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Timestamp: 2020-01-20 04:01:17+00:00

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2009 ~ Portoria | Comercio Exterior + Derecho Aduanero
Despedida de año en la Camara de Comercio Exterior de Santa Fe
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La Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe -CaCESFe- convocó a sus miembros a un cóctel para despedir el 2009. El evento se realizó el pasado miércoles 16 de Diciembre, en el Salón Brigadier de la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Asistieron al ágape autoridades provinciales y municipales, así como representantes de las instituciones que conforman la Mesa de Entidades Productivas (A.D.E., Bolsa de Comercio, Unión Industrial, Sociedad Rural, Centro Comercial).
En su discurso, el Presidente de CaCESFe, Ing. Daniel Oblán, se refirió a los esfuerzos de la entidad en promover y consolidar la internacionalización de empresas de la región, en medio de un adverso contexto económico y financiero internacional. En su reseña aludió a los encapotados inicios del año, contrastándolo con un 2010 con mejores pronósticos para el sector.
Mencionó además el activo rol que la Cámara tuvo en la gestación y promoción de tres importantes herramientas bien recibidas por el ambiente “comex” santafesino:
* La sanción de la Ordenanza Municipal Nº 11595 por el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, por la cual se erige la Oficina Municipal de Comercio Exterior. Dediqué unos comentarios sobre este tema en mi post del pasado 13/10/09.
* La media sanción el pasado 5 de Noviembre de la Ley por la cual se crea la Agencia Pro Santa Fe Sociedad de Economía Mixta (Expte. 19881 DBL) por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia.
* La media sanción de la Ley provincial de Promoción de Comercio Exterior (Expte. 17318 JL), por la Cámara Alta de la Legislatura
Luego de brindar por un auspicioso 2010, el presidente de CaCESFe le cedió la palabra al Intendente de la ciudad, Ing. Mario Barletta. Éste se refirió al progresivo involucramiento que su gestión está llevando a cabo en asuntos hasta el momento relegados de la agenda municipal. Barletta insistió en la importancia de contar con un parque industrial en el ámbito del ejido municipal, y en el destacado rol que le asiste a la flamante Oficina Municipal de Comercio Exterior. Esperemos que así sea y pueda rebatir a un amigo, que de buena fuente me dijo “olvidate de la Oficina Municipal en 2010; no hay plata”.
También hizo uso de la palabra el Ministro de la Producción de la Provincia de Santa Fe, Ing. Juan José Bertero. Sus palabras describieron al cambio de paradigma que significó la reestructuración del Ministerio de acuerdo a las cadenas de valor productivas, y de cómo el área de comercio exterior –contra los pronósticos iniciales- ocupó un importante rol apuntalando la apertura y sostenimiento de mercados externos. Entre otros temas, aludió a la promoción que desde su cartera se le está otorgando a empresas exportadoras de intangibles (software, diseño, ingeniería), y a los resultados de la reciente gira de la provincia por Singapur y Malasia.
Etiquetas: Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe , Pro Santa Fe
Depositario Fiel aduanero. Lineamientos operativos por la Resolucion General 2721 de la AFIP.
Por Portoria NMC 0:11 No comments
EL DEPOSITARIO FIELLa Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) mediante el dictado de la Resolución General 2573 ideó la figura del “Depositario Fiel”. Sus principales responsabilidades se refieren al archivo, resguardo y aportación de documentación aduanera ante requerimientos del Fisco. El novedoso régimen se encuentra vigente desde el pasado 3 de agosto, y se inscribe en la saludable tendencia de simplificar los procedimientos aduaneros, y de contar con una “Aduana con menos papeles”. Sería positivo que esta iniciativa se propagara a otras dependencias estatales con injerencia en el comercio internacional (el Banco Central de la República Argentina, el Instituto Nacional de Alimentos, la Secretaría de Industria, etc.) de manera que el enunciado se exprese como un “comercio exterior con menos papeles”.
Avanzando en esa dirección, el organismo fiscal dictó la Resolución General 2721 (B.O. 9/12/2009), en adelante “la Resolución”, que establece los lineamientos operativos del régimen del Depositario Fiel. A su vez, la norma coloca en cabeza de la Dirección General de Aduanas (y de dos Subdirecciones Generales) el dictado de las instrucciones complementarias que permitan le efectiva entrada en vigencia del Régimen (conf. Art. 7).
Los procedimientos delineados por la norma permitirán consultar electrónicamente la declaración aduanera y su documentación complementaria, ambas digitalizadas. Sin embargo, cuando lo considere conveniente la A.F.I.P. podrá solicitar la presentación física de la documentación.
Según los considerandos de la Resolución, para su dictado se tuvieron en cuenta postulados de la Organización Mundial de Aduanas (especialmente el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global de Julio de 2005), así como experiencias exitosas de administraciones aduaneras extranjeras.
