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Timestamp: 2018-10-23 16:38:00+00:00

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﻿ SENTENCIA 2002-00539 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016
SENTENCIA 2002-00539 DE 03 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:LEGALIDAD DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN Y TELEVISIÓN SATELITAL COMO COMPENSACIÓN POR LA EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO, NO SE AFECTA POR HABERSE DECLARADO LA NULIDAD DE LA NORMA QUE LOS REGULABA, AL SER SITUACIONES CONSOLIDADAS. ASÍ SE PRECISA YA QUE A PESAR DE LA QUE LA SENTENCIA DEL 13 DE MAYO DE 2009 MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ LA NULIDAD DEL ACUERDO 003 DE 2001 TUVO EFECTOS RETROACTIVOS, NO SE AFECTA LA LEGALIDAD DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON SUSTENTO EN DICHO ACUERDO TODA VEZ QUE SE TRATA DE UNA SITUACIÓN CONSOLIDADA, EN LA MEDIDA EN QUE LA SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2009 CONVIRTIÓ UNA SITUACIÓN QUE SE ENCONTRABA EN CONTROVERSIA, A SABER, LA LEGALIDAD DEL ACUERDO 003 DE 2001, EN UNA QUE YA NO LO ERA, POR LO QUE, SE REITERA, DICHA SENTENCIA DEL 13 DE MAYO DE 2009 NO PUEDE AFECTAR LO YA DECIDIDO, DEBIÉNDOSE NEGAR LAS PRETENSIONES RELATIVAS AL RESTABLECIMIENTO SOLICITADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ACTO ADMINISTRATIVO, ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL, EFECTOS RETROACTIVOS DE LA SENTENCIA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONCESIONARIO DE TELEVISIÓN, NULIDAD DE LAS NORMAS
Sentencia 2002-00539 de noviembre 3 de 2016
Referencia: No se accede al restablecimiento del derecho solicitado en la demanda puesto que, pese a que el acto administrativo general bajo cuyo amparo se realizaron los pagos por parte de la demandada fue anulado, existe una decisión judicial anterior que produjo la consolidación de dicha situación jurídica. Prospera la objeción por error grave formulada en contra del dictamen pericial en la medida en que se encontró que fue elaborado sobre bases equivocadas que condujeron a conclusiones erradas.
Bogotá, D.C., tres de noviembre de dieciséis.
EXTRACTOS: 2. Consideraciones de la Sala.
“La junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 12 literal a) de la Ley 182 de 1995 y en desarrollo de lo establecido en el artículo 8º de la Ley 335 de 1996, mediante el cual se modificó el artículo 43 de la Ley 182 de 1995, en el artículo 21 de la Ley 335 de 1996 y en desarrollo del artículo 6º de la Ley 680 de 2001, y
Que la Comisión Nacional de Televisión, fijó en el inciso artículo 4 del Acuerdo 5 de 1996 y en los incisos segundo y tercero del artículo 11 del Acuerdo 32 de 1998, por concepto de compensación a ser pagada por las sociedades autorizadas para la prestación del servicio de televisión satelital o televisión directa al hogar, el diez por ciento (10%) del total de los ingresos brutos mensuales percibidos de los pagos que por la recepción de las señales realizan los usuarios del sistema;
ART. 2º—Modificar el inciso primero del artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, el artículo 4º del Acuerdo 5 de 1996 y los incisos segundo y tercero del artículo 11 del Acuerdo 32 de 1998, los cuales quedarán así: “Los concesionarios de televisión por suscripción y las sociedades autorizadas para prestar el servicio de televisión satelital directa al hogar, pagarán directamente a la Comisión Nacional de Televisión, como compensación por la explotación del servicio, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de estos servicios, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario”.
2.2.1. La sentencia recurrida es abiertamente contradictoria
2.2.1.1. Los argumentos de la parte actora
2.2.1.2. La tesis de la Sala
Admítese la demanda presentada por el abogado José Vicente Camacho Vanegas, por reunir los requisitos formales.
Solicítese a la Nación, Comisión Nacional de Televisión, el envió de los antecedentes administrativos.
“De artículo segundo, la expresión inicial del inciso segundo “Los concesionarios de televisión por suscripción. Y (…)”.
