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Timestamp: 2020-08-08 12:35:51+00:00

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Con el tema: México y su alternativa para crear un fondo de ahorro para el retiro ante una crisis financiera.
Para obtener el grado de: Doctor en Derecho
Codirector de Tesis: Dr. Marcos Gutiérrez Ayala
Cuando a una persona le va bien en la vida se olvida de aquellos momentos difíciles en su historia y de las personas que lo cobijaron en ese tiempo. Por ende, agradezco a Dios por permitirme vivir y estar con los seres que me han acompañado toda vida, mis padres Sigfrido y Jacqueline, mi hermana Adriana, mis abuelos Juan, Socorro y Felipe quienes me han inculcado el trabajo, la dedicación, la superación y compromiso.
También, menciono a la persona que me acompaña desde hace siete años, en la actualidad mi esposa Luz, quien junto con nuestro futuro hijo formamos una familia como la que nuestros padres nos enseñaron.
A mis tíos Horacio y Tulio que me han cuidado y enseñado a superarme en el difícil camino de la vida.
Mis primos Tulio, Mariana, Jesús, Horacio y Esteban quienes logran que no pierda esa niñez que fue maravillosa.
Es importante destacar que uno sólo nunca es suficiente y en el camino encontré un mentor, un amigo y un gran apoyo el Dr. Carlos Antonio Moreno Sánchez.
A mis pocos amigos pero indiscutibles Adrián Carranza, Martín Romero, Cesar Alvarado, Alberto Gómez, Edmundo Suárez, Omar Gallardo, Alfonso García, quienes en los momentos buenos, malos o difíciles nunca me han olvidado.
contribuyeron de manera muy particular cada uno en sus diferentes ámbitos imprimiéndole un sello personal, pero todos trabajamos en conjunto, situación que agradezco, ya que sin su apoyo nunca hubiera sido posible esta tesis. Asimismo, a los Doctores que han conformado los comités tutoriales encabezados en un primer momento por el Dr. Raymundo García García que me enseñó lo difícil del camino de la investigación “Hoy te hablo de tú, como me lo pediste y te digo:
amigo en donde estés, te mando un gran abrazo y te agradezco todo lo que me enseñaste en la academia, pero sobre todo en la vida”.
LA PENSIÓN: ¿UN DERECHO O UNA GARANTÍA? 1
1.2. TERMINOLOGÍA DE GARANTÍA 4
1.3. DERECHO Y GARANTÍA 5
1.3.1. PENSAMIENTO MEXICANO 9
1.3.2. CORRIENTE UNITARIA 11
1.4. ELEMENTOS Y NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS 13
1.5. LA FUENTE DE LAS GARANTÍAS 26
1.6. GARANTÍA 26
1.7. GARANTÍAS SOCIALES Y DE IGUALDAD 28
EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO EN MÉXICO 35
2.1. REDIRECCIÓN DEL ESTADO 35
2.6. UBICACIÓN DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
EN EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 56
2.7. MARCO JURÍDICO DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
2.7.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS 57
2.7.2. LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL
2.7.3. MARCO JURÍDICO REGLAMENTARIO 61
2.7.4. MARCO JURÍDICO SUPLETORIO 63
2.8. EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO Y SU
RELACIÓN CON LA PENSIÓN 65
2.9. INTERMEDIARIOS EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL
2.9.1. ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO 73
2.9.2. SOCIEDADES DE INVERSIÓN 79
2.9.3. SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS DE
FONDOS PARA EL RETIRO 81
REALIDAD DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO EN MÉXICO Y SUS REPERCUSIONES HACIA LOS TRABAJADORES
3.1. LAS CONTRIBUCIONES 86
3.2. TEORÍAS DE LOS IMPUESTOS 88
3.3. FONDO DE AHORRO COMO CONTRIBUCIÓN 96
3.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ADMINISTRADORAS DE
FONDOS PARA EL RETIRO Y SU INEFICACIA 111
En el año seiscientos antes de Cristo, se hablaba un lenguaje persuasivo, a través de invocaciones de dioses para explicar las cosas que en esos momentos eran inexplicables, lo cual era un conocimiento mítico, sin embargo, las cosas que han sucedido en el mundo son fruto de la inquietud permanente del hombre tendente a explicar los fenómenos que han ocurrido a lo largo de nuestra historia.
Con la finalidad de justificar la afirmación precedente se considera pertinente partir de la enseñanza del doctor Rolando Tamayo y Salmorán, quien sostiene que la perspectiva de cambio perenne en todos los dominios del ser espiritual tuvo su origen en Thales de Mileto. En efecto, al referirse a esta figura un tanto legendaria que, según el pensador griego Apollodorus, nació en 624 a. C., en la costa egea de Anatolia.1
El espíritu privilegiado de Thales de Mileto distinguió para siempre el lenguaje invocativo, hablado en vocativo, propio de la Ilíada de Homero, del lenguaje libre de emociones, sentimientos y pasiones, que ignoró el caso vocativo con su axioma: “Cuando dos líneas rectas se intersectan, los ángulos opuestos son iguales”, de lo anterior, surge el conocimiento científico, el cual se basa en una hipótesis, también en una observación, experimentación y comprobación.
También, en el siglo VII a. C. Heráclito decía que nunca vemos dos veces lo mismo, por próximos que sean los momentos; expresión que en su lenguaje metafórico significaba: “Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río”. Esta forma de ver el mundo comenzó a elevar el pensamiento humano con el afán de conquistar el universo, como unidad de lo diverso.
En este sentido, el filósofo Manuel García Morente muestra que el discurso extraordinario con el cual comenzó la historia de la ciencia y de la filosofía, es decir, la ciencia como paradigma de la razón, fue el cimiento sobre el cual el genio de Heráclito construyó el método dialéctico que ha cruzado los siglos a través de la tríada: tesis-antítesis-síntesis.2
Un paso solamente fue suficiente para llegar al siglo VI a. C., testigo eterno del mundo estático construido por Parménides a partir del principio de razón, el principio lógico del pensamiento, pues encontró, dice García Morente, que dentro de la idea del devenir existe la siguiente contradicción lógica: “que el ser no es; que el que es, no es; puesto que lo que es en este momento, ya no es en este momento, sino que pasa a ser otra cosa”. Frente a estas contradicciones de Heráclito, decía Parménides, tenemos que oponer un principio de razón, un principio de pensamiento que no pueda fallar nunca: “El ser, es; el no ser, no es”.3
Asimismo, con base en este postulado que los lógicos modernos denominan “principio de Identidad”, Parménides culminó su crítica a Heráclito, mediante una construcción metafísica propia, que caracterizó al ser como único, eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil; puesto que si hubiese dos seres, entre ellos habría el no ser; si tuviese principio y fin, antes y después habría el no ser; no puede cambiar, ya que el cambio implica el no ser; si tuviera límites, más allá de éstos habría el no ser; y no puede moverse porque dejaría de estar en un lugar para estar en otro.
