Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2007-00299-de-mayo-13-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fb6e6cb0259901d4e0430a01015101d4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 16:59:16+00:00

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CONTENIDO:AVISO ANTICIPADO DE TERMINACIÓN EN ACUERDO DE COLABORACIÓN Y DE DURACIÓN. A PESAR DE EXISTIR CLÁUSULAS QUE AUTORIZAN LA TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO, EN CUALQUIER TIEMPO, ES MENESTER, EN VIRTUD DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE BUENA FE, LA EXISTENCIA DE UN PREAVISOEN EL ENTENDIDO QUE EL ANUNCIO ANTICIPADO DE LA CULMINACIÓN DEL PACTO CREA AL COMERCIANTE LAS CONDICIONES FAVORABLES PARA LOGRAR HACER EL TRÁNSITO DE ACTIVIDAD O IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA EVITAR PERJUICIOS. POR LO TANTO, TERMINAR DE MANERA UNILATERAL Y SORPRESIVA RELACIONES NEGOCIALES COMO LA DISTRIBUCIÓN O CONTRATOS AFINES, OLVIDANDO EL DESTINO DEL OTRO CONTRATANTE, DEJÁNDOLO A SU PROPIA SUERTE, DEBE CALIFICARSE COMO UNA CONDUCTA POCO TRANSPARENTE, DESLEAL E, INCORRECTA. DENOTA UN DESCONOCIMIENTO DE REGLAS QUE GOBIERNAN LA VIDA EN COMUNIDAD COMO LA SOLIDARIDAD Y EL RESPETO POR LAS BUENAS MANERAS, LAS QUE EN LOS NEGOCIOS Y/O ACTOS JURÍDICOS DEBEN ACOMETERSE SIEMPRE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE SUMINISTRO, BUENA FE CONTRACTUAL, COMERCIANTE, CONTRATO ATÍPICO, CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN
Bogotá D.C., trece de mayo de dos mil catorce.
2. Puestas así las cosas, de suyo surge que la controversia suscitada en el presente asunto proviene de una relación contractual, concretamente, de un negocio de suministro para distribución, como así lo llamaron las partes y quedó ratificado por el ad-quem; circunstancia esta última que, en lo que interesa al presente fallo, es un asunto alrededor del cual no existe diferencia que ventilar, por existir total acuerdo.
El fundamento de una decisión de tal jerarquía estriba en un pilar esencial como es la autonomía de la voluntad privada que, aunque hoy en día se le atribuye un estado de crisis, sigue conservando el sitial que siempre le ha correspondido. Las partes pueden autogobernarse y, en esa perspectiva, les es dable escoger una modalidad de contrato plasmado previamente en la normatividad, vr. gr. el de arrendamiento, el mutuo, el depósito, la compraventa, etc.; o, según la situación particular, esa prerrogativa se extiende, inclusive, hasta estructurar su propia forma, clase o naturaleza vincular y, a partir de ello, fijar una específica regulación legal, respetando, eso sí, postulados anejos a las buenas costumbres y al orden público.
“(…) la voluntad normalmente manifestada, tiene todo su valor jurídico. En esto consiste el principio de la autonomía de la voluntad, cuyas consecuencias más importantes son: 1) Los particulares pueden celebrar entre sí todos los actos jurídicos, regirlos a voluntad e inventar nuevos por combinaciones inéditas. Las convenciones son libres, sin otra limitación que el orden público. 2). Los efectos de las obligaciones son los que las partes han querido, salvo las reservas propias del orden público. 3) Lo esencial es la voluntad interna; su manifestación no es sino su ropaje. 4) La misión del juez sólo consiste en investigar la intención presunta del autor del acto. Por otra parte y de modo general el juez no quiere nada, ni decide nada personalmente. Investiga él la voluntad de los particulares, la reconstruye, la desarrolla en sus consecuencias lógicas en relación a los hechos producidos. El Estado confiere ejecutoria a su apreciación. 5) Las obligaciones no se modifican sino por voluntad, expresa o tácita, de las partes, desde el nacimiento de la obligación, o por un nuevo acuerdo de ellas. 6) Las obligaciones no se extinguen sino por voluntad de las partes, en la medida en que ellas lo han querido” (René Demogue. Traité Des Obligations, tomo 1, Nº 27, p. 81).
“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones….”.
4. En el asunto objeto de examen, el negocio de suministro para distribución que vinculó a las partes de este litigio, realizado en ejercicio pleno de la potestad atribuida por la legislación vigente y reflejo inequívoco de la aludida voluntad privada, en los precisos términos que fue concebido, en rigor, no contiene regulación específica en las disposiciones actuales; no empece(sic) su frecuente utilización en actividades de comercio, no hay un referente de orden legal concreto, que regente su definición, formación, desarrollo y maneras de culminar dicho pacto.
“Cuando un contrato no se encuentra descrito en un tipo legal y, subsecuentemente, no está especialmente regulado por el ordenamiento, se denomina atípico. Por consiguiente, dada esa peculiaridad, las dificultades que rodean los contratos atípicos son fundamentalmente dos: de un lado, la de precisar su admisión y validez, habida cuenta que es necesario establecer que su función económico – social se encuentra conforme con los principios ético- jurídicos rectores del ordenamiento; y, de otro, la de establecer las reglas jurídicas que los disciplinan”.
