Source: http://www.asesoriayempresas.es/legislacion/JURIDICO/206200/decreto-ley-1-2013-de-31-de-julio-de-medidas-urgentes-en-materia-de-vivienda
Timestamp: 2018-02-22 04:32:13+00:00

Document:
Decreto Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Legislación > Resultados > Decreto Ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda
DECRETO-LEY 1/2013, DE 31 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE VIVIENDA (BOCYL DE 5 DE AGOSTO)
Art. 3. Colectivos de especial protección
Capítulo II. Modificación de la ley del derecho a la vivienda en relación con el régimen de las Viviendas de Protección Pública (Arts, 4 a 10)
Art. 4. Modificaciones sobre conceptos y clases
Art. 5. Modificaciones sobre la duración del régimen legal de protección y el precio
Art. 6. Modificaciones sobre la calificación y sus efectos
Art. 7. Modificaciones sobre promoción y financiación
Art. 8. Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios
Art. 9. Otras modificaciones sobre acceso a las viviendas de protección pública
Art. 10. Modificaciones sobre prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer
Capítulo III. Medidas sobre las viviendas de titularidad pública (Arts. 11 a 18)
Art. 11. Medidas para facilitar el pago de las cuotas de compra
Art. 12. Medidas para facilitar el pago del alquiler
Art. 13. Reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social
Art. 14. Reserva para el parque público de alquiler social
Art. 15. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler
Art. 16. Pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad
Art. 17. Compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad
Art. 18. Parques públicos de alquiler social
Capítulo IV. Otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda (Arts. 19 a 29)
Sección 1.ª Medidas en relación con las viviendas de protección pública ya calificadas (Arts. 19 a 27)
Art. 19. Ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios
Art. 20. Régimen excepcional de no devolución de ayudas a la compra
Art. 21. Flexibilización de los requisitos de los adquirentes y arrendatarios
Art. 22. Adquisición y arrendamiento de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias
Art. 23. Condiciones especiales para adquirentes de viviendas con destino al alquiler
Art. 24. Adelanto de opción de compra para viviendas en arrendamiento
Art. 25. Alquiler de viviendas de protección pública por movilidad laboral
Art. 26. Reducción de la duración del régimen legal de protección
Art. 27. Descalificación
Sección 2.ª Medidas en relación con las viviendas de protección pública sin calificar (Arts. 28 y 29)
Art. 28. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler
Art. 29. Racionalización de estándares constructivos
Primera. Régimen de las viviendas ya calificadas
Segunda. Procedimientos iniciados
Tercera. Ámbito de aplicación de las viviendas de protección pública en el medio rural
Cuarta. Determinación de los precios de las viviendas de protección pública
Primera. Modificación de la Ley del derecho a la vivienda en relación con el régimen sancionador
De ahí que en las medidas que se adoptan en este decreto-ley concurran, como se detallará en adelante, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y León para dictar disposiciones legislativas provisionales, bajo la forma de decretos-leyes, según lo establecido en el artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Este decreto-ley se complementa con la aprobación de un decreto por el que se regula el programa de fomento del alquiler; en tal sentido, ya en la Ley del derecho a la vivienda se había previsto un programa de fomento del alquiler, a partir de la experiencia de la Administración de la Comunidad concretada en la gestión de la «Bolsa de Alquiler para Jóvenes» y de la «Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler» regulada por el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre.
Entrando ya en el contenido de este decreto-ley, el mismo articula, como se anuncia en el capítulo primero, un conjunto de medidas de carácter urgente en materia de vivienda, a fin de atender la situación de especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos para ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. A tal efecto se regula el régimen legal de las viviendas de protección pública, junto con medidas para la movilización de las viviendas de titularidad pública y la salida al mercado de las viviendas disponibles. Significativamente, el capítulo primero responde a la rápida evolución social, ampliando y detallando la relación de los colectivos de especial protección a efectos del acceso a una vivienda de protección pública.
En primer lugar se regulan con detalle las clases de viviendas de protección pública: la general denominada «vivienda de protección pública autonómica» y las destinadas a situaciones especiales: la «vivienda joven», la «vivienda de precio limitado para familias» y la «vivienda de protección pública en el medio rural»; de forma separada se regulan los «alojamientos protegidos», con su régimen de construcción en suelos dotacionales y su regulación más estricta, limitada al arrendamiento y con un régimen legal de protección de carácter permanente.