Claro está que no podía escapar al ingenioso Parménides la distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible que permanece incólume hasta nuestros días. Tampoco podía escapar que la guía para resolver los problemas del ser, es nuestra razón; no obstante, por culpa suya, durante más de veinticinco siglos vivimos inmersos en la concepción estática del ser, merced a que aplicamos las
2 García Morente, Manuel. Lecciones Preliminares de Filosofía. 11ª edición. Editorial Diana. México, D. F. 1964. p. 63.
calidades eleáticas del ser, ya mencionadas, a la sustancia y a la esencia; mas llegaría el momento en que el pensamiento forjaría la concepción de la vida como circunstancia, como resistencia que nos revelara la existencia de algo anterior a la posesión del ser, algo de lo cual Parménides no podía tener idea.
Ahora, durante la metafísica realista que desde Parménides llega hasta Aristóteles, invariablemente prevaleció la idea de que el mundo es lo que existe, es decir, el conjunto de todos los seres y de todas las sustancias que existen y que están impregnados de inteligibilidad: “son”, y son inteligibles; de manera que es una relación de conocimiento la que nos vincula a ese mundo de cosas impregnadas de inteligibilidad, puesto que solamente podemos conocerlas mediante los conceptos que de ellas formamos con el fin de reproducir sus esencias. Así, durante muchos siglos transitó tranquilamente el pensamiento aristotélico hasta convertirse en una creencia que dominó al intelecto.
Sin embargo, sostiene García Morente, esta creencia comenzó a declinar a partir del siglo XV, principalmente por tres hechos históricos: a) la destrucción de la unidad de la fe religiosa; b) el descubrimiento de la tierra, cuando por primera vez Colón da la vuelta al mundo y demuestra la rotundidad del planeta; y c) el descubrimiento del cielo en el siglo XVI, como resultado del nuevo sistema planetario construido por Kepler y Copérnico. Como consecuencia de esta crisis terrible nace una nueva forma de ver el mundo, una nueva filosofía que muestra la historicidad del pensamiento humano, ya que lejos de subsistir siempre igual a sí mismo eternamente y fuera del tiempo, está condicionado por el tiempo y por la historia.4
Esta nueva actitud del pensamiento humano representada por la filosofía idealista, que a fines del siglo XVI y principio del siglo XVII construyó Descartes, enfrentó la necesidad de replantear de nueva cuenta los problemas de la filosofía, merced a que el pensamiento antiguo había mostrado sus yerros al haber debutado
por la metafísica. Para este efecto el pensamiento moderno abandona la ontología y debuta por una epistemología, por una teoría del conocimiento capaz de asegurar los caracteres que debe reunir un pensamiento para ser verdadero. Con este propósito Descartes convierte la duda en método, retrae su mirada, no a la relación entre el pensamiento y la cosa, sino a la relación entre el pensamiento y el yo; tomó el pensamiento mismo como objeto para disipar la duda. 5
La reseña histórica hasta aquí planteada de manera esquemática muestra que las profundas enseñanzas que legaron a la humanidad los griegos Thales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea y Aristóteles de Estagira, así como el francés René Descartes, representan las espléndidas formas creadas por el pensamiento humano para explicar el mundo. Solo resta agregar en esta perspectiva la forma de pensar propia de la Filosofía de la Ilustración, que inspirada en el Renacimiento del siglo XV, la Reforma religiosa del siglo XVI y el triunfo de Descartes en el siglo XVII, cambió la imagen del mundo en el siglo XVIII, pues como dice Ernst Cassirer, “sólo viendo cómo fue el Siglo de las Luces puede
entenderse por qué se veneró en la razón y en la ciencia la suprema fuerza del hombre”.6
Lo expuesto devela que hasta el siglo XVIII el pensamiento del hombre navegó sobre aguas aparentemente tranquilas, pues a pesar de que había surgido el derecho natural racionalista como una nueva forma de pensar el derecho, la fuerza del positivismo logró que solamente se considerase como derecho el emanado de la producción estatal. Sin embargo, desde entonces esa nueva forma de concebir lo jurídico ha venido cobrando vigor a través de los llamados “derechos naturales del hombre” o “derechos humanos”, merced a que con cualesquiera de esas expresiones, dice Germán J. Bidart Campos, “se aspira, a realizar la dignidad
5 Descartes, René. Discurso del Método. Editorial Época. México, 2006.
y la autonomía de la persona humana, para insertarla de manera decorosa en el marco de la convivencia social y del régimen político”.7
Por otra parte, la ciencia del derecho o teoría del derecho estudia normas jurídicas y estructuras jurídico-normativas, pero como el lenguaje que emplea el derecho fiscal es descriptivo, entonces, simplemente se interpreta, se describe el derecho. En consecuencia, todo se convierte así en una técnica de construcción legislativa y en una técnica de interpretación legislativa.
Desde un enfoque diverso podemos afirmar que en todas las épocas, en todos los lugares y en todas las civilizaciones han existido comportamientos humanos que han sido objeto de desaprobación, en algunos momentos incluso se rebasaron los derechos humanos de las personas, como en México a principios de mil novecientos en donde los trabajadores carecían de derechos o protecciones laborales.
La bella divisa de Karl Kraus: “mientras más mires de cerca una palabra más lejos esa mirada te llevará”,8 o la profunda reflexión de Elías Canetti quien profesando su fe en la palabra aconsejaba al hombre que escribe tener “Conciencia
de las palabras”9. La búsqueda incesante de la exagerada normalidad representada por la medianía como la medida justa por no ser ni mucho ni poco de algo, que con tanto fervor pregonaba Hans Magnus Enzensberger, cuyo logro reclama la solidaridad del hombre que escribe, para que partiendo de la mediocridad saque de su delirio a los que menos atención han recibido a fin de que tengan conciencia de esa medida justa, sin importar la oposición infundada de una minoría recalcitrante de sacerdotes y potentados, pues medianía y delirio son manifestaciones
7 Bidart Campos, Germán J. Teoría General de los Derechos Humanos, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Serie G: Estudios doctrinales, núm. 120, México, 1989. p. 15.
complementarias, dado que su aparente contradicción oculta una profunda connivencia. 10
Asimismo, la metáfora mágica acuñada por Nietzsche: “La conciencia de la
apariciencia”,11 puesto que no es una máscara sin vida que se pueda poner o quitar a una “x” desconocida. Ahora, como el hombre que escribe sabe que la literatura no está muerta, que las palabras han sido capaces de provocar las guerras y de evitarlas, “que toda palabra que pertenezca a un lenguaje (natural o artificial), necesariamente nombra algo y se le denomina <objeto>”, según enseñanza del doctor Rolando Tamayo y Salmorán, quien agrega: el derecho es el lenguaje con el que los juristas se comunican; partiendo de la actitud cognitiva pretendemos conocer y describir el mundo sirviéndonos para esto de la realidad de sentido que da sentido a la realidad.12
Así, al seguir la tesis magistral enunciada por Karl R. Popper, quien sostiene
“que el criterio para establecer el status científico de una teoría es su refutabilidad o
su testabilidad”,13 es decir, se tiene una conjetura, la cual debe refutarse para formar una nueva conjetura. Por tanto, se considera conveniente comenzar con el siguiente cuestionamiento, el Sistema de Ahorro para el Retiro, es importante en nuestra sociedad, pues a partir de éste una persona recibirá una pensión hasta su último día de vida después de su retiro, cesantía en edad avanzada o vejez.
