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Timestamp: 2020-07-09 02:30:36+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 79, de 20/04/2012
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Nombramientos ... (Página3)
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página3)
162/000273 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre elaboración de una nueva Ley de Protección Civil ... (Página3)
162/000274 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la sequía ... (Página5)
162/000275 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a las modificaciones legales necesarias para el establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida de los menores como modelo preferente en los procedimientos de separación y divorcio ... (Página6)
162/000276 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a que establezca la consideración como autoridad pública del profesor en el ejercicio de sus funciones y a que sea reconocida como norma de carácter básico con el fin de establecer y asegurar la homogeneidad del sistema escolar en esta materia ... (Página9)
162/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a no criminalizar de manera indiscriminada las conductas incorrectas que se desarrollen en el ámbito de los derechos fundamentales ... (Página9)
162/000278 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa al impulso de la economía basada en el conocimiento ... (Página10)
162/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la necesidad de un impulso político de la Responsabilidad Social (RSC o RSE) en el ámbito de la cooperación al desarrollo ... (Página11)
173/000018 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la reducción del compromiso presupuestario en relación a las políticas activas de empleo ... (Página13)
173/000019 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el modelo de bienestar social a la vista del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ... (Página14)
173/000020 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de racionalización y reducción del gasto en defensa en el marco del fortalecimiento de la política de seguridad y defensa europea ... (Página15)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de abril de 2012, el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Raquel Álvarez González, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 16 de abril de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 16 de abril de 2012, el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Ruth Pastor López, a propuesta del Excmo. Sr. don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 17 de abril de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de abril de 2012, el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Carmen Cuadrado Gutiérrez, a propuesta del Excmo. Sr. don Manuel María Chaves González, con efectos de 13 de abril de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000273
Proposición no de Ley sobre elaboración de una nueva Ley de Protección Civil.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la presente Proposición no de Ley, sobre la nueva Ley de Protección Civil, para su debate en Pleno.
La Protección Civil es un servicio público muy importante, puesto que tiene como objetivo la prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria en las que pueda peligrar de forma masiva la seguridad, la vida o la integridad física de las personas. Además, también contribuye a proteger y socorrer a las personas y sus bienes cuando alguna de las circunstancias mencionadas se produce.
La Protección Civil encuentra su principal fundamento jurídico en el artículo 15 de nuestra Constitución, en el que se afirma que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física". Es un servicio público que protege un derecho fundamental, y por tanto, los poderes públicos tienen obligación de prestarlo.
La sociedad evoluciona con el tiempo, y sus necesidades también cambian. Algunas situaciones que antes eran inimaginables ahora se pueden producir y constituir un riesgo. Las Administraciones Públicas deben adaptarse a los tiempos, porque solo así podrán resolver las necesidades reales de los ciudadanos de forma eficiente.
El concepto de Protección Civil ha evolucionado con la sociedad; y además de atender a emergencias y catástrofes puntuales, ahora se exige a las administraciones promover la seguridad integral de sus ciudadanos, implementando medidas para evitar y controlar las situaciones de riesgo, y mejorar la prestación de asistencia a los mismos. En este aspecto es fundamental el papel que ha jugado la implantación de los centros 112, desde los que se da respuesta a todo tipo de emergencias.
La Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil, establece el marco institucional adecuado para poner en funcionamiento el sistema de protección civil, con escrupuloso respeto del principio de legalidad constitucionalmente previsto. De esta forma la Protección Civil se concibe como un servicio público cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado en los términos legalmente establecidos, y a las restantes Administraciones Públicas; sin embargo, no tiene en cuenta el papel cada vez más relevante de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, la necesidad de introducir mecanismos de coordinación más eficaces, ni el ámbito supranacional de la protección civil y de las emergencias.
Es una Ley que tiene ya veintisiete años, durante los cuales la evolución de las emergencias y la protección civil ha sido enorme, como en cualquier ámbito de la sociedad actual, por lo cual resulta obsoleta y anticuada.
La mejora de nuestro Sistema Nacional de Protección Civil demanda una nueva Ley de Protección Civil, que haga frente a las nuevas realidades de la sociedad actual, y a la configuración territorial y autonómica del Estado.
Dicha Ley debería integrar a las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas, como agentes imprescindibles de cooperación que aportan sus recursos, y optimizan sus intervenciones en casos de emergencia, mediante la planificación conjunta, el establecimiento de protocolos de actuación donde se integren todos los recursos de todas las Administraciones, con un mando único, y la realización y evaluación de simulacros que ayuden a la implantación de dicho sistema.
La Ley debería crear un nuevo marco donde los medios y recursos de la Administración General del Estado, movilizables en emergencias, se pongan a disposición de las autoridades locales y autonómicas cuando sean estas las que asuman el mando, y cuando el mando corresponda a la Administración General del Estado, sean los recursos del resto de Administraciones los que se pongan a su disposición para conseguir una actuación coordinada.
Por otra parte, las actividades de protección civil deben jugar un papel esencial en la respuesta a situaciones de crisis. Es fundamental que esta sea ágil y eficiente y que asegure la coordinación efectiva de todas las Administraciones implicadas en la identificación de riesgos y en la gestión de las respuestas, a través de un único órgano de carácter estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar una nueva Ley de Protección Civil, consensuada con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos, que dé respuesta a las necesidades actuales de la población."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas
ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
162/000274
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre la sequía, para su debate en Pleno.
