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Timestamp: 2019-11-19 08:11:49+00:00

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200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020023190CC-SENTENCIAC369201411/06/2014CC-SENTENCIA_C_369__2014_11/06/2014200231902014Sentencia C-369/14 Referencia: expediente D - 9935
Isabel Cristina Moreno PulidoCONSTITUCIONALIDADAlberto Rojas RíosAcción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012 (parcial).D 9935Identificadores20020023191true38653Versión original20023191Identificadores
Norma demandada: Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012 (parcial).
Sentencia C-369/14
Referencia: expediente D - 9935
Con fundamento en la facultad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el 2 de octubre de 2013 la ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido promovió acción pública de inconstitucionalidad contra la expresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio", del artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012.
Por auto del 1º de noviembre de 2013, el Magistrado Sustanciador inadmitió la demanda y una vez corregida por la accionante fue admitida por auto del 26 de noviembre de 2013.
La demanda se dirige contra la expresión resaltada del artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012, publicada en el Diario Oficial N°48.489 del 12 de julio de 2012:
7. La designación del curador ad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión,quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio. El nombramiento es de forzosa aceptación, salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio. En consecuencia, el designado deberá concurrir inmediatamente a asumir el cargo, so pena de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, para lo cual se compulsarán copias a la autoridad competente.
La ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido solicita a la Corte declarar inexequible la expresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio", contenida en el artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por considerar que:
3.1. Vulnera el derecho a la igualdad de los curadores ad litem, que son obligados a prestar su labor en forma gratuita a diferencia de los demás auxiliares de la justicia que perciben una remuneración, " sin que se haya cumplido con el deber constitucional de justificar el trato desigual entre iguales en iguales circunstancias, y menos aún si esta discriminación era adecuada para alcanzar alguna finalidad, lo que hace, lo reitero, que el aparte de la norma acusada sea abiertamente inconstitucional.".-folio 26.
3.2 Desconoce el derecho al trabajo que consagra el artículo 25 de la Constitución Política pues el trabajo de curador es ocasional y goza de especial protección del Estado. Sostiene que los abogados designados como curadores ad litem tienen derecho a recibir una retribución económica por la labor prestada, por lo cual la norma "es ostensiblemente injusta, al cercenarnos el derecho a la remuneración por nuestra labor como curadores ad litem."-folio 28.
3.3. En tercer lugar la demandante expresó que consagrar la gratuidad de la actividad desempeñada por la función de curador ad litem viola el derecho al mínimo vital que reconoce el artículo 53 de la Constitución Política porque los honorarios que por esta labor reciben son para muchos profesionales su única fuente de ingresos.- folio 29.
El Congreso de la República, mediante apoderado, solicita se declare exequible la disposición acusada, porque la abogacía tiene una función social que en ocasiones obliga a soportar ciertas cargas en aras del beneficio de la administración de justicia y el bienestar del tejido social de la comunidad. Señala que el abogado debe: (i) ofrecer soluciones a necesidades concretas que faciliten la vida en sociedad y la obtención de bienes y servicios; (ii) asumir un rol activo y participativo en la sociedad para lo cual debe optar por la solución pacífica y negociada de los conflictos; (iii) comprometerse con los ideales y el valor de la justicia, convirtiéndose en un ejemplo para la comunidad. Señala que la figura del curador ad litem instituye un aporte a la sociedad por cuanto permite la resolución de conflictos cuando hay personas que están en imposibilidad de contratar un profesional del Derecho. Por lo anterior, en caso de imponer una remuneración a su favor, se negaría la posibilidad de acceso a la justicia para muchos ciudadanos.
El Ministerio de Justicia y del Derecho considera que el aparte normativo acusado es constitucional, conclusión a la cual llega con base en los antecedentes legislativos de la norma demandada, en los que se resalta la función social de la abogacía, y en la sentencia C-071 de 1995 mediante la cual se declaró exequible el artículo 147 del Decreto 2700 de 1991, relativo al cumplimiento obligatorio y gratuito de la función de defensor de oficio. Indica que la abogacía es una profesión con inherente sentido social y humanitario, e imponer un servicio en forma gratuita no es una carga excesivamente onerosa y se ajusta a los principios de solidaridad y proporcionalidad dado que el numeral 1° del artículo 48 del Código General del Proceso prescribió que "la designación -del curador ad litem- será rotatoria, de manera que la misma persona no puede ser nombrada por segunda vez sino cuando se haya agotado la lista", y además, el abogado puede excusarse cuando se desempeñe en cinco procesos o más como defensor de oficio.
