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Timestamp: 2018-04-26 01:53:09+00:00

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CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN CLASES Y CATEGORÍAS DE SUELO
SUBSECCIÓN PRIMERA. ESTUDIOS DE DETALLE
SUBSECCIÓN SEGUNDA. INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Artículo 111 Finalidad y clases
Artículo 112 Naturaleza y régimen jurídico
Artículo 113 Bienes y recursos integrantes de los patrimonios municipales de suelo
Artículo 114 Consignación presupuestaria con destino al patrimonio municipal de suelo
Artículo 115 Destino de los bienes y recursos
Artículo 116 Enajenación de bienes. Concurso
Artículo 117 Enajenación directa
Artículo 118 Enajenaciones gratuitas o por debajo de valor
Artículo 119 Finalidad de las reservas
Artículo 120 Delimitación de reservas
Artículo 121 Efectos de la delimitación
Artículo 122 Actuaciones en concertación interadministrativa
Artículo 123 Reservas de suelo
Artículo 124 Enajenación y cesión
Artículo 125 Bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto y administraciones titulares
Artículo 126 Notificación a la administración de la transmisión de bienes sujetos a los derechos de tanteo y retracto
Artículo 127 Efectos registrales
Artículo 128 Constitución y concesión del derecho de superficie
Artículo 129 Extinción del derecho de superficie
Artículo 130 Régimen del derecho de superficie sobre la dotación residencial protegida
Artículo 200 derogado por la disposición derogatoria segunda de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio). Disposición adicional novena derogada por la disposición derogatoria segunda de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio). Artículo 27 redactado por la disposición final quinta de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio). Número 2 del artículo 35 redactado por la disposición final sexta de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio). Artículo 80 redactado por la disposición final séptima de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio). Diposición adicional octava derogada por la disposición derogatoria segunda y redactada de nuevo por la disposición final octava de la de la Ley [PAÍS VASCO] 3/2015, 18 junio, de Vivienda («B.O.P.V.» 26 junio).
R Coordinación Autonómica y Local 1 Sep. 2015 (Acuerdo Comisión Bilateral de Cooperación Estado-CA País Vasco, en relación L 6/2015, CA País Vasco, protección medioambiental para extracción de hidrocarburos no convencionales y fractura hidráulica)
Ley 6/2015, de 30 Jun. CA País Vasco (medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o «fracking»)
L 2/2014, CA País Vasco (modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo)
Último párrafo del número 1 de la disposición transitoria segunda redactado por el artículo único de la Ley [PAÍS VASCO] 2/2014, 2 octubre, de modificación de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo («B.O.P.V.» 7 octubre).
TC, Pleno, S 94/2014, 12 Jun. 2014 (Rec. 6283/2010)
Número 3 del artículo 200 redactado por el artículo centésimo decimonoveno de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra d) del número 1 del artículo 206 introducido por el artículo centésimo vigésimo de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra s) del número 1 del artículo 207 redactada por el artículo centésimo vigesimoprimero de [PAÍS VASCO] Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra a) del número 1 del artículo 208 redactada por el artículo centésimo vigesimosegundo de [PAÍS VASCO] Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Letra a) del número 2 del artículo 210 redactada por el artículo centésimo vigesimotercero de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril). Artículo 213 redactado por el artículo centésimo vigesimocuarto de la Ley [PAÍS VASCO] 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.P.V.» 30 abril).
Artículo 97 bis introducido por la disposición final segunda de la Ley [PAÍS VASCO] 17/2008, 23 diciembre, de Política Agraria y Alimentaria («B.O.P.V.» 31 diciembre). Letra d) del número 2 de la disposición final primera introducida por número 2 de la disposición final segunda de Ley [PAÍS VASCO] 17/2008, 23 diciembre, de Política Agraria y Alimentaria («B.O.P.V.» 31 diciembre).
L 11/2008 de 28 Nov. CA País Vasco (modifica la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística)
1.- Desarrollo pleno de la competencia legislativa propia, con ocupación de la totalidad del espacio que le corresponde conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo, y teniendo en cuenta la regulación contenida en la Ley 6/1998, de 13 de abril, de Régimen del Suelo y Valoraciones, en cuanto marco extraurbanístico de referencia.
2.- Establecimiento de un conjunto articulado de instrumentos y técnicas de ordenación urbanística en orden a servir básicamente a los entes municipales como herramienta, por una parte, que consolide el funcionamiento correcto de la práctica urbanística municipal, y, por otra parte, que dote a los mismos de un marco de seguridad jurídica estable e integrado a los efectos, entre otros, de atajar las prácticas urbanísticas problemáticas y disconformes con el interés general detectadas por las administraciones públicas a lo largo de estos años.
1.- En materia de política de vivienda:
2.- En materia de política de medio ambiente:
3.- En materia de políticas de fomento para implantación de actividades y usos lucrativos protegidos por la ley:
