Source: https://boe.vlex.es/vid/zonas-instalaciones-interes-defensa-320606
Timestamp: 2019-10-22 14:41:47+00:00

Document:
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 320606
Marginal: 5292
CAPÍTULO I. Zonas de interés para la Defensa Nacional. - arts. 5 y 6
CAPÍTULO II. De las zonas de seguridad. - arts. 7 a 15
CAPÍTULO III. De las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros. - arts. 16 a 27
CAPÍTULO IV. Disposiciones comunes. - arts. 28 a 31
Norma citada en: 74 sentencias, 13 artículos doctrinales, 12 disposiciones normativas, 9 resoluciones administrativas
CAPÍTULO PRELIMINAR. Generalidades.
Para salvaguardar los intereses de la Defensa Nacional y la seguridad y eficacia de sus organizaciones e instalaciones, quedarán sujetos a las limitaciones previstas en esta Ley los derechos sobre bienes situados en aquellas zonas del territorio nacional que en la misma se configuran, con arreglo a la siguiente clasificación:
De seguridad de las instalaciones militares o de las instalaciones civiles declaradas de interés militar.
De acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros.
Se denominan zonas de interés para la Defensa Nacional las extensiones de terreno mar o espacio aéreo que así se declaren en atención a que constituyan o puedan constituir una base permanente o un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o defensivas necesarias para tal fin.
Se denominan zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros aquéllas en que por exigencias de la Defensa Nacional o del libre ejercicio de las potestades soberanas del Estado resulte conveniente prohibir, limitar o condicionar la adquisición de la propiedad y demás derechos reales por personas físicas o jurídicas de nacionalidad o bajo control extranjero, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
CAPÍTULO I Zonas de interés para la Defensa Nacional. Artículos 5 y 6
La declaración de zonas de interés para la Defensa Nacional, a que se refiere el artículo segundo, se realizará por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta de Defensa Nacional e iniciativa del Departamento ministerial interesado.
Dicho Decreto determinará la zona afectada y fijará las prohibiciones, limitaciones y condiciones que en ella se establezcan, referentes a la utilización de la propiedad inmueble y del espacio marítimo y aéreo que comprenda, respetando los intereses públicos y privados, siempre que sean compatibles con los de la Defensa Nacional, ajustándose, en caso contrario, a lo dispuesto en el artículo 28 de la presente Ley.
Artículo citado en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Las zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional quedarán, a los efectos de esta Ley, bajo la responsabilidad y vigilancia de las autoridades militares jurisdiccionales de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire a cuya iniciativa se deba la declaración, las cuales serán las únicas competentes para realizar, en consonancia con las normas que reglamentariamente se establezcan, el despacho y tramitación de solicitudes y otorgamientos de autorizaciones referentes a la observancia y cumplimiento de cualquier clase de prohibiciones, limitaciones o condiciones impuestas en dichas zonas.
Cuando la autorización solicitada para obras o servicios públicos fuere denegada, el Ministerio o este público solicitante podrá repetir su solicitud ante el Consejo de Ministros.
CAPÍTULO II De las zonas de seguridad. Artículos 7 a 15
Las instalaciones militares y civiles declaradas de interés militar estarán dotadas de las zonas de seguridad a que se refiere el artículo 3 de esta Ley, en las cuales se podrá establecer la distinción entre «Zona próxima» y «Zona lejana», en atención a los fines que en dicho artículo se fijan, a las limitaciones que en esta Ley se establecen y a las características de las propias instalaciones.
La declaración de que una instalación civil afectada a obras o servicios públicos estatales es de interés militar, o de que, en su caso, ha dejado de serlo, deberá realizarse por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio militar correspondiente o del Ministerio militar correspondiente o del Ministerio civil que tenga competencia sobre la obra o servicio público.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando por la índole de la instalación de que se trate la anchura antes señalada se considere insuficiente a los fines de seguridad que persigue o, por el contrario, resulte excesiva, especialmente en los casos en que las instalaciones estén ubicadas en el interior de poblaciones o zonas urbanizadas, podrá ser ampliada o reducida hasta el límite estrictamente indispensable; todo ello sin perjuicio de que el propio Reglamento de esta Ley señale, con carácter general para determinadas clases o grupos de instalaciones, anchuras mínimas inferiores o superiores a las citadas en el párrafo primero de este artículo.
En las zonas próximas de seguridad no podrán realizarse, sin autorización del Ministro correspondiente, obras, trabajos, instalaciones o actividades de clase alguna.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, se observará, su caso, lo previsto en el último párrafo del artículo sexto.
Tampoco podrán establecerse líneas de transporte de energía eléctrica, con trazado paralelo al de las telefónicas o telegráficas militares o civiles que se declaren de interés militar, aéreas o subterráneas, a distancia inferior a veinticinco metros, sin autorización del Ministerio correspondiente.
No obstante lo dispuesto en los artículos precedentes, se regirán por sus normas específicas vigentes en la actualidad o las que en el futuro se dicten, las servidumbres y demás limitaciones de dominio relativas a estaciones de radas y TSH, aeródromos, instalaciones radioeléctricas de ayuda a la navegación aérea y las dedicadas a la investigación y utilización del espacio exterior.
