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Timestamp: 2020-04-01 18:09:03+00:00

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Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo. TÍTULO SÉPTIMO. De la protección de la legalidad urbanística (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2004).
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo (Vigente hasta el 31 de Diciembre de 2004).
Vigencia desde 21 de Junio de 2002. Esta revisión vigente desde 21 de Junio de 2002 hasta 31 de Diciembre de 2004
Artículo 191 Procedimientos de protección de la legalidad urbanística
1. Todas las acciones u omisiones que presuntamente supongan vulneración de las determinaciones contenidas en la presente Ley o en el planeamiento urbanístico, sujetas a sanción de conformidad con lo establecido en la presente Ley y el reglamento que la desarrolle, deben dar lugar a las actuaciones administrativas necesarias para aclarar los hechos y, subsiguientemente, o bien directamente, si no se requiere información previa, a la incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística.
2. La incoación de un expediente de protección de la legalidad urbanística puede comportar la instrucción y resolución de un procedimiento, o de más de un procedimiento, que tengan por objeto, conjunta o separadamente, la imposición de sanciones, la adopción de medidas de restauración de la realidad física alterada y del orden jurídico vulnerado y la determinación de los daños y perjuicios causados. El procedimiento de reposición debe tramitarse separadamente en los supuestos regulados en los artículos 197 y 198.
Artículo 191 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 192 Órganos competentes y legislación aplicable a los procedimientos de protección de la legalidad urbanística
1. La tramitación de los expedientes de protección de la legalidad urbanística debe ajustarse a lo establecido en la legislación reguladora del ejercicio de la potestad sancionadora, con las especificidades indicadas en la presente Ley.
2. En el caso de que las medidas de restauración y determinación de daños y perjuicios se adopten mediante procedimientos específicos, éstos deben ajustarse a lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común, con las especificidades indicadas en la presente Ley.
3. El Departamento de Política Territorial y Obras Públicas ejerce la potestad de protección de la legalidad urbanística respecto a presuntas infracciones graves y muy graves, en el caso de que el órgano municipal competente no incoe el expediente correspondiente dentro de los diez días siguientes a la comunicación previa, o bien, en supuestos de urgencia constatada expresamente en la notificación, dentro de los tres días siguientes. En tales supuestos, la adopción de medidas provisionales corresponde al director o directora general de Urbanismo.
Artículo 193 Inspección urbanística
1. La inspección urbanística debe ser ejercida por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y por los órganos de la administración local, en el marco de las competencias respectivas y de acuerdo con la legislación vigente.
2. Los informes resultantes de las inspecciones urbanísticas que efectúen los órganos de la Generalidad u otros entes locales deben ser comunicados en todos los casos a los ayuntamientos de los municipios donde se hayan producido los hechos.
3. Se reconoce la condición de autoridad al personal al servicio de las entidades públicas a que se hace referencia en el apartado 1 a quien se encomiende expresamente el ejercicio de la inspección urbanística. En el ejercicio de dicha actividad, el personal de las administraciones competentes puede inspeccionar toda clase de obras e instalaciones; los hechos que constate este personal tienen valor probatorio, de acuerdo con lo establecido en la legislación de procedimiento administrativo común.
Artículo 194 Caducidad de los procedimientos
1. Los procedimientos de protección de la legalidad urbanística caducan si, transcurrido el plazo máximo de seis meses para dictar resolución, ésta no ha sido dictada y notificada. Este plazo queda interrumpido en los supuestos a que se hace referencia en la legislación de procedimiento administrativo común, y por todo el tiempo que sea necesario para hacer las notificaciones mediante edictos, si procede.
2. Si la resolución del expediente de protección de la legalidad urbanística no corresponde al ente que lo ha incoado, el plazo de caducidad es de ocho meses y el órgano competente debe recibir la documentación completa dos meses antes, como mínimo, de la finalización del plazo.
Artículo 195 Medidas provisionales
Una vez incoado un expediente de protección de la legalidad urbanística, el órgano competente puede adoptar cuantas medidas provisionales crea necesarias para garantizar la eficacia de la resolución final. El acuerdo de adopción debe ser motivado. Dichas medidas incluyen, con carácter enunciativo y no exhaustivo, tanto la suspensión de las obras que regula el capítulo II como la retirada de los materiales y la maquinaria a cargo del titular de las obras.
Artículo 196 Colaboración del Registro de la Propiedad en la eficacia de los actos administrativos en materia urbanística
1. Los acuerdos administrativos en materia de protección de la legalidad urbanística regulados por la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones se constatan en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con la legislación hipotecaria.
2. Los órganos competentes en materia urbanística, según lo dispuesto en la presente Ley, pueden, aparte de lo establecido en el apartado 1, instar al Registro de la Propiedad a practicar el asiento que corresponda respecto a los siguientes actos administrativos:
a) La suspensión de actos de edificación o de uso del suelo o subsuelo efectuados sin licencia u orden de ejecución, o bien sin ajustarse a las condiciones que se establezcan en la misma.
b) La suspensión de los efectos de una licencia u orden de ejecución y la paralización de las obras iniciadas a su amparo.
c) La declaración de lesividad de una licencia u orden de ejecución.
d) La anulación administrativa de una licencia u orden de ejecución o la resolución administrativa dictada en ejecución de una sentencia que haya declarado la anulación.
e) El acuerdo de derribo y reposición del suelo al estado anterior a la ejecución de las obras constitutivas de la infracción.
f) La resolución que, para fincas hipotecarias determinadas, constate que quedan fuera de ordenación los edificios o instalaciones.
g) La resolución administrativa que acuerde la ejecución forzosa de los actos adoptados en virtud de la presente Ley.
Órdenes de suspensión de obras y licencias. Restauración de la realidad física alterada
Artículo 197 Órdenes de suspensión de obras y requerimientos de legalización
