Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0341_ES.html
Timestamp: 2019-08-17 21:09:23+00:00

Document:
Procedimiento : 2016/2045(INI)
Ciclo relativo al documento : A8-0341/2016
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PE 582.284v02-00 A8-0341/2016
sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea: evaluación
(2016/2045(INI))
Ponente: Salvatore Cicu
– Vistos el artículo 175 y el artículo 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),
– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, ejecución y aplicación(2),
– Visto el Reglamento (UE) n.º 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(3),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea COM(2013)0522 final(4),
– Visto el informe de la Comisión sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea – Informe anual de 2014 (COM(2015)0502),
– Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2002, sobre las inundaciones catastróficas en Europa Central(5),
– Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2005, sobre las catástrofes naturales (incendios e inundaciones) acaecidas este verano en Europa(6),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «El futuro del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea» (COM(2011)0613),
– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 28 de noviembre de 2013 – Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(7),
– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(8),
– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0341/2016),
A. Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) fue creado por el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 para responder a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002, y como un valioso instrumento que permitiera a la Unión responder a catástrofes naturales importantes y catástrofes regionales extraordinarias dentro de la Unión y en los países con los que se han entablado negociaciones de adhesión, y para mostrar solidaridad con las regiones y los Estados admisibles; que se limita a apoyar operaciones de emergencia y recuperación llevadas a cabo por las autoridades públicas tras una catástrofe natural con una repercusión directa en la vida de las personas, el medio natural o la economía de una región afectada determinada (aunque cabe observar que en 2005 la Comisión presentó una propuesta destinada a ampliar aún más el ámbito de aplicación inicial);
B. Considerando que, desde su creación, el FSUE ha desempeñado una función de gran utilidad, habiéndose movilizado un total de 3 800 millones de euros en relación con más de 70 catástrofes en 24 Estados beneficiarios y países en vías de adhesión, y se ha utilizado para responder a una gran variedad de fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, tormentas y, más recientemente, sequías; que el FSUE sigue siendo uno de los símbolos más potentes de la solidaridad de la Unión en tiempos de necesidad;
C. Considerando que el instrumento fue sometido a una exhaustiva reforma en 2014 con el fin de: mejorar y simplificar los procedimientos y garantizar una respuesta más rápida en un plazo de seis semanas tras la presentación de la solicitud; redeterminar su ámbito de aplicación; establecer criterios claros para las catástrofes regionales; y reforzar las estrategias de prevención de catástrofes y gestión de riesgos, mejorando así la eficiencia de la financiación de auxilio, en la línea de muchas de las peticiones formuladas a lo largo de los años por el Parlamento, así como por las autoridades locales y regionales; considerando que en el «Reglamento ómnibus»(9) propuesto por la Comisión el 14 de septiembre de 2016 se prevé una nueva revisión del Fondo, con miras a mejorar la puesta a punto y eficacia de la financiación de auxilio;
D. Considerando que el Parlamento ha apoyado firmemente los cambios propuestos, que, en su mayoría, ya había pedido en resoluciones anteriores;
E. Considerando que las solicitudes recibidas antes de junio de 2014 (fecha de entrada en vigor del Reglamento revisado) se evaluaron en el marco del Reglamento inicial, mientras que las solicitudes recibidas posteriormente se han evaluado con arreglo al Reglamento revisado;
F. Considerando que las inversiones en la prevención de las catástrofes naturales revisten la máxima importancia en la respuesta al cambio climático; que se han asignado importantes cantidades de fondos de la Unión a inversiones para la prevención de las catástrofes naturales y estrategias de gestión de riesgos, en particular con arreglo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);
