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Timestamp: 2016-02-12 01:25:51+00:00

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Fiscal General Schneiderman Presenta Su Revision De Fin De Año | www.ag.ny.gov
You are hereHome » Media Center » Press Releases » December 27th 2012 Fiscal General Schneiderman Presenta Su Revision De Fin De Año Revisión cita progreso en la justicia económica, seguridad pública, protección de los contribuyentes, integridad pública, derechos humanos, derechos laborales y protección Ambiental
NUEVA YORK - La oficina del Fiscal General Eric T. Schneiderman emitió hoy un reporte de fin de año detallando muchos de sus logros en áreas como la justicia económica, la seguridad pública, la protección del contribuyente, la integridad pública, el trabajo de derechos civiles y la protección del medio ambiente. "Hemos trabajado diligentemente este año para restaurar la fe de los neoyorquinos en los sectores público y privado, y me siento orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de la gente de este estado", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Desde el sometimiento de los fraudes financieros que fueron el motor de la crisis económica, y las luchas contra la corrupción en el gobierno, para erradicar el fraude en contra de los contribuyentes, para proteger a los consumidores, y mantener nuestras calles seguras, nos estamos acercando a cumplir el objetivo de establecer la mejor firma de abogados a servicio del público en el país, para servir y proteger a todos los neoyorquinos”. Las siguientes son algunas de las acciones del Fiscal General Schneiderman ha tomado desde enero de 2012: Justicia Económica y Protección del Consumidor Fue designado a la co-presidencia del Grupo de Trabajo de Valores Respaldados por Hipotecas Residenciales, un grupo de trabajo creado por el presidente Barack Obama y Secretario de Justicia de los EE.UU. Eric Holder, para investigar las ilegalidades que han contribuido al colapso financiero y la crisis de las hipotecas, y traer justicia para las víctimas de esta mala conducta. Como co-presidente Grupo de Trabajo de Valores Respaldados por Hipotecas Residenciales, presentó una demanda contra JP Morgan por las tergiversaciones fraudulentas y omisiones realizadas por Bear Stearns para promover la venta de valores respaldados por hipotecas, lo que contribuyó a la caída del mercado de la vivienda mercado. En su segunda demanda como co-presidente del de Trabajo de Valores Respaldados por Hipotecas Residenciales presentó una demanda basada en la Ley Martin contra Credit Suisse Securities por engañar a los inversionistas en cuanto al cuidado con que se evaluaron los préstamos hipotecarios empaquetados en valores anteriores a la crisis de ejecuciones hipotecarias de 2008. Presentó una demanda contra varios de los mayores bancos del país, incluyendo Bank of America, JP Morgan Chase y Wells Fargo, alegando que la creación y uso de un sistema privado de registro nacional hipoteca electrónico conocido como MERS ha dado lugar a una amplia gama de engañoso y presentaciones falsas ejecuciones hipotecarias en tribunales estatales y federales. La denuncia afirma que estas prácticas fraudulentas a menudo daba la impresión de que el banco tenía la autoridad para procesar el caso, cuando en realidad no la tenía, lo que socava la integridad del proceso judicial de ejecución hipotecaria y perjudicó a los propietarios de viviendas. Protegió a propietarios de viviendas como líder nacional en la lucha por un acuerdo hipotecario de los 50 justo y que haga rendir cuentas a los bancos. El Fiscal General logró un acuerdo de más de $ 130 millones para Nueva York con los cinco administradores de hipotecas más grandes de la nación sobre los abusos de ejecución hipotecaria. NY es el estado con mas prestatarios cuyas viviendas cuestan menos que lo que deben al banco de todos los estados involucrados en el acuerdo federal-estatal. Junto con la garantía de asistencia a las víctimas de la conducta ilícita de ejecución hipotecaria, el acuerdo también impone fuertes normas nacionales de servicios hipotecarios y satisface la demanda del Fiscal General de reservar el derecho a emprender acciones legales por malas conductas que aún no habían sido investigadas. Designo 60 millones de dólares en tres años para financiar la asesoría de vivienda y servicios legales para luchar por los propietarios de Nueva York, como parte de su Programa de Protección de Propietarios. En el primer año s 35 organizaciones de servicios legales y 59 agencias de asesoría de vivienda recibirán más de $ 16,1 millones para proveer servicios gratuitos de prevención de ejecuciones hipotecarias a través de Nueva York. Introdujo la Ley de Prevención de Fraude de Ejecución Hipotecaria de 2012 en la Legislatura estatal, un proyecto de ley que protegería a los neoyorquinos de prácticas comerciales fraudulentas en el proceso de ejecución hipotecaria con duras sanciones penales nuevas para aquellos que intencionalmente participen en dicha conducta. Obtuvo un acuerdo multimillonario con la firma de ejecución hipotecaria Steven J. Baum PC, una suma que será utilizada en parte para financiar los programas estatales que ofrecen asistencia a los propietarios de viviendas que enfrentan ejecuciones hipotecarias o las víctimas de las prácticas de préstamos predatorios. El acuerdo surge de la investigación anterior del Fiscal General según la cual la firma Baum, con sede en Búfalo, había sometido rutinariamente procedimientos de ejecución hipotecaria sin tomar las medidas necesarias para comprobar la veracidad de las acusaciones o el derecho del demandante a ejecutar la hipoteca.
