Source: http://hernansalgadopesantes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4:america-de-los-derechos-arts-8-25-y-27&catid=2:articulos&Itemid=3
Timestamp: 2019-02-19 03:00:41+00:00

Document:
AMÉRICA DE LOS DERECHOS: ARTS. 8 – 25 y 27
La Convención Americana busca crear las condiciones necesarias para que los derechos y libertades del Continente alcancen un mayor respeto y un ejercicio pleno. Así lo expresa su Preámbulo (párrafo cuarto). Tal propósito se inscribe en el marco de las instituciones democráticas que han sido estatuidas en nuestro Continente. El objetivo es consolidar “un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales” del ser humano (primer párrafo del Preámbulo).
En todo caso, las disposiciones de la Convención contienen el mínimo exigible que deben respetar los Estados. También está fuera de discusión que la normativa sobre derechos humanos es de aplicación directa e inmediata (self executing), que no necesita de legislación interna, salvo que en la norma respectiva se dé este mandato para que el legislador nacional desarrolle la disposición.
Toda violación a los derechos y preceptos de la Convención por parte de los agentes o funcionarios del Estado trae la responsabilidad internacional de dicho Estado. Para este análisis nos interesa destacar que entre los funcionarios –que generalmente ejercen autoridad- están los jueces, miembros de los órganos jurisdiccionales del Estado (jueces ordinarios de las diversas materias jurídicas y jueces constitucionales).
Al respecto, la jurisprudencia de la Corte IDH es clara en señalar que los órganos jurisdiccionales también están vinculados al deber de respetar y garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención pues son parte del Estado y en su calidad de jueces tienen que “abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria (a la Convención)…”
La Corte considera que, incluso, el Poder Judicial y sus jueces deben “ejercer una especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos…” La Corte agrega que si el Poder Legislativo no cumple con aplicar lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, los jueces deben suplir esta deficiencia, pues también están vinculados a esta obligación con base en el artículo 1 de dicho instrumento. [4]
[Si fuere del caso, tomar fragmentos del caso Almonacid Arellano vs. Chile, 2006, párrafos 123, 124 y 125]
El derecho de acceso a la justicia o derecho a la protección judicial es el punto de partida para la protección de los derechos de las personas. Dicho de otra manera, el acceso a la justicia constituye el soporte necesario para que se restablezca la efectividad de los demás derechos, cuando estos han sido violados.
La Convención Americana se refiere al acceso a la justicia cuando habla del derecho de toda persona a ser oída y que consta como primera manifestación de las “Garantías Judiciales” que trae el artículo 8. La expresión ‘derecho a ser oído’ es utilizada también en otros instrumentos sobre derechos humanos, así en el Pacto Internacional (Art. 14 ), la Convención Europea (Art. 6.1).
Este acceso a la justicia significa que la persona que considera haber sufrido una violación a su o sus derechos está garantizada por el Estado de obtener una tutela efectiva –real, concreta- para la protección de los derechos. Por otra parte, quien es objeto de una acusación penal también tiene el derecho de ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal.
Valga recordar que el acceso a la justicia y sobre todo el debido proceso, en un primer momento, fueron concebidos principalmente para lo penal o criminal, pero a partir de los instrumentos internacionales que se dieron en la segunda mitad del siglo XX se extendió el debido proceso también para lo administrativo, lo laboral, civil y otros campos jurídicos.
La Corte Interamericana con motivo de una consulta que le fuera hecha en materia de garantías judiciales (1987) señaló, para evitar confusiones, que el artículo 8 de la Convención Americana “no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales…”[5]
En este mismo orden de ideas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en un caso posterior (2001), ha precisado que cuando el artículo 8 de la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente”, esta expresión también involucra:
… a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. [6]
Con estas precisiones examinaremos el artículo 8 de la Convención, pero reiteremos que todo Estado -mediante su ordenamiento jurídico- tiene la obligación de estructurar un procedimiento, donde se respeten determinadas reglas básicas que aseguren alcanzar el valor justicia, dentro o a través de dicho procedimiento. Por un lado, se garantiza el acceso a la justicia y, por otro, se establece el debido proceso legal.
Los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son unánimes en exigir que este procedimiento –o proceso- se realice ante jueces, tribunales o autoridades dotados de competencia legal o constitucional, revestidos de independencia y de imparcialidad, cuyas actuaciones se encuadren en el denominado plazo razonable. De esta manera lo prescribe también la Convención en su artículo 8.1.
La independencia y la imparcialidad son elementos básicos que deben caracterizar a toda administración de justicia, no es posible concebir a ésta sin aquellos atributos si se trata de una sociedad democrática que vive el Estado de Derecho.
En un contexto de democracia constitucional los jueces deben caracterizarse, además de su probidad e idoneidad, por una férrea independencia y una sólida imparcialidad; estos principios –reiteramos- están en la base misma de toda jurisdicción, como un presupuesto necesario para que funcione la administración de justicia. El Poder Judicial -y todo tipo de jurisdicción- tiene en la independencia un escudo contra la interferencia de otros órganos o poderes del Estado, mientras que con la imparcialidad es posible cumplir el fin de la justicia.
De esta manera, los jueces pueden y deben actuar con entera libertad, lejos de cualquier tipo de presión sea económica, política o social (incluso familiar). Con independencia discernirán las normas jurídicas que deben aplicar al caso concreto, teniendo presente los principios éticos y constitucionales que regulan a su comunidad. Lo dicho permitirá que las valoraciones jurídicas del juez sean construidas adecuadamente.
Por su parte el deber de imparcialidad obliga a los juzgadores a actuar sin preferencias ni intereses en cuanto a las partes procesales y al objeto del proceso. Así, estarán en condiciones de valorar las pruebas y resolver el caso. Con base en esta imparcialidad un juez debe buscar el equilibrio procesal entre las partes.
Se puede afirmar que la imparcialidad del juez o tribunal está condicionada por el grado de independencia que los órganos del poder reconozcan a la Función Jurisdiccional. Si no existe independencia en el ejercicio de la judicatura tampoco habrá imparcialidad. Esta independencia e imparcialidad del juez hallan una de sus concreciones en la publicidad que debe primar en los procesos, con las excepciones del caso.
