Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/06/
Timestamp: 2019-12-15 13:58:26+00:00

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Justicia en Bolivia: June 2015
Guerrero echa a 20 fiscales en proceso de intervención
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó que un total de 20 fiscales fueron “sacados” del Ministerio Público del departamento de La Paz durante el proceso de intervención a esta institución, que duró tres meses.
Afirmó que estos meses se fueron sacando a muchos fiscales que eran parte de grupos consolidados en el Ministerio Público y que trabajaron haciendo daño a la imagen de la Fiscalía.
PROCESOS Agregó que en algunos casos los fiscales fueron rotando, otros salieron de sus cargos con destitución directa de parte de la Fiscalía General o dejaron su trabajo producto de procesos disciplinarios.
“Entonces ahora tenemos una gama de nuevos fiscales que de manera conjunta trabajan con otros de carrera antigua, una muestra de ello ha sido el equipo de fiscales que hemos tenido para el caso Martín Belaunde”, indicó.
Añadió que ahí trabajaron fiscales antiguos con mucha experiencia y fiscales nuevos jóvenes que hicieron un trabajo cumpliendo con las expectativas desde la visión del Ministerio Público.
El proceso de intervención a la Fiscalía de La Paz, que estuvo a cargo de Paul Franco, concluyó ayer en la mañana.
El Fiscal General dijo que Franco encaró una misión difícil para combatir la corrupción, para revisar los flujos de casos, fiscalizar el trabajo de los fiscales de Materia y reestructurar el sistema inteligente de plataforma y descongestionar los casos.
NUEVO FISCAL El Fiscal General del Estado, ayer posesionó al jurista Marcelo Rollano Burgoa como nuevo fiscal departamental de La Paz, quien se comprometió a impulsar la "reingeniería" del Ministerio Público.
"La misión la asumo con mucha humildad y madurez y pongo a disposición del Ministerio Público mi experiencia y conocimiento que amalgamados con mis principios y fuerza moral, serán pilares inquebrantables ante las malas prácticas del derecho, las que deberán ser desterradas en procura de una verdadera administración de justicia, transparente, pronta, oportuna y socialmente equilibrada" dijo.
La nueva autoridad indicó que está consciente de la enorme tarea y la responsabilidad que tiene como fiscal departamental, pero que con "confianza y seguridad" demostrará que sí se puede superar las dificultades más adversas.
Aseveró que dará continuidad a la "reingeniería" del Ministerio Público y en lo posible mejorará el encomiable trabajo que realizó el exfiscal departamental, Paul Franco, quien se replegó a la Dirección Jurídica de la Fiscalía General del Estado, en la ciudad de Sucre.
PARA TODOS Por su parte, Guerrero recomendó al nuevo fiscal entrega, compromiso, voluntad y mantener una "Fiscalía de puertas abiertas, que escuche a la gente, a las víctimas, que pueda dar soluciones rápidas y oportunas a los problemas que existen".
Potosino a cargo de Fiscalía en La Paz
El potosino Marcelo Harold Rollano Burgoa fue posesionado ayer como nuevo Fiscal Departamental de La Paz, prometió profundizar las reformas ordenadas desde la Fiscalía General, e iniciadas por el saliente Paúl Franco.
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, luego de tomar juramento a Rollano como el nuevo Fiscal de Distrito de La Paz, recomendó transparencia total y lucha frontal contra la corrupción, de manera que la ciudadanía que acude a la Fiscalía tenga acceso a la justicia.
“Esta labor que a partir de hoy inicio, la hago con la confianza y la seguridad que si pueden superarse las dificultades más adversas, que pueden mejorarse los problemas administrativos que nos plantee el funcionamiento de la Fiscalía más grande e importante del país. El trabajo será arduo e incesante”, mencionó Rollano en su discurso, a tiempo de agradecer la confianza que le brinda el Fiscal General y el sacrifico y apoyo de sus padres y esposa, que junto a su dos hijos, presenciaron el acto.
Rollano de 39 años de edad, ingresó al Ministerio Público en 2001, entre algunos de los cargos que ocupó, fue miembro de la Unidad de Investigación de Legitimización de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, asumió como responsable de la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y el último cargo que ocupó fue como coordinador de la Fiscalía de Sustancias Controladas en Cochabamba.
Por otro lado, Guerrero informó que 20 fiscales fueron “sacados” producto de la intervención iniciada en marzo y que concluyó con la posesión e Arellano.
Sin dar nombre sin precisar los tipos de faltas o delitos que estos cometieron, afirmó que los destituidos eran parte de grupos consolidados en la Fiscalía y dañaron la imagen de la institución.
En algunos casos, los fiscales fueron rotando, otros salieron de sus cargos con destitución directa o procesos disciplinarios.
“Cuando se trata de limpiar la casa y sacar a los malos funcionarios no nos va temblar la mano porque no tenemos otro compromiso más que con la justicia, la transparencia y con lo que queremos hacer desde el nuevo Ministerio Público”, afirmó Guerrero.
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Caso bebé Alexander Fiscalía acusa a tres médicos y una enfermera
A las 18.30 de ayer, al filo del plazo legal, el Ministerio Público presentó la acusación formal en el caso bebé Alexander, en contra de los médicos Sandra Daniela M .C., José Luis D. A., Jhery F. S. y la enfermera Lola R. O.; sin embargo, hasta el cierre de esta edición se desconocía el delito por el que irán a juicio oral.
La determinación fue presentada luego de que el juez tercero de materia en lo penal y cautelar, Enrique Morales, en cumplimiento del Código Penal, conminara al Ministerio Público, después de haberse cumplido los seis meses de la etapa de investigación.
No se conoce el delito por el cual el personal médico será procesado pero, hasta el momento, Jhiery F. S. estaba imputado por el supuesto abuso sexual, mientras que los restantes ingresaron al proceso por infanticidio e incumplimiento de deberes.
Cerca de las 06.15 de la mañana del 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses, Óscar Alexander Ch.V., interno en la sala dos del Hogar Niño Jesús (antes Virgen de Fátima), dependiente de la Gobernación de La Paz, presentó problemas respiratorios, por lo que la “mamita” Madelen Paola P.Ch. (primera sentenciada en proceso abreviado) lo lleva ante la enfermera de turno en la institución, Lola R.O.
La enferma, mediante llamada celular, intenta dar parte del hecho al médico de turno, Jhiery F. S. que se hallaba en una institución aledaña al hogar, atendiendo a otra paciente junto a otra enfermera. Sin embargo, la llamada apenas dura unos segundos, en los que Lola R.O. no logra explicar el cuadro del menor, porque se le termina el crédito telefónico.
Ante el grave cuadro de salud de Alexander, Lola R.O. toma la determinación de llevar al menor a emergencias del Hospital del Niño (HN), donde arriba a las 06.40 y es recibido por José Luis D.A. quien junto a Sandra Daniela M.C. proceden a revertir el paro cardiorrespiratorio, producto de la broncoaspiración que el menor sufrió con su leche.
En el acto médico participan otras dos enfermeras, un interno practicante y la practicante de enfermería Nati Ch.B. (segunda sentenciada en proceso abreviado).
Luego de la reanimación cardiaca, en el HN se verifica la falta de unidades de terapia intensiva con ventilador mecánico, pues el menor precisaba respiración asistida y es trasladado al Hospital Juan XXIII. Pese al grave estado del menor y que el recorrido, en promedio, se calcula es solo de 25 minutos, la ambulancia demora 90.
Análisis de laboratorio, declaraciones de todo el personal, las grabaciones de cámaras de seguridad y auditorías médicas, descartan que el menor presentó algún tipo de sangrado o signos de violencia. Pese a esto, cerca del mediodía, la perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ángela Mora, certifica “coito anal reciente”, debido al sangrado profuso que se detectó en la región anal del menor que dio origen a la hipótesis de la presunta violación en el hogar.
A pesar de que existen al menos 18 resultados de ADN entregados por los laboratorios del IDIF, que descartan que haya mantenido algún tipo de contacto físico y cuenta con más de 8 testigos que señalan donde se encontraba en esa jornada, el Ministerio Público imputa a Jhery F. S. con el cargo de violación.
En el proceso, ya existen 10 sobreseimientos, algunos aún están en proceso de apelación y se dieron dos sentencias por proceso abreviado.
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Caso Alexander Guerrero no descarta veracidad de audios que inculpan a fiscal Blanco
EDWIN BLANCO RECHAZÓ INDICIOS DE LOS CUALES ÉL FUE PROTAGONISTA Y AHORA NIEGA DE SU EXISTENCIA.
En el audio de una conversación grabada de forma clandestina por la madre de una de las dos sentenciadas en el caso del bebé Alexander, se afirma que el fiscal Edwin Blanco “pidió” a una de las imputadas, que cambie su declaración con el fin de cerrar el caso. Consultado sobre esta grabación, que fue presentada como prueba, el fiscal general, Ramiro Guerrero, no descartó una sanción incluso con proceso penal al fiscal que haya incurrido en alguna irregularidad y no descartó que la investigación revele estos hechos.
Deslindando responsabilidad sobre las determinaciones que asumieron Edwin Blanco y Susana Boyan, miembros de la “resquebrajada” comisión de fiscales que investiga las circunstancias en las que el bebé Alexander perdió la vida, el Fiscal General señaló que los abogados defensores de los imputados tienen la potestad de interponer los recursos legales para que estas denuncias se esclarezcan, pues el Ministerio Público no tiene la “verdad absoluta”.
“Los abogados de la defensa pueden realizar las impugnaciones y observaciones que correspondan en el marco de ese proceso. No es la verdad absoluta, es una investigación, reiteró, si ha habido un fiscal que ha actuado de mala forma, está la denuncia, no sólo disciplinaria sino penal”, declaró.
Guerrero, en anterior ocasión, también descargó responsabilidades sobre las observaciones que existen contra la forense Ángela Mora, que determinó la violación en el menor, el 13 de noviembre.
En contrapartida, el pasado mes, la exfiscal de Distrito, Patricia Santos, denunció que la hipótesis de la violación fue sustentada por el Fiscal General y será esta autoridad quien deba responder por estas irregularidades, siendo que Guerrero determinó la continuidad de Blanco en la comisión de fiscales, además de que conocía las observaciones en contra de Mora, que de forma sorpresiva presentó su renuncia a los pocos días del hecho.
De acuerdo con lo que se describe en el audio, presentado en el mes de marzo como prueba, el día de la reconstrucción de los hechos, 19 de noviembre de 2014, Edwin Blanco le pidió el “favor” de cambiar su declaración a la enfermera del hogar Virgen de Fátima, Lola R. O.
Al día siguiente, esta se presentó para ampliar su declaración y en el documento describió que el personal que atendió al bebé Alexander en el Hospital del Niño “utilizó una sonda rectal”, de la cual no se evidenció su huso, en cambio, sí se conoce de una cánula que habría sido empleada para descongestionar la región del abdomen de los gases que el bebé presentaba.
Entre otras tantas irregularidades denunciadas en contra de Blanco y Boyan está el interrogatorio ilegal, 29 de enero, a una menor de edad; también se pueden mencionar las reuniones irregulares que Blanco convocó en su despacho para proponer a los abogados de los imputados someterse a juicios abreviados, denunciados por la abogada Paola Barriga.
Todas las denuncias apuntan a las falencias en el trabajo de investigación del Ministerio Público, que sin prueba material y basada en conjeturas imputó al médico Jhiery F.S. por el presunto abuso sexual y pretendió sostener el proceso con base a dos cuestionadas sentencias de la madre sustituta del bebé Alexander, Madelen Paola P.Ch. y la practicante de enfermería, Natti Ch.B.