Como ya se ha anunciado, la ausencia de financiación pública aconseja suavizar el rigor de la regulación administrativa: de ahí que la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública de promoción privada se limite a 15 años y se suavicen las condiciones temporales para su descalificación, manteniendo las de promoción pública el plazo de 30 años y la prohibición de descalificar. En cuanto a la determinación de los precios, es preciso que se habilite un mecanismo de ámbito autonómico en previsión de ausencia del estatal.
La lucha contra esa lacra se refuerza en este decreto-ley en lo relativo a las viviendas propiedad de las administraciones públicas que se transmiten a sus futuros propietarios mediante cuotas, o que se alquilan. En ambos casos el rápido aumento de la morosidad desvela situaciones problemáticas que podrán atenderse, evitando el indeseado desahucio, gracias a la posibilidad de solicitar una moratoria en el pago de las cuotas o de la renta mensual, o simplemente de reducir esta, opciones acompañadas en todo caso de la correspondiente reestructuración de la deuda. Como es lógico, las condiciones para acceder a estas opciones han de guardar relación directa con la situación económica y laboral de los ocupantes, sin perjuicio de valorar también su pertenencia a los colectivos de especial protección, pero en todo caso de forma restringida a quienes ocupen las viviendas como residencia habitual y permanente y con título legal para ello.
En cuanto a las viviendas de promoción pública aún sin adjudicar o en proceso de construcción, este decreto-ley responde a las numerosas peticiones recibidas desde múltiples instancias sociales para proceder sin demora a una sustancial rebaja de sus precios máximos de venta o alquiler, con el fin de facilitar el acceso a las mismas de sectores más amplios de la población.
Otra medida que contribuirá a la deseada normalización social es la oferta a las personas y familias que cuenten con los recursos suficientes, tanto para pagar anticipadamente las cantidades que adeuden para la compra de viviendas de promoción pública, como para acceder a su compra si están actualmente en arrendamiento; en ambos casos en condiciones económicas que lo facilitan de forma sustancial.
El capítulo cuarto aporta un conjunto de medidas también de carácter temporal, orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública de promoción privada, que genera no solo problemas financieros a sus promotores, sino también riesgos graves de deterioro físico, y tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales. Aunque lógicamente estas medidas no pueden ser tan ambiciosas como las desplegadas para las viviendas de promoción pública, sí contribuirán a hacerlas accesibles para grupos más amplios de la población.
Medidas de carácter general son la autorización para ampliar el período de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales. También las viviendas con calificaciones específicas (vivienda joven, vivienda de precio limitado para familias) podrán ofrecerse a cualquier destinatario que cumpla las condiciones generales de acceso a las viviendas de protección pública, tanto para su adquisición como para su arrendamiento. Y quienes estén alquilando viviendas de protección pública con opción de compra a 10 años, podrán adelantar dicha opción. En cambio, el régimen excepcional conforme al cual los propietarios de viviendas de protección pública no estarán obligados a reintegrar las ayudas que hayan recibido, se reserva para los casos de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo.
Un caso particular son los estímulos para la compra de vivienda con destino al alquiler, estando los adquirentes eximidos de cumplir los requisitos para acceder a las viviendas de protección pública si se comprometen a alquilar la vivienda, durante al menos 5 años, a personas que sí cumplan los citados requisitos. Por otro lado, la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad laboral, unida a la dificultad de dar salida en el mercado de venta a las viviendas previamente adquiridas, genera una injusta limitación para alquilar viviendas de protección pública a quienes deban cambiar de residencia por motivos laborales, que este decreto-ley elimina. Por último, la posibilidad de reducir hasta 10 años la duración del régimen legal de protección y de descalificar la vivienda en ciertos supuestos, son herramientas complementarias para contribuir a la comercialización de los excedentes acumulados de viviendas de protección pública.
También en el capítulo cuarto, en una segunda sección, se contienen medidas para estimular la construcción de viviendas de protección pública allí donde sean necesarias (pues el stock no puede dar respuesta a todas las necesidades), cuya urgencia se deriva de la completa paralización del sector; de ahí la necesidad de acoger las numerosas peticiones recibidas para que los precios máximos de venta y alquiler se ajusten, aunque sea provisionalmente, a las posibilidades reales de pago de los sectores sociales que aspiran a su utilización.
