Source: http://consorciolegalcostarica.blogspot.com/
Timestamp: 2014-11-26 18:13:44+00:00

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UN ESPACIO QUE PLANTEA EL INTERCAMBIO DE IDEAS Y PENSAMIENTOS JURÍDICOS DE LOS PROFESIONALES EN DERECHO DE COSTA RICA Y LATINOAMERICA
Costa Rica se encuentra en una etapa en la que busca desarrollar diversas medidas para el fortalecimiento de la gestión tributaria, lo que permitiría una mejor recaudación de impuestos, elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de cualquier país.
Sin embargo existen ciertas medidas jurídicas que en lugar de ayudar al crecimiento del país, podrían provocar un estancamiento de la actividad comercial del país, esencialmente, en aquellos negocios que se pretendan
realizar con la utilización de la sociedad anónima como figura jurídica.
Dentro de los cambios mencionados, entró en vigencia en vigencia La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Costa Rica)
la cual reforma varios artículos del Código de Comercio costarricense y
se reforman varios artículos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Es en este código tributario se reforma el artículo 22, referido a la Responsabilidad solidaria sobre deudas líquidas y exigibles, el cual una
vez reformado menciona lo siguiente:
"Quienes adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos, son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos.
Para estos efectos, los que sean socios de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, serán considerados igualmente responsables solidarios.”
Sin lugar a dudas la redacción del artículo no es clara, y manifiesta el
peligro que pueden correr los socios, quienes al ser liquidada la sociedad, van a ser considerados de forma personal como responsables solidariamente.
Este tipo de normas están provocando que se rompa el principio esencial y
por el cual existen las sociedades anónimas, el principio de independencia del patrimonio del socio, de los bienes y acciones realizadas por la sociedad.
Consecuentemente con estos hechos jurídicos, Costa Rica esta padeciendo
un retroceso en tema de negocios e inversión, aún mas si empezamos a mirar lo que están haciendo otros países, los cuales están desarrollando
una gran estructura jurídica y organizativa para hacer negocios, algo esencial en un mercado que mueve miles de millones en negocios diariamente.
Los inversionistas y empresarios lo pensarán mucho antes de hacer negocios en Costa Rica, a sabiendas de que no existe protección y separación entre lo que es la persona física y la jurídica, y con ello correr el riesgo de ver afectado su patrimonio personal por el hecho de que jurídicamente el articulo 22 está eliminando esta separación de acciones, y provocando incertidumbre lo cual es muy peligros si el país pretende estar a la vanguardia en los negocios en centroamerica.
Es imperante para el crecimiento económico de Costa Rica, realizar una fuerte y detallada revisión de esta normativa y de toda aquella que tienda a cerrar las oportunidades de negocios para el país.
Las sociedades anónimas nacieron con el fin de realizar negocios, y proporcionar a las personas físicas una forma de separar sus bienes personales de sus inversiones en los negocios. De esta manera se debe tener cuidado de no desnaturalizar la figura de las S.A., de lo contrario no tendría ningún beneficio utilizar esta figura, ya que se le
está desnaturalizando.
Lic. Federico Carrera R.
Asesor Jurídico Dir. Ejecutivo AFODCIL
Tel: (506) 2255-2452
Web: http://afodcil.weebly.com/ afodcil@gmail.com
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REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE COSTA RICA EMITE CIRCULAR QUE MODIFICA PAGO DE IMPUESTOS POR TRASPASOS DE BIENES EN FIDEICOMISO
en Costa Rica una propuesta para agregar un artículo 20 Bis, al
Código de Comercio costarricense con el fin de crear una norma del
levantamiento del velo de la personalidad jurídica, provocando diversos criterios al respecto. Como lo mencionaba
en el artículo sobre el tema, que escribí anteriormente, algunos sectores
consideran necesaria una mejor regulación de los momentos jurídicos por los cuales deba levantarse el velo de la personalidad jurídica.
iniciativa pretende incorporar expresamente en el ordenamiento
jurídico costarricense la figura del levantamiento del velo de la
personalidad jurídica, con la finalidad de evitar los fraudes y
abusos que a menudo se cometen mediante el uso abusivo de la
personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, en perjuicio de
los derechos de las y los habitantes de Costa Rica.
