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Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. TITULO VIII. Instrumentos de intervención en el mercado del suelo (Vigente hasta el 01 de Julio de 2007).
Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Vigente hasta el 01 de Julio de 2007).
Vigencia desde 01 de Julio de 1992. Esta revisión vigente desde 16 de Abril de 1997 hasta 01 de Julio de 2007
TITULO VIII Instrumentos de intervención en el mercado del suelo
Capítulo primero PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO
Sección 1 CONSTITUCION, BIENES INTEGRANTES Y DESTINO
Constitución, patrimonio separado 1. Los Ayuntamientos que dispongan de planeamiento general deberán constituir su respectivo Patrimonio Municipal del Suelo, con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento.
2. Los bienes del Patrimonio Municipal del suelo constituyen un patrimonio separado de los restantes bienes municipales y los ingresos obtenidos mediante enajenación de terrenos o sustitución del aprovechamiento correspondiente a la administración por su equivalente metálico, se destinarán a la conservación y ampliación del mismo.
Artículo 276 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
Integrarán el Patrimonio Municipal del Suelo los bienes patrimoniales que resultaren clasificados por el planeamiento urbanístico como suelo urbano o urbanizable programado y, en todo caso los obtenidos como consecuencia de cesiones, ya sea en terrenos o en metálico expropiaciones urbanísticas de cualquier clase y ejercicio del derecho de tanteo y retracto.
Igualmente se incorporarán al Patrimonio Municipal del Suelo los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado o no urbanizable que se adquieran con dicha finalidad.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 277, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Reservas de terrenos. Expropiación 1.
Los Planes Generales o las revisiones de sus programas de actuación podrán establecer, sobre suelo clasificado como urbanizable no programado o no urbanizable no sujeto a especial protección reservas de terrenos de posible adquisición para constitución o ampliación del patrimonio Municipal del Suelo.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 278.1, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
En defecto o insuficiencia de dichas determinaciones del Plan o del programa, los Ayuntamientos podrán delimitar superficies sobre los expresados suelos con idéntica finalidad, por el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 278.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
En los municipios que se rijan por instrumentos de planeamiento distintos al Plan General, las mencionadas reservas sobre suelo no urbanizable podrán establecerse en el propio instrumento o en la forma prevista en el número anterior.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 278.3 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
La delimitación de un terreno como reserva para los expresados fines implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos expropiatorios.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 278.4, calificado de «aplicación plena» en el apartado segundo de la disposición final única de la Ley.
Regla especial de incorporación al proceso urbanizador de terrenos reservados
En la siguiente revisión del Programa de actuación del Plan General se podrán clasificar como suelo urbanizable no programado los terrenos no urbanizables señalados en el artículo anterior, que por expropiación hubiesen pasado al Patrimonio Municipal del Suelo.
La documentación de dicha revisión contendrá las determinaciones que el Plan General ha de fijar para el suelo urbanizable no programado sin que haya de observarse el procedimiento de modificación de Planes.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 279 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Destino 1. Los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporado al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico.
Número 1 del artículo 280 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
Mientras no esté aprobada la ordenación detallada de los terrenos integrantes del Patrimonio, así como cuando ésta atribuya una calificación urbanística incompatible con los fines señalados en el número anterior, la enajenación de aquellas podrá llevarse a cabo mediante concurso o subasta.
En ambos casos, el precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser inferior al valor urbanístico del aprovechamiento real que tuviera ya atribuido el correspondiente terreno.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 280.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Consignación de cantidades en los presupuestos para urbanismo
Los Ayuntamientos capitales de provincia o de más de 50.000 habitantes consignarán en sus presupuestos ordinarios una cantidad equivalente al 5 por 100 de su importe con destino al Patrimonio Municipal del Suelo.
También destinarán el 5 por 100 al menos del mismo presupuesto a la ejecución de urbanizaciones, dotaciones públicas y operaciones de reforma interior previstas en el planeamiento urbanístico.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 281 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Sección 2 CESIONES
Gestión directa o cesión 1.
La urbanización y edificación de los terrenos del Patrimonio, una vez que el grado de desarrollo del Planeamiento lo permita, podrá llevarse a cabo por la Administración, utilizando la modalidad de gestión más adecuada en cada caso.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 282.1 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Los terrenos integrantes del Patrimonio también podrán ser cedidos para el cumplimiento de los fines previstos en los artículos 276.1 ó 280.1.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 282.2, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Información y tutela autonómica
Toda cesión de terrenos habrá de comunicarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Será exigible autorización cuando el valor de lo enajenado excediera del 25 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Entidad local.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 283 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Cesiones onerosas. Concurso 1.
