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Consejo General q-cfrpap 27/07 prd vs. Pan
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Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN
CG74/2010
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, IDENTIFICADO COMO Q-CFRPAP 27/07.
Distrito Federal, 24 de marzo de dos mil diez.
VISTO para resolver el expediente Q-CFRPAP 27/07 Partido de la Revolución Democrática vs. Partido Acción Nacional, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
I. Escrito de queja presentado por el Partido de la Revolución Democrática. El seis de julio de dos mil siete se recibió el escrito con clave HDO-222/07, suscrito por el C. Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante el cual presentó queja en contra del Partido Acción Nacional, por faltas que considera constituyen infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de financiamiento de los partidos políticos.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 29, inciso b), fracciones II y III del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito inicial de queja:
I. Es un hecho público y notorio que hace aproximadamente dos meses y medio las autoridades mexicanas realizaron el aseguramiento de dinero de 205 millones de dólares, en la residencia de las Lomas de Chapultepec de Zhenli Ye Gon, un empresario nacido en China y naturalizado mexicano.
II. El dos de julio Zhenli Ye Gon, decidió hacer públicos los motivos que lo llevaron a tener esa cantidad de dinero y aseguró que fue obligado por el actual secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, a esconder esos recursos. Lo anterior se desprende de las declaraciones realizadas a la agencia The Associated Press (AP), en las que dijo Ye Gon dijo (sic) que Javier Lozano Alarcón amenazó con matarlo, a menos que guardara las bolsas de dinero.
Zhenli Ye Gon expresó a The Associated Press que la mayor parte del dinero pertenecía al partido gobernante de México, eso es al Partido Acción Nacional. Dijo que funcionarios del partido lo enviaron el año pasado en bolsas de lona repletas con 5 millones de dólares cada una, y amenazaron con matarlo si no guardaba el dinero. En más de una docena de veces en el transcurso de ese verano, dijo Zhenli, un secuaz del partido (Acción Nacional) arrojó carteras llenas de dinero a su casa.
III. Lo anterior ha sido del conocimiento público a través de videos que han sido difundidos en diversos medios de comunicación, donde se pública las declaraciones realizadas por Zhenli Ye Gon a The Associated Press, en donde señala con claridad que: se le solicitó su ayuda para apoyar al Partido Acción Nacional para la campaña presidencial:
‘Necesita… ahora tu eres mexicano, necesita tu servicio
en país de México.
Necesita… apoyo partido de PAN’
IV. Pero además, de la publicación semanal Reporte Índigo del 6 al 12 de julio, se desprende que existen imágenes de Zhenli Ye Gon, con López (sic) Alarcón, en un evento en el cual esta recaudando fondos para la campaña del Partido Acción Nacional.
De la nota anteriormente mencionada, se desprende que ‘Lozano Alarcón se dedicaba a la recaudación de fondos de la campaña presidencial, junto con Mauricio Rioseco, en un esquema paralelo al partido. Rioseco es un multiempresario miembro de compañías como firma internacional RW Consulting, Mazars, Out Staffing, Despacho Federico Rioseco, S.C. y Grupo Multiplo. A esta lista habrá que añadir la polémica empresa, Hildebrando S.A. de C.V., propiedad de Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la esposa del presidente Felipe Calderón, y quien a finales de la campaña 2006 metió en apuros a su cuñado por los contratos que obtuvo en el sexenio de Vicente Fox, según denunció el PRD en su momento.
Toda vez que es de conocimiento público que Lozano Alarcón se dedicaba a la recaudación de fondos de la campaña presidencial, es probable que lo dicho por Zhenli Ye Gon, tenga sustento y que probablemente la campaña presidencial haya estado financiada por recursos de origen desconocido, por lo cual es indispensable que se realice una investigación con relación a estos hechos.
V.- Existe la presunción de que el Partido Acción Nacional, ha incurrido en un incumplimiento grave de las obligaciones a que se encuentra sujeto como partido político nacional, en virtud de que, como se ha señalado en algunos medios de comunicación, es posible que haya recibido recursos para las campañas electorales del proceso electoral a celebrarse en el año 2005- 2006 cuyo origen es desconocido.