Pero sería una ingenuidad pensar que es posible construir viviendas más baratas manteniendo los estándares de calidad exigidos actualmente, en cuanto a las viviendas de protección pública en sí mismas, lo que se plasma en sus normas de diseño y habitabilidad, por lo que resulta conveniente ajustar los citados estándares a la situación de crisis, pues de nada sirven normas estrictas que no puedan ser cumplidas por falta de rentabilidad.
En la parte final del decreto-ley, las disposiciones adicionales aportan definiciones necesarias y normas para la gestión de datos en los procedimientos regulados en este decreto-ley.
La disposición derogatoria suprime varios preceptos de la Ley del derecho a la vivienda: el 10 y el 13, porque constriñen de modo innecesario el desarrollo de la planificación de vivienda a nivel autonómico y municipal; el 19.4, ya que la certificación energética ha recibido regulación a nivel estatal; el 47, porque su contenido se integra en la redacción dada al artículo 45; el 60.2, porque el registro de entidades promotoras que preveía es un instrumento de control sin suficiente justificación; la disposición adicional primera, porque su mandato se plasma con mayor concreción en este decreto-ley; y los preceptos sobre las comisiones territoriales de vivienda, por tratarse de órganos sin funciones reales más allá de su participación en los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios, donde precisamente la progresiva sujeción a un marco reglado hace inadecuada la intervención de un órgano colegiado con potestades discrecionales.
También se derogan los decretos que regulaban las modalidades de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias, así como la reserva de viviendas vacías para alquiler, entre otras normas que resultan obsoletas por efecto de este decreto-ley.
Las disposiciones finales se refieren: a la modificación de la Ley del derecho a la vivienda para establecer una adecuada distribución de competencias entre las administraciones local y regional en lo relativo a ejercicio de la potestad sancionadora; a la interpretación de las referencias normativas a la «calificación provisional» y la «calificación definitiva» de las viviendas de protección pública; a las facultades de desarrollo normativo; y a la entrada en vigor del decreto-ley.
En razón de todo lo expuesto, cabe predicar de las circunstancias que amenazan el normal ejercicio del derecho constitucional a la vivienda y de las medidas contenidas en este decreto-ley para afrontarlas, que en las mismas concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que habilitan a la Junta de Castilla y León para aprobarlas como decreto-ley, en el marco del artículo 25.4 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de julio de 2013, dispone:
Artículo 1. Objeto.—Este decreto-ley tiene por objeto establecer medidas de carácter urgente en materia de vivienda, con especial atención a las viviendas de protección pública, con el fin de responder a la situación de extraordinaria dificultad sobrevenida que atraviesan las personas y familias residentes en Castilla y León para ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; a tal efecto regula:
b) Medidas para movilizar las viviendas de titularidad de las administraciones públicas, a fin de que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de este decreto-ley.
Artículo 2. Ámbito.—Este decreto-ley será de aplicación a las siguientes viviendas:
c) Las disposiciones contenidas en la sección 1.ª del capítulo IV, a las viviendas de protección pública, terminadas o en construcción, que ya estuvieran calificadas provisional o definitivamente en el momento de su entrada en vigor.
d) Las disposiciones contenidas en la sección 2.ª del capítulo IV, a las viviendas de protección pública que se califiquen a partir de su entrada en vigor.
Artículo 3. Colectivos de especial protección.—Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 4. Modificaciones sobre conceptos y clases.—1. Se modifica el artículo 43 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 43. Conceptos.—1. Tendrán la consideración de viviendas de protección pública las viviendas que sean así calificadas por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y cumplan los requisitos que se establecen en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo; con independencia de que se trate de viviendas de nueva construcción, en proceso de construcción o rehabilitación, o ya terminadas o rehabilitadas, o de que tuvieran previamente condición de viviendas libres, o de que obtengan o no financiación pública.
«Artículo 45. Clases de viviendas de protección pública.—1. Las viviendas de protección pública, con independencia de quien las promueva, se calificarán en alguna de las siguientes clases:
«Artículo 48. Alojamientos protegidos.—Los alojamientos protegidos se regirán por las reglas establecidas en los capítulos I y II de este título para las viviendas de protección pública y en la legislación urbanística, con las especialidades señaladas en el artículo 43 y además las siguientes:
Artículo 5. Modificaciones sobre la duración del régimen legal de protección y el precio.—1. Se modifica el artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 50. Duración del régimen legal de protección.—1. La duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública, contada en todo caso desde la fecha de otorgamiento de la licencia de primera ocupación, será:
«Artículo 51. Precio.—1. Mientras dure el régimen legal de protección, el precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, tanto en primera como en segunda y posteriores transmisiones, así como el precio de referencia para el alquiler de la vivienda, en ambos casos por metro cuadrado de superficie útil, se determinarán aplicando los coeficientes establecidos por orden de la consejería competente en materia de vivienda al módulo básico estatal vigente, o cualquier otra denominación que le sustituya, o en su defecto al precio básico autonómico que se establezca, en su caso, mediante la citada orden.
Artículo 6. Modificaciones sobre la calificación y sus efectos.—1. Se modifica el artículo 53 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 53. Procedimiento de calificación.—1. La calificación es el acto administrativo en virtud del cual las viviendas quedan sometidas al régimen legal de protección pública previsto en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo, y se expide a los únicos efectos de comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de viviendas de protección pública.
8. La renuncia a la calificación otorgada impedirá que posteriormente se pueda solicitar de nuevo para las mismas viviendas. No se admitirá la renuncia cuando el suelo sobre el que se sustente la promoción haya sido cedido o enajenado por una administración pública, salvo en caso de conformidad expresa de dicha administración.»
«Artículo 54. Garantías de los adquirentes de viviendas de protección pública.—Cuando por causa imputable al promotor la calificación sea denegada u opere la condición resolutoria por no haber sido otorgada la licencia de primera ocupación, los adquirentes de las viviendas podrán:
Artículo 7. Modificaciones sobre promoción y financiación.—1. Se modifica el apartado 2 del artículo 58 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
Artículo 8. Modificaciones sobre requisitos de los destinatarios.—Se modifica el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 63. Destinatarios de las viviendas de protección pública.—1. Los destinatarios o usuarios que adquieran o arrienden una vivienda de protección pública serán personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia que cumplan los siguientes requisitos:
Artículo 9. Otras modificaciones sobre acceso a las viviendas de protección pública.—1. Se modifica el artículo 67 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 67. El visado de las transmisiones y arrendamientos.—1. Mientras dure el régimen legal de protección, las transmisiones de viviendas de protección pública y los contratos de arrendamientos de las mismas, así como de sus anejos, vinculados o no, deberán presentarse para su visado ante la consejería competente en materia de vivienda, en el plazo máximo de 15 días desde su formalización. Los obligados a presentar la solicitud de visado son, en caso de compraventa, el adquirente, y en caso de arrendamiento, el arrendador.
«Artículo 69. Cambios de uso.—1. Quienes adquieran una vivienda de protección pública destinada a venta podrán solicitar su cambio de uso para destinarla a arrendamiento, cuando no puedan ocupar la vivienda por alguna de las siguientes causas:
Artículo 10. Modificaciones sobre prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer.—1. Se modifica el artículo 71 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 71. Prohibiciones y limitaciones en general.—1. Los adquirentes de viviendas de protección pública y los promotores individuales para uso propio, no podrán transmitir inter vivos las viviendas ni ceder su uso por ningún título durante un plazo de 5 años, contados, en caso de adquisición, desde la fecha de formalización de la escritura de compraventa, y en caso de promotores para uso propio, desde la fecha de notificación de la licencia de primera ocupación.
«Artículo 72. Prohibiciones y limitaciones en las viviendas de promoción pública.—1. Para las viviendas de protección pública de promoción pública el plazo citado en el artículo anterior será de 10 años.
b) Que el adquirente autorizado se subrogue, en su caso, en las cantidades que estén pendientes de pago a la administración.»
Artículo 11. Medidas para facilitar el pago de las cuotas de compra.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, y que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley tengan aún cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la administración enajenante la adopción de las siguientes medidas:
b) Reestructuración de la deuda pendiente de pago, consistente en la ampliación del período de amortización en un máximo de cinco años.
