Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2011/mar/20110308-I.html
Timestamp: 2017-12-18 03:17:09+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XIV, núMero 3216-I, martes 8 de marzo de 2011
De los diputados José Narro Céspedes, José Francisco Javier Landero Gutiérrez, Nancy González Ulloa, Roberto Pérez de Alva Blanco, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Juan Pablo Escobar Martínez, Alberto Emiliano Cinta Martínez y Óscar Martín Arce Paniagua
De la Procuraduría General de la República, con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente
Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo al alza de los productos de la canasta básica
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones III del artículo 112, y II y VIII del 115, así como el artículo 307; y adiciona la IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción d) del artículo 72 constitucional
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mirella Elizabeth Serrano Cortés, Emma Ángela Mendoza Ramos, Concepción Cuéllar Villegas, Nuria Alejandra Hernández Ojeda, Norma del Socorro González Curi, Raúl Madrigal Martínez, Luz Esther González Rivera y José Víctor Moreno Ramírez puedan prestar servicios en la Embajada de Líbano en México y en los Consulados de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Tijuana, Baja California; e informa que el ciudadano Luis Merlos Jaimes deja de prestar servicios en el Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán
De la Secretaría de Gobernación, por la que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Fructuoso Castañón Castañón pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en Los Mochis, con circunscripción consular en Sinaloa
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores
De la Secretaría de Gobernación, tres con las que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente
Del diputado Ángel Aguirre Herrera
Con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XIII y la actual se recorre a XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación
Con proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción XVII del artículo 7 de la Ley General de Educación
Con proyecto de decreto, por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano José Gabriel Yurrieta Valdés para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas que, en grado de Caballero, le otorga el gobierno de la República Francesa
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubón para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial, que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos
Del Congreso de Colima, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Esta Presidencia informa que en atención a las solicitudes presentadas por diputados de diversos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acordó turnar nuevamente sus iniciativas a las comisiones correspondientes, para que corra el término reglamentario de presentar dictamen, de conformidad con lo que establece el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados; y publicar en la Gaceta Parlamentaria las iniciativas de referencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de marzo de 2011.
1. Promovente: Diputado José Narro Céspedes.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 11 de noviembre de 2010.
Turno: Energía.
Expediente y Sección: 3243, Sexta.
2. Promovente: Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 28 de septiembre de 2010.
Turno: Gobernación.
Expediente y Sección: 2768, Cuarta.
3. Promovente: Diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 29 de abril de 2010.
Turno: Puntos Constitucionales.
Expediente y Sección: 2238, Cuarta.
4. Promovente: Diputada Nancy González Ulloa.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 228 y 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 12 de octubre de 2010.
Expediente y Sección: 2895, Cuarta.
5. Promovente: Diputada Nancy González Ulloa.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 27 de abril de 2010.
Turno: Hacienda y Crédito Público.
Expediente y Sección: 2043, Sexta.
6. Promovente: Diputada Nancy González Ulloa.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 27 de abril de 2010.
Turno: Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público.
Expediente y Sección: 2044, Séptima.
7. Promovente: Diputada Nancy González Ulloa.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. 10 de diciembre de 2009.
Turno: Trabajo y Previsión Social.
Expediente y Sección: 966, Cuarta.
8. Promovente: Diputado Roberto Pérez de Alva Blanco.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 11 de febrero de 2010.
Turno: Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
Expediente y Sección: 1300, Primera.
9. Promovente: Diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 11 y 82 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 23 de septiembre de 2009.
Expediente y Sección: 91, Sexta.
10. Promovente: Diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz.
Iniciativa: Proyecto de decreto que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 6 de octubre de 2009.
Expediente y Sección: 240, Cuarta.
11. Promovente: Diputado Daniel Gabriel Ávila Ruíz.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. 20 de abril de 2010.
Expediente y Sección: 1913, Primera.
12. Promovente: Diputado Juan Pablo Escobar Martínez.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 29 de abril de 2010.
Expediente y Sección: 2326, Sexta.
13. Promovente: Diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez y suscrita por Diputados integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 29 de abril de 2010.
Turno: Presupuesto y Cuenta Pública.
Expediente y Sección: 2232, Sexta.
14. Promovente: Diputado Óscar Martín Arce Paniagua.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6 de octubre de 2009.
Expediente y Sección: 245, Segunda.
15. Promovente: Diputado Óscar Martín Arce Paniagua.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 71, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 19 de mayo de 2010.
Expediente y Sección: 2414, Sexta.