Emplazó a Wells Fargo para revertir una política que suspendió temporalmente la revisión de las solicitudes de asistencia para hipotecas de los propietarios de Nueva York, mientras el estado se recuperaba del Huracán Sandy, lo cual violaba los términos del Acuerdo Hipotecario Nacional. Defendiendo a los consumidores e inversionistas
Aseguró un acuerdo por $ 410 millones con J. Ezra Merkin, que controlaba cuatro fondos que invirtieron más de $2 mil millones con Bernard Madoff M. en nombre de cientos de inversionistas de Nueva York como parte del mayor esquema Ponzi de la historia. Obtuvo un acuerdo de $210 millones con Ivy Asset Management, una firma que asesoró a clientes a invertir con el notorio estafador Bernard Madoff Ponzi, a pesar de su conocimiento de la operación fraudulenta de Madoff. El acuerdo ayudó a regresar casi toda la inversión inicial a los defraudados en el caso. Se logró un acuerdo por $7,8 millones con eAppraiseIT, anteriormente una de las mayores empresas de evaluación de bienes raíces de la nación, por conspirar con Washington Mutual para inflar los valores de las casas, poniendo en peligro la salud del mercado inmobiliario. Resolvió las quejas contra GlaxoSmithKline que dieron lugar a un acuerdo de $3 mil millones y declaraciones de culpabilidad a cargos penales federales, luego de que la corporación farmacéutica se dedicara a diversos esquemas ilegales relacionados con la comercialización y fijación de precios de los medicamentos que fabrica.
Tomó parte en el más grande multi-estatal de protección al consumidor basado en la industria farmacéutica en la historia, llegando a un arreglo récord de $ 181 millones con Johnson & Johnson para resolver las querellas de que el gigante farmacéutico indebidamente comercializó dos medicamentos anti psicóticos. Logró un acuerdo global de 1,6 mil millones dólares con Abbott Laboratories en relación con la promoción ilegal de la droga anticonvulsiva Depakote para usos no indicados. Puso fin a un esquema ilegal de fijación de precios entre varios de los principales fabricantes de LCD, incluyendo AU Optronics Corporation, LG Display Co., Ltd. y Toshiba Corporation, y aseguró un acuerdo nacional de $ 571 millones para compensar a los consumidores afectados por la estafa. Alcanzó un acuerdo de $ 612 millones con el gigante de la biotecnología Amgen por participar en diversas prácticas de marketing ilegales - incluyendo sobornos a los profesionales de la salud y la presentación de reclamaciones falsas de Medicaid - para promover la venta de medicamentos para usos no aprobados. Llegó a un acuerdo de $95 millones con Boehringer-Ingelheim Pharmaceuticals, Inc., por participar en diversos programas ilegales con el fin de promover sus productos, incluidas las prácticas comerciales engañosas y sobornos a los profesionales médicos. Terminó con la comercialización engañosa de los productos de calzado de Skechers, EE.UU., Inc., , incluyendo Shape-Ups, Tone-ups, y los zapatos Skechers Resistance Runner deportivos, a través de un acuerdo récord de $ 45 millones de dólares a nivel nacional. Aseguró un acuerdo de de indemnización por $64 millones con la empresa de distribución de medicamentos McKesson Corporation, que sobrecargó el programa estatal de Medicaid al reportar información sobre los precios inflados de más de 1.400 medicamentos recetados. Resolvió cargos civiles y penales en contra de Merck Sharp & Dohme Corp. por el uso de prácticas comerciales engañosas para tergiversar la seguridad cardiovascular de su medicamento Vioxx. Como parte del acuerdo con la corporación el Estado de Nueva York recibirá $ 61 millones en compensación. Aseguró un acuerdo por $ 9,5 millones con SmartBuy, una tienda minorista y de financiación con sede en Carolina del Norte, después de que la empresa fraudulentamente cargó a miles de soldados que habían comprado artículos electrónicos cerca de Fort Drum arruinando su crédito. El acuerdo del Fiscal General borró la deuda fraudulenta a los centenares de soldados en Nueva York y miles de soldados en todo el país. Este fue el segundo acuerdo de la Fiscalía General con SmartBuy y sus empresas filiales, eliminando un total de $ 12,9 millones en deuda para los miembros del servicio militar. Resolvió las acusaciones de