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Timestamp: 2019-06-17 22:43:39+00:00

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2001 rosario 6 de julio
1° Jornada, viernes 6 de julio de 2001
Daniel Mariatti
En nombre del Comité organizador quiero agradecer a los que participan en el evento, a las autoridades presentes, a los dirigentes de las distintas instituciones y a los colegas y a todos los presentes, especialmente a los que recorrieron cientos de kilómetros y a los panelistas que han aceptado estar.
Desde este comité organizador no vamos a plantear ninguna posición inicial, solamente dejamos expresada nuestra opinión central: una nueva ley de radiodifusión debe sancionarse de inmediato, contemplando los intereses de los radiodifusores y preservando los derechos de la ciudadanía.
Gustavo López, Interventor del Comfer
Es importante aprovechar este nuevo espacio de debate que contiene a personalidades muy destacadas del ámbito.
Tenemos que aprovechar a todos los sectores de la radiodifusión, para poder encontrar un punto tal que, por un lado salga la nueva Ley, sea este proyecto o cualquier otro, y por otro lado, que podamos reencauzar algunos de los problemas que viene arrastrando desde hace muchos años, el campo de la radiodifusión. Me parece central el temario propuesto y la manera en que se lo hizo.
No todas las situaciones son similares en materia de radiodifusión; ni todos los intereses y las soluciones que hay que aportar. Hay una complejidad diferente entre radio y TV y dentro de radio la complejidad también es diferente entre las pequeñas y las grandes. Y en ese sentido, tenemos que abordar la complejidad sin dejar a nadie afuera. Obviamente que el Poder Ejecutivo al que represento quiere una nueva ley de radiodifusión. Pero es responsabilidad de los legisladores sancionarla. Fue imposible hasta ahora en la Argentina tener una ley que provenga de un gobierno democrático. La actual es de 1980 y la anterior de 1972, durante dos gobiernos militares.
No quiero que sea tomado por una ofensa, pero creo que entre otras cosas no hay ley porque los grandes grupos de radiodifusores se opusieron. Creo que lo hicieron equivocadamente, porque las ventajas coyunturales que se pueden obtener a través de la presión de estos grupos frente al Poder ejecutivo para obtener un decreto, a la larga terminan perjudicando a todos. Porque cuando se habla de seguridad jurídica, no hay mejor seguridad jurídica que la que otorga una ley, dentro de un proceso democrático de toma de decisiones y debate previo. Cuando la seguridad jurídica se consigue a través de un decreto, el poder de ese grupo que lo consigue puede modificarse al día siguiente y puede venir otro grupo que consiga otro decreto a la medida de sus intereses y perjudicar al anterior. A mi humilde entender, esto no sólo no garantiza seguridad jurídica, sino que además lo que ha hecho, en materia de radiodifusión, es ir poniendo parches que hoy hace que tengamos una ley que no le sirve a nadie, que es obsoleta, que se hizo cuando la televisión era en blanco y negro y cuando las FM no existían. Además, al ser modificada por distintos decretos de necesidad y urgencia, han dejado algunas lagunas insalvables que han permitido que algunos grupos hayan comprado en el borde de la legalidad y otros en la ilegalidad, poniendo en juego algo elemental y muy preciado para la democracia que es el pluralismo y la libertad de expresión.
Esto no debe volver a ocurrir en nuestro país. Y este tiene que ser el compromiso del Poder Ejecutivo, pero también el compromiso y el interés de los radiodifusores. Hay que tener una ley que no la pueda vulnerar un decreto y que contemple a los grupos grandes, medianos y chicos.
El Poder Ejecutivo no está en contra de los grupos grandes, lo que no quiere es poner en peligro la multiplicidad y la pluralidad que hacen los monopolios. Esto no significa que no haya grupos grandes. Existen y nos parece bien que sean argentinos, que peleen por sus espacios, puedan extenderse y hasta exportar proyectos culturales a otros países. Pero también alentamos la existencia de los medianos o regionales y de los locales. Cada uno tendrá que pelear por su porción, pero con las reglas de juego que le permita el acceso de la información a todos. Esta es la intención del proyecto.
Estamos dispuestos a incorporar opiniones y críticas y a modificar las cuestiones que sean esenciales. Creo que los diputados están en esta tarea, ardua pero imprescindible. Nos parece fundamental instar a todos a bregar por una nueva ley que contemple los intereses de todos. Puedo decir que después de un año de trabajo en el proyecto, el 80% está consensuada. El otro veinte es imposible de consensuar por cualquiera, porque los intereses son absolutamente antagónicos y contrapuestos y en ese porcentaje está la opinión del Ejecutivo respecto del tema. Un ejemplo: los que hacen cine quieren cuota de pantalla y las televisoras no. Los cableros no quieren que entren las cooperativas y éstas sí. Esto es imposible de conciliar, en el congreso o en cualquier otro lugar. La ley, mal o bien, refleja la opinión del Ejecutivo en esos puntos: cooperativas sí, empresas de servicios públicos no. Cuota del cine sí, límite a la cantidad de licencias por área de cobertura, mayor cantidad de licencias para radios con un límite de hasta 4 frecuencias siempre y cuando nunca supere el 25% de la oferta por tipo de servicio. Nosotros decimos gravámenes sí, la actividad industrial dice no. Pueden estar de acuerdo o no, pero esa es la posición del Ejecutivo. El resto está consensuada. La ley que se sancione va a reflejar la opinión política del país en un momento determinado. No es malo y debe ser así.
Necesitamos una nueva ley para volver a reponer la obligatoriedad de la autorización previa para transferir licencias. Porque cuando se quitó en 1999, permitió la compra sin autorización de aquellas transacciones que ahora están en manos de la justicia sospechadas de haber cometido algún delito.
