Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1478850530081&uri=COM:2016:715:FIN
Timestamp: 2019-09-19 15:25:17+00:00

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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2016
Bruselas, 9.11.2016
Comunicación sobre la política de ampliación de la UE en 2016
En noviembre de 2015, la Comisión Europea presentó una estrategia a medio plazo para la política de ampliación de la UE durante el mandato de la Comisión, que fue aprobada por el Consejo en diciembre de 2015. La presente Comunicación examina los avances realizados en la aplicación de esta estrategia, extrae conclusiones y formula recomendaciones específicas por lo que se refiere a los países de la ampliación y sobre determinadas cuestiones temáticas.
La UE sigue enfrentándose a retos importantes en varios ámbitos. Múltiples crisis tienen un potencial desestabilizador no solo en Europa, sino también en el resto del mundo. El atractivo de la UE en los países de la ampliación se ha visto parcialmente afectado por la recesión económica y el escepticismo con respecto al proyecto europeo.
Al mismo tiempo, la firme perspectiva de la adhesión a la UE, continuamente reafirmada por todos los Estados miembros, sigue constituyendo el motor de la transformación y afianza la estabilidad y la seguridad en los países del sudeste de Europa. Por tanto, un proceso de ampliación creíble basado en unas condiciones estrictas y justas sigue siendo un instrumento insustituible para reforzar a estos países y contribuir a su modernización mediante reformas políticas y económicas, en consonancia con los criterios de adhesión.
La política de ampliación sigue obteniendo resultados y las reformas avanzan en la mayoría de los países, aunque a ritmos diferentes. Habida cuenta de la complejidad de las reformas necesarias, es un proceso a largo plazo en el que persisten deficiencias estructurales, especialmente en los ámbitos fundamentales del Estado de Derecho y la economía.
Concretamente en Turquía, la Cumbre UE-Turquía de 29 de noviembre de 2015 y la posterior Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016, llevaron a una reducción significativa de los flujos de migración irregular y, más en general, a un nuevo impulso a las relaciones entre la UE y Turquía. El 15 de julio, las instituciones democráticas y la sociedad turca en su conjunto sufrieron un intento de golpe de Estado violento, que la UE condenó inmediatamente en los términos más enérgicos.
Un compromiso continuado con el principio de «primero lo fundamental» sigue siendo esencial para los países de la ampliación. La Comisión seguirá centrando sus esfuerzos en el Estado de Derecho, en particular la seguridad, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma de la administración pública, así como en el desarrollo económico y la competitividad. Estos siguen siendo los elementos fundamentales para el cumplimiento de los criterios de adhesión establecidos en Copenhague y Madrid. Reviste una importancia fundamental que la sociedad civil y las partes interesadas desempeñen en general un mayor papel.
Al mismo tiempo, es importante reconocer que las negociaciones de adhesión no son, ni han sido nunca, un fin en sí mismas, sino que forman parte de un proceso más amplio de modernización y reformas. Los Gobiernos de los países de la ampliación deben asumir las reformas necesarias de manera más activa y convertirlas en su agenda política, y no porque la UE lo pida, sino porque redunda en interés de sus ciudadanos. El apoyo público a las futuras ampliaciones dependerá del grado de preparación de los países candidatos. Por consiguiente, las reformas ligadas al proceso de adhesión a la UE también ayudan a aumentar la confianza de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de los países candidatos.
II. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE 2015
a) Estado de Derecho
En general, se han realizado esfuerzos para modernizar la infraestructura y los marcos jurídicos, así como para garantizar una mejor formación de los jueces y fiscales. En julio, el Parlamento de Albania aprobó por unanimidad las enmiendas constitucionales que constituyen la base para una reforma judicial profunda y completa. Serbia adoptó planes de acción sobre el Estado de Derecho, que establecen el programa de trabajo para la introducción de reformas en los capítulos 23 y 24.
Sin embargo, los progresos relativos a la instauración de sistemas judiciales operativos e independientes siguen siendo lentos, y la mayoría de los países se enfrenta a problemas de eficiencia y de falta de suficiente autonomía y responsabilidad. En Turquía, la independencia del poder judicial se vio menoscabada por importantes cambios en las estructuras y la composición de los tribunales superiores, así como por la continua presión sobre jueces y fiscales. El cese de una quinta parte de los jueces y fiscales tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio representa un importante reto para el funcionamiento general del sistema judicial. En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las graves deficiencias puestas de manifiesto por el asunto de las escuchas telefónicas aún no se han abordado adecuadamente.
En los últimos años, todos los países han reforzado sus marcos para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Se han creado nuevas instituciones, como por ejemplo la Agencia de lucha contra la corrupción de Montenegro, y se han desplegado numerosos esfuerzos para impulsar la especialización, tanto en la policía como en la judicatura. A pesar de estos esfuerzos, varios países de la región siguen mostrando claros síntomas y diversos grados de captura del Estado. Empresas, instituciones o particulares poderosos utilizan prácticas ilegales para influir y adecuar las políticas, el marco jurídico y la economía a sus propios intereses. El compromiso político declarado para luchar contra la corrupción no se ha traducido suficientemente en resultados concretos. Por tanto, los esfuerzos deben centrarse más que nunca en el establecimiento de una trayectoria convincente y sostenida en estos ámbitos, basándose en investigaciones, enjuiciamientos y sentencias judiciales eficaces, efectivas e imparciales en todos los niveles. Es necesaria una mayor transparencia en el ámbito de la contratación pública. La obtención de resultados en la lucha contra la delincuencia organizada debe ir más allá de los casos individuales. Los poderes públicos deben empeñarse seriamente en el desmantelamiento de las redes delictivas y la confiscación de activos, en particular utilizando herramientas más ambiciosas y potentes, recurriendo en mayor media al decomiso de los activos y el uso sistemático de investigaciones financieras. Debe intensificarse el esfuerzo en la lucha contra el tráfico de armas de fuego. Los progresos realizados en los últimos años en la lucha contra la trata de seres humanos son variables. Es necesario desplegar mayores esfuerzos para alinearse con el acervo pertinente y para garantizar la aplicación efectiva de las medidas de prevención, así como la protección y asistencia a las víctimas.
El terrorismo y la radicalización siguen constituyendo una amenaza para la seguridad de la UE y los países de la ampliación. Turquía se vio particularmente afectada por varios grandes ataques terroristas mortíferos el pasado año. El fenómeno de los combatientes procedentes tanto de la UE como de los países de la ampliación, que viajan para unirse a grupos insurgentes en Siria e Irak, y la amenaza en términos de seguridad que representan cuando regresan, también es probable que persistan en los próximos años. Los países de la ampliación han modificado su legislación penal y antiterrorista, dotándose de herramientas más sólidas para luchar contra dichos fenómenos. Algunos de ellos también han adoptado nuevas estrategias y planes de acción de lucha contra el terrorismo, que se han apartado de un enfoque meramente represivo y ahora también se centran en la prevención y la lucha contra la radicalización. No obstante, es necesario seguir luchando contra la radicalización en cada país, en particular en el ámbito de la educación y mediante un mejor control de la financiación extranjera que fomenta contenidos radicales. La UE está ampliando su Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) a los países candidatos a la adhesión para facilitar la disponibilidad de las buenas prácticas de la UE en la materia. Los países de la ampliación deberían seguir utilizando Europol como facilitador de la cooperación en la lucha contra el terrorismo.
Los derechos fundamentales están ampliamente consagrados en la legislación de los países candidatos a la adhesión. En los Balcanes Occidentales persisten deficiencias en la práctica, pero la situación sigue siendo estable en términos generales. En Turquía ha habido retrocesos en esta materia y la aplicación práctica a menudo muestra importantes deficiencias. Tras el intento de golpe de Estado en julio, se declaró un estado de emergencia en virtud del cual se tomaron medidas de gran alcance para limitar los derechos fundamentales. Tras el intento de golpe de Estado tuvieron lugar supuestamente muchas violaciones graves de la prohibición de tortura y malos tratos, y de los derechos procesales. En su propio interés, Turquía debe garantizar el funcionamiento eficaz de un sistema de control jurisdiccional imparcial de las presuntas violaciones de los derechos humanos. La Comisión acoge con satisfacción el compromiso de las autoridades turcas a tal fin e insta a Turquía a facilitar el seguimiento de los juicios por organizaciones internacionales.
La libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo una preocupación especial en la mayoría de los países de la ampliación, aunque en diversos grados. La falta de progreso en este ámbito, ya observada en los últimos dos años, ha persistido y en algunos casos se ha intensificado. La situación en relación con la libertad de expresión se ha deteriorado significativamente en Turquía, en particular con las detenciones y persecución de periodistas acusados de terrorismo, y el cierre de numerosos medios de comunicación. En los Balcanes Occidentales han continuado las interferencias políticas indebidas en el trabajo de los organismos públicos de radiodifusión, la falta de transparencia de la financiación pública de los medios de comunicación y la intimidación de periodistas. Para abordar estas cuestiones, basándose en las conferencias «Speak Up!» (¡Exprésate!) la Comisión pondrá en marcha un nuevo concepto de «días de los medios de comunicación» en la región, ampliando el espectro de temas relacionados con los medios de comunicación abordados más allá de la libertad de expresión en general, para cubrir también el funcionamiento de los mercados de los medios de comunicación, el falseamiento de la competencia y cuestiones conexas como los mercados de la publicidad y la financiación.
La discriminación y la hostilidad hacia los grupos vulnerables, entre otros motivos por la orientación sexual o la identidad de género, sigue siendo un problema grave. Hay que seguir trabajando para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y en particular abordar la violencia doméstica y de género, garantizando la igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente en el mercado laboral. Es preciso reforzar los derechos del niño, incluido el desarrollo de sistemas de protección de la infancia y la adopción de políticas eficaces para apoyar a las personas con discapacidad. La difícil situación de la población gitana no ha variado básicamente, y los gitanos, en particular en los Balcanes Occidentales, siguen siendo víctimas de la discriminación y la exclusión social. El marco político para la integración de los gitanos está en marcha en todos los países de la ampliación, pero es necesario que los gobiernos intensifiquen sus esfuerzos para aplicar los compromisos existentes y asignar los recursos necesarios a nivel central y local.
En muchos países de la ampliación aún no se cuenta con una protección efectiva de los datos personales ni con sistemas sólidos para garantizar los derechos procesales.
La crisis migratoria fue una de las cuestiones prioritarias de la agenda política el año pasado y siguió demostrando la importancia estratégica de la política de ampliación en la región. La UE reaccionó de una forma global y teniendo en cuenta los derechos. El cierre de la ruta de los Balcanes Occidentales por los países afectados, junto con la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo, arrojaron resultados claros sobre el terreno, con un importante descenso del número de migrantes irregulares y solicitantes de asilo llegados a las islas griegas, desde varios miles al día a menos de 100 al día de media. Esto también provocó una fuerte reducción del número de vidas perdidas en el mar. Turquía ha seguido haciendo grandes esfuerzos para ofrecer cobijo a más de 2,7 millones de refugiados procedentes en su mayoría de Siria e Irak, en particular ampliando la legislación sobre protección temporal y facilitando el acceso al mercado laboral. Asimismo, reforzó la gestión de fronteras y aumentó las patrullas en sus fronteras terrestres y marítimas. El Mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía se está desarrollando rápidamente y prestando un apoyo tangible a las personas necesitadas. La cantidad total asignada con cargo al Mecanismo asciende actualmente a 2 200 millones EUR, de los cuales 1 200 millones han sido comprometidos, y de estos, 677 millones han sido desembolsados. Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han contribuido de forma significativa a la gestión de los flujos migratorios. Desde el verano de 2015, estos dos países de los Balcanes Occidentales, los más afectados, han recibido ayuda humanitaria de la UE y ayuda adicional con cargo al Instrumento de preadhesión para apoyar sus esfuerzos positivos y constructivos para ayudar a los refugiados y migrantes en su territorio.
No obstante, los migrantes han seguido intentando llegar a sus destinos en Europa. Algunos de los países de la ampliación han debido adaptar rápidamente tanto sus marcos jurídicos e institucionales como sus infraestructuras para hacer frente a la crisis migratoria. La capacidad administrativa y de ejecución, en particular en relación con las situaciones de crisis, de todos los países, requiere más ayuda. Es preciso que la policía y los agentes de la justicia sigan actuando contra los traficantes de migrantes, en particular mediante la cooperación activa y el intercambio de información con los países socios.
Se están implantando nuevos instrumentos para reducir las presiones migratorias en la Unión y en los países de la ampliación. Además del Mecanismo para los refugiados en Turquía, el Fondo fiduciario regional de la UE en respuesta a la crisis siria y los acuerdos con Jordania y Líbano están contribuyendo a proporcionar educación y empleo a los refugiados sirios y mejorar su bienestar y oportunidades mientras permanecen en la región. También se han desplegado medidas especiales de apoyo y asistencia humanitaria en favor de los Balcanes Occidentales.