fraude al Medicaid en los servicios de tratamiento de drogas y alcohol contra el Hospital New York Downtown con un acuerdo de $ 13,4 millones. Garantizó reembolsos por un total de casi $2 millones para 2.700 clientes del Estado de Nueva York de Columbia Utilities LLC y Columbia Utilities Power LLC, luego de que las empresas de servicios públicos atrajeron a los consumidores con promesas falsas de tasas más bajas, y en vez engañó a los clientes con cuentas mucho más altas. El acuerdo del Fiscal General también impuso nuevas restricciones a las prácticas de comercialización de las empresas para evitar fraudes en el futuro. Obligó a proveedores de atención médica a cumplir sus obligaciones para con los contribuyentes de Nueva York mediante la recuperación de $1,6 millones dólares gastado en exceso de los pagos de Medicaid en reclamaciones por servicios dentales proporcionados por Kaleida Salud a través de Buffalo Women’s & Children’s Hospital Dental Clinic. Desarticuló una red de robo de identidad que utilizaron las cuentas de crédito de 180 personas en tiendas como Home Depot, Sears, Kmart, Kohl, y otras tiendas minoristas para obtener más de $ 1 millón en tarjetas de mercancía de regalo y créditos de la tienda, y luego revender la mercancía. El Fiscal General aseguró posteriormente las declaraciones de culpabilidad de los ocho miembros de la banda, todos ellos se enfrentan a la cárcel. Después de recibir cientos de quejas de los consumidores en todo el estado, abrió una investigación sobre la manipulación de los precios, la inflación de los precios de los bienes y servicios esenciales causada por la disrupción del mercado causada por el Huracán Sandy. Como parte de esta investigación, la oficina del Fiscal General ha notificado hasta el momento a 25 operadores de estaciones de gas en Nueva York, Westchester y Long Island de la intención de su oficina para iniciar el procedimiento de judicial contra ellos por estafar a los consumidores a raíz del Huracán Sandy.
Terminó la conducta ilegal de 47 contratistas de mejoras de vivienda en el norte del país después de que una investigación reveló violaciones generalizada de la Ley y Contratos de Mejoras de Vivienda de Nueva York. Llegó a un acuerdo para proteger la privacidad de los consumidores estafados por la Game Theory, una corporación móvil de contenido que estaba enviando mensajes de texto a los neoyorquinos con el fin de engañarlos para firmar para servicios de mensajes de texto. Se alió con el Departamento de Justicia para presentar una demanda antimonopolio e impugnar el monopolio de dos icónicos operadores de tour de autobuses en la ciudad de Nueva York, la fusion ilegal de Gray Line and City Sights, que dio lugar a un monopolio en el mercado de sobre los paseos hop-on, hop-off en Nueva York . Demandó a los propietarios de Buffalo furniture retailer FWS por no proporcionar a los consumidores que han hecho pagos adelantados ya sea con muebles o devoluciones después del cierre de la tienda. Tomó acción contra una empresa de Lake George de remoción de árboles, la empresa American Tree, por especulación de precios con los consumidores de Nueva York como consecuencia de la tormenta tropical Irene.
Obtuvo restitución en acción contra el propietario de un concesionario de automóviles de Brooklyn que utilizó prácticas ilegales de negocio en la venta y financiamiento de automóviles, arruinando el crédito de algunos consumidores de New Yorker en el proceso. Trabajó en conjunto con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el Departamento de Defensa y la Comisión Federal de Comercio para desarrollar la Base de Datos sobre los Fraudes Reincidentes Contra Miembros del Servicio Militar (ROAM), un nuevo sistema para combatir los fraudes financieros al consumidor mediante el seguimiento de acciones judiciales completadas contra las empresas e individuos que reiteradamente engañan a los miembros del servicio militar, veteranos, o sus familias. Lanzó “Smart Seniors” a nivel estatal, un programa de prevención de abuso de ancianos, diseñado para ayudar a los ancianos a identificar y evitar posibles fraudes y abusos - incluyendo la explotación económica, el robo de identidad, mejoras para el hogar, estafas y abusos físicos - antes de que sucedan.
