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Timestamp: 2017-12-18 08:12:25+00:00

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2008-03-01 (6). Resoluciones de la DGRN by Xaime Meilán - issuu
tado mediante la práctica de diligencia para mejor proveer acordada por este Centro Directivo, no residía en España ni en el extranjero, sino en el Sahara y, por tanto, no pudo optar a la nacionalidad española en el plazo de un año al amparo de esta disposición. V. La segunda de las circunstancias apuntadas consiste en que el promotor ha acreditado suficientemente la posesión y utilización continuadas de la nacionalidad española. En efecto, siguiendo la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998 aquellos documentos administrativos expedidos por las autoridades españolas deben considerase como signos de posesión de estado tenidos en cuenta como medios de prueba. La admisión de esta documentación española, no obstante haber quedado anulada y desprovista de todo valor conforme a la disposición final segunda del repetido Real Decreto, hay que entenderla como corolario de la aplicación retroactiva del artículo 18 del Código civil efectuada por el Alto Tribunal en la sentencia que se cita. En cualquier caso, admitidas tales pruebas es evidente que en base a las mismas el promotor reúne los requisitos que para la consolidación de la nacionalidad española establece el artículo 18 del Código civil. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º Declarar con valor de simple presunción que el promotor es español de origen; la anotación se practicará al margen del asiento de nacimiento que debe extenderse en el Registro Civil Central.
Resolución (1.ª) de 6 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la
ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la interesada contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de S.
HECHOS 1. Con fecha 15 de noviembre de 2005, don R., nacido el 31 de agosto de 1978 en G. (Republica Dominicana), de nacionalidad dominicana, domiciliado en G. (República Dominicana), y doña J., nacida el 10 de mayo de 1967 en R. (A Coruña), de nacionalidad española, con domicilio en R., solicitaban ante el Registro Civil Consular de S., la inscripción de su matrimonio civil celebrado en G. (República Dominicana) el 19 de agosto de 2005. Acompañaban con la solicitud los siguientes documentos: Documentos de identidad de ambos, acta de matrimonio inextensa expedida por autoridad dominicana; certificado de nacimiento, y fe de vida y estado, correspondiente a la contrayente; y acta de nacimiento inextensa, y declaración jurada de soltería del contrayente. 2. Realizado el trámite de audiencia reservada al contrayente en el Registro Civil Consular el 5 de abril de 2006, éste manifestó: que su esposa tenía 41 años, desconociendo el lugar y la fecha de nacimiento; que conoció a su cónyuge en mayo de 2004, les presento una prima de él, iniciaron la relación en agosto de 2004 y han convivido durante un mes; que él tiene un hijo de 5 años; que desde que se conocen ella ha venido cuatro veces a la República Dominicana, en mayo de 2004, en mayo y diciembre de 2005 y en marzo de 2006; que no sabe donde vive su esposa, solo que vive con su madre; que no sabe el teléfono de su esposa; que residirán en España, que ella trabaja de cajera en un supermercado, no sabe sus ingresos, y él trabaja de chofer; que ella le envía
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dinero; que se comunican por teléfono diariamente; que ella era divorciada antes de contraer matrimonio; que él tiene tíos y primos en L.; que ella tiene un hermano y él tres; que piensa trabajar con un tío que es cocinero; que ella tiene estudios de bachiller. En la misma fecha se celebró la audiencia reservada con la contrayente, que entre otras, hizo las siguientes manifestaciones: Que ella tiene 38 años y su marido 27 años; que se conocieron en agosto de 1999, a través de una tía en común, e iniciaron la relación el 14 de agosto de 1999, habiendo convivido cuando ella está aquí; que no tienen hijos en común ni por separado; que se comunican por teléfono todos los días; que él tiene dos hermanos y ella, un hermano; que ha estudiado auxiliar de clínica. 3. El Encargado del Registro Civil Consular resolvió con fecha 24 de mayo de 2006, denegar la solicitud de inscripción de matrimonio solicitada, por existir serias dudas de que vayan a convivir como pareja una vez se encuentre el ciudadano dominicano en España, razones avaladas por las audiencias reservadas. 4. Notificados los promotores, la interesada interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que se anule la resolución recurrida y se acuerde la procedencia de la inscripción alegando, entre otros argumentos, que en las audiencias reservadas habían demostrado un conocimiento mutuo satisfactorio de sus respectivas circunstancias tanto personales como familiares. Se adjunta entre otra la siguiente documentación: Fotografías de la relación, justificantes de envíos de dinero, y facturas telefónicas. 5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informó que se oponía a la inscripción del matrimonio de conformidad con la decisión del Encargado del Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Civil Consular remitió lo actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución, ratificando la denegación de la inscripción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones de 13-2.ª y 3.ª, 15-4.ª, 19-1.ª, 21-5.ª, 22-1.ª y 2.ª y 23-1.ª y 3.ª de enero y 18-3.ª de febrero de 2004. II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III. La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247
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RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en la República Dominicana el 19 de agosto de 2005 entre un ciudadano dominicano y una española y se constata la concurrencia de los siguientes hechos objetivos: Se contradicen en la fecha y forma en que se conocieron, así mientras él dice que se conocieron en mayo de 2004 a través de una prima suya en Río San
Juan, ella afirma que fue el once de agosto de 1999 a través de una tía que tienen en común. Por otro lado, él desconoce el lugar de residencia de la contrayente, sus ingresos, fecha y lugar de nacimiento, manifestando que en el momento de la celebración del matrimonio ella estaba divorciada cuando en realidad era soltera. En el mismo sentido, ella desconoce que el contrayente tenga un hijo, número de hermanos y estudios realizados. VI. De estos hechos comprobados es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo han estimado los Encargados de los Registros Civiles Consular y Central, los cuales, por su inmediación a los hechos son quienes más fácilmente pueden apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.
Resolución (2.ª) de 6 de febrero 2007, sobre cambio de nombre propio. No hay justa causa para cambiar «Yolanda Mar» por «Yolimar». En las actuaciones sobre imposición de nombre en inscripción de nacimiento remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora, con adhesión del Ministerio Fiscal,
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contra calificación del Juez Encargado del Registro Civil de A
HECHOS 1. Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de A el 5 de mayo de 2006, doña Y., nacida en C. (Venezuela) el 21 de octubre de 1969, presto el debido juramento para adquirir la nacionalidad española, solicitando ser inscrita con los apellidos M., sin renunciar a su nacionalidad venezolana. Adjuntaban la siguiente documentación: Cuestionario para la declaración del nacimiento en el Registro Civil, acta de nacimiento en el que consta inscrita con el nombre de Y., y comunicación de la resolución por la que se le concede la nacionalidad española. 2. El Juez Encargado dictó providencia con fecha 10 de mayo de 2006, disponiendo que inscribiría a la interesada con el nombre correcto de Y., ya que el nombre de «Y.», incurría en las prohibiciones legales del artículo 54 de la Ley del Registro civil, por entender que era una variante familiar de «Y.». Se practicó la inscripción de nacimiento de la interesada, con inscripción marginal de adquisición de la nacionalidad por residencia, indicando que el nombre de la inscrita será en lo sucesivo de Y. 3. Notificada la interesada, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando su inscripción con el nombre de Y., alegando que era un nombre propio de origen venezolano, muy común, que no tenía correspondencia alguna con Y. o M., y que el cambio de nombre le podía ocasionar serios inconvenientes. 4. De la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Juez Encargado del Registro Civil ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que procedía la confirmación del acuerdo recurrido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 54, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 192, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 3-4.ª, 5.ª y 7.ª, 14-1.ª, 17 y 22-2.ª de enero, 18-6.ª de febrero, 8-3.ª, 20-2.ª y 25-3.ª y 6.ª de marzo, 21-1.ª y 23-3.ª de mayo, 1-1.ª y 13-2.ª y 8.ª de junio y 5-3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 8.ª de septiembre de 2002 y 21-1.ª de abril de 2003 Y 10-3.ª de junio de 2004. II. Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre propio, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. art. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, deba ser estimada objetivamente como mínima e intranscendente, porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una persona por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de que una persona llegue a ser conocida, familiar y socialmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación de su nombre oficial correctamente escrito. III. Esta última circunstancia es la que impide la aprobación del expediente, en el que se ha intentado el cambio de «Yolanda Mar» a «Yolimar» por cuanto la variación pretendida supone una contracción de los nombres de la interesada correctamente inscritos «Yolanda Mar». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