16. Promovente: Diputado Óscar Martín Arce Paniagua.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma los artículos 208 del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales. 20 de enero de 2010.
Turno: Justicia.
Expediente y Sección: 1132, Cuarta.
17. Promovente: Diputado Óscar Martín Arce Paniagua.
Iniciativa: Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. 20 de enero de 2010.
Expediente y Sección: 1133, Quinta.
México, DF, a 2 de febrero de 2011.
Atiendo el oficio número DGPL 61-II-9-2444, mediante el cual comunica el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se exhorta al procurador general de la República a retirar los cargos que indebidamente se imputan al ciudadano Miguel Márquez Ríos, a efecto de que se decrete su inmediata liberación por tratarse la causa penal que se le imputa de un acto claramente violatorio de los derechos humanos.
Me permito informarle que el ciudadano Miguel Márquez Ríos se encuentra procesado por diversas causas penales, por lo cual está sujeto a la jurisdicción y competencia del Poder Judicial de la Federación, por lo que el procurador general de la República se halla impedido legalmente para acceder a la petición realizada por ese órgano legislativo.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Doctora Érika Santoyo Morales (rúbrica)
Directora General de Políticas Públicas
y Coordinación Interinstitucional
México, DF, a 31 de enero de 2011.
En atención del oficio número DGPL 61-II-4-827, mediante el cual comunica el punto de acuerdo, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República a atraer, ante la gravedad de los hechos sucedidos el 10 de noviembre de 2010 en la colonia Ampliación Puerto Marqués, en Acapulco, Guerreo, y en el marco de sus atribuciones, la investigación para su total esclarecimiento y, en el caso de la procuraduría, a castigar con firmeza a los responsables.
Según se desprende de su escrito, en el caso concreto los hechos constitutivos de delito acontecen en Guerrero, por lo cual la investigación ministerial es competencia de las autoridades de procuración de justicia del referido estado.
Lo anterior encuentra su fundamento en lo establecido en los artículos 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, segundo párrafo, y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que se señala que a efecto de valorar la atracción de un asunto, debe analizarse la existencia de conexidad de los hechos consistentes con algún ilícito de competencia federal; es decir, que haya codependencia en la ejecución de los delitos que motiva una relación entre unos y otros delitos, lo que hace necesario unir la integración de averiguaciones previas.
En el caso particular, por el momento no se advierten elementos que indiquen la existencia de algún acto ilícito de competencia federal que motive el ejercicio de la facultad de atracción, por lo que esta institución se encuentra imposibilitada para conocer de tan lamentables sucesos.
México, DF, a 1 de marzo de 2011.
En respuesta a su oficio número D.G.P.L. 61-II-1-0979, de fecha 26 de enero de 2011, dirigido al titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante el cual comunica que en sesión celebrada en esa misma fecha, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión aprobó entre otros, el siguiente
Cuarto. La Comisión Permanente, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), un informe pormenorizado sobre el aumento de los precios de la canasta básica, y su relación con la inflación y la pobreza, en el ámbito de sus competencias, correspondiente al período diciembre 2006 a enero de 2011.
Actualmente el Inegi no tiene la facultad de medir el Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir de la segunda quincena de julio del año en curso, este instituto hará el cálculo y publicación conforme lo que establecen los artículos 59 fracción III y primero transitorio de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG).
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Educación, de Atención a Grupos Vulnerables, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, recibido el 6 de mayo de 2008.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud, recibido el 3 de abril de 2008.
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones III del artículo 112, y II y VIII del 115, así como el artículo 307; y adiciona la IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, para los efectos de la fracción d del artículo 72 constitucional
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Salud, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III del artículo 112, II y VIII del artículo 115, y el artículo 307; y se adiciona una fracción IX al artículo 115 de la Ley General de Salud, recibido el 9 de octubre de 2008.
De la Cámara de Senadores, con la que devuelve el expediente de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para los efectos de la fracción d del artículo 72 constitucional
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto que reforma el artículo 99 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
México, DF, a 28 de febrero de 2011.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-0280/11, Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Raúl Madrigal Martínez.
Puesto: Guardia de seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Nombre: Luz Esther González Rivera.
Puesto: Asistente de Recursos Humanos.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Nombre: José Víctor Moreno Ramírez.
Puesto: Supervisor de guardia de seguridad.
Nombre: Mirella Elizabeth Serrano Cortés.
Puesto: Empleada de limpieza en oficinas.
Lugar de trabajo: Embajada de Líbano en México.