“En relación con este último aspecto, es decir, la disciplina normativa del contrato atípico, cabe destacar que deben atenderse, preferentemente, dada su singular naturaleza, las cláusulas contractuales ajustadas por las partes contratantes, siempre y cuando, claro está, ellas no sean contrarias a disposiciones de orden público. Así mismo, les son aplicables, tanto las normas generales previstas en el ordenamiento como comunes para todas las obligaciones y contratos, como las originadas en los usos y prácticas sociales; y, finalmente, mediante un proceso de auto integración, los del contrato típico con el que guarde alguna semejanza relevante”
“Relativamente al primer grupo, doctrina y jurisprudencia coinciden en que deben aplicarse analógicamente las reglas escritas para el correspondiente contrato nominado; en cuanto al segundo, algunos autores acogen el método denominado de la absorción según el cual debe buscarse un elemento prevalente que atraiga los elementos secundarios, lo que permitiría someterlo al régimen del contrato nominado pertinente; mientras que otros acuden al criterio de la combinación, que busca la existencia de una estrecha relación del contrato singular —nominado— y las normas mediante las cuales éste está disciplinado por la ley. En ese orden de ideas, sería siempre posible desintegrar cada contrato nominado en sus componentes y buscar qué disciplina corresponde a cada uno de dichos componentes, “estableciéndose una especie de ‘alfabeto contractual’, al que se podría recurrir para aplicar la disciplina jurídica de cada uno de los contratos mixtos, mediante una ‘dosificación’ de normas —o de grupos de normas—, o de varias disciplinas jurídicas en combinación, lo cual daría el resultado que se busca’ (G.J. LXXXIV, pág. 317), en todo caso, agrega más adelante la Corte ‘... todos estos criterios de interpretación, no son, en último análisis más que especificaciones del principio de la analogía, inspiradas en las peculiaridades de cada materia. De aquí, también, que el criterio de interpretación más serio, respecto del contrato innominado mixto, es además de la aplicación directa de las reglas generales sobre los contratos, el de la aplicación analógica de las singulares relativas al contrato nominado dado, que se manifiesten como las más adecuadas al contrato mixto que se debe interpretar, y si éstas no existen, entonces recurrir a las de la analogía iuris’ (ibídem).” (Sent. Cas. Civil, 22 de octubre 2001, Exp. 5817).
7. Aunado a lo anterior, cumple reiterar que, igual que todo vínculo negocial, el concertado por los aquí contendientes, está sujeto a las reglas generales de interpretación anejas a cualquier acuerdo, atendiendo por supuesto, su naturaleza y características, como así lo regulan los artículos 1618 y ss. del Código Civil Colombiano.
8.1. El documento referido (folio 383, cuaderno principal —carta de 25 de marzo de 2004—), ciertamente, contiene una exhortación a la distribuidora para que “Si esta propuesta es aceptada por Usted, por favor, indíquelo mediante la firma de la copia de esta carta en el espacio destinado abajo y devolviéndola a nuestra atención”. Invitación esta que el casacionista vindica como la propuesta que le fue extendida a la impugnante y, al no ser aceptada por ella, como en efecto así lo estampó en el mismo documento, la negociación no podía considerarse terminada.
“Bajo la Sección Décima Tercera, Término de Duración y Efectos de la Terminación del Contrato, se indica: ‘El presente contrato tendrá un término de duración de un (1) años contado a partir de la fecha de la firma por ambas partes y se entenderá prorrogado por igual término a no ser que una de las partes manifieste su intención de no prorrogarlo, mediante escrito que dirigirá a la otra parte’. En concordancia con esta cláusula (…) por medio de la presente le informa (sic) de la intención de no extender ‘El Contrato’ posterior al 26 de marzo de 2004” (negrillas fuera del texto).
Concurre a fortalecer la anterior apreciación la parte final del inciso primero del escrito memorado. Allí, por la sociedad XXXX XXXXXXXXXXXXXX, se dijo: “Los términos definidos en ‘El contrato’ y no definidos específicamente a continuación, serán usados de conformidad con términos establecidos en ‘El Contrato’”. Lo que señala, de manera simple, que en defecto de una explicación expresa o específica de los términos utilizados en la nota memorada, los interesados deberían atenerse a lo incorporado en el mismo pacto. Y, en la carta citada, su autora, al momento de informar su decisión, para nada hizo referencia a una oferta o propuesta, por ello, a la redacción allí estampada mal puede atribuírsele esa categoría (propuesta u oferta); y, ante cualquier inquietud o duda sobre el verdadero propósito de su gestora, debía acudirse al texto del mismo contrato, en donde no aparece consagrada la posibilidad de una oferta o propuesta como mecanismo de finalización de la relación; contrariamente, quedó convenido que la terminación procedía de manera unilateral y, ciertamente, la demandada, el referirse a ese evento, se apoyó en la cláusula trece del mismo, atestación de su inequívoco interés de hacer uso de la prerrogativa resciliatoria.
Precisamente, el ad-quem infirió tal conclusión del escrito remitido a la distribuidora y, bajo esa percepción, además de no podérsele atribuir error alguno, dado que no trasluce ni absurdo ni arbitrario, corresponde respetarlo en esta sede, pues no puede olvidarse que la autonomía de la que gozan los funcionarios de instancia, deviene invulnerable en el recurso extraordinario de casación, salvo evidencias de yerros protuberantes, que, como se dijo, no se dan en este caso analizado.
8.3.1. No se llama a dudas que, en virtud de la autonomía de la voluntad privada, nada extraño resulta la adopción de disposiciones contractuales que autoricen, de manera unilateral, en cuanto se tornan ley del contrato (C.C., arts. 1602, en C.Co., cc.(sic) 822), la forma de conclusión del pacto celebrado. Convenios de esas características resultan válidos, pues reflejan el querer de los negociantes. Incluso, la misma normatividad civil y comercial han incorporado disposiciones que facultan a una de las partes para dar por concluido el negocio de manera unilateral, vr. gr., el mandato (art. 2189 y 2190); y, el comodato (art. 2219). Luego, no son determinaciones ajenas a ciertos eventos negociales.
8.3.2. Empero, la discrecionalidad de los interesados alrededor del vínculo contractual no resulta absoluta; la libertad en estas materias está limitada por unas reglas o principios que aun cuando no hayan sido convenidos o involucrados expresamente hacen parte del mismo por ser de su esencia. Los contratantes al concertar en uno u otro sentido sus objetivos, no solo involucran sus intereses sino que las determinaciones que prohíjan irradian sus efectos más allá de sus exclusivos propósitos y afectan valores que atañen a la comunidad de la que hacen parte. El ejercicio de esa libre voluntad no puede considerarse, por la libertad misma, como una patente de corzo para desbordar límites propios de las buenas costumbres y el orden público, entendidos en su más amplia consideración. En esa línea, aspectos como la buena fe y la ética de los contratos, entre otros, por disposición legal, constituyen parte integrante (arts. 1603 del C.C., en cc.(sic) C.Co., art. 871), de todo negocio o acto jurídico, no obstante hayan sido desdeñados por quienes los celebraron.