Los ciudadanos de cinco países de la ampliación se benefician en la actualidad de la liberalización del régimen de visados para viajar a la UE. Turquía y Kosovo* han avanzado significativamente en el cumplimiento de los requisitos de sus hojas de ruta para la liberalización de visados en 2016, lo que permitió a la Comisión proponer al Consejo y al Parlamento Europeo la supresión del requisito de visado también para ellos una vez se cumplan los criterios pendientes.
1d) Funcionamiento de las instituciones democráticas y reforma de la administración pública
El buen funcionamiento de las instituciones democráticas sigue siendo un reto clave en una serie de países. El papel fundamental de los Parlamentos nacionales para la democracia debe integrarse en la cultura política. En Turquía, el intento de golpe de Estado en julio fue un ataque directo a las instituciones democráticamente elegidas. Dada la gravedad de la amenaza contra dichas instituciones, fue legítimo reaccionar rápidamente frente a esta amenaza.
No obstante, el carácter general y colectivo de las medidas adoptadas desde el intento de golpe plantea una serie de cuestiones muy graves. Previamente, en mayo, la suspensión de la inmunidad a un gran número de diputados del Parlamento habría planteado también una gran preocupación.
En los Balcanes Occidentales, el funcionamiento de los parlamentos se ve a menudo obstaculizado por boicots. Aunque se han superado algunos boicots, persiste una cultura política de división. El acuerdo alcanzado en la Antigua República Yugoslava de Macedonia en julio, que aplica el Acuerdo Pržino del año pasado, sienta las bases para la celebración de elecciones legislativas anticipadas en diciembre de 2016. El boicot y la obstrucción de la actividad parlamentaria por la oposición han continuado en Kosovo, con casos de violencia. El control parlamentario se ve a menudo comprometido por la insuficiente información que facilita el Gobierno, la debilidad de las estructuras de las comisiones parlamentarias y el uso excesivo de los procedimientos parlamentarios urgentes. Aunque la celebración de elecciones no se ve afectada en general por grandes incidentes, las importantes deficiencias, en particular con respecto a la gestión electoral y la interferencia política en los medios de comunicación, han influido en la integridad del proceso preelectoral y electoral. Las elecciones suelen seguir considerándose una oportunidad para obtener el control político de la administración, y en particular de las instituciones independientes.
El avance en la reforma de la Administración pública ha sido desigual. En Turquía, está pendiente de evaluar el impacto del elevado número de despidos recientes en la profesionalidad y la eficacia de la administración pública. La mayoría de los países de los Balcanes Occidentales han progresado en la adopción de estrategias de reforma de la administración pública y programas de reforma de la gestión de las finanzas públicas, pero es preciso garantizar la aplicación y la sostenibilidad a largo plazo. La politización de la función pública sigue siendo un problema preocupante. A pesar de una legislación moderna sobre la función pública, las excepciones se utilizan regularmente, especialmente para los nombramientos y destituciones de altos funcionarios. La calidad de las políticas y de la redacción jurídica no es conforme con el enfoque de la agenda «Legislar mejor» de la UE. La legislación, las políticas públicas y las grandes inversiones a menudo se elaboran sin suficientes evaluaciones de impacto y consultas internas y públicas.
En la mayoría de los países, la estructura de la Administración del Estado sigue siendo compleja y no garantiza la suficiente rendición de cuentas. Debe garantizarse mejor el derecho de los ciudadanos a una buena administración, al acceso a la información y a la jurisdicción contencioso-administrativa. La introducción de servicios de administración electrónica sigue siendo una prioridad como factor clave para la transparencia, rapidez y coherencia en los servicios públicos. Muchos países han avanzado en la adopción de leyes modernas sobre los procedimientos administrativos generales, pero la seguridad jurídica no podrá garantizarse en tanto no se supriman los procedimientos administrativos especiales contradictorios en las leyes sectoriales. Los países aún tienen que encontrar un equilibrio adecuado entre los Gobiernos central, regional y local que apoye mejor la puesta en práctica de las reformas y la prestación de servicios a los ciudadanos.
La situación económica ha mejorado gradualmente en los Balcanes Occidentales, con mayor inversión, crecimiento más sólido y más puestos de trabajo creados por el sector privado. No obstante, los países de la ampliación se enfrentan a importantes retos económicos y sociales estructurales, y tienen unas administraciones públicas con escasa eficiencia y altos porcentajes de desempleo. En particular, el desempleo juvenil sigue siendo alarmantemente elevado. Es preciso mejorar las infraestructuras y los sistemas educativos. El empeoramiento de las ratios deuda pública/PIB de la región se ha ralentizado y podría incluso detenerse en algunos países debido al saneamiento presupuestario.
La falta de oportunidades laborales atractivas en su propio país empuja a muchas personas a emigrar. Al mismo tiempo, importantes flujos de remesas entrantes desincentivan la búsqueda de empleo dentro de los países.
En el contexto del marco de la UE de apoyo a la gobernanza económica, todos los países candidatos y posibles candidatos serán invitados a presentar anualmente un programa de reforma económica (PRE). Los PRE contienen proyecciones macroeconómicas y planes presupuestarios a medio plazo para los próximos tres años, así como una lista de medidas prioritarias de reforma estructural destinadas a impulsar la competitividad y el crecimiento integrador. El proceso de los PRE ha ayudado a centrar la atención de los gobiernos para hacer frente a urgentes necesidades de reformas estructurales y mejorar la coordinación. Sin embargo, todavía deben materializarse los resultados tangibles de estos esfuerzos de reforma en la vida de las personas. Es preciso reforzar el conocimiento de las orientaciones por las partes interesadas pertinentes y el compromiso con su aplicación.
La UE y Turquía han avanzado en sus preparativos para negociar una ampliación y modernización de la unión aduanera entre la UE y Turquía, que presenta un gran potencial sin explotar. La Comisión está trabajando en un proyecto de directrices de negociación, que se presentará a finales de 2016.
El clima de inversión en muchos países se ve afectado negativamente por la constante debilidad del Estado de Derecho y los indicios de captura del Estado, en particular en lo que se refiere a la independencia y eficacia de los sistemas judiciales, la aplicación desigual de las normas de competencia, una gestión financiera deficiente y cambios frecuentes en los permisos e impuestos, que acentúan los riesgos de corrupción. Esto es especialmente problemático para los Balcanes Occidentales, debido a las deficiencias en los marcos de gobernanza empresarial, los mercados nacionales pequeños y fragmentados, la privatización incompleta y la limitada integración comercial regional. En Turquía, el crecimiento económico se ha reforzado, pero el entorno empresarial ha seguido deteriorándose y la economía sigue siendo vulnerable a la inseguridad financiera, los cambios en la confianza de los inversores y los riesgos políticos. El deterioro de la situación de seguridad ha provocado una contracción notable del sector turístico.
Dado el impacto del Estado de Derecho en la gobernanza económica, la Comisión prestará especial atención a las relaciones entre estos dos pilares del proceso de adhesión.
f) Cooperación regional
El impulso dado a través de iniciativa de los «Balcanes Occidentales de los Seis», especialmente por lo que se refiere a la agenda de conectividad de la UE y el «Proceso de Berlín», ha seguido fomentando una mayor cooperación regional, y por tanto la estabilización política y las oportunidades económicas. Partiendo de los resultados de las cumbres anteriores, la cumbre celebrada en julio de 2016 en París culminó con avances en la agenda de conectividad, incluido un acuerdo para crear un mercado regional de la electricidad y un mayor énfasis en la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de las energías renovables. Las iniciativas regionales, tales como el proceso de cooperación del sudeste de Europa, continuaron promoviendo la estabilización y la cooperación. Los países también iniciaron la cooperación en nuevos ámbitos, en especial mediante la creación de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil y el acuerdo para lanzar un nuevo programa piloto de intercambio de jóvenes funcionarios. Los países de los Balcanes Occidentales también acordaron medidas de facilitación del comercio e iniciaron acciones para liberalizar en mayor medida el comercio regional. En última instancia, el éxito de la cooperación se medirá en función de la realización de los proyectos de conectividad sobre el terreno. Ahora es urgente iniciar obras físicas que ofrezcan pruebas tangibles de beneficios directos para los ciudadanos. Por lo que se refiere a los proyectos de transporte y energía, sin embargo, la aplicación de las medidas de reforma de la conectividad acordadas en 2015 en la Cumbre de Viena del Grupo de los Seis de los Balcanes Occidentales debe acelerarse.
La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son partes esenciales de los procesos de ampliación, estabilización y asociación. Han tenido lugar contactos continuados y cooperación a nivel bilateral y regional, también en sectores sensibles como los crímenes de guerra, las personas desaparecidas, el retorno de los refugiados, la delincuencia organizada y la cooperación policial. Las buenas relaciones de vecindad siguen reforzándose a través de diversas iniciativas de cooperación regional. Al mismo tiempo, se precisan un liderazgo político más responsable y nuevos esfuerzos en pro de la reconciliación para promover la estabilidad y la creación de un entorno propicio para superar el legado del pasado. Deben evitarse declaraciones que puedan repercutir negativamente en las buenas relaciones de vecindad.
Son necesarios mayores esfuerzos para solucionar los litigios bilaterales entre los países de la ampliación y con los Estados miembros. Las cuestiones bilaterales deben ser abordadas por las partes afectadas lo antes posible y no deberían bloquear el proceso de adhesión, que debe basarse en las condiciones establecidas. A este respecto, los resultados han sido limitados. Los avances en la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo deben acelerarse. Por lo que se refiere a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, sigue siendo esencial mantener buenas relaciones de vecindad, en particular una solución negociada y mutuamente aceptable respecto de la cuestión de la denominación, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Los avances en las conversaciones para llegar a un acuerdo en Chipre, lideradas por las Naciones Unidas, son muy bienvenidos. Para facilitar ulteriores progresos, Turquía debe cumplir su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y avanzar hacia la normalización de las relaciones con la República de Chipre, lo que podría dar un nuevo impulso al proceso de adhesión. La Comisión también exhorta a evitar todo tipo de amenaza, fuente de fricción o acción que perjudique las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de conflictos. La Comisión insiste en todos los derechos soberanos de los Estados miembros de la UE, lo que incluye, entre otras cosas, el derecho a celebrar acuerdos bilaterales y a explorar y explotar los recursos naturales de conformidad con el acervo de la UE y con el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
III. RECALIBRACIÓN DE LAS MEDIDAS DE AMPLIACIÓN
a) Introducción de la metodología de información recalibrada en nuevos ámbitos
En 2015, la Comisión introdujo una serie de cambios en la metodología de elaboración de informes. El objetivo era aumentar la nitidez de las evaluaciones, así como la utilización del paquete como fuente de información y orientación para todas las partes interesadas, y ofrecer mayor transparencia en el proceso de ampliación, estableciendo de manera más clara la situación general de los países. Los informes hacen mayor hincapié en la situación actual para mostrar más claramente la situación de los países en cuanto a los preparativos para cumplir los criterios de adhesión, ofrecen una mayor orientación sobre las materias en que los países deberían centrarse el año siguiente e incluyen baremos de información y evaluación más armonizados que permiten comparar directamente los países. Estos cambios reflejan más claramente que los esfuerzos de integración europea de los países de la ampliación deben implicar un proceso continuo y profundo de reformas políticas y económicas y no deben entenderse como un conjunto restringido de negociaciones técnicas.
El enfoque recalibrado se ha ampliado en 2016 más allá de los ámbitos piloto cubiertos en 2015 2 . Ahora también cubre aspectos ligados al desarrollo económico (libre circulación de mercancías, competencia, transporte y energía), así como determinados ámbitos del capítulo 24 (migración, control de fronteras, asilo y lucha contra el terrorismo), el medio ambiente y el cambio climático. Esta progresiva ampliación de la metodología tiene en cuenta la necesidad de garantizar la adecuada secuenciación de las reformas, así como la necesidad constante de centrarse en los aspectos fundamentales. La nueva metodología se ampliará en 2018.
Las escalas de evaluación armonizadas aumentaron la transparencia y comparabilidad de los informes. Con objeto de disponer de resultados aún más precisos, la evaluación de la situación se ha optimizado mediante la utilización, en su caso, de etapas intermedias entre los dos niveles existentes.
b) Información revisada sobre los criterios económicos
Sobre la base de los cambios del año pasado en cuanto a información sobre los criterios económicos, la Comisión ha seguido perfeccionando su metodología y ha ajustado los subcriterios que componen los dos criterios económicos de adhesión. El objetivo de este ajuste es garantizar que la economía de los países de la ampliación será satisfactoria y contribuirá a mejorar la competitividad y la estabilidad de la UE cuando dichos países se adhieran.