La sequía que padece la Península desde el mes de noviembre del pasado año está teniendo ya efectos importantes y dramáticos en el sector agropecuario español. De forma especial entre los agricultores que se dedican al cultivo de cereales en secano y los ganaderos que, perdida la posibilidad de alimentarlos con pastos y superficies de forraje, se ven obligados a alimentar a sus animales con piensos, lo que indudablemente eleva sus costes de producción. Es previsible que los efectos se amplíen a otros cultivos y producciones, incluso los de regadío,
Sin ser fácil cuantificar en este momento estos daños, las organizaciones representativas del sector han manifestado la práctica seguridad en la pérdida de la cosecha de cereales en al menos la mitad de los 5,4 millones de hectáreas dedicadas en nuestro país a este menester, correspondientes a las regiones de Aragón, Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. En la ganadería extensiva los daños afectan a toda España y se han cifrado en un sobrecoste de más de dos millones de euros diarios en la alimentación de las cabezas de ovino-caprino, porcino y vacuno. La Mesa de la Sequía irá confirmando los niveles de afectación de daños por cultivos y producciones y por territorios.
El Gobierno ha adoptado algunas medidas ya al respecto. Medidas que se comunicaron a la Mesa de la Sequía, que reúne a representantes del Gobierno y del sector.
Se aprobaron una serie de medidas fiscales (ajuste de los módulos de 2011 en la ganadería extensiva y la apicultura; ajuste del coeficiente corrector por piensos en el régimen de estimación objetiva para 2011 o la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos correspondientes a grupos electrógenos o aparatos empleados en actividades agrarias), de financiación (carencia especial de un año, en el que los intereses serán pagados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en los préstamos relativos a planes de modernización de explotaciones y de incorporación de jóvenes agricultores y avales de SAECA para nuevos préstamos de los ganaderos extensivos) y en materia de seguros (adelanto del pago de las indemnizaciones correspondientes al seguro de sequía en pastos).
Además, el Gobierno español ha solicitado a la Comisión Europea la autorización para el adelanto de un porcentaje de las ayudas comunitarias (PAC) para aliviar la carga financiera de las explotaciones agrarias y la flexibilidad en las primas ganaderas. Las autoridades europeas ya han comunicado que, como mucho, ese adelanto solo se producirá, únicamente, al mes de octubre, es decir, unos 30 días antes de la fecha de pago habitual.
Estas medidas resultan absolutamente insuficientes para paliar la grave situación que ya están viviendo los agricultores y ganaderos españoles, como han puesto de manifiesto algunas de las organizaciones profesionales más representativas del sector.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-ley de medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía, que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros de forma inmediata y que, en todo caso, deberá incluir medidas tales como:
1. Dotar un Fondo Extraordinario destinado a financiar las medidas de ayuda para compensar las pérdidas por sequía.
2. Establecer una línea preferencial de créditos ICO dirigida a explotaciones agrícolas o ganaderas afectadas por la sequía. Los créditos dirigidos a las explotaciones cuyos titulares sean jóvenes, mujeres y agricultores profesionales serán bonificados con tipos de interés más bajos.
3. La formalización de convenios con las entidades financieras que gestionan las ayudas de la PAC para propiciar un adelanto de los pagos antes del verano y que dicho adelanto se realice a coste cero para los agricultores y ganaderos.
4. Elevar en un punto el IVA de compensación del sector ganadero, así como la exención del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) y establecer la compra de piensos bonificados para ganaderos profesionales.
5. Establecer mejoras en la fiscalidad agraria de los sectores afectados tanto en el sistema de módulos como en el IRPF.
6. Aprobar moratorias en pagos a la Seguridad Social de los sectores afectados por la sequía.
7. Reducir las tarifas eléctricas y el canon de riego a los agricultores localizados en las zonas afectadas por la sequía.
8. Incrementar el límite máximo de compras a agricultores no socios por las cooperativas.
9. El Gobierno, mediante Decreto, y tras el informe favorable de la Mesa de la Sequía, aprobará el listado de términos municipales afectados por la sequía y, por tanto, susceptibles de acogerse a las ayudas contempladas en el Real Decreto-ley de Medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrícola y ganadero por la sequía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000275
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las modificaciones legales necesarias para el establecimiento a nivel nacional de la custodia compartida de los menores como modelo preferente en los procedimientos de separación y divorcio, para su debate en Pleno.
Se denomina custodia compartida (también llamada "custodia alternativa") a la situación legal que establece que en caso de separación o divorcio matrimonial ambos progenitores se alternen en el ejercicio de los derechos y obligaciones con respecto a sus hijos menores, estableciéndose un régimen de convivencia que les permita relacionarse con ellos por periodos de tiempo igualitarios en la medida de lo posible, de forma racional y, en todo caso, tomando en consideración el interés superior del menor.
Hasta la aprobación de la Ley 15/2005 que modificó, entre otros, el artículo 92 del Código Civil para introducir la guarda y custodia compartida, dicho sistema no estaba siquiera contemplado en nuestro ordenamiento. A partir de ese momento se regula por vez primera en nuestro Derecho, pero de una forma ciertamente restrictiva, de tal manera que su aprobación judicial puede darse en tan solo dos supuestos:
(i) En primer lugar, que los padres, de mutuo acuerdo, lo soliciten en la propuesta de convenio regulador o cuando ambos lleguen a este acuerdo en el trascurso del procedimiento (art. 92.5). Con todo, no se acordará de forma automática por el Juez, puesto que antes de ello debe recabar informe del Ministerio Fiscal, oír a los menores que tengan suficiente juicio, cuando se estime necesario, y valorar las alegaciones de las partes vertidas en la comparecencia, la prueba practicada y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda (art. 92.6);
(ii) En segundo lugar, que falte el acuerdo de los padres al respecto. En tal caso, dispone el artículo 92.8: "Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor".
Como puede comprobarse, basta con que uno de los padres manifieste su voluntad contraria a este sistema (sin necesidad de alegar razón alguna) para que en la práctica resulte descartado, pues para que, "excepcionalmente", pueda el Juez decretar la custodia compartida han de concurrir tres presupuestos: (i) la solicitud de una de las partes, (ii) el informe favorable del Ministerio Fiscal, que es vinculante -no así el dictamen de especialistas cualificados que el Juez puede solicitar de acuerdo con el art. 92. 9- y que (iii) solo de esa manera quede protegido el interés del menor, a criterio del órgano judicial.
