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Timestamp: 2019-09-15 18:53:03+00:00

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TDR Actualización Guia Curricular y Manual de Formación y Capacitación de Comadronas
Ecoaldeas_Tejiendo Transiciones Hacia El Buen Vivir. Muñoz-Villarreal, Erika. 2017
Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2007-2008
Logística Inversa - Copia
Convocatoria GESCAL 2017 -11
Ensayo Realidad 4
Ensayo Realidad 4.docx
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Clasificación o División de Los Derechos Humanos
Batalla de Ideas en La Construccion de Alternativas
Diana Milena Murcia Riaño
LA NATURALEZA CON DERECHOS un recorrido por el derecho internacional de los derechos humanos, del ambiente y del desarrollo
Investigación del:
Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo - Ecuador Universidad El Bosque - Colombia
Aurora Donoso Game
El Chasqui Ediciones
info@estudiosecologistas.org www.estudiosecologistas.org Quito – Ecuador
www.uelbosque.edu.co Bogotá D.C. - Colombia
El contenido de esta investigación es responsabilidad de la autora. Se permite la reproducción total o parcial del documento citando la fuente.
1. Sumak kawsay, marco de referencia de los derechos colectivos y los de la naturaleza
2. Repaso de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo
2.1. El enquistamiento del antropocentrismo en los instrumentos internacionales relativos al ambiente y el desarrollo
2.2. La confianza en la tecnología y en la opción ética de los Estados y de los agentes privados para hacer frente a los problemas ambientales
2.3. El supuesto de democratización de los Estados como medio para hacer justiciables los derechos ligados al medio ambiente y el desarrollo
2.4. Evolución de los instrumentos internacionales relativos al medio ambiente, el desarrollo y los derechos humanos hacia la comprensión del valor intrínseco de la naturaleza
2.4.1. Tecnologías riesgosas, guerra y dominación colonial como fuentes del exterminio de la naturaleza
2.4.2. La dependencia de la humanidad para con su entorno
2.4.3. El principio de precaución
2.4.4. El valor intrínseco de la naturaleza
2.4.5. La comprensión de la naturaleza a partir de su carácter sistémico
3.1. La naturaleza como sujeto de derechos
3.2. Derecho a que se respete integralmente su existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos
3.3. Derecho de la naturaleza a que toda persona o colectividad promueva y defienda sus derechos
3.4. Derecho a la restauración de la naturaleza
Antropocentrismo en los principales instrumentos internacionales sobre medio
ambiente y desarrollo Principio intergeneracional en instrumentos internacionales relativos al medio
ambiente Salvaguardas al desarrollo en los principales instrumentos sobre medio ambiente
y desarrollo Principio de soberanía en la explotación de recursos y de responsabilidad
transfronteriza Los avances tecnológicos y científicos en los instrumentos relativos al medio
ambiente y el desarrollo Cláusulas de transferencia de tecnología y ayuda financiera a los países en
desarrollo Cláusulas de los instrumentos internacionales relativos a la guerra y el medio
ambiente Proscripción de la lógica colonial y principio de no discriminación en instrumentos
internacionales relativos al medioambiente, el desarrollo y los derechos humanos La participación en los instrumentos relativos al medio ambiente, el desarrollo y
los derechos humanos Planeación u ordenación del desarrollo y participación de las organizaciones
nacionales de derechos humanos en los instrumentos relativos al ambiente, el desarrollo y los derechos humanos Evolución de la representación de las responsabilidades de las Empresas en los
instrumentos relativos al medio ambiente y el desarrollo previos a la fórmula “proteger, respetar y remediar” del Representante DH y transnacionales Cláusulas de instrumentos relativos al medio ambiente y el desarrollo que
anteceden el reconocimiento de la naturaleza como sujeto
Relación entre el medio ambiente y otros derechos
Estándares sobre el acceso a la justicia de los DESC
Funciones ecológicas de la naturaleza y “servicios ambientales”
Caracterización del derecho al agua
Obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano para con la naturaleza
Obligaciones del Estado boliviano para con la naturaleza
Enfoque de derechos en el caso de manejo de productos y desechos tóxicos
Recomendaciones realizadas en 2006 por la CIDH a los Estados frente a las y los
defensores de los derechos humanos –y de la naturaleza. Estándares internacionales relativos a los derechos de las y los defensores de la
naturaleza Estándares internacionales relativos al tratamiento de las víctimas y sus derechos
Principios de la reparación transformadora en los conflictos de carácter socio
ambiental propuestos por C. M. Beristain Cláusulas de prevención de violaciones a los derechos de la naturaleza en la
normativa constitucional ecuatoriana y legal boliviana Cláusulas relativas a la restauración / recuperación de la naturaleza en la normativa constitucional ecuatoriana y legal boliviana
Ley de la Madre Tierra de Bolivia (Ley 071 de 2011)
para los Derechos Humanos Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Ppio.
Relator o Representante (alguno de los procedimientos
especiales temáticos del Sistema de las Naciones Unidas) Recomendación
La declaración de Estocolmo de 1972 marcó una línea de pensamiento a la que todo derecho del medio ambiente responde y se cristaliza en por lo menos dos ideas fundamentales. La primera, que la humanidad es la especie más importante del planeta: “de todas las cosas del mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, desarrollan la ciencia y la tecnología y, con su duro trabajo, transforman continuamente el medio humano” (Proclama 5), lo que permite entender por qué el derecho ambiental tiene muy poco que ver con la protección de la naturaleza.
La segunda, que sólo alcanzaremos nuestro bienestar a través del desarrollo, aunque la degradación ambiental sea intrínseca a él, pues mientras “en los países en desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales están motivados
por el subdesarrollo (
en los países industrializados, los problemas
... ambientales están generalmente relacionados con la industrialización y el
desarrollo tecnológico” (Proclama 4).
Pero el concepto de desarrollo ubica a la naturaleza dentro del ejercicio del derecho inalienable de los pueblos “a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales” (D. Desarrollo, 1986: art. 1) fraccionando la dimensión sistémica o ecológica de la naturaleza conforme los retazos del mapa político planetario y consecuentemente otorgando a los Estados un derecho de propiedad sobre ella, con sus facultades inherentes de disfrute, uso, pero también de abuso.
Este concepto tiene implícitas jerarquías que conllevan pautas de segregación, exclusión y silenciamiento de formas de concebir la relación entre la humanidad y la naturaleza diferentes a la impuesta en los centros de toma de decisión del poder capital global, como lo señala Herreño “La imagen del “otro”, es decir, de los pueblos “diferentes” de las periferias capitalistas, se ha construido ideológicamente sobre la base de las dicotomías “civilizados / bárbaros”, “modernos / tradicionales”, “desarrollados / subdesarrollados”, “Norte / Sur”, “Primer Mundo / Tercer Mundo”. Con estas segregaciones raciales, geográficas y económicas, las potencias han consolidado el poder sobre los pueblos, los territorios y los recursos naturales de los países de las periferias (2010: 23).
En la primera parte, situamos a la naturaleza y sus derechos precisamente en la lógica del régimen del Buen Vivir o Sumak Kawsay a fin de ubicar la temática en el modelo epistemológico adecuado para la comprensión de los derechos y de las prestaciones correlativas de los Estados.
En la segunda parte ofrecemos una recopilación de los instrumentos internacionales hito en materia de medio ambiente, desarrollo y derechos humanos, que permiten observar las transformaciones del derecho internacional hasta llegar al reconocimiento de la naturaleza como sujeto y de dotarla de derechos en la Constitución ecuatoriana del 2008 y luego en la legislación boliviana.
De los instrumentos internacionales que aquí presentamos no podemos afirmar que sean evolutivos o que sigan un patrón de favorecimiento cronológico a la comprensión de la naturaleza desde su valor intrínseco o no utilitario. Los instrumentos son a veces retardatarios y nos proponemos ser críticos de las cláusulas que consideramos provenientes de ese modelo de pensamiento que desdeña a la naturaleza y al bienestar humano basado en la armonía con ella, pero también nos proponemos resaltar aquellas cláusulas y consideraciones que han permitido fortalecer la vocación hacia esa armonía y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto.
En la tercera parte del documento aportaremos elementos para la comprensión del reconocimiento de la naturaleza como sujeto y esbozaremos otros para delinear o caracterizar sus derechos y las obligaciones y deberes correlativos de los Estados y de los particulares teniendo como referente los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Confiamos en que este documento, que funda una línea editorial del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, pueda servir a las personas, colectividades y particularmente a los funcionarios públicos de todo orden a fortalecer su comprensión de la naturaleza como sujeto y consecuentemente a comprometerse con la protección de sus derechos.
Saludamos que la Facultad de Derecho de la Universidad El Bosque de Colombia se haya sumado a la producción de este primer volumen, constituyendo un ejemplo esperanzador de la superación de la restringida visión positivista del derecho y de la vida que ha caracterizado la academia jurídica latinoamericana.
IEETM, 2012
Instrumentos e iniciativas internacionales hito relativos a los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo y la naturaleza
1982 Declaración sobre las
1997 Pacto Global
1975 Declaración
2001 Resolución A/RES/65/164
1993 Declaración
1987 Convenio marco de las
1992 Declaración Universal
1968 Informe Brundtland,
2005 Resolución 64/292
1988 Convenio sobre
1964 Protocolo de
1992 Declaración
2007 Resolución
de los pueblos (Argel)
utilización del progreso
en interés de la paz y en
generaciones actuales para
Resolución 3281 Carta
económicos de los Estados
Resolución 48/140 sobre
y progresos científicos
Resolución 2398 (XXII)
del Medio Humano
y Programa de Viena
Resolución 1803 sobre la
PNUD: Concepto de
y Programa de Acción
A/C.2/64/L.24/Rev.1
Fórmula “respetar, proteger
y remediar” Representante
Sumak kawsay, marco de referencia de los derechos colectivos y los de la naturaleza
Toda propuesta sobre el desarrollo de los países, de los grupos humanos y de las personas está basada en un ideal de bienestar. El bienestar a su vez remite a situaciones en las que se satisfacen individual y colectivamente las necesidades humanas, lo que depende a su vez del tipo de las relaciones sociales y de producción que se establezcan en la sociedad y de las relaciones de explotación, transformación y acceso a los recursos. No existe por tanto una única perspectiva sobre el desarrollo y el bienestar. Libardo Herreño 2010
En la constitución ecuatoriana de 2008 el régimen de desarrollo fue concebido como “el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay” (Art. 275) que sólo es posible de alcanzar con una “nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza” (Preámbulo).
El sumak kawsay es pues, el derrotero que orienta el régimen de desarrollo y se corresponde con una forma concreta de alcanzar la satisfacción de los derechos de las personas y colectividades en armonía con la naturaleza “es una concepción andina ancestral de la vida que se ha mantenido vigente en muchas comunidades indígenas hasta la actualidad. Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo bueno, la realización; y kawsay, es la vida, en referencia a una vida digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano, en síntesis el sumak kawsay significa la plenitud de la vida” (Kowii 2009). Esta forma de concebir el desarrollo trasciende fundamentalmente la tradicional comprensión de la responsabilidad inmediata o progresiva de los Estados en relación con los derechos.
