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Timestamp: 2019-10-23 00:18:02+00:00

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﻿ Sentencia 2007-00182 de mayo 23 de 2013
SENTENCIA 2007-00182 DE 23 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:DERECHO A LA EDUCACIÓN. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN MATERIA DE EDUCACIÓN SE FUNDA EN EL ACCESO REAL E IGUALITARIO A SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DEL EDUCANDO EN EL SISTEMA, SIN QUE RESULTE DESATENDIDO POR LA FIJACIÓN DE METAS SOBRE PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. REPETIR UN CURSO DEBE CONSIDERARSE COMO UNA MEDIDA EXCEPCIONAL Y PRETENDER QUE LOS ESTUDIANTES QUE INCURRAN EN LA REPETICIÓN SEAN EL MENOR NÚMERO POSIBLE CONCUERDA CON LOS PROPÓSITOS DE CONTINUIDAD EN EL SISTEMA QUE ENTRAÑA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, DERECHO A LA EDUCACIÓN, DOCENTE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Sentencia 2007-00182 de mayo 23 de 2013
Ref.: Expediente 110010324000-2007-00182-00
Actor: Carlos Fradique Méndez
Bogotá, D.C., veintitrés de mayo de dos mil trece
La norma demandada es el artículo 9º del Decreto 230 de 2002, modificado por el artículo 1º del Decreto 3055 de 2002, en el párrafo resaltado en negrilla y subrayado, cuyo tenor literal dispone lo siguiente:
“Promoción de los educandos. Los establecimientos educativos tienen que garantizar un mínimo de promoción del 95% del total de los educandos que finalicen el año escolar en la institución educativa.
Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes educandos:
a) Educandos con valoración final insuficiente o deficiente en tres o más áreas;
b) Educandos que hayan obtenido valoración final insuficiente o deficiente en matemáticas y lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la educación básica;
c) Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar.
Es responsabilidad de la comisión de evaluación y promoción estudiar el caso de cada uno de los educandos considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de esta, pero en ningún caso excediendo el límite del 5% del número de educandos que finalicen el año escolar en la institución educativa. Los demás educandos serán promovidos al siguiente grado, pero sus evaluaciones finales no se podrán modificar.
PAR.—Si al aplicar el porcentaje mínimo de promoción, es decir, el noventa y cinco por ciento, al número de alumnos de la institución educativa y la operación da como resultado un número fraccionario, se tendrá como mínimo de promoción el número entero de educandos anterior a la fracción”.
1. Sea lo primero determinar si hay lugar a reconocer la excepción de cosa juzgada formulada por la entidad demandada, por considerar que el debate jurídico aquí planteado fue ya adelantado y decidido en virtud del proceso identificado con expediente 11001-03-24-000-2002-0108-01(7824), y fallado mediante sentencia de 18 de noviembre de 2004, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Así, a fin de determinar si existe la requerida identidad de objeto y de causa respecto de ambos procesos, para que se configure la cosa juzgada, en los términos del artículo 175 del Código Contencioso Administrativo, y 332 del Código de Procedimiento Civil, es menester referirse a la esencia de los fundamentos de los cargos de violación expuestos en cada uno de estos, pues como lo ha señalado esta Sección, en tratándose de juicios de simple nulidad, en los que la decisión jurisdiccional sea negativa, como en el presente caso, es decir si el acto demandado continúa vigente, la cosa juzgada se predica, únicamente de las causales de nulidad alegadas y del contenido del petitum que no prosperó. En consecuencia, la norma puede ser demandada por otra causa y puede prosperar la pretensión, lo que quiere decir, que en tales aspectos la sentencia es inmutable, y por tanto, debe estarse a lo resuelto en la misma(1).
Pues bien, en el referido proceso se demandó la nulidad de los incisos primero y último, y el parágrafo del artículo 9º del Decreto Reglamentario 230 de 11 de Febrero de 2002, por violar los artículos 16 y 42 de la Constitución Política; 1º, 5º, 7º, 91, 92 y 148, numeral 2, literal d), de la Ley 115 de 1994; y 9º de la Ley 715 de 2001.
