Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-lotc-u-3-an-b-f-4-15034195
Timestamp: 2019-08-19 00:14:28+00:00

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STC 98/1989, 1 de Junio de 1989 - Jurisprudencia - VLEX 15034195
STC 98/1989, 1 de Junio de 1989
Fecha de Resolución: 1 de Junio de 1989
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 340/1987 y 382/1988 (acumulados)
1. Se reitera doctrina anterior del Tribunal, según la cual, si bien la Disposición transitoria segunda, 2, de la LOTC permite al interesado, en sus reclamaciones sustentadas en la vulneración de derechos fundamentales, la opción entre la vía contenciosa ordinaria y la especial que regula la Ley 62/1978, o bien la utilización conjunta y paralela -mediante su interposición en tiempo y forma- de ambos tipos de recursos, en este último caso el segundo proceso habrá de fundamentarse sobre diferentes motivos, porque la reiteración de los mismos en la vía ordinaria, una vez desestimados en la especial, determinará que el órgano judicial rechace su análisis y se ciña en la correspondiente resolución al examen y decisión de las cuestiones de mera legalidad. El ejercicio conjunto de tales recursos implica que no cabe que el órgano judicial se pronuncie de nuevo sobre una vulneración constitucional ya planteada y resuelta en la vía especial; pero nada impide que, en el proceso ordinario, se revise una vulneración de derechos fundamentales únicamente allí alegada. 2. Como resulta del art. 41.3 de la LOTC, en el amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones que las dirigidas a establecer o preservar los derechos o libertades por razón de las cuales se formuló el recurso; y, en consecuencia, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 55.1 de la misma Ley, los pronunciamientos del Tribunal con ocasión de un recurso de amparo, si fuera estimado, deberán ceñirse a la eventual declaración de nulidad de la decisión impugnada, al reconocimiento del derecho o libertad pública en cuestión y al restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho. No corresponde a este Tribunal emitir otros pronunciamientos relativos a la calificación jurídica de los hechos objeto del procedimiento previo [art. 44.1 b) LOTC] (F.J. 4).
Sentencia citada en: 1359 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, un formulario, 4 resoluciones administrativas
En los recursos de amparo acumulados núms. 340/87 y 382/88, promovidos por don Jaime R. H., representado por el Procurador don Isacio C. G., el primero contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo de 1986 y la denegación presunta, por silencio administrativo, del Pleno de dicho Consejo de la solicitud de levantamiento de la suspensión provisional de funciones acordada en fecha 27 de febrero de 1984, así como contra la Sentencia de 9 de febrero de 1987 dictada por el Tribunal Supremo en Pleno en los recursos contencioso-administrativos núms. 97/86 y 98/86, acumulados, tramitados al amparo de la Ley núm. 62/1978, de 20 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona; el segundo, contra resoluciones de 13 de mayo y 2 de julio de 1986 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por las que se impuso al recurrente la sanción de separación del servicio, y Sentencia de 22 de enero de 1988 del Tribunal Supremo en Pleno, recaída en el recurso contencioso- administrativo núm. 105/1986. Han sido parte el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, y Ponente, el Magistrado don Luis L. G., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El día 14 de marzo de 1987 se registró en este Tribunal un escrito mediante el cual don Isacio C. G., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Jaime R. H., interpone recurso de amparo constitucional contra el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo de 1986 que impuso al recurrente la sanción de separación del servicio, denegación presunta por el Pleno de dicho Consejo de la solicitud de levantamiento de la suspensión provisional de funciones acordada en fecha 27 de febrero de 1984 y Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en Pleno, de fecha 9 de febrero de 1987, recaída en los recursos contencioso-administrativos núms. 97/86 y 98/86, acumulados, tramitados al amparo de la Ley 62/1978, de 20 de diciembre, sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Alega el demandante la vulneración de los derechos reconocidos en los arts. 24.1 y 25 de la Constitución.
a) Por Resolución de la Sección Disciplinaria del Consejo General de Poder Judicial de 27 de febrero de 1984, se acordó incoar expediente disciplinario a don Jaime R. H., Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para el esclarecimiento de las causas que motivaron la resolución de puesta en libertad de don Antonio B., preso a resultas del expediente gubernativo de extradición seguido contra el mismo bajo el núm. 40/83, ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, nombrándose Instructor de dicho expediente disciplinario y suspendiendo al expedientado de sus funciones como Magistrado.
