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Timestamp: 2016-10-21 17:29:47+00:00

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RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García, a practicar una anotación preventiva de querella
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García, a practicar una anotación preventiva de querella Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García, a practicar una anotación preventiva de querella Estado	:
19/10/2002	Fecha Publicación	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alabe, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancio Villaplana García, a practicar una anotación preventiva de querella.
En el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Asenso, contra la negativa del Registrador de la Propiedad número 1 de San Javier, don Constancia Villaplana García, a practicar una anotación preventiva de querella.
En el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, se siguen diligencias previas en procedimiento abreviado 4681/2000 contra Don Daniel B. C., por presunto delito de apropiación indebida y estafa. Con fecha 5 de febrero de 2002, se expide mandamiento, por pone del titular del Juzgado de Instrucción, número 1 de Valladolid, ordenando la anotación de querella sobre las fincas registrales 47.585, 47.265 y 47.633 del Registro de la Propiedad de San Javier.
Presentado el anterior mandamiento en el Registro de la Propiedad número 1 de San Javier, fue calificado con la siguiente nota: "En relación
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presentado, por lo que la posible trascendencia real de la acción civil ejercitada debería resultar del texto de la demanda, para cuyo estudio deberá aportarse, no fotocopia, sino testimonio judicial de la misma (artículo 3 de la Ley Hipotecaria y Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de mayo de 1998). Ahora bien, se advierte que si dicho testimonio coincide con la fotocopia ahora aportada, el documento será calificado negativamente, por falta de trascendencia real de la acción civil ejecutada. La presente nota puede ser recurrida ante la Dirección General de los Registros y del Notariado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su notificación (artículos 324 y siguientes de la Ley Hipotecaria). San Javier, a 14 de febrero de 2002. El Registrador, Constancio Villaplana García,
Don Manuel Rebollo Asenso, interpuso contra la nota de calificación, recurso gubernativo y alegó: Que no se genera perjuicio del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, por cuanto la anotación preventiva, que se ordena por el Juzgado, se decreta sobre fincas que no estando inscritas a favor del querellado, lo están a nombre de sociedad de la que es socio único, y con respecto a la cual se ha adoptado, además, la anotación preventiva respecto de sus participaciones sociales. La relación del querellado con la sociedad titular de los inmuebles sobre los que se pretende la anotación es fundamento jurídico bastante para extender la responsabilidad patrimonial que se derive de una eventual sentencia condenatoria que se obtenga a través del embargo de las participaciones sociales y luego de la disolución y liquidación de la sociedad, por lo que la tutela judicial efectiva queda cumplida. Que no procede la aplicación analógica del artículo 42.2 de la Ley Hipotecaria por entender, siguiendo un informe del Tribunal que ordena la anotación, que, la anotación preventiva de la querella criminal con petición de responsabilidad civil deviene ajustada a derecho y de carácter análogo a la medida cautelar de embargo. Que la evolución de las Resoluciones de la Dirección General, equiparando la querella con responsabilidad civil a
advirtiéndose que debería presentarse testimonio judicial, el cual si coincidía con la fotocopia aportada el defecto se mantendría Que la Dirección General rechaza que en el Registro se puedan anotar demandas en las que se ejercite una pretensión de naturaleza estrictamente personal, sin trascendencia real alguna.
Vistos los artículos 24 y 117.3 de la Constitución Española, 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1, 18, 20, 38, 42 y 326 de la Ley Hipotecaria y 100, 115 y 117 de su Reglamento, 13, 100, 112, 742.2 y 785.8.1> de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las Sentencias del Tribunal Supremo (Sala 2.a) de 19 de enero de 1988, 22 de diciembre de 1989, 27 de junio de 1990 y 1 de abril de 1991 y las Resoluciones de esta Dirección General de 19 de septiembre y 12 de noviembre de 1990, 1 de abril, 24 de junio y 15 de octubre de 1991, 9, 10 y 11 de diciembre de 1992, 19 de enero y17defebrero de 1993, 12 de febrero de 1998,19dejulioy15 de noviembre de 2000 y 14 de mayo y 8 y 20 de junio de 2001.
1. Se presenta en el Registro mandamiento de anotación de querella sobre tres fincas, una de las cuales está inscrita a nombre de una sociedad de la que es socio único el querellado. El Registrador deniega la práctica de la anotación por el defecto de aparecer las fincas inscritas a favor de personas distintas del querellado, y por tratarse de exigencia de responsabilidad civil, por lo que la querella no tiene trascendencia real. El querellante recurre la calificación.
2. Es doctrina de este Centro Directivo que la interposición de querella puede tener acceso al Registro de la Propiedad cuando, ejercitándose conjuntamente con la penal la acción civil, se ejerciera una acción de trascendencia real inmobiliaria (cfr. artículo 42.1.' de la Ley Hipotecaria), siempre que a) del ejercicio de la acción pudiera resultar rectificación del Registro, y b) que del mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte al mismo el texto de la querella del que resulte el correspondiente suplico.
Alega el recurrente, siguiendo la argumentación del Tribunal que ordeno la anotación, que debe ser posible anotar la querella que pretende asegurar la responsabilidad civil dimanante del delito. Sin embargo, si bien es cieno que esta responsabilidad puede asegurarse mediante el oportuno embargo, para ello es preciso que se utilicen los cauces procedimentales exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para la práctica de dicha medida consolar, cauces que no aparecen cumplidos en el procedimiento presente.
3. Por otra pone, si se tienen en cuenta los documentos presentados a calificación, no resulta de ellos que el titular registral de los bienes haya tomado pone en el procedimiento, por lo que ha de confirmarse la calificación recurrida, ya que no resulta que el procedimiento entablado lo haya sido contra el titular registral, como exige el principio constitucional de tutela judicial efectiva (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), y su corolario registral constituido por el principio de tracto sucesivo (cfr. artículo 20 de la Ley Hipotecaria), que impiden extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tomado pone en él, y, si bien es cieno que los Registradores de la Propiedad, como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones judiciales firmes (artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), no lo es menos que tienen la misma obligación de aplicar el principio constitucional referido, el cual no resulta cumplido según la documentación aportada pues es indudable que, aunque la querella se dirija (en lo que se refiere a una finca) contra una sociedad de la que se dice en el mandamiento que es socio único el querellado, tal sociedad no ha intervenido en el procedimiento, no produciéndose por ello indefensión del querellante, pues no existe tal figura cuando no se utilizan los mecanismos procedimentales adecuados, como hubieran sido en este caso los que ya previo el Decreto-Ley 18/1969 y hoy recogen los artículos 630 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto, confirmando la calificación del Registrador.
Madrid, 19 de octubre de 2002. La Directora general, Ana López Monís Gallego.
Sr. Registrador de la Propiedad de San Javier número 1.

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 Resolución 
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 42
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