G. Considerando que, excepcionalmente, en caso de que los fondos disponibles para un año determinado sean insuficientes, puede recurrirse a los fondos del año siguiente teniendo en cuenta el límite presupuestario anual del fondo tanto para el año de la catástrofe como para el año siguiente;
1. Recuerda que desde su creación, en 2002, el FSUE ha sido una importante fuente de financiación para la administración local y regional, mitigando las consecuencias de catástrofes naturales que se producen en todo el continente europeo, que van desde las inundaciones a los terremotos o incendios forestales, y que ha sido una muestra de la solidaridad europea con las regiones afectadas; subraya que el FSUE constituye una de las representaciones más concretas y tangibles para la ciudadanía del apoyo que la Unión puede prestar a las comunidades locales;
2. Subraya que desde la creación del FSUE las catástrofes naturales han aumentado significativamente en la Unión en número, gravedad e intensidad, como consecuencia del cambio climático; insiste, por consiguiente, en el valor añadido de un instrumento sólido y flexible para mostrar solidaridad y garantizar una asistencia adecuada y rápida a los ciudadanos afectados por catástrofes naturales graves;
3. Recuerda que el FSUE es un instrumento financiado al margen del presupuesto de la Unión, con una dotación máxima de 500 millones de euros (a precios de 2011) y que, pese al elemento de flexibilidad introducido (prórroga N+1), un volumen considerable de fondos puede quedar sin utilizar cada año; observa, en este contexto, la «presupuestación» parcial de la dotación financiera anual prevista en el «Reglamento ómnibus» propuesto, con miras a acelerar el procedimiento de movilización y dar una respuesta más temprana y efectiva a la ciudadanía afectada por una catástrofe;
4. Señala que el uso del umbral anual demuestra que el nivel anual de créditos que se ha aplicado en el nuevo período de programación del MFP es adecuado;
5. Destaca la importancia de la revisión de 2014, que logró superar el bloqueo en el Consejo y finalmente respondió a las reiteradas peticiones del Parlamento para aumentar la capacidad de respuesta y la eficacia de la ayuda con el fin de garantizar una respuesta rápida y transparente para ayudar a los ciudadanos afectados por catástrofes naturales; acoge con satisfacción, además, la reciente propuesta «ómnibus», que introduce nuevas disposiciones en materia de simplificación y mayor facilidad de movilización de la financiación;
6. Subraya los principales elementos de la reforma, como los siguientes: la introducción de los pagos anticipados, de manera que hasta el 10 % del importe de la contribución financiera prevista está disponible previa solicitud poco después de que la solicitud de contribución financiera del Fondo se presente a la Comisión (hasta un máximo de 30 millones de euros); la subvencionabilidad de los costes relativos a la preparación y aplicación de las operaciones de emergencia y recuperación (una importante exigencia del Parlamento); la ampliación de los plazos para la presentación de la solicitud por los Estados subvencionables (12 semanas después de que se produzcan los primeros daños) y para el establecimiento del proyecto (18 meses); la introducción de un plazo de 6 semanas en el que la Comisión debe responder a las solicitudes; nuevas disposiciones sobre la prevención de las catástrofes naturales; y mejoras en los procedimientos por lo que se refiere a la buena gestión financiera;
7. Destaca, sin embargo, que, a pesar de que es posible efectuar pagos anticipados más rápidamente que por el procedimiento normal, los beneficiarios sufren aún debido a la lentitud de todo el proceso, desde la solicitud hasta que se abona el importe final de la contribución; destaca, en este contexto, la necesidad de presentar la solicitud lo antes posible tras una catástrofe, así como de realizar mejoras adicionales en la fase de evaluación y las fases subsiguientes para facilitar la ejecución de los pagos; considera que la disposiciones «ómnibus» recientemente propuestas con respecto al FSUE pueden contribuir a una movilización más rápida, para que puedan satisfacerse las necesidades reales sobre el terreno; destaca asimismo que los Estados miembros deben estudiar sus propios procedimientos administrativos con vistas a acelerar la movilización de ayuda para las regiones y Estados afectados; sugiere además, con miras a posibles mejoras en el marco de una futura reforma, que se introduzca la obligación de actualizar los planes nacionales de gestión de catástrofes y el requisito de facilitar información sobre la preparación de los acuerdos sobre los contratos de emergencia;