A los efectos de los artículos precedentes, el Ministerio del que dependan las respectivas instalaciones comunicará a los Ayuntamientos en que radiquen éstas la existencia y parámetros de las zonas de seguridad correspondientes, así como las limitaciones inherentes a las mismas, para su traslado a los propietarios afectados, debiendo hacer la misma notificación en forma directa a los titulares de las obras o servicios públicos existentes en la zona.
Reglamentariamente se establecerá la tramitación que deban seguir los proyectos de obras, trabajos o construcciones para cuya realización en las zonas de seguridad se requiera autorización del Ministerio correspondiente a tenor de los artículos 9, 11 y 12 de esta Ley.
CAPÍTULO III De las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros. Artículos 16 a 27
En las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, la extensión total de los bienes inmuebles pertenecientes en propiedad o gravados con derechos reales a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras no podrá exceder del 15 por 100 de su superficie, computado y distribuido en cada zona en la forma que reglamentariamente se determine.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, quedará fuera del ámbito de aplicación de este capítulo y, por consiguiente, no se incluirá en el cómputo la superficie ocupada por los actuales núcleos urbanos de poblaciones no fronterizas o sus zonas urbanizadas o de ensanche actuales, y las futuras, siempre que consten en planes aprobados, conforme a lo establecido en la legislación urbanística, que hayan sido informados favorablemente por el Ministerio militar correspondiente, circunstancia que se hará constar en el acto de aprobación.
La determinación y delimitación de estas zonas y la fijación del porcentaje máximo de extranjeros dentro de cada una de ellas, porcentaje que en ningún caso podrá exceder del limite señalado en el artículo anterior, se realizará por Decreto aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta de la Junta de Defensa Nacional e iniciativa del Ministerio militar interesado.
Artículo citado en: una sentencia, 3 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
La adquisición, cualquiera que sea su titulo, por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, de propiedad sobre fincas rústicas o urbanas, con o sin edificaciones, o de obras o construcciones de cualquier clase.
Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los centros y zonas que se declaren de interés turístico nacional en los que, conforme a lo previsto en la Ley 197/1963, de 28 de diciembre, se considerará concedida la correspondiente autorización militar con las limitaciones que por imperativos de la Defensa Nacional pueda establecer el Ministerio militar afectado en su preceptiva autorización previa a tal declaración.
La validez de los actos a que se refiere el presente artículo cuando tengan por objeto fincas situadas en estos centros y zonas de interés turístico nacional, quedará siempre sujeta al cumplimiento de las limitaciones mencionadas en el párrafo anterior.
Artículo citado en: 5 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
A los efectos establecidos en los artículos anteriores, los Notarios y Registradores de la Propiedad deberán exigir de los interesados el acreditamiento de la oportuna autorización militar, con carácter previo al otorgamiento o inscripción, respectivamente, de los instrumentos públicos relativos a los actos o contratos de transmisión del dominio o constitución de derechos reales a que dichos preceptos se refieren.
Deberán necesariamente inscribirse en el Registro de la Propiedad los actos y contratos por los que se establezcan, reconozcan, transmitan, justifiquen o extingan, a favor de personas físicas o jurídicas extranjeras, el dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles sitos en las zonas restringidas.
En los casos en que, sin culpa del adquirente, los referidos títulos estén pendientes de la liquidación del Impuesto de Transmisiones o de cualquier otra formalidad que impida la inscripción, el plazo a que se refiere el párrafo anterior se ampliará a veinticuatro meses.
Será aplicable a las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley en cuanto a responsabilidad, vigilancia y tramitación de solicitudes por las autoridades militares, entendiéndose por tales, a estos efectos, las correspondientes del Ministerio del Ejército, en el cual se creará un Censo de Propiedades Extranjeras cuya organización, régimen y relación con el Registro de la Propiedad se determinarán reglamentariamente.
Si en alguna de las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros se hubiere rebasado ya la proporción del quince por ciento, o la que en su caso fije el Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley, no se modificará el estado jurídico y de hecho de las propiedades que tuvieran adquiridas los extranjeros o Entidades extranjeras.
Cuando se produzca la expropiación a que se refiere el párrafo anterior, no habrá lugar al derecho de reversión previsto en el artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Si en el ejercicio de las facultades permanentes de control y vigilancia establecidas en el artículo 22 en relación con el 6, ambos de esta Ley, las autoridades militares apreciarán indicios racionales de que las fincas u obras se utilizasen para fines contrarios a los intereses de la Defensa Nacional, podrán someterse a revisión las autorizaciones concedidas.
Las propuestas que se formulen con tal motivo servirán de base para acordar las medidas convenientes para hacer cesar dicha situación e incluso, en caso de evidencia, para anular dichas autorizaciones, y decretar la correspondiente declaración de utilidad pública y subsiguiente expropiación, conforme a lo previsto en el párrafo 2º del artículo anterior, sin perjuicio de las sanciones penales y administrativas que pudieran proceder.
