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Timestamp: 2019-02-23 08:36:13+00:00

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AGENDA ANDALUZA | Granada Stop Desahucios
Documento íntegro de la petición del Movimiento Andaluz por la Vivienda al Parlamento Andaluz
A LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PETICIONES DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍADon/Doña……………………………………………………………………………………., residente andaluz con DNI ………….……. ; cuyos datos expresamente solicito sean reservados y amparados por el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley 4/2001, de 12 de noviembre, con domicilio a efectos de notificaciones en la dirección de correo electrónico…………………………………..…@…………………., y en la postal ……………………………………………………………………….., en nombre y representación propia.
Ante el excelentísimo señor Presidente de la Comisión, ante todos sus miembros, ante el Parlamento de Andalucía y todas Sus Señorías, comparezco, y en virtud de lo establecido en el artículos 3, párrafo primero, y siguientes de la Ley 4/2001, en el ejercicio del derecho constitucional – fundamental de petición y en atención a los hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se expondrán, FORMULO PETICIÓN de conformidad con el contenido de este escrito y con base en las siguientes
PRIMERA.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
En el párrafo 1 del artículo 25 se establece lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”
Declaración de los Derechos del Niño (1959), proclamada la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV) de 29 de noviembre de 1959.
El principio 4 dice lo siguiente: “El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
3) Recomendación 115 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Vivienda de los Trabajadores (1961), aprobada por el Consejo de Administración de la OIT en su 44º período de sesiones, el 7 de junio de 1961.
El principio 2 dice lo siguiente: “La política nacional debería tener por objetivo el fomento, dentro de la política general relativa a la vivienda, de la construcción de viviendas e instalaciones colectivas conexas, a fin de garantizar que se pongan al alcance de todos los trabajadores y de sus familias un alojamiento adecuado y decoroso y un medio ambiente apropiado. Debería darse prioridad a las personas cuyas necesidades sean más urgentes.
4) Declaración sobre progreso y desarrollo en lo social (1969), proclamada por la Asamblea General en su resolución 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de 1969.
En los objetivos de la Parte II y en el párrafo f) del artículo 10 se establece lo siguiente: “El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse a la continua elevación del nivel de vida tanto material como espiritual de todos los miembros de la sociedad, dentro del respeto y del cumplimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, mediante el logro de los objetivos principales siguientes: f) La provisión a todos, y en particular a las personas de ingresos reducidos y a las familias numerosas, de viviendas y servicios comunales satisfactorios.
5) Declaración de Vancouver sobre los Asentamientos Humanos (1976), aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en 1976.
En el párrafo 8 de la sección III y en el párrafo 3 de la sección A del capítulo II se establece, respectivamente: “La vivienda y los servicios adecuados constituyen un derecho humano básico que impone a los gobiernos la obligación de asegurar su obtención por todos los habitantes, comenzando por la asistencia directa a las clases más destituidas mediante la orientación de programas de autoayuda y de acción comunitaria. Los gobiernos deben esforzarse por suprimir toda clase de impedimentos que obstaculicen el logro de esos objetivos. Reviste especial importancia la eliminación de la segregación social y racial mediante, entre otras cosas, la creación de comunidades mejor equilibradas en que se combinen distintos grupos sociales, ocupaciones, viviendas y servicios accesorios…
Las ideologías de los Estados se reflejan en sus políticas de asentamientos humanos. Dado que éstas son instrumentos poderosos para la transformación, no deben utilizarse para privar a las personas de sus hogares y de sus tierras, ni para amparar privilegios y la explotación. Las políticas de asentamientos humanos deben atenerse a la Declaración de Principios y a la Declaración Universal de Derechos Humanos.”
6) Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986), aprobada por la Asamblea General en su resolución 41/128 de 4 de diciembre de 1986.
En el párrafo 1 del artículo 8 se establece lo siguiente: “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar todas las injusticias sociales.”
7) Resoluciones de las Naciones Unidas
7.1) Resolución 41/146 de la Asamblea General, titulada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 4 de diciembre de 1986, en la cual se dice: “La Asamblea General expresa su profunda preocupación por el hecho de que millones de personas no disfruten del derecho a una vivienda adecuada”.
7.2) Resolución 42/146 de la Asamblea General, titulada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 7 de diciembre de 1987, en la cual se dice: “La Asamblea General reitera la necesidad de adoptar, en los planos nacional e internacional, medidas encaminadas a promover el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado para sí y para sus familias, incluida una vivienda adecuada; y exhorta a todos los Estados y a las organizaciones internacionales interesadas a que presten especial atención a la cuestión de la realización del derecho a una vivienda adecuada al aplicar medidas con el objeto de elaborar estrategias nacionales para la vivienda y programas para mejorar los asentamientos dentro del marco de la Estrategia Mundial de la Vivienda hasta el Año 2000.”
7.3) Resolución 1987/62 del Consejo Económico y Social, titulada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 29 de mayo de 1987, en la cual se dice: “Reconociendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipulan que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso a una vivienda adecuada, y que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para asegurar la realización de ese derecho.”
7.4) Resolución 1986/36 de la Comisión de Derechos Humanos titulada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 12 de marzo de 1986, en la cual se dice: “La Comisión de Derechos Humanos reitera el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado para sí mismas y para su familia, incluso a una vivienda adecuada.”
7.5) Resolución 1987/22 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “Realización del realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 10 de marzo de 1987, en la cual se dice: “La Comisión de Derechos Humanos reitera la necesidad de tomar medidas apropiadas a nivel nacional e internacional para promover el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado para sí mismas y para sus familias, incluso a una vivienda adecuada.”
7.6) Resolución 1988/24 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “Realización del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 7 de marzo de 1988, en la cual se dice: “La Comisión de Derechos Humanos decide… mantener en examen periódico la cuestión del derecho a una vivienda adecuada.
7.7) Resolución 1993/77 de la Comisión de Derechos Humanos, titulada “Desalojamientos forzosos”, aprobada el 10 de marzo de 1993, en la cual se dice: “La Comisión de Derechos Humanos
… afirma que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada;
… insta a los gobiernos a que adopten a todos los niveles medidas inmediatas destinadas a eliminar la práctica de los desalojamientos forzosos… para [conceder] una seguridad jurídica de tenencia a todas las personas que están actualmente amenazadas de desalojamiento forzoso;
… recomienda que todos los gobiernos proporcionen de modo inmediato indemnización, compensación y/o vivienda o terrenos sustitutivos adecuados y suficientes… a las personas y comunidades que hayan sido desalojadas forzosamente;
… pide al Secretario General que elabore un informe analítico sobre la práctica de los desalojamientos forzosos, basado en el análisis del derecho y la jurisprudencia internacionales y de la información proporcionada por los gobiernos, los órganos competentes de las Naciones Unidas… las organizaciones regionales, intergubernamentales y no gubernamentales y las organizaciones comunitarias.”
7.8) Resolución 14/6 de la Comisión de Asentamientos Humanos, titulada “El derecho humano a una vivienda adecuada”, adoptada el 5 de mayo de 1993, en la cual se dice: “La Comisión de Asentamientos Humanos insta a todos los Estados a que pongan término a las prácticas que puedan producir o produzcan violaciones del derecho humano a una vivienda adecuada, en particular la práctica del desalojo en masa forzado y toda forma de discriminación racial o de otra índole en la esfera de la vivienda;
… Invita a todos los Estados a que abroguen, reformen o enmienden las leyes, las políticas y los programas o proyectos existentes que afecten negativamente de cualquier manera la plena realización del derecho a una vivienda adecuada;
… Insta a todos los Estados a que cumplan plenamente los acuerdos jurídicos internacionales existentes relativos al derecho a una vivienda adecuada y a que, establezcan para ello…, mecanismos de vigilancia apropiados con puntos de referencia específicos que permitan proporcionar datos e indicadores precisos sobre las personas sin vivienda, las condiciones de vivienda adecuadas, las personas sin seguridad de tenencia y demás cuestiones derivadas del derecho a una vivienda adecuada, para su utilización en los planos nacional e internacional.”
