Source: https://es.scribd.com/document/159612145/Desequilibrio-economico-contrato-estatal
Timestamp: 2017-05-30 02:20:10+00:00

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teniendo en cuenta que el país atravesaba por una difícil situación económica. y ii) la genérica –por lo que apareciera probado en el proceso. No presentó alegatos. como el tributo no fue creado por el INVIAS. ni la causa de la demanda obedece a algún comportamiento contractual suyo –incumplimiento de sus obligaciones. En todo caso. toda vez que la crisis generalizada en
. alegando que su obligación de cobrar el impuesto de la ley 104 no obedeció a un hecho imprevisible. Contestación de la demanda El INVIAS se opuso a las pretensiones de la demanda. propuso las excepciones de: i) indebida acumulación de
pretensiones. aceptó otros. Insistió en que la creación de un impuesto no constituye una situación imprevista para el contratista.(fls. porque se pide un lucro cesante que no existe.) 3. además de que es propio de la soberanía tributaria imponer nuevos impuestos.-. frente a algunos más.
2. Ppal. era predecible la creación del tributo. 55 a 59. también negó la ocurrencia de algunos hechos relatados en la demanda. 3. por ejemplo-. De otro lado. La parte actora. El INVIAS. cdno.2.4 Exp. y se atuvo a lo que se probara en el proceso.1. e intereses moratorios máximos. 3. Alegatos En auto de 4 de marzo de 1998 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión –fl. entonces no le es imputable el desequilibrio económico alegado. 88. Cdno.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. por el contrario. Finalmente. 15. Ppal.
315 porque no se ajusta a los derechos a la igualdad y a la propiedad privada patrocinar el desmedro económico que sufre el contratista con la nueva ley tributaria –fls. teniendo en cuenta que el contrato se celebró en 1991 y la ley 104 es de 1993. por ello hay falta de legitimación por pasiva -fls. según el cual los impuestos no generan desequilibrio financiero. Además. porque no los crea la entidad contratante. En una breve exposición de razones de fondo. 4. cdno. El recurso de apelación Lo interpuso el INVIAS. se separó del concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.-. negó la excepción de indebida acumulación de pretensiones. no el INVIAS. La sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño El a quo profirió sentencia el 18 de junio de 1998. cdno. ppal. la cual sólo
. cdno.3. desestimó el argumento propuesto por el INVIAS.
que estaba el país permitía prever la medida. En consecuencia. 90 a 92.5 Exp. se condenó a pagar $383’919. 3. 15. reiteró que fue el Congreso quien creó el impuesto. 5. accediendo a las súplicas de la demanda. consideró que los impuestos son ajenos al desequilibrio financiero del contrato. Del mismo modo. No rindió concepto. 1-. siendo claro que esa suma no se contempló en su oferta ni en el contrato. Ministerio Público. Finalmente. en lo que respecta a que la creación del tributo era previsible para el contratista. pues en verdad es considerable el valor que debió pagar el actor. ppal-. 96 a 110. 112. En primer lugar. el 26 de junio de 1998 –fl.
advierte la Sala que el estudio y decisión de este asunto tendrá como soporte. quien es un tercero. en relación con el contrato. En segundo lugar. 15.6 Exp. cuando realmente se abrió esta etapa del proceso. que le haya impedido calcular el efecto económico del tributo. es evidente que esa circunstancia sorprendió al contratista. Frente a este razonamiento de la providencia. que sea imputable a la entidad contratante. cuestionó el argumento del a quo. Alegatos en segunda instancia y concepto del Ministerio Público. pero no lo hizo luego.
debe responder por situaciones como: su propio incumplimiento o la adopción de medidas unilaterales -fl. 6. y ii) si los contratos adicionales suscritos después de la entrada en vigencia de la ley 104 de 1993 pueden considerarse como un hecho desconocido para el contratista. ni sostener que desconocía la norma –fl. Sobre el particular. No obstante. en el entendimiento de que si el contrato de obra se celebró en 1991. 117. de allí que la parte actora no puede alegar su incapacidad de prever el descuento. 118-. pero que los otros tres adicionales se firmaron en vigencia la ley 104. Ni las partes ni el Ministerio Público actuaron en esta oportunidad. el razonamiento ya expuesto en
. esta situación la propició el Congreso. ppal-. cdno. se aclara que el INVIAS envió un escrito antes de darse traslado para alegar. CONSIDERACIONES Propone el recurrente dos problemas jurídicos: i) la necesidad de establecer si los impuestos que crea el legislador causan un desequilibrio financiero de los contratos. en lo fundamental. Por el contrario. y el impuesto se creó en 1993 –con lo cual se violó el derecho a la igualdad y a la propiedad-. afirma que el contrato inicial y los dos primeros adicionales se suscribieron antes de la ley 104.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. disminuyendo su patrimonio.
7 Exp. Num. A. ii) la contribución especial denominada impuesto de guerra. de 7 de marzo de 2007 –exp. fusionan y reestructuran entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional”. 60 (Modificado Decreto 2282 de 1989. Artículo 1. María Elena Giraldo Gómez.799 . P. se debe estudiar el art.. Fallecido un litigante o declarado ausente o en
Sección Tercera. de 30 de octubre de 2003. adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transporte-. 15..
1. expediente 17. adquiriendo la denominación de Instituto Nacional de Vías –INVIAS-.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. P. expediente 14. es imprescindible precisar quién fue su sucesor procesal en el asunto sub iudice. Sucesión procesal. P. 19.
Se advierte que la sentencia impugnada será revocada. con ocasión de varios casos similares 1.577. Ramiro Saavedra Becerra. iii) la jurisprudencia aplicable al caso.578.
En ambas providencias el Consejero Ponente fue el doctor Enrique Gil Botero.433. previo análisis de los siguientes aspectos: i) los contratos del Estado y la vigencia de la ley tributaria en el tiempo. C. actor Sociedad Pavimentos Colombia Ltda. “Por el cual se reestructura el Ministerio de Obras Publicas y Transporte como Ministerio de Transporte y se suprimen. el cual prescribe que:
“Art. C.. Para el efecto. y otra C. desde el momento en que entró a regir la aludida norma.. 15. de 11 de diciembre de 2003. al ser reestructurado. actor Sociedad Castro Tcherassi y Cía Ltda.119. 52-. A. que luego desapareció –durante la ejecución del contrato 0809 de 1988. C. expediente 14. actor Construca S. María Elena Giraldo Gómez. Ricardo Hoyos Duque. expediente 21. Legitimación por pasiva en el proceso
Dado que la entidad pública contratante fue el Fondo Vial Nacional -establecimiento público de orden nacional. 60 CPC. actor Conciviles S.570. expediente 15. actor Sociedad Pavimentos Colombia Ltda.
oportunidades anteriores. especialmente las sentencias más recientes de esta Sección.y de 19 de febrero de 2009 –exp. C.0552-. y iv) el caso concreto..213. expediente 16. sentencias de 29 de mayo de 2003. de 18 de septiembre de 2003. Ricardo Hoyos Duque y de 2 de septiembre de 2004. P. 22). mediante el decreto 2171 de 1992 –art.. y sus adicionales-. actor Sociedad Castro Tcherassi y Cía Ltda. P.
si no comparece al proceso este continuará y producirá los efectos. 62. se debe determinar si el contrato objeto del litigio corresponde a alguno de los objetivos y funciones a cargo del Instituto Nacional de Vías -INVIAS-. “El adquirente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso. se seguirán ejecutando con relación al Ministerio de Transporte. CONTRATOS PERFECCIONADOS. se seguirán ejecutando con relación a este Instituto. “El auto que admite o rechace a un sucesor procesal es apelable.8 Exp. la sentencia producirá efectos respecto de ellos aunque no concurran. el cual establece:
“Art. los herederos. TRANSITORIO. podrá intervenir como litisconsorte del anterior titular. el sucesor de ésta deberá continuar con la carga procesal que ocupaba aquella. hasta el vencimiento de los mismos. para establecer cuál entidad pública debió suceder en el proceso por pasiva. siempre que la parte contraria lo acepte expresamente. Esta duda la despeja el art. “Las controversias que se susciten con ocasión del ejercicio del derecho consagrado en el artículo 1971 del Código Civil. o si acaso el pago de las obligaciones que se deriven del mismo debía sufragarlas al Ministerio de Transporte. en el evento de que se extinga la persona jurídica que es parte en el proceso. También podrá sustituirlo en el proceso. como si hubiere hecho parte del mismo. En el caso concreto. En todo caso. 15. el albacea con tenencia de bienes. se decidirán como incidentes. 62 del decreto 2171 de 1992. Los demás contratos que hayan sido perfeccionados con cargo al presupuesto del Fondo Vial Nacional. los sucesores en el derecho debatido podrán comparecer para que se les reconozca tal carácter. y que correspondan al objetivo y funciones del Instituto Nacional de Vías. “Si en el curso del proceso sobrevienen la extinción de personas jurídicas o la fusión de una sociedad que figure como parte. hasta el vencimiento de los mismos.” (negrillas fuera de texto)
.” (negrillas fuera de texto)
Según esta norma.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. en uno de sus supuestos -el que interesa a este caso-. o el correspondiente curador. Incluso. el proceso continuará con el cónyuge. pero que no correspondan al objetivo y funciones del Instituto Nacional de Vías. Los contratos que hayan sido perfeccionados con cargo al presupuesto del Fondo Vial Nacional.
