Source: http://franksbur2.blogspot.com/2012/11/el-juicio.html
Timestamp: 2014-11-01 04:28:03+00:00

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DERECHO PENAL: El Juicio
Es la fase vertebral del nuevo sistema. Como sabemos, está a cargo del juez de conocimiento y se inicia con la presentación del escrito de acusación que debe reunir la plenitud de los requisitos exigidos por en el artículo 337 del código de procedimiento penal.
Como se verá más adelante está integrada por las siguientes audiencias, cada una de ellas con ritualidades y propósitos diferentes:
• Audiencia de formulación de acusación
• Audiencia preparatoria
• Audiencia de juicio oral, y
• Audiencia de individualización de pena y sentencia, precedida por el trámite del incidente de reparación integral.
Es el documento mediante el cual el fiscal, dentro de los treinta (30) días siguientes a la formulación de imputación, informa al juez de conocimiento los hechos que constituyen una conducta delictiva en los cuales ha participado una persona contra quien formula cargos como autor o partícipe, con fundamento en elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida.
De haber llegado a un preacuerdo con el imputado, ad portas de la presentación del escrito de acusación, lo consignará expresamente en el mismo. Remítase a la sección 7.2 que regula en tema de los preacuerdos y prevé una audiencia especial para el evento en que la negociación ocurra luego de la formulación de imputación y hasta antes de que el fiscal decida formular acusación.
• Individualización concreta del acusado, con indicación de su nombre, datos que permitan identificarlo y domicilio para las citaciones.
• Relación clara y breve de los hechos jurídicamente relevantes, es decir la imputación fáctica de la conducta delictiva que se le endilga. Se trata de una descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el hecho se realizó y que permiten puntualizar con probabilidad de verdad la forma de participación del acusado, lo que de manera alguna significa imputación jurídica.
• Relación de bienes y recursos afectados con fines de comiso.
• El nombre y ubicación del defensor de confianza o del que le designe el sistema
nacional de defensoría pública.
• Enunciación o descripción de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas o informaciones legalmente obtenidas, en formato anexo.
• Copia del escrito de acusación para el acusado, ministerio público y víctima con
fin exclusivo de información.
Contenido del formato anexo
• Los hechos que no requieren prueba. Por Ejemplo, los hechos notorios, las afirmaciones o negaciones indefinidas165 y la autenticidad del documento reconocida por disposición de la ley166.
• Los elementos materiales probatorios y evidencia física que quieran aducirse al juicio, junto con el nombre de los testigos por medio de los cuales se introducirán.
Ver artículo 448 del código de procedimiento penal que regula el fenómeno de la congruencia
entre acusación y sentencia.
Articulo 177 Código de Procedimiento Civil.
Articulo 425 Código de Procedimiento Penal.
• El señalamiento de testigos o peritos cuya declaración se solicitará en el juicio, acompañado de la dirección y otros datos personales.
• Opiniones periciales y nombres de los peritos. Si se trata de un testigo o perito a quien haya que proteger, el fiscal indicara que de una vez solicita al juez las medidas de protección, razón por la cual le pide que fije la sede de la Fiscalía como lugar para la recepción de citaciones y notificaciones.
• La indicación de los eventuales testigos o peritos a favor de la defensa, junto con las direcciones y otros datos personales, cuando la Fiscalía los ha advertido en el ejercicio de la actividad investigativa.
• Los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o información favorable al acusado y que la Fiscalía tenga en su poder.
• Las declaraciones que haya recibido la Fiscalía.
• Trascripción de las pruebas anticipadas practicadas a solicitud del fiscal delegado y que se quieran aducir al juicio, en el evento en que las circunstancias que la motivaron no hayan desaparecido.
EJEMPLO: ESCRITO DE ACUSACIÓN Y SU ANEXO FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
UNIDAD 35 DE DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL
Bogotá D. C. Agosto 30 de 2005
La Fiscalía General de la Nación, por conducto del Fiscal Delegado 173 ante los
jueces penales del circuito, presenta escrito de acusación en contra de CARLOS
LOPEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía número 89.223.980 de
Medellín, domiciliado en la calle 22 No. 35–15 de la ciudad de Bogotá, teléfono
Testigos de acreditación.
Articulo 342 Código de Procedimiento Penal.
Articulo 337 numeral 5 literal g y 345 numeral 3 Código de Procedimiento Penal.
residencial 2222222, celular 312989898, por el delito de HOMICIDIO en calidad de autor material, quien para efectos de su defensa ha designado al doctor JUAN JOSE JIMÉNEZ RONDÓN, localizable en la Calle 5 No. 5-59, oficina 555 de Bogotá, teléfono 333333 y celular 3125454545, con el fin de que el juez de conocimiento a quien corresponda por reparto de inicio al juicio y, en consecuencia, señale día, hora y sala para la audiencia de formulación de
El 27 de agosto de 2004, a las cuatro de la tarde, en la carrera 50 con Avenida La Esperanza de esta ciudad, el señor PEDRO PÉREZ esperaba un autobús que lo trasladara al centro de la ciudad cuando sorpresivamente y por la espalda, fue atacado con arma cortopunzante por CARLOS LÓPEZ MEJÍA quien le arrebató el maletín que llevaba consigo y emprendió la huída. Sin embargo, fue capturado por NEPOMUCENO NICANOR, miembro del CTI que se encontraba en turno de seguridad en ese lugar, cuando aún tenía en su poder el arma homicida y el elemento hurtado que en su interior tenía dos millones de dólares.
El señor Pérez fue traslado al centro de atención Colsánitas del sector pero en el recorrido falleció como consecuencia del taponamiento cardiaco sobreviniente a la herida mortal que le infligió CARLOS LÓPEZ MEJÍA en la región precordial, al nivel del cuarto espacio intercostal con línea media clavicular izquierda.
De conformidad con el numeral 5 del artículo 337, el suscrito Fiscal Delegado 173 ante los jueces penales del circuito, somete a consideración del juez de conocimiento, para efecto del descubrimiento probatorio los siguientes datos:
• NEPOMUCENO NICANOR, investigador del CTI, a quien se puede citar por conducto de la Dirección Nacional del CTI, división de seguridad.
• JULIO RANGEL, conductor del autobús que estaba próximo a ser abordado por la víctima, quien reside en la carrera 28 número 143-50 de esta ciudad; teléfono 2233445.
• JESÚS CARVAJAL, médico forense del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde podrá ser citado.
• MARÍA LANDAZABAL, esposa de la víctima, residenciada en la carrera 26 número 82-25 de esta ciudad; teléfono 3332221.
Elementos materiales probatorios e información
• Una (1) navaja marca Onix de doble hoja, en acero inoxidable, con empuñadura
en acrílico de color rojo.
• Un (1) maletín de cuero color marrón, marca Mario Hernández.
• Acta de necropsia firmada por JESÚS CARVAJAL, médico forense.
• Informe de policía judicial suscrito por NEPOMUCENO NICANOR. Declaraciones
• Exposición juramentada de JULIO RANGEL, conductor del autobús.
El suscrito fiscal deja constancia de que adjunta cuatro (4) copias del escrito de
acusación y su anexo, con fin exclusivo de información a las partes e
JOSÉ DEL CARMEN FORERO RAMÍREZ
Fiscal 173 Delegado ante jueces penales del circuito de Bogotá
7.1 AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN
Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del escrito de acusación elaborado por el fiscal delegado que adelanta la correspondiente investigación, el juez de conocimiento asignado al caso señala fecha, hora y sala para la celebración de esta audiencia que tiene como finalidades específicas las siguientes:
• Dar traslado del escrito de acusación a la defensa y al ministerio público para que expresen oralmente las causales de incompetencia o impedimento, si las hubiere, y en ese caso dar trámite legal para que el superior resuelva lo pertinente en el término previsto para ello.
• Escuchar las observaciones de los demás intervinientes sobre el formato de acusación. En caso de que no satisfaga los requisitos de ley, devolverlo al fiscal para que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.
• Permitir que el fiscal delegado exponga oralmente los fundamentos de la acusación.
• Reconocer la calidad de víctima a quien se constituya como tal y a su representante legal.
• Disponer, a solicitud del fiscal delegado, medidas de protección integral a víctimas y testigos.
