Source: https://es.scribd.com/doc/59397703/14/PRINCIPIO-DE-OPORTUNIDAD
Timestamp: 2016-02-14 02:17:03+00:00

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El principio de oportunidad surge ante el inevitable aumento de la criminalidad y la imposibilidad de
perseguir todos los hechos que revistan las características de un delito, es decir, ante la difcultad de
aplicar el principio de legalidad en toda su extensión, con el consiguiente colapso de la administra-
ción de justicia, como hasta ahora ha ocurrido. Además, se constituye en una herramienta jurídica y
de política criminal para perseguir efcazmente las organizaciones criminales.
El principio de oportunidad es la facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Na-
ción, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrum-
pirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente defnidas
en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a
control posterior de legalidad ante el juez de garantías.
Debe tenerse en cuenta que en nuestro sistema,, el principio de oportunidad es en realidad una excep-
ción al principio de legalidad u obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal; de acuerdo con éste,
el Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal
y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito, de ofcio o que
lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio,
salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en el código.
Por medio de la aplicación del principio de oportunidad, el Estado fnalmente renuncia a investigar
una conducta con características de delito o a la acusación de los presuntos responsables, a pesar de
que existan sufcientes motivos para hacerlo, solo por razones trascendentes de política criminal.
Para facilitar el ejercicio de este principio, el fscal puede acudir a los mecanismos de suspensión o
interrupción de la actuación con el fn de verifcar el cumplimiento de las condiciones convenidas
para, después de satisfechas ellas, dar aplicación a la renuncia. En caso contrario, si no se verifca la
condición o no se cumple la promesa del eventual benefciado, debe continuar el proceso.
Por regla general, la renuncia opera cuando el fscal de conocimiento encuentra cabalmente cum-
plidas las exigencias fácticas, jurídicas, probatorias y de política criminal pertinentes, y sólo en este
caso es obligatoria la intervención del juez de control de garantías, en audiencia preliminar que debe
realizarse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la decisión de la Fiscalía en tal sentido
y de la respectiva comunicación al juez de garantías.223
El mecanismo de la suspensión fue regulado en el código de procedimiento penal (ley 906 de 2004)
como “suspensión del procedimiento a prueba”,224
aplicable, según las causales allí establecidas, para
Art., 327 CPP
Arts., 325 y 326 CPP
la solución de un caso por la vía de justicia restaurativa, de manera que al cumplirse las condiciones
convenidas por el imputado o acusado con el fscal de conocimiento, puede llegarse a la renuncia y
extinción de la persecución penal. En caso contrario, se restablece la obligatoriedad de proseguir la
Interrupción de la persecución penal
La interrupción de la persecución penal, como mecanismo facilitador de aplicación del principio
de oportunidad, puede darse en causales como las relativas a la colaboración efcaz, la entrega del
imputado en extradición o a la Corte Penal Internacional, entre otras, de manera que en esos casos
puede derivar en renuncia y extinción de la acción penal. Igualmente, procede para otros efectos, por
ejemplo, para facilitar actividades investigativas prioritarias en casos de delitos de mayor relevancia
o trascendencia social, cumplidas las cuales procede la renuncia a la persecución penal por el delito
menos grave, o la reanudación de la misma.
El principio de oportunidad puede aplicarse hasta antes de la presentación del escrito de acusación.
La fuente legal contenida en el artículo 175 del ordenamiento procedimental establece que en el tér-
mino de treinta (30) días, contados a partir de la formulación de imputación225
, el fscal del caso debe
adoptar alguna de estas decisiones: solicitar preclusión; formular acusación; o aplicar el principio de
Es oportuno aclarar que, aunque ninguna norma lo disponga expresamente, la decisión del fscal de
aplicar el principio de oportunidad por la vía de la suspensión del procedimiento a prueba, o de la
interrupción, genera automáticamente una suspensión de los términos de la actuación procesal, por el
lapso necesario para que las condiciones se cumplan.
Desde el momento en que el fscal diseña el programa metodológico de investigación del caso,, debe
prever la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad226
y, en consecuencia, estar atento cuando
se actualice alguna de las causales previstas en el artículo 324 del código de procedimiento penal, que
se verán más adelante. En ese evento, debe observar la reglamentación interna de la Fiscalía General
de la Nación sobre la materia que, entre otras actividades, le señala:
• La obligación de informar de inmediato a su superior jerárquico.
• El registro del inicio del trámite en la carpeta del caso.
• Ubicar a la víctima del injusto, de tener noticia sobre ella, para informarle sobre la eventual re-
nuncia a la persecución penal, y escuchar su pretensión de reparación del daño.
• Atender el desarrollo legal previsto para la suspensión del procedimiento a prueba y el cumplimien-
to de las condiciones aceptadas por el imputado;227
o de aquellas que motivaron la interrupción.
Excepcionalmente sesenta (60) días, en las circunstancias previstas en el artículo 294 del CPP.
Se observa que, según la naturaleza de las causales, algunas de ellas pueden solicitarse por el indiciado o imputado, directamente o por conducto de
Artículos 325 y 326 del CPP.
• Acudir, previa solicitud de fjación de día y hora para la realización de la audiencia correspon-
diente, ante el juez de control de garantías para la verifcación de la legalidad de lo actuado y
obtener la extinción de la acción penal, con citación del Ministerio Público y de la víctima, si se
conociere. Al efecto, en el formato correspondiente, debe consignarse lo siguiente:
a) Mención de la fscalía que adopta la decisión de aplicar el principio de oportunidad, lugar, fecha
y hora en que se hace.
b) Número de radicación de la actuación
c) Situación fáctica que la motiva y señalamiento de los elementos materiales probatorios que
desvirtúan la presunción de inocencia y que señalan al imputado como autor o partícipe de una
d) Nombre, identifcación, dirección, teléfono o cualquier otro medio que permita ubicar a la vícti-
ma y al Ministerio Público.
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio
de oportunidad, el juez de control de garantías de turno cita a audiencia preliminar de control de le-
galidad que se desarrolla en los siguientes términos:
• El fscal presenta el caso, indica los medios materiales probatorios o información que le permite
inferir la autoría o participación del imputado en la conducta delictiva.
• Expone las circunstancias que acreditan la causal aplicable del principio de oportunidad.
• Señala la pretensión de resarcimiento del daño que invoca la víctima, de haber sido posible su
contacto, quien debe acreditar esa calidad.
• El juez concede la palabra a víctima y Ministerio Público para que, si lo estiman pertinente, con-
troviertan la posición de la Fiscalía,228
en especial respecto de los elementos de conocimiento que
expuso, y después decide sin que pueda interponerse recurso alguno contra lo resuelto.
FEDERICO RODRÍGUEZ NAVIA fue capturado cuando se apoderaba de un vehículo estacionado
en el parqueadero del centro comercial Unicentro de Bogotá, mientras que los individuos que lo
esperaban a pocos metros de distancia lograron huir. El imputado después decide colaborar efcaz-
mente para lograr la recuperación del automóvil y al efecto aporta información que además conduce
a la desarticulación de la organización criminal dedicada desde hace varios años al hurto de auto-
motores y a la captura de todos sus integrantes.