Como puede apreciarse de la simple descripción de los hechos denunciados, puede apreciarse (sic) que el Partido Acción Nacional, presuntamente incurrió en un incumplimiento grave de las obligaciones Constitucionales y legales a que está sujeto como partido político nacional; lo que hace indispensable que la Comisión de Fiscalización de este Instituto inicie de inmediato el procedimiento y la investigación correspondiente, por las razones y fundamentos legales que se expresan a continuación:
Elementos probatorios aportados:
Nota informativa publicada por el periódico El Universal con el encabezado “Zhenli Ye Gon acusa al secretario del Trabajo de obligarlo a ocultar 205 mdd”, visible en la página de internet http://www.eluniversal.com.mx/primera/vi_29173.html.
Video de la entrevista realizada por la agencia AP (The Associated Press) a Zhenli Ye Gon, alojado en la página de internet http://videos.eluniversal.com.mx/paginas/videosdet3448.html.
Nota periodística con el encabezado “Cuentos Chinos”, de la publicación semanal de Reporte Índigo del seis al doce de julio en la sección de política.
III. Acuerdo de Recepción.
El diez de julio de dos mil siete, la Secretaría Técnica de la otrora Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral (en adelante Secretaría Técnica), acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente Q-CFRPAP 27/07 PRD vs. PAN y notificar tal proveído al Presidente de dicha Comisión.
El diez de julio de dos mil siete, mediante oficio STCFRPAP/1556/07,
la Secretaría Técnica de la otrora Comisión de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica que se fijara en los estrados de este Instituto, por lo menos durante setenta y dos horas, el acuerdo de recepción del procedimiento de mérito y la cédula de conocimiento.
El trece de julio de dos mil seis, mediante oficio DJ/754/07,
la Dirección Jurídica, una vez que se publicó en los estrados de este instituto la citada documentación, la remitió a la Secretaría Técnica de la otrora Comisión de Fiscalización.
IV. Causales de desechamiento.
El treinta de julio del dos mil siete, mediante oficio STCFRPAP 1585/07,
la Secretaría Técnica de la otrora Comisión de Fiscalización solicitó a su Presidencia que informara si a su juicio existía o se actualizaba alguna de las causales de desechamiento previstas en el numeral 6.2 del entonces Reglamento que establece los Lineamientos Aplicables en la Integración de los Expedientes y la Substanciación del Procedimiento para la Atención de las Quejas sobre el Origen y la Aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento de los Partidos y Agrupaciones Políticas.
El tres de agosto de dos mil siete, mediante oficio PCFRPAP 226/07,
la Presidencia de la otrora Comisión de Fiscalización dio respuesta al requerimiento antes mencionado, señalando que en su opinión no se actualizaba ninguna de las causales de desechamiento, dándose, por tanto, inicio a la substanciación del procedimiento de queja respectivo.
V. Notificación al Partido Acción Nacional. El nueve de agosto de dos mil siete, mediante oficio STCFRPAP 1627/07, la Secretaría Técnica de la otrora Comisión de Fiscalización notificó al entonces representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con la totalidad de los documentos que integraban el expediente respectivo.
VI. Requerimiento al Coordinador Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral.
El tres de octubre de dos mil siete, mediante oficio
STCFRPAP 2094/2007, la Secretaría Técnica solicitó a la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto, copia del video correspondiente a la conferencia de prensa que dieron en Washington, el ciudadano mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon (vía telefónica) y sus abogados el dieciocho de julio de dos mil siete.
El cinco de octubre de dos mil siete, mediante oficio
CNCS-MMA/0494/2007, la Coordinación Nacional de Comunicación Social de este Instituto remitió a la Secretaría Técnica, copia del video solicitado.
VII. Requerimiento a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.
El tres de octubre de dos mil siete, mediante oficio STCFRPAP 2095/07, la Secretaría Técnica solicitó al Secretario Ejecutivo de este Instituto, girara oficio al Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores para realizar la identificación y búsqueda en dicho Registro de Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón.
El cinco de noviembre de dos mil siete, mediante oficio STN/14529/2007 en cumplimiento a la solicitud formulada por la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores remitió a la Secretaría Técnica copia simple de la documentación relativa a la inscripción de Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón en el Padrón Electoral.