embargo es necesario tomar que cuenta que nos fácil establecer una
norma, mediante proyectos de ley, una norma específica para
levantamiento del velo en cada una de las ramas del derecho, ya sea
familia, laboral, o comercial entre otras. La discusión planteada a
nivel costarricense establece muchas variables, por lo que es
necesario tratar cada rama por separado si se quisiera definir una
norma para cada una de ellas. Por
otro lado, existe la posición de que el sistema jurídico
costarricense ya funciona de manera adecuada para decidir cuando
debe levantarse el velo social en las personas jurídicas, aspecto
que al día de hoy queda en manos de los jueces de la República. En
muchos de los casos los jueces toman como norma para realizar el
levantamiento del velo el artículo 20 del Código Civil de Costa
Rica, el cual regula todo lo referente al fraude de Ley.
la jurisprudencia costarricense ha regulado que el levantamiento del
velo debe darse cuando ocurran los casos establecidos en el artículo
22 del mismo código civil, el cual se refiere al abuso del derecho y
las circunstancias en que se determina la existencia de este abuso.
Estas normas se van a ver acompañadas de normas establecidas en la
mayoría de las ramas del derecho hay normas que complementan lo
establecido en el código civil y lo referido al abuso del derecho y
fraude de ley. Por ejemplo, en algunas materias específicas como
la tributaria (Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley
N.o 4755, artículos 8 y 17) y la defensa del consumidor (Ley N.o
7472, artículos 32 y 67) se encuentra normativa de aplicación
general que permite la desestimación de tales atributos cuando sean
utilizados abusivamente. También existen normas en otras disciplinas
que regulan formas puntuales de levantamiento del velo, tales como
las disposiciones referentes a los grupos de interés económico
dedicados a la actividad financiera (Ley Orgánica del Banco Central,
N.o 7558, artículos 141 a 150) o del mercado de valores (Ley
Reguladora del Mercado de Valores, No 7732, artículos 30, 54, 55, 71
y 72) o a las prohibiciones para contratar con sociedades vinculadas
con funcionarios públicos en materia de contratación administrativa
(Ley N.o 7494, artículos 22, incisos c y e) o para otorgar
concesiones mineras a sociedades vinculadas con aquellos (Código de
Minería, Ley N.o 6797, artículo 29), entre otras.
embargo, en Costa Rica, la base para realizar el levantamiento del
velo de las personas jurídicas se basa en los artículos antes
mencionados del código civil complementado por el criterio del juez,
ya sea de familia, civil, de trabajo o en materia comercial quien
determine cuando debe realizarse esta acción. Aunque los que
critican esta forma de determinar cuando debe levantarse el velo
social, y promueven que exista una ley especifica que regule el
levantamiento del velo de las personas jurídicas, deben admitir que el sistema utilizado hasta el día de hoy, ha dado resultados durante un largo tiempo en
el sistema jurídico costarricense. Inclusive existen muchos ejemplos
de como esta situación jurídica, ocurre no solo en la jurisdicción costarricense, sino también en
la de países con grandes movimientos comerciales, como los es por
ejemplo los Estados Unidos.
países presentan normativa expresa que regule la aplicación general
de la desestimación de la personalidad jurídica determinando los
supuestos en los que esta procede. En América Latina, son
excepciones a esta regla Argentina (Ley de Sociedades Comerciales,
N.o 19.550, artículo 54) y Uruguay (Ley de Sociedades Comerciales,
N.o 16.060, artículos 189 y 190) que sí cuentan con un importante
desarrollo legislativo sobre la materia. En otras naciones la
legislación contempla, con sus variantes, algunos casos específicos
de levantamiento velo, como por ejemplo, en sociedades de un solo
socio (España, Inglaterra, Italia), de grupos de sociedades
(Alemania, Portugal), o en materias como la tributaria, la defensa
del consumidor e incluso la ambiental.