Queremos reponer la obligatoriedad de tener dos años desde el comienzo de las transmisiones para poder transferir licencias. Porque entendemos que cuando se sacó el plazo se fomentó el negocio de compra-venta de licencias y perjudicó a aquel que busca una licencia para poner una radio. Queremos dar licencias para poner más radios que den más trabajo, que aquel que quiera invertir tenga la posibilidad de hacerlo. Cuando la quiera vender, primero la va a tener que poner en funcionamiento, transmitir dos años y recién después sí desprenderse. Esas cosas que hoy no están en la ley se tornan peligrosas y no las podemos legislar por resolución interna.
Queremos la participación de capital extranjero, que la ley lo prohíbe. Queremos que ese capital sólo sea considerado nacional cuando haya convenio de reciprocidad, es decir cuando un argentino también pueda ser radiodifusor en el país donde ese radiodifusor extranjero es considerado como argentino.
Todo esto no está escrito en la ley actual y es fundamental la cotización en bolsa de las empresas. ¿Vamos a sacarle la licencia a una empresa que cotiza porque la ley lo prohíbe? Es absurdo tener una normativa que impida esto.
Entonces, cambiemos la ley. Los canales se quejan porque el poder del Estado se puede convertir ya no en discrecional sino en arbitrario porque la ley actual lo permite.
En nuestro proyecto, sólo restringimos el horario de protección al menor y sacamos todo aquello que la ley vigente tiene y que puede estar sospechado de manejo político sobre los medios de radiodifusión. Queremos garantizar la libertad de expresión en todos los sentidos y que nadie le diga a un canal o a una radio lo que tiene que hacer. Tengamos una ley que lo garantice. Fue más sencillo modificar la constitución que cambiar la ley. Me parece que la seguridad jurídica, el desarrollo de las inversiones, la posibilidad de acceso de los sectores no comerciales lo tenemos que sacar en una ley con debate previo.
La situación actual es caótica, porque me toca actuar del lado del mostrador donde hay más radios fuera de la ley que dentro. Es conflictiva, compleja y lamento no haber llegado 20 años antes para haber ayudado a ordenar una planificación y desarrollo de la radiodifusión.
Hoy uno se tiene que hacer cargo de una situación que nos supera en posibilidades, pero que nos ha llevado a reflexionar acerca de cómo van a ser los pasos para normalizar radios y de esta manera hemos podido hacer un cronograma. Lo primero fue analizar todas las adjudicaciones hechas por el gobierno anterior (terminó en septiembre de 2000 y se anularon 275 concursos por adjudicaciones y se confirmaron 157). Para los concursos, las anulaciones fueron por deficiencias del mismo concurso, para las adjudicaciones directas, las anulaciones tienen que ver con lo que se llama zonas conflictivas (cuando la demanda de radios supera la oferta), donde entendemos que sí o sí tiene que ser por concurso.
La segunda etapa ya empezó y la vamos a culminar el 31 de diciembre de este año. Que es entregar todas las radios que estén en condiciones en todas las zonas no conflictivas luego de haberse presentado al plan de 1999.
Hemos entregado todo Tierra del Fuego, todo Santa Cruz, Santiago del Estero, el interior de San Juan y el interior de Mendoza. Y en lo que resta del año, será todo el país.
La tercera etapa del plan de normalización es darle la última oportunidad a las radios chicas para que se presenten en las zonas de demanda. En cada zona que se normaliza se llama a un censo de interesados para que se anoten y después se les diga, antes de comprar el pliego, si es por demanda o por concurso. Paralelamente, para el primer trimestre del año que viene hacer los concursos de las 17 zonas conflictivas.
Una vez normalizado todo esto va a quedar una X cantidad de radios que desconocemos, pero son las que no entren en el espectro y no hayan ganado el concurso, que van a tener que silenciarse. No es una limitación a la libertad de expresión, sino es ajustarse al estado de derecho.
Los que no entren tendrán que esperar anualmente a que se abra el registro para poder ingresar. Entendemos que es en beneficio de la población para garantizar la legalidad, la pluralidad informativa y en beneficio de los radiodifusores. Porque les puedo asegurar que cuando voy a cada rincón del país para entregar una licencia por los próximos 12 años, me encuentro con gente que a lo mejor hace trece que tiene PPP y está esperando. Lo único que yo le digo es: “le estamos entregando un elemento legal y de responsabilidad”. No le deben nada al Gobierno, pero ejerzan esa responsabilidad de formar e informar a la población como lo determina la ley.
La radiodifusión no sólo tiene futuro sino que es imprescindible. Es el medio por excelencia de comunicación que nos une colectiva o individualmente. Es imposible seguir pensando en el desarrollo de la actividad, ya sea de manera comercial o no, si no hay un marco jurídico adecuado que nos contenga a todos como ciudadanos y los contenga como radiodifusores. Es fundamental el debate y la toma de decisiones.
Edmundo Rébora, secretario de ARPA
En primer lugar se debe tener en cuenta el mapa real de la radiodifusión. En segundo lugar una definición de técnica legislativa adecuada y la tercer pata es la política que debe fijar el Estado Nacional en orden al interés común y no necesariamente del interés de los sectores.
El proyecto de ley es esquivo en cuanto exista la regulación necesaria que debe tener el actual esquema de la radiodifusión en la Argentina. En comparación con países limítrofes, las características más salientes en nuestro país son dos: el desarrollo del cable o de la TV paga y el desarrollo de la radiodifusión ilegal.
En cuanto al primero, casi la mitad de los hogares de la Argentina está abonada, y acceden a la televisión abierta a través del cable.
El 95% del espectro está ocupado. Tomando las grandes zonas poblacionales del país y sus áreas de cobertura, está ocupado en algunas zonas ilegítimamente, en otras con emisoras con PPP y en otros por radiodifusores golondrina o nómades, que van y vienen conforme a circunstancias que son más propias de la zona o del localismo que a cualquier política que pueda esgrimir la autoridad de turno.