Dicho Acuerdo, al referirse a los hechos que motivaron su incoación y delimitar la conducta del expedientado, emplea la expresión «interesarse» en el expediente de extradición seguido frente al súbdito italiano Antonio Bardellino y en su único «considerando» alude a la posible comisión por el señor R. H. de la falta del núm. 7 del art. 734 de la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870.
El 14 de junio de 1984 el Instructor formula informe-propuesta en el que no se menciona que el señor R. H. diera «órdenes» o hiciera «presiones» al Magistrado señor V. C., sino que reitera como hecho probado la existencia de «recomendación» del primero al segundo.
En fecha 2 de julio de 1984, concluso el expediente, es elevado a la Comisión Disciplinaria, y el siguiente día 11 de julio de 1984 el Consejo General del Poder Judicial dicta Acuerdo de suspensión del expediente en los siguientes términos: «Suspender el trámite del expediente disciplinario seguido contra el excelentísimo señor don Jaime R. H. y el ilustrísimo señor don Ricardo V. C. hasta que recaiga resolución firme en la causa penal seguida ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los mismos hechos, en virtud de querella del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la imposición de las sanciones disciplinarias que sean procedentes, una vez ultimada dicha causa penal».
b) Paralelamente a la incoación del anterior expediente disciplinario, el Fiscal General del Estado interpone querella criminal contra el señor R. H. por inducción a la prevaricación, dando lugar al proceso penal seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo bajo el núm. 360/84, en el que recayó Sentencia de 3 de mayo de 1986 que consideraba como hechos probados que en el expediente de extradición núm. 40 de 1983 el procesado don Ricardo V. C., a la sazón Magistrado-Juez Central de Instrucción núm. 1, que desempeñaba conjuntamente con el suyo aquel Juzgado de igual clase núm. 5 en sustitución de su titular, dictó Auto, en fecha 30 de enero de 1984, por el que se decretaba la libertad de Antonio Bardellino con fijación de fianza en cuantía de 5.000.000 de pesetas, medida que adoptó después de estimarla correcta, atendiendo al ruego que en tal sentido le hizo el también procesado Jaime , Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a quien se lo había interesado así a su vez la otra procesada Josefa , la cual le pidió hiciese llegar al Juez encargado del caso su deseo de que fuese liberado Bardellino si ello era posible y no existían obstáculos que lo impidiesen, petición que hizo suya el señor R. H. transmitiéndola en sus términos al señor V. C.. En el fundamento jurídico 10 de la citada resolución se recoge la afirmación de que: ...«por lo expuesto, procede dictar Sentencia absolutoria (...) ello sin perjuicio de poder ser exigidas las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar, conforme a los arts. 733 y 734 -núms. 5 y 7- de la Ley Provisional para la Organización Judicial de 15 de septiembre de 1870 (...)».
c) El día 23 de mayo de 1986, el señor R. H. presenta un escrito ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en súplica de que le sea levantada la suspensión provisional de funciones acordada el 27 de febrero de 1984, fecha desde la cual se encontraba en dicha situación, por entender que tal medida, mantenida durante un plazo superior al máximo para la tramitación de un expediente sancionador, venia a constituir una doble sanción. La petición se formulaba al amparo de lo dispuesto en los arts. 24 y 25 de la Constitución, por lo que, transcurridos veinte días desde la presentación de la solicitud, entendió denegada la misma en aplicación del art. 8.2 de la Ley 62/1978. Contra la anterior denegación presunta interpuso recurso contencioso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que es tramitado bajo el núm. 98/86.