Nombre: Emma Ángela Mendoza Ramos.
Puesto: Empleada doméstica.
Nombre: Concepción Cuéllar Villegas.
Nombre: Nuria Alejandra Hernández Ojeda.
Nombre: Norma del Socorro González Curi.
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Nombre: Luis Merlos Jaimes.
Puesto: Especialista en seguridad.
Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra (rúbrica)
México, DF, a 2 de marzo de 2011.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que, mediante oficio número PRO- 02237, la Consejera Aureny Aguirre O.Sunza, directora general adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción IV, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Fructuoso Castañón Castañón pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en la ciudad de Los Mochis, con circunscripción consular en el estado de Sinaloa.
Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al honorable Congreso de la Unión, con la que el interesado solicita el permiso respectivo, y del certificado de residencia, copia certificada del acta de nacimiento de dicha persona, así como copias simples de su currículum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por la Embajada del Reino de España en México.
Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.
México, DF, a 2 de marzo de 2011
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 61-II-9-2453, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Herón Escobar García, presidente y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/228/2011, suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al brote de dengue en el municipio de Sahuayo.
El Titular de la Unidad de Enlace Legislativo
México, DF, a 25 de febrero de 2011.
Licenciado Julián Hernández Santillán
Hago referencia al punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2010, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Michoacán a implantar un cerco sanitario y establecer los programas necesarios para atender el brote de dengue en el municipio de Sahuayo.
Al respecto, me permito acompañar oficio número 0644, suscrito por el maestro Édgar Manuel González Contreras, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, quien adjunta los comentarios del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece).
Doctor José Luis Treviño Rodríguez (rúbrica)
México DF, a 25 de febrero de 2011.
Licenciado Miguel Gutiérrez Hernández
En atención a su oficio número 170/UCVPS/DGAVS/0006/2010, mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado 15 de diciembre de 2010, en los siguientes términos:
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Michoacán a implantar un cerco sanitario y establecer los programas necesarios para atender el brote de dengue en el municipio de Sahuayo.
Al respecto, me permito adjuntar el oficio número CENAPRECE/001160/11, suscrito por el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mediante el cual proporciona la opinión técnica al punto de acuerdo de referencia.
Édgar Manuel González Contreras (rúbrica)
México DF, a 17 de febrero de 2011
Maestro Édgar Manuel González Contreras
De la Subsecretaría de Prevención
En respuesta a su oficio 0280 donde anexa la solicitud 170/UCVPS/DGA VS/0006/2010, mediante el cual hace conocimiento del punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en donde exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Michoacán a implantar un cerco sanitario y establecer los programas necesarios para atender el brote de dengue en el municipio de Sahuayo, al respecto le comento lo siguiente:
 Hasta la semana epidemiológica número 52 del 2010, el estado de Michoacán reportó 7,017 casos probables, de los cuales se confirmaron 1,193 casos (1,143 de fiebre por dengue y 50 de fiebre hemorrágica por dengue), 72.8 por ciento de casos confirmados menos respecto a 2009 (4,393 casos confirmados). Mientras que el municipio de Sahuayo reportó en 2010 sólo 89 casos probables y 46 casos confirmados (44 de FD y 2 de FHD).
 El personal de vectores del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) se ha coordinado con los Servicios de Salud de esta entidad a fin de asesorar y dar un seguimiento estrecho respecto a las acciones de prevención y control del dengue en las localidades prioritarias para el programa dengue en la entidad. A la fecha, se han realizado acciones de promoción de salud, entornos saludables, eliminación masiva de criaderos, patio limpio, control larvario, rociado residual y nebulización espacial para el control del vector Aedes aegypti.
 En 2010 el Cenaprece ha destinado 38.039 millones de pesos del fondo AFASPE, ramo 12, para la contratación de personal eventual, la compra de insecticidas y el fortalecimiento con vehículos y equipos de aplicación para la contención del dengue en localidades prioritarias de la entidad; además el estado de Michoacán cuenta con vehículos y equipos pesados ULV en comodato con el Cenaprece para lograr realizar las acciones con cobertura y oportunidad. Para 2011 se cuenta con un presupuesto inicial, ramo 12, de 13.55 millones de pesos, y se gestionarán recursos extraordinarios en caso de presentarse una contingencia.