8. Pide a los Estados miembros que mejoren sus propias vías de comunicación y cooperación con las autoridades locales y regionales, tanto al evaluar los daños admisibles para los que se solicita ayuda financiera del FSUE como al preparar las solicitudes, así como en la ejecución de los proyectos para hacer frente a los efectos de catástrofes naturales, garantizando así la efectividad de la ayuda de la Unión sobre el terreno y la promoción de soluciones sostenibles; considera, además, que debe informarse al público en general sobre el apoyo del FSUE; pide a las autoridades afectadas que mejoren la comunicación y faciliten información sobre el apoyo del FSUE sin generar cargas administrativas adicionales;
9. Subraya la importancia de garantizar el seguimiento de procedimientos de contratación pública por los Estados miembros en respuesta a catástrofes naturales, a fin de identificar y difundir las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas con respecto a los contratos en situaciones de emergencia;
10. Acoge con satisfacción la clarificación por la Comisión de las normas sobre la subvencionabilidad respecto de catástrofes naturales regionales, pero señala, no obstante, que el acuerdo definitivo entre el Parlamento y el Consejo mantiene el umbral de subvencionabilidad en el 1,5 % del PIB regional, según preveía la propuesta de la Comisión, a pesar de los esfuerzos del Parlamento para reducirlo al 1 %; observa que, al rebajar el umbral al 1 % en el caso de las regiones ultraperiféricas, se ha tenido en cuenta su vulnerabilidad;
11. Reconoce que el Fondo proporciona asistencia por los daños que no se pueden asegurar y no compensa las pérdidas privadas; subraya el hecho de que las acciones a largo plazo, como la reconstrucción sostenible o las actividades de desarrollo económico y de prevención, pueden beneficiarse de una financiación en el marco de otros instrumentos de la Unión, en particular los Fondos EIE;
12. Pide a los Estados miembros que optimicen el uso de la financiación existente de la Unión, en particular de los cinco Fondos EIE, para las inversiones destinadas a evitar que se produzcan catástrofes naturales, y señala la importancia de desarrollar sinergias entre los diferentes fondos y políticas de la Unión con el fin de evitar las repercusiones de las catástrofes naturales y, en los casos en que se active el FSUE, para garantizar la consolidación y el desarrollo sostenible a largo plazo de los proyectos de reconstrucción; mantiene que, cuando se haya de utilizar el FSUE, el Estado miembro debe comprometerse formalmente a aplicar todas las medidas necesarias para la prevención de catástrofes y la reconstrucción sostenible de las zonas afectadas; pide que, cuando se activen las sinergias, se simplifique al máximo, desde un punto de vista administrativo, el proceso para el uso combinado de los fondos;
13. Subraya, por tanto, que deben intensificarse los esfuerzos para invertir en la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, teniendo en cuenta las medidas preventivas a la hora de apoyar la reconstrucción y reforestación en el marco del FSUE; considera que la prevención debe pasar a ser una labor de carácter horizontal, y sugiere que se adopten medidas preventivas según un enfoque basado en el ecosistema a la hora de mitigar las consecuencias de catástrofes en el marco del FSUE; pide además a los Estados miembros que establezcan estrategias de prevención y gestión de riesgos, teniendo también en cuenta que muchas de las catástrofes naturales de hoy en día son consecuencia directa de la actividad humana;
14. Hace hincapié en la importancia de garantizar una transparencia máxima en la adjudicación, gestión y ejecución del FSUE; considera importante determinar si las ayudas del FSUE se utilizan respetando los principios de buena gestión financiera, a fin de identificar, desarrollar y compartir las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen la transparencia y garanticen que la información sea accesible al público durante todo el proceso de movilización de la ayuda, desde la presentación de la solicitud hasta la finalización del proyecto; pide asimismo un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) sobre el funcionamiento del FSUE, en particular porque el último informe disponible es anterior a la revisión de 2014 del Reglamento FSUE;
15. Observa que en 2014 se recibieron trece nuevas solicitudes y llama la atención sobre la situación especial de ese año, en el que seis de ellas se evaluaron con arreglo al antiguo Reglamento, mientras que las otras siete solicitudes se evaluaron de conformidad con el Reglamento revisado;
