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Timestamp: 2019-08-21 10:14:06+00:00

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﻿ Resumen 2018 - principales cambios legislativos y jurisprudenciales. - ESCÁMEZ ASESORÍA JURÍDICA
A las puertas del año 2019 presentamos una breve recopilación de los cambios legislativos y jurisprudenciales más relevantes que nos ha dejado el 2018 por ámbitos del derecho.
Vaivenes en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en préstamos hipotecarios
Si algo ha marcado el pasado año en el ámbito legal ha sido la gran polémica suscitada a raíz de los cambios interpretativos del Tribunal Supremo respecto del pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de préstamos con garantía hipotecaria.
A pesar de que a comienzos de año la Sala Civil del Supremo estableció que el pago del impuesto incumbía al prestatario, en octubre la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictaminó todo lo contrario: el pago debía asumirlo el banco.
Ante tal giro jurisprudencial, y tras avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de los recursos pendientes en esa materia, el Pleno de la Sala III acordaba por 15 votos a 13 desestimar los recursos planteados y volver al criterio según el cual el sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los préstamos hipotecarios era el prestatario.
Finalmente, el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, publicado en el BOE el 9 de noviembre de 2018, modificó la normativa del impuesto y estableció que el sujeto pasivo será el prestamista cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria.
Entra en vigor el Libro Sexto del Código Civil de Cataluña
El 1 de enero de 2018 entró en vigor la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro Sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.
Publicada en el DOGC el 22 de febrero de 2017, el objeto de la norma era aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sustituir la Compilación del Derecho Civil de Cataluña.
El TC anula el arbitraje imperativo para la aseguradora en seguros de defensa jurídica
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de enero de 2018 declaró inconstitucional y nulo el art. 76.e) de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, que concede al asegurado el derecho a acudir al arbitraje.
La resolución indica que la norma establece un sistema imperativo para una sola parte en una relación jurídica bilateral, lo que equivale a admitir que una de las partes ope legis pueda imponer a la otra el cauce arbitral, admitiendo ex lege la exclusión del derecho a la tutela judicial efectiva para una parte si así lo decide la otra.
Se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
El 12 de junio de 2018 entró en vigor la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
La norma, aplicable a las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que se suscriban o ya suscritos, perseguía eliminar las discriminaciones que ocasionan las cláusulas contractuales abusivas que obligan a declarar determinadas enfermedades, como el VIH, la hepatitis C, la diabetes o la intolerancia a la glucosa.
Se reforma de la Ley de Propiedad Intelectual
El 15 de abril de 2018 entró en vigor el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que incorporó al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.
La reforma introduce la regulación la regulación de los operadores de gestión independientes como alternativa a la gestión colectiva ofrecida por las entidades de gestión.
El 2 de julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
La reforma nacía fruto de la necesidad de crear mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitieran la defensa de los derechos de los titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata tanto de personas físicas como de entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.
La nueva Ley establece un cauce procesal que ampara a los propietarios y poseedores legítimos de viviendas frente al fenómeno de los okupas, dando respuesta al considerable número de desahucios de personas y familias en situación de vulnerabilidad económica y de exclusión residencial.
Nueva prórroga de la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil
La mencionada Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, modifica la Disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, retrasando de nuevo su entrada en vigor al 30 de junio de 2020.
Se aplaza así, nuevamente, la entrada en vigor de la normativa que prevé la modernización del organismo y que crea un Registro Civil electrónico y único.
Se aprueban medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores
El pasado 7 de julio de 2018 entraron en vigor una serie de medidas destinadas a dotar de mayor protección a los consumidores de energía eléctrica, así como a acelerar la transición a una economía descarbonizada.
Así, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, ha creado el nuevo bono social térmico, prohibido el corte de suministro en viviendas con menores, liberalizado la actividad de recarga eléctrica de vehículos, promovido el autoconsumo eléctrico y prohibido la contratación del suministro a través de la modalidad «puerta a puerta», entre otras novedades.
Una Instrucción de la DGRN facilita el cambio de nombre de menores transexuales
El 24 de octubre de 2018 el BOE publicó la Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales.
La circular pretendía homogeneizar las diversas interpretaciones que realizan los Registros Civiles ante el cambio de nombre de menores de edad cuando éstos inducen a error sobre el sexo del solicitante.