Para resolver el caso, téngase en cuenta que la captura se encontró ajustada a derecho en la audien-
cia de control de legalidad en la que se formuló imputación e impuso medida de aseguramiento al
señor Rodríguez Navia. Así mismo, los resultados de la colaboración efcaz ofrecida fueron validados
Para efectos del artículo 327 del Código de Procedimiento Penal,, que permite a la víctima y al ministerio público intervenir durante la audiencia
para controvertir la “prueba” aducida por la Fiscalía General de la Nación como sustento de la decisión, debe entenderse que la norma se refere a los
elementos materiales probatorios o evidencia física, información legalmente obtenida o declaración jurada, estrictamente necesarios para demostrar al
juez de garantías la autoría o participación del imputado en la conducta punible, así como las exigencias para aplicar alguna de las causales del principio
Como el caso se adecua a la causal descrita en el numeral 5° del artículo 324 Código de Procedi-
miento Penal, el fscal, al constatar que no existe prohibición legal, procede de inmediato a informar
a su superior y a la víctima sobre la posibilidad de renunciar a la persecución penal.
El contacto con la víctima, en el evento de haber sido identifcada y ubicada, está orientado a cono-
cer su pretensión frente a la reparación del daño. Después, con la mayor brevedad procede a solici-
tar al juez de control de garantías, en el formato correspondiente y con los requisitos mencionados
anteriormente, que dentro de los cinco (5) días siguientes, señale fecha y hora para la audiencia de
control de legalidad a la renuncia a la persecución penal, con citación del Ministerio Público y de
Ya en la audiencia, si así lo requiere el juez, presenta los elementos de conocimiento que sustentan su
petición, que no pueden ser distintos a los estrictamente necesarios para inferir que el imputado es
autor del delito de hurto automotor, y para demostrar su colaboración efcaz en la investigación y en
la desarticulación de la banda dedicada a ese tipo de delitos.
Si la víctima y el Ministerio Público (cuando concurren) no se oponen a su pretensión, solicita al
juez verifcar la procedencia de renunciar a la acción penal y, en consecuencia, extinguir la acción
penal conforme con las razones de orden fáctico y jurídico expresadas en el formato de solicitud, las
cuales sustenta oralmente.
Contra la decisión del juez, en la misma audiencia, no procede recurso alguno. Si encuentra la peti-
ción del fscal ajustada a la legalidad, se materializa el principio de oportunidad, y se extingue por
el juez, con efectos de cosa juzgada, la acción penal y, si fuere el caso, el juez concede la libertad al
imputado.229
De no hallarse legal la aplicación del principio, el fscal reanuda la actuación en el estado en que
quedó al inicio de este trámite.
Reglas comunes a las causales
• El trámite del principio de oportunidad y su audiencia de control de legalidad deben ser breves
y ágiles; desprovistos de formalidades innecesarias; robustecidos por el respeto a la legalidad, la
dignidad humana, la imparcialidad e igualdad; garantistas del acceso de las víctimas a la admi-
nistración de justicia, y del respeto al principio de objetividad que rige la actividad de la Fiscalía
• La fundamentación fáctica, probatoria y jurídica prevista en el numeral 4 del artículo 162 del Có-
digo de Procedimiento Penal, está referida a la existencia del mínimo de medios de conocimiento,
elementos materiales probatorios o información legalmente obtenida, que permitan al juez inferir
la autoría o participación y la tipicidad del hecho, así como el cumplimiento de las condiciones
exigidas para la estructuración de la causal invocada. El ir más allá de la mínima exigencia pre-
vista para tal efecto,230
podría hacer inefcaz la persecución penal en el caso de que no se concrete
la aplicación del principio de oportunidad.231
• La controversia a que se refere el artículo 327 del código de procedimiento penal, por parte de
la víctima y el ministerio público, sólo puede extenderse a las prerrogativas que a cada uno le
Art., 317-2 del CPP
La aplicación del principio de oportunidad frustrada, no genera impedimento para el fscal.
corresponde legalmente. A la primera, respecto de sus intereses indemnizatorios; al segundo,
para participar en aquellas diligencias o actuaciones donde proceda la disponibilidad ofcial de
la acción penal, con el fn de procurar que la voluntad otorgada sea real, así como los principios
de verdad y justicia, en los eventos de aplicación del principio de oportunidad.232
No podría la
víctima, por ejemplo, entrar a controvertir las razones de política criminal que se invoquen por la
Fiscalía para la aplicación del principio de oportunidad, verbigracia, el riesgo o amenaza graves
para la seguridad exterior del Estado de que trata la causal novena.
• No siempre es necesaria la presencia de la víctima en la audiencia especial de control de la lega-
lidad para la aplicación del principio, toda vez que su intervención es facultativa. En todo caso,
debe tenerse la seguridad de que tuvo oportuno conocimiento de su derecho a ser oída por el juez
de control de garantías.233
Con todo, recuérdese que la aplicación de las causales contempladas en
los ordinales 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal no depende
de la reparación integral a la víctima.
Tratándose de causales que requieren reparación integral del daño, como condición previa para la
aplicación del principio de oportunidad, debe tenerse en cuenta que la víctima podría manifestar
desinterés en ella, o la intención de buscarla por la vía de la jurisdicción civil, hipótesis en las cuales
nada impediría la extinción de la acción penal a través de este mecanismo.
• En los casos por delitos cuyo máximo de pena exceda de seis (6) años, el fscal de conocimiento
debe comunicar al Fiscal General para que él, o su delegado especial, asuma directamente el pro-
cedimiento. De todas maneras, aunque la pena no supere el límite antes indicado, de conformidad
con el reglamento expedido en la materia, el fscal del caso debe informar a su superior sobre el
trámite previsto, en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía.
Causales de aplicación del principio de oportunidad
• Causal primera
Procede cuando se trate de delito sancionado con pena privativa de la libertad que no exceda en su
máximo de seis (6) años, se haya reparado integralmente a la víctima, de conocerse, y pueda determi-
narse de manera objetiva la ausencia o decadencia del interés del Estado en el ejercicio de la corres-
pondiente acción penal.234
Se verá un ejemplo:
FRANCISCO RODRÍGUEZ NARANJO fue capturado después de haberse apoderado de un compu-
tador portátil que se encontraba dentro de un vehículo parqueado en el centro comercial Las Vegas.
Formulada la imputación, RODRÍGUEZ llega a un acuerdo con la víctima en relación con el monto
de la indemnización de los perjuicios. Por ser la primera vez que RODRÍGUEZ NARANJO delin-
que y haberse recuperado el objeto material del delito e indemnizado los perjuicios ocasionados, la
Fiscalía evalúa la posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad, en el entendido de que el
Estado no tendría interés en el ejercicio de la correspondiente acción penal en casos de esta naturaleza
que afecta de manera exclusiva y discreta el patrimonio particular.
Como el caso se adecua a la causal descrita y el fscal constata que no existe prohibición legal para
aplicar el principio de oportunidad, si se tiene en cuenta que la pena máxima del delito perseguido es
Arts. 11-g y 111-2, literal d, del CPP
Art., 11-g del CPP
Art., 324-1 del CPP
superior a seis (6) años, de inmediato informa al despacho del Fiscal General de la Nación que la
situación fáctica se enmarca en la hipótesis contemplada en el parágrafo 2° del artículo 324 del código
de procedimiento penal, para que asuma directamente la aplicación del principio de oportunidad o lo
haga a través del delegado especial que designe.
Luego de la actividad desarrollada con la víctima (en el caso de haber sido identifcada y ubicada)
y el ministerio público, con miras a allanar el camino para la efcacia del trámite, profera la orden
sucinta y motivada para extinguir la acción penal, haciendo uso del formato correspondiente. Con la
mayor brevedad solicítele al juez de control de garantías que dentro de los cinco (5) días siguientes
a la determinación de la Fiscalía de dar aplicación al principio de oportunidad proceda al control de
legalidad. Procure que en el mismo momento de la solicitud le sea fjado el día, hora y lugar para la
audiencia preliminar y entregue al juez un ejemplar de la orden motivada previamente mencionada,
lo que eventualmente contribuirá a que el de control de legalidad se desarrolle rápidamente.