VIII. Requerimiento a la Procuraduría General de la República.
El veintitrés de abril de dos mil ocho, mediante oficio UF/534/2008,
se solicitó a la Procuraduría General de la República copia certificada de todas las actuaciones de las averiguaciones previas identificadas con los números PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006 y AP/620/FEPADE/2007.
El ocho de mayo de dos mil ocho, mediante oficio SJAI/480/08,
la Procuraduría General de la República en cumplimiento a la solicitud realizada por dicha Unidad de Fiscalización, manifestó la imposibilidad constitucional y legal para dar cumplimiento al requerimiento antes referido.
IX. Requerimiento a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República.
El veinticinco de mayo del dos mil nueve, mediante oficio
UF/1659/2009, la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (en adelante Unidad de Fiscalización) solicitó a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, copia certificada de la totalidad de las actuaciones que integraran la averiguación previa identificada con el número AP/620/FEPADE/2007 o de cualquier otra indagatoria seguida en contra de Zhenli Ye Gon por la presunta comisión de delitos electorales.
El nueve de julio del dos mil nueve, mediante oficio
UF/3094/2009, la Unidad de Fiscalización solicitó de nueva cuenta a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, la información y documentación referida en el inciso que antecede.
El treinta y uno de junio dos mil nueve, mediante oficio 7798/DGAPCPMDE/FEPADE/2009, la Dirección General de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales dio contestación a los requerimientos antes señalados, informando que se determinó el
“No Ejercicio de la Acción Penal” dentro de la averiguación previa 620/FEPADE/2007, además de manifestar la imposibilidad constitucional y legal para remitir las copias certificadas requeridas.
X. Requerimiento a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
El veintidós de enero de dos mil diez, mediante oficio UF/DQPO/13/10,
la Dirección de Quejas y Procedimientos Oficiosos solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del citado órgano fiscalizador, informara si Zhenli Ye Gon o la empresa Unimed Pharma de México, S.A. de C.V., habían prestado algún servicio o provisto de algún bien al Partido Acción Nacional durante el dos mil seis.
El veintiocho de enero de dos mil diez, mediante oficio
UF/DA/0016/10, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros remitió la información solicitada.
XI. Cierre de instrucción.
a) El dieciséis de marzo de dos mil diez, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.
b) En esa misma fecha, a las trece horas quedaron fijados en los estrados de la Unidad de Fiscalización de este Instituto, el original del acuerdo de cierre de instrucción del presente procedimiento y la cédula de conocimiento.
c) El diecinueve de marzo de dos mil diez, a las trece horas fueron retirados de estrados el original del acuerdo de cierre de instrucción del presente procedimiento y la cédula de conocimiento.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de conformidad con los artículos 372, párrafo 2; 377, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente, y 26 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización.
1. Competencia. Que con base en los artículos 41, base V, décimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, 81, párrafo 1, incisos c) y o); 109, párrafo 1; 118, párrafo 1, incisos h), i) y w); 372, párrafos 1, incisos a) y b) y 2; 377, párrafo 3, y 378 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho; 4, párrafo 1, inciso c); 5, 6, párrafo 1, inciso u), y 9 del Reglamento Interior de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, dicha Unidad es el órgano competente para tramitar, substanciar y formular el presente proyecto de Resolución, mismo que este Consejo General conoce a efecto de determinar lo conducente y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.
2. Normatividad aplicable. Que de conformidad con los artículos cuarto transitorio del Decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, y segundo transitorio del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el presente asunto deberá ser resuelto conforme a las normas vigentes al momento de su inicio, es decir, las previstas en la legislación electoral federal vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho.
Así, los actos de la autoridad administrativa electoral se rigen por la normativa vigente al momento de su emisión, es decir, que todo hecho o acto jurídico se regula por la ley vigente al momento de su verificación o realización, principio expresado en la fórmula latina tempus regit factum. En ese sentido, las normas a las que se refieren los citados artículos transitorio son las de carácter sustantivo, ya que en las normas adjetivas o procesales, según se desprende de lo dispuesto en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, julio de 1998, en la página 308, de rubro "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL", no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, es decir, se agotan en cada etapa procesal en que se van originando y se rigen por la norma vigente que los regula, ya que sólo deben reputarse como expectativas de derecho o situaciones jurídicas abstractas.