Al respecto, hay que destacar el documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 sobre los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura”, el cual sirve de complemento para interpretar el contenido del derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial. En los primeros tres principios se menciona lo siguiente:
La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.
La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que le haya atribuido la ley. [7]
Otro elemento importante que trae el artículo 8. 1 de la Convención es que el juez o tribunal debe ser “establecido con anterioridad por la ley…”. Lo que significa que el sistema de juzgamiento, incluidos los juzgadores, deben estar previamente determinados por la ley, con anterioridad a los hechos que van a ser juzgados, y con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. Con este fundamente se prohíben los tribunales especiales.
Estos jueces legalmente establecidos por el ordenamiento jurídico, en una sociedad democrática, son los que están investidos de competencia, los denominados jueces naturales. En el contexto de los elementos reseñados que deben caracterizar el acceso a la justicia se plantean diversos problemas, uno de ellos es el juzgamiento de personas civiles por tribunales militares. La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha debido analizarlos a medida que han sido expuestos en los casos contenciosos por violación de derechos humanos o bien mediante la función consultiva que posee la Corte.
Con relación al artículo 8.1 de la Convención Americana que, como se ha visto, establece los elementos indispensables para la tutela de los derechos el órgano judicial del sistema interamericano ha dado –en lo principal- los siguientes criterios, interpretando y aplicando las normas convencionales.
La Corte ha reiterado en su jurisprudencia que en todo procedimiento judicial, de cualquier tipo de proceso que se trate, sea penal o civil, laboral o administrativo, u otro, se debe contar con jueces competentes, que cumplan con los requisitos exigidos de independencia y de imparcialidad.
Desde los primeros casos contra Honduras (1987), la Corte sentó las bases para el conocimiento y resolución de los procesos supranacionales llevados a su sede por intermedio de la Comisión Interamericana. Previamente señaló que el objeto y fin de la Convención Americana es la protección eficaz de los derechos humanos. “Por ello, la Convención debe interpretarse de manera de darle su pleno sentido y permitir que el régimen de protección de los derechos humanos a cargo de la Comisión y de la Corte adquiera todo ‘su efecto útil’…”[8]
Es la efectividad que deben tener los derechos –señalada al inicio de este trabajo-, la concreción mediante resultados positivos. Por otro lado, la Corte advierte que en la jurisdicción internacional
la inobservancia de ciertas formalidades no siempre es relevante, pues lo esencial es que se preserven las condiciones necesarias para que los derechos procesales de las partes no sean disminuidos o desequilibrados, y para que alcancen los fines para los cuales han sido diseñados los distintos procedimientos…[9]
Esta orientación jurisprudencial estará presente en el acceso a la justicia y en las garantías del debido proceso. Respecto de la independencia e imparcialidad que debe caracterizar a jueces y tribunales, la Corte Interamericana ha reiterado la necesidad de dar cumplimiento, por parte de los Estados, a estas garantías. Existe una jurisprudencia constante particularmente en aquellos casos peruanos de la época del Gobierno Fujimori, en los cuales converge además la garantía del juez natural.
Se puede tomar fragmentos de:
Caso Tribunal Constitucional # 73 y 75
Caso Ivcher Bronstein # 112- 114 y 115
La Corte ha señalado que cuando no hay imparcialidad en los juzgadores las acciones o recursos mediante los cuales se busca proteger el derecho vulnerado no van a producir los resultados para los cuales fueron pensados y están condenados al fracaso.
Tomar fragmentos de Caso Tribunal Constitucional contra Perú # 94 y 96
La garantía del juez natural o competente tomó especial relevancia en los casos peruanos (de la época mencionada) por cuanto mediante una medida legislativa de 1992 se extendió el juzgamiento de civiles por tribunales militares en los casos de traición a la patria (situación jurídico-penal en la que incurrían los subversivos). En este complejo contexto político, el problema del juez natural generó también la falta de independencia e imparcialidad de los juzgadores.
Frente a esta situación la Corte consideró que no debe sustituirse a la jurisdicción ordinaria porque toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales ordinarios y conforme a procedimientos legalmente establecidos, lo que implica respetar al juez natural.
[…] El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.(Énfasis agregado) [10]
Al analizar los atributos de independencia e imparcialidad que deben poseer los jueces, la Corte -coincidiendo con los criterios de la Comisión- establece que los jueces militares son designados por las jerarquías militares y dependen del Poder Ejecutivo, lo que hace que en la práctica sigan subordinados a sus superiores y deban respetar la jerarquía institucional y sus principios; tales circunstancias conducen a pensar que los tribunales militares no son aptos para juzgar a civiles por que carecen de independencia e imparcialidad.
[…] En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, de conformidad con la Ley Orgánica de la Justicia Militar, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes, a su vez, determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. [11]
La situación antedicha se complica cuando los jueces del tribunal militar que intervienen en los procesos por delitos de traición a la patria son jueces “sin rostro”, lo cual para la Corte “determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia”. Y agrega la Corte: [E]sta situación se agrava por el hecho de que la ley prohibe la recusación de dichos jueces”. [12]
Sobre el papel que corresponde a la jurisdicción penal militar la Corte Interamericana, tomando como punto de partida el espíritu democrático que subyace en todo instrumento internacional de derechos humanos y por ende en la Convención Americana, tuvo el siguiente pronunciamiento:
En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. [13]
En suma, para la jurisprudencia de la Corte, los procedimientos judiciales, independientemente del tipo de proceso que se trate, sea penal, civil laboral, fiscal o cualquier otro, han de contar con jueces no sólo en el aspecto formal sino que cumplan con los requisitos exigidos (independencia, imparcialidad, previa determinación por la ley, con poderes y atribuciones), y ser llevados con el respeto de todas las garantías del debido proceso.
Entre las garantías que el Estado debe brindar para una administración de justicia eficiente y eficaz consta el derecho al plazo razonable, el cual se desarrolló en el campo de la justicia penal para quienes están siendo procesados con el propósito de que sean rápidamente juzgados, pues las dilaciones ocasionan serios problemas, uno de ellos es que la presunción de inocencia se ve afectada mientras se alarga el proceso y no se dicta la sentencia; más grave aún si la persona está privada de libertad.