Es requisito para la validez de la audiencia la asistencia obligatoria del juez de conocimiento que la preside, el fiscal, el defensor y el acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o se muestre renuente a su traslado.
También podrán asistir, sin que sea forzosa su presencia, el acusado no privado de la libertad, la víctima y el Ministerio Público.
Iniciada la audiencia, el juez de conocimiento da traslado del escrito de acusación a la defensa y al Ministerio Público y continuación concede la palabra al fiscal, Ministerio Público y defensa para los fines anteriormente descritos.
Como ya se advirtió, los impedimentos, recusaciones e impugnación de competencia los resuelve de plano el superior jerárquico del juez que se declara impedido o es recusado; o el respectivo superior común, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en el código, si se trata de impugnación de competencia. El juez también puede manifestar unilateralmente su falta de competencia y así se lo hará saber a las partes, en cuyo caso envía la actuación a quien ha de resolver la novedad, en cualquiera de los casos enunciados, en el
término máximo de tres (3) días, lapso durante el cual se suspende la actuación.
Un fiscal local de Bogotá acusa a Roberto por el delito de lesiones personales cometidas al activar una granada en contra de la casa de Julián, reconocido dirigente sindical, hechos ocurridos en esta ciudad. El juez penal municipal de Bogotá se declara incompetente por cuanto se trata de un delito de tentativa de homicidio agravado con fines terroristas, de competencia del juez penal del circuito especializado de la misma ciudad. En consecuencia, el juez municipal remite el asunto al Tribunal Superior de Bogotá para que defina la competencia de acuerdo con el artículo 33 numeral 5 del código de procedimiento penal.
Resueltos los impedimentos, recusaciones y la competencia, si se alegaron, se reanuda la audiencia para examinar ahora el tema de nulidades, si las hubiere.
Artículos 32-4, 33-5, 34-5, 36-3, 54 y 55 del código de procedimiento penal.
Artículos 54 y 341 del código de procedimiento penal.
El código de procedimiento penal sólo enuncia las siguientes: falta de competencia –que no puede confundirse con la declaración o impugnación de competencia del juez de conocimiento–violación del derecho de defensa y del debido proceso en sus formas sustanciales. En esta audiencia sólo se presentaría nulidad por falta de competencia cuando, por ejemplo, se formuló imputación, impuso medida de aseguramiento y practicó prueba anticipada ante un juez penal municipal, en un caso de conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente, si la presunta víctima hubiere comparecido, determinará la calidad que ostente de conformidad, es decir si se trata de persona natural o jurídica que individual o colectivamente haya sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto, y reconoce a su representante legal si lo ha designado.
Decididos los temas anteriores, las partes intervienen de nuevo para expresar sus observaciones sobre el escrito de acusación y sus anexos, si las tuvieren. Si el juez las estima admisibles, solicita al fiscal que de inmediato realice las aclaraciones, adiciones o correcciones al contenido de la acusación, según el caso, y después le concede la palabra para que oralmente formule la acusación y exprese el contenido del preacuerdo a que llegó con el imputado, si lo hubo.
De existir preacuerdo, en alguna de las modalidades previstas en la siguiente sección, el juez de conocimiento procederá a verificar que el convenio no viole derechos y garantías fundamentales, que el acusado haya sido debidamente informado sobre sus consecuencias, y al efecto lo interrogará en debida forma para determinar que lo ha hecho de manera libre, conciente y espontánea. Asimismo revisará que haya elementos materiales probatorios o evidencia física que, unidos a la aceptación de responsabilidad, permitan mínimamente inferir la tipicidad de la conducta y el grado de participación del acusado en ella, es decir que se haya desvirtuado la presunción de inocencia. De encontrar todo conforme con el derecho, citará en el menor tiempo posible a audiencia de individualización de pena y sentencia.
Si hasta ese momento no han existido negociaciones con el imputado que se hayan materializado en un preacuerdo, el fiscal, a solicitud de la defensa, descubre el elemento material probatorio o evidencia física que de manera
Para el ejercicio de sus derechos no es necesario que estén representadas por un abogado; sólo a partir de la audiencia preparatoria para poder intervenir se requiere su representación legal por un profesional del derecho, o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada. Si la víctima no cuenta con medios suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, podrá solicitar a la Fiscalía que le designe uno de oficio y así lo hará cuando sumariamente compruebe la necesidad.
Más adelante se tratará el tema de los preacuerdos, que, como se verá, establece una
audiencia especial de aprobación de preacuerdos ante el juez de conocimiento, previa a esta audiencia de formulación de acusación donde también pueden presentarse a consideración del juez, como igual ocurre en la preparatoria y, finalmente, en el juicio oral.
específica se le señale, siempre que el juez encuentre pertinente exhibirlo o entregar copia, según se haya solicitado. De no poder hacerlo en el acto, el fiscal debe hacerlo dentro de los tres (3) días siguientes.
Este descubrimiento inicial no puede ser total ni solicitarse de manera imprecisa. Debe ser específico porque la defensa, para este momento, tiene ya en su poder copia del escrito de acusación y sus anexos, después ya conoce el listado de elementos materiales probatorios y evidencias. Además, no siempre será necesario para la defensa examinar elementos que ya conoce o que no tienen relevancia para su pretensión.
Por ejemplo, en un caso de homicidio, es posible que el fiscal enliste como evidencia unos pelos y el resultado de su examen de ADN por peritos adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal, estudio que la defensa no conocía, razón por la cual solicita al juez que disponga que se le exhiba o entregue copia del informe pericial correspondiente.
Pero también la Fiscalía tiene igual prerrogativa. En efecto, puede solicitar al juez que ordene que la defensa le entregue copia de los elementos materiales de convicción y declaraciones juradas que pretenda hacer valer en el juicio, como también de los exámenes periciales practicados al acusado tendientes a demostrar alguna causal de inimputabilidad. Esto se ha dispuesto para evitar que la defensa, ya en el juicio oral, sorprenda a la Fiscalía con alegaciones, verbigracia, de presencia del acusado en otro lugar, distinto al de los hechos
(coartada) o de que hubo entrampamiento porque el agente encubierto sembró la idea criminal, o de una causal de inimputabilidad.
Por ejemplo, una vez enterado de la formulación de imputación por el delito de homicidio, el defensor de Julián solicitó al Inspector de Policía de Murindó recibir declaración jurada a Pedro, quien podría afirmar que su cliente el día y hora de los hechos se encontraba con él en un lugar apartado del sitio donde ocurrió el suceso. El fiscal, en esta audiencia, le solicita al juez ordenar a la defensa que le entregue copia de esa declaración jurada.
En un caso de lesiones personales, si el defensor solicitó y obtuvo un examen psiquiátrico que concluye que el imputado Julián tiene personalidad paranoide, el fiscal le solicita a la defensa, por conducto del juez, copia de ese informe que probablemente pretende usar para alegar inimputabilidad de su cliente.
En cualquier caso, el juez debe procurar que el descubrimiento de los elementos materiales probatorios o evidencia física sea lo más completo posible, aunque en la audiencia preparatoria se agota sin perjuicio de que si alguna de las partes encuentra durante el juicio un medio de conocimiento de significativa importancia y que por ello deba ser descubierto, así lo solicitará al juez quien después de oír a las partes resolverá si es excepcionalmente admisible, teniendo en cuenta si genera o no perjuicio al derecho de defensa o a la integridad del juicio.
El artículo 343 faculta al juez de conocimiento para suspender condicionalmente
el procedimiento. Veamos un ejemplo:
Al inicio de la audiencia el defensor del acusado solicita la preclusión de conformidad con alguna de las causales contempladas en los numerales 1 y 3 del artículo 333 del código de procedimiento penal. El juez, cumplidas las ritualidades indicadas para el caso profiere la sentencia que es apelada por el fiscal. Esta circunstancia necesariamente obliga a la suspensión condicional del procedimiento, a la espera de la decisión del recurso de apelación.
