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Timestamp: 2020-08-13 07:12:44+00:00

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tecnicas del juicio oral | Evidencia (ley) | Derecho penal
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Comisión Interinstitucional para el Impulso de la Oralidad en el Proceso Penal Comité Técnico y Asesor
TEMISTOCLES ORTEGA Presidente Consejo Superior de la Judicatura
GUSTAVO CUELLO IRIARTE Presidente Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura
YESID RAMIREZ BASTIDAS Presidente Sala Penal Corte Suprema de Justicia
EDGARDO MAYA VILLAZON Procurador General de la Nación
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Defensor Del Pueblo.
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia
Documento elaborado por CHECCHI AND COMPANY CONSULTING COLOMBIA bajo Contrato Institucional con USAID No. 514-C-00-01-00113-00. Brian Treacy – Director Ian Rose – Sub-Director
Ana Montes Calderón - Coordinación y Redacción Fernando Jiménez M. - Producción Ejecutiva y Redacción César A. Solanilla – Redacción César A. Reyes - Redacción
Inventtio. Ma. Cristina Gaviria, Adela Martínez Camacho
Impresión Quebecor World Bogotá S.A.
© USAID/ Programa de Fortalecimiento y Acceso a la Justicia. Primera Edición: 4.000 ejemplares. República de Colombia, Bogotá D.C., septiembre de 2003.
ISBN Obra Completa: 958-33-5034-6, ISBN Volumen 3: 958-33-5035-4
Todos los derechos reservados. Apartes de los textos pueden reproducirse citando la fuente. Su reproducción total debe ser autorizada por USAID. Distribución gratuita.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID.
E-Mail: checchi@pfyaj.com
“Los hechos vivos, “a menudo dramáticos”, que pueden acompañar un debate oral son más aptos para promover la verdad que las inertes actas y expedientes. Prohibirle al Juez que vea el rostro de la parte, que converse con ella y con los testigos, y que los escuche, significa arrebatarle al juez una de las guías más importantes, quizá la más importante, para descubrir
Elementos de comparación entre los sistemas inquisitivo y acusatorio
Comparativo entre los sistemas acusatorio norteamericano y mixto colombiano 15
El sistema procesal penal en los Estados Unidos
Acto Legislativo No. 03 de 2002
La modificación del sistema de juzgamiento e implementación del sistema acusatorio en Colombia
La oralidad. Antecedentes en la doctrina y la legislación comparada
Oralidad en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos
Principios que se relacionan con la oralidad
Jurisprudencia relacionada con la oralidad
Entrevista a los testigos
Sintomatología de la mentira
El interrogatorio del testigo desfavorable
El contrainterrogatorio y las objeciones Objeciones 201
Aspectos prácticos de la prueba pericial en el debate
Alegatos orales de conclusión
l material que se entrega aquí pretende ser un insumo importante en el
y en el Plan Nacional de Formación de Operadores Judiciales.
Está diseñado para complementar los procesos de enseñanza-aprendiza, a través
de lecturas escogidas que suministran elementos prácticos y conceptuales sobre las
técnicas del juicio oral, facilitando a los educandos la ampliación de su conocimiento
y un mayor acercamiento a diferentes puntos de vista prácticos.
Cada lectura corresponde a un tema específico tratado en el libro del alumno, y se presta para ser incluida como referente de investigación, a efectos de desarrollar de mejor forma los ejercicios planteados en cada unidad de dicho módulo.
ELEMENTOS DE COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA INQUISITIVO Y EL SISTEMA ACUSATORIO 1
Documento elaborado por Ana Montes Calderón. Consultora Internacional PFYAJ
Acumulación de funciones en el órgano jurisdiccional
Separación de funciones entre distintos organismos del Estado. Función investigadora y de ejercicio de la acción penal. Función juzgadora y de ejecución de la pena.
Inmediación judicial en todo el proceso
Inmediación judicial en el debate.
Formalismo y ritualismo Procedimentalismo Sistema de actas y constancias
Formalidades como garantía de debido proceso, de amparo del derecho sustancial. Primacía del derecho sustancial.
Escriturismo Culto al expediente
Oralidad. Sistema de audiencias.
Público y contradictorio.
Inculpado es objeto de investigación
Acusado es sujeto de derechos y parte procesal.
Detención es la regla general
Libertad es la regla general y la excepción es la detención. Principio de proporcionalidad.
Sistema de prueba de tarifa legal e íntima convicción
Sistema de libertad de prueba y sana crítica razonada.
Rige el principio de obligatoriedad
Principio de racionalidad del estado.
El objeto del proceso es imponer una pena a quien sea declarado culpable
El objeto es solucionar de la mejor forma el conflicto generado por la violación de la ley. Admite sistemas alternativos a la pena. Principio de oportunidad. Sistemas de agilización.
Juez: tiene la dirección y el impulso total del proceso desde el inicio hasta fin.
Juez: Resuelve si hay lugar a iniciar el proceso
Juez: Resuelve de oficio sobre la práctica de pruebas
Juez: Participa en la práctica de pruebas
Juez: Todas las decisiones las adopta en forma unilateral
Juez: Resuelve oficiosamente sobre si una persona debe ser juzgada o si hay lugar a elevar la causa a plenario
Juez: Puede decretar pruebas de oficio durante el debate
Existe división de funciones entre la Procuraduría o Ministerio Público, Fiscalía y el Organismo Judicial.
Los medios de investigación o convicción son realizados por la policía. La Fiscalía tiene la dirección jurídica de la investigación. La Fiscalía tiene la función acusadora y el juez la de juzgar y ejecutar lo juzgado.
A la Fiscalía compete el ejercicio de la acción penal.
El juez no puede iniciar una investigación de oficio.
El juez no participa en la práctica de pruebas. Al juez compete el control de legalidad de la investigación y ordenar durante la misma la práctica de diligencias que impliquen restricción de derechos fundamentales. La Partes deciden qué pruebas presenta para sustentar su pretensión.
El juez no puede adoptar decisiones sin oír previamente a las dos partes.
El juez no puede oficiosamente determinar el juzgamiento de un inculpado, se requiere que la Fiscalía inicie la persecución penal y formule una acusación.
El juez dirige el juicio, determina la admisibilidad de la prueba, instruye al jurado, pero corresponde
a las partes la presentación de las pruebas. El juez no puede decretar pruebas de oficio, salvo las manifiestamente necesarias.
Este sistema responsabiliza a las partes del resultado del proceso y rescata la función del juez como un juzgador y no sólo como un tramitador de expedientes, papel que desempeña en el sistema inquisitivo.
Da paso a un sistema democrático en contraposición a un sistema autoritario. Se pasa de la concepción de un juez enfrentado a lo malo, juez campeón de la criminalidad, a un juez de la legalidad, de garantías.
Como la investigación la realiza el juez, las diligencias realizadas tienen valor de prueba, por tanto no deben repetirse en el debate.
El juez sólo interviene en el debate en la práctica de pruebas.
Durante la investigación las diligencias realizadas tienen el valor de medios de convicción, en cuanto sirven para fundamentar la decisión de la Fiscalía y las medidas cautelares del juez, así como la admisión de la acusación.
La Fiscalía tiene la obligación de probar en el debate los hechos de la acusación, así como la culpabilidad del acusado.
Lo importante del proceso es dejar constancia de todo, es un sistema de desconfianzas.
Debido proceso: Las formalidades legales sólo tienen razón de ser en la medida que protegen o garantizan un debido proceso de ley y los principios que de éste se desprenden, como los de legalidad, inocencia, objetividad y defensa integral.
El proceso es escrito, lo que no existe en el expediente no existe en el proceso.
El proceso es oral, cualquier decisión debe tomarse con citación de las partes a una audiencia oral, (salvo medidas restrictivas de derechos fundamentales de
La contradicción opera durante todo el proceso
El juez falla con base en el expediente.
carácter precautelativo), en donde el juez debe decidir. No existe técnicamente el concepto de expediente, sino de diligencias de investigación.
En el debate se deben practicar todas las pruebas ofrecidas por las partes, no introducir mediante lectura las diligencias de investigación. Las pruebas que no se practiquen en el juicio no existen para el proceso.
Existe el principio de contradicción a partir del momento en que se formula una acusación. Oponerse a la admisión de una prueba. Derecho de conocer quién acusa y a enfrentar al acusador y a sus órganos de prueba.
El juez debe basar su decisión únicamente en lo realizado en el juicio público.
La instrucción es reservada aún en muchos casos para las partes. La práctica de pruebas se realiza a espaldas del inculpado.
Sólo la investigación es reservada, salvo que afecte derechos fundamentales. Cuando una persona conoce que está siendo investigada, tiene derecho a hacerse representar por un abogado.
Existe un derecho de petición, de participación y de conocimiento.
El inculpado es objeto de investigación, por tanto no tiene derechos. No conoce los actos de investigación, no participa de la misma, sólo tiene derecho a un abogado cuando ya existe una instrucción en su contra. Su declaración no es un medio de defensa sino un medio de prueba. Su silencio e inactividad constituye una presunción de culpabilidad.
El acusado es sujeto de derechos, por tanto debe ser oído durante todo el proceso y su silencio no debe ser interpretado como indicio en su contra. Tiene derecho a conocer los actos de investigación, solicitar medios de investigación, participar en las diligencias, ser tratado como inocente, a que sea su acusador quien desarrolle todos los actos necesarios para probar su culpabilidad sin que él esté obligado
a probar su inocencia, ser asesorado por un
abogado y durante el debate actuar como parte
procesal en igualdad de oportunidades con su acusador.
La detención opera como regla general y para la mayoría de los delitos
La libertad es la regla general y la detención la excepción. Esta sólo procede cuando el delito sea grave y existan indicios graves de participación en el hecho, o cuando se considere que el sindicado puede evadir la acción de la justicia, o cuando es sorprendido en flagrante delito, o cuando constituya un peligro para la sociedad.
El sistema de determinación de la prueba es el de tarifa legal, es decir, se determina cuáles son las pruebas válidas y admisibles y en algunos casos el valor que debe dársele a ellas. Las pruebas se tasan por la cantidad y no por la calidad. El juez falla con base en su intima convicción. Lo que hace que no tenga que dar explicaciones sobre la decisión adoptada.
Existe el sistema de libertad probatoria. Los hechos
y la responsabilidad pueden establecerse por
cualquier medio de prueba. El Juez debe fallar con base en el sistema de sana crítica razonada, es decir que debe apreciar las pruebas con base en las leyes
de la lógica, el conocimiento y la experiencia y
fundamentar el valor, como capacidad de establecer
o no un hecho, que le da a cada prueba.
Mediante el principio de obligatoriedad, el Estado, a través del órgano jurisdiccional, está obligado a iniciar un proceso penal cuando se haya realizado un hecho delictivo.
El principio de racionalidad permite al Estado valorar el costo beneficio para la justicia, para el inculpado y para la víctima, de abrir un proceso o de abstenerse de hacerlo teniendo en cuenta elementos como la mínima participación, la pena natural, el perjuicio causado, etc; de buscar una solución alternativa, la aplicación de justicia restaurativa, la aplicación de diversos criterios del principio de oportunidad o un mecanismo de solución de conflictos como la conciliación, así como sistemas de agilización.
COMPARATIVO ENTRE EL SISTEMA ACUSATORIO NORTEAMERICANO Y EL SISTEMA MIXTO DE COLOMBIA 2
Presunción de inocencia. ART.29
Defensa desde el inicio del proceso
No auto incriminación o de su familia,
El proceso penal debe ser la expresión de los aspectos penales que como principios y valores sociales consagra la Constitución
Igualdad ante la ley. Derecho inviolable a que las personas, sus domicilios y papeles estén a salvo de pesquisas o aprehensiones arbitrarias y no se expida mandamiento que no se apoye en motivo verosímil. Derecho a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación. Derecho a que la acusación sea revisada por un juez imparcial o el Gran Jurado, en base a causa probable. Derecho a tener un abogado particular o público, defensa efectiva. Prohibición de fianza excesiva. Derecho a un juicio imparcial, justo y oportuno. Derecho a un acusador objetivo. No hay acusador privado. Derecho de controvertir la acusación y de libertad de prueba. Derecho a ser juzgado por un jurado popular imparcial.
ni a confesarse culpable. ART. 33 Derecho de igualdad ante la ley. ART.13 Derecho a la Libertad Indi- vidual, privacidad, inviolabilidad del domicilio, correspondencia. ART 28.
ART. 29. Designación defensor de oficio. ART 29. No detención o prisión arbitraria (fundamentada). Causa legal. Art. 28. Juicio oportuno y justo. Art. 29.
• Es una garantía de la sociedad.
• Una fase pre-judicial. El juez no interviene en la investigación.
• Realizada por la Policía bajo el con- trol jurídico del Fiscal.
• No está revestida de las formalidades procesales pero debe realizarse respetando los derechos
No se ve como un derecho social sino como una obligación del Fiscal. Realizada en parte por la Policía bajo el control Jurídico del Fiscal.
Esta revestida de todas las formalidades de la fase de instrucción.
• No se integra un expediente en el sentido formal del término.
• Las diligencias realizadas no constituyen prueba sino medios de investigación, las pruebas sólo se dan en el juicio.
• Esta sometida al control jurisdiccional de las garantías Constitucionales en base a causa probable. Cualquier diligencia que implique restricción de un derecho fundamental debe ser solicitado, por conducto del fiscal al juez.
• Los resultados de la investigación tienen como destinatario al fiscal, para que éste determine si existe mérito o no para ejercer la acción penal.
• No existe fase de Instrucción Judicial
• Durante la misma la detención es excepcional.
Hace parte del expediente judicial.
Las diligencias tienen valor probatorio.
El fiscal determina la restricción de derechos fundamentales.
La investigación policial tiene como destinatario al fiscal y sirve como fundamento para abrir la Instrucción o dictar resolución inhibitoria.
La Instrucción Judicial repite o complementa la investigación previa. Aunque la libertad es el principio general, en la práctica, la detención preventiva es la regla general dada la gran cantidad de delitos que cubre.
Es una garantía Constitucional para
Es un filtro de la investigación, un
No existe esta fase. El Juez no ejerce
evitar acusaciones arbitrarias o injustas
un control de legalidad sobre la
por parte del Fiscal.
control Jurisdiccional para determinar
acusación para evaluar si los resultados de la instrucción prestan mérito o no para que una persona sea juzgada.
Causa Probable: “Probabilidad” de la existencia del hecho y la vinculación subjetiva del inculpado con el mismo. Existencia del hecho y participación. Es oral. Juez distinto al del juicio/ audiencia preliminar / mini debate/ derecho de defensa. Ante Gran Jurado es reservado, determina si el fiscal tiene pruebas para acusar. “Causa Probable”.
La fase preparatoria, que es utilizada en algunos países para estos efectos y para direccionar el juicio, no se utiliza en este sentido.
Publicidad. Oralidad. No se permite la introducción de declaraciones o dictámenes escritos. No hay expediente. Igualdad. Continuidad. Concentración. Contradicción.
Imparcialidad del Juzgador, arbitro de partes, director del juicio.
Reproducción de todo lo actuado para impugnaciones. Se hace la trascripción de las grabaciones.
