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Timestamp: 2019-06-19 03:42:30+00:00

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Ley de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Ley 7/2009, de 2 de noviembre) - Normativa de Murcia - Legislación - VLEX 249167561
CAPÍTULO II. Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y reparaciones por daños materiales - arts. 6 a 12
CAPÍTULO III. Prestaciones Asistenciales - arts. 13 a 19
CAPÍTULO IV. Subvenciones - arts. 20 y 21
CAPÍTULO V. Otras medidas de ayuda - arts. 22 a 24
CAPÍTULO VI. Distinciones honoríficas - art. 25
CAPÍTULO VII. Requisitos y procedimiento de concesión - arts. 26 a 29
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Presupuestos
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Beneficios en el acceso a la vivienda
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Beneficios en el acceso a la Función Pública
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Actos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor
Norma citada en: 3 sentencias, 2 artículos doctrinales, 20 disposiciones normativas
Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 30 de Diciembre de 2009.
El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley 7/2009, de 2 de noviembre, de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La Comunidad Autónoma de Murcia no ha desarrollado hasta el momento las citadas competencias en relación con las víctimas del terrorismo, por lo que mediante esta Ley se pretende su ejercicio, complementando de este modo las actuaciones estatales en la materia, a la par que desarrollando medidas de ayuda específicas que contribuyan al amparo y protección de las víctimas del terrorismo.
En concreto, se adoptan medidas asistenciales y económicas destinadas a atender las especiales necesidades de personas tanto físicas como jurídicas. Asimismo, se prevé la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados, así como el otorgamiento de distinciones honoríficas a quienes se hayan destacado por su lucha y sacrificio contra el terrorismo.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, mediante esta Ley, rinde testimonio de honor y reconocimiento a quienes han sufrido directa o indirectamente los actos terroristas y, en consideración a ello, establece un conjunto de ayudas en materia de función pública, de tipo asistencial y económico.
Asimismo, establece la posibilidad de conceder subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que representen y defiendan a las víctimas del terrorismo, y prevé el otorgamiento distinciones honoríficas a cuantos se hayan distinguido por su lucha y sacrificio contra el terrorismo.
La Ley será de aplicación a las víctimas y demás personas físicas y jurídicas mencionadas en el artículo 3 de la Ley que resulten perjudicadas por los actos de terrorismo cometidos en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
También será de aplicación a las víctimas y a las personas mencionadas en el artículo 4 de la Ley, que gocen de la condición política de murciano, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, aún cuando hubieran acaecido en cualquier otro lugar del territorio español o en el extranjero.
Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley serán subsidiarias y/o complementarias, en los términos señalados en la misma, de las establecidas para iguales supuestos por cualquier otro organismo. A tales efectos, si el beneficiario cuenta con cualquier otra ayuda por el mismo concepto, se concederá la diferencia si la prevista en esta ley es superior.
Serán beneficiarios de las ayudas y medidas previstas en esta Ley:
Las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro inscritas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas y afectados podrán percibir las subvenciones previstas en el Capítulo IV de la Ley.
ARTÍCULO 5 Clases de ayudas y medidas contempladas en la ley.
CAPÍTULO II Indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y reparaciones por daños materiales Artículos 6 a 12
Las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos se otorgarán con ocasión del fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes.
La indemnización con ocasión del fallecimiento se entregará a los afectados mencionados en el artículo 4.1.b) de la Ley. El resto de indemnizaciones previstas en el apartado primero se entregarán a las víctimas.
Las cantidades percibidas como indemnización por daños físicos o psíquicos serán compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran derecho las víctimas o los afectados en los términos establecidos en la Ley.
Artículo 6, la concesión o abono de las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos previstas se suspende desde la entrada en vigor de la Ley 6/2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 10 de Julio de 2013.
ARTÍCULO 7 Reparaciones por daños materiales.