Un día hablando con un gremialista del sector le pregunté cuantas empresas tienen empleados en relación de dependencia. Me dijo que eran 200. Eso significa que si sumamos las radios oficiales a las que tienen licencias, sólo una veintena de radiodifusores deben tener personal en relación de dependencia.
El resultado medido en términos económicos de la explotación de la radiodifusión ilegal a sido contraproducente para el sistema. Porque ni siquiera ha generado empleo. Entendemos que hay un fuerte sesgo cuentapropista en la mayor parte de las estaciones, lo que genera una deformación enorme en la posibilidad de explotar racionalmente el recurso. Además de la saturación del espectro que de por sí genera conflictos entre propios y extraños (más entre las estaciones irregulares), el escaso crecimiento empresario que el mercado no ha permitido.
En Capital y GBA las estaciones detectadas de potencia en 55 kilómetros a la redonda alcanzan las 1500, lo que significa 12 o 13 estaciones por frecuencia (tienen el 40% de la audiencia total de las FM). Además de generar marginalidad, impide un desarrollo definitivo del sistema.
¿Qué ha hecho este proyecto de ley con este problema? Lo ha reducido a algo muy necesario como la incriminación penal. Es imprescindible que la nueva legislación tenga un marco normativo de transición que permita llevar a que la mayor parte de estas estaciones puedan transformarse en radios legales con estructuras empresarias adecuadas y que generen empleos e inversiones como es debido en un sector que está en expansión y que utiliza un recurso finito.
No hay norma alguna que regule esta transición. Si nos sometiéramos al decreto 310/98 que hoy por hoy es lo que tenemos vigente en materia de normalización de FM, coincido con López de que es absolutamente insuficiente esa regulación para transformar las miles de radios en empresas, en emprendimientos comerciales que paguen impuestos y provoquen inversiones.
Al no existir la normativa de transición, lo que podría llegar a constituir un cambio adecuado que respete derechos de los interesados.
Es criticable que el actual proyecto de ley no establezca una normativa. Y si no lo establece es porque la dificultad para hacerlo es extrema. Y si no tenemos una solución al problema de la marginalidad o a la saturación del espectro o al libre acceso a los medios por parte de quienes los han detentado hasta el momento, no hay solución posible.
La fotografía con la cual se ha desarrollado la técnica legislativa de este proyecto se asemeja más al mapa del año 80, cuando había 100 estaciones y otro tanto de canales, que al actual mapa.
La solución para la transición a la legalidad es un tema que ARPA siempre apoyó. Nos hemos opuesto a la asignación a demanda. Hemos obtenido siempre la necesidad de los concursos públicos. Sabíamos que en las zonas conflictivas iba a pasar lo que finalmente ocurrió y se lo hicimos saber al entonces interventor cuando en 1998 sacó la normativa que actualmente rige.
Sabemos que el proceso de adjudicación de licencias es un tema insoluble en 4 o 5 grandes ciudades del país. Por eso hay que prever mecanismos eficaces que permitan la liberación del espectro. Hay radiodifusores con adjudicación de licencias que tienen serias dificultades para instalar, con concursos ganados y sin observaciones. Se encuentran con dos o tres estaciones en el canal adjudicado y otras tantas en las frecuencias adyacentes.
Se nos dice: Son los propios interesados los que van a colaborar en la tarea de regularizar el espectro. Este no es el marco adecuado. Hay que crear un sistema transitorio, con normas claras y luego de un estudio profundo que haga el Comfer en relación con los organismos técnicos de aplicación de cada uno de los distritos.
Como ARPA lo hemos hecho en unas pocas ciudades. Pero cuando se habla de 6000 estaciones es una mera estimación. En el GBA el tema está absolutamente fuera de control, hay problemas de salubridad además de falta de seguridad aérea.
¿Cómo vamos a sancionar un proyecto de ley que no resuelve semejante problema?
El mejor marco legislativo para el momento que estamos viviendo es precisamente una ley marco que con pocos artículos le de facultades al órgano de aplicación y establecer un marco de control jurisdiccional de los actos del órgano y de las responsabilidades que pueden tener los radiodifusores en materia de contenidos.
Una norma procesal ágil, con libre acceso a cualquier ciudadano, sin necesidad de patrocinio letrado, le permita a cualquiera presentar un recurso, una queja o una denuncia por cualquier acto excesivo en los límites de contenidos. Los controles administrativos han sido ineficientes. ¿Quién puede controlar con el mapa planteado?
¿Qué hacer con el sistema de radiodifusión en términos del crecimiento del negocio.? Pretendemos que los gravámenes vigentes que se repiten en este proyecto, van a acentuar la debilidad de la radio y la TV abierta. Los radiodifusores saben muy bien el padecimiento que tienen para seguir manteniendo el negocio en un mercado tan competitivo y globalizado como es este.
El Estado debe apuntar al sostenimiento de los negocios de riesgo. Aún cuando consideramos abusivos a los gravámenes, es evidente que estos deben tener diferente magnitud según sea el elemento comunicacional que le interese al Estado promover. Y está claro que la radio y la TV abierta siguen siendo los únicos caminos de la comunicación local y nacional.
En materia de normas de procedimiento, creo que el control de contenidos a través de la actuación administrativa ha traído aparejados resultados que tienen relación con la buena o mala administración que han tenido los órganos de aplicación.
Tengo la obligación de decir que en esta materia, nunca nuestra actividad ha estado sometida a un control tan
En cuanto a la participación del Estado en el Sistema Nacional de Medios Públicos, entendemos que debe haber subsidios. Porque los particulares pagan. La radiodifusión pública debe cumplir los aspectos de comunicación que la privada no cumple: el acceso a las minorías y a las organizaciones no gubernamentales de bien público, prestar servicios en zonas de sombra donde hay servicios privados no eficientes.