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo expresado en el escrito de queja presentado por el Partido de la Revolución Democrática, así como del análisis de las pruebas que integran el expediente, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional incumplió con lo dispuesto en el artículo 49, párrafo 2, incisos c) y g), y párrafo 3, en relación con el 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho.
Dichos preceptos normativos imponen a los partidos políticos diversas obligaciones, tales como el respeto absoluto de la norma y ajustar su conducta, así como la de sus militantes y simpatizantes a los principios del estado democrático. Asimismo, señalan la prohibición de recibir aportaciones en dinero o en especie de personas no autorizadas para tal efecto, entre las que comprende las personas físicas o morales extranjeras, empresas mexicanas de carácter mercantil y de personas no identificadas.
A manera de introducción, se destaca como hecho notorio en términos del artículo 358, numeral 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el quince de marzo de dos mil siete, la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública Federal aseguró numerario extranjero consistente en aproximadamente doscientos cinco millones de dólares americanos, en cumplimiento a una orden de cateo concedida por un juzgado federal, en la residencia ubicada en la calle Sierra Madre 515, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, propiedad de Zhenli Ye Gon.
Lo anterior se sigue según del comunicado de prensa de veintidós de marzo de dos mil siete, emitido por la Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República.
Ahora, en el caso a estudio, la irregularidad que el accionante atribuye al Partido Acción Nacional consiste en presuntas aportaciones en dinero en beneficio del candidato para la Presidencia de la República que dicho instituto político postuló en el proceso electoral federal 2005-2006, realizadas con recursos de origen desconocido, pues el quejoso afirma que el aludido efectivo asegurado en el inmueble propiedad de Zhenli Ye Gon, se trata de aquél que fuera recaudado por el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, junto con Mauricio Rioseco e Hildebrando Zavala Gómez del Campo, para la promoción de la aludida candidatura.
El denunciante para sustentar sus afirmaciones exhibió como material probatorio diversas notas periodísticas, así como un video alojado en la página de internet del periódico “El Universal”, en los cuales consta la entrevista concedida por Zhenli Ye Gon a la agencia de noticias “The Associated Press” (AP).
De esas probanzas, se desprende que la persona de referencia medularmente manifestó que el dinero asegurado le fue entregado por órdenes del Secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, para financiar la campaña presidencial del entonces candidato a la presidencia de la República postulado por el Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones de dos mil seis.
Visto lo anterior, dentro del marco de la investigación realizada por la autoridad instructora en el presente expediente, se solicitó a la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Federal Electoral proporcionara copia del video de la conferencia de prensa concedida por Zhenli Ye Gon el dieciocho de julio de dos mil siete en la ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica.
La autoridad requerida envió copia del video solicitado, de cuyo contenido se advierte que no existen elementos adicionales a los contenidos en las notas periodísticas y entrevista que conforman el material probatorio exhibido por el denunciante.
Asimismo, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto realizara una búsqueda en la base de datos del Padrón Electoral, para efecto de identificar a Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón y, en su caso, enviara copia de los expedientes electorales respectivos.
En tal virtud, la Secretaría Técnica Normativa de esa Dirección Ejecutiva confirmó la existencia de los registros de los ciudadanos antes referidos, remitiendo las copias solicitadas, de las que se desprende que el primero de los ciudadanos realizó su trámite de inscripción al Padrón Electoral el cinco de noviembre de dos mil tres y el segundo, el veintitrés de enero de mil novecientos noventa y uno.
De igual forma, se realizaron diversos requerimientos a la Procuraduría General de la República, así como a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, para efecto de obtener copia certificada de las averiguaciones previas identificadas con las claves alfanuméricas PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006 y AP/620/FEPADE/2007 relacionadas con el aseguramiento del dinero referido en párrafos anteriores.
Al respecto, el Licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, entonces Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, así como por la Licenciada Giovanna Umelia Garrido Márquez, Subdirectora de Averiguaciones Previas “B” de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, negaron la expedición de las copias certificadas de las averiguaciones de referencia.
No obstante, se determinó como innecesario la instrumentación de diligencias encaminadas a recabar copias refrendadas de las apuntadas indagatorias, en razón de que la segunda de las autoridades ministeriales en comento manifestó que en lo tocante a la averiguación previa AP/620/FEPADE/2007, el nueve de junio de dos mil ocho se determinó el “No Ejercicio de la Acción Penal”, al no actualizarse el tipo penal comprendido en el artículo 406, fracción VII del Código Penal Federal.
