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Timestamp: 2017-10-19 23:27:06+00:00

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Sentencia T.S.J. Cataluña 942/2010 de 14 de octubre
IRPF. Rentas percibidas por la suspensión temporal del contrato de trabajo. Exención de las cantidades: No es una situación equiparable al despido y no cabe extender una exención a un supuesto de hecho no previsto legalmente. Naturaleza de los ingresos: Son ingresos regulares o habituales, percibidos de forma periódica hasta su jubilación. La prestación se fijó como sustitutoria de las retribuciones que percibía en activo hasta cumplir la edad de jubilación o cualquiera de las contingencias descritas en el acuerdo. Desestimación.
RECURSO ORDINARIO (LEY 1998) 258/2007
Partes: Benito C/ T.E.A.R.C
SENTENCIA N.º 942
En la ciudad de Barcelona, a catorce de octubre de dos mil diez.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DELTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN PRIMERA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo n.º 258/2007, interpuesto por Benito, representado por la Procuradora D.ª M.ª TERESA YAGÜE GOMEZ-REINO, contra T.E.A.R.C, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente la Ilma. Sr.ª Magistrada D.ª PILAR GALINDO MORELL, quien expresa el parecer de la SALA.
Primero.-Por la Procuradora D.ª M.ª TERESA YAGÜE GOMEZ-REINO, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución que se cita en el Fundamento de Derecho Primero.
Primero.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), de fecha 1 de diciembre de 2006, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa núm. NUM000 interpuesta contra acuerdo dictado por la Dependencia de Gestión Tributaria de Reus de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por el concepto de IRPF, ejercicios 2001, 2002 y 2003, en relación con las cantidades percibidas por el actor del BBVA tras la suspensión del contrato de trabajo al amparo del art. 45.1.ª del Estatuto de los Trabajadores.
Segundo.-La resolución impugnada fundamenta su pronunciamiento desestimatorio, en primer lugar, en que no se trata la enjuiciada de una situación de despido o cese del trabajador, sino de la suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, hasta que el interesado alcance la edad reglamentaria de jubilación, por lo que las rentas percibidas no cabe calificarlas como exentas al amparo del art. 7.e) de la Ley 40/1998; al propio tiempo que tampoco entiende aplicable la reducción prevista en el art. 17.2.a) de la misma Ley, por no tratarse de cantidades obtenidas de forma notoriamente irregular en el tiempo.
Frente a lo expuesto, la representación de la parte actora opone, en síntesis, que las cantidades semestrales percibidas por el recurrente de la empresa bancaria deben resultar exentas, hasta el límite legal permitido para las indemnizaciones por extinción de la relación laboral, recibiendo el resto el tratamiento fiscal de renta irregular como tal indemnización, y subsidiariamente, recibir la totalidad de dichas cantidades el tratamiento de rendimientos de carácter irregular, por cumplir los requisitos previstos para ello. En su justificación, aduce, en primer lugar, que nos hallamos ante la extinción impuesta de la relación laboral y no frente a un acuerdo de suspensión del contrato de trabajo, a pesar de los términos contenidos en el acuerdo suscrito en este caso, por tratarse de una suspensión ficticia, remunerada y sin expectativas de reingreso, según doctrina jurisprudencial que se reseña en el escrito de demanda; en segundo lugar, que las cantidades percibidas constituyen una compensación o indemnización por la extinción de la relación laboral (despido encubierto), que deberán quedar exentas del IRPF, conforme a las previsiones del art. 7.1.e) de la Ley del Impuesto, hasta el límite establecido en la legislación laboral; al propio tiempo que, por su propia naturaleza, deben ser consideradas renta irregular, con la consiguiente reducción en la base imponible del impuesto, en la parte que excede del anterior límite legal exento, y subsidiariamente en su integridad, de acuerdo con las previsiones del art. 17.2.a) de la citada Ley, por hallarse vinculadas a la antigüedad y categoría profesional del interesado.
Tercero.-La primera cuestión que se debate en el presente procedimiento se contrae a determinar si procede considerar exenta, en la liquidación del IRPF de los ejercicios a que se contrae la litis, una parte de la indemnización percibida por el recurrente como indemnización por la extinción de su relación laboral con la referida entidad bancaria, que trae causa del acuerdo suscrito por ambas partes, bajo la denominación de suspensión del contrato de trabajo.