En consecuencia, es necesario limitar la duración del procedimiento a un plazo razonable, expresión recogida en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; los ordenamientos internos suelen referirse a un proceso sin dilaciones indebidas, un proceso rápido. Como se ha dicho, actualmente el plazo razonable regula todo tipo de procesos no solo el penal, si bien en éste tiene mayor incidencia. Se puede agregar que la lentitud de la justicia es un mal crónico, que afecta la seguridad jurídica.
La Corte Interamericana en su jurisprudencia se refiere constantemente al tema del plazo razonable dentro de un proceso, cuestión importante para determinar la responsabilidad de un Estado acusado de la violación de derechos humanos. Para tener elementos objetivos que permitan comprender cuando un plazo no sería razonable, han sido útiles en esta materia los criterios de la Corte Europea, la cual señaló tres elementos que pueden ser observados en el desarrollo del proceso: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado (lo cual puede entorpecer la causa); y, 3) la conducta de las autoridades judiciales.
Los Casos Genie Lacayo y Suárez Rosero (ambos de 1997), pueden servir de ejemplos, entre muchos otros, de cómo las jurisdicciones internas de los Estados dejan transcurrir el tiempo sin respetar sus propios ordenamientos jurídicos e incurren en una demora irrazonable, incluso sin tomar en consideración las prescripciones internas. [14]
En una Opinión Consultiva de 1993 la Corte dio una orientación sobre lo que debe entenderse por razonable y expresó:
La “razonabilidad” implica un juicio de valor y, aplicada a una ley, una conformidad con los principios del sentido común. Se utiliza, igualmente, referida a parámetros de interpretación de los tratados y, por consiguiente, de la Convención. Siendo razonable lo justo, lo proporcionado y lo equitativo, por oposición a lo injusto, absurdo y arbitrario, es un calificativo que tiene contenido axiológico que implica opinión pero, de alguna manera, puede emplearse jurídicamente como, de hecho, lo hacen con frecuencia los tribunales, pues toda actividad estatal debe no solamente ser válida sino razonable.[15]
La disposición del artículo 8 de la Convención se vincula con el Art. 25 y se convierte en el “recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes”. La Corte Interamericana ha considerado esta disposición –del Art. 25- como “uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.[16]
Las reglas contenidas en la Convención en el artículo 8, en su párrafo primero, se complementan con las del artículo 25 de la Convención, para este punto haremos mención a lo establecido en el número 2 del artículo 25, relativa al compromiso adquirido por el Estado Parte, cuyo resumen sería el siguiente:
Que corresponde a la “autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado” decidir sobre el recurso interpuesto (25.2.a); lo cual armoniza con el concepto de juez competente o juez natural, pero aquí la expresión “autoridad” al ser más amplia incorpora a quienes no son jueces (el caso de los funcionarios administrativos, por ejemplo).
Que los recursos judiciales –entenderíamos mejor jurisdiccionales- deben ser desarrollados en los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados, observando el mandato de ser recursos sencillos, sin complejidades procedimentales ni formalismos que sacrifiquen la justicia, al tiempo que se trata de recursos ágiles, toda cuestión procesal que tienda a dilatar la resolución debe ser rechazada, aquí tiene cabida el principio de economía procesal. Bien sabemos que uno de los problemas mayores de la administración de justicia es el retardo excesivo en el despacho de las causas y este aspecto tan negativo como perjudicial no puede darse en materia de derechos humanos.
La letra c) del párrafo 2 del artículo 25 concluye con la garantía del cumplimiento –por parte de la autoridad competente- de lo resuelto cuando se haya estimado procedente el recurso.
En general, esta potestad, para exigir el cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales o de otro carácter, es indispensable para los jueces que deben hacer valer sus providencias frente a instituciones y órganos del Estado, incluso frente a los civiles y militares. Caso contrario como afirmó la Corte: “Los recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica…” [17]
En resumen, podemos repetir con la Corte IDH que, el acceso a la justicia presenta una doble vertiente: por un lado, constituye el poder acudir a un juez o tribunal para hacer valer una facultad o pretensión y exigir su cumplimiento, es decir buscamos que se reconozca un derecho subjetivo.
Por otro lado, la idea tradicional del acceso a la justicia ha sido concebida desde la situación de quien ha sido acusado de una infracción o de un delito, significa el derecho que tiene la persona acusada para que se le juzgue dentro de un marco de garantías que abarca desde el inicio del proceso hasta su terminación. Es lo que comúnmente se denomina las garantías del debido proceso.
Estamos en esta segunda concepción cuando se expresa que el acceso a la justicia es “la garantía de ser juzgado equitativamente por un tribunal judicial independiente e imparcial”, como señala Fix-Zamudio, y que “se concreta a través del ejercicio de las distintas garantías que imponen las normas constitucionales y procesales”.
En cuanto al ejercicio de las atribuciones del Congreso para llevar a cabo un juicio político, del que derivará la responsabilidad de un funcionario público, la Corte estima necesario recordar que toda persona sujeta a juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea competente, independiente e imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete.[18]
Entre estas garantías mínimas del debido proceso encontramos las siguientes: juez natural, la publicidad del juicio, como regla general, el derecho a contar con un abogado para la defensa, no quedar en indefensión, ofrecer y producir pruebas, la motivación de la sentencia, plazos razonables para la realización de las etapas y actos procesales y el equilibrio procesal.[19]
Acceso a la justicia con igualdad, sin discriminación
La Convención Americana en su artículo 8, párrafo 2 in fine, establece: “Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas…”. Es consustancial al espíritu de la Convención prohibir toda clase de discriminación por cualquier motivo que fuere; ya en su artículo 1. 1 al prescribir el deber del Estado Parte a respetar y garantizar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción, dicha norma dispone que el Estado procederá “sin discriminación alguna” y detalla, con amplitud, las posibles causas que pueden originar la discriminación, sin dejar resquicio alguno. [20]
Y, en el artículo 24 del Pacto de San José donde se consagra la igualdad ante la ley, también se destaca que toda persona tiene “derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
En efecto, el acceso a la justicia y al debido proceso tiene como plataforma un derecho básico que es la igualdad ante la ley; para todos existen condiciones iguales, sea para exigir la no violación de un derecho, sea en los casos en que la persona es acusada. Aquí se trata de una igualdad efectiva –no puramente formal- de las partes en el proceso, lo cual es una consecuencia de la igualdad ante la ley. La doctrina suele señalar que no toda distinción es discriminatoria, incurren en discriminación las distinciones arbitrarias. La Corte Europea ha desarrollado este aspecto.