Seguridad Pública: Mantener nuestras calles seguras y nuestras comunidades fuertes Ley Sistema de Internet Para el Seguimiento a la Prescripción Excesiva (I-STOP)
Aseguró una victoria importante para los neoyorquinos cuando la legislatura de Nueva York aprobó por unanimidad la ley sistema público de Internet para el rastreo de sobre-prescripción , I-STOP-. La ley proporciona a los profesionales de atención de salud y los farmacéuticos con información centralizada para evitar la sobre-prescripción, ayudar a cerrar el tráfico de drogas con receta, así como identificar y tratar a los pacientes que tratan de abusar de medicamentos recetados. El Gobernador Cuomo firmó la ley el 27 de agosto. Apresó a la residente del Bronx Suzanne Benizio por liderar una operación ilegal de prescripción de medicamentos falsificando más de 250 recetas, incluidos los analgésicos adictivos. La detención puso de relieve de crisis del sistema de seguimientos a medicamentos recetados en Nueva York, así como la importancia de la legislación I-STOP de la Fiscalía General: una base de datos en tiempo real habría invalidado la recetas falsificadas por Benizio y prevenido que este suministro de analgésicos adictivos llegara a las comunidades de todo el estado. Continuó su ofensiva contra la crisis de medicamentos recetados de Nueva York con el arresto de un médico de Westchester que conspiró para fabricar recetas de 15.000 píldoras de oxicodona, por valor de más de $450.000. Haciendo cumplir las leyes de control de armas de fuego Alcanzó acuerdos con dos operadores de ferias de armas para implementar un nuevo conjunto de normas que van más allá de la regulación actual de la venta de armas en el estado de Nueva York, y el establecimiento de medidas importantes para velar por que la verificación de antecedentes tome lugar antes de la venta. Estos acuerdos se produjeron después de una investigación encubierta del año pasado que reventó que 10 vendedores de armas de todo el estado de Nueva York ponían en peligro la seguridad del público al violar el requisito del estado de verificación de antecedentes para la venta de armas de fuego en ferias de armas. Obtuvo una victoria importante en la defensa judicial de las leyes de seguridad de armas de fuego del Estado de Nueva York . En una decisión unánime en el caso de Kachalsky, et al. v Cacace, et al, la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito rechazó un recurso de inconstitucionalidad a la ley de licencias de armas de fuego de NY, al dictaminar que la ley que obliga a las personas a demostrar "causa justificada" para obtener una licencia para portar armas ocultas en público no viola la Segunda Enmienda de la Constitución. Encabezó una coalición de diez estados instando al Senado de EE.UU. a rechazar dos proyectos de ley de armas que obligarían a estados como Nueva York a reconocer permisos de portación oculta emitidas por otros estados, incluso aquellos con mala supervisión y débiles normas de concesión de permisos. Medidas enérgicas contra drogas sintéticas Combatió la creciente crisis de drogas sintéticas de Nueva York mediante la presentación de demandas en contra de un total de 23 tiendas head shops a nivel estatal por vender ilegalmente drogas de diseño mal etiquetadas. Hasta la fecha, ocho de las demandas han resultado en la eliminación permanente de sales de baño y otras drogas sintéticas de los estantes de las tiendas y otras sanciones. Además, el Fiscal General obtuvo una victoria legal importante haciendo a los vendedores de drogas de sintéticas responsables por la venta de productos que saben se utilizará en formas peligrosas. Protegiendo a los Neoyorquinos del Crimen
Protegió los niños de Nueva York de los predadores en las redes de videojuegos a través de la "Operación: Game Over", una iniciativa en curso que hasta ahora ha purgado a más de 5,600 delincuentes sexuales registrados en las cuentas de sus correspondientes plataformas en línea. La limpieza de la base de datos fue la primera de su clase, inicialmente con participación de Microsoft, Apple, Blizzard Entertainment, Electronic Arts, Disney Interactive Media Group, Warner Brothers, Sony, y, posteriormente, incluyendo Gaia Online, la Corporación de NCsoft, Funcom y THQ, Inc. Estableció la Oficina de Revisión de Condenas como parte de una iniciativa a nivel estatal para abordar las cuestiones relacionadas con condenas erróneas, lo que maximiza la capacidad de nuestro sistema de justicia para condenar a los verdaderos responsables de los delitos al tiempo que evita que personas inocentes sean sancionados por delitos que no cometieron. En la mayor operación de desarticulación de una banda criminal individual en historia del Buró Contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General de la Fuerza de Tarea del delito, fueron arrestados y sometidos a la justicia 52 miembros de una violenta red de narcotráfico con nombre en código "OGK" que distribuía grandes cantidades de cocaína, heroína y diversos medicamentos recetados ilegales desde la ciudad de Nueva York hasta la Región capital, así como los condados de Greene, Orange, Rensselaer, Rockland, Schenectady, Ulster y Warren. En conjunto con la policía de Nueva York desarticuló