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Timestamp: 2020-05-30 16:12:18+00:00

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Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 22 de Agosto de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 747957733
De las constancias procesales recabadas, se advierte que la génesis de la presente encuesta se da con la denuncia presentada por MARIO GUARDIA, el día 13 de septiembre de 2005, en la que expuso que A.G. JURADO, representante legal o apoderado de dos compañías: Ceba, S. A. y Constructora Alfa, S.A., dueñas de bienes inmuebles, de cinco fincas, y actuando en nombre y representación de la sociedad Productos Agrícolas Panameños, S.A., suscribió un contrato de venta a MARIO GUARDIA, representante legal de Compa-M, S.A. y Japan Product Traiding, Inc., por un valor de quinientos cincuenta mil balboas (B./550,000.00).
Indicó que MARIO GUARDIA realizó un pago de ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) por medio de dos cheques que fueron entregados ene l domicilio del denunciante ubicado en Vía Transístmica, Edificio Executrain, Ciudad de Panamá, que fueron hechos efectivos por A.G. JURADO en un banco de la localidad.
Denunció que antes que GONZÁLEZ JURADO recibiera el pago inicial le aseguró a GUARDIA que podía posesionarse de los bienes inmuebles con ánimo de dueño, y realizar las mejoras que a bien tuviera, y una vez recibiera el saldo de cuatrocientos mil balboas (B./400,000.00) le transferiría los títulos de propiedad, hechos que fueron concretados.
En esa secuencia de eventos, destacó que el 7 de marzo de 2002, GONZÁLEZ JURADO dirigió a GUARDIA una carta, donde se denotó el dolo, valiéndose de la buena fe del destinatario, relacionada a la confirmación del saldo adeudado por GUARDA, pero el Registro Público constató de oficio que las fincas No. 50 y 1895, ambas en documento 167822, de la provincia de Chiriquí, las cuales tenían asiento por razón de hipotecas, secuestros, embargos y demás, pendientes a la fecha de la transacción, y en vez de sanear las fincas para honrar el compromiso, traspasó y dispuso las propiedades a terceras personas con evidente fraude, lo cual también hizo con las otras fincas, al traspasarlas a diversas compañías de propiedad de GONZÁLEZ JURADO, es decir: Ininco, S.A. y G.B.P. Internacional, S.A.
Que la compradora supo de las transferencias de las propiedades en septiembre de 2004, a terceras personas y sin su consentimiento ni ánimo de devolver lo abonado, lo que estima constituye el delito de estafa.
Refirió que el día 7 de julio de 2004 A.G. JURADO mediante Escritura Pública No. 3702, emitida por la Notaría Pública Segunda del Circuito Notarial de Panamá e inscrita en el Registro Público el día 19 de agosto de 2004, hipotecó y traspasó las fincas No. 1895 y 50, que estaban en posesión efectiva de GUARDIA, quien le hizo mejoras sustanciales y cuantiosas por un valor superior a cien mil balboas (B./100,000.00).
Detalló que mediante la Escritura Pública No. 3829 de 12 de julio de 2004, extendida por la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, pese a que no quedó inscrita por defectos, el señor A.G.A., hijo del anterior, en representación de Productos Agrícolas Panameños, S.A., traspasó a la sociedad Ininco, S.A., representada por GONZALES JURADO, las fincas No. 23335 y 23336 e hipotecó a la sociedad Factor Global, Inc., por la suma de seiscientos mil balboas (B./600,000.00).
El día 24 de abril de 2005, el Registro Público certificó que Ceba, S.A., el 18 de agosto de 2004, por medio del documento digitalizado No. 657,164, donaron la finca No. 2587 a la sociedad G.B.P. Internacional, S.A.
Estimó que a fin de burlar la justicia, se realizó un cambio en la Junta Directiva y los dignatarios de G.B.P. Internacional, S.A., pues el 20 de abril de 2005, el Registro Público certificó que los dignatarios de la sociedad son "Presidente... R. De La Cruz Alvendas; Tesorero... S.E.R.M.... Secretario... E.A.G.M.".
Cree que GONZALEZ JURADO en ningún momento tuvo la intención seria de traspasarle al comprador las fincas, por lo que a través del engaño logró aprovecharse de forma ilícita un valor superior a los ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00), y el valor de las propiedades inmuebles que se niega el demandado a transferir a GUARDIA, previa aceptación de los cuatrocientos mil balboas (B./400,000.00) restantes mutuamente acordados.
Arguyó que A.G. JURADO se niega a cumplir con el compromiso y ha ejecutado acciones para impedir perfeccionar la transacción como son los traspasos de los bienes inmuebles materializándose el delito de estafa agravada, del artículo 190 del Código Penal (fs. 3-12).
