Source: http://finjus.org.do/index.php/publicaciones/itemlist/user/662-keniafranco?start=50
Timestamp: 2019-11-15 18:35:03+00:00

Document:
Jueves, 29 Noviembre 2018 13:27
En ocasión del 174 aniversario de la Constitución, el licenciado Erick Barinas puso en circulación su libro “Derecho Constitucional, Estado y Justicia”.
El acto fue celebrado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), el pasado martes 27 de noviembre.
El libro es una recopilación de artículos sobre temas constitucionales, jurídicos e institucionales publicados en diferentes medios impresos y digitales, que abordan diversas temáticas, tales como “Las Características de la Constitución de 1963 y Las implicaciones del Golpe de Estado a Juan Bosch”; “La Reforma Procesal Penal”, “El Espionaje y las Cámaras Ocultas en el Ejercicio Periodístico”, así como comentarios a sentencias relevantes del Tribunal Constitucional entre, otros.
La obra también incluye un trabajo inédito titulado “La Discriminación en el Ordenamiento Jurídico”, en el cual se desarrolla una perspectiva histórica del principio de igualdad y no discriminación, así como un análisis de su naturaleza jurídica, su fundamento constitucional y legal, y la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema.
El libro está prologado por el catedrático y doctrinario español-dominicano, doctor Marcos Massó Garrote, director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y, cuenta con comentarios del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán y el magistrado Rafael Ciprián Lora, juez de la Corte de Apelación Laboral del Distrito Nacional.
Lunes, 26 Noviembre 2018 12:02
Consideraciones sobre redacción alterna al proyecto de ley que crea el sistema integral de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
A propósito de la conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS) entiende propicio realizar ciertas consideraciones a la destacable iniciativa contentiva del anteproyecto de ley que crea el sistema integral de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y tipifica y sanciona sus diferentes tipos de violencia, a fin de que mediante este instrumento se logre una estructura eficaz para la lucha contra este grave flagelo.
Este proyecto de ley, tal lo indica su nombre,propone la creación de un sistema integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, basadas en las relaciones culturales, estructurales y desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esta pieza legislativa está centrada en tres pilares de actuación: prevención, protección y provisión de servicios, la cual armoniza la legislación vigente en nuestro país con los dictados de las normas internacionales de derechos humanos.
De igual forma, establece que el Estado dominicano tiene la responsabilidad de definir, impulsar y evaluar las políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres, de manera que, a través de estos programas y planes, se garantice el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. La iniciativa plantea una estructura de acción interinstitucional articulada con distintos órganos del Estado.
Este sistema crea el Observatorio de violencia y discriminación contra la mujer[1] que establece un Sistema Único Nacional, bajo la responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadísticas y del Ministerio de la Mujer, para el registro de estadísticas confiables sobre los actos de violencia contra las mujeres, sustentado en las informaciones que deberán remitir periódicamente todas las instituciones públicas involucradas.Esto busca que se generen informes de manera sistemática que permita el seguimiento y evaluación de la eficacia de las políticas nacionales sobre violencia contra las mujeres.
De igual modo, establece que las instituciones públicas que forman parte del sistema, incluirá en sus respectivos presupuestos hasta un dos por ciento de sus partidas presupuestarias con la finalidad de ejecutar e implementar los planes y programas de prevención, atención y persecución de la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades.
En otro orden, el proyecto promueve la aplicación del principio de responsabilidad social de las instituciones privadas, organizaciones sociales y personas en general, para aportar y apoyar la ampliación de acceso a respuestas multisectoriales de calidad para sobrevivientes, que incluyen seguridad, refugio, salud, justicia y otros servicios esenciales.
Además, el Estado mismo con la finalidad de garantizar la aplicación del principio de la responsabilidad social, promoverá incentivos[2] de reducción o exoneración de impuestos a las instituciones que contribuyan con recursos económicos para la creación o funcionamientos de establecimientos de casas de acogidas y centros de intervención para hombres con conductas agresoras, centros de recuperación para mujeres víctimas de violencias, entre otros.
Otra de las novedades que incluiría esta pieza es la tipificación del feminicidio indicando los elementos que constituyen el referido delito; así también la descripción de otros tipos penales tales como feminicidio conexo, violencia económica y patrimonial, violencia contra la libertad reproductiva, violencia ginecobstétrica, violencia mediática, ciberviolencia, entre otros.