Así, se establece que los mayores de doce años deberán firmar la solicitud realizada por sus progenitores, que declararán que éste siente como propio el sexo correspondiente al nombre solicitado de forma clara e incontestable. En caso de que el menor tuviera una edad inferior deberá, en todo caso, ser oído por el encargado del Registro Civil.
La justicia europea, mediante Sentencia TJUE nºC-335/17 de 31 de mayo de 2018, establece que amplía el derecho de visitas en materia de responsabilidad parental a los abuelos:
“El concepto de derecho de visita del artículo 1, apartado 2, letra a), y del artículo 2, puntos 7 y 10, del Reglamento n.º 2201/2003 debe entenderse en el sentido de que incluye no solo el derecho de visita de los progenitores a sus hijos, sino también el de otras personas con las que resulte importante que el menor mantenga relaciones personales, en particular sus abuelos, sean o no titulares de la responsabilidad parental”.
Adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
El 18 de diciembre de 2018 se publica en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, con el objetivo de adoptar determinadas medidas que cuentan con un alto grado de consenso social y no admiten demora, al afectar al ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada de muchos hogares.
Entre otras medidas, se aumenta de 3 a 5 años el plazo legal mínimo en el que el inquilino podrá permanecer en la vivienda arrendada y se limitan las garantías adicionales a la fianza hasta un máximo de dos mensualidades.
La Orden Ministerial ESS/214/2018, de 1 de marzo modifica la Orden ESS/484/2013 reguladora del Sistema de Remisión Electrónica de Datos (Sistema RED) en el ámbito de la Seguridad Social, estableciendo la obligatoriedad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos para incorporarse a dicho Sistema.
Se amplía a 5 semanas la duración de la prestación por paternidad
Con la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se da una nueva redacción al artículo 48.7 del Estatuto de los Trabajadores modificando la regulación de la suspensión del contrato de trabajo en razón de la paternidad. En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la suspensión del contrato por paternidad durante cinco semanas, ampliables en los supuestos de parto, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples en dos días más por cada hijo a partir del segundo.
Se publican las modificaciones en la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios
El DOUE de 9 de julio de 2018 publica laDirectiva (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.
Desarrollo de la Ley 27/2011 en materia de pensión de viudedad
La disposición adicional trigésima de laLey 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, estableció el incremento del porcentaje a aplicar a la base reguladora de la pensión de viudedad hasta el 60 por ciento para las personas beneficiarias mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública, ni perciban otros ingresos por la realización de trabajo o de capital en cuantía relevante.
Modificación del Reglamento General de Cotización a la Seguridad Social
El Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, regula en los capítulos IV y V de su título II las formas de promover las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores en los regímenes del sistema de la Seguridad Social.
A fin de reforzar dichos procedimientos, se aprueba el Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
Requisitos de entrada y residencia de nacionales de terceros países, movilidad de los trabajadores
El pasado 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor ese mismo día
La norma incorpora a nuestro ordenamiento la siguiente normativa comunitaria:
* Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de la pensión.
* Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair.
La prestación de servicios desarrollada por el actor para la empresa GLOVO no puede calificarse como relación laboral por no concurrir en la misma las notas definitorias de tal relación (salvo la de voluntariedad) y singularmente las de ajenidad y dependencia. Los elementos que concurren en la relación contractual enjuiciada son claramente contrarios a las notas de subordinación, dependencia, ajenidad y percepción de los frutos por el empresario que caracterizan a la relación laboral, impidiendo que se le pueda reconocer esa naturaleza. Sentencia Juzgado de lo Social de Madrid nº 284/2018 3/09/2018.
El Tribunal Supremo fija criterio sobre cómo actuar tras el fin de la ultraactividad
La regulación del régimen de ultraactividad legal implica, como impone el artículo 86.3 ET, que transcurrido un año desde la denuncia del convenio se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación. Con esta regulación se pretende evitar una “petrificación” de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador. A tal finalidad y, especialmente, a la de evitar vacíos normativos responde el mandato legal de aplicación, si lo hubiere, del convenio superior que resultase de aplicación. La solución legal implica tener que establecer si existe o no existe un convenio de ámbito superior y, de existir varios, delimitar cual es, precisamente, el aplicable. STS nº 657/2018 Social 21/06/2018.
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2019 [Ver].
El próximo año laboral tendrá ocho festivos nacionales no sustituibles (1 de enero, 19 de abril, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 y 25 de diciembre), cuatro festivos autonómicos, cuya fijación corresponde a la potestad de cada comunidad autónoma, y dos festivos locales a escoger por cada municipio.
