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Timestamp: 2020-06-04 01:58:16+00:00

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Noticias Jurídicas | RCG Abogados y Economistas
El problema de la duración en los convenios urbanísticos tras la nueva regulación de la Ley 40/2015
INTRODUCCIÓN A LA LEY 40/2015
El nuevo cambio de regulación de la figura de los Convenios Administrativos introducida por la ya no tan reciente Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, ha tenido un importante efecto en el ámbito del Derecho Administrativo, en general, y, particularmente en el ámbito urbanístico. Mucho mayor que el que, a priori podría parecer.
Como señalaremos a continuación, este nuevo marco jurídico impone una nueva regulación con incidencia decisiva en los convenios de naturaleza urbanística, sin haber tenido en cuenta las especiales particularidades con las que dicha figura cuenta en el ámbito de la actividad urbanística, y que incidirá, fundamentalmente, en la obligación, conforme al régimen transitorio, de adaptarse a aquélla en los plazos otorgados para ello, con las graves consecuencias que de ello podría derivarse.
De las nuevas previsiones establecidas en la Ley atenderemos a los problemas que originará el nuevo régimen previsto en cuanto a la duración de los Convenios para aquellos que se hayan suscrito a partir de su entrada en vigor, como en relación con el régimen transitorio de aquellos que se hubiera suscrito con anterioridad a dicha entrada en vigor.
NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE CONVENIOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDA POR LA LEY 40/2015. EL PROBLEMA DE LA DURACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS.
La Ley 40/2015 vino a introducir una nueva regulación de los convenios administrativos, con carácter general, para el ámbito del Derecho Administrativo, en el Capítulo VI, del Título Preliminar, artículos 47 a 53. Y establece un importante régimen transitorio en la Disposición adicional octava.
Estas disposiciones cuentan con el carácter de legislación básica conforme al reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas, tal y como aclara la Disposición final decimocuarta señalando que dicha condición de legislación básica se confiere al amparo del artículo 149.1.18, artículo 149.1.13.ª y 149.1.14.ª de la Constitución. Ello sin perjuicio de considerar que, además, determinados artículos son de exclusiva aplicación a aquellos Convenios que sean suscritos por los órganos de la Administración General del Estado, y que, por lo tanto, no se considerarán en relación con los Convenios que suscriben en el ámbito urbanístico, cuya regulación sectorial es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.
De esta nueva regulación, y para el estudio que nos ocupa, destaca lo previsto en el artículo 49 de la Ley 40/2015 en su apartado primero, que establece que los Convenios deberá contar en cuanto a su contenido, y entre otras, con la cláusula de duración que deberá contar con el siguiente régimen jurídico:
Esto supone un gravísimo problema, dado que la legislación autonómica en materia urbanística no prevé una regulación específica que permita la suscripción de Convenios urbanísticos con una duración superior a los cuatro años. Y es evidente que, por lo general, la duración de un Convenio, tanto de planeamiento como de gestión, necesitan en multitud de ocasiones de un plazo muy superior para poder acometer todas alas actuaciones previstas en los mismos.
Luego, o los legisladores autonómicos llevan a cabo una reforma de sus leyes urbanísticas para hacer frente a esta cuestión o, por el contrario, no cabrá ya la posibilidad de suscribir Convenios con una duración superior al plazo de cuatro años.
Además, en ningún caso, la legislación autonómica podrá permitir que la duración da la prórroga del Convenio pueda tener una duración superior a los cuatro años, dado que el carácter básico de dicho precepto lo impediría.
Este artículo, en lo que se refiere a la duración del Convenio, por cierto y como veremos más adelante, fue declarado conforme a nuestra Carta Magna por el Tribunal Constitucional en su Sentencia nº 132/2018, de 13 de diciembre de 2018.
EL PROBLEMA DE LA ADAPTACIÓN DE LOS CONVENIOS URBANÍSTICOS PREEXISTENTES AL NUEVO RÉGIMEN JURÍDICO ESTABLECIDO POR LA LEY 40/2015. RÉGIMEN TRANSITORIO.
La Ley 40/2015 establece un régimen transitorio a través de la DA octava, por la que se establecen una necesaria adaptación de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública, y por tanto, debemos entender también a los Convenios Urbanísticos que sean suscritos por las Administraciones públicas competentes, por lo general, Entidades Locales (Ayuntamientos, Gerencias Urbanísticas, Empresas Públicas Locales) con propietarios de suelos promotores de las actuaciones urbanísticas o Entidades Urbanísticas Colaboradoras (Juntas de Compensación, Agrupación de Interés Urbanístico, etc).