Se consideran daños materiales, a los efectos y con los requisitos y limitaciones establecidos en esta Ley, los ocasionados en:
Las ayudas destinadas a reparaciones se entregarán a los titulares de los bienes dañados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8.5 en cuanto a la reparación por daños en viviendas.
ARTÍCULO 8 Daños en viviendas.
Las ayudas por reparación en viviendas podrán venir referidas a viviendas que tengan o no el carácter de habitual.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por vivienda habitual la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un periodo mínimo de 6 meses al año. Asimismo, se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta por tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación.
En las viviendas habituales de las personas físicas, serán objeto de reparación la pérdida total de la vivienda, los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario, pertenencias y enseres que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones de habitabilidad, excluyendo los elementos de carácter suntuario.
En las viviendas que no tengan el carácter de residencia habitual la ayuda tendrá como límite el 50 por ciento de los daños sufridos, exceptuando los elementos de carácter suntuario, teniendo en cuenta para el cálculo de dicho porcentaje, las ayudas, en su caso, ya percibidas.
ARTÍCULO 9 Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
La reparación de daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales comprenderá las actuaciones necesarias para que éstos recuperen las condiciones anteriores de funcionamiento, incluyendo en todo caso la reposición del mobiliario y elementos siniestrados, excluyendo los elementos de carácter suntuario.
Serán indemnizables en concepto de organizaciones sociales, los daños sufridos en las sedes de cualesquiera organizaciones o asociaciones, así como en lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas reconocidas.
ARTÍCULO 10 Daños en establecimientos mercantiles o industriales, o en elementos productivos de las empresas.
La reparación de daños en establecimientos mercantiles o industriales comprenderá el valor de las cuantías necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos o para reponer a dichos establecimientos su estado anterior al acto terrorista, con el límite de la normativa estatal por este concepto.
ARTÍCULO 11 Daños en vehículos.
Serán reparables los daños causados en vehículos particulares, así como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siendo requisito indispensable la existencia de seguro obligatorio del automóvil, vigente en el momento del siniestro.
El límite de la ayuda será el importe de los gastos necesarios para el normal funcionamiento del vehículo teniendo en cuenta, a estos efectos, las ayudas concedidas por la Administración del Estado por el mismo daño.
En caso de destrucción del vehículo, o cuando el importe de la reparación resulte superior al valor real del mismo, la indemnización será equivalente al importe de adquisición en el mercado de un vehículo de similares características técnicas y condiciones de uso al siniestrado. En informe pericial se hará constar el valor de las reparaciones o el de reposición, según proceda.
No serán resarcibles los daños causados a vehículos de titularidad pública.
ARTÍCULO 12 Límite de las ayudas.
Será requisito imprescindible para recibir las ayudas reguladas en este Capítulo, la previa solicitud a la Administración General del Estado, de las indemnizaciones y compensaciones que para estos supuestos tiene prevista en su normativa vigente.
La Comunidad Autónoma incrementará las cantidades concedidas por la Administración estatal en un treinta por ciento.
En la reparación de daños materiales en ningún caso podrá sobrepasarse el valor de los bienes dañados.
Se fija en 60.000 euros el importe máximo a percibir de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por cada beneficiario, en relación con los daños sufridos como consecuencia de un acto terrorista.
CAPÍTULO III Prestaciones Asistenciales Artículos 13 a 19
ARTÍCULO 13 Clases de prestaciones asistenciales.
ARTÍCULO 14 Prestación sanitaria.
Aquellos que hayan sufrido lesiones físicas como consecuencia de actos terroristas y no tuvieran cubiertos los gastos de asistencia sanitaria por cualquier sistema de previsión, público o privado, podrán recabar dicha asistencia de la Comunidad Autónoma.
La asistencia sanitaria comprenderá el tratamiento médico, la implantación de prótesis, las intervenciones quirúrgicas y las necesidades ortopédicas que se deriven de las lesiones producidas, así como los gastos generados por el acompañamiento del enfermo fuera de la Región, con el límite que se determine reglamentariamente.
La asistencia será gratuita y será asumida por el Sistema Sanitario Público de la Región de Murcia, de conformidad con la normativa sanitaria aplicable. En los casos en que, de acuerdo con el informe de los responsables sanitarios de los centros referidos sea necesario que la asistencia se preste en otros centros, se abonará a éstos la totalidad de los gastos necesarios producidos.
