Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/198326-285-8517-2017-16-0670.HTML
Timestamp: 2019-12-11 23:34:51+00:00

Document:
Consta en autos que, el 4 de julio de 2016, el abogado Juan José Souffront Lander, con inscripción en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 36.122, en la supuesta representación del ciudadano GIAN PAOLO CADAMURO ASTOLFO, titular de la cédula de identidad n.° 6.561.977, solicitó ante esta Sala Constitucional la revisión de las sentencias dictadas el 28 de abril de 2016, por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la recusación propuesta contra la Juez del Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, abogada Elsa Aragoza e improcedente la solicitud de aclaratoria de la decisión dictada el 17 de mayo de 2016, con ocasión de un juicio penal que se les sigue a los ciudadanos Carlos Dannery Camacho y Amintore Confalonieri Espinal, por la supuesta comisión del delito de estafa.
Luego de la recepción del expediente, se dio cuenta en Sala por auto del 11 de julio de 2016, y se designó ponente a la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El 10 de noviembre de 2016, el abogado Juan José Souffront Lander consignó copia certificada del poder especial penal que le otorgó el ciudadano Gian Paolo Cadamuro Astolfo para el juicio que se le sigue a los ciudadanos Carlos Dannery Camacho y Amintore Confalonieri Espinal, por la comisión del delito de estafa.
El 24 de febrero de 2017, se eligió la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena; y esta Sala Constitucional quedó conformada de la siguiente manera: Magistrado Juan José Mendoza Jover, Presidente, Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas Carmen Zuleta de Merchán, Gladys María Gutiérrez Alvarado, Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson.
Alegó el abogado solicitante de la revisión:
Que se le sigue una causa penal a los ciudadanos Carlos Dannery Camacho y Amintore Confalonieri Espinal, por la supuesta comisión del delito de estafa simple.
Que en el referido juicio, su representado funge como víctima.
Que el 3 de septiembre de 2015, se celebró la audiencia de presentación.
Que la audiencia preliminar ha sido diferida en reiteradas oportunidades por causa injustificada.
“El primer (1re) (sic)diferimiento en fecha 01 de Diciembre de 2.015, proviene de la solicitud que a tal efecto formuló una de las dos abogadas defensoras acreditadas en autos, Dra. KARLA TORRES, con apenas DOS (02) horas de antelación a la hora fijada para su celebración, alegando que ella debía asistir a otro cliente en la ciudad de Valencia. Hubo comparecencia fiscal y de la víctima más no del imputado, quien no se presentó ante el Tribunal.
El segundo (2do) diferimiento, en fecha 19 de Enero de 2.016, ocurre en circunstancias similares cuando nuevamente unos minutos de antes a la hora fijada para su celebración, la misma abogada defensora Dra. KARLA TORRES solicita el diferimiento alegando que ella debía asistir a otro cliente en esta ciudad de Caracas. Hubo comparecencia fiscal y de la víctima, igualmente el imputado no se presentó ante el Tribunal, no obstante si compareció personalmente el día anterior 18 de Enero a presentar ante la Fiscalía del Ministerio Público denuncia en contra de la víctima por la supuesta comisión del delito de calumnia.
El tercer (3re) diferimiento en fecha 02 de Febrero de 2.016, lo decreta el Tribunal nuevamente por la incomparecencia injustificada del imputado CARLOS DANNERY CAMACHO, esta vez ni siquiera compareció la defensa legal. Hubo comparecencia fiscal y de la víctima.
Luego de este tercer diferimiento de fecha 02 de febrero de 2.016, esta representación legal consigna escrito ante el Tribunal de instancia formulando observaciones en cuanto a la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a peticionar y principio de progresividad, evidentemente vulnerados en el presente juicio, en razón de las injustificadas incomparecencias del imputado CARLOS DANNERY CAMACHO a la audiencia preliminar y la inactividad del Tribunal para evitar la desobediencia del encausado a la autoridad y majestad judicial y sobre los pedimentos de la Fiscalía y de esta representación legal formulados ante el referido Juzgado los cuales fueron ignorados totalmente por la directora del debate judicial”.
