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Timestamp: 2017-11-17 19:38:11+00:00

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Tutela Financiera - Consejería de Hacienda y Administración Pública
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Artículo 60.3
Artículo 149.1.18ª
1. Corresponden a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las competencias atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda que actualmente ejercían la Secretaría General de Hacienda, la Dirección General de Patrimonio, la Dirección General de Presupuestos, la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, la Dirección General de Financiación y Tributos, la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Asimismo, le corresponden a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la gestión de los ingresos provenientes de los Fondos Europeos y del Fondo de Compensación Interterritorial, la gestión del Banco de Proyectos de Inversiones Públicas y la inclusión, sustitución o modificación de proyectos de inversión en el citado Banco.
A la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales le corresponden las competencias en materia de tutela financiera de los entes locales. En particular, en relación con todas aquellas entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo del artículo 111 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, le compete:
La resolución de las solicitudes de endeudamiento al amparo de lo dispuesto en el artículo 53 de dicho texto refundido.
La resolución de las solicitudes de endeudamiento referidas en el artículo 25 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, aprobado por Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre; así como las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía por el artículo 22 del citado reglamento en relación con la aprobación y seguimiento de los planes económico-financieros de esas mismas entidades locales.
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Para la financiación de sus inversiones, así como para la sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas.
El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de crédito podrá ser garantizado en la siguiente forma:
En el supuesto previsto en el artículo 51.a) mediante la afectación de los recursos tributarios objeto del anticipo, devengados en el ejercicio económico, hasta el límite máximo de anticipo o anticipos concedidos.
Con el instrumento previsto en el apartado A).b) anterior.
Operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de crédito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del artículo 177.
La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquéllas se deriven para ésta.
No se podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o añadan garantías adicionales con o sin intermediación de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de crédito concertadas con anterioridad por parte de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado sin previa autorización de los órganos competentes del Ministerio de Hacienda o, en el caso de operaciones denominadas en euros que se realicen dentro del espacio territorial de los países pertenecientes a la Unión Europea y con entidades financieras residentes en alguno de dichos países, de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.
A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos,
minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad
teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos.
Artículo 53.2.
2. Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza, incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo, incluyendo el importe de la operación proyectada, exceda del 110 por ciento de los ingresos BOE núm. 59 Martes 9 marzo 2004 10303 corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades citadas en el apartado 1 de este artículo.
Artículo 53.7
Para el otorgamiento de la autorización de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores el órgano autorizante tendrá en cuenta, con carácter preferente, el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Con el alcance y condiciones establecidas en este artículo, se cede en la proporción establecida en el artículo 136 de esta ley el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, a favor de las provincias así como de las comunidades autónomas uniprovinciales que, a la entrada en vigor de esta ley, no hubiesen integrado su participación en tributos del Estado como entidad análoga a las provincias en la que les pudiere corresponder con arreglo a su naturaleza institucional como comunidad autónoma.
Los organismos autónomos y entidades públicas empresariales vinculadas o dependientes de los sujetos enumerados en los apartados a) y b).
A los efectos previstos en el párrafo d) del apartado 1, a los derechos de voto, nombramiento o destitución mencionados, se añadirán los que la entidad local, organismo o sociedad mercantil integrantes o dependientes de la entidad local, posea a través de otras sociedades.
La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 del presente reglamento, en cuanto a la liquidación del presupuesto o la aprobación de la cuenta general, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado, que deberá pronunciarse en el plazo máximo de 45 días naturales a contar desde la recepción de la documentación completa. Sin perjuicio de la información que se detalla en el título IV de este reglamento, la Intervención General de la Administración del Estado podrá solicitar cualquier otra adicional para la evaluación de dicho cumplimiento.
En las restantes entidades locales, la Intervención local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.
El Interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y los ajustes practicados sobre la base de los datos de los capíulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios, en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
Asimismo, la Intervención de la entidad local elevar al Pleno informe sobre los estados financieros, una vez aprobados por el órgano competente, de cada una de las entidades dependientes del artículo 4.2 del presente reglamento.
Cuando el resultado de la evaluación sea de incumplimiento,la entidad local remitirá el informe correspondiente a la Dirección General de Coordinación Financiera con Entidades Locales o al órgano competente de la comunidad autónoma que ejerza la tutela financiera, en el plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde el conocimiento del Pleno.
A efectos de la elaboración del citado informe, la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales suministrará a la Intervención General de la Administración del Estado, antes del 31 de mayo de cada año y en relación a las entidades locales incluidas en el ámbito del artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la información disponible para la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deducida de los planes económico financieros aprobados y en vigor en el ejercicio anterior.
