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Timestamp: 2019-02-18 21:03:25+00:00

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﻿ Sentencia 10138 de abril 10 de 1997
SENTENCIA 10138 DE 10 DE ABRIL DE 1997
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO QUE PERMITIÓ DEDUCIR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. AUN CUANDO EXISTAN INVESTIGACIONES QUE PRETENDAN RESOLVER SI UN GRUPO DE CIUDADANOS PERTENECE O NO A GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY, ESTA SIMPLE ACTUACIÓN NO OTORGA EL DERECHO A QUIENES ADELANTAN LA INVESTIGACIÓN DE QUITARLES LA VIDA A LOS SOSPECHOSOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZAS MILITARES, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 10138 de abril 10 de 1997
Rad. 10138
Actor: Jorge Orejarena Gómez y otros
Demandado: Nación - Mindefensa - Ejército Nacional.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante contra la sentencia de julio 8 de 1994, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, mediante la cual se dispuso:
“Primero. Declárase administrativamente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional por los daños y perjuicios causados con la muerte del señor Jesús Orejarena Parra, ocurrida el día 29 de marzo de 1990, en la ciudad de Bucaramanga.
Segundo. Condénase a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional a pagar a Jorge Orejarena Gómez, Vitelmina Parra de Orejarena, Carmen Soraida Gómez Villamizar y a los menores Lizeth Carolina Orejarena Gómez y Jenny Paola Orejarena Gómez, el equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno por concepto de perjuicios morales subjetivos.
Tercero. Condénase a la Nación a pagar a la señora Carmen Soraida Gómez Villamizar la suma de un millón quinientos setenta y cuatro mil novecientos treinta y siete pesos con noventa y dos ctvos. ($ 1.574.937.92), por concepto de lucro cesante consolidado y a las menores Lizeth Carolina Orejarena Gómez y Jenny Paola Orejarena Gómez la suma de setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con noventa y seis ctvos. ($ 787.468.96) y setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos con noventa y seis ctvos. ($ 787.468.96), respectivamente por el mismo concepto.
Cuarto. Condénase a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, a pagar a la señora Carmen Soraida Gómez Villamizar, la suma de cinco millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos con ochenta y seis ctvos. ($ 5.189.438.86) por concepto de lucro cesante futuro y a las menores Lizeth Carolina y Jenny Paola las sumas de un millón quinientos veintiséis mil trescientos diez pesos con veintitrés ctvos. ($ 1.526.310.23) y un millón cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos con noventa y seis ctvos. ($ 1.469.298.96) respectivamente, por el mismo concepto.
Quinto. Inhíbese por (sic) proferir sentencia de mérito en relación a las pretensiones incoadas por el menor Jorge Orejarena Gómez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Sexto. Deniéganse las demás pretensiones de la demanda”.
1º. Las pretensiones
Jorge Orejarena Gómez, Vitelvina Parra de Orejarena y Carmen Zoraida Gómez Villamizar, en su propio nombre y la última, además, en representación de sus hijos menores Jorge, Jenny Paola Y Lizeth Carolina Orejarena Gómez, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., formularon demanda ante el Tribunal Administrativo de Santander el 14 de enero de 1992, con el fin de que se declare a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional administrativamente responsable de la totalidad de los daños materiales y morales causados a los demandantes, a raíz de la muerte ocasionada por miembros del Ejército Nacional al señor Jesús Orejarena Parra el día 29 de marzo de 1990, en la ciudad de Bucaramanga.
2º. Fundamentos de hecho
El día 29 de Marzo de 1990 los señores Jesús Orejarena Parra, William Raimundo Correa Méndez y Rubén Darío Carmona Zambrano, después de haber ingerido licor en un sitio de la ciudad, se transportaban en una camioneta Chevrolet de propiedad del primero y al llegar al semáforo de la Avenida Quebrada Seca con carrera 15, fueron ultimados por los ocupantes de dos vehículos, que resultaron ser miembros del Cuerpo de Inteligencia Antiextorsión y Secuestro, C.I.A.E.S., el cual se encuentra adscrito al Batallón de la Quinta Brigada del Ejército Nacional.
