Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2013_04_30/1364
Timestamp: 2019-12-06 01:50:20+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-134
Dictámenes a Discusión y Votación 43
TOMA DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS MARGARITA MARÍA ZORRILLA FIERRO, EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO, TERESA BRACHO GONZÁLEZ, GILBERTO RAMÓN GUEVARA NIEBLA Y SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE, INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Una, de la Sen. Arely Gómez González, con la que remite el Informe Anual de Actividades del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información, correspondiente a 2012.
Una, de la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, con la que remite el Informe de actividades de la delegación del Congreso Mexicano que acudió a la 128ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas, del 22 al 27 de marzo de 2013, en Quito, Ecuador.
Una, de la Comisión de Derechos Humanos, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Una, del Sen. Ricardo Barroso Agramont, con la que remite el Informe de la Comisión de Marina respecto a la audiencia pública "Retos y Perspectivas de la Construcción en México", celebrada el 24 de abril del año en curso.
Oficio con el que remite el Informe sobre la ejecución de la política monetaria durante el segundo semestre de 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción III del artículo 51 de la Ley del Banco de México.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, por el que se establece el carácter rotativo de la Presidencia de la Comisión de Concordia y Pacificación
Uno, por el que se crea e integra la Comisión Especial para darle seguimiento a los Procesos Electorales.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa al Senador Roberto Gil Zuarth y a la Senadora Arely Gómez González como representantes del Senado de la República ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal
Un acuerdo, en relación con el marco jurídico ambiental federal.
Uno, por el que se modifica la integración de comisiones especiales.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a las Senadores y los Senadores que habrán de integrar la comisión permanente del H. Congreso de la Unión correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32, inciso D. de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de fomento de la convivencia sin violencia.
Propone que en la ley se establezcan medidas para que las niñas, niños y adolescentes tengan una convivencia sin violencia física, psicológica o emocional, incluyendo aquella que se manifiesta a través de los medios electrónicos.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, fracción XVI; 82; y se adiciona la fracción XXVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil.
Adiciona la definición de “Fenómeno Astronómico”, entendiéndolo como el agente perturbador que se genera por la actividad del espacio exterior y que al interactuar con la Tierra ocasiona fenómenos destructivos, como pueden ser tormentas magnéticas solares y meteoritos.
Propone la expedición del Código Procesal Penal para la República Mexicana, tratándose de un Código Único de Proceso Penal, que será el instrumento legal que venga a sustituir, fundamentado en el texto constitucional, a los treinta y tres Códigos de Procedimientos Penales que hoy, con una gran diversidad de contenidos, aplican según su ámbito competencial, en el territorio mexicano.
Los autores, afirman que con este Código Único, se acabará con la actual diversidad jurídica en la materia y se logrará contar con un instrumento que de una vez por todas unifique criterios para la aplicación de la ley penal en nuestro país y, proporcione a los mexicanos víctimas de un delito o acusados de un delito, claridad y certeza sobre los contenidos de la ley.
El Código Procesal Penal para la República Mexicana, cuenta con 494 artículos y nueve artículos transitorios. Se estructura en un Libro Primero, el cual desarrolla en un Título I, denominado Principios y Derechos, en su Capítulo Único los Principios y Derechos; en el Título II, denominado Competencia, desarrolla en el Capítulo I, lo relativo a los diversos tipos de Competencia; en su Capítulo II, lo referente a la Acumulación y separación de procesos; en el Capítulo III, los Impedimentos, recusaciones y excusas. En su Título III, denominado Actos Procesales, desarrolla en su Capítulo I, las Formalidades; en el Capítulo II, las Audiencias; en el Capítulo III, las Resoluciones judiciales; en el Capítulo IV, la Comunicación entre autoridades; el Capítulo V, de los tipos de Notificaciones y citaciones; el Capítulo VI, los Plazos; y en el Capítulo VII, las Nulidades.
El Título IV, denominado Sujetos Procesales y sus Auxiliares, describe en su Capítulo I, las Disposiciones comunes; en un Capítulo II, desarrolla lo relativo a la Víctima u ofendido; en el Capítulo III, lo referente al Imputado; en el Capítulo IV, del Defensor; el Capítulo V, lo destina al Ministerio Público; el Capítulo VI, a la Policía; el Capítulo VII, a los Jueces y Magistrados; y el Capítulo VIII, dedicado a los Auxiliares de las partes.
El Título V, relativo a las Providencias Precautorias, Formas de Conducción del Imputado al Proceso y Medidas Cautelares, reúne en su Capítulo I, las Disposiciones Generales; en el Capítulo II, las Providencias Precautorias; en el Capítulo III, desarrolla las Formas de conducción del imputado al proceso, y en una Sección I, refiere el Orden de comparecencia y orden de aprehensión, en una Sección II, describe lo relativo a la Flagrancia y caso urgente; en tanto que en el Capítulo IV, desarrolla las Medidas cautelares, y en una Sección I, describe lo relativo a las Medidas cautelares personales, y en una Sección II, desarrolla lo relativo a Medidas cautelares reales; en su Capítulo V, describe los Servicios Previos al Juicio.