Finalmente, el órgano instructor del presente procedimiento administrativo solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros informara si el Partido Acción Nacional había reportado alguna operación (aportación, donación, prestación de bienes y/o servicios, etc.), con Zhenli Ye Gon y/o la empresa vinculada a este último, denominada Unimed Pharm Chem de México S.A. de C.V.
Como resultado de dicho requerimiento, se encuentra integrado a las constancias del expediente de mérito, el informe rendido por la citada Dirección de Auditoría, por el que se constata que una vez revisada la documentación que obra en archivos, no se encontró evidencia alguna de operaciones realizadas entre los entes en comento y el partido incoado.
Ahora bien, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, tanto los aportados por el denunciante como los recabados por el órgano instructor, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.
Lo anterior, en términos del artículo 14 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, que a la letra dice:
1. Las pruebas admitidas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral federal, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.”
En este orden de ideas, respecto de las notas periodísticas exhibidas por el denunciante, se precisa que sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de mayor grado convictivo, se deben ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto, de manera que los citados documentos sólo hacen prueba plena cuando a juicio del resolutor, los demás elementos que obren en el expediente generen convicción sobre la autenticidad de los hechos afirmados.
Refuerza lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se identifica con el número 38/2002, publicada en las fojas 192 y 193 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, tomo Jurisprudencia, con el rubro y texto siguientes:
“NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.— Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.”
Por lo que concierne al video alojado en la página de Internet http://videos.eluniversal.com.mx, donde aparece la entrevista realizada por la agencia “The Associated Press” (AP) a Zhenli Ye Gon, en la que declara haber sido instruido para recibir dinero del Partido Acción Nacional; se considera una prueba técnica. Debe señalarse que en lo que atañe a los datos e información obtenidos del sistema de red informático mundiales entre computadoras y ordenadores denominado Internet, pueden ser admitidos como prueba, al no existir restricción legal alguna al respecto.
Lo antepuesto, en términos de la siguiente Tesis, dictada por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, a saber:
“INFORMACIÓN PROVENIENTE DE INTERNET. VALOR PROBATORIO. El artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo previsto en el diverso artículo 2o. de este ordenamiento legal, dispone: ‘Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.’; asimismo, el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología; ahora bien, entre los medios de comunicación electrónicos se encuentra ‘internet’, que constituye un sistema mundial de diseminación y obtención de información en diversos ámbitos y, dependiendo de esto último, puede determinarse el carácter oficial o extraoficial de la noticia que al efecto se recabe, y como constituye un adelanto de la ciencia, procede, en el aspecto normativo, otorgarle valor probatorio idóneo.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Agosto de 2002, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: V.3o.10 C, Página 1306.”
En cuanto a la valoración de dicha probanza técnica, resulta aplicable la Tesis Relevante XXVII/2008 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, la cual es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.
Con sustento en lo expuesto, se puede concluir de forma válida que la mera afirmación de los hechos precisados en las notas periodísticas y en la entrevista en comento, no son suficientes para construir una imputación directa contra el partido incoado respecto de una infracción susceptible de ser sancionada, toda vez que el contenido de esos mecanismos demostrativos solo representan la opinión personal de los autores del reportaje o de los entrevistados, situación que únicamente puede generar indicios levísimos, por lo que no pueden constituir plena seguridad de lo que se pretende demostrar con las mismas.
Bajo ese contexto, al tener únicamente valor indiciario simple las probanzas exhibidas por el denunciante, ésas deberán relacionarse con los demás elementos probatorios que obran el expediente en que se actúa para determinar los alcances convictivos que pudieran generar en su caso.
Con base en lo anterior, se precisa que en el presente expediente obran los informes de la Secretaría Técnica Normativa respecto al registro en el Padrón Electoral de Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón, y de la Subdirección de Averiguaciones Previas “B” de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
Dichos documentos públicos, se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 359, numeral 2, en relación con el diverso 372, numeral 4, ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 14, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización.
