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Timestamp: 2020-02-17 04:06:37+00:00

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﻿ Auto 35113 de noviembre 1º de 2011
AUTO 35113 DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:SE ADMITE RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DE UN GENERAL, CONTRA EL FALLO QUE LO CONDENÓ POR SU PARTICIPACIÓN EN LA MASACRE DE MAPIRIPÁN. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ADMITIÓ EL RECURSO DE CASACIÓN QUE INTERPUSO LA DEFENSA DEL GENERAL RETIRADO JAIME USCÁTEGUI CONTRA EL FALLO QUE LO CONDENÓ A 40 AÑOS DE PRISIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN LA MASACRE DE MAPIRIPÁN (META). LA CORTE NEGÓ QUE SE ESTUVIERA DESCONOCIENDO EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA, PUES NO SE REVIVIÓ LA INVESTIGACIÓN POR EL DELITO DE CONCIERTO PARA DELINQUIR, SINO QUE SE DETERMINÓ LA FORMA DE INTERVENCIÓN EN OTROS DELITOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL
Auto 35113 de noviembre 1º de 2011
Proceso 35113
Aprobado Acta Nº 388
Teniendo en cuenta que para el momento del estudio de la admisiblidad de la demanda de casación, e incluso cuando el expediente arribó a la secretaría de la Corte, proveniente del Tribunal del Bogotá, la acción penal respecto del delito contra la fe pública se encontraba prescrita, procede esta corporación a declarar la extinción de la misma frente al delito de falsedad material en documento público, según las razones que a continuación se exponen.
A su turno el artículo 86 del mismo estatuto, regula la interrupción de la prescripción de la acción penal, que en tratándose de procesos adelantados bajo el trámite de la Ley 600 de 2000, se produce con la ejecutoria de la resolución de acusación.
Para el presente caso, el delito de falsedad material en documento público, se ejecutó el 15 de julio de 1997, por ser la fecha de elaboración del documento, motivo por el cual la sanción aplicable, en orden a calcular el término de prescripción, es la prevista en el artículo 218 del Código Penal del 1980, toda vez que era la ley vigente para el momento de realización del delito. Dicho precepto denominado “Falsedad material de empleado oficial en documento público”, establecía una pena de 3 a 10 años, por manera que el término de prescripción de la acción penal, una vez interrumpido por virtud de la ejecutoria de la resolución de acusación es de 5 años.
Sin embargo, comoquiera que la conducta se atribuyó a personas que ostentaban la condición de servidores públicos, además de ejecutarla en ejercicio de sus funciones, el artículo 82 del anterior Código Penal, hoy 83 de la Ley 599 de 2000, impone la ampliación de este término en una tercera parte, es decir, ya no es de 5 años sino de 6 años y 8 meses, los cuales se contabilizan a partir del 30 de julio de 2003, fecha de ejecutoria del pliego de cargos. Como se observa, este último plazo se venció el 30 de marzo de 2010, mientras corría el traslado para la sustentación del recurso de casación, motivo por el que se declarará la extinción de la acción penal por prescripción de la misma, a favor de ambos acusados, sobreviniendo el ajuste de la sanción impuesta a Hernán Orozco Castro y Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, el cual se hará en un capítulo separado al final de esta decisión.
De otra parte, la vigencia de la acción civil permanecerá inalterable, toda vez que la acción penal en lo que atañe a los delitos de homicidio y secuestro no ha prescrito y ningún perjuicio se irrogó derivado del delito contra la fe pública cuya acción penal se declarará prescrita en este proveído.
2. Demanda presentada por la defensa de Hernán Orozco Castro.
La Sala desde ya anuncia la inadmisión del libelo presentado a favor de este procesado, por ser evidente la infracción de los principios de lógica y debida fundamentación, coherencia y no contradicción en la presentación de los cargos, pues aunque alude a una única censura, la (sic) desarrollarla presentando argumentos referidos indistintamente a violaciones directas e indirectas de la ley sustancial, errores de hecho y de derecho, de cuya lectura no emergen los supuestos yerros presentes en la sentencia.