ARTÍCULO 15 Prestación psicológica.
Se prestará asistencia psicológica a las victimas y afectados de modo inmediato, así como con posterioridad al atentado, previa prescripción facultativa, desde la manifestación de las secuelas psicosomáticas causadas o evidenciadas por aquél.
La asistencia psicológica se prestará en los mismos términos comprendidos en el apartado 2 del artículo 16.
ARTÍCULO 16 Prestación psicopedagógica.
Recibirán asistencia psicopedagógica de la Comunidad Autónoma los alumnos de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria así como los alumnos de los tramos no obligatorios de las enseñanzas, ya sea en la formación profesional, en el bachillerato y en los propios estudios universitarios, en su caso, que, como victimas o afectados de un atentado terrorista, presenten dificultades de aprendizaje y/o problemas de adaptación social.
El acceso a esta asistencia será prioritario y gratuito, y se prestará en la medida de lo posible, a través de los recursos propios de la Administración. En defecto de lo anterior, se prestará la asistencia a través de las instituciones o entidades que resulten necesarias, asumiendo la Administración los gastos que de ello se deriven.
ARTÍCULO 17 Prestación en materia de estudios.
Cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven, bien para el propio estudiante, para sus padres, tutores o guardadores legales, daños personales de especial trascendencia o que les incapaciten para el trabajo habitual, se concederán ayudas para la enseñanza, que comprenderán, según el caso, las destinadas a sufragar tasas de los servicios académicos, gastos de material escolar, transporte, comedor y residencia, extendiéndose hasta los estudios universitarios, siempre que el rendimiento, asumido el retraso psicopedagógico que se pueda producir, sea considerado adecuado.
La especial trascendencia de los daños será valorada, atendiendo a la repercusión de las lesiones sufridas en la vida y en la economía familiar de la víctima. Se prestarán igualmente, en los supuestos de muerte o lesiones permanentes invalidantes y no invalidantes.
Las ayudas de estudio se prestarán en centros situados preferentemente en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, si bien con carácter excepcional podrán concederse ayudas para realizar estudios en otra Comunidad Autónoma.
La solicitud y concesión de estas ayudas se someterán a los plazos requisitos y procedimientos establecidos en las correspondientes convocatorias.
Las becas concedidas serán incompatibles con las percibidas por los mismos conceptos de otras Administraciones Públicas o de instituciones privadas.
ARTÍCULO 18 Prestación laboral.
Las víctimas y afectados que, como consecuencia de un acto terrorista, sufran daños que les imposibiliten para el normal desempeño de su puesto de trabajo, serán objeto de planes de reinserción profesional, programas de autoempleo o de ayudas para la creación de nuevas empresas.
Cuando se trate de empleados públicos, se les facilitará la adscripción al puesto de trabajo cuyo desempeño mejor se adapte a sus peculiaridades físicas y psicológicas derivadas del atentado, de acuerdo con la legislación sobre función pública.
ARTÍCULO 19 Prestaciones en vivienda.
La Comunidad Autónoma proporcionará alojamiento provisional a las personas que, como consecuencia de los daños ocasionados por un acto terrorista en su vivienda habitual, se vean impedidas de utilizarla temporalmente.
La duración de esta ayuda será la de las obras de reparación necesarias para la habitabilidad de la vivienda, salvo que éstas se prolonguen de forma innecesaria por causa imputable al beneficiario.
La Comunidad Autónoma optará entre facilitar directamente dicho alojamiento, o sufragar los gastos que éste origine, dentro de los límites que reglamentariamente se determinen.
CAPÍTULO IV Subvenciones Artículos 20 y 21
ARTÍCULO 20 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro.
Podrán concederse subvenciones, conforme a la normativa en materia de subvenciones aplicable, a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro de conformidad con lo establecido en el Capítulo I cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, y desarrollen programas asistenciales dirigidos a paliar las situaciones personales o colectivas de dichas víctimas.
Las subvenciones habrán de dirigirse al cumplimiento, desarrollo y fomento de alguno o algunos de los siguientes programas o actividades:
El procedimiento de concesión de subvenciones se sujetará al régimen de concurrencia competitiva, concretando la orden de convocatoria los criterios de valoración de las solicitudes, en aquellos casos en que por su contenido se estime procedente, la apreciación, entre otras, de las siguientes circunstancias:
ARTÍCULO 21 Subvenciones crediticias.