artículo que se quiere incluir al Código de Comercio establece lo
prescindirse
controlantes,
artículo es muy escueto si se toman en cuenta todas las variables
que existen en las personas jurídicas, las cuales no son tomadas en
cuenta dentro del artículo en cuestion. Por ejemplo uno de los aspectos que mas ha sido cuestionado es
que la propuesta no establece diferencias de responsabilidad entre
los diferentes accionista de una sociedad anónima, recordemos que
existen dentro de una misma sociedad acciones comunes y acciones
preferentes, lo cual no hace separación entre la responsabilidad que
pueda tener uno de los fundadores de una gran compañía del que
simplemente está invirtiendo en ella con una acción, aspecto sumamente importante
en las asociaciones comerciales internacionales utilizadas actualmente.
de los aspectos que se le cuestionan es que el artículo se pretende
incluir dentro del Código de Comercio, lo que provoca
que materias como el derecho laboral y derecho de familia entre
otras, no tengan la opción de utilizar este norma, siendo que los
jueces de estas ramas del derecho tendrán que seguir utilizando su
criterio y lo regulado específicamente en dichas materias y lo establecido en la jurisprudencia.
cuestionamientos deberán ser tomados en cuenta si
finalmente el país se decide a establecer una norma específica
que regule el momento jurídico en que debe levantarse el velo en las personas jurídicas. Sin embargo, se deben realizar estudios mas
profundos de la materia, para definir si realmente es necesario una
norma especifica, tomando en cuenta que durante décadas el sistema
actual para determinar si se debe o no levantar el velo ha
funcionado. Puede que no sea el sistema perfecto, pero se puede
trabajar para que así sea. Lic.
Federico Carrera R.
Rivas Rios & Asociados
Ejecutivo AFODCIL
www.afodcil.weebly.com
federicocr10@gmail.com
Twitter:@federicocr10
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levantamiento del velo social,
esta creciendo en materia comercial y de Derecho Comercial
Internacional, eso es indudable, sin embargo, existen muchos campos
como el arbitraje internacional en que es necesario seguir
discutiendo y capacitándose, para provocar que la región de América
Latina pueda participar activamente en la dinámica comercial y
arbitral de todo el continente, logrando de alguna manera, ser una
opción a nivel regional en la prestación de servicios de arbitraje
pasado lunes 30 de Julio, en representación de la Asociación para
el Fortalecimiento del Derecho Comercial Internacional en
Latinoameria (AFODCIL), participamos del primer conversatorio de
arbitraje internacional en la International Chamber of Commerce Costa
Rica, con la valiosa exposición de la experta en arbitraje
internacional Nicole Duclos, y los abogados Victor M. Garita y Roy
Herrera, tratándose importantes temas del arbitraje internacional y
arbitraje costarricense.
con el tema de la necesidad de que Costa Rica trabaje para ser una
opción para el arbitraje internacional, se expuso ampliamente un
tema muy interesante concerniente a la intervención de las
autoridades judiciales en los procesos arbitrales, relación que de
una u otra manera debe ir de la mano si la situación jurídica así
lo requiere, con el fin de lograr un laudo arbitral que no sea
objetable. Naciones
como los Estados Unidos, país con un elevado comercio a nivel
internacional, tiene una norma como la Federal
Arbitration Act (FAA), en donde se establece la potestad a las
cortes estadounidenses de tomar parte y decir en algunos temas de
arbitraje, siempre y cuando existan algunos vacíos legales que no se
hayan establecido en la clausula arbitral, como por ejemplo la
jurisdicción del tribunal arbitral.
acuerdo a lo que se maneja a nivel internacional mediante
jurisprudencia y doctrina, son varias las etapas en que la
jurisdicción de un país podría actuar en los procesos arbitrales,
recordando siempre que los tribunales arbitrales tienen una vez
establecidos toda la independencia para actuar.