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Resolución (3.ª) de 6 de febrero de 2007, sobre autorización de matrimonio civil. Se autoriza porque no hay datos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los interesados, contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de M.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 10 de julio de 2005, don M., nacido el 12 de febrero de 1940 en V., de nacionalidad española y doña I., nacida el 5 de julio de 1974 en B., de nacionalidad nigeriana, domiciliados ambos en M., iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntaban los siguientes documentos: Certificados de empadronamiento y declaraciones juradas de estado civil de ambos contrayentes; DNI, certificado de nacimiento, y de matrimonio anterior, con inscripción marginal de divorcio, del interesado; y pasaporte, declaración de edad, y certificado de nacimiento, de la interesada. 2. Ratificados los interesados, manifestaron que no existe ningún impedimento para contraer matrimonio. Comparecieron dos testigos que manifestaron que el matrimonio proyectado no incurría en prohibición alguna. El 22 de septiembre de 2005 se celebró la entrevista, en audiencia reservada, con el contrayente, manifestando que se ha casado dos veces anteriormente; que se dedica a hacer reformas, tiene una empresa; que tiene una hija casada en M.; que conoció a su novia hace dos años por A., en un cumpleaños y han mantenido relaciones continuas; que él vive en M. y ella en S.; que en Nigeria ella tiene padre y madre
y cinco hermanos, y no conoce personalmente a los hermanos; que ella entiende el español mas que lo habla; que ella está embarazada y quieren casarse pronto. En la misma fecha compareció la contrayente, manifestando que lleva en España dos años, que no tiene trabajo; que conoció a su novio en M. y en A.. Se terminó la entrevista porque se hacía necesaria la presencia de un intérprete ante la dificultad de comprensión que manifestaba la interesada. Se presento certificado de matrimonio anterior con inscripción marginal de divorcio del interesado y certificado de soltería de la interesada. El 20 de octubre de 2005, se volvió a celebrar la entrevista, en audiencia reservada con la promotora, asistida de interprete, manifestando que llegó a España, a A. hace dos años, y allí estuvo una o dos semanas y luego vino a M.; que ella a veces vive con amigos y la mayor parte del tiempo vive con su novio; que le conoció en una fiesta en A.; que su familia está en Nigeria, tiene padres y siete hermanos, y su novio ha hablado con ellos por teléfono; que ella habla con él en inglés, y está aprendiendo español; que él trabaja en mantenimiento y en arreglos de edificios, y no sabe si tiene una empresa o lo hace por su cuenta; que él es divorciado, pero no sabe si una o mas veces; que él tiene dos hermanos que viven en V.; que no sabe si él tiene hijos; que él le ayuda económicamente; que ella esta embarazada de ocho meses; que no sabe quienes son las personas que vinieron a firmar como testigos, son amigos de él. 3. El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la autorización del matrimonio, ya que del trámite de audiencia resultaban contradicciones y falta de conocimiento de datos esenciales, de los que se deducía de forma razonable que no existía voluntad de contraer matrimonio con los fines propios de esta institución. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 19 de diciembre de 2005, denegando la autorización para la celebración del matrimonio, ya que del trámite de audiencia, se desprendían como hechos objetivos datos contradictorios y desconoci-
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mientos de cuestiones fundamentales que llevaban a la conclusión de que el matrimonio proyectado, perseguía fines distintos de los propios de esta institución. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos, representados por letrado, presentaron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se autorice la celebración del matrimonio, aclarando las contradicciones y desconocimientos puestos de manifiesto, presentado copia del libro de familia en el que consta el nacimiento de la hija de ambos. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la estimación del recurso, vistas las alegaciones y principalmente que los recurrentes tenían una hija en común. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que debía confirmarse la resolución. 6. La Dirección General de los Registros y del Notariado dictó resolución con fecha 14 de septiembre de 2006, por la que se acordaba inadmitir el recurso en tanto no se acreditara de forma autentica la representación alegada por el Letrado que actuaba en nombre de los interesados o bien el citado recurso fuera ratificado por estos últimos. 7. El letrado que actuaba en representación de los promotores presentó el poder de representación otorgado por el interesado. 8. El Ministerio Fiscal interesó la estimación del recurso. El Juez Encargado del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que debía confirmarse la resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de no-
viembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 50, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246 y 247 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006 y las Resoluciones, entre otras 23-1.ª de septiembre, 2-1.ª, 8-3.ª, 9-3.ª, 16-3.ª y 24-1.ª y 3.ª de octubre de 2003; 28-5.ª y 29-2.ª de enero, 16-3.ª de febrero, 4-2.ª de marzo, 28 de julio, 7-1.ª y 3.ª, 16-2.ª, 17-1.ª de septiembre y 6-1.ª de octubre de 2004. II. Dentro de la tramitación del expediente previo a la celebración del matrimonio civil existe un trámite esencial e imprescindible (cfr. Instrucción de 9 de enero de 1995, norma 3.ª), como es la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos –especialmente en los matrimonios entre español y extranjero– en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc).
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IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V. En el caso actual de solicitud de autorización de un matrimonio entre un español y una nigeriana, los hechos comprobados no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado numerosas contradicciones entre los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares; sin embargo, el nacimiento de un hijo en común, como resulta acreditado con el Libro de Familia, justifica suficientemente la existencia de verdaderas y auténticas relaciones entre los contrayentes (cfr. Instrucción de 31 de enero 2006). VI. Si se tienen en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad el matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en casos de duda, no poner trabas a la celebración del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa».
2.º Declarar que no hay obstáculos para que el Juez Encargado autorice el matrimonio.
Resolución (4.ª) de 6 de febrero de 2007, sobre cambio de nombre propio. No concurre justa causa para el cambio por ser «Maxi» un apocope de «Máxima» En el expediente de cambio de nombre propio en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso en virtud del entablado por los promotores contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de S.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de S. el 13 de marzo de 2006, don J. y doña E., solicitaban para su hija menor P., nacida el 15 de noviembre de 2000 en V., el cambio de su nombre propio por M., por ser el que habitualmente venía usando. Se adjuntaba la siguiente documentación: Inscripción de nacimiento de la menor, y documentación justificativa del uso del nombre. 2. Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal se opuso al cambio, por cuanto Maxi no gozaba de sustantividad propia.
3. El Juez Encargado del Registro Civil dictó auto con fecha 10 de abril de 2006, disponiendo que no había lugar a estimar la pretensión de los promotores, al ser el propuesto nombre no permitido, ya que era una variante coloquial y familiar así como diminutivo de M. o M., y además, dado el sexo de la interesada, podría dar lugar a error en el mismo y podría ser confundida como un varón.
1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado
4. Notificados el Ministerio Fiscal y los promotores, éstos interpuso recurso
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ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando para su hija el nombre de M., para que no pudiera ser confundida con varón. Adjuntan documentación justificativa del uso del nombre de M. por la menor.
na por el hecho, tan frecuente en la sociedad española actual, de llegar a ser conocida, personal y familiarmente, con un apócope, contracción, deformación o pequeña variación del nombre oficial correctamente escrito.
5. En la tramitación del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que impugnó el mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando desfavorablemente el recurso interpuesto.
IV. Esta doctrina es de directa aplicación al caso presente en el que se ha intentado imponer «Maxi», ya que este vocablo no deja de ser un apócope o forma abreviada de «Máxima». Por otro lado; consultado por este Centro Directivo los diccionarios onomásticos de mayor prestigio no es admisible el nombre de «Maxirela», propuesto en el recurso con carácter subsidiario, por carecer de autonomía propia, además de constituir una petición extemporánea.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 54, 57, 59 y 60 de la Ley del Registro Civil; 206, 209, 210 y 365 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 28-1.ª de diciembre de 1994, 30-2.ª de mayo de 1997, 17-3.ª y 24 de mayo, 6-1.ª, 2.ª y 3.ª, 7-1.ª y 2.ª, 12-1.ª, 16-1.ª y 3.ª y 19-1.ª y 2.ª de junio y 8-2.ª y 14-4.ª y 22-2.ª de octubre de 2003 y 21-3.ª de enero, 17-4.ª de febrero y 2-2.ª de marzo de 2004. II. El Juez Encargado del Registro Civil del domicilio tiene facultades para autorizar en expediente el cambio del nombre propio inscrito por el usado habitualmente (arts. 209-4.º y 365 RRC), siempre que exista justa causa en la pretensión y que no haya perjuicio de tercero (art. 210 RRC). III. Uno de los requisitos exigidos para el éxito de todo expediente de cambio de nombre, ya sea de la competencia del Encargado del Registro Civil del domicilio, ya corresponda a la competencia general del Ministerio de Justicia, es que exista una justa causa en la pretensión (cfr. arts. 60 LRC y 206, III y 210 RRC). A estos efectos es doctrina constante de este Centro Directivo que la justa causa no concurre cuando la modificación, por su escasa entidad, ha de estimarse objetivamente como mínima o intrascendente porque ningún perjuicio real puede producirse en la identificación de una perso-
Resolución (5.ª) de 6 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se inscribe porque no hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los entablados por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.
