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Timestamp: 2017-03-23 16:29:25+00:00

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Informe conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con motivo del examen del 5º informe periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012
Informe alterno al quinto informe p...
Informe Conjunto alComité de DerechosEconómicos, Sociales y CulturalesCon motivo del examendel 5º informe periódico de España 48º periodo de sesiones mayo 2012 PRESENTADO POR: CENTRO POR LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES (CESR) OBSERVATORIO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES (OBSERTAVORI DESC) ASOCIACIÓN ASPACIA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (AEDIDH) COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERMI) CONFEDERACION ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL (FEAFES) COORDINADORA DE ONG PARA EL DESARROLLO- ESPAÑA CREACIÓN POSITIVA FEDERACIÓN DE ENTIDADES DE APOYO A LAS PERSONAS SIN HOGAR (FEPSH) FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO FUNDACIÓN TRIÁNGULO MÉDICOS DEL MUNDO MOVIMIENTO CUARTO MUNDO ESPAÑA PLATAFORMA UNITARIA DE ENCUENTRO PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA ONCE (PUEDO) PROVIVIENDA RED ACTIVAS RED DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN) RED ESPAÑOLA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS SAVE THE CHILDREN (Presentado el 15 de marzo de 2012) 2.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 2RESUMEN EJECUTIVOEste informe ofrece información complementaria al informe presentado por el Estado español en junio de2009 y destaca áreas de preocupación que revelan el incumplimiento del Estado español respecto a susobligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).Pone énfasis en temas que o no han sido abordados o bien han sido abordados de forma insuficiente en el 5ºInforme Estatal de España. Estas materias se refieren especialmente a las cuestiones planteadas en sumomento por el Grupo de Trabajo previo al periodo de sesiones del Comité en mayo de 2011.Los temas de especial preocupación para las organizaciones que remiten este informe incluyen: la notableregresividad en la protección y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales que podríansuponer las políticas adoptadas por el estado en respuesta a la crisis económica y financiera; la desigualdistribución de recursos en el país que da lugar a diferencias y a vulneraciones en el disfrute los derechoseconómicos, sociales y culturales dependiendo de la zona geográfica; y la ausencia de medidas de protecciónsocial para paliar el impacto de la crisis sobre los derechos de personas o poblaciones en situación de mayorvulnerabilidad, como las mujeres, las y los trabajadores migrantes, las personas con discapacidad, lacomunidad gitana y la infancia. Las organizaciones que suscriben este informe ven con preocupación que lasmedidas de austeridad fiscal que está adoptando el gobierno para hacer frente a la crisis no sólo se limitan a lareducción de inversión social hasta extremos que afectan el contenido esencial de los derechos reconocidos enel PIDESC, sino que, para ajustarse al reducido margen presupuestario modifican y derogan garantías legalesde los derechos sociales. Finalmente este informe pone en evidencia la deficiente rendición de cuentas porparte del Estado y la ausencia de mecanismos para la participación real y efectiva de la sociedad civil en latoma de decisiones en materia económica y social.Desde el examen de España ante el Comité en 2004, se han producido ciertos avances positivos en algunosaspectos de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC). España fue el primer país europeo enratificar el Protocolo Facultativo al PIDESC, que establece un mecanismo de denuncias con respecto aviolaciones de los derechos consagrados en el Pacto. Recientemente, el Estado también ha sido uno de losprimeros veinte países en suscribir el tercer Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niñoque también establece un procedimiento de denuncias individuales o colectivas.El 5º Informe Periódico presentado por España recoge estos y otros avances que ha habido en materia deratificación de instrumentos internacionales relativos a los DESC y su incorporación en el orden jurídicointerno. Sin embargo, a diferencia de lo que señalan las directrices del Comité para la realización de losinformes estatales, el informe no refleja la situación actual de los derechos económicos, sociales y culturalesen el país ni explica los esfuerzos que hubiera realizado para garantizar su plena efectividad a través de laspolíticas públicas pertinentes. Con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones derespetar, proteger y realizar los derechos económicos, sociales y culturales, es necesario que los Estados nosólo proporcionen información del marco legal nacional, sino también de la traducción de estas normas enpolíticas, de los recursos dedicados a éstas y del correspondiente impacto de la acción gubernamental en elpleno disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Cabe resaltar la escasa información brindadapor el estado en relación a las consecuencias para los DESC de las medidas impulsadas en los últimos cinco añosen el contexto de la crisis económica, medidas que están provocando un retroceso acelerado en la disfrute deestos derechos.Este informe pone de relieve el creciente deterioro en las condiciones de vida de gran parte de la población ylas importantes repercusiones que este tendrá en el disfrute de los derechos humanos a mediano y largo plazo.Un número creciente de hogares tiene a todos sus miembros en situación de desempleo, provocando quemuchas familias se encuentren por debajo del umbral de pobreza. La elevada tasa de pobreza infantil puedetener efectos negativos en el desarrollo infantil y provocar consecuencias permanentes e irreversibles en eldisfrute de los derechos económicos, sociales y culturales en la edad adulta. El enorme porcentaje dedesempleo juvenil, de casi el 50%, supone que una generación entera tenga que posponer su desarrolloprofesional y personal, o bien que se vea obligada a emigrar o vivir en situaciones de precariedad. Cadaapartado de este informe presenta datos y observaciones desde la perspectiva de una amplia gama deorganizaciones de la sociedad civil que apuntan a los principales problemas con las que estas se enfrentan en 3.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 3relación a los DESC en España. No pretende brindar un análisis exhaustivo de las políticas relativas a cada deuno de ellos, sino ofrecer información sobre temas susceptibles de ser inquiridos por parte del Comité en suexamen del informe del Estado español.Las organizaciones solicitan al Comité que inste al Estado Español a no adoptar medidas regresivas y que encumplimiento de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturalestome en cuenta los derechos humanos a la hora de diseñar, implementar y evaluar estrategias tendentes a larecuperación económica. La crisis económica no puede ser una justificación para relegar a un segundo planolos derechos económicos, sociales y culturales, sino que su protección debe tener carácter prioritario en laagenda estatal. El Estado español debe realizar los mayores esfuerzos para dedicar el máximo de sus recursosdisponibles a la implementación de programas y medidas tendentes a la protección, sin discriminación, de losgrupos en situación de vulnerabilidad social y económica. El Estado además, debe aportar información yrendir cuentas por los impactos sobre los derechos humanos que acarrean las medidas de austeridad, y por lasopciones de política fiscal que adopta, puesto que ninguna de ellas puede eliminar ni hacer retroceder eldisfrute de los derechos sin consecuencias.MARCO GENERALTras las elecciones municipales y autonómicas en mayo de 2011, así como las recientes elecciones generales ennoviembre de 2011, ha habido en España un cambio de administración del Partido Socialista Obrero Español(PSOE), en el poder desde 2004 bajo el mandato del ex-presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al actualgobierno del Partido Popular (PP) que ha asumido el poder en enero de 2012, bajo el liderazgo del presidenteMariano Rajoy.En España, las competencias en las áreas relativas a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC),especialmente en educación y en salud, se encuentran sumamente descentralizadas desde el Estado central alas 17 comunidades autónomas—reconocidas en la Constitución Española—que son garantes fundamentalesdel cumplimiento de estos derechos en España. Sin embargo, el Estado tiene la obligación de respetar, protegery realizar los derechos humanos en el nivel local, autonómico y nacional, sin discriminación.Los derechos económicos, sociales y culturales se encuentran consagrados en la Constitución Española, peroson considerados como meros principios rectores de la política social y económica que han de informar lalegislación positiva y la práctica judicial, y no como derechos fundamentales con el mismo rango que los civilesy políticos.1 En materia a litigio en España, se viene invocando la justiciabilidad de los DESC por conexión conotros derechos que cuentan con mayores garantías y recursos judiciales disponibles (como el principio deigualdad y la prohibición de discriminación). 2 Por lo tanto, se precisan normas que concreten, desarrollen ydoten de garantías a estos derechos para que puedan ser reclamados ante los tribunales. La efectivajusticiabilidad de estos derechos en España se enfrenta con diversos obstáculos:3 la normativa estatal yautonómica no precisa, en líneas generales, el contenido de los derechos ni especifica quién ha de responder eneste ámbito; la falta de información sobre los DESC y la ausencia de datos desagregados (o la escasez de losmismos) sobre estos derechos dificultan asimismo su realización efectiva; la introducción de criteriosexcluyentes no justificados en la normativa de desarrollo de los DESC, o la imposición arbitraria de requisitos ocondiciones para el ejercicio de estos derechos por parte de las autoridades administrativas y/o judicialestambién dan lugar a una limitación en el disfrute de estos derechos y a la posibilidad de ser reclamados ante lajusticia.4 Además, muchas personas en situación de vulnerabilidad por su pertenencia a grupos socialesdesfavorecidos o discriminados también se encuentran con dificultades añadidas para reclamar elcumplimiento de los DESC o sufren discriminación en el disfrute de estos derechos.51 Se exceptúa el derecho a la educación, que viene recogido junto con los derechos civiles y políticos en el apartado correspondiente a los derechos fundamentales y laslibertades públicas.2 Amnistía Internacional. “Derechos a la intemperie: Obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España”. 