Como puede observarse, el legislador fue ciertamente restrictivo en la introducción en nuestro ordenamiento de la custodia compartida, a la que parece mirar con cierta desconfianza. Los datos oficiales disponibles (INE 2010, periodo 2009) hablan por sí solos: en un 84,7 % de los casos son las madres las que obtienen la custodia exclusiva de los hijos, tanto por mutuo acuerdo entre los progenitores como por decisión judicial. La custodia femenina es prácticamente automática y en los casos puntuales en que se otorga al varón (el 5,6 % en el 2009 según datos del INE) es por demérito de la mujer, siendo igualmente la excepción los supuestos en que se llega a conceder la custodia compartida (9,7 % de las rupturas).
A la vista de las anteriores cifras más bien parece que el régimen establecido en 2005 pudo resultar incluso más restrictivo que el anterior silencio del Código Civil, pues aunque antes de la reforma este no se refería
expresamente a la custodia compartida, tampoco la prohibía y en la práctica se venía concediendo cuando las circunstancias lo aconsejaban.
Las excesivas trabas o cautelas que la actual regulación pone a la adopción de la custodia compartida hace que en la inmensa mayoría de los casos las decisiones judiciales mantengan el modelo "tradicional", consistente en conceder la guarda y custodia de los menores a la madre y establecer un régimen de comunicación, estancias o visitas más o menos flexible a favor del otro progenitor. Es decir, en la praxis judicial impera un sistema de custodia individual o monoparental, frente a la custodia conjunta o también denominada compartida.
A lo anterior podemos añadir que, según se establece en el artículo 92.7 del Código Civil, una denuncia por violencia o agresión sexual contra el otro cónyuge conlleva automáticamente la exclusión de la guarda o custodia conjunta, aunque finalmente tal denuncia se archive por no existir prueba o indicios de criminalidad alguna, sin perjuicio de lo cual se habrá conseguido ya que los hijos no puedan compartir el tiempo cuidado con el progenitor denunciado hasta pasados muchos años, dado el lento funcionamiento de la justicia en muchos casos.
Frente a tal situación cada vez son más las voces que llaman a impulsar el sistema de la custodia compartida, por considerarse que respeta mejor el principio de igualdad entre mujeres y hombres, elimina las dinámicas de ganadores y perdedores, favorece la coparentalidad y la colaboración en los aspectos afectivos, educativos y económicos y puede servir para evitar sentimientos negativos de los menores, entre los que cabe mencionar el de abandono, el sentimiento de culpa o el de negación, entre otros.
Es más, la atribución sistemática, o incluso automática, de la guarda y custodia a las mujeres puede perjudicar gravemente a estas, llegando incluso a calificarse de "regalo envenenado", pues en muchos casos hace que la misma acometa en solitario la educación y cuidado de los hijos, limitando con ello considerablemente su desarrollo profesional, relegándolo a niveles que no exigen tanta dedicación o menor responsabilidad, lo cual irremediablemente se traduce en salarios menores. Y dicha situación puede adquirir tintes dramáticos cuando esas mujeres llegan a edades que rondan los sesenta años, con escasos o nulos ingresos, sin medios para adquirir la mitad de la vivienda que han venido ocupando (a la cual pierden el derecho de uso con la emancipación de los hijos) y con riesgo incluso de exclusión social.
La potenciación y el fortalecimiento de los sistemas de custodia compartida entre los padres es una tendencia que puede observarse en distintos países de nuestro entorno, en línea con lo establecido en la Convención Europea sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que en su artículo 7 reconoce el derecho del niño a ser cuidado por ambos padres tanto como sea posible.
En nuestro país distintas Comunidades Autónomas han sido también sensibles a este problema y partiendo del interés superior del menor y la igualdad entre ambos cónyuges han avanzado en distintas soluciones que buscan conceder un mayor protagonismo a la custodia compartida.
Algún día tendremos que enfrentarnos a los problemas que está generando el proceso de codificación de algunas Comunidades Autónomas tendentes a establecer un sistema jurídico civil completamente autónomo, de dudosa legitimidad constitucional y, en muchos casos, contradictorio con el del Estado y con el de otras Comunidades (susceptible de generar conflictos interregionales. Pero en lo que ahora nos ocupa, conviene destacar que diferentes Comunidades Autónomas han legislado sobre esta materia para priorizar la custodia compartida, sin desatender por ello el interés superior del menor. Así, por ejemplo, se estableció mediante Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres, en cuyo Preámbulo se lee:
"Los supuestos de ruptura de la convivencia familiar han crecido notablemente en la última década, siendo uno de los asuntos más delicados a resolver el de la guarda y custodia de los hijos comunes. Esta cuestión se encuentra actualmente regulada por el artículo 92 del Código Civil español, reformado por la Ley 15/2005, de 8 de julio, que en defecto de acuerdo entre los padres configura la guarda y custodia compartida como excepcional, siendo necesario recabar, asimismo, informe favorable del Ministerio Fiscal. La aplicación de este precepto ha supuesto en la práctica el otorgamiento de la custodia individual de forma generalizada a la mujer. Sin embargo, la evolución de la sociedad exige dotar de una nueva regulación al régimen de guarda y custodia que favorezca el contacto continuado de los hijos con los padres y la igualdad entre los progenitores."
En consonancia con dicha pretensión, el artículo 6.2 dispone: "El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de los hijos menores, salvo que la custodia individual sea más conveniente, teniendo en cuenta el plan de relaciones familiares que deberá presentar cada uno de los progenitores y atendiendo, además, a los siguientes factores: ...". Y se especifica en el apartado 5 del mismo precepto que no será suficiente para considerar que la custodia compartida no coincide con el mejor interés del menor la objeción a la misma de uno de los progenitores.