El art. 7 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, declara exentas, entre otras: "e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato".
La exención deja fuera las indemnizaciones que se deban a convenio, pacto o contrato, por lo que lo decisivo no será que el enjuiciado se trate de un supuesto de suspensión de la relación laboral o de extinción del contrato de trabajo, puesto que el trabajador no volverá a prestar servicios para la entidad bancaria, e incluso que el importe acordado tenga un carácter indemnizatorio, sino que lo determinante a los efectos que nos ocupan lo constituye la existencia del acuerdo pactado entre las partes para, en este caso, extinguir dicha relación y convenir el pago de unas determinadas cantidades hasta que el trabajador alcance la edad de jubilación.
No desconoce este Tribunal la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se esgrime por la actora en sus argumentaciones, conforme a la cual, los pactos de prejubilación, como el que nos ocupa, no establecen la suspensión del contrato de trabajo preexistente sino su extinción, sustituyéndolo por un contrato nuevo regulador de las relaciones entre las propias partes derivadas de la extinción acordada (SSTS de 25 de junio y 14 de diciembre de 2001).
En efecto, a la vista del contenido del acuerdo de que se trata, cabe concluir que más que una suspensión del contrato de trabajo, a que alude el documento en cuestión, lo realmente pactado fue la finalización de la relación laboral mediante acuerdo o contrato de prejubilación, en el que se establecen las condiciones económicas futuras hasta que el trabajador alcance la edad de jubilación. Ello no obstante, no cabe inferir de lo anterior las consecuencias fiscales que se pretenden por la parte actora, por cuanto lo determinante es la existencia de pacto, como se ha visto, al no tratarse de una decisión unilateral impuesta por la empresa, frente a la que el trabajador hubiera podido ejercitar las acciones correspondientes en defensa de sus derechos laborales, sino que nos hallamos ante un acuerdo bilateral de prejubilación que no ha sido discutido o impugnado por ninguna de las partes. No pueden ser acogidas, en su consecuencia, las alegaciones relativas a la existencia de un proceso encubierto de regulación laboral, cuya determinación y alcance excede sin duda alguna del ámbito del presente procedimiento por corresponder al orden jurisdiccional social, y mucho menos equiparar la situación enjuiciada a la de un despido improcedente, con aplicación de la exención contemplada en el precitado art. 7.e) de la LIRPF, en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores.
En idéntico sentido, se pronuncian las sentencias de la mayor parte de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de otros Tribunales Superiores de Justicia, entre las que cabe destacar, la de Extremadura, de 13 de diciembre de 2007; País Vasco, de 23 de diciembre de 2003; Andalucía, de 20 de enero de 2006, y de Madrid, de 19 de septiembre de 2006 y 30 de junio de 2009. Incluso el propio TSJ de Murcia, cuyas resoluciones son esgrimidas por la actora en el escrito de demanda, ha modificado posteriormente su inicial criterio, en reciente Sentencia, de 18 de diciembre de 2009, en cuyo fundamento de derecho segundo se sostiene lo siguiente: "Es cierto que esta Sección mantuvo el criterio que expone la parte recurrente en las sentencias a las que alude. Sin embargo transcurrido el tiempo y examinanda la evolución que ha venido teniendo la jurisprudencia desde dichas fechas, es preciso volver a replantearse la cuestión como ha efectuado esta Sección en sentencia 1102/2009, de 30 de noviembre, al resolver el recurso 417/2005, cuyo criterio procede mantener por razones de coherencia y unidad de criterio". Y entre otras muchas consideraciones de interés, concluye, en relación a un supuesto idéntico al que nos ocupa: "No se trata, en consecuencia, de una situación equiparable al despido o la que deriva de extinción de relaciones laborales por causas objetivas, los denominados expedientes de crisis, por lo que su tratamiento no puede ser el mismo, no pudiéndose aplicar o extender una exención a un supuesto de hecho no previsto legalmente".
Cuarto.-Procede determinar, seguidamente, la naturaleza regular o irregular de los ingresos abonados por la empresa al actor, a los efectos de la posible aplicación de la reducción prevista en el artículo 17.2.a) de la Ley 40/1998 de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.