La Resolución consta de tan sólo 12 artículos, y 5 anexos. El primero de éstos brinda una serie de calificaciones legales que definen conceptos empleados en repetidas ocasiones, los que se transcriben a continuación:
•“Archivo de Documentación Aduanera: es el lugar físico utilizado por el archivista para el resguardo y conservación de la documentación, el que debe cumplir con las condiciones y requisitos que determina esta resolución general.”
•“ Depositario Fiel: es el declarante que se obliga a archivar y resguardar la documentación que queda en su poder, la que deberá ser aportada a requerimiento de esta Administración Federal en un plazo no mayor de TRES (3) días hábiles desde su notificación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución General Nº 2573 y su modificatoria.”
• “Prestador de Servicio de Archivo y Digitalización (PSAD): es el sujeto habilitado por este Organismo para esa función, que efectúa la guarda y digitalización de documentación aduanera por encargo del depositario fiel obligado, en las condiciones y con los requisitos que determina esta resolución general”
•“ Documentación a Archivar: se deberá conservar el Sobre Contenedor (OM-2133-A), la Declaración Aduanera (OM-1993-A) y toda documentación complementaria exigible, según la operación aduanera de que se trate conforme a lo previsto en la Resolución General Nº 2573 y su modificatoria, debidamente intervenida por el servicio aduanero. Esta documentación pasará a constituir el "Legajo de la Declaración".
La Resolución permite que los Legajos puedan ser archivados personal e individualmente por el Depositario Fiel, quien también puede decidir tercerizar esta tarea y encomendarla a empresas habilitadas como Prestadores de Servicio de Archivo y Digitalización (PSAD). De acuerdo a la elección que realice el Declarante, los Archivos se clasificarán en:
“Particulares (auto-archivo): archivo individual de cada declarante, el cual, según la cantidad de destinaciones u operaciones aduaneras declaradas por año calendario, se clasifica en:
a) De hasta CINCO MIL (5.000) destinaciones u operaciones declaradas.
b) De más de CINCO MIL (5.000) destinaciones u operaciones declaradas.
Generales (PSAD): archivo para más de un declarante.”
La opción a la cual se hace referencia en el párrafo anterior deberá ser ejercida por el declarante al momento de oficializar la destinación u operación aduanera de que se trate; en caso de optar por un PSAD deberá indicar su número de C.U.I.T. (conf. Anexo IV, Apartado I).
El mismo organismo fiscal tendrá a su cargo la clasificación e identificación de aquellos sujetos que declaren más de 5 mil destinaciones u operaciones aduaneras, los que serán notificados de tal condición mediante “e-ventanilla” Inicialmente se tendrá en cuenta las destinaciones u operaciones aduaneras tramitadas “durante los DOCE (12) meses calendarios inmediatos anteriores al 3 de agosto de 2009” (sic) (Art. 4). Tal vez hubiera sido recomendable (aunque menos ampuloso) referirse a destinaciones u operaciones aduaneras tramitadas “entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2008”.
A todo esto, ni la Resolución General 2721 ni su similar 2573 presentan una definición de “destinaciones” y “operaciones aduaneras”.
La misma Exposición de Motivos del Código Aduanero (para no citar copiosa doctrina y jurisprudencia) define a las “destinaciones aduaneras” como “los destinos que, desde un punto de vista aduanero, puede dársele a la mercadería” importada y exportada. El Código se ocupa de las destinaciones de importación y exportación en las Secciones 3 y 4 respectivamente.
Cuadra ahora definir la noción de “operaciones aduaneras”. Arriesgando una definición propia, pueden considerarse como tales a los hechos vinculados con el tráfico mercaderías a través de fronteras aduaneras (o políticas en su caso), así como sus actos conexos, que deban cumplirse con intervención del servicio aduanero. Así, constituyen ejemplos de “operaciones aduaneras” las diligencias vinculadas con el arribo de mercadería al territorio aduanero (y su salida), las relativas a la echazón, perdida o deterioro de la mercadería, el régimen de permanencia a bordo del medio transportador, el ingreso (también su traslado y egreso) de mercaderías a depósitos fiscales y ámbitos que no constituyen territorio aduanero, los transbordos, los reembarcos de mercadería con destino al exterior, la “toma de contenido” y el “reenvase” de la mercadería en Zona Primaria Aduanera, entre muchas otras (sobre este tema, puede consultarse a Alais Horacio, “La inexistencia de declaración inexacta por divergencia clasificatoria en los certificados de origen del Mercosur”, Revista de Estudios Aduaneros, Nº19, p.40).
Considerando la vasta cantidad de hechos que constituyen “operaciones aduaneras”, el Fisco debería indicar si todas ellas serán computadas o tan sólo algunas (y en este caso cuáles) a los fines de determinar si el Depositario Fiel se ubica (o no) por encima de las 5 mil destinaciones u operaciones anuales. Éste no es un dato menor, considerando que en el último de los supuestos las obligaciones del depositario se asemejan a las de los Prestadores de Servicios de Archivo y Digitalización.