Publicidad. Predominio de lo escrito sobre lo oral Presentaciones escritas de alegatos.
Igualdad. Continuidad. No hay concentración de la prueba. Teóricamente hay contradicción pero no hay obligación de presentar prueba, por tanto el debate no siempre se centra sobre la prueba. El Juez no actúa como un árbitro imparcial ya que interroga al acusado y puede practicar pruebas de oficio y aún variar la calificación jurídica de la conducta punible. Se levanta un acta para dejar constancia de lo actuado. Generalmente las partes y los testigos le dictan al secretario. Esto lo define más como un proceso dictado y no oral.
Fases del Juicio:
• Notificación de la acusación al acusado.
• Solicita al acusado su declaración respecto a los cargos (culpable o no culpable).
• Designa Defensor Público si no había nombrado su abogado.
• Se fija la fianza para conceder la libertad condicional.
• Se fijan los plazos dentro de los cuales las partes se tienen que intercambiar toda la información y pruebas que tengan sobre el caso (fiscal y defensa) -descubrimiento de prueba-. No es presentación de prueba sino información sobre la que se tiene.
• Se presentan las solicitudes de exclusión de prueba ilícita o no admisible, según el (código de Evidencia y la Jurisprudencia Constitucional que determinan si una evidencia es admisible o no)
• La defensa presenta las solicitudes de sobreseimiento por causas objetivas (prescripción, indulto, etc). Causales de Improcedibilidad.
Traslado común a las partes para solicitar nulidades y pruebas procedentes.
Es una garantía legal para resolver sobre las nulidades y sobre las pruebas solicitadas por los sujetos procesales.
Las peticiones son por escrito y la decisión oral.
La realiza el mismo juez del juzgamiento.
Selección de 12 ciudadanos. Diligencia en la que participa el juez y las partes, en donde se examina al jurado sobre intereses, prejuicios y la capacidad de obedecer instrucciones.
No existe jurado de conciencia. El juez dirige la audiencia, falla y dicta sentencia.
Se toma el juramento al jurado seleccionado y se le recuerda sus obligaciones de imparcialidad, de no dejarse llevar por sentimientos de piedad o animadversión, el deber de juzgar sólo con base en los hechos presentados en el juicio, acatar las instrucciones que, sobre la ley aplicable al caso, que le dé el Juez.
Se instruye al jurado sobre el Procedimiento, que le corresponde determinar el valor de la prueba presentada y que sólo puede tener en cuenta la evidencia admitida en el juicio.
Es la presentación de cada una de las partes (acusadora y acusada) de cómo visualizan el juicio. Relación suscinta de los hechos, lo que dira cada testigo y perito.
Aunque ya no existe la lectura de la acusación o de piezas del expediente, no se contempló expresamente la información sobre la acusación.
No hay lectura de diligencias de investigación.
No existe expresamente consagrada la facultad de los sujetos procesales de presentar un alegato inicial.
Se inicia con el interrogatorio del acusado y de los investigadores.
Pruebas del fiscal/ interrogatorio- Contrainterrogatorio de la defensa y nuevo interrogatorio del Fiscal, si surgieron aspectos nuevos. No hay declaraciones escritas o dictámenes periciales escritos. Deben
Se practican las pruebas solicitadas y admitidas durante la etapa preparatoria.
No siempre se utilizan las técnicas de la oralidad para la práctica de los
presentarse los testigos y peritos. El juez dirige el juicio y determina si admite o no las objeciones a las preguntas con base en las reglas de la evidencia.
interrogatorios y contra interrogatorios.
No existen reglas para presentación de pruebas. (Pruebas de cargo, descargo).
Finalizada la presentación de pruebas de cargo, la defensa debe solicitar al juez el sobreseimiento del caso con base en la falta de prueba sobre uno de los elementos del delito. Causal de Nulidad si no lo hace. Si el juez no sobresee, continúa la etapa probatoria con la presentación de las pruebas de descargo.
Defensa. Igualdad de derechos que el fiscal. Presentar testigos, sus propios peritos y al acusado que declara bajo juramento. (Como testigo).
Derecho del Fiscal si surgió algo nuevo de
las pruebas de la defensa.
Excusa al Jurado
Concluida la fase probatoria, el Juez excusa al Jurado y se reúne con las partes para definir las instrucciones que se darán al jurado para su deliberación:
Presunción de inocencia. Prueba directa y circunstancial. Valoración de la credibilidad del testigo. Evidencia de otros delitos. Silencio del Acusado.
Privilegio legal. Evidencia demostrativa. Reglas de valoración de la prueba. Determinar la Culpabilidad “más allá de duda razonable”. Las instrucciones que da el juez deben estar basadas en las pruebas que se presentaron en el juicio. Si el juez no las da, causa nulidad del juicio.
Cada una de las partes da su interpretación de los hechos y pretende convencer al jurado que su teoría del caso es la correcta. Es la parte más dramática del juicio, porque se debe convencer al jurado que las pruebas apoyan su teoría y que, por tanto, ellos deben fallar conforme a su pretensión, declarando al acusado (culpable o no culpable) según sea la parte que lo solicite. Fiscal- Defensor- Fiscal
Intervención de las partes en audiencia.
Generalmente se entregan por escrito.
El jurado delibera en forma secreta sin la presencia del juez.
Se lee en la audiencia, en presencia de las partes y del público. Debe ser unánime de los 12 jurados. Debe basarse únicamente en las pruebas presentadas en el juicio.
Si el veredicto es de no culpabilidad, la persona será puesta en libertad (si estaba detenido) inmediatamente.
El juez generalmente no anuncia el fallo, en violación del principio de continuidad.
Si es de culpabilidad, el juez puede dictar la sentencia en la misma audiencia o citar a una audiencia posterior para señalar la pena. Para ello puede citar a la víctima y ordenar estudios sociológicos y psicológicos. En los casos de la aplicación de la pena de muerte, se hace en un nuevo juicio con el mismo jurado para determinar si la impone o no.
La sentencia se debe dictar dentro de los quince días después de finalizada la audiencia.
Solamente el veredicto condenatorio puede ser impugnado.
Procede el recurso de apelación cualquiera que sea la sentencia.
○○○ EL SISTEMA PROCESAL PENAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 3 ○○○
El sistema procesal de los Estados Unidos está re- gido esencialmente por el principio de oportuni- dad, donde el mismo es la regla, elevado al princi- pio rector de de la persecución penal* (1). El dere- cho anglosajón se traslada a Estados Unidos, el sistema analizado desconoce el principio de legalidad vis-
to como se encuentra en nuestro ordenamiento penal, sin duda no resultaría exagerado decir que de no contarse con el principio de oportunidad se vería seriamente amenaza- do en su base el Sistema Procesal Norteamericano.
Así las cosas, cabe destacarse que el poder de selección reside en el Ministerio Público (también en la policía que interactúa en la persecución
Trabajo realizado por los profesores argentinos Ricardo Basílica y Fernando Abad.
penal) y es inherente a el, como son discrecionales los" actos de gobierno del poder ejecutivo con ese arma el Ministerio Público gobierna el proceso penal y su forma concreta (a través de herramientas, que de conformidad con el perseguido, le permitan variar la naturaleza del procedimiento abreviándolo; ejemplo de ello resultan el plea bargaining, guilty plea, armonizando sus posibilidades concretas de perseguir penalmente con eficiencia, (números de procesos y complejidad), con los recursos personales y materiales de la Administración de Justicia en general, en el marco de una estrategia concreta y directa para la mejor y más eficaz aplicación de la ley".
El derecho procesal penal ha sufrido en mucho ma- yor grado que el civil, la influencia de las Consti- tución Federal y de las estaduales. A manera tam- bién de introducción cabe decirse que en gran me- dida sus reglas varían mucho de un estado a otro, por ello el presente trabajo pretende abarcar reglas y rasgos generales del procedimiento penal de los Estados Unidos.
Teniendo como base las Reglas federales de Proce- dimiento en lo Penal que promulgó la Corte Su- prema de los Estados Unidos, se puede decir que el objetivo fundamental del procedimiento penal es la persecución del delito otorgando el poder nece- sario al ministerio público (fiscal) para decidir si llevará adelante o no la persecución penal por lo que el principio rector es el de oportunidad, admi- tido también en algunos supuestos limitados en la ordenanza penal alemana.
2. Aspectos significativos del Ministerio Público
2.1.1. Persecución penal privada
La llegada de los ingleses a territorio norteamericano, significó la incorporación de la tradición jurídica de aquellos en las nuevas tierras.
En tal sentido, se destaca como relevante la figura de la victima en torno al derecho penal y la influencia que ello tuvo para el ordenamiento penal y procesal penal, en lo que luego fueron los Estados Unidos de Norteamérica.
Como consecuencia, la persecución privada fue la re- gla heredada del sistema inglés, y el rol que ocupó la victima como principal protagonista tuvo su duración hasta fines del siglo XVII, o quizás principios del siglo XVIII. Puede decirse que en esta última época es cuan- do comienza a desarrollarse el sistema que caracteri- zaría posteriormente a la justicia penal de los Estados Unidos.
En el periodo colonial que nos hallamos analizando, el delito era considerado una ofensa que afectaba a la victima y no a la sociedad y esta concepción hizo que la persecución penal no fuera una obligación imperativa para los organismos públicos, más propiamente era una responsabilidad asumida por los particulares.
Cabe destacar, que la estructura policial o fiscal, que en la actualidad se desempeña en los Estados Unidos, no
existía por entonces, aquellos que fueran perjudica- dos por la comisión de un delito actuaban en el rol de policías y también de acusadores, y tanto la captura que emprendieran como la iniciación de la persecu- ción penal, lo era a título personal y directo con las correspondientes costas que ello pudiera acarrearles.
A este sistema de persecución privada, sin embargo,
en un momento se hicieron intentos por darle un carácter público. En este sentido, en algunas ciuda- des se procuró establecer un régimen de vigilancia nocturna la cual se encontraba a cargo de los deno- minados "sheriffs", con el fin de que asistieran a las víctimas de un delito perpetrado en su perjuicio, siendo la misma comunidad la que los contrataba, abonando sus servicios. En general, se ha dicho que esos intentos fracasaron y por ende, la actividad persecutoria privada se consolidó aún más.
En punto a la investigación, en la mayoría de los casos, era llevada a cabo por las victimas y estos mis- mos podían también contratar a un tercero para que lo hiciera por ellos.
A manera de ejemplo, en el curso del siglo XVIII, el
ofrecimiento de recompensa con el objetivo de la cap- tura del perseguido se generalizó. Para el caso de que la victima de un delito, recurriese a los servicios del "sheriff", tenía la obligación de abonarle los mismos.
Producido el arresto, el damnificado del ilícito con- trataba a un abogado para su intervención en el pro- cedimiento y al tiempo hacia lo propio con un guar- dia, para que se encargara de mantener al detenido en esa condición hasta el juicio.
El profesional que era contratado por la víctima, tenía como labor la de ser acusador, en tal condi- ción actuaba durante el desarrollo del juicio, ocu- rriendo ello generalmente cuando los afectados por el delito tenían recursos económicos para solven- tarlo. Por el contrario para los casos de aquellos que no estuvieran en condiciones de hacer frente a esos gastos, el abogado solamente actuaba en las etapas iniciales, con la presentación formal de un documento acusatorio denominado "Indictment", continuando la víctima en el juicio representán- dose a si misma.
Cuando comenzamos el tratamiento de este sistema, imperante, en la etapa colonial que estudiamos, se adelantó que el régimen de persecución penal pri- vada tuvo una duración hasta fines del siglo XVII y principios del XVIII.
En verdad en el siglo XVIII se produce una trans- formación que sumada a la época de la revolución, trajo como resultado la declinación de dicho siste- ma, pues diversas circunstancias fueron el motivo de su crisis.
a) Durante el siglo XVIII se produjo un movimien- to comercial de gran trascendencia y como con- secuencia de ello se incrementó la densidad de- mográfica.
b) Se produjo una migración poblacional que se asentó en las áreas urbanas, lo que trajo apa- rejado, un crecimiento del índice delictivo.
c) Dejó de funcionar el sistema de recompensa como sistema, ya que la misma no satisfacía el interés de las víctimas.
d) No se puede descartar, la corriente procedente del movimiento iluminista proveniente de Eu- ropa, y que comenzaba a sentirse fuertemente en el territorio americano, en virtud que el de- lito importaba una ofensa a la sociedad, más que al particular.
A manera de conclusión de esta etapa se llego a la compresión de que la justicia penal, debía tener como objetivo la protección de los intereses de la sociedad y esto necesariamente conllevó a una mo- dificación sustancial, del régimen de persecución penal.
2.1.2. Persecución penal pública
En términos, también históricos, la persecución penal pública aparece en los Estados Unidos antes de que ello ocurriera en Inglaterra. Entre algunas de las razones para que esto ocurriera podemos mencionar la presencia del derecho holandés el que preveía la figura del "Schout", como el funciona- rio encargado de esa misión, siendo del caso recal- car que dicho derecho había receptado las concep- ciones del derecho romano-canónico y de allí el carácter que se le ha asignado, como antecedente se puede decir que pudo haber sido el Schout el actual fiscal de distrito.
En resumen, puede decirse que los colonos interpre- taron que era necesario que los rigiera un sistema por
el cual los procesos penales debieran estar en manos de funcionarios públicos, y no a cargo de los particu- lares interesados, sin descuidar el rol que dentro del Proceso Penal cumplía la víctima, y en donde las par- tes tenían activa participación, existiendo la negocia- ción entre las mismas.
2.1.3 El Ministerio Público actual
Uno de los rasgos más característicos del Ministerio Público Estadounidense en el que se advierte la des- confianza acerca de la concentración del poder esta- tal es su fragmentación política y territorial.
Así las cosas, cabe destacarse que junto al Ministerio Público Federal coexisten los Ministerios Públicos que corresponden a cada uno de los cincuenta estados que integran los Estados Unidos. Es necesario también hacer la salvedad que en la mayoría de los estados el Ministerio Público se encuentra organizado a nivel municipal.
Cabe aquí citar a Kamisar, cuando expresa: "Con ex- cepción de unos pocos estados, el Procurador General estadual también posee la facultad de acusar, al me- nos respecto de las violaciones de algunas leyes loca- les. En aproximadamente doce estados, dicha autori- dad está limitada a casos en los cuales el Gobernador, la legislatura o algún otro órgano (Ej.: El gran jura- do) han solicitado al Procurador que reemplace al fis- cal. En tales casos el procurador general puede inter- venir en acusaciones que hayan sido iniciadas por el fiscal local o iniciar su propia acusación. En aproxi- madamente la mitad de los estados, el procurador general posee la autoridad general de intervenir, a su
discreción, en acusaciones en trámite. En muchos de estos estados, también se le ha dado autoridad para iniciar acusaciones discrecionalmente, si bien esta autoridad se encuentra a veces limitada a grupos es- pecíficos de delitos, tales como evasión impositiva y violaciones de las leyes de defensa de la competencia. En la práctica, los procuradores generales de los esta- dos rara vez ejercen su autoridad para intervenir en acusaciones en trámite. La facultad para iniciar acu- saciones también es usada rara vez en la mayoría de las jurisdicciones en que existe. Sin embargo ha ha- bido una tendencia creciente para utilizar esa facul- tad respecto de ciertos tipos de actividad delictiva, es- pecialmente el crimen organizado y la corrupción de funcionarios.