inicio del arbitraje, respecto al cumplimiento del acuerdo
arbitral, jurisdicción del tribunal arbitral (arbitrariedad) y
finalmente constitución del tribunal arbitral (recusaciones). Por
otra parte, la jurisdicción podrá participar durante el
arbitraje, en cuestiones de medidas cautelares y obtención de
pruebas. Y finalmente, la jurisdicción puede intervenir al
término del arbitraje, en la anulación, reconocimiento y
ejecución del laudo arbitral. Aspectos
como estos son tomados en cuenta en los diferentes ordenamientos
jurídicos del mundo y América Latina sin embargo las
jurisdicciones deben estar alertas a intervenir correctamente en las
etapas, siempre y cuando, sea estrictamente necesario. América
Latina está avanzando hacia una mejor aplicación y utilización de
las clausulas arbitrales en los negocios, contratación e inversión,
y aspira a ser referente. Países como Costa Rica, en los últimos
años han redactado nuevas ley de arbitraje que estén adecuadas a la
realidad comercial internacional y a los diversos negocios. Sin
embargo el proceso es lento y requiere de mucha preparación en el
tema, existen países como los Estados Unidos en que tienen gran
desarrollo de la doctrina y experiencia en materia arbitral
internacional, elementos que son tomados en cuenta para las empresas
de mayor envergadura al momento de establecer en una clausula
arbitral y definir cual será el lugar donde se conformará el
tribunal arbitral que resuelva la diferencia.
debe ir demostrando paso a paso estar al día con temas como el
mencionado y es imperante que existan espacios para la discusión y
la formulación de normas que se adecuen correctamente a la realidad
del arbitraje internacional. El continuo crecimiento comercial en la
región así lo requiere, y a ello debemos responder.
@federicocr10
@afodcil
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Vicepresidente de la República firmó un decreto que declara de interés público el mercado de valores costarricense.Para finales del presente año, o a más tardar a inicios del 2013, el Gobierno prevé contar con un proyecto de reforma a la actual ley de mercado de valores.
Para ello, este jueves fue firmado por parte del vicepresidente de la República, Luis Liberman, un decreto que declara de interés público el mercado de valores costarricense. El documento tiene entre sus objetivos la mejora del acceso de los inversionistas al mercado y el aumento de las alternativas de inversión para las empresas y el sector público del país. “Vemos un mercado de valores que cada vez más va para atrás, se tienen cada vez menos emisores, un mercado búrsatil entregado a la banca y un Ministerio de Hacienda como su principal emisor. Los resultados de los últimos años no son aceptables y debemos abocarnos por un cambio”, señaló Liberman. Con el decreto se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores el cual esta integrado por representantes del sector Público (Banco Central, Ministerio de Hacienda, Conassif, Superintendencia General de Valores) y privado del país (destaca Florida Ice & Farm).
El Consejo Nacional tendría como tarea diseñar, aprobar, implementar y evaluar un plan de ruta estratégica que lleve al cumplimiento de los intereses dados a conocer en el decreto.
“Algunos cambios podrán hacerse con una simple regulación y otros solo podrán hacerse cambiando la Ley. Queremos un mercado que coadyuve al crecimiento de las empresas y por ende a la mejora en la competitividad del país”, señaló el vicepresidente.
El Banco Mundial y la Secretaría Técnica del Banco Central son otras de las entidades que estarán brindádole asesoría al Gobierno para los nuevos señalamientos.
Tomado de: elfinancierocr.com Publicado por
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días pasados pudimos estar presentes en la charla en
el Colegio de Abogados de Costa Rica sobre
el tema de la extensión de la clausula arbitral a las partes no
signatarias. La charla fue sumamente enriquecedora, pero el tema
tiene muchas aristas que a mi parecer pudieron ser tratadas, sin
embargo por la falta de tiempo, fue difícil entrar en detalles
jurídicos de suma relevancia.
A nivel internacional, la extensión de la clausula arbitral a las
partes no signatarias es un elemento procesal muy utilizado en la
mayoría sistemas jurídicos, inclusive a nivel jurisprudencial,
existen establecidas una serie de supuestos, que conforman
estándares jurisprudenciales, por las cuales debería atraerse al
proceso arbitral a terceros no signatarios del convenio que dio
origen a la diferencia. Dichos supuestos son las siguientes:
esa parte es firmante de un contrato que hace referencia expresa y
directa a la cláusula arbitral contenida en el otro contrato. Tal
sería, por ejemplo, el caso en que a través de otro contrato o
documento «asuma las obligaciones y derechos del firmante», o que
se trate de un conocimiento de embarque u otro documento que contenga
la cláusula arbitral y al que estuviera vinculado por principios
generales de la legislación contractual (Incorporación por
su conducta indica que está aceptando someterse a arbitraje, por
ejemplo, si participa en el proceso arbitral sin plantear objeciones
a la jurisdicción de los árbitros (Asentimiento tácito).