En concreto, establece dicha en el apartado segundo una previsión muy importante en relación con la duración de los Convenios que, por cierto, tendrá un importantísimo impacto sobre los Convenios urbanísticos como explicaremos más adelante. Establece dicha disposición que:
Así pues, y al margen de la adaptación que hemos señalado con anterioridad, y en cuanto a la duración de aquellos que no tuvieran expresamente señalado un plazo de vigencia (lo cual es más que habitual en los Convenios Urbanísticos), o teniéndolos, tuvieran una prórroga tácita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, se aplica automáticamente lo establecido en el artículo 49.h.1, por lo que, el plazo será de cuatro años a contar desde la entrada en vigor de aquélla. Así pues, en el caso de que no tuvieran recogida fecha de vigencia, éstos perdurarán legalmente hasta el 2 de octubre de 2020.
Dicho régimen transitorio, así como la previsión anteriormente estudiada del artículo 49.1.h), por cierto, ha sido declarado conforme a nuestra Carta Magna, tras el recurso de inconstitucionalidad núm. 3774-2016, admitido a trámite por el Tribunal Constitucional mediante Providencia de 19 de julio de 2016 que concluyó con la Sentencia del Pleno del TC nº 132/2018, de 13 de diciembre de 2018, en la que se señala, respecto de esta cuestión, lo siguiente:
Se trata, no obstante, de una norma de Derecho transitorio vinculada a la competencia estatal para regular «el ámbito temporal de aplicación» del nuevo régimen básico [STC 49/2018, de 10 de mayo, FJ 7 b)]. A su vez, conforme a la disposición final decimoctava, el nuevo régimen de los convenios administrativos «entrará en vigor al año» de la publicación de la Ley en el «Boletín Oficial del Estado». De modo que las Comunidades Autónomas y los entes locales han contado con un año para establecer normativamente plazos de vigencia superiores o inferiores al cuatrienal establecido por el Estado, así como para ajustar a los mismos la duración de los convenios administrativos previamente suscritos.
Por ello, el régimen de duración temporal de los convenios, así como el del período de adaptación de los suscritos con anterioridad a las prescripciones de la nueva ley, previstos, respectivamente, en el artículo 49 h).2 y en la disposición adicional octava, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015 cumplen con el mandato constitucional de establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas (art. 149.1.18 CE), sin invadir las competencias de la Generalitat de Cataluña, ni vulnerar su Estatuto de Autonomía. Procede, en consecuencia, desestimar la impugnación
Por lo tanto, dicho régimen jurídico transitorio, así como el de la vigencia temporal de los Convenios que se suscriban ex novo, son perfectamente acordes con nuestra Carta Magna y debe ser de plena aplicación, por lo que, una vez alcanzada la fecha de 2 de octubre de 2020, dichos Convenios urbanístico habrán quedado extinguidos en los términos previstos en el artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015 y habrá que estar a las reglas de liquidación del convenio extinto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 52 de dicha norma.
UN PROBLEMA AÑADIDO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS ANTEDICHOS
Al margen de todo lo anterior, deben hacerse una serie de consideraciones en relación con el plazo de prescripción de las obligaciones que hubieran surgido al amparo de los Convenios Urbanísticos preexistentes, y determinar si, las obligaciones que hubiera surgido con ocasión o como consecuencia de dichos instrumentos, al menos hasta el momento en que se consideren en vigor, habrían podido prescribir o no.
El primer problema a resolver es, si las obligaciones dimanantes de los Convenios, son obligaciones de derecho privado o de derecho público, puesta que dicha cuestión ha suscitado muy diversas opiniones.
Con carácter general, se había establecido el carácter no tributario de las obligaciones dimanantes de los Convenios Urbanísticos. Entre otras, en la STSJ de Madrid nº 235/2016 de 21/03/2016 (RC 1410/2014), o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3), sentencia n° 250/2012 de 30 de marzo de 2012 que mencionaba aquélla, se señalaba, muy resumidamente que:
Por lo expuesto el plazo de prescripción aun tratándose de un ingreso de derecho público por tener naturaleza urbanística, que no tributaria, ni presupuestaria, y no estableciéndose algún plazo de prescripción especifico, se ha de estar al plazo de prescripción de las acciones personales previstos por el artículo 1964 del CC.