Otra característica de los fiscales estadounidenses, que los diferencia notablemente de sus pares europeos y latinoamericanos, es su forma de selección y nom- bramiento. En los Estados Unidos, los fiscales no son considerados funcionarios públicos, cuyo objetivo sea el de ascender dentro de la carrera administrativa. Se trata, en la mayoría de los casos, de abogados sin for- mación previa, que son elegidos a través del voto po- pular, generalmente por periodos de cuatro años. Dado
que existe una carrera judicial, los fiscales suelen con- siderar su cargo como un peldaño para ascender en una carrera política exitosa, como el alcalde, gober- nador y hasta presidente. Normalmente tienen bajo su cargo a otros abogados que son sus asistentes quie- nes, si bien no son elegidos popularmente, duran en sus cargos periodos relativamente cortos. Tal como lo explica también Kamisar (citado por Gullco), el pro- ceso de selección de los fiscales asistentes es, en algu-
altamente político que es
nas jurisdicciones,"
probable que los asistentes pierdan sus posiciones o, al menos sean retirados de sus posiciones de supervi- sión, si el fiscal que los nombró es reemplazado por un candidato de otro partidos sin embargo los fisca- les en la mayoría de los condados grandes tienden a efectuar los nombramientos con base en pautas no partidistas y de mérito." “Este control popular de la labor del fiscal se hace aún más fuerte por la supervi- sión de los medios de prensa que suelen dirigir espe- cialmente en los centros urbanos importantes críticas a la actividad del ministerio público.
Por cierto-continua el autor citado- que el control popular de la función acusatoria depende, natural- mente, a su vez de la posibilidad de que el fiscal pue- da elegir cuáles casos serán llevados a juicio y cuáles no, con independencia de la culpabilidad del sospe- choso".
Por último cabe consignarse que la justicia penal fede- ral en lo que a Ministerio Fiscal se refiere en los Estados Unidos, solo se ocupa de la persecución de los delitos previstos en las leyes federales, de modo similar al esta- blecido en la legislación argentina. Así es que si bien "en la gran mayoría de los estados (45 de ellos) el fis- cal de distrito local es designado por elecciones popu- lares, en el sistema federal los fiscales de distrito son funcionarios designados por el presidente, y pueden ser removidos de sus cargos por él discrecionalmente sin necesidad de invocar causa alguna."
"Los fiscales federales son funcionarios del poder eje- cutivo que dependen del Procurador General de los Estados Unidos (Attorney General). En la práctica este delega su autoridad en los fiscales de distrito, quienes
a pesar de su independencia, responden ante él. Hay 94 fiscales federales de distrito, uno por cada distrito judicial", dependiendo de cada fiscal un numero va- riable de fiscales asistentes, quienes se ocupan perso- nalmente de los casos.
El Procurador General a cargo de los fiscales federales, atendiendo el poder discrecional de los fiscales, redacta un manual de pautas básicas que van a orientar a los inferiores en las políticas de persecución penal.
“La estructura informal y desburocratizada del procedi- miento, y la inactividad absoluta de los tribunales en la actividad investigativa obligan a los fiscales a realizar todas las investigaciones necesarias relacionadas con la persecución penal y la presentación de los casos ante los tribunales. Por esta razón, los fiscales de distrito de áreas metropolitanas cuentan con varios servicios de apoyo (in- vestigadores, bibliotecarios, empleados administrativos, etc.) además, con un número importante de fiscales asis- tentes."
Así también, dentro del esquema de descentralización y en tercer lugar en el orden normal de aparición luego de los funcionarios policiales y los fiscales dentro del desa- rrollo de un proceso penal típico en Estados Unidos se encuentran los denominados "Magistrados". Se les da esta denominación a ciertos funcionarios o jueces de menor jerarquía que ejercen una jurisdicción limitada, aseme- jándose a las funciones que llevan adelante los jueces de paz. Entre sus tareas se encuentran las de autorizar arres- tos, efectúan allanamientos, secuestros, deciden sobre excarcelaciones y desarrollan audiencias preliminares,
teniendo también la atribución de recepcionar denun- cias. Cabe destacarse que en algunos de los Estados la función de los magistrados es ejercida por los mismos jueces del Tribunal de jurisdicción general, asignados especialmente.
Como notorio, se puede agregar que en los Tribunales de Magistrados no se llevan registros o constancias escritas de las audiencias tomadas, produciéndose en caso de apelación de las decisiones de los magistrados un nuevo juicio ante el tribunal de jurisdicción general.
4. Los Jueces
En el sistema procesal analizado, en muchos de los casos los jueces tampoco son el producto de una carrera judi- cial, por el contrario su acceso al cargo resulta ser al- decir de Carrió-el premio a un exitoso desempeño en otros cargos públicos o en la profesión de abogado, razón por la cual" un juez de primera instancia es considerado ya una figura de gran prestigio."
"Más de la mitad de los estados eligen los jueces a través del voto popular. Esta práctica tiene su origen en una fuerte concepción democrática surgida a mediados del siglo XIX, según la cual cualquier cargo público, incluso el judicial debía esta sujeto a la decisión de la ciudada- nía. De los restantes estados, solo ocho (y el gobierno fe- deral) proveen jueces por medio del poder ejecutivo. Los jueces federales, según la Constitución, son designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado. A nivel estadual, los pocos estados que designan jueces por medio de su ejecutivo lo hacen a través del Gobernador, no siendo en este caso necesario el consentimiento de la legislatura local. Los demás estados, por último, selec-
cionan a los jueces por medio de un sistema de cómputo de méritos. Para ello se forma una comisión integrada por magistrados y por otros miembros propuestos por el gobernador y por el Colegio de Abogados local. Esta co- misión propondrá al Gobernador una terna de candida- tos y este designa al juez en cuestión.
El juez resulta tener una jerarquía superior al magis- trado (Magistrate), ejerciendo una jurisdicción general."Son jueces de distrito, o del circuito o de la Corte Superior, según la organización de los diferentes Estados." También les toca actuar en apelación en re- ferencia a los casos de menor cuantía que son juzgados por los magistrados, fundamentalmente los jueces tie- nen la dirección de los juicios criminales por delitos graves. Son los jueces de enjuiciamiento o" triad judges". La jurisdicción territorial de los jueces suele estar distribuida por condados pudiendo actuar en ca- sos civiles y penales. Como dijimos precedentemente son abogados y sólo en algunos Estados su designación es por voto en elecciones populares.
Podemos encontrar también dentro del sistema procesal penal estadounidense jueces de los tribunales de apela- ción que no intervienen en los juicios, revisando estos las resoluciones de los jueces de jurisdicción general, como es lógico tienen mayor jerarquía funcional que los jue- ces de jurisdicción general y se desempeñan en cortes de tres integrantes.
"En la justicia federal, hay magistrados, jueces de dis- trito y jueces de circuito. Estos últimos son los que ac- túan en apelación y su jurisdicción territorial, el cir- cuito comprende varios distritos. Los de distrito son los triad judges."
El sistema de enjuiciamiento penal estadounidense tiene como característica distintiva y esencial el juicio por ju- rados. Terminadas las etapas preliminares que se desa- rrollan ante tribunales de magistrados o ante los jueces de más amplia jurisdicción, el juicio se lleva a cabo ante un grupo de ciudadanos elegidos especialmente para el caso a tratar. Esto lógicamente no implica que los jueces profesionales queden excluidos, les incumbe a estos últi- mos, llevar adelante la dirección del debate, la modera- ción de los interrogatorios y la decisión de las cuestiones de derecho sobre el fondo de la cuestión y sobre las alter- nativas del procedimiento.
5.1. El Gran Jurado
"La Institución del Gran Jurado (Grand Jury) fue tras- plantada de Inglaterra a los Estados Unidos. Allí existía desde el año 1116, siendo creada durante el reinado de Enrique II. Si bien inicialmente esta Institución fue con- cebida para servir los intereses de la corona, con el tiem- po el gran jurado comenzó a ganar independencia, con- virtiéndose en un escudo de protección de los derechos individuales contra la opresión estatal. Su función era la de autorizar la acusación penal contra un individuo, la cual no podía ser instituida sin el consentimiento de un grupo de ciudadanos elegidos entre la comunidad a la que aquel pertenecía. Para ello, esos ciudadanos debían analizar la prueba reunida a fin de determinar si había razones para suponer que se había cometido un delito.
La institución del Gran Jurado fue incorporada por los inmigrantes ingleses al Nuevo mundo donde empezó a funcionar en las primeras colonias a partir de 1635,
su campo de actuación no sólo se limitó a la decisión de acusar penalmente, sino a otras áreas gubernamentales en las que se consideró necesario contar con la opinión de los miembros de la comunidad. Al fin del período co- lonial, el gran jurado era visto como una herramienta indispensable en la estructura del poder.
Actualmente la importancia del Gran Jurado en los Esta- dos Unidos y su rol independiente es objeto de grandes controversias. La acusación por medio de Gran Jurado (Grand Jury Indictment) es todavía requerida para los delitos de jurisdicción federal con excepción de los repri- midos con pena menor. Este requerimiento, sin embar- go, se ha considerado que no es mandatorio para los pro- cedimientos estatales, en los cuales puede procederse a la acusación de un individuo sin la intervención de un Gran Jurado.
Cierto es, que aproximadamente la tercera parte de los estados requieren la intervención del Gran Jurado para instituir acusación por delitos mayores (felonies), con- siderados tales en general aquellos con pena de prisión superior a un año. En el resto de los estados, en cambio el fiscal puede acusar sin necesidad de contar con la apro- bación de aquella institución.
Quienes no se encuentran de acuerdo con la institución del Gran Jurado en los Estados Unidos sostienen, que ha dejado de ser un bastión de la independencia para conver- tirse en algo así como el brazo armado del fiscal.
Las facultades del Gran Jurado para citar personas a de- clarar ante sus miembros, para requerir la entrega de documentación, el hecho de que este cuerpo delibera en secreto, y que el imputado no esté asistido por un aboga-
do cuando declara ante el gran jurado, son aspectos de su funcionamiento frecuentemente invocados para afir- mar que el Gran Jurado normalmente cede ante los im- pulsos del fiscal y termina acusando a todo aquel que el Fiscal desea acusar.
Por otro lado los que defienden la Institución del Gran jurado señalan que esta Institución resulta esencial por la participación de la comunidad en la decisión de so- meter o no a una persona a enjuiciamiento. Eso-sigue diciendo el autor-, permite valorar cual es el sentido de justicia de los ciudadanos frente a un caso en particular y por otro asegura que no se vea el estado como quien está interesado en la persecución penal de un individuo, sino más bien la propia comunidad a que pertenece. En síntesis podemos decir que la institución del Gran Jurado implica la incorporación para etapas decisivas del proce- so penal de" participes temporarios" y extraños a la or- ganización burocrática estatal. En segundo lugar esos participes dentro de su marco de actuación pueden ejer- cer control respecto de otros ámbitos del proceso penal. A más de ello podría decirse que" una característica del funcionamiento del Gran Jurado sin duda sorprendente es su autoridad para nulificar la ley. Esto es para rehusarse a presentar acusación contra un individuo, incluso cuando se está en presencia de prueba suficiente de la comisión de delito. En tal sentido no es infrecuente que el Tribunal que controla la actividad del Gran Jurado informe a sus miembros que pueden no acusar aún en presencia de una clara violación a la ley, si tal acusación resultase a su entender contraria al sentido de justicia.
Sin duda el Gran Jurado como institución muestra la inclinación de este modelo de enjuiciamiento por evitar la concentración de autoridad. Así podemos decir que el
fiscal mientras un Gran Jurado ha sido convocado para sesionar no puede compeler por si mismo la citación de testigos o imputados para declarar y tampoco se encuen- tra autorizado para citarlos a sus oficinas. El Fiscal, a su vez carece de facultades para requerir la producción de pruebas o la entrega de documentación a los fines de la investigación debiendo tener que recurrir para ello a la autoridad del Gran Jurado.
Del mismo modo no puede un Gran jurado por sí acusar. El Instrumento acusatorio que presente (llamado indictment) requiere además la firma del fiscal interviniente, y este no puede ser forzado a rubricar una acusación de un Gran jurado con la que no está de acuerdo.
A más de lo expuesto es dable decir, que Gran Jurado y fiscal interviniente, necesitan en muchos supuestos de la cooperación del Juez que controla los procedimien- tos a fin de adoptar la decisión final de presentar o no acusación. Esto es así ya que para hacer efectiva una citación a declarar, la mayoría de las jurisdicciones requieren una orden judicial. En algunos casos, el ma- gistrado puede indicar al Gran Jurado que descarte pruebas presentadas a ese cuerpo por el fiscal. Final- mente, si bien se entiende que el fiscal funciona como asesor legal de los miembros del Gran Jurado, la opi- nión final acerca de la interpretación de la ley recae en el magistrado interviniente."
5.2. El Jurado
"La institución del Jurado (llamada también Petit Jury) se encuentra contenida en la Constitución de los Estados Unidos desde su redacción original. A diferencia de lo que ocurre con la acusación por Gran Jurado, el derecho a
ser juzgado por un jurado sí ha sido considerado funda- mental dentro del esquema de justicia, y por tanto como incluido dentro de la garantía del debido proceso. Según lo ha interpretado la Corte Suprema Estadounidense, todo acusado de un delito del que pueda derivar imposición de una pena de prisión de seis meses o más, tiene dere- cho constitucional a ser juzgado por jurados.
El jurado está compuesto normalmente por doce perso- nas previamente seleccionadas, las que se procede a inte- rrogarlas" acerca de cuestiones relativas a su habilidad para desempeñarse y a los impedimentos que podrían afectarlas". El interrogatorio es conducido por el juez, teniendo los abogados derecho a proponer toda clase de preguntas. Las recusaciones poden ser con o sin causa siendo estas últimas limitadas. En el caso de ser admiti- da la recusación se llama a la sala al número de reem- plazantes necesarios y se prosigue con el trámite con el fin de dejar constituido el jurado, tomando posteriormente juramento a sus miembros.
En lo que hace a las instrucciones que reciben los jurados las mismas lo son respecto a las actitudes que deben guar- dar, así también se les impone sobre cuestiones jurídicas elementales, la carga de la prueba y la importancia de las decisiones que adopten. Del mismo modo se les explica la definición inicial del delito o delitos que resultan materia de acusación, haciéndoles saber también que al finalizar el debate se les dará instrucciones definitivas.
El juez puede permitir que los jurados tomen anotacio- nes durante el desarrollo del juicio y formulen pregun- tas, pero en el caso de permitírseles las mismas deberán realizarse por escrito al juez para que éste evalúe la perti- nencia o no de la misma.
Podemos decir, brevemente, que en primer lugar el fiscal y luego el defensor efectúan una alocución so- bre el caso que no reviste el carácter de argumentativa, explicando el hecho analizado, y cada uno la acusa- ción y la defensa, adelantándose al jurado lo que cada uno de los intervinientes intentará demostrar en vir- tud de la prueba a producirse.
