Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-II/2009/as200932173.htm
Timestamp: 2020-04-07 23:35:31+00:00

Document:
200908-Sala Social Segunda-2-173
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 173
PARTES: Hugo Aparicio Ardiles c/ SENASIR.
VISTOS: Los recursos de casación en el fondo de fs. 151-152 y 156-158, interpuestos por Yoni Yamil Exeni León, en representación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), en su calidad de Director General Ejecutivo a.i., el primero y el asegurado Hugo Aparicio Ardiles, el segundo, contra el Auto de Vista Res. Nº 040/2008 SSA-II de 13 de febrero de 2008, cursante a fs. 149 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación de Recálculo de Renta de Vejez, que sigue Hugo Aparicio Ardiles, contra el SENASIR, la formulación de la respuesta de fs. 164-165 y 156-158 respectivamente, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, el Fondo de Pensiones Básicas, mediante Resolución Nº 006030 de 18 de marzo de 1994 (fs. 41), otorgó en favor de Hugo Aparicio Ardiles, Renta Básica de Vejez, en el equivalente al 38% de su promedio salarial, cuyo monto fue de Bs. 337.25; posteriormente, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones, mediante Resolución Nº 002846 de 13 de enero de 1996 (fs. 90), resolvió otorgar en favor del asegurado Hugo Aparicio Ardiles, Pago Global por vejez, en el régimen complementario, en el monto de Bs. 54.520,20 equivalente a 22,38 mensualidades de la renta de vejez que le hubiere correspondido. Tres años después, la indicada comisión, mediante Resolución Nº 000724, de 15 de enero de 1999, resolvió también otorgar mejora de renta básica de vejez, a favor del interesado, en el equivalente al 44% de su salario, correspondiendo el monto de Bs. 2.855,83, pagadero a partir del mes de diciembre de 1998.
Mediante Resolución Nº 001108 de 30 de enero de 2002, a fs. 122, la misma comisión, resolvió nuevamente otorgar en favor de Hugo Aparicio Ardiles, un plus de Mayo/97 a Diciembre/98, en el equivalente al 3,17%, cuyo monto ascendió a Bs. 205,75, el que pasó a formar parte de su renta básica de vejez, que se pagaría a partir del mes de enero de 1999. Después, la indicada comisión, mediante Resolución Nº 005006 de 14 de junio de 2006, resolvió realizar un recálculo de Pago Global complementario, determinando que se produjo un pago indebido de Bs. 13.422,36, toda vez que al interesado sólo le correspondía el equivalente a 17,67 mensualidades, equivalente a Bs. 45.874,85 y no así Bs. 59.297,21 por lo que en la parte considerativa de dicha resolución determinó que debe procederse al descuento del 20% de su renta básica de vejez
Formulado el recurso de reclamación por el recálculo de Pago Global complementario y el descuento del 20% de su renta básica por el beneficiario a fs. 129, la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 237. 07 de 8 de febrero de 2007 (fs. 139-140), resolvió confirmar la Resolución Nº 005006 de 14 de junio de 2006 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, cursante a fs. 127 por haber sido expedida de conformidad a normas que rigen la materia.
El recurso de apelación promovido por el demandante (fs. 141-143), fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante el Auto de Vista Res. Nº 040/2008 SSA-II de 13 de febrero de 2008 (fs. 149 y vta.), por el que revocó la resolución de la Comisión de Reclamación Nº 237.07 de 8 de febrero de 2007 y dispuso la improcedencia de los descuentos a partir de la fecha.
Dicho fallo motivó los recursos de casación en el fondo, interpuestos por el representante del SENASIR a fs. 127-128 y por el asegurado Hugo Aparicio Ardiles, a fs. 156-158.
1.- El Tribunal de Justicia de la Nación tiene la obligación de examinar los procesos que llegan a su conocimiento, a fin de establecer si los jueces y tribunales inferiores, observaron las leyes y plazos que rigen la tramitación y conclusión de los procesos para aplicar en su caso las sanciones pertinentes, conforme establece el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y si correspondiere disponer la nulidad de obrados de oficio, en aplicación a lo previsto en el art. 252 del Código de Procedimiento Civil.