5. La resolución favorable de la solicitud tendrá preferencia sobre otras cuando en la vivienda habiten personas incluidas en los colectivos de especial protección señalados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley.
Artículo 12. Medidas para facilitar el pago del alquiler.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con una administración pública o con una entidad del sector público para el arrendamiento de una vivienda de protección pública de promoción pública, que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley se encuentre vigente, podrán solicitar a la administración o entidad propietaria la adopción de las siguientes medidas:
? 1 veces el IPREM e < 2 veces el IPREM 40%
? 2 veces el IPREM 30%
6. La resolución favorable de la solicitud tendrá preferencia sobre otras cuando en la vivienda habiten personas incluidas en los colectivos de especial protección señalados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley.
Artículo 13. Reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la Administración de la Comunidad y las administraciones locales de Castilla y León que sean titulares de viviendas de protección pública deberán reservar viviendas para la atención a colectivos en riesgo de exclusión social, tales como personas en riesgo de desahucio o víctimas de violencia de género. A tal efecto:
a) En un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este decreto-ley, las administraciones citadas informarán a la consejería competente en materia de servicios sociales del número y estado de las viviendas de protección pública de su titularidad que se encuentren desocupadas, a fin de que dicha consejería pueda estimar el número de viviendas necesarias para atender a los colectivos en riesgo de exclusión social en el ámbito de actuación de dicha administración, entendiéndose que sobre las demás no pesará ya mandato alguno de reserva conforme a este artículo.
Artículo 14. Reserva para el parque público de alquiler social.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán reservar para la integración en su respectivo parque público de alquiler social, al menos el 30 por ciento de las viviendas de protección pública desocupadas de su titularidad o de sus entidades dependientes. Este porcentaje se aplicará a las viviendas ya construidas o rehabilitadas que se encuentren desocupadas, a las que estén en construcción o rehabilitación y a las que se construyan o rehabiliten en el futuro, sea por las propias administraciones o por sus entidades dependientes.
Artículo 15. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, para la primera transmisión de las viviendas de protección pública de promoción pública que ya estén calificadas provisional o definitivamente a la entrada en vigor de este decreto-ley, el precio máximo de venta se modifica aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que hubieran sido determinados por la aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero.
2. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, para el alquiler de las viviendas de protección pública de promoción pública que ya estén calificadas provisional o definitivamente a la entrada en vigor de este decreto-ley, el precio de referencia para el alquiler se modifica aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que hubieran sido determinados por la aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero.
Artículo 16. Pago anticipado de viviendas de la Administración de la Comunidad.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para la compra de una vivienda de protección pública de promoción directa, que en la fecha de entrada en vigor de este decreto-ley tengan aun cantidades pendientes de pago, podrán solicitar a la consejería competente en materia de vivienda el pago anticipando con una rebaja sobre las cantidades pendientes de pago, determinada conforme a la siguiente escala:
? 1,5 veces el IPREM e < 2,5 veces el IPREM 20%
? 2,5 veces el IPREM 10%
5. Para el pago del importe contenido en la resolución se otorgará un plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en el que se le notifique dicha resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho efectivo el pago, la resolución dictada carecerá de eficacia y conllevará la pérdida del derecho reconocido sin necesidad de que se dicte una nueva resolución. Los gastos notariales y registrales y los impuestos de todo tipo que se produzcan como consecuencia de la aplicación de este artículo, serán por cuenta del solicitante.
Artículo 17. Compra de viviendas en arrendamiento de la Administración de la Comunidad.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las personas físicas que hayan suscrito un contrato con la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el arrendamiento de una vivienda de protección pública de promoción directa, podrán solicitar la compra de dicha vivienda a la consejería competente en materia de vivienda, conforme a las siguientes reglas:
a) El precio de venta de estas viviendas, por metro cuadrado de superficie útil, se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de este decreto-ley.