HECHOS 1. En fecha 7 de junio de 2006, don F., nacido en N. (Málaga) el 20 de julio de 1948, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 30 de mayo de 2006 en Ciudad de H. (Cuba), según la ley local,
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con doña W., nacida en G. (Cuba), el 17 de julio de 1984, de nacionalidad cubana. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, declaraciones juradas de estado civil y certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, y de soltería, correspondiente a la contrayente; y certificado de nacimiento, y fe de vida y estado, correspondiente al contrayente. 2. Ratificados los interesados, en fecha 7 de junio de 2006 comparece la contrayente ante el Registro Consular manifestando que tiene 21 años, es soltera, tiene estudios de técnico medio en contabilidad y se dedica a sus labores; que su actual esposo tiene 57 años, es soltero, y trabaja como fotógrafo; que se conocieron en noviembre de 2005, en H., en la casa donde él y unos amigos estaban alquilados, cuando ella fue a saludar a su prima, y se relacionaron durante quince días; que él regresó en febrero y en mayo, y contrajeron matrimonio; que a la boda asistieron los hermanos y el sobrino de su esposo. En la misma fecha se realizó la entrevista, en audiencia reservada, con el contrayente, manifestando que tiene 57 años, es soltero, y trabaja como fotógrafo; que su esposa tiene 21 años, es soltera, tiene estudios de técnico medio en contabilidad, y se dedica sus labores; que se conocieron en noviembre de 2005, en H., en la casa donde estaban hospedados él y unos amigos, y les presentó la prima de ella, relacionándose durante quince días; que él regresó a Cuba en febrero y en mayo de 2006, y contrajeron matrimonio; que a la boda vinieron sus hermanos y sobrino. 3. El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega
mediante auto de fecha 6 de julio de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4. Notificada la resolución a los promotores, éstos interpusieron recursos ante la Dirección General de los Registro y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, presentando justificantes de los viajes realizados, facturas telefónicas, justificantes de envíos de dinero y fotografías, entre otra documentación. 5. De la interposición de los recursos se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucción del 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1, 2-2.ª,
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3-2.ª, 15-1.ª y 22-1.ª de septiembre; 2, 4-1.ª, 18-1.ª, 2.ª y 4.ª, 19-1.ª, 25-4.ª y 27-2.ª de octubre; y 16-1-.ª, 2.ª y 4.ª, 18-2.ª, 29-5.ª de noviembre y 15-2.ª de diciembre de 2004; y 7-2.ª, 15, 17-3.ª, 21-3.ª, 25-1.ª y 2.ª de enero, 8-3.ª, 11-1.ª de febrero y 15-3.ª, 18-1.ª, 26 y 28-1.ª y 2.ª de marzo de 2005. II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC).
IV. En el caso actual los hechos comprobados por medio de esas declaraciones complementarias oportunas no son lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, sin sombra de duda, la existencia de la simulación. Las audiencias reservadas practicadas han revelado que el conocimiento de los contrayentes respecto de sus circunstancias personales y familiares alcanza un grado que puede considerarse suficiente. Así se deduce de las respuestas dadas, en las que no se aprecian grandes contradicciones ni revelan desconocimiento de datos que pudieran considerarse de importancia a los efectos de poder deducir una utilización fraudulenta de la institución matrimonial. A ello hay que añadir la aportación de facturas telefónicas, de recibos de trasferencias de dinero y de correos electrónicos, que acreditan la relación, tanto previa, como posterior a la celebración del matrimonio. V. Si se tiene en cuenta la presunción general de buena fe y que el ius nubendi, como derecho fundamental de la persona, no debe ser coartado, postergado o denegado más que cuando exista una certeza racional absoluta del obstáculo legal que vicie de nulidad al matrimonio pretendido, ha de ser preferible, aun en caso de duda, no poner trabas a la celebración o a la inscripción del enlace. Como expresó en un supuesto similar la Resolución de 9-2.ª de octubre de 1993, «ante la opción de autorizar (aquí inscribir) un matrimonio que eventualmente sea declarado nulo o de coartar el ius connubii, este Centro Directivo ha de elegir la primera alternativa». «Siempre quedará a salvo la posibilidad de que el Ministerio Fiscal inste judicialmente la nulidad del matrimonio (cfr. art. 74 Cc) en un juicio declarativo ordinario en el que con toda amplitud podrán enjuiciarse las circunstancias del caso concreto». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º Estimar el recurso y revocar el acuerdo apelado.
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2.º Ordenar que se inscriba en el Registro Civil Consular el matrimonio celebrado el 30 de mayo de 2006 en H. (Cuba) entre don F. y doña W.
sabe cuantos, ni los conoce; que él tiene dos hijos a los que no conoce; que no han convivido ni antes ni después del matrimonio, porque apenas tuvieron tiempo.
3. El Encargado del Registro Civil Central dictó acuerdo con fecha 7 de marzo de 2006, denegando la inscripción del matrimonio, ya que las actuaciones realizadas presentaban indicios razonables de matrimonio de conveniencia.
Resolución (1.ª) de 7 de febrero de 2007, sobre recurso fuera de plazo. No cabe recurso contra la calificación pasados 30 días naturales desde la notificación correcta del auto. En el expediente sobre inscripción de matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por la promotora contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil Central el 17 de mayo de 2005, doña M., nacida el 4 de enero de 1957 en A. (República Dominicana), de nacionalidad española, solicitó la inscripción de su matrimonio celebrado en S. (República Dominicana), el 22 de marzo de 2005 con don Á., nacido el 25 de mayo de 1961 en O. (República Dominicana). Presentaba la siguiente documentación: Declaración de datos para la inscripción, acta de matrimonio in-extensa, y DNI y certificado de nacimiento de la promotora. 2. El 7 de marzo de 2006 se celebró la audiencia reservada con la promotora, manifestando que reside legalmente en España desde hace trece años; que tiene cinco hijos; que trabaja en una empresa como limpiadora; que conoció a su esposo en el año 2002, se lo presentó una de sus hijas, y no volvieron a tener contacto hasta el año 2005, cuando decidieron contraer matrimonio; que no recuerda la fecha de nacimiento de su cónyuge, ni los años que tiene; que los padres de él viven, pero no los conoce, ni sabe sus nombres; que él tiene hermanos, pero no
4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada con fecha 8 de mayo de 2006, ésta presentó recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado con fecha 8 de junio de 2006, solicitando la inscripción de su matrimonio, alegando que el esposo no había sido citado ni entrevistado. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que se adhirió parcialmente al mismo, e interesó la revocación del acuerdo fin de que se practicara la oportuna audiencia reservada al contrayente con carácter previo a calificar la inscripción del matrimonio. El Encargado del Registro Civil informó que se había considerado que no era preciso oír al esposo, después de las manifestaciones de la promotora, que el recurso estaba interpuesto fuera de plazo, y que no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que aconsejaron dictar la resolución, por lo que entendía que debía confirmarse, y remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 29 de la Ley del Registro Civil; 342 y 355 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 10 de marzo, 8 de abril, 10-4.ª y 18-3.ª de junio, 17-1.ª de julio y 3-3.ª y 18-2.ª de septiembre de 2003 y 20-3.ª de febrero de 2004.
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II. La hoy recurrente contrajo matrimonio en la República Dominicana el 22 de marzo de 2005, solicitando posteriormente su inscripción en el Registro Civil Central en M. donde tiene su residencia. Dicha inscripción fue denegada mediante Acuerdo del citado Registro, que se notificó a la contrayente, doña M. con fecha de 8 de mayo de 2006. El 8 de junio inmediato siguiente la interesada presenta recurso para ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Este recurso no puede admitirse, porque fue presentado, 31 días naturales después de notificada la resolución denegatoria de la inscripción por el Registro Civil Central, sin que, además, conste que hayan variado las circunstancias que motivaron aquella. La notificación que se hizo fue correcta, se realizó personalmente con entrega de copia literal de dicha resolución, que está firmada por la interesada, consta la indicación del recurso procedente ante esta Dirección General y el plazo de treinta días naturales para interponerlo. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.