Ahora bien, cabe precisar que del simple dicho del empresario Zhenli Ye Gon, en la entrevista antes mencionada, no es factible concluir, que el Partido Acción Nacional haya solicitado apoyo para realizar negocios o financiar de forma paralela la campaña de la Presidencia de la República por ese partido; al representar únicamente la versión de la referida persona de lo que ocurrió en la especie con respecto al origen del dinero asegurado.
Situación que guarda relación directa con el informe rendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, relativo a que esa autoridad determinó el “No Ejercicio de la Acción Penal” respecto de la averiguación previa AP/620/FEPADE/2007, relacionada con el aseguramiento del numerario encontrado en la residencia propiedad de Zhenli Ye Gon, al considerar que no se configuraron las conductas previstas en el artículo 406, fracción VII, del Código Penal Federal que a la letra dice:
“Artículo 406.- Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o al candidato que:
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos provenientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.”
Del análisis del precepto legal en cita, así como del informe emitido por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se desprende que no se acreditó que en la campaña del entonces candidato a la presidencia de la República Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se utilizaran fondos provenientes de actividades ilícitas.
En este orden de ideas, no pasa inadvertido para este órgano resolutor que mediante Edicto de nueve de julio de dos mil siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho siguiente, el Licenciado Raúl Hernández Cruz, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud declaró que el numerario asegurado en el inmueble ubicado en la calle de Sierra Madre 515, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, propiedad de Zhenli Ye Gon, causaron abandono a favor del Gobierno Federal.
Ante ese abandono de los valores por el monto de aproximadamente doscientos cinco millones de dólares americanos, resulta materialmente imposible que esa cantidad de dinero ingresara a la campaña del entonces candidato Felipe de Jesús Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República postulado por el partido denunciado en las elecciones celebradas en dos mil seis.
No obstante lo anterior, respecto a la posibilidad de que el partido político denunciado hubiera recibido aportaciones de entes prohibidos para tal efecto, como son personas físicas o morales extranjeras, o empresas mexicanas de carácter mercantil, se realizan las siguientes consideraciones:
Del análisis del informe remitido por la Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este Instituto, se desprende que al diecinueve de enero de dos mil seis, fecha en que inició la campaña federal dos mil seis para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en la que contendió Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como candidato del Partido Acción Nacional, Zhenli Ye Gon, inscrito en el Padrón Electoral, con clave de elector YEGNZH63013188H500, tenía la calidad de ciudadano mexicano en términos de lo establecido en el artículo 30, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo tanto, dicho ciudadano se encontraba plenamente facultado para realizar aportaciones en efectivo o especie, tanto al Partido Acción Nacional, como a la campaña del entonces candidato antes referido, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la ley.
Asimismo, en los archivos que obran en el Instituto Federal Electoral, relativos a las listas de aportaciones realizadas por simpatizantes y militantes a la campaña federal dos mil seis, visibles en las ligas http://www.ife.org.mx/documentos/PPP/ppp/2006/AportacionesCampania/RM/1_RM-PAN.pdf y http://www.ife.org.mx/documentos/PPP/ppp/2006/AportacionesCampania/RSES/1_RSES-PAN.pdf, no se encuentra registrado Zhenli Ye Gon como aportante, por lo que resulta improcedente llevar a cabo una investigación relativa a rebase de límite de aportaciones respecto al ciudadano de referencia.
De igual forma, atento al informe rendido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se confirma que la empresa Unimed Pharma de México, S.A. de C.V., relacionada con Zhenli Ye Gon, ni este último mantuvieron vínculo alguno como aportante, proveedor de bienes y/o servicios con el Partido Acción Nacional.
Consecuentemente, con el acervo convictivo descrito en el presente considerando adminiculado en su conjunto, es suficiente para tener por demostrado que el numerario asegurado en la residencia propiedad de Zhenli Ye Gon, al causar abandono a favor del Gobierno Federal, es materialmente imposible que hubiera ingresado al Partido Acción Nacional o la campaña del entonces candidato Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, máxime que no se tienen registros de que el ciudadano mexicano por naturalización antes referido realizara aportaciones al partido político o campaña citados.