Que los imputados tienen dos defensoras privadas, por ello “…las ocupaciones personales de uno de los miembros de la defensa no puede considerarse en forma alguna como justificación de un diferimiento…”.
Que “…se solicitó respetuosamente a la honorable Juzgadora restituyera el orden legal infringido, ordenara la conducción del imputado contumaz, decretara las medidas (sic) cautelar innominada de prohibición de salida del país contra los imputados en razón de sus altas condiciones económicas y de poseer doble y triple nacionalidades, así como prohibición de enajenar y gravar sobre un bien inmueble propiedad del imputado CARLOS DANNERY CAMACHO. Igualmente hubo solicitud fiscal para que se ordenara la conducción del encausado para la celebración de la audiencia preliminar. No obstante, los petitorios nunca fueron sustanciados ni obviamente decididos por el Tribunal…”.
Que “[e]l cuarto (4to) diferimiento en fecha 02 de Marzo de 2.016, es decretado, por retraso de aproximadamente cuarenta minutos (40 min) del representante de la Vindicta Pública, quien no obstante había comparecido ante el Tribunal con antelación a la hora fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, procediendo a suscribir la carpeta de asistentes al acto que a tal efecto lleva este juzgado y, habiendo este advertido al Juzgado que en ese mismo día tenía TRES (03) actos simultáneos, pero asistiría a la referida audiencia, dicha Audiencia Preliminar fue nuevamente diferida en razón que el Tribunal considero inasistente a la representación fiscal, no obstante al hecho cierto que el Fiscal del Ministerio Público alcanzó a llegar al Tribunal antes de levantar el acta de diferimiento pero su presencia fue desestimada por el Tribunal, difiriéndose de esta manera por cuarta ocasión el acto preliminar”.
Que en el curso del proceso, tanto el Ministerio Público como su representado, han solicitado diferentes medidas cautelares de prohibición de salida del país, inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias y mandato de conducción hacia los acusados.
Que la Juez del Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana Caracas no se pronunció sobre los referidos petitorios.
Que “…en resguardo de los derechos de la víctima procedi[ó] a la recusación de la ciudadana juez, toda vez que en deliberación con (su) patrocinado considera[ron] que la juzgadora de instancia no garantizaba una justicia expedita, imparcial y eficaz en razón de las demostraciones de complacencia con los imputados y su defensa privada encabezada por una ex juez de este mismo circuito judicial penal, quienes han gozado de las más absoluta complacencia por parte del Tribunal de la causa al acordarles todo cuanto han solicitado y por el contrario todos los requerimientos fiscales y de la víctima han sido ignorados, silenciados completamente por la ciudadana Juez 36 de Control, verificándose con tales elementos fácticos un evidente y consumado desequilibrio en el proceso en detrimento de la víctima y en beneficio de los imputados violatorio de los principios, derechos y garantías constitucionales previstos en las normas 19, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos a la fuente de los principios de PROGRESIVIDAD, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DEBIDO PROCESO, PETICIÓN, CELERIDAD Y EFICACIA JUDICIAL”.
Que “…la Sala Tercera (3ra) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de Abril de 2.016, que declara inadmisible la recusación de la Juez Trigésimo Sexta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas incurrió en vicio de inmotivación por el silencio de las pruebas documentales promovidas por la víctima”.
Que “…la Superioridad silenció totalmente las trece (13) pruebas documentales promovidas con el escrito de recusación identificadas plenamente en este escrito en los numerales 1 al 13, es decir, ignoró, dejó de valorar y de analizar individualmente cada una de las pruebas aportadas con el escrito de recusación, bien para apreciarlas o para desecharlas, no siendo suficiente que el juzgador las desechara en la forma como lo hizo…”.
Que “…no es suficiente este desprendimiento genérico que hace la alzada de las pruebas ya que la Ley y la Tutela Judicial Efectiva imponen al Juez el deber de analizar todas las pruebas, caso contrario incurrirá en flagrante violación de los artículos 22 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, preceptos legales estos desarrollados por esta Sala de Casación Penal en variadas y reiteradas jurisprudencias…”.
