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Timestamp: 2018-02-19 16:05:35+00:00

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Casasión | Paz Abogados
CORTE CONSTITUCIONAL Bogotá D.C., cinco (5) de abril de dos mil dieciséis (2017) Sentencia C 213/17
LA CASACIÓN NO CONSTITUYE UN RECURSO QUE TENGA POR OBJETO LA ACTIVACIÓN DE UNA INSTANCIA: CORTE CONSTITUCIONAL.
Sentencia C 213/17
El texto normativo acusado, que se subraya, hace parte del artículo 338 de la Ley “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” y es el siguiente.
La ciudadana María Alejandra Gálvez Álzate y los ciudadanos Martín Arango Gallego y Miguel Londoño Gómez solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión resaltada del artículo 338, de la Ley 1564 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”, por considerar que desconoce los artículos 2, 13, 89, 229 y 235 de la Constitución.
El artículo 13 de la Constitución reconoce el principio de igualdad material y prevé la procedencia de las acciones afirmativas, a fin de favorecer a las personas que se encuentran en situación de indefensión debido a razones económicas, físicas o mentales. La expresión impugnada da lugar a una excesiva desigualdad e “impide el acceso a los sujetos especialmente protegidos por la Constitución”, dado que “es evidente que un importante número de personas pertenecientes a la población colombiana, en especial aquellos con bajos recursos tienen conflictos jurídicos que por lo general no sobrepasan una cuantía de 1000 SMLMV”. Además de restringir las posibilidades de acceder a la administración de justicia, la expresión acusada “los coloca en situación de desventaja frente a personas que por sus bienes y capacidades económicas fácilmente podrían presentar problemas civiles con cuantías superiores a la anteriormente dicha”. De conformidad con los estudios realizados por el DANE, la Incidencia de la Pobreza Monetaria alcanza un nivel promedio de 31.8%, lo que afectaría la realización de los fines de la casación, entre los que está hacer efectivo el derecho material y garantizar los derechos fundamentales, tal y como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional.
El artículo 89 de la Constitución dispone que al legislador le corresponde establecer los recursos, acciones y procedimientos para propugnar por la integridad del orden jurídico y la protección de los derechos individuales. La jurisprudencia constitucional, en particular la sentencia C-372 de 2011, ha señalado que la facultad del Congreso no es absoluta, en tanto el legislador tiene la obligación de adoptar mecanismos que aseguren el ejercicio pleno de los derechos de acceder a la administración de justicia así como el debido proceso. Se desconoce dicho artículo dado que “es completamente desproporcional que el legislador haya aumentado en un 235% el interés de la cuantía para recurrir en casación, atentando así contra los propósitos y fines inherentes al recurso extraordinario de casación y por ende a la integridad del ordenamiento jurídico, desprotegiendo los derechos individuales y de grupo”. Se afectan entonces los derechos de los ciudadanos y no puede, a juicio de los demandantes, invocarse la necesidad de descongestionar la justicia.
El artículo 229 de la Carta garantiza el derecho de acceder a la administración de justicia. Si se compara la actual regulación, con aquella establecida en el artículo 366 del anterior Código de Procedimiento Civil –modificado por la Ley 592 de 2000- se concluye que la cuantía se incrementó en un 235.29% lo que impide a un número muy importante de ciudadanos acudir a un recurso que, como el de casación, cumple funciones muy importantes. La Corte señaló en la sentencia C-1195 de 2001 que el derecho de acceso a la justicia, supone prever mecanismos que faciliten “el acceso a la justicia por parte de los pobres”. También la jurisprudencia –sentencia C-372 de 2011- ha indicado que el legislador no puede establecer cargas tan desproporcionadas que impliquen la negación del derecho. La medida empleada por el legislador no resulta necesaria a efectos de conseguir la descongestión, en tanto se podrían utilizar otros mecanismos. No obstante que se trata de un recurso extraordinario, sus finalidades son tan importantes que imponer cargas excesivas implica una limitación de acceso a la justicia que además puede afectar la justicia material.
El artículo 235 establece que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia actuar como tribunal de casación. La violación de tal disposición se presenta dado que el incremento excesivo del interés para recurrir impide el cumplimiento de una de las funciones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-372 de 2011. Según se señaló en el “Plan Sectorial de Desarrollo Judicial 2008-2010” existen otras medidas menos graves para reducir la descongestión en tanto “la mora en el trámite de los procesos no solo se debe a su número sino a fallas estructurales dentro del sistema, como la insuficiencia de capital humano y operativo, la estructuración de los procesos, la falta de capacitación de los operadores entre otros”. Cabe señalar, en adición a lo dicho, que la comparación de las “casaciones realizadas” por la Corte Suprema de Justicia en vigencia de la regulación anterior, con las seguidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1564 de 2012, muestran un descenso de casi el 47%.
La oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales y Asesoría Jurídica de la Rama Judicial[1] interviene indicando que no existe afectación alguna en el cumplimiento de las finalidades del recurso de casación, al establecer la cuantía para recurrir, cuando el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), dado que la Ley 1564 de 2012 fue aprobada constitucionalmente por el Congreso de la República.
Igualmente, conforme al volumen de demandas de casación que se presentan y la existencia de una línea jurisprudencial respecto de los casos que la Corte Suprema ha casado, corresponde a los tribunales y jueces seguir la jurisprudencia del máximo órgano de cierre. En ese sentido, no existe vulneración alguna al derecho a la igualdad de casos que no cumplen con los requisitos para ser susceptibles del recurso extraordinario de casación.
El Instituto Colombiano de Derecho Procesal[2] solicitó la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, dado que el límite de la cuantía del interés para recurrir en casación no obstruye los fines del aludido recurso, como infieren los demandantes.
El Código General del Proceso brinda valiosas herramientas para la protección de los derechos constitucionales prescindiendo de la cuantía. Un ejemplo de ello es la casación oficiosa, mediante la cual la Corte Suprema de Justicia asume la competencia -sin considerar la cuantía del asunto- para la protección de derechos constitucionales, la defensa del patrimonio público y del orden público.
En cuanto al cargo de no progresividad o regresividad, resulta de un desconocimiento del artículo 338 del Código General del Proceso, pues si alguna corrección constitucional fuese necesaria, sería la de mantener el texto original y no la forma como quedó después del decreto de correcciones que eliminó la casación para las acciones populares.
No obstante lo anterior, existen algunas controversias que estadísticamente son significativas, pero que están desprovistas del recurso extraordinario de casación, por ejemplo las relativas al estado civil de las personas, a las relaciones de tenencia por arrendamiento y a los títulos valores. Sin embargo, ese déficit no resulta corregido mediante el instrumento de la cuantía y sí podría ser enmendado por el uso de la casación oficiosa.
A diferencia de la casación en materia laboral, el Código General del Proceso contiene en su regulación una visión social, que de aplicarse en materia laboral introduciría correctivos sociales muy importantes y sería un alivio para los derechos constitucionales de los trabajadores.
El Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia[3] solicitó retirar por inexequible la nueva norma demandada y, en su lugar, revivir temporalmente, mientras el legislador se pronuncia, la disposición prevista en el artículo 1 de la Ley 592 de 2000, que exige una cuantía mínima de 425 salarios mínimos mensuales legales vigentes para poder recurrir en casación.
De la lectura de los artículos 333, 334 y 336 del Código General del Proceso se desprende un recurso de casación más cercano y accesible, puesto que (i) hay mayor claridad de los fines que persigue, (ii) se amplió a todos los procesos declarativos y (iii) la Corte Suprema de Justicia tiene una nueva posibilidad de casar sentencias, de oficio, cuando sea ostensible la afectación al orden o patrimonio público o se atente contra los derechos y garantías constitucionales. No obstante, esos avances menguan en virtud de lo reglado por el artículo 338 en lo referente al interés económico para recurrir en casación.
Es preciso resaltar que una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia consiste en actuar como tribunal de casación y es por esto que el aparte tachado de inconstitucional puede llegar a impedir el cumplimiento de dicha función, ya que con el injustificado monto, se pierden los fines democráticos de seguridad jurídica, sociales y resarcitorios de la casación. En efecto, no es posible hablar de unificar e integrar el ordenamiento jurídico, cuando sólo un pequeño porcentaje de sentencias son objeto del extraordinario recurso; tampoco se puede lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia; ni se podrán proteger los derechos constitucionales.
Los agravios irrogados a las partes en la sentencia recurrida equivalen en la actualidad a $689.455.000 o más, valor que pocos asuntos de carácter declarativo alcanzan. En un caso similar, la sentencia C-372 de 2011 declaró la inconstitucionalidad del artículo que aumentaba la cuantía para recurrir en casación laboral prevista en la Ley 1395 de 2010, al estimar que el recurso extraordinario de casación dentro del sistema constitucional “es un mecanismo judicial intrínsecamente relacionado con la protección de derechos fundamentales”.
La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario[4] intervino para defender la constitucionalidad de la norma demandada.
La Corte Constitucional ha sido enfática en resaltar que el legislador, en razón de la cláusula general de competencia establecida en los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política, y de acuerdo con su potestad legislativa en materia de procedimientos, puede regular y definir (i) los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades; (ii) las etapas procesales, términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos; (iii) las competencias de las autoridades judiciales, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes. Sin embargo, dicha potestad no es absoluta, ya que encuentra sus límites en los derechos y garantías constitucionales así como en los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso.
La constitucionalidad del artículo 338, encuentra apoyo en la naturaleza dispositiva y estricta del recurso de casación, cuyo propósito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunción de legalidad y acierto, lo que exige que para sustentar el recurso se cumplan determinados requisitos formales. Ello supone que tal medio de impugnación se constituye en un marco dentro del cual la Corte debe encaminar su estudio, sin que sea posible hacer interpretaciones. De allí que se diga que es un recurso exageradamente formalista.
La entrada en vigencia del Código General del Proceso, si bien incrementó la cuantía para recurrir en casación en asuntos civiles, como garantía de acceso a la justicia, previó también la ampliación de las causales de casación a eventos como los contemplados en el artículo 334 de tal codificación, comprendiendo las sentencias dictadas en toda clase de procesos declarativos – incluso los asuntos que antes se ventilaban por la vía del abreviado –. Por tanto, en comparación con los estándares de garantía judicial en materia de casación laboral, la norma no implica un retroceso que le impida a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia cumplir su rol de control de validez, unificación de jurisprudencia y protección de garantías civiles.
La Corte Constitucional declaró inexequible el aumento de la cuantía para acceder a casación en el ámbito laboral, a través de la sentencia C-372 de 2011. No obstante, dicha interpretación no puede extenderse al caso objeto de análisis, toda vez que la solución de los conflictos que surgen en esa jurisdicción es de interés social y por la desigualdad económica, de cultura y de medios de defensa que existe entre las partes la justicia laboral debe ser menos costosa. Contrario a ello, los intereses que se ventilan en la jurisdicción civil, por regla general, son de carácter privado y en consecuencia, tiene efectos inter partes. El análisis económico del derecho indica además que reducir la cuantía para recurrir en casación implicaría el incremento de este tipo de impugnación, lo que extendería el tiempo de los procesos, los costos para la administración de justicia así como el número de juicios planteados por esta vía, aun cuando el recurrente obre temerariamente.
El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá[5] interviene en defensa de la constitucionalidad del aparte demandado.
La naturaleza del proceso civil es distinta a la del proceso laboral, el primero discute derechos, la mayoría de las veces de rango positivo, y se trata en últimas de un “juego de intereses particulares”, en el que existe una autoresponsabilidad en el cumplimiento de cargas procesales, especialmente probatorias, que llevan a triunfar ante un juez que aunque tiene rasgos de activista no va más allá de lo que las partes pretenden. El segundo, por su parte, se refiere a derechos sociales y soluciona conflictos originados en prestaciones que tienen el carácter de irrenunciables. Es por ello que en este último caso, el proceso tiene una visión más garantista y protectora. Pretende disminuir una desigualdad entre el trabajador y empleador, contando el juez con la posibilidad de traspasar la regla de congruencia con el propósito de desarrollar un catálogo de derechos, incluso fundamentales.
La argumentación de la demanda no demuestra clara, lógica, específica y razonablemente la violación al principio de progresividad y menos aún el carácter desproporcionado e irrazonable del valor fijado en la disposición cuestionada. Por el contrario, parte de un supuesto equivocado, al traer a colación argumentos que se aplicaron a una disposición similar, pero en una rama del derecho que ve a las partes en desigualdad y con necesidad de protección social. En adición a ello, la indicación según la cual el aparte demandado no es adecuado para tratar la descongestión judicial, la argumentación es sólo vaga y enunciativa, más no demostrativa.
Es claro que en procesos de intereses netamente privados y dispositivos, partiendo de una igualdad entre las partes y no referida a violación grave de derechos fundamentales, la determinación de la cuantía hace parte de la libre configuración del legislador. En todo caso, el Código General del Proceso constitucionalizó el recurso extraordinario de casación y hoy cuenta con la posibilidad de la casación oficiosa. Ello hace posible que procesos que antes no eran examinados en sede de casación puedan ser estudiados, lo que evidencia que se ha flexibilizado permitiendo, además, el acceso a la administración de justicia de cualquier causa.
La defensa de los derechos subjetivos o materiales, también se logra durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador. Las partes pueden impugnar ordinariamente las decisiones judiciales en defensa de sus derechos e intereses y lo que instaura la norma demandada, es un requisito de procedibilidad objetivo para un recurso que tiene el carácter de extraordinario y excepcional.