Por su parte, en el caso bajo examen, se demanda la misma norma, en el aparte subrayado del inciso segundo y en su parágrafo, por violar los artículos 13, 44, 67, 68 y 70 de la Constitución Nacional.
De este modo, en lo que hace al primer elemento de coincidencia, es decir, identidad de objeto, es dable señalar que el mismo se configura por cuanto en el proceso con radicación 7824 se demandó el artículo 9º del Decreto 230 de 2002 en su inciso primero y último, al igual que su parágrafo; y, en el presente caso, se demanda idéntica norma, resultando sus apartes cuestionados coincidentes con los que fueron materia de estudio de legalidad en el anterior proceso, esto es, un aparte de su último inciso y el parágrafo.
En lo que refiere a la identidad de causa, se advierte que los fundamentos de los cargos presentados en uno y otro proceso revisten una importante coincidencia, puesto que, en el primero de ellos, el demandante estima, refiriéndose al inciso 1º de la norma cuestionada, que esta “fuerza u obliga a garantizar una promoción de estudiantes en términos absolutamente numéricos, sin mirar los resultados del proceso, y sin que importe si se dio o no el desarrollo de la persona, bien sea en el aspecto cognitivo, moral, axiológico o actitudinal. Más aún, a pesar de conocer los resultados negativos, la norma obliga a promocionar al estudiante a ultranza de la realidad académica. Tampoco mira si el educando ha llegado a desarrollar las habilidades propias de su edad o de su nivel, pues la norma simplemente exige un resultado cuantificable”. Asimismo, se refiere a la categoría de servicio público de la educación en los términos del artículo 1º, inciso 2º, de la Ley 115 de 1994, en armonía con el artículo 67 de la Constitución Política, esgrimiendo que “la laxitud con la que el inciso primero del artículo acusado concibe el proceso educativo y el nulo nivel de responsabilidad del usuario le resta a la educación el carácter de servicio y reduce a cero la responsabilidad del educando, es decir, la contraprestación académica, anulando la función social del servicio y haciendo del usuario un simple beneficiario”.
Por su parte, en el sublite, se observa que el demandante es reiterativo en sostener similar cuestionamiento pues estima que el permitir la promoción al siguiente grado estudiantil a educandos que no han completado sus logros académicos, en observancia de la norma demandada, contribuye a desdibujar la noción de servicio que reviste la educación, pues aquella exige el cumplimiento de una meta numérica sin garantía de calidad educativa, y por ende, no se está frente al concepto de usuario del servicio de educación, sino de un simple beneficiario. Ello a su turno, hace que no se observen los propósitos de fomento real de la educación y la cultura que corresponden al Estado, según la normativa constitucional que invoca.
Así, y aun cuando en el presente proceso judicial se invocan como vulneradas disposiciones normativas diferentes a las del primero, se vislumbra una clara semejanza en los planteamientos argumentativos que soportan los cargos de violación. Sobre la circunstancia así encontrada, es pertinente advertir queno es predicable la identidad de causa en tratándose de situaciones en las que existe una análoga estructuración argumentativa de los cargos, pero con respecto a normas disímiles invocadas como vulneradas, dado que el cargo en si mismo debe combinar tanto la norma violada como la explicación del concepto de violación(2), lo cual no se configura en el sublite habida cuenta de que no existe coincidencia en la indicación de las normas violadas.
Así las cosas, fuerza concluir que la excepción de cosa juzgada propuesta por la entidad demandada,no observa los requerimientos necesarios para su prosperidad.
