Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/60503
Timestamp: 2019-10-23 21:21:33+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-77/60503
El suscrito MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8 numeral 1 fracción I, 164 numeral 1, y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA Y ADICIONA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 73 Y, SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER EL PRINCIPIO DE MUNICIPIO LIBRE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROFESIONALIZAR A LAS POLICÍAS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, Y PARA SOMETER A LOS GOBERNADORES AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
Introducción. El Estado policiaco militar obedece a razones geopolíticas.
La política de seguridad en el país en los dos últimos sexenios consiste en: el incremento acelerado del gasto militar y policiaco; la guerra en contra de las drogas; la ocupación territorial, regional y estatal, sin procedimientos de suspensión de garantías y sin respetar los procedimientos vigentes de intervención constitucional; la actuación ilimitada del ejército y de la marina en tareas de seguridad pública, entre otras acciones que prueban que la construcción de un Estado Policiaco Militar puede explicarse desde causas internas como lasviolaciones al Estado de Derecho en México. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, las razones que originan la construcción de ese Estado policiaco militar son acuerdos externos y tienen que ver con la política de seguridad de los Estados Unidos y su determinación de integrarnos en lo que denominan seguridad de Norteamérica bajo su conducción.
Sustentamos lo anterior con estudios y declaraciones emitidas por autoridades y académicos de ese país, con las propias declaraciones de las autoridades nacionales y desde luego con la observancia de los hechos con una visión amplia informada, geopolítica y no deliberadamente parroquial.
En el documento “North America Time for a New Focus”, elaborado por David H. Petraeus, Robert B. Zoellick y, Shannon K. O´Neil, se señala: “Norteamérica ha progresado desde las guerras del Siglo XIX a la hoy pacífica cooperación en contra de amenazas comunes. Esta relación de seguridad es esencial para el futuro de Norteamérica. Tener inseguridad en cualquiera de estos tres países elimina la habilidad para contribuir y beneficiarse de una región integrada.” .
“La Fuerza de Cooperación Especial recomienda trabajar hacia una meta a largo plazo de una nueva estrategia de seguridad unificada para Norteamérica. Dicho proceso podría empezar por expandir los programas de seguridad bilaterales para incluir a México. Los programas Estados Unidos-Canadá podrían ser incorporados a la iniciativa ‘’México-Estados Unidos manejo fronterizo del Siglo XXI’’, estos esfuerzos podrían incluir el considerar los riesgos de seguridad más allá de las fronteras y desarrollar un sistema conjunto de análisis de riesgos y amenazas para la “zona’’ Norteamericana. México podría también participar en el programa conjunto de EEUU-Canadá
‘’Shiprider’’, el cual está formado por grupos de múltiples agencias de seguridad que se enfocan en la actividad criminal transfronteriza. Estos pasos requerirían que México dedicara personal de las fuerzas de seguridad hacia la seguridad de sus fronteras Sur y Norte. Para alcanzar una estrategia de seguridad unificada, los tres países deberían desarrollar la confianza para compartir la información de manera segura entre agentes aduanales, agentes fronterizos, fuerzas de seguridad, oficiales de justicia y personal militar” .
Parte fundamental de la Iniciativa Mérida ha sido la exigencia de la reforma policial a los municipios. Para los documentos oficiales de los Estados Unidos, la corrupción prevalece a nivel de la policía municipal y, demandan para erradicarla un papel mayor de las policías federales y obviamente de la asistencia policiaca a México de los Estados Unidos. Lo dicen así: “El establecimiento de los comandos unificados de policías estatales que potencialmente podrían absorber a las fuerzas policiacas municipales, ha sido debatido en México por años. El congreso mexicano falló en aprobar una propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno de Calderón para establecer Comandos Unificados de Policía Estatal. Sin embargo, el presidente Peña Nieto está ayudando a los estados a moverse en esa dirección y ha introducido su propia propuesta de reforma constitucional sobre este tema. El resultado de los esfuerzos para una reforma policiaca podría tener implicaciones en las iniciativas de Estados Unidos de expandir la asistencia del plan Mérida para cubrir a fuerzas estatales y municipales, ya que el gobierno mexicano determina cómo se organiza y canaliza esa asistencia. Los recursos del fondo Mérida han mantenido academias estatales y cursos de entrenamiento para policías estatales y locales en seguridad de los oficiales, el aseguramiento y preservación de las escenas del crimen, técnicas de investigación y la recopilación de inteligencia” .
En el terreno de la seguridad, la compenetración entre los tres países es total. Por ejemplo, en materia energética, los norteamericanos han señalado las deficiencias de inseguridad de la infraestructura nacional en materia de energía y han exigido una permanente colaboración para remediarla. Duncan Wood lo señala así: “La infraestructura crítica de seguridad y la resistencia han sido una prioridad para la colaboración regional de seguridad desde el 9/11, pero con todo y una extensiva consulta entre los tres aliados de NAFTA…” .
No es por tanto casual, que el Congreso mexicano se haya dedicado durante la administración de Peña Nieto a aprobar reformas coincidentes con las exigencias de los Estados Unidos en México. Ejemplo de ello, fueron las reformas aLey para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, que adiciona la fracción XXIII, deroga el inciso 19) y reforma el inciso 25) de la fracción I, todos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, además de reformar el artículo 254 ter, se adiciona la fracción VI y se derogan el inciso j) de la fracción I del artículo 253, las fracciones VII y VIII del artículo 254, y el artículo 368 quáter del Código Penal Federal y, se reforma la fracción I y adiciona la fracción VIII al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.
