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Timestamp: 2018-10-18 09:33:00+00:00

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Acuerdo y Sentencia 353/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 353/17
JUICIO: "CESAR LUIS PUENTE C/ RESOLUCIÓN N° 42, DEL 24 DE FEBRERO DE 2016, DICTADA POR LA SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION". EXP. N° 476/16.
En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a Ios Treinta y uno días del mes de octubre de dos mil diez y siete, estando presentes los Excmos. miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala, los magistrados, RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIO CORONEL BENITEZ, y MARIA CELESTE JARA TALAVERA, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la presidencia del primero de los nombrados , por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "CESAR LUIS PUENTE C/ Resolución N° 42, del 24 de febrero de 2016, dictada por la SUB SECRETARIA de ESTADO de TRIBUTACION".
Y la miembro del TRIBUNAL de CUENTAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA SALA, mag. MARIA CELESTE JARA TALAVERA, dijo: En fecha 24 de Agosto de 2016, se presenta ante este Tribunal el señor Cesar Luis Puente Cuellar por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, a fin de promover demanda contenciosa administrativa contra la Resolución N° 42 de fecha 24 de Febrero de 2016 dictada por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TÉCNICA TRIBUTARIA y la Resolución N° 58 de 25 de Julio de 2016 dictada por la SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN manifestando en las partes más relevantes de su escrito de demanda cuanto sigue: "...La SET se ha excedido en el uso de sus facultades; según se ha demostrado en todas las actuaciones interpuestas por nuestra parte, al punto que no se han considerado ninguno de nuestros descargos y simplemente han argumentado cuestionamientos meramente facticos que para nuestra parte no se sostienen, puesto que carecen de sustentos, tanto prácticos como legales como también de fondo y de forma..". (SIC)
En fecha 9 de Noviembre de 2016 se presenta ante este Tribunal la Abogada Concepción Insfrán Alvarenga Abogada Fiscal del Ministerio de Hacienda de conformidad al Decreto de nombramiento obrante en autos y contesta la demanda contencioso administrativa en los siguientes términos: "...La Administración Tributaria ha obrado con toda legalidad, primero y conforme a las facultades establecidas en la Ley 125/91 y 2421/04, requirió todas las documentaciones, analizo y determino que existió sospecha con las declaraciones juradas presentadas y documentaciones cotejadas. Ante la fuerte sospecha de irregularidad en base a las documentaciones e informaciones presentadas por el mismo contribuyente o terceros, iniciar la fiscalización puntual, tal como se dio en este caso V.V.E.E. podrán notar que la Administración Tributaria procedió exactamente como la norma lo dispone...". (SIC)
En primer lugar, debemos hacer un análisis sucinto de las diferencias principales que se expone por medio de la demanda en el escrito inicial y su respectiva contestación. El señor CESAR LUIS PUENTE, se presentó ante este Tribunal por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a instaurar demanda contencioso administrativa contra la Resolución N° 42 de fecha 24 de Febrero de 2016, derivada del sumario administrativo instaurado contra lo determinado en la fiscalización puntual N° 65000001112 de fecha 25 de Noviembre de 2013 referente al Impuesto al Valor Agregado, (en adelante IVA) general correspondiente al periodo fiscal de Febrero de 2013, dictada por la Dirección de Planificación Técnica y la Resolución Particular N° 58 de fecha 25 de Julio de 2016 por la cual se rechaza el recurso de reconsideración, dictada por la Sub-Secretaría de Estado de Tributación.
Ahora bien, pasando a analizar la cuestión sub-examine, vemos que el recurrente sostuvo en su escrito inicial que la declaración jurada correspondiente al periodo fiscal setiembre de 2013 fue rectificada posterior a la fiscalización de los Auditores de la administración.
A este respecto, alega el demandante que no se contemplaron las declaraciones juradas rectificadas presentadas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Así también sostuvo que en el supuesto control realizado se evidencian errores involuntarios del contador en la consignación de los rubros, pues manifestó que en ningún momento intento ocultar información.
Por último término reclamando una correcta aplicación de la Ley, haciendo referencia a la nulidad de las actuaciones y conclusiones, producto de la arbitrariedad, violándose así las garantías de un debido proceso.
Igualmente, la parte demandada, al tiempo de contestar la demanda sostuvo que la Administración Tributaria ha iniciado un control interno en el cual se ha verificado a través del sistema HECHAUKA movimientos sobre operaciones realizadas por el contribuyente CESAR LUIS PUENTE CUELLAR desde enero 2013 a agosto 2013, del cual derivo el informe SET/ART N° 222/2013, recomendando una Fiscalización Puntual al citado contribuyente por la Obligación IVA Periodo Fiscal Febrero 2013.