El capitalismo avanzado construyó la sociedad de consumo, pero la exigencia de ampliarlo mundialmente trajo muchas complicaciones, por ejemplo, la falta de empleo, pues en la revolución industrial iniciada en Inglaterra se buscaba con la maquinaria facilitar el trabajo del hombre, hoy con una globalización nueva
10 Enzensberger, Hans Magnus. Mediocridad y Delirio. Segunda edición. Edit. Anagrama, Barcelona, traducción de Michael Faber-Kaiser. Barcelona, 2002. p. 247.
en término vieja en su proceso, hace que las máquinas prescindan del hombre, lo cual deja sin empleo a muchas personas, por lo cual las que laboran deben confiar en el Sistema de Ahorro para el Retiro y rezar porque no exista una nueva crisis financiera mundial, la cual como consecuencia genere pérdidas estratosféricas en el sistema.
Cabe sostener que la Modernidad se caracterizó por el Estado de derecho entendido como el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, mientras que la Posmodernidad se caracteriza por el Estado constitucional y democrático, que surge desde el momento en el cual los derechos humanos son otorgados constitucionalmente como derechos fundamentales de la persona. Ahora, como el Estado constitucional y democrático permea todos los derechos humanos y no hay Estado constitucional y democrático separado de la democracia, seguimos en esta perspectiva a Luigi Ferrajoli quien dice: “La democracia es el régimen político que
permite el desarrollo pacífico de los conflictos y, por su cause, las transformaciones sociales e institucionales”.14
De la mano con el Doctor Raymundo García García, establece: “El Estado
moderno considerado como Estado de Derecho, se le conoce también y se le estudia como Estado Constitucional, teorizado como: toda comunidad política sustentada en un marco Constitucional, en el cual se sintetiza la expresión de la voluntad popular reconociendo derechos fundamentales y estructura organizacional para el ejercicio del poder público, otorgando la seguridad jurídica y política para que la comunidad viva en orden, tranquilidad y paz social, siendo la libertad individual el sustento del mismo Estado”.15 Es así que nuestra Constitución, otorga Derechos Humanos y también garantías para la protección de los primeros, lo cual genera una tranquilidad para las personas del territorio nacional, pues cada derecho tiene una garantía para su protección y surge una reforma publicada en el
14 Ferrajoli, Luigi. Derecho y Razón. Novena edición. Edit. Trotta, traducción, Perfecto Andrés Ibáñez y otros. Madrid, 2009. pp. 946-947.
Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, cuando el Estado mexicano por fin elevó los derechos humanos a la categoría de derechos fundamentales, pero se debe considerar la visión de que una cosa es un derecho y otra la garantía que protege ese derecho.
Por tanto, en el capítulo I de la tesis de nombre “La Pensión ¿Un Derecho o
una Garantía?” Se analiza el garantismo desde el punto de vista de Ferrajoli, el cual nunca contrasta con la visión de Burgoa, pues ambos, consideran que el derecho necesita una garantía para su protección, además de ellos, surgen las ideas de Francesco Carnelutti, Guillermo Blackstone, Jellinek, León Duguit e incluso el fantástico Kelsen, mismos que son citados en el capítulo citado. Es decir, se plasma desde la idea de los Revolucionarios Franceses que confundieron a los Derechos Fundamentales con Garantías Individuales y su evolución hasta nuestros días.
Para el capítulo II, una vez que fueron reconocidos los derechos por un lado y las garantías para la protección de esos derechos, en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció en su artículo 123 los derechos para los trabajadores y a través de garantías obligó a su cumplimiento. Pero, luego surgió el problema con las pensiones en un inicio pocas eran las personas que cotizaban para después ser millones; y, con un sistema de reparto se inició el Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual a partir de mil novecientos noventa y seis evolucionó para convertirse en un sistema de capitalización individual, para el cual cada trabajador aporta para su pensión y deja de lado al Estado en la administración de las cuentas individuales de cada laborante, lo cual es un peligro pues la ganancia es para el sector privado que administra la cuenta de los trabajadores.
Es decir, en nuestro sistema de ahorro los mayores beneficiados son las Administradoras de Fondos para el Retiro y los más afectados son los trabajadores, lo que genera que la lucha a lo largo de siglos por derechos laborales y luego por la garantía a esos derechos se vuelva inútil.
AFORE Administradora de Fondos para el Retiro
INFONAVIT Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores
LSAR Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro LSS Ley del Seguro Social
RCV Retiro Cesantía y Vejez
RLSAR Reglamento de la Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro
LA PENSIÓN: ¿UN DERECHO O UNA GARANTÍA?
A partir de dos mil once, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cobran relevancia en México los Derechos Humanos, los cuales se consideran fundamentales en la vida de los gobernados.
Para Luigi Ferrajoli, en la realidad se pueden distinguir cuatro significados distintos de la palabra fundamento, para explicar qué son los derechos fundamentales.1
En un primer significado fundamento de los derechos fundamentales, designa la justificación o el fundamento axiológico de esos valores o principios de justicia que son los derechos fundamentales; en otras palabras, es el fundamento de la respuesta dada por la filosofía política o, si se prefiere, por la filosofía de la justicia, a la interrogante ¿cuáles son los derechos que es justo garantizar como fundamentales? Evidentemente ésta es una cuestión de tipo axiológico que no admite respuestas de tipo descriptivo sino de tipo normativo, cuya fundamentación racional requiere la formulación de criterios metaéticos y metapolíticos idóneos para su identificación. Los criterios que yo he propuesto, por ejemplo, son cuatro, todos referidos al valor de la persona humana: la igualdad, la democracia, la paz y la defensa del más débil. Con base en ellos, son derechos fundamentales todos aquellos derechos cuya garantía es necesaria para realizar la igualdad en relación con las facultades,
necesidades y expectativas; para asegurar la convivencia pacífica; y, finalmente, para operar como leyes del más débil en oposición a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia. 2
1 Ferrajoli, Luigi. Epistemología Jurídica y Garantismo. Segunda Reimpresión. Distribuciones Fontamara. México, 2008. p. 283.
2 En relación a lo anterior, el autor Ferrajoli deja claro que existe el derecho fundamental, pero la garantía es necesaria para lograr una igualdad en las necesidades y expectativas de los gobernados.
Un segundo significado, el fundamento de los derechos fundamentales designa la fuente o el fundamento jurídico que tienen en el derecho positivo esas posiciones subjetivas que son precisamente los derechos fundamentales; es decir, el fundamento jurídico de los derechos fundamentales se identifica con el principio iuspositivista de legalidad. Son
derechos fundamentales, en el ordenamiento internacional, aquellos derechos sancionados por la Declaración Universal de los derechos Humanos de 1948, por los Pactos Internacionales de 1966 y por otras convenciones internacionales sobre derechos humanos.3
Para el significado segundo sobre los derechos fundamentales, éstos deben encontrarse en un ordenamiento, pues tiene una visión positiva, es decir, están fundados en una Constitución o bien en la Declaración de los Derechos Humanos, lo cual haga obligatorio el cumplimiento de esos derechos.
