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Timestamp: 2018-10-18 08:50:27+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 452/02 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618624
Expediente: D-3819
Decreto 1295 de 1994. Arts. 34 parag. 1 y 2, 35 y parag., 36, 37 y parag. 1 y 2, 38, 39, 40 y parag., 41, 42 y parag., 44 t parag. Trans., 45, 46, 47, 48 y parags. 1, 2, 3, 49, 50, 51, 52 parag. Trans., 53 y parag., 54, 55, 96 y 98. Sistema general de riesgos profesionales. Derecho a las prestaciones. Servicios de prevencion. Incapacidad temporal y permanente. Reubicacion del trabajador. Pension de invalidez y sobrevivientes. Reajuste. Devolucion saldos. Indemnizacion sustitutiva. Auxilio funerario. Prescripcion. Derogatorias. Irrenunciabilidad a beneficios. Facultades extraodinarias. Limite temporal y material. Cosa juzgada. Ineptitud de la demanda. Efectos diferidos en el tiempo. Inhibida, exequibles, inexequibles y estese c-773/98.
Sentencia citada en: 85 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, un tema práctico, una noticia
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano L.C.O., demandó los artículos 34 y parágrafos 1 y 2, 35 y parágrafo, 36, 37 y parágrafo 1 y 2, 38, 39,40 y parágrafo, 41, 42 y parágrafo, 44 y parágrafo transitorio, 45, 46, 47, 48 y parágrafos 1, 2, 3, 49, 50, 51, 52 parágrafo transitorio, 53 y parágrafo, 54, 55, 96 y 98 del Decreto Legislativo 1295 de 1994. "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
Capacitación a los miembros del comité paritario de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores, o a los vigias ocupacionales en las empresas con un número menor de 10 trabajadores.
Cuando el pensionado por invalidez requiere del auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el numeral anterior se incrementa en un 15%.
Por muerte del pensionado por invalidez el 100% de lo que aquél estaba recibiendo como pensión.
Si se encuentra afiliado al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida la indemnización sustitutiva prevista en el artículo 37 de la ley 100 de 1993.
Artículo 98. D..
La acción de inconstitucionalidad propuesta está fundamentada en que el P. de la República al ejercer las facultades extraordinarias que le confirió el Legislador en el artículo 139 numeral 11 de la Ley 100 de 1993, se excedió, dadas las limitaciones que son propias de dichas facultades constitucionalmente y el alcance dado por el propio legislador ordinario, así:
Se vulneran los artículos 25, 53 y 48 de la Carta Política que establece unos principios mínimos fundamentales como "la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales" y la "garantía a la seguridad social", pues al modificar las normas sobre riesgos profesionales contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo las reemplazó por otras menos favorables y que atentan contra el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Señala que las facultades extraordinarias conferidas con base en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, deben ser "precisas", esto es, limitadas en el tiempo, el objeto y la materia. En razón a esto, dichas facultades se otorgaron sólo para: "dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" conforme a la definición establecida por el mismo legislador en la norma que confirió las facultades; habiéndose excedido el ejecutivo en su ejercicio, al ir más allá de las facultades que se limitaban a "ORGANIZAR EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES" en sus diferentes componentes para efectos de alcanzar un funcionamiento armónico y de interdependencia entre las partes o elementos que componen dicho sistema, uno de los cuales está conformado por las normas que consagran las prestaciones de carácter asistencial y económico cuya vigencia fue ratificada en forma expresa por la ley 100 de 1993 en su artículo 249. El legislador extraordinario a través del Decreto 1295 de 1994, no solamente se limitó a organizar, establecer armonía e interdependencia entre los elementos componentes del sistema, sino que entró a modificar los regímenes prestacionales existentes en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales contenidos en diferentes ordenamientos (Normas pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo, del Decreto 3135 de 1968 y del Decreto 1848 de 1969).
El artículo 249 de la Ley 100 de 1993 que otorga las facultades señala que "...las pensiones de invalidez originadas en accidentes de trabajo o enfermedad profesional continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes", disposición esta que no podía ser modificada por el legislador extraordinario.