Como productos históricos, los derechos han sido gradualmente reconocidos y disputados por los diferentes grupos poblacionales, movimientos sociales e incluso Estados, dando lugar a su clasificación por grupos o generaciones 1 , siendo las tres primeras las más consolidadas en el derecho internacional de los derechos humanos -didh-, y a las que se les ha atribuido diferentes niveles de responsabilidad temporal.
Así, la primera generación de derechos o derechos de libertad, (civiles y políticos) supone la satisfacción inmediata y obligatoria por parte de los Estados siendo excepcional y reglada rigurosamente su limitación en el didh; la segunda generación o derechos de asistencia (económicos, sociales y culturales) impone obligaciones de satisfacción progresiva, según las posibilidades económicas de aquellos y la tercera o de solidaridad (a la paz, la autodeterminación, el desarrollo y el medio ambiente, entre otros) se desarrollan casi exclusivamente en el plano político, teniendo como protagonistas a los Estados y a los pueblos.
En realidad, las generaciones o grupos de derechos permiten observar la secuencia de las principales causas de derechos humanos que han sido abordadas en escenarios internacionales -occidentales- como consecuencia de los impactos sociales de ciertas prácticas administrativas, políticas, económicas y culturales y de la movilización social para proscribirlas.
Las generaciones deben entenderse pues, como momentos “en los que se combinan necesidades, requerimientos, judicializaciones y sensibilidades culturales que afectan radicalmente la autoproducción de la humanidad de lo humano, [y que] proceden de diversas maneras de estar en el mundo y conferirle sentido” (Gallardo 2008) y no como una credencial para poner en moratoria la satisfacción de ciertos derechos a través su jerarquización ficticia.
Ya en 1977 la Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado que los derechos requerían ser comprendidos desde su interdependencia e indivisibilidad:
1. El origen de la clasificación permite dimensionar mejor su utilidad: “El creador de la noción generacional de los derechos humanos es el checoslovaco, ex Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la UNESCO, Karel Vasak (…) introdujo el concepto de las tres generaciones de los derechos humanos en su conferencia para el Instituto Internacional de Derechos Humanos, en Estrasburgo, 1979 (…) Antônio Augusto Cançado Trindade, señala que siendo amigo de Karel Vasak, le preguntó «por qué Usted formuló esa tesis en 1979?», y él le respondió: «Ah, yo no tenía tiempo para preparar una exposición, en tanto se me ocurrió hacer alguna reflexión, y recordé la bandera francesa». Para Cançado Trindade, ni el propio Vasak tomó muy en serio esa tesis, pero, como todo que es palabra «cliché», pegó; de ahí Norberto Bobbio copió esta tesis (…)” (González Álvarez, S/F). Fuente original: “Cançado Trindade Questiona a Tese de "Gerações de Direitos Humanos" de Norberto Bobbio”.
a. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales;
b. La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible; la consecución de un progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social, como se reconoce en la Proclamación de Teherán de 1968;
c. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona humana y de los pueblos son inalienables;
d. En consecuencia, las cuestiones de derechos humanos deberán examinarse de forma global, teniendo en cuenta el contexto general de las diversas sociedades en que se inserta y la necesidad de promover la dignidad plena de la persona humana y el desarrollo y el bienestar de la sociedad (AG 1977: Art. 1).
La comprensión integral y contextual de los derechos ha sido reafirmada en múltiples oportunidades. En la arena normativa cabe resaltar la iniciativa de la Organización para la Unidad Africana en 1981 que al proclamar la Carta africana sobre los derechos humanos y de los pueblos advirtió cómo “es esencial prestar especial atención al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y políticos no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y políticos” (Carta africana 1981:
preámbulo), así como la experiencia de Viena en 1993 en el marco de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 2 .
2. Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales (Conferencia Viena 1993: Párr 5) La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente (C. Viena 1993: Párr. 8).
En cuanto a experiencias jurisprudenciales cabe resaltar en la región, la de Colombia, que ha reconocido cómo la escisión tradicional de derechos entre generaciones - aludiendo a la inmediatez o no de su cumplimiento - es, de hecho, ficticia:
Conviene tener en cuenta que no es totalmente correcto considerar que todos los derechos sociales implican prestaciones positivas del Estado, y que todos los derechos civiles y políticos únicamente generan deberes estatales de abstención, pues la situación es más compleja. Así, la garantía de los derechos civiles supone en muchos casos deberes de intervención de las autoridades. Por ejemplo, el derecho a la intimidad implica no sólo que el Estado debe respetar mi privacidad sino también que las autoridades deben protegerme contra injerencias de terceros. Igualmente, muchos derechos considerados sociales no implican una prestación sino un deber de respeto de parte de las autoridades, similar al que opera en el campo de los derechos civiles. Así sucede por ejemplo con el derecho de sindicalización de los trabajadores, que implica que el Estados debe abstenerse de interferir en el goce de este derecho. En estos eventos, es claro que esos derechos sociales, o ese componente de los derechos sociales, no es de realización progresiva sino de aplicación inmediata (Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-251/97).
La complejidad de los derechos correlativa a la complejidad de la existencia humana, como enseña el juez Cançado, implica que “la promoción y defensa de los derechos humanos sólo se puede concebir y desarrollar a partir de una concepción integral de la totalidad de los derechos, teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Una percepción atomizada y fragmentada de los derechos humanos conduce inevitablemente a distorsiones, y posterga su realización a un futuro incierto e indefinido” (Cançado 1998).
De tal manera, implementar políticas públicas fundamentadas en la idea de que hay derechos de menor jerarquía o urgencia sometiéndolos a moratorias injustificables, pugna no solamente su interdependencia sino que ataca directamente el núcleo del Estado de derecho.
El sumak kawsay no sólo refuerza los principios de integralidad, interdependencia e indivisibilidad sino que los reconstruye a partir de la visión multicultural de las nacionalidades indígenas ecuatorianas que contraponen el modelo de desarrollo vigente a una forma de vida experimentada ancestralmente desde la armonía con el entorno, en suma, “el modelo neoliberal egoísta, individualista, acaparador, racista, frente a un modelo de Sumak Kawsay que es un modelo colectivo,
comunitario, de alegría, de la unidad de los pueblos, de la VIDA, es decir, Estados Interculturales y Plurinacionales” (Cholango 2010: 8)
En la celebración de la vida y la comprensión de la interacción entre todos los elementos que la hacen posible es donde radica el salto declarativo que ha dado el Ecuador en la superación de la idea de jerarquía de derechos y de la interdependencia de los derechos estrictamente humanos, reconociendo a la naturaleza, la Pachamama, como un sujeto cuyos derechos comparten los principios de integralidad, indivisibilidad, universalidad e interdependencia.
Una pregunta que surge entre los escépticos y contradictores de este reconocimiento es si se está pasando de un modelo antropocentrista a uno biocentrista, y si este tránsito no es significativo sino del retorno a extremos de comprensión de la vida contrapuestos. De ninguna manera. En la formulación del preámbulo de la constitución de este país se encuentra la clave para comprenderlo
NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador (…)
CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte
y que es vital para nuestra existencia (
APELANDO a la sabiduría de
.. todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo, Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, Decidimos construir: Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para
alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.
El sumak kawsay nos sitúa en un diálogo multicultural de saberes, que toma como punto de partida un aspecto de la cosmovisión indígena andina que se caracteriza por su “connotación estética puesto que sumak es un adjetivo que califica lo hermoso o lo bello y, por lo tanto, significa hermosa vida o bella existencia” (Silva 2008: 116). Así pues, con la existencia bella como derrotero, es que se establece el régimen de derechos en la Constitución de 2008, y de donde parte el diálogo democrático para hacerlos posibles. Pero como indica Santos, este diálogo sólo puede considerarse legítimo en cuanto contribuya a disminuir la desigualdad (Santos 1997: 207).
El Sumak Kawsay enaltece la vida humana tanto como la de la naturaleza. No establece la preponderancia de una especie sobre las otras, como tampoco busca marginar a la humanidad del protagonismo de la historia. Supone situarnos como sujetos conscientes del entorno que necesitamos para
experimentar nuestra existencia y valorarlo desde una perspectiva no mercantilista, pues de él somos parte.
Cabe resaltar que en el proceso constituyente confluyeron tres líneas de pensamiento gracias a las cuales se concluyó con el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos: la del movimiento indígena andino aportando su filosofía del sumak kawsay; la de las organizaciones ecologistas ecuatorianas, activas en la denuncia de la crisis civilizatoria y en proponer alternativas al desarrollo; y la de individuos que incluyeron en las mesas constituyentes la discusión sobre los derechos de los animales, muy presente en los debates de la bioética 3 .
El encuentro de estas líneas de pensamiento en el marco de un movimiento constitucionalista inédito en el país, trajo implícita otra mirada de la naturaleza como estandarte de la vocación de superación del pensamiento colonial que tiene a la naturaleza como un escenario hostil, de competencia, de selección natural del más fuerte; una naturaleza salvaje de la cual hay que protegerse y que lo máximo que merece es ser cristalizada en puntos lejanos e intocados de conservación
La implantación de esta concepción darwinista (victoriana) de la vida, de la realidad, ha tenido unas consecuencias tremendamente negativas en las relaciones de los seres humanos entre sí y con el ambiente, con las características de las “profecías autocumplidas”: la naturaleza no era así; había muchas sociedades que no eran así. Pero han conseguido que las sociedades se hayan convertido en un inhóspito campo de batalla en el que el individualismo, la competencia, y la soledad son las que rigen las relaciones humanas; igualmente han conseguido convertir a la naturaleza en un ente inerte en el que sus componentes son, simplemente, “recursos naturales” y en la que todos son “competidores”. (Sandín 2009)
3. “Es característico de la mafia y de los grupos racistas el
mostrar compasión y solidaridad dentro de su propio
grupo, a la vez que actúan sin escrúpulo moral alguno respecto de los demás.
Algo parecido ocurre con las morales
estrechamente “humanistas”
o especieístas,
congéneres con el
más absoluto desprecio por los intereses de los demás seres vivos, con
lo que caen en el
más craso.
inverosímiles de crueldad,
en nombre de ese especieísmo mafioso y supersticioso, basado en
responsabilidad para con
nuestros compañeros de penas y gozos sobre este planeta:
los animales. Una ética
esclarecida tiene que considerar moralmente a los animales” (Mosterín 2007: 269).
Así pues el sumak kawsay encara y desafía esa lógica perversa, como medio para avanzar en unas relaciones sociales y entre las personas y la naturaleza, armoniosas y sanas. Pero lograr una vida en armonía con la naturaleza, supone reconocerla como un sujeto, llamarla por su nombre : la Pachamama en Ecuador o Madre Tierra en Bolivia, pues, sólo de esta manera puede erigirse una actitud humana de respeto efectivo hacia ella.