Tal reforma estableció un régimen especial de carácter penal en materia de hidrocarburos, el que es propio de lo que la doctrina denomina derecho penal del enemigo y que es anticonstitucional. Es decir, un sistema que atribuye sanciones penales en función de la peligrosidad de los futuros autores de las conductas y no de las conductas mismas. La reforma criminaliza la protesta social de indígenas, ejidatarios, pequeños propietarios y de otros mexicanos con las categorías penales de terrorismo y sabotaje que se incluyen en ella. Evidentemente, se trata de una reforma legal para proteger los intereses de los inversionistas extranjeros en México en el ámbito de la energía, lo que coincide con los intereses norteamericanos reclamados pública e insistentemente afirmando que: sin mayor seguridad no habrá inversión extranjera.
En el mismo sentido, hace unos meses se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las que indebidamente e inconstitucionalmente se fundamentaron enel Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos sobre Asistencia Mutua entre sus Administraciones de Aduanas de 9 de diciembre de 2013. Las normas legales en México sólo pueden tener por fundamento jurídico para su creación o reforma una norma de mayor jerarquía y no una norma de menor jerarquía como es el caso. Además, el citado acuerdo es interinstitucional porque no fue aprobado por el Senado en contravención al artículo 76 fracción I de la Constitución. No puede haber reciprocidad con la brutal asimetría con los Estados Unidos
La anterior reforma violó el principio de legalidad y certeza, pues la reforma es ambigua, vaga e indeterminada. Por ejemplo: 1) No define cuantos permisos individuales o colectivos se otorgarán a los agentes extranjeros armados en nuestro país; 2) No precisa el número máximo de agentes armados extranjeros que podrán existir en nuestro país; 3) No precisa cuántos agentes extranjeros habrá por cada una de las 94 estaciones migratorias en México y por cada una de las decenas de Recintos Aduaneros del país; 4) No precisa la cantidad de armamento y equipo que estará a disposición de cada agente extranjero; 5) No precisa las relaciones de mando y de coordinación entre los agentes migratorios y aduanales extranjeros con los agentes aduanales y migratorios nacionales; 6) No precisa si en las rutas, caminos o transporte los agentes extranjeros también portarán armas; 7) No define que se entiende por reciento o local migratorio o aduanal; 8) No define el número máximo de prórrogas que se otorgarán por el gobierno mexicano a los permisos individuales o colectivos; 9) No define cuál es el juez penal competente en caso de que un agente extranjero cometa un delito en territorio nacional; 10) No se define cuál es el régimen jurídico al que estarán sujetos los agentes extranjeros en su relación con la población mexicana y en relación con las autoridades nacionales, lo que hace suponer que el sistema migratorio y aduanal mexicano estarán sometidos al control y a la administración del gobierno de los EEUU y no de los mexicanos.
Consideramos ahora como en aquella ocasión,que nuestros servicios de migración y aduanas estarán bajo la autoridad de la Homeland Security, que es el organismo establecido desde el gobierno de George W. Bush para combatir sin ninguna limitación el terrorismo, violando derechos humanos.
El principio de reciprocidad del que habla la reforma de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe estar previsto en un Tratado para ser válido porque compromete la soberanía de las naciones involucradas. Por tanto, no puede estar contemplado en un acuerdo interinstitucional que no es aprobado por el Senado de la República, ya que este tipo de acuerdos carecen de la legitimidad constitucional derivada de la representación política nacional de cada Estado.
Podemos decir, que los documentos citados y las reformas aprobadas en México en los últimos añosson, pasos en el proceso de integración de nuestro país a la seguridad Norteamericana léase E.U. que conlleva la pérdida acelerada y permanente de la soberanía nacional.
La política de seguridad de nuestro país se dirige a la integración militar y de seguridad de México a la órbita de las decisiones norteamericanas.La soberanía de una nación tiene que ver fundamentalmente con el control de su fuerza pública y militar, y México pierde a pasos acelerados el control pleno sobre sus fuerzas de seguridad a favor de la integración de América del Norte y de los Estados Unidos.
Las declaraciones de las autoridades mexicanas coinciden con lo que aquí señalamos, los pronunciamientos del Secretario de Gobernación y de los Gobernadores integrantes de la CONAGO, argumentan a favor del mando único, la necesidad de control y de supervisión de las policías. La finalidad de la reforma que el oficialismo propone sobre el mando único no es garantizar los derechos humanos de los habitantes del país, sino el “control” sobre las fuerzas de seguridad. Lo que corresponde con lo transcrito en los citados documentos.
Recupero finalmente en esta parte introductoria un fragmento de Carlos Fazio publicado en La Jornada y titulado “Geopolítica y despojo”. Dice Fazio: “Hace veinte años, la mañana del 23 de octubre de 1995, el Jefe del Pentágono, William Perry, dijo ante la plana mayor del Ejército Mexicano que entre Estados Unidos y México existían fuertes lazos políticos y económicos, pero que faltaba un “tercer vínculo”, el militar. A partir de entonces, promovida por Washington, la sana distancia entre las fuerzas armadas de ambos países comenzó a acortarse .
“Desde entonces, la finalidad de los gobiernos mexicanos bajo la supervisión de los Estados Unidos, ha sido la de desordenar, destruir, reconstruir, reordenar, todas nuestras estructuras constitucionales, legales, políticas, económicas y sociales, para favorecer al gran capital trasnacional por encima de los derechos humanos de las poblaciones y, en contra de los derechos territoriales de la nación mexicana a sus recursos naturales.”
Planteamiento de la iniciativa.
En esta iniciativa sostenemos las siguientes tesis: 1) La inseguridad es un problema estructural: económico, político y, social. 2) Socialmente, existeuna cultura de la impunidad e incentivos para dedicarse al crimen, porque el Estado ha descuidado la educación pública con valores cívicos como motor de movilidad social. 3) Tenemos un modelo económico que produce cada vez más pobres, sin perspectivas de vida, que son arrastrados por la lógica neoliberal a la precariedad laboral y salarial. 4) En concreto, la crisis de los municipios es política, de gobernabilidad y, no es acertado el diagnóstico que criminaliza a las autoridades locales, comunidades y pobladores de los municipios. 5) Los recursos humanos (en particular las policías) son insuficientes, están mal remunerados y mal capacitados. Es un reflejo de la problemática estructural nacional y local. 6) Para atacar el problema de la inseguridad, debemos replantear el empleo de los recursos económicos, que son insuficientes y mal distribuidos, en particular a los municipios. 7) La buena o mala designación o elección de autoridades municipales, influye en su incapacidad o, incluso colusión, con el crimen organizado nacional, regional, y municipal. Y, 8) La situación de crisis de inseguridad en los municipios no se concentra en todo el territorio nacional, sino en una porción no mayor al 10% de los municipios de país.
