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Timestamp: 2017-10-24 09:22:01+00:00

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Sentencia T.S. 843/1994, (Sala 1) de 3 de octubre. Acción reinvindicatoria. Recurso de casación. Representantes de comercio - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 843/1994, (Sala 1) de 3 de octubre
Acción reivindicatoria: Competencia jurisdicción civil. Reintegro a la masa de entidad en suspensión de pagos de finca subastada y enajenada al adjudicatario en procedimiento de jurisdicción laboral. Representantes de comercio: Relación de carácter laboral. Recurso de casación: No cabe estimar cuando haya de mantenerse el fallo de la sentencia recurrida auque sea por otros fundamentos jurídicos distintos. A efectos prejudiciales cada orden jurisdiccional puede conocer asuntos no atribuidos privativamente. Preferencia y prelación de créditos.
Primero.-La Procuradora doña Ana María Roca Vila en nombre y representación de "Químicas Cid, S. A.", formuló ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Granollers, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra don Emilio y doña Penélope, sobre reivindicación de finca y nulidad de escritura de compraventa, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, se declare haber lugar a la reivindicación de la finca descrita en el hecho primero de la demanda a favor de "Químicas Cid S. A." y en beneficio de la masa de acreedores de su suspensión de pagos, declarar irrita y nula de pleno derecho la escritura otorgada a favor del demandado ante el Notario don Lorenzo Valverde Galán, el día 4 de marzo de 1986, núm. 436 de su Protocolo, y otorgada a nombre de "Químicas Cid, S. A.", por el Iltmo. Sr. Magistrado de Trabajo núm. 11 de los de Barcelona y, en su consecuencia, decretar la cancelación de las anotaciones e inscripciones, que se hayan realizado en el Registro de la Propiedad de Granollers en virtud de tal escritura, condenando al demandado don Emilio, como representante legal de su sociedad de gananciales, a estar y pasar por esta declaración, con imposición al mismo de las costas causadas.
Segundo.-Admitida la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Procurador don Carlos Alberola Martínez, en nombre y representación de don Emilio, quien contestó a la demanda, oponiendo los hechos y fundamentos de Derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que acogiendo cualquiera de las excepciones de falta de personalidad de la actora por carecer de las calidades necesarias para comparecer en juicio, estando horra de personalidad jurídica y por tanto, de capacidad procesal en nombre propio, falta de personalidad de la Procuradora demandante, por insuficiencia de su poder o de defecto legal en el modo de proponer la demanda, bien por no fijar con precisión la cuantía objeto del pleito, bien por no fijar con precisión lo que se pide al postular la Comisión en nombre propio afirmando a lo largo del escrito, unas veces que la finca es de "Químicas Cid, S. A.", y otras que, de la masa de sus acreedores, y reivindicando indiscriminadamente en la propia súplica la finca de autos a favor de "Químicas Cid, S. A.", y en beneficio de la masa de acreedores de su suspensión de pagos, bien por inobservancia del litisconsorcio pasivo necesario, absuelva a dicha parte demandada en la instancia, subsidiariamente, para el caso improbable de que no fueran acogidas las excepciones procesales que se formulan entrando en el fondo del asunto y apreciando las defensas materiales de caducidad de la acción o de falta de la misma, contra dicha parte demandada, se absuelva a don Emilio de los pedimentos de la demanda.
La demandada doña Penélope no se personó en autos por lo que fue declarada en rebeldía.
Cuarto.-El Iltmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia dictó Sentencia de fecha 5 de octubre de 1988 cuyo fallo es el siguiente: "Que, estimando la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales doña Ana María Roca, en nombre y representación de la Comisión Liquidadora de "Químicas Cid, S. A.", se declare nula de pleno derecho la escritura de venta de la finca a que se refiere el litigio y que se describe en el hecho primero de la demanda, otorgada a favor del demandado don Emilio, por el Notario de Barcelona don Lorenzo Valverde Galán el día 4 de marzo de 1986, núm. 436 de su protocolo, otorgamiento hecho en nombre de "Químicas Cid S. A.", por el Iltmo. Sr. Magistrado de Trabajo núm. 11 de Barcelona, y, en consecuencia, decreto la cancelación de las Anotaciones e Inscripciones que se hayan realizado en el Registro de la Propiedad de Granollers, en virtud de tal escritura, haciendo imposición de las costas del litigio al demandado".