Continúo diciendo que en el Expediente Administrativo se constata que se han presentado declaraciones rectificativas con posterioridad a la recepción de la nota de verificación. La parte actora mencionó que se produjo un error involuntario y arrimo las documentaciones requeridas así como la presentación de los documentos que sustentan las afirmaciones de la misma.
Por último la parte actora sostuvo que supuestamente el cálculo realizado por los auditores no se ajusta a derecho, al no tener en cuenta las declaraciones rectificativas, así también menciona la supuesta extemporaneidad del trámite administrativo, no pudiendo desvirtuar las denuncias en su contra durante el sumario instruido.
Entrando a analizar la cuestión debatida en autos, tenemos que la esencia fundamental de la cuestión dilucidada durarte el proceso, refiere a las diferencias entre lo facturado por el contribuyente y lo informado en las declaraciones juradas presentadas en la Administración Tributaria, surgidas a raíz de la verificación realizada por los Fiscalizadores de la SET.
Por las resoluciones impugnadas en estos autos, la Administración Tributaria confirmo los actos administrativos en los que los auditores informaron la existencia de una diferencia consistente en Gs. 40.793.602 (Guaraníes cuarenta millones, setecientos noventa y tres mil, seiscientos dos) y lo calificaron como defraudación según el Informe de Verificación agregado.
De acuerdo a los antecedentes examinados precedentemente, tenemos que la administración sustento la liquidación hecha en la fiscalización realizada por medio de las informaciones dadas por el contribuyente y el control de los fiscalizadores. En ese orden de idea corresponde ser analizada la forma en que se obtuvo dichas informaciones a fin de constatar si las mismas fueron hechas conforme a Ley.
Partiendo de esa base, el Art. 186° de la Ley 125/91 "NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO", otorga a la Administración Tributaria, la facultad de fiscalizar los tributos bajo su administración, y en ese sentido la fiscalización constituye una facultad genérica que se materializa a través de actuaciones concretas, tales como; la verificación, el control, la investigación, la inspección, etc.; que se constituyen en trámites y procedimientos administrativos que ejecuta la Administración Tributaria a los efectos de cotejar y comparar las informaciones que el contribuyente provee a la Administración; o para conocer situaciones que no fueron revelados por los contribuyentes. Así, el ejercicio de la facultad fiscalizados de conformidad con el Art. 31° de la Ley 2421/04 "DE REORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO Y ADECUACION FISCAL", puede ejecutarse por medio de las fiscalizaciones integrales o las puntuales. En este sentido por Orden de Fiscalización N° 65000001112 de fecha 25 de Noviembre de 2013 se dispuso la fiscalización puntual correspondiente a la obligación IVA GENERAL-PERIODO FEBRERO 2013. En este la referida Orden de Fiscalización debe entre otros requisitos, designar a funcionarios que tendrán a su cargo la realización de las tareas de fiscalización, porque mediante esta designación los mismos adquieren la competencia requerida para legitimar la actividad que realizan en representación de la Administración Tributaria, es por esto que es requerida la firma del Subsecretario de Tributación en la Orden de Fiscalización, por otro lado la designación expresa de los funcionarios actuantes, garantiza el secreto de las actuaciones previsto en el Art., 190° de la Ley 125/91 "NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO". Estas formalidades fueron cumplidas a cabalidad en sede administrativa por la parte demandada, por lo cual lo manifestado en este sentido por el actor en su escrito de inicio de demanda debe ser desestimado.
Como es sabido, la mencionada legalidad, tutelada y exigida en el fuero administrativo, impone como requisito de insoslayable observancia, que en todo el trámite destinado a comprobar la existencia de una falta administrativa, el poder administrador debe respetar el derecho del ciudadano y a las normas que rigen la materia a fin de obtener una decisión fundada y legal. Asimismo, la observancia de dicho postulado por el poder administrador, configura un presupuesto de legalidad de las resoluciones administrativas, coadyuva a la eficacia y garantiza la colaboración de los ciudadanos con la Administración en el logro del interés general.
Ahora bien, en primer lugar debemos analizar la duración del procedimiento administrativo en razón de los plazos establecidos dentro de la normativa legal vigente.
