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Timestamp: 2017-11-23 23:56:45+00:00

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Sentencia T.S.J. Asturias 1275/2013 de 18 de noviembre. IVA. Comisión de infracción. Falsedad de facturas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Asturias 1275/2013 de 18 de noviembre
IVA. Comisión de infracción: Falsedad de facturas. Naturaleza de la comunidad emisora de las facturas: Son unos ingresos muy elevados para un comunidad constituida recientemente y sin implantación en el mercado y que carece de la infraestructura material para realizarla. Existencia de voluntariedad en la acción: Determina la culpabilidad en el sujeto pasivo.
RECURSO: P.O. 1297/2011
RECURRENTE: DIRECCION000 C.B.
PROCURADOR: D. EUGENIO ALONSO AYLLON
RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
REPRESENTANTE: SR. ABOGADO DEL ESTADO
SENTENCIA n.º 1275/2013
En Oviedo, a dieciocho de noviembre de dos mil trece.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados reseñados al margen, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo número 1297/2011 interpuesto por D. Celso y D. Ezequiel, que intervienen en interés de DIRECCION000, C.B., representada por el Procurador D. Eugenio Alonso Ayllón, actuando bajo la dirección Letrada de D. Ignacio García Matos, contra el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, representado por el Sr. Abogado del Estado. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Julio Luis Gallego Otero.
Primero.—Interpuesto el presente recurso, recibido el expediente administrativo se confirió traslado al recurrente para que formalizase la demanda, lo que efectuó en legal forma, en el que hizo una relación de Hechos, que en lo sustancial se dan por reproducidos. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que, en su día se dicte sentencia acogiendo en su integridad las pretensiones solicitadas en la demanda, y en cuya virtud se revoque la resolución recurrida con imposición de costas a la parte contraria. A medio de otrosí, solicitó el recibimiento del recurso a prueba.
Segundo.—Conferido traslado a la parte demandada para que contestase la demanda, lo hizo en tiempo y forma, alegando: Se niegan los hechos de la demanda, en cuanto se opongan, contradigan o no coincidan con lo que resulta del expediente administrativo. Expuso en Derecho lo que estimó pertinente y terminó suplicando que previos los trámites legales se dicte en su día sentencia, por la que desestimando el recurso se confirme el acto administrativo recurrido, con imposición de costas a la parte recurrente.
Tercero.—Por Auto de 24-1-2012, se recibió el procedimiento a prueba, habiéndose practicado las propuestas por las partes y admitidas, con el resultado que obra en autos.
Cuarto.—No estimándose necesaria la celebración de vista pública, se acordó requerir a las partes para que formulasen sus conclusiones, lo que hicieron en tiempo y forma.
Quinto.—Se señaló para la votación y fallo del presente el día catorce de noviembre pasado en que la misma tuvo lugar, habiéndose cumplido todos los tramites prescritos en la ley.
Primero.—- La parte recurrente interpone recurso contencioso-administrativo contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias el 6 de mayo de 2011, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas números NUM000 y NUM001, impugnando acuerdos de la Dependencia Regional de Inspección Tributaria de la Delegación Especial en Asturias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por los que se practica liquidación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2005 con cuota cero, y se le impone una sanción de 155.208,55 € por la comisión de la infracción tributaria muy grave.
Con la acción ejercitada pretende se anule, revoque y deje sin efecto la resolución recurrida así como las que ésta confirma.
Pretensiones declarativas con fundamento en los siguientes motivos: El acuerdo de liquidación infringe el principio de presunción de inocencia, y el de sanción el de culpabilidad con ausencia de motivación suficiente en la resolución impugnada; en un caso porque el primero se basa en una serie de apreciaciones subjetivas y juicios de valor del inspector que no constituyen por si misma pruebas de lo que se pretende sostener, ni van acompañadas de otros elementos que, en conjunto, permitan tener por probada la conducta antijurídica alguna, máxime cuando no se tienen en cuenta ninguna de las pruebas aportadas por esta parte para acreditar la realidad de los trabajos ni los razonamientos elaborados a partir del análisis de la razonabilidad económica de los resultados obtenidos por la empresa destinataria de esos trabajos; y en el otro, a falta de acreditación de que las facturas emitidas sean falsas por no haberse prestado los servicios contratados a la comunidad de bienes.
Segundo.—Impugnada la regularización de la situación tributaria de la comunidad recurrente al considerar la Inspección que las facturas que documentan los trabajos realizados para la Sociedad Restauraciones y Obras de Aluminio y Hierro S.L. en la ejecución de obras en el Colegio Martínez Torner de Gijón y en el Deportivo de San Antolín de Ibias, no se corresponden a la efectiva prestación de servicios, teniendo en cuenta los indicios que señalan en el informe ampliatorio del acta, en particular, los vínculos de parentesco entre los participes y el administrador de hecho y derecho de la sociedad (hijos y padres), no consta el ingreso en la cuenta de los recurrentes de parte de las facturas o no han sido cobradas. Actuación ajustada a derecho para el Abogado del Estado con remisión a las motivaciones fáctica y jurídica contenidas en el expediente.