Los autores del hecho intentaron justificar su error, argumentando que las víctimas pertenecían a una célula guerrillera del E.L.N. y que habían intimidado con extorsionar a los señores Edmundo Acevedo e Idulfo Páez, lo que fue desmentido tanto por el E.L.N. como por los presuntos extorsionados. Inclusive, el Comandante de la Quinta Brigada informó a los medios de comunicación que las víctimas se resistieron mediante el uso de las armas a ser capturados.
3º. La sentencia recurrida
El a quo declaró la responsabilidad de la entidad demandada pues, a su juicio, se encuentra plenamente probada la falla del servicio derivada de la actuación arbitraria de los integrantes del C.I.A.E.S., quienes sin mediar palabra dispararon contra los ocupantes del vehículo en el que se movilizaba el señor Orejarena.
Pero no solo desde la perspectiva de la falla probada sino también bajo el régimen de la falla presunta emerge clara la responsabilidad del Estado, pues el hecho fue cometido por oficiales y suboficiales del Ejército que emplearon para el efecto armas de dotación oficial.
4º. Razones de la apelación
Los apoderados de las partes interpusieron oportunamente recurso de apelación y a pesar de que la demandada no lo sustentó, equivocadamente fue admitido por el ponente; lo cual, sin embargo, en nada impide la revisión integral de la providencia en virtud del grado jurisdiccional de la consulta.
Dos son los reparos que hace el apoderado de la parte actora al fallo impugnado:
1) Que de la copia del registro civil de nacimiento del menor Jorge Orejarena Gómez aportado con la demanda sí se demuestra la calidad de madre de quien en su nombre otorgó poder, pues el registro se hizo con copia de la partida de bautismo, documento idóneo para el efecto según lo normado por el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970. Solicita, en consecuencia, se revoque el numeral 5 del fallo y se modifiquen los numerales 2, 3 y 4 beneficiando al menor con las condenas que allí se imponen.
2) Que los perjuicios materiales no debían liquidarse sobre la base del salario mínimo legal vigente para la fecha de los hechos, sino admitiendo que los ingresos del occiso ascendían a $ 400.000 mensuales, como se acreditó con diversos medios de prueba como balances, certificaciones de créditos obtenidos y testimonios. Por lo tanto, considera que se deben modificar los numerales tercero y cuarto en lo relacionado con el monto de las condenas que en ellos se disponen.
De la oportunidad concedida en esta instancia para presentar alegatos de conclusión no hicieron uso la parte actora ni el Ministerio Público.
El apoderado de la entidad demandada, por su parte, cuestiona la valoración probatoria efectuada por el a quo, que le da completo crédito al testimonio contradictorio y dudoso de Marina Álvarez, apoyado en el cual y en la investigación disciplinaria adelantada contra el Juez 100 de Instrucción Penal Militar, declara la responsabilidad estatal. Critica al tribunal porque no examinó los testimonios que respaldaban las versiones de los agentes de la fuerza pública, desconociendo además lo consignado en el acta de levantamiento de cadáveres a raíz de la investigación adelantada contra el juez penal militar. Sin embargo, agrega, se trata de un documento público que hace fe de su contenido y por lo mismo debe aceptarse mientras no se declare a su autor responsable del delito de falsedad. Destaca los testimonios de los periodistas Sonia Díaz y César Olaya, la prueba de balística practicada por Medicina Legal, las versiones de los integrantes del C.I.A.E.S. que participaron en el hecho, los antecedentes que registraban las víctimas y algunos familiares de ellas, la conducta asumida por el apoderado de la parte demandante para aleccionar testigos y la inspección judicial practicada al lugar de los hechos, todo lo cual permite desvirtuar la responsabilidad declarada por el tribunal.
Finalmente, solicita se pida a la Corte Suprema de Justicia copia de la actuación surtida a partir de la resolución de acusación dictada en el proceso penal que por los delitos de prevaricato y falsedad en documento público se adelanta contra el doctor Miguel Leopoldo Cervantes Gil, Juez 100 de Instrucción Penal Militar.