7.9) Resolución 1991/12 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, titulada “Desalojamientos forzosos”, aprobada el 28 de agosto de 1991, en la cual se dice:
“La Subcomisión… Reconociendo que la práctica de los desalojamientos forzosos entraña el traslado involuntario de personas, familias y grupos de sus hogares y comunidades, lo que resulta en la destrucción de vidas e identidades de personas en todo el mundo, así como en un aumento del número de personas sin hogar,
… Señala a la atención de la Comisión de Derechos Humanos… b) El hecho de que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación patente de los derechos humanos, en particular del derecho a la vivienda adecuada; c) La necesidad de que se tomen en todos los niveles medidas inmediatas destinadas a eliminar la práctica de los desalojamientos forzosos;
…Destaca la importancia de que dé una compensación inmediata, apropiada y suficiente, y/u otro alojamiento de conformidad con los deseos y necesidades de las personas y comunidades forzosa o arbitrariamente desalojadas, tras negociaciones mutuamente satisfactorias con la persona o personas y grupo o grupos afectados.”
7.10) Resolución 1991/26 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, titulada “Fomento del derecho a una vivienda adecuada”, aprobada el 29 de agosto de 1991, en la cual se dice: “La Subcomisión insta a todos los Estados a aplicar políticas efectivas y a adoptar leyes encaminadas a conseguir la realización del derecho a una vivienda adecuada para toda la población, concentrándose en las personas que en la actualidad carecen de hogar o están alojadas en viviendas inadecuadas.”
8) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Articulo 11.1: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”
SEGUNDA: FUNDAMENTOS JURIDICOS NACIONALES
Articulo 47 “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos sobre tratados internacionales”
Artículo 10.2. “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
Artículo 96.1. “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.”
TERCERA: FUNDAMENTOS JURIDICOS AUTONÓMICOS
Artículo 25. Vivienda. “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten.”
La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la vivienda; el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento de las Administraciones Públicas de Andalucía en materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la promoción pública de viviendas; las normas técnicas, la inspección y el control sobre la calidad de la construcción; el control de condiciones de infraestructuras y de normas técnicas de habitabilidad de las viviendas; la innovación tecnológica y la sostenibilidad aplicable a las viviendas; y la normativa sobre conservación y mantenimiento de las viviendas y su aplicación.
La regulación administrativa del comercio referido a viviendas y el establecimiento de medidas de protección y disciplinarias en este ámbito.
CUARTA: RELACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES
La indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos se refleja claramente en el derecho a la vivienda. Tal como lo han reconocido varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el pleno disfrute de derechos tales como el derecho a la dignidad humana, el principio de la no discriminación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la libertad de elegir el lugar de residencia, el derecho a la libertad de asociación y expresión (por ejemplo de los inquilinos y otros grupos basados en la comunidad), el derecho a la seguridad de la persona (en caso de desalojamientos forzados u otras formas de acoso) y el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el hogar, la correspondencia, es indispensable para la realización del derecho a una vivienda adecuada que todos los grupos de la sociedad poseen y mantienen.
Al mismo tiempo, el acceso a una vivienda adecuada y segura refuerza de manera considerable la posibilidad de que las personas disfruten de otros derechos. La vivienda es la base a partir de la cual pueden lograrse otras ventajas. Por ejemplo, el carácter adecuado de la vivienda y otras condiciones de vida se halla en estrecha relación con la posibilidad de disfrutar del derecho a la higiene ambiental y al nivel más alto de salud física y mental que sea posible alcanzar. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que la vivienda es el factor ambiental que más influencia tiene sobre las condiciones de enfermedad y el aumento de las tasas de mortalidad y morbilidad.
Esta relación o “permeabilidad” entre algunos derechos humanos y el derecho a una vivienda adecuada permite apreciar claramente que los conceptos de indivisibilidad e interdependencia son fundamentales para el pleno disfrute de todos los derechos.
QUINTA: OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA VIVIENDA
El reconocimiento jurídico generalizado del derecho a una vivienda adecuada es de suma importancia. En la práctica es necesario definir las medidas concretas que deben adoptar los gobiernos para que estos derechos se conviertan en realidades concretas para las personas interesadas. Es un error pensar, como se hace algunas veces que, tratándose de ciertos derechos, como el derecho a la vivienda, lo único que hace falta para que los gobiernos atiendan a sus obligaciones en tal sentido es proporcionar fondos públicos en cantidad suficiente y efectuar las consiguientes asignaciones de recursos monetarios. Lo cierto es que el derecho a la vivienda y, en realidad, todos los derechos económicos, sociales y culturales, comportan una serie mucho más amplia y compleja de obligaciones por parte de los Estados.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha ayudado a aclarar las diversas obligaciones que asumen los gobiernos al reconocer el derecho a una vivienda adecuada. Para ello ha adoptado diversas iniciativas, entre las cuales figuran las siguientes: a) ha mantenido “un debate general” sobre este derecho; b) ha llevado a cabo una revisión a fondo de las directrices relativas a los informes que deben presentar los Estados de conformidad con los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; c) adoptó la Observación General Nº 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada, que acompaña la presente petición como anexo 1; y d) en sus observaciones finales sobre los informes de algunos Estados partes ha señalado que los Estados en cuestión violaban el derecho a una vivienda adecuada porque recurrían a la práctica de los desalojamientos forzados.
De estas medidas, así como de las normas del Pacto y las demás fuentes legales del derecho a la vivienda que se han reseñado, surgen diversos niveles de obligaciones gubernamentales respecto de la realización de este derecho.
Las obligaciones de los gobiernos en cuanto al derecho a la vivienda son: i) las obligaciones que figuran en el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto; y ii) las obligaciones más concretas de reconocer, respetar, proteger y realizar este y otros derechos.
El párrafo 1 del artículo 2 del Pacto es de importancia capital para determinar qué deben y qué no deben hacer los gobiernos en el proceso que lleva al disfrute por toda la sociedad de los derechos consagrados en el Pacto. El artículo dice lo siguiente:
“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”
Tres frases de este artículo son de especial importancia para comprender la obligación de los gobiernos de dar plena efectividad a los derechos reconocidos en el Pacto, entre ellos el derecho a una vivienda adecuada: a) “se compromete a adoptar medidas… por todos los medios apropiados”; b) “hasta el máximo de los recursos de que disponga”; y c) “para lograr progresivamente”.
a) “Se compromete a adoptar medidas… por todos los medios apropiados”
Se trata de una obligación inmediata. Los Estados deben adoptar medidas inmediatamente después de ratificar el Pacto. Una de las primeras de estas medidas consiste en que el Estado parte emprenda una revisión a fondo de toda la legislación pertinente con miras a armonizar las leyes nacionales con las obligaciones jurídicas internacionales.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que en muchos casos es muy deseable contar con medidas legislativas en este sentido y que, en algunos casos, esto resulta indispensable para la realización de cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Sin embargo, el Comité ha subrayado al mismo tiempo que la adopción de medidas legislativas, o la existencia de una compatibilidad legislativa, no bastan por sí solas para que el Estado parte cumpla con las obligaciones que ha asumido en virtud del Pacto.
El término “por todos los medios apropiados” ha sido objeto de una interpretación amplia. Además de medidas legislativas, deben adoptarse otras de carácter administrativo, judicial, económico, social y educativo.
En términos generales, los gobiernos también deben adoptar medidas efectivas, concretas y dirigidas lo más claramente posible a cumplir las obligaciones reconocidas en el Pacto. Por consiguiente, deben tomarse rápidamente medidas para diagnosticar la situación en que se encuentran los derechos previstos en el Pacto.