Los terrenos pertenecientes al Patrimonio Municipal del Suelo con calificación adecuada a los fines establecidos en el artículo 280.1 sólo podrán ser enajenados en virtud de concurso. Su precio no podrá ser inferior al valor urbanístico del aprovechamiento real que les corresponda. El pliego de condiciones fijará plazos máximos para la realización de las obras de urbanización y edificación, o sólo de estas últimas si el terreno mereciera la calificación de solar, así como precios máximos de venta o arrendamiento de las edificaciones resultantes de la actuación.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 284.1 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Si el concurso quedare desierto, el Ayuntamiento podrá enajenar directamente dentro del plazo máximo de un año, con arreglo al pliego de condiciones.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 284.2 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
La cesión a entidades de carácter benéfico y social, que promuevan viviendas de protección pública, no requerirá concurso.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 284.3, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Cesiones entre Administraciones
Las Administraciones públicas urbanísticas y entidades instrumentales de éstas podrán transmitirse directamente y a título gratuito terrenos con fines de promoción pública de viviendas, construcción de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso público o interés social.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 285, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Cesiones a título gratuito
En casos justificados podrán los Ayuntamientos ceder terrenos gratuitamente o por precio inferior al de su valor urbanístico para ser destinados a viviendas de protección pública, mediante concurso cuyo pliego de condiciones establecerá las condiciones previstas en el artículo 284.
Cuando la permanencia de los usos a que se destinen los terrenos lo requiera podrán también los Ayuntamientos ceder directamente, por precio inferior al de su valor urbanístico o con carácter gratuito, el dominio de terrenos en favor de Entidades o Instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro para destinarlos a usos de interés social que redunden en beneficio manifiesto de los respectivos municipios.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 286, calificado de «carácter básico» en el apartado primero de la disposición final única de la Ley.
Capítulo II DERECHO DE SUPERFICIE
Derecho de superficie 1.
Las Entidades locales y las demás personas públicas podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de su propiedad o integrantes del patrimonio municipal del suelo con destino a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, cuyo derecho corresponderá al superficiario.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 287.1 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
2. El mismo derecho asiste a los particulares, sin la limitación de destino prevista en el apartado anterior.
3. El derecho de superficie será transmisible y susceptible de gravamen con las limitaciones que se hubieren fijado al constituirlo y se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo, por el título constitutivo del derecho y, subsidiariamente, por las normas del Derecho privado.
Artículo 287 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
El procedimiento de constitución del derecho de superficie y el carácter oneroso o gratuito del mismo se regirán por lo dispuesto en el capítulo anterior para los diversos supuestos.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 288.1 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
2. La constitución del derecho de superficie deberá ser en todo caso formalizada en escritura pública y, como requisito constitutivo de su eficacia, inscribirse en el Registro de la Propiedad.
3. Cuando se constituyere a título oneroso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada por la concesión o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de unas u otros, o en varias de estas modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo que se hubiera pactado al constituir el derecho de superficie.
Artículo 288 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
Extinción 1. El derecho de superficie se extinguirá si no se edifica en el plazo previsto, de conformidad con el artículo 35.1 de esta Ley.
2. El plazo del derecho de superficie no podrá exceder de setenta y cinco años en el concedido por los Ayuntamientos y demás personas públicas, ni de noventa y nueve en el convenido entre particulares.
3. Cuando se extinga el derecho de superficie por haber transcurrido el plazo, el dueño del suelo hará suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho.
4. La extinción del derecho de superficie por decurso del término provocará la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.
5. Si por cualquier otra causa se reunieran en la misma persona los derechos de propiedad del suelo y los del superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos separadamente.
Artículo 289 derogado por la letra b) de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo («B.O.E.» 29 mayo).
La concesión del derecho de superficie por los Ayuntamientos y demás personas públicas y su constitución por los particulares gozará de los beneficios derivados de la legislación de viviendas de protección pública, siempre que se cumplan los requisitos en ella establecidos.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 290 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Capítulo III DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO
Sección 1 DELIMITACION DE AREAS
A efectos de garantizar el cumplimiento de la programación del planeamiento, incrementar el patrimonio municipal del suelo, intervenir en el mercado inmobiliario y, en general, facilitar el cumplimiento de los objetivos de aquél, los Ayuntamientos podrán delimitar áreas en las que las transmisiones onerosas de terrenos quedarán sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por el Ayuntamiento respectivo.
Al delimitarse estas áreas deberá establecerse si las transmisiones sujetas al ejercicio de tales derechos son sólo las de terrenos sin edificar, tengan o no la condición de solares, o se incluyen también las de los terrenos con edificación que no agote el aprovechamiento permitido por el Plan, con edificación en construcción, ruinosa o disconforme con la ordenación aplicable.