2.1. Al plantear la censura como errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, el censor necesariamente tiene que aludir a la violación indirecta de la ley sustancial, ya sea por falsos juicios de existencia, identidad, raciciocinio, legalidad o convicción, identificando el medio o medios de convicción, equivocadamente estimados en la sentencia, haciendo ver la valoración correcta y la trascendencia del vicio en el fallo. La exposición de la defensa de Hernán Orozco Castro, no se ajusta a las mínimas exigencias de lógica y debida fundamentación del único reproche planteado contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, el cual denomina como “violación a la norma sustancial por error de hecho o de derecho en la apreciación de determinada prueba”.
En efecto, el libelo, a modo de un alegato de instancia, se dedica a señalar la inocencia del procesado, toda vez que pese a su condición de jefe del Batallón Joaquín París, no tenía la posibilidad de repeler la acción paramilitar en el municipio de Mapiripán por carecer de tropa justo para esos días. Sin embargo, esta afirmación es carente de acreditación, dado que el censor no pone de presente las pruebas para llegar a la conclusión contraria a la que arribó el tribunal, si los elementos de conocimiento aportados al proceso fueron supuestos, omitidos, cercenados, tergiversados, o adicionado su contenido.
Con claridad se evidencia el desacuerdo del recurrente con el juicio de responsabilidad lanzado en contra del procesado a título de omisión, cuando el juzgador de segunda instancia, atribuyó a Hernán Orozco Castro el resultado dañoso, restando mérito a las exculpaciones de este al afirmar que no tenía los medios para actuar como era su deber. Para ello el demandante recurre a un mero ejercicio argumentativo, en orden a que la Corte acoja sus razones en lugar de las desarrolladas en la sentencia, omitiendo demostrar las censuras que denuncia sobre posibles errores de hecho o de derecho y la forma equivocada en que se apreciaron los medios de convicción.
El único elemento de juicio al que alude, es el tantas veces mencionado Oficio 2919 del 15 de julio de 1997, el cual es citado por el censor como la prueba de que Hernán Orozco Castro, estaba en imposibilidad de actuar, pero pasa por alto su deber de precisar cuál fue el error que determinó la equivocada apreciación de este elemento de juicio, si fue omitido o su contenido tergiversado, cercenado o adicionado, y las razones por las cuales el sentenciador de segundo grado, consideró que su creación había sido a propósito con el fin de exhibirlo como prueba para desligar de cualquier responsabilidad, a quien para el momento del hecho tenía el deber legal de intervenir, en orden a evitar cualquier episodio de violencia en el territorio que estaba a su mando. Ni siquiera la defensa hace ver a la Corte cuál fue la errada valoración del documento referido, mucho menos el falso juicio que lo determinó.
Y aunque señala la ilegal aducción de los medios de convicción, situación que califica como un error de derecho, tampoco establece cuál fue esa prueba ilegal o ilícitamente aducida, por manera que se desconocen los motivos para una afirmación en tal sentido, quedando su reparo en la mera enunciación.
Aquí corresponde precisarle al recurrente que por regla general los vicios en la práctica o aducción de las pruebas, se atacan por la vía del falso juicio de legalidad, el cual comporta una trasgresión indirecta de la ley sustancial por errores de derecho, relacionados estos con el proceso de formación de los elementos de conocimiento, con los preceptos que regulan la manera legítima de producir e incorporar los elementos de juicio al proceso, con el principio de legalidad en materia probatoria y la observancia de los presupuestos y formalidades exigidas para cada medio. Entraña la apreciación material de la prueba por el juzgador, quien la acepta, no obstante haber sido aportada al juicio con violación de las formalidades legales para su aducción, o la rechaza porque a pesar de estar reunidos los requisitos para su incorporación, considera que no los cumple.
En tal medida, es deber del casacionista identificar el elemento de juicio irregularmente incorporado, señalar las normas procesales que reglan los medios de prueba sobre los cuales se predica el reparo, acreditar cómo se produjo su transgresión y enseñar su incidencia en el sentido del fallo.
Como es claro, ninguna de estas exigencias es cumplida por el libelista, pues se conformó con decir que el fallo se basó en medios de convicción ilegales, irregulares e inoportunamente incorporados al proceso, sin siquiera identificar el elemento de conocimiento así introducido.