Los subcriterios revisados destacan las principales carencias económicas de los actuales países de la ampliación, como un entorno empresarial débil y un acceso limitado a la financiación, elevadas tasas de desempleo, resultados educativos deficientes y bajos niveles de innovación y de conectividad regional. Permiten realizar un análisis más certero de las deficiencias en el funcionamiento de los mercados y la competitividad. El nuevo enfoque se ajusta mejor a los programas de reforma económica, y por tanto contribuye a orientar mejor a los países de la ampliación a fin de aprovechar las ventajas de una mayor integración con la UE antes de la adhesión y, en definitiva, a cumplir los criterios económicos.
c) Del otoño a la primavera: calendario del nuevo paquete
La Comisión tiene previsto adelantar la adopción del paquete anual de ampliación de su tradicional franja de otoño a una nueva franja en primavera. Esto significaría que el próximo paquete no se adoptaría en octubre/noviembre de 2017, sino en la primavera de 2018. Las subsiguientes conclusiones del Consejo podrían aprobarse en el Consejo de Asuntos Generales en junio. Este nuevo calendario permitiría a la Comisión armonizar su período de información con el año natural, que es la base habitual para recoger datos estadísticos. Los países de la ampliación habían propuesto esto en repetidas ocasiones.
El nuevo calendario del paquete también permitirá a la Comisión armonizar el ciclo de información de su paquete con el ciclo del PRE. Ello daría más peso a los fundamentos económicos de la política de ampliación, garantizaría una mayor coherencia entre el paquete y el PRE, y serviría para dar mayor visibilidad a este último.
Sobre la base del análisis anterior y de las evaluaciones de los resúmenes por país que figuran en el anexo, la Comisión formula las conclusiones y recomendaciones siguientes:
1.La política de ampliación de la UE sigue siendo una inversión estratégica en la paz, la seguridad, la prosperidad y la estabilidad en Europa. Basada en unas condiciones estrictas pero justas y en el principio de méritos propios, sigue constituyendo el motor de la transformación y la modernización de los países socios en un entorno general difícil. La estabilización mediante dicha transformación redunda en el propio interés de la UE.
2.El enfoque de la Comisión de «primero lo fundamental» ha logrado resultados sobre el terreno y los procesos de reforma avanzan en general, aunque a ritmos diferentes. Habida cuenta de la complejidad de las reformas necesarias, es un proceso a largo plazo y persisten deficiencias en una serie de ámbitos clave. Es preciso introducir reformas en el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, las instituciones democráticas y la reforma de la administración pública, así como en la economía, y las instituciones elegidas deben impulsar dichas reformas en beneficio de sus propios ciudadanos. Las reformas económicas y el refuerzo del Estado de Derecho producen beneficios que se refuerzan mutuamente.
3.La cooperación con Turquía y los países de los Balcanes Occidentales ha sido un elemento importante para gestionar la crisis migratoria y varios países han desempeñado un papel constructivo. La UE está apoyando a los países más afectados, en primer lugar y principalmente a Turquía, en sus esfuerzos por ayudar y proteger a los refugiados y los migrantes.
4.La cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son partes esenciales de los procesos de ampliación, estabilización y asociación. Se precisan mayores esfuerzos para solucionar los litigios bilaterales, que no deben entorpecer el proceso de adhesión. La cooperación entre el Grupo de los Seis de los Balcanes Occidentales sigue desempeñando un importante papel en este sentido, en particular a través del Proceso de Berlín.
5.Turquía: Turquía es un socio clave para la Unión Europea. La UE condenó enérgicamente el intento fallido de golpe de Estado del 15 de julio como un ataque directo a los principios democráticos, y expresó su pleno apoyo y solidaridad con el pueblo turco y sus instituciones democráticas. Tras el intento fallido de golpe de Estado, Turquía declaró el estado de emergencia el 20 de julio durante tres meses, que se ha prorrogado por otros tres.
Las relaciones entre la UE y Turquía se enfrentan a los mismos retos y oportunidades a largo plazo que antes del 15 de julio. Sin embargo, las medidas expeditivas adoptadas tras el golpe sacaron a la luz una serie de retos cruciales en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales en el país, especialmente la libertad de expresión, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Se observó un retroceso por lo que respecta a la libertad de expresión y el funcionamiento de la administración de justicia. La situación en el sudeste del país sigue siendo uno de los retos más importantes. El país experimentó un deterioro muy grave de la situación de seguridad a raíz del fracaso del proceso de resolución del conflicto kurdo en julio de 2015, y se vio afectado por varios ataques terroristas mortíferos a gran escala atribuidos al PKK y a Daesh. La UE ha puesto de relieve que las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas y respetar los derechos humanos. El proceso de búsqueda de un acuerdo político de la cuestión kurda deberá reanudarse sin demora. La UE está hondamente preocupada por la detención de varios parlamentarios del partido HDP por supuesto apoyo a actividades terroristas.
Teniendo en cuenta la magnitud y la naturaleza colectiva de las medidas adoptadas desde el pasado julio, la UE ha instado a Turquía, como país candidato, a observar las normas más estrictas en relación con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. La Comisión insta a Turquía a que las aplique en su totalidad, en particular mediante un control internacional de las detenciones, juicios y procesos tras el intento de golpe de Estado. La UE se ha comprometido a trabajar con una Turquía estable, integradora y democrática para afrontar nuestros retos comunes. Sin embargo, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben respetarse en todo caso, y el Parlamento y todas las partes representadas en las instituciones democráticas del país deben ser capaces de desempeñar plenamente su función institucional. Por lo que respecta a las nuevas consideraciones sobre la presentación de un proyecto de ley en el Parlamento para restablecer la pena de muerte, la UE recuerda que el firme rechazo a la pena de muerte constituye un elemento esencial del acervo de la UE y una obligación internacional esencial a la que Turquía se ha comprometido.
La UE y Turquía profundizaron sus relaciones en ámbitos clave de interés común, según lo acordado en la Cumbre UE-Turquía de 29 de noviembre de 2015. Tuvieron lugar diálogos políticos de alto nivel y diálogos de alto nivel sobre energía y economía. Turquía siguió haciendo grandes esfuerzos para ofrecer cobijo a más de 2,7 millones de refugiados procedentes de Siria e Irak. La cooperación con la UE sobre migración se aceleró tras la Declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016. En combinación con otras medidas adoptadas, esto dio lugar a una considerable disminución de las muertes en el mar, y a una gran reducción del número de refugiados e inmigrantes irregulares hacia Grecia procedentes de Turquía. Turquía realizó importantes avances el año pasado en el cumplimiento de los criterios relativos a la hoja de ruta de liberalización de visados. La Comisión presentó una propuesta para suprimir la obligación de visado siempre que Turquía cumpliera los criterios pendientes. El proceso de adhesión asistió a la apertura de dos nuevos capítulos en noviembre de 2015 y junio de 2016, respectivamente. Esto incluye también los trabajos preparatorios en otros tres capítulos y la actualización continua de los informes del examen analítico de dos capítulos clave, el 23 y el 24. Ambas partes siguieron estudiando posibles opciones para actualizar la unión aduanera. Turquía, como miembro del G-20, la OTAN, la OSCE y el Consejo de Europa, participa activamente en la política internacional y en la coalición internacional en la lucha contra el Daesh, además de ser un socio clave en la región.
Turquía también debe abordar los desequilibrios macroeconómicos, llevar a cabo nuevas reformas estructurales y mejorar el entorno empresarial, sobre todo en la delicada fase posterior al fallido intento de golpe de Estado.
Por último, en línea con las repetidas posiciones del Consejo y de la Comisión de años anteriores, es urgente que Turquía cumpla su obligación de aplicar plenamente el Protocolo Adicional y avance hacia la normalización de sus relaciones con la República de Chipre. La Comisión acoge con satisfacción el compromiso contraído por las partes en las conversaciones lideradas por las Naciones Unidas. Ahora es importante que se siga progresando en estas conversaciones. Para ello, es esencial el compromiso y la contribución de Turquía en términos concretos para hallar una solución. La UE está dispuesta a aceptar los términos de un acuerdo conforme a los principios en los que se fundamenta la Unión.
6.Montenegro: las negociaciones de adhesión han avanzado. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2016 se celebraron con arreglo a un marco jurídico revisado, y en general de una manera más participativa y transparente. Las distintas fuerzas políticas pudieron competir libremente entre sí, y se constató un respeto generalizado de las libertades fundamentales. Se espera que las autoridades nacionales competentes investiguen con diligencia y transparencia supuestas irregularidades de procedimiento, las detenciones realizadas y el cierre temporal de dos plataformas de comunicaciones móviles. El marco jurídico en el ámbito del Estado de Derecho está prácticamente terminado y la estructura institucional está instaurada. El sistema del Estado de Derecho debe ahora arrojar más resultados, en particular en cuanto al refuerzo de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. El avance en los capítulos relativos al Estado de Derecho sobre la base de resultados tangibles, en particular en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, continuará determinando el ritmo de las negociaciones de adhesión en su conjunto. La situación presupuestaria de Montenegro se ha deteriorado y unos niveles crecientes de deuda pública amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas. Montenegro tiene que tomar con carácter prioritario medidas destinadas a restringir el gasto corriente y a mejorar la recaudación. También debe reducir los factores que desincentivan el trabajo y desarrollar el capital humano y una industria competitiva orientada a la exportación. En diciembre de 2015, Montenegro fue invitada a adherirse a la OTAN, lo que constituye un logro importante.
7.Serbia: tras las elecciones nacionales anticipadas en abril, el programa del nuevo Gobierno serbio incluyó la adhesión de Serbia como un objetivo prioritario. Serbia ha dado pasos importantes hacia la consecución de este objetivo, con la apertura de los cuatro primeros capítulos de las negociaciones de adhesión, en particular sobre el Estado de Derecho y la normalización de sus relaciones con Kosovo. El ritmo de las negociaciones de adhesión a la UE dependerá sobre todo del progreso continuado en estos dos ámbitos. Serbia debe profundizar su participación en el diálogo con Kosovo, en particular la aplicación de todos los acuerdos. La Comisión espera con interés la apertura de nuevos capítulos en el próximo período.
Las reformas económicas están produciendo resultados y deben continuar, con especial hincapié en la reestructuración de las empresas de propiedad estatal y las de servicio público. El liderazgo de Serbia en la región es un instrumento esencial para mejorar los vínculos regionales y mantener la estabilidad. Serbia se ha visto afectada por la crisis de la migración y ha desempeñado un papel activo y constructivo, cooperando con los países vecinos y con los Estados miembros a la vez que gestionaba flujos migratorios mixtos.
8.Antigua República Yugoslava de Macedonia: el año pasado el país sufrió una crisis política continua. Persisten las preocupaciones sobre la captura del Estado que afectan al funcionamiento de las instituciones democráticas y sectores clave de la sociedad. El país debe aplicar plenamente el Acuerdo Pržino, garantizando un proceso electoral creíble en relación con las elecciones parlamentarias anticipadas de diciembre. Es preciso apoyar los esfuerzos del fiscal especial para determinar el carácter legal de la rendición de cuentas, y el Parlamento debe determinar la responsabilidad política por las escuchas telefónicas y su contenido. Todavía son necesarios progresos sustanciales en términos de aplicación concreta de las prioridades de reformas urgentes. La estabilidad macroeconómica debe seguir manteniéndose; en particular, el déficit público debería controlarse más rigurosamente y mejorarse la transparencia y la ejecución del gasto público. Partiendo de los recientes progresos en la aplicación de medidas de fomento de la confianza con Grecia, es necesario adoptar medidas decisivas para solucionar el problema de la denominación del país. El país se ha visto afectado por la crisis migratoria y ha cooperado con sus vecinos y con los Estados miembros a la vez que gestionaba flujos migratorios mixtos.
Los últimos pasos positivos en el contexto del Acuerdo Pržino brindan una oportunidad real para que los dirigentes políticos superen por fin la prolongada crisis y aborden los problemas sistémicos. Habida cuenta de esto, la Comisión está preparada para ampliar su recomendación de abrir negociaciones de adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Ello quedará, no obstante, supeditado al avance en la aplicación del Acuerdo Pržino, especialmente la celebración de elecciones parlamentarias creíbles y un avance sustancial en la aplicación de las prioridades de reformas urgentes.
9.Albania: Albania ha continuado haciendo progresos constantes en el cumplimiento de las cinco prioridades clave para la apertura de las negociaciones de adhesión. En julio de 2016 se aprobaron por unanimidad enmiendas constitucionales esenciales, con el inicio de un proceso de reforma completo y exhaustivo del sistema judicial. Este proceso incluirá una reevaluación en profundidad de los jueces y fiscales. La reforma de la administración pública siguió realizándose de forma coherente. Han proseguido los trabajos en pro del establecimiento de un historial sólido de investigaciones proactivas, enjuiciamientos y condenas en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Los derechos fundamentales siguen siendo ampliamente respetados en el país.
