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Timestamp: 2019-05-26 05:53:02+00:00

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﻿ SENTENCIA 5122 DE FEBRERO 18 DE 1976
SENTENCIA 5122 DE 18 DE FEBRERO DE 1976
CONTENIDO:FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EN EFECTO, LA FUERZA MAYOR O EL CASO FORTUITO CUANDO REALMENTE APAREZCAN COMPROBADOS EN EL CAMPO LABORAL HACEN CESAR EL CONTRATO POR IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA DE CONTINUAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y SIN QUE NINGUNA DE LAS PARTES TENGA RESPONSABILIDAD EN ELLO AMBAS SON VÍCTIMAS DE LA FUERZA MAYOR: EL EMPRESARIO QUEDA PRIVADO DE LA POSIBILIDAD DE CONTINUAR SU NEGOCIO Y EL TRABAJADOR DE LA DE PRESTAR EL SERVICIO Y DE RECIBIR ASÍ UN SALARIO PERO NINGUNO DE LOS DOS CONTRATANTES ES CULPABLE DEL INFORTUNIO DE SU ANTIGUA CONTRAPARTE NI, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A INDEMNIZAR PERJUICIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, TERMINACIÓN DEL CONTRATO, ACREDITACIÓN DEL CASO FORTUITO
Sentencia 5122 de febrero 18 de 1976
En efecto, la fuerza mayor o el caso fortuito cuando realmente aparezcan comprobados en el campo laboral hacen cesar el contrato por imposibilidad absoluta de continuar la prestación del servicio y sin que ninguna de las partes tenga responsabilidad en ello ambas son víctimas de la fuerza mayor: el empresario queda privado de la posibilidad de continuar su negocio y el trabajador de la de prestar el servicio y de recibir así un salario pero ninguno de los dos contratantes es culpable del infortunio de su antigua contraparte ni, por ende, está obligado a indemnizar perjuicios
Ref.: Expediente 5122
Bogotá, D.E., dieciocho de febrero de mil novecientos setenta y seis.
Con el propósito de obtener la casación parcial en cuanto a la absolución respecto al pago de indemnizaciones por despido injusto y por mora, Blanca Marín Duque recurre contra el fallo dictado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín el 22 de enero de 1975 en el juicio que ella propuso contra la firma “Procesadora de Leches, Proleche S.A.”.
Para ese fin, propone cuatro cargos en su demanda de casación (fls. 6 a 19 de este cuaderno), a cuya prosperidad se opone Proleche (fls. 23 y 24 ibid).
Conviene examinar ahora los planteamientos de la acusación:
Dice así: “Acuso la citada sentencia de segunda instancia de violar directamente, por aplicación indebida, el artículo 1º de la Ley 95 de 1890, que subroga el artículo 64 del Código Civil, lo que condujo a la aplicación, también indebida, del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con los artículos 6º y 7º del mismo decreto y el artículo 3º de la Ley 48 de 1968”.
En la demostración del cargo y luego de transcribir un párrafo del fallo acusado, el recurrente dice que en nuestra legislación laboral la fuerza mayor no está considerada como justa causa para que el patrono dé por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, y aunque reconoce que el artículo 1604 del Código Civil considera que la fuerza mayor como exonerante de responsabilidad, dice que ese principio rige para las obligaciones civiles y no para las laborales.
Añade que la ley del trabajo tiene a la fuerza mayor como evento de suspensión del contrato laboral o como causa para la terminación de él a través del cierre de la empresa. Pero que el artículo 6º del Decreto 2351 de 1965 separa inconfundiblemente los modos de finalizar el contrato: el ordinal e se refiere a la clausura de la empresa y el h a la decisión unilateral en las hipótesis previstas por los artículos 7º y 8º del mismo decreto y el primero de ellos relaciona taxativamente los justos motivos para fenecer el vínculo, entre los cuales no figura la fuerza mayor.
Así cree que el tribunal aplicó indebidamente los preceptos que cita el cargo, sin lo cual hubiera concluido que el despido de la actora fue injusto, con la condena consiguiente a indemnizarle los perjuicios que sufrió.
El opositor dice sobre este y el cargo siguiente que “Los dos primeros cargos, por vía directa, se fundan en la tesis de que el artículo (sic) 6º del Decreto 2351 de 1965 no incluye entre las causas o eventos legales de terminación del contrato de trabajo la fuerza mayor, ni el artículo (sic) 7º del mismo decreto la incluye entre las justas causas de despido.
Aunque interesante, la tesis es equivocada.