“(…) la buena fe no es un principio de efímera y menos de irrelevante figuración en la escena jurídica, por cuanto está presente, in extenso, amén que con caracterizada intensidad, durante las etapas en comento, tanto más si la relación objeto de referencia es de las tildadas de 'duración', v. gr: la asegurativa, puesto que sus extremos —in potentia o in concreto—, deben acatar fidedignamente, sin solución de continuidad, los dictados que de él emergen (prédica conductiva). Es en este sentido que los artículos 863 y 871 del Código de Comercio y 1.603 del Código Civil, en lo pertinente, imperan que "Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual...."; "Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe....", y "Los contratos deben ejecutarse de buena fe...." (El subrayado es ajeno a los textos originales)”.
“Quiere decir lo anterior que para evaluar si un sujeto determinado actúo o no de buena fe, resulta imperativo examinar, en cada una de las precitadas fases, la conducta por él desplegada, pero de manera integral, o sea en conjunto, dado que es posible que su comportamiento primigenio, en estrictez, se ciña a los cánones del principio rector en cita y ulteriormente varíe, en forma apreciable y hasta sorpresiva, generándose así su inequívoco rompimiento. De allí que la buena fe no se pueda fragmentar, en orden a circunscribirla tan solo a un segmento o aparte de una fase, por vía de ejemplo: la precontractual —o parte de la precontractual—, ya que es necesario, como corresponde, auscultarla in globo, según se indicó, valorando las diversas oportunidades que los interesados tuvieron para actuar con lealtad, corrección (correttezza) y diligencia, según sea el caso. Al fin y al cabo, sin excepción, ella se predica de la integridad de eslabones que, analizados en retrospectiva, conforman la cadena contractual (iter contractus), rectamente entendida. No es gratuito que el citado artículo 863 del Código de Comercio, expressis verbis, establezca un débito de comportamiento que cobija todo el "...período precontractual", sin distingo de ninguna especie”. (Sent. Cas. Civil, del 2 de agosto de 2001; Exp. 6146)”.
“Sobre el particular, la Corte ha explicado que “ ‘la buena fe, hoy sólidamente entroncada con insoslayables mandatos constitucionales (C.N., art.83), suele ser contemplada por el ordenamiento desde tres perspectivas distintas: de un lado, aquella que mira las esferas íntimas de la persona, para tomar en consideración la convicción con la que ésta actúa en determinadas situaciones; de otro lado, como la exigencia de lealtad, semblante que la erige en un verdadero hontanar de normas de corrección contractual; y finalmente, como un criterio de interpretación de los negocios jurídicos. “Pueden citarse como ejemplo de la primera, cuya principal virtud es la de generar derechos, lo prescrito en el artículo 768 del Código Civil, conforme al cual ‘la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraudes y de todo vicio’; o las disposiciones contenidas en los artículos 964, 1634, etc., ejusdem, en los que el ordenamiento privilegia cierto estado subjetivo o espiritual de la persona que se caracteriza porque esta abriga la creencia razonada, sensata y ajena de culpa, de estar obrando en conforme a derecho (…)” (Sent. Cas. Civil, ago. 16/2007, Exp.1994 00200 01)’”, posición ratificada en sentencia de 19 de diciembre de 2011, Exp. 2002 00329 01.
Por su parte, la doctrina ha atribuido a dicho principio esenciales funciones, por ejemplo, “En síntesis, tratándose de la buena fe, no sólo estamos frente a un principio general de aplicación amplia o extendida, sino que ante algo con capacidad potencial para introducirse en importantes figuras jurídicas y aportar en ellas un elemento estructural trascendente. Esto confiere, notablemente, fuerza y jerarquía al principio general de la buena fe, colocándolo por encima de otros principios generales y haciéndole merecedor del más alto nivel entre los órdenes jurídicos generales. Por lo mismo, se merece el nombre de principio general superior” (Fernando Fueyo Laneri, Instituciones, pp. 160).
Y en referencia a uno de esos oficios que la caracteriza (integrador), pertinente resulta señalar que refleja tanto un aspecto negativo como uno positivo. En el primero, “la buena fe se presenta como una obligación de respeto, de conservación de la esfera de los intereses ajenos”. Respecto al positivo, “la buena fe impondrá una activa colaboración entre los cocontratantes, encaminada a promover sus intereses” (Betti, Emilio, Teoría General de las Obligaciones, tomo I., Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969).
Por ello, la potestad que la ley brinda a las personas para decidir, libremente, la suerte de sus destinos, no es posible considerarla, como ya se dijo, en términos absolutos; la realización de esa facultad impone, simultáneamente, observar un mínimo de exigencias: “el ejercicio de un Derecho subjetivo es contrario a la buena fe no solo cuando no se utiliza para la finalidad objetiva o función económica o social para la cual ha sido atribuido a su titular, sino también cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen desleal, según las reglas que la conciencia social impone en el tráfico jurídico (…) Los derechos subjetivos han de ejercitarse siempre de buena fe. Más allá de la buena fe el acto es inadmisible y se torna antijurídico” (Luis Díez-Picazo, La Doctrina de los Actos Propios). Se espera, entonces, conciencia que el ejercicio de ciertos derechos impone, concomitantemente, el respeto por los ajenos; es patentizar valores como la razonabilidad, el equilibrio contractual, el fin común; es, en definitiva, vindicar, de manera privilegiada, comportamientos libres de propósitos egoístas e individualistas, que al ejercitar los derechos legales o contractuales, según el caso, arrasen con los intereses de la parte con la que se pactó.
Y, en verdad, el sentenciador, como lo denuncia la acusación, pretirió el análisis de aspectos que van más allá del tenor literal del contrato de suministro para distribución; empero, no por ello, podían dejarse excluidos. Por ejemplo, no valoró, como le correspondía, itérase, las circunstancias en que se informó sobre la terminación del pacto; debió profundizar en, si el hecho de comunicar su culminación horas antes de vencerse el plazo ajustado e impedir con ello la prórroga pactada, resultaba ser un procedimiento plegado a una debida y leal conducta contractual; o si, era necesario examinar que proceder en tal forma podría sorprender a la parte demandante al anunciarle que al día siguiente ya no sería la distribuidora de los productos que a lo largo de dos años llevó a compradores y consumidores. El ad-quem dejó de lado, entonces, en el estudio puesto a su consideración, sopesar elementos tan importantes relacionados con la naturaleza especial del contrato celebrado, que de haberlo llevado a cabo, otras conclusiones hubiese extraído.
