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Timestamp: 2020-07-09 12:09:14+00:00

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México Internacional | Análisis, comentarios y documentos de política internacional | Página 3
México: Principales logros de su diplomacia multilateral*
México: Principales logros de su diplomacia multilateral
Los organismos internacionales han sido posiblemente el mecanismo más dinámico y eficiente con que ha contado México para promover y defender sus intereses nacionales en el exterior, y el medio de contacto ideal con la totalidad de la comunidad internacional respecto de temas globales de interés común. Es en los organismos internacionales donde se desarrollan, se crean y codifican las normas que regulan la convivencia internacional en todos los aspectos del quehacer cotidiano de los países, se propicia la búsqueda de soluciones pacíficas a las controversias y se pueden adoptar medidas colectivas para restablecer la paz cuando se ha quebrantado o cuando uno o varios países representan una amenaza a la paz y seguridad del resto.
La evolución de los organismos internacionales ha sido lenta a través de la historia y alcanzó esplendor en la segunda mitad del siglo XX. En la actualidad el mundo se enfrenta a retos que pretenden sustituir el multilateralismo democrático con la unilateralidad de la fuerza. A continuación, se resumen los principales temas en que ha destacado México de manera sobresaliente en los organismos internacionales.
El primer esquema de negociación multilateral en el que participó México nació bajo la marca de la dominación hegemónica regional. Al igual que otros conceptos de igual signo en uso a finales del siglo XIX como el pangermanismo y el paneslavismo, el panamericanismo denotaba el exclusivismo de la dominación ante otras aspiraciones de origen imperial. Para Estados Unidos, el panamericanismo representaba un corolario de su llamada Doctrina Monroe y un instrumento para promover su comercio e inversiones en los países latinoamericanos, dos cuestiones que, a su vez, planteaban los espinosos problemas de la solución de diferencias por reclamaciones y los privilegios de los inversionistas extranjeros frente a los nacionales.
“Si bien el gobierno de Porfirio Díaz fue en extremo pródigo en privilegios al capital extranjero, a costa incluso de los principales atributos de la soberanía nacional, sus delegados en las primeras conferencias panamericanas sostuvieron posiciones que reafirmaban la superioridad del derecho interno y la igualdad de trato a nacionales y extranjeros.”[1]
La etapa armada de la Revolución marcó una pausa en la actividad multilateral de México, pero su interacción con Estados Unidos consolidó la formulación de principios jurídicos que normaron su posición en el propio sistema interamericano, en la Sociedad de Naciones y en los organismos internacionales subsecuentes durante muchos años.
Ante la intervención armada bajo el comando del general John Pershing y la invasión de Veracruz, México desarrolla y antepone principios jurídicos que surgieron de la experiencia del país en el siglo XIX y que después adquirieron categoría universal mediante la acción de los organismos internacionales, como el principio de no intervención y el de la inadmisibilidad de toda ocupación de territorio extranjero, fuere cual fuese el motivo.[2]
El intento de algunos países latinoamericanos y Estados Unidos de mediar en el conflicto revolucionario, motivó el rechazo de Venustiano Carranza, a pesar de que la pretensión mediadora le favorecía, con el argumento de que “la simple discusión internacional de estas cuestiones (internas) lesionaría de la manera más profunda la independencia de la república, y sentaría el precedente de la intromisión extranjera para resolver sus asuntos interiores.” [3]
El fin de la lucha armada, la adopción de la Constitución Política, la lenta pero inexorable consolidación de los gobiernos revolucionarios y la normalización de las relaciones con Estados Unidos, aun a costa de importantes postulados del movimiento revolucionario y de la Constitución[4], se reflejan en su activismo en el plano regional durante las Conferencias de La Habana y Montevideo en 1928 y 1933, respectivamente, en las que, con la fuerte presión conjunta de los países latinoamericanos, se acuerda la inadmisibilidad de la intervención en sendas declaraciones que contienen la definición del principio de no intervención.
México ingresa a la Sociedad de Naciones en 1931 con una reserva expresa sobre el artículo 21 del Pacto que declaraba a la Doctrina Monroe como un compromiso o como una “inteligencia” regional.
El fortalecimiento de los movimientos nacionalistas de derecha y militaristas en Europa y Japón, coincidieron con la acción, en ocasiones violenta, de grupos de idéntico signo en México que afectaban el proceso de consolidación de los gobiernos emanados de la revolución. La guerra cristera, el activismo político-religioso de la organización de los Caballeros de Colón y la subversión urbana y armada de Los Dorados, constituían la continuidad de una corriente política decimonónica que estuvo fuertemente ligada al régimen de Porfirio Díaz y que, en ese momento, se engarzaba con las corrientes nacionalistas de derecha de Europa.