El Estado, particularmente a través de su legislación, debe garantizar esta igualdad y proscribir toda clase de discriminación; sin embargo, determinadas medidas establecidas por los órganos públicos pueden alterar la igualdad en el acceso a la justicia, por ejemplo, cuando se impone el pago de elevadas tasas judiciales.
Los temas de las tasas judiciales y de la indigencia
La imposición de tasas judiciales puede justificarse, en principio, por los requerimientos financieros del Estado, necesarios para la administración de justicia; sin embargo, al alcanzar valores excesivos pueden dejar en indefensión a quienes no dispongan de tales valores económicos.
La Corte Interamericana ha señalado estos hechos en el Caso Cantos contra Argentina, destacando que los órganos públicos deben cuidar que las tasas judiciales guarden proporcionalidad y no se vuelvan exorbitantes. La Corte ha considerado que el artículo 8. 1 de la Convención:
… consagra el derecho de acceso a la justicia De ella se desprende que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención... [21]
Al analizar los aspectos procesales del Caso Cantos, la Corte se remite a los artículos 8. 1 y 25 de la Convención, examina el reclamo planteado por la presunta víctima y la elevada suma sobre la cual debe imponerse la tasa judicial. El Estado informó que no se trataba de una tasa confiscatoria, que de acuerdo con la ley argentina la tasa equivalía a un tres por ciento del total del valor de la litis, tasa que responde sólo a un porcentaje y no tiene un tope máximo. [22]
Al respecto la Corte realizó algunas consideraciones, una de ellas:
…esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aún cuando la mencionada tasa de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el fin perseguido por la legislación argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención. [23]
Un tema llevado a consulta de la Corte fue el tema de la indigencia, es decir, cuando hay una carencia total o casi total de recursos económicos. Esta situación puede restringir el acceso a la justicia por parte de la persona indigente, como también puede afectar el debido proceso si no cuenta con un abogado que, según el caso, reclame la violación de su derecho o que le defienda si es acusada.
Para solucionar estos casos, cuando la indigencia impide a la persona contar con un abogado para patrocinar su reclamo o cuando es acusada penalmente, es necesario que el Estado ponga a disposición de quienes lo requieran un defensor público. Caso contrario se daría una desigualdad ante la ley y se configuraría una discriminación por razones de índole económica (la indigencia).
Respecto de la indigencia de una persona cuyos derechos han sido vulnerados, la Comisión Interamericana consultó a la Corte (1990) si esta situación de pobreza podría excusar a dicha persona de cumplir con el requisito de previo agotamiento de los recursos internos para acudir a los órganos supranacionales, igual en el caso de que haya que pagar algún valor para realizar los trámites.
La Corte examinó la cuestión y se pronunció afirmativamente: la persona indigente queda relevada de agotar los recursos internos e interpretó que “[E]ste es el sentido que tiene el artículo 46. 2, leído a la luz de las disposiciones de los artículos 1.1, 24 y 8”. [24] En la misma situación del indigente estaría una persona que ha sido impedida de utilizar los recursos internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención debido a un temor generalizado de los abogados para representarla. En estos casos, la Corte señala que no puede exigirse el agotamiento previo de los recursos internos. [25]
Al respecto, es oportuno recordar que el citado artículo 46. 2 de la Convención, relativo a las excepciones sobre el agotamiento de los recursos internos, expresamente señala en la letra a) que una de estas excepciones es cuando no existe el debido proceso legal en la legislación interna del Estado para proteger el o los derechos violados.
Por último, cuando existe obstrucción en los procedimientos o cuando los juzgadores actúan con negligencia también son causas que limitan y afectan el debido proceso. Esto suele ocurrir ya en la investigación de los hechos o en la forma como se lleva el proceso judicial. Entre los casos que se pueden mencionar y que la Corte estableció la respectiva responsabilidad del Estado están los siguientes:
En el “Caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala” la Corte estableció:
Por otra parte, ha quedado demostrado que, no obstante la investigación de la Policía Nacional de Guatemala sobre los hechos, considerada exhaustiva por las partes en el presente caso, el Organismo Judicial del Estado no actuó de manera diligente y efectiva para enjuiciar y, en su caso, sancionar a los responsables de tales hecho.[26]
En materia penal el derecho al debido proceso tiene un contenido específico donde están determinadas garantías propias del proceso penal, además de aquellas que el debido proceso ha prescrito para asuntos diversos de la materia penal.
La función consultiva de la Corte Interamericana ha incorporado (1999) en el marco de las garantías mínimas del debido proceso el derecho a la información sobre la asistencia consular cuando la persona detenida es extranjera. Este derecho que, junto con otros, garantiza un proceso justo debe ser informado al inculpado desde el momento del arresto, sin dilación. La Corte consideró esta cuestión de vital importancia para el resultado del proceso, pues la asistencia del cónsul del país de procedencia del inculpado puede contribuir a una adecuada defensa. [27]
Al derecho a la asistencia consular se une aquel de contar con un traductor o intérprete para quienes desconocen el idioma en que se desarrolla el procedimiento, reconocido en el artículo 8.2.a) de la Convención Americana. Como expresó la Corte en esta opinión consultiva, aplicando estas garantías procesales se atiende al principio de igualdad ante la ley; frente a las desigualdades reales se adoptan medidas de compensación, “difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas”. [28]
Este derecho está consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana que dispone: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...”