Quinto.-Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó Sentencia en fecha 8 de enero de 1991, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que estimando el recurso de apelación interpuesto por don Emilio a cuya parte representa el Procurador don Alberto Ramenlol Noria, contra la Sentencia de fecha 5 de octubre de 1988 dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Granollers, en autos núm. 168 del juicio declarativo de menor cuantía promovido por la Comisión Liquidadora de la entidad "Químicas Cid, S. A.", representada por la Procuradora doña María del Carmen Martínez de Sas, revocamos íntegramente la Sentencia apelada que se ha mencionado, para en su lugar absolver como absolvemos de la demanda origen del proceso en todas su partes al demandado ahora apelante, con expresa imposición a la actora de las costas de la primera instancia y sin hacer expresa mención de las causadas en la alzada".
Sexto.-El Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián en nombre y representación de la Comisión Liquidadora "Química Cid, S. A.", interpuso recurso de casación con apoyo en tres motivos al amparo del núm. 5.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .
Séptimo.-Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, se señaló para la celebración de la vista, el día 15 de septiembre de 1994.
Primero.-Sin perjuicio de otras ampliaciones fácticas que más adelante pueda ser necesario hacer, los ineludibles antecedentes previos que, de momento, y para una adecuada compresión de la cuestión litigiosa planteada, han de ser tenidos en cuenta, expuestos por el riguroso orden cronológico de su respectivos acaecimientos, son los siguientes: 1.° La entidad mercantil "Químicas Cid, S. A." solicitó su declaración en estado de suspensión de pagos, de cuya solicitud correspondió conocer (en turno de reparto) al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Granollers, el cual, mediante providencia de fecha 10 de diciembre de 1982, tuvo por solicitada dicha declaración y acordó sustanciar el oportuno expediente (Autos núm. 606/1982 ), que siguió su curso legal desde dicho momento. Unos de los Interventores nombrados, en dicho procedimiento de suspensión de pagos, fue don Joaquín Carlos Vidal Rius. 2.° Paralelamente, don Emilio, trabajador (en calidad de representante) a las órdenes de "Química Cid, S. A.", con un salario de 85.000 pesetas al mes, en 25 de enero de 1983 formuló demanda, ante la jurisdicción laboral, contra dicha entidad mercantil, en relación del pago de la cantidad de 516.076 pesetas, por diversos conceptos. De dicha demanda correspondió (por reparto) conocer a la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid, la cual incoó el procedimiento laboral núm. 76/83. 3. Previo intento, sin efecto, de conciliación y tras la celebración de juicio, al que no asistió la entidad demandada, no obstante haber sido citada por correo certificado con acuse de recibo, en dicho procedimiento laboral la referida Magistratura de Trabajo dictó sentencia in voce de fecha 27 de septiembre de 1983, por la que condenó a la entidad mercantil "Químicas Cid S. A.", a pagar al demandante Sr. Emilio la cantidad de 94.076 pesetas, a la que el referido demandante redujo su reclamación (por vacaciones no disfrutadas y no pagadas y por otro concepto de los incluidos en la demanda). 4.° La citada Magistratura de Trabajo, por providencia de fecha 20 de octubre de 1983, acordó la ejecución de dicha sentencia, decretando embargo de bienes de la empresa apremiada, quedando formada a esos efectos la pieza de ejecución núm. 299 de 1993. Para que todo ello tuviera lugar, libró exhorto al Magistrado de Trabajo Decano de Barcelona, por tener allí su domicilio social la entidad apremiada, interesando la prosecución del procedimiento de apremio hasta la total realización de los bienes embargados y consiguiente remisión al órgano exhortante, para pago al acreedor ejecutante, de 94.076 pesetas de principal más 20.000 pesetas para costas. 5.° El cumplimiento del referido exhorto correspondió a la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona, que practicó, en 7 de diciembre de 1983, diligencia negativa de embargo, que no pudo llevarse a efecto por encontrarse cerrado el domicilio señalado como de la entidad deudora en Llissá de Valí (Barcelona) y manifestarse que dicha entidad mercantil se encontraba en estado de suspensión de pagos, por lo que la Magistratura de Trabajo exhortada (la núm. 11 de Barcelona), en la misma fecha antes dicha (7 de diciembre de 1983) acordó tramitar la insolvencia provisional de la deudora y librar comunicación a los Registros de la Propiedad de Granollers solicitando datos sobre inscripción en ellos de posibles bienes a nombre de la entidad deudora. 