Posteriormente, el apoderado de los actores solicitó se pidiera a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares copia de la resolución sancionatoria proferida contra algunos militares que participaron en los hechos, “con el fin de demostrar aún más la culpabilidad única y exclusiva de la Nación, ya que dentro del proceso seguido por el Honorable Magistrado Julio César Uribe Acosta, expediente Nº 9380 (...) en el fallo de segunda instancia se concluyó que en el desenlace de la tragedia concurrió la culpa aunque no exclusiva del señor Rubén Darío Carmona Zambrano, circunstancia esta que en ningún momento es cierta, pues precisamente con la Resolución anteriormente solicitada, se demuestra que la totalidad de las armas y granada le fueron colocadas a las víctimas”.
I. La Sala ya había tenido oportunidad de examinar los hechos ocurridos en la avenida Quebradaseca de Bucaramanga el 29 de marzo de 1990, al revisar por apelación la sentencia que se dictó dentro del proceso Nº 9380 seguido por la muerte de Rubén Darío Carmona Zambrano.
En esa ocasión, con ponencia del doctor Julio César Uribe Acosta, se dijo:
“Para la Sala el acervo probatorio anterior es suficiente para dar por bien probado que el señor Rubén Darío Carmona Zambrano fue muerto por la fuerza pública cuando se desplazaba, en compañía de otras personas, que también fueron sacrificadas, en la camioneta marca LUV, con placas ID 4029, sin que el centro de imputación jurídica demandado hubiese podido demostrar, a lo largo del proceso, que sus integrantes hubiesen sido atacados, por el finado, afirmación que se hace en escrito en el cual la mandataria judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, contesta la demanda. La perspectiva jurídica que esta maneja, en el mismo escrito, en el sentido de que hubo culpa exclusiva de las víctimas, no la hace suya la Corporación, pues tampoco resultó acreditada.
Lo que se vivencia, a la luz del acervo probatorio que obra dentro de este proceso, es que desde un principio el Juez 100 de Instrucción Penal Militar, doctor Miguel Leopoldo Cervantes Gil, un particular ajeno a la fuerza pública, se dio a la tarea de consignar en el acta de levantamiento de los cadáveres “... hechos que no correspondían a la realidad observada por él...” habiendo omitido “... detallar aspectos importantes de la escena del crimen...” y “...la intervención en la diligencia de los miembros de la Fuerza Pública que habían participado en el operativo y que serían objeto de la investigación que iniciaba...”, como se lee en la sentencia calendada el día diecisiete (17) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Penal, de Bucaramanga, que condenó al citado profesional del derecho a la pena privativa de la libertad de tres años (3) y tres meses (3), “... como autor responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, ...” por los hechos ocurridos en Bucaramanga en marzo y abril de 1990”. (Sentencia de octubre 6 de 1994).
II. La realidad probatoria que se valoró en aquel proceso, específicamente en cuanto se relaciona con la falla del servicio que permitió deducir la responsabilidad de la entidad demandada, es idéntica a la que emerge de este.
1. Marina Álvarez de Rodríguez, quien se hallaba en el lugar de los hechos, después de narrar detalladamente lo que observó momentos antes de producirse la muerte del señor Orejarena, declaró:
“... del jeep blanco se bajaron tres hombres y se fueron acercando sigilosamente hacia la camioneta LUV dos de ellos se hizo uno por una ventanilla y otro en la del otro lado y cautelosamente se acercaron a la camioneta cuando uno de los muchachos que iba en la camioneta se movió y los dos hombres empezaron a disparar contra los ocupantes de la camioneta mientras que un tercero empezó a disparar del Quebradaseca para arriba y a dirigir el tráfico él también iba en el jeep blanco, uno de los del jeep que disparó (...) en el momento en que vio que los muchachos no se movían corrió hacia el jeep blanco y puede ver que él sacó como una chaqueta negra impermeable y una gorra (...) mientras que el otro que estaba disparando al lado izquierdo del ventanilla (sic) fue hacia el jeep y saco (sic) como en forma de una pelota pequeña envuelta en algo blanco como un trapo o una bolsa y un arma de fuego y abrió la puerta de la camioneta LUV y dejo eso ahí y volvió y la cerró y se retiraron ...” (fls. 166 vto. y 167 fte. C - 2).
