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Timestamp: 2017-12-18 18:26:27+00:00

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CIUDADES PARA TODOS ENTRE RÍOS: septiembre 2010
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AGENDA DE PUNTOS CRÍTICOS
PARA UNA PROPUESTA DE LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO PARA LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Elaborada sobre la base de los comentarios de la Dra. Marian Santos
- Plantear un esquema normativo viable políticamente, teniendo en cuenta las restricciones y márgenes de actuación de nuestra organización institucional y su relación con el actual sistema capitalista.
- Proponer un modelo de planificación y gestión para los niveles provinciales y locales de gobierno que articule eficientemente las actuaciones de cada uno, reconociendo y valorando las autonomías municipales pero evitando que los territorios y las gestiones locales se transformen en entidades aisladas, con acciones contradictorias o que compitan de manera irracional.
- Tener en cuenta la necesaria intersectorialidad de las políticas públicas, articulando las políticas urbanísticas y territoriales con las demás políticas sectoriales.
- Promover ciudades y territorios que promuevan la democracia política y la democracia social, la integración y la solidaridad, la educación y la salud públicas, la cultura, el deporte y las artes; con espacios públicos seguros y de calidad, que fomenten la convivencia y el diálogo, el encuentro y la construcción colectiva de un futuro mejor.
PRINCIPIOS Y DIRECTRICES GENERALES DE LA NORMA
Artículo 1.- La provincia, los municipios y las comunas, en el marco de sus respectivas competencias, llevarán adelante políticas de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo y planificación del desarrollo urbano, rural y regional. En la planificación y ejecución de estas políticas se aplicará lo previsto en esta ley, en la ley orgánica de municipios, en la ley de comunas, y en la carta orgánica municipal respectiva, en lo que correspondiere. Para todos los efectos, esta ley establece normas de orden público e interés social en pos del bien colectivo, de la mejora de la calidad de vida de los habitantes y de la capacidad del territorio para servir como soporte del desarrollo humano y el desarrollo sustentable.
Artículo 2.- Las políticas de ordenamiento territorial y de planificación urbana y regional tienen como finalidad general ordenar el pleno desarrollo de la función social de la ciudad y del territorio, mediante los siguientes principios y objetivos básicos:
1) garantizar el derecho de todos los habitantes a gozar de territorios y ciudades sustentables, comprensivo del derecho al ambiente sano, a la vivienda digna, a infraestructura de servicios públicos básicos, a equipamiento comunitario, a transporte público adecuado, a espacios públicos integradores y seguros, a espacios verdes suficientes y ámbitos adecuados para el trabajo, la comunicación, la cultura, la recreación y el deporte, en especial destinados a los sectores de menores recursos.
2) gestión democrática, a través de la participación permanente de los ciudadanos y de asociaciones representativas de los diferentes sectores de la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento, control, y evaluación periódica de los planes, programas y proyectos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo urbano y regional; y a través de la concertación de políticas y cooperación entre la provincia, los municipios, las comunas, y las instituciones que lo requieran, en los casos que correspondiera;
3) planificación permanente del desarrollo urbano y regional, de la distribución espacial de la población y de las actividades económicas en el territorio, de modo de evitar las distorsiones del crecimiento y sus potenciales efectos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población;
4) ordenamiento, control y gestión de políticas de uso del suelo, de forma de evitar:
a) la utilización inadecuada de los inmuebles urbanos y rurales;
b) la proximidad excesiva de usos incompatibles o inadecuados;
c) la subdivisión del suelo, la edificación, la intensidad de ocupación, o el uso del suelo inadecuados o excesivos y/o insuficientes en relación a la infraestructura de servicios públicos, teniendo en cuenta el carácter urbano o rural;
d) la retención especulativa de inmuebles urbanos, cuyo resultado sea la subutilización, la no utilización, o la utilización con usos inadecuados;
e) el deterioro de las áreas urbanas y rurales;
f) la contaminación ambiental;
5) integración y complementación armoniosa entre las actividades urbanas, suburbanas y rurales;
6) adopción de patrones de producción y consumo de bienes y servicios y de configuración territorial compatibles con los requisitos de la sustentabilidad económica, social y ambiental;
7) justa y equitativa distribución de las cargas y los beneficios derivados del proceso de urbanización y de las transformaciones territoriales;
8) adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria, financiera y presupuestaria a los objetivos del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, de modo de privilegiar las inversiones generadoras de bienestar general en condiciones de mayor eficacia y eficiencia, y el disfrute de los bienes públicos por parte de los diferentes sectores sociales, en especial de aquellos más vulnerables;
9) recuperación por parte del Estado de las plusvalías o rentas extraordinarias generadas por inversiones públicas que tengan como resultado la valorización de inmuebles;
10) protección, preservación, recuperación y valorización del ambiente natural y cultural, del patrimonio histórico, artístico, urbanístico, paisajístico y arqueológico;
11) requisito de audiencia pública previa frente a todo emprendimiento o actividad con efectos potencialmente negativos sobre el ambiente natural o construído, la calidad de vida o la seguridad de la población. La participación en la audiencia pública respectiva será obligatoria para los municipios y comunas involucrados;
12) regularización dominial y urbanización de áreas ocupadas por población de bajos ingresos, mediante el establecimiento de normas especiales de urbanización, uso e intensidad de ocupación del suelo y edificación; teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de los pobladores y las posibilidades de integración a la trama urbana consolidada;
13) armonización y racionalización de las normas de subdivisión, uso e intensidad de ocupación del suelo y de edificación, de modo de permitir la disminución de los costos y el aumento de la oferta de inmuebles y unidades habitacionales;
14) igualdad de condiciones para los agentes públicos y privados en la promoción y desarrollo de emprendimientos y actividades relativos al proceso de urbanización, atendiendo al interés público.
15) El ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo urbano y regional son funciones públicas no susceptibles de transacción ni delegación, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Esta facultad no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecido en las leyes. El ejercicio de las potestades públicas deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
COMPETENCIAS SOBRE EL TERRITORIO
Se trata de un punto crucial, vinculado al alcance de las potestades municipales, el manejo de los territorios no cubiertos por los municipios, etc. Es un punto clave en el proyecto, más aún teniendo en cuenta las particularidades del sistema de base territorial de los municipios entrerrianos, o sea el sistema denominado de “municipio-ciudad”. Nos hemos referido en otros trabajos a los inconvenientes que acarrea este sistema para el ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo, básicamente por la configuración de “zonas grises”, fuera de toda jurisdicción municipal y en teoría de jurisdicción provincial, pero en la práctica “tierra de nadie”, ámbitos donde resulta muy difícil controlar los impactos de las actividades humanas en el territorio. A nuestro entender, en la Convención Constituyente de 2008 se desperdició una oportunidad histórica para avanzar en reformas más profundas al régimen municipal, esencialmente en lo que tiene que ver con su configuración territorial. Si bien se eliminó formalmente la vieja separación entre municipios de primera y segunda categoría establecida en la Constitución de 1933, en la práctica ésta subsiste, ya que sólo los municipios de más de 10.000 habitantes podrán dictar sus propias cartas orgánicas. Por otra parte, los centros rurales de población, no previstos anteriormente con rango constitucional, ahora se transforman en comunas, una especie de “pequeño municipio” de menos de 1.500 habitantes. Estas comunas, a pesar del avance que significa la elección directa de sus autoridades y la garantía de un piso mínimo de coparticipación de impuestos, tienen y tendrán notorias dificultades para planificar y gestionar políticas de desarrollo. Lo mismo puede decirse, a otra escala, de los municipios más pequeños, casi siempre desprovistos de recursos humanos capacitados y actualizados para responder a nuevos retos y desafíos derivados de transformaciones territoriales impulsadas por dinámicas económicas muchas veces exógenas.
Es por ello que la autonomía municipal y comunal, bandera que reivindicamos y levantamos, no debe malinterpretarse como un localismo cerrado ni como una competencia estéril entre localidades. Por el contrario, las competencias y las acciones concretas sobre el territorio deben articularse de la manera más efectiva posible, asumiendo la provincia un rol activo en dotar a los municipios y comunas de recursos con los que éstos no cuentan, y explotando al máximo las posibilidades de la cooperación intermunicipal y la integración regional.
En este sentido, el borrador de anteproyecto de ley establece lo siguiente:
Artículo 3.- Es competencia de la provincia:
1) dictar normas generales de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo, y planificación del desarrollo urbano, rural y regional;
2) dictar normas para la cooperación entre la Nación, provincias y países limítrofes, municipios y comunas, en la relación a las políticas objeto de la presente ley;
3) promover, planificar y ejecutar, por iniciativa propia y a través de acciones concertadas con municipios y comunas, programas de construcción y rehabilitación de viviendas, dotación de infraestructura de servicios públicos, equipamiento comunitario y mejoramiento de áreas urbanas;
4) elaborar y poner a disposición de los municipios y comunas directrices y pautas indicativas para la planificación del desarrollo urbano y la regulación de los usos del suelo;
5) elaborar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar de manera periódica y permanente planes provinciales y regionales de ordenamiento territorial y de desarrollo sustentable;
6) elaborar y ejecutar planes específicos de ordenamiento territorial y desarrollo rural en las áreas no sujetas a ninguna jurisdicción municipal ni comunal. En estos casos se tendrá especialmente en cuenta las necesidades y demandas de la población residente en el área, así como también su armonización con las de los municipios y comunas colindantes.
Artículo 4.- Es competencia de los municipios y comunas:
1) dictar normas de ordenamiento territorial, regulación del uso del suelo, y planificación del desarrollo local, dentro de los límites de su jurisdicción;
2) elaborar, ejecutar, controlar, evaluar y revisar de manera periódica y permanente planes de ordenamiento territorial y desarrollo local sustentable;
3) participar en planes de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable de los organismos de carácter departamental y/o regional de los que forme parte;
SISTEMA DE FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEAMIENTO
La propuesta pretende definir condiciones mínimas de los instrumentos de planificación. Hemos preferido inclinarnos por un criterio que establece que cada nivel territorial formula y aprueba sus propios planes e instrumentos, evitando la aprobación compleja, en la que el municipio dicta y la provincia convalida. De todas maneras, dado que no concebimos a la autonomía municipal como un absoluto, municipios y comunas están obligados a respetar ciertas pautas. En tal sentido, queda abierta la posibilidad de introducir presupuestos mínimos por parte de la Provincia.
Con respecto a la actualización de los planes, los municipios deben evaluar y actualizar permanentemente los planes, estando sujetos a aprobación legislativa cada 5 años.
La participación ciudadana y la gestión democrática de las ciudades y los territorios están previstas en diversos artículos, así como el derecho al acceso a la información pública vinculada a la gestión del territorio.
Herramientas tales como la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto urbano son tenidas en cuenta, previendo la necesaria articulación con la reglamentación de estos institutos en otras normas, fundamentalmente la ley general del ambiente en proceso de redacción, dado que los dos primeros tienen rango constitucional a partir de 2008.
CRITERIOS DE TÉCNICA URBANÍSTICA
Deberá evaluarse la posibilidad e incluir un capítulo referido a esta temática, para definir aspectos instrumentales tales como contenido de los instrumentos, tipos de planes, manejo de los usos, etc.; más allá del contenido mínimo de los planes maestros municipales previsto en el artículo 24. Deberá incluirse la utilización de indicadores y parámetros urbanos, con criterios de sostenibilidad.
DEFINICIONES SOBRE OPERACIONES BÁSICAS SITUADAS EN EL TERRITORIO
Deberán incluirse definiciones sobre ciertas intervenciones críticas en el territorio, es decir los presupuestos mínimos para algunas configuraciones territoriales clave: usos del suelo en áreas de cuenca, manejo integral de recursos hídricos, áreas ecológicamente estratégicas no urbanizables, preservación de áreas productivas y forestales, acceso a cursos y espejos de agua, criterios para habilitar suelo en áreas de expansión, completamiento de tejido, densificación en altura, consolidación de centros urbanos, provisión de servicios públicos, sistemas de áreas verdes, gestión patrimonial, sistema vial, etc.