2.3. El mismo reparo se reputa respecto de la queja por la trasgresión a las reglas de la sana crítica en la apreciación conjunta de los elementos de convicción, parte del acervo probatorio, pues no indica de qué manera esas reglas fueron trasgredidas, si se desconocieron las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica o las leyes de la ciencia, sobre cuáles pruebas recayó el error, ni cuál era la valoración correcta, tampoco la incidencia negativa en la toma de la decisión de condena.
2.4. Dentro del mismo cargo, alude el libelo a errores de hecho y de derecho, unos relacionados con el defectuoso proceso de valoración probatoria, que como ya se dijo, solamente se enuncian, otros con la interpretación errónea del artículo 25 del Código Penal, vicio que se funda en la propia visión del censor acerca de la incapacidad operacional que para el momento de los sucesos tenía el acusado, derivada de la carencia de tropa, contraviniendo los hechos declarados en la sentencia, acerca de que este acusado, como comandante encargado del Batallón Joaquín París, sí ostentaba la posición de garante sobre el municipio de Mapiripán y tenía la capacidad de ordenar a los hombres a su mando, dispersos en otros municipios, que se desplazaran hacia esa localidad a defender a la población civil.
Olvida el casacionista que al referirse a la interpretación errónea de determinado precepto, debe plantear el ataque por la vía de violación directa de la ley sustancial, lo cual implica la aceptación sin condicionamientos del marco fáctico y de la valoración de la prueba que soporta la sentencia.
La corporación(1) tiene fijado que para recurrir en casación a través de la violación directa, se exige que el actor cumpla con los siguientes requisitos:
Afirmar y probar que el juzgador de segunda instancia ha incurrido en error ya sea (i) por falta de aplicación o exclusión evidente, que se presenta cuando el funcionario judicial yerra acerca de la existencia de la norma y por eso, no la aplica al caso específico que la reclama. Ignora o desconoce la ley que regula la materia y por ello no la tiene en cuenta habiendo incurrido en error sobre su existencia o validez en el tiempo o en el espacio; (ii) por aplicación indebida que se origina cuando el juzgador por equivocarse al calificar jurídicamente los hechos o, cuando habiendo acertado en su adecuación, yerra, sin embargo, al elegir la norma correspondiente a la calificación jurídica impartida. Y (iii) por interpretación errónea, que ocurre cuando el juez selecciona bien y adecuadamente la regla que corresponde al caso sometido a su consideración, pero se equivoca al interpretarla y le atribuye un sentido jurídico que no tiene o le asigna efectos contrarios a su real contenido.
Al mismo tiempo, alegar la violación directa de la ley sustancial por errores del sentenciador en la aplicación o interpretación de la ley, implica del recurrente, abstenerse de reprochar la prueba, pues debe aceptar la apreciación que de ella hizo el fallador y conformarse de manera absoluta con la declaración del acontecer fáctico contenido en la sentencia.
En punto de interpretación errónea, la jurisprudencia ha precisado que el precepto que se reputa como vulnerado por el fallador fue aplicado, además de correctamente seleccionado para el caso, pero el yerro consiste en que al determinar sus alcances se restringe o exacerban sus efectos, sin que pueda confundirse dicha equivocación con la falta de aplicación o la aplicación indebida que se origina en el desatinado alcance otorgado a la norma por el juez.
Según se advierte, el demandante antes que un yerro hermenéutico de la norma que regula la omisión, discute las conclusiones del ad quem, poniendo en evidencia la falta de demostración de uno de los requisitos para esta forma de imputación, cual es la posibilidad del agente de evitar el resultado lesivo para el bien jurídico, circunstancia que a juicio del censor no fue probada, es más a su parecer, los elementos de conocimiento acreditan lo contrario, punto de vista este que dista de ser postulado como una violación directa de la ley sustancial, dado que en la demanda se rechaza la declaración de los hechos contendidos en la sentencia, pretendiéndose imponer la propia, en el caso concreto, la imposibilidad física de Hernán Orozco Castro de disponer el envío de hombres del ejército al municipio atacado por un grupo paramilitar.
