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Timestamp: 2017-07-22 10:49:31+00:00

Document:
Foro Caribe Sur: 02/18/14
PROYECTO DE LEY LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
DE LOS HABITANTES DEL CARIBE SUR
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS
El objeto del proyecto de ley es reconocer los legítimos derechos de la comunidad
Afrodescendiente y de los poblados costeros del Caribe Sur, los cuales han sido ignorados hasta
el momento, sumiendo a estas poblaciones y territorios y a sus organizaciones de administración
y desarrollo, en la más completa indefensión y parálisis a causa de la inseguridad jurídica
resultante de tal irrespeto. Tal es el caso de los pueblos y sus comunidades, como Puerto Viejo,
Manzanillo y Gandoca, que fueron excluidos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo, por constituir asentamientos humanos reconocidos, desde mucho antes de la emisión
del Decreto Ejecutivo N.o 16614 de 1 de julio de 1985 (artículo 6o) que creó dicho Refugio y por
ser expresamente señalados en el artículo 5o del mismo como comunidades aledañas al Refugio,
es decir, fuera de sus límites. (anexos 1 y 2)
Para una mejor comprensión de lo que ha sucedido en dicho territorio se presenta una
cronología de la historia humana y la conquista de sus genuinos derechos. Posteriormente, del
abusivo actuar de la burocracia estatal, mediante el ilegítimo empleo de continuos decretos
ejecutivos unilaterales e inconsultos, resultante de una impresionante incertidumbre jurídica, cuyo
detalle es recogido por la Sala Constitucional en los votos 2006-05975, 2007-11155 y 2009-001056
y, finalmente, se analizan las omisiones y errores de origen que han inducido la situación a corregir.
Principios del Siglo XIX.- La colonización. Se inicia la colonización afrocaribeña de la
zona costera del actual Refugio. Los primeros en llegar fueron pescadores que con el correr del
tiempo se hicieron agricultores. De Jamaica y San Andrés trajeron semillas con las que
sembraron fruta de pan, seso vegetal, mango, naranjas, aguacate, coco y cacao para alimentar a
sus familias. Además, sus botes de vela transportaron libros, maestros y pastores jamaiquinos, de
modo que todo fue creciendo: los frutales, los cocotales y los cacaotales, las familias, las
escuelas, las iglesias y los pueblos costeños de Cahuita, Old Harbour (Puerto Viejo), Grape Point
(Punta Uva), Manchineel (Manzanillo) y Monkey Point (Punta Mona). Por más de un siglo, los
colonizadores afrocaribeños vivieron aislados en la costa donde eligieron establecerse. (anexo 3)
1978-1983.- Surge la idea del Refugio. En 1978, un grupo de ciudadanos
norteamericanos establecen una Organización No Gubernamental (ONG), denominada
Asociación de los Nuevos Alquimistas (Asociación ANAI) (anexo 4). A partir de 1983, esta
Asociación y su sede norteamericana (ANAI Inc.) (anexo 5) se propone un gran plan en tres
líneas de acción: a) desarrollar un proyecto de titulación de la tierra en Talamanca, b) establecer
un refugio de vida silvestre en parte de ese territorio y, c) impulsar un desarrollo sostenible de las
comunidades aledañas del Refugio. El proyecto de catastro y titulación abarcó 5.000 has dentro
del propuesto Refugio y alrededor de 6.000 has en su zona aledaña.
1985.- La declaración del Refugio. Sin que las comunidades estuvieran adecuadamente
informadas y sin cumplir con los requisitos señalados por las leyes vigentes para este tipo de
acciones, se declara el Refugio, para ser administrado conjuntamente por la Asociación ANAI y
la Sub-Dirección de Vida Silvestre por medio del Decreto N.o 16614-MAG, publicado en La
Gaceta N.o 206, de 29 de octubre de 1985. (anexos 1 y 6)
El texto del articulado de la declaratoria refleja el interés primario de promotores y
autoridades de legalizar la situación de la tenencia de la tierra dentro del área del Refugio y de las
comunidades aledañas (artículos 5o y 6o); de garantizar una explotación racional y sistemática de
los recursos forestales por parte de los habitantes de esa área protegida (artículos 2o, 3o y 4o) y de
regular, en coordinación con los habitantes de la región, la utilización de los recursos marinos,
sus productos y subproductos (artículo 7o).
La finalidad de la declaratoria es la consolidación a pleno derecho de los pobladores de
la región para que a través de una explotación sostenible, racional y sistemática de los recursos
del área protegida y sus zonas aledañas, puedan alcanzar el mejor bienestar y desarrollo social,
económico, político y ecológico. Tal objetivo de creación es reafirmado, casi una década después
por la Asociación ANAI, en 1994:
“2.3 Objetivo de creación del REGAMA: “Administración y manejo tendiente al uso
racional de los recursos biológicos del área para el desarrollo socioeconómico de las
comunidades de Gandoca, Mata de Limón, Manzanillo y Puerto Viejo”.
- Conservación y uso racional del bosque tropical de la zona y demás
vegetación incluida.
- Conservación y uso sostenible de la vida silvestre y preservación de
aquellas que se encuentran en peligro de extinción.
- Desarrollo socioeconómico de las comunidades de Gandoca, Manzanillo y
Resulta evidente la certera y moderna visión de los promotores de que la tutela del
ambiente no puede estar disociada del bienestar de sus habitantes y de que, cualquier proyecto de
conservación, como en este caso, la declaración de un Refugio, estaría condenado al fracaso si
impide el desarrollo socioeconómico de las poblaciones insertas y aledañas.
Tal priorizacion de objetivos pospone la definición exacta de los recursos a proteger y
provoca ciertas inconsistencias, como la omisión de la comunidad de Mata de Limón en el punto
2.4 citado, u otros errores, como la omisión de la comunidad de San Miguel, o la discordancia
entre límites del Refugio y comunidades aledañas como se verá a continuación.
Un error de origen. Es posible que debido a la complejidad del proyecto (por una parte,
declarar un Refugio, al mismo tiempo, resolver un problema de tenencia de la tierra y,
finalmente, propiciar un desarrollo socioeconómico sostenible, dentro y fuera de él), se producen
graves errores en la concepción y redacción del decreto:
a) En primer lugar, en la definición de los límites para la declaración del área
protegida del Refugio (artículo 1o del decreto), se excluyen las áreas ocupadas por las
poblaciones de Gandoca, Mata de Limón, San Miguel y Puerto Viejo, pero se incluye
aquella ocupada por la población de Manzanillo, que conjuntamente con las anteriores,
se excluye en artículos posteriores. (anexos 1 y 8)
b) En segundo lugar, en el artículo 5o, referido al programa de titulación, se hace
clara referencia al “área dentro del Refugio” y al área de las comunidades aledañas de
Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo, es decir, que no están
incluidas en el Refugio. (anexos 1 y 2)
c) Finalmente, en el artículo 6o, excluyó expresamente del refugio la zona urbana de
Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. Este artículo evidentemente estaba demás, por cuanto al
igual que en el caso de Mata de Limón y San Miguel, todos los poblados habían sido señalados
como externos al refugio, y dejados fuera de sus límites, con la errónea e inexplicable
excepción de Manzanillo y otros poblados de su esfera, como Punta Uva y Cocles.
