Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/abr/20180405-I.html
Timestamp: 2019-10-14 01:55:25+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 4998-I, jueves 5 de abril de 2018
De las diputadas Araceli Guerrero Esquivel y Sharon María Teresa Cuenca Ayala, por las que solicitan el retiro de iniciativas
Del coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a la PGR y equivalentes locales a redoblar esfuerzos con la Policía Cibernética de la CNS, en el ámbito de sus competencias, a fin de investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para exhortar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a analizar la viabilidad de implantar y difundir un protocolo sobre prevención de abuso y violencia contra la niñez
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para exhortar a la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México, así como los resultados alcanzados en la materia
De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente, para exhortar a la PGR a rendir un informe sobre las medidas y acciones emprendidas contra la violencia de género y la protección de las mujeres
De la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante la cual remite contestación a punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, con objeto de exhortar a la CNBV a seguir instaurando según sus atribuciones y en coordinación con la Condusef acciones para promover que las instituciones financieras cuenten con medios eficientes a fin de prevenir cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, o “domiciliaciones”
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, el costo total de las emisiones de deudas interna y externa, correspondientes a febrero de 2018, la recaudación federal participable que sirvió de base para calcular el pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, y la evolución de la recaudación para dicho mes
De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que remite 64 fichas de desempeño del FAIS 2016-2017: 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal; y el resto, para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, con la que remite el informe anual de los costos y los gastos devengados de exploración y extracción correspondiente a 2017
Del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con la que remite el documento La educación obligatoria en México. Informe 2018 y el informe anual de gestión
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320-322, 324-326 y 329 de la Ley General de Salud
La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se modificó el turno de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
• Por el que se reforman los artículos 172 a 174, y se adicionan el 176 y 177 de la Ley Federal de Sanidad Animal, presentada por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 5 de diciembre de 2017.
Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen; y a la Comisión de Salud, para opinión.
• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Policía Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en materia de pornografía de menores de 18 años, presentada por la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de marzo de 2018.
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen; y a las Comisiones Especiales contra la trata de personas y, de tecnologías de información y comunicación, para opinión.
• Por el que se reforma la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Congreso del estado de Veracruz, el 13 de febrero de 2018.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para opinión.
Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de abril de 2018.
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a este órgano legislativo que sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 141 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se adiciona un párrafo a la fracción VII del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4922-X, del jueves 7 de diciembre de 2017.
Lo anterior, a efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Agradezco la atención brindada a la presente.
Diputada Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica)
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente que se retire la iniciativa que a continuación se enumera, turnada con fecha 20 de marzo de 2018 a la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
• Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 153 C, fracción IV; y se adicionan del 263 Bis al 263 Quáter de la Ley Federal del Trabajo.
Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbrica)
Estimado Diputado Romo:
Sirva el presente para hacer de su atento conocimiento que el diputado Julio César Tinoco Oros, ha determinado su adhesión al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adjunto oficio.
En consecuencia, agradeceré se lleven a cabo los medios pertinentes para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular y seguro de su gentil consideración, quedo de usted.
Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)
Ciudad de México, a 2 de abril de 2018.
Por este medio me permito remitir para los fines procedentes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, copia del oficio DV/0052/2018 signado por el maestro José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo en sesión celebrada el 26 de octubre del 2017, por el que se exhorta a esa procuraduría a redoblar esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web.
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Segob
Ciudad de México, a 27 de marzo de 2018.
Me permito hacer referencia al atento oficio número DGPL 63-II-5-2975, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de octubre de 2017, que en su parte resolutiva señala:
“Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a sus equivalentes de las entidades federativas a que, de manera coordinada con la Policía Cibernética de la Comisión Nacional de Seguridad, en el ámbito de sus competencias, redoblen esfuerzos para investigar y, en su caso, sancionar a quienes promuevan actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales y sitios web.” (sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta Dirección, lo siguiente:
“Al respecto, me permito informar que esta Fiscalía Especial mantiene una estrecha coordinación con la División Científica de la Policía Federal, derivado de la cual, actualmente se integran 146 carpetas de investigación y 166 averiguaciones previas, dando un total de 312 expedientes en los que se investigan de manera conjunta, actos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, a través de redes sociales y sitios web.” (sic)
Así también, la Agencia de Investigación Criminal, a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, comunicó a esta Dirección, lo siguiente:
“Para dar respuesta al exhorto manifestado por el órgano del legislativo federal, se hace de su conocimiento que la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se planea, coordina, ejecuta, supervisa y evalúa las acciones para combatir tácticamente el fenómeno delictivo, a través de productos de inteligencia y servicios científicos y forenses que sustenten la investigación de los delitos.