De ello se destaca la estimación de una pena de 40 años de prisión para aquel que cometa feminicidio y una sanción inmediatamente inferior para quien sea hallado culpable de feminicidio conexo.
En este catálogo de sanciones y tipos penales entendemos debe ser revisado el delito de ciberviolencia pues contiene elementos típicos que podrían prestarse a ambigüedades impropias del carácter de lo penal; se propone una delimitación más precisa respecto del contenido de las afectaciones al bienestar emocional o psicológico que pudiesen ser punibles.
Desde FINJUS entendemos que la reducción de la violencia contra las mujeres debe considerarse desde el Estado como un indicador directo del desarrollo en general y, en particular,es por ello que el Estado tiene la obligación de promover relaciones igualitarias entre hombre y mujeres en las distintas intervenciones sectoriales, institucionales, organizaciones y la sociedad en general.
“La labor encaminada a poner fin a la violencia contra la mujer no puede consistir en respuestas ad hoc, de un solo sector o relativas a una única cuestión, sino que debe ser un enfoque comprensivo, sistemático y sostenido que cuente con un apoyo suficiente y esté facilitado por mecanismos institucionales fuertes, dedicados y permanente”[3].
[1]Ver artículo 8 de la ley que crearía el sistema integral de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres y tipifica y sanciona sus diferentes tipos de violencias.
[2].Ibídem artículo 46. párrafo II
[3]Poner fin a la violencia contra la mujer De las palabras los hechos, Estudio del Secretario General Naciones Unidas. 2006
Viernes, 23 Noviembre 2018 14:57
PERFIL DEL JUEZ CONSTITUCIONAL Y CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LOS JUECES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Participación de FINJUS en la Feria de Seguridad Ciudadana. Santo Domingo 2018
celebrada el pasado martes 20 de noviembre de 2018 en Occidental Mall- La Feria de Seguridad Ciudadana, Juventud y Familia, en coordinación con el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Miércoles, 21 Noviembre 2018 12:22
Ponencia Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán en el Foro de ANJE “La Participación un Derecho Ciudadano: Derecho a la iniciativa popular y referendo aprobatorio”
Agradezco la invitación que se nos extendió desde la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) para formar parte de este importante y diverso Foro, junto a notables juristas, periodistas, politólogos, legisladores, amigos y amigas. Desde FINJUS felicitamos la celebración de actividades de esta naturaleza, donde se promueve el diálogo, la concertación de ideas y el desarrollo de conceptos que fortalecen la calidad de nuestra democracia.
La democracia participativa es uno de los pilares del nuevo modelo constitucional que consagra la Constitución dominicana. La reforma constitucional de 2010 estableció la participación directa de los ciudadanos en la vida pública en general y en la toma de decisiones políticas en particular como uno de sus elementos medulares para el desarrollo y consolidación de la democracia dominicana.
En este nuevo paradigma “la participación democrática se manifiesta en la posibilidad que tienen todos los individuos, así como las minorías de oponerse a las determinaciones de decisiones que tengan la aptitud de afectar los derechos que constitucionalmente les han sido reconocidos […] y que les permiten expresar su individualidad[1]”. Tal como se plantea aquí, la democracia participativa, en lugar de personificar los temores sartorianos[2], se mostraría como herramienta de protección de los derechos individuales.
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), ha propuesto permanentemente la necesidad de que estas herramientas constitucionales de participación social y política puedan hacerse operativas, es decir, yendo más allá de los enunciados contenidos en cualquier texto legal. Resultaría bastante beneficioso que, en el actual contexto político de nuestro país, los poderes públicos se aboquen a una discusión profunda en torno a la posibilidad de materializar los preceptos constitucionales que versan sobre participación de la ciudadanía y la democracia directa.
Tal como ha indicado el jurista Eduardo Jorge Prats, “el principio de legitimidad democrática sirve de cimiento a toda nuestra ordenación jurídico- política[3]”, de allí radica entonces la importancia de estas herramientas. En el tema que hoy nos ocupa, trataremos de dar algunas pinceladas sobre el referendo aprobatorio y su importancia política y jurídica. En términos muy básicos, este es un mecanismo de participación que tiene el ciudadano para expresar su poder de reformar los valores fundamentales del acuerdo social plasmado en la Constitución.
