Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Brasil11.287a.htm
Timestamp: 2017-10-22 09:54:27+00:00

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Brasil 11.287a - Fondo
38. Dicho artículo establece claramente la obligación del Estado tanto de respetar los derechos y las libertades reconocidas en la Convención, como de garantizar su ejercicio. Como resultado de esa obligación, el Estado tiene el deber de "prevenir, investigar y sancionar" las violaciones de los derechos humanos reconocidos por la Convención.[24]
39. De igual forma, el derecho internacional atribuye al Estado responsabilidad internacional por el comportamiento de sus órganos cuando actúan en calidad de tales, aún fuera del ejercicio regular de su competencia. Esto incluye los órganos superiores del Estado como el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y los actos y omisiones de los funcionarios o agentes subalternos.[25]
Es un principio de derecho Internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.[26]
48. Como se ha señalado antes, es principio de derecho internacional que el Estado responda por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial, así como también por las omisiones de los mismos, aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.[27] Esta responsabilidad del Estado se extiende, entre otras, a la violación del derecho a la vida resultante de la acción u omisión de los agentes del Estado.
51. Asimismo, el Gobierno no controvirtió lo sostenido por el peticionario en relación a que las autoridades de policía correspondientes negaron brindarle protección policial a la víctima, no obstante que eran de conocimiento público las amenazas de muerte que estaba recibiendo, mismas que se podían justificar por el conflicto de tierras en que estaba involucrado João Canuto al desempeñar el cargo de Presidente de la Unión de Trabajadores Rurales de Río María.[28]
52. En virtud de lo anterior, y en atención al principio de derecho internacional según el cual el silencio del demandado o su contestación elusiva o ambigua pueden interpretarse como aceptación de los hechos de la demanda, mientras lo contrario no aparezca de los autos o no resulte de la convicción judicial[29] --lo cual no sucede en el presente caso--, la Comisión entiende que Brasil ha reconocido tácitamente la existencia de esos hechos y su responsabilidad en los mismos.
53. Por lo tanto, la Comisión declara que Brasil incumplió también con su deber de prevenir[30] la comisión de un hecho ilícito violatorio a los derechos humanos al no brindarle protección a la víctima cuando ésta la solicitó, dejándola indefensa y facilitando, entonces, su posterior asesinato.[31] Situación que, de acuerdo con lo señalado por la Corte Interamericana, acarrea la responsabilidad internacional del Estado.[32]
57. Como se ha dicho antes, en el caso que se analiza, Brasil depositó su instrumento de adhesión a la Convención Americana el 25 de septiembre de 1992, fecha en que todavía se prolongaba la investigación policial a fin de identificar a los presuntos responsables del asesinato de João Canuto.[33] La obligación de investigar se prolonga en el tiempo. La ineficiencia del Estado brasileño al no investigar con prontitud y eficacia se configura, por sí misma, en una violación específica e independiente del derecho a la vida. Por otro lado, la falta de diligencia del Ministerio Público para interponer la denuncia ocurrió a partir de 1993, esto es, después que el Estado de Brasil depositó su instrumento de adhesión a la Convención Americana. La violación del derecho a la justicia y al deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con referencia a los artículos consagrados en los artículos 1.1.,8 y 25 de la Convención, constituyen, asimismo, ejemplos de denegación de justicia.
61. A este respecto, Brasil no sólo no controvirtió en ningún momento dichos alegatos de la parte peticionaria, sino que los afirmó en sus comunicaciones que remitió a la Comisión referentes al presente caso. La misma conclusión se desprende de la información recabada por la Delegación de la CIDH en la visita in loco a Río María y Belém do Pará.[34]
62. La Comisión, teniendo en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana en el Caso Genie Lacayo [35] analiza el trámite del caso en su conjunto para decidir si las reiteradas demoras en la investigación del crimen y en la interposición de la denuncia respectiva afectan también el derecho reconocido en el artículo 8 de la Convención, ya que el mismo se refiere a que la determinación de los derechos de los afectados deben ser sustanciados dentro de un "plazo razonable". Por su parte, el artículo 25 de la Convención se refiere a un "recurso sencillo y rápido". Así, debe apuntarse que los plazos establecidos en la legislación procesal penal brasileña son un criterio importante para aproximarse a lo que, en el marco de los procedimientos internos de Brasil, constituye un plazo razonable.[36] Los hechos que se presentan a continuación demuestran cómo se sobrepasa el límite razonable de tiempo en el presente caso:
a. La investigación (inquérito) policial se inició el 20 de febrero de 1986 y concluyó en el mes de julio de 1993, debiendo haber transcurrido 7 años y seis meses para su culminación, cuando la legislación brasileña señala un plazo de 30 días para su conclusión.[37]
c. Una vez concluida la investigación, los autos de la misma fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia, quien los recibió el 30 de agosto de 1993, y no fue sino entre los meses de octubre y diciembre de 1995 cuando el Ministerio Público formalizó la denuncia, debiendo haber transcurrido poco mas de 2 años desde que el resultado de la investigación llegó a su poder, retraso que viola también la legislación procesal penal brasileña.[38]
64. Ahora bien, en lo referente a lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención, relativo a la obligación de los Estados Parte de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, la Corte Interamericana de Derechos Humanos[39] ha señalado que de esa obligación se deriva el deber de organizar el aparato y las estructuras gubernamentales a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, así como el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, y el de procurar el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, el pago de una indemnización por los daños producidos.