Concurra a la audiencia y de conocer que la víctima y el ministerio público (si concurren) no se
oponen a su pretensión, solicítele al juez que considere sufcientes los motivos expresados en la or-
den motivada que previamente le entregó. De no ser así, profundice sobre las razones por las que ha
decidido la Fiscalía aplicar el principio de oportunidad frente al caso concreto; si no fuere sufciente
y el juez exigiere un medio de conocimiento, tenga a la mano un informe del investigador del caso
que contenga las circunstancias estrictamente necesarias que le permitan al juez inferir la autoría del
hecho, su tipicidad y el resultado de la indemnización integral a la víctima. No necesariamente se
trata del informe ejecutivo, en la medida que éste puede contener información de tal complejidad que
supere el presupuesto mínimo para establecer las circunstancias previamente anotadas.
Adicionalmente, esté preparado para ofrecer la declaración del investigador si el juez así lo requiere,
siempre dentro de las limitantes temáticas atinentes al control de legalidad.
Recuerde que la víctima, quien deberá acreditar sumariamente tal calidad, y el ministerio público
pueden controvertir los elementos materiales de prueba presentados por la Fiscalía.
La audiencia termina cuando el juez emite pronunciamiento, contra el que no procede recurso algu-
no. Si encuentra la decisión del fscal ajustada a la legalidad, se materializa el principio de oportu-
nidad con efectos de cosa juzgada, debiendo el funcionario del ente acusador solicitar la libertad del
imputado.235
De no declararse la legalidad de la aplicación del principio, debe continuar el trámite
• Causal segunda
Procede cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de la misma conducta punible.236
Se verá un caso:
FERNANDO RODRÍGUEZ NADAL, ciudadano colombiano, fue capturado por haber dado muerte
al ciudadano español ROMEO BLANCO, conducta ejecutada en Madrid, España. En curso la in-
vestigación a cargo de la Fiscalía, el Gobierno de Colombia entregó a RODRÍGUEZ NADAL a su
homólogo de España, en respuesta a solicitud previa de extradición formulada con base en el mismo
hecho y con fundamento en el Tratado de extradición entre los dos países.237
Art. 317-2 del CPP
Art. 324-2 del CPP
Aprobado mediante la Ley 35 de 1892
El Fiscal General de la Nación o su delegado especial dispone la renuncia a la persecución penal y así
lo hace constar en el formato que posteriormente enviará al juez de control de garantías. Entre tanto,
si tiene conocimiento de que algún perjudicado directo con el delito reside en Colombia, intenta su
ubicación para informarle al respecto y conocer su pretensión de reparación integral. Asimismo, co-
munica a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para obtener copia de la documenta-
ción relacionada con el trámite de extradición, a efecto de constatar que se trata de la misma persona,
el imputado y el extraditado.
Al Ministerio del Interior y de Justicia238
solicita constancia de la entrega en extradición del imputado,
con indicación del delito para establecer que se trata del mismo por el cual es investigado en Colom-
bia. Satisfechos estos presupuestos para la aplicación de la causal, envía el formato correspondiente
al juez de garantías para el control judicial en la aplicación del principio de oportunidad.
Puede darse el caso que el mismo delito por el que simultáneamente es investigado el indiciado o
imputado en el extranjero y en Colombia esté relacionado con el narcotráfco, evento en el cual no
procede la aplicación del principio de oportunidad por expresa prohibición legal.239
• Causal tercera
Procede cuando la persona fuere entregada a la Corte Penal Internacional a causa de la misma con-
ducta punible. Tratándose de otra conducta punible sólo procede la suspensión o la interrupción de la
persecución penal.240
La Corte Penal Internacional, establecida por el Tratado de Roma, es el primer tribunal internacional
permanente encargado de investigar y juzgar las violaciones masivas del derecho internacional huma-
nitario, y de los derechos humanos. Tiene competencia para examinar los crímenes más graves que
afectan al conjunto de la comunidad internacional: genocidio, contra la humanidad y de guerra.241
Si las autoridades colombianas investigan un acto de genocidio, por ejemplo, y la Corte Penal Inter-
nacional decide que no hubo investigación efcaz y solicita al imputado, no puede aplicarse el prin-
cipio de oportunidad por prohibición expresa de la ley procedimental. Para ello debe tratarse de otra
conducta punible, en cuyo caso se interrumpe la persecución penal por este delito hasta tanto la CPI
• Causal cuarta
Procede cuando la persona fuere entregada en extradición a causa de otra conducta punible, y la san-
ción a la que pudiera llevar la persecución en Colombia carezca de importancia comparada con la
sanción que le hubiera sido impuesta con efectos de cosa juzgada en el extranjero.242
NICOLÁS RODRÍGUEZ CABALLERO fue capturado por un hurto califcado perpetrado en Cali.
En curso la investigación a cargo de la Fiscalía, el Gobierno de Colombia entrega a su homólogo de
España a RODRÍGUEZ CABALLERO, respondiendo a una solicitud previa con fundamento en el
Art., 491 del CPP
Art., 324, parágrafo 3°, de CPP
Art., 324-3 del CPP
Tiene vigencia desde el 1° de julio de 2002. El 5 de agosto de 2002 Colombia se convirtió en el Estado número 77 que ratifcó el Estatuto de Roma
que se creó la Corte Penal Internacional. Pasado menos de un mes de ese compromiso, Colombia decidió invocar el artículo 124 del Estatuto de la CPI
que, adoptado por iniciativa de Francia, excluye de la competencia de la Corte, para los siete próximos años, los crímenes de guerra.
Art., 324-4 del CPP
Tratado de extradición entre los dos países,243
por el delito de homicidio que recientemente cometió
Téngase en cuenta que: la captura fue legal; se realizó el control de legalidad correspondiente; se
agotaron los pasos de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento; está
acreditada la extradición de RODRÍGUEZ CABALLERO a España para ser juzgado por un delito
distinto de aquel investigado en nuestro país, y que la pena impuesta en España es sustancialmente
superior a la que le correspondería por la conducta que se le atribuye en Colombia.
aplicar el principio de oportunidad, pero la pena máxima del delito perseguido es superior a seis
años, el fscal de conocimiento informa al despacho del Fiscal General de la Nación que la situación
fáctica se encuentra en la hipótesis contemplada en el parágrafo 2° del artículo 324 del Código de
Procedimiento Penal, para que asuma directamente la aplicación del principio de oportunidad o lo
haga por conducto de su delegado especial, quien interrumpe la persecución penal mientras ofcia a
la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía para que le informe sobre el resultado fnal del
proceso en el país que requirió en extradición al imputado, a efecto de establecer la diferencia entre la
sanción allí impuesta, con efectos de cosa juzgada, con la que pudiera corresponderle en Colombia.
Si ésta resultare signifcativamente menor, es decir carente de importancia al lado de aquella, decide
renunciar a la persecución penal.
Por el contrario, si el imputado fue absuelto en el exterior; o fue condenado a una pena equivalente,
similar o inferior a la que pudiera darse en Colombia por el hecho investigado, el fscal debe reanudar
la persecución penal porque no es procedente la aplicación del principio de oportunidad.
En la hipótesis de viabilidad de renunciar a la persecución penal, el fscal informa al respecto a víc-
tima y Ministerio Público, y en forma inmediata solicita al juez de control de garantías de turno que
dentro de los cinco (5) días siguientes realice la verifcación de legalidad pertinente.