La presunción de inocencia tiene un contenido específico que le relaciona con los procesados inculpados de la comisión de un delito, es decir, se radicó en el ámbito penal donde obtiene una significación muy propia. Posteriormente, se extendió su alcance a las esferas administrativas, civiles u otras, como ocurrió de modo general con las garantías del debido proceso, del cual esta presunción forma parte.
Por otro lado, la efectividad de la presunción de inocencia guarda relación con la libertad de la persona procesada y si ésta fue detenida o sufre prisión provisional tal privación de libertad no podría extenderse en demasía –más allá de lo que se considera el plazo razonable- porque estaría afectando la presunción de inocencia. En los casos en que la prisión provisional se extienda en el tiempo con una duración excesiva –más allá del plazo razonable- la Corte IDH considera que “[S]ería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios de derecho universalmente reconocidos”. [29]
Por lo expresado, la presunción de inocencia (Art. 8.2 de la Convención) tiene que ser interpretada en concordancia con el artículo 7.5 (ibid) que garantiza el proceso de toda persona detenida para que sea “llevada, sin demora, ante un juez” y juzgada dentro de un plazo razonable, o sea “puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”, bajo medidas que aseguren su comparecencia en el juicio.
[Este párrafo se agrega a posteriori]
“ … De lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Convención se deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva. Este concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general (art. 9.3). En caso contrario se estaría cometiendo una injusticia al privar de libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida. Seria lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual está en contra de principios del derecho universalmente reconocidos...”. Caso Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia sobre el fondo, párrafo 77.
La presunción a la inocencia se mantiene “mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”, dice la norma convencional, es decir, mientras no exista en contra de la persona acusada una sentencia condenatoria, ejecutoriada o firme. Y, para llegar a esta etapa procesal, quien acusa debe haber probado fundadamente la responsabilidad del indiciado.
En materia penal el derecho a la defensa del inculpado alcanza una incidencia mayor, dado que está en juego su libertad e incluso su vida, cuando existe la pena de muerte. El Estado tiene la obligación de garantizar a los procesados por la comisión de un delito –u otras infracciones- el derecho a contar con una defensa efectiva. Esta es una garantía importante e inderogable –como las demás- que los instrumentos internacionales de derechos humanos han establecido y que ha sido consagrado por todas las constituciones de los Estados.
En materia penal la asistencia de un abogado defensor es parte esencial del proceso para no quedar en indefensión y es un elemento necesario del derecho a la defensa, razón por la cual se ha extendido a todos los casos en que se presume la responsabilidad de una persona o funcionario, desde lo administrativo hasta lo político (puede ser un juicio político, impeachment).
Vinculado con la defensa está el derecho del inculpado a ser informado de los cargos en su contra. La Convención establece esta garantía como “[la] comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada” (Art. 8.2.b), la cual guarda relación con lo dispuesto en el artículo 7.4 para quienes están detenidos; la persona detenida –dice la norma convencional- “debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. El propósito de esta garantía es el de facilitar la preparación de la defensa.
El inculpado puede realizar su defensa por sí mismo o, en su defecto, escoge a su abogado defensor, pero si por cualquier situación esto no sucediera debe contar con un defensor público proporcionado por el Estado, cuestión que la Convención Americana considera como un derecho irrenunciable, cuando se dan las circunstancias mencionadas.
Para el ejercicio del derecho a la defensa la persona inculpada debe disponer del tiempo necesario sea para preparar dicha defensa o sea para ponerse en contacto con su abogado y reunirse con él de modo libre y confidencial. Estos aspectos están determinados en la Convención Americana, en el artículo 8. 2:
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.
La jurisprudencia de la Corte IDH ha tolerado, bajo determinadas condiciones, el aislamiento o incomunicación de la persona acusada en los casos que sea necesario impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Para la Corte la incomunicación es una medida excepcional, muy corta en su duración, destinada a asegurar los resultados de una investigación, y debe ser aplicada de acuerdo con las garantías establecidas en la Convención, el respeto de los demás derechos de la persona, y en condiciones que no vulneren la dignidad de los detenidos.
Cabe señalar que en la Convención Americana no existe una disposición expresa que se refiera a la incomunicación de las personas detenidas; la Corte en su jurisprudencia ha relacionado esta situación con el derecho a la defensa puesto que va ha obstaculizar dicha garantía procesal, impidiendo al detenido incomunicado ponerse en contacto con su abogado defensor. La Corte, además, considera que todo aislamiento o incomunicación de quien está privado de la libertad constituye una forma de trato cruel e inhumano que afecta su integridad psíquica y moral, cuestión que viola el artículo 5 de la Convención (5.1 y 5.2).
La Corte señala que el Estado tiene la obligación de “asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas e inderogables establecidas en la Convención y, concretamente, el derecho a cuestionar la legalidad de la detención y la garantía del acceso, durante su aislamiento, a una defensa efectiva...”.[30] Y, cuando se prolonga la incomunicación el estado de indefensión será mayor.
Debido a su incomunicación durante los primeros 36 días de su detención, el señor Suárez Rosero no tuvo la posibilidad de preparar debidamente su defensa, ya que no pudo contar con el patrocinio letrado de un defensor público y, una vez que pudo obtener un abogado de su elección, no tuvo posibilidad de comunicarse en forma libre y privada con él. Por ende, la Corte considera que el Ecuador violó el artículo 8.2.c, 8.2d y 8.2.e de la Convención Americana. [31]
La Corte también ha señalado que la persona detenida y que está incomunicada puede ser más vulnerable a sufrir toda clase de agresiones y de arbitrariedades en los centros de detención; la práctica ha demostrado esta situación. Éste y los otros criterios reseñados sobre el aislamiento y la incomunicación la jurisprudencia de la Corte lo ha desarrollado desde los primeros casos hondureños de 1987. [32]
Parte integrante del derecho a la defensa constituye la facultad de interrogar a los testigos presentes en el tribunal, al tiempo que obtener la comparecencia de otras personas sea en la calidad de testigos o de peritos; los interrogatorios, los testimonios y las experticias son de vital importancia y son parte del acervo probatorio que formará la convicción de los jueces.
Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
Las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención también comprenden al derecho al recurso o a la segunda instancia (Art. 8.2.h), el cual tiene por objeto garantizar al recurrente el acceso ante un órgano judicial de jerarquía superior al que le juzgó y condenó, a los efectos de que revise la adecuación a derecho de la sentencia.
En este sentido, para la Corte, el derecho a recurrir el fallo no se satisface con la mera existencia de un órgano superior ante el cual se pueda tener acceso, sino que dicho órgano superior ha de tener todas las características exigidas a los órganos judiciales, es decir ser independiente, imparcial, previamente determinado por la ley y con poderes y atribuciones para que sus resoluciones sean inmediatamente cumplidas. Si no cuentan con tales características se vulnera el derecho al recurso, por cuanto el mismo se convierte en ilusorio e ineficaz.
[…] El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso. Para que haya una verdadera revisión de la sentencia, en el sentido requerido por la Convención, es preciso que el tribunal superior reúna las características jurisdiccionales que lo legitiman para conocer del caso concreto. Conviene subrayar que el proceso penal es uno solo a través de sus diversas etapas, tanto la correspondiente a la primera instancia como las relativas a instancias ulteriores. En consecuencia, el concepto del juez natural y el principio del debido proceso legal rigen a lo largo de esas etapas y se proyectan sobre las diversas instancias procesales. Si el juzgador de segunda instancia no satisface los requerimientos del juez natural, no podrá establecerse como legítima y válida la etapa procesal que se desarrolle ante él. En el caso que nos ocupa, el tribunal de segunda instancia forma parte de la estructura militar. Por ello no tiene la independencia necesaria para actuar ni constituye un juez natural para el enjuiciamiento de civiles. En tal virtud, pese a la existencia, bajo condiciones sumamente restrictivas, de recursos que pueden ser utilizados por los procesados, aquéllos no constituyen una verdadera garantía de reconsideración del caso por un órgano jurisdiccional superior que atienda las exigencias de competencia, imparcialidad e independencia que la Convención establece. [33]
Asimismo, desde el Caso Velásquez Rodríguez la jurisprudencia de la Corte precisó, refiriéndose a los recursos internos que establecen los Estados (y que deben ser agotados), que tales recursos deben ser adecuados, es decir idóneos para proteger la situación jurídica infringida, al tiempo que deben ser eficaces o sea capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos. [34]
Podría citarse lo sucedido en los casos contra Trinidad y Tobago:
Caso Hilaire; caso Constantine y otros; caso Benjamín y otros (FONDO)
Donde el recurso de conmutación de la pena de muerte no era eficaz…no produce el resultado para el cual fue establecido
Publicidad de los procesos penales
Dentro de las garantías a respetar en los procedimientos judiciales consta la relativa a que “[E]l proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”, como lo prescribe el artículo 8.5 de la Convención Americana.
Por ello, resulta contrario a lo preceptuado por la Convención que se realicen procesos donde se impida o prohiba el acceso del público, más aún si dichos procesos son llevados con secretismo y aislamiento en recintos carcelarios o militares. La Corte interamericana no ha aceptado esta situación y ha declarado la violación de esta garantía en sus diversos fallos, como los siguientes:
La Corte considera probado que los procesos militares de civiles supuestamente incursos en delitos de traición a la patria son desarrollados por jueces y fiscales “sin rostro”, y conllevan una serie de restricciones que los hacen violatorios del debido proceso legal. En efecto, se realizaron en un recinto militar, al que no tiene acceso el público. En esta circunstancia de secreto y aislamiento tuvieron lugar todas las diligencias del proceso, entre ellas la audiencia misma. Evidentemente, no se observó el derecho a la publicidad del proceso, consagrado por la Convención. [35]
Está probado en el expediente que varias audiencias que se realizaron en el proceso ante el fuero común, fueron llevadas a cabo en el interior de establecimientos carcelarios…
Lo anterior es suficiente para constatar que el proceso adelantado por el fuero común contra Luis Alberto Cantoral Benavides, no reunió las condiciones de publicidad que exige el artículo 8.5 de la Convención.
El Estado no presentó informaciones ni argumentos que demostraran que se debían restringir las condiciones de publicidad del proceso por ser “necesario para preservar los intereses de la justicia”
, como lo prevé el artículo 8.5 de la Convención. La Corte considera que, dadas las características particulares de Luis Alberto Cantoral Benavides, el proceso que se le siguió podía desarrollarse públicamente sin afectar la buena marcha de la justicia. [36]
Otra de las garantías del debido proceso es la de no ser procesado por segunda vez por los mismos hechos. El artículo 8. 4 de la Convención Americana dispone: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”.
Para determinar si, efectivamente, se trata de un segundo proceso la Corte considera que debe haber tanto la identidad entre los hechos o conductas a investigar, así como debe existir la identidad o correspondencia entre las personas partícipes, tanto en sentido activo como pasivo de la violación de derechos (estos últimos, las víctimas).
