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Timestamp: 2020-01-29 14:24:16+00:00

Document:
Vigencia desde 08 de Marzo de 1993. Revisión vigente desde 08 de Marzo de 1993 hasta 18 de Enero de 1994
1. Las Empresas transportistas podrán solicitar del órgano competente la suspensión provisional de las autorizaciones de que sean titulares cuando, por cualquier causa de su interés, hayan de cesar provisionalmente en la realización de la actividad de transporte autorizada con los vehículos adscritos a las mismas.
Presentada dicha solicitud, el órgano competente procederá, sin más trámite, a declarar suspendida la autorización realizando la oportuna anotación en el Registro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxiliares Complementarias del Transporte y procediendo a retirar la tarjeta en la que estuviera documentada.
2. El tiempo máximo en que las autorizaciones podrán estar en suspenso será de cinco años, a contar desde el momento en que se declaró su suspensión, si bien este plazo podrá ser prorrogado por otros cinco años, a petición del transportista, formulada antes de que haya expirado el plazo de suspensión.
3. El órgano competente levantará la suspensión de las autorizaciones cuando así lo solicite su titular, siempre que éste acompañe idéntica documentación a la que, conforme a lo previsto en esta Orden, resultaría exigible para el originario otorgamiento de la autorización de que se trate y ésta haya de continuar adscrita al mismo vehículo al que lo estaba en el momento de ser suspendida o se adscriba a otro que cumpla los requisitos exigidos para la sustitución de vehículos.
A partir de: 2 julio 1995
Artículo 4 redactado por el artículo 1 de la O.M. 20 junio 1995, por la que se modifican los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 1 julio).
2. La constitución de la fianza deberá acreditarse previamente a la entrega del título de la autorización y se realizará a disposición indistinta de la Dirección General del Transporte Terrestre del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de las Direcciones Generales de Transportes de las Comunidades Autónomas que ostenten competencias delegadas en relación con las obligaciones a las que está afecta, bien mediante ingreso en metálico, títulos de la Deuda Pública o valores asimilados en la Caja General de Depósitos o sus sucursales o, en su caso, en el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma en que la Empresa tenga su domicilio a efectos fiscales si ésta ostenta por delegación del Estado la competencia sobre las autorizaciones, o bien mediante aval de Entidad financiera o de afianzamiento legalmente reconocida.
A partir de: 19 enero 1994
Número 2 del artículo 19 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
3. Cuando por incumplimiento de la Empresa de las obligaciones dimanantes de la correspondiente autorización administrativa, o por impago de las sanciones económicas impuestas por resolución definitiva en vía administrativa por infracciones de la legislación de transportes, se haga uso de la fianza, el titular de la autorización deberá reponer el importe detraído en el plazo de sesenta días. En caso contrario, se procederá a la devolución, en su caso, del resto de la fianza y a la revocación de la autorización a que la misma estaba referida.
Número 3 del artículo 19 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
4. Las fianzas serán devueltas a la Empresa que las constituyó cuando por haber dejado ésta de ser titular de las autorizaciones a que estuvieran referidas, o por haberse incluido en una fianza colectiva, así lo autorice la Administración.
Número 4 del artículo 19 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
1. Cuando la correspondiente Asociación o Federación profesional de transportistas comunique al Director general del Transporte Terrestre o, en su caso, al Director general de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, la baja de alguna Empresa en el colectivo al que estuviera referida la fianza, dicha Empresa deberá constituir, en el plazo de sesenta días, la preceptiva fianza en la modalidad individual, considerándose anulada, en caso de no hacerlo, la correspondiente autorización.
La comunicación de la baja notificada por la Asociación o Federación se hará por escrito mediante correo certificado con acuse de recibo, dirigido al Director general del Transporte Terrestre o, en su caso, al Director general de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, quien, a su vez, lo comunicará a la Empresa afectada, y supondrá, a partir de la fecha de recepción de dicha notificación, la exclusión, a todos los efectos, de la Empresa a que se refiera de la correspondiente fianza colectiva.
El cómputo del plazo de sesenta días para la constitución de la fianza individual comenzará a contarse a partir de la notificación hecha por la Dirección General del Transporte Terrestre o, en su caso, por la Dirección General de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, a la Empresa que hubiera causado baja en la Asociación o Federación de la obligación de constituir la fianza individual.
2. La notificación al Director general del Transporte Terrestre o, en su caso, al Director general de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, mediante correo certificado con acuse de recibo por parte de la correspondiente Asociación o Federación profesional de transportistas, del alta de una nueva Empresa en la fianza colectiva que aquélla tuviera establecida, supondrá, a partir de la fecha de notificación, la inclusión a todos los efectos de tal Empresa en dicha fianza colectiva.
Artículo 21 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