En tal medida, además de la trasgresión a los principios de coherencia y no contradicción, al plantear dentro de un reparo por violación indirecta de la ley sustancial, un reproche por violación directa, también como arriba se señaló, se desenconen (sic) los requerimientos para postular la interpretación errónea de una norma. Además resulta oportuno recordar que cuando se habla de violación indirecta, los únicos motivos de violación a la ley, son aplicación indebida o exclusión evidente.
2.5. Al mencionar un error de hecho por parte del tribunal cuando, según el recurrente, desconoció la realidad operacional indicativa de la incapacidad del acusado para disponer el traslado de soldados a la localidad de Mapiripán, vuelve a incurrir en el error de presentar su propia apreciación de los hechos y de su personal criterio sobre esta eventualidad, sin hacer alusión acerca de cuál fue ese yerro de hecho que llevó al juzgador a desconocer lo que él llama “realidad operacional”, los medios de convicción a partir de los cuales el ad quem derivó la efectiva capacidad del acusado para repeler el ataque y la forma equivocada en que los valoró.
2.6. Respecto a su inconformidad en torno de la pena, al considerar que dado el inferior rango de su defendido frente al de Jaime Humberto Uscátegui, la sanción también debe ser inferior, no expresa de qué manera el sentenciador trasgredió los criterios para la determinación del monto de la sanción, cuáles son estos y las normas que los desarrollan. Simplemente se limitó a indicar la existencia del citado error, pero en manera alguna demostró cómo la conclusión del tribunal sobre la pena merecida por Hernán Orozco Castro, contravino los parámetros legales para su fijación.
2.7. Por último, con relación al cargo derivado de la condena por el delito de falsedad material en documento público, resulta inane pronunciarse, toda vez que la Corte declarará la prescripción de la acción penal respecto de esta conducta punible.
En este orden de ideas, la demanda presentada a nombre de Hernán Orozco Castro será inadmitida.
3. Libelo presentado por la defensa de Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.
3.1. En lo atinente al primer cargo, nulidad por falta de competencia del fallador de segundo grado, se anticipa la Sala a anunciar su inadmisión, toda vez que el mismo se fundamenta en la falta de sustentación del recurso de apelación interpuesto por los sujetos procesales, advirtiéndose que dicha afirmación se aleja de la realidad que muestra el proceso.
En efecto, de la lectura de los escritos sustentatorios de la apelación, emergen claros los motivos de inconformidad de los apelantes, que para el caso del ente acusador, se concreta en su consideración acerca de que Jaime Humberto Uscátegui, sí tenía el mando operacional sobre el Batallón Joaquín París y por tanto, ostentaba la posición de garante sobre la población de Mapirirán.
Contrario a lo expuesto en el líbelo, esta apreciación fue concluida por la Fiscalía a partir de la propia valoración de las pruebas que hizo el delegado acusador en la impugnación contra la sentencia absolutoria de primer grado, es así como alude a varios documentos que a su juicio demuestran cómo el procesado realizó una serie de órdenes de operación de tropas, informes de inteligencia y cruce de información que existía entre el Comando General del Ejército Nacional, la Cuarta División, la Brigada VII y el Batallón Joaquín París, de donde concluye el mando operacional en cabeza del acusado. Así mismo, en su alegato la Fiscalía utiliza una serie de declaraciones, versiones libres e indagatorias para soportar la conclusión que a lo largo de su escrito reitera como soporte para revocar la sentencia absolutoria.
El mismo análisis aplica frente al recurso del delegado del Ministerio Público, quien en oposición a lo que se expone en el fallo del a quo, afirma que el sindicado, sí tenía el mando operacional sobre los hombres llamados a repeler la incursión paramilitar, señala como prueba de su responsabilidad el Oficio 2919 en el que el mayor Hernán Orozco, da a conocer a Jaime Humberto Uscátegui Ramírez y no a otra persona, la gravedad de los hechos que se estaban suscitando en Mapiripán y cómo se expidió otro oficio con el mismo radicado, con el fin de minimizar los sucesos, lo cual a juicio del delegado de la sociedad, demuestra que el entonces general, efectivamente era el superior de Hernán Orozco Castro y era quien tenía el control territorial sobre la región.