En este caso, el fscal presenta al juez la certifcación requerida al Ministerio del Interior y de Justicia,
por conducto de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, relacionada con la entrega
del imputado en extradición, de la que se concluye que se trata de otra conducta punible sancionada,
diferente a la investigada penalmente en Colombia, sancionada con pena sustancialmente mayor a la
que aquí podría imponerse por el otro delito. Al efecto, aporta copia del fallo condenatorio con efectos
• Causal quinta
Procede cuando el imputado colabore efcazmente para evitar que continúe el delito o se realicen
otros, o aporte información esencial para la desarticulación de bandas de delincuencia organizada.244
JOSÉ RAMÍREZ CORREDOR fue capturado momentos después de haberse apoderado de un auto-
motor que se encontraba en el parqueadero del centro comercial Cable Plaza de Manizales. Formula-
da la imputación, RAMÍREZ ofreció colaborar para la captura de los demás integrantes de la banda
de delincuencia organizada comprometida con esa actividad ilegal. Dos días después, con base en la
información suministrada por el imputado, el CTI de la Fiscalía allanó varios inmuebles en las ciuda-
des de Manizales, Pereira, Cali y Bogotá y se logró la captura de 30 personas y la recuperación de 14
Art., 324-5 del CPP
automotores hurtados. De los distintos procesos iniciados, por cada uno de los hurtos mencionados,
pudo establecerse que en todos los casos se utilizó el mismo modus operandi. En relación con los cap-
turados se cumplió la formulación de imputación y los mismos se encuentran cobijados con medida
de aseguramiento por los delitos de hurto califcado y concierto para delinquir.
El fscal jefe de la unidad solicita autorización al Director Nacional de Fiscalías para la conformación
de un grupo de tareas especiales que verifque la información relacionada con la colaboración ofreci-
da por el imputado.
Con el resultado positivo de la colaboración ofrecida por el imputado, en la medida en que se logró
la captura de 30 personas, la recuperación de 14 vehículos hurtados y la desarticulación de una orga-
nización del crimen organizado, el fscal de conocimiento diligencia el formato correspondiente para
Como fscal de conocimiento, previamente intentó el resarcimiento del daño ocasionado a la víctima,
en el marco de la justicia restaurativa, después de lo cual el defensor del imputado consigna el valor
de la indemnización acordada con la víctima, quien en la misma fecha del delito investigado había
sido restituido del automotor objeto del mismo.
En las conversaciones con el imputado y su defensor debe quedar clara y voluntariamente acordado
que mientras se cumple la condición anotada aquél permanecerá sometido a la medida de asegura-
miento de detención (si ese es el caso), toda vez que la libertad sólo operará una vez el juez de control
de garantías declare la legalidad de la renuncia a la acción penal. Si el detenido y/o su defensor no
están de acuerdo con lo anterior, nada lo obliga a disponer la interrupción del trámite investigativo.
• Causal sexta
Procede cuando el imputado sirve como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, y
su declaración en la causa contra ellos se haga bajo inmunidad total o parcial. Los efectos de la apli-
cación del principio de oportunidad serán revocados si la persona benefciada con el mismo incumple
con la obligación que la motivó.245
JULIO CASTRO GÓMEZ fue capturado después de haberse apoderado de un camión de carga que
de Bogotá se desplazaba con 4000 televisores al centro comercial Unicentro de Cali. Formulada
la imputación, CASTRO ofrece declarar como testigo principal de cargo contra los demás sujetos
que intervinieron en el hurto, y precisa que fue ésta la primera vez que ejecutaban una acción de tal
El Fiscal General o su delegado especial advierte al imputado, en presencia de su defensor, que si
quiere benefciarse con la interrupción y eventual renuncia a la persecución penal, debe concurrir al
juicio a declarar como testigo principal de cargo contra los demás intervinientes, testimonio que será
amparado por inmunidad total o parcial, según se trate, de manera que lo que declare no podrá ser
empleado en su contra, salvo que se conozca por fuentes independientes, o que la inmunidad produce
sus efectos sólo en cuanto a lo declarado y todo aquello que se derive del testimonio, pero que, no
obstante, se le podría procesar si surgieren medios de prueba distintos que no dependan de lo que
declaró como testigo de cargo.
Art., 324-6 del CPP
Téngase presente que el testimonio es principal porque, de no darse, difícilmente se lograría el enjui-
ciamiento y condena de los demás intervinientes.
Al imputado se le advierte que los efectos de aplicación del principio de oportunidad serán revocados
si no cumple con lo acordado.
Si el imputado y su defensor aceptan la condición precisada con antelación, el fscal dispone la inte-
rrupción de la persecución penal hasta tanto ella se cumpla y al respecto informa a la víctima, si está
identifcada y ubicada, y al Ministerio Público.
Posteriormente puede darse uno de dos resultados posibles: (i) Si el testimonio no genera efectos
en contra de los demás sujetos, debe continuarse con la persecución penal.(ii) Si el testimonio fue
principal y contribuyó efcazmente a la condena de los demás intervinientes, escuchada la víctima y
enterada de las razones político criminales que conducen a la aplicación del principio de oportuni-
dad, el fscal de conocimiento diligencia el formato respectivo para la renuncia de la acción penal, si
lo convenido fue testimonio con inmunidad total, o si fue parcial pero no hubo elementos recaudados
por fuentes independientes; sin embargo, si la oferta fue de inmunidad parcial y se logró el acopio
de medios de conocimiento o elementos materiales probatorios con base en fuentes independientes,
si fueren sufcientes, deberá continuarse la acción penal.
También puede tratarse de un concurso de delitos, con motivo del cual el Fiscal General o su delega-
do especial, puede adelantar una negociación para interrumpir la persecución penal con el fn de que
el imputado declare contra los demás intervinientes, a cambio de extinguir la acción penal respecto
de uno o varios de los delitos investigados, y obtener una declaración de culpabilidad respecto de
uno o varios de los restantes punibles materia de la formulación de imputación.
Con la solución planteada en precedencia lograría darse una respuesta ponderada a casos de noto-
ria o extrema gravedad, pues no sería conveniente una renuncia a la persecución penal que cobije
la totalidad de las conductas punibles investigadas, aún habiéndose concretado la colaboración
efcaz.
• Causal séptima
Procede cuando el imputado haya sufrido, a consecuencia de la conducta culposa, daño físico o moral
grave que haga desproporcionada la aplicación de una sanción, o implique desconocimiento del prin-
cipio de humanización de la sanción punitiva.246
• El fscal debe acudir a esta causal sólo cuando se halle ante una conducta culposa (con repre-
sentación o sin ella), siempre que de manera ostensible determine que el daño físico o moral es
tan grave que hace desproporcionada la aplicación de una sanción penal, o implique el desco-
nocimiento del principio de humanización de la consecuencia penal. Cuando se trata de lesiones
personales téngase en cuenta que la transitoriedad de las secuelas del imputado no impide aplicar
• Es importante lograr que la víctima comprenda y acepte que,, atendida la gravedad del daño físico
o moral que sufrió el imputado como consecuencia de su conducta culposa, resulta inhumano y
desproporcionado aplicarle una sanción penal.
Art., 324-7 del CPP
• El fscal debe advertirle al imputado que se puede benefciar con la renuncia a la persecución pe-
nal, conforme con la causal prevista en la ley, procurando por todos los medios indemnizar a las
víctimas, aunque éste no sea requisito necesario para la aplicación de la causal.
CAMILA PEÑARANDA DE RUIZ se distrae con su manicurista, mientras JAIMITO, su hijo menor
de 4 años de edad, llega hasta la cocina y trata de tumbar un recipiente con agua caliente que la
madre ha dejado hervir para arreglarse las uñas. Por el ruido en la cocina, la madre intuye que es
su hijo y emprende veloz carrera y llegó a ese lugar en el instante que la olla caía hacia el menor.
