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Timestamp: 2019-09-18 18:28:51+00:00

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La residencia temporal en España | Iberley
La residencia temporal se regula en los artículo 45 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y artículo 31 de la LOEX, y se define como "la situación que autoriza a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido para la estancia por estudios, prácticas no laborables, movilidad de alumnos o servicios de voluntariado".
Aspectos más relevantes en la residencia temporal
- La residencia temporal se define como la situación que autoriza a permanecer en España por un periodo superior a 90 días e inferior a cinco años, sin perjuicio de lo establecido para la estancia por estudios, prácticas no laborables, movilidad de alumnos o servicios de voluntariado.
- El artículo 45 del RLOEX enumera en su segundo apartado una lista de autorizaciones para residir temporalmente en España. Estas son: autorización de residencia temporal no lucrativa, por reagrupación familiar, o con excepción de la autorización de trabajo. Y otra serie de ellas que autorizan a la residencia y trabajo: por cuenta ajena, por cuenta propia, por cuenta ajena de duración determinada, de profesionales altamente cualificados titulares de una Tarjeta azul-UE, y en el marco de prestaciones transnacionales de servicios.
- En relación con la autorización de residencia por reagrupación familiar, el extranjero podrá reagrupar a su cónyuge, sus hijos o los de su cónyuge o pareja, los representados legalmente por el reagrupante, y los ascendientes de primer grado.
- Los extranjeros mayores de dieciséis años necesitaran una autorización administrativa previa para residir y trabajar, si quieren ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional en territorio español.
- Se halla en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena el extranjero mayor de 16 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad laboral por cuenta ajena.
- El extranjero que se encuentra en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena de duración determinada es aquel que tiene más de 16 años y está autorizado a permanecer en España mientras realiza actividades laborales por cuenta ajena en actividades de temporada o campaña, obras o servicios y formación y prácticas profesionales.
- La autorización de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados es un tipo de autorización que tendrá validez en todo el territorio nacional, y podrá ser solicitada por una empresa que requiera la incorporación en territorio español de profesionales extranjeros. Se considera profesional altamente cualificado a los que acrediten cualificaciones de enseñanza superior o, excepcionalmente, tengan un mínimo de cinco años de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable.
- Para controlar la entrada de extranjeros por medio de la autorización de residencia temporal y trabajo de profesionales altamente cualificados, la Unión Europea se sirve de la Tarjeta azul de la UE, por la que se habilita a los extranjeros poseedores de una tarjeta expedida por un Estado Miembro a ejercer un empleo altamente cualificado en otro Estado de la Unión Europea.
- Se entiende que está en situación de residencia temporal y trabajo por cuenta propia el extranjero mayor de 18 años autorizado a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años, y a ejercer una actividad lucrativa por cuenta propia.
- Se halla en situación de residencia temporal por prestación transnacional de servicios cualquier trabajador extranjero desplazado a España pero siga dependiendo de una empresa establecida en un estado no miembro de la UE ni del Espacio Económico Europeo. La autorización se limitará a una ocupación y ámbito territorial concretos, coincidiendo con el tiempo de desplazamiento, que será como máximo de 1 año.
- La autorización de trabajo a penados extranjeros consiste en que la resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de clasificación de tercer grado o el auto del Juez de Vigilancia por el que se acuerda dicha clasificación, o la libertad condicional, tenga validez de autorización de trabajo por cuenta ajena, bajo determinadas circunstancias, para el desarrollo de actividades laborales en régimen abierto o libertad condicional.
- Los extranjeros incluidos en el artículo 41 de la Ley de Extranjería estarán exentos de la obligación de obtener una autorización de trabajo para el ejercicio de una actividad laboral, lucrativa o profesional.