El artículo 8º del citado decreto, al reproducir la norma civilista universal referente a la condición resolutoria de los contratos sinalagmáticos por incumplimiento de uno de los contratantes, y al imponer “responsable” de ese incumplimiento la reparación del daño, a título de “indemnización de perjuicios”, hace ineludible la aplicación de los preceptos sobre responsabilidad contractual. Y es obvio que la fuerza mayor que impide el cumplimiento del contrato de trabajo por parte del patrono lo exonera de responsabilidad y elimina la causa jurídica de la indemnización”.
De su parte, el tribunal discurrió así sobre el tema que es objeto del cargo:
“El contrato de trabajo terminó por causas ajenas a la empleadora, según refiere el testimoniante (sic) Lorenzo González, por lo cual no puede hacerse condenación en lo que respecta a la indemnización por despido injusto (D. 2351/65, art. 8º) que pretende la demandante. La finalización del contrato en referencia tuvo su término debido a fuerza mayor, que exonera de responsabilidad” (resalta el tribunal).
Dentro del desarrollo normal de la vida jurídica, las obligaciones contraídas por personas capaces, con expresión válida de su consentimiento, exento de vicios como el error, la fuerza o el dolo, deben cumplirse en la forma y términos del respectivo compromiso y, en caso de falla del deudor, hay lugar a que se le indemnicen los perjuicios sufridos a la víctima del incumplimiento.
Pero existen ocasiones en que las fuerzas de la naturaleza o el mandato de autoridad pública hacen imposible que se cumpla lo prometido, pues entonces el querer del deudor, así sea él muy diligente y precavido, resulta superado por factores externos irresistibles y cuya ocurrencia no le era dable prever.
En circunstancias tales sería contrario a la equidad y aun a los dictados de la simple razón natural que se responsabilizara al deudor por el incumplimiento y se le exigiera indemnizar perjuicios derivados de ese hecho, desde luego que el incumplimiento se debió a acontecimientos superiores a la voluntad y a los propósitos del deudor y que, por esta característica vencieron o dominaron la voluntad suya.
La fuerza mayor, constituida por acontecimientos como los aludidos, exonera de responsabilidad al deudor, siempre que no estuviere ya en mora de satisfacer su compromiso cuando ellos sobrevinieron porque, en tal hipótesis, fue el retardo del deudor lo que permitió la operancia de la fuerza mayor en la situación concreta pues, de haber cumplido éste en oportunidad, aquella fuerza no hubiera alcanzado a afectar dicha situación.
Estos principios generales, como es claro, son aplicables a toda especie de obligaciones emanadas de actos jurídicos.
Así pues, cuando la fuerza mayor impide continuar el desarrollo de un contrato de trabajo hasta entonces cumplido cabalmente, no puede calificarse como ilegítima la terminación del vínculo por esa causa o como fruto de una decisión unilateral del patrono que origine indemnizaciones, desde luego que la voluntad de este último quedó superada o vencida por la fuerza mayor, cuya característica esencial es imponerse a los designios humanos. No sobra recordar, de otra parte, que el despido del trabajador es apenas uno de los modos que la ley prevé para que termine el contrato de trabajo y que se distingue de los demás porque es la voluntad unilateral del patrono la que hace cesar el vínculo laboral y, por ello, los móviles concretos de esa determinación deben acomodarse desde un principio a causales prefijadas en la ley para que el despido sea justo pues, de lo contrario, habrá lugar a que se le indemnicen perjuicios al antiguo trabajador, cuya cuantía en lo que atañe al lucro cesante está regulada legalmente.
Pero si el contrato fenece por motivos que predeterminaron las partes, como el vencimiento del plazo pactado a la conclusión de la obra acordada; que convinieron en ese instante, como el consentimiento mutuo para deshacer el vínculo; o por causas fortuitas, como la muerte del trabajador, la destrucción del establecimiento de labores o de la empresa o su cierre definitivo como consecuencia de fenómenos naturales u otros de fuerza mayor que se impongan a la voluntad del patrono y aun a la del propio trabajador, debe descartarse la existencia de una decisión unilateral del empleador, como origen de la desaparición del vínculo jurídico laboral, como fuente de una responsabilidad de su parte por la ruptura del vínculo y como fundamento de una indemnización de perjuicios a cargo suyo y en favor del empleado cesante o de los causahabientes de éste, si fue su fallecimiento lo que hizo cesar la relación de trabajo.
