificaciones realizadas por la reciente Convención Constituyente. los jueces de la Nación. nos interesa detenernos en los vinculados con la seguridad jurídica.los recaudos constitucionales que habiliten su jurisdicción (cons. donde consideró inconstitucional una reforma de la Constitución Provincial de dicha Provincia que también había establecido límites para el ejercicio de las magistraturas judiciales. como expresamente lo recuerdan los votos de los Ministros Vázquez y Bossert. el Tribunal dice: “De ahí. I. 1866. 242:501). 347.
sino a todos los ejercicios efectuados o futuros de poder constituyente derivado. ha modificado los propios soportes de nuestro Derecho y puesto en situación de sospecha y control judicial no sólo a otros puntos de la reforma constitucional de 1994. confiamos que en el futuro la Corte puede modificar los criterios sustentados en esta causa. efectuada cuando no habían transcurrido los 10 años que prescribió el texto fundacional de 1853? O los cuestionamientos a las reformas de 1949 y 1957? Cuando más allá de algunas objeciones. -como lo ha destacado Bianchi (6). pueden reabrirse en el tiempo por venir. aunque afortunadamente por los principios todavía vigentes del control de constitucionalidad en nuestro orden federal. Es por ello que consideramos como de extraordinaria gravedad institucional los efectos de este fallo. II. que ocupa la cúspide de nuestra jerarquía normativa y a la cual debe subordinarse el resto del ordenamiento jurídico. se afirmaba un consenso en la sociedad argentina sobre el alto grado de legitimidad de la reforma de 1994. aparece esta sentencia a casi cinco años de la sanción operada.que introduce dudas sobre dicho proceso e inseguridad jurídica en nuestro derecho. que pensábamos superados a la luz de la reforma de 1994 al proclamar cuáles eran las reformas vigentes. Acaso podemos olvidar el notable esfuerzo científico de interpretación de Sánchez Viamonte y Bidart Campos para superar la posible objeción de inconstitucionalidad a la reforma de 1860. Por ello resulta evidente que la Corte con este fallo ha afectado la seguridad jurídica pues al declarar la nulidad de dos disposiciones de la propia Constitución. NUESTRA OPINIÓN SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DE LA CORTE DESDE LA TEORÍA CONSTITUCIONAL. a la luz de esta nueva jurisprudencia. con consecuencias imprevisibles. En efecto. con efectos jurídicos similares. jurada por todos los miembros de la Convención Constituyente más numerosa y pluralista de la historia. también podría pensarse que en el futuro toda reforma –de mantenerse este criterio jurisprudencial. por vía de hipótesis. ellos son de aplicación al caso concreto y en consecuencia. nada empece que puedan revisarse la legalidad y legitimidad de las reformas constitucionales del pasado.Dicha seguridad jurídica encuentra su pilar en la propia Constitución. O sea que los profundos debates sobre el status constitucional argentino.estaría sujeta a una posibilidad semejante. De igual manera. 9 .
1. humaniza la entelequia metafísica y termina aquella sinfonía inconclusa convirtiéndola en programa practico de fácil realización. Ninguna especie del poder delegado puede cambiar nada en la condición de su delegación. pues para nosotros la sentencia desconoció los principios fundamentales de la teoría constitucional.. Antes que ella y por encima de ella sólo existe el derecho natural”. Estas leyes son llamadas fundamentales. la exposición de la teoría correspondió al abate Emmanuel Sieyès en su famosa obra “¿Qué es el tercer estado?”. Así opinamos. Cada parte de la Constitución no es obra del poder constituído sino del poder constituyente. como seguidamente lo explicaremos de manera sintética. b) y c) en el anterior punto I. A) Concepto: El poder constituyente es definido por Segundo V..(9) Sánchez Viamonte dice que Sieyès sigue el pensamiento de Rousseau pero corrige el empleo de los términos. (10) 10 . mencionados como a). su voluntad es siempre leal. en primer término. “Si queremos una idea justa de las leyes positivas que no pueden emanar sino de su voluntad tenemos. II. en razón de brevedad. El poder constituyente. las leyes constitucionales.Consideramos que este fallo de la Corte es inconstitucional y se inscribe entre los precedentes más erróneos y graves de toda la historia jurisprudencial del Alto Tribunal. 1. Aunque desde la antigüedad se ejercitó dicho poder para establecer las normas fundamentales. Su sencilla lección magistral fue aprendida por los protagonistas de la Revolución Francesa y no será olvidada mientras la humanidad necesite asegurarse la existencia de un orden jurídico. (7) Este tema del poder constituyente (8) junto a la supremacía constitucional y al control de constitucionalidad. que se dividen en dos partes. es la ley misma. es el origen de todo.la Nación existe ante todo. en los prolegómenos de la Revolución Francesa. Es en este sentido que las leyes constitucionales son fundamentales”.2. III. Linares Quintana como “la facultad soberana del pueblo a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental originario por medio de una Constitución y a revisar ésta total o parcialmente cuando sea necesario”. Sostenía el autor que “. no porque sean independientes de la voluntad nacional sino porque los cuerpos que existen y actúan por ellas no pueden tocarlas. constituyen un trípode fundamental de la teoría constitucional. unas que regulan la organización y las funciones del cuerpo legislativo y las otras que determinan la organización y las funciones de los diferentes cuerpos activos. al considerar los primeros argumentos de la Corte.
Clasificación: Del concepto de Linares Quintana. (13) La justeza de estos conceptos sirven para explicar con claridad el sistema de reforma constitucional consagrado en el art. -que el autor origina en Sieyés junto a Sánchez Viamonte. (11) “En ambos supuesto –expresa Vanossi (12).1. un “segundo grado” cuyo ejercicio es de las Provincias que sancionan sus respectivas Constituciones Provinciales. o sea la nota de “discontinuidad” del poder constituyente. de tal manera que cuando se sanciona por 11 . tanto cuando se constituye inicialmente como cuando se reforma ulteriormente: siempre es poder constituyente”. (15) También expresamos que la distinción entre poder constituyente originario y derivado se aplica a los distintos grados. en general aceptada por la casi unanimidad de la doctrina argentina y comparada. 129. se advierte la distinción entre poder constituyente “originario” y poder constituyente “derivado”.. a las cuales denominaba “etapa de primigeneidad” y “etapa de continuidad” respectivamente. deben dictar sus “constituciones locales” que son las Cartas Orgánicas Municipales. 123 de la Ley Suprema de la Nación y regladas en las Constituciones Provinciales. Por esta razón Vanossi cita a Linares Quintana cuando dice que “la obra del poder constituyente sólo puede ser válidamente modificada por el mismo poder constituyente y no por otro de menor jerarquía que aquél” y a Sánchez Viamonte que expresaba que el poder constituyente originario y el derivado eran “dos etapas de un mismo poder”. 30 de la Ley Suprema. Nos referimos a la vinculada a los “grados” de dicho poder. B.(14) Recordamos otra clasificación del poder constituyente. correspondiente al Estado Federal con la Constitución Nacional.Esta teoría es una de las bases fundamentales del Estado de Derecho y de las actuales democracias constitucionales. II. de competencia de los municipios que en ejercicio del aspecto institucional de sus autonomías consagradas en el art. el poder constituyente entraba en “estado virtual o de latencia”. porque luego de sancionada la Constitución. apto para ponerse de nuevo en movimiento cada vez que sea necesaria la reforma. entre las que se encuentra la nuestra.que ya sancionó su Estatuto Organizativo como Constitución de dicha ciudad Estado y un “cuarto grado”.estaríamos ante el ejercicio de una misma sustancia de poder. que instituye a la Convención como el órgano que ejercita el poder constituyente derivado. donde distinguimos un “primer grado”. González Calderón y Burdeau. un “tercer grado” correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires –luego de la reforma de 1994 con la incorporación del art. que consideramos útil e importante para nuestro estado federal y para analizar esta sentencia.
II. Límites: No obstante que las dos clases de poder constituyente tienen la misma sustancia. 30. A su vez..ella tiene el derecho de prescribir cuándo. El autor. la doctrina distingue al originario del derivado por sus límites. expresó: “Sólo tres convenciones (una en Georgia. los grados encuentran su fundamentación en las distintas jerarquías normativas de la organización federativa y por ello. --aunque no es pacífica la doctrina al respecto. 1892) entre todas las que he estudiado se aventuraron a desobedecer las reglas prescriptas por las Legislaturas. Nuestra Ley Suprema ha regulado el tema en el art. mientras que los Municipios autorizados para sancionar Cartas Orgánicas deben respetar las bases constitucionales de los órdenes superiores. No puede legalmente abdicar su posición. dónde y 12 . En ese sentido es preciso recurrir al análisis efectuado por Alejandro Jameson. mientras que se caracteriza al poder constituyente derivado como limitado. habida cuenta que el segundo debe adecuarse a los límites jurídicos impuestos por el primero al establecer el sistema de reforma constitucional. que fue un gran tratadista del derecho norteamericano. -precursor en materia de Convenciones-. en su obra “Convenciones Constitucionales”. o sea el federal y provincial respectivo. después de responder afirmativamente que una Legislatura puede obligar a una Convención. 1789. aspecto en que nos detendremos por ser de su propia naturaleza. debemos recordar algunos antecedentes del derecho comparado y argentino. otra en Illinois. 1862 y otra en Pensilvania. los procedimientos.primera vez la respectiva ley suprema se ejercita la forma originaria. En efecto.(16) En este sentido se considera en principio ilimitado al poder constituyente originario. Para adentrarnos en la naturaleza y alcance de las competencias de las Convenciones reformadoras. C. esta clase de poder constituyente debe cumplir las prescripciones que al respecto le ha fijado la propia Constitución sobre los órganos destinados a la reforma. 1. sobre cuyo análisis integral no podemos detenernos porque excede el propósito de este estudio. los plazos e incluso determinadas prohibiciones. a desatender o evadir las limitaciones establecidas” y agregó: “La Legislatura es el centinela de guardia. Esta cuestión es muy importante para comprender el tema que analizaremos más adelante del control de constitucionalidad de una reforma constitucional.(17).. las Constituciones Provinciales y de la ciudad de Buenos Aires deben respetar las bases constitucionales de la Constitución Nacional al momento de ejercitar su poder constituyente. mientras que la derivada corresponde a las reformas de la misma.
proceder en sus tareas y poner sus trabajos en vigor. el titular del poder constituyente es el pueblo. La diferencia entre poder constituyente y poder constituído resulta fundamental en la teoría constitucional. ello surge con toda claridad tanto del Preámbulo -cuando hace referencia a la sanción primigenia de la Constitución. Esta distinción aparece expuesta -tal como lo dijimos 13 . Sólo el pueblo puede originariamente sancionar una Constitución o reformarla. se requiere la presencia inequívoca de una voluntad polìtica nacida de una determinación popular mayoritaria. (18) Luego de destacar Arturo M. violencia o cualquier clase de presión. la potestad es plena. 1. Bas que “Las convenciones no son entre nosotros como en Norteamérica meramente de estudio y preparación. remontándose a la naturaleza del acto constituyente. (20) Estos conceptos sobre la naturaleza del poder constituyente reformador han sido posteriormente aceptados por la doctrina actual en nuestro país. En nuestro Ley Suprema. por medio de sus representantes o por otros procedimientos. que atribuye sólo a una Convención Constituyente tal competencia. 30. como para declarar que no conceptúan aquéllas convenientes o necesarias”. E. En nuestro derecho constitucional. que el único procedimiento admitido para el ejercicio del poder constituyente derivado es el indicado por el artículo precedentemente citado. para efectuar las enmiendas en la forma que juzguen conveniente. al prescribirse la reforma de ella por medio de la Convención. Esto se vincula con un tema de especial importancia cual es de la “legitimidad” de la Constitución. Dicho problema es de naturaleza esencialmente política y debe resolverse según Linares Quintana (22). dentro del término de su mandato. D.como del art.1. arriba a la siguiente conclusión: “Encuadradas las Convenciones. por cuanto allí reside el principio de la soberanía popular que es la base de la legitimidad democrática y del estado de derecho. sino que sancionan por sí y definitivamente la ley fundamental” (19). El poder constituyente y los poderes constituídos. Resulta evidente en consecuencia. El titular del poder constituyente. porque como observa Sánchez Viamonte (23).(21) II. y conociendo los puntos o materias señaladas para la reforma.cómo debe la Convención reunirse. pero no. II. porque de lo contrario no sería legítima una Constitución cuya sanción estuviese afectada de soborno. que debe hacer”.
el producto de una Convención Constituyente sólo puede ser revisado por otra Convención Constituyente (27). o sea por la misma jerarquía suprema de ejercicio de la soberanía popular. por el principio de “corrección funcional” mencionado por Konrad Hesse (26). que es la de ser guardián de la Constitución. que otorga supremacía a la Constitución. Asimismo ha obviado la más importante misión que tiene como poder constituído.por el Abate Sieyès en su obra citada y luego aceptada a lo largo del tiempo.en el control del propio poder constituyente. también deviene indiscutible que la primera obligación de los poderes constituídos es la de cumplir la Constitución en su letra y espíritu. De este análisis de la teoría más autorizada sobre la fundamental cuestión del poder constituyente. A su vez. Como lo veremos más adelante. representado en su expresión más elevada por la Convención Constituyente. pues es el que establece los grandes principios constitucionales del Estado de Derecho. sea originario o derivado. base del sistema republicano y la legitimidad democrática. que es el pilar inconmovible de nuestro ordenamiento jurídico y el fruto del ejercicio del poder constituyente. Violar ello. En consecuencia el Alto Tribunal ha pasado por alto la base misma de nuestro Estado democrático de Derecho. (25) En consecuencia resulta indudable que el poder constituyente opera en un nivel superior. Nunca por los poderes constituídos. pues se encuentran en una situación inferior y aunque sea por el Poder Judicial e incluso por la más alta Corte del país. No otra cosa se ha hecho al declararse la nulidad de unas cláusulas de la propia Constitución. lo cual supone 14 . como producto del poder constituyente en su faz originaria o derivada y cuya titularidad corresponde al pueblo a través de sus representantes elegidos para la Convención. como aqui se hizo. Es evidente para nosotros que la Corte avanzó sin competencia alguna –como lo veremos más adelante. resulta para nosotros evidente que la Corte desconoció en este fallo algunos de sus aspectos principales como el de la naturaleza del poder constituyente derivado. el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.anteriormente. que en nuestra organización son el Poder Legislativo.(24) Sánchez Viamonte consideró que esta separación fundamental entre el poder constituyente y los poderes constituídos es la creación jurídica más importante de aquéllos tiempos. su titularidad y la distinción entre poder constituyente y poder constituído. significa despreciar el elemental concepto de soberanía popular. dando origen a los poderes constituídos.
al advertir sobre este grave problema de los regímenes políticos. 31 de nuestra Ley Suprema.(28) Resulta evidente. Reiteramos que se afectó la supremacía constitucional. En consecuencia. sino que además se invirtieron dichos términos. La supremacía constitucional. pues en vez de acatarse el mandato propio de la reforma de 1994. que es la base del Estado de Derecho. 15 . Este principio es otro de los fundamentales de la teoría constitucional y consiste en que la Constitución. que la supremacía es un elemento fundamental del propio concepto de Constitución y que así ha sido establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Antes de su notable desarrollo -debido como hemos visto a Sieyès-. en consecuencia. porque es la expresión del poder constituyente. que siempre está obligado a respetar al de superior jerarquía. en su art. Su antecedente más antiguo se remonta a 1610. Esto también se vincula con la distinción entre este poder y el de naturaleza constituída. -como fue establecido desde el famoso precedente “Marbury v. que se establece a los fines de asegurar dicha supremacía constitucional. En este caso no sólo se obvió la distinción fundamental entre poder constituyente y poder constituído. una vez más se comprobó el peligro que encierra la pregunta que se formulaban los clásicos: qui custodet custodem?. Madison” del Chief Justice Marshall que influyó en el nuestro. debemos mencionar su consagración en el texto de la Constitución de los Estados Unidos de 1787. -que sin lugar a dudas integra la Constitución-. VI cláusula segunda.estar por encima del mismo. Y tal como lo anticipamos. -que desde Sieyès está en la base del Estado de Derecho y en el nuestro en particular-. violándose otro de los principios liminares de la teoría constitucional. II. En este caso. Desafortunadamente. el más alto Tribunal judicial que tenía la misión de proteger y custodiar la Ley Suprema. todo el orden jurídico debe adecuarse a ella. pues se antepuso un poder constituído al poder constituyente. esta trilogía de la teoría constitucional se completa con el control de constitucionalidad. Dicha supremacía constitucional ha sido desconocida en el fallo que analizamos del caso “Fayt”. pues se atribuye al célebre juez inglés Coke su primera enunciación. que a su vez es la máxima expresión de la soberanía popular.2. tiene carácter de suprema y fundamental.fue precisamente quien incumplió su primera y más importante obligación. la Corte declaró la nulidad de dos de sus cláusulas. que ha sido el directo antecedente del art.
pensamos que la inconstitucionalidad de una reforma constitucional puede producirse cuando se violentan los límites establecidos para el ejercicio del poder constituyente derivado. resultado. A ello respondemos afirmativamente. En cuando al primer aspecto. debemos preguntarnos si puede haber una reforma de la Constitución que sea inconstitucional. para superar la objeción de inconstitucionalidad de dicha reforma.3. En efecto.II. II. a la luz de los distintos debates que se han producido en la teorìa constitucional y en nuestra propia historia institucional.(29) En cuanto al segundo aspecto. luego de un prolongado derrotero político- institucional marcado por profundos desencuentros. Y luego de ello. que reputamos recién solucionado en la reforma de 1994. signó el comienzo del debate sobre nuestro status constitucional. nos parece precisa la clasificación efectuada de dichos límites por Vanossi (31) Formales (trámite a seguir) Procesales o adjetivos Temporales (plazos de prohibición) 16 . casi todas las posteriores reformas tuvieron igual suerte. –bajo nuestro punto de vista. La inconstitucionalidad de una reforma constitucional. es pertinente recordar en tal sentido los debates sostenidos entre Carl Schmitt y Hans Kelsen en el derecho europeo.de la falta de adecuada cultura política y jurídica.3. Piénsese que debimos recurrir a las tesis enunciadas en este siglo por Sánchez Viamonte y Bidart Campos sobre la naturaleza de poder constituyente originario en 1860.. el problema inicial de la reforma de 1860. en nuestra historia constitucional resulta notable el alto grado de cuestionamiento que tuvo el ejercicio del poder constituyente.(30) En consecuencia. 30 del texto de 1853 que prohibía reforma alguna en el término de 10 años. 1957. que nos impidió en largos períodos históricos alcanzar los acuerdos requeridos por la alta política constitucional. efectuada en violación del art. las de 1949. vgr. Previo al análisis de los principios del control de constitucionalidad en nuestro derecho y en el derecho comparado en relación a este tema. El control de constitucionalidad. 1972 e incluso la de 1994. En este sentido. A. entre Marbury y Frierson en el derecho norteamericano y entre Linares Quintana y Cueto Rúa en nuestro derecho.