Cuando la constitución del Ecuador hace alusión a la Pachamama y le atribuye derechos independientes de los de las personas y colectivos que habitan en sus ecosistemas, lo hace para recomponer la conexión humanidad – naturaleza, rota tras la imposición del régimen colonial que mucho invirtió en hacer de su veneración una cuestión pagana, casi abominable y consecuencialmente censurable y proscrita.
“Para los pueblos que aún mantienen este vínculo explícito y consciente con la tierra, la naturaleza representa una madre, probablemente las más importante, pues es la madre de todo lo que crece en ella y a su vez hay una conciencia de ésta como parte de un sistema integral, como proveedora se le respeta, no es un objeto sino un sujeto que interactúa con el yo, no es alteridad absoluta ni se le ve como una oposición entre el ser que la habita y sus ideales de vida, sino como parte de ellos mismos (…) Para las culturas indígenas ´no hay nada que no tenga corazón o principio de vida, es decir, todo vive´, y en una sociedad en la que todo vive, las relaciones se hacen entre
sujeto – sujeto y no entre sujeto – objeto” (Martínez 2011: 2).
Pero, ¿cómo es que se consolidó la idea de la fragmentación de la relación humanidad – naturaleza, poniendo a aquella como el centro de protección, con las consecuencias que ya reconocemos en la devastación ambiental? Una mirada a los principales instrumentos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo puede ayudar a responder parcialmente esta pregunta.
En los próximos volúmenes de nuestra línea editorial sobre la naturaleza y sus derechos, aportaremos elementos para responderla desde lo cultural, desde el pensamiento ecológico y finalmente, desde la actividad global de los tribunales que han enfrentado casos emblemáticos en la temática.
Repaso de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo
Todos aquellos documentos en forma de resoluciones, declaraciones, informes, protocolos, convenciones, estatutos, directrices y pactos, entre muchas otras denominaciones, que nacen en virtud ya sea del acuerdo entre Estados, del mandato de los organismos internacionales, de procesos de promoción de derechos como las conferencias internacionales, o incluso de la iniciativa privada y que imponen obligaciones o atribuyen deberes a los Estados y/o a los particulares en determinadas temáticas relativas a los derechos humanos, el medio ambiente o el desarrollo; o que aportan reflexiones, observaciones, recomendaciones en la comprensión de los alcances de las obligaciones en materia de derechos, esto es, que constituyen estándares internacionales sobre los derechos, son instrumentos del derecho internacional.
Cada uno de ellos deviene de procesos e instancias diferentes y se arguye generalmente que su fuerza vinculante está determinada por el tipo de proceso o instancia que lo emite, sin embargo, en nuestro concepto, toda iniciativa que reconoce derechos buscando ampliar el espectro de su protección y que alienta su interdependencia, indivisibilidad y universalidad, pasa a formar parte de los estándares internacionales sobre derechos operando como piedra de toque de la existencia o no del Estado de Derecho en un escenario nacional dado.
Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1950 invitó a todos los Estados y organizaciones de la sociedad civil a adoptar el 10 de diciembre como Día de los Derechos del Hombre, instó a redoblar los “esfuerzos por lograr que la humanidad realice nuevos progresos en este campo” (AG 1950: Art. 1), es decir, desde entonces había conciencia de que los derechos no corresponden a una lista acabada: su reconocimiento se produce según necesidades históricas, coyunturas sociales, políticas y económicas dadas y la cristalización de procesos culturales extraordinarios.
De hecho, comprendiendo la emergencia de los derechos como acontecimientos necesarios para decantar nuestras realidades y haciendo honor a la vocación pro homine, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el principio de interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos, que indica que “un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco del conjunto del sistema jurídico vigente en el momento en que se practica la interpretación” (Corte Interamericana 1999: Párr. 113), con independencia de que el Estado cuya responsabilidad internacional se investigue sea parte de esos instrumentos con base en los cuales se realiza la interpretación.
Cada instrumento que abordaremos en este texto, es significativo de un momento reflexivo de la humanidad sobre la relación con su entorno y en este proceso pueden identificarse tanto aciertos como equívocos, que procederemos a comentar. Cabe anticipar que los marcos normativos relativos a los derechos humanos, el desarrollo y el medio ambiente tienen distintos grados de evolución e implementación, así como su institucionalidad correlacionada.
A pesar de la enorme distancia entre el reconocimiento y la efectiva realización de los derechos humanos – brecha de implementación -, encontramos un sistema internacional que data de los años cuarenta del siglo pasado, muy activo en el reconocimiento gradual de los derechos (en instrumentos normativos y a través de decisiones judiciales) y con una fortalecida institucionalidad internacional para su defensa. En el campo del desarrollo tenemos un marco referencial internacional de algo menos de tres décadas, aún incipiente en la caracterización de su contenido, sujeto a múltiples debates y objeciones y con una sobresaliente precariedad relativa a las posibilidades de hacerlo justiciable contextualmente como derecho. Finalmente, en lo relativo al medio ambiente, se constata un escenario internacional fraccionado por áreas temáticas, muy ligado a iniciativas convencionales multilaterales - no así a iniciativas globales vinculantes -, y con profundas dificultades en cuanto a su exigibilidad social, política y judicial.
Caracterizar más en profundidad estos escenarios nos permitirá ubicar a la naturaleza como sujeto de derechos y sus derechos en el derecho internacional, permitiéndonos dimensionar las implicaciones globales de su reconocimiento en Ecuador y Bolivia.
El enquistamiento del antropocentrismo en los instrumentos internacionales relativos al ambiente y al desarrollo
“Mientras se pensó en la tierra como algo vivo y sensible, podía considerarse como un mal comportamiento el llevar a cabo actos destructivos contra ella…” “No es fácil matar a la propia madre, hurgar en sus entrañas en busca de oro o mutilar su cuerpo… La solución: convencerse de que es una máquina insensible, y así no existen los remordimientos”. Carolyn Merchant citada por Sandín y Rodrigo (1998)
El antropocentrismo más radical ha regido los principales instrumentos en materia de medio ambiente y desarrollo. En ellos el ser humano ha sido considerado como lo más valioso del mundo y como el sujeto único – y excluyente - alrededor del cual deben girar los esfuerzos relativos al cuidado del ambiente.
Este enfoque tiene a la naturaleza como un elemento netamente instrumental - que sirva de forma evidente a los intereses humanos - y la valora en tanto su cuidado no interfiera con el derrotero de crecimiento económico.
Así mismo, confluye y se nutre de un orden patriarcal, como lo ha hecho visible el ecofeminismo. En los albores de los estudios feministas en antropología, Ortner encontró - urgando en la condición menospreciada de la mujer en la cultura -, el patrón por el que la cultura se diferencia de la naturaleza y afirma sobre ella su superioridad (Ortner 1979: 115). La tesis de esta autora “es que la mujer ha sido identificada con – o si se prefiere, parece ser el símbolo de - algo que todas las culturas desvalorizan, algo que todas las culturas entienden que pertenece a un orden de existencia inferior a la suya. Ahora bien, al parecer sólo hay una cosa que corresponda a esta descripción, y es la «naturaleza» en su sentido más general” (Ortner 1979: 114).
La transformación de la naturaleza por gracia de la cultura 4 opera como dispositivo de menosprecio de aquella y la consideración de la mujer como un ser que ha trascendido en menor grado a la naturaleza, en tanto su papel en la reproducción de la especie, pone a los hombres a ocupar “los niveles superiores de la cultura” (Ortner 1979: 26). De esta manera antropocentrismo y orden patriarcal se amalgaman.
Entendiendo por cultura “el trascender, por medio de sistemas de pensamiento y tecnología, los hechos naturales de la existencia” (Ortner 1979: 126).
Cuadro 1. Antropocentrismo en los principales instrumentos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo
constituyen el centro de las
preocupaciones relacionadas
con el desarrollo sostenible.
Tienen derecho a una vida
saludable y productiva en
armonía con la naturaleza (Principio 1).
Concepto de desarrollo humano PNUD
El desarrollo humano es un proceso en el
cual se amplían las oportunidades del ser
humano. (…) es obvio que el ingreso es
sólo una de las oportunidades que la gente
desearía tener, aunque ciertamente muy
importante. Pero la vida no sólo se reduce
a eso. Por lo tanto, el desarrollo debe
abarcar más que la expansión de la
riqueza y los ingresos. Su objetivo central
debe ser el ser humano (PNUD 1990: 34).
es el sujeto central
del desarrollo y debe
ser el participante activo y el
derecho al desarrollo (Art. 2).
del mundo, los seres
humanos son lo más
valioso (Principio 5).
Sólo hasta la Declaración de Río de 1992, ese antropocentrismo explícito de los instrumentos empieza a matizarse al introducirse el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en “armonía con la naturaleza” (Principio 1), esto es, al introducir la otredad de la naturaleza en el campo de ponderación del impacto de las actividades humanas.
Teniendo como eje de preocupación a las generaciones futuras, las consideraciones sobre el valor de la naturaleza se han venido desarrollando a partir de Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de los conceptos de sus agencias que instan a los Estados a realizar esfuerzos para mantener la capacidad de la naturaleza para servir a los fines de la humanidad.
Esta preocupación ha cristalizado el principio intergeneracional para la protección del medio ambiente, que supone que los beneficios del crecimiento económico no sean alcanzados a expensas de la posibilidad de que las generaciones futuras puedan tener condiciones mínimas de existencia, principio que fundamenta el concepto de “desarrollo sostenible” formulado en 1987 en el Informe Brundtland y recogido luego en múltiples instrumentos internacionales.
Y aunque el respeto por los derechos de las generaciones futuras luce como una limitante legítima y relevante de cara a la ponderación de las decisiones actuales de intervención sobre medio ambiente, el discurso sobre el desarrollo sostenible termina encubriendo, en palabras de Esteva: “una estrategia para sostener el desarrollo, no para apoyar el florecimiento y la perduración de una vida social y natural infinitamente diversa” (Esteva 1997: 28).
El propio informe Brundtlan defiende un modelo de crecimiento económico al que deben tender todos los países y en el que la conservación de la naturaleza admite sacrificio: “el efecto final resulta balsámico para la conciencia de acumuladores y explotadores: tiene que continuar el crecimiento económico y la búsqueda de beneficios en todo el planeta”, el problema de esta fórmula es que “no es posible el crecimiento indefinido dentro de una biósfera finita” (Riechmann 1995: 28-30).
Cuadro 2. Principio intergeneracional en instrumentos internacionales relativos al medio ambiente
colectiva de promover
y fortalecer, en los
planos local, nacional,
regional y mundial, el
desarrollo social y la
protección ambiental, pilares
interdependientes y
sinérgicos del
desarrollo sostenible (Párr. 5).
futuras puedan disfrutar de la
riqueza de los ecosistemas de la
Tierra, las generaciones actuales
deben luchar en pro del desarrollo
sostenible y preservar las
condiciones de la vida y,
especialmente, la calidad e
integridad del medio ambiente.
