Source: http://www.endvawnow.org/es/articles/801-implementation-of-domestic-violence-and-dowry-related-violence-laws.html
Timestamp: 2019-08-24 06:39:27+00:00

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Algunas disposiciones son de vital importancia para la aplicación de una nueva ley de violencia doméstica y violencia relacionada con la dote, y deben incluirse en la legislación. Véase el apartado Implementation of Laws on Violence against Women and Girls.
La legislación debe exigir la capacitación permanente de la policía, los funcionarios judiciales, los proveedores de servicios, los registradores y las unidades de protección que apliquen la ley. Véase: Manual de la ONU, 3.2.3; y Marco modelo de la ONU, parte VII, secciones C, D y E. Los cursillos de formación deben ser uniformes a escala nacional y su elaboración debe correr a cargo de asistentes sociales y ONG dedicadas a cuestiones relacionadas con la dote y la violencia doméstica o llevarse a cabo consultando a estos colectivos.
En Bangladesh, por ejemplo, la dirección del puerto de Chittagong imparte a los empleados portuarios un cursillo de sensibilización social sobre el asunto de la dote. En dicho cursillo, de un día de duración, se tratan temas como:
El origen del sistema de dotes.
El sistema de dotes: una costumbre social muy arraigada y un crimen de lesa humanidad.
Víctimas directas del sistema de dotes
El sistema de dotes: una amenaza para la sociedad.
Los males del sistema de dotes.
Cuestionamiento del sistema de dotes.
Remedios para la eliminación del sistema de dotes:
- Ampliación de la educación de la mujer.
- Aplicación de las leyes promulgadas por el gobierno.
- Papel de los medios de comunicación.
- Alivio de la pobreza: una condición previa para la erradicación permanente del sistema de dotes.
Práctica prometedora: La ley de Brasil (en inglés) exige en su artículo 8 la “capacitación permanente” de los funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley, no sólo en cuestiones de género, sino también en cuestiones relativas a la raza y el grupo étnico.
En la legislación se debe establecer un organismo oficial encargado de aplicar la legislación nacional sobre violencia doméstica y violencia relacionada con la dote (o sendos organismos oficiales para cada uno de estos temas) y otro para monitorear dicha aplicación. Para recomendaciones concretas, véase: Manual de la ONU, 3.2.2 y los apartados Implementation of Legislation on Violence against Women and Girls y Monitoring of Legislation on Violence against Women and Girls de esta base de conocimientos.
El artículo 44 de la parte IV de la Ley de Violencia Doméstica de Guyana (en inglés) (en adelante, ley de Guyana), designa al Ministerio de Trabajo, Servicios Humanos y Seguridad Social como responsable de los programas de sensibilización y educación y de llevar a cabo estudios y publicar informes sobre violencia doméstica en Guyana.
En las legislaciones de Pakistán y la India se dispone el nombramiento de agentes de protección para que lleven a cabo muchas de estas tareas. En Pakistán, el artículo 19 del proyecto de Ley sobre Prevención y Protección frente a la Violencia Doméstica (en inglés), de 2009, afirma que los agentes de protección deberán:
a) elaborar, tras la recepción de una denuncia de violencia doméstica, un informe sobre el incidente de violencia doméstica para el Comité de Protección en cuya jurisdicción se haya perpetrado el presunto acto de violencia doméstica, de la forma y manera en que se establezca, y enviar una copia del mencionado informe a dicho Comité y a los proveedores de servicios de la zona;
b) presentar ante un tribunal, de la forma y manera en que se establezca y con el consentimiento de la persona denunciante, la solicitud de una orden de protección;
c) garantizar que se facilite a la persona denunciante asistencia letrada gratuita;
d) mantener una lista de todos los proveedores de servicios que facilitan asistencia letrada gratuita o asesoramiento jurídico, albergues y asistencia médica en cada una de las zonas bajo jurisdicción del tribunal;
e) facilitar a la persona denunciante un lugar de residencia seguro, si así lo requiere, y enviar al Comité de Protección una copia del informe sobre su alojamiento en un albergue;
f) facilitar a la persona denunciante un examen médico, en el caso de que haya sufrido lesiones físicas, y enviar una copia del correspondiente informe médico al Comité de Protección en cuya jurisdicción se haya perpetrado el presunto acto de violencia doméstica;
g) garantizar el cumplimiento y la ejecución, de acuerdo con el procedimiento establecido, de la orden de ayuda monetaria prevista en el artículo 10; y
h) cumplir cualquier otra obligación que pudiera establecerse.