Orfield estima que. 3. Para precisar esta cuestión es necesario distinguir: 1) entre las reformas constitucionales a nivel estadual y las de nivel federal. B. El control de constitucionalidad de una reforma constitucional en el derecho comparado. en cuanto a las enmiendas constitucionales producidas. y 2) entre las materias de procedimiento de la reforma (matters of procedure) y las materias de contenido (matters of sustance). 3. Linares Quintana sostiene que en general se puede observar que la jurisprudencia ha admitido la posibilidad del control en materias de procedimiento de una reforma constitucional. la jurisprudencia norteamericana muestra que en el nivel estatal -desde el siglo pasado.Integración Tratados internacionales Guerra – Condiciones al Vencido Admitida en consecuencia la posibilidad de la inconstitucionalidad de una reforma constitucional. después de todo. II. así como los tribunales no se han atrevido a juzgar acerca de la constitucionalidad de la Constitución misma. 1.(32) Con respecto a la segunda distinción. mientras que nunca en el orden federal ha ocurrido algo similar. B.. corresponde el análisis sobre el control de constitucionalidad de la misma. II.. dice Linares Quintana: “. Con respecto a la primer distinción. 17 .(33) Sintetizando la opinión del autor norteamericano al que refiere en este tema. En el derecho norteamericano. mientras que ello no ha ocurrido en materias de contenido de la reforma. Autónomos o internos Expresos (cláusulas pétreas) Sustanciales o sustantivos Límites jurídicos Implícitos (forma de gobierno) o positivos Pactos federales (limitación a la forma de estado) Heterónomos Supremacía federal (limitación al poder o Externos constituyente de las Provincias) Paz .se encuentran fallos que admiten la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional.
En este sentido. sería hacer decir decir a las disposiciones del artículo 5· que una enmienda propuesta por el Congreso y ratificada por las tres cuartas partes de los Estados será válida porque sea aprobada por la Suprema Corte. el control de constitucionalidad de una reforma constitucional federal no se puede ejercitar por el poder constituyente derivado.la Constituciòn ha confiado al Congreso y no a los tribunales el deber de determinar cuáles son las enmiendas necesarias. pues en él abrevamos como fuente de nuestra Ley Suprema y también del control de constitucionalidad. o de que no es una de aquellas que ha sido autorizada por los autores de la Constitución. en realidad a destruir una de las bases fundamentales de la Constitución” (35) En cambio Frierson contestó que “. es para asegurar su propia estabilidad y no para facilitar el cambio de todo su edificio.” Y agregaba: “. se colocaría por encima de los órganos que tienen atribuída dicha competencia por la Constitución. no debe olvidarse el debate producido entre William Marbury y William Frierson. pues de lo contrario. a los Tribunales.decir que los tribunales pueden revisar una enmienda.. cuando confirió a las Legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados el poder de enmendar la Constitución. sería substituir el juicio de los tribunales en una cuestión de política y oportunidad al juicio del Congreso y de las legislaturas de los Estados a los cuales la Constitución les ha confiado la materia”. No es concebible que el pueblo. nos parecen perfectamente aplicable a nuestro tema en estudio. bajo el prewtexto de enmiendas.. los conceptos de Frierson que hemos recordado precedentemente. tendientes. La única cuestión que puede ser sometida a un tribunal es la de saber si el Congreso ha ejercitado su juicio a este respecto.resulta lógico argumentar que desde que una enmienda llega a formar parte de la Constitución como cualquier otra porción de la misma. haya entendido autorizar la adopciòn de medidas. en 1920 en la “Harvard Law Review.. El primero sostuvo las limitaciones para enmendar la Constitución por parte de tres cuartas partes de los Estados y expresó: “. la constitucionalidad de ella no está más abierta al ataque que la de la ley fundamental misma”. Dicho de otro modo.(36) Consideramos de especial importancia estos antecedentes del derecho norteamericano. Esta determinación ha sido expresamente dejada al juicio de las dos terceras partes de cada Cámara. Para nosotros resulta claro que tanto en nuestro sistema como el que analizamos.. 18 .Si la Constitución ha reglado ella misma su enmienda..(34) En cuanto a la cuestión en la doctrina de dicho país. propuesta y ratificada por la vía regular. con el fundamento de que la enmienda no es necesaria o conveniente.
siendo la más importante la de Springfield liderada por Daniel Shays. se produjo otra declaración de inconstitucionalidad de una ley del Congreso recién en el caso “Dred Scott” de 1857 y posteriormente. Este temor originó entonces una visión contramayoritaria de la política. lo que dió origen al temor al despotismo legislativo. Para entender el mismo hay que ubicarse en el contexto histórico que precedió a la sanción de la Constitución de Filadelfia de 1787.(38) A mediados de la década 1780-1790 –considerada como uno de los períodos críticos de la historia norteamericana. que sirvió de base para establecer la función de control del Poder Judicial. En el mismo período. Las consecuencias de dichos levantamientos se observaron años después. –en el período que va desde la terminación de la Guerra Civil en 1865 y la Segunda Guerra Mundial. ya que las Legislaturas estaduales tomaron medidas para satisfacer dichas demandas. destacamos que luego del caso “Marbury v. nunca al contenido.Bajo otro punto de vista y tal como antes lo sostuvimos. Para comprender mejor el sistema norteamericano de control de constitucionalidad. George 19 . por cuanto se trata de un poder constituyente de segundo grado y en consecuencia. Es que no puede ser de otra manera a la luz del significado de dicho control. o sea una reacción contra el poder de las asambleas legislativas. el mismo debe adecuarse a las bases establecidas por el de primer grado. Madison” de 1803. en virtud del acoso que sufrían los deudores por parte de los jueces. más allá de su menor legitimidad democrática. que tuvo un desarrollo especial en los Estados Unidos y que luego influenciara en gran parte del derecho comparado. se encuentran en cambio seiscientos cincuenta y ocho declaraciones de inconstitucionalidad. pero analizando las leyes de las Legislaturas Estaduales. en la Ley Suprema Federal. Hamilton.se produjeron rebeliones antijudiciales para evitar el funcionamiento de las Cortes de Justicia.la notoria prudencia con que los jueces ejercieron esta extraordinaria facultad. por tratarse de una cuestión polìtica no justiciable.(37) Estas cifras demuestran –bajo nuestro punto de vista. Esta visión fue afirmándose a través de la opinión de personalidades como Madison.se produjeron setemta y siete resoluciones en ese sentido. en el caso que analizamos el Tribunal no sólo revisó el procedimiento sino también el contenido. por cuanto como ya veremos. es posible la revisión de la constitucionalidad de una reforma constitucional estadual o provincial. lo que a todas luces nos parece otro de los graves errores cometidos. Asimismo reiteramos que en el derecho norteamericano el control en esta materia sólo alcanza al procedimiento. Esto es importante.
así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo.”(41) En estas frases está la clara fundamentación de la supremacía constitucional y del control de constitucionalidad y además. afirmó esencialmente dos ideas. Y si ocurriese que entre las dos hay una discrepancia. se halla en oposición con la del pueblo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos y que donde la voluntad de la legislatura. en otras palabras. con sus escritos federalistas. aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores. entre otros. en el Federalista n· 78. por lo tanto. debe preferirse. y la legislatura. que pueden revisar leyes de la legislatura. creador de la constitución. la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. en el Federalista n· 10. como refiere Gargarella: que el nuevo orden institucional debía estar orientado a impedir los actos de las facciones y que los comportamientos facciosos representaban tendencias propias e inevitables de las asambleas legislativas. su justificación del principio de control contramayoritario de los jueces. Quienes más influyeron en esta cuestión fueron Madison y Hamilton. Hamilton. A ellos pertenece. (39). declarada en sus leyes. Sidgwick y John Marshall. mediante 20 . Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces. Y de ahí el remedio institucional para afrontar este peligro: el poder judicial. manifestadas en torno del proceso de sanción de la Constitución de 1787 y su ratificación posterior por los Estados de la Unión. debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria. Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del poder judicial sobre el legislativo. declarada en la Constitución. Madison.Washington. defendió la independencia del poder judicial como “necesaria para proteger la Constitución y los derechos individuales de los efectos de esos malos humores que las artes de hombres intrigantes o la influencia de coyunturas especiales esparcen a veces entre el pueblo” y concibió al poder judicial como “un cuerpo intermedio” situado entre el pueblo. determinar su significado. como es natural. como también sintetiza el Profesor de Buenos Aires. con la función de mantener a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad. responsable de la normativa más cotidiana. los jueces deberán gobernarse por la última de preferencia a las primeras. En el Federalista 78 expresó: “La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente de la incumbencia de los tribunales. con su función del control de constitucionalidad de las leyes. (40) Fue Hamilton además quien mejor expuso la facultad de control de constitucionalidad de los jueces. Deberán regular sus decisiones por las normas fundamentales antes que por las que no lo son.
los líderes de la opinión post revolucionaria (refiriéndose a los años 21 . I titulado “Approaches to constitutional analysis”. bástenos citar al tal vez más prestigioso de los constitucionalistas norteamericanos actuales.hay dos alternativas – demasiado claras para ser discutidas-: o la Constitución controla cualquier ley contraria a aquélla. ya en el Cap.. (44). y específicamente en relación a los jueces. The worry about judicial legitimacy: Guarding the guardians. The antimajoritarian difficulty (la dificultad contra o antimayoritaria) y 1-8. Berger. Lusky. inalterable por medios ordinarios. desarrollaba de esta manera las ideas de Hamilton: “. Para ejemplificar ello. Entre tales alternativas no hay términos medios: o la Constitución es la ley suprema. entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza. o se encuentra al mismo nivel que las leyes. trata estos dos temas:: 1-7. el Chief Justice Marshall en el célebre caso “Marbury v. Si es cierta la primera alternativa. Profesor de Harvard.”(42) Estos autores sentaron los principios del control de constitucionalidad en los Estados Unidos. en el punto citado y al comienzo del mismo.(43) Con respecto al primer tema. Choper. Laurence Tribe. Bickel y Hard. el destacado constitucionalista cita entre quienen han estudiado el problema a Black. con una delimitación precisa del mismo. se debate sobre la legitimidad y límites de su accionar en el control de constitucionalidad. como cualquiera de ellas puede reformarse o dejarse sin efecto siempre que al Congreso le plazca. Perry... y por lo pronto. que los autores contemporáneos prestan especial atención a los mismos. Ely. Posteriormente. entonces una ley contraria a la Constitución no es ley. En este sentido. expresa Tribe: “Frente al peligro que los jueces mismos pudieran desviarse de su esfera legal delegada de autoridad y por ello servir a un impulso personal en vez de a la Constitución. que es la propia Constitución. que en su conocida obra “American Constitutional Law”. Nosotros también sumamos a Ackerman.el argumento democrático del respeto a la máxima voluntad soberana del pueblo. Madison”. (45) Con relación al segundo tema. en base a la supremacía de la Constitución. pero si en cambio es verdadera la segunda. Estas cuestiones sobre la misión del Poder Judicial y los alcances del control de constitucionalidad tienen tan extraordinaria importancia en el sistema norteamericano. o la legislatura puede alterar la Constitución mediante una ley ordinaria. (la preocupación sobre la legitimidad judicial: vigilando los guardianes). continúa la preocupación por el correcto funcionamiento del principio de la división y equilibrio de los poderes del sistema republicano.
(47) f) Es necesario profundizar el debate en el derecho argentino sobre estos temas. control de constitucionalidad y división de los poderes. concluímos en que: a) Sería muy difícil que se cambien los principios de la supremacía constitucional. (48) Luego de la pertinente evolución histórica. por medio del fallo que estudiamos.2. como órgano de control de constitucionalidad. por la similitud de problemas con el derecho norteamericano y puesto que para nosotros. cuyo origen debe buscarse en el constitucionalismo revolucionario francés.(46) Luego de este análisis del derecho norteamericano. c) En la distinción entre los aspectos de procedimiento y de contenido de una reforma. a pesar del caso Fayt. que no ha cumplido con su extraordinaria responsabilidad de ser la guardiana de la Constitución. los europeos establecieron un control político de la constitucionalidad de las leyes. se ha alterado la división y equilibrio de los poderes. e) Los principios del derecho norteamericano que hemos analizado fueron fundamento de nuestro sistema constitucional y para nosotros siguen siéndolo. por tratarse de cuestiones polìticas no justiciables. que constituye su más flagrante violación. II.3. En el derecho europeo. d) En modo alguno puede recurrirse al derecho norteamericano para tratar de justificar lo acontecido en el caso Fayt. Fue por esta razón que las cortes fueron confiadas para servir como “un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura””. b) Nunca se ha declarado la inconstitucionalidad de una reforma de la Constitución federal.posteriores a la revolución de 1776) replicaron argumentando que el Poder Judicial estaría “limitado por estrictas reglas y precedentes”. Agregaron que careciendo de influencia final sobre la “espada” y la “bolsa”. también correspondió al abate Sieyès la defensa del “jurie constitutionnaire”. g) Las citas que hemos transcripto demuestran acabadamente la inconstitucionalidad en que ha incurrido la Corte Suprema argentina. sea la de 1787 o la vinculada a las sucesivas enmiendas.B. puedan revisar parte alguna de la Constitución. En lugar de la “judicial review” de Norteamérica. no se ha permitido la revisión de estos últimos. para que los tribunales federales y aún la Corte Suprema. sólo tiene juicio y de esta manera se espera que se mantenga como la rama “menos peligrosa”. se impondría 22 . el poder judicial federal puede verdaderamente decir que aunque carece de fuerza y poder. En efecto.
sino imposible. Ello surge del análisis de los arts.en dos elementos: su composición y su función de orientar y no de bloquear. En el derecho español.3. En relación a este último concepto que pensamos de aplicación para nuestro caso. que atribuyen la competencia en la materia del control de constitucionalidad al Tribunal Constitucional. agregamos que del análisis efectuado por distintos juristas europeos sobre la jurisdicción constitucional en la obra colectiva que venimos citando. A.a) y 163 de la Constitución.(50) La legitimidad de dichos tribunales se asienta –sostiene Louis Favoreu (51)..1. pueden ser desmentidos por el poder supremo del estado. dice el distinguido jurista francés que: “Los tribunales constitucionales tienen una función de orientar y no de bloquear. tiene así un poder sin límites. este autor recurre a la autoridad del decano de los constitucionalistas franceses..3. el poder constituyente”. Porque el poder constituyente puede modificar tal o cual medida o imponer una interpretación que no haya sido la de los jueces”. emerge que en dicho derecho no se encuentran antecedentes de revisión efectuada de reformas constitucionales. según lo expone Francisco 23 .(49) Con respecto a la naturaleza de los Tribunales Constitucionales se acepta generalmente este concepto de Vezio Crisafulli: “. En el derecho español tampoco se encuentra la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de una reforma constitucional.. que consagrara en las Constituciones austríaca y checoslovaca de 1920.B.El Tribunal Constitucional. de ninguna manera. que es difícil. En otras palabras. no tienen la “última palabra”. la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad..(53) II.permanece fuera de los poderes estatales tradicionalmente conocidos: forma un poder independiente cuyo papel consiste en asegurar el respeto de la Constitución en todos los campos”. concebir en un Estado constitucional de Derecho”.. En el derecho iberoamericano. Georges Vedel. 161. recurribles.(52) A estas claras opiniones que reafirman lo que sosteníamos sobre la naturaleza del poder constituyente. Para corroborar su opinión. Y mas adelante expresa en dicha lìnea de pensamiento: “una jurisdicción cuyas decisiones no pueden ser.finalmente en Europa el modelo kelseniano de control autónomo de constitucionalidad. quien ha escrito que la legitimidad de este tribunal constitucional “.radica en que también es un poder constituído y que no es dueño de las medidas que debe hacer respetar.
. la Constitución. Chile y Panamá.(55) Corroborando esta exacta visión del alcance de las atribuciones del Tribunal. aunque no único de la Constitución. Costa Rica. como a posteriori por 24 . expresa Fernández Segado que “. y no ostenta representación alguna en virtud de la cual pueda recabar para su voluntad libre el poder ir en contra de lo querido por la voluntud de la representación popular”. pero sólo por vicios de procedimiento en su formación.en su Voto particular al ATC 120/1983. pues su autoridad es sólo la autoridad de la Constitución.Fernández Segado. -también Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. tal como lo suscribió el Magistrado Sr. (54) Por otra parte. al escribir este autor sobre la naturaleza del Tribuna Constitucional dice que para el maestro García de Enterría “es la verdadera “corporeización” de la Constitución. (58) Con respecto a Costa Rica. al significar que “como intérprete supremo de la Constitución puede el Tribunal declarar la nulidad de los preceptos aue sean contrarios a aquélla. Rubén Hernández Valle explica que se puede controlar la constitucionalidad de los aspectos procesales de una reforma constitucional tanto a priori. Rubio Llorente. una de las competencias del Tribunal Constitucional es “conocer las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución”. por los actos reformatorios de la Constitución. de 21 de marzo. y para que mantenga a todos los poderes constitucionales en su calidad estricta de poderes constituídos”. sólo encontramos la posibilidad de la revisión judicial de una reforma constitucional en cuanto a los aspectos del procedimiento. tanto para su garantía y protección como para su desarrollo y adaptación a lo largo del tiempo. (57) En el caso de Colombia. como en Bolivia. Al estudiar la jurisdicción constitucional en Bolivia. Eduardo Cifuentes Muñoz indica que puede demandarese a través de la acción de inconstitucionalidad y ante la Corte Constitucional. En este sentido.su autoridad es sólo la autoridad de la Constitución”. en algunos pocos casos. entre las que no aparece la que nos ocupa. Benjamín Miguel Harb sostiene que luego de la reforma constitucional de 1994. Colombia. En el derecho latinoamericano. En el derecho latinoamericano. pero sólo al término de un proceso y mediante una decisión razonada. (56) B. como intérprete supremo. por medio de una consulta constitucional legislativa. es un verdadero “comisionado del poder constituyente” para el sostenimiento de su obra. que además enuncia las distintas normas objeto de control.
pues los proyectos que se someten a este control. pues el proyecto de leye queda pendiente de su sanción y promulgación hasta la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Dicho control es efectuado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. en cuanto a Panamá. en virtud de la cosa juzgada constitucional”. siempre que “lo requiera el Presidente de la República. Francisco Rodríguez Robles hace referencia a la “objeción de inexequibilidad constitucional”.. la Asamblea tendrá que archivarlo. . siempre que el requerimiento sea formulado antes de la promulgación de la ley. cualquiera de las Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. lo que no acontece en nuestro caso. El Tribunal debe resolver dentro del plazo de diez dìas contado desde que recibe el requerimiento. (59) Sobre Chile. que es un instrumento procesal constitucional para impedir que se aprueben modificaciones al texto constitucional violando el procedimiento que la propia constitución establece para su reforma. a menos que decida postergarlo hasta por otros diez días por motivos graves y calificados”. según lo dispone el numeral 6 del art.” (61) Luego del análisis de estas legislaciones resulta evidente que tampoco pueden compararse con el precedente de la Corte argentina que estudiamos. puede dar inicio a este proceso constitucional cuando reciba para su promulgación una reforma constitucional y considere que es contraria a la Constitución.”La interposición de una objeción de inexequibilidad constritucional tiene efectos suspensivos. Dice el autor que solamente el Presidente de la República. De manera que si nuestra más alta corporación de justicia considera que el proyecto legal es constitucionalmente exequible. “La objeción de inexequibilidad es un mecanismo complementario del control de constitucionalidad de las leyes vigentes.medio de una acción de inconstitucionalidad. (60) Finalmente. pero la parte impugnada de éste no podrá ser promulgada hasta la expiración del plazo del plazo señalado. Humberto Nogueira Alcalá expone que puede ser sometida al control de constitucionalidad del Tribunal Supremo una ley de reforma de la Constitución. pues en aquellos supuestos han sido las Leyes Supremas nacionales las que expresamente han reconocido dichas competencias en el control de constitucinalidad de reformas constitucionales a los respectivos tribunales. En cambio. 178 de la Constitución.”. si son declarados constitucionalmente exequibles. si el referido proyecto es considerado constitucionalmente exequible. el Presidente estará obligado a sancionarlo y hacerlo promulgar.. 25 . no pueden luego ser demandados o consultados por causa de inconstitucionalidad. “El requerimiento no suspende la tramitación del proyecto..
