Source: http://elconsumo.blogspot.com.es/2014/11/
Timestamp: 2017-05-23 03:12:07+00:00

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EL CONSUMO: noviembre 2014
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000 millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
La Fiscalía Anticorrupción investiga a Industria por "perdonar" 3.000
millones de euros a las eléctricas, según la denuncia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Fuente: http://www.nuevomodeloenergetico.org La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañía eléctricas de entre 2.500 y 3.500 millones de euros en concepto de devolución de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidos en exceso por estas empresas, según denunció la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético en julio del pasado año y publica el diario El País.
La realidad, sin embargo, es que a partir del año 2005 el extraordinario incremento de los precios del mercado eléctrico –en el que, por cierto, tres de las propias eléctricas
ostentan un notorio poder de mercado– permitió a las eléctricas ingresar mucho más de lo previsto. Pero el procedimiento para reclamar a
las eléctricas los importes cobrados en exceso nunca se inició, dando lugar a la prescripción de la posibilidad por parte del Estado de obtener su devolución.
Tras la denuncia a Anticorrupción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético también llevó a cabo una protesta ante el Ministerio de Industria y la sede de UNESA,
en la que decenas de activistas ataviados como cobradores del frac reclamaron a las grandes eléctricas el pago de la deuda de 3.400 millones de euros por la devolución de los CTCs cobrados de más.
Descargar la denuncia aquí
Plantean llevar ante la Comisión Europea el sobrepago de 3.400 millones a las eléctricas Publicado por
Asturias sanciona a los bancos con ‘cláusulas suelo’ en las hipotecas
Las cláusulas suelo (aquellas que no permiten que baje la cuota aunque lo hagan los tipos de interés) afectan a unos 3,5 millones de familias. Después de perder más del 90% de las demandas judiciales, los bancos están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo
en el tiempo y caro por los costes. La Unión de Consumidores de Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas abusivas, apoyándose en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que las calificó así cuando no estuvieran bien explicadas a los
clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la entidad.
El Gobierno autónomo, tras cumplir los trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda.
Hasta el momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000 euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias), Banco Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes, pero seguirán el mismo camino ya que los casos son similares, según Dacio Alonso, presidente de
Unión de Consumidores Asturias-UCE. “Si se sancionan todos los contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43 millones de euros”, calcula.
Sin embargo, la estrategia de la Unión de Consumidores no es buscar la sanción al banco sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con el perjudicado. Así se consigue el objetivo principal que es la retirada
de la cláusula y el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los
juzgados, que están atascados por la multitud de casos que les llegan. El Banco Sabadell, con fuerte implantación en la región por haber comprado el Banco Herrero, no tiene ningún caso denunciado porque ha pactado con sus clientes.
Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque el importe es inferior a 30.000 euros.
Para el banco es más rentable pagar los 8.000 euros que mantener la cláusula porque si no la retira, la siguiente sanción tiene la calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.
Dacio Alonso considera que el Principado “ha actuado con mucha valentía porque las entidades financieras afectadas son las que le financian y han hecho muchísima presión para evitar las sanciones”. En opinión del presidente de la UCE de Asturias, lo más importante de esta vía “es que puede agilizar los trámites para las 3,5 millones de familias [en toda España con cláusulas suelo en sus hipotecas. Todos los
Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada. Se limitan a recomendar al perjudicado que se dirija al Banco de España,
a sabiendas que este organismo tampoco hace nada porque dice que no es de su competencia”.
“La Unión de Consumidores denuncia la connivencia y prevaricación de los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar
a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo siguiendo el ejemplo de Asturias, optaron por proteger sus intereses, antes que el de sus ciudadanos”, afirma en un comunicado. Esta organización pretende que estas cláusulas “le cuesten dinero, reputación
y clientes a los bancos”, apunta Alonso.
Según los cálculos de la UCE, esta cláusula supone un sobrecoste por la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales. También afirma que la cláusula suelo impide al cliente beneficiarse de las rebajas en el tipo de interés que algunos bancos prometieron a los hipotecados que domiciliaban la nómina, contrataba una tarjeta o varios seguros. “Como dijo la sentencia del Supremo, estas oferta eran engañosas, no hay duda”.