Del artículo 3º. De la forma de pago de la compensación, la expresión del inciso primero: “(...) por parte de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción y por (...) El concesionario o (...)”.
Del artículo quinto, la expresión inicial: “Los concesionarios de televisión por suscripción y (...)”“.
La norma que se deja expuesta, muestra en primer lugar que el legislador derogó expresamente la competencia que le asistía a la Comisión Nacional de Televisión para fijar los derechos, tasas y tarifas que debía percibir por concepto del otorgamiento y explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión; facultad reglamentaria que venía ejerciendo hasta entonces. Pero además en el incisofinal, específicamente se pronunció respecto de los contratos de concesión del servicio público de televisión por suscripción, para los cuales en materia de tarifas, derechos, compensaciones y tasas, se aplicarían las establecidas en el régimen unificado para la fijación de contraprestaciones a favor del Estado para los servicios de difusión sin sus excepciones y diferencias.
El Presidente de la República con la expedición delDecreto Reglamentario 2041 de 1998, había establecido el Régimen Unificado de Contraprestaciones, por concepto de concesiones, autorizaciones, permisos y registros en materia de telecomunicaciones y los procedimientos para su liquidación, cobro, recaudo y pago, el cual fue modificado parcialmente por elDecreto 1705 de 1999.
“Contraprestación por la concesión para la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones. Por concepto de la concesión para la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones, distintos de los señalados en los artículos 19, 20 y 21 del presente Decreto, habrá lugar al pago de una contraprestación porcentual anual calculada sobre los ingresos netos causados por concepto de la prestación de los servicios concedidos y sin distinción de su área de cubrimiento, equivalente al tres por ciento (3%).”
Aunque la norma arriba transcrita expresamente indicóque para la prestación de los servicios de difusión diferentes al de radiodifusión sonora y televisión, habría lugar al pago de una contraprestación porcentual anual por concepto de la prestación del servicio, equivalente al tres por ciento (3%) de los ingresos netos causados, se observa:
Lo anterior permite concluir, por un lado,que la Ley 182 de 1995 facultóa la Comisión Nacional de Televisión para fijar los derechos, tasas y tarifas por la explotación del servicio de televisión; y por otro, que con la expedición de la Ley 680 del 2001 esa atribución fue limitada por el mismo legislador, al ordenar en el artículo 6º que para los contratos de concesión del servicio público de televisión por suscripción, se aplicaría el Régimen Unificado de Contraprestaciones.
Ahora bien, la norma acusada, esto es, los artículos 2º, 3º y 5º del Acuerdo 3 del 13 de noviembre del 2001 expedida por la Comisión Nacional de Televisión, apoyándose en las facultades conferidas “por el artículo 12 literal a) de la Ley 182 de 1995 y en desarrollo del artículo 6º de la Ley 680 del 2001” , dispuso (artículo 2º) que los concesionarios de televisión por suscripción y las sociedades autorizadas para prestar el servicio de televisión satelital, pagarían directamente a la Comisión Nacional de Televisión, como compensación por la explotación del servicio, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestaciónde estos servicios, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente periodo de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario”.
Igualmente, el artículo 3º señaló “El valor de la compensación deberá ser pagado mensualmente por parte de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción y por parte de las sociedades autorizadas para la prestación del servicio de televisión satelital. Para tal fin deberán presentar dentro de los quince días calendariosiguientes al vencimiento del respectivo mes, una autoliquidación sobre los valores causados, la cual contendrá el número de usuarios y el valor de la tarifa cobrada, de conformidad con el formato contenido en el anexo que forma parte integral del presente acuerdo; la autoliquidacióndeberá presentarse debidamente firmada por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal de la Sociedad, según el caso. El concesionario o la sociedad autorizada, tendrán un plazo máximo de quince días calendario contadas a partir de la fecha límite para presentar la correspondiente autoliquidación, para efectuar su pago”.
Por último, el artículo 5ºdel acuerdo acusado dijo: “Los concesionarios de televisión por suscripción y las sociedades autorizadas para prestar el servicio de televisión satelital o directa al hogar, con contrato actualmente vigente, tendrán plazo para suscribir el correspondiente otro si hasta el 26 de diciembre de 2001.