Consecuentemente, las pruebas presentadas por el quejoso únicamente alcanzan valor probatorio cuando al ser concatenadas con las demás constancias que conforman un expediente generan convicción plena para acreditar los extremos constitutivos de los hechos que se pretenden acreditar, lo que en la especie no acontece, pues las notas periodísticas y la entrevista, adolecen de elementos probatorios para acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con las afirmaciones que se realizaron en las mismas; aunado al hecho de que, como ya se expresó, los resultados de las diligencias de investigación practicadas refieren que no se corroboró la supuesta colaboración de Zhenli Ye Gon con el Partido Acción Nacional en el manejo de recursos en efectivo, ni se obtuvieron elementos indiciarios para continuar con esa línea de investigación.
Por otra parte, con relación a que el Partido Acción Nacional hubiera recibido aportaciones ilícitas mediante un esquema de financiamiento paralelo al organizar eventos de captación de recursos en los que supuestamente participaron Zhenli Ye Gon y el hoy Secretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, junto con otros ciudadanos, se exponen las siguientes consideraciones:
La substanciación de los procedimientos en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos, se rige por el principio de exhaustividad, traducido como el deber de allegarse de todos los elementos de prueba que resulten necesarios para dilucidar cada una de las imputaciones hechas por la parte denunciante, en apoyo a las pretensiones que realiza sobre los hechos constitutivos de su denuncia y sobre el valor de los elementos aportados.
No obstante, dicha actividad indagatoria se encuentra limitada por el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, que se encuentra tutelado por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en la instrumentación de diligencias dirigidas a la obtención de pruebas debe tomarse en cuenta que éstas sean delimitadas a lo objetivamente necesario; elegir las que afecten en menor grado a los gobernados y, ponderar si el sacrificio de los intereses individuales guarda un vínculo con la materia de fiscalización de los partidos políticos.
Lo anterior, encuentra sustento en el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia identificada como S3ELJ 62/2002, publicada en las fojas 235 y 236 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, tomo Jurisprudencia, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.—Las disposiciones contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad, ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
La idoneidad se refiere a que sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses individuales de un particular guarda una relación razonable con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual se estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor.”
En cuanto al criterio de necesidad o de intervención mínima debe señalarse que si bien la normatividad electoral faculta al órgano fiscalizador de este instituto para acudir con personas físicas y jurídicas colectivas con el objeto de confirmar o desmentir los hechos puesto a su conocimiento, dicha prerrogativa solamente se debe realizar de manera excepcional y se requiere para su procedencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por los aludidos artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, de fundar y motivar las determinaciones en las que se requiere causar una molestia a los gobernados, y que en el presente caso, no se contaban con elementos suficientes que motivaran un acto de molestia hacia terceros.
Lo anterior es así, debido a que las pretensiones realizadas por el denunciante, carecen del sustento para motivar dicho acto de molestia, toda vez que las pruebas en las que sustenta sus afirmaciones, no cuentan con el valor suficiente para quedar por demostradas las presunciones que hacen valer, en razón de su origen y por carecer de los mínimos requisitos respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar con relación a los supuestos actos o eventos de recolección de fondos que supuestamente realizaron el empresario Zhenli Ye Gon y Javier Lozano Alarcón, en unión de otros ciudadanos.
Toda vez que el accionante como sustento de la imputación del supuesto financiamiento paralelo para la promoción de la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa, exhibe la publicación semanal “Reporte Índigo” del seis al doce de julio de dos mil siete, en el que se hace mención que existen imágenes de los citados ciudadanos, en un evento en el cual están recaudando fondos para la campaña del Partido Acción Nacional; no obstante, esa probanza no puede constituir una base mínima para iniciar una investigación, toda vez que su contenido solo representa la opinión de su autor, lo cual solo genera un indicio levísimo que carece de otro medio de convicción que lo robustezca.
Esto es, la aludida publicación semanal no es apta ni idónea para generar un principio de evidencia suficiente de la existencia de los hechos denunciados, que vinculara al órgano instructor para que investigara una posible infracción a la legislación electoral.
En consecuencia, al no haberse aportado ni obrar en el expediente indicios respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevaron a cabo los supuestos actos tendentes a obtener recursos bajo el sistema financiamiento paralelo por parte de los ciudadanos referidos en el párrafo que antecede respecto de la campaña presidencial del año dos mil seis, se estima que de los elementos recabados mediante las diligencias realizadas en el expediente en que se actúa, se concluye que la línea de investigación se encuentra agotada, en razón de que de las mismas, así como de los elementos indiciarios aportados por el accionante, no arrojan elementos que permitan a esta autoridad electoral la instrumentación de más diligencias.