A la anterior Sentencia se formuló Voto particular por el Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo don José L. M. H., en el que, tras manifestar su disentimiento de la mayoría, considera aquél, que el fallo de la citada resolución debería haber sido del tenor literal siguiente: «Primero: Estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Magistrado don Jaime R. H.. Segundo : Anular, por ser contrario a los arts. 24 y 25 de la Constitución, el Acuerdo de 13 de mayo de 1986, dictado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (...). Tercero: Imponer al expedientado y recurrente señor R. H. la sanción de suspensión por un año, como autor de la falta prevista en el art. 734, núm. 7, y penada en el art. 741, ambos de la Ley Orgánica de 15 de septiembre de 1870 (...)»
En virtud de todo ello, suplica de este Tribunal se dicte Sentencia en la que se declare la nulidad de la Sentencia del Tribunal Supremo en Pleno de 9 de febrero de 1987, así como de la resolución del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo de 1986 por la que se impuso la sanción de separación del servicio y, asimismo, se reconozca que la citada resolución del consejo General del Poder Judicial ha infringido los derechos consagrados en los arts. 24 y 25 de la Constitución. Suplica asimismo se declare que, a tenor de los hechos delimitados en el pliego de cargos y en la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de mayo de 1982, don Jaime R. H. no ha cometido falta alguna, y que se condene al Consejo General del Poder Judicial a adoptar cuantos actos, medidas y providencias fuesen necesarios a fin de restablecer al recurrente en la integridad de sus derechos violados.
Por providencia de 1 de diciembre de 1987 la Sección acuerda tener por recibidos los testimonios de actuaciones, y por personado y parte al Sr A. E.. Acuerda igualmente, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, conceder un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y al Procurador Sr C. G. para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
9. Mediante escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 3 de marzo de 1988 el Procurador señor C. G., en la representación ya indicada de don Jaime R. H., interpone recurso de amparo contra las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo y 2 de julio de 1986 (que impusieron y confirmaron, respectivamente. al actor, la sanción disciplinaria de separación del servicio) y contra la Sentencia dictada por el T.S. en Pleno el 22 de enero de 1988 que desestimó el recurso contencioso-administrativo ordinario núm. 105/1986 deducido contra aquellas resoluciones, aduciendo violación de los arts. 14, 24.1 y 2 y 25.1 de la Constitución.
Se aducen igualmente como vulnerados otros dos derechos fundamentales, los recogidos en los arts. 24.2 y 14 C.E., es decir, derecho a la presunción de inocencia y derecho a la igualdad. El primero, se entiende lesionado a causa de haberse tenido por acreditados los hechos, sin existencia de elemento probatorio alguno. Alega el recurrente que no se consideraron todas las actuaciones desarrolladas en el proceso penal incoado paralelamente, que eran decisivas, en su opinión, para el esclarecimiento de los hechos. La lesión del derecho a la igualdad se ha producido como consecuencia de la diferente resolución del recurso interpuesto contra las sanciones impuestas en el caso del recurrente y en el del también expedientado en su día don Ricardo V. C. cuando, sin embargo, las diligencias informativas, el expediente disciplinario y la sanción acordada por el Consejo General del Poder Judicial, en un principio, fue la misma respecto a ambos.
En virtud de todo ello, el recurrente solicita en el suplico se declare la nulidad de la Sentencia del T.S. en Pleno de 22 de enero de 1988, así como las Resoluciones del Consejo General del Poder Judicial de 13 de mayo y 2 de julio de 1986, y se reconozca que la Sentencia y acuerdos citados han infringido los derechos consagrados en los arts. 14, 24 y 25 de la Constitución. Suplica, asimismo. se declare que los hechos realmente cometidos por don Jaime R. H. no son constitutivos de falta alguna o subsidiariamente lo son de falta grave de «recomendación» tipificada en el art. 418.10 de la LOPJ de 1985 y que, en todo caso, la sanción procedente seria la de suspensión o multa, que prevé el art. 420 b) y c) de la misma Ley. Finalmente, suplica se condene al Consejo General del Poder Judicial a adoptar cuantos actos, medidas y providencias fueran necesarias a fin de restablecer al demandante en la integridad de sus derechos fundamentales. Mediante otrosí interesa la suspensión de la ejecución de los actos impugnados para evitar que el amparo pierda su finalidad.