directamente o mediante contratación. causada por la construcción y mejoramiento de la infraestructura de transporte de su competencia. liquidación. reconstrucción. distribución y cobro de la contribución nacional de valorización. “11. “9. “2. de conformidad con los respectivos contratos. atención de emergencias. “12. exceptuando las carreteras. Recaudar los peajes y demás cobros sobre el uso de la infraestructura vial de su competencia. Elaborar conforme a los planes del sector la programación de compra de terrenos y adquirir los que se consideren prioritarios para el cumplimiento de sus objetivos.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. revisarlos y emitir concepto para su presentación al Ministro de Transporte. “7. y demás obras que requiera la infraestructura vial de su competencia. “13. a los entes territoriales y entidades del Estado que lo requieran. mantenimiento y atención de emergencias en sus infraestructuras viales. Administrar y conservar. FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. programas y proyectos tendientes a la construcción. Celebrar todo tipo de negocios. bien sea directamente o mediante contratación. conservación. los estudios pertinentes para determinar los proyectos que causen la contribución nacional por valorización en relación con la infraestructura vial de su competencia. Dos delegados del Presidente de la República. “5. Las demás que se le asignen y correspondan a la naturaleza de sus funciones. “8. contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento de su objetivo. Dirigir y supervisar la elaboración de los proyectos para el análisis. OBJETIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. dentro del objetivo y las funciones asignadas al INVIAS por el Decreto 2171 de 1992 –arts. “3. “15. “10. de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministro de Transporte. 15.
“Art. de manera la rehabilitación de parte de la vía Cali-Popayán –objeto del contrato en cuestión. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes. los monumentos nacionales cuando no estén a cargo de otras dependencias.” (Negrillas fuera de texto) “ARTICULO 54.quedó a cargo de dicha entidad. así como las normas que deberán aplicarse para su uso. se encuentra la ejecución de las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras ”. “6. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la construcción.9 Exp. Adelantar. puentes y túneles entregados en concesión. Prestar asesoría en materia de valorización.”
. pues las competencias que se le asignaron fueron las relacionadas con la infraestructura vial de carreteras. 53 y 58 3. Para el cumplimiento de sus objetivos el Instituto Nacional de Vías desarrollará las siguientes funciones generales: “1. “4. 53. “14. Corresponde al Instituto Nacional de Vías ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refiere a carreteras. rehabilitación. Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura vial de su competencia. Proponer los cambios que considere convenientes para mejorar la gestión administrativa. Definir las características técnicas de la demarcación y señalización de la infraestructura de transporte de su competencia. mejoramiento.
En este orden de ideas. y por eso podía ser la parte demandada en este proceso. Coordinar con el Ministerio de Transporte la ejecución de los planes y programas de su competencia. cuando ellas lo soliciten. de conformidad con la ley.
Este aspecto es esencial en el proceso. incluso bajo la vigencia de estatutos contractuales diferentes. es pertinente precisar que: La ley 153 de 1887 determina que las leyes procesales -de sustanciación y ritualidad de los juicios. a las situaciones reguladas en leyes sustanciales -no procedimentales. tanto de la Corte Constitucional (C-922 de 2001. Por el contrario. T-438 de 1992. donde se reiteraron los antecedentes jurisprudenciales en la materia. Los contratos del Estado y la vigencia de la ley tributaria en el tiempo.debe aplicarse la ley vigente al momento del acaecimiento del hecho que sanciona. son de aplicación inmediata. y la diferencia entre las leyes procesales y las sustanciales. en cuanto a la vigencia de la ley en el tiempo. Así lo consideró la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. excepto cuando se trate de términos que hubieren empezado a correr. en sentencias de 3 de junio y 2 de septiembre de 2003 4. actor: Uriel Antonio Loaíza Hurtado. a la legislación que regula la vigencia de la ley en el tiempo.
2. actor: José Moisés Sarmiento Jiménez y S-417 de 2 de septiembre de 2003. 40-. entonces. como quiera que los contratos adicionales fueron suscritos en distintos años. pues. y que la excepción a esa regla se da por indicación expresa del legislador.
.10 Exp. Se acudirá. todos éstos aspectos se rigen por la ley vigente al tiempo de su iniciación -art.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. coligiéndose que la regla general predominante sobre el punto es la de irretroactividad de la ley. Desde el punto de vista general.rigen desde su vigencia y prevalecen sobre las anteriores y. ambas con ponencia del Consejero Alier Eduardo Hernández Enríquez. actuaciones o diligencias que ya estuvieren iniciadas. que por lo tanto. C-769 de 1998 y C-214 de 1994) como del Consejo de Estado. estos últimos mencionados en el concepto emitido por la Sala de Consulta y
Sentencias S-131 de 3 de junio de 2003. 15.
Servicio Civil el 16 de octubre de 2002. y ahora en el 29 de la Constitución Política de 1991. Así. por ejemplo. establece que en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo “de su celebración”. la ley 153 de 1887. en materia contractual. La irretroactividad de las leyes no procedimentales. De otra parte. como regla general. como son la seguridad jurídica y la garantía de ser juzgado con la normatividad preexistente al hecho que se imputa.
“ARTÍCULO 300. DE LOS CONTRATOS QUE SE ESTÁN PERFECCIONANDO. se tiene en el Decreto ley 150 de 1976:
“ARTÍCULO 203. que podrán demostrarse con los medios probatorios que ese precepto disponía. Los contratos que a la fecha de vigencia de este decreto se estuvieren perfeccionando. en cuanto al modo de reclamar los derechos contractuales y a las penas por infracción de las estipulaciones. Así mismo. pues. no será necesario repetir las operaciones o trámites que se hubieren cumplido conforme a disposiciones semejantes a las aquí consignadas”. de ocurrencia de tales eventos. para concluir. en relación con los actos y contratos celebrados en vigencia de la norma antigua.11 Exp. se advierte. de acuerdo con lo preceptuado en el entonces artículo 26 de la Constitución Política de 1886. En este último caso. DE LOS CONTRATOS QUE SE ESTÁN PERFECCIONANDO. garantiza la efectividad de principios que son el pilar fundamental del Estado Social de Derecho. éstas dos últimas hipótesis se rigen por las normas vigentes para ese momento. en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley sustancial. esto es. en los artículos 38 y 39. Los contratos que a la fecha de vigencia de este
. podrán continuar su tramitación de acuerdo con las normas antes vigentes o acogerse a las reglas del presente Estatuto. salvo. 15. Tales disposiciones fueron tenidas en cuenta en los Estatutos Contractuales que se han dictado.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. precisamente. pero aplicando la nueva ley respecto “de la forma” de rendirse la prueba.
continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación. los contratos adicionales están sujetos a las mismas normas que gobiernan el principal.094. Estatuto Contractual vigente:
“ARTÍCULO 78. dando paso a la aplicación de la ley vigente al momento de la celebración y. en el actual estatuto contractual -la ley 80 de 1993. que los contratos en curso continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su celebración o iniciación. Los contratos. DE LOS CONTRATOS. 15.
.el legislador determinó que los contratos y los procedimientos en curso se regirían por la norma anterior. Diario Oficial 41.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EN CURSO. el régimen contractual aplicable se determina con la ayuda de las disposiciones de los distintos estatutos contractuales precitados. porque estos ordenamientos disponen claramente y coinciden en que los contratos que se estuvieren tramitando continuarían sometidos a la norma anterior. en otros términos.