Mientras los países europeos vacilaban en virtud de cálculos de conveniencia momentánea, México condenó la invasión de Japón a China en 1931, estuvo solo en la defensa de Etiopía contra la invasión de Mussolini, como lo estuvo en la condena de la anexión de los sudetes en Checoslovaquia y de Austria por la Alemania nazi. Su apoyo fue claro, incontrovertible, material y político a la República Española contra el fascismo criminal encabezado por Francisco Franco, indirectamente apoyado por un Comité de No Intervención de la Sociedad de Naciones, al que México opuso una posición basada en el principio de que no se puede equiparar al agredido con el agresor.[5] México nunca tuvo relaciones diplomáticas con el gobierno de Franco y abrigó hasta la muerte de éste en 1975 una embajada de la República Española.
La aplicación coherente y consistente durante años en el sistema de la Sociedad de Naciones de los principios jurídicos desarrollados durante la Revolución, confirieron a nuestro país un prestigio y un peso político que superaba con mucho el peso específico de su desarrollo económico y fortaleza militar. Se ha malinterpretado ese prestigio como un liderazgo que en realidad nunca ejerció, pues la mayor parte de las veces actuó en soledad en la Sociedad de Naciones respecto de otros países latinoamericanos o de un desarrollo equiparable. Ese prestigio, aunado a la extraordinaria proyección cultural de México, fue un factor importante que llevó en 1948 a Jaime Torres Bodet a la Dirección General de la UNESCO, tres años después de la Segunda Guerra Mundial, un puesto que hasta la fecha es el único que ha recaído en un latinoamericano.[6]
Durante la guerra, México había colaborado estrechamente con Estados Unidos en el esfuerzo bélico para derrotar a los países del Eje, más en el plano económico que en el militar, mediante un flujo ininterrumpido de petróleo y minerales. A terminar el conflicto armado, México inició un ambicioso programa de desarrollo industrial con empresas estatales. El gobierno mexicano seguía una cuidadosa política de doble vía en sus relaciones con Estados Unidos, en la que la amistad y cooperación no interferían con una celosa defensa de la soberanía y la independencia política. En el panorama mundial, el paso de la cooperación a la competencia, el enfrentamiento político y la tensión militar entre Estados Unidos y la Unión Soviética definió radicalmente dos espacios geopolíticos en el orbe que limitaban la acción independiente de los países medianos y pequeños.
Estos factores se combinaron en la primera actuación de México en el Consejo de Seguridad en 1946-1947 como miembro no permanente. Su actividad fue intensa en el proceso de descolonización y en el fortalecimiento de los métodos de solución pacífica de controversias, particularmente entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que quedaba paralizado por la interposición del veto. Para solucionar ese escollo, México insistió en que dichas controversias se examinaran en el seno de la Asamblea General, a lo que las mismas grandes potencias se opusieron. La frustración y los riesgos políticos de provocar presiones irresistibles de Estados Unidos condicionaron el alejamiento de México durante más de treinta años del Consejo de Seguridad.[7] La expresión de los criterios independientes de México se trasladó a la Asamblea General, donde podía manifestarse conjuntamente con otros países de opinión similar.
México regresa al Consejo de Seguridad 33 años después en 1980 en ambientes interno e internacional diferentes a los de 1946. Los países en desarrollo actuaban con cierta coordinación organizados en los Grupos de Países No Alineados y de los 77; la caída del Sha de Irán había modificado la ecuación política en el Medio Oriente; Cuba extendía su influencia al África y los gobiernos sudafricano y rhodesiano se encontraban más aislados, mientras en Nicaragua se había instalado el segundo gobierno de extrema izquierda en América Latina. México recogía los beneficios de los altos precios del petróleo y se fortalecía la industria estatal al tiempo que abiertamente apoyaba el derrocamiento de la dictadura Somoza en Nicaragua y el presidente nombraba como Secretario de Relaciones Exteriores y como embajador en la ONU a un diplomático y a un político nacionalistas, respectivamente.
El activismo de México en el Consejo de Seguridad fue extraordinario. El embajador Porfirio Muñoz Ledo mantuvo al Consejo en sesión casi permanente y en los casos de la anexión por Israel de Jerusalén y el Golán, México emitió votos favorables a las condenas y no reconocimiento sin desatar la ira abierta y las presiones combinadas de Estados Unidos, Israel y la comunidad judía norteamericana. México asumió posiciones coherentes basadas en principios de condena en los casos de la invasión de Afganistán por la Unión Soviética y por el apoyo occidental a Sudáfrica a su invasión a Angola y la denegación de independencia a Namibia.
México volvió a ocupar un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en los años 2002 y 2003, con una elección que coincidió con la asunción al poder del partido Acción Nacional en diciembre de 2000 y que causó tensiones con la República Dominicana que había presentado su candidatura dentro del Grupo Latinoamericano con anticipación a la de México. El temario durante el mandato de México en el Consejo de Seguridad estuvo dominado por el acoso militar y radical boicot económico contra Irak que se inició a raíz de la invasión de Kuwait en 1991 y se acentuó con la supuesta decisión de Sadam Hussein de asesinar al presidente Bush padre en 1993. En diciembre de 2000, George W. Bush hijo decidió producir un cambio de régimen en Irak[8].
