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Timestamp: 2019-08-21 14:13:03+00:00

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Ley Organica de Educacion Intercultural Ecuador
H. CONTENIDO TESIS
reglamento General de La Ley de Contrataciones Del Estado
Universidad Privada Nororiental Trabajo Ll Const
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Actas de la Asamblea Nacional Constituyente 1999. Cajas 6-10
LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.pptx
DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y TRIBUTARIO Y SU REGULACIÓN Y CONTROL
El presente tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos que fue asignado a la Comisión.
 Mediante memorando No. SAN-2015-4134, de 25 de noviembre de 2015, se notificó a la
Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, con la resolución del Consejo de Administración Legislativa -2015-2017-066 que contiene la calificación y petición de inicio de trámite del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, presentado por el Presidente Constitucional de la República, economista Rafael Correa Delgado. De acuerdo a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
se socializó el proyecto de ley a las y los asambleístas y a las instituciones públicas que
puedan tener interés en el mismo. El jueves 17 de marzo de 2016 en la sesión No. 375, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y debatió el informe para primer debate del Proyecto de ley reformatoria a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el que se presentaron criterios y observaciones al proyecto.
 Se recibieron observaciones al proyecto de ley, por parte de los siguientes asambleístas:
Rosa Muñoz, Mauricio Proaño, Raúl Tobar, María Augusta Calle, René Caza, Alex Guamán, Fernando Bustamante y Betty Jerez. Además se procesaron las observaciones provenientes de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador; del Consejero de Gobierno, Cristian Castillo y de Christian Pino, asesor de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES). El Procurador General del Estado, Diego García Carrión, como Presidente del Directorio del
Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), remitió también observaciones al Proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. El proyecto de ley se revisó y discutió en las sesiones No. 092 de 30 de marzo de 2016 y 18
de mayo de 2016, No. 100 de 23 de mayo de 2016, No. 101 de 25 de mayo de 2016 y No. 102 de 31 de mayo de 2016. En la sesión No. 102, llevada a cabo el día 31 de mayo de 2016, la Comisión debatió y analizó el proyecto de ley y resolvió aprobar el siguiente informe.
La Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, luego del análisis del proyecto, resolvió realizar una reforma integral y calificar como orgánica al proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos por cuanto regula y limita el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución como el derecho a la intimidad y al debido proceso, por tanto de acuerdo a lo que determina el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador
numeral 2, esta ley debe tener el carácter de orgánica.
Luego de analizar las observaciones presentadas por los asambleístas y otros actores interesados, los principales cambios que se realizan son los siguientes:
1. Como consecuencia de las observaciones presentadas luego del primer debate y con la finalidad de estructurar un cuerpo normativo nuevo, la Comisión resolvió darle a la ley el carácter de orgánica, para cumplir en forma eficaz los objetivos de prevención erradicación y sanción del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos, por lo que se deroga la vigente Ley de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
2. Se modificó el plazo que otorga la ley a las instituciones del sistema financiero y seguros, incrementando de dos a cuatro días, para reportar a la UAFE las operaciones económicas inusuales e injustificadas.
3. La Comisión desarrolla de manera específica y exhaustiva la lista de los sujetos que están obligados a informar a la UAFE sobre operaciones y transacciones económicas cuyo valor sea igual o superior al previsto en la ley. Además se autoriza a la UAFE para que mediante resolución pueda incorporar nuevos sujetos obligados así como solicitar información adicional.
4. La Comisión acogió las observaciones presentadas sobre las consecuencias administrativas por incumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados, por lo que redujo el monto de las sanciones; y, resolvió incluir en el proyecto un título referente al procedimiento administrativo sancionador, que se efectuará ante el director de la UAFE y estableció la respectiva instancia de apelación.
5. Respecto a la estructura y ámbito de supervisión administrativa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), considerando la doctrina y la experiencia internacional, la Comisión resolvió adscribirla como una entidad autónoma al Ministerio Coordinador de la Política Económica o al órgano que asuma sus competencias.