1. Si los actos de edificación o uso del suelo y subsuelo que especifica el artículo 179 se efectúan sin licencia u orden de ejecución o no se ajustan a las condiciones que se señalan, el alcalde o alcaldesa, una vez incoado el expediente de protección de la legalidad urbanística, debe dictar una primera resolución de suspensión provisional e inmediata de estos actos, y debe ratificar o modificar la resolución de suspensión provisional dentro de los cinco días posteriores al vencimiento del plazo de audiencia de diez días que se otorga a los afectados al notificarles la primera resolución.
2. En el caso de ratificación de la resolución de suspensión, se requiere a la persona interesada para que, en el plazo de dos meses contados a partir de la correspondiente notificación, solicite la licencia pertinente o, si procede, ajuste las obras a la licencia u orden de ejecución, salvo que éstas sean manifiestamente ilegalizables. Este requerimiento también procede cuando las obras no autorizadas o no ajustadas a las condiciones señaladas ya se han ejecutado.
3. Si, una vez requerida la suspensión provisional al ayuntamiento, el alcalde o alcaldesa no la decide dentro de los diez días siguientes, o bien, en casos de urgencia constatada expresamente en la notificación, dentro de los tres días siguientes, puede acordarla el director o directora general de Urbanismo, siempre que se trate de actuaciones sin licencia o sin orden de ejecución, o bien cuando se constate la concurrencia de inicios de infracción urbanística muy grave en las actuaciones que no se ajusten a la licencia u orden de ejecución otorgadas. En tales supuestos, corresponde al director o directora general de Urbanismo la ratificación o modificación de la suspensión provisional que hubiera acordado.
Artículo 197 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 198 Restauración de la realidad física alterada
1. Transcurrido el plazo de dos meses establecido en el artículo 197 sin haberse solicitado la correspondiente licencia, o sin que haberse ajustado las obras o actuaciones a las condiciones señaladas, el ayuntamiento, mediante la resolución del procedimiento de reposición, debe acordar el derribo de las obras, a cargo de la persona interesada, y debe impedir definitivamente los usos a que podían dar lugar. Debe proceder de la misma forma si las obras son manifiestamente ilegales o si la licencia se deniega porque su otorgamiento sería contrario a las prescripciones del ordenamiento urbanístico.
2. Si, en el supuesto a que se hace referencia en el apartado 1, el ayuntamiento no acuerda el derribo de las obras en el plazo de un mes, o bien si, una vez acordado, la persona interesada no ejecuta el acuerdo en el plazo de un mes desde la fecha de adopción, el alcalde o alcaldesa puede acordar o ejecutar, respectivamente, la medida de reposición.
3. Si, en el supuesto regulado en los apartados 1 y 2, no se produce la correspondiente actuación municipal, el director o directora general de Urbanismo, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas graves, o el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, en el caso de presuntas infracciones urbanísticas muy graves, una vez efectuado el pertinente requerimiento, debe acordar o ejecutar, según proceda, la medida de reposición.
Artículo 198 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 199 Prescripción de la acción de reposición
Los requerimientos para legalizar las obras o actuaciones llevadas a cabo sin licencia o para ajustarlas a la licencia otorgada, así como los acuerdos de derribo de las obras no legalizables, pueden adoptarse mientras no hayan transcurrido seis años, a contar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219.2, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 202.
Artículo 199 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 200 Revisión de licencias y órdenes de ejecución
1. Las licencias y órdenes de ejecución cuyo contenido sea contrario a las determinaciones de la presente Ley y de los planes y normas de ordenación urbana deben ser revisadas siguiendo el procedimiento pertinente entre los que están establecidos para la revisión de los actos en vía administrativa.
2. El director o directora general de Urbanismo puede instar la incoación de los expedientes de revisión, mediante petición razonada efectuada al ayuntamiento, si concurren los requisitos establecidos por la legislación de procedimiento administrativo común.
3. Si las obras autorizadas se hallan en curso de ejecución, el órgano competente para acordar la incoación del expediente de revisión debe suspender la ejecutividad del acto administrativo y ordenar la paralización inmediata de las obras iniciadas a su amparo, si concurren causas de nulidad de pleno derecho. En el caso de actos anulables, es preciso aplicar el procedimiento para los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos establecido en la Ley del Estado reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.
4. El ayuntamiento debe acordar, si procede, mediante el pertinente procedimiento de reposición de la realidad física alterada, el derribo de las obras llevadas a cabo, siempre sin perjuicio de las responsabilidades que sean exigibles conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 200 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 201 Efectos de la incoación de expedientes de revisión de licencias en las cédulas de habitabilidad y las licencias de primera ocupación
1. La suspensión de efectos de licencias otorgadas y la incoación de expedientes de revisión administrativa de las mismas supone la suspensión de la tramitación de las cédulas de habitabilidad y las licencias de primera ocupación.
2. El otorgamiento de cédulas de habitabilidad por razón de la primera ocupación de las viviendas y el suministro de servicios para el equipamiento de los edificios deben ajustarse a lo establecido en la legislación en materia de vivienda.
Artículo 202 Actos nulos
1. Son nulos de pleno derecho:
a) Los actos de parcelación, urbanización, edificación y uso del suelo y subsuelo que se lleven a cabo sin licencia u orden de ejecución en terrenos calificados en el planeamiento como zonas verdes públicas o espacios libres de edificación de carácter público, así como los que se lleven a cabo en terrenos clasificados como suelo no urbanizable en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1.a, primero.
Letra a) del número 1 del artículo 202 modificada por la letra c) del número 1 de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre), por la que se sustituye la anterior remisión al artículo 32.1.a.primero por la remisión al artículo 32.a.
b) Las licencias u órdenes de ejecución que se otorguen con infracción de las determinaciones de la presente Ley o de los planes y normas de ordenación urbana, respecto a los terrenos a que se hace referencia en la letra a.
