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Timestamp: 2020-08-11 12:40:17+00:00

Document:
Resolución AAIP 0268/2019. Boletín Oficial n° 34.282, viernes 10 de enero de 2020, pp. 6-8.
Citas Legales : Decreto 00206/2017, Ley 25.326, Ley 27.275, Ley 27.275 - artículo 01, Ley 27.275 - artículo 07 inciso a), Ley 27.275 - artículo 07 inciso g), Ley 27.275 - artículo 07 inciso h), Ley 27.275 - artículo 07 inciso i), Ley 27.275 - artículo 07 inciso j), Ley 27.275 - artículo 07 inciso k), Ley 27.275 - artículo 07 inciso l), Ley 27.275 - artículo 07 inciso m), Ley 27.275 - artículo 07 inciso n), Ley 27.275 - artículo 07 inciso o), Ley 27.275 - artículo 07 inciso p), Ley 27.275 - artículo 07 inciso q), Ley 27.275 - artículo 08, Ley 27.275 - artículo 13, Ley 27.275 - artículo 19, Ley 27.275 - artículo 24, Ley 27.275 - artículo 24 inciso k), Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública, Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública - artículo 44, Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública - artículo 53, Resolución AAIP 0004/2018, Resolución AAIP 0048/2018, Resolución AAIP 0080/2019, Resolución AAIP 0119/2019
Ciudad de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019
Que vale resaltar que las excepciones previstas por ley, en tanto constituyen limitaciones al derecho de acceso a la información, son de interpretación restrictiva debiéndose, en caso de duda, decidirse siempre en favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información (conf. principio in dubio pro petitor, artículo 1º).
Que en el entendimiento de los principios y reglas que rigen el acceso a la información pública, esta Agencia tiene dicho que toda normativa en la que se encuentre prevista una restricción al acceso a la información pública conserva validez en la medida que esté justificada en alguna de las excepciones al principio general de publicidad previstas en el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública (conf. Resolución AAIP Nº 80/2019 del 24 de mayo de 2019).
Que la prueba de interés público debe realizarse sobre la base de elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida restrictiva de acceso a la información en consideración de la finalidad que persigue y del interés público comprometido en cada caso (ver al respecto Comentarios y Guía de Implementación para la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información, OEA/Ser.G, CP/CAJP-2841/10, 29 abril de 2010, pág. 11; y en igual sentido el artículo 5.9 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018).
Que la idoneidad de la medida restrictiva exige que cualquier limitación al derecho de información debe ser un instrumento idóneo para cumplir la finalidad que se busca a través de su imposición; esto es, debe tratarse de una medida efectivamente conducente para obtener los objetivos legítimos e imperiosos que mediante ella se persiguen (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “Marco Jurídico Interamericano sobre el derecho de libertad de expresión”, 30 de diciembre de 2009, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.2/09, párr. 87).
Que por otra parte, para que la restricción sea legítima debe establecerse claramente la necesidad cierta e imperiosa de efectuar la limitación, es decir, que tal objetivo no pueda alcanzarse razonablemente por un medio menos restrictivo de derechos; así, entre varias opciones para alcanzar el mismo objetivo, debe escogerse la que restrinja en menor escala el derecho de información (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso de “Claude Reyes y otros”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151, párr. 91).
Que por último, las restricciones deben ser estrictamente proporcionales al fin legítimo que las justifica, para lo cual ha de determinarse si el sacrificio del derecho a la información que ella conlleva resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que mediante ella se obtienen (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Marco Jurídico Interamericano…”, citado supra, párr. 88).
Que para evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión, con criterio aplicable en materia de acceso a la información, la Corte Interamericana estableció que se debe analizar: i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando si la intensidad de dicha afectación es grave, intermedia o moderada; ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. Y se ha señalado que “no hay respuestas a priori ni fórmulas de aplicación general en este ámbito: el resultado de la ponderación variará en cada caso” (Corte IDH, caso “Kimel” sentencia -Fondo, Reparaciones y Costas- del 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párr. 84; Corte IDH., caso “Palamara Iribarne Vs. Chile”, sentencia del 22 de noviembre de 2005, Serie C No. 135, párr. 79; CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Marco Jurídico Interamericano…”, citado supra, párr. 89).
Que a la hora de efectuar este examen de proporcionalidad de la medida restrictiva es preciso valorar, por un lado, que sólo a través del acceso a la información bajo control del Estado que sea de interés público es que los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento adecuado a las funciones públicas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Claude Reyes y otros” citado supra, párrs. 86 y 87).
Que además “el derecho de acceso a la información hace posible la autodeterminación individual y colectiva, en particular la autodeterminación democrática, pues tiende a asegurar que las decisiones colectivas se adopten de manera consciente e informada” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe anual 2008, Volumen III: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión”, 25 de febrero de 2009, OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 5 rev. 1, cap. III, párr. 146); de allí que el derecho de acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos humanos, particularmente por parte de los sujetos más vulnerables.
Que en tal sentido se ha remarcado la importancia prevaleciente de un mandato de dar protección reforzada al acceso a la información sobre asuntos públicos (Comisión IDH, “Informe anual 2008…”, cit. supra, cap. III, párr. 36).
Citas legales: Resolución AAIP 0004/2018

References: artículo 01
 artículo 07
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 artículo 07
 artículo 07
 artículo 08
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 44
 artículo 53
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
in dubio
 artículo 1
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 5
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