Para problematizar nuestras tesis, hacemos a esta soberanía y a la sociedad, los siguientes cuestionamientos:
¿Realmente cuántos municipios tienen problemas de inseguridad al grado máximo?
¿Cuánto va a costar una policía con suficientes mujeres y hombres para cubrir y atender todos los municipios del territorio nacional?
¿Es el mando único obligatorio la solución o, sólo servirá para destruir el principio de municipio libre y el federalismo mexicano?
Frente a la pretensión inconstitucional del mando único obligatorio proponemos las siguientes alternativas de solución:
1. Fortalecer a las policías, particularmente a las municipales.
2. Fortalecer los criterios para la elegibilidad de los representantes populares locales y federales, y de autoridades en general.
Establecer como requisito de elegibilidad constancias de no antecedentes penales.
Exigir a los partidos políticos mayor rigor en elección de candidatos y autoridades locales e ir constituyendo un servicio civil de carrera municipal.
3. Fortalecer a los Municipios a través de recursos económicos suficientes para respaldar la infraestructura y al personal policial.
La significación del municipio libre en la vida nacional.
El principio del municipio libre es una conquista de la revolución mexicana de 1910 e implica una transformación de gran calado en la Constitución de 1917. Los textos de las Constituciones anteriores a la vigente no establecieron ni desarrollaron este principio. Se puede señalar, como lo hace la doctrina constitucional mexicana , que el principio de municipio libre, es una decisión política fundamental, y en este tenor, sus contenidos no pueden ser trastocados o menoscabados mediante reformas constitucionales porque la Constitución perdería su razón de ser, abandonaría uno de los sentidos nodales que inspiró la integración del Constituyente de Querétaro. Las decisiones políticas fundamentales o cláusulas de intangibilidad, constituyen el núcleo
axiológico de una Constitución. Los que proponen el mando único obligatorio en materia de seguridad pública están atentando en contra de uno de los elementos fundamentales del contenido esencial de la Constitución de 1917.
Los principios constitucionales relacionados con la parte orgánica de la Constitución, como el de municipio libre, se integran con distintos contenidos, entre ellos, los vinculados con las competencias originarias del municipio. El mando y la coordinación de la policía preventiva en el territorio de los municipios, desde 1917, ha sido una de sus facultades originarias, la que ejercen por regla general y de manera permanente los ayuntamientos. Sólo por excepción y transitoriamente, en los supuestos constitucionales, se delega la competencia de policía municipal, en los gobernadores y en el Presidente de la República. Reducir o matizar esta atribución originaria, que en unión de otras, conforma el principio de municipio libre, implica afectar a una decisión política fundamental, que sólo puede ser limitada por un Constituyente originario y, no por el poder revisor de la Constitución.
Cuando Carranza propuso al Constituyente de Querétaro el principio de municipio libre, quería fortalecer este nivel de gobierno, como base primera del federalismo mexicano. Las finalidades de las competencias originarias conferidas al municipio libre eran para poner fin a la existencia de los Jefes Políticos, los que prevalecieron como autoridad intermedia entre los Estados y los municipios durante la dictadura de Porfirio Díaz, y que habían hecho de porciones del territorio nacional ámbitos de arbitrariedad y de injusticia. El mando único obligatorio entraña regresar al modelo preconstitucional de los Jefes Políticos; a las autoridades intermedias entre la Federación, los Estados y municipios; a la centralización del poder; y, a la negación del federalismo mexicano.
La tendencia de las reformas constitucionales hasta hace algunos años era la de incrementar las competencias de los municipios, para hacer realidad el precepto constitucional contemplado en el artículo 115, que en su parte conducente reza: que el municipio es la base de la división territorial y de la organización política del país; y, que la competencia que la Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá de manera exclusiva por los ayuntamientos sin que existan autoridades intermedias entre ellos y los gobiernos de los Estados. Por esta razón de carácter constitucional, el mando único obligatorio en los municipios, en manos de los gobernadores o de autoridades intermedias, resulta contrario a las facultades originarias de los municipios.
Un ejemplo de modificación constitucional, que parece extraño en el actual contexto constitucional y político, que maximizó las competencias municipales y el principio de municipio libre, fue la reforma de 1983 . Ésta se esforzó por reconocer a los municipios nuevas atribuciones, porque era totalmente consciente, de que la base de la vida social, democrática y, económica de la nación, reside en ellos. En ese momento de la historia constitucional del país, se quería un municipio más fuerte y no uno más débil. Ahora, y desde el auge del neoliberalismo en México, la centralización de facultades se agudiza para destruir a las bases del federalismo y, de la nación misma, que están representadas en el municipio.
¿Por qué se quiere acabar con el municipio, privándolo de sus competencias originarias? La respuesta no es única, es múltiple. A nivel de la vida política y financiera de los Estados de la República, los gobernadores están empeñados en disminuir a los municipios, para no sólo despojarlos de sus competencias originarias sino de sus recursos presupuestales , cuando el fin de sus gestiones debiera ser el opuesto: fortalecer las finanzas municipales, a través de la redefinición del sistema de coordinación fiscal del país con la intención de que el reparto del gasto sea más equitativo entre Federación, Estados y Municipios .