2. Las medidas reguladas en los artículos 197 a 201 referentes a la adopción de acuerdos de derribo y revisión son aplicables en los supuestos especificados en el apartado 1, sin limitación de plazo.
Artículo 203 Clasificación de las infracciones urbanísticas
1. Son infracciones urbanísticas todas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.
2. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves, de acuerdo con la presente Ley y con las especificaciones reglamentarias pertinentes para su correcta identificación.
Artículo 204 Actuaciones que vulneran el ordenamiento jurídico
La vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico se produce mediante actuaciones sin licencia o sin orden de ejecución, así como mediante actuaciones que no se ajustan a las condiciones de estos actos administrativos.
Artículo 204 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 205 Infracciones urbanísticas muy graves
a) Los actos de parcelación urbanística, urbanización, uso del suelo y el subsuelo y edificación contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2, así como en terrenos reservados, en cualquier clase de suelo, en sistemas generales o bien en zonas verdes, espacios libres y zonas deportivas públicas.
Letra a) del artículo 205 modificada por la letra d) del número 1 de la Disposición Adicional 1.ª de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre), por la que se sustituye la anterior remisión al artículo 32.2 por la remisión al artículo 32.a.
c) La vulneración, en más de un 30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos establecidos en el planeamiento urbanístico relativos a densidad de viviendas, número de establecimientos, techo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las fincas o parcelas.
Artículo 206 Infracciones urbanísticas graves
a) Los actos tipificados en el artículo 205.ª que se lleven a cabo en suelo no urbanizable no sometido a régimen de protección especial alguno, en suelo urbanizable no delimitado y en terrenos reservados por el planeamiento a sistemas locales de comunicación y equipamientos comunitarios.
c) La vulneración, en más de un 10% y hasta un 30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que se hace referencia en el artículo 205.c.
g) Los supuestos tipificados en el artículo 209.1.
Artículo 207 Infracciones urbanísticas leves
a) El incumplimiento, en suelo urbano y suelo urbanizable delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre régimen de indivisibilidad de fincas y edificación.
Primero. En materia de uso del suelo y subsuelo, si la actuación no supone realizar edificaciones y instalaciones fijas.
Segundo. En materia de edificación, si la actuación consiste en la construcción de elementos auxiliares o complementarios de un uso o edificación preexistentes legalmente implantados.
c) La vulneración, hasta un 10%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que se hace referencia en el Artículo 205.c.
d) El incumplimiento del deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, letreros e instalaciones en general, en condiciones de salubridad y decoro público.
e) Los actos a que se hace referencia en los artículos 205 y 206 que sean legalizables y se ajusten a lo establecido en el artículo 208.
f) Los actos de propaganda de urbanizaciones, mediante anuncios, carteles, vallas publicitarias, folletos o cartas, por medios informáticos o cualquier otro sistema de divulgación o difusión que no expresen los datos referentes a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento o que incluyan indicaciones susceptibles de inducir a error a los consumidores.
g) La tala o derribo de árboles sin la correspondiente licencia urbanística, si la exigen el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales.
Artículo 207 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 208 Infracciones urbanísticas leves por legalización efectiva
1. Los actos tipificados como infracciones graves o muy graves en los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infracción urbanística leve si, antes que recaiga la resolución sancionadora en el correspondiente procedimiento, los presuntos infractores han instado en la debida forma, ante la administración competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado.
2. A efectos de lo que se determina en el apartado 1, la tramitación del expediente de protección de la legalidad urbanística se suspende una vez se acredita ante el instructor o instructora que se ha presentado la solicitud de legalización, hasta que dicha solicitud se resuelva, con interrupción de los plazos de caducidad y prescripción.
3. Las divisiones o segregaciones de terrenos que, en cualquier clase de suelo, carezcan de la declaración previa de que la licencia de parcelación es innecesaria, se entiende que quedan legalizadas si se solicita y obtiene dicha declaración.
4. A efectos de lo establecido en el apartado 1, las sanciones procedentes por infracción leve se aplican en la cuantía máxima si se trata de supuestos regulados en el artículo 205 y en la cuantía media si se trata de supuestos regulados en el artículo 206.
5. En los supuestos regulados en el artículo 207, si los actos son legalizables y se cumplen las determinaciones establecidas en el apartado 1, se aplica la sanción en la cuantía mínima.
Artículo 209 Restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada
1. Los actos tipificados como infracciones muy graves en el artículo 205 que no sean legalizables constituyen infracción urbanística grave si los presuntos infractores proceden a la reposición de la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración, mediante las operaciones materiales o jurídicas pertinentes.
2. En el supuesto regulado en el apartado 1, se aplica la sanción de cuantía media entre el grado mínimo y el medio.
3. A efectos de lo que se determina en el apartado 1, la decisión de proceder a la restauración de la realidad física o jurídica alterada debe acreditarse antes de la resolución del correspondiente procedimiento y debe garantizarse, de acuerdo con lo que esté determinado por reglamento, en una cuantía no inferior al 50% del presupuesto de restauración.
4. Una vez acreditada la decisión de proceder a la restauración de la realidad física o jurídica alterada, se suspende la tramitación del expediente, tal como establece el artículo 208.2.
5. Las actuaciones materiales que sea necesario ejecutar para la restauración de la situación física o jurídica alterada deben ser autorizadas con esta finalidad exclusiva.
6. Lo establecido en el presente artículo se aplica también a las infracciones tipificadas como graves y leves en los artículos 206 y 207. En el supuesto de infracción grave es aplicable la sanción en el grado mínimo, y en el supuesto de infracción leve es aplicable la sanción en el grado medio.