Cabe mencionarse que tanto peritos como el mismo encartado declaran en calidad de testigos. Las obje- ciones realizadas a las preguntas efectuadas por los abogados son resueltas por el juez, también en el caso de surgir cuestiones de índole jurídica, pueden los abogados conferenciar con el juez sin intervención de jurado, informando el juez posteriormente a este úl- timo sobre la resolución adoptada.
Así las cosas, una vez que culmina la presentación de pruebas, se efectúa una reunión con las partes acerca de las instrucciones que se impartirán al jurado, en este momento se suspende la audiencia retirándose a deliberar el juez y los abogados. Antes del inicio del juicio cada uno ha preparado un escrito con las ins- trucciones que requiere les sean impuestas al jurado con copias al juez y al adversario, planteándose en ese momento las objeciones que creen convenientes decidiendo el juez. Al mismo tiempo el juez incorpo- ra algunas instrucciones que cree convenientes y las obligatorias, pudiendo los abogados hacer la reserva oportuna en el caso de disconformidad.
Como instancia final el juez explica a los jurados el de- recho aplicable. Se les indica los requisitos "para consi- derar incurrido el delito, sus circunstancias de agrava- ción y atenuación, las calificaciones legales subsidiarias
que puedan caber y las causas de exención, las presun- ciones legales aplicables, la manera de efectuar la deli- beración y de comunicar el veredicto."
"Una vez que el jurado avisa por intermedio del fun- cionario de custodia que ya ha concluido la delibera- ción, se reanuda la audiencia y por intermedio de su decano, a pregunta del juez anuncia su veredicto. Si es condenatorio, el juez fija una nueva audiencia para decidir, ya sin participación del jurado, la pena a im- poner."
Por último de acuerdo con lo dispuesto por la Sección Segunda del art. 3ero. de la Constitución de los Esta- dos Unidos, la intervención de los jurados correspon- de en todos los juicios criminales. Así también en la Enmienda VI se expresa "En toda causa penal, el acusado tendrá derecho a un juicio rápido y pú- blico por un jurado imparcial del Estado y distri- to donde su hubiere cometido el delito, distrito que deberá haber sido previamente delimitado por ley; a ser informado de la naturaleza y causa de la acusación; a ser careado con los testigos de car- go; a que se obligue a comparecer a los testigos de descargo, y a la asistencia de abogados que lo defiendan."
La interpretación que hace la jurisprudencia es que el derecho al jurado le asiste a quien se le ha formu- lado acusación por la que pueda corresponder sen- tencia de prisión de seis meses esto como mínimo. Así también la Corte Suprema entendió que era legítima una condena de tres años dictada en procedimiento abreviado sin permitir intervención de jurados, basa- da en que se la impuso en suspenso y admitiendo que
en caso de incumplimiento de las condiciones no po- dría imponerse un encarcelamiento efectivo mayor de seis meses.
6. Características del proceso penal estadounidense
El concepto por el cual se tiene la obligación de la perse- cución penal, ha tenido sin duda notoria influencia en los países que pertenecen a la tradición románica conti- nental, que han incorporado a sus respectivas normati- vas procesal penales y hasta en sus constituciones.
"El principio conocido como de legalidad, responde ob-
viamente a uno de los requisitos fundamentales del esta- do de derecho." "Sin embargo la experiencia indica que
difícilmente exista actualmente algún país
ma judicial esté en condiciones de perseguir y juzgar to- dos los hechos delictivos que se cometen. Así aún en los países en que rige el sistema de legalidad, la incapacidad del sistema judicial para juzgar todos los delitos ha lle- vado a la paulatina e inevitable adopción de facto de prácticas destinadas a elegir los casos más importantes (que son los que se llevan a juicio) desechando el resto."
cuyo siste-
Así es que como contrapartida al principio mencionado precedentemente emerge el de oportunidad. Su caracte- rística más importante consiste en otorgar al Ministerio Público facultades apropiadas para decidir si llevará o no adelante la persecución penal, "con independencia de que existan pruebas suficientes de cargo para llevar a juicio al sospechoso de un delito."
“El procedimiento penal en los Estados Unidos tiene en lo esencial características de acusación y no de instruc-
ción, es decir el papel principal recae sobre el fiscal y no sobre el juez. El juzgamiento de causas penales refleja la naturaleza contradictoria del proceso judicial y la con- fianza en la capacidad del jurado lego."
Creemos necesario hacer aquí un breve resumen sobre el desarrollo de un proceso penal básico en los Estados Uni- dos a fin de poder ver en su desarrollo lo característico del mismo. Siguiendo a Farnsworth podemos decir que "el primer acto oficial de la mayor parte de los casos pe- nales es el arresto por parte de un oficial de policía de la persona sospechosa de haber cometido un delito. El sos- pechoso debe ser llevado ante un funcionario judicial denominado magistrado sin innecesarias demoras, este conducirá el examen preliminar. Es esta, una audiencia pública informal destinada a determinar si la evidencia justifica la detención. En una gran cantidad de casos se interrumpe el proceso en esta etapa. En caso contrario, el magistrado fija una fianza como condición para que el sospechoso sea liberado provisionalmente. La audiencia no tiene características de instrucción; el magistrado no interroga al sospechoso. El fiscal es el único encargado de fundamentar la acusación. La policía tiende a veces a prolongar el período que media entre el arresto y el examen preliminar para poder interrogar al sospecho- so ante de que este consulte a un abogado. La aplica- ción de presiones indebidas por parte de la policía en esta etapa es llamada popularmente third degree. Sin embargo el sospechoso tiene el derecho constitucional de negarse a responder.
"La acusación formal, que tiene la función de informar al acusado de los cargos, puede tener la forma de indictment o information, según los estados. El indictment es una acusación preparada por el fiscal y
que ha sido sometida al Grand Jury (tipo de jurado que solo examina las evidencias presentadas por la fiscalía), el cual la ha considerado suficiente para que el proceso continúe. En muchas jurisdicciones se ha remplazado el indictment por un procedimiento más simple por el cual el fiscal presenta una acusación formal llamada information."
"En ambos casos el procedimiento continua con una audiencia ante el juez (arraignment) en la que los car- gos son leídos formalmente al acusado en audiencia pú- blica, luego de lo cual el acusado se declara culpable o inocente. Por lo común no es preciso que el acusado es- pecifique cual será su defensa. El acusado puede además objetar la suficiencia jurídica de la acusación por diver- sos motivos o puede declararse culpable de un delito de menor gravedad. En ciertas jurisdicciones puede decla- rar nolo contendere, lo que autoriza la continuación del proceso de igual manera que una declaración de cul- pabilidad, pero que no constituye admisión de culpa y no puede ser usado en su perjuicio en otras acciones civi- les o penales. En la gran mayoría de los casos se declara culpable. Muchas de estas declaraciones son obtenidas por el fiscal que se compromete a aceptar una declara- ción de culpabilidad de un delito menor o a recomendar indulgencia al tribunal. Si por el contrario el acusado se declara inocente, las dos partes comienzan a prepararse para el proceso."
Como hemos dicho "habitualmente el proceso se reali- za frente a un juez y un jurado, pero en la mayor parte de los estados el acusado puede renunciar al derecho constitucional del juicio por jurado. No sólo las audien- cias son públicas, sino que el caso puede ser objeto, en forma casi irrestricta, de comentarios por parte del pe-
riodismo antes y después de comenzado el juicio." Du-
rante el juicio oral " el acusado puede prestar testimo- nio como cualquier otra persona, pero no puede ser obligado a hacerlo." Cabe aquí hacer la aclaración que la Quinta Enmienda dispone que "Ninguna
Lógicamente el hecho de que se
en un caso penal
niegue el imputado a declarar no puede inducir pre- sunción alguna en su contra.
obligada a testificar contra si misma "
"La presentación de la evidencia en audiencia pública, primero por parte de la fiscalía y luego por la defensa, es seguida por la argumentación de ambas partes, las instrucciones del juez al jurado, las deliberaciones del jurado y su veredicto de culpable o inocente, y la sen- tencia del juez. Las pruebas se presentan en audiencia pública. No existe informe escrito preparado con ante- rioridad al juicio para uso del juez o del jurado. Los jurados reciben la instrucción de absolver al acusado si no está convencido de su culpabilidad "más allá de toda duda razonable, y en general el veredicto debe ser uná- nime. Después del veredicto, si el acusado es hallado culpable, se dicta sentencia de acuerdo a la ley. Puede consistir según la gravedad del delito en multa, prisión o (en casi todos los estados) muerte. El acusado puede apelar y el tribunal de apelaciones, en caso de anular la sentencia, puede ordenar un nuevo juicio en ciertas circunstancias. La fiscalía, por el contrario, no puede apelar una absolución, debido a las disposiciones cons- titucionales que prohíben que una persona sea juzga- da dos veces por el mismo delito. En unas pocas juris- dicciones se han dictado leyes que permiten al conde- nado que ha cumplido parte de la condena demande reparaciones si es posteriormente hallado inocente." En opinión de Farnsworth la mayoría de acciones penales
se cierran sin llegar a juicio, sea por ser rechazadas en el examen preliminar o porque el acusado se declara culpable en el arraigment."
7. La coerción personal
Resulta necesario comenzar este tema citando la IV En- mienda de la Constitución de los Estados Unidos la que expresa:"No se violará el derecho del pueblo a la se- guridad de sus personas, sus domicilios, sus papeles y sus efectos personales, contra allanamientos y se- cuestros arbitrarios, ni se expedirá ningún mandato en tal sentido sino en virtud de causa probable res- paldada por juramento o declaración solemne y que describa en forma precisa el lugar que haya de ser registrado y las personas o cosas que hayan de ser detenidas o secuestradas."
En forma clara podemos advertir a través de la manda constitucional como no puede efectuarse un arresto antes de una orden judicial, dependiendo su legitimi- dad ya sea que la misma sea extendida por un Magis- trado o efectuada por autoridad policial de la concu- rrencia de la causa probable. Esta expresión "causa pro- bable" significa que la medida debe estar apoyada en testimonios de testigos presenciales, otros testimonios, la declaración de o de las victimas del hecho, informa- ciones de terceros o informe rubricado por el oficial de policía actuante.
7.1. Libertad Caucionada
"En el derecho constitucional de los Estados Unidos apa- rece frecuentemente una formulación así: "todas las per- sonas podrán ser liberadas con la garantía de fiadores
suficientes, salvo por delitos capitales cuando la prueba es evidente a las presunciones graves."
Como se puede observar los jueces tienen amplitud de movimientos en este punto con la limitación impuesta por la Enmienda VIII de la norma constitucional que reza: "No se exigirán fianzas excesivas, ni se impon- drán multas desproporcionadas, ni se infligirán pe- nas crueles y desusadas".
La fianza se puede dar de dos maneras, en primer lugar a través del compromiso de pagar una determinada suma de dinero si el imputado de un delito no se hacía presente cuando el juez lo requería o, en segundo lugar por inter- medio de reconocimiento meramente verbal ante el juez o tribunal, no exigiéndose la firma del encartado.
La manera de fianza, mediante el depósito de una suma de dinero, es aceptada actualmente en los Estados Unidos, admitiendo un porcentaje de la fianza fijada, siendo tipificado como delito el no cumplimiento de la obligación de comparecer por parte de la persona que se encuentra excarcelada.
El magistrado interviniente puede en su caso, si lo consi- dera conveniente ampliar las condiciones para el otor- gamiento de la libertad a manera de ejemplo: residir en determinado lugar, comprometer a otra persona para la presentación del imputado. Cabe destacarse que no pueden imponerse por parte de los magistrados condi- ciones económicas inalcanzables que no permitan la libertad del imputado.
En caso de delitos menores, existen en los Estados una suerte tabulación en los montos de las fianzas a aplicar
que permiten la excarcelación casi inmediata del sos- pechado detenido por un hecho delictivo. Por último cabe acotar que se admiten las fianzas reales.
7.2. Garantía de no autoincriminación
La declaración de derechos incorporó a la Constitu-
ción de los Estados Unidos la V enmienda en la quedó
nadie será forzado
definitivamente expresado que "
siendo tema de fuerte discusión en los Estados Unidos. La discusión se centraba en torno a los interrogatorios de personas en custodia (custodial interrogation) puesto que se entendía que estos interrogatorios -cumplidos en ambientes de máxima privacidad y sin que el detenido contara con ningún asesoramiento legal- tenían una insita carga de coacción."
a declarar contra si mismo en ninguna causa penal
"En un caso previo (Escobedo vs. Illinois, 378 US
Podríamos decir que esta garantía fue definitivamen- te aceptada con el ya conocido fallo de la Corte Su- prema de los Estados Unidos "Miranda vs. Arizona", de acuerdo a éste cuando alguien que se encuentra en custodia policial resulta interrogada tiene que ser in- formada:
478, 1964), la Corte de los estados Unidos había ya establecido que desde el momento en que un imputa- do se convierte en" el foco de la investigación dejan- do de ser esta una encuesta general", el derecho del imputado de contar con un abogado defensor para asistirlo se volvía constitucionalmente exigible. En ausencia del abogado, ninguna declaración obtenida por la policía podría ser usada luego en un proceso
Del derecho a guardar silencio.
Debe hacérsele saber que lo que diga puede ser utilizado en su contra.
Según opina también la doctrina la solución adopta- da por la Corte Estadounidense en Miranda fue de compromiso toda vez que "La corte no prohibió los
Su derecho a tener un abogado presente durante el tiempo que es interrogado.
interrogatorios policiales, pero puso en cabeza de los funcionarios de la policía la obligación de formular- le a los imputados las advertencias que hoy se han
Su derecho a poder ser asesorado con un abo- gado antes de declarar.
5) Su derecho a contar con un abogado pago por el estado en caso de no poder pagar uno por no
hecho famosas. Al mismo tiempo casos posteriores de la Corte dejaron en claro que las reglas de Miranda rigen solo cuando una persona ha sido ya detenida, y la policía inicia respecto de ella un interrogatorio."
tener recursos. A fin de analizar un poco más a
fondo la doctrina Miranda, podemos decir que al momento de dictarse el fallo "la cuestión de la validez de los interrogatorios policiales estaba
Sin intentar agotar el tema podemos decir, que exis- ten otras peticiones de los imputados que no guardan
relación con las cuestiones de culpabilidad o inocen- cia, pero que hacen a su derecho de defensa tales como: el derecho que le asiste de ser juzgado un im- putado en forma separada de otros coimputados en el caso en que "testimonios o pruebas que incriminan a estos últimos pueden tener un efecto perjudicial para aquel."Así también en el caso en que el imputado so- licita "desechar cargos no debidamente especificados en el instrumento acusatorio."
Existe en el modelo procesal penal analizado, por úl- timo el derecho de todo imputado a obtener un juicio rápido, esto es ser juzgado en forma rápida, lo que la legislación llama (Speed Trial Act) "que fija una es- pecie de calendario que debe observarse para los dis- tintos pasos desde el momento del arresto hasta lle- gar al juicio. la sanción para el caso de que este ca- lendario no se observe es directamente el archivo de la denuncia o la anulación del instrumento acusato- rio." Este derecho está consagrado constitucionalmen- te en la Enmienda VI.