Tanto es así que el artículo 8º del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que sustituyó el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, prevé que sea la parte responsable del incumplimiento del contrato, es decir la que determinó que se rompiera el vínculo, la que está en el deber de indemnizarle perjuicios a su contraparte. Lo cual implica que cuando el contrato finaliza por motivo distinto de la determinación unilateral e ilegítima del patrono o del trabajador, o sea cuando no existe un responsable, tampoco surge una víctima que haya sufrido daño por causa de aquel fenecimiento del contrato ni, por ende, la necesidad jurídica de resarcirle pecuniariamente dicho menoscabo.
Aún más, en la hipótesis del cierre definitivo o por tiempo mayor de 120 días de una empresa, que obviamente implica una decisión unilateral de clausurar su actividad por parte del patrono, apenas hay lugar al cumplimiento de las formalidades y al pago de indemnizaciones “por razón de contratos de trabajo concertados por un tiempo mayor”, o sea cuando el plazo fijo del contrato exceda a la vida de la empresa. Así lo enseña el artículo 466 del Código Sustantivo, que sólo deja a salvo de su régimen la clausura de empresas que sobrevenga por caso fortuito o fuerza mayor, como circunstancias liberatorias o eximentes de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones de toda índole, según quedó visto.
En efecto, la fuerza mayor o el caso fortuito cuando realmente aparezcan comprobados en el campo laboral hacen cesar el contrato por imposibilidad absoluta de continuar la prestación del servicio y sin que ninguna de las partes tenga responsabilidad en ello. Ambas son víctimas de la fuerza mayor; el empresario queda privado de la posibilidad de continuar su negocio y el trabajador de la de prestar el servicio y de recibir así un salario. Pero ninguno de los dos contratantes es culpable del infortunio de su antigua contraparte ni, por ende, está obligado a indemnizar perjuicios.
Ello indica que como en el caso sub judice el tribunal encontró que el contrato de trabajo había terminado por fuerza mayor, no puede pretenderse que responsabilizara a Proleche por aquella terminación y la condenara a resarcirle perjuicios a la actora por haber sido despedida ilegalmente, puesto que la fuerza mayor es circunstancia exonerativa de responsabilidad, según quedó visto y el despido no fue la causa de que el vínculo laboral feneciera, según criterio del fallador que fue admitido por el recurrente para efecto de plantear su acusación por la vía directa.
El cargo, en consecuencia, no puede prosperar.
Está formulado así: “La sentencia viola directamente, por interpretación errónea los artículos 6º y 7º del Decreto 2351 de 1965, violación que condujo a la aplicación indebida del artículo 8º del mismo estatuto, en concordancia con el 3º de la Ley 48 de 1968”.
Según el cargo, la interpretación errónea atribuida al tribunal consiste en que los artículos 6º y 7º del Decreto Legislativo 2351 de 1965 no incluyen la fuerza mayor como causa para la terminación del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrono. O sea, que no lo exonera de satisfacer la indemnización de perjuicios establecida por el artículo 8º del mismo decreto. La fuerza mayor es motivo de suspensión del contrato de trabajo y aun de clausura definitiva de la empresa, pero no justifica el despido de los trabajadores ni libera al patrono de responder por sus consecuencias, en sentir del impugnante.
Y como el sentenciador, en el pasaje de su fallo que el cargo transcribe, plantea criterio opuesto al enunciado, cree el recurrente que incurre en los quebrantos de ley al principio.
Las argumentaciones contenidas en este cargo son similares a las planteadas en el anterior. Sólo varían una y otra impugnación en la modalidad del quebranto legal que se le atribuye al tribunal; entonces por aplicación indebida de un precepto civil y de varias normas laborales; ahora por errónea interpretación y ulterior aplicación indebida de los mismos textos.
Valen entonces para este segundo cargo las reflexiones expresadas en el anterior, que desvanecen también la interpretación errónea y la indebida aplicación ahora atribuidas al sentenciador.
Tampoco prospera el segundo cargo, en consecuencia.
Expresa: “Entendiendo, como lo entiende el ad quem, que la fuerza mayor está incluida en nuestro Código de Trabajo como eximente del pago de indemnización por terminación del contrato, la sentencia sería violatoria, por aplicación indebida del artículo 1º de la Ley 95 de 1890, que modifica el artículo 64 del Código Civil (sic) en relación con el artículo 1604 de la misma obra, y de los artículos 6º, 7º y 8º del Decreto 2351 de 1965, en concordancia con el 3º de la Ley 48 de 1968, violaciones por vía directa, a consecuencia de errores manifiestos de hecho, por equivocada apreciación de la declaración de Lorenzo González (fls. 30 y ss.) y del informe de folio 36, de la inspección central municipal de Bello.
