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Timestamp: 2020-04-09 08:05:31+00:00

Document:
200902-Sala Civil-1-083
AUTO SUPREMO N ° 83 Sucre, 28 de febrero de 2009.
DISTRITO: La Paz PROCESO: Maltrato psicológico.
PARTES: Clara Fusciana Navarro Agreda c/ José Antonio Diez de Medina
Fernández de Cordová y otros
VISTOS: El recurso de casación interpuesto de fs. 540 a 553 por Clara Fusciana Navarro Agreda, contra el auto de vista Nº 426/2007 de fs. 530 a 532, de 15 de noviembre de 2007 pronunciado por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso sobre maltrato psicológico seguido por la recurrente contra José Antonio Diez de Medina Fernández de Cordová, Pedro Jiménez Marín, Arturo Flores Arancibia y Enrique Ross Mollinedo, los antecedentes procesales, y
CONSIDERANDO: Que, la Jueza Primero de Partido de la Niñez y Adolescencia de la ciudad de La Paz, pronunció la sentencia de fs. 484 a 492, declarando improbada en todas sus partes la demanda de fs. 74 a 81 interpuesta por Clara Fusciana Navarro Agreda contra José Antonio Diez de Medina Fernández de Córdova, Pedro Jiménez Marín, Arturo Flores Arancibia y Enrique Ross Mollinedo sobre maltrato psicológico del adolescente José Antonio Carrasco Navarro.
Fallo de primera instancia que en apelación es confirmado por el auto de vista Nº 426 de 15 de noviembre de 2007 de fs. 530 a 532.
Contra la resolución de vista, la demandante recurre de casación en la forma y en el fondo. En la forma, alega que la resolución dictada por la jueza a quo, en audiencia pública preparatoria que sale a fs. 272, expresó que de acuerdo al art. 282 del Código Niño, Niña y Adolescente, en el procedimiento de la niñez y adolescencia, deben observase las reglas de la sana crítica, norma que tiene concordancia con lo dispuesto en el art. 89 del D.S. Nº 26086 Reglamento del Código Niño, Niña y Adolescente, en cuya virtud a los procedimientos en esta jurisdicción deben aplicarse también los principios que rige el procedimiento penal de adultos. Resolución contra la cual la demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido en el efecto diferido y que el tribunal ad quem al igual que la jueza de primera instancia, al confirmar la resolución, la han sometido a un indebido e ilegal proceso, al vulnerar su sagrado derecho a la defensa inviolable en juicio.
Acusa que el error in procedendo consiste en que el tribunal ad quem no ha analizado que la jueza a quo, al rechazar la tacha que opuso contra varios testigos de la parte contraria en el acta de fs. 271, ha aplicado el Decreto Supremo Nº 26086 Reglamento del Código Niño, Niña y Adolescente, no vigente a una norma 89 que no existe y quizá quiso referirse al D.S. Nº 27443, Reglamento vigente de la Ley Nº 2026, en cuyo art. 89 establece: "I.- El Juez de la Niñez y Adolescencia aplicará, además de los principios enunciados en el art. 215 del Código Niño, Niña y Adolescente, lo previsto en los procedimientos vigentes en materia penal, civil y laboral y las Convenciones Internacionales".
Agrega que, la citada norma si bien dispone que el juez de la niñez y adolescencia, aplicará los principios enunciados por el art. 215 del Código Niño, Niña y Adolescente, es decir, los principios de oralidad, especificidad y celeridad, sin embargo, en aplicación puntual de los arts. 280 y 294 del Código Niño, Niña y Adolescente, todas las acciones vinculadas a derechos civiles donde intervengan niños o adolescentes, supletoriamente se rigen por el derecho común, es decir, el Código de Procedimiento Civil, de donde se infiere en una interpretación sistemática de la ley adjetiva que en el caso concreto no es aplicable el procedimiento penal, porque el maltrato afecta derechos civiles y no penales. Que, al rechazar su tacha interpuesta le ha impedido probar el interés directo que tenían los testigos y que fueron determinantes en la solución del conflicto, y que se vio obligada a realizar el contra interrogatorio ante el rechazo ilegal de la tacha, consiguientemente el tribunal de apelación al confirmar la resolución de fs. 272, aplica en forma incorrecta el art. 474 del Código de Procedimiento Civil, porque si la tacha fue rechazada a priori o in limine porque supuestamente no es aplicable el procedimiento civil, no tenían porqué aplicar el art. 474, dando una equívoca impresión que su tacha había sido admitida conforme estatuye el art. 447-I del Procedimiento Civil, lo que no sucedió, por lo que debe dar lugar a la anulación del proceso hasta el auto de fs. 272 hasta que la jueza a quo admita la tacha, para que sea justificada en el juicio para su valoración conforme a ley en sentencia.