6. Como complemento a la implementación del régimen sancionador anteriormente señalado, la Comisión resolvió otorgar la facultad sancionatoria administrativa al Director de la UAFE.
7. Para precisar el ámbito de la intervención de la UAFE se aclara que su máxima autoridad tendrá la potestad de dirigir operaciones de análisis financiero y económico, dejando en forma tácita que la responsabilidad de la investigación corresponde a la Fiscalía.
8. Con la finalidad de salvaguardar la reserva de las operaciones de análisis financiero y económico, la Comisión resolvió extender a diez años de cesadas sus funciones el periodo en el cual los servidores de la UAFE estarán obligados a guardar el secreto sobre las informaciones que llegaren a conocer en el ejercicio de su cargo.
9. Con la finalidad de coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación e intercambio de información, la Comisión resolvió incluir un Capítulo dedicado a las unidades complementarias de antilavado que se hubieren implementado o se implementaren en las diferentes instituciones públicas.
10. Respecto al incumplimiento de la obligación de informar sobre el ingreso y salida de divisas del país, la comisión acogió la observación presentada y eliminó del proyecto la palabra “contravención” y aclara que esta falta administrativa se sancionará con multa.
11. La Comisión incluyó un artículo que determina que los sujetos obligados no podrán negarse a entregar información considerada pertinente, sobre operaciones financieras y económicas, sustentados en los argumentos del sigilo bancario o secreto profesional.
12. Se acogió la observación presentada en cuanto a la organización y dirección del sistema especializado integral de investigación de medicina legal y ciencias forenses y por tanto se eliminó la disposición reformatoria única que establecía cambios en el Código Orgánico de la Función Judicial.
13. Siendo la defraudación tributaria una consecuencia y un efecto correlativo del delito del lavado de activos y del financiamiento del delito y luego de estudiar la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia y con el propósito de fortalecer el cumplimiento de los objetivos de la política criminal en relación a la lucha contra este tipo de delitos, la Comisión consideró pertinente reformar el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal para diferenciar los casos en los que se requiere la determinación de la obligación tributaria por parte de la autoridad competente, de aquellos en los que no es necesario hacerlo, como por ejemplo en los numerales 1, 2, 3, 4, 7 y 8 del mencionado artículo. Además se añadió un numeral que permite sancionar a quienes utilizan personas naturales interpuestas o personas
jurídicas fantasmas o supuestas con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el Informe para segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, en el que recomienda la aprobación del referido Proyecto de Ley.
Asambleísta ponente: Asambleísta Virgilio Hernández Enríquez, Presidente de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La sociedad actual se ha globalizado y, como efecto inevitable, se han internacionalizado varias conductas delictivas que afectan a la humanidad. El narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de órganos y de armas, los delitos financieros, el enriquecimiento ilícito, la organización delictiva internacional y otros delitos similares, generan montos considerables de activos, los que, mediante la utilización de mecanismos legítimos del sistema financiero, adquieren una apariencia de licitud y pasan a formar parte de las economías de los países, especialmente de los que se encuentran en franco proceso de desarrollo, con todas las consecuencias nefastas que de tales procedimientos se derivan.
Los efectos perniciosos del lavado de activos tornan ineficiente la planificación económica de los gobiernos; desalientan la inversión de capitales legítimos; inciden en las reglas de la sana competencia que regulan el mercado, e incrementan los niveles de corrupción política y judicial. Todo lo mencionado produce graves e irreparables consecuencias en el convivir democrático y en el estado de derecho que rige la vida de los países.