A nivel de la política interna, los presidentes de la República en los últimos sexenios, sobre todo Calderón y Peña, han buscado centralizar competencias afectando a los otros dos niveles de gobierno, para aumentar su poder político, frente y en contra de los poderes horizontales y verticales establecidos en la Constitución. Prueba de ello, son las múltiples reformas constitucionales que se han emprendido en estos años para lograr ese objetivo.
A nivel externo, geopolítico, la centralización de poder en los Presidentes mexicanos, que afecta a la vida federal, responde a crear una zona hemisférica de seguridad, que mantengalas variables policiacas, militares y, de inteligencia bajo un “control” superior, concentrado y manejable por encima de la base ciudadana. La estrategia hacia la integración total de América del Norte en los ámbitos de la energía, las telecomunicaciones, la educación, la cultura y la seguridad, implica la realización previa de la integración en el orden interno de cada nación,que facilite la integración supranacional y, la construcción y consolidación del poder imperial del vecino del norte.
En este esquema geopolítico, de control supra estatal, tanto militar como policiaco, los principios y desarrollos jurídicos de soberanía nacional, federalismo y, municipio libre, son percibidos por el gobierno norteamericano como obstáculos contra-hegemónicos que dificultan la materialización de sus objetivos de dominación .
De esta suerte, la centralización jurídica y política de facultades, que es constante a favor del Presidente de la República y, la integración interna de facultades y de recursos, en cada vez menos instancias constitucionales de poder nacional, significan una claudicación con los fines federales de la República. Los argumentos que esgrimen para respaldar el mando único obligatorio son apelaciones al miedo social y, a un pragmatismo sin contenido yantidemocrático porque favorece a una voluntad centralista y autoritaria. Como legisladores responsables de las entidades federativas sustentadas en sus municipios debemos que concentrarnos en el desarrollo de la vida municipal. Para los municipios deben existir más, no menos finanzas públicas, y reformas constitucionales que amplíen, y no limiten, sus competencias.
Argumentos y hechos que niegan la pretensión del mando único obligatorio.
En México existe una política presupuestal centralizadora que mengua, en materia de seguridad pública, las capacidades estatales y municipales. Con la entrada de la presidencia de Calderón, se planteó un nuevo Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, que entre sus principales diagnósticos señaló : “En el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública no se han alcanzado los resultados esperados, porque el respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales resulta una limitante a la capacidad para la acción conjunta y concurrente. Esta falta de coordinación también se manifiesta en el desarrollo desigual de las policías, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno.”
El presupuesto federal en seguridad pública con el supuesto objetivo de la “coordinación” y en contra del discurso oficial ha menguado los recursos que reciben los estados y municipios a favor de la Federación a través de dos mecanismos:
El primero es el que ejerce el Gobierno Federal a través de cuatro ramos administrativos: Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de Marina (SM), Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Esta vía concentra los mayores recursos presupuestales en relación a los que reciben las entidades federativas y los municipios.
El segundo corresponde a los recursos que el Gobierno Federal asigna de manera etiquetada a las entidades federativas, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del D.F. (FASP), perteneciente al ramo 33 “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” que se destina a apoyar las tareas que dichos niveles de gobierno realizan en materia de seguridad pública y que son proporcionalmente inferiores a los recibidos por la Federación.
Asimismo, a partir de 2008 existe un “subsidio” que transfiere directamente la SSP a los municipios con el mayor índice de criminalidad para utilizarse en la profesionalización de los elementos policiales, equipamiento básico y plataformas tecnológicas para bases de datos. La cobertura ha sido de 150 municipios en 2008; 206 en 2009 y 2010, respectivamente; 220 municipios en 2011; 239 en 2012; y 251 en 2013, los que concentran en promedio el 64% de la población nacional. En 2015 la lista se amplió a 280 municipios
El monto de los recursos asignados al Programa de Seguridad Pública federal se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, al pasar de 13 mil 483.4 millones de pesos (mdp) en 2001 a 53 mil 308.73 mdp en el ejercicio de 2013. Por lo que prácticamente se cuadruplicó.
En contraste, los recursos para los estados vía el ramo 33 sólo se han incrementado en el mismo periodo en un 31.9% en términos nominales, pero si se considera que la inflación acumulada en el mismo periodo ha sido de 72%, lo que significa que los recursos del FASP han disminuido en términos reales.
Durante 2001 los estados participaban en las acciones conjuntas del FASP en un 43%, y las instancias federales participaban con el 57% restante. La concentración de recursos en la entonces Secretaría de Seguridad Pública era de un 38%. Hoy en día y en contra del discurso oficial en materia de coordinación, la instancia federal ha ido absorbiendo recursos, en detrimento de los estados y municipios, lo que se puede advertir a través de las asignaciones presupuestales. Para 2013 representaban a favor de la Federación el 77%, y, a los estados, sólo se les proporcionaron aportaciones en un 14%, mientras que a los municipios que califican para el SUBSEMUN, un 9%.
El gasto militar y en seguridad en relación con el gasto social.
En el sexenio de Felipe Calderón se dio un incremento sustancial tanto en el gasto militar como en el de seguridad pública. En el caso del primero, las asignaciones de gasto crecieron casi 185% en el periodo de 2001 a 2013, pero específicamente en el sexenio de Calderón, el gasto creció en 250%, y el de seguridad pública (policial) en 500%.
En términos proporcionales, puede identificarse que el gasto militar significa el 62% en la seguridad nacional, y el gasto en seguridad pública federal es de 29%, quedando sólo en las 32 entidades federativas una proporción del 6% del presupuesto y 3% en los cerca de 200 municipios elegibles para el SUBSEMUN, que en conjunto concentran cerca de las dos terceras partes de la población del país.
Los datos en términos porcentuales:
En los últimos 14 años el gasto en seguridad, incluido el gasto militar y en los programas de seguridad pública, se ha incrementado en poco más del 700%, mientras que el gasto social (considerando salud, educación y desarrollo social) lo ha hecho en poco menos del 300%, pero en el caso específico del gasto educativo el crecimiento ha sido de 207%.