Que “…no le es permitido al sentenciador desechar las pruebas aportadas en un proceso con una simple y somera mención de que son copias de autos de mero trámite de carácter jurisdiccional, siendo su deber, su obligación, el dejar expresa constancia en la sentencia del examen individual que efectúe de cada prueba, tanto en su forma como fondo, alcance y contenido, así como expresar las razones fácticas y legales por las cuales las desecha o las aprecia”.
Que “…toda vez que el sentenciador no individualizó cada prueba, como debió haberlo hecho, que los recursos de revocación y apelación a los que se refiere, serían contra los autos del Tribunal de Instancia que acordó los diferimientos de la Audiencia Preliminar, por lo cual, sí así fuere el caso, accionar cualquiera de dichos recursos contra los autos referidos, hubiese sido total y absolutamente inoficioso, toda vez que los diferimientos por inasistencia injustificada del imputado y por pedimento de la defensa fueron solicitados por ésta minutos antes de la celebración del acto y ya concedido el diferimiento en el mismo día de la audiencia, ningún recurso podría haber retrotraído el tiempo, ni restituido la situación jurídica…”.
Que “…si el Tribunal de Control se hubiese pronunciado ante los pedimentos formulados en el referido escrito de fecha 26/02/16, en cuanto a que decretara el mandato de conducción y las medidas cautelares, el cual era reiterativo, ya que tales solicitudes ya habían sido formuladas con anterioridad tanto por la víctima como la Vindicta Pública, sí hubiese sido posible ejercer los recursos de revocación o apelación señalados por la alzada, no obstante la inactividad y silencio del Tribunal en este sentido, al no pronunciarse en forma alguna en cuanto a ello, lo cual es parte de las denuncias aquí formuladas, no permitió ningún medio de defensa, toda vez que no se puede apelar o solicitar la revocación de un auto inexistente”.
Que si las pruebas “…hubiesen sido debidamente analizadas, valoradas y apreciadas en conjunción con los argumentos de hecho y de derecho en los cuales se fundamentó el escrito de recusación, su impacto e influencia en el dispositivo del fallo hubiese sido determinante y, forzosamente el Juzgador tendría que haber arribado a la conclusión irrevocable que los diferimientos decretados por la Juez de Control fueron injustificados, que incurrió dicha operadora de justicia en denegación de justicia al no pronunciarse en forma alguna en cuanto a los pedimentos fiscales y de la víctima para que se decretaran las medidas cautelares requeridas de prohibición de salida del país sin autorización, prohibición de enajenar y gravar sobre bienes de los imputados, inmovilización o bloqueo de cuentas bancarias y muy especialmente que efectivamente no aplicó las reglas establecidas en los artículos 310 y 366 adjetivos penales para obligar a los imputados contumaz a comparecer ante el Tribunal a los fines de celebrar la Audiencia Preliminar correspondiente, siendo totalmente complaciente con la defensa, toda vez que las pruebas aportadas demuestran sin lugar a dudas las infracciones delatadas y que efectivamente las consideraciones fácticas invocadas por la víctima fueron debidamente alegadas y probadas en autos”.
Que “…los hechos y el derecho invocado a lo largo de esta escritura que fehacientemente demuestran y delatan, sin lugar a dudas, la existencia de una sentencia violatoria de los principios y garantías constitucionales por haber incurrido en el vicio de silencio de pruebas, corroborables con un examen de las actas del proceso y su confrontación con la parte motiva del fallo, resulta ineludible reconocer que este error de juzgamiento produjo un severo gravamen a la víctima sólo reparable mediante la casación (iudicium rescindens) del fallo y la producción de un nuevo pronunciamiento sobre el fondo (iudicium rescisorium) en virtud de los cual solicito a esta honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare la nulidad del fallo recurrido dictado en fecha 28 de Abril de 2.016 por la Sala Tercera (3ra) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró inadmisible la recusación de la Juez Trigésimo Sexta de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Dra. Elsa Aragoza”.
Que por otra parte, la sentencia de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en el vicio de contradicción, ya que constató “…una actividad jurisdiccional contraria a la Ley ya que expresamente se aparta de ellas por cuanto NO LAS CONVALIDA, ni en su proceder ni su deliberación”.