Resulta evidente entonces la existencia de un error de origen en la definición de los
límites (artículo 1o del decreto) en cuanto a la inclusión en estos de la comunidad de Manzanillo.
1986-1995.- La Administración del Minaet es deficiente y conflictiva con la
comunidad. Desde su creación, el Refugio causó un efecto negativo sobre la socioeconomía de
la zona, pues carecía de normas técnicas de manejo que orientaran su desarrollo. Las
administraciones del área silvestre protegida impusieron limitaciones casi prohibitivas que
afectaron profundamente las actividades que los pobladores llevaron a cabo antes de su creación.
1994.- Las entidades estatales inician una cadena de abusos e ilegalidades. El Minaet
emite el Decreto N.o 23069-Mirenem, de 5 de abril de 1994. Tanto en los considerandos como en el
articulado se trata de una reglamentación específica para ordenar la visitación a la playa Gandoca con
el objeto de observar el desove de las tortugas que ahí anidan. Sin embargo, de forma inconsulta,
unilateral y evidentemente velada, se introduce un artículo 16o que deroga el artículo 6o del decreto de
creación N.o 16614-MAG. Se cercena de esta manera, uno de los dos artículos que garantizaban la
seguridad jurídica de las poblaciones. La consecuencia inmediata de tal arbitrariedad, es más grave,
puesto que dio pie para que las entidades del Estado, encabezadas por la Sala Constitucional,
interpretaran que las zonas urbanas de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo pasaron a formar parte
del Refugio, produciéndose en el acto un aumento del área original del Refugio.
Tal arbitrariedad interpretativa se produjo, a pesar de que subsistía el artículo 5o del
decreto de creación que señalaba como “comunidades aledañas” a Gandoca, Mata de Limón, San
Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo. También, a pesar de que los límites establecidos por el
artículo 1o del decreto de creación, no se variaron para incluir los territorios de Puerto Viejo y de
Gandoca. Tal arbitrariedad interpretativa se produce a pesar de que considerar una ampliación del
Refugio por esa vía, significa afectar nuevos territorios sin cumplir con ninguno de los requisitos
No obstante, esta desafortunada actuación de las entidades del Estado confirma, sin lugar
a dudas, que las comunidades de Puerto Viejo, Manzanillo y Gandoca, nunca formaron parte del
Refugio, según su decreto de creación.
2000.- Ligereza conflictiva. El Minae emite el Decreto N.o 29019-Minae, de 31 de
octubre de 2000: Reglamento para el Manejo Participativo de los Recursos Naturales en el
Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Sector Gandoca, cuyos objetivos, claramente
explicitados en su artículo 1o son:
a) Propiciar el manejo integral sostenible de los recursos naturales de la playa y la
Laguna de Gandoca, con la participación activa de la sociedad civil y de las
organizaciones locales y;
b) reiterar lo dispuesto por el Decreto N.o 25595-Minae, en cuanto ajustar todas las
actividades que se realicen dentro del Refugio, a lo dispuesto por el Plan de Manejo, a la
zonificación preestablecida, a las directrices del Sinac y a la normativa ambiental,
nacional e internacional, vigente.
Debido, de nuevo, a la ligereza e irresponsabilidad del Minae, el artículo 8o del decreto en
cuestión, deroga el Decreto N.o 23069-Mirenem. Con ello tácitamente recobró vigencia el
artículo 6o del decreto original (N.o 16614-MAG) que excluía las áreas urbanas de Gandoca,
Manzanillo y Puerto Viejo, lo que dejaba las cosas en la situación en que lo había dispuesto el
Decreto N.o 16614-MAG. A juicio de la Sala Constitucional, según voto 2006-05975: “Se
produce en ese momento una disminución tácita del territorio de la reserva al excluirse de nuevo
las areas urbanas de Gandoca, manzanillo y Puerto Viejo”. Poco tiempo después el Minae
utilizará este irresponsable acto para montar un mecanismo, violatorio de la juricidad nacional,
dirigido a privar a las poblaciones del Caribe Sur de sus legítimos derechos a una vida digna.
Por segunda vez, los procedimientos irregulares del Minae y la interpretación de sus
consecuencias por parte de la Sala Constitucional, confirman, sin lugar a dudas, que las comunidades de
Puerto Viejo, Manzanillo y Gandoca, nunca formaron parte del Refugio, según su decreto de creación.
2005.- Mediante la aplicación de un mecanismo ilegal, unilateral el Minae elimina los
derechos de los pobladores costeros. Mediante el artículo 2o del Decreto Ejecutivo N.o 32753-
Minae, de 16 de mayo de 2005, se derogan expresamente los artículos 5o y 6o del Decreto
Ejecutivo N.o 16614-MAG, dejando nuevamente sin efecto la exclusión de la aplicación de las
regulaciones correspondientes al Refugio Nacional de Vida Silvestre para las áreas ahí
mencionadas como urbanas y aledañas, y por lo tanto sometiéndolas a regulación. Con lo cual la
Sala Constitucional entendió de nuevo (voto 2009-001056) que el Refugio se tenía por ampliado.
En resumen, se asiste de esta manera al siguiente montaje, ilegal a todas luces e
inconveniente para una democracia que se precia de ser la más sólida antigua y respetuosa de los
derechos ciudadanos fundamentales:
a) El Estado reconoce los derechos de los históricos poblados costeros del Caribe
Sur, excluyéndolos expresamente de la aplicación de las regulaciones correspondientes
al Refugio Nacional de Vida Silvestre, mediante los artículos 1o (con excepción de
Manzanillo), 5o y 6o (Gandoca, Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo)
del Decreto Ejecutivo N.o 16614-MAG, de 1o de julio de 1985. (anexos 1 y 2)
b) Posteriormente, mediante la introducción de un velado artículo 16o en un decreto
(Decreto Ejecutivo N.o 23069-Mirenem, de 21 de marzo de 1994) específico para
declarar de acceso restringido la Playa Gandoca, se deroga el artículo 6o del Decreto
Ejecutivo N.o 16614-MAG. El Estado interpreta arbitrariamente que este
desconocimiento unilateral de los derechos de los pueblos costeros, significa un aumento
del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre, no obstante que el artículo 1o y el
artículo 5o, aún vigentes, no lo indican así, y a que tal supuesto aumento, no cumple con
ninguno de los requisitos de ley para tales fines. Es evidente que la interpretación estatal
no es la correcta, la vigencia del artículo 1o indicaba que ni Gandoca ni Puerto Viejo se
encontraban dentro de los límites del Refugio y el artículo 5o vigente, señalaba a esas
dos comunidades, más la de Manzanillo, Mata de Limón y San Miguel, como
comunidades aledañas, es decir, excluidas.