Estados Unidos adoptó una política de unilateralidad en el uso de la fuerza intentando la autorización del Consejo de Seguridad para invadir Irak y advirtiendo que lo haría solo si no la obtenía.[9] México cuestionó repetidamente la validez de los argumentos norteamericanos para justificar la invasión y anunció su votó en contra del proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Estos países optaron por invadir ilegalmente a Irak. Posteriormente, México votó a favor de autorizar a la coalición de países invasores actuar como gobierno provisional en ese país.[10]
México fue electo miembro no permanente del Consejo de Seguridad por cuarta vez en 2008. Participó en el examen y decisión de las cuestiones de seguridad internacional sometidas a la atención de dicho órgano y tuvo un papel destacado en el tema de los niños en los conflictos armados, acerca del cual fue autor de un proyecto de resolución aprobado por el Consejo, que se convirtió en la resolución 1882 sobre Niños en los Conflictos Armados que, i.a., obliga al Secretario General a establecer un “Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes sobre niños en situaciones de conflicto”.[11]
El tema del desarme ha sido uno de los que más prestigio a dado a México en el mundo. Uno de sus delegados más destacados, Alfonso García Robles, fue distinguido con el Premio Nobel de la Paz en 1982, por su excepcional desempeño en ese ámbito, en particular en la concepción, diseño, negociación y conclusión del Tratado para la Desnuclearización de América Latina, (Tratado de Tlatelolco),[12] ejemplo que fue seguido en otras regiones.
La negociación del Tratado de no Proliferación de las Armas Nucleares fue otro tema de desarme de importancia crucial en el que sobresalió el papel de México, en particular en lo que se refiere al equilibrio de obligaciones y responsabilidades entre potencias nucleares y no nucleares, en particular, el derecho inalienable de todas las partes a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación, el compromiso de facilitar el intercambio y transferencia de tecnología nuclear a los países en desarrollo (artículo IV), el derecho de los países no poseedores de armas nucleares a los beneficios de las explosiones nucleares con fines pacíficos (artículo V) y el compromiso de las potencias nucleares de emprender negociaciones para cesar la carrera de armas nucleares, para el desarme nuclear y un tratado de desarme general y completo (artículo VI). Poco antes de la primera Conferencia de Revisión de Tratado algunos países en desarrollo advirtieron que denunciarían el tratado si no se cumplían los artículos IV, V y VI, lo que desató contra ellos una ola de fuertes presiones de los países poseedores de armas nucleares que les hizo desistir de su propósito.[13] Subsecuentes conferencias de revisión se han limitado a renovar la vigencia del tratado, pero no han llegado a un acuerdo en un documento final sobre el incumplimiento de dichos artículos.[14]
DESARROLLO Y CODIFICACION DEL DERECHO INTERNACIONMAL.
La Comisión de Derecho Internacional fue creada por la Asamblea General de las Naciones en 1947 con el fin de realizar estudios y hacer recomendaciones con el fin de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. En el cumplimiento de su mandato son numerosos los tratados que han aprobado las Naciones Unidas sobre proyectos elaborados por la Comisión. Sus 34 miembros son electos a título personal por cinco años por la Asamblea General entre individuos que posean competencia y calificaciones reconocidas en la doctrina y aspecto prácticos del derecho internacional, sobre una base de representación geográfica equitativa. Han sido seis los mexicanos electos para formar parte de ella: Roberto Córdova (1949-1954), Luis Padilla Nervo (1955-1963), Jorge Castañeda (1967-1986), Bernardo Sepúlveda (1987-1991), Alberto Szekely (1992-1996) y Juan Manuel Gómez-Robledo (2012-2017).[15]
El desarrollo y la codificación del derecho internacional también se han realizado mediante la acción de órganos políticos y técnicos de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, La Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Marítima Internacional, etc., y la propia Asamblea General. En el trabajo realizado por esta última debe mencionarse tanto la Declaración sobre los Principios de derecho internacional referentes a las Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, que la Corte Internacional de Justicia reconoció como fuente del derecho internacional, de acuerdo con su propio Estatuto[16], como la Definición de la Agresión, en cuyas negociaciónes participó destacadamente el gobierno de México. .[17]
La contribución de México al desarrollo y codificación del derecho internacional aplicable a los espacios marinos y su aprovechamiento en beneficio directo de México, es sin duda la más importante en el análisis de su papel en los organismos internacionales, por su impacto en el desarrollo del país y en el andamiaje de normas jurídicas que rigen ese espacio a nivel mundial. La complejidad de los múltiples temas que comprende el derecho del mar y los fuertes intereses nacionales involucrados en las numerosas posiciones y las creativas soluciones para definir intereses de terceros, conciliar posiciones y promover con ellas los intereses de México, son un testimonio del alto nivel profesional y de la rica y fina imaginación jurídica de los delegados mexicanos que participaron en las negociaciones realizadas bajo el manto de las Naciones Unidas desde 1958 hasta 1982.