Para la Sala le asiste razón a la parte demandante, pues, la norma acusada desconoce parcialmente laprevisión legislativa, en la medida que la reglamentación contenida en el Acuerdo 3 del 2001, en materia, de tasas, tarifas y derechos por la explotación del servicio de televisión involucra a los concesionariosde televisión por suscripción, cuando el mismo legislador con la expedición de la Ley 680 del 8 de agosto del 2001 había señalado expresamente cual era el régimen aplicable por la explotación de dicho servicio. Es más, en la disposición legal se había indicado quepara los concesionarios de televisión por suscripción se aplicaría Régimen Unificado de Contraprestaciones, en cuyo casono se tendría en cuenta las diferencias y excepciones contenidas en el Decreto 2041 de 1998, que eventualmente pudieran ocasionar algún equivoco en la aplicación de la norma.
Igualmente, el acuerdo mencionado vulneró la norma legal, teniendo en cuenta que el mismo legisladorhabía señalado cual era el régimen aplicable para los contratos de concesión de televisión por suscripción y dicha reglamentación había sido expedida mediante el Decreto Reglamentario 2041 de 1998, arrogándose de esa manera una facultad de la cual carecía.
“Tal y como quedó expuesto en la providencia recurrida, las disposiciones demandadas desconocen parcialmente laprevisión legislativa, en la medida que la reglamentación contenida en el Acuerdo 3 del 2001, en materia, de tasas, tarifas y derechos por la explotación del servicio de televisión involucró a los concesionariosde televisión por suscripción, cuando el mismo legislador con la expedición de la Ley 680 del 8 de agosto del 2001 había previsto que dicho servicio, se sometía en cuanto a su liquidación y monto al Régimen Unificado de Contraprestaciones
El acuerdo mencionado vulneró la norma legal, teniendo en cuenta que el mismo legisladorhabía señalado cual era el régimen aplicable para los contratos de concesión de televisión por suscripción y dicha reglamentación había sido expedida mediante el Decreto Reglamentario 2041 de 1998, arrogándose de esa manera una facultad de la cual carecía.
En efecto, a pesar de que la CNTV, como órgano estatal interventor en el espectro electromagnético utilizado para los servicios de televisión y entidad reguladora de los mismos, es la encargada de adjudicar las concesiones en materia del servicio de televisión y de fijar y cobrar los derechos y contraprestaciones a que las mismas dan lugar, tal y como, en desarrollo del mandato constitucional (arts. 76 y 77) fue determinado por la Ley 182 de 1995 en el literal g) del artículo 5º de la Ley 182/95, y no obstante que en relación con la concesión del servicio de televisión por suscripción ella ya había establecido mediante un Acuerdo suyo (014 de 1997) la reglamentación correspondiente a esta clase de servicio de televisión, de la cual hacía parte el régimen de contraprestaciones a que daba lugar la concesión del mismo, el legislador, en el último inciso del parágrafo del art. 6 de la Ley 680/01 le ordenó aplicar el “Régimen Unificado para la Fijación de Contraprestaciones a favor del Estado para los servicios de difusión sin sus excepciones y diferencias”.
En este punto, advierte la Sala cómo, mediante Sentencia C-351 de 2004(10) —es decir con posterioridad a la presentación de la demanda en el sub-lite—, la Corte Constitucional declaró inexequible el siguiente aparte del inciso final del parágrafo del artículo 6º de la Ley 680 de 2001:
“De artículo segundo, la expresión inicial del inciso segundo “Los concesionarios de televisión por suscripción. Y (…)” Artículo segundo: Modificar el inciso primero del artículo 36 del Acuerdo 14 de 1997, el artículo cuarto del Acuerdo 5 de 1996 y los incisos segundo y tercero del artículo 11 del Acuerdo 32 de 1998, los cuales quedarán así: “Los concesionarios de televisión por suscripción y las sociedades autorizadas para prestar el servicio de televisión satelital directa al hogar, pagarán directamente a la Comisión Nacional de Televisión, como compensación por la explotación del servicio, el siete punto cinco por ciento (7.5%) del total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente de la prestación de estos servicios, en la forma que resulte de multiplicar el número de suscriptores durante el correspondiente período de causación, por la tarifa de suscripción cobrada al usuario” (La disposición demandada está subrayada y resaltada)
Del artículo tercero. De la forma de pago de la compensación, la expresión del inciso primero: “(...) por parte de los concesionarios del servicio de televisión por suscripción y por (...) El concesionario o (...)”