El tercer significado designa el origen o el fundamento histórico-sociológico de esas conquistas del proceso jurídico que son los derechos fundamentales; en otras palabras, es el fundamento de la respuesta a la pregunta ¿cuáles han sido los derechos fundamentales concretamente defendidos en plano histórico, y de hecho satisfechos en el plano fenomenológico?, o bien ¿qué derechos, por qué razones, a través de qué procesos y con qué grado de efectividad son de hecho garantizados derechos fundamentales? En resumen,
la referencia es a la fenomenología del derecho; a las luchas sociales y a los procesos políticos a través de los cuales tales derechos has sido inicialmente afirmados y reivindicados, y después conquistados y consagrados como fundamentales en la leyes o en las Constituciones; a las condiciones
económicas, sociales, políticas y culturales de su instrumentación; finalmente, al grado de protección efectiva que les ofrece el funcionamientos concreto del ordenamiento que es objeto de estudio.4
Para esta visión se refiere a que los derechos fundamentales son producto de todas aquellas luchas sociales que han sido necesarias para el reconocimiento de derechos, los cuales por decirlo de alguna manera, son producto de un combate interminable por una igualdad, pues como se vio en el capítulo anterior, para lograr lo establecido en el artículo 123 de la Ley Fundamental, fue necesario al menos diecisiete años de intentos los cuales terminaron con la redacción del artículo antes citado.
Por último, un cuarto significado, el fundamento de los derechos fundamentales designa la razón o el fundamento teórico de la noción de derechos fundamentales, es decir, el fundamento de la definición del concepto de derechos fundamentales, que es la respuesta a la pregunta ¿qué son los derechos fundamentales?, dada por la teoría del derecho. Aunque apuntada al final, ésta es una cuestión prejudicial a todas las demás. En realidad, sólo si sabemos qué queremos decir con ´derechos fundamentales’ podemos
responder a todas las demás preguntas: establecer los criterios axiológicos con base en los cuales justificar qué derechos deben ser sancionados como fundamentales; reconocer cuáles son los derechos fundamentales establecidos en cada ordenamiento; reconstruir los procesos históricos y culturales a través de los cuales algunos de ellos han sido teorizados, reivindicados y después sancionados en los distintos ordenamiento; investigar las condiciones y el grado de su protección efectiva; y proyectar las políticas
y las técnicas de garantías idóneas para satisfacerlos.
En términos generales luego de analizar la idea de Luigi Ferrajoli, en relación a los derechos fundamentales por medio de sus cuatro puntos de análisis, se
4 entiende que el derecho fundamental existe pero debe tener una garantía que proteja tal derecho y así buscar una igualdad entre los gobernados, es decir, independiente a las clases más desprotegidas, los derechos fundamentales surgen para equilibrar la desigualdad social, económica en situación de derechos.
1.2. TERMINOLOGÍA DE GARANTÍA
Los derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad social, independiente a su existencia debe tener una garantía que proteja ese derecho humano plasmado en nuestra Carta Magna, asimismo, el término garantía es importante en contraposición a los derechos. Es decir, una cosa es el derecho y otra la garantía que protegerá ese derecho, al efecto, el Doctor Ignacio Burgoa, comenta:
"Parece ser que la palabra ‘garantía’ proviene del término anglosajón ‘warranty’ o ‘warantie’, que significa la acción de asegurar, proteger, defender
o salvaguardar (to warrant), por lo que tiene una connotación muy amplia. ‘Garantía’ equivale, pues, en su sentido lato, a ‘aseguramiento’ o ‘afianzamiento’, pudiendo denotar también ‘protección’, ‘respaldo’, ‘defensa’, ‘salvaguardia’ o ‘apoyo’. Jurídicamente, el vocablo y el concepto ‘garantía’ se
originaron en el derecho privado, teniendo en él las acepciones apuntadas".5
Asimismo, en el derecho público:
“La palabra garantía y el verbo garantizar son creaciones institucionales de los
franceses y de ellos las tomaron los demás pueblos en cuya legislación aparece desde mediados del siglo XIX”.6
5 Burgoa, Ignacio. Las Garantías individuales. 41ª edición Segunda reimpresión. Editorial Porrúa. México, 2013 p. 161.
5 Por tanto, el concepto garantía en derecho público ha significado diversos tipos de seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado de derecho, es decir, dentro de una entidad política estructurada y organizada de manera jurídica, en la cual la actividad del gobierno está sometida a normas pre-establecidas que tienen como base de sustentación el orden constitucional. De este modo, se ha estimado incluso por la doctrina, que el principio de legalidad, el de división o separación de poderes, el de responsabilidad oficial de los funcionarios públicos, son garantías jurídicas estatuidas en beneficio de los gobernados; se afirma también que el mismo concepto se extiende a los medios o recursos tendientes a hacer efectivo el imperio de la ley y del derecho.7
Sin embargo, en derecho público y derecho privado, la garantía siempre es la protección jurídica más eficaz.8
1.3. DERECHO Y GARANTÍA
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1 primer párrafo establece:
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.9
El artículo anterior considera que las personas gozan de los derechos humanos derivados de la carta magna y de los tratados internacionales, de los cuales
7 Burgoa, Ignacio. Las Garantías individuales. Op. Cit. p. 162.
8 Sánchez Viamonte, Carlos. Los Derecho del Hombre en la Revolución Francesa. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. México, 1956. p. 82.
6 México sea parte. Además de los derechos y tratados, plasma a las garantías para la protección de los derechos y tratados.
Al decir que los derechos humanos y los tratados internacionales de alguna manera están al mismo nivel, se debe al artículo 133 de la carta magna, el cual dice:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.10
Antes de la reforma constitucional del artículo 1 lo más importante eran las garantías, dicho artículo rezaba:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.11
Entonces, las garantías denotan una seguridad jurídica inherente a todo régimen democrático, principio que entraña a que todos los actos de todas las autoridades del Estado deben ser apegados a derecho, entonces pueden existir todo tipo de derechos pero siempre necesitarán de esa garantía para obligar a su cumplimiento.
7 Por tanto, las garantías son la expresión fundamental y suprema, cuya ausencia propiciaría la dictadura o la tiranía, supuesto que no es posible concebir sistema jurídico alguno sin la seguridad que entrañan las garantías a favor de todo gobernado, de donde su institución es el elemento indispensable para implantar y mantener el orden jurídico en nuestro país.
Asimismo, será importantísimo distinguir derecho y garantía. En efecto, mirando bien las cosas como dijera Francesco Carnelutti:
“En su hermosa divisa a los cirineos de la sociedad, una cosa es el derecho y
otra la garantía de ese derecho. Solamente así es factible explicar la confusión en que incurrieron los revolucionarios franceses al estimar como sinónimos los términos “garantías constitucionales” y “derechos fundamentales del hombre”, sin serlo”.12
Apunta con razón León Duguit:
“Que los autores de la mayor parte de las constituciones han creído inscribir en el Texto Fundamental “las garantías de los derechos” que consisten en la
obligación del legislador ordinario de no violar los principios de la Ley Superior”.13
La influencia de la idea tradicional plasmada en la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” de 1789 en el sentido de que la sola inclusión de los derechos esenciales al desarrollo y respeto de la dignidad humana en el Texto Supremo era suficiente para que aquéllos fueran reconocidos y respetados por las autoridades. Lo cierto es que trascendió a las constituciones de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, entre las cuales destaca la Constitución Política de
12 Borja Osorno, Guillermo. Derecho Procesal Penal. Editorial Cájica, México, 1969. p. 13.
8 los Estados Unidos Mexicanos, publicada el cinco de febrero de mil novecientos diecisiete.