6.° En el referido procedimiento de apremio (que tramitaba la Magistratura de Trabajo núm.11 de Barcelona, a virtud del ya referido exhorto de la Magistratura de Trabajo de igual número de Madrid) aparece unida una carta, sin fecha, extendida en papel con membrete de "Químicas Cid S. A", y que literalmente dice así: "Magistratura de Trabajo de Barcelona núm. 11. Ronda de San Pedro, 41, Barcelona 10. Ilustrísimo señor Magistrado. Adjuntamos a la presente copia activo suspensión de esta sociedad así como relación de acreedores, en dichos créditos están relacionados los de personal. Al mismo tiempo informamos que la intervención judicial de esta firma son: don Joaquín Carlos Vidal Rius, C/ Moya, núm. 1, y don Luis Ramírez Feliu. Asimismo le rogamos que cualquier posterior consulta o apercibimiento (sic) sea notificado al Sr. Vidal Rius como interventor judicial de la suspensión de pagos de la sociedad "Químicas Cid, S. A.", sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles. Muy atentamente". No hay firma. Hay un sello en el que se lee "Químicas Cid, S. A.", Llisa del Valí. 7.° En el ya expresado procedimiento de suspensión de pagos de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A.", el Juzgado que conocía del mismo (el núm. 2 de Granollers) dictó Auto de fecha 27 de diciembre de 1983, por el que aprobó el Convenio acordado por la Junta General de Acreedores de 16 de los mismos mes y año, por el que la Sociedad suspensa puso a disposición de sus acreedores la totalidad de sus bienes de todas clases, para que liquidándose se hiciera, con su producto, pago de los créditos de aquéllos sin devengo de intereses. En dicho Convenio se designó, a tal fin, una Comisión liquidadora, que ejercería todos los actos de administración y disposición de tales bienes, que actuaría por poder irrevocable otorgado por la deudora y que adoptaría sus acuerdos por mayoría simple. Como uno de los miembros de la referida Comisión Liquidadora fue nombrado don Joaquín Carlos Vidal Rius (que había sido Interventor de la entidad suspensa, como antes se dijo). El Juzgado acordó librar mandamientos a los Registros Mercantil y de la Propiedad para la publicidad del referido Convenio, el cual también fue publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia" de 23 de enero de 1984. 8 .° Con fecha 1 de marzo de 1984 el Registro de la Propiedad núm. 2 de Granollers remitió a la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona una certificación acreditativa de hallarse inscrita a nombre de la entidad "Químicas Cid, S. A.". La finca registral núm. 40, sita en Llissá de Valí, de 1,2533 hectáreas por lo que dicha Magistratura, por proveído de 6 de abril de 1984, decretó el embargo de la referida finca y ordenó librar mandamiento al indicado registro para la anotación preventiva del embargo y la remisión de certificación de cargas y gravámenes, así como requerir a la entidad deudora para que presentara los títulos de propiedad de dicha finca, cuyo requerimiento se efectuó por correo certificado con acuse de recibo. 9.° Tras la remisión por el Registro de la Propiedad de la correspondiente certificación de cargas y gravámenes de la finca embargada (en la que sólo constaba la existencia de un resto de hipoteca de máximo y una afección fiscal, que la grababan) y luego que la referida finca fue tasada pericialmente, la exhortada Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona, por providencia de 11 de febrero de 1985, acordó la venta en pública subasta de la Finca embargada, señalándose días para las tres licitaciones previstas, cuya subasta se anunció mediante publicación de edictos en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia de Barcelona de los días 25 y 26 de dicho mes, respectivamente, y la referida providencia (en la que se acordó la subasta de la finca embargada) fue notificada a la entidad deudora y a don Joaquín Carlos Vidal Rius, miembro de la Comisión Liquidadora de los bienes de ésta, cuyas notificaciones se practicaron mediante sendas cartas certificadas con acuse de recibo, que fueron cumplimentadas y entregadas a los destinatarios en 14 de febrero de 1985. 10.