Explicación individual de los ajustes practicados a las previsionespresupuestarias de ingresos y gastos, en cada uno de los años de vigencia del plan, al objeto de adecuar la información presupuestaria a los criterios establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, cuando resulte procedente.
Los expedientes de solicitud de autorización de endeudamiento tramitados ante la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales o el órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerza la tutela financiera, al amparo de lo establecido en el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, deberán incorporar los informes de evaluación sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y del presupuesto aprobado para el ejercicio corriente, emitidos por la Intervención General de la Administración del Estado o la Intervención local, en aplicación del artículo 16 de este reglamento.
Si el informe de evaluación es de incumplimiento en alguno de los dos ejercicios, el anterior o el corriente, además de la información anterior, la solicitud deberá incorporar el plan económico-financiero aprobado por el Pleno, compatible con las medidas de saneamiento que procedan para corregir el remanente de tesorería para gastos generales o el ahorro neto cuando resulten negativos, si se diera alguno o los dos supuestos, en los términos establecidos para cada uno de los casos en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que, habiendo incumplido el objetivo de estabilidad, tengan aprobado un plan económico-financiero de reequilibrio, deberán someter a autorización administrativa las operaciones de crédito a largo plazo que pretendan concertar durante el período de vigencia de aquél.
Artículo 14.Tres
Las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
El procedimiento para la autorización de establecimiento o modificación de tarifas se iniciará con la solicitud de la entidad que preste el servicio ante el órgano competente para su instrucción.
La persona titular de la Consejería de Economía y Hacienda aprobará mediante Orden el modelo de solicitud para la autorización de establecimiento o modificación de las tarifas incluidas en el ámbito del presente Decreto.
La solicitud se dirigirá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones financieras con las Corporaciones Locales, y se acompañará de la siguiente documentación:
Documentación acreditativa de la personalidad de la entidad solicitante y título administrativo que habilite para la prestación del servicio, salvo que se trate de una Entidad Local.
En el caso de transporte urbano en vehículos de autotaxi, únicamente se deberá presentar la documentación acreditativa de la personalidad jurídica de la asociación profesional solicitante.
Original o copia debidamente autenticada de la Certificación del Acuerdo del órgano competente de la Corporación Local aprobando las tarifas cuya autorización se solicita, acompañado de copia completa del expediente tramitado por la respectiva Entidad Local.
En caso de que se hubiera delegado la competencia para la aprobación de las tarifas, se deberá acompañar, además, copia debidamente autenticada del acuerdo de delegación del órgano competente.
Informe del órgano competente por razón de la materia de la Entidad Local en el que deberán figurar las razones que justifiquen la conveniencia y oportunidad o la necesidad de la nueva tarifa, salvo que ya constara en el expediente tramitado
por la Entidad Local.
Informe jurídico del órgano competente de la Entidad Local relativo al cumplimiento de la normativa vigente en la aprobación de las tarifas, salvo que ya constara en el expediente tramitado por la Entidad Local.
Memoria económica de la entidad o asociación profesional solicitante en la que consten las tarifas vigentes y las nuevas tarifas solicitadas, indicando el porcentaje de incremento; y en la que se justifiquen las razones que motivan el establecimiento o la modificación de la tarifa.
La documentación específica que se establezca para cada sector por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda.
De conformidad con los artículos 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, las entidades solicitantes tienen derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración de la Junta de Andalucía, siempre que indiquen el día y procedimiento en que los presentaron.
Las solicitudes, junto al resto de la documentación, se podrán presentar en los registros y oficinas previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y preferentemente en los registros de los órganos que sean competentes para la instrucción, de conformidad con el artículo 4.
Las solicitudes y la documentación deberán presentarse:
Antes del 1 de octubre, para las autorizaciones de tarifas a aplicar al inicio del año siguiente.
Antes del 1 de abril, para las autorizaciones de tarifas a aplicar en el segundo semestre del mismo año.
Las tarifas aprobadas en virtud de procedimientos cuyas solicitudes hayan sido presentadas con posterioridad a las fechas establecidas en el apartado anterior, serán de aplicación a partir de la fecha indicada en la correspondiente resolución de autorización, que podrá no coincidir con el inicio del año siguiente o del segundo semestre del mismo año.
Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
Decimoquinta. Modificación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.
Se modifica el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que queda redactado de la siguiente manera:
«Dos. En el ejercicio económico 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas que liquiden el ejercicio 2010 con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.
En virtud de sus respectivos regímenes forales, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra de la norma contenida en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y según lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, conforme a lo dispuesto en el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, respectivamente.»
Subvenciones a las aportaciones a realizar al Consorcio y criterios para determinar la cuantía de las mismas.
Las subvenciones previstas en la letra c) del apartado 1del artículo 5 de este Decreto tendrán por finalidad subvencionar la constitución del Consorcio referido en el artículo 4 así como subvencionar parcialmente las aportaciones que deban realizar los municipios beneficiarios al mismo.
En el primer ejercicio el importe de las subvenciones correspondientes a cada municipio serán de igual cuantía para todos los beneficiarios.
En los sucesivos ejercicios presupuestarios el importe de la subvención correspondiente a cada municipio se determinará de la siguiente forma:
En primer lugar se subvencionará la aportación que, en concepto de intereses, deba realizarse al Consorcio con el cien por cien de su importe.
En segundo lugar, de la partida anual consignada en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía se deducirá la cuantía utilizada por aplicación de lo previsto en la letra anterior.