 En el presente año se tienen programadas dos rondas de cuatro reuniones regionales y una reunión nacional a finales de año para presentar, organizar, supervisar y evaluar los planes, estatales de prevención y control del dengue en entidades prioritarias para el programa. Los temas prioritarios son el seguimiento a la aplicación de los nuevos lineamientos de vigilancia y control del vector, el monitoreo de resistencia del vector a los insecticidas y el fortalecimiento a la participación social e intersectorial. Asimismo, continuará el estrecho seguimiento en conjunto con la DGCES en la implantación de la nueva guía práctica clínica de dengue grave y no grave para la atención oportuna y el manejo adecuado de pacientes.
 El estado de Michoacán inicia con acciones anticipatorias de prevención y control del dengue desde el primer trimestre del año; el Cenaprece continúa dando un estrecho seguimiento a las acciones realizadas en el municipio de Sahuayo y en el resto de municipios prioritarios de la entidad.
Doctor Miguel Ángel Lezana Fernández (rúbrica)
En respuesta al oficio número CP2R1A.-2424, signado por el senador Francisco Arroyo Vieyra, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCI/V/0182/11, suscrito por la doctora Érika Santoyo Morales, directora general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo relativo al caso del ciudadano Tomás Serrano Pérez.
México, DF, a 27 de enero de 2011.
Licenciado José Alfredo Labastida Cuadra
En respuesta al oficio SEL/UEL/311/2550/10, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por el que solicita a la Procuraduría General de la República que informe respecto de los hechos que involucraron al ciudadano Tomás Serrano Pérez y, en caso de mérito, inicie las averiguaciones previas correspondientes.
Sobre el particular, me permito informarle que, en lo referente a la presunta detención injustificada de un visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se dio inicio a la averiguación previa correspondiente derivada de la denuncia presentada por Tomás Santiago Serrano Pérez, la cual se encuentra en trámite. No omito manifestarle que esta institución ha actuado y seguirá actuando en todo momento conforme al marco jurídico constitucional y refrenda el compromiso de garantizar la seguridad y protección a los derechos humanos en cada una de las entidades federativas.
Doctora Erika Santoyo Morales (rúbrica)
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-1-0998, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número SG/ SNM/ CAJ/ 16/ 2011, suscrito por la licenciada Griselda G. Gutiérrez Mora, coordinadora de asesores en materia jurídica de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las campañas de comunicación social para personas con problemas de discapacidad auditiva.
Me refiero al punto de acuerdo aprobado por el pleno del Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 26 de enero del año en curso, en materia de comunicación para personas con problemas de discapacidad auditiva, y remitido a la subsecretaría por la unidad a su cargo, mediante el oficio número SEL/ UEL/ 311/ 239/ 11, en el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir lo establecido en el artículo 20, fracción VI, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 (PEF), por lo que se refiere a las entidades y las dependencias del Ejecutivo federal.
Al respecto, me permito informar que el 30 de diciembre de 2010, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y las entidades de la administración pública federal para el ejercicio fiscal de 2011, cuyo artículo 4o., Campañas de comunicación social, párrafo quinto, señala que las dependencias y las entidades, de conformidad con el artículo 20 del PEF, harán uso de la lengua de señas mexicanas por medio de un intérprete o, en su caso, tecnologías que permitan el acceso a los contenidos a las personas con discapacidad auditiva cuando se trate de campañas en televisión.
Licenciada Griselda G. Gutiérrez Mora (rúbrica)
Coordinadora de Asesores en Materia Jurídica
En respuesta al oficio número D.G.P.L 61-II-8-777, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/0233/2011, suscrito por el doctor José Luis Treviño Rodríguez, director general adjunto de Vinculación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en éste se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a la prevención y detección temprana de las enfermedades crónico-degenerativas.
Me refiero al punto de acuerdo presentado por el senador Ericel Gómez Nucamendi (Convergencia), relativo al exhorto al titular del Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Salud para revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas; asimismo, a implementar un programa nacional de prevención y detección temprana de insuficiencia renal crónica, en donde se consideren estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.
Al respecto, me permito proporcionar la respuesta del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades en los siguientes términos:
La insuficiencia renal crónica es un componente de dos programas de acción específicos de la presente administración, a citar: el de diabetes mellitus y el de riesgo cardiovascular; al ser la insuficiencia renal una complicación para las enfermedades señaladas, los aspectos relacionados con la prevención y detección temprana son abordados en los programas mencionados.
Agradeciendo remita dicha información al órgano legislativo respectivo para su solventación, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Doctor José Luis Treviño Rodriguez (rúbrica)
México DF, a 25 de febrero de 2011
En atención a su oficio número 170/UCVPS/DGAVS/0067/2011, mediante el cual hacen del conocimiento el punto de acuerdo presentado por el senador Ericel Gómez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en los siguientes términos:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Salud para revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, asimismo a que se implante un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, en donde se consideren estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología.