Con fundamento en el acuerdo consignado en la Convención sobre el Mar Territorial de 1960 acerca del sistema de líneas de base para medir la anchura de dicho espacio marítimo, México convirtió en 1968 el Golfo de California a la altura de las islas que forman un arco en el que la Isla de Tiburón es la más grande, en un mar interior, es decir, en una parte integral del territorio nacional con todos los atributos de soberanía que sobre éste se ejercen.
El gran impulso para arribar a un acuerdo mundial sobre el régimen jurídico del mar se inició en 1967 con un discurso de cuatro horas del delegado de Malta, Arvid Pardo, en la XXII Asamblea General sobre la inmensa riqueza mineral de los fondos marinos y la importancia de explotarlos en beneficio de toda la humanidad bajo el esquema de una empresa de participación mundial. Con la creación de un Comité de los Fondos Marinos y posteriormente de una Comisión más amplia en composición y temática se abordaron las cuestiones del mar territorial, la plataforma continental, los fondos marinos y un sinnúmero de temas conexos.
En el marco del Comité Preparatorio de la Tercera Conferencia de las naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, México hizo una importantísima aportación en la concepción y adopción de la figura jurídica de la Zona Económica Exclusiva, a la cual se llegó paulatinamente a lo largo de varios años de negociaciones que tenían como telón de fondo la aspiración de países costeros en desarrollo para modificar la inequitativa distribución mundial de la riqueza que, en el caso de las pesquerías, se manifestaba en la explotación abusiva por las grandes flotas pesqueras de los países desarrollados, amparados en el principio de libertad de los mares allende el mar territorial.[18]
Algunos países latinoamericanos fueron los primeros en reaccionar ante esta situación proclamando un mar territorial de 200 millas, lo que provocó un fuerte rechazo de los países desarrollados porque implicaba restringir la libertad de navegación sobre una extensa zona. Todo ello parecía no llevar a ninguna parte. Otros trece países latinoamericanos, reunidos en Santo Domingo en 1972, adoptaron una posición promovida por México, Colombia y Venezuela, que recibió el nombre de ”patrimonialista” en virtud del concepto de mar patrimonial, consistente en que lo importante era reservar la exclusividad de explotación de los recursos vivos hasta una distancia de 200 millas y no reclamar plena soberanía sobre las 188 millas en exceso del mar territorial.[19] Más adelante esta posición adoptó el nombre de Zona Económica Exclusiva que abarcaba los recursos vivos y minerales.
En noviembre de 1975 el Presidente envió al Congreso una iniciativa de decreto para adicionar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer una Zona Económica Exclusiva a lo largo de las costas el país y un proyecto de Ley Reglamentaria del párrafo 80 de dicho artículo. Ambas iniciativas fueron aprobadas por el Congreso y publicadas en el Diario Oficial el 6 de febrero de 1976. Con este acto, el territorio nacional casi se duplicó en extensión para fines de explotación de recursos vivos y minerales y permitió cerrar el Golfo de California en su mitad sur, para efectos económicos realizados por personas o entidades extranjeras. La libertad de navegación o paso inocente quedan restringidos ya que carecen de sentido porque el golfo es cerrado. La libertad de navegación sólo se aplica cuando los buques se dirigen a puertos mexicanos.[20]
En aplicación de la Zona Económica Exclusiva. México concluyó sendos tratados con Estados Unidos y Cuba en 1976 para fijar límites decrecientes de captura de camarón por parte de esos países en dicha Zona, los cuales fenecieron en 1979. Con ello, dicha Zona quedó limitada a la explotación exclusiva por mexicanos.[21]
Las aportaciones de México en el resultado final de las largas y complejas negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con la plataforma continental, el régimen de alta mar y el régimen de los fondos marinos, fueron igualmente significativas. Los lectores interesados en profundizar sobre el papel de nuestro país en estos temas pueden acudir al volumen II de las Obras Completas de Jorge Castañeda aquí citadas.
Durante más de cien años, el sistema multilateral regional, conocido en su origen como panamericano y, después como sistema interamericano, representó para México y, de manera irregular, para muchos países latinoamericanos, una arena de confrontación política, económica y jurídica frente a Estados Unidos. Como se expuso al inicio de este ensayo,[22] el sistema panamericano nació marcado por la oposición de intereses comerciales y financieros y sus derivaciones jurídicas sobre la solución pacífica de controversias y el status jurídico de los inversionistas extranjeros. Los grandes hitos de las reuniones panamericanas en el primer cuarto de siglo fueron doctrinas que reafirmaban los intereses latinoamericanos, tales como las doctrinas Calvo y Drago. Más adelante, en los años veinte y principios de los treinta, la cuestión de la no intervención fue el tema más importante de esas reuniones. Estas cuestiones se convirtieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial y con motivo de la tarea de institucionalización del sistema multilateral continental mediante la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá, en los temas más distintivos de la estructura multilateral del hemisferio.