? 1,5 veces el IPREM e < 2,5 veces el IPREM 30%
? 2,5 veces el IPREM e < 3,5 veces el IPREM 20%
? 3,5 veces el IPREM 10%
Artículo 18. Parques públicos de alquiler social.—La Administración de la Comunidad de Castilla y León y los Ayuntamientos de Castilla y León con población igual o superior a 20.000 habitantes deberán gestionar sus respectivos parques públicos de alquiler social, los cuales:
b) Se destinarán preferentemente al alojamiento, en régimen de arrendamiento, de personas incluidas en los colectivos de especial protección señalados en el artículo 5 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley.
SECCIÓN 1.ª MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA YA CALIFICADAS
Artículo 19. Ampliación del período de amortización de préstamos hipotecarios.—1. Si durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley se ampliara el período de amortización de un préstamo hipotecario constituido en el marco de los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad con las entidades financieras para la financiación de la compra de viviendas de protección pública, no se exigirá la previa autorización administrativa para llevar a cabo dicha ampliación.
2. Si durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley se ampliara el período de amortización de un préstamo hipotecario constituido en el marco de los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad con las entidades financieras para la adquisición y autopromoción de vivienda en el medio rural, no se exigirá la previa autorización administrativa para llevar a cabo dicha ampliación. En tal caso la citada ampliación no afectará a la subsidiación de intereses del préstamo, manteniéndose en los términos en los que fue acordado.
Artículo 20. Régimen excepcional de no devolución de ayudas a la compra.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley:
a) A los propietarios de viviendas de protección pública que hubieran recibido ayudas para adquirir tales viviendas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León, no se les exigirá autorización administrativa, ni el reintegro a la Administración de la Comunidad de las ayudas obtenidas ni de los intereses legales que pudieran corresponder, cuando la vivienda sea objeto de transmisión inter vivos antes de transcurrir 10 años desde la fecha de la formalización de la adquisición, siempre que dicha transmisión se produzca por la subasta, dación en pago o adjudicación de la vivienda en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo.
b) A los propietarios de viviendas adquiridas o autopromovidas en el medio rural, que hubieran recibido ayudas para adquirir o autopromover tales viviendas con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León, no se les exigirá autorización administrativa, ni el reintegro a la Administración de la Comunidad de las ayudas obtenidas ni de los intereses legales que pudieran corresponder, cuando la vivienda sea objeto de transmisión inter vivos antes de transcurrir 10 años desde la fecha de la formalización de la adquisición o de la escritura de declaración de obra nueva terminada, siempre que dicha transmisión se produzca por la subasta, dación en pago o adjudicación de la vivienda en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo.
Artículo 21. Flexibilización de los requisitos de los adquirentes y arrendatarios.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor, podrán ser adquiridas o alquiladas por cualesquiera personas físicas, unidades familiares o unidades de convivencia, que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, conforme a la redacción dada por este decreto-ley, con independencia de las condiciones establecidas en la calificación provisional o en la calificación definitiva de las viviendas o en su caso en la correspondiente convocatoria.
Artículo 22. Adquisición y arrendamiento de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como «vivienda joven» al amparo de lo dispuesto en el Decreto 99/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda joven en Castilla y León:
2. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas que en el momento de dicha entrada en vigor hubieran sido calificadas provisional o definitivamente como «vivienda de precio limitado para las familias», al amparo de lo dispuesto en el Decreto 55/2008, de 24 de julio, por el que se regula la promoción, adquisición y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado para familias en Castilla y León:
Artículo 23. Condiciones especiales para adquirentes de viviendas con destino al alquiler.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, a quienes adquieran en primera transmisión una vivienda de protección pública calificada provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor y se comprometan a destinarla durante al menos 5 años al alquiler, no se les exigirá el cumplimiento de ninguno de los requisitos establecidos en el artículo 63 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, para la adquisición de una vivienda de protección pública. A tal efecto se aplicarán las siguientes reglas:
Artículo 24. Adelanto de opción de compra para viviendas en arrendamiento.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, los arrendatarios de una vivienda joven o de una vivienda de precio limitado para familias que hayan suscrito un contrato de arrendamiento con opción a compra sobre tales viviendas podrán ejercer la opción de compra antes de que transcurran los diez años previstos en su calificación siempre que exista acuerdo entre el arrendatario y el propietario de la vivienda. En tal caso:
Artículo 25. Alquiler de viviendas de protección pública por movilidad laboral.—1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública destinadas al arrendamiento que estuvieran calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor, podrán ser arrendadas por personas que no cumplan los requisitos de acceso a una vivienda de protección pública cuando estas deban cambiar de provincia de residencia por motivos laborales, tales como los supuestos de movilidad geográfica prevista en el Estatuto de los Trabajadores, o por haber obtenido un puesto de trabajo en una provincia diferente al de su residencia habitual y permanente.
Artículo 26. Reducción de la duración del régimen legal de protección.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrá reducirse a 10 años, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Artículo 27. Descalificación.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley, las viviendas de protección pública calificadas provisional o definitivamente en el momento de dicha entrada en vigor podrán ser objeto de descalificación, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
d) Que sobre la vivienda no se haya formalizado préstamo hipotecario convenido o cualificado, ni haya obtenido financiación al amparo de ningún plan estatal o autonómico de vivienda.
SECCIÓN 2.ª MEDIDAS EN RELACIÓN CON LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA SIN CALIFICAR
Artículo 28. Reducción de los precios máximos de venta y alquiler.—Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de este decreto-ley:
a) El precio máximo de venta de las viviendas de protección pública que se califiquen se determinará aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que resultaran por aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, o norma que la sustituya.
b) El precio de referencia para el alquiler de las viviendas de protección pública que se califiquen se determinará aplicando un coeficiente reductor de 0,8 a los precios que resultaran por aplicación de los coeficientes establecidos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, o norma que la sustituya.
Artículo 29. Racionalización de estándares constructivos.—El Plan Integral de Calidad previsto en el artículo 18 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, así como en general las normas de diseño y habitabilidad de las viviendas de protección pública se adaptarán a las condiciones derivadas de lo dispuesto en este decreto-ley, en particular en cuanto a los efectos de lo previsto en el artículo anterior.
Disposición adicional primera. Definiciones.—A efectos de lo dispuesto en este decreto-ley, se entiende por:
Disposición adicional segunda. Autorizaciones.—En los procedimientos regulados en este decreto-ley, la Consejería competente en materia de vivienda, previa autorización expresa del solicitante que se hará constar en el modelo de solicitud, podrá obtener directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas administraciones públicas, la información necesaria para la comprobación de los datos de identidad del solicitante y de propiedad de la vivienda, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y las características de la unidad familiar o de convivencia. En otro caso el solicitante estará obligado a facilitar dichos datos.
Disposición transitoria primera. Régimen de las viviendas ya calificadas.—Las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente antes de la entrada en vigor de este decreto-ley se sujetarán al régimen jurídico al amparo del cual se calificaron, a excepción del régimen sancionador, que será el previsto en la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, así como en cuanto resulten afectadas por las medidas previstas en los capítulos III y IV de este decreto-ley.
Disposición transitoria segunda. Procedimientos iniciados.—Los procedimientos de calificación de viviendas de protección pública así como del resto de actuaciones en materia de vivienda iniciados al amparo de la normativa anterior continuarán rigiéndose por la misma hasta su finalización, salvo en cuanto resulten afectados por las medidas previstas en los capítulos III y IV de este decreto-ley. En particular, para las viviendas de protección pública calificadas provisionalmente a la entrada en vigor de este decreto-ley, los plazos citados en el artículo 50 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, se contarán desde la fecha de calificación definitiva.