La referida Ley aragonesa 2/2010, de 26 de mayo, de "igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura de convivencia de los padres", ha resultado formalmente derogada mediante el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón; por el que se
aprueba -con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón"- el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas, pero en la misma se integra el contenido originario de aquella Ley reguladora de la custodia sobre los hijos.
Más recientemente, tanto Navarra como Valencia han aprobado sus respectivas regulaciones sobre esta materia. Así, la Ley Foral de Navarra 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres, también hace mención al Código Civil en la exposición de motivos en los siguientes términos:
"La regulación actual contenida en el Código Civil, aunque contempla la custodia compartida, se convierte en la práctica en excepcional en los supuestos en los que no medie acuerdo de los padres, condicionándose al informe favorable del Ministerio Fiscal. La presente Ley Foral pretende corregir estos supuestos, en línea con la realidad social actual, apostando porque la decisión que se adopte sobre la custodia de los hijos menores, cuando no exista acuerdo de los padres, atienda al interés superior de los hijos y a la igualdad de los progenitores."
De ahí que, entre las medidas de aplicación en defecto del pacto de relaciones familiares, establece el artículo 3.2 que, en el caso de que se solicite por uno de los padres la guarda y custodia, el Juez podrá acordar que sea compartida o individual, oído el Ministerio Fiscal y previos los dictámenes y audiencias que estime necesarios, añadiendo en el apartado 4 del mismo artículo que: "En cualquier caso, la decisión buscará conciliar, siempre que sea posible, todos los intereses en juego, considerando como prioritarios los intereses de los hijos menores o incapacitados y asegurando la igualdad de los padres en sus relaciones con los hijos en todo lo que vaya en beneficio de estos".
Por su parte, la Ley valenciana 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no convivan, es todavía más contundente al situar la custodia compartida como medida judicial preferente. Así, de conformidad con el artículo 5.2, a falta de pacto entre los progenitores, la autoridad judicial, como regla general, atribuirá a ambos progenitores de manera compartida el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos. Por régimen de convivencia compartida se entiende, según la definición dada por el artículo 3 a) : "... el sistema dirigido a regular y organizar la cohabitación de los progenitores que no convivan entre sí con sus hijos e hijas menores, y caracterizada por una distribución igualitaria y racional del tiempo de cohabitación de cada uno de los progenitores con sus hijos e hijas menores, acordado voluntariamente entre aquellos, o en su defecto por decisión judicial".
Para terminar con la legislación autonómica sobre la materia, el día 1 de enero de 2011 entró en vigor la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, del cual podemos desatacar que:
(i) De conformidad con el artículo 233-8.1 : "La nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación judicial no alteran las responsabilidades que los progenitores tienen hacia sus hijos, de acuerdo con el artículo 236-17.1. En consecuencia, estas responsabilidades mantienen el carácter compartido y, en la medida de lo posible, deben ejercerse conjuntamente".
(ii) En el apartado 2 del mismo artículo se obliga a los cónyuges a presentar sus propuestas de plan de parentalidad y, a falta de acuerdo o no aprobación del plan, el artículo 233-.0.2 dispone: "La autoridad judicial [...] debe determinar la forma de ejercer la guarda, ateniéndose al carácter conjunto de las responsabilidades parentales, de acuerdo con el artículo 233-8.1. Sin embargo, la autoridad judicial puede disponer que la guarda se ejerza de modo individual si conviene más al interés del hijo".
(iii) Entre los criterios que el artículo 233-11.1 indica para determinar el régimen y la forma de ejercer la guarda, queremos señalar los enunciados con las letras b), "La aptitud de los progenitores para garantizar el bienestar de los hijos y la posibilidad de procurarles un entorno adecuado, de acuerdo con su edad", y c), "La actitud de cada uno de los progenitores para cooperar con el otro a fin de asegurar la máxima estabilidad a los hijos, especialmente para garantizar adecuadamente las relaciones de estos con los dos progenitores".
Dichas leyes autonómicas apuntan en nuestra opinión en la dirección correcta, pero resulta incomprensible que a estas alturas no se haya acometido todavía una regulación nacional de la materia, manteniéndose desigualdades de trato en función de la Comunidad de residencia de los cónyuges, máxime cuando el Pleno del Senado aprobó el pasado 12 de julio de 2010 una moción del grupo popular por la que se instaba al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para que la custodia compartida de los hijos fuera considerada como "modelo preferente" en los procesos de separación o divorcio.
"En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses impulse las reformas legales necesarias a fin de aprobar una Ley Nacional de Custodia Compartida que, modificando el artículo 92 del Código Civil y cuantos otros fueren necesarios, armonice la regulación legal de la
materia en el conjunto del España mediante una nueva normativa cuyo núcleo sería la determinación de la custodia compartida de los menores como modelo preferente en los procedimientos de separación y divorcio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000276
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley para su debate en Pleno.
Es un hecho que los cambios sociales, el desprestigio de las instituciones y la disminución del respaldo de las familias ha provocado en los últimos tiempos, entre otras consecuencias, la pérdida de la autoridad del profesor.
El docente, en la actualidad, no siente el respaldo de la propia sociedad y tampoco de la legislación para ejercer su autoridad en las aulas, entendiendo por autoridad el concepto que emana no del poder, sino de la dignidad, el respeto y la legitimidad que se entiende deben ir unidos al ejercicio de la docencia.
Se trata de la auctoritas, concebida como ese concepto latino que concedía una legitimación socialmente reconocida, procedente no del poder y la capacidad sancionadora, de la potestas, sino del saber y de la autoridad y ascendencia moral adquirida día a día.
Esa falta de reconocimiento al respeto que debe tenerse en los centros educativos hacia el profesor se convierte en problemas de indisciplina que en su manifestación más grave supone casos de insultos, amenazas y de violencia física contra el docente no solo a manos de alunmos, sino también de sus padres.
Se hace necesario, pues, reforzar la autoridad del profesor, que sufre muchas veces la situación de desprotección respecto a alumnos y familias, con una legislación clara que lo considere una autoridad pública.