El SNMP debe estar adecuado al mapa de la realidad. No creemos que deban emitir publicidad comercial. Debe estar al servicio de la gente. La inserción de sociedades no comerciales como medios de radiodifusión genera el problema, a partir de la fuerte presión tributaria que el propio proyecto de ley establece, de la competencia desleal. Si no pagan impuesto a las ganancias o como las cooperativas, que tienen obligaciones legales muy diferentes, compiten emitiendo publicidad comercial con una radio privada, se altera el equilibrio del mercado. En materia de radiodifusión oficial, el Estado debe cumplir un rol que no es el ha cumplido hasta el momento.
Otra observación es respecto a la creación de un exagerado número de organismos destinados a controlar o defender disposiciones de usuarios o posiciones de distintas organizaciones.
Arturo Etchevehere, vicepresidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados
Es importante que el debate también se dé en estos ámbitos, no solamente en el legislativo. La democracia tiene una deuda con la radiodifusión argentina. Las presiones encontradas de los diferentes sectores involucrados impidieron que se pudiera concretar la sanción de una norma. Esta vez el gobierno manifestó públicamente su decisión política y los legisladores hemos acordado la urgencia de trabajar al respecto.
La ley que nos proponemos hacer seguramente demandará mucho esfuerzo para satisfacer las aspiraciones de todos los sectores. Trabajaremos para que conforme al menos la mayor cantidad de expectativas posibles del mayor número de ellos.
Creemos que el Estado debe intervenir en el marco más amplio de la comunicación social del país. Entre los conceptos de persona, comunidad y comunicación hay relaciones indisolubles ya que sin comunicación no hay comunidad.
Definir los roles, derechos y deberes frente a la comunicación conlleva a un modelo de sociedad, estructura de relación social y los modos de participación y acción de los ciudadanos.
Sabemos que la información equivale a la posesión del poder. La regulación de los medios tiene el efecto de distribuir ese poder.
El desafío pasa por que cada uno deje de lado los intereses meramente sectoriales, porque no existe otra manera de sancionar una ley de radiodifusión.
En primer lugar se ha planteado el porqué no de otra ley más abarcativa que contemple el conjunto de las telecomunicaciones. Nuestra intención es lograr a la brevedad una nueva ley democrática, pluralista y federal aún cuando aceptemos que es sólo una parte de las telecomunicaciones y que la futura convergencia tecnológica hará imperiosa una ley de telecomunicaciones moderna que incluya a la radiodifusión.
El espectro es un bien público del Estado y le compete a éste la administración del mismo. Será necesario modificar uno de los aspectos más conflictivos que contiene la ley, que es el de los sujetos autorizados a prestar servicios de radiodifusión. Hoy, sólo pueden hacerlo las personas físicas o las sociedades comerciales. Se deja fuera a personas jurídicas tales como cooperativas, asociaciones sin fines de lucro o instituciones religiosas. Es preciso que todos los sectores se incorporan.
Se de algunos sectores que expresaron su firme oposición y fuerte resistencia a que las cooperativas se integren, pero consideramos que la misma se puede saldar exigiendo la constitución de sociedades de objeto único a fin de evitar el aprovechamiento de subsidios cruzados, uno de los argumentos por el cual se impidió a las cooperativas por muchos años ser radiodifusores.
Debemos que estas posibilidades no queden como una mera expresión de deseo y dar los pasos necesarios para su estricta concreción. Hemos pensado incorporar para las licencias de radios y TV abierta de baja potencia, procedimientos de concurso público, abierto, permanente y de trámite abreviado. Así se permitirá a los más pequeños, que hacen un trabajo social muy importante para la comunidad, obtener su licencia de manera rápida y a bajo costo.
Esperemos que la autoridad de aplicación firme convenios con los gobiernos provinciales de forma tal de agilizar los trámites y hacer realidad el espíritu federalista que concibe el conjunto de los legisladores.
Creemos es importante limitar que personas físicas o jurídicas extranjeras sean titulares de licencias. Según el criterio manifestado por el Poder Ejecutivo Nacional, las sociedades que exploten servicios básicos podrán incorporar hasta un 40 por ciento de capital extranjero, incluyendo la autorización de cotizar hasta un 15% de las acciones en el mercado de valores.
Las sociedades que exploten servicios complementarios podrán incorporar hasta un 49 por ciento de capital extranjero incluyendo la autorización de cotizar hasta un 30% en el mercado.
Los órganos de conducción de las empresas licenciatarias, deben estar en manos de ciudadanos argentinos como mínimo en el porcentaje equivalente al capital nacional, con excepción de los países con los que existan convenios de reciprocidad, las licenciatarias no podrán ser controladas por empresas extranjeras no realizar pactos que permitan una posición dominante del capital extranjero.
Hay que debatir los conceptos de producción nacional y propia. Estamos abiertos a discutir esta posición en una coyuntura social y económica adversa para los sectores del trabajo, para que ayude a mejorar la posición general de los trabajadores de la radiodifusión. hay que analizar las diferencias entre el interior y el centro.
Hay que dar respuesta al reclamo de los cineastas estableciendo una cuota de pantalla al cine nacional. Y establecer qué tipo de eventos son considerados de interés social y no sujetos a venta, a fin de salvar situaciones conflictivas como los derechos televisivos para con la selección nacional de fútbol.
La discusión sobre la autoridad de aplicación de la ley es también una cuestión de fondo, ya que se impone la necesidad de regularizar la situación del Comfer.
Resulta inadmisible que, habiendo transcurrido 17 años de la recuperación de la democracia, su directorio siga estando conducido por el Comandante en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea lo que ha obligado a recurrir a la permanente intervención del organismo.