En este mecanismo participativo “el pueblo expresa su poder de reforma como constituyente derivado, toda vez que actúa de conformidad con los poderes constituidos, no solo cuando acude a la etapa de votación, sino también cuando el referendo ha partido de una iniciativa popular[4] que después logra el apoyo del pueblo”[5]. Es decir, que se trata de un instrumento de suma amplitud conceptual y con una alta esencia democrática, amparado en el propio principio de la soberanía popular.
Por lo tanto, el referendo aprobatorio configura una función de álgida envergadura como instrumento de participación del pueblo dentro del ordenamiento constitucional dominicano. Y es que, además de consagrar el referendo como un mecanismo de participación democrática, es una de las vías para reformar la Constitución, como también lo es el Voto, la Iniciativa Legislativa, categoría que no le corresponde al Acto legislativo y tampoco a la Asamblea Constituyente.
Por ésta y otras razones es que para algunos autores, queda claro que el referendo es un mecanismo de democracia directa donde “…el pueblo tiene la última palabra sobre la ley”[6]. Además, la definición anterior esta definición se adhiere de manera exacta al mandato del ordenamiento constitucional del 2010 en torno a las formas de democracia inscritas en la Ley de Leyes.
La Constitución en su artículo 272, establece cuales reformas deberán someterse a Referendo aprobatorio, en este sentido, aquellas reformas que se refieran a los derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre procedimientos de reforma instituidos en la Constitución, requerirá la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral.
El Referendo aprobatorio como opción constitucional reformadora del pueblo, demuestra el interés del constituyente en apostar por un nuevo contrato social basado, entre otros elementos, en la participación de los ciudadanos. En síntesis, “la participación ciudadana dentro del sistema participativo democrático a que se ha hecho referencia, inspira el nuevo marco sobre el cual se estructura el sistema constitucional del Estado […dominicano]. Ésta implica la ampliación cuantitativa de oportunidades reales de participación ciudadana, así como su recomposición cualitativa en forma que, además del aspecto político electoral, su espectro se proyecte a los planos de lo individual, familiar, económico y social”[7]
En esta dirección se ha expresado el autor Alfredo Ramírez, indicando que “La democracia participativa no es sólo participación, sino también control. Si en democracia el ejercicio de poder político implica el control político como herramienta para limitarlo, la democracia participativa pretende complementar el habitual control de unas instituciones sobre otras, con el control de los propios ciudadanos mediante diversos instrumentos participativos.”[8]
Siguiendo este orden de ideas, el máximo intérprete de la Constitución en Colombia, estableció que “la participación directa busca generar espacios que permitan la formación de ciudadanos más comprometidos con las decisiones públicas, críticos y analíticos de los procesos gubernamentales”[9]. Es decir, ciudadanos que participen, pero que utilicen dicha participación para controlar, criticar y analizar a sus gobernantes. Definitivamente, parece evidente, que la democracia participativa es una de las cuestiones constitucionales cruciales del presente, y posiblemente seguirá siéndolo en el futuro inmediato.
No obstante, la regulación de los instrumentos de control social con los que cuenta la ciudadanía aún presenta ciertas limitaciones prácticas debido a la ausencia de leyes que permitan esclarecer el uso de los mecanismos de participación social contemplados en el artículo 22 de la Constitución. En ese orden, considero que para la consagración de los derechos derivados de la democracia directa, se hace urgente una legislación muy objetiva, con una especial atención en el referendo aprobatorio, por las cuestiones sobre las cuales éste instrumento puede versar.
En el año 2016, en el Senado de la República fue depositado un proyecto de ley orgánica que regula el Referendo Aprobatorio, el Referendo Consultivo y el Plebiscito Nacional. Sobre esta iniciativa legislativa, realizamos nuestros aportes en el marco de la Comisión existente en el Congreso para adecuar las legislaciones a nuestra actual estructura constitucional. Por tanto, consideramos que el país cuenta con un primer paso que debe ahora evolucionar hacia una amplia discusión pública donde todos los sectores sociales generen propuestas alrededor de los diferentes mecanismos contemplados en este proyecto normativo.
Debe saberse que la utilización del referendo aprobatorio encuentra razón de ser en la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos y en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, en relación a los derechos de participación con los que debe contar la ciudadanía en el neo constitucionalismo. En países como Ecuador, Colombia o Bolivia, por citar algunos ejemplos, el referendo aprobatorio ha sido utilizado para escuchar las voces de la ciudadanía cuando el contexto ha requerido que se vote sobre la viabilidad de proyectos legislativos o políticas públicas que pudieran incidir transversalmente en la población.
