Source: http://abogadosindemnizacion.es/es-un-accidente-laboral-la-muerte-por-infarto-en-el-trabajo/
Timestamp: 2019-06-18 21:45:36+00:00

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Es un accidente laboral la muerte por infarto en el trabajo
El caso que trataremos hoy es sobre la disyuntiva de si se considera la muerte a causa de infarto en un centro de trabajo como accidente laboral o no.
Un trabajador prestaba servicios en una empresa desde el 14 de diciembre de 2015 por medio contrato de obra o servicio con la categoría profesional de auxiliar de servicios generales.
El 17 de agosto de 2016 el trabajador falleció en su puesto de trabajo siendo la causa el infarto agudo de miocardio, según constó en el informe de la autopsia del 25 de agosto de 2016. Constaba también que el trabajador no tenía “antecedentes clínicos personales conocidos” y que “llevaba unos días encontrándose mal, con dolor torácico, y teniendo que ser relevado de su trabajo dos días antes”. Mediante consideraciones médico-forenses, constó: “entendemos que se trata de una muerte cardiaca, en la que influyen como concausas una diabetes mellitus, y una hipertrofia miocárdiaca probablemente derivada de una hipertensión no diagnosticada”; y en sus conclusiones se determinó que se trataba de una muerte natural.
Inspección de Trabajo inició un informe el 1 de septiembre de 2016 por el que constó el fallecimiento del trabajador que la causa del fallecimiento “se trata de una muerte natural, siendo la causa de la misma Muerte cardiaca”, y en el examen documental constó que “El trabajador había sido declarado apto para su trabajo habitual en reconocimiento médico efectuado en fecha 6 de abril de 2016”.
Ante esta situación de desamparo en la que se encontraba la mujer del trabajador, decidió actuar. Solicitó a la mutua en la que trabajaba su marido la pensión de viudedad, auxilio por defunción y que la defunción fuese declarada como accidente laboral. Esta solicitud fue denegada por la mutua. Frente a esta denegación se interpuso una reclamación administrativa previa, que fue posteriormente desestimada. La mutua cubría las contingencias profesionales y la empresa estaba al corriente de sus obligaciones de cotización.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció a la mujer del trabajador fallecido la pensión de viudedad derivada de contingencias comunes, ante el rechazo de la mutua de reconocerle el carácter de accidente de trabajo.
En el análisis del puesto de trabajo del perecido, realizado por la mutua demandada, se señaló que el puesto de trabajo del actor consistía en realizar tareas de control de entrada y salida de cabezas tractoras y cuando llegaba un chófer, salían de la oficina con el registro, apuntaban la matrícula, nombre y hora de llegada o salida, indicaban a los conductores donde se encontraba el remolque, lo conductores hacían el enganche y salían, pasando de nuevo por la oficina.
La base reguladora ascendía a 1133,23 € y la fecha de efectos era el 18 de agosto de 2016.
Por estos hechos la mujer del trabajador fallecido interpuso demanda contra la mutua, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, la compañía de seguros y la empresa en la que trabajaba su marido.
Tras la admisión a trámite de la demanda, se citó a las partes para intentar que llegasen a un acuerdo antes de que tuviese lugar el juicio. La demandante desistió respecto a la compañía de seguros, así como que desistió de la petición de condena a pagar la cantidad contenida en la póliza.
La pretensión de la demandante era reclamar una indemnización por fallecimiento en accidente laboral y que no se descartase categóricamente que en los orígenes pudiera haber intervenido una serie de factores de riesgo, sin que en el momento de la demanda se diga cuáles son estos factores.
Las partes demandadas se opusieron a la demandante, en concreto, por la mutua demandada alegó que es enfermedad común pues después de investigar llegó a la conclusión por dos motivos:
Primero, porque la patología es crónica y degenerativa, como decía la autopsia, y tiene antecedentes de tabaquismo y fibrosis.
En segundo lugar, que del estudio de la mutua, se concluyó que sus funciones no tenían conexión con la muerte, pues consistió en el control de matrículas y acceso de camiones, cabezas tractoras y remolques.
Por la empresa demandada se oponía a la demanda en base en base al informe de autopsia, donde se ponía que llevaba mal desde días anteriores, y el origen era natural. Y decía que es infarto antiguo, y además fue muerte cardíaca por causa de diabetes mellitus.
En cuanto a la Ley General de la Seguridad Social, en adelante LGSS, y en relación con el caso presente, dispone el artículo 156 de esta Ley:
“1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo”.