El Instituto parte de comparar la labor encomendada al curador ad litem con los demás auxiliares que intervienen en el proceso, luego señala que todos los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la administración de justicia, pero especialmente los abogados puesto que se sirven profesional y permanentemente del aparato de justicia, a diferencia de los no abogados que acuden sólo incidentalmente, esto es, cuando son necesarios sus saberes.
Indica que la norma demandada no es discriminatoria porque: (i) la ley señala que sólo serán nombrados como curadores ad litem quienes "habitualmente" ejercen la profesión en sede judicial; (ii) la curaduría es un servicio que se brinda de manera episódica, por lo cual no afecta los ingresos del abogado elegido; (iii) existe una relación de retorno entre los abogados, en el sentido de que, el que sea nombrado como curador ad litem, posteriormente, se beneficiará de la gratuidad del servicio que prestará otro jurista; y (iv) es una forma de colaborar con la administración de justicia.
4. Círculo de Abogados Litigantes de Colombia
El Círculo de Abogados Litigantes de Colombia solicita que se declare inexequible la norma demandada, pues algunos de los profesionales que representa prestan sus servicios como curadores ad litem, labor de la que dependen económicamente. Afirma que la desigualdad es evidente porque, según lo consagró el Código General del Proceso, el apoderado que actúa dentro de un proceso en el que se reconoció amparo de pobreza obtiene un provecho económico del 20% si el proceso es declarativo y del 10% para los demás casos.
Esta institución universitaria considera que no debe prosperar la pretensión de la demanda por cuanto el ejercicio de la abogacía se orienta por los principios de solidaridad y bienestar de los asociados. Indica que el curador ad litem, es una figura que garantiza el derecho a la defensa y permite el cumplimiento de la obligación del Estado de brindar un trato diferencial a las personas que se encuentran en condición de debilidad manifiesta. Luego desarrolla un test de proporcionalidad y concluye que la ausencia de remuneración para el curador ad litem persigue un fin constitucionalmente válido, no arbitrario y proporcionado, que es inherente a la naturaleza de la profesión de la abogacía, caracterizada por su sentido social y humanitario. Por otra parte, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la expresión "salvo que el designado acredite estar actuando en más de cinco (5) procesos como defensor de oficio", del numeral 7, artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, porque carece de motivación razonable y desconoce el principio de proporcionalidad.
6. Universidad la Gran Colombia
Para el representante de la Universidad La Gran Colombia la Corte Constitucional debe declararse inhibida porque los cargos propuestos no exponen razones de inexequibilidad claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. En su concepto, la actora expuso simples afirmaciones que no tienen un hilo conductor, cita jurisprudencia de manera indiscriminada y presenta argumentos mal redactados.
Los ciudadanos Aleida Marina Martínez, Luz Esperanza Mejía Zamora, Gualberto Germán Carrión Acosta, Víctor Eugenio Cañón Amaya y Sol María Cortes Forero intervinieron para coadyuvar la solicitud de inconstitucionalidad de la norma con base en los mismos argumentos expuestos por la demandante. Indicaron que la norma demandada vulnera los derechos a la igualdad, al trabajo, y al mínimo vital, y desconoce tratados y convenios con la OIT, por impedir la retribución económica a los curadores ad litem. Expresaron que para prestar el servicio de manera gratuita y propender por el cumplimiento del principio de solidaridad se han establecido los defensores de oficio, y consideran que la norma demandada beneficia multinacionales bancarias y personas con suficientes medios económicos, que son los que habitualmente solicitan el servicio de curaduría ad litem.
El Procurador General de la Nación en concepto N° 5701 del 14 de enero de 2014, señaló que el aparte acusado del numeral 7° del artículo 48 del Código General del Proceso es exequible por cuanto el tratamiento diferenciado a los curadores ad litem que allí consagra se encuentra justificado, la carga impuesta es razonable y desarrolla el principio de solidaridad. Dijo el Procurador:
"…el trato diferenciado que la norma acusada otorga a los curadores ad lítem con respecto a los demás auxiliares a la justicia, se explica en que aquéllos tienen un elemento diferenciador en comparación con éstos: "su nombramiento es de forzosa aceptación, a diferencia de los demás auxiliares quienes se inscriben voluntariamente en las listas respectivas"[1].
"... esta carga adicional que pesa sobre los hombros de los curadores ad lítem (i.e. la gratuidad de su labor y el carácter forzoso de su aceptación), se explica en que, a diferencia de los demás auxiliares de la justicia que intervienen en etapas muy precisas del proceso judicial, el objeto de su actuación es garantizar de forma permanente, esto es, durante todo el proceso, el derecho fundamental a la defensa, al debido proceso y a la igualdad de armas de quien no puede o no desea concurrir a un proceso judicial.