Cuando la adquisición de fincas o la constitución de derechos reales sobre las mismas a favor de extranjeros se verifique por título hereditario universal o singular, los interesados deberán solicitar la autorización exigida por el artículo 18 de esta Ley en el plazo de tres meses, o proceder a la enajenación de los bienes en el término de un año, contados ambos desde que el adquirente pudo ejercitar legalmente sus facultades como titular del dominio o del derecho real de que se trate.
Transcurrido el plazo de un año sin haberlo enajenado, o el mismo plazo contado a partir de la fecha en que se negó la autorización solicitada, el Ministerio del Ejército podrá proceder a la expropiación forzosa con arreglo a lo previsto en el párrafo 2º del artículo 23.
Dentro de los límites máximos previstos en los artículos 16 y 17, el otorgamiento o denegación de las autorizaciones previstas en este capítulo se hará siempre de acuerdo con la finalidad que motiva las limitaciones y restricciones que en él se imponen, a cuyo efecto el Ministerio del Ejército, o las autoridades regionales en quienes delegue, apreciarán libremente las circunstancias que concurren en cada caso.
La tramitación y resolución de las solicitudes de autorización se efectuará de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1408/1966, de 2 de junio.
CAPÍTULO IV Disposiciones comunes. Artículos 28 a 31
Los perjuicios que se originen a los particulares como consecuencia de las servidumbres o limitaciones derivadas de la presente Ley serán indemnizables conforme a lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y de la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En todo caso, el particular afectado podrá hacer uso de las facultades que le confiere el artículo 23 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.
Artículo citado en: 12 sentencias, 5 disposiciones normativas, una resolución administrativa
Las infracciones de las disposiciones prohibitivas o limitativas que se contengan en los Decretos por los que se establecen las zonas de interés para la Defensa Nacional al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de esta Ley, así como de las que vulneren lo dispuesto en los artículos 9, 11, 12, 18 y 19, de la misma, podrán dar lugar al acuerdo de demolición parcial o total, o al de expropiación, según los casos, sin perjuicio de ser sancionados pecuniariamente según su entidad o importancia objetivas y la intencionalidad de sus autores.
A los efectos sancionadores previstos en el artículo anterior, las autoridades militares a que se refieren los artículos 6, 15 y 22 de esta Ley, podrán imponer multas de hasta 25.000 pesetas.
El Ministro, a propuesta de dichas autoridades, podrá imponer multas de cuantía no superior a 100.000 pesetas.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio correspondiente, podrá imponer multas de hasta 500.000 pesetas.
Artículo citado en: 18 sentencias, un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, una resolución administrativa
La tramitación y ejecución de los acuerdos a que se refieren los dos artículos anteriores, así como los recursos que contra ellos cabe interponer en vía administrativa, se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 1408/1966, de 2 de junio, por el que se adapta la Ley de Procedimiento Administrativo, a los Ministerios militares y, en su caso, a la legislación vigente sobre expropiación forzosa.
Los títulos no inscritos, de fecha anterior a la entrada en vigor de esta Ley, comprendidos en los supuestos del artículo 21 y que no deban ser reputados nulos por aplicación de lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 1 de la Ley 13/1960, de 12 de mayo, deberán ser inscritos en el plazo de 18 meses, contado desde la vigencia de la presente Ley. Transcurrido este plazo, la Contribución Territorial de los inmuebles objeto de dichos títulos no inscritos se incrementará en un 10 por 100 anual hasta que la inscripción se practique.
Los incrementos previstos en esta disposición se adicionarán a los que, en su caso, se hubiesen impuesto anteriormente por aplicación del artículo 2 de la citada Ley 13/1960, de 12 de mayo.
Continuará en vigor el Decreto de Costas y Fronteras de 15 de febrero de 1933 y demás disposiciones complementarias del mismo, hasta la publicación de los Decretos a que se refiere el artículo 5 de esta Ley, los cuales irán sustituyendo a medida que se publiquen las antedichas disposiciones.
Los preceptos de esta Ley por los que se exigen autorizaciones por los Departamentos ministeriales o autoridades militares, se aplicarán sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en su caso, y conforme a otras normas vigentes, deban otorgar los Departamentos ministeriales civiles y otros Organismos de la Administración del Estado, provincia o municipio, siendo de aplicación en estos supuestos el principio de unidad de expediente a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Al tiempo de publicarse el Reglamento a que se refiere la disposición final 1ª se establecerá la tabla de disposiciones que se declaren vigentes y las derogadas por la presente Ley.
Real Decreto 374/1989, de 31 de Marzo, por el que se modifica el Reglamento de Ejecucion de la Ley 8/1975, de 12 de Marzo, de Zonas e Instalaciones de ...
Real Decreto 2421/1978, de 2 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1975, de 12 de marzo, sobre señales geodésicas y geofísicas.
DECRETO 240/2001, de 11 de octubre, por el que se modifica el Decreto 90/1997, de 10 de julio, por el que se fijan las competencias de los órganos provisionales de la Universidad 'Rey Juan Carlos' hasta la aprobación de sus Estatutos.

References: artículo 28
 resolución 
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 54
 artículo 22
 artículo 18
 artículo 23
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 39

Real Decreto 

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