La diligencia cabeza del proceso fue proferida por la Fiscalía Auxiliar de la República, el día 30 de septiembre de 2005, tal como se hace constar a foja 63 del expediente.
El día 24 de marzo de 2006, la Fiscalía Cuarta de Circuito de Panamá, dispuso someter a los rigores de la indagatoria a A.G. JURADO, por delito regulado en el Título IV, Capítulo IV, del Libro II del Código Penal, en perjuicio de MARIO GUARDIA (v. fs. 346-355).
El día 19 de septiembre de 2006, A.G. JURADO rindió declaración indagatoria, por lo aprovechó la oportunidad para negar los cargos contra él formulados, pues, en calidad de descargos explicó que un día MARIO GUARDIA se le acercó a él y a R. de la Cruz, gerente de sus compañías, preguntando si tenían capacidad para alquilarle un pastaje, ya que a él se le había crecido su cría de ganado, por lo que respondieron que tendrían que hablar con F.A., para saber si podía dejarles la finca que alquilaba para alquilársela a él, finca que se identificaba como "La Isleta", compuesta de tres fincas que sumaban catorce hectáreas, por lo que lograron que se la cediera, de modo que el señor MARIO GUARDIA entró a la finca a finales del año 1996 y la ocupa hasta la fecha, en contra de su voluntad, a base de engaños y negativa de arreglos de pago y pago en acuerdos verbales que él nunca cumplió, ningún pago, excepto los cincuenta mil balboas (B.50,000.00) que aplicaron como el pago de alquiler, y no fue sino hasta que en el año 2002, se les acerca para pedirles le vendiera la finca, por lo que le dijo que se la vendía a dos mil balboas (B./2,000.00) la hectárea, que totaliza la suma se seiscientos veintiocho mil balboas (B./628,000.00).
Ante esto, indicó que GUARDIA les solicito aplicaran los cincuenta mil balboas (B/.50,000.00) pagados en concepto de abono a la compra, por lo que dijo que sí, y el saldo de cuatrocientos cincuenta mil balboas (B.450,000.00) debían ser pagados a la Compañía Panameña de Finanzas, lo que nunca cumplió.
Aclaró que la única transacción que ha sostenida con el querellante está relacionada a la venta de "La Isleta", que se compone de las fincas No. 23335, 50 y 1895. En cuanto a la carta fechada 28 de marzo de 2003, nunca fue recibida, pero sí recibieron la carta con fecha 3 de septiembre de 2003, que fue enviada vía fax el 12 de enero de 2004, la cual nunca han aceptado pues no fue lo pactado.
Dijo que a pesar que el querellante menciona ocupa sus fincas de forma pacífica, asegura es falso porque le ha enviado notas diciéndole que abandone las fincas. Además aclaró que él mantenía posesión de una finca suya que estaba hipotecada a su favor, refiriéndose a la finca No. 12641, que tenía un valor de un millón de balboas (B./1,000,000.00) los cuales no quiso liberar sin que ellos le adeudaran plata, lo cual utiliza como un mecanismo de presión para que accediera lo que él quería, las otras fincas, por lo que no puede decir que lo estafaron, cuando él usa sus tierras sin pagar ningún tipo de alquiler, de modo que él es quien resulta afectado.
Mencionó que nunca existió un acuerdo verbal o escrito en relación a las fincas No. 23335 y 2587, ya que nunca han estado en venta, y MARIO GUARDIA nunca ha ofrecido ningún centavo por ellas, además que sabe que no están a la venta.
En cuanto a la finca No. 2587 explicó fue objeto de una falsificación de documentos de su firma, en Reforma Agraria, en unos planos para tratar de tomarse parte de su finca. Asimismo mencionó que no permitió la posesión de la finca No. 2587, sino que él obligó al gerente R. de la Cruz Avenada a sacar su ganado bajo la amenaza de consecuencias futuras y que en ese momento tenía la hipoteca de una finca suya que no quiso liberar, pero que fue liberada porque la hipoteca prescribió y se liberó la hipoteca de dicha finca, que fue vendida al precio explicado.
Destacó que no emitió recibo alguno por los cheques No. 905165 y 987500, porque todo fue de palabra y decidieron aplicar al alquiler pues nunca les pagó ni un centavo ni les ha exigido el cobro por los ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00), que llegó a un acuerdo con MARIO GUARDIA de modo verbal, que consistía en comprar las fincas No. 50, 23336 y 1895, por seiscientos mil balboas (B. / 600,000.00) en el año 2002, pero él no cumplió lo hablado.
Finalmente aclaró que los ciento cincuenta mil fueron utilizados para aplicarse al alquiler de las fincas posteriormente y en el año 2002, cuando GUARDIA trató de adquirir las fincas pidió que se aplicada ese dinero como abono para la compra de las 3 fincas, pero él no aceptó, todo esto consta a folios 431 a 435.