Resolución (2.ª) de 7 de febrero de 2007, sobre autorización de matrimonio civil. Se deniega porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso, por virtud del entablado por los promotores, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de M. el 10 de octubre
de 2005, don J., nacido el 25 de marzo de 1968 en M., de nacionalidad española, domiciliado en M. y doña R., nacida el 26 de enero de 1978 en Marruecos, de nacionalidad marroquí, domiciliada en Marruecos, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntaban los siguientes documentos: DNI, fe de vida y estado, volante de empadronamiento, e inscripción de nacimiento, correspondiente al contrayente y pasaporte, fe de soltería, certificado de residencia y ficha personal de estado civil, correspondiente a la contrayente. 2. Ratificados los interesados, declararon que no tienen ningún impedimento legal o físico que les impida contraer matrimonio, cuyo significado, deberes y derechos conocen, todo lo cual aceptan con absoluto conocimiento y libertad. Se practicó prueba testifical compareciendo dos testigos quienes declararon su pleno convencimiento de que el matrimonio proyectado por los mismos no incurre en prohibición alguna. Se solicitó informe a la Comisaría de Policía, sobre si los interesados han contraído matrimonio por el rito musulmán, emitiéndose éste con fecha 21 de noviembre de 2005 indicándose que no se podía informar por carecer de elementos de criterio para ello. 3. Realizado el trámite de audiencia reservada con el contrayente el 1 de febrero de 2006, éste manifestó que conoció a su novia hace cuatro meses y medio, en la frontera; que él es barrendero, y ella trabaja de limpiadora en un almacén de tabaco; que viven juntos en una pensión, y están esperando un piso; que conoce a la familia de su novia, tiene dos hermanas y dos hermanos, y no sabe como se llaman los padres; que él tiene cinco hermanos y dos hermanas; que la semana pasada fue la última vez que fue a visitar a los padres de su novia; que por su cumpleaños le regalo un anillo, pero se lo dio hace dos meses. En la misma fecha se celebra audiencia reservada con la contrayente quien manifestó que conoció a su novio hace cinco o seis meses en
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la frontera; que el trabaja de barrendero, y ella trabajaba en una casa, pero los señores se han ido y ahora no trabaja; que ella vive en N. con sus padres, y él vive con sus padres y sus hermanos; que ella tiene tres hermanas y dos hermanos; que su novio tiene dos hermanas y cinco hermanos; que él no le regaló nada por su cumpleaños; que él conoce a sus padres y la última vez que fue a verlos fue hace un mes. 4. El Ministerio Fiscal informó que se oponía a la celebración, ya que a la vista de las declaraciones de ambos en la audiencia reservada, resultaba evidente que no se conocían entre si. La Juez Encargada del Registro Civil dictó auto en fecha 2 de marzo denegando la celebración del matrimonio, ya que los hechos comprobados eran lo suficientemente clarificadores para deducir de ellos, la existencia de simulación, habiendo puesto de manifiesto las audiencias celebradas la falta de conocimiento de los datos personales de uno y otro, apreciándose numerosas contradicciones, lo que impedía que existiese un verdadero consentimiento matrimonial. 5. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso solicitando que se revisase su expediente, alegando que iban a tener un niño en septiembre. 6. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. La Juez Encargada del Registro Civil de M. ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966
de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245, 246, 247 y 358 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, de 4-2.ª, 11-2.ª, 19-2.ª y 26-2.ª de noviembre; y 1-1.ª y 2-2.ª de diciembre de 2003 y 21-4.ª de enero, 5-3.ª y 18-1.ª de febrero; 3-2.ª y 3.ª y 4-1.ª de marzo; y 16-1.ª, 20-3.ª y 4.ª de abril; 26-1.ª, 2.ª y 3.ª de mayo y 15-1.º y 2.ª de junio y 16-3.ª de septiembre de 2004. II. En el expediente previo para la celebración del matrimonio es un trámite imprescindible la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente, que debe efectuar el Instructor, asistido del Secretario, para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración (cfr. art. 246 RRC). III. La importancia de este trámite ha aumentado en los últimos tiempos en cuanto que por él puede en ocasiones descubrirse el verdadero propósito fraudulento de las partes, que no desean en realidad ligarse con el vínculo matrimonial sino aprovecharse de la apariencia matrimonial para obtener las ventajas que del matrimonio resultan para el extranjero. Si, a través de este trámite o de otros medios objetivos, el Encargado llega a la convicción de que existe simulación, no debe autorizar un matrimonio nulo por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). IV. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados,
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mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). V. En el caso actual de solicitud de autorización para la celebración de un matrimonio civil en España entre un español y una marroquí resulta del trámite de audiencia determinados hechos que permiten deducir que la finalidad que se pretende con el matrimonio es distinta de la propia de esta institución. No coinciden exactamente en el tiempo que ha transcurrido desde que se conocieron, así él afirma que la conoció hace cuatro meses y medio mientras que ella dice que fue hace cinco o seis meses. Tampoco coinciden en el trabajo que ella desempeña, ya que él afirma que ella trabajaba como limpiadora en un almacén de tabaco mientras que ella confirma haber trabajado en una casa en el paseo marítimo. No coinciden tampoco en las respuestas referentes al número de hermanos de cada uno, al regalo que él le hizo por su cumpleaños, no acordándose el compareciente del nombre de los padres de ella cuando, sin embargo, los ha visitado una semana antes de la audiencia. A ello se unen las circunstancias demográficas y fronterizas que concurren en M. que señala en su auto el Juez Encargado. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Resolución (3.ª) de 7 de febrero, sobre consolidación de la nacionalidad española. No es aplicable el artículo 18 del Código civil cuando la posesión de la nacionalidad no ha durado diez años, ni la interesada residió en el Sahara durante el plazo de vigencia del Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto. En el expediente sobre declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado, contra el auto dictado por la Juez Encargada del Registro Civil de M.
HECHOS 1. Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de M. el 31 de marzo de 2006, don M., nacido el 2 de diciembre de 1961 en O. (Sahara Occidental), solicitaba la nacionalidad española con valor de simple presunción, ya que no pudo acogerse al Real Decreto de 10 de agosto de 1976. Adjuntaba la siguiente documentación: DNI, ficha individual y libro de familia correspondiente a sus padres; certificado de concordancia de nombres, de ciudadanía, de parentesco, de antecedentes penales, y de que estuvo residiendo en los campamentos de refugiados saharauis desde 1975, expedidos por la Delegación Saharaui para la Comunidad Valenciana; solicitud de partida de nacimiento dirigida al Archivo General de la Administración, pasaporte mauritano, y certificado de empadronamiento, correspondiente al promotor. 2. Ratificado el interesado, el Ministerio Fiscal se opuso a lo interesado, ya que no era aplicable el artículo 18 del Código civil cuando no se acreditaba que el interesado hubiera resididito en el Sahara durante el plazo de vigencia del Decreto 2258/1976, ni haber poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. 3. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha 15 de mayo de 2006 denegando la adquisición de la nacionalidad española con valor de simple presunción, ya que en el presente caso no era aplicable la jurisprudencia recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de octubre de 1998, en tanto en cuanto que no se había acreditado que el
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promotor ostentase posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años.
la del promotor. El Ministerio Fiscal emitió informe oponiéndose a la estimación del recurso.
4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y al interesado, éste interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando se le conceda la nacionalidad española, a la vista de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, alegando que había vivido quince años bajo la bandera española.
III. Según el artículo 18 del Código civil la nacionalidad española puede consolidarse si se posee y utiliza durante diez años, con buena fe y sobre la base de un título inscrito en el Registro Civil que después es anulado. La vía registral para comprobar esta consolidación es el expediente de declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción (cfr. arts. 96-2.º LRC y 338 RRC), que decide en primera instancia el Encargado del Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335 RRC).
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del mismo. El Juez Encargado del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dando por reproducidos los argumentos recogidos en la resolución recurrida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil; la Ley 40/1975, de 19 de noviembre; el Decreto 2258/1976, de 10 de agosto; la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y las Resoluciones, entre otras, de 1-2.ª y 3.ª, 5-2.ª, 23-3.ª de junio; 13-2.ª, 14-1.ª, 15-2.ª de julio; 16-1.ª, 21-3.ª de septiembre; 15-2.ª, 161.ª de octubre; 11-1.ª y 2.ª, 12-4.ª, 16-3.ª de noviembre y 3-2.ª, 7-3.ª, 23-2 y 28-2.ª de diciembre de 2004; 21-1.ª de enero, 3-1.ª; 4-4.ª de febrero, 2-4.ª, 4-3.ª, 5 y 14-3.ª de marzo,15-3.º de abril, 28 de mayo, 27-3.ª de septiembre y 3-1.ª de octubre de 2005; y 1-2.ª de marzo de 2006. II. El interesado, por escrito de 31 de marzo de 2006 presentado en el Registro Civil de M., solicitó la declaración con valor de simple presunción de su nacionalidad española, al haber nacido en T., Sahara Occidental, y cumplir los requisitos establecidos. La Juez Encargada dictó auto denegando la nacionalidad españo-
IV. En principio, a los nacidos en el territorio del Sahara cuando éste era posesión española no eran propiamente nacionales españoles, sino sólo súbditos de España que se beneficiaban de la nacionalidad española, por más que de algunas disposiciones anteriores al abandono por España de ese territorio pudiera deducirse otra cosa. El principio apuntado es el que se desprende necesariamente de la Ley de 19 de noviembre de 1975, porque sólo así cobra sentido que a los naturales del Sahara se les concediera en ciertas condiciones la oportunidad de optar a la nacionalidad española en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del Decreto 2258/76. V. En efecto, hay que recordar que el origen de las dificultades jurídicas relacionadas con la situación de ciertos naturales del Sahara en relación con el reconocimiento de su eventual nacionalidad española se encuentra en las confusiones creadas por la legislación interna promulgada para la antigua colonia del llamado Sahara español, en el período histórico precedente a la «descolonización» llevada en su día por España, y ello al margen de la calificación objetiva que mereciera el territorio del Sahara en relación con el territorio metropolitano, según el Derecho Internacional. En concreto, y por la trascendencia que por la vía del ius soli tiene el nacimiento en España a los efectos de atribuir en concurrencia con deter-
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minados requisitos la nacionalidad española, se ha planteado la cuestión primordial de decidir si aquella antigua posesión española entra o no en el concepto de «territorio nacional» o «territorio español». Para situar en perspectiva el tema hay que recordar algunos antecedentes. La cuestión es compleja, ya que una de las cuestiones más debatidas y oscuras de la teoría general del Estado es precisamente la naturaleza de su territorio, hasta el punto de que no es frecuente hallar en la doctrina científica una explicación sobre la distinción entre territorio metropolitano y territorio colonial. Sobre tal dificultad se añade la actitud cambiante de la política colonial como consecuencia de lo mutable también de las relaciones internacionales, caracterización a la que no ha podido sustraerse la posición española en África ecuatorial y occidental, y que se hace patente a través de una legislación que sigue, como ha señalado el Tribunal Supremo, un itinerario zigzagueante integrado por tres etapas fundamentales: a) en un primer momento dichos territorios se consideraron simplemente colonias; b) vino luego la fase de provincialización durante la que se intenta su asimilación a la metrópoli; c) por último, se entra en la fase de descolonización, que reviste la forma de independencia en Guinea Ecuatorial, de cesión o retrocesión en Ifni, y de autodeterminación en el Sahara. Pues bien, la etapa de la «provincialización» se caracterizó por la idea de equiparar aquel territorio del Sahara, no obstante sus peculiaridades, con una «provincia» española, y, por ello, se llegó a considerarlo como una extensión del territorio metropolitano, equiparación que ha dado pie a dudas sobre un posible corolario derivado del mismo, consistente en el reconocimiento a la población saharaui de su condición de nacionales españoles. En apoyo de tal tesis se citan, entre otras normas, la Ley de 19 abril 1961 que estableció «las bases sobre las que debe asentarse el ordenamiento jurídico de la Provincia del Sahara en sus regímenes
municipal y provincial». Con esta norma se pretendía hacer manifiesta la equiparación de los «stati» entre «españoles peninsulares» y «españoles nativos». Es importante destacar que como manifestación de esta posición España negó inicialmente al Secretariado General de la ONU información sobre «los territorios no autónomos» (1958 y 1959). No obstante, el acatamiento de las exigencias que imponía el orden jurídico público internacional y, especialmente, la doctrina sobre «descolonización» de la ONU (incorporada a la Resolución 1514 XV, Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 14 de diciembre de 1960, conocida como Carta Magna de descolonización), condujeron al reconocimiento por el Gobierno español del «hecho colonial» y, por tanto, a la diferenciación de «territorios», puesto, finalmente, de relieve, con rotunda claridad, por la Ley de 19 noviembre 1975 de «descolonización» del Sahara cuyo preámbulo expresa «que el Estado Español ha venido ejerciendo, como potencia administradora, plenitud de competencias sobre el territorio no autónomo del Sahara, que durante algunos años ha estado sometido en ciertos aspectos de su administración a un régimen peculiar con analogías al provincial y que nunca –recalcaba– ha formado parte del territorio nacional». VI. Es cierto que para un supuesto excepcional respecto de un natural del Sahara la STS de 28 de octubre de 1998 decidió que el actor había consolidado la nacionalidad española. Pero la doctrina de esta sentencia no es de aplicación al caso presente pues hay diferencias fundamentales entre el supuesto de hecho examinado en la sentencia y el ahora planteado. En efecto, a diferencia del caso de la sentencia en el caso presente no se ha justificado que los padres del interesado, entonces menor de edad, residieran en el Sahara cuando estuvo en vigor el Real Decreto de 1976, de modo que quedaran imposibilitados «de facto» para optar en nombre de su hijo a la nacionalidad es-
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pañola. Además, y este es un dato decisivo, el promotor, que es titular de pasaporte mauritano, no ha probado haber estado en posesión y utilización de la nacionalidad española durante diez años, ni haber ostentado durante tal plazo documento oficial de identidad español. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Resolución (4.ª) de 7 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de B.