c) Mediante el Decreto Ejecutivo N.o 29019-Minae, de 19 de setiembre de 2000,
correspondiente al Reglamento para el Manejo Participativo de los Recursos Naturales
en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, Sector Gandoca, se derogó en su
totalidad el Decreto Ejecutivo N.o 23069-Mirenem, con lo cual entró en vigencia
nuevamente el artículo 6o del Decreto Ejecutivo N.o 16614-MAG. El Estado interpreta
arbitrariamente que ello implicó una reducción del área del Refugio, al quedar excluidas
las comunidades de Gandoca, Manzanillo y Puerto Viejo. De nuevo, la interpretación
estatal es incorrecta, puesto que la vigencia de los artículos 1o y 5o ya discutida nunca
validaron la supuesta incorporación de tales comunidades al Refugio. Por el contrario, la
restitución del artículo 6o, no hizo más que volver a consolidar los derechos de los
pobladores costeros.
No es válida, por tanto, la afirmación que la derogatoria del Decreto Ejecutivo N.o 23069-
Mirenem significó un acto contrario “a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley Orgánica del
Ambiente No 7554, ocasionando con ello un daño a la diversidad existente en el Refugio
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo”, como reza el considerando 11o del Decreto
Ejecutivo N.o 32753, de 16 de mayo de 2005, única razón para justificar, mediante dicho decreto,
la derogatoria de los artículos 5o y 6o del Decreto Ejecutivo N.o 16614-MAG de 1985 y la
innecesaria existencia de tal decreto.
En todo caso, si existiera algún acto contrario a lo dispuesto por la ley, tal acto había sido
perpetrado, de manera unilateral, velada e inconsulta, por la misma entidad estatal y su corrección
no tenía que hacerse eliminando los derechos legítimos de los ciudadanos indefensos y ajenos a
tal proceder.
El sustento jurídico y técnico de la exclusión de las comunidades de Gandoca, Mata
de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo del área de afectación del Refugio
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Debido a que este Refugio fue conceptualizado, promovido y administrado durante sus
primeros años de existencia por una entidad privada, fundada y dirigida por ciudadanos
norteamericanos, la ya mencionada Asociación de los Nuevos Alquimistas (ANAI) de Gandoca y
USA (anexos 4 y 5), su evento de creación adolece de los elementos esenciales del acto
administrativo. Fue promulgado sin la existencia de un expediente administrativo previo y, sin el
cumplimiento de los requisitos señalados para este tipo de actos por las leyes en que se basa su
decreto de creación (La Ley Forestal N.o 4465, de 25 de noviembre de 1969, y la Ley de
Conservación de la Fauna Silvestre N.o 6919, de 17 de noviembre de 1983). (anexo 6)
No existe, entonces, documentación oficial que establezca y permita conocer el régimen
jurídico que amparó la creación del Refugio o, dicho de otra forma, la historia jurídica de la
creación del Refugio Gandoca-Manzanillo, se reduce a la letra del Decreto Ejecutivo N.o 16614,
de 1o de julio de 1985, que lo declaró. (anexo 1)
Así las cosas, la creación de lo que hoy día es el Refugio Nacional de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo manifiesta un interés preciso de sus promotores y de las autoridades de
legalizar una situación de tenencia de tierra dentro del área del Refugio (artículo 1o) y de las
comunidades aledañas (artículos 5o y 6o); de garantizar una explotación racional y sistemática de los
recursos forestales en la sección continental protegida (artículos 2o, 3o y 4o) y de regular, en
coordinación con los habitantes de la región, la utilización de los recursos marinos, sus productos y
subproductos de la sección marina protegida (artículo 7o). Todo ello, con la clara intención de
promover un desarrollo socioeconómico del área del Refugio y su zona aledaña de influencia, como
vía inteligente de lograr la preservación de la rica diversidad de la vida en el cantón de Talamanca.
Debido a las especiales características del proceso de gestación y declaración de este
Refugio, los demás recursos que inspiraron su creación, fueron solamente esbozados en los
considerandos del decreto de declaración, sin precisar ninguna de sus características, ni su
ubicación. Aun casi una década después de la declaración, la organización ANAI, promotora,
gestora y primera administradora del Refugio, se refiere a estos aspectos así:
- Playas de desove para las tortugas marinas, principalmente la tortuga baula
(Dermochelys coriacea).
En realidad el decreto de creación del Refugio no mencionó los dos últimos recursos, ni
las playas de anidación de las tortugas marinas, ni la tortuga baula, ni la semilla blanca de cacao.
Tampoco lo hizo el Decreto Ejecutivo N.o 16631-MAG, de 27 de noviembre de 1985,
Reglamento Interno del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Gandoca-Manzanillo. Fue a partir
de los años inmediatamente posteriores a la declaración, cuando se desarrollaron los estudios, los
diagnósticos y las investigaciones para determinar y confirmar la ubicación, valor, estado y
amenazas de los recursos, o bien, determinar recursos no considerados al inicio, como el caso de
la tortuga Baula y sus áreas de desove, que se constituyen años después en recursos emblemáticos
del Refugio. (anexos 9 y 10)
La mención de tales inconsistencias y omisiones, se hace sin la menor intención de
demeritar el encomiable esfuerzo y la clara visión de la organización ANAI. Se trata solamente
de establecer, ante la ausencia de un expediente oficial de creación, las verdaderas intenciones del
proceso, los errores de redacción al momento de transcribirlos en los formatos de creación, la
negligencia de las entidades responsables del Estado en no determinar los mismos, ni velar por el
sustento legal de los procedimientos establecidos y, cómo, por el contrario, el conjunto anterior se
tradujo en la violación inequívoca de los derechos de numerosos pobladores costeros del Caribe
Sur, condición que el presente proyecto de ley se propone rectificar.