Moliné O·Connor. Santa Fé”. resultado de un poder constituyente de grado inferior. El control de constitucionalidad de una reforma constitucional provincial. el más alto Tribunal. que por el principio de “correcciòn funcional”. para revisar el ejercicio de poder constituyente. fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el día 22 de junio de 1999. -poder constituyente de primer grado-. puede revisar la constitucionalidad de una constitución provincial. en forma originaria y como poder constituído de primer grado. Bossert y Vásquez (los tres últimos según sus respectivos votos) y la disidencia de Belluscio. -resultado del ejercicio del poder constituyente de segundo grado-. consagrado en el art. las provincias tienen uno de segundo grado.II 3. las Provincias deben cumplir las bases fijadas por los arts. los Tribunales Superiores de Justicia de las Provincias tienen también que ejercitar igual función al revisar la constitucionalidad de las Cartas Orgánicas Municipales. declaró la inconstitucionalidad del art. y tal como lo habíamos expresado al analizar el control de constitucionalidad. con el voto mayoritario de los Ministros Nazareno. El caso “Iribarren Casiano Rafael c. Consideramos ahora necesario referirnos al caso “Iribarren Casiano Rafael c. En efecto. Explicado este aspecto. 31. que son verdaderas constituciones locales. De igual manera.88 de la Constitución de la Provincia de Santa Fé en cuanto dispone el cese de 26 . Se observa aquí con claridad que la Corte Suprema de Justicia es el más “nacional” de los poderes constituídos. En consecuencia. Petracchi. insistimos en que nuesta Corte no tenía competencia alguna como poder constituído que es. ya que puede revisar lo actuado en el derecho público provincial y municipal para garantizar el respeto a la Constitución federal. Ello implica que al ejercitar su poder constituyente. 5 y 123 y concordantes de la Ley Suprema de la Nación. habíamos mencionado la correspondiente a los distintos órdenes de nuestra federación y en tal sentido.C. resulta claro que el más alto Tribunal de nuestra Nación. Al considerar las clasificaciones del poder constituyente.por otra convención constituyente. Santa Fé”. Boggiano. sólo puede ser analizado –como antes lo dijimos. propio de la forma federal de estado. ya que se trata del directo e inmediato antecedente de este caso Fayt. a los fines de observar el cumplimiento de las bases prescriptas en la Carta Magna federal y asegurar la supremacía de dicho ordenamiento.
dejando en manos de los otros poderes provinciales la disposiciòn de sus cargos. exceden el marco del derecho público local y se proyectan al ámbito de vigencia de la Constitución Nacional. se expresó en el considerando 8º: “La trascendencia de los efectos del art. pero al exceder el propòsito impuesto. asegurarno el acatamiento de aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional (Fallos: 310:804)”. se adelantó un análisis circunstanciado del art. les impone expresamente el deber de asegurar la administraciòn de jusiticia.la inamovilidad de los magistrados a partir de los sesenta y cinco años de edad si están en condiciones de obtener la jubilación ordinaria.” Y en el 9º agregó: “Que. el ejercicio de ellas y la elecciòn de sus autoridades. pues aparece involucrado otro gran principio de nuestra Ley Suprema: el federalismo. pues se trataba de una temática similar en una constitución provincial. 88 de la constitucón de la Provincia de Santa Fe. que rechazó la citada demanda de 27 . 99 inc. Y es evidente que choca frontalmente con el citado deber la disposiciòn que transforma en precaria la situaciòn de los jueces que arriban a una determinada edad. 4 de la Constitución Nacional. Para nosotros este fallo tiene además especial gravedad institucional. en el slentido que da al término la Ley Fundamental. En cuanto a los fundamentos del voto mayoritario. Asimismo y como “obiter dictum” en el fallo del Ministro Vásquez. Ahora se aprecia con certeza que ya avanzaba en algunos integrantes de la Corte. sólo expresamos nuestra conformidad con la disidencia firmada por el Ministro Belluscio. la intervenciòn de este tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales. que había sido reformada en el muy lejano año 1962. Esta cuestiòn merecería otro estudio como el que estamos efectuando. ante situaciones como la de autos. sino que procura la perfecciòn de su funcionamiento. sin limitaciòn alguna en el tiempo. proclama su supremacía sobre las constituciones y leyes locales y encomienda a la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn su manteniminto. y que constituye uno de los pilares del edificio por ella construído con el fin irrenunciable de afianzar la justicia. que luego serviría de base para el caso Fayt y que por razòn de brevedad no consignamos. en la que se comprueba que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno. pues si bien ésta garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones. la idea de oponerse a la cláusula de los 75 años establecida en la reforma de 1994 y para ello se dió este paso previo. conforme al pedido de Fayt.
que permite a las provincias darse sus propias instituciones (arts.” En el considerando 8º consideró que era innecesario pronunciarse sobre la comparación con el sistema federal del art. ni siquiera a seguirlas como modelo más que en lo esencial.excede aquéllos límites. el art. Y. Extender màs allá la primacía del texto básico nacional implicaría la anulaciòn del federalismo.no merece reproche por una supuesta colisiòn con las normas de la Ley Suprema Federal”. que implicala existencia de un poder judicial separado de los poderes polìticos. cada provincia tiene plena potestad para organizar su poder judicial. en lo que hace al tema en debate en esta causa. Que el art. 99 inc. el examen de esa cuestión no pu ede partir del juzgamiento acerca de la conveniencia o inconveniencia en abstracto de la inamovilidad absoluta. expresó: “Que. En otros tèrminos. Es tan claro este principio. sino de que se respeten los lìmites marcados psor la Cosntituciòn Nacional. Que. Por lo tanto. lo esencial està constituído por mantenimiento del régimen republicano de gobierno. de igual jerarquía constitucional que el régimen republicano (art. Y en el nº 9. Obviamente. 1). aspecto que està librado a la apreciaciòn del constituyente provincial y exento de revisiòn judicial. que 28 . a diferencia de los del voto mayoritario de la Corte. en definitiva. 88 de la constituciòn santafesina –en tanto hace cesar la inamovilidad de los jueces al alcanzar al edad requerida para obtener la jubilaciòn ordinaria.” “7. al no estar atribuída a esta Corte la posibilidad de juzgar de la conveniencia o inconveniencia de las noras jurídicas regularmente dictadas sino exclusivamente de su compatibilidad con la Constituciòn Nacional. Estos fundamentos. dentro de los lìmites marcados por el art. si èsta impone a las provincias aquél criterio o no lo hace. expresan el respeto de nuestra forma federativa de estado y la consecuente autonomìa de las provincias para establecer sus propias instituciones. 4. obviamente. de acuerdo con los preincipios. por cierto. De manera que lo que corresponde establecer en esta causa es si el tope temporal de la inamovilidad por razón de la edad –fijado por la constitución impugnada en la època en que el magistrado está en condiciones de acceder a la jubilaciòn ordinaria. 5 de la Constituciòn Nacional obliga a las provincas a dictar sus respecitvas constituciones bajo el sistema representativo. y que asegure su administraciòn de justicia. en base a los siguientes argumentos: “6. declaraciones y garanjtías de aquélla. 5º. 122 y 123) y.inconstitucionalidad del juez Iribarren. y por la garantìa de su funcionamiento. ello no implica que los estados provinciales estèn forzados a copiar a la letra las instituciones nacionales. republicano. regular su composición y funcionamiento.
El control de constitucionalidad y las cuestiones políticas no judiciables.3. que tampoco podemos observar en profundidad porque también excedería este trabajo. Ejecutivo y Judicial.(62) II.b) Cuestiones relativas a la soberanía sobre una esfera determinada. D. Bernard Schwartz (65) para quien son consideradas cuestiones políticas no judiciales.para ello sólo basta observar lo que acontece en la federaciòn norteamericana. lo que no impide que efectuesmos algunas consideraciones al respecto. especialmente la norteamericana (64) en el derecho comparado y la nuestra. Con esta síntesis comienza el tratadista su explicación de este tema. Posteriormente analiza la doctrina y jurisprudencia. es notoriamente distinta la forma de designación y el tiempo de permanencia en los cargos judiciales federales y estaduales.incumbe por la Constitución.cuyo carácter es ajeno a la esencia de la función jurisdiccional. c) Cuestiones que implican la existencia de un estado de guerra o beligerancia y a la relaciòn de los Estados Unidos con cualquier conflicto. d) Cuestiones relativas a tratados. ello no afecta la divisiòn de poderes propia del sistema republicano. -enseña el maestro Linares Quintana (63). el Poder Judicial carece de competencia para conocer de las cuestiones polìticas. “En virtud del principio de la división de los poderes y de acuerdo con la naturaleza específica de las funciones que a cada uno de ellos –Legislativo. que sirviera de base a nuestra organizaciòn constitucional. pues significó otra honda lesión a nuestro deprimido federalismo. nos parece importante consignar un resumen de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana sobre el tema debido al Prof. nunca se ha declarado la inconstitucionalidad de dichas constituciones estaduales. en la mayorìa de los Estados es sabido que muchos jueces son designados por elección popular y con término de dicho mandato. relacionadas con los asuntos exteriores de la Nación: a) Cuestiones que implican el reconocimiento de naciones y gobiernos extranjeros . Es que además de ser una característica del federalismo. En tal sentido. de extraordinaria importancia en el control de constitucionalidad y en el funcionamiento del sistema político. por lo que su dilucidación está exclusivamente atribuída a los poderes políticos: Legislativo y Ejecutivo”. 29 . pues mientras en el primer caso los jueces son designados por el Presidente con acuerdo del Senado y duran en sus cargos mientras tengan buena conducta. Por ello. Y en este aspecto.e) Cuestiones que implican el empleo de las Fuerzas Armadas en el extranjero y f) Cuestiones relativas al principio y duración de una guerra en que están comprometidos los Estados Unidos. Y por cierto. este caso “Iribarren” es otro de los fallos más graves y erróneos de nuestra Corte.
en la presente demanda. luego de un exhaustivo análisis de la jurisprudencia anterior y actual de la Corte Suprema. c) Cuestiones concernientes a la calidad de legislador y la organizaciòn y procedimientos del departamento legislativo y d) Cuestiones relativas a si las leyes han sido promulgadas válidamente. expresó: “Es una regla elemental de nuestro derecho público que cada uno de los tres altos Poderres que forman el gobierno de la Nación. Los precedentes de los Estados Unidos están en un todo conformes con esta doctrina. un acto polìtico por su naturaleza. sin contestaciòn ni oposiciòn de ningún género. de esta importante doctrina. Por esta razón.Y más adelante. todos los casos de intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el Poder Político. íntimamente vinculada al sistema republicano y al equilibrio de los poderes. Llerena” (Fallos. establecida por la decisiònde sus Tribunales. esto es. en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe es como queda dicho. Laurence H. 53:435/475). sin ninguna participaciòn del Poder Judicial. Aclaramos que a esta síntesis hay que agregar la jurisprudencia de otros tribunales que siempre consideró como cuestión política no judiciable lo vinculado a los contenidos de las reformas constitucionales estaduales. b) Cuestiones que implican la garantía constitucional contra la violencia interior. A su vez. cuando ejeercita las fcultades que ellas les confiere respectivamente. Tribe. como hemos visto anteriormente. aplica e interpreta la Constitución por sí mismo.. cuya verificación corresponde exclusivamente a los Poderes Polìticos de la Nación. que revela la trascendencia y complejidad del tema. concluye en que la doctrina de las cuestiones políticas no judiciables refleja en el fondo una mezcla de interpretaciòn constitucional y discreción judicial como un producto inevitable de los esfuerzos de las cortes federales para definir sus propias limitaciones. por el Congreso y el Poder Ejecutivo. En cuanto a nuestro país. y así está reconocida en nuestros numerosos precedentes al respecto. consagrada por sus leyes. el citado Profesor enumera las siguientes cuestiones políticas: a) Cuestiones relativas a la garantia constitucional de la forma republicana de gobierno. no compete a esta Suprema Corte.(66) En consecuencia.Y con relaciòn al gobierno interno de los Estados Unidos. examinar la 30 .. la doctrina fue admitida por primera vez por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1893 en el caso “Cullen c. por la práctica constante de sus gobiernos. donde el alto Tribunal dijo: “La intervención nacional en las Provincias. el distinguido constitucionalista de Harvard. resulta indudable la vigencia en el constitucionalismo de aquel país. y enseñada por los comentadores de su Constitución”.
González. (71) En el caso “Partido Justicialista” (Fallos. Tillard c. 253:389) y “Juan Carlos Rodríguez y otros” (Fallos. Municipalidad de Córdoba” (Fallos. en todos estos casos votó en disidencia el Ministro Dr. Zavala Rodríguez. que atenuaron el alcance de la doctrina en la jurisprudencia norteamericana. Prado” (Fallos. M. 31 . 187:84/85) en 1940. 208:127) en 1947 sobre padrones electorales y “Frejuli” (Fallos. con el voto en disidencia del Ministro Dr. sobre la dilucidación de la compatibilidad de las instituciones provinciales con el art. S. 248:521) en 1960. aunque posteriormente reconocíó que había estado equivocado. “Unión Cìvica Radical” (Fallos. “Costes c. 177:396/397) en 1937. 243:264) y “Antonio Sofía” (Fallos. “Partido Unión Popular” (Fallos. 5 de la Constitución Nacional. Sin embargo. Montes de Oca y González Calderón. el Ministro Dr. Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. “Siganevich” (Fallos. 263:270) en 1965. 254:149) en 1962. 256:52) y “Soria de Guerrero c. Luis V. Carr”. “Deiver” (Fallos. 285:415) en 1973. sobre comicios en la Provincia de Santiago del Estero. 196:5). sobre la reforma constitucional provincial santafesina de 1921 y la intervención federal.A. 256:561) en 1963 y “R. (70) Posteriormente la Corte mantuvo con su voto mayoritario esta doctrina en las sentencias de “Partido Socialista” (Fallos. Varela firmó su disidencia. “Partido Comunista Provincia de Buenos Aires” (Fallos.interpretaciòn y aplicaciòn que las càmaras del Congreso han dado al artículo 6º de la Constitución”. (67) En ese fallo de la Corte. sobre intervenciones federales. 158:290) y de 1943 (Fallos. expresando que la Constitución no había excluído ningún tipo de causa del análisis de los Tribunales. 261:106) en 1965. que significaron el reconocimiento de los gobiernos de facto surgidos dichos años por movimientos de fuerza. (69) Linares Quintana sostiene que sin embargo la Corte se apartó de esta línea jurisprudencial de manera excepcional en ocasión de las Acordadas de 1930 (Fallos. (68) La Corte fue ratificando su interpretación mayoritaria inicial respecto a las cuestiones políticas no judiciables en los casos “Lobos c. Donovan” (Fallos. además de introducir los razonamientos del caso “Baker v. En este fallo se mencionó a los constitucionalistas argentinos que suscribían dicha doctrina: Joaquín V. 243:536) en 1959. 154:199/200) en 1929. la mayoría de la Corte también mantendría dicha doctrina. 54:181) en 1893 y “Orfila” (Fallos. Luis Boffi Boggero. que se opuso a la doctrina en base a su distinción entre “la política en sí misma y el derecho político que regula la vida de aquélla”.” (Fallos.
b) Que en su esfera específica. derechos y títulos en cuanto a su validez” de sus miembros: “Provincia del Chaco c. decidido el 31 de agosto de 1999. Al comentar estos fallos Néstor P. sin afectar la forma republicana de gobierno. Estado Nacional”. desde el momento en que concluye que: a) el Senado actuó en el caso bajo examen dentro de sus competencias constitucionales. aunque sin negar la existencia de la doctrina. entonces. Pero por otro lado.. a partir del caso “Frejuli” (Fallos. Ello implica judicializar el contenido o mérito del fondo del problema. mediante un avance en el control de las cuestiones políticas. están relacionadas con la doctrina argentina de la “gravedad institucional”. pág. fallado el 24 de noviembre de 1998 y “Guadalupe Hernández”. en “Guadalupe Hernández”.. 285:415) de 1973. En pocos meses. como “supuestos que la ciencia política denomina perturbaciones sistémicas tensivas” y que además. Subterráneos de Buenos Aires” (LL. Estado Nacional”. (72) 32 . Carr”. en un sentido similar al ocurrido con el caso “Baker c. “Horacio Zaratiegui y otros c.en dos casos vinculados a las funciones del Senado de la Nación como juez de las “elecciones. de todos modos judicializa al fin el conflicto o parte de él. la mayoría de la Corte fue más restrictiva en la aplicación de la doctrina de las cuestiones politicas. LIII-65-2) de 1988 y “Alianza Frente de la Esperanza” (J. dando suficientes motivos como para decidir según lo hizo. Y cita en dicha línea las causas “Gustavo Nordensthol c. el Senado Nacional operó razonablemente.”A su turno. porque a la postre se vuelve renuente a pronunciarse con la extensión que lo hizo en el fallo “Provincia del Chaco c. Estado Nacional”. con un tràmite adecuado. 44) de 1993. Sagüés sostiene que: “En “Provincia del Chaco c. sin excederse de ellas (ello significa judicializar el tema del perímetro de las atribuciones de la Càmara Alta). “Guadalupe Hernández” introduce dos sugestivas excepciones a la no judiciabilidad de tales problemas: a) si el asunto conduce a un “atolladero institucional”: b) o que pueda provocar “una inmovilización del gobierno””. Linares Quintana señala que comienza a variar la jurisprudencia de la Corte. al menos para evaluar que no hubo inconstitucionalidad (por arbitrariedad ni exceso o desviación de poder) en lo resuelto”. la mayoría de la Corte Suprema si bien parte del supuesto de enfrentarse a una cuestión política no justiciable. El distinguido constitucionalista vincula a esta novedad jurisprudencial destinada a ampliar el control sobre las cuestiones políticas.A. la Corte ha vuelto a reivindicar dicha doctrina –aunque con particularidades. 1985-C-85) de 1985.Luego. Más recientemente.. nº 5849. la mayoría de la Corte habría dado dos versiones diferentes acerca del alcance del control judicial de constitucionalidad sobre las political questions. Estado Nacional” (LL.