A través de su Vista Ampliación No. 080, de 30 de noviembre de 2006, la Fiscalía Decimocuarta de Circuito de Panamá, recomendó al honorable tribunal de la causa que, al momento de calificar la encuesta penal, lo hiciera dictando un auto sobreseimiento provisional en favor del señor A.G. JURADO (v. fs. 525-532).
El Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó el Auto de Sobreseimiento Provisional No. 142, de 28 de marzo de 2007 (fs. 542-546), decisión que fue revocada por medio del Auto de Segunda Instancia No. 250 de 11 de julio de 2007, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y en su lugar abrió causa criminal en contra de A.G. JURADO, por ser el presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo IV, Título IV, Libro II del Código Penal (fs. 578-581).
La Juzgadora de la causa, mediante Sentencia Absolutoria No. 1 de 9 de enero de 2009, absolvió de responsabilidad penal a A.G.J., del delito de estafa en perjuicio de MARIO GUARDIA (fs. 736-769).
Relacionada a dicha decisión el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia 2da Instancia No. 79 de 21 de mayo de 2013, resolvió confirmar la sentencia apelada (fs. 907-913).
En representación del querellante MARIO GUARDIA, la firma forense Fonseca, B. & Asociados, adujo como primera causal que el fallo incurrió "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la Ley Sustancial penal", contenida en el artículo 2430, numeral 1, del Código Judicial.
Esta causal viene sustentada, en tres motivos. El primero de ellos, manifestó el casacionista que el sentenciador desconoce, por medio de la sana crítica, el valor probatorio de las declaraciones indagatorias de A.G. JURADO, como piezas de cargo en su contra, porque acepta le vendió a su representado tres (3) fincas ubicadas en la provincia de Chiriquí (La Isleta), y donde acepta recibió de MARIO GUARDIA la suma de ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) que ante la demora decidió pedir más dinero del acordado para la compraventa de las fincas, y a la falta de acuerdo, de modo unilateral, decidió tomar la suma entregada por la víctima, como pago de usufructo de los terrenos que por años el ofendido trabajó la agricultura y ganadería, lo que acredita la comisión de la estafa, porque la entrega del dinero estaba sujeta al momento en que las fincas estuvieran saneadas de las deudas que tenían, el encartado debía traspasarlas a su favor.
En vez de ocurrir lo anterior, indicó que cuando el encartado saneo aquellos defectos, traspasó las fincas a sociedades con las que tenía relación directa, no devolvió al ofendido el dinero por él aportado, donde se observa el engaño que provocaron el perjuicio patrimonial de MARIO GUARDIA DURFEE, y que si el Tribunal hubiera ponderado apropiadamente la pieza, lo hubiera condenado, pues se acredita con ella el delito de estafa calificada
En el segundo motivo, indicó que las declaraciones de MARIO GUARDIA DURFEE no le reconoce valor probatorio óptimo en contra del acusado, pues esa versión acredita la venta que realizó el imputado a su cliente, quien recibió sus dineros, es decir, los ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) que estaba sujeto al momento que las fincas fueran saneadas para el traspaso a favor del querellante, lo que no ocurrió, pues una vez fueron saneadas, el procesado las traspasó a sociedades con las que tenía relación directa, no devolvió al ofendido el dinero por él aportado, donde se observa el engaño que provocaron el perjuicio patrimonial de MARIO GUARDIA DURFEE.
En cuanto al tercer motivo, se hace referencia a la mal valoración que se le da a la declaración jurada de J.T.M., pues no la consideró como una pieza de cargo en contra del procesado, debido a que esa versión acredita que el imputado vendió al ofendido varias fincas ubicadas en la Provincia de Chiriquí, por las que recibió el pago inicial de ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) que estaba sujeto al momento que las fincas fueran saneadas para el traspaso a favor del querellante, lo que no ocurrió, pues una vez fueron saneadas, el procesado las traspasó a sociedades con las que tenía relación directa, no devolvió al ofendido el dinero por él aportado, donde se observa fue acreditado el delito de estafa calificada.
Referente a las disposiciones legales infringidas, indica se vulneraron los artículos 897, 917 y 781 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión; que los artículos 190 del Código Penal de 1982 fueron violentados en concepto de violación directa por omisión por no ser aplicados.
En calidad de segunda causal, mencionó que el fallo reclamado incurrió en "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la Ley Sustancial penal", contenido en el artículo 2430, numeral 1, del Código Judicial.