Esta iniciativa parlamentaria pretende la homogeneidad en la legislación a aplicar en toda España para el reconocimiento del profesorado como autoridad pública, mediante su introducción en la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, o en el futuro Estatuto del Profesorado.
Precisamente la LOE, en su artículo 104.1, establece que "las Administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato, la consideración y el respeto acordes con la importancia social de su tarea". Y el punto 2 dispone que las mismas "prestarán una atención prioritaria a la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo y el estímulo de una creciente consideración y reconocimiento social de la función docente".
Actualmente solo tres Comunidades Autónomas han legislado al respecto, incorporando ese concepto a su normativa. Se trata de Madrid, Comunidad Valenciana y La Rioja, cuyos parlamentos aprobaron sus leyes respectivas entre junio de 2010 y marzo de 2011.
Las tres leyes coinciden en su artículo primero en fijar como objetivo reconocer y reforzar la autoridad del personal docente en el ejercicio de sus funciones, con el fin de mejorar la calidad del sistema educativo y garantizar el derecho a la educación.
Creemos necesaria una legislación común que proteja a los docentes en su trascendental labor en beneficio de los alumnos, las familias y la sociedad en general.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca la consideración como autoridad pública del profesor en el ejercicio de sus funciones, y dicha consideración sea reconocida como norma de carácter básico con el fin de establecer y asegurar la homogeneidad del sistema escolar en esta materia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2012.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Xavier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley, por la que se insta al Gobierno a no criminalizar de manera indiscriminada las conductas incorrectas que se desarrollen en el ámbito de los derechos fundamentales, para su debate en el Pleno.
El día 11 de abril el señor Ministro del Interior en respuesta a una pregunta parlamentaria realizó, entre otras, la siguiente afirmación:
"[...] En concreto, le puedo señalar, señoría, que pretendemos incluir como delito de atentado contra la-
autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos la resistencia activa o pasiva grande e introducir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y, asimismo, considerar como agravante la comisión, con ocasión del ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de estas conductas delictivas. También pretendemos incluir entre los delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculize el acceso a los mismos, ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan con interrupción o perturbación de cualquier servicio público [...]"
Posteriormente y en declaraciones a los medios añadió que en la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno también se considerará como delito de pertenencia a organización criminal la convocatoria por cualquier medio, incluido Internet, de actos que alteren gravemente el orden público.
Pues bien, a lo anterior hay que señalar que el estudio de la realidad demuestra que lo que un Estado no se gasta en educación y prevención inevitablemente lo gastará en represión.
La educación de los jóvenes es vital para el presente como contención y capacitación, pero también es una socialización imprescindible, donde deberían predominar los valores de respeto, autoridad, saber e integración solidaria. La sociedad no puede desentenderse de sus jóvenes y es un compromiso, tácito pero irrenunciable, tanto del Estado como de la familia, incorporarlos al tejido social, facilitando su inserción.
Es evidente que en el momento actual los jóvenes no tienen fácil su inserción plena en la sociedad y que ello puede estar en el origen de algunos de los comportamientos incívicos que actualmente vemos en nuestras ciudades. También es verdad que estas dificultades no justifican los comportamientos callejeros violentos que esporádicamente aparecen.
Responder de manera indiscriminada con el Código Penal a cualquier conducta que exceda la legalidad no cumple con la conveniencia y necesidad de que la pena sea la última ratio y mucho menos cuando esas conductas se desarrollan en el trascurso del ejercicio de derechos fundamentales, conductas que, en ocasiones, ni siquiera se puede afirmar que infrinjan la legalidad, si la misma es interpretada sin sesgo ideológico.
Es crucial que el espacio público tenga calidad democrática. Necesitamos dar una respuesta equilibrada y consensuada.
Muchas de las conductas a que se refirió el Ministro ya tienen reproche penal en España, como coacciones, amenazas, atentado, delito de daños, desórdenes públicos y otros más. Vincular de manera genérica hechos como los ocurridos en la ciudad de Valencia, o protagonizados por el denominado movimiento del 15 M, con actos de violencia callejera vinculada al terrorismo es una utilización interesada ideológicamente que no se sostiene desde una mínima racionalidad.
Parece que todas las agravaciones se justifican con la necesidad de que las penas permitan cumplir el requisito que la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera como uno de los elementos habilitantes para poder solicitar prisión preventiva. Pero hay que recordar que esa misma Ley solo considera legitimado desde el punto de vista constitucional acordar prisión preventiva cuando la finalidad sea evitar la destrucción o alteración de fuente de prueba, impedir la reiteración delictiva o que se evada la acción de la justicia.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que establezca un diálogo con los demás Grupos Parlamentarios para abordar la necesidad y contenido, en su caso, de reformas penales que inciden de una manera tan directa en el ejercicio y desarrollo de derechos fundamentales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Pedro José Muñoz González, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000278
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso de la economía basada en el conocimiento, para su debate en Pleno.
La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, supuso un paso adelante en la configuración de un Sistema de I+D+i que diera respuesta a los retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Con ella se configuró un marco para, citando palabras textuales de la entonces Ministra: "poner a la ciencia en el centro de la sociedad y poner a la innovación en el centro de la economía".
Se asentaron las bases para el futuro desarrollo de la I+D+i en el conjunto del Estado y se confirmaba el carácter estratégico de la I+D+i y de esta Ley para contribuir a la salida de la crisis y a un nuevo modelo productivo más sólido, equilibrado y competitivo.
Sin embargo, muchas de las afirmaciones que contiene la Ley en su exposición de motivos, así como los sucesivos discursos políticos con motivo de la crisis económica afirmando la necesidad de impulsar con decisión la I+D+i, se han quedado en meras declaraciones de intenciones.
