Source: https://investigacioncriminal.info/2016/09/25/agente-me-han-robado-mi-dominio/
Timestamp: 2019-01-21 10:21:12+00:00

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Agente, ¡me han robado mi dominio! – Investigación criminal
25/09/2016 adolfo 0 Comments
Para solucionar estos conflictos existen varios mecanismos judiciales y extrajudiciales de ejecución que son estrictamente del orden arbitral, administrativo y civil pero difícilmente del ámbito penal por lo que resulta imprescindible que los funcionarios de policía estén debidamente informados a fin de que puedan asesorar debidamente a los ciudadanos que manifiesten haber resultado afectados por un problema de esta naturaleza.
Uno de ellos y efectivo del orden arbitral puede resultar la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) que es un servicio dirigido a la devolución a las personas que ostenten un verdadero interés legítimo su nombre de dominio que ha sido ocupado.
Esta entidad está acreditada por la Entidad Pública empresarial Red.es como proveedora de servicios de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio bajo el correspondiente código de país (ccTLD) “.es”
La utilización de un sistema extrajudicial para la resolución de los conflictos que puedan surgir entre el titular de un dominio y un tercero que alegase intereses legítimos sobre el mismo está previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España.
A través de este servicio se puede, cuando se den las circunstancias necesarias para ello, recuperar un nombre de dominio que ya haya sido asignado a otra persona o entidad con carácter especulativo o abusivo. Para lo cual es necesario, la presentación de una demanda que será tramitada de acuerdo con el procedimiento establecido durante el cual serán tenidos en cuenta los motivos que se expongan por el demandante y por el demando, en su caso.
El Experto designado para la resolución de la demanda tendrá en cuenta a la hora de determinar si el demando ha obtenido el nombre de dominio de mala fe cuando:
El demando lo haya adquirido o registrado con la finalidad de venderlo, alquilarlo o cederlo por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
El demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante
Fuera de estos casos es muy difícil que pueda plantearse la reclamación efectuada y menos si se utiliza la de ámbito penal que no prosperaría ni tan solo mediante denuncia policial, si los funcionarios que la atienden están debidamente informados sobre esta materia, cosa que, en algunas ocasiones desgraciadamente se ha comprobado no ha sucedido al tramitarse denuncias en determinadas dependencias policiales por infracciones de esta naturaleza que, como cualquier experto en la materia de ciberseguridad debe conocer. En otras Instituciones, como sucede en el Cuerpo Nacional de Policía o en Mossos d’Esquadra, se instruyen a sus agentes especializados en estos ámbitos de derecho a fin de que se puedan distinguir las infracciones administrativas de las penales y evitar de esta forma que se puedan lesionar derechos de los ciudadanos afectados al utilizar vías procesales diferentes a las establecidas.
Para evitar este tipo de prácticas, la ICANN elaboró Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio, que se centra en el control de la falta de legitimidad del titular del nombre de dominio, desde el punto de vista de su mala fe. Esto es, registrar dominios con una clara intención de lucrarse a costa de otros, sin que ese registro de dominio tenga un fin legítimo, sino que el fin sea arrebatárselo a alguien que no ha registrado un dominio coincidente con su marca, para luego revendérselo a un precio desorbitado.
Este sistema permite establecer un marco jurídico extrajudicial para la resolución de conflictos referentes a los nombres de dominio, consistente en un sistema de sometimiento de todas las partes implicadas, evitándose la vía judicial.
Para poder presentar una demanda para la recuperación de nombre de dominio será necesario ostentar alguno de los siguientes derechos previos:
Para que pueda prosperar una demanda es necesario que entre otros concurran los siguientes requisitos:
El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.
El procedimiento es sencillo, y garantiza una rápida resolución (según datos de la OMPI, en torno a los dos meses) recurriendo a procedimientos en línea pues no hay vistas, ni comparecencias ante un tribunal, salvo en casos extraordinarios. Durante el procedimiento se designan uno o más expertos en derecho de marcas y tecnologías de la información y las comunicaciones, quienes emitirán un informe vinculante sobre la reclamación efectuada y que ejecutarán los proveedores de servicios de Internet y titulares de los alojamientos de las páginas web siempre que estas hayan sido autorizadas por ICANN.
Este procedimiento conlleva el pago de unas tasas que será más bajo que si se sigue el procedimiento judicial.
La resolución de un caso, según aparece en la web de OMPI de un caso relacionado con uno a cinco nombres de dominio y con intervención de un solo experto, oscilan entre los 1.200 € a 4.000 € según los expertos que intervengan. Quizá por esta razón, en determinadas ocasiones, se pretenda derivar al ámbito penal estas reclamaciones con la sola finalidad de evitar desembolsar estos costes imprescindibles para accionar nuestros derechos.
Como aconseja el EL ABOGADO DIGITAL, para evitar estos problemas se debe:
Registrar la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, si se quiere ámbito nacional o ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI–si se quiere protección europea.
Registrar el dominio comprobando que no esté asociado a ninguna marcaque pueda reclamar el dominio con posterioridad alegando mala fe.
Asegurarse de que la empresa donde se adquiere el dominio esté acreditado ante la ICANN como garantía de que sigue la Política Uniforme de resolución de Controversias.
Si alguien reclama el dominio adquirido esgrimiendo que tiene un mejor derecho sobre el mismo, se debe defender este alegando la inexistencia de mala fe y tratar de acreditarlo.
Si se acredita haber actuado de mala fe al registrar el dominio, posiblemente se pierda en un procedimiento extrajudicial pues el experto nombrado resolverá en favor del propietario de una marca y el registrador acreditado denegará el acceso al dominio que registramos de mala fe.
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Etiquetas: Dominio web, propiedad intelectual
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