Dicha causal fue sustentada en dos motivos a saber. El primero indicó que no valoró e inobservó la prueba documental de autorización que A.G. JURADO le hizo a MARIO GUARDIA, para que pagara a la Compañía Panameña de Finanzas, S.A. toda la suma de dinero producto de transacciones llevaba a cabo entre ellos, de la compraventa de varias fincas de propiedad del encartado, lo cual acredita que el delito se ejecutó y consumó, pues le vendió a su cliente varias fincas ubicadas en la Provincia de Chiriquí, por las que recibió el pago inicial de ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00) que estaba sujeto al momento que las fincas fueran saneadas para el traspaso a favor del querellante, lo que no ocurrió, pues una vez fueron saneadas, el procesado las traspasó a sociedades con las que tenía relación directa, no devolvió al ofendido el dinero por él aportado, donde se observa fue acreditado el delito de estafa calificada que provocaron el perjuicio patrimonial de MARIO GUARDIA.
Como segundo motivo, explicó que no se valoró e inobservó la prueba documental relativa al comprobante de pago por la suma de cien mil balboas (B./100,000.00) que recibió y firmó A.G. JURADO como abono a la compra de la finca La Isleta, vinculado a la compraventa de varias fincas propiedad del encartado, que acredita que el delito imputado sí se consumó, porque éste le vendió a su cliente varias fincas ubicadas en la Provincia de Chiriquí, por las que recibió dos pagos iniciales por el orden de ciento cincuenta mil balboas (B./150,000.00), y que la entrega de dicho dinero que estaba sujeta al momento que las fincas fueran saneadas para el traspaso a favor del querellante, lo que no ocurrió, pues una vez fueron saneadas, el procesado las traspasó a sociedades con las que tenía relación directa, no devolvió al ofendido el dinero por él aportado, donde se observa fue acreditado el delito de estafa calificada que provocaron el perjuicio patrimonial de MARIO GUARDIA.
Refiere la infracción de los artículos 2046, 780 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, y el artículo 190 del Código Penal de 1982, en concepto de violación directa por omisión al no ser aplicado al caso.
Concluye el recurso con la petición que la sentencia impugnada sea casada, y en su lugar se proceda con una condena en contra de A.G. JURADO, como autor del delito de Estafa Agravada (fs. 942-955).
Cumpliendo el procedimiento establecido en la ley, la licenciada K.I.P.D., en calidad de Procuradora General de la Nación, solicitó al momento de decorrer el traslado que no se case el fallo objeto del recurso.
En lo que corresponde al único motivo de la única causal invocada, la representante del Ministerio Público, manifestó que el Tribunal de alzada ha realizado una apreciación inobjetable de las pruebas invocadas por el recurrente en los tres motivos de la primera causal, pues cumple con las reglas de la sana crítica, que luego de analizarlas de manera conjunta y concatenada concluyó que la actuación revela el incumplimiento de un compromiso acordado, lo cual encuentra solución en la vía civil.
Explicó que en el expediente se ilustra la existencia de un negocio civil o mercantil que no llegó a perfeccionarse, por ausencia de contrato, que ilustrara las obligaciones recíproca entre las partes. Quedó constancia de actos unilaterales del denunciante o del procesado, pero que no se demostró que el engaño sea su fuente de origen, ya que se revela tuvieron intención de buscar un acuerdo mercantil.
Explicó que a pesar del comentario del comprobante de pago, las partes no formalizaron un negocio jurídico, que incluso, no existe en el expediente justificación de la causa civil de pago respecto al otro cheque, por cincuenta mil balboas (B./50,000.00), entonces, la disminución del patrimonio de MARIO GUARDIA no tiene como antecedente la existencia de un engaño que provocara el error de pago, sino la simple liberalidad del pagador, y los diferentes intentos de conciliar un acuerdo mercantil, rechazados por cada parte.
Mencionó que constan los intentos de GONZÁLEZ JURADO para llegar a un acuerdo comercial, pero no pasó de la etapa de negociación, porque MARIO GUARDIA no estuvo de acuerdo con los términos ofertados, por lo que la esfera civil debe resolver el diferendo existente entre las partes y determinar si existe una responsabilidad pre contractual civil.
En cuanto a la transgresión del artículo 897, 917 y 781 del Código Judicial, entiende no se ha concretizado la infracción aludida pues, pese a las tratativas preliminares para negociar la venta de varias fincas entre las partes, no llegaron a un negocio jurídico, y hasta los años 2002 y 2004, cada quien elaboró documentos unilaterales que no fueron aceptados por su contraparte, por tanto, la disminución patrimonial sufrida, no guarda relación con un engaño que la haya determinado, por lo que ante la falta de tipicidad, el diferendo debe ser resuelto en sede civil.
Por otro lado, mencionó que el engaño no originó el desprendimiento patrimonial, los actos no estuvieron motivados por el interés de alcanzar un acuerdo comercial, pero las partes no finiquitaron un contrato que documentara la existencia del negocio jurídico pretendido, porque cada una declinó la propuesta de la contraparte.