2. En este orden, la Sala abordará el examen de legalidad del aparte demandado del artículo 9º del Decreto 230 de 2002 modificado por el artículo 1º del Decreto 3055 de 2002, comenzando por el cargo consistente en la violación al derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución Nacional, el cual es fundamentado por el demandante en el hecho de que, en aplicación de la norma, resultan promovidos al grado escolar siguiente, tanto los estudiantes que han obtenido los logros del respectivo año escolar, como aquellos que no lo han hecho. Esta situación atenta, en su parecer, contra la igualdad de oportunidades pues al analizar dos resultados académicos diferentes se concluye que ambos merecen la aprobación independientemente de que uno de ellos deba ser reprobado.
Para efectos de establecer si el tratamiento contemplado en la norma, consistente en que no más del 5% de los educandos del plantel educativo pueda reprobar el curso, y por ende, se vea en la necesidad de repetirlo, en supuesto detrimento del derecho a la igualdad de quienes ostentan los méritos académicos para aprobar el respectivo grado, es pertinente traer a colación los señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T-810 de 2011:
“La garantía del derecho a la igualdad resulta ser un presupuesto necesario para lograr la autorrealización personal, en la medida en que promueve como reconocimiento al valor intrínseco de todo ser humano, un trato sin distinciones injustificadas entre personas por parte del Estado, y el ejercicio de los derechos y libertades en condiciones de igualdad...” (resaltado fuera de texto).
Asimismo, en Sentencia T-051 del 2011, se indicó lo siguiente sobre el derecho fundamental a la educación, frente al derecho a la igualdad:
Como ha recalcado la jurisprudencia de esta corporación, la Constitución de 1991 contempla en sus artículos 67, 68 y 69 lo relacionado con el servicio público educativo, los establecimientos de comunidad educativa, la profesionalización de la actividad docente, la libertad de enseñanza y aprendizaje, la autonomía universitaria, la investigación científica y el acceso a la educación superior.
De estas disposiciones, la Corte ha precisado que la educación tiene una doble dimensión en tanto que se caracteriza por ser un derecho-deber del cual emanan otros derechos y obligaciones para quienes deben procurar y garantizar de forma efectiva su prestación.
La titularidad del derecho a la educación es inherente al individuo, ya que todas las personas naturales son beneficiarias del derecho. Esta garantía tiene como fin que la persona tenga la posibilidad de acceder a diversidad de contenidos, conforme a sus intereses, gustos, habilidades, valores, cultura, tradiciones, etc., pero con la obligación de cumplir con los requisitos académicos, estándares de calidad, obligaciones disciplinarias, entre otras propias del centro educativo, ya sea público o privado, en el que acceda al servicio educativo.
A nivel de servicio público, es relevante tener en cuenta que es obligación del Estado garantizar el acceso, la cobertura, la calidad, la permanencia en el sistema, así como brindar todos aquellos mecanismos que permitan el goce efectivo del derecho fundamental a la educación.
Esta corporación ha reconocido la naturaleza esencial o fundamental del derecho a la educación, a pesar de no estar reconocida expresamente en la Constitución, puesto que es un elemento que permite replantear constantemente los medios de acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y los valores de la vida en sociedad. Al respecto en la Sentencia T-202 de 2000 la Corte puntualizó:
“(...) es indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana”.
En armonía con lo anterior, los principios fundamentales del derecho a la educación son la eficiencia, la continuidad y la calidad, al igual que el servicio a la comunidad, la búsqueda del bienestar general, la distribución equitativa de las oportunidades, los beneficios del desarrollo y la elevación de la calidad de vida de toda la población. Por ello, la prestación del servicio público de educación requiere de la inspección y vigilancia pública, para asegurar la calidad, el logro de sus fines y la más óptima formación moral, intelectual y física de los individuos.
De lo contemplado por el constituyente en materia de protección del derecho a la educación, la jurisprudencia constitucional ha identificado como características principales de este derecho las siguientes: (i) es objeto de protección especial del Estado; (ii) es presupuesto básico de la efectividad de otros derechos, tales como la escogencia de una profesión u oficio, la igualdad de oportunidades en materia educativa, de la realización personal y el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, entre otros; (iii) es uno de los fines esenciales del Estado social y democrático de derecho; (iv) está comprendido por la potestad de sus titulares de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación; (v) se trata de un derecho deber que genera obligaciones reciprocas entre todos los actores del proceso educativo.