º Habiendo quedado desiertas las dos primeras subastas, se celebró la tercera en 4 de junio de 1985, concurriendo únicamente como postor el acreedor-ejecutante don Emilio, representado por su apoderado don David, quien ofreció la cantidad de 5.000 pesetas y, al no cubrir ésta las dos terceras partes del tipo de tasación, la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona acordó hacer saber a la entidad deudora la cantidad ofrecida, a efectos de que en nueve días pudiera pagar al acreedor o presentar persona que mejorase la postura, bajo apercibimiento, en caso contrario, de aprobar el remate y mandar llevarlo a efecto, cuya notificación se le hizo por correo, con resultado que no consta, y mediante edicto publicado en el "Boletín Oficial de la Provincia" de 21 de septiembre de 1985; esa misma notificación y con el mismo objeto ya expresado (pagar al acreedor o presentar persona que mejorase la postura) se hizo también a don Joaquín Carlos Vidal Rius, miembro de la Comisión Liquidadora de la entidad suspensa, mediante carta certificada con acuse de recibo, que fue cumplimentado en 6 de junio de 1985. 11.° Por providencia de fecha 7 de octubre de 1985, la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona acordó requerir a la deudora entidad mercantil "Químicas Cid,S. A." para que otorgara escritura de venta de la finca subastada en favor del Sr. Emilio, cuyo requerimiento a dicha entidad se hizo por correo sin éxito y por edicto inserto en el "Boletín Oficial de la Provincia" de 19 de noviembre de 1985, expresivo de que el ejecutante había adquirido aquella en subasta por 5.000 pesetas; la misma notificación se hizo al Sr. Vidal Rius, miembro de la Comisión Liquidadora de la entidad deudora, por carta certificada con acuse de recibo, que fue cumplimentado en 9 de octubre de 1985. 12.° El día 4 de marzo de 1986, el Magistrado titular de la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona, don Luis Ramón Martínez Gañido, actuando en nombre y representación de la entidad "Químicas Cid, S. A.", en méritos del procedimiento de ejecución núm. 299/83 de la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid y de exhorto núm. 60/83 dimanante de aquél, otorgó escritura pública de venta de la finca subastada, en favor del rematante (acreedor ejecutante) don Emilio, que la adquirió para su sociedad conyugal, por el precio de 5.000 pesetas, que se dedujo del principal que se adeudaba al Sr. Emilio, siendo Notario autorizante de dicha escritura pública el de Barcelona, don Lorenzo Valver-de Galán. 13.° La expresada escritura pública de venta fue inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Granollers el día 13 de mayo de 1986.
Segundo.-En abril de 1986, la Comisión Liquidadora de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A." promovió contra don Emilio el proceso de que este recurso dimana, en el que, diciendo ejercitar acción real reivindicatoria de la finca registral núm. 40, sita en término municipal de Llissá de Valí, con una extensión de 1,2533 hectáreas (a la que nos hemos referido en los apartados 8.º y siguientes del fundamento jurídico anterior) y al mismo tiempo la acción personal de nulidad de la escritura pública de venta de dicha finca, de fecha 4 de marzo de 1986, otorgada por el Magistrado titular de la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona, en nombre y representación de la entidad "Químicas Cid, S. A.", y en favor del demandado don Emilio (a cuya escritura nos hemos referido en el apartado 12.° del fundamento jurídico anterior), postuló se dicte sentencia, por la que se declare haber lugar a la reivindicación de la expresada finca "a favor de "Químicas Cid, S. A." y en beneficio de la masa de acreedores de su suspensión de pagos", así como se declare la nulidad de la ya referida escritura pública de venta y, en consecuencia, "decretar la cancelación de las anotaciones e inscripciones, que se hayan realizado en el Registro de la Propiedad de Granollers en virtud de tal escritura, condenando al demandado don Emilio, con representante legal de su sociedad de gananciales, a estar y pasar por esta declaración". En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó sentencia de la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, por la que, revocando la de Primera Instancia, desestima totalmente la demanda y absuelve de todos los pedimentos de la misma al demandado don Emilio . Contra la referida sentencia de la Audiencia, la demandante Comisión Liquidadora de la suspensión de pagos de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A." ha interpuesto el presente recurso de casación a través de tres motivos.