27 de abril de 2011. Disponibleen: http://www.es.amnesty.org/uploads/media/Informe_Derechos_a_la_intemperie__DESC_en_Espana_.pdf3 Ídem, p. 534 Ídem, p. 85 Ídem, p. 9 4.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 4La crisis económica ha sido el factor determinante que no sólo ha afectado de forma negativa el disfrute de losDESC en España, sino que también ha determinado las políticas impulsadas por las sucesivas administracionesa la hora de afrontarla. Durante los últimos dos años (2010- 2011), la anterior administración implementó unaserie de medidas de austeridad que no lograron estimular la economía ni tampoco paliar las consecuenciasnegativas de la crisis sobre los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como muestran diversosindicadores sociales. En agosto de 2011, el Congreso aprobó una reforma que modifica el artículo 135 de laConstitución y que entrará en vigor en 2020. Esta modificación establece que todas las administracionespúblicas deben adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaría, no pudiendo incurrir en undéficit estructural que supere los límites establecidos por la Unión Europea. 6 No obstante, la aceleradanaturaleza de estas políticas pone en cuestión no sólo hasta qué punto las medidas de austeridad han sidoadoptadas de forma participativa y transparente, sino también si las evaluaciones del impacto de estasmedidas en los derechos humanos a corto y largo plazo han sido realizadas con el debido cuidado,asegurándose antes de tomar decisiones de que la situación de los colectivos más vulnerables no empeoraríacomo consecuencia de estas medidas. En este contexto, la creciente frustración social ha desembocado en unaserie de movilizaciones sociales, especialmente en las personas jóvenes, con reivindicaciones relacionadas conlos derechos económicos, sociales y culturales.7 Recomendaciones 1. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas puedan exigir y hacer valer sus derechos económicos, sociales y culturales, sin discriminación, ante la administración y los tribunales en todo el territorio del Estado, asegurando su acceso efectivo a la justicia y la disponibilidad de los recursos legal pertinentes. 2. El Estado debe ratificar la Carta Social Europea Revisada de 1996 junto al Protocolo que permite la presentación de reclamaciones colectivas, ya que constituyen los principales instrumentos de protección de derechos sociales de ámbito europeo. 3. El Estado debe adoptar las medidas necesarias para implementar el Protocolo Facultativo del PDESC, por completo y sin demoras, con vistas a garantizar su plena efectividad en el momento de su entrada en vigor. 4. El Estado debe asegurar que las políticas y planes del Estado con consecuencias sobre los DESC se formulen con un lenguaje, contenidos e indicadores de derechos humanos, que incluyen mecanismos eficaces de participación, seguimiento y rendición de cuentas. 5. El Estado debe aprobar un II Plan de Derechos Humanos que garantice medidas concretas tanto de política exterior como de política interior, objetivos claros, indicadores medibles y plazos razonables para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por España con la firma y ratificación de diversos tratados de derechos 8 humanos, como el PIDESC. 6. El Estado debe asegurar a la sociedad civil vías de participación efectiva en la preparación de los informes estatales sobre el cumplimiento de los derechos humanos: las consultas deben ser anunciadas con suficiente antelación y los procesos participativos deben estar adecuadamente definidos y ordenados. Asimismo, el Estado debe difundir ampliamente las observaciones finales de los Comités de las Naciones6 Reforma del artículo 135 de la Constitución Española. Boletín Oficial del Estado Nº 233 de 27 de septiembre de 2011.7 Desde la víspera de las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2011, el movimiento heterogéneo denominado Movimiento 15-M ha realizado diversasmanifestaciones cuyas reivindicaciones se han centrado en la necesidad de luchar contra la corrupción gubernamental, combatir el desempleo, asegurar el derecho a unavivienda asequible así como servicios públicos de calidad, aumentar los controles a las entidades bancarias y financieras, fomentar una mayor participación y reducir elgasto militar. http://madrid.tomalaplaza.net/category/grupos-de-trabajo/g_economia/8 Dicho plan deberá redactarse siguiendo el manual aprobado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Ver: OHCHR. Handbook on NationalHuman Rights Plans of Action. Professional Training Series No. 10. United Nations: New York and Geneva. 29 de agosto de 2002. Disponible en:http://www2.ohchr.org/english/about/publications/docs/nhrap.pdf 5.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 5 Unidas en todos los niveles de la sociedad, en particular entre las administraciones públicas. ARTÍCULO Máximo uso de los recursos disponibles 2 El Estado no está realizando evaluaciones del impacto en los derechos humanos antes de adoptar medidas de austeridad y estrategias de recuperación económica. Tal como ha afirmado el Comité, los derechos económicos, sociales y culturales no son rescindibles en épocas de crisis económica. El Consejo de Derechos Humanos fue aún más específico en 2009, cuando exhortó a los Estados a “que tengan presente que las crisis económicas yfinancieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades nacionales y la comunidadinternacional en la realización de los derechos humanos”. 9 Los principios de derechos humanos deben guiarcualquier estrategia de recuperación para hacer frente a una recesión económica. Es durante los periodos deausteridad económica cuando los derechos humanos y las libertades se encuentran amenazadas, por lo que lanecesidad de protegerlos es aún mayor para garantizar una recuperación integradora y sostenible. Españadebe cumplir sus obligaciones de usar “el máximo de los recursos de que disponga” para lograrprogresivamente y sin retrocesos la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Segúnel Comité, existe una fuerte presunción de que las medidas regresivas son contrarias a las disposiciones delPacto. Si se adoptaran medidas que pudieran limitar el disfrute de los DESC, por ejemplo mediante recortesseveros al gasto público social, corresponde al Estado demostrar que se han aplicado tras el examen másexhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas en relacióncon la plena utilización de los recursos máximos disponibles, incluyendo los recursos potencialmentedisponibles a través de la generación equitativa de nuevos ingresos.En mayo de 2010 el Gobierno inició medidas de reducción del gasto público con la aprobación del RealDecreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción deldéficit público10 y en abril de 2011 se adoptó el Programa de Estabilidad 2011-2014.11 El 30 de diciembre de2011 tras las elecciones nacionales, el nuevo gobierno anunció su primer conjunto de medidas de austeridadpara hacer frente al 8% de déficit público12 siguiendo las directrices de la Unión Europea para reducirlo al4,4% a finales de 2012 y al 3% en 2013.13 Estas medidas consisten en recortes presupuestarios en numerosossectores por un total de 16.500 millones de euros para el año 2012, así como a cambios en el régimenimpositivo.14Los recortes presupuestarios se han traducido en una reducción de los recursos destinados al gastosocial. En comparación con otros países de la Unión Europea, España ha estado entre los países que destinanuna menor proporción de sus ingresos al gasto público social. En 2009, España dedicó un 25,04% del PIB agastos en protección social, en comparación con el promedio del 30,21% de los países de la UE-16.15 Aunqueel PIB per cápita de España en 2009 fue casi igual al promedio de los países de la UE-16 (24.200€ encomparación a 25.600€ para UE-16, el 94,5%),16 el gasto en protección social por habitante sólo fue el 78% del9 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “Efectos de las crisis económicas y financieras mundiales en la realización universal y el goce efectivo de losderechos humanos.” Resolución S-10/1 de la 10ª sesión especial. 20 de febrero de 2009. Disponible en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/10/index.htm10 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Boletín Oficial del Estado nº 126 de 24 demayo de 2010.11 Gobierno de España. Programa de Estabilidad 2011-2014. Disponible en: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/sp_spain_es.pdf12 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público nº 315 de 31 dediciembre de 2011.13 Misse, Andreu; Pérez, Claudi. “La UE insta a España a cumplir los objetivos del déficit.” El País. 24 de enero de 2012. Disponible en:http://www.elpais.com/articulo/economia/UE/insta/Espana/cumplir/objetivos/deficit/elpepueco/20120124elpepueco_1/Tesy Pérez, Claudi. “Bruselas reprobará hoy a España por incumplir el objetivo de déficit”. El País. 11 de marzo de 2012. Disponible en:http://economia.elpais.com/economia/2012/03/11/actualidad/1331499893_285991.html14 Gobierno de España. “Discurso de Mariano Rajoy en la sesión de investidura como presidente del Gobierno”. 19 de diciembre de 2011. Disponible en:http://www.lamoncloa.gob.es/Presidente/Intervenciones/Sesionesparlamento/2011/191211DiscursoInvestidura.htm15 Eurostat. “Expenditure on social protection - % of GDP” [Code: tps00098]. Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00098&plugin=116 Eurostat. “Gross domestic product at market prices - At current prices Purchasing Power Standard per inhabitant” [Code: tec00001]. Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00001&plugin=1 6.