La Guerra Fría produce en el continente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, un instrumento de legítima defensa colectiva que se convierte en uno de intervención colectiva para provocar cambios de régimen que no se ajustaban a los intereses norteamericanos, como los casos de Guatemala en 1954, Cuba después de 1959 y de República Dominicana en 1965. La pretensión de Estados Unidos y de otros países latinoamericanos en esos momentos, de que el Órgano de Consulta podía adoptar medidas coercitivas en casos diferentes al de una agresión armada, fue duramente criticada y rechazada por México.[23]
El paulatino pero acentuado declive de la Unión Soviética en la década de los ochenta y noventa, no atenuó la implacable política norteamericana de oposición contra gobiernos y movimientos armados latinoamericanos de signo ideológico antagónico, como fue el caso de Nicaragua y las guerrillas colombiana y peruana. Al mismo tiempo, los estamentos militares latinoamericanos, aunque fortalecidos materialmente, fueron dejando de lado ambiciones políticas que les resultaban contraproducentes por el rechazo continental casi unánime. Ello abrió espacios a la definición de mecanismos para resguardar los gobiernos electos de Latinoamérica de ambos riesgos, el primero de los cuales quedó consignado en la resolución 1080 de la Asamblea General de la OEA en 1991 y, posteriormente, en la reforma al artículo 9 de la Carta de la organización de 1992, que prevé la suspensión en la OEA de un Estado miembro cuyo gobierno democráticamente constituido haya sido derrocado por la fuerza. Más adelante, en 2001, en el marco de una Cumbre de las Américas, se instruyó a los ministros de relaciones exteriores para que preparasen una Carta Democrática Interamericana (CDI) que fue adoptada en Lima, Perú, en septiembre de ese mismo año como resolución de una Asamblea General Extraordinaria.
En sus primeros 16 artículos la Carta Democrática hace un inventario de los compromisos que asumen los gobiernos para el logro de las características y objetivos de una democracia representativa en lo que se refiere a derechos humanos, libertades fundamentales, la realización de elecciones periódicas, justas, universales y libres, pluralidad de partidos, transparencia, probidad, respeto a los derechos sociales, libertad de expresión y prensa, combate a la pobreza y bajos niveles de desarrollo humano, empleo productivo, erradicación de pobreza extrema, protección del medio ambiente, etc. Pero el mecanismo de sanción contra un Estado se pone en marcha única y exclusivamente cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, o cuando exista una ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro.[24]
Existen opiniones diferentes sobre la obligatoriedad de la CDI. Sobre este particular, el Comité Jurídico Interamericano ha, opinado que, además de contradicciones entre los artículos 17 a 22 de la CDI y el artículo 9 de la Carta de la OEA, “parecería necesario que se aclare el carácter y efecto que se pretende dar a la Carta Democrática Interamericana en lo que se refiere a estas disposiciones. Si se piensa que debe constituir una declaración de intención formulada a través de una resolución, sin efectos inmediatos, cuya vigencia jurídica queda sujeta a la posterior enmienda de la Carta de la Organización, esto debería aclararse en su mismo texto,” y que “si se espera su vigencia jurídica inmediata, sería necesario armonizar esas disposiciones con la Carta de la Organización, ya que ésta prevalece sobre cualquier decisión de uno de sus Órganos.”[25] Las contradicciones señaladas por el CJI en el proyecto no fueron subsanadas en la versión final. Mientras el artículo 9 de la Carta prevé la suspensión de un Estado como miembro de la OEA cuando “un gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza”, el artículo 21 de la CDI dice que la suspensión procederá cuando la Asamblea General “constate que se ha producido la ruptura del orden democrático”.[26]
La CDI se ha invocado en los casos de Bolivia (2003, 2005, 2008), Ecuador (2005, 2010), Honduras (2009), Nicaragua (2004, 2005), Perú (2004), Venezuela (2002, 2016).
La posición del Gobierno de México sobre la crisis política en Venezuela ha evolucionado paulatinamente. En febrero de 2016, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, recibió a Lilian Tintori, una activista de la oposición venezolana, esposa de un connotado dirigente político preso, reunión en la que Ruiz Massieu hizo votos por que la crisis se resolviera por la vía del diálogo y con apego al Estado de Derecho.[27] Al año siguiente, en abril de 2017, el presidente Enrique Peña recibió a la señora Tintori, reunión sobre la cual el propio presidente dijo en su cuenta de Twitter que confiaba en que “mediante el acuerdo entre las partes, sean los venezolanos quienes restablezcan la normalidad democrática”, en un juicio que podría interpretarse que implícitamente afirmaba que se había afectado o roto el orden democrático, supuestos previstos en la CDI para aplicarla.[28] El gobierno venezolano rechazó estas reuniones como intromisiones en sus asuntos internos.
En la OEA, México intentó promover gestiones colectivas de mediación que fueron rechazadas por Venezuela con base en el artículo 18 de la misma CDI, que dispone el consentimiento previo del Estado. Venezuela decidió retirarse de la organización a fin de vaciar de contenido el objetivo de expulsarla. En la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Cancún en 2017 no se reunió el número necesario de dos tercios de votos para imponer una gestión de buenos oficios. En todo ello influyó decisivamente el activismo político favorable a la oposición del Secretario General de la OEA.