Habida cuenta del progreso mencionado en el cumplimiento de las prioridades clave, y siempre que se produzca un avance creíble y tangible en la aplicación de la reforma de la justicia, en particular la reevaluación de los jueces y fiscales (procedimiento de habilitación), la Comisión recomienda iniciar las negociaciones de adhesión con Albania.
10.Bosnia y Herzegovina: Bosnia y Herzegovina arrojaron resultados positivos en cuanto a las prioridades derivadas de su proceso de reforma, en particular en lo que respecta a la agenda de reformas. Sobre esta base, el Consejo encargó a la Comisión que preparara un dictamen sobre la solicitud de adhesión. Los importantes esfuerzos de reformas orientadas hacia la UE deben proseguir con el fin de abordar los problemas estructurales profundamente arraigados que frenan el desarrollo del país, en particular en términos socioeconómicos. El refuerzo del Estado de Derecho y la administración pública en consonancia con las normas europeas a todos los niveles de gobierno, así como la mejora de la cooperación entre todos los niveles, sigue siendo una prioridad. El mecanismo de coordinación adoptado para las cuestiones de la UE debe aplicarse para que el país pueda hacer frente a los retos del proceso de integración en la UE, en particular en lo que se refiere a la adopción de las necesarias estrategias de ámbito nacional. Es preciso firmar el protocolo relativo a la adaptación del AEA, rubricado en julio de 2016.
11.Kosovo: la Comisión acoge con satisfacción la entrada en vigor del AEA el 1 de abril de 2016, que ofrece un marco global para unas relaciones políticas y económicas más estrechas entre la UE y Kosovo. Kosovo ha adoptado medidas importantes en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados, lo que permitió a la Comisión presentar una propuesta formal en mayo de 2016 para suprimir la obligación de visado, a condición de que se cumplan los otros dos requisitos, a saber, la ratificación del acuerdo fronterizo con Montenegro y el refuerzo de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. Los trabajos parlamentarios se vieron afectados negativamente por la importante obstrucción realizada por distintos partidos políticos.
Los responsables políticos tienen que encontrar la manera de superar el prolongado estancamiento político y allanar el camino para abordar los numerosos desafíos de la reforma, en particular en lo relativo al Estado de Derecho y la necesidad de realizar reformas económicas estructurales que aborden el elevado nivel de desempleo. Se ha elaborado una agenda europea de reforma para ayudar a la necesaria aplicación del AEA. Kosovo cumplió las restantes obligaciones internacionales en relación con la creación de las salas especializadas y una fiscalía especializada para investigar las acusaciones de delitos internacionales cometidos en el marco del conflicto de Kosovo. El mandato de la misión EULEX fue prorrogado hasta junio de 2018. Es preciso que Kosovo intensifique su participación en el diálogo con Serbia, en particular con respecto a la aplicación de todos los acuerdos.
1. Resúmenes de las conclusiones de los informes
2. Estadísticas clave
ANEXO 1 – Resúmenes de las conclusiones de los informes
Un intento de golpe de Estado militar en la noche del 15 de julio dejó 241 víctimas mortales y 2 196 heridos. El Gobierno turco, con el apoyo de toda la sociedad y el espectro político de Turquía, logró superar este intento. La Gran Asamblea Nacional turca celebró simbólicamente una sesión especial el 16 de julio y adoptó una declaración aprobada por todos los partidos representados en el Parlamento. El Gobierno atribuyó la organización del intento de golpe de Estado al Movimiento Gülen.
La UE condenó firme e inmediatamente el golpe de Estado, que supuso un ataque directo a la democracia en Turquía, y reiteró su pleno apoyo a las instituciones democráticas del país.
El 20 de julio se declaró el estado de emergencia en Turquía durante tres meses, prorrogándose el 3 de octubre por otros tres meses. Se introdujeron importantes enmiendas legislativas mediante decreto. Turquía notificó al Consejo de Europa una excepción a su obligación de garantizar una serie de derechos fundamentales protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tras el intento de golpe de Estado se produjeron numerosas suspensiones, ceses, detenciones y encarcelamientos por presuntas vinculaciones con el Movimiento Gülen y participación en la intentona. Las medidas afectaron a todo el espectro de la sociedad, con particular incidencia en los medios judicial, policial y de la gendarmería, ejército, función pública, autoridades locales, universidades, profesores, abogados, medios de comunicación y comunidad empresarial. Se cerraron múltiples instituciones y empresas privadas, embargándose sus activos o cediéndose a organismos públicos.
A raíz de las medidas adoptadas tras el golpe de Estado, la UE instó a las autoridades a observar las normas más estrictas en relación con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Si bien debe existir una relación de confianza y lealtad entre los funcionarios y el Estado y pueden tomarse medidas para garantizar este extremo, cualquier acusación de comportamiento delictivo debe establecerse mediante procedimientos transparentes en cada caso. La responsabilidad penal individual solo puede determinarse dentro del pleno respeto de la separación de poderes, la plena independencia del poder judicial y el derecho de toda persona a un juicio justo, en particular mediante el acceso efectivo a un abogado. Turquía debe velar por que cualquier acción se adopte solo en la medida estrictamente necesaria para las exigencias de la situación y que en todos los casos supere la prueba de necesidad y proporcionalidad. Las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia se encuentren sometidas a control por el Consejo de Europa. Turquía debe hacer frente con urgencia a las recomendaciones del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de octubre de 2016.
Por lo que se refiere a los criterios políticos, antes del intento de golpe de Estado el Parlamento inició una intensa actividad legislativa con el fin de poner en práctica el ambicioso plan de acción de reforma del Gobierno para 2016 y las disposiciones legislativas de la hoja de ruta de la liberalización de visados. Sin embargo, varios instrumentos legislativos clave adoptados en relación con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales no estaban en consonancia con las normas europeas, como la legislación en materia de protección de datos. La confrontación política siguió bloqueando los trabajos legislativos. La adopción en mayo de una ley que permite levantar la inmunidad de un gran número de diputados y las consiguientes detenciones y arrestos de varios diputados del partido HDP, incluidos los dos copresidentes, en noviembre, es motivo de grave preocupación.
La situación en el sudeste sigue siendo uno de los retos más importantes para el país. Turquía experimentó un deterioro muy grave de la situación de seguridad, lo que dio lugar a numerosas víctimas tras el fracaso del proceso de resolución del conflicto kurdo en julio de 2015, y se vio afectada por varios graves ataques terroristas mortíferos del PKK y del Daesh. Las autoridades prosiguieron su intensa campaña militar y de seguridad antiterrorista contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que sigue figurando en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Se notificaron graves acusaciones de violaciones de los derechos humanos y de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el sudeste. Muchos representantes electos y cargos municipales del sudeste fueron suspendidos, cesados en sus funciones o detenidos por acusaciones relacionadas con el terrorismo, algunos mediante decreto en el marco del estado de emergencia a raíz de la intentona golpista. Sin embargo, las medidas antiterroristas deben ser proporcionadas y respetar los derechos humanos. La solución al problema kurdo a través de un proceso político es el único modo de avanzar; la reconciliación y la reconstrucción también se están convirtiendo en cuestiones clave que deben abordar las autoridades.
La sociedad civil se esforzó cuanto pudo para permanecer activa y participar en la vida pública. Las organizaciones independientes de la sociedad civil rara vez participan en los procesos legislativos y de elaboración de políticas. Algunos de sus representantes, en particular los defensores de los derechos humanos, han sido detenidos y se presentaron denuncias creíbles de intimidación. Un gran número de organizaciones fueron prohibidas después del golpe de Estado como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno, por su presunta vinculación con el Movimiento Gülen.
Turquía está moderadamente preparada en el ámbito de la reforma de la administración pública, con un fuerte compromiso en pro de una administración abierta y receptiva. Sin embargo, se ha producido un retroceso en el ámbito del servicio público y de la gestión de los recursos humanos, en particular a raíz de la intentona golpista. Aún está pendiente de evaluación el impacto estructural en el funcionamiento de la función pública de las medidas tomadas tras el intento de golpe de Estado.
El sistema judicial de Turquía se encuentra en una fase inicial/tiene un cierto grado de preparación. El año pasado hubo retrocesos, en particular por lo que respecta a la independencia del poder judicial. Los grandes cambios en la estructura y la composición de los tribunales superiores son motivo de honda preocupación y no están en consonancia con las normas europeas. Jueces y fiscales siguieron siendo cesados, y en algunos casos fueron detenidos por presunta conspiración con el Movimiento Gülen. Esta situación empeoró aún más a raíz del intento golpista de julio, tras lo cual una quinta parte de los jueces y fiscales fueron cesados y sus bienes fueron inmovilizados. El poder judicial debe trabajar en un entorno que le permita desempeñar sus funciones de manera independiente e imparcial, y en el que el ejecutivo y legislativo respeten plenamente la separación de poderes. En el marco del estado de emergencia, Turquía ha ampliado para determinados delitos la prisión preventiva a 30 días sin acceso a un juez, en contra de la jurisprudencia del TEDH, y una parte importante del poder judicial está sometido a dichas medidas.
El país tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a la lucha contra la corrupción. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y continúa siendo un grave problema. La adopción de una nueva estrategia y un plan de acción contra la corrupción es un paso adelante, aunque tengan un alcance bastante limitado. El marco jurídico sigue adoleciendo de lagunas importantes y la influencia del ejecutivo en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel continúa siendo un motivo importante de preocupación. La percepción de la corrupción sigue siendo elevada.
Turquía ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. La capacidad institucional aumentó y se adoptaron nuevas estrategias y planes de acción. Sin embargo, no se dispone de estadísticas sobre el número de condenas firmes y otros indicadores importantes. Las investigaciones financieras siguen infrautilizadas. El embargo preventivo de bienes apenas se aplica y el nivel de los activos confiscados es bajo. En la lucha contra el terrorismo, existe un amplio un marco jurídico sobre la financiación del terrorismo. La ley antiterrorista no se ajusta al acervo en cuanto a su ámbito de aplicación y definiciones, y su aplicación plantea graves problemas de derechos fundamentales. La legislación penal y la legislación contra el terrorismo deben estar en consonancia con la jurisprudencia del TEDH, sin reducir la capacidad de Turquía para luchar contra el terrorismo. El principio de proporcionalidad debe ser respetado en la práctica.
El marco jurídico turco incluye garantías generales de respeto de los derechos humanos y fundamentales, que debe seguir mejorándose. Aún no está garantizada la aplicación de los derechos derivados del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En los momentos inmediatamente posteriores al intento de golpe de Estado se denunciaron numerosas violaciones graves de la prohibición de tortura y malos tratos, y de los derechos procesales. Sin embargo, todas las medidas adoptadas deben estar en consonancia con los principios de proporcionalidad y de respeto de los derechos humanos. La nueva Ley sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos e Igualdad de Turquía es un paso en la dirección correcta. Contiene disposiciones sobre prohibición de la discriminación por un gran número de motivos, pero no cubre explícitamente la orientación sexual. Sigue siendo necesario adoptar una norma específica global sobre la lucha contra la discriminación. Existe un vacío legal sobre asuntos de derechos humanos, dado que la nueva Institución Nacional de Derechos Humanos e Igualdad aún no se ha establecido. Los derechos de los grupos más vulnerables y de las personas pertenecientes a las minorías deben estar suficientemente protegidos. La violencia de género, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, el delito de intolerancia y las violaciones de los derechos humanos de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) siguen siendo fuente de gran preocupación.
El año pasado se produjo un retroceso grave en el ámbito de la libertad de expresión. La aplicación arbitraria y selectiva de la ley, especialmente de las disposiciones relativas a la seguridad nacional y a la lucha contra el terrorismo, está teniendo un impacto negativo en la libertad de expresión. Son muy preocupantes los casos penales en curso y nuevos contra periodistas, escritores o usuarios de redes sociales, la retirada de acreditaciones, el elevado número de detenciones de periodistas, así como el cierre de numerosos medios de comunicación tras el intento de golpe de Estado de julio. La libertad de reunión sigue estando muy limitada, en la legislación y en la práctica.
Turquía ha seguido expresando su apoyo a las conversaciones para la resolución del problema de Chipre entre los líderes de las dos comunidades, y a los esfuerzos del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas. El compromiso de Turquía y su contribución concreta a esta solución global siguen siendo cruciales. Sin embargo, Turquía aún no ha cumplido su obligación de garantizar la aplicación plena y no discriminatoria del Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación y no ha eliminado todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías, incluidas las restricciones en los enlaces directos de transporte con Chipre. No ha habido avances en la normalización de las relaciones bilaterales con la República de Chipre. Las conclusiones sobre Turquía adoptadas por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores el 11 de diciembre de 2006 y que fueron refrendadas por el Consejo Europeo en diciembre de 2006 siguen en vigor. En ellas se establece que no se abrirán las negociaciones sobre ocho capítulos 3 relativos a las restricciones de Turquía respecto a la República de Chipre y que no se cerrará provisionalmente ningún capítulo hasta que la Comisión confirme que Turquía ha aplicado plenamente el Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación.