RELACIÓN ENTRE POLÍTICA URBANA, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO CON LAS DEMÁS POLÍTICAS SECTORIALES
Este es un tema crucial. Si bien el borrador de anteproyecto de ley prevé la creación de un Consejo del Plan Estratégico, deberá tenerse en cuenta la necesaria articulación con otros ámbitos de rango constitucional como el Consejo Económico y Social y el ente ambiental. Es muy importante lograr un sistema que asegure suelo correctamente localizado y urbanizado para las políticas específicas de vivienda, articulando esfuerzos con el instituto provincial de vivienda. La ley deberá ocuparse del suelo tanto urbano como rural, previendo las interrelaciones entre uno y otro. La ley de Mendoza puede servir como un antecedente útil en este sentido.
TIPOLOGÍAS DE URBANIZACIÓN
Resultará clave tipificar y definir parámetros claros sobre todas las formas de urbanización, desde el loteo abierto convencional hasta el country o barrio cerrados, sobre todo para que éstos últimos no se escapen de todo control. En este sentido, cabe alertar acerca del riesgo que significan las “urbanizaciones cerradas” como la expresión territorial de una sociedad escindida en ghettos y la crisis de la ciudad como ámbito de socialización y expresión de lo colectivo, pero también debe tenerse en cuenta la oportunidad que significa la falta de cristalización en nuestra provincia de una tendencia masiva a concretar este tipo de “a-urbanizaciones”, negadoras por definición de los atributos civilizatorios e integradores la ciudad. Leer más...
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Etiquetas: Anteproyecto de ley
Proyecto de resolución creando una comisión ad hoc para la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Cámara de Diputados de Entre Ríos.-
LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
ARTICULO 1º.- Créase en el ámbito de la Cámara de Diputados de Entre Ríos una Comisión ad hoc para la elaboración de un proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo (en adelante la Comisión), integrada por no menos de diez diputados, de acuerdo a la representación proporcional de los bloques políticos existentes en la Cámara. Del seno de la Comisión, y con el voto de la mayoría simple de los presentes, se elegirá un presidente y dos vicepresidentes, cuya única función distinta a las del resto será la de dirigir y coordinar los debates de la Comisión. Podrá renovarse la elección en cada reunión de la Comisión, debiendo el asunto tratarse previo a todo otro debate. La Comisión deberá comenzar a funcionar en el plazo de sesenta (60) días desde la aprobación de la presente resolución.-
ARTICULO 2º.- Objetivo de la Comisión. La Comisión tendrá como objetivo central la elaboración de un anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo para la Provincia de Entre Ríos. A tal efecto la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de garantizar la operatividad de lo previsto en los Artículos 22, 23, 25, 68, 69, 71, 72, 83, 84, 85, y 86 de la Constitución Provincial, y la debida armonización con otras normas.
A tales fines deberá obligatoriamente considerar los siguientes principios y objetivos generales:
14) El ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo urbano y regional son funciones públicas no susceptibles de transacción ni delegación, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general. Esta facultad no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecido en las leyes. El ejercicio de las potestades públicas deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.
La enumeración que antecede no se entiende como limitativa ni prohibitiva de toda otra consideración que la Comisión considere pertinente.-
ARTICULO 3º.- Grupos de trabajo dentro de la Comisión. La Comisión podrá subdividirse en tantos grupos de trabajo como crea conveniente a los fines de tratar determinados aspectos, mediante resolución de la mayoría simple de sus miembros.-
ARTICULO 4º.- Participación ciudadana. Podrá la Comisión invitar a participar, con carácter permanente o transitorio, y a los fines de recibir propuestas e ideas, o simplemente de ilustrarse en algún tema específico, a personas, grupos de personas, organizaciones interesadas y entidades académicas. También podrá solicitarse la colaboración de expertos o técnicos en la materia de que se trate en particular.-
ARTICULO 5º.- Sugerencias ciudadanas. Cualquier persona, grupo de personas u organizaciones y entidades mencionadas en el artículo anterior podrán presentar propuestas, opiniones, ideas, estudios, dictámenes o cualquier otro escrito atinente a la materia, debiendo ingresarse por la oficina de sugerencias ciudadanas. Esta oficina remitirá el escrito y, en su caso, la documentación, en forma inmediata a la Comisión. La Comisión decidirá por mayoría simple si concede audiencia pública al o los presentante/s a los fines de que manifieste/n y fundamente/n verbalmente sus aportes.-
ARTICULO 6º.- Plazo. La Comisión deberá finalizar su trabajo en el plazo de un (1) año desde la creación de la misma, prorrogable por el voto de la mayoría simple de los presentes de la Cámara.-
ARTICULO 7º.- Se invitará a los municipios y comunas a participar activamente en el trabajo de la Comisión o, en su caso, de los grupos de trabajo, mediante nota formal de la Cámara, pudiendo hacerlo por intermedio de sus órganos competentes. Los enviados tendrán voz pero no voto, y podrán ser consultados sobre las particularidades de la situación territorial en el municipio o comuna correspondiente.-
ARTICULO 8º.- Comuníquese, etc. Leer más...
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Una perspectiva del déficit urbano desde las organizaciones sociales y la academia
Por el Movimiento por la Reforma Urbana y otras organizaciones
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Entrevista a Diego Fernández. Un análisis crítico de la legislación argentina (IX)
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Nuevas reglas, otros desafíos. Un análisis crítico de la legislación argentina (VII)
Por José Luís Basualdo
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Proyecto de ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco
Proyecto de Ley 863/2008 de Ordenamiento Territorial para la provincia de Chaco, presentado por la Presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Alicia Mastandrea, en abril de 2008.
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Etiquetas: ANTECEDENTES (legislación provincial)
Un análisis crítico de la legislación argentina (VII)
Por Nadia Finck
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Un análisis crítico de la legislación argentina (VI)
Leer nota completa Leer más...
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El Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo en la Provincia de Buenos Aires
Un análisis crítico de la legislación argentina (IV)
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Un análisis crítico de la legislación argentina (III)
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Proyecto de ley de Nilda Belous
Proyecto de ley de Desarrollo Urbano Territorial Nacional de la diputada nacional Nilda Belous
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Proyecto de ley de Silvia Augsburger
Proyecto de ley de uso del suelo y ordenamiento territorial de la diputada nacional Silvia Augsburger
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Ley 8051 de Mendoza
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA
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Anteproyecto de ley nacional de ordenamiento territorial del Poder Ejecutivo
El objeto de la presente ley es el ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, territorialmente equilibrado y socialmente justo , a través de la regulación del suelo como recurso natural , económico, social, e incluyendo la localización y condicionamiento de las actividades antrópicas.
Esta ley se interpretará de modo armónico con los regímenes especiales ya existentes, y no obsta a la sanción de normas que en su consecuencia se dicten y regulen aspectos específicos de lo urbano y no urbano.
Artículo 2 Materia de Regulación
A efectos de crear y regular el régimen jurídico del ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable, es materia de la presente ley, establecer:
a) Las competencias de las entidades públicas en relación al ordenamiento y desarrollo territorial.
b) Los principios rectores para el ordenamiento y desarrollo territorial.
c) El marco orgánico rector, operativo y de control del Ordenamiento Territorial, definiendo su conformación y funciones .
d) Los instrumentos políticos, administrativos y técnico-operativos de aplicación obligatoria mínima para planificar, ejecutar, controlar y armonizar el proceso de ordenamiento territorial, en el marco institucional del proceso de ordenamiento territorial, a los fines del ordenamiento, ocupación, planificación y programación del uso, conservación y transformación del territorio así como las formas que adoptaran en su ejecución
Articulo 3 Ámbito de Aplicación
La presente Ley regula las facultades concurrentes del Ordenamiento Territorial para el desarrollo sustentable, armónico, equilibrado y responsable en todo el Territorio de la República Argentina. Constituye una norma marco para garantizar similares condiciones de compatibilidad entre el desarrollo de las actividades antrópicas con el manejo sustentable del suelo, sea este urbano o no urbano.
TITULO I: DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos, económicos, sociales, naturales y culturales.
El Ordenamiento Territorial es la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad , que se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar sobre el suelo, de los agentes privados y públicos.
Artículo 5.- Rango Normativo
El ordenamiento territorial es una función pública indelegable, que organiza el uso del territorio de acuerdo con el interés general, determinando facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de este. Se ejerce conforme lo establezca cada jurisdicción en base a las autonomías provinciales y municipales, en forma armónica con las disposiciones de las autoridades ambientales.
Los instrumentos normativos de ordenamiento territorial, tanto de naturaleza federal como local, son de orden público y las determinaciones de los planes legalmente aprobados son de carácter vinculante para las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y los particulares .
Artículo 6.- Principios rectores.
Se reconocen los siguientes principios rectores del Ordenamiento Territorial Nacional.
i. Equidad del Desarrollo Territorial: La creación de condiciones de equidad en el desarrollo territorial, lo cual implica el acceso igualitario de todos los habitantes a una calidad de vida digna, garantizando la accesibilidad a los equipamientos y servicios públicos necesarios para alcanzar un hábitat adecuado a todos los ciudadanos.
ii. Sustentabilidad: El desarrollo económico-social y el aprovechamiento de los recursos naturales para actividades productivas y/o de desarrollo social, deberán realizarse a través de un manejo apropiado, de manera tal, que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
iii. Conciliación del desarrollo social, ambiental y económico: La conciliación de la actividad económica, la equidad social y la utilización racional de los recursos naturales, con objetivos de desarrollo integral del territorio, promoviendo una equilibrada distribución espacial de los usos y actividades y del sistema de asentamientos humanos, así como el máximo aprovechamiento de las infraestructuras y servicios existentes.
iv. El Suelo como recurso natural: El suelo es además de un recurso económico-social, un recurso natural renovable y escaso; y las políticas públicas relativas a su regulación, ordenación, ocupación, transformación, tienen como fin la utilización del mismo conforme el principio de prevalencia del interés general sobre el particular.
v. La ciudad como producto colectivo: La ciudad es un espacio de producción social derivado del esfuerzo colectivo, hecho que da la responsabilidad al Estado de distribuir equitativamente los costos y beneficios del proceso urbanizador entre los actores públicos y privados.
vi. Racionalidad en el uso y explotación del suelo no urbano. La explotación del suelo no urbano debe ser realizada conforme a sus condiciones ambientales y económicas, garantizando la racionalidad de la explotación y niveles satisfactorios de productividad, junto con el bienestar de los propietarios y de quienes laboran en ella, las relaciones justas de trabajo, y la conservación de los recursos naturales.
vii. Respeto por las autonomías: Se respetan las decisiones autónomas de las competencias provinciales y municipales, según su propio régimen.
viii. Articulación institucional: La coordinación, cooperación y complementación entre sí -sin perjuicio de las competencias atribuidas a cada una-, de las entidades públicas que intervienen en los procesos de ordenamiento del territorio y el fomento de la concertación entre el sector público, el privado y el social.
ix. Interjurisdiccionalidad: A los efectos del ordenamiento territorial existe interjurisdiccionalidad cuando los fenómenos objeto de ordenamiento trasciendan las jurisdicciones provinciales, sea a consecuencia de sus impactos o bien impliquen una interconexión de redes y/o sistemas. En tales casos procede la acción concertada con el Estado Nacional.
x. Promoción de la Participación Ciudadana en los procesos de elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y revisión de los instrumentos de ordenamiento territorial.
xi. Planificación Estratégica: El Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional, se realizará en base a un proceso de Planificación Estratégica, del cual resulte una visión de futuro que establezca lineamientos para el desarrollo sustentable del territorio involucrado.
xii. Coherencia de los Planes: Coherencia, articulación y armonización de los planes regionales y locales, con las normas de aplicación especificas.
xiii. Cooperación técnica y financiera: Complementación, cooperación y asistencia técnica y financiera entre diferentes organismos y jurisdicciones, para el fortalecimiento de la planificación.
xiv. Actualización y revisión del Planeamiento: Actualización en la producción de la información para la planificación y periodicidad en la revisión de las determinaciones de los Planes.
xv. Recuperación pública de plusvalías: Recuperación de los mayores valores inmobiliarios producidos en el proceso de desarrollo territorial y generados como consecuencia de la inversión pública o cambios normativos generados en cualquier instancia estatal, las directrices de planificación y las determinaciones del ordenamiento del territorio.
xvi. Concentración y control de los usos industriales: Teniendo en consideración las particularidades de las actividades industriales, y la necesidad de control, se propenderá a su concentración espacial.
xvii. Accesibilidad y comunicabilidad universal: Se propenderá a la eliminación de las barreras arquitectónicas y urbanísticas de modo de garantizar la accesibilidad a todas las personas y evitar zonas residenciales y de esparcimiento aisladas.