8. Sistemas Alternativos a la Prisión
En conjunto con todo el movimiento procesal penal moderno, en los Estados Unidos subyace la idea de que la pena privativa de libertad no resulta ser las más adecuada solución del delito podríamos decir breve- mente que entre los métodos alternativos a la prisión encontramos:
a) "Aplazamiento en contemplación de desisti- miento". En virtud de esta alternativa la fis- calía archiva el caso a la espera del compor- tamiento del acusado por el plazo de un año."
Si reincide se desarchiva la causa y se prosi- gue con el trámite, de lo contrario cumplido el año la causa será desestimada.
b) "Descargo condicional": En este caso para que la fiscalía y el juez renuncien a la pena privativa de libertad el acusado debe someter- se a determinadas condiciones que son im- puestas por el juez.
c) "Servicios Comunitarios": Se trata en este caso de programas constituidos con un am- plio espectro de servicios municipales estructurados como salida laboral para cier- tas faltas o delitos menores. El mismo es com- plementado por la oferta del "centro para la Sentencia Alternativa y los Servicios labora- les." del mismo modo en forma separada exis- ten los "Proyectos de empleos", otorgándoseles posibilidades a sujetos proce- sados por delitos mayores, que de no existir este programa debía permanecer detenido. Por último cabe destacarse que este último siste- ma alternativo se encuentra diseñado para personas incursas en delito con edades que van entre los 14 y los 21 años. También se cuenta con un programa denominado "Olin", el mis- mo depende de la propia oficina del fiscal de distrito dirigido a personas incursas en hechos delictivos con edades entre los 16 a 25 años y con pocos antecedentes penales.
d) "Probation". Conocido en nuestro sistema de enjuiciamiento penal, con un funcionamien- to similar.
declaración de culpabilidad de este último, a cambio de una disminución de los cargos."
9.1. A manera de introito
Hemos de seguir aquí a Baytelman cuando efectúa creemos con, acierto un breve sumario a grandes rasgos
sobre el desarrollo del proceso, así nos adocenta: "La per- sona es arrestada. La policía puede retenerlo y pasarlo al sistema judicial formulándole cargos, o puede liberarlo por falta de méritos. Si levanta cargos, ello tiene lugar a través de una denuncia. la denuncia criminal ingresa al sistema por la "Sala de Denuncias", en donde es formulada legalmente por un fiscal. En un plazo máximo
e veinticuatro horas, el expediente pasa a una sala de
corte cuya principal función consiste en decidir la libertad bajo fianza del inculpado (denominada sala de arrestos). En este punto, los delitos menores y los mayores empiezan
a ser diferenciados."
"Tratándose de delitos menores, la acción continúa en una sala de corte "multipropósito", en donde las partes
delimitan el caso y los hechos controvertidos que se van
a discutir en el juicio, determinan la evidencia que será
posible utilizar en el excluyendo la que haya sido ilegalmente obtenida, resuelven cualquier otro tipo de incidentes y mociones legales y, en fin se fija la fecha y el tribunal que conocerá el juicio. Todo lo anterior, en audiencias orales conocidas como "audiencias prejudiciales". Se trata, entonces de una sala a la que el caso comparecerá varias veces antes de ir a juicio."
"Tanto en la sala de arrestos como en la "multipropósito"- y aun en el juicio mismo- pueden provocarse ante la fiscalía y el acusado acuerdos en orden a evitar el proceso, básicamente a través de la
"Finalmente para el caso de los delitos menores, llegada la fecha fijada se celebra el juicio ante un jurado o tan sólo ante el juez, si el acusado a renunciado a su derecho al panel. La fiscalía cuenta en esta categoría de delitos con noventa días para estar lista para ir a juicio, de otro modo el juez desestimará los cargos."
"Tratándose de delitos mayores, lo usual es que sigan el mismo curso en la sala de denuncias y en la sala de arrestos. Practicado el arresto, sin embargo, la fiscalía cuenta con ocho días para poner el caso ante el gran jurado y conseguir la formulación de cargos. Conseguida, el acusado vuelve a ser puesto frente a un juez que decide la libertad provisional (con o sin fianza), esta vez en la corte superior. A continuación son discutidas las cuestiones legales a través de audiencias substanciadas por el mismo juez sentenciador, fijada la fecha para el juicio y realizado este en audiencia oral e ininterrumpida a partir del día indicado. En este caso, el plazo de la fiscalía para estar lista para ir a juicio es de seis meses."
Ya precedentemente nos hemos referido a la actividad de investigación, creemos ahora importante puntualizar sobre la acusación.
9.2. Etapas preliminares. La Audiencia Preliminar
(Preliminary Hearing).El Rol del Gran Jurado
Como ya se apuntará" una vez producido un arresto, el imputado debía ser llevado en forma perentoria frente a un magistrado, quien le hacia saber sus derechos, los motivos de su detención y las condiciones de su posible
liberación bajo fianza. En esa oportunidad también se lo
provee de un abogado defensor a quien todavía no lo tiene. En este primer contacto del imputado con un magistrado, éste, en la mayoría de las jurisdicciones donde la acusación no requerirá de un Gran jurado, le hará saber
al imputado de su derecho de reclamar la realización de
una audiencia preliminar."
"Esa audiencia preliminar, para la mayoría de las jurisdicciones, debe tener lugar no más allá de diez o quince días luego de producido el arresto. Esta exigencia temporal es de gran importancia. Si luego del arresto el fiscal desea profundizar la investigación, entrevistar
testigos etc., está constreñido a hacerlo de manera rápida. De lo contrario, correrá el riesgo de que esa investigación no esté completa para la fecha de la audiencia preliminar,
y se considere que no existen realmente sospechas
fundadas de la comisión del ilícito en cuestión."
"La audiencia preliminar tiene por objeto someter a decisión de un magistrado si las pruebas existentes en contra del imputado son suficientes como para llevarlo a juicio. El imputado conserva su derecho a reclamar la realización de esta audiencia preliminar aún cuando haya sido liberado bajo fianza luego del arresto. La audiencia preliminar se lleva a cabo ante el mismo magistrado al que fue llevado el imputado después de
arrestado, siendo este juez uno distinto del que presidirá
el juicio si se entiende que la prueba reunida justifica la apertura del juicio."
"Durante la audiencia preliminar el fiscal presentará la pruebas en su poder para demostrar que existen razones para suponer que un delito se ha cometido y que lo ha cometido el imputado. la defensa tiene entonces
oportunidad para cuestionar esas pruebas. Si se trata de un testigo, puede someterlo a repreguntas a fin de atacar su testimonio, e incluso a veces su credibilidad general. La defensa además tiene derecho a presentar pruebas, ya sea como defensa o como medio de rebatir las pruebas introducidas por el fiscal."
"Como consecuencia de esta audiencia preliminar, el magistrado a cargo de ella debe decidir si el Estado ha
satisfecho el requisito de mostrar que "prima facie", hay razones para considerar al imputado responsable del delito en cuestión, Si así lo decide, dispondrá que el imputado responda por ese delito ante el tribunal encargado de su juzgamiento. De resultas de esa decisión, además, el fiscal concretará también en un breve plazo
los cargos a través del instrumento acusatorio
cambio, ese magistrado no está satisfecho con las pruebas presentadas por el fiscal, ordenará que los cargos sean retirados y que cese toda restricción de libertad sobre el imputado. Esta decisión es apelable por el Estado."
Como ya viéramos, pero ahora puesto dentro de la organización del proceso el Gran jurado es una Institución diversa e independiente del jurado de enjuiciamiento. Cumple el gran jurado una función simi- lar al del magistrado en la audiencia preliminar y es
determinar la suficiencia de los cargos para ser llevados
a juicio." Su intervención en caso de delitos capitales o "crímenes infamantes" está garantizada en la enmienda
V de la Constitución de los Estados Unidos". Se trata de
una garantía renunciable y a diferencia de muchas otras de las introducidas por las primeras diez enmiendas, no se la estima aplicable en los estados, sino únicamente en la justicia federal. Se requiere la intervención obligatoria del Gran Jurado en caso de felonies y en
otros estados en caso de crímenes castigados con máxima penalidad. Por último cabe hacer notar que la actividad del Gran Jurado se exterioriza en la autorización para que sea presentada una acusación, la que le ha sido sometida por el fiscal. Con esa autorización el escrito acusatorio se convierte en un indictment. Sin ella es una information. Las audiencias del gran jurado tienen como característica que no son públicas, ni se escucha en ellas al acusado ni se admiten pruebas de descargo, poseyendo el cuerpo facultades investigativas.
9.3. La Acusación
La presentación de la denominada acusación se lleva a cabo por ante el tribunal de jurisdicción general, las formas de hacerlo son por intermedio de indictment o de information. En lo que hace a los requisitos que debe contener la acusación, la misma debe contener: una afirmación o descripción de cada uno de los elementos del delito y en segundo lugar, una descripción fáctica de la conducta atribuida al acusado. No resulta necesario un requerimiento en lo que hace a la pena, siendo importante aclarar en forma clara y separada por cada delito si se le imputase al mismo procesado más de un delito.
9.4. El pedido para que el fiscal "descubra" las pruebas. (Discovery)
Podríamos definir al" discovery" como el derecho que tiene la defensa a requerir previo al juicio del fiscal que este "descubra" partes de su investigación. Como es lógico este derecho tienen su base en una serie de pronunciamientos judiciales. De este modo es que se pueden citar casos en donde el Máximo tribunal resolvió que se había violado el
debido proceso en virtud de que el fiscal interviniente, había presentado durante el juicio a un testigo que declaró falsamente, con el conocimiento del fiscal.
10. Procedimientos abreviados previos al juicio
10.1. "Pleadingns y Plea Bargaining"
Tanto el requerimiento acusatorio previo como la rep- lica a él por parte de la persona acusada de un delito reciben el nombre de pleadings, que significa peticiones. En la actualidad solo quedan vigentes cuatro modalidades de las "replicas que el acusado puede formular frente a cada uno de los cargos: 1) Culpable, 2) no culpable o inocente, 3) no culpable por insanía y 4) no lo contendere." A los efectos de la admisión de las peticiones que supongan admitir la culpabilidad, debe el tribunal constatar que se trata de una manifestación voluntaria. Por ultimo en el procedimiento federal (Fed- eral Rules of Criminal Procedure), debe determinar el tribunal que el mismo comprende y también debe informarle la naturaleza de la acusación, así como los derechos que con la admisión de culpabilidad está declinando.
Tal como lo afirma Bovino en su trabajo "El juicio por jurados del procedimiento penal estadounidense cumple un papel muy limitado en el sistema de atribución de responsabilidad penal, pues solo el 10% de las condenas son resultado de un juicio. El 90% de las condenas son obtenidas sin juicio, porque los imputados se declaran culpables con anterioridad a su realización."
"El Plea bargaining" consiste en concesiones que el fiscal hace a cambio de la aceptación de responsabilidad del imputado, aceptación que significa la renuncia al juicio. Las concesiones pueden consistir en la imposición de una condena leve por el hecho efectivamente cometido, o bien en la imputación de menos cargos o un cargo menor que el efectivamente cometido, o una combinación de ambos. El beneficio para el imputado es una pena menor que la que obtendría si el jurado lo declarara culpable, pues la decisión de ir a juicio aumenta la pena en un porcentaje promedio que hace unos años era del 40%"
"La Corte Suprema ha reconocido que el plea bargain- ing es inherente al derecho penal y a su administración y que la disposición de los casos después de esas discusiones no solo es una parte esencial del procedimiento penal, sino una parte altamente deseable por diversas razones".
11. Algunas Cuestiones Previas al Juicio
Previo a la celebración del juicio caben todavía la presentación de algunas cuestiones, denominadas mociones, siendo la más común la utilizada para la supresión de determinadas pruebas.
Es dable destacar para finalizar, que la doctrina de exclusión de todas las probanzas que han sido obtenidas en manera ilegal no sólo tiene raigambre constitucional sino por intermedio de una cantidad considerable de precedentes a más de los que aquí brevemente se citan.
Desde hace ya tiempo resulta admitido en el sistema procesal que analizamos, que el procedimiento ilegal desde su comienzo no se legítima por la prueba que surja de el.
12. La Etapa de Juicio
Desde ya queremos efectuar la salvedad que, durante el desarrollo del presente nos hemos referido al juicio como la etapa fundamental dentro del procedimiento penal estadounidense, desarrollando el tema al momento de hablar del jurado y en algunos ejemplos al desarrollar las características del proceso penal, sin perjuicio de lo cual haremos ahora algunas precisiones.
El juicio se inicia con los alegatos que efectúan las partes intervinientes. Estas alegaciones se denominan de apertura, y se caracterizan por no ser fundadas, sino para presentar el caso, motivo del juicio.
En este sentido, expone en primer lugar el fiscal y le sigue en orden la defensa. "Hay jurisdicciones que conservan la práctica inglesa de reservar el de la defensa hasta concluida la presentación de la prueba de la acusación.”
Durante el debate, el juez que preside el debate, sin interferir en la manera como los testigos presentan a sus testigos, sea por el orden o por las preguntas que le serán formuladas, mantiene un rol inactivo, es más, ni siquiera interviene cuando alguna de las partes ha omitido realizar alguna objeción concreta.
Precisamente, son las partes las que presentan sus testigos y quienes realizaran los pertinentes interrogatorios, en pos de probar sus pretensiones, el fiscal para obtener un veredicto de culpabilidad y condena, la defensa para probar la inocencia y obtener la absolución.
En orden a la presentación de los testigos, algunas jurisdicciones tienen reglas por las que el fiscal deben
presentar la totalidad de los testigos. En otras aún sin la existencia de dichas reglas, permiten al abogado defen- sor, para la eventualidad de que se haya omitido algún
testigo, sustentar ante el jurado, que el testimonio de ese testigo sea considerado en favor del acusado. Durante los interrogatorios existe el derecho de repreguntar, conforme
a la Enmienda VI, que consiste en hacer repreguntas a los testigos por la parte contraria.
Se señala que si el acusado quien ha declarado, por ejemplo luego es repreguntado por el fiscal, y aquel se
niega a responder, el acusador tiene la facultad de que el testimonio sea excluido. Cabe recordar aquí que el acusado no está obligado a declarar es decir no puede ser llamado por la acusación, pero si la defensa lo presenta, debe declarar bajo juramento. El examen de los testigos
a través de repreguntas se denomina cross examination.
13. La Prueba. Generalidades. Alcance.
Tradicionalmente las reglas sobre prueba se encontraban basada en la jurisprudencia y variaba según la jurisdicción. Hoy se básicamente uniformada como consecuencia de las Federal Rules of evidence (Normas federales de la prueba).
“Como el resto del derecho procesal, el referido a la prueba refleja el carácter contradictorio de los procesos y también las particularidades del juicio por jurado. De forma acorde con la naturaleza contenciosa de los procedimientos, son las partes (y no el juez) quien tiene la iniciativa tanto en cuanto a establecer las pruebas como a controlar la admisión. Sólo ellas son responsables de que la evidencia sea presentada; las decisiones sobre cuestiones de hecho dependen exclusivamente de las pruebas sometidas en
pública audiencia. Algunos hechos, sin embargo, pueden ser considerados de conocimiento público y el tribunal puede tenerlos en cuenta sin requerir pruebas."