Como se indicó, los esfuerzos para la determinación científica de los recursos naturales
del recién creado Refugio, tanto los marinos, como los continentales, se llevan a cabo a partir de
la declaración. Numerosas instituciones de Gobierno (Mirenem, MAG, IDA, IGN, GAR, INVU,
UCR, UNA), así como organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales (UICN,
Jessie Smith Noyes Foundation, WWF, ASDI, Cooperación Holandesa, CRS, TNC, ANAI,
CATIE, ICFID-Cidesa, Asacode, CBTC, entre otras), viertes sus resultados en propuestas de
planificación, ordenamiento territorial, zonificación, programas de capacitación y propuestas de
alternativas para el desarrollo sostenible pretendido. Todos los estudios técnicos y científicos de
este proceso, confirmaron la perfecta compatibilidad entre la ubicación y vocación de las áreas de
asentamientos humanos preexistentes y aquellas de los recursos naturales a proteger. (anexos 11 a 13)
Este singular proceso, difícilmente igualado en ninguna otra área silvestre protegida del
país, culmina con una ejemplar planificación o Plan de Manejo, de acuerdo con los términos
exigidos por la Ley, gestionado por el Minae al amparo del Convenio de Cooperación Técnica
No Reembolsable entre el Gobierno de la República y el BID (Proyecto ATN/JF-3917-CR). El
Minae abre un concurso internacional que es ganado por el Programa de Estudios Ambientales
(ProAmbi) de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Esta organización efectúa
el diagnóstico más profundo y detallado realizado hasta el momento en el país para un área
silvestre protegida, ejecutado por un numeroso equipo de reconocidos científicos de la
Universidad de Costa Rica, durante cerca de dos años. Este diagnóstico también contó con la
participación y colaboración de todos los técnicos y especialistas del Área de Conservación
Amistad Caribe/Minae. (anexos 14 a 16)
La reglamentación correspondiente se oficializa mediante el Decreto Ejecutivo N.o 34946-
Minaet, publicado en el Alcance N.o 55 a La Gaceta N.o 248, de 23 de diciembre de 2008,
después de que el Plan de Manejo es conocido y aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de
Conservación (Conac), el Consejo Regional del Área de Conservación Amistad Caribe (Corac) y
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), según lo dispone la Ley de Biodiversidad
N.o 7788, particularmente en sus artículos 25, 30 y 22, párrafo 1o. (anexo 17)
Al igual que todos los estudios y diagnósticos anteriores, los realizados por la Universidad
de Costa Rica avalaron y respetaron la condición de origen de que las comunidades de Gandoca,
Mata de Limón, San Miguel, Manzanillo y Puerto Viejo estaban consideradas como aledañas al
Refugio. Por ello, ante la persistencia del error en la definición de los límites (artículo 1o del
Decreto N.o 16614-MAG), respecto a los asentamientos humanos de Manzanillo, se dio una
planificación y uso típicamente urbanos con alto contenido ambiental (usos: residencial,
residencial urbano, residencial recreativo, hotelera turística, hotelera especial, comercial,
comercial urbana, institucional, etc.), reconociendo sus derechos y previendo la eventual,
necesaria e inminente corrección del error. Las restantes 14 zonas en que fue dividido el Refugio
son planificadas con base en el cuidadoso manejo y uso sostenible de los recursos naturales
marinos y terrestres. (Anexo 18)
La corrección de tan infausta e inconveniente situación por vía de ley, constituye una
necesidad, y un acto de justicia para los habitantes de una de las zonas que por tales razones, se
mantiene sumida en los índices más bajos de pobreza y de desarrollo social del país.
El proceder de la burocracia estatal en este caso y otros no menos graves, así como su
irresponsable inacción ante los justos reclamos que por más de un cuarto de siglo han hecho los
poblados costeros caribeños, los han obligado a acudir ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, (CIDH), durante su 140o período ordinario, en octubre de 2010 para
encontrar una respuesta efectiva de garantía a sus peticiones.
También la Asociación de Desarrollo Integral de Manzanillo en nota enviada el 13 de
junio de 2011, a la presidenta de la República en su calidad de madre de familia, claman por que
se les dé una solución a la problemática que enfrentan y que los ha dejado ante un callejón sin
salida, ya que pretenden que desalojen para que sus únicas y humildes viviendas sean destruidas,
dejándolos ante un callejón sin salida donde sus hijos sin esperanza y sin oportunidad son
empujados a la delincuencia.
Por todo lo anterior consideramos legítimos los reclamos de los habitantes del Caribe Sur
para que se les reconozcan sus derechos, razón por la cual presentamos a consideración del
Congreso este proyecto de ley.
Para el reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados
costeros del Caribe Sur se establecen los límites del Refugio de Vida Silvestre Gandoca dentro de
los siguientes linderos: según el mapa básico Sixaola 3644 I, escala 1:50000 del Instituto
Geográfico Nacional. Partiendo de un punto situado en la intersección de la coordenada 611.750E
con la línea de marea. Continúa de ese punto con rumbo sur hasta el punto 611.750E y 398.500N.
Toma rumbo suroeste hasta la intersección de las coordenadas 611.000E y 398.000N. Continúa
rumbo suroeste hasta el punto 611.500E y 397.250N. De este punto se dirige rumbo oeste franco
hasta la intersección con la curva de nivel de los 20 metros, 400 metros al oeste de la Quebrada
HoneWark y continúa por esa curva de nivel hasta el punto 608.300E y 397.600N. Sigue hacia el
noroeste hasta la intersección de las coordenadas 607.350E y 398.000N. De ese punto toma
rumbo norte franco hasta el punto 607.350E y 398.650N. Continúa hacia el oeste por una línea
paralela 50 metros a la ruta nacional N.o 256, hasta 100 metros después del puente sobre la
quebrada Ernesto en donde toma una línea paralela de 100 metros a dicha quebrada aguas arriba,
hasta su nacimiento. En su nacimiento toma la curva del nivel de los 40 metros y se va por dicha
curva hasta alcanzar la intersección entre las coordenadas 609.000E y 395.000N. De ese punto
sigue una línea de 300 metros, con este franco para buscar posteriormente otra línea que se
ubique 100 metros antes del nacimiento de la quebrada Milla. De ese punto sigue aguas abajo una
línea paralela de 100 metros a dicha quebrada hasta llegar a un punto situado en la costa a 200
metros antes de la línea de marea. Luego continúa con rumbo sureste paralelo 200 metros a la
costa hasta un punto situado a 300 metros antes de la primera boca de la laguna Gandoca (hoy
cerrada) y toma esa línea paralela 300 metros al río Gandoca aguas arriba, hasta un punto situado
entre la coordenada 617.000E y la coordenada 391.400N. De ese punto toma rumbo sur franco
hasta el río Sixaola, en donde luego toma aguas abajo por la margen izquierda hasta su
desembocadura. De ese punto de la desembocadura, se toma una línea perpendicular a la playa de
2.500 metros y continúa bordeando la costa con rumbo noreste y en forma paralela a esta a una
distancia de 2.500 metros hasta una línea imaginaria perpendicular 2.500 metros a un punto
situado 100 metros al noreste de la desembocadura del río Cocles, del cual regresa por la línea de
marea hasta el punto inicial de partida descrito en la intersección de la coordenada 611.750E con
la línea de marea.
La zona de reconocimiento de los legítimos derechos de los habitantes y de los poblados
costeros del Caribe Sur, se regirá por lo dispuesto en la Ley sobre la Zona Marítima-Terrestre N.o
6043, de 2 de marzo de 1977.