Turquía debe comprometerse de manera inequívoca a mantener relaciones de buena vecindad, a celebrar acuerdos internacionales y a la resolución pacífica de las controversias de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, recurriendo, en caso necesario, a la Corte Internacional de Justicia. En este contexto, la UE ha manifestado una vez más su honda preocupación e insta a Turquía a que evite todo tipo de amenaza o actuación dirigida contra un Estado miembro, o toda fuente de fricción o intervenciones que dañen las relaciones de buena vecindad y la resolución pacífica de controversias.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, la economía turca está muy avanzada y puede considerarse una economía de mercado en funcionamiento. Sin embargo, el gran déficit exterior hace que la economía sea vulnerable a la inseguridad financiera global, los cambios en la confianza de los inversores y los riesgos políticos. El banco central redujo los tipos de interés, pese a que la inflación se mantuvo muy por encima del objetivo oficial. El entorno empresarial siguió deteriorándose debido a acciones específicas contra empresarios y medios de comunicación críticos y contra los opositores políticos mediante el uso activo de la autoridad fiscal, la unidad delitos financieros y los tribunales. La aplicación de reformas estructurales para mejorar el funcionamiento de los mercados de bienes, servicios y trabajo se ha estancado. En conjunto, se registró un retroceso.
Turquía tiene un buen nivel de preparación para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la UE. Se han registrado algunos avances en una serie de ámbitos, en particular mediante una mayor liberalización del sector energético. Siguen existiendo graves problemas en lo tocante a la calidad de la educación. También existen problemas de acceso a la educación de las niñas. La apreciación real de la moneda turca ha reducido la competitividad de precios de la economía.
Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Turquía ha avanzado en su adaptación al acervo. Con la excepción de los trabajos relacionados con la liberalización del régimen de visados, los esfuerzos han proseguido a un ritmo limitado. Turquía está bastante avanzada en los ámbitos del Derecho de sociedades, las redes transeuropeas y la ciencia y la investigación, y ha alcanzado un buen nivel de preparación en el ámbito de la libre circulación de mercancías, el derecho de propiedad intelectual, los servicios financieros, la política empresarial e industrial, la protección de los consumidores y de la salud, la unión aduanera, las relaciones exteriores y el control financiero. Turquía solo está moderadamente preparada en materia de contratación pública, ya que siguen existiendo importantes lagunas en su adaptación al acervo. También está moderadamente preparada en el ámbito de las estadísticas y la política de transportes, donde todavía son necesarios esfuerzos considerables en general. Turquía solo ha alcanzado un cierto grado de preparación en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático, donde aún es preciso establecer y aplicar políticas más ambiciosas y mejor coordinadas. En todos los ámbitos, es necesario prestar más atención al cumplimiento de la legislación, mientras que muchos ámbitos requieren más avances significativos para lograr la adaptación legislativa al acervo de la UE.
Por lo que respecta a los criterios políticos, un acuerdo político sobre la organización de elecciones libres y justas dio lugar al establecimiento de un «gobierno de confianza electoral» en mayo. A pesar de la persistente polarización del entorno político, esto ha puesto de manifiesto la capacidad de alcanzar acuerdos entre el Gobierno y los partidos de la oposición. Las elecciones parlamentarias de octubre de 2016 se celebraron bajo un marco jurídico sustancialmente revisado. A pesar de los retrasos técnicos y las difíciles relaciones entre las instituciones responsables, los preparativos de las elecciones se llevaron a cabo en general de forma más participativa y transparente. Las elecciones se celebraron en un entorno competitivo y de respeto generalizado de las libertades fundamentales. Se espera que las autoridades nacionales competentes investiguen con diligencia y transparencia las supuestas irregularidades de procedimiento, las detenciones efectuadas y el cierre temporal de dos plataformas de comunicaciones móviles. No ha habido consecuencias políticas en el caso del supuesto uso indebido de fondos públicos en beneficio de partidos políticos («asunto de las escuchas»).
Montenegro está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su Administración pública. Se han realizado algunos progresos, especialmente con la adopción de la estrategia de reforma de la administración pública 2016-2020, el programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas, la entrada en vigor de la nueva ley sobre salarios y la simplificación de los procedimientos administrativos. No obstante, se requiere una fuerte voluntad política para abordar eficazmente la despolitización de la función pública y la justa proporción de la Administración del Estado.
El sistema judicial está moderadamente preparado. Durante el período cubierto por el informe, Montenegro ha realizado algunos avances en este ámbito. La capacidad del Consejo Judicial y Fiscal ha mejorado. Sin embargo, todavía no se ha aplicado plenamente el nuevo marco legislativo para aumentar la independencia, la rendición de cuentas y la profesionalidad del poder judicial, así como el código deontológico. Es preciso continuar con las medidas para reducir el número de casos pendientes y la duración total de los procedimientos.
Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y sigue siendo un grave problema. La Agencia de Lucha contra la Corrupción inició sus actividades en 2016. El proceso de desarrollo institucional se ha completado en su mayoría. Todas las instituciones deben demostrar una actitud más proactiva a la hora de cumplir su mandato. A pesar de algunas medidas adoptadas, el historial de éxito en investigaciones y condenas, en particular en los casos de corrupción de alto nivel y en la prevención de la corrupción, sigue siendo limitado. Montenegro debe aumentar su capacidad para realizar investigaciones financieras y obtener resultados en cuanto a decomiso y confiscación de activos de origen delictivo.
Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han realizado algunos progresos, en particular en el refuerzo del marco jurídico, normativo e institucional. Es preciso seguir trabajando para mejorar los resultados en materia de delincuencia organizada, especialmente en lo que se refiere a la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero, donde los resultados son limitados. El número de transacciones bancarias sospechosas detectadas sigue siendo bajo.
Montenegro completó varias reformas legislativas para seguir aproximándose a las normas de la UE e internacionales sobre derechos humanos y para garantizar que cuenta con mecanismos adecuados para proteger a los grupos vulnerables frente a la discriminación. La aplicación de la legislación sigue siendo insuficiente. Todavía no se han adoptado las modificaciones del marco legislativo general para garantizar la coherencia en la política de sanciones por violaciones de los derechos humanos. Es preciso aumentar la capacidad institucional. La minoría gitana sigue siendo la comunidad más vulnerable y más discriminada en distintos ámbitos.
Montenegro ha alcanzado un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión, pero no realizó ningún progreso más el pasado año. El número de casos de difamación sigue siendo elevado, lo que pone de relieve la debilidad de los mecanismos de autorregulación, así como los retos en cuanto a la comprensión del papel de los medios de comunicación. Montenegro aún tiene que lograr una armonización global con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los locales de una empresa comercial de medios de comunicación sufrieron daños, y varios periodistas fueron amenazados y agredidos física y verbalmente durante las protestas contra el Gobierno en octubre de 2015. No se ha avanzado en la resolución de los casos de ataques contra periodistas. Es preciso garantizar la transparencia y la ausencia de discriminación en cuanto a la publicidad institucional en los medios de comunicación. El código deontológico revisado de los periodistas debe aplicarse efectiva y uniformemente en todos los medios de comunicación.
Montenegro ha seguido desempeñando un papel constructivo en la cooperación regional. Se han ratificado los acuerdos fronterizos con Bosnia y Herzegovina y con Kosovo*.
4Por lo que se refiere a los criterios económicos, Montenegro está moderadamente preparado para desarrollar una economía de mercado en funcionamiento. Se ha avanzado un poco en el refuerzo del funcionamiento de los mercados laboral y financiero, así como en la mejora del entorno empresarial. Las inversiones en infraestructuras y turismo apoyan la actividad económica. Sin embargo, el rápido aumento de la deuda pública y los déficits presupuestarios elevados, junto con grandes desequilibrios exteriores y una tasa de desempleo elevada son motivo de preocupación. Los efectos combinados de las grandes inversiones en infraestructuras públicas y de varios nuevos programas sociales que conllevan mucho gasto amenazan la viabilidad presupuestaria. Se requieren medidas correctoras inmediatas, tal como preconizan las directrices del PRE. Entre otros problemas que deben abordarse figuran los elevados desequilibrios exteriores, la baja participación en el mercado laboral y el débil crecimiento del crédito en un entorno de elevados préstamos bancarios deteriorados.
Montenegro está moderadamente preparado en su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado en la Unión. Se han registrado algunos avances en la mejora de la calidad de las infraestructuras, el mercado de la energía y la digitalización de la economía. El apoyo a las PYME es modesto pero se está desarrollando gradualmente. Sin embargo, se requieren aún esfuerzos considerables para desarrollar el capital humano y una industria competitiva orientada a la exportación.
En lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, se ha realizado una importante labor de adaptación y preparación para la aplicación del acervo, y Montenegro está preparado en muchos capítulos, como la libre circulación de mercancías, la contratación pública, las estadísticas, la justicia, la libertad y la seguridad. Montenegro ha seguido alineándose con el conjunto de las posiciones y declaraciones de política exterior y de seguridad común de la UE. Montenegro se encuentra en una fase inicial de preparación por lo que respecta a la pesca y a las disposiciones presupuestarias y financieras, y en un cierto nivel de preparación en el ámbito del medio ambiente y el cambio climático. Se han realizado avances notables en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, agricultura y desarrollo rural, seguridad alimentaria, política veterinaria y fitosanitaria, energía, medio ambiente y cambio climático, unión aduanera, relaciones exteriores y control financiero. De cara al futuro, Montenegro debe centrarse en particular en la política de competencia y la política económica y monetaria. El refuerzo de la capacidad administrativa para garantizar la aplicación del acervo sigue siendo un importante reto para Montenegro.
Por lo que se refiere a los criterios políticos, las elecciones nacionales anticipadas, celebradas en abril junto con las elecciones provinciales y locales, se desarrollaron en un clima de tranquilidad. Es preciso seguir las recomendaciones de los observadores internacionales, en particular las encaminados a garantizar que la financiación de la campaña electoral y el proceso de registro sean transparentes. El nuevo programa del Gobierno de Serbia estableció la adhesión a la UE como un objetivo prioritario. Se reforzó la participación del Parlamento y de las partes interesadas, incluida la sociedad civil, en el proceso de adhesión. Sin embargo, la integración, la transparencia y la calidad de la legislación y el control eficaz del ejecutivo deben mejorarse, y debe limitarse el recurso a procedimientos de urgencia. Se precisan reformas constitucionales para adaptarse a las normas de la UE en algunos ámbitos. Existe margen para mejorar la cooperación entre el ejecutivo y las instituciones reguladoras independientes.
Serbia está moderadamente preparada en materia de reforma de la administración pública. Se han realizado avances significativos con la adopción del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas, estrategias en materia de administración electrónica y de reforma normativa y elaboración de políticas, así como de nuevas leyes sobre procedimientos administrativos, salarios del sector público y funcionarios provinciales y locales. Serbia debe aplicar sus objetivos de reforma, profesionalizar y despolitizar la administración y hacer más transparentes los procedimientos de contratación y despido, especialmente para los puestos de alta dirección.
El sistema judicial ha alcanzado un cierto grado de preparación. Se han adoptado algunas medidas para fomentar un sistema de contratación basado en los méritos y armonizar la jurisprudencia. Se requieren medidas adicionales para hacer frente a la influencia política. La calidad y la eficiencia del poder judicial y el acceso a la justicia siguen estando socavados por una distribución desigual de la carga de trabajo, una gran acumulación de asuntos pendientes y la ausencia de un sistema de asistencia jurídica gratuita.
Serbia tiene un cierto nivel de preparación en cuanto a prevención y lucha contra la corrupción. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y constituye un grave problema. El esfuerzo de lucha contra la corrupción todavía no ha dado resultados significativos. El marco institucional no funciona aún como un factor disuasorio creíble para prácticas corruptas. Se precisan resultados en cuanto a investigaciones, procesamientos y condenas en casos de corrupción, en particular los que tienen mayor eco en la opinión pública.
Serbia tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han hecho algunos avances en la adopción de una nueva ley de policía, la reorganización del Ministerio del Interior y la adopción de la primera evaluación de la amenaza que representan la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional utilizando la metodología de Europol. Aún debe establecerse una trayectoria creíble en la lucha contra la delincuencia organizada.
El marco jurídico e institucional para el respeto de los derechos fundamentales está establecido. Es preciso garantizar su aplicación coherente en todo el país, en particular por lo que respecta a la protección de las minorías. No se ha avanzado en la mejora de las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, donde Serbia ha alcanzado un cierto nivel de preparación. Serbia fue el primer país de la ampliación en introducir el índice de igualdad de género de la UE. Se precisan esfuerzos adicionales para mejorar la situación de las personas que pertenecen a los grupos más discriminados (gitanos, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, discapacitados, personas con VIH/sida y otros grupos socialmente vulnerables).