Práctica prometedora: En la India, el artículo 10 de la Ley 20/1990 de Creación de la Comisión Nacional de la Mujer (en inglés) establece de forma inequívoca las funciones de este organismo: revisar las protecciones legales de la mujer y formular recomendaciones sobre su modificación y aplicación efectiva, recibir e investigar denuncias relacionadas con los derechos de la mujer, iniciar estudios sobre la discriminación de la mujer y efectuar investigaciones al respecto, suministrar fondos para litigios relacionados con asuntos de la mujer y elaborar para el gobierno informes sobre leyes y cualquier otro tema relacionado con la mujer. La ley dispone también la creación de una unidad de quejas y asesoramiento, dependiente de la Comisión Nacional de la Mujer, encargada de recibir comunicaciones sobre violaciones de los derechos humanos de la mujer, no aplicación de leyes e incumplimiento de decisiones sobre diversas cuestiones, incluidas la violencia doméstica y la violencia relacionada con la dote. Entre los aspectos positivos del protocolo de actuación de la Comisión figuran la aceleración y el seguimiento de las investigaciones policiales y el establecimiento de un Comité de Investigación (en inglés) para investigar e interrogar a testigos, reunir pruebas y presentar un informe con recomendaciones. Se han creado asimismo sendos comités encargados de estudiar dos grupos de incidentes distintos relacionados con las muertes por dotes.
La legislación debe afirmar que el organismo o los organismos estatales responsables de la aplicación de la ley deberán trabajar en colaboración con las ONG que prestan servicio directo a las víctimas de violencia doméstica y de violencia relacionada con la dote, con la policía, el ministerio público, los jueces, el sector de la salud y el sector de la educación, para desarrollar reglamentos, protocolos, directrices, instrucciones, directivas y normas, incluidos formularios normalizados, a fin de que la legislación pueda aplicarse de manera integral y oportuna. Véase: Manual de la ONU, 3.2.6.
Por ejemplo, la ley de Albania delega en sus Ministerios responsabilidades y deberes claros para la aplicación de la ley:
Deberes de otras autoridades responsables
1. El Ministerio del Interior tendrá los deberes siguientes:
a. Establecer unidades especiales en los departamentos de policía para prevenir y combatir la violencia doméstica.
b. Impartir formación a los miembros de la policía para que gestionen los casos de violencia doméstica.
2. El Ministerio de Salud establecerá las estructuras necesarias para prestar atención de la salud en los casos de violencia doméstica en las unidades de emergencia y en los centros de atención de la salud de los municipios y comunas, con miras a:
a. Ofrecer en cualquier momento ayuda médica y psicológica a las víctimas de violencia doméstica
d. Orientar y remitir a la víctima a otros servicios de apoyo y protección frentea la violencia doméstica
3. El Ministerio de Justicia tiene los deberes siguientes:
a. Impartir formación a los expertos medicolegales en materia de reconocimiento, diagnóstico, evaluación e información sobre la violencia doméstica y las lesiones causadas a niños por abusos;
c. Prever una partida presupuestaria para la asistencia letrada gratuita ordenada con arreglo a esta ley y garantizar un número suficiente de abogados cualificados que presten dicha asistencia.
4. Las autoridades locales (municipios, comunas) tienen los deberes siguientes:
a. Comprometerse a establecer servicios sociales para los casos de violencia doméstica
c. Establecer centros sociales y de rehabilitación para las víctimas y los agresores y coordinar los esfuerzos con los ya existentes, concediendo prioridad a los centros especializados en los campos respectivos (artículo 7).
Deberes de todas las autoridades responsables
1. Todas las autoridades responsables tienen el deber de establecer las estructuras necesarias y designar a las personas encargadas de la aplicación de esta ley. El Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades supervisará el cumplimiento de esta obligación (artículo 8).
La legislación debe exigir también financiación adecuada y sostenida para todos los aspectos de la aplicación, a fin de que la ley pueda ser eficaz. Véase: Manual de la ONU, 3.2.2
CASO DE ESTUDIO: En la India, la Ley 20/1990 de Creación de la Comisión Nacional de la Mujer (en inglés) incluye una disposición sobre la asignación de fondos públicos para la aplicación de la ley:
1) El Gobierno Central, después de que el Parlamento apruebe por ley la correspondiente partida presupuestaria, suministrará a la Comisión, a través de subvenciones, las sumas de dinero que considere necesarias para conseguir los objetivos de la presente Ley.
2) La Comisión podrá emplear dichas sumas de dinero como considere oportuno para el desempeño de las funciones establecidas en la presente Ley y dichas sumas de dinero se tratarán como gastos deducibles de las subvenciones mencionadas en el subapartado 1.
Es importante subrayar que en las leyes se debe exigir que la legislación necesaria para su aplicación se promulgue rápidamente y en un plazo determinado.
La legislación debe exigir la creación de un plan o estrategia nacional sobre la violencia doméstica y la violencia relacionada con la dote. Véase: Manual de la ONU, 3.2.1, y la Base de datos del Secretario General de la ONU sobre la violencia contra la mujer para los planes nacionales de acción de muchos países.
La legislación debe exigir que, en los informes sobre violencia doméstica y violencia y muertes relacionadas con la dote se recopilen datos desglosados por sexo, género, raza, edad, origen étnico y otras características pertinentes. Véase: Manual de la ONU, 3.3.2. En los estudios y trabajos de investigación se debe analizar también la práctica de ofrecer dotes, aceptarlas e instigar a su entrega, las causas y los factores de riesgo, la naturaleza y magnitud de las exigencias de dote, las expectativas de la comunidad y las familias y las consecuencias.