Teniendo en cuenta que las consideraciones expuestas fueron planteadas frente a la demanda D-9761, el Procurador General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declare estarse a lo resuelto en la sentencia que decida la citada demanda.
La Corte Constitucional es competente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución Política, para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la expresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio", del artículo 48 numeral 7 de la Ley 1564 de 2012.
6.2. Planteamiento del caso y Problema jurídico
Mediante acción de control de constitucionalidad la ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad parcial del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012 porque considera que vulnera los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política.
La Sala Plena debe resolver si el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, en cuanto dispone que el curador adlitem "desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio", viola los derechos a la igualdad, al trabajo y al mínimo vital de los abogados nombrados curadores ad litem porque los obliga a prestar sus servicios sin remuneración, a diferencia del resto de auxiliares de la justicia que reciben pago por su labor.
Como quiera que el Procurador General de la Nación solicita a la Corte Constitucional declare la existencia de cosa juzgada frente a la sentencia dictada dentro del expediente D-9761, se procederá a analizar este aspecto.
"La Corte ha explicado que existe cosa juzgada absoluta, 'cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia, es decir, se entiende que la norma es exequible o inexequible en su totalidad y frente a todo el texto Constitucional'[9].
Por su parte, la cosa constitucional relativa se presenta 'cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de la decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de examen, distintos a los que la Corte ya ha analizado'[10].
a. La cosa juzgada relativa implícita, frente a la cual esta Corporación ha señalado: 'Puede suceder que la Corte haya declarado la exequibilidad de una disposición legal solamente desde el punto de vista formal, caso en el cual la cosa juzgada operará en relación con este aspecto quedando abierta la posibilidad para presentar y considerar nuevas demandas de inconstitucionalidad por su contenido material; o bien puede acaecer que la Corte al declarar la exequibilidad de una norma haya limitado su decisión a un aspecto constitucional en particular o a su confrontación con determinados preceptos de la Carta Política, situación en la cual la cosa juzgada opera solamente en relación con lo analizado y decidido en la respectiva sentencia'[12].
b. La cosa juzgada aparente, que se presenta 'si pese al silencio que se observa en la parte resolutiva de la sentencia, existen en su parte motiva referencias suficientes para concluir que, en realidad, la Corte limitó su análisis únicamente a los cargos que le fueron planteados en la demanda, o a la confrontación de la norma acusada con el contenido de unos determinados preceptos constitucionales'[13].
c. Por su parte, la doctrina de la Constitución viviente consiste en 'una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe un pronunciamiento de exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma'[14]."
6.4. Existencia de cosa juzgada respecto de la expresión"quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012.
Advierte la Sala que mediante sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 esta Corte se pronunció frente a la demanda D-9761 presentada contra la expresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, que corresponde al mismo enunciado normativo que en esta oportunidad acusa la ciudadana Isabel Cristina Moreno Pulido.
El contenido de los preceptos constitucionales con base en los cuales se abordó el análisis de la expresión cuestionada en la sentencia C-083 de 2014 no se ha alterado, por lo cual las consideraciones bajo las cuales se declaró la exequibilidad de la expresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, mantienen vigencia, lo cual impide un nuevo pronunciamiento por existir cosa juzgada constitucional.
En el presente caso, el principio de solidaridad está justificando, precisamente, el tercer caso: una limitación a un derecho propio. Una limitación constitucionalmente aceptable a los derechos de las personas que ejercen la profesión de abogado, tal como lo había reconocido la jurisprudencia constitucional en el pasado, al declarar la constitucionalidad del deber de ser defensor de oficio.[17] La Sala reitera que se trata de una medida que no es desproporcionada. No se están sacrificando importantes valores constitucionales por proteger otros que, o bien no tienen la misma importancia o si la tienen, se encuentran menos afectados o amenazados que los primeros. En efecto, el derecho que se materializa de acceso a la justicia de las partes es total. Sin el defensor de oficio, la parte ausente no tendría quien viera por sus derechos en el sistema judicial y la parte demandante no podría adelantar el proceso y reclamar su derecho. La protección que se logra con la medida acusada de los valores constitucionales que se pretende proteger, es alta. En cambio, la carga que se impone a los abogados a cambio es menor. No se está negando o limitando de forma considerable el derecho al trabajo de los abogados ni la posibilidad de obtener una remuneración. Se les impone una carga que, a la luz de la jurisprudencia, es una limitación razonable al derecho al trabajo, en desarrollo del deber de solidaridad. Por tanto, se insiste, la norma no impone una carga que afecte gravemente derechos constitucionales; menos aún, que lo haga a cambio de no lograr proteger otros bienes constitucionales de forma importante. Se trata de un legítimo límite a los derechos propios.[18]"
6.7. La norma no desconoce el derecho al mínimo vital
Asume la Sala el análisis de este cargo toda vez que en la sentencia C- 083 de 2012, aunque se hizo referencia en extenso al derecho a la remuneración, la Corte no examinó la norma desde la perspectiva concreta del derecho al mínimo vital que ahora plantea la demandante.