En agosto de 2017 doce países latinoamericanos, incluyendo México, formaron el Grupo de Lima al margen de la OEA para promover la restauración de la normalidad democrática en Venezuela.
El Gobierno de México no ha emitido ningún documento que analice, explique o justifique ante la opinión pública mexicana su posición ante el caso Venezuela. El discurso del entonces Representante Permanente de México ante la OEA, Embajador Alfonso de Alba Góngora, y ahora Subsecretario para América Latina y el Caribe, pronunciado el 24 de julio de 2017 en una reunión de la Comisión Permanente de la OEA, constituye la explicación más accesible.[29]
México ha desempeñado un papel importante en la promoción de los intereses de los países en desarrollo desde los años sesenta del siglo XX en Naciones Unidas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados representaron en su momento hitos que, aunque superados por la unipolaridad política y el libre movimiento de capitales, fueron precedentes de instituciones multilaterales ulteriores en cuya definición México aportó su importante concurso.
Con 12 tratados de libre comercio que cubren 46 países, México es uno de los que tienen más acuerdos bilaterales y multilaterales de este tipo en todo el mundo. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en vigor desde 1994, fue la culminación de una iniciativa del presidente de México que ha constituido el motor de la economía nacional desde entonces y el precedente de otros acuerdos en todo el mundo. El más importante de ellos es el Tratado de Asociación Transpacífico.
El Tratado de Asociación Transpacífico (TAP o TPP)
Este tratado incluía originalmente a 12 países[30] que representaban el 40% del comercio mundial y su negociación concluyó en octubre de 2015. Fue promovido con gran interés por Estados Unidos y Japón para contrarrestar la penetración económica y la influencia política de China en un número de importantes países asiáticos y abrirlos predominantemente a la producción agropecuaria de Esta dos Unidos.[31]
El cambio de gobierno de Estados Unidos trajo consigo su retiro de este proyecto antes de que se discutiera en el Congreso, desatando un debate interno multifaccional. Los once países restantes decidieron en noviembre de 2017 ajustar el tratado y seguir adelante con el mismo. México tiene acuerdos de libre comercio con cuatro de los once países -Canadá, Chile, Japón y Perú- y le abre extensos mercados en los siete restantes.
[1] Castañeda. Jorge, Obras Completas. Volumen III Política Exterior y Cuestiones Internacionales. IMRED. SRE. El Colegio de México. pp 37 y ss.
[2] A/RES/ 3314(XXIX) Definición de la agresión. Artículo 3 (a), (e). Artículo 21 de la Carta de la OEA.
[3] Castañeda, Ídem, p 44
[4] Para un análisis de los llamado Tratados de Bucareli, véase Castañeda, Ídem, pp. 48 y ss.
[5] En 1962, el Emperador Haile Selasie hizo una visita oficial a México en agradecimiento al papel de nuestro país en la defensa de Etiopía en la Sociedad de Naciones e inauguró la Plaza Etiopía en la ciudad de México. A su regreso, dio a una plaza el nombre de México en Addis Abeba. En 1956, la ciudad de Viena decidió dedicar a México una plaza que se encuentra actualmente frente a la Oficina de las Naciones Unidas, al otro lado del Danubio, en recuerdo de nuestra declaración contra el anschluss. A iniciativa de la Embajada de México, en 1985 se erigió un monumento alusivo a ese hecho. Al autor le consta que, en ocasiones, y hasta la fecha, individuos o grupos nazis, pintan suásticas en el monumento.
[6] http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/director-general/the-organization/the-directors-general/
[7] Guadalupe Vautravers-Tosca y Agenor González-Valencia, “La membresía de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, en Convergencia vol.19 no.58 Toluca ene./abr. 2012. Héller, Claude, “México y el Consejo de Seguridad”, en México en las Naciones Unidas: México: Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Secretaría de Relaciones Exteriores. 1986
[8] Un mes más tarde, en febrero 2001, Bush hizo una visita al presidente Vicente Fox en Guanajuato en la misma fecha en que se producía un intenso bombardeo de aviones de EUA y Gran Bretaña sobre Bagdad. Fox se excusó de dar respuesta a una pregunta si endosaba el ataque, pero posteriormente la SRE dijo que, conforme a las decisiones del Consejo de Seguridad, Irak debía respetar las zonas de exclusión aérea, razón que invocaron EUA y GB para justificar el ataque con base en la resolución 688 del Consejo de Seguridad. Ni dicha resolución ni ninguna otra anterior a la visita hacía mención a no fly zones
http://www.proceso.com.mx/184889/bush-autorizo-el-ataque-a-irak-dias-antes-de-su-visita. FBI Study. “How Do We Know that Iraq Tried to Assassinate President George H.W. Bush? http://historynewsnetwork.org/article/1000. https://publications.parliament.uk/pa/cm199900/cmselect/cmdfence/uc453/uc45302.htm.
http://www.casi.org.uk/info/undocs/gopher/s91/5
[9] The National Security Strategy of the United States of America 2002 https://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
Noam Chomsky, Hegemonía o Supervivencia, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2016, pp 21 y ss.