Esta naturaleza no tributaria y el plazo de prescripción aplicable ha sido recientemente confirmado por la STS 29 de enero 2020 (rec 694/2018)
Del análisis del citado artículo 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria se deduce, que el plazo establecido se refiere al ejercicio por los acreedores del derecho a hacer efectivas, mediante su reconocimiento o liquidación por la Administración, las obligaciones de carácter económico asumidas por la misma, a cargo de la Hacienda Pública, de retribuir los servicios o prestaciones realizados a su favor. Así se desprende del propio artículo 25.1.b) cuando establece el mismo plazo de prescripción una vez reconocidas o liquidadas las deudas, utilizando términos como «pago de las obligaciones» o «reclamación por los acreedores», con lo que se está haciendo referencia, en todo caso, al cumplimiento y satisfacción de las concretas deudas asumidas y derivadas de la relación de servicio o prestacional establecida con los acreedores. Frente a ello, cuando se trata del cumplimiento de las prestaciones de distinta naturaleza derivadas de una relación de carácter contractual, ha de estarse a sus propios términos y atender a la naturaleza de las mismas o, como señala el artículo 1258 del Código Civil, los contratos una vez perfeccionados, obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Por todo ello, entendida la naturaleza de los convenios urbanísticos en los términos que ampliamente hemos expuesto, parece claro que el plazo de prescripción establecido en el citado artículo 25.1.a) LGP no colma, no llena, no integra el vacío normativo dejado por la legislación contractual pública que antes hemos reseñado, que se refiere a la exigencia de las obligaciones o prestaciones derivadas del contrato o convenio suscrito con la Administración, es decir, al cumplimiento del contrato en los términos que son propios de su naturaleza y alcance ( artículo 1258 CC). En otro caso se estaría exonerando a la Administración del cumplimiento del convenio en sus propios términos, desconociendo las prestaciones de distinta naturaleza que conforman su contenido obligacional, a las que ha de referirse y acomodarse el plazo de prescripción, transformándolo y reduciéndolo a una obligación económica o deuda a cargo de la hacienda Pública que es lo que contempla el artículo 25.1.a) LGP. Todo ello implica la inexistencia de norma de derecho administrativo que fije el plazo de prescripción que nos ocupa y la necesidad de proceder a la aplicación de la norma de derecho privado, que no es otra que el artículo 1964.2 CC.
Dado que las obligaciones que se asumen con carácter general en un Convenio urbanístico son tanto de obligaciones de pago de cantidad (bien por pago por asunción de cargas de urbanización, etc) como de obligaciones de hacer (por la ejecución de diversas prestaciones relacionadas con la ejecución de obras de urbanización por lo general), que atendiendo a la doctrina anteriormente señalada se debe deducir el carácter no tributario ni presupuestario de las mismas, habrá que estar, por lo tanto, al plazo de prescripción general del artículo 1964 CC.
Eso sí, para su consideración habrá de adecuarse a la modificación obrada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (publicada el 6 de octubre de 2015 en el BOE, en vigor desde el 7 de octubre de 2015), que establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones personales que no tiene señalado plazo especial, de conformidad con su Disposición final primera (modificando el artículo 1964 fijando para las acciones personales que no tengan plazo especial el plazo de cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación), y la Disposición transitoria quinta (que señala que el tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil).
(i).- Las acciones personales que no tuvieran fijado un plazo, pero que hubieran nacido con anterioridad al 7 de octubre de 2015 se regirán por el plazo de 15 años desde que se pudieron ejercitar, si bien hay que distinguir entre dos supuestos:
Si el dies ad quem fuera anterior al 7 de octubre de 2020, la acción prescribiría en aquella fecha.
Si el dies ad quem venciera con posterioridad al día 7 de octubre de 2020, sería esta última fecha en la que se entendería prescrita la acción.
(ii).- Las acciones personales que no tuvieran fijado legalmente un plazo, nacidas a partir del 7 de octubre de 2015, tendrán un plazo de prescripción de 5 años.
Todo ello, sin perjuicio de las posibles interrupciones que pudieran darse sobre la prescripción, en los términos previstos en el artículo 1973 del Cc, el cual, mantiene íntegro su contenido por el cual: La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.
Por lo tanto, todas aquellas obligaciones que hubieran emanado de Convenios urbanísticos con anterioridad a la reforma de nuestro Código Civil, y siempre que no contaran con un plazo de prescripción específico, quedarán prescritas el 7 de octubre de 2020, si es que no lo hubieran hecho antes. Siempre, claro está, que dicho plazo nunca hubiera sido interrumpido. Por lo tanto, a partir de ese momento, ambas partes del Convenio no podrán requerirse mutuamente el cumplimiento de las mismas.
Si además, a dicha circunstancia le añadimos que, muy probablemente, el Convenio urbanístico que no tuviera señalada una duración específica, por el juego del régimen transitorio de la Ley 40/2015, quedará extinguido ex lege el 2 de octubre de 2020, auguramos un otoño muy complejo en el Urbanismo concertado de este país, que generará una gran litigiosidad en nuestros tribunales.