Sagüés. Llerena” hasta 33 . también efectuamos una síntesis similar: a) la tradicional que las admitió en forma amplia desde el caso “Cullen c. no podemos incurrir en la trasferencia de todo el poder politico (y no de una cuota parte de él) en el órgano judicial. b) una intermedia. podemos sostener que hay tres posiciones: a) la tradicional que las admite (González. a pesar de que su existencia tiene base constitucional. Linares Quintana. etc. que pueden causar lesión a derechos y que por su arbitrariedad pueden abrir la instancia de revisión judicial. Marienhoff. Lo que pretendemos mediante la justiciabilidad no es el cambio del sistema constitucional (democrático) por una concepciòn de filiación a la manera del “gobierno de los jueces” (aristocrática). Sólo con la aplicación de actos administrativos surgen los “casos” o “causas”. porque con anterioridad sólo existen decisiones privativas que habilitan competencias mas no comportan ejercicio de poderes con relación a la órbita de los derechos individuales. sino que pretendemos extender el control de la constitucionalidad de los actos hasta todos los rincones en que sea actividad controlada pueda originar la lesiòn de derechos subjetivos. Bidart Campos. etc. entonces. creemos que con la finalidad de erradicar toda discrecionalidad del funcionamiento de las instituciones y de procurar la mayor protecciòn de la legalidad que rige la actividad de los poderes del Estado. (Vanossi. de esa forma llegaríamos sin quererlo a la restauración de los “parlamentos” judiciales abolidos por la Revolución Francesa de 1789 a causa de sus excesos de poder y de su consiguiente impopularidad.Por tanto. El distinguido constitucionalista así opina al respecto: “. que son los actos concretos de ejecuciòn los que abren la instancia de revisión. buscando su acotamiento. Marienhoff y Néstor Pedro Sagüés.En cuanto a la opinión doctrinaria actual. que no bastan de por sì para el estìmulo de los controles que –en nuestro régimen. (74) Asimismo. con anterioridad únicamente lucen declaraciones previas e indispensables para la promoción de esos actos.son casuísticos y a posteriori. (75) Sintetizando esta compleja cuestión en la doctrina nacional. quien más ha abogado por la plena justiciabilidad de las cuestiones políticas en la doctrina ha sido Germán J. Pero queda en claro. En cuanto a la jurisprudencia. que ha seguido los cambios de la jurisprudencia norteamericana. Y llegaríamos también a la supresión de las facultades privativas.). (Bidart Campos). González Calderón.” (73) En una posición doctrinaria similar se encuentran Miguel S. Romero. señalamos que Vanossi distingue entre las “declaraciones” efectuadas por los órganos políticos en virtud de sus facultades privativas. que no pueden ser justiciables y los “actos concretos”.) y c) la negatoria.
por el fallo del caso “Fayt” que analizamos. (76) En efecto. en el caso “Darmouth College v. El control de constitucionalidad y la presunción de constitucionalidad de los actos públicos. Esta regla esencial para el control de constitucionalidad es así resumida por Linares Quintana: “Los actos públicos se presumen constitucionales en tanto y en cuanto. representada por los votos en disidencia de Boffi Boggero y ahora. puedan ser armonizadas con ésta”. para nosotros ha sido erróneo este fallo. siguiendo la evolución de la Corte norteamericana. que no admite el gobierno de los jueces. c) la negatoria. con la Corte actual y la de anterior integración. una y otra pueden ser armonizadas””. Bodegas y Viñegas Pulenta Hnos. el voto del más famoso de los chief justices. E. b) una intermedia. donde el más alto Tribunal -como más adelante veremos. que hay que presumir en favor de su validez. que “no sino el debido respeto (decent respect) a la sabiduría. donde expresó en referencia a una ley de uno de los Estados de la federación. que avanza en el control judicial de las cuestiones políticas y que se observa sobre todo a partir de 1983. bajo este punto de vista. por medio de una interpretaciòn razonable de la Constitución o de la ley. mediante una interpretación razonable de la Constitución. en razón del sistema republicano. pues admitimos la doctrina de las cuestiones politicas no justiciables.efectúa un control intensivo del “procedimiento” y del “contenido” de la reforma constitucional de 1994. Woodvard” de 1819. donde los miembros de la mayoría de la Corte han modificado sus propias posiciones para esta resolución. hasta tanto su violación de la Constitución sea probada más allá de toda duda razonable (reasonable doubt). -más allá de su evolución y complejidad-. la integridad y el patriotismo del cuerpo legislativo que sancionó la ley. quien seguidamente agrega: “Bien sienta el célebre constitucionalista norteamericano Westel W. Este ha sido siempre el lenguaje de esta Corte cuando el punto ha estado sujeto a su 34 . II. Willoughby.(77) Merece ser destacado entre los múltiples antecedentes de dicha jurisprudencia. que: “Los tribunales de los Estados Unidos han reiterado la doctrina de que una ley de un cuerpo legislativo coordinado no debe ser juzgada insconstitucional si.incluso algunos fallos dictados en forma reciente.3. en su clásico libro. John Marshall. O sea que también. de su divisiòn de poderes y de la filosofía y valores de la democracia constitucional argentina.” y de este caso. luego de 1983. así resulta de la comparación de los casos que precedentemente mencionamos y en especial del único en que había tratado una cuestión similar: “Soria de Guerrero c.
242:84) de 1958. inveteradamente consagrada por la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal y de la Corte norteamericana. opinaron en favor de la habilitación del Congreso y de la competencia pertinente de la Convención y en consecuencia. declaratoria de la necesidad de la reforma. Así lo hicieron también Néstor P. para tratar el tema de la edad de los jueces. como así también sobre el alcance de los poderes implícitos de la Convención Constituyente. cuando se pronunciaron públicamente sobre el tema. (81) 35 . Provincia de Córdoba” (Fallos. “Félix Antonio Degó” (Fallos. nº 5673.A. L c. pág. Pereyra Iraola c. -además de algunos autores-.en más de una oportunidad. 264:95) de 1966. “Provincia de Buenos Aires c.decisión y sé que expreso los sinceros sentimientos de todos y cada uno de los miembros de este Tribunal”. Caja de Jubilaciones. “Haydeé María del Carmen Alberti” (Fallos. 260:154) de 1964. de 1904. y más adelante agregaba: “. “Reynaldo B. D.. donde dijo: “toda duda al respecto debe resolverse en favor de la parte demandad. en cuanto no haya una demostración concluyente en contrario”. 207:249) de 1947. 247:135) de 1960. Rasspe Söhne c. 1984-C-266) de 1984 y “Sara García de Machado c. Provincia de Mendoza” (Fallos. Sumamos entonces este otro argumento para cuestionar el fallo que comentamos. (78) En nuestro país la jurisprudencia establecida por nuestra Corte Suprema siguió los lineamientos que hemos observado. 44) de 1989. De Lacour” (Fallos.309. 171:87) de 1934. “Cine Callao” (Fallos. “P. 249:59) de 1961. o sea el de mayor legitimidad democrática y jerarquía institucional en nuestro Estado de Derecho. Provincia de Buenos Aires”. Sagüés y Pedro J. a partir del caso “The River Plate Fresh Meat Co. y ha declarado que en ningún caso dudoso declararía a un acto legislativo contrario a la Constitución”.. de acuerdo con los principios generales y con la presunción de constitucionalidad de los actos de los Poderes Públicos. Nación Argentina” (Fallos. “M. Bignone” (L. esta Corte ha expresado la cautelosa circunspección con que han considerado tales cuestiones.(80) En este caso en cuestión. Frías. 200:180) de 1955. Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba” (J. O sea que en este caso era evidente que la propia Convención. sino constituyente. “Antonio Dri c. Elvira G. Nación Argentina” (Fallos. prescindió de la misma y procedió sin el debido respeto (decent respect) que merecía no ya un cuerpo legislativo. resulta evidente que la Corte en vez de aplicar esta regla de la presunción de constitucionalidad. ya veremos más adelante que existió y existe un debate sobre la habilitación o no efectuada por la ley Nº 24.L.(79) Posteriormente dicha doctrina se consolidó pacíficamente en otros casos como “Carlos Sardi y otros c. A.
El control de constitucionalidad y las facultades privativas de los otros Poderes. la función 36 . dentro de las respectivas competencias fijadas por la Constitución. Paulding”. en el caso “Horacio Zaratiegui y otros c. en una serie de fallos. nuestra Corte Suprema ya en el caso “Cuillen c. estableció que “. a todas las que les han sido atribuídas por la Constitución. los poderes polìticos actúan con un amplio margen funcional. de 1988. F.”.. por su naturaleza estàn excluídas del control del Poder Judicial..” explica Linares Quintana (82). al invadir el Poder Judicial la órbita delimitada para la acción del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo”. habría dejado de existir el principio de la separación de los poderes. sino sólo a las específicamente privativas de ellos. esencial para el control de constitucionalidad. o sea aquellas facultades que les propias. “Cuando se habla de las facultades privativas de los poderes políticos –Legislativo y Ejecutivo-.. que en las causas donde se impugnan actos que otros poderes han cumplido en el ámbito de las facultades que les son privativas con arreglo a lo prescrito por la Constitución Nacional. aplica e interpreta la Constitución por sí mismo. indistintamente.. peculiares. sólo habrá de producir perturbaciones. donde sostuvo que la interferencia de los Tribunales con el cumplimiento de los deberes ordinarios de los departamentos ejecutivos del gobierno.II.. fue acuñado también por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. por consiguiente. escapa a la competencia del Poder Judicial el contralor del modo en que los poderes políticos ejercen las facultades que les ha otorgado la constitución privativamente. es una regla elemental de nuestro derecho pùblico que cado de los tres altos poderes que forman el gobierno de la Nación. singulares y exclusivas y que.. por cuanto si hubiere sido facultado para ello. 3. Estado Nacional”. en los casos que nos ocupan. fallado en 1840. (84) En igual línea de pensamiento. y bajo su responsabilidad política. no se alude. quien agrega: “Del mismo modo que en las cuestiones polìticas.”En consecuencia.(83) Este principio. de 1893. y estamos plenamente satisfechos de que nunca se haya pensado otorgarles tal poder. En efecto. (85) Posteriormente el Alto Tribunal ratificaría esta pauta jurisprudencial en una larga serie de fallos (86) hasta llegar a los más recientes. cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente". dijo que “el principio de separación de los poderes y el necesario autorrespeto por parte de los tribunales de los lìmites constitucionales y legales de su competencia impone. Llerena”. a partir del caso “Decatur v.
(88) Asimismo el distinguido constitucionalista argentino efectúa un análisis de la opinión doctrinaria norteamericana sobre el tema.no incumbe a los jueces.”. se ejerció control sobre materia que era privativa del poder constituyente federal.jurisdiccional de los jueces no alcance a interferir con el ejercicio de tales atribuciones.la misión más delicada de los jueces es saber mantenerse dentro de su órbita. En este sentido. ya que la funciòn más delicada del Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la òrbita de su jurisdicciòn. cuando la primera de estas normas expresa que “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación.. Esta violación fue doble. y por tanto insusceptible de control judicial por parte del poder constituído.(89) Y en cuanto a la doctrina nacional. recordando a autores como Weaver. Es por tanto inconcebible que el Poder Judicial juzgue la “propia” Constitución. en el caso “Rafael Cohen c. se atribuye como la misión más importante para los jueces.(90) A la luz de estas consideraciones. según emerge de la competencia prescripta en los arts. En la especie. pues: por una parte. Ya hemos observado que en sólo algunos órdenes jurídicos se admite el control del procedimiento de una reforma 37 . sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes y jurisdicciones”. . 116 y 117. porque el énfasis está expreso en las palabras “regidos por la Constitución”. pues esta Corte no ignora que – como se sostuvo desde antiguo. menciona especialmente a Domingo Faustino Sarmiento. el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. como más elevada expresión de la soberanía popular. de 1990.. Warren y Willoughby que ratifican este principio esencial para la división de los poderes. sin menoscabar las funciones que incumben a otros Poderes del Estado de modo de preservar el prestigio y la eficacia del control judicial evitando así enfrentamientos estériles”.. estas consideraciones resultan particularmente aplicables. en ejercicio regular de su misión. resulta para nosotros indudable que la Corte Suprema también obvió en el caso que estudiamos. que expresó: “Cada poder público es el único intérprete de la Constitución en el desempeño de sus propias funciones”. la de asegurar la supremacía de la Ley Fundamental. la aplicación de esta regla de control de constitucionalidad. Instituto Nacional de Cinematografía”. substituirse a los Poderes del Estado en atribuciones que les son propias. y por la otra. porque la Corte no tiene asignada facultad alguna de control en esta materia. (87) Y finalmente. sostuvo que: “. Bryce. puesto que si así fuere. se haría manifiesta la invasión del campo de las facultades propias de las demàs autoridades de la Nación. que es el resultado del ejercicio del poder constituyente federal.
en el punto I. que ha sido gravemente lesionada por este fallo. además de su intérprete final. más estrechamente vinculado a la teoría constitucional. b) y c) sobre justiciabilidad de la causa. ANÁLISIS DE LOS OTROS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA CORTE SUPREMA.por dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de cada Cámara y que la misma se efectuará por una Convención. Hemos analizado los argumentos de los acápites a).constitucional. 2 . Corresponde ahora el estudio de los otros argumentos. III. donde consideramos haber fundamentado nuestra opinión respecto a la argumentación efectuada por la Corte en los puntos a). De esta manera concluímos con esta parte del estudio. doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constituciòn y limitaciones del Poder constituyente derivado. necesarias o convenientes para cumplir las facultades expresas. ello no se permite en manera alguna. que sin competencia asignada. en el punto anterior. es el Congreso el que tiene asignada entre sus competencias la de declarar la necesidad de la reforma. Sólo diremos que. tratándose de competencias propias de los cuerpos legislativos. Para nosotros resulta clara la extralimitación producida por la Corte. ha invadido el ámbito supremo asignado por la Constitución al poder constituyente y afectando así otro de los principios básicos de nuestro sistema republicano. 2 de este trabajo. Esta es una de las bases de nuestro Estado de Derecho. Recordemos que hemos enumerado los mismos por el orden en que fueron expuestos por la Corte. que es el de la división y equilibrio de los poderes. que es el que nos ocupa. porque expresamente así se lo indica. por lo que no nos detendremos exhaustivamente en los mismos. también la Corte ha precisado su alcance. como en nuestro caso. 30 y el alcance de las facultades implícitas de la convención. -total o parcial. la Convención es soberana para reformar o no los puntos fijados por el Congreso. b) y c). consideramos que la Corte ha efectuado las consideraciones pertinentes. 38 . En cuanto a los puntos d) y e) sobre el procedimiento del art. En este caso. pues de lo contrario el poder constituyente estaría subordinardo al control de un poder constituído. según la clasificación que efectuáramos en el punto I. en efecto. Ya hemos recordado anteriormente que la misión de la Corte es la de ser guardiana de la Constitución. debiendo atenerse a los mismos. destinada al análisis de la sentencia desde la teorìa constitucional. En cuanto a las facultades implícitas de la Convención. respectivamente. En la mayoría de los casos. de conformidad a nuestra doctrina y la propia jurisprudencia del Alto Tribunal.
revela el carácter de restricción explícita que el Congreso atribuyó a aquello que alterase o excediese el marco de la habilitación. respectivamente. 2 de la Ley 24. respectivamente. tal como lo expresaron Frías. fue manifiestamente errónea la posición de la Corte a este respecto. la “designación de los jueces”. pues el art. para todo aquello que comportase una modificación. 4. 99 inc. ningún poder constituído o instituído está habilitado para declarar la misma. debiendo esperarse la revisión pertinente por parte de otra Convención Constituyente. 7º de la ley bajo examen. 2º y 3º de ese cuerpo normativo. 6º de la ley 24.Corresponde ahora el análisis de los argumentos incluídos en los puntos f) y j) sobre la sanción de nulidad del art. 99 inc. somos de opinión que: a) el tema estaba habilitado por el Congreso.309.309 y la nulidad del exceso de las facultades de la convención reformadora. En el primero de los puntos la Corte dice:“Que la sanción explícita de nulidad contenida en el art. b) En caso de duda sobre si este punto estaba o no habilitado. 4 por la Convención Constituyente sobre las condiciones de dicha designación en cuanto a su duración. Así lo sostuvieron el Procurador General de la Nación en la causa y Gregorio Badeni. Con respecto al argumento de los puntos g) y i) sobre el principio de inamovilidad de los jueces y la irrazonabilidad de la reforma del art. para nosotros. (92) c) Incluso si se se hubiese producido una nulidad por exceso de la Convención en el ejercicio de sus competencias. la Corte expresó que la Convención no pudo incorporar dicha cláusula entre las atribuciones del Poder Ejecutivo pues “.(91) En consecuencia. como antes lo indicamos. conforme al principio de “corrección funcional”. que es un concepto lo suficientemente amplio como para comprender la modificación efectuada en el art. sin perjuicio de la prohibición contenida en el art. la Corte debió optar por una respuesta afirmativa.. en base al principio de interpretación de la presunción de constitucionalidad de los actos públicos. 4º. en la doctrina. atento no estaba habilitado dicho punto para la reforma. pues valora que la Convención se excedió en sus facultades.todo lo concerniente a la inamovilidad de los jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la 39 . declara la nulidad de la reforma del art. En cuanto a estos aspectos. 99 inc. Sagüés y Badeni.309 incluyó entre los puntos sujetos a reforma. derogación o agregado de la competencia establecida en los arts. 6º de la ley 24.” En el segundo punto. en base a lo indicado precedentemente.
de los Tribunales Constitucionales austríaco. se ha observado una técnica organizativa del poder judicial distinta. tal como lo ha sostenido Badeni al postular una interpretación armónica de dicha norma con el art. como la fijación de un límite de edad menor. búlgaro. 110. 6 años en el portugués. 70 años para los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya hemos visto al analizar nuestra teoría constitucional y el derecho comparado. (93) c) En el derecho comparado se observan disposiciones más severas. consagrada en el art. en muchos Estados además. o sea una inamovilidad temporal. En cuanto al derecho europeo. b) Ello no afecta la inamovilidad de los jueces. y al contrario del pensamiento de la Corte. 40 . sino que además se introduce en el contenido de la misma (matters of sustance). 8 años en los croata y polaco. justo y de sentido común establecer que a los 75 años un juez deba necesitar otro acuerdo para continuar cinco años más en el cargo y así sucesivamente.. vgr. No obstante ello. d) Por otra parte. 9 años en los italiano.Nación y configura uno de los principios estructurales del sistema polìtico establecido por los constituyentes de 1853. que ha establecido una duración limitada en dichos cargos. dicha duración limitada del mandato es de 3 años en el Tribunal Constitucional de Eslovequia. la inamovilidad vitalicia en los cargos judiciales no es un requisito constitutivo o estructural del Estado de Derecho y del sistema republicano. 99 inc. Sabsay (94) y Germán Bidart Campos (95)- Tanto en nuestro derecho constitucional provincial como en el estadual norteamericano.”(Considerando 14). francés. como fundamento de su posterior declaración de nulidad. húngaro. Aquí resulta notorio e insalvable el exceso cometido por nuestro más Alto Tribunal. húngaro. como lo han destacado acertadamente Daniel A. se prescribe la elección popular de los Jueces y Fiscales. 4º. creemos pertinente manifestar lo siguiente: a) En primer lugar. pues nos parece prudente. pues supone lisa y llanamente la usurpación del poder constituyente por el poder constituído. ruso y rumano y del Tribunal de Arbitraje belga y 68 años para los miembros del Tribunal Constitucional alemán. nosotros reiteramos la razonabilidad de la reforma introducida. Tal extralimitación nos exime de mayores consideraciones. español. calificándola de irrazonable. armenio. En Estados Unidos. armenio. que ello es directamente inconcebible. que no efectúa un control sólo sobre el procedimiento de la reforma (matters of procedure).