Sin saber cómo, en un esfuerzo sobrehumano, logra desviar el recipiente, con tan mala suerte que es
ella quien sufre graves heridas en el rostro, en tanto que su hijo solo resultó afectado en un brazo.
A la madre, el médico legista le dictamina deformidad física de carácter permanente en rostro, y al
menor únicamente lesiones con 10 días de incapacidad defnitiva, sin secuelas. El padre del menor
denuncia a la madre por descuido.
• Causal octava
Procede en las situaciones previstas para la suspensión del procedimiento a prueba en el marco de la
justicia restaurativa, siempre como consecuencia del cumplimiento de las condiciones impuestas al
imputado.247
• En atención a que la suspensión a prueba debe darse en el marco de la justicia restaurativa, el fs-
cal verifca la existencia de solicitud verbal del imputado que se ajuste a las condiciones de proce-
dencia previstas para la mediación, teniendo en cuenta que no es viable para todos los delitos.248
• Asimismo, el fscal constata que la petición del imputado contenga un plan de reparación del daño
y las condiciones que está dispuesto a cumplir.249
• Tiene en cuenta, además, que el término máximo de la suspensión a prueba es de tres (3) años,
lapso durante el cual debe verifcar el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado,
de acuerdo con las directrices del manual expedido, para tal efecto, por el Fiscal General de la
RODRIGO PÉREZ POLANCO golpeó con un bate a su amigo DAVID MARROQUÍN SUÁREZ y
le ocasionó lesiones en el brazo derecho, a raíz de una deuda de cien mil pesos que éste no había
querido cancelarle. El Instituto de Medicina Legal le dictaminó noventa (90) días de incapacidad y
perturbación funcional transitoria, quien por tal hecho formuló denuncia en contra de su agresor.
En este caso, luego de una breve indagación, el fscal formula imputación contra RODRIGO PÉREZ
POLANCO, por el delito de lesiones personales.
Después de la correspondiente audiencia ante el juez de control de garantías, el imputado concurre
al despacho del fscal, acompañado de su defensor, y manifesta su arrepentimiento y disposición a
Art., 324-8 del CPP
Art., 524 del CPP
Art., 325, inciso 2, del CPP
reparar los perjuicios ocasionados al denunciante, a través de pagos mensuales, durante un año,
hasta completar la suma de trescientos cincuenta mil pesos ($350.000.oo).
El fscal contacta al perjudicado para informarle de la solicitud del imputado, y da aviso al Minis-
terio Público de la posibilidad de suspender a prueba el procedimiento, con el fn de una eventual
En principio, la víctima no se muestra de acuerdo con la cuantía de la reparación ofrecida por el
imputado, debido al tiempo que estuvo sin trabajar como consecuencia de la lesión que le fue ocasio-
nada, y por los gastos del tratamiento médico que por tal motivo debió sufragar.
Escuchada la víctima, el fscal resuelve suspender el procedimiento a prueba e impone al imputado
las siguientes condiciones: (i) informar cualquier cambio de residencia; (ii) reparar integralmente
a la víctima; (iii) manifestar públicamente su arrepentimiento por la conducta imputada; y (iv) la
obligación de observar buena conducta individual, familiar y social.
Para facilitar un acuerdo entre el imputado y la víctima, solicita al despacho del Fiscal General de
la Nación la designación de un mediador.
Durante la entrevista del imputado y la víctima, merced a la labor de facilitación del mediador,
acuerdan la suma de seiscientos mil pesos como reparación por el daño ocasionado a MARROQUÍN
SUÁREZ, dinero que debe cancelarse en seis cuotas mensuales de cien mil pesos cada una, la primera
de las cuales se da por recibida a cuenta del valor adeudado por el ofendido al PÉREZ POLANCO.
Adicionalmente, el imputado manifesta su intención de dar cabal cumplimiento a las demás condi-
ciones ordenadas en el momento de la suspensión a prueba del procedimiento. El mediador elabora
y remite oportunamente al fscal el informe donde quedan consignados los términos del acuerdo.
Luego del seguimiento del caso y verifcado el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones
impuestas al imputado, el fscal diligencia el formato respectivo para renunciar a la persecución pe-
nal, e informa de ello al representante de la víctima y al ministerio público. Con la mayor brevedad
solicita al juez de control de garantías de turno que dentro de los 5 días siguientes realice el control
de legalidad pertinente.
La aplicación de esta causal del principio de oportunidad puede darse en medio de una investigación
con imputado privado de la libertad, como consecuencia de la imposición de una medida de asegura-
miento. Si el fscal ordena la suspensión del procedimiento a prueba, acude ante el juez de control de
garantías para solicitar la sustitución de la detención preventiva por una medida de aseguramiento
no privativa de la libertad, a cambio de alguna o algunas menos restrictivas,250
con el fn de hacer
viable el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley.251
• Causal novena
Procede cuando la realización del procedimiento implique riesgo o amenaza graves a la seguridad
exterior del Estado.252
Art., 307, literal b, del CPP
Art., 326 del CPP
Art., 324-9 del CPP
Podría tratarse de un General de la República que se ve envuelto en una investigación penal por el
manejo irregular de dineros y cuentas reservadas, muchos de los cuales han sido invertidos en per-
sonas y elementos que se referen a secretos atinentes a la seguridad exterior del Estado, la que se
vería afectada por la publicidad del proceso penal.
Aunque el juez de conocimiento llegase a excepcionar por considerar que se pondría en peligro la
seguridad nacional, de todos modos habría lugar a que algunos sujetos conocieran y revelaran la
información secreta, y ello es lo que justifca la aplicación del principio de oportunidad, cuando no
se ha producido un detrimento signifcativo al patrimonio público en benefcio particular.
• El fscal debe promover que la víctima comprenda y acepte que, atendida la gravedad del riesgo
o amenaza graves para la seguridad exterior del Estado, no resulta recomendable por razones de
política criminal y de relaciones exteriores adelantar el procedimiento, ya que podrían revelarse,
por ejemplo, secretos de Estado que afecten su seguridad.
• No obstante que en esta causal lo relativo a la reparación integral no es presupuesto necesario
para la aplicación del principio de oportunidad, en lo posible el fscal debe buscar proteger los
intereses de la víctima.253
• El fscal del caso, o el designado para aplicar el principio de oportunidad, debe advertir al imputa-
do que se puede benefciar con la renuncia a la persecución penal, conforme con la causal prevista
en la ley, procurando por todos los medios indemnizar a la víctima.
• Causal décima
Procede cuando en atentados contra la administración pública o recta impartición de justicia, la afec-
tación al bien jurídico funcional resulta poco signifcativa, y la infracción al deber funcional tiene o
ha tenido como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.254
JUAN PIÑA CUENCA, servidor público de una entidad de igual naturaleza, ordenador del gasto
y actuando como contratante, celebra un contrato estatal para la construcción de un tramo de una
carretera, con el cumplimiento de todas las exigencias legales.255
Sin embargo, a pesar de seleccionar
la oferta más conveniente para la administración, se interesa en forma indebida en su celebración.
La Contraloría falla el proceso fscal con absolución en favor del servidor público, con el argumento
que la administración resultó benefciada porque era la mejor propuesta, y archiva la investigación.
De manera concomitante la Procuraduría General de la Nación califca la falta como gravísima y
presuntamente dolosa, de que tras invocar, entre otras normas, el artículo 48.1 del Código Único
Disciplinario lo sanciona con destitución del cargo.
• El Fiscal General de la Nación o su delegado especial, con la mayor brevedad debe ordenar la inte-
rrupción de la persecución penal. Como quiera que en este caso se trata de un delito contra la admi-
nistración pública, le informa al Ministerio Público sobre esa posibilidad.