- Nuestro ordenamiento jurídico guarda diversas excepciones para la obtención de la autorización de residencia y trabajo en base a la concurrencia de una serie de circunstancias excepcionales. Estas circunstancias son: Residencia temporal por razones de protección internacional, asilo o refugio; Arraigo ya sea laboral, social o familiar; razones humanitarias; Colaboración con autoridades. Seguridad nacional o interés público; víctimas de violencia de género; colaboración contra redes organizadas; víctimas de trata de seres humanos.
- Se concederá la autorización de residencia temporal por arraigo a los extranjeros que se encuentren en España en situación irregular que cumplan una serie de condiciones. Según estas condiciones, el arraigo podrá ser laboral, social o familiar.
- A las mujeres extranjeras que sean víctimas de violencia de género, independientemente de cuál sea su situación administrativa, se les podrá conceder la residencia temporal y de trabajo, de acuerdo con el artículo 31 bis de la LOEX.
- La autorización de residencia por colaboración contra redes organizadas la podrán obtener los extranjeros que estén colaborando con autoridades no policiales y sean víctimas, perjudicados o testigos de algún acto de tráfico ilícito de mano de obra o explotación en la prostitución, abusando de su situación de especial necesidad.
- Se conoce como trabajador transfronterizo al trabajador que haya sido autorizado para desarrollar actividades lucrativas, laborales o profesionales por cuenta propia o ajena en las zonas fronterizas del territorio español, residiendo en una zona fronteriza de un Estado limítrofe al que se regreso diariamente.
- El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las autoridades competentes.
- La autorización para formación, investigación, desarrollo e innovación es un nuevo tipo de autorización que se introduce con el fin de facilitar la entrada en España a los extranjeros de fuera de la UE que deseen realizar actividades de formación e investigación, tanto en el ámbito público como en el privado.
Jurisprudencia sobre residencia temporal
- Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, Sección 5, Rec.1942/2017, de 8 de noviembre de 2018
El objeto de esta sentencia es determinar si para la concesión de autorizaciones de residencia temporal por razones excepcionales de arraigo, es necesaria la acreditación de la solvencia económica del empleador, en los términos previstos en el artículo 64.3.e) del Reglamento o, por el contrario, bastará con presentar un contrato de trabajo (por período de un año) firmado por el trabajador y empresario en el momento de la solicitud (art. 124.2.b). En este sentido el Tribunal Supremo resuelve es suficiente para la solicitud de permiso temporal de residencia por razones de arraigo la aportación por el interesado de 'un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año'. Sin embargo, ello no impide que la Administración, en la tramitación del procedimiento, amparándose en el artículo 77. 2º de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pueda examinar la falta de viabilidad de la actividad empresarial en que se inserta el mencionado contrato, abriendo un periodo probatorio en que se puedan aportar pruebas para poder acreditarla, debiendo ser valoradas con libertad de criterio, pudiendo ser sometida al control jurisdiccional esa actividad probatoria. Además, en este caso se observo la ausencia de otro de los requisitos que se imponen en el artículo 124.2º, el de la 'permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años'.
- Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso, Sección 5, Rec.2976/2007, de 5 de marzo de 2010
En esta sentencia nos encontramos con un supuesto de denegación del visado de residencia por reagrupación familiar, fundado en varios motivos. El primero de ellos es que la interesada residía en Marruecos con sus cinco hijos y con su marido, por lo que no se aprecian razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. No existe tampoco dependencia del reagrupante, ya que si es dependiente de alguien la interesada sería de si marido. La recurrente también argumenta que tenía graves problemas de salud relacionados con la vista, que requerían una pronta intervención quirúrgica, viendo que solo el hijo residente en España puede hacerse cargo de los gastos sanitarios y médicos, aunque no se aportaron ningún tipo de documento que acredite dichos problemas médicos. La recurrente pidió el recibimiento del proceso a prueba, afirmando que este consista solamente en el propio expediente administrativo con los documentos aportados al mismo, cosa que denegó el tribunal al considerar que el expediente administrativo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60.3 de la LRJCA, debe ser siempre examinado de oficio por la sala. La demandante aporta con posterioridad los informes médicos, pero el tribunal aprecio que la razón no era suficiente para conceder el visado ya que no estamos ante un caso de reagrupación familiar, sino de venida a España con la única intención de procurarse un tratamiento médico puntual.