En este sentido, con el propósito de lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente, la Procuraduría General de la República (PGR), ha trabajado para consolidar el vínculo entre las funciones de inteligencia criminal y de investigación ministerial, con la finalidad de generar evidencias sólidas con soporte científico y sustento legal.
Para ello, en el marco del fortalecimiento del uso de métodos y técnicas científicas en la investigación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT), como instancia de inteligencia encargada de la ejecución y supervisión de las acciones policiales que apoyen las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos bajo la conducción y mando del Ministerio Público (MP) de la Federación.
Como áreas de servicios técnico-especializados, la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas se crea con el propósito de:
-Implementar el uso de herramientas tecnológicas en apoyo al MP, autoridades competentes y áreas sustantivas de la Procuraduría General de la República (PGR), en sus diferentes procesos de investigación.
Entre las facultades asignadas en apoyo a las investigaciones relacionadas con medios electrónicos y tecnológicos, se encuentran las siguientes:
-Realizar el monitoreo de la red pública de internet para la identificación de conductas delictivas relacionadas con denuncias e investigaciones cibernéticas de la institución, en apoyo de las áreas sustantivas.
-Auxiliar a las autoridades competentes en la investigación de delitos a través de medios cibernéticos y tecnológicos.
-Implementar técnicas de investigación tecnológica y cibernética que sirvan de apoyo para la generación de dato de prueba, medios de prueba y prueba bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación
-Solicitar información a las personas jurídicas que presten servidos y contenidos en intemet, que se relacione con investigaciones que realice el Ministerio Público de la Federación.
-Establecer, en coordinación con la Dirección General de Cooperación Internacional, los mecanismos de colaboración con organismos y autoridades internacionales relacionados con la investigación de delitos cometidos a través de medios cibernéticos y del uso de las tecnologías en los diferentes procesos de investigación
Con estas atribuciones, se busca fortalecer las capacidades institucionales a fin de transformar las técnicas de investigación de los operadores de procuración de justicia y sus lineamientos de actuación, así como garantizar el esclarecimiento de los hechos que permitan identificar y sancionar a los responsables de la comisión de delitos.
Es importante mencionar que, actualmente, en la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas se llevan a cabo investigaciones por delitos de distribución, almacenamiento y/o producción de pornografía infantil; lo anterior derivado de notificaciones recibidas por Interpol, solicitudes de Ministerio Público y por colaboración internacional.
Adicionalmente, se trabaja en estrategias para prevenir la afectación de menores de edad en internet. Cabe destacar que, una de esas estrategias es realizar acciones colaborativas con la División Científica de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad.” (sic)
Por lo anterior, remito a usted la información anteriormente detallada, a efecto de que sea el amable conducto para hacerla llegar a la autoridad solicitante.
Maestro José Enrique Prieto Vargas (rúbrica)
Director de Vinculación, PGR
En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-2-2677, signado por la senador Adriana Dávila Fernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/SIPINNA/DGACAJ/036/2018, suscrito por la licenciada Irasema Zavaleta Villalpando, directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se les exhorta a analizar la viabilidad de implementar un protocolo de prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.
Me dirijo a usted en respuesta a sus oficios SELAP 300/323/18 y SELAP 300/392/18, mediante los cuales hace del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero de 2018, en los que solicita informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México y se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, analice la viabilidad de implementar un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.
Con respecto a lo anterior, le comento que el Estado mexicano aceptó la invitación realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para formar parte de la Alianza Global para Poner fin a la Violencia contra la Niñez. La Alianza Global busca coadyuvar en la instrumentación del objetivo 16.2 de la Agenda de Desarrollo 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015 (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que se refiere a la eliminación de todas las formas de violencia contra los niños, y, específicamente, a impulsar el diseño e implementación de planes de acción nacionales para prevenir y responder a la violencia contra las niñas, niños y adolescentes a través de apoyo técnico y fondos específicos. Entre otros aspectos, la Alianza busca visibilizar particularmente a los grupos de niños, niñas y adolescentes más vulnerables a la violencia, así como fomentar su participación en el diseño e instrumentación de las acciones en la materia.
El interés de que México se sumara a la iniciativa, se basa en los avances recientes en materia de protección de los derechos de la niñez, como la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la instalación del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la creación de las Procuradurías de Protección, además de la participación de nuestro país en. iniciativas relacionadas con la atención de la violencia, como la Alianza Global contra el Abuso Sexual ele Niños en Internet.