Art., 328 del CPP
Art., 324-10 del CPP
para la aplicación del principio de oportunidad, en lo posible, el fscal debe procurar proteger los
intereses de la Administración Pública.256
• Debe, si fuere necesario, provocar un informe del perito contador para que determine si hubo
detrimento patrimonial y su cuantía, en orden a demostrar ante el juez de control de garantías que
la afectación al bien jurídico es intrascendente y que, por el contrario, la administración resultó
benefciada.
• Recuérdese que, normalmente, la Contraloría inicia un juicio fscal en el que se determinan los
daños ocasionados a la administración, fallo que puede demostrar esa falta de trascendencia de
afectación del bien jurídico tutelado.
• De producirse, el fscal debe allegar los documentos pertinentes para demostrar que la sanción
disciplinaria quedó en frme, que se trata de la misma conducta, y que la consecuencia que tendría
que aplicarse en el ámbito penal resulta de menor o igual efecto que la impuesta por el ente de
• El fscal debe presentar al juez de control de legalidad los medios de conocimiento de naturaleza
documental obtenidos por los investigadores (fallos de Contraloría y Procuraduría e informe del
perito contador), los que puede controvertir el Ministerio Público.
• Causal undécima
Procede cuando en delitos contra el patrimonio económico el objeto material se encuentre en tan alto
grado de deterioro respecto de su titular, que la genérica protección brindada por la ley hace más cos-
tosa su persecución penal y comporta un reducido y aleatorio benefcio.257
JAIME JIMÉNEZ JÉREZ presentó querella contra RODOLFO PÉREZ RODRÍGUEZ, vigilante del
conjunto donde aquél reside, por haberse apoderado de cuatro llantas del vehículo de su propiedad
que en días anteriores el querellante, al reemplazarlas por unas nuevas, había dejado en la zona de
parqueo, en notorio estado de deterioro, porque pensaba utilizarlas en la decoración de la zona verde
El asunto fue asignado a un fscal local después de que fracasara el intento de conciliación prepro-
cesal, en la que JIMÉNEZ JÉREZ no aceptó la fórmula de reparación ofrecida por el querellado,
equivalente al producto que obtuvo de la venta de los elementos en un monta llantas.
JIMÉNEZ JÉREZ, quien sostiene con el querellado una grave enemistad, persiste en que la persecu-
ción penal continúe hasta llegar a “sus últimas consecuencias”.
• Causal duodécima
Procede cuando la imputación subjetiva sea culposa y los factores que la determinan califquen la
conducta como de mermada signifcación jurídica y social.258
Art., 324-11 del CPP
Art., 324-12 del CPP
CARLOS MEDRANO JULIANNY labora en la fábrica de licores “el borrachito” de la ciudad de
Medellín. Cierto día, debido a un accidente en la carretera, llega tarde al trabajo; cuando arriba se
pone rápidamente el overol para que su jefe no se dé cuenta que ha llegado fuera de tiempo, olvi-
dando colocarse el equipo de seguridad industrial que le protege boca y nariz, razón por la que su
superior le pasa un memorando llamándole la atención y sancionándolo con una multa de $30.000.
Después de seis horas de trabajo, MEDRANO sale bajo los efectos de una ebriedad fortuita, debido
a la aspiración permanente de los químicos que sirven de base para fabricar el licor. Así, aborda la
camioneta en la que diariamente llega a su trabajo en compañía de GILBERTO RUBIANO, su ve-
cino de barrio y trabajador de la misma factoría, quien le solicita que lo deje manejar porque lo ve
ebrio; aquél se empecina y conduce, con tan mala suerte que choca contra una persona que cruzaba
la calle, ocasionándole lesiones personales que le ameritaron una incapacidad defnitiva de 60 días
y secuelas médico legales de carácter transitorio.
• Para efecto de esta causal están incluidos los delitos culposos contra la administración pública, la
recta y efcaz administración de justicia, y procede cuando, además de demostrarse que la afecta-
ción al bien jurídico funcional resulta poco signifcativa, no es necesario que tenga o haya tenido
como respuesta adecuada el reproche y la sanción disciplinarios.
• En principio, el fscal no debe preocuparse por determinar si la culpa es con representación o sin
ella, porque el legislador no hizo distingo alguno.
• Debe procurarse que el sujeto pasivo comprenda y acepte que, atendido el escaso signifcado
jurídico y social de la conducta culposa, no se justifca adelantar la investigación penal desde el
punto de vista político criminal.
• Téngase en cuenta que aunque en esta causal lo relativo a la reparación integral no es presupuesto
necesario para la aplicación del principio de oportunidad, debe buscarse, en lo posible, proteger
los intereses de la víctima que puede ser la Administración Pública.259
• Para casos como los delitos culposos contra la administración pública, la Contraloría inicia un
juicio fscal en el que normalmente se determinan los daños ocasionados a la administración, fallo
que puede demostrar esa falta de trascendencia de afectación del bien jurídico tutelado.
• Los investigadores deben recaudar los elementos materiales de prueba necesarios para acreditar
las exigencias objetivas de la causal. Por ejemplo, con evidencia científca puede demostrarse que
al momento de la ejecución de la conducta imprudente estaba de manera involuntaria bajo efectos
del licor, como suele ocurrir en el caso constituía una ebriedad fortuita.
• En el caso comentado, con la declaración jurada del jefe del imputado puede establecerse que la-
bora en una fábrica de licores y que el día de los hechos lo amonestó porque estaba trabajando sin
el “tapabocas” que hubiese impedido que aspirara de manera permanente los gases propios de la
industria del licor. Asimismo que al salir del sitio de trabajo estaba ebrio y que no había ingerido
licor en forma voluntaria.
• Adicionalmente, mediante el dictamen médico legal el fscal establece que a la víctima se le cau-
saron lesiones que le produjeron una incapacidad defnitiva de 60 días y secuelas médico legales
• La víctima acude ante el fscal para informarle su aceptación del monto pagado por los perjuicios
ocasionados, o que no le interesa porque no se causaron, dejando el camino expedito para la apli-
cación del principio de oportunidad.
• Causal décimo tercera
Procede cuando el juicio de reproche de culpabilidad resulta de tan secundaria consideración que
hace de la sanción penal una respuesta innecesaria y sin utilidad social.260
ROBERTO BOLAÑOS PÉREZ, de 18 años de edad, tiene un hermano que es Capitán efectivo de la
Policía Nacional. Cuando el ofcial disfrutaba de vacaciones en otra ciudad, ROBERTO se vistió con
uno de los uniformes de su hermano y salió a la calle, donde, sin fnalidad específca pero sabiendo
que la conducta estaba prohibida, se hizo pasar por miembro de la Fuerza Pública ante varias per-
sonas para concitar mero reconocimiento. ROBERTO fue capturado por dos patrulleros de la Policía
Nacional a quienes les causó extrañeza la juventud del supuesto Capitán.
Luego de las primeras actividades de indagación, los medios de conocimiento indicaron que el com-
portamiento investigado estuvo dirigido a jugar una broma a varias personas desprevenidas. Así
mismo, las personas entrevistadas, ante las cuales BOLAÑOS PEREZ simuló la calidad de Capitán,
manifestaron su desinterés en el caso.
• Causal décimo cuarta
Procede cuando se afectan minimante bienes colectivos, siempre que se dé la reparación integral y
pueda deducirse qu el hecho no volverá a presentarse.261
MILCIADES CANTOR RODRÍGUEZ, comerciante de la Central de Abastecimientos de Bogotá, es
sorprendido por un fscal y agentes del CTI, quienes en horas de la madrugada allanan una de sus
bodegas y encuentran que tiene acaparados desde hace seis meses 5000 bultos de sal, producto con-
siderado como de primera necesidad, cuyo valor unitario en el mercado asciende a $3.600. El precio
estimado de la mercancía incautada fue de $18.000.000.
