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Timestamp: 2019-05-24 06:17:27+00:00

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Abogados y Registro mercantil - Juan Sánchez-Calero Guilarte
Abogados y Registro mercantil
Posted By: Juan Sanchez-Calero Guilarte 3 octubre, 2018
Dentro del Título II del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto se adoptan distintas modificaciones en el ordenamiento español como consecuencia de la necesaria trasposición de la Directiva 2015/849, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Los cambios en esta materia se han incorporado principalmente en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La disposición adicional única de dicha Ley afecta de una forma directa al funcionamiento del Registro Mercantil. Dicha disposición adicional única se refiere al “Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos” e introduce el deber de inscripción en el Registro Mercantil en los siguientes términos que, a pesar de su amplitud y dada su importancia reproduzco íntegramente:
“1. Las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.o) de esta ley, deberán, previamente al inicio de sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio.
Las personas afectadas por el artículo 2.1, o) de la citada Ley 10/2010 son las siguientes:
El blanqueo de capitales se ha convertido en una conducta delictiva que reclama una actuación normativa especialmente intensa. Se trata, por otro lado, de una regulación de justificada elaboración en foros internacionales (pues es en ese ámbito supranacional en el que suelen consumarse la mayoría de los supuestos de blanqueo) y que apunta a combatir modalidades delictivas especialmente graves. Son razones notorias y que explican que la prevención y sanción del blanqueo estén condicionando las normas aplicables a no pocos aspectos de la vida económica.
El reformado artículo 2.1, o) Ley 10/2010 incluye distintas formas del ejercicio de la abogacía entre los “sujetos obligados” a los que se dirige la aplicación de la norma [ello sin olvidar que los abogados también aparecen mencionados en la letra ñ) del mismo precepto en relación con el asesoramiento de ciertas operaciones y otras actuaciones profesionales].
Lo que reviste a dicho artículo de una especial significación es el deber de inscripción en el Registro Mercantil. Un deber que es el presupuesto para la observancia de otros deberes informativos que se recogen en la misma disposición antes transcrita y que supone el depósito de cuentas anuales, junto con el documento adicional que requiere el apartado 7 de la misma d.a.u. Ley 10/2010.
Aun cuando aspectos relevantes de la nueva regulación dependerán de su desarrollo reglamentario, es comprensible que de los términos normativos ya mencionados surjan notables incertidumbres en relación con el ejercicio de la abogacía. La delimitación subjetiva que propone el repetido artículo 2.1, o) Ley 10/2010 es muy amplia, en especial por el asesoramiento externo de una sociedad que es una actuación que, si se toma de forma literal, afecta a todo abogado que tiene uno o más clientes con forma societaria a los que asesora de forma ocasional o regular. Es decir, que prácticamente todos los abogados ejercientes serían “sujetos obligados”.
Por otro lado, cuando la profesión se ejerce por medio de una sociedad profesional (ya obligada por su propio estatuto a la inscripción registral: v. art. 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales) cabe plantear si el sujeto obligado es esa sociedad a todos los efectos o sí, además, deben considerarse como tal y cumplir los deberes previstos en la d.a.u. Ley 10/2010 cada uno de sus socios-abogados que ejercen alguna de las actividades previstas en la citada Ley, al igual que los otros abogados que actúan (en virtud de una relación laboral o de otra naturaleza) a través de esa sociedad profesional.
Supongo que esas y otras cuestiones se despejarán en los próximos meses. Sin perjuicio de ello, la regulación comentada invita a que nos detengamos brevemente en el significado de la exigencia de inscripción en el Registro Mercantil. Los sucesivos cambios de su régimen legal a lo largo de los últimos decenios no han alterado su naturaleza como un registro de personas, destinado especialmente a facilitar la publicidad de las situaciones jurídicas y actos de los empresarios allí inscritos. Esa es la función principal del Registro Mercantil a la que acompañan otras que le han sido asignadas a partir de la consideración de la conveniencia de que otros actos se beneficiaran de aquella publicidad (me remito a Instituciones de Derecho mercantil 37, t. I, Cizur Menor 2015, pp. 166- 170).
En el plano estrictamente subjetivo, la inscripción obligatoria se ha ido ampliando a figuras mercantiles varias (que enuncia el artículo 81.1 del Reglamento del Registro Mercantil) así como a “las demás personas o entidades que establezcan las leyes” [artículo 81. 1, m) RRM]. Puede entenderse que la d.a.u. Ley 10/2010 apunte a la inscripción de determinadas profesiones, en especial, si se reclama que se inscriban en el Registro Mercantil también los abogados-personas físicas que desarrollen alguna de las actividades que recoge el artículo 2.1, o) Ley 10/2010.
La cuestión no parece ser pacífica. Quien navegue por internet descubrirá que sobre el deber de inscripción de los abogados ya se alertó desde la presentación del Proyecto de Ley (“sustituido” por el Real Decreto-ley 11/2018). La vigencia de la nueva regulación ha disparado la resistencia hacia ese deber, que el Decano del ICAM calificaba en recientes declaraciones como una “carga excesiva e innecesaria”.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
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 artículo 81
 artículo 2