Disposición transitoria tercera. Ámbito de aplicación de las viviendas de protección pública en el medio rural.—Hasta que se determinen los municipios a que se refiere el apartado 5 del artículo 45 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley, se entenderá que dichos municipios son todos los de Castilla y León excepto los citados en la Orden HAC/17/2013, de 21 de enero, por la que se da publicidad a la relación de municipios a que se refiere el artículo 9.1.c) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2008, de 25 de septiembre.
Disposición transitoria cuarta. Determinación de los precios de las viviendas de protección pública.—1. Para determinar los precios de las viviendas de protección pública que se califiquen a partir de la entrada en vigor de en este decreto-ley se aplicará el módulo básico estatal establecido en el artículo 9 del Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, o en su caso el índice que le sustituya.
2. Para determinar los precios máximos de venta, en segunda y posteriores transmisiones, de las viviendas de protección pública de promoción directa calificadas antes de la entrada en vigor de este decreto-ley, se multiplicará el módulo básico estatal vigente en el momento de la transmisión, o en su caso el índice que le sustituya, por el coeficiente establecido en su calificación definitiva; en ningún caso el precio de la transmisión podrá ser inferior al de la transmisión inmediatamente anterior.
Disposición derogatoria única. Disposiciones derogadas.—Quedan derogados:
a) Los siguientes preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León: el artículo 10, el artículo 13, el apartado 2 del artículo 18, el apartado 4 del artículo 19, el artículo 47, el apartado 2 del artículo 60, el artículo 97, el artículo 98, el artículo 99, el artículo 100, la disposición adicional primera y la disposición transitoria tercera.
e) Cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este decreto-ley.
Disposición final primera. Modificación de la Ley del derecho a la vivienda en relación con el régimen sancionador.—1. Se modifica el apartado 3 del artículo 105 de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 107. Competencia para la iniciación y resolución de procedimientos sancionadores.—1. Cuando se trate de infracciones que afecten a viviendas de protección pública:
b) Será competente para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves y graves la persona titular de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia donde se haya cometido la infracción, y la persona titular de la consejería competente en materia de vivienda cuando la infracción sea calificada como muy grave.»
Disposición final segunda. Referencias normativas.—1. Las referencias a la «calificación provisional» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que no son objeto de modificación en este decreto-ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la «calificación» de las viviendas de protección pública regulada en el artículo 53 de la citada Ley 9/2010, de 30 de agosto, en la redacción dada por este decreto-ley.
2. Las referencias a la «calificación definitiva» de las viviendas de protección pública que se contengan en los preceptos de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, que no son objeto de modificación en este decreto-ley, así como en la restante normativa de la Comunidad de Castilla y León, se entenderán hechas a la licencia de primera ocupación.
Disposición final tercera. Desarrollo normativo.—1. Se autoriza a la Junta de Castilla y León y al titular de la consejería competente en materia de vivienda, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este decreto-ley. En particular, por orden de la consejería competente en materia de vivienda podrán modificarse los órganos competentes para ordenar, tramitar y resolver los procedimientos regulados en este decreto-ley, así como, en cuanto al régimen de las viviendas de protección pública, las excepciones a los límites de superficies y a los requisitos de los destinatarios, las especialidades del visado de las transmisiones y los contratos de arrendamientos y los supuestos de autorización de cambio de uso.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.—Este decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

References: artículo 25
 artículo 45
 artículo 25

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 5

Artículo 4
 artículo 43
 artículo 43

Artículo 5
 artículo 50

Artículo 6
 artículo 53

Artículo 7
 artículo 58

Artículo 8
 artículo 63

Artículo 9
 artículo 67

Artículo 10
 artículo 71

Artículo 11
 resolución 
 artículo 5

Artículo 12
 resolución 
 artículo 5

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 resolución 
 resolución 

Artículo 17
 artículo 15

Artículo 18
 artículo 5

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 63

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 63

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 18
 artículo 50
 artículo 45
 artículo 9
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 47
 artículo 60
 artículo 97
 artículo 98
 artículo 99
 artículo 100
 artículo 105
 resolución 
 artículo 53