16. Recuerda que dos solicitudes fueron rechazadas en 2014 con arreglo al antiguo Reglamento FSUE porque las catástrofes en cuestión no pudieron considerarse «extraordinarias», aunque hubiesen provocado daños graves con repercusiones directas en el desarrollo económico y social de las regiones respectivas, y acoge con satisfacción, por tanto, las clarificaciones en este sentido del Reglamento FSUE revisado; sugiere, no obstante, para futuras reformas y teniendo en cuenta la posibilidad de redefinir las catástrofes naturales regionales, que pueda presentarse una única solicitud de forma conjunta por varios Estados subvencionables afectados por una catástrofe natural de carácter transfronterizo, siendo idéntico el origen y coincidiendo en el tiempo sus efectos, y que se tengan en cuenta los daños indirectos en la evaluación de las solicitudes;
17. Pide a la Comisión, de cara a futuras reformas, que tenga en cuenta la posibilidad de incrementar el umbral de los pagos anticipados del 10 % al 15 %, y de acortar los plazos de tramitación de las solicitudes, reduciéndolos de seis a cuatro semanas; pide asimismo a la Comisión que estudie la posibilidad de fijar en el 1 % del PIB regional el umbral de subvencionabilidad para las catástrofes naturales regionales, y de tener en cuenta el nivel de desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas,
18. Señala que es necesario estudiar la posibilidad de utilizar nuevos indicadores que vayan más allá del PIB, como el índice de desarrollo humano y el índice regional de progreso social;
19. Valora que la Comisión aceptara las siete solicitudes de asistencia recibidas en el marco de las normas revisadas, incluidas cuatro que se aprobaron a finales de 2014, para las que, sin embargo, tuvieron que prorrogarse créditos a 2015, como se recoge en el Informe anual de 2015 sobre el FSUE; recuerda, en este contexto, que 2015 fue el primer año completo de ejecución en el marco de las normas revisadas, y que los análisis demuestran que las clarificaciones jurídicas introducidas en la reforma han garantizado el éxito de las solicitudes, lo que no ocurría con las antiguas normas, en virtud de las cuales se consideraron no subvencionables alrededor de dos tercios de las solicitudes de ayuda presentadas a raíz de catástrofes regionales;
20. Lamenta la lentitud de los procedimientos de evaluación de los informes de aplicación y de cierre que estaban muy retrasados con el antiguo Reglamento y establece que, en virtud del Reglamento modificado, los cierres se efectúen de forma más eficaz y transparente, garantizando siempre la protección de los intereses financieros de la Unión;
21. Destaca, por otra parte, que el artículo 11 del Reglamento modificado confiere a la Comisión y al TCE competencias para efectuar auditorías y permite a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevar a cabo investigaciones siempre que sea necesario;
22. Pide a la Comisión y al TCE que evalúen el funcionamiento del FSUE antes de que finalice el actual período financiero plurianual;
23. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros y sus autoridades regionales.
DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
Textos Aprobados, P7_TA(2013)0003.
DO L 189 de 27.6.2014, p. 143.
DO C 170 de 5.6.2014, p. 45.
DO C 272 E de 13.11.2003, p. 471.
DO C 193 E de 17.8.2006, p. 322.
DO 114 de 15.4.2014, p. 48.
COM(2016)0605, 2016/0282(COD), Bruselas, 14.9.2016.
Después de las trágicas inundaciones de 2002, la Unión Europea creó el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (Reglamento (CE) n.º 2012/2002). Este constituye una traducción inmediata de la solidaridad de la Unión con los países afectados por catástrofes naturales graves. Se dirige no solo a los Estados miembros sino también a los países candidatos a la adhesión. En 2014, se modificó el Reglamento original para responder mejor a las preocupaciones de los beneficiarios y para tramitar más rápidamente las solicitudes de los países afectados e incluir la sequía en la lista de catástrofes cubiertas (Reglamento (UE) n.º 661/2014).
El FSUE puede ayudar a los Estados miembros cuando los daños directos totales causados por una catástrofe natural superan los 3 000 millones de euros (a precios de 2011) o el 0,6 % de la renta nacional bruta del país (RNB). También existen disposiciones para responder a catástrofes regionales menos importantes (el 1,5 % del PIB de la región o el 1 % para una región ultraperiférica).
En octubre de 2015, la Comisión Europea presentó el informe sobre la utilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) para el año 2014. El informe describe la situación específica del FSUE en 2014. Representa también una oportunidad de abordar el funcionamiento de este instrumento de solidaridad. Esta es la razón por la cual la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo decidió elaborar un informe de propia iniciativa.