El audio fue rechazado por el mismo fiscal comprometido, que conocía de su contenido y como consta en las actas de una de las audiencias en ese mes, expresó que esa prueba no contenía nada importante, a pesar de que el tema central de la conversación es la causa del sangrado en el área rectal del menor.
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Nuevo Código Penal prevé al menos 15 alternativas al encarcelamiento
Con el nuevo Código del Sistema Penal, que se trabaja en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se prevé al menos 15 alternativas al encarcelamiento, dependiendo de la gravedad de las faltas, delitos y crímenes cometidos.
“Ante la posibilidad de que no solamente sea la cárcel la única forma de sancionar a quien cometa un delito o una falta, se están estipulando al menos 15 modalidades alternativas. Ya no todos los que vayan a la justicia penal van a terminar en la cárcel, esto no significa que nos olvidemos de la cárcel, a la cárcel van a ir quienes cometan los crímenes más atroces, las faltas más graves, los delitos más importantes”, explicó el presidente del Senado, José Alberto Gonzales.
Desde la legislatura pasada se trabaja en un nuevo Código de Sistema Penal, en el que se concentra el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Ejecución de Penas, todo en un solo cuerpo. “Son más o menos 1.900 artículos, seguramente será uno de los trabajos más grandes que vamos a hacer, que sin duda permitirán la conclusión de muchos cuellos de botella en nuestra justicia”, precisó Gonzales.
El trabajo se lo desarrolla de forma coordinada con el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y otras instituciones involucradas en el tema, toda vez que la legislación vigente es demasiado antigua, “es que están siendo legislados por leyes de la dictadura, de los años 70 y 80, no es posible que habiendo superado la etapa republicana, hoy en nuestro Estado sigamos aplicando normas que quedaron absolutamente desfasadas, absolutamente obsoletas”, dijo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que se trabaja de forma continua con las comisiones de Constitución y de Justicia Plural de la ALP para tener un documento totalmente consensuado hasta el mes de agosto para posteriormente llevarlo a una etapa de socialización con la sociedad civil.
Los casos en los que se utilizarán salidas alternativas al encarcelamiento son las relacionadas con faltas y transgresiones, “lo que se estila por estos tiempos es que cualquier problema, desde el robo de un celular hasta que te estafen o maten a alguien, todo es a la cárcel, todo termina en la cárcel, por eso están como están”, dijo el Presidente de la Cámara Alta.
“Si un señor, un día conduciendo su vehículo se choca contra el muro de un edificio y tumba el muro, qué se hace, se va a la justicia penal y se pide que metan preso al tipo; por mil cosas, se buscan todos los tipos penales, intento de homicidio, porque el portero estaba cerca, atentado contra la humanidad, los abogados son capísimos para poner los artículos y piden cárcel porque es un peligro en potencia.
La propuesta es que si un señor comete esa falta, primero no es un crimen, quizá no sea un delito, será una falta.
Dictan 50 sentencias con procedimiento abreviado
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Suntura, informó que se dictaron 50 sentencias en las cárceles de La Paz de 131 audiencias con el procedimiento abreviado y en el marco del plan de descongestionamiento del sistema penal.
"Las jornadas judiciales que se desarrollaron este semana en esos dos centros penitenciarios (San Pedro y de mujeres), posibilitaron la reducción de los índices de detención preventiva y mora procesal, con medidas alternativas a las que voluntariamente se sometieron los privados de libertad", dijo en una evaluación de las audiencias.
Apuntó que de las 50 sentencias, se dictaron 28 órdenes de libertad y 22 sentencias condenatorias en una serie de delitos, entre ellos, robo (9), robo agravado (23), violencia familiar (9), asesinato (8), violación (15), homicidio (9), homicidios-lesiones graves (5), rapto impropio (2), tráfico de sustancias controladas (3), legitimación de ganancias (1), estafa (7), amenazas (1) y hurto (3).
Detalló que en la cárcel de San Pedro se programaron 108 audiencias y 23 en el penal de mujeres de Obrajes, de las cuales, se suspendieron 41, se rechazaron 40 y 50 se desarrollaron bajo la modalidad de procedimiento abreviado.
Remarcó que el plan de descongestionamiento tiene el objetivo de "reducir los niveles de hacinamiento en cárceles, permitiendo que de manera voluntaria los detenidos preventivos puedan acogerse a las salidas alternativas".
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La APDHB presenta su proposición para transformar la justicia Proponen que la Policía se aparte de la investigación de delitos
Es norma que los investigadores de cualquier fuerza policial en Bolivia no duren más de un año en sus cargos. Y que el principal requisito para ser investigador es ser policía y pasar por un proceso de inducción, en el que se le enseña cómo proceder ante un delito.
Para algunos esto no es suficiente, pues conlleva problemas a la hora de averiguar quién fue el asesino, el violador, el ladrón. Un equipo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) cree tener la solución: apartar a la Policía de la investigación de un delito y crear una nueva institución especializada en ello, con investigadores profesionales de alto nivel, la última tecnología a disposición y que no roten por otras dependencias de manera continua.
"Planteamos crear una nueva institución que se dedique a la investigación penal de los delitos. El rol de la Policía quedaría en actuar ante un hecho y elaborar el primer informe, pero ya la investigación quedaría en manos de la otra instancia”, sostiene la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera. Aunque también acepta que la "nueva institución” puede ser una Policía altamente capacitada en investigación.
Éste es quizá el punto más radical de la propuesta que presentaron al Gobierno para ser considerada en la cumbre de reforma de la justicia, que aún no tiene fecha.
Herrera defiende: Una verdadera reforma de la justicia debe partir desde lo básico, desde aquellos que se encargan de recolectar las primeras pistas y se las entregan al fiscal, el director funcional de la investigación, que por otra parte como ya se publicó suele ser un experto en leyes, pero débil en las pericias.
"Sucede que a los policías los cambian cada año y la investigación se interrumpe. Que los que tienen un mínimo de capacitación en investigación están como jefes y no como investigadores, y que por la falta de recursos muchos piden dinero a las víctimas para hacer alguna diligencia”, dice Herrera.
La nueva institución que plantea la APDHB puede fusionarse con el Instituto De Investigaciones Forenses (IDIF), cuyos peritos aplicarían las ciencias forenses para coadyuvar a los investigadores.
Por supuesto, no todos están de acuerdo con la propuesta. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), de La Paz, Gary Omonte, explica que la Policía es una institución investigativa por naturaleza y que son "personas malintencionadas” quienes "pretenden quitarle esta función que la tiene desde su origen”.
No obstante, reconoce que no es tan desatinado pensar que los actuales investigadores necesiten más capacitación y mejores condiciones. "Se tiene que capacitar al personal fundamentalmente en el área de la investigación, para ser más eficaces, más precisos. Aunque felizmente nosotros tenemos la Unipol que está capacitando adecuadamente a todos los policías. Tenemos buena capacidad, es por eso que con pocos recursos siempre logramos dar con los autores de los ilícitos”, sostiene.
La rectora de la Universidad Policial (Unipol) y directora nacional de Instrucción y Enseñanza Policial, Margot Cardozo, explica que todos los uniformados, sin excepción, reciben capacitación en investigación en la Escuela Básica y en la Academia Nacional de Policías (Anapol).
Con esto, y con los cursos adicionales que puedan tomar en la Unipol, están habilitados para investigar un delito.
"Necesariamente el personal que entrará a trabajar en la rama investigativa debe estar capacitado para cumplir esta función. Y el policía tiene ya conocimiento de investigación desde los niveles de pregrado, que es cuando egresan de la Escuela Básica o de la Anapol. El posgrado ya son las especializaciones que hacen acá, en la Unipol”, dice Cardozo.
A quienes opinan que los investigadores pueden capacitarse mucho más se suma Franklin Vargas, uno de los pocos peritos en criminalística que hay en Bolivia. Además de un fiscal que pidió anonimato y sostuvo que es una utopía pensar que en la Policía un licenciado en criminalística pueda procesar la escena de un crimen.
"Llevas a un policía que patrulla calles a un caso de violación, a un homicidio y no sabe cuáles son los primeros actos que debe realizar”, lamenta.
"Los policías piden recursos a las víctimas para hacer algunas tareas; entonces no ponen todo su empeño en la investigación”.
"Llevas a un policía que patrulla calles a un caso de violación, de homicidio, y no sabe cuáles son los primeros actos a realizar”.
La iniciativa busca la independencia de los operadores de justicia
Uno de los principales desafíos para lograr la reforma de la justicia, según la propuesta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) es lograr que todas aquellas instituciones del sistema de justicia se independicen del Ejecutivo.
Para ello se debe trabajar en una remuneración justa para los funcionarios, que además será una forma de evitar la corrupción. "Porque es más probable que un policía que no gana un sueldo acorde a sus funciones ni a su realidad, acepte las coimas”, dice la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.
Se debe institucionalizar una carrera judicial, algo en lo que trabaja el Consejo de la Magistratura, para evitar que los jueces sean designados a dedo y tengan estabilidad laboral.
"Además debe haber una correcta administración de los recursos. Actualmente la mayoría del dinero (38%) del Órgano Judicial va al área administrativa, en vez de invertir en infraestructura, en mejores condiciones y en mejores salarios para todos los funcionarios, desde el asistente hasta el vocal”.
La APDH propone la transformación de la justicia en tres ámbitos. El primero trata sobre reformular y corregir las actuales leyes que muchas veces se convierten en instrumentos para atascar los procesos judiciales o para llenar las cárceles de presos que nunca obtienen una sentencia (84% con detención preventiva).
El segundo es el de la educación. Según Herrera, se debe formar abogados "con nociones de los tratados, resoluciones y sentencias sobre derechos humanos que hay a nivel internacional, que son reformas progresivas del máximo estándar. Sólo así tendrá mayores capacidades a la hora de velar por los derechos fundamentales y las libertades”.
Por último, se debe promover la participación activa de la sociedad civil en la fiscalización de la administración de justicia. "La gente no puede quedar indiferente ante los problemas que se presentan en la justicia boliviana”, dice Herrera.
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La Cumbre Judicial se realizará en septiembre
Róger Treviño, decano del Consejo de la Magistratura, informó ayer que la Cumbre Judicial se realizará en septiembre y tendrá el fin de plantear propuestas y soluciones para este sector que está en crisis.
Además, el decano adelantó que participarán en la Cumbre diversos actores provenientes de las organizaciones sociales, del Ejecutivo, Legislativo, magistrados e instituciones vivas, entre los principales participantes del encuentro.
No se ha establecido la fecha específica ni el lugar donde se efectuará. “Estamos a la espera de que el Ministerio de Justicia se pronuncie”, dijo. La administración de justicia en el país fue cuestionada por diferentes autoridades por actos de corrupción, retardación de justicia y el hacinamiento carcelario, entre otros.
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Fiscalía inicia programa de alfabetización digital
-La Escuela de Fiscales del Estado implementará desde julio el Programa de Alfabetización Digital con la modalidad E-learnig, que permitirá a los servidores públicos desarrollar competencias para el uso adecuado de la informática.
El programa tiene una duración de 20 días, y la matriculación iniciará el 29 de junio con la matriculación que tiene cupos para más de 1.000 servidores del Ministerio Público.
El director de la Escuela de Fiscales, Erick Renjel, informó que el Programa de Capacitación tendrá cobertura nacional y está dirigido a todos los servidores del Ministerio Público que cotidianamente utilizan en sus actividades laborales una computadora.
“Hoy en día la sociedad en general tiene acceso a las nuevas tecnologías de información, elementos que reflejan una verdadera revolución social; es por este motivo que la Escuela de Fiscales con el objetivo de cualificar en distintas competencia y habilidades tecnologías de los servidores públicos ha decidido implementar un programa de actualización virtual”, explicó Renjel.