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 6promedio de los países de la UE-16 (6.086,66€ en comparación con 7.712,66€).17 Estos datos ponen en tela dejuicio que España esté cumpliendo con la obligación de dedicar el máximo de recursos disponibles a hacerefectivos los derechos sociales y garantizar la protección social de los grupos en riesgo de pobreza y exclusión.Como los últimos datos disponibles son de 2009, es probable que esta situación se haya agravado a causa delimpacto de la crisis, amenazando el derecho a la protección y a la seguridad social recogido en el Artículo 9 delPIDESC, junto con todo el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales cuya plena efectividaddepende de la inversión de recursos y por lo tanto se ven directamente afectados por la política fiscal.España también se sitúa en un puesto muy inferior al de otros países de la UE en gasto público destinado aprestaciones económicas, servicios o desgravaciones fiscales a las familias, obteniendo una calificación pordebajo de Rumania, con una inversión del 1,5% del PIB en comparación con el 2,2% de media en el conjunto depaíses en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2007.18 Las prestacionesa las familias se han visto severamente restringidas o incluso eliminadas a raíz de la crisis económica. Eldenominado “cheque bebé”, una subvención de 2.500€ por cada nacimiento, fue suprimida en enero de 2011.Asimismo, otras prestaciones como la ayuda de 500€ anuales para familias de escasos recursos económicoscon hijas e hijos menores de 5 años ha sido eliminada, limitándose a una prestación de 291€ al año.19Como consecuencia de la fuerte presión de los mercados financieros internacionales y nacionales, el gobiernomodificó el artículo 135 de la Constitución Española en agosto de 2011 para introducir el concepto de“estabilidad presupuestaria”. Así pues, todas las administraciones públicas están sujetas a esta cláusula por lacual ni el Estado central ni las comunidades autónomas pueden incurrir en un déficit estructural que superelos límites establecidos por la Unión Europa para los Estados miembros en su “Tratado de Estabilidad,Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria” de marzo de 2012. El déficit y la deudapública únicamente podrán superar los límites legalmente establecidos en caso de “catástrofes naturales,recesión económica o situación de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquenconsiderablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado…” 20 Sin una seriaaplicación de estas limitaciones en tiempos de crisis tal y como se enfrenta España ahora, esta nueva normaconstitucional podría efectivamente impedir la puesta en práctica de las políticas fiscales contracíclicas tannecesarias para revitalizar las economías en tiempos de crisis y proteger los derechos económicos y sociales delos sectores más vulnerables.Los recortes suponen un acceso desigual de la población a los servicios sociales públicos dependiendode la comunidad autónoma de residencia. Bajo el marco de la descentralización, las comunidadesautónomas realizan la prestación de muchos servicios básicos en materia social que tiene implicaciones a nivelpresupuestario. El Ministro de Economía y de Competitividad ha afirmado que se exigirá un esfuerzoespecialmente importante a las comunidades autónomas.21 Una gran parte del déficit público se ha producidoa nivel autonómico, y muchas comunidades autónomas se enfrentan a problemas de impago y deudas ocultas.La nueva administración busca aprobar medidas de control sobre los presupuestos autonómicos para regularsu gasto y mejorar su liquidez. 22 Cada una de las 17 comunidades autónomas posee un balance fiscal distinto yhan implementado distintas estrategias para ajustar sus gastos y reducir su déficit. Esto ha provocadodisparidades entre las comunidades autónomas en cuanto a la calidad y el acceso a bienes y servicios socialespúblicos, lo cual podría dar lugar a desigualdades entre personas en el disfrute de los DESC que dependenúnicamente en el lugar del territorio español en el que residan. 2317 Eurostat. “Expenditure on social protection per inhabitant -PPS per inhabitant” [Code: tps00100]. Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00100&plugin=118 OECD. Social Policy Division - Directorate of Employment, Labour and Social Affairs. citando gráfico PF1.1.A: “Public spending on family benefits in cash, services and taxmeasures, in per cent of GDP, 2007”. PF1.1: Public Spending on Family Benefits. OECD Family Database, 20.12.2010. Disponible en:http://www.oecd.org/dataoecd/45/46/37864391.pdf19 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Boletín Oficial del Estado nº 126, de 24 demayo de 2010.20 Artículo 135 de la Constitución Española de 1978. Disponible en: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=128&fin=136&tipo=221 Mallet, Victor. “FT interview transcript: Luis de Guindos”. The Financial Times. 5 de enero de 2012. Disponible en: http://www.ft.com/cms/s/0/714fc4e2-372d-11e1-b741-00144feabdc0.html#axzz1kNefiSwP22 “El Gobierno someterá a control previo los Presupuestos de las comunidades”. El País. 5 de enero de 2012. Disponible en:http://politica.elpais.com/politica/2012/01/04/actualidad/1325705040_769885.html23 Delgado, Cristina; Pellicer, Lluís. “El recorte de brocha gorda no es equitativo”. El País. Disponible en:http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/01/09/vidayartes/1326138385_349957.html 7.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 7Como ejemplo, en el sector de la discapacidad, según los cálculos recientes del Comité Español deRepresentantes de Personas con Discapacidad (CERMI), sólo aproximados, las administraciones territoriales(comunidades autónomas, fundamentalmente, y ayuntamientos y diputaciones, en menor medida) tienen unadeuda de 189 millones de euros con las organizaciones y entidades de la discapacidad agrupadas en torno alCERMI. Esta cifra incluye subvenciones aprobadas y no pagadas, así como facturas por entrega o prestacionesde bienes o servicios efectuados por organizaciones del tercer sector de la discapacidad, vencidas y noabonadas. De esta cantidad, la partida más cuantiosa, casi 60 millones de euros, corresponde a deudas de lasadministraciones territoriales con centros especiales de empleo.Los recortes presupuestarios que afectan a los derechos económicos, sociales y culturales deberían serel último recurso tras una cuidadosa consideración de todas las alternativas, inclusive la generación denuevos ingresos para el erario público de forma equitativa. Como ha establecido el Relator Especial de laONU sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos, 24 UNICEF25 y otros, existen varias opciones para expandirel espacio fiscal de forma equitativa y no-discriminatoria con el fin de financiar programas sociales, aun en elcontexto de crisis económica global. Las opciones incluyen la mejora de la eficiencia en la recaudación deimpuestos, asegurar una mayor progresividad en el régimen fiscal e impositivo, la reestructuración de la deudaexistente, y la adopción de un marco macroeconómico más equitativo.Existen alternativas a la austeridad en España. Para que estos cambios no causen un impactodesproporcionado sobre los sectores más vulnerables, se podría considerar un reajuste del tramo del impuestosobre la renta de las personas físicas (IRPF) para los perceptores de las rentas más altas—una de las tasasimpositivas más bajas de los países UE-1526 en uno de los países de la UE con más desigualdad de ingresosentre los más ricos y los más pobres.27La evasión fiscal por parte de personas físicas y de empresas españolas ocasiona una gran pérdida derecaudación de impuestos, y por lo tanto de recursos, lo cual repercute negativamente en la calidad de losbienes y servicios públicos. Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), la economíasumergida en 2010 supuso una pérdida de ingresos de 88.000 millones de euros.28 De hecho, Tax JusticeNetwork ha situado a España como uno de los diez países con mayor pérdida económica absoluta por evasiónfiscal.29 Otros estudios han calculado que el coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español. 30GESTHA estima que el 72% del fraude fiscal lo cometen las grandes empresas y grandes fortunas,31 y queEspaña es uno de los países con mayor porcentaje de economía sumergida (el 23,3% del PIB anual).Recientemente, el nuevo gobierno español ha aprobado un plan de prevención de fraude fiscal. 32 Sin embargo,este plan sólo pretende rescatar 8.171,7 millones de euros,33 una décima parte de estas pérdidas para 2012. Recomendaciones 7. En sus estrategias de recuperación para afrontar la crisis económica, y ante la aplicación de medidas de austeridad fiscal en particular, el Estado debe llevar a cabo evaluaciones sistemáticas del posible impacto que estas medidas puedan tener sobre los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente los de las personas o grupos en24 United Nations. Report of the Independent Expert on the question of human rights and extreme poverty, Magdalena Sepúlveda Carmona. 17th Session of the HumanRights Council. 17 de marzo de 2011. Un Doc.: A/HRC/17/3425 Isabel Ortiz, Jingqing Chai, and Matthew Cummins, “Identifying Fiscal Space: Options for Social and Economic Development for Children and Poor Households in 184Countries,” UNICEF Social and Economic Policy Working Paper. Diciembre de 2011. Disponible en: http://www.unicef.org/socialpolicy/files/Fiscal_Space_-_REVISED_Dec_2011.pdf26 Eurostat, “Table C: Top statutory tax rate on personal income”. Taxation Trends in the European Union 2011: Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2011,p. 30. Disponible en: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2011/report_2011_en.pdf27 Eurostat. “S80/S20 income quintile share ratio by gender and selected age group (Source: SILC) [ilc_di11]. Disponible en:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di11&lang=en28 GESTHA. “Reducir el Fraude Fiscal y La Economía Sumergida: Una medida vital e imprescindible para superar la crisis.” 15 de noviembre de 2011.29 Tax Justice Network. “The Cost of Tax Abuse”. noviembre de 2011, p. Disponible en:http://www.tackletaxhavens.com/Cost_of_Tax_Abuse_TJN_Research_23rd_Nov_2011.pdf30 “El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español” Europapress. 12 de enero de 2012. Disponible en: http://www.europapress.es/economia/noticia-coste-fraude-fiscal-equivale-presupuesto-sanitario-espanol-20120112125351.html31 GESTHA. “El 72% del fraude fiscal lo hacen grandes empresas” 2 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.gestha.es/?seccion=actualidad&num=22132 “Spanish Government to Crack Down on Tax Evasion”. Latin American Herald Tribune. Disponible en:http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=459344&CategoryId=1239633 “El Gobierno estudia un plan poco ambicioso contra el fraude fiscal”. El Público. 5 de enero de 2012. Disponible en: http://www.publico.es/espana/415510/el-gobierno-estudia-un-plan-poco-ambicioso-contra-el-fraude-fiscal 8.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 8 situación de mayor vulnerabilidad. 8. Las medidas que se ejecuten para limitar el déficit público no deben aplicarse de tal forma que se vulneren tales derechos. El Estado debe asegurar que el gasto público social se mantenga en niveles adecuados para asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales sin discriminación y sin regresividad. 9. Todos los niveles del Estado, incluidas las comunidades autónomas, deben cumplir con las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. El Estado central debe velar para que la existencia de desigualdades entre comunidades autónomas en la inversión social y los recortes en los servicios y bienes públicos realizados por éstas no resulten en un desigual disfrute de los derechos humanos de las personas dependiendo de su lugar de residencia. 10. El Estado debe evitar asumir deudas inmanejables que restrinjan su capacidad soberana para establecer políticas fiscales contracíciclas destinadas a impulsar la economía y proteger, respetar y realizar los derechos económicos, sociales y culturales. 