Conforme a lo ordenado por el artículo 10, la Resolución comenzará a tener plena vigencia “a partir de los SESENTA (60) días corridos inmediatos siguientes al de su publicación en el Boletín Oficial”. Considerando que la norma se publicó el 9 de Diciembre de 2009, s us disposiciones entrarán en vigor el próximo 7 de Febrero de 2010, y sus efectos se extenderán a todas las operaciones y destinaciones registradas desde el 3 de Agosto de 2009, fecha en que tuvo su debut el Régimen de Depositario Fiel. A partir de esta fecha, el declarante tendrá un plazo de 90 días corridos (esto es el 8 de Mayo de 2010) para digitalizar y remitir a la A.F.I.P. todos los Legajos concernientes a operaciones y destinaciones realizadas al amparo de este sistema.
Corresponde recordar sobre este punto, que conforme al artículo 1008 del Código Aduanero “cuando un plazo venciere en día inhábil administrativo, se reputará que vence el primer día hábil inmediato siguiente”. De conformidad con esta premisa, deberán considerarse extendidos los plazos antedichos hasta los días lunes 8 de Febrero de 2010 y lunes 10 de Mayo de 2010 respectivamente.
Si el Depositario Fiel optara por el autoarchivo, y fuera uno de aquellos que declaran más de 5 mil operaciones o destinaciones anuales, el plazo de noventa días se extiende a 120 días corridos (7 de Junio de 2010). En cambio, si el declarante optara por entregar los documentos a un Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización, deberá notificar su decisión al Fisco y el PSAD deberá digitalizar y remitir la documentación dentro de los 3 días hábiles posteriores a su recepción (art.9)
TRÁMITE DE LAS DESTINACIONES U OPERACIONES ADUANERAS.
Las destinaciones y operaciones aduaneras se diligenciarán de conformidad con las normas que regulan su tratamiento operativo (por ejemplo, Resolución General 743 para importaciones definitivas, Resolución General 1921 para exportaciones definitivas).
Cuando el trámite esté concluido, el servicio aduanero notificará al declarante en forma automática mediante el servicio de “E-ventanilla”, pudiendo también ser consultado a través de la relación “Mis operaciones aduaneras”.
El Sistema Informático MARIA determinará automáticamente el momento de entrega del legajo, de la siguiente manera:
“I) Importaciones:
1. Con movimiento de mercadería:
a) Importaciones a consumo y temporales: a partir de la salida de zona primaria.
b) Tránsitos: a partir de la cancelación de los mismos.
2. Sin movimiento de mercadería: importaciones a consumo y copia de depósito, a partir de la presentación.
II) Exportaciones:
1. Con movimiento de mercadería: exportaciones a consumo, temporales, removidos y reembarcos a partir del cumplido o post embarque si corresponde (…)
2. Sin movimiento de mercadería: exportación a consumo a partir de la presentación.
III) Para los casos previstos en el punto 3.2.3.5 del Anexo II de la Resolución General Nº 1921, su modificatoria y sus complementarias y para los envíos fraccionados la entrega se hará con el último arribo a "Zona de Embarque" o fracción, según corresponda.”
Debe destacarse la innovación que sobre este punto cumple la Resolución, respecto del desatinado procedimiento vigente establecido por el “E-mail Oficial 149/09” de fecha 06/08/2009 emitido por la Jefatura de la División “DV RES II”.
ENTREGA DE LA DOCUMENTACION AL DECLARANTE.
Una vez que el declarante es notificado de la conclusión del trámite, deberá retirar el legajo dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del día inmediato siguiente al de la notificación aludida ut supra.
El servicio aduanero dejará constancia de la entrega del legajo en el S.I.M., y “el declarante deberá constatar la integridad de la documentación recibida y que se encuentre intervenida por el personal aduanero —firma, sello, fecha e identificador de la declaración-“ (conf. Artículo 2.2 y Anexo IV, Apartado V, punto 3). El Fisco emitirá electrónicamente un recibo, y a partir de este momento “el declarante asume de pleno derecho la guarda de la documentación, en carácter de depositario fiel” (conf. Anexo IV, Apartado V, punto 4).
En cambio, la documentación respaldatoria de subregímenes simplificados que registra el servicio aduanero será archivada por la A.F.I.P.
Cuando sea menester la presentación de Multinotas a efectos de corregir “errores en la carga de información inherente a la intervención aduanera” (sic), el servicio aduanero evaluará la presentación a través de las constancias obrantes en el S.I.M. y en la documentación digitalizada. De ser necesario, el fisco solicitará la aportación física del legajo mediante “E-ventanilla”, y el declarante deberá cumplir con el requerimiento dentro de los tres (3) días hábiles (conf. Anexo IV, Apartado VII).
Si se debieran incorporar documentos luego de la entrega del Legajo al declarante, los mismos serán aportados por el interesado ante el área que los requiera. El servicio aduanero dejará constancia de ello en el S.I.M. y en el documento, y lo devolverá al declarante, quien deberá resguardarlo y digitalizarlo en los plazos que correspondan, de acuerdo a la elección del “autoarchivo” o de la entrega a un PSAD.
