Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421688.html
Timestamp: 2019-03-22 04:40:08+00:00

Document:
as201421688
Auto Supremo: 688/2014
Expediente: T-39-14-S
Partes: Calixto Velásquez Ortega y Florencio Guerrero Terceros. c/Liliana Cruz
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 133 a 134 y vta., interpuesto porCalixto Velásquez Ortega y Florencio Guerrero Terceros, contra el Auto de Vista Nº 106/2014, cursante de fs. 127 a 130 y vta., pronunciado el 21 de agosto de 2014 por la Sala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija en el proceso ordinario sobre resolución de contrato y pago de daños y perjuicios seguido por los recurrentes contra Liliana Cruz Arancibia; la respuesta de fs. 132 a141 y vta.; la concesión de fs. 147; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Primero de Sentencia de Villa Montes, el 7 de marzo de 2014, pronunció la Sentencia cursante de fs. 103 a 108 y vta., declarando probada la demanda principal de fs. 23 a 25 y su complementación de fs. 29, disponiendo en aplicación del art. 568 par. I del Código Civil, la resolución del contrato de compromiso de venta suscrito `por Liliana Cruz Arancibia, Calixto Velásquez Ortega y Florencio Guerrero Terceros en fecha 20 de diciembre de 2012, con reconocimiento de firmas de fecha 15 de mayo de 2013, por incumplimiento voluntario por parte de la demandada Liliana Cruz Arancibia, disponiendo que la misma cancele la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS y la suma de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 35/100 BOLIVIANOS afavor de los actores, otorgándole un lazo de 15 días a partir de la ejecutoria de la sentencia. Disponiendo asimismo que los daños y perjuicios serían establecidos en ejecución de sentencia.
Contra esa Sentencia la demandada interpuso recurso de apelación, en cuyo mérito laSala Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija el 21 de agosto de 2014 emitió el Auto de Vista cursante de fs.127 a 130 y vta, revocando totalmente la Sentencia y declarando IMPROBADA la demanda. Con costas.
Contra la resolución de segunda instancia la parte demandante interpuso recurso de casación en el fondo.
1.- Que los vocales violaron, aplicaron indebidamente e interpretaron erróneamente los arts. 510 y 1286 del Código Civil con relación al art. 397 del Código de Procedimiento Civil porque en la interpretación de los contratos, el Juez no debe limitarse al sentido literal de las palabras, sino que debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes, pues del análisis del documento de fs. 1-2 se tiene que la intención de las partes fue: a) que el saldo del precio de $us 52.000 sean cancelados con un préstamo a obtenerse de la Cooperativa San Martín de Porres que debía ser obtenido por la vendedora y debía garantizarse la hipoteca con el mismo inmueble; que en la parte infine de la cláusula Cuarta se establece que los intereses del crédito serían cubiertos por los compradores pero en ninguna parte se dice que el crédito sería garantizado con otros bienes de los compradores, tampoco que el inmueble objeto de la venta no serviría de garantía del crédito y tampoco que el crédito sería contraído por los compradores, por lo que la resolución impugnada carece de la sana crítica.
b)Que tampoco interpretaron de manera amplia conforme a las reglas de la lógica y experiencia la cláusula sexta, que dice que la vendedora se compromete a firmar los documentos de transferencia una vez obtenido el crédito juntamente con este y que la vendedora se apersonó a la Cooperativa para paralizar el crédito y hacer conocer que había desistido de la venta del inmueble como se demuestra por el documento de fs. 20, incurriendo en incumplimiento del contrato.
2.- Que la resolución impugnada incurre en error de hecho a tiempo de apreciar las pruebas al haber concluido que no habían cumplido con la segunda y tercera cuota, remitiéndose respecto a la tercera cuota a lo manifestado en el agravio anterior ya que por la prueba presentada, se demostró que cumplieron con su contraprestación, al cancelar las dos cuotas iniciales de $us 9.000 y $us 5000 respectivamente, demostrado con los documentos de fs. 1-2 reconocido en sus firmas, el de fs. 3 por la suma de $us 1.100, la de fs. 10 a 12 y la de fs. 19 que demuestran con grado de certeza que cumplieron a cabalidad con su contraprestación, siendo la vendedora quien habría incumplido lo pactado, incurriendo los Vocales en error de hecho al no valorar positivamente esos documentos.
Concluye su recurso solicitando al Tribunal Supremo, CASE el Auto de Vista impugnado y resuelva el fondo de la controversia, declare mantenga firma y subsistente la Sentencia dictada por el A quo.