La Organización de las Naciones Unidas lideró la lucha contra este flagelo desde 1988 cuando se aprobó en Viena, la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la cual dispone, en su artículo 3, numeral 1, literal b) ii), que cada una de las partes adoptará las medidas que fueren necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan de manera intencional, la ocultación, el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad real de los bienes, o de derechos relativos a ellos, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos de narcotráfico o de un acto de participación en ellos. Con ese antecedente, el H. Congreso Nacional Ecuatoriano, en 1990, expidió la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la cual fue recientemente derogada por la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las Drogas y de la Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a
Fiscalización, publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 615 de 26 de octubre de 2015.
En el año 2000, la ONU aprobó en Palermo, Italia, la Convención para combatir la delincuencia organizada, se expidieron normas que contribuyeron a facilitar a los estados la promulgación de leyes internas en este tema, y se crearon organismos internacionales con el propósito de promover una adecuada cooperación mundial.
En el mismo sentido, el Congreso Nacional promulgó la Ley para reprimir el Lavado de Activos, publicada en el Registro Oficial N° 127 de 18 de octubre de 2005, en el que entre otros aspectos se tipificaba el delito de conversión o transferencia de activos en la legislación penal ecuatoriana para dotar a los organismos de represión y judicaturas, de las herramientas idóneas para enfrentarlo, en cumplimiento de compromisos internacionales y de la obligación constitucional impuesta al Estado de proteger y garantizar la seguridad de los ecuatorianos y sus bienes.
No obstante, dicho cuerpo normativo se lo construyó desde una lógica enteramente interdictiva, y con criterios apartados de una verdadera institucionalidad estatal se creó un Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos que erradamente es presidido por el Procurador General del Estado, atribuyéndole competencias ajenas a aquellas establecidas en la Constitución de la República, lo que ha devenido en una institucionalidad caduca e ineficiente en la lucha contra el blanqueo de activos y el financiamiento de delitos.
Es por esto que se torna imprescindible contar con una nueva ley que permita prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, acorde con la normativa constitucional e internacional vigente, en procura de crear un régimen institucional que garantice la efectiva aplicación de las políticas, procedimientos y acciones orientadas a combatir estas ilegalidades.
Que el artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado
garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno;
Que el Código Orgánico Integral Penal, tipifica y sanciona los delitos de lavado de activos, omisión de control de lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo, delincuencia organizada y otro tipo de delitos que generan recursos económicos que pueden ser objeto de lavado de activos;
Que el Código Orgánico Monetario y Financiero, define entre las funciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, establecer en el marco de sus competencias, cualquier medida que coadyuve prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo; siendo esta Junta responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, que permitan mantener la integridad del sistema económico;
Que el lavado de activos es uno de los mayores flagelos contra la sociedad, por sus efectos en la economía, en la administración de justicia y la gobernabilidad de los Estados, lo que afecta gravemente a la democracia;
Que el problema enunciado en el considerando anterior obliga a perfeccionar el marco regulatorio para mejorar los procesos de prevención, detección, investigación, juzgamiento y erradicación de dichos delitos;
Que de acuerdo a la Constitución vigente el Procurador General del Estado tiene competencias distintas a aquellas que son específicas para combatir el lavado de activos;
Que es indispensable la coordinación entre las instituciones cuyos registros e información sirven para prevenir, combatir y erradicar el delito de lavado de activos;
Que para el cumplimiento de estos objetivos es necesario contar con una nueva ley que permita prevenir, detectar y erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos; y,
En ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 120 y 140 de la Constitución de la República, expide la presente:
TÍTULO I DE LA NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA LEY
CAPÍTULO I DE LA FINALIDAD Y OBJETIVOS
a) Detectar la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo,
transferencia gratuita u onerosa, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de los delitos de los que trata la presente ley, o constituyan instrumentos de ellos, para la aplicación de las sanciones correspondientes;
b) Detectar la asociación para ejecutar cualesquiera, de las actividades mencionadas en el literal
anterior, o su tentativa; la organización de sociedades o empresas que sean utilizadas para ese
propósito; y, la gestión, financiamiento o asistencia técnica encaminados a hacerlas posibles, para la aplicación de las sanciones correspondientes; y,
c) Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos que sean producto de los
delitos mencionados en esta ley, que fueren cometidas en territorio ecuatoriano y que se encuentren en el exterior.