En la ley 80 de 1993. es un tema diferente al fondo de la controversia objeto de
Promulgada el día 28 de octubre de 1993. En el decreto-ley 150 de 1976 se previó la facultad de optar: por continuar el trámite de acuerdo con la ley anterior o por acogerse a la nueva normatividad. pero que adicionaban un contrato principal celebrado bajo el decreto ley 222 de 1983. el tema de la aplicación de la ley contractual al contrato principal y a sus adicionales. Ahora bien. en materia de contratación estatal.” 5
De las normas transcritas se deduce que el tratamiento de la ley en el tiempo. Pero. en el decreto-ley 222 de 1983 la opción de escogencia de régimen desapareció. en relación con la existencia y su regulación normativa.12 Exp.
estatuto se estuvieren tramitando continuarán dicho procedimiento conforme a las normas antes vigentes”. ha tenido variaciones. los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a la fecha en que entre a regir la presente ley. en materia de contratos adicionales celebrados bajo la vigencia de la ley 80 de 1993.
se repite. porque. (Resalta la Sala). Sobre los antecedentes de esta contribución ha dicho la Sala.009 del 14 de diciembre de 1992. a que se refieren los Decretos-ley 2. 2. que las contribuciones sólo pueden aplicarse a partir del período siguiente al de inicio de la vigencia de la respectiva ley. en materia tributaria y contributiva no resulta correcta la pretendida extensión de las normas vigentes al momento de la celebración del contrato principal. La Contribución Especial -o impuesto de guerra-.009 de 1992 y 1.6. la Constitución Política. con el fin de dotar a las fuerzas armadas de fuentes de financiación:
“Art. no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. aunque en materia contractual es cierta la aplicación de la ley vigente al momento de la celebración del contrato. ordenanza o acuerdo. Textualmente el inciso final del artículo 338 constitucional. como lo es la vigencia de los tributos. porque. pues. 15. 1º. las normas tributarias se aplican hacia el futuro. en reiteradas decisiones -las cuales se citan a continuación. Actor: Sociedad Construcciones Civiles SA. ordenanza o acuerdo”. que fue creada por el decreto legislativo No. ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado.13 Exp.433. en los siguientes términos. suscriban contrato de obra pública para la
En este caso se citará la sentencia de esta Sala de diciembre 11 de 2003. normativamente no tiene incidencia en la situación concreta que se juzga.
En resumen. clara y perentoriamente determina que. 3.515 de 1993. Rad. Todas las personas naturales o jurídicas que. a partir de la vigencia del presente Decreto. y las demás leyes que la han reproducido. “Conciviles SA.
. referente a los descuentos por contribución de guerra efectuados sobre los contratos adicionales. es la propia Constitución Política la que determina. 16. dispone:
"Las leyes.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. así como las leyes 104 de 1993 y 241 de 1995.
según sea el caso. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este capítulo.” “Art. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes . que sólo modificó la forma como se pagaría. Esta norma fue prorrogada por el decreto legislativo 1. dependiendo de cada caso. descontando previamente los impuestos que se causaran directamente en razón de éste” (decreto 265 del 5 de febrero de 1993). una contribución equivalente al 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición”. y de cada cuenta que cancele el contratista. Igualmente. departamentos o municipios. el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o la entidad territorial correspondiente. una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Esta contribución debían pagarla “los contratistas cuando la respectiva licitación haya sido abierta con posterioridad al 1º de enero de 1993. 15. pues ya no sería deducida del valor total del contrato sino “del anticipo. 123 y siguientes de la ley 104 del 30 de diciembre de 1993. deberán pagar a favor de la Nación.”
. Unidad Administrativa de Impuestos y Aduanas Nacionales o a la respectiva Secretaría de Hacienda de la entidad territorial.14 Exp. o celebren contratos de adición al valor de los existentes. las entidades contratantes deberán enviar a las entidades anteriormente señaladas. o. una relación donde conste el nombre del contratista y el objeto y valor de los contratos suscritos en el mes inmediatamente anterior. ya que
Disponen estas normas que “Art.
construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público. y de cada cuenta que cancele al contratista” 7. la entidad pública contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo. “Copia del correspondiente recibo de consignación deberá ser remitido por la entidad pública al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. “PARÁGRAFO. si lo hubiere. de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. posteriormente la mantuvo el art. 124. así como los que celebraran contratos adicionales a los ya existentes y se liquidaba “sobre el valor del contrato. “El valor retenido por la entidad pública contratante deberá ser consignado inmediatamente en la institución financiera que señale. deberán pagar a favor de los entes territoriales respectivos. en los casos en que no haya habido licitación. 123. si lo hubiere. Para efectos previstos en el artículo anterior.515. de 4 de agosto de 1993. cuando la oferta o cotización se haya presentado a las entidades de derecho público a partir del 1º de enero de 1993”. Desde entonces se sigue cobrando.
persona natural o jurídica. montaje y operación de redes de inteligencia. que celebre con una entidad de derecho público un contrato para la construcción o mantenimiento de vías públicas o suscriba adiciones al mismo y el beneficiario de la contribución es la Nación. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales.15 Exp.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. “Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
“Art. El sujeto pasivo o responsable del pago de la contribución especial es el contratista. “PARÁGRAFO 1o. recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas. “Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2. el bienestar social. 125. la convivencia pacífica. puertos aéreos.
. 15. El artículo 120 de la Ley 418 de 1997. terrestre o fluvial.
fue prorrogada por las leyes 241 de 1995. en general a todas aquellas inversiones sociales que permitan hacer presencia real del Estado. mantenimiento y operaciones de vías de comunicación.106 de 20079. 548 de 1999. Departamento o Municipio. según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. “Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento. material de guerra. compra de equipos de comunicaciones. “Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deberán invertirse por el Fondo o Consejo de Seguridad de la respectiva entidad en dotación. 418 de 1997. el bienestar social. 37. “Las concesiones de construcción. en general. reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones. el desarrollo comunitario y. dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que propicie la seguridad ciudadana. quedará así: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública. los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución.”
“Art. el desarrollo comunitario y.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. a todas aquellas inversiones sociales que permitan hacer presencia real del Estado. con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación. prorrogada por la Ley 548 de 1999. la convivencia pacífica. 782 del 23 de diciembre de 20028 y la actual ley 1. Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución consagrada en el presente capítulo deberán invertirse en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana. servicios personales.
“Parágrafo 1°. responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%). gravamen que si bien es cierto fue creado por el legislador excepcional en uso de las atribuciones del estado de conmoción interior -art. quedará así: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública. a prorrata de sus aportes o de su participación. que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior. “Esta contribución sólo se aplicará a las concesiones que se otorguen o suscriban a partir de la fecha de vigencia de la presente ley. 15.”
. con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación. marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2. copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales. 6. de una medida de carácter general que se aplica a un sector determinado de la economía: los contratistas del Estado para la construcción o mantenimiento de las vías10. Los socios. De la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública y otras concesiones. luego el Congreso lo incorporó a la legislación ordinaria y desde entonces tiene fuerza material de ley.16 Exp. “Autorízase a los Gobernadores Departamentales y a los Alcaldes Municipales y Distritales para celebrar convenios interadministrativos con el Gobierno Nacional para dar en comodato inmuebles donde deban construirse las sedes de las estaciones de policía. En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con organismos multilaterales. mantenimiento y operaciones de vías de comunicación. “Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.
Departamento o Municipio del nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. pues. puertos aéreos.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales. 213 Constitución Política-. Los socios. que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento. “Las concesiones de construcción. El artículo 37 de la Ley 782 de 2002. responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por ciento (5%). terrestre o fluvial. a prorrata de sus aportes o de su participación”
“PARÁGRAFO 2o. los subcontratistas que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución. que celebren los contratos a que se refiere el inciso anterior. según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. “Parágrafo 2°. Se trata. Departamento o Municipio.
se debe señalar que ella se refiere a aquellos hechos imprevisibles ajenos a la voluntad de los contratantes como la presencia de un estado de guerra o una crisis económica.