El contrato ajustado entre las sociedades XXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXXXXXX, en efecto autorizaba su terminación unilateral y en cualquier tiempo; y, de esa prerrogativa hizo uso la empresa proveedora; sin embargo, en el ejercicio de ese derecho, no podía menospreciar la suerte de la distribuidora y, por ello, debió pensar que la inoportuna noticia de la cesación de la relación podía, como así sucedió, vulnerar expectativas justificadas atendiendo la clase de negocio con ella celebrado. Desdeñar un mínimo de precauciones y consideraciones resultó contrario al postulado de la buena fe, en cuanto que sólo y exclusivamente valoró su situación, aislada de la suerte de su cocontratante; inobservó esa función positiva que cumple obrar de manera correcta, sin sorpresas o desmedidos aprovechamientos, apartándose de toda proporcionalidad.
“(…) cualquiera de las Partes podrá dar por terminado el presente Contrato, en cualquier momento, con una antelación no menor de 90 días calendario mediante escrito que dirigirá a la otra Parte. Esta causal de terminación del Contrato se entiende en consecuencia que es con justa causa y en consecuencia no impone a la parte que lo dé por terminado la obligación de indemnizar cualquier perjuicio que se derive de esta terminación” (—hace notar la Corte— fl. 154, cdno. ppal).
Ese canon evidencia que los contratantes eran conscientes de la necesidad de conceder a la parte que no tomaba la decisión de terminar el contrato, un término prudencial que consideraron de noventa (90) días, con miras a hacer realidad esa cesación. Y si así lo estipularon alrededor de una justa causa, vr. gr. el incumplimiento, por qué razón no aceptar que frente a una circunstancia como la terminación unilateral debido al vencimiento del período estipulado, con pacto de prórroga, correspondía, igualmente, habilitar un término de preaviso?
14. Sin embargo, en el proceso no existen suficientes elementos que acrediten la magnitud del perjuicio generado al patrimonio de la actora, ni la cuantía del mismo.
Por tal razón, antes de proveer sobre la sentencia sustitutiva, se dispondrá la incorporación de un dictamen de perito experto en asuntos contables, para que conceptúe sobre el punto.
i) Testimonio de XXXXXXXXXXXXX.
iii) La versión incorporada en la demanda en cuanto a las órdenes de compra Nº 0107 y 0108; anexos 30 y 31 del libelo.
ii) La exposición de la parte demandada sobre las órdenes de compra Nº 0107 (fl. 590); 0108 (fl. 599); 0109 (fl. 588); 0103 (fl. 590); y, 0038 (fl. 563); y,
iii) El Informe de despacho número 1209-2004 anexo 5 (num. 7.7), de la contestación de demanda.
2. El impugnante afirmó que el error del Tribunal consistió en considerar que la demandada no había incumplido el contrato por la falta de despacho de las órdenes de compra Nº 107 y 108, pues, según lo apreció, las mismas fueron anuladas y reemplazadas por la Nº 109; además, porque la proveedora se había reservado el derecho de admitir o no las solicitudes de compra.
Sostuvo que, a diferencia de lo concluido por el ad-quem, las referidas órdenes ni fueron anuladas ni la mercancía despachada y en cuanto a la potestad de atender o no los pedidos efectuados, dicha prerrogativa, ciertamente, fue concertada, pero estaba sometida a condiciones que no se cumplieron por XXXXXXX.
2.1. Referente a los pedidos mencionados, arguyó, que en las copias de los mismos aportados por la sociedad demandada se registra el sello de haber sido anulados, no obstante, dicha anotación no aparece en los originales adosados por la accionante y, a pesar de esa situación, el Tribunal le brindó credibilidad a los de la proveedora, dejando de lado que esta última fue la que a título personal colocó esa advertencia como así lo refirió la señora XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, empleada de dicha empresa, en su declaración rendida en primera instancia. El sentenciador olvidó, afirmó el opugnador, que era a la demandada a quien le competía demostrar la anulación de las órdenes de compra, lo que no podía acreditarse sólo a través de sus propios documentos sino con otras pruebas, con mayor razón cuando los aducidos por la contraparte no contienen la mención aludida.
2.2. Sobre la facultad que se había reservado la sociedad XXXXXXX de atender o no las órdenes de compra, la censura resalta que existió error de hecho en la interpretación del contrato al Tribunal valorar de manera parcial el texto del negocio convenido, pues si bien es cierto esa potestad se acordó, también lo es que dejó de lado el numeral iv, de la cláusula 5.1., que expresamente contempla que todo pedido, luego de cinco (5) días de haberse realizado, si no es objetado por escrito, se entendería aceptado, situación que ocurrió respecto a esas solicitudes por lo que debió efectuar los despachos respectivos, y al no hacerlo puede concluirse que hubo incumplimiento en la provisión de productos.
2. Según el recurrente, la equivocación del sentenciador consistió en inferir que el “cambio de distribuidores” en la zona que manejaba la demandante, no configuraba un incumplimiento del contrato celebrado, en la medida en que las partes no habían pactado cláusula de exclusividad; a partir de esa forma de razonar negó la pretensión octava, relacionada con la gestión de XXXXXXXX ante algunos clientes de XXXXXXXXXXXXXXX para que no le adquirieran a ésta sus productos.
3. Afirmó que dicho dislate provino de la indebida apreciación del contrato de distribución celebrado entre las partes el día 26 de marzo de 2002; también, por la falta de apreciación de pruebas como “el anexo 15 de la demanda. Lista denominada ‘clientes apadrinados XXXXXXXXXXXXXXXXXXX’ entregada en el mes de agosto del 2002 por el Señor XXXXXXX y el asesor XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; “El anexo Nº 18 de la demanda. Fax del 23 de septiembre del 2002, enviado por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX. Denominada ‘subdistribuidores la 18 –volumen asignado a XXXX’, y en la que se hace referencia un volumen mensual de ventas de 95 pacas”; “El dictamen pericial rendido por la perito XXXXXXXXX y sus anexos, especialmente en lo que tiene que ver con el listado de clientes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”; Y los testimonios de XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX.