En cuanto a la segunda afirmación sobre la “sobrejudicialización de la polìtica”. pues la “designación” alcanza a sus condiciones de término.309 Declaratoria de la necesidad de la reforma. 2 de la Ley 24. la Corte expresa que no es su función observar los aspectos sustanciales de la reforma y además señala los riesgos de la “sobrejudicialización de la polìtica”. No debe olvidarse que un propio Juez del Tribunal fue el que planteó la acción destinada a cuestionar el cometido de la Convención Constituyente y que ella finalizó con la declaración de nulidad de dos artículos de la reforma constitucional. esloveno y yugoslavo. donde la Corte en el Considerando 6 recuerda “. macedonio. expresamos: a) Que tal como lo hemos manifestado anteriormente al coincidir con la opinión de Badeni (96). el tema fue incluído en el art. por su naturaleza. con las graves consecuencias jurídico-institucionales que estamos analizando.el sabio principio sentado por esta Corte en el precedente de Fallos: 12:134 como guía insoslayable para prevenir a los magistrados del ejerecicio arbitrario del poder deferido: “El Poder Judicial. resulta obvio que actuó exactamente en el sentido opuesto. como lo hemos desarrollado en este estudio. Somos de opinión que estos argumentos. b) Además. la materia estaba comprendida razonablemente en el punto I del citado Núcleo. En efecto. creemos haber demostrado en forma categórica que la Corte efectuó precisamente un control de contenido o de sustancia de la reforma.. albano y ruso. con los cuales en forma teórica estamos de acuerdo. son claramente contradictorios con el fallo dictado. no ser 41 . Respecto al argumento del punto k) sobre la no revisión de la conveniencia o no de la norma impugnada.en autos “Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa”. dejando de lado la más elemental prudencia.lituano. el respeto por la anterior jurisprudencia y las bases sólidas de la teoría constitucional. pues luego de señalar dicho riesgo. rumano. y en consecuencia. donde la Corte expresa que allí no se contemplaba este tema. sólo nos preguntamos cómo se compadece el fallo de esta causa con el dictado el 16 de septiembre de 1999 –menos de un mes despúes. Aunque la Corte también mencionó en este punto la idea de la autorrestricción. como lo indicamos precedentemente. la Corte avanza en dicho sentido de manera paradigmática con este fallo que consolida dicha cuestionable y peligrosa tendencia. es también contradictoria. esta afirmación primera carece de relación con la sentencia. Sin querer abundar más al respecto. En relación al argumento del punto h) sobre el análisis del Núcleo de Coincidencias Básicas. 10 años en el checo y 12 años en el alemán.
. 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 251:132 y su cita)”. entiendo que es evidente que el tema de fondo a decidir es estas actuaciones afecta a todos los integrantes del tribunal porque. más allá de la falta de promoción –en la actualidad. el poder peligroso. Dicho pedido fue rechazado por el más Alto Tribunal por resolución del 14 de julio de 1999. Santa Fé. 30 del Código de rito que impone. Como se deduce de las consideraciones precedentes. expresó el Procurador General en dicho Dictamen: “Por otra parte. En cuanto al punto l) sobre el precedente del caso “Iribarren.Más adelante volveremos sobre esta cuestión. Oportunamente. IV.3. 1. fue preciso instar a la excusación de los restantes miembros del Tribunal. Posteriormente el Procurador General insistió en el tema en su Dictamen de fecha 19 de agosto de 1999. y en función de similares razones. cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos que integra la garantía del debido proceso reconocida en el art. el Procurador General de la Nación Dr. Carlos Santiago Fayt. Al respecto. en virtud de lo dispuesto por el art. La falta de excusación de los Ministros del Tribunal que suscribieron el fallo. toda vez que se configura en autos el supuesto del art. donde tratamos este caso y el control de constitucionalidad de una reforma constitucional provincial.de acciones similares a la intentada por el actor. científica y doctrinaria. mediante un recurso de reposición. nos remitimos al análisis efectuado en el acápite II. Casiano Rafael c. igualmente podrían verse perjudicados o beneficiados con la resolución a adoptar.jamás el poder invasor. que comprometa la subsistencia de las leyes y la verdad de las garantías que tiene por misión hacer efectivas y amparar”. 42 . Nicolás Becerra había solicitado la recusación y excusación de los Ministros de la Corte Suprema para juzgar esta causa. IV. Asimismo. a los jueces. recordando que la recusación tiene por objeto “preservar la mejor administración de justicia. ANALISIS DE OTROS ASPECTOS DEL FALLO.C. la obligación de abstenerse de conocer en el juicio cuando existan motivos de grave decoro o delicadeza que impida ejercer la función jurisdiccional con la serenidad y tranquilidad de espíritu necesarias. Provincia de s/acción declarativa”. donde sostuvo que sus miembros carecían de interés económico o pecuniario en el resultado del pleito y que ninguno de los firmantes había promovido una acción análoga a la planteada por el también Ministro de la Corte. Dr. para nosotros estos argumentos utilizados por nuestro más alto Tribunal en general son erróneos y carecen de la suficiente fundamentación lógica.
a los magistrados federados. López . Debe destacarse especialmente en esta cuestión. con el voto de los Ministros Nazareno. Este grave accionar de los citados Ministros -sobre el cual no es necesario abundar con mayores consideraciones-. Boggiano. Petracchi. Moliné O·Connor. IV. de Fallos: 307:966 y 2174. que fue fallada inmediatamente. no deberían adoptar igual criterio cuando se discute la garantía de la inamovilidad de aquéllos (de igual o mayor entidad que la primera)”. Es muy difícil precisar los motivos que tuvo el Tribunal para declarar la nulidad en lugar de la inconstitucionalidad de las dos cláusulas constitucionales. que se excusaron cuando estaba en juego la garantía de la intangibilidad de los haberes de los jueces nacionales. descalifica desde otro aspecto. Enrique Petracchi. directa y especialmente. incluídos los integrantes de la Corte”. Belluscio. más allá que para nosotros no debió en modo alguno adoptar ninguna de estas decisiones. tal como se vió. 2. o porque la ley declarativa de la necesidad de la reforma en el art. Ahora agregamos 43 . Bossert y Vázquez. desde mi punto de vista. Tal vez se eligió la nulidad pues resultaba tan o más absurdo bajo un punto de vista lógico declarar inconstitucional a la propia Constitución. similar deber de abstenerse de actuar en el sub judiece donde. Causa “Abel Bonorino Peró y otros”. reiteramos que la Convención obró dentro de sus competencias habilitadas. En cuanto a esto último. No obstante que la mayoría citada de la Corte rechazó la excusación presentada por el Dr. la sentencia que analizamos. no se advierte porqué los jueces de esta Corte. este Ministro mantuvo la decisión correcta que lo enalteció y no interveno en la causa. manifestando en su considerando 6 -después de recordar precedentes como el caso ya citado Bonorino Peró-: “En efecto.resolvió la improcedencia del pedido. la Corte con sorprendente premura –el mismo día 19 de agosto. A pesar de la claridad de esta fundamentación efectuada por el Procurador General. cabe poner de relieve que si todos los miembros del tribunales se excusaron cuando varios jueces de distintas instancias promovieron acciones en reclamo del derecho de intangibilidad de sus remuneraciones (conf. por las razones antes expuestas. la conducta ejemplar del Ministro Dr. La declaración de nulidad. que por otra parte sería el del dictado de la sentencia definitiva. concurre.Finalmente. 6 se había referido a tal sanción. conforme lo analizamos oportunamente. que votó en disidencia esta resolución y se excusó de intervenir en la causa. se encuentran en juego intereses institucionales que afectan.
que atribuyó dicha intencionalidad a los legisladores. Señalamos en consecuencia. Para concluir esta obra. -como lo adelantamos inicialmente-.(97) y b) porque el Poder Legislativo está sujeto al Poder Constituyente y en consecuencia. En efecto. efectuamos unas breves reflexiones finales para insistir en la honda preocupación por las implicancias de este fallo. En cambio.en la pronta modificación de los criterios expuestos en la causa. V. nos interesa detenernos brevemente en el punto de los efectos de dicha declaración. Este caso significa el “quebrantamiento de la Constitución”. como el Judicial.requiere de estudios especializados. Sin perjuicio de que esta cuestión de la nulidad -su naturaleza. la declaración de nulidad puede tener un efecto “erga omnes”. que la declaración de inconstitucionalidad tiene un efecto “inter partes” y no deroga la norma. V.allí donde el intérprete se impone a la Constitución deja de interpretarla para cambiarla o quebrantarla”. alcances y diferencias con la inconstitucionalidad. quien sostiene: “. en relación a nuestro sistema jurídico y político. calificación que adoptamos siguiendo la terminología de Konrad Hesse. –como lo hemos dicho precedentemente.que también el Alto Tribunal ha intentado justificar su fallo en dicha enunciación legislativa.. en virtud de la división y equilibrio de poderes del sistema republicano. El quebrantamiento de la Constitución. Resulta obvio decir que las dos cláusulas constitucionales mantienen toda su vigencia y que sólo pueden ser modificadas por otra Convención Constituyente. al sostener que ello otorgaba a la Corte la posibilidad de efectuar tal declaración. (99) 44 . (98) Nosotros ratificamos la plena vigencia de la doctrina y jurisprudencia tradicionales sobre el particular y confiamos. REFLEXIONES FINALES. Este es otro argumento incorrecto por las siguientes razones: a) porque de manera arbitraria se efectuó esta interpretación. 1. es aceptado pacíficamente en la doctrina y jurisprudencia sobre los principios de nuestro control federal de constitucionalidad. si se pretendiera dar este último alcance a la declaración producida en este caso. no puede ni debe subordinar el mismo al control de un poder constituído. que existe el riesgo de aumentar aun más la lesión producida a nuestra Constitución.
No puede ser otra la conclusión. Este fallo que ha afectado las bases mismas de nuestro Estado de Derecho. impregna también a otros sectores de la vida nacional. 3. al disponer la revisión y nulidad de un acto del poder constituyente federal. desde su planteamiento por uno de los propios miembros de la Corte hasta su resolución definitiva. donde observamos cómo el Tribunal violentó los principios de la teorìa constitucional entre otros aspectos. que es para nosotros uno de los problemas más serios que padece la sociedad argentina. para que en el futuro no sólo se corrija tan erróneo precedente sino que no se vuelva a repetir alguno similar. afectaron el valor supremo y la vigencia irrestricta de la Constitución. la resolución por la justicia de problemas que corresponden a la política. y que por cierto. es la muestra más acabada del sentido corporativo. para desconocer lisa y llanamente dos cláusulas de la Ley Suprema. V. que lleva a la politización de la función judicial y a una grave desviación de la justicia. sin incurrir en 45 . (101) V. Vale la pena recordar además que en la jurisprudencia de la Corte Suprema obra un importante precedente –obviamente desconocido por este fallo-. a la penosa serie de hechos que a lo largo de la historia argentina. La necesidad de afirmar los principios y límites del control de constitucionalidad. La tramitación de la causa. Dichos jueces incumplieron su misión de ser guardianes de la Constitución.(100) Esta resolución ha contribuído pues. representan por un lado la intervención de la política en lo judicial y por la otra. que señaló el peligro del “gobierno de los jueces” como “anomalía constitucional y axiológica”.4. elevándose por encima del poder constituyente y afectando la esencia misma de los principios democráticos y republicanos que informan nuestro Estado de Derecho. V. que como las dos caras de Jano. La politización de la justicia y la judicialización de la polìtica. base de la seguridad juridica. Esta causa patentiza también los dos problemas que nos afectan: la politizaciòn de la justicia y la judicialización de la polìtica. El sentido corporativo del fallo. 2. Es menester que los jueces distingan las amplias posibilidades de la interpretaciòn constitucional para resolver conflictos o lagunas normativas. plantea la necesidad de afirmar los principios y límites del control de constitucionalidad. luego del exhaustivo análisis que efectuamos del fallo de la Corte.
para cumplir el sueño de los padres fundadores de la argentinidad y alcanzar los beneficios de una profunda . pero ello no debe llevar a socavar las bases de nuestro sistema jurídico y político establecido en la Constitución Nacional. donde dicho control sea ejercido con prudencia y respeto por sus principios y límites. vívida y renovada democracia constitucional.6. Dworkin y Tribe (102). por parte de un órgano judicial de inferior jerarquía y con mucho menor legitimidad democrática. avanzó sobre la misma. Concluímos con la misma convicción enunciada en la Dedicatoria de esta obra: la defensa de la Constitución debe ser la actitud que asuma la sociedad argentina. que demandará enormes esfuerzos en el campo de la educación popular en general y de la formación y capacitación polìtica y democràtica en particular. la Corte que es parte de un poder constituído. La lesión al sistema republicano. V. como es la Convención Constituyente Federal. Con este precedente se ha afectado gravemente nuestro régimen democrático. No se nos escapa que esta conciencia constitucional está íntimamente vinculada a una honda transformación de nuestra cultura política y jurídica. Habrá que insistir en la recta misión del Poder Judicial como guardián de la Constitución. cuya misión es la de ser guardián de la Constitución. tampoco aceptamos –junto a Frankfurter. Aquí se ha probado el acierto de la advertencia que los constitucionalistas norteamericanos efectuaban y efectúan sobre el peligro en el control antimayoritario de los jueces y en el control de los guardianes de la Constitución. a la división y equilibrio de los poderes.la frase de Hughes de que “la Constitución es lo que los jueces dicen que es”. V. Alentamos en consecuencia.5. La defensa de la Constitución. V. que es el ámbito propio del Poder Constituyente federal.desviaciones o extralimitaciones que impliquen lesión al principio de la supremacía constitucional. El fallo también ha constituído una grave lesión al sistema republicano y en particular. pues se ha desconocido la voluntad del cuerpo popular y democrático de mayor jerarquía. que son consecuencia del equilibrio de los poderes del sistema republicano. No puede desconocerse la importancia del derecho judicial y de la jurisprudencia. la profundización del debate y de la enseñanza de estas trascendentes cuestiones jurídico-políticas. Es que sin competencia para ello. Corwin. La lesión al régimen democrático. 46 .7. Así como no creemos en el gobierno de los jueces.
también alentamos con ello superar la anomia que se observa en nuestra realidad. viernes 17 de septiembre de 1999. Solo así conseguiremos superar los graves problemas que el orden jurídico ha tenido en cuanto a su vigencia a lo largo de nuestra historia. (1) Véase el fallo en “El Derecho”. que establece los principios de inamovilidad de los jueces en los cargos mientras dure su buena conducta y la no disminución de sus retribuciones. cada día deberemos comprometernos más con esa lucha por el Derecho. NOTAS.”.La inamovilidad de los jueces federales. En dicha obra también se encuentra su reconocimiento a los autores de nuestra disciplina que compartieron dicha sentencia mediante la publicación de distintos artículos que allí 47 . en base al principio de las cuestiones políticas no justiciables. Moliné O’Connor. 256:556. y del cual es un penoso ejemplo el fallo que comentamos. Diario de Jurisprudencia y doctrina. 110 de la Constitución es el anterior 96. 2). Este fallo ha originado un gran debate en el derecho argentino y en especial en la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. La Ley. de conformidad a la propuesta que efectuáramos conjuntamente con el Presidente Dr. nacionales y provinciales”. Diario de Jurisprudencia y doctrina. “El Derecho”. como lo enseñara magistralmente Von Ihering. Belluscio. Spota. (pág. que destinó una reunión celebrada en Paraná los días 3 y 4 de marzo de 2000 a la consideración de este tema. éstos dos últimos según su propio voto y con disidencia parcial. Nota a fallo. que es la era del conocimiento. Boggiano. “Los efectos del caso Fayt sobre la reforma constitucional de 1994”. Alberto Bianchi.A. en “Soria de Guerrero c. El mismo fue suscripto por los Ministros Dres. El art. Vázquez y Bossert. Buenos Aires. se había resuelto como regla general la no revisión de estas situaciones. (Cfr. 2000. destinado a brindar según sus propias palabras: “la anatomía de los soportes argumentales utilizados por las partes en la acciòn que promovió contra el Estado Nacional”. Nazareno. pág. VII).Así como pensamos que con ímpetu sarmientino se puede construir una nueva utopía en torno a la educación para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Fayt publicó el libro “El self moving-Garantía de Independencia del Poder Judicial. En cuanto a los cultores de esta noble ciencia. 1963. López. Carlos S. Alberto A. plena de humanidad y valores superiores. Bodegas y Viñedos Pulenta Hermanos S. 17/9/99. Asimismo el propio Dr. respectivamente. en nuestro carácter de Vicepresidente de la misma. (2) Recuérdese que en el único caso fallado por la Corte.
pág. 4) y el Académico Horacio García Belsunce (“La inconstitucionalidad o nulidad de una reforma constitucional-Implicancias de su declaración”. Nº 3. 99 inc.(“Los límites del poder constituyente-A propósito del caso “Fayt””. Padilla (“Una equivocada interpretación”). Néstor P. inciso 4º. pág. Año XLV. Miguel M. por lo que no puede mencionárselo como en apoyo de dicho fallo. han publicado artículos oponiéndose al fallo los Prof. Adrián Ventura (“Inamovilidad de los jueces y la nulidad de un punto de la reforma constitucional”) y Alberto B. en La Ley. Boletín Nº 172 de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Bianchi (“Los efectos del caso Fayt sobre la reforma constitucional de 1994”). Ibarlucía (“Control judicial de la validez de una cláusula constitucional” e “Invalidez de la cláusula del artículo 99. Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Nº 167. del 17/11/1999. 177 a 219) y que son los siguientes: Emilio A. Sabsay (“El control de constitucionalidad de la reforma constitucional en un fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina”. mayo 2000. Juan Fernando Armagnague. Eduardo Giménez y el suscripto. Análisis de un fallo de la Corte”. editado por el Centro de Estudios Polìticos y Constitucionales. Por el contrario. el mismo fue publicado el 30 de julio de 1998. párrafo 3º de la Constitución Nacional”). pág. 48 . junio 2000. Nº 38. pág. Aclaramos que aunque también figura Gregorio Badeni con su trabajo “Constitucionalidad de la reforma constitucional”. agosto 2000. 10) y María Cristina Serrano (“El poder constituyente derivado. También se inclinaron por esta posición en sus intervenciones orales en el citado debate de Paraná los Prof. 1999. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. Alberto M. 33). Segunda Epoca. quien así se manifestó en su intervención oral en el debate celebrado en la ciudad de Paraná. o sea antes de la sentencia de la Corte. Daniel A. Suplemento Especial del Semanario Nº 6168. España). Mario Midón. Pedro J. Frías. Anticipo de Anales. junio 2000). Madrid. Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Nº 170. Sagüés. García Lema (“Crítica a la declaración de inconstitucionalidad del art. pág. Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional Nº 169.se reproducen (págs. 11) y Andrés Gil Domínguez (“El caso Fayt: una polémica bisagra en los alcances del control de constitucionalidad de la reforma constitucional”. 2). Alberto Spota. marzo 2000. Se debe sumar a este sector de la doctrina el Prof. Carlos Colautti (“Las reformas a la Constitución y los límites de la revisión judicial”. 4 de la Constitución Nacional”. También escribieron avalando el fallo los Prof. Jurisprudencia Argentina.