Una vez las entidades públicas contratantes empezaron a deducir dicha contribución de los contratos adicionales que se celebraron respecto a los contratos que venían en ejecución. los impuestos fijados por el Congreso o las entidades territoriales. y no se quebranta el principio de la igualdad propio de la equidad en los tributos. la determinación del sujeto pasivo del impuesto. no por circunstancias coyunturales o con ocasión del contrato. Allí se dijo. puesto que los contratistas reclamaban el restablecimiento del equilibrio contractual en razón de la nueva contribución creada por la ley. la Corte Constitucional sostuvo que dicho cargo no tenía fundamento “porque es facultad de la ley. el cual creó la contribución especial de que trata este proceso. como
En la sentencia C-083 del 26 de febrero de 1993. solicitado por el señor Ministro de Transporte. la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció en el concepto No. que examinó el decreto legislativo 2009 del 14 de diciembre de 1992. cuando "la equidad en los impuestos supone que las personas deben ser gravadas consultando su capacidad económica.17 Exp. Esto llevó a esa Sala a concluir que: “.. de acuerdo con la ley 80 de 1993. 15. y en el cual se buscaba una solución frente a los contratos que se habían celebrado antes de la ley 104 de 1993 y sobre los cuales se hicieron adiciones.. debe hacerlo por disposición superior. porque no se establece un trato discriminatorio entre quienes se encuentren en la condición de contratistas de construcción y mantenimiento de vías”. ante la afirmación de los intervinientes de que dicha norma resultaba inequitativa porque hacía recaer toda la carga de la financiación de recursos “en unas pocas firmas contratistas de construcción de vías". pero en ningún caso teniendo en consideración la actividad que desarrollan”. b) El incumplimiento de la entidad estatal contratante y c) La modificación unilateral del contrato. son ajenos a la ecuación contractual de los convenios celebrados con las entidades públicas.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. y. 637 del 19 de septiembre de 1994. que la ecuación contractual se puede afectar por: a) La ocurrencia de situaciones imprevistas no imputables a los contratantes. que produzcan efectos serios en la ejecución del contrato de tal magnitud que impidan su cumplimiento pleno.
. es decir que presenten situaciones directamente relacionadas con la ejecución del contrato. respecto de la causal relativa a situaciones imprevistas no imputables a los contratantes. porque obviamente se excluyen del incumplimiento y de la modificación unilateral del contrato.
no deben efectuarse reajustes en el valor inicial de los contratos de obra que incidan en el valor de los contratos adicionales que sea necesario celebrar.18 Exp.577 12-. no constituyen factor que altere la ecuación económica de los contratos estatales. “Este impuesto grava.
Actor: Sociedad Pavimentos Colombia contra el Instituto Nacional de Vías.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. con el impuesto que se fijó para quienes celebren contratos de obra con el Estado. Concepto No.”
4. ello implicaría imposibilidad de hacer efectivo el gravamen y su traslado a la entidad pública contratante. viene al caso lo que en esa oportunidad se sostuvo: “1. colocando a los sujetos pasivos en igualdad de condiciones frente a la ley y a las cargas públicas. El equilibrio económico del contrato
Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.
sucede. por ejemplo. la actividad particular dedicada a celebrar contratos principales o adicionales de obras públicas para la construcción y mantenimiento de vías. la sentencia del 29 de mayo de 2003. en el asunto estudiado. “En este orden de ideas es preciso concluir que los impuestos fijados por la ley.
. con desconocimiento de la Constitución y de la ley. 637 del 19 de septiembre de 1994. “De manera que si el valor del contrato se incrementa en la suma que corresponde al porcentaje del impuesto. Como quiera que en el presente proceso las pretensiones del contratista son idénticas a las de otros casos resueltos por la Sala –como. CP. por lo mismo. 15. La jurisprudencia aplicable al caso. expediente 14. a partir de la vigencia de la ley. Ricardo Hoyos Duque.
665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. habían sido desarrollados por la doctrina y la jurisprudencia.) Ha sido una constante en el régimen jurídico de los contratos que celebra la administración pública.. 6º) así como el estimativo de los perjuicios que debían pagarse en el evento de que se ordenara unilateralmente su terminación (art.
. otorgándole.
“(. Allí se consagró el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico del contrato. en tanto se previó el reembolso de los nuevos costos que se derivaran de las modificaciones del contrato ordenadas por la administración (art. principios posteriormente recogidos en los artículos 19. “Sin embargo. en el primer caso. constituyen principios esenciales de esa relación con el Estado. que establecieron en favor de la administración los poderes exorbitantes de terminación y modificación unilateral de los contratos. 15. no han sido éstas las únicas situaciones que se han tenido en cuenta para restablecer el equilibrio económico del contrato. en el segundo. “En efecto.19 Exp.. el respeto por las condiciones que las partes tuvieron en cuenta al momento de su celebración y la intangibilidad de la remuneración del contratista. 8). ya que otros riesgos administrativos y económicos que pueden desencadenarse durante su ejecución y alterar las condiciones inicialmente convenidas por las partes. reconocer el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. el derecho a una indemnización y. 20 y 21 del decreto ley 222 de 1983. como quiera que la equivalencia de las prestaciones recíprocas. el derecho a conservar las condiciones económicas inicialmente pactadas. “La ley 19 de 1982 señaló los principios de la contratación administrativa que debía tener en cuenta el ejecutivo con miras a reformar el decreto ley 150 de 1976 y expedir un nuevo estatuto. en los que se condicionó el ejercicio de estas facultades a la debida protección de los intereses económicos del contratista. se ha reconocido que el equilibrio económico de los contratos que celebra la administración pública puede verse alterado durante su ejecución por las siguientes causas: por actos de la administración como Estado y por factores externos y extraños a las partes.
665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. por ejemplo.20 Exp. como parece insinuarlo la expresión “ecuación financiera”. según la expresión del comisario de gobierno León Blum 13. en la modalidad de ley o acto administrativo (hecho del príncipe).
Consejo de Estado francés. al momento de concluir el contrato y que lo ha determinado a contratar. el ‘equivalente honrado’. como lo pone de presente la doctrina. “Y en los factores externos. Tampoco se trata de una equivalencia matemática rigurosa. Allí se encuentra el acto de carácter general proferido por éste. ‘como un cálculo’. tasa o contribución que afecten la ejecución del contrato. “Es necesario precisar la significación y alcance del principio del equilibrio financiero en el contrato estatal. Este principio no constituye una especie de seguro del contratista contra los déficits eventuales del contrato. entre cargas y ventajas que el cocontratante ha tomado en consideración. “El equilibrio financiero del contrato no es sinónimo de gestión equilibrada de la empresa. Cie francaise des tramways. por cuanto. 15. que son manejadas con fundamento en la teoría de la imprevisión. “Es solamente la relación aproximada. la creación de un nuevo tributo. ajenas y no imputables a las partes. su simple enunciado es bastante vago y se corre el riesgo de asignarle un alcance excesivo o inexacto.
“El primer tipo de actos se presenta cuando la administración actúa como Estado y no como contratante.
. o la imposición de un arancel. se encuentran las circunstancias de hecho que de manera imprevista surgen durante la ejecución del contrato. sentencia de 11 de marzo de 1910.
Traité des Contrats Administratifs. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal.. La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como consecuencia de la vigencia del acto. número 1325. 2ª edic. p. c. b.G.D. Tomo 1.1 El hecho del príncipe “(. lo cual permite afirmar que constituye un caso de responsabilidad contractual de la administración sin culpa15.
“Es sólo cuando ese balance razonable se rompe que resulta equitativo restablecerlo porque había sido tomado en consideración como un elemento determinante del contrato. Tomo 2.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. No obstante no se priva al contratista
André DE LAUBADERE. d.554
. para la doctrina y la jurisprudencia francesa el hecho del príncipe (le fait du prince) se configura cuando la resolución o disposición lesiva del derecho del cocontratante emana de la misma autoridad pública que celebró el contrato. como factores que alteran el equilibrio financiero del contrato.” En relación con la condición de la autoridad que profiere la norma general. L. André de Labaudare. Cit. Ob. la Sala precisó lo siguiente: “1. num 718.21 Exp. La expedición de un acto general y abstracto. 717. Congreso de la República. Franck MODERNE et Pierre DELVOLVÉ. La justificación de esta posición radica en la ausencia de imputación del hecho generador del perjuicio cuando éste proviene de la ley.puede ser distinto de la administración contratante.”14 Al abordar el análisis del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión. por cuanto el autor del acto -Nación.