Artículo 3.- Además de las y los sujetos obligados a informar, quienes conocieren de hechos relacionados con los delitos mencionados en esta ley los informarán a las autoridades competentes y, en el caso de que conozcan de la existencia de operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, informarán de ello a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Se entenderá por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas los movimientos económicos, realizados por personas naturales o jurídicas, que no guarden correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es la dependencia competente para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos.
Artículo 4.- Las instituciones
y de seguros, además
obligaciones constantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras de carácter
específico, deberán:
a) Requerir y registrar a través de medios fehacientes, fidedignos y confiables, la identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u ocupacional, de sus clientes, permanentes u ocasionales. En el caso de personas jurídicas, el registro incluirá la certificación de existencia legal, capacidad para operar, nómina de socios o accionistas, montos de las acciones o participaciones, objeto social, representación legal, domicilio y otros documentos que permitan establecer su actividad económica. La información se recogerá en expedientes o se
registrará en medios magnéticos de fácil acceso y disponibilidad; y, se mantendrá y actualizará durante la vigencia de la relación contractual. Los sujetos obligados del sistema financiero y seguros mantendrán los registros durante los diez años posteriores a la fecha de finalización de la última transacción o relación contractual;
b) Mantener cuentas y operaciones en forma nominativa; en consecuencia, no podrán abrir o
mantener cuentas o inversiones cifradas, de carácter anónimo, ni autorizar o realizar transacciones u
operaciones que no tengan carácter nominativo, salvo las expresamente autorizadas por la ley;
c) Registrar las operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil
dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de treinta días. La obligación de registro incluirá las transferencias electrónicas, con sus respectivos mensajes, en toda la cadena de pago. El registro se realizará en los respectivos formularios aprobados por las entidades competentes, en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las operaciones y transacciones individuales y múltiples, y las transferencias electrónicas, señaladas en este literal se reportarán a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes;
d) Reportar, bajo responsabilidad personal e institucional, a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) las operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, dentro del término de cuatro días, contados a partir de la fecha en que el comité de cumplimiento de la institución correspondiente tenga conocimiento de tales operaciones o transacciones; y,
e) Reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dentro de los quince días
posteriores al fin de cada mes, sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá modificar los períodos de
presentación de los reportes de todas las operaciones y transacciones económicas previstas en el presente artículo.
Artículo 6.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), mediante la emisión de los instructivos correspondientes, establecerá la estructura y contenido de los reportes provenientes de
los sujetos obligados a informar establecidos por esta ley.
Artículo 7.- Sin perjuicio de la obligación que tiene toda persona, de declarar y pagar el impuesto a la salida de divisas, cuando corresponda, de conformidad con la ley, quien ingrese o salga del país con dinero en efectivo, por un monto igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas, tiene además, la obligación de declararlo ante las autoridades aduaneras.
TÍTULO II RÉGIMEN INSTITUCIONAL
Artículo 8.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ejercerá la rectoría en
materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento de delitos. En uso de las facultades establecidas en la ley, emitirá las políticas públicas, la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores, para la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos.
Artículo 9.- La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, además de las facultades detalladas en el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Diseñar y aprobar políticas, normas y planes de prevención y control del lavado de activos y
financiamiento de delitos;
b) Emitir y aplicar medidas preventivas contra el lavado de activos en los sectores de la actividad
económica y financiera de su competencia;
c) Absolver las consultas que el/la Director/a de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE), estimare necesario someter a su consideración; y,
CAPÍTULO II DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Artículo 10.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio Coordinador de Política Económica o al órgano que asuma sus competencias.
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) solicitará y recibirá, bajo reserva, información sobre operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas para procesarla, analizarla y de ser el caso remitir un reporte a la Fiscalía General del Estado, con
carácter reservado y con los debidos soportes.