En este sentido. vgr. Serie especial de Derecho Constitucional. lo que pone dudas acerca de la validez de buena parte del nuevo clausulado a tenor del rigor interpretativo con que la Corte ha juzgado el caso Fayt. (4) Véase en tal sentido la Nota a fallo del Dr.XII “La seguridad jurídica y el progreso económico” del libro “Derecho Constitucional económico”. (3) Aclaramos que aquí la Corte se refiere al fallo de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. los convencionales del 94 fueron pródigos en la introducción de reformas que no contaban con una expresa habilitación del Congreso. publicada en el Fascículo 1 del Cuaderno de Doctrina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. quien votó en disidencia parcial de la mayoría de la Corte. véase el Cap. para la profundización de los alcances de la interpretación judicial y en especial. Bianchi. (5) Véase la exposición del Dr. no consideraremos todos los aspectos controversiales que este caso suscita. 527/530) estimamos que sólo ha efectuado una descripción del caso. 4º del art. Bossert.As. 99 no es el úinico que no 49 . Ediar. 3º del inc. Buenos Aires. la constitucional. “Los efectos del caso Fayt sobre la reforma constitucional de 1994”. Esta sería posteriormente la solución del fallo del Ministro Dr. Para un análisis más detenido de estos conceptos. 1999. 2000. Bs. Abeledo Perrot.Finalmente. viernes 17 de septiembre de 1999. Buenos Aires. Augusto Mario Morello en la Mesa Redonda sobre “La seguridad jurídica e independencia del Poder Judicial”. Pese a los muchos condicionamientos que la ley 24. (6) Expresa el citado autor: “En el terreno de las consecuencias del fallo no podemos dejar de recordar que varios puntos de la reforma de la Constitución están ahora bajo sospecha de nulidad. Ciertamente el parr. de Alberto Ricardo Dalla vía. sin expresar su valoración del mismo. Alberto B. Algunos ejemplos son elocuentes. para la consideración de la nulidad declarada y su comparación con los efectos de la inconstitucionalidad e incluso a la filosofía del derecho. El Derecho. Estamos convencidos que el estudio de algunos aspectos de la sentencia se extenderán a otras disciplinas. que por esta razón había rechazado la declaración de invalidez de la reforma constitucional efectuada por el Juez de Primera instancia y acogido la acción declarativa del actor. febrero de 2000. al derecho procesal. adelantamos inicialmente que por razones de extensión de este aporte y de especialización. en cuanto a la opinión de Germán Bidart Campos (“Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino”.309 les impuso. Diario de Jurisprudencia y Doctrina. págs.
sin embargo ello fue introducido en el segundo párrafo del art. pues ello es ajeno al propósito de este trabajo.pero convengamos que ello tal vez nos obligue a recorrer el sendero de los poderes implícitos de la mano del dictamen del Procurador General. 3º sólo permitía adecuar los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los pueblos indígenas. pero la reforma avanzó bastante más reconociéndoles por ejemplo la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. en lo que a los tratados de derechos humanos se refiere. Abeledo Perrot. 18. Schinelli. Finalmente el punto LL del art. Con igual criterio podría decirse que el inc. Tampoco existió una habilitación especial la incorporación del hábeas data. Por ejemplo. Buenos Aires. 41 una alteración importante en el régimen de las competencias nacional y provinciales que no se registra en ningún otro punto de la Constitución al establecer el dictado de la ley de presupuestos mínimos de protección. IV. el principio establecido en el art. Tampoco existió una habilitación expresa para declarar que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. 23 implica una ampliación de los derechos y garantías cuya modificación estaba expresamente prohibida por el art. 124. pero no se sigue de ello necesariamente que la Convención pudiese derogar. y el art. 3º sólo se menciona el amparo y el hábeas corpus. 6º es muy específico al sancionar con la nulidad absoluta todos los agregados que realice la Convención Constituyente. 31 cuya reforma no estaba habilitada. ya que en el punto N de los temas habilitados por el art. 7º de la ley 24. 1996) y existen otros que interpretados bajo las pautas de este precedente pueden correr una suerte incierta.estaba expresamente habilitado. 22 del art. Palazzo y Guillermo C. Eugenio L.309 permitió a la Convención el tratamiento de “Institutos para la integración y jerarquía de los tratados internacionales”. del cual la Corte se ha apartado expresamente. No me parece difícil justificar la validez de estas reformas –muchas de las cuales eran necesarias y convenientes. actualizado por Orlando Gallo. En la obra de Bidegain ya citada se mencionan algunos de los casos más evidentes (Véase Bidegain Carlos María. 3º de la ley 24. Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional. pero tampoco puedo dejar de alertar sobre la necesidad de hacer 50 . Ciertamente no pretendo hacer aquí un arqueo completo de los puntos habilitados y no habilitados en la reforma constitucional de 1994. 75. 2ª edición. T. el punto I de los temas habilitados por el art.309. y sin embargo ese es el resultado inevitable de la incorporación del inc. p. En materia de medio ambiente habilitado genéricamente por el punto K –la Convención introdujo en el art.
Alberto B.Para el desarrollo de los temas del poder constituyente hemos seguido los lineamientos del Cap. peron sin devolver el proyecto de ley a la cámara de origen. As.del Manual de Derecho Constitucional. págs. págs. “¿Qué es el tercer estado?”. El Derecho. 1981. Fallos.. como cuando. de Becerra Ferrer. págs. Vanossi ha profundizado los distintos conceptos del poder constituyente según los pensamientos de Schmitt. “Manual de Derecho Constitucional”. En efecto. Ed. Cit.ed-. 1ª. Tomo 1. Hasta ahora la Corte ha resuelto los planteos de nulidad efectuados denegando legitimación a los actores (“Polino c... Tomo l. (11) Dice a este respecto el gran constitucionalista: “Nuestro punto de vista coincide con el que magistralmente expusiera Sieyès cuando sostenía que “una Constitución supone ante todo un poder constituyente”. 1993. 317:335 (1994)). Córdoba. (9) Emmanuel Sieyès. Córdoba. Poder Ejecutivo”.. Bs. 109 y sgts. 3. Haro y otros.. la Cámara de Diputados había reducido el mandato a cuatro años y el Senado lo elevó a seis. 1976. (10) Sánchez Viamonte Carlos. ed.. Kelsen y Heller. entendiendo que el poder constituyente se ejercita tanto cuando el pueblo se constituye originariamente.respectivamente. lo que hubiera correspondido según el correcto proceso de formación de la ley.. As. “Derecho constitucional e instituciones políticas”. Bianchi. tr. adonde nos remitimos para una consideración más extensa de los mismos. (8) Destacamos especialmente que quienes más han profundizado el estudio de este tema en nuestro derecho son Carlos Sánchez Viamonte. versión castellana de Francisco Ayala. Bs. mediante los órganos y bajo las condiciones que determina la 51 . este escrutinio bajo los postulados de un fallo que por primera vez en cinco años entra al fondo del problema y lo hace desde una óptica muy rigurosa. (7) Linares Quintana Segundo V. pág. 1943.(“Teoría Constitucional”. 405 y sgts. ed. Tomo 1.. “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional” y “Teoría Constitucional”. Bs.. As. pero ¿qué ocurrirá el día en que alguien plantee la nulidad de una ley sancionada con el voto de senadores cuyos mandatos podrían estar vencidos? ¿Cómo hará jugar la Corte su nueva jurisprudencia tanto en Nobleza Piccardo como en el presente caso?”. II -de nuestra autoría. 66 y sgts. Por último también es mencionable que la propia ley de reforma tenía un punto en el cual era nula: lo referente a la duración del mandato de los senadores. Plus Ultra. 2000. 2ª. Advocatus. Kapelusz. Depalma. Jorge R. Segundo Linares Quintana y Jorge Reinaldo Vanossi con sus clásicas obras “El poder constituyente”.
etc. 2ª.Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos. 22. Quiroga Lavié. Editorial Alfa. luego de ser aprobados por el Congreso.el poder constituyente sólo es tal cuando se ejercita en forma originaria”. pues aunque no se ha modificado el citado art. distinguiendo el poder constituyente originario del poder constituyente instituído. Es también la opinión de González Calderón y Sánchez Viamonte. pág. Teoría de la Constitución.. Este procedimiento ya fue utilizado para la Convención sobre la Desaparición forzada de personas y en consecuencia 52 . (14) Como consecuencia de la reforma constitucional de 1994 se puede sostener con Sagüés (“Elementos de derecho constitucional”. Spota. que se ha relativizado o atenuado el carácter de rigidez de la Ley Suprema. requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. Bs. Ed. Tomo 1. el cual “actúa en virtud de la Constitución en vigencia. 202). Linares Quintana. Tomo 1. de modo que no existe solución de continuidad entre la Constitución antigua y la que es obra del poder constituyente instituído”. el último de los cuales – siguiendo fielmente la doctrina del ilustre pensador francés. As. que nos permite abrirnos progresivamente al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 30. quien sostuvo en la Convención Bonaerense de 1870 que “. y piensa que la doctrina contraria “destruye lo fundamental de la teoría del poder constituyente como garantía de un orden jurídico estable”. Tomo 1. Vanossi. Ed. 1953. 2ª. En cambio la rechazan Schmitt. En efecto... pág. Astrea. Parte General. pág. 75 inc. Bas. “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado”. 127.(Cfr. Véase además en esta obra citada precedentemente una serie de opiniones coincidentes en el derecho comparado. cit. (12) Vanossi Jorge Reinaldo. Romero. Estas últimas opiniones en la obra antes citada de Linares Quintana en esta nota). Sagüés. Tomo II. As. Bs. (Linares Quintana. Buenos Aires. el párrafo final de la norma precedentemente referenciada dice: “. 2000.. Agregamos nosotros que admiten esta distinción la casi unanimidad de la doctrina argentina: Sánchez Viamonte. Burdeau participa de este criterio. (13) Vanossi Jorge Reinaldo.reivindica para las convenciones reformadoras también el ejercicio del poder constituyente. 126.. 133 y 134 y sus notas respectivas. Constitución. se ha instituído un procedimiento en el art. González Calderón.). págs. introduce enmiendas totales o parciales al texto de ésta. obr. Recasens Siches y Pérez Serrano en el derecho comparado y Mitre en nuestro país.... “Teoría Constitucional”. Depalma. Segundo V. Bidart Campos...
2ª. pág.. Ed. Ediar. consagrados en nuestra histórica Constitución Nacional de 1853 y 1860.puesto que se le da a esta parte el tìtulo de derechos y garantías de los pueblos se supone que es la novación de los derechos primitivos del hombre y los que ha con quistado la humanidad que naturalmente han ido creciendo de siglo en siglo. etc. y c) Del condicionamiento de la realidad social que un método realista debe tener en cuenta para organizar el Estado. obr. esta apertura en tan trascendental cuestión fue una de las ideas fuerza fundamentales de la reforma de 1994. Bs. Domingo Faustino Sarmiento expresó en la Convención Provincial Bonaerense de 1860. Por su parte. Se entiende tambièn que esos principios así establecidos son superiores a la Constitución. la justicia. en consonancia con los objetivos perennes del Derecho Constitucional clásico. obr. (16) Cfr. autonomìa municipal y ciudad de Buenos Aires en la reforma constitucional de 1994”. As. As. 1997. Bajo nuestro punto de vista. Bs. 1989. (Cfr. Con igual criterio Linares Quintana sostiene que toda comunidad política al ejercitar tan esencial facultad soberana. ahora son doce los instrumentos internacionales que tienen dicha jerarquía. como lo hemos destacado en nuestro libro “Federalismo. (17) Bidart Campos considera que el poder constituyente originario tiene los siguientes límites: a) Del valor justicia o derecho natural. que luego seria el art. 53 . III y VI. Cap. 78). cit. por encima del derecho del positivo está constreñida a respetar ciertos valores naturales y absolutos como la libertad. Depalma.. “Límites del poder constituyente”. Vanossi Jorge Reinado. Caps. Vélez Sársfield sostuvo en la misma oportunidad: “Que estos derechos son superiores a toda Constitución. “Derecho constitucional e instituciones políticas”.. superiores a toda ley y a todo cuerpo legislativo y tan extensos que no pueden estar escritos en la Constitución” (Convención Nacional de 1898 y antecedentes). al proponer una enmienda a la Constitución Nacional. a la luz de la lucha sostenida por las Naciones Unidas. b) Que puedan derivar del derecho internacional público. (“Tratado elemental de derecho constitucional argentino”. (15) Con anterioridad Sánchez Viamonte y Ekmekdjian habían admitido tres grados en el ejercicio del poder constituyente: federal. Depalma. son superiores a la soberanía popular” (Convención Nacional de 1898 y antecedentes ).. la dignidad del hombre.. cit. As.). Bs. pero nosotros consideramos que ahora son cuatro los distintos órdenes de gobierno de la federación argentina. Tomo 1. provincial y municipal. Para un análisis de las Cartas Orgánicas Municipales véase nuestra obra “Derecho Municipal”. Actualizada y aumentada. 33: “.
obr. Imprenta del Congreso de la Nación. 2ª. Bas. Astrea. Bas. Esto originó el mayor debate al respecto. obr. Bs. 228 y sgts. a Cooley. VI. Cap. Bas. Buenos Aires. cit. Varela en su obra “Plan de reformas a la Constitución de Buenos Aires”.. Bidart Campos. con motivo de la extensión de algunas convenciones como la de Buenos Aires entre 1882 y 1889 o la actitud de la Convención constituyente de Santa Fé de 1921 que en dos oportunidades había prorrogado su fecha de terminación. (19) Arturo M.Arturo M. (20) Arturo M. donde intervinieran Montes de Oca y González Calderón con la posición citada. a Manuel Montes de Oca en su trabajo “Convención reformadora de la Provincia de Santa Fé (1920-1921) y a Juan A. cit. cit. Tomo 1. El autor cita entre otros autores que estudiaron el derecho norteamericano además de Jameson. Cap. pág. (Véase nuestra obra “Reforma constitucional de 1994”-Labor del Convencional Constituyente Dr. La cuestión de la naturaleza de las convenciones reformadoras fue discutida en el seno de algunas de ellas. cit. (obr. Posteriormente la doctrina acompañó la tesis de la limitación de las facultades de estas convenciones. El tema también se consideró en la Convención Nacional Constituyente de 1994 de Santa Fé y Paraná. como la Nacional de 1898 y en las Provinciales citadas por Bas.. Linares Quintana. cit. cit... 1995) (21) Cfr. cit. incluso en la Cámara de Diputados de la Nación. 1927. (23) Cfr. 240. Segundo V. Lisandro de la Torre defendió la posición contraria. Antonio María Hernández (h. ed. Néstor Pedro. Bas analiza especialmente el término del mandato de las convenciones en nuestro derecho público provincial... donde sostuvimos dicha tesitura al analizar la legalidad y legitimidad de dicha reforma constitucional. pág. Holcombe y Borgeaud y refiere distintos fallos jurisprudenciales. Actualizada y ampliada. As. As. Con respecto a nuestro derecho menciona entre quienes sostuvieron el carácter limitado de las Convenciones reformadoras a Mitre y Bernardo de Irigoyen en la Convención reformadora constituyente de la Provincia de Buenos Aires (1870-1873). “Elementos de derecho constitucional”. Tomo 1. 220. pág. 238.). 54 . obr. Vanossi.). Valerio Abeledo. a Luis V. obr. pág. “El derecho federal argentino”. Sánchez Viamonte Carlos.. y Sagüés. X. Ed.(18) Cfr. obr. (22) Cfr. obr. Bs. González Calderón en su obra “Derecho Público Provincial” (1913) y después en el debate en la Cámara de Diputados de la Nación sobre la convención reformadora de Santa Fé (en la sesión del 29 de septiembre de 1922).