El indicado precepto dispone, como regla general, que los rendimientos íntegros del trabajo se computarán en su totalidad, excepto que sea aplicable alguna de las reducciones que detalla a continuación la norma, cuyo apartado a) establece que se aplicará el 30 (o 40% para 2004) por 100 de reducción "en el caso de rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente".
En el supuesto enjuiciado, la parte actora aduce que las cantidades percibidas se hallan vinculadas a la antigüedad y categoría profesional del recurrente, por lo que deben conceptuarse de rendimientos irregulares del trabajo. No comparte el Tribunal el criterio expuesto, si se tiene en cuenta que el contenido del acuerdo de prejubilación no justifica que las cantidades a percibir se fijaran en atención a los años trabajados, a lo que se une que la prestación se obtenía de forma periódica, de modo que no cabe considerar que se trate un rendimiento irregular, sino regular, porque es un ingreso habitual del interesado percibido de forma periódica hasta su jubilación y, además, porque la prestación se fijó como sustitutoria de las retribuciones que percibía en activo hasta cumplir la edad de jubilación o cualquiera de las contingencias descritas en el acuerdo. En definitiva, los derechos económicos derivados de la extinción de la relación laboral no se han ido consolidando durante el tiempo que duró dicha relación, sino que nacen ex novo a raíz del acuerdo suscrito entre las partes a tales efectos; de tal forma que no estamos ante rendimientos que tengan un período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, en los términos exigidos en el artículo 17.2.a) de la Ley de Impuesto. La incidencia del tiempo de servicios prestados en la empresa es sólo indirecta, a través de la integración del concepto de antigüedad en el salario, cuya cuantía incidirá en la base reguladora de la compensación al trabajador por el cese de la relación laboral.
Del mismo modo cabe señalar que, si bien el art. 10.1.f) del Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluye entre los rendimientos del trabajo obtenidos de forma notoriamente irregular "las cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral", para ello se exige que el rendimiento se impute a un único período impositivo, lo que no se cumple en el supuesto enjuiciado, como se ha visto. Tampoco concurre en este caso el supuesto contemplado en el art. 10.2 del precitado Reglamento, ya que el indicado precepto no sólo se refiere a los rendimientos del trabajo que se perciban de forma fraccionada, sino que requiere además que tengan un periodo de generación superior a dos años, circunstancia que tampoco ha quedado justificada, a tenor de las consideraciones que anteceden.
Finalmente, la Sentencia de la Sala tercera del Tribunal Supremo, de 10 de mayo de 2006, dictada en el recurso de casación en interés de la ley núm. 29/2004, interpreta el contenido del artículo 17.2.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, en el sentido de dejar sentado que el precepto supedita la reducción que en él se contempla a que el rendimiento 1) tenga un período de generación superior a dos años, y 2) un requisito de índole negativa, que no se obtenga de forma periódica o recurrente. Además, se consideran rendimientos irregulares los que se determinan así reglamentariamente.