La capacitación abordará temas como las características básicas de las computadoras, los sistemas operativos (Windows) que se utilizan en la actualidad, pasando por estudiar los programas ofimáticos (Microsoft Word, Excel, Power Point,) que permitirán a los participantes desarrollar capacidades para comunicarse en línea a través de internet y manejar las plataformas virtuales y en específico el campus virtual que utiliza la Escuela de Fiscales del Estado en el desarrollo de sus procesos formativos.
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Video En una semana 50 reclusos de las cárceles de La Paz se sometieron a juicios abreviados
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Fiscalía refuerza labor por visita papal y dispone labor de 100 fiscales para la Paz y Santa Cruz
La Fiscalía General del Estado instruyó reforzar la presencia de su personal en La Paz y Santa Cruz, y dispuso que al menos 100 fiscales, médicos forenses y peritos estén dispuestos para atender los casos que se presenten en el marco de la visita del papa Francisco a Bolivia, entre el 8 y 10 de julio, informó el fiscal General, Ramiro Guerrero
“Como Ministerio Público queremos prever cualquier situación que exista antes, durante y después de la llegada y visita del Papa Francisco. Se reforzará la presencia del Ministerio Público del 7 al 10 de julio con la finalidad de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, para ejercer la acción penal pública, ante la probable comisión de hechos delictivos”, explicó.
Francisco estará en Bolivia entre el 8 y 10 de julio próximo. Llegará al aeropuerto de El Alto la tarde del 8 de julio y, tras participar de un encuentro masivo con fieles, descenderá a la ciudad de La Paz, donde tiene previsto actividades como una reunión con el presidente Evo Morales y una visita a la Catedral Metropolitana de La Paz.
En la noche viajará a Santa Cruz para, entre otras actividades, oficiar una misa y visitar la cárcel de Palmasola.
“Se movilizará alrededor de 100 fiscales en ambos departamentos, además de médicos forenses y peritos. En el instructivo que fue emitido el 22 de junio se establece claramente las responsabilidades a cumplir”, explicó Guerrero, según un boletín institucional.
Las fiscalías departamentales de Santa Cruz y La Paz deberán formar equipos de fiscales de turno y emergencia exclusivos, además de turno ordinario, que deberán contar con apoyo informático y administrativo permanente.
Además, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará con prioridad los estudios científicos técnico-laboratoriales y médico forenses requeridos durante la investigación sobre cualquier hecho surgido en el marco de la visita papal.
“Se está realizando un trabajo coordinado con la Policía Boliviana y otras instituciones sobre los lugares a los que llegará y visitará el Papa Francisco”, manifestó.
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El TSJ lleva a penal de Tarija juicios abreviados
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó ayer con el descongestionamiento penal en el centro de Morros Blancos de Tarija. Se pretende encontrar salidas alternativas o procedimientos abreviados para resolver la situación de decenas de detenidos preventivos.
La abogada asistente de la presidencia del TSJ, Aideé Martínez, quien se trasladó a la capital tarijeña, coordina las citadas tareas junto con jueces, fiscales y abogados defensores.
La primera fase del trabajo fue entre el 24 y 26 de junio y en la segunda etapa se concretarán las audiencias en instalaciones del penal de Morros Blancos y en la ciudad de Yacuiba, entre el 6 y el 10 de julio. Informó que el objetivo es ejecutar todos los actos procesales para la conclusión de las causas preventivas.
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Consejero justifica pago a vocales del TDJ de La Paz
El decano de la Magistratura, Roger Triveño, explicó que los dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz implicados en el caso Belaunde todavía perciben su salario porque no tienen a la fecha sentencia condenatoria, se encuentran con medida precautoria, por lo tanto, no se les puede privar del goce de haberes según establece el Reglamento Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental.
Triveño reconoció que esta normativa presenta varias irregularidades por lo que anunció que para mediados de julio se llevará adelante un seminario nacional con todos los jueces disciplinarios del país para mejorar el Reglamento. Señaló que esta determinación surge a raíz de la observación que realizó la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia, al Artículo 62 que se refiere a la suspensión de funciones con goce de haberes, medida que es aplicada a los dos vocales de la sala primera del distrito de La Paz, Ramiro López y Ricardo Chumacero, por faltas agresivas en el caso Belaunde.
“Los vocales que han sido suspendido con goce de haberes, es como medida precautoria, lo que hacemos los (miembros) del Consejo de la Magistratura en todo caso no es vulnerar derechos o garantías constitucionales, los vocales no fueron aún juzgados, no existe una sentencia condenatoria y no se les puede dar una sanción, es sólo una medida precautoria”, dijo Triveño.
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Recomiendan mecanismos de control en el sistema judicial
Expertos afirman que la crisis en la justicia de Bolivia se produce por la falta de los mecanismos de control en los procesos judiciales. Sin embargo, destacaron que la Constitución es una de las más avanzadas del mundo.
Estas conclusiones derivaron del foro Justicia para todos, organizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Universidad Católica Boliviana. Este evento, además, tiene origen en la publicación de consulta a la ciudadanía sobre justicia que realizó Página Siete.
El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, afirmó que los jueces no están pendientes del salario que ganan, sino de los ingresos por el tráfico de la justicia y por los cobros indebidos que hacen los funcionarios. "La mayoría de los que están hoy en los tribunales entra con estos cartones (títulos de postgrado) pero siguen prevaricando y extorsionando a la gente, porque el Estado no cuenta con el mecanismo y control del sistema. Entonces, el Estado es observador, cómplice y a veces hasta promotor”, dijo.
En la ocasión, la especialista Rosaly Ledezma, consultora internacional y docente de la Universidad Católica Boliviana, afirmó que la justicia boliviana "sufre una crisis de la legalidad por todas las infracciones que comete el ciudadano y rompe con las reglas”.
Caso Belaúnde Suspendieron con goce de haberes a vocales
Los vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Ricardo Chumacero y Ramiro López, acusados de recibir sobornos de Martín Belaúnde, fueron suspendidos de sus funciones pero aún gozan del pago de sus haberes, reveló el Ministerio de Transparencia.
“Ambos vocales, con detención preventiva y detención domiciliaria, sin trabajar están percibiendo haberes, esta es una medida irracional”, lamentó la ministra Lenny Valdivia.
Según Jorge Valda, abogado de Belaúnde, el vocal López pidió un soborno de 100 mil dólares para él y Chumacero, a cambio de beneficiar al empresario con una resolución sobre un Amparo Constitucional. El ciudadano peruano habría entregado 80 mil dólares y un auto de lujo.
Por esta denuncia, ambos vocales fueron aprehendidos y sometidos a un proceso disciplinario.
Posted by industry at 10:45 AM No comments:
Piden modificar procesos disciplinarios para jueces
La ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, informó ayer que solicitó al Consejo de la Magistratura la modificación del Reglamento de Procesos disciplinarios en la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental por considerar que los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, involucrados en el caso Belaunde, a pesar de ser suspendidos siguen gozando de haberes sin trabajar.
La autoridad recordó que ese despacho de Estado se constituyó en parte coadyuvante dentro del proceso penal que se sigue contra los vocales Ramiro López Guzmán y Ricardo Chumacero Torrez, por la presunta comisión de delitos Cohecho Pasivo y Favorecimiento a la Evasión en el caso Martín Belaunde.
Asimismo, dijo que de forma paralela en el Consejo de la Magistratura del distrito de La Paz inició un proceso disciplinario contra los dos vocales. Al respecto señaló que el martes 23 de junio conocieron que la Resolución disciplinaria Nº 81/2015 de 17 de junio, emitido dentro del proceso disciplinario se les aplica una medida precautoria a ambos vocales, suspendiéndoles provisionalmente.
“Pero lo más sorprendente es que se dispone la medida con el goce de haberes”, lo que en su criterio significa que “sin trabajar están percibiendo haberes”. “Esta es una medida que en criterio del Ministerio de Transparencia es irracional” y que por eso se ha solicitado modificar el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental que quedó sin efecto el 2001, porque “llama la atención y que está desvirtuando al naturaleza de los procesos disciplinarios” y que por ello las autoridades judiciales no tienen temor a ser sometidos a procesos disciplinarios.
Posted by industry at 7:46 AM No comments:
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Video Fue destituido el representante del Consejo de la Magistratura en La Paz
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Amabol denuncia el despido de magistrados
El próximo 6 de agosto por lo menos 13 vocales y 180 jueces que trabajan en el Tribunal Departamental de Justicia quedarían cesantes por decisión del Consejo de la Magistradura, denunció ayer el presidente de la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), Ever Richard Veizaga.
Añadió que el despido “encubierto” también golpeará a la presidencia del Tribunal.
Señaló que a título de convocatoria pública para jueces y vocales, el Consejo de la Magistratura pretende hacer una “limpieza general” a partir de echar a la calle a meritorios profesionales y con años de servicios en la justicia.
Lo delicado del asunto es que a dicha convocatoria, que salió a luz pública el año pasado, “no pueden volver a postularse quienes ejercen actualmente las funciones de jueces y vocales”.
Así planteadas las condiciones “quieren llevar adelante nombramientos”, desconociendo el derecho que tienen los operadores de justicia de presentarse a la convocatoria nuevamente, dijo Veizaga para quien la medida es a todas luces “inconstitucional”.
“En un intento de quedar bien (con el Órgano Ejecutivo)” buscan transformar la justicia “con una sola convocatoria y con cambio de personas”, protestó.
A LA CALLE Según Veizaga si la decisión del Consejo de la Magistratura se hace realidad, irán a parar a la calle 130 vocales y algo más de 1.000 jueces que actualmente trabajan en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.
“La sentencia es clara y vamos a resistir la medida”, anunció el magistrado.
EMERGENCIA A raíz de esta situación, el pasado 20 de junio en una reunión extrordinaria Amabol decidió declarar “estado de emergencia” y comenzar un proceso sostenido de “acciones legales”.
“Este es un movimiento nacional”, acotó la autoridad.
MEDIDAS Casi de inmediato la Amabol comenzó desplegar “medidas legales” para defender el trabajo de sus asociados.
“Somos una institución responsable, no podemos declarar huelga o parar la administración de justicia, pero sí vamos a recurrir constitucionalmente la medida”, explicó al referirse a las decisiones que están tomando.
El estado de emergencia “es para que el Consejo de la Magistratura reflexione”, dijo.
Advirtió que de ser necesario, incluso estan dispuestos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para exigir respeto a la Constitución y a las leyes.
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Los jueces de Bolivia se declaran en emergencia
Ante la sentencia constitucional emitida recientemente que da vía libre para cambiar a jueces y vocales del país, los magistrados de Bolivia se declararon en emergencia.
La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y las nueve asociaciones departamentales, reunidas en Cochabamba, decidieron tomar nuevas medidas legales ante la norma.
Esto en rechazo al fallo del Tribunal Constitucional, en la que faculta al Consejo de la Magistratura remitir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nóminas para la renovación total de los tribunales departamentales de justicia.
El presidente de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Emerson Figueroa, dijo que se agotarán los recursos legales en defensa de las fuentes laborales de jueces y vocales del país.
"Consideramos que con el amparo constitucional perdido no se han agotado los recursos y es así que en consulta con nuestros abogados vamos a interponerlos”, comentó Figueroa.
Dijo que no se descartan otras medidas extremas, pero siempre apoyados en la ley y la Constitución Política del Estado como paros, huelgas y otro tipo de movilizaciones.
Figueroa aclaró que ese tipo de acciones se hará una vez que se hayan interpuesto las acciones legales correspondientes.
El titular de los magistrados cruceños manifestó que con la sentencia del TCP se atenta contra la estabilidad del Órgano Judicial.