[...] Se entiende que el concepto de “hecho” corresponde a la conducta o el suceso que implicaron violación de un derecho humano. A su vez, el concepto de “personas” tiene que ver con los sujetos activos y pasivos de la violación, y principalmente con estos últimos, es decir, las victimas. Los casos Neira Alegría y otros, por una parte, y Durand y Ugarte, por la otra, se relacionan con los mismos hechos: los sucesos acaecidos en El Frontón; pero difieren, evidentemente, en cuanto a las personas que figuran como supuestas victimas. [37]
La conclusión es que si no existe esta doble identidad no se puede hablar de un mismo proceso ni cabe acumular las causas. La acumulación estaba prevista en el Art. 40.2 del Reglamento de la Comisión (de la época). Para precisar la idea expuesta, la Corte Interamericana agrega la siguiente consideración, dentro del análisis de las excepciones preliminares que fueron interpuestas por el respectivo Estado:
La Corte observa que la titularidad de los derechos humanos reside en cada individuo, y que por ello la violación de los derechos debe ser analizada de manera asimismo individual. El juicio que se formula acerca de un caso no prejuzga sobre otros, cuando son diferentes los titulares de los derechos, aunque los hechos violatorios sean comunes. El presente caso recoge hechos considerados en el caso Neira Alegría y otros, pero se refiere a violaciones en agravio de personas diferentes, como se hizo ver en el examen de la excepción anterior, ya que en la especie las supuestas víctimas son los señores Durand Ugarte y Ugarte Rivera, quienes fueron ajenos a la demanda relativa al caso Neira Alegría y otros. [38]
Un caso representativo de la garantía judicial que prohíbe el doble enjuiciamiento es el de la profesora María Elena Loayza Tamayo, quien en primera instancia fue juzgada por la jurisdicción militar por el delito de traición a la patria y fue absuelta, pero remitió lo actuado a la jurisdicción ordinaria para que se le proceda a juzgar por el delito de terrorismo, donde fue condenada. Dentro de los razonamientos que hizo el Tribunal Interamericana afirmó:
La Corte considera que en el presente caso la señora María Elena Loayza Tamayo fue absuelta por el delito de traición a la patria por el fuero militar, no sólo en razón del sentido técnico de la palabra “absolución”, sino también porque el fuero militar, en lugar de declararse incompetente, conoció de los hechos, circunstancias y elementos probatorios del comportamiento atribuido, los valoró y resolvió absolverla.
De lo anterior la Corte concluye que, al ser juzgada la señora María Elena Loayza Tamayo en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el Estado peruano violó el artículo 8.4 de la Convención Americana. [39]
PUNTOS QUE NO SE HAN DESARROLLADO DEL ART. 8. 2
3. La confesión de! inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. (tema que permite analizar la integridad y la tortura…)
Garantía que guarda estrecha relación con el Art. 8.2. letra g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.
LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
La Convención Americana trae una disposición que no constituye un derecho humano pero que está estrechamente vinculada con el objeto y fin de este instrumento regional: el artículo 27 relativo a la suspensión de garantías (como lo intitula). Se refiere a los estados de excepción, una cuestión que concita la atención de la doctrina constitucional.
En la vida del Estado, que debe desenvolverse en el marco del Derecho, pueden darse situaciones graves que alteren su normal desarrollo, siendo necesario enfrentarlas con poderes o atribuciones especiales, de excepción, los cuales se acumulan en uno de los órganos del Estado, en el titular del Ejecutivo; sin embargo, esta acumulación de poder puede trastornar el principio de la división de poderes y afectar su equilibrio; lo que motivó a regular estas difíciles situaciones, propicias a toda clase de excesos.
En efecto, el estado de excepción (cualquiera que sea su denominación) ha dado lugar a muchos abusos de parte de quien ostenta la autoridad y el poder, ha sido una ocasión para desconocer y violar las libertades y derechos de las personas en un contexto de impunidad; como que las facultades extraordinarias o estado de sitio o de emergencia diluyeran la responsabilidad del gobierno. Las constituciones de los Estados han buscado limitar a lo indispensable el estado de excepción y las atribuciones que pueden ser utilizadas en tales circunstancias, cuidando en todo caso la vigencia de los derechos humanos.
Esta preocupación latente ha recogido la Convención Americana, tanto como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
En el primer párrafo de esta disposición se mencionan las circunstancias o causales que, de modo general, dan lugar para que un Estado declare el estado de excepción y se invista de atribuciones especiales. Para el caso, interesan aquellas relacionadas con la obligación que adquirió el Estado, al ser parte de la Convención, de respetar los derechos humanos y cuidar su vigencia plena.
El artículo 27.1 permite al Estado adoptar disposiciones que “suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención”, pero siempre que no haya incompatibilidad con otras obligaciones impuestas por el derecho internacional ni contengan medidas discriminatorias. Además, esta suspensión de los deberes estatales quedan sujetos a dos de los principios básicos que regulan los estados de excepción y que son la proporcionalidad (que deben tener las medidas que se adoptan) y la temporalidad (o duración que debe ser la indispensable).
El párrafo 2 del artículo 27 contiene una cuestión relevante: determina los derechos que no pueden ser suspendidos, que toman una categoría de inderogables, y concluye señalando dentro de este grupo a “las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. Sobre este último punto se consultó a la Corte Interamericana (1987) con el fin de que determine cuáles son esas garantías judiciales indispensables, y la relación del artículo 27.2, en lo pertinente, con los artículos 25 y 8 de la Convención.
Después de un interesante análisis interpretativo, la Corte concluyó:
“1. Que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (art. 25.1), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención.
2. También deben considerarse como garantías judiciales indispensables que no pueden suspenderse, aquellos procedimientos judiciales, inherentes a la forma democrática representativa de gobierno (art. 29.c), previstos en el derecho interno de los Estados Partes como idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2 de la Convención y cuya supresión o limitación comporte la indefensión de tales derechos.
3. Que las mencionadas garantías judiciales deben ejercitarse dentro del marco y según los principios del debido proceso legal, recogidos por el artículo 8 de la Convención.” [40]
Ya anteriormente, también se había solicitado a la Corte ejercer su función consultiva para esclarecer si durante un estado de excepción, en que –según el artículo 27.2- pueden suspenderse determinados derechos y garantías, ¿también el hábeas corpus podría ser suspendido? La Comisión Interamericana, que solicitó esta opinión consultiva, planteaba que algunos Estados consideran que durante un estado de excepción se puede suspender el derecho a la protección judicial que se ejerce por medio del hábeas corpus; que hay una práctica de incomunicar al detenido e impedir que opere el hábeas corpus durante la incomunicación.
La Corte examina la naturaleza e importancia del hábeas corpus que permite verificar la legalidad de la privación de la libertad para lo cual hay que presentar al detenido ante el juez o tribunal competente y señala que:
[…] es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. [41]
La conclusión de la Corte es que el procedimiento de hábeas corpus es una garantía judicial indispensable para la protección de varios derechos, cuya suspensión está prohibida por el artículo 27.2; en igual nivel de garantía se encuentra el amparo. Los Estados Partes que autoricen –por disposición constitucional o legal- la suspensión de los procedimientos de hábeas corpus o de amparo en estados de excepción violan sus obligaciones convencionales.