De otra parte, conforme con lo estipulado en el artículo 67 de la Carta, el derecho fundamental a la educación posee la connotación de deber y servicio público, circunstancia por la cual la jurisprudencia constitucional le ha reconocido contenido prestacional. Como características de ello se encuentra: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que se materializa en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el ingreso y continuidad de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adecue a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse...” (negrilla y subrayado fuera de texto).
De la jurisprudencia citada es de acotar que el derecho a la igualdad en materia de educación se halla esencialmente fundado en el acceso real e igualitario a servicios educativos de calidad, donde se garantice, además, la continuidad del educando en el sistema. Este derecho no se advierte desatendido por la fijación de metas tendientes a que los estudiantes sean, en el porcentaje previsto en la disposición cuestionada, promovidos al siguiente grado en aplicación de fórmulas de seguimiento educativo establecidas en el decreto. Al contrario, la norma pretende garantizar que el individuo siga la secuencia de grados educativos determinada legalmente, evitando que se vea constreñido a repetir todos los logros del respectivo curso, cuando puede reforzar, durante el subsiguiente grado, aquellas materias donde no ha obtenido las calificaciones adecuadas, y continuar así ascendiendo hacia la culminación de los grados escolares de rigor. Se resalta, en este orden, que la repitencia se ha de imponer como medida excepcional, frente a las situaciones previstas en la misma norma cuestionada(3), justamente con el fin de garantizar que el aprendizaje resulte ser apropiado frente a los logros correspondientes al curso de que se trate, de forma tal que los estudiantes que incurran en la repetición del año escolar sean el menor número posible, y ello concuerda con los propósitos de continuidad en el sistema que entraña el derecho a la educación.
Tampoco se observa que el estudiante que merece aprobar un curso y ser promovido al siguiente, resulte afectado en su derecho a la igualdad en materia educativa, por el hecho de que otro educando, con inferiores resultados, pueda igualmente continuar al grado siguiente. El acceso al servicio educativo, en los términos que debe ser garantizado por el Estado, no sufre merma alguna frente al estudiante con superiores resultados académicos a consecuencia de la aplicación de la meta contenida en la norma, toda vez que aquel continuará accediendo a los servicios de educación, sin que se vea menoscabado su derecho a los mismos.
De lo expuesto, se colige, entonces, que el cargo no está llamado a prosperar.
3. La alegada vulneración a los artículos 44, 67, 68 y 70 de la Constitución Nacional se sustenta, como se indicó anteriormente, en el argumento según el cual, el permitir el acceso al siguiente grado a estudiantes que no se han esforzado académicamente para la obtención de los logros requeridos para el efecto, desatiende el derecho de los niños a la educación y cultura, evade la obligación del Estado de velar por la calidad de la educación y erradicación del analfabetismo, y en general, desacata su deber de promoción de manera real y no solo teórica, a la cultura.
Frente a lo anterior, es de anotar que aun cuando la excepción de cosa juzgada respecto del proceso con radicado 7824 no prosperó en razón de lo explicado arriba, ello no es óbice para que los planteamientos esbozados en dicha sentencia sean prohijados en esta oportunidad. Nótese, como aspecto relevante a considerar para efectos de aludir a las motivaciones de la Sentencia en comento, que en aquella ocasión el cuestionamiento de legalidad versó sobre el porcentaje del 95% de estudiantes que debía aprobar el curso de que trata el inciso 1º del artículo 9º del Decreto 230 de 2002; y, en el sublite, se controvierte el que la reprobación del respectivo grado no deba superar el 5% señalado en el último inciso de la misma norma, lo que hace que en últimas, el debate judicial se centre en el hecho de que una cantidad numérica de estudiantes deba ser promovido al grado siguiente, como meta del sistema educativo(4).