Que en virtud de ello, solicitó la aclaratoria de la referida decisión.
“Por último solicito que la presente Revisión Constitucional sea admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada CON LUGAR en la definitiva con todos los pronunciamientos de Ley.”.
En el presente caso, se requirió la revisión de las sentencias definitivamente firmes que emitió la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, razón por la cual, esta Sala se declara competente para su conocimiento. Así se declara.
La Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pronunció sobre la recusación en los términos siguientes:
“A los fines de decidir sobre la admisibilidad o no de la presente Recusación, esta te verificar que se cumplan con los requisitos de legitimación activa, para interponer la RECUSACIÓN, así como de las causales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico Penal adjetivo, en tal sentido, se observa que:
El artículo 88 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:
En tal sentido, partiendo de las normas antes transcritas, debe esta Alzada verificar que el recusante posea legitimación para interponer o no RECUSACIÓN alguna, así como cumplir alguna de las causales taxativamente señaladas. En este orden de ideas, se evidencia de la revisión realizada a la presenta incidencia que los ciudadanos abogados IVÁN CENTENO BIÑOSE y JUAN JOSÉ SOUFFRONT L., en su condición de Apoderados Judicial (sic) del ciudadano GIAN PAOLO CADAMURO ASTOLFO, (…) en su condición de víctima, poseen legitimidad toda vez que parte en el proceso donde funge como apoderados judicial (sic) de la víctima en el asunto penal identificado con el alfanumérico 36°C-797-15 (nomenclatura de ese Juzgado) que se sigue por ante el Juzgado Trigésima Sexta (36°) de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
De seguidas, pasa esta Sala 3 de la Corte de Apelaciones a decidir sobre la admisibilidad o no de las pruebas promovidas por el recusante, observando que la misma es la siguiente:
En tal sentido, siendo la oportunidad para resolver en relación con la admisión de las referidas pruebas, este Tribunal una vez verificadas las mismas, evidencia que fueron consignadas por los recusantes copias certificadas de actuaciones propias del Tribunal del asunto penal que corresponden al ámbito de competencia y que son decisiones propias o autos de mero trámite, de carácter netamente jurisdiccional, los cuales pueden ser atacados por la parte afectada si se considera el caso con el recurso de apelación o de revocación del acto, y en nada se aporta con las mismas o se permiten encuadrar como prueba fehacientemente en la causal fáctica que invocaron los recusantes en su escrito formal, como lo es cualquier otra causa que se funde en motivos graves que afecten su imparcialidad, recordando que las causales pueden ser tanto objetivas como subjetivas, cuyo punto de similitud está en el deber de ser indudablemente probadas, siendo la prueba por su naturaleza objetiva, de hechos materiales que tienen que ser concluyente y convincente en la incidencia, por lo que estima esta Alzada declarar inadmisibles las pruebas promovidas por los ciudadanos abogados IVÁN CENTENO BIÑOSE y JUAN JOSÉ SOUFFRONT L., en su condición de Apoderados Judiciales del ciudadano GIAN PAOLO CADAMIRO ASTOLFO, en su condición de víctima. Así se decide.
En el caso concreto de la recusación, la no promoción de los medios de prueba en la recusación escrita vulnera el derecho a la defensa del Juez recusado, por cuanto al momento de ejercerla en su escrito de informes no puedes ejercer el control directo de las mismas ni de su contraprueba, ya que solo tiene hasta el día siguiente según el último aparte del artículo 99 del Código Penal Adjetivo.
No siendo sustentada la presente recusación con los medios probatorios calificados o validos dentro de la oportunidad legal correspondiente, para apoyar los argumentos de hecho en ella contenida y basada en el numeral 8 del artículo 89 de la Ley Adjetiva; lo que hace devenir la misma, declararla inadmisible por mandato del artículo 99 del Código Orgánico Procesal Penal.