un anillo tri-estatal de prostitución y drogas que ganó millones de dólares con la explotación de la mujer; se logró el rescate de dos víctimas de trata de personas en el proceso. Después de nueve meses de una investigación multi-agencia , se desmanteló una gran operación de trafico de fármacos entre New York City-Syracuse, asegurando la detención de 39 personas y la incautación de más de $ 1 millón en cocaína. Se obtuvo declaraciones de culpabilidad de cinco farmacéuticos que estafaron el programa estatal de Medicaid de $9,9 millones de dólares mediante la presentación de facturas por medicamentos que nunca se dispensaron a sus pacientes. Se detuvo una de las principales operaciones de tráfico de drogas de Staten Island que suministraba narcóticos ilegales, incluyendo miles de pastillas de oxicodona, obtenidas a través de falsas reclamaciones de seguros de automóviles y visitas médico a través de Medicaid. El Cabecilla de la operación fue declarado culpable y condenado a siete años de prisión. Se desarticuló una importante red de distribución de narcóticos en los condados de Erie, Allegany, Cattaraugus y Genesee través de la "Operación Babcock," asegurando la detención de 24 traficantes y la incautación de varios kilogramos de cocaína y más de $58.500 en efectivo. Se restituyeron los fondos robados a los contribuyentes de Nueva York en un acuerdo de $ 1,2 millones con un farmacéutico de Brooklyn que defraudó a Medicaid por facturación incorrecta de los medicamentos recetados que compraba a suplidores ilegalmente y luego dispensa a los pacientes. Acabó con un plan masivo para distribuir en el mercado negro medicamentos recetados para el VIH y defraudar al programa de Medicaid, una operación ilegal que puso en peligro a pacientes por la exposición a drogas de origen, potencia y fechas de vencimiento desconocidos. Trabajo con la policía de Nueva York para someter a 14 individuos que operaban una sofisticada banda internacional de robo de vehículos de lujo que robó decenas de vehículos valorados en más de $ 1 millón en Nueva York y sus alrededores. Logró una sentencia de cárcel al defraudador convicto valores Charles Raspa, cuyo esquema defraudó a 800 víctimas de más de $ 6,2 millones en comisiones ilegales. Terminó con un esquema de evasión de impuestos a gran escala mediante el que se utilizaban facturas manipuladas de vendedores de tabaco al por mayor para ocultar las compras de los auditores, que costaron al estado más de $ 700.000.
Aseguró la detención y acusación estafador del Bronx Robert H. "Bob" Van Zandt por operar una masivo y multimillonario esquema Ponzi, que abarcó años y victimizó a docenas de neoyorquinos. El Fiscal General después presentó una demanda civil en el caso, alegando que Van Zandt ubicó selectivamente a clientes de su negocio de preparación de impuestos, la Agencia de Van Zandt, y abusó de su conocimiento de las finanzas de los clientes para atraer a los inversionistas no entendidos a inversiones de alto riesgo. Persiguió y arrestó al constructor de Schenectady Angelo Rossi, que falsificó documentos para robar más de $640.000 en fondos de préstamos hipotecarios de los préstamos de la empresa Countrywide Home, y luego huyó a Florida. Frustró un esquema de accidentes automovilísticos planeados que puso la vida de los neoyorquinos inocentes en peligro y por el que los cabecillas de manera fraudulenta podrían recibir $400.000 en pagos de seguros. Defendió algunos de los neoyorquinos más vulnerables con la detención de un ex oficial de policía de Nueva York que dirigía una operación fraudulenta en el condado de Dutchess estafando con miles de dólares a inmigrantes que buscan licencias de conducir y la asistencia migratoria. Terminó con un masivo fraude de seguros en el que se utilizaban documentos falsificados e identidades robadas para obtener fraudulentamente miles de dólares en descuentos de polizas comerciales de seguros de automóviles y Taxi de Nueva York y las licencias de la Comisión de Taxis y Limosinas. Trajo justicia para los pacientes de Nueva York perjudicados por falsos "cirujanos plásticos" que supuestamente realizaron cirugías estéticas en las mujeres sin anestesia general, dejando a algunas permanentemente desfiguradas. Unió fuerzas con la Oficina del Contralor del Estado para investigar, juzgar y asegurar la declaración de culpabilidad de un dentista de Brooklyn que defraudó al programa Medicaid mediante la contratación de los pacientes sin hogar con dinero en efectivo e ilegalmente facturó a los contribuyentes. Apresó a dos basados ​​“doctores” en Chinatown que practicaban la medicina sin licencia, examinando y tratando a los pacientes mediante la inyección de sustancias desconocidas y dándoles una variedad de píldoras no identificadas. Procuró tiempo en la cárcel del condado de Putnam al conocido "Dirtman", que operaba ilegalmente un vertedero de materiales de desechos peligrosos dentro de la Cuenca acuífera de la ciudad de Nueva York, poniendo en peligro el agua potable de los neoyorquinos potable. Logró restitución completa para los neoyorquinos estafados por Jessica Vega, quien se hizo pasar por una novia con enfermedades terminales para recibir miles de dólares de los