"Por tradición, se obtiene el testimonio pregunta por pregunta, los documentos son presentados uno a uno y no en conjunto practica que actualmente se está modificando en especial en aquellos casos en que se hallan en juego grandes volúmenes de registros
comerciales. La tradición permite que la parte contraria
objete de inmediato
renuncia al derecho de objetar. Lo habitual y especialmente cuando interviene un jurado, es que el juez haga o no lugar a las objeciones de inmediato y sin oír su fundamentación, con el fin de evitar demoras y mantener la continuidad. Si bien la parte agraviada puede apelar una decisión errónea, el juez de primera instancia tiene considerable libertad en este aspecto: el tribunal de apelaciones sólo anulará la decisión si establece que es grande la probabilidad de que la decisión errónea haya determinado el resultado del juicio en primera instancia."
omisión es tomada como
"Otra consecuencia del carácter controvertido de los procedimientos es la práctica de que los testigos sean citados en nombre de las partes y no del tribunal. No solo
las partes deben presentar sus propios testigos legos, sino también sus propios peritos (por ejemplo: médicos,
) etc. No es
raro que esto produzca batallas de expertos, en la que cada parte está representada por un equipo de especialistas contratados y seleccionados por lo menos en parte, porque su testimonio le sea favorable. Cada especialista deberá someterse a las preguntas de la parte contraria. Este sistema ha generado insatisfacción y ha sufrido ya ciertos cambios. Así uno de los objetivos de la conferencia
científicos, ingenieros, expertos en balística
preliminar puede ser el de limitar el número de expertos
a citar: las reglas federales y las de algunos estados
permiten que el tribunal designe expertos neutros aparte de los que citan las partes."
"La institución del jurado también influye sobre las reglas de admisión de evidencia. Estas reglas extremadamente detalladas, han sido diseñadas para controlar la conducta del jurado, pero son aplicadas aún en los juicios sin jurados. Es cierto que un juez en un juicio sin jurado puede no atenerse a las reglas aplicables, y que, simétricamente, cuando interviene jurado, el juez debe tener especial cuidado de excluir por irrelevancia aquellas pruebas que no tiene valor probatorio sobre los puntos en disputa, Pero los tribunales no han elaborado un sistema de reglas especiales para los procesos en los que no interviene el jurado."
"Una consecuencia particular de la institución del jurado es que, además de excluirse la evidencia irrelevante, también existen reglas que excluyen evidencias relevantes
si se considera que, siendo su valor escaso, hay riesgo
considerable de que sean sobrevaluadas por el jurado. Este criterio es el que sustenta la más conocida de las reglas de exclusión, la del testimonio "de oídas" (Hearsay rule). Esta regla que tienen excepciones, excluye por lo general la evidencia de una afirmación hecha fuera de la audiencia si lo que se desea probar es un hecho que dicha afirmación asevera. En consecuencia, no se permitirá que se demuestre que un hecho ocurrió por medio de testimonios de que un tercero ha asegurado que así fue. La explicación habitual es que el juez o el jurado, que no tiene conocimiento previo de los hechos, puede hacerse una idea de la veracidad de los testigos observando su actitud durante la declaración, en especial
durante la cross-examination. En lugar de admitir esta evidencia y dejar que el jurado la evalúe, se ha preferido excluirla por temor de que sea sobrevaluada."
"Esta regla excluye también las declaraciones escritas hechos fuera del tribunal, por lo que ha contribuido a afianzar la tradición del testimonio oral en audiencia pública. Aún la excepción que autoriza la admisión de deposiciones suele estar condicionada a que el deponente no esté en condiciones de atestiguar oralmente. la excepción que admite la presentación de registros comerciales, estuvo durante mucho tiempo restringida a las situaciones en que no se puede hacer comparecer como testigo a la persona que los suscribe. Actualmente esta restricción ha sido abolida por ley en la mayoría de los estados."
"Aunque hoy se tiende a reglas de exclusión menos rígidas,
lo que busca es una reforma de las reglas y no un cambio
radical de los métodos de prueba. De admitirse que, a causa del carácter controvertido de los litigios y de la tradición del jurado, los procesos son y seguirán siendo- a criterio del autor citado- largos y costosos en los Estados Unidos."
A fin de un mejor desarrollo siguiendo a Hendler
dividiremos las impugnaciones que se realizan a los fallos definitivos y a las resoluciones interlocutorias. Así respecto de los primeros como es sabido en un sistema como el estadounidense de participación ciudadana, cualquier "remedio" que suponga apartarse de las conclusiones del tribunal de enjuiciamiento equivale a reenvío y nueva realización del juicio. Es de notar también que la
jurisprudencia ha fijado límites para el reenvío en cuanto a que un nuevo fallo más severo está excluido "si se inspira en un propósito vengativo" Así algunos precedentes han remarcado que no se podía aplicar una condena mayor en el segundo juicio, que la aplicada en el primero cuando no se expresaba fundamento de ello.
En lo que hace a las resoluciones interlocutorias, es necesario decir, que por regla genera sólo resultan susceptibles de apelación los fallos definitivos, fundado en la causa penales en el principio de celeridad procesal."En principio, se puede afirmar que las determinaciones anteriores al veredicto final dan lugar a recursos de la parte acusadora, mientras que las sentencias definitivas solo pueden ser apeladas por la defensa." "Las resoluciones anteriores al fallo definitivo que dan lugar al recurso son las que se llaman colateral orders Se mencionan cuatro requisitos para que un interlocutorio se considere collateral order: 1) que sea concluyente (no susceptible de remedio por el mismo tribunal.) 2) que sea incidental en el sentido de que su decisión no deba basarse en el mérito de la cuestión de fondo. 3) que causa gravamen irreparable. 4) Que no se trate de una determinación librada a la discrecionalidad del tribunal, ej.: monto de una caución." Señala el autor que del mismo modo se admite apelación en un procedimiento independiente. del mismo modo "La acusación que como se ha dicho, tiene mayor amplitud en la apelación de resoluciones interlocutorias, puede hacerlo, y es frecuente que ocurra, cuando se admite, por ejemplo, una moción de supresión de pruebas ".
Creemos necesario hacer una breve referencia a las restricciones al reenvío, diciendo que la institución denominada "Exchequer Rule" suponía la realización
de un nuevo juicio por cualquier error en la admisión o rechazo de las pruebas, admitida en los Estados Unidos se comienzan a crear excepciones. Es así que surge la doctrina que se dio en llamarse harmless error, que puede traducirse como error inocuo. Se pueden distinguir
dos especies de errores, en primer lugar los que afectan la estructura o base del procedimiento Ej. selección del jurado, competencia del tribunal etc., los segundos son los errores que se refieren a la prueba, teniendo importancia aquí si el mismo (el error cuestionado) tuvo
o no influencia en el veredicto del jurado. Creemos aquí
importante que resaltar que más allá de los expresado en el caso "Arizona v. Fulminante", se sigue aplicando la doctrina Chapman en "Chapman v. California 386
US.18." por la que un error o vicio de índole constitucional pueda considerarse subsanable hace falta concluir más allá de una duda razonable, que no tuvo influencia sobre
el veredicto del jurado."
14.2. Revisión
Tiene vital importancia en este punto el instituto del habeas corpus, por medio de éste, tal como funciona el mismo en los Estados Unidos un juez federal de primera instancia puede revisar una sentencia de condena emanada de un tribunal estatal superior. En el precedente que se cita al pie, se demuestra la extensión alcanzada por el habeas corpus, permitiéndose por su intermedio la revisión de condenas dictadas por tribunales estatales, cuando se violare una garantía constitucional.
Por último cabe destacar el caso de si un magistrado ante el cual un detenido es llevado luego de un arresto niega su libertad bajo fianza, la misma petición puede ser formulado ante otro magistrado distinto.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ○ ○○○○○○○○○○○○○○○
1. ALSHULER, Albert W., Plea Basrgaining and.
History, Columbia Law Review, 1979, vol 79.
2. BOVINO, Alberto, "Ingenieria de la verdad.
Procedimiento Penal Comparado". en Re. "No hay Derecho". 1995. Editorial Universitaria Santiago de Chile.
3. CAVALLERO, Ricardo J. HENDLER, Edmundo S.:
Justicia y participación: El Juicio por Jurados en Materia penal, Ed.Universidad. 1988.
4. CARP, Robert A., Judicial Process in América.
University of Houston. Second Edition.
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7. HENDLER, Edmundo S. Jurados de Acusación y
Fiscales Especiales: La corrupción y la experiencia de los Estados Unidos. Rev. La Ley. 13 de mayo de 1996.
8. LEVENE, (h) Ricardo. Las Ciencias Penales en los
Estados Unidos, Buenos Aires, 1980.
9. LAFAVE, WAYNE R, e ISRAEL, JEROLD H, Criminal
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10. MAIER, Julio, Derecho Procesal Penal Argentino,
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11. The Constitution of the United States. University of
Chicago. 1988.
12. TAPPAN, Paul W. Criminal Procedure, Annual
Survey of American Law. 1949.
13. United States Courts, District Of Columbia circuit,
Dos Fases / Partes Distintas:
• Se preserva
• (Física, testimonial y documental)
• La evidencia se presenta ante el juez o el jurado para probar el crimen
• El investigador
• El juez magistrado (juez de control)
• El juez del juicio
• Busca y encuentra la evidencia del delito, ya sea:
• Preserva la evidencia
• Organiza, prepara y clarifica la evidencia con el fiscal para el juicio
• Se prepara con el fiscal cuando es testigo en el juicio
• Busca la verdad obrando justamente
• Es el portavoz del gobierno en los casos penales
• Es asesor legal del investigador durante la investigación.
• Decide acusar o no acusar ¿Cómo?
• Evaluando el mérito del delito
• Considerando la opinión del investigador y la víctima
• Con el investigador organiza, clarifica y prepara la evidencia para el juicio
• Con el investigador entrevista y prepara a los testigos para el juicio
• Presenta la evidencia y los testigos ante el tribunal
• Protege los derechos del acusado en todas las fases del procedimiento penal
• Aconseja al acusado para que pueda determinar si se declara culpable o no culpable
• Representa al acusado ante los tribunales
El Juez Magistrado
• Es un funcionario jurídico con menos autoridad que el juez. Emite órdenes preliminares en todos los casos ante el juicio. Escucha e impone sentencia en casos menores con el consentimiento del acusado.
• Es imparcial y justo
• Autoriza ciertos medios de investigación a pedido del fiscal
• Autoriza la aprehensión del acusado a pedido del fiscal en casos apropiados
• Convoca una audiencia inmediatamente después de la aprehensión del acusado:
• Informa al acusado de los cargos en su contra
• Si el acusado no tiene defensor, le asigna uno
• Determina si hay suficiente evidencia para ordenar la detención del acusado mediante la resolución del caso
El Juez del Juicio
• Es el funcionario jurídico que ve, resuelve o juzga los casos en el juicio
• Ordena que el fiscal le provea al acusado y a su defensa toda la evidencia que le corresponde
• Determina, después que el fiscal y el defensor han presentado sus argumentos, qué evidencia se permitirá en el juicio
• Determina los parámetros del juicio
• Si no hay jurado, el juez escucha el caso, evalúa la prueba, aplica la ley, decide el caso conforme con la prueba e impone la sentencia
• Si hay jurado, el juez explica la ley para que el jurado decida el caso conforme con la prueba
La audiencia de la sentencia
• El juez escucha alegatos del fiscal y del acusado
• El juez dicta la sentencia conforme a la ley
• Si el acusado quiere apelar, el juez se asegura de que tenga abogado defensor para la apelación
• Si el acusado está en libertad, el juez puede detenerlo o puede permitir que continúe en libertad con la obligación de presentarse a la prisión en un día determinado
Todo el proceso es oral
• Durante la investigación hay comunicación oral entre el fiscal, el investigador y el juez
• La evidencia se presenta oralmente a través de testigos y la evidencia se convierte en prueba oficial
• La evidencia que no se presenta durante el juicio oral no se considera prueba oficial
• El fiscal determina el orden y cuáles testigos va a llamar durante el juicio y les hace preguntas orales
• Los testigos responden bajo juramento
• El defensor puede contrainterrogar y confrontar a los testigos del fiscal y éstos responden igualmente bajo juramento
• Mecanismo formal para citar al acusado y vincularlo con el proceso
• Marca el inicio de la fase del juicio
• Durante todo el proceso, al acusado se le presume inocente hasta que el juez o el jurado decidan la culpabilidad
• El acusado tiene el derecho de guardar silencio durante todo el proceso y este no puede ser utilizado en su contra
• La obligación de probar la culpabilidad del acusado es siempre del fiscal
ACTO LEGISLATIVO NUMERO 03 DE 2002
Artículo 1 ° . El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:
interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso pe- nal, la conservación de la prueba y la protección de
comunidad, en especial, de las víctimas.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que de- termine la ley.
Artículo 2 ° . El artículo 250 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento
por medio de denuncia, petición especial, querella o de
Adelantar registros, allanamientos, incautaciones
oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y
interceptaciones de comunicaciones. En estos
circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender,
eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior
respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, al solo efecto de determinar su validez.
Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal Gen- eral de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los al- tos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
por conducto de este último, presente a consideración del Congreso de la República a más tardar el 20 de julio de 2003, los proyectos de ley pertinentes para adoptar el nuevo sistema y adelante el seguimiento de la implementación gradual del sistema.
El Congreso de la República dispondrá hasta el 20 de junio de 2004 para expedir las leyes correspondientes. Si no lo hiciere dentro de este plazo, se reviste al Presidente de la República de faculta des extraordinarias, por el término de dos meses para que
profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema. Para este fin podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos correspondientes incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley
estatutaria de habeas corpus, los Código Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto Orgánico de la Fiscalía.
Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el presente Acto Legislativo, la ley tomará las previsiones para garantizar la presencia de los servidores públicos necesarios para el adecuado funcionamiento del nuevo en particular, el traslado de
Artículo 5° . Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a
Artículo 4 ° . Transitorio. Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fis- cal General de la Nación, quien la presidirá, el Procurador General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, o los delegados que ellos designen, tres Representantes a la Cámara y tres Senadores de las Comisiones Primeras, y tres miembros de la Academia designados de común acuerdo por el Gobierno y el Fiscal General, para que,
cargos entre la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial, la Defensoría del Pueblo, y los organismos que cumplen funciones de policía judicial. El Gobierno Nacional garantizará los recursos para la implementación gradual del sistema acusatorio y para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública.
partir de su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley y únicamente a los
delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 de diciembre del 2008.
Parágrafo transitorio. Para que el nuevo sistema previsto en este Acto Legislativo pueda aplicarse en el respectivo distrito judicial, deberán estar garantizados los recursos suficientes para su adecuada implementación, en especial la de la Defensoría Pública. Para estos efectos, la comisión de seguimiento de la reforma creada por el artículo 4 ° transitorio, velará por su cumplimiento.
El Secretario General del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, William Vélez Mesa. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Publíquese y ejecútese. Dado en Bogotá, D. C., a 19 de diciembre de 2002.
El Ministro de Justicia y del Derecho, encargado de las funciones del despacho del Ministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos.