La doctrina sentada por el Alto Tribunal en la precitada resolución resulta aplicable al presente supuesto, aun cuando se refiera a un expediente de regulación de empleo y no a un acuerdo o contrato de prejubilación como el aquí enjuiciado, si se tiene en cuenta que la solución jurídica adoptada en relación a la determinación de las rentas como regulares o irregulares es trasladable a este caso. La sentencia sostiene que "No existe un período de generación, pues el nacimiento del derecho no va unido a la duración de la vida activa del trabajador y que se extingue en la situación que se contempla; y es que esa vida no origina el derecho a la prestación complementaria, que, por el contrario, naciendo de un expediente de regulación de empleo (ERE) está encaminada a compensar la pérdida de tal vida activa del trabajador. Y esta indemnización se calculará normalmente en función de ciertos parámetros y magnitudes, que lo son esencialmente de futuro, tales como tiempo que reste hasta la edad de jubilación, pérdida de salario que tiene lugar y consiguiente disminución del período de cotización a la Seguridad Social, etc. Es decir, el nacimiento del derecho, sin ningún período temporal de generación, se produce con la aprobación del ERE por la Autoridad Laboral y conforme a la legislación laboral aplicable, lo que puede tener lugar, bien porque aquella Autoridad homologue un acuerdo previo, cuando existe, o bien porque la Autoridad, si no hay acuerdo, resuelva aprobando la propuesta... Y significativamente, no se trata de un derecho del trabajador, que se haya acumulado por algún tipo de capitalización, sino que no es otra cosa que una verdadera indemnización, que nace con el daño o perjuicio consistente en la extinción del contrato de trabajo, con sus efectos inherentes a pérdida también de período de cotización temporal para un cálculo futuro de la pensión de la Seguridad Social. En resumen pues, se trata de un efecto instantáneo y que carece de cualquier tipo de período de generación, que pudiese extenderse en el tiempo. Y supuesto ello, entra en juego el derecho a cobrar la concreta indemnización prevista en el Seguro Colectivo, para los casos de prejubilación. En conclusión pues, no existiendo período alguno de generación, la misma -ya sólo por ello- no puede ser siquiera, ni superior, ni inferior a dos años, con lo que claramente se está fuera del supuesto previsto en el artículo 17.2 a), párrafo primero de la Ley. Lo dicho valdría incluso para cualquier caso, bien se tratase de un pago único, o bien de un pago periódico o recurrente, pues en todo caso, el nacimiento del derecho es, según lo dicho, instantáneo y por ello, ajeno a cualquier período de generación. En lo referente a la forma de su obtención: Las indemnizaciones entregadas a los trabajadores, según lo expuesto, eran en forma de renta mensual y por consiguiente, absolutamente periódicas o recurrentes, con el marcado carácter que se deriva precisamente de aquel abono mensual. En rigor, ni siquiera se trataría de un pago que, habiendo nacido ya el derecho a percibirlo, pudiese sufrir un aplazamiento o fraccionamiento, puesto que en realidad, la situación jurídica derivada de los pagos por el Seguro Colectivo, es la siguiente: El trabajador percibirá las indemnizaciones, en la medida que prolongue su vida (en desempleo) hasta el momento de la jubilación, sea esta anticipada o no, por lo que si el trabajador falleciese con anterioridad, el derecho, así concebido, también se extinguiría (y sin perjuicio de otros efectos distintos, que no son ahora el caso). Quiere decirse con ello, en conclusión, que se trata de un derecho no predeterminado en su extensión, duración y efectos, por lo que en tal sentido, se trata de una percepción condicional y con carácter aleatorio. Y si ello es así, ni siquiera se estaría en presencia de un supuesto de fraccionamiento que, en cualquiera de sus modalidades, prevé el artículo 17.2 a), párrafo segundo de la Ley 10-2 del Reglamento. Así pues, dada la regularidad y periodicidad de los pagos, desaparece toda la razón de ser de protección para una renta irregular y aislada, que se contempla en los preceptos citados como infringidos, por lo que la reducción que prevén, es totalmente inaplicable".
Con posterioridad el Tribunal Supremo se pronunciado sobre la cuestión debatida en sentencias de la Sala Tercera, de 27 de febrero de 2007 y 5 de marzo de 2008, en el sentido de señalar que las indemnizaciones complementarias que excedan de la cuantía que con carácter obligatorio se establece en el Estatuto de los Trabajadores para los casos de cese o despido improcedente dejan de ser indemnización y se constituyen en renta sometida al Impuesto y a retención.
La doctrina expuesta ha sido seguida por esta Sala, entre otras, en sentencias núm. 725/2007, de 28 de junio, 791/2009, de 16 de julio, y 810/2009, de 22 de julio; así como en las resoluciones de los TSJ que han quedado reseñadas en el razonamiento anterior.
Quinto.-En virtud de lo expuesto, es obligada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo, por encontrarse ajustada a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se aprecien méritos para una especial condena en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 139.1 de la misma Ley 29/1998.
DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 258/2007, promovido contra la resolución del Tribunal Económico- Administrativo Regional de Cataluña (TEARC) a la que se contrae la presente litis, por hallarse ajustada a derecho, con los fundamentos que se desprenden de la presente resolución; sin hacer especial condena en costas.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 70
 resolución 
 artículo 139
 resolución