Artículo 210 División en propiedad horizontal constitutiva de infracción
La división en propiedad horizontal que tenga por objeto el incremento de viviendas o el número de establecimientos en contra de las determinaciones del planeamiento también constituye infracción urbanística de parcelación y se sanciona según la clasificación que corresponda.
Artículo 210 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 211 Cuantía de las sanciones
1. Las infracciones urbanísticas leves se sancionan con una multa de 300 a 3.000 euros.
2. Las infracciones urbanísticas graves se sancionan con una multa de 3.001 a 30.000 euros.
3. Las infracciones urbanísticas muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 1.500.000 euros.
4. El importe de las sanciones debe incrementarse hasta la cuantía del beneficio obtenido por los infractores, si éste es superior.
Artículo 212 Graduación de las sanciones
A fin de graduar las sanciones que deben aplicarse, además de los criterios incluidos en los principios reguladores de la potestad sancionadora, es preciso atenerse a la gravedad con que la infracción afecta a los bienes e intereses protegidos por el ordenamiento urbanístico, la gravedad del riesgo creado, el grado de culpabilidad de cada uno de los infractores, la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción y la viabilidad de la legalización de la infracción cometida.
Personas responsables a efectos del régimen sancionador
Artículo 213 Personas responsables a efectos del régimen sancionador
1. Son responsables, a efectos del régimen sancionador regulado en la presente Ley, todas las personas físicas o jurídicas que incurran en infracción urbanística con las respectivas conductas, obras y actuaciones o bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones u órdenes de las que sean destinatarias.
2. A efectos de la responsabilidad por infracción urbanística, se consideran promotores los agentes, gestores o impulsores de la actuación, si no son los propietarios.
3. En las obras que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas, deben ser sancionados, con las multas que determina la presente Ley, los propietarios, promotores, constructores o empresarios de las obras y los técnicos directores de su ejecución.
5. Las multas que se impongan a sujetos distintos como consecuencia de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente, salvo en el supuesto de que la obligación prevista legalmente corresponda a varias personas conjuntamente, quienes deben responder solidariamente de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.
Artículo 214 Órganos competentes
1. Los órganos locales competentes para resolver los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3, son los siguientes:
2. Si el importe de la multa que contiene la propuesta de resolución de un procedimiento sancionador es superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros, la autoridad competente para resolver el procedimiento es el director o directora general de Urbanismo, previo informe de la comisión territorial de urbanismo competente. En el caso de que la multa sea de un importe superior, la autoridad competente es el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
3. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192.3, sea ejercida por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la competencia para la resolución del procedimiento sancionador se atribuye según lo dispuesto en el apartado 2.
Artículo 215 Percepción de las multas impuestas
1. El importe de las multas impuestas tanto por las autoridades locales como por los órganos de la Administración de la Generalidad a propuesta de aquellas es percibido por los correspondientes entes locales.
2. La Administración de la Generalidad percibe el importe de las multas cuando ejerce la potestad sancionadora.
3. El importe de los ingresos de la administración en virtud de las sanciones establecidas en la presente Ley se destina al patrimonio público de suelo y vivienda.
Artículo 216 Infracciones conexas
En el caso de que sobre un mismo sujeto se instruya un expediente sancionador por más de una infracción entre las que exista conexión de causa y efecto, debe serle impuesta una única sanción, que debe tener en cuenta el resultado final perseguido y debe ser fijada en la cuantía máxima.
Artículo 216 redactado por el artículo 9 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Artículo 217 Multas coercitivas por incumplimiento de las resoluciones de restauración y demás acuerdos
1. Finalizado el plazo determinado para que la persona interesada lleve a cabo las actuaciones de reposición del subsuelo, suelo o vuelo al estado anterior a la comisión de la infracción, si dichas actuaciones no se han llevado a cabo, la administración competente debe optar, en el plazo máximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria o el otorgamiento de un nuevo plazo para que la persona inculpada realice las actuaciones que sean necesarias, y así sucesivamente, y puede imponer multas coercitivas por el incumplimiento de los plazos fijados por una cuantía de 300 a 3.000 euros.
2. Pueden imponerse multas coercitivas, en los términos fijados en el apartado 1, en los siguientes supuestos:
b) Incumplimiento de órdenes de suspensión de actos de parcelación, urbanización, uso del suelo y edificación.
Artículo 218 Actuaciones constitutivas de infracción al amparo de licencia u orden de ejecución
1. Si las actividades constitutivas de infracción urbanística se realizan al amparo de una licencia u orden de ejecución y de acuerdo con sus determinaciones, no puede imponerse sanción alguna mientras no se anule el acto administrativo que las autoriza. El procedimiento de anulación interrumpe el plazo de prescripción de la infracción cometida.
2. Si la anulación de una licencia es consecuencia de la anulación del correspondiente instrumento de planeamiento, no debe imponerse sanción alguna a las personas que actúen al amparo de dicha licencia.
Artículo 219 Prescripción de infracciones y sanciones urbanísticas
2. El plazo de prescripción fijado en el apartado 1 empieza a contar el día en que se ha cometido la infracción, salvo los casos en que se persista de forma continuada en la conducta constitutiva de infracción o en los casos en que el hecho único constitutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En estos casos el plazo de prescripción se computa a partir de la finalización o cese de la actividad ilícita.
3. Las sanciones impuestas por las infracciones urbanísticas prescriben a los tres años si son muy graves, a los dos años si son graves y al año si son leves.
4. Las órdenes de restauración de la realidad física alterada y las obligaciones derivadas de la declaración de indemnización por daños y perjuicios prescriben a los seis años.