Para encontrar la correcta distinción entre derecho y garantía, o si se quiere entre “derechos fundamentales del hombre” y “garantías constitucionales” es necesario recurrir a un símil. Guillermo Blackstone afirmó:
“Es regla general e indisputable, que donde quiera que hay un derecho legal,
también hay defensa de ese derecho mediante juicio o acción siempre que el derecho es invadido…”. Agrega: "es un principio fijo e invariable de las leyes
de Inglaterra, que todo derecho cuando se veja, tiene que tener un recurso y que toda injuria debe tener su remedio".14
Claro está que en este aspecto la inteligencia del hombre llegó a la cima al distinguir los derechos fundamentales de la persona humana consagrados constitucionalmente y sus verdaderas garantías, en especial el habeas corpus y el amparo. Así cae el cuadro tradicional y se fabrica uno nuevo, formado a través de las extraordinarias lucubraciones de Jorge Jellinek y León Duguit, y conformado con la tarea maravillosa de Hans Kelsen realizada en su clásico estudio sobre "La Garantía Jurisdiccional de la Constitución" publicada en 1928.
Al efecto, Jellinek habló de "Garantías de Derecho Público" a las que concibió como los medios plasmados por el constituyente para preservar el ordenamiento supremo del Estado, distinguiendo las "garantías sociales", las "garantías políticas", y las "garantías jurídicas". Y al hacer referencia a las últimas, expresó:
"Que la extensión de la jurisdicción al campo del derecho público se debía considerar como uno de los avances más importantes del siglo XIX en virtud de que, si bien en su época la propia jurisdicción se utilizaba para la protección
del derecho objetivo, era eficaz, en particular, como garantía de los derechos públicos subjetivos de los individuos y de las sociedades".15
León Duguit hizo la distinción entre "garantías preventivas" y "garantías represivas" afirmó que las primeras están destinadas a evitar la violación de las disposiciones fundamentales en tanto que las segundas jugaban cuando la prevención no había sido suficiente, pues eran las únicas que en determinados supuestos servían de rémora a las arbitrariedades del Estado, por cuya razón debían residir en una alta jurisdicción de reconocida competencia, cuyo saber e imparcialidad estarían a cubierta de toda sospecha y ante cuyas decisiones se inclinara todo el mundo, gobernantes y gobernados y hasta el legislador mismo.16
Kelsen coronó la tarea al proponer la creación de la "Corte constitucional" en la Constitución Federal austriaca de 1920.17
El pensamiento doctrinario extranjero desarrolló el concepto estricto de garantías constitucionales, decreciendo la influencia francesa. En efecto, siguiendo el camino trazado por Jorge Jellinek, Carl Schmitt habló de "garantías institucionales"
como medios de protección de ciertas instituciones establecidas por la regulación constitucional para hacer imposible su supresión en la vía ordinaria.18
1.3.1. PENSAMIENTO MEXICANO. La doctrina mexicana se encuentra bifurcada: la corriente mayor sigue a los doctrinarios extranjeros, y la menor representada por mexicanos, que a continuación se explica.
Representativos de la idea ortodoxa son, entre otros: Isidro Montiel y Duarte y José Natividad Macías. El primero, dice:
15 Fix-Zamudio, Héctor. La Constitución y su Defensa. Op. Cit. p. 42. 16 Ibidem. p. 44
10 “Y vese desde luego que todo medio consignado en la Constitución para asegurar el goce de un derecho se llama garantía, aun cuando no sea de las individuales”.19
El segundo copió la clasificación de Jellinek, afirmando que las garantías individuales (no dijo jurídicas) son diferentes de las sociales y de las políticas que se encuentran dentro de la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado. Por su parte, el doctor Jorge Carpizo afirma:
"La garantía individual es la medida en que la Constitución protege el derecho humano".20
El doctor Héctor Fix-Zamudio, sostiene que:
“Las garantías constitucionales en sentido estricto pueden describirse como
los instrumentos jurídicos, predominantemente de carácter procesal, que tienen por objeto lograr la efectividad de las normas fundamentales cuando existe incertidumbre, conflicto o violación de las referidas normas”.21
Se puede entender que a través de las garantías constitucionales se logra la justicia constitucional, pues al desplegarse la jurisdicción constitucional, por los tribunales constitucionales en los países que cuentan con una Corte Constitucional para el caso de México el Poder Judicial de la Federación, resulta tutelada la Constitución en toda su plenitud.
En efecto, la referida jurisdicción constitucional para fines didácticos se divide en dos sectores los cuales Ignacio Burgoa conceptualiza en los siguientes términos:
19 Montiel y Duarte, Isidro. Estudio Sobre Garantías Individuales; tercera edición facsimilar. Editorial Porrúa. México, 1979. p. 26.
11 A) La jurisdicción Constitucional de la Libertad integrada por el conjunto de instrumentos jurídicos y predominantemente procesales dirigidos a la tutela de las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales del hombre (parte dogmática de la Constitución) en sus dimensiones individual y social.
B) La Jurisdicción Constitucional Orgánica comprensiva de los instrumentos establecidos para resolver las controversias entre los diversos órganos de poder, calificados por Carl Schmitt de litigios constitucionales (parte orgánica de la Constitución).
Por tanto, “la protección constitucional” y "las garantías constitucionales”, se conjugan para el logro de la “Defensa de la Constitución”, entendiendo dentro del concepto de protección constitucional a los medios naturales de salvaguarda como la división de poderes en el aspecto político y a la supremacía constitucional e irreformabilidad constitucional como elementos de técnica jurídica.
1.3.2. CORRIENTE UNITARIA. El doctor Ignacio Burgoa advierte nítidamente que no debe confundirse el concepto de garantía individual que desarrolla magistralmente en su libro “Las Garantías Individuales”, con la clasificación que de las garantías en general elaboró Jellinek, merced a que éste no alude a las garantías propiamente dichas sino que el objeto de su división mira a los medios de control o salvaguardia del régimen jurídico en general y de los derechos del hombre en particular, en tanto que el autor citado considera a la garantía individual como aquella relación jurídica en la que figura el gobernado como sujeto activo y el Estado y sus autoridades como sujeto pasivo.22
Por consiguiente, no está de acuerdo con las opiniones vertidas al respecto por Carl Schmit, Jellinek y Kelsen. En efecto, al hablar el primero de garantías institucionales como medios de tutela de ciertas instituciones establecidos por la
12 regulación constitucional para hacer imposible su supresión en la vía legislativa ordinaria; afirma que esta idea identifica a la garantía con la Constitución misma, lo que considera inadmisible cuando se trata de definir el concepto específico de garantía individual y no de la garantía en general.
En relación a Jellinek, en esencia sostiene que la clasificación de las garantías del derecho público en garantías sociales, políticas y jurídicas, se funda en la idea general de garantía y como indistintamente puede aplicarse a cualquiera de los tipos que enuncia, no aporta ninguna luz para precisar el concepto de garantía individual. La misma crítica hace en relación a Kelsen, porque su opinión no está orientada a la definición del tipo específico de garantía individual, ya que no habla de las garantías del individuo sino de los medios o sistemas para garantizar la prevalencia de las normas jurídicas superiores sobre las de menor categoría; opinión que surge de la identificación de las garantías de la Constitución con los procedimientos o medios para asegurar el imperio de la Ley Fundamental frente a las normas jurídicas secundarias, o sea para garantizar que la norma inferior se ajuste a la norma superior que determina su creación.