El Libro Segundo del Código, denominado el Proceso Penal, desarrolla en su Título I, denominado de las Formas Anticipadas de Terminación del Proceso, en su Capítulo I, los Acuerdos Reparatorios; en su Capítulo II, la Suspensión condicional del proceso.
En su Título II, denominado del Procedimiento Ordinario, desarrolla en su Capítulo I, las Etapas del procedimiento; en su Capítulo II, referido a la Etapa de Investigación, desarrolla en una Sección I, las Disposiciones para la investigación, en una Sección II, el Inicio de la investigación, en la Sección III, las Actuaciones derivadas del conocimiento de un hecho delictuoso, en la Sección IV, desarrollaron las Formas de terminación de la investigación, en la Sección V, los Datos de prueba, medios de prueba y prueba, en la Sección VI, los Actos de investigación, en la Sección VII, lo relativo a la Prueba anticipada, en la Sección VIII, la Audiencia inicial, y en una última Sección IX, el Cierre de investigación.
En el Capítulo III, denominado de la Etapa intermedia, desarrolla en una Sección I, el Objeto, en una Sección II, la Fase escrita, y en la Sección III, la Fase oral. En el Capítulo IV, denominado de la Etapa de Juicio, se desarrolla en la Sección I, las Disposiciones Previas, en la Sección II, los Principios, en la Sección III, la Dirección y disciplina, en la Sección IV, Disposiciones generales sobre la prueba, desarrollando en un Apartado 1, lo relativo a la Prueba Testimonial, en un Apartado 2, la Prueba Pericial, en el Apartado 3, la Declaración y facultades del acusado, en el Apartado 4, la Prueba Documental y Material, y en el Apartado 5, lo relativo a Otros Medios de Prueba. En su Sección V, desarrolla las normas referidas al Desarrollo de la Audiencia de Debate; y en una Sección VI, la Deliberación, fallo y sentencia.
En su Capítulo V, denominado Ajustes al procedimiento ordinario, desarrolla en una Sección I, lo relativo a los Ajustes de procedimiento para personas inimputables; en la Sección II, desarrolla lo relativo a los Pueblos y comunidades indígenas.
En tanto que en su Título III, denominado de los Procedimientos Especiales, describe en su Capítulo I, el Procedimiento abreviado; en un Capítulo II, el Procedimiento para personas jurídicas; en el Capítulo III, la Acción penal por particulares; y en el Capítulo IV, las normas referidas a la Asistencia jurídica internacional en materia penal.
Finalmente en su Título IV, denominado de los Recursos, desarrolla en su Capítulo I, las Disposiciones comunes; en su Capítulo II, la Revocación; en el Capítulo III, la Apelación, y desarrolla en tres secciones las Reglas generales de la apelación, la Apelación contra resoluciones emitidas por el Juez de Control, y la Apelación contra sentencia o sobreseimiento dictados en juicio; y en su último Capítulo IV, describe lo relativo a la Revisión.
De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley Minera, que abroga la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992.
Propone la expedición de la Ley Minera, reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia minera y sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía.
La Ley se estructura en siete capítulos y 72 artículos. En el Capitulo Primero, relativo a las Disposiciones Generales, se establece que para promover el mejor aprovechamiento de los recursos minerales y generar la información geológica básica de la Nación, la Secretaría se apoyará en el Servicio Geológico Mexicano, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado sectorialmente por dicha dependencia.
En el Capitulo Segundo, se desarrolla lo relativo a las Concesiones, Asignaciones y Reservas Mineras; En su Capítulo Tercero, se establecen las normas referidas a la Explotación Minera y de los Derechos de los Pueblos Indígenas; En tanto que en su Capítulo Cuarto, se desarrolla lo referente a los Derechos que Confieren las Concesiones y Asignaciones Mineras; en un Capitulo Quinto, se desarrolla lo relativo a las Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales; en el Capitulo Sexto, se establecen las disposiciones referidas a la Nulidad, Cancelación, Suspensión e Insubsistencia de Derechos.
En el Capitulo Séptimo, se desarrollan las disposiciones normativas, relacionadas con el Registro Público de Minería y la Cartografía Minera; en tanto que en el Capitulo Octavo, se describe lo relativo a las Inspecciones, Sanciones y Recursos.
En el régimen transitorio, se establece la abrogación de la Ley Minera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 1992. Y se establece para el Ejecutivo Federal, la obligación de expedir el Reglamento de la Ley en un plazo máximo de 90 días.