La crisis económica ha absorbido casi en su totalidad la labor legislativa del Gobierno, y la citada importancia del cambio de modelo se ha visto relegada a un segundo plano. Es más, en la presente Legislatura nada sabemos sobre las líneas generales de la política del departamento de I+D, ahora relegada a una Secretaría de Estado.
Parece obvio que la constatación del fracaso del actual modelo productivo debe conducir a un cambio. Lo hemos escuchado en numerosas ocasiones en boca de la comunidad científica y de numerosos dirigentes. Estamos ante un punto de inflexión que debe conducir a nuestra economía a generar talento, para impulsar una economía basada en el conocimiento que camine desde la generación de ese conocimiento, hasta su aplicación, pasando por la trasferencia y difusión del mismo. Ese es el pilar sobre el que debe crecer todo el Sistema.
Sin embargo, una vez más, hemos comprobado aquello que no queríamos: la I+D+i sigue siendo prescindible, sigue sin constituir un pilar básico en el sistema económico del Estado. Los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo recortan aproximadamente un 25 % la cantidad global asignada a la I+D+i. Este descenso de los recursos disponibles para la investigación supone, según un informe de la COSCE, retroceder a niveles de hace siete años, y se trata del mayor descenso desde que arrancó el sistema nacional.
El Consejo Europeo, incluso antes de la presentación de los Presupuestos, advirtió a los países que el impulso de la I+D+i es básico para hacer frente a la situación de crisis actual (MEMO/12/153), y, sobre todo, para que no vuelva a suceder. Se trata de un aviso claro al Gobierno español. El capítulo de Ciencia ha venido sufriendo importantes recortes en los últimos años. La inversión en I+D+i en el año 2010 fue de un 1,39 %. Se estima que para el 2011 será de un 1,35 %. Cada vez más lejos del acordado objetivo del 3 % en el seno de la UE.
Al margen del escenario presupuestario al que tenga que hacer frente el Sistema, es más necesario que nunca dar un impulso al cambio de modelo productivo, comenzando por desarrollar la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, impulsando una economía basada en el conocimiento.
Apostar de manera firme y decidida por una economía basada en el conocimiento que diferencie a la sociedad y a la economía sobre la base de la competitividad a partir del esfuerzo y optimización de la actividad de I+D+i sobre criterios de especialización en las áreas de mayor potencial, generación y captación de conocimiento excelente, trasferencia y aplicación de dicho conocimiento y colaboración permanente entre agentes científico-tecnológicos y empresas, con el objetivo último de generar valor en el tejido económico y social.
Para ello, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:
- Impulso de la coordinación y especialización en las áreas de I+D calificadas como prioritarias.
- Dinamización del talento a través de mecanismos de movilización productiva y la colaboración entre los diferentes agentes existentes relacionados con su creación, atracción y potenciación (universidades, centros tecnológicos, empresas, etc.).
- Impulso de los procesos de retención, atracción y vinculación de personas altamente cualificadas.
- Impulso de la movilidad internacional.
- Impulso a los programas de colaboración entre empresas y agentes científico-tecnológicos para la realización de Tesis Doctorales en empresas.
- Formalización de acuerdos con centros internacionales de referencia que permitan la conexión de incubadoras estatales con incubadoras internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la necesidad de un impulso político de la Responsabilidad Social (RSC o RSE) en el ámbito de la cooperación al desarrollo, para su debate en Pleno.
El concepto de RSC (RSE o RS) engloba diferentes ámbitos de las organizaciones públicas o privadas, lucrativas o no lucrativas. Se entiende como "la integración voluntaria por parte de las empresas y organizaciones de las preocupaciones de sus grupos de interés, especialmente en lo relativo a los Derechos Humanos, los derechos sociolaborales, los derechos medioambientales y la trasparencia y rendición de cuentas de sus actividades".
Son elementos clave: i) su carácter voluntario, superando las exigencias legales; ii) su alcance no solo a empresas, sino a todo tipo de organizaciones; iii) su enfoque sobre grupos de interés (stakeholders): todos aquellos que afectan o son afectados por las decisiones de una organización, y iv) sus ejes prioritarios: derechos humanos, sociolaborales, medioambiente y trasparencia.
El desarrollo de la RSC en España sigue todavía vinculado más a estrategias de comunicación e imagen que a estrategias empresariales, políticas públicas, cambios culturales y educativos. La RS puede "mejorar" las leyes y costumbres establecidas en un determinado país. Una organización que se limite a cumplir con las leyes de un país no es una empresa responsable, sino una empresa legal (sin embargo, el cumplimiento estricto de las leyes es la base mínima de la RS). La RSC permite alinear los intereses organizacionales con las consideraciones del entorno en el que la institución opera, sean de índole social, ambiental o económica. La asunción plena de la RSC supone además identificar, prevenir y atenuar las posibles consecuencias adversas de las organizaciones. La RSC debe ser una herramienta para entender la realidad, provocar la innovación y promover la competitividad y la economía social. En consecuencia, la RS puede "mejorar" -de forma voluntaria- las leyes (pero nunca vulnerarlas al considerar que con ello se produce una mejora). Esta actividad de "mejora de leyes" de la RS es especialmente relevante cuando es aplicada por empresas españolas que actúan en países menos desarrollados o en los que no se respeten los Derechos Humanos.
La RS aparece claramente reflejada en todas las agendas públicas y privadas. Desde finales de los años noventa ha tenido un gran impulso político en el mundo desarrollado y organismos multilaterales (UE, OCDE, NNUU y OIT), sin embargo ese notable impulso político tiene algunas debilidades como: i) la escasa sinergia entre políticas públicas (entre ministerios o agencias de cooperación y de comercio exterior, entre administración central y autonómica o municipal, etc.); ii) unas reglas y principios de referencia claros, aunque muy generalistas y sin verdaderos sistemas de control y seguimiento (Pacto Mundial de NNUU, Directrices Multinacionales OCDE, Convenios de la OIT...), lo que hace que su aceptación por parte de sus signatarios sea muy "cómoda".