Tercero.-Ante el ejercicio conjunto por la Comisión Liquidadora demandante de una acción reivindicatoria y de una acción de nulidad de escritura pública, la sentencia recurrida, partiendo de la premisa de que "el centro de gravedad del litigio se halla en la cuestión relativa a la supuesta nulidad de la escritura de compraventa tantas veces mencionada de la finca núm. 40 de Llissá de Valí, de fecha 4 de marzo de 1986" (fundamento jurídico tercero de dicha sentencia) y después de dejar sentado, en el apartado 1) de su fundamento jurídico cuarto, que "a los órganos jurisdiccionales del orden social se atribuye "con exclusividad" la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en los litigios que se promuevan dentro de la rama social del Derecho y entre ellos los conflictos individuales que se produzcan entre empresarios y trabajadores, como consecuencia del contrato de trabajo", aduce (la referida sentencia) los fundamentales razonamientos jurídicos siguientes: "2) Por consiguiente, no corresponde a los Juzgados y Tribunales de la Jurisdicción ordinaria ni resolver sobre cuestiones sustantivas sujetas a la laboral, ni revisar los criterios de ésta tanto en lo que afecte a los derechos y obligaciones laborales en conflicto, ni revisar o reformar los procedimientos seguidos por las Magistraturas de Trabajo y órganos superiores en materias de su competencia, tanto en sus fases declarativas como en las de ejecución, siendo los órganos laborales quienes, en su caso, pueden decidir por sus vías procedimentales las posibles nulidades que puedan haberse producido en las actuaciones. 3) El otorgamiento de la escritura pública que se produzca en un proceso de ejecución singular dinerada ante cualquier orden jurisdiccional, interviniendo en el mismo acto el titular del órgano judicial correspondiente, formalizando una venta en representación del sujeto ejecutado y a consecuencia de subasta pública judicial, por mucho que intervenga necesariamente como fedatario un Notario público, ha de estimarse como un acto procesal (aunque sea de naturaleza especial) que forma parte del procedimiento de ejecución seguido y de los actos que lo integran y a los que se halla encadenado. Este criterio halla apoyo en el art. 1.514 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y conduce a sostener que no pudiendo la escritura judicial desconectarse del procedimiento en el que se inserta, no puede enjuiciarse su nulidad por orden jurisdiccional no laboral (lo que representaría una invasión en Jurisdicción ajena), ni considerándola globalmente con la de otros actos procedimentales causales, ni menos aislando el enjuiciamiento del tema de la validez al solo acto de escritura cuando, como ocurre en el caso litigioso la nulidad de éste se predica de tal modo pero fundándose en motivos procesales que en efecto podrían afectar a otras actuaciones precedentes de la tramitación de la ejecución". A continuación de la transcrita argumentación, la sentencia recurrida agrega textualmente lo siguiente: "Siguiéndose de todo ello que la petición de nulidad de la escritura de autos debió hacerse para las actuaciones procesales correspondientes del proceso de ejecución ante la Magistratura de Trabajo interviniente e incluso utilizando los recursos legales ante los órganos de la jurisdicción laboral. No procediendo verificarla ante la Jurisdicción ordinaria del orden civil y en la forma como se ha hecho en la demanda origen del pleito" (fundamento jurídico cuarto de la sentencia recurrida).
No obstante los transcritos razonamientos jurídicos, que parecen apuntar claramente hacia una declaración de incompetencia de jurisdicción, la sentencia aquí recurrida, en una línea discursiva o silogística carente de toda lógica jurídico-procesal, y con base exclusivamente en dichos razonamientos jurídicos (únicos que utiliza), se pronuncia en cuanto al fondo del asunto y, desestimando totalmente la demanda, absuelve al demandado de todos los pedimentos de la misma, cuyo pronunciamiento o "fallo" (que es el que, verdadera y únicamente, se impugna en todo recurso de casación) habremos de tenerlo muy en cuenta (dejamos apuntado ya) a la hora de resolver el presente recurso, en cuanto al tratamiento estimatorio o desestimatorio que haya de darse al mismo.
Cuarto.-Como de los tres motivos integradores del recurso, los dos primeros vienen a atacar el pronunciamiento que, en cuanto al fondo de la cuestión debatida, hace el "fallo" de la sentencia recurrida, mientras que el tercero de ellos se orienta a impugnar la declaración de incompetencia de jurisdicción que, aunque no explicitada en su "fallo", subyace en la única motivación jurídica de la referida sentencia, razones de estricta metodología casacional aconsejan comenzar el estudio de dichos motivos por el tercero y último de ellos.