Entra en vigor el real decreto que establece las condiciones para la mejora de la cuantía de las pensiones de viudedad del régimen de clases pasivas
El 3 de diciembre de 2018 se publica en el BOE el Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado [Ver]
Este Real Decreto, regula los requisitos, condiciones y procedimiento para llevar a la práctica la mejora de las pensiones ordinarias de viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, que entró en vigor el 14 de febrero de 2018 y garantiza el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todas las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad, en consonancia con lo dispuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Hasta ese momento la ley exigía que para ser miembro de un tribunal popular era necesario no estar afectado por ninguna discapacidad física o psíquica. La nueva norma contempla por fin que las personas con discapacidad no podrán ser excluidas de la función de jurado por esta circunstancia y bastará únicamente para que puedan ser parte del mismo, que cuenten con la aptitud suficiente para el desempeño del jurado.
Regla de competencia del juez de lo penal en el concurso medial de delitos
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la Sentencia nº 30/2018 de 19 de enero estableció que, en caso de concurso medial de delitos, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez de lo Penal.
Por tanto, la competencia deferida al Juez Penal no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años. Para el alto tribunal, nada obsta a que como consecuencia de un concreto concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez de lo Penal, sea superior a cinco años.
No informar sobre las causas del arresto a un detenido vulnera el derecho fundamental a la libertad
La Sala Primera del Tribunal Constitucional estimó mediante Sentencia de 12 de marzo de este año el recurso de amparo de un hombre al que la Policía no informó de forma suficiente sobre las razones por las que había sido detenido, lo que le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial. La sentencia considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del recurrente a la libertad personal, que la Constitución garantiza en su art. 17.1 y 3.
Este derecho, afirma la sentencia, no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado. De la nueva regulación puede desprenderse que a los agentes responsables de la custodia del detenido les corresponde informarle por escrito “de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”. Y cuando el detenido así lo solicite, “deben también proporcionarle acceso a aquellos documentos o elementos de las actuaciones en los que se apoye materialmente” la privación cautelar de libertad.
Abuso sexual en los Sanfermines de 2018
La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra decretó en su Sentencia nº 38/2018 de 20 de marzola prórroga, eludible bajo fianza de 6.000 euros, de la prisión provisional establecida para los cinco condenados el pasado abril a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por una violación grupal perpetrada el 7 de julio de 2016 en Pamplona. Posteriormente, el día 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra mediante Sentencia nº 8/2018 ha confirmado dicha condena de 9 años de prisión, sentencia que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
En suma, el TSJ ha desestimado, por mayoría, los recursos de las acusaciones y mantiene que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la víctima.
Los márgenes de error de los radares de tráfico
La Sala de lo Penal estableció en la Sentencia 184/2018. de 17 de abril, que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija, en trípodes o en coches parados, tienen un margen de error del 5% y no del 7%, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.
Con este criterio, el tribunal desestimó el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.
Agravante de violencia de género por actuar “en presencia” de los hijos
El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 188/2018 de 18 de abril, ha establecido que la agravante prevista para las agresiones de violencia de género consistente en actuar “en presencia de menores” no puede restringirse a “las percepciones visuales directas, sino que ha de extenderse a las percepciones sensoriales de otra índole que posibiliten tener conciencia de que se está ejecutando una conducta agresiva de hecho o de palabra propia de una escena de violencia”, ya que “en tales supuestos es patente que el menor resulta directamente afectado de forma muy negativa en su formación y desarrollo personal, en su maduración psicosocial y en su salud física y mental”.
El Supremo destaca que de no interpretarse así, “el precepto resultaría desactivado en la esencia de su funcionalidad, al quedar desprotegidos numerosos supuestos relevantes de victimización de menores de edad (cuando no tienen acceso al dormitorio de la pareja; o se encuentran atemorizados a la hora de acudir al cuarto donde se ejecuta la acción violenta; o simplemente cuando tienen dificultades de visión; etcétera)”.
Tras hacerse patente que el marco existente para la obtención de pruebas en la Unión Europea era demasiado fragmentario y complicado, el 12 de junio de 2018 se publicó en el BOE la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la Orden Europea de Investigación, que entró en vigor el 2 de julio de 2018, excepto la disposición final primera que entró en vigor el pasado 1 de octubre del presente año.