Esta priorización de la seguridad sobre la educación queda de manifiesto en que, en 2002 se gastaron 41 mil mdp en seguridad, pasando a 2013 a 141 mil mdp; en tanto, en educación se gastaron en 2002 94 mil mdp y para 2013 fueron 290 mil mdp. Esto significa que en 2002 el gasto militar y de seguridad representó el 37% de lo que se gastó en educación, en 2013 representó el 48%.
Los montos de gasto.
En 2014 el gasto militar ejercido fue de 87.7 mil millones de pesos, en tanto que para seguridad pública fue de 53.3 miles de millones de pesos. Esto es, se gastaron 141 mil millones de pesos para la seguridad del país. Esto representa 1.6 veces de lo que se gasta el desarrollo social y 1.2 veces de lo que se gasta en salud.
En específico, el gasto en seguridad alcanzaría a pagar casi 28 veces el Programas de Apoyo Alimentario; 2.5 veces el Programas de Pensión para Adultos Mayores; 56 veces el Programa de Seguro Médico Siglo XXI; 2 veces el Seguro Popular; y 10 veces el Programa Nacional de Becas y el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Datos de Banco Mundial señala que México es un país que gasta moderadamente en materia militar, en comparación con el destino del gasto de otros países, como proporción del PIB. El monto ha pasado del 0.4% del PIB en 2001 a 0.6% del PIB en 2012.
Pese a que México no es un país que participe en un conflicto armado (sino sólo en uno contra sí mismo, con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico), el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés), presenta cifras que demuestran que el nuestro ha sido uno de los países que ha en los últimos 15 años ha incrementado su gasto militar en términos constantes. Mientras que en 2000 gastaba 2,481 millones de dólares, para 2013 gastó 7,893 millones, lo que implica haber triplicado su gasto en términos reales.
Este gasto lo ubica en el lugar 25 a nivel mundial entre los países que más gasto militar erogaron, a pesar de no tener un conflicto bélico o una política de defensa tradicional, superado por países como Estados Unidos (1), China (2), Rusia (3), Arabia Saudita (4), Francia (5), Gran Bretaña (6), Japón (7), Alemania (8), India (9) y Corea del Sur (10).
Y aunque en estos años se mantiene una proporción del 0.6% del PIB de dichos gastos en el periodo en comento (como lo señala también el Banco Mundial), el gasto per cápita es significativamente mayor, pues en el año 2000 se gastaban 32 dólares por habitante, pero en 2013 se gastaron 66.3 dólares por cada mexicano.
Con el pretexto de la “guerra” contra el narcotráfico, se empezó con la militarización de la policía local. La “guerra contra las drogas” es el pretexto para la realización de las mismas estrategias que Estados Unidos ha implementado en la “guerra contra el terrorismo”, dando un excelente marco para la represión gubernamental.
La Iniciativa Mérida suscrita en 2008, Estados Unidos estará transfiriendo recursos, bajo un acuerdo de “cooperación” (anticonstitucional, por no haber sido aprobada por el Senado mexicano), que sumaría 2.3 billones aprobados por el Congreso de Estados Unidos, y que a diciembre de 2014 ha entregado 1.2 billones en equipamiento y entrenamiento.
La Iniciativa Mérida se basa en 4 pilares:
Atacar la capacidad de operación del crimen organizado: bajo este pilar, es que se han transferido a la SEMAR 4 aviones CASA, valuados en 50 millones de dólares cada uno, para patrullar las aguas territoriales.
Mejorar la capacidad institucional para soportar el Estado de Derecho: se destaca en este pilar la apertura de la academia para la administración de penitenciarías, que han reclutado 7 mil oficiales que serán certificados internacionalmente. Se han provisto 8 millones de dólares en equipamiento y entrenamiento en programas de investigación y 5 millones en capacitación y adiestramiento de policías estatales y federales. Se han dado los recursos para adaptar el sistema de justicia oral, equipando 57 salas en 17 entidades federativas.
Creación de una estructura fronteriza del siglo 21: bajo este pilar se han entregado 400 perros entrenados en la detección de narcóticos y armas. Se han dotado 112 millones de dólares en tecnología de inspección “no intrusiva” en el tránsito de bienes ilícitos.
Construcción de comunidades fuertes y resistentes: en este pilar se señala que se ha contribuido con 2.5 millones de dólares para implementar nuevas cortes en México, especializadas en juicios en materia de drogas, específicamente en el Estado de México, Chihuahua, Nuevo León, Morelos y Durango. Aquí se inserta un programa denominado “Cultura de Legalidad”, que consiste en la incorporación de
dicha asignatura en el currículum académico de las escuelas secundarias. Para el año 2013-2014 recibieron este entrenamiento 856,348 alumnos.
Además de estas estrategias, el Pentágono y la CIA han desarrollado desde 2011 una serie de expediciones sobre nuestro territorio tanto piloteadas y como a través de drones. Asimismo, ha entrenado a cerca de 4,500 oficiales federales mexicanos en técnicas de interrogación de sospechosos y de captación de informantes. Estas técnicas, acorde a lo señalado por el ex embajador Anthony Wayne, son las mismas que se utilizaron en Afganistán e Iraq (en donde fue embajador), en las operaciones especiales contra Al-Qaida.
Existe inequidad entre los sueldos y la cobertura de los policías estatales y municipales entre las diversas entidades federativas. Según un estudio presentado en agosto de 2015 por la ONG“Causa en Común” se indica que: “…se pone en entredicho la viabilidad Mando Único que promovió el Presidente Enrique Peña Nieto…”, porque no atiende el problema de fondo, que es una policía poco dignificada y profesionalizada, y “obedece a una combinación de factores que van desde la depuración de sus elementos, hasta la falta de incentivos para que los jóvenes vean en la Policía una forma de vida que ocasiona bajo reclutamiento.”