5. Los plazos de prescripción fijados en los apartados 3 y 4 empiezan a contar al día siguiente en que alcanza firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción u obligación.
6. Los plazos de prescripción establecidos en los apartados 1 y 4 no son aplicables en los supuestos regulados en el artículo 202.1, que en todos los casos son susceptibles de sanción y de la acción de reposición sin limitación de plazo.
7. En los supuestos regulados en los artículos 208.1 y 209.1, los plazos de prescripción de la infracción y las reglas de competencia aplicables son los correspondientes a la gravedad de la infracción originaria.
1. Las comisiones de urbanismo de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona se denominan, desde la entrada en vigor de la presente Ley, comisiones territoriales de urbanismo.
2. El Gobierno puede modificar, por decreto, el nombre y alcance territorial de las comisiones territoriales de urbanismo, así como su composición y la de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.
El Ayuntamiento de Barcelona y la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona tienen las competencias urbanísticas que les atribuye la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona, que prevalecen sobre las que determina la presente Ley.
Los municipios que no cuentan con alguna figura de planeamiento general en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley y los que cuentan con delimitaciones de suelo urbano sin normas urbanísticas deben formular un plan de ordenación urbanística municipal y tramitarlo en el plazo de un año. Si no lo hacen así, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, previo el correspondiente requerimiento, puede ordenar que la Dirección General de Urbanismo se subrogue en la formulación del plan de ordenación urbanística municipal. En tal caso, la tramitación corresponde a la comisión territorial de urbanismo competente.
1. El planeamiento urbanístico debe tener en cuenta las determinaciones que contiene la legislación sectorial en relación con el territorio y que, en consecuencia, limitan, condicionan o impiden la urbanización, edificación, utilización y división o segregación de fincas.
2. Corresponde a los órganos o departamentos que tienen la respectiva competencia sectorial de velar por la adecuación del planeamiento urbanístico a las determinaciones de la legislación sectorial mediante la emisión de los informes preceptivos, su representación en los órganos colegiados con competencia urbanística y las demás acciones y medios establecidos en la legislación aplicable.
1. Los profesionales que intervienen en la preparación y redacción de las figuras del planeamiento urbanístico, en calidad de funcionarios, de personal laboral o de profesionales liberales contratados a tal efecto, deben tener la titulación y facultades adecuadas, de acuerdo con la legislación aplicable, para cumplir las tareas encargadas. La identidad y titulación de los profesionales que intervienen en las mismas deben constar en todo caso en el expediente de tramitación de la figura de que se trate.
2. Todos los profesionales que intervienen en la redacción de figuras de ordenación urbanística al servicio de una entidad pública, sea cual sea su vinculación jurídica con la administración, tienen la obligación de guardar secreto profesional. Mientras duren dichas tareas, no pueden intervenir en trabajos de iniciativa particular relacionados con el sector afectado por la figura de ordenación urbanística de que se trate.
3. La contratación de profesionales liberales para cumplir las tareas a que se hace referencia en el apartado 1, si corresponde a la administración o a una entidad pública, o si más del cincuenta por ciento de la actuación está financiado con fondos públicos, se somete a la legislación sobre contratos de las administraciones públicas.
1. Las administraciones públicas deben adoptar, en el plazo máximo de dos años, los acuerdos necesarios para incorporar a su patrimonio público de suelo y vivienda el suelo y los edificios susceptibles de ser destinados a las finalidades especificadas en la presente Ley.
2. Las administraciones competentes en materia de urbanismo tienen la capacidad de instar la incorporación a su patrimonio del suelo o los edificios situados dentro de su ámbito competencial urbanístico de los que sea titular otra administración que no hayan sido incorporados al mismo.
Los plazos que el artículo 15 de la Ley 14/1984, del 20 de marzo, del Síndico de Agravios, establece para la intervención del Síndico de Agravios en cuestiones urbanísticas deben entenderse adaptadas a los plazos establecidos en la presente Ley para la prescripción de las infracciones y la acción de reposición.
Disposición Adicional 8.ª introducida por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Adicional 9.ª introducida por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Adicional 10 introducida por el artículo 5 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Adicional 11 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Adicional 12 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Adicional 13 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
El régimen urbanístico del suelo establecido en la presente Ley es aplicable desde el momento de la entrada en vigor, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
a) Mientras no se produzca la adaptación a la presente Ley del planeamiento general vigente, el suelo urbano incluido en virtud de dicho planeamiento en polígonos o unidades de actuación y en sectores de desarrollo mediante un plan especial de reforma interior u otros tipos de planeamiento derivado pasa a tener la condición de suelo urbano no consolidado, del mismo modo pasa a tenerla el suelo urbano que, con la finalidad de poder ser edificado, debe ceder terrenos para calles o vías. Es suelo urbano consolidado todo suelo en el que concurren las condiciones establecidas en el artículo 30.
b) Se entiende por planeamiento urbanístico inmediatamente anterior, a efectos de lo establecido en el artículo 43.2, relativo a las cesiones de suelo de aprovechamiento en suelo urbano no consolidado, el planeamiento general vigente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, una vez se apruebe y sea ejecutiva la modificación o revisión que posibilite nuevos usos del suelo o bien que otorgue al suelo un aprovechamiento adicional. Las determinaciones sobre cesiones de suelo urbano no consolidado con aprovechamiento establecidas por modificaciones del planeamiento general aprobadas definitivamente antes de la entrada en vigor de la presente Ley siguen sujetas a la regulación que disponga dicho planeamiento.
c) El suelo urbanizable programado y el suelo apto para ser urbanizado pasan a ser suelo urbanizable delimitado desde la entrada en vigor de la presente Ley.