No se excede el ejecutivo al ejercer las facultades, en razón a que el Sistema de Riesgos Profesionales hace parte del Sistema de Seguridad Social Integral, el cual según el artículo 6º de la ley 100 de 1993, está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, por lo tanto, las facultades no tenían como única finalidad "coordinar a las entidades prestatarias de la cobertura de los riesgos profesionales", sino también unificar la normatividad en esta materia y consolidar el sistema. De otra parte, el artículo 151 de la ley 100 de 1993 señala cuando entra a regir el Sistema de Pensiones y cuando el de Salud; así mismo cuando en el artículo 249 indica que en materia de riesgos profesionales, continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes, debe entenderse que regían sólo mientras el ejecutivo ejercía las facultades extraordinarias expidiendo el decreto demandado, para efectos de no generar un vacío legal.
Agrega que cuando el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 dispone que: "la presente ley rige a partir de la fecha de su publicación, salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias", no hace otra cosa que dejar sin efecto todas las normas que regulan materias propias del Sistema de Seguridad Social Integral, como lo son las que regulan los riesgos profesionales, que comprende también las del Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, el decreto demandado no se excedió en las facultades pues, lo que hizo finalmente fue volver expresa la derogatoria tácita de la ley 100 de 1993.
Además señala que el ejecutivo no se excedió en el ejercicio de las facultades, en razón a que el término "organizar" según el diccionario de la Real Academia significa "Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas adecuadas", "Poner algo en orden" y "Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario". Acorde a lo anterior, la expresión organizar incluye necesariamente la de reformar lo existente en cuanto sea necesario para lograr el fin, coordinando los medios y las personas.
Así mismo el vocablo "administrar" significa: "ordenar, disponer, organizar en especial la hacienda o los bienes" y "suministrar, proporcionar o distribuir alguna cosa". De tal manera que, cuando se hace referencia a la administración de un sistema, ello implica disponer los elementos que lo componen, distribuir lo que él mismo genera.
En cuanto a la derogatoria de las normas del Código Sustantivo del Trabajo señala que difiere sustancialmente el "expedir un Código" a "modificar unos artículos contenidos en tal Código", estando reservada sólo la primera al legislador ordinario y que la modificación a dicho Código deriva de la ley 100 de 1993 y no del decreto demandado. Agrega que de otra parte, compete al legislador decidir sobre la descodificación de una determinada materia y en materia de seguridad social la ley 100 de 1993 claramente muestra el propósito del legislador de sustraer del ámbito del Código Sustantivo del Trabajo las reglas relativas al Régimen de Seguridad Social, pero, sin convertirlas en un Código. Por lo tanto, en la medida en que por virtud de la ley 100 de 1993 el Régimen de Seguridad Social no forma parte de dicho Código, es claro que es posible adoptar disposiciones sobre la materia por la vía de las facultades extraordinarias.
Intervención del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social
Señala que las normas demandadas armonizan con la ley 100 de 1993 y con la Carta Política y que respecto del límite temporal de las facultades, esto ya fue objeto de pronunciamiento por la Corte en sentencia C - 046 de 1996 y respecto del artículo 53 demandado ya fue objeto de examen mediante sentencia C - 773 de 1998 existiendo COSA JUZGADA CONSTIUCIONAL.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 2790, recibido en esta corporación el 1 de febrero de 2002, solicita a la Corte declarar exequibles los artículos 34 con excepción de las expresiones "en los términos del presente decreto" y "contenidas en este capítulo", 35, 37 con excepción de los parágrafos del mismo, 38, 41 con excepción del inciso 2º, 44, 47, 49, 52, 54, 55, 98 con excepción de las derogatorias del Código Sustantivo del Trabajo, exequibles las derogatorios del Decreto 1848 de 1969 salvo los artículos 15, 17, 18, 24 y 25, y del Decreto 3135 excepto el artículo 25. En relación con los artículos 36, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 50, 51 y 96 del Decreto 1295 de 1994 y artículo 98 en cuanto a las derogatorias del Código Sustantivo del Trabajo y artículos 15, 17, 18, 24 y 25 del Decreto 1848 de 1969, y artículo 25 del Decreto 3135 de 1968 los cuales deben ser declarados inexequibles por cuanto excedieron las facultades extraordinarias, con base en los siguientes argumentos:
Las disposiciones respecto de las cuales se solicita la declaratoria de inexequibilidad a juicio del Ministerio Público exceden las facultades conferidas por el numeral 11 del artículo 139 de la ley 100 de 1993, por cuanto el legislador no las concedió para regular todos los aspectos relativos al Sistema General de Riesgos Profesionales sino únicamente para "Organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", pues, si se tratase de una facultad general para regular dicho sistema, no se entendería la redacción de la norma de facultades.