En efecto, es imposible prever todas las situaciones de emergencia, todas las catástrofes. Pero siempre se puede mejorar la gestión de sus consecuencias. En la respuesta a una catástrofe, siempre hay varias etapas. La primera es la desolación y la constatación de la fuerza de la naturaleza junto a un sentimiento de impotencia frente a los elementos naturales. Viene después la ayuda mutua entre vecinos y también la de los servicios de auxilio nacionales e internacionales. Sin embargo, el ponente querría abordar las fases tercera y cuarta, ya que, una vez gestionados los problemas inmediatos, las víctimas deben hacer frente a la reparación de los daños, que es una reparación duradera.
Varios aspectos de la gestión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea serán abordados por el ponente. Desearía hacer hincapié en la rapidez de intervención del FSUE, una política de prevención necesaria que va de la mano con la necesaria complementariedad entre el FSUE y los otros instrumentos de la UE, en particular la política de cohesión. El ponente desea asimismo hacer hincapié en la colaboración eficaz entre el nivel nacional y los entes regionales o locales.
Por su carácter imprevisible, una catástrofe natural no solo provoca desasosiego a las poblaciones afectadas, sino que plantea la cuestión de la rapidez de intervención de las autoridades públicas, que deben hacer frente a gastos imprevistos.
Desde el inicio de la aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, el legislador previó un plazo específico para la presentación de los expedientes que se fijó en 10 semanas. Esto debía permitir a los entes locales y regionales iniciar el proceso. Sin embargo, los primeros años de funcionamiento del FSUE han demostrado que es un período demasiado breve. En la revisión de la normativa de 2014, este plazo para la presentación de los expedientes se amplió a 12 semanas. A primera vista, esto no responde a la solicitud del ponente. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades locales no tuvieron tiempo de preparar sus expedientes correctamente. Por consiguiente, esta prolongación no es contradictoria ya que permite a los responsables locales preparar mejor los expedientes.
El ponente desea subrayar que la rapidez de tratamiento de los expedientes resulta particularmente importante a partir de la presentación del expediente completo (12 semanas como máximo). A continuación, todos los niveles de decisión deben actuar con eficacia, tanto a nivel del Estado miembro como de los servicios de la Comisión, para que el apoyo financiero se desbloquee rápidamente.
Debemos evitar situaciones en que las víctimas se sienten abandonadas entre la respuesta de emergencia y la llegada de los fondos del FSUE.
Se trata de un llamamiento tanto más urgente cuanto que a menudo estos últimos años los mayores desastres naturales han afectado a los países del sur y del sudeste de Europa, países ya muy afectados por la crisis económica. Por ejemplo, solo en Cerdeña, tras las inundaciones de noviembre de 2013, murieron 16 personas y otras 1 700 sufrieron en mayor o menor grado. Los servicios de rescate que intervienen inmediatamente permiten limitar en lo posible las consecuencias nefastas de las catástrofes. Corresponde entonces al legislador prestar su apoyo legislativo para que los procedimientos estén mejor adaptados. El Parlamento Europeo desempeña también aquí un papel importante para evitar situaciones como la de Croacia en 2013, donde se concedió la autorización nada menos que 7 meses después de la presentación del expediente. En situaciones urgentes se necesitan procedimientos urgentes. En este caso concreto, transcurrió un año y medio antes de que los fondos llegasen a los beneficiarios.
Todo ello requiere una buena coordinación y también trabajos previos y posteriores.
Prevención y complementariedad
Cuando se produce una catástrofe, a menudo es demasiado tarde para la prevención. Esta, sin embargo, debe formar parte integrante de la fase siguiente. En efecto, es importante que la reconstrucción de las estructuras destruidas o las reparaciones realizadas en las instalaciones de infraestructura se aprovechen para adaptarlas a la normativa. Los textos en vigor exigen ya informes sobre la manera en que un Estado miembro pretende poner en práctica una estrategia de prevención y gestión de riesgos.
Es también aquí donde puede buscarse la complementariedad entre el FSUE y los fondos de cohesión. Estos últimos deben tener en cuenta, en particular cuando se trata de un proyecto de infraestructuras, los aspectos relacionados con la prevención de riesgos. Esto podría reducir los costes vinculados a las reparaciones necesarias tras una catástrofe.