“Puede decirse que el principio del equilibrio del contrato administrativo juega con respecto a la responsabilidad contractual sin falta un papel análogo al que juega el principio de igualdad frente a las cargas públicas con respecto a la responsabilidad extracontractual sin falta”.J. París.. 1983. se presenta cuando concurren los siguientes supuestos: a.)El hecho del príncipe como fenómeno determinante del rompimiento de la ecuación financiera del contrato. 15. La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de la celebración del contrato.
de la indemnización. esta última. Derecho Administrativo. 456 s. Volumen I p.s. a los fines de esa teoría. 16 En esta misma línea. ediciones Depalma. “De tal modo. sino de otra persona pública. no quedan comprendidas dentro del concepto de hecho del príncipe aquellas decisiones y conductas que correspondan a autoridades
JEAN RIVERÓ. “En este sentido. 15. “La teoría puede intervenir cuando la persona pública contratante dicta una medida general que agrava las cargas del cocontratante. y compartiendo la opinión sostenida por una parte importante de la doctrina. el profesor argentino HECTOR JORGE ESCOLA 17 afirma: “En primer lugar. debe precisarse qué se entiende. cuando un decreto acto del Estado. que hemos de preferir. 1984. por ‘poder’ o ‘autoridad pública’.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. la situación de los cocontratantes de las colectividades locales. entendemos que el hecho del príncipe debe ser siempre una decisión o una conducta que pueda imputarse a la misma autoridad pública que celebró el contrato. Caracas. 1977. Al respecto sostiene Riveró: “La teoría no interviene jamás cuando la medida que agrava las obligaciones del cocontratante emana no de la persona pública contratante. En este caso. 141. pero esto no sucede sino cuando la medida tiene una repercusión directa sobre uno de los elementos esenciales del contrato (por ejemplo: creación de una tarifa sobre las materias primas necesarias a la ejecución del contrato)”.
Tratado Integral de los Contratos administrativos. hay una asimilación del álea administrativo al álea económico y la aplicación eventual de la teoría de la imprevisión.
. designación. pág. ya que podrá obtenerla a través de la aplicación de la teoría de la imprevisión. en materia social. Universidad Central de Venezuela. Buenos Aires. agrava.22 Exp. por ejemplo.
15..23 Exp. incide en el contrato suscrito por el otro. por lo cual. sino la conducta de una autoridad que está actuando en ejercicio de sus potestades y atribuciones y en su carácter y condición de autoridad pública. esa persona jurídica contratante actúa a través de distintos representantes. en esencia. que “. el hecho del príncipe se vincula a decisiones o conductas que la autoridad pública adopta. si bien para que se pueda predicar la existencia del hecho del príncipe se exige que la medida que incide de manera gravosa en el contrato provenga de una autoridad distinta de la contratante. actuando a través de dos de sus órganos y en tal caso.. es decir. la Sala manifestó en la mencionada providencia. debe tenerse en cuenta que en algunas ocasiones. la doctrina francesa ha dicho: (…)
. precisando sin embargo. recogiendo abundante doctrina al respecto. el hecho del príncipe se diferencia del hecho de la administración en que mientras que este último se relaciona directamente con el contrato.. para efectos de determinar la existencia del hecho del príncipe. a nombre de la persona jurídica pública a la que ambos pertenecen. será procedente alegar dicha teoría cuando la actuación de uno de éstos. no influyendo en el contrato de manera directa sino refleja. con el carácter que tiene la administración en él como parte contratante. no como parte en el contrato. ella sigue siendo una misma autoridad administrativa. el cual aplica perfectamente al caso objeto del presente proceso: “Sobre esta teoría. el criterio que se describe. con verdaderas conductas contractuales. sin que por ello pierda su unidad e identidad. Cuando la misma proviene de otra autoridad se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión”.
públicas distintas de aquella que es parte en el contrato de que se trate ya sea que pertenezcan al mismo orden jurídico o a otro distinto. sino en su carácter de tal. sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. “Y en este punto se observa que. se entenderá que existe hecho del príncipe cuando se esté frente a decisiones o conductas que emanen de la misma autoridad pública que celebró el contrato administrativo y que ésta realiza en su carácter de tal autoridad pública (.)”18
La Sección sostuvo con posterioridad la misma posición. pero manteniendo.. “En este sentido. aunque con algunas variantes. “…Por tanto. al respecto. que se presenta un hecho del príncipe cuando el Estado expide una medida de carácter general y abstracto que era imprevisible al momento de la celebración del contrato y que incide en forma directa o indirecta en el mismo. No hay una conducta contractual. alterando en forma extraordinaria o anormal la ecuación financiera surgida al momento de proponer el contratista su oferta o celebrar el contrato.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.
. Si la misma proviene de otra autoridad. será posible hablar de la existencia del hecho del príncipe. pues de lo contrario se estaría en presencia del ejercicio de los poderes exorbitantes con los que cuenta la administración en el desarrollo del contrato (particularmente el ius variandi) y no frente al hecho del príncipe. CP. o cuando la ley o el reglamento afecten
alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial. la medida de carácter general debe incidir en la economía del contrato y alterar la ecuación económico financiera del mismo. por un álea anormal o extraordinaria. Exp. se estaría frente a un evento externo a las partes que encuadraría mejor en la teoría de la imprevisión.
La Sala considera que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por la entidad contratante. ya que “el álea “normal”. considerada al momento de su celebración. esto es.24 Exp. queda a cargo exclusivo
“De tal manera que. siendo el caso típico el de la Nación. la norma debe ser de carácter general y no particular. pero sin dejar de ser ella misma quien toma las decisiones o asume las obligaciones contractuales correspondientes. en la contratación y que en ese sentido fue decisiva para el cocontratante”. persona jurídica que actúa a través de diversos representantes. El contrato debe afectarse en forma grave y anormal como consecuencia de la aplicación de la norma general. 15.” (Sentencia de septiembre 18 de 2003. Con respecto a los otros supuestos de la teoría. La doctrina coincide en que para aplicar la teoría. si la medida proviene de otra autoridad pero que pertenece a la misma persona jurídica contratante. determinante. así como la responsabilidad que de las mismas se pueda derivar. por cuanto todo contratista debe asumir un cierto grado de riesgo. Ramiro Saavedra Becerra. 15. esta teoría no resulta procedente frente a alteraciones propias o normales del contrato. determinante de perjuicios “comunes” u “ordinarios”.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. “cuando ellas causen una verdadera alteración
o trastorno en el contenido del contrato. aún tratándose de resoluciones o disposiciones generales.
Como puede observarse. responsabilidad del Estado.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. Buenos Aires. como consecuencia de un acto imputable a la entidad contratante. consiste en la calificación de la medida. Abeledo-Perrot. Ese principio. MARIENHOFF. quien debe absorber sus consecuencias: tal ocurriría con una resolución de la autoridad pública que únicamente torne algo más oneroso o difícil el cumplimiento de las obligaciones del contrato 19 De ahí que la dificultad que enfrenta el juez. debe tratarse de un hecho nuevo para los cocontratantes.25 Exp. sin embargo. en principio.
. surge para ésta la obligación de indemnizar todos los perjuicios derivados del mismo. determinante. La expedición de la norma debe ser razonablemente imprevista para las partes del contrato. 15). o cuando la ley o el reglamento afecten alguna circunstancia que pueda considerarse que fue esencial. toda vez que si la manifestación por excelencia del soberano es la ley. hay diferencias entre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe. de la entidad pública contratante. no existe. pág. Tratado de Derecho Administrativo. Cabe señalar que este fue el criterio acogido en la exposición de motivos presentada por el gobierno en el proyecto de ley que luego se convirtió en ley 80 de 1993. demostrado el rompimiento del equilibrio financiero del contrato estatal. P.
del cocontratante. 1992. 15.
MIGUEL S. en la contratación y que en este sentido fue decisiva para el contratante” ( Gaceta del Congreso del 23 de septiembre de 1992. En cuanto a los efectos derivados de la configuración del hecho del príncipe. que por esta circunstancia no fue tenido en cuenta al momento de su celebración. era “la expedición de una decisión administrativa que ocasione una verdadera alteración o trastorno en el contenido del contrato. Allí se dijo que uno de los supuestos que podían dar lugar a la responsabilidad contractual del Estado. en el segundo el acto general proviene de una de ellas. III-A 3ª edición. 482. admite excepciones y se acepta la responsabilidad por acto legislativo cuando el perjuicio sea especial con fundamento en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas. Ed. como consecuencia de ésta. al momento de definir la aplicación de la teoría del hecho del príncipe. puesto que mientras en el primer evento se presenta una circunstancia ajena a la voluntad de las partes contratantes.
665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. Exigencia que está en consonancia con lo que a propósito de la responsabilidad por el hecho de la ley. Edit.