Es por esta cercanía de instrumentos jurídicos y constitucionales con las necesidades de la ciudadanía que Karl Loewenstein considera al referendo como una “consulta nacida desde la ciudadanía[10]”. Contrario a lo que podrían cuestionarse algunos respecto a la idea de que, probablemente, el referendo sea contrario al modelo de la democracia representativa, éste no es sino una añadidura de este esquema democrático.
Así, el francés Carré de Malberg ha explicado magistralmente que “sólo el referéndum aparece como un complemento suficiente a la idea de representación, porque solo él da satisfacción al concepto sobre el que reposa el régimen representativo, a saber que, a través de los elegidos, es el sentimiento del pueblo quien se manifiesta: este concepto conlleva, en efecto, como lógica consecuencia, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a manifestar un sentimiento contrario a aquel que, sobre una cuestión determinada, ha sido manifestada en su nombre por los representantes[11]”.
De manera que, si las leyes se tratan de una expresión de la voluntad popular y pueden entonces los representados introducir su aprobación directa a un determinado proyecto, resultaría el referendo un elemento que fortalecería la democracia dominicana y, por ende, la institucionalidad y la seguridad jurídica.
Más allá de cualquier consideración conceptual que pudiese hacerse sobre esta temática, debe crearse conciencia de que estamos frente a un mandato constitucional. Es decir, los derechos de la ciudadanía –como el referendo aprobatorio– forman parte del catálogo de derechos que fueron dados a través de la potestad reformadora que tuvo la propia Asamblea Revisora al momento de instalar el orden constitucional vigente.
Sin embargo, insistimos en la necesidad de que este mecanismo sea ampliamente discutido por el hecho de que la ciudadanía debe primero conocer la naturaleza del ejercicio de este derecho y el alcance del mismo, para que éste sea utilizado estrictamente para los fines enmarcados en nuestra Constitución y en provecho del fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática.
Queda claro que el referendo aprobatorio es un mecanismo de la democracia directa que permite a los ciudadanos decidir si entran o no en vigencia modificaciones constitucionales sobre materias de alta trascendencia para la vida nacional. Por tanto, debemos ser cuidadosos y promover este mecanismo conociendo las repercusiones jurídicas, políticas y sociales que implicaría el uso de esta herramienta, la cual debe ser vista como otro instrumento de la democracia, sin carácter de obligatoriedad absoluta para las reformas constitucionales, tal como se ha planteado desde la visión doctrinaria norteamericana.
El carácter complementario del referendo aprobatorio lo hace un mecanismo vital para hacer más eficaz y dotar de mayor calidad a nuestro orden democrático. Invitamos a los diferentes sectores sociales a promover una nueva discusión sobre el Proyecto de Ley de Referendo Aprobatorio y otros mecanismos de participación directa. Con ello podremos apreciar una mayor utilidad práctica a nuestro texto constitucional y así garantizar un clima de respeto absoluto a los derechos fundamentales, al imperio de la ley y a los principios cardinales del Estado social y democrático de derecho.
[1] Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-150/15. 8 de abril del 2015.
[2] Ver SARTORI, Giovanni. ¿Qué es la democracia? México. 2008. P. 125.
[3] JORGE PRATS, Eduardo. En: Constitución Comentada. FINJUS. 4ta Edición. 2015. P. 70.
[4] Ver artículo 97 de la Constitución dominicana, donde se establece la figura de la iniciativa legislativa popular como instrumento de participación política.
[5] Registraduría Nacional del Estado Civil. Ranking de mecanismos de participación por departamentos. [en línea]. [Consulta en fecha 15 de noviembre del 2018]. Disponible en: http://www.registraduria.gov.co/-Mecanismos-de-Participacion,320-.html
[6] Oxford University Press. Derecho constitucional. 3ra Edición. México. 2008. Pp. 253-254.
[7] RAMIREZ NÁRDIZ, Alfredo. Citizen participation and interpretation of the Constitution. Analysis of Colombian Constitutional Court' Jurisprudence in the field of participatory democracy. Colombia. 2016. P. 105.
[8] Ibídem. P. 88.