El proyecto del Ejecutivo reemplaza al Comfer por la Comisión Nacional de Radio y Televisión, que será organismo autárquico.
Nos parece oportuno la creación del Consejo Federal de Radio y Televisión, que reunirá periódicamente a los representantes de las provincias y de la ciudad autónoma.
No podemos menos que coincidir con la creación de la Defensoría de los
Usuarios de radio y televisión que dependerá del directorio del Conarte. Por último, me parece importante resaltar la necesidad de que a través de la Ley se dote de contenidos al Sistema Nacional de Medios Públicos para que no se transforme en una simple medida administrativa sino que genere una nueva política comunicacional del Estado ajena a los avatares políticos del gobierno de turno y que contemple el control parlamentario de su funcionamiento.
-¿Cómo lograr una competencia leal entre una cooperativa con un radiodifusor?
Desde luego hay que tener en cuenta que no sea concesionaria de un servicio público que le ofrezca tener una ventaja.
Los que somos del interior sabemos cómo actúan las cooperativas: no pagan impuesto a las ganancias y compiten como acopiadores de granos y comercializadores de hacienda con las empresas privadas.
-Pregunta para el representante de ARPA: Defíname radios legales e ilegales
Porque hay emisoras que están perfectamente legalizadas por la ley de reforma del Estado de 1989, en su artículo 65, y se inscribieron al decreto 1357 del Poder Ejecutivo. Esta situación fue legalizada por la resolución 341 del año 1993.
Los ilegales son los que salieron después del 17 de agosto de 1989. Quisiera saber qué deuda tiene los radiodifusores afiliados a su institución, por ejemplo, a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores y entonces sabremos quienes son los que eluden.
Respuesta: Coincido con usted en que diferenciar entre legales e irregulares. Una de las críticas más fuertes que yo hago es la necesidad de que haya una norma de transición que establezca si nos retrotraemos a la ley de reforma del Estado o si dejamos vigente el decreto 310/98 que a los fines de la normalización de las FM no establece la diferenciación que usted señala.
Pregunta: Me permito decir que la autoridad de aplicación que es por la ley del proceso, les guste o no les guste la vigente, dice claramente que el poder de policía lo debe ejercitar el COMFER y el caos de lo que ha ocurrido en la banda de FM se debe a la ineptitud para desarrollar el derecho que le corresponde por ley. El culpable de todo este proceso caótico es el Comfer, que nunca ha sido integrado. El caso de los PPP fue un robo, porque salieron después de acuerdo al 341 y fueron vendidos al mejor postor. Y sin embargo no se ejercitó una labor como se debiera haberlo hecho este organismo del Estado para descubrir cual era la responsabilidad de los que tuvieron a su cargo la intervención del Comfer.
La otra que le voy a decir a Etchevehere es la siguiente: el decreto de necesidad y urgencia de la administración Menem estableció como medida porque era de necesidad y urgencia. ¿Dónde estaba ésta?
Sin embargo, el Estado Nacional sigue manteniendo esa tesitura. En la nueva ley está planificado para sacar redes permanentes de hasta 24 emisoras de radiodifusión y 12 de televisión.
Estamos defendiendo el federalismo. En la ciudad de Santa Fe, a la que pertenezco, existe una radio ilegal que pasó por una venta del paquete accionario. Sabemos que las corporaciones internacionales han metido mano en los medios argentinos y eso lo compruebo con ese ejemplo. FM Satel, propiedad de un señor que manejaba el cable, integró el paquete de una radio que ahora retransmite la señal de radio Mitre de Buenos Aires. Ilegalmente, porque no se pueden transmitir señales de AM por FM.
Soy un enamorado de la radiodifusión. Tengo 55 años de tarea en esto que es mi vida. Sin embargo he sido avasallado y estoy haciéndoles ver que nosotros no somos ilegales y que pretendemos que en un momento dado se nos dé adjudicación directa por el derecho adquirido sobre las licencias que durante 12 años y medio hemos mantenido.
Me causa risa que dan 180 segundos cedidos a las municipalidades o comunas para transmitir algunos comunicados. Nosotros nos expresamos como locos con nuestra comunidad. Son 1800 segundos por mes. Es ridículo e irrisorio.
Otro persona:
El decreto 310 dice bien claro en su artículo 3º, absoluto respeto por los licenciatarios (las radios que en este caso representa el Señor Rébora) y los autorizados no sé quienes somos. Los autorizados somos los del decreto 1357, incluidas las radios otorgadas por decreto a la Iglesia. Decretos que se fundamentaron en el artículo 65 de la ley 23.696. Si ellos, las radios de la Iglesia, están siendo reconocidos, aún más tenemos que estar nosotros. Estamos absolutamente discriminados por el Comfer, que no nos quiere reconocer y entregar las licencias definitivas.
El Comfer debería suspender definitivamente o derogar el decreto 310/98 y sus resoluciones. Es fundamental poner fin a este cuestionado decreto para el tratamiento de una nueva ley de radiodifusión. Los daños que ese decreto está causando son irreparables e impagables los juicios a los que serán sometido el área conflictiva, al margen de los que ya el Comfer tiene.
Fundamentos de la recomendación de la suspensión del 310/98
El decreto viola los artículos 14, 16, 17, 18, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 75. Consideramos que acá hubo un negociado cuando se realizó este decreto, porque el presidente Menem firmó el decreto 1144/96 mediante la resolución 142, donde se entregaban las licencias a las emisoras autorizadas en el registro 1357. O sea que el actual decreto otorgaba las licencias en forma directa. También por el año 96 se arrepintió públicamente en TV de haber reformado el artículo 45 de la 22.285 por el poder que les había dado a los monopolios.