Al respecto, me permito adjuntar el oficio número CENAPRECE/000882/11, suscrito por el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, mediante el cual proporciona la opinión técnica al punto de acuerdo de referencia.
México DF, a 9 de febrero de 2011
Édgar Manuel González Contreras
En atención a su oficio 0281 en el que hace referencia al comunicado 170/UCVPSIDGAVS/0067/2011, suscrito por el senador Encel Gomez Nucamendi, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, en los siguientes términos: Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Secretaría de Salud para revisar las políticas públicas destinadas a prevenir las enfermedades crónico-degenerativas, asimismo a que se implante un programa nacional de prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, en donde se consideren estrategias para incentivar la formación de especialistas en nefrología, me permito informar lo siguiente:
 La insuficiencia renal crónica es un componente de dos programas de acción específicos de la presente administración, a citar: el de diabetes mellitus y el de riesgo cardiovascular.
 Al ser la insuficiencia renal una complicación para las enfermedades señaladas, los aspectos relacionados con la prevención y detección temprana son abordados en los programas mencionados.
 Respecto a la formación de especialistas en nefrología, le informo que no es competencia de esta unidad administrativa la formación de recursos humanos.
En respuesta del oficio número DGPL 61-II-5-1351, signado por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Esthela Damián Peralta, presidente y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número DGVI/ 128 12011, suscrito por el licenciado Enrique Lepine Muñoz, director general de Vinculación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a promover el desarrollo integral en la comunidad Lacanjá Chansayab.
En atención de su oficio número SEL/ UEL/ 311/ 238/ 11, a través del cual comunica a esta dependencia el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a llevar a reajustar la tarifa por el servicio de electricidad proporcionado en la comunidad Lacanjá Chansayab, y se solicita la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de realizar acciones que promuevan el desarrollo integral de dicha comunidad, me permito enviarle la siguiente documentación:
 Copia del oficio número 613.UPRI./ 067/ 11, suscrito por el maestro Alberto Mayorga Ríos, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, a través del cual se atiende el punto de acuerdo referido.
Licenciado Enrique Lepine Muñoz (rúbrica)
México, DF, a 21 de febrero de 2011.
Licenciado Enrique Lepine Muñoz
Hago referencia al oficio número DGVI/81/2011, a través del cual envía copia del similar SEL/ UEL/ 311/ 238/ 11, en el que se informa sobre el punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 26 del actual, en el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reajustar la tarifa de electricidad en la comunidad de Lacanjá Chansayab, y se solicita la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a fin de realizar acciones que promuevan el desarrollo integral de dicha comunidad.
Al respecto, y considerando la importancia que tiene el desarrollo de las comunidades en condiciones de pobreza, me permito informarle sobre las acciones que los programas sociales a cargo de esta secretaría han llevado a cabo para beneficiar a la comunidad de Lacanjá Chansayab, de Ocosingo, Chiapas:
Maestro Alberto Mayorga Ríos (rúbrica)
Palacio Legislativo, México, DF, a 3 de marzo de 2011.
Me permito informar a usted que con fecha 15 de febrero de 2011 presenté por voluntad propia a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional mi renuncia con carácter de irrevocable como militante activo del Partido Revolucionario Institucional y, por consiguiente, en sus efectos legales, la separación como integrante del Grupo Parlamentario PRI.
Por lo anterior, me permito solicitar a usted que, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se me considere como diputado sin partido o diputado independiente, respetándose las mismas consideraciones que a todos los legisladores federales para desempeñar mis atribuciones como representante popular.
Refrendo mi compromiso por servirle con vocación y lealtad al pueblo de Guerrero; asimismo, ratifico mi compromiso por sumarme al esfuerzo colectivo de mis compañeros diputados federales al servicio de nuestro país.
Para los efectos a que haya lugar, le solicito atentamente instituir el procedimiento legislativo y de orden administrativo que corresponda.
Por su atenta y distinguida consideración le reitero mi respeto.
Diputado Ángel Aguirre Herrera (rúbrica)
México, DF, a 3 de marzo de 2011.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIII y se recorre la actual a XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación.
Por el que se adiciona la fracción XIII y se recorre la actual a XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona la fracción XIII y se recorre la actual a XIV del artículo 14 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
XII. Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;
XIII. Certificar la infraestructura física educativa con base en los lineamientos que al efecto se emitan; y
XIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables.