Las generaciones actuales deben
cuidar de que las generaciones
futuras no se expongan a una
contaminación que pueda poner en
peligro su salud o su propia
Las generaciones actuales han
de preservar para las generaciones
futuras los recursos naturales
necesarios para el sustento y el
Antes de emprender grandes
proyectos, las generaciones
actuales deben tener en cuenta sus
posibles consecuencias para las
generaciones futuras (Art. 5).
Por "utilización
sostenible" se entiende la
biológica de un
modo y a un ritmo
que no ocasione la
disminución a largo plazo de la
mantienen las
ésta de satisfacer
actuales y futuras (Art. 2).
ejercerse en forma tal
equitativamente a las
necesidades de desarrollo y
(Principio 3).
Concepto de desarrollo sostenible de 1987 (Informe Brundtland)
El desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades y aspiraciones del presente, sin comprometer la capacidad de satisfacerlos en el futuro. Lejos de buscar el cese del crecimiento económico, reconoce que los problemas de pobreza y el subdesarrollo no pueden ser solucionados a menos que tengamos una nueva era de crecimiento en la cual los países en desarrollo juegan un rol importante (Párr 49).
Resoluciones 35/7 y 35/8 de 1980 de la Asamblea de las Naciones Unidas que fundamentan Carta de la naturaleza de
Reafirmando que la
humanidad puede y
debe vivir en armonía
gestora de ella en
(Considerandos Resol. 35/7) Proclama la
Estados por la
naturaleza para las
(Art. 1 Resol 35/8).
tierra, incluidos, el
aire, el agua, la
tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras
naturales, deben
preservarse en
futuras mediante
una cuidadosa
planificación u
ordenación, según convenga
(Principio 2).
En el derecho internacional prevalece por un lado, la idea de que es posible la “coexistencia armoniosa e integrada entre el comercio y las políticas ambientales en busca del desarrollo sostenible” (D. de Malmö 2000: Párr. 9), y por otro, que a las generaciones futuras no hay que entregarles un planeta “irreversiblemente dañado”( (D. UNESCO sobre las responsabilidades para con las generaciones futuras: Art. 4), dejando un amplio margen de transformación del ambiente que incluye ciertos niveles de daño como aceptables o por lo menos, como inevitables.
Así, el derecho internacional del medio ambiente y del desarrollo se caracteriza por su laxitud para con las actividades humanas susceptibles de afectar grave y acumulativamente a la naturaleza, laxitud derivada de sus cláusulas relativas a la salvaguarda al desarrollo, al principio de internalización de los costos por el daño (o principio de que quién contamina paga) y al de soberanía de los Estados sobre los recursos naturales.
En primer término, la cláusula de la salvaguarda al desarrollo, es decir, la relativa a la adopción de medidas para derribar los obstáculos al desarrollo, si bien enfatiza en el respeto, protección y garantía de los derechos humanos 5 , implica ante todo el objetivo de no distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales (D. de Río, principio 16).
El telón de fondo de la eliminación de los obstáculos al desarrollo está dado por la liberalización del comercio pese a las consecuencias ambientales que éste pueda conllevar, razón por la cual el tema ambiental es marginal en las negociaciones comerciales, tal y como lo reconoce el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC, para el que “(…) es poco probable que las medidas
5. Los obstáculos al desarrollo desde la perspectiva de derechos humanos engloban una serie de circunstancias imposibles de ser recopiladas exhaustivamente, pero -como lo han reconocido diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas-, pueden hallarse en circunstancias como “la inobservancia del derecho de los pueblos a la libre determinación y su derecho a la soberanía permanente sobre sus recursos nacionales; b) las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos; el desconocimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales; la inobservancia y el desconocimiento de los principios democráticos; la adopción de estrategias de desarrollo inadecuadas o destructivas en las que a veces deben sacrificarse los derechos humanos en aras del desarrollo económico; la transferencia del control de los recursos situados en los países en desarrollo a intereses de los países desarrollados; el hecho de que no se tengan en cuenta los principios del derecho al desarrollo en los acuerdos relativos al reembolso de la deuda exterior y el ajuste estructural; la concentración del poder económico y político (…) el ajuste estructural; la deuda; las concepciones erróneas acerca del papel del Estado; el crecimiento económico considerado como panacea; la capacidad relativa de la economía de mercado para favorecer la realización del conjunto de los derechos humanos; las concepciones erróneas acerca del desarrollo; la falta de voluntad política; la destrucción del medio ambiente; la importancia de los gastos militares y la existencia de conflictos armados; la existencia de una dualidad de criterios respecto de los derechos humanos”, entre otros (Grupo de Trabajo sobre el derecho al desarrollo 1993: Párrs. 65 y 66).
adoptadas en virtud de un acuerdo sobre el medio ambiente se conviertan en un problema en la OMC si los países interesados han firmado dicho acuerdo, aunque esta cuestión no está resuelta por completo. Al Comité de Comercio y Medio Ambiente le preocupa más lo que ocurre cuando un país invoca un acuerdo sobre el medio ambiente para adoptar medidas contra otro país que no ha firmado dicho acuerdo” (OMC 2011), caso en el cual hacen valer sus derechos derivados de las cláusulas de los acuerdos firmados.
El propio Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales - y otras empresas comerciales -, ha reconocido que los tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio
“aunque brindan protección legítima a los inversores extranjeros, (…) permiten también a los inversores tomar como rehenes a los Estados de acogida sujetándolos al arbitraje internacional vinculante, en particular por los presuntos perjuicios resultantes de la aplicación de legislación para mejorar las normas nacionales en materia social y ambiental, aun cuando la legislación se aplique de manera uniforme a todas las empresas, tanto nacionales como extranjeras” (R. DH y transnacionales 2008. Párr. 12).
Cuadro 3. Salvaguardas al desarrollo en los principales instrumentos sobre medio ambiente y desarrollo
Las respuestas al cambio climático
deberían coordinarse de manera
integrada con el desarrollo social y
económico con miras a evitar
efectos adversos sobre este último,
teniendo plenamente en cuenta las
necesidades prioritarias legítimas de
los países en desarrollo para el logro
de un crecimiento económico
sostenido y la erradicación de la pobreza.
deberían procurar fomentar la
internalización de los costos
ambientales y el uso de
teniendo en cuenta el criterio de
que el que contamina debe, en
PRINCIPIO, cargar con los
costos de la contaminación,
teniendo debidamente en cuenta
el interés público y sin
distorsionar el comercio ni las
inversiones internacionales (Principio 16).
Los Estados tienen el deber
de cooperar mutuamente
para lograr el desarrollo y
desarrollo (Art. 3).
Resolución 3281 Carta de derechos y deberes económicos de los Estados
Todo Estado tiene la
social y cultural de su pueblo. A
este efecto, cada Estado tiene el
derecho y la responsabilidad de
elegir sus objetivos y medios de
desarrollo, de movilizar y utilizar
cabalmente sus recursos, de llevar
a cabo reformas económicas
progresivas y de asegurar la plena
participación de su pueblo en todo
el proceso y los beneficios del
desarrollo. Todos los Estados
tienen el deber, individual y
colectivamente, de cooperar a fin
de eliminar los obstáculos que
entorpecen esa movilización y utilización.
Los Estados y las organizaciones
internacionales deberían tomar
las disposiciones pertinentes con
miras de llegar a un acuerdo
pudieran resultar, en los planos
nacional e internacional, de la
ambientales (Principio 11).
La eventual distorsión ocasionada por medidas efectivas de protección del medio ambiente se supera insertando los actos de contaminación y de descontaminación o restauración en el engranaje económico y no en el debate ético del modelo. El eje que soporta la salvaguarda al modelo de desarrollo se vuelca entonces al principio de que quién contamina paga 6 , que aunque luce como una medida para desincentivar la degradación ambiental, imponiendo los costos de la contaminación a sus causantes más inmediatos, de fondo apareja la idea de que los daños producidos a la naturaleza pueden compensarse económicamente, desplazando la posibilidad de que ciertas industrias de gran impacto (como la industria extractiva de petróleo y minerales) sean proscritas.
Bontems y Rotillón explicitan cómo este principio se inscribe en la lógica de la eficacia económica, antes que en una limitante ética a las industrias contaminantes.
El principio “quién contamina, paga” es un principio de internalización de los costos, que consiste en hacer que el contaminador pague esa diferencia entre el costo social y el costo privado. Así, el contaminador considerará el costo social de sus decisiones, lo que llevará al óptimo de contaminación – por supuesto, a condición de una justa evaluación de este costo social. Contrariamente a lo que designa su denominación de “políticamente correcto”, no se trata de un principio jurídico de equidad, sino de un principio de eficacia económica. Se traduce en un aumento del precio del bien vendido por el contaminador – que repercute en el aumento de sus costos, y por lo tanto, en una baja de la demanda de ese bien, lo que lleva a producir menos del mismo y, por consiguiente, a disminuir la contaminación. Así, la existencia de externalidades es asumida, en principio, por el contaminador y, luego, internalizada por los consumidores – a través de los precios (Bontems
y Rotillón 2002: 57).
Finalmente, los principales instrumentos relativos al medio ambiente superponen el principio de soberanía sobre los recursos, facultando a que en pos de la defensa de esa soberanía, los Estados puedan disponer de la naturaleza situada dentro de los límites de su mapa político.
El principio desarrollado por la OCDE en 1972 “significa que quién contamina debe cargar con los gastos de la aplicación de las medidas (…) adoptadas para asegurar que el medio ambiente se halle en un estado aceptable. En otras palabras, el costo de estas medidas deberá reflejarse en el costo de los bienes y servicios que causan la contaminación en la producción y/o consumo” (FAO 1999: 9).
Cuadro 4. Principio de soberanía en la explotación de recursos y de responsabilidad transfronteriza
Los Estados tienen el
derecho soberano de
aprovechar sus propios
recursos según sus
propias políticas
desarrollo, y la
por que las actividades
realizadas dentro de su
jurisdicción o bajo su
control no causen daños
al medio ambiente de
otros Estados o de zonas
que estén fuera de los
límites de la jurisdicción nacional (Principio 2).
Afirmando que la
biológica es interés común de
Reafirmando que los Estados
tienen derechos soberanos
sobre sus propios recursos
biológicos. (Preámbulo)
examinará, sobre la base de
estudios que se llevarán a
cabo, la cuestión de la
responsabilidad y reparación,
incluso el restablecimiento y la
causados a la diversidad
biológica, salvo cuando esa
responsabilidad sea una
cuestión puramente interna (Art. 14 num 2).
Los Estados y, en la medida
demás autoridades públicas,
internacionales, los
particulares, las asociaciones
y las empresas: d) Actuarán
de manera tal que las
actividades realizadas dentro
de los límites de su
control no causen daño a los
sistemas naturales situados
en otros Estados ni en los
espacios ubicados fuera de
nacional; e) Salvaguardarán
y conservarán la naturaleza
en los espacios que estén
más allá de los límites de la
jurisdicción nacional (Art. 21).