Artículo 7.- Instrumentos
Considérense instrumentos del Ordenamiento Territorial al conjunto de las normas, planes, programas, proyectos y acciones nacionales, provinciales y locales que estructuran el territorio del País.
TITULO II – DE LOS PLANES DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, proyectos, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo .
Articulo 9 Obligatoriedad.
Las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios deberán realizar sus Planes de Ordenamiento Territorial a fin de establecer directrices que constituyan el marco de referencia para la realización de acciones de adecuación del territorio con el objeto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 6º de la presente norma.
Artículo 10.- Contenidos mínimos de los Planes de Ordenamiento Territorial. (Son pautas mínimas comunes para garantizar un desarrollo armónico ):
El componente general del plan, el cual estará constituido por el diagnostico de las dinámicas territoriales, los objetivos, las estrategias y los escenarios estructurales de largo plazo.
i. Clasificación del uso del suelo urbano y no urbano.
ii. Articulación con las políticas ambientales, fiscales, catastrales y de inversión pública.
iii. Sistemas de información y monitoreo, georeferenciados y compatibles.
iv. Instrumentos de protección ambiental y patrimonial.
v. Mecanismos de distribución equitativa de costos y beneficios para el ordenamiento territorial.
vi. Mecanismos de participación ciudadana y acceso a la información.
vii. Publicidad de los actos y contratos administrativos generales y particulares.
viii. Documentación gráfica expresiva de las determinaciones de los Planes en el medio físico.
ix. Determinación de la autoridad de aplicación de los Planes.
x. Mecanismos de evaluación periódica de la realidad territorial y de reajuste de los contenidos del Plan.
Artículo 11.- Plan Estratégico Territorial Nacional
El PLAN ESTRATÉGICO TERRITORIAL es el producto de un proceso de construcción coordinado por el Estado Nacional, mediante la formación de consensos con las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que define los lineamientos generales para el logro de un territorio nacional equilibrado, sustentable y socialmente justo.
Dichos lineamientos representan al modelo de territorio nacional al que aspiran el conjunto de las jurisdicciones que lo componen, expresando las relaciones entre el medio biofísico, población, actividades económicas y flujos de bienes y personas entre las distintas regiones del país y constituyen el fundamento para la articulación de los planes y proyectos de impacto territorial promovidos por organismos de gobierno nacional, provincial o municipal.
Artículo 12.- Actualización del Plan Estratégico Territorial.
El Plan Estratégico Territorial deberá ser actualizado en un período no mayor a cuatro (4) años, garantizando la participación de todas las jurisdicciones provinciales. Sin perjuicio de ello, las provincias podrán solicitar la revisión del mismo a través del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial
TITULO III - DE LA INSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Articulo 13. Autoridades de Aplicación
Será autoridad de aplicación en la jurisdicción nacional la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinen para actuar en el ámbito de cada jurisdicción. Los municipios establecerán su autoridad competente, conforme al régimen de autonomía municipal vigente.
Articulo 14. Del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial.
El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial tendrá como objeto participar en la planificación, articulación, e implementación de los aspectos de la política territorial sustentable que comprometen la acción conjunta de la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de reafirmar el proceso de planificación y ordenamiento del territorio nacional conducido por el Gobierno Nacional hacia la concreción de un país equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo.
Artículo 15. Función Mediativa
El Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial como espacio de representación de las distintas jurisdicciones, deberá constituirse como instancia de mediación a requerimiento de las jurisdicciones provinciales que tuvieran diversidad de opiniones sobre proyectos, obras, inversiones y/o programas que las afecten. Tal instancia de mediación será particularmente valorada en la resolución de diferencias en las cuestiones metropolitanas.
El Consejo podrá realizar informes técnicos de carácter consultivo a pedido de las partes o de autoridades judiciales y/o internacionales.
TITULO IV – DEL SUELO.
Artículo 16. Conceptualización del Suelo
Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación y transformación y uso del suelo tienen como finalidad común su utilización conforme al interés general y según los principios del desarrollo sustentable , constituyendo éstas, finalidades que integran los dominios como constitutivas de su función social .
En virtud del principio de desarrollo sustentable, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud, la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, y procurando en particular:
a) Un medio no urbano en el que la ocupación y explotación del suelo sean acordes con su aptitud ecológica y que se preserve del asentamiento de actividades que desvirtúen su carácter y atenten contra su vocación productiva y paisajística.
b) Un medio urbano en el que la ocupación del suelo sea eficiente; que cuente con las infraestructuras y los servicios que le son propios; que prevea espacio para dotar de vivienda adecuada a todos sus habitantes y en el que los usos se combinen de forma funcional y protegiendo el patrimonio histórico-cultural.
La prosecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del Plan Estratégico Territorial, adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de ordenación territorial y urbanística .
Artículo 17. De la Legitimación.
Sin perjuicio de los derechos de los titulares de dominio, poseedores, tenedores e interesados legítimos, las normas y aprobaciones de usos y edificabilidad, se consideran derechos de incidencia colectiva, a los fines de la legitimación prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional .
Artículo 18. Derechos sobre el suelo.
Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen los siguientes derechos:
a) A utilizar, disfrutar, construir y aprovechar económicamente el suelo, conforme a su destinación y a las limitaciones que surgen fundadas en motivos ambientales, paisajísticos, culturales, fiscales y del desarrollo económico y social. Tales integraciones del dominio se expresan en las normativas de ordenamiento territorial sustentable, y en las normas particulares dictadas por los distintos estamentos estatales .
b) De consulta sobre proyectos y actividades a realizar sobre el suelo en un tiempo máximo de expedición .
c) De consulta sobre las implicancias de las cuestiones que merezcan dilucidar la integración del dominio y las normas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, de desarrollo económico y social, antes de emprender cualquier actividad, en un tiempo máximo de expedición.
d) A exigir una decisión administrativa fundada , a los recursos administrativos y al acceso rápido y eficaz a la Justicia .
e) A participar de los procedimientos de elaboración de los Planes Locales de Ordenamiento Territorial Sustentable .
f) Derecho de iniciativa para inversiones particulares.
Artículo 19. Obligaciones con relación al suelo.
Los titulares de dominio, poseedores y tenedores tienen la obligación de:
a) Respetar y contribuir con el respeto a las pautas ambientales, paisajísticas, culturales, fiscales, de desarrollo económico y social.
b) Abstenerse de realizar cualquier acto o actividad que ponga en riesgo a otras personas, dominios e intereses públicos.
c) Realizar un uso racional del suelo y conforme a los condicionamientos normativos.
d) Explotar el suelo no urbano de conformidad a su destino y características físicas (condiciones ecológicas y edafológicas), evitando la degradación que provoque su erosión y agotamiento, a efectos de garantizar su productividad futura.
e) Usar y conservar el inmueble conforme a su destino, pudiendo ser gravada y/o sancionada administrativamente su falta de uso.
TITULO V- DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 20. Ratifícanse las Actas Acuerdo de “Bases para la creación del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 17 de marzo de 2008 con adhesiones complementarias y la de “Constitución del Consejo Federal de Planificación y Ordenamiento Territorial” de fecha 16 de diciembre de 2008.
Artículo 21. Derogase la Ley Nº 16.964.
o Contenidos Mínimos: Elementos que obligatoriamente deben ser tratados en los Planes y normas locales de ordenamiento territorial.
o Desarrollo Sustentable: El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales realizado a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal, que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras .
o Interjurisdiccionalidad: A los efectos del ordenamiento territorial existe interjurisdiccionalidad cuando los fenómenos objeto de ordenamiento trasciendan las jurisdicciones provinciales, sea a consecuencia de sus impactos o bien impliquen una interconexión de redes y/o sistemas.
o Legitimación: Capacidad para peticionar a las autoridades.
o Ordenamiento Territorial: El Ordenamiento Territorial es un instrumento de política pública, destinado a orientar el proceso de producción social del espacio, mediante la aplicación de medidas que tienen por finalidad el mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la población, su integración social en el territorio y el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos, económicos, sociales, naturales y culturales. Se entiende como la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de toda la sociedad , que se llevan a cabo mediante determinaciones que orientan el accionar sobre el suelo, de los agentes privados y públicos.
o Paisaje: Cualquier espacio tridimensional del territorio tal como la percibe la población, integrado por los factores geográficos naturales modificados o no, y obras del hombre, que conforman un panorama integrado característico y dinámico del territorio en cuestión del que la población forma parte interactiva. Testigo o parte de la relación pasada o presente del hombre con su medioambiente.
o Paisajístico: Relativo al paisaje
o Participación Ciudadana: Intervención de los actores involucrados a fin de priorizar metas y objetivos, detectar problemas y conflictos y establecer las acciones a seguir, logrando el máximo nivel de beneficio público posible, definiendo propósitos, objetivos y metas compartidas, que permitan alcanzar los objetivos fijados por los planes .
o Planes: Decisiones de carácter general que expresan los lineamientos políticos fundamentales, las prioridades que se derivan de esas formulaciones, la asignación de recursos acorde a sus prioridades, las estrategias de acción y el conjunto de medios e instrumentos para alcanzar las metas y objetivos propuestos .
o Planes de Ordenamiento Territorial:. Conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, proyectos, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo .
o Planificación Estratégica: El Ordenamiento Territorial en todas las jurisdicciones en que se divide el territorio nacional, se realizará en base a un proceso de Planificación Estratégica, de la cual resulte una visión de futuro que establezca lineamientos para el desarrollo sustentable del territorio involucrado.
o Principios Rectores: Lineamientos Jurídicos a los que deben adaptarse progresivamente los planes y las normativas locales.
o Programas: Conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que son de similar naturaleza .
o Proyectos: Conjunto de obras o actividades destinadas a alcanzar el cumplimiento de objetivos y metas definidos por un programa, tendientes a la obtención de resultados concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, que pueden, planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente en forma específica .
o Redes: Es el conjunto de nodos interconectados a través de canales que relacionan diferentes puntos del territorio. Las redes tienen como característica principal la conexión a distancia. La forma, extensión y escalas de las redes implica que hay relaciones entre lugares distantes
o Suelo: Destinación y utilización de los espacios localizados en un territorio.
o Suelo Urbano: Es aquel suelo que tiene como principal atributo su localización y el haber sido construido socialmente.
o Suelo No urbano (Rural en sentido amplio): Comprenderá las áreas de territorio que los instrumentos de ordenamiento territorial categoricen como tales, incluyendo las subcategorías de
a) Rural productiva, que podrá comprender áreas de territorio cuyo destino principal sea la actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva, o las que los instrumentos de ordenamiento territorial establezcan para asegurar la disponibilidad de suelo productivo y áreas en que éste predomine. También podrá abarcarse como suelo rural las zonas de territorio con aptitud para la producción rural cuando se trate de áreas con condiciones para ser destinadas a esos fines y que no se encuentren en ese uso.
o Territorio: Espacio geográfico definido y delimitado por pautas institucionales, legales y el sentido de pertenencia de la comunidad, en donde se verifica una vinculación permanente de Ios procesos sociales, económicos y ambientales .