[9] Ver Sentencia T-350/14. Corte Constitucional de Colombia. [En línea] Derecho de participación en la conformación, ejercicio y control del poder político. [Citado: 15. Noviembre. 2018]. Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-350-14.htm
[10] LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución. Barcelona. Ed.
[11] CARRÉ DE MALBERG, R. (1931). Considérations théoriques sur la question de la combinaison du referendum avec le parlementarisme. Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l’étranger. 1931. Pp. 233-234.
Culmina con éxito la IX Edición de las Jornadas de Derecho Administrativo y Público General Dr. Allan Brewer-Carías, Santo Domingo, 2018
La IX edición de las Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo y Público General, Dr. Allan Randolph Brewer-Carías – Santo Domingo, 2018, fue inaugurada este 6 de noviembre, con la participación de destacadas figuras del derecho internacional, las autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, así como juristas y académicos destacados.
Las anteriores Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Dr. Allan Randolph Brewer-Carías se desarrollaron con mucho éxito académico en Venezuela, entre 1995 y 2005, como una iniciativa de la Fundación de Derecho Administrativo (FUNEDA).
El evento coincide con el 25° aniversario de creación y dada a imposibilidad de celebrar las Jornadas en Caracas, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), el Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo (ADDA), decidieron relanzar y ubicar las Jornadas a partir de este año en Santo Domingo.
Servio Tulio Castaños Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS, y Eduardo Jorge Prats, Presidente del IDDEC, explicaron que las IX Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo y Público General girarán sobre 6 ejes temáticos relacionados a la Administración Pública en el Estado Social y Democrático de Derecho con la participación de los siguientes profesores internacionales: Dr. Carlos Ayala Corao, Dr. Libardo Rodríguez, Dra. María Amparo Grau, Dr. José Ignacio Hernández, Dr. Luciano Parejo Alfonso, Dr. Jaime Rodríguez Arana, Dr. José Carlos Laguna, Dr. Jaime Orlando Santofimio, Dr. Gustavo Urdaneta Troconis, Dr. Antonio Silva Aranguren, Dr. Giacinto della Cananea, Dr. Gian Franco Cartei, Dr. Ricardo Rivero Ortega, Dr. Rafael Badell, Dr. Fernando López Ramón, Dr. Víctor Hernández-Mendible, Dra. Claudia Nikken, Dr. Faustino Flamarique, Dra. Flavia Pesci, Dra. Caterina Balasso, Dr. José Antonio Muci, Dr. José Gregorio Torrealba, Dr. Juan Alfonzo Paradisi, Dr. Luis Fraga Pittaluga, Dr. Manuel Rojas, Dr. Nicolás Badell y la Dra. Belén Ramírez, así como también 26 profesores nacionales.
Manifestaron que “estas Jornadas brindarán un importante espacio de discusión para temas relacionados a la contratación estratégica de la Administración, la tutela judicial efectiva, justicia constitucional, legalidad y acierto en los procedimientos contencioso administrativos, el principio y derecho fundamental de buena administración, así como temas relacionados a los servicios públicos”.
Plantearon que la continuación de las Jornadas en esta nueva sede permitirán a numerosos doctrinarios y profesores del Derecho Público, reencontrarse con la comunidad jurídica de nuestro país, así como con servidores de la Administración Pública y miembros del Poder Judicial para seguir apoyando el fortalecimiento de nuestra cultura de crecimiento en la doctrina del Derecho Administrativo, el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo Económico y de la Regulación, esenciales para la construcción del Estado Social, Democrático y de Derecho, y la seguridad jurídica.
El evento se realiza entre el 6 y 9 de noviembre en el Hotel Real Intercontinental de esta ciudad de Santo Domingo.
Viernes, 02 Noviembre 2018 16:34
Observaciones sobre el Proyecto de Ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana
El régimen penitenciario de la República Dominicana ha sufrido transformaciones sucesivas en los últimos años, ya sea ampliando el margen de los derechos de las personas privadas de libertad o procurando la mejora gradual de las condiciones de las cárceles. En ese sentido, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), considera importante que la sociedad dominicana le preste gran atención a los detalles de este Proyecto de Ley que regula el Sistema Penitenciario y Correccional, el cual fue reintroducido en la Cámara de Diputados el pasado 25 de septiembre del presente año 2018.
A la luz de la ponderación legislativa del proyecto de ley que pretende actualizar y regular el marco normativo del Sistema Penitenciario y correccional en República Dominicana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno realizar algunas observaciones a fin de aportar reflexiones al debate que suscita el conocimiento de una regulación tan sensible como esta.