11. El Estado debe considerar todas las alternativas posibles para expandir su espacio fiscal con el fin de evitar futuros recortes del gasto público en las partidas presupuestarias destinadas a garantizar los derechos humanos, incluyendo el fortalecimiento de un régimen impositivo más progresivo. En este sentido, debe hacer un mayor esfuerzo para luchar contra la evasión fiscal como una estrategia fundamental para generar recursos, combatiendo particularmente el fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas, las cuales cometen la mayor parte del fraude fiscal. ARTÍCULO La Obligación del Estado en la 2 Asistencia y Cooperación Internacional Recientes recortes en la ayuda oficial al desarrollo hacen probable que España no cumpla con su compromiso de alcanzar la meta de dedicar el 0,7% AOD/RNB para2015. Una de las tendencias más preocupantes es que España ha dado marcha atrás en sus esfuerzos paracumplir el objetivo de dedicar el 0,7% del Renta Nacional Bruta (RNB) para la ayuda oficial al desarrollo(AOD). Si bien se trata de un compromiso político contraído en foros internacionales, la meta corresponde a laobligación establecida en el PIDESC de brindar cooperación y asistencia a otros países con menores recursospara que a la vez estos puedan asumir por lo menos sus obligaciones mínimas en materia de DESC.34 El Estadose había comprometido a alcanzar dicho objetivo en 2012, tres años antes que la meta de la UE para 2015. 35España había realizado importantes progresos duplicando el porcentaje del RNB destinado a la AOD entre2004 y 2009. No obstante entre 2010 y 2011 un primer conjunto de recortes derivó en una reducción de almenos el 20% de la AOD dirigida a las infraestructuras y servicios sociales, entre los que se encuentraneducación, salud, salud sexual y reproductiva, agua y saneamiento básico. En este contexto, la ayuda dirigida alsector de salud sexual y reproductiva, que incluye áreas como la reducción de la mortalidad materna y laprevención del VIH/SIDA, se redujo de 5,7% en 2010 a 1,7% en 2011.3634 El contenido de las obligaciones extraterritoriales de los Estados en relación a los DESC se ha visto dilucidado en los recién adoptados Principios de Maastricht sobre lasObligaciones Extraterritoriales de los Estados en el área de los Derechos Economicos, Sociales y Culturales:http://www.icj.org/default.asp?nodeID=349&sessID=&langage=1&myPage=Legal_Documentation&id=2390135 United Nations Millennium Campaign Europe. “Aid Quantity”. 2009. Disponible en: http://www.endpoverty2015.org/files/Aid%20Quantity.pdf36 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Plan Anual de Cooperación Internacional: Ediciones de 2010 y 2011. Disponibles en:http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/PACI%202010.pdfhttp://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/Publicacionesydocumentacion/Documents/2011PACI.pdf 9.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 9Los nuevos recortes anunciados por el gobierno para 2012 supondrán que España retroceda a niveles de2004, cuando el porcentaje del RNB destinada al AOD ascendía al 0.24%, revirtiendo los avances efectuados.37Esto supone una caída desde el máximo logrado en 2009 de 0,46%. Además, el Ministerio de AsuntosExteriores y Cooperación (MAEC) ha sido uno de los organismos más afectados por las medidas para corregirel déficit público adoptadas por el Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 2011. El recorte en elpresupuesto del MAEC ha sido de 1.016 millones de euros - una disminución del 40% de su presupuesto conrespecto a 201138—que en su mayor parte incidirá en la partida destinada a cooperación internacional.39Según la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España, esta situación se agrava con los recortes tambiénexperimentados en la cooperación autonómica que en los últimos cuatro años acumula caídas de entorno a los40% respecto a 2009.La calidad de la ayuda al desarrollo de España y su compromiso con los derechos humanos en supolítica exterior post-2012 aún no han sido definidos. La calidad de la ayuda al desarrollo es tanimportante como su cantidad. España tiene uno de los porcentajes más altos de ayuda ligada de la UE—ayudaque obliga a los Estados que la reciben a adquirir bienes y servicios a proveedores del Estado donante—quesupone un cuarto de la ayuda total. 40 En concreto, España es uno de los países con peores resultados en elComité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE en cuanto a ayuda no ligada destinada a los países menosadelantados (PMA) y a países pobres altamente endeudados (PPAE). 41 El III Plan Director de la CooperaciónEspañola 2009-2012 incluye como principales áreas de interés para la cooperación internacional española lagobernanza democrática y la promoción de los derechos humanos; además, el Plan realiza múltiplesreferencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).42 No obstante, se desconoce si estos objetivoscontenidos en el Plan serán continuados por la nueva Administración más allá de 2012. A esta situación se unela inminente incorporación de actores privados en la cooperación al desarrollo que puede suponercontradicciones y riesgos para la frágil situación de los derechos humanos en países con los que Españacoopera.43 Sin los necesarios mecanismos de regulación de los actores privados—especialmente de lasempresas extractivas españolas por sus impactos en los derechos indígenas en varios países de América Latinacomo Perú—esta tendencia puede implicar un retroceso en la obligación del Estado de hacer respetar yproteger los derechos humanos en el marco de la cooperación española. Finalmente, los escasos avances enmateria de coherencia de políticas para el desarrollo plantean interrogantes acerca del impacto que lasdistintas políticas del gobierno relacionadas al desarrollo (tales como las políticas comerciales y migratorias)puedan tener en los países que reciben cooperación española. Recomendaciones 12. El Estado debe cumplir con su compromiso de lograr el 0,7% AOD/RNB para 2015 según las recomendaciones del CESCR en 2004 y las declaraciones del propio Estado en varios foros internacionales, como La Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2010. Siendo una cifra relativa y no absoluta, la crisis económica no debería ser causa de una regresión respecto al porcentaje del PNB dedicado a la cooperación internacional. 13. El Estado debe mantener un modelo de cooperación internacional para el desarrollo coherente y centrado en la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), resituando los derechos humanos, la equidad de género y la sostenibilidad medioambiental como ejes conductores de todas las acciones exteriores del Estado Español.37 González, Miguel. “El ajuste presupuestario de Exteriores hunde la ayuda española al desarrollo”. El País. 7 de enero de 2012. Disponible en:http://politica.elpais.com/politica/2012/01/06/actualidad/1325886612_242122.html38 Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España. “Comunicado de la Coordinadora de ONG de Desarrollo ante los recortes en el Ministerio de Asuntos Exteriores yCooperación.” 3 de enero de 2012. Disponible en: http://www.manosunidas.org/NOTICIAS/comunicado-recortes-MAEC.pdf39 Ídem40 Eurostat. “Untied official development assistance %” [Code: tsdgp340] Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdgp34041 Tran, Mark. “Spains development aid has improved, but needs more focus”. The Guardian. 9 de enero de 2012. Disponible en:http://www.guardian.co.uk/global-development/2012/jan/09/spain-aid-review-good-progress42 AECID - Gobierno de España. Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012. Disponible en:http://www.aecid.es/galerias/publicaciones/descargas/libro1_PlanDirector_LR.pdf43 Pide a AECID que no financie proyectos de empresas que no respetan los Derechos Humanos http://actuable.es/peticiones/pide-aecid-no-financie-proyectos-empresas-no 10.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 10 14. El Estado debe dotar a dicho modelo de cooperación con las capacidades y recursos humanos y económicos suficientes con el objetivo de cumplir con las obligaciones extraterritoriales derivadas del PIDESC de prestar asistencia y cooperación internacional, adoptando medidas efectivas que aseguren que las empresas privadas españolas que operan en otros países no anulen o menoscaben la realización de los DESC en otros países. ARTÍCULO La No-discriminación 2 No existe una política sistemática de recolección y seguimiento de indicadores desagregados, a pesar de su importancia fundamental para combatir la discriminación. Un seguimiento efectivo y desagregado de indicadores pertinentes es indispensable para medir el progreso en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de poblaciones desfavorecidas, y el monitoreo es uno de los pilares de la rendición de cuentas.Diversos Comités que supervisan la aplicación de los Tratados de Derechos Humanos han solicitado enreiteradas ocasiones al Estado Español que proporcione indicadores desagregados en relación a los derechoseconómicos, sociales y culturales, con el objetivo de mejorar sus esfuerzos para eliminar la discriminación;entre ellos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial con motivo de la revisión de España enmarzo de 2011,44 así como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en su cuarto informe sobreEspaña publicado en febrero de 2011.45 Tampoco existe información desagregada sobre las personas condiscapacidad (desglosada por el tipo de discapacidad), particularmente las mujeres. Un avance positivo vieneconstituido por la aprobación en noviembre de 2011 de la Estrategia Integral contra el Racismo, laDiscriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de Intolerancia, que tiene como meta la promociónde los objetivos del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014.46 La Estrategia Integral incluyeuna reforma del sistema estadístico de criminalidad que requerirá que, a partir de 2011, las Fuerzas y Cuerposde Seguridad del Estado y las policías autonómicas contabilicen y documenten los incidentes racistas. 47Las víctimas de discriminación carecen de información sobre las vías para obtener reparación y seenfrentan a numerosos obstáculos en el acceso a la justicia. Muchos miembros de grupos vulnerables ymarginados son discriminados a la hora de acceder a bienes y servicios públicos, y el funcionariado a menudocarece de formación suficiente en derechos humanos, igualdad y no-discriminación. Según el EurobarómetroEspecial 263 sobre Discriminación en la Unión Europea, menos de una cuarta parte de la población admitióconocer sus derechos en caso de que fuesen víctimas de discriminación o acoso.48 Esto indica que el Estado noestá realizando esfuerzos adecuados para aumentar el conocimiento público de las leyes contra ladiscriminación y proporcionar asesoramiento a las víctimas de discriminación.La discriminación también es un obstáculo importante a la hora de tener acceso a la justicia en el caso deviolaciones de derechos humanos, lo que ha dado lugar a que la Comisión Europea contra el Racismo y laIntolerancia haya recomendado en varias ocasiones al Estado español que se asegure de que el derecho a laigualdad ante la ley de quienes residen en su territorio, y no sólo de los ciudadanos españoles, sea consagradoformalmente en la Constitución, en vez de ser reconocido en leyes que son susceptibles de ser modificadas conposterioridad.49 Muchas víctimas de discriminación no denuncian ante las autoridades no sólo debido a la faltade conocimiento de sus derechos y de las vías para recibir reparación, sino debido a la falta de confianza en el44 CERD. Observaciones Finales 78.