[10] Vautraubes y Agenor. Op. Cit.
[12] Un resumen por el Embajador Alfonso García Robles de los trabajos que condujeron al Tratado de Tlatelolco puede encontrarse en http://www.opanal.org/la-proscripcion-de-las-armas-nucleares-en-la-america-latina/
[13] Jorge Castañeda, La No Proliferación de las Armas Nucleares en el Orden Universal, El Colegio de México, 1969.
[14] http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2015/50(PartIII)
[15] http://legal.un.org/ilc/
[16] S/18221, 11 de julio de 1986. International Court of Justice. Year 1986, 27 June 1986. Case concerning military and paramilitary activities in and against Nicaragua, (Nicaragua vs United States of America).
[17] A/RES/3314(XXIX)
[18] Jorge Castañeda, “La Zona Económica Exclusiva y el Nuevo Orden Económico Internacional” en Jorge Castañeda, Obras Completas II, Derecho del Mar, Instituto Matías Romero, El Colegio de México, 1993, pp 119 y ss
[19] Íbid
[20] Jorge Castañeda, “México y el Nuevo Derecho del Mar” en Jorge Castañeda, op. Cit., pp 195 y ss.
[22] Ver supra p.1
[23] Antonio Gómez Robledo, La Seguridad Colectiva en el Continente Americano, Universidad Nacional Autónoma de México. México 1960. Jorge Castañeda, “Legítima Defensa Colectiva y Acuerdos Regionales” en Obras Completas, Tomo II Naciones Unidas. Secretaría de Relaciones Exteriores, El Colegio de México. México 1995, pp. 187 y ss.
[24] Artículos 17 a 22 de la Carta Democrática Interamericana.
[25] Comité Jurídico Interamericano. Observaciones específicas sobre los artículos: Proyecto de Carta Democrática Interamericana en Carta Democrática Interamericana: Documentos e Interpretaciones https://www.oas.org/oaspage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_spa.pdf, pp 253 y ss.
[26] Para una opinión que difiere de la del Gobierno de México sobre el caso de Venezuela, véase https://mexinternacional.mx/2017/08/24/carta-a-senadores-de-la-republica/ de un grupo de Embajadores de México en retiro.
[27]http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=761982&md5=159975c41b4caba58654b19ad61461ec&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=a995c55b6952a851b9abb27f641b4e0f
[28] http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/04/06/1156392
[29] https://mexinternacional.mx/2017/11/16/discurso-del-representante-de-mexico-en-la-oea-el-24-de-julio-de-2017/ Para una opinión disidente ver https://mexinternacional.mx/2017/08/24/carta-a-senadores-de-la-republica/
[30] Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam.
[31] http://www.eitb.eus/es/noticias/economia/detalle/3521678/ttp-tratado-asociacion-transpacifico–acuerdo-12-paises/
Este texto figurará como capítulo del libro Manual de Iniciación Diplomática que publicará próximamente la Secretaría de Relaciones Exteriores.
No son sólo los air-marshalls, señor Secretario.
La reciente visita a México del Secretario de Estado, Rex Tillerson, puso de relieve lo que varios embajadores de México jubilados señalaron hace un año[1] como concesiones unilaterales que se extienden desde los gobiernos de Fox y Calderón y han continuado en el presente sexenio, adoptadas en la mayor secrecía por su intrínseca y profunda vulneración a la soberanía nacional.
El Secretario Videgaray afirmó en una conferencia de prensa que México estudia una propuesta norteamericana para que se permita la operación de air-marshalls estadunidenses en territorio nacional. Como se sabe, los air-marshalls son policías suicidas cuya función se ideó a raíz de los ataques a la Torres Gemelas, que vuelan de incógnito para el resto de los pasajeros en todos los vuelos dentro de Estados Unidos, con la única función de abatir a balazos a cualquier individuo que pretenda secuestrar un avión, aún si se compromete la vida de todos los pasajeros. Más recientemente se dotó a estos policías con tasers, o pistolas de electrochoque, como un arma alternativa pero no substituta del arma de fuego.
O sea que para los pasajeros no hay opción: o mueren por el pirata aéreo o por el kamikaze que pretende cazarlo. Los que se salvan son los gringos que se enterarán de lo sucedido por las noticias a la hora de la cena. Sacrificios que demanda el imperio a los países sometidos.
Que se admita que una propuesta en este sentido se está estudiando no augura nada bueno para los mexicanos, en vista de los deshonrosos precedentes en materia migratoria y de los efectos en nuestro país de la llamada guerra antiterrorista emprendida por Estados Unidos desde 2001. Uno de ellos es la operación desde hace años de agentes de la Customs and Border Protection en todos los aeropuertos internacionales del país, con el fin de filtrar a todos los pasajeros desde el momento de su documentación en el escritorio de la compañía aérea, bloquear todo trámite subsecuente y ordenar la detención de todo aquel que se encuentre en sus listas de no-fly o de sospechosos de terrorismo. La operación de estos agentes extranjeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México le consta al autor de estas líneas.