Quinto.-Como ya se dijo en el fundamento tercero de esta resolución, y aquí es necesario reiterarlo, la sentencia recurrida dedica su única motivación jurídica (que hemos transcrito literalmente en dicho fundamento tercero) a razonar exclusivamente sobre la incompetencia de esta Jurisdicción civil para resolver el tema nuclear en este litigio (la pedida declaración de nulidad de la escritura pública de venta, de fecha 4 de marzo de 1986, otorgada por el Magistrado titular de la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona) y, no obstante ello, luego, con total y absoluta carencia de lógica jurídico-procesal, en su "fallo" se pronuncia sobre el fondo de la cuestión litigiosa y desestima todos los pedimentos de la demanda. A combatir la referida motivación jurídica única de la sentencia recurrida se orienta el motivo tercero y último del recurso, con sede procesal en el ordinal 3.° del art. 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que, con cita del brocardo índex indicare debet secundum alegata et probata partibus y denunciando como infringido el art. 359 de la citada Ley Adjetiva Civil, la recurrente acusa de incongruencia a la sentencia recurrida, al haber estimado, dice, una excepción (la de falta de jurisdicción) que no había sido aducida por el demandado en su escrito de contestación a la demanda, ni debatida en el proceso, con lo que la referida sentencia, viene a concluir la recurrente, ha alterado la causa petendi. Después de hacer constar, por un lado, que el cauce procesal adecuado para denunciar el "abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción" no es el aquí utilizado, sino el del ordinal 1.° del citado art. 1.692 de la Ley Rituaria, y, por otro lado, que la falta de Jurisdicción no necesita ser denunciada por las parte, sino que pueden ser apreciada de oficio por los órganos judiciales, según lo establece expresamente el art. 9.° 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (aunque oyendo previamente, eso sí, a las partes y al Ministerio Fiscal, cuyo requisito ha sido olvidado por la heteróclita sentencia recurrida), la respuesta casacional que ha de darse al presente motivo es la que fluye de las consideraciones siguientes: 1.ª Aunque es cierto, como dice la sentencia recurrida, que a esta Jurisdicción civil no le corresponde revisar las actuaciones procesales, ni las resoluciones de la Jurisdicción laboral, ni las de ningún otro orden jurisdiccional distinto del civil, también lo es (y esto lo ha olvidado, asimismo, la referida sentencia) que "a los solos efectos prejudiciales, cada orden jurisdiccional podrá conocer de asuntos que no le están atribuidos privativamente" (art. 10.1 de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial ) y, al ejercitar la demandante Comisión Liquidadora de la suspensión de pagos de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A." una acción reivindicatoría de una finca, que entiende debe integrar la masa del activo de la entidad suspensa para, con el precio de venta de dicha finca, hacer pago a sus acreedores de acuerdo con el Convenio alcanzado en la aludida suspensión de pagos, lo que indudablemente es de la exclusiva competencia de la Jurisdicción civil, ha de concluirse que tiene un carácter de evidente y notoria cuestión prejudicial la atinente a resolver sobre la validez o no (a los solos efectos antes dichos) que haya de atribuirse a la escritura pública de venta de la referida finca, otorgada por el Magistrado titular de la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Barcelona, con fecha 4 de marzo de 1986 (a la que nos hemos referido en el apartado 12.° del fundamento jurídico primero de esta resolución). 2.ª Aunque lo que acaba de decirse habría de conducir a la estimación del presente motivo, como quiera que la sentencia recurrida, en su extrañísima conclusión resolutoria (hemos de repetir una vez más), no declara en su "fallo" la falta de competencia de esta Jurisdicción civil para resolver la cuestión litigiosa, sino que, pronunciándose sobre el fondo, desestima la demanda y absuelve al demandado de todos los pedimentos de la misma, el tratamiento que deba corresponder el presente motivo (como ya dejamos anunciado en el fundamento jurídico tercero in fine de esta resolución) vendrá condicionado por la solución que hayamos de dar a los dos primeros motivos (que son los que, verdaderamente, vienen a impugnar el referido y único pronunciamiento o "fallo" de la sentencia recurrida), ya que es reiterada y uniforme doctrina de esta Sala 1.ª de que no cabe estimar el recurso (o el motivo correspondiente) cuando haya de mantenerse el "fallo" de la sentencia recurrida, aunque sea por otros fundamentos jurídicos distintos de los que ésta tuvo en cuenta (Sentencias de 4 de julio de 1984, 14 de noviembre de 1986, 5 de octubre de 1987, 20 de diciembre de 1988, 22 de diciembre de 1989, 9 de septiembre de 1991, 11 de julio de 1992, 9 de mayo de 1994, entre otras muchas).
