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﻿ SENTENCIA C-972 DE OCTUBRE 7 DE 2004
SENTENCIA C-972 DE 07 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:DECRETOS DE CONTENIDO ESTATUTARIO. CONTROL OFICIOSO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. SE INHIBE PARA DECIDIR DE FONDO SOBRE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INSTAURADA CONTRA EL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 2207 DE 2003.
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, SENTENCIA INHIBITORIA, CONTROL JURISDICCIONAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:398 DE FEBRERO DE 2005, PG.247
Sentencia C-972 de octubre 7 de 2004
DECRETOS DE CONTENIDO ESTATUTARIO
CONTROL OFICIOSO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL
EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Carlos Humberto Isaza Rodríguez demandó el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.
Mediante auto del 29 de marzo de 2004, la Corte admitió la demanda del artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.
A continuación se transcribe el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003 demandado en el presente proceso:
“DECRETO 2207 DE 2003
Por medio del cual se desarrolla el artículo 3º del Acto Legislativo 01 de julio 3 de 2003, en lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales
ART. 6º—Porcentaje de votación para tener derecho a la financiación de campañas. En las elecciones para asambleas departamentales y concejos municipales y distritales tendrán derecho a obtener la financiación estatal las listas que superen el porcentaje equivalente al umbral determinado en el artículo 263 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003.
Cuando ninguna de las listas supere el umbral, tendrán derecho a financiación aquellas listas que hayan obtenido curul.
Para el caso de las elecciones a cargos uninominales, tendrán derecho a financiación el ganador y los candidatos que superen el 50% del total de votos válidos obtenidos por el ganador de dicha elección”.
Inhibición para decidir.
2. El artículo 3º del Acto Legislativo 1 del 3 de julio de 2003 modificó el artículo 109 de la Constitución Política, referido a la financiación de los partidos y movimientos políticos y de las campañas electorales. Su contenido es el siguiente:
También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos(sic) puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
PAR. TRANS.—El Congreso reglamentará estas materias. En lo concerniente a las elecciones departamentales y municipales, tal reglamentación deberá estar lista a más tardar tres meses antes de su realización. Si no lo hiciere, el Gobierno Nacional dictará un decreto con fuerza de ley antes del cierre de las inscripciones correspondientes” (negrillas no originales).
Precisamente, el parágrafo transitorio de este artículo estableció que el Congreso reglamentaría la materia, y que, para el caso de las elecciones departamentales y municipales, esta regulación debería estar lista a más tardar tres meses antes de las elecciones. Y en previsión de que el Congreso no la expidiera dentro del plazo fijado, se facultó al Gobierno Nacional para que expidiera la referida reglamentación a través de un decreto con fuerza de ley que debía ser dictado antes del cierre de las inscripciones de candidatos.
3. La reglamentación mencionada debía fijar las normas sobre la financiación de las campañas políticas antes de las elecciones del mes de octubre de 2003. La Corte ya ha señalado en distintas sentencias que esta materia debe ser objeto de ley estatutaria, puesto que la Constitución dispone que lo relacionado con las funciones electorales y los movimientos y partidos políticos debe ser desarrollado a través de este tipo de leyes (C.P., art. 152, lit. c)), y la financiación de las campañas electorales es una parte esencial de esas materias.
4. Por otra parte, al observar el texto del Decreto 2207 de 2003 se advierte que —como es lógico, dado que su fin era desarrollar una materia que debe ser objeto de ley estatutaria— varios de sus preceptos modifican normas de la Ley 130 de 1994, que es una norma estatutaria, “por la cual se dicta el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”. A manera de ilustración, el artículo 5º, que trata sobre el valor del voto por reposición, enmienda el artículo 13 de la Ley 130; el artículo 6º, que determina el porcentaje de votación necesario para tener derecho a la financiación de las campañas, reformó también el artículo 13 del mencionado estatuto básico de los partidos y movimientos políticos; el artículo 8º, sobre auditoría interna, modificó el artículo 49 de la Ley 130; el artículo 9º, sobre los informes de los partidos acerca del monto, origen y destino de sus ingresos y gastos de campaña, enmendó el artículo 18 de la mencionada ley; el artículo 13, que regula la reposición de gastos, sustituyó al artículo 17, etc. Además, la Ley 130 de 1994 fue complementada en distintos aspectos por el Decreto 2207 de 2003. Así ocurre, por ejemplo, con el artículo 12, el cual dispone cuáles son las sanciones por la violación de los topes establecidos para las campañas electorales.
5. Por consiguiente, es claro que la materia que reglamentó el Decreto 2207 debía ser desarrollada a través de una ley estatutaria. Ahora bien, como ya se indicó, en el parágrafo transitorio del artículo tercero del Acto Legislativo 1 de 2003 se estableció que el Congreso expediría las normas sobre financiación electoral en relación con las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2003, para lo cual le concedió un término preciso. Y para el caso de que el Congreso no expidiera la mencionada reglamentación dentro de ese término, se autorizó al Gobierno Nacional para hacerlo, antes de que se cerraran las inscripciones para las elecciones departamentales y municipales.