En el examen del fondo del recurso, el Abogado del Estado -tal como lo hiciera en el primer recurso- analiza separadamente cada una de las infracciones invocadas por el recurrente. En lo que respecta a la indefensión alegada, y tras reiterar lo ya expuesto en el recurso núm. 340/87, añade que la infracción aducida por el demandante con base en la inadecuación del procedimiento seguido contra el mismo plantea una cuestión de mera legalidad ordinaria, sin relevancia constitucional, y que ha de citarse en este punto como esencial, la reciente STC 10/1988, de 1 de febrero, que señala la distinción entre hecho sancionable y calificación jurídica. En cuanto a la violación del derecho a la presunción de inocencia, no fue alegada en la vía judicial precedente por lo que, respecto a la misma concurre la causa de inadmisión -ahora de desestimación- prevista en el art. 50.1 b) en relación con los arts. 43.1 y 44.1 c) de la LOTC. Además, y en definitiva, el demandante, a través de este argumento, no pretende sino imponer su propia valoración o apreciación de los hechos. En cuanto a la violación del art. 25 de la Constitución, reproduce el Abogado del Estado las alegaciones efectuadas en el anterior recurso interpuesto contra el mismo acuerdo, y afirma que el principio de proporcionalidad, pese a la efectiva imposición de la sanción más grave, no ha sido vulnerado, pues no procede la comparación que se pretende en este punto entre el ámbito penal y el administrativo, siendo perfectamente compatibles la absolución penal y la máxima sanción disciplinaria, como lo son. también e igualmente, las distintas sanciones impuestas al recurrente y al señor V. C.. Respecto a la violación del principio de igualdad, que se fundamenta en el trato discriminatorio del recurrente respecto del otro expedientado, Ricardo Varón Cobos, se encuentra también afectada por la causa de inadmisión -hoy de desestimación- del art. 50.1 b) LOTC por no haberse invocado en la vía judicial previa: y en realidad -concluye- esta lesión únicamente adquiere sentido si se refiere a la resolución judicial, ya que el Consejo General del Poder Judicial impuso a ambos Magistrados la misma sanción.
13. Con fecha 1 de junio de 1988 tiene su entrada en este Tribunal el escrito de alegaciones del demandante de amparo en el que tras reproducir los argumentos recogidos en sus anteriores escritos de demanda y alegaciones, presentados en el recurso núm. 340/87, y las manifestaciones que se contienen en la demanda iniciadora del presente, añade que la constatación más inequívoca de la vulneración constitucional producida y más concretamente del derecho consagrado en el art. 25 de la C.E., se evidencia a través de la comparación de las sentencias dictadas por el T.S. en Pleno respecto de los recursos contenciosos interpuestos por el propio recurrente y por el también expedientado don Ricardo V. C.. Ambas Sentencias, de fechas 21 y 22 de enero de 1988, se contradicen, pues así como en la primera -que resolvió el recurso formulado por el señor V. C.- en su fundamento legal 7.º, se hace una correcta aplicación del art. 25 de la Constitución en cuanto a la necesidad previa de la tipificación de los hechos y sanciones en el momento de su realización, por el contrario, en la Sentencia de 22 de enero de 1988 se prescinde totalmente de tal doctrina. Así, en esta segunda resolución, se establece una diferencia de trato y de criterio, por medio de la cual se intenta viabilizar la aplicación del art. 417.2 de la Ley Orgánica de 1 de julio de 1985 a través de la disposición transitoria décima de la misma Ley Orgánica, mezclando en definitiva normas procedimentales y sustantivas.