La cuantía obtenida conforme a lo dispuesto en la letra b) se destinará a subvencionar la aportación que en concepto de amortización del principal deban realizar los municipios consorciados, procediéndose a su distribución en función de la evolución que, en los dos ejercicios inmediatamente anteriores y en relación con la media de los municipios consorciados, experimenten los siguientes indicadores:
Ingresos obtenidos correspondientes a los capítulos I,
II y III del Presupuesto de Ingresos, con una ponderación del 25%.
Capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a largo plazo, con una ponderación del 20%.
Remanente de tesorería para gastos generales, con una ponderación del 20%.
Dato oficial de población, con una ponderación del 15%.
Regularidad en el cumplimiento de la normativa presupuestaria y contable, con una ponderación del 5%.
Ahorro neto, en los términos definidos en artículo 53 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, con una ponderación del 5%.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se constituirá una Comisión de Valoración, presidida por el titular de la Dirección General de Relaciones Financieras con otras Administraciones de la Consejería de Economía y Hacienda o persona que le sustituya, de la que formarán parte el titular de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Gobernación o persona que le sustituya, el titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda o persona que le sustituya, así como dos representantes designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Actuará como titular de la Secretaría, con voz y sin voto, una persona funcionaria que preste sus servicios en la Dirección General de Relaciones Financieras con otras Administraciones.
Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías
Competencias de las Consejerías de Administración Local y Relaciones Institucionales, Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empresa; Justicia e Interior, Fomento y Vivienda y Turismo y Comercio.
Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.
A la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales le corresponden las competencias en materia de tutela financiera de los entes locales. En particular le compete:
La autorización de operaciones de crédito en los supuestos previstos en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, y en los términos del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el marco de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, y su posterior desarrollo reglamentario:
La autorización para la concertación de operaciones de endeudamiento a largo plazo por las corporaciones locales incumplidoras del objetivo de estabilidad o deuda pública, en los términos del artículo 20 de dicha Ley Orgánica.
Las competencias que asume la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud de los artículos 23 y 24 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, en relación con la aprobación y seguimiento de los planes económico-financieros de esas mismas entidades locales, pudiendo recabar la información necesaria al efecto.
Las competencias para instar, en su caso, la aplicación de las medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso en los términos de los artículos 25 y 26 de dicha Ley Orgánica.
Le corresponde el ejercicio de las competencias atribuidas al órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma, en el marco del Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos.
Asimismo, le corresponde la gestión del ingreso y del pago de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, así como la gestión del pago de la participación anual de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma y la tramitación de los expedientes relativos a la concesión de los anticipos de tesorería que, con cargo a dichos instrumentos, puedan contemplarse al amparo de las Leyes del Presupuesto de la Junta de Andalucía.
Le compete la instrucción y la autorización de todos los procedimientos de precios autorizados, en el marco de los procedimientos administrativos en materia de precios autorizados de ámbito local en Andalucía.
Por último, como órgano de tutela financiera de las entidades locales, le corresponde la recepción de la documentación que, conforme a la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, deban enviar las entidades locales en los términos y plazos fijados en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
Modificación del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:
«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.
Las Entidades Locales pondrán a disposición de las entidades financieras que participen en sus procedimientos para la concertación de operaciones de crédito, el informe de la Intervención local regulado en el apartado 2 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en el que se incluirán los cálculos que acrediten el cumplimiento de los límites citados en los párrafos anteriores y cualesquiera otros ajustes que afecten a la medición de la capacidad de pago, así como el cumplimiento, en los casos que resulte de aplicación, de la autorización preceptiva regulada en el artículo 53.5 de la citada norma y en el artículo 20 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, pudiendo las entidades financieras, en su caso, modificar o retirar sus ofertas, una vez conocido el contenido del informe.»
Tramitación y seguimiento de los planes económico- financieros y de los planes de reequilibrio.
Los planes económico- financieros y los planes de reequilibrio serán presentados ante los órganos contemplados en los apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente. Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las circunstancias previstas en el artículo 11.3.
Los planes económico- financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales.
En este último supuesto el plan será remitido a la correspondiente Comunidad Autónoma, la cual será responsable de su aprobación y seguimiento. La Comunidad Autónoma deberá remitir información al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.
Los planes económico- financieros se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.
Cuando se den las circunstancias previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, la Corporación Local aprobará un plan económico-financiero que, además de lo previsto en el artículo 21.2 de la mencionada Ley Orgánica, contendrá, al menos, la siguiente información:
Las medidas correctoras aprobadas, cuantificadas y fundamentadas, señalando la fecha de su implementación. Estas medidas deberán ser coherentes con la variación interanual de sus previsiones presupuestarias respectivas.

References: Artículo 60

Artículo 149
 artículo 111
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 25
 Real Decreto 
 artículo 22

Real Decreto 
 artículo 51
 artículo 177

Artículo 53

Artículo 53
 artículo 136
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 111
 artículo 53
 artículo 16
 artículo 111

Artículo 14
 artículo 51
 artículo 38
 artículo 82
 artículo 4
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 64
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 53
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 53
 artículo 20
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 21