ciudadanos y otras personas de la región de Mid-Hudson. Justicia Social: Protección del Medio Ambiente, Derechos Civiles, Salud, Trabajo, Entidades sin Fines de Lucro Propuso nuevas regulaciones que requieren a los grupos sin fines de lucro, incluyendo organizaciones 501 (c) (4), informar el porcentaje de sus gastos que vaya a procesos electorales federal, estatal y local, con esas revelaciones a ser accesibles al público. Estos grupos han gastado más dinero en publicidad política en los dos últimos ciclos electorales que los comités de acción política, pero no han sido obligados a revelar sus donantes, como tienen que hacerlo los PAC. Protegió el derecho al voto de los votantes de minorías lingüísticas en Nueva York al llegar a acuerdos con las Juntas Electorales de los Condados de Rockland, Ulster y Schenectady para ayudar a garantizar la provisión de los recursos necesarios en las urnas, incluyendo boletas bilingües y materiales bilingües relacionados con las elecciones y asistencia de lenguaje. Presentó una instancia, amiga-de-la-corte en el caso de Windsor contra Estados Unidos ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito, junto con los Fiscales Generales de Vermont y Connecticut, cuestionando la constitucionalidad de la Ley Defensa del Matrimonio ("DOMA"), que rechaza el matrimonio homosexual válido bajo la ley estatal para todos los propósitos federales. El Segundo Circuito se puso al lado con el Fiscal General Schneiderman, dictaminando que DOMA es inconstitucional. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha llegado a un acuerdo para conocer el asunto. El escrito de la Fiscalía sostiene que DOMA viola el derecho de las parejas homosexuales a igual protección bajo la ley como lo exige la Constitución de los EE.UU. y debe ser visto con gran escepticismo porque es una intromisión sin precedentes en la autoridad de los Estados para regular el matrimonio y fomentar la igualdad para sus ciudadanos. Obtuvo una importante victoria en la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia requiriendo que la EPA tome medidas rápidas para proponer normas actualizadas contaminación del aire con hollín, según lo dispuesto por la Ley de Aire Limpio. Fue reconocido por la Asociación Nacional de Fiscales Generales, con su "Premio a la Mejor Instancia» y la excelencia en la defensa legal ante la Corte Suprema de los EE.UU. en el caso del Estado de Arizona contra los Estados Unidos de América. El escrito argumentó que una controvertida medida de Arizona contra los inmigrantes indocumentados es inconstitucional por ser incompatible con la legislación federal, amenazar a los derechos civiles y socavar las prioridades federales que son los encargados de hacer cumplir la ley. Lideró una coalición de siete estados, notificando a EPA de su intención de demandar a la Agencia por violar la Ley de Aire Limpio al no abordar las emisiones de metano procedentes de la industria del petróleo y gas natural a través de diversos procedimientos, incluyendo fracturación hidráulica. Fue acompañado por 14 estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de los EE.UU. en la presentación de una instancia amiga de la corte instando a la Corte Suprema a mantener el sistema de admisiones de pregrado de la Universidad de Texas en Austin, que considera la raza y el origen étnico para los solicitantes entre muchos otros factores que forman parte de las decisiones de admisión individualizadas. Formó una coalición bipartidista de 22 estados y el Distrito de Columbia para presentar un escrito instando al Tribunal Supremo a defender las leyes estatales de financiamiento de campaña en el caso American Tradition Partnership v. Bullock, a raíz de su decisión de Ciudadanos Unidos. Los fiscales generales argumentaron que los Estados tienen un interés apremiante en la regulación del gasto de las empresas en las elecciones estatales y locales, y que el Tribunal no debería invalidar automáticamente las leyes estatales de financiamiento de campañas sin una audiencia completa. Publicó una lista de las mejores prácticas para promover la transparencia en campañas de marketing de causa "Pink Ribbon" en la que las empresas anuncian que la venta de un producto se traducirá en una contribución a asociaciones de cáncer de mama. Dos de las mayores asociaciones de cáncer de mama de la nación, Susan G. Komen for the Cure y la Fundación Breast Cancer Research, acordaron adoptar las mejores prácticas. Ganó una decisión de la Comisión Reguladora Nuclear de rechazar la solicitud de Indian Point para más de 100 exenciones de los requisitos de seguridad contra incendios. El Fiscal General sigue instando a la NRC para hacer frente a los riesgos asociados con la operación de Indian Point antes de tomar cualquier decisión de renovación de licencias. Presentó una demanda civil contra Kelli Conlin, la ex presidenta de NARAL Pro-Choice NY, por abusar de su posición y el uso de más de $250,000 en fondos de caridad para su beneficio personal. Protegió a los trabajadores contra el robo de salarios, las violaciones de salarios prevalecientes y otras violaciones de los derechos laborales, en industrias como la salud, la hospitales, lavado de autos, construcción y fabricación