El descubrimiento, además de lo expuesto, tiene otras restricciones. Las partes, es decir la Fiscalía y la defensa, no pueden ser obligadas a descubrir: información sobre la cual alguna norma disponga su secreto (conversaciones del imputado con su abogado, por ejemplo); información sobre hechos ajenos a la acusación, especialmente relativa a hechos que por disposición legal no puedan ser objeto de prueba (los credos políticos o religiosos del imputado, o el informe contable sobre incremento patrimonial que finalmente fue justificado, razón por la cual sólo se hizo acusación por un delito de falsedad y no por enriquecimiento ilícito); apuntes personales, archivos, documentos
que tenga alguna de las partes, relacionados con la preparación del caso (no referidos a las declaraciones juradas); información que de descubrirse genere perjuicio notable a investigaciones en curso o posteriores, o a la seguridad del Estado en cuyo caso la publicidad debe limitarse a las partes (un ejemplo del primer caso sería: el testimonio de un coacusado que va a revelar información no solo respecto de otros dos (2) acusados, sino en relación con diez (10) personas mas que hacen parte de una organización criminal y cuya actividad es todavía objeto de indagación en cuanto aun no se cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física o información
que permita formularles imputación. En cuanto a la otra modalidad, piénsese, por ejemplo, en una grabación de conversaciones legalmente interceptadas por abonados telefónicos, cuyo contenido, independientemente de servir como elemento material probatorio en contra de Juan, persona autora de una conducta de tráfico ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, además revela atentados futuros contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios del Estado colombiano).
En sentido similar, si una vez iniciada la audiencia el acusado y la víctima, conforme con lo preceptuado en el artículo 526 del Código de Procedimiento Penal, manifiestan su decisión de acudir a la mediación, es necesario que el juez suspenda condicionalmente el procedimiento en espera de los resultados de aquella, para determinar entonces sus consecuencias en relación con la actuación.
Antes de cerrar la audiencia, el juez procederá a fijar fecha, hora y sala para la audiencia preparatoria, decisión que se notifica en estrados.
• La probabilidad de verdad para efectos de presentar el escrito de acusación ha
de entenderse por el fiscal como su convencimiento razonable de que a partir de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas o informaciones legalmente obtenidas, podrá conseguir en el juicio oral la prueba necesaria para convencer al juez más allá de toda duda.
Rodrigo, quien estaba recluido en la Cárcel de San Quintín, resulta liberado merced a una orden supuestamente firmada por el juez Mendieta. La Fiscalía tiene el informe grafológico y lofoscópico que indica su correspondencia con las grafías y la huella del acusado Diego, quien al parecer suplantó la firma del funcionario.
Interrogado Diego, en presencia de su defensor, negó haberlo hecho y aportó la declaración jurada de su esposa Inés quien igualmente rechaza la correspondencia de las grafías, pero el fiscal tiene elementos de convicción que le permiten afirmar con probabilidad de verdad que Diego es autor de la conducta investigada, y estará seguro de convencer al juez cuando en el juicio oral escuche
La audiencia preparatoria no podrá realizarse antes de quince (15) ni después de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se fija, es decir a la finalización de la audiencia de formulación de acusación.
El convencimiento razonable es exento de duda.
a los investigadores y peritos, quienes no le dejarán duda respecto de que fue Diego quien falsificó la firma.
En consecuencia, los informes de investigador y perito eran suficientes para que el fiscal presentara escrito de acusación.
• En el escrito de acusación, el descubrimiento de los elementos materiales probatorios o evidencia física es apenas formal, porque el descubrimiento real está diferido a las audiencias posteriores, circunscrito a lo que las partes soliciten y que se autorice por el juez.
• Con la presentación del escrito de acusación debe iniciarse e impulsarse el desarrollo del juicio, porque no existe en nuestro nuevo sistema procesal la figura de “retiro de la acusación”.
• En la audiencia de formulación de acusación, ni el juez de conocimiento ni los demás intervinientes pueden cuestionar sustancialmente el escrito de acusación, pues sólo proceden observaciones sobre sus requisitos formales las cuales, de prosperar, deben ser incorporadas a la acusación inicial.
• La renuencia a descubrir elementos materiales probatorios o evidencias físicas produce sanciones procesales, pues dichos elementos de conocimiento no podrán ser aducidos al juicio ni convertirse en prueba y, al momento de la audiencia preparatoria, el juez los rechazará salvo que se demuestre que la omisión se debió a causas no imputables a la parte obligada.
Artículos 338 a 347 del código de procedimiento penal
Artículos 344, inciso 1, 346 y 356, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal.
7.2 PREACUERDOS
El preacuerdo es un convenio sobre los términos de la imputación, la aceptación total o parcial de los cargos, o diferente tipificación de la conducta, celebrado entre el fiscal delegado179 y el imputado o acusado asistido por su defensor, que tiene como objetivo específico la atenuación de la pena y como finalidades generales las siguientes:
• Humanizar la actuación procesal y la pena
• Obtener pronta y cumplida justicia
• Activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito
• Propiciar la reparación integral de los perjuicios causados con el injusto
• Lograr la participación del imputado o acusado en la definición de su caso.
El código de procedimiento penal utiliza sobre el tema las expresiones de preacuerdo o negociación, términos análogos que en modo alguno deben entenderse fuera del contexto legal para no sugerir que se trata de manifestaciones reprochables, como suele ocurrir en un sistema penal de tendencia inquisitiva en el que el acercamiento entre fiscal y el procesado o el abogado defensor es mirado como una actuación al margen de la legalidad.
No. Los preacuerdos son admisibles y legalmente admitidos, siempre que cumplan la finalidad propuesta y en su desarrollo se observen las reglas establecidas por el ordenamiento procesal. Por ello no deben tratarse como asunto arcano, como si se tratara de una práctica oscura y misteriosa. Estamos ante una realidad de naturaleza procesal alinderada por el respeto de los derechos fundamentales y el debido proceso, pues, se trata de una institución de gran utilidad para poder impartir justicia y estimular a los infractores de la ley penal a acercarse al ente acusador a resolver su caso en el menor tiempo posible, evitando el desgaste del aparato estatal y de los fondos públicos, a _________________________
Previamente a celebrar un preacuerdo, el fiscal delegado debe consultar y acatar las directrices trazadas sobre la materia por la Fiscalía General de la Nación y la política criminal del Estado, para enaltecer la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.
cambio de proporcionales rebajas de pena por el reconocimiento anticipado de su culpabilidad.
Los preacuerdos -como también lo es el principio de oportunidad- constituyen soporte fundamental de la eficacia del sistema acusatorio. A través de su aplicación se evita que muchas investigaciones lleguen a juicio, con lo cual se permite que los fiscales y los jueces definan más ágilmente un número importante de los casos sometidos a su conocimiento, en el marco de criterios de garantía y eficiencia.
Sin embargo, existe una diferencia fundamental con el principio de oportunidad y es que los preacuerdos generan sentencia condenatoria en tanto aquél la extinción de la acción penal.
Si los principios filosóficos que orientan los preacuerdos o negociaciones convencen, debe concluirse entonces que el fiscal delegado promoverá e incentivará su aplicación con una excelente investigación que indique al imputado o acusado que es mejor aceptar tempranamente su responsabilidad y beneficiarse con una rebaja de pena, que someterse a las contingencias que le puede significar el juicio.
Artículos 131, 293 y 348 a 354 código de procedimiento penal
El juez no interviene en las negociaciones; si lo hace su actuación resulta violatoria de la ley penal procesal, especialmente si ejerce alguna forma de insinuación o presión frente al imputado o acusado porque la disponibilidad de la acción penal está asignada a la Fiscalía General de la Nación, y además afectaría su imparcialidad frente al caso.
Las negociaciones y preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. En efecto, no pueden comprometer la presunción de inocencia y sólo proceden si hay un mínimo de elementos materiales probatorios o evidencia física o información legalmente obtenida que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, exigencia que impide que una persona inocente pueda llegar a aceptar un preacuerdo o que el juez profiera un fallo de condena en su contra.