Ahora bien, según se observó, las normas jurídicas que se estiman vulneradas en esta oportunidad difieren de las invocadas en el proceso con radicado 7824, existiendo, no obstante, un sustento argumentativo similar frente a la formulación de los cargos en uno y otro juicio de legalidad. De este modo, al analizarse los planteamientos de violación de los artículos 44, 67, 68 y 70 de la Constitución Nacional, soportados en coincidentes razonamientos respecto del proceso referenciado, concluye la Sala, que los mismos tampoco cuentan con vocación para prosperar en el sublite, puesto que, como se señaló en la jurisprudencia que se prohíja, la determinación de los objetivos de aprobación de un grado escolar establecidos en la norma, obedece a la implementación de un programa educativo integral cuyo contexto se halla determinado en el Decreto 230 de 2002 y en la Ley 115 de 1994, que pretende garantizar no sólo la participación activa de los educandos, padres de familia y profesorado a lo largo del proceso educacional del individuo, sino que también ofrece mayores estímulos de continuidad en el sistema, sin detrimento de los conocimientos que el estudiante debe alcanzar en un determinado período escolar(5).
En efecto, la comentada Sentencia de 18 de noviembre de 2004, Exp. 7824, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, indicó:
“Examinada la norma acusada (D.R. 230/2002, art. 9º) dentro del contexto del Decreto 230 de 2001, la Sala considera que la fijación del 95% como porcentaje mínimo de educandos que deben ser promovidos al grado superior no desconoce el artículo 1º de la Ley 115 de 1994, el cual, se reitera, define la educación como un proceso, pues no es cierto que con dicha medida se deje de lado el desarrollo de la persona en sus diferentes aspectos (cognitivo, moral, etc.), pues conforme al artículo 2º define el currículo como el conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral teniendo en cuenta los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 1994, y que el artículo 3º contempla que el plan de estudios, debe incorporar la intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las correspondientes actividades pedagógicas, la distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los períodos escolares en cada área y grado, disposiciones estas que evidencian, en todo caso, la sujeción de los planteles educativos a las normas contenidas en la Ley General de Educación y, en especial, el sometimiento a los fines y al proceso educativo allí definido.
A juicio de la Sala, al haber señalado el artículo 9º del Decreto 230 de 2002 que por lo menos el 95% de los estudiantes deberá ser promocionado al grado siguiente en manera alguna contradice los fines de la educación, pues, como ya se dijo, tal precepto no puede analizarse por fuera del contexto del resto del articulado, el cual, como quedó visto, obliga a las instituciones educativas a ajustar el currículo adoptado por cada una de ellas a los fines consagrados en la Ley de Educación. No es cierto que la norma analizada ignore los resultados del proceso educativo, como tampoco si el educando desarrolló las habilidades propias de su edad, pues a la Comisión de Evaluación y Promoción le corresponde estudiar el caso de cada uno de los educandos considerados para repetir el grado y decidir acerca de tal repetición, estudio que, como es lógico, tiene que comprender los resultados del proceso educativo, teniendo en cuenta para ello las condiciones particulares del estudiante, tales como su edad, sus falencias, sus fortalezas, su personalidad, sus aptitudes, el medio económico y social, etc.
Si los fines de la educación son, entre otros, el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos, fines a los que debe ajustarse el currículo, no es cierto, entonces, que la norma acusada destruya la participación y formación de actitudes y valores de los estudiantes, pues lo que pretende el Gobierno es que las metodologías empleadas por los centros educativos sean tan eficaces que, mínimo el 95% de los educandos pueda ser promocionado al grado siguiente. De otra parte, estima el actor violados los artículos 4º de la Ley 115 de 1994 y 67 de la Constitución Política, los cuales preceptúan: “...”. No encuentra tampoco esta corporación que la norma acusada desconozca los preceptos transcritos, dado que el porcentaje allí establecido no niega el proceso educativo, ni desconoce la subjetividad del educando ni la naturaleza de servicio público que tiene la educación, pues al fijar dicho límite lo que pretende es mejorar la calidad de la educación y que un número mayor de habitantes de Colombia pueda acceder a dicho servicio, en cumplimiento del precepto constitucional 67...” (resaltado fuera de texto).