Para el recurrente, la conducta de la demandada no solo implicó el ejercicio libre de la competencia entre comerciantes, sino fue más allá, dado que desplegó toda una actividad tendiente a disminuirle a XXXXXXXXXXXXXXXX, la clientela conseguida y direccionarla en favor de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, otro de sus distribuidores, tal cual lo atestaron los declarantes cuyas versiones no apreció el juzgador.
Hace énfasis en que los testimonios referidos dan cuenta que a varios de sus clientes les impartían instrucciones en el sentido de que no podían comprarle a la demandante sino a XXXXXXX; que la demandada, a través de uno de sus empleados llamado XXX, informaba a los compradores de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, que le adquirieran los productos a esa otra distribuidora; la reducción de clientela se vio reflejada en el dictamen pericial que el Tribunal tampoco valoró, experticia que describe mes a mes como se produjo la disminución de las compras. Además, la empresa productora le redujo a la actora la clientela de 70 compradores a 10 o 12 y así lo atestiguó el señor XXXXXXXXXXXXXXX, exposición que tampoco tuvo en cuenta el fallador.
El impugnante culmina diciendo que las pruebas referidas, (testimonios y documentos), entre ellos, los anexos 15 y 18 del libelo, junto con el dictamen pericial, ponen en evidencia que el comportamiento de XXXXXXXXXXXX no se redujo sólo a un asunto de simple competencia, sino de maniobras encaminadas a reducir y desviar la clientela en favor de otro distribuidor, proceder que está prohibido por la ley.
3. Para el recurrente, así no se hubiera pactado exclusividad, a la empresa demandada no le era permitido comunicarse con la clientela conseguida por la XXXXXXXXXXXXX, con el propósito de instruirla sobre a quién debía comprarle, pues ese premeditado comportamiento constituía “mala fe en la ejecución contractual”. La sociedad proveedora así tuviera varios distribuidores, no podía desviar la clientela de la actora, quien era uno de ellos, en favor de los restantes.
3. Afirmó que dicha equivocación provino de la indebida apreciación del convenio de distribución ajustado entre las partes el 26 de marzo de 2002; también, por la falta de apreciación de pruebas como los testimonios de XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX y de XXXXXXXXXXX.
4. Para el impugnante, el sentenciador, al dejar de sopesar los elementos reseñados y apreciar equívocamente el contrato de distribución, concluyó que las prácticas de la demandada no constituían un incumplimiento contractual, cuando dichos medios de persuasión indican todo lo contrario, pues, además de desviar la clientela de XXXXXXXXXXXXXXXXX, propició el contrabando interdepartamental de cigarrillos, generando con ello la venta a precios inferiores respecto de los que vendía la demandante, conducta que aparejó la vulneración de la buena fe que debe regir los contratos y, además, gestó la competencia desleal.
El casacionista enfatizó que los deponentes mencionados aludieron a algunas prácticas de la demandada que incluyeron la manifestación de que no adquirieran los cigarrillos a XXXXXXXXX XXXXXXXXXX.
En el parecer del casacionista, el ad-quem pasó por alto que la venta de cigarrillos en el territorio nacional está regulada y no se pueden comercializar indistintamente en uno u otro departamento, sin satisfacerse los impuestos pertinentes y, en esa dirección, desconociendo las normas referidas, el Tribunal consideró que la enajenación de ese producto en Bogotá, por parte de distribuidores de Cali, no constituía un incumplimiento contractual. Además, para el recurrente, esa corporación se equivocó por no sopesar que la demandada al propiciar que uno de sus distribuidores de esta última ciudad pudiera vender cigarrillos en la capital, estaba estimulando la competencia desleal.
2. Para el inconforme, la equivocación hallada en la decisión proferida consistió en inferir que la demandada XXXXXX tenía, por disposición contractual, la potestad de variar, reducir o suprimir, los descuentos otorgados a XXXX. Y a dicho error arribó por haber apreciado indebidamente el contrato de distribución y, además, por no haber valorado las siguientes pruebas:
i) La lista oficial de precios vigentes a partir del 26 de marzo de 2002, firmada por el representante legal de XXXXX;
ii) La política de descuentos acompañada al contrato –anexo 8 de la demanda, folio 30;
iii) Carta de acuerdo de la gerencia nacional de venta de XXXXXXXXX de agosto 22 de 2002, mediante las cuales se fijan descuentos a mayoristas;
iv) La comunicación de XXXXXXX, gerente nacional de ventas y distribución de XXXXXXX;
vii) Anexo 24 de la demanda. Lista de precios del 9 de octubre de 2002, enviada a través de la carta de 4 de octubre del mismo año, firmada por el representante legal de XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
viii) Anexo 25 de la demanda. Lista de precios enviada por carta del 23 de octubre de 2002, firmada por la gerente de planeación financiera de XXXXXXXXXXXXX;
ix) Anexos 26 y 27 de la demanda. Lista de precios oficial a partir de los días 2 y 5 de junio de 2003, firmada por los gerentes general, nacional de ventas y el de marca de XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, con un descuento del 9.3% sobre el precio bruto, términos de pago 45 días desde la fecha de la factura de venta;
x) También dejó de apreciar los testimonios de los señores XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX e XXX XXXXXXX.
El censor agregó que el ad-quem, para fallar en los términos en que lo hizo, sólo tuvo en cuenta los apartes del contrato que la demandada le señaló; empero, dejó de lado, algunas estipulaciones que de haberse tenido en cuenta hubiesen alterado el sentido del fallo. Por ejemplo, pasó por alto la cláusula sexta del mencionado negocio, en la que fueron incluidos algunos eventos en que las reducciones enunciadas podían tener lugar, entre ellos, los volúmenes de ventas, la información suministrada respecto del número de vendedores y el descuento base. Afirmó, adicionalmente, que de las rebajas concertadas por las partes, podían señalarse las referidas en el enunciado de “política de descuentos” y, además, la que operaba por el “pronto pago” realizado. Pero, sostuvo, el quid del asunto está en la expresión “a su entera discreción”, potestad que, de manera específica, estaba dirigida a la disminución por el pronto pago; sin embargo, enfatizó el impugnante, para las restantes retenciones no aparece esa discrecionalidad, en cuanto se erigía como un derecho del distribuidor.