A su turno el apoderado de la parte civil afirma cómo en contravía de lo declarado en el fallo absolutorio, los elementos de conocimiento, que se encarga de enumerar citando apartes de su contenido en su escrito como no recurrente, acreditan que Jaime Humberto Uscátegui Ramírez tenía el mando operacional sobre Mapiripán y su intención de querer ocultar el hecho de haber sido oportunamente enterado de lo que estaba pasando en ese municipio, al ordenar la realización de otro documento 2919, en el cual se varió sustancialmente su texto.
Mal podría afirmarse que los sujetos procesales, en uso de la doble instancia, no atacaron y controvirtieron el fallo de primer grado, pues al ser claro que el motivo sobre el cual se fundó esta decisión, fue la duda en torno a si el acusado tenía poder de mando sobre la tropa como para movilizarla hacia Mapiripán, los recursos se centraron en sustentar la afirmación contraria, para lo cual, cada sujeto procesal desplegó su propia apreciación probatoria, con independencia de que la misma resultara acertada o equivocada, pues esta es una circunstancia relacionada con la vocación de prosperidad del recurso, sin que pueda exigirse como presupuesto de una debida sustentación, el acierto en los argumentos contenidos en la apelación.
Cosa distinta es que el censor difiera de las razones expuestas por los sujetos procesales impugnantes y considere equivocado el análisis de los medios de convicción por ellos desplegado, o de la forma como desarrollaron su discurso. Estas cuestiones se alejan de ser una falta de sustentación y más bien corresponden al mero desacuerdo de la defensa con las apreciaciones que sobre la responsabilidad del acusado les merecen a los demás sujetos procesales, respecto de quienes se identifican con claridad los motivos de su inconformidad y las razones tanto jurídicas como probatorias por las que así lo consideran; en manera alguna puede señalarse que los recursos constituyan una expresión genérica de inconformidad con la providencia, como para deducir la carencia de sustentación y por contera, la falta de competencia del tribunal para pronunciarse y revocar el fallo absolutorio a favor de Uscátegui Ramírez.
De otro lado, también alude el censor a la nulidad, cuando el tribunal se pronunció sobre el grado de participación del sindicado, sin que este fuera un aspecto sobre el cual las partes hayan manifestado su inconformidad. Aquí corresponde precisar que el fallo de primer grado al ser absolutorio, ningún análisis consignó sobre este particular aspecto, como para que las partes tuvieran razones para oponerse a un pronunciamiento inexistente y al mismo tiempo exigirle al ad quem, la expresa inconformidad de los apelantes sobre un punto, respecto del cual necesariamente tenía que definirse al decidir revocar la absolución, declarando responsable al procesado, y si la oposición tiene que ver con el acierto o el error en la imputación de autoría, la censura corresponde plantearse por otra vía, más no por la de la nulidad por falta de competencia del sentenciador de segundo grado.
Lo que advierte la Sala es la disidencia del censor frente a lo que en otro cargo postula como una trasgresión al principio de congruencia, toda vez que la participación del acusado en el pliego de cargos se atribuyó a título de omisión, mientras que en el fallo se hizo como coautor. Esta será una cuestión que se tratará al abordar el estudio de la admisibilidad de este reproche.
En este orden de ideas, comoquiera que el soporte fáctico sobre el cual el libelista edifica la falta de competencia del Tribunal Superior de Bogotá, se encuentra en claro desacuerdo con los antecedentes del proceso, sin que hubiere motivo para la declaratoria de desierto del recurso de apelación, este cargo de nulidad será desestimado.
3.2. Abordando lo respectivo al cargo de falta de motivación de la sentencia, censura postulada por vía de la nulidad, de su lectura advierte la Corte cómo los argumentos que sustentan el reproche, son los mismos utilizados para la fundamentación de otros cargos, pues alude a que la sentencia es anfibológica, sofística y ambivalente, al haber concluido la participación del acusado como coautor, pese a que la conducta se le atribuyó como autor por omisión impropia, sin tener en cuenta que le fue precluido el delito de concierto para delinquir, lo cual descarta el acuerdo criminal propio de la coautoría, desconociendo que esa decisión adquirió los efectos de cosa juzgada.