Por último, el párrafo 3 del artículo 27 de la Convención Americana dispone que en los estados de excepción, cuando se suspendan los derechos y las obligaciones impuestas por la Convención, todo Estado Parte “deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes”, por intermedio del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de las razones que originaron la suspensión y de la fecha en que terminó dicha suspensión.
En materia de suspensión de derechos en estados de excepción los mayores casos se dieron en el Perú durante el período Fujimori, por cuanto el Gobierno dictó decretos leyes que eliminaba el acceso al hábeas corpus para las personas detenidas bajo las acusaciones de terrorismo y de traición a la patria (este último una especie de terrorismo agravado). Con la permanencia de los tribunales militares, que operaban todo el tiempo con o sin estado de excepción, y los procedimientos que se establecieron para juzgar y valorar las pruebas se alteraron gravemente las “garantías judiciales indispensables” que según el artículo 27.2 son inderogables.
Se señaló como casos representativos de aquella época los de “Castillo Petruzzi y otros”, de la profesora “Loayza Tamayo”. El “caso Barrios Altos” deja entrever la situación pero tiene otro trámite en la Corte por el reconocimiento expreso de responsabilidad internacional que hizo el nuevo Gobierno peruano. El caso “La Cantuta”, donde el Estado se allanó parcialmente, revela igualmente la situación de las garantías judiciales.
La suspensión de garantías motivada por el estado de excepción está presente en los siguientes casos:
Caso Baena Ricardo y otros contra Panamá;
Caso del Caracazo contra Venezuela;
Caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador;
Caso Villagrán Morales y otros (“Niños de la calle”) contra Guatemala.
En estos casos valdría citar los párrafos más relevantes. GRACIAS.
Quito, sábado 17 de julio 2010
[1] Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C, núm. 4, párr. 166. En sentencias posteriores la Corte ha reiterado este deber que tienen los Estados Partes en la Convención.
[2] Ibídem, párr. 167.
[3] Entre otros, Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C núm. 73, párr. 87; Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C núm. 94, párr.112; Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C núm. 97, párr. 59.
[4] Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C núm. 154, párr. 123.
[5] Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Párr. 27, in fine.
[6] Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C núm. 71, párr. 71.
[7] Fueron aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 del 29 de noviembre de 1985 y 40/146 del 13 de diciembre de 1985.
[8] Caso Velásquez Rodríguez. Excepciones preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C núm. 1, párr. 30. Criterios similares se exponen en los otros dos casos hondureños: Caso Fairen Garbi y Solís Corrales; Caso Godínez Cruz.
[9] Ibid., párr.
[10] Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C núm. 52, párr. 128. Este caso y el de la profesora Loayza Tamayo son, en mi criterio, representativos de lo que significa permitir que tribunales militares actúen fuera de su ámbito castrense para juzgar a civiles bajo la acusación de terroristas. Posteriormente a esta sentencia, el Gobierno Fujimori decidió desconocer la competencia de la Corte Interamericana y retirarse de ella, con efectos inmediatos; dejando en el camino los casos Ivcher Bronstein y de los magistrados destituidos del Tribunal Constitucional que ya habían ingresado a la Corte.
[11] Ibid., párr. 130
[12] Ibid., párr. 133.
[13] Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C num. 68, párr. 117. Este pronunciamiento que aparece por vez primera en este Caso, sirvió no solo para la jurisprudencia constante de la Corte sino para ser aplicado en muchos países de nuestro Continente.
[14] Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C núm. 30, párrs. 77 a 81. Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C núm. 35, párrs. 70 a 75.
[15] Opinión Consultiva OC-13/93 del 16 de julio de 1993. Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), párr. 33.
[16] Entre otros: Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C núm. 35, párr. 65; Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C núm. 34, párr. 82; Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie núm. 36, párr. 102; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni). Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C núm. 79, párr. 112; Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C núm. 74, párr. 135.
[17] Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C, núm. 74, párr. 137.
[18] Caso del Tribunal Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú). Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, núm. 71, párr. 77.
[19] El Caso Suárez Rosero contra el Ecuador es uno de los casos donde la Corte IDH desarrolla lo que constituye el debido proceso.
[20] En este punto la disposición del artículo 1.1 de la Convención Americana es similar al artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos (o Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales).
[21] Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C núm. 97, párr. 50
[22] El monto de la tasa judicial, en este caso, era de 83.400.459,10 pesos argentinos de la época que tenían un valor equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. A esta suma se debía agregar el valor de la multa que se le impuso al reclamante por no haber pagado la referida tasa y que según la ley era del 50 % del monto de la tasa, es decir, 41.700.229,50 pesos (equivalentes a igual suma en dólares USA).
[23] Ibid., párr. 54.
[24] Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. Excepciones al Agotamientos de los Recursos Internos (Art. 46. 1, 46. 2.a y 46. 2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos). Párr. 31
[25] Ibid, párr. 42 .1.
[26] Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C, núm. 37, párr. 94.
[27] Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. El derecho a la información sobre la asistencia consular.
[28] Ibid., párr. 119.
[29] Caso Suárez Rosero, op cit., párr. 77
[30] Caso Suárez Rosero, op. cit, párr. 65.
[31] Ibid., párr. 83
[32] El aislamiento de los detenidos acusados de terrorismo y subversión fue una práctica constante en el Gobierno Fujimori, todos los casos de esta época sufren de esta violación, salvo quienes padecieron desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
[33] Caso Castillo Petruzzi y otros. Ibid., párr. 161.
[34] Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C núm. 4, párr. 64 y 66.
[35] Caso Castillo Petruzzi y otros. Op. cit., párr. 172.
[36] Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C núm. 69, párrs. 146 a 149.
[37] Caso Durand y Ugarte. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C núm. 50, párr. 43.
[38] Ibid., párr. 48.
[39] Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C núm. 33, párrs. 76 y 77.
[40] Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 6 de octubre de 1987, núm. 9, párr. 41.
[41] Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987: El hábeas corpus bajo suspensión de garantías (Arts. 27.2, 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Núm. 8, párr. 35.
Todoa los días 376134

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 artículo 8
in fine
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
in fine
 artículo 1
 artículo 14