Sobre el artículo 190 del Código Penal de 1982, aseguró que los argumentos del censor no acreditan el vicio de injuridicidad, pues la aplicación del Derecho Penal al caso resulta innecesaria, tomando en cuenta que el conflicto entre las partes tiene solución en el Derecho Civil.
En relación a la segunda causal de fondo, el cual sustentó en dos motivos, expresó que aunque la carta de 7 de marzo de 2002, no fue considerada en el fallo recurrido, no acredita el error de juicio de modo protuberante para la modificación de la interpretación efectuada por el Ad-quem. Identifica el documento como una manifestación de voluntad de A.G. para que uno de sus acreedores, la Compañía Panameña de Finanzas, S.A., recibiera el pago de MARIO GUARDIA DURFEE, la carta no precisa el objeto civil, porque no consta el precio de venta, no revela el consentimiento de ambas partes para obligarse respecto a una causa civil, contrayendo obligaciones recíprocas.
Mencionó que la carta unilateral se encuentra en el conjunto de documentos que ilustran los tratos preliminares que el denunciante y el procesado intercambiaron, pero que fueron rechazados recíprocamente y no condujeron a la concreción del negocio jurídico pretendido, más por cuanto ambos fueron asesorados por letrados e instituciones financieras respectivamente.
En relación al comprobante del pago del cheque No. 905165, del 15 de septiembre de 1988 el cual fue omitido por la sentencia impugnada, descartó que dicho elemento sea de relevancia, trascendencia o protuberancia para variar el criterio adoptado, pues el comprobante de pago satisfizo un pago por un tercero a favor de un acreedor de A.G.J., y la anotación que se hizo no es una fuente de obligación, que ha debido constar en un contrato, donde debió constar las contraprestaciones recíprocas que tenían cada una, respecto a la otra, entre ellas.
Indicó que si lo pretendido era que el procesado devolviera la suma de dinero dada en pago, el derecho civil contempla las acciones que debió ejercitar GUARDIA DURFEE contra GONZÁLEZ JURADO.
Salta a su vista la inexistencia de engaño alguno, debido a la disposición de ambas partes por negociar una compra venta, que no pudo finiquitarse mediante un acuerdo comercial
En cuanto a las disposiciones contenidas en los artículos 2046, 780 del Código Judicial mencionó que los medios probatorios en su conjunto, no determinan de manera precisa la existencia de contraprestaciones entre ellos, lo que permite reconocer la existencia de un desacuerdo, que deberá ser dilucidado en la jurisdicción civil.
Relativo al artículo 190 del Código Penal de 1982, descartó su infracción debido a que las pruebas que fueron omitidas de valoración no producen protuberancia que desvirtúe el criterio adoptado por el Tribunal Superior.
En su parte final, el representante de la Vindicta Pública, recomienda no casar la Sentencia 2ª. I.. No. 79 de 21 de mayo de 2013, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá (fs. 968-994).
Advierte la Sala que la firma forense Fonseca, B. & Asociados, en representación de los intereses de MARIO GUARDIA, querellante dentro de la encuesta, aduce como única causal: "error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la Ley Sustancial penal".
La fundamentación que sustenta esta causal está dirigida entonces a desvirtuar la ponderación disminuida o agravada de ciertos elementos, que a criterio del recurrente, inciden de tal forma que podrían variar la decisión adoptada en sede de Segunda Instancia de realizarse en una medida equilibrada.
Con este concepto en mente, analizamos que los tres primeros motivos bajo una misma cuerda procesal de análisis, acatando el principio de economía procesal, pues, en conjunto, se tratan de piezas de cargo en contra del acusado, que acredita la perpetración de injusto penal, según el criterio del recurrente.
De entrada, conviene mencionar que, compartimos el criterio del Ministerio Público, es decir que, disentimos lo vertido en los argumentos del casacionista en la primera causal, pues, a la declaración indagatoria de A.G. JURADO, las declaraciones juradas de MARIO GUARDIA, como la declaración jurada de J.T.M., no podemos atribuirle sean elementos de convicción que carguen responsabilidad a la causa llevada en contra de GONZÁLEZ JURADO.
En este sentido, descartamos se acredite la comisión del ilícito y vinculación al mismo de A.G. JURADO por su propio dicho en la declaración indagatoria, porque aunque aceptó haber recibido ciento cincuenta mil balboas por cuenta del ofendido, lo recibió en concepto de abono, antes del año 2002, cuando el señor MARIO GUARDIA le externó su interés en comprarle la finca (f.432). En este punto queda aclarar que, a pesar que tanto el indagado, y el querellante sostienen mediaron negociaciones de venta por un lado, y por otro se cumplió parte del acuerdo trazado, los términos de ese entendimiento no quedan claros para este Tribunal de Casación.