En la demanda no se demuestra la razón por la cual se afirma la deficiente motivación del fallo, pues aunque se señala que es ambivalente, al mismo tiempo se dice que es sofística; no se hace ver cómo se funda en argumentaciones contradictorias o excluyentes que impidan conocer su sentido, en orden a acreditar que corresponde a una argumentación dilógica o ambivalente, o si socava la estructura fáctica y jurídica del fallo, para reputar que la decisión es sofística.
Lo que se torna palpable es el desacuerdo del censor con la declaración que sobre los hechos hizo el juzgador de segunda instancia, cuando atribuyó a Jaime Humberto Uscátegui Ramírez su posición de garante derivada del simple hecho de su calidad de miembro de la fuerza pública, haciendo evidente una disparidad de criterios frente al concepto acogido por el tribunal acerca de esta figura jurídica, cuestión que en nada se relaciona con una falta de motivación del fallo.
Lo perseguido con este reproche de nulidad, no es otra cosa que la imposición del criterio de la defensa, en torno a los elementos que deben concurrir para afirmar que una persona es responsable de determinada fuente de riesgo y que esos elementos no se reputan para el caso del aquí procesado, buscando que la Corte deseche las razones expuestas por el tribunal para arribar a la conclusión contraria, cuestión que se escapa de ser una deficiente motivación de la sentencia y se comporta en un alegato propio de las instancias, en donde además de la crítica que lanza acerca del análisis del ad quem sobre los elementos de la posición de garante, señala que el procesado no tenía el mando operacional sobre la población de Mapiripán para lo cual alude a una serie de medios de convicción que así lo muestran, reprochando el mérito otorgado por el juzgador de segundo grado a los elementos de conocimiento con base en los cuales afirmó el sindicado tenía el deber de intervenir para evitar la masacre.
Evidencia de que esta censura corresponde a un alegato de instancia, la constituyen afirmaciones sobre que el resultado producido por la no intervención del Ejército Nacional, es atribuible exclusivamente a Hernán Orozco Castro. Incluye conceptos nuevos sobre el mando operacional traídos de normas militares, con el fin de desestimar lo señalado en el fallo sobre el dominio que tenía el general frente a la tropa.
Incurre en el error de manifestar que la decisión de segundo grado, además de ser ambivalente y sofística, también carece de motivación, al desconocer los alegatos del recurso de apelación, aduciendo a todas las situaciones en las que puede darse la argumentación deficiente, lo cual lo lleva a hacer afirmaciones contradictorias, pues por ejemplo, no es lógico indicar que la sentencia escasea de motivación y al mismo tiempo decir que se sustenta en argumentos excluyentes, al igual que desconoce la estructura jurídica y fáctica y que la motivación es falsa. Lo anterior devela la inseguridad del demandante al desarrollar el reproche, pues plantea todas las posibilidades que la ley y la jurisprudencia han fijado, sin demostrar ninguna, lo cual no puede ser superado por la Corte, en virtud del principio de limitación que rige la casación.
En fin, el desarrollo del cargo enunciado por el recurrente como nulidad por falta de motivación, se concreta en su desacuerdo acerca de cómo Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, para el mes de junio de 1997, mientras se desempeñaba como comandante de la Brigada VII, no ostentaba la posición de garante sobre los pobladores de Mapiripán, lo cual ninguna relación guarda con la enunciación de la censura.
3.3. De otro lado, frente al cargo de la falta de consonancia entre la acusación y la sentencia, referente al delito de falsedad, resulta vano pronunciarse al respecto, toda vez que la Sala decretará la prescripción de la acción penal para este comportamiento.
3.4. Finalmente, frente al cargo por la trasgresión al principio del non bis in idem, postulado por la vía de la violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida, olvida el censor cómo debe postularse tal censura en sede extraordinaria, y al desarrollarlo, vuelve a reiterar la queja tantas veces citada en el libelo, sobre la imposibilidad de derivar un acuerdo criminal entre las AUC y el sindicado para la ejecución de la masacre, pues fue desechada la materialidad del delito de concierto para delinquir cuando se precluyó la investigación a su favor por este comportamiento.