formulando cargos civiles y criminales y casos. Estas acciones han resultado en penas de cárcel para los infractores y millones de dólares en restitución a los trabajadores que fueron engañados. Demandó a los directores de la Fundación de Retiro de Puras Sangre (TRF), una de las mayores organizaciones sin fines de lucro del país dedicada a los caballos de carreras de pura sangre jubilados, por llevar a la TRF a la insolvencia y no proveer los fondos necesarios para atender a los 1.100 caballos de su manada. Como resultado de las acciones de los directores, caballos de carrera jubilados encomendados a TRF han sido abandonados y privados de la atención más básica. Se proporcionó información importante para los neoyorquinos que buscan donar a organizaciones benéficas en el reporte Pennies for Charity, que reveló que con compañías de telemercadeo con fines de lucro han recibido la mayor parte de las donaciones que se plantean en nombre de organizaciones no lucrativas. En 2011, recaudadores de fondos se llevaron un promedio de 61,5 centavos de cada dólar de caridad que consiguieron , con sólo 38,5 centavos de dólar de los fondos destinados a la caridad. Aseguró oportunidad para los propietarios de Nueva York que fueron encerrados en contratos arrendamiento desfavorables para la explotación de gas natural con Chesapeake Appalachia para renegociar con la empresa de energía un mejor negocio por sus tierras. Utilizó la Ley Estadunidenses con Discapacidades para llegar a un acuerdo con el entrenador del Este, una empresa de autobuses de Nueva York que se olvidó de proporcionar servicios a los clientes en silla de ruedas, privando de manera ilegal a los neoyorquinos con discapacidad de la igualdad de acceso al transporte. Salvaguardó los derechos de los empleados a arreglos religiosos con la Corporación de Salud y Hospitales de Nueva York (HHC), la mayor organización de salud municipal en el país. Logró un acuerdo con el asegurador Excellus BlueCross BlueShield, exigiendo que la empresa pague $3,1 millones en reembolsos a los miembros del plan y los proveedores que pagaron por reclamaciones como consecuencia de irregularidades contables. Presentó una demanda contra Aldon James, el ex presidente del Club Nacional de las Artes, por años de malversación y la mala gestión que dio lugar a más de $ 1,75 millones en ingresos perdidos a la institución. Designó al New York Community Trust para administrar el Fondo de Brooke Astor de Nueva York para la Educación, un fondo de $ 42 millones establecido bajo el acuerdo sobre el testamento de Astor para apoyar programas que beneficien a los estudiantes desfavorecidos de Nueva York. Envió cartas a 75 organizaciones no lucrativas solicitando información sobre su recaudación de fondos y las actividades de socorro relacionadas con el huracán Sandy para ser reportada al público, como parte de los esfuerzos de la Fiscalía General del Estado para promover la transparencia y para garantizar que los fondos recaudados para el alivio de Sandy se utilizan correctamente. Tomó medidas enérgicas contra las empresas de cigarrillos "hágalo usted mismo" por violar las leyes de impuestos aplicables y otras leyes regulatorias, facilitando la producción de cigarrillos libres de impuestos y peligrosos. En un caso, el Fiscal General presentó una demanda en contra de Tobacco House C.C.W., Inc. que proporcionaba a los clientes tabaco suelto, tubos de papel de fumar y el acceso a la maquinaria que produce instantáneamente cigarrillos ensamblados por los clientes. Obtuvo un acuerdo por $5,5 millones dólares con Educational Housing Services, un proveedor de vivienda a estudiantes universitarios en la ciudad de NY, por desviar dinero de los consumidores para subsidiar el lujoso estilo de vida de su presidente. Los fondos del acuerdo se utilizarán para reducir las rentas de los estudiantes y mejorar las condiciones de las habitaciones. Alcanzó un acuerdo de $850.000 dólares con AXA Equitable Life Insurance Company después de que una investigación reveló que la empresa realizó un cambio no revelado a su política de reembolso en reclamos médicos, lo cual reduce los reembolsos a muchos miembros. Presentó una demanda contra la empresa King Mountain Tobacco Company por la fabricación y distribución de cigarrillos de contrabando a través del estado de Nueva York, engañando al estado con cientos de miles de dólares de ingresos fiscales muy necesarios y poniendo a negocios respetuosos de la ley en desventaja competitiva. Honró los derechos de los trabajadores de Nueva York a arreglos religiosos en su lugar de trabajo al exigir Milrose Consultants, una firma consultora de ingeniería y arquitectura, establecer una política legal de acomodamiento religioso. Aseguró una nueva orden judicial para establecer una zona de protección en Planned Parenthood de Utica actualmente en fase de ampliación, de la acción amenazante y obstructiva por los manifestantes. Arrestó a dos inspectores de vehículos de motor de Brooklyn por la expedición de certificados fraudulentos de inspección para camiones diesel que en realidad no fueron probados. Dio a conocer un plan audaz para reformar y revitalizar el sector sin fines de lucro de Nueva York. El plan