El Decreto 2067 de 1991, "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional" en su artículo 2º señala los requisitos mínimos que deben contener las demandas de acciones públicas de inconstitucionalidad y al efecto establece en sus numerales 2 y 3 que el actor debe indicar además de las normas constitucionales que considera infringidas, "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados".
Se ha dicho en este sentido por esta Corte que, el concepto de violación no "puede consistir simplemente en expresar que los preceptos acusados son incompatibles con los principios o mandatos constitucionales, sino que para orientar el análisis que han de emprender los jueces constitucionales, ha de dejarse explícita, así sea en forma sencilla, la causa por la cual quien demanda estima desconocida la preceptiva constitucional." S.. C-201/01 M.P. José Gregorio Hernández Galindo
La Sala considera del caso precisar que, el fundamento en el cual se basó la decisión de exequibilidad de dicho parágrafo giró en torno al bono pensional como tal, sin que dicha providencia se refiriera al tema que hoy es materia de análisis por esta Corte, en cuanto al límite de las facultades que recaen sobre la "organización de la administración del sistema de riesgos profesionales", como se verá más adelante.
"La Corte Constitucional considera al respecto que el ejercicio de facultades extraordinarias mediante acto del Ministro Delegatario es válido, pues a la luz del artículo 196 de la Constitución, el Presidente de la República puede delegar en tal funcionario, bajo la responsabilidad de éste, "funciones constitucionales" de las que en razón de su investidura le corresponden, "tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su calidad de Jefe del Gobierno".
Por lo demás, se cumplieron los requisitos de la delegación y los pertinentes a los aspectos formales en la expedición del Decreto 1295 de 1994, que tiene fuerza legislativa, enmarcado como está en el ámbito del artículo 150, numeral 10, de la Constitución, y cuyo examen sí corresponde a esta Corte (art. 241-5 C.P.)".
En relación con el límite temporal dentro del cual se ejercieron las facultades extraordinarias el Decreto 1295 de 1.994 "por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", ya existe un pronunciamiento de constitucionalidad sobre el ejercicio de las mencionadas atribuciones dentro del límite temporal impuesto por el legislador ordinario, en la Sentencia C-406 de 1.996 M.P.Dr. C.G.D.. proferida por esta Corporación. No obstante, no procede estarse a lo resuelto en dicha sentencia en razón a que ninguno de los cargos formulados por el demandante se refiere a exceso de facultades en cuanto a la limitante de temporalidad.
"10. R., hasta por seis (6) meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje.
) Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la expresión "organizar" significa: Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando los medios y las personas adecuados. Disponer y preparar un conjunto de personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determinado. Poner algo en orden. Preparar alguna cosa disponiendo todo lo necesario.
Así mismo el término "disponer" significa colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. Ejercitar en las cosas facultades de dominio, enajenarlas o gravarlas en vez de atenerse a la posesión y disfrute. T. acerca de ellas. V. de una persona o cosa, tenerla o utilizarla por suya.
Y del vocablo "preparar" se dice que es prevenir, disponer o hacer una cosa con alguna finalidad. Hacer las operaciones necesarias para obtener un producto. D., prevenirse y aparejarse para ejecutar una cosa o con algún otro fin determinado.
De las anteriores acepciones del verbo rector "organizar" al que se contraen las facultades del legislador extraordinario podemos concluir que en su ejercicio podía dictar las normas necesarias y tendientes a crear, establecer, modificar, reformar o rehacer. Qué cosa?. Sobre qué objeto debía recaer este tipo de acciones del ejecutivo?. La misma norma de facultades señala que el objeto de estas acciones debía dirigirse, orientarse, encausarse directamente sobre "la administración" para mejorarla, para lograr un fin determinado, coordinando los medios y las personas adecuados.
) En relación con la expresión "la administración del Sistema de Riesgos Profesionales", nos remitimos nuevamente al Diccionario de la Academia Española, que define el término "administración" como acción y efecto de administrar. Casa u oficina donde el administrador y sus dependientes ejercen su empleo. Conjunto de organismos encargados de cumplir esta función. También se dice de cualquier cuerpo de bienes que por alguna causa no posee ni maneja su propietario, y que es administrada por terceras personas competentemente autorizadas por el juez.