Como es sabido, el Congreso no reglamentó la materia a través de una ley estatutaria y, en consecuencia, el Gobierno Nacional procedió a regularla. Ello tiene como consecuencia que en este caso son inaplicables los requisitos para la expedición de las leyes estatutarias referidos a que deben ser aprobadas en una legislatura y acordadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Empero, lo anterior no significa que pierda vigencia la exigencia de que el decreto sea revisado por la Corte Constitucional de manera integral, oficiosa y definitiva. Como ya se advirtió, el Decreto 2207 de 2003 reglamenta una materia que debe ser objeto de ley estatutaria, lo cual hubiera implicado, en una situación ordinaria, cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos se encuentra el de la revisión de constitucionalidad integral por parte de la Corte.
La exigencia del control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria representa una expresión del mecanismo de los frenos y contrapesos, dirigido en este caso a impedir que las ramas del poder público cuyos titulares surgen del voto popular utilicen sus atribuciones para eliminar o restringir indebidamente los derechos de las personas o el régimen democrático y participativo consagrados en la Constitución Política.
Ahora bien, puesto que el control sobre el decreto está destinado a cumplir el mismo fin que tiene el control de constitucionalidad sobre los proyectos de leyes estatutarias —la protección de los derechos y del orden democrático y participativo establecidos en la Carta— aquel debe reunir los elementos propios del control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria que sean compatibles con la facultad excepcional atribuida al gobierno por el parágrafo transitorio citado. Así, es claro que el control debe ser oficioso, no rogado, lo que indica que el gobierno debía haber enviado el decreto a la Corte inmediatamente después de su expedición, para que se surtiera el examen de constitucionalidad. Es decir, en estos casos, el hecho de que el control sea sobre un decreto de contenido estatutario no entraña que se realice a través del mecanismo de la acción pública de inconstitucionalidad, tal como se pretende en el presente proceso, sino que debe ser un control automático.
Por otra parte, al igual que en los demás casos de control de constitucionalidad de los proyectos de ley estatutaria, este control debe ser integral y definitivo. Integral, en la medida en que versará tanto sobre el fondo como sobre la forma de todo el cuerpo normativo y tendrá como parámetro de juicio todo el articulado de la Constitución, y definitivo, por cuanto la sentencia de la Corte hará tránsito a cosa juzgada constitucional, de manera que las normas que fueron declaradas exequibles no podrán ser demandadas nuevamente.
La segunda consecuencia es la de que, en situaciones como la presente, en las que no se envía a esta corporación un ordenamiento normativo que debe controlar de manera oficiosa, la Corte debe solicitarle a la autoridad respectiva que se lo remita. Todo ello con fundamento en el artículo 39 del Decreto 2067 de 1991, “por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, el cual se aplica de manera analógica a esta situación, dado que se trata de realizar el examen de constitucionalidad de un decreto que reglamenta una materia de contenido estatutario. El mencionado artículo prescribe:
“ART. 39.—El Presidente del Congreso enviará a la Corte Constitucional copia auténtica de los proyectos de leyes estatutarias inmediatamente después de haber sido aprobados en segundo debate. Si faltare a dicho deber, el presidente de la Corte solicitará copia auténtica del mismo a la secretaría de la Cámara donde se hubiere surtido el segundo debate”.
Tal como lo dispone el artículo transcrito, la solicitud será formulada por el presidente de la corporación. Además, en la solicitud se concederá un término para el envío de la norma. Puesto que la circunstancia que se examina no está reglamentada, la Corte debe acudir nuevamente a la analogía. De allí se deriva que el plazo por conceder debe ser de diez (10) días, que es el término más amplio que se contempla en el Decreto 2067 de 1991 para la práctica de pruebas dentro de los procesos de constitucionalidad (art. 10).
Finalmente, si por una u otra razón no se cumple la solicitud de la Corte de que le sea enviado el decreto que debe ser analizado en su constitucionalidad, la Corte deberá entrar a examinarlo directamente, con el fin de cumplir con la función que se le ha confiado de proteger la supremacía de la Constitución. Para ello nuevamente se ha de recurrir a la analogía y, por consiguiente, al artículo 36 del mismo Decreto 2067 de 1991, que dispone que si el gobierno no le envía a la Corte copia auténtica del texto de los decretos legislativos que dictare en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución, para que ella proceda a decidir definitivamente sobre su constitucionalidad, “el presidente de la Corte Constitucional solicitará copia auténtica del mismo (...) y en subsidio actuará sobre el texto que hubiere sido publicado”.
Por lo tanto, en esta ocasión la Corte Constitucional, por medio del presidente de la corporación, le solicitará al Presidente de la República que le remita el texto del Decreto 2207 de 2003 para proceder a efectuar el control de constitucionalidad respectivo, oficioso, integral y definitivo.
1. INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la demanda de inconstitucionalidad instaurada contra el artículo 6º del Decreto 2207 de 2003.
2. SOLICITARLE al Presidente de la República, por medio del presidente de la Corte Constitucional, que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia, envíe a esta corporación el texto del Decreto 2207 de 2003 para proceder a efectuar el control de constitucionalidad respectivo.
(Sentencia C-972 de 7 de octubre de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa).

References: ARTÍCULO 6
 artículo 241
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 263
 artículo 3
 artículo 109
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 49
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 39
 artículo 36
 artículo 6