Revisado elrecurso, se tiene que los recurrentesacusan lo siguiente: 1. Que los vocales violaron, aplicaron indebidamente e interpretaron erróneamente los arts. 510 y 1286 del Código Civil con relación al art. 397 del Código de Procedimiento Civil porque en la interpretación de los contratos el Juez no debe limitarse al sentido literal de las palabras, sino averiguar cuál ha sido la intención común de las partes, pues delanálisis del documento de fs. 1 a 2 la intención de las partes fue que el saldo del precio de $us 52.000 sean cancelados con un préstamo a obtenerse de la Cooperativa San Martín de Porres que debía ser obtenido por la vendedora garantizado con la hipoteca del mismo inmueble; que en la parte infine dela cláusula Cuarta se establece que los intereses del crédito serían cubiertos por los compradores pero en ninguna parte del contrato se dice que el crédito sería garantizado con otros bienes de los compradores, tampoco que el inmueble objeto de la venta no sería garantíadel crédito,por lo que la resolución impugnada carece de la sana crítica
b)Que tampoco se interpretó conforme a las reglas de la lógica y experiencia, la cláusula sexta, que dice que la vendedora se compromete a firmar los documentos de transferencia una vez obtenido el crédito juntamente con este y que la vendedora se apersonó a la Cooperativa para paralizar el crédito e hizo conocer el desistimiento en la venta del inmueble como se demuestra por el documento de fs. 20, incurriendo en incumplimiento del contrato.
2.- Que la resolución impugnada incurre en error de hecho a tiempo de apreciar las pruebas al haber concluido que no habían cumplido con la segunda y tercera cuota, remitiéndose respecto a la tercera cuota a lo manifestado en el agravio anterior y que por la prueba presentada se demuestra que cumplieron con su contraprestación al cancelar las dos cuotas iniciales de $us 9.000 y $us 5.000 respectivamente, demostrado con los documentos de fs. 1-2 reconocido en sus firmas, el de fs. 3 por la suma de $us 1.100, la de fs. 10 a 12 y la de fs. 19 que demuestran con grado de certeza que cumplieron siendo la vendedora quien habría incumplidolo pactado, incurriendo los Vocales en error de hecho al no valorar positivamente esos documentos.
Establecidos los agravios expresados en el recurso, conviene para el caso el análisis del contrato de fs. 1 a 2, objeto de Litis, así, conforme sale de la cláusula tercera del contrato de compromiso de venta de inmueble de fs. 1 a 2 suscrito en fecha 20 de diciembre de 2012, se evidencia que Liliana Cruz Arancibiada en venta real y enajenación perpetua un inmueble urbano con una superficie de 1.500 ms.2, sito en calle Boquerón de la ciudad de Villamontes a favor de Calixto Velásquez Ortega y Florencio Guerrero Terceros. Luego, la cláusula cuarta señala: “El precio libremente convenido entre partes por el inmueble objeto de la presente compra-venta es ( $us 66.000) SESENTA Y SEIS MIL DÓLARES AMERICANOS 00/100, de dicho monto a la fecha son pagados por los compradores la suma de ($us 9.000.-) NUEVE MIL DÓLARES AMERICANOS, el monto de ($us 5.000,00.-) CINCO MIL DOLARES AMERICANOS 00/100 hasta el 05 de enero del 2013, el saldo de ($us 52.000,00.-) CINCUENTA Y DOS MIL DÓLARES AMERICANOS)serán pagados con un crédito de la Cooperativa San Martínde Porres, los intereses del monto ($US 52.000,00) del crédito serán cubiertos desde la fecha por los compradores.”;en la Cláusula Sexta, se establece:“La vendedora se compromete a firmar los documentos de transferencia juntamente al crédito, asimismo autoriza a los compradores a realizar arreglos y mantenimiento al inmueble.”
Ahora bien, el art. 510 del Código Civil, dispone: “En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención de los contratantes, se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato.” Por su parte el art. 511 de la misma norma dispone que cuando una de las clausuras es ambigua, ésta debe ser interpretada dándole siempre el sentido que pueda producir algún efecto, nunca aquel que nole otorgue ninguno; asimismo resulta pertinente referirnos a lo dispuesto por el art. 514 de la norma civil sustantiva que dice que las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto que el documento refiere.