Sobre el particular, manifestó, los testimonios señalados, que en la sentencia no fueron valorados, resultan explícitos en cuanto que a todos los distribuidores les suministraban el producto a precios similares, que entre uno y otro, alrededor del punto, no había ninguna diferencia. En ese mismo sentido se pronunció la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, empresa distribuidora del mismo producto, al decir que los precios a los que vendían la mercancía era el referido en la lista acordada; lo propio sucedió con el señor XXXX XXXXX, empleado de la demandada, quien corroboró que los precios a los que se distribuía el cigarrillo era el que XXXXXXXXXXX sugería, tratando de evitar así el rompimiento del equilibrio entre ellos.
Para el casacionista, la debida interpretación del contrato, relativa a las políticas de descuentos, debió conducir al Tribunal a concluir que la demandada tenía toda la autorización contractual para concederlos o no, pero sólo frente al pronto pago y a las “promociones y eventos especiales”, pero para los demás, incluyendo el margen de ganancia o la retribución de la demandante, una vez concertados “así se quedan salvo acuerdo entre las partes”; por tanto, acordados como estaban las referidas deducciones, según lo reivindicó el censor, desde el inicio de la negociación, no podían, con posterioridad, desconocerse y, por el contrario, le correspondía a la sociedad XXXXXXXXXXX mantenerlas.
1. La censura que plantea la autora del recurso extraordinario, a través de los cargos recientemente extractados alude, en concreto, al desconocimiento por parte de la proveedora, sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, de los compromisos surgidos del contrato de distribución, incumplimiento referido a temas puntuales como: i) no despachar varias órdenes de compra; ii) gestar el cambio de clientes entre distribuidores ubicados en la Capital; iii) estimular que a la ciudad de Bogotá llegaran distribuidores de Cali; además, que los mismos vendieran el producto (cigarrillos Marlboro) a un precio inferior; y, iv) por la modificación, de manera unilateral e inconsulta, de los descuentos que había concertado con la actora.
1.1.1. Relativo al tema y, en particular, al despacho de mercancías, cumple señalar que en el interrogatorio a que fue sometida la representante legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXXX XXXX, (fls. 713 y 714), la misma expuso “En diciembre 9 de 2002, con la orden de compra 037 solicité, creo 147 pacas, sin embargo, éstas no fueron despachadas ni total, ni parcialmente, tanto el asesor de XXXXXXXXX, señor XXXXXXXXXXXXXXXX como la señora XXXXXXXXXXXXXXX encargada del área de operaciones y logística me suministraron explicación al no despacho de la mercancía. El día 17 de diciembre después de haber transcurrido 9 días y vencido el plazo para que de acuerdo a la cláusula quinta del contrato no me dieran explicación por escrito, ese día hablé con el señor tesorero quien me informó que solo me podría despachar 30 pacas y que por lo tanto debía anular la orden 037 para proceder a despacharme las 30 pacas con una nueva orden, o sea la 038. Quiero dejar constancia que por ese hecho tuve que liquidar el personal del área de ventas y dejar de atender la clientela. En el mes de febrero de 2004 envíe dos órdenes de compra, creo y tampoco me dieron respuesta al no despacho de las mismas, ni de manera escrita, ni verbalmente. Posterior al plazo para que me informaran por escrito los motivos, me informaron que solo me podrían despachar de contado, por lo tanto las dos órdenes enviadas antes de la orden del 28 de febrero, no fueron despachadas. A finales del mes de marzo y en el mes de abril de 2004 se colocaron otras ordenes que tampoco fueron despachadas” (la Sala hace notar).
Lo expresado por la representante de la actora pone de manifiesto, en primer lugar que, respecto de la orden Nº 037 sí hubo despacho de mercancía (con la orden Nº 038), así no haya sido en su totalidad, de donde aparece que la disparidad de criterios sobre el cumplimiento del contrato, anejo a la remisión de la mercancía solicitada, se reduce a las órdenes 107, 108, 109, pues referente a esos documentos y las circunstancias de su emisión, es que el impugnante concentra su inconformidad, surgiendo, por tanto, la necesidad de precisar qué función cumplió esta última orden de compra (Nº 109 de 26 de febrero de 2004), librada cuatro días después de la Nº 107 y seis luego de elaborarse la Nº 108.
Podría pensarse que fue un nuevo pedido, como al parecer así lo enfatiza el recurrente; sin embargo, si ello así aconteció, qué razón habría para no haber despachado la mercancía solicitada a través de las órdenes de compra 107 y 108 y, a escasos días después, la petición cursada bajo la orden Nº 109, sí hubiese sido atendida?
Además, advierte la Sala que en el folio 598 aparece glosada la copia de la tantas veces referida orden de compra Nº 109, escrito que registra como fecha de emisión el 26 de febrero de 2004, y de remisión a la proveedora, vía fax, el 27 de los mismos, luego, en sana lógica, esta sociedad recibió el pedido en esta última data; mientras que en los folios 596, 597 y 601, aparecen, en su orden, la solicitud de la tornaguía, una relación de productos gravados y la autorización de movilización y de tránsito, cuyo responsable fue XXX XXXXXXXXXXXX Especial contemplación amerita el referido recibo (parte inferior folio 601), pues, el mismo, alude a la factura Nº 1897, correspondiendo esta numeración a la relación de productos (parte superior folio 601), y, dicho escrito, tiene fecha de “Viernes, 27 de febrero de 2004”, es decir, coincide ese referente temporal con la fecha en que XXXXXXXXXXX recibió la orden Nº 109, lo anterior indica, sin mayores esfuerzos, que aquella autorización de tránsito ni siquiera puede aludir a la mercancía de esta última orden, pues no debe olvidarse que cada trámite para que la Administración de Hacienda autorizara la tornaguía demandada un período de dos o tres días, posteriores al pedido, como así lo indicó la señora XXXXXXXXX.
Bajo esas consideraciones, es evidente que el listado de productos a que aluden los documentos señalados en precedencia, no puede corresponder a la orden Nº 109, habida cuenta que, se insiste, el despacho del pedido tiene la misma fecha del recibido de la solicitud pertinente, lo que no resulta posible por el tiempo de los mismos trámites. Pero, tampoco podrían referir a los pedidos de las órdenes 107 y 108, pues, tanto el actor como la demandada coinciden en que, en últimas, no fueron atendidas; la primera bajo el argumento que no se despachó la mercancía, la segunda, en la medida en que dichos documentos fueron anulados, de donde emerge, que la correspondencia de las partes o los documentos que generaban no condensan la realidad contractual; los datos estampados en los diferentes documentos cruzados entre la proveedora y la distribuidora no reflejan, de manera plena y fidedigna, la información pertinente, máxime que no existe otra explicación alrededor de la situación analizada.