Los errores de hecho consistieron en:
“1. Considerar que el contrato entre Blanca Marín Duque y Procesadora de Leches S.A. terminó por causas ajenas a la empleadora.
2. No dar por demostrado, estándolo que el despido fue injusto, pues el patrono no demostró que mi mandante hubiera incidido en alguna de las causas que lo justifican.
4 (sic). Juzgar que el contrato terminó por fuerza mayor liberatoria.
Como consecuencia de los errores señalados, el tribunal aplicó indebidamente las disposiciones indicadas en el cargo y confirmó el fallo de primer grado, absolutorio en relación con la solicitud de indemnización por despido. Y de no haber sido por esos errores, originados en la equivocada apreciación de las pruebas citadas hubiera entendido que la sociedad demandada, despidió sin causa justa a la demandante y, en consecuencia, habría revocado en ese aspecto el fallo del a quo y, en su lugar, hubiera condenado al pago de la indemnización demandada”.
En la demostración del cargo y luego de copiar del fallo acusado el párrafo pertinente al tema controvertido, transcribe también el casacionista pasajes de la declaración de Lorenzo González, en que aquel fallo se fundamenta, y después de negarle credibilidad por falta de conocimiento claro de los hechos a que alude, añade textualmente,
“Pero este mismo testigo, por referencias de otro empleado de la empresa, atribuye el hecho a una orden del inspector de Bello, lo cual conduce a admitir que el sentenciador, para su decisión en ese punto, no sólo tuvo en cuenta la declaración de Lorenzo González sino que relacionó ese testimonio con el informe de folio 36 en el que se dice que la inspección central municipal de Bello solicitó a la empresa que suspendiera todos los expendios de leche existentes en esa fecha, porque se había comprobado especulación en el 99% de los casos, con el precio del producto.
Pero si en verdad se comprobó el hecho de la especulación como antecedente que dio origen a la intervención del inspector de policía en la forma que pregonan los autos, no se desprende de la prueba apreciada por el fallador que ese hecho se hubiese presentado con carácter irresistible, en el sentido de que la sociedad demandada se haya visto en la imposibilidad absoluta de evitarlo, con mediana diligencia y cuidado. La especulación no es imprevisible. Se trata de un hecho que la parte demandada estaba obligada a prever y evitar tomando las precauciones necesarias y no aparece la prueba de que las hubiera tomado y que a pesar de ello le hubiera sido imposible evitar la ocurrencia del acontecimiento. Si hubo especulación con el precio de la leche, no puede predicarse la ausencia de culpa, porque esta circunstancia no se colige de la prueba apreciada por el tribunal y, por lo mismo, la determinación del inspector de policía originada en ese hecho no exonera de responsabilidad al deudor. Luego ha incurrido el fallador en errores manifiestos de hecho que lo han llevado a negar el reconocimiento de indemnización, expresando que el contrato terminó por causas ajenas a la empleadora”.
Al repasar el párrafo de la decisión del tribunal controvertido ahora, que fue transcrito por la sala cuando estudió el primer cargo, resulta en evidencia que el sentenciador dijo de manera expresa, categórica y clara que fundaba su criterio en el dicho “testimoniante” Lorenzo González.
No puede entenderse entonces, como lo hace el recurrente, que el sentenciador tuvo en cuenta otras pruebas distintas para decidir como lo hizo, ni pretender fundar su ataque en casación en la supuesta mala apreciación de aquellas pruebas no consideradas por el tribunal ad quem.
Menos aún resulta conducente ese proceder en casos como al actual, donde se busca por este medio habilitar una prueba legalmente calificada que sirva de base para alegar la existencia de error de hecho como fuente de quebrantos legales, por cuanto las evaluadas por el sentenciador y tenidas como base de su decisión no eran hábiles ante la ley como medio para impugnar tal decisión.
En estas circunstancias, el cargo no puede prosperar por carencia de fundamento plausible ante las normas que regulan el recurso de casación.
Se formula así: “La sentencia viola indirectamente, por aplicación indebida, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, a consecuencia de errores manifiestos de hecho, por equivocada apreciación de los testimonios de Luis Carlos Montoya (fl. 29), Lorenzo González Luna (fl. 30), Próspero Montoya (fl. 48) y Antonio Muñoz Quiroz, y del memorial de contestación a la demanda (fl. 17).
“1. Considerar que la parte demandada, con motivos plausibles, tuvo duda razonable sobre la existencia del contrato de trabajo.