Solicitó la declaratoria de exequibilidad de la expresión demandada, con fundamento en los siguientes argumentos:
La norma cuya constitucionalidad se cuestiona fue expedida por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración, dentro de los límites fijados por la misma Constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 superior que atribuye a la Corte Suprema de Justicia la función de “actuar como tribunal de casación”. Por tanto, el Congreso de la República se encuentra facultado para limitar el acceso al recurso de casación, estableciendo para el efecto requisitos como es el caso de la cuantía.
El recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y tiene como fin último garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico mediante la unificación de criterios de interpretación de la ley, para así lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad. En consecuencia, de acuerdo con la sentencia C-1065 de 2000, no es que la eventual injusticia de un caso concreto no tenga ninguna relevancia frente a la interposición de la casación, sino que “este recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra, al servicio de la protección de la coherencia sistemática del ordenamiento”.
Conforme a lo señalado, los límites establecidos por la ley a la procedencia de la casación en razón de la cuantía no suponen una vulneración de los derechos de acceso a la administración de justicia o de igualdad de las personas de bajos recursos, pues tales derechos, a la luz de la jurisprudencia constitucional, se garantizan en las instancias del proceso y por medio de los recursos ordinarios, no a través de mecanismos extraordinarios.
La Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la expresión acusada, contenida en la Ley 1564 de 2012, en virtud de lo establecido en el artículo 241.4 de la Constitución.
PRIMERA CUESTIÓN PRELIMINAR: precisión del contenido de la disposición a la que se integra hace parte la expresión demandada
La demanda presentada en esta oportunidad cuestiona parcialmente la validez constitucional del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012. A efectos de identificar la expresión cuya inexequibilidad se pretende, los ciudadanos transcriben el texto tal y como fue publicado en el Diario Oficial No. 48.489 de 12 de julio de 2012. El texto es el siguiente:
Tal artículo fue objeto de corrección mediante el Decreto 1736 de 2012 “Por el que se corrigen unos yerros en la Ley 1564 del 12 de julio de 2012, “por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones” disponiendo en su artículo 6º lo siguiente:
(…)”[6].
De acuerdo con el Decreto antes referido las sentencias dictadas en el curso de las acciones populares no podrían ser objeto del recurso de casación y, en consecuencia, no procedía tampoco prescindir de la cuantía cuando fueran impugnadas mediante la formulación de tal recurso. No obstante esa modificación, en Auto de fecha 19 de diciembre de 2016, el Consejo de Estado dispuso decretar la suspensión provisional de los efectos de varios artículos del referido Decreto 1736 de 2012, entre ellos los del artículo 6º. Consideró ese Tribunal:
A pesar de que en esta oportunidad no fue objeto de acusación la expresión “acciones populares” cuya incorporación al primer inciso del artículo 338 del Código General del Proceso ha suscitado el debate que ocupa en la actualidad la atención del Consejo de Estado, la Corte estima necesario advertir que en función de las consecuencias que se desprenden de la providencia antes referida, por medio de la que se suspendieron los efectos de algunas disposiciones del Decreto 1736 de 2012[7], debe entenderse que el análisis de la expresión acusada debe tomar en consideración el contenido del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, tal y como fue publicada en el Diario Oficial No. 48.489. Ello además corresponde con el objeto acusado por los demandantes.
SEGUNDA CUESTIÓN PRELIMINAR: incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia respecto del cargo por violación del principio de progresividad
Plantean los demandantes que la disposición acusada vulnera el mandato de progresividad. Según sostienen, atendiendo las funciones del recurso de casación, la fijación de la cuantía del interés para recurrir en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv) constituye un retroceso en el grado de protección del derecho a la administración de justicia, pues impide que la Corte Suprema unifique jurisprudencia y asegure la primacía del derecho sustancial. Este retroceso se explica, por ejemplo, en el hecho de que “al reducir el número de casaciones serán los tribunales en su mayor medida e inclusive los jueces de instancia aquellos encargados de unificar y crear la jurisprudencia, acabando así con la trinidad del concepto referente a la figura de la casación”.
En múltiples oportunidades este Tribunal se ha ocupado de precisar el alcance del principio de progresividad así como de los elementos que conforman el examen cuando se alega su infracción. Según ha sostenido de manera reciente, dicho principio “prescribe que la eficacia y cobertura de las dimensiones prestacionales de los derechos constitucionales debe ampliarse de manera gradual y de acuerdo con la capacidad económica e institucional del Estado en cada momento histórico”[8]. A ese mandato se adscriben, según la propia Corte, cuatro tipo de exigencias: (i) la satisfacción inmediata de niveles mínimos de protección; (ii) el deber de observar el principio de no discriminación en todas las medidas o políticas destinadas a ampliar el rango de eficacia de un derecho; (iii) la obligación de adoptar medidas positivas, deliberadas y en un plazo razonable,para lograr una mayor realización de las dimensiones positivas de cada derecho, razón por la cual la progresividad es incompatible, por definición, con la inacción estatal, y (iv) la prohibición de retroceder por el camino iniciado para asegurar la plena vigencia de todos los derechos[9].
La última de las exigencias establecidas indica que a menos que exista una justificación constitucional suficiente, no resulta posible retroceder en el grado de protección alcanzado respecto de un derecho. De acuerdo con ello, el principio de progresividad implica una prohibición prima facie de cualquier retroceso. Que se trate de una prohibición de tal naturaleza y no de una proscripción definitiva denota, según lo ha precisado la jurisprudencia constitucional, la posibilidad de justificarlo. De ello se sigue entonces que toda medida regresiva constituye un retroceso, pero su adopción no implica siempre una infracción a la prohibición de regresividad.
Considerando la estructura del mandato de progresividad en su variante de prohibición de retroceso injustificado, la activación de la competencia de la Corte para emprender el juicio exige que al formular la acusación los ciudadanos aporten argumentos que de manera específica se orienten a indicar, por un lado, que la medida constituye en efecto un retroceso en el grado de protección del derecho de que se trate y, de otro, que dicho retroceso no encuentra una justificación suficiente. La primera de tales exigencias impone que la acusación evidencie que la modificación normativa -analizada en el contexto del régimen al que se integra y luego de una comparación con el régimen preexistente- constituye un deterioro relevante en el grado de protección del derecho identificado. No basta, a juicio de la Corte, que se enuncien las diferencias entre disposiciones aisladas cuyo significado jurídico depende de su relación con las otras normas del cuerpo normativo del que hacen parte. El segundo de los requerimientos, en particular cuando se impugnan disposiciones que corresponden a materias res pecto de las cuales el Congreso tiene un amplio margen de configuración, impone a los ciudadanos el deber de indicar con claridad los motivos por los cuales el retroceso identificado no puede justificarse válidamente. En síntesis, el demandante debe aportar elementos de juicio orientados a demostrar (i) que la modificación normativa, comprendida integralmente, constituye un deterioro en la protección del derecho identificado y (ii) que ese deterioro no tiene una justificación válida y suficiente
Para la Corte, el planteamiento de los demandantes se ve enfrentado a un defecto radical en relación con la primera exigencia. Se limitan a señalar que mientras el régimen preexistente establecía como cuantía para recurrir en casación una resolución desfavorable de cuatrocientos veinticinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (425 smlmv) el contenido en el Código General del Proceso lo fija en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Aunque tal diferencia es cierta y constituye un límite respecto de los asuntos que pueden ser recurridos a través de este medio extraordinario, los demandantes se abstienen de considerar que el nuevo régimen introdujo modificaciones que suponen (i) la ampliación de los fines del recurso de casación (art. 333 C.G.P.), (ii) un aumento del grupo de sentencias que pueden ser atacadas (art. 334 C.G.P.), (iii) que prescinde expresamente de la relevancia de la cuantía respecto de las sentencias correspondientes a las acciones populares, a las acciones de grupo y a las relativas al estado civil (art. 338 C.G.P.) y (iv) que regula la casación oficiosa cuando sea ostensible que una sentencia compromete gravemente el orden o el patrimonio público, o atenta contra los derechos y garantías constitucionales (art. 336 C.G.P.).
