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Timestamp: 2017-07-25 11:10:45+00:00

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Publicado en BOIC núm. 210 de 25 de Octubre de 2012
Equipos de Valoración y Orientación (EVO): funciones, composición y régimen de funcionamiento
Procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad
Valoración de las situaciones de invalidez para obtención de pensiones no contributivas y otras prestaciones y servicios a la discapacidad
Revisión de grado de discapacidad
Reclamación administrativa previa a la vía judicial social
Protección de datos en los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad
Uso de la firma electrónica por el personal de los Centros
O [CANARIAS] 18 octubre 2012 rectificada por Orden 3 diciembre 2012 («B.O.I.C.» 13 diciembre). La clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud aportada por la OMS en mayo de 2001, utiliza el término discapacidad como un término genérico-global que engloba tres perspectivas: corporal, individual y social abandonando el término "minusvalía". Define discapacidad como un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación de la persona. Indica, pues, los aspectos negativos de la interacción entre un individuo y sus factores contextuales.
En la presente Orden igualmente se han tenido en cuenta las novedades introducidas recientemente con la aprobación del Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE no 245, de 11 de octubre), que otorga a las Comunidades Autónomas la determinación de los órganos que han de encargarse de la aplicación del nuevo baremo para la determinación de la necesidad de asistencia de tercera persona en relación a personas con discapacidad, renumera los anexos vigentes de la citada norma reglamentaria del año 1999 y suprime la obligatoriedad de señalar el tipo o los tipos de deficiencia o deficiencias en la resolución de reconocimiento de la situación de discapacidad que hasta ahora venía exigido en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
Objeto y ámbito de aplicación Es objeto de la presente Orden el regular el procedimiento para reconocer a las personas con discapacidad en el grado que le corresponda, a fin de que pueda acceder a los beneficios, derechos económicos y servicios que otorguen los distintos organismos públicos, así como los aspectos relativos a la composición, funciones y régimen de funcionamiento de los Equipos de Valoración y Orientación, además del contenido y requisitos de los dictámenes técnico-facultativos que aquellos emitan.
Competencia funcional y territorial Las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de Políticas Sociales en el ámbito del reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, se ejercerán con arreglo a los principios generales y disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con las especificaciones que se establecen en la presente Orden.
Equipos de Valoración y Orientación (EVO): funciones, composición y régimen de funcionamiento En cada Centro de Valoración de la Discapacidad existirá un Equipo de Valoración y Orientación (EVO), formado por facultativos encargados de estudiar y valorar las solicitudes de reconocimiento de discapacidad o las que se le requieran de oficio, y que actuará de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
4. El EVO habrá de reunirse en Junta para la emisión de Dictámenes técnicos facultativos. Esta Junta de Valoración estará compuesta por el Presidente, Secretario y todos los miembros del Equipo que hayan intervenido en la valoración, ostentando la presidencia, la Dirección del Centro de Valoración de la Discapacidad y la secretaría un empleado público con adscripción en la Dirección General de Políticas Sociales. En los casos de ausencia, vacante o enfermedad de los vocales titulares, el titular del Centro Directivo podrá sustituirlos por profesionales de la misma titulación, incluso integrantes del otro Centro de Valoración homónimo.
Igualmente, previa invitación, podrán asistir en calidad de asesores, con voz pero sin voto, aquellos profesionales ajenos que hubieran intervenido en los expedientes de valoración, en los casos de convenios de encomienda con los Cabildos o colegios profesionales o contrataciones externas de los servicios de valoración y diagnóstico
Dictámenes técnicos-facultativos Los dictámenes Técnicos-Facultativos emitidos por los EVO se formularán de acuerdo con los modelos normalizados y criterios valorativos de carácter médico, psicológico y socio-familiar, respectivamente, que aparecen en los anexos II, III y IV de la presente Orden, e incluirán necesariamente los siguientes elementos:
Procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad Fase de Iniciación:
a) El procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad se iniciará a instancia de persona interesada, representante legal o guardador de hecho.A elección de la persona interesada, el inicio del procedimiento podrá efectuarse en soporte papel o de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Departamento.
e) En todos los casos, las copias de dichos documentos que se acompañen a la solicitud podrán ser omitidas si la persona interesada prestara su consentimiento expreso de acceso al sistema de Verificación de Datos de Identidad y al sistema de Verificación de Datos de Residencia que deberá constar en la solicitud de iniciación del procedimiento.En el caso de españoles residentes en el extranjero cuyo último domicilio habitual hubiera estado en la Comunidad Autónoma de Canarias, bastará que expresen su consentimiento de acceso a sus datos de identidad y de residencia, y en caso contrario, acompañará a la solicitud copia simple del DNI y certificado de inscripción como residente en el Consulado español correspondiente.