Podrá igualmente disponerse en el acuerdo de delimitación de áreas la sujeción al ejercicio de los expresados derechos de las transmisiones de viviendas en construcción o construidas, siempre que el transmitente hubiera adquirido del promotor y, en el segundo caso, la transmisión se proyecte antes de transcurrido un año desde la terminación del edificio.
Si el ámbito delimitado hubiere sido previamente declarado, en todo o en parte, como área de rehabilitación integrada, podrá también establecerse en el correspondiente acuerdo que el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto abarcará incluso las fincas edificadas conforme a la ordenación aplicable, tanto en el supuesto de que la transmisión se proyecte o verifique en conjunto como fraccionadamente, en régimen o no de propiedad horizontal.
El plazo máximo de sujeción de las transmisiones al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto será de diez años, salvo que, al delimitarse el área, se hubiera fijado otro menor.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 291 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Procedimiento de delimitación
La delimitación de dichas áreas podrá efectuarse en el propio planeamiento general, en la revisión de su programa de actuación o mediante el procedimiento de delimitación de unidades de ejecución del planeamiento.
En cualquier caso, entre la documentación específicamente relativa a la delimitación deberá figurar una Memoria justificativa de la necesidad de someter las transmisiones a los derechos de tanteo y retracto, los objetivos a conseguir, la justificación del ámbito delimitado en relación con el conjunto del ámbito territorial no afectado y una relación de los bienes afectados y de sus propietarios, siendo preceptiva la notificación a éstos previa a la apertura del trámite de información pública.
A los efectos previstos en el artículo 296 de esta Ley, los Ayuntamientos remitirán a los Registros de la Propiedad correspondientes copia certificada de los planos que reflejen la delimitación y relación detallada de las calles o sectores comprendidos en aquellas áreas y de los propietarios y bienes concretos afectados, mediante traslado de copia del acuerdo de delimitación.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 292 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Sección 2 PROCEDIMIENTO Y EFECTOS
Notificación de transmisión
Los propietarios de bienes afectados por estas delimitaciones deberán notificar al Ayuntamiento la decisión de enajenarlos, con expresión del precio y forma de pago proyectados y restantes condiciones esenciales de la transmisión, a efectos de posible ejercicio del derecho de tanteo durante un plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente al del que se haya producido la notificación.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 293 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Ejercicio del retracto
El Ayuntamiento podrá ejercitar el derecho de retracto cuando no se le hubiere hecho la notificación prevenida en el artículo precedente, se omitiere en ella cualesquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de ésta.
Este derecho habrá de ejercitarse en el plazo de sesenta días naturales, contados desde el siguiente al de la notificación de la transmisión efectuada, que el adquirente deberá hacer en todo caso al Ayuntamiento, mediante entrega de copia de la escritura o documento en que fuere formalizada.
El derecho de retracto al que se refiere este capítulo es preferente a cualquier otro.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 294 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Caducidad de no notificación
Los efectos de la notificación para el ejercicio del derecho de tanteo caducarán a los cuatro meses siguientes a la misma sin que se efectúe la transmisión.
La transmisión realizada transcurrido este plazo se entenderá efectuada sin dicha notificación, a efectos del ejercicio del derecho de retracto.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 295 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
No inscripción registral No podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad las transmisiones efectuadas sobre los inmuebles incluidos en las expresadas delimitaciones si no aparece acreditada la realización de las notificaciones contempladas en los artículos precedentes.
Sección 3 TRANSMISIONES DE VIVIENDAS SUJETAS A PROTECCION PUBLICA
Al objeto de garantizar el cumplimiento efectivo de las limitaciones sobre precios máximos de venta de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública que imponga dicha limitación, los Ayuntamientos podrán delimitar áreas en las que tanto las primeras como las ulteriores transmisiones onerosas de aquéllas queden sujetas a las notificaciones prevenidas en los artículos 293 y 294.2 a efectos del posible ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en los plazos establecidos en los mismos.
La falta de acreditación del cumplimiento de estos requisitos de notificación impedirá la inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión efectuada.
La tramitación de la delimitación de estas áreas se ajustará a lo establecido en el artículo 292.1 y 2 de esta Ley, siendo aplicable también, a los efectos previstos en el número anterior, lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 297 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
Las viviendas adquiridas en el ejercicio del tanteo y retracto por los Ayuntamientos serán adjudicadas mediante concurso entre quienes, no poseyendo otra vivienda, reúnan los demás requisitos establecidos por el régimen de protección pública.
La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 298 aprobado por el Estado con eficacia supletoria.

References: Real Decreto 

Artículo 276
 artículo 277
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 278
 artículo 279
 artículo 280
 artículo 280
 artículo 281
 artículo 282
 artículo 282
 artículo 283
 artículo 280
 artículo 284
 artículo 284
 artículo 284
 artículo 285
 artículo 284
 artículo 286
 artículo 287

Artículo 287
 artículo 288

Artículo 288
 artículo 35

Artículo 289
 artículo 290
 artículo 291
 artículo 296
 artículo 292
 artículo 293
 artículo 294
 artículo 295
 artículo 292
 artículo 297
 artículo 298