Adicionalmente, es preciso tener certeza sobre la plena identificación o individualización de la persona que acepta la culpabilidad como consecuencia del preacuerdo, para evitar errores judiciales. De manera que debe allegarse al trámite del preacuerdo toda aquella información que verifique la correcta identificación o individualización del imputado, por ejemplo, tarjeta decadactilar y cartilla biográfica, y agotar todos los pasos necesarios para el cotejo correspondiente. Recuérdese que un buen número de las personas procesadas utiliza varios nombres para confundir y evitar las consecuencias de la persecución penal
Por garantías fundamentales debe entenderse el conjunto de derechos del sujeto pasivo de la persecución penal que lo ponen en un plano de equilibrio con el poder punitivo del Estado y que pueden desconocerse o vulnerarse cuando se inician las conversaciones a espaldas del defensor; o se le hace creer que se tienen elementos de convicción que comprometen su autoría o participación en el hecho investigado, o sobre la tipicidad de la conducta; o se lleva ante el juez el resultado del preacuerdo, sin haberse formulado imputación. Obviamente, quedan incluidos los atentados contra el derecho a la dignidad, igualdad, presunción de inocencia, no auto-incriminación, silencio, intimidad e imparcialidad, así como la violación a los derechos y garantías de la víctima.
Es igualmente importante recordar que para que la negociación tenga validez, el juez o tribunal debe cerciorarse que el imputado o acusado actuó de manera libre, consciente y voluntaria, asesorado por su defensor, con conocimiento de los derechos y garantías fundamentales a los que renuncia, la naturaleza del delito imputado y las consecuencias de su aceptación, y que se le advierta que no se puede utilizar en su contra el contenido de las conversaciones tendientes a lograr un acuerdo para la declaración de responsabilidad en cualquiera de sus formas, si no llegare a perfeccionarse. Por estas razones, el juez debe someter al acusado a un minucioso interrogatorio para verificar la legalidad del acuerdo.
Veamos un ejemplo del desarrollo de esta parte de la audiencia:
¿Cuál es su nombre, edad, estado civil, profesión y grado de escolaridad?
¿Quién es su abogado defensor? ¿Desde cuándo lo conoce? ¿Desde cuándo lo defiende? ¿Tiene algún reparo de la forma como su abogado lo ha venido defendiendo?
¿Padece usted de alguna enfermedad mental? ¿En los últimos ocho días ha sufrido algún estado de inconsciencia? ¿Está ingiriendo alguna clase de medicamento? Si es así ¿con qué frecuencia, para qué y qué efectos le produce? ¿Cuándo fue la última vez que lo consumió?
¿Sabe por qué se encuentra en este juzgado o tribunal?
¿Su presencia en este juzgado o tribunal obedece a una manifestación libre y consciente de su voluntad?
¿Le explicó su abogado qué es un preacuerdo, negociación o declaración de culpabilidad?
Tengo en mi mano el acta de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía. ¿Es ésta su firma?
¿Le explicó su abogado el contenido y alcance del preacuerdo que tengo en mis manos? ¿Lo entendió?
El juez repasa cada uno de los derechos que le confiere la Constitución al imputado o acusado y a los cuales renuncia para entrar en un acuerdo con la Fiscalía.
¿Entiende que al aceptar el preacuerdo está renunciando a su derecho de no auto-incriminarse y a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado e imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, en el cual podría, si así lo desea, por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener su comparecencia, de ser necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate, y que la Fiscalía está obligada a probar más allá de duda razonable?
¿Entiende qué en el preacuerdo usted aceptó que... y que a cambio de ello recibiría un beneficio consistente en...?
¿Entiende que si yo determino que en este acuerdo se le vulneraron algunos de esos derechos fundamentales puedo rechazarlo, en cuyo caso el proceso seguiría su curso normal, pudiendo resultar declarado no culpable?
¿Es consciente que al aceptar el preacuerdo la Fiscalía General de la Nación no
tiene necesidad de aportar otros elementos materiales probatorios, distintos a los hasta ahora recaudados, para formularle acusación o solicitar una condena?
Al Fiscal le preguntará:
¿Cuáles son los hechos investigados, qué se podría probar y qué cargos son los que usted formularía en la acusación, si no se hubiere llegado a un acuerdo con el imputado o acusado?
Resulta procedente invocar la figura para que el fiscal delegado y el imputado o acusado, asesorado por su defensor, puedan llegar a un preacuerdo desde la audiencia de formulación de imputación, hasta antes de ser presentado el escrito de acusación.
También puede el fiscal y el acusado efectuar preacuerdos posteriores a la presentación del escrito de acusación y hasta antes del momento en que sea interrogado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad.
En los distintos estadios del procedimiento es deber del juez preguntarle al imputado o acusado si acepta los cargos formulados, así ocurra en las audiencias de formulación de la imputación, formulación de acusación o previamente a la alegación inicial del juicio oral.
• Punitivo
Debe tenerse en cuenta que los extremos de las penas privativas de la libertad previstas en la parte especial del código penal (ley 599 de 2000), fueron aumentados por el artículo 14 de la ley 890 de 2004 en una tercera parte para el mínimo y en la mitad en el máximo. De todas maneras, la aplicación de esta regla general de incremento punitivo debe respetar el tope máximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la misma ley, en virtud del cual la pena de prisión tendrá una
duración máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso.
Asimismo, el artículo 61 del código de las penas fue adicionado por el artículo 3° de la ley 890 de 2004, de manera que a partir del 1º de enero de 2005 el sistema de cuartos no se aplica en aquellos eventos en los cuales se han realizado preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado. Como todo preacuerdo le exige al fiscal analizar la materia punitiva frente a un delito o delitos para determinar la rebaja de pena que se acuerda, es necesario e importante que respecto de cada conducta delictiva se tengan en cuenta los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad, que incluyen las circunstancias atenuantes y agravantes previstas en los tipos de la parte especial del Código Penal.
• Son improcedentes los preacuerdos tratándose de delitos que le hayan generado al sujeto activo incremento patrimonial y no hubiese reintegrado por los menos el 50% del valor del mismo, ni asegurado el recaudo del remanente; o cuando el fiscal acuerda una reducción de pena por fuera de los límites establecidos por la ley.
El reintegro no ofrece ningún problema de interpretación, no así la expresión “asegure el recaudo del remanente”, que puede ser entendida como la exigencia de algún mecanismo que permita concluir que el 50% del valor del incremento ilícito percibido efectivamente será reintegrado, pudiendo requerirse caución en dinero efectivo o póliza de compañía de seguros, garantía bancaria o garantía real (hipotecaria o prendaria) por el monto señalado en la denuncia o querella, si la cuantía no ofreciere desacuerdo; o el determinado pericialmente en caso contrario.
• Los elementos materiales probatorios o evidencia física que constituyen la base de los cargos en vía de un preacuerdo, son los mínimos necesarios para permitir inferir la autoría o participación en la conducta y la tipicidad. En este sentido, la negociación no está orientada a trasladar el debate probatorio del juicio respecto a los hechos o el derecho, sino a que el fiscal y el imputado o acusado, asesorado por su defensor, convengan una declaración de culpabilidad respecto del delito imputado o de uno relacionado con pena menor; sobre la eliminación de una circunstancia de agravación punitiva o de un cargo específico, a cambio de que la Fiscalía tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena.
Téngase en cuenta que se trata de una simple mención a los elementos materiales probatorios estrictamente necesarios y que no implica descubrimiento. Piénsese, por vía de ejemplo, en el siguiente caso:
La Fiscalía, frente a un atentado contra el patrimonio económico, le menciona al imputado y a su defensor la existencia de fotografías y filmaciones en las que aquél aparece apoderándose de las alhajas de la joyería, y le anuncia que además tiene tres potenciales testigos que comparecerán al juicio oral y darán cuenta del hecho como presenciales que fueron del mismo. La defensa valora entonces la fuerza demostrativa de los elementos que tiene el fiscal y si encuentra que son serios y generan la probabilidad de un fallo condenatorio, convienen entonces los términos del preacuerdo. Se observa que se hace mención a los elementos
probatorios pero no se descubren o exhiben.
• Las conversaciones entre el fiscal y el imputado o acusado asistido por su defensor y que se concreten en un preacuerdo, deben quedar consignadas en el correspondiente formato que será firmado por todos ellos. Sin embargo, si en su momento el preacuerdo fuere rechazado por el juez de conocimiento, en modo alguno podrán utilizarse en el juicio ni en ningún otro proceso judicial en contra del mismo imputado o acusado.