Wálter Céspedes Salazar
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de
Anexo 2. Mapa de ubicación de las comunidades aledañas al Refugio Nacional de Vida Silvestre
Anexo 3. Mapa indicativo de la colonización afrocaribeña y de la colonización bananera del
Anexo 4. Información de la Asociación ANAI de Costa Rica.
Anexo 5. Información de ANAI Inc. de EE.UU.
Anexo 6. Incumplimiento del decreto de creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre
Gandoca-Manzanillo, respecto a los requisitos exigidos por las leyes que lo sustentan.
Anexo 7. Asociación ANAI. 1994. Importancia de los Ecosistemas de Humedales de Gandoca
Manzanillo, Talamanca, Limón. Propuesta para la Declaratoria Ramsar de Diversos Sitios del Regama.
Anexo 9. Mapa de ubicación geográfica de los recursos a proteger mediante la declaración del
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Anexo 10. Ubicación de los recursos a proteger mediante la declaración del Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo, de acuerdo con el Reglamento de Zonificación del Plan de Manejo.
Anexo 11. Alberto Salas, Bill McLarney, Diego Lynch y Herman Venegas. Asociación ANAI.
1988. Áreas Críticas de Conservación dentro y alrededores del Refugio Nacional de Fauna
Silvestre Gandoca Manzanillo, Talamanca.
Anexo 12. James Lynch, Asociación ANAI and Dr. William McLarney, ANAI, Inc. 1991.
Purchase of Core Conservation Lands and Wildlands Corridors, Gandoca/Manzanillo Nacional
Wildlife Refuge, Costa Rica.
Anexo 13. Jorge Cortés Núñez, Cimar y Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica. 1991.
Ambientes y Organismos Marinos del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo,
Anexo 14. UCR-ProAmbi-Minae. 1996. Plan de Manejo para el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM). Vol.1.
Anexo 15. UCR-ProAmbi-Minae. 1996. Plan de Manejo para el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM). Vol.II. Zonificación.
Anexo 16. UCR-ProAmbi-Minae. 1996. Plan de Manejo para el Refugio Nacional de Vida
Silvestre Gandoca-Manzanillo (RNVS-GM). Vol.1II. Información Complementaria.
Anexo 17. Decreto Ejecutivo N.o 34946-Minaet, publicado en el Alcance N.o 55 a La Gaceta N.o
248, de 23 de diciembre de 2008.
Anexo 18. Resumen del Reglamento de Zonificación del Plan de Manejo. Áreas y grados de
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Segunda ley:
LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL
Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL
Del 1° de mayo de 2013 al 31 de julio de 2013
ARTÍCULO 1.- La presente ley establece el marco regulatorio para la declaratoria de
zonas urbanas litorales y el régimen de uso y aprovechamiento de las áreas
comprendidas en ellas.
Esta ley no desafecta las áreas de naturaleza demanial incorporadas a las zonas
urbanas litorales.
ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por zona urbana litoral
la circunscripción territorial que se ubique en un litoral y que corresponda al concepto
de área urbana, en los términos de la Ley N.o 4240, Ley de Planificación Urbana, de 15
de noviembre de 1968, y sus reformas, previa declaratoria de la autoridad competente.
Solamente podrán ser declaradas zonas urbanas litorales aquellas áreas urbanas
conformadas de hecho, que cuenten con una alta concentración urbana en el litoral,
antes de la entrada en vigencia de esta ley.
La zona urbana litoral podrá incluir las áreas de naturaleza demanial comprendidas en
los doscientos metros contiguos a la pleamar ordinaria y los terrenos aledaños a estas,
indistintamente de que se trate de bienes de naturaleza privada.
Las áreas afectas al Régimen de Patrimonio Natural, que estén comprendidas en las
zonas urbanas litorales, se regirán por la normativa ambiental que les sea aplicable.
ARTÍCULO 3.- Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Gobernación
y Policía, para que mediante decreto ejecutivo realice las declaratorias de zonas
urbanas litorales, de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente ley.
ARTÍCULO 4.- Se crea la Comisión Interinstitucional de Zonas Urbanas Litorales, en
adelante Cizul, como un órgano técnico adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía,
cuya función será determinar la viabilidad técnica de la declaratoria de zona urbana
El dictamen de la Cizul que determine la improcedencia técnica de la declaratoria de
zona urbana litoral será vinculante.
a) El ministro de Gobernación y Policía o su representante, quien presidirá la
Los representantes de los ministros, presidentes ejecutivos o directores deberán ser
funcionarios de la dependencia a su cargo y ejercerán su cargo ad honórem.
El Ministerio de Gobernación y Policía proporcionará los recursos económicos,
materiales y técnicos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Para tal
efecto, se designará un director ejecutivo, cuya función será ejecutar los acuerdos,
asesorar técnica y legalmente a la Cizul, fungir como enlace con instituciones públicas
y privadas, y cualquier otra función determinada en el reglamento de esta ley.
La Cizul podrá solicitar cooperación técnica de universidades públicas, colegios
profesionales y cualquier otro organismo público y privado que estime pertinente para
b) Plan regulador costero vigente de la respectiva municipalidad, que incorpore la
variable ambiental e identifique una alta concentración urbana en el litoral. El
plan regulador costero deberá incorporar los índices de fragilidad ambiental, la
evaluación del impacto ambiental y la certificación de patrimonio natural del
ARTÍCULO 6.- El trámite para la declaratoria de zona urbana litoral podrá iniciarse
exclusivamente mediante solicitud fundamentada de la municipalidad interesada,
acordada por el Concejo Municipal respectivo.
Cumplidos los requisitos definidos en el artículo anterior de la presente ley, la Cizul
dará audiencia a la Procuraduría General de la República, a efectos de que verifique el
cumplimiento de tales requisitos, en el plazo de un mes calendario.
Asimismo, la Cizul publicará en el diario oficial La Gaceta y en un diario de circulación
nacional, por tres veces consecutivas, un edicto poniendo a conocimiento del público el
trámite respectivo y los linderos de la eventual zona urbana litoral, a fin de que quienes
consideren lesionados sus intereses presenten sus objeciones durante el término de un
mes calendario, que se contará desde la fecha de publicación del primer edicto.
Si se presentaran oposiciones, la Cizul analizará los argumentos y evacuará la prueba
que se ofrezca en el escrito de oposición, en el plazo de un mes calendario. Contra la
resolución que conozca el escrito de oposición cabrá recurso de reposición, el cual
deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución
En caso de que, a partir de la oposición planteada se realicen modificaciones en los
linderos de la eventual zona urbana litoral, deberá realizarse nuevamente el
procedimiento dispuesto en los párrafos anteriores.