) En cuanto al "Sistema General de Riesgos Profesionales" el mismo precepto facultativo entra a definirlo para indicar que éste es entendido por el legislador "como un conjunto de entidades públicas y privadas (estructura orgánica), normas y procedimientos (estructura normativa), destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (objetivo o finalidad).
Entonces, la definición contenida en el numeral 11 del artículo 130 de la ley 100 de 1993 se refiere es al Sistema, define que se entiende por "Sistema" y no que se entiende por "administración", como erradamente se indica por algunos de los intervinientes, para afirmar que el ejecutivo tenía facultades para replantear y rehacer todo el Sistema de Riesgos Profesionales lo cual como vimos no corresponde al contenido material y real de la norma habilitante.
Ahora, el "Sistema General de Riesgos Profesionales" está contenido en el libro tercero de la ley 100 de 1993, que destina sólo dos (2) capítulos de este libro que comprenden los artículos 249 a 256, para referirse a la "invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional" y la "pensión de sobrevivientes originada por accidentes de trabajo y enfermedad profesional".
El artículo 249 ibídem señala: "Las pensiones de invalidez originadas en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo lo dispuesto en relación con el sistema de calificación del estado de invalidez y las pensiones de invalidez integradas a que se refieren los artículos siguientes".
A su vez el artículo 255 ibídem señala: "&$La pensión de sobrevivientes originada en accidente de trabajo o enfermedad profesional continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes, salvo que se opte por el manejo integrado de estas pensiones de conformidad con lo previsto en el artículo 157694 de esta Ley".
Tampoco existe precepto de la ley 100 de 1993 que indique que se suspenda la vigencia del Sistema de Riesgos Profesionales mientras se expiden las normas con base en la ley habilitante. El artículo 289 ibídem se refiere a la vigencia para expresar en términos generales que: "La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación ..." y sólo excepcionalmente contempló situaciones expresas en las cuales determinó una fecha cierta y posterior a partir de la cual comenzaría a regir, como es el caso del artículo 151 en que señala que el Sistema General de Pensiones entra a regir a partir del 1º de abril de 1994 y que para los servidores públicos de los Departamentos, Municipios y Distritos comenzará a regir a más tardar el 30 de Junio de 1995. El Sistema General de Riesgos Profesionales no se encuentra dentro de dichas excepciones pues no existe norma expresa que así lo indique.
Las facultades fueron otorgadas al Presidente de la República por el legislador para "organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales" y no como erradamente se pretende afirmar para "organizar el Sistema General de Riesgos Profesionales". De tal manera, que es el término "administración" el que en definitiva nos precisará el contenido y límite material de la norma habilitante.
Ahora bien, es cierto que el Sistema de Seguridad Social Integral creado por la ley 100 de 1993, comprende los Sub- Sistemas de Pensiones, Salud, Riesgos Profesionales y Servicios Sociales Complementarios, pero, también lo es, que al tenor del artículo 6º inciso final "el Sistema de Seguridad Social Integral está instituido para unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades propuestas en la presente Ley". De lo anterior, se puede concluir que es el Sistema de Seguridad Social Integral el que está instituido para unificar la normatividad a través de la misma ley 100 de 1993 como en efecto lo hizo al reunir bajo ésta y sus previsiones generales a todos y cada uno de los Sub-sistemas; pero, esto no quiere decir que en todos y cada uno de los Sub-sistemas hubiese quedado derogada ya sea en forma tácita o expresa absolutamente toda la normatividad foránea a la ley 100 de 1993. Tampoco quiere decir, que dicha finalidad de unificación normativa propia del Sistema de Seguridad Social Integral se aplique en forma analógica al Sistema General de Riesgos Profesionales a través de las facultades y por interpretación analógica, pues, como se señaló antes, las normas de facultades no admiten analogía ni interpretaciones extensivas, sino precisas y definidas acorde al significado mismo de las expresiones contenidas en su tenor literal.
Precisamente el legislador ordinario otorgó facultades extraordinarias al ejecutivo para regular lo concerniente a la "administración" del Sistema de Riesgos Profesionales por cuanto dentro del libro III de la ley 100 de 1993 dedicado a regular el Sistema General de Riesgos Profesionales no se trató ningún aspecto relacionado con la administración del sistema y esta es la razón de ser de las facultades; que a diferencia de los otros dos Sub-sistemas, si previó el legislador ordinario lo concerniente a su administración en la forma como quedó expresada al analizar el contexto del término administración para el legislador ordinario en la ley de facultades.