Es por ello que, en julio de 2016, México se comprometió, junto a Indonesia, Suecia y Tanzania, a ser país pionero de la Alianza Global, es decir, a dar evidencia y ejemplo de que su voluntad política se traduce en acciones públicas, concretas, medibles y que, a corto plazo, contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia.
Estas acciones se encuentran en un Plan de Acción Nacional que, además de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están alineados con la iniciativa del gobierno federal 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; con las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano y con otros instrumentos nacionales e internacionales. En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, funge como punto focal de la Alianza, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el apoyo de UNICEF México, quienes coordinan los esfuerzos nacionales para implementar el multicitado Plan de Acción para que los objetivos de la Alianza Global se cumplan.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó en su segunda sesión ordinaria del 18 de agosto del 2016, la creación de la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (Comprevnna), cuyo objetivo primordial es articular las principales acciones en materia de prevención y respuesta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y, de esta forma, atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional en esta materia.
La Comprevnna –cuya instalación formal se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2016– es coordinada de manera directa por la CNS y hasta el día de hoy está integrada por 31 instancias y dependencias del Ejecutivo federal, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tres organismos autónomos, la Conago y 19 organizaciones de la sociedad civil.
Es importante mencionar que para el cumplimiento del objetivo propuesto y con base en el Plan de Acción el cual fue aprobado en lo general el 28 de junio de 2017 durante la primera sesión ordinaria de la Comprevnna, ésta se organizó en su interior en siete grupos de trabajo para atender las diferentes formas de violencia contra la niñez y la adolescencia; dichos grupos se integraron a partir de las 7 estrategias de la metodología denominada “Siete estrategias para poner fin la violencia contra niños”, INSPIRE (por sus siglas en inglés), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud junto con otros nueve organismos, las cuales son: 1. Implementación y vigilancia del cumplimiento de leyes; 2. Normas y valores; 3. Seguridad en el entorno; 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; 5. Ingresos y fortalecimiento económico; 6. Respuesta de los servicios de atención y apoyo; 7. Educación y aptitudes para la vida.
Las 7 estrategias de la metodología que contempla el Plan de Acción, se encuentra a su vez desagregado en 31 líneas de acción, cuyo periodo de ejecución comprende de agosto 2017 a noviembre de 2018 en función del periodo de la actual administración federal. El plan en general tiene entre sus objetivos el visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes, prevenir y atender la violencia desde un enfoque integral, comprometer a todos los sectores y órdenes de gobierno a poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez, mejorar e implementar servicios, estrategias y programas coordinados, integrales e intersectoriales y movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad.
En el marco de lo anterior y por lo que respecta a la implementación de un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, es menester indicar que las líneas de acción que conforman el Plan de Acción contemplan diversas medidas, en particular se resalta la estrategia 6 “servicios de respuesta y apoyo”, que incluye el diseño y aplicación de protocolos específicos de atención y la articulación entre instituciones de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, como se indica en el cuadro siguiente:
Para dar seguimiento a la implementación de las acciones del Plan de Acción, el 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una sesión plenaria con todas las personas enlaces de la comisión, en la cual se hizo la revisión, por cada grupo de trabajo, las acciones a implementar. Cada instancia responsable se encuentra elaborando una ruta de implementación de la actividad a su cargo, y deberá presentarse un primer corte de resultados en el primer semestre de 2018.
Finalmente, se informa que actualmente se han instalado 30 comisiones estatales para poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en las cuales se está trabajando la elaboración de planes estatales de atención a la violencia, con base en las necesidades propias de cada entidad federativa y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA.
Licenciada Irasema Zavaleta Villalpando (rúbrica)
Directora General Adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-3119, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/SIPINNA/DGACAJ/036/2018, suscrito por la licenciada Irasema Zavaleta Villalpando, directora general adjunta de Coordinación de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México, así como acerca de los resultados alcanzados en la materia.
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaria de Gobernación
Me dirijo a usted en respuesta a sus oficios SELAP 300/323/18 y SELAP 300/392/18, mediante los cuales hace del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 24 de enero de 2018, en los que solicita informar sobre las acciones que se llevan a cabo para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia en México y se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, analice la viabilidad de implementar un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, así como la promoción y difusión del mismo.
El interés de que México se sumara a la iniciativa, se basa en los avances recientes en materia de protección de los derechos de la niñez, como la promulgación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la instalación del Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la creación de las Procuradurías de Protección, además de la participación de nuestro país en iniciativas relacionadas con la atención de la violencia, como la Alianza Global contra el Abuso Sexual de Niños en Internet.