Luego de retirado el Legajo, el declarante procederá a digitalizar la documentación o a entregarla al PSAD dentro del plazo de tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. En este último caso, el PSAD elegido deberá informar a la A.F.I.P. que ha recibido la documentación y la digitalizará dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a su recepción (conf. Anexo IV, Apartado VII).
CONDICIONES PARA EL ARCHIVO Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL.
1) ARCHIVOS PARTICULARES HASTA 5 MIL DESTINACIONES U OPERACIONES ANUALES.
El declarante deberá digitalizar la totalidad de los documentos y remitirlos electrónicamente a la A.F.I.P. a través de su sitio web (www.afip.gob.ar) dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al retiro del Legajo. Deberá cuidar de reproducir cada documento de forma “fiel e íntegra (frente y dorso) y asegurar su correcta legibilidad, abarcando todas sus características, incluso las anotaciones, enmiendas y manchas.” (conf. Anexo II, Apartado I, punto 5).
Los demás requisitos que se deberán observar para la digitalización y su remisión electrónica serán publicados por la A.F.IP. en su sitio web.
Además, el Anexo II ordena que
“1. La conservación física es exclusiva para su documentación, no pudiendo compartir el recinto con otro auxiliar del comercio y del servicio aduanero.
2. Disponibilidad de acceso a la documentación a solicitud del personal autorizado de esta Administración Federal o de la justicia.
3. Sistema de control de acceso físico de personas al recinto.
4. Sistema de detección y extinción de fuego y control de plagas.”
2) ARCHIVOS GENERALES (PSAD)
El Anexo III de la Resolución 2721 establece las condiciones que deben reunir los interesados que deseen operar como “Prestadores de Servicio de Archivo y Digitalización” (PSAD). Contiene además disposiciones sobre seguridad física y ambiental (sistema de control de accesos y cerco perimetral, sistema de control de plagas y de contaminantes atmosféricos, estanterías ignífugas, entre muchos otros), y sobre la digitalización de la documentación a su cargo.
El plazo para digitalizar la documentación será de hasta tres (3) días hábiles a partir del día siguiente a la recepción por parte del PSAD.
3) ARCHIVOS PARTICULARES MÁS DE 5 MIL DESTINACIONES U OPERACIONES ANUALES.
Las disposiciones contenidas en el Anexo II, Apartado II de la Resolución 2721, son un híbrido de los recaudos enunciados más arriba. Debe digitalizar y remitir la documentación dentro del plazo de tres (3) días hábiles computados a partir del retiro del legajo y cumplir las normas de seguridad relativas al autoarchivo de particulares de hasta 5 mil destinaciones anuales. En cambio, deberá observar las previsiones que para la digitalización de archivos se ordena a los PSAD.
PLAZOS PARA LA CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION:
El Legajo de la Declaración deberá ser conservado por el depositario fiel (o el PSAD en su caso) durante un plazo “que se extenderá hasta CINCO (5) años después de operada la prescripción de la acción del Fisco correspondiente a la destinación u operación aduanera a que la misma se refiera”. Luego de cumplido el mismo, la A.F.I.P. determinará el destino final del Legajo, dando intervención al Archivo General de la Nación.
Debe señalarse que la redacción de la Resolución es equívoca cuando se refiere a la “prescripción de la acción del Fisco”. Ello es así por cuanto nuestro derecho sustantivo se refiere al instituto de la Prescripción tanto en materia tributaria como en materia penal. Y los plazos que corresponden a un caso y al otro son disímiles.
De acuerdo con el artículo 803 del Código Aduanero, la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera prescribe a los 5 (cinco) años. El artículo 804 prescribe que la misma debe computarse a partir del 1 de enero “del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante:
a) cuando el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de su constatación;
b) cuando se tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impuesta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de la fecha de su constatación.”
Por otro lado, cuando de materia penal se trata, es necesario discernir si el hecho ilícito constituye un delito o una infracción aduanera (acerca de la diferencia entre unos y otros, ver García Vizcaíno Catalina, “Derecho Tributario”, T.II, 2º Ed., Depalma, p.311 y ss, p.472 y ss.).
El artículo 934 del Código establece que la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco (5) años. El artículo 935 establece que la misma se computa a partir del 1 de enero del año siguiente al de la fecha de comisión de la infracción, o de su constatación cuando no pudiera precisarse aquella.
En cambio, el digesto aduanero no contiene disposiciones similares para los delitos, por lo que se debe recurrir al Código Penal por aplicación del artículo 890 (sobre este punto, ver Vidal Albarracín Héctor G., “Delitos Aduaneros”, 1º Ed., p. 413 y ss.).
Si se trata de un delito reprimido con pena privativa de la libertad imputado a una persona física, el término de la prescripción será el límite máximo de la pena (arts. 863, 864, 865, 866, 867 del Código), no pudiendo exceder de doce (12) años conforme al artículo 62 inciso 2 del Código Penal.