Serbia participó constructivamente en las iniciativas regionales y trabajó para mejorar sus relaciones bilaterales con un espíritu de reconciliación, unas relaciones de buena vecindad y para establecer un clima propicio para abordar los problemas bilaterales y los legados del pasado. La firma en junio de una declaración conjunta con Croacia para abordar determinadas cuestiones bilaterales fue una evolución positiva. Este tipo de enfoque es fundamental para la reconciliación, la paz y la cooperación en la región, y debería llevarse a cabo de manera coherente.
Por lo que respecta a la normalización de las relaciones con Kosovo, Serbia ha mantenido su compromiso con la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo facilitado por la UE. Los progresos han sido escasos, debido también al proceso electoral en Serbia y la situación en Kosovo. Sin embargo, en agosto de 2016 se recuperó el impulso con el inicio de las obras en el puente de Mitrovica y la libertad de circulación. Son necesarios esfuerzos continuados para llevar a la práctica los acuerdos ya alcanzados con Kosovo. Las medidas adoptadas deben repercutir de manera positiva y concreta en la vida cotidiana de los ciudadanos de Serbia y Kosovo.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Serbia está moderadamente preparada para desarrollar una economía de mercado en funcionamiento. Se ha avanzado a buen paso para abordar algunas deficiencias, en particular por lo que se refiere al déficit presupuestario y a la reestructuración de las empresas estatales. Las reformas económicas han arrojado claros resultados en términos de las perspectivas de crecimiento y de reducción de los desequilibrios internos y externos. Teniendo en cuenta el aún alto nivel de deuda pública, es preciso que el saneamiento presupuestario se mantenga. La reestructuración de las grandes empresas de servicios públicos de propiedad estatal aún no ha finalizado. Se está recuperando la actividad crediticia, aunque el alto nivel de préstamos no productivos continúa siendo un problema. El desempleo se mantiene elevado, particularmente entre los jóvenes. La expansión del sector privado se ve obstaculizada por las deficiencias del Estado de Derecho.
Serbia está moderadamente preparada para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Las inversiones públicas y privadas han aumentado, aunque el nivel de la inversión sigue estando por debajo de las necesidades de la economía. La calidad, igualdad y pertinencia de la educación y la formación no corresponden a las necesidades de la sociedad. Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la ayuda a las PYME y el emprendimiento, pero las PYME se enfrentan a una serie de retos, en particular un entorno económico imprevisible, un alto nivel de cargas parafiscales y un acceso difícil y costoso a la financiación.
Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, Serbia ha continuado adaptando su legislación al acervo de la UE en todos los ámbitos. Unos recursos financieros y humanos adecuados y unos sólidos marcos estratégicos serán cruciales para mantener el ritmo de las reformas. Serbia tiene un buen nivel de preparación en ámbitos como el derecho de sociedades, propiedad intelectual, ciencia e investigación, educación y cultura y aduanas. Serbia debe seguir mejorando la planificación de la inversión y la priorización de proyectos de infraestructura maduros y de gran importancia estratégica mediante su programa único de proyectos de inversión y el Consejo Nacional de Inversión, en especial en materia de energía y de transporte. En materia de contratación pública, estadísticas, política monetaria o control financiero, Serbia está moderadamente preparada, aunque tendrá que adaptar progresivamente su política exterior y de seguridad a la de la Unión Europea en el período previo a la adhesión. Serbia tiene que abordar, como asunto prioritario, cuestiones de incumplimiento del AEA, en particular sobre las medidas de salvaguardia para algunos productos agrícolas, el control de las ayudas estatales y la discriminación fiscal.
Serbia ha seguido viéndose afectada por la crisis migratoria. Ello provocó una importante carga para su sistema de asilo y migración. Serbia ha seguido cooperando con los países vecinos y los Estados miembros, ha garantizado el control efectivo de los refugiados y los migrantes, y ha realizado esfuerzos sustanciales para proporcionar refugio y ayuda humanitaria con el apoyo de la UE y de terceros. Es importante que Serbia siga comprometida; también debe mantener sus esfuerzos para reducir el número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por sus nacionales en Estados miembros de la UE.
En el terreno de los criterios políticos, el país se enfrenta a la continuación de la crisis política más grave desde 2001. La democracia y el Estado de Derecho se han puesto a prueba constantemente, en particular debido a la captura del Estado que afecta al funcionamiento de las instituciones democráticas y a ámbitos clave de la sociedad. El país sufre de una cultura política de división y de falta de capacidad para el compromiso. El 20 de julio y el 31 de agosto de 2016, los líderes de los cuatro principales partidos políticos llegaron a un entendimiento sobre la aplicación del Acuerdo Pržino, en particular fijando el 11 de diciembre de 2016 como fecha para la celebración de elecciones legislativas anticipadas, y declarando su respaldo a la labor del fiscal especial. Reiteraron asimismo su compromiso de aplicar las «prioridades urgentes en materia de reforma».
La situación interétnica sigue siendo frágil. La revisión del Acuerdo Marco de Ohrid, que puso fin al conflicto de 2001 y constituye el marco de las relaciones interétnicas, todavía debe concluirse de manera transparente e integradora.
La sociedad civil desempeñó un papel constructivo a la hora de apoyar los procesos democráticos y garantizar un mayor control y equilibrio. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil siguen expresando su preocupación por el deterioro del entorno en el que operan y por el escaso compromiso del Gobierno con el diálogo, así como por los ataques públicos por parte de políticos y medios de comunicación progubernamentales.
El país está moderadamente preparado en lo que respecta a la reforma de su administración pública. Se produjeron algunos avances, aunque limitados, a lo largo del año pasado. Se inició la aplicación del nuevo marco jurídico en materia de gestión de recursos humanos. Sin embargo, se observa un progreso insuficiente en la aplicación de recomendaciones anteriores de la Comisión. En lugar de suspenderse, los contratos temporales siguieron transformándose en indefinidos, sin convocarse oposiciones. Unas líneas de responsabilidad ineficaces, el uso del sector público como instrumento político, las acusaciones de presiones ejercidas sobre los empleados públicos y la supuesta politización de la administración en un año electoral siguen siendo motivo de preocupación. Se está preparando con retraso una amplia estrategia de reforma de la administración pública para 2017-2022. Por otra parte, la falta de compromiso político sobre las necesarias reformas en la gestión de las finanzas públicas condujo a una reducción significativa de la ayuda financiera de la UE en 2016.
El sistema judicial del país tiene cierto grado de preparación. Sin embargo, la situación ha seguido empeorando desde 2014 y los logros del proceso de reforma del último decenio se han visto minados por las recurrentes interferencias políticas en el trabajo del poder judicial. Las autoridades no han mostrado la voluntad política necesaria para abordar de manera eficaz los problemas subyacentes, tal como se indica en las «prioridades urgentes en materia de reforma». Los obstáculos a que se enfrenta la nueva fiscalía especial han puesto de manifiesto la necesidad de abordar eficazmente la falta de independencia del poder judicial y prevenir la justicia selectiva.
Por lo que respecta a la lucha contra la corrupción, el país tiene un cierto grado de preparación. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y sigue siendo un grave problema. El marco legislativo e institucional se ha desarrollado. Sin embargo, las deficiencias estructurales de la comisión estatal para la prevención de la corrupción y las injerencias políticas en sus trabajos han minimizado el impacto de los esfuerzos realizados en el pasado. Sigue siendo necesario establecer una trayectoria convincente, en particular en casos de corrupción a alto nivel. En la lucha contra la delincuencia organizada, el país ha alcanzado un cierto grado de preparación. El marco legislativo está en gran medida en consonancia con las normas europeas y se han elaborado estrategias. Sin embargo, es preciso seguir desarrollando la capacidad policial y judicial para investigar delitos financieros y confiscar los activos.
En lo que respecta a la protección de los derechos humanos, el marco legislativo e institucional se ajusta en gran medida a las normas europeas. Son necesarios más esfuerzos en la práctica para garantizar el respeto de los derechos humanos de los grupos vulnerables, en particular los refugiados y los migrantes. También existe una persistente falta de voluntad política y recursos adecuados para permitir que los organismos de regulación y supervisión pertinentes puedan cumplir su mandato con independencia y eficacia. Las categorías más marginadas de la población siguen sin gozar de plena protección. En el ámbito de la libertad de expresión, el país tiene un cierto grado de preparación. Sin embargo, la libertad de expresión y la situación de los medios de comunicación siguen constituyendo un reto importante en el actual clima político.
Con respecto a la cooperación regional, el país mantiene en general buenas relaciones con otros países de la ampliación y ha participado activamente en las iniciativas regionales. Se han tomado medidas para mejorar las relaciones de buena vecindad, en particular a través de los recientes avances en la aplicación de medidas de fomento de la confianza con Grecia. La cuestión del nombre debe resolverse urgentemente.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, la Antigua República Yugoslava de Macedonia tiene un buen nivel de preparación para el desarrollo de una economía de mercado en funcionamiento. En general, no se ha avanzado hacia una economía de mercado en funcionamiento durante el período de referencia. La estabilidad macroeconómica se ha mantenido y el entorno macroeconómico se reforzó aún más en 2015. Esto contó con el respaldo de un importante gasto en infraestructuras e inversión extranjera directa, aunque se observaron signos de debilidad en el primer trimestre de 2016. El elevado desempleo, sobre todo de los jóvenes, disminuyó no obstante durante el período de referencia. Aun así persisten puntos vulnerables, tales como la baja competitividad del sector privado, que se ve obstaculizado por una ejecución deficiente de los contratos, la gran dimensión de la economía informal y el difícil acceso a la financiación. La gestión de las finanzas públicas no ha mejorado y la deuda pública siguió aumentando.
La economía tiene un nivel moderado de preparación para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Se han registrado algunos avances para promover la innovación y las inversiones extranjeras, y la digitalización está progresando rápidamente. Sin embargo, la economía está escasamente diversificada, y la industria manufacturera produce principalmente productos de poco valor añadido. La economía ha seguido viéndose afectada por las deficiencias en los programas de estudios, las bajas tasas de innovación y las grandes necesidades de inversión, en particular en infraestructuras públicas, que la hacen menos competitiva.
Por lo que se refiere a su capacidad para asumir las obligaciones de la adhesión, el país está preparado en la mayoría de los ámbitos, en particular en los de competencia, transportes y energía. Son necesarios esfuerzos adicionales en todos los ámbitos, en particular en aquellos en que el país se encuentra en una fase inicial de preparación, como la libertad de circulación de los trabajadores. También es preciso centrarse más en la capacidad administrativa y la aplicación efectiva.
El país siguió viéndose afectado por la crisis migratoria. Ello provocó una importante carga en su sistema de asilo y migración. El país ha seguido cooperando con los países vecinos y los Estados miembros e hizo esfuerzos para proporcionar refugio y ayuda humanitaria, con el apoyo de la UE y de terceros. El país debe mantener sus esfuerzos para garantizar un control eficaz de los refugiados y los migrantes, y abordar las necesidades de protección; también debe mantener sus esfuerzos para reducir el número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por sus nacionales en los Estados miembros de la UE.
Por lo que se refiere a los criterios políticos, el Parlamento de Albania, superando la polarización anterior, ha aprobado por unanimidad las enmiendas constitucionales para iniciar una reforma del sistema judicial profunda y global que prevea la exclusión de los infractores de los cargos públicos. En vista de las próximas elecciones generales que se celebrarán en 2017, Albania debe adoptar a su debido tiempo las modificaciones del código electoral y las reformas correspondientes, que deben abordar en particular la falta de imparcialidad y profesionalidad de la administración electoral. La adopción de la ley que establece el consejo nacional de la sociedad civil proporcionó el marco para unas consultas más estructuradas con las organizaciones de la sociedad civil.
Albania está moderadamente preparada en lo que se refiere a la reforma de su administración pública. La aplicación de procedimientos más transparentes en materia de contratación de funcionarios, así como la aplicación de la reforma de la administración pública y la gestión de las finanzas públicas han continuado. Seguir avanzando es clave para consolidar los logros alcanzados con vistas a lograr una administración pública más eficaz, despolitizada y profesional.
El sistema judicial de Albania tiene cierto grado de preparación. Se adoptaron modificaciones de la Constitución relativas a la organización y el funcionamiento del sistema judicial, lo que allana el camino para una reforma amplia y profunda del sistema de justicia. También han avanzado los trabajos relativos a la legislación de aplicación relacionada: una ley sobre el reexamen (habilitación) de los jueces, fiscales y asesores jurídicos, así como una serie de leyes clave que prevén la reorganización institucional de las estructuras judiciales. Por otra parte, unos 40 textos legislativos se encuentran en diversas fases de preparación. Deben redoblarse los esfuerzos para adoptar y aplicar la legislación en este ámbito. La administración de justicia continuó siendo lenta e ineficaz; y la corrupción sigue estando generalizada en todo el sector.
