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¿Avanzar aunque sea a ciegas? Sigue el debate sobre el nuevo control difuso de constitucionalidad | El Juego de la Suprema Corte
septiembre 1, 2011 Micaela Alterio y Roberto Niembro Twittear
¿Avanzar aunque sea a ciegas? Sigue el debate sobre el nuevo control difuso de constitucionalidad Twittear
En segundo término, queremos afirmar que, en nuestra opinión, la implementación del control difuso es una mutación constitucional tan importante como la reforma al juicio de amparo (aunque como bien señala Geraldina González de la Vega el uso del término “mutación” presenta algunas objeciones). La posibilidad de que todos los jueces desapliquen disposiciones por considerarlas inconstitucionales acerca la justicia constitucional al ciudadano, quien puede obtener un veredicto constitucional desde la primera instancia e involucra a los jueces ordinarios en la deliberación constitucional, lo que facilita una producción jurídica que puede resultar atractiva.
Pero también puede tener sus bemoles, pues no se trata sólo de que los jueces ordinarios puedan aplicar o no la Constitución, sino del control que podrán realizar sobre el legislador, lo que no es, como algunos han insinuado, una cuestión intrascendente. Si los jueces pueden desaplicar, expulsar y/o hacer interpretaciones conformes de las leyes impugnadas, determinará el tipo de modelo de control judicial que tengamos. Así, no es lo mismo el sistema argentino en el que todos los jueces sólo pueden desaplicar las leyes que consideren inconstitucionales, el sistema español en el que sólo el Tribunal Constitucional puede expulsar la ley del ordenamiento jurídico, aunque cualquier juez pueda plantear la duda sobre la constitucionalidad de una norma ante el mismo Tribunal, o el sistema neozelandés –integrante de lo que se ha denominado “nuevo modelo constitucional de la Commonwealth”- en el que los jueces están obligados a hacer una interpretación conforme de la ley, pero no pueden declarar su invalidez.
En efecto, mientras suele estimarse que los sistemas en que sólo pueden emitirse sentencias con efectos inter partes son menos objetables en términos democráticos que los sistemas en que los jueces pueden expulsar las disposiciones del ordenamiento, los sistemas de la Commonwealth -entre ellos el neozelandés- son considerados como modelos de control judicial débil, con virtudes y carencias distintas. Esta es una larga e interesante discusión a la que no tiene sentido entrar aquí, pero que sí creemos, no se debe pasar por alto.
La “mutación” del sistema no se ve contradicha por el hecho de que todos los asuntos puedan ser revisados a través del juicio de amparo por los jueces federales, pues esta es otra cuestión. Que la instancia federal en materia de amparo sea, por decisión de la Suprema Corte, la última instancia judicial en materia constitucional, no significa que el papel de los jueces ordinarios no haya cambiado o vaya a cambiar. De hecho -como señalamos antes- la posibilidad de que todos los jueces ordinarios puedan llevar a cabo el control constitucional de la ley reconfigurará, por lo menos, la dialéctica que entablan con los jueces federales de amparo.
Asimismo, consideramos que el problema de la unificación de doctrina no es baladí. Tras esta discusión se encuentran valores tan importantes para cualquier sistema jurídico como la racionalidad, predictibilidad e igualdad formal de los justiciables, que en otros países han generado interminables discusiones y reglas que establecen el carácter vinculante de la jurisprudencia o stare decisis. Este punto nos lleva de nueva cuenta al papel que los juzgados federales en materia de amparo deberán jugar. En teoría lo primero que habría que determinar es en qué casos será procedente que intervengan, pues en un sistema federal, los jueces superiores de los Estados deberían ser la última instancia tratándose de asuntos que sólo incumban al Estado. Es decir, debería corresponder a los Tribunales Superiores de Justicia o tal vez a las Salas Constitucionales donde las haya cerrar los asuntos constitucionales estaduales. Ahora bien, ¿cómo definir cuáles son esos asuntos? Podemos encontrar una pista para comenzar la discusión en el artículo 14 de la Ley 48 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales de Argentina, que permite interponer el recurso extraordinario federal (instrumento que ha servido también para la unificación de doctrina) cuando: 1) en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación, y la decisión haya sido contra su validez (objeto de la controversia); 2) cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia (canon de enjuiciamiento); etc.