Es por ello que en Julio de 2016, México se comprometió, junto a Indonesia, Suecia y Tanzania, a ser país pionero de la Alianza Global, es decir, a dar evidencia y ejemplo de que su voluntad política se traduce en acciones públicas concretas medibles y que a corto plazo contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia.
Estas acciones se encuentran en un Plan de Acción Nacional que además de dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, están alineados con la iniciativa del gobierno federal 25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el Programa Nacional de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes; con las observaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado Mexicano y con otros instrumentos nacionales e internacionales. En México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas. Niños y Adolescentes funge como punto focal de la Alianza, en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y el apoyo de UNICEF México, quienes coordinan los esfuerzos nacionales para implementar el multicitado Plan de Acción para que los objetivos de la Alianza Global se cumplan.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, aprobó en su segunda sesión ordinaria del 18 de agosto del 2016, la creación de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes (COMPREVNNA), cuyo objetivo primordial es articular las principales acciones en materia de prevención y respuesta a la violencia contra niñas. niños y adolescentes y de esta forma atender las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado mexicano a nivel nacional e internacional en esta materia.
Es importante mencionar que para el cumplimiento del objetivo propuesto y con base en el plan de acción el cual fue aprobado en lo general el 28 de junio de 2017 durante la primera sesión ordinaria de la COMPREVNNA, ésta se organizó en su interior en siete grupos de trabajo para atender las diferentes formas de violencia contra la niñez y la adolescencia; dichos grupos se integraron a partir de las 7 estrategias de la metodología denominada “Siete estrategias para poner fin la violencia contra niños”. INSPIRE (por sus siglas en inglés), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud junto con otros nueve organismos, las cuales son 1. Implementación y vigilancia del cumplimiento de leyes; 2. Normas y valores; 3. Seguridad en el entorno; 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo; 5. Ingresos y fortalecimiento económico; 6. Respuesta de los servicios de atención y apoyo 7. Educación y aptitudes para la vida.
Las 7 estrategias de la metodología que contempla el Plan de Acción se encuentra a su vez desagregado en 31 líneas de acción, cuyo periodo de ejecución comprende de agosto de 2017 a noviembre de 2018 en función del periodo de la actual administración federal. El Plan en general tiene entre sus objetivos el visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre el impacto que tiene la violencia en la vida de las niñas, niños y adolescentes, prevenir y atender la violencia desde un enfoque integral, comprometer a todos los sectores y órdenes de gobierno a poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez, mejorar e implementar servicios, estrategias y programas coordinados, integrales e intersectoriales Y movilizar y articular a todos los sectores de la sociedad.
En el marco de lo anterior y por lo que respecta a la implementación de un protocolo para prevención de abuso y violencia contra la niñez, es menester indicar que las líneas de acción que conforman el plan de acción contemplan diversas medidas, en particular se resalta la estrategia 6, “servicios de respuesta y apoyo”, que incluye el diseño y aplicación de protocolos específicos de atención y la articulación entre instituciones de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, como se indica en el cuadro siguiente:
Para dar seguimiento a la implementación de las acciones del plan de acción, el 11 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una sesión plenaria con todas las personas enlaces de la Comisión, en la cual se hizo la revisión, por cada grupo de trabajo, de las acciones por implementar. Cada instancia responsable se encuentra elaborando una ruta de implementación de la actividad a su cargo y deberá presentarse un primer corte de resultados en el primer semestre. de 2018.
Irasema Zavaleta Villalpando (rúbrica)
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-2952, signado por el diputado Rafael Hernández Soriano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DV/0053/2018 suscrito por el maestro José Enrique Prieto Vargas, director de Vinculación de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita a esa Procuraduría un informe sobre las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.
Me permito hacer referencia al atento oficio número SELAP/300/099/18, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 10 de enero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:
“Único. La Comisión Permanente con pleno respeto al pacto federal, solicita respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que en el marco de sus respectivas atribuciones informen a esta Soberanía las medidas y acciones emprendidas en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.” (sic)
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, comunicó a esta Dirección lo siguiente:
“(. . .) le remito un recuento de las acciones de esta Fiscalía Especial en materia de lucha contra la violencia de género y protección a sus víctimas.
La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es la instancia de las Procuraduría General de la República (PGR) encargada de la investigación y persecución de los delitos federales constitutivos de violencia contra las mujeres y los delitos en materia de trata de personas los cuales constituyen formas extremas de violencia contra las mujeres principalmente en su modalidad de explotación sexual de acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés); por otra parte también coordina a nivel nacional el programa Alerta Amber México, para la búsqueda y localización de NNA, ya que de acuerdo con las estadísticas de la Fevimtra, este fenómeno afecta en mayor medida a las niñas y las adolescentes, ya que las alertas y prealertas actividades para su búsqueda y localización representa el 70 por ciento del total.