Artículo 34 y parágrafos.- Este artículo se limita a señalar o enunciar los derechos de los afiliados al régimen en forma general, sin que ello implique modificación alguna a lo pre - establecido. Por lo tanto, se declarará exequible excepto en cuanto a las expresiones "en los términos del presente Decreto", "este Sistema General" y "contenidas en este capítulo", que serán declaradas inexequibles por no estar dentro de las facultades el señalar el régimen de las prestaciones, y por ende, mal podría regirse en estos aspectos por el Decreto demandado, por este Sistema General como si todo el Sistema General de Riesgos Profesionales estuviese contenido o se fuera a regir por el Decreto demandado o por un capítulo del Decreto demandado. No toda la materia concerniente a los Riesgos Profesionales se rige por el Decreto demandado, pues, como se señaló hay aspectos regulados por la ley 100 de 1993 y en su defecto, por las disposiciones vigentes y anteriores a la ley de facultades, que continúan rigiendo.
Como se indicó en el numeral 2 del capítulo VI de esta providencia, el artículo 2 en sus numerales 2 y 3 del Decreto 2067 de 1991, "Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional" señala los requisitos mínimos que deben contener las demandas de acciones públicas de inconstitucionalidad, estableciendo en forma expresa que el actor debe indicar además de las normas constitucionales que considera infringidas, "las razones por las cuales dichos textos se estiman violados".
Tercero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 34 del Decreto 1295 de 1994 por los cargos aquí formulados; con excepción de las expresiones "en los términos del presente Decreto", "este Sistema General" y "contenidas en este capítulo", así como sus parágrafos 1º y 2º que se declaran INEXEQUIBLES.
Si bien es verdad que las autoridades públicas se encuentran instituidas para colaborar armónicamente en la realización de los fines del Estado (artículo 113 de la C.P.) y para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y del interés general (artículo 2º Constitución Política), lo cual podría explicar la decisión de diferir en el tiempo los efectos de esta sentencia para que, en un lapso razonable pueda expedirse por el Congreso de la República, sí así lo considera procedente, una nueva ley que regule los asuntos a que se refiere la Ley 619 de 2000, a mi juicio, la inejecutabilidad de las norma acusada ha debido tener aplicación inmediata, pues, si una ley o parte de ella, o un decreto ley, o un decreto legislativo se encuentran contrarios a la Carta Política y, por lo mismo, así se declara por quien tiene a su cargo la guarda de la integridad y primacía de la Constitución (artículo 241 Constitución Política), riñe con la lógica jurídica que lo que es inconstitucional prolongue su existencia en el tiempo con posterioridad al fallo en el que así se declara por esta Corporación.
Tales han sido los razonamientos con fundamento en los cuales de manera invariable he salvado el voto en otras sentencias de esta Corte en las que se ha optado por diferir los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de normas legales sometidas a su control.
En esta oportunidad, ha de agregarse que la inconstitucionalidad de la Ley 619 de 2000, ahora declarada por la Corte en la Sentencia C-737 de 11 de julio de 2001, se funda en que la Corporación encontró protuberantes vicios de trámite de la misma en el Congreso de la República que, sencillamente llevaron a la conclusión de la inexistencia de voluntad legislativa de las dos Cámaras sobre el contenido de la ley, lo que impone de suyo la declaración de inexequibilidad.
La consecuencia obligada de tal declaración, no puede ser distinta a la de que, si el Congreso así lo quiere, se expida entonces una nueva ley. Pero lo que resulta, a mi juicio, profundamente equivocado es que verificada por la Corte la trasgresión de la Constitución Política en el trámite de una ley, como ocurrió en este caso, se diga sin embargo que esa ley continúa rigiendo, como aquí se hizo en la parte resolutiva del fallo "hasta el 20 de junio de 2002", por razones del "gran impacto macroeconómico" que puede ocasionarse con la inexequibilidad inmediata de la ley, pues esa son razones de conveniencia -que no de constitucionalidad-, por una parte; y, por otra, no es cierto que en ese caso desaparezca por completo el régimen legal que regule la distribución de regalías provenientes de la explotación minera o de los hidrocarburos, pues, como se dijo en la Sala Plena, lo que ocurre es que continuaría rigiendo la Ley 141 de 1994 que se pretendió modificar por la fallida Ley 619 de 2000.