º período de sesiones, España. 8 de abril de 2011. Un Doc.:CERD/C/ESP/CO/18-20. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/420/13/PDF/G1142013.pdf?OpenElement45 ECRI. Report on Spain (Fourth Monitoring Cycle). 8 de febrero de 2011. CRI(2011)4. Disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/spain/ESP-CBC-IV-2011-004-ENG.pdf46 Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Dirección General de Integración de los Inmigrantes. Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014.Disponible en: http://www.oberaxe.es/files/datos/4ec3a8dac4532/PECI-2011-2014.pdf47 Ministry of Labour and Immigration. Comprehensive Strategy against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and related Intolerance, p. 61. Disponible en:http://www.oberaxe.es/files/datos/4ef19b2b618db/ESTRATEGIA%20INGLES%20LINEA.2.pdf48 Eurobarometer of the European Commission. Discrimination in Europe. Special Eurobarometer 263 / Wave 65.4 – TNS Opinion & Social. enero de 2007, p. 25. Disponibleen: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf49 ECRI, párrafo 8 11.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 11sistema o al miedo a las represalias que pudieran producirse contra ellas o contra los miembros de susfamilias.50España no ha cumplido con el compromiso de promulgar una ley específica contra la discriminación nide crear los organismos estatales adecuados para ayudar a víctimas de discriminación. En susObservaciones Finales a España en 2004, el Comité DESC instó al Estado a que “tome medidas para garantizarla protección efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas que residen en suterritorio, de conformidad con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 2 del Pacto.”51 Aunque el texto de laLey Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación fue aprobado por el Consejo de Ministros enmayo de 2011—tres años después de que fue propuesta por primera vez—su estatus sigue siendo el de“anteproyecto de ley” y no ha llegado a ser debatido por las Cortes Generales; por lo tanto, no está aún envigor.52 El Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas por elOrigen Racial o Étnico fue creado en 200753 y entre sus funciones figura el asesoramiento a las víctimas dediscriminación. Sin embargo, ha sido criticado 54 por carecer de suficiente dotación de recursos, por su falta deindependencia, por no ser conocido por el público y por tener un mandato muy limitado que no correspondecon el organismo fuerte recomendado por la Directiva UE 2000/48 sobre la igualdad de trato. 55Las personas inmigrantes han sido doblemente castigadas por la crisis. España posee uno de losporcentajes más altos de población inmigrante de la UE-27.56 La población inmigrante, la mayoría de la cualllegó a España durante los años del boom económico cuando se demandaba mano de obra extranjera barata,han sufrido especialmente la crisis, y presenta porcentajes de desempleo más altos que la media española. 57 Lacrisis no sólo ha tenido consecuencias negativas en el derecho a un nivel de vida adecuado, sino que tambiénha provocado un incremento de las actitudes hostiles e intolerantes hacia este colectivo y también hacia laspersonas extranjeras en España.58 La discriminación a veces se manifiesta en la actuación de las autoridadespúblicas. Por ejemplo, la policía en España habitualmente realiza controles raciales con motivo deidentificaciones o bajo el pretexto de controles migratorios. 59 También el funcionariado encargado degestionar los bienes y servicios públicos puede dificultar el acceso a estas prestaciones a través de trabasburocráticas. Aunque las organizaciones que trabajan por la protección de las personas contra el racismo y laintolerancia denuncian el incremento de actitudes de intolerancia, la ausencia de datos oficiales no permite undiagnóstico acotado de la dimensión del problema, y por lo tanto, obstaculiza la proposición de medidasadecuadas para combatirlo.La Ley de Extranjería supone un retroceso en los derechos de la población inmigrante y en la protecciónde las personas refugiadas, detenidas y menores no acompañados. El Estado español aprobó endiciembre de 2009 la Ley Orgánica 2/2009, que modificaba la Ley Orgánica 4/2000, conocida comúnmentecomo Ley de Extranjería. Las modificaciones introducidas han sido duramente criticadas por suponer unretroceso en los derechos de la población inmigrante en muchas áreas vinculadas a los derechos económicos,sociales y culturales. El Artículo 6.3 de la Ley de Extranjería establece que “los Ayuntamientos incorporarán alpadrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada lainformación relativa a los mismos.” Sin embargo, la Ley no ha tenido en cuenta las circunstancias especialesde muchas personas extranjeras para reunir los requisitos exigidos para el empadronamiento, siendo éste elrequisito previo para poder acceder a los servicios sociales, entre ellos el acceso a la atención sanitaria. La50 CERD, párrafo 1151 CESCR. “Observaciones finales del 32º período de sesiones: España”. 7 de junio de 2004. UN Doc.: E/C.12/1/Add.99, párrafo 24. Disponible en:http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.1.Add.99.En?Opendocument52 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. “El Gobierno aprueba el proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación” Nota de prensa.Disponible en: http://www.msc.es/gabinetePrensa/notaPrensa/desarrolloNotaPrensa.jsp?id=211253 Real Decreto 1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del Consejo para la Promoción de laIgualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico. Boletín Oficial del Estado nº 237 de 3 de octubre de 2007.54 ECRI55 La Directiva 2000/43 CE, en su artículo 13 establece la obligación de cada Estado miembro de designar “uno o más organismos responsables de la promoción de laigualdad de trato entre todas las personas por motivo de su origen racial o étnico“.56 Eurostat. “Population of foreign citizens in the EU27 in 2008: Foreign citizens made up 6% of the EU27 population”. News Release 184/2009. 16 de diciembre de 2009, p.1. Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-16122009-BP/EN/3-16122009-BP-EN.PDF57 Instituto Nacional de Estadística. “Tasas de paro por nacionalidad, sexo y comunidad autónoma”. Encuesta de Poblacion Activa.58 Cea D‟Ancona, Mª Ángeles; Valles Martínez, Miguel S. Evolución del racismo y la xenofobia en España: Informe 2010 de OBERAXE. Ministerio de Trabajo e Inmigración.Disponible en: http://www.oberaxe.es/files/datos/4e20230088dc8/INFORME%20RACISMO%202010.pdf59 Amnistía Internacional. Parad el Racismo, No a las Personas: Perfiles Raciales y Control de la Inmigración en España. London: Amnesty International Publications. 2011. 12.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 12reforma tampoco garantiza una adecuada protección de los menores no acompañados y las personasrefugiadas y endurece los requisitos para la reunificación familiar.Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) han recibido numerosas críticas por violar losderechos económicos, sociales y culturales de las personas retenidas, así como por vulnerar derechosprocesales como el acceso a la información y a la asistencia jurídica. En la actualidad no existe unanormativa que regule el funcionamiento de los CIEs, a pesar de que el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial instase a aprobar un reglamento a la mayor brevedad en sus últimas observacionesfinales sobre España en 2011.60 Esta situación conlleva la subsiguiente inseguridad jurídica en cuanto alacceso a dichos centros por parte de las ONG y a la garantía de los derechos de estas personas privadas delibertad.La nueva Ley de Extranjería aumenta el periodo de retención en los CIE de 40 a 60 días, donde se priva delibertad cautelarmente a migrantes en situación administrativa irregular a fin de garantizar la efectividad de laorden de expulsión. La falta de atención sanitaria adecuada se ha saldado con el fallecimiento en los últimosmeses de una mujer y un hombre que estaban internos en el CIE de Madrid y de Barcelona respectivamente,provocando la consiguiente alarma social.61 En este sentido, a nivel internacional, tanto el Grupo de Trabajosobre la Detención Arbitraria como el Relator Especial sobre los Trabajadores Migrantes, han recomendadoinsistentemente a los Estados la adopción de otras medidas cautelares respetuosas del derecho a la libertad delas personas. Asimismo, las instituciones nacionales (Fiscalía General del Estado, Defensor del Pueblo yMecanismo Nacional de Prevención de la Tortura), como diversas organizaciones de la sociedad civil hanreflejado en sus informes las pésimas condiciones de salubridad y hacinamiento de estos centros, así comoviolaciones de los derechos de las personas internas a un trato digno, a la tutela judicial efectiva y a la saludfísica y mental; habiéndose llegado incluso a documentar casos de malos tratos, torturas y abusos policiales.Las referidas violaciones de derechos humanos que se cometen en los CIE han llevado a numerosas ONG aexigir su cierre inmediato y a argumentar que estas políticas de internamiento preventivo de migrantesconstituyen una violación del principio de no-discriminación por razón del origen nacional, al no existir unarelación de proporcionalidad entre el fin perseguido (el control de las migraciones) y los medios empleados (ladetención administrativa). La situación de los menores extranjeros no acompañados ha sido reiteradamenteseñalada como preocupante por diferentes organizaciones, 62 órganos e instituciones de derechos humanos. Enseptiembre de 2011, la Defensora del Pueblo en funciones, publicó un informe monográfico 63 donde sedenuncian las irregularidades y potenciales vulneraciones de los derechos de supuestos menores extranjerosno acompañados a la hora de llevar a cabo las pruebas para determinar su edad.Las medidas legislativas y políticas propuestas para restringir la inmigración, como consecuencia de la crisis,contribuyen a fomentar en la opinión pública actitudes xenófobas hacia la población extranjera, incluyendo lapercepción de que los extranjeros ocupan los trabajos y beneficios sociales que deberían destinarse a lapoblación nacional. Especialmente problemática es la nueva modificación propuesta a la Ley Orgánica 2/2009.Esta ley permite a las personas inmigrantes regularizar su situación si demuestran que han residido en el paísdurante al menos tres años y si cuentan con una oferta de contratación laboral en el momento de solicitar lalegalización.6460 CERD, párrafo 1361 “La Defensora del Pueblo pide mejorar los centros de internamiento”. El País. 26 de enero de 2012. Disponible en:http://politica.elpais.com/politica/2012/01/25/actualidad/1327493916_219662.html62 Save the Children. Agenda de Infancia 2012-2015. Propuestas de Save the Children para la X legislatura. 