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.- México, DF, a 3 de marzo de 2011.
Senadora Martha Leticia Sosa Govea (rúbrica)
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación.
Por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona la fracción XVII al artículo 7 de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
I. a la XVI. ...
XVII. Inculcar los conceptos y principios de la educación y seguridad vial.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 3 de marzo de 2011.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
Por el que se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Artículo Único. Se adicionan dos párrafos a la fracción II del artículo 59 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:
Capítulo IVRemolque Maniobra en Puerto
I. El servicio portuario de remolque maniobra es aquél que se presta para auxiliar a una embarcación en las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desatraque y enmienda, dentro de los límites del puerto, para garantizar la seguridad de la navegación interior del puerto y sus instalaciones;
II. Con base en las reglas de operación de cada puerto, y en los criterios de seguridad, economía y eficiencia, la autoridad marítima determinará, las embarcaciones que requerirán del uso obligatorio de este servicio, así como el número y tipo de remolcadores a utilizar.
La contratación del servicio portuario de remolque será opcional para los cruceros turísticos, siempre y cuando cuenten con los dispositivos tecnológicos para realizar maniobras seguras dentro de los límites del puerto.
La autoridad establecerá los lineamientos normativos para garantizar la responsabilidad civil, administrativa, legal o de cualquier tipo, cuando los cruceros opten por realizar sus propias maniobras;
III. El pago por la prestación del servicio público de remolque maniobra en puerto será el que se indique en la tarifa respectiva autorizada por la Secretaría, de acuerdo con las reglas de operación de cada puerto;
IV. Si durante las maniobras del servicio sobrevienen situaciones de peligro para la embarcación a la que éste se presta, que den lugar a servicios cuya naturaleza sea la de salvamento, se estará a lo dispuesto por el capítulo relativo de esta ley;
V. De conformidad con el reglamento respectivo, los prestadores del servicio de remolque maniobra en puerto, deberán contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a la determinación que para ello tome la Secretaría. En la determinación de la cobertura a contratar, habrá de tomarse en consideración las posibles lesiones a la vida humana, los daños por concepto de contaminación marina, así como cualquier otra afectación a los derechos de la sociedad en general; y
VI. Para la prestación de este servicio se estará a lo dispuesto en la Ley de Puertos.
Segundo. Una vez que entre en vigor el presente decreto, quedarán derogadas las disposiciones que se opongan al mismo.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, DF, a 3 de marzo de 2011.
Para los efectos legales correspondientes me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Gabriel Yurrieta Valdés para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas que, en grado de Caballero, le otorga el gobierno de la República Francesa.
Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano José Gabriel Yurrieta Valdés para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas que, en grado de Caballero, le otorga el gobierno de la República Francesa.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos.
Artículo Único. Se concede permiso a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Orange-Nassau, en grado de Gran Oficial que le otorga el gobierno del Reino de los Países Bajos.
Secretarios de la Mesa Directiva de la
Honorable Cámara de Diputados del
Por este conducto me permito informarles que la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, aprobó por unanimidad, y con las facultades que le otorga la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviar a esa honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una iniciativa por la que se propone la reforma del artículo 363 y la adición de los artículos 5 y 7 Bis, todos del Código de Comercio; así como la reforma a la fracción VI del artículo 170, y la adición del artículo 291 Bis, ambos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Anexo al presente copia de los acuerdos correspondientes.
Sin otro particular, solicitamos que se dé el trámite legislativo correspondiente a la iniciativa en comento.
Colima, Colima, 15 de febrero de 2011.
Diputado Enrique Rojas Orozco (rúbrica)
Diputado Leonel González Valencia (rúbrica)
Los suscritos, diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado, en ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto relativo a reformar el artículo 363, y adicionar los artículos 5 Bis y 7 Bis, todos del Código de Comercio; así como reformar la fracción VI del artículo 170 y adicionar el artículo 291 Bis, ambos relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de conformidad con la siguiente:
Corresponde al Estado, por conducto de sus autoridades y, en este caso, por sus representantes, velar por el interés general y, en consecuencia por el bienestar de sus gobernados. En esa tesitura, compete al Estado, entre otros puntos, la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución, reza el artículo 25 de nuestra Ley Fundamental.