Ello no obstante, desde la introducción en los planes urbanísticos de una reserva obligatoria de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial en determinados municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha venido constatando que el interés público excede de la exclusiva obtención de los suelos de uso no lucrativo, concretándose también dicho interés en la obtención de determinados suelos para la implantación de usos de carácter lucrativo y al servicio del interés general. En este caso hablamos de suelos para la realización de políticas de fomento en materia de vivienda protegida. Esta consideración determina que sobre cualquier desarrollo urbanístico exista entonces una legitimación concurrente entre los intereses privados y los púbicos.
A todo ello hay que añadir que el agotamiento del suelo y la colmatación de los modelos urbanos en los principales núcleos de población de nuestro país hacen imprescindible que las administraciones públicas -actuando estas como garantes del desarrollo económico sostenible y sostenido de un determinado municipio, comarca o territorio- se impliquen activamente en la obtención, mantenimiento y desarrollo urbanístico de dichos suelos.
4.- En materia de políticas de rehabilitación y regeneración urbana:
1.- Recuperación de la iniciativa pública en las actividades urbanísticas, especialmente a través de la iniciativa municipal. El urbanismo se configura como una función pública municipal al servicio del interés general, y no como la «forma de adquisición privada de las plusvalías urbanísticas». Para ello, se refuerzan los instrumentos en manos de las administraciones públicas para el control de la ordenación y de la ejecución urbanística por parte de la iniciativa privada, sobre todo a través de programas de actuación urbanizadora y programas de edificación previstos en la ley.
2.- Interdicción de las prácticas especulativas de carácter inmobiliario a través de las siguientes disposiciones:
b) Efectividad de los instrumentos de gestión y ejecución urbanísticos. La ordenación urbanística se conceptúa como la organización del espacio, como ha venido siendo tradicional, a la que se añade la organización también de los tiempos y plazos de ejecución de sus determinaciones. El cumplimiento de dichos plazos de ejecución -tanto de la urbanización como de la edificación- se configura como componente del interés público al que queda sometida toda la ordenación urbanística. Así, el monopolio del interés privado cede ante el interés público de desarrollo de la ordenación en forma y plazo, de manera que se permite el acceso, por ministerio de la ley, de la Administración y de terceros privados para la sustitución del propietario en el caso de incumplimiento de sus obligaciones urbanísticas en materia de urbanización, edificación y rehabilitación. En consecuencia, la Ley configura las actuaciones de urbanización integradas como responsabilidad de las Administraciones Públicas.
3.- Aseguramiento de los derechos constitucionales del ciudadano al acceso a una vivienda digna y adecuada, a su desarrollo personal y a la calidad del medio urbano y natural en el que se desenvuelve.
4.- Introducción de nuevos mecanismos de intervención administrativa de las administraciones públicas en el mercado del suelo e inmobiliario. Así, se recupera la regulación de los ámbitos sometidos a los derechos de tanteo y retracto para operaciones de regeneración y rehabilitación urbana y para la constitución de patrimonios públicos de suelo.
5.- Orientación del urbanismo hacia el principio de desarrollo sostenible aplicado a los modelos urbanos a través de su relación con el medio ambiente y la preservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos y ciudades.
6.- Garantía del derecho a la participación ciudadana a través de la figura de los programas de participación ciudadana obligatorios en los planes de ordenación estructural y del Consejo Asesor del Planeamiento obligatorio en determinados municipios. Ello se suma al derecho a la información urbanística a través del aseguramiento de la integridad y de la coherencia del planeamiento urbanístico municipal respecto a los instrumentos de ordenación territorial y sectorial.
Regula el título II la clasificación, la calificación y el régimen del suelo en el marco legal existente, con el fin de otorgar seguridad jurídica a la situación que ha generado la actual legislación básica del Estado, que, desde el título competencial de la garantía igualitaria del estatuto de la propiedad urbana, ha impuesto sobre la competencia urbanística exclusiva de las comunidades autonómas una clasificación del suelo en tres categorías: urbano, urbanizable y no urbanizable.
- Mediante actuaciones aisladas tendentes a edificar una sola parcela urbana concreta con un nivel de urbanización suficiente para atender los usos y la edificabilidad urbanística previstos en la ordenación urbanística.
- Mediante actuaciones de dotación tendentes a completar, en situaciones de incremento de edificabilidad urbanística, las cesiones de dotaciones necesarias para garantizar el anterior equilibrio entre usos lucrativos y dotacionales previstos en la ordenación urbanística.
- Mediante actuaciones integradas destinadas a producir uno o más solares mediante la previa o simultánea implantación de los correspondientes servicios e infraestructuras urbanísticas.
- Mediante actuaciones de ejecución de sistemas generales o locales cuando los mismos no figuren incluidos ni adscritos a actuaciones integradas por el sistema de la expropiación forzosa.

References: Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 200
 Artículo 27
 artículo 35
 Artículo 80
 artículo 200
 artículo 206
 artículo 207
 artículo 208
 artículo 210
 Artículo 213

Artículo 97