La nueva Ley incorpora al Derecho español la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europea y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal, basada en un único instrumento para la obtención de prueba penal transfronteriza en la Unión Europea a tenor del principio de reconocimiento mutuo. Este sistema, basado en la confianza mutua, conlleva el reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas por las autoridades competentes de emisión de otros Estados de forma prácticamente automática, con causas tasadas de suspensión y denegación del reconocimiento.
Las víctimas de violencia de género deben ser tratadas como testigos cualificados de las agresiones
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictaminado en la Sentencia nº 282/2018 de 13 de junio que tratar a las víctimas de la violencia de género como testigos en el proceso penal “desnaturaliza su verdadera posición puesto que la víctima no sólo ha visto un hecho y puede testificar sobre él, sino que también es sujeto pasivo del delito, y su categorización probatoria está en un grado mayor que el mero testigo ajeno y externo al hecho”.
Cualquier contacto corporal inconsentido de tipo sexual se considera delito de abuso
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció en su Sentencia 396/2018 de 26 de julio que cualquier acción que implique un contacto corporal inconsentido con significación sexual, en la que concurra un ánimo tendencial (propósito de obtener una satisfacción sexual a costa de otro), supone un ataque a la libertad sexual de la persona que lo sufre y, como tal, constituye un delito de abuso sexual previsto y penado en el artículo 181 del Código Penal; sin perjuicio de que la mayor o menor gravedad de dicha acción tenga reflejo en la individualización de la pena.
La Sala consideró que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual del artículo 181 del Código Penal, que está castigado con penas de uno a tres años de prisión o multa de dieciocho a veinticuatro meses, y no en el delito leve de coacciones del artículo 172.3 del Código Penal que prevé penas de uno a tres meses de multa.
El pasado 4 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de géner [Ver]o, que modifica la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.
La necesidad de este Real Decreto-ley se debe a la situación de emergencia presente en la actualidad, debido al aumento de casos de violencia de género, con el objetivo de fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia de las víctimas.
Se introducen medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el proceso penal. Ahora, los Colegios de Procuradores pueden adoptar las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género; el letrado de la víctima puede ostentar su representación procesal hasta la personación de la víctima en el procedimiento; y se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento penal.
Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
El pasado 4 de septiembre se publicó en el BOE y entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone a nuestro ordenamiento jurídico interno, entre otras, la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Esta normativa comunitaria establece la obligación de registro de los prestadores de servicios a sociedades; incrementa los importes máximos de las sanciones a imponer en caso de incumplimiento de las obligaciones de prevención; incorpora el elemento adicional de la publicidad anónima de las sanciones impuestas en el caso de que no se acuerde la publicación; establece canales de denuncia tanto públicos como en el ámbito de los sujetos obligados; y unifica el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 565/2018 de 19 de noviembre ha considerado que la agravante de género debe aplicarse en todos los casos en que se actúe contra la mujer por el mero hecho de serlo, aunque entre el autor del delito y la víctima no exista ningún tipo de relación. Destacan que dicha agravante es compatible con la aplicación de la agravante de parentesco, que sí requiere que agresor y víctima tengan o hayan tenido relación de pareja.
La Sala ha confirmado que es compatible la aplicación de las dos agravantes por tener diferente fundamento. Así, la agravante de parentesco del artículo 23 del Código Penal tiene un fundamento objetivo de agravación, que se aplica siempre que medie entre autor y víctima las relaciones de afectividad o convivencia que recoge; mientras que la agravante de género del artículo 22.4 del Código, introducida en la reforma de marzo de 2015, tiene un fundamento subjetivo, “necesitando que concurra en el autor del delito un ánimo de mostrar su superioridad frente a la víctima mujer y demostrarle que ésta es inferior por el mero hecho de serlo”.
Entra en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
El día 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normas con las que la Unión Europea ha concluido un proceso de revisión y modernización de la contratación pública que nació a raíz de la llamada “Estrategia Europa 2020”.
Además de la transposición de las Directivas comunitarias citadas, esta Ley también tiene como objetivo lograr una mayor transparencia en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio. Además, la Ley diseña un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro a fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos públicos. También pretende que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas europeas y nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES y de defensa de la competencia.