○○○○○○○ LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JUZGAMIENTO ○○○○○○○ E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO EN COLOMBIA 4
Aspectos básicos del impacto de la reforma
El proceso penal es uno de los aspectos que caracterizan la época de grandes transformaciones, y el deseo por el cambio que vive el mundo entero. Dos de las manifestaciones de esta presión por el cambio se traducen en la posición pragmática del proceso penal y la posición ideológica.
El carácter pragmático del proceso penal
En los Estados desarrollados al igual que en los que están en proceso de desarrollo, existe un aumento dramático de los procesos que ingresan al aparato de justicia penal. Los sistemas son incapaces de resolver la cantidad de casos que se le presenta pues los recursos asignados no dan a basto con la demanda. Como
Notas para exposición de Jaime Granados Peña, Corporación Excelencia en la Justicia, Primer Foro Regional - Medellín
consecuencia, surge la necesidad de racionalizar el esquema procesal.
Este segundo aspecto está interesado por la efectividad de los principios que rigen el sistema; por las garantías que este ofrece a quienes en él participan; la efectiva protección de los derechos humanos; la obtención de un proceso justo, o de un debido proceso; en otras palabras, la humanización del proceso penal.
Esta preocupación se ha consagrado a través de los distintos tratados de derechos humanos.
- Convenciones Americana de Derechos Humanos
- Al igual que muchas constituciones y legislaciones a nivel nacional
Las personas cuyos derechos humanos han sido violados tienen cada vez más la oportunidad de reivindicarse ante los tribunales constitucionales internos, o ante los tribunales internacionales.
El interés detrás de la posición ideológica es el de fortalecer los derechos y garantías del sindicado, mientras que el interés de la posición pragmática es simplificar los esquemas procesales y acabar con los mecanismos que obstaculicen el flujo regular de los casos a través del sistema. Como resultado, existe una tensión entre ambas posiciones, lo cual, genera una insatisfacción en los sistemas de procesamiento crimi- nal en todo el mundo. Tanto en Estados que hacen
parte de la tradición angloamericana (common law), como en Estados que hacen parte de la tradición Europea continental (o derecho civil). Ahora es nuestro turno.
El presente documento muestra, en su esquema básico, el modelo que implicaría la aprobación de la reforma constitucional en curso, que pretende adoptar para Co- lombia el sistema acusatorio de procesamiento crimi- nal. Obviamente se abordará el tema de los cambios normativos, pero el punto central de atención es el funcionamiento práctico del sistema, los cambios que a este respecto generará la reforma y la mejor forma de aprovechar el esquema actualmente existente, optimizando recursos en la implementación del sistema acusatorio.
Como otra consecuencia necesaria de la reforma al sistema de procesamiento criminal aparece la modificación del sistema de investigación y juzgamiento de los miembros del Congreso de la República, para adecuarlo a los principios del sistema acusatorio y, además, garantizar el respeto del principio de la doble instancia. En consecuencia, deberá:
1. Replantearse el rol, hoy en día inexistente, de la Fiscalía General en este tipo de procesos,
2. Reestructurar el funcionamiento de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia para poder garantizar la doble instancia.
La concentración de funciones que se presenta hoy en día en la Corte Suprema de Justicia vulnera abiertamente las garantías de imparcialidad e independencia en la toma de decisiones judiciales que afectan los derechos fundamentales del procesado, ya que en el evento de procesos penales que se surtan en contra de los miembros del Congreso, la Corte es quien impulsa la investigación teniendo que evaluar la hipótesis que ella misma ha elaborado como investigador, examinando por sí misma el peso de su propia investigación y decidiendo sobre los derechos del imputado, al tiempo que es quien dirige el proceso como juez.
No puede perderse de vista que la institución del fuero pleno de los parlamentarios también ignora la jurisprudencia de la Corte Constitucional referente a la teoría del bloque de constitucionalidad:
Diferentes Tratados Internacionales relativos a los derechos humanos consagran expresamente el principio de la doble instancia.
• EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS de 1966 _ Art. 14 num. 5(consagra el derecho de toda persona a que el fallo condenatorio y la pena que se le hayan impuesto, sean sometidos a un Tribunal Superior)
• CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS _ Art. 8, num. 2, lit. H (toda persona tiene derecho de recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior).
Además existe un consenso a nivel internacional en la materia. Dos estatutos penales internacionales
de tribunales especiales o ad hoc consagran esta garantía de la doble instancia;
• EL ESTATUTO DE ROMA DE 1998, se refiere a la Sala de Apelaciones en Primera y Segunda Instancia _ Art. 64, 74, 81 num. 1, lit. b, y 83
• ESTATUTO DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA ANTIGUA YUGOSLAVIA de 1991, consagra el principio de la doble instancia, a través del establecimiento de una Cámara de Apelaciones _ Art. 25
De ahí que resulte necesario implementar un sistema de procesamiento criminal que permita cumplir materialmente las disposiciones contenidas en esos instrumentos internacionales, de manera que la parte dogmática de la Constitución encuentre realmente un correlativo desarrollo en su parte orgánica.
La regulación de la doble instancia en el derecho comparado
España: se adoptó un sistema mixto con tendencia acusatoria, en la medida en que si bien es el Tribunal Supremo el encargado de investigar y juzgar a los Senadores y Diputados, el Ministerio Fiscal (Fiscalía General de la Nación en Colombia) interviene en el proceso como requirente, y además, hace parte del proceso un funcionario instructor, quien es uno de los magistrados de la Corte Suprema cuyas funciones equivalen a las de un juez de instrucción, a quien le está prohibido participar en el juicio.
Alemania: su legislación ordena el nombramiento de un Juez Instructor en la Sala Penal del Tribunal
Supremo Federal, lo cual hace referencia al principio acusatorio. Las decisiones de este Juez son recurribles en segunda instancia en los casos establecidos por la ley.
Venezuela: se establece un sistema acusatorio puro y el principio de la doble instancia a través de los artículos 377 a 381 del Código de Procedimiento Penal de 1998. Las decisiones del tribunal ordinario son recurribles ante la Corte de Apelaciones.
Argentina: La Ley 24.050 de 1991, art. 6 establece que uno de los ministros (magistrados en Colombia), miembro de la Corte Suprema, será nombrado juez de instrucción para los casos de competencia originaria de la Corte. Dicho juez de instrucción no podrá intervenir en el juicio al igual que en el caso de la legislación española.
Uruguay: la Constitución divide el sistema:
Si se trata de un delito común no grave, el sistema es de antejuicio, _ el Congreso determina el desafuero del congresista y éste se somete a la jurisdicción ordinaria (artículo 114 Superior).
Si se trata de "violación de la Constitución u otros delitos graves", _ la Cámara de Representantes acusa ante el Senado, sin importar a qué cámara pertenece el acusado (artículo 93 Constitucional).
• Artículo propuesto en el proyecto de Acto 237 Cámara y 12 Senado de 2002
Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Ésta dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los
asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.
La ley determinará el número de magistrados que conforman la Sala Penal, lo mismo que la forma como se dividirá para garantizar el control de garantía constitucional respecto de las medidas judiciales limitativas de derechos fundamentales que se toman dentro del proceso penal.
3. Juzgar mediante la Sala Penal, en primera instancia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, a los miembros del Congreso de la República: Senadores y Representantes a la Cámara.
4. Juzgar mediante la Sala Penal, en primera instancia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho, al Procurador General, al
Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los departamentos administrativos, al Auditor General, al Contralor General de la República, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los hechos punibles que se les imputen.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas. La intervención de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia podrá ejercerla el Fiscal General de la Nación o, por delegación suya, el Vicefiscal General o los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
II. El sitema de procesamiento criminal de corte acusatorio en la reforma
La redacción de las normas orgánicas
1. La primera observación que debe hacerse, a manera de prevención, se basa en el análisis de la legislación
que se aprobó cuando se creó la Fiscalía General de la Nación como organismo: antes de redactar el código de procedimiento penal (decreto 2700 de 1991), se redactó el estatuto orgánico de la Fiscalía (decreto 2699 de 1991), con lo cual el diseño de la nueva institución no se concibió con base en las funciones que el código le atribuyó. En consecuencia, la primera observación es que las normas orgánicas deben diseñarse una vez redactado el código de procedimiento penal.
* Cuadro sinóptico del proceso penal proyectado como desarrollo posible de la reforma propuesta.
El control judicial en actuaciones que afecten la libertad y el derecho a la intimidad
1. Un cambio fundamental que introduce la reforma es que el fiscal no podrá decretar órdenes de captura, sino que deberá solicitarlas ante el juez de control de garantías, con fundamento en elementos probatorios. Frente a interceptaciones, allanamientos y demás injerencias en los derechos del sindicado, la decisión se toma por parte de la Fiscalía, pero sobre ella existirán dos controles: en primer lugar, un control al interior de la misma Fiscalía (que podría ser similar al diseñado para el ejercicio del principio de oportunidad), y además, un control judicial posterior, que debe darse dentro de las 36 horas siguientes a la toma de la decisión. El funcionamiento orgánico de este control sin exceder este término es todo un reto para el sistema, pero la ventaja de su inclusión constitucional es que la inobservancia de este término producirá la nulidad de pleno derecho
de las pruebas que por medio de la injerencia gubernamental se obtengan, además de los car- gos disciplinarios que resulten contra el responsable de la dilación. Ello garantiza que el término se respetará.
2. Análisis del control posterior de las medidas que afectan el Derecho a la Intimidad, en el Derecho Comparado
El Pacto Europeo de Derechos Humanos (art. 8) no podrá haber injerencia de autoridad pública en la vida privada o familiar, en el domicilio o la correspondencia, a menos que se trate de una autorización prevista en la ley y que constituya una medida necesaria en una sociedad democrática.
Desarrollo jurisprudencial: lo importante y decisivo no es la intervención judicial previa, sino la existencia del control judicial que impida la arbitrariedad y garantice la tutela efectiva del derecho.
Jurisprudencia más reciente de la Corte Europea
En materia de interceptación de correspondencia: Klass y otros vs. Alemania (06/ 09/78) Foxley vs. Reino Unido (20/06/00), Rinzivillo vs. Italia (21/12/00), Natoli vs. Italia (09/01/01), (22/06/09), Petra vs. Rumania (23/09/98), y Erdem vs. Germany (05/07/01); en materia de interceptación telefónica: Amann vs. Suiza (16/02/ 00), Halford vs. Reino Unido (26/06/97), y Lambert vs. Francia (24/08/98); en cuanto a seguimiento policial activo y pasivo: Khan vs. Reino Unido (12/
05/00), Tsavachidis vs. Grecia (21/01/99), y Rotaru vs. Rumania (04/05/00) y, para finalizar, en mate- ria de allanamientos los casos: A.D.T. vs. Reino Unido (31/07/00), McLeod vs. Reino Unido (23/09/ 98) y Camenzind vs. Suiza (16/12/97).
• Suiza, Reino Unido, Alemania: resulta válido adelantar registros, allanamientos e interceptaciones por parte de la autoridad administrativa o del Ministerio Fiscal sin mediar orden judicial previa.
• La evolución de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido y validado el adelantamiento de registros y allanamientos sin previa orden judicial, (Coolidge vs. New Hampshire (1971)). Casos:
Stop and Frisk [Terry vs. Ohío (1968)]; registros en aeropuertos [United States vs. Menden may (1980]; registros incidentales al arresto [Chiml vs. California (1969)]; registros administrativos en casos como incendios o problemas sanitarios (Michigan vs. Tyler (1968)]
• La "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" adoptado el 2 de octubre de 2000 en el seno de la Unión Europea no hace alusión a la cláusula de reserva judicial como mecanismo de protección del derecho a la intimidad.
• El Libro Verde sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la creación de un Fis- cal Europeo: "En cuanto a las modalidades de autorización por el juez de libertades
(autorización previa o a posteriori, procedimiento normal o urgente, etc.), se regirán por el Derecho nacional que corresponda. El principio de reconocimiento mutuo se aplicará a las formas, no al principio, de control por el juez nacional de libertades.
• Artículos propuestos en el proyecto de Acto 237 Cámara y 12 Senado de 2002
Artículo 250: Corresponde a la Fiscalía General de la
Nación(
1. Solicitar al juez de control de garantías el proferimiento de las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal.
incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el juez de control de garantías deberá realizarlo, a más tardar, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
La creación de la figura del juez de control de garantías
1. Otro de los aspectos importantes de la reforma es el relativo al establecimiento de la función de control de garantías en cabeza de los jueces ordinarios que laboran en lo penal. Si bien es cierto que, a diferencia del modelo chileno, no se piensa crear una nueva categoría de funcionarios judiciales, no es menos evidente que el desarrollo de la función de control de garantías implicaría un enorme incremento de la actividad jurisdiccional, especialmente, a nivel de los jueces municipales y de circuito penal.
Los asuntos de competencia de los Juzgados del Circuito
Para los asuntos que tienen como instancia de juzgamiento un juzgado de circuito, la función de jueces de garantías la ejercerán los Jueces Municipales de manera que la audiencia de alzada sea de competencia de los Jueces de Circuito.
Los asuntos de competencia de los Juzgados del Distrito
Cuando el proceso en primera instancia se lleve a cabo ante los Jueces de Distrito, los jueces de garantías serán los de circuito, y el recurso de apelación será de competencia de los Jueces del Distrito.
Los asuntos de competencia de la Corte Suprema de Justicia
En los casos en los que la Corte sea la encargada de juzgar, el control de garantías lo ejercerá los Jueces de Distrito y
la apelación estará a cargo del Tribunal (Es necesario modificar este aspecto en el Proyecto de Acto Legislativo).
2. Referencias al Derecho Comparado de la figura
del Juez de Garantías
• CÓDIGO PROCESAL PENAL DE PARAGUAY, ley 1,286 Artículos 42, 320, 258.
• NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL DE CHILE (12 de octubre de 2000) Artículos 40, 43, 95, 170, 182, 229, 250, 252.
• CÓDIGO PROCESAL PENAL DE GUATEMALA (Decreto 51-92) Artículos 47, 264, 272, 288, 308, 317, 318, 324, 325, 331, 340, 342
• CÓDIGO PROCESAL PENAL DE VENEZUELA (enero 23/98) Artículos 31, 259, 310 y 325.
3. La experiencia chilena
Dotación de jueces y número de tribunales penales
En la Comisión de seguimiento de la Reforma Procesal Chilena, en octubre 2001, se sugirió que se eliminara la figura de los jueces de garantía entendida como funcionarios distintos a los demás jueces, y se propuso que la función que estos ejercían pasara a la competencia de los demás jueces, quienes ejercerían esta función mediante una mecánica basada en la rotación.
Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la
Nación, (
Solicitar al juez de control de garantías las medidas que aseguren la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la prueba y la protección de la comunidad; así mismos aquellas necesarias para la asistencia inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho.
eventos, el juez de control de garantías efectuará
control posterior respectivo, a más tardar, dentro
de las treinta y seis (36) horas siguientes contadas
partir de su conocimiento.
Solicitar al juez de control de garantías la autorización para acusar.