Vencido el plazo de oposiciones, o bien, una vez conocidas las oposiciones planteadas,
en el plazo hasta de treinta días hábiles, la Cizul elaborará el informe técnico. Dicho
informe deberá ser remitido al ministro de Gobernación y Policía, dentro del plazo
El ministro de Gobernación y Policía, en el plazo hasta de diez días hábiles computado
a partir de la recepción del informe técnico, remitirá este a la municipalidad respectiva,
la cual deberá pronunciarse mediante acuerdo del Concejo Municipal en el plazo
máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción del referido informe. Dicho
acuerdo deberá ser remitido al ministro de Gobernación y Policía, dentro del plazo
En caso de que el informe técnico determine la viabilidad de la declaratoria de zona
urbana litoral y la municipalidad acoja favorablemente el informe técnico, el Ministerio
de Gobernación y Policía gestionará el decreto ejecutivo correspondiente, en un plazo
máximo de veinte días hábiles.
El decreto ejecutivo mediante el cual se emita una declaratoria deberá incorporar, al
menos, los límites georeferenciados de la zona urbana litoral y la identificación de las
áreas de naturaleza demanial incorporadas en ellas.
No podrá emitirse una declaratoria de zona urbana litoral contraria al informe técnico
emitido por la Cizul.
RÉGIMEN PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO
TERRITORIAL DE ZONAS URBANAS LITORALES
ARTÍCULO 7.- Realizada la declaratoria de la zona urbana litoral, la municipalidad de la
respectiva jurisdicción procederá a elaborar el plan regulador urbano de la respectiva
zona urbana litoral, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N.o 4240, Ley de
Planificación Urbana, de 15 de noviembre de 1968, y sus reformas, y demás normativa
conexa, así como el decreto ejecutivo mediante el que se realice la declaratoria de zona
urbana litoral.
Los planes reguladores urbanos de las zonas urbanas litorales deberán ajustarse a la
normativa ambiental vigente. Asimismo, deberán atender las características propias de
la zona urbana litoral e incorporar el uso sostenible de los recursos naturales y la
protección y conservación de los ecosistemas marino-costeros del litoral, así como
medidas de mitigación para prevenir la afectación ambiental.
En caso de incompatibilidad, los planes reguladores urbanos, emitidos al amparo de
esta ley, prevalecerán sobre los planes reguladores costeros aprobados de previo a la
ARTÍCULO 8.- En las zonas urbanas litorales podrán otorgarse concesiones, de
conformidad con lo dispuesto en la presente ley y en el plan regulador urbano de la
respectiva localidad.
Quedan excluidos, de lo dispuesto en el párrafo anterior, los terrenos que presenten
espacios abiertos de uso común, aquellos que posibiliten el libre acceso a la costa,
aquellos afectos a un régimen de patrimonio natural del Estado, aquellos que no
correspondan al demanio público y aquellos ubicados en los cincuenta metros contiguos
a la pleamar ordinaria que no hayan sido objeto de ocupación antes de la entrada en
Los municipios cuya jurisdicción incorpore zonas urbanas litorales deberán garantizar el
libre acceso a la costa. Sin perjuicio de las labores que ejecuten otras instituciones del
Estado para dicho propósito.
ARTÍCULO 9.- Será competencia exclusiva de las municipalidades otorgar concesiones
en las áreas comprendidas en zonas urbanas litorales de su respectiva jurisdicción, de
conformidad con lo dispuesto en esta ley y el plan regulador urbano de la respectiva
El contrato de concesión que emita la respectiva municipalidad deberá indicar, al
menos, el uso y aprovechamiento autorizado, el canon a pagar y su forma de pago, y
el plazo de la concesión y las condiciones ambientales aplicables según la legislación
ARTÍCULO 10.- Las concesiones que otorguen las municipalidades al amparo de esta
ley deberán ajustarse al plan regulador urbano vigente de la respectiva localidad.
Sin perjuicio de lo anterior, para el otorgamiento de dichas concesiones tendrá prioridad
el concesionario que haya obtenido la concesión de previo a la declaratoria de zona
urbana litoral, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VI de la Ley N.o 6043, Ley sobre
la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, en los términos
de la norma transitoria segunda de esta ley y, en segundo término, el ocupante a título
precario, cualquiera que sea su condición, que haya aprovechado el terreno de forma
continua, quieta, pública y pacíficamente, antes de la entrada en vigencia de la Ley N.o
9073, Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas como Especiales, de
19 de setiembre de 2012.
ARTÍCULO 11.- Las concesiones otorgadas de conformidad con esta ley están sujetas
a la condición de que los concesionarios no varíen el destino del terreno concesionado
y las edificaciones o instalaciones que hagan en él, sin el consentimiento del Concejo
Municipal respectivo. Ninguna de estas modificaciones podrá contrariar el plan
regulador urbano.
ARTÍCULO 12.- Es prohibido ceder o comprometer, o en cualquier otra forma traspasar
o gravar, total o parcialmente, las concesiones o los derechos derivados de ellas sin la
autorización expresa del Concejo Municipal respectivo. Carecerán de toda validez los
actos o contratos que infrinjan esta disposición y generarán responsabilidades de
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
Se autoriza a la Municipalidad para que fije un canon por traspaso o gravamen de la
a) A personas físicas extranjeras que no hayan residido en el país por lo menos
Las personas jurídicas que cuenten con concesión deberán mantener, durante todo el
plazo de la concesión, los porcentajes de participación accionaria establecidos en el
inciso d) del presente artículo. En todo caso, el traspaso que se haga, en contravención
de lo dispuesto aquí, será causal de pérdida de la concesión de forma definitiva.
Las personas jurídicas que tengan concesiones en zonas urbanas litorales deberán
reportar ante la municipalidad respectiva los movimientos realizados en el libro de
accionistas, so pena de pérdida de la concesión de forma definitiva.
ARTÍCULO 14.- Las concesiones se otorgarán por un plazo no menor de cinco ni mayor
ARTÍCULO 15.- Las concesiones podrán prorrogarse, sucesivamente, al término de su
vencimiento o de la prórroga anterior, hasta por un plazo máximo equivalente al plazo
de la concesión original, siempre que lo solicite el interesado y lo acuerde la
La solicitud del concesionario deberá presentarse al menos tres meses antes de la
fecha de vencimiento del plazo. Para tramitar la solicitud, es indispensable que el
interesado se encuentre al día en el pago del canon respectivo y que esté a derecho en
el cumplimiento de las obligaciones que establece la concesión y la legislación
ambiental vigente; si no lo estuviera o se encontrara atrasado en el pago, se tendrá
como presentada su solicitud en la fecha en que haga el pago o cumpla sus
obligaciones. La solicitud de prórroga presentada extemporáneamente se tendrá como
nueva solicitud de concesión.