El soporte sobre el cual se edifica esta censura, parte de la oposición del censor con lo declarado probado por el tribunal acerca de que los procesados incurrieron en una “omisión deliberada”, con el fin de que se produjera el resultado, evento que derivó en la condena del general en retiro. Es decir, olvidando que alegar la violación directa de la ley sustancial, implica abstenerse de reprochar la prueba y la aceptación de la apreciación que de ella hizo el fallador para tener por acreditados determinados hechos, justamente la demanda rechaza la atribución de responsabilidad al acusado, bajo el argumento de la trasgresión del non bis in idem, pues equipara la coautoría endilgada al sindicado con la atribución del delito de concierto para delinquir, frente al cual ya se había proferido resolución de preclusión.
En manera alguna, el modo de participación atribuido a Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, corresponde a una de las situaciones en la que por vía jurisprudencial se ha definido, se tendrá por trasgredido el non bis in ídem, a saber:
“1. Nadie puede ser investigado o perseguido dos o más veces por el mismo hecho, por un mismo o por diferentes funcionarios. Se le suele decir principio de prohibición de doble o múltiple incriminación.
3. Ejecutoriada una sentencia dictada respecto de una persona, esta no puede ser juzgada de nuevo por el mismo hecho que dio lugar al primer fallo. Es, en estricto sentido, el principio de cosa juzgada.
5. Nadie puede ser perseguido, investigado, juzgado ni sancionado pluralmente por un hecho que en estricto sentido es único. Se le denomina non bis in ídem material”(2).
Como se observa, no se trata en este caso que se haya revivido la investigación por el delito de concierto para delinquir, pese a haberse emitido al respecto una decisión con fuerza de cosa juzgada, sino de determinar la forma de intervención en otros delitos, y bajo un razonamiento confuso, el libelista equipara la coautoría con el acuerdo criminal para cometer delitos de manera permanente, como sucede con el punible contra la seguridad pública, a modo de que siempre que se habla de coautoría, tenga que imputarse el concierto para delinquir, conclusión a todas luces equivocada.
Además se recuerda que la imputación fáctica que en su momento soportó la atribución de la conducta de concierto para delinquir, se refirió a la presunta alianza del procesado con el grupo de paramilitares que incursionó en el pueblo de Mapiripán, circunstancia que no guarda relación con la adecuación de la coautoría en los delitos de secuestro y homicidio, pues claramente el sentenciador de segunda instancia, al endilgar esta forma de participación, se refirió a cómo Jaime Humberto Uscátegui y Hernán Orozco Castro, “en forma mancomunada decidieron no ejecutar ninguna acción” para contrarrestar los hechos de Mapiripán de los que habían sido informados desde el primer día de la incursión por parte del juez de la población, lo que a juicio del tribunal corresponde a una “coautoría por omisión”.
En este orden de ideas, se pone de presente, cómo es equivocada la apreciación del libelista sobre el soporte fáctico de la atribución de la coautoría, el cual dista del que fundó la imputación por el delito de concierto para delinquir, por manera que mal puede afirmarse, el juzgamiento contra Uscátegui Ramírez, en más de una oportunidad, respecto del delito de concierto para delinquir.
3.6. Redosificación de la pena por razón de la extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de falsedad material en documento público.
Teniendo en cuenta que por virtud de esta decisión, la Sala declarará prescrita la acción penal respecto del delito contra la fe pública, endilgado a ambos procesados, debe darse paso a la redosificación de la pena, restando de la pena impuesta por el tribunal, el aumento que correspondió por razón del delito de falsedad.
El sentenciador de segundo grado en lo relacionado con la pena al procesado Jaime Humberto Uscátegui, tomó como tipo base el de homicidio agravado, partiendo de un mínimo de 300 meses de prisión, o lo que es lo mismo 25 años. Al hacer el incremento por el concurso con secuestros extorsivos y falsedad material en documento público, tomó los mínimos de cada una de estas conductas punibles, esto es, 160 meses y 36 meses, respectivamente y haciendo la suma aritmética de cada una de estas cifras, junto con la pena mínima para el delito de homicidio agravado, resultó una sanción total de 41 años y 4 meses de prisión, pero como dicho monto superaba la pena máxima permitida en el ordenamiento penal colombiano, irrogó el monto superior autorizado, esto decir, 40 años de prisión.
