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Timestamp: 2019-08-24 08:47:09+00:00

Document:
Guillermo sevilla sacasa y lilian somoza de sevilla sacasa
INFORME No. 101/10
CASO 11.432
PRESUNTAS VÍCTIMAS: Guillermo Sevilla Sacasa y Lilian Somoza de Sevilla Sacasa
PETICIONARIOS: Guillermo Sevilla Sacasa y Lilian Somoza de Sevilla Sacasa
VIOLACIONES ALEGADAS: Artículos 7, 8, 9, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
FECHA DE INCIO DEL TRÁMITE: 27 de febrero de 1995
El 10 de agosto de 1994, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la denuncia presentada por Guillermo Sevilla Sacasa y Lilian Somoza de Sevilla Sacasa, por la presunta violación de sus derechos a la libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y de retroactividad, derecho a la propiedad privada y protección judicial, por parte del Estado de Nicaragua.
En la denuncia, los peticionarios alegaron que el Estado de Nicaragua procedió a la expropiación de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad, sin llevar a cabo el proceso judicial correspondiente. Según alegaron, dicha expropiación se produjo en base al Decreto Ley No. 3 de la Junta de Gobierno de Nicaragua del 20 de julio de 1979, mediante el cual se facultó al Procurador General de Justicia a realizar la intervención, requisa y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza.
En su respuesta, recibida el 15 de mayo de 1995, el Estado de Nicaragua solicitó se declare inadmisible la petición por los siguientes motivos. En primer lugar, alegó la falta de competencia temporal de la Comisión en tanto la confiscación de los bienes de los peticionarios se habría producido el 20 de julio de 1979 a través del Decreto Ley No. 3; mientras que la Convención Americana sobre Derechos Humanos entró en vigor para Nicaragua el 25 de septiembre de 1979. En segundo lugar, alegó que la petición fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 46.b de la Convención, porque la última decisión judicial fue en julio de 1990 y la petición fue presentada el 10 de agosto de 1994.
Por otra parte, el Estado hizo referencia a los abusos cometidos por el régimen somocista en Nicaragua y a la adquisición fraudulenta de propiedades por parte de los peticionarios para justificar la expropiación de sus bienes.
El 10 de agosto de 1994, la Comisión recibió la petición de la misma fecha y le asignó el número 11.432. El 27 de febrero de 1995 transmitió las partes pertinentes al Estado, solicitándole que dentro del plazo de 90 días presentara su respuesta, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces vigente.
El 12 de mayo de 1995, el Estado de Nicaragua presentó sus observaciones, de cuyas partes pertinentes se dio traslado a los peticionarios el 15 de mayo de 1995. Los peticionarios presentaron sus observaciones el 3 de julio de 1995.
Asimismo, la CIDH recibió información adicional de los peticionarios el 2 de agosto, el 5 y 26 de octubre de 1995; el 7, 8 y 12 de febrero, el 13 de marzo y el 6 de septiembre de 1996; el 29 de enero y 25 de julio de 1997 y el 17 de diciembre de 2002. Dichas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al Estado. Igualmente, la CIDH recibió observaciones del Estado el 24 de agosto y 30 de noviembre de 1995; y el 6 de enero, 14 de febrero y 6 de marzo de 2003. Tales comunicaciones fueron debidamente trasladadas a los peticionarios.
Con el propósito de actualizar la tramitación de la petición, el 17 de enero de 2007, la CIDH solicitó a los peticionarios que enviaran la información que consideren oportuna en el plazo de un mes, haciendo notar que en caso de no recibir respuesta, la Comisión decidiría sobre el archivo de la petición. A la fecha, la CIDH no ha recibido por parte de los peticionarios la información necesaria para actualizar la tramitación de la petición, como fue solicitado.
El artículo 48.1.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 42 del Reglamento de la CIDH establecen que, antes de determinar la admisibilidad, la Comisión Interamericana deberá verificar si los fundamentos para la petición aún existen o subsisten y si considera que no, ordenará el archivo del caso. Asimismo, el artículo 42.1.b de su Reglamento establece que la CIDH también podrá decidir archivar un caso cuando no se dispone de la información necesaria para tomar una decisión.
El último escrito de los peticionarios fue recibido en 2002. La Comisión le envió una comunicación sin respuesta y el peticionario no volvió a contactarse para proporcionar otros datos de contacto.
En consecuencia, la Comisión no cuenta con los elementos necesarios para determinar si subsisten los motivos que sustentaron la denuncia original, por lo que, de conformidad con el artículo 48.1.b de la Convención y el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, decide archivar la presente petición.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 15 días del mes de julio de 2010. (Firmado): Felipe González, Presidente; Paulo Sérgio Pinheiro, Vicepresidente; Dinah Shelton, Segunda Vicepresidenta; María Siliva Guillén, José de Jesús Orozco Henríquez, Rodrigo Escobar Gil y Luz Patricia Mejía Guerrero, Miembros de la Comisión.
El que suscribe, Santiago A. Canton, en su carácter de Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Comisión, certifica que es copia fiel del original depositado en los archivos de la Secretaría de la CIDH.

References: artículo 46
 artículo 48
 artículo 42
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 artículo 48
 artículo 42
 artículo 47