Hemos expresado en numerosas ocasiones que nuestro país debe abocarse a una transformación integral del sistema penitenciario, y en función de ello, entendemos como una pieza importante esta normativa legal que permitirá al Ministerio Público como órgano rector y responsable del régimen penitenciario, contar con las herramientas jurídicas, técnicas, económicas y operativas adecuadas para transformar el sistema carcelario y eliminar la coexistencia de dos modelos de reclusión totalmente incompatibles entre sí; adoptando medidas tendentes a mejorar la calidad de vida de los internos recluidos en los centros carcelarios del país.
El referido proyecto establece, a grandes rasgos, actualizar y adecuar la normativa sobre el Régimen Penitenciario, sistematizar la información penitenciaria y correccional, esclarecer las atribuciones de los organismos del sistema penitenciario, erradicar las condiciones de hacinamiento, diseño, construcción, ejecución y equipamiento de las edificaciones, del régimen disciplinario, entre otros aspectos que ameritan ser ponderados por el carácter altamente sensible de esta normativa.
Del Sistema de Automatización de Información Penitenciaria y Correccional
Es importante destacar que el proyecto normativo en cuestión crea el sistema de automatización de información penitenciaria y correccional, donde se incorporan las tecnologías a las actividades de la administración penitenciaria, como un factor estratégico esencial para garantizar el procesamiento computarizado de la información relativa a las personas privadas de libertad, así como su proceso judicial, en aras de alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de datos.
En suma, este sistema automatizado establece funciones puntuales al juez de ejecución de la pena y no genera ambigüedades en cuanto a su radio de acción, respecto a quién tendrá acceso relativo a las personas privadas de libertad. Asimismo, este mecanismo permitirá a la Procuraduría General de la República guardar estricta confidencialidad de los datos que se generan en los diferentes centros de corrección y rehabilitación y determinar que la información utilizada en ellos sea utilizada para fines de investigación.
De los derechos de las personas privadas de libertad y la creación de la carrera
En el marco de la consolidación del Estado social y democrático de derecho, la protección de los derechos fundamentales juega un papel trascendente. Históricamente ha existido una cultura de desprotección de los derechos hacia las personas que se encuentran privadas de libertad, de la reducción al máximo de las garantías que la Constitución les atribuye.
Este proyecto de ley, enmarcado en la tendencia neo-constitucionalista de la región latinoamericana, posibilita un catálogo amplio y preciso de los derechos que podrán gozar las personas privadas de libertad. Tal como lo establece nuestra Constitución, el proyecto obliga al respeto de la dignidad personal; el derecho a las comunicaciones con su familia; acceso a servicios de salud sin discriminación; condiciones de los espacios; inviolabilidad de su intimidad; acceso a la información personal y de acontecimientos nacionales relevantes; y ante todo a la tutela judicial efectiva, entre otros.
El hecho de que exista este catálogo de derechos establecidos por ley y, en suma, que este contenido pueda hacerse operativo, brindará mayores garantías a las personas privadas de libertad y hará más coherente el régimen penitenciario actual frente a los más altos estándares normativos internacionales.
Por otro lado, debe destacarse la creación de la Carrera del Servicio Penitenciario y Correccional para todo el personal que se desempeña en el sistema correccional. Somos de opinión que la obligatoriedad de incluir un sistema de carrera en un tema tan sensible, procurará a su vez una mejor gestión de las estructuras diseñadas para la privación de libertad y posterior reinserción social, dotando al país de mayores exigencias en el marco del servicio público y, por tanto, un fortalecimiento inmediato de la seguridad jurídica.
Del diseño, construcción y ejecución de las edificaciones carcelarias
Otro aspecto importante que contiene el proyecto de ley es que promueve el diseño, construcción y ejecución de las edificaciones carcelarias necesarias para dar respuestas a las condiciones de hacinamiento de los centros penitenciarios en el país. Tal como hemos mencionado en numerosas ocasiones, unos de los mayores problemas que sufren quienes están privados de libertad en aquellas cárceles que continúan estancadas en el viejo sistema de reclusión es la vulneración sus derechos fundamentales por la sobrepoblación existente.