Del mismo artículo tercero, la expresión del inciso segundo: “Si el concesionario o (...)”.
“En los contratos de concesión del servicio público de televisión por suscripción, se aplicarán en lo pertinente las disposiciones que rigen en materia de tarifas, derechos, compensaciones y tasas para los servicios de telecomunicaciones establecidas en el Régimen Unificado para la Fijación de Contraprestaciones a favor del Estado para los servicios de difusión, sin sus excepciones y diferencias. Cuando se den disminuciones en los costos para los contratos de concesión, estos menores valores se deberán reflejar en beneficios para los usuarios”.
“[T]eniendo en cuenta que, de conformidad con la clasificación establecida en el decreto 1900 de 1990, los servicios de televisión son servicios de difusión, lo que la norma de la Ley 680 (sic) ordena que se aplique “en lo pertinente” de este decreto 2041 son las “disposiciones que rigen en materia de tarifas, derechos, compensaciones y tasas (…) para los servicios de difusión, sin sus excepciones y diferencias”.
“Artículo 22. Contraprestación por la concesión de los servicios de difusión. Por concepto de la concesión para la prestación de los servicios de difusión diferentes al de radiodifusión sonora y televisión, habrá lugar al pago de una contraprestación porcentual anual por concepto de la prestación de los servicios concedidos y sin consideración del área de cubrimiento, equivalente al tres por ciento (3%) de los ingresos netos causados.
“Conforme a las anteriores normas, es claro, de un lado, que en los antecedentes de expedición de la Ley 182 de 1995 —nueva ley de televisión—, se tuvo en consideración a los contratistas que en ese momento tenía el Estado en materia de televisión y se previó por lo tanto, la transición del régimen antiguo al nuevo mediante la posibilidad de prorrogar, previa audiencia pública, dichos contratos; es decir que se partía de la necesidad de poner en conocimiento del público tal decisión y de oír lo que los interesados tuvieran que decir al respecto.
Considera pues la Sala, que en el presente caso el requisito procedimental omitido era de naturaleza sustancial, no solo porque era impuesto por la ley —motivo suficiente para que así sea—, sino porque versaba sobre la modificación de una obligación pecuniaria a cargo de los administrados destinatarios de la nueva norma, y porque de haberse cumplido, el sentido del acto administrativo pudo haber sido otro, como resultado de la participación previa de los interesados mediante la formulación de observaciones frente a la reglamentación que se pretendía expedir.
Finalmente, observa laSala que el incumplimiento del deber legal de publicidad en este caso concreto, se evidencia aún más, al verificar cómo, en anteriores Acuerdos expedidos en la misma materia y que son modificados por el acto administrativo acusado, la CNTV de manera expresa, manifestó en sus consideraciones, que para la expedición de los mismos, se había cumplido con dicho requisito(22), manifestación que se echa de menos en el Acuerdo 3 de 2001, en el que simplemente se consignó “(…) Que la junta directiva de la Comisión Nacional de Televisión, en sesión efectuada el 13 de noviembre de 2001, según consta en el Acta 863, adoptó en desarrollo de las facultades señaladas en las Leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 2001, determinaciones con respecto a los contratos de televisión por suscripción y para las sociedades autorizadas para la prestación del servicio de televisión satelital, incluido el monto a pagar por concepto de compensación, acuerda:(…)”.
“Resulta de gran importancia aclarar que los actos administrativos demandados son de carácter general y fueron demandados en acción de nulidad, consagrada en el artículo 84 del C.C.A. que busca reparar el orden jurídico general; sin embargo, el Consejo de Estado reiteradamente ha considerado que los efectos de la nulidad de los actos administrativos de carácter general, son retroactivos, es decir que las cosas deben volver al estado anterior; pero también ha limitado los resultados retroactivos a casos en los que no haya situaciones jurídicas consolidadas, es decir aquellas que dejaron de ser susceptibles de controversia o impugnación.