• Se puede acudir a esta causal siempre que se ejecute una conducta dolosa o culposa que vulnere
o ponga en peligro bienes jurídicos cuya titularidad se encuentre radicada en la colectividad, por
ejemplo la fe pública y el orden económico social,262
cuando se repare integralmente el daño y
pueda deducirse que el imputado no volverá a cometer la conducta.
• Si fuere necesario, el fscal debe provocar un informe de perito para que determine si hubo detri-
mento patrimonial y su cuantía, en orden a demostrar ante el juez de control de garantías que la
afectación al bien jurídico es mínima o intrascendente.
las exigencias objetivas de la causal, por ejemplo demostrar con evidencia técnica que la conduc-
ta es insignifcante por la cuantía de lo acaparado.
Art., 324-13 del CPP
Art. 324-14 del CPP
Arts. 273 y ss., y 297 y ss., de CP
• El representante legal de la víctima y el imputado (previa y oportunamente informado del dere-
cho de guardar silencio y en presencia del defensor), pueden manifestar que la primera ha sido
reparada integralmente y que el segundo se ha comprometido a no incurrir nuevamente en acapa-
ramiento de productos de primera necesidad.
• Causal décimo quinta
Procede cuando la persecución penal de un delito comporta problemas sociales más signifcativos,
siempre que exista y se produzca una solución alternativa adecuada a los intereses de las víctimas.263
El representante legal de una empresa constructora presentó querella contra unas 150 personas de
familias marginadas, por la invasión de un predio de su propiedad. La conciliación preprocesal fra-
casó porque los voceros de los autores de la invasión no concurrieron a la audiencia decretada para
Recomendaciones para el presente caso
• Téngase en cuenta que durante la indagación adelantada para acopiar medios de conocimiento,
elementos materiales de prueba y lograr la identifcación de los invasores, especialmente la de
los promotores, el Concejo de la ciudad autorizó al Alcalde para adquirir el inmueble ocupado y,
luego del cumplimiento de algunas condiciones de tipo administrativo, adjudicarlo a las familias
• Una vez se cumplió la adquisición del predio por el Concejo de la ciudad, con la fnalidad anun-
ciada en precedencia, y después de conocer que la empresa propietaria del predio accedió a la
enajenación del inmueble, (se suprime frase repetida) el fscal de conocimiento diligencia el for-
mato correspondiente para renunciar a la persecución penal, informando de ello al representante
legal de los perjudicados y al Ministerio Público.
• En este ejemplo, la aplicación del principio de oportunidad no incluye a los promotores del delito
de invasión, por expresa prohibición en tal sentido.264
En relación con ellos, el fscal ordena la
ruptura de la unidad procesal para continuar el trámite normal o intentar la concreción de una
declaración de culpabilidad preacordada.265
• Con la mayor brevedad el fscal debe solicitar al juez de control de garantías de turno que dentro
de los 5 días siguientes realice el control de legalidad pertinente.
• Causal décima sexta
Procede cuando la persecución penal del delito cometido por el imputado, como autor o participe,
difculta, obstaculiza o impide al titular de la acción orientar sus esfuerzos de investigación hacia he-
chos delictivos de mayor relevancia o trascendencia para la sociedad, cometidos por él mismo o por
otras personas.266
El fscal puede acudir a esta causal siempre que se trate de una conducta dolosa o culposa que vulnera
o pone en peligro bienes jurídicos considerados como de mayor trascendencia social; para ello, ténga-
se en cuenta la sistemática del código penal en punto a bienes jurídicos. Igualmente debe complemen-
Art., 324-15 del CPP
Art., 324, parágrafo 1°, de CPP
Art., 53-4 del CPP
Art., 324-16 del CPP
tar ese estudio a través de la comparación de las penas, bien como delito individualmente considerado
(incluido el continuado y masa) o dentro de los límites del concurso de conductas punibles.
Durante los meses de enero a agosto de 2004, en 18 de las capitales departamentales de Colombia se
han denunciado cerca de 100 accesos carnales violentos, coincidiendo todas las víctimas en que el
violador es un hombre de 1,80 de estatura y piel trigueña, con una candonga en la oreja izquierda y
se destaca que nunca ha podido ser visto por una persona distinta de la víctima de turno.
El 4 de septiembre del mismo año, un sujeto que responde a las características físicas del violador,
es capturado por vecinos del barrio El Camping en la ciudad de Bogotá, cuando golpeaba en un
establecimiento público a un anciano que no le quería vender más licor, ocasionándole deformidad
permanente en el rostro.
Durante la investigación el fscal se percata que se trata del sujeto que era buscado por distintos
accesos carnales y no se ha podido identifcar.
Frente al caso hipotético piénsese que se está en los días previos al vencimiento del término para
presentar el escrito de acusación y que la Dirección Nacional de Fiscalías ha informado al fscal que
en el desarrollo de las indagaciones adelantadas por la realización de los asaltos sexuales anterior-
mente mencionados, va a ser necesario el cumplimiento de múltiples actividades investigativas en
las diferentes capitales del país donde se realizaron tales delitos, entre ellas las relacionadas con los
correspondientes reconocimientos en flas de personas, lo que posiblemente implicará el traslado del
imputado a varias ciudades.
Con el propósito de facilitar la investigación de los aludidos delitos sexuales, que desataron gran
indignación social, el fscal considera conveniente la interrupción de la persecución penal, circuns-
tancia que somete al conocimiento el Fiscal General e la Nación, toda vez que por la naturaleza de
las lesiones personales este es un caso con pena mínima superior a 6 años de prisión.
Transcurridos 45 días desde la interrupción de la persecución penal (por las lesiones personales),
el fscal es informado del cumplimiento de las labores investigativas dispuestas a raíz de los de-
litos sexuales en comento. En consecuencia, profere orden para reanudar la investigación por el
delito de lesiones personales, da informe de ello a la Fiscalía, el ministerio público y la víctima.
A partir de este momento se reanuda el término para presentar el escrito de acusación, próximo
• Causal décimo séptima
Procede cuando los condicionamientos fácticos o síquicos de la conducta permiten considerar el ex-
ceso en la justifcante como representativo de menor valor jurídico o social por explicarse el mismo
en la culpa.267
JOSÉ MENDIETA WILCHES era agredido con arma corto punzante por su vecino MAURO PINZÓN
CORAL en presencia de JOSUÉ SILVA FRANCO, quien, ante el ataque de que estaba siendo víctima
y la evidente inferioridad de MENDIETA, esgrimió su arma de fuego (amparada con salvoconducto)
e intentó intimidar a PINZÓN para que cesara la agresión. Como este último continuó haciendo lan-
ces con el cuchillo, SILVA decidió accionar el arma de fuego contra las extremidades inferiores del
atacante, solo con la fnalidad de causarle una lesión que hiciera efcaz la defensa del agredido.
Art., 324-17 del CPP
JOSUÉ SILVA, quien había sido campeón de tiro con pistola en numerosos torneos celebrados du-
rante los últimos años, confó en que una dolencia en su mano derecha, de la que era tratado médi-
camente, no alcanzaría a afectar su destreza para el uso del arma de fuego. Sin embargo, PINZÓN
murió a consecuencia del disparo que recibió en la región abdominal inferior.
Momentos después de los hechos, JOSUÉ SILVA FRANCO se entregó voluntariamente a los inves-
tigadores que asumieron el conocimiento del caso, quienes de manera simultánea entrevistaron a
varias personas que presenciaron el suceso.