Albania tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se adoptó una ley sobre protección de denunciantes. La fiscalía y la policía obtuvieron un mayor acceso a los registros públicos nacionales electrónicos, con objeto de intercambiar información sensible y aumentar la eficacia de las investigaciones. Se requieren nuevos avances para establecer un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas. Se precisan mayores esfuerzos para hacer frente a la corrupción de alto nivel. Las investigaciones proactivas, las evaluaciones sistemáticas del riesgo y la cooperación interinstitucional deben mejorarse. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y constituye un grave problema.
El país ha alcanzado un cierto grado de preparación en el ámbito de la lucha contra la delincuencia organizada. Se han realizado algunos progresos, en particular en la identificación y destrucción de plantaciones de cannabis. La policía se ha modernizado y se ha intensificado la cooperación policial internacional, en especial con Europol. Sin embargo, la cooperación entre la policía y la fiscalía debe reforzarse para desmantelar redes delictivas de forma más eficaz. El número de condenas firmes en casos de delincuencia organizada sigue siendo bajo, marcando apenas un ligero aumento en los últimos años. Las investigaciones financieras relativas a los grupos delictivos organizados no se utilizan de forma sistemática y eficaz. El historial de embargo y confiscación de bienes adquiridos ilegalmente sigue siendo muy bajo.
El marco jurídico para la protección de los derechos humanos se ajusta en líneas generales a las normas europeas. Albania ha ratificado la mayoría de los convenios internacionales de derechos humanos. No obstante, es preciso reforzar la aplicación de los mecanismos de protección de los derechos humanos. Por lo que respecta a la libertad de expresión, Albania tiene un cierto nivel de preparación/está moderadamente preparada. El entorno general es propicio a la libertad de expresión, pero se precisa una mejor aplicación de la legislación. Debe reforzarse la independencia del organismo regulador y de los servicios públicos de radiodifusión, así como la transparencia de la publicidad institucional en los medios de comunicación. Albania ha adoptado medidas para la devolución o la indemnización por las propiedades confiscadas durante el régimen comunista. Ya está vigente una nueva ley que prevé la instauración de un mecanismo nacional de indemnización. El proceso de registro de la propiedad también debe avanzar. Las condiciones de vida de la población gitana y egipcia 5 deben mejorarse. Son necesarios esfuerzos adicionales para desarrollar un historial de casos de lucha contra la discriminación. Los mecanismos institucionales para la protección de los derechos de la infancia y la lucha contra la violencia de género siguen siendo deficientes. La legislación sobre la justicia de menores sigue sin ajustarse a las normas internacionales.
Albania ha seguido teniendo un papel proactivo y constructivo en la cooperación regional y mantiene buenas relaciones de vecindad de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de Estabilización y Asociación.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Albania está moderadamente preparada para desarrollar una economía de mercado en funcionamiento. Se han realizado ciertos progresos en la mejora del saldo presupuestario, la lucha contra la economía informal y la reforma del sector de la electricidad. El crecimiento económico y la situación del mercado de trabajo han mejorado, pero el desempleo sigue siendo elevado. La deuda pública es elevada y todavía no ha empezado a disminuir, mientras que persiste la recurrente infrautilización del gasto del Estado en inversiones. El sector financiero es estable. Sin embargo, el sector bancario está lastrado con préstamos de dudoso cobro y el crédito crece lentamente. La normativa para las empresas es compleja y las deficiencias en el Estado de Derecho continúan desincentivando las inversiones. Se espera que la reforma de la justicia en curso tenga un impacto significativo en el entorno empresarial.
Albania tiene cierto nivel de preparación en cuanto a su capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. Se han registrado algunos avances, en particular por lo que se refiere a la mejora de la enseñanza superior y la formación profesional. No obstante, la calidad de la educación debe mejorar en todos los niveles para dotar a las personas de los conocimientos y cualificaciones que precisa el mercado laboral. Se han iniciado esfuerzos para dar prioridad a las inversiones en infraestructuras, pero las lagunas en materia de transporte, energía e infraestructura digital siguen dificultando la competitividad y restringiendo el comercio. El comercio internacional está por debajo de su potencial y está concentrado sectorialmente, lo que hace que la economía sea más vulnerable. La capacidad de investigación, desarrollo e innovación sigue siendo reducida.
Albania ha seguido aproximando su legislación a los requisitos de la UE en una serie de ámbitos, con el fin de mejorar su capacidad de asumir las obligaciones de la adhesión. En muchos ámbitos, como el control financiero, el país está moderadamente preparado o tiene un cierto nivel de preparación, en particular en los ámbitos de la contratación pública y las estadísticas. Albania deberá proseguir sus esfuerzos por lo que respecta a la preparación general para adoptar y aplicar el acervo de la UE. Debe seguir trabajando en el desarrollo de las redes de transporte y energía, a fin de mejorar la conectividad de la región. La capacidad administrativa y la profesionalidad de los organismos encargados de la aplicación del acervo deben reforzarse, y debe salvaguardarse la independencia de los organismos reguladores. Sigue siendo esencial reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, en particular garantizando el funcionamiento eficaz, eficiente y transparente del sistema de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas. Albania ha seguido alineándose plenamente con las posiciones y declaraciones de la política exterior y de seguridad común.
El número de solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales albaneses en los Estados miembros de la UE y en los países Schengen asociados se ha mantenido elevado. Albania deberá tomar medidas firmes e inmediatas para abordar eficazmente este fenómeno, en particular en el marco del mecanismo de supervisión posterior a la liberalización de visados.
Por lo que se refiere a los criterios políticos, la legislación electoral ha mejorado: se ha seguido una serie de recomendaciones de la OIDDH de la OSCE y las elecciones locales se han organizado en general de manera ordenada, a pesar de los incidentes registrados en algunos municipios, que deben investigarse. A pesar de los esfuerzos para resolver el problema de Mostar, las elecciones no pudieron celebrarse allí este año. La Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina y los Parlamentos de las entidades han avanzado en la adopción de las prioridades de reforma pendientes, en particular las derivadas de la agenda de reformas. Se ha reforzado la cooperación entre los Parlamentos a nivel nacional, a nivel de las entidades y a nivel del distrito de Brčko. Sin embargo, su papel y capacidades en el proceso de integración en la UE deben seguir mejorando. La cooperación entre el Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina y los gobiernos de las entidades fue eficaz en lo que respecta al programa de reformas, cuya aplicación debe proseguir. El Consejo de Ministros adoptó en agosto el mecanismo de coordinación sobre asuntos de la UE. Aún no se ha adoptado un programa estratégico para la aproximación de la legislación del país al acervo de la UE.
La Constitución de Bosnia y Herzegovina sigue infringiendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como indica la sentencia en el asunto Sejdić-Finci. Las decisiones del Tribunal Constitucional aún no han sido plenamente ejecutadas en todo el país.
Si bien se han realizado algunos avances en el establecimiento de mecanismos institucionales de cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, es preciso desarrollar un marco estratégico para la cooperación con la sociedad civil.
Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de reforma de su administración pública. Se ha registrado un retroceso con los cambios del marco jurídico para la función pública de la entidad federal, aumentando el riesgo de politización. Se carece de un enfoque armonizado para el desarrollo político y la coordinación entre los diferentes servicios de la administración. Es preciso adoptar un nuevo marco estratégico para la administración pública, así como una estrategia para la gestión de las finanzas públicas.
El sistema judicial de Bosnia y Herzegovina cuenta con un cierto grado de preparación. Se han registrado algunos avances en la rendición de cuentas y la integridad. Aún no se ha adoptado el plan de acción necesario para aplicar la estrategia de reforma del sector judicial de 2014-2018. Han continuado las amenazas por motivos políticos contra el poder judicial por parte de algunos políticos del país. Es preciso reforzar la independencia del poder judicial.
Bosnia y Herzegovina tiene cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Se realizaron algunos avances en la adopción de planes de acción a diferentes niveles de gobernanza, pero la fragmentación obstaculiza la eficacia de su ejecución. La corrupción sigue prevaleciendo en muchos ámbitos y constituye un grave problema. El compromiso político anunciado a este respecto no se ha traducido en resultados concretos.
En lo que respecta a la lucha contra la delincuencia organizada, Bosnia y Herzegovina tiene cierto grado de preparación. Se han logrado algunos avances sobre todo con vistas a mejorar la cooperación entre los organismos competentes. No obstante, las investigaciones financieras deben redoblarse. La lucha contra la delincuencia organizada sigue siendo fundamental para contrarrestar la infiltración delictiva en el sistema político, jurídico y económico del país. Bosnia y Herzegovina todavía tiene que cumplir las normas internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El país se ha visto gravemente afectado por el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y la radicalización, y ha adoptado importantes medidas para abordar este problema, que deben complementarse con medidas adicionales para detectar, prevenir e interrumpir el flujo de combatientes terroristas extranjeros que viajan a zonas de conflicto como Irak y Siria.
Es necesario seguir trabajando para abordar los problemas de derechos humanos y de las minorías. Se han logrado algunos avances sobre todo con la adopción de enmiendas a la ley de lucha contra la discriminación. Los marcos estratégico, jurídico, institucional y político para el respeto de los derechos humanos siguen precisando en general una mejora sustancial. Existe un cierto nivel de preparación en cuanto a la libertad de expresión; no obstante, no se ha progresado en este ámbito. Los casos de presión política e intimidación a los periodistas requieren un seguimiento jurídico adecuado. La estabilidad financiera del sistema público de radiodifusión sigue sin resolverse, así como la cuestión de la falta de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación.
Con respecto a la cooperación regional, el país ha seguido participando activamente en las iniciativas regionales, y en enero asumió la presidencia de la Iniciativa Centroeuropea.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Bosnia y Herzegovina se encuentra aún en una fase inicial de desarrollo de una economía de mercado en funcionamiento. Se han hecho algunos avances en la modernización de la legislación laboral, la mejora del entorno empresarial y la subsanación de deficiencias del sector financiero, en el marco del programa de reforma acordado. Sin embargo, el sector público es ineficaz y el desarrollo del sector privado es lento. Será fundamental un apoyo político fuerte y continuo para la rápida aplicación de las tan necesarias reformas estructurales, en consonancia con el programa de reformas acordado.
Bosnia y Herzegovina se encuentra en una fase inicial de desarrollo de la capacidad para hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. No se ha avanzado en la mejora de la competitividad del país, pero la ejecución de las medidas del programa de reforma está en curso.
Por lo que respecta a la aproximación a las normas europeas, existe un cierto nivel de preparación en los ámbitos de la contratación pública, el mercado interior y los transportes; la adopción de una estrategia marco de transportes a nivel estatal, en julio, es un paso adelante para que el país se beneficie de la agenda de conectividad. Aún no se han adoptado estrategias de escala nacional en los ámbitos de la agricultura, la energía y el medio ambiente. También se precisan esfuerzos adicionales constantes en los ámbitos de la justicia, la libertad y la seguridad, la competencia, la industria y las PYME, la agricultura, el medio ambiente y el cambio climático, la energía y la sociedad de la información y los medios de comunicación. Los resultados del censo de población y vivienda realizado en octubre de 2013 fueron publicados el 30 de junio de 2016, en consonancia con las normas y recomendaciones internacionales.
Por lo que se refiere a los criterios políticos, continuó la polarización entre el Gobierno y la oposición. El funcionamiento parlamentario normal resultó imposible en algunos tramos del período de notificación, en particular por el uso de medios violentos por parte de miembros de la oposición. Todos los partidos políticos deben dar muestras de responsabilidad y reanudar un diálogo constructivo, con el Parlamento como principal foro de debate político. El reciente retorno de los miembros de la oposición a las actividades parlamentarias es un paso en la buena dirección.
Las instituciones de Kosovo cumplieron las restantes obligaciones sobre la creación de salas y de una fiscalía especializada para investigar las acusaciones de crímenes contra el Derecho internacional cometidos durante y después del conflicto de 1999. Los procedimientos sobre el acuerdo bilateral con el país donde se tienen su sede las salas especializadas (Países Bajos) quedaron finalizados. El mandato de EULEX se prorrogó hasta junio de 2018.
El Parlamento concluyó la mayoría de los nombramientos para las agencias e instituciones independientes. Sin embargo, los nombramientos estuvieron frecuentemente sometidos a influencias políticas, lo que socava el funcionamiento independiente y la eficacia de la gestión de estos organismos. Se necesitan mayores esfuerzos para garantizar que los nombramientos se basen en los méritos.