de la Fiscalía General incluye la legislación para eliminar las cargas anticuadas y costosas en las organizaciones no lucrativas, fortalecer la supervisión y la rendición de cuentas, y reafirmar el compromiso de su oficina de combatir el fraude y el abuso. Reconociendo que las organizaciones de todo el Estado de Nueva York se enfrentan a desafíos históricos financieros y estratégicos, el plan del de la fiscalía también incluye varias nuevas alianzas con las comunidades empresariales y académicas para mejorar la gestión sin fines de lucro. El anuncio de este plan siguió a un informe por el Comité de Liderazgo la Fiscalía General para la Revitalización del Sector sin Fines de Lucro, que se reunió en 2011 con 32 líderes de entidades sin fines de lucro en todo el estado para recomendar propuestas que reducirían las cargas regulatorias sobre organizaciones no lucrativas, mientras fomentamos el fortalecimiento de la gobernanza y la rendición de cuentas. Se estableció un nuevo sistema para organizaciones benéficas registradas en Estado de Nueva York puedan completar y presentar su estado anual y los informes financieros federales electrónicamente, permitiendo una más rápida difusión de información clave para la transparencia pública. Integridad Pública y Protección del Contribuyente Expuso una organización no lucrativa creada por la senadora estatal de Nueva York Shirley L. Huntley que canalizó fondos de los miembros a personas asociadas con ella. Cuatro personas que supuestamente participaron en el esquema han sido acusadas​​, entre ellas la ayudante de la senadora y una persona que comparte residencia con la senadora. La investigación fue parte de una iniciativa pionera de integridad pública entre las oficinas de la Fiscalía y Contraloría del Estado. El 27 de agosto, el Fiscal General Schneiderman anunció el arresto y la acusación de la senadora Huntley por cargos relacionados con la falsificación de registros comerciales, conspiración y la manipulación de su investigación sobre el esquema fraudulento. Presentó cargos contra Clement Gardner por malversación de al menos $75.000 dólares mientras servía como oficial fiscal de la Asociación Benevolente Comunidad Cristiana, Inc., una entidad sin fines de lucro del Bronx financiada por los contribuyentes. Aseguró el arresto de Dennis Bassat, el ex jefe de un centro de rehabilitación sin fines de lucro en Troy, que malversó $ 200 mil del centro financiado por los contribuyentes. El centro forma parte del Peter Young Housing, Industry and Treatment.
Utilizó la fortalecida Ley de Reclamos Falsos - que fue modificada por el Fiscal General Schneiderman mientras se desempeñó como senador del estado - para asegurar un acuerdo de $18 millones con el proveedor de servicios de alimentación Compass Group EE.UU., Inc., por la retención indebida de descuentos y sobrecarga d 39 escuelas y los distritos escolares en todo el estado. Demandó a Sprint Nextel Corp., por deliberadamente pagar por debajo de lo que dicta la ley en impuestos por las ventas estatales y locales sobre las tarifas de acceso fijas y los planes de llamadas inalámbricas. Bajo la Nueva Ley de Reclamos Falsos York, la demanda podría requerir que Sprint pagar tres veces el pago incompleto de más de $ 100 millones, más multas. Sometió a Eddie Calderón-Meléndez, fundador y ex director general de la Escuela Williamsburg Charter High School y Believe High Schools Network, por recibir más de $ 1,4 millones en compensación, pero no pagar más de $70,000 dólares en impuestos. Hizo rendir cuentas a la administradora de dos hogares de ancianos de Brooklyn, Marcus Garvey Nursing Home y Ruby Weston Manor, por abusar del sistema para apropiarse de $871.000 dólares en compensación excesiva. La administradora acordó pagar todas las compensaciones no autorizadas y reembolsar a la Oficina del Fiscal General por el costo del litigio. Logró condena y cárcel para el ex jefe de proyecto del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad que se apropió de más de $20,000 dólares en sobornos en contratos de parques del Bronx. Dio otro paso importante en el fortalecimiento de la transparencia en el gobierno estatal con el lanzamiento de "Gobierno Abierto NY", un nuevo sitio web diseñado para proporcionar al público información relevante, actualizada y fácil de usar información sobre las contribuciones de campaña, grupos de cabildeo, y contratos estatales. Como parte de su continuo esfuerzo para someter a funcionarios electos que abusen de su cargo público y la confianza de los votantes para su propio beneficio personal, arrestó a la ex Supervisora de de Pitcairn Town Susan Smith por malversar más de $ 35,000 de la ciudad de St. Lawrence County y un fallido intento de encubrimiento. Obtuvo la declaración de culpabilidad de un ex empleado de los Servicios de Salud Mental Lakeview – una entidad sin fines de lucro estatal que apoya a las personas con enfermedades mentales - que robó de la institución, engañando a los contribuyentes y los enfermos mentales. Para anuncios adicionales realizados en 2012 por la oficina del Fiscal General , por favor visite http://www.ag.ny.gov/press-releases English

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