2. Germán Carreño Nardez, otro testigo presencial, dice:
“... bajábamos por la Avenida Quebradaseca y yo venía en el bus sentado pegado a la ventanilla al lado izquierdo y paró el bus en la carrera quince a esperar el cambio del semáforo y estando el bus parado en el carril de la mitad, vi cuando una camioneta por el lado izquierdo del bus frenó y adelante de la camioneta iba un colectivo de Transpiedecuesta y cuando yo estaba mirando hacia el colectivo escuché unos tiros y era que estaban acribillando a los muchachos que venían en la camioneta y en ese momento la gente que venía en el bus decía los están acribillando son sicarios (...) yo estoy aquí declarando porque oí que dicen que fue un enfrentamiento y eso no es así, a ellos los acribillaron ...” (fl. 165).
3. En términos similares en cuanto a la manera como se disparó contra los ocupantes de la camioneta y se pusieron en ella una bolsa blanca y un revólver, declararon Pedro Pablo Romero (fl. 168) y Claudia Liliana Rodríguez (fl. 175).
III. Significación especial adquieren las conclusiones a que llegó la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares en el fallo de enero 24 de 1995 que la Sala, después de la valoración probatoria efectuada, encuentra ajustadas a la realidad y que estima importante reproducir, no obstante haber operado en aquella investigación disciplinaria la prescripción de la acción. Se dice en la mencionada providencia:
“De conformidad con la explicación que da el cabo primero Evangelista Basto Bernal (fl. 276 cuaderno Nº 3), dice: “...yo me acerqué a la ventanilla del lado derecho de la camioneta y les dije a los tres ocupantes que estaban ahí: “Buenas noches, nosotros somos de la Quinta Brigada”, de inmediato el sujeto que se encontraba a mano derecha tenía una granada que le vi, como que la iba a desasegurar para lanzárnosla y yo apenas se eché (sic) rápido unos pasos hacia atrás y dije ”ojo que nos van a lanzar una granada” en el mismo acto era que yo retrocedía y entonces oí disparos y yo también disparé cuando iba retrocediendo...”.
De la afirmación que se cita se infiere que el declarante primero se acercó al auto, luego retrocedió y después que oyó los disparos, fue que empezó a disparar; ello supone que lo hizo, siendo la persona más cercana, a una distancia no inferior a dos o tres metros de distancia de donde se encontraba el automotor. Ahora, si observamos la prueba recaudada por este Despacho en el Tribunal Administrativo de Santander y que obra a folios 369 y siguientes del cuaderno Nº 2, esto es, la de balística establecida por el Instituto de Medicina Legal, se determina que las trayectorias, especialmente las numeradas T5, T6 y T8 de Jesús De (sic) Orejarena Parra, y las numeradas T1 y T3 de Rubén Darío Carmona, se encuentran en un ángulo que desde una distancia como la que pretende el suboficial sean de recibo, es imposible de efectuar.
Si realizamos un vistazo detallado a la prueba técnica de balística que obra a folios 401 y ss. del cuaderno principal Nº dos, son varias las conclusiones que de él se determinan.
Retrocedido ante el inmediato peligro del explosivo, es decir como a tres o cuatro metros de distancia, la conclusión a que llega la oficina de investigaciones especiales en cita, cobra vigencia como quiera (sic) las versiones de los testigos son claras en asegurar que los disparos fueron ejecutados a mansalva y en una distancia muy corta, como efectivamente aparece (sic) establecer los estudios de balística que también detecta la existencia en el cuerpo de las víctimas (sic) lo cual, de conformidad con las teorías modernas al respecto, significa que los proyectiles fueron lanzados a distancia menor a un metro.