En efecto esta corporación ha sido reiterativa en este sentido(25):
“Respecto a los efectos de la declaratoria de nulidad, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala, al precisar que estos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado. Igualmente se ha indicado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto, que al momento de producirse el fallo de nulidad, se encontraban impugnadas ante las autoridades administrativas o estaban demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa”.
5.6. Esta posición ha sido reiterada por el Consejo de Estado en distintos pronunciamientos(29). Enaquellos, además se ha considerado que los efectos de la anulación de un acto administrativo no afectan situaciones jurídicas consolidadas. Así, en la sentencia del 21 de marzo de 2012(30) que declaró la nulidad del numeral 5º literales a), b) y c) y del parágrafo del numeral quinto (5º) del artículo primero (1º) de la resolución 03662 del 13 de agosto de 2007, del numeral sexto (6º) del artículo primero (1º) y de los artículos décimo segundo y décimo cuarto de la misma la resolución, expedida por el Director General de Instituto Nacional de Vías, “por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por el Instituto Nacional de Vías” estableció que los efectos de esta providencia se retrotraían a la expedición del acto anulado (efectos ex tunc) sin embargo advirtió “que las situaciones individuales y concretas de carácter definitivo que se hayan producido en vigencia del acto que se declara nulo, gozan de presunción de legalidad”“.
2.2.2.2. La tesis de la Sala.
“Pero por supuesto en manera alguna se está afirmando que el enriquecimiento sin causa no proceda en otros eventos diferentes al aquí contemplado, lo que ahora se está sosteniendo es que la actio de in rem verso no puede ser utilizada para reclamar el pago de obras o servicios que se hayan ejecutado en favor de la administración sin contrato alguno o al margen de este, eludiendo así el mandato imperativo de la ley que prevé que el contrato estatal es solemne porque debe celebrarse por escrito, y por supuesto agotando previamente los procedimientos señalados por el legislador”(33)“.
Inicialmente y contrario a lo esbozado por el actor, esta Sala considera que la nulidad de los actos administrativos produce efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado (“ex tunc”). Además, ha señalado, que cuando la nulidad recaiga sobre un acto de carácter general, “afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo de nulidad, se encontraban impugnadas ante las autoridades administrativas o estaban demandadas ante la jurisdicción contencioso administrativa”(34).
En dicha sentencia se evidenció que la Comisión Nacional de Televisión, si bien no acató esa disposición legal (artículo 6º, L. 680 de 2001) al momento de expedir el Acuerdo 3 de 2001, la misma resultaba transgresora de la Carta Política al permitir que el Ejecutivo invadiera la función regulatoria de la Televisión asignada a la Comisión Nacional de Televisión al obligarla a aplicar un reglamento del Gobierno nacional para determinar la contraprestación a favor de dicha entidad en los contratos de concesión de televisión por suscripción (Decreto 2041 de 1991), lo cual determinó que inaplicara por inconstitucional el último inciso del parágrafo del artículo 6º de la Ley 680 de 2001.
2.2.4.1. Los argumentos de la parte actora.
“(…) Del caso en concreto (…) En el peritaje inicial, objetado por error grave por mi presentada, se elaboran trece (13) tablas calculando unos porcentajes sobre ingresos e intereses mensuales sin señalar de donde ni cómo aparecen supuestas sumas más que no están debidamente certificadas por la Comisión Nacional de Televisión. (…) En la aclaración al dictamen si sigue incurriendo en el mismo error, pues lo único que se hace es indicar que los datos del informe pericial “fueron tomados del folio 29 del informe radicado el día 01 de Abril de 2002 presentado por el demandante doctor Andrés Trujillo Maza (…) Se indica igualmente que el informe fue presentado siguiendo los parámetros de la Ley 680 del 2001 en el artículo 6º y el Decreto 2041 de 1998 en los artículos 9º, 10 y 11 (…) Del error grave (…) En el peritaje se tomaron parámetros errados, sin conocerse exactamente las cifras y los montos avalados por la CNTV; contiene una serie de desaciertos que son fundamentalmente distintos al objeto del proceso, por lo tanto son falsas las conclusiones del mismo. Se basó en el régimen de contraprestaciones del Decreto 2041 de 1998, no aplicable al caso en virtud a que la parte pertinente del artículo 6º de la Ley 680 de 2001, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en cuanto a que disponía que a los contratos de concesión del servicio público de televisión por suscripción se aplicarían en lo pertinente las disposiciones que rigen en materia de tarifas, derechos, compensaciones y tasas, para los servicios de telecomunicaciones establecidas en el Régimen Unificado para la fijación de contraprestaciones a favor del Estado”.