En tal medida, es claro que el delito atentatorio contra el bien jurídico de la fe pública, significó un aumento de 36 meses o 3 años de prisión, el cual al ser descontado de la sanción definitiva de 40 años, arroja 37 años, que será la sanción a imponer a Uscátegui Ramírez.
Por su parte, comoquiera que el tribunal confirmó la condena contra Hernán Orozco Castro, sin realizar ningún tipo de modificación, se tiene que el juzgador de primer grado, tomó como tipo base el de homicidio agravado, respecto del cual impuso una sanción de 320 meses de prisión. Sobre este monto hizo un aumento de 144 meses por el concurso con los punibles de secuestro agravado, y por el delito de falsedad, adicionó 16 meses para una pena definitiva de 40 años de prisión.
En este orden de ideas, al restar los 16 meses por concepto de la sanción por el delito contra la fe pública, de los 40 años que fue la sanción definitiva, se obtiene como principal para Hernán Orozco Castro la de 38 años y 8 meses de prisión.
3.7. De otra parte, por reunirse los requisitos de lógica y debida fundamentación, con relación a los cargos enumerados en la demanda como segundo, quinto y sexto, denominados “ (i) nulidad por falta de individualización de los delitos por los que se profiere condena, (ii) falta de consonancia entre la acusación y la sentencia por haber sido acusado en calidad de garante por omisión y haber sido condenado como coautor por acción en relación con los delitos de homicidio y secuestros agravados, y (iii) violación indirecta de la ley sustancial por falsos juicios de existencia”, respectivamente, los cuales fueron argumentados a través de las causales correctas y guardan relación lógica entre la enunciación de la censura y su sustentación, los tres cargos serán admitidos.
En consecuencia, se correrá traslado al señor procurador delegado en lo Penal, por el término de veinte (20) días para que rinda el concepto al que se refiere el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
1. DECRETAR la prescripción y en consecuencia ordenar la extinción de la acción penal respecto del delito de falsedad material de servidor público en documento público a favor de ambos procesados.
2. Derivado de la prescripción de la acción penal frente al delito contra la fe pública, redosificar la pena, la cual quedará para Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en treinta y siete (37) años de prisión, y respecto de Hernán Orozco Castro, en treinta y ocho (38) años y ocho (8) meses de prisión.
3. INADMITIR la demanda presentada por el defensor del procesado Hernán Orozco Castro.
4. INADMITIR la demanda postulada por el defensor del procesado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez con relación a los cargos enumerados en el libelo como 1º ,3º, 4º y 7º.
5. ADMITIR la demanda promovida por el defensor del procesado JAIME HUMBERTO USCÁTEGUI RAMÍREZ por los cargos enumerados en el libelo como segundo: “Nulidad por falta de individualización de los delitos por los que se profiere condena - causal 2ª del artículo 304 del Decreto 2700 de 1991 o numeral 3º del artículo 220 Ley 600 de 2000”; quinto: “Falta de consonancia entre la acusación y la sentencia por haber sido acusado en calidad de garante (por omisión) y haber sido condenado como coautor (por acción) en relación con los delitos de homicidio y secuestro agravados” y sexto: “Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho por falsos juicios de existencia, lo que condujo a una indebida aplicación de las normas que contienen los supuestos delictivos de homicidio, secuestro, lesiones personales, y falta de aplicación del artículo 2º del Decreto 100 de 1980”.
Por lo anterior, córrase traslado al señor procurador delegado en lo penal, por el término de veinte (20) días para que rinda el concepto al que se refiere el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 2 de marzo de 2005, Radicación 19627 y de 3 de agosto de 2005, Radicación 19643, entre otras.
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 26 de marzo de 2007, Radicación 25629.

References: artículo 86
 resolución 
 artículo 218
 resolución 
 artículo 82
 artículo 25
 resolución 
 artículo 213
 artículo 304
 artículo 220
 artículo 2
 artículo 213