Otro aspecto que merece comentario especial por parte de este Despacho dada su calidad de inverosimil, es el que tiene que ver con el momento mismo de los hechos, cuando se acercaron los militares al automóvil por un solo lado y sin distintivo que en un primer instante los identificaran como pertenecientes al estamento castrense. Respecto del acercamiento, no entiende esta Delegada por qué fueron los militares inmediatamente se acercaron al automóvil, amenazados de muerte con una granada, si no tenían distintivo que los hiciera reconocer como tales; no se comprende el porqué de la respuesta agresiva de parte de los muchachos si efectivamente en ese instante no se reconocían como miembros de las Fuerzas Militares. Así mismo, la versión de los castrenses en el sentido de habersen (sic) acercado por un solo lado del auto a hablar con los jóvenes no tiene mucha acogida ya que todos los testigos presenciales y cuyas versiones se encuentran allegadas a los autos, son coincidentes en afirmar que los militares se acercaron por ambos lados, dispararon a mansalva sobre los ocupantes del automóvil y los acribillaron; testimonios que ofrecen credibilidad por este Despacho porque, además de no haber sido en ningún momento tachados de falsos o amañados, han sido coincidentes respecto de los detalles que interesan a la investigación tales como el sitio que ocupó cada automotor en el sitio, la manera como se bajaron los militares del automóvil, la posición que tomaron (sic) cada uno de ellos, la forma inmisericorde como accionaron sus armas, la forma como obligaron al taxista que se estacionó en medio de su automóvil y el de los muchachos a que se fuera; argumentos que dejan sin piso las afirmaciones citadas al inicio de este párrafo y provenientes de los entes castrenses.
Y la inverosimilitud atrás referida también se palpa en una circunstancia que adquiere relevancia de acentuada magnitud, como lo es la versión de la intención por parte de quien portaba la granada, supuestamente, de querer arrojársela a los militares. Echando un vistazo sobre el álbum fotográfico que acompaña las diligencias, efectivamente nos percatamos de la granada en una de las manos de quien quedó yaciente en medio de los ocupantes del automóvil; también, mirando la copia de los exámenes de balística practicados por medicina legal, especialmente el que concierne a William Raimundo Correa (fl. 369), se visualiza la existencia de un disparo entildado T7, el cual presenta como signos característicos orificios tanto de entrada como de salida en su extremidad superior derecha, así las cosas, no comprende este Despacho como después de haber sido objeto de disparo en este brazo aún seguía sosteniendo la granada” (fls. 551 y ss. C - 1).
IV. Lo reseñado es suficiente para tener por probada la responsabilidad del Estado. Poco importa, inclusive, la decisión final que la justicia penal hubiera adoptado respecto de las ilicitudes atribuidas al juez penal militar —razón esta para que no se decrete la prueba insinuada por el apoderado de la entidad demandada, que por lo demás no había pedido en la contestación de la demanda—, pues la valoración de prueba diversa, que en nada se refiere a lo consignado por el funcionario judicial en el acta de levantamiento de cadáveres, permite concluir:
1) Que no hubo ataque o agresión alguno de parte de los jóvenes ocupantes de la camioneta contra los militares integrantes del CIAES y
2) Que los jóvenes fueron asesinados por los militares sin tener siquiera la oportunidad de defenderse.
Probablemente la Quinta Brigada sí tenía la información de inteligencia que se lee a folios 267 y ss. del cuaderno Nº 2; quizás Jesús Orejarena Parra sí tuviera los vínculos con la guerrilla que se indican al folio 270 y hubiera participado en algunas extorsiones —aunque las supuestas víctimas desmienten el hecho a folios 185, 186 y 200— en una emboscada a integrantes del Batallón Santander y en el homicidio de Ramón Jaimes Guerrero (fls.270 - 271), pero ninguna de estas acciones, por más criminales que sean, da derecho a las fuerzas armadas del Estado para quitarle la vida a una persona.
La fuerza pública, tanto más quienes asumen la defensa judicial de sus actos, deben eliminar el discurso maniqueísta que clasifica a los muertos en buenos y malos, para justificar la muerte de los segundos con el argumento de la defensa social o del bien que se hace a la comunidad con la desaparición física de determinadas personas. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Tal vez la única vulneración tolerable sea aquella que ocurre en ejercicio de las causales de justificación o de inculpabilidad que las normas penales consagran, a pesar de lo cual en algunas de esas ocasiones la no responsabilidad del agente no libera a su vez de responsabilidad al Estado.
En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida, exaltando las hermosas palabras del inmolado Tomás y Valiente: “No hay nada en la creación más importante ni más valioso que el hombre, que todo hombre, que cualquier hombre”. Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.
La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre. Y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta.
Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato. Así, aparecen en escena armas y granadas, supuestamente accionadas por quienes resultaron “dados de baja”. Burda pantomima que no tiene en cuenta, siquiera, que el brazo que porta la granada se halla atravesado por una bala y aun así la sostiene.
Este hallazgo de la Procuraduría General de la Nación, que no se tuvo en cuenta en el fallo de la Sala a que antes se aludió, relacionado con la muerte de otro de los jóvenes ocupantes de la camioneta, permitirá, adicionalmente, rectificar la posición que allí se sostuvo en cuanto a la reducción de la condena.
V. Ciertamente, si en aquella oportunidad el monto de la condena se redujo en un cincuenta por ciento (50%) atendiendo a la culpa de la víctima por la tenencia de la granada “pues a los particulares les está prohibido portar ese tipo de artefactos”, la realidad probatoria permite ahora arribar a conclusión diferente.
No se discute que en el momento en que arribaron dos periodistas al lugar de los hechos la granada estuviera en la mano de uno de los muertos, ni que hubiera sido necesaria la intervención de un especialista en explosivos, pues en verdad las fotografías al respecto son concluyentes. Lo que se cuestiona es si el artefacto en realidad lo tenían los ocupantes del vehículo antes de ser ejecutados o si, como se puede colegir de las afirmaciones de algunos testigos, fue colocado después de cometido el desafuero militar.
La Sala, persuadida por el nuevo argumento que se consigna en el fallo de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, entendiendo que la perforación del brazo era suficiente para hacer caer la granada de la mano, concluye que esta fue colocada a posteriori para justificar el hecho. Tanta fuerza de convicción tiene esta circunstancia, que no será preciso examinar otras reseñadas en la decisión de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, como la posición invertida de la granada (“que tenían en sus manos derechas —el primer cadáver examinado— con el cadáver que se encuentra al centro de la cabina”, dice el acta de levantamiento visible al folio 124 C - 3) o el hecho de que uno de quienes la portaban tenía también ocupada su otra mano con un arma (fl. 449 C - 2).
En consecuencia, la indemnización que por la muerte de Jesús Orejarena deberá pagar la entidad demandada, no sufrirá disminución.
VI. Con relación a los reparos que la parte actora hace a la providencia que se revisa, debe precisarse:
1. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Decreto 1260 de 1970, “cuando se pretenda registrar un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo ...con copia de las actas de las partidas parroquiales...”. Así lo hizo Jesús Orejarena Parra, quien para registrar el nacimiento de su hijo Jorge presentó la partida de bautizo y adicionalmente, respecto de su paternidad, hizo expreso reconocimiento en el folio correspondiente (fl. 57 C - 1).
Tanto valor tienen las partidas eclesiásticas para hacer las anotaciones pertinentes en el registro del estado civil, que el artículo 9 del Decreto 2158 de 1970 autorizó la reconstrucción de los folios perdidos o destruidos “con fundamento en su orden: en instrumentos públicos o en copias de partidas de origen religioso, o en decisión judicial...”. Por lo demás, la presunción de autenticidad de la inscripción es reiterada por el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970, cuyo artículo 106 enseña que “ninguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina, conforme a lo dispuesto en la presente ordenación...”.
Y si “el estado civil debe constar en el Registro del Estado Civil” (art. 101 ib.), este no hace fe únicamente del hecho del nacimiento sino, en términos del artículo 1 del mismo estatuto, de “su situación jurídica en la familia y la sociedad”.
Se revocará, en consecuencia, el numeral quinto del fallo impugnado.
2. En cuanto al monto de la indemnización, liquidada sobre la base del salario mínimo legal vigente para la fecha de los hechos ($ 41.025,50) y que para los actores debió hacerse teniendo en cuenta unos ingresos mensuales de $ 400.000, de los diversos testimonios y documentos obrantes en el expediente se concluye que en realidad debían ser superiores a aquella cifra:
a. Se sabe que al momento de su muerte amortizaba mensualmente la suma de $ 146.545 por un préstamos que le otorgó la General Motors en julio de 1988 (fl. 236 C - 1).
b. Declaró una renta líquida gravable de $ 1’450.000 por el año de 1988 (fl. 40) y de $ 1’250.000 por el año de 1989 (fl. 42).
c. Los testigos David Mendoza Rojas y Jorge Correa Guevara estimaron que los ingresos mensuales líquidos del señor Orejarena ascendían a $ 400.000 aproximadamente, derivados de la venta de leche, ganado y productos agrícolas (fls. 224 a 227 C - 1). Sin embargo, lo que en realidad correspondía a Jesús Orejarena resulta imposible de calcular, pues de las mencionadas declaraciones se deduce que tales ingresos bien podrían corresponder a los totales obtenidos, además de los propios, en la administración de otras fincas de la familia.