En el ámbito de la cooperación al desarrollo son importantes las siguientes referencias: Objetivos del Milenio, Pacto Mundial de NNUU, Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, Guías de la OCDE para empresas multinacionales y las diversas Convenciones de la OIT. La colaboración en estos ámbitos con las ONG puede ser muy enriquecedora, así como las iniciativas público-privadas.
En España, el impulso político proviene, entre otras iniciativas, del Informe de la Subcomisión Parlamentaria de RSC (2007), en donde se incluyen recomendaciones a empresas, administraciones públicas y consumidores y del Foro de Expertos RSC (2007) que recoge igualmente en sus recomendaciones (apdo. V, art. 17) "vincular ayudas públicas a la internacionalización - ICEX, CESCE, COFADES, FAD- a políticas de RSC; Políticas públicas congruentes con la Agenda de Lisboa". Más recientemente cabría mencionar los trabajos del Consejo Estatal de RSE, uno de cuyos grupos de trabajo se centró en la cooperación al desarrollo. Ya en la actual legislatura merece especial atención el anuncio por parte de la Ministra de Empleo y Seguridad social de la definición y puesta en marcha de un Plan Nacional de RSC, siguiendo las recomendaciones de la Comunicación de la CE sobre RSC del pasado noviembre.
Existe un claro consenso en los tres grandes ejes que dotan de contenido a la RS: a) Derechos Humanos, b) Derechos Sociolaborales y c) Derechos Medioambientales.
La RS debe estar integrada en la estrategia de las organizaciones (no limitarse a ser una acción social aislada o simple filantropía) y requiere la implantación de estrategias y planes de acción, así como de sistemas trasparentes y voluntarios de gestión de la RS, básicamente: i) Publicación y difusión del código ético organizacional, ii) implantación de Comité Ético y de RS (preferiblemente multistakeholder), iii) Realización de auditorías éticas o consecución de etiquetas, sellos y certificados de RS y iv) La RS debe ser adecuadamente comunicada, definiendo bien los asuntos relevantes y utilizando principios o indicadores que permitan la comparabilidad (memorias de sostenibilidad GRI o cualquier otro tipo) y que respondan a las "expectativas legítimas" de sus grupos de interés. La consagración del enfoque stakeholders implica el desarrollo de nuevos mecanismos de diálogo con los distintos grupos de interés de la organización (la sociedad civil cobra una nueva fuerza).
La RSC todavía es poco conocida y a menudo resulta tergiversada o manipulada, siendo por lo tanto necesario invertir en educación y formación en RS. La formación en RSC o en ética organizacional es fundamental. Hay muchas universidades que no han integrado formalmente la RSC en sus planes de estudio, siendo una de las grandes preocupaciones que se plasman en los anuarios y observatorios de RSC: el desconocimiento de la sociedad sobre la RSC (prensa y consumidores incluidos). La comunicación de la CE de noviembre 2011 incluye la formación en su plan estratégico de RSE.
La RS todavía tiene que afrontar algunos retos:
- El enorme y creciente conglomerado de normas, certificaciones y orientaciones que confunden a los grupos de interés. Es necesario un estándar (o un grupo de ellos) internacionalmente reconocido.
- Memorias de Sostenibilidad en auge pero con aporte informativo escaso y sesgado. Poca información en cuanto a impacto en terceros países.
- Inexistencia de verdaderas auditorías éticas.
- Confusión entre RSC y filantropía o acción social.
- Riesgo de instrumentalización "cosmética" que inevitablemente acarrearía el descrédito y deslegitimación de las organizaciones fraudulentas, pero a la larga también del propio paradigma de la RSC.
- Necesidad de una mayor recompensa a los comportamientos socialmente responsables, particularmente desde los consumidores, las administraciones públicas, los medios inversores.
- Implicación de la sociedad civil, especialmente desde organizaciones de consumidores.
- Escasez de mecanismos y foros de diálogo y negociación con stakeholders.
- Responder a las necesidades de una realidad cambiante y una economía en crisis.
- Coste extra -real o percibido- para las organizaciones, factor especialmente crítico en momentos de aguda crisis internacional.
- Competencia desleal (vender ética que solo es cosmética).
- Analizar la relación entre la competitividad y las prácticas de RSC.
- Escasa presencia de la RS en las pymes (aunque históricamente los procesos innovadores siempre han sido promovidos e impulsados por las grandes empresas, son las pymes la base de nuestra economía).
- Escasa coordinación entre políticas públicas (por ejemplo: criterios RS en procedimientos de compras de la administración, etc.).
- A nivel internacional, conseguir la involucración de las empresas de economías emergentes para asegurar que no existen distorsiones a la competencia internacional por motivos de RSC.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
1. Desarrollar un marco normativo favorable (Inversión Socialmente Responsable, Etiqueta social, Fondos pensiones, Alianzas Público Privadas para el desarrolloAPPD) para que se establezca una legislación facilitadora de actuaciones (guías, directrices no obligatorias, trasparencia e información).
2. Promover, crear y supervisar mecanismos de control, certificación y accountability (rendición de cuentas) voluntarios.
3. Fomentar un marco fiscal favorable e instrumentos de financiación para empresas. Establecer exenciones fiscales a empresas que colaboren con actividades de cooperación al desarrollo poniéndolos al alcance de las PYMES y fijando mecanismos que impidan que la medida se convierta en una forma de blanquear dinero y actuar contra el espíritu de la misma.
4. Deducciones fiscales para el voluntariado corporativo con una valoración no dineraria. La cesión de trabajadores durante un tiempo del horario laboral no solo involucra a la empresa, sino al propio trabajador, que posteriormente puede hacer tareas de sensibilización (educación para el desarrollo).
5. Creación de incentivos a través de Leyes, etiquetas, códigos o desarrollando medidas y herramientas de gestión (premios, sistemas) que incentiven la RSC.