existe, entre el firmante y el no-firmante, una relación de
representación o agencia (Agencia). D) Si
la relación entre la matriz y su subsidiaria es suficientemente
cercana como para justificar que se corra el velo societario
(Penetración del velo societario).
puede quien alega no estar alcanzado por la cláusula arbitral tuvo
previamente una conducta contradictoria con esa alegación
(Estoppel).
criterio utilizado dentro de la jurisprudencia internacional es la
que postula una solución basándose en que la de controversias que
tengan una interrelación tal que
sea imposible separarlas. Esta interrelación debe ser un elemento
demostrable, por la cual se pueda atraer a una parte no-signataria al
proceso, pudiendo ocurrir, por ejemplo aún y cuando no exista un
acuerdo arbitral entre ellas, para ventilar una controversia que
involucra a dos partes que tienen, con una tercera, contratos interrelacionados que contienen
cláusulas arbitrales idénticas.
otro lado, la doctrina también se ha manifestado al respecto,
estableciendo ciertos supuestos por los cuales, se puede incluir a
terceros no-signatarios al proceso arbitral, al mencionar que un
no-firmante
Pese a que es amplia la jurisprudencia y la doctrina internacional
que manifiesta la posibilidad de la atracción de un tercero
no-signatario al proceso arbitral, en algunos países especialmente
europeos, no se admite dicho elemento procesal arbitral. Por ejemplo
es común que los tribunales ingleses resuelvan, en diversos
procesos en los que se intentó atraer a un tercero no signatario del
convenio, que la doctrina del grupo de sociedades «no es parte del
derecho inglés» por lo que el tribunal rechazó atraer al
mencionado sujeto no signatario. En diversas resoluciones, como el manifestado por la English High Court, in re
Peterson Farms Inc. v. C&M Farming Ltd., EWHC, 121, Comm., 4
february, 2004, la justicia inglesa anuló un laudo arbitral que
había determinado la procedencia de una indemnización a favor de
sociedades del Grupo C&M Farming, que no habían sido parte en el
contrato que contenía la cláusula arbitral. La Corte estimó que la
decisión de considerar los daños de quienes no habían firmado la
cláusula arbitral no era sostenible conforme el derecho inglés, ya
que la doctrina del grupo de sociedades no es parte de este derecho.
Tampoco encontró justificación para invocar la existencia de una
representación o «agencia» entre la firmante del contrato y las
restantes empresas de su grupo.
Sobre este tema, latinoamerica tiene un ejemplo claro del manejo jurídico de la situación. El ejemplo se presenta en la jurisdicción peruana, en el artículo 14 de la
ley de arbitraje peruana, en la cual se regula la
situación de la extensión del convenio arbitral a las partes
no-signatarias, permitiendo que el convenio de arbitraje se extienda
a terceros en situaciones específicas:
14.- Extensión del convenio arbitral
El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de
someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su
participación activa y de manera determinante en la negociación,
celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el
convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende
también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del
contrato, según sus términos.
De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, aunque se advierta que se
requiera la comprobación de ciertas situaciones de hecho que
califiquen como fraudulentas o abusivas, se mantiene judicialmente
que el arbitraje puede ser
independientes, si se ha
actividades habrían
sido simplemente patrimonio de la sociedad signataria demandada. Toda
vez que estas empresas escondidas tras el velo societario podrían no
la disposición sobre arbitraje. Claro está que la carga de la
prueba corresponderá a los accionistas demandantes quienes deberán aportar la prueba para lograr a terceros que no firmaron el contrato que dio origen al conflicto entre las partes signatarias.
Pese a que Costa Rica se encuentra en continua actualización y
formación jurídica, el tema del arbitraje, y en específico la
atracción de terceros al convenio arbitral, es un tema, es de alguna
manera un campo por estudiar mas a fondo.
que en Perú se establece de manera muy clara, la posibilidad de que extienda a terceros
no-signatarios el clausula arbitral estableciendo un artículo especifico para ello, en Costa Rica la Ley de
Resolución Alterna de Conflictos y
Promoción de la Paz Social (RAC)
no ha sido tan clara.