Tal criterio ha sido acogido reiteradamente por esta Alzada, mantenido por doctrinas jurisprudenciales pacíficas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de obligatoria observancia para esta Corte de Apelaciones, siendo el último fallo ratificatorio la sentencia número 164 del 28 de Febrero 2008, cuyo extracto se cita:
En razón de ello, los principios del ejercicio de la jurisdicción, autonomía e independencia de los jueces y autoridad del Juez, quedaron asegurados; potestades que conllevan a responsabilidades y en consecuencia obligaciones en su función de administrar e impartir justicia, en base a ello, el Juez decide lo sometido a su consideración.
En este orden de ideas, el Recusante no puede interponer una recusación alegando el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, sin probar calificada o válidamente los motivos o razones que argumenta en su escrito.
Según el Sistema Doctrinal, esta carga de probar, está sometida a diversas reglas a saber:
1. Al Recusante le concierne el deber de probar los hechos en que se funda su acción.
2. El recusado, cuando excepciona o se defiende, debe probar los hechos en que se funda su excepción o defensa.
3. El demandado debe ser absuelto de los cargos o acción del demandante si este no logró probar en el proceso los hechos constitutivos de su demanda.
La Sala Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia, ya se ha pronunciado en sentencia N° 1659 de fecha 17 de Julio de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. José Manuel Delgado Ocando, y dejó establecido lo siguiente:
De la máxima anterior, se observa que al presentar la parte recusante, escrito de recusación la incidencia propuesta contra la Juez recusada, indudablemente constituye un planteamiento insensato, que implica un perjuicio grave para el Sistema Judicial, porque la pretensión de la recusante sin el debido acervo probatorio para apoyar su pedimento, comporta el desacato de una norma adjetiva penal.
Nuestra Carta Fundamental, establece que, Venezuela constituye un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia su ordenamiento constitucional garantiza una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, equitativa, independiente, responsable y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles (Artículo 26 de la Constitución) con mandato de resguardo del derecho al debido proceso legal (artículo 49 ibídem) y con la orden de no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales (Artículo 257 ejusdem). No obstante, la actividad procesal está sometida a cierta y determinadas reglas y los actos procesales deben realizarse en la forma prevista en el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes especiales. Por tanto, el quebrantamiento de la forma procesal implica violación de la regla legal previamente establecida, pero lo más importante no es la causa: violación de una regla procesal sino su efecto: el menoscabo del derecho a la defensa, que a su vez conforma el derecho al debido proceso.
Así entonces, pretender los recusantes asentar la violación de la juzgadora a su investidura, dejando en entredicho la objetividad e imparcialidad, que este debe observar en el desempeño de su labor jurisdiccional; todo ello al esgrimirlo el recusante, a considerar de esta Sala, de forma temeraria y precipitada, pues si bien no convalida el proceder y deliberación del jurisdiscente y en la oportunidad de objetarlo lo hace sin basamento que dé crédito de su convicción, ya que no aporta a su escrito recusatorio pruebas válidas o calificadas y pertinentes, para probar sus alegatos y mucho menos crean un indicio de certeza para quienes aquí suscriben, de que resulte comprometida la imparcialidad de la referida Juez.
Por ello se hace necesaria la precisión de que, de conformidad con lo que dispone el artículo 92 del Código Orgánico Procesal Penal, ES INADMISIBLE LA RECUSACIÓN que se intente sin la expresión de los motivos en que se funda y que se propone fuera de la oportunidad legal. Y visto que los alegatos expuestos por los ciudadanos abogados IVÁN CENTENO BIÑOSE y JUAN JOSÉ SOUFFRONT L., en su condición de Apoderados Judicial (sic) del ciudadano GIAN PAOLO CADAMIRO ASTOLFO (…) en su condición de víctima, en contra de la Juez Trigésima Sexta (36ta) de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, seguida contra los ciudadanos AMINTORE SEBASTIANO CONFALONIERI ESPINAL y CARLOS ÁNGEL DANNERY CAMACHO (…) carecen de consistencia fáctica y jurídica para el inicio del procedimiento correspondiente al que hace referencia el artículo 93 de la Ley Penal Adjetiva, pues no puede hacerse la subsunción de tales planteamientos en la causales de recusación que preceptúa la Ley y por ello esta Sala Tres de la Corte de Apelaciones, declara inadmisible la presente incidencia propuesta por la defensa.