En caso de prórroga el canon a pagar será el vigente, conforme al reglamento
correspondiente, a la fecha en que se acuerde la prórroga por parte de la municipalidad
ARTÍCULO 16.- En caso de fallecimiento o ausencia declarada del concesionario, la
municipalidad autorizará el traspaso directo del contrato por el resto del plazo de la
concesión a quien haya sido designado por el concesionario o, en su defecto, a sus
legítimos herederos. El nuevo concesionario deberá cumplir los requisitos y las
condiciones que establece esta ley.
Si no los hubiera, la concesión se tendrá como cancelada y volverá a la municipalidad
respectiva, incluidas las construcciones y mejoras existentes.
ARTÍCULO 17.- El concesionario tiene derecho al uso y el aprovechamiento del terreno
concesionado en los términos definidos en la presente ley y en el contrato de
El Estado conservará su derecho a ejercer el rescate de la concesión en razón del
ARTÍCULO 18.- Son causales de cancelación de las concesiones otorgadas en zonas
urbanas litorales, las siguientes:
a) El incumplimiento de las obligaciones y las condiciones establecidas
en esta ley, los reglamentos que al efecto se dicten o las impuestas
en el contrato de concesión, excepto si se comprueba caso fortuito,
fuerza mayor o hecho de un tercero.
Son causales de extinción de las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, las
1) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas
adoptadas por los Poderes del Estado, incluido el rescate de la concesión.
Cuando por alguna de las causales indicadas en este artículo se extinga o cancele una
concesión, el inmueble afectado se revertirá a la municipalidad, la cual podrá darlo
nuevamente en concesión, en observancia de los requisitos y las condiciones que
La cancelación o extinción de la concesión es competencia de la municipalidad
respectiva y estará precedida de un proceso administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N.o 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo
de 1978, y sus reformas.
ARTÍCULO 19.- Cada municipalidad será responsable de fijar los cánones que los
concesionarios deban cancelar a favor de la Administración por el uso y
aprovechamiento del demanio público dado en concesión, el cual será calculado con
base en la plataforma de valores por zonas homogéneas del Ministerio de Hacienda.
Dicho canon sustituye el impuesto de bienes inmuebles.
Se exoneran de la cancelación del referido canon, las instituciones del Estado, las
instituciones autónomas y semiautónomas que sean prestatarias de servicios públicos
en la zona urbana litoral, y las personas físicas que sean adjudicatarias de una única
concesión en la zona urbana litoral respectiva, otorgada exclusivamente para uso
habitacional, cuyo valor máximo del terreno dado en concesión sea equivalente o
menor a cuarenta y cinco salarios base, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas.
ARTÍCULO 20.- La municipalidad respectiva fiscalizará y controlará el uso y el
cumplimiento de los derechos y las obligaciones de los concesionarios respecto de las
concesiones otorgadas.
Por su parte, la Procuraduría General de la República, por sí o a instancia de cualquier
institución pública o de parte interesada, ejercerá el control jurídico para el debido
cumplimiento de esta ley. En consecuencia, hará las gestiones pertinentes respecto a
cualquier acción que viole o tienda a infringir la presente ley u otras leyes conexas, o
que pretenda obtener derechos o reconocimiento de estos contra aquellas normas, o
para anular concesiones, permisos, contratos, actos, acuerdos o disposiciones
obtenidos en contravención a estas. Lo anterior, sin perjuicio de lo que corresponda a
otra institución pública, de conformidad con sus facultades legales.
ARTÍCULO 21.- Las concesiones otorgadas en zonas urbanas litorales, al amparo de
esta ley, deberán inscribirse en el Registro General de Concesiones del Registro
A tal efecto, las municipalidades deberán remitirle al Registro Nacional copia certificada
de las concesiones que otorguen, de las prórrogas que acuerden, de los traspasos y
gravámenes o de otras operaciones que autoricen, así como de los demás atestados
que aquel les solicite, sin perjuicio de que los interesados presenten directamente los
documentos correspondientes. De igual manera, se deberá consignar, ante dicho
Registro, el vencimiento, la extinción o la cancelación de concesiones, para cuyo efecto
la municipalidad hará las gestiones pertinentes.
Estos actos no perjudicarán a terceros sino desde la fecha de su recibo o presentación
El Registro Nacional, mediante decreto ejecutivo, fijará la tasa de inscripción de las
concesiones, así como otras disposiciones necesarias para el funcionamiento.
ARTÍCULO 22.- Las municipalidades no podrán autorizar ni permitir nuevas
construcciones que no estén respaldadas en una concesión debidamente aprobada,
inscrita y ajustada al plan regulador urbano vigente.
Cuando se constate la infracción de lo dispuesto en el párrafo anterior, las
municipalidades, previa información levantada al efecto, procederá al desalojo de los
infractores y a la destrucción o demolición de las construcciones, remodelaciones o
instalaciones realizadas por aquellos, sin responsabilidad alguna para la municipalidad.
El infractor deberá cancelar el costo de demolición o destrucción y el resarcimiento del
daño ambiental ocasionado, si lo hubiera; todo lo anterior sin perjuicio de las sanciones
penales que procedan.
ARTÍCULO 23.- El reglamento de esta ley establecerá la forma de tramitar la solicitud
de concesión, las modalidades de la concesión, el canon a pagar, así como cualquier
otra disposición que se estime necesaria para regular las relaciones entre las
municipalidades y los concesionarios.
ARTÍCULO 24.- Se autoriza al Estado, las municipalidades, las instituciones
autónomas y semiautónomas para que inviertan en zonas urbanas litorales, con el
propósito de favorecer la calidad de vida de sus habitantes, el crecimiento económico
de la zona, la protección del ambiente y la conservación de las costumbres y los
valores culturales, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en su
conjunto, en la presente ley y en el plan regulador urbano vigente de la respectiva
ARTÍCULO 25.- Se reforma el artículo 6 de la Ley N.o 6043, Ley sobre la Zona
Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El texto dirá:
“Artículo 6.- Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a las áreas de las
ciudades situadas en los litorales, ni a las zonas urbanas litorales, ni a las
propiedades inscritas, con sujeción a la ley, a nombre de particulares, ni a
aquellas cuya legitimidad reconozcan las leyes.”
ARTÍCULO 26.- Se reforma el artículo 4 de la Ley N.o 3535, Ley de Creación de la
Comisión Nacional de Nomenclatura, de 3 de agosto de 1965, y sus reformas. El texto
“Artículo 4.- También será obligatorio el dictamen favorable de la Comisión, en
los casos en que se trate de introducir variaciones en la nomenclatura de la
División Territorial Administrativa de la República o en los nombres geográficos
Se exceptúa de esta disposición la declaratoria de zona urbana litoral, salvo en
aquellos casos en que se procure modificar el nombre de la circunscripción
territorial que se pretende declarar zona urbana litoral.”