En atención a los parámetros de diseño y ejecución, las construcciones de los centros carcelarios deberán de sustentarse en estudios y tendencias del sistema carcelario. Además, la tipología arquitectónica para la prestación de los servicios correccionales deberá ser revisada cada cinco años.
Sin embargo, coincidimos con quienes entienden que la construcción de más edificaciones penitenciarias no se constituye en la principal respuesta ante la problemática carcelaria, pues la función penitenciaria deberá estar orientada a la rehabilitación y la reinserción social de la persona privada de libertad, de modo que cuando cumpla su sentencia, a pesar de su antecedente carcelario, el individuo o ex convicto pueda incorporarse sin mayores dificultades a la vida cotidiana, sin que ello constituya una limitante social o laboral que pueda perseguirle en lo sucesivo.
En cuanto a las sanciones disciplinarias a aplicar a las personas privadas de libertad que hayan cometido faltas muy graves las mismas deben responder al principio de proporcionalidad y razonabilidad en relación a la falta. Por tanto consideramos que deben readecuarse y reorganizarse las conductas consideradas como leves, graves y/o muy graves, tomando en cuenta que éstas han de estar sujetas a la regla de correspondencia entre la trascendencia y gravedad de la acción sancionable y la sanción misma establecida para dicha falta.
Desde FINJUS, somos de opinión que la valoración como una falta grave a cualquiera de las violaciones al reglamento penitenciario dependerá de lo perjudicial que sea sustancialmente la acción. En ese orden, lo que debe tomarse en cuenta para catalogar de falta leve, grave o muy grave deben tener relación entre sí en cada categoría y, ante todo, que cuando se tratara de faltas muy graves especificar que ello constituya la violación a algún tipo penal u otras características que alteren verdaderamente la naturaleza de la reclusión penitenciaria.
En cuanto a las sanciones de aislamiento[1] hasta por treinta días que establece el artículo 128 del Proyecto, la misma constituye un serio y grave castigo sobre el interno que exige una aplicación restrictiva. Esta medida sólo deberá ser aplicada en casos de necesidad evidente, es decir, agresividad o violencia del interno o su reiterada y gran alteración de la normal convivencia con los demás internos.
En definitiva y por las implicaciones del aislamiento, entendemos que su aplicación debe regirse por criterios extremadamente restrictivos y que, es posible su aplicación no solo a la falta muy graves sino también a las graves, y leves, cuando éstas exclusivamente deberían de ser aplicadas en las primeras, en función de su especial gravedad y en concordancia con las normas internacionales que rigen esta materia.
Por otro lado, debemos destacar que este proyecto normativo establece líneas de acciones para mejorar y actualizar los programas y técnicas de reinserción, sistematizando las actividades en torno a un tratamiento progresivo y un seguimiento efectivo de los avances de los internos, la cobertura de los programas de rehabilitación, la adecuada división de internos, entre otros. Esto contribuirá a evitar que la salida de los internos no se traduzca en una condena social permanente sino que adjudica la debida responsabilidad del Estado a quienes debe reinsertar y tutelarle sus derechos.
El Proyecto de Ley que Regula el Sistema Penitenciario y Correccional en República Dominicana puede representar un antes y un después en toda la estructura que simboliza la privación de libertad a lo largo de los años. Se hace urgente que la sociedad y los poderes públicos respalden un proyecto de ley de esta naturaleza. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática depende de todos los entes que en el Estado se enmarcan y, de este modo, podría promoverse progresivamente un ambiente de armonía y convivencia social más amplio para el país.
[1] Una aplicación excesiva del régimen de aislamiento constituye un trato o pena cruel, inhumana o degradante, e incluso tortura en algunos casos. Ver recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 2011 (CPT).
FINJUS-Propuesta candidatos Tribunal Constitucional
Lunes, 29 Octubre 2018 20:42
Observaciones sobre el proyecto de Ley relativo al Colegio de Abogados de la República Dominicana
En el marco de la ponderación legislativa del proyecto de ley que pretende actualizar el marco normativo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), considera oportuno realizar algunas observaciones a fin de aportarlas al debate que suscita el conocimiento de una regulación sectorial vital en nuestra sociedad.
El referido proyecto establece, a grandes rasgos, las cuestiones sustanciales que regirán la vida del Colegio de Abogados de la República Dominicana (en lo adelante CARD), como son su integración, régimen disciplinario, atribuciones, órganos de dirección y decisión, patrimonio, entre otros aspectos que ameritan ser ponderados para que se convierta en un instrumento adecuado para dar respuesta a las situaciones que se generan a lo interno del Colegio.