De esta manera, queda establecido que para que sea viable una recusación es necesario que esta se fundamente en circunstancias de hecho, que puedan ser subsumidas en los supuestos de derecho que han quedado expuestos, y por ello, al no consignarse adjunto al escrito de recusación ni posteriormente a su presentación, prueba válida o calificada en que se sustenten sus alegatos, debe concluirse que en el, caso que nos ocupa, la recusación intentada resulta INADMISIBLE de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Adjetiva Penal. Y así se decide”.
El 17 de mayo de 2016, la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se pronunció sobre la solicitud de aclaración de la antedicha sentencia, en los términos siguientes:
“Ahora bien, de la revisión del escrito presentado por el Abogado JUAN JOSÉ SOUFRRONT L., observa quien aquí suscribe, que aun cuando el solicitante, utiliza la figura de la aclaratoria a que se refiere el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta evidente que el mismo pretende obtener de esta Sala, un nuevo pronunciamiento basado en el mismo escrito recursivo que ya fue declarado inadmisible de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de no encontrarse debidamente fundada, de conformidad con lo establece el artículo 95 en relación con el artículo 99 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, y tampoco fue consignado por parte del recusante medios de prueba calificados o válidos alguno que acredite y dé sustento a lo alegado por el mismo, no existiendo en el presente caso errores, deficiencias materiales o conceptos alguno que adolezcan o dificulten la comprensión.
Visto lo anterior, quien aquí suscribe estima necesario hacer referencia a la jurisprudencia pacífica y reiterada de nuestro Máximo Tribunal, dictada por la Sala Constitucional, con Ponencia del Magistrado Doctor Iván Rincón Urdaneta en fecha 08 de agosto de 2002, expediente N 99030, en la cual se establece lo siguiente:
En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta la Doctrina Jurisprudencial parcialmente transcrita, de donde se desprende claramente la finalidad procesal de la figura de la aclaratoria, que no es otra que esclarecer, corregir o explicar los posibles puntos dudosos con respecto a las decisiones que de estos emanen, no así, efectuar modificaciones que alteren esencialmente el fondo de lo ya decidido, por cuanto ello derivaría en una distorsión de naturaleza jurídica para la cual fue creada dicha figura.
En tal sentido, mal puede pretender el solicitante requerir, utilizando para ello la figura de la aclaratoria prevista en el artículo 160 del Código Orgánico Procesal Penal, un pronunciamiento de esta Alzada, sobre el fondo de una cuestión que ya fue declarado inadmisible en virtud de no encontrarse debidamente fundada, y tampoco fue consignado por parte del recusante los medios de pruebas calificados o válidos alguno que acredite y dé sustento a lo alegado por el mismo, no existiendo en el presente caso errores, deficiencias o conceptos alguno que adolezca o dificulten la comprensión, en data veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis (2016).
Por último, evidencia este Juzgador que, en definitiva, no se que se configuren los requisitos que hagan procedente la aclaratoria solicitada, razón por la cual la presente solicitud de aclaratoria resulta IMPROCEDENTE”.
El ciudadano Gian Paolo Cadamuro Astolfo, solicitó ante esta Sala Constitucional la revisión de las decisiones dictadas por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 28 de abril de 2016, que declaró inadmisible la recusación propuesta contra la Juez del Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, abogada Elsa Aragoza y el 17 de mayo de 2016, que declaró improcedente la solicitud de aclaración de la antedicha sentencia, todo ello con ocasión del juicio penal que se le sigue a los ciudadanos Carlos Dannery Camacho y Amintore Confalonieri Espinal, por la supuesta comisión del delito de estafa.
En el caso sub iudice, el peticionario requirió la revisión respecto de los fallos que emitió la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, debido a que consideró que la primera de ellas incurrió en los vicios de silencio de prueba y contradicción; y la segunda fue dictada y firmada unipersonalmente por el Juez Presidente de la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones.