Y en relación al vigente art. 156.3 LGSS, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo señalaba en Sentencia 18 de abril de 2001 (Rec. 1870/00): “la presunción del artículo 84.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1974 se refiere no sólo a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior, sino también a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo y que para la destrucción de la presunción de la laboralidad de la enfermedad surgida en el tiempo y lugar de prestación de servicios la jurisprudencia exige que la falta de relación entre la lesión padecida y el trabajo realizado se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de enfermedad que por su propia naturaleza excluya la acción del trabajo como factor determinante o desencadenante, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúen dicho nexo causal. La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padecía la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo, porque lo que se valora a estos efectos no es, desde luego, la acción del trabajo como causa de la lesión cardíaca, lo que no sería apreciable en principio dada la etiología de este tipo de lesiones, sino su actuación en el marco del artículo 84.2.f) de la Ley General de la Seguridad Social como factor desencadenante de una crisis, que es la que lleva a la situación de necesidad protegida y esta posible acción del trabajo se beneficia de la presunción y no puede quedar excluida por la prueba de que la enfermedad se padecía ya, pues, aunque sea así, es la crisis la que hay que tener en cuenta a efectos de protección”.
Al mismo tiempo, la Sentencia de la sección 1ª del TSJ de Galicia con sede en La Coruña, de fecha 25 de abril de 2017 en su fundamento de derecho 3º señalaba lo siguiente, destacando sus argumentos sobre el infarto de miocardio: “El invocado artículo 156 de la LGSS aprobada por RD Legislativo 8/2015 de 39 de octubre establece que se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.
Estableciendo el número 3 que se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
La específica previsión del también invocado artículo 1456(sic).3 (antes 115.3 LGSS) contiene la presunción iuris tantum de que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Esta presunción de laboralidad de los accidentes ocurridos durante el tiempo y lugar de trabajo, viene referida, desde luego, a los accidentes en sentido estricto o lesiones producidas por la acción súbita y violenta de un agente exterior. Ahora bien, su alcance es muy superior, dado que también va a afectar a las enfermedades o alteraciones de los procesos vitales que pueden surgir en el trabajo.
Es doctrina reiterada de la Sala de lo Social del TS, consignada entre otras y a vía de ejemplo en sus Sentencias de 23 de enero de 1998, 4 de mayo de 1998, 18 de marzo de 1999, y 10-4-2001, la que incardina los fallos cardíacos, vasculares o circulatorios dentro del concepto de la lesión corporal a que se refiere el número 1° del artículo 115 (hoy artículo 156.3 del TRLGSS de 2015) “por cuanto otra interpretación está basada en un concepto en declive y superado que asimila el accidente con traumatismo o confunde el de lesión sin tener en cuenta que gramaticalmente se estima como lesión el daño corporal procedente de herida, golpe, o enfermedad y más ampliamente cualquier daño o perjuicio, comprendiéndose igualmente dentro de ese concepto de lesión no sólo el daño físico ocasionado en los tejidos sino también el trauma que produce impresiones duraderas en lo psíquico”. En los supuestos de aparición súbita de la dolencia en el tiempo y lugar de trabajo, el lesionado o sus causahabientes únicamente han de justificar esa ubicación en el tiempo y en el espacio, recayendo sobre el patrono o las correspondientes entidades subrogadas la carga de justificar que la lesión, trauma o defecto no se produjo a consecuencia de la realización de la tarea. Con relación a los defectos o enfermedades padecidos con anterioridad por el trabajador, la presunción se establece con mayor intensidad dado el término imperativo que utiliza el legislador «tendrán la consideración de accidente de trabajo…” dice el precepto. Y requiere por parte de los presuntos responsables la prueba en contrario que acredite de manera inequívoca la ruptura de la relación de causalidad entre el trabajo y la lesión, y es evidente, como ha señalado la doctrina unificadora del TS en sentencia de 16(sic) de febrero de 1996, de acuerdo con esa presunción del precepto, que en principio no se puede descartar la influencia de los factores laborales en la formación y desencadenamiento de una crisis cardiaca o cardiovascular, pudiendo incardinarse igualmente el que se produce en el cerebro. Cualquier lesión como las indicadas aunque tenga una etiología común, pueden estar en su desencadenamiento relacionadas casualmente con el trabajo, y el hecho de que exista con anterioridad la dolencia no excluye la actuación del trabajo como factor desencadenante.
Así, en los casos en que una enfermedad se manifiesta en el lugar y durante la jornada de trabajo, la parte que niegue su calificación como profesional ha de probar que el trabajo no tuvo ninguna influencia en el desarrollo negativo de la enfermedad ( TSJ Las Palmas 28-1-00 ; TSJ Cataluña 25-7-00 ). Ello equivale a exigir que esa prueba ha de poner de manifiesto, o bien que se trata de enfermedades que no sean susceptibles de una etiología laboral, o bien que esa etiología ha sido excluida mediante la oportuna probanza (TS 23-7-99).
La STS de 27 de septiembre de 2007 – Rcud. 853/06 – ha declarado que un infarto de miocardio puede ser calificado de accidente de trabajo, aunque preexista la enfermedad cardíaca.