Los Estados partes también tienen la obligación de elaborar políticas y fijar prioridades compatibles con el Pacto, sobre la base de la situación en que se encuentren los derechos de que se trate. También deben evaluar los progresos logrados con esas medidas y prever recursos jurídicos o de otro tipo para sancionar las posibles violaciones.
Tratándose, más concretamente, del derecho a una vivienda adecuada, los Estados partes deben elaborar una estrategia nacional en materia de vivienda. En ellas se definirán los objetivos para crear las condiciones necesarias, determinar con qué recursos se cuenta para alcanzar esas metas y la forma más eficaz de utilizarlos, y fijar responsabilidades y plazos para la aplicación de las medidas necesarias.
Las estrategias deben ser fruto de consultas auténticas y generalizadas que se efectuarán con la participación de todos los sectores sociales, entre ellos las personas sin hogar y las que no disponen de una vivienda adecuada, así como sus representantes y organizaciones.
También es preciso adoptar otras medidas para lograr una coordinación efectiva entre los ministerios nacionales pertinentes y las autoridades regionales y locales a fin de conciliar todas las políticas afines (en materia de economía, agricultura, medio ambiente, energía, etc.) con las obligaciones dimanantes del artículo 11 del Pacto.
b) “Hasta el máximo de los recursos de que disponga”
Esto significa que los recursos del Estado, así como los que proporcionen otros Estados o la comunidad internacional, deben utilizarse para dar efectividad a cada uno de los derechos enunciados en el Pacto. Aun cuando los “recursos de que disponga” sean a todas luces insuficientes, los Estados partes deben hacer lo que esté a su alcance para garantizar el más amplio disfrute que sea posible de los derechos pertinentes en las condiciones urgentes.
Un aspecto importante es que, para hacer realidad este principio, el uso de los recursos disponibles y el acceso a ellos deben ser equitativos y eficaces. Aunque muchas veces se alega la falta de recursos para justificar la no realización de determinados derechos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que incluso en momentos de grave contracción económica y cuando un Estado aplica medidas de ajuste estructural, se puede y sin duda se debe, proteger a los miembros vulnerables de la sociedad adoptando programas específicos a un costo relativamente bajo.
Si un Estado afirma que no puede hacer frente ni siquiera a sus obligaciones mínimas debido a la falta de recursos, por lo menos debe estar en condiciones de demostrar que ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone con objeto de cumplir, de manera prioritaria, con sus obligaciones mínimas. De cualquier modo, la falta de recursos no puede en ningún caso justificar el hecho de que el Estado no cumpla con su obligación de vigilar la falta de aplicación de los derechos consagrados en el Pacto.
Fundamentalmente la obligación de los Estados consiste en demostrar que, en conjunto, las medidas adoptadas son suficientes para la realización del derecho a una vivienda adecuada por todos en el plazo más breve utilizando al máximo los recursos de que se dispone.
c) “Para lograr progresivamente…”
Esta frase impone a los Estados la obligación de avanzar con la mayor rapidez y
eficacia posible hacia la meta de la plena efectividad de todos los derechos mencionados en el Pacto. En pocas palabras, los Estados no pueden aplazar indefinidamente las actividades encaminadas a asegurar la plena efectividad. Sin embargo, no todos los derechos consagrados en ese texto son objeto de una aplicación progresiva. Inmediatamente después de la ratificación, los Estados deben adoptar medidas legislativas relativas a las cláusulas del Pacto que se refieren a la no discriminación y observar en qué situación se encuentra la realización de los derechos de que se trata.
Esta obligación de “lograr progresivamente” debe interpretarse en el marco del párrafo 1 del artículo 11 del Pacto, en particular la referencia al derecho a “una mejora continua de las condiciones de existencia”. Toda medida que implique deliberadamente un retroceso en ese sentido debe ser objeto de un examen cuidadoso y tendrá que justificarse con referencia a todos los derechos consagrados en el Pacto y en el marco del pleno aprovechamiento del máximo de los recursos de que se disponga.
Además, la obligación de la realización progresiva existe independientemente de todo aumento de los recursos. Sobre todo, es preciso hacer un uso eficaz de los recursos disponibles.
“Obligación fundamental mínima”
En virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los Estados partes, cualquiera sea su nivel de desarrollo económico, tienen la obligación fundamental mínima de alcanzar, por lo menos, los niveles esenciales mínimos de cada uno de los derechos enunciados en ese instrumento. Conforme al mismo Pacto, si en un Estado parte un número considerable de personas se ven privadas de una vivienda básica, dicho Estado no cumple prima facie con las obligaciones que le impone el Pacto. Además de esta condición fundamental hay cuatro niveles de obligaciones gubernamentales relativas al derecho a una vivienda adecuada.
Nivel 1: “Reconocer el derecho a la vivienda digna”
La obligación de los Estados de reconocer el derecho a la vivienda se manifiesta en varias esferas importantes. En primer lugar, todos los países deben reconocer que la vivienda tiene una dimensión de derecho humano y asegurarse de que no se adopten medidas de ninguna clase con intención de menoscabar la condición jurídica de ese derecho.
En segundo lugar, las medidas legislativas, unidas a políticas adecuadas para la realización progresiva del derecho a la vivienda, forman parte de la obligación de “reconocer”. Debe revocarse o modificarse toda ley o política en vigor que sea contraria al derecho a una vivienda adecuada. Las políticas y leyes no deben tener por objeto beneficiar a los grupos sociales que ya se hallen en una situación más favorecida a costa de los que viven en condiciones menos favorables.
Otro aspecto del deber de reconocer este derecho puede expresarse en términos de política. Más concretamente, las cuestiones relativas al derecho a la vivienda deben ser parte de los objetivos generales de los Estados en materia de desarrollo. Además, debe adoptarse una estrategia nacional encaminada a la realización progresiva del derecho a la vivienda para todos mediante el establecimiento de metas concretas.
En tercer lugar, el reconocimiento del derecho a la vivienda significa que los Estados deben adoptar medidas para evaluar el grado en que la población ya disfruta de este derecho al momento de procederse a la ratificación. Más importante aún, los Estados deben esforzarse por determinar en qué medida este derecho no está vigente, y elaborar políticas y leyes de vivienda para que todos puedan disfrutar de él lo antes posible. Los Estados deben asignar la debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, acordándoles especial atención.
Nivel 2: “Respetar el derecho a la vivienda digna”
La obligación de respetar el derecho a una vivienda adecuada implica que los gobiernos deben abstenerse de toda medida que impida a la población satisfacer este derecho por sí misma cuando está en condiciones de hacerlo. Muchas veces, para respetar este derecho, basta que el gobierno se abstenga de ciertas prácticas y se comprometa a facilitar la autoayuda de los grupos afectados. En este contexto, los Estados no deben restringir el pleno disfrute del derecho a la participación popular por parte de los beneficiarios del derecho a la vivienda sino respetar el derecho fundamental a organizarse y reunirse.
En particular, la responsabilidad de respetar el derecho a una vivienda adecuada significa que los Estados no deben ejecutar o promover de cualquier otra manera el desalojamiento forzoso arbitrario de personas y grupos. Los Estados deben respetar el derecho de la población a construir sus propias viviendas y a ordenar el medio ambiente en la forma que se adapte de modo más efectivo a su cultura, capacidad, necesidades y deseos. Respetar el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la vida privada en el hogar y otros derechos afines también son parte del deber del Estado de respetar el derecho a la vivienda.
Nivel 3: “Proteger el derecho a la vivienda”
Con el fin de proteger efectivamente el derecho a la vivienda, los gobiernos deben prevenir toda posible violación de estos derechos por “terceras partes” tales como los propietarios de inmuebles o las empresas urbanizadoras. Si de todas maneras se producen violaciones, las autoridades deben impedir nuevos abusos y garantizar a los interesados el acceso a los recursos jurídicos que permitan reparar los daños.