CAPÍTULO III DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA UAFE
Artículo 11.- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) deberá cumplir las siguientes funciones:
d) Coordinar, promover y ejecutar programas de cooperación con organismos internacionales
análogos, así como con unidades nacionales relacionadas para, dentro del marco de sus competencias, intercambiar información general o específica relativa al lavado de activos y financiamiento de delitos; así como ejecutar acciones conjuntas a través de convenios de cooperación en todo el territorio nacional;
e) Actuar como contraparte nacional de organismos internacionales en virtud de los instrumentos
internacionales suscritos por el Ecuador;
f) Remitir a la Fiscalía General del Estado el reporte de operaciones inusuales e injustificadas con
los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información que fueren solicitadas por la Fiscalía. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) queda prohibida de entregar información reservada, bajo su custodia, a terceros con la excepción prevista en el artículo anterior;
g) Crear, mantener y actualizar, con carácter reservado, una base de datos con toda la información
obtenida en el ejercicio de sus competencias;
h) Organizar programas periódicos de capacitación en prevención de lavado de activos y del
i) Cumplir las normas y directrices relacionadas con lavado de activos dispuestas por la Fiscalía
General del Estado como órgano directivo del Sistema Especializado Integral de Investigación,
Medicina Legal y Ciencias Forenses;
j) Expedir la normativa correspondiente y asumir el control para el caso de los sujetos obligados a
entregar información, que no tengan instituciones de control específicas;
k) Imponer sanciones por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley; y,
l) Las demás que le correspondan, de acuerdo con esta ley.
Artículo 12.- La máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) es el Director General y será designado por el Presidente de la República.
Artículo 13.- El Director General tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
(UAFE);
c) Dirigir y ejecutar el Plan Estratégico y Operativo, así como elaborar el proyecto de Presupuesto
Anual de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE);
d) Recomendar a las autoridades competentes la adopción de medidas orientadas al cumplimiento
de la finalidad de esta ley;
e) Aprobar el Estatuto Orgánico por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico
f) Presentar un informe anual a la Asamblea Nacional en el que deberán constar las estadísticas
relacionadas con el número de reportes de operaciones inusuales e injustificadas y el porcentaje de aquellos que se judicializaron; y,
Artículo 14.- Las funcionarias o funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de análisis financiero desarrolladas, aún después de diez años de haber cesado en sus funciones.
El mismo deber de guardar secreto regirá para los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), de conformidad con esta ley.
CAPÍTULO IV DE LAS UNIDADES COMPLEMENTARIAS
Artículo 15.- Las Superintendencias de Bancos; Compañías, Valores y Seguros; Economía Popular y Solidaria; Servicio de Rentas Internas; Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; Fiscalía General del Estado; Policía Nacional y todas aquellas que dentro del ámbito de su competencia consideren necesario hacerlo, crearán unidades complementarias antilavado, que deberán reportar, con la reserva del caso, a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuvieren conocimiento.
TÍTULO III FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SUS SANCIONES
Artículo 16.- La persona natural o jurídica privada que entregare tardíamente el reporte de operaciones y transacciones que igualen o superen el umbral previsto en esta ley, será sancionada con una multa de uno a diez salarios básicos unificados. En caso de incumplimiento de la obligación de reporte, la sanción será de diez a veinte salarios básicos unificados.
En caso de que la información remitida a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) no pueda ser validada y no se haya corregido el error de validación en el término de tres días, se considerará como no presentada.
La reincidencia se sancionará hasta con el máximo de la multa en cada caso.
Artículo 17.- Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América y que no lo realicen en el término de cinco días, serán sancionados con multa de veintiuno a treinta salarios básicos unificados. La sanción no exime del cumplimiento de la obligación.