6. Formación, concienciación e investigación (CERSE, observatorios de RSC, cátedras, etc.).
7. Desarrollar lo antes posible el Plan Nacional de RSE y alinearlo con las estrategias de crecimiento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la reducción del compromiso presupuestario en relación a las políticas activas de empleo.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente moción consecuencia de interpelación urgente sobre la reducción del compromiso presupuestario en relación a las políticas activas de empleo, debatida en sesión plenaria el 11 de abril de 2012.
Los análisis de prospectiva auguran que se alcanzará a corto plazo la cifra de seis millones de desempleados. En el último mes de marzo se produjo el mayor incremento de desempleo desde el año 1997 en el que estas cifras se secuencian. Los datos anteriores acreditan que la evolución de desempleo se caracteriza por su absoluto descentro, por ello la lucha contra esta lacra social debe erigirse en la prioridad absoluta de todos los poderes públicos.
La lucha contra el desempleo requiere, entre otras medidas, la consignación de créditos presupuestarios suficientes para articular unas adecuadas Políticas Activas de Empleo y por ello evitar el brutal recorte que realiza el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en relación a esta materia, 1.500 millones de euros, manifestando paradójicamente en la misma norma que las Políticas Activas de Empleo constituyen la manifestación fundamental de la política de empleo, junto a la intermediación laboral y la relación de aquellas con las prestaciones del Sistema de Protección por Desempleo.
En consecuencia, se presenta la siguiente moción:
- Asumir un compromiso económico suficiente para la consecución de los ítems de actuación en el ámbito de las Políticas Activas previstas en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, dimanante del Acuerdo Interprofesional de 2 de febrero de 2011.
- Fortalecer en el ámbito de las Políticas Activas la atención específica e individualizada a colectivos particularmente vulnerables como los jóvenes, los desempleados de larga duración, los desempleados que trabajaron en la construcción, los desempleados carentes de cualificación profesional, los discapacitados mediante una particular atención a los Centros Especiales de Empleo, los desempleados mayores de 45 años y apoyo al empleo de las mujeres.
- Potenciar específicamente dos de las innovaciones más relevantes del Real Decreto-ley 3/2011:
? La acreditación mediante la emisión de los correspondientes certificados de una cualificación suficiente a quienes posean una larga experiencia profesional en el desempeño de determinadas actividades o funciones.
? Consensuar con los interlocutores Sociales los necesarios elementos de interacción entre las Políticas Activas y Pasivas de Empleo.
- Potenciar la integración en el mercado de trabajo de las mujeres víctimas de violencia doméstica.
- Respetar las actuaciones en materia de Políticas Activas realizadas por Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias.
- Configurar un adecuado plan debidamente dotado a fin de perfeccionar el subsistema de Formación Profesional para el Empleo y repertorio de Certificados de Profesionalidad.
Mantener el carácter plurianual que configura en relación a las Políticas de Empleo el Real Decreto-ley 3/2011 atendiendo el Proyecto de presupuestos a los requerimientos pendientes del año 2011 (Medidas urgentes para promover la transición al empleo estable) y el año 2012 la realización de los itinerarios personales previstos para dicho ejercicio presupuestario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el modelo de bienestar social a la vista del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre el modelo de bienestar social a la vista del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012.
1. Promover un Pacto de Estado orientado a preservar, ante las necesidades de consolidación fiscal y reducción del déficit, los actuales niveles de financiación y prestación de nuestros servicios públicos, y en particular:
? El mantenimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud, equitativo, cohesionado, sostenible, descentralizado y eficiente, universal en su cobertura, gratuito y sin copago por el uso de servicios, con la máxima calidad asistencial y cuya oferta mantenga las prestaciones sanitarias e incorpore los avances biomédicos.
? La defensa del vigente sistema educativo, universal y equitativo, y de la calidad y gratuidad de la educación pública, como factor fundamental de la igualdad de oportunidades, y de vital importancia para el desarrollo económico, la reorientación del modelo productivo y la creación de empleo, así como el mantenimiento de los niveles de becas y ayudas al estudio alcanzados en los últimos años.
? El desarrollo y conservación de los servicios sociales, que garantizan la cobertura a los colectivos más desfavorecidos y las medidas de apoyo a familias, infancia, y personas mayores, dotando los recursos suficientes para el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
2. Abordar una revisión del sistema fiscal con objeto de contar con una amplia base tributaria que permita obtener los recursos necesarios para continuar con el proceso de consolidación fiscal. Con este fin, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para revocar la amnistía fiscal aprobada el 30 de marzo e impulsará la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas, la racionalización de los beneficios fiscales de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades y el refuerzo de la prevención y la lucha contra el fraude fiscal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas de racionalización y reducción del gasto en defensa en el marco del fortalecimiento de la política de seguridad y defensa europea.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las medidas de racionalización y reducción del gasto en defensa en el marco del fortalecimiento de la política de seguridad y defensa europea.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante las Cortes Generales, en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de esta moción, un Plan de Austeridad y Racionalización de las Fuerzas Armadas, en el marco de las obligadas políticas de austeridad y contención del gasto público, que contemple, entre otros, los siguientes puntos:
1. Número de efectivos necesarios de las Fuerzas Armadas para los próximos 15 años con la previsión de
una reducción de plantilla para los próximos ejercicios presupuestarios.
2. Previsiones de racionalización y reducción de los bienes inmuebles con interés estratégico para la Defensa.
3. Revisión de los Programas Especiales de modernización de Armamento estudiando la eventual cancelación o reprogramación de algunos de ellos, así como la renegociación, en el marco de las nuevas disponibilidades financieras, de los pagos anuales para hacer frente a las cuantiosas obligaciones contraídas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 15
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 92
 artículo 92
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 artículo 7
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 artículo 6
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 233
 artículo 236
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 233
 artículo 92
 artículo 104
 artículo 193
 artículo 184
 artículo 184
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