A la vista de lo expuesto, la sala estima que la hemorragia subaracnoidea padecida por la trabajadora se produce en el centro y en plena jornada laboral y sometida a la dirección empresarial, horario y jornada así como a su responsabilidad laboral, ha de considerar ocurrido en el tiempo y lugar de trabajo, por lo que entra dentro de la presunción de que la lesión es constitutiva de accidente de trabajo, y al no acreditarse de manera inequívoca por la Mutua demandante la ruptura del vínculo causal, debe tenerse presente, conforme al artículo 385 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que las presunciones que la ley establece dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a la que este hecho favorezca, no pudiéndose descartar la influencia de factores laborales en la lesión constitutiva del accidente, por lo que habiéndose demostrado que dicha lesión se produjo en el tiempo y lugar de trabajo, sin que la mutua haya probado que el trabajo no influyó de alguna manera en su desencadenamiento, no rompe de manera concluyente el nexo causal, ni permite desvirtuar la presunción de laboralidad de la lesión.
Y así respecto a los aneurismas aun cuando se deban a malformaciones vasculares cerebrales de origen congénito, si su desarrollo se produce en el tiempo y en el lugar de trabajo debe ser catalogado como accidente laboral; y dado que la baja el día 6-7-213 y el posterior fallecimiento al día siguiente 7-7-2013 debido a una hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura de aneurisma cerebral, que no se ha acreditado que sea por completo ajena a etiología laboral habida cuenta de que se produjo el hecho desencadenante en el tiempo y lugar de trabajo, pues aun cuando realizase tareas administrativas las habituales y estas no requiriesen esfuerzo, lo cierto es que no debe minimizarse la necesaria carga psíquica que se soporta en el desarrollo de sus labores”
No se discutió por ninguna de las partes la aparición súbita de la dolencia ha ocurrido en tiempo y lugar de trabajo, y recaía sobre el patrono o a las correspondientes entidades subrogadas la carga de justificar que la lesión, trauma, o el defecto no se produjo a consecuencia de la realización de la tarea. De forma que el Juez entró a valorar el esfuerzo probatorio realizado por las demandadas, en especial por la mutua y la empresas demandadas en que “o bien que se trata de enfermedades que no sean susceptibles de una etiología laboral, o bien que esa etiología ha sido excluida mediante la oportuna probanza (TS 23-7-99)”.
Y en este sentido, las pruebas fueron de escasa entidad para romper la presunción, por cuanto aun siendo una muerte natural el Juez no observó de la prueba practicada se estuviera ante una patología crónica y degenerativa, pues del informe de autopsia sólo se concluyó, dentro de las consideraciones médico forenses, como concausas una diabetes mellitus y una hipertrofia miocardiaca probablemente derivada de una hipertensión no diagnosticada, pero no se acreditó de la prueba practicada que fuese ni crónica ni degenerativa.
Según el Juez explicó en cuanto al estudio de la mutua, la demandada concluyó que las funciones del perecido no tenían conexión con la muerte, puesto que consistía en el control de matrículas y acceso de camiones, cabezas tractoras y remolques, no era más que una prueba documental generada por la propia mutua demandada, que no gozaba de imparcialidad, pues era generada por esta misma parte para el caso concreto, con el carácter tendencioso de la prueba por razón de las consecuencias negativas que podía tener para esta demandada la estimación de la demanda, por lo que podía haber realizado un esfuerzo probatorio mayor.
Y el Juez también estimó en referencia a las alegaciones de la empresa demandada que sustentaba su oposición en el informe de autopsia, donde se señalaba que el fallecido llevaba mal desde días anteriores, y el origen de la muerte era natural, y añadía que era infarto antiguo, además de que fuera muerte cardíaca por causa de diabetes mellitus. De estas alegaciones, el Juez señaló la STS de 27 de septiembre de 2007 declaró que un infarto de miocardio puede ser calificado de accidente de trabajo, aunque preexista la enfermedad cardíaca. Y a esto el Juez destacó a través de una sentencia referida del Tribunal Supremo que “La presunción no se excluye porque se haya acreditado que el trabajador padecía la enfermedad con anterioridad o porque se hubieran presentado síntomas antes de iniciarse el trabajo”.
Por lo tanto, esa constancia del informe de autopsia en cuanto a los dolores torácicos de días anteriores no afectaba a la realidad de aparición súbita en el trabajo del infarto de miocardio, y como causa de su fallecimiento, de forma que correspondía también a la empresa demandada que se trataba de una enfermedad que no era susceptibles de una etiología laboral, sin que aporte prueba alguna al respecto, más allá de las documentales de autos, en especial el informe de autopsia, cuyo efecto probatorio ya fue valorado con anterioridad por el Juez en torno a las alegaciones de la mutua.