ANEXO II – APORTES PROVINCIALES AL TEXTO DE LEY
1) Aportes de la Provincia de Corrientes:
Realizó aportes a la redacción y algunas aclaraciones con relación a la definición de suelo y a los contenidos de los planes. Asimismo, contribuyó a una mejor conceptualización de la recuperación de los mayores valores inmobiliarios por cuanto ésta también puede darse por cambios en la normativa además de las obras de inversión pública.
2) Aportes de la Provincia de Chubut:
Realizó aportes sustanciales en la redacción del Anteproyecto de Ley, a fin de que este sea más claro, los que en general fueron incorporados al mismo.
Incorporan al Glosario:
o ÁREA PROTEGIDA: Espacio que será usado en forma especialmente regulada y controlado por su importancia ambiental, natural, cultural o la necesidad de preservación de algún recurso específico existente en ellos.
o DESARROLLO TERRITORIAL: ¿? ¿Valdrá usar la siguiente definición? Proceso de acrecentar o dar impulso a las capacidades de un territorio y transformar su estructura en forma positiva. Protección de los recursos naturales y humanos de un territorio determinado, para hacerlos disponibles a la economía y al uso social, a través de la gestión administrativa, la inversión económica, los mecanismos regulatorios o los incentivos.
o MEDIO AMBIENTE: Sistema complejo, dinámico y abierto, integrado por los subsistemas humano, físico y económico. El accionar de los mencionados subsistemas está integrado por la estructura institucional vigente, que también es dinámica promoviendo o limitando los cambios de la realidad.
o MEDIO HUMANO: Le corresponden los aspectos socioeconómicos del hombre considerado, tanto individual como grupalmente.
o MEDIO FÍSICO: Agrupa no sólo a los componentes abióticos sino también a los seres vivos excepto al hombre,
o MEDIO ECONÓMICO: Considera a los procesos y a los resultados de la generación, acopio, distribución, consumo y comercialización de bienes y servicios. La estructura institucional es el conjunto orgánico de concepciones jurídicas, administrativas, institucionales y de Políticas de Estado dirigidas a obtener la mejor y permanente calidad de vida de la población.
o PAISAJE: Espacio tridimensional integrado por los factores geográficos naturales, alterados o no y obras del hombre, que conforman un panorama integrado característico y dinámico del territorio en cuestión, tanto urbano como rural, del que la población forma parte interactiva.
3) Aportes de la Provincia de Misiones
Uno de los principales aportes es con relación a la técnica legislativa por cuanto no es conveniente en el Glosario remitir al texto del Anteproyecto sino expresar las definiciones de los términos. Asimismo también realizó aportes a la redacción del Anteproyecto
Incorporan al Glosario
o PAISAJE: cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo valor o carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Testigo o parte de la relación pasada o presente del hombre con su medioambiente.
o PAISAJÍSTICA/O: relativo a paisaje.
o REDES: conjuntos de nodos interconectados, generalmente por una infraestructura de transporte, telecomunicación o energía, desplegados en un territorio con el objeto de facilitar la circulación de personas, insumos básicos, bienes o servicios. Tienen como característica principal la conexión a distancia.
o SUELO NO URBANO: se refiere a las áreas del territorio donde hay asentamientos humanos dispersos, ciertas formas de paisaje y usos de la tierra donde en general toman preponderancia la agricultura y las áreas naturales. En cuanto a su base económica, son muy diversas, encontrando entre ellas actividad agraria, pecuaria, forestal o similar, minera o extractiva. También puede encontrarse áreas con características particulares patrimoniales o ambientales que las hacen aptas para la manufactura de baja escala, el turismo y/o la producción de energías renovables. Muchas veces son multifuncionales.
3) Aportes de la Provincia de Jujuy
Envía Dictamen Legal sobre la procedencia del Proyecto de Ley, que se transcribe a continuación.
SECRETARIA DE PLANIFICACION DE LA PROVINCIA DE JUJUY
ING. MONICA BOERO:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de emitir opinión respecto al Proyecto de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sustentable:
Habiendo realizado una lectura del Proyecto, creo conveniente realizar las siguientes apreciaciones:
En la actualidad, la nación Argentina está en la búsqueda de nuevos horizontes, de diseño e instrumentación de los escenarios estructurales y territoriales que conformarán el nuevo orden territorial, como reflejo de aspiraciones colectivas. Este nuevo orden tiene como ejes centrales la descentralización y autonomía territorial, la democracia participativa, la reestructuración de la organización territorial, el desarrollo sustentable y espacialmente armónico, el desarrollo social. La búsqueda de este nuevo orden implica cambios sustanciales en la organización y manejo del territorio y en la concepción del desarrollo que lo aproximan a la política de ordenamiento, en la cual se hacen compatibles los objetivos sociales, culturales, ambientales y espaciales que llevan implícitos los ejes señalados.
La construcción de este nuevo orden implica, por tanto, la formulación de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, como estrategia de manejo integral de la ocupación del territorio, que señale directrices, planes e instrumentos que coadyuven a la solución de los graves problemas de deterioro de recursos naturales y de integración y desarrollo económico regional que afectan, de manera significativa, al territorio nacional.
La política de ordenamiento territorial debe contribuir, también, a la construcción de los escenarios político-administrativos del nuevo orden territorial, especialmente en lo correspondiente a la descentralización y autonomía de las entidades territoriales.-
Una de las cuestiones positivas de este Proyecto es que esta Ley se interpretará de modo armónico con los regímenes existentes.
Deja establecido que esta ley regula las facultades concurrentes del Ordenamiento Territorial.
Define en forma concreta que es el Ordenamiento Territorial (art. 4)., su rango normativo, establece los principios rectores.
Define que debe entenderse por: Planes del Ordenamiento Territorial, su obligatoriedad para las Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios para establecer directrices que constituyan el marco de referencia para la realización de acciones. Asimismo se encuentra establecido concretamente los contenidos mínimos que deben poseer los Planes de Ordenamiento.
Plan Estratégico Territorial se encuentra definido en el Art. 11, y se prevé su actualización.
En el Título IV se define Suelo, y se establece que las normas y aprobaciones de usos y edificabilidad se consideran de Incidencia colectiva, a los fines de la legitimación procesal establecida en el Art. 43 de la Constitución Nacional. Asimismo se enumeran los derechos y obligaciones del uso del suelo, cuya enumeración estimo es de carácter enunciativo.
En virtud de ello considero sumamente positivo, ordenado, y correcto el Proyecto de Ley, ya que se definen los temas importantes, se establecen principios rectores, y por sobre todas las cosas se determina las facultades concurrentes del Ordenamiento Territorial.-
Tal es mi opinión.-
Dra. VIVIANA SLAME.- Leer más...
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Un análisis crítico de la legislación argentina (II)
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Un análisis crítico de la legislación argentina (I)
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DECRETO-LEY 8912/77 DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Texto Ordenado por Decreto 3389/87 con las modificaciones del Decreto-Ley N° 10128 y las Leyes N° 10653, 10.764,13127 y 13342.
ARTICULO 1°.-La presente ley rige el ordenamiento del territorio de la Provincia, y regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
ARTICULO 2°.- Son objetivos fundamentales del ordenamiento territorial:
ARTICULO 3°.- Establécense los siguientes principios en materia de ordenamiento territorial:
a) Deberá concebirse como un proceso ininterrumpido en el que un conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del sector privado, hacia el logro de objetivos predeterminados., reajustables en función de los cambios no previstos, que experimente la realidad sobre la que se actúa.
b) Las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos y estrategias definidas por el Gobierno Provincial para el sector y con las orientaciones generales y particulares de los planes provinciales y regionales de desarrollo económico y social y de ordenamiento físico.
c) En las aglomeraciones, conurbaciones y regiones urbanas será encarado con criterio integral, por cuanto rebasa las divisiones jurisdiccionales. Los municipios integrantes de las mismas, adecuarán el esquema territorial y la clasificación de sus áreas a la realidad que se presenta en su territorio. Esta acción deberá encararse en forma conjunta entre los municipios integrantes de cada región, con las coordinación a nivel provincial.
ARTICULO 4°.- Estarán sometidos al cumplimiento de la presente ley las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, con la única excepción de razones de seguridad y defensa.
ARTICULO 5°.- I- Los municipios delimitarán su territorio en:
a) Areas rurales.
b) Areas urbanas y áreas complementarias destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros.
El área rural comprenderá las áreas destinadas a emplazamientos de usos relacionados con la producción agropecuaria extensiva, forestal, minera y otros.
El área urbana comprenderá dos subáreas: la urbanizada y la semiurbanizada.
Las áreas complementarias comprenderán las zonas circundantes o adyacentes al área urbana, relacionadas funcionalmente.
Las áreas urbanas y las complementarias conforman los centros de población y son partes integrantes de una unidad territorial.
II.- En las distintas áreas podrán localizarse zonas de usos específicos de acuerdo a la modalidad, tipo y características locales, y serán: residencial, urbana y extraurbana, comercial y administrativa, de producción agropecuaria, ictícola, industrial y extractiva, de esparcimiento ocioso y activo, de reserva, ensanche, transporte, comunicaciones, energía, defensa, seguridad, recuperación y demás usos específicos.
Las áreas, subáreas y zonas, cuando así corresponda, se dividirán en espacios parcelarios, circulatorios y verdes y libres públicos.
DE LAS AREAS Y SUBAREAS
ARTICULO 6°.- Se entiende por:
Area Urbana: La destinada a asentamientos humanos intensivos, en la que se desarrollen usos vinculados con la residencia, las actividades terciarias y las de producción compatibles.
Subárea Urbanizada: El o los sectores del área urbana, continuos o discontinuos, donde existen servicios públicos y equipamiento comunitario como para garantizar su modo de vida pleno. El o los perímetros de esta subárea comprenderán todos los sectores servidos como mínimo con energía eléctrica, pavimento, agua corriente y cloacas.
Subárea Semiurbanizada: El o los sectores intermedios o periféricos del área urbana, que constituyen de hecho una parte del centro de población por su utilización como tal, con parte de la infraestructura de servicios y del equipamiento necesario, pero que una vez completados pasarán a constituirse en subáreas urbanizadas. A este efecto deberá lograrse como prioridad el completamiento de:
a) La infraestructura de servicios y el equipamiento comunitario.
b) La edificación de las parcelas.
Areas Complementarias: Los sectores circundantes o adyacentes al área urbana, en los que se delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de la misma o de sus partes constitutivas, y a otros usos específicos.
ARTICULO 7°.- Denomínanse:
a) Zona residencial: La destinada a asentamientos humanos intensivos, de usos relacionados con la residencia permanente y sus compatibles, emplazadas en el área urbana.
b) Zona residencial extraurbana: La destinada a asentamientos no intensivos de usos relacionados con la residencia no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza, en el área complementaria o en el área rural. Se incluyen en esta zona los clubes de campo.
c) Zona comercial y administrativa: La destinada a usos relacionados con la actividad gubernamental y terciaria, emplazada en el área urbana.
d) Zona de esparcimiento: La destinada principalmente a la actividad recreativa ociosa o activa, con el equipamiento adecuado a dichos usos. Podrá estar ubicada en cualquiera de las áreas.
e) Zona industrial: La destinada a la localización de industrias agrupadas. Las zonas industriales se establecerán en cualquiera de las áreas. Al decidir su localización se tendrá particularmente en cuenta sus efectos sobre el medio ambiente, sus conexiones con la red vial principal, provisión de energía eléctrica, desagües industriales y agua potable.