Tercero.—Para resolver la problemática planteada en torno a la validez de las deducciones obtenidas por la Inspección de Tributos al considerar la parte recurrente que no reúnan los requisitos exigidos para aplicar las presunciones, teniendo en cuenta su carácter supletorio de este medio de prueba y que entre el hecho demostrado y aquel que se trata de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas de la sana critica.
En el examen de la cuestión planteada hay que tener en cuenta que las circunstancias tomadas en consideración en el acto recurrido son puestas de manifiesto en el marco de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección para verificar la situación tributaria del contribuyente y de la sociedad receptora de los trabajos, examinando al efecto la documentación aportada por ellas. Entre los datos de interés destacan que los miembros de la comunidad de bienes, hermanos y con el mismo domicilio, la constituyen el 12 de julio de 2005, con el objeto de desarrollar la actividad de carpintería metálica; que estos socios son hijos de los administradores de hecho y derecho de la sociedad Restauración y Obras de Aluminio y Hierro SL, siendo trabajadores de la misma en los años 2004 y 2005 con unas retribuciones de 12.602,10 y 9.735,31 € en el primer año, y 6.360,89 y 7.216,11 € hasta junio de 2005, en que se dan de alta como autónomos formando parte de la citada comunidad, que tiene como único cliente dicha sociedad emitiendo cinco facturas por importes totales de 63.682,45 y 63.682,43 € por las obras de cierre de la pista cubierta Colegio Martínez Torner, y estructura y cubierta de la Pista Polideportiva Luiña para la empresa adjudicataria de las mismas Restauraciones y Obras de Aluminio y Hierro, S.L. por valores de 139.204,69 y 71.297,29 € (trabajos consistentes en la fabricación y colocación de la estructura con materiales aportados por Restauración y Obras de Aluminio y Hierro SL); de aquellas cuentas las que tienen importes de 29.700 y 34.800 € son pagadas mediante transferencias bancarias de las cuentas de aquéllos, las que manifiestan pagadas en efectivo no figuran anotadas en la cuenta bancaria de la comunidad por más que en el libro diario de Restauraciones y Restauraciones y Obras en Aluminio y Hierro, S.L., figuren abonadas parcialmente en la cuenta de DIRECCION000 C.B., por importe de 55.000 € en el ejercicio de 2005, quedando el resto pendiente de pago, la comunidad de bienes se da de baja el 26 de enero de 2006; y para finalizar la diferencia sustancial en los rendimientos y resultados de la actividad profesional y económica de las citadas personas comparándolas con la situación anterior de las mismas.
Respecto de las deducciones que se pueden extraer de la relación precedente basadas en la vinculación personal y económica entre las partes citadas, realizando los participes de la comunidad la misma actividad que cuando trabajan para la sociedad; que la comunidad de bienes se constituye y funciona durante un corto espacio de tiempo desarrollando exclusivamente las obras adjudicadas a la persona jurídica, mediante su trabajo profesional y con el material proporcionado por aquélla (la comunidad subcontrata esencialmente los servicios de levantamiento de las piezas mediante grúas); la gran desproporción entre ingresos que recibían como trabajadores y los que obtuvieron como socios de la comunidad, teniendo unos rendimientos que contrastan con los negativos de la sociedad que contrató sus servicios, es decir, estamos ante unos ingresos muy elevados para un comunidad constituida recientemente y sin implantación en el mercado y que carece de la infraestructura material para realizarla como evidencia las facturas aportadas por la misma; que los estados contables de ambas partes demuestran que no todas las operaciones, ya sean de ingresos o gastos, se hacen a través de bancos como seria razonable para un control de cualquier empresa, en efecto existen salidas y entradas en los libros y cuentas bancarias sin justificación en facturas y recibos; y que con la relación descrita entre las citadas partes se han producido o se pueden producir los efectos fiscales en cuanto a ventajas por deducciones y gastos para ambas con aminoración del resultado de la actividad económica de la persona jurídica y su atribución a la persona física.