• La presencia y asistencia jurídica del defensor es imprescindible porque el preacuerdo tiene implícita la renuncia a derechos constitucionales como el de no autoincriminación, a controvertir la prueba, salvaguardar la presunción de inocencia, a un juicio oral y público, y a impugnar las decisiones adversas a sus intereses.
• La aceptación de los cargos que hace el imputado o acusado puede ser total o parcial y la rebaja de pena se aplica sólo respecto de los hechos admitidos.
• El juez, previamente a aprobar el preacuerdo, debe interrogar personalmente al imputado o acusado con el fin de verificar si el convenio obedece a una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asistido por el defensor.
• Los preacuerdos pueden generar reparación efectiva de los perjuicios causados a la víctima. Si no se muestra satisfecha, puede acudir a las vías judiciales pertinentes para reclamarla.
• Los preacuerdos celebrados entre el fiscal y el imputado o acusado, asistido por su defensor, obligan al juez de conocimiento, excepto si fueron obtenidos con violación de garantías fundamentales evento en el cual el fiscal continuará con la actuación que corresponda, según el estadio en que se formalizó la negociación. El auto que resuelve sobre la aprobación o rechazo de preacuerdos no es susceptible de recursos.
• En caso de discrepancia entre el imputado o acusado y su defensor en relación con los preacuerdos, prevalecerá lo que aquél decida y de ello debe quedar expresa constancia en el formato o acta correspondiente, según el caso.
• Si la naturaleza del acuerdo, esto es el preacuerdo ya aprobado por el juez de conocimiento, permite la rápida adopción de la sentencia, concluye la audiencia en la que fue presentado y avalado con la citación a audiencia de individualización de pena y sentencia prevista en el artículo 447 del código de procedimiento penal y a la que se hará referencia más adelante.
• Al momento de dosificar la pena, el juez de conocimiento tendrá en cuenta la rebaja convenida por el fiscal y el imputado o acusado, según se vio al estudiar cada modalidad. Adicionalmente, por mandato de la ley 890 de 2004, para cuantificación de la pena por imponer no debe aplicar el sistema “de cuartos”, precisamente para garantizar que la pena impuesta no sea superior a la solicitada por el fiscal delegado, en desarrollo de lo preacordado con el imputado o acusado y su defensor. La sentencia es susceptible del recurso de apelación.
• Finalmente, como acontece con el principio de oportunidad, el legislador exige que los preacuerdos no comprometan la presunción de inocencia y que haya un mínimo de elementos probatorios que señalen al beneficiado como autor o partícipe de una conducta delictiva.
• El fiscal del caso, como delegado que es del Fiscal General de la Nación, debe ajustar su actuación a lo dispuesto en los artículos 142 numeral 1º y 348 inciso segundo del código de procedimiento penal. En consecuencia, en materia de preacuerdos debe actuar con objetividad respetando las directrices institucionales y las pautas trazadas como política criminal, a fin de darle prestigio a la administración de justicia y evitar su cuestionamiento.
• La aceptación parcial de los cargos genera la ruptura de la unidad de proceso. Una vez aprobado el preacuerdo, no es posible la retractación y el juez deberá fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de individualización de pena y sentencia.
• Las partes pueden retractarse del preacuerdo hasta antes de que sea examinado por el juez de conocimiento.
• La víctima no interviene en la discusión del valor de los perjuicios durante este trámite, no obstante que antes de aprobar el preacuerdo, el juez la interrogará sobre el particular. Sin embargo, como ya se vio, su inconformidad no incide en la aprobación por el juez, pues deberá acudir a otras vías judiciales, lo cual no exime de la obligación de considerar en las negociaciones el tema de la reparación integral.
Articulo 293 inciso segundo Código de Procedimiento Penal.
• De acuerdo con el principio de lealtad, la Fiscalía y el imputado o acusado no pueden realizar acuerdos para frustrar una orientación definida de la investigación, pues esta conducta lesiona el principio de lealtad, eficacia e investigación. Por ejemplo:
Juan acecha a Diego y, una vez a la vista, le dispara en seis ocasiones. Uno de los proyectiles lo alcanza en el tórax. Si la información obtenida por el agente investigador indica que Juan y Diego eran enemigos y que se podrá establecer el propósito de matar, en ese evento no puede acordarse responsabilidad por lesiones personales, cuando la perspectiva probable de la investigación es la de un homicidio agravado, en el grado de tentativa.
7.2.1 AUDIENCIA DE APROBACIÓN DE PREACUERDO CELEBRADO A PARTIR
DE LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN Y HASTA ANTES DE LA ACUSACIÓN
Se trata de una audiencia especial, anterior a las propias de la fase de juzgamiento, que se realiza a solicitud del fiscal delegado para someter a aprobación del juez de conocimiento el preacuerdo que ha celebrado con el imputado y su defensor.
Artículos 131, 293, 350 y 351 código de procedimiento penal
Si el imputado acepta los cargos en la audiencia de formulación de imputación, o si el preacuerdo se realiza después de ella y hasta antes de presentar el escrito de acusación, una u otra situación se entiende como acusación; ello implica para el fiscal anticipar la presentación del correspondiente escrito, consignar en él lo acordado y solicitar al juez de conocimiento la programación de la audiencia de verificación y aprobación de lo convenido, en el mismo término indicado en el código para la audiencia de formulación de acusación, es decir dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la respectiva solicitud.
Recuérdese que la aceptación de los cargos en la audiencia de formulación de imputación o en negociación posterior, puede ser total o parcial y que la rebaja punitiva puede ser hasta de la mitad de la pena imponible. Asimismo que la declaración de culpabilidad puede darse respecto del delito imputado u otro relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal elimine alguna causal de agravación punitiva u otro cargo específico en el escrito de acusación, o de que en su alegación conclusiva tipifique182 la conducta de alguna otra forma que atenúe la pena. Este cambio favorable en relación con la pena por imponer, es la
única rebaja compensatoria por el acuerdo.
Es obvio que para convenir la aceptación de responsabilidad por un delito menor debe existir coincidencia en los elementos básicos de la conducta, objeto material y sujeto pasivo. Por ejemplo, no puede haber preacuerdo para admitir frente a un abuso de confianza el delito de usurpación de tierras, no obstante que las dos conductas tienen en común el bien jurídico del patrimonio económico y la inflexión verbal “apropiarse”, pero difieren sustancialmente en el objeto material (en aquel es una cosa mueble, en éste un inmueble).
En cambio, procede entre tipos penales que protegen el mismo bien jurídico, como homicidio preterintencional y homicidio culposo, caso en el cual la imputación puede reducirse al segundo porque en ambos casos la conducta objetivamente es la misma y se relacionan subjetivamente con la culpa, entendido que la preterintención es un enlace de dolo y culpa.
Pero también el preacuerdo puede lograrse sobre la base de que el fiscal elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva.
Recuérdese que sólo se hace tipificación o adecuación jurídica de la conducta en la alegación final dentro de la audiencia de juicio oral, excepto cuando se hace la admisión de culpabilidad al inicio del juicio oral. Arts., 249 y 262 CP
PEDRO, ocultando su rostro con una máscara, en horas de la noche y en lugar solitario, utiliza un arma de fuego para amenazar a JUAN y apoderarse del computador portátil y la bicicleta que lleva consigo, elementos avaluados en la suma de $8.000.000. En este caso se dan las siguientes causales de agravación punitiva: (i) Grave daño, atendida la precaria situación económica de la víctima, (ii) causado por persona disfrazada, (iii) en lugar solitario, y (iv) en cuantía superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Si a pesar de que la conducta estructura un hurto calificado, doblemente agravado por circunstancias genéricas y específicas, se llega al preacuerdo de que el imputado se declara culpable, el fiscal podría eliminar las circunstancias de agravación, para acusarlo únicamente por el hurto calificado.
Otra opción para el fiscal podría ser eliminar algún cargo específico, si se tratare de un concurso de conductas punibles. Si en el ejemplo anterior PEDRO lesiona a JUAN pero la incapacidad no es superior a 30 días, sin secuelas, podría eliminar el cargo de lesiones personales, para que el imputado o acusado se declare culpable del hurto calificado doblemente agravado.