No obstante la tacha que el a quo formula por no registrar costos, la Sala tendrá en cuenta el valor declarado por el año de 1989, porque estima que corresponde a una suma razonable dada la actividad que desarrollaba la víctima. En consecuencia, la indemnización se liquidará aceptando ingresos mensuales de $ 104.166, suma de la que se descontará el equivalente al 50% que consideró el a quo era la suma que destinaba el occiso para atender a su cóngrua subsistencia, aspecto que no fue tema del recurso.
Occiso: Jesús Orejarena Parra
Fecha muerte: marzo 29 de 1990
Fecha nacimiento: octubre 27 de 1966
Vida probable: 50.10 años = 601 meses
Ingreso base: $ 52.083
Compañera: Carmen Soraida Gómez Villamizar
Fecha nacimiento: marzo 2 de 1969
Indem. Debida: 83 meses
Indem. Futura: 518 meses
Hijo: Jorge Orejarena Gómez
Fecha nacimiento: septiembre 1 de 1984
Indem. Futura: 66.1 meses
Hija: Jenny Paola Orejarena Gómez
Fecha nacimiento: marzo 21 de 1989
Indem. Futura: 120.74 meses
Hija: Lizeth Carolina Orejarena Gómez
Fecha nacimiento: diciembre 29 de 1989
Indem. Futura: 130 meses
- Para Carmen Soraida Gómez Villamizar
- Para Jorge Orejarena Gómez:
Este valor será el mismo para cada uno de los hijos.
- Para Jenny Paola Orejarena Gómez
$ 3’756.821,37
- Para Lizeth Carolina Orejarena Gómez
Carmen Soraida Gómez V.$ 11’270.466,16 $ 20’873.544,68 $ 32’144.010,84
Jorge Orejarena Gómez $ 3’756.821,37 $ 2’086.719,33 $ 5’853.540,70
Jenny Paola Orejarena G. $ 3’756.821,37 $ 3’358.100,63 $ 7’114.922,00
Lizeth Carolina Orejarena G. $ 3’756.821,37 $ 3’543.008,00 $ 7’299.829,37
VII. En cuanto a los perjuicios morales, la sentencia será confirmada con la adición de que también al menor Jorge Orejarena Gómez se le reconocerán en la cantidad equivalente a 1.000 gramos de oro.
1. CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 8 de julio de 1994, con las siguientes modificaciones:
1. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pagará también al menor Jorge Orejarena Gómez el equivalente a 1.000 gramos de oro por concepto de los perjuicios morales sufridos con ocasión de la muerte de su padre Jesús Orejarena Parra.
2. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios materiales las siguientes sumas de dinero:
a. A Carmen Soraida Gómez Villamizar, treinta y dos millones ciento cuarenta y cuatro mil diez pesos con 84 / 100 ($ 32’144.010,84).
b. A Jorge Orejarena Gómez, cinco millones ochocientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta pesos con 70 / 100 ($ 5’853.570,70).
c. A Jenny Paola Orejarena Gómez, siete millones ciento catorce mil novecientos veintidós pesos ($ 7’114.922).
d. A Lizeth Carolina Orejarena Gómez, siete millones doscientos noventa y nueve mil ochocientos veintinueve pesos con 37 / 100 ($ 7’299.829,37).
Las sumas a que se refieren los literales anteriores devengarán intereses comerciales dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y moratorios de ahí en adelante.
2. REVÓCASE el ordinal quinto de la mencionada sentencia.
Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo—Jesús María Carrillo Ballesteros—Ricardo Hoyos Duque—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suárez Hernández.

References: artículo 86
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 9
 artículo 103
 artículo 106
 artículo 1