Situación salarial: Chiapas es el Estado que más bajo salario ofrece a un policía estatal con $4,374.12 mensuales, y Baja California el más alto con $19,800 mensuales.
Cobertura: Actualmente se cuenta con 132,715 policías estatales y con 135,138 policías municipales, lo que en promedio permite 2.24 policías por cada mil habitantes, pero en entidades como Tamaulipas, Veracruz y Coahuila tienen las tasas de cobertura más bajas con 0.89%, 1.04%, y 1.11%, respectivamente, en tanto que los de tasa más alta son Morelos; Distrito Federal y Quintana Roo con 4.98%, 4.88%, y 4.24%.
Jornadas laborales: En Estados como Campeche, Chiapas, Colima, DF, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas prevalecen los turnos de 24 por 24 horas, mientras que en estados como Veracruz existen modelos de acuartelamiento donde trabajan de 15 a 20 días, por 3 a 6 días de descanso, o en Guerrero, que laboran 21 días al mes por 7 de descanso, mientras que en Nuevo León utiliza horarios de 12 por12 horas durante 15 días por 5 de descanso. Esto contrasta con los Estados de Baja California, Baja California Sur y Querétaro, donde tienen jornadas de 8 horas, que son horarios respetuosos de la vida personal y familiar.
Carrera policial: sólo en Baja California Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Colima, Querétaro, Sonora cuentan con esquemas de profesionalización de la carrera policial.
La violencia en los municipios es originada en gran parte por los conflictos partidistas intergubernamentales. En un interesante estudio de la Revista Política y Gobierno del CIDE, los autores del ensayo titulado: “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, demuestran con solvencia académica y con elementos empíricos fehacientes, que los gobiernos federales han tenido una actitud selectiva frente a la violencia suscitada en los Estados y municipios. Su tesis debidamente corroborada, es que en los Estados y municipios gobernados por la oposición al Presidente en turno, la actitud gubernamental federal en materia de seguridad, es de abandono y descuido a esos municipios, para posteriormente culparlos política y socialmente de la inseguridad y, que en cambio, cuando se trata de municipios y Estados gobernados por el mismo partido del Presidente de la República, el comportamiento gubernamental es de respaldo incondicional y, en ellos, suelen resolverse en buena medida los problemas de inseguridad locales .
Este estudio demuestra cómo la variable política juega a favor de la inseguridad municipal y, desmiente, con el resto de los argumentos y hechos que hemos comentado en esta parte de la iniciativa, que el mando único obligatorio no es una alternativa viable. El mando único obligatorio es una supuesta solución que entraña incrementar la coerción del Estado en contra de las poblaciones y que desmantela a las estructuras federales del Estado mexicano.
El artículo 73, fracción XXIII de la Constitución.
Este precepto debe ser adicionado con un segundo párrafo para que el Congreso de la Unión apruebe reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública a fin de queel sistema nacional de seguridad pública establezca, con orientación municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno. Los policías de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, contarán con: salarios e incentivos laborales dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se consolidará el registro nacional de policías; se reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares internacionales para que existan los policías necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública sedescentralizará favor de los municipios y, se identificarán permanentemente, el número de municipios con alto índice de criminalidad para brindarles la atención financiera y de capacitación debida.
El artículo 115, fracción VII, de la Constitución.
El día 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación distintas reformas constitucionales en materia de seguridad pública. Entre otras normas, se modificó el contenido de la fracción VII del artículo 115, para quedar su primer párrafo, en los términos siguientes: “La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
La finalidad de la reforma, en esta parte, era según su exposición de motivos: “…establecer para los gobiernos municipales y los estatales, que la emisión de sus leyes en materia de seguridad cumplan las directrices de coordinación exigidas en el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución”. Es decir, que las legislaturas de los Estados, al aprobar las leyes sobre seguridad pública locales debían respetar las bases de coordinación en la materia, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución y en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Anterior a esa reforma, el párrafo primero de la fracción VII del artículo 115 decía: “La policía preventiva municipal estará al mando del presidente Municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público”.
Como pude advertirse, el verdadero fin de la reforma, contrario a lo que se establece en su exposición de motivos, fue limitar a los municipios en sus competencias y autonomía. La reforma de 2008 los obligó, en materia de seguridad pública, a acatar las leyes de Seguridad Pública que emitieran los Congresos Locales –además de la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública- y, ya no a los reglamentos que sus cabildos anteriormente aprobaban. Por el contrario, a los gobernadores de los Estados, que también deben coordinarse en materia de seguridad pública con los distintos niveles de gobierno no se les sometió, desde las interpretaciones oficiales, a una ley que determinará los supuestos, los procedimientos, las responsabilidades, y las sanciones, para determinar en qué casos y bajo qué procedimientos se debían ejercer sus competencias en materia de seguridad pública municipal cuando existieran causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público.
Lo señalado se corrobora con lo establecido indebidamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la controversia constitucional 92/2010, les confirió a los gobernadores competencias en la seguridad pública municipal cuando existan causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, sin que, a juicio de la Suprema Corte, exista una ley secundaria de por medio o, la firma de un convenio de colaboración respecto al mando único.
Tanto la reforma constitucional de 2008, como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurren a este respecto, en un contexto de “guerra contra el crimen organizado”, en donde lo fundamental para el gobierno anterior, aunque también para el de ahora, es poner fin a la delincuencia organizada, sin reparar mientes en la garantía plena de los derechos humanos, en la estructura federal del Estado mexicano o, en los principios de municipio libre y de legalidad.
El trato diferenciado en la materia, entre municipios que sí están sujetos a la ley y, gobernadores que pueden asumir la seguridad pública municipal, sin estar sometidos a la ley, cuando consideren que existen causas de fuerza mayor y/o alteraciones graves del orden público, no sólo constituye una transgresión al principio de legalidad derivado de los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución, sino que puede implicar el ejercicio de atribuciones arbitrarias por parte de los gobernadores. Desde nuestro punto de vista, tanto los municipios como los gobiernos de los estados, deben estar sometidos a las leyes en materia de seguridad pública en el ejercicio de todas sus competencias.