Resolución 3281 Carta de derechos y deberes
Todo Estado tiene y
ejerce libremente
soberanía plena y
permanente, incluso
posesión, uso y
disposición, sobre
toda su riqueza,
recursos naturales y actividades
Los Estados tienen el derecho
soberano de explotar sus propios
recursos en aplicación de su propia
política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que
se lleven a cabo dentro de su
jurisdicción o bajo su control no
perjudiquen al medio de otros
Estados o de zonas situadas fuera
de toda jurisdicción nacional (Principio 21).
Los Estados deben cooperar para
continuar desarrollando el derecho
internacional en lo que se refiere a
la responsabilidad y a la
indemnización a las víctimas de la
contaminación y otros daños
ambientales que las actividades
realizadas dentro de la jurisdicción
o bajo el control de tales Estados
causen en zonas situadas fuera de
su jurisdicción (Principio 22).
Resolución 1803 de la AG, sobre Soberanía permanente sobre los recursos naturales de
Teniendo presente lo
dispuesto en su resolución
1515 (XV) de 15 de
diciembre de 1960, en la
que ha recomendado que se
respete el derecho soberano
de todo Estado a disponer
de su riqueza y de sus
recursos naturales, (…)
Declara lo siguiente: El
derecho de los pueblos y de
las naciones a la soberanía
permanente sobre sus
riquezas y recursos
naturales debe ejercerse en
interés del desarrollo
nacional y del bienestar del
pueblo del respectivo Estado (Art. 1).
Si bien este principio ha sido protagonista de los ideales de descolonización 7 , en el fondo es significativo de la voluntad de la disposición autónoma de los recursos comprendiéndolos como una propiedad 8 .
La propiedad soberana sobre los recursos naturales termina cosificándolos, otorgándole a su dueño – el Estado soberano - los atributos de disposición heredados del derecho romano, esto es,
“a) El jus utendi o usus que es la facultad de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de sus frutos; b) El jus fruendi o fructus, derecho de recoger todos los productos; c) El jus abutendi o abusus, es decir, el poder de consumir la cosa, y por extensión, de disponer de ella de una manera definitiva, destruyéndola
o enajenándola” (Escobar 2006: 318).
Como es obvio, la posibilidad de abusar de la cosa por sí mismo o mediante su enajenación puede derivar en daños, por lo que la cláusula de soberanía sobre los recursos está íntimamente ligada al establecimiento de responsabilidad por daños transfronterizos , respondiendo al principio sic utere tuo ut alienum non leadas, esto es, que los Estados vigilen que las “actividades industriales y/o de desarrollo que sean practicadas dentro de los límites de su territorio y en su jurisdicción, no causen daños al medio ambiente de otro Estado” (Oliveira Do Prado 2011: 71).
7. Recordemos que integra la idea de liberación de los pueblos establecida en la Declaración de Argel de 1976: Todo pueblo tiene un derecho exclusivo sobre sus riquezas y sus recursos naturales. Tiene derecho a recuperarlos si ha sido expoliado, y a cobrar las indemnizaciones injustamente pagadas (Art. 8).
8. El principio desarrollado por la OCDE en 1972 “significa que quién contamina debe cargar con los gastos de la aplicación de las medidas (…) adoptadas para asegurar que el medio ambiente se halle en un estado aceptable. En otras palabras, el costo de estas medidas deberá reflejarse en el costo de los bienes y servicios que causan la contaminación en la producción y/o consumo” (FAO 1999: 9). Pese a que Bolivia ha reconocido legalmente los derechos de la Madre Tierra (en la que la mayoría de las responsabilidades que competen al Estado están enfocadas en su gestión internacional y solo de manera incipiente establece responsabilidades internas), su régimen constitucional sujeta y limita seriamente esos derechos y los ligados a lo ambiental, en tanto prevalece el ejercicio de la soberanía estatal sobre los recursos naturales, cuya industrialización ha sido formulada como la principal función del Estado en materia económica (Arts 316 y 319). Por tal razón, suponemos que en este país las posibilidades de avanzar en una protección real de la naturaleza, son mínimas. Compartimos la crítica que realiza Gudynas a este modelo “Es una situación paradojal: se invocan ciertos derechos ambientales a nivel planetario, pero se los deja de lado a nivel local (…) Este ejemplo boliviano es probablemente el caso extremo en las contradicciones que se viven en el seno de los gobiernos de la nueva izquierda, que intentan algunos abordajes ambientales, aunque siguen inmersos en la tradición moderna del extractivismo como motor del progreso. Los derechos de la Naturaleza terminan siendo un slogan que sirve para denuncias en las tribunas internacionales, pero se disuelven en la cotidianidad nacional. Es más, un intenso extractivismo pasa a ser justificado como indispensable para financiar programas de justicia social redistributiva por medio de compensaciones económicas” (Gudynas 2010: 67).
Es la Declaración de Río la que va a establecer cuáles son los deberes de los Estados en relación con los daños transfronterizos. A fin de prevenirlos, en este instrumento se recomiendan dos medidas: proporcionar la información previa y oportuna a los Estados posiblemente afectados con las actividades realizadas en la jurisdicción nacional, debiendo incluso celebrar consultas tempranamente y de buena fe (Principio 19); y la promulgación de leyes eficaces sobre el medio ambiente “Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo” (Principio 11).
Así mismo, la Declaración insta a los Estados a que cuenten con una legislación nacional específica en materia de responsabilidad e indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales y a que entre los Estados se coopere “de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción” (Principio 13).
Nótese cómo la responsabilidad de los Estados para hacerle frente a los daños ambientales, es decir, la restauración de los ecosistemas, se deja al arbitrio de sus legislaciones nacionales y que sólo se hace explícito el deber de indemnizar a las víctimas - humanas: la responsabilidad por daños ambientales constituye un asunto de compensación monetaria.
El problema que sigue es el de tasar o ponderar debidamente el monto de las indemnizaciones, acto que no cuenta con criterios claros en el derecho internacional general ni en el derecho derivado de tratados específicos, pues en este último marco jurídico las cláusulas relativas a la reparación “se refieren básicamente a la necesidad de regular lo referente al establecimiento de normas y procedimientos relativos a la responsabilidad de los Estados y las consecuencias de dicha responsabilidad. No establecen claramente la necesidad de reparación de los daños ambientales” (García 2007: 491).
Por otra parte, estos instrumentos se concentran en la responsabilidad transfronteriza de los Estados - derivada de impactos ambientales ocurridos con ocasión de actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control-, omitiendo considerar su responsabilidad extraterritorial, por ejemplo, lo que ocurre en territorios extranjeros en los que operan empresas cuya casa
matriz se encuentra ubicada en ellos - lo que constituye un vacío normativo con serios impactos en materia de derechos e impunidad por la violación de esos derechos.
El Representante DH y transnacionales ha identificado tal vacío claramente:
“En la actualidad las normas internacionales de derechos humanos no exigen generalmente que los Estados regulen las actividades extraterritoriales de las empresas domiciliadas en su territorio y/o su jurisdicción” por lo que ha recomendado a los Estados hacer explícito lo que esperan de las empresas, a fin “de asegurar que las empresas se comporten de manera previsible, transmitiéndoles mensajes coherentes, así como de preservar la reputación del Estado” (R. DH y Transnacionales 2011, Pág. 8).
Pero, ¿de dónde parte la laxitud de la conciencia internacional materializada en estos instrumentos internacionales para abordar de una manera responsable o previsiva la riesgosa intervención humana en la naturaleza? Podemos añadir que se trata de un exceso de confianza en los avances tecnológicos y en la ética de los Estados y de los agentes privados a la hora de desarrollar sus políticas, proyectos y tecnologías.
La confianza en la tecnología y en la opción ética de los Estados y de los agentes privados para hacer frente a los problemas ambientales
El desarrollismo considera que el crecimiento económico no sólo es compatible con la preservación del medio ambiente natural, sino que además la fomenta Sempere y Riechmann (2000: 300)
La Declaración de Estocolmo de 1972 se refiere al medio humano al que atribuye dos dimensiones: la natural y la artificial, siendo ambas “esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (D. Estocolmo, Proclama 1).
“Si entendemos por medio el elemento en el que vive y se desarrolla un ser o conjunto de seres, y por natural todo lo producido por la naturaleza, aquello que se opone a lo artificial, el medio natural es el elemento (en el sentido más amplio) en el que viven los seres que pueblan la tierra y, en un sentido más estricto, el espacio de la naturaleza no alterado por el hombre” (Granero 2007), los avances científicos generadores de nuevas tecnologías integran entonces el aspecto artificial del que se afirma, es esencial para el bienestar humano, pues viabiliza el desarrollo.
La legislación internacional aquí abordada se sitúa en un punto en el que legitima la intervención humana riesgosa en la naturaleza confiando en que los avances tecnológicos y las protecciones nacionales sean capaces de mantenerlas en un límite que no impida el ejercicio de sus atributos como propiedad para las generaciones presentes y futuras; de hecho, ha instado al aprovechamiento de los avances de la ciencia y la tecnología para acelerar el desarrollo económico y social como un derecho de los Estados (Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 1974, art. 13).
La excesiva confianza en los avances científicos y tecnológicos ha facultado a los Estados a establecer en sus legislaciones ambientales criterios débiles para la protección del ambiente en los planes de manejo ambiental y en las licencias otorgadas a las empresas nacionales y transnacionales para operar los sectores extractivos (de hidrocarburos y minerales), agrícolas y comerciales, y la comunidad internacional solamente exige de las empresas que voluntariamente fomenten “el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente” (PG 1999: Principio 9).
Pero los efectos de esta confianza no han dejado de impactar en la naturaleza:
los accidentes petroleros acaecidos en plataformas de extracción marítima como el desastre de la BP en el golfo de México de las que siempre se defendió su infalibilidad; la contaminación de las semillas nativas con ocasión de la liberación de los organismos modificados genéticamente por parte de una industria que ha negado sus potenciales riesgos en el medio ambiente y en la salud humana; la contaminación producida por la obsolecencia programada de los aparatos electrónicos y los impactos climáticos del transporte masivo de mercancías, son ejemplos de que los avances tecnológicos no están en la vía de resolver los problemas ambientales sino de complejizarlos aún más.
Cuadro 5. Los avances tecnológicos y científicos en los instrumentos relativos al medio ambiente y el desarrollo
Declaración y Programa
Destacamos la
necesidad de diseñar,
promover y aplicar en el
plano nacional, regional
estrategias, programas y
políticas, así como
legislación adecuada,
medidas especiales y
positivas, para (…)
incrementar el acceso
efectivo a la justicia, y de
beneficios del desarrollo,
la ciencia y la tecnología contribuyan
efectivamente a mejorar
todos, sin discriminación (Párr. 107).
(…) existen
revertir esta situación.
tecnológica y el
surgimiento de nuevas y
eficientes tecnologías,
donde los sectores
privados desempeñen
un papel cada vez más
importante, constituyen
una fuente de gran
esperanza y crecientes
evitar las viejas
prácticas destructoras
del ambiente mediante
tecnologías limpias (Párr. 6).
