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Timestamp: 2018-12-17 15:30:44+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00038 de enero 31 de 2013
SENTENCIA 2010-00038 DE 31 DE ENERO DE 2013
CONTENIDO:IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. EL LITERAL D) DEL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 97 DE 1913 Y EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 84 DE 1915 CONSTITUYEN EL MARCO DE LA FACULTAD IMPOSITIVA DE LOS MUNICIPIOS PARA ESTABLECER EL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. ESTA NORMATIVA DETERMINÓ LOS SUJETOS ACTIVOS, ALGUNOS SUJETOS PASIVOS Y LOS HECHOS GRAVABLES, DEJANDO A LOS CONCEJOS MUNICIPALES LA DETERMINACIÓN DE LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO, FACULTAD QUE SE ENCUENTRA CONFORME CON LOS ARTÍCULOS 313-4 Y 338 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, CONCEJO MUNICIPAL, IMPUESTO AL ALUMBRADO PÚBLICO, DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, TARIFA DEL IMPUESTO
Sentencia 2010-00038 de enero 31 de 2013
Radicación: 13001-23-31-000-2010-00038-01(19181)
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 2 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las súplicas de la demanda.
En este caso, el demandante apeló la decisión del a quo insistiendo en que existe transgresión al ordenamiento jurídico con la expedición del acto demandando, dado que el poder tributario que le fue conferido por la Constitución Política de Colombia a las entidades territoriales no es absoluto y requiere la determinación de los elementos del tributo en la ley. En este sentido dijo que constituye violación a los principios de legalidad y certeza, que el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C. regule el impuesto por el servicio de alumbrado público sin que exista una ley que previamente consagre los elementos del tributo.
Por su parte esta Sala igualmente ha realizado estos planteamientos sobre la potestad impositiva de los entes territoriales y la facultad para establecer los elementos del impuesto de alumbrado público(3):
Por lo tanto, en la sentencia del 9 de julio de 2009, proferida por esta Sala, haciendo alusión al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, se decidió retomar los planteamientos generales sobre la potestad impositiva de las entidades territoriales expuestos en la sentencia de 15 de octubre de 1999(5), expediente 9456, C.P. Dr. Julio E. Correa Restrepo en la que se señaló que “(…) en virtud del denominado principio de “predeterminación”, el señalamiento de los elementos objetivos de la obligación tributaria debe hacerse exclusivamente por parte de los organismos de representación popular, en la forma consagrada en el artículo 338 de la Constitución, que asignó de manera excluyente y directa a la ley, la ordenanza o el acuerdo la definición y regulación de los elementos estructurales de la obligación impositiva, al conferirles la función indelegable de señalar “directamente” en sus actos: los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores, las bases gravables y las tarifas de los impuestos”.
También se acogió, de la sentencia citada que, “(…) creado el tributo o autorizada su implantación por parte de la ley, en el evento de que ésta no se haya ocupado de definir todos los presupuestos objetivos del gravamen y por ende del señalamiento de los elementos esenciales de identificación y cuantificación, corresponde directamente a las respectivas corporaciones de elección popular, efectuar las previsiones sobre el particular” (resaltado fuera de texto).
Así mismo, se retomó del citado fallo que “(…) Teniendo en cuenta que la obligación tributaria tiene como finalidad el pago de una suma de dinero, ésta debe ser fijada en referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o que se relacione con éste”(6) (resaltado fuera de texto).
Se anunció en la sentencia del 9 de julio de 2009 que la doctrina judicial planteada en el año 1994 por el mismo Consejo de Estado es concordante, incluso, con la Sentencia C-035 de 2009 que indicó que “(…)la jurisprudencia ha admitido que los elementos de la obligación tributaria sean determinados por las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales, pero dentro de unos parámetros mínimos que deben ser señalados por el legislador: (i) la autorización del gravamen y (ii) la delimitación del hecho gravado”(7).