CAPÍTULO V Otras medidas de ayuda Artículos 22 a 24
ARTÍCULO 22 Ayudas extraordinarias.
Con carácter excepcional se podrán conceder ayudas para paliar situaciones de necesidad personal o familiar de las víctimas, evaluables y verificables, cuando se observe, por los órganos competentes en función de la materia, la inexistencia o insuficiencia del montante de las ayudas ordinarias para cubrir adecuadamente estos supuestos.
Estas ayudas serán compatibles con cualesquiera otras a que tuvieran derecho sus beneficiarios, sin que les sea aplicable el carácter de subsidiario y complementario respecto de las establecidas para los mismos supuestos por cualesquiera otros organismos.
ARTÍCULO 23 Beneficios fiscales.
ARTÍCULO 24 Fondo de solidaridad.
El Consejo de Gobierno arbitrará las medidas económicas adecuadas que garanticen un fondo de solidaridad destinado a sufragar los gastos derivados, de las necesidades inmediatas de las víctimas y afectados por actos terroristas, hasta la percepción de las correspondientes indemnizaciones.
Dicho fondo será financiado con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, así como con aportaciones privadas, en la forma que se determine reglamentariamente.
CAPÍTULO VI Distinciones honoríficas Artículo 25
CAPÍTULO VII Requisitos y procedimiento de concesión Artículos 26 a 29
ARTÍCULO 26 Requisitos para su concesión.
Con carácter general, serán requisitos necesarios para acogerse a las indemnizaciones, reparaciones, prestaciones asistenciales y ayudas extraordinarias, sin perjuicio de cualesquiera otros previstos en los diferentes capítulos, los siguientes:
No obstante, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de los requisitos exigidos en los apartados b) y c) del número anterior, cuando los hechos afecten a un gran número de personas o se pueda disponer de oficio de los datos correspondientes.
El procedimiento administrativo de concesión se iniciará de oficio por la propia Administración de la Comunidad de Autónoma de la Región de Murcia, o bien a solicitud de los interesados, mediante la presentación de un escrito en el que se harán constar los siguientes extremos:
La solicitud se dirigirá a la Consejería de Presidencia a partir de la fecha del hecho causante hasta un año después de la resolución del Gobierno de la Nación o de la curación o determinación del alcance de las secuelas cuando se trate de daños físicos o psíquicos.
Recibida la solicitud, la Consejería de Presidencia la remitirá, en su caso, junto con el resto de la documentación que se presente a la Consejería competente por razón de la materia.
El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su instrucción, contándose desde dicha fecha el plazo máximo establecido para resolver y notificar la resolución expresa de la solicitud.
ARTÍCULO 28 Instrucción.
La tramitación de las solicitudes corresponderá a la Consejería competente por razón de la materia.
La instrucción y resolución de los procedimientos estará presidida por los principios de celeridad y trato favorable a las víctimas, evitando trámites formales que alarguen o dificulten el reconocimiento de las ayudas o prestaciones. En este sentido, no se requerirá aportación documental al interesado para probar hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los archivos o antecedentes de la Administración actuante, de conformidad con el artículo 35 de de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Corresponderá al Consejero competente por razón de la materia la concesión de las indemnizaciones, reparaciones, prestaciones asistenciales y ayudas extraordinarias.
Cuando la cuantía de las indemnizaciones, reparaciones, prestaciones o ayudas extraordinarias sea superior a 30.000 euros se requerirá autorización previa del Consejo de Gobierno.
El plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Contra la Resolución del Consejero competente por razón de la materia, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en los términos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes o pretensiones, a los efectos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
Disposición Adicional Tercera, modificada por la Ley 13/2009, de 23 de diciembre, de medidas en materia de tributos cedidos, tributos propios y medidas administrativas para el año 2010, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, el 30 de Diciembre de 2009.
Murcia a 2 de noviembre de 2009.

References: artículo 3
 artículo 4

ARTÍCULO 5
 artículo 4

Artículo 6

ARTÍCULO 7
 artículo 8

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15
 artículo 16

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21

ARTÍCULO 22

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24
 Artículo 25

ARTÍCULO 26
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 28
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 artículo 42
 Resolución 
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