Ahora ustedes creen que por verdadera convicción, un presidente dos años posteriores, cuando la ley le negó el derecho de poder ser reelecto nuevamente para el 2003, haya cambiado esto y entonces haya modificado o sacado el 310 que hace todo lo contrario a lo que hacía el 1144 y como broche de oro, saca el decreto 1005 modificando a la ley 22.285 pudiendo otorgar hasta 24 medios de comunicación cuando la ley preveía solamente 4. O sea que le dio una super mano al monopolio. ¿No puede haber habido aquí un negociado para destruir la figura política del ex candidato Duhalde?
Rébora sobre cooperativas
Nuestra posición como ARPA es clara. Siendo la radio y la TV sus emisiones gratuitas y siendo las empresas de radio y TV sus únicos ingresos, los provenientes de ventas de publicidad, no existe posibilidad alguna de competir entre una sociedad comercial o una persona física comercial con otros organismos, asociaciones o entidades que no tienen como único ingreso los provenientes de la explotación comercial de las emisoras.
Hay que diferenciar el sistema comercial de radiodifusión y el sistema público, que no necesariamente está circunscripto a los sistemas oficiales, sino a todas aquellas organizaciones no gubernamentales de bien público que quieran acceder a un medio.
En cuyo caso no les debe estar permitida la posibilidad de emitir publicidad comercial. Una cosa es la emisión de publicidad y otra la detentación de licencias. Nosotros nos oponemos a que las cooperativas, las Ong o las asociaciones civiles sin fines de lucro puedan ejercer la radiodifusión comercial.
Maimoni De Roquero, secretario de la CARCO (Cámara de prestadores cooperativos, comunitarios de radiodifusión)
Se está opinando cuando en realidad los que deberíamos opinar somos nosotros. Desgraciadamente se ha tocado este tema colateralemente. Acá se ha hablado de que las cooperativas estamos exentas de determinados impuestos. Y el único del que estamos exentos es el de las ganancias. Nosotros tenemos que pagar el 2% de una tasa que se usa para el mantenimiento del INAE que equivale muchas veces a un aporte muy superior a lo que pagan de ganancias muchas empresas. Por eso, si se quiere hablar, hay que conocer cómo son las cosas.
Otra persona: Se hablaba de comercialización y creo que es lo fundamental en la radiodifusión, pero lo importante es saber si se ha tratado la comercialización perversa que está existiendo en este momento en
Rébora:
El problema es que no hay norma que determine si el decreto 310/98 está vigente, si se ha modificado la ley de reforma del Estado y no hay norma alguna que reglamente los sistemas de comercialización de las redes de distribución por cable. Son dos falencias que dada la magnitud del problema hacen inviable el proyecto de ley.
Julio Raffo, Dirección de Normativa y Contenciosos del Comfer
No me solidarizo con ninguno de los errores que cometieron las anteriores administraciones del Comfer. Lo más importante para mí es la satisfacción de ver este tipo de debates. Es importante que se junte la gente a decir lo que piensa, a dar opiniones apasionadas. Vimos mucha prepotencia en otras épocas, donde decían que el silencio era salud.
Me llama la atención que distintos sectores esenciales a la vida de la radiodifusión nacional sienten que hay una norma ilegal que me perturba, no la puedo cumplir. Pero al mismo tiempo dicen que otro no está cumpliendo con la norma y hay que castigarlo. El que denuncia el incumplimiento de la ley también sube el dedo para decir que no puede pagar multas irrisorias. La ley tiene que contribuir a mejorar y ordenar la realidad para que los que deban pagar las paguen y para que no sean extorsivas. Una ley que no le de un peso tan importante al patrimonio. Entendemos que la capacidad patrimonial es equivalente a la cuestión técnica. Si una persona quiere poner una radio y tiene que invertir 50 mil pesos. Por qué, por tener 50001 pesos es menor que el que detenta 1 millón? No es mejor radiodifusor este último.
Ilegalidad: Cuando sacaron el concepto de servicio público a la radiodifusión, comenzó el viva la pepa. Obstaculizar las comunicaciones ya no se penaba a través del código penal.
En el anteproyecto que se conoció en septiembre, habíamos puesto servicio público, pero la clase empresarial dijo NO, porque no son tiempos de intervención del Estado. Y los sindicatos también dijeron que NO porque servicio público les obstaculizaba el derecho de huelga. Qué curiosidad es esta unanimidad entre empresa y sindicato (COTSIMECOS).
Retomando una idea de Vélez Sársfield de 1879, pusimos: El espacio radioeléctrico, dentro de la jurisdicción nacional, es un bien público del Estado. Yo no conozco ninguna empresa de transporte que se haya quejado porque los caminos y las rutas son un bien público del Estado y entorpezca su labor.
Las leyes de muchos países nos dan la razón de lo que consideramos porque dicen lo mismo. La normativa que está no sirve.
Cooperativas: Es injusto ignorar que hay cooperativas de consumo, de trabajo y de servicios. Es una injusticia reducir todas las clases de cooperativas a una. No se las discrimina en la ley. Sí se restringe a algunos titulares de privilegios y cierto monopolio. Es erróneo plantear la discusión cooperativismo sí o no, porque todos sabemos los variados modelos que existen y sólo se limita a algunos.
No puedo entender que digan que la ley es reglamentarista. Como si la virtud se midiera por tener muchos o pocos artículos. La ley norteamericana regula hasta cuánto debe cobrar un funcionario si se queda a trabajar después de las 5. Y nunca escuché decir que fuera reglamentarista. Nada es bueno o malo por la cantidad sino por la calidad de los artículos.
Las provincias deben hacer saber sus necesidades, sus opiniones. Van a estar defendidas por sus respectivos legisladores.
Lado B: no sé quién empieza. Supongo que Anzoategui.
Evidentemente el proyecto de Ley de Radiodifusión tiene sus adherentes, yo voy a hacer un análisis exclusivamente jurídico del tema, sin incursionar en los aspectos políticos que podría tener.