Transparencia y cooperación entre los distintos niveles de toma de decisiones
La utilización del FSUE ha sido objeto desde su instauración de un informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Este informe ha puesto de relieve algunas posibles mejoras en la gestión del Fondo. Estas recomendaciones se han tenido en cuenta en la revisión del FSUE en 2014. Sin embargo, siempre podría introducirse una mayor transparencia, en particular en lo que se refiere a los diferentes fondos asignados para la reparación de los daños causados por una catástrofe. Para alcanzar este objetivo, el ponente sugiere una mayor cooperación entre los distintos niveles de toma de decisiones. No parece que se cuestionen las relaciones entre los beneficiarios y la Comisión Europea, que recibe las solicitudes de financiación en el marco del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. Habría que centrarse más bien en los mecanismos de cooperación entre las diferentes autoridades locales y regionales y los servicios centrales en cada Estado miembro.
El ponente sugiere también una mejor comunicación con el público durante todo el proceso, lo que permitiría que los beneficiarios o personas interesadas siguieran mejor el procedimiento para cada solicitud concreta. Esto podría organizarse en la Comisión Europea a condición de establecer un buen flujo de información entre estos diferentes niveles operativos.
OPINIÓN de la Comisión de Presupuestos (1.9.2016)
para la Comisión de Desarrollo Regional
Ponente: Lefteris Christoforou
La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
A. Considerando que, desde su creación en 2002, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) ha desempeñado una función de gran utilidad y ha servido para responder a 69 catástrofes en toda Europa; que 24 países se han beneficiado de fondos por valor de 3 700 millones EUR para hacer frente a catástrofes;
B. Considerando que la revisión de 2014 del Reglamento (CE) n.º 2012/2002 por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea mejoró y simplificó los procedimientos; que se amplió el plazo para solicitar las ayudas —dejando a los Estados miembros utilizar la contribución en los dieciocho meses siguientes a su desembolso—, se introdujeron los anticipos y se aclararon ciertas disposiciones, de conformidad con muchas de las peticiones formuladas por el Parlamento Europeo y las autoridades locales con el paso de los años;
C. Considerando que hasta la revisión casi todas las solicitudes rechazadas se referían a catástrofes regionales, pero que el nuevo Reglamento aclara las normas para optar a las ayudas, al introducir un único criterio para catástrofes regionales basado en un umbral del 1,5 % del producto interior bruto o el 1 % para una región ultraperiférica de una región de nivel NUTS 2;
D. Considerando que la Comisión recibió siete nuevas solicitudes en 2014 y tres solicitudes en 2015 con arreglo a las disposiciones del Reglamento revisado sobre el FSUE;
E. Considerando que, si bien el FSUE ya existía en el período de programación anterior del Reglamento sobre el MFP, sus créditos anuales han disminuido; que para compensar dicha disminución se ha introducido una prórroga de un año (N+1) en el nuevo Reglamento;
F. Considerando que excepcionalmente, en caso de que los fondos disponibles para un año determinado sean insuficientes, puede recurrirse a los fondos del año siguiente teniendo en cuenta el límite presupuestario anual del fondo tanto para el año de la catástrofe como para el año siguiente;
1. Señala que el uso del umbral anual demuestra que el nivel anual de créditos que se ha aplicado en el nuevo período de programación del MFP es adecuado;
2. Recuerda que el FSUE constituye una de las representaciones más concretas y tangibles para la ciudadanía del apoyo que Europa puede prestar a la vida de las comunidades locales;
3. Acoge con satisfacción que, conforme al nuevo Reglamento, puedan pagarse anticipos de hasta el 10 % del importe probable de la ayuda, con un límite de 30 millones EUR; lamenta, no obstante, que el período previsto entre la solicitud y el pago sea considerable; recomienda que se realicen mejoras adicionales en la fase de evaluación y las fases subsiguientes que faciliten la ejecución de los pagos; recomienda que se establezca un marco jurídico que defina la duración del período de evaluación;
4. Lamenta que, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1 y 3, del Reglamento sobre el FSUE, el procedimiento para dar por concluida la intervención del fondo es, en algunos casos, sorprendentemente largo; en 2014 la Comisión estaba cerrando expedientes de 2005, 2007 y 2010; subraya, pues, la importancia del pago anticipado de los procedimientos, al tiempo que la pronta recepción de la ayuda en cada caso que se haya solicitado y aprobado desempeña un papel especialmente importante;
5. Pide criterios claros en relación con la visita de control a los Estados beneficiarios para evaluar el sistema de ejecución aplicado, así como para el correcto uso de los recursos a controlar;
6. Pide un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el funcionamiento del FSUE, en aras de facilitar el uso transparente de fondos, en especial, porque el último informe disponible es previo a la revisión del Reglamento FSUE; pide, en particular, un estudio sobre el posible solapamiento en el uso de los fondos del FSUE con los fondos estructurales y con los planes nacionales;
7. Señala que, pese al elemento de flexibilidad introducido (prórroga N+1), existe el riesgo de que un volumen considerable de fondos quede inutilizado cada año; propone, además, una reflexión sobre cómo limitar la no utilización de estos importes en el futuro, teniendo plenamente en cuenta la naturaleza intrínsecamente variable de la cuestión (que depende del número de solicitudes recibidas o las necesidades económicas en un año determinado);
8. Acoge con satisfacción que se introdujesen disposiciones en 2014 para reforzar la prevención de catástrofes naturales; recuerda que el número de episodios meteorológicos extremos que causan catástrofes naturales ha aumentado como consecuencia del cambio climático; subraya, por tanto, que deben intensificarse los esfuerzos para invertir en la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, a la vez que se da prioridad a las medidas preventivas a la hora de apoyar la reconstrucción y reforestación en el marco del FSUE.