De este modo, se responden los cuestionamientos de legalidad aducidos por el demandante frente a las normas constitucionales que invoca como transgredidas.
Por otro lado, no es dable afirmar que la violación a las disposiciones constitucionales citadas por el actor y que consagran el deber del Estado de velar por la calidad en la educación, y el acceso a ella y a la cultura por parte de los niños, se configure en virtud de las metas de continuidad previstas en la norma cuestionada, pues estas son resultado de investigaciones que en materia de educación conllevaron a su determinación(6), lo que en nada afecta la posibilidad y el derecho de acceder a los servicios educativos ofrecidos por el Estado, en condiciones igualitarias. Tampoco es de recibo afirmar que la medida tienda a evitar el deber constitucional de erradicar el analfabetismo, dado que la aceptación de semejante planteamiento equivaldría a dar por sentado que el servicio educativo es per se tan precario que sus usuarios y/o beneficiarios se hallan ante la fatal consecuencia de privarse de los conocimientos básicos que permiten leer y escribir.
Lo anotado conlleva a concluir que los cargos no están llamados a prosperar y por ende, se denegarán las pretensiones de la demanda, según se expondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha».
(1) Léase la Sentencia de 21 de octubre de 2010, Exp. 2006-00388-00, M.P. Rafael Ostau De Lafont Pianeta.
(2) Léase la Sentencia de 3 de junio de 2010, Exp. 2004-00184-01, M.P. María Claudia Rojas Lasso.
(3) “...Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes educandos:
c) Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar...”.
(4) De otra parte, Se observa que la única alteración advertida en la norma demandada con ocasión del artículo 1º del Decreto 3055 de 2002 en su artículo 1º, consistió en que el porcentaje de educandos a promover no se establece ahora por “grado” como señalaba anteriormente la disposición, sino que aquel se verificará sobre los educandos del “plantel educativo”.
(5) Al efecto, es pertinente tener en cuenta las siguientes normas del decreto 230 de 2002, en las que se visualiza que la metodología relativa a la calificación, y a la recuperación o refuerzo de materias en que esta ha sido deficiente, propende por el adecuado aprendizaje de los logros que integran el año escolar, evitando la repitencia:
“ART. 4º—Evaluación de los educandos. La evaluación de los educandos será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual duración en los que se dividirá el año escolar.
Los principales objetivos de la evaluación son:
a) Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos;
b) Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y media;
c) Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios, y
d) Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la actualización permanente de su plan de estudios.
ART. 5º—Informes de evaluación. Al finalizar cada uno de los cuatro períodos del año escolar, los padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas. Este deberá incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas, y establecerá recomendaciones y estrategias para mejorar.
Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante todo el año. Esta evaluación tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en períodos anteriores.
Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán para cada área el rendimiento de los educandos, mediante una escala dada en los siguientes términos:
PAR.—Cada establecimiento educativo fijará y comunicará de antemano a los educandos, docentes y padres de familia o acudientes la definición institucional de estos términos de acuerdo con las metas de calidad establecidas en su plan de estudios.
ART. 10.—Recuperaciones. Todo educando que haya obtenido insuficiente o deficiente en la evaluación final de una o más áreas presentará una nueva evaluación de esas áreas a más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año escolar. Esta evaluación se basará en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el educando y que el profesor del área le entregará al finalizar el año escolar. La evaluación se calificará de acuerdo con los términos del artículo 5º de este decreto y su resultado, ya sea éste aprobatorio o no, deberá quedar consignado en el registro escolar del educando” (resaltado fuera de texto).
(6) Léase el documento Finalidades y Alcances del Decreto 230 del 11 de febrero de 2002, que obra a folio 88 del expediente.

References: artículo 9
 artículo 1
 artículo 175
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 67
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5