Creo que para la sanción de una ley se requiere un ambiente de tranquilidad política, social y económica, que el país no tiene. Pero, sin perjuicio de esta reflexión, hay que analizar el tema de la clandestinidad, legalidad, legitimidad de los operadores de medio.
Cuando el decreto 1151/84 suspende todos los concursos, causó un daño a toda la sociedad de radiodifusión porque se mantenía a los que estaban sin reconocer los derechos a los que estaban por venir.
Es difícil mantener la objetividad para analizar el proyecto, pero más difícil es saber reconocer las virtudes que el mismo tiene.
Las virtudes pueden estar dadas en aspectos esenciales de la radiodifusión, como lo es el de la mayor flexibilización entre los que aspiran a tener una licencia. No sólo se exige ser titular de las sociedades comerciales sino también a la amplia gama de sociedades y otro tipo de entidades.
El anteproyecto omite un acceso importante que es el del particular.
Yo creo que la dificultad mayor que puede tener la sanción de la Ley de Radiodifusión es la incompatibilidad que se da en la norma jurídica legislativa y el hecho técnico de la radiodifusión.
Recordamos que las leyes tienen efecto en el futuro, pero a su vez la ley tiene como características la permeabilidad, la permanencia y la regulación de determinada actividad. ¿Qué vamos a regular? Vamos a regular un hecho técnico que esencialmente busca desprenderse, salir de una regulación.
Fijémonos que ocurre con las normas vinculadas a las reglamentaciones técnicas. Éstas, a diferencia de la ley, tienen la particularidad de que cambian, la posibilidad de modificarse y adaptarse a las circunstancias.
Único lado. Cassette 4
Empieza hablando alguien sin presentación (Baltuzzi):
Cuando los grupos concentrados ganen más espacio del que ya tienen, las producciones locales van a perder protagonismo, y por lo tanto perderán fuentes de trabajo.
Defendemos las fuentes de trabajo y las pequeñas y medianas empresas que invirtieron aquí, establecieron sus medios y los queremos proteger.
Yo no digo que la ley necesariamente nos lleve a esto pero, sería muy mala noticia si de esta normativa surgiera o se permitiera dos o tres cadenas hegemónicas y con los medios del interior convertidos en una suerte de reducción de indios para muestra pero sin protagonismo.
Esta es una preocupación, un sentir que por otro lado lo vemos como generalizado. Esperamos que esto, que es un resguardo del federalismo en una materia que hoy es decisivo, porque sin ninguna duda de lo mediático parte en gran medida el poder, no resigne más espacios del federalismo.
Al Dr. Raffo. En Venado Tuerto, donde yo estoy, hay cuatro radios con PPP, ocho que se presentaron a concurso y en este momento, aparte de la vieja emisora de ARPA, hay 22 radios y ninguna cumple con las normas vigentes. ¿Quién es el encargado de hacerlas cumplir?
El tema de la normalización de las FM no tiene que esperar a la ley, es un tema independiente. Es una obligación que no espera a fin de año, es de urgencia.
Al principio de la gestión, me tocó participar en el estudio y diseño de las medidas jurídicas, normas a dictar para generar esta normalización.
Se hizo un estudio y se fijó un criterio que era, como yo decía, que en aquellas áreas que hay más novios que novias, inmediatamente legalizar estos casamientos y cada uno se lleva a su novia.
Es lo que está haciendo el Comfer con urgencia. Hemos empezado por las áreas menos conflictivas, porque los recursos materiales que teníamos no alcanzaban.
Pero, como dijo el Dr. López, se ha normalizado todo Tierra del Fuego, el interior de San Juan y además anunció que a fin de año se espera tener normalizado todo el espectro en áreas no conflictivas.
Donde hay más novios que novias, no nos queda más remedio que el mecanismo, que falla, imperfecto, que es el concurso.
Un concurso de verdad, en donde los que van a ser examinados sepan quienes son los del jurado, no como el que tenía esta transformación que hicieron adjudicación directa y no se sabía quienes evaluaban ni con qué criterios.
A mi tocó ver, cuando estudiaba los expedientes, las carpetas patrimoniales que decían que la persona tenía tantos bienes y le daban 144 puntos. Yo llamaba para preguntar por qué ese número y no 215 o 38 y me contestaban “no sé, a mí me dijeron”. Lo mismo pasaba en la parte cultural.
Se daba la situación paradójica que, algunos estudios jurídicos muy eficientes hicieron circular propuesta iguales, que fueron evaluadas por el mismo jurado y le dieron puntaje diferente.
Así eran los expedientes, me guardé fotocopias porque eran cosas increíbles.
Necesitamos una partida presupuestaria para poder contratar la gente del jurado, publicarlos y ponerlos a trabajar en la evaluaciones. No son tiempos fáciles en el país para conseguirlo.
No podemos, donde hay 20 lugares para 40 candidatos, decir éstos 20 sí y éstos no, dando una explicación confusa y sin fundamentos.
Se ha eliminado la ponderación del exceso de patrimonio, que tiene que ser como la posición técnica. ¿Tiene patrimonio para hacer lo que quiere hacer? Si tiene 50.500 pesos y su proyecto vale 50.000, le alcanza. No por eso se lo vamos a dar a uno que tenga 500 mil y su proyecto valga 50.000.
El centro de gravedad será el arraigo, el lugar, la calidad de la propuesta cultural y comunicacional, etc.
El Poder Ejecutivo dictó el decreto 310/98 y estableció una serie de condiciones. Normativamente nosotros podemos dejar sin efecto una resolución, pero no podemos, a través de una resolución, anular un decreto.
Estamos en terreno proceloso, cenagoso, confuso y complicado. Yo digo que en el Comfer todas las cosas son complicadas pero en compensación, la mayoría de ellos son urgentes.
