Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2014-00054-21025-de-julio-23-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_176c57216f7c418fa5cc9b099004ff58&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 23:02:07+00:00

Document:
AUTO 2014-00054 DE 23 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:PROCEDENCIA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ROLLING WACC. SE EXPLICA QUE EL MÉTODO TRADICIONAL DE VALORACIÓN DE EMPRESAS CONSISTE EN TRAER A VALOR PRESENTE LOS FLUJOS DE CAJA LIBRE PROYECTADOS, UTILIZANDO UNA TASA DE DESCUENTO DENOMINADA WACC WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL. ADEMÁS SE INDICA QUE UNA METODOLOGÍA MÁS PRECISA Y DINÁMICA DE VALORACIÓN ES LA METODOLOGÍA DE ROLLING WACC, QUE CONSISTE EN DETERMINAR EL WACC DE CADA PERIODO DE PROYECCIÓN CON BASE EN LA EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:DIAN, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DECRETO DE PRUEBA, RECURSO DE SÚPLICA, PARAÍSO FISCAL, COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, BANCA DE INVERSIÓN
Auto 2014-00054/21025 de julio 23 de 2015
Rad.: 11001-03-26-000-2014-00054-00(21025)
Demandado: Ministerios de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Minas y Energía
Bogotá D.C., veintitrés de julio de dos mil quince.
El artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo regula los presupuestos de oportunidad y sustanciales del recurso ordinario de súplica, así:
i) Los dictados por el Ponente en única o segunda instancia y que por su “naturaleza serían apelables”.
ii) Los dictados por el Ponente en única o segunda instancia en el trámite de la apelación de un auto.
iii) El que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.
En cuanto a la oportunidad, el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé que el recurso deberá sustentarse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto. Y frente al trámite, se dará traslado a la parte contraria por dos días y será decidido por el Magistrado que le sigue en turno a quien dictó la providencia, ante la Sala o Sección, decisión contra la cual no procede recurso alguno.
Pues bien, en el presente caso se advierte que el auto objeto del recurso fue proferido en la audiencia inicial celebrada el 8 de julio del 2015 y notificado en estrados, razón por la cual, el escrito radicado por el recurrente el 13 de julio siguiente(7), ante la Secretaría de la Sección, resulta oportuno, toda vez que se presentó dentro del término legal.
En cuanto a la procedibilidad del recurso, para el caso concreto debe verificarse si el auto objeto del recurso es de “naturaleza apelable”. Esta Sección observa que para determinar este presupuesto debe remitirse al artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que prevé algunas de las decisiones apelables en el proceso contencioso administrativo(8), así:
De conformidad con lo anterior y por ser el que interesa al caso concreto, se observa que el numeral 9º del artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que es de “naturaleza apelable” el auto que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente.
Además, tal y como lo alegan los apoderados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, el escrito presentado por el demandante Enrique Alfredo Daza Gamba no puede considerarse en estricto sentido un ‘recurso de súplica’, toda vez que no controvierte lo decidido por el Ponente, sino que, en realidad, constituye una solicitud para adicionar pruebas, como expresamente lo reconoce el apoderado al señalar que el recurso tiene como finalidad que se “incluyan” las pruebas a que hace alusión en su memorial, lo cual resulta a todas luces extemporáneo en esta etapa procesal, pues las oportunidades para pedir pruebas en el proceso contencioso administrativo son las previstas en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(9), disposición que no prevé la posibilidad de adicionar pruebas en la audiencia inicial, como lo pretende el recurrente en el asunto sub examine.
En relación con las Certificaciones y/o informes de la DIAN y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y que se relacionan con la obligación del inversionista precalificado de no votar favorablemente el cambio de domicilio social de Isagén dentro de los siete años siguientes a la fecha de cierre de la venta, la Sala advierte que, como lo precisa el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, esta regla no fue establecida el 3 de marzo de 2015 en la Cuarta Adenda al Reglamento de Enajenación y Adjudicación para la recepción de aceptaciones del programa de enajenación de acciones de propiedad de la Nación en Isagén, pues dicha regla ya había sido establecida desde el 25 de noviembre de 2013, fecha en que se expidió el Reglamento de la Segunda Etapa(10). Luego, no se trata de un hecho sobreviniente, como lo pretende hacer ver el recurrente.
Si bien la demanda del ciudadano Enrique Alfredo Daza Gamba fue presentada el 16 de octubre de 2013, esto es, antes de la fecha de expedición del Reglamento de la Segunda Etapa, la Sala advierte que la regla sobre el cambio del domicilio fiscal, constituye un argumento nuevo que no hace parte ni se deriva de los aspectos frente a los cuales se fijó el litigio y, en todo caso, si el demandante quería controvertir la legalidad de dicha regla, contaba con la oportunidad procesal de reforma de la demanda(11) para añadir este “nuevo argumento”, teniendo en cuenta que su demanda fue finalmente admitida el 28 de agosto de 2014(12), fecha posterior a la publicación del Reglamento de la Segunda Etapa.
En todo caso, lo antes expuesto, no impide que el Magistrado sustanciador del proceso o la Sala ejerzan su facultad oficiosa para decretar las pruebas que consideren necesarias, con el fin de esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda, en los términos previstos en el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Finalmente, la Sala precisa, frente a la solicitud de la apoderada de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, que teniendo en cuenta lo decidido en esta providencia, solo podrán ser tenidas como pruebas las que fueron decretadas en la audiencia inicial por el Magistrado sustanciador del proceso.
7 Fl. 566.
8 Esta Corporación mediante auto de unificación jurisprudencial del 25 de junio de 2014, Exp. 49299, M.P. Dr. Enrique Gil Botero, preciso que el listado previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no es taxativo, sino que “es evidente que el legislador incluyó o introdujo algunas normas especiales que, de manera particular, establecieron la procedencia del recurso de apelación contra específicas decisiones interlocutorias”. Así, se establece que también son apelables los siguientes autos: el que resuelve sobre las excepciones (art. 180, num. 6º, CPACA), la decisión que rechaza por extemporánea la solicitud de liquidación de la condena en costas (art. 193, CPACA), el que fija la caución de las medidas cautelares (art. 232, CPACA), el auto que decrete la medida cautelar (art. 236, CPACA).
9 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “ART. 212.—Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
11 “ART. 173.—Reforma de la demanda. El demandante podrá adicionar, aclarar o modificar la demanda, por una sola vez, conforme a las siguientes reglas:
12 Fl. 487, vto.

References: artículo 246
 artículo 246
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 212
 artículo 213
 artículo 243