“Se precisa que para que se configure el “error grave” en el dictamen pericial se requiere de una equivocación que pueda llevar tal calificativo, por parte de los peritos; una falla o dislate que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, tal y como lo exigen los numerales 4º y 5º del artículo 238 del C. de P. C.(37) Así lo han sostenido tanto la doctrina(38) como la jurisprudencia.
2.3. Cálculo de los intereses que hubieran generado en cada una de las fechas de pago establecidas en el Régimen Unificado de Contraprestaciones, si en lugar de aplicar la tasa señalada en el Acuerdo 3 de 2001 se hubiera aplicado la tasa del tres por ciento (3%) como lo estipula el Régimen Unificado de Contraprestaciones”.
“Los datos del informe pericial fueron tomados del folio 29 del informe radicado el día 1º de abril de 2002 presentado por el (…) demandante doctor Andrés Trujillo Maza y cuyos recibos de pagos fueron anexados (…) Todos los valores fueron ajustados de acuerdo a las tablas de intereses suministrados por la Superintendencia Bancaria y de acuerdo al artículo 191 del C. de P.C. (…) Por lo consiguiente me permito aclarar los siguientes puntos: (…) A. El valor que aparece en la columna Interés Generado efectivamente corresponde al interés que genera el capital demás, hasta mayo del 2003. (…) B. La suma de estos valores de la columna 4.5% diferencia se deben de tener en cuenta para saber cuánto capital más se había pagado. (…) C. No se toma el cálculo desde Marzo del 2002 a mayo de 2003 en razón a que la información no llega sino hasta febrero de 2002, pero desde luego si la información de capital pagado demás se tiene se hace el mismo procedimiento (…) D. Se toman los valores de la tabla 3 y no los de la tabla 2 en razón a que en la tabla 3 aparece la diferencia estipulada entre el 3% y el 7.5% que es la que se debe tomar, porque en la número dos está incluido el 3% y si se toma quedaría doble (…)”.
Las demás tablas son elaboradas con sustento en la información extractada en las tablas números 1º, 2º y 3º y, por ello, los errores evidenciados en las tablas 1 y 3 se han reproducido en ellas, por lo que los cálculos allí efectuados son igualmente defectuosos.
12 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 4 de diciembre de 2008. Nº de Radicación: 25000 2327 000 2002 01646 01; M.P.: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
20 ART. 6º—Se autoriza, a la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), como a las Juntas administradoras de los Canales Regionales para que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, revise, modifique y reestructure los actuales contratos con los operadores privados, con los concesionarios de espacios de los canales nacionales de operación pública, así como con los contratistas de otras modalidades del servicio público de televisión en materia de rebaja de tarifas, forma de pago, adición compensatoria del plazo de los contratos y otros aspectos que conduzcan a la normal prestación del servicio público de televisión.
30 CE. Expediente No 39477. CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera Ponente: Olga Melida Valle de De La Hoz, Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015), Radicación: 25000-23-26-000-2005-00221-01(36998), Actor: Unión temporal Simco, Demandado: Instituto de Seguros Sociales, Referencia: Apelación sentencia - Acción de controversias contractuales
34 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: Maria Claudia Rojas Lasso, Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016), Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00394-00, Actor: Cooperativa de Transportadores Cispata Ltda. Cootrancis Ltda, Demandado: Ministerio de Transporte
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Consejera Ponente: Stella Conto Diaz del Castillo, Bogotá, D. C., nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014), Radicación: 25000-23-26-000-1998-02870-02(28021), Actor: Sociedad Inversiones Comerciales de Tabares Arango y CIA. S. en C. y otra, Demandado: U.A.E. Aeronáutica Civil, Referencia: Apelación sentencia - Acción de reparación directa.