De lo anterior, se evidencian los siguientes extremos: 1º Que la vendedora, se comprometió transferir el inmueble de su propiedad a los compradores en el precio total de $us 66.000; 2º Que al momento de la suscripción del contrato se pagó la suma de $us 9.000; 3º Que los compradores debían pagar $us 5.000 en el plazo de 15 días posteriores a la suscripción del contrato; 3º Que el saldo ($us 52.000) debía ser pagado con el financiamiento de un crédito a obtener de la Cooperativa San Martín de Porres con la garantía del mismo inmueble,lo que implica que se pactó la venta del inmueble a través de un crédito hipotecario con garantía del mismo inmueble, en consecuencia el cumplimiento de esta contraprestación por parte de los compradores estaba sujeta a la consolidación del crédito; 4º Que sobre el inmueble a transferir, pesaba un gravamen hipotecario por un préstamo obtenido por la vendedora, de la misma Cooperativa San Martín de Porres desconociéndose el monto del mismo; 5º Que la vendedora autorizó expresamente a los compradores para que realicen arreglos y el mantenimiento del inmueble a partir de la suscripción de contrato de fs. 1-2.
De la revisión de los antecedentes de obrados,se establece que al momento de la suscripción del contrato, enfecha 20 de diciembre de 2012 se realizó el pago de $us 9.000; a fs. 10 cursa prueba consistente en papeleta de depósito Nº 70373994 del Banco FIE que acredita que en fecha 21 de diciembre de 2012 Calixto Velásquez Ortega, depositó a la cuenta Nº 6411-0000593 de Liliana Cruz Arancibia la suma de Bs. 13.700 equivalentes a $us 2.000; en la misma foja, la papeleta de depósito Nº 70671925 de fecha 29 de diciembre de 2012 realizado también por Calixto Velásquez Ortega a la misma cuenta, de Bs. 6.600 quedando expresamente sentado en ambos documentos que el pago que se realiza es por “saldo de compra de lote de terreno”; a fs. 3 cursa recibo suscrito en fecha 31 de diciembre de 2012 por Calixto Velásquez y Liliana Arancibia Cruz que acredita la entrega de $us 1.100 por concepto de adelanto de cancelación por compra de la propiedad; a fs. 11, corren las papeletas de depósito del Banco FIE Nº 71049521 de fecha 10 de enero de 2013 por Bs. 13.700 y la Nº 71602766 de fecha 25 de enero de 2013por Bs. 2000, depósitos realizados a la cuenta de la demandada por Calixto Velásquez Ortega el primero y el segundo por Florencio Guerrero Terceros; a fs. 18 se tienepapeleta de débito de caja de ahorro- traspaso entre cuentas de ahorro en dólares de 18 de enero de 2013 que demuestra el traspaso de $us 1540 de la cuenta de Calixto Ortega Velásquez a la cuenta de la demandada Liliana Cruz Arancibia; de los depósitos y transferencias descritos se establece sin lugar a dudas la firme y expresa intención de los compradores de cumplir con el contrato, advirtiéndose que los tres primeros pagos fueron realizados dentro del plazo establecido en el contrato de fs. 1 a 2 es decir dentro de los 15 días siguientes a la firma del contrato como se estableció en la cláusula Cuarta, que sumados a los otros pagos posteriores, descritos supra, tanto en bolivianoscomo en dólares, exceden superabundantemente el monto acordado entre partes como pago parcial lo que no puede ser ignorado como erróneamente concluyó el Ad quem, máxime cuando Liliana Cruz Arancibia ensu memorial de apersonamiento de fs. 33 a 33 vta., no negó haber recibido dinero, limitándose a observar la suma total de $us 19.000 dólares señalada por los demandantes, refiriendo textualmente:“... que noes ese el monto entregado a mi persona siendo mucho menor...”, sin embargo nunca dijo cuánto había recibido y menos produjo prueba alguna durante la tramitación del proceso para desvirtuar lo aseverado por el actor y enervar las pruebas literales glosadas precedentemente, es más, ni siquiera contestó a la demanda y el referido memorial se centró en la observación a la nota de fs. 19 emitida por el Ing. Said Padilla E. Jefe de la Agencia de la Cooperativa San Martín de Porres, deVillamontesque certificó que Liliana Cruz Arancibia, se había apersonado a la Cooperativa ante el oficial de créditos José Alexander Bayon Cárdenas quien realizaba el trámite de la operación crediticia, para paralizar el referido trámite, dando a conocer su voluntad de desistir la venta de su inmueble a los compradores; asimismo observó que en el referido documento, se hubiera certificado dos transacciones realizadas a la cuenta de la demandada, una de transferencia de dinero del 18/01/2013 por $us 1548 y otra de amortización al crédito Nº 10079850 cuya titular es la demandada, pago efectuado a través de la transacción Nº 1216194 de fecha 25/02/2013mediante depósito realizado por Vilma Galarza Acosta en el monto de Bs. 12.242,35, negando sólo en cuanto a la paralización del trámite para la obtención del crédito indicando,mas no respecto a los montos de dinero señalados en la demanda y solicitando audiencia conciliatoria para llegar a un acuerdo con los demandantes, hechos evidentes y ciertos que no pueden ser desconocidos como aconteció enla resolución impugnada que revocó la