“...Sólo de manera extraordinaria, excepcional, restringida y discrecional, esta Sala posee la potestad de revisar lo siguiente:
4. Las sentencias definitivamente firmes que hayan sido dictadas por las demás Salas de este Tribunal o por los demás tribunales o juzgados del país que de manera evidente hayan incurrido, según el criterio de la Sala, en un error grotesco en cuanto a la interpretación de la Constitución o que sencillamente hayan obviado por completo la interpretación de la norma constitucional. En estos casos hay también un errado control constitucional...” (s. S.C. n.° 93 del 06.02.2001).
Ahora bien, de la lectura y análisis de los fallos que se impugnan, juzga esta Sala que los mismos no versan sobre el control de la constitucionalidad de leyes o normas jurídicas, ni contienen algún grotesco error de interpretación de alguna norma constitucional, no se apartan ni obvian, ni expresa ni tácitamente, alguna interpretación de la Constitución que contengan sentencias que hayan sido dictadas por esta Sala con anterioridad a su expedición, tampoco se comprueba la violación de principios jurídicos fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Pactos o Convenios Internacionales que hayan sido suscritos y ratificados válidamente por la República, además de que en nada contribuiría a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, por lo que la revisión solicitada debe ser desestimada.
En la hipótesis de autos, se observa que el solicitante no alegó, en su requerimiento, una fundamentación acorde con lo que se expresó supra, ni muchos menos la encuadró, efectivamente, dentro de los supuestos de procedencia que claramente delimitó esta Sala Constitucional, pues, por el contrario, pretende la solución de los agravios a su situación jurídica subjetiva en forma que resulta irrelevante para la uniformidad de la interpretación cuya salvaguarda ejerce, entre otros medios, a través de la revisión constitucional.
La Sala reitera que la revisión no constituye una tercera instancia, ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretendidas violaciones, sino un medio de impugnación extraordinario y excepcional que está atribuido a la Sala Constitucional cuya finalidad es el mantenimiento de la uniformidad de los criterios constitucionales, en resguardo de la garantía de la supremacía y eficacia de las normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica.
Con base en lo anterior y por cuanto “...esta Sala puede en cualquier caso desestimar la revisión, ...sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales...” (s. S.C. n° 93 del 06.02.01), se declara que no ha lugar a la revisión que se requirió respecto de las sentencias dictadas el 28 de abril y 17 de mayo de 2016, por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, puesto que no contribuiría con la homogeneidad jurisprudencial, además de que no se subsume en ninguno de los supuestos de procedencia que, previa y reiteradamente, ha fijado esta Sala. Así se decide.
1. Que es COMPETENTE para conocer la solicitud de revisión.
2. NO HA LUGAR la solicitud de revisión de las sentencias dictadas el 28 de abril y 17 de mayo de 2016, por la Sala n.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 08 días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Secre…/
…/taria,
Expediente n.º 16-0670
Quien suscribe, Magistrada Lourdes Benicia Suarez Anderson, disiente con la mayoría respecto del fallo que antecede en el cual se declaró no ha lugar la solicitud de revisión de las sentencias dictadas por la Sala N.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 28 de abril de 2016, que declaró inadmisible la recusación propuesta contra la Jueza del Juzgado Trigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control del mismo Circuito Judicial Penal, abogada Elsa Aragoza y el 17 de mayo de 2016, que declaró improcedente la solicitud de aclaratoria de la antedicha sentencia, todo ello con ocasión del juicio penal que se le sigue a los ciudadanos Carlos Dannery Camacho y Amintore Confalonieri Espinal, por la supuesta comisión del delito de estafa.
De autos se desprende que el peticionario requirió la revisión respecto de los fallos, debido a que consideró que la primera de ellas incurrió en los vicios de silencio de prueba y contradicción; y la segunda fue dictada y firmada únicamente por el Juez Presidente de la Sala N.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
El fallo que antecede indica que “…el solicitante no alegó, en su requerimiento, una fundamentación acorde con lo que se expresó supra, ni muchos menos la encuadró, efectivamente, dentro de los supuestos de procedencia que claramente delimitó esta Sala Constitucional, pues, por el contrario, pretende la solución de los agravios a su situación jurídica subjetiva en forma que resulta irrelevante para la uniformidad de la interpretación cuya salvaguarda ejerce, entre otros medios, a través de la revisión constitucional”.