d) El suelo urbanizable no programado pasa a tener la condición de suelo urbanizable no delimitado desde la entrada en vigor de la presente Ley. A tal efecto, mientras el planeamiento general no se adapte a las determinaciones de la presente Ley, es obligatoria la consulta regulada en el artículo 73 antes de la tramitación del plan parcial de delimitación, con vistas a constatar la adecuación de la propuesta a las determinaciones del planeamiento de rango superior y a las determinaciones establecidas en el artículo 3.
Disposición Transitoria 1.ª redactada por el artículo 2 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. El planeamiento urbanístico general vigente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley debe adaptar a ella cuando, en virtud de las previsiones propias, o bien anticipadamente, en los supuestos regulados en el artículo 93, se efectúe la revisión de dicho planeamiento o del correspondiente programa de actuación urbanística.
2. Desde el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, los ayuntamientos pueden formular y tramitar programas de actuación urbanística municipal, que deben contener la reserva a que se hace referencia en el apartado 10 del artículo 60.
Disposición Transitoria 2.ª redactada por el artículo 1 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Los proyectos de planeamiento general y de delimitación de suelo urbano o de sus revisiones que estén en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley deben adaptar a las determinaciones de ésta, si aún no ha sido entregado el expediente completo al órgano competente para acordar su aprobación definitiva.
2. El planeamiento general y las delimitaciones de suelo urbano en curso de modificación en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se tramitan y aprueban de acuerdo con la normativa anterior a ésta, si la aprobación inicial se ha producido antes de dicha entrada en vigor; de otro modo, se tramitan y aprueban como el plan de ordenación urbanística municipal.
3. Las modificaciones del planeamiento general plurimunicipal que no se hayan aprobado inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, siempre que afecten a más de un término municipal, se tramitan según lo acordado por los ayuntamientos afectados; si no hubiera acuerdo, se tramitan según lo establecido en el artículo 83.2.
1. Los proyectos de urbanización, hasta que el planeamiento urbanístico no incorpore las nuevas determinaciones sobre las obras de urbanización básicas, deben ajustarse a la tramitación regulada en la normativa anterior a la presente Ley, prescindiendo, sin embargo, del informe previo de la comisión territorial de urbanismo.
2. Los estudios de detalle exigidos expresamente por el planeamiento vigente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, así como los que resulten necesarios, pueden tramitarse de acuerdo con la normativa anterior a la presente Ley, hasta que el planeamiento no incorpore las nuevas determinaciones sobre ordenación volumétrica.
Disposición Transitoria 4.ª redactada por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Las determinaciones de la presente Ley sobre sistemas de actuación urbanística son aplicables desde el momento de la entrada en vigor de ésta a los ámbitos de actuación que no tengan concretado el correspondiente sistema de actuación.
2. Si, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, un ámbito de actuación tiene concretado un sistema de actuación, éste puede ser sustituido por una de las modalidades reguladas en la presente Ley, por el procedimiento establecido por el artículo 113, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.3, con notificación individual, en todo caso, a todos los propietarios afectados, siempre que los proyectos de compensación o reparcelación aún no se hayan presentado a trámite ante el ayuntamiento competente.
3. Los sectores de urbanización prioritaria que se delimiten a partir del momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sujetos a su regulación.
4. En los ámbitos de actuación urbanística en los que, en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las circunstancias de tener que ejecutar obras de urbanización o bien de tener que adecuarlas a la normativa sectorial vigente y contar con la junta de conservación inscrita en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Dirección General de Urbanismo, dicha junta, en el plazo máximo de dieciocho meses, puede formular un proyecto de reparcelación económica simultáneamente con la modificación de los estatutos, de modo que la junta pase a ser de compensación y conservación y su objeto y facultades abarquen también la ejecución o adecuación de las obras de urbanización, hasta la entrega reglamentaria de dichas obras.
Disposición Transitoria 5.ª redactada por el artículo 6 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Los expedientes de solicitud de autorización de usos y obras en suelo no urbanizable y en suelo urbanizable no delimitado y de usos y obras provisionales que hayan tenido entrada en los ayuntamientos antes de la entrada en vigor de la presente Ley siguen tramitándose de acuerdo con la normativa anterior a ésta. Las nuevas solicitudes, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, deben ajustarse a los aspectos sustantivos y formales regulados en los artículos 47 a 54. No obstante, siguen tramitándose de acuerdo con la normativa anterior a la presente Ley, a lo largo de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de ésta, las solicitudes de licencia en ámbitos provenientes de procesos de parcelación rústica que hayan sido específicamente reconocidos por el planeamiento general en vigor, en el régimen de suelo no urbanizable.
1. Los expedientes de suspensión de obras, los sancionadores y los de medidas de reposición ya incoados en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley deben seguir tramitándose de acuerdo con la normativa anterior.
2. El régimen sancionador regulado por la presente Ley se aplica a las infracciones cometidas a partir de su entrada en vigor.
1. Las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión que ya se hayan aprobado inicialmente en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley se rigen, en lo que se refiere a los aspectos formales así como sustantivos, por la normativa anterior a la presente Ley, y las figuras de planeamiento derivado y los instrumentos de gestión que se aprueben inicialmente después de dicha entrada en vigor de la presente Ley se rigen por las nuevas determinaciones formales y sustantivas.
2. Con carácter general, los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley no rigen por las disposiciones establecidas en la misma, sino por la normativa anterior.