De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo infantil.
Establece que se prohíbe el trabajo de menores de 14 años en todo el territorio nacional.
Señala la definición de peores formas de trabajo infantil, abarca, entre otros: todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados internacionales pertinentes, y el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
Propone que la autoridad competente tendrá la obligación de realizar inspecciones periódicas con el fin de localizar dónde se practican los tipos de trabajo infantil y proceder a su denuncia ante el ministerio público.
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de abolición del servicio militar nacional.
Propone abolir la obligatoriedad constitucional para que los ciudadanos en edad castrense cumplan con el Servicio Militar Nacional.
El autor señala que toda vez que el servicio militar encuentra su debida protección en el enrolamiento voluntario, conforme a las leyes que lo rigen, allende que los jóvenes y la población en general ejercitan con mayor empuje los actuales derechos humanos de la paz, de la solidaridad y de la cultura, entre otros, todos de tercera generación de derechos, y por lo tanto, los compromisos morales de solidaridad con los más necesitados pueden ser cumplidos a través de otros campos de acción y otras vías institucionales.
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Armada de México, del Código de Justicia Militar y se abroga la Ley del Servicio Militar.
Propone reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; de la Ley Orgánica de la Armada de México; del Código de Justicia Militar; y, abroga la Ley del Servicio Militar con la finalidad de abolir el Servicio Militar Nacional.
El autor señal que la iniciativa tiene como propósito atender la inadecuación de las normas jurídicas del Servicio Militar Nacional con la realidad actual; establecer de forma clara que la inserción en el Servicio de las Armas deberá ser una decisión libre y personal en lugar de ser una obligación legal. Enfatiza que su propuesta permitirá ubicar al Servicio de las Armas, como una actividad en la que se demanda convicción, vocación, conocimiento, experiencia y profesionalismo.
El autor concluye que actualmente, de hecho y jurídicamente, el Servicio Militar Nacional no corresponde con su génesis histórica ni a los actuales tiempos de derechos de la paz, la solidaridad y la cultura, propios de la tercera generación de derechos.
De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones legales en materia del servicio militar nacional. (Dictamen en sentido negativo)
De los Senadores Itzel Sarahí Ríos de la Mora, José Asención Orihuela Bárcenas y Manuel Humberto Cota Jímenez, del Grupo PArlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en materia de jornaleros agrícolas.
Propone rediseñar el esquema de subrogación. De esta forma, en beneficio de los trabajadores que laboran en áreas en las que no se prestan los servicios básicos de seguridad social, se pretende establecer un régimen de incentivos a los patrones para la creación de servicios básicos de seguridad social: atención médica, maternidad y guarderías.
En materia de riesgos de trabajo, se establece la cobertura al patrón y una fórmula de cálculo de la prima que redunda en la posibilidad del empleador de aportar al fondo de este seguro la tasa de la Clase I de 0.54355 del salario base de cotización, considerando que los riesgos en las actividades agropecuarias son mínimos, dada la alta proporción de actividades manuales y que la exposición al riesgo va en función del ciclo productivo que dura en promedio 27 semanas al año.
Se propone el establecimiento de un salario de referencia, que brindará seguridad tanto a patrones como a trabajadores. Finalmente, propone la creación de Formatos de Autorización para la Atención Médica, los cuales serán expedidos por el IMSS y entregados por los patrones a sus trabajadores, con la finalidad de evitar que se les niegue atención médica por no encontrarse actualizados los registros de afiliación del propio Instituto.
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para crear el programa Prepa Sí a nivel nacional y evitar la deserción escolar.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE EDUCACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.
Propone adicionar la fracción IX del artículo 25 y los artículos 47-A y 47-B de la Ley de Coordinación Fiscal; así como reformar el artículo 14, añadiendo una nueva fracción XIII, recorriéndose la actual fracción y la subsecuente, y reformar el artículo 33, añadiendo una fracción XV, recorriéndose la actual y la subsecuente, ambos de la Ley General de Educación, para crear el Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior, e impulsar un nuevo programa denominado “Prepa sí” a nivel nacional y evitar la deserción escolar
Se establece que el Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior, se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, con recursos federales por un monto equivalente al 1.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2º de esta Ley. Asimismo se determina que los recursos del Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior se utilizarán para el otorgamiento de un estímulo económico mensual a todos los estudiantes de nivel medio superior en la República Mexicana, que cursan sus estudios de nivel medio superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, con la finalidad de incentivar la permanencia y conclusión de sus estudios y disminuir la deserción escolar por falta de recursos. Y se señala que las aportaciones federales que integran este Fondo, se otorgarán a los estudiantes de nivel medio superior en la República Mexicana de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación.