Con estos presupuestos la presunción lógica es la que obtiene la Inspección de Tributos y hace propia la resolución recurrida, existiendo la precisión y concordancia exigidos entre le hecho base y que se trata de demostrar. Sentado cuanto antecede no se aprecia la incoherencia, falta de precisión y rigor en la presunción que señala la parte recurrente, pues para ello toma en consideración hechos aislados que desgajados del contexto admiten otra deducción, y para ello no basta con la acreditación testifical de los servicios prestados, una parte de los cuales se admite en los actos recurridos, ni en la justificación de los resultados de la sociedad de la sociedad por ofertar y adjudicarse las obras públicas por debajo de su coste real según el informe técnico realizado a su instancia, pero subcontratando una parte importante de los trabajos que antes realizaba con sus propios trabajadores con un coste muy inferior como lo demuestra los salarios abonados a los mismos. No se trata por tanto de calificaciones jurídicas, de juicios de valor o de simples apreciaciones que los inspectores consignen en las actas y diligencias, sino de unas conclusiones fundadas en datos contrastados y en la relación directa de éstos con los deducidos respecto de los efectos.
De cuanto antecede, resulta que no existen motivos para cuestionar de la validez de citados medios probatorios, ni en cuanto a los requisitos formales de motivación ni los materiales de las deducciones que se obtienen de los mismos, que la recurrente no ha desvirtuado.
Cuarto.—Desestimada la alegación anterior sobre la procedencia de la regularización procede desestimar también la relativa a la ausencia de culpabilidad en la conducta del sujeto pasivo al estar directamente asociadas generalmente y particularmente.
En efecto en las actas e informes emitidos por la Inspección se recogen los elementos que ponen de manifiesto que parte de las facturas giradas no se corresponden con los servicios prestados, lo cual revela la voluntariedad en la comisión de la infracción, y su calificación como muy grave por incumplimiento de las obligaciones de facturación con la finalidad apuntada.
Por lo expuesto, concurre la culpabilidad definida por la jurisprudencia constitucional y legal en el sentido "que no existe un régimen de responsabilidad objetiva en materia de infracciones tributarias ni nada ha cambiado al respecto de la Ley 10/1985. El nuevo articulo Artículo 183, establece que "Son infracciones tributarias las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley." Continúa rigiendo por tanto el principio de culpabilidad (dolo, culpa o negligencia grave y culpa o negligencia leve o simple negligencia), principio que excluye la imposición de sanciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del contribuyente".
Consideración complementada con aquella que dice "Dentro de la estructura de las infracciones administrativas, uno de sus componentes principales por su naturaleza subjetiva, es el que se conoce con el nombre de culpabilidad, elemento y no principio como a veces se invoca (...) el núcleo de las infracciones llamadas otrora (de omisión) consistía en la ocultación total o parcial del hecho imponible o del exacto valor de las bases liquidables según la configuración genérica del primero de los supuestos tipificados como tales en la versión originaria del articulo 79 de la LGT modificada en 1985, por tanto, cuando el declarante expone todos los datos y factores que conoce y a su juicio han de ser tenidos en cuenta para cuantificar la base imponible y obtener así la cuota, no cabe calificar la conducta como constitutiva de contravención alguna. La complitud y veracidad eliminan la malicia y convierten la discrepancia entre la Administración y el ciudadano en un debate cuya ultima palabra es nuestra (..) una diferencia de criterio razonable respecto a la interpretación de las normas tributarias pueden ser la causa de la excusión de la culpabilidad en el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración".
Las anteriores consideraciones son aplicables al régimen sancionador de la Ley 58/2003, que no modifica, salvo algunas precisiones, las disposiciones legales sobre las infracciones y sanciones tributarias, al definirlas como acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que están tipificadas y sancionadas como tales en otra ley.
Con la anterior doctrina aplicada al presente caso la sanción no se impone con base a presunciones insuficientes como afirma el recurrente, sino que realiza la regularización admitiendo la validez y eficacia probatoria de los estos medios de prueba que descubren la voluntariedad de su conducta y pone de manifiesto su culpabilidad y la destrucción de la presunción de inocencia, y excluye el error admisible que conduce a la exoneración de su responsabilidad o apreciar en su conducta la simple negligencia. Desde este punto de vista, no se trata de un criterio dispar y razonable en la interpretación de las normas aplicables, sino de una conducta intencional que ha determinado que el sujeto pasivo deje de ingresar parte de la deuda tributaria.
Quinto.—En la conducta de las partes litigantes no se aprecia mala fe ni temeridad en sostener la acción e interponer el recurso, presupuestos para la imposición de las costas que pudieran devengarse en esta instancia conforme establece el artículo 139 Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ha decidido: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Don Eugenio Alonso Ayllón, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de DIRECCION000 C. B., contra la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias el 6 de mayo de 2011, la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias el 10 de septiembre de 2010, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas números NUM000 y NUM001, debemos declarar y declaramos conforme a derecho la resolución administrativa impugnada, que, por tal razón, confirmamos. Sin hacer especial declaración de las costas devengadas en la instancia.
Contra la presente resolución cabe interponer ante esta Sala, RECURSO DE CASACION PARA UNIFICACION DE DOCTRINA, en el término de treinta días para ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

References: resolución 
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 Artículo 183
 artículo 139
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