Figueroa explicó que el peligro real es que queden fuera las personas más calificadas para cumplir esa función de servidores del Poder Judicial, por una interpretación "errónea” de la Carta Magna.
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Fiscalía General Asignan 100 fiscales para la seguridad de su santidad
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó ayer en La Paz que puso 100 fiscales a disposición de la Policía Boliviana y Migración para que desarrollen tareas antes, durante y después de la visita del papa Francisco a Bolivia, prevista entre el 8 y 10 de julio. "La Fiscalía General del Estado emitió un instructivo para que 100 fiscales estén a disposición de la Policía Boliviana y el Servicio General de Migración antes, durante y después de la visita de su Santidad", dijo. Guerrero manifestó que de los 100 fiscales, 50 estarán desplazados en las ciudades de La Paz y El Alto, mientras que el resto se movilizará en la ciudad de Santa Cruz. Los fiscales se encargarán de efectuar operativos en hoteles, alojamientos, terminales aéreas, terrestres y puntos fronterizos para controlar el movimiento migratorio./ABI
Video La Fiscalía investiga a funcionarios del TDJ de La Paz por cobros en el caso Belaunde
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Ante la sentencia constitucional que da vía libre para cambiar a jueces y vocales del país, los magistrados de Bolivia se declaran en emergencia.
Es así que la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) y las nueve asociaciones departamentales, reunidas en Cochabamba, decidieron tomar nuevas medidas legales.
Agotar los recursos legales. El titular de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz, Emerson Figueroa, dijo que se agotarán los recursos legales en defensa de las fuentes laborales de jueces y vocales del territorio nacional.
"Consideramos que con el amparo constitucional perdido no se han agotado los recursos y es así que en consulta con nuestros abogados vamos a interponerlos", comentó Figueroa. Dijo que no se descarta otras medidas extremas, pero siempre apoyados a la ley y a la Constitución Política del Estado como son paros, huelgas y otro tipo de movilizaciones.
Aclaró que ese tipo de acciones se harán una vez que se hayan interpuestos las acciones legales correspondientes.
Se atenta contra el Órgano Judicial. El titular de los magistrados cruceños manifestó que con la sentencia del TCP se está atentando contra la estabilidad del Órgano Judicial.
Figueroa dijo que el peligro real es que queden fuera las personas más calificadas para cumplir esa función de servidores del Poder Judicial, por una interpretación errónea de la Carta Magna.
El domingo pasado, el presidente de la Amabol Bolivia, Richard Veizaga, advirtió que de acuerdo a la convocatoria lanzada por el Consejo de la Magistratura, el 15 de julio se procederá a tomar examen a los postulantes y el 6 de agosto próximo serán sustituidos todos los jueces y vocales.
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Juez decide que García Meza no regrese a Chonchocoro
El juez Cuarto de Ejecución Penal, Abraham Aguirre Romero, determinó que el exdictador Luis García Meza no regrese a la cárcel de Chonchocoro. Aguirre rechazó una solicitud de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de las Dictaduras (Asofamd), informó el abogado Frank Campero. Campero explicó que la Asofamd pidió la nulidad de obrados en cuanto a los argumentos médicos del exdictador, condenado a 30 años de presidio por delitos contra los derechos humanos y que actualmente está internado en la clínica Cossmil.
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Fiscalía paceña trata de resolver una denuncia con jurisdicción cruceña
Obligados a realizar un viaje de más de 884 kilómetros, Jaime Parada y Beatriz Leigue, propietarios del predio La Sama en Santa Cruz, se presentaron ante la Fiscalía de La Paz para responder a una denuncia.
La mencionada se refiere a una supuesta falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado, de documentos en la ciudad de Santa Cruz en el caso de una disputa de unos terrenos ubicados en ese departamento.
“Entendemos que la denuncia fue presentada con documentos en fotocopia simple, no se presenta ninguna prueba que comprometa nuestra participación en el caso, ya que nosotros no tenemos nada que ver con el predio en conflicto”, explicó Beatriz Leigue.
En ese marco, su defensa también afirmó que en la denuncia no describe con precisión la participación de la pareja en el conflicto.
Sin embargo, lo más extraño es que la denuncia fue aceptada en la oficina 301 del piso tres del Ministerio Público paceño, cuando el conflicto radica en la capital oriental.
“No entendemos cómo esta denuncia pudo ser aceptada por la Fiscalía de La Paz cuando el apoderado, el denunciante y mis clientes todos tienen domicilio en Santa Cruz y el hecho se registró en la misma ciudad”, lamentó el abogado de la pareja.
En ese marco, Parada, Leigue y su abogado se presentaron ayer ante el fiscal Carlos Rivero, argumentando que desconocen la competencia de esa instancia.
“Le comunicamos al Fiscal que presentamos una excepción de competencia al juez demandando que se ordene el traslado de la investigación a la ciudad de Santa Cruz y solicitamos la suspensión de declaración porque consideramos que no es correcto que se efectúe para desarrollar estos actos investigativos”, agregó el abogado.
Luego de más de una hora de argumentación, finalmente se acordó fijar una audiencia ante el juez para que escuche su solicitud de excepción de competencia. Sin embargo, el Fiscal aseguró que él no es el responsable de admitir las denuncias, no obstante dio curso a la misma convocando a declarar a los denunciados. Se comprometió también a ampliar la información del caso en el transcurso del día, aunque advirtió que es un proceso entre partes.
Este medio de comunicación hará un seguimiento a esta causa por su peculiaridad en el trámite de los procesos judiciales.
El vocal López gana un incidente en caso Belaunde
La Fiscalía definirá la situación jurídica de los imputados.
El Tribunal de Sentencia de El Alto resolvió como procedente el incidente de aprehensión ilegal presentada por el vocal Ramiro López, involucrado en la evasión del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, informó el abogado Ricardo Maldonado.
El vocal de la Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) detenido preventivamente en la cárcel de Patacamaya ganó el incidente, para solicitar, ahora, la modificación de las medidas cautelares impuestas en su contra por presuntamente haber recibido cerca de 40.000 dólares del súbdito peruano Belaunde Lossio.
El abogado Ricardo Maldonado informó que la modificación de las medidas cautelares fue presentado a la Sala Penal Tercera del TDJ, quienes deben determinar fecha y hora de la audiencia, pese a su excusa.
PELIGRO. Maldonado afirmó que el vocal Ramiro López fue trasladado hace dos semanas a la cárcel de Patacamaya porque su vida corría peligro en San Pedro.
El jurista explicó que “muchas personas detenidas en la cárcel de San Pedro conocían al juez Ramiro López y podrían confabular en su contra para dañarlo, por eso se ha solicitado su traslado y después se ha presentado un incidente que a sido favorable para él”.
El abogado de la defensa dijo que solicitará una nueva audiencia para que la resolución del juez anticorrupción sea modificada y su cliente, involucrado por el abogado Jorge Valda, pueda ser liberado.
PROCESO. A su turno el fiscal Gregorio Blanco, afirmó que la comisión analiza las solicitudes de proceso abreviado de cuatro miembros de la familia Arista sindicados de cohecho y evasión.
Blanco señalo que esta semana miembros de la comisión podrían ausentarse al Brasil para tomar la declaración al empresario peruano detenido en la cárcel de seguridad de Piedras Blancas, señaló que su testimonio será vital para preparar la resolución de acusación.
CUATRO SEMANAS HAN TRASCURRIDO DESDE QUE EL EMPRESARIO PERUANO FUE CAPTURADO EN MAGDALENA, BENI.
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Tras salir del TCP, exmagistrados ejercen el activismo y la abogacía
Ligia Velásquez terminó por renunciar como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional el 6 de enero de este año. A Soraida Chánez la destituyó el Senado dos días después. Mientras que, por motivos de salud, Gualberto Cusi fue apartado del juicio de responsabilidades que se les seguía a los tres por supuesto prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
Las dos exmagistradas se alejaron de sus cargos de maneras distintas pero por una causa común, aseguran: fines políticos. En la actualidad, ambas comentan que como abogadas planifican dedicarse al ejercicio libre de la profesión. No tienen fechas definidas para ello pero aseguran que aportarán a la sociedad.
Ahora, y desde hace un par de semanas, Cusi se dedica al activismo. Fundó junto a otras personas el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob). Según explica, lo hizo con el afán de preservar y restituir los derechos constitucionales vulnerados desde el Estado.
"Lo que corresponde es que cada departamento tenga su propia estructura del Condecob, su propia composición porque el tema de los derechos es amplio. En cada lugar del territorio nacional de una u otra forma se violan los derechos”, asegura.
Luego de su destitución, Chánez asegura que tuvo tiempo para reflexionar y darse cuenta de que el proceso fue por "motivos políticos”. La suspensión de la Ley del Notariado por parte de la ahora exmagistrada fue decisiva para que los parlamentarios de la gestión 2010-2015, con mayoría oficialista, decidieran iniciar el proceso.
A momento de renunciar en ambientes del Senado, Velásquez explicó que tomó dicha decisión porque consideraba que estaban en riesgo su vida y su salud. El 8 de diciembre, el vicepresidente Álvaro García Linera había sentenciado: "…si renuncian, aquí se acabaría todo”. Velásquez optó, al final, por este camino.
"Pienso que todavía debo aportar a la sociedad”
Cuenta que mucha gente que la ve en la calle aún le dice "magistrada” al saludarla. Esto pese a que el 8 de enero de este 2015, hace poco más de cinco meses, el Senado decidió destituirla de su cargo como magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Rosario Chánez con sus colegas Gualberto Cusi y Ligia Velásquez fueron procesados por supuestamente "haber emitido resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incurrido en prevaricato”, según la sentencia de su caso.
Desde antes de que se inicie este proceso, ella tenía una premisa: "No soy responsable de lo que se me está acusando”, dijo en una entrevista anterior a este medio.
Hoy, confiesa que sí hubo una afectación en su vida personal por todo lo que le tocó vivir durante el proceso. Sin embargo, explica que la tranquilidad le llegó por sentirse segura de que fue "un tema político sin ningún fundamento jurídico legal” y por saber que muchos académicos y personalidades y gente de a pie piensan lo mismo.
"Soy abogada, es lo que sé hacer bien”
"Soy abogada, es lo que sé hacer bien. Es lo que dije al momento en que tuve que renunciar, que me iba a dedicar a ser abogada y es lo que sé hacer”, explica con voz firme Ligia Velásquez, exmagistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Su salida de ese ente jurídico se vio forzada por el juicio que instauró el Senado a ella y a dos colegas por presunto prevaricato, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución debido a que suspendieron la aplicación de la Ley del Notariado.
"Yo he renunciado porque está en riesgo mi vida. Está en riesgo mi salud y no tengo ningún derecho de privar a mis hijas de la presencia de su madre”, manifestó la exautoridad el día de su dimisión verbal ante los senadores que la juzgaban.
Ahora, escueta en sus declaraciones, prefiere no emitir criterio de manera pública con respecto a su futuro profesional. Lo único que puede decir es que piensa retomar el ejercicio del derecho, aunque aún no define cómo ni cuándo será esto posible.
"Soy un activista en Derechos Humanos”
La figura de Cusi fue polémica desde un inicio. "No cualquier gil lee la coca”, había dicho el flamante magistrado en junio de 2012. Trascendió por los medios que la autoridad determinaba sus fallos a través de la lectura de la "hoja sagrada”; la noticia cruzó las fronteras.
Ahora, tres años después, su situación es distinta. Luego de enfrentar hace cinco meses un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional junto a dos colegas, Gualberto Cusi, busca defender a ciudadanos que vean que el Estado vulnera sus derechos constitucionales. Considera que el suyo fue uno de los casos.