De la misma forma el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
Para dar cumplimiento a este mandato constitucional, todos quienes detentamos responsabilidades públicas estamos obligados a definir el marco normativo y programático a través del cual debe desenvolverse la actividad económica bajo tres premisas: primero, lograr el crecimiento económico de todos los sectores de la sociedad y, con ello, el desarrollo del país; segundo, que dicho desarrollo se logre en un marco de plena equidad y justicia conmutativa, de modo que un sector no crezca a consecuencia del detrimento de otro; y, tercero, que todos los individuos y familias tengan posibilidades reales de desarrollo sin sacrificar o poner en riesgo su estabilidad y patrimonio.
Una de las funciones y responsabilidades de nosotros como legisladores y por ende representantes populares, comprometidos con la sociedad colimense, es revisar de manera constante y permanente nuestro marco normativo, no sólo el estatal sino también el del ámbito federal.
Producto de esa revisión y además, gracias a la participación de la sociedad organizada, es que damos cuenta de una serie de deficiencias en diversas leyes del ámbito federal, particularmente en la materia mercantil, o del ramo económico, las cuales han provocado incertidumbre y zozobra, circunstancia contraria al objeto de toda normatividad, que es la de brindar legalidad y seguridad jurídica en el gobernado.
Nos queda claro que la ley es la expresión de la voluntad popular, en esa tesitura, la ley debe ser redactada en la forma más inteligible, de tal manera que sea bien comprendida por todos los integrantes de la sociedad a quienes va dirigida, y en esa misma proporción deben generarse todos los actos jurídicos que produzcan efectos entre los individuos, en tal virtud que se debe garantizar que en el caso de los formatos o cualquier tipo de documento en forma de contrato o convenio, éstos deben estar redactados con tal claridad que no haya la menor duda de su contenido, así como de sus límites y alcances, además de que debe ser concisos, visibles y legibles, esto es, que sean de fácil lectura y comprensión, a efecto de ser puntual respecto de los derechos y obligaciones que nacen del acuerdo de voluntades.
Lo anterior no se cumple en la gran mayoría de los casos sujetos a contrataciones mercantiles relativos a la adquisición de bienes o servicios, ya que por lo común éstos van dirigidos al público en general quien no está familiarizado con negociaciones sobre los términos y condiciones de los contratos que van a suscribir, y en donde también es común la utilización de contratos de adhesión cuyas cláusulas ya están redactadas de antemano. A ello hay que agregar la circunstancia de que esos contratos redactados previamente y a los cuales se adhiere la parte adquiriente, como actos jurídicos, no cumplen con esa máxima de seguridad para las personas al no estar redactados en términos claros, concisos y de modo que faciliten la lectura, de modo que el adherente tenga plena conciencia sobre los términos y condiciones en que se está obligando.
Como una respuesta inmediata a esta problemática que se presenta en la sociedad, en perjuicio del patrimonio de gran número de familias, con este proyecto se pretende reformar diversos artículos del Código de Comercio, con el objeto de que quede debidamente regulado el uso y contenido de los formatos que contienen diversos tipos de contratos y convenios, los cuales independientemente de su naturaleza, deben ser redactados de manera clara y concisa, además de ser legibles de tal forma que no quede lugar a dudas sobre su contenido, y sobre todo, prohibiendo, bajo pena de nulidad, el uso en cualquier tipo de contrato, de la letra que por su tamaño, característica y grafía no facilite su lectura.
Esta reforma pretende, a través de esta iniciativa, dar claridad y precisión al uso de los contratos de cualquier naturaleza, los cuales deben ser redactados de tal forma que se evite la oscuridad y ambigüedad, que puede resultar del mal empleo de las palabras mismas como de su colocación y tipografía.
Otro punto no menos importante es lo relativo a establecer límites a los intereses que entre particulares se pactan, y para tal efecto se declaran como de interés público, no siendo superior en ningún caso al fijado por el Banco de México, pero en caso de excederse a manera de penalización será fijado el interés legal, que será el seis por ciento anualizado, pues recordemos que el Estado es quien lleva la rectoría en materia económica y ésta debe hacerse, si bien teniendo como meta el crecimiento económico, más bien teniendo como objeto el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad que posibiliten que el individuo y la familia logren su realización y no que, por el contrario, en cada operación en que intervengan por necesidad para el mejoramiento de sus condiciones patrimoniales, exista la zozobra de perder ese patrimonio que representa la base de la seguridad y desarrollo individual y familiar.
Así, con esta reforma se prohíbe terminantemente toda capitalización de intereses y que, en caso que tal circunstancia se pacte, será bajo pena de nulidad, esto es, no surtirá efecto alguno cuando se capitalice el interés.