Giovanni La Via, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Ivan Štefanec, Tomáš Zdechovský
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (13.7.2016)
Ponente de opinión: Marco Valli
La Comisión de Control Presupuestario pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:
– Vistos los artículos 175, párrafo tercero, y 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Vistos el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1) y el Reglamento (UE) n.º 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(2),
– Vista su Resolución, de 15 de enero de 2013, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, ejecución y aplicación(3),
A. Considerando que el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) fue creado por el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 para responder a las devastadoras inundaciones que afectaron a Europa central en el verano de 2002;
B. Considerando que el FSUE permite principalmente prestar asistencia en caso de catástrofe natural grave con serias repercusiones en las condiciones de vida, el medio natural o la economía de una o varias regiones de un Estado miembro o de un país candidato a la adhesión;
C. Considerando que desde 2002, en 63 casos de catástrofes naturales (incluidos inundaciones, incendios forestales, terremotos, temporales y sequías), 24 países europeos han recibido ayudas con cargo a dicho Fondo por un importe total superior a los 3 700 millones de euros;
D. Considerando que en junio de 2008 el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) presentó los resultados de una auditoría de gestión y concluyó que, si bien se había cumplido su objetivo de expresar solidaridad a los Estados miembros tras una catástrofe, las condiciones que rigen la aprobación de las solicitudes eran bastante imprecisas, sobre todo en el caso de catástrofes regionales; que el Tribunal también criticó la lentitud del proceso de asignación;
E. Considerando que en diciembre de 2012 el TCE aprobó una auditoría de gestión: «La respuesta del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea al terremoto de Abruzo de 2009: pertinencia y coste de las operaciones»;
1. Recuerda su Resolución, de 3 de abril de 2014, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2012, en los que se apoyaba la conclusión del TCE según la cual en torno al 30 % (144 millones de euros) de la contribución del FSUE se destinó a operaciones que eran totalmente admisibles con arreglo al Reglamento FSUE; sin embargo, algunos proyectos, pese a ser pertinentes para las necesidades reales, no cumplían determinadas disposiciones del Reglamento FSUE; por ejemplo, un proyecto no respondía de forma oportuna ni con suficiente capacidad a las necesidades reales de la población; pide a la Comisión que explique cómo se han solventado en el Reglamento revisado sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que entró en vigor el 28 de junio de 2014, las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas;
2. Reitera que, a la sazón, el informe de auditoría 2012 de la Comisión puso al descubierto irregularidades que no tuvieron repercusiones financieras porque las solicitudes de pago superaban los pagos autorizados y no se habían atendido las solicitudes de pago irregulares;
3. Entiende que las catástrofes y el deseo de ayudar lo antes posible a las personas damnificadas puede someter a presión a las administraciones nacionales; considera, no obstante, que los Estados miembros deben aplicar la legislación de la Unión sobre prevención y gestión del riesgo de catástrofes, y establecer programas para abordar emergencias y catástrofes naturales, lo que permite a las autoridades de que se trate recibir rápidamente ayuda de la Unión respetando al mismo tiempo la buena gestión financiera; recuerda la necesidad de determinar si las ayudas del FSUE se utilizan respetando los principios de buena gestión financiera, a fin de identificar, desarrollar y compartir las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas en lo que respecta a la viabilidad económica;
4. Considera que el FSUE requiere de cierta flexibilidad que le permita responder a las catástrofes de forma más rápida y efectiva; acoge con satisfacción, en este sentido, la posibilidad de que los Estados puedan solicitar un anticipo de los fondos;