A su vez el art. 190 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: "La sentencia pondrá fin al litigio en primera instancia, contendrá decisiones expresas, positivas y precisas, recaerá sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieren sido demandadas sabida que fuere la verdad sobre las pruebas del proceso...", esta norma, de aplicación general, impone además a los tribunales de alzada el deber de observar estos preceptos, ajustando su resolución de segunda instancia y decidiendo la controversia en aplicación del art. 236 del Código de Procedimiento civil, con apego a los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, dentro del marco jurisdiccional que le impone la resolución recurrida y la expresión de agravios del recurso de alzada, enmarcando su decisión a las formas de resolución previstas en el art. 237 del adjetivo civil, conforme facultan los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
2.- En aplicación de dicha obligación procesal, velando por el cumplimiento de las normas procesales contenidas en los arts. 190 y 236 del Adjetivo Civil antes citados, relacionados con el contenido de la resolución de segunda instancia, este tribunal advierte que a momento de emitirse el Auto de Vista Res. Nº 040/08 de 13 de febrero de 2008 (fs. 149 y vta.), el tribunal de alzada revocó la Resolución Administrativa Nº 237.07 de 8 de febrero de 2007 y dispuso: "la improcedencia de los descuentos a partir de la fecha por no corresponder." (sic); como se advertirá esta decisión es incompleta porque no resuelve todos los puntos expuestos en la apelación, pues es evidente que el asegurado no tiene ninguna responsabilidad en el cómputo de la densidad de sus cotizaciones, siendo esta calificación de atribución exclusiva de los funcionarios del SENASIR, así como tampoco consta que se hubiese encontrado y reconocido mediante un proceso de conocimiento el presunto fraude cometido por el asegurado para permitir el descuento del 20% de su renta y restituir los montos erradamente liquidados, aspecto que en sujeción a la previsión contenida en el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, están prohibidos, cuando establece: "...La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto de las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas".(sic).
Consecuentemente, pese a que una de las partes recurrió en casación en el otrosí del memorial, como si se tratara de una cuestión accesoria y no la parte principal del recurso, olvidando que el recurso extraordinario de casación se asimila a una demanda de puro derecho, este tribunal también observa que en dicha resolución la controversia del descuento respecto del 20% de la renta del solicitante no se encuentra determinado en la parte dispositiva de la misma, es decir, no existe un pronunciamiento expreso en la resolución respecto de este punto que fue motivo del recurso de apelación.
3.- Se debe tener presente que en aplicación del principio de informalismo que rige en los procesos administrativos se obliga al tribunal de alzada a pronunciarse sobre todos los aspectos presuntamente omitidos en la fase administrativa, regularizando procedimiento para evitar mayor dilación en las pretensiones perseguidas, sobre la base de la revisión de oficio de los actos administrativos y lógicamente apercibir cuando corresponda al SENASIR, pero definitivamente, tiene que emitir una resolución qu0e resuelva todos los puntos apelados, es decir completa, otorgando o negando los derechos pretendidos por el solicitante, lo que no ocurrió en el caso presente, vulnerando el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, pues no se pronunció sobre todos los derechos pretendidos por el interesado, especialmente sobre el derecho consolidado a favor de Hugo Aparicio Ardiles, en franca infracción del art. 477 del R. del Cód. de Seg. Social, teniendo en cuenta que tiene que determinarse con precisión el momento de la suspensión del descuento por ser ilegal y si corresponde o no la devolución de lo indebidamente retenido y/o cobrado.
4.- Consiguientemente, al advertirse que se incumplieron normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio, corresponde dar aplicación a lo establecido por los arts. 252 y 275 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso presente, en sujeción a lo determinado en los arts. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en los arts. 15 y 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, Arts. 252 y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA obrados hasta fs. 148 inclusive, disponiendo que el tribunal de apelación, sin demora ni espera de turno, bajo responsabilidad administrativa y previo sorteo, pronuncie un nuevo auto de vista, resolviendo todos los agravios expresados en el recurso de apelación de fs. 141-143, con la pertinencia de los arts. 190 y 236 del Código de Procedimiento Civil. Con multa de Bs. 150.- para cada Vocal que intervino en la suscripción del auto de vista impugnado, que se hará efectivo mediante la Dirección Distrital del Consejo de la Judicatura.
Para resolución interviene la Ministra Beatriz A. Sandoval Bascopé, Presidenta de la Sala Social Primera, de acuerdo a convocatoria de fs. 169 vta.

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