La acusación se limita entonces a valorar solo una de las dimensiones de la reforma sin examinarla integralmente en aspectos que son relevantes. En efecto -sin que ello implique juicio alguno por parte de la Corte- no puede afirmarse la existencia de un retroceso en el grado de protección del derecho de acceder a la administración de justicia, mencionando sólo las limitaciones establecidas en el nuevo régimen, cuando al mismo tiempo algunas de sus disposiciones podrían -prima facie­- interpretarse como formas de ampliar el ámbito del recurso de casación y los demandantes no se ocupan, de alguna manera, de considerar su alcance. Ello resulta además relevante si se considera que varias de las medidas, no consideradas al formular el cargo, tienen como propósito extender las competencias de la Corte para cumplir aquellos fines -unificación de jurisprudencia y aseguramiento de la primacía del derecho sustancial- que los demandantes estiman afectados. Los ciudadanos tenían a su cargo la obligación de establecer si a pesar de las otras variaciones del régimen del recurso, el impacto en el derecho de acceso a la administración de justicia podía calificarse como un retroceso. Este defecto en el planteamiento, que constituye un incumplimiento de los requisitos de especificidad y suficiencia, hace entonces improcedente un pronunciamiento de fondo en esta oportunidad. En consecuencia, la Corte se inhibirá de adoptar una decisión de mérito respecto de la acusación.
De conformidad con la demanda, las intervenciones oficiales y ciudadanas así como las precisiones precedentes respecto de la aptitud de los cargos, la Corte deberá definir si la decisión legislativa de fijar como condición de procedencia del recurso de casación -cuando las pretensiones sean esencialmente económicas- que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el mandato de igualdad material (art. 13); la competencia del legislador para establecer los recursos, las acciones y los procedimientos de protección del ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89); el derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229); y (iv) la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art. 235.1).
Con el objetivo de resolver el problema jurídico planteado la Corte seguirá el siguiente orden. Inicialmente, caracterizará el régimen legal de procedencia del recurso de casación en la Ley 1564 de 2012 enunciando las principales diferencias con la regulación preexistente (Sección E). A continuación, la Corte se referirá al significado constitucional del recurso de casación (Sección F). Seguidamente, precisará las características del control constitucional de la regulación que desarrolla dicho medio de impugnación (Sección G). Finalmente, se ocupará de examinar la norma acusada a la luz de los cargos debidamente planteados (Sección H).
EL REGIMEN LEGAL DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACIÓN
El recurso de casación ha sido considerado, en general, como un medio extraordinario de impugnación de algunas providencias judiciales, cuya interposición no activa una nueva instancia judicial. El carácter extraordinario del recurso tiene su punto de partida en la diferenciación entre las competencias ejercidas por las autoridades judiciales de instancia y la Corte Suprema cuando se pronuncia como tribunal de casación. En efecto, al paso que “los jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho vigente”[10], ello no acontece al tramitar el recurso de casación, dado que allí “varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley”[11]. Ello supone “que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo unerror in iudicandoo un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada”[12]. Ha dicho este Tribunal que la referida institución “[n]o es por lo tanto, una tercera instancia, ni un recurso que pueda ser equiparable a los llamados recursos ordinarios”[13]. Su función, ha destacado, es “más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia” (…)”[14].
(decreto 1400 de 1970) Código General del Proceso
Causales 1. Ser la sentencia violatoria de una norma de derecho sustancial.
5. Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el artículo 140, siempre que no se hubiere saneado. 1. La violación directa de una norma jurídica sustancial.
EL SIGNIFICADO CONSTITUCIONAL DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN
A pesar de la reducida densidad de la regulación constitucional de la casación “el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso”[21]. Según sostuvo este Tribunal “[l]a casación no es un concepto vacío sino que tiene un contenido esencial, que goza de protección constitucional, por lo cual el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como tribunal de casación”[22].
En suma, más allá de su regulación legislativa, una perspectiva constitucional de la casación en general, y de la civil en particular, le impone, sin perjuicio de decisiones complementarias del legislador, múltiples funciones: de unificación de la jurisprudencia, de protección del principio de legalidad, de reparación de perjuicios y de constitucionalización del ordenamiento jurídico, asegurando la eficacia de los derechos constitucionales en las relaciones entre particulares. En reciente providencia se indicó “que en el Estado Social de Derecho, el recurso extraordinario de casación, no es sólo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales”[27].
CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN QUE DESARROLLA EL RECURSO DE CASACIÓN
El juzgamiento de los diferentes regímenes procesales debe tomar en consideración, tal y como lo demuestra la práctica decisional de este Tribunal, que su adopción (i) constituye una expresión de la competencia del Congreso de la Republica para expedir códigos en todos los ramos de la legislación (150.2), (ii) concreta la obligación constitucional de establecer las competencias de las diferentes autoridades judiciales (arts. 6 y 116), (iii) complementa el ejercicio de la atribución del legislador estatutario para regular la administración de justicia y (iv) desarrolla varias de las dimensiones de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y al derecho de acceso a la administración de justicia.
La concurrencia de estas variadas dimensiones impide definir de manera general y para todos los casos, el alcance de la potestad de configuración del legislador, el correlativo margen de acción que a tal potestad se vincula y, en esa medida, la intensidad del control constitucional. Sin embargo, la consideración anterior permite señalar, por vía de ejemplo, que no puede ser equivalente el juzgamiento de una disposición procesal que regula el trámite de solicitud de libertad de una persona sometida a un proceso penal, que el examen de una disposición referida a los requisitos formales que debe cumplir una persona a efectos de solicitar a la jurisdicción civil la admisión de una demanda. Como ocurre en general en todos los casos de control de constitucionalidad de la ley, es indispensable identificar la materia objeto de regulación, el tipo de competencias constitucionales al amparo de las cuales es expedida, los efectos de las normas juzgadas en contenidos constitucionales de especial importancia y la densidad de la regulación constitucional.