Las fianzas colectivas responderán hasta el límite fijado en el artículo 19 para las de carácter individual, por el incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dimanantes de cada una de las autorizaciones colectivamente afianzadas, estando afectas, hasta dicho límite, al pago de las sanciones económicas insatisfechas que, en relación con cada una de dichas autorizaciones o con las Empresas titulares de las mismas, se hubieran impuesto por resolución definitiva en vía administrativa por incumplimiento de la normativa reguladora de la ordenación del transporte.
Cuando por incumplimiento de una Empresa de tales obligaciones deba hacerse uso de la fianza colectiva, la correspondiente Asociación o Federación empresarial de transportistas deberá reponer el importe detraído de aquélla antes de la fecha en que corresponda realizar la justificación periódica de la adecuación de la cuantía de la fianza colectiva ante la Dirección General del Transporte Terrestre o, en su caso, la Dirección General de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 23 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
1. Semestralmente, conforme al calendario que a tal efecto determine la Dirección General del Transporte Terrestre, las Asociaciones o Federaciones de transportistas que hubieran establecido fianzas colectivas deberán remitir a dicha Dirección General o, en su caso, a la Dirección General de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma, la relación de las Empresas que hayan causado alta o baja en la fianza colectiva, con expresión de las autorizaciones afectadas, así como justificar documentalmente la adecuación de dicha fianza a las previsiones contenidas en los artículos anteriores.
Cuando las circunstancias aconsejen un control más frecuente de la adecuación de la cuantía de estas fianzas, la Dirección General del Transporte podrá determinar, con carácter general, que la justificación de referencia se realice por las Asociaciones o Federaciones trimestralmente.
2. Si del examen de la documentación aportada se desprendiera que la cuantía de la fianza colectiva resulta inferior a la que corresponde, conforme a lo previsto en el artículo 22, la Dirección General del Transporte Terrestre o, en su caso, la Dirección General de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma donde se hubiesen constituido, lo notificará a la correspondiente Asociación o Federación, y si ésta no justifica documentalmente, en el plazo de sesenta días contados desde dicha notificación, haber elevado dicha cuantía hasta la que corresponda, se procederá a la devolución de la fianza colectiva, quedando obligada cada Empresa asociada a constituir fianza individual en los términos previstos en el artículo 19, en el plazo de sesenta días desde que tal obligación les sea comunicada por la Dirección General del Transporte Terrestre o, en su caso, por la Dirección General de Transporte de la correspondiente Comunidad Autónoma.
Artículo 24 derogado por la Disposición Derogatoria de O.M. 12 enero 1994, por la que se modifica el régimen de constitución, gestión y disposición de las fianzas que garantizan el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones administrativas que se derivan de la titularidad de autorizaciones de transporte público por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 18 enero).
2. La falta de realización del visado previsto en este artículo o de la aportación de la documentación preceptiva en el plazo establecido a tal efecto será constitutiva de una infracción leve, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 199, n), del ROTT. Transcurrido un año desde la finalización de dicho plazo sin que se haya procedido a la solicitud del visado, o a aportar la totalidad de la documentación relativa a todas las autorizaciones a que hace referencia el apartado a) del número anterior, se considerarán caducadas sin necesidad de revocación expresa por parte de la Administración todas las autorizaciones de transporte público de que fuera titular la Empresa.
Cuando sólo se hubiera dejado de aportar la documentación prevista en el apartado b) en relación con una determinada autorización, la caducidad alcanzará únicamente a ésta.
Número 2 del artículo 25 redactado por el artículo 2 de la O.M 20 20 junio 1995, por la que se modifican los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 1 julio).
Excepcionalmente, cuando concurran causas justificadas y de índole no común que impidieran visar en plazo y así se solicite aportando la documentación que a juicio del órgano competente acredite de forma suficiente la concurrencia de dichas circunstancias podrá éste, previo informe del Comité Nacional del Transporte por Carretera, que podrá ser sustituido por el del órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, cuando éste existiera, conceder la rehabilitación de autorizaciones caducadas por falta de visado siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del plazo en que debieran ser visadas.
Artículo 27 redactado por el artículo 3 de la O.M. 20 junio 1995, por la que se modifican los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 1 julio).
Sólo excepcionalmente las autorizaciones caducadas por falta del visado previsto en el artículo anterior podrán ser rehabilitadas en los mismos términos que se establecen en el artículo 27 para las autorizaciones de transporte público.
Artículo 39 redactado por el artículo 4 de la O.M. 20 junio 1995, por la que se modifican los regímenes de suspensión y de rehabilitación de las autorizaciones de transporte por carretera y de sus actividades auxiliares y complementarias («B.O.E.» 1 julio).

References: Artículo 4
 artículo 1
 artículo 19
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 21
 artículo 19
 resolución 

Artículo 23
 artículo 22
 artículo 19

Artículo 24
 artículo 199
 artículo 25
 artículo 2

Artículo 27
 artículo 3
 artículo 27

Artículo 39
 artículo 4