As. “Tratado de Derecho Constitucional”. Bs. 127 y nota 6..” (“Qué es una Constitución”. Ediar. pág. Y Segundo V. pues y repitiéndolo una vez más. Revista Argentina de Derecho Constitucional. presentado por Cromwell a la Cámara de los Comunes y al “Instrument of Government”. pág. pág.. a formas que no dueños de variar”. cit. permanente e inalterable”. (28) La actualidad de este principio acaba de ser reafrrmada por Germán Bidart Campos: “Desde la aparición del constitucionalismo moderno fue eje de su doctrina la supremacía de la Constitución. pág. algo como una gran Carta.. “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado”. Charles Borgeaud.. también bajo su inspiración. Tomo II. 112 y nota 47. pág.. citado por Sagüés Néstor Pedro. cit.. Depalma. (26) Hesse Konrad. donde expresó: “. 55 ..(24) Se cita como antecedentes inmediatos de esta fundamental enunciación a dos documentos muy importantes de la historia inglesa: el “Agreement of the people” de 1847. obr. “La interpretación judicial de la Constitución”. 49. 1998. Una constitución es la fuente primaria y fundante del ordenamiento jurídico del estado. obr. Linares Quintana. obr. y que todo el orden infraconstitucional debe guardar congruencia con la Constitución.Así. Teóricamente –aunque no siempre en la praxis. “El quid del control de constitucionalidad de una reforma constitucional”. Tomo III. pág. cit. a reglas. 2000. (Cfr. 7) (29) Véase al respecto Miguel Angel Ekmekdjian. la Constitución de un pueblo no es y no puede ser más que la Constitución de su gobierno y del poder encargado de dar leyes lo mismo al pueblo que al gobierno. (25) Sánchez Viamonte Carlos. Año 1. “Etablissement etr revision des constitutions en Europe et en Amerique”). Los poderes comprendidos en el establecimiento público quedan sometidos a leyes. Vanossi Jorge Reinaldo. (27) También sostienen esta posición Linares Quintana y Miguel Padilla. Sieyés también se refirió a esta distinción en la Exposición razonada que presentó al Comité de la Constitución el 20 y 21 de junio de 1789. punto 406.1995. Buenos Aires.. Bs.. 143 y sgsts. aprobado en 1653. As. cfr. quien afirmó entonces que “. “Escritos de derecho constitucional”. I.en todo gobierno debe haber una cosa fundamental.aprendimos como lección que la Constitución encabeza el orden jurídico del Estado. 165 y sgts. Depalma. Este primer rasgo exhibe un elemento visceral para saber qué es una constitución.
pág. Sprague” (1931)). “National Prohibition cases” (1920) y tal vez. igualdad de derechos y propuestas de presupuesto equilibrado..182 . “United States v. 56 . Tomo 1. no podemos detenernos en el análisis de las distintas impugnaciones producidas a cada una de las reformas producidas. Los problemas de constitucionalidad de las reformas constitucionales estaduales se plantearon ante los conf lictos presentados con las enmiendas de la Constitución Federal.S). St Paul” (1866). Wilbur Edel.El autor también incluye en la clasificación sobre los límites a los extrajurídicos.(“Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional Argentino y Comparado”. cit. a partir del famoso caso “Luther v. Bradford” (1864). “A constitutional convention-Threat or challenge?”. York. 1981. enseñanza religiosa en las escuelas públicas. “Green v. N.(30) Por razones de brevedad. en que la Corte Suprema de los Estados Unidos. 1942) en el análisis de la jurisprudencia sobre este tema.. Orfield (“The amending of the federal constitucion”. se encuentran algunos casos en que la Suprema Corte admite dicho control (“Hawke v. pág. En cuanto a la jurisprudencia en el orden federal. ed. (32) Linares Quintana. el más alto Tribunal sentó el criterio de que la consideración de una enmienda constitucional era una cuestión política –political question. Mississippi y Minnesota admitieron la justiciabilidad de reformas estatales en los casos “Coller v. decidió la validez de dicha reforma. pero ellos corresponden al poder constituyente originario. específicamente por la temática de derechos civiles. Virginia”. con motivo de la adopción de la Enmienda undécima. Garnett (1922).. Frierson (1854). no se encuentra caso alguno en que se declarase la invalidez de una enmienda constitucional. aborto. Tomo II. Posteriormente. o metajurídicos o absolutos.ajena a la competencia judicial. menciona que las Supremas Cortes de los Estados de Alabama. que en este caso no es objeto de nuestra consideración. al considerar que era una cuestión política no justiciable. lo que se explica en razón de la propia naturaleza del estado federal. siguiendo a Lester B. obr. Borden” de 1849. Smith” (1920). (31) Jorge R. aspectos por otra parte muy conocidos de nuestra dolorosa y conflictiva historia nacional. obr. “Teoría Constitucional”. Pero ya en este siglo. Weller” (1856) y “Dayton v. Chicago. Praeger. Vanossi. mientras que en otro caso insiste en la tesis de las cuestiones polìticas (“Lesser v. U. la Suprema Corte del Estado de Maryland resolvió lo contrario en el caso “Miles v. (Cfr. Linares Quintana cita el caso “Hollingsvorth v. de 1798. respectivamente. cit. En cambio. 148).
cit. Barcelona y Buenos Aires.”(Segundo V. Miller” y “Chandler v. Linares Quintana..”. cuando se trata de las sanciones de un poder constituyente. Ariel. pág. resolvió que algunos aspectos del procedimiento acerca de la enmienda sobre el trabajo de menores. Segundo V.. cit. en que los mismos son menos exigentes. 55 y nota 64. Wise” (ambos de 1939). Madrid. págs. pues sólo alcanzan al análisis de las “rational bases”. Es que para nosotros es menester comprender que en los standards de control de constitucionalidad norteamericanos son muy estrictos en cuestión de derechos de minorías y derechos civiles.. agregamos. queremos poner de relieve que la jurisprudencia no es unánime ni pacífica al respecto. 29/32. la jurisprudencia de los tribunales más recientes es en general favorable a la doctrina de que el examen y la decisión de la constitucionalidad de una reforma constitucional constituyen una cuestión judicial comprendida en la competencia de los tribunales. pág. 146. 1996.145. 147. obr. pues la Corte Suprema en los casos “Coleman v. “Tratado.L. 151). Pero todos los casos examinados se refieren a dicho problema exclusivamente desde el ángulo del procedimiento observado para la adopción de la enmienda –matters of procedure-. obr. 151). 57 . obr. cit.. cit. pág. No obstante esta opinión. cit. “Tratado.. “Tratado. (34) Segundo V. pág...”.”. “Tratado. cit.. a diferencia del control de leyes. Linares Quintana..”. “Evolución històrica y modelos de control de constitucionalidad” en la obra colectiva “La Jurisdicción constitucional en Iberoamérica”. (36) Cfr. pág. Segundo V. (37) Véase Francisco Fernández Segado. coordinada por García Belaúnde D.. 1997.. y Fernández Segado F.”... (Véase Linares Quintana. donde el profesor español menciona los datos aportados por Pritchett.. pág.. pues se parte de la acertada base que la sanción de leyes es facultad de otro poder.(33) Dice el reconocido constitucionalista argentino: “Como ha podido comprobarse.. (35) Cfr. Linares Quintana. (38) En este sentido consideramos muy ilustrativo el desarrollo efectuado por Roberto Gargarella en su obra “La justicia frente al gobierno-Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial”. Linares Quintana. obr. obr... involucraban el ejercicio de cuestiones polìticas no judiciables y señaló en ese sentido al efecto del rechazo previo de una Enmienda por un Estado local y al término durante el cual los Estados podían ratificar una reforma constitucional.. (39) Cfr. “Tratado. publicada por Dykinson S. Gargarella Roberto.. España. a quien seguimos en este aspecto. Y ello con mucha mayor razón.obr..
(40) Cfr. Gargarella Roberto, obr. cit., pág. 43.
(41) A. Hamilton, J. Madison y J. Jay, “El Federalista”, Fondo de Cultura
Económica, Méjico, 1994, Nº 78, pág. 332.
(42) “Marbury v. Madison”, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803), cit. Por Roberto
Gargarella, obr. cit., pág. 47.
(43) Laurence H. Tribe, “American Constitutional Law”, second edition, Mineola,
New York, The Foundation Press, Inc., 1988, págs. 10/15.
(44) Véase Laurence H. Tribe, obr. cit., pág. 12, Nota 7, que dice textualmente:
Compare, e.g., C. Black, The people and the court (1960), with e.g., L. Lusky, By
what Right? (1975), and R. Berger, Governmente by judiciary (1977). See J. Ely,
Democracy and distrust (1980); J. Choper, Judicial review and the national
political process (1980); cf. M. Perry, The Constitution, the courts and human
rights (1982). See generally A. Bickel, The least dangerous branch (1962); L.
Hand, The Spirit of liberty (3rd. Ed. 1960); Rostow, “The democratic character of
judicial review”, 66 Harv. Rev. 193 (1952).
(45) Véase Roberto Gargarella, obr. cit., págs. 55 y 132 y sgts. Donde analiza la
contribución efectuada al tema por Bruce Ackerman.
(46) Véase Laurence H. Tribe, obr. cit., pág. 12, según nuestra propia traducción.
(47) En este sentido, las interpretaciones que la Corte y el propio Fayt (en su libro
“Self moving..., antes citado) efectúan sobre el pensamiento de Hamilton y el
célebre caso “Marbury v. Madison”, son para nosotros manifiestamente
incorrectas, pues pretenden ser utilizados para fundamentar lo contrario de lo
que esos notables aportes significaron para afirmar el principio de la supremacía
constitucional. Ya hemos visto asimismo, que la más mportante misión del Poder
judicial norteamericano es cuidar la Constitución, porque ella representa al
pueblo, como base del sistema democrático y republicano. En consecuencia, mal
se puede invocar dichos principios para abonar una tesis tan grave y opuesta
como la de este caso, que importa el más completo desconocimiento del valor
fundamental y supremo de la Constitución como el de la misión de los jueces.
(48) Véase Francisco Fernández Segado, “Evolución histórica y modelos de control
de constitucionalidad” en la obra colectiva “La Jurisdicción constitucional en
Iberoamérica”, coordinada por García Belaúnde D. y Fernández Segado F.,
publicada por Dykinson S.L., Madrid, España, 1997, pág. 60 y sgts.
(49) Cfr. Francisco Fernández Segado, obr. cit., págs. 73 y sgts..
(50) Cfr. Louis Favoreu, “Los tribunales constitucionales” en la obra colectiva
precedentemente citada, pág. 106.
(51) Louis Favoreu, obr. cit., pàgs. 108/9.
(52) Cfr. Louis Favoreu, obr. cit., pág. 110.
(53) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”García Belaúnde D. y
Fernández Segado F.(Coordinadores), obr. cit..Véanse los trabajos de Fernández
Segado, Louis Favoreu, Peter Häberle y Moura Loureiro de Miranda en relación a
la jurisdicción constitucional en España, Francia, Alemania y Portugal y en
general en el derecho europeo.
(54) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Francisco
Fernández Segado, “La jurisdicción constitucional en España”, págs. 635/637.
(55) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Francisco
Fernández Segado, “La jurisdicción constitucional en España”, pág. 640.
(56) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Francisco
Fernández Segado, “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr.
cit.,pág. 641.
(57) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit.,Benjamín
Miguel Harb, “La jurisdicción constitucional en Bolivia”, pág.352.
(58) Cfr. “La jurisidicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Eduardo
Cifuentes Muñoz, “La jurisdicción constitucional en Colombia”, pág. 474.
(59) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Rubén
Hernández Valle, “La jurisidicción constitucional en Costa Rica”, pág. 508.
(60) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Humberto
Nogueira Alcalá, “La jurisdicción constitucional en Chile”, pág. 555.
(61) Cfr. “La jurisdicción constitucional en Iberoamérica”, obr. cit., Francisco
Fernández Robles, “La jurisdicción constitucional en Panamá”, págs. 814/5.
(62) También manifestó su punto de vista contrario a este fallo y por la misma razón
el distinguido Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, Dr. Carlos Colautti, en su comentario a los dos fallos “Iribarren” y
“Fayt”, titulado “Las reformas a la Constituciòn y los limites de la revisiòn
judicial”, en Jurisprudencia Argentina, Suplemento Especial del Semanario nº
6168 del 17/11/1999, págs. 33/35. Allí expresó: “...Poco queda de las autonomìas
provinciales sino pueden siquiera establecer la edad en que se jubilarán los jueces
y miembros del Ministerio Público”.
(63) Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la interpretaciòn constitucional”,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998.
(64) Fue también el famoso Chief Justice John Marshall en el célebre caso “Marbury
v. Madison” en 1803 el que estableció la teoría de las “political questions”, luego
mantenida en otros fallos notables como “Luther v. Borden” en 1849 y “Texas v.
White” en 1868.
Recién en “Baker v. Carr” en 1962, la Corte Suprema de Justicia norteamericana
restringiría el amplio alcance de las cuestones políticas no judiciales, al avanzar
en el control de la organización de los distritos electorales.
(65) Cfr.Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la interpretaciòn constitucional”,
obr. cit., págs. 632 y 633, donde se transcribe el resumen del Prof. Schwartz en su
obra “Los poderes del gobierno...”, T. 1, pág. 577, con abudantes citas de la
jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana en cada una de las cuestiones.
(66) Laurence H. Tribe, “American Constitucional Law”, 2nd. Edition, obr. cit., pág.
107, de nuestra propia traducción.
(67) Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Naciòn, 53:431/434.
(68) Dijo entonces que “habría peligro para las instituciones si se reconociese en el
Poder Judicial la facultad de declara sin valor y sin efecto legal los actos polìticos
que produzcan la Legislatura y el Poder Ejecutivo”- Cfr. Segundo V. Linares
Quintana, “Tratado de la interpretación constitucional”, obr. cit., pág. 653, donde
el autor indica que la rectificación pública de su anterior opinión fue efectuada en
el “Plan de Reforma de la Constitución de Buenos Aires”, T. I, págs. 109 y 321,
nota 2, cit. Por González Calderón, Juan A. Derecho Constitucional Argentino, T.
II, pág. 578.
(69) Cfr. Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la interpretación
constitucional”, obr. cit., págs. 653 y sgts..
(70) Cfr. Segundo V. Linares Quintana, “Tratado de la interpretación
constitucional”, obr. cit., págs. 656 y sgts..
(71) Para un análisis más detenido de estos casos, véase Segundo V. Linares
Quintana, “Tratado de la interpretación constitucional”, obr. cit., págs. 658/665.
(72) Cfr. Néstor Pedro Sagüés, “Novedades sobre las cuestiones políticas no
justiciables”, El Derecho, Nº 9861, Año XXXVII, 21 de octubre de 1999, Nota a
fallo, pág. 7.
(73) Cfr. Jorge Reinaldo Vanossi, “Teoría Constitucional”, obr. cit., Tomo II, Cap.
“Las facultades privativas ante la dimensión política del Poder Judicial”, págs.
202/3..El autor también formula una lista de temas que no pueden ser asimilados
a las declaraciones y que en consecuencia, podrían ser objeto de revisión judicial:
“a) la declaraciòn de “utilidad pública” a los efectos de la expropiaciòn, en
cuanto compete al Poder Legislativo determinar en el caso la existencia de esa
“utilidad pública” como requisito para viabilizar el instituto expropiatorio; b) la
como los que se plantean entre las distintas provincias y los que nacen de la aplicaciòn e interpretación de los limites fijados a las provincias por el Congreso Nacional. en cuanto a las garantías de defensa de los derechos se refiere (ver el voto de Boffi Boggero en el caso “Roque González”. a los efectos de posibilitar la justiciabilidad de estos últimos.” (74) Miguel S. declaración por el legislador y a su turno por el Poder Ejecutivo en las diversas etapas del mecanismo para la formación y sanción de las leyes. 755 y sgts. c) la declaración del òrgano legislativo reconociendo o invalidando la elección de sus miembros y admitiéndolos o excluyéndolos de su seno. Cfr. cuándo hay promulgación. no pueden ser equiparadas en razón de que conincide en cada caso la “facultad” con el “acto” de modificaciòn de situaciones que directamente se reflejan en el ámbito de los derechos subjetivos. Marienhoff ha distinguido.. T. Con esto no quieres significarse que los jueces deban expedirse 61 . E) en general. cuándo hay veto. cuándo existe sanción. las consecuencias de todo poder normativo cuyas prescripciones sean aplicables a las relaciones entre particulares. La jurisprudencia es confusa y vacilante en cuanto a admitir la justiciabilidad de estas cuestiones. y entre el Estado y sus funcionarios o integrantes de los poderes públicos. pág. consistente en precisar cuándo hay aprobación. d) la creaciòn y determinación de “categorías” de personas a los efectos del goce de los derechos o el cumplimiento de las obligaciones y deberes públicos. “Tratado de Derecho Administrativo”. es decir materias de procedimiento (matter of procedure) entre las cuales se cuenta el procedimiento de la reforma constituonal. 2. pero tales vacilaciones no pueden prosperar una vez que el tratamiento teórico de la cuestión arroje claridad señalando la diferencia entre estos casos y los anteriores. sostiene que “toda cuestión política tiene tambièn una dimensiòn jurídica y que ésta es justiciable en un doble sentido: a) para determinar si el procedimiento fijado por la Constituciòn para adoptar la decisiòn polìtica se ha cumplido o no. En cuanto a Sagüés. entre el Estado y los particulares. 264:7). Fallos. de manera similar a Vanossi. los actos “institucionales” como diferentes a los actos “políticos”. g) la regularidad del procedimien to seguido por el Senado en la sustanciaciòn del “juicio político”. f) ciertos conflictos de poderes. etc. b) para determinar también si lo resuelto por el órgano del caso al decidir la cuesiòn polìtica se encuentra o no dentro del marco de opciones que le brinda la Constitución. Dice que “En los casos examinados estàn en juego facultades que si bien tienen algunas semejanzas con las mencionadas anteriormente.
sino solamente.. tema por cierto discrecional y reservado para el organo que debee pronunciarla. Tomo II. Linares Quintana. 583.. supone imprescindiblemente que la declaraciòn de estado de sitio se haya efectuado con causa constitucional y de conformidad a la Constitución. “Tratado de la interpretación constitucional”. nota 7 y su “Derecho Procesal Constitucional.. por lo demás. Ed. Linares Quintana. Esos mismos jueces. (75) El maestro del Derecho Constitucional argentino desde hace tiempo expone que ningún punto de la Constituciòn puede quedar detraído al análisis del control de constitucionalidad y al comentar un fallo sobre estado de sitio. las normas de la Constituciòn. 3ª. pág. Segundo V. Astrea. Bs. págs. De tal modo que si ello tiene “color” de constitucionalidad.. Segundo V.en su obra citada. cit. valida la Constitución cuando hay estado de sitio. 201. De haber duda. como acrecimiento del poder. “Tratado de la interpretación constitucional”. págs. As.. pág. adonde remitimos para un análisis más 62 . venían reafirmando dicha doctrina en fallos anteriores. cit. Linares Quintana. sobre cuál era el mejor criterio o la mejor soluciòn para resolver la cuestiòn política. T. quienes firmaron el voto mayoritario en el caso “Fayt -que desconoce la doctrrina de las cuestiones polìticas no justiciables-. exactamente con fecha 31 de agosto de dicho año fallaron el caso “Guadalupe Hernández”. (79) Cfr. cit. 1992. 587/8. del 7 de octubre de 1970. Recurso extraordinario”. donde volvieron a admitir dicha doctrina. Segundo V. nota a fallo publicada en El Derecho. Germán Bidart Campos. Linares Quintana. (78) Cfr. en cuanto su contenido. págs. obr. Todo lo que. luego de resolver en sentido opuesto con fecha 19 de agosto de 1999 en el caso que nos ocupa. y con extrema prudencia si lo actuado por éste respeta. Segundo V. págs.. la judicatura no tiene por qué investigar más ni ponerse en el lugar del referido órgano para decidir el caso. (76) Es que tal como lo hemos referido anteriormente en el análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema. “Tratado de la interpretación constitucional”. cit. escribió que “no es lógico controlar el efecto sin controlar la causa. pág. (77) Cfr. (80) Cfr. obr. 588/591. “Tratado de la interpretación constitucional”. 1.”(Cfr. obr. rige el principio de presunción de constitucionalodad del comportamiento de los poderes del Estado” (trabajo recièn citado “Novedades sobre las cuestiones políticas no justiciables” en El Derecho. obr. 584/5. quien seguidamente manifiesta su opinión contraria). 7. citado por Vanossi. 171/5).