Sentencia declarando improbada la demanda, aun cuando el propio Ad quemreconoció la eficacia probatoria de los recibos de fs. 10 a 12 en conformidad con los artículos 1296 del Código Civil, 1346 y 1356 del Código de Comercio, tomando similar posición, con relación al depósito de fs. 15 realizado por Vilma Galarza Acosta a la cuenta de la demandada, concluyendo que a pesar de que se cuenta conla certificación de la Cooperativa San Martín de Porres de fs.19, la misma no demuestra que el pagofue realizadopor los demandantes, acusando incorrecta valoración por parte del A quo, sin embargo, de la revisión de los antecedentes de obrados, se advierte que esta prueba no ha podido ser corroborada en proceso porque toda la prueba ofrecida por los demandantes a través del escrito de fs. 47 a 47 y vta. donde precisamente Vilma Galarza Acosta fue ofrecida como testigo de cargo, fue rechazada porque supuestamente no se habría dado cumplimiento al art. 380 del Código de Procedimiento Civil y siendo que la propia demandada no negó que ese monto hubiera ido como amortización al crédito que ella tenía con la Cooperativa, siendo su único argumento en su memorial de conclusiones, que en el “supuesto recibo” no consta ningún nombre sino solo una firma ilegible y un número de Cédula de identidad, que no demuestra que el depósito hubiera sido realizado por los demandantes y que se trata de una persona totalmente ajena al proceso, mas no negó que el monto de Bs. 12.242,35 hubiera ingresado a su cuenta y que el mismo hubiera sido debitado de la misma para la amortización de su crédito, ignorando el Ad quem, ignorando en consecuencia la referida prueba sin la existencia de prueba que enerve las literales aportadas por los actores, concluyendo erróneamente que de la interpretación del contrato si bien resultaevidente que se ha cumplido con el pago de los $us 9000 dólares a la suscripción del contrato, mas no se hubiera cumplido con el pago de los $us 5.000 que debían ser pagados hasta fecha 5 de enero de 2013 y tampoco con el pago de los $us 52.000 restantes, sustentando su fundamento en la supuesta confesión espontánea de las partes al tenor del art. 408 del Código de Procedimiento Civil, argumentando asimismo que el pago del saldo estaba supeditado a la obtención de un crédito de la Cooperativa San Martín de Porres pero que en el contrato no se había condicionado la intervención de la demandada, concluyendo que no puede imputarse a la misma la obstaculización para la concreción del préstamo,porque:“...no es posible, válido ni eficiente y menos convincente que una tercera persona realice actos que obstaculicen o impidan que una convencióncontractual se cumpla ymucho menos que el ente financiero sin ningún respaldo se lo permita, avale y actúe paralizando o no otorgando el crédito, aun ante la existencia de la carta de fs. 19 porque en el contrato la demandada no se comprometió para intervenir en el trámite de obtención del crédito y menos se le ha conferido facultad para evitar el empréstito de sus compradores...” (el subrayado es nuestro); al respecto, cabe señalar que de la interpretación de la referida cláusula cuarta en relación al contenido del contrato, se establece con meridiana claridad que el pago de los $us 52.000 estaba sujeto a la obtención de uncréditohipotecario de la Cooperativa San Martin de Porres cuya efectivización no era siquiera pensable sin la intervención de la demandada, quien al ser propietaria del mismo, estaba obligada a participardando su consentimiento expresoy facilitando a la entidad financiera todos los documentos que acrediten su derecho propietariohasta hacer posible la aprobación del créditode los $us 52.000, trámite al queestaba supeditada, consecuentemente, la suscripción del documento de transferencia definitiva como se acordó de manera expresa en la cláusula sexta del contrato objeto de Litis,en consecuencia no resulta coherente que el Tribunal concluya en la tesis que la demandada no estaba obligada a participar en la obtención del crédito porque era “un tercero ajeno”, concluyendo que quienes no han cumplido con la contraprestación asumida son los actores y por lo tanto no pueden exigir el cumplimiento de la contraprestación que le corresponde a la demandada, errado razonamiento cuando existe prueba en obrados que demuestra que los compradores cumplieron con el pago de la primera y de la segunda cuota y realizaron otros pagos conforme se tiene demostrado, precisamente para viabilizar la gestión del crédito y se posibilite el cumplimiento de la contraprestación, de no ser así, no existía ningún motivo valedero para que los compradores realicen pago a una deuda que no era suya, en consecuencia no puede pretenderse sancionar el no pago de los $us 52.000, ya que se debe considerarque al no hacerse ya posible que se den los presupuestos para que pueda cumplir con su contraprestación para que la vendedora cumpla a su vez con la contraprestación a la que se había reatado, de suscribir el documento definitivo de la transferencia,el comprador no está constreñido a cumplir conla contraprestación asumida.