La introducción del principio de oportunidad
1. Con la finalidad de hacer más partícipe a las víctimas en el proceso penal, y de cumplir con todos los postulados que caracterizan un sistema acusatorio, se ha planteado la introducción del Principio de Oportunidad. De acuerdo con este postulado, no toda noticia criminis que de mérito para acusar, será
Obviamente no pretendemos
que ésta sea una determinación discrecional del fis- cal, con lo cual se abstendría de acusar sin control. Debe haber una reglamentación legal, y debe diseñarse un control al interior de la Fiscalía que apruebe la decisión del fiscal de no acusar, sobre todo en algunos casos particulares como los delitos sin
víctima. Ello es más ágil que la solicitud ante el juez,
llevado hasta el juicio
y genera responsabilidad social sobre la Fiscalía.
Artículo 250. 4. Aplicar el principio de oportunidad en las causales definidas en la ley.
La racionalización de los recursos
1. Resulta complejo el tema de los recursos que
proceden en contra de las providencias. Desde
el punto de vista de los instrumentos internacionales
de Derechos Humanos, los únicos recursos que la ley está obligada a regular son los que proceden contra la sentencia condenatoria, y los medios de control (que no necesariamente tienen que ser recursos en sentido estricto) cuando se priva a la persona de la libertad. Si se prevé la posibilidad de
interponer recursos contra demasiadas decisiones, aumentará la dilación del proceso sin contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal. Por otra parte, aunque no sea mandatorio por los instrumentos internacionales mencionados, debe haber siempre recursos contra las decisiones que involucren pruebas.
la acusación no tendrá recursos, la sentencia absolutoria tampoco, en respeto del principio del nom bis in idem.
1. De otra parte, la realización de la audiencia preparatoria como antesala del juicio oral corresponderá a los jueces de conocimiento, similarmente a lo que ocurre hoy; con todo, se espera un mayor desarrollo del principio de concentración en esta etapa, por cuanto las peticiones probatorias y de nulidades serían verdaderamente orales.
La oralidad del juicio
1. Si bien la fase procesal que más afectada se verá con el cambio es la de instrucción, no debemos descuidar que en Colombia existe el juicio oral normativamente, pero en la práctica no tiene nada qué ver con la verdadera oralidad. En este sentido, deben canalizarse esfuerzos con el fin de que los jueces entiendan la oralidad en su verdadera dimensión.
En primer lugar, los fiscales están acostumbrados a que en la etapa de investigación recaudan únicamente la prueba necesaria para acusar, y pretenden que se despliegue todo
el resto de la labor probatoria durante la etapa de juicio, con la obvia dilación del proceso que esto produce y convirtiendo al juez en el director de la investigación en esta fase procesal. Si bien la prueba que se requiere para acusar no debe ser nunca la misma que se requiere para condenar, debemos enfatizar en el hecho de que la etapa de investigación es para eso, para que la Fiscalía busque los elementos probatorios que necesita introducir al debate. En otras palabras, antes de que empiece la etapa de juicio, incluso antes de decidirse por la acusación, el fiscal ya debe tener en mente todos los elementos probatorios de cargo que desfilarán en la audiencia.
En segundo lugar, debe atenderse al calendario judi- cial, con el fin de desarrollar el principio de concentración de la prueba. Dicho principio no se cumple cuando una audiencia en curso se aplaza por meses. No se pretende que la etapa de juicio se agote en una sola sesión, es evidente que es necesario suspender las sesiones, pero un juicio debe desarrollarse en sesiones seguidas, es decir, fijadas para días consecutivos, en lugar de aplazarlas para fechas lejanas.
2. La Corte Europea de Derechos Humanos tutela con gran firmeza el derecho de quien se encuentre privado de su libertad, a tener un juicio en un tiempo razonable (o a ser liberado mientras se dicta sentencia.) De igual manera, la Convención Europea consagra el derecho a una audiencia ante el tribunal competente en un tiempo razonable. El primero implica el derecho a gozar de un sistema ágil que evite demoras que puedan perjudicar al interesado, mientras que el segundo, implica el derecho a acceder a la justicia.
Al respecto ver los dos últimos pronunciamientos de la Corte Europea de derechos Humanos: Caso kalashnkov vs. Rusia, del 15 de julio de 2002; Caso Västberga Taxi Aktiebolag y Vulic vs. Suecia, de julio 23 de 2002.
La idea es que con la implementación de la oralidad y la concentración, aspectos esenciales en la introducción de un sistema acusatorio, se logre una mayor agilidad y una reducción de los tiempos procesales, de manera que el derecho de los sindicados y procesados a un juicio en un tiempo razonable, goce de una protección real.
Artículo 250. 6. Presentar escrito de acusación ante el juez competente, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, contradictorio y concentrado.
Otros cambios en las funciones del juez
1. La tarea de dosificación punitiva seguirá siendo función del juez de conocimiento, pero éste deberá apoyarse en informes de especialistas (trabajadores sociales, expertos en penología, psicólogos, etc), los cuales se rendirán luego de emitido el sentido del fallo judicial o veredicto y antes de la redacción de la sentencia condenatoria.
2. En ese mismo orden de ideas, habrá que fortalecer las funciones de los jueces de ejecución de penas, pues el procedimiento será oral y deberá contar con el apoyo de funcionarios expertos en el seguimiento del cumplimiento de la condena, en especial si ésta es alternativa.
El fortalecimiento del sistema de defensoría pública
1. Debido a las características descritas, el proceso acusatorio exige de los abogados defensores mucha más capacidad y profesionalismo. Frente a un país como el nuestro, con notables problemas de pobreza, ello significa un reto particular para el sistema de defensoría pública, ya que las per- sonas carecen de los medios para costear su propia defensa, más aún si esta defensa debe estar a la altura de un ente investigador realmente profesional.
2. De acuerdo con lo anterior, uno de los esfuerzos que plantea esta reforma, es la de reforzar la garantía fundamental del sindicado a la defensa, permitiendo que dicha garantía se encuentre permeada por todos los aspectos que hacen parte de dicha garantía, como lo es el derecho a ser asistido por un traductor, a que la formulación de la imputación sea completa, es decir integrada con todos los indicios que la justifican, de forma que el imputado tenga la posibilidad de refutarlos, que la acusación sea notificada oportunamente, de manera expresa y formal, entre otras.
Al respecto se ha pronunciado la Corte Europea de derechos Humanos, en diversos fallos (caso Pélissier y Sassi vs. Francia, 25/03/1999; caso T. Vs. Austria, 14/11/2000; caso Dallos vs. Hungary, 01/01/2001; caso sipavicius vs. lithuania, 21/01/2001; y los más recientes, caso ezeh y connors vs. reino unido del 15 de julio de 2002; y meftah y otros vs. Francia del 26 de julio de 2002)
Artículo 11. 4. El Gobierno Nacional garantizará los recursos indispensables para la implementación gradual del sistema acusatorio, teniendo especial cuidado de proveer aquellos necesarios para la consolidación de un Sistema Nacional de defensoría Pública.
III. El impacto de la reforma en la fiscalía general de la nación
Una fiscalía dedicada a la investigación
1. El cambio fundamental que se propone es hacia una Fiscalía investigativa, esto es, que no tome decisiones que hagan tránsito a cosa juzgada, contra las cuales proceden recursos, esto es, que tengan las características de decisiones judiciales. En consecuencia, por carecer de estas funciones, no existe el expediente oficial en la etapa investigativa, por lo cual no hay control de las resoluciones que emite el fiscal encargado del caso por parte de su superior. En otras palabras, no habrá recursos en contra de las resoluciones de la Fiscalía, porque en esta etapa aún no hay proceso penal como tal.
2. Consecuencialmente, se producirá un cambio radical en la labor de quienes conforman el grupo de apoyo del fiscal. En general, las per- sonas que trabajan tanto en las fiscalías como en los organismos que apoyan la labor investigativa (Cuerpo Técnico de Investigación,
Policía Judicial, etc) no tendrán que dedicarse a
que despojar al fiscal de la labor de confeccionar
labores documentales (memoriales, resoluciones,
un expediente, responder y decidir por escrito y todo
citaciones, etc), ya que como anunciamos, no habrá
que ello implica, le deja mucho más tiempo para
expediente en esta etapa. Por ello, estas personas se
consecución de información que eventualmente
podrán dedicar al trabajo investigativo en sentido
convertirá en prueba de cargo, una vez fortalecida
estricto, recolección de pruebas, etc. Para una implementación inicial del sistema no haría falta, en principio, aumentar el número de funcionarios de apoyo del fiscal, ya que sería viable aprovechar
en el debate público. Por ello, no solamente se conseguirá más material probatorio, sino que el fiscal será capaz de cumplir con los términos legales impuestos a la fase de instrucción.
la nómina que actualmente se encuentra vinculada
a la Fiscalía y los organismos de apoyo. Lo que sí
debe variar sustancialmente, con el fin de garantizar
la permanente comunicación de los miembros del
equipo, es el sistema que se usa para darle asistencia al fiscal: el grupo de apoyo respectivo debe estar a cargo del coordinador de la unidad, con el fin de que no sea necesario librar un oficio y esperar su respuesta para obtener un grupo de apoyo, sino que ello lo tramitaría directamente el coordinador de la unidad especializada, mediante la confección de una agenda de trabajo que conglobe todos los fiscales y todos los auxiliares de la unidad.
3. Como anunciamos antes, no existe proceso penal durante la investigación, ya que en esta etapa el trabajo fundamental consiste en la búsqueda de información. Por ello, el fiscal tendrá que redirigir sus esfuerzos, ya no se concentrará en contestar las solicitudes de los sujetos procesales, sino en orientar a su equipo investigativo en la búsqueda de esa información con miras a su eventual utilidad dentro de un proceso penal, coordinar el trabajo de la policía judicial, valorar la madurez de la información dirigida a la acusación, con el fin de llegar hasta la audiencia pública. Debe resaltarse
El mismo fiscal será el que actúe en la investigación y en el juicio
1. El fiscal que dirige la investigación será el mismo que soporte la acusación en la etapa de juzgamiento. A este respecto también existen otros
sistemas, en los cuales el fiscal es relevado para la etapa pública. Conociendo la experiencia colombiana, no parece muy conveniente este esquema, ya que nadie mejor que quien sustanció
el proceso para defender su propio trabajo, además
quien dirigió la investigación recuerda los detalles y pormenores que nadie más conoce y que pueden ser aprovechados en el juicio. En todo caso, los fiscales deben reportar su trabajo permanentemente, previendo la posibilidad de faltas involuntarias.
La distribución y el fortalecimiento de la fiscalía
1. Frente a la distribución de las fiscalías, parece prudente mantener las unidades especializadas.
A este respecto debe aclararse que la unidad de
extinción de dominio debe mantenerse, pero obviamente sin funciones judiciales, y manejando privativamente los temas de extinción de dominio.
2. Frente a su fortalecimiento se ha propuesto que de acuerdo con la estructura jerarquizada que existe hoy en día, pueda haber una autonomía al interior de la institución, que permita una mecánica en dónde los superiores den instrucciones y directrices a los demás.
3. Análisis de la Organización de las Fiscalías en el Derecho Comparado
Alemania: La ley orgánica de los Tribunales de 1975, estableció que la Fiscalía (SAT) es una autoridad de la justicia estructurada jerárquicamente. Sus funciones son ejercidas por el Procurador General Federal, quien a su vez está subordinado al control, la dirección del Ministerio Federal de Justicia, quien se encuentra facultado para dar instrucciones a los Fiscales Federales.
Francia: al interior de la Fiscalía se encuentran los llamados fiscales de sala, quienes se encuentran subordinados jerárquicamente y pueden recibir instrucciones o directrices por parte de sus superiores o, incluso, ser reemplazados en cualquier momento.
Estados Unidos de América y Puerto Rico: Régimen de Estado federal - Departament of Justice (Federal) o las District Attorneys (D.A.) Federales y Estatales. La tendencia es la existencia de estructuras jerarquizadas, pues reciben instrucciones.
Tribunal penal para ex yugoslavia: El Fiscal General según el estatuto en su artículo 16 es independiente, dirige todas las investigaciones que establece el poder de dirección jerarquizada en cabeza de aquel y de su asistente.
Artículo 251, 3. Asignar y desplazar libremente a sus funcionarios en las investigaciones y procesos. Asimismo, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir en cada caso, en desarrollo de los principios de unidad de gestión y jerarquía.
1. El tema de la cadena de custodia es crítico en todos los sistemas latinoamericanos. Se ha despreciado el hecho de que un juicio justo debe garantizar que el elemento que pretende convertirse en prueba es efectivamente aquél que fue recaudado en su momento, que no ha sido sustituido o alterado. Debe idearse un esquema que supere las dificultades de identificación y almacenamiento que actualmente existen, porque la conservación de los elementos probatorios hasta la audiencia pública significa el éxito de las investigaciones con prueba técnica. La dirección del sistema debe estar a cargo de la Fiscalía, pero la ley debe fijar las pautas que deben seguirse para que la Policía Judicial las cumpla.
En ningún caso el juez de garantías podrá intervenir en el desarrollo de la cadena de custodia salvo para verificar que ésta exista y se haya manejado correctamente. No puede haber una intervención mayor por parte del juez de garantías, ya que esto llevaría a convertirlo en juez de conocimiento.
- Tampoco podrá dar orientaciones sobre la instrucción
- No podrá decretar pruebas de oficio
- No podrá celebrar audiencias no pedidas, es decir, decidir ultrapetita.
• Artículo propuesto en el proyecto de Acto 237 Cámara y 12 Senado de 2002 Artículo 250. 3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción.
Fiscalía General de la Nación para el debido desarrollo de esa responsabilidad, al ente acusador se le confía, entre otras, la misión de dirigir y
a cargo de la Policía Nacional o de los demás organismos que defina la ley.
En la sentencia C-037/96, de la Corte Constitucional, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, mediante la cual se revisó la constitucionalidad del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, "ley Estatutaria de la Administración de Justicia", la Corte declaró exequible el artículo 33, el cual reitera lo dispuesto en la norma superior citada.
Articulo 33. Direccion, coordinacion y control de las funciones de policia judicial. El Fiscal
General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la Ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.
PARAGRAFO. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de Policía Judicial de la Procuraduría General de la
Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política.
Señala la Corte Constitucional que el artículo 33 se encarga de conceder algunas facultades que, no sólo son de naturaleza disciplinaria, sino que se convierten en instrumento efectivo para que el fiscal general de la Nación pueda ejercer las labores de dirección y coordinación de la policía judicial, de forma tal que los responsables de investigar y acusar conozcan y puedan decidir oportunamente acerca de las gestiones que se adelanten respecto de un asunto en particular.
La omisión en el cumplimiento de las órdenes, directrices, orientaciones y términos que imparta la Fiscalía para el cumplimiento de las funciones de policía judicial, constituye causal de mala conducta,
Agrega que las decisiones disciplinarias que al respecto adopte el fiscal general, siempre deberán respetar el derecho fundamental de defensa y de contradicción,

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 1
 artículo 116

Artículo 2
 artículo 250

Artículo 250

Artículo 251

Artículo 5

Artículo 4
 artículo 4

Artículo 234

Artículo 250

Artículo 250

Artículo 250

Artículo 250

Artículo 11
 artículo 16

Artículo 251
 Artículo 250
 artículo 33
 artículo 277
 artículo 33