f) Cuando falten cualquiera de los datos o documentos preceptivos citados, se requerirá a la persona interesada para que subsane la omisión en el plazo de diez días, teniéndose por desistido de su petición si así no lo hiciera, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.Los Ayuntamientos que recojan y tramiten solicitudes para el reconocimiento del grado de discapacidad no deberán remitirlas a los Centros de Valoración de la Discapacidad hasta que no vengan acompañadas de la documentación señalada, especialmente de los Informes médicos y/o psicológicos que avalen las limitaciones funcionales y/o psicológicas alegadas. Dichas omisiones de documentación serán requeridas por los Ayuntamientos para que sean subsanadas por las propias personas interesadas o sus representantes.
b.1. Citación para reconocimiento.Recibida en forma la solicitud, el Centro de Valoración de la Discapacidad comunicará al interesado o interesada, el día, la hora y la dirección del Centro o dependencia en que haya de realizarse el examen correspondiente mediante los reconocimientos y pruebas pertinentes. Esta comunicación se podrá realizar oralmente a través del teléfono indicado en la solicitud. De esta actuación, el empleado público encargado de la instrucción del procedimiento dejará constancia mediante diligencia en el expediente. En caso de falta de presentación de la persona interesada al examen el día señalado, se efectuará una segunda citación mediante notificación fehaciente.
2.2. Petición de informes y/o pruebas complementarias: cuando las características clínicas de la persona afectada lo aconsejen o resulte imposible o insuficiente la aportación de informes médicos y/o psicológicos, el Centro de Valoración de la Discapacidad podrá solicitar a la persona interesada, que aporte otros informes y la práctica de las pruebas y exploraciones complementarias por parte de Centros e Instituciones Sanitarias del Servicio Canario de Salud o de Centros Sanitarios Privados, en su caso.Los informes serán entregados al Centro de Valoración de la Discapacidad por las personas interesadas en el plazo de veinte días a partir de la notificación del correspondiente acto. De no entregarse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones y proceder a emitir el Dictamen Técnico-Facultativo con los diagnósticos disponibles en el expediente.
b.3. Emisión de Dictamen Técnico-Facultativo.Efectuadas las pruebas, reconocimientos e informes pertinentes, el EVO, reunido en Junta, procederá a emitir y elevar a la Dirección General de Políticas Sociales el Dictamen técnico-facultativo a tenor de los apartados 3 y 4 del artículo 9 del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre.
a) La Dirección General de Políticas Sociales, con base a los Dictámenes técnicos-facultativos emitidos por el EVO, deberá dictar resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, así como sobre la puntuación obtenida en los baremos para determinar la necesidad del concurso de otra persona o dificultades de movilidad, si procede.En las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad que hayan de expedirse se hará constar el contenido del Dictamen junto con el tipo de deficiencia en las categorías de físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Valoración de las situaciones de invalidez para obtención de pensiones no contributivas y otras prestaciones y servicios a la discapacidad 1. En la valoración de la situación de discapacidad a los efectos de la obtención de prestaciones de invalidez en su modalidad no contributiva (PNC) y protección familiar por hijo o hija a cargo, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los Servicios tramitadores interesados, de oficio, impulsarán electrónicamente con la Dirección del Centro de Valoración de la Discapacidad correspondiente, el Dictamen técnico-facultativo sobre el grado de discapacidad, así como en los casos de la necesidad de concurso de otra persona, a fin de obtención de las prestaciones previstas en dicha Ley mediante la tramitación de un procedimiento único.
a) Si la persona ya se encontrase valorada por el EVO, y de los informes médicos y/o psicológicos que aportase el interesado o interesada, no se apreciasen cambios de circunstancias en su estado físico, psíquico o sensorial, la solicitud se resolverá por la persona titular de la Dirección General de Políticas Sociales con base a un informe médico o psicológico emitido por el Centro de Valoración de la Discapacidad, y sin necesidad de la emisión de nuevo dictamen del EVO, bastando acreditar la valoración preexistente en su propio expediente.La apreciación de estas circunstancias corresponderá, previo examen, a los profesionales médicos y de psicología existentes en el Centro de Valoración de la Discapacidad.