Se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local
El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, entró en vigor el día 1 de julio de 2018, tras ser publicado en el BOE el día 12 de mayo de 2017, regula el régimen de control interno en las entidades que conforman el sector público local cumpliendo con el mandato establecido en el art. 213 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este artículo establece que en las Entidades Locales se ejercerán las funciones de control interno respecto de su gestión económica, de los organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
El objetivo de este real decreto es lograr un control económico-presupuestario más riguroso y reforzar el papel de la función interventora en las Entidades Locales. El régimen de control afecta a la totalidad del sector público local y pretende asegurar la gestión regular de los fondos públicos, el empleo eficiente de los mismos y la sostenibilidad financiera de las Entidades Locales.
Se avala el límite de una licencia de VTC por cada treinta de taxi
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado, mediante la Sentencia nº 921/2018, de 4 de junio, la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.
Sobre la limitación de licencias VTC en relación con el número de taxis, el Supremo destaca que una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada.
Se declara nulo el cese de los profesores interinos en los meses de verano
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró, en su Sentencia nº 966/2018, de 11 de junio, nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación.
Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación.
El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, entró en vigor el día 31 de julio y permite permite el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad como derecho primordial de toda persona.
Este real decreto-ley obedece la necesidad de garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas condiciones, a todas las personas que se encuentren en el Estado Español, cumpliendo así la normativa internacional que reconoce estos derechos de manera expresa como derechos inherentes a todo ser humano, sobre los que no cabe discriminación alguna.
El Tribunal Supremo declaró nulo el cese de interinos, a través de la Sentencia nº 1426/2018 de 26 de septiembre, al considerar abusiva la utilización desproporcionada de contratos de duración determinada y reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente.
La Sala señala que deben ponderarse las circunstancias del caso, que en los supuestos analizados constatan que los nombrados cubrían necesidades que, de hecho, no tenían carácter provisional, sino permanente y estable, de manera que debe valorarse, de modo motivado, fundado y referido a las concretas funciones que prestaron, si procede o no la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas y, en caso contrario, acudir al tipo de nombramiento que proceda impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.
El concepto de cónyuge en el sentido del Derecho de la Unión incluye a los cónyuges del mismo sexo
El Tribunal de Justicia indica, a través de su Sentencia nº C-673/16 de 5 de junio de 2018 que, en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de «cónyuge», que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión. El Tribunal de Justicia precisa, no obstante, que el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al matrimonio, es una materia competencia de los Estados miembros, no restringida por el Derecho de la Unión, de modo que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio homosexual. Señala asimismo que la Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras políticas y constitucionales fundamentales de éstos.
Un Estado miembro debe facilitar la entrada y residencia a la pareja no nacional de un Estado miembro de un ciudadano de la Unión
La Sentencia nº C-89/17 del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2018establece que el artículo 21 TFUE obliga al Estado miembro del que es nacional un ciudadano de la Unión a facilitar la concesión de una autorización de residencia a la pareja nacional de país no perteneciente a la Unión con la que este último mantiene una relación estable cuando dicho ciudadano regresa con ella al Estado miembro del que es nacional para residir en él tras haber ejercido su derecho de libre circulación.
El Tribunal de Justicia subraya que los Estados miembros no están obligados a reconocer un derecho de entrada y de residencia en favor de los nacionales de países no pertenecientes a la Unión que mantienen una relación estable con un ciudadano de la Unión, sino únicamente a conceder un trato más favorable a las solicitudes presentadas por dichos nacionales que a las presentadas por otros nacionales de países no pertenecientes a la Unión.
Los herederos de un trabajador difunto pueden reclamar una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas
A tenor de lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal de Justicia nº C-569/16 de 6 de noviembre de 2018, el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que permiten que una normativa nacional, con arreglo a la cual, cuando la relación laboral concluye por fallecimiento del trabajador, el derecho a vacaciones anuales retribuidas adquirido en virtud de aquellas disposiciones y no disfrutado por el trabajador antes de su fallecimiento origina un derecho a una compensación económica por tal concepto que sea transmisible mortis causa a sus herederos.
El trabajador tiene derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral
El Tribunal de Justicia, mediante su Sentencia nº C-619/16 de 6 de noviembre de 2018, el artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma nacional, en la medida en que esta implica que, si el trabajador no ha solicitado ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de la fecha de extinción de la relación laboral, pierde, automáticamente y sin que se verifique previamente si el empresario le ha permitido ejercer su derecho a vacaciones anuales antes de dicha extinción, en particular informándole de manera adecuada, los días de vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión cuando se produjo dicha extinción, y, consiguientemente, su derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas.