Durante el proceso que se le seguía en esa instancia parlamentaria por supuesto incumplimiento de deberes, el magistrado suspendido asistía a las sesiones en silla de ruedas. Por ese entonces, el exministro de Salud Juan Carlos Calvimontes hizo público su cuadro médico vulnerando normativa que protege a las personas que padecen de cierta enfermedad.
"Soy un activista en Derechos Humanos. Como nadie nos defiende a las personas de las que son violados nuestros derechos, la mejor manera es unirnos y a partir de ahí hacerlos respetar”, comenta.
Hace poco estableció, junto al exasambleísta de La Paz Roberto de la Cruz, el Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales de Bolivia (Condecob). Según explica Cusi, "la idea nació de las víctimas”.
Sobre ello cuenta que se contactó con la familia del bebé Alexander, con las personas que fueron dadas de baja de las Fuerzas Armadas por solicitar descolonización al interior de esta entidad y, entre otros, con líderes indígenas del TIPNIS que se oponen a la construcción de una carretera que atraviese ese parque natural.
En los últimos meses se lo vio caminando por una calle paceña acompañado de su abogado. Algunas veces estaba con un buzo y zapatillas deportivas, otras con un poncho guindo y un sombrero.
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Seis de cada 10 jueces son denunciados por prevaricato
Litigantes dicen que los administradores de justicia están involucrados en casos de corrupción
Al menos seis de cada 10 jueces son denunciados en el Ministerio Público por prevaricato y otro tanto, sin dar números, tiene procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura, informó un vocero de la Fiscalía en La Paz.
De acuerdo con el testimonio del funcionario de la Fiscalía de La Paz, los jueces observados gozan de impunidad, ya que pese a las denuncias son favorecidos por sus colegas con base a chicanas y resoluciones que son avaladas por los vocales del Tribunal de Justicia de La Paz.
El informante explicó a La Prensa que muchos de los litigantes llegan, una vez más, a la Fiscalía en busca de justicia después de haber peregrinado en los tribunales entre cinco y diez años.
El operador de justicia declaró que "por día se deben recibir de uno a dos procesos en contra de jueces, pero que muchos son rechazados y si alguno procede termina en la impunidad, debido a las chicanas y la retardación de justicia que en muy pocos casos es investigado por el Consejo de la Magistratura".
UN CASO. Benita Ichuta, víctima, que fue echada de su comunidad donde su vecinos demolieron su casa y se apropiaron de sus bienes, inició un proceso para que se le restituyan sus derechos en enero de 2011. Después de casi dos años de litigio, la víctima y su padre de 85 años lograron ganar el proceso y un amparo que fue avalado por el Tribunal Constitucional de Justicia (TCJ). Empero los vocales del Tribunal, pese a la sentencia favorable, fallaron en su contra con base a informes falseados por la parte contraria del proceso.
La comunaria de Yahuirpampa, del municipio de Jesús de Machaca, provincia Ingavi, explicó que después de ganar un amparo constitucional, solicitó a la magistrada Mirtha Camacho la restitución de sus bienes, sin embargo, la operadora de justicia no dio lugar a la decisión.
Benita ichuta afirmó que "la parte contraria al parecer hizo correr plata, estamos hablando del abogado que defiende a las autoridades de mi comunidad, pero es casi imposible probar esto. Pero el favorecimiento se demuestra con los favores jurídicos que son demostrados en favor de los agresores y no así de las víctimas". La magistrada, ahora, afronta un proceso en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados.
TRES DELITOS. En la Fiscalía se conoció que la mayoría de los magistrados, jueces, son denunciados por tres delitos, prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes.
Algunos de los jueces, si hay evidencias, son procesados penalmente, en el caso de magistrados que también están involucrados en casos de corrupción, son denunciados al Poder Legislativo donde son pasibles a un juicio de responsabilidades, si es que las víctimas son atendidas oportunamente, explicó el abogado Ricardo Maldonado, exjuez del Tribunal Departamental de Justicia.
Otro de litigantes, Pedro Ramos, afirmó que ganó un proceso después de casi ocho años en los tribunales, no obstante la parte contraria apelo y el juez designado para analizar la apelación no cumplió con los plazos procesales porque "no dio aceite (dinero) a los funcionarios judiciales, inicialmente, para el sorteo de juzgado y para la revisión de su caso". Incluso dijo que el abogado que los patrocino, inicialmente, también se dio al vuelta porque los querellados los corrompieron. "Han dado plata a jueces y abogados para que mi proceso no prospere, pero pese a sus coimas he logrado ganar, pero ahora sufro una vez más la retardación de justica, todo por consolidar mi derecho propietario".
En el Consejo de la Magistratura se informó que los jueces que incurren en faltas disciplinarias son investigados, pero que muchos quedan impunes porque los litigantes no presentan pruebas o simplemente no los denuncian.
LA CRISIS. En tanto, en el Ministerio Público se informó que la fuga del empresario peruano Martín Belaunde Lossio desató una crisis judicial, y despertado a los litigantes que recién ahora denuncian, corrupción y retardación de justicia que el Gobierno ahora observa, investiga y elabora una reforma para eliminar la red de corrupción que ahora se denomina consorcio de jueces, fiscales y abogados. A la fecha ningun magistrado o juez fue sentenciado por los hechos de deshonestos registrados en La Paz y el interior del país, según informes de los abogados.
LOS RESPONSABLES DE PROCESAR A JUECES Y FISCALES CALLAN, PREFIEREN NO HABLAR DE HECHOS DE CORRUPCIÓN QUE EMPAÑAN A SUS COLEGAS HASTA QUE TERMINE EL PROCESO. ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES TIENEN HASTA 20 PROCESOS EN SU CONTRA SEGÚN EL REGISTRO JUDICIAL AL QUE ACCEDIO LA PRENSA LA SEMANA PASADA.
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Magistrados cuestionan falta de independencia de poderes
Las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Órgano Judicial salieron ayer en defensa de su independencia y de los fallos que emiten, después que el Comité de Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados ordenara la aprehensión de la magistrada Mirtha Camacho, que ayer fue liberada tras su declaración en la ciudad de La Paz. Fue denunciada por firmar una sentencia dentro de un caso de ocupación de tierras en La Paz.
El rechazo de los miembros del Tribunal Constitucional fue vehemente, situación que no ocurrió en el caso de los magistrados Gualberto Cusi (suspendido), Ligia Velásquez (que renunció) y Soraida Chánez (que fue destituida), que fueron procesados con celeridad por la Asamblea Legislativa Plurinacional por dictar un fallo en contra de la Ley de Notariado, presentado por el Ejecutivo.
“Deploramos ese tipo de acciones y exigimos del Órgano Legislativo que en los juicios de responsabilidades observen los derechos y garantías constitucionales”, afirmó el magistrado Ruddy Flores, quien advirtió que estas actuaciones debilitan el Estado constitucional de derecho, lo que implica responsabilidades legales para el Estado boliviano en el ámbito del derecho internacional.
Flores fue enfático al señalar que un órgano estatal no puede estar por encima de otro de la misma jerarquía, por lo tanto no es posible que una autoridad judicial esté sometida a cualquier juicio de responsabilidades y aprehendida en su mismo trabajo, lo cual “debilita y cuestiona” la institucionalidad del sistema judicial.
“No se está haciendo daño a una magistrada, sino a la institución y cuestionando la independencia con la que debe trabajar el Tribunal Constitucional respecto al Legislativo”, señaló el colegiado.
En ese sentido, pidió al Comité investigador del Congreso readecuar su accionar observando los derechos y garantías constitucionales de los magistrados, porque en el caso de la magistrada Camacho, señaló que no habrían reprogramado una nueva fecha de declaración solicitada por ella.
Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Marcos Fidel Tordoya manifestó que los procesos a los jueces pueden considerarse como una forma de extorsión, porque sin haber agotado el procedimiento para establecer si se equivocó o no se abre un proceso en su contra.
“Cuando a alguna de las partes no le gusta el fallo, se inicia un juicio al juez; no le gusta un auto supremo, juicio para el magistrado; si quieren sacarlo al magistrado, abren juicio”, recalcó Tordoya.
Por su parte, la diputada opositora Norma Piérola, miembro del Comité del Legislativo, comentó que Camacho llegó aproximadamente a las 5:00 a la Cámara de Diputados y a las 7:00 declaró y después fue liberada, empero en 30 días debe presentar sus pruebas de descargo en la investigación
Posted by industry at 9:50 AM No comments:
Magistrada califica de injusta su aprehensión y culpa a Chánez
Tras ser aprehendida en Sucre y trasladada vía terrestre hasta la ciudad de La Paz, la magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Mirtha Camacho, compareció ayer ante los asambleístas del Comité de Ministerio Público de la Cámara Baja.
La magistrada, que declaró por cerca de una hora (desde las 6:00 hasta las 7:00), alegó inocencia y responsabilizó a su excolega Soraida Chánez por el incumplimiento de resolución constitucional, delito por el cual fue denunciada en Diputados.
Camacho también calificó de "medida injusta” el mandamiento de aprehensión que emitió el Comité de Ministerio Público. "No entiendo el por qué la orden de apremio, me parece una medida injusta porque este caso está en la vía penal, además yo no emití la resolución constitucional”, afirmó .
El secretario del Comité, diputado Juan Cala (MAS), explicó que la orden de aprehensión fue emitida porque Camacho se negó a declarar en dos oportunidades. "Nosotros estamos cumpliendo con la ley, no estamos vulnerando los derechos de la magistrada”, dijo. Anunció que el 30 de junio volverá a comparecer ante el Comité porque existen ocho denuncias en su contra.
En defensa de Camacho, el magistrado del TCP, Rudy Flores, pidió a los legisladores readecuar sus normas para garantizar los derechos de los magistrados. "El Comité de Ministerio Público no está observando el fortalecimiento de las instituciones que hacen a un Estado constitucional de derecho, y esto se puede comprender que no se observa la independencia del TCP”, indicó.
Aprovechando la presencia de Camacho en La Paz, el Comité la notificó para que declare por otros dos casos en su contra.
El martes 30 de junio, a las 10:00 debe declarar por la demanda que presentó Nils Wilder Llanos y a las 11:00 por la denuncia instaurada por Sonia Mamani Escalante, en ambos casos por prevaricato. "Los otros casos aún estamos analizando”, informó el diputado Cala.
Posted by industry at 8:44 AM No comments:
﻿Cae falsa exfiscal al hacer cobros
﻿Daniela P. Z. (23) se hizo pasar por abogada y exfiscal para extorsionar a una persona que era procesada tras una pelea. La falsa exfiscal le pidió 2.500 dólares para librarla del caso. Cuando cobraba el dinero en la avenida América y Pando, fue capturada por la Policía.
Posted by industry at 8:12 AM No comments:
Liberan a magistrada Camacho tras comparecer en Diputados
La magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, Mirtha Camacho, aprehendida ayer en Sucre, declaró hoy ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados por las denuncias que pesan en su contra por presunto prevaricato, conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y originaria.
La audiencia en esta comisión legislativa inició aproximadamente a las 07:00 y concluyó cerca a las 08:00, después la magistrada quedó libre.
En su defensa, Camacho señaló que es inocente. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan Cala, señaló que la magistrada tiene 30 días para responder y aclarar las denuncias en su contra.
"Efectivamente ha concluido la audiencia, una vez que la magistrada se ha hecho presente, ahora tiene 30 días para que pueda presentar su descargo, para presentar la resolución preliminar y probar que las denuncias no tienen fundamento”, explicó.
Camacho fue aprehendida ayer en la ciudad de Sucre por orden del Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, dependiente de la Comisión de Justicia Plural.