GEORGES VEDEL. en los siguientes términos. exp.588 (sección tercera) y conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil Nos. que las mismas “no significan per se el rompimiento del equilibrio económico del contrato.343. de la cual se ha ocupado la jurisprudencia. sino que es necesario que se demuestre su incidencia en la economía del mismo y en el cumplimiento de las obligaciones del contratista”. muy semejantes a las exigidas para el perfeccionamiento y legalización de un contrato cualquiera. p. Exp. Aguilar. 21. en la sentencia del 29 de mayo de 2003 ya citada. sobrepase los normales sacrificios impuestos por la legislación” 21.26 Exp. 27 de marzo de 1992. con fundamento en el daño especial.”22
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 7 de octubre de 1938 (Sala Plena en lo Civil) y sentencias del Consejo de Estado del 11 de febrero de 1983. auto del 7 de marzo de 2002. 561 del 11 de marzo de 1972 y 637 del 19 de septiembre de 1994. de los contratos adicionales en los contratos de obra pública por el sistema de precios unitarios. 4929 (sección cuarta). Madrid. si puede decirse que es una figura propia de la contratación pública. y con fundamento en la jurisprudencia sobre las cargas impositivas en los contratos estatales20. 1980. “Si bien es cierto no ha existido claridad respecto a la naturaleza jurídica de los contratos adicionales. Derecho Administrativo. La Sala también se ocupó. Era pues un imperativo legal cumplir dichas formalidades. de acuerdo con los planteamientos anteriores. 15. Exp. en tanto el legislador no se ocupó de definirlos.
Concluyó la Sala en esa oportunidad.
. 6353 (sección tercera). ha señalado la doctrina: debe tratarse de un perjuicio que por su “especificidad y gravedad. lo cual es aplicable al caso objeto de este proceso: “En vigencia del decreto ley 222 de 1983 las adiciones relacionadas con el valor se perfeccionaban ‘una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal’ y era requisito para poder iniciar la ejecución del contrato la adición de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes.
El contrato adicional si bien es cierto que se refiere a un objeto predeterminado entre la Administración y el contratista. por lo mismo. la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado diferenció los contratos adicionales a que se refería el art. Rad. se cuestionó ante la Corte Constitucional la circunstancia de que si conforme al artículo 58 del Decreto ley 222 de 1983. resultaba patente la retroactividad del impuesto. sostuvo que dichos contratos no resultaban necesarios cuando “por una deficiente estimación de las cantidades requeridas para ejecutar el objeto contractual (alcance físico de la obra) descrito en el mismo contrato. al disponer que las personas naturales o jurídicas cuando ‘celebren contratos de adición al valor de los existentes’ deberán igualmente pagar la contribución del 5% sobre el valor de dicha adición. 1439. Difiere este valor proveniente del contrato adicional de la "revisión de precios" prevista en el artículo 86 del mismo estatuto contractual. se hace necesario disponer de una mayor presupuesto para pagar el valor total y real de su ejecución”. tiene autonomía en cuanto a la determinación de "plazos" y al "valor" del pago. simplemente. Posteriormente. Al respecto la Corte sostuvo: “El artículo revisado. por tratarse de una realidad nueva. No ocurre los mismo. ya que recaía sobre una estipulación anterior a su vigencia en los contratos celebrados antes del 15 de diciembre de 1992. no prevista en el contrato principal. la cual no es más que la ejecución o desarrollo de una realidad contractual predeterminada. 58 del decreto ley 222 de 1983 y la adición de los contratos a que hace referencia la ley 80 de 1993 (Concepto del 26 de agosto de 1998. en el concepto del 18 de junio de 2002. Rad. sin intervención del contratista.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. por medio del cual se creó la contribución especial del 5% sobre los contratos celebrados con entidades públicas para la construcción y mantenimiento de vías. 15. a propósito de su aplicación a los contratos adicionales. a la no
Particularmente. el contratista tenía derecho a la adición cuando fuera necesario modificar el valor convenido.
. en el caso del contrato adicional para lo cual no se presenta la violación planteada por uno de los intervinientes. Allí se dijo que “lo procedente es.
En el examen de constitucionalidad del decreto legislativo 2009 de 1992. el presupuesto calculado para su ejecución resulta insuficiente y. 1121). efectuar por la administración misma. Estas nuevas realidades contractuales se fijan de común acuerdo entre las partes conforme a lo previsto en el artículo 58 del Decreto 222/83. un movimiento presupuestal para cubrir ese mayor costo de ejecución del contrato”.27 Exp. tampoco resulta contrario a lo preceptuado por el artículo 363 de la Constitución Política.
retroactividad propia de las leyes tributarias que ordena la Carta Fundamental.” 23 (se subraya) De aquí se desprende la autonomía de los contratos adicionales. suscribieron los respectivos contratos adicionales y se cumplieron los requisitos presupuestales” y. por cuanto en ellos expresamente se señaló que a dichos contratos les era aplicable “la contribución especial de que trata el artículo 123 de la ley 104 del 30 de diciembre de 1993”. Por consiguiente. por cuanto las adiciones al valor “fueron formalizadas por las partes de acuerdo con las exigencias del art. demandar la declaratoria de ilegalidad de los mismos. Fabio Morón Díaz. 15. a los que la Corte Constitucional califica de nuevas realidades contractuales. si no existía la obligación legal para el contratista de suscribir contratos adicionales para incrementar el valor inicialmente estimado en el contrato principal. También señaló la Sala que “si el equilibrio económico del contrato puede lograrse a través de la revisión de precios o ajuste de los mismos. en la misma sentencia del 29 de mayo de 2003. como lo alega la parte demandante. que era procedente el cobro de la contribución especial en los contratos adicionales. entonces. MP. pues cabe recordar que la ley 104 de 1993 estableció que debían pagarla todas las personas que suscribieran contratos “o celebren contratos de adición al valor de los existentes”.28 Exp. en la medida que los precios inicialmente convenidos hubieran resultado insuficientes para cumplir cabalmente
Sentencia C-083 del 26 de febrero de 1993. “debió. además. en tanto dichos contratos se suscribieron y fueron objeto del cobro de la contribución especial. que se definen por el mutuo acuerdo.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. 58 del decreto ley 222 de 1983. y ello es así si se tiene en cuenta que es la voluntad de las partes la creadora de esos nuevos derechos y obligaciones recíprocas. pudo también la sociedad contratista acudir a ese mecanismo.
. esto es. Sostuvo la Sala.
-. cuyo objeto fue la ejecución de las obras necesarias para la conservación y mejoramiento del sector Santander de Quilichao–Popayán. los argumentos allí expuestos. en $210’718. 394 de 21 de mayo de 1993.885.” Por la similitud del tema analizado con el problema que se involucra en el caso concreto. 148 de 30 de marzo de 1994. la Sala acoge. a) Se encuentra demostrado que el 22 de julio de 1991 el Fondo Vial Nacional celebró con el actor el contrato de obra pública No. 4) Contrato No. 3) Contrato No. cdno. cuyo objeto consistió en adicionar el plazo del contrato inicial. y el valor de $2.-. 556.
con la ejecución del contrato y haber demostrado el detrimento de la remuneración pactada que alega. amén de la utilidad que tiene observar los precedentes judiciales. en la suma de $148’544. Las pruebas aportadas y practicadas. 872 de 3 de noviembre de 1993. 15. 1) Contrato No.29 Exp.954. cuyo objeto consistió en adicionar el valor del contrato inicial. Ppal.601. El caso concreto 5. de la carretera Cali-Popayán –fls. 2) Contrato No. de la siguiente manera –fls.036’416. íntegramente. en $424’836. cuyo objeto consistió en adicionar el plazo del contrato inicial. Ppal. en materias idénticas. 12 a 21.148 de 30 de diciembre de 1994. 1. en $1. cdno. b) Este contrato se adicionó en cinco oportunidades. 22 a 36. pues conservan plena validez.1.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. 5. y el criterio de la Sala en relación con lo que pretenden probar en el proceso. así como su valor.310’527. cuyo objeto consistió en adicionar el valor del contrato inicial. El plazo pactado fue de 20 meses.262. así como su valor.646.