Esta última apreciación se devela fortalecida por la nota que en la orden Nº 107 fue dejada, relacionada con la consignación de una importante suma de dinero por parte de la distribuidora que, luego, no hay justificación de qué paso con la misma, es decir, le fue devuelta o aplicada a compras posteriores o, eventualmente, a saldos pendientes. En todo caso, sobre el tema no hay aclaración proveniente de ninguna de las partes, muy a pesar de que la demandante sostiene que la mercancía pedida a través de ese documento no fue despachada, lo que haría creer que el dinero depositado debió ser devuelto. Esta circunstancia indica que la ausencia de notas explicativas en torno a la sustitución de unas órdenes por otras o de sus textos o la anulación de otras tantas, como así lo reclama la impugnante, no reflejan un proceder coherente y constante entre los contratantes, dando lugar a dudas insuperables sobre el incumplimiento pregonado.
Ante semejante panorama, esto es, la disparidad de textos entre las copias allegadas por la actora y las aducidas por la demandada, respecto a las órdenes de compra 107 y 108 que, como lo afirmó aquella, describen, de manera incontrovertible, una alteración, por agregación, en cuanto que la expresión “anulada” no aparece en ambos documentos, le competía a la distribuidora demostrar que, ciertamente, se había producido la inserción de esa nota y que la misma desnudaba un proceder anómalo o contrario a la ley del contrato, atribuido a la sociedad XXXXXXXX, conducta que no asumió, habida cuenta que en autos aparece solo la atestación de quien introdujo la nota, más no la acreditación de la irregularidad denunciada.
Y si de la carga probatoria se trata, como lo reivindica el promotor del recurso, de suyo emerge que era él quien tenía el compromiso de acreditar que su coocontratante no honró los compromisos asumidos (CPC., art. 177), habida cuenta que la prueba del incumplimiento denunciado le corresponde a quien afirma tal circunstancia.
1.1.2. En cuanto a la aplicación acertada o no de la prerrogativa atribuida a la proveedora de atender en forma facultativa los pedidos realizados, es decir, si se aplicó correctamente la cláusula 5.1.iv., aspecto sobre el cual, en definitiva, el ad-quem escudó el proceder de la demandada a partir, precisamente, de esa opción contractual, de suyo aparece irrelevante su valoración, pues, como quedó visto en precedencia, respecto de las órdenes de compra 107, 108 y 109, no existe certeza en torno a si fueron acogidas por la proveedora así haya sido de manera parcial o, como ella misma lo vindica, fueron anuladas las dos primeras; en cuanto a la 109, recogiendo los pedidos anteriores, fue despachada la mercancía solicitada. No se desprende, con la contundencia debida, ni de las pruebas documentales sopesadas ni del interrogatorio absuelto por la representante legal de la accionante, un incumplimiento de la proveedora, asunto que, itérase, le competía a la demandante acreditar.
1.2. Relacionado con el supuesto cambio o asignación de clientes por parte de la demandada entre los diferentes distribuidores ubicados en la capital, otra de las razones del incumplimiento aducido, el recurrente arguye que la sociedad XXXXXXXXX, de manera arbitraria, aprovechando la información de los nombres de clientes suministrada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, impuso, según lo aseveró, una repartición de los mismos en favor de otras empresas diferentes a la demandante, proceder que encontró el Tribunal ajustado al contrato en la medida en que las partes no convinieron exclusividad, se expresa que el señor XXXXXXXXXX, persona vinculada para la época (2002), a la sociedad demandada y, a quien, como su empleado, se le atribuyen las gestiones para, supuestamente, desviar la clientela de uno de sus distribuidores en favor de otros, aceptó el procedimiento denunciado como política de la empresa para lograr distribuir el presupuesto asignado para labores promocionales del producto.
Los testimonios a que refiere la acusación, demostrativos de tal comportamiento, los encuentra la Sala imprecisos y dubitativos, en fin, insuficientes probatoriamente para aceptar un eventual error del Tribunal en su valoración con miras a fijar la responsabilidad de la proveedora en la reasignación arbitraria de clientela entre los diferentes distribuidores. En efecto, el señor XXXXXXXXXXXXXXX, cuando fue preguntado sobre la influencia de la demandada en la compra de sus productos o la prohibición de adquirir el cigarrillo a algún distribuidor en particular, fue claro en decir que no hubo tal direccionamiento o imposición.
El señor XXXXXXXXXXXXXX, quien también concurrió a declarar, se pronunció en similar sentido, pues, en su exposición, ciertamente, aludió como una realidad la separación de clientes, pero precisó que la determinación de comprarle a un distribuidor u otro, incluyendo por supuesto a XXXX, es decir, seguir con esta empresa o cambiar, no estaba condicionada por parte de la demandada; no existía ninguna consecuencia frente a esa determinación, en otros términos, para el comprador había libertad en cuanto a qué distribuidor adquiría el cigarrillo.
La señora XXXXXXXXXXX, a su turno, manifestó que a pesar de haberse separado la clientela entre los distribuidores, procedimiento que confirmó había existido, ella, de todas maneras, podía comprarle a la demandante y que en caso de adquirir el producto a esta sociedad, no tenía ninguna consecuencia adversa.
Precisamente, en esa dirección, no puede perderse de vista que la exigencia del artículo 8º de la Ley 256 de 1996, invocada por el impugnante, en función de estructurar la conducta trasgresora en materia comercial de lograr u obtener el desplazamiento de la clientela a otro empresario, demanda la realización de actos evidentes e incontrovertibles a ese propósito; debe quedar claro que ese es el principal móvil y, por supuesto, determinado por el ánimo de obtener un provecho. Sin embargo, en el presente caso, según lo sostuvo el señor XXXXXXXXXX, el ejercicio cumplido que, evidentemente, implicó la separación de los clientes habidos en un sector específico de la ciudad (el de la Sabana), para asignarlos de manera proporcionada entre los varios distribuidores, estuvo justificada por la repartición del presupuesto asignado para actividades de publicidad y sólo tuvo lugar por un corto período de tiempo, situación que no permite asegurar la configuración del comportamiento díscolo a que alude la acusación.