Las industrias molestas, nocivas o peligrosas deberán establecerse obligatoriamente en zona industrial, ubicada en área complementaria o rural, y circundada por cortinas forestales. Parque industrial es el sector de la zona industrial dotado de la infraestructura, el equipamiento y los servicios públicos necesarios para el asentamiento de industrias agrupadas, debiendo estar circundado por cortinas forestales.
g) Zona de reserva para ensanche urbano: Al sector que el municipio delimite, si fuera necesario, en previsión de futuras ampliaciones del área urbana.
i) Zona de recuperación de dunas o médanos vivos: Las áreas que contienen formaciones de arenas no fijadas, ya sea provenientes del desgaste de la plataforma o de la erosión continental.
j) Zona de usos específicos: La delimitada para usos del transporte (terrestre, marítimo o fluvial y aéreo), de las comunicaciones, la producción o transmisión de energía, la defensa, la seguridad y otros usos específicos.
ARTICULO 8°.- Denomínanse:
a) Espacios circulatorios: Las vías de tránsito para vehículos y peatones, las que deberán establecerse claramente en los planos de ordenamiento.
Según la importancia de su tránsito, o función, el sistema de espacios circulatorios se dividirá en:
1.- Trama interna: Vías ferroviarias a nivel, elevadas y subterráneas; autopistas urbanas, avenidas principales, avenidas, calles principales, secundarias y de penetración y retorno; senderos peatonales; espacios públicos para estacionamiento de vehículos.
2.- Trama externa: Vías de la red troncal, acceso urbano, caminos principales o secundarios.
b) Espacios verdes y libres públicos: Los sectores públicos ( en los que predomine la vegetación y el paisaje), cuya función principal sea servir a la recreación de la comunidad y contribuir a la depuración del medio ambiente.
c) Espacios parcelarios: Los sectores destinados a parcelas urbanas y rurales; los espacios destinados a parcelas urbanas, dada su finalidad, se denominarán espacios edificables.
DELIMITACION Y DIMENSIONADO
ARTICULO 9°.- A los efectos de un mejor ordenamiento funcional, las zonas podrán ser divididas en distritos y subdistritos.
ARTICULO 10°.- Las áreas, subáreas, zonas y espacios urbanos, deberán delimitarse según usos.
ARTICULO 11°.- Para cada núcleo urbano se fijarán las metas poblacionales establecidas en el plan regional respectivo, adoptando, en caso de no haberlas, las que resulten del cálculo según las tendencias.
De acuerdo a tales metas se dimensionarán las subáreas y zonas que componen el núcleo urbano, regulándose la ocupación del suelo para cada distrito y manzana o macizo en base a las densidades poblacionales asignadas.
ARTICULO 12°.- El diseño de la trama circulatoria tendrá como objetivo la vinculación e integración de los espacios parcelarios y verdes o libres públicos, procurando el más seguro y eficiente desplazamiento de los medios de transporte. Su trazado tendrá en cuenta la interrelación con áreas y zonas adyacentes, diferenciando la circulación vehicular de la peatonal. El sistema permitirá el tránsito vehicular diferenciado, estableciendo dimensiones según densidades y usos urbanos previstos, de acuerdo a los criterios del cálculo más apropiados.
ARTICULO 13°.- Los espacios verdes o libres públicos de un núcleo urbano serán dimensionados en base a la población potencial tope establecida por el Plan de Ordenamiento para el mismo, adoptando un mínimo de diez metros cuadrados (10 m2) de área verde o libre por habitante.
Los espacios verdes serán convenientemente distribuidos y ubicados en cada área o zona, a razón de tres y medio metros cuadrados por habitante (3,50 m2/hab.) para plazoletas, plazas o espacios libres vecinales; dos u medio metros cuadrados por habitante (2,50 m2/hab.) para parques urbanos y cuatro metros cuadrados por habitante (4 m2/hab.) para parques comarcales o regionales.
A los efectos de computar los cuatro metros cuadrados (4 m2) correspondientes a parques comerciale o regionales podrán incluirse los parques de dicha característica ubicados en un radio de sesenta kilómetros (60 Km).
A) Creación y ampliación de núcleos urbanos o centros de población.
ARTICULO 14°.- (Dec-Ley 10128/83) Se entenderá por creación de un núcleo urbano al proceso de acondicionamiento de un área con la finalidad de efectuar localizaciones humanas intensivas de usos vinculados con la residencia, las actividades de servicio y la producción y abastecimiento compatibles con la misma, más el conjunto de previsiones normativas destinadas a orientar la ocupación de dicha área y el ejercicio de los usos mencionados, con el fin de garantizar el eficiente y armónico desarrollo de los mismos y la preservación de la calidad del medio ambiente.
Cuando la creación o ampliación de núcleos urbanos la propicia la Provincia o la Municipalidad en inmuebles que no le pertenezcan, y los respectivos propietarios no cedieren las correspondientes superficies o concretaren por sí el plan previsto, se declararán de utilidad pública las fracciones que resulten necesarias a esos fines a los efectos de su expropiación.
ARTICULO 15°.- Toda creación de un núcleo urbano deberá responder a una necesidad debidamente fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo, a propuesta del municipio respectivo, por iniciativa de entidades estatales o de promotores privados, y fundamentarse mediante un estudio que, además de tomar en cuenta las orientaciones y previsiones del respectivo plan regional, contenga como mínimo:
d) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua potable en calidad de cantidad para satisfacer las necesidades de la población potencial a servir.
f) Plan Director del nuevo núcleo urbano conteniendo como mínimo:
- Justificación de las dimensiones asignadas al mismo, así como a sus áreas y zonas constitutivas, con indicación de las densidades poblacionales propuestas.
- Trama circulatoria y su conexión con los asentamientos urbanos del sistema o subsistema al cual habrá de incorporarse.
- Normas sobre uso, ocupación, subdivisión, equipamiento y edificación del suelo para sus distintas zonas.
-Red primaria de servicios públicos.
- Localización de los espacios verdes y reservas de uso público y su dimensión según lo dispuesto por esta ley.
g) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales y dotación de equipamiento comunitario.
ARTICULO 16°.- Se entenderá por ampliación de un núcleo urbano al proceso de expansión ordenada de sus áreas o zonas, a fin de cumplimentar las necesidades insatisfechas, o satisfechas en forma deficiente de las actividades correspondientes a los distintos usos que en él se cumplen.
ARTICULO 17°.- La ampliación de un área urbana deberá responder a una fundada necesidad, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del municipio respectivo y justificarse mediante un estudio que, sin apartarse de las previsiones y orientaciones del correspondiente plan de ordenamiento, cumplimente los siguientes recaudos:
a) Que la ampliación propuesta coincida con alguno de los ejes de crecimiento establecidos en el respectivo plan urbano y que las zonas o distritos adyacentes no cuenten con más de treinta (30) por ciento de sus parcelas sin edificar.
b) Demostración de la existencia de fuentes de aprovisionamiento de agua potable en calidad y cantidad para satisfacer las necesidades totales de la población potencial a servir.
c) Una cuidadosa evaluación de las disponibilidades de tierra para el desarrollo de los usos urbanos y una ajustada estimación de la demanda que la previsible evolución de dichos usos producirá en el futuro inmediato.
d) Aptitud del sitio elegido para el desarrollo de los usos urbanos.
e) Evaluación de la situación existente en el área afectada en lo relativo a uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo.
f) Demostración de la factibilidad real de dotar al área elegida de los servicios esenciales y equipamiento comunitario que establece esta Ley.
g) Plan Director del área de ampliación conteniendo como mínimo lo siguiente:
- Justificación de la magnitud de la ampliación propuesta.
- Densidad poblacional propuesta.
- Trama circulatoria y su conexión con la red existente.
-Localización y dimensión de los espacios verdes y libres públicos y reservas fiscales.
h) Plan previsto para la prestación de los servicios esenciales y la dotación del equipamiento comunitario.
ARTICULO 18°.- Podrá disponerse la ampliación sin que se cumpla lo establecido en la segunda parte del inciso a) del artículo 17, sin ella se llevara a cabo una operación de carácter integral, y la misma comprendiese, además de lo exigido en el artículo anterior:
1.- Habilitación de nuevas parcelas urbanas dotadas de todos los servicios esenciales y el equipamiento comunitario que establece esta ley.
2.- Construcción de edificios en el total de las parcelas.
3.- Apertura y cesión de espacios varios dotados de equipo urbano completo (pavimento y redes de servicios)
4.- Construcción de vía principal pavimentada que vincule la ampliación con la trama circulatoria existente.
También podrán habilitarse nuevos espacios edificables sin haberse cubierto el grado de edificación establecido, cuando la municipalidad constate situaciones generalizadas que deriven en la ausencia de oferta de inmuebles o excesivo precio de los ofrecidos. Igualmente podrá autorizarse la ampliación cuando se ofrezca urbanizar zonas no aprovechables para otros usos por sus condiciones físicas y mediante la aplicación de métodos de recuperación.
En las situaciones previstas en el párrafo anterior deberán satisfacerse los recaudos exigidos en la primera parte de este artículo, con excepción de la construcción de edificios en el total de las parcelas.
Sólo por excepción podrán habilitarse nuevos espacios edificables si los mismos implican superar el tope poblacional que hubiere previsto el plan de ordenamiento de cada núcleo urbano.
B) Creación y ampliación de zonas de usos específicos.
ARTICULO 19°.- La creación o ampliación de las zonas de usos específicos deberá responder a una necesidad fundada, ser aprobada por el Poder Ejecutivo a propuesta del municipio respectivo, localizarse en sitio apto para la finalidad, ajustarse a las orientaciones y previsiones del correspondiente Plan de Ordenamiento Municipal y cumplir con las normas de la legislación vigente relativas al uso de que se trate.
C) Reestructuración de núcleos urbanos.
ARTICULO 20°.- Se entenderá por reestructuración de áreas o zonas de un núcleo urbano al proceso de adecuación del trazado de sus áreas constitutivas a una sustancial modificación de las normas que las regían en materia de uso, ocupación, subdivisión y equipamiento.
ARTICULO 21°.- Todo proyecto de reestructuración de las áreas constitutivas de un núcleo urbano deberá fundamentarse debidamente y ser aprobado por el Poder Ejecutivo a propuesta del municipio.
D) Disposiciones varias.
ARTICULO 22°.- Para la realización de ampliaciones futuras podrán delimitarse zonas de reserva. Dicho acto no implicará autorización automática para efectuar el cambio de uso, ni modificación o restricción del existente, en tanto su ejercicio no produzca efectos que dificulten el posterior cambio de uso del suelo.
ARTICULO 23°.- Sólo se podrán crear o ampliar núcleos urbanos y zonas de usos específicos en terrenos con médanos o dunas que los mismos se encuentren fijados y forestados de acuerdo con lo establecido en las normas provinciales sobre la materia.
ARTICULO 24°.- (Ley 10.764) La denominación de los nuevos núcleos urbanos la fijará el Poder Legislativo, prefiriendo a dichos efectos aquellas que refieran a la región geográfica, a hechos históricos vinculados con el lugar, a acontecimientos memorables, así como a nombres de personas que por sus servicios a la Nación, a la Provincia, al Municipio o a la Humanidad, se hayan hecho acreedoras a tal distinción.
El cambio o modificación en la denominación de los núcleos urbanos la fijará el Poder Legislativo a propuesta de la Municipalidad con jurisdicción sobre los mismos, respetando las pautas señaladas en el párrafo anterior.
DEL USO, OCUPACION, SUBDIVISION Y
EQUIPAMIENTO DEL SUELO
ARTICULO 25°.- Se denominará uso del suelo, a los efectos de la presente ley, el destino establecido para el mismo en relación al conjunto de actividades humanas que se desarrollen o tenga las máximas posibilidades de desarrollarse en un área territorial.
ARTICULO 26°.- (Decreto Ley 10128/83) En el ordenamiento de cada Municipio se discriminará el uso de la tierra en usos urbanos, rurales y específicos. Se considerarán usos urbanos a los relacionados principalmente con la residencia, el esparcimiento, las actividades terciarias y las secundarias compatibles. Se considerarán usos rurales a los relacionados básicamente con la producción agropecuaria, forestal y minera. Se considerarán usos específicos a los vinculados con las actividades secundarias, el transporte, las comunicaciones, la energía, la defensa y seguridad, etc., que se desarrollan en zonas o sectores destinados a los mismos en forma exclusiva o en los que resultan absolutamente preponderantes.