Dentro su articulado referente al arbitraje la ley RAC, otorga un libre accionar al tribunal arbitral para uso de las leyes costarricenses, así como
los usos y las costumbres aplicables al caso para atraer a un tercero
no- signatario del convenio, al proceso arbitral, (Art. 22 Ley RAC), sin embargo, es necesaria un norma mas específica y menos amplia, para evitar diferencia de opiniones, y de soluciones a una controversia.
vació legal en la ley RAC costarricense, ha provocado que exista
diferencia de criterios entre las decisiones tomadas en algunas
ocasiones para hacer extensiva la cláusula a terceros tomadas por los tribunales arbitrales y la Sala
Primera, quien en muchas ocaciones ha hecho valer la ley, estableciendo, que solo las partes
signatarias del convenio firmado originariamente, sean las que
participen del proceso arbitral.
puede ser un proceso largo, debe ser importante para la jurisdicción
costarricense el incluir dentro de la ley Rac, la norma clara y concisa, que establezca la posibilidad de los tribunales de arbitraje de hacer
extensiva la clausula arbitral a terceros no-signatarios, siempre que
la situación lo requiera, tal como la jurisprudencia internacional y la doctrina han ido señalando. Lo anterior con el fin de evitar los posibles vacíos legales y diferencias de criterios en el momento de resolver si un tercero ajeno a la clausula arbitral debería o no ser parte del proceso arbitral
-Dir. Ejecutivo de la Asociación para la Promoción de Nuevas Alternativas de Desarrollo Costa Rica.
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terceros no signatarios,
La Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación por el Gobierno argentino de la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol, si la Unión Europea plantease una demanda.
Argentina rechazó la acusación, considerando que no se apoya en datos objetivos y que tiene un trasfondo político. http://www.expansion.com/ Publicado por
REPSOL ANUNCIA QUE PLANTEARÁ DENUNCIA ANTE EL CIADI EN CONTRA DE ARGENTINA
La doctora Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Pública y Relaciones Internacionales en le Universidad Complutense de Madrid, señala que si fracasa el camino del diálogo, el Estado español también puede paralelamente iniciar gestiones para llevar el caso ante un arbitraje internacional, basándose en el "incumplimiento de un convenio bilateral", agregando que se trata de una acción "discriminatoria" porque sólo afectó a los intereses españoles en YPF.
POSIBILIDAD DE RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL COBRO DE IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES ANONIMAS EN COSTA RICA
Con la entrada en vigencia de la nueva ley de impuestos a las sociedades anónimas en Costa Rica, se han dado un conjunto de preguntas por parte de sus representantes legales, respecto a su responsabilidad dentro de la sociedad al momento de que dicha sociedad no pueda pagar los impuestos que establece la ley. Respecto a este tema, es muy clara la nueva ley al manifestar en su artículo cuarto, que los representantes legales serán solidariamente responsables con la sociedad por el no pago del impuesto. Sin embargo, dentro la misma ley, el transitorio IV establece una salida a los representantes para que esta responsabilidad no recaiga sobre ellos.
El transitorio manifiesta lo siguiente:
Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia sea eficaz. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la causal que impidió su entrega efectiva. Tal y como se observa, se otorga un plazo de dos años a todos los representantes legales de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada para que mediante comunicación por escrito al domicilio social de la sociedad, presenten su renuncia y de esta forma evita la responsabilidad por el no pago de los impuestos.
Como se menciona, dicha comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, con el fin de que resulte eficazmente publicitada, debiendo indicarse en el documento que el interesado en renunciar manifestó ante el Notario encargado de la protocolización, que dicha comunicación fue debidamente recibida en domicilio de la sociedad o bien la causa que impidió su entrega. Esta reforma plantea una excepción a las disposiciones contenidas en el artículo 107 del Código Notarial, y conlleva la obligación del notario de conservar en el archivo de referencias copia del documento o comunicación de la renuncia del personero. Además, en virtud de la renuncia del o de los personeros, resulta innecesario el nombramiento de sus sustitutos.