Si se trata de un delito reprimido con inhabilitación (encubrimiento de contrabando), la acción prescribe a los 5 años (ver Vidal Albarracín, op. cit., p.415 y García Vizcaíno, op. cit., p.354).Estas mismas apreciaciones caben para la delitos cometidos por personas jurídicas.
Si se trata de las modalidades culposas -reprimidas con pena de multa-, el plazo prescriptivo es de dos (2) años. (art. 62 inciso 5 Código Penal).
Cabe mencionar que la guarda de documentos cuyo archivo se encuentra a cargo del servicio aduanero correspondientes a operaciones y destinaciones tramitadas antes del 3/8/2009, continuará regulada por lo ordenad en la Disposición Nº 455/98 (AFIP) y sus modificatorias.
Esta norma, en su Anexo I, apartado I.2.2 “Plazos de conservación de la documentación sustantiva”, establece plazos de doce (12), cinco (5), tres (3) y un (1) años para la guarda de los legajos, de acuerdo al tipo de documento a archivar.
Se advierte que el Resolución 2721 impone a los particulares condiciones y plazos más gravosos que los observados por él mismísimo Fisco (que persigue la satisfacción de intereses públicos).
En virtud de lo expuesto, del Depositario Fiel a priori cuenta con un amplio y confuso catálogo de plazos prescriptivos.
En la hipótesis de máxima –delitos-, debería resguardar la documentación aduanera por un plazo de hasta diecisiete (17) años (12 por delitos + 5 que establece la Resolución). Aún llegando a esta conclusión es deseable que el organismo fiscal emita alguna norma aclaratoria sobre este punto y establezca un plazo cierto, dotando de claridad y seguridad jurídica al régimen.
La administración aduanera verificará periódica y selectivamente el efectivo cumplimiento del Régimen. Cuando se constataran incumplimientos, el infractor podrá ser “pasible de las sanciones dispuestas por el Código Aduanero y normas complementarias”, sin perjuicio “de la suspensión o inhabilitación para continuar operando en el Sistema Informático MARIA (SIM) o como "Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización" (PSAD), según corresponda”. (conf. Art.8).
Es justo destacar el tenor de la Resolución sobre este punto, que abandona la técnica legislativa empleada en el artículo 6º de la Resolución 2573, criticada en oportunidades anteriores.
No se entiende la mención de la norma a las sanciones dispuestas por “normas complementarias” al Código Aduanero. ¿Se refiere acaso a resoluciones administrativas? ¿Instrucciones generales?
Además, la norma incurre en el gaffe de aludir a la “suspensión para continuar operando en el Sistema Informático María”. Hubiera sido más atinado aludir a la suspensión del sujeto en Registro respectivo (de Despachantes de Aduana). Salvo que se trate de una novedad por la cual un Despachante de Aduana se encuentre habilitado a realizar cualquier diligencia u operación aduanera, excepto “operar en el Sistema María”.
NICOLÁS MARTIN CASSANELLO
ncassanello@gmail.com
Etiquetas: aduana , AFIP , Código Aduanero , depositario fiel , normativa aduanera
El gravamen portuario legislado por Buenos Aires: breve crónica.
Por Portoria NMC 20:50 1 comment
El pasado 16 de Octubre se publicó en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires la Ley Impositiva correspondiente al ejercicio fiscal 2010, registrada bajo el número 14044. La norma ha despertado cierta polémica, dado que contempla aumentos tributarios que comenzarán a regir a partir del año entrante.
Es dable suponer que el alza dispuesta en el impuesto inmobiliario urbano, inmobiliario rural, a los automotores y a la herencia tendrá una gélida recepción entre los contribuyentes bonaerenses. Muy por el contrario, candente fue la reacción de los empresarios al saber del establecimiento de un tributo adicional a las actividades portuarias.
La raíz de la controversia en torno a la reforma tributaria reside en el artículo 26 de la Ley 14044, ya que dispone la creación de un impuesto adicional (sic) de ingresos brutos para operaciones de carga y descarga de todo tipo de mercaderías en los puertos de la Provincia, con excepción de productos áridos y la pesca artesanal.
En rigor, las actividades alcanzadas por el tributo consisten en los servicios de manipulación de cargas; de almacenamiento y depósito; dervicios de explotación de infraestructura y derechos de puerto; servicios complementarios para el transporte por agua NCPS/D, y servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías.
Hace ya quinientos años, Nicolás Maquiavelo le advertía a Lorenzo de Medici que “hace odioso, sobre todo, como ya he dicho antes, el ser expoliador y el apoderarse de los bienes y de las mujeres de los súbditos, de todo lo cual convendrá abstenerse. Porque la mayoría de los hombres, mientras no se ven privados de sus bienes y de su honor, viven contentos” (Maquiavelo, El príncipe, Capítulo XIX, “De que modo debe evitarse ser despreciado y odiado”).