Equívoco razonamiento aplicado, también encuanto a las mejoras y reparaciones realizadas por los compradores, pues como consta en el contrato de obra con reconocimiento de firmas de fecha 25 de enero de 2013 entre Miguel Goytia Llanos (Técnico metalúrgico contratista) y Florencio Guerrero Terceros, se hizo el cambio, colocado y pintado de un portón grande y la reparación y pintado de una puerta pequeña en el inmueble de la Litis por un monto de Bs. 2.200, pagado por los actores, prueba que tiene el valor legal que le otorga el art. 1297 del Código Civil, extremo que la demandada tampoco ha desvirtuado limitándose a negar sus propios actos, es decir la autorización para que los demandantes ingresen en el inmueble y realicen reparaciones y mantenimiento como consta expresamente la cláusula sexta del contrato objeto de Litis lo que no puede ignorarse.
A ello se suma que al revocar indebidamente la resolución de primera instancia y declarar improbada la demanda de resolución de contrato, se dejó latente el conflicto entre las partes, lo que no puede permitirse cuando a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado, rige un Estado constitucional de derecho que tiene como fin “el vivir bien”, sustentado en el respeto de los valores y principios establecidos en el art. 8.II de la norma constitucional en procura de una sociedad justa y armoniosa dirigida a fomentar y establecer una cultura de paz; así mismo los principios constitucionales que rigen la jurisdicción ordinaria establecidos en el art. 180 par. I y la aplicación efectiva y concreta de los principios y derechos reconocidos por la norma constitucional, conforme señala el art. 9 num. 4) del mismo texto, al disponer que es función del Estado, garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en la Constitución Política del Estado, dentro de ellos el principio de verdad material u objetiva, que debe imponerse ante la obsoleta verdad formal, que subyace en la formalidad de la norma jurídica y hace del Juez un mero espectador de la litis, impidiendo el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido frustrando así el servicio de la justicia, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad material que no es sino, aquella que debe concebirse en el proceso como la finalidad de la prueba y el Juez no puede renunciar menos ignorar esa verdad, porque la misma es la esencia del proceso y de la justicia.
Así mismo, el principio de eficacia, replicado en la Ley 025 en su art. 30 inc. 7) que establece: “Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia.” De lo que se infiere que no es posible considerar hoy, un sistema judicial en el que las partes no puedan encontrar la respuesta que permita resolver sus conflictos y queden después de acudir a la autoridad jurisdiccional en mayor incertidumbre y sin saber dónde acudir para encontrar aquella respuesta y solución que se entiende no ha sido posible alcanzar solo entre partes y que a futuro va a traer mayor detrimento, no solo para las partes sino para el sistema judicial en su conjunto porque las partes en conflicto van a tener que acudir nuevamente por otra vía en busca de una solución, cuando de la materialidad de los hechos como en el caso de Autos, está la solución.
POR TANTO La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 271 num. 4), y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASAel Auto de Vista de fecha 21 de agosto de 2014, de fs. 127 a 130 y vta., manteniendo subsistente lo dispuesto en la Sentencia de primera instancia, modificando la suma total en bolivianos, a la que debe sumarse Bs. 12.242,35 que corresponde al depósito de fecha 25 de febrero de 2013 por transacción Nº1216194 realizada por Vilma Galarza Acosta así como los Bs. 2.200 pagados por los actores por concepto de reparaciones como sale del contrato de obra de fs. 21 a 22, disponiendo que Liliana Cruz Arancibia cumpla con la devolución de lo adeudado a los actores, en el plazo dispuesto en la Sentencia, manteniendo firme y subsistente en lo demás.
Siendo inexcusables los errores en que han incurrido los Vocales suscriptores del Auto de Vista impugnado, se les impone multa de descuento de un día de haber de su haber mensual.
Para tal efecto, comuníquese la presente resolución a la Dirección Administrativa y Financiera.

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