ARTICULO 27°.- (Decreto Ley 10128/83) Para su afectación actual o futura a toda zona deberá asignarse uso o usos determinados.
En el momento de realizarse la afectación deberán establecerse las restricciones y condicionamientos a que quedará sujeto el ejercicio de dichos usos.
En las zonas del área urbana, así como en las residenciales extraurbanas, industriales y de usos específicos del área complementaria y rural, deberán fijarse las restricciones y condicionamientos resultantes de los aspectos que a continuación se detallan, que son independientes entre sí con la zona, con el todo urbano y con sus proyecciones externas;
1) Tipo de uso del suelo.
2) Extensión de ocupación del suelo (F.O.S.)
3) Intensidad de ocupación del suelo (F.O.T.) y, según el uso, densidad.
4) Subdivisión del suelo.
5) Infraestructura de servicios y equipamiento comunitario.
ARTICULO 28°.- (Decreto Ley 10128/83) En cada zona, cualquiera sea el área a que pertenezca, se permitirán todos los usos que sean compatibles entre sí. Los molestos nocivos o peligrosos serán localizados en distritos especiales, con separación mínima a determinar según su grado de peligrosidad, molestia o capacidad de contaminación del ambiente.
ARTICULO 29°.- (Decreto Ley 10128/83) Al delimitar zonas según usos se tomarán particularmente en cuenta la concentración de actividades afines en relación a su ubicación y la escala de servicios que presten.
ARTICULO 30°.- (Decreto-Ley 10128/83) En las zonas de las distintas áreas el dimensionado de las parcelas estará condicionado por el tipo, intensidad y forma de ejercicio de los distintos usos admitidos en las mismas.
ARTICULO 31°.- (Decreto Ley 10128/83) Asignado el uso o usos a una zona del área urbana o a una zona residencial, extraurbana, se establecerá la densidad bruta promedio de la misma y la neta correspondiente a los espacios edificables. Asimismo, se establecerán las superficies mínimas que deben destinarse a áreas verdes de uso público, los servicios esenciales y el equipamiento social necesario, para que los usos asignados puedan ejercerse en el nivel permitido por las condiciones de tipo urbanístico.
DE LA INTENSIDAD DE LA OCUPACION
ARTICULO 32°.- Deberán distinguirse tres categorías en la intensidad del asentamiento humano en el territorio:
1.- Población dispersa.
2.- Población agrupada.
3.- Población semiagrupada.
La intensidad de ocupación se medirá por la densidad poblacional por metro cuadrado.
Denomínase densidad poblacional neta a la relación entre la población de un área o zona y la superficie de sus espacios edificables, es decir, libre de los espacios circulatorios y verdes públicos.
ARTICULO 33°.- Las áreas de población dispersa corresponden al área rural, donde la edificación predominante es la vivienda y las construcciones propias de la explotación rural.
La densidad de población bruta promedio será menor a cinco (5) habitantes por hectárea.
Todo proyecto de construcción de viviendas en áreas rurales que ocasionen densidades mayores que la establecida, excepto cuando esté vinculado a la explotación rural, se considerará cambio de uso y sujeto a la aprobación previa correspondiente.
ARTICULO 34°.- Las áreas de población semiagrupada corresponden a colonias rurales, y a otras localizaciones de muy baja densidad.
ARTICULO 35°.- Las áreas de población agrupada corresponden a las áreas urbanas y su edificación predominante es la vivienda individual o colectiva, con los edificios complementarios, servicios y equipamientos necesarios, que en conjunto conforman al alojamiento integral de la población
A cada zona integrante de un área urbana deberá asignársele densidad neta y densidad bruta.
ARTICULO 36°.- La densidad bruta promedio para toda el área urbana, no podrá superar los ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea.
ARTICULO 37°.- La densidad poblacional neta máxima para las distintas zonas urbanas y complementarias, excepto clubes de campo será:
1.-Parcialmente dotadas de servicios:
Residencial y comercial urbano y extraurbano: sectores con parcelas existentes a la vigencia de esta Ley que carezcan de agua corriente y cloacas, la resultante de una vivienda unifamiliar por parcela; cuando exista agua corriente pero no cloacas, cualquier uso, ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea.
No obstante, cuando conviniere, el municipio podrá signar una densidad potencial superior, que sólo podrá concretarse con la prestación de los respectivos servicios.
2.- Totalmente dotadas de servicios esenciales:
Residencial: mil (1000) habitantes por hectárea.
Residencial extraurbano: ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea.
Comercial, administrativa y áreas análogas, excluídos espacios para espectáculos públicos: dos mil (2000) habitantes por hectárea.
En áreas con cloacas, la densidad máxima estará limitada por la capacidad y calidad de la fuente de agua potable.
La densidad neta para cada manzana, se establecerá con independencia de la resultante de las edificaciones existentes y será de aplicación para cada parcela motivo de nuevas construcciones.
ARTICULO 38°.- La densidad poblacional que se asigne a un área, subárea, zona o unidad rodeada de calles en cumplimiento del uso establecido estará asimismo en relación directa con la disponibilidad de áreas verdes o libres públicas y con la dotación de servicios públicos y lugares de estacionamiento que efectivamente cuente.
Podrá no obstante, preverse una densidad óptima mayor que la actual, que podrá efectivizarse en el momento que todos los condicionantes se cumplan.
ARTICULO 39°.- En cada zona la edificación será regulada de tal forma que no agrupe en la misma una población mayor que la prevista en base a la densidad poblacional establecida, para lo cual se emplearán coeficientes que representen la relación población-suelo-edificio y surjan de vincular entre sí:
2.- Densidad neta.
3.- El área neta de espacios edificables.
4.- La superficie edificada por habitante.
5.- Los factores de ocupación del suelo total.
ARTICULO 40°.- La cantidad máxima de personas por parcelas será el resultado de multiplicar su superficie por la densidad neta máxima que se fije para la zona en que esté incluida.
El mínimo computable será de cuatro (4) personas por parcelas.
ARTICULO 41°.- Establecida la población máxima para una parcela, la cantidad máxima de personas que podrá alojar cada edificio se computará de acuerdo a los siguientes índices:
Uso Cantidad de Ambientes
Sup.Cubierta Total mínima por persona
Espectáculos públicos, Industrias y otros casos
A definir por los municipios según características de cada uso y supuesto
En ningún caso, la superficie cubierta resultante podrá sumar un volumen de edificación mayor que el que establezca el F.O.T. para el caso.
ARTICULO 42°.- Denomínase factor de ocupación total (F.O.T.) al coeficiente que debe multiplicarse por la superficie total de cada parcela para obtener la superficie cubierta máxima edificable en ella. Denomínase factor de ocupación del suelo (F.O.S.) a la relación entre la superficie máxima del suelo ocupada por el edificio y la superficie de la parcela.
Ambos factores determinarán los volúmenes edificables.
El volumen máximo edificable de nivel de suelo hacia arriba, en edificio de más de tres (3) plantas, será el resultante de aplicar el F.O.T. máximo establecido para la zona considerando la distancia mínima de piso a piso autorizada para vivienda con independencia de la cantidad de plantas proyectadas.
ARTICULO 43°.- Se denomina superficie cubierta edificable en una parcela a la suma de todas las áreas cubiertas en cada planta, ubicados por encima del nivel de la vereda o su equivalente que al efecto establezca el municipio, incluyendo espesores de tabiques y muros interiores y exteriores.
ARTICULO 44°.- El plan de ordenamiento establecerá para cada zona los máximos factores de ocupación total (F.O.T.) y de ocupación del cuelo (F.O.S.) en función de usos permitidos, de la población prevista, de una adecuada relación entre los espacios edificables y los verdes y libres públicos, del grado de prestación de los servicios esenciales y de la superficie cubierta por habitante que se establezca.
(Ley 10653): Toda superficie cubierta, construida o a construirse, destinada a albergar plantas de tratamiento de efluentes industriales en establecimientos existentes cuya antigüedad data con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 7229, no será considerada a los fines de determinar el cumplimiento de los índices urbanísticos F.O.S. y F.O.T.
ARTICULO 45°.- Los valores del F.O.T. serán como máximo los siguientes:
Uso residencial: 2,5.
Uso comercial, administrativo y análogos: 3.
Otros usos: serán fijados por la reglamentación.
ARTICULO 46°.- Los valores del F.O.S. no podrán superar a 0,6.
ARTICULO 47°.- Por sobre los valores máximos del F.O.T. y la densidad antes fijados y los máximos que el municipio establezca para cada zona, se establecerán en el plan de ordenamiento, incrementos o premios que en conjunto no podrán superar el setenta (70) por ciento de los valores máximos mencionados según la siguiente discriminación:
a) Por ancho de parcela: a partir de diez metros (10 m.), en forma proporcional y hasta un incremento máximo del veinticinco (25) por ciento del F.O.T. Para nuevas parcelas a partir de los anchos mínimos exigidos.
b) Por edificación separada de ejes divisores laterales, con un mínimo de cuatro metros (4 m.), se incrementará el F.O.T. entre el (10) por ciento y el quince (15) por ciento por cada eje divisorio como máximo, computándose hasta un treinta (30) por ciento en total.
c) Por edificación retirada voluntariamente de la línea de construcción establecida, a razón de tres (3) por ciento por cada metro de retiro, con un máximo de quince (15) por ciento.
d) Por menor superficie de suelo ocupada que la resultante del F.O.S. máximo establecido para cada caso, proporcional a la reducción y hasta un incremento máximo del F.O.T. en un diez (10) por ciento.
e) por espacio libre público existente al frente, medido desde la línea municipal hasta el eje de dicho espacio, cero cinco (0,5) por ciento por cada metro, a partir de los diez (10) metros y con un máximo del diez (10) por ciento.
La cantidad de personas que aloje cada edificio podrá aumentarse de acuerdo a los incrementos que en cada caso corresponda.
ARTICULO 48°.- Los municipios fijarán para cada zona normas que garanticen la existencia de los centros de manzanas libres de edificación. Asimismo determinarán áreas y alturas edificables, retiros de edificación respecto de las líneas municipal y divisorias, con arreglo a lo establecido en el artículo anterior y tendientes a la preservación y continuidad del espacio libre urbano.
No se autorizará el patio interno como medio de ventilación e iluminación de locales de habitación y de trabajo. Podrán autorizarse para cocinas, baños y locales auxiliares.
ARTICULO 49°.- En zonas con densidad mayor de ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea y en la construcción de edificios multifamiliares será obligatoria la previsión de espacios para estacionamiento o de cocheras, cuando las parcelas tengan doce (12) metros o más de ancho, previéndose una superficie de tres y medio (3,50) metros cuadrados por persona como mínimo. Los municipios podrán establecer excepciones a esta disposición cuando las características de la zona y del proyecto así lo justifiquen.
DE LA SUBDIVISION DEL SUELO
A) Subdivisiones
ARTICULO 50°.- Una vez aprobada la creación de un núcleo urbano, o la creación, ampliación o restructuración de sus áreas, subáreas o zonas constitutivas, podrán efectuarse las operaciones de subdivisión necesarias, con el dimensionado que fija la presente Ley.
ARTICULO 51°.- Las normas municipales sobre subdivisión no podrán establecer dimensiones inferiores a las que con carácter general establece la presente ley, que será de aplicación cuando el respectivo municipio carezca de normas específicas.
ARTICULO 52°.- Las dimensiones en áreas urbanas y complementarias serán las siguientes:
a) Unidades rodeadas de calles: Para sectores a subdividir circundados por fracciones amanzanadas en tres (3) o más de sus lados, las que determine la municipalidad en cada caso. Para sectores a subdividir no comprendidos en el párrafo anterior: Lado mínimo sobre vía de circulación secundaria: cincuenta (50 m) metros.