Apremiantes razones debería tener un gobernante para desoír semejante consejo. Este parece ser el caso de Daniel Scioli. Tan pragmático como el ilustre florentino resultó ser el ex motonauta, quien encuentra en este impuestazo la manera de allegar recursos a las arcas y aminorar el agobiante déficit fiscal bonaerense. Según estimaciones oficiales, el rojo fiscal de la provincia fue de 2700 millones de pesos en el primer semestre, y se estima que llegará los 5500 millones a fin de año.
Por otro lado, no hace falta leer a Maquiavelo para suponer el espanto que la medida ha causado entre los exportadores y empresarios vinculados a la actividad portuaria.
Es que, si bien los principales analistas vislumbran la salida de la crisis, no es menos cierto que aún se percibe en el aire ese olor a tierra mojada que evoca al tormentoso contexto económico y financiero mundial cercano.
Además, la creación de este tributo adicional constituye un sobrecosto que terminará repercutiendo desfavorablemente en el patrimonio del exportador o importador que decida operar por alguno de los catorce puertos bonaerenses.
Como si fuera poco, dada la cercanía geográfica con la provincia de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es harto probable que un considerable número de empresarios decidan migrar sus operaciones a puertos situados en dichas jurisdicciones. Por caso, los directivos de las terminales portuarias situadas en San Nicolás y San Pedro temen el desvío inmediato de las cargas a los puertos del Sur de Santa Fe, considerando los escasos 50 km que lo separan.
El malestar se hizo sentir de las más variadas formas A mediados del mes de Septiembre el Puerto de Bahía Blanca se paralizó por varios días en repudio a la creación del arancel portuario. Una situación similar se pudo ver en los puertos de Quequén, San Pedro, La Plata y Dock Sud.
Recién después de sancionar la Ley, las autoridades provinciales parecieron advertir que el tiro les podía salir por la culata.
La hipótesis más probable es que los puertos bonaerenses, en vez de ser contribuir con dinero fresco para el fisco, devengan en yermos testigos de políticas improvisadas, demandantes de asistencia económica y social.
Así fue que el ejecutivo bonaerense envío a la Legislatura una corrección de la Ley Impositiva que suspendió la aplicación del artículo 26 por el término de un año. La nueva ley se registró bajo el número 14059, y fue promulgada el pasado 11 de Noviembre.
Y es que un arancel de estas características, y en estas circunstancias, estaba condenado a morir desde el inicio mismo de la historia, como el desdichado Santiago Nasar concebido por García Marquez.
Obiter dicta: bien puede argüirse acerca de la necesidad de analizar un tributo que recién tendrá vigencia a partir del año 2011. Opino, sin embargo, que vale la pena detener la mirada sobre las (improvisadas) decisiones políticas que adoptan las provincias vecinas para afrontar sus déficits.
Recientemente, el Ministro de Economía de la Provincia de Santa Fe expresó que "hace tiempo los gastos vienen incrementándose más que los recursos. Esto lleva a que para en 2010 tengamos un déficit estimado de 2.000 millones de pesos”. Las autoridades admiten que dicho rojo será solventado a través de una reforma fiscal que incluye suba de tributos y eliminación de exenciones. En elCapítulo XXI de "El Príncipe" (Cómo debe comportarse un príncipe para ser estimado) su autor señala que el gobernante "dará seguridades a los ciudadanos para que puedan dedicarse tranquilamente a sus profesiones, al comercio, a la agricultura y a cualquier otra actividad; y que unos no se abstengan de embellecer sus posesiones por temor a que se las quiten, y otros de abrir una tienda por miedo a los impuestos." Legalidad, razonabilidad y prudencia. Espero que en esta ocasión no estén ausentes.
NICOLAS MARTIN CASSANELLO
Etiquetas: puertos , tributos
La justicia debe examinar la constitucionalidad de las retenciones sobre hidrocarburos
Por Portoria NMC 20:21 No comments
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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó una sentencia de primera instancia por la que se rechazó “in limine” una acción declarativa de certeza, en la cual se discutió la constitucionalidad de los derechos de exportación móviles sobre hidrocarburos.
¿¡Derechos de Exportación Variables?!
Pese a lo que comúnmente se cree, los derechos de exportación móviles no fueron pergeñados por Martin Lousteau en marzo de 2008 ( “la 125”), sino que la controvertida figura data de unos años más atrás. El padre de la criatura es… Roberto Lavagna, quien emulando al Dr. Victor Frankenstein de Mary Reilly, inventó una novedosa manera de gravar las exportaciones argentinas mediante el dictado de la Resolución 532/2004 (B.O. 05/08/2004).
En dicha oportunidad, se tuvieron en consideración, entre otras, las siguientes circunstancias:
“Que por otra parte el ESTADO NACIONAL debe procurar captar las rentas extraordinarias que se generan en diferentes sectores de actividad, en especial cuando se trata de recursos naturales no renovables.
Que aún después de deducidos los derechos de exportación que por esta resolución se establecen, la rentabilidad resultante será de todas maneras adecuada para atraer los recursos que el sector requiere para su desarrollo.”