En la Ley General de Educación, se establece que el estímulo económico no podrá ser menor a medio salario mínimo mensual vigente en la zona que corresponda y sólo podrá ser otorgado por las autoridades educativas federales y locales con cargo al Fondo de Aportaciones para los Estímulos de Educación Media Superior y en los términos establecidos en los artículos 25, 47-A y 47-B de la Ley de Coordinación Fiscal; y sólo podrá otorgarse hasta por un plazo máximo de 36 meses, contados a partir del registro y sólo durante el curso de estudios de nivel medio superior, siempre que: Cursen sus estudios en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades; se consideren estudiantes regulares en la institución educativa pública en la que cursen sus estudios, y no reciban alguna otra beca de apoyo educativo o estímulo de cualquier tipo al momento del registro o por el tiempo en que se le otorgue el estímulo económico.
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone adicionar una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica para crear como Comisión Ordinaria la de Desarrollo Metropolitano en el Senado de la República.
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba una fracción IX al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. (Dictamen en sentido negativo)
Propone adicionar un inciso XVIII al artículo 3, y reformar los artículos 7, 9-A, y 50, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con la finalidad de establecer y garantizar el acceso y servicio universal en telecomunicaciones, entendido como el conjunto definido de servicios de telecomunicaciones que habrán de prestarse con una calidad determinada y ser accesibles, a un precio asequible, a todos los usuarios, con independencia de su localización geográfica. En relación con la calidad en la prestación del servicio universal y con la accesibilidad y el carácter asequible del precio
Establece que para lograr la consecución de los objetivos de cohesión económica y social y de igualdad territorial, dentro del servicio universal de telecomunicaciones se deberá garantizar, que todos los ciudadanos, en todo el territorio nacional, puedan conectarse a la red telefónica pública fija y móvil, acceder a la prestación del servicio telefónico fijo disponible al público. La conexión debe ofrecer al usuario la posibilidad de emitir y de recibir servicios nacionales e internacionales de voz, fax y datos; que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago situados en el dominio público de uso común, en todo el territorio nacional; y, que las personas discapacitadas o con necesidades sociales especiales tengan acceso al servicio telefónico fijo disponible para el público, en condiciones que les equiparen al resto de los usuarios.
Con la reforma que se plantea, se establece que la Comisión Federal de Telecomunicaciones será el encargado de supervisar el servicio universal en telecomunicaciones en México. Por otra parte, se establece la obligación para la Secretaría, de elaborar los programas de acceso y servicio universal en telecomunicaciones correspondientes, los cuales podrán ser ejecutados por cualquier concesionario para garantizar el acceso y servicio universal.
De la Sen. Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Adiciona un segundo párrafo al artículo 309; un párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 321; un párrafo segundo y las fracciones I, II, III, IV y V al artículo 323, del Código Civil Federal, para establecer el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos de carácter público que registrará el nombre, domicilio; número de acreedores alimentarios; cantidades no cubiertas; causa jurisdiccional de la que deriva su inscripción.
Considera como deudor alimentario moroso a aquel que teniendo la obligación de proporcionar alimentos deje de ministrarlos o que derivado de controversias de orden familiar se niegue a su cumplimiento, ya sea por pensión alimenticia provisional o definitiva, adeudando en ello tres meses o más desde el momento en que se registra el primer adeudo.
Asimismo, obliga a los jueces y tribunales a dar aviso en tiempo al Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, de aquellas personas que incumplan con su obligación de ministrar pensión alimenticia; y a los patrones a permitir la inspección de los registros en el trabajo. En caso de omisión o simulación este será deudor solidario respecto de las obligaciones alimentarias del trabajador.
Se adiciona un Capítulo VI Bis al Título Tercero con los artículos 71 bis al 71 bis 28 para regular la reproducción humana asistida.
Propone que las técnicas de reproducción asistida podrán ser utilizadas por todas las personas mayores de dieciocho años de edad y en pleno uso de sus facultades, previo otorgamiento del consentimiento informado. En el caso de que las personas solicitantes sean casadas, se deberá contar, preferentemente, con el consentimiento informado de ambos cónyuges.
Señala que la Secretaría de Salud emitirá las normas a las que deberá sujetarse el uso de las técnicas de reproducción humana asistida, así como las relativas a la obtención, conservación, traslado, manejo y disposición de las células germinales y óvulos fertilizados. Los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida deberán contar con licencia sanitaria.
Se prohíbe: la comercialización de células germinales y óvulos fertilizados; las transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies con fines reproductivos; la clonación con fines reproductivos, y la producción de híbridos o quimeras con fines reproductivos.