Ha de protegerse el
plenamente la
persona humana y los
derechos humanos, y
preservarse la
y tecnológico no debe perjudicar ni
comprometer de
ningún modo la
especie humana ni de
Los Estados deberían
propia capacidad de
sostenible, aumentando
de conocimientos científicos y
tecnológicos, e
intensificando el desarrollo, la
adaptación, la difusión
y la transferencia de
tecnologías, entre
éstas, tecnologías
nuevas e innovadoras (Principio 9).
Al formular planes a largo
plazo para el desarrollo económico, el
crecimiento de la población y el
niveles de vida, se tendrá
debidamente en cuenta
la capacidad a largo
plazo de los sistemas
naturales para asegurar
el asentamiento y
supervivencia de las poblaciones consideradas,
reconociendo que esa
capacidad se puede
aumentar gracias a la
ciencia y la tecnología (Art. 8).
tomando nota de la
utilizar al máximo el
progreso científico y
tecnológico en beneficio
del hombre y de
neutralizar las actuales
de algunos logros
así como las que puedan
tener en el futuro, (…)
que (…) Todos los
Estados adoptarán
medidas con el objeto de
garantizar que los logros
sirvan para satisfacer las
necesidades materiales y
espirituales de todos los
sectores de la población (Art. 3).
económico y social,
se debe utilizar la ciencia y la
descubrir, evitar y
combatir los
medio, para
ambientales y por
(Principio 18).
Afortunadamente, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 el tema de las tecnologías ha dado un giro positivo pues, en este instrumento se reconoció el derecho de estas poblaciones de mantener y proteger sus conocimientos tradicionales “y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales” (art. 31), entre otros.
Este reconocimiento abre la puerta a que otras formas de concebir el desarrollo entren a debatir legítimamente a la dominante y que el significado del “avance” tecnológico y científico sea puesto en entredicho a partir de la experiencia de cuidado ancestral de la naturaleza por parte de los pueblos indígenas y ante todo, de la efectividad de esas medidas tutelares ancestrales.
Eventualmente podría revaluarse el papel de las transferencias de tecnologías de los países desarrollados a los que están, parafraseando a la OMC, “menos adelantados”, tema que ocupa un lugar privilegiado en los instrumentos en la materia.
En el mundo real, más allá de la disputa académica sobre los significados del término, desarrollo es lo que tienen las personas, áreas y países ‘desarrollados’ y los demás no. Para la mayoría de la gente en el mundo, ‘desarrollo’ significa iniciarse en un camino que otros conocen mejor, avanzar hacia una meta que otros han alcanzado, esforzarse hacia adelante en una calle de un solo sentido. ‘Desarrollo’ significa sacrificar entornos, solidaridades, interpretaciones y costumbres tradicionales en el altar de la siempre cambiante asesoría de los expertos. ‘Desarrollo’ promete enriquecimiento. Para la gran mayoría, ha significado siempre la modernización de la pobreza: la creciente dependencia de la guía y administración de otros. Reconocerse como subdesarrollado implica aceptar una condición humillante e indigna. No se puede confiar en las propias narices; hay que confiar en las de los expertos, que lo llevarán a uno al desarrollo. Ya no es posible soñar los propios sueños: han sido soñados, pues se ven como propios los sueños de los ‘desarrollados’, aunque para uno
(y para ellos) se vuelvan pesadilla (Esteva 2009: 4).
La transferencia de tecnologías parte de que ésta ocurre naturalmente de Norte a Sur, presumiendo que los países “menos adelantados” carecen de buenas prácticas en materia de protección al medio ambiente, con lo que se invisibilizan las prácticas ancestrales de cuidado y no solamente de comunidades de
naturaleza étnica, sino del campesinado que también ha establecido una especial relación con el territorio y es el que históricamente nos ha abastecido de los alimentos, con toda la riqueza cultural que ello conlleva.
Afortunadamente la agenda de movilización de los pueblos campesinos e indígenas viene incorporando precisamente reivindicaciones en esta materia. Por ejemplo, en la más reciente cumbre sobre cambio climático, los pueblos indígenas llamaron a
la recuperación, revalorización y fortalecimiento de las tecnologías y conocimientos propios de los Pueblos Indígenas y promover la incorporación de éstos en la investigación, el diseño y la aplicación de políticas sobre cambio climático, en complementariedad con los conocimientos y tecnologías occidentales adecuadas, asegurando que los procesos de transferencia de tecnología no debiliten el conocimiento y las tecnologías indígenas (Conferencia de los Pueblos Indígenas del Mundo 2010).
Cuadro 6. Cláusulas de transferencia de tecnología y ayuda financiera a los países en desarrollo
Los Estados deberán cooperar con espíritu de
solidaridad mundial para conservar, proteger y
restablecer la salud y la integridad del ecosistema de
la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta
medida a la degradación del medio ambiente
mundial, los Estados tienen responsabilidades
comunes pero diferenciadas. Los países
desarrollados reconocen la responsabilidad que les
cabe en la búsqueda internacional del desarrollo
sostenible, en vista de las presiones que sus
sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y
de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen (Principio 6).
Los Estados deberían cooperar en el fortalecimiento
de su propia capacidad de lograr el desarrollo
sostenible, aumentando el saber científico mediante
el intercambio de conocimientos científicos y
tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la
adaptación, la difusión y la transferencia de
tecnologías, entre éstas, tecnologías nuevas e innovadoras (Principio 9).
Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz
y en beneficio de la humanidad
La Asamblea General, consciente de que la
transferencia de la ciencia y la tecnología es uno
de los medios principales de acelerar el
desarrollo económico de los países en
desarrollo (…) Proclama solemnemente que 1.
Todos los Estados promoverán la cooperación
internacional con el objeto de garantizar que los
resultados del progreso científico y tecnológico
se usen en pro del fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales, la libertad y la
independencia, así como para lograr el
desarrollo económico y social de los pueblos y
hacer efectivos los derechos y libertades
humanos de conformidad con la Carta de Naciones Unidas.
Las deficiencias del medio originadas por las condiciones del
subdesarrollo y los desastres naturales plantean graves
problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo
acelerado mediante la transferencia de cantidades
considerables de asistencia financiera y tecnológica que
complemente los esfuerzos internos de los países en
desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse (Principio 9).
Deberían destinarse recursos a la conservación y
mejoramiento del medio, teniendo en cuenta las circunstancias
y las necesidades especiales de los países en desarrollo y
cualesquiera gastos que pueda originar a estos países la
inclusión de medidas de conservación del medio en sus planes
de desarrollo, así como la necesidad de prestarles, cuando lo
soliciten, más asistencia técnica y financiera internacional con ese fin. (Principio 12) .
Se deben fomentar en todos los países en desarrollo, la
investigación y el desarrollo científicos referentes a los
problemas ambientales, tanto nacionales como
multinacionales. A este respecto, el libre intercambio de
información científica actualizada y de experiencias sobre la
transferencia de ser objeto de apoyo y asistencia, a fin de
facilitar la solución de los problemas ambientales; las
tecnologías ambientales deben ponerse a disposición de los países en desarrollo en condiciones que favorezcan su amplia difusión sin que constituyan una carga económica excesiva para esos países (Principio 20).
Por otra parte, la transferencia de la tecnología no es un acto dadivoso ni independiente de los paquetes de asistencia financiera que suponen obligaciones crediticias que el país del sur debe asumir y agregar a su deuda. Su énfasis está puesto en la aceleración del desarrollo económico y no propiamente en el mejoramiento de las actividades y procedimientos que impactan en el ambiente. Esta es la razón por la que iniciativas como la de la Carta de la Tierra insisten en la calidad de la transferencia: que sea equitativa y “de tecnologías ambientalmente sanas” (CT 2000: Ppio. 7c).
El supuesto de democratización de los Estados como medio para hacer justiciables los derechos ligados al medio ambiente y el desarrollo
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. Constitución de Bolivia 2009, Preámbulo
Si bien como hemos visto, los instrumentos relativos al medio ambiente y al desarrollo se insertan en una lógica que defiende un desarrollo basado en el crecimiento económico y deja a la naturaleza reducida a una cosa de la cual puede disponerse soberanamente, esos instrumentos también han incorporado - con ocasión de la movilización social global en pos del derecho al medio ambiente sano -, cláusulas que nos hablan de la necesidad de interrelacionar la caracterización de los regímenes políticos con la justiciabilidad de los derechos ligados al medio ambiente y el desarrollo.
Estas cláusulas son las relativas a la democratización de los Estados en sus relaciones internacionales y en sus sistemas políticos internos.
Las cláusulas relativas a la democratización de los Estados en sus relaciones internacionales se refieren específicamente a la obligación de renunciar a la guerra como medio de apropiación de los recursos naturales y con poner fin a las guerras, por ser una de las causas de la destrucción del medio natural; a la renuncia a la modificación ambiental con fines hostiles y a la abolición del colonialismo y de toda forma de discriminación de los pueblos y de ciertos grupos poblacionales.
Cuadro 7. Cláusulas de los instrumentos internacionales relativos a la guerra y el medio ambiente
presente Estatuto,
"crímenes de
guerra": Lanzar un ataque
intencionalmente, a
sabiendas de que
causará pérdidas de
vidas, lesiones a
civiles o daños a
objetos de carácter
civil o daños
extensos, duraderos
y graves al medio
natural que sean claramente
excesivos en
general concreta y
directa que se
prevea (Art. 8 lit b num iv).
persuadida de que La
competencia por acaparar
recursos escasos es
causa de conflictos,
contribuye a la justicia y
al mantenimiento de la paz, pero esa
conservación no estará
asegurada mientras la
humanidad no aprenda a
vivir en paz y a renunciar
a la guerra y los
armamentos (…)
Se protegerá a la
destrucción que causan
las guerras u otros actos
de hostilidad. (Art. 5)
Se evitarán las
actividades militares perjudiciales para la naturaleza (Art. 20).
Res AG Responsabilidad histórica de los Estados por la preservación de la naturaleza para las generaciones presentes y futuras
señala la atención de los
Estados que la incesante
nefastas para el medio
ambiente y reduce las
internacional en la esfera
de la preservación de la
naturaleza en nuestro
planeta (Art. 2).
Cada Estado Parte en la presente
Convención se compromete a no
utilizar técnicas de modificación
ambiental con fines militares u
otros fines hostiles que tengan
efectos vastos, duraderos o
graves, como medios para
producir destrucciones, daños o
perjuicios a otro Estado Parte [y] a
no ayudar, ni alentar ni incitar a
ningún Estado o grupo de Estados
u organización internacional [a hacerlo] (Art. 1).
La expresión «técnicas de
modificación ambiental»
comprende todas las técnicas que
tienen por objeto alterar -
deliberada de los procesos
naturales - la dinámica, la
composición o estructura de la
Tierra, incluida su biótica, su
litósfera, su hidrósfera y su
atmósfera, o del espacio
ultraterrestre (Art. 2).