obr. 719. 1989-B-354 y sgts. Según Alberto F. utilizó criterios de examen estricto (strict scrutiny test) para evitar cualquier discriminación. Linares Quintana. (82) Segundo V. pág. los días 3 y 4 de marzo de 2000. Linares Quintana. año LIII. 1 y sgts.Garay. Repetto c.S.) (81) En la reunión celebrada en Paraná. “Derechos Civiles de los extranjeros y presunción de inconstitucionalidad de las normas”. “Tratado de interpretación constitucional”. en base a un interés estatal urgente o insoslayable (substantial or overriding or compelling interest or purpose). como “Georgia v. pág. que en materia de algunos derechos civiles. 1868. según lo dispuesto por el art.: Segundo V. pág. donde la Corte dijo en 1900 que el Poder Judicial no puede. cit. pareciera existir una presunción de inconstitucionalidad de cualquier acto de afectación de los mismos y dicho criterio según Garay. 720. para tratar este fallo. “Tratado de interpretación constitucional”.El autor recuerda las palabras del Juez Black en “Korematsu v. Stanton”. pág. donde se analiza la constitucionalidad de una normativa de dicha provincia que impedía el ejercicio de la docencia a los extranjeros.L:. (Véase la obra que estamos citando de Linares Quintana. U. en estos casos de derechos civiles.. que comentara este caso. United States”. cit. nº 76. lo que ha merecido la crítica de Linares Quintana.. detallado de cada uno de los casos. necesidades públicas acuciantes pueden justificarlas: el antagonismo racial jamás. cit. (84) Cfr.. 719. pág. y que se constituyó en un verdadero “leading case” donde nuestra Corte estableció criterios muy estrictos para impedir toda distinción entre los derechos reconocidos a los nacionales y a los extranjeros. 6. obr. 63 . A veces. 602 y al artículo de Garay. “Quackenbusch v.L. El autor cita otros fallos en igual sentido.. nuestra Corte siguió los enfoques de su par norteamericana. con la organización de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.. (83) Segundo V. obr.. 177. Linares Quintana. L. 20. fue admitido también por los jueces Bacqué y Petracchi de nuestro más alto Tribunal en este caso. por propia inspiración.) de 1988. Provincia de Buenos Aires” (L. United States: “Todas las restricciones legales que reducen los derechos civiles de un grupo racial son inmediatamente sospechosas. “Tratado de interpretación constitucional”. además de exigir al Estado una justificación excepcional para ello.” En definitiva. Merece destacarse asimismo el fallo del caso “Inés M. 20 de la Constitución Nacional. Esto no quiere decir que todas esas restricciones son inconstitucionales.
I.A. 720. “Tratado de interpretaciòn constitucional”. pág. (85) Fallos. Resultaba. 1990-A-366/7). de 1949 (Fallos.F. “M. de 1881 (Fallos. 23:267). “César O. García”.. que señalan que los poderes polìticos tambièn interpretan y aplican la constitución. fallo 88. 1910. Illinois Central R. 270:175). (86) En efecto. Naciòn Argentina”. 109:441/442). de 1887. U.. “Alfredo Salvador Rendón c. Oxley c.. Anzó”. Segundo V. Co. 202:265/266). “R... E. 196:322). Linares Quintana. c. págs. Linares Quintana.L. (89) Cfr. “R. de 1948 (Fallos. (90) Cfr.L. LIII-65-2. 177. de 1961 (Fallos. Provincia de Mendoza”. de 1968 (Fallos.728/730. 206:131). de 1946 (Fallos. Nación Argentina”.”. (91) El distinguido constitucionalista expresó: “La ley 24. a nuestro entender. “Tratado de interpretación constitucional”. Segundo V. fallo 87. que afirman una línea jurisprudencial en esta materia a lo largo del tiempo: “Cooperativa Elèctrica Bahiense Ltda. Varela c.321. U. de 1984 (E.D. cit. 213:547/548). “Kein v.S.. LIV-121-7. de 1968 (Fallos.L. de 1946 (Fallos. suficiente el contenido del punto I incorporado al “Núcleo de 64 . 215. obr.. cit. A.cit. 197:494).720/742. 205:26). 211:1061). Linares Quintana. 110 de la Constitución.(Cfr. 452. López Muñiz”. 53:431/434. (87) L.600. finalizando con los que más adelante mencionaremos.A. 313:1535/7). cita los siguientes casos de la Corte. obr. Estado Nacional”. 272:232). “Disco S. “Tratado de interpretaciòn constitucional”. L. “Los Merinos S.:Segundo V. “Arnoldo Vicente Santoro y otros c.. “E Sojo”.309 no previó explícitamente una reforma o limitación al principio de la inamovilidad de los jueces con motivo de la edad.B. 251:57).”. y otros”. Asimismo cita la opinión de autores como Friedrich. Linares Quintana..730. de 1943 (Fallos.. de Pantaleo c. obr. Unites States”. de 1990 (Fallos. pues esta función no está sólo reservada a los tribunales judiciales. (88) L. “Marcelo R. 290 y “Interstate Commerce Commission v. Provincia de Santa Fé”. “Stevarts Sealy c. adonde remitimos para un mayor análisis de los casos).S. Villa”. cit. “Sindicato Obrero Yerbateros de Rosario”. Obr. de 1943 (Fallos. Nación Argentina”. de 1989 (Fallos. Tampoco era necesario que asì lo dispusiera mediante una menciòn del actual art. inquirir en cuanto a la validez de la acción desarrollada por los otros departamentos de gobierno. Siam Di Tella Ltda. pág. “Luis Arcenio Peralta y otro c.”. Araya c. 1900. “J. págs. de 1945 (Fallos.
establecer el alcance y el contenido que debía tener la reforma porque se trataba de una materia de competencia exclusiva de la convención. así lo sostuvieron en forma verbal los juristas Frías y Sagüés en la reunión de Paraná..L. convocada por la Asociación Argentina de Derecho Constitucional para el análisis de este caso. En cuanto a Badeni. Cit. 2. Solamente si ese conflicto es insoluble a la luz del principio de razonabilidad corresponderá declarar la invalidez de una de ellas. Constitución Nacional). El segundo. tr. El primero prevé el nombramiento y su extensión temporal. ni procedente. sin perjuicio de un eventual nuevo nombramiento. 60 y 115. jueves 30 de julio de 1998. año LXII Nª 143. No cabe descalificar a una de ellas. sugiriendo su incorporación al actual art. cuando se produce un conflicto aparente entre dos norms. 99 inc. Si éste es el principio de interpretación que impera cuando el conflicto se plantea entre la Ley Fundamental y una norma de jerarquía inferior. sino acudir a la hermeneútica para acordarles un significado armónico.” “Constitucionalidad de la reforma constitucional”. escribió sobre el particular: “En materia de interpretaciòn constitucional. pág. pág. Inclusive. es necesario asignar a ellas un significado que permita armonizarlas con la consecuente subsistencia de ambas. Doctrina. Entre esas disposiciones atinentes al nombramiento de los jueces. impone el principio de la inamovilidad durante la vigencia de ese mandato. L. 65 . 2. Procurando relacionar los arts. Coincidencias Básicas” cuando alude a las disposiciones atinentes al nombramiento de los jueces. No era necesario. El segundo contempla la inamovilidad durante el lapso establecido para el mandato como una de las garantías para el ejercicio independiente de la potestad jurisdiccional. procede aplicar la regla complementaria de interpretación “in dubio pro constitutio”. Principio que solamente cede si el magistrado judicial incurre en algún tipo de conducta que merezca el reproche en un juicio político y la consecuente decisión del Senado o del jurado de enjuiciamiento (arts. con mayor razón deberá acudirse al mismo cuando la interpretación enfrenta a dos cláusulas de la Constitución. en caso de duda. la Convención estaba habilitada para insertar las referentesa a la duración del mandato resultante de esa designación.” “Constitucionalidad de la reforma constitucional”. 99 inc. 4º y 110 de la Constitución. 4º. consideramos que el primero regula el procedimiento para el nombramiento de los jueces fijando un límite para sus mandatos en la edad de 75 años. (92) Tal como lo señalamos anteriormente.
Cit.” (Cfr. 18) Para llegar a esta conclusión cita en apoyo al caso “Monges Analía vs. editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.. La Ley.(93) Véase la nota anterior con la opinión del citado Profesor Titular de la Universidad Nacional de Buenos Aires. págs. Anticipo de Anales. (97) Prueba de ello es que en mi carácter de Diputado de la Nación durante el período 1991-1995 voté dicha norma. (94) Daniel Alberto Sabsay. ante la razonable duda generada por éste. 18). Ediar. (98) El Académico Horacio García Belsunce ha sostenido a este respecto: “La sanción de nulidad viene así prevista por la ley misma y por ello es que su declaración judicial –como ha ocurrido en el caso. sin afectar 66 . a fin de evitar perjuicios a los aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina quienes. aún cuando se hallaban ajenos al conflicto suscitado.(“La inconstitucionalidad o nulidad de una reforma constitucional-Implicancias de su declaracion”.la autoridad de esa sentencia deberá comenzar a regir para el futuro. donde la Corte Suprema en el Considerando 34 del voto de la mayoría. Universidad de Buenos Aires” del 26/12/96. “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino".. Pero en modo alguno ni el suscripto ni sus pares intentaron cambiar las bases de nuestro Estado de Derecho. “El control de constitucionalidad de la reforma constitucional en un fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina”.. 1999. 439/440. pág. (95) Germán J. segunda época... Asimismo. con el claro objetivo de expresar la opinión del Cuerpo sobre la limitación material de la Convención reformadora. afectando la división de poderes y sujetando el poder constituyente al poder constituído. España. Alo XLV. Nº 3. Madrid. pág. que debe atenerse a los puntos fijados por el Congreso. como se atribuye en la intencionalidad asignada arbitrariamente por la Corte. Bs. con la citada opinión transcripta. junio 2000. Bidart Campos. Tr. (96) Véase la Nota 91. pág. Nº 38.As. Tomo VI “La reforma constitucional de 1994”.tiene efecto erga omnes para todos los casos que pudieren equipararse al planteado por el recurrente en la causa que nos ocupa”.. 449. quien expresa que: “sus proyecciones pueden llegar a extenderse a los efectos de la declaraciòn de inconstitucionalidad de las normas sancionadas por el Congreso”.. agrega el comentario de dicho fallo efectuado por Juan Carlos Cassagne. en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. declaró la nulidad de la resolución del Consejo Superior de la Universidad relativa al “Curso Preuniversitario de Ingreso” y expresó: “. 1995.
citado por Néstor Pedro Sagüés. Civil). Desafortunadamente dichos principios –y en particular los indicados en el Cap. que promoviera este caso. mencionando en tal sentido una opinión de Germán Bidart Campos. Ganadera Los Lagos vs. la división de poderes. Finalmente expresa en este punto García Belsunce: “Es cierto que la doctrina judicial que resulta del caso “Monges” modifica los precedentes jurisprudenciales citados y que las opiniones de Cassagne y de Bidart Campos son opuestas a las de los otros juristas mencionados. 19/20). que lo fallara afirmativamente. Konrad Hesse. “Escritos de Derecho Constitucional”. remitiéndonos además a las consideraciones realizadas anteriormente y en particular a las de teorìa constitucional. pero. en principio y con ciertas distinciones. pág. me inclino por el efecto erga omnes de la nulidad y me atrae poder extenderlo a la inconstitucionalidad. ni por la Corte. un acto administativo y un acto del Poder Constituyente. Depalma.. nota 45. que mencionamos en a). Fayt en el libro “Supremacía constitucional e independencia de los jueces”. Cit. No compartimos esta opinión del destacado jurista.. 1994. 52. Cód. 1038.:tr. las reglas del Código Civil en materia de nulidades e interpretando que esas reglas son también aplicables a un acto constituyente”.b) apunta a consolidar el “gobierno de los jueces”. Depalma. Sólo queremos agregar ahora. cit. 1998.(Cfr. aunque no pretendo terciar frente a la autoridad de estos tratadistas. pág. sin tener en cuenta la distinta naturaleza de ambos. 1047. 18/19). Nación Argentina” cuando admitió que se aplican al acto administrativo. que los principios del control de constitucionalidad de nuestro derecho.págs. A su vez.tr.XVI sobre “Los límites del Poder Judicial”. En razón de brevedad. Va de suyo que estoy aceptando la teoría de la Corte Suprema en el caso “S. (99) Cfr. “La interpretación judicial de la Constitución”. c) parte de la base de que se pueden igualar en la aplicación de las soluciones y efectos. Buenos Aires. págs. 110. (Cfr. Cód.no fueron respetados por el propio autor. no efectuamos un desarrollo más detenido. el distinguido jurista argentino.A. Civil) y cuando es absoluta puede ser declarada de oficio (art. pokrque cuando aquélla es manifiesta (cuando la ley le ha impuesto al acto la pena de nulidad) el acto es nulo aunque la nulidad no haya sido juzgada (art. fueron también referidos por el Dr. porque: a) no respeta nuestro sistema de control de constitucionalidad. en razón del principio de la división y equilibrio de los poderes. Carlos S. limitado al caso concreto y sin efecto derogatorio de las normas. 67 . que no es compatible con el sistema de nuestra Constitución Nacional. Buenos Aires. ampliamente expuestos en forma pacífica por la doctrina.
Madrid. y no que. 112). 1996. importa un cambio constitucional – cuando no. Si la Constitución indica cómo reformarse. pág. Maihofer. con la editora Marcial Pons. es exactamente lo aplicable a este caso “Fayt”. 854). págs. agregamos nosotros)- de difícil asidero. dice: “De no darse ese supuesto. (100) Nos parece pertinente citar también las opiniones –que parecen redactadas para este caso. porque de operarse asì.” (Obr. sino “constituyentes” (dichos operadores-intérpretes). A su vez. una perversión constitucional (y aquí cita a Hesse. agregamos nosotros): “Por último. I sobre “Constitución y derecho constitucional”: “Los límites –que a menudo no resulta sencillo determinar en concreto. difumine los lindes entre interpretación y potestad normativa y haga subrepcticiamente soberano a quien es únicamente custodio de la Constitución”. Helmut Simon y Konrad Hesse.de dos constitucionalistas y Magistrados del Tribunal Constitucional alemán. Hesse escribió en el cap. en el Cap. la constitución deja de tener entidad y consistencia. Hesse.. eludiendo la reforma constitucional. Vogel. XVI. los responsables del proceso de reforma constitucional miran hacia otro lado y permanecen de brazos cruzados. de Beude.de la mutación constitucional están contenidos en el propio texto constitucional: 68 . España. Como se advertirá. aconseja que cada uno asuma sus obligaciones y que el autorizado a cambiar la Constitución. para transformarse en aquello que su operador-intérprete quiera que sea. Heyde. el jurista debe advertir que el Poder Judicial no es culpable si . Asimismo el Profesor de Rosario y Buenos Aires indica finalmente cuál es la solución ante casos de normas que denomina “torpes o anacrónicas” (que es obvio decir no es el de las cláusulas referidas en el caso. (pág. con respecto a “La jurisdicción constitucional”. Expresó Simon.luego de analizar el caso de la “laguna dikelógica” en el ordenamiento constitucional producida por derecho injusto. publicado por el Instituto Vasco de la Administraciòn Pública. 110/1). cit. sea la judicatura quien sin más lo reemplace. ante su inacción. ponga en marcha el trámite de la enmienda. interpretar la Constitución en oposición al programa normativo que ella efectivamente contiene. y en tren de repartir responsabilidades. el principio de correción funcional (tan subrayado por Hesse). según la expresión de Werner Goldschmidt. cit.. En esta última etapa no hay en rigor de verdad allí “constitución” ni “supremacía constitucional”. que participaron en la redacción del importante “Manual de Derecho Constitucional”.” (Obr. ante normas constitucionales inconvenientes. punto 4 sobre “Límites de la facultad de interpretación”: “La decisión constitucional por una democracia con división de poderes veda una interpretaciòn sin límites que.
aún después de una decisión contraria de la Suprema Corte. resulta inadmisible una interpretación diferente de los enunciados constitucionales en abierta contradicción con su texto”. porque “a veces. 34/5). del 15/11/1965. cit. 69 . por parte de los importantes juristas mencionados..(Obr.. 3 “Federal Judicial power”. Tribe. (pág. una variedad de actores deben hacer sus propios juicios constitucionales y poseen el poder de desarrollar interpretaciones de la Constitución las cuales no son necesariamente conformes con la de la Suprema Corte. 34 y nota 20. (101) “Partido Justicialista”. Sintéticamente.”. Fallos: 263:267. (102) Véase Laurence H. 10). los tribunales estatales y el público en general”. así traducimos dichos pensamientos: Frankfurter (que fue Chief Justice de la Suprema Corte de Justicia norteamericana) expresó que “el último standard o criterio de la constitucionalidad es de la Constitución en sí misma y no el de lo que hemos dicho sobre ella”. Cap. y el propio Tribe expone que “el significado de la Constitución es asunto de legítima disputa y que la Corte no está sola en la responsabilidad de darle sentido a dicha cuestión. Dworkin dijo que “no podemos asumir que la Constitución es siempre lo que la Suprema Corte dice que es. donde el autor cita las opiniones contrarias a la de Charles Evans Hughes.. págs. puede aún razonablemente creer que el derecho está de su lado”. obr. pág. como el Presidente. Corwin sostuvo que aquella opinión “supone una clase de transubstanciación por la cual la opinión de las cortes sobre la Constitución se convierte en el verdadero cuerpo y sangre de la Constitución”. los legisladores. cit. Mas bien.
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References: artículo 5
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 99
in dubio
 resolución