2. La primera causa de inadmisión se hace consistir por el Abogado del Estado en que, al interponerse el recurso de amparo 340/87 frente a las resoluciones que ahora se impugnan del Consejo General del Poder Judicial, y la Sentencia del Tribunal Supremo que finalizaba la vía de protección jurisdiccional de derechos fundamentales regulada por la Ley 67/19-78, aún no había recaído Sentencia que hubiera puesto término al contencioso ordinario entablado por el actor frente a las resoluciones sancionadoras mencionadas. Pero no cabe acoger la objeción suscitada por el Abogado del Estado. Conforme se ha señalado por este Tribunal en la reciente STC 42/1989, de 16 de febrero, recogiendo doctrina anterior, la Disposición transitoria segunda , 2, de la LOTC, permite al interesado, en sus reclamaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa sustentadas en la vulneración de derechos fundamentales, la opción entre la vía contencioso-ordinaria y la especial que regula la Ley 62/1978, O bien la utilización conjunta y paralela -mediante su interposición en tiempo y forma- de ambos tipo de recursos; si bien, en este último caso, el segundo proceso habrá de fundamentarse sobre diferentes motivos, porque la reiteración de los mismos en la vía ordinaria, una vez desestimados en la especial. determinará -como ha sucedido en este supuesto- que el órgano judicial rechace su análisis y se ciña en la correspondiente resolución al examen y decisión de las cuestiones de mera legalidad. En consecuencia, una vez finalizado el recurso contencioso especial previsto en la Ley 62/1978, debe entenderse observado el requisito del art. 43.1 LOTC, y expedita la vía para la interposición del recurso de amparo, con independencia de que continúe tramitándose y pendiente de resolución el recurso contencioso- ordinario, en el que se podrán alegar los mismos o diferentes motivos, pero cuyo pronunciamiento sólo podrá recaer sobre los que no se hubieran desestimado ya en el recurso especial.
En la opinión del recurrente, la actuación administrativa sancionadora del Consejo General del Poder Judicial le habría producido indefensión por tres causas: a) incongruencia entre los hechos que se consignaron en el pliego de cargos, los recogidos en la propuesta de Resolución, y los que finalmente se expresaron en la Resolución del expediente;b) vinculado a lo anterior, el desconocimiento de la acusación formulada; y c) la inadecuación del procedimiento sancionador elegido. Las tres causas se alegan en el primer recurso de amparo: de ellas, las dos últimas se reiteran en el segundo.
13. Por último, y asimismo en relación con el art. 25.1 de la Constitución, aduce el recurrente la infracción del principio de proporcionalidad como consecuencia de la imposición de la sanción más grave de las que se preveían en relación con la conducta examinada. Tal vulneración es fundamentada por aquel mediante la referencia al principio de igualdad en una doble vertiente: respecto a la sanción que podía haberle sido impuesta en la causa penal que se tramitó paralelamente, y en relación con la sanción impuesta -tras la correspondiente reclamación judicial y en este último ámbito- al también expedientado señor V. C..
El Consejo General del Poder Judicial razona la elección de la sanción de separación de entre las que prevé el art. 420.2 de la vigente LOPJ; y ciertamente, es cuestión que corresponde en exclusiva al órgano sancionador competente tal elección, en el uso de las facultades que tiene jurídicamente atribuidas. Ahora bien, su impugnación podría encontrar apoyo constitucional en relación con el principio de igualdad, y en este caso corresponde a este Tribunal la oportuna revisión, para determinar si se ha vulnerado el derecho que deriva del art. 14 C.E. Pero, a estos efectos, y para llevar a cabo esa impugnación, es preciso aportar un término válido de comparación, que justifique la desigualdad, y, en consecuencia, la aducida desproporcionalidad de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, no se aporta en este supuesto un término de comparación válido para llegar a esa conclusión. En lo que se refiere a la eventual sanción penal, porque se refiere a un ámbito diferente (el del ordenamiento penal) con el que, en virtud de la distinción que la caracteriza respecto del administrativo disciplinario, pueden regularse en forma distinta situaciones similares, dando lugar a diferentes sanciones de las que se prevean e impugnan en este último. Y en lo que atañe a la sanción finalmente impuesta al señor V. C., porque pretende que el contraste se realice sobre diferentes conductas que como tales fueron valoradas. Sin que quepa que este Tribunal se pronuncie sobre esa valoración, por constituir materia de legalidad ordinaria reservada a otros órganos.
Denegar el amparo solicitado por don Jaime R. H. en los recursos acumulados núms. 340/1987 y 382/1988.
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