Revisión de grado de discapacidad 1. El grado de discapacidad podrá ser objeto de revisión:
a) La Dirección General de Políticas Sociales, y dentro del plazo máximo previsto en el apartado 3.d) del artículo 5, deberá dictar resolución expresa y notificarla en el procedimiento incoado para revisar el grado de discapacidad, en relación al procedimiento iniciado a solicitud de la persona interesada, contando el plazo desde la fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el correspondiente Centro de Valoración de la Discapacidad de la Dirección General de Políticas Sociales.El plazo máximo previsto para resolver y notificar se computará, en el caso de la revisión de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación comunicada a la persona interesada.
Reclamación administrativa previa a la vía judicial social 1. Las personas interesadas, dentro del plazo de treinta días desde la notificación de la resolución por la Dirección General de Políticas Sociales, podrán formular reclamación previa a la vía jurisdiccional social, ante la misma Dirección General que dictó el acto, la cual deberá ser resuelta y notificada en el plazo de cuarenta y cinco días por la persona titular de dicho Centro Directivo. En caso contrario, se entenderá denegada por silencio administrativo, quedando expedita la vía judicial social, en los términos del artículo 125.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
2. Presentada la reclamación previa contra la resolución dictada, de conformidad con lo previsto en los apartados 3 y 4, respectivamente, de los artículos 5 y 7 de esta Orden, cuando en la misma se discrepe de la resolución en aspectos que sean derivados del Dictamen formulado por el EVO y con independencia de las actuaciones procedentes para comprobar las alegaciones del reclamante, el escrito de reclamación se pasará de forma preferente a conocimiento e informe del referido Equipo, el cual deberá formular Dictamen que contenga propuesta de resolución ante el titular de la Dirección General de Políticas Sociales en el plazo máximo de veinte días desde que le sea requerido
Protección de datos en los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad 1. A efectos estadísticos y de investigación, la Consejería competente en materia de Políticas Sociales podrá recabar o facilitar datos de las personas declaradas en situación de discapacidad en la Comunidad Autónoma de Canarias, respetando las garantías legales establecidas en la legislación sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad, en su caso, mediante el uso de la técnica de datos disociados a que se refiere el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
No incremento del gasto público La aprobación de la presente Orden no supondrá incremento del gasto público y la organización de los Equipos de Valoración y Orientación se atenderá con los medios materiales, tecnológicos y personales existentes en la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
Protocolo de buenas prácticas A fin de asegurar la homogeneidad en la tramitación de los procedimientos de reconocimiento de la discapacidad de los Centros de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, y mejorar la eficiencia en la gestión interna, por la Dirección General de Políticas Sociales se aprobará un protocolo de buenas prácticas administrativas y de diagnóstico que contemple como principales fines, el establecer los criterios generales de actuación de los equipos de valoración y orientación y el aprobar criterios técnicos para asegurar una uniformidad de actuación.
Mapa de Servicios A través del sitio Web del Departamento, se pondrá a disposición de las personas interesadas un mapa de recursos y servicios para las personas con discapacidad con información centralizada sobre el acceso a los servicios de los dos Centros de Valoración de la Discapacidad e información y orientación multisectorial sobre los servicios y prestaciones disponibles de la Administración General del Estado, Comunidad Autónoma de Canarias y Cabildos Insulares en los ámbitos de servicios sociales, ayudas, subvenciones y becas al estudio, pensiones, educación y empleo, accesibilidad, cultura y ocio, familia, fiscalidad y protección jurídica de la discapacidad.
Tarjeta de Estacionamiento para personas con discapacidad Con carácter general, podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas que tengan reconocida la condición de discapacitadas y, además, presenten importantes problemas de movilidad, circunstancias que habrán de acreditarse a través del reconocimiento expreso de las Centros de Valoración de la Discapacidad, a través del procedimiento regulado en la presente Orden para la valoración y calificación del grado de discapacidad.
Dicha tarjeta se expedirá por la Dirección General de Políticas Sociales de acuerdo con los requisitos regulados en el artículo 40 del Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, que aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación (BOC no 150, de 21.11.97).
Uso de la firma electrónica por el personal de los Centros La utilización de medios electrónicos en la gestión de la actividad administrativa de los Centros de Valoración de la Discapacidad a que se refiere la presente Orden, garantizará la titularidad de la competencia y el ejercicio de las funciones atribuidas al personal adscrito a los mismos y el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en las normas que regulen la correspondiente actividad.
ANEXO I-A ANEXO I-B
BOIC 13 Diciembre. Orden Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda 3 Dic. 2012 CA Canarias (corrige errores de Orden 18 Oct. 2012, procedimiento para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas) ');

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 9
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 125
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 40