Para proteger los derechos de los ciudadanos frente actos tales como los desalojamientos forzosos, los gobiernos deben adoptar medidas inmediatas a fin de conceder a todas las personas y familias de la sociedad la seguridad jurídica de la tenencia en caso de que no cuenten con esa protección. Además, las medidas legislativas y de otra índole deben proteger a los residentes de discriminaciones, acosos, “suspensiones de servicios” y “otras amenazas”.
Los Estados deben tomar medidas para que los gastos relacionados con la vivienda de los particulares, las familias y los hogares sean proporcionales a sus niveles de ingresos. Conviene establecer un sistema de subsidios de vivienda destinado a los sectores que no estén en condiciones de hacer frente al costo de una vivienda adecuada, así como para proteger a los inquilinos ante los aumentos injustificados o esporádicos del alquiler.
Los Estados deben crear los mecanismos judiciales, cuasijudiciales, administrativos o políticos que permitan ofrecer reparación a las víctimas de toda violación del derecho a una vivienda adecuada.
Nivel 4: “Realizar el derecho a la vivienda”
En comparación con las obligaciones de reconocer, respetar y proteger, la obligación de un Estado de realizar el derecho a una vivienda adecuada resulta positiva e intervencionista. En esta categoría, en particular, se plantean cuestiones de gastos públicos, reglamentación gubernamental de la economía y mercados de terrenos, provisión de servicios públicos e infraestructuras afines, redistribución del ingreso y otras obligaciones positivas.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera que deben elaborarse estrategias gubernamentales identificables para asegurar el derecho de todas las personas a vivir en paz y con dignidad. El derecho de acceso a la tierra debe ser parte de esas estrategias. El Comité ha señalado, además, que muchas de las medidas necesarias para dar efectividad al derecho a la vivienda requieren asignaciones de recursos y que, en algunos casos, los fondos públicos asignados a la vivienda pueden utilizarse eficazmente en la construcción directa de nuevas unidades.
Por lo general, en lo que respecta a la financiación de la vivienda, los Estados deben establecer formas y niveles de gastos que reflejen las necesidades de la sociedad en la materia y sean compatibles con las obligaciones previstas en el Pacto y otros instrumentos jurídicos.
Tal como se proclamó en los Principios de Limburgo relativos a la Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y como reiteró posteriormente el Comité, al hacer uso de los recursos disponibles, se debe otorgar la prioridad debida a la realización de los derechos reconocidos por el Pacto, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar a cada individuo la satisfacción de los requisitos de subsistencia, así como proporcionarle los servicios esenciales.
SEXTA: LAS OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Las obligaciones de la comunidad internacional (término que abarca todos los Estados y los organismos internacionales) en cuanto a la realización del derecho a una vivienda adecuada son más amplios de lo que generalmente se supone.
Por ejemplo, en virtud de los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con principios muy arraigados del derecho internacional, la cooperación internacional para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales es obligación de todos los Estados. Esta responsabilidad incumbe en particular a los Estados que están en condiciones de ayudar a otros en ese sentido.
De manera semejante, en la Declaración sobre el derecho al desarrollo de 1986 se pone de relieve que mientras no exista un activo programa de asistencia y cooperación internacionales a nivel técnico y financiero, la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales seguirá siendo una aspiración no satisfecha en muchos países.
En términos más concretos, en relación con el derecho a una vivienda adecuada, la comunidad internacional en su conjunto tiene la obligación de velar por la protección de este derecho, para lo cual debe recurrir a diversas medidas, entre las cuales están:
– abstenerse de aplicar medidas de fuerza con el fin de obligar a un Estado a abrogar o violar sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda;
prestar ayuda financiera o de otro tipo a los Estados afectados por desastres naturales, ecológicos o de otro tipo que produzcan, entre otras cosas, la destrucción de viviendas y asentamientos;
velar por que se proporcione albergue o vivienda, o ambos, a las personas desplazadas y los refugiados internacionales que huyen de la persecución, las luchas civiles, los conflictos armados, las sequías, el hambre, etc.;
reaccionar ante las violaciones abyectas del derecho a la vivienda que se lleven a cabo en cualquier Estado; y
reafirmar con diligencia y en forma periódica la importancia del derecho a una vivienda adecuada y velar por que ningún nuevo texto legal afecte en modo alguno a los niveles ya existentes de reconocimiento de este derecho.
SÉPTIMA: ELEMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO A LA VIVIENDA
Uno de los obstáculos a la realización del derecho a la vivienda ha sido la falta de una definición universalmente reconocida de todos los elementos que integran esta norma. Tal vez esto sea resultado de una concepción del tema más que de un análisis jurídico auténtico. En los últimos tiempos, se han tomado distintas medidas para ahondar en el enfoque jurídico de la cuestión. En particular en la Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el derecho a una vivienda adecuada se define este derecho como integrado por diversos aspectos concretos. En conjunto, estos elementos constituyen las garantías básicas que se confieren jurídicamente a todas las personas en virtud del derecho internacional.
Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los gobiernos deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados.
Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras
Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deben tener acceso permanente a recursos naturales y comunes, agua potable, energía para la cocina, calefacción y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, drenaje y servicios de emergencia.
Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deben ser de un nivel que no impida ni comprometa el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Se deben crear subsidios para los que no puedan costearse una vivienda y se debe proteger por medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los alquileres. En las sociedades en que los materiales naturales constituyen las principales fuentes de material de construcción de vivienda, los Estados partes deben adoptar medidas para garantizar la disponibilidad de esos materiales.
Una vivienda adecuada debe ser habitable. En otras palabras, debe ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos estructurales y vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes.
La vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho a ella. Debe concederse a los grupos en situación de desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debe garantizarse una cierta prioridad en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas con el virus VIH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.
La vivienda adecuada debe encontrarse en un lugar que permita el acceso a centros de empleo, servicios de atención de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. La vivienda no debe construirse en lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud de los habitantes.
7. Adecuación cultural de la vivienda
La manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados y las políticas en que se apoyan deben permitir una adecuada expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda. Las actividades vinculadas al desarrollo o la modernización en esta esfera deben velar por que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda.
Estos elementos amplios ponen de manifiesto algunas de las complejidades relacionadas con el derecho a una vivienda adecuada. También permiten apreciar las muchas esferas que deben tener plenamente en cuenta los Estados que han asumido obligaciones jurídicas a fin de realizar el derecho a la vivienda de su población. Cuando una persona, familia, hogar, grupo o comunidad viven en condiciones en que estos aspectos no tienen plena efectividad, pueden aducir justificadamente que no disfrutan del derecho a una vivienda adecuada tal como está consagrado en las normas internacionales de derechos humanos.
OCTAVA: VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN GENERAL
Varios órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas han confirmado que los gobiernos pueden violar el derecho a la vivienda. En una de sus primeras observaciones sobre esta cuestión, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló en su cuarto período de sesiones en 1990 que:
“El derecho a la vivienda puede ser objeto de violación. El Comité tendrá que examinar los actos y omisiones que constituyen una violación, en particular en el contexto de los desahucios.”
También durante el cuarto período de sesiones, en su Observación General Nº 2 sobre medidas internacionales de asistencia técnica, el Comité consideró que las instituciones financieras internacionales y los organismos de desarrollo deben evitar escrupulosamente toda participación en proyectos que… entrañen la expulsión o el desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas… En cada una de las fases de los proyectos de desarrollo debe hacerse todo lo posible por que se tengan en cuenta los derechos reconocidos en los Pactos.