Esto lo decimos porque, no existe constancia de las condiciones de pago, cómo, cuándo, cuánto, dónde se efectuarían los pagos, o qué pasaría si hubiese existido incumplimiento del acuerdo, en qué plazo debían cumplirse, que o cuántas persona (s) natural (es) o jurídica (s) sería (n) responsable (s) de cumplir las obligaciones relacionadas al contrato, del mismo modo de quién o quienes fungirían directamente como el acreedor de esta relación comercial.
Las respuestas a estas preguntas consideramos pueden encontrarse en la jurisdicción civil, la cual posee enmiendas ante incertidumbres como estas, y que en ninguna medida encuentra solución en la jurisdicción en la que nos encontramos, lo cual desvirtúa todo indicio de cargo en contra del procesado, pues no podemos arribar a la conclusión que el desacuerdo entre las parte tiene ribetes de criminalidad contra el procesado, y, mucho menos, esa declaración del procesado se traduzca en el ánimo de engaño de su parte, en contra de los intereses del querellante
N. que lapso de entrega del primer cheque No. 905165, tiene fecha del día 15 de septiembre de 1998, y fue girado a favor de Leasing de Latinoamérica, S.A., por la suma de cien mil balboas (B./100,000.000); en tanto que el segundo cheque, No. 987500, posee fecha del día 17 de marzo de 1999, a favor de A.G., por la cantidad de cincuenta mil balboas (B./50,000.00). Entre la emisión de uno y el otro, median seis (6) meses, por lo que de la forma en que quedó constancia se realizaban acercamientos comerciales entre MARIO GUARDIA y A.G. JURADO, de modo que no queda claro en qué términos se identifica el dolo del procesado, para que el engaño resultase en una disminución del patrimonio del querellante.
En esa misma línea de ideas, nótese que los destinatarios finales que se hacen mención en esos documentos negociables no era la misma persona, por lo que no queda clara la comisión del ilícito, del mismo modo, se ha hecho referencia que ambos cheques fueron emitidos, previo al año 2002, sin embargo, en la Empresa Arrendadora Latinoamericana (otrora Leasing de Latinoamérica), quedó constancia del depósito del cheque No. 905165, por la suma de cien mil balboas (B./100,000.00) a su cuenta, pero actualmente, se encuentra cerrada, el motivo del pago era cancelar varios contratos de arrendamientos de equipos pesados que tenía con la sociedad Cantera El Puente, S. A. (fs. 101-109), lo cual dista de una compra y venta de bienes inmuebles, como hace referencia la querella.
Con esto en mente, tenemos que existieron los acercamientos de las partes entre los meses de abril de 2003 y abril de 2004 para realizar una negociación de índole comercial, donde intervino la entidad bancaria Global Bank (v. fs. 465-500), tal cual confirmó el oficial de cuentas de A.G., el señor D.S. (fs. 520-523), esto no permite hilar lo descrito con la comisión engañosa del delito de estafa.
Los dichos de MARIO GUARDIA, en lo medular se contraponen a la versión del procesado, no pudiendo encontrarse en balanza un equilibrio favorable a los intereses del recurrente en la jurisdicción penal, para dirimir su inconformidad.
En relación con lo manifestado por J.T.M., entendemos, no se trata de una pieza de convicción de responsabilidad penal en contra de A.G. JURADO, habida cuenta que formó parte de las negociaciones entre las partes son que se evidencie un común acuerdo de las partes involucradas que permita comprender la presencia de la estafa a él argüida, más por cuanto algunos de esos documentos no fueron reconocidos o firmado por el procesado (fs. 293-298, 306-307, 309-311, 312-313), esta información debe ser corroborada con la declaración de A.G. (fs. 506-508) quien explicó a detalle la razón de ser de cada uno de esos documentos.
Se advierte que entre la documentación aportada por el testigo, reposan varias prospectos o proyectos de minutas relacionadas con la segregación de un globo de terreno de 30 hectáreas, de la finca No. 2587, lo que no se compagina con la querella que se refiere a cinco fincas (No. 23335, 23336, 50, 1895 y 2587), sin segregación que realizar, que en definitiva superan la dimensión de terreno mencionada (fs. 4-5).
Así las cosas, no ha sido posible materializar el cargo de injuridicidad planteado por el recurrente en esta primera causal.