Como la investigación continúa, si el fiscal encuentra nuevos elementos materiales probatorios o evidencia física o información que le permita formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de imputación, los preacuerdos deben referirse a estos y no a aquellos.
ROSA denuncia a PEDRO y a JUAN por ingresar clandestinamente al inmueble de su hermana MARTHA, quien se encuentra fuera del país, de donde sustrajeron electrodomésticos por valor superior a cien salarios mínimos mensuales legales. En la audiencia de formulación de imputación el cargo fue de hurto calificado y agravado. Días después se inician las negociaciones orientadas a un preacuerdo con los imputados, al tiempo que MARTHA regresa al país y declara bajo juramento ante el investigador y en presencia del fiscal delegado que PEDRO y JUAN tenían autorización para ingresar a su residencia con el fin adelantar una reparación locativa, mas no para sustraer bienes de su propiedad. Con este
elemento nuevo de convicción el fiscal debe variar la adecuación de la conducta porque ha desaparecido la circunstancia de cualificación inicialmente considerada. En consecuencia, el preacuerdo debe realizarse sobre la base de hurto agravado por tres causales: (i) por la confianza, (ii) pluralidad de autores y (iii) la cuantía.
Las conversaciones entre el fiscal y el imputado que se concreten en un preacuerdo deben quedar consignadas en el correspondiente formato que será firmado por el fiscal, el imputado y su defensor.
Celebrado el preacuerdo, el fiscal remite el formato debidamente diligenciado al juez de conocimiento con la indicación de que debe tenerse como escrito de acusación184, y la solicitud de fijar fecha y hora para la respectiva audiencia, siempre que sea competente y no esté impedido para conocer del caso.
El juez de conocimiento dispone verbalmente la práctica de la audiencia, conforme con el artículo 161.3, y que por secretaría se cite a quienes deban intervenir en ella: fiscal e imputado o su defensor; víctima y Ministerio Público aunque su presencia no es obligatoria.
Llegados el día y la hora, el juez, por medio del secretario de la audiencia, anuncia el caso y acto seguido concede la palabra al fiscal quien oralmente solicita al juez de conocimiento la aprobación del preacuerdo. A continuación el juez interroga personalmente al imputado con el fin de verificar si el convenio obedece a una decisión libre, consciente y voluntaria, y si ha sido debidamente informado por su defensor sobre las consecuencias que se derivan de lo
convenido. Después consulta la opinión de la víctima sobre el monto de las reparaciones efectivas acordado entre el fiscal y el imputado.
Inciso 1 Articulo 350 Código de Procedimiento Penal.
El juez, después de escuchar los argumentos del fiscal y de los demás intervinientes, decide aprobar o improbar el preacuerdo en auto que debe satisfacer los requisitos del artículo 162 del código de procedimiento penal, y que no susceptible de ningún recurso.
Aprobado el acuerdo por el juez, fija fecha y hora para la celebración de la audiencia de individualización de pena y sentencia en la que el fiscal y la defensa pueden referirse por una sola vez a las condiciones individuales, familiares y sociales del imputado, a su modo de vida y antecedentes de todo orden; igualmente, hacer propuestas al juez en relación con la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado. Posteriormente profiere la correspondiente condena, incluido el valor acordado sobre los perjuicios ocasionados a la víctima, si ésta los hubiere aceptado.
Recuérdese que la aprobación del preacuerdo comporta una rebaja de hasta la mitad de la pena imponible, si se aceptan los cargos de la formulación de imputación, y que el juez no puede desconocer el monto convenido por la Fiscalía y el imputado y su defensor, al momento de imponer la pena.
Otras modalidades y oportunidades para el Preacuerdo
La aceptación total o parcial de responsabilidad por el acusado, después de presentado el escrito de acusación y hasta antes de ser interrogado por el juez al inicio del juicio oral, fija tres momentos para que el preacuerdo sea aprobado o improbado el juez de conocimiento:
• Si se realiza después de presentado el escrito de acusación y antes de terminar la audiencia de formulación de acusación, el juez de conocimiento lo resolverá en esta audiencia.189
Articulo 351 inciso primero Código de Procedimiento Penal.
Así debe entenderse el sentido del artículo 370 del Código de Procedimiento Penal, cuando expresa que “el Juez no podrá imponer una pena superior a la que le ha solicitado la Fiscalía”. Aceptación total o parcial de los cargos. En el evento de concurso de conductas punibles, el imputado o acusado puede aceptar parcialmente los cargos, pero los beneficios de punibilidad sólo serán tenidos en cuenta respecto de lo aceptado. Numeral 2 artículo 343 Código de Procedimiento Penal.
• Si ocurre después de finalizada la audiencia de formulación de acusación y antes del inicio de la audiencia preparatoria, en ésta se resolverá, y • Si se presenta a partir de la conclusión de la audiencia preparatoria y hasta el momento en que el acusado sea interrogado al inicio del juicio oral, será en esta audiencia donde el juez de conocimiento resuelva lo pertinente.
En una investigación que se adelanta por los delitos de lesiones personales que generaron incapacidad para trabajar no superior a treinta (30) días y daño en bien ajeno en cuantía que no excede de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si el imputado o acusado acepta únicamente el cargo de lesiones personales, la rebaja no tendrá efectos en relación con el atentado contra el patrimonio económico.
En estas condiciones, en el escrito de acusación se hace mención al preacuerdo sobre el delito de lesiones personales para que el juez de conocimiento, en la audiencia de formulación de acusación lo apruebe si no se han desconocido las garantías fundamentales. Respecto del cargo no aceptado, la investigación continúa y la ritualidad del juzgamiento no sufrirá modificación alguna.
El preacuerdo es diferente a la situación prevista en el artículo 367. Si no ha existido convenio respecto de la admisión de responsabilidad, y al momento de instalarse el juicio oral, cuando el juez concede el uso de la palabra al acusado para que manifieste sin apremio alguno si se declara culpable o inocente, si la admite tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible, respecto de los cargos aceptados. En cambio, como consecuencia del preacuerdo realizado a partir de la presentación del escrito de acusación hasta antes del momento de ser interrogado al inicio del juicio oral, la rebaja es de una tercera parte.
Algo similar ocurre en la audiencia preparatoria: si se está frente a un preacuerdo la rebaja será de una tercera parte, pero si el acusado acepta los cargos sólo cuando el juez lo interroga al respecto, la reducción es hasta de la tercera parte de la pena a imponer, a criterio del juez. Se considera que no debe hacerse distinción alguna en este estadio en aplicación del principio de favorabilidad. Recuérdese además que la declaración de responsabilidad del imputado o acusado puede ser mixta: de culpabilidad para algunos cargos, de inocencia para los otros.
EJEMPLO DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE UN PREACUERDO
UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA
Y EL PATRIMONIO ECONÓMICO DE BOGOTA
ACTA DE PREACUERDO
En Bogotá D. C., a once de marzo de dos mil cinco, a las ocho y treinta de la mañana, el doctor MANUEL ISIDRO MOLINA MARTÍNEZ, en su calidad de Fiscal 165 Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, el imputado JOSE MIGUEL RODRÍGUEZ ALVARADO, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.456.789 de Medellín (Antioquia), residente en la calle 4ª número 34-90, teléfono 3333333, quien se encuentra asistido por su abogado, doctor JOSE GREGORIO REDONDO GÓMEZ, con la tarjeta profesional número 56.789 del
Consejo Superior de la Judicatura, con oficina en la calle 100 número 98-90, marcada con el número 1023, teléfonos 300090909 y 4567890, se reunieron en este despacho, con el fin de concretar los términos de la negociación orientada a preacordar la admisión de responsabilidad del imputado en el radicado 28.888 que se adelanta por el delito de hurto calificado y agravado.
Previamente a cualquier consideración, el fiscal delegado advierte al imputado, en presencia de su defensor, los derechos y garantías fundamentales que le asisten y que se hallan consagrados en el artículo 8º del código de procedimiento penal. Después de hacer una lectura de la disposición en cita le explica los alcances de la autoincriminación, del derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas, y de las consecuencias de renunciar a ellos al hacer alegación de culpabilidad por virtud de un preacuerdo. Asimismo le informa que, de hacerlo,
tendrá una rebaja de hasta la mitad de la pena por imponer por el juez en sentencia condenatoria, excepto si solicita la eliminación de alguna causal de agravación punitiva en la acusación, o que se tipifique de otra forma la conducta en la alegación conclusiva del fiscal con el propósito de aminorar la pena, eventos en los cuales no habrá lugar a ninguna otra rebaja de pena.