Desde entonces, el Comité ha adoptado una actitud más estricta sobre el cumplimiento por los Estados partes de sus obligaciones en materia de derecho a la vivienda. En dos ocasiones, el Comité determinó que el hecho de que los gobiernos toleraran los desahucios forzados en sus territorios constituía una violación de las normas del Pacto. En la Observación General Nº 4 sobre el derecho a una vivienda adecuada el Comité ahondó en sus opiniones sobre la cuestión: “El Comite considera que las instancias de desahucios forzados son prima facie incompatibles con los requisitos del Pacto y sólo podrían justificarse en las circunstancias más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho internacional.”
Del mismo modo, en su resolución 1991/12 la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías señaló que “el hecho de que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación patente de los derechos humanos, en particular del derecho a la vivienda adecuada [así como] la necesidad de que se tomen en todos los niveles medidas inmediatas destinadas a eliminar la práctica de los desalojamientos forzosos.”
Más recientemente, la Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1993/77 afirmó “que la práctica de los desalojamientos forzosos constituye una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una vivienda adecuada.”
Hasta ahora las Naciones Unidas sólo han examinado las violaciones del derecho a la vivienda en el marco de los desalojamientos forzosos realizados o tolerados por el Estado. Sin embargo, es probable que en el futuro se examinen también otras violaciones reales o posibles del derecho a la vivienda. En 1991, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó la opinión de que “un deterioro general en las condiciones de vida y vivienda, que sería directamente atribuible a las decisiones de política general y a las medidas legislativas de los Estados partes, y a falta de medidas compensatorias concomitantes, contradiría las obligaciones dimanantes del Pacto”.
Entre los actos y omisiones que pueden ser motivo de preocupación en cuanto a una posible violación del derecho a una vivienda adecuada figuran, entre otros, los siguientes: actos de discriminación racial o de otro tipo en la esfera de la vivienda; demolición o destrucción de viviendas como medida punitiva; el hecho de no adoptar las “medidas adecuadas” que se han descrito antes; el hecho de no modificar o derogar las leyes incompatibles con el Pacto; el hecho de que un número significativo de personas no dispongan de albergue o vivienda, a un nivel mínimo básico.
A todos estos hechos que suponen la vulneración del derecho a la vivienda, deben añadirse aquellos otros que inciden sobre la calificación como “digna” que acompaña a la palabra “vivienda” en el reconocimiento del derecho tanto en el plano nacional como internacional, entendiendo que se vulnera el derecho a la vivienda digna cuando se permiten los cortes o denegaciones de servicios de suministros básicos en las viviendas, dejando a las personas que en ellas habitan sin acceso a los servicios de agua, electricidad o gas, cortes y denegaciones de suministros que inciden directamente sobre la salud física y mental, la alimentación y la dignidad de las personas que residen en dichas viviendas.
A todo esto debe añadirse que, si bien el Estado tiene las obligaciones citadas en relación a garantizar el efectivo y real derecho a la vivienda digna, resulta necesario señalar que sus obligaciones respecto a dicho derecho no terminan únicamente en el plano legislativo y económico del Estado, sino que existen otros sujetos y actores que intervienen de manera directa en el respeto o vulneración de dicho derecho, como pueden ser, y citamos a modo de ejemplo, a) las entidades financieras, que acaparan el derecho de propiedad sobre gran parte de los inmuebles, y que los conservan desocupados y al margen de toda función social que pueda o podría desempeñar dicho patrimonio inmobiliario; b) Las entidades suministradoras de los servicios de luz, agua o gas, que aún siendo de titularidad privada en la actualidad, deben también respetar el derecho a la vivienda digna de las personas, pudiendo ser incetivados para ello por las administraciones públicas, pudiendo actuar con buena fe y por voluntad propia, o pudiendo ser obligados a ello a través de mecanismos al alcance de las autoridades públicas como las multas coercitivas, o la expropiación de dichos inmuebles por razones de interés general, de conformidad con el Art. 33 de la Constitución Española.
Por todo lo anteriormente expuesto, y haciendo uso del derecho de Petición recogido en el Art. 29 de la Constitución Española, realizo la presente petición al Parlamento de Andalucía, SOLICITO A TRAVÉS DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE “dicte las disposiciones legales necesarias para dar una cobertura real al derecho a la vivienda digna, a través de las instauración legal y su obligatoria aplicación por las entidades locales en todo el territorio andaluz de LAS SIGUIENTES MEDIDAS ESPECÍFICAS:
1) Prohibir en todo el territorio andaluz cualquier acto administrativo o judicial que suponga desalojar de la que constituya su residencia habitual a cualquier persona que no tenga a su disposición una vivienda digna a la que poder trasladar su residencia habitual junto con su núcleo familiar en unas condiciones que resulten asequibles a su situación personal y familiar.
2) Prohibir la imposición de sanciones de cualquier tipo a aquellas personas que pongan en uso personal o social aquellos bienes inmuebles que lleven más de 12 meses sin ser utilizados por sus propietarios, limitando las actuaciones administrativas o judiciales a la devolución del uso al legítimo propietario en caso de que dicho inmueble resulte necesario para el uso o sostenimiento de su unidad familiar.
3) Establecer los mecanismos legales necesarios para que todas las personas tengan acceso a un alojamiento digno en el que residir de forma permanente o pernoctar de forma temporal, incluyendo la expropiación temporal del derecho de uso sobre viviendas inutilizadas, la puesta en circulación del parque de viviendas a disposición de la Junta de Andalucía, de los municipios, o de cualesquiera otros organismos públicos o que reciban financiación pública, así como la puesta a disposición de toda la información relevante sobre viviendas desocupadas, y la concesión de ayudas y subvenciones destinadas a sufragar los gastos que tales medidas supongan cuando no puedan ser asumidos por las unidades familiares.
4) Prohibir a todas las empresas, públicas o privadas, suministradoras de servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas, el corte y la denegación de dichos suministros por ningún motivo en aquellos inmuebles que constituyan la residencia habitual de una persona o núcleo familiar, estableciendo mecanismos que posibiliten el acceso y conservación de dichos servicios, bien garantizando mediante aval de la Junta de Andalucía el pago de tales servicios a dichas empresas, bien expropiando el uso parcial de la red de abastecimiento de dichos servicios que resulte necesario para la prestación de los mismos, o bien adoptando cualquier otra medida legislativa que consideren conveniente para la consecución de tal objetivo.
SOLICITO CONJUNTAMENTE que se dé a la presente petición el curso que legalmente corresponda, haciéndola llegar a la “Comisión de Gobierno Interno y Peticiones del Parlamento de la Junta de Andalucía” para su correcta tramitación y resolución, informando a quien suscribe con la mayor brevedad posible, de cuál es el plazo máximo para resolver y qué tiempo debe transcurrir para considerar esta petición desestimada por silencio administrativo.
SOLICITO CONJUNTAMENTE que para el caso de que existan peticiones de idéntico contenido al de ésta, proceda a la acumulación de todas, y en caso de que la presente petición o peticiones idénticas sean presentadas por un número de personas superior a 40.000, acceda a la tramitación de la presente petición de conformidad con la Ley 5/1988, de 17 de Octubre, reguladora de las Iniciativas Legislativas Populares, requiriendo a esta parte que aporte al expediente el texto articulado de la proposición de ley para la aprobación de las disposiciones legales que den cobertura a la petición realizada en el cuerpo de este escrito, computando esta petición firmada como firma a favor de la ILP en que se materialice.
Y para que así conste, lo firmo en…., a … de…. de 2013.
S.O.S EMERGENCIA HABITACIONAL YA!!!!