2. Entender que la sociedad demandada, de buena fe, ha retardado el pago de las prestaciones que se demandan.
3. No dar por demostrado, estándolo, que la sociedad demandada ha obrado con morosidad culpable en el pago de las prestaciones reclamadas”.
Como consecuencia de los errores señalados, el ad quem aplicó indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y confirmó la absolución de primer grado relativa a la indemnización por mora, y de no haber sido por esos errores, originados en la equivocada apreciación de la prueba ya puntualizada, hubiera considerado que la mora en el pago de las prestaciones demandadas es sancionable, revocando, en ese aspecto, la providencia del a quo y condenando, en su lugar, a la indemnización correspondiente.
En la demostración del cargo, el impugnante comienza por transcribir pasajes del fallo acusado, primeramente aquel en que motiva su decisión de absolver a Proleche del pago de indemnización moratoria y después los que llevaron a encontrar claramente establecido que entre Blanca Marín Duque y la empresa demandada existió una relación de trabajo regida por un contrato de la misma índole.
Infiere de allí el cargo que si el tribunal halló nítida la existencia de aquel contrato entre las partes, le resultaba contradictorio sostener luego que Proleche tuvo dudas razonables sobre ese particular y motivos plausibles para oponerse a las peticiones de la señorita Marín y que tales circunstancias le impedían condenar a la empresa a satisfacer indemnización moratoria. Cree entonces que se aplicó indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra esa indemnización.
La contestación de la demanda, en lo pertinente a este cargo, dice textualmente (fl. 17, cuad. 1º):
A los hechos de la demanda respondo así:
“La poderdante (sic) nunca ha sido trabajadora de la empresa y por lo tanto los hechos de la demanda no son ciertos. De consiguiente me opongo a que se hagan las declaraciones impetradas, desde ahora desconozco la autenticidad de los documentos que se acompañan al juicio y además propongo las excepciones de inexistencia de la obligación, la genérica y la de prescripción y como EXCEPCIÓN PREVIA: LA FALTA de COMPETENCIA DEL JUEZ, la cual fundamentaré en su debida oportunidad” (las mayúsculas son del texto).
Y el tribunal dijo sobre el tema planteado en el cargo lo siguiente:
“Se busca con el proceso la condenación referente a indemnización moratoria, establecida en el artículo (sic) 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La sanción en referencia no se aplicará a la persona jurídica llamada al proceso, por cuanto ella, con motivos plausibles, tuvo duda razonable sobre la existencia del contrato de trabajo. Esa duda razonable establece la buena fe, que inhibe para fulminar la sanción que se anhela”.
Al comparar las dos transcripciones que acaban de hacerse, no surge de inmediato que el tribunal se hubiera equivocado al apreciar el sentido y alcances de la respuesta que le dio Proleche a la demanda de Blanca Marín. Y, menos aún, con la evidencia que exige la ley para que el error de hecho sea invocable en el recurso de casación.
Del texto de esa respuesta no surge nada que desvanezca la buena fe patronal de manera manifiesta. Ni tampoco da base para que pueda tenerse como temeraria y con el simple deseo de retardar el pago de las prestaciones de la actora aquella contestación.
No aparecen así configurados a través del examen de esa prueba, que es la única legalmente idónea para fundar un ataque en casación de las que el cargo menciona, los errores de hecho a que alude el recurrente y tampoco, por ende, las violaciones de la ley sustancial que de ellos pretenden derivar.
Y en lo que atañe a los testimonios, en que también quiere apoyarse el cargo, basta recordar que el artículo 7º de la Ley 16 de 1969 los excluye como prueba apta para alegar error de hecho dentro de los motivos de casación laboral, para que sin más consideraciones se rechace ahora el examen de ellos.
Sólo resta agregar que la circunstancia de que el sentenciador, a través del análisis del acervo probatorio allegado en el juicio, encontrara claramente configurado el contrato de trabajo entre las partes no es óbice para que hallara también que la empresa obró de buena fe cuando dudó de la existencia del dicho vínculo, desde luego que una y otra de estas materias son independientes entre sí, por lo cual exigen evaluación probatoria, motivación y decisión separadas y eventualmente distintas en su alcance y sentido, sin que al proveer así pueda entenderse que hubo contradicción de criterios en el fallador.
Las reflexiones hechas muestran que el cargo no puede prosperar.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.
Alejandro Córdoba Medina—Jorge Gaviria Salazar—Juan Benavides Patrón (con salvamento de voto)—Juan Hernández Sáenz (con salvamento de voto)—José Enrique Arboleda Valencia—José Eduardo Gnecco C.
Vicente Mejía Osorio, Secretario general

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