Paralelo a ello, se plantea establecer un requisito adicional a la institución del pagaré, esto es, que cuando se suscriba este título de crédito sea ante la presencia de dos testigos, con la finalidad de evitar el abuso de éste en cuanto a su uso, pues es recurrente que se firma en blanco con consecuencias sumamente negativas al pasivo, quien por desconocimiento o necesidad no se fija en el pacto del interés excesivo que se impone en muchas ocasiones en contra de la voluntad del suscribiente.
Por último, se estipula que al considerarse al interés moratorio como causa de utilidad pública, se impone como límite máximo al pactado entre particulares al que emita el Banco d México, y que en caso que exceda, se deberá considerar que se pactó el interés legal, como penalización al exceso que se le quiso imponer al pasivo.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Artículo Primero. Se reforma el artículo 363, y se adicionan los artículos 5 Bis y 7 Bis, todos del Código de Comercio; para quedar como sigue:
Artículo 5 Bis. Todo documento proveniente de cualquier acto de comercio deberá revestir las formalidades que la ley disponga, pero en todo caso, deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, además de ser legible y visible de tal forma que no quede en duda su contenido.
Queda prohibido, bajo pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su tamaño, características y grafía no facilite su lectura.
Artículo 7 Bis. Los intereses que bajo cualquier denominación se pacten o convengan, y para los efectos de este código, se consideran de interés público, en consecuencia, sujeto a los límites que establezcan las leyes respectivas.
Artículo 363. Los intereses vencidos y no pagados, no devengarán intereses. Queda prohibida toda capitalización de intereses, pero en caso que se pacte, será bajo pena de nulidad.
El interés pactado será proporcional, previo estudio, a las posibilidades del deudor, pero en ningún caso será superior al fijado y publicado por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 170 y se adiciona el artículo 291 Bis, ambos relativos a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para quedar como sigue:
Artículo 170. El pagaré debe contener:
De la I a la V. ...
VI. La firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, los cuales, en todo caso y bajo pena de nulidad, lo harán ante la presencia de dos testigos.
El interés que se pacte será dentro de los límites al que emita y publique el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación, y en caso que exceda, se deberá considerar que se pactó el legal.
Artículo 291 Bis. Toda operación de crédito que se celebre deberá ser por escrito y de manera clara y concisa, además de ser legible y visible de tal forma que no quede a lugar de duda su contenido. Queda prohibido, bajo pena de nulidad, el uso de formatos cuyo contenido esté redactado con letra que por su tamaño, características y grafía no facilite su lectura.
Segundo. Se faculta a esta soberanía para que envíe la presente iniciativa con proyecto de decreto a todas y cada una de las legislaturas de las entidades federativas de la República y, en uso de sus atribuciones y de considerarlo así conveniente, se sumen a esta propuesta y la hagan suya.
Colima, Colima, a 15 de febrero de 2011.
Diputados: Rigoberto Salazar Velasco (rúbrica), José Manuel Romero Coello (rúbrica), Mónica Adalicia Anguiano López (rúbrica), Mely Romero Celis (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Ernesto Germán Virgen Verduzco (rúbrica), Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes (rúbrica), Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), María del Socorro Rivera Carrillo (rúbrica), Víctor Jacobo Vázquez Cerda (rúbrica), Alfredo Hernández Ramos (rúbrica), José Guillermo Rangel Lozano (rúbrica), Nicolás Contreras Cortés (rúbrica), Olaf Presa Mendoza (rúbrica), Leonel González Valencia (rúbrica), Salvador Fuentes Pedroza (rúbrica), José Luis López González (rúbrica), Luis Alfredo Díaz Blake (rúbrica), Raymundo González Saldaña, Patricia Lugo Barriga (rúbrica), Milton de Alva Gutiérrez (rúbrica; sin violentar disposiciones legales aplicables).

References: artículo 72
 artículo 212
 artículo 72
 artículo 112
 artículo 307
 artículo 115
 artículo 72
 artículo 99
 artículo 72
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 59
 artículo 692
 artículo 109
 artículo 17
 artículo 107
 artículo 45
 artículo 97
 artículo 212
 artículo 112
 artículo 307
 artículo 115
 artículo 72
 artículo 112
 artículo 115
 artículo 307
 artículo 115
 artículo 99
 artículo 72
 artículo 99
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 20
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 30
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 59
 artículo 71
 artículo 363
 artículo 170
 artículo 291
 artículo 71
 artículo 363
 artículo 170
 artículo 291
 artículo 25
 artículo 363

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 363
 artículo 170
 artículo 291

Artículo 170

Artículo 291