En Granada a 14 de Abril de 2013
A/A: Elena Cortés, Consejera de Fomento y Vivienda
A/A: Emilio de Llera Suárez-Bárcenas, Consejero de Justicia e Interior
Por el presente escrito el Grupo Stop Desahucios 15M Granada exige
a la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena
Cortés Jiménez, que declare el Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía,
“en virtud del art. 21.h de la ley 2/2002 de Gestión de Emergencias
Asimismo, exigimos que se comprometa por escrito a entregar dicho
documento a la persona competente para elevar al Consejo de Gobierno
la Petición de la Declaración de Estado de Emergencia, Emilio de Llera
Suárez-Bárcena, Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía.
El documento adjunto, elaborado por el Grupo Stop Desahucios 15M
Granada, justifi ca a nivel político, legislativo y social la Declaración del Estado
de Emergencia en Andalucía, con objeto de poner en conocimiento
de la Administración Pública la situación actual de las familias andaluzas.
Sin nada más que añadir, y esperando la pronta Declaración del Estado
de Emergencia Habitacional, se despide:
Stop Desahucios 15M Granada.
La crisis económica y fi nanciera que asola Andalucía o, lo que parece más
exacto, la ofensiva desatada hace unos años por los grandes poderes económicos
contra las clases populares para preservar e incrementar su ganancias en perjuicio
de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población —una de cuyas
manifestaciones más signifi cativas ha sido el estallido de la burbuja especulativa
inmobiliaria— ha amenazado y deteriorado hasta tal punto las condiciones del
ejercicio del derecho a la vivienda, que permite hablar con toda propiedad de la
existencia de una catástrofe habitacional sin precedentes en nuestra tierra.
La situación es tan crecientemente grave en sus aspectos cuantitativos y cualitativos,
que, sin perjuicio de exigir en el medio plazo una reconfi guración general
del sistema de mantenimiento, provisión y acceso a ese bien tan indispensable
como abundante que supone la vivienda con sus suministros básicos de agua y
energía, demanda con urgencia la implementación de medidas extraordinarias.
Dichas medidas deben paliar la situación de forma signifi cativa, evitar de
forma drástica que se causen más daños y reparar sustancialmente los ya producidos.
Por ello, el movimiento andaluz en defensa del derecho a una vivienda digna
entiende que, al igual que se haría con otras calamidades públicas, es precisa
la declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía y exige a la
Administración autonómica que, en cumplimiento de la legalidad, haga frente a su
2.- EL CONCEPTO LEGAL DE EMERGENCIA
La Constitución consagra en su artículo 15 el derecho a la vida y a la integridad
física y moral de todas las personas. La Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias
en Andalucía defi ne la emergencia en su artículo 1.3 como “situaciones de grave
riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas, así como aquellas otras situaciones
no catastrófi cas que requieran actuaciones de carácter multisectorial y la
adopción de especiales medidas de coordinación de los servicios operativos”.
Aunque cierta inercia mental, unida a una larga época de aparente sufi ciencia
material, ha invitado a entender que tales situaciones tenían su origen en acontecimientos
naturales, nada en la ley permite concluir que sólo a los de este tipo se
refi era, ni, en concreto, que se excluyan los de carácter económico. Así, el propio
Plan Territorial de Emergencias de Andalucía incluye como riesgo “las malas condiciones
de habitabilidad” y establece que “la vulnerabilidad de una comunidad
vendrá determinada por factores físicos y sociales, incluidos los económicos, que
condicionan su susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia del fenómeno
Estimamos por ello que la actual situación de crisis habitacional en ascenso
que asola Andalucía, parte de la cual arrastra desde hace décadas mientras que
otra se ha generado con el estallido de la crisis fi nanciera y la burbuja inmobiliaria
con su evidente secuela de carencia de alojamiento digno para decenas de miles
de personas, en muchos casos unido al corte de los suministros esenciales de agua
y energía eléctrica y la constatación de la ausencia de medidas que la inhiban o al
menos la amortigüen, ha de califi carse sin duda alguna como emergencia.
3.- LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS QUE CONFORMAN LA
SITUACION DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Andalucía, la región más poblada y una de las más jóvenes del Estado español,
es también la que más está sufriendo la actual situación de crisis. Si el desempleo
masivo es el principal problema inmediato para la población del Estado, este,
en Andalucía alcanza la dimensión de catástrofe.
En Andalucía actualmente hay 2.653.693 de personas en riesgo de pobreza,
lo que representa el 31,7% de la población total (INE, Encuesta de condiciones de
vida 2011). La tasa de paro ha alcanzado un 36 % en el último trimestre de 2012
(EPA), un dato similar al de Afganistán y superior al de Camerún (CIA World Factbook,
2012). Por su parte, el desempleo juvenil es del 65% y si en el Estado hay seis
millones de parados, un millón y medio se encuentran en Andalucía.
Los empleados además se encuentran en una situación sumamente inestable,
dado que un tercio de los mismos cuentan con trabajos eventuales, el segundo
dato más elevado de temporalidad entre las comunidades autónomas (Ministerio
de Empleo y Seguridad Social, Encuesta de Coyuntura Laboral, 2011).
hipotecarias, 16.313, y el segundo mayor número de lanzamientos, tras
la Comunidad Valenciana, un total de 9.864. Los datos disponibles hasta la fecha
para el 2012 señalan la continuidad de esta avalancha de desahucios (CGPJ, Efecto
de la crisis en los órganos judiciales). En contraste con estos datos en Andalucía se
han estimado más de 500.000 viviendas vacías (informe de LDC 2011), siendo la
provincia de Sevilla la quinta en el ranking nacional con 125.000 viviendas vacías.
Actualmente existe una alarmante falta de datos que permitan hacer una
evaluación cuantitativa precisa sobre las dimensiones exactas de una problemática
tan compleja como la vivienda. Aun así, el hecho de que no se haya hecho un mapa
de riesgo habitacional no puede ocultar el orden de magnitud del drama que está
viviendo la población Andaluza.
familiar disparado, hay una creciente población desahuciada o en riesgo de
desahucio por dejar de pagar su alquiler o su hipoteca. Estos últimos, además de
verse sin hogar, están desprotegidos por una injusta ley hipotecaria que provoca
que después del desahucio mantengan unas inmensas e ilegítimas deudas con las
entidades fi nancieras.
Se están dando multitud de casos en Andalucía donde los residentes no pueden
hacer frente a los pagos de electricidad, agua y gas, con el consiguiente riesgo
de degradación de sus condiciones de vida. El presente marco obliga a personas y
familias jóvenes a refugiarse en las casas de sus progenitores, denegándoles toda
esperanza de independencia y provocando situaciones de hacinamiento.
Son decenas de miles de personas en Andalucía las que se ven forzadas a vivir
en la calle, en chabolas, en estructuras temporales, en locales y garajes, en coches
y furgonetas y en espacios con obsolescencia constructiva y funcional, expuestos a
prisiones y centros de salud, que tendrán que abandonar sin tener un techo
Con una benefi cencia desbordada por la situación (Informe de Cáritas 2011)
y unos servicios sociales sin la adecuada capacidad de respuesta debido a los recortes
y a una administración pública de muy tímida y lenta reacción (la ofi cina de
vivienda de la Junta se puso en funcionamiento en octubre de 2012, “resolviendo”
unos pocos cientos de casos hasta febrero de 2013), es el colchón familiar y el apoyo
mutuo el que está sosteniendo la situación. No obstante su elasticidad tiene unos
límites que están cada vez más próximos.
Una estimación conservadora del número total de personas en Andalucía
que están amenazadas con perder su vivienda, las que la han perdido en los últimos
años y las personas que no tienen acceso a una, sería del orden de decenas de miles
de potenciales desplazados. Si a esto sumamos las personas con problemas de habitabilidad
la cifra se dispara a los cientos de miles. En casos de desastres naturales
han sido necesarios un número mucho menor de afectados para que se declare el
estado de emergencia. En este caso no estamos viviendo un desastre natural, es
una estafa fi nanciera la que está provocando un desastre social y económico. Este
hecho, por haber sido evitable y por tener responsables y cómplices, es incluso más
sangrante y catastrófi co.