A. Que a raíz de hechos ocurridos en el Sur del Estado de Pará, la República Federativa de l Brasil es responsable de las violaciones al derecho a la vida, la libertad, a la seguridad e integridad de la persona (Art. 1) y al derecho de justicia (Art. XVIII) de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y a los derechos a las Garantías Judiciales (Art.8 ) y a la Protección Judicial (Art. 25) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estos últimos en relación con su artículo 1, párrafo 1.1.
[24] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 172.
[25] Véase, Santiago Bendavia, Derecho Internacional Público, Editorial Jurídica de Chile, 1976, p. 151.
[26] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 170.
[27] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Velásquez Rodríguez de 29 de julio de 1988, párr. 164.
[28] De acuerdo con lo señalado por Amnistía Internacional "...ha ido aumentando el número de asesinatos y las víctimas son elegidas cuidadosamente. Líderes de comunidades campesinas, sindicalistas, agentes de pastoral, monjas, sacerdotes y abogados que defienden los derechos de los campesinos en los litigios por la tenencia de las tierras han sido objeto de amenazas y agresiones, llegándose incluso, en ocasiones, al asesinato. Estas agresiones y asesinatos están estrechamente relacionados con el grado de organización o participación política de las comunidades campesinas implicadas..." Amnistía Internacional, Brasil, Violencia Autorizada en el Medio Rural, página 8, septiembre de 1988.
[29] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de julio de 1988, Caso Velásquez Rodríguez, párr. 138.
[30] El Estado está en el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos... (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 174.
[31] El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de julio de 1988. Caso Velásquez Rodríguez, párrafo 175).
[32] Un hecho ilícito violatorio a los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez, párr. 172 in fine).
[33] La investigación policial se inició inmediatamente después del asesinato el 18 de diciembre de 1985, y se prolongó hasta el 27 de julio de 1993 en que fue concluida por la División de Orden Político y Social (DOPS) de la Policía Federal, y enviada a la Procuraduría de Justicia del Estado de Pará, en Belém.
[34] En su respuesta del 22 de noviembre de 1994, el Gobierno señaló que: "la investigación policial sobre el asesinato de João Canuto concluyó en julio de 1993, estando en continuación el proceso criminal para determinar la responsabilidad penal de los posibles involucrados". Asimismo, el 18 de diciembre de 1995, señaló en sus observaciones finales que: "El Procurador de Justicia del Estado de Pará entregó al Ministerio de Justicia copia de formalización de la denuncia por homicidio calificado en contra de los acusados por el asesinato de João Canuto.
[35] En dicho caso, la Corte consideró las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, el “análisis global del procedimiento” es decir la razonabilidad del plazo en el conjunto del su trámite, y concluyó que “aunque se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular la acusación ante el juez de primera instancia, realizando el cómputo a partir de ...la fecha en que ese juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta la actualidad en que todavía no se ha pronunciado sentencia firme, han transcurrido más de cinco años en este proceso, lapso que esta Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de la Convención". Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, párrafo 81.
[36] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Nicaragua, pág. 8.
[37] El artículo 10 del Código Procesal Penal de Brasil señala que la investigación policial deberá ser concluida en un período de 30 días cuando no se trate de delito flagrante, en cuyo caso, el término para concluir la investigación es de 10 días. Es evidente que en el presente caso la investigación policial, al durar 7 años y seis meses, excedió, por mucho, el término perentorio previsto por la Ley.
[38] Artículo 46 del Código Procesal Penal Brasileño: "El plazo para ofrecimiento de la denuncia, estando el reo preso, será de 5 días contados desde la fecha en que el órgano del Ministerio Público recabe los autos de la investigación policial, y de 15 días si el reo estuviere suelto o libre bajo fianza...".
[39] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988. párr. 166. En Resoluciones y Sentencias. Serie C. No. 4. San José de Costa Rica.

References: artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 1
in fine
 artículo 8
 artículo 10
 Artículo 46