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este capítulo. por ende.407. ii) 148 de 1994. Esta norma fue prorrogada. en $524’856. “PARÁGRAFO. cuyo objeto consistió en adicionar el plazo del contrato inicial. deberán pagar a favor de la Nación. 1. identificados con los números: i) 394 de 1993. c) El 14 de diciembre de 1992 el Gobierno Nacional expidió el decreto No. son los que justifican el estudio que propone la parte actora.disponía: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes. por celebrarse en vigencia de las normas que han mantenido la contribución especial del 5% del valor del contrato. reducirá la Sala el análisis del tema. departamentos o municipios. 15.009. de manera que por esta otra razón ni siquiera ofrecería problema.148 de 1994 y iv) 130 de 1995. pero el contrato adicional No. 130 de 15 de marzo de 1995. y luego se expidió la ley 104 de diciembre 30 de 1993 24 -que tuvo una vigencia de 2 años-. 872 de 1993 no se afectó con el problema planteado por el actor en este proceso.515 de 4 de agosto de 1993.515 de 1993-. lo cual ocurrió hasta el 2 de noviembre de 1993.”
. mediante el decreto No. norma que fue reproducida. y retomó el anterior impuesto. pues es posterior a una de las normas que introdujo la denominada Contribución Especial –decreto 1. 123 de la ley 104 de 1993 –publicada en el diario oficial de 31 de diciembre de 1993. así como su valor. A estos. los contratos adicionales en valor. que gravó con un 5% los contratos de obra pública sobre vías.
5) Contrato No.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. por la ley 241 de 1995 25
El art. Advierte la Sala que el contrato principal se celebró cuando no existía norma tributaria que regulara la contribución especial. a su vez.30 Exp. por medio del cual creó la Contribución Especial. iii) 1. 2. según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. No obstante.
15. el recurrente discute los siguientes aspectos de la sentencia: i) la necesidad de establecer si los impuestos que crea el legislador causan un desequilibrio financiero de los contratos. departamentos o municipios. En tal sentido. que sea imputable a la entidad contratante. a excepción de los contratos de construcción de vías terciarias y los de adición a éstos. de los meses de agosto de 1994 a agosto de 1995 –fls. La celebración o adición de contratos de concesión de obra pública no causará la contribución establecida en este capítulo. en la cual consta la retención del 5% que hizo el INVIAS. Los argumentos del recurso de apelación Con base en las razones expuestas. 18 a 41. “PARÁGRAFO. en relación con los criterios de inconformidad expuestos en el recurso de apelación. según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante. 5. deberán pagar a favor de la Nación.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. cdno. el cual quedó así: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes. se aportó copia auténtica de los comprobantes de pago a favor del contratista. 62 de la Ley 241 de 1995 –publicada en el diario oficial de 14 de febrero de 1996modificó el 123 de la ley 104. pero no se discrimina a qué contratos corresponden. pero entró a regir el 14 de febrero de 1996-. y en las pruebas aportadas al proceso. pasa la Sala a concretar su análisis del tema.
El art. cdno.31 Exp. d) Para acreditar el pago de la Contribución Especial. Del mismo modo.
-que también tuvo una vigencia de dos años. que le haya impedido calcular el efecto económico del tributo. 133. de pruebas-.098 –fl. En cada uno se especifica la retención del impuesto de guerra. de pruebas-. obra una certificación del INVIAS.2. y ii) si los contratos adicionales suscritos después de la entrada en vigencia de la ley 104 de 1993 pueden considerarse como un hecho desconocido para el contratista. y que asciende a la suma de $211’263.”
. de octubre 27 de 1997. una contribución equivalente al cinco por ciento del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.
Cuando se suscribió ya estaba en vigencia la ley 104 de 1993 –desde hacía tres meses-. Cuando se suscribió estaba en vigencia la ley 104 de 1993 –desde hacía un año-. toda vez que sin lugar a dudas afectaría su utilidad. como presupuesto común.009 de 1992 –desde hacía 5 meses-. es decir. luego.32 Exp. de allí que el contratista debió tenerlo en cuenta.148 de 30 de diciembre de 1994. por esto debió tenerlo en cuenta el contratista. que la medida que las origina sea imprevista. 1.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. como la ley 104 de diciembre 30 de 1993 -publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1993.
Al respecto. y por tanto no se trató de un hecho imprevisto. por ello el contratista debió tenerlo en cuenta. se exige. En el caso concreto.515 de 4 de agosto de 1993. luego no se trató de un hecho imprevisto. Esos contratos adicionales en valor fueron: i) El contrato No. no es posible alegar su vigencia para configurar el desequilibrio económico. 394 de 21 de mayo de 1993. luego no se trató de un hecho imprevisto. 148 de 30 de marzo de 1994. en $424’836.habían entrado a regir antes de celebrarse los contratos adicionales afectados con ellas –excepto el contrato No.009 de 14 de diciembre de 1992 y 1. pues bajo la teoría del hecho del príncipe como la de la imprevisión.601-. iii) El contrato No. como quiera que sin lugar a dudas impactaba su utilidad. ya que sin lugar a dudas impactaría sobre su utilidad. 872 de 3 de noviembre de 1993 (que no quedó afectado por ninguna norma) cuyo objeto consistió en adicionar el valor del contrato inicial. que al momento de la celebración del contrato no se pudiera precaver la ocurrencia del suceso que afecta la economía del contrato. Cuando se suscribió estaba en vigencia el decreto-ley 2. la Sala considera que el a quo se equivocó al concluir que se configuró el desequilibrio financiero alegado por el actor. 15. ii) El contrato No. los decretos-ley 2.
es decir. con claridad meridiana debió tenerlo en cuenta el contratista. debió pedir la revisión del precio-. 123 de la ley 104 del 30 de diciembre de 1993. no constituye un hecho imprevisto. renegociando el valor unitario de los ítems –en otras palabras. Ppal. al momento de celebrar los negocios: i) suscribirlos.33 Exp. iv) El contrato No. Cdno. porque no satisfacía su pretensión económica.
Incluso. tampoco sería aceptable un argumento que defendiera la idea según la cual por tratarse de un contrato adicional los precios unitarios debían ser los mismos del contrato inicial. 23. de manera que resulta inconcebible que reclame por el daño que dijo producirle una ley que conoció y tuvo en cuenta cuando lo firmó. so pretexto de que este aspecto era inmodificable. pero con precios de mercado adecuados.-. cuando los suscribió. en el parágrafo segundo de la cláusula segunda. 15.. que: “Al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el art. pues sin duda afectaba su utilidad. Incluso. Cdno. pues el contratista debió prepararse para esta consecuencia.” -fl. en el parágrafo segundo de la cláusula segunda.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. el descuento de la Contribución Especial o impuesto de guerra. sobre las actas de pago de estos contratos adicionales.
. 123 de la ley 104 del 30 de diciembre de 1993. 130 de 15 de marzo de 1995. En este orden de ideas. 25 vto. que: “Al presente contrato le es aplicable la contribución especial de que trata el art. porque bien podría el contratista asumir una de estas dos conductas. teniendo en cuenta que estaba vigente un impuesto que gravaba la actividad adicional que pretendía ejecutar.-. de allí que resulta inconcebible que reclame por el daño que dijo producirle una ley que conoció y tuvo en cuenta cuando lo firmó. Para la fecha de suscripción estaba en vigencia la ley 104 de 1993 –desde hacía casi 15 meses-. o ii) desistir del negocio. También en este caso las partes acordaron. luego no fue un hecho imprevisto. en este caso las partes acordaron. Ppal. Este criterio sería equivocado.” -fl.
Además. se solicite una indemnización por hechos imputables a la propia conducta. María Elena Giraldo. por razones del servicio. en este caso. cuando no satisfacían su pretensión económica 26. es inadmisible que ahora. toda vez que no existe un desglose de los valores descontados por cada contrato. 17. con su conducta.34 Exp. pudiendo desistir de ellos. su conducta evidencia todo lo contrario. Exp. pues de haber sido más precavido no se habrían generado las consecuencias que se dice padecer. no obra una prueba pericial que permita al juez llegar a conclusiones similares. si acaso se le causó un daño al contratista. detener la obra. sin embargo. “Pero además si es que la coacción administrativa hubiese sido cierta. en vigencia de unas leyes que claramente señalaban las condiciones tributarias vigentes. este es imputable a su propia conducta. otra cosa sería que el impuesto se hubiera cobrado sobre contratos que no debían gravarse. lo cual encuentra apoyo en efecto en la ley pero lo que no es viable aceptar es la reiterada suscripción de contratos adicionales al valor del contrato sin salvedad alguna a esta cláusula en el entendido de encontrarse cobijado por el artículo 5 de la ley 80 de 1993.213-.
. la cual como acto administrativo habría podido ser objeto de demanda. para que el juez definiera si en verdad lo era. distinguiendo los contratos adicionales del original. pues suscribió varios negocios.” –Sección Tercera. que “Finalmente. si es que se consideraba que el acto era ilegal.