Establece que previo al inicio de la aplicación de alguna de las técnicas de reproducción humana asistida, se deberá llevar a cabo una evaluación completa del estado de salud de la persona receptora, y en su caso, donante involucradas en el procedimiento, con el propósito de brindarles la mejor opción terapéutica, así como la consejería genética necesaria en caso de enfermedades cromosómicas o de transmisión hereditaria.
La Secretaría de Salud coordinará un Registro Nacional, que se encargará de: integrar y actualizar los datos de las personas receptoras, donantes, mujeres héterogestantes y las fechas de los procedimientos respectivos; proporcionar a los bancos la información relativa a las personas receptoras, donantes y mujeres héterogestantes; compilar los datos estadísticos de las personas nacidas mediante técnicas de reproducción humana asistida; integrar y actualizar la relación de los establecimientos autorizados; e integrar y actualizar la relación de la cantidad de óvulos fertilizados crioconservados en cada establecimiento.
Se faculta a la Secretaría de Salud a llevar el control sanitario de los bancos dedicados a la obtención, crioconservación y disposición de células germinales y óvulos fertilizados, así como de los establecimientos en los que se practiquen técnicas de reproducción asistida, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Señala que se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre seres humanos y otras especies, así como aquellos que lleven a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos mediante clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.
De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico y de Energía, el que contiene proyecto de decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Corea para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, firmado en los Cabos, México, el diecisiete de junio de dos mil doce.
TEÓFILO TORRES CORZO, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Quinto, Capítulo Único a la Ley Organica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Se propone adicionar el Título Quinto, Capítulo Único, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece reglas comunes a las Cámaras respecto a la iniciativa ciudadana, que cuente con el aval de un número equivalente, por lo menos, al 0.13% de la lista nominal de electores, firmada por los ciudadanos, indicando su nombre completo, dirección, clave de credencial de elector, así como el nombre de un representante y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
Establece que la autoridad electoral informará de manera oficial dentro de los primeros 15 días del primer mes del año cuál es el número equivalente al 0.13% de la lista nominal de electores y convalidará las firmas de la iniciativa. Las Cámaras tomarán como referencia dicho número para admitir a trámite las iniciativas ciudadanas que se le presenten. Asimismo establece que la normatividad de cada una de las Cámaras establecerá el plazo para dictaminar la iniciativa ciudadana como para prorrogar los términos de dictamen y que las iniciativas ciudadanas no podrán ser desechadas por acuerdo de las Cámaras sin que se agote por completo el proceso legislativo.
De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Héctor Larios Córdova, Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Laura Angélica Rojas Hernández, Arely Gómez González, Alejandro Tello Cristerna, Roberto Armando Albores Gleason, Pablo Escudero Morales y Manuel Camacho Solís, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Las reformas tienen la finalidad de regular la iniciativa ciudadana, estableceida en los artículos 35 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para hacer efectivo el derecho ciudadano se reforman y adicionan los artículos 70, 71,72, 73, 108, 163, 164, 165, 169, 184, 212, 214, 216 y 220 del Reglamento del Senado de la República para incluir en el Orden del Día las iniciativas ciudadanas, previa entrega de archivo electrónico y versión impresa firmada por el autor o autores, acompañada de firmas originales que la avalen, a efecto de realizar el procedimiento legislativo. Las iniciativas ciudadanas no podrán ser retiradas.
La iniciativa será acompañada por acta constitutiva y clave única expedida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social si se trata de una organización de la sociedad civil, así como de las firmas en hojas foliadas y numeradas, cuya validez será hecha por el Instituto Federal Electoral, con el cotejo aleatorio del 5% de las mismas.
La Mesa Directiva del Senado acordará la presentación de la iniciativa ante el Pleno, con una breve reseña de la exposición de motivos, que puede ser hecha por el Presidente de la Mesa Directiva. En caso de improcedencia de la iniciativa se podrá requerir solventar las inconsistencias y desechar la iniciativa presentada. Asimismo, los iniciantes podrán promover la excitativa, mediante oficio dirigido al Presidente de la Mesa Directiva.
De las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.
SE DISPENSÓ LA SEGUNDA LECTURA. SIN DISCUSIÓN, FUE APROBADO.
Propone establecer de manera clara y precisa en el texto de la Ley de Economía Social y Solidaria normas generales que permitan difundir, promover e impulsar la economía social y solidaria, mediante el fortalecimiento de acciones que fomenten el surgimiento y apoyo a los organismos del sector social de la economía.
Establece en el objeto de la ley el fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía, que funciona como un sistema socioeconómico creado por organismos de propiedad social, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer la necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.
Incluye en los fines del Sector Social de la Economía el participar en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para las personas; impulsar el pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, ciudadanos y la sociedad; y promover la productividad como mecanismos de equidad social.
Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo séptimo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, PRD.
FUE APROBADO. SE REMITIÓ A LOS CONGRESOS ESTATALES.