Sexto.-Como ya se tiene reiteradamente dicho, el "fallo" de la sentencia recurrida, aunque sin razonamiento alguno al respecto, se pronuncia sobre el fondo de la cuestión litigiosa y, desestimando totalmente la demanda, absuelve de todos los pedimentos de la misma al demandado. A combatir dicho pronunciamiento único de la sentencia recurrida se orienta los dos primeros motivos del recurso. Por el primero de ellos, con residencia procesal en el ordinal 5.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en su redacción anterior a la hoy vigente) y denunciando infracción, por aplicación indebida, del párrafo quinto del art. 32 del Estatuto de los Trabajadores e infracción, por no aplicación, del art. 2.° del mismo Estatuto y citando, también como infringido, el Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, la recurrente viene a sostener, en esencia, que don Emilio, cuando promovió, ante la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid, contra la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A.", el procedimiento laboral en reclamación de pagas extraordinarias y por vacaciones, no tenía la condición de trabajador al servicio de dicha empresa, sino que era, dice la recurrente, un comisionista cuya actividad se encuentra regulada por el Código de Comercio, pareciendo insinuar también, en el alegato del motivo, que las tres hojas de los salarios mensuales que aportó a dicho proceso laboral habían sido falsificadas por el propio Sr. Emilio . El expresado motivo ha de ser desestimado por las consideraciones siguientes: 1.a Cuando en el referido proceso laboral (el núm. 76/83), promovido por don Emilio, en calidad de representante comercial de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A.", la Magistratura de Trabajo núm 11 de Madrid dictó la sentencia in voce de fecha 27 de septiembre de 1983 (a la que nos hemos referido en el apartado 3.° del fundamento jurídico primero de esta resolución), en cuya sentencia condenó a la aludida entidad mercantil a pagar al Sr. Emilio el salario de vacaciones, es porque consideró probado que éste era un trabajador a las órdenes de la referida empresa, cuya conclusión probatoria, obtenida, en su momento, por la referida Magistratura de Trabajo, no puede ahora ser revisada por esta Jurisdicción civil. 2.ª Carece de todo fundamento legal la afirmación que aquí hace la recurrente de que el Sr. Emilio, en su calidad de representante comercial de la entidad "Químicas Cid, S. A.", no tenía la condición de trabajador al servicio de dicha empresa, ya que, según el Real Decreto 2033/1981, de 4 de septiembre, dictado en desarrollo del art. 2 .º l.f) del Estatuto de los Trabajadores, y modificado por Real Decreto 1195/1982, de 14 de mayo, tiene naturaleza laboral, aunque especial, la relación existente entre las personas físicas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas y quienes contratan sus servicios de modo directo para que las operaciones se realicen, siguiendo sus instrucciones (art. 1.º del citado Real Decreto 2033/1981, de 4 de septiembre ), cuya naturaleza laboral (de la expresada relación entre la empresa y el representante comercial de la misma, que no asume el riesgo y ventura de las operaciones realizadas) la tiene reiteradamente declarada la Sala de lo Social de este Tribunal Supremo (Sentencias de dicha Sala de 28 de febrero y 21 de mayo de 1983, 17 de septiembre y 4 de octubre de 1984, 7 y 23 de mayo de 1985, 14 de enero y 5 de junio de 1986, entre otras muchas). Asimismo, el Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto (que es el que invoca la recurrente, aunque por razones cronológicas carezca de aplicación a este supuesto litigioso), por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas, establece también en su art. 1 .° lo siguiente: "El presente Real Decreto será de aplicación a las relaciones en virtud de las cuales una persona natural, actuando bajo la denominación de representante, mediador o cualquiera otra con la que se le identifique en el ámbito laboral, se obliga con uno o más empresarios, a cambio de una retribución, a promover o concertar personalmente operaciones mercantiles por cuenta de los mismos, sin asumir el riesgo y ventura de tales operaciones. Dicha actividad puede o no ir acompañada de la distribución o reparto de los bienes objeto de la operación". 3.ª La insinuación que, en el alegato del motivo, hace la recurrente acerca de la posible o supuesta falsificación por el Sr. Emilio de las tres hojas mensuales de salarios que aportó al referido proceso laboral, no puede ahora ser tomada en consideración en esta vía casacional civil, pues dicha alegación debió hacerla ante la Magistratura de Trabajo que conoció del referido proceso laboral, aparte de que igualmente debió formular la oportuna querella criminal por ese supuesto delito que ahora insinúa aquí, nada de lo cual han hecho ni la entidad "Químicas Cid, S. A.", ni los Interventores de su suspensión de pagos, ni la Comisión Liquidadora aquí recurrente. 4.a Aunque luego habremos de insistir sobre ello al examinar el motivo segundo, ha de consignarse también aquí que al versar el tantas veces repetido proceso laboral sobre reclamación del pago de salarios, dicho proceso no tenía que quedar en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal, según establece el párrafo quinto del art. 32 del Estatuto de los Trabajadores .