También ha dicho la Sala. sentencia de octubre 30 de 2003.
En este orden de ideas. frustrar la celebración del contrato adicional y colocar a la Administración en la adopción de una modificación unilateral del contrato. luego de celebrados y ejecutados los negocios. CP. porque antes de suscribirlos no existía ley que contemplara el impuesto. no está planteado en el proceso. y ni siquiera de las pruebas aportadas es posible deducir algo como esto. Este hecho. por parte del contratista.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda. Actor: Construca SA. Ahora. en este mismo sentido. la Sociedad demandante pudo. cuyo texto reza: (…) “Pero es que. 15. sin haber desplegado ni previa ni concomitantemente actividad que permitiera a la Sala entender que en efecto la Sociedad demandante no aceptaba los términos del contrato adicional. Por tanto. no se probó condicionamiento o coacción por parte de la entidad contratante sino que por el contrario se estableció la aceptación manifiesta y sin salvedades de la situación. la demandante pretendió excusar su aceptación a la cláusula de sometimiento a la contribución especial argumentando que no le era permitido.
afirmando: “ ‘Las adiciones que se hicieron al contrato principal no tuvieron como fundamento una adición real al contrato. De los contratos adicionales. la actora sostiene que no procedía la celebración de contratos adicionales. En primer lugar. la adición y prórroga de las garantías y el pago de los impuestos correspondientes. que los contratos adicionales proceden sólo en aquellos eventos en los cuales se modifica o adiciona el objeto mismo del contrato principal.35 Exp. aplicable al contrato de obra suscrito por las partes. cuando haya necesidad de modificar el plazo o el valor convenido y no se tratare de la revisión de precios prevista en este estatuto . sin el concurso del contratista. dicho de otra manera. se suscribirá un contrato adicional que no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada más el valor de los reajustes que se hubieren efectuado a la fecha de acordarse la suscripción del contrato adicional. no hubo una ampliación del objeto contractual. sino una simple adecuación del valor estimado inicialmente en el contrato. los movimientos presupuestales necesarios para cubrir ese mayor costo de ejecución del contrato. se halla el atinente a la naturaleza de los convenios suscritos entre el INVIAS y su contratista. interpretación y terminación unilaterales). en atención a que el cálculo de obra estimada en el momento de celebrar el convenio de obra pública no fue adecuada. pues nada nuevo se agregó a su alcance físico original. 434) (negrillas fuera de texto). O. realmente no correspondían a la verdadera naturaleza de lo que es un contrato adicional. se observa que el Decreto Ley 222 de 1983. “ ‘Serán requisitos para que pueda iniciarse la ejecución del contrato. entre otros que tratan exactamente el mismo tema. “Por lo anterior.Salvo lo dispuesto en el título IV (modificación.
. no se presentaron mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato sino que esas mayores cantidades de obra surgieron de una deficiente estimación de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato’ (fl. sino que la Administración ha debido hacer.. los cuales a juicio de aquel. en su artículo 58 estipulaba: “ ‘Art. Las relacionadas con el plazo sólo requerirán firma del jefe de la entidad contratante y prórroga de las garantías. se dijo que:
“Dentro de los argumentos aducidos por la parte apelante. y que acoge la Sala en esta ocasión. “ ‘Las adiciones relacionadas con el valor quedarán perfeccionadas una vez suscrito el contrato y efectuado el registro presupuestal.
Ahora. “La Sala no comparte las anteriores apreciaciones. 58. en un caso similar. 15. esto es. afirmando además. denominados contratos adicionales.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.
a su objeto . Decreto Ley 222 de 1983.” (fl. por otorgamiento de concesión o por precios unitarios determinando el monto de la inversión. estableciendo la prohibición tajante de modificar el objeto del contrato. no se someterán a lo dispuesto en este artículo’. que cuando se trata de contratos de obra a precios unitarios. “ ‘En ningún caso podrá modificarse el objeto de los contratos. la mayor cantidad de obra que resulte respecto de la calculada inicialmente para la correcta ejecución del objeto contractual -y que en consecuencia requiere de mayores recursos para pagar el valor real de la obra-.. siempre debe tener un valor. se observa que una cosa es el valor del contrato y otra cosa su forma de pago.
“ ‘Parágrafo.Los contratos de empréstito distintos a los créditos de proveedores. lo cual desvirtúa lo afirmado por el apelante en el sentido de que los contratos adicionales están reservados “.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.. administración delegada y consultoría previstos en este estatuto. “ ‘Las adiciones deberán publicarse en el Diario Oficial. sin que la norma se hubiera ocupado de determinar las razones de tal modificación y exceptuando tan solo los casos en los cuales se realizara una revisión de los precios pactados. se ha sostenido por ejemplo..36 Exp. 434). por el sistema de administración delegada.. sino que la entidad contratante debe hacer los movimientos presupuestales necesarios para el reconocimiento de esos costos.. so pretexto de la celebración de contratos adicionales. por el de reembolso de gastos. a aquellos eventos en que se introducen modificaciones o adiciones al contrato mismo. tal como lo disponía el artículo 82 del Decreto Ley 222 de 1983. como resulta ser
. no hace necesaria la celebración de un contrato adicional por cuanto ello no implica modificar el valor. “Sin embargo. lo que dio lugar a múltiples interpretaciones sobre su naturaleza y procedencia. la cual puede pactarse por precio global. independientemente de que con posterioridad se den circunstancias que conduzcan a su variación. a pesar de la claridad de la norma que en el anterior régimen hablaba de su celebración. (negrillas fuera de texto). cuando fuera necesario el aumento del plazo o del valor del principal.
“De acuerdo con los términos de la anterior estipulación. no se ocupó de definir qué debía entenderse por contrato adicional.
“ ‘Los contratos de interventoría. ni pactarse prórrogas automáticas. en la medida en que sea oneroso. “El anterior Estatuto contractual de las entidades estatales. procedían siempre que hubiera necesidad de prorrogar el plazo o modificar el valor convenido. así. podrán adicionarse sin el límite fijado en el presente artículo. los contratos adicionales contemplados en el Decreto Ley 222 de 1983. 15. ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido. “Pero el contrato estatal.
Sección Tercera. la ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de éstas cuando alguna de las partes actúa temerariamente -art. estipulaba la Revisión de Precios. por lo cual para su reconocimiento. la mayor cantidad de obra que sea necesario ejecutar para el cumplimiento del objeto contractual. dado que ninguna actuó de esa forma. había necesidad de efectuar aumentos al valor inicialmente pactado. el Consejo de Estado. puesto que al hacer la operación de multiplicar la cantidad de obra realmente necesaria de los respectivos ítem por el precio unitario fijado para ellos en el contrato. en los siguientes términos: (…) “Se tiene entonces que. no habrá lugar a imponerlas. ella representaba un costo superior al previsto y calculado. todo esto sin perjuicio de los reajustes necesarios para la conservación del valor intrínseco del contrato. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.37 Exp. En cuanto al tema de las costas. es evidente que el valor a pagar no puede ser el mismo pactado inicialmente. porque su lógica también aplica al caso concreto. a la luz de lo estipulado en el artículo 58 del Decreto Ley 222 de 1983. no en el objeto a ejecutar. Sala de lo Contencioso Administrativo. debía ser recogido en un nuevo negocio jurídico que celebraran las partes.
En mérito de lo expuesto. según las fórmulas matemáticas pactadas en él.
precisamente. mediante la celebración de contratos adicionales. 15. en la medida en que surgiera mayor cantidad de obra necesaria para la ejecución del objeto contractual. es decir que el valor del contrato necesariamente varía. FALLA
Sección Tercera. 17. y este cambio. el artículo 86 del mencionado Decreto. Al respecto. 55y. Actor: Construca SA.” 27
La Sala acoge este análisis y lo hace propio. CP: María Elena Giraldo. en este caso. que lo son precisamente en el valor a pagar.213. en los contratos de obra pública por precios unitarios. y que la ley denominaba expresamente contrato adicional. dará una suma superior a la calculada. Exp. sentencia de octubre 30 de 2003.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.
el 18 de junio de 1998. devuélvase el expediente al tribunal de origen.
PRIMERO: Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. NOTIFÍQUESE.38 Exp.665 Actor: Pavimentos y Construcciones de Colombia Ltda.
CÓPIESE. 15. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
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 artículo 58
 artículo 86
 artículo 58
 artículo 363
 artículo 123
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 artículo 58
 artículo 82
 artículo 58
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