El Tribunal Supremo establece como doctrina legal que las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto del IRPF. STS nº 1462/2018 Contencioso-Administrativo 3/10/2018.
Se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Para poner fin de manera urgente a la situación de inseguridad jurídica, que afecta al mercado hipotecario en su conjunto, y cumplir con el mandato constitucional de garantizar a los ciudadanos sus derechos como consumidores, el 9 de noviembre el BOE publica elReal Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que entró en vigor el día 10 de noviembre de 2018.
El pasado 24 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. El nuevo Reglamento es directamente aplicable desde el 25 de mayo de 2018, de modo que durante estos dos años de periodo transitorio, los responsables y encargados del tratamiento de datos han debido adoptar las medidas necesarias a fin de estar preparados y en condiciones de cumplir con sus previsiones en el momento en que sean de aplicación.
Se estima el recurso de la Abogacía contra el informe del CGPJ que permitió recabar datos personales de abogados y procuradores
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado, en la Sentencia nº 1611/2018, de 13 de noviembre, el recurso interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que dio un visto bueno parcial a la petición formulada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de información relativa a la participación de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016, al no ser dicho acuerdo conforme a Derecho. La Sala argumenta que los planes de control tributario de Hacienda no justifican una solicitud global sobre la totalidad de los abogados como la realizada.
Para que un requerimiento de información dirigido a uno o varios profesionales pueda considerarse amparado por el Plan de Control Tributario, habrá de concurrir individualmente en cada uno de los seleccionados el siguiente presupuesto: “signos externos de riqueza en los casos en los que dichos signos no resulten acordes con su historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes mediante el uso combinado de las múltiples informaciones que existen en la actualidad a disposición de la Administración Tributaria”.
Entra en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Tras la publicación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, el pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Esta Ley Orgánica entró en vigor el 7 de diciembre de 2018 y desarrolla el modelo introducido en el ordenamiento comunitario por el Reglamento (UE) 2016/679 introduciendo una serie de novedades en la normativa interna.
El objetivo de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos personales es la adaptación al ordenamiento jurídico español del Reglamento (UE) 2016/679 completando sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
Otras novedades del ámbito judicial
Se aprueba el Real Decreto sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público
El pasado 19 de septiembre se publicó en el BOE elReal Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que transpone al ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.
La Directiva pretende mejorar el funcionamiento del mercado interior exigiendo que los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público se basen en requisitos comunes de accesibilidad establecidos a nivel europeo, reduciendo así la incertidumbre de los desarrolladores, fomentando la interoperabilidad y asegurando a los ciudadanos un acceso más amplio a los servicios del sector público.
El pasado 8 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, que entró en vigor el 9 de septiembre de 2018 y que transpone al ordenamiento interno la conocida como Directiva NIS (Network and Information Systems).
La norma esboza el marco institucional de la ciberseguridad desarrollado en la Estrategia de Ciberseguridad Nacional con la que España cuenta desde 2013 y que sienta las prioridades, objetivos y medidas adecuadas para alcanzar y mantener un elevado nivel de seguridad de las redes y sistemas de información.
El 13 de noviembre de 2018 se aprueba laOrden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Se aprueba un aumento medio del 24% en los pagos al turno de oficio
El BOE del 13 de noviembre de 2018 publicó laOrden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.
Se actualizaban así, mediante orden ministerial, los módulos y bases de compensación de las prestaciones de asistencia jurídica gratuita en la Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias de Justicia, con un incremento medio del 24%, que son de aplicación a las actuaciones profesionales realizadas a partir de 1 de enero de 2018.
Se trata del único incremento en quince años a favor de los letrados y procuradores que prestan este servicio. A pesar de constituir un avance, la abogacía considera este aumento insuficiente.
Próximas novedades de 2019
– El 2 de enero de 2019 entra en vigor el Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.
– A partir del 1 de enero de 2019 surtirá efecto la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, publicada en el BOE el 29 de septiembre de 2018.
– El 20 de septiembre de 2019 entrarán en vigor para los sitios web las disposiciones previstas en los artículos 10.2.b), 12 y 13 del Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Fuente: vLex.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 45
 Real Decreto 
 Real Decreto 
e contrario
 artículo 86

Resolución 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 181
 artículo 181
 artículo 172
 artículo 23
 artículo 22
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 21
 artículo 7
 artículo 31
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 25
 Real Decreto 
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