Tampoco puede aceptarse que deba continuar rigiendo de manera transitoria y "hasta el 20 de junio de 2002" la Ley 619 de 2000 declarada inconstitucional por la Corte en la Sentencia C-737 de 11 de julio de 2001, porque ello se hace indispensable para darle "seguridad jurídica" a la "inversión" (¿o intervención?) extranjera, pues la única seguridad que se les puede dar a tales inversionistas es la que deben someterse a la Constitución y a las leyes de Colombia, sin que puedan violar, con "seguridad" el ordenamiento jurídico vigente, pues a ello equivale aceptar que la Ley 619 de 2000, pese a su inconstitucionalidad tenga prioridad sobre la Constitución "hasta el 20 de junio de 2002", pues así se quebranta de manera ostensible el artículo 4º de la Carta que hace de ella una "norma de normas".
De conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución, Colombia es un estado social de derecho. Principio basilar del estado de derecho es la supremacía de la Constitución, de tal manera que ninguna norma de inferior jerarquía a la Constitución (ya sea ley, reglamento, etc.), puede regir si se opone a la Constitución. La propia existencia de la Corte Constitucional no tiene otra razón de ser, que la de hacer efectivo este principio; ya que la misión de la Corte no es otra que impedir que normas de inferior jerarquía a la Constitución, la violen.
Adicionalmente me permito reiterar los argumentos que exprese en el salvamento de voto a la sentencia C-442 de 2001 y que son:
La diferencia fundamental entre estas dos clases de legisladores, estaba en que el legislador positivo (Congreso o Parlamento) podía no sólo derogar la ley, sino también y de manera inmediata, reemplazar la ley que derogaba. El legislador positivo podía simultáneamente derogar una norma y reemplazarla en el mismo acto por otra distinta, de manera tal que no existan vacíos legislativos. En cambio el legislador negativo (Corte Constitucional) si bien podía acabar con una norma jurídica, no tenía el poder para reemplazarla por otra ya que esta función sólo podía realizarla el Parlamento. Pues bien, entre el momento en el cual la Corte Constitucional declara inexequible una norma y el momento en el cual el Congreso dicta la ley que debe reemplazarla o llenar el vacío dejado por la ley inconstitucional, puede transcurrir un lapso de tiempo bastante grande y pueden, además, verse afectadas ciertas instituciones del Estado. Con el fin de evitar estos traumatismos fue que K. en el Primer Tribunal Constitucional que se creó y que fue la Constitución Austriaca de 1920 ideó un mecanismo que permitía diferir en el tiempo los efectos del fallo de Constitucionalidad, con el fin de que durante ese tiempo el Parlamento pudiese dictar una nueva ley ajustada a la constitución que reemplazase a la declarada inconstitucional. Con ese propósito se permitía a la Corte Constitucional Austriaca en una norma de la propia constitución diferir los efectos de sus fallos por un término máximo de seis (6) meses y se exigía además un pronunciamiento expreso de la Corte cuando hacía uso de esta facultad. Posteriormente por una reforma de la Constitución Austriaca se amplió dicho término hasta por un (1) año, que es el que actualmente rige.
Como se puede observar en la Constitución Austriaca existía una norma expresa que permitía diferir en el tiempo los efectos de la inconstitucionalidad y esa competencia expresa es la que precisamente hace falta en la Constitución Colombiana. No existiendo norma expresa que faculte a la Corte Constitucional para establecer una excepción a la regla general (que es que la norma deja de regir inmediatamente se ha publicado la sentencia de inexequibilidad), la consecuencia es que la Corte carece de competencia para hacerlo.