Lado mínimo sobre vía de circulación principal: ciento cincuenta (150) metros.
Se podrá adoptar el trazado de una o más calles internas de penetración y retorno, preferentemente con accesos desde una vía de circulación secundaria.
b) Parcelas:
Hasta 200 pers./ha
De 201 hasta 500 pers./ha
De 501 hasta 800 pers./ha
De 801 hasta 1500 pers./ha
Más de 1500 pers./ha
Más de 800 pers./ha
Areas complementarias.
Las dimensiones deberán guardar
relación al tipo y la intensidad del
Residencial extra-urbana
En todos los casos la relación máxima entre ancho y fondo de parcela no será inferior a un tercio (1/3).
Dichas dimensiones mínimas no serán de aplicación cuando se trate de proyectos urbanísticos integrales que signifiquen la construcción de la totalidad de las edificaciones, dotación de infraestructura y equipamiento comunitario para los cuales la municipalidad mantenga la densidad establecida y fije normas específicas sobre F.O.S., F.O.T., aspectos constructivos, ubicación de áreas verdes y libres públicas y otras de aplicación para el caso. El dictado de disposiciones reglamentarias o la aprobación de proyectos exigirá el previo dictamen del Ministerio de Obras Públicas.
Los mínimos antes indicados no podrán utilizarse para disminuir las dimensiones de parcelas destinadas a uso residencial creadas mediante la aplicación de normas que establecían mínimos superiores.
Sólo podrán subdividirse manzanas o macizos existentes, sin parcelar o parcialmente parcelados, en nuevas parcelas, cuando se asegure a éstas la dotación de agua potable y que la eliminación de excretas no contamine la fuente de aprovechamiento de agua.
ARTÍCULO 52 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13342) Como caso particular de la categoría de Proyectos Urbanísticos Integrales prevista en el artículo precedente, créase la figura de “Conjuntos Habitacionales Preexistentes”. Quedarán encuadrados en ésta categoría los emprendimientos de viviendas promovidos por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, cuya construcción fuera iniciada antes del 31 de Diciembre de 2004. En tales casos la autoridad de aplicación emitirá mediante Acto Administrativo fundado un Certificado de Aptitud Urbanístico, asignando indicadores adecuados para contener los usos y volumetrías existentes. Asimismo señalará en caso de verificarse situaciones inadecuadas, las medidas que la autoridad de aplicación en materia de viviendas deba aplicar para mitigar los perjuicios que éstas urbanizaciones ocasionan.
ARTICULO 53°.- En áreas rurales las parcelas no podrán ser inferiores a una unidad económica de explotación extensiva o intensiva, y sus dimensiones mínimas serán determinadas en la forma establecida por el Código Rural, como también las de aquellas parcelas destinadas a usos complementarios de la actividad rural.
ARTICULO 54°.- En las subdivisiones dentro de áreas urbanas que no impliquen cambio de uso, podrán aceptarse dimensiones inferiores a las establecidas precedentemente, ya sea por englobamientos que permitan generar parcelas con dimensiones más acordes con las establecidas o por situaciones de hecho dificilmente reversibles, tales como invasión de linderos e incorporación de sobrantes.
ARTICULO 55°.- Prohíbese realizar subdivisiones en áreas rurales que impliquen la creación de áreas urbanas con densidad bruta mayor de treinta (30) habitantes por hectárea a menos de un kilómetro de las rutas troncales nacionales y provinciales, y de trescientos (300) metros de los accesos a centros de población, con excepción de las necesarias para asentar actividades complementarias al uso viario y las industriales que establezca la zonificación correspondiente.
ARTICULO 56°.- Al crear o ampliar núcleos urbanos, áreas y zonas, los propietarios de los predios involucrados deberán ceder gratuitamente al Estado provincial las superficies destinadas a espacios circulatorios, verdes, libres y públicos y a reservas para la localización de equipamiento comunitario de uso público, de acuerdo con los mínimos que a continuación se indican:
En nuevos centros de Población
Area verde Reserva Uso Público
6 m2/hab. (mínimo 1 hab.)
Más de 60.000 hab.
(Será determinado por el M.O.P. mediante estudio especial
En ampliaciones de áreas urbanas.
En reestructuraciones dentro del área urbana:
Rigen los mismos índices del caso anterior, sin superar el diez (10) por ciento de la superficie a subdividir para áreas verdes y el cuatro (4) por ciento para reservas de uso público.
ARTICULO 57°.- Al parcelarse manzanas originadas con anterioridad a la vigencia de esta ley, la donación de áreas verdes y libres públicas y reservas fiscales, sin variar la densidad media bruta prevista para el sector, será compensada mediante el incremento proporcional de la densidad neta y el F.O.T. máximos.
ARTICULO 58°.- (Decreto Ley 10128/83) Al crear o ampliar núcleos urbanos que limiten con el Océano Atlántico deberá delimitarse una franja de cien (100) metros de ancho, medida desde la línea de pie de médano o de acantilado, lindera y paralela a las mismas, destinada a usos complementarios al de playa, que se cederá gratuitamente al Fisco de la Provincia, fijada, arbolada, parquizada y con espacio para estacionamiento de vehículos, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo. Asimismo y sin perjuicio de lo anterior, dentro de las áreas verdes y libres públicas que corresponda ceder, según lo estipulado en el artículo 56, no menos del setenta (70) por ciento de ellas se localizarán en sectores adyacentes a la franja mencionada en el párrafo anterior, con un frente mínimo paralelo a la costa de cincuenta (50) metros y una profundidad mínima de trescientos (300) metros, debidamente fijada y forestada. La separación máxima entre estas áreas será de tres mil (3.000) metros.
ARTICULO 59°.- (Decreto Ley 10128/83) Al crear o ampliar núcleos urbanos se limiten con cursos o espejos de agua permanentes, naturales o artificiales, deberá delimitarse una franja que se cederá gratuitamente al Fisco Provincial arbolada y parquizada, mediante trabajos a cargo del propietario cedente si la creación o ampliación es propiciada por el mismo.
ARTICULO 60°.- (Texto según Ley 13127) Por ninguna razón podrá modificarse el destino de las áreas verdes y libres públicas, pues constituyen bienes del dominio público del Estado, ni desafectarse para su transferencia a entidades o personas de existencia visible o personas jurídicas públicas o privadas, ni aún para cualquier tipo de edificación, aunque sea de dominio público, que altere su destino. Todo ello salvo el caso de permuta por otros bienes de similares características que permitan satisfacer de mejor forma el destino establecido.
ARTICULO 61°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para permutar reservas fiscales, una vez desafectadas de su destino original, por inmuebles de propiedad particular cuando se persiga la conformación de reservas de mayor dimensión que las preexistentes o ubicadas en mejor situación para satisfacer el interés público.
DE LA INFRAESTRUCTURA, LOS SERVICIOS Y EL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
ARTICULO 62°.- Las áreas o zonas que se originen como consecuencia de la creación, ampliación o reestructuración de núcleos urbanos y zonas de usos específicos, podrán habilitarse total o parcialmente sólo después que se haya completado la infraestructura y la instalación de los servicios esenciales fijados para el caso, y verificado el normal funcionamiento de los mismos.
A estos efectos, se consideran infraestructura y servicios esenciales.
A) Area Urbana:
Agua corriente, cloacas, pavimentos, energía eléctrica domiciliaria, alumbrado público y desagües pluviales.
B) Zonas residenciales extraurbanas:
Agua corriente; cloacas para sectores con densidades netas previstas mayores de ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea; alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria; pavimento en vías principales de circulación y tratamiento de estabilización o mejorados para vías secundarias; desagües pluviales de acuerdo a las características de cada caso.
Para los clubes de campo regirá lo dispuesto en el capítulo correspondiente.
C) Otras zonas:
Los que correspondan, por analogía con los exigidos para las áreas o zonas mencionadas precedentemente, y según las necesidades de cada caso, a establecer por los municipios.
En cualquier caso, cuando las fuentes de agua potable estén contaminadas o pudieran contaminarse fácilmente por las características del subsuelo, se exigirá el servicio de cloacas.
ARTICULO 63°.- Se entiende por equipamiento comunitario a las edificaciones e instalaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de salud, seguridad, educación, cultura, administración pública, justicia, transporte, comunicaciones y recreación.
En cada caso la autoridad de aplicación fijará los requerimientos mínimos, que estarán en relación con la dimensión y funciones del área o zona de que se trate.
ARTICULO 64°.- Se entiende por club de campo o complejo recreativo residencial a un área territorial de extensión limitada que no conforme un núcleo urbano y reúna las siguientes características básicas:
b) Una parte de la misma se encuentre equipada para la practica de actividades deportivas, sociales o culturales en pleno contacto con la naturaleza.
ARTICULO 65°.-La creación de clubes de campo, estará supeditada al cumplimiento de los siguientes requisitos:
ARTICULO 66°.- Los proyectos deberán ajustarse a los siguientes indicadores urbanísticos y especificaciones básicas:
a) La superficie total mínima del Club, la densidad media bruta máxima de unidades de vivienda por hectárea, la superficie mínima de las subparcelas o unidades funcionales y el porcentaje mínimo de área común de esparcimiento con relación a la superficie total se interrelacionarán del modo que establece el siguiente cuadro:
Densidad Bruta Máxima(Viv./Ha.)
Superficie Total Mínima Ha.
Superficie Mínima de Unidades Funcionales (Lotes m2)
Los valores intermedios se obtienen por simple interpolación lineal, la superficie excedente que se obtiene al respetar la densidad bruta, la superficie mínima de unidad funcional configurada como lote y porcentaje mínimo de área común de esparcimiento o la que resulte de superar el proyecto de Club de Campo la superficie total mínima establecida, puede ser utilizada, según convenga en cada caso, para ampliar las unidades funcionales o el área común de esparcimiento.
c) Area común de esparcimiento: Deberá ser arbolada, parquizada y equipada de acuerdo a la finalidad del club, y a la cantidad prevista de usuarios.
ARTICULO 67°.- En las situaciones existentes, cuando una misma entidad jurídica agrupe a los propietarios de parcelas ubicadas en un club de campo y existan calles públicas, podrán convenirse con la respectiva municipalidad el cerramiento total del área y la prestación de los servicios habitualmente de carácter comunal bajo la responsabilidad de la institución peticionante.
En todos los casos se garantizará que los organismos públicos, en el ejercicio de su poder de policía, tengan libre acceso a las vías de circulación interna y control sobre los servicios comunes.
ARTICULO 68°.- La infraestructura de servicios, así como el equipamiento comunitario propio de áreas urbanas serán siempre responsabilidad de los titulares del dominio de los clubes de campo.
ARTICULO 69°.- No podrán erigirse nuevos clubes de campo dentro de un radio inferior a siete kilómetros (7 Km) de los existentes, contado desde los respectivos perímetros en sus puntos más cercanos.
DE LA IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTICULO 70°.- La responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial.
ARTICULO 71°.- Se entiende, dentro del ordenamiento territorial, por proceso de planeamiento físico, al conjunto de acciones técnico-político-administrativas para la realización de estudios, la formulación de propuestas y la adopción de medidas específicas en relación con la organización de un territorio, a fin de adecuarlo a las políticas y objetivos de desarrollo general establecidos por los distintos niveles jurisdiccionales (Nación, Provincia, Municipio) y en concordancia con sus respectivas estrategias.
ARTICULO 72°.- En todo proceso de ordenamiento se deberá considerar especialmente el sistema general de transporte y las vías de comunicación.
ARTICULO 73°.- Intervendrán en el proceso de ordenamiento territorial a nivel municipal sus oficinas de planeamiento, locales o intermunicipales, y a nivel provincial el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo y la Secretaría de Asuntos Municipales.
DE LOS INSTRUMENTOS DE APLICACION
ARTICULO 74°.- Los municipios contarán, dentro de la oficina de planeamiento, con un sector de planeamiento físico que tendrá a su cargo los aspectos técnicos del proceso de ordenamiento territorial del partido.