Las comisiones dictaminadoras aprueban la modificación de la Colegisladora, a la fracción VII del artículo 28 constitucional que pretende cambiar “las resoluciones” por “éstas”, lo anterior, para que solo se refiera a las multas y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones y no a todas las resoluciones.
IVONNE ÁLVAREZ GARCÍA, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, PRD, PARA PRESENTAR PROPUESTA DE MODIFICACIÓN, QUE NO SE ADMITIÓ A DISCUSIÓN.
EL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA SOLICITÓ QUE SU INTERVENCIÓN SOBRE ESTE TEMA SE INSERTARA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES.
Las comisiones dictaminadoras proponen aprobar el dictamen para establecer el derecho a ser registrado de manera gratuita e inmediata al momento de nacer y que la primera copia del Acta de Nacimiento sea expedida de manera gratuita por los gobiernos de los estados, municipios y el Distrito Federal. Con la reforma se protege el derecho a la identidad que establecen instrumentos internacionales ratificados por México, como la Convención sobre los Derechos de los Niños.
EL SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE SOLICITÓ QUE SU INTERVENCIÓN SOBRE ESTE TEMA SE INSERTARA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES.
RAÚL CERVANTES ANDRADE, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.
Las comisiones dictaminadoras proponen aprobar la adición de una fracción XXIX-U al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso para expedir la ley que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, con el objetivo de aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de los inmuebles a efecto de favorecer su heredabilidad o la transmisión de su dominio sin conflictos y a la vez facilitar a las familias y a las empresas el acceso al crédito y a otras fuentes de financiamiento en su beneficio; contar con bases de datos e información geoestadística que permita diseñar políticas públicas de planeación y reordenamiento urbano y de vivienda; elevar la recaudación de contribuciones locales, principalmente, los impuestos de traslación de dominio y el impuesto predial; y contar con bases de datos homogéneas que ayuden a las autoridades fiscales y a las del ámbito de la procuración de justicia en sus labores de investigación.
De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, POR LAS COMISIONES, PARA PRESENTAR EL DICTAMEN.
Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de juventud. Asimismo, eleva a rango constitucional, el derecho de la juventud a un desarrollo integral, por lo que la Ley de la materia establecerá los instrumentos, apoyos y la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios. Las comisiones aprueban las reformas, sin embargo, consideran que la facultad del Congreso de legislar en materia de juventud debe establecerse en la fracción XXIX-P y no en la fracción XXIX-J, por lo que es de devolverse a la Colegisladora.
Oficio con el que remite proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone que la presentación de las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá hacerse de forma oral o por lenguaje de señas mexicano y podrá formularse por cualquier medio de comunicación eléctrica, y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad.
De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Propone insertar dentro del concepto de discriminación la distinción basada en las personas de talla pequeña.
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y un párrafo quinto, todos del artículo 17 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Establece que en caso de falta absoluta de cualquier integrante del Consejo Consultivo, el Presidente de la Comisión Nacional notificará inmediatamente a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión Permanente; y se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 18 de la ley, dentro de los 90 días siguientes, independientemente de la renovación anual y por procedimiento separado. Esta designación será por un periodo completo. Señala que de realizarse más de un procedimiento de selección y designación de miembros del Consejo Consultivo, en el mismo año natural a aquel en que haya participado un candidato, éste podrá acudir al segundo o ulteriores procedimientos, siempre que haya cubierto los requisitos en aquel en que participo.
Establece que la Secretaría de Salud llevará un control y registro riguroso de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos para que los mismos cumplan con su función. Asimismo, llevará un control y registro riguroso de los medicamentos que están en circulación.
Señala que para el control y autenticidad de los medicamentos se deberá establecer un registro electrónico, el cual contendrá un inventario de los medicamentos producidos en México y los de importación, el registro será a través de un código bidimensional que deberán llevar todos los medicamentos en su contenedor; ya sea caja, frasco o bote.
Señala que en relación con la prescripción de medicamentos, el emisor de la receta prescribirá los medicamentos de conformidad con lo siguiente: cuando se trate de Medicamentos Genéricos, deberá anotar la denominación genérica y, si lo desea, podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia; la venta o suministro del medicamento deberá ajustarse a la elección que realice el paciente, con excepción de que cuando en la receta se exprese la Denominación Distintiva del medicamento, su venta o suministro deberá ajustarse precisamente a esta denominación y sólo podrá sustituirse cuando lo autorice expresamente quien lo prescribe; tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la Denominación Común Internacional, y de manera opcional, la denominación distintiva, y en los demás casos podrá expresar la denominación distintiva o conjuntamente las denominaciones genérica y distintiva.