En este sentido cabe señalar que todo sumario administrativo tiene un plazo de duración máximo, el que es fraccionado en diferentes etapas, las cuales son: 1.- La Resolución que dispone la instrucción del sumario, 2.- periodo probatorio, 3.- alegatos y 4. Conclusión del sumario. El proceso sumarial regido por la Ley N° 125/91 "NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO" establece en su Art. 225 los plazos en las diferentes etapas del sumario administrativo, así estipula para la contestación del sumario un plazo de 10 días, prorrogable por un término igual; para el periodo probatorio establece un plazo de 15 días, prorrogable por igual término; vencidos estos plazos el interesado puede presentar un memorial de conclusiones dentro del plazo perentorio de 10 días, el cual una vez vencido la Administración Tributaria deberá en el plazo de 10 días dictar el acto administrativo correspondiente.
Con lo manifestado se concluye que la ley establece un plazo máximo de 70 días contados con sus respectivas prorrogas. En relación a esto, se observa en autos que la Resolución de instrucción sumarial J.I. N° 167 es de fecha 2 de julio de 2014, y la conclusión del mismo se da mediante la Resolución N° 42 de fecha 24 de Febrero de 2016, por lo que se evidencia que la Administración Tributaria ha sobrepasado en exceso el plazo establecido para la instrucción y culminación del sumario administrativo, actuando en total contradicción con lo establecido en la Ley N° 125/91, siendo importante resaltar el hecho de que los actos administrativos están sujetos al cumplimiento de determinadas formalidades para que los mismos adquieran la calidad de actos legítimos, conforme lo prescribe el Art. 196 de la Ley N° 125/91.
Lo acontecido en el caso de marras es un claro caso de lo que en doctrina se conoce como caducidad administrativa. El ordenamiento jurídico permite a las autoridades públicas investigar las conductas de las consideradas en infracción durante un determinado espacio de tiempo (este es el plazo de prescripción) pero una vez que se inicia el procedimiento administrativo, este deberá finalizar en un plazo inferior a aquel y en caso de no cumplirse este requisito se configura la llamada caducidad administrativa.
La ley N° 4679/12 "DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS" en su artículo 11° dispone: "Se tendrán por abandonadas las instancias en toda clase de trámites administrativos, incluyendo los sumarios administrativos y caducaran de derecho, si no se insta su curso dentro de los seis meses, desde la última actuación".
La misma Ley en su artículo 12° dispone: "La perención de instancia tiene lugar incluso contra el Estado, las municipalidades, y toda autoridad administrativa".
En conclusión considera que habiendo quedado inactivo el proceso en sede administrativa por cuestiones no atribuibles a la parte actora, se ha configurado la caducidad administrativa por lo cual la resolución dictada a posteriori debe ser revocada por este órgano colegiado.
Finalmente, por todo el fundamento expuesto considero que debe hacerse lugar a la presente demanda y, en consecuencia, revocar in totum la Resolución Particular 42 de fecha 24 de Febrero de 2016 dictada por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TECNICA TRIBUTARIA y la Resolución Particular N° 58 del 25 de julio de 2016 por la cual se rechaza el recurso de reconsideración dictada por la SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN , dejando sin efecto la pretensión fiscal de calificación de la conducta como defraudación y la aplicación de la multa correspondiente en contra del contribuyente CESAR LUIS PUENTE y el rechazo de su Reconsideración, por no ajustarse a derecho.
En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuesta a la parte perdidosa conforme a la teoría del "riesgo asumido" la cual establece que el litigante que asume una posición controversial, es quien debe cargar con las consecuencias ante el rechazo de su pretensión jurídica, esta aserción es la que prima en el Art. 192 del C.P.C. ES SU VOTO.
A su turno, los miembros del TRIBUNAL de CUENTAS - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SEGUNDA SALA, RAMON ROLANDO OJEDA y ARSENIO CORONEL,
manifiestan que se adhieren al voto de la distinguida conjuez, MARIA CELESTE JARA TALAVERA, por los mismos fundamentos.
Asunción, de octubre del 2.017.
1.- HACER LUGAR, a la presente Demanda Contencioso Administrativa promovida en los autos caratulados "CESAR LUIS PUENTE C/ Resolución N° 42, del 24 de febrero de 2016, dictada por la SUB SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION", por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución.
2.- REVOCAR, la Resolución Particular N° 42 de fecha 24 de Febrero de 2016 dictada por la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN TECNICA TRIBUTARIA y la Resolución Particular N° 58 del 25 de julio de 2016, dictada por la SUB SECRETARIA de ESTADO de TRIBUTACION.

References: RESOLUCIÓN 
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 artículo 11
 artículo 12
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