HECHOS 1. Con fecha 11 de mayo de 2006, don E., nacido en Barcelona el 21 de diciembre de 1948, de nacionalidad española, solicitó en el Registro Civil Consular de B., la inscripción de su matrimonio celebrado el 5 de mayo de 2004 con doña S., nacida en R. (Colombia) el 16 de febrero de 1975, de nacionalidad colombiana. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Declaración de datos para la inscripción, certificado de matrimonio, certificados de nacimientos y pasaportes de ambos contrayentes, y certificación de matrimonio anterior con inscripción marginal de divorcio, y fe de vida y estado del interesado. 2. La contrayente manifestó en la audiencia reservada celebrada el 5 de noviembre de 2006 que se conocieron por
medio de un amigo española, y personalmente desde hace ocho días; que ella trabaja en mercadeo, y él es pensionista y no sabe su ingresos; que él tiene una hermana y ella dos hermanos; que ambos tienen un hijo por separado. El contrayente español manifestó en la entrevista, en audiencia reservada, que se conocieron en mayo de 2002 por mediación de un amigo, y personalmente hace diez días; que él es ingeniero técnico y su pareja no trabaja; que ambos tienen un hermano; que conoce a la familia de su pareja por fotos; que no sabe como se llaman sus suegros; que le envía dinero a su cónyuge. 3. El Ministerio Fiscal informó que procedía un acuerdo denegatorio. El Encargado del Registro Consular dictó resolución con fecha 15 de mayo de 2006, acordando que no procedía acceder a la solicitud de inscripción de matrimonio, al presumirse un matrimonio de complacencia de las entrevistas realizadas a los contrayentes. 4. Notificada la resolución a los interesados, el promotor interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se inscriba su matrimonio, alegando que no se trata de un matrimonio de complacencia ni simulado. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, informando que se ratificaba en su decisión, al no haber cambiado las circunstancias y hechos que motivaron la misma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacio-
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nal de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1-1.ª y 2.ª, 10-2.ª, 16-1.ª y 2.ª de diciembre de 2003; y 13-2.ª y 3.ª, 15-1.ª y 4.ª de enero; 3-2.ª y 3.ª, 12-1.ª y 2.ª de febrero; 4-1.ª, 18-1.ª y 29-1.ª de marzo; 2-2.ª y 5-1.ª de abril; 22-1.ª y 2.ª, 24-1.ª, 28-5.ª y 31-3.ª de mayo; y 8-2.ª, 11-2.ª, 14-1.ª y 2.ª y 17-2.ª de junio y 22-3.ª de noviembre de 2004.
o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.
II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
III. La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular
V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia el 5 de mayo de 2004 entre un español y una colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resultan determinados hechos objetivos que permiten deducir que el matrimonio celebrado no lo ha sido con los fines propios de dicha institución. Existe contradicción en cuanto al trabajo que desempeñan cada uno, ella dice que él es pensionado mientras el contrayente afirma ser ingeniero técnico; no coinciden en el número de hermanos que ella
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tiene, él afirma que uno mientras que ella dice que tiene dos; existen, igualmente contradicciones en los ingresos respectivos, en el número de días que han transcurrido desde que se conocen personalmente, en las aficiones respectivas de que disfrutan.. VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Auto apelado.
Resolución (5.ª) de 7 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. 1. Por exigencias del principio de concordancia entre el Registro y la realidad, no puede tenerse en cuenta el desistimiento a la inscripción por el interesado. 2. Examinado el fondo del asunto se deniega la inscripción del matrimonio celebrado por no apreciarse la existencia de un consentimiento matrimonial válidamente prestado En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los enta-
blados por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular de B.
HECHOS 1. En fecha 20 de mayo de 2005, doña M., nacida en Colombia el 18 de enero de 1963, de nacionalidad colombiana presentó en el Consulado General de España en B. impreso de declaración de datos para la inscripción de su matrimonio celebrado por poder el 22 de abril de 2005 con don A., nacido en España el 29 de mayo de 1970. Adjuntaban la siguiente documentación: Hoja declaratoria de datos para la inscripción de matrimonio, certificado de matrimonio local, certificado de nacimiento, declaración de estado civil del interesado y certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y sentencia de divorcio de la interesada. 2. Se celebra el trámite de audiencia reservada con la interesada en el Consulado de España en B. manifestando que tiene 42 años, que su pareja tiene 35 años, que se conocieron el 23 de abril de 2003 por Internet, que no se conocen personalmente, que tiene estudios de secretariado y su pareja tiene estudios de nivel medio, que ella vive con su hermana, que su pareja vive solo, que ella trabaja de secretaria, que su pareja es pescador, que su pareja tiene 3 hermanos, que ella tiene 4 hermanos, que su pareja tiene un hijo, que su pareja conoce a su familia por teléfono y por Internet, que a su pareja le gusta el fútbol, que ella es católica y su pareja también. Se celebra el trámite de audiencia reservada con el interesado en el Registro Civil de V., que manifiesta que conoció a su esposa por Internet, que no la conoce personalmente, que se ha casado por poderes, que su esposa tiene 42 años y es divorciada, que no tiene hijos, que conoce a dos de sus hermanos mediante Internet, que él es pescador, que ella es secretaria pero en la actualidad no trabaja.
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3. El Encargado del Registro Civil Consular dicta auto con fecha 22 de agosto de 2005 denegando la inscripción del matrimonio.
septiembre, 16-1.ª, 2.ª, 4.ª y 5.ª de octubre de 2006; y las de 26-2.ª de octubre de 2001 y 13-4.ª de octubre de 2003, referidas al desistimiento.
4. Notificados el Ministerio Fiscal y los interesados, éstos interponen recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la inscripción del matrimonio, aportando pruebas documentales como fotografías, giros postales y facturas telefónicas.
II. En el caso actual del matrimonio de un español y de una ciudadana colombiana celebrado en Colombia de acuerdo con la forma establecida por la lex loci, e inscrito en el Registro civil local, fue solicitada por el contrayente español la inscripción del mismo en el Registro civil Central español, aportando la certificación de la inscripción del matrimonio practicada en el Registro civil colombiano. Posteriormente se celebraron las correspondientes audiencias reservadas preceptivas y se dictó Acuerdo de fecha 22 de septiembre de 2005 denegando la inscripción en España de dicho matrimonio. A continuación se interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y estando pendiente de resolver el mismo se presenta escrito para la Dirección General con fecha de entrada 9 de febrero de 2006 instando, sin alegación de causa, el desistimiento del recurso presentado el 14 de noviembre de 2005.