Según información extraoficial, Camacho fue aprehendida en el TCP cerca a las 17.30 por dos efectivos policiales, vestidos de civil, que llegaron de la ciudad de La Paz.
Luego la autoridad judicial fue traslada vía terrestre a la Sede de Gobierno.
Posted by industry at 10:27 AM No comments:
Labels: Consejo de la Magistratura, TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional
Se pueden seguir los juicios desde el celular
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentó ayer la aplicación android TSJ-IM (Información Móvil) para facilitar a los litigantes el seguimiento de los trámites judiciales. “La aplicación android TSJ-IM para teléfonos móviles ayudará a obtener información rápida, confiable y cómoda”, señaló el presidente del TSJ, Jorge von Borries. Explicó que con ese sistema operativo el mundo litigante, entre abogados, jueces y la población en general, podrá acceder a la información jurisprudencial.
La aplicación TSJ-IM está en Google Play y la descarga es gratuita para encontrar documentos judiciales, leyes y otros. En el mismo acto, el TSJ también presentó la revista Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal 2015 y Jurisprudencial.
Posted by industry at 12:11 PM No comments:
Encuesta El 56%cree que la justicia empeoró en Bolivia
De 800 personas encuestadas por la empresa Mercados y Muestras, el 56% cree que la justicia empeoró desde que la Constitución Política del Estado autoriza que se elijan las autoridades judiciales a través del voto.
El periódico Página Siete preguntó a través de la empresa encuestadora si "la justicia en Bolivia ha empeorado, desde que, por primera vez, el pueblo votó para seleccionar a los jueces y magistrados", lo cual el 56% está de acuerdo con esta afirmación, el 2% creen que hay algo de verdad, el 28% cree que es falsa, el 3% piensa que no es ni falsa ni verdadera mientras que el 12% no respondió a la interrogante. En la Constitución Política del Estado establece que se elige a las autoridades judiciales mediante el voto, lo cual se llevó por primera vez en octubre de 2011, causando mucha polémica por el resultado./ ANF
Posted by industry at 10:48 AM No comments:
TSJ presenta aplicación para seguimiento de trámites aplicación android TSJ-IM
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) realizó hoy la presentación de la aplicación android TSJ-IM (Información Móvil), para facilitar el seguimiento de los trámites judiciales.
"La aplicación android TSJ-IM para teléfonos móviles ayudará a obtener información rápida, confiable y cómoda", señaló el presidente del TSJ, Jorge von Borries.
La autoridad explicó que con ese sistema operativo el mundo litigante, entre abogados, jueces y la población en general, podrá acceder a la información jurisprudencial.
La aplicación TSJ-IM está en Google Play y la descarga es gratis para encontrar documentos judiciales, leyes y otros.
El TSJ también presentó las revistas Plan Nacional de Descongestionamiento del Sistema Penal 2015 y Jurisprudencial.
Posted by industry at 6:53 PM No comments:
El Consejo fija examen para vocales de Justicia para julio
El Consejo de la Magistratura determinó que los más de 800 aspirantes a vocales rindan su examen el 15 de julio para que el 6 de agosto puedan asumir sus funciones, luego de que determinó dar continuidad a la convocatoria tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El presidente de la Magistratura, Freddy Sanabria, informó que en los siguientes días se conformará una comisión para que evalúe y califique los méritos de los postulantes. Agregó que se creará otra instancia para que organice y planifique la prueba programada para el próximo mes, sobre la base del trabajo ya realizado antes de que se paralice todo este proceso.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) avaló la convocatoria emitida por el Consejo de la Magistratura y declaró transitorios todos los cargos de vocales que ya cumplieron con su periodo constitucional de cuatro años, después de rechazar un amparo que fue planteado por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol), instancia que cuestionaba este proceso y paralizó la convocatoria.
Transición. En su fallo, el TCP, además, determinó que los actuales vocales continúen en sus funciones hasta que se designen a sus reemplazantes sobre la base del proceso iniciado por el Consejo de la Magistratura.
Al respecto, la magistrada Cristina Mamani afirmó que el Consejo también determinó seguir el proceso con un nuevo cronograma, pero aclaró que la convocatoria ya no se abrirá a otros aspirantes. Si se toma en cuenta este aspecto, solo quedan habilitados los 800 profesionales que se presentaron en la primera convocatoria abierta en 2014.
Mamani explicó que el proceso quedó paralizado cuando se iban a abrir los sobres cerrados de los postulantes para que sean calificados. Ahora, señaló que es desde esa actividad que se reanuda el proceso para llenar las acefalías de todos aquellos vocales que ya cumplieron con los cuatro años por los que fueron designados.
Hasta el fin de semana no se conoció ningún pronunciamiento de parte de los actuales vocales, respecto a la renovación en los tribunales departamentales de justicia que fue dispuesta por el Consejo de la Magistratura. Autoridades del Órgano Ejecutivo cuestionaron la labor de los operadores de justicia e indicaron que está en crisis.
El decano del Consejo, Róger Treviño, también se refirió a este tema y estimó que hasta el 6 de agosto —fecha en la que entrarán en vigencia los denominados “códigos Morales” (en referencia a los códigos Procesal Civil; de las Familias; y del Proceso Familiar)—, los nuevos vocales podrán estar en funciones.
De acuerdo con la convocatoria, después de la selección de los postulantes con base en méritos y exámenes de competencia, el Consejo de la Magistratura remitirá la nómina a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), instancia encargada de designar a las nuevas autoridades judiciales departamentales, tomando en cuenta el trabajo previamente realizado por el Consejo.
A principios de 2014, en el Consejo de la Magistratura se hizo conocer la decisión de convocar a la renovación de vocales judiciales porque recibió denuncias de pagos ilegales para realizar designaciones.
Ejecutivo da área para la Ciudadela Judicial
La Gobernación de Chuquisaca entregó ayer los documentos de propiedad de 52 hectáreas de terreno donde será construida la Ciudadela Judicial. El Órgano Judicial se encargará de la preinversión, mientras que el Gobierno cubrirá todos los gastos que demande su construcción.
A iniciativa de la senadora Nélida Sifuentes, las autoridades judiciales y del Ministerio Público se reunieron ayer en la Universidad Andina Simón Bolívar con los ministros de Justicia, Virginia Velasco, y de Obras Públicas, Milton Claros, con quienes se acordó dar los primeros pasos para la construcción de una ciudadela que cobije a todas las instancias del sistema judicial boliviano.
El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, entregó los documentos de propiedad de las 52 hectáreas adquiridas por su antecesor, ubicadas en la zona de Qhora Qhora, a unos 10 kilómetros de Sucre, donde se piensa edificar la Ciudadela Judicial.
Mientras tanto, el alcalde de Sucre, Iván Arciénega, comprometió el respaldo de la Municipalidad como la dotación de los servicios básicos, debido a que consideró que una obra de esa magnitud permitirá el crecimiento ordenado de la ciudad y superar problemas como el tráfico vehicular de la ciudad. El senador Milton Barón (MAS) señaló que, dentro de 15 días, se realizará una nueva reunión para definir la contraparte de cada institución. Claros dijo que primero debe efectuarse los estudios de preinversión y luego el diseño final, para establecer las necesidades de cada una de las instancias del Órgano Judicial.
El presidente Evo Morales planteó la creación de una Ciudadela Judicial que albergue a los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional Plurinacional, el Consejo de la Magistratura, la Fiscalía General, la Escuela de Jueces y el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
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Idean ‘extraórgano’ para castigar a malos jueces, fiscales y juristas
Ante el cuestionamiento a la administración de Justicia y la presunta relación de abogados con actos delictivos, el Gobierno considera una propuesta para crear un “extraórgano” destinado a controlar el trabajo de jueces, fiscales y juristas y sancionar a los malos profesionales.
El viceministro de Justicia Indígena Originaria Campesina, René Martínez, fue el encargado de presentar el proyecto para abrir el “extraórgano”, que se asemejaría a una contraloría para ver específicamente los temas de administración de justicia.
Al cuestionamiento sobre la crisis que atraviesa el Órgano Judicial, hecho en reiteradas oportunidades por el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, además de ministros de Estado, se suma la observación a la labor de abogados, cuando a raíz de la fuga del peruano Martín Belaunde, extranjero que cumplía detención domiciliaria con fines de extradición, se denunció que juristas fueron parte del plan de huida, junto a una red delictiva en la que incluso figuraban vocales de Justicia.
Proceso. “Hemos propuesto crear un extraórgano muy similar a la Contraloría General del Estado, para que haga la evaluación y control del buen desempeño y al apego normativo de jueces, fiscales y abogados, para que tengamos una mejor justicia en el país”, declaró Martínez a La Razón.
El fin de semana, el presidente Evo Morales expresó su intención de asumir medidas drásticas en contra de malos abogados, como el que pierdan su título profesional los juristas que cometan actos ilegales en el ejercicio de su profesión. “Desde el momento que me informaron que se escapó Belaunde, yo dije que debe haber una gran red que permitió la fuga. Creo que están policías, miembros de Migración, una red de abogados y (gente) de la Justicia boliviana”, indicó.
En concordancia con la propuesta de Morales, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, dejó abierta la posibilidad de cambios normativos. “Ya analizamos hacer una modificación en la Ley 387 (de Abogacía), pero no se puede adelantar un criterio, ya que actualmente en la norma solo se establece sanciones leves. La reestructuración es trabajada en el Ministerio de Justicia y se ve la situación de sanción a los abogados que cometan ilícitos”, explicó a este diario.
Velasco arguyó que este trabajo se da porque la actual ley no establece nada sobre sanciones a abogados, como la suspensión del título profesional, que incurran en actos de corrupción u otros delitos graves. La norma solo asigna sanciones leves, agregó. No obstante, garantizó que se continuará con el respeto y la aplicación de la Ley del Ejercicio de la Abogacía, debido a que no se puede ir en contra de esta normativa.
Martínez sostuvo que dentro de esta instancia superior se debería evaluar y sancionar a los profesionales que cometan delitos, pero ya no con lentitud ni levedad, como se hace en los colegios de abogados del país, sino con mayor severidad.
“En el tema de los abogados en específico, quienes reincidan en la corrupción, la coima y otros ilícitos, además de la prebenda vinculada a jueces y fiscales, deberían ser sancionados de manera ejemplar”, sugirió Martínez, cuando se refirió a la pérdida del título profesional de los juristas que cometan delitos.
Williams Bascopé, abogado constitucionalista, apoyó la creación de un órgano que ejerza el control respectivo al desempeño de los operadores de justicia y juristas, ya que los colegios de abogados están para lo ético.
“Se debe crear un tipo de comité para que, a partir de eso, funcione un mecanismo sancionatorio. De hecho, yo puedo decir de que por un tipo de fuero, los abogados no sean proclives de ser sancionados o investigados por delitos comunes, pero corresponde que, así sea abogado, se someta a una jurisdicción ordinaria”, opinó el constitucionalista.
El viceministro Martínez rechazó la actuación de los abogados que se vieron implicados en el caso Belaunde, ya que estos profesionales no respetaron la ética ni moral del profesional y se dejaron inmiscuir en hechos ilícitos. Con la ayuda a la huida del extranjero, los juristas incumplieron la orden de detención impuesta por un juez. Para la autoridad, no se respetó el límite entre el secreto profesional y el delito, que es la ética.
Debate a raíz del caso Belaunde
El peruano Martín Belaunde, exasesor del presidente de Perú, Ollanta Humala, es acusado por la Justicia de su país de actos de corrupción, por favorecer a empresas privadas con contratos públicos, acusación por la cual ordenaron su detención preventiva por 18 meses. En diciembre de 2014 ingresó a Bolivia ilegalmente por la localidad de Desaguadero.