Se faculta a la Secretaría de Salud, para que establezca la fortificación obligatoria de la masa de maíz nixtamalizada, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
Adiciona y reforma el artículo 3 de la Ley General de Salud, para establecer que será materia de salubridad general, la regulación de los servicios de atención y rehabilitación de las adicciones; asimismo, reforma el artículo 198, con lo que se establece que los establecimientos dedicados a brindar servicios residenciales de atención y rehabilitación de las adicciones, requieren de autorización sanitaria.
De las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Gobernación, el que contiene punto de acuerdo por el que la Cámara de Senadores comunica al Presidente de la República, no haber objeción alguna al nombramiento expedido en favor del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel para ocupar el cargo de Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
Oficio con el que remite la designación del ciudadano Alejandro Ramos Esquivel como Director General de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
De las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Procampo.
Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de Procampo, porque considera que el programa gubernamental obedece al diseño de políticas públicas, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es facultad exclusiva del Ejecutivo y se podría incurrir en una invasión de facultades e inclusive una inconstitucionalidad.
La iniciativa tenía por objeto institucionalizar el Programa de Apoyos Directos al Campo; ordenar un pago único por hectárea y entrega a los beneficiarios con anticipación al inicio del ciclo agrícola; y crear el Sistema de Garantías y Acceso Anticipado a Pagos a Futuro del Procampo para garantizar el acceso anticipado a los recursos para capitalizar las unidades de producción y desarrollar proyectos y acciones de modernización.
Del Sen. Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Procampo.
Fecha de Publicación: Miércoles 17 de junio de 2009.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. (Dictamen en sentido negativo)
Las dictaminadoras, estiman que la iniciativa proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, V y VI, y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, es una aportación relevante para el análisis y discusión de la nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, no obstante, se desecha debido a que no ha concluido el proceso legislativo de esta nueva Ley y que de alguna manera las aportaciones contenidas en la iniciativa se encuentran contempladas en el nuevo marco jurídico referido.
Una vez analizado su contenido, concluyen archivar la iniciativa, como formal y materialmente concluida.
La iniciativa planteaba la reforma de las fracciones IV, V y VI, y la adición de las fracciones VII y VIII al artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, con la finalidad de promover la igualdad de circunstancias al momento de que nuestro país suscriba un tratado internacional, con la finalidad de proteger los productos nacionales, incluyendo marcas y patentes.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV, V y VI y se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 3 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica.
Fecha de Publicación: Martes 20 de septiembre de 2011.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 76 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. (Dictamen en sentido negativo)
La iniciativa que se dictamina tiene por objeto establecer mecanismos para proteger al comprador en las operaciones comerciales en línea y al mismo tiempo obligando al vendedor a cumplir cabalmente con lo que promete al ofrecer productos en los diversos portales en línea. Sin embargo, las comisiones dictaminadoras desechan la propuesta, en virtud de que la Procuraduría Federal del Consumidor, actualmente cuenta con amplias facultades para la protección de los derechos de los consumidores, mismas que se encuentran establecidas en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 76 bis, fracciones IV y VII de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Fecha de Publicación: Miércoles 15 de junio de 2011.
El objetivo de la iniciativa, es establecer que desde la apertura del periodo de los alegatos en la etapa procesal del juicio ejecutivo mercantil, a petición de cualquiera de las partes, se practiquen los avalúos de los bienes embargados, a efecto de hacer más ágiles los juicios referidos y acorde con la dinámica de los actos de comercio en general y los títulos de crédito en particular.
Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la propuesta porque estiman que realizar los avalúos durante la etapa de alegatos no resultaría jurídicamente eficaz, representaría un perjuicio para el ejecutante, en razón de que se tendría que realizar la valoración de los bienes por expertos, en dos ocasiones, lo que originaría mayores gastos y retrasaría la ejecución de la venta judicial, en virtud de que, los avalúos practicados en esta etapa procesal ya no se encontrarían vigentes al momento de llevar a cabo y ser legalmente posible proceder al remate del bien embargado.
Fecha de Publicación: Jueves 17 de noviembre de 2011.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México. (Dictamen en sentido negativo)
La ley a expedir pretendía establecer las bases para generar las condiciones que contribuyan a incrementar la competitividad internacional de México en materia de exportaciones, atracción de inversión extranjera y la internacionalización de las empresas mexicanas.
Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la propuesta en virtud de que tiene un impacto presupuestario que no ha sido cuantificado por lo que su viabilidad dependería de los recursos que la Federación tenga disponibles para su puesta en operación.
Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley para incrementar la Competitividad Internacional de México.
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial. (Dictamen en sentido negativo)
El objeto de la iniciativa es introducir en la Ley de la Propiedad Industrial, la figura jurídica del “Indicador Geográfico” para actualizar la norma nacional con las de ámbito internacional, diferenciándola de la “Denominación de origen” con la finalidad de proteger a los productos que no son endémicos de una región, pero que tienen determinadas características, calidades y fama ganada, otorgándoles el derecho exclusivo del nombre de regiones, municipios o localidades a los productores mexicanos.
Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la propuesta en virtud de que adolece de viabilidad jurídica para su aplicación.
Del Sen. Héctor Miguel Bautista López, a nombre de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Propiedad Industrial.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto por el que se reformaban los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud. (Dictamen en sentido negativo)
La finalidad de la Minuta es fundamentalmente la de actualizar la denominación de la “Secretaría de Comercio y Fomento Industrial” por la de Secretaría de Economía, en diversos artículos en la Ley General de Salud. Sin embargo, las comisiones desechan la propuesta en virtud de que en la Ley General de Salud ya contiene la denominación correcta de la Secretaría de Economía.
Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31, 43, 115 y 123 de la Ley General de Salud.
Las comisiones dictaminadoras proponen desechar la Minuta que reforma la fracción II, del artículo 163, de la Ley General de Salud, en materia de auto-asientos, por considerar que es susceptible de impugnación, toda vez que la materia sobre la que versa la misma se podría considerar como competencia que se regula a través de los reglamentos de vialidad, emitidos por cada entidad federativa.
La Minuta proponía establecer en la Ley General de Salud la adopción de medidas para prevenir accidentes, como el uso de auto-asientos infantiles.
De la Comisión de Cultura, el que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a evaluar la posibilidad de llevar a cabo el tercer congreso internacional la experiencia intelectual de las mujeres en el siglo XXI.
Que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia informe sobre el eventual riesgo a que pudieran estar sujetas las estructuras arquitectónicas localizadas en el Cerro del Jumil, en Temixco, estado de Morelos, con motivo de la explotación minera a cargo de la compañía Esperanza Resources Corporation.
Que exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica.
De la Comisión de Energía, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Director General de Pemex a comparecer para dar un informe sobre las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial.
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General de PEMEX a comparecer para dar un informe que detalle las acciones implementadas para mejorar la regulación en materia de seguridad industrial, tanto en prevención como en atención de emergencias, en las instalaciones de la empresa.
Por el que se desecha la proposición que solicitaba convocar a un foro nacional sobre la reforma energética.
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo por el se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República organice y convoque a un foro nacional sobre la reforma energética.
Que exhorta al Director del Instituto Nacional de Salud Pública a sumarse a los trabajos de instituciones y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, en favor de transformar las condiciones que propicien que las generaciones infantiles reduzcan el consumo de alimentos con alto contenido calórico que ocasionan el sobrepeso y la obesidad.
Que exhorta al Gobierno Federal para que la Comisión Nacional de Bioética y su Consejo remitan un informe de las funciones realizadas durante el último periodo de gestión.
De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión Nacional de Bioética y a su Consejo un informe detallado de sus funciones.
Que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer e implementar acciones de difusión de las consecuencias del cáncer colorrectal.
Que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones de información, vigilancia epidemiológica y prevención de la gripe aviar.
Que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar una estrategia integral de capacitación a técnicos radiólogos, para la correcta interpretación de las mastografías y detección oportuna del cáncer de mama.
Uno, de las Comisiones Unidas de Asuntos Fronterizos, Norte y de Asuntos Fronterizos, Sur, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, convoque a las dependencias competentes de la administración pública federal, a los gobiernos de los estados fronterizos y a los sectores comercial, de servicios y empresarial, a efecto de reunir propuestas que fortalezcan el esquema de desgravación arancelaria para la empresas fronterizas, como parte de las políticas de desarrollo económico regional en el país
De las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se designa a la ciudadana Odilisa Gutiérrez Mendoza, como Magistrada del Tribunal Superior Agrario.
Oficio con el que remite propuesta de candidatos para ocupar el cargo de Magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de que el 29 de mayo del año en curso el Mag. Rodolfo Veloz Bañuelos se ubicó en causal de retiro:
Luisa Ramírez Romero.
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a promover con la Colegisladora la creación de la comisión bicamaral que dé seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y participe en la definición de la agenda global para los Objetivos de Desarrollo del Milenio Post 2015.
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a comparecer ante esta Soberanía con el objeto de que rinda un informe sobre los fundamentos para imponer sanciones al restaurante "Máximo Bistrot”.
ELECCIÓN DE SENADORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA
En cumplimiento del Reglamento del Senado de la República, se publica el reporte final de asistencias.
Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebró el pasado 19 de marzo de 2013.
Acta de la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se celebró el pasado 19 de marzo y el 20 de marzo de 2013.

References: artículo 51
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 14
 artículo 33
 artículo 2
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 3
 artículo 309
 artículo 321
 artículo 323
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 28
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 198
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 76
 artículo 24
 artículo 76
 artículo 163