Mientras no se apruebe el desarrollo reglamentario de la presente Ley, siguen en vigor las disposiciones reglamentarias aprobadas en todo aquello que no se oponga, contradiga o resulte incompatible con la misma.
Disposición Transitoria 10 introducida por el artículo 4 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Disposición Transitoria 11 introducida por el artículo 7 de la Ley [CATALUÑA] 10/2004, 24 diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local («D.O.G.C.» 30 diciembre).
El Gobierno, si las circunstancias lo aconsejan, puede modificar por decreto, previo dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, las cuantías de las reservas y previsiones a que se hace referencia en los artículos 43, 58.1.f y 65.3 y 4. Dichas cuantías sólo pueden disminuirse, previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora, si lo exigen circunstancias excepcionales. Igualmente, el Gobierno puede establecer otras reservas y previsiones de naturaleza análoga a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas o, si procede, del consejero o consejera de este Departamento y del consejero o consejera competente por razón de la materia.
Se autoriza al Gobierno a establecer por decreto los criterios de acuerdo con los cuales los planes generales deben fijar la cuantía mínima de las reservas y previsiones aplicables al suelo urbano, o bien para determinar dicha cuantía directamente, según las circunstancias urbanísticas de las poblaciones afectadas. Mientras no se apruebe dicho decreto, las cuantías mínimas de las reservas y previsiones aplicables al suelo urbano se fijan directamente en el planeamiento de ordenación urbanística municipal y en los programas de actuación urbanística municipal.
Se autoriza al Gobierno a modificar el porcentaje de la reserva fijada en el artículo 57.3 con carácter diferencial para distintos ámbitos homogéneos, así como para modificar la densidad determinada por el mismo precepto.
1. Se autoriza al Gobierno a regular por decreto las condiciones, requisitos y plazos bajo cuyo cumplimiento el planeamiento urbanístico puede imponer a los propietarios la obligación de conservar las obras e instalaciones de urbanización ejecutadas, más allá de su recepción definitiva por parte de la administración o, en su caso, para su determinación directa, para todo el territorio de Cataluña o para una parte del mismo. Mientras no se apruebe dicha regulación, el planeamiento puede establecer esta obligación, por razones justificadas de desproporción entre los costes y los tributos, hasta que el ámbito llegue a tener consolidada la edificación en dos terceras partes y, en cualquier caso, como máximo durante cinco años a partir de la recepción, total o parcial, de las obras de urbanización.
2. Se autoriza al Gobierno a regular por decreto, en el plazo de dieciocho meses, el régimen organizativo específico de las entidades urbanísticas colaboradoras, sus funciones y atribuciones y los derechos y deberes de sus miembros, así como el estatuto urbanístico de las urbanizaciones privadas y de los complejos inmobiliarios privados.
Se autoriza al Gobierno a regular por decreto las siguientes materias:
a) La homologación de la documentación integrante de las figuras de planeamiento urbanístico, de los proyectos de urbanización complementarios, de los instrumentos de gestión y de las licencias de parcelación y edificación, así como la de los documentos complementarios de las mismas.
b) La incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas, telemáticas, informáticas y demás en la tramitación y publicidad del planeamiento y la gestión urbanísticos.
c) La incorporación obligatoria de las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte, y de las demás tecnologías vinculadas a la calidad de vida y a la sostenibilidad ambiental urbanas, al conjunto de las obras de urbanización que se establezcan y se ejecuten al servicio de los asentamientos humanos.
Se autoriza al Gobierno para adaptar por decreto, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, la cuantía de las multas establecidas en los artículos 211 y 217 a la evolución de las circunstancias socioeconómicas, en función del índice general de precios al consumo publicado por el Instituto Catalán de Estadística.
Se autoriza al Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local de Cataluña, a regular, con carácter supletorio, en defecto de disposiciones reglamentarias de las corporaciones locales, el desarrollo de los aspectos relativos a la participación ciudadana en la elaboración de los planes de ordenación urbanística municipal y los programas de actuación urbanística municipal.
1. El Gobierno debe presentar al Parlamento, dentro del año 2002, un proyecto de ley de modificación de la Ley 24/1991, de 24 de diciembre, de la vivienda, que incluya: la regulación de la vivienda de protección pública, con atención especial a los regímenes de alquiler o cesión de uso; la conservación y rehabilitación del parque de viviendas; los principios sobre habitabilidad, seguridad y funcionalidad de las viviendas; el régimen de infracciones y sanciones, y las demás materias necesarias para actualizar dicha Ley y para su armonización con las disposiciones de la presente Ley y demás leyes que sean conexas con la misma.
2. El Gobierno debe impulsar, dentro del año 2002, los estudios pertinentes para la identificación de las características de los barrios y áreas urbanas necesitados de atención especial, en relación con la degradación de las edificaciones y su rehabilitación, las problemáticas de marginalidad, la obsolescencia generalizada de infraestructuras y servicios y demás condiciones similares, y debe definir, dentro de la correspondiente programación, las medidas que sea necesario aplicar o desarrollar, en colaboración con todas las administraciones implicadas.
Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley, tanto si se hace referencia a los aspectos de procedimiento y tramitación así como a los aspectos sustantivos del contenido de la Ley, a fin de facilitar su cumplimiento y garantizar:
a) La operatividad de los principios generales de la actuación urbanística.
b) El funcionamiento coordinado, ágil y eficaz de las administraciones con competencias urbanísticas.
c) La implantación de las determinaciones sobre régimen del suelo, planeamiento y gestión urbanísticos, instrumentos de política de suelo y vivienda, intervención en la edificación y uso del suelo y protección de la legalidad urbanística.
Se autoriza al Gobierno a aprobar por decreto la tabla de vigencias de la legislación urbanística aplicable en Cataluña.
1. Queda derogado el Decreto legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba la refundición de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística.
2. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones de inferior rango en lo que sean incompatibles, se opongan o contradigan a la presente Ley.