Acusa también que la sentencia lesiona los arts. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil y que además en la parte resolutiva de la sentencia en forma ultra petitium introduce la conminatoria a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que de cumplimiento al art. 110 del Código Niño, Niña y Adolescente. En todo caso en que se compruebe la existencia de maltrato, lesionando las normas antes citadas porque toda sentencia debe recaer sobre los hechos demandados y que hubieren sido comprobados. Acusa finalmente que la sentencia resulta nula por inexistencia del acta de juicio que viola el art. 282 del Código Niño, Niña y Adolescente.
El recurso en el fondo, fundamenta una serie de supuestos errores in judicando en que hubiere incurrido el tribunal ad quem y que se hallan de fs. 545 a 553.
CONSIDERANDO: Que, el art. 15 de la Ley de Organización Judicial otorga al Tribunal Supremo la facultad de fiscalización de los procesos, con la finalidad de verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que lo hacen eficaz y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica que las partes buscan a través de aquel.
Que, en función a esta facultad fiscalizadora este Tribunal Supremo encuentra que el tribunal ad quem a tiempo de resolver el recurso de apelación en el efecto diferido, contra la resolución adoptada por la jueza a quo y que cursa en el auto de fs. 272, no ha tomado en cuenta que la acción que nos ocupa es una de maltrato de menor, y no de un proceso infraccional, consecuentemente las normas procedimentales que deben aplicarse son las del Código de Procedimiento Civil y no las del Código de Procedimiento Penal, tal como lo establecen los arts. 280 y 294 del Código Niño, Niña y Adolescente.
Consiguientemente, si dentro de la presente acción la demandante, opuso legalmente tacha contra los testigos de descargo, la jueza a quo estaba en la obligación de darle el trámite que prevé el art. 447-I del Código de Procedimiento Civil, a fin que la oponente demuestre su tacha y definitivamente en sentencia el órgano jurisdiccional valore la misma.
Que, el razonamiento del tribunal ad quem contenido en el inc. 2) del III Considerando de la resolución de vista, resulta errado cuando para confirmar la determinación de la a quo se ampara en el art. 474 del Procedimiento Civil y que prevé que se tiene por retirada la tacha cuado la parte contra interrogare a los testigos contra los que opuso tacha, por cuanto dicha norma legal es aplicable para los casos en que la tacha es admitida por el juzgador y sin embargo, el oponente decide voluntariamente contrainterrogar a los testigos. Lo que no ocurre en el caso presente, como lo acusa la recurrente, cuando una vez opuesta la tacha, la misma fue rechazada por la jueza a quo, violentando el derecho a la defensa de la demandante, lo que le obligó a contrainterrogar a los testigos de descargo, contrainterrogatorio que no fue realizado de forma voluntaria, sino obligada por las circunstancias emergentes del rechazo de la tacha como se tiene expresado.
Por lo expuesto, es claro que se ha incurrido en la causal prevista por el art. 254-7) del adjetivo civil, por lo que corresponde al Tribunal Supremo dar aplicación a lo que disponen los arts. 271-3) y 275 de la misma norma legal, hasta que la jueza a quo tramite legalmente la tacha opuesta por la actora.
POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados hasta fs. 272. Sin responsabilidad por ser excusable.
Proveído : Sucre, 28 de febrero de 2009.

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