Séptimo.-Por el motivo segundo, con la misma apoyatura procesal que el anterior, se denuncia infracción, por inaplicación del art. 9.° de la Ley de Suspensión de Pagos . En el alegato integrador de su desarrollo, en una mezcla de heterogéneas alegaciones, la recurrente viene a sostener literalmente que el Sr. Emilio no ostentaba "crédito privilegiado, por no estar protegida su actividad por el Estatuto de los Trabajadores, ni figurar su crédito en la lista definitiva de los Interventores, en el apartado F) de la lista de acreedores con derecho de abstención (folios 236 a 238), que el art. 12 de la misma Ley obliga a formular a los interventores en su lista definitiva ocho días antes de la Junta, cuyos acuerdos serán obligatorios para todos los acreedores en los que no concurran las circunstancias de privilegio, del artículo 15 de la propia Ley de Suspensión de Pagos, en su penúltimo párrafo. Y todo ello, porque la profesión de representante o comisionista quedó fuera hasta primero de enero de 1986 del Estatuto de los Trabajadores y su nueva regulación laboral entró en vigor en dicha fecha y en la misma ni siquiera reconoce a estos trabajadores derecho a pagas extraordinarias, principal base de su reclamación". El expresado motivo, que es una mera reiteración del anterior, ha de ser desestimado, pues como ya se ha razonado extensamente en el fundamento jurídico anterior de esta resolución, el Sr. Emilio, en su calidad de representante comercial, tenía la condición de trabajador a las órdenes de la empresa "Químicas Cid, S. A." y el crédito que le fue reconocido contra dicha empresa, en la sentencia in voce, de fecha 27 de septiembre de 1983, dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 11 de Madrid, tenía el carácter de crédito salarial, según certifica el Secretario de la referida Magistratura de Trabajo (folio 246 de los autos) y, por tanto, se trataba de un crédito privilegiado, según el art. 32 del Estatuto de los Trabajadores, para cuyo cobro el Sr. Emilio podía ejercitar la acción procedente ante la Jurisdicción laboral, como así lo hizo, sin que dicha acción hubiera de quedar en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal contra la referida empresa deudora (la referida Suspensión de Pagos de la misma), según establece expresamente el párrafo quinto del citado art. 32 del Estatuto de los Trabajadores .
Octavo.-La desestimación que acaba de hacerse de los motivos primero y segundo ha de llevar aparejado también el fenecimiento del motivo tercero, según se dejó ya anunciado y suficientemente razonado en el fundamento jurídico cuarto de esta resolución, y, por tanto, también la desestimación del presente recurso en su totalidad, con expresa imposición de las costas del mismo a la recurrente y sin que haya lugar a acordar la pérdida del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.
Noveno.-No obstante la desestimación que acaba de hacerse del presente recurso, no se escapa, sin embargo, a la sensibilidad jurídica y práctica de esta Sala 1.ª ostensible desproporción existente entre el crédito salarial que el Sr. Emilio ostentaba frente a la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A.", (94.076 pesetas) y el valor de la finca que para el pago de dicho crédito fue subastada y que, por el precio de remate de 5.000 pesetas, ha adquirido el Sr. Emilio en el procedimiento de apremio seguido ante la Jurisdicción laboral, pero la referida situación, en cuya producción no ha dejado de tener una importante intervención la censurable pasividad mantenida por la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A." y por el Interventor de su Suspensión de Pagos (primero) y miembro de la Comisión Liquidadora de dicha suspensión (después), don Joaquín Carlos Vidal Rius, no obstante las numerosas notificaciones que durante la tramitación del procedimiento de apremio laboral les fueron hechas (y que hemos relacionado en los apartados 5.° y siguientes del fundamento jurídico primero de esta resolución), pero dicha situación, repetimos, por lamentable que sea, no puede ser resuelta en los términos en que ha sido planteado este proceso en las instancias, ni, mucho menos, en la forma en que ha sido sometida a esta revisión casacional a través de los tres motivos ya examinados y desestimados, y todo ello sin perjuicio, como es obvio, de las acciones de cualquier otra índole que puedan corresponder a la Junta Liquidadora de la Suspensión de Pagos de la entidad mercantil "Químicas Cid, S. A.", o de los acreedores de dicha entidad para tratar de que sea corregido tan desorbitado y recusable desequilibrio económico, como el anteriormente dicho.
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador don Carlos de Zulueta Cebrián, en nombre y representación de la Comisión Liquidadora de "Químicas Cid, S. A.", contra la Sentencia de fecha 8 de enero de 1991, dictada por la Sección Decimosegunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición a la recurrente de las costas del referido recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

References: in fine
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15