El fscal de conocimiento ordena la libertad de SILVA FRANCO por considerar que el homicidio se
realizó con exceso de una situación enmarcada dentro de una causal de ausencia de responsabilidad
(justifcante).268
Proyectada la eventual aplicación del principio de oportunidad, con sustento en esta causal, el fscal
se abstiene de hacer formulación de imputación y dispone la interrupción de la persecución penal,
de lo cual informa a la esposa del occiso y al representante del Ministerio público.
Durante las actividades que dirige como resultado del programa metodológico, el fscal establece
la excelente conducta personal, familiar y social de SILVA, su destreza en el uso de armas de fuego
(especialmente pistolas) y el tratamiento médico que recibía a raíz de un reciente accidente en el que
resultó lesionado en su mano derecha, circunstancia que corrobora a través de la valoración física
ordenada al Instituto Nacional de Medicina Legal. Adicionalmente, en presencia de uno de los inves-
tigadores del caso, recibe declaraciones a los testigos del hecho investigado.
Como resultado de las conversaciones que el fscal del caso facilita, el indiciado y la esposa del
occiso, quien previamente fue identifcada y ubicada, llegan a un acuerdo indemnizatorio, cuyo cum-
plimiento fue oportunamente acreditado.
Con base en lo anterior y en los medios de conocimiento mencionados con antelación, el fscal con-
cluye que efectivamente el homicidio fue el resultado del exceso culposo de una causal de ausencia
de responsabilidad (justifcante). Decide entonces renunciar a la persecución penal, informa de ello
a la perjudicada y el Ministerio Público. Con la mayor brevedad solicita al juez de control de garan-
tías de turno que dentro de los 5 días siguientes realice el control de legalidad pertinente, y al efecto
diligencia el formato respectivo.
Artículos 250 C. N., 11-g, 53, 66, 77, 111-2-d, 114-2, 136-11, 154-7, 161, 175, 317-2, 321 a 330 y 359
Art., 32-7 del CP
Ejemplo de un formato de
DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS.
FISCALÍA PRIMERA DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS PENALES
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, D. C.
Bogotá, D. C., cinco de febrero de dos mil cinco. Hora 8:40 a.m.
Esta Delegada conoce de la indagación número 754321, con base en los siguientes hechos y
En horas de la tarde del 19 de enero de este año,, RODRIGO PÉREZ POLANCO golpeó con un bate a
DAVID MARROQUÍN SUÁREZ, en el brazo derecho, durante hechos ocurridos frente a la residencia
del primero, ubicada en la calle 63 C número 30-65 de esta ciudad.
El Instituto Nacional de Medicina Legal examinó a MARROQUÍN SUÁREZ, en dos oportunidades, y
le diagnosticó una lesión con perturbación funcional transitoria del brazo derecho, con incapacidad
defnitiva de noventa días. En el ámbito de lo objetivo, la conducta se ajusta al delito de lesiones
personales previsto en los artículos 111 y 114, inciso 1º, del Código Penal.
En la denuncia, MARROQUÍN SUÁREZ informó que la causa de la conducta fue una deuda de cien
mil pesos que tenía con PÉREZ POLANCO, que hasta esa fecha no había podido cancelar.
El 25 de enero de este año el indiciado se presentó en la sede de esta Fiscalía Delegada, acompa-
ñado del abogado JOAQUÍN MARTELO ROZO. En presencia de su defensor y con el respeto de los
derechos constitucionales y legales, PÉREZ POLANCO expresó, además de las circunstancias de la
conducta denunciada, su arrepentimiento y deseo de reparar integralmente a la víctima.
En atención a que el delito denunciado tiene prevista pena máxima superior a seis años y en cum-
plimiento de lo ordenado en el artículo 324, parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal,
se informó al despacho del Fiscal General de la Nación en relación con la posible aplicación del
principio de oportunidad, con fundamento en el artículo 324-8 de la misma obra, después de lo cual
este despacho fue delegado para adelantar el trámite correspondiente, por medio de la resolución
099 de 2004.
El 1º de febrero de este año, se ordenó la suspensión a prueba prevista en el artículo 325 del Código
de Procedimiento Penal, por el término de seis meses, razón por la cual fueron impuestas al indicia-
do las condiciones establecidas en los numerales 1, 7 y 11 del artículo 326 ibídem (no cambiar de
domicilio sin aviso previo, reparar integralmente a la víctima y observar buena conducta individual,
familiar y social).
Con el propósito de acercar a la víctima y el indiciado en cuanto a los términos de la reparación
integral, materia sobre la cual en principio no estuvieron de acuerdo, se accedió a la intervención de
uno de los mediadores designados por el Fiscal General de la Nación, en este caso la señora ROSARIO
CONTRERAS ACEVEDO, quien el 10 de febrero de 2004 rindió informe del modo previsto en el ar-
tículo 523 del Código de Procedimiento Penal.
Como resultado de la mediación el indiciado se comprometió, y la víctima aceptó, a pagar la suma
de seiscientos mil pesos a título de reparación, en seis cuotas mensuales de cien mil pesos cada una,
a partir del 1º de marzo de este año. Se acordó, además, que los cien mil pesos de la deuda a cargo
de MARROQUÍN SUÁREZ (motivo de la conducta delictiva investigada) serían compensados con el
equivalente del primer pago ofrecido por PÉREZ POLANCO.
Cumplido el término de seis meses, señalado para la suspensión a prueba, este despacho verifcó el
cumplimiento de todas y cada una de las condiciones impuestas a RODRIGO PÉREZ POLANCO
y, especialmente, la relativa a la reparación integral de la víctima, motivo por el cual se informó al
despacho del Fiscal General de la Nación para dar aplicación del principio de oportunidad y renun-
ciar de la persecución penal, con fundamento en el numeral 8º del artículo 324 del Código de Pro-
cedimiento Penal, determinación con la cual están de acuerdo el denunciante DAVID MARROQUÍN
SUÁREZ, el imputado RODRIGO PÉREZ POLANCO y su defensor JOAQUÍN MARTELO ROZO.
En consecuencia, la Fiscalía Primera Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá
Primero: Dar aplicación al principio de oportunidad y, en consecuencia, renunciar a la persecución
penal dirigida contra RODRIGO PÉREZ POLANCO, identifcado con la cédula de ciudadanía nú-
mero 19.407.388 de Bogotá, por el delito de lesiones personales realizado contra DAVID MARRO-
QUÍN SUÁREZ, el 19 de enero de 2004, en la calle 63 C número 30-65 de esta ciudad.
Segundo: En el menor término posible, sométase esta decisión al control de legalidad del juez penal
municipal con función de control de garantías de turno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 327
del Código de Procedimiento Penal, para que dentro de los cinco días siguientes a la fecha convoque
a audiencia de control de legalidad a la aplicación del principio de oportunidad.
FERNANDO BERNAL SANTACRUZ
Fiscal Primero Delegado
Bogotá, D. C., septiembre 5 de 2.004.
En la fecha fuimos enterados de la orden anterior, por medio de la cual la Fiscalía Primera Delegada
ante los Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad, dispuso aplicar el principio de oportunidad
con motivo de esta indagación seguida contra RODRIGO PÉREZ POLANCO, por el delito de lesio-
nes personales, con la cual estamos de acuerdo.
DAVID MARROQUÍN SUÁREZ
Denunciante y lesionado
RODRIGO PÉREZ POLANCO
JOAQUÍN MARTELO SUAREZ
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References: artículo 175
 artículo 324
 artículo 294
 artículo 327
 artículo 324
 artículo 162
 artículo 327
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 124
 artículo 324
 artículo 48
 artículo 324
 artículo 324
 resolución

 artículo 325
 artículo 326
 artículo 324
 artículo 327