El extranjero solicitó refugio político ante la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), que fue denegado. El 21 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó su detención domiciliaria con fines de extradición, a pedido de autoridades peruanas.
Ante la negativa de la Conare, Jorge Valda, abogado de Belaunde, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del rechazo de refugio ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recurso que fue aceptado por dos vocales. Esta decisión dejó en fojas cero el pedido de asilo en la Conare. Por ello, el Gobierno presentó una querella contra los vocales.
Las autoridades judiciales enviaron la resolución a revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
En medio de recursos presentados por el abogado de Belaunde para lograr el refugio de su cliente, el 17 de mayo, el extranjero vulneró su detención domiciliaria y fugó, pero a los cuatro días fue recapturado y extraditado.
Por esta fuga se destituyó al ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y al comandante de la Policía, Luis Cerruto. También se procesa a tres custodios policiales, dos miembros de Inteligencia, seis familiares y dos abogados, denunciados de planificar la huida del peruano. A esta lista se suman siete personas que ayudaron en el traslado y hospedaje de Belaunde.
La Fiscalía logró que se encarcele preventivamente a nueve personas, entre ellas el abogado Valda. Por este hecho, el Gobierno cuestionó la acción delictiva de juristas, motivo por el que el presidente Evo Morales sugirió quitarles el título profesional.
Juristas refutan la suspensión de sus títulos
La propuesta de suspender los títulos profesionales de los abogados que cometan delitos en el ejercicio de su función, planteada por el presidente Evo Morales, es rechazada por el Colegio de Abogados de La Paz.
El presidente de la citada entidad colegiada, Raúl Jiménez, sostuvo que los juristas no pueden ser despojados de su título profesional, ya que ello no es permitido por el Régimen Disciplinario en el que se basa el Colegio Nacional de Abogados, pues solo permite castigos de suspensión por un determinado tiempo en el ejercicio.
“En nuestro código disciplinario, a denuncia de parte, levantamos un proceso administrativo, entonces eso lo derivamos al Tribunal de Honor. En esa instancia, en diez días, se deben presentar pruebas de descargo. Luego, si se comprueba la ruptura del principio o un ilícito, se sanciona al jurista hasta con dos años de suspensión, pero no se le puede quitar el título profesional, que le costó sudor y sangre”, explicó el representante de los abogados de La Paz.
No obstante, Jiménez lamentó la situación de los abogados implicados en el caso del peruano Martín Belaunde que fugó el 17 de mayo y luego de cuatro días fue recapturado. En este hecho hay al menos tres juristas acusados de participar en la planificación de la huida de Belaunde.
Jiménez aseguró que no existe un límite para trabajar y defender a una persona, sea o no culpable, por lo que no se puede obligar a un abogado a romper el denominado secreto profesional, lo que hicieron los fiscales con Jorge Valda defensor del peruano.
“Acá en el tema Belaunde hubo una situación de no mantener ese juramento que hicimos para el secreto profesional, para (esto) no hay un límite que diga hasta acá tienes que guardar el secreto, ni tampoco dice que si te pasas de eso, tienes que revelar las cosas importantes (que informa un cliente) no existe una disposición que nos obligue”, dijo Jiménez.
El viceministro de Justicia Originaria, René Martínez, rechazó la actuación de los abogados implicados en este caso, ya que considera que no respetaron la ética ni moral profesional.
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TSJ rechaza acusación en contra de Mamani
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cerró filas en torno al magistrado Pastor Mamani, a quien le expresó su confianza. El aludido calificó de “temeraria” la declaración del jurista Jorge Valda, quien le acusó de recibir un soborno para favorecer a Martín Belaunde.
La Sala Plena del TSJ se reunió ayer de emergencia para analizar las declaraciones que Valda hizo a periodistas de La Paz, en las que aseguró que un asesor de Mamani, de apellido Paz, se habría reunido con el propio Belaunde para pedirle dinero a cambio de “venderle algún favor”, ya que estaba detenido con fines de extradición.
“Yo, Pastor Mamani, soy el más interesado en que se establezca la verdad y coadyuvaré en la investigación de manera activa. Debo enfatizar que todos mis actos siempre han estado ceñidos con la Constitución y las leyes”, expresó Mamani y señaló que todas las providencias, decretos y resoluciones han sido puestos y debatidos en el pleno del TSJ y de ninguna manera actuó de manera personal.
Defensa. El magistrado, que fue encargado de llevar adelante el proceso, dijo estar sorprendido por la declaración de Valda y la calificó como una acusación temeraria. Además, afirmó que está dispuesto a defender su nombre y honorabilidad en cualquier instancia que sea necesaria.
Al respecto, el presidente del TSJ, Jorge von Borries, dijo que todos sus colegas magistrados expresaron su confianza a Mamani y descartaron la posibilidad de que el magistrado esté involucrado en las acusaciones realizadas por Valda. “No podemos pensar que un hombre de esa categoría pueda inmiscuirse en una situación tan simple”, acotó.
Además, Von Borries pidió al Ministerio Público continuar con las investigaciones para esclarecer la verdad de los hechos y reiteró que los magistrados están dispuestos a prestar cualquier tipo de respaldo para su indagación.
Valda, luego de intentar someterse a un proceso abreviado, reveló que varias autoridades tanto del Ejecutivo como del Judicial estarían involucradas en supuestos sobornos en el caso del peruano Martín Belaunde.
En su declaración, el abogado había involucrado al magistrado del TSJ Pastor Mamani; al viceministro de Justicia, Diego Jiménez; a Gabriel Machicado; la funcionaria de gobierno Elba Terceros, y al exministro de Gobierno Hugo Moldiz. A ellos sumó a los vocales del Tribunal de Justicia de La Paz Ramiro López y Ricardo Chumacero.
Valda brindó información para capturar a Belaunde en Beni
El abogado Jorge Valda dio a la Policía la información para capturar a quien fuera su cliente, Martín Belaunde, según la abogada del primero, Sandra Almanza. El peruano fue aprehendido en Magdalena, Beni, cuando se disponía a fugar a Brasil, tras vulnerar la detención domiciliaria que guardaba en la ciudad de La Paz.
"(Valda) prestó muchísima colaboración para que la captura de Belaunde en Bolivia sea posible. Tal vez en las audiencias el Ministerio Público no ha mencionado esto, lo que me parece injusto. Con esa información Valda demostró que tiene todas las ganas y la predisposición de colaborar con las autoridades”, declaró Almanza la noche del jueves, en una entrevista en Cadena A.
La madrugada del domingo 24 de mayo Belaunde escapó del domicilio en el que estaba detenido. Desde entonces la Policía lo buscó incansablemente. Al día siguiente Valda fue detenido en Potosí, cuando se dirigía a Sucre junto a otras dos personas.
Inmediatamente fue interrogado por la Policía y la información que aportó, según su abogada, fue vital para capturar el jueves 28 a Belaunde.
El viernes el Gobierno boliviano lo trasladó hasta Desaguadero, frontera con Perú, para entregarlo a la Policía del vecino país. Desde entonces Belaunde permanece recluido en una prisión en su tierra natal.
Valda fue imputado por favorecimiento a la evasión y cohecho activo, este último delito relacionado por los sobornos que -según declaró- se entregaron a funcionarios del Ejecutivo y del Órgano Judicial para favorecer a su cliente.
Días después pidió ir a un procedimiento abreviado, los fiscales aceptaron con la condición de que declare todo lo que sabía. Así lo hizo, pero el Ministerio Público nunca tramitó el procedimiento abreviado ante el juez. Al contrario, pidió que se lo envíe a prisión con detención preventiva y el juez accedió. Por ello, la defensa de Valda sostuvo que su cliente fue utilizado y engañado.
El fiscal departamental de La Paz, Paul Franco, respondió que la comisión de fiscales decidió que no resulta viable aceptar el pedido de Valda porque aún hay varios detalles por aclarar.
Fuga y cohecho La comisión de fiscales asignada al caso Belaunde investiga los delitos de favorecimiento a la evasión y el cohecho.
Implicados Al menos 20 personas están implicadas en el caso. Existen autoridades judiciales acusadas de recibir sobornos para emitir fallos en favor de Belaunde, al igual que altas autoridades del Ejecutivo.
Belaunde El empresario peruano intentó refugiarse en Bolivia al ser perseguido en su país por favorecer a empresas en contratos con el Estado.
Así lo confirmó el consejo de la magistratura Hay 800 postulantes para vocales en los 9 distritos
El Consejo de la Magistratura (CM) a nivel nacional tiene alrededor de 800 postulantes para vocales en los nueve tribunales departamentales de Justicia.
Así lo aseguró Limbert Rojas, director de Recursos Humanos del mencionado ente disciplinario del Órgano Judicial.
Esto referente a la vía libre que les otorga una sentencia Constitucional para cambiar a las autoridades judiciales del territorio nacional.
Aclaró que la convocatoria ya está cerrada y fue cuando se interpuso la acción de Amparo, que fue el 16 de mayo del 2014, la audiencia fue posterior a la fecha del cierre y se lo hizo con la presencia de Notario de Fe Pública.
Indicó el proceso de revisión de mérito se lo haría en unas dos semanas, el lunes será aprobada por el pleno, en cuanto a la fecha del examen de competencia.
Sentencia da continuidad al proceso. El titular de Recursos Humanos de la Magistratura, apuntó que la Sentencia Constitucional, en realidad lo que dispone es la continuidad del proceso de la revisión de los méritos.
“Por ello está previsto, la elaboración de un nuevo cronograma para establecer la prueba del examen y finalmente la publicación de los resultados para remitir las ternas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, puntualizó.
Esto es en cumplimiento a la Sentencia Constitucional emergente del fallo del Tribunal de Garantías de Cochabamba.
Dijo que como recién se tomó conocimiento de la sentencia y ante la perspectiva de que se pueda interponer alguna implementación y enmienda, el cronograma empieza a correr desde el lunes 15 con la conformación de la Comisión de Revisión de Méritos. Trabajo técnico que lo vienen realizando en Sucre.
Se presentaron los vocales cruceños. Según fuentes extraoficiales, la mayoría de los 15 vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se presentaron a la convocatoria lanzada por el Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, varios de los vocales cruceños no están de acuerdo con el lanzamiento de la convocatoria por no tomar en cuenta la trayectoria profesional de acuerdo al Escalafón Judicial como manda la Constitución Política del Estado (CPE). Los vocales del TDJ de Santa Cruz son Mirian Rosell, Mirael Salguero, Teresa Lourdes Ardaya, Adhemar Fernández, Edgar Molina, Samuel Saucedo, Alaín Núñez y Editha Pedraza.
Además de Jimmy Fernando López, Sergio Cardona, William Tórrez, Zenón Rodrigo, Sigfrido Soleto, Victoriano Morón y Juan Hugo Iquise. Autoridades que son parte de las distintas salas penales, civiles y sociales, quienes junto con un centenar de jueces, conforman el Palacio de Justicia de Santa Cruz. Mismos que competirán en igualdad de condiciones con los nuevos postulantes al Órgano Judicial. La Asociación de Magistrados, presentó amparo para frenar la convocatoria, pero que una Sentencia Constitucional habilitó al Consejo de la Magistratura para hacer los cambios respectivos.
Posted by industry at 10:24 AM No comments:
Acusan a presidente del Consejo de la Magistratura por corrupción
El presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria Taboada, fue denunciado ante la Cámara de Diputados por presuntos actos de corrupción, cometidos en el ejercicio de sus funciones y además de encubrimiento de cobros irregulares en ese Órgano Judicial, según la denuncia presentada a la Cámara de Diputados por Pedro Cayo Choque.