2011. Disponible en:http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/465/Agenda_de_Infancia_2012-2015.pdf63 Defensor del Pueblo de España. ¿Menores o adultos? Procedimientos para la determinación de la edad. 2011. Disponible en:http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Menores-O-Adultos-Procedimientos_para_la_determinacion_de_la_edad-vOPT.pdf64 El portavoz del gobierno del Partido Popular sobre inmigración, declaró, en noviembre de 2011, que el gobierno se plantearía eliminar esta cláusula de “arraigo social”.Sostuvo que “No puede ser que se regule a 70.000 personas por arraigo cuando no hay empleo en el país”. Sin embargo, cuando se necesitaba mano de obra baratadurante los tiempos de bonanza económica, la actitud del Estado era favorable a la contratación de inmigrantes. Pérez de Pablos, Susana; Rodríguez-Pina, Gloria. “El PPimpedirá la regularización de inmigrantes por arraigo social”. El País. 24 de noviembre de 2011. Disponible en:http://politica.elpais.com/politica/2011/11/24/actualidad/1322125831_984714.html 13.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 13La comunidad gitana no goza en la práctica de los mismos derechos a la educación, al trabajo, a la saludy a la vivienda y las políticas de integración no son lo suficientemente transversales. Aunque no existenestadísticas oficiales, se calcula que la comunidad gitana en España cuenta entre 600.000 y 800.000personas,65 y el 38% de las mismas residiría en la comunidad autónoma de Andalucía.66 La comunidad gitanaha sido tradicionalmente el grupo étnico más discriminado, estereotipado y excluido socialmente en España.Un 52% de las personas españolas entrevistadas en un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicasafirmó que no sentía ningún tipo de simpatía o muy poca hacia la comunidad gitana.67 Según el Eurobarómetroespecial 317, de 2009, la población española considera que la discriminación basada en el origen étnico es lamás extendida en el país.68 En sus Observaciones Generales de 2004, el Comité DESC señaló que a pesar de lasdiversas iniciativas gubernamentales, las y los gitanos “siguen marginados y su situación continúa siendovulnerable en el Estado parte, especialmente en lo que respecta al empleo, la vivienda, la salud y la educación.”La comunidad gitana se enfrenta a grandes obstáculos en el acceso al mercado laboral formal (y por tanto,tiene menos acceso a las prestaciones de la seguridad social) y es especialmente proclive a tener empleostemporales y precarios. La comunidad gitana presenta porcentajes de analfabetismo y de abandono escolarmucho más altos que la media nacional y también cuenta con una menor presencia en niveles educativossuperiores.69 A pesar de los esfuerzos realizados para reducir la extrema exclusión de este colectivo, gran partede la comunidad gitana continúa residiendo en viviendas que no cumplen con los requisitos de habitabilidad.El 27% de las viviendas habitadas por la población gitana presenta características de precariedad y un 12%son chabolas o similares.70 También existen grandes diferencias en muchos indicadores relativos a la salud encomparación con la población española, entre ellos la esperanza de vida, que es 8-9 años menor que la medianacional.71 De hecho, la discriminación es tan omnipresente y habitual en la vida cotidiana de la comunidadgitana que muchos miembros de este colectivo la asumen como una parte normal de sus vidas cotidianas,según la Fundación Secretariado Gitano.72En 2010 el gobierno español aprobó el Plan de Acción para el Desarrollo de la Población Gitana 2010-2012. 73 Apesar de ser un plan ambicioso, con numerosas áreas de actuación vinculadas con los DESC, no contempló unaperspectiva de género, en concreto la doble discriminación que sufren las mujeres y niñas gitanas, comoprincipio rector de las actuaciones. Según la Fundación Secretariado Gitano, el 69% de las víctimas dediscriminación de etnia gitana son mujeres y un tercio de los casos de racismo detectados por estaorganización estuvieron relacionados con racismo y estereotipos del colectivo gitano en medios decomunicación. 74 Hay que destacar como un avance la reciente aprobación por el Consejo de Ministros el 2 demarzo 2012 de un nuevo plan orientado a la población gitana (Estrategia para la Inclusión Social de laPoblación Gitana en España 2012-2020), que incorpora objetivos concretos e indicadores de progreso a medioy largo plazo así como un enfoque transversal de género, entre otras líneas de actuación.75Las personas con discapacidad siguen sufriendo discriminación en el ejercicio de sus derechos sociales,económicos y culturales. La causa principal de los problemas a los que se enfrentan las personas condiscapacidad tiene su germen en las limitaciones que la sociedad les impone, por lo que las disposicionesnormativas para superarlas requieren la provisión de los correspondientes recursos que garanticen el ejercicio65 Arino, Rocio. “Spanish Action Plan for the Development of the Roma Community 2010-2012. Ministry of Health, Social Policy and Equality. [PPT Presentation]. June 2011.66 SOS Racismo, Comisión Española De Ayuda Al Refugiado, Secretariado Gitano Madrid. Presentación del informe sombra al del Estado Español ante el Comité para laEliminación de la Discriminación Racial. Disponible en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/SOSRacismo_Spain78.doc67 Centro De Investigaciones Sociológicas. Discriminaciones y Su Percepción: Informe Preliminar. Ministerio De Trabajo Y Asuntos Sociales. diciembre de 2007. Disponibleen: http://tukuymigra.com/images/documentos/Cat_Docs_12.pdf68 Comisión Europea. “Discrimination in the EU in 2009”. Special Eurobarometer 317. Disponible en: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf69 Gobierno De España. Ministerio De Sanidad, Política Social E Igualdad. Plan De Acción Para El Desarrollo De La Población Gitana, 2010-2012, p. 16-17. Disponible en:http://www.msps.es/politicaSocial/inclusionSocial/docs/planDefinitivoAccion.pdf70 Idem, p. 3971 Directorate-General for Public Health, Ministry of Health and Consumer Affairs and Area of Health y Fundación Secretariado Gitano. Health and the Roma Community:Analysis of Action Proposals. Madrid: Ministerio De Sanidad Y Consumo. Promoción De La Salud Y Epidemiología. 2005, p. 15.72 Fundación Secretariado Gitano. Informe Anual FSG 2011: Discriminación y Comunidad Gitana, 2011. p. 11. Disponible en:http://www.gitanos.org/upload/90/06/Discriminacion_FSG_2011.pdf73 Ministry of Health, Social Policy and Equality, Government of Spain. Action Plan for the Development of the Roma Population 2010-2012. Disponible en:http://www.romadecade.org/files/downloads/Decade%20Documents/Traducion_Ingles_PLAN%20ACCION%202009-2012_definitiva.pdf74 Informe Anual FSG 2011, p.1775 Gobierno de España. National Roma Integration Strategy in Spain 2012-2020. Disponible: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_spain_strategy_en.pdf 14.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 14equitativo de los derechos reconocidos. 76 Los sistemas arbitrales o de sanción administrativa previstos en laLey 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal delas personas con discapacidad,77 no son una garantía de protección de los derechos de este colectivo porque lafalta de aplicación y desarrollo las hace ineficaces. En muchas ocasiones, las medidas que permiten un ejerciciode derechos en igualdad de condiciones 78 no se reconocen como parte esencial del derecho de la no-discriminación, y frecuentemente se esgrimen argumentos que pretenden justificar la insuficiente inversión delos recursos que resulta en la discriminación de este colectivo. El incumplimiento del aseguramiento de lasmedidas esenciales para garantizar la igualdad es frecuente, provocando graves vulneraciones de derechoscomo la educación, la formación, el empleo o la participación social.Dentro del ámbito de la discapacidad, las personas con enfermedad mental constituyen un colectivoespecialmente vulnerable a este respecto, no teniendo acceso a los apoyos y ajustes razonables enigualdad de oportunidades. Los cambios normativos no han venido acompañados de cambios de actitud yformación del entorno, así como de políticas públicas orientadas a la provisión de los recursos necesarios yadecuados para que los derechos reconocidos sean efectivos. El estigma y la consecuente discriminación seintroducen en todos los aspectos de las vidas de estas personas, dejándolas aisladas de la sociedad, retrasandoo impidiendo el reconocimiento de la enfermedad e incidiendo, por tanto, de forma determinante en ladecisión de no acudir a recibir tratamiento para evitar los prejuicios sociales o no acceder a la justicia en casode discriminación. Un verdadero enfoque de derechos humanos es necesario para garantizar un tratoigualitario y un respeto de su dignidad y sus derechos.Existen colectivos que no han sido mencionados en el 5º Informe Estatal, como por ejemplo, elcolectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), a pesar de que siguen sufriendo discriminación enel acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo y la educación. Aunque se ha alcanzado la igualdadlegal en relación a los derechos civiles y políticos para esta población, su vulnerabilidad en materia de DESCsigue siendo alta, situación que el 5º informe periódico entregado por el Estado español al Comité DESC nomenciona en ningún momento. A modo de ejemplo, el porcentaje de hombres gays y bisexuales y mujeres transque viven con VIH es exorbitante en comparación con el resto de la población. La discriminación de las mujerestrans desde su niñez y su posterior discriminación laboral provoca que cinco de cada diez hayan ejercido laprostitución en algún momento de sus vidas.79 Recomendaciones 15. De conformidad con las reiteradas recomendaciones hechas por otros Comités monitores de tratados de derechos humanos, el Estado debe incorporar datos desagregados en sus sistemas de recopilación estadística, para identificar mejor los grupos vulnerables, monitorear posibles tendencias discriminatorias y así tomar medidas informadas para eliminar la discriminación. 