La Sala es del criterio que no ha sido posible visualizar que la disposición contenida en el artículo 897 del Código Judicial, pues lo manifestado por A.G. JURADO, no cumple con los requisitos de confesión, a saber:
"Confesión, en estricto sentido, es la aceptación de la responsabilidad que el sindicado o procesado efectúa ante el agente del Ministerio Público o el tribunal de la causa, según que se trate de un sumario o un plenario. En este caso, la confesión señalada por el recurrente no tiene tal connotación, pues la autoridad ante la que compareció ya tenía conocimiento de los hechos, es decir, no fue espontánea, toda vez que no se presentó personalmente ante las autoridades a declarar sino que fue detenido por las autoridades. Tampoco es oportuna la confesión, entendiéndose como una contribución indispensable para el esclarecimiento y precisión sobre la ocurrencia de los hechos, toda vez que al momento en que rinde su declaración indagatoria, ya se contaba en el expediente con graves indicios en su contra que lo vinculaban con el ilícito, razón por la que esta S. considera que el reconocimiento de esta circunstancia atenuante no procede y por tanto, no prospera este primer motivo, al no acreditarse vicio de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia en este aspecto. Recurso de casación presentado a favor de S.H., J.C. y F., sindicado por delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de D.V.F.. 21 de agosto de 2003.
Observamos que el artículo 917 y 781 del Código Judicial, que se refieren a la apreciación de las pruebas por medio de la sana crítica en ninguna medida han sido violentados, pues, a fin de cuentas, sopesando el caudal probatorio de lo acopiado, no permite colegir atribución de responsabilidad penal del procesado por los hechos querellados.
Se descarta a su vez, la infracción de omisión directa por omisión al no ser aplicado el artículo 190 del Código Penal de 1982, dado que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, realizó un correcto análisis en la sentencia censurada, al haberse comprobado que no ameritaba aplicar a un hecho un tipo penal que no subsume la conducta descrita.
Ahora, en cuanto a la segunda causal de fondo pronunciada por el recurrente, se tiene que la sentencia del Tribunal de Apelaciones comete "error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la Ley sustancial penal".
En este punto, verificaremos que la inobservancia de un elemento de prueba haya sido de tal envergadura, que de haberse considerado su existencia variaría considerablemente el razonamiento adoptado por el juzgador.
De acuerdo al primer motivo, consideramos que la prueba documental de autorización que A.G. JURADO le hizo a MARIO GUARDIA, para que pagara a la Compañía Panameña de Finanzas, S.A. toda la suma de dinero producto de transacciones llevaba a cabo entre ellos, no constituye una acreditación del delito precisamente, pues en el documento se entiende que A.G.J. autorizó a MARIO GUARDIA para que pague toda la suma de dinero, producto de las transacciones de compra y venta de las fincas entre ellos, no distinguiéndose claramente, de modo taxativo, la cantidad que dinero a que se refiere, el momento en que daba hacerse el o los pagos, la forma en que debían realizarse; y por otro lado el escrito indica la compra y venta de "las fincas", lo que sin lugar a dudas es completamente impreciso.
Tales vacíos no permiten identificar el engaño que ha sostenido el querellante a lo largo del proceso, y que, para el estado en que no encontramos, era necesarios, para identificar el ánimo de engaño del sujeto activo.
Ante una cantidad de dinero indeterminada, relacionada a la compra y venta de terrenos indefinidos, no es posible visualizar con meridiana claridad que A.G. JURADO procuró engañar a MARIO GUARDIA para obtener de éste un beneficio. Recordemos que los dineros que la parte querellante indicó fueron entregados entre los años 1998 y 1999, y el intento de negociación surgió entre los años 2003 y 2004 (fs. 465-500).
Resalta a la vista que la discusión se centra en un compromiso de la cual, al parecer, no se concretizó, pues, a pesar que el querellante ha sostenido, es poseedor de las tierras desde 1998, no mencionó bajo qué condición ahí se encontraba desde esa fecha, más aún porque indicó existían conflictos legales que debían ser resueltos, antes de realizarse un traspaso de propiedad, del cual no quedó mayor constancia en la presente carpeta penal.
Debemos mencionar que pese a que ha sostenido un señalamiento en contra de A.G. JURADO, este Tribunal de Casación no distingue los parámetros bajo las cuales se regía el supuesto contrato de compraventa de las fincas No. 23335, 23336, 50, 1895 y 2587 ubicadas en la Provincia de Chiriquí. Es decir, no consta de modo certero cuándo se produciría la transferencia efectiva de las fincas, cuándo y cómo se pagaría resto del monto adeudado, qué criterios se utilizarían para garantizar a las partes el cumplimiento de su acuerdo, ni se conocen cuáles serían las cláusulas de penalidad para las partes, conocidas tradicionalmente para negocios de compra venta de inmuebles.
Esto lo decimos porque el primer cheque que giró MARIO GUARDIA, identificado con el No. 905165, fue fechado 15 de septiembre de 1998, y fue dirigido a nombre de Leasing de Latinoamérica, por la suma de cien mil balboas (B.100,000.00), y el segundo cheque No, 9897500, tiene fecha de 17 de marzo de 1999, a favor de A.G., por la suma de cincuenta mil balboas (B./50,000.00).