La filosofía del derecho señala, que al lado del bien común y de la justicia, existe el valor fundamental de la seguridad jurídica que solo la da la existencia de una facultad o competencia expresa; cuando hay norma expresa como en la Constitución Austriaca se conoce de antemano por la autoridad y por los ciudadanos el tiempo máximo que se pueden diferir los fallos de inconstitucionalidad; en cambio en donde no existe un término establecido en la Constitución, y se defieren los efectos, estos pueden ser deferidos arbitrariamente, de tal manera que hoy se ha deferido por un lapso de ocho (8) meses, pero mañana podría diferirse por un lapso de ocho (8) años o por un tiempo de ochenta (80) años; con el resultado paradójico de que una norma declarada inconstitucional y que se sabe que es inconstitucional siga rigiendo ochenta (80) años más. Cuando hay norma expresa y que fija un límite en el tiempo, existe consecuencialmente un límite para el poder de la propia Corte Constitucional. Todo órgano constituído incluida la Corte Constitucional debe tener unos límites, que es la garantía de los derechos de los ciudadanos y de la democracia, todo órgano sin control es nocivo para el estado de derecho así este órgano sea la Corte Constitucional.
3. Además, la interpretación de la ley habilitante es insuficiente, no solo porque no apela a los demás métodos clásicos para desentrenar los alcances de una norma legal, como el genético, el sistemático o el teleológico, sino porque en el plano constitucional no refiere fielmente a las sentencias de esta Corte sobre la ley de facultades y por lo tanto pasa por alto la ratio decidendi de esos precedentes relevantes. En efecto, en tres sentencias anteriores la Corte ya había interpretado el numeral 11 del artículo 139 de la Ley 100 de 1993. De tales sentencias se puede deducir una interpretación no restrictiva sino expansiva de la habilitación legislativa en el sentido de que i) la administración de un sistema para que sea organizada depende de la unidad y la claridad en las reglas a aplicar lo cual racionaliza su administración (C-046 de 1996 MP: C.G.D.); ii) el concepto de sistema en materia de seguridad social implica una relación entre el régimen de riesgos profesionales y el régimen de pensión de vejez, lo cual permitió que el parágrafo del artículo 53, de nuevo acusado, fuera declarado exequible, mientras que en la presente sentencia los incisos que lo anteceden son declarados inexequibles (C-773 de 1998 MP: H.H.V.); y iii) la organización es un concepto que alude tanto a la estructura operativa como normativa (C-164 de 2000 MP: J.G.H..
4. Por esas debilidades de la argumentación, la sentencia no plantea un criterio jurídico claro que oriente las decisiones sobre si el Ejecutivo se excedió o no al ejercer las facultades extraordinarias. Se dice que lo que sea atinente a la administración -a la organización- está dentro del ámbito de la habilitación pero lo que es atinente al régimen prestacional- a los derechos y obligaciones de los sujetos del sistema- no lo está.
A partir de ese criterio, estimo que el artículo 35 podría haber sido declarado inconstitucional. Este regula un derecho de un sujeto del sistema, vgr. el "derecho de la empresa afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales" las cuatro prestaciones que en la disposición se indican. La sentencia convierte ese derecho en una función de la entidad administradora de riesgos profesionales (p.22) y después de la transmutación inscribe la norma en el ámbito de lo administrativo y la declara constitucional. Si la sentencia hubiera aplicado esa interpretación amplia de lo que es administrar a todas las demás normas que regulan derechos y obligaciones, éstas han debido ser declaradas exequibles. Todo derecho, en la medida en que genera una obligación correlativa, puede ser visto como la base jurídica para que la entidad administradora de riesgos cumpla una función dentro del sistema. Así se vuelve a la interpretación extensiva de la ley habilitante que la sentencia deja a un lado inspirándose en el diccionario de la Real Academia pero que revivió sin que sepamos bien por que razón cuando juzgó el artículo 35 acusado. En aras de la consistencia, salvo el voto.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 0006 de 23 de Mayo de 2001
Sentencia nº 76001-23-31-000-2003-03113-01. de Consejo de Estado - Sección Tercera, de 26 de Enero de 2005
Sentencia nº 25000-23-25-000-2011-00360-01 de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 2 de Octubre de 2014
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 35795 de 16 de Marzo de 2010

References: artículo 37

Artículo 98
 artículo 139
 artículo 150
 artículo 249
 artículo 249
 artículo 6
 artículo 151
 artículo 249
 artículo 289
 artículo 53
 artículo 25
 artículo 98
 artículo 25
 artículo 139
 artículo 2
 artículo 196
 artículo 150
 artículo 130
 artículo 249
 artículo 255
 artículo 157694
 artículo 289
 artículo 151
 artículo 6

Artículo 34
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 4
 artículo 139
 artículo 53
 artículo 35
 artículo 35