La Fevimtra en atención a estos delitos y fenómenos que afectan principalmente a las niñas, adolescentes y mujeres, de diciembre de 2012 a diciembre de 2017 han realizado las siguientes acciones:
En la persecución de los delitos competencia de la Fiscalía especial se iniciaron indagatorias principalmente por abuso sexual y explotación sexual, en materia de trata de personas y violencia contra las mujeres respectivamente. Los resultados generales fueron los siguientes:
La Fevimtra atiende de manera integral y con enfoque diferenciado las necesidades de r cada víctima, para lo cual les proporciona servicios de Psicología, Trabajo Social, apoyo jurídico, Antropología Social y protección a ellas y a sus hijas e hijos en el refugio de la Fiscalía Especial, en caso de ser necesario.
En cuanto a los resultados en este rubro se a ten dieron a 2 mil 340 víctimas, quienes en su gran mayoría fueron mujeres, de las cuales 313 ingresaron al Refugio de la Fiscalía Especial, a quienes se les proporcionaron, en las instalaciones de la Fevimtra como en el refugio especializado 24 mil 68 y 112 mil 663 servicios integrales.
La Procuraduría General de la República, por medio de la Fevimtra, coordina a nivel nacional el Programa, el cual es operado en coordinación con las 32 fiscalías y procuradurías estatales, con las que han realizado encuentros nacionales, así como, con quienes operan el Programa en EUA y Canadá.
De diciembre de 2012 a diciembre de 2017 fueron localizados 582 niñas y niños, para quienes se activaron las siguientes alertes y prealertas:
Políticas públicas para contribuir a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y los delitos en materia de trata de personas
Se han realizado diferentes acciones de capacitación a operadoras y operadores del sistema de justicia penal, incluyendo a personal de la administración de justicia y personal de dependencias estatales y federales, cuyas actividades están relacionadas con las competencias de la Fiscalía Especial.
Se realizaron poco más de 750 actividades a nivel nacional, en las cuales participaron alrededor de 34 mil personas, 19 mil mujeres y 15 hombres. Los temas de las actividades proporcionadas por la Fevimtra ya las que su personal acudió fueron: violencia contra las mujeres, trata de personas, género, sistema penal acusatorio, feminicidio, Alerta AMBER México, atención a víctimas, procuración de justicia, entre otro.
En cuanto a las acciones de difusión del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 se han distribuido 600 mil ejemplares de materiales impresos, entre trípticos, carteles, despegables e historietas, a gobiernos estatales, federales y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de contribuir a prevenir la violencia contra las mujeres, los delitos de trata de personas y promover el Programa Alerta Amber México.
A partir de 2016 se impulsaron el desarrollo de sesiones de orientación y se atendieron módulos informativos dirigidos a la población, principalmente entre el estudiantado de secundaria y educación media superior, para prevenir y alentar la denuncia de la violencia contra las mujeres y los delitos de trata de personas, así como difundir el conocimiento del Programa Alerta AMBER México, alentar la participación de la población en la búsqueda y localización y prevenir la desaparición de NNA. Los resultados fueron los siguientes:
Participación en grupos interinstitucionales en materia de violencia contra las mujeres y trata de personas
• Desde su competencia la Fiscalía Especial contribuye a su participación en la consolidación y desarrollo de las acciones de los siguientes grupos de trabajo, que contribuyen en el combate de la violencia contra las mujeres y los delitos de trata de personas
• Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres
• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a la Víctimas de estos Delitos
• Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
• Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua. Preside PGR/SDHPDSC/FEVIMTRA.
• Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Preside la Comisión de Sanción. Participa en Comisión de Atención y Prevención
• Participó en Grupos de trabajo de alertas de género de estado de México, Nuevo León, Chiapas y Tlaxcala, antes de las reformas
• Comisión Intersecretarial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. Participa en subcomisión consultiva
• Subcomisión de Coordinación y Enlace para para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra les Mujeres en el Territorio Nacional.
• Subcomisión de Coordinación y Enlace para para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
• La información a detalle de las actividades mencionadas se puede consultar en los Informes de Labores de la institución https:/Iwww.gob.mxlpgr/acciones-y-programas/informes­institucionales. “ (sic)
• En virtud de lo anterior, remito a usted la información anteriormente detallada, a efecto de que sea el amable conducto para hacerla llegar a la autoridad solicitante,
Asunto: Atención al “punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentado acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.”