Artículo 18.- Si a pesar de la imposición de la multa, no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) la información solicitada, el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado, como medida cautelar, la suspensión temporal del permiso para operar, la cual será levantada en el momento en el que se cumpla la obligación. En caso de reincidencia dentro de los doce meses subsiguientes al hecho que motivó la suspensión temporal, el respectivo órgano de control impondrá la sanción de cancelación definitiva del certificado de autorización de funcionamiento.
En los casos en los que el sujeto obligado de remitir información no tenga un órgano de control
específico, la medida cautelar o la sanción serán aplicadas por el Ministerio Coordinador de Política Económica o quien haga sus veces.
La suspensión temporal o definitiva prevista en el inciso anterior, será dispuesta por el Ministerio Coordinador de Política Económica o quien haga sus veces, en aquellos casos en que los sujetos obligados a presentar información, no tengan un controlador específico.
Artículo 19.- Las multas establecidas en este título, se impondrán de manera proporcional en virtud del patrimonio, facturación y los demás parámetros que establezca el reglamento.
TÍTULO IV DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Artículo 20.- En el procedimiento administrativo sancionador los expedientes se tramitarán y resolverán, en primera instancia, ante el Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Artículo 21.- El Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sancionará observando el siguiente procedimiento:
2. La notificación de la infracción a través de correo electrónico, en el término de tres días desde su
identificación, con lo cual se da inicio al procedimiento administrativo sancionador.
3. Una vez notificado, el presunto infractor en el término de cuatro días, podrá presentar todas las
pruebas de las que se crea asistido. 4. Concluido el término indicado en el numeral precedente, el Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico dictará dentro del término de veinte días la resolución que corresponda, la misma que será notificada a través de correo electrónico dentro del término de tres días.
Artículo 22.- Los recursos de apelación que deberán ser debidamente fundamentados se resolverán por el mérito de los expedientes dentro de un término de sesenta días, contados a partir de la recepción de los mismos.
Artículo 23.- La persona que no declare o declare errónea o falsamente ante la autoridad aduanera o funcionaria o funcionario competente, el ingreso o salida de los valores a los que se refiere esta ley, será sancionada por la autoridad aduanera, con una multa equivalente al treinta por ciento del total de los valores no declarados o declarados errónea o falsamente, sin perjuicio de que se continúe con las acciones penales en caso de existir delito.
TÍTULO V DE LA PREVENCIÓN Y COOPERACIÓN
Artículo 24.- Las entidades del sector público y privado ejecutarán los programas y las acciones de prevención diseñadas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), para alcanzar los objetivos de esta ley.
Artículo 25.- En ningún caso, los sujetos obligados a informar, podrán invocar el sigilo o reserva bancarias, ni el secreto profesional o fiscal, para negar el acceso o demorar la entrega de la información solicitada, en el ámbito de la competencia de la Unidad de Análisis Financiero y
Refórmese el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal de la siguiente manera:
a) Sustituir el primer inciso por el siguiente: “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando:”
b) Agregar el siguiente numeral a continuación del numeral 19: “20.- Utilizar personas naturales interpuestas, o personas jurídicas fantasmas o supuestas, residentes en el Ecuador o en cualquier otra jurisdicción, con el fin de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias.”
c) En el quinto inciso posterior al numeral 19, sustitúyase “18 y 19” por lo siguiente “18, 19 y 20”.
d) Sustitúyase el antepenúltimo inciso por el siguiente: “Los representantes legales y el contador, respecto de las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellos, serán responsables como autores en la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica o natural, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales que hayan participado deliberadamente en dicha defraudación, aunque no hayan actuado con mandato alguno.”
Derógase la ley para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro Oficial No. 127 de 18 de octubre de 2005; posteriormente denominada ley de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos mediante ley reformatoria de la ley para Reprimir el Lavado de Activos publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 352 de 30 de
diciembre de 2010; y todas sus reformas.
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References: resolución 
 artículo 57
 artículo 133
 resolución 
 artículo 298
 artículo 3
 artículo 393

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 298