La lucha contra una estafa generalizada a los consumidores. ¿Por qué no imitamos a los franceses?
El Gobierno francés ha plantado cara a la industria en un encarnizado
combate contra la obsolescencia programada, que implica que la empresa produce bienes con una caducidad estipulada de antemano.
tarea es titánica, debido a la implantación de este concepto en la economía occidental, espoleador del consumo, por lo que Francia ha apostado por implementar medidas de alcance por la vía penal y administrativa.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y SALUD PÚBLICA. GIJÓN SUFRE SISTEMÁTICAMENTE NIVELES INTOLERABLES DE MICROPARTICULAS RESPIRABLES (PM10) La UE exige a España que tome medidas contra la polución en Gijón antes de fin de año La Comisión da un ultimátum para cumplir con la normativa que limita
la concentración de partículas y amenaza con denunciar al Estado Fuente: El Comercio
«España y Grecia no protegen a sus ciudadanos de la contaminación por partículas finas». Así de firme se muestra la Comisión Europea en un dictamen en el que urge a ambos estados a adoptar medidas contra los incumplimientos de la normativa sobre polución. El escrito menciona de forma expresa a Gijón,
el área catalana del Vallés y el Bajo Llobregat y algunas 'zonas rurales' de Andalucía -principalmente Villanueva del Arzobispo (Jaén)- como únicas «aglomeraciones» de España «que han venido sufriendo desde 2005 una exposición continua a niveles excesivos de PM10», esto es, partículas suspendidas en el aire de un diámetro inferior a diez micras.
Estas partículas, según remarca la propia UE, «pueden provocar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura». Por ello da a España y Grecia -que también lleva incumpliendo desde 2005 los
niveles máximos en Salónica- un plazo de dos meses para que adopten soluciones que permitan acabar lo antes posible con este problema en las
zonas mencionadas. De lo contrario, «la Comisión puede llevar el asunto
ante el Tribunal (de la Unión Europea)», lo que enfrentaría al Estado a
una posible sanción económica. El dictamen fue emitido el 16 de octubre, por lo que el ultimátum para que España actúe «de modo prospectivo, rápido y eficaz para que el periodo de incumplimiento sea lo más breve posible» expirará a mediados de diciembre. En el último informe de evaluación de la calidad del aire en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se indica que en 2013 solo seis estaciones de medición de todo el país superaron el valor límite diario de 50 microgramos de partículas
PM10 por metro cúbico de aire -que no puede sobrepasarse más de 35 veces al año-, frente a las 49 que lo hacían en 2006. Dos de esas estaciones son las de la avenida de la Argentina de Gijón y la de Matadero, situada en la zona portuaria de Avilés. La UE recuerda que deberían haberse tomado medidas ya en 2005.
Ayer el coordinador local de IU de Gijón, Marcos Muñiz, hizo referencia al dictamen de la Comisión Europea y aseguró que «la situación empieza a ser de urgencia». Lo hizo durante una rueda de prensa conjunta con la concejala Rosa Libertad Bueno en la que presentaron la pregunta que su grupo municipal planteará el viernes en el Pleno a la alcaldesa en relación con las gestiones que se han realizado desde el Ayuntamiento «para hacer cumplir la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Atmosférico».
La edil recordó que esa norma municipal prevé la aplicación de sanciones «sobre los agentes que excedan determinados límites de emisiones» y consideró que «dada la gravedad que ha adquirido la contaminación atmosférica en nuestro municipio parece justo ofrecer a la
ciudadanía información sobre el modo en que el Ayuntamiento está ejerciendo sus responsabilidades de control». Bueno aseguró que no consta que desde la entrada en vigor de esa ordenanza, en 2004, se haya abierto ningún expediente sancionador y anunció que la intención de IU es denunciar el problema de la polución en Gijón tanto en la Junta General del Principado como en el Parlamento, a través del diputado Gaspar Llamazares.