Indica la demanda que la norma acusada es violatoria del derecho al mínimo vital, el cual ha sido reconocido a partir del artículo 13, en concordancia con los artículos 1, 2, 11 y 85 de la Constitución. La Sala estima que el cargo se fundamenta en el mismo argumento desvirtuado en la Sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014, por lo que, aunque el fallo no haya hecho mención expresa a esta particular percepción de la violación del derecho a la igualdad, los razonamientos consignados en sus consideraciones son suficientes para evidenciar que tampoco por este aspecto la norma es inexequible.
El artículo 53 de la Constitución Política establece como uno de los principios mínimos fundamentales el derecho a una "remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo".
En sentencia C-776-03, respecto del contenido y alcance del derecho al mínimo vital indicó la Corte:
"El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas constitucionalmente ordenadas con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco.
Es por ello que la jurisprudencia bajo el derecho fundamental al mínimo vital ha ordenado al Estado, entre otras, reconocer prestaciones positivas a favor de personas inimputables,[19] detenidas,[20] indigentes,[21] enfermos no cubiertos por el sistema de salud,[22] mujeres embarazadas[23] y secuestrados[24]. Pero los jueces de tutela también han reprochado las acciones u omisiones, con fundamento en el derecho fundamental al mínimo vital, bien sea de particulares que presten algún servicio público como los servicios de salud y educación, o de particulares que atentan contra la subsistencia digna de una persona, con el fin de asegurar el mencionado derecho, como ha sucedido en materia del no pago prolongado de salarios o pensiones por empresarios particulares.[25]
Ahora bien, el derecho fundamental al mínimo vital presenta una dimensión positiva y una negativa. La dimensión positiva de este derecho fundamental presupone que el Estado[26], y ocasionalmente los particulares, cuando se reúnen las condiciones de urgencia[27], y otras señaladas en las leyes y en la jurisprudencia constitucional,[28] están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano. Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al mínimo vital se constituye en un límite o cota inferior que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna. Es por ello que instituciones como la inembargabilidad de parte del salario, la prohibición de la confiscación, la indisponibilidad de los derechos laborales o el amparo de pobreza, entre otros, constituyen ejemplos concretos del mencionado límite inferior que excluye ciertos recursos materiales de la competencia dispositiva del Estado o de otros particulares."
En este sentido, se advierte que la obligación impuesta por el numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012 se concreta en la gestión gratuita como curadorad litem en un número específico de casos que la disposición concreta en cinco (5) procesos, es decir, no se trata de la designación en una cantidad indefinida de actuaciones judiciales, sino máximo en cinco procesos, lo cual permite a los abogados ejercer la profesión en otras actividades profesionales de manera remunerada, como el litigio, la consultoría o la asesoría.
Así las cosas, los profesionales del derecho llamados a desempeñarse como curadoresad litem cuentan con la posibilidad de obtener ingresos mediante otras formas de ejercicio profesional remunerado pues la norma demandada no establece una cláusula de exclusividad que les impida cumplir en otros roles profesionales para obtener los recursos para su supervivencia digna, de hecho el texto de la disposición acusada expresamente señala que "La designación del curadorad litem recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión", es decir, que asiduamente se desempeñe como abogado en otras labores de las cuales puede derivar los ingresos para su subsistencia.
Bastan las anteriores consideraciones para desestimar el cargo presentado por la demandante contra la expresión"quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" por el supuesto desconocimiento del derecho al mínimo vital, y en consecuencia frente a este señalamiento la norma será declarada exequible.
En relación con los cargos por desconocimiento del principio de igualdad y el derecho al trabajo, luego de verificar que se reúnen los presupuestos para que se configure la cosa juzgada conforme a la sentencia C-083 de 2014, que declaró exequible laexpresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, la Sala determina estarse a lo dispuesto en la referida sentencia.