Finalmente le advierte que en ningún caso tendrán valor alguno las conversaciones que se adelanten para llegar al propósito de esta diligencia.
Acto seguido procede a exponer los siguientes
El 7 de marzo de 2005, aproximadamente a las tres de la tarde, la señora MARIANA PÉREZ DE GARAY, de 30 años de edad, fue interceptada por un individuo de 25 años de edad aproximadamente, 1.75 metros de estatura, piel trigueña, cabello largo de color negro, que vestía camiseta amarilla, jeans azul y tenis negros, cuando salía del Hospital Reina Victoria ubicado en la carrera 7ª número 127-24, y en el momento en que se disponía a abordar el vehículo de su propiedad marca Mazda 6, modelo 2000, color blanco, de placas BSO-322,
avaluado en $80.000.000.
La persona antes descrita intimidó con una navaja a la señora PÉREZ DE GARAY para despojarla de su vehículo en el cual emprendió la huída con rumbo al norte de la ciudad, mientras era seguido en una patrulla de la policía por los agentes ROBERTO MONTES y FEDERICO CAMPOS, quienes se encontraban aproximadamente a setenta metros del lugar del hecho, pero más adelante lo perdieron de vista.
Gracias al reporte radial del hurto, originado en la Central Automática de la Policía Nacional, a las tres y quince de la tarde el mismo automotor fue obligado a detener la marcha cuando era conducido por un individuo con la misma descripción física y de prendas de vestir relacionadas por la señora Mariana Pérez de Garay, quien fue identificado como JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ALVARADO, titular de la cédula de ciudadanía número 19.456.789 de Medellín (Antioquia), sin antecedentes penales hasta ese momento.
La afectada formuló la correspondiente denuncia ante la unidad de policía judicial de Usaquén y fue entregada después en la Unidad de Reacción Inmediata del mismo sector de la ciudad para el inicio inmediato de esta investigación. Una hora más tarde los policiales antes referidos presentaron ante el fiscal de turno sus respectivos informes para dar cuenta de lo sucedido.
El mismo día, después de los análisis técnicos pertinentes y del registro fotográfico y en video del automotor previamente detallado, fue devuelto a su propietaria por orden del fiscal del caso.
El 9 de marzo de 2005 el Juez 4º Penal Municipal de Bogotá, en función de control de garantías, declaró la legalidad de la captura de JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ALVARADO, contra quien el fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata formuló imputación y solicitó imposición de medida de aseguramiento en su contra, como autor del delito de hurto calificado y agravado cometido en las circunstancias de tiempo, modo y lugar descritos en el acápite de los hechos, con fundamento en los elementos materiales probatorios allí referenciados.
Términos de la aceptación de culpabilidad por preacuerdo con la Fiscalía
El imputado y su defensor aceptan que el fiscal delegado tiene suficientes elementos de convicción para probar su caso en el juicio oral, entre ellos la evidencia demostrativa fotográfica y de video relacionada con el objeto material del delito, y los testimonios de la víctima y de los policiales que presenciaron el hecho y persiguieron al imputado, como también de aquel que lo capturó cuando conducía el automotor hurtado, razón por la cual JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ALVARADO manifiesta que es su deseo libre, conciente, voluntario aceptar el cargo de autor de la conducta punible de hurto calificado y agravado, cometido en las circunstancias ya descritas ya que su abogado le ha explicado a satisfacción las consecuencias de su decisión, a cambio de que la Fiscalía elimine la circunstancia de agravación punitiva relacionada con el valor del vehículo, incluida en la formulación de la imputación, porque no ha sido establecido pericialmente y le parece excesivo el fijado en la denuncia.
El imputado y su defensor dejan expresa constancia de que en el curso de la negociación orientada a la manifestación preacordada de culpabilidad, no se han desconocido ni menoscabado sus derechos y garantías fundamentales, y el imputado reitera que su declaración preacordada de culpabilidad es manifestación libre, voluntaria y suficientemente informada por su defensor y la Fiscalía, y que entiende que está renunciando al derecho de no autoincriminarse, a guardar silencio, a tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado y con inmediación probatoria, es decir, renuncia a que la Fiscalía tenga que probar en un juicio oral la conducta imputada, su relevancia jurídica y su culpabilidad, más allá de la duda razonable.
Con fundamento en lo anterior el fiscal delegado hace constar:
• Que no advierte discrepancia entre el imputado y su defensor en los términos de la alegación de culpabilidad.
• Que asiste razón al imputado y su defensor respecto que el valor del objeto material del ilícito no ha sido determinado por perito en la materia. En consecuencia, acepta eliminar de la acusación la correspondiente causal de agravación punitiva.
• Que la eliminación de la circunstancia de agravación punitiva en referencia por sí sola representa una disminución de pena, razón suficiente para afirmar, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 351 del código de procedimiento penal, que no hay lugar a ninguna otra rebaja compensatoria por el preacuerdo.
• Que conforme con lo propuesto por el imputado y su defensor, en el escrito de acusación consignará lo convenido a efecto de que sea tenido en cuenta por el juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, quien lo aprobará de no encontrar vulneración alguna a derechos y garantías fundamentales, evento en el cual la investigación seguirá su curso normal.
En constancia, se firma por todos los intervinientes, una vez leída y aprobada integralmente la presente acta.
MANUEL ISIDRO MOLINA MARTÍNEZ
Fiscal 165 Delegado
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ ALVARADO
JOSE GREGORIO REDONDO GÓMEZ
7.3 AUDIENCIA PREPARATORIA
En esta audiencia pública, en presencia del juez de conocimiento, las partes y demás intervinientes, exhiben la planeación que han hecho para llevar a feliz término sus pretensiones en el juicio oral. Por esta razón el juez dispone lo siguiente:
• Que las partes expresen sus comentarios relacionados con el descubrimiento de elementos materiales probatorios iniciado en la audiencia de formulación de acusación, especialmente el que haya quedado sujeto a cumplirse en los tres (3) días siguientes a su culminación.
• Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios o evidencia física.
• Que el fiscal delegado y la defensa enuncien, y en consecuencia soliciten, la totalidad de los medios probatorios que harán hacer valer en el juicio oral y público para sustentar sus pretensiones.Excepcionalmente podrá solicitar pruebas el Ministerio Público, si tuviere conocimiento de alguna no pedida por las partes y que pueda influir esencialmente en los resultados del juicio.
• Que a solicitud de alguna de las partes la otra exhiba los elementos materiales probatorios o evidencia física durante esta audiencia, con el único propósito de conocerlos y estudiarlos.
Recuérdese que, excepcionalmente y a solicitud de las partes, el juez puede ordenar la
realización de una inspección judicial fuera del recinto de audiencia, siempre que su práctica sea necesaria ante la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia elementos materiales probatorios o evidencia física, o cualquiera otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento, y se cumplan los siguientes criterios adicionales: (i) que resulte de vital importancia para la fundamentación de la sentencia; (ii) que no sea viable lograr el cometido por otros medios técnicos; (iii) que sea más económica y práctica que otro medio técnico; y (iv) que las condiciones del lugar por inspeccionar no hayan variado significativamente.
En esta audiencia no hay controversia probatoria.
• Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias.
• Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. De aceptarlos, el juez procede a dictar sentencia y a reducir la pena hasta en una tercera parte.
Oportunidad y trámite
La audiencia preparatoria debe realizarse por el juez a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la audiencia de formulación de acusación, pero en ningún caso todo caso antes de los quince (15) días siguientes a la fecha del auto que la fija.
El juez declara abierta la audiencia si asisten el fiscal y el defensor, cuya presencia es necesaria para la validez del acto, y el acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo. También pueden concurrir el acusado no privado de la libertad, el Ministerio Público y el representante legal de las víctimas.