16. El Estado debe aprobar la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No 80 Discriminación y establecer plazos para su entrada en vigor, asegurando de este modo la creación de un organismo independiente y mecanismos eficaces para resolver las denuncias de víctimas de trato discriminatorio en cuanto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.76 Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (aprobado por la Asamblea General el 3 de diciembre de 1982 en su resolución 37/52), NormasUniformes de Naciones Unidas para la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (1983-1992) e Instrumento de Ratificación de la Convenciónsobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 200677 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Boletín Oficial del Estado nº289 de 3 de diciembre de 2003.78 como las medidas de accesibilidad, incluidas las que garantizan la comunicación, los ajustes razonables, el apoyos a la toma de decisiones, o las medidas de promociónde la autonomía entre otras79 Domínguez Fuentes, Juan Manuel; García Leiva, Patricia; Hombrados Mendieta, María Isabel. Transexualidad en España: Análisis de la realidad social y factorespsicosociales asociados. Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, p. 23.80 El actual Proyecto de Ley traspone adecuadamente la normativa europea sobre derecho antidiscriminatorio y aúna los diversos motivos y ámbitos en los que una personapuede ser discriminada tanto en el sector público como en el privado. Ofrece un conjunto de recursos y herramientas hasta ahora inexistentes en España para garantizar elderecho a la igualdad de trato de todas las personas. Asimismo, contempla una serie de garantías procedimentales, sancionadoras e institucionales, como, por ejemplo, lacreación de una Autoridad independiente para la Igualdad de Trato. 15.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 15 17. El Estado debe tomar medidas para erradicar la discriminación que sufre la población inmigrante en cuanto al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales asumiendo una perspectiva que tenga en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos, e investigando y sancionando las prácticas discriminatorias o negligentes por parte de quienes gestionan los bienes y servicios públicos dificultando así el acceso de esta población a estas prestaciones a través de trabas burocráticas. 18. El Estado debe estandarizar los requisitos procedimentales exigidos por cada ayuntamiento y eliminar las trabas burocráticas a fin de que las personas inmigrantes puedan empadronarse en los municipios en los que residen, con independencia de su condición administrativa. 19. España debe ratificar la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 20. El Estado debe aprobar con carácter de urgencia y en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil un Reglamento sobre régimen y funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros que cumpla con los estándares internacionales y que asegure el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y demás derechos humanos de las personas internas. Este Reglamento de los CIE ha de garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica y psicosocial adecuadas para los internos, así como el acceso de las organizaciones no gubernamentales de asistencia a dichos centros, tal y como recomendó el CERD en 2009. 21. El Estado debe abstenerse de obstaculizar la regularización de las personas inmigrantes que tienen arraigo social en España y tomar iniciativas para eliminar la estigmatización que sufre este colectivo. 22. El Protocolo sobre Menores Extranjeros No Acompañados (previsto en el Reglamento de Extranjería) debe establecer directrices comunes para la determinación de la edad, evitando la realización de pruebas de edad de manera sistemática y debe incluir un procedimiento de determinación del interés superior del menor. 23. El Estado debe realizar mayores esfuerzos para cambiar las percepciones negativas de la ciudadanía hacia la población gitana, establecer mecanismos adecuados de investigación, y sancionar con mayor contundencia los discursos de odio y 81 comentarios racistas en los medios de comunicación e Internet. Con este fin, debe hacer seguimiento de la Estrategia para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 para valorar la puesta en funcionamiento y la correcta aplicación de esta Estrategia. ARTÍCULO Igual título a gozar de los derechos 3 entre hombres y mujeres El contexto de crisis amenaza con restar prioridad a los esfuerzos del Estado para combatir la discriminación por razón de género. Entre los avances más significativos de los últimos cinco años en cuanto a la igualdad en derechos entre hombres y mujeres destacala aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que apuesta por81 CERD, párrafo 16 16.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 16llevar a cabo políticas activas que, de forma integral y coordinada, remuevan los obstáculos que impidan odificulten la igualdad de género en la sociedad española. Sin embargo, a raíz de la crisis, se ha limitado ladotación destinada a combatir la discriminación por razón de género. El Ministerio de Igualdad, creado en2008, fue suprimido en 2010, subsumiéndose bajo el nuevo Ministerio de Salud, Política Social e Igualdad,pareciendo indicar que la consecución de la igualdad sustantiva y formal de la mujer podría quedar relegada aun segundo plano en la agenda política. Asimismo, debe destacarse el incumplimiento del artículo 19 de la leyOrgánica 3/2007 de Igualdad efectiva de hombres y mujeres, que establece que todas las políticas deberán iracompañadas de un informe de impacto de género. El incumplimiento de este requisito es constante, pero en elcaso de las políticas de recortes es sumamente grave, pues dichas políticas tienen y tendrán un impactodiferente en los hombres y en las mujeres.Las mujeres continúan sufriendo discriminación por razón de género, tanto en el mercado laboral,como en la vida pública y privada. Las mujeres siguen teniendo tasas de participación en el mercado laboralmás bajas que los hombres. En cuanto a la igualdad de género en el mercado laboral, España ha realizadoavances importantes en los últimos años en lo relativo a una participación más igualitaria en el empleo y en lossalarios entre hombres y mujeres. No obstante, únicamente el 53% de las mujeres participa en el mercadolaboral, en comparación con el 68% de los hombres, 82 porcentaje bastante alejado del 75% establecido comoobjetivo por la Estrategia Europa 2020. 83 Más aún, el impacto de la crisis económica ha incidido de forma másfuerte en las mujeres en muchos aspectos y ciertamente de formas distintas a las de sus homólogosmasculinos. La existencia de enormes diferencias entre comunidades autónomas en indicadores desagregadospor sexo apunta a una falta de coherencia entre éstas a la hora de implementar una estrategia global parafomentar la igualdad de género en el empleo. Las mujeres siguen teniendo muchas más probabilidades que loshombres de ser contratadas a tiempo parcial o en trabajos temporales.La participación política de las mujeres sigue siendo muy inferior a la de los hombres. Por ejemplo, elnúmero de diputadas en las elecciones generales de 2002 creció respecto a 2004 sólo de 126 a 127 y en 2011,se volvió a reducir a 126. Esto se traduce en una representación del 36%. Un avance positivo es que tras laselecciones generales de 2008 se formó el primer Gobierno paritario en la historia de España con ochoministros y ocho ministras. Sin embargo, dicha paridad finalizó en octubre 2010. A nivel local, no se exigeparidad de sexos, por lo que el porcentaje de alcaldesas se mantiene muy bajo: 13% en 2003 y 15% en 2007.84Sigue habiendo una brecha salarial notable entre hombres y mujeres, y estas constituyen un porcentajeelevado dentro del colectivo de trabajadores con salarios bajos. A pesar de que la brecha salarial enEspaña se encuentra por debajo del promedio de la UE, todavía hay mucho por hacer para reducir la diferenciade género salarial existente del 16,7%, 85 y en todas las comunidades autónomas sin excepción, el salariopromedio de las mujeres es inferior al de los hombres. Más aún, dentro del 17% de trabajadores con gananciasbajas (ganancia por hora por debajo de los 2/3 de la ganancia mediana), el 64% eran mujeres. 86 Finalmentelas mujeres, por término medio, siguen ocupando puestos de menor responsabilidad y adopción de decisionesque los hombres, tanto en la vida pública como en el mercado laboral.Las mujeres se encuentran con dificultades para conciliar la vida laboral y personal y su aportación enel sostenimiento de la economía del cuidado durante la crisis está infravalorada. Uno de los obstáculosmás importantes que las mujeres en España han de enfrentar para la realización del derecho al trabajo es laposibilidad de conciliar el trabajo remunerado con las responsabilidades familiares y del hogar, que recaen deforma desproporcionada sobre ellas. A pesar de su entrada en el mercado laboral, las mujeres todavía82 Instituto Nacional De Estadística y Ministerio De Igualdad. Mujeres Y Hombres En España 2010. Madrid: INE, 2010. nº 387, p. 40. Disponible en:http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh10.pdf83 “Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima década” que establece “tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE ysus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.” “Concretamente, la Unión ha establecido para 2020 cinco ambiciosos objetivos enmateria de empleo, innovación, educación, integración social y clima/energía. En cada una de estas áreas, cada Estado miembro se ha fijado sus propios objetivos. Laestrategia se apoya en medidas concretas tanto de la Unión como de los Estados miembros.” Ver: Comisión Europea. “Europe 2020 targets”. Disponible en:http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/targets/index_en.htm84 Coordinadora Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad (COMPI). Resumen Ejecutivo de la Evaluación Realizada por COMPI del Plan Estratégico deIgualdad de Oportunidades 2008-2011 y Propuestas para el Plan 2012-2015. Disponible en: http://www.compi.org/evaluacion_peiomh.pdf85 Eurostat. “Gender pay gap in unadjusted form %” [Code: tsiem040]. Disponible en:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsiem04086 Instituto Nacional de Estadística. “Encuesta Anual de Estructura Salarial 2009”. Nota de prensa. 22 de junio de 2011. Disponible en: http://www.ine.es/prensa/np658.pdf 17.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 17mantienen el rol de cuidadoras y siguen dedicando más del doble de horas a las tareas domésticas y al cuidadode la familia que los hombres, lo que indica que la paridad dentro del hogar no se ha conseguido todavía. 