Quien disiente advierte que en la solicitud de revisión, se encuentra una denuncia que encuadra dentro de los supuestos de procedencia que claramente delimitó esta Sala Constitucional y que la misma de ser cierta resulta relevante para la uniformidad de la interpretación de las normas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y que son garantes de un debido proceso y del juzgamiento a través del juez natural todo lo cual hace plausible uno de los principios básicos del derecho penal como lo es el respeto al derecho a la defensa.
En este orden de ideas, se destaca que el solicitante manifestó que el fallo dictado el 17 de mayo de 2016 por la Sala N.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas fue firmado únicamente por su Juez Presidente, sin que haya sido suscrita por los otros dos integrantes de la referida Sala de la Corte de Apelaciones.
En este sentido es oportuno citar el contenido del artículo 158 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual señala:
“Artículo 158. Obligatoriedad de la firma. Las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces o juezas que los hayan dictado y por el secretario o secretaria del tribunal. La falta de firma del Juez o jueza y del secretario o secretaria producirá la nulidad del acto.”
Sobre la base de dicha norma, esta Sala Constitucional en cuanto a la necesidad de la firma del juez para la validez del acto jurídico, señaló en la sentencia N.° 16 del 15 de febrero de 2005 (caso: Carlos Alexander Rondón Guillén), ratificada en sentencia N.° 1227 del 3 de octubre de 2014 (caso: Luis Hernando Torres Salavarrieta), lo siguiente:
“Dicho artículo establece la obligatoriedad de la firma de las decisiones por los funcionarios que conforman el Tribunal, Juez y Secretario, para que éstas tengan validez, es decir, para que exista en el mundo jurídico una decisión de un Juzgado que es expedida por un Juez, éste debe firmarla, por cuanto él es la persona que está investida de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da la certeza jurídica de que ese acto decisorio se dictó.
En virtud de las consideraciones que se expusieron, esta Sala Constitucional, con el objeto de la garantía de una tutela judicial eficaz y un debido proceso, repone la causa al estado de que se realice una nueva audiencia de presentación, en la cual el Juez de Control correspondiente firme dicha actuación para que tenga validez, y se inicie, si fuera el caso, el proceso penal contra los ciudadanos Alexis Perdomo Morales, Luis Vásquez, Guillermo Villanueva Guillén y Carlos Rondón Guillén por la supuesta comisión del delito de robo, con el respectivo pronunciamiento sobre las medidas de coerción personal que correspondan. Así se decide”.
Siendo ello así, ante la denuncia formulada respecto al presunto incumplimiento de lo contenido del artículo 158 del Código Orgánico Procesal Penal, que señala que “…las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces o juezas que los hayan dictado…”, la Sala debió analizar la misma ya que de ser cierta los integrantes de la Sala N.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contrariaron la pacifica jurisprudencia de esta Sala Constitucional según la cual para que exista en el mundo jurídico una decisión de un Juez, este debe firmarla, por cuanto es la persona que está investida de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da la certeza jurídica de que ese acto decisorio se dictó, por lo que en el caso de los órganos judiciales colegiados, al menos la mayoría de sus integrantes deben suscribirlo.
En vista de lo anterior, a juicio de quien disiente, la sentencia objeto de revisión está viciada de nulidad ya que si bien el fallo publicado el 28 de abril de 2016 fue firmado por todos los integrante de la Sala de la Corte de Apelaciones, la aclaratoria dictada el 17 de mayo del mismo año no lo fue, ya que estuvo suscrita sólo por el presidente del órgano colegiado debiendo ser firmada por todos los jueces integrantes de la Sala N.° 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y de no haber sido así implicaría la nulidad de dicha aclaratoria.
En conclusión, considera quien disiente que ante la presunta violación de derechos y garantías constitucionales, lo procedente era declarar ha lugar la solicitud de revisión constitucional.

References: artículo 88
 artículo 99
 artículo 89
 artículo 99
 artículo 89
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 92
 artículo 160
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 99
 artículo 160
 artículo 158
 artículo 158