Con independencia de la conclusión a la que se arribe en cada caso respecto de la intensidad del control, la jurisprudencia l ha mostrado una orientación prima facie a favor de un juicio dúctil como forma de asegurar el principio democrático, que subyace al reconocimiento de competencias precisas al legislador en esta materia. En tal sentido, el precedente sobre el particular indica que en atención (i) a que respecto de los medios de impugnación en el curso de procesos judiciales “la Constitución señala simplemente directrices generales, mas no fórmulas procesales acabadas que regulen su procedencia y los requisitos para su interposición, trámite y decisión”[28], (ii) a que con fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 150 de la Constitución es de competencia del Congreso “establecer los medios de impugnación ordinarios, en desarrollo del principio de las dos instancias, y los extraordinarios”[29] y (iii) a que se trata de un recurso extraordinario, puede concluirse que se encuentra habilitado para definir “qué recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los requisitos necesarios para que los sujetos procesales puedan hacer uso de ellos, las condiciones de admisibilidad o de rechazo y la manera en que ellos deben ser decididos”[30]. De manera particular en lo relativo a la casación “no ofrece duda que su regulación en lo que concierne con: procedencia del recurso, en razón de la cuantía del interés para recurrir, de la naturaleza de las sentencias que pueden ser objeto de éste; las formas y los términos para su interposición, su sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados”[31].
En varias oportunidades la Corte ha juzgado disposiciones que regulan respecto del recurso de casación la competencia para conocerlo, las condiciones de su procedencia y el trámite que debe seguirse con ocasión de su interposición. Un examen de algunas de las providencias relevantes relacionadas directamente con la cuantía del interés para recurrir en casación, permite concluir que este Tribunal ha desplegado un control de constitucionalidad de intensidad variable.
La primera de tales decisiones, la C-345 de 1993, había declarado contraria a la igualdad las reglas que en los artículos 131 y 132 del Decreto 01 de 1984 fijaban la competencia de los tribunales administrativos estableciendo que en los procesos relativos a los actos de destitución, declaración de insubsistencia, revocación de nombramiento o cualesquiera otros que implicaran el retiro del servicio, eran de única instancia, si la asignación mensual del cargo no excedía de ochenta mil pesos ($80.000.oo) y de doble instancia cuando la superara. Refiriéndose a tal pronunciamiento, resumió la regla de la decisión indicando “que ese mandato era discriminatorio, pues no podía la ley limitar el acceso a la apelación en los procesos laborales administrativos basándose exclusivamente en el monto de remuneración del trabajador”[32].
La segunda de tales sentencias, la C-269 de 1998, declaró contraria a la Constitución la norma contenida en el artículo 379 del Código de Procedimiento Civil en la que se fijaba un límite de cuantía a efectos de acceder al recurso extraordinario de revisión, indicando que no procedía respecto de los procesos conocidos por los jueces en única instancia, algunos de los cuales correspondían precisamente con la mínima cuantía. Al referirse a lo que en esa decisión se dijo, la Corte sostuvo que “[l]a revisión no tiene entonces una finalidad sistémica, como la casación, sino que busca evitar que existan sentencias injustas, y por ello prevé que, dadas ciertas causales, pueda revisarse el proceso”. En esa medida, la decisión contenida en la sentencia C-269 de 1998 encontraba fundamento en el hecho de que las causales de revisión podrían “(…) configurarse en cualquier clase de proceso, independientemente de su cuantía o trámite (…), por lo cual es injusto e inequitativo que se (…) excluya a determinadas sentencias de ser revisadas mediante este recurso extraordinario, a pesar de haberse configurado una de las causales analizadas (…)”.
Establecidas las diferencias existentes entre el problema jurídico juzgado en la sentencia C-1046 de 2001 y los resueltos en las referidas sentencias, concluyó este Tribunal que tal examen resultaba suficiente “para mostrar que, lejos de existir incompatibilidad, las doctrinas establecidas en las sentencias C-345 de 1993 y C-269 de 1998 refuerzan las conclusiones de la sentencia C-596 de 2000”. En ese sentido “[n]o existe entonces ninguna razón para que la Corte se aparte de ese precedente, por lo cual, con base en los criterios desarrollados en esa providencia, esta Corporación declarará la exequibilidad de los apartes acusados del artículo 1º de la ley 592 de 2000”.
En síntesis, es posible extraer las siguientes conclusiones del análisis precedente. En primer lugar (i) el Congreso es titular de una extendida habilitación para configurar los diferentes regímenes procesales en atención al reconocimiento que hace la Carta de su competencia para expedir códigos y para disciplinar el ejercicio de la actuación de las autoridades judiciales. No obstante la amplitud de dicha competencia (ii) la legislación procesal se encuentra sometida a varios límites que se explican en el hecho de que su contenido impacta dimensiones o facetas significativas del derecho de acceder a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y del debido proceso. Ello indica (iii) que a pesar de la amplia libertad de configuración y el correlativo carácter flexible del control de constitucionalidad, la intensidad del mismo se acentúa en aquellos casos en los cuales la Constitución ha regulado de manera detallada una institución procesal o cuando de la regulación que se adopte dependa la efectividad de derechos reconocidos en la Carta o de los propósitos que se le adscriben.
ANALISIS CONSTITUCIONAL DE LAS EXPRESIONES ACUSADAS
Con apoyo en las consideraciones previas, la Corte analizará cada uno de los cargos planteados por los demandantes. Con ese propósito, se seguirán los siguientes pasos. En primer lugar, es necesario detenerse en algunas de las modificaciones más significativas del recurso extraordinario de casación civil, con el objeto de comprender adecuadamente el contexto normativo en el que se inserta la regla de cuantía fijada en el artículo 338 del Código General del Proceso (subsección a). Seguidamente analizará el cargo por violación del principio de igualdad material -art. 13- (subsección b) y, a continuación, establecerá si la regla acusada desconoce la obligación constitucional de prever mecanismos de protección de los derechos y el derecho de acceso a la administración de justicia -arts. 89 y 229- (subsección c). Finalmente, la Corte determinará si la restricción que se desprende de la fijación de la cuantía vulnera el artículo 235 de la Constitución que instituye a la Corte Suprema de Justicia como tribunal de Casación (subsección d).
El régimen general del recurso de casación establecido en la Ley 1564 de 2012 prevé un incremento a la cuantía general del interés para recurrir. Sin embargo, la nueva regulación (i) amplía el grupo de sentencias de segunda instancia que pueden ser recurridas en casación, (ii) establece supuestos adicionales en los cuales la exigencia de cuantía no resulta exigible y (iii) habilita a la Corte Suprema para casar de oficio algunas sentencias.