Al respecto, conviene hacer alusión al criterio contenido en la tesisS3ELJ 65/2002, publicada en las fojas 243 y 244 de la Compilación Oficial Jurisprudencia y Tesis Relevante 1997-2005, tomo Jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL RELACIONADO CON LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. NORMAS GENERALES PARA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA.—La investigación que debe realizar el secretario técnico de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en los procedimientos administrativos sancionadores electorales que le corresponde instruir, debe dirigirse, en primer lugar, a corroborar los indicios que se desprendan (por leves que sean) de los elementos de prueba aportados por el denunciante, allegándose las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o desvanecerlos, y establecer si la versión planteada en la queja se encuentra o no suficientemente sustentada para considerar probables los hechos de que se trate. Esto es, el campo dentro del cual la autoridad puede moverse inicialmente en la investigación de los hechos, tendrá que tomar como base, los indicios que surjan de los elementos aportados, y así podrá acudir a los medios concentradores de datos a que pueda acceder legalmente, con el propósito de dicha verificación, así como para corroborar la existencia de personas y cosas relacionadas con la denuncia, tendientes a su localización, como pueden ser, los registros o archivos públicos que por disposición de la ley estén accesibles al público en general. En caso de que el resultado de estas primeras investigaciones no arrojen la verificación de hecho alguno, ni avance algo en ese sentido, o bien obtengan elementos que desvanezcan o destruyan los principios de prueba que aportó el denunciante, sin generar nuevos indicios relacionados con la materia de la queja, se justificará plenamente que la autoridad administrativa no instrumente más diligencias tendientes a generar otros principios de prueba, en relación con esos u otros hechos, pues la base de su actuación radica precisamente en la existencia de indicios derivados de los elementos probatorios inicialmente aportados, y de la existencia de las personas y cosas relacionadas con éstos. En cambio, si se fortalece de alguna forma la prueba inicial de ciertos hechos denunciados, la autoridad tendrá que sopesar el posible vínculo de inmediatez entre los indicios iniciales y los nuevos que resulten, de manera que si se produce entre ellos un nexo directo, inmediato y natural, se denotará que la averiguación transita por camino sólido y que la línea de investigación se ha extendido, con posibilidades de reconstruir la cadena fáctica denunciada, por lo cual, a partir de los nuevos extremos, se pueden decretar otras diligencias en la indagatoria tendientes a descubrir más eslabones inmediatos, si los hay y puedan existir elementos para comprobarlos, con lo cual se dará pauta a la continuación de la investigación, hasta que ya no se encuentren datos vinculados con los datos de la línea de investigación iniciada.”
En atención a la tesis de referencia, y considerando que en el caso concreto se realizaron las diligencias necesarias a fin de que esta autoridad se encontrara en posibilidad de corroborar los indicios que se desprendieron de los elementos de prueba aportados por el quejoso y de los recabados por esta autoridad electoral, sin que se pudiera verificar la existencia de hecho alguno que constituyera una infracción en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos; y que además se obtuvieron elementos probatorios que volvieron ineficaces los indicios respecto de las pruebas aportadas por el denunciante; y que no se generaron nuevos indicios relacionados con la materia de la queja, se justifica plenamente que no se instrumenten más diligencias al respecto y se tenga terminada la investigación.
Derivado de lo antepuesto, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional no incumplió con lo previsto en los artículos artículo 49, numerales, 2, incisos c) y g), y 3, en relación con el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en el dos mil seis, razón por la cual el presente procedimiento debe declararse infundado.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 81, párrafo 1, inciso o), 109, 118, párrafo 1, incisos h) y w), 372, párrafo 1, inciso a), 377, párrafo 3 y 378, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, se
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja instaurado en contra del Partido Acción Nacional, en los términos del considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la Resolución de mérito.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 24 de marzo de dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 49
 artículo 358
 artículo 406
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 188
 artículo 2
 artículo 210
 artículo 31
 artículo 359
 artículo 406
 artículo 30
 artículo 49
 artículo 38
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