Respecto del cargo por el presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital, la Sala establece que de la disposición demandada no se deriva la exigibilidad de una remuneración mínima vial y móvil por la gestión de los abogados que se desempeñen como curadoresad litem, conforme a los presupuestos axiológicos trazados por reiteradas decisiones de la Corte[29]. La norma tampoco restringe para estos profesionales la posibilidad de desempeñarse en otras actividades de las cuales deriven ingresos para su subsistencia. Por el contrario señala que la gestión gratuita como curador ad litem es para un máximo de cinco (5) procesos y recaerá en un abogado que ejerza habitualmente la profesión. A todo lo anterior adiciona la Corte, la prestación de servicios de Auxiliar de la Justicia como curador ad litem, no obstante requerir la formación y la idoneidad jurídica de los abogados, o sea de quienes se demandan tales servicios de colaboración, no constituye en forma autónoma y concreta, una profesión. Es una carga excepcional de auxilio a los fines de la función pública de la administración de justicia.
Con base en lo expuesto la Sala Plena declara la exequibilidad laexpresión "quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, respecto al cargo por la presunta vulneración del derecho al mínimo vital.
Primero.- ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia C-083 del 12 de febrero de 2014 quedeclaró EXEQUIBLE la expresión"quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio" del numeral 7 del artículo 48 de la Ley 1564 de 2012, por los cargos relacionados con el principio de igualdad y con el derecho al trabajo.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la expresión 'quien desempeñará el cargo en forma gratuita como defensor de oficio' del numeral 7° del artículo 48 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por el cargo referido al presunto desconocimiento del derecho al mínimo vital.
Estarse a lo resuelto ... (numeral 7 ) Artículo 48 LEY_1564_2012_12/07/2012
Exequible la expresión ... (numeral 7 ) Artículo 48 LEY_1564_2012_12/07/2012
[4] "Sentencia de la Corte Constitucional C-028 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto."
[5]"Sentencia de la Corte Constitucional C-079 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla."
[9]"Sentencia de la Corte Constitucional C-469 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. C-542 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. C-310 de 2002; C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-729/09, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-406 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-149 de 2009, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-647 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil."
[10] "Sentencia de la Corte Constitucional C-469 de 2008, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-542 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; C-819 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-061 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-729 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-406 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; C-149 de 2009, M.P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; C-516 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-647 de 2006, M.P. Alvaro Tafur Galvis; C-310 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil."
[11]"Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil."
[12]"Sentencia C-153 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; C-237ª de 2004, M.P.Manuel José Cepeda Espinosa; Sentencia C-798/03, M.P: Jaime Córdoba Triviño."
[13]"Sentencia C-260/11, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; C-931 de 2008. En el mismo sentido pueden verse las Sentencias C-397 de 1995, C-700 de 1999, C-1062 de 2000 y C-415 de 2002, entre otras."
[14]"Sentencia de la Corte Constitucional C-029 de 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil."
[19] Cfr. Sentencia T-401 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[20] Cfr. Sentencia T-208 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
[21] Cfr. Sentencia T-533 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[22] Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-645 de 1996 (M.P. Alejandro Martinez); T-283 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-268 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); y T-328 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz).
[23] Cfr., entre otras, las siguientes sentencias: T-119 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-622 de 1997 (M.P. Alejandro Martinez Caballero); T-774 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero); T-1033 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez).
[24] Cfr. Sentencia T-015 de 1995 (M.P. Hernando Herrera Vergara).
[25] Cfr., en materia de salarios: Sentencias T-146 de 1996 (M.P Carlos Gaviria Díaz); T-527 de 1997 y T-529 de 1997 (M.P. Hernando Herrera Vergara); T-284 de 1998 y T-298 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz); T-434 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz); T-502 de 1999 y T-545 de 1999 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); T-1031 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En materia de pensiones: SU-430 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); T-495 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
[26] Cfr. Sentencia C-251 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). En esta ocasión la Corte sostuvo: "El Estado tiene frente a los particulares no sólo deberes de abstención sino que debe igualmente realizar prestaciones positivas, sobre todo en materia social, a fin de asegurar las condiciones materiales mínimas, sin las cuales no es posible vivir una vida digna". Sobre la dimensión positiva de los derechos fundamentales consultar además la Sentencia T-595 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
[27] Cfr. Sentencias T-680 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa); T-259 de 2003 (M.P. Jaime Araujo Rentería); T-850 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[28] Sentencia SU-111 de 1997, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[29] Sentencia C-776-03

References: artículo 48
 artículo 48
 artículo 241
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 25
 artículo 53
 resolución 
 artículo 147
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 241
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 48
 Artículo 48