No queda clara la correlación del contenido de estos cheques con el engaño denunciado el día 13 de septiembre de 2005, pues:
Entre la emisión de cada uno transcurrieron casi seis (6) meses de por medio.
El destinatario del pago no era al mismo a la misma persona, pues en uno de los casos se trató de una persona jurídica, y la otra, una persona natural.
Cómo entender que se consumó el engaño argüido al no cumplir con la transferencia de los inmuebles, pues desde la fecha del último pago, transcurrieron más de seis (6) años antes que se presentara la denuncia que originó el presente proceso.
Debemos destacar que la doctrina ha abordado la materia de la figura del engaño que se encuentra inmerso en la figura de estafa ampliamente, por lo que se hace meritorio plasmar algunas consideraciones.
"La estafa tiene como carácter fundamental el fraude o el engaño- Existe un proceso de maquinación síquica que lleva a la persona a disponer patrimonialmente en su contra.
En la estafa debe presentarse una actividad comisiva de la víctima, siempre que no sea evidentemente ilícita, porque el derecho penal no debe tutelar actos ilícitos, sino sancionarlos...
La conducta típica se realiza cuando el sujeto activo para procurarse o favorecer a un tercero a través del engaño, logra que el sujeto pasivo disponga patrimonialmente en su perjuicio." (A., páginas 343 y 344, año 2008).
Lo anterior hace que, de modo concatenado, veamos la relevancia de la prueba documental relativa al comprobante de pago por la suma de cien mil balboas (B./100,000.00) que recibió y firmó A.G.J., que se desprende del segundo motivo.
El documento en cuestión tiene manuscrito "abono a compra de finca la Isleta", y se trata de un comprobante de pago de Japan Product Trading, Inc., con fecha del 15 de septiembre de 1998, donde se menciona Leasing de Latinoamérica, el monto de cien mil balboas (B./100,000.00) y el cheque No. 905165 (f. 341).
El procesado aseguró que firmó tal documento y reconoció haber recibido el dinero que ahí se hace referencia en el año 1998, empero, excepcionó que MARIO GUARDIA no cumplió con arreglos de los pagos para hacer efectiva la venta de la finca (fs. 506-508).
Reiteramos, no se vislumbra la presencia de ánimo de engañar por parte de GONZALEZ JURADO, pues la disposición patrimonial que representó en la disminución del pecunio de GUARDIA fue realizada mucho antes que las partes tuvieran ánimo de comercializar los bienes inmuebles, y que los actos de negociación para trazar un nuevo curso de acuerdo comercial no se materializó (fs. 520-523).
Lo anterior no permite entender que el delito imputado sí se consumó, porque no se puede sobre entender, sin pruebas idóneas y eficaces, que la entrega de dicho dinero que estaba sujeta al momento que las fincas fueran saneadas para el traspaso a favor del querellante, pues aunque fue mencionado por las partes, no quedó constancia válida de cuáles eran los asuntos legales que debían ser atendidos, inclusive.
Tal como dijimos en líneas anteriores, al no encontrar mecanismo que garantizara el cumplimiento del contrato que dijo el querellante, cómo saber que le correspondía al procesado la devolución de los dineros entregados en el año 1998, y tampoco consta, que si se incumplía esto, cómo debía efectuarse la devolución al ofendido el dinero aportado. De tal suerte que la segunda causal del recurso no ha podido sustentar el cargo de injuridicidad.
En relación a los artículos 2046 y 780 del Código Judicial, podemos indicar que pésicamente fue el parámetro que se utilizó para plantear la inocencia de A.G. JURADO, debido a que no se contó con constancias procesales idóneas que evidenciaran los hechos narrados por el querellante, necesarias para comprobar el hecho punible. De modo que descartamos su infracción.
Sobre el artículo 190 del Código Penal de 1982, tenemos que al no ser posible visualizar la infracción de la norma adjetiva, se revela de incumplimiento consecuente, la infracción de la norma sustantiva. No era necesario aplicar un tipo penal a una conducta que no se subsume en el delito descrito, de tal suerte que no ha sido infringido en concepto alguno.
Así las cosas, esta Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, estima que al no haberse comprobado el cargo de injuridicidad planteados, y la conculcación de las normas indicadas por el recurrente, lo procedente es no casar la sentencia de Segunda Instancia, sin mayores consideraciones.
Por las razones antes expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia 2da. No. 79 de 21 de mayo de 2013, expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

References: artículo 190
 artículo 2430
 artículo 2430
 artículo 190
 artículo 897
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 897
 artículo 917
 artículo 190
 artículo 190