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Timestamp: 2020-01-25 17:13:51+00:00

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JURISPRUDENCIA EN QUE SE FUNDAMENTA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD DONDE SE CONFIGURA EL IN DUBIO PRO REO..docx | Derecho penal | Derecho Constitucional
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JURISPRUDENCIA EN QUE SE FUNDAMENTA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD DONDE SE CONFIGURA EL IN DUBIO PRO REO.
En el pronunciamiento que se acaba de referir, entonces, la responsabilidad del Estado se deriv de la inexistencia de probanza alguna en contra del imputado. Sin embargo, en la misma sentencia, la Sala razon en torno al otro supuesto al que aqu se ha aludido, esto es, aqul en el cual la absolucin se impone como consecuencia de la aplicacin del in dubio pro reo, en los siguientes trminos:
En lo que hace a la aplicacin en el proceso penal que origin el presente asunto del principio In dubio pro reo y la posibilidad de responsabilizar al Estado cuando la absolucin es consecuencia de dicha aplicacin, cree la Sala que, tal como se manifest anteriormente, no se trat de duda sino ms bien de falta de prueba incriminatoria. Sin embargo aunque se tratase de dicha hiptesis no debe olvidarse que el presupuesto de la aplicacin de tal principio, supone una duda para el juzgador penal, lo cual evidencia, precisamente, la deficiencia de la actuacin estatal en la labor probatoria, circunstancia que no puede servir de base, ni por asomo, para la exoneracin del Estado por la privacin injusta de la libertad, pues ha de tenerse presente que, como principio fundamental informador de toda la normativa penal, estn los de buena fe y de inocencia, los cuales no pueden desvanecerse y mucho menos inobservarse, por una circunstancia meramente probatoria. La duda, en materia penal, se traduce en absolucin y es sta precisamente a la luz del art. 414 del C.P.P. la base para el derecho a la reparacin. Ya tiene mucho el sindicado con que los jueces que lo investigaron lo califiquen de sospechoso y adems se diga que fue la duda lo que permiti su absolucin, como para que esta sea la razn, que justifique la exoneracin del derecho que asiste a quien es privado de la libertad de manera injusta. Entindase que lo injusto se opone al valor justicia, por lo cual perfectamente puede sostenerse que en punto del derecho fundamental de la libertad de las personas, la necesaria proteccin que ha de brindarse al sindicado, no puede caer en el vaco mediante un mal entendimiento y utilizacin de las medidas de aseguramiento. Ante todo la garanta constitucional del derecho a la libertad y por supuesto, la aplicacin cabal del principio de inocencia. La duda es un aspecto eminentemente tcnico que atae a la aplicacin, por defecto de
prueba, del principio In dubio pro reo. Pero lo que si debe quedar claro en el presente asunto es que ni la sospecha ni la duda justifican en un Estado social de Derecho la privacin de las personas, pues se reitera, por encima de estos aspectos aparece la filosofa garantstica del proceso penal que ha de prevalecer. Aqu, como se ha observado, sobre la base de una duda o de una mal llamada sospecha que encontraran soporte en un testimonio desacreditado, se mantuvo privado de la libertad por espacio de ms de tres aos al demandante, para final pero justicieramente otorgrsele la libertad previa absolucin (negrillas y cursiva fuera del texto original).
La Sala reitera, en el presente caso, los razonamientos que se efectuaran en el pronunciamiento en cita. Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habran probablemente conducido a la estructuracin de la causal de detencin preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometi el hecho, habindose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituira una manifiesta inequidad. Y esa consideracin no se modifica por el hecho de que la absolucin se haya derivado de la aplicacin del multicitado principio in dubio pro reo, pues la operatividad del mismo en el sub jdice no provee de justo ttulo ex post a una privacin de libertad por tan prolongado perodo, si el resultado del proceso, a su culminacin y de cara a la situacin de aqu demandante, continu siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Adicionalmente, resultara desde todo punto de vista desproporcionado exigir de un particular que soportase inerme y sin derecho a tipo alguno de compensacin como si se tratase de una carga pblica que todos los coasociados debieran asumir en condiciones de igualdad, el verse privado de la libertad durante aproximadamente dos aos, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado prestador del servicio pblico de Administracin de Justicia si, una vez desplegada su actividad, esta Rama del Poder Pblico no consigui desvirtuar la presuncin de inocencia del particular al que inculpaba. La ley de la ponderacin, o postulado rector del juicio de proporcionalidad en sentido estricto, ensea que el detrimento del derecho o inters jurdico que se hace retroceder, se sacrifica o se afecta en un caso concreto, debe ser correlativo a o ha de corresponderse con el beneficio, la utilidad o el resultado positivo que se
obtenga respecto del bien, derecho o inters jurdico que se hace prevalecer, a travs de la regla de precedencia condicionada que soporta la alternativa de decisin elegida para resolver el supuesto especfico. En otros trminos, cuanto mayor es el grado de la no satisfaccin o de afectacin de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfaccin del otro1.
En el sub lite, la colisin entre bienes e intereses en conflicto juicio de proporcionalidad se da de la siguiente manera: de un lado, se tiene el inters general concretado en la eficaz, pronta y cumplida Administracin de Justicia; de otro, se encuentra la esfera de los derechos fundamentales, las garantas individuales y los derechos patrimoniales de los cuales es titular el ciudadano Audy Hernando Forigua Panche, afectados con la medida de detencin preventiva. Si se admite que la medida cautelar resultaba idnea y necesaria en aras de la consecucin del fin al cual apuntaba la pronta, cumplida y eficaz prestacin del servicio pblico de administrar justicia, se impone el siguiente cuestionamiento: Justific la prevalencia de este ltimo fin, inters o principio jurdico, el detrimento sufrido por la libertad personal y dems derechos radicados en cabeza del seor Forigua Panche, los cuales se vieron afectados o sacrificados, al menos parcialmente, como consecuencia de haber sido privado de la libertad durante un lapso aproximado de dos aos?
Como quiera (sic) que la respuesta es claramente negativa, si se tiene en cuenta que la detencin preventiva a nada condujo, pues el Estado no pudo desvirtuar la presuncin de inocencia que ampara al individuo y en manera alguna se justific la notable afectacin a dichos derechos fundamentales, la medida no satisfizo las exigencias de la referida ley de la ponderacin y result manifiestamente desproporcionada, de manera que supuso un sacrifico especial para el particular, que supera con mucha diferencia las molestias o cargas que cualquier individuo ha de asumir por el hecho de vivir en comunidad. No estaba, por tanto, el seor Forigua Panche, en la obligacin de soportar los daos que el Estado le
Cfr. ALEXY, R., Teora de los derechos fundamentales , traduccin de E. Garzn Valds, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 161-167; Vid., igualmente, RODRGUEZ DE SANTIAGO, J.M., La ponderacin de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2.000.
irrog, mismos que deben ser calificados como antijurdicos y cuya configuracin determina, consecuencialmente, el reconocimiento de la respectiva indemnizacin de perjuicios. No corresponde al actor, en casos como el presente, acreditar nada ms all de los conocidos elementos que configuran la declaracin de responsabilidad: actuacin del Estado, daos irrogados y nexo de causalidad entre aquella y stos. Los tres aludidos extremos se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, de lo cual se dar cuenta a continuacin. En cambio, es al accionado a quien corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente tradas al proceso, si se ha dado algn supuesto de hecho en virtud del cual pueda entenderse configurada una causal de exoneracin, fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la vctima. Y ocurre que ninguna de estas eximentes ha sido acreditada en el plenario. (negrillas y subrayado del original).
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