- Sentencia Administrativo nº249/2016, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo contencioso, Sección 10, Rec249/2016, de 30 de mayo de 2016
Estamos ante una sentencia que trata una denegación a la solicitud de prórroga de la autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios. El recurrente alega que lleva residiendo en España desde que se le concedió la autorización de residencia temporal y trabajo en el marco de una prestación transnacional de servicios en mayo de 2013, y que en caso de no obtener el permiso se le producirían perjuicios profesionales, ya que perdería el puesto de trabajo. Además, tiene obligaciones legales en España dado que tiene un contrato de arrendamiento en vigor que tiene que cumplir, así como arraigo familiar, al convivir más de dos años con una ciudadana de un Estado miembro, en este caso Italia, viviendo los dos en el mismo domicilio. Por último, alega que su expulsión del territorio le produciría graves perjuicios de carácter personal, familiar y social. Pero el tribunal considera que esos perjudiciales efectos materiales que derivan de la falta de renovación no son razón suficiente para conceder la autorización para seguir trabajando en España cautelarmente. Y es que el recurrente solicitaba la suspensión cautelar de la medida, el acto que se pretende suspender tiene un doble contenido, negativo dado que se denegó el permiso de residencia, y positivo ya que implica la obligación de abandonar el territorio español. Así el tribunal entiende que no puede sustituir por la vía de la tutela cautelar la posición jurídico constitucional de la Administración en orden al otorgamiento del permiso de residencia denegado por la resolución impugnada, ya que, como el Tribunal Supremo ha expuesto en reiteradas ocasiones, la suspensión de los actos negativos equivale a otorgar provisionalmente los solicitado, algo que es muy distinto a mantener el statu quo anterior a la resolución impugnada, que es la finalidad de la medida cautelar.
- Sentencia Administrativo nº62/2016, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo contencioso, sección 5, Rec.366/2013, de 28 de enero de 2016
Esta sentencia trata un supuesto de denegación de la autorización de residencia temporal con excepción de la autorización de trabajo, debido a que no quedo acreditado que el extranjero dispusiera de recursos económicos y medios de vida suficientes para atender sus gastos de manutención y estancia durante el periodo de tiempo por el que corresponde la renovación sin necesidad de desarrollar ninguna actividad laboral o profesional, ya que, no queda acreditado que el apelante disponga de unos ingresos equivalentes al 400% del IPREM, prestando además especial atención a la situación personal de dos de sus hermanos. El recurso de apelación dice que se debe resolver atendiendo a la situación habida cuando se dicta el acto recurrido, y en ese momento los hermanos del apelante disponían de medios económicos suficientes para atender tanto las necesidades del recurrente como las propias. En este caso el Tribunal resuelve desestimando, ya que la obligación de contar con medios económicos suficientes para su estancia, marcada por el artículo 47 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, es individual, debido a que, esa obligación no podrían asumirla los hermanos del solicitante, ni cualquier otra persona que no sea el, ya que su sustitución por otra persona no es una situación que este normativamente prevista.
- Los estudiantes que hayan obtenido un título superior dentro de los dos años anteriores a la solicitud o que estén estudiando para la obtención de dicho título podrán participar en programas de prácticas, con el fin de mejorar sus conocimientos y habilidades en el entorno profesional. Para esto será necesario que obtengan una autorización de residencia por prácticas de forma previa y, en caso de no hallarse en territorio español, el visado correspondiente.
La residencia temporal ESTOY AQUÍ
Orden: Administrativo Fecha: 14/12/2006 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Ortuño Rodriguez, Alicia Esther Num. Sentencia: 967/2006 Num. Recurso: 88/2006

References: artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 45
 resolución 
 artículo 41
 artículo 31
 artículo 64
 artículo 77
 artículo 124
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 Real Decreto