Las sentencias que de acuerdo con el artículo 334 del Código General del Proceso pueden ser impugnadas a través del recurso extraordinario de casación son, en una proporción significativa, superiores a las que se encontraban previstas en el régimen procedimental anterior, tal y como fue modificado por la Ley 1395 de 2010. Sobre el particular la Corte hizo referencia general a ello en el fundamento jurídico No. 13.3 de esta providencia señalando las diferencias relativas a la amplitud temática del recurso. Tal aumento de las materias, que fue destacada en el Informe Ponencia presentado ante el Senado de la República para dar curso al tercer debate -indicando que con la reforma “se fortalece el rol de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia”[34], dado que una de las modificaciones consiste en ampliar “la procedencia del recurso extraordinario de casación respecto de todos los procesos declarativos”[35]– se refleja en el siguiente cuadro:
Ley 1395 de 2010 Código General del Proceso
Sentencias contra las que procede el recurso A. Las dictadas en procesos verbales de mayor cuantía o que asuman ese carácter, salvo los relacionados en el artículo 427 y en los artículos 415 a 426 (art. 366 del CPC, modificado por el artículo 18 de la Ley 1395 de 2010)
El primer inciso del artículo 338 del que hace parte la expresión demandada tiene, a juicio de la Corte, tres contenidos normativos importantes. Dos de ellos se desprenden directamente de su texto, al paso que el tercero se sigue de una interpretación sistemática que se apoya en las finalidades vinculadas al cambio legislativo en materia de casación y en una interpretación sistemática de la disposición.
En síntesis, el juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en consideración el régimen integral del recurso de casación del que hace parte. Ello implica que el análisis del incremento de la cuantía para definir el interés de recurrir en casación debe tomar en cuenta (i) que fueron ampliados los fines de la casación; (ii) que fue objeto se incrementaron las sentencias que pueden ser impugnadas; (iii) que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil; y (iv) que limitando el carácter dispositivo del recurso, se ha establecido la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.
La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés para recurrir no desconoce el principio de igualdad material
De acuerdo con los demandantes la fijación de la cuantía del interés para recurrir en casación en la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, supone una renuncia del legislador a la protección de los sujetos en situación de especial debilidad, en tanto el criterio económico sólo lo hace posible para personas cuyas controversias den lugar a una resolución desfavorable de semejante valor. Se excluye entonces de la posibilidad de acceder a este mecanismo de control judicial, fundándose para ello exclusivamente en un criterio económico.
El artículo 13, según lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes oportunidades, se erige en la cláusula general de igualdad. En el segundo inciso se establece la obligación del Estado depromover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar las medidas que se requieran en favor de grupos discriminados o marginados. En estrecha relación con dicho mandato, se impone al Estado la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta.
La Corte constata que, en efecto, el incremento de la cuantía del interés para recurrir en casación establecido en el Código General del Proceso resulta significativo. Sin embargo, tal circunstancia no constituye -en sí misma- una razón para considerar la regla demandada contraria al mandato de igualdad material. Ello por las razones que a continuación se sintetizan.
La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, como condición para recurrir en casación, no desconoce los límites de la libertad de configuración del Congreso para regular los mecanismos de protección de los derechos y el derecho de acceso a la administración de justicia (arts. 89 y 229)
Los demandantes señalan que el incremento de la cuantía en una proporción tan alta desconoce la obligación que tiene el legislador, establecida en el artículo 89 de la Constitución, de adoptar medidas que aseguren la protección de los derechos y del ordenamiento. Igualmente, aducen que la medida restringe gravemente el derecho de acceder a la administración de justicia en tanto impide a un número muy importante de ciudadanos acudir a un recurso que, como el de casación, cumple funciones muy importantes.
Los artículos 89 y 229 de la Carta se encuentran estrechamente relacionados. En efecto, al paso que el segundo de ellos establece el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia como forma de garantizar una tutela efectiva de los derechos constitucionales, el artículo 89 ha previsto que la ley debe establecer, sin perjuicio de los que se encuentran ya establecidos en la Carta, los recursos, acciones y procedimientos que hagan posible amparar el ordenamiento jurídico y los derechos en él reconocidos. La relación entre estos artículos puede establecerse como de medio a fin, en tanto la forma de asegurar el acceso al sistema judicial es mediante la adopción de regulaciones que establezcan los diferentes instrumentos y reglas procesales. Constituye entonces una obligación del Congreso adoptar medidas de esa naturaleza para que los ciudadanos puedan formular pretensiones encaminadas no solo a salvaguardar el derecho objetivo, sino que también permitan exigir el reconocimiento y protección de derechos subjetivos.
Esta Corporación ha señalado que el derecho de acceso a la administración de justicia protege las siguientes posiciones iusfundamentales: (i) el derecho a que existan procedimientos públicos, idóneos y efectivos que permitan la definición de los derechos y obligaciones de las personas; (ii) el derecho de todas las personas, en las condiciones que fije la ley, a poner en funcionamiento el sistema de justicia a fin de que las controversias sean resueltas en un plazo adecuado; (iii) el derecho a que durante el curso de un proceso se asegure la igualdad de las partes y el derecho al debido proceso; (iv) el derecho a que las decisiones judiciales sean el resultado de una motivación que considere adecuadamente los argumentos de las partes; (v) el derecho a que las autoridades decreten y analicen objetivamente las pruebas aportadas al proceso; y (vi) el derecho a que las decisiones judiciales se ajusten al ordenamiento jurídico. Igualmente este Tribunal ha sostenido que este derecho supone (vii) la vigencia de mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres[44]. El resultado de ensamblar estas posiciones permite configurar el núcleo básico del derecho de acceder a la administración de justicia cuya violación resulta intolerable, incluso cuando ello tiene lugar por la actuación del legislador.
La existencia de este núcleo de garantías constitucionalmente asegurado, no niega en modo alguno, la estrecha relación que existe entre la actuación del legislador y la definición de las condiciones de realización del derecho de acceder a la administración de justicia. Dicha relación es tan significativa que, sin perjuicio de los límites antes referidos, este Tribunal ha señalado “que el legislador al configurar las formas, los términos, los derechos, las cargas y obligaciones procesales o en definitiva, las características de cada juicio, así como los incidentes y los recursos, en definitiva lo que concreta son los alcances y restricciones del derecho de acceso a la administración de justicia”[45]. Así entonces la ley, al tiempo que confiere la competencia del legislador, establece los límites a los que se encuentra sometida su actuación.
La expresión demandada no vulnera el artículo 89 de la Constitución. De dicho artículo no se desprende ni la obligación de eliminar la demostración de un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de establecer una determinada cuantía para darlo por acreditado. Esa disposición sí exige, por el contrario, que el legislador no prive a las personas de la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de plantear sus controversias civiles, mercantiles, agrarias y de familia. No es esto ni lo que ocurre, ni lo que se ha planteado en esta ocasión. De hecho el Código General del Proceso ha introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen por objeto asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.