Las críticas al doctor Fix-Zamudio y a su maestro Alfonso Noriega Cantú, son elocuentes. Respecto al primero, afirma que toma en cuenta la noción muy amplia y general de garantía y aglutinando en su opinión la de los tres autores extranjeros, no explica la consistencia jurídica de lo que sean las garantías fundamentales, ya que se concreta a exponer lo que comprenden.
13 las garantías establecidas por la Constitución o por la ley, pues no es lo mismo el elemento que garantiza (garantía) que la materia garantizada (derecho humano).
En relación a lo anterior, las garantías individuales no se plasman únicamente para el hombre como persona física, ni solamente protegen sus derechos, sino que se expanden a todo ente jurídico que se encuentra en la situación de gobernado y deja fuera el concepto de garantía individual las que la Constitución implanta para las personas morales.
Ahora bien, en tanto que los particulares pueden hacer todo aquello que deseen en cuanto no esté prohibido por la ley, las autoridades sólo deben actuar dentro de los cánones legales expresamente establecidos, toda vez que atendiendo al estado de Derecho la actividad estatal toda queda subordinada al régimen jurídico positivo, el cual por ende limita o restringe la conducta de los órganos que tienen la facultad de imperio.
1.4. ELEMENTOS Y NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS
Dentro del marco ya trazado, el doctor Burgoa dice que:
“Directa y primariamente, frente a los miembros singulares del Estado o
gobernados, la autolimitación estatal y las limitaciones jurídicas a la actividad de las autoridades se revelan en las garantías individuales”23.
Así, la garantía individual legalmente entraña una relación de derecho que se establece entre el gobernado y el Estado y sus autoridades.
Agrega que en la vida del Estado o sociedad se dan tres tipos de relaciones: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Las primeras entre particulares, las segundas entre los distintos órganos de poder, y las
14 últimas entre el Estado y sus autoridades, de un lado, y los particulares de otro, por lo que si bien en el primero y segundo grupos existe paridad por entablarse bien entre gobernados, bien entre autoridades, las de supra a subordinación se fincan en una dualidad cualitativa subjetiva por generarse entre dos entidades colocadas en distinto plano, amén de que en tales relaciones el Estado y sus órganos de poder despliegan actos autoritarios propiamente dichos por ser unilaterales, imperativos y coercitivos, en vista de que su existencia no requiere de la participación del particular al que se dirigen, se imponen contra o sobre su voluntad, y su ejecución es factible por medio de la fuerza pública inclusive en caso de desacato.
Es la concurrencia de la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad la que forma la índole propia del acto autoritario, de manera que faltando cualquiera de esos elementos no se estará en presencia de un acto de autoridad.
Pues bien, cuando las relaciones de supra a subordinación son reguladas constitucionalmente implican las llamadas "garantías individuales", las cuales se traducen en relaciones jurídicas que se entablan entre el gobernado por un lado y cualquier autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de manera indirecta o mediata, por el otro.
Ahora bien, cuando las relaciones de supra a subordinación están reguladas por el orden jurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como de las leyes administrativas, implicando en el primer caso las garantías individuales; por lo tanto, éstas se traducen en relaciones jurídicas que se entablan entre el gobernado, por un lado, y cualquier autoridad estatal de modo directo e inmediato y el Estado de manera indirecta o mediata, por el otro.
15 gobernado y autoridades denotan una garantía individual, cuya precisión requiere especificar las características de la relación jurídica en que se revela.
La relación jurídica de supra a subordinación en que se manifiesta la garantía individual consta de un sujeto activo o gobernado y de un sujeto pasivo formado por el Estado y sus órganos de autoridad. Aun cuando el artículo Primero de la Constitución de 1857 consideró a las garantías individuales como medios sustantivos constitucionales para asegurar los derechos del hombre, es decir, que las garantías consagradas constitucionalmente se establecieron para tutelar la esfera jurídica en general del individuo frente a los actos del poder público, bajo la vigencia de esa constitución surgió el problema consistente en determinar si las personas morales podrían ser titulares de las garantías individuales, pues éstas se implantaron en el mencionado ordenamiento para asegurar los derechos del hombre.
Este problema fue resuelto por don Ignacio L. Vallarta quien dijo que a pesar de que las personas morales no eran seres humanos, sino ficciones legales, sí podían invocar en su beneficio las garantías individuales, cuando éstas lesionaran su esfera jurídica por algún acto autoritario. Desde este momento aparece un principio de extensión de las garantías individuales desde el punto de vista subjetivo, en virtud de la tendencia a dejar de considerar a dichas garantías como exclusivamente individuales, para reputarlas susceptibles de disfrutarse por entes que no eran individuos.
16 derecho administrativo nacieron, con personalidad propia, empresas de participación estatal y organismos descentralizados.
En consecuencia, bajo la Constitución de 1917 y hasta la fecha, son sujetos de imputación de la normatividad jurídica en lo que se refiere a las relaciones de coordinación y supra a subordinación, los siguientes: los individuos, las personas morales del derecho privado, las personas jurídicas de derecho social (sindicatos obreros y patronales o comunidades agrarias), las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados. Aún más, las personas morales oficiales o de derecho público, son también sujetos de derecho en las relaciones mencionadas, al margen de que también lo son en las relaciones de supraordinación.
Por consiguiente, la ampliación jurídica de las garantías individuales conduce a la conclusión de que todo ente en cuyo perjuicio se realice cualquier acto de autoridad que viole los preceptos que condicionan la actuación del poder público puede promover el juicio de amparo; de donde se advierte que cualquier institución pública, aun siendo una entidad centralizada o persona moral oficial o de derecho público, puede situarse en una relación de supra a subordinación frente a otro órgano estatal, ya que entre las distintas autoridades estatales, como titulares de la función de imperio dentro de su respectivo ámbito de competencia, existen las relaciones de supraordinación regidas por el derecho público.
17 Ahora bien, cuando se suscita un conflicto jurídico entre una persona moral oficial y un particular, se establece una relación de coordinación, ya que la primera la entabla sin ejercer frente al particular el jus imperii, sino como resultado del jure gestionis, lo que ha sido reconocido por la Suprema Corte a propósito de la distinción entre la doble personalidad o doble actuación del Estado. En este supuesto el conflicto debe ser resuelto por otro órgano estatal en el desempeño de la función jurisdiccional, siendo así como surge una relación de supra a subordinación entre el órgano jurisdiccional y los sujetos del conflicto dentro del procedimiento que lo resuelve. En esta relación la persona moral oficial deja de ser autoridad para sujetarse a la decisión del órgano jurisdiccional que va a resolver el conflicto suscitado entre ella y el particular. Es decir, que ambos se colocan dentro del procedimiento respectivo en la misma situación de gobernados frente al órgano jurisdiccional que es el único que despliega la función de imperio mediante una serie de actos de autoridad, que desemboca en la dicción del derecho expresado en la sentencia. De aquí se infiere que en el proceso en que la persona moral oficial es parte, los actos que realiza no son de autoridad, sino que participan de la misma índole que los que despliega el particular.