La norma estableció un derecho de exportación del 25% a las exportaciones para consumo de exportación de petróleo crudo en los casos que el precio West Texas Intermediate (WTI) del barril sea igual o inferior a US$ 32. Cuando el precio WTI del barril era mayor a US$ 32, al derecho de exportación mencionado se adicionaban alícuotas entre el 3% y el 20% en base al precio WTI del barril.
Este sistema estuvo vigente durante unos tres años, hasta que durante la gestión de Miguel Peirano se emitió la Resolución 394/2007 (B.O. 16/11/2007) que derogó el régimen anterior y profundizó el sistema de retenciones variables. Para todos los hidrocarburos detallados en el anexo de la norma, se fijaron un Valor de Corte y un Valor de Referencia. El sistema, en breve resumen, funciona así:
1) Cuando el precio internacional de la mercadería fuera inferior al Valor de Referencia, el arancel a las exportaciones es del 45%.
2) Cuando el precio internacional de la mercadería fuera igual o superior al Valor de Referencia, la alícuota de los derechos se determinará conforme a una fórmula que contempla el precio internacional del producto y el Valor de Corte fijado por la norma.
Por ejemplo, conforme al Anexo I el valor de referencia del petróleo crudo es de U$S 60,9 por barril. Si el precio está por encima de este valor se aplicará una alícuota móvil con valor de corte fijado en U$S 42 por barril. Considerando que el día 4/11 su cotización se ubicó en los U$S 80,40.- el exportador recibirá siempre los mismos U$S42 por barril, y el mayor valor ingresa en forma exclusiva a las arcas de la Nación.
La discusión judicial.
La firma Central Patagonia S.R.L. presentó una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad con el objeto de cuestionar la validez de la Resolución 394/07. La jueza de primera instancia desestimó el planteo por considerar que “no hay falta de precisión sobre la relación jurídica que se describe y, menos aún, sobre sus consecuencias”. Sostuvo la magistrada además que no se advertía la inexistencia de otro medio legal.
Contra esta resolución, la empresa interpuso el recurso de apelación, reiterando su postura en cuanto consideró estar frente a una “incertidumbre constitucional en la resolución Nº 394/07 y en las normas delegantes, pues (…) tiene ciertos motivos para considerar que las retenciones al petróleo, conforme fueron instrumentadas, son inconstitucionales por violar el principio de reserva de la ley y por su cuantía, ya que sus alícuotas son excesivas e irrazonables”.
Asimismo, sostiene la empresa que las contradicciones del mismo Estado le generan incertidumbre, visto que para la Dirección General Impositiva (D.G.I.) dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) “la actividad de extracción y comercialización de hidrocarburos del Código de Minería” . Mientras tanto, la Dirección General de Aduanas (D.G.A.) dependiente de la misma A.F.I.P. considera que la actividad extractiva se rige por la ley de hidrocarburos Nº 17.319 y no por el Código de Minería; por lo que la exención no sería operativa para los derechos de exportación. Es decir que las ventas en el mercado interno no están gravadas en el impuesto a las ganancias, pero sí se gravan los despachos de exportación con retenciones móviles”
La Cámara sostiene que Central Patagonia S.R.L. posee fundados motivos para solicitar se analice la despeje la situación de incertidumbre ventilada judicialmente, a saber:
a) la contradicción entre la Resolución ministerial 394/2007 frente a la exención prevista en el artículo 31 del apéndice del Código de Minería.
b) la instrumentación de los derechos de exportación mediante el dictado de una resolución ministerial.
Asimismo, el Tribunal considera que se encuentran reunidos los supuestos que posibilitan la vía procesal elegida (acción declarativa de certeza, en los términos del artículo 322 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación). Enumera “la necesidad de la existencia de un caso en el que el titular de un interés jurídico concreto busca fijar la modalidad de una relación jurídica o prevenir o impedir las lesiones a un derecho de base constitucional (C.S., Fallos 307:1379; 322:528, etc.); por lo que, en lo que hace a este último supuesto, se ha subrayado que no se requiere un daño efectivamente consumado (conf., 322:1135; 322:1616; 327:3010; C.S. “Apache Energía S.R.L. c/ Río Negro Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 26/3/09).”.
Con relación a la exigencia de agotar previamente la vía administrativa como condición previa al reclamo judicial, la Cámara admite que la actora dispone de la posibilidad formal de recurrir por la vía administrativa. Pero la admisión de esa postura trae aparejado el rechazo del planteo incoado por la empresa, lo cual “implicaría desconocer la necesidad de una tutela judicial inmediata, cuando –en casos como el presente- se cuestiona la constitucionalidad de tributos y, en definitiva, la pretensión tiende a dilucidar el estado de certeza entre el contribuyente que cuestiona la actitud del Estado y este último (conf. C.S., “Empresa Lomas Sociedad Anónima c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, del 26/2/08; Fallos 331:337; “Empresa de microómnibus Sáenz Peña S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del 4/3/2008; en Fallos 331:400, entre otros).” De ello, concluye el Tribunal que procesalmente se verifica la inexistencia de otra vía alternativa apta.