Junto a Rosa Libertad Bueno y Marcos Muñiz también compareció para analizar este problema el coordinador del área de Ecología y Sostenibilidad de IU de Gijón, Luis Miguel Fernández, quien hizo hincapié en la inacción del Principado, «que es quien debe tomar medidas
para prevenir daños en la salud de los vecinos de la zona Oeste». Fernández recordó que además del tráfico rodado, en la calidad del aire de estos barrios tiene gran incidencia la actividad industrial, «pero lo
único que hace el Gobierno regional cuando hay un problema de contaminación excesiva como el que hubo estos días es enviar cartas amables a las industrias contaminantes».
Puso como ejemplo un escrito remitido el pasado 24 de octubre por el director general de Calidad Ambiental a los responsables de Arcelor Mittal, con motivo de la existencia de unas condiciones meteorológicas «que producen una mala difusión de los contaminantes». En él se pedía «extremar las medidas de control a fin de evitar las emisiones difusas de partículas en suspensión», solicitud que según IU tan solo se tradujo
en «pequeños consejos» de la empresa a sus trabajadores, como moderar la velocidad de circulación de los camiones, usar los toldos de los remolques o humedecer la mercancía a granel que pueda desprender polvo. Luis Miguel Fernández remarcó que «hay dos marcos legislativos que permitirían tomar medidas disciplinarias».
El PP también llevará al Pleno del viernes una pregunta sobre la contaminación en la zona Oeste.
Informe sobre la calidad del aire en España en 2013
Carta abierta de Rafael Mayoral a la Judicatura: "aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen"
Carta abierta a la Judicatura: aunque lo diga el Gobierno, por favor, no prevariquen Rafael Mayoral Estimadas Señorías:
El 17 de julio de 2014 la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "Sanchez Morcillo contra BBVA" declara que el procedimiento de ejecución hipotecaria viola el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). El artículo 47 de
la CDFUE se corresponde con artículo 24 de la Constitución Española. Traducido al lenguaje de los mortales: el TJUE dice que se ha violado el
derecho a un juicio justo. En la medida, en que esa vulneración es fruto de la aplicación reiterada de una norma del Estado por parte de sus tribunales podemos afirmar que se han violado los derechos humanos de forma sistemática.
No se les escapa a
Sus Señorías que esto no es nuevo. La citada Sentencia del TJUE no es la primera: el 14 de marzo de 2013 fue dictada la Sentencia del caso "Aziz contra Caixa Catalunya", que declaraba incompatible las ejecuciones hipotecarias en España con la Directiva 93/13 en materia de consumidores, por no contemplar recurso efectivo de defensa del deudor y
por no garantizar el control del juez del contenido del contrato. El préstamo hipotecario que se ejecuta es un contrato en el que la entidad financiera impone las condiciones. Entre otras, en las hipotecas, los bancos impusieron la responsabilidad universal recogida en el artículo 105 de la Ley Hipotecaria. Esto supone que el deudor responde no solamente con su vivienda sino con el conjunto de sus bienes presentes y
futuros. Por tanto, en caso de ejecución se podría condenar al deudor a
una deuda perpetua. La posición dominante de la banca impidió la posibilidad de utilizar la responsabilidad limitada a la vivienda hipotecada, que recoge el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.
Por tanto, nos encontramos ante un incumplimiento reiterado de la legislación europea con afectación a los derechos fundamentales de las personas que quedan en una situación de especial vulnerabilidad como resultado de procedimientos judiciales ilegales. En nuestro país, el tribunal encargado de la protección de los derechos
fundamentales frente a los abusos de jueces y legisladores es el Tribunal Constitucional. Desgraciadamente, en la materia a la que nos referimos, lejos de proteger los intereses de los ciudadanos frente a las entidades financieras, el Alto Tribunal se ha convertido en la vergüenza internacional declarando mediante el Auto 113/2001, de 19 de julio, que "al constituir la hipoteca se consiente en que la defensa tenga una eficacia momentánea disminuida". El Tribunal Constitucional, más que un Tribunal de Garantías con semejante afirmación, parece el tribunal de un régimen de excepción que necesita asegurar los privilegios de las entidades financieras al precio que sea. Uno de los elementos más básicos que configura un Estado de Derecho es el reconocimiento del derecho a un juicio justo sin que, por supuesto, se pueda ver diminuido por firmar un contrato de hipoteca con una corporación financiera que participa del control de acceso al derecho a la vivienda.