La legislación debe exigir la recopilación de datos relativos a aspectos concretos relacionados con la aplicación de la nueva ley, tales como: número de órdenes de protección concedidas, denegadas, canceladas, recurridas, etc. Estos datos deben conservarse y estar a disposición del público. Además, deben recopilarse a intervalos regulares datos cuantitativos sobre la eficacia de las órdenes de protección, procedentes de la policía, los tribunales, los ministerios pertinentes del gobierno, los centros de asesoramiento y los albergues, así como de las denunciantes/supervivientes. La legislación debe exigir que estos datos sean recopilados por el ministerio pertinente y publicados con periodicidad anual. Véase: Manual de la ONU, 3.3.2; y el apartado Monitoring of Laws on Violence Against Women and Girls de esta base de conocimientos. Véase también Data Collection Knowledge Asset.
La legislación debe exigir programas de sensibilización sobre la violencia doméstica y la violencia relacionada con la dote. Véase: ley de España; ley de la India, capítulo III, artículo 11; Manual de la ONU, 3.5.2; y Recomendación General Rec(2002)5 del Consejo de Europa, apéndice, párrafos 6-13. La legislación debe también participar y colaborar con ONG y activistas que realizan campañas de sensibilización sobre la violencia contra la mujer de diversos tipos, así como prever su financiación. Por ejemplo, la organización paquistaní SACHET dirige la campaña Lucha contra la Dote (en inglés), Rozan lleva a cabo la campaña Munsalik (en inglés) para sensibilizar y educar a los medios de comunicación sobre la manera de informar desde una perspectiva de género, y la organización bangladeshí Ain o Salish Kendrag cuenta con una unidad de sensibilización sobre derechos humanos (en inglés) que coordina el trabajo de asociaciones culturales y grupos teatrales escolares con formación sobre derechos humanos, cuestiones de género e interpretación, facilita formación sobre derechos humanos y cuestiones de género a estudiantes, docentes y grupos de teatro, organiza debates y grupos de estudio y coordina festivales y otros actos.
Práctica prometedora: El pueblo de Nilambur, en la India, ha emprendido una campaña para convertirse en un pueblo libre de dotes (en inglés). La campaña se inició con un taller de tres días de duración que reunió a dirigentes religiosos, jóvenes y mujeres para analizar el problema de la dote y comprometerse a no aceptar ni entregar este tipo de donaciones. En el marco de la campaña se promovió también un diálogo con dirigentes religiosos con el fin de conseguir su apoyo en la lucha contra la práctica de la dote y se organizaron debates sobre la necesidad de proteger los derechos de propiedad de las mujeres. Se consiguió también la intervención de los comités mahal (concejos comunales), que suelen encargarse de formalizar los matrimonios, en una serie de debates dirigidos a lograr que respaldaran la campaña. En reuniones públicas que contaron con una gran participación de mujeres, los habitantes del pueblo analizaron la práctica de la dote, los matrimonios prematuros y el abandono de las mujeres del domicilio conyugal. El lanzamiento de la campaña contó con la presencia de parlamentarios, cargos designados por elección y dirigentes religiosos. Después tuvieron lugar actos culturales, celebraciones, talleres y representaciones teatrales. El 13 de junio de 2009, comenzó el registro oficial de hombres y mujeres de entre 14 y 30 años para un panchayat libre de dotes. Las personas que se registraban podían reflejar también su opinión sobre la dote y los motivos por los que las mujeres se divorcian o abandonan el domicilio conyugal. Todavía es posible registrarse en el sitio web de la campaña. En último término, la idea es que el registro facilite la formación profesional de viudas y mujeres abandonadas por sus esposos, el asesoramiento profesional y matrimonial de jóvenes, la creación de comités de vigilancia para mujeres víctimas de violencia y discriminación y el establecimiento en las escuelas de departamentos de género en los que se aborden estos dos problemas. La campaña incorpora elementos importantes, como participación e implicación de mujeres y jóvenes, diálogo y colaboración con dirigentes religiosos, campañas de sensibilización, debates sobre las causas últimas de la discriminación de la mujer, compromiso público y permanente de mujeres y hombres con la campaña y programas de empoderamiento de la mujer.
La legislación debe exigir educación sobre la violencia doméstica, la violencia relacionada con la dote y la discriminación de la mujer en todos los niveles de enseñanza, lo que incluye información sobre las leyes pertinentes. Véase: Recomendación General Rec(2002)5 del Consejo de Europa, apéndice, párrafos 14-16; Manual de la ONU, 3.5.3; y ley de España, que en los artículos 4 y 7 contiene disposiciones detalladas para la incorporación de información sobre violencia de género en todos los niveles del sistema educativo, incluida la formación del profesorado. Link to Knowledge Asset on Education.
Para información más detallada sobre la aplicación de las leyes, véase el apartado Implementation of Laws en esta base de conocimientos.

References: artículo 8
 artículo 44
 artículo 19
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11