Una vez que definamos esta cuestión, ya sea a través de una ley o a “golpe de jurisprudencia” (como dice el Magistrado Arenas Bátiz), será necesario concretar qué jueces federales podrán hacer dicha revisión. Como están las cosas al día de hoy, esos serían los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte. Sin embargo, Alfredo Narváez ha sugerido su preferencia porque sea sólo la Suprema Corte. En nuestra opinión, el problema que tiene esta propuesta es que puede sobrecargar de trabajo a la SCJN, lo que se quiso evitar con la creación de los Tribunales Colegiados. A menos, claro está, que se limitara el acceso a la Suprema Corte a través de una regla similar al writ of certiorari norteamericano (o su símil argentino, previsto en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aunque no ha tenido los resultados esperados).
Por otro lado, será necesario precisar la relación entre la disposición en cuestión y el proceso que se ventila, es decir, determinar si la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición disputada deberá ser relevante para la resolución del caso. Así, otra vez como ejemplo en la Provincia de Mendoza, Argentina, el art. 152, en su inciso 2 establece como requisito para el recurso de inconstitucionalidad alegar cuál es la finalidad que se persigue y qué parte de la resolución podría ser modificada si el recurso prosperara, asimismo en el inciso 4 precisa que se debe establecer clara y concretamente “de qué manera la cuestión constitucional puede tener eficacia para modificar la resolución recurrida”. En caso contrario, el recurso será inadmitido.
Por otra parte, habrá de determinarse quiénes pueden participar en el proceso. Así, por ejemplo el artículo 148 del mismo Código Procesal Civil de la Provincia de Mendoza, Argentina, exige que en el recurso de inconstitucionalidad se le de vista al Procurador de la Corte.
Finalmente, un aspecto sumamente delicado sobre el que se ha pronunciado Federico Anaya es el control difuso por parte de la administración. Desde nuestra perspectiva, si bien son entendibles las preocupaciones que él manifiesta, nos parece muy peligroso transitar por ese camino, amén de que la suya es una lectura muy extensiva de la decisión de la Suprema Corte. La sujeción de los funcionarios a la ley es una de las garantías más importantes del gobernado frente a la arbitrariedad, que puede verse fuertemente mermada si dejamos en manos de la administración la decisión de su aplicación. En nuestra opinión, la obligación que establece el artículo 1º de la Constitución: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, no autoriza a que los integrantes de la administración puedan desaplicar disposiciones por considerarlas contrarias a la Constitución. Tampoco se entiende así en el derecho comparado. En ese sentido, consideramos necesario repensar las repercusiones que pudiera tener esta propuesta antes de impulsar ese control.
Micaela Alterio. Doctoranda en Estudios Avanzados en DDHH de la Universidad Carlos III de Madrid.
Roberto Niembro. Analista de doctrina del Tribunal Constitucional español.
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Un comentario en “¿Avanzar aunque sea a ciegas? Sigue el debate sobre el nuevo control difuso de constitucionalidad”	Bernardo Molina	marzo 15, 2012, 7:04 pm	Ahora que es marzo 2012 y que la SCJN está por resolver una contradicción de tesis sobre la obligatoriedad de la “jurisprudencia” de la CorteIDH, quisiera subir el tema al que ocurro. Partamos de algo: el juicio de amparo mexicano es un sistema de inaplicación de leyes inconstitucionales, por excelencia, sólo que no tan difuso; ¿que fue lo que hizo que desde el voto de Mariano Otero, en el siglo XIX, se marginara de la práctica (no digo eliminar)el control difuso de los jueces locales? ¿es técnicamente correcto que el juicio de amparo se arrogara desde entonces el poder-deber de inaplicación de leyes, precisamente a través del llamado amparo contra leyes?, ¿habría sido mejor que desde entonces, la ley reglamentaria hubiera sido conocida como “Ley de amparo y procedimientos constitucionales” y dentro de éstos, la inaplicación por constitucionalidad y no “amparo contra leyes”?. Pero bueno, esa ya es cosa de los legisladores, de quienes, como el presidente, se puede decir: “a ver hasta cuando”
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References: artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 148
 artículo 1