En relación al oficio número DGPL 63-II-8-5850, por medio del cual se comunica al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en su sesión celebrada el martes 6 de marzo del presente año, por medio del cual “La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentado acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias”, me permito hacer las siguientes consideraciones:
La problemática que contempla el punto de acuerdo presentado por la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, relativo a que, si bien es cierto que el servicio de domiciliación bancaria es un procedimiento de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual se puede hacer efectivo a través del cargo a una cuenta de depósito, débito o crédito, entre otros, facilitándole el cumplimiento de diferentes compromisos económicos en tiempo y forma, además de que no genera comisiones y, por el contrario, puede brindar algunos beneficios como puntos, recompensas o bonificaciones, ha venido a simplificar el control de sus gastos, también en ocasiones se pueden convertir en un problema, al provocarse cobros indebidos o no autorizados por los propios usuarios por una mala administración en el proceso de cobro.
De igual manera se coincide en cuanto a la estadística se refiere, ya que ésta es resultado del proceso de análisis que realiza permanentemente esta comisión nacional con base en el reporte regulatorio R27, que trimestralmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le provee, y que tiene como propósito evaluar la calidad del servicio que prestan las instituciones bancarias a sus clientes, no sólo en cuanto al origen de las problemáticas a que se enfrentan, si también de la forma en que se resuelven, sus niveles de incidencia, los montos afectados y abonados, con el propósito último de detectar problemáticas específicas a nivel sector o institución, a fin de proponer su corrección o, llegado el caso, recomendar a las autoridades financieras competentes cambios regulatorios que permitan subsanar dichas deficiencias o desviaciones.
Por otro lado y, de acuerdo a información del Banco de México, a pesar de las ventajas que representa la domiciliación de pagos, en cuanto a que es una opción práctica y de gran ayuda en la vida del usuario de servicios financieros, ya que no sólo le evita el uso de efectivo, sino sobre todo el de desplazarse a una sucursal o establecimiento para efectuar determinados pagos con el consecuente tiempo y costo que ello implica, ésta no ha tenido el desempeño esperado desde que se autorizaron este tipo de operaciones por parte del Banco de México, debido fundamentalmente a dos situaciones:
• Primera, porque los usuarios requieren planear adecuadamente sus ingresos y gastos periódicos, de forma tal que al aplicarse el cargo por domiciliación por algún servicio o producto contratado, la cuenta de cargo cuente con los suficientes fondos para que proceda dicho cargo. Esta situación se encuentra estrechamente asociada a la educación financiera, a la elaboración de un presupuesto, y a cómo utilizar los productos y servicios financieros a nuestro favor y sustituir el uso de efectivo; en este caso, el servicio de la domiciliación.
• Segunda, porque en la práctica una reclamación por un cargo indebido (domiciliación mal aplicada o no cancelada) implica para el usuario un acto de molestia y un proceso de gestión tedioso que toma tiempo y esfuerzo, ello a pesar de que existen reglas específicas por parte del Banco Central, entidad responsable de velar por este proceso, por estar referido a medios de pago.
En efecto, como se puede observar en el cuadro siguiente, las domiciliaciones participan con apenas 2.4 por ciento del total de las operaciones bancarias distintas al uso de efectivo en 2017 con 103 millones, en tanto que cinco años atrás su participación era de 2 por ciento.
Respecto a la propuesta de que sea la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quien realice las acciones necesarias para mejorar el proceso de domiciliación, esta comisión nacional estima que la autoridad competente en este tema es el Banco de México, toda vez que desde el 22 de septiembre de 2009 emitió reglas específicas para la domiciliación en cuentas de depósito bancario de dinero (Reglas 23/2009) mismas que han sido reformadas en dos ocasiones.
En efecto, el Banco de México en 2010 y 2011 realizó diversas actualizaciones a dichas reglas para establecer, por un lado, el procedimiento y los requisitos que deben cumplirse para objetar cargos que las instituciones de crédito hayan realizado con motivo de la domiciliación de pagos de bienes o servicios, así como el plazo en que surtirá efectos la cancelación de las autorizaciones otorgadas por los clientes, y, por el otro, para que los créditos, préstamos o financiamientos, incluidos los créditos revolventes asociados a tarjeta de crédito puedan ser domiciliados.