5. Los interesados presentan escrito desistiendo del recurso presentado, sin alegar causa alguna de dicho desistimiento. 6. Del desistimiento del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal. El Encargado del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006; y las Resoluciones, entre otras, 26-2.ª de mayo, 8-4.ª, 20-3.ª de junio, 19-2.ª de julio y 29-4.ª de diciembre de 2005; 22-1.ª y 24-3.ª de febrero, 28-4.ª de marzo, 6-2.ª de abril, 30-3.ª de mayo, 23-3.ª y 5.ª de junio, 3-1.ª, 21-1.ª y 5.ª, 25-2.ª de julio, 1-4.ª y 5-4.ª de
III. En el presente caso no se debe acceder al desistimiento formulado por el contrayente por considerar que lo impide el carácter obligatorio de la inscripción y el principio de concordancia entre el Registro y la realidad jurídica extraregistral (cfr. arts. 15 y 26 LRC), ya que este principio superior está sustraído a la voluntad de los contrayentes. Refuerza la anterior conclusión el carácter obligatorio con que se impone en nuestra legislación el deber de promover la inscripción en el Registro civil a aquellos a quienes se refiere el hecho inscribible, esto es, a los contrayentes en el caso del matrimonio (cfr. arts. 24 y 71 LRC). Por lo demás, no ha de olvidarse que, conforme a los artículos 61 del Código civil y 70 de la Ley del Registro Civil, los efectos civiles del matrimonio se producen desde su celebración. IV. Obviamente la conclusión apuntada no impide que la propia interesada
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o el Ministerio Fiscal puedan demandar judicialmente la nulidad de este matrimonio, si aprecian que no ha habido verdadero consentimiento matrimonial o que ha concurrido cualquiera otra de las causas de nulidad previstas por la ley (cfr. arts. 73 y 74 Cc).
da por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento.
V. En consecuencia este Centro Directivo debe entrar en el fondo de la cuestión planteada resolviendo el recurso interpuesto contra la denegación de la inscripción del matrimonio contraído. Pues bien, conforme a reiterada doctrina oficial de esta Dirección General el llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995 y recientemente la de 31 de enero de 2006, dirigidas a impedir que algunos extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles.
VII. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesados y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación.
VI. Las Instrucciones citadas tratan de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedi-
VIII. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Colombia el 22 de abril de 2005 entre un español y una colombiana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes resultan determinados hechos objetivos de los que cabe deducir que el matrimonio celebrado no ha perseguido los fines propios de esta institución. Los interesados manifiestan haberse conocido a través de Internet, sin que coincidan respecto del momento en que se produjo su primer contacto por dicha vía. Ella manifestó que fue en enero de 2004 («hace dos años», dijo en su audiencia de enero de 2006) y él que fue en marzo de 2003. Contrajeron matrimonio en 2005, mediante poder, sin haberse llegado a conocer directa y personalmente, lo que no sucede hasta nueve meses después, en enero de 2006. Esta circunstancia, de acuerdo con lo señalado en la
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Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997, antes citado, constituye un factor que permite presumir que se trata de un matrimonio de complacencia. Es cierto que los interesados han aportado determinadas pruebas que acreditan la existencia de una cierta continuidad en la relación, pero que no se consideran suficientes como para destruir el factor de presunción expuesto. IX. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, quien por su inmediación a los hechos es el que más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial, quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria: 1. No admitir el desistimiento. 2. Desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Resolución (1.ª) de 8 de febrero de 2007, sobre declaración de la nacionalidad española. No es española iure soli la nacida en España en 2006, hija matrimonial de padres venezolanos nacidos en Venezuela, porque es venezolana iure sanguinis. En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la naciona-
lidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil M. el 18 de abril de 2006, don M., y doña S., ambos de nacionalidad venezolana, solicitaron que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hija N., nacida el 17 de marzo de 2006 en M. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: Volante de inscripción padronal, pasaportes y tarjetas de residencia de los promotores; certificación de nacimiento de la menor; y certificado del Consulado de de la República Bolivariana de Venezuela en S., acerca del contenido de la Constitución Venezolana, y de que el menor interesado no ha sido presentado ante ese Consulado para su inscripción como venezolano, por lo que no ha obtenido dicha nacionalidad. 2. Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal manifestó su conformidad con lo solicitado. 3. La Juez Encargada dictó auto con fecha 16 de mayo de 2006, desestimando la solicitud planteada, ya que siendo ambos padres de nacionalidad venezolana por nacimiento, la menor seguía la nacionalidad de sus progenitores, por lo que no era de aplicación el supuesto previsto en el párrafo 1.º.c) del artículo 17 del Código civil. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se declarase con valor de simple presunción que la menor era española de origen, alegando que la Ley nacional de los padres, no atribuye la nacionalidad venezolana a la menor.
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5. Se la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que dio por reproducido su anterior informe. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335 y 338 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 15 de febrero de 1994, 17-2.ª de noviembre de 2001 y 5-4.ª de febrero, 17-2.ª de abril, 20-5.ª de mayo, 10-4.ª y 5.ª de junio y 16-7.ª de septiembre de 2002 y 30-3.ª de noviembre de 2004. II. Se ha intentado por este expediente que se declare con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen la nacida en España en 2006, hija matrimonial de padres venezolanos nacidos en Venezuela. La petición se basa en la forma de atribución iure soli de la nacionalidad española para los nacidos en España de padres extranjeros, si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad [cfr. art. 17-1.c) del Código civil]. III. De acuerdo con el conocimiento adquirido por este Centro Directivo de la legislación constitucional venezolana, el nacido en el extranjero de padres venezolanos es venezolano iure sanguinis salvo que haya adquirido iure soli la nacionalidad española. Por lo tanto, dado el carácter subsidiario de la atribución iure soli de la nacionalidad española y la preferencia para el legislador español del ius sanguinis sobre el iure soli, hay que concluir que la nacida es venezolana y que no entra en juego el citado precepto del Código civil, pues no se produce una situación de apatridia originaria que justificaría la atribución de la nacionalidad española.
Resolución (2.ª) de 8 de febrero de 2007, sobre recurso. No es admisible el entablado por un letrado cuyo poder no consta auténticamente. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por el interesado contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.
HECHOS 1. En fecha 27 de mayo de 2005, don F., nacido en Z. el 26 de enero de 1972, de nacionalidad española, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 25 de febrero de 2005 en H. (Cuba), según la ley local, con doña Z., nacida en H. (Cuba), el 19 de octubre de 1976, de nacionalidad cubana. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, declaraciones juradas de estado civil y certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento, de matrimonio anterior y de divorcio notarial, correspondiente a la contrayente; y certificado de nacimiento correspondiente al contrayente. 2. Ratificados los interesados, en fecha 27 de mayo de 2005 comparecen los contrayentes ante el Registro Consular, celebrándose las entrevistas, en audiencias reservadas y por separado. 3. El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstá-
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culo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 9 de junio de 2005 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4. Notificada la resolución a los promotores, el interesado, mediante representante, interpuso recurso ante la Dirección General de los Registro y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, alegando que si existía verdadero consentimiento matrimonial. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado. 6. La Dirección General de los Registros y del Notariado acordó que se requiriese al interesado, para que acreditara suficientemente la representación del letrado que interpuso el recurso en su nombre, o se ratificara en el recurso interpuesto. El interesado manifestó que no ratificaba el recurso interpuesto, estando conforme con el auto dictado por el Consulado de España en La Habana.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 25 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 24, 26 y 95 de la Ley del Registro Civil; 16 y 348 del Reglamento del Registro Civil, y las Resoluciones de 11 de julio de 1997; 23-1.ª de junio de 1998, 11 de noviembre de 1999; 14-2.ª de septiembre de 2004; 23-1.ª de
mayo y 4-4.ª de noviembre de 2005; y 31-5.ª de marzo de 2006. II. En el presente caso el promotor instó la inscripción de su matrimonio civil celebrado lex loci en Cuba el 25 de febrero de 2005, con una ciudadana cubana, inscripción que, fue denegada por auto del Encargado del Registro Civil Consular de La Habana de 9 de junio de 2005. Dicho auto se recurrió por letrado que actuaba en representación del interesado, pero sin acreditar la representación que manifestaba ostentar, por lo que se requirió al promotor del expediente para que ratificase el recurso o acreditara suficientemente la representación otorgada al citado letrado. Mediante comparecencia de 20 de diciembre de 2006 ante el Juez Encargado del Registro Civil de Zaragoza el interesado manifestó que no ratificaba el recurso interpuesto y que se mostraba conforme con el auto denegatorio dictado, interesando el archivo del expediente. Por otro lado, hay que manifestar que la ciudadana cubana había sido notificada del auto denegatorio de la inscripción de su matrimonio con fecha de 21 de julio de 2005, sin que haya constancia de que impugnase dicha resolución. III. La admisibilidad del presente recurso requería la acreditación fehaciente de las facultades de representación alegadas por el Letrado que suscribe el escrito de su interposición, o bien la ratificación de este último por parte de los representados. En efecto, los procuradores y los abogados pueden asistir a los interesados en los expedientes gubernativos con el carácter de apoderados o como auxiliares de estos. En el presente caso el abogado actuante lo hace en el primer concepto, pero no acredita la representación que ejerce. No se podrá, por ello, dar trámite al recurso entablado por una tercera persona, aunque sea un Letrado que dice actuar en representación del interesado, que no suscribe el recurso, y cuyo poder no consta (cfr. art. 1280-5.º Cc) y que, además, requerido al efecto, expresamente ha manifesta-
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do que no lo ratifica, por lo que ha de tenerse por firme el auto denegatorio dictado por el Encargado del Registro Consular. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, inadmitir el recurso interpuesto y proceder al archivo del expediente.