Existe un cierto nivel de preparación en el ámbito de la reforma de la administración pública. Se realizaron importantes avances con la adopción de una estrategia de gestión de las finanzas públicas y de la ley de procedimientos administrativos generales. La politización de la administración pública, no obstante, sigue constituyendo un problema grave. La organización de la Administración del Estado está fragmentada y no garantiza cadenas eficaces de rendición de cuentas, y es preciso abordar el solapamiento de responsabilidades entre organismos. Debe reforzarse el control parlamentario de las actividades gubernamentales. Es preciso seguir las recomendaciones de las instituciones de control a fin de garantizar una mejor gobernanza y responsabilización.
El sistema judicial de Kosovo se encuentra en una fase inicial de preparación. Se han dado pasos positivos importantes durante el período de referencia, con la adopción de modificaciones de la Constitución y de la mayoría de la legislación secundaria necesaria para aplicar los paquetes legislativos de justicia de 2015. Kosovo también ha designado a la mayoría de los miembros de las instituciones clave y ha continuado aumentando su porcentaje de resolución de casos. No obstante, la administración de justicia es lenta e ineficaz, y los funcionarios de la administración de justicia no asumen suficientemente su obligación de rendición de cuentas. El poder judicial sigue siendo vulnerable a las influencias políticas, y las instituciones del Estado de Derecho sufren de falta de financiación y de recursos humanos.
Kosovo se encuentra en una fase inicial /tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Kosovo ha reforzado sus capacidades institucionales para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada, con el establecimiento de equipos de investigación pluridisciplinares, la creación de un mecanismo de seguimiento de los casos de corrupción de alto nivel y delincuencia organizada, así como el desarrollo de la sección de delitos graves en los juzgados de primera instancia. Esto ha dado lugar a un aumento del número de casos importantes investigados y procesados. Sin embargo, la corrupción sigue generalizada en muchos ámbitos y constituye un problema muy grave. Se precisa una mayor voluntad política para afrontar esta cuestión de forma global.
Kosovo se encuentra en una fase inicial de lucha contra la delincuencia organizada. El número de investigaciones y condenas firmes sigue siendo reducido. Persisten lagunas en la legislación y la ejecución debe mejorarse, en particular en lo que respecta al blanqueo de dinero, la incautación y confiscación de activos y la investigación financiera. Las influencias indebidas en las investigaciones y la falta de compromiso político obstaculizan la lucha contra la delincuencia organizada. Kosovo prosiguió sus esfuerzos de lucha contra el terrorismo, pero se enfrenta aún a desafíos en este ámbito.
Se han registrado algunos avances en el ámbito de los derechos humanos, adoptándose medidas para aplicar el paquete de 2015 en la materia y con declaraciones de apoyo a los derechos del colectivo LGBTI. No obstante, la aplicación sigue viéndose obstaculizada por la falta de recursos y compromiso político, en particular a nivel local. Queda mucho por hacer para garantizar eficazmente los derechos de propiedad y abordar las cuestiones del retorno y la reintegración de los desplazados, la protección del patrimonio cultural y la lucha contra la violencia de género. La protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías y los discapacitados debe reforzarse de manera significativa. Kosovo tiene un cierto nivel de preparación en el ámbito de la libertad de expresión. Se registraron una serie de acontecimientos preocupantes durante el período cubierto por el informe, en particular amenazas contra periodistas. El Parlamento muestra un escaso compromiso en cuanto a la búsqueda de una solución para la financiación sostenible del ente público de radiotelevisión, haciendo que sea vulnerable a las presiones políticas. No hay novedades legislativas en cuanto a la regulación de la propiedad de los medios de comunicación y la transparencia.
Por lo que respecta a la normalización de las relaciones con Serbia, Kosovo ha mantenido su compromiso con la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo facilitado por la UE. Los progresos han sido escasos, debido también al proceso electoral de Serbia y a la situación de Kosovo. Sin embargo, en agosto de 2016 se recuperó el impulso con el inicio de las obras en el puente de Mitrovica/Mitrovicë y la libertad de circulación. Son necesarios esfuerzos constantes para llevar a la práctica los acuerdos ya alcanzados. Las medidas adoptadas deben repercutir de manera positiva y concreta en la vida cotidiana de los ciudadanos de Kosovo y de Serbia.
Por lo que se refiere a los criterios económicos, Kosovo se encuentra en una fase inicial de desarrollo de una economía de mercado en funcionamiento. Se han realizado algunos progresos, en particular en cuanto al apoyo a las empresas orientadas a la exportación, la mejora de la ejecución de los contratos, sobre todo en el sector financiero, y el acceso a la financiación. No obstante, las decisiones presupuestariamente insostenibles relativas a las prestaciones de los veteranos de guerra pueden tener un efecto perjudicial en la estabilidad macroeconómica de Kosovo y en sus relaciones con las instituciones financieras internacionales. El persistente déficit comercial refleja una base de producción débil y una escasa competitividad internacional. La dependencia de las remesas y la magnitud de la economía informal disminuyen los incentivos al empleo, dando lugar a una baja participación de la mano de obra, especialmente entre las mujeres, y a una tasa de desempleo elevada, en particular entre los jóvenes y los trabajadores poco cualificados.
Kosovo se encuentra en una fase inicial en el desarrollo de la capacidad para hacer frente a las presiones competitivas y a las fuerzas del mercado dentro de la Unión. No se ha avanzado en la mejora de la calidad de la enseñanza, que constituye un factor clave para mejorar la competitividad y el crecimiento a largo plazo.
Kosovo se encuentra en una fase inicial de la aproximación a las normas europeas. La adaptación legislativa ha proseguido en algunos ámbitos, pero la aplicación es escasa. Se han registrado algunos avances en el ámbito de la contratación pública y la competencia. Se ha avanzado bastante en el ámbito de las aduanas, especialmente en la lucha contra la corrupción, la recaudación de ingresos y la reducción de los costes administrativos de las exportaciones, pero Kosovo debe intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal. El sector de la energía sigue enfrentándose a problemas, y no se han registrado avances en el desmantelamiento de la central térmica de Kosovo A ni en la modernización de Kosovo B, y muy escasos avances en el ámbito de las energías renovables.
ANEXO 2 – Estadísticas clave
DATOS ESTADÍSTICOS (a 5.10.2016)
Porcentaje de la población total de entre 15 y 64 años (%)
Tasa bruta de crecimiento natural de la población (por 1 000 habitantes)
Esperanza de vida al nacer de los hombres (años)
Esperanza de vida al nacer de las mujeres (años)
Índice de actividad económica de las personas de 20 a 64 años de edad: proporción de la población de 20 a 64 años económicamente activa (%)
Índice de actividad económica de los varones de 20 a 64 años de edad: proporción de la población masculina de 20 a 64 años económicamente activa (%)
Índice de actividad económica de las mujeres de 20 a 64 años de edad: proporción de la población femenina de 20 a 64 años económicamente activa (%)
Tasas de empleo de las personas de 20 a 64 años (% de la población)
Personas de entre 15 y 24 años, sin empleo, estudios ni formación, en porcentaje de la población del grupo de edad
Personas de entre 15 y 29 años, sin empleo, estudios ni formación, en porcentaje de la población del grupo de edad
Empleo por sectores principales
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (%)
Construcción (%)
Personas empleadas en el sector público como porcentaje del empleo total, población de 20 a 64 años (%)
Personas empleadas en el sector privado como porcentaje del empleo total, población de 20 a 64 años (%)
Tasas de desempleo (% de la población activa)
Desempleo de larga duración (>12 meses)
Sueldos y salarios nominales medios mensuales (EUR)
Abandonos prematuros de la educación y formación: porcentaje de la población de 18 a 24 años que ha cursado como máximo el primer ciclo de la enseñanza secundaria y que no sigue un programa de educación o formación (%)
Gasto público en educación en relación con el PIB (%)
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación primaria o sin educación, total
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación primaria o sin educación, hombres
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación primaria o sin educación, mujeres
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación secundaria, total
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación secundaria, hombres
Porcentaje de la población de 20 a 24 años con educación secundaria, mujeres
Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, total
Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, hombres
Porcentaje de la población de 30 a 34 años con educación superior, mujeres
3,.8b
A precios corrientes (miles de millones EUR)
Per cápita (EUR)
En estándares de poder adquisitivo (EPA) por habitante
En estándares de poder adquisitivo (EPA) por habitante, frente a la media de la Unión Europea (EU-28 = 100)
Tasa real de crecimiento anual (en volumen) en relación con el año anterior (%)
Valor añadido bruto por sectores principales
Agricultura, ganadería y pesca (%)
Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) (millones EUR)
— 22 872.0
Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) (% del PIB)
Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) en relación con la EU-28 (millones EUR)
Inversión directa extranjera (IDE) neta (entrante-saliente) en relación con la EU-28 (% del PIB)
Remesas (en % del PIB)
Cuota de exportaciones a los países de la EU-28 en valor de las exportaciones totales (%)
Cuota de importaciones procedentes de países de la EU-28 en valor de las importaciones totales (%)
Balanza comercial (millones EUR)
Comercio internacional de bienes y servicios en relación con el PIB
Importaciones (% del PIB)
Exportaciones (% del PIB)
Estadísticas de las finanzas públicas en relación con el PIB
** Superávit (+)/déficit (−) (%)
** Deuda pública (%)
Evolución anual de los precios al consumo (%)
Deuda exterior total, con respecto al PIB (%)
Tipo de interés anual de los préstamos a un año (%)
Tipo de interés anual de los depósitos a un año (%)
Valor de los activos de reserva (oro incluido) (millones EUR)
Reservas de divisas - equivalencia en meses de importaciones
Índice de producción industrial (2010 = 100)
Densidad de la red ferroviaria (líneas en funcionamiento por miles de km²)
Longitud de la red de autopistas (kilómetros)
Importaciones netas de energía en relación con el PIB
: = no disponible
b = interrupción en la serie
e = valor estimado
p = dato provisional
s = estimación de Eurostat
* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244 y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
* * = Los datos de déficit público y de deuda pública de los países de la ampliación se publican sin ninguna garantía en cuanto a la calidad y el cumplimiento de las normas del SEC.
Bosnia y Herzegovina: población a mediados de año.
Albania: las partes no suman el 100 % debido a los casos en que las personas no se han clasificado en una determinada actividad o no han podido clasificarse.
Bosnia y Herzegovina: las partes no suman el 100 % debido a que se excluyen otros tipos de propiedad. Montenegro: se excluyen las ONG.
Turquía: el desempleo se basa en el criterio de 4 semanas + se utilizan exclusivamente métodos activos de búsqueda de empleo.
Serbia, 2014: sueldos y salarios pagados a los asalariados de entidades jurídicas y de empresas no constituidas en sociedad. Bosnia y Herzegovina: salario neto.
Turquía y Bosnia y Herzegovina: basados en el SEC 1995.
EU-28: basado en el SEC 2010.
El valor del PIB se obtiene del marco de gasto a medio plazo 2016-2018 (abril de 2015).
Antigua República Yugoslava de Macedonia: basado en la 6.ª edición del manual de la balanza de pagos.
Albania: tipo medio ponderado aplicado a los nuevos préstamos a un año suscritos durante el mes respectivo, con vencimiento a 12 meses. Bosnia y Herzegovina: tipos de interés
de los préstamos a corto plazo en moneda nacional aplicados a empresas no financieras (media ponderada). Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes,
anual. Antigua República Yugoslava de Macedonia: fin del año (31 de diciembre). Kosovo: incluye la tasa de desembolso cobrada por los bancos.
Albania: el tipo de interés de depósito es el tipo medio ponderado para los nuevos depósitos aceptados durante el mes respectivo, con vencimiento a 12 meses. Bosnia y Herzegovina:
tipos de los depósitos en moneda nacional aplicados a los hogares (media ponderada). Montenegro: tipo de interés efectivo medio ponderado, importes pendientes, anual.
Antigua República Yugoslava de Macedonia: fin del año (31 de diciembre). Turquía: facilidad de depósito a un día. Kosovo: incluye la tasa de desembolso cobrada por los bancos.
Antigua República Yugoslava de Macedonia: final del año (31 de diciembre).
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo y EU-28: basado en la 6.ª edición del manual de la balanza de pagos.
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y Kosovo: basado en la 6.ª edición del manual de la balanza de pagos.
Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Bosnia y Herzegovina y EU-28: basado en la 6.ª edición del manual de la balanza de pagos.
Montenegro, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Albania, Turquía y Kosovo: cálculos de Eurostat.
*Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244/1999 y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
Estado de Derecho y derechos fundamentales (funcionamiento del poder judicial, corrupción, delincuencia organizada, libertad de expresión), criterios económicos, reforma de la administración pública y tres capítulos estrechamente vinculados a estas cuestiones (contratación pública, estadísticas y control financiero).
Libre circulación de mercancías, derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios, servicios financieros, agricultura y desarrollo rural, pesca, política de transportes, unión aduanera y relaciones exteriores.
Todos estos grupos se consideran «gitanos» en términos generales de acuerdo con el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos.

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