ARTICULO 75°.- El proceso de planeamiento se instrumentará mediante la elaboración de etapas sucesivas que se considerarán como partes integrantes del plan de ordenamiento. A estos efectos se establecen las siguientes etapas:
1.- Delimitación preliminar de áreas.
2.- Zonificación según usos.
3.- Planes de ordenamiento municipal.
4.- Planes particularizados.
ARTICULO 76°.- En cada una de las etapas del proceso de planeamiento establecido se procederá a la evaluación de las etapas precedentes (excepto en los casos de planes particularizados), a fin de realizar los ajustes que surjan como necesidad de la profundización de la investigación de los cambios producidos por la dinámica de crecimiento e impactos sectoriales, y por los resultados de la puesta en práctica de las medidas implementadas con anterioridad.
ARTICULO 77°.- Se entiende por delimitación preliminar de áreas al instrumento técnico-jurídico de carácter preventivo que tiene como objetivo reconocer la situación física existente en el territorio de cada municipio, delimitando las áreas urbanas y rurales y eventualmente zonas de usos específicos. Permitirá dar en el corto plazo el marco de referencia para encauzar y controlar los cambios de uso, pudiendo establecer lineamientos generales sobre ocupación y subdivisión del suelo.
ARTICULO 78°.- Se entiende por zonificación según usos al instrumento técnico-jurídico tendiente a cubrir las necesidades mínimas de ordenamiento físico territorial, determinando su estructura general, la de cada una de sus áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo normas de uso, ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y morfología para cada una de ellas.
ARTICULO 79°.- La zonificación según usos podrá realizarse por etapas preestablecidas, una vez producido el esquema de estructuración general, pudiendo incluir la prioridad de sectores o distritos para la provisión de infraestructura, servicios y equipamiento básicos como elemento indicativo para las inversiones públicas y privadas.
ARTICULO 80°.- El plan de ordenamiento organizará físicamente el territorio, estructurándolo en áreas, subáreas, zonas y distritos vinculados por la trama circulatoria y programando su desarrollo a través de propuestas de acciones de promoción, regulación, previsión e inversiones, mediante métodos operativos de ejecución en el corto, mediano y largo plazo, en el cual deberán encuadrarse obligatoriamente los programas de obras municipales, siendo indicativo para el sector privado.
Fijará los sectores que deban ser promovidos, renovados, transformados, recuperados, restaurados, preservados, consolidados, o de reserva, determinando para cada uno de ellos uso, ocupación y subdivisión del suelo, propuesta de infraestructura, servicios y equipamiento, así como normas sobre características morfológicas.
ARTICULO 81°.- Los planes de ordenamiento podrán tener escala intermunicipal cuando así se determine a nivel provincial o por iniciativa municipal, abarcando las jurisdicciones de aquellos partidos que teniendo límites comunes y problemas afines deban adoptar soluciones integradas. Las mismas se concentrarán de acuerdo con los mecanismos técnico-administrativos que se establezcan a nivel provincial y comunal.
ARTICULO 82°.- Se entiende por plan particularizado al instrumento técnico-jurídico tendiente al ordenamiento y desarrollo físico parcial o sectorial de áreas, subáreas, zonas o distritos, pudiendo abarcar áreas pertenecientes a partidos linderos.
ARTICULO 83°.- (Decreto Ley 10128/83) Las Ordenanzas correspondientes a las distintas etapas de los planes de ordenamiento podrán sancionarse una vez que dichas etapas fueren aprobadas por el Poder Ejecutivo, el que tomará intervención, previo dictamen de los Organismos Provinciales competentes, a los siguientes efectos:
ARTICULO 84°.- (Decreto-Ley 10128/83) Los Municipios, mediante ordenanzas, podrán declarar a determinadas zonas en que el suelo urbano se encuentre total o parcialmente inactivo, como:
ARTICULO 85°.- La declaración de provisión prioritaria de servicios y equipamiento implicará el compromiso de dotar a determinada zona de la infraestructura necesaria y de orientar hacia la misma la inversión pública y privada que posibilite un más racional ejercicio de usos predominantes.
ARTICULO 88°.- Lo establecido en el artículo anterior se ajustará a las siguientes condiciones:
a) Los plazos para edificar no podrán ser inferiores a tres (3) ni superiores a ocho (8) años, contados a partir de la declaración de edificación necesaria.
b) Los plazos señalados no se alterarán aunque durante su transcurso se efectúen transmisiones de dominio, y cuando esto ocurra deberá hacerse constar en la escritura y publicitarse en el Registro de la Propiedad.
c) Transcurrido el plazo correspondiente sin que se haya hecho obra alguna serán de aplicación multas de hasta cincuenta (50) por ciento de la valuación fiscal de la parcela.
Si la obra se hubiera indicado, pero no concluído, las multas a aplicar serán proporcionales al grado de construcción faltante para concluir la misma por un monto máximo del treinta (30) por ciento de la valuación fiscal de la parcela.
d) Producido el incumplimiento a que alude el inciso anterior la parcela respectiva quedará por la presente ley declarada de utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la municipalidad respectiva.
Las multas que se hubieren aplicado podrán deducirse de la indemnización que correspondiere abonar.
e) También en estos casos podrá optarse por aplicar un gravamen especial como se prevé en el artículo 86.
f) A los fines de este artículo, se entenderá por edificación concluída al completamiento de las obras previstas con las conexiones a los servicios necesarios, para permitir su habilitación.
ARTICULO 89°.-Expropiada la parcela, la municipalidad deberá ofrecerla en venta pública subasta dentro de los seis (6) meses de inscripto el dominio a su nombre, asumiendo el adquirente el compromiso de concluir la edificación en un plazo no superior a los tres (3) años, contados también desde la inscripción del dominio en el Registro de la Propiedad.
La venta se realizará con la referida condición, cuyo incumplimiento dará lugar a la revocación del dominio y a la aplicación de multas proporcionales al grado de construcción faltante para concluir la obra y por un monto máximo del treinta (30) por ciento de la valuación fiscal.
La obligación asumida deberá anotarse en el Registro de la Propiedad.
ARTICULO 90°.- Los plazos establecidos en los artículos anteriores se considerarán suspendidos en caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente probado.
ARTICULO 91°.- La declaración de englobamiento parcelario respecto de una determinada zona o área, a fin de posibilitar su cambio de uso o reconformación parcelaria, implicará por la presente ley su declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación por parte de la municipalidad.
ARTICULO 92°.- La Provincia ejecutará, con o sin la participación de entidades o empresas privadas, programas de adecuación de uso o reconformación parcelaria en áreas cuyo desarrollo sea prioritario.
ARTICULO 93°.- Las infracciones a las obligaciones establecidas por la presente ley y planes de ordenamiento comunales, serán sancionadas por las autoridades municipales, de conformidad a lo dispuesto en el Código de Faltas Municipales.
ARTICULO 94°.- Las multas se graduarán según la importancia de la infracción cometida y serán:
1.- De hasta un sueldo mínimo de la administración municipal, cuando se trate de faltas meramente formales.
2.- De uno a cincuenta (50) sueldos mínimos de la administración municipal, si fueren faltas que no causaren perjuicios a terceros.
3.- De cincuenta (50) a quinientos (500) sueldos mínimos de la Administración municipal, en los supuestos de violación a los planes de ordenamiento territorial, que perjudiquen a terceros o infrinjan lo dispuesto en materia de infraestructura de servicios, dimensiones mínimas de parcelas, cambio de uso, factores de ocupación de suelo y ocupación total, densidad y alturas máximas de edificación.
Podrán disponerse, igualmente, la medidas accesorias previstas en el Código de Faltas Municipales y en especial disponer la suspensión de obras, remoción, demolición o adecuación de las construcciones erigidas indebidamente.
Los organismos competentes del Ministerio de Obras Públicas podrán constatar la comisión de infracciones y disponer medidas preventivas, remitiendo las actuaciones a la municipalidad correspondiente para la aplicación de sanciones.
ARTICULO 95°.- La falta de pago de las multas en el término de diez (10) días siguientes a la notificación, permitirá la actualización de su monto de acuerdo a la variación producida hasta el momento del efectivo pago, según los índices y procedimientos establecidos en el Código Fiscal.
ARTICULO 96°.- Cuando fuere responsable de la infracción algún profesional, la autoridad administrativa enviará los antecedentes al Consejo o entidad profesional respectiva, a los efectos de su juzgamiento.
Sin perjuicio de ello, podrá disponerse la exclusión del infractor en las actuaciones donde se constate la falta.
ARTICULO 97°.- Serán solidariamente responsables por las infracciones cometidas, el peticionante, propietarios, empresas promotoras o constructoras y profesionales, en su caso.
DE LA APLICACION DE LA PRESENTE LEY
ARTICULO 98°.- Los municipios que no dispongan de planes aprobados y en vigencia, deberán ejecutar la etapa de delimitación preliminar de áreas y completarla en un plazo no superior a los ciento veinte (120) días, contados a partir de la vigencia de la presente ley.
ARTICULO 99°.- Los municipios que tengan en vigencia zonificaciones y normas de uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo, tendrán un plazo máximo de ciento ochenta (180) días para adecuarlas a las exigencias de la presente ley.
Mientras tanto, podrán continuar aplicando las normas que tenían en vigencia, con excepción de las referidas a creación y ampliación de núcleos o centros de población, áreas y zonas y las relativas a subdivisiones que impliquen cambio de uso del suelo, para las que serán de aplicación inmediata las establecidas en esta ley.
ARTICULO 100°.- En tanto los municipios no cuenten con delimitación de áreas y zonificación según usos, no podrán proponer la creación ni la ampliación o restructuración de las áreas y zonas de sus núcleos urbanos, ni operaciones de subdivisión de suelo que impliquen cambio de uso urbano. Tampoco podrán autorizar densidades netas mayores de seiscientos habitantes por hectárea (600 hab/ha), en áreas urbanas que cuenten con todos los servicios esenciales fijados para las subáreas urbanizadas, ni densidades netas mayores de ciento cincuenta (150) habitantes por hectárea, en zonas o unidades rodeadas de calles y parcelas con frente a calles que carezcan de cloacas.
ARTICULO 101°.- Todo parcelamiento originado en planos aprobados con anterioridad a la presente ley, que carezca de las condiciones de saneamiento y servicios de agua corriente o cloacas exigidos para el adecuado asentamiento poblacional, queda sujeto a las restricciones para el uso que implica la prohibición de erigir edificaciones hasta tanto se cumplimenten las condiciones de saneamiento o infraestructuras necesarias. Igual limitación se aplicará cuando con posterioridad a la aprobación del parcelamiento, se produzca la modificación de las condiciones de hecho que determinaron su viabilidad.
ARTICULO 102°.- (Decreto Ley 10128/83) Cuando el interés público lo requiera, el Poder Ejecutivo podrá regular, mediante Decreto, la autorización de proyectos referidos a situaciones particularizadas o zonas o distritos determinados, aún cuando no se satisfagan algunos de los recaudos o indicadores establecidos en la presente ley.
Dichas autorizaciones deberán tener carácter general y ser compatibles con los objetivos y principios establecidos en la presente ley para el proceso de ordenamiento territorial.
El organismo Provincial o Municipal proponente deberá elevar la propuesta acompañada de los estudios que la fundamentan.
ARTICULO 103°.- La presente ley tiene carácter de orden público y regirá a partir de su publicación en el "Boletín Oficial", siendo aplicable a todo trámite o proyecto que no tuviere aprobación definitiva.
ARTICULO 104°.- (Decreto Ley 10128/83) Deróganse las Leyes 695, 3468, 3487, 4739, 8809, 8684, 9116 y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Publicado por Jose Antonio Artusi en 12:43 0 comentarios Enlaces a esta entrada
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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 24
 resolución 
 resolución 

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 Artículo 6

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 15
 resolución 

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 43

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 17

ARTÍCULO 52
 artículo 56
 artículo 86