Pero, además, como se anunció en precedencia, varios de los deponentes fueron claros al aseverar que era una opción que tenían y, decidir no comprar al distribuidor insinuado, no les generaba repercusión de ninguna índole, por tanto, mal puede decirse que esa conducta de la demandada era idónea para estimular y lograr la desviación de la clientela, menos para afectar la libertad del consumidor o comprador (art. 7 Ley 256 de 1996), pues, itérase, los compradores del sector de la Sabana podían acudir a cualquier de los distribuidores; es más, tenían la alternativa de adquirir el producto en otros sectores. Así, bajo esas consideraciones, no procede aceptar la argumentación del cargo.
En efecto, obsérvese que el señor XXXXXXXXXXX, sobre el punto, expuso que: “En el centro comercial donde estamos, es muy fácil conseguir mercancía de todas partes del país y llega con mucha facilidad”; por su parte, XXXXXXXX (folio 761), dijo que no sabía quién lo vendía y tampoco si XXXXXXXXX participaba. Por el estilo se pronunció el señor XXXXXXXX, quien confirmó que había adquirido el producto proveniente de Cali, pero no supo la persona que lo vendió y tampoco suministró información sobre si la accionada tenía o no parte en esa actividad. En cuanto a la señora XXXXXXXXXX (fls. 766 y 767), sostuvo que el conocimiento que tenía sobre el particular provenía del dicho de otros comerciantes.
Y en cuanto que la empresa XXXXXXXXXXXXX tenía el compromiso de controlar el desplazamiento de la mercancía que le proveía a sus distribuidores en las diferentes partes del país, por el hecho de haber suscrito un contrato con la demandante, no es un asunto que haya quedado patentizado en el texto del documento pertinente, tampoco es un tema que la ley contempla en esos precisos términos; por tanto, no se le puede endilgar a la demandada que su omisión o pasividad es reflejo del estímulo a la violación de la ley (L. 256/96, art. 18).
Situaciones de esas características no resultan extrañas, por el contrario, suelen ser recurrentes y, por ello, desde la propia consagración normativa (Titulo XIII, arts. 1618 y ss.), se han adoptado reglas anejas a la forma y procedimiento que debe acometerse para, en definitiva, fijar la real voluntad de las partes alrededor de lo que quisieron concertar.
“(…) la interpretación de los contratos -en línea de principio rector- es tarea confiada a la ‘…cordura, perspicacia y pericia del juzgador’ (CVIII, 289), a su ‘discreta autonomía’ (CXLVII, 52), razón por la cual, el resultado de ese laborío ‘no es susceptible de modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho’ (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567)”.
“(…)Ahora bien, el criterio basilar en esta materia —más no el único, útil es memorarlo— es, pues, el señalado en el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, ‘conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras’, en cuya puesta en práctica sirve de fundamento, entre otras pautas o reglas, la prevista en el inciso final del artículo 1622 ib., a cuyo tenor las cláusulas de un contrato se interpretarán ‘por la aplicación práctica que hayan hecho ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra’”.
“(…) tratándose de contratos mercantiles, el juzgador no puede circunscribir su atención exclusivamente a las precitadas reglas hermenéuticas, todas ellas establecidas en el Código Civil, pero aplicables a los negocios jurídicos de esa estirpe, por la integración normativa que dispone el artículo 822 del Código de Comercio, sino que debe igualmente atender los principios – o directrices- que, de manera especial, consagra esta última codificación, entre ellos, por vía de ejemplo, el que aparece entronizado en el artículo 871, conforme al cual, ‘los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo estipulado expresamente en ellos, sino además a todo lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la equidad natural’ (se destaca), o el que recoge el artículo 835, que ordena presumir esa buena fe, aún la exenta de culpa” (Sent. Cas. Civil 28 de febrero de 2005, Exp. 7504).
“Ahora bien, como he venido aplicando los descuentos sugeridos de acuerdo a la escala, he tenido que aplicar en un 80% el máximo descuento, o sea el 4%, ya que gracias a mi esfuerzo logístico, atención personalizada, he ganado un posicionamiento en Mayoristas (sic)….”.
En ese contexto, la interpretación del acusador no refulge ajustada a los parámetros del contrato ni de la ley; su percepción destella sólo eso, la personal forma de apreciar el contenido del documento a partir de su texto literal y evaluado de manera parcial, más no aduce elemento alguno que informe sobre el alcance que las partes quisieron brindar a esa cláusula, menos con la contundencia necesaria para infirmar lo que reluce de la carta memorada. Bajo esa perspectiva, emerge, entonces, que la réplica formulada a la sentencia emitida proviene, en estrictez, no de un error del fallador, sino de una diferente manera de concebir el trabajo del Tribunal; es decir, la distribuidora no coincide con la interpretación que el ad-quem prodigó al contrato de distribución y, en particular, a la cláusula sexta del mismo. En todo caso, no constituye una trasgresión de lo pactado por parte de la sociedad XXXXXXXXX.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley CASA, parcialmente, la sentencia proferida el 10 de junio de 2011, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX frente a XXXXXXXXXXXXXXXXX.
v) Si la accionante continúo con su labor de distribuidora, con qué persona –jurídica o natural- mantuvo dichos vínculos; qué producto siguió distribuyendo y durante cuánto tiempo.
vi) Esta última actividad qué remuneración le generó a la sociedad XXXXXXXXXXXXXXXXXX, y, bajo qué modalidad tenía lugar, es decir, porcentaje sobre ventas, sumas fijas, descuentos, etc.
Para el cumplimiento de esta tarea, se designa a XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien hace parte del cuerpo de auxiliares de la justicia, en la especialidad de perito contador, a quien, la Secretaría, conforme lo previene el artículo 9º del Código de Procedimiento Civil, le hará conocer su nombramiento. El experto contará con quince (15) para la ejecución del encargo.
Sin costas en el recurso de casación por haber prosperado la impugnación

References: artículo 863
 artículo 768
 artículo 8
 artículo 1618
 artículo 1622
 artículo 822
 artículo 871
 artículo 835
 artículo 9