Ahora bien, la acusación presentada advierte –correctamente- que el establecimiento de una condición de procedencia del recurso de casación, constituye una restricción para activar uno de los mecanismos que ha previsto el Congreso en materia de administración de justicia. La Corte comparte esa conclusión. Sin embargo, la vigencia de una restricción no implica, en sí misma una violación de la Carta. La validez constitucional de la restricción a la posibilidad de acceder al recurso extraordinario depende de que ella satisfaga las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad.
Para la Corte el control constitucional de la medida debe hacerse a partir de un escrutinio intermedio. No obstante que existirían buenas razones para aplicar un juicio de intensidad débil, concurren consideraciones que justifican elevar dicha intensidad. Así, tal y como se ha indicado a lo largo de esta providencia la regulación juzgada (i) fue expedida por el Congreso en desarrollo de una competencia constitucional específica que le permite la adopción de Códigos (art. 150.2) y (ii) corresponde al desarrollo de una institución procesal extraordinaria que, si bien tiene importantes propósitos, posee una escasa mención en la Constitución (art. 235.1). Asimismo (iii) los precedentes constitucionales en materia de juzgamiento del régimen de cuantía en el recurso de casación civil dejan en evidencia que este tribunal ha respetado ampliamente las valoraciones de oportunidad y conveniencia que el legislador ha efectuado al regular esta materia.
Ahora bien, a pesar de que procede un examen intermedio, no es posible aplicar un juicio con una estructura equivalente al desarrollado en la sentencia C-372 de 2011. En efecto, la Corte ha advertido recientemente que el juicio intermedio exige determinar únicamente si la medida evaluada persigue una finalidad constitucionalmente importante y si, además de ello, resulta efectivamente conducente para alcanzar tal propósito[46]. Sin embargo, en la referida sentencia C-372 de 2011, la Corte fundamentó su decisión en la aplicación de un juicio que, además de las anteriores exigencias, incluía un examen de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto.
El juicio de proporcionalidad[47] de intensidad intermedia tiene por objeto establecer que exista una justificación de suficiente relevancia verificando, como se ha indicado, si la medida cuestionada persigue una finalidad constitucional importante y si, adicionalmente, ella resulta efectivamente conducente para alcanzar dicho propósito. Se trata de un examen relativamente deferente de la libertad del legislador para regular la materia de la que se trate. Para la Corte, ambas exigencias se encuentran satisfechas en este caso.
La conclusión referida coincide con la jurisprudencia de la Corte, anunciada en diferentes oportunidades, de acuerdo con la cual “la ley, sin caer en formalismos innecesarios y excesivos, que sean contrarios a los propósitos de la casación, puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, hay una restricción al acceso a la justicia, por cuanto, reitera la Corte, para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias”[48]. Precisamente la restricción acusada en esta oportunidad no impide el acceso a la justicia ni establece un trato discriminatorio sino que, por el contrario, se integra a un diseño procesal en el que se articulan los diferentes propósitos de la casación.
La fijación de la cuantía de la resolución desfavorable al recurrente en mil salarios mínimos legales mensuales vigentes como condición del interés para recurrir, no desconoce el reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación (art. 235.1)
Según la demanda, la expresión acusada vulnera el artículo 235.1 de la Constitución dado que el incremento excesivo del interés para recurrir, impide el cumplimiento de una de las funciones atribuidas a la Corte Suprema de Justicia. Ello es así dado que el referido aumento tiene como efecto una reducción significativa de los pronunciamientos que, en sede de casación, puede adoptar la Corte Suprema de Justicia.
Por razones que se desprenden de la argumentación presentada al resolver los otros cargos, tampoco esta acusación está llamada a abrirse paso. La casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines. Como se desprende de lo señalado en esta decisión, del derecho de acceder a la administración de justicia no se sigue un derecho subjetivo a formular, sin límite alguno, el recurso de casación. Ello se explica en la jurisprudencia de la Corte al señalar que “[n]o es, por tanto, un recurso para resolver controversias judiciales o enmendar los eventuales errores en que hayan podido incurrir los jueces al momento de decidir los procesos, pues para ello el ordenamiento jurídico ha previsto las instancias ordinarias”[49]. Tal circunstancia implica, dicho de otra manera, que “en el recurso extraordinario de casación no se estudian de nuevo los hechos ni el caso concreto como ocurriría en la apelación, sino que actúa sobre la decisión del juez de instancia”[50]. En consecuencia cumple “una “función sistémica” que lejos está de hacerla una tercera instancia (…), que protege en la jurisprudencia como fuente del derecho, su sujeción a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y coherencia”[51].
Aceptar que la casación es una especie de tercera instancia y, a partir de ello, negar la posibilidad de que la procedencia del recurso se encuentre sometida a determinadas condiciones, constituye un argumento muy problemático. La actuación de la Corte Suprema como tribunal de casación pone en perspectiva la coexistencia y articulación de intereses públicos y privados. Así, al paso que varios de sus propósitos desbordan las controversias particulares –como cuando se asignan entre sus finalidades la defensa de la unidad e integridad del orden jurídico, la garantía de la eficacia de los instrumentos internacionales, el control de la legalidad de los fallos así como la unificación de la jurisprudencia nacional- otros acentúan su preferencia en la respuesta a los reclamos individuales -tal es el caso de la protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las partes-. Encontrar un punto adecuado entre ambos costados –referidos en ocasiones bajo las expresiones ius constitutionis y ius litigatori, respectivamente- que permita su articulación no resulta simple y, por ello, esa función le ha sido confiada principalmente al legislador que puede identificar y elegir entre diferentes alternativas para ello.
La Corte no desconoce que otras formas de regulación del recurso son posibles. Prever una reducción temática de las materias susceptibles de ser conocidas por la Corte Suprema, establecer sistemas más abiertos o cerrados de la casación oficiosa, disponer mecanismos de selección negativa más rigurosos, prescindir del requisito de la cuantía para interponer el recurso en algunos casos, ampliar el origen de las providencias susceptibles de impugnación extraordinaria, son alternativas que, prima facie, se encuentran comprendidas por el margen de configuración del legislador.
La norma juzgada no priva a la Corte Suprema de Justicia y, en particular a su Sala Civil, de la función que como tribunal de casación le confiere la Constitución. Ciertamente al paso que establece una restricción económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados, profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse. El régimen adoptado por el legislador permite constatar que en la fijación de la regla cuestionada, se ha valorado que la referida ampliación, sin la introducción de dicha regla, podría afectar la eficacia del recurso y la consecución de los fines constitucionales y legales que persigue. En adición a ello, la nueva legislación procesal, sin perjuicio de la procedencia de la acción de tutela para controvertir todas las actuaciones judiciales que comporten violaciones iusfundamentales, le atribuye a la Corte un importante papel en el proceso de constitucionalización de los asuntos civiles, mercantiles, de familia y agrarios, promesa constituyente hasta ahora en curso. En esa dirección, la regulación examinada no sólo estableció que uno de los fines de la casación es la protección de los derechos constitucionales sino que, adicionalmente, autorizó la denominada casación oficiosa en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, esté comprometido el orden público, así como las garantías y derechos constitucionales. En síntesis, la regla analizada hace parte de un diseño procesal integral que no elimina, en modo alguno, el contenido de la competencia de la Corte Suprema para actuar como tribunal de casación.