A los ojos de los legos, o personas no familiarizadas con el derecho, pudiera pasar
inadvertida una modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria
si no fuera por los más de medio millón de procesos seguidos ante los juzgados en España desde 2008 y la lucha incansable de las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca (PAH) que han convertido las ejecuciones
hipotecarias masivas en un grave conflicto social en el que se denuncia
que en los juzgados de todo el país se han violado los derechos humanos.
La modificación realizada por el Gobierno lejos de mejorar la situación la agrava y para más inri les invita a ustedes, Señorías, a prevaricar. Vaya por delante que todos conocemos que las Sentencias del Tribunal de
Luxemburgo son de obligado cumplimento por parte de los juzgados y tribunales del Reino de España. Que la Sentencia Simmenthal del TJUE de 1978 obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar las leyes contrarias al derecho europeo y que en caso de duda en su aplicación el tribunal nacional planteará cuestión prejudicial ante el TJUE. Asimismo y como bien saben, ante la duda de que una norma aplicable por
ustedes en un procedimiento judicial pueda violar el articulo 24 de la Constitución en vigor deben plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
El Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros el 5 de septiembre
de 2014 dice que existe un mes para presentar recurso de apelación, sirviendo como notificación la publicación en el BOE. De esta forma, el Gobierno despacha a las personas que han sufrido una violación del derecho a un juicio justo. Por si no fuera suficiente, las personas que fruto de la mencionada violación hubiesen perdido su vivienda y hubiesen
visto vulnerado su derecho la inviolabilidad del domicilio, al ser desahuciados se encontrarán a su vez privados de su derecho a recurrir.
Como sabe, cualquier alumno de derecho constitucional, una resolución judicial que viole el articulo 24 de la Constitución o el 47 de la CDFUE
es nula de pleno de derecho. El juez que tenga conocimiento que una de sus resoluciones viola un derecho fundamental, tiene la obligación de declararla nula de oficio de acuerdo al artículo 227.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario que sea alegado por el justiciable. La gente afectada por las
ejecuciones hipotecarias masivas se ha organizado en torno a las Plataformas de Afectados/as por la Hipoteca y otros colectivos sociales.
La consecuencia ha sido la paralización de más de 1.200 desalojos forzosos, el realojo de más de 1.200 personas, miles de daciones en pago
y alquileres sociales, la recogida de 1.400.000 firmas de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular por la dación en pago, el alquiler social
y contra los desahucios, movilizaciones y denuncias penales contra los responsables de la entidades financieras para exigir el fin de la impunidad financiera. La pelota está botando al pie de la judicatura. La inmensa mayoría de la población
desea el fin de la locura de las ejecuciones hipotecarias masivas. Ustedes lo saben y está en su mano hacer justicia. Acaben de una vez con los procedimientos de ejecución hipotecaria porque son ilegales y no respetan las mínimas garantías. Acaben con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional porque suponen un trato inhumano y degradante cuando además amparan el acaparamiento de viviendas vacías en manos de las entidades financieras y los fondos buitre. Acaben con las deudas perpetuas derivadas de préstamos hipotecarios porque son ilegítimas y suponen una condena a la pobreza y la exclusión social. Persigan, juzguen y castiguen a los estafadores, a quienes introdujeron miles de productos financieros tóxicos, como los préstamos hipotecarios aprovechando su control sobre el mercado de la vivienda. Pero por encima de todo, si me permiten que les pida algo: no prevariquen, aunque se lo pida el Gobierno. No apliquen el Real Decreto-Ley. Cesen la violación de derechos humanos. Háganse dignos del respeto de su pueblo. Fuente: www.eldiario.es

References: artículo 47
 artículo 47
 artículo 24
 artículo 105
 artículo 140
 resolución 
 artículo 227