Un esquema parecido lo acordó recientemente el gobierno de Estados Unidos con el de Canadá, el cual al llegar al parlamento para obtener su legalización provocó un verdadero alud de protestas del público. Desde 1952, agentes estadunidenses de aduanas revisaban el equipaje de los pasajeros antes de salir de Canadá, de manera que al llegar a Estados Unidos eran como pasajeros de un vuelo interno. Si el pasajero se negaba a la revisión, simplemente salía del aeropuerto y punto final. Con el nuevo acuerdo y legislación aprobada, los agentes de Estados Unidos pueden interrogar al pasajero y detenerlo hasta que agentes canadienses lo arresten o liberen. [2]
En Alemania, miembros del parlamento han criticado fuertemente la práctica de funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (o más precisamente Seguridad de la Patria) de interrogar y detener a ciudadanos alemanes y de otras nacionalidades antes de abordar sus vuelos. Andrej Hunko, un legislador por el Linkspartei protestó por lo que llamó una prohibición extrajudicial a viajar y acusó a Estados Unidos de aplicar su política migratoria en los países europeos.[3]
La operatividad de los air-marshalls en México plantea serias dudas sobre su aplicabilidad porque no sólo se afectaría a los vuelos que se originen en nuestro país con destino a Estados Unidos, sino también a vuelos internos hasta una cierta distancia de la frontera y probablemente a todos los vuelos nacionales. Es difícil concebir que los negociadores estadunidenses dejen de suscitar el “riesgo” que puede representar un vuelo a Ciudad Juárez, Tijuana o Mexicali para las bases militares de Fort Bliss o Pendelton, o el que puede suscitar un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey que, a velocidad de crucero, le tomaría quince minutos llegar a San Antonio. En otras palabras, los suicidas air-marshalls tal vez operarían en un gran número de vuelos internos -y quizá en todos- y no sólo en los que tienen como destino a Estados Unidos.
En todo proyecto estadunidense que implique “fronteras avanzadas”, México es el primer objetivo y hace falta una gran dosis de dignidad y honor para resistir de manera inteligente las fuertes presiones que dejan sentir los funcionarios de Estados Unidos cuando aducen razones de “seguridad nacional” de su país. A ello debe agregarse la dificultad política de echar atrás una concesión así sea unilateral. Cuando Estados Unidos, al declarar la guerra al Eje, solicitó la autorización para establecer una base naval en algún punto del litoral del Pacífico, el general Lázaro Cárdenas, entonces Secretario de Guerra se opuso con el argumento que lo de menos era dar la autorización, lo difícil sería sacarlos.
Y ciertamente no puede desconocerse que la estrecha vecindad plantea problemas de seguridad ajenos que se desdoblan sobre nuestro país y que en muchas ocasiones se vuelven propios, afectando otros intereses nacionales externos.
Recientemente, la Secretaria de Seguridad Interior, Kristjen Nielsen, una vikinga de probable ascendencia noruega del tipo que haría llorar de emoción racial a Trump, anunció el emplazamiento de dos mil agentes del Immigration and Customs Enforcement, Investigation (ICE) en un número no especificado de países para aplicar en otros países, por sí mismos, en las “fronteras avanzadas” de su territorio mundial, las nuevas y restrictivas normas de inmigración estadunidense.[4] Algunos de ellos, vendrán a sumarse los que ya operan como autoridad en los aeropuertos mexicanos o supervisando el desempeño de funcionarios y agentes del Instituto Nacional de Migración.
Y está también el número no especificado de agentes de cuando menos 13 dependencias gubernamentales estadunidenses que operan en México, tal como lo reconoció la propia Secretaría de Relaciones Exteriores en respuesta a una solicitud de información canalizada a través del IFAI por el diario digital Contralínea, publicada por ese órgano el 16 de abril de 2017.[5]
Es necesario pues mantener un sano equilibrio de responsabilidades mutuas intra e inter-temas y evitar caer en concesiones unilaterales en las que México no sólo adopta el problema ajeno, sino que somete la vigilancia y supervisión de su manejo a autoridades extranjeras que operan en flagrante violación de nuestra soberanía. Ni en los peores momentos de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Fría, había estado México tan infiltrado de agentes estadunidenses y colaboradores nativos como en los últimos diecisiete años. Esto debe cesar.
[1] https://mexinternacional.mx/2017/02/10/pronunciamiento-de-embajadres-de-mexico-de-carrera-jubilados-sobre-las-relaciones-con-estados-unidos/
[2] Homeland Security Goes Abroad. Not Everyone Is Grateful. New York Times, 26 December 2017.
https://www.democracynow.org/2017/12/29/is_the_us_exporting_its_travel
[5] La “buena fe” de México para ocultar el número de agentes estadunidenses. Contralínea, 16 de abril de 2017.

References: artículo 21
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 21
 artículo 18
 Artículo 3
 Artículo 21
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