Análisis de la sentencia del TJUE sobre IRPH
Todos estábamos pendientes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el índice IRPH, principalmente con la finalidad de que aclarase si este índice está sujeto o no a la directiva 93/2013 y, por tanto, si procede o no analizar su abusividad por parte de los Tribunales españoles.
Dicho pronunciamiento ha llegado y en él se devuelve a los consumidores la protección que anteriormente fue negada por el Tribunal Supremo.
El TJUE permite el control del carácter abusivo de estas cláusulas y obliga a los jueces nacionales a examinar, caso por caso, que la cláusula de un contrato impuesta al consumidor sea clara y comprensible.
De manera que, las entidades, deberán acreditar para superar este control de transparencia:
– Que explicaron de manera detallada y comprensible el referido índice a los consumidores, así como su sistema de evolución y forma de seguimiento.
– Que explicaron al consumidor las consecuencias económicas y jurídicas del referido contrato, así como la carga financiera a la que se somete.
– Que explicaron, mediante la aportación de simulaciones y evoluciones constantes, los riesgos asociados a este índice de referencia.
– Que se proporcionó al consumidor la información precontractual suficiente como para que éste conociese, de forma REAL, las consecuencias económicas de dicho contrato.
Una vez declarada la nulidad de la referida cláusula por abusiva, podríamos encontrarnos con los siguientes efectos:
– Que el contrato subsista sin la cláusula de tipo de interés variable. Lo que implicaría que el prestatario devolvería a la entidad el capital prestado pero sin intereses.
– Que se determine que el contrato no puede subsistir sin la cláusula relativa al tipo de interés, en ese caso:
a) Primero se consultará al prestatario si está de acuerdo con anular el contrato (normalmente esto no ocurrirá porque sería muy perjudicial para el prestatario).
b) Si el consumidor no acepta la nulidad del contrato, se solicitará la sustitución del IRPH por otro índice legal aplicable. Deberán estar de acuerdo ambas partes, de no haber acuerdo, el juez nacional será quien fije el nuevo índice de referencia.
Implicando, en ambos casos, la condena a la entidad financiera a RESTITUIR AL PRESTATARIO, CONSUMIDOR Y USUARIO, LOS INTERESES ABONADOS EN EXCESO como consecuencia de la aplicación de la cláusula cuya nulidad ha sido declarada.
Puedes ampliar la información de las consecuencias de esta sentencia en nuestro post de devolución de intereses indebidamente cobrados en tarjetas revolving.
Nulidad de Tarjetas Revolving – Reclama los intereses abonados
Las Tarjetas revolving son, según el Banco de España, una modalidad de tarjeta en la que dispones de un límite de crédito determinado que puede devolverse a plazos, a través de cuotas periódicas. Éstas pueden establecerse como un porcentaje de la deuda existente o como una cuota fija; cuotas periódicas que puedes elegir y cambiar dentro de unos mínimos establecidos por la entidad.
Su peculiaridad se encuentra en que la deuda derivada del crédito se “renueva” mensualmente, disminuye con los abonos que realizas con el pago de las cuotas, pero aumenta con el uso de la tarjeta, así como con los intereses, comisiones y otros gastos generados.
¿Cuál es el problema que se encuentran los usuarios de estas tarjetas revolving?
Que están continuamente endeudados, que su crédito no disminuye porque continuamente están acumulando unos intereses altísimos (del 20% y el 30%).
El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 149/2020, de 4 de marzo, ya ha declarado la nulidad de este tipo de tarjetas y préstamos por ser contrarios a la Ley de Represión de la Usura, que establece, en su artículo 1 que:
En aplicación de la referida Ley de Represión de la Usura los Juzgados están anulando estos contratos y condenando a las entidades a devolver todos los intereses.
Si bien tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 149/2020, de 4 de marzo, muchas entidades están buscando alcanzar acuerdos con los consumidores (en aras de evitar litigios e incluso están rebajando los intereses para no superar el límite del 20%), esto no implica que los afectados no puedan reclamar lo pagado con anterioridad en concepto de intereses.
¿Te has visto perjudicado por este tipo de tarjetas de crédito? Ponte en contacto con nosotros y estudiaremos tu caso para defenderte de estas prácticas abusivas.
¿Qué es la ley de segunda oportunidad y cómo puedes beneficiarte de ella?

References: artículo 149
 artículo 149
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 1964
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 1258
 artículo 25
 artículo 1258
 artículo 25
 artículo 1964
 artículo 1964
 artículo 1964
 artículo 1939
 artículo 1973
 artículo 1