El juez concede la palabra a las partes para las observaciones sobre el descubrimiento probatorio, en especial el que debió hacerse por fuera de la audiencia de formulación de acusación y dentro de los tres (3) siguientes a la orden impartida por el juez en ese acto. Si alguna de ellas no hizo el descubrimiento en el término indicado, el juez rechaza los elementos materiales probatorios o evidencias físicas no descubiertos oportunamente, salvo que
acredite que la omisión se debió a causas ajenas a su voluntad.
Las estipulaciones probatorias hacen relación a los acuerdos a que pueden llegar el fiscal delegado y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Al efecto, las partes determinarán, si es el caso, los hechos por convenir como demostrados para sustraerlos de la controversia probatoria del juicio oral, y le expresarán al juez este propósito quien podrá decretar un receso hasta de una (1) hora para que puedan llegar a ese convenio.
Nótese la diferencia cuando se trata de preacuerdos, no sólo en relación con la disminución de pena sino al procedimiento de dictar sentencia. En este caso el juez la dicta en la misma audiencia, diferente a lo estudiado en la audiencia de formulación de acusación en la que, aprobado por el juez el preacuerdo, señala día y hora para la audiencia de individualización de pena y sentencia.
Posteriormente ordena a la defensa que haga el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas e informaciones. Cumplido lo anterior, el juez interroga al acusado para que haga manifestación de responsabilidad o inocencia. En el primer evento, en el entendido que no hubo preacuerdo con el fiscal delegado, procede a dictar sentencia y le reducirá la pena por imponer hasta en una tercera parte. En caso contrario continúa con el trámite ordinario de la audiencia preparatoria.
También resolverá el juez, a solicitud de las partes o del Ministerio Público, sobre la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de medios de prueba porque fueron obtenidos con violación de las garantías fundamentales o de los requisitos formales previstos en el código para cada evento; o impertinentes195, inútiles, repetitivos o dirigidos a demostrar hechos notorios o que no requieran prueba. De ser procedente la solicitud, la decisión motivada del juez podrá ser objeto de reposición y apelación en el efecto suspensivo. A continuación da la oportunidad a las partes de hacer expreso su interés de hacer estipulaciones probatorias, si lo tuvieren. De ser así, después del receso que prevé la ley para facilitar el acuerdo en tal sentido, el juez procede a aprobarlas o improbarlas, de acuerdo con el respeto a garantías fundamentales irrenunciables, siempre que verse sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva.
Decidido lo anterior, el juez determina el orden de la presentación de la prueba en el juicio oral, teniendo en cuenta el siguiente orden: primero la de la Fiscalía y después la de la defensa, sin perjuicio de intercalar las pruebas de refutación de la defensa y la acusación, en su orden; después las que excepcionalmente haya
Inadmisibles resultan los relacionados con conversaciones del fiscal delegado con el imputado o acusado y su defensor en desarrollo de preacuerdos y aplicación del principio de oportunidad, a menos que estos consientan en ello.
Código de Procedimiento Penal, artículo 10, inciso 4. Así, por ejemplo, en una estipulación probatoria entre la Fiscalía y la defensa, ésta no puede renunciar a la presunción de inocencia. Así estuviera presente el acusado, tampoco éste puede renunciar a la presunción de inocencia ni siquiera al privilegio de la no autoincriminación, porque, en caso de aceptar responsabilidad, la figura procedente sería la de los preacuerdos y negociaciones y no la de las estipulaciones probatorias.
solicitado el Ministerio Público. Es evidente que por expresa prohibición legal el juez no puede decretar pruebas de oficio.
La audiencia se suspende cuando estén en trámite recursos reapelación relacionados con la práctica o exclusión de medios de prueba hasta tanto el superior decida; también por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados que impidan continuarla.
Finalmente, el juez fijará fecha, hora y sala para la audiencia de juicio oral que deberá realizarse en un término no superior a los treinta (30) días siguientes a la terminación de la preparatoria
• Si en la audiencia preparatoria se advierte probable incompetencia del juez porque el caso le corresponde a uno de inferior jerarquía, y no fue alegada en la audiencia de formulación de acusación, o sobrevino a ésta, no es procedente alegarla porque por mandato legal se entiende prorrogada. Pero si la incompetencia se origina en el factor subjetivo o porque está radicada en juez de superior jerarquía, la actuación se remite de inmediato al superior quien en los tres (3) días siguientes debe resolver de plano el asunto.
• Las estipulaciones son altamente convenientes para concentrar el debate probatorio en lo esencial. Se recomienda al fiscal introducirlas después de la declaración inicial o teoría del caso, conjuntamente con la mención de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Igualmente deben mencionarse en las alegaciones del juicio oral para que el juez de conocimiento pueda hacer la valoración conjunta de las pruebas.
• El control positivo o negativo que haya hecho el juez de garantías en una audiencia preliminar, respecto de actos de investigación que comprometan derechos fundamentales o elementos materiales probatorios recaudados, será preclusivo para todas las partes, incluida la defensa si allí intervino. Esta consideración debe tenerse en cuenta frente a solicitudes de exclusión, rechazo o inadmisibilidad de un medio de prueba en esta audiencia.
Para estos efectos se entiende que el juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía que el juez penal del circuito.
• El juez de conocimiento deberá determinar si acepta o no el desistimiento presentado por el querellante con posterioridad a la formulación de imputación. Recuérdese que puedo hacerlo en cualquier momento de la actuación, hasta antes de concluir la audiencia preparatoria.
• Un fiscal especializado de la ciudad de Armenia acusa a PEDRO RAMÍREZ, DIEGO AVENDAÑO y JUAN DOMÍNGUEZ por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas, relacionadas con el despliegue de personas y armas en un barrio de la ciudad. El juez penal del circuito especializado, después de haber realizado la audiencia de formulación de acusación, advierte que la conducta examinada corresponde a actividades propias de un grupo subversivo y que constituyen la conducta punible de rebelión. En este caso, ya no es posible que el juez especializado alegue incompetencia, pues aunque originalmente el
conocimiento corresponde al juez penal del circuito, la competencia se prorroga en el especializado.
• En la hipótesis anterior, es el fiscal delegado ante el juzgado penal del circuito de Armenia quien acusa a los tres imputados por el delito de rebelión, pero con posterioridad a la audiencia de formulación de acusación, el juez penal de circuito considera que se trata de un delito autónomo de entrenamiento para actividades ilícitas. En este caso, no se prorroga la competencia porque el juez especializado, para estos efectos, se entiende de mayor jerarquía que el juez de circuito y, en consecuencia, remite la actuación a la Sala Penal del Tribunal de Armenia para que defina de plano la competencia.
Artículos 76, 339 y 355 a 362 del código de procedimiento penal.
Culpabilidad y punidad Penal
Preguntas Preparatorio penal
Preguntas Sistema penal Acusatorio.
Rol del Tribunal Oral
Teoria Derecho Penal.
Tipo y Tipicidad Penal
Ref. Col
Mi Guía Jurídica
"Ser Abogado es tan gratificante que te permite explorar y conocer las buenas y malas conductas humanas y aprender de ellas para no errar". Franksbur V.
Actos de Indagación e Investigación
Acto Legislativo 03/2002 Reforma Constitución.
Decreto 2651/1991.
Decreto 800/1991:Reglamentación Ley 23/1991
Ley 1309/2009. Por la cual se modifica la Ley 599 de 2000 relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los miembros de una organización sindical legalmente reconocida.
Ley 1426/2010. Por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas.
Ley 1474/2011. Estatuto Anticorrupción.
Ley 1542/2012. Reforma Art. 74 Ley 906/2004.
Ley 23/1991 Mecanismos para Descongestionar los Despachos Judiciales
Ley 599/2000. Codigo Penal.
Ley 600/200. Codigo Procedimiento Penal.
Ley 70/1993 Desarrollo Articulo 55 Constitución.
Ley 890/2004. Por el cual se modifica y adiciona el Codigo penal.
Ley 906/2004 Codigo Procedimiento Penal.

References: artículo 337
 artículo 448
 artículo 337
 artículo 33
 artículo 343
 artículo 333
 artículo 526
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 3
 artículo 447
 artículo 161
 artículo 162
 artículo 370
 artículo 343
 artículo 367
 artículo 8
 artículo 351
 artículo 10