Así, cuando en un proceso las partes son un particular y una persona moral oficial, ésta es titular de los derechos traducidos en la aptitud de ofrecer pruebas, alegar e interponer los recursos ordinarios, por lo que tiene la potestad de impugnar los actos de autoridad que realiza el órgano jurisdiccional.
18 Por tanto, las relaciones entre la autoridad responsable y el órgano jurisdiccional que conoce del amparo contra sus actos, no son de supraordinación, sino de supra a subordinación, porque en ellos el único que despliega actos de autoridad es el mencionado órgano a cuya voluntad decisoria quedan supeditados la responsable y el quejoso. De aquí que cuando por cualquier acto de autoridad se infrinjan garantías individuales en perjuicio de una persona moral oficial, ésta puede promover el juicio de amparo.
Ahora bien, como la relación jurídica de supra a subordinación en que se manifiesta la garantía individual consta de dos sujetos: activo o gobernado y pasivo integrado por el Estado y sus autoridades, es necesario precisar la idea de gobernado para saber quién es el sujeto activo en el mencionado vínculo jurídico. Al respecto, como el concepto de gobernado o sujeto activo de la garantía individual está íntimamente unido al de acto de autoridad, es obvio que las relaciones de coordinación son ajenas a las garantías individuales, pues ya sea que se entablen entre particulares o entre un particular y un órgano estatal, éste no realiza un acto unilateral, imperativo ni coercitivo, es decir, no opera imperativamente (jus-imperii), sino como particular (jure-gestionis) buscando la colaboración voluntaria de su co-sujeto a través de la concertación de actos bilaterales.
19 vayan a operar actos de autoridad, es decir, actos atribuibles a un órgano estatal que sean de índole unilateral, imperativa y coercitiva.
En consecuencia, como la naturaleza de gobernado puede darse en las personas físicas, las personas morales de derecho privado (sociedades y asociaciones), las de derecho social (sindicatos y comunidades agrarias), las de derecho público (personas morales y oficiales) y los organismos descentralizados, es pertinente precisar estos conceptos. En primer lugar, el gobernado o sujeto activo de la garantía individual está constituido por todo habitante o individuo que viva en el territorio nacional independientemente de su edad, sexo, estado civil, nacionalidad, calidad migratoria, etcétera.
Ciertamente, el término individuo que encarna al gobernado cuando éste es una persona física, equivale a ser humano en su sustantividad biológica; equivalencia contenida expresamente en el artículo 1° de nuestra Constitución, que en lo conducente dispone "En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y el los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección…"; liberalidad que revela la asimilación de las garantías como protectoras de esos derechos humanos, es decir, existe un reconocimiento de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados, los cuales se caracterizan por su concomitancia universal con la naturaleza de todo ser humano, independientemente de su condición concreta y particular, a modo de potestades necesarias para el desarrollo de la personalidad.
20 personas están colocadas por la ley en un rango semejante al que ocupan las personas físicas; de donde la titularidad de las garantías individuales a favor de las personas morales es factible cuando no se trata de garantías cuyo contenido esté integrado por potestades de naturaleza biológica, sino cuando el derecho tutelado sea de índole propiamente jurídica.
La titularidad de las garantías individuales, o sea, su subjetividad activa, corresponde igualmente a las personas morales de derecho social y aun a las de derecho público. En efecto, partiendo de la base de que el concepto de individuo a que alude el artículo 1° constitucional equivale a la idea de gobernado, esto es, al de sujeto físico o moral cuya esfera jurídica es susceptible de constituir el objeto total o parcial de actos de autoridad imputables a los órganos estatales; cuando dicha esfera pertenece a una persona moral de derecho social ésta asume el carácter de sujeto gobernado frente a los actos autoritarios, o sea, de individuo para los efectos de la titularidad activa de las garantías que consagra nuestra Constitución.
Por otro lado, si las personas morales oficiales pueden entablar la acción de amparo cuando los actos de autoridad de que se trata lesionen sus intereses patrimoniales conforme a lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de Amparo, dichas personas deben considerarse como sujetos activos de la relación jurídica que integra la garantía individual en lo que atañe al ámbito formado por dichos intereses, ya que respecto de éstos adquieren la calidad de gobernados. Y en cuanto a los organismos descentralizados opera análoga conclusión, supuesto que si su esfera jurídica es susceptible de afectarse por algún acto autoritario y merced a esa posibilidad de afectación pueden ostentarse como entidades gobernadas, son también sujetos activos o titulares de garantías individuales dada la equivalencia conceptual entre individuo y gobernado implicada en el artículo 1° constitucional en la Carta Magna de mil novecientos diecisiete.
21 su actividad frente a los gobernados por las garantías individuales como manifestaciones de la restricción jurídica del poder de imperio, siendo el Estado el sujeto pasivo mediato de esa relación de derecho.
Por tanto, el titular de las garantías individuales tiene el goce y disfrute de éstas inmediata y directamente frente a los órganos estatales y mediata e indirectamente frente al Estado, el que, como persona moral de derecho público tiene necesariamente que estar representado por aquéllos, quienes, a su vez, están dotados del ejercicio del poder de imperio en su distinta esfera de competencia. En la inteligencia de que un organismo descentralizado puede ser sujeto pasivo de la referida relación jurídica cuando ésta sea de supra a subordinación, esto es, cuando dicho organismo realice frente al particular un acto de autoridad, si la legislación respectiva prevé esta posibilidad; en cuyo caso también será procedente el juicio de amparo.
Por último, de manera histórica las garantías individuales se han refutado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Consecuentemente, los derechos y obligaciones que genera la relación que existe entre gobernados y gobernantes tienen como esfera de gravitación esas prerrogativas sustanciales del ser humano, o sea: la igualdad, la libertad, la propiedad y la seguridad jurídica.
22 respete un mínimo de actividad y de seguridad indispensables para el desarrollo de su personalidad.
La potestad de reclamar al Estado y a sus autoridades el respeto a las prerrogativas fundamentales del hombre, tiene la naturaleza de un derecho subjetivo público. Ésta potestad es un derecho, es decir, tiene el calificativo de jurídica, porque se impone al Estado y a sus autoridades, esto es, porque estos sujetos pasivos de la relación que implica la garantía individual están obligados a respetar su contenido, o sea las prerrogativas fundamentales del ser humano; de donde resulta que la potestad del gobernado de exigir a los gobernantes el respeto a sus prerrogativas sustanciales, no es una simple posibilidad de actuar del titular de la garantía individual cuyo cumplimiento podría eludirse, sino que dicha potestad prevalece contra la voluntad estatal expresada a través da las autoridades, las cuales deben acatar los imperativos de esa potestad a la que están sometidas obligatoriamente.
Esta potestad es un derecho subjetivo, porque implica una facultad que la Constitución otorga al sujeto activo para reclamar al sujeto pasivo determinadas exigencias, ciertas obligaciones. Finalmente, dicha potestad es un derecho subjetivo
público, merced a que se hace valer frente a un sujeto pasivo público, como son los órganos estatales y el Estado mismo.
23 demarcada por el régimen normativo a que su estructura y funcionamiento estén sometidos.
Los derechos subjetivos del gobernado pueden ser originarios o derivados. El nacimiento de los primeros surge sin la verificación de ningún acto o hecho jurídico previo, bien porque sean inherentes a la personalidad humana, o bien porque se imputen directamente por la ley a una persona o entidad.