Las relaciones económicas,
políticas y de otra índole entre
los Estados se regirán, entre
otros, por los siguientes principios:
Soberanía, integridad
territorial e independencia
política de los Estados;
Igualdad soberana de todos
los Estados; c) No agresión;
No intervención; e) Beneficio
mutuo y equitativo;
Coexistencia pacífica;
Igualdad de derechos y libre
Arreglo pacífico de
controversias; (…)
Abstención de todo intento de
buscar hegemonía y esferas de
influencia; m) Fomento de la
justicia social internacional (…)
Res 1803 (XVII) AG sobre Soberanía permanente sobre los recursos naturales
La violación de los
derechos soberanos de
los pueblos y naciones
sobre sus riquezas y
recursos naturales es
contraria al espíritu y a
Unidas y entorpece el
preservación de la paz (Art. 7).
La guerra se le reconoce tanto como un medio de apropiación ilegítima de los recursos naturales que poseen los países en los cuales se experimentan conflictos de carácter bélico, como la causa de la destrucción del medio ambiente. En el primer caso, la presencia de mercenarios constituye el ejemplo típico para demostrar el nexo. Este tema ha sido extensamente trabajado por el Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, para quien
la evidencia empírica señala que el mercenario actúa con una lógica inversa a la paz, a la estabilidad política, al respeto al orden jurídico y democrático, a la capacidad para explotar racionalmente los recursos naturales, a la integración armónica de la población y a un progreso con distribución que impida la pobreza extrema . Cuando todos estos factores positivos concurren, el riesgo de una actividad mercenaria es mínimo. Por el contrario, cuando los factores mencionados no existen o se dan de forma confusa, escasa, intermitente o conflictiva o entran en contradicción con intereses desestabilizadores, crece el riesgo de intervención de mercenarios.
(R. DH y mercenarios 2000: Párr. 39).
Por esta razón, al final de su mandato -que nació a propósito de la dramática situación de los países Africanos con recursos naturales valiosos-, el Relator recomendó a las Naciones Unidas que declarara “un régimen de protección especial de los recursos naturales africanos” (R. DH y mercenarios 2000:
Párr. 64).
La parte que aún tiene graves vacíos legales es la de la regulación de las actividades de las empresas transnacionales en territorios en conflicto. El Representante DH y transnacionales, simplemente ha recomendado a los Estados colaborar con ellas para que identifiquen y prevengan los riesgos en los que sus actividades ponen a los derechos humanos.
Puesto que el riesgo de violaciones graves de los derechos humanos es mayor en zonas afectadas por conflictos, los Estados deben tratar de asegurar que las empresas que operan en tales contextos no se vean implicadas en abusos de este tipo, adoptando entre otras las siguientes medidas: a) Colaborar en la fase más temprana posible con las empresas para ayudarlas a determinar, prevenir y mitigar los riesgos que entrañen sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos (Fórmula “respetar, proteger y mitigar”
Principio 7).
El desenvolvimiento de las empresas en escenarios de conflicto se rige en la actualidad por los códigos voluntarios de conducta que éstas establezcan, y siguen el principio de “no ser cómplices en abusos a los derechos humanos” (PG 1999: Principio 2). Cabe citar, por ejemplo, el de las empresas de los sectores de extracción de recursos y energía estadounidenses e inglesas llamado “Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos”, en este instrumento las empresas se han comprometido a reconocer el contexto en el que van a realizar sus operaciones, a través de evaluaciones de riesgo, como medida para evitar el involucramiento en dinámicas que promuevan la violación de los derechos.
Las evaluaciones de riesgo deben tener en cuenta los registros de derechos humanos disponibles dentro de las fuerzas de seguridad pública, los paramilitares, los agentes de la ley local y nacional, así como la reputación de la seguridad privada. El conocimiento de pasados abusos y acusaciones puede ayudarle a las Compañías a evitar que éstos se repitan y a propender porque se asuman las responsabilidades. También, la identificación de la capacidad de las anteriores entidades para responder a situaciones de violencia de una manera lícita (por ejemplo, de conformidad con las normas internacionales aplicables) i.e., le permite a las Compañías desarrollar medidas apropiadas en sus áreas de operación (Ppios. Voluntarios
En el segundo caso - la guerra como causa de la destrucción ambiental -, se destacan dos instrumentos fundamentales: la Convención ENMOD, que en los años setenta proscribió técnicas de modificación del ambiente con fines hostiles y el Estatuto de Roma de 1998 que dió vida a la Corte Penal Internacional que recogió la prohibición “del empleo de métodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural” contenida ya en el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Art. 35), y estableció como crimen de guerra la generación de “daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivos en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea” (Art. 8).
Cabe reseñar que la existencia de hostilidades ha sido considerada en varios instrumentos internacionales donde se contemplan como atenuantes de la responsabilidad. Por ejemplo, el Protocolo sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1999 resta la responsabilidad objetiva
de los causantes de daños ocurridos con ocasión del transporte transfronterizo de desechos peligrosos si se prueba que el daño fue producto “de un acto de conflicto armado, hostilidades, guerra civil o insurrección” (Art. 4 Num 5 Lit a.).
Por otra parte, los instrumentos internacionales relativos al medio ambiente y al desarrollo han sido particularmente cuidadosos de abordar el tema de la abolición del colonialismo y de toda forma de discriminación en contra de los pueblos y de ciertos grupos poblacionales.
Por discriminación racial debe entenderse “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”. Artículo 1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965. La dominación extranjera puede darse de muchas formas. La Declaración universal de los derechos de los pueblos o Declaración de Argel de 1976, establece en su artículo 11 que “Todo pueblo tiene el derecho de darse el sistema económico y social que elija y de buscar su propia vía de desarrollo económico, con toda libertad y sin injerencia exterior”. Como lo señala el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los pueblos en virtud del derecho a la libre determinación “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Cuadro 8. Proscripción de la lógica colonial y principio de no discriminación en instrumentos internacionales relativos al medio ambiente, el desarrollo y los derechos humanos
indígenas tienen
derecho a la libre
determinación. En
virtud de ese derecho determinan
condición política y
persiguen libremente
cultural (Art. 3).
Se deben reconocer los
afrodescendientes (…)
a participar libremente y
condiciones en la vida
política, social,
económica y cultural; al
desarrollo en el marco
aspiraciones y
costumbres; a tener,
mantener y fomentar
(…) su modo de vida,
(…) al uso, disfrute
renovables de su
hábitat (…) y, cuando
proceda, a las tierras
que han habitado desde
tiempos ancestrales (Párr. 34).
La pronta y amplia eliminación de todas las formas de racismo y discriminación racial, de la xenofobia y de otras manifestaciones conexas de intolerancia es una tarea prioritaria de la comunidad internacional (Párr. 15).
Convención de Río 1992
Deben protegerse el medio ambiente y los recursos naturales de los pueblos sometidos a opresión, dominación y ocupación (Principio 23).
Los Estados adoptarán
enérgicas medidas
violaciones masivas y
patentes de los
los pueblos y los seres
humanos afectados por
situaciones tales como
las resultantes del
apartheid, todas las
formas de racismo y
discriminación racial, el
colonialismo, la
dominación y
ocupación extranjeras,
la agresión, la
injerencia extranjera y
las amenazas contra la
soberanía nacional, la
unidad nacional y la
integridad territorial, las
amenazas de guerra y
la negativa a reconocer
de los pueblos a la libre
determinación 11 (Art. 5).
Las políticas que
promueven o
perpetúan el
apartheid, la
segregación racial, la
discriminación 9 , la
opresión colonial y
opresión y de dominación
extranjera 10 quedan
condenadas y deben eliminarse. (Ppio. 1).
Deben abandonarse
destinados a la dominación
colonialista y racista (Ppio .15).
Res 3281 Carta de derechos y deberes económicos de los Estados
Es derecho y deber de
todos los Estados,
colectivamente, eliminar el
colonialismo, el apartheid,
la discriminación racial, el
neocolonialismo y todas
las formas de agresión,
ocupación y dominación
extranjeras, así como las
económicas de éstas
como condición previa
para el desarrollo. Los
Estados que practican
esas políticas coercitivas
son económicamente
responsables ante los
países, territorios y
pueblos afectados, en lo
que respecta a la
restitución y la plena
compensación por la
recursos naturales y de
toda otra índole de esos
pueblos , así como por los daños causados a esos
Se considera que constituyen
condiciones primordiales del
progreso y el desarrollo en lo social:
La independencia nacional,
basada en el derecho de los
pueblos a la libre
El principio de la no
injerencia en los asuntos
internos de los Estados;
El respeto a la soberanía e
integridad territorial de los
Estados; d) La soberanía
permanente de cada nación
naturales; e) El derecho y la
Estado y, en lo que les
concierne, de cada nación y
cada pueblo, de determinar
libremente sus propios
objetivos de desarrollo social,
fijar sus propias prioridades y
escoger, conforme a los
principios de la Carta de las
Naciones Unidas, los medios y
métodos para lograrlos, sin
ninguna injerencia exterior.
Si bien, aún no termina de calcularse la dimensión del saqueo de las colonias para la consolidación del desarrollo capitalista, lo que sí sabemos es que estos sistemas coloniales, como lo señala Maya, “están organizados para romper la articulación de las culturas como instrumentos de adaptación al medio sistémico” (Maya 1995: 93).
La Relatora sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente ha constatado la relación entre la dominación y la destrucción ambiental:
El saqueo de los recursos naturales de un país, favorecido por relaciones de servidumbre o de dependencia política, económica o de otra índole, trae consigo un desarrollo desarticulado extravertido que, además de mantener al país en una situación de subdesarrollo crónico, agrava las consecuencias nefastas que produce este tipo de desarrollo en el medio ambiente (explotación intensiva de las materias primas y de productos que afecta el equilibrio ecológico; despilfarro de los recursos energéticos no renovables; establecimiento de industrias contaminantes de alto riesgo; empobrecimiento de las zonas rurales,
etc.) (R. DH y Medio Ambiente 1994: Párr. 166) .
Hereditarios de la escisión colonial humanidad / naturaleza, somos incapaces de reconocernos como parte de nuestro entorno y reproducimos las prácticas de intervención en ella partiendo de la idea de que somos sus amos o propietarios.
Ahora bien, pese a que existe consenso internacional para la abolición de toda forma de discriminación, la realidad dista mucho de que ese consenso parta de una verdadera voluntad política, particularmente de los países industrializados. El estado de cosas relacionado con la transferencia de desechos tóxicos a los países del sur es una muestra de ello:
En 1987 y 1988 se hizo pública la existencia de una serie de contratos entre empresas occidentales y países africanos. La información que figuraba en los contratos revelaba que empresas transnacionales con sede en países desarrollados vendían desechos tóxicos y productos peligrosos a Estados del Sur, especialmente de África, donde conseguían por poco dinero grandes extensiones de tierra para verter esos desechos. Al principio, para justificar los traslados de desechos se alegaba que los países de África disponían de tierras suficientes para eliminar los desechos sin peligro, y que los ingresos procedentes de esta actividad podrían utilizarse con fines de desarrollo. Sin embargo, no se tenía en cuenta la limitada capacidad técnica de esos países para eliminar esos desechos, ni tampoco las consecuencias a
largo plazo de su enterramiento o de su incineración, que eran los métodos de eliminación más comunes (R. desechos tóxicos 2008:
Párr. 16).