El principio de legalidad es un arma del Estado de Derecho contra el Estado absoluto y, en contra de los abusos de la autoridad. El principio de legalidad impide que las autoridades realicen actos arbitrarios y fuera de las competencias establecidas. Además la ley, debe serlo, en un sentido formal y material. Formal, significa que debe ser elaborada y aprobada por los órganos legislativos de los Estados siguiendo los procedimientos determinados en normas superiores. Material, entraña que la ley debe reunir características como la generalidad para que sea aplicable por igual a todas las personas que se encuentren en sus supuestos y, abstracta, para que regule las conductas de manera permanente, no transitoria, y sin posibilidad de normar conductas retroactivamente. Además, debe ser impersonal para impedir leyes privativas, dirigidas a personas en lo particular.
El principio de legalidad se vincula con el principio de reserva de ley. Materias como la seguridad pública, los delitos, las penas, los impuestos y la regulación de los derechos, por disposición de la propia Constitución y de los Tratados en materia de derechos humanos, sólo puede hacerse a través de las leyes en sentido formal y material. El principio de reserva de ley es una garantía más a favor de los ciudadanos, porque impide que las normas de la administración pública, federal o local, regulen directamente de la Constitución, sin pasar por la ley, determinadas materias. De hacerlo se trastocarían derechos humanos. Ni la vida, la libertad o la seguridad de una persona, puede afectarse o limitarse por meras regulaciones administrativas. En estos casos se requiere de una ley, tanto formal como materialmente, porque así lo determina además el artículo 21 de la Constitución.
Recientemente, el Gobernador del Estado de Morelos hizo uso indebido, desde nuestro punto de vista, de las competencias que se derivan del artículo 115 fracción VII de la Constitución. Sin fundar sus decretos en ley alguna y, con argumentos bastante endebles que intentaron justificar que se actualizaban las condiciones de fuerza mayor y las alteraciones graves del orden público, arrebató a quince municipios sus competencias en materia de seguridad .
La tendencia en el resto de los gobernadores priistas y perredistas del país es similar a la del gobernador de Morelos. El día 13 de enero de 2016, la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), manifestó su beneplácito con la iniciativa de reforma constitucional del Presidente de la República de 30 de noviembre de 2014, para imponer obligatoriamente el mando único en toda la República.
Como se recordará, el titular del Ejecutivo Federal, presentó en esa fecha, al Senado de la República, una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Constitución. Esa iniciativa reclama el mando único obligatorio y es totalmente cuestionable por lo siguiente:
Porque propone modificar el artículo 21 constitucional para determinar que la seguridad pública corresponde a la Federación y los Estados y no así a los municipios. También se alude a la homologación de condiciones, procedimientos y protocolos de seguridad pública entre las entidades federativas. Todo lo anterior priva de competencias a los municipios y también a los Estados, que tendrán que ajustarse al molde federal.
Porque el artículo 73 de la Constitución se quiere reformar para distribuir competencias en materia penal a través de leyes generales. Las legislaturas locales tendrán competencia en materia penal respecto a lo no tipificado y sancionado por las leyes generales penales. Es decir, se trata de una disposición centralista que conferirá competencias a las autoridades nacionales sobre las estatales. La competencia legislativa penal local será por excepción.
Porque pretende reformar el artículo 104 de la Carta Magna para establecer competencias a los tribunales federales respecto a los delitos del orden federal así como sobre los que determinen las leyes generales.
Porque el artículo 105 de la Constitución se busca reformar para que los municipios no tengan legitimación procesal activa para promover controversias
constitucionales en los casos que la Federación determine la intervención policíaca-militar en los municipios. Es decir, los municipios quedaran imposibilitados por la vía jurídica para reclamar decisiones de la Federación en la materia.
Porque el artículo 115 pretende regular el procedimiento de intervención federal en la Federación en los municipios cuando existan indicios de infiltración del crimen organizado en ellos. Participan en el procedimiento el Fiscal General de la República y, el Secretario de Gobernación. Para acordar la intervención se requerirá de la aprobación del Senado. La intervención podrá ser parcial o total. Si es total se deberá convocar a elecciones municipales.
La disposición es criticable porque establece un mecanismo de suspensión de garantías sin seguir el procedimiento y sin mantener la vigencia de los derechos fundamentales que enuncia el artículo 29 de la Constitución. Además, en el procedimiento de intervención municipal no participa la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la revisión constitucional de las medidas que adoptaría la Federación en los municipios.
Porque el artículo 116 se desea modificar para que los Estados no celebren convenios de colaboración con los municipios en materia de seguridad pública, ya que el mando único quedará impuesto por reforma constitucional. Y,
Porque el artículo 123 aparatado B se intenta reformar para determinar que las relaciones laborales en materia de seguridad pública sólo corresponden a la Federación y a los Estados.
La iniciativa de Enrique Peña Nieto como la pretensión de los gobernadores para imponer obligatoriamente el mando único, liquida al municipio, a sus autoridades ejecutivas y a sus cabildos, al reducir sus competencias constitucionales en materia de seguridad pública. La iniciativa de Peña Nieto, al igual que la decisión de los gobernadores para apoyar el mando único obligatorio, no se preocupa por democratizar la vida municipal ni por fortalecer el tejido social o por fortalecer las finanzas municipales, sino que establece medidas represivas externas –de la Federación- en la vida municipal como instrumento privilegiado para enfrentar la inseguridad pública y el crimen organizado en los ayuntamientos. La propuesta del titular del Ejecutivo Federal es antifederalista y antidemocrática porque desconoce el fundamento de la vida nacional que son los municipios. La intención de los Gobernadores de la CONAGO, también lo es, porque el mando único obligatorio despoja a los municipios de cualquier significación constitucional. En el caso de la iniciativa del Presidente, el procedimiento de intervención municipal ni siquiera respeta el procedimiento de suspensión de garantías previsto en el artículo 29 de la Constitución. La iniciativa presidencial priva a los municipios de recursos o vías jurídicas –la controversia constitucional- para impugnar los actos de intervención de la Federación en ellos.