Muerte por infarto en el trabajo y solicitud de pensión por viudedad
Por todo ello, finalmente el Juez estimó la demanda de la demandante.
Respecto a los accidentes en correspondencia con la Ley General de la Seguridad Social, hay que atender:
El artículo 19, en cuanto a bases y tipos de cotización, determina que con independencia de lo indicado en el apartado 1, la cotización correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realiza mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación o situación en la tarifa de primas establecidas legalmente. Las primas correspondientes tienen a todos los efectos la condición de cuotas de la Seguridad Social. La base de cotización para la contingencia de desempleo, en todos los regímenes de la Seguridad Social que tengan cubierta la misma, es la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De igual modo, la base de cotización para determinar las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y para formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad Social en los que exista la obligación de efectuarlas, es la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Respecto al resultado económico y reservas, el artículo 95 manifiesta que el resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de los siguientes ámbitos de la gestión: a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social. (…) En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del ejercicio.
De igual forma se podrán establecer, para las empresas que ofrezcan riesgos de enfermedades profesionales, tipos adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de los medios de prevención empleados. La cuantía de los tipos de cotización a que se refieren los apartados anteriores podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrán exceder del 10 por ciento de los tipos de cotización, si bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por ciento en caso de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones.
Respecto al recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el artículo 164 expresa que todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. La responsabilidad del pago del recargo citado anteriormente recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla. La responsabilidad es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
En cuanto a la pensión de viudedad del cónyuge superviviente, el artículo 219 dispone que tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se establezcan, el cónyuge superviviente de alguna de las personas a que se refiere el artículo 217.1, siempre que si el sujeto causante se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento hubiera completado un período de cotización de quinientos días, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que esta se cause desde una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el período de cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización. También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de quince años.
En lo referente a indemnización especial a tanto alzado, el artículo 227 expresa que en el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el artículo 221 y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de esta ley. En los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo previsto en el artículo 220. Cuando no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, siempre que no tengan, con motivo de la muerte de este, derecho a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior, percibirán la indemnización que se establece en el apartado 1 del presente artículo.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de los valores aludidos. En relación con la protección de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que se refiere el presente artículo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer la obligación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de reasegurar en la Tesorería General de la Seguridad Social el porcentaje de los riesgos asumidos que se determine, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 10 por ciento ni superior al 30 por ciento. A tales efectos, se incluirán en la protección por reaseguro obligatorio exclusivamente las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos de incapacidad permanente y muerte y supervivencia que asuman respecto de sus trabajadores protegidos, correspondiendo a dicho Servicio Común, como compensación, el porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias que se determine por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicho reaseguro no se extenderá a prestaciones que fueren anticipadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, sin perjuicio de sus derechos tanto a repetir frente al empresario responsable de tales prestaciones como, en caso de declaración de insolvencia del empresario, a ser reintegradas en su totalidad por las entidades de la Seguridad Social en funciones de garantía. En relación con el exceso de pérdidas, no reaseguradas de conformidad con el párrafo anterior, las mutuas constituirán los oportunos depósitos o concertarán, facultativamente, reaseguros complementarios de los anteriores en las condiciones que se establezcan.
El Ministerio Empleo y Seguridad Social podrá disponer la sustitución de las obligaciones que se establecen en el presente apartado por la aplicación de otro sistema de compensación de resultados de la gestión de la protección por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, las empresas responsables de las prestaciones deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social los capitales en la cuantía necesaria para constituir una renta cierta temporal durante veinticinco años, del 30 por ciento del salario de los trabajadores que mueran como consecuencia mediata o inmediata de accidente de trabajo o enfermedad profesional sin dejar ningún familiar con derecho a pensión.
Sobre la cobertura de las contingencias profesionales, el artículo 316 señala que los trabajadores incluidos en este régimen especial podrán mejorar voluntariamente el ámbito de su acción protectora incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que tengan cubierta dentro del mismo régimen especial la prestación económica por incapacidad temporal. La cobertura de las contingencias profesionales se llevará a cabo con la misma entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308. Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.
También se entenderá como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 317, respecto de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y en el artículo 326, respecto de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
2018-08-15T09:47:22+00:00By Abogados Indemnización|Accidente Laboral, Accidentes de Trabajo, Accidentes laborales, Blog, Indemnizacion por accidente de trabajo, Indemnizaciones por Accidentes|Sin comentarios

References: artículo 156
 artículo 84
 artículo 84
 artículo 156
 artículo 1456
 artículo 115
 artículo 156
 artículo 385
 artículo 19
 artículo 95
 artículo 164
 artículo 219
 artículo 217
 artículo 227
 artículo 221
 artículo 220
 artículo 316
 artículo 308
 artículo 317
 artículo 326