Resolución (3.ª) de 8 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Para denegar la autorización para la celebración del matrimonio el trámite de audiencia no debe realizarse de modo sumario o formulario. En el expediente sobre autorización para contraer matrimonio remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los interesados contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de L.
HECHOS 1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de L. el 27 de marzo de 2006, don N., nacido el 1 de febrero de 1981 en L., de nacionalidad española, y doña E., nacida el 16 de enero de 1982 en Nigeria, de nacionalidad nigeriana, iniciaban expediente en solicitud de autorización para contraer matrimonio civil. Adjuntaban los siguientes documentos: Pasaporte, certificado de que la legislación de Nigeria no exige la publicación de edictos, declaración de edad, y de estado civil, y certificados de empadronamiento correspondiente a la promotora, y DNI, certificado de nacimiento, de empadronamiento, y declaración de estado civil correspondiente al promotor. 2. Ratificados los interesados, comparecieron dos testigos que manifestaron su convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurría en prohibición
legal alguna. El 27 de marzo de 2006 se procedió a la práctica de la audiencia reservada a la contrayente, manifestando que se conocieron en el club donde ella trabajaba antes; que él le saco del club y viven juntos; que no tiene familia en España; que su bebida preferida es la fanta y su comida preferida es la africana. En la misma fecha compareció el contrayente, manifestando que conoció a su novia en C., en enero del 2002 o del 2003, entrando a un bingo, y desde ese día son novios; que ella vive con él, y de vez en cuando se va a ver a su hermano en G.; que no conoce personalmente al hermano de ella, ni sabe su nombre ni donde vive; que no sabe cual es al comida preferida de ella, y que la bebida preferida es la coca cola. 3. El Ministerio Fiscal informó favorablemente. La Juez Encargada dictó auto con fecha 11 de abril de 2006, acordando no autorizar la celebración del matrimonio, ya que en este caso la audiencia reservada de los contrayentes conducía a la convicción de que no existía verdadero consentimiento matrimonial y que estábamos en presencia de un matrimonio de complacencia, prohibido en nuestro ordenamiento jurídico. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando que se autorizase la celebración del matrimonio, alegando que no quedaba plasmado en la resolución las posibles contradicciones que conllevaron a la presunción de concebir el matrimonio como simulación, provocando dicha falta de fundamentación una vulneración del derecho de defensa. 5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que dio por reproducido su anterior informe. La Juez Encargada del Registro Civil ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado, para la resolución del recurso interpuesto.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 65, 73, 74 del Código civil; 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 23 y 73 de la ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; la Instrucciones del 9 de enero de 1995 y 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, 1-1.ª, 7-3.ª y 28-1.ª de octubre; 7-1.ª y 17-2.ª de noviembre y 9-2.ª y 3.ª de diciembre de 2003; y 19-3.ª de enero, 5-2.ª, 12-3.ª y 4.ª, 18-4.ª y 19-3.ª de febrero; 5-1.ª Y 24-1.ª de marzo; y 3-1.ª, 5-2.ª, y 14-2.ª de abril de 2004. II. No sólo en el expediente previo para el matrimonio civil, a través del trámite de la audiencia personal, reservada y por separado de cada contrayente (art. 246 RRC), sino también cuando se intenta inscribir en el Registro Civil español un matrimonio ya celebrado en el extranjero mediante la certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración (art. 256-3.º RRC), es deber del Encargado cerciorarse de la inexistencia de impedimentos u otros obstáculos que provoquen la nulidad del matrimonio. Especialmente para evitar la inscripción de los llamados matrimonios de complacencia en los que el verdadero propósito de las partes no es ligarse con el vínculo matrimonial, sino aprovecharse de las ventajas de la apariencia matrimonial para facilitar la situación del extranjero en relación con los requisitos de
entrada y permanencia en España, el Encargado debe calificar, a través de las declaraciones complementarias oportunas que integran el título inscribible (cfr. art. 256 RRC), si ha habido verdadero consentimiento matrimonial en la celebración o si, por el contrario, se trata de un matrimonio simulado, nulo por la ausencia de dicho consentimiento matrimonial. III. Ahora bien, las dificultades prácticas de la prueba de la simulación son sobradamente conocidas. No existiendo normalmente pruebas directas de ésta, es casi siempre necesario acudir a la prueba de presunciones, es decir, deducir de un hecho o de unos hechos demostrados, mediante un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, la ausencia de consentimiento que se trata de probar (cfr. art. 386 LEC). IV. En el caso actual de solicitud de autorización de matrimonio entre un español y una nigeriana del trámite de audiencia reservada resultan algunas contradicciones que pudiesen ser indicio de la finalidad fraudulenta del matrimonio proyectado. Sin embargo, si se tiene en cuenta: que las audiencias reservadas sólo pueden cumplir su finalidad primordial, que es precisamente la de determinar si hay o no consentimiento matrimonial, cuando, por su contenido, se practica a las dos partes, y de la confrontación de las respuestas que ambos den a las preguntas que se les formulen se deduce de modo claro la ausencia de consentimiento matrimonial; y que, esta finalidad únicamente se puede cumplir cuando no se realizan de modo sumario; se alcanza la conclusión de que, para poder denegar o autorizar un matrimonio es necesario practicar nuevamente el trámite de audiencia reservada con ambos. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, ordenar que se retrotraigan las actuaciones y se realice nuevamente el trámite de audiencia reservada a ambos y que, a la vista de su resultado y de la previamente realizada a los futuros con-
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trayentes, se resuelva nuevamente si procede o no practicar la autorizar la celebración del matrimonio.
Resolución (4.ª) de 8 de febrero de 2007, sobre declaración sobre nacionalidad española. Es español iure soli el nacido en España hijo de bolivianos nacidos en Bolivia. En el expediente sobre declaración con valor de simple presunción de la nacionalidad española, remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del entablado por los promotores contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de S.
HECHOS 1. Mediante comparecencia efectuada en el Registro Civil de S. el 20 de marzo de 2006, don B., y doña A., ambos de nacionalidad boliviana, solicitaron que se declarase, con valor de simple presunción, la nacionalidad española de su hijo G., nacido el 28 de noviembre de 2005 en S. Aportaban como documentos probatorios de la pretensión: Certificado de convivencia, pasaportes y tarjetas de residencia de los promotores; certificación de nacimiento del menor; y certificado del Consulado de Bolivia en S., indicando que la Constitución Política de la República de Bolivia dice que «son bolivianos de origen los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los consulados», y que no esta inscrito en esa oficina consular el nacimiento del menor interesado. 2. Ratificados los promotores, el Ministerio Fiscal se opuso a lo solicitado, ya que la omisión de solicitar la inscripción consular y luego promover este expe-
diente, podía considerarse un acto realizado en fraude de ley. 3. La Juez Encargada dictó auto con fecha 21 de marzo de 2006, disponiendo que no había lugar a declarar con valor de simple presunción que el menor adquirió al nacer la nacionalidad española de origen, porque no concurrían los requisitos previstos en el artículo 17.1.c) del Código civil, ya que de admitir lo contrario, se permitiría a la parte promoverte decidir la nacionalidad mas conveniente para su hijo, habida cuenta de que con solo obviar la inscripción consular del hijo pudiera dar lugar a la declaración de presunción de la nacionalidad. 4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que se declarase con valor de simple presunción que el menor era español de origen, alegando que el menor no se encontraba inscrito en la oficina consular boliviana. 5. Se la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que interesó la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil remitió el expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para la resolución del recurso, ratificando el contenido del auto recurrido.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 12 y 17 del Código civil; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento del Registro Civil, 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, y las Resoluciones de 4-2.ª y 3.ª, 8-1.ª y 21-3.ª de febrero, 18-2.ª y 26-5.ª de marzo, 9-1.ª y 2.ª de abril, 13-2.ª de mayo, 7-2.ª y 28-4.ª de junio y 4-1.ª de julio de 2003 y 7-2.ª de enero de 2004.
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II. Se discute en este recurso si puede declararse con valor de simple presunción que tiene la nacionalidad española de origen un niño nacido en España en 2005, hijo de padres bolivianos nacidos en Bolivia. La petición de los promotores se funda en la forma de atribución iure soli de la nacionalidad española establecida a favor de los nacidos en España de padres extranjeros cuando la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad [cfr. art. 17-1.c) del Código civil]. III. De acuerdo con el conocimiento adquirido de la legislación boliviana, confirmado por la certificación consular acompañada al expediente, hay que concluir que los hijos de bolivianos nacidos en el extranjero no adquieren automáticamente por el solo hecho del nacimiento la nacionalidad boliviana, la cual sólo puede adquirirse por un acto posterior. Se da, pues, la situación de apatridia originaria en la cual la atribución de la nacionalidad española iure soli se impone. No ha de importar que el nacido pueda adquirir más tarde iure sanguinis la nacionalidad de sus progenitores, porque este solo hecho no puede llevar consigo la pérdida de nacionalidad atribuida ex lege en el momento del nacimiento. IV. Esta conclusión se ve reforzada por la aplicación del artículo 7 de la Convención de los Derechos del Niño, en cuanto establece que el niño tendrá desde que nace derecho a adquirir una nacionalidad y que los Estados Partes velarán por la aplicación de este derecho, «sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida». Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, 1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado. 2.º Declarar con valor de simple presunción que el menor es español de origen; la declaración se anotará al margen de la inscripción de nacimiento.