Ya sea explícitamente a través de acuerdos de disposición de los residuos con países ávidos de aumentar su flujo comercial, de forma soterrada a través de programas de asistencia al desarrollo o programas de “reciclado”; o de forma ilegal mediante el tráfico de los residuos peligrosos, los Estados y empresas de países desarrollados despliegan una práctica perversa del procesamiento de estos residuos basada fundamentalmente en la discriminación hacia las poblaciones del sur, o discriminación ambiental. Los países del norte prefieran enviar los desechos tóxicos para su eliminación “a países en desarrollo que carecen de los conocimientos necesarios” para ello (R. desechos tóxicos 2008:
Párr. 18), en clara contravención al Convenio de Basilea en el que se establece como principio general que “los desechos peligrosos y otros desechos deben eliminarse en el Estado en que se hayan generado” (Convención de Basilea 1989: Considerandos).
El rechazo a la guerra como medio para despojar de recursos naturales valiosos o como causa de la devastación ambiental y la censura de los sistemas coloniales y de las prácticas coloniales, son las cláusulas que los instrumentos relativos al medio ambiente y al desarrollo han invocado a fin de democratizar las relaciones entre Estados.
Pero también, esos instrumentos han enfatizado en la necesidad de la democratización de los Estados puertas adentro, estableciendo la necesidad de atender a los principios de participación, planeación y responsabilidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
Cuadro 9. La participación en los instrumentos relativos al medio ambiente, el desarrollo y los derechos humanos
Conferencia Viena
La Conferencia Mundial de
Derechos Humanos recomienda
que se permita a las
gubernamentales y otras
actúan en la esfera del desarrollo
o de los derechos humanos
desempeñar un papel importante
en el debate y en las actividades
que guardan relación con el
derecho al desarrollo y su
realización y, en colaboración con
los gobiernos, en todos los
aspectos pertinentes de la
(Convención de Viena. Párr. 73).
Convención de Río
El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es
los ciudadanos interesados,
en el nivel que corresponda.
En el plano nacional, toda
persona deberá tener acceso
adecuado a la información
sobre el medio ambiente de
que dispongan las
autoridades públicas, incluida
materiales y las actividades
que encierran peligro en sus
comunidades, así como la
los procesos de adopción de
decisiones. Los Estados
deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la
poniendo la información a
disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso
efectivo a los procedimientos
judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (Principio 10).
Los Estados deben alentar la
desarrollo y para la
plena realización de
todos los derechos humanos.
(Declaración sobre
desarrollo. Art. 8).
Toda persona, de
legislación nacional, tendrá
la oportunidad de participar,
individual o colectivamente,
en el proceso de preparación
de las decisiones que
conciernan directamente a
su medio ambiente y,
cuando éste haya sido
objeto de daño o deterioro,
podrá ejercer los recursos
necesarios para obtener una
indemnización (Art. 23).
Debe apoyarse la justa lucha
de los pueblos de todos lo países contra la
contaminación (Principio 6).
Toda persona, de conformidad
con la legislación nacional,
participar, individual o
colectivamente, en el proceso
de preparación de las
decisiones que conciernen
directamente a su medio
ambiente y, cuando éste haya
sido objeto de daño o
deterioro, podrá ejercer los
obtener una indemnización (Principio 23).
El progreso y el desarrollo en
lo social exigen el pleno
recursos humanos, lo que
entraña en particular:
El estímulo de las iniciativas
creadoras en una opinión
pública ilustrada;
La difusión de informaciones
de carácter nacional e
internacional, con objeto de
crear en los individuos la
conciencia de los cambios que
se producen en la sociedad en
todos los elementos de la
sociedad, individualmente o
por medio de asociaciones, en
la definición y la realización de
los objetivos comunes del
desarrollo dentro del pleno
respeto por las libertades
fundamentales consagradas
por la Declaración Universal de
Conforme a estos instrumentos la participación supone 1) la posibilidad de acceder a información relativa al medio ambiente, como por ejemplo, planes, políticas, materiales o procedimientos peligrosos, tecnologías, etc. 2) la capacidad de intervenir y contribuir en el proceso de adopción de decisiones relativas a los derechos económicos y el medio ambiente, 3) la posibilidad de ejercer recursos de carácter administrativo o judicial con el fin de obtener reparaciones por el deterioro o daño ambiental, 4) la garantía de ser reconocidos como interlocutores válidos y valiosos por parte de las autoridades y proponer y adelantar los debates que se consideren necesarios.
La Relatora sobre derechos humanos y medio ambiente ha recalcado cómo la negación de la participación ha sido un motor relevante en la aceleración de la destrucción ambiental
La falta de participación en la adopción de decisiones, tanto a nivel internacional como nacional, ha sido y sigue siendo la causa de fórmulas de desarrollo o de estrategias de desarrollo impuestas que han provocado graves repercusiones en el medio ambiente. En este sentido los factores internos y externos que afectan a la realización del derecho al desarrollo son también elementos que influyen en la realización del derecho al medio ambiente. Así pues, puede afirmarse que cualquier estrategia nacional de desarrollo sólo será viable desde el punto de vista económico, social y del medio ambiente si obtiene la adhesión activa de los diversos sectores de la población (R. DH y
Medio ambiente 1994: Párr. 69).
La satisfacción del derecho a la participación se mide en relación a la calidad de ésta. Requiere de mecanismos que la hagan posible y efectiva. Diferentes organismos internacionales de derechos humanos han recordado a los Estados que la participación ciudadana es fundamental para garantizar la salvaguarda de los derechos económicos, sociales y los ligados con lo ambiental, particularmente al momento de formular políticas públicas y de definir el presupuesto nacional:
Las prioridades de las políticas y estrategias deben diseñarse, aplicarse y supervisarse sobre la base de un proceso transparente y participativo. En particular, debe ponerse a disposición del público la información sobre las estrategias y las políticas, con una estructura apropiada (OACNUDH 2007: Párr. 43).
El presupuesto nacional es la base para la formulación y puesta en práctica de políticas públicas a nivel nacional. El presupuesto nacional
refleja asimismo la posición económica de un país y está• influido no solo por el ahorro y los ingresos internos sino también por los ingresos de exportación, el nivel de la deuda externa y las condiciones asociadas a los acuerdos con instituciones financieras internacionales, incluidos el ajuste estructural y programas similares. La competencia de un país para realizar los derechos económicos, sociales y culturales de manera progresiva depende, y no en poca medida, de su capacidad para formular un presupuesto adecuado basado en una política y participación sólidas y para garantizar su utilización eficaz y eficiente. Por consiguiente, resulta pertinente y necesario que se integren las consideraciones de los principios de los derechos humanos tales como la no discriminación, la igualdad y la participación en todas las etapas de los ciclos presupuestarios públicos, que, por lo general, constan de formulación, examen legislativo, ejecución y auditoría. En la formulación del presupuesto, la rama ejecutiva del gobierno debe garantizar una participación efectiva de las partes y grupos interesados en el establecimiento de prioridades, mediante procesos consultivos amplio (E. Deuda 2004: Párrs. 22 y 23).
Especial atención se ha prestado en diferentes instrumentos internacionales a la participación de ciertos grupos poblacionales tradicionalmente marginados de la toma de decisiones, específicamente a las mujeres y los grupos étnicos.
En el caso de las mujeres 12 , el Convenio sobre la Diversidad Biológica, por ejemplo, reconoció el papel fundamental que desempeñan en la conservación de la diversidad biológica, por lo que afirmó la necesidad de su plena participación “en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas” encaminadas a su conservación (Considerandos). En la Declaración de Río se realizó el mismo reconocimiento estableciéndose como principio lo imprescindible de “contar con su plena participación para lograr el desarrollo sostenible” (Principio 20).
12. Es importante resaltar cómo la relación mujer – naturaleza utilizada como “un determinismo biológico, aunque se utilice otro nombre” ha sido rechazada por algunas feministas. En cambio, otras ligadas a la corriente ecologista han pretendido reforzar este lazo, afirmando cómo “el proyecto feminista debería liberar a la naturaleza de los hombres, más que a las mujeres de la naturaleza” (Bel Bravo 1999: 14-16). En este sentido ha estado orientada la obra de Shiva y Mies: “En tanto que feministas empeñadas activamente en la liberación de las mujeres de la dominación masculina no podíamos ignorar, no obstante, que los procesos de «modernización» y «desarrollo» y el «progreso» son los causantes de la degradación del mundo natural. Veíamos que los desastres y el deterioro ecológicos tenían mayores repercusiones para las mujeres que para los hombres y, también, que las mujeres eran en todas partes las primeras en protestar contra la destrucción del medio ambiente. Como activistas de los movimientos ecologistas, llegamos a ver claramente que la ciencia y la tecnología no eran neutras en relación con el género y, al igual que muchas otras mujeres, empezamos a comprender que existía una estrecha conexión entre la relación de dominio explotador entre el hombre y la naturaleza (…) y la relación de explotación y opresión entre hombres y mujeres que impera en la mayoría de las sociedades patriarcales, incluidas las sociedades industriales modernas” (Mies y Shiva 1997: 9).
En el caso de los grupos indígenas y de otras comunidades locales, la Declaración de Río reconoció el papel fundamental que desempeñan debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales, por lo que instó a los Estados a “reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible” (Principio 22).
La Declaración de Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas refuerza este principio estableciendo el derecho que tienen “a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones (Art. 18).
En idéntica vía se expresa la Declaración de Durban en la que se establece el derecho de los pueblos afrodescendientes a “participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres; (…) a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat (Párr. 34).
La democratización de los Estados está también intrínsecamente ligada al deber de planificar u ordenar adecuadamente su desarrollo considerando en esta tarea los impactos ambientales y sociales que puedan producirse.
Cuadro 10. Planeación u ordenación del desarrollo y participación de las organizaciones nacionales de derechos humanos en los instrumentos relativos al ambiente, el desarrollo y los derechos humanos
Derechos Humanos reafirma
el importante y constructivo
papel que desempeñan las
instituciones nacionales de
promoción y protección de
particular en lo que respecta
a su capacidad para
asesorar a las autoridades
competentes y a su papel en
humanos, la divulgación de
información sobre esos
derechos y la educación en
humanos (Párr. 36).
integrante del proceso de
desarrollo y no podrá considerarse
en forma aislada (Principio 4).
Los Estados deberán promulgar
leyes eficaces sobre el medio
ambiente. Las normas, los
objetivos de ordenación y las
prioridades ambientales deberían
reflejar el contexto ambiental y de
desarrollo al que se aplican. Las
normas aplicadas por algunos
países pueden resultar
inadecuadas y representar un

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución

 Artículo 1
 artículo 11
 artículo 1