Le correspondió a la Corte definir si la decisión legislativa de fijar como condición de procedencia del recurso de casación -cuando las pretensiones sean esencialmente económicas- que el valor actual de la resolución desfavorable del recurrente sea superior a un mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv), desconoce (i) el mandato de igualdad material (art. 13); la competencia del legislador para establecer los recursos, acciones y procedimientos de protección del ordenamiento jurídico y los derechos (art. 89); el derecho de acceder a la administración de justicia; (art. 229); y (iv) la realización de los propósitos del recurso extraordinario de casación (art. 235.1).
La Corte constató que la jurisprudencia constitucional ha reconocido, antes y después de la expedición del Código General del Proceso, que el Congreso es titular de una amplia potestad de configuración en materia procesal y, en particular, en la regulación de los recursos extraordinarios tal y como ocurre con la casación. Ello se traduce en la posibilidad (i) de establecer las finalidades del recurso, (ii) de identificar el tipo de actos jurisdiccionales contra los que procede, (iii) de establecer las causales que pueden invocarse, así como (iv) de regular el procedimiento que se sigue para su interposición, trámite y decisión.
El juzgamiento de la expresión acusada debe tomar en consideración el régimen integral del recurso de casación del que hace parte. Ello implica que el análisis constitucional del incremento de la cuantía debe tomar en cuenta (i) que fueron complementados los fines de la casación; (ii) que fue objeto de ampliación el grupo de sentencias que pueden ser impugnadas; (iii) que el requisito de la cuantía no es aplicable cuando se trate de asuntos en los cuales las pretensiones no son esencialmente económicas o se trate de sentencias relativas a acciones de grupo, acciones populares y de estado civil; y (iv) que limitando el carácter dispositivo del recurso, se ha establecido la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia, en hipótesis de extrema importancia jurídica, disponga de oficio la casación de una sentencia.
La regla acusada no desconoce el derecho a la igualdad en su manifestación de igualdad material (art. 13. inc. 2). El establecimiento de tal cuantía como condición de acceso al recurso de casación, no tiene como efecto privar a las personas en situación de debilidad económica de la protección estatal. En efecto, si bien la casación tiene entre sus objetivos la protección de los derechos constitucionales y la reparación de los agravios irrogados a las partes, ello no supone que quienes no cuenten con la posibilidad de acudir a este instrumento extraordinario de impugnación, queden desprovistos de protección. En efecto, el amparo de sus derechos se encuentra garantizado no solo por la facultad que tienen todos los ciudadanos de acceder a la jurisdicción civil a efecto de que sus controversias sean tramitadas y decididas en las instancias ordinarias, sino también por la posibilidad de acudir a la acción de tutela en aquellos casos en los cuales, agotados los recursos judiciales a su disposición, consideren que sus derechos fundamentales han sido vulnerados.
La regla acusada no desconoce la competencia legislativa prevista en el artículo 89 de la Constitución. De esa disposición no se desprende ni la obligación de eliminar la exigencia de acreditar un interés económico para recurrir en casación, ni el deber de establecer una cuantía específica para darlo por acreditado. Dicha norma sí exige, por el contrario, que el legislador no prive a las personas de la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales a efectos de plantear sus controversias civiles, mercantiles, agrarias y de familia. No es esto ni lo que ocurre con la norma acusada, ni lo que se ha planteado en este juicio. De hecho, el Código General del Proceso ha introducido importantes y novedosas modificaciones que tienen por objeto asegurar la celeridad de los diferentes procesos judiciales.
La regla acusada no desconoce el derecho de acceder a la administración de justicia (art. 229). En efecto, el precedente que se sigue de las sentencias C-596 de 2000 y C-1046 de 2001 indica que la fijación de una cuantía asociada al perjuicio irrogado al recurrente por una sentencia, como condición de procedencia del recurso de casación es un criterio objetivo que toma nota de la competencia del legislador y del margen de apreciación que tiene para diseñar un recurso extraordinario.
La regla acusada no vulnera la condición de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación (art. 235.1). Ella no la priva de la función que le confiere la Constitución. En efecto, al paso que establece una restricción económica asociada a la cuantía de los perjuicios irrogados, profundiza las materias y asuntos de los que puede ocuparse dicho Tribunal a efectos de cumplir los fines adscritos a la casación. La casación no constituye un recurso que tenga por objeto la activación de una instancia. Se trata de un medio extraordinario de impugnación al que históricamente y también en la actualidad, se anudan objetivos de importancia constitucional. De acuerdo con ello, no es posible considerar contrarias a la Carta aquellas medidas que, sin anular la configuración básica del recurso, pretendan optimizar la realización de sus diferentes fines.
[6] En las consideraciones de la referida providencia se indica lo siguiente: “Que el inciso 1° del artículo 338 de la Ley 1564 de 2012, al referirse a la cuantía del interés para recurrir en casación, expresa que “Se excluye la cuantía del interés para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil” (subrayas fuera de texto), cuando las acciones populares no están incluidas dentro del listado de casos en los que procede el recurso extraordinario de casación de acuerdo con el artículo 334 de la misma ley; // Que se encuentra que la voluntad inequívoca del legislador era la de excluir del recurso extraordinario de casación a las sentencias que se profieran en las acciones populares, tal como se observa en el informe de ponencia para primer debate (tercer debate) en la Comisión Primera del honorable Senado de la República, publicado en la Gaceta del Congreso número 114 del 28 de marzo de 2012: // “En el numeral 2 del artículo [334] se eliminan las acciones populares como susceptibles de recurso de casación, en los términos previstos en la Ley 472 de 1998. En efecto, el artículo 67 de esta ley establece que serán susceptibles de casación las sentencias dictadas en los procesos adelantados en ejercicio de las acciones de grupo, mas no así en las acciones populares”. (Subrayas fuera del texto); // Que, en consecuencia, existe un error de referencia en el artículo 338, que debe ser corregido eliminando la alusión a las acciones populares; (…)”.

References: artículo 338
 artículo 338
 artículo 13
 artículo 89
 artículo 229
 artículo 366
 artículo 235
 resolución 
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 338
 artículo 150
 artículo 338
 artículo 334
 artículo 235
 artículo 241
 artículo 338
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 338
 artículo 338
 resolución 
 resolución 
 artículo 140
 artículo 150
 artículo 379
 artículo 1
 artículo 338
 artículo 235
 artículo 334
 artículo 427
 artículo 18
 artículo 338
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 89
 resolución 
 artículo 235
 resolución 
 artículo 89
 artículo 338
 artículo 334
 artículo 67
 artículo 338