De aprobarse las pretensiones presidenciales, como las que han manifestado los gobernadores, en México se habrá establecido un nuevo régimen político, que podemos denominar policíaco militar, en tanto que la iniciativa de Peña como el deseos de los gobernadores, tienden a limitar los derechos humanos de los habitantes de los municipios y, a sofocar las posibilidades institucionales de éstos, para impedir que se consolide en ellos, el principio de municipio libre.
En tal sentido, es necesario rescatar las competencias del municipio en materia de seguridad pública, rechazar la imposición del mando único obligatorio y, salvaguardar la autonomía municipal y el principio de legalidad, que son fundamento del Estado de Derecho mexicano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a esta soberanía, la siguiente:
PRIMERO. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución para quedar en los siguientes términos:
XXIII….
“El sistema nacional de seguridad pública establecerá, con orientación municipalista, las reglas y procedimientos para constituir: un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades de los tres niveles de gobierno; que se ocupe de la profesionalización de los cuerpos policiacos locales; que obligue a los aspirantes a los previos controles de confianza para el ingreso al servicio policial; que estructuré una Academia de Policía de calidad mundial para la capacitación policial y la educación de los policías de los tres niveles de gobierno. Los policías de los diferentes niveles de gobierno, principalmente los municipales, contarán con: salarios e incentivos laborales dignos y suficientes para el desarrollo de la carrera policial; se consolidará el registro nacional de policías; se reconocerá su derecho a la huelga y, se garantizarán estándares internacionales para que existan los policías necesarios por cada mil habitantes. El gasto en seguridad pública sedescentralizará favor de los municipios y, se identificarán permanentemente, el número de municipios con alto índice de criminalidad para brindarles la atención financiera y de capacitación debida”.
SEGUNDO.Se modifica el primer párrafo la fracción VII del artículo 115 constitucional, para quedar en los siguientes términos:
“VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Dicha ley, también establecerá los supuestos, procedimientos, responsabilidades y, sanciones, en los casos en los que los gobernadores de los estados, ejerzan temporalmente el mando de la policía preventiva municipal por causas de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Los municipios tendrán expedita la facultad de promover controversias constitucionales cuando a su juicio se invadan sus competencias en la materia”.
SEGUNDO. En el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, los poderes competentes de los Estados aprobarán las modificaciones a las Leyes de Seguridad Pública de los Estados para adecuarlas a esta Constitución.
TERCERO. En un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se realizarán de acuerdo a este Decreto, las modificaciones que correspondan a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Sala de Plenos de la Cámara de Senadores, a 4 de febrero de 2016
Senador Manuel Bartlett Díaz,
PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, Independent Task Force Report No. 71, Council on Foreign Relations, Inc., The United States of America, 2014, p. 24.
PETRAEUS, David H., ZOELLICK, Robert B., O´NEIL, Shannon K., North America Time for a New Focus, Independent Task Force Report No. 71, Council on Foreign Relations, Inc., The United States of America, 2014, p. 25.
SEELKE, Clare Ribando and FINKLEA, Kristin, “U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond”, CRS Report for Congress, Washington, D.C., Congressional Research Service, May 7, 2015, p. 12.
WOOD, Duncan, Integrating North America´s Energy Markets: A Call for Action, Mexico, Wilson Center Institute, December, 2014, p. 13.
Mensaje de Miguel Ángel Osorio Chong de 28 de enero de 2016 durante la inauguración de los trabajos de la VIII reunión plenaria de los Senadores del PRI y del PVEM, a la LXIII Legislatura.
FAZIO, Carlos, “Geopolítica y despojo”, La Jornada, 26 de octubre de 2015.
CARPIZO, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, México, UNAM, 1982.
Reforma publicada el día 3 de febrero de 1983 en el Diario Oficial de la Federación.
La Jornada, 19 de enero de 2016, p. 26. El alcalde de Tlaquiltenango, Morelos, señala que el mando único es para quitar los fondos a las alcaldías.
De los recursos fiscales que se recibe la hacienda pública nacional en el marco del sistema de coordinación fiscal, aproximadamente el 80% de ellos se destina a la Federación y el 20% a Estados y municipios. Existe una distribución desigual de recursos que anula al federalismo mexicano.
PETRAEUS, David, H., ZOELLICK, Robert B., y O’NEIL, Shannon K., América del Norte. El momento de un nuevo enfoque, Informe del Grupo de Trabajo Independiente número 71, Council on Foreign Relations, New York, 2014, pp. 50-60. RIBANDO SEELKE, Clare, FINKLEA, Kristian M.,U.S.-Mexican Security Cooperation: The Mérida Initiative and Beyond, Congressional Research Service, Washington, July 22, 2011, pp. 20-22.
Secretaría de Seguridad Pública, Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, Diario Oficial de la Federación 28 de enero de 2008.
TREJO, Guillermo y LEY, Sandra, “Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México”, Política y Gobierno, México, CIDE, vol. XXIII, número 1, 1 semestre de 2016, pp. 11-56.
Decretos de 3 de enero de 2016 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Morelos “Tierra y Libertad”.

References: ARTÍCULO 73
 ARTÍCULO 115
 artículo 194
 artículo 254
 artículo 253
 artículo 254
 artículo 368
 artículo 2
 artículo 76
 artículo 115
 artículo 73
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 73
 artículo 21
 artículo 115
 resolución 
 artículo 21
 artículo 115
 artículo 21
 artículo 73
 artículo 104
 artículo 105
 artículo 115
 artículo 29
 artículo 116
 artículo 123
 artículo 29
 artículo 73
 artículo 115