De la integración y membresía
Esta iniciativa legal reserva al CARD la facultad de inhabilitación del ejercicio de la profesión de Derecho por deuda, según lo establece el artículo 102:
Pérdida de calidad de miembro activo. La calidad de miembro activo se pierde por tres meses de retraso en el pago de la cuota anual, lo que conlleva a la suspensión de los derechos de membresías. Párrafo. La pérdida de la condición de miembro activo del Colegio implica la inhabilitación para el ejercicio de la profesión de derecho.
Consideramos que una interpretación literal y conjunta de esta restricción pudiera afectar bienes jurídicos protegidos, como es el derecho al trabajo, al establecerse la inhabilitación del ejercicio de la profesión por falta de pago de la cuota anual de la colegiatura, introduciendo un elemento en esta normativa relativa a la limitación de derechos, lo que desborda la naturaleza propia del Colegio.
A modo de precisión de la redacción del artículo 8, que versa de igual forma sobre la integración y membresía, entendemos que al listarse quienes componen ese órgano sectorial, parecería que se hace una clasificación. De manera específica, sugerimos que, en el numeral 3 de este artículo, resulta conveniente indicar que forma parte del CARD: “todo profesional del derecho que, en ejercicio de una función y en razón de sus conocimientos jurídicos preste el concurso de su asesoramiento. Así también los docentes, investigadores, consultores o asesores jurídicos de personas físicas o morales, tanto públicas como privadas”. Con ello se evitaría dar lugar a interpretaciones erróneas derivadas de la imprecisión de que esos docentes, investigadores y consultores han de ser abogados de la República Dominicana, previamente inscritos mediante el procedimiento para obtención del carnet que otorga esta organización.
Con relación al manejo de los ingresos netos de todo lo percibido en el CARD resalta que, en el articulado que trata sobre ello, solo se contempla un total de 60% de los ingresos distribuidos de la siguiente forma: 30% a la Escuela Nacional del Abogado; 20% al Instituto de Protección del Abogado, y 10% para las seccionales provinciales y del Distrito Nacional. Se advierte que parecería que el restante 40% de los ingresos quedarían sujetos a la voluntad discrecional de los órganos de dirección.
Esto debe ser revisado y definidos los renglones en que se invertirán esos recursos, pues esta normativa sectorial debe garantizar los mayores niveles de transparencia y asegurar eficacia en cuanto a la distribución y ejecución del gasto.
Conformación y elección de los órganos de dirección y decisión
Recomendamos precisar lo relativo a los períodos de ejercicio de los cargos de la Junta Directiva, a fin de que todos los miembros de este órgano reciban un tratamiento similar y que no solo los vocales estén imposibilitados para la repostulación luego de un segundo periodo de 3 años. Generalmente, en legislaciones de este tipo se establece esta limitación a las funciones del Presidente por ser el de mayor grado de jerarquía.
Así también corresponde evaluar la disposición de no destitución de las funciones de los miembros de la Junta Directiva, pues no contempla excepciones sobre temas relativos a faltas graves que pudiesen ser cometidas por cualesquiera de sus integrantes.
Es importante destacar que en el país las corporaciones profesionales no tienen reconocimiento constitucional, sino que son creaciones libres del Poder Legislativo que las inviste de potestades de derecho público para la ordenación de determinados sectores, como es el caso del Colegio de Abogados. De forma que cualquier iniciativa legal que pretenda la regulación del ejercicio profesional del derecho está sujeta a parámetros de razonabilidad, en razón de que puede afectar derechos fundamentales.
FINJUS considera que el proyecto del Ley que pretende instituir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, por su dimensión altamente reguladora de la profesión liberal de la abogacía, y al tratarse de un proyecto de ley que establece los presupuestos jurídicos de un ente de derecho público interno, debe ser objeto de un amplio debate, del cual debe surgir un acuerdo Estado-Sociedad, para que sea aplicable y razonablemente sostenible.
Participación del Dr. Servio Tulio Castaños en el Primer Congreso Internacional de Justicia Electoral y Valores Democráticos. 18 de octubre de 2018

References: artículo 8
 artículo 46
 artículo 272
 artículo 22
 artículo 97
 artículo 128
 artículo 102
 artículo 8