En el primer caso, es decir, por lo que se refiere a los formatos para solicitar la domiciliación, su cancelación, así como para objetar cargos por domiciliación, el instituto central, definió en los tres formatos los procedimientos a seguir, así como que éstos deben contener el consentimiento y firma del cliente, para efectos de seguridad y transparencia. Estos formatos deben estar disponibles en las ventanillas de las sucursales bancarias, al igual que en el portal de internet del banco correspondiente.
De hecho, se establece que en el caso de una objeción, el cliente tiene un plazo de 90 días naturales contados a partir del último día del periodo del estado de cuenta en donde aparezca el cargo materia de objeción, para lo cual la institución bancaria debe abonar el monto reclamado a más tardar el día hábil bancario siguiente a la recepción de la objeción, sin que pueda requerir al cliente la realización de trámite adicional alguno, si la reclamación se hace antes del día setenta.
Si fuera posterior, el banco del cliente deberá resolver sobre la procedencia de la reclamación en un plazo máximo de 20 días naturales y, en caso de que la objeción resulte procedente, abonar el monto reclamado a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de la resolución.
En caso de que la objeción resulte improcedente, el banco del cliente deberá poner a disposición del cliente el original impreso de la resolución con firma del personal facultado, así como copia de los documentos o evidencia de soporte respectivos, incluyendo la proporcionada por el proveedor del servicio o bien de que se trate, en la sucursal en la que se haya presentado la objeción o bien a través del correo electrónico del cliente si éste la realizó vía la página de internet institucional.
En este sentido y para atender adecuadamente el sentido del acuerdo en comento, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha estimado realizar las siguientes acciones específicas:
a) Realizará reuniones de trabajo con el Banco de México a fin de evaluar algunas adecuaciones a las reglas vigentes para la domiciliación, a efecto de que las instituciones bancarias sean más expeditas y claras en la atención y resolución, tanto de las órdenes de cancelación como de las objeciones que realicen los clientes de los bancos;
b) Tratará con la Asociación de Bancos de México (ABM) la problemática que se presenta con el proceso de domiciliación, la cual, si bien es cierto solamente puede ser solicitada y/o cancelada por el usuario, muchas veces por problemas operacionales internos (movimientos operativos), las instituciones bancarias no actúan con la celeridad oportuna o al margen de los plazos establecidos en las reglas establecidas, lo que deriva en objeciones por parte de los clientes por cargos indebidos, y
c) Realizará en los próximos meses una campaña dirigida a las usuarios de cómo administrar mejor el servicio de la domiciliación a través de reportajes en su revista Proteja su dinero , de la emisión de Consejos para tu bolsillo (publicación educativa electrónica semanal tipo infografía), así como de boletines de prensa, para reforzar qué es y cómo utilizar mejor este servicio bancario.
Se emite el presente con fundamento en los artículos 12, fracción III, y V en relación con el artículo 14, fracciones II, XVIII y XX, del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Licenciado Luis Fabre Pruneda (rúbrica)
Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondiente al mes de febrero de 2018.
Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de 2017.
De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de recaudación para el mes de febrero de 2018.
Hago referencia al numeral 30 del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2017 de los programas federales de la administración pública federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE), emitido en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el que se establece que la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en su calidad de dependencia coordinadora del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) deberá llevar a cabo la Ficha de Desempeño para las 32 entidades federativas en el formato emitido por el Coneval. Cabe señalar que la integración de la información de las fichas de desempeño, no se realizó en el marco del mecanismo establecido en el artículo 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, ya que es resultado del primer esfuerzo conjunto entre la Sedesol y el Coneval para contar con un instrumento sintético de monitoreo y evaluación para las 32 entidades federativas, con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible del FAIS.
Al respecto y de conformidad con el numeral 7 del PAE 2017, en el que se establece que las dependencias o entidades por medio de sus áreas de evaluación (AE) deberán presentar los informes finales de las evaluaciones consideradas en el PAE 2017 a más tardar 30 días naturales posteriores a su entrega a la instancia de coordinación y de acuerdo con el Calendario establecido por el Coneval, me permito remitirle las 64 Fichas de Desempeño del FAIS 2016-2017, considerando 32 para el Fondo de Infraestructura Social Estatal y 32 para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, elaboradas por esta Dirección General en su calidad de AE del Ramo 20, Desarrollo Social, con información correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Oliver Arroyo Ramón (rúbrica)
Director General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales
Fise.rar Fism.rar
Asunto: Entrega de información contenida en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH).
Contadora pública Gloria Suárez Rubio, con Registro Federal de Contribuyentes SURG801005RLA, en representación de Pemex Exploración y Producción con Registro Federal de Contribuyentes PEP9207167XA, personalidad que acredito con la copia del poder notarial número 78,706 pasada ante la fe del licenciado Gonzalo Ortiz Blanco, notario número 98, con ejercicio en el Ciudad de México (anexo al presente), ante usted, con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:
Con fundamento en lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de agosto de 2014, Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión.