4.- CONSECUENCIAS PARA LAS PERSONAS DESAHUCIADAS
Cuando una persona es desalojada de su casa, se produce una rotura de sus
redes de identidad, produciéndose una reconstrucción traumática de su vida. Estas
circunstancias llevan a una situación de exclusión y aislamiento que va más allá de
la pobreza y se agrava con la difi cultad que supone en la actualidad reinsertarse en
el circuito social. Perder la vivienda supone un gravísimo problema para las estructuras
familiares, llegando incluso a causar la rotura del núcleo familiar.
Estas familias están teniendo difi cultades para pagar el alquiler o la hipoteca,
están ahogadas por el desempleo y la consiguiente falta de ingresos, el incremento
de las familias donde ninguno de sus miembros tienen trabajo, y de aquellas que ya
no perciben ningún tipo de ayudas de carácter institucional. La factura psicológica
de los desahucios supone para las personas un intenso estrés, baja autoestima, ansiedad,
angustia y depresión, lo que facilita el desarrollo de otras patologías como
alcoholismo y drogadicción, incluso desembocando en intento de suicidio. Los desahucios
están empezando a afectar a personas con una trayectoria vital totalmente
normalizada, ya no son únicamente los sectores sin recursos de la sociedad, sino la
clase media que ha trabajado durante toda su vida.
Las familias de rentas medias han podido resistir la pérdida de empleo de
uno o más miembros algún tiempo gracias a su solvencia económica o a la venta de
propiedades. El tiempo ha acabado agotando sus recursos y ante la imposibilidad
de seguir estirando el presupuesto, ahora se ven en serios problemas para seguir
adelante. Son los nuevos usuarios de los servicios sociales, albergues para personas
sin hogar y entidades de caridad.
Por otro lado está la clase trabajadora y los sectores populares que son los que
más cara están pagando la explosión de la burbuja inmobiliaria y los que más están
sufriendo la problemática de los desahucios.
A las familias en las que uno, varios o todos sus miembros están en paro y
han agotado las prestaciones por desempleo, hay que añadir aquellas familias con
miembros en situación de discapacidad, dependencia y enfermedad grave que les
incapacitan para trabajar, además de las unidades familiares en las que existen víctimas
a) Los inmigrantes:
Uno de los colectivos más afectados por los desahucios son los inmigrantes
quienes, al estar lejos de sus países de origen, tienen mayores carencias de redes sociales
y familiares. Este colectivo está sufriendo un progresivo aumento del desempleo
y precarización laboral y tienen más difi cultad a la hora de acceder a las ayudas
sociales, con lo que está creciendo el número de inmigrantes que decide retornar a
sus países de origen. En este contexto muchos de los inmigrantes que se quedan se
enfrentan a serias difi cultades para pagar el alquiler y unas enormes deudas hipotecarias.
Para estas familias la pérdida de vivienda les obliga a tener que reubicarse
en habitaciones u otro tipo de habitáculos con el consiguiente hacinamiento y empeoramiento
La carencia de vivienda para una familia de inmigrantes supone una serie
de limitaciones legales, como es la de no poder optar a la reagrupación familiar,
ya que para ello debe justifi car la posesión de una vivienda adecuada y de medios
económicos sufi cientes para cubrir las necesidades familiares, tal como se exige en
la actual Ley de Extranjería.
b) Los menores:
Cuando un menor junto con su familia pierde su casa, también pierde su
colegio, su guardería y su círculo de amistades para ir a un sitio previsiblemente
peor, a menudo con los abuelos o a una habitación de alquiler compartida. El drama
del desahucio supone un hecho traumático que deja secuelas psicológicas en los
menores. Además de difi cultades alimentarias, los niños y niñas tampoco pueden
acceder a actividades de ocio ni tener el material escolar adecuado. Todas estas
privaciones perjudican gravemente sus resultados académicos, siendo una causa
directa de fracaso escolar.
Los niños, niñas y adolescentes viven el drama del desahucio de forma diferente
a los adultos. Éste afecta a los diferentes ámbitos de sus vidas: su vivienda, su
formación, su alimentación, su estado de salud y su ambiente familiar. En defi nitiva,
un desahucio pone en serio riesgo su bienestar general y su adecuado desarrollo. La
falta de ingresos en los hogares, difi culta el cuidado adecuado y una alimentación
saludable de los hijos, lo que está llevando cada vez a más familias desempleadas,
tanto inmigrantes como autóctonas, a tener que dejarlos al cuidado de las Administraciones
Las más vulnerables son las familias monoparentales, especialmente las encabezadas
por mujeres. Esta ruptura del núcleo familiar supone gravísimas consecuencias
para los menores afectados.
c) Las personas mayores:
Las personas mayores en riesgo están en esa situación de desahucio o bien
porque avalaron con sus hogares las hipotecas de sus hijos y nietos, o bien por encontrarse
en difi cultades por pagar su alquiler. Muchas de estas personas mayores,
que tienen problemas de salud, de dependencia o de incapacidad permanente para
trabajar, al perder su vivienda se quedan en una situación de desamparo, precisando
ayudas del estado para poder llevar una vida digna.
Los progresivos recortes de las pensiones y de la ley de dependencia que el
gobierno ha aprobado en fechas recientes está socavando el poder adquisitivo de las
personas mayores. Esto, combinado con los recortes de sanidad, trae otras graves
consecuencias, como el abandono de tratamientos médicos al no poder costear los
medicamentos. Esta situación esta suponiendo un drama social de enorme calado.
Por último las personas mayores que se ven afectadas por procesos de desahucio
sufren, además de un intenso estrés emocional, un desarraigo vecinal y social.
d) Personas sin hogar:
Con el aumento de los desahucios ha aumentado también el número de personas
que acuden a las instituciones públicas como albergues, centros de de día y
comedores sociales. Estas personas, tras quedarse sin vivienda, se ven obligadas a
vivir en la calle con consecuencias sociales enormes. Una persona en la calle sufre
desnutrición, efectos de la meteorología (frío o calor extremos), abandono del
cuidado de patologías agudas o crónicas, agresiones, alcoholismo, drogadicción y
otras patologías psiquiátricas. Cuando una persona pierde su hogar pierde todo
referente personal y, por lo tanto, social. Además los Sin-Techo suelen estar invisibilizados,
no sólo para las administraciones públicas, sino para la mayor parte de la
5 LA JUNTA DE ANDALUCIA TIENE OBLIGACION DE ATAJAR ESTA CATASTROFE
E INSTRUMENTOS LEGALES Y MATERIALES PARA HACERLO
La Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias en Andalucía confi gura la gestión
de emergencias como un deber de la Administración, estableciendo en su artículo
4.1 que “las Administraciones Públicas deberán orientar su actividad a garantizar
la efectiva protección de la vida e integridad física de las personas y los bienes”.
Tal califi cación exige la inmediata implementación de los mecanismos prevenidos
tanto en la Ley como en el vigente Plan Territorial de Emergencias de Andalucía
aprobado por Acuerdo de 22 de noviembre 2011 del Consejo de Gobierno
(BOJA de 1/12/2011). Compete al Consejero de Justicia e Interior “proponer al
Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de interés general de Andalucía”
en virtud del art. 21.h de la referida Ley, y a este Consejo acordarla en virtud del
art. 20.c.
Consecuencias de la Declaración del Estado de Emergencia Habitacional en Andalucía:
Para empezar, alentar a la población al ejercicio de su derecho/deber de autoprotección.
La Ley prevé con buen criterio que la autoprotección de la población
en situación de emergencia es uno de los medios para gestionarla. Su artículo 5.2
declara que “los ciudadanos que puedan verse afectados por situaciones de emergencia,
deben adoptar las medidas de autoprotección que les resulten aplicables”.