Los derechos subjetivos derivados provienen de un acto o de un hecho jurídico previo y necesario, como ocurre con los derechos que nacen de un contrato, por ejemplo, los derechos subjetivos públicos que nacen de la relación jurídica que implica la garantía individual, son evidentemente originarios, ya que existen para el gobernado desde que nace o se forma, según sea persona física o moral, independientemente de sus condiciones o circunstancias particulares, puesto que la titularidad de los derechos que integran el objeto de las garantías individuales surge por la imputación inmediata y directa que hace la Constitución a los gobernados respecto de las situaciones jurídicas abstractas contenidas en los preceptos que las instituyen.
Además, los derechos subjetivos pueden ser relativos y absolutos: los primeros tienen un obligado particular, concreto y determinado, y se ejercitan solamente contra él; en tanto un derecho subjetivo es absoluto cuando puede hacerse valer frente a un número indeterminado de obligados. Las garantías individuales participan de este carácter absoluto, en virtud de que los derechos públicos subjetivos que de ellas nacen pueden hacerse valer contra cualquier autoridad del Estado que los viole, o sea que existe un sujeto obligado universal representado por todas las autoridades del país.
24 de vínculo jurídico establecido por la Constitución impone una obligación a las autoridades estatales en beneficio de todo gobernado. Esta obligación emana de la juridicidad de la relación en que la garantía se revela, misma que, por el propio elemento, crea el derecho subjetivo público. De aquí que sin la juridicidad que denota la previsión constitucional de la citada relación, no habría ni derecho subjetivo ni obligación, supuesto que en esta hipótesis negativa los vínculos de supra a subordinación estarían regidos por el arbitrio de los gobernantes, sin asumir ninguna obligación frente a los gobernados, quienes tampoco serían titulares de ningún derecho subjetivo público.
Así como la relación jurídica engendra para el sujeto activo un derecho, para el sujeto pasivo genera una obligación correlativa, que se traduce en el respeto que el sujeto pasivo debe observar frente a los derechos públicos subjetivos del gobernado emanados de la garantía individual. El cumplimiento de esta obligación puede llevarse a cabo por el sujeto pasivo mediante una abstención o un no hacer o a través de una conducta positiva. En el primer caso, la obligación para las autoridades estatales, es de carácter pasivo, en tanto que en la segunda hipótesis es de índole activa. Dicha obligación se funda directamente en el principio de juridicidad, que implica la ineludible subordinación de todos los actos del poder público al orden jurídico pre-establecido; por tanto, si este ordenamiento tiene carácter constitucional, como son las normas que establecen las garantías a favor de todo gobernado, tal obligación deriva puntualmente del deber que tienen todas las autoridades estatales, consistente en cumplir y hacer cumplir la Constitución; luego, ese deber incumbe a las autoridades judiciales, administrativas y al legislador ordinario, en cuanto que las leyes que expida no deben contrariar las garantías individuales.
25 derecho subjetivo público que enfrenta a los órganos estatales, sin que, a su vez esté obligado hacia el sujeto pasivo. En consecuencia, el Estado y sus autoridades no tienen ninguna facultad de imperio frente al gobernado, merced a que sólo son titulares de la obligación correlativa. Esta es la fisonomía que presenta la naturaleza jurídica de la garantía individual en un régimen individualista y liberal.
Sin embargo, no siendo ya los intereses y derechos particulares el objetivo y la base de las instituciones sociales, ni reputándose exclusivamente al Estado como el guardián de la esfera jurídica de la actividad privada, como ocurría en la Constitución de 1857 que siguió la corriente jus-naturalista, las relaciones entre el Estado y los gobernados en relación a las garantías individuales se transformaron palpablemente, pues las autoridades estatales ya no son las tuteladoras de los derechos individuales exclusivamente; éstos ya no se estiman como supra-estatales, sino como prerrogativas jurídicas que el orden jurídico instituye a favor de los gobernados para su desenvolvimiento social.
Ante esta nueva concepción de las garantías individuales el Estado ya no está constreñido a reconocer o respetar derechos intangibles, sino que procura el bienestar y felicidad de sus miembros estableciendo en la Ley Suprema una esfera de actividad para el gobernado inviolable por las autoridades y un régimen de seguridad jurídica para el mismo. Esta tendencia fue acogida por nuestra Constitución actual, que conforme a su artículo 1° los derechos fundamentales del hombre ya no se reputan pre-existentes a la actividad estatal, sino como creaciones del poder soberano del Estado plasmadas constitucionalmente, por cuyo hecho significan una autolimitación a la actividad estatal.
26 constitucional existen, a lado de las garantías individuales, obligaciones individuales públicas que el gobernado contrae en beneficio del Estado o de la sociedad, por ejemplo, el artículo 5° constitucional, que al consignar la garantía individual de la justa distribución por trabajos desempeñados, impone correlativamente al gobernado la obligación de prestar los servicios militares, de jurados, etcétera.
1.5. LA FUENTE DE LAS GARANTÍAS
La palabra fuente de manera general significa de donde emana algo, la pregunta es ¿de dónde emana la garantía individual?
Por tanto, la garantía individual encuentra su cimiento en el sistema normativo social que formalmente puede ser escrito o consuetudinario, de donde descubre que la fuente formal de las garantías individuales está constituida, entre nosotros, por la ley y la costumbre jurídica, mas como los derechos subjetivos públicos que integran parte de su contenido están instituidos en el orden fundamental, de ello colige que la Constitución es la única fuente.24
En cuanto a la costumbre, se entiende como la repetición de un acto que se considera jurídicamente necesario, la misma, fue una fuente formal desde el Derecho Romano, por ser en la monarquía la única fuente del derecho.25
Este concepto es formulado magistralmente por el Doctor Ignacio Burgoa, mediante la concurrencia de los siguientes elementos:
I. relación jurídica de supra a subordinación entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autoridades (sujetos pasivos).
24 Ibídem. p. 186.
27 II. Derecho público subjetivo que emana de dicha relación en favor del gobernado (objeto).
III. Obligación correlativa a cargo del Estado y sus autoridades, consistente en respetar el consabido derecho y en observar o cumplir las condiciones de seguridad jurídica del mismo (objeto).
IV. Previsión y regulación de la citada relación por la Ley Fundamental (fuente).
En seguida apunta:
"De estos elementos fácilmente se infiere el nexo lógico-jurídico que media entre las garantías individuales o del gobernado y los derechos del hombre como una de las especies que abarcan los derechos públicos subjetivos. Los derechos del hombre se traducen substancialmente en potestades inseparables e inherentes a su personalidad; son elementos propios y consubstanciales de su naturaleza como ser racional, independientemente de la posición jurídico-positiva en que pudiera estar colocado ante el Estado y sus autoridades; en cambio, las garantías individuales equivalen a la consagración jurídico-positiva de esos elementos, en el sentido de investirlos de obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo. Por ende, los derechos del hombre constituyen, en términos generales, el contenido parcial de las garantías individuales, considerando a éstas como meras relaciones jurídicas entre los sujetos de que hemos hablado: gobernados, por un lado y Estado y
autoridades, por el otro".26

References: artículo 123
 artículo 123
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 133

Artículo 133
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5