References: Artículo 191
 resolución 

Artículo 191
 artículo 9

Artículo 192

Artículo 193

Artículo 194
 resolución 

Artículo 195
 resolución 

Artículo 196
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 197
 artículo 179
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 197
 artículo 9

Artículo 198
 artículo 197
 resolución 

Artículo 198
 artículo 9

Artículo 199
 artículo 219
 artículo 202

Artículo 199
 artículo 9

Artículo 200

Artículo 200
 artículo 9

Artículo 201

Artículo 202
 artículo 32
 artículo 202
 artículo 32
 artículo 32

Artículo 203

Artículo 204

Artículo 204
 artículo 9

Artículo 205
 artículo 32
 artículo 205
 artículo 32
 artículo 32

Artículo 206
 artículo 205
 artículo 205
 artículo 209

Artículo 207
 Artículo 205
 artículo 208

Artículo 207
 artículo 9

Artículo 208
 resolución 
 artículo 205
 artículo 206
 artículo 207

Artículo 209
 artículo 205
 resolución 
 artículo 208

Artículo 210

Artículo 210
 artículo 9

Artículo 211

Artículo 212

Artículo 213

Artículo 214
 resolución 
 artículo 192
 resolución 

Artículo 215

Artículo 216

Artículo 216
 artículo 9

Artículo 217

Artículo 218

Artículo 219
 resolución 
 artículo 202
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 30
 artículo 43
 artículo 73
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 93
 artículo 60
 artículo 1
 artículo 83
 artículo 7
 artículo 113
 artículo 115
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 57