En cumplimiento de este deber/derecho elemental, cientos de personas han tomado
la sensata decisión de oponerse a los desalojos de sus viviendas o la de ocupar
viviendas vacías. Paradójicamente, los poderes públicos, el judicial a la cabeza apartándose
del sentido común social, de la norma citada, de la que en el ámbito penal
justifi ca los actos realizados en estado de necesidad y de la institución tradicional
de nuestro derecho civil del “derecho al uso inocuo”— reprime de diversas formas
esta práctica. Sin duda la citada práctica se extenderá (instamos a que sin represión
alguna), pero resulta también imprescindible que la Administración despliegue el
conjunto de medidas que la ley pone a su alcance y a las que le conmina.
Algunas de estas medidas son de carácter excepcional:
Están recogidas en el artículo 6 que establece que “previa activación del correspondiente
plan de emergencia, la Autoridad competente, prevista en el mismo,
podrá adoptar las medidas de emergencia establecidas y derivadas de éste y, con
— Acordar la permanencia en domicilios.
— Limitar y condicionar el uso de servicios públicos y el consumo de determinados
— Ordenar la ocupación temporal, intervención o requisa de aquellos bienes
y servicios que se considere estrictamente necesario, en la forma y supuestos previstos
La adopción de este tipo de medidas permitiría la suspensión de la ejecución
de las órdenes judiciales de lanzamientos de viviendas de residencia habitual, poner
a disposición de las personas necesitadas cientos de viviendas ociosas y facilitar los
suministros de agua y energía eléctrica o gas a aquellas personas que por diversas
razones se encuentran privadas de los mismos.
Otras medidas son de carácter básico:
Según el artículo 7 de la Ley que comentamos, “ante situaciones de grave
riesgo, catástrofe o calamidad pública, las actuaciones básicas en materia de protección
civil abarcarán los siguientes aspectos: previsión, prevención, planifi cación,
intervención y rehabilitación”.
Como actuaciones de previsión establece el artículo 8:
“1. Por parte de las Administraciones Públicas competentes por razón del
territorio, se procederá a la elaboración de mapas de riesgos, como expresión espacial
de los distintos riesgos en cada ámbito geográfi co objeto de planifi cación, elaborados
a partir de los datos facilitados por las correspondientes personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, reservándose las Administraciones Públicas, en todo
caso, los criterios de revisión de la información que consideren oportunos.
2. Corresponde a la Consejería competente en materia de protección civil
impulsar el desarrollo y la difusión de los mapas de riesgos correspondientes al
ámbito territorial de Andalucía”.
Desgraciadamente, tras cinco años del inicio de la crisis habitacional, estos
mapas están por hacer. Su carencia puede ser transitoriamente suplida por la gran
información acumulada por el movimiento social andaluz por el derecho a la vivienda.
Como actuaciones de prevención establece el artículo 9, entre otras, “las
orientadas a la reducción de riesgos y a la prevención de catástrofes y calamidades
públicas” y para ello, “velarán por el cumplimiento de las disposiciones normativas
en la materia, ejercitando, en su caso, las potestades de inspección y sanción”.
En este aspecto urge decretar la inmediata puesta en uso de la vivienda pública
y de VPO vacante, el inmediato cese de desalojos de viviendas públicas, la aplicación
taxativa de la normativa de VPO que obliga al uso como residencia habitual de
la vivienda de tal carácter y a la intervención decidida de los servicios de protección
del consumidor frente a los abusos bancarios.
En materia de planifi cación, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 a
15 de la Ley que comentamos, ha de elaborarse el plan específi co y el sectorial de
emergencia habitacional, y mejorar con urgencia el plan territorial para mejor adecuarlo
a esta emergencia de nuevo tipo. Resulta sorprendente, por no decir de una
extrema frivolidad, que varios años después del inicio de esta catástrofe habitacional
y a pesar de la enfática preocupación que ante la misma viene manifestando la
Consejería de Fomento y Vivienda, ni se hayan elaborado estos planes, ni se hayan
incluido medidas idóneas para abordarla en la redacción dada al Plan Territorial en
El PTEAnd, en cuanto “documento de carácter técnico formado por el conjunto
de criterios, normas y procedimientos que sitúan la respuesta de las Administraciones
Públicas frente a cualquier situación de emergencia colectiva que se
produzca en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía” debe incorporar
ineludible e inmediatamente actuaciones específi cas ante la emergencia habitacional
En cuanto a las medidas de intervención, dispone el artículo 16:
1. Ante una situación de grave riesgo o emergencia se procederá, en su caso, a
la activación del correspondiente plan de emergencia por la Autoridad competente
prevista en el mismo. Si la evolución de la emergencia aconsejará la activación de
un plan de emergencia de ámbito superior, se procederá a ello conforme los procedimientos
establecidos en el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y en los
respectivos planes.
2. Aquellas emergencias que, no siendo declaradas de interés nacional, se
consideren de especial gravedad por su magnitud o extensión podrán ser declaradas
de interés general de Andalucía por el Consejo de Gobierno, a propuesta del
titular de la Consejería competente en materia de protección civil.
3. El Consejo de Gobierno establecerá, en desarrollo de la presente Ley, el
contenido y efectos de la declaración de emergencia de interés general de Andalucía,
así como las medidas especiales susceptibles de aplicación en cada caso.
A estos afectos conviene recordar que son obligaciones administrativas comunes
a toda situación de emergencia proporcionar a la población afectada “medios
de abastecimiento, alojamiento, albergue y asistencia social”.
Por último, en lo referente a la rehabilitación, el artículo 17 dispone que “
las Administraciones Públicas adoptarán las medidas tendentes a la rehabilitación
de los servicios esenciales cuando la carencia de estos servicios constituya por sí
misma una situación de emergencia”. La carencia de los suministros esenciales de
agua y energía eléctrica o gas que actualmente padecen en nuestra comunidad cientos
de familias, ya sea por haber sido incapaz de abonar sus facturas, ya sea como
consecuencia de represalias de los ayuntamientos tras haberse alojado en viviendas
abandonadas (caso de las Corralas), debe cesar inmediatamente como la primera y
más sencilla consecuencia de la declaración del estado de emergencia habitacional
que demandamos.
Tal y como se ha expuesto en los puntos anteriores, la gravísima situación
económica y laboral que está atravesando Andalucía está teniendo un impacto terrible
en la situación habitacional de una parte muy importante de nuestra población.
Esta situación requiere que el gobierno autonómico tome medidas urgentes y
drásticas para comenzar a paliar dicha situación.
Como ha quedado demostrado en este documento, no existe ningún impedimento
legal para que se declare la Situación de Emergencia Habitacional y, de hecho, la
magnitud y gravedad de la problemática actual de la vivienda en Andalucía lo justifi
can plenamente. Dicha declaración dotaría al gobierno autonómico de las herramientas
jurídicas necesarias para tomar las medidas adecuadas.
Emergencia Habitacional Stop Desahucios 15M Granada (1)
Una respuesta to “AGENDA ANDALUZA”
El próximo viernes 21 de febrero, a las 11h, en el Edif.Forum c.Jose Luis Peres Pujadas 1,Campaña por los Suministros Básicos. | Granada Stop Desahucios - febrero 19, 2014
[…] AGENDA ANDALUZA […]
RT @LA_PAH: Tenemos una buenísima noticia que llega el dia del 🎂 10° aniversario de @LA_PAH: publicada al @boegob 📃 la sentencia de desisti… 21 hours ago

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 artículo 25
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 artículo 10
 resolución 
 artículo 8
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Artículo 10

Artículo 96

Artículo 25
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 11
 resolución 
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 artículo 15
 artículo 1
 artículo
4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 16
 artículo 17