“¿Qué se entiende por error grave de un dictamen pericial? La noción del error, así sea grave o intrascendente ante su verificación en la realidad, nos lleva automáticamente a la noción de verdad. Y la verdad, según la concepción común, es el acuerdo del pensamiento con la realidad. En lo que consiste ese acuerdo del pensamiento con la realidad. En lo que consista ese acuerdo discrepan las escuelas filosóficas; para los relativistas, por ejemplo, que hacen de la verdad el acuerdo del juicio con las impresiones subjetivas, es verdad que el tablero es negro cuando tengo la sensación de un tablero negro, en tanto que para la filosofía clásica (realismo crítico) no se trata de una correspondencia entre el juicio y las cosas, pues tanto la verdad como el error están en el juicio y no habría error en representarnos un tablero negro sino que este realmente lo sea, como no habría error en representarnos mentalmente un túnel bajo Bogotá sino en afirmar que el túnel existe. Similares consideraciones sobre la verdad y el error pueden hacerse respecto de la concepción modernos de los pragmatistas y de los sociólogos. Para aquellos es verdad lo que ha sido verificado, lo que resiste el control de la experiencia, de donde deducen que la verdad no es conocida sino por la verificación ya experimental, ya racional, mediante el juicio analítico, pero que la verdad no se confunde con la verificación, porque las cosas ya eran verdad antes de verificarlas, como el Salto de Tequendama, que existe aunque no haya ojos que lo vean (véase “Precis de Philosophie”, por Paul Foulqui‚, profesor de la Escuela de Caousou, Toulouse, Tomo II, lógica, Moral, Metafísica, edición de 1936, editor, de quien hemos hecho esta síntesis) (…) pero precisamente esa verificación de los peritos es la que se tacha de error, y de error grave, con lo cual vuelve a quedar sin solución el interrogante. En efecto, ¿Cuál sería ese error, en qué consiste, cómo se comprueba? (…) Grave es lo que pesa, grande, de mucha entidad o importancia; y grave es en procedimiento judicial lo que afecta seriamente el interés legítimo de las partes en la demostración de un hecho. La noción, es sin embargo, un poco relativa y estar, en últimas sujeta su apreciación a la prudencia del juez, como lo está la misma valoración del dictamen pericial (…) Error grave es no verificar con diligencia la calidad o aptitud de un terrero para la agricultura, o para la ganadería, o para la irrigación, o para soportar el peso de un edificio; error grave es no verificar la resistencia de materiales por parte del arquitecto; o la herida que pudo ser mortal, o la incapacidad resultante; y lo será también equivocarse no tan solo sobre la materia de que está hecha una cosa (antigua noción de sustancia para determinar el error que invalida las obligaciones) sino sobre las propiedades cuyo conjunto determina su naturaleza específica y las distingue, o sobre calidades adjetivas, pero que determinan el consentimiento; no es lo mismo el original que la copia de un cuadro de Goya, o de Borrero.
“Desde luego, el error debe demostrarse y la calidad de grave apreciarse. (U. Nacional de Colombia 3a. Edición 1951, pags. 230 y ss).” (Citado por: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, Sentencia de mayo 30 de 1991, Radicado 3577, C. P. Julio Cesar Uribe Acosta) - (negrillas por fuera del original).
Gustavo Humberto Rodríguez afirmó que “El error grave no es la documentación deficiente, sino que resulta de conceptos objetivamente equivocados, en forma grave. Debe tratarse de errores de hecho, no de derecho. La jurisprudencia ha dicho que el error de hecho consiste en creer probado un hecho no demostrado, o al contrario; y que lo que lo hace grave es ir contra la naturaleza de las cosas o la esencia de sus atribuciones” (Rodríguez, Gustavo Humberto. Derecho probatorio colombiano. Compendio. Bogotá: Ediciones Librería del Profesional. 1983).
40 Ibidem, pág. 236

References: artículo 12
 artículo 8
 artículo 43
 artículo 21
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 36
 artículo 11
 artículo 84
 resolución 
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 238
 artículo 191