La prioridad es normalizar dentro del 310. Yo participo de la tarea administrativa de estas legalizaciones. Cuando hay expedientes listos para entregar, siento una profunda satisfacción.
A las zonas conflictivas queremos poder ir con la frente amplia y alta a decirles a quien se le dieron las radios, por qué razones, con que jurado y bajo que criterio.
Pregunta al Dr. Anzoategui
Hace 17 años tuvimos la oportunidad de estar debatiendo estos mismos temas, en Villa María, Córdoba.
Felicito la ponencia del Dr. respecto a conceptualizar lo que es la señal de radiodifusión y la de telecomunicaciones. Pero, me asombro de estar 17 años después tratando de encontrarle la razón de ser a lo que es la radiodifusión, sobre todo porque sigue siendo un tema postergado en el país.
Aplaudo también la posición del Dr. López y el Dr. Raffo en decir que esta es la hora de los ciudadanos. Y es en esa condición que me permito reflexionar sobre algunos de los puntos de la ley y sobre todo aquellos que tienen que ver con la terminología.
Creo que aquí es donde reside el gran problema, porque escuchamos decir a los ingenieros que telecomunicaciones, señales y codificación es una cosa, los juristas lo interpretan de otra manera y los empresarios de otra.
Esto nos lleva a un tema muy agudo que es la definición de la radiodifusión como servicio público. De ahí emana todo el problema de la legislación.
Si radiodifusión es un servicio público, ninguna duda cabe que los mecanismos que tiene el Estado Nacional son los de la concesión de una licencia a través de un concurso público o de la subasta.
Lo que también tenemos que admitir es que la televisión por cable no es radiodifusión. Sin embargo, en este proyecto confunden y empiezan a utilizar la terminología de señales de comunicación, incluyen aspectos que tienen que ver con el satélite y se olvidan de la tecnología digital. Están legislando para una tecnología analógica que en el 2010 se apaga y no puede dejar de estar contemplado en la legislación.
Hay dos ejes además que quiero reflejar: el de la delegación de competencias derivadas. Es verdad que por tratados internacionales la Nación debe ser la adjudicataria de esas concesiones o concursos. Pero también es cierto que en materia de FM hay un párrafo en el que se están derivando esas competencias a las provincias. No es casualidad porque son justamente las regiones quienes en mejores condiciones están las que pueden juzgar acerca de las concesiones.
Es un tema que se debería revisar porque permitiría a la provincia generar fuentes de trabajo dentro de este esquema.
Y por último, me asusté cuando el presidente de la Comisión de Comunicaciones dijo que iban a sacar la ley como un parche frente a otro tema muy agudo que es la convergencia tecnológica.
Existe en estos momentos la inserción de la computación que es la transmisión de datos junto a la transmisión de imagen y de voz, más la telefonía que no están contempladas en este proyecto.
Veo que después de 17 años seguimos pensando bien y creo que es el momento de que las provincias que tengan algo que decir respecto a la jurisdicción provincial, tendrían que formularlo.
Ellas pueden establecer su participación no sólo en un consejo creado por el proyecto, sino una activa participación en la emisión, en el contralor.
Dr. Raffo:
Quería cerrar, tomando la sugerencia del Dr Anzoategui, diciendo que las provincias pueden y deben participar y hacer saber su expresión.
Pero, yo tengo el profundo convencimiento de que la representación natural de las provincias en el lugar donde se tiene que tomar la decisión final, que son sus diputados nacionales y sus senadores, van a ser valer lo que entiendan de la defensa de su provincia y federalismo.
Respecto a las definiciones, fue una decisión técnica-legislativa. Pensamos que incluir definiciones requería un trabajo técnico, muy preciso y muy completo, porque si está incompleto, es peor el remedio que la enfermedad.
En aquel momento en el que pensamos que era imprescindible la definición, la pusimos, como cuando dijimos producción nacional o producción propia.
Pregunta al Dr.Raffo:
El concurso que se prevé para el año que viene, ¿es abierto o es para las mismas personas que se presentaron en el 99? Y la segunda, los productores independientes de los que usted habla son los que dan contenidos a muchas de las radios de los que estamos aquí y la ley anterior pohibía la venta de los espacios ¿tiene previsto algo respecto a ese tema?
Contestando la primer pregunta le digo que la idea es cuando más radiodifusores, mejor. Entiendo que ellos tienen un derecho a defender su lugar, diciendo que los que no entraron fueron los que no quisieron. Del otro lado de esta alternativa están aquellos que dicen que se dieron cuenta de que era un concurso con reglas poco claras, entonces no se presentaron.
Es un tema delicado y requiere una decisión política que yo no estoy en condiciones de responder.
Cuando estábamos elevando el proyecto de ley al poder ejecutivo, en la Semana Santa pasada, pidieron de la Casa Rosada el texto, y volvió corregido por puño y letra del presidente.
Dependemos de eso y la sumisión política a veces excede al marco de la competencia exclusiva del Comfer.
Respondiendo la segunda parte de la pregunta, la prohibición de la venta de espacios es para evitar que la explotación comercial de la emisora termine siendo manejada por otro. Está previsto que solo el titular puede explotarla y ya no puede inventar formas, hemos buscado todas las combinaciones posibles: acto jurídico, contrato, alquiler, mandato, poder, la cesión de la explotación, etc.
Y por otro lado, pensamos que la producción independiente tiene que ser adentada. Pero los productores independientes se quejan del poco porcentaje que pusimos y los canales se preguntan por qué están obligados a usar producción independiente si pueden hacerla toda ellos o asociarse con una empresa.
Los dos tienen sus motivos, razones y sus intereses. Es todo legítimo, cada uno defiende su quinta y busca en la ley de qué manera puede fortalecerla.

References: resolución 
in fine
 artículo 65
 resolución 
 artículo 3
 artículo 65
 resolución 
 artículo 45
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