Cabe mencionar, por último, que la Cámara no se expide sobre el fondo del asunto, sino que se limita a revocar la sentencia apelada y disponer, en consecuencia, la remisión de las actuaciones a primera instancia a efectos de que la controversia se discuta en otro juzgado.
En apretada síntesis, los argumentos de Central Patagonia S.R.L. que sostienen su reclamo son:
1) Los derechos de exportación han sido establecidos por una Resolución Ministerial, por lo que se conculca el principio de legalidad en materia tributaria (artículos 4, 17, 52, 75 inciso 1º, 76 y 99 inciso 3º de la Constitución Nacional)
Adicionalmente, señala la doctrina que “no es menor, el conflicto actual en materia de regalías que deben abonarse a las provincias, ya que, desde el año 2008, la Subsecretaria de Combustibles de la Nación, dictó la disposición Nº 01/08 que fija en U$S 42 por barril el piso efectivo sobre el cual se deberá aplicar el ajuste por calidad positivo, a los efectos de cálculo para la liquidación de regalías hidrocarburíferas. Es decir, si se vende a un precio mayor que USS42 por barril, en virtud de la ley 17.319, se deben abonar las regalías tomando como base de cálculo ese mayor valor; pero si el precio de venta es menor a USS42 (como en muchos casos ha ocurrido en este último año), por una simple disposición, se toma ese valor ficticio como precio base.”
2) El elevado nivel de los derechos afecta la propiedad privada (artículo 17 de la Constitución Nacional), y devienen confiscatorios.
Creo que el primer argumento tiene posibilidades de ser acogido por la justica. Con relación al segundo argumento, lo considero endeble, y existen altas probabilidades de que se termine por aplicar la doctrina de la Corte Suprema de Justica de la Nación in re “Montarce”. Por lo demás, me remito a algunas de las conclusiones que esbocé en mi post acerca del Fallo Candy de la C.S.J.N.
Con relación a las importaciones, en "Montarcé" la Corte expresó “bien se advierta que si no es constitucionalmente dudoso que el Estado, por razones que hacen a la promoción de los intereses económicos de la comunidad y su bienestar, se encuentra facultado para prohibir la introducción al país de productos extranjeros (arts. 67, incisos 12, 16 y 28 de la Constitución Nacional), con igual razón debe considerársele habilitado para llegar a un resultado semejante mediante el empleo de su poder tributario, instituyendo con finalidades acaso disuasivas, gravámenes representativos de una o más veces el valor de la mercadería objeto de importación". Estas conclusiones bien pueden aplicarse, mutatis mutandi
Para finalizar, reitero algunos conceptos que expresé en mi post sobre la causa Candy, los cuales pueden sostener un ataque a la confiscatoriedad del arancel de aduana:
a) La cuestión probatoria: Resulta imprescindible la presentación de informes contables y documentos que sustenten de manera sólida y contundente la absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (CSJN, in re “Candy”, Considerando 7 y citas). El Tribunal ha puesto especial énfasis en la actividad probatoria desplegada por el actor, requiriendo una prueba concluyente a efectos de acreditar la confiscatoriedad que se alega (CSJN, in re “Candy”, Considerando 7 y citas).
b) De ello debe resultar que el tributo incide económicamente sobre el patrimonio del exportador, dado que éste se ve impedido de trasladar el tributo hacia atrás (proveedores) o hacia delante (cliente) en la cadena de comercialización.
c) Que la producción de la empresa esté orientada a la exportación, por lo que el pago de los altos gravámenes pueden ocasionar la ruina del titular, o la abstención de exportar ponga en riesgo la sustentabilidad misma de la explotación industrial o comercial. La Corte Suprema ha sostenido que un tributo que absorbiera el valor de la mercadería gravada, implica la prohibición de producirlo, en la medida en que aquellos a quienes se les impone el gravamen sean personas en su sano juicio, pues nadie va a querer producir para perder más que el valor del artículo que produce (Fallos 98:24, considerando 11). Ojo con este argumento; puede funcionar con la soja (cuya producción está orientada al abastecimiento de mercados externos), pero se debilita en presencia de otras mercaderías (petróleo, trigo, leche, etc.) y cobran fuerza los argumentos de "Montarce".
d) El quantum del tributo: El fallo “Candy” demuestra la falacia del popular argumento que sostiene la confiscatoriedad de los tributos cuando superan el 33%. El inconveniente que plantea el fallo es que la Corte sostiene la confiscatoriedad de la tasa del 62%, pero … ¿qué sucede en el amplio margen que va desde el 33% hasta el 62%? Lamentablemente, en “Candy” la Corte no brinda pautas concluyentes que permitan suponer si una alícuota del 38%, 46% o del 53% es confiscatoria.
Etiquetas: CSJN , derechos de exportación , sentencias y jurisprudencia , tributos
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