Las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre que tengan interés en
tramitar una declaratoria de zona urbana litoral, dispondrán de treinta y seis meses,
computados desde la entrada en vigencia de esta ley, para concretar la tramitación de
dicha declaratoria, en cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley.
Realizada la declaratoria de zona urbana litoral, dentro del plazo de veinticuatro meses
computado desde la publicación del decreto ejecutivo pertinente, la municipalidad de la
respectiva jurisdicción deberá concretar la aprobación y publicación del plan regulador
urbano de la zona urbana litoral.
Durante dichos plazos, las municipalidades podrán conservar las construcciones
existentes en la circunscripción territorial que se pretende declarar de zona urbana
litoral, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la comisión
de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.
Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario, siempre que
medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la
municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario no
generará derecho alguno.
Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador urbano vigente, sin
necesidad de realizar ninguna modificación, el interesado deberá gestionar la
concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado desde la entrada en
vigencia del plan regulador urbano.
En caso de que las construcciones existentes requieran modificaciones para ajustarse
al plan regulador urbano, las municipalidades, en un plazo de seis meses contado a
partir de la entrada en vigencia del plan regulador urbano, prevendrán a los interesados
para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a la prevención,
procedan con las modificaciones pertinentes.
Vencido dicho plazo, habiéndose constatado el cumplimiento de la prevención, el
interesado deberá gestionar la concesión pertinente en un plazo máximo de seis
Agotado dicho plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención mencionada, la
municipalidad procederá al desalojo de las personas en ocupación ilegítima y a la
demolición de las obras, de conformidad con el procedimiento dispuesto en los párrafos
segundo y tercero del artículo 22 de la presente ley.
El procedimiento dispuesto en esta norma no dispensa el pago de tasas, cánones,
multas o precios públicos a favor de las municipalidades, salvo las exoneraciones
dadas por ley.
Las concesiones legalmente otorgadas en el área que comprenda la declaratoria de
zona urbana litoral, antes de la entrada en vigencia de esta ley, al amparo de lo
dispuesto en el capítulo VI de la Ley N.o 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre,
de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, deberán respetarse hasta el vencimiento del
plazo y permanecerán inscritas en el Registro General de Concesiones de la zona
Una vez vencido el plazo de estas concesiones, el concesionario tendrá un derecho
preferente por el plazo de un año, para optar por una nueva concesión en el marco de
DADO EN SAN JOSÉ, EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN
PERMAMENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES
G:/redacción/actualizacióntextos/18592R-05-FINAL
Elabora Grenz
Fecha 23-5-2013 Tercera ley:
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES
EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE
(Del 1° de mayo al 31 julio de 2013)
Departamento Comisiones Legislativas
LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES
EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE
ARTÍCULO 1.- La presente ley tiene por objeto regularizar las construcciones
existentes en la zona restringida de la zona marítimo terrestre, definida en el
artículo 10 de la Ley N.o 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de
marzo de 1977, y sus reformas, y legalizar el aprovechamiento de estas, mediante
el otorgamiento de concesiones al amparo de dicha ley.
Esta ley no dispensa el pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor
de las municipalidades, salvo las exoneraciones dadas por ley.
ARTÍCULO2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por
construcción toda estructura que haya sido fijada o incorporada a un terreno,
previo a la aprobación de esta ley; incluye cualquier obra de edificación,
reconstrucción, alteración o ampliación que implique permanencia.
ARTÍCULO 3.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de
la zona marítimo terrestre, que cuenten con un plan regulador costero vigente,
podrán conservar las construcciones existentes, siempre que se ajusten al plan y a
la normativa ambiental aplicable.
Cuando las construcciones existentes se ajusten al plan regulador costero vigente,
sin necesidad de realizar ninguna modificación, el interesado deberá gestionar la
concesión pertinente en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la
En caso de que las construcciones existentes requieran modificaciones para
ajustarse al plan regulador costero vigente, las municipalidades, en un plazo de
seis meses contado a partir de la entrada en vigencia de esta ley, prevendrán a los
interesados para que estos, en el plazo improrrogable de seis meses posteriores a
la prevención, procedan con las modificaciones pertinentes.
Agotado dicho plazo sin constatarse el cumplimiento de la prevención
mencionada, la municipalidad procederá al desalojo y la demolición de las obras.
Lo anterior, previa información levantada al efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley N.° 6043, Ley sobre la Zona Marítimo
Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas. El costo de demolición o
destrucción se cobrará al dueño de la construcción o instalación.
ARTÍCULO 4.- Las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la
zona marítimo terrestre que no cuenten con un plan regulador costero vigente,
dispondrán de veinticuatro meses, computados desde la entrada en vigencia de
esta ley, para concretar la aprobación del plan.
Durante dicho plazo, las municipalidades podrán conservar las construcciones
existentes, en tanto la autoridad administrativa o judicial competente no acredite la
comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente.
Asimismo, dichas construcciones podrán ser utilizadas a título precario siempre
que medie el pago de un canon por uso de suelo a título precario, fijado por la
municipalidad de la respectiva jurisdicción. El pago por uso de suelo en precario
no generará derecho alguno.
A partir de la entrada en vigencia del plan regulador costero de la respectiva
jurisdicción, las construcciones que se conserven dentro de la zona restringida de
la zona marítimo terrestre deberán ajustarse a dicha planificación. Para ello,
deberá atenderse el procedimiento dispuesto en el artículo 3 de esta ley.
ARTÍCULO 5.- Las instituciones públicas competentes en la tramitación de
planes reguladores costeros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de
la Ley N.o 6043, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y
sus reformas, deberán programar prioritariamente las acciones necesarias para el
cumplimiento oportuno de esta ley.
ARTÍCULO 6.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las
municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo
terrestre no podrán autorizar ni permitir nuevas construcciones que no estén
respaldadas en una concesión debidamente aprobada, inscrita y ajustada al plan
regulador costero vigente.
ARTÍCULO 7.- Se autoriza al Estado, las municipalidades, las instituciones
autónomas y semiautónomas para que inviertan en la zona restringida de la zona
marítimo terrestre, con el propósito de favorecer el desarrollo social, el crecimiento
económico y la protección del ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico en su conjunto, particularmente en la Ley N.o 6043, Ley sobre
la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus reformas, y en el plan
regulador de la respectiva localidad.
PERMAMENTE ESPECIAL DE REDACCIÓN, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL
MES DE MAYO DE 2013.
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Elabora: Guiselle
Comisión Permanente Especial de Redacción Publicado por

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artículo 1
 artículo 1
 artículo 8

artículo 6
 artículo 2
 artículo 16
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 artículo 1

artículo 5
 artículo 1
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 artículo 6
 artículo 6
 artículo 38

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

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 resolución

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ARTÍCULO 9

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