Debido a este hecho, en el cual no resulta obligatorio el nombramiento del sustituto del representante legal ante la renuncia del mismo, existen temores sobre la posibilidad de que una gran cantidad de sociedades mercantiles se queden sin representantes legales, y la confusión procesal que esto podría generar.
Sin embargo una directriz de la Dirección de Registro de Personas Jurídicas de Costa Rica, número 002-2012 establece que para efectos de la adecuada representación, tratándose de sociedades anónimas, se entenderá como representantes legales, el Presidente y cualquier otro miembro o no de la Junta Directiva. De acuerdo con lo establecido por esta directriz, se permite la renuncia de cualquier apoderado que no sea parte de la Junta Directiva, lo que asegura que pese a que ocurra la renuncia del representante legal, la sociedad anónima no quede sin un representante que responda por los actos de la sociedad, elemento importante a tomar en cuenta debido a la muy posible renuncia de un gran número de representantes legales, quienes evitarán ser responsables solidariamente ante el un cumplimiento en el pago de los impuestos a las sociedades anónimas.
-Asociado del Bufete Rivas Rios & Asociados
federicocr10@gmail.com Publicado por
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Incumplimiento del principio de publicidad frenaría nuevo Plan Fiscal en Costa Rica
Si por los fallos anteriores de la Sala IV se saca el día, la aprobación en primer debate del plan fiscal corre el peligro de ser anulada debido a que esta iniciativa no fue publicada antes en el diario oficial La Gaceta.
Los magistrados constitucionales ya han señalado como un error el incumplimiento del requisito de publicidad y, por esa causa, anularon el trámite de al menos dos expedientes en el Congreso.Esta falta es, precisamente, el punto central de una objeción que diputados de la oposición presentaron en contra de la reforma tributaria, en una consulta enviada el pasado 14 de marzo a la Sala IV.
Los congresistas que adversan el plan de impuestos del Gobierno esperan que el alto tribunal aplique el mismo criterio que usó en el 2006 para frenar una iniciativa para regular las agujas residenciales y otra en el 2008 para facilitar la entrega de permisos para marinas. En ambos casos, los magistrados obligaron al Congreso a publicar los expedientes.
Según los opositores, el proyecto tributario que pretende disminuir el agujero fiscal del 5% del PIB correrá la misma suerte. En el caso del plan para regular agujas residenciales, los magistrados señalaron quese “violentó el principio de publicidad”, por lo que el plan resultó “ inconstitucional, y debe ser anulado”, según consta en el voto N.º 2006015486.
En cuanto al de atracaderos y marinas, los magistrados resolvieron en el fallo 2008-015760 que se “violentó un aspecto esencial”, “cuya omisión acarrea un vicio de inconstitucionalidad”. Cuatro veces dijeron no. A pesar de lo señalado por la Sala IV en el pasado, los legisladores dijeron “no” en las cuatro oportunidades que tuvieron para enviar el plan de impuestos a publicación. El pasado 1.° de diciembre, una moción del diputado José María Villalta pretendía la publicación del plan, pero fue rechazada con el voto negativo de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).Ese día, tanto Villalta como el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Sotomayor, recalcaron a sus compañeros la necesidad de publicar el plan ante los cambios que sufrió en comisión.
Mes y medio después, el 16 de enero, Luis Fishman, del PUSC, presentó otra moción para publicarlo, pero también la rechazaron. Pasó otro mes y medio, y esa vez fueron el PLN y el PAC los que propusieron eliminar mociones al plan fiscal, como parte de una reforma al artículo 208 bis. La iniciativa incluía volver a publicar todo el plan de impuestos, pero esta vez la rechazó la oposición.
Esta propuesta se repitió el pasado 1.° de marzo, pero de nuevo fue rechazada.
nacion.com Publicado por
plan fiscal costa rica,
AFODCIL
Bufete Rivas Rios & Asociados
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References: artículo 22
 artículo 20
 artículo 20
 artículo
22
 artículo 29
 artículo 54
 artículo 14

Resolución 
 artículo 107
 artículo 208