5. Reconoce que la revisión del Reglamento del FSUE introdujo importantes mejoras en consonancia con las demandas del Parlamento(4);
6. Destaca y acoge con satisfacción las mejoras realizadas con respecto a la buena gestión financiera(5), en particular en la medida en que los Estados beneficiarios están obligados a:
– verificar que se han puesto en marcha sistemas de gestión y control que se están aplicando de tal modo que garantizan un uso eficaz y correcto de los fondos de la Unión de conformidad con los principios de buena gestión financiera;
– comprobar que las acciones financiadas se han llevado a cabo de forma correcta;
– garantizar que los gastos financiados se basan en documentos justificativos verificables y que son correctos y regulares;
– prevenir, detectar y corregir las irregularidades y recuperar los importes indebidamente abonados, junto con los intereses de demora, cuando proceda, notificar estas irregularidades a la Comisión y mantenerla informada de la evolución de las diligencias administrativas y judiciales;
7. Lamenta las persistentes dificultades a la hora de evaluar si las solicitudes relacionadas con catástrofes regionales cumplen los criterios excepcionales establecidos en el Reglamento; insta a la Comisión a simplificar y mejorar los procedimientos administrativos con motivo de la próxima revisión del FSUE;
8. Lamenta el hecho de que en algunos casos se haya observado una falta grave de transparencia con respecto al uso y el destino del FSUE; pide una mejora del sistema de control a posteriori para el gasto, así como una justificación precisa y coherente de dicho gasto, y cree firmemente que los informes finales presentados por los Estados miembros deben ser públicos y accesibles;
9. Subraya la importancia de los procedimientos de contratación pública seguidos por los Estados miembros en respuesta a catástrofes naturales, a fin de identificar y difundir las mejores prácticas y las enseñanzas extraídas con respecto a los contratos en situaciones de emergencia;
10. Considera que las mejoras necesarias del Reglamento podrían incluir una solicitud de actualización obligatoria de los planes nacionales de gestión de catástrofes, la introducción de un plan de acción concreto y la preparación de los acuerdos sobre los contratos de emergencia;
11. Destaca que los Estados miembros deben estudiar sus propios procedimientos administrativos con vistas a acelerar la movilización de ayuda para las regiones afectadas;
12. Destaca, por otra parte, que el artículo 11 del Reglamento modificado confiere a la Comisión y al TCE competencias para efectuar auditorías y permite a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) llevar a cabo investigaciones siempre que sea necesario;
13. Considera que, siempre que sea posible, el FSUE debe crear sinergias con otras fuentes de ayuda financiera, en particular con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; en este sentido, y para garantizar la correcta aplicación del FSUE, pide a los Estados miembros que delimiten claramente los daños cubiertos por el FSUE y las actuaciones que se pretendan llevar a cabo con el apoyo de otros fondos;
14. Cree que deben preverse más requisitos para dotar de mayor visibilidad a la ayuda del FSUE en las áreas que reciben apoyo, a fin de demostrar su valor añadido europeo;
15. Pide a la Comisión y al Tribunal de Cuentas que evalúen el funcionamiento del FSUE antes de que finalice el actual período financiero plurianual.
Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Michael Theurer, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller
Benedek Jávor, Marian-Jean Marinescu, Julia Pitera, Miroslav Poche
DO C 440 de 30.12.2015, p. 13.
Véase su Resolución, de 15 de enero de 2013, sobre el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, ejecución y aplicación (DO C 440 de 30.12.2015, p. 13).
Reglamento (UE) n.º 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 143, artículos 5 y 11).
Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Steeve Briois, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller
Daniel Buda, James Carver, Miroslav Mikolášik, Bronis Ropė, Damiano Zoffoli

References: artículo 175
 artículo 212
 artículo 11
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 artículo 11