Resolución (5.ª) de 8 de febrero de 2007, sobre matrimonio celebrado en el extranjero. Se deniega su inscripción porque hay datos objetivos bastantes para deducir la ausencia de consentimiento matrimonial. En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de recurso por virtud de los entablados por los interesados contra auto del Encargado del Registro Civil Consular en H.
HECHOS 1. En fecha 22 de agosto de 2005, doña A., nacida en H. (Cuba), el 1 de junio de 1981, de nacionalidad cubana, presentó en el Consulado General de España en H. impreso de declaración de datos para la trascripción de su matrimonio celebrado el día 14 de julio de 2005 en H. (Cuba), según la ley local, con don A., nacido en B. el 3 de diciembre de 1976, de nacionalidad española. Aportaba como documentación acreditativa de su pretensión: Hoja declaratoria de datos para la inscripción del matrimonio, declaración de estado civil, y certificado de matrimonio local; certificación de nacimiento y de soltería, correspondiente a la contrayente; y certificado de nacimiento, y fe de vida y estado, correspondiente al contrayente. 2. Ratificada la interesada, en fecha 22 de agosto de 2005 comparece ante el Registro Consular manifestando que tiene 24 años de edad, es soltera, tiene estudios de técnico medio en contabilidad y no trabaja; que su actual esposo tiene 29 años, es soltero, trabaja como mecánico en un taller de T.; que se relacionaron por primera vez en 2004, por Internet; que su madre reside en España, y él trabaja con el esposo de su madre en el taller de mecánica de autos, y contacta-
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ron a través del hijo de su padrastro; que se conocieron personalmente cuando él vino a Cuba el 13 de julio, por 13 días, y contrajeron matrimonio el 14 de julio, le había propuesto matrimonio por teléfono; que él no ha vuelto a venir a Cuba; que ella es católica. El 24 de enero de 2006, en el Registro Civil de T. se realizó la entrevista, en audiencia reservada, con el contrayente, manifestando que es transportista y actualmente trabaja como comercial en una empresa fabricante de ortopedia; que su esposa tiene estudios administrativos, que la conoció en 2004, por Internet, a través del hermanastro de ella que reside en España; que solo ha viajado a Cuba una vez, para contraer matrimonio; que ella no tiene creencias religiosas; que se ratifica en la solicitud presentada por su esposa. Del resultado de las audiencias el Cónsul considera que, dado el desconocimiento en cuanto a sus respectivas circunstancias personales, y la clara intención de la esposa de utilizar el matrimonio como vía para salir del país, existirían suficientes razones para considerar como matrimonio de complacencia el matrimonio de referencia. 3. El Ministerio Fiscal estima que en la tramitación del expediente se han guardado las prescripciones legales y que existiendo una certeza racional de obstáculo legal que vicia la prestación del real y verdadero consentimiento matrimonial, se opone a la trascripción del citado matrimonio en el Registro Civil Consular. El Encargado del Registro Consular deniega mediante auto de fecha 15 de marzo de 2006 la trascripción del matrimonio de los contrayentes por considerarlo nulo, al no existir consentimiento matrimonial real por parte de los cónyuges, incurriendo en un supuesto de matrimonio de complacencia. 4. Notificada la resolución a los promotores, éstos interpusieron recursos ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando la inscripción del matrimonio, presentando relación de testigos.
5. De la interposición de los recursos se dio traslado al Ministerio Fiscal que se ratifica en todos los extremos del informe emitido en su día y previo al acuerdo que se recurre. El Encargado del Registro Consular confirma la resolución apelada y ordena la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Vistos los artículos 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950 sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23 del Pacto Internacional de Nueva York de 19 de diciembre de 1966 de derechos civiles y políticos; la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la Constitución; 3, 6, 7, 44, 45, 49, 56, 65, 73 y 74 del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 54, 85, 245, 246, 247, 256, 257 y 354 del Reglamento del Registro Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995 y de 31 de enero de 2006, y las Resoluciones, entre otras, de 1-1.ª y 2.ª, 10-2.ª, 16-1.ª y 2.ª de diciembre de 2003; y 13-2.ª y 3.ª, 15-1.ª y 4.ª de enero; 3-2.ª y 3.ª, 12-1.ª y 2.ª de febrero; 4-1.ª, 18-1.ª y 29-1.ª de marzo; 2-2.ª y 5-1.ª de abril; 22-1.ª y 2.ª, 24-1.ª, 28-5.ª y 31-3.ª de mayo; y 8-2.ª, 11-2.ª, 14-1.ª y 2.ª y 17-2.ª de junio y 1-4.ª de diciembre de 2004. II. El llamado matrimonio de complacencia es indudablemente nulo en nuestro Derecho por falta de verdadero consentimiento matrimonial (cfr. arts. 45 y 73-1.º Cc). Para evitar en la medida de lo posible la existencia aparente de estos matrimonios y su inscripción en el Registro Civil, esta Dirección General dictó en su momento la Instrucción de 9 de enero de 1995, dirigida a impedir que algunos
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extranjeros obtengan la entrada en España o regularicen su estancia en ella por medio de un matrimonio simulado con ciudadanos españoles. III. La Instrucción citada trata de evitar que esos matrimonios fraudulentos lleguen a celebrarse dentro del territorio español, recordando la importancia que en el expediente previo a la celebración del matrimonio tiene el trámite de la audiencia personal, reservada y por separado, de cada contrayente (cfr. art. 246 RRC), como medio para apreciar cualquier obstáculo o impedimento para el enlace (cfr. arts. 56, I, Cc y 245 y 247 RRC), entre ellos, la ausencia de consentimiento matrimonial. Pues bien, análogas medidas deben adoptarse cuando se trata de inscribir en el Registro Consular o en el Central un matrimonio ya celebrado en la forma extranjera permitida por la lex loci. El Encargado debe comprobar si concurren los requisitos legales –sin excepción alguna– para la celebración del matrimonio (cfr. art. 65 Cc) y esta comprobación, si el matrimonio consta por «certificación expedida por autoridad o funcionario del país de celebración» (art. 256-3.º RRC), requiere que por medio de la calificación de ese documento y «de las declaraciones complementarias oportunas» se llegue a la convicción de que no hay dudas «de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española». Así lo señala el artículo 256 del Reglamento, siguiendo el mismo criterio que, para permitir otras inscripciones sin expediente y en virtud de certificación de un Registro extranjero, establecen los artículos 23, II, de la Ley y 85 de su Reglamento. IV. Esta extensión de las medidas tendentes a evitar la inscripción de matrimonios simulados, por más que hayan sido celebrados en el extranjero, viene siendo propugnada por la doctrina de este Centro Directivo a partir de la Resolución de 30 de mayo de 1995, debiendo denegarse la inscripción cuando existan una serie de hechos objetivos, comprobados por las declaraciones de los propios interesa-
dos y por las demás pruebas presentadas, de las que sea razonable deducir según las reglas del criterio humano (cfr. art. 386 LEC) que el matrimonio es nulo por simulación. V. En este caso concreto se trata de inscribir un matrimonio celebrado en Cuba el 14 de julio de 2005 entre un español y una cubana y del trámite de audiencia reservada practicada a los contrayentes, resulta como hecho objetivo la existencia de una relación breve, pues declaran que esta relación se inició mediante comunicaciones por internet y llamadas telefónicas en enero de 2004, no aportándose prueba alguna de dicha comunicación. Junto a éste hecho está el que los contrayentes no se conocieron personal y directamente hasta un día previo al matrimonio y sólo durante trece días. La resolución, arriba citada, del Consejo de Europa, señala como uno de los factores que permiten presumir la existencia de un matrimonio de complacencia, el hecho de que los contrayentes no se hayan encontrado antes del matrimonio, que es en realidad lo que ha sucedido en el presente caso. Por otro lado hay que añadir que la contrayente se equivoca al mencionar la profesión de él, dice que trabaja como mecánico automotriz mientras que él manifiesta que su profesión es transportista pero que actualmente trabaja como comercial en una empresa fabricante de ortopedia. Lo que antecede ha de relacionarse con lo que el Consulado hace constar en su informe sobre la situación que se produce en algunos matrimonios entre ciudadanos cubanos y extranjeros que, consciente o inconscientemente, se sirven de tal institución con fines migratorios. VI. De estos hechos, es una deducción razonable y en modo alguno arbitraria entender que el matrimonio es nulo por simulación. Así lo ha estimado el Encargado del Registro Civil Consular, el cual por su inmediación a los hechos es quien más fácilmente puede apreciarlos y formar su convicción respecto de
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ellos. Esta conclusión, obtenida en momentos cronológicamente más próximos a la celebración del matrimonio, no quedaría desvirtuada por un expediente posterior, el del artículo 257 del Reglamento del Registro Civil, del cual debe prescindirse por razones de economía procesal (cfr. art. 354 RRC), si es que se estima que, además de la vía judicial,
quedara abierto este camino ante la denegación adoptada en la calificación efectuada por la vía del artículo 256 del Reglamento. Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo apelado.
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2008-03-01 (6). Resoluciones de la DGRN

References: artículo 18
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 artículo 256
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 artículo 257
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