Al respecto EL DIARIO conversó con el presidente del Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria, para conocer su versión sobre las denuncias efectuadas en su contra y el único comentario que hizo fue: “Ah es sobre eso…” y se alejó indicando que podría recibirnos al día siguiente. Hecho que no sucedió porque cuando se lo buscó en su oficina él no se encontraba y tampoco quiso declarar cuando abandonaba las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La denuncia prosiguió su curso y fue recepcionado el 30 de abril en la ventanilla única de la Cámara de Diputados. En dicho memorial Cayo solicita la investigación “para juzgamiento” del Presidente del Concejo de la Magistratura “por responsabilidad penal en el ejercicio de sus funciones” de Freddy Sanabria Taboada.
En dicho memorial, afirma que en la gestión 2013 en el Consejo de la Magistratura distrito de Potosí, el funcionario Félix William C. L. “estaba realizando una serie de actos irregulares en contra del algunos Notarios de Fe Pública como también contra sus propios compañeros de trabajo (…) se obtuvo indicios sobre presuntos actos de cobros de dineros a algunos servidores del Consejo de la Magistratura de esa ciudad (Potosí) como también Notarios de fe Pública”.
En febrero de 2014 instaura un Proceso penal ante el Ministerio Público contra la persona mencionada y otros autores o encubridores por los delitos penales Contribuciones y Ventajas Ilegítimas, Beneficios en Razón de Cargo, Extorsión e Incumplimiento de Deberes en su calidad de Servidor Público del Consejo de la Magistratura de Potosí, en el cargo de Técnico de Diagnóstico de la Unidad de Políticas de Gestión.
Según Cayo, los dineros que fueron cobrados habrían sido destinados para gestionar las condecoraciones de Freddy Sanabria, que en esa época fungía como Presidente de la Sala de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.
Los montos que eran depositados en el Banco Unión a nombre de Félix Córdova L. y Pastor B. oscilan entre 20 y 200 bolivianos; en otros casos existen boletas 35 y 1200 bolivianos.
Posted by industry at 7:02 AM No comments:
La Fiscalía logra 213 sentencias en un mes
El Ministerio Público logró que se dicten 213 sentencias en todo el país en un mes —211 condenatorias y dos absolutorias—, para personas involucradas en manejo de sustancias controladas, de acuerdo con un informe oficial.
De acuerdo con el informe, las 213 sentencias fueron emitidas en abril por los jueces, de los cuales 123 corresponden a procesos abreviados, este último se convirtió en una salida alternativa que permite la conclusión de un proceso sin tener que esperar el juicio oral, previo cumplimiento de formalidades legales previstas en los artículos del Código de Procedimiento Penal.
El departamento de comunicación de la Fiscalía General de Estado informó que las sentencias fueron obtenidas por la dinámica de seguimiento que hizo la Dirección de la Fiscalía Especializada en Sustancias Controladas.
Además se conoció que en procedimiento normal se lograron 18 sentencias condenatorias; en Procedimiento Inmediato, 69 sentencias, dos sentencias absolutorias, y una sentencia en las Fiscalía de Fronteras.
LOS DATOS. Los datos revelan también que el departamento con mayor número de sentencias es Santa Cruz, con 90 casos; después está Cochabamba, con 54; La Paz, con 35; Oruro, con nueve; Tarija, con siete; Pando, con seis; Beni, con cinco; Potosí, con tres; Sucre, con tres; y finalmente con una sentencia en fronteras.
Asimismo se hizo conocer que la Fiscalía General presentó en lo que va del año la acusación formal en 50 casos por la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en el país.
Posted by industry at 6:30 AM No comments:
Vocales procesados liberaron a policía acusado de matar a otro
A través de la resolución 98/2015, los dos vocales procesados por el caso Belaunde, Ramiro López y Ricardo Chumacero, resolvieron el pasado 20 de mayo que cesara la detención preventiva de un policía acusado de matar a otro y le concedieron arresto domiciliario.
"El tribunal establece en forma clara que por el tiempo transcurrido no existen riesgos procesales establecidos que puedan influir negativamente para el desarrollo del proceso”, señala parte del documento firmado por ambos vocales.
El policía Modesto Mamani perdió la vida el 20 de julio de 2013 al recibir tres impactos de bala en la cabeza. Son tres los efectivos policiales que fueron detenidos y procesados: Felipe A.C., Marco Antonio H.C. y Alfredo C.F. Sin embargo, a punto de cumplirse dos años del asesinato, no se empieza el juicio oral y todos los acusados fueron beneficiados con arresto domiciliario.
El último en recibir detención domiciliaria tras presentar un recurso de cesación a la detención preventiva es Alfredo C.F.
"El tribunal establece que el imputado Alfredo C.F., de alguna u otra manera, no existe una razón jurídica o fáctica que el mismo no pueda ser beneficiado de las mismas circunstancias proporcionales en que se encuentran los demás coimputados”, indica la resolución.
La misma, en su punto final, "declara la admisibilidad del recurso por haberse interpuesto en el plazo de ley” y dispone la detención domiciliaria, una fianza de 50.000 bolivianos ante el Consejo de la Magistratura y la presentación de dos garantes solventes moral y materialmente de la población donde radica el imputado.
Al respecto, Víctor Mamani, el hermano de la víctima, afirmó que hay algo extraño en la determinación de los vocales. "No sé si hay corrupción, si estos jueces han recibido algo de los acusados, pero desde hace dos años estamos pidiendo que los condenen porque hay las suficientes pruebas contra ellos”, sostuvo.
Tanto el vocal López como Chumacero están investigados por la presunta comisión del delito de soborno. Se les acusa de haber pedido 100.000 dólares al empresario peruano Martín Belaunde a cambio de ser favorecido con un amparo.
La madrugada del 20 de julio de 2013, el cuerpo de Mamani fue encontrado en la zona de Ventilla, en El Alto.
Días después del asesinato, sus camaradas Marco Antonio H.C. y Alfredo C.F. fueron detenidos. El otro policía que fue imputado es Felipe A.C., quien está con arresto domiciliario desde el año pasado.
Un día antes del crimen, el grupo de uniformados se reunió en el bar Sin comentarios para consumir bebidas alcohólicas. Según la investigación policial, la víctima contó a sus amigos que iba a recibir un monto de dinero por haber vendido su vehículo, anuncio que fue el móvil para su asesinato.
Hay registros de llamadas entre ellos el día después del crimen y otras evidencias que apuntan a que los tres policías asesinaron al otro.
"Estoy luchando ya dos años con el caso de mi hermano. No puede ser que los que lo han matado queden libres, de qué beneficios gozan para que ahora tengan arresto domiciliario. Ellos lo han matado y tienen que pagar por eso”, demandó Victor Mamani, quien desde hace dos años no deja de asistir a la Fiscalía en busca de memoriales y de dar respuesta a todos los recursos que presenta la defensa de los tres acusados.
Fiscal Édgar Alarcón, el fiscal que llevaba la investigación del asesinato cuya víctima es Modesto Mamani, fue detenido hace meses por hechos de corrupción en el Ministerio Público de El Alto.
Denuncias Los extractos de llamadas de celulares entre los investigados desaparecieron del cuaderno de investigaciones de la Fiscalía, hecho que fue denunciado por el hermano de la víctima en contra del fiscal Alarcón. Pese a un memorial enviado para que se den a conocer los resultados de la triangulación de llamadas, los investigadores no dieron curso.
Posted by industry at 9:24 AM No comments:
El TCP da vía libre para cambiar vocales de los TDJ
El Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió mediante sentencia constitucional 0504/2015-S1, dar vía libre para el cambio de los vocales de los nueve tribunales departamentales de Justicia.
“Con esta sentencia la Convocatoria Pública es válida y está expedita con la complementación de manera oportuna de la normativa, en cuanto a otros aspectos inherentes al ejercicio de cargo y escalafón judicial, de tal manera que estén vigentes al momento de las designaciones correspondientes”, afirmó el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, magistrado Zenón Bacarreza.
Mediante esta decisión judicial, el Consejo de la Magistratura está habilitado a remitir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), nóminas para la renovación total de los tribunales departamentales de justicia del país.
Aclarar la transitoriedad. El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Mirael Salguero, comentó que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), debe aclarar en una complementación y enmienda, en función de declarar a todos los vocales transitorios, en la que se basó para revocar la Sentencia del Tribunal de Garantías.
Situación que dispuso que la convocatoria del Consejo de la Magistratura sea general para todos los vocales y jueces, desconociendo de esta manera la carrera judicial y la trayectoria del profesional, así como el escalafón judicial, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), remarcó la autoridad Jurisdiccional.
Apuntó que lo único que queda es que el TCP puede realizar estas complementaciones y enmiendas, pero la sentencia constitucional ya es una realidad y no se puede revertir.
Indicó que por responsabilidad, los vocales no pueden dejar sus funciones dejando acéfalo el cargo, sino que tienen que estar hasta la renovación de los nuevos.
Es una sentencia contradictoria. Mientras que el vocal Alaín Núñez, lamentó que es una sentencia inconstitucional y contradictoria que afecta la trayectoria profesional de los jurisconsultos que forman parte de cada uno de los nueve tribunales departamentales de Justicia.
Manifestó que según la Carta Magna en la Disposición Transitoria Sexta, establece claramente de que en el plazo de un año y después de la Ley del Órgano Judicial, se procederá a la revisión del escalafón judicial, siendo incluso de que el mismo TCP sostiene que la mencionada norma no está en vigencia plena, hasta la implementación del Código Procesal Civil y es el próximo 6 de agosto.
Además, aclaró que el Consejo de la Magistratura no debe lanzar ninguna convocatoria, sino que internamente debe evaluar a jueces y vocales, recién convocar a los cargos acéfalos.
Lamentó que el TCP dicte una sentencia que viola la Constitución Política del Estado (CPE), ya que la ley de leyes establece la revisión de los funcionarios del Órgano judicial.
Amparo Constitucional. Como se recordará, la acción de amparo constitucional contra consejeros de la Magistratura por la Convocatoria Pública fue presentada por la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) la pasada gestión.
El principal argumento de la demanda de las autoridades judiciales, es que se pretendía violentar los derechos de los actuales vocales departamentales.
En una primera instancia, un Tribunal de Garantías en Cochabamba, concedió la tutela a los accionantes y luego llegó en revisión hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se pronunció el pasado 1 de junio y se notificó a las partes el 10 del presente mes.
Por tanto, con la sentencia constitucional 0504/2015-S1 se validó esa convocatoria pública del Consejo de Magistratura.
Vocales SCZ
1• Mirian Rosell Terrazas (Presidente) (Tiene 1 año y medio como vocal)
2• Mirael Salguero Palma (Con 2 años y medio de vocal)
3• Teresa Lourdes Ardaya (Con más de 10 años).
4• Adhemar Fernández Ripalda (Con más de 10 años).
5• Edgar Molina Aponte (Con más de 10 años).
6• Samuel Saucedo Iriarte (Con más de 10 años).
7• Alaín Núñez Rojas (Con 5 años de vocal)
8• Editha Pedraza Becerra (Con 5 años de vocal).
9• Jimmy Fernando López Rojas (Con 5 años de vocal)
10• Sergio Cardona Chávez (Con 5 años de vocal).
11• William Tórrez Tordoya (Con 5 años de vocal).
12• Zenón Rodríguez Zeballos (Con 4 años de vocal).
13• Sigfrido Soleto Gualoa (Con 5 años de vocal).
14• Victoriano Morón Cuéllar (Con 5 años de vocal).
15• Juan Hugo Iquise Saca (Con 2 años de vocal).
Posted by industry at 8:55 AM No comments:
Labels: TCP: Tribunal Constitucional Plurinacional, TDJ: Tribunal Departamental de Justicia
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References: Artículo 62
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