Pemex Exploración y Producción (PEP) es una empresa productiva del Estado, subsidiaria de Petróleos Mexicanos que tiene por objeto exclusivo la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, en el territorio nacional, en la zona económica exclusiva del país y en el extranjero.
El artículo 27, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares.
En términos del sexto transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2014, la Secretaría de Energía (Sener) adjudicó a Pemex Exploración y Producción las asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos dentro del plazo previsto por tal disposición constitucional, procedimiento al que se le denominó “Ronda Cero”.
Cabe señalar, que el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, señala textualmente lo siguiente:
Artículo 40. Para la determinación de la base del derecho por la utilidad compartida, serán deducibles los siguientes conceptos.
El asignatario establecerá un registro de los costos y gastos de la exploración y extracción por cada campo de extracción de hidrocarburos, así como de los tipos específicos de hidrocarburos que se obtengan, y deberá enviar a la Cámara de Diputados y al Servicio de Administración Tributaria la información periódica que se incorpore en dicho registro, poniendo a disposición de ellos los datos, estudios, reportes, prospectivas y demás fuentes de información en que se sustente la información incorporada al registro, con objeto de que puedan llevarse a cabo los actos de fiscalización que se consideren pertinentes a través de la Auditoría Superior de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria.
Como se desprende del texto transcrito, esa soberanía estableció la obligación a cargo de Pemex Exploración y Producción consistente en enviarle la información periódica que se incorpore en el registro de los costos y gastos de la Exploración y Extracción, por cada campo de Extracción de Hidrocarburos, así como de los tipos específicos de Hidrocarburos que se obtengan, durante el ejercicio fiscal de 2017, además de poner a disposición de esa H. Cámara de Diputados la información soporte de dicho registro
Derivado de lo antes señalado, el objeto del presente es dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos para efectos de lo cual, adjunto al presente se remite un disco compacto que contiene la información requerida por el multicitado artículo 40 de la LISH.
Por lo expuesto, ante esa Soberanía, atentamente solicito:
Primero. Se tenga por presentado en tiempo y forma el presente escrito.
Segundo. Se tenga por cumplida la obligación a cargo de Pemex Exploración y Producción establecidas en el quinto párrafo del artículo 40 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
Contadora Pública Gloria Suárez Rubio (rúbrica)
Con fundamento en el artículo 63 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, me permito entregar a esta honorable Cámara de Diputados el documento “La educación obligatoria en México. Informe 2018” que da cuenta del estado que guardan los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, así como el “Informe Anual de Gestión” del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 2017.
Doctor Eduardo Backhoff Escudero (rúbrica)
Consejero Presidente de la Junta de Gobierno
Informe Informe 2 Informe 3
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 de la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica)
CS-LXIII-III-2P-253
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 320, 321, 322, 324, 325, 326 y 329 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforman los artículos 320; 321; 322, párrafo primero; 324, párrafos primero y segundo; 325; 326 y 329, párrafo primero, para quedar como sigue:
Artículo 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en esta Ley, para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título.
Artículo 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento presunto o expreso de la persona mayor de edad para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.
Artículo 322.- La donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, y ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando solo se otorgue respecto de determinados componentes.
Artículo 324.- Habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por este, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos, o medios electrónicos, que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.
Artículo 325.- El consentimiento presunto solo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la perdida de la vida del disponente, informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento.
En el caso de la donación presunta, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes.
Artículo 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a continuación se indican:
I. El presunto o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. El expreso otorgado por una mujer embarazada solo será admisible si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.
Artículo 329. - El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia. Asimismo, garantizará que ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni que los familiares del donante conozcan la identidad del receptor.
PRIMERO. La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás instituciones de salud cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales para el cumplimiento del mismo.
Así mismo, las entidades federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a sus respectivos presupuestos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 3 de abril de 2018.
Senador Juan Gerardo flores Ramírez (rúbrica)

References: artículo 3
 artículo 77
 artículo 141
 artículo 32
 artículo 77
 artículo 153
 artículo 27
 artículo 89
 artículo 89
 resolución 
 artículo 14
 artículo 107
 artículo 22
 artículo 49
 artículo 40
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 40

Artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 63

Artículo 320

Artículo 321

Artículo 322

Artículo 324

Artículo 325

Artículo 326

Artículo 329