87 EnEspaña el papel de la familia ha sido crucial para proporcionar un sostén de seguridad para aquellas personasquienes, en otras circunstancias, hubiesen corrido el riesgo de pobreza y exclusión social como consecuenciade la crisis económica. Por lo tanto, las mujeres han tenido un papel clave para mitigar los efectos negativos dela crisis. Sin embargo, el impacto que la crisis ha tenido sobre sus derechos económicos y sociales no ha sidoadecuadamente abordado en las políticas adoptadas en respuesta a la crisis.Persiste un elevado número de víctimas mortales de violencia doméstica y otras formas de violenciacontra las mujeres. Las mujeres extranjeras y las mujeres con discapacidad son particularmentevulnerables. En sus Observaciones Finales de 2004, el Comité DESC expresaba su preocupación ante elcreciente número de víctimas mortales por violencia doméstica así como por el elevado número de denunciaspor malos tratos presentadas por mujeres contra sus maridos o compañeros sentimentales. En efecto, en elaño 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra laViolencia de Género que contiene amplias medidas centradas en la prevención y protección a las mujeresvíctimas de violencia de género y el endurecimiento de las penas a los maltratadores. 88 Los derechosreconocidos en esta Ley también han sido reconocidos a las mujeres extranjeras víctimas de violencia degénero, sea cual sea su situación administrativa.89 Entre 2003 y 2011 fallecieron en España 606 mujeresvíctimas de violencia de género y la cifra anual de víctimas mortales desde 2003 no presenta una tendenciadecreciente, oscilando entre las 57 (2005) y las 76 (2008), como cifra mínima y máxima respectivamente. 90 Elnúmero de víctimas mortales extranjeras se ha incrementado, de un 12% en 2003 a un 36% en 2011 del totalde fallecidas. Datos de 2006 ya señalaban que la probabilidad de una mujer extranjera de morir a manos de supareja o ex-pareja superaba en 4,5 veces a la de una española.91Los recortes de las comunidades autónomas en muchos casos han supuesto un retroceso en la luchacontra la violencia de género. En Castilla-La Mancha, en 2012 hubo un recorte del 40% en el presupuesto delos centros de acogida y servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género.92 El Foro Contra laViolencia de Género de Tenerife ha afirmado que los recortes se han traducido en reducciones de subvencionesdestinadas a proyectos de apoyo y prevención de la violencia de género, lo cual ha provocado inseguridad a lahora de denunciar.93 En la Comunidad de Madrid, reducciones en la plantilla del funcionariado público haafectado a los juzgados encargados de la violencia sobre la mujer.94Los episodios de violencia y agresiones contra mujeres extranjeras en situación de prostitución,muchas de ellas de origen subsahariano, continúan produciéndose en diversas localidades españoles.95El conocimiento de estas agresiones no ha llevado aparejada la implantación de un marco normativo favorablecon medidas para promover las denuncias de tales hechos por parte de las víctimas.Los programas y las políticas públicas de prevención de la violencia de género no tienen en cuenta lasituación particular de las mujeres con discapacidad. Las políticas y los programas para la prevención deviolencia de género tampoco tienen en cuenta los casos de mujeres con discapacidad a pesar de suvulnerabilidad, y faltan datos desglosados para mejor identificar problemas, soluciones y la eficacia demedidas para este colectivo. La situación de discapacidad de la mujer puede acentuar su vulnerabilidad y87 Instituto Nacional De Estadística. “Distribución de actividades en un día promedio” Encuesta de empleo del tiempo 2009-2010, Nivel, calidad y condiciones de vida. 15 July2010. Disponible en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t25/e447&file=inebase&L=088 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Boletín Oficial del Estado nº 313 de 29 de diciembre de 2004.89 Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de losextranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado nº 180, de 28 de julio de 2011.90 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Últimos datos de Violencia de Género. 1 de enero de 2011. Disponible en:http://www.seigualdad.gob.es/violenciaGenero/infoEstadistica/pdf/Ultimos_datos_violencia.pdf91 Amnistía Internacional España. Más riesgos y menos protección: Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género. noviembre de 2007. Disponible en:http://cisas.org.ni/gestionderiesgo/files/mas_riesgos_menos_proteccion.pdf92 “Demanda judicial por los recortes a las maltratadas”. El Público. 15 de enero de 2012. Disponible en: http://www.publico.es/espana/416922/demanda-judicial-por-los-recortes-a-las-maltratadas93 “Las asociaciones demandan mayor ayuda para la violencia de género”. El Día. 24 de noviembre de 2011. Disponible en: http://eldia.es/2011-11-24/SOCIEDAD/4-asociaciones-demandan-mayor-ayuda-violencia-genero.htm94 Sevillano, Elena. “Los recortes en funcionarios llegan a los juzgados de violencia de género.” El País. 10 de enero de 2012. Disponible en:http://elpais.com/diario/2012/01/10/madrid/1326198262_850215.html95 Médicos del Mundo 18.
Informe Conjunto al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Examen del 5º Informe Periódico de España, 48º sesión del CESCR, mayo 2012 18restarle recursos para luchar contra agresiones a su integridad física y moral, cuando los sistemas deprevención y protección carecen de accesibilidad y demás medidas de igualdad de oportunidades. A pesar de laevidente situación de vulnerabilidad no existen ni políticas públicas ni datos en España que atiendaneficazmente y reflejen la situación de estas mujeres: de una parte porque el propio concepto legal de violenciade género sólo hace referencia a las situaciones cometidas dentro de una relación de pareja entre la víctima yel agresor; de otra parte no existe una atención específica de las necesidades y especiales circunstancias de lasmujeres con discapacidad y faltan indicadores que contribuyan a conocer esta información y a identificarproblemas y soluciones.Las mujeres drogodependientes son un grupo muy desconocido en España: sufren una situación deextrema exclusión social y son doblemente estigmatizadas, tanto por el consumo de droga como porlos roles de género asignados a ellas. Según Médicos del Mundo, estas mujeres son expulsadas de casa porparte de sus familias antes que a los hombres; sufren abusos sexuales cuando acuden a comprar drogas ycuando se encuentran bajo los efectos de las mismas, son violadas en muchas ocasiones; y tienen que hacerseresponsables de sus hijas e hijos con escasas y, en ocasiones nulas, redes familiares y sociales. En muchasocasiones las mujeres drogodependientes son víctimas de violencia de género por parte de sus parejas y, sinembargo, no pueden acceder a los servicios de casas de acogida para mujeres víctimas de malos tratos. Lareglamentación sobre el funcionamiento de las mismas es de competencia autonómica, y existediscrecionalidad a la hora de fijar las condiciones de admisión. En la mayor parte de las veces, quedanexcluidas las mujeres con enfermedades mentales graves, enfermedades infecto-contagiosas o con adicción adrogas, por lo que se excluye a un grupo importante de mujeres sin fijarse una solución alternativa para lasmismas. 96Las mujeres y las niñas se encuentran particularmente expuestas al abuso y a ser víctimas de trata depersonas, especialmente con fines de explotación sexual. En 2004, el Comité DESC mostró supreocupación ante la falta de información sobre las medidas adoptadas por España contra la trata de personascon fines de explotación sexual.97 España es un país de destino de trata de personas, especialmente de mujeresextranjeras, que son obligadas a ejercer la prostitución contra su voluntad. El Estado español ha avanzado en lalucha contra la trata de seres humanos a través de diversos instrumentos normativos: España ha ratificado elConvenio Europeo contra la Trata de Personas en 2008 (Convenio de Varsovia), ha puesto en marcha el I PlanIntegral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual (2009-2011, prorrogado hasta2012),98 y ha aprobado el III Plan contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia (2010-2013).99Como consecuencia, se han producido modificaciones legislativas en el ordenamiento español, como latipificación del delito de trata de personas en el Código Penal (2010) y la modificación del artículo 59 de la Leyde Extranjería, que incorpora el derecho de las víctimas de trata en situación administrativa irregular a unperiodo de restablecimiento y reflexión que les permite evaluar su posible colaboración con la justiciaaportando información. En octubre de 2011 se aprobó el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas deTrata de Seres Humanos100, que venía siendo reclamado por diversas organizaciones de la sociedad civil.No obstante, las reformas legales hasta la fecha han salido calificadas de insuficientes por variasorganizaciones civiles, en especial las que forman la Red Española contra la Trata.101 Se ha señalado que latrata de personas se aborda fundamentalmente desde el marco de la Ley de Extranjería, y que aunque lasvíctimas de trata han sido incorporadas como personas en posible necesidad de protección internacional porla Ley de Asilo de 2009, la falta de enfoque de derechos humanos y género en el tratamiento de este tipo desolicitudes suele limitar la cobertura jurídica de estas personas bajo los supuestos de asilo. También se hapuesto de relieve la ausencia de una ley específica que aborde la trata de personas de una manera global y conun enfoque de derechos humanos, lo que viene obligado por la Directiva de la Unión Europea aprobada en96 Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente. Investigación sobre la Intervención en Drogodependencias y Malos Tratos a Mujeres en las Redesde Atención.Disponible en: http://www.unad.org/upload/26/10/LIBRO_UNAD_MALOS_TRATOS_CORREGIDO.pdf97 CESCR, párrafos 16 y 17.98 Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. III Plan de Acción contra la Explotación Sexual de la Infancia y la Adolescencia 2010- 2013. 20 de diciembre de 2010.Disponible en: http://www.observatoriodelainfancia.msps.es/productos/docs/IIIPESIDefinitivo.pdf99 Gobierno de España, Ministerio de Igualdad. Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. 2010. Disponible en:http://www.seigualdad.gob.es/igualdad/luchaTrata/pdf/Plan_integral_contra_trata_de_seres_Humanos.pdf100 Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. Disponible en:http://www.seigualdad.gob.es/prensa/noticias/pdf/MARCO_PROTECCION_VICTIMAS_TRATA_HUMANOS.pdf101 Red Española contra la Trata de Personas. “Organizaciones demandan garantizar los recursos necesarios para la identificación, protección y asistencia de las víctimas”.4 de enero de 2012. Disponible: http://www.redcontralatrata.org/spip.php?article251 Recommended
Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Com...

References: artículo 135
 artículo 135
 Resolución 
 Artículo 9
 artículo 135
 Artículo 135
 artículo 2
 Artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 13
 resolución 
 artículo 19
 artículo 59