Así las cosas, el literal d) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 y el artículo 1º de la Ley 84 de 1915 constituyen el marco de la facultad impositiva de los municipios para establecer el impuesto de alumbrado público. Esta normativa determinó los sujetos activos, algunos sujetos pasivos y los hechos gravables, dejando a los concejos municipales la determinación de los demás elementos del tributo, facultad que se encuentra conforme con los artículos 313-4 y 338 de la Constitución Política, según el estudio de constitucionalidad al que fue sometido la norma, y que para el presente caso hace tránsito a cosa juzgada.
La Resolución CREG 43 de 1995 definió el servicio de alumbrado público como “(…) la iluminación de las vías públicas, parques públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. También se incluirán los sistemas de semaforización y relojes electrónicos instalados por el municipio. Por vías públicas se entienden los senderos peatonales y públicos, calles y avenidas de tránsito vehicular.”
(…) esta Sala considera que el servicio de alumbrado público es un derecho colectivo(13) que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna y, a su vez, la colectividad tiene el deber de contribuir a financiar para garantizar su sostenibilidad y expansión.
Lo anterior justifica la disparidad de fórmulas que han adoptado los concejos municipales al regular el impuesto al servicio de alumbrado público y, por eso, es necesario analizar cada caso concreto a efectos de verificar que la regulación que se cuestiona tenga una referencia a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive de él, o se relacione con éste(15).
Una de las fórmulas que han adoptado los concejos municipales es la de asociar el servicio de alumbrado público con el servicio domiciliario de energía eléctrica porque el alumbrado público forma parte del Sistema Interconectado Nacional y comparte con el servicio público domiciliario de energía eléctrica, el sistema de transmisión nacional y los sistemas de distribución(16).
— Dada la autonomía conferida a los entes territoriales, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T y C. podía determinar los elementos del impuesto de alumbrado público.
Por lo anterior, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C., al dictar el Acuerdo 41 del 2006 (arts. 179, 181 y 184) no se excedió en su facultad impositiva ni infringió los principios constitucionales tributarios de legalidad y certeza, toda vez que éste es competente en su jurisdicción para determinar los elementos del tributo autorizado por la ley, aspectos respecto de los cuales el apelante no precisó cargos concretos, razón por la cual se confirmará la sentencia apelada.
CONFÍRMESE la sentencia del 2 de septiembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
(3) La naturaleza jurídica del gravamen del alumbrado público ha sido catalogada como la de un impuesto, según el Consejo de Estado, sentencia de 6 de agosto de 2009, expediente 16315, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(4) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009). Radicación 17001-23-31-000-2006-00404-02 (16544).
(6) En el mismo sentido se acogen los argumentos de la doctora María Inés Ortiz Barbosa en los diferentes salvamentos de voto que sobre el tema expuso en su oportunidad. Ver sentencias de diciembre 9 de 2004, expediente 14453, C.P. Dra. Ligia López Díaz y de marzo 5 y 11 de 2004, expedientes 13584 y 13576, respectivamente, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(7) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 11 de marzo de 2010, expediente 16667, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(8) M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
(9) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Consejera Ponente: Ligia López Díaz. Bogotá, D.C., diecisiete de julio de dos mil ocho (2008), radicación 07001-23-15-000-2005-00203-01(16170). Actor: Empresa de Energía de Arauca ESP. Demandado: Municipio de Saravena.
(10) Op. cit. 4.
(11) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, 3 de diciembre de 2009. Expediente 16527. Actor: Protabaco, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Bogotá, 28 de enero de 2010. Expediente 16198. Actor: Coltabaco, M.P. William Giraldo Giraldo.
(12) Op. cit. 4.
(15) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 13 de noviembre de 1998, expediente 9124, M.P. Julio Enrique Correa Restrepo, y del 11 de septiembre de 2006, expediente 15344, M.P. Ligia López Díaz.
(16) Dicho pronunciamiento fue reiterado por la Sala en sentencia de 10 de marzo de 2011, C.P. Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, radicado 18141.

References: ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 1
 artículo 338
 artículo 1
 artículo 1
 Resolución