Source: https://www.elperulegal.com/2018/03/ley-n-30737.html
Timestamp: 2018-09-21 14:24:48+00:00

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LEY N° 30737 ~ El Perú Legal
Artículo 1. Alcance de la presente sección 1.1. La presente sección es aplicable a las personas jurídicas o entes jurídicos:
b. Entes jurídicos: Son fondos de inversión, patrimonios fideicometidos y otros patrimonios autónomos gestionados por terceros, que carecen de personería jurídica.
Para estos efectos, no califican como entes jurídicos los fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de pensiones.
1.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo responsabilidad, elabora una relación de los sujetos comprendidos en el presente artículo.
Dicha información se publica en su portal institucional y es actualizada el último día hábil de cada mes.
Artículo 2. Medidas que aseguran el pago de la reparación civil a favor del Estado por la comisión de delitos contra la administración pública lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes Las entidades públicas aplican a las personas comprendidas en el artículo 1 las medidas siguientes:
Artículo 3. Suspensión de transferencias al exterior Se suspende el derecho de las personas comprendidas en el artículo 1 de transferir al exterior, bajo cualquier título, total o parcialmente, lo siguiente:
a. Se efectúe el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás
obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el artículo 1, que se encuentren vencidas, generadas por los proyectos en el Perú. Así como el íntegro de la reparación civil a favor del Estado y el íntegro de la deuda tributaria exigible.
Artículo 4. Reglas para la adquisición 4.1. Cualquier persona que pretenda adquirir, bajo cualquier título, algún bien o derecho de alguna de las personas a las que se refiere el artículo 1, así como acciones u otros valores representativos de derechos de participación emitidos por personas constituidas en el Perú comprendidas en el artículo 1, aun cuando estos bienes, derechos, acciones o valores hubieren sido transferidos en fideicomiso o bajo otra modalidad semejante, debe presentar previamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una solicitud escrita manifestando su interés. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa a través de su portal institucional la presentación de solicitudes de adquisición, así como el estado de trámite ante dicha entidad y su resolución aprobatoria o denegatoria, según el caso. Asimismo puede requerir información adicional y documentación sustentatoria que considere pertinente conforme al reglamento.
4.3. En caso se realice la adquisición de los bienes, activos, derechos, acciones, participaciones o valores de los sujetos comprendidos en el artículo 1, siguiendo los procedimientos establecidos en el presente artículo y acreditando el depósito de las cifras correspondientes en las respectivas cuentas a que se refiere el artículo 7, los bienes, activos, derechos, acciones, participaciones o valores representativos de derechos materia de transferencia, automáticamente no podrán ser afectados, bajo ningún título, como consecuencia
de las acciones u omisiones de los sujetos comprendidos en el artículo 1. Asimismo, se levanta de oficio la anotación preventiva.
Artículo 5. Procedimiento de adquisición 5.1. En el marco de las reglas previstas en el artículo 4, el solicitante debe presentar una solicitud de transferencia, indicando el monto correspondiente al precio de venta de los bienes, activos, derechos, acciones, participaciones o valores a ser pagados a favor de las personas comprendidas.
5.2. El depósito al Fideicomiso al que se refiere el artículo 7 se realiza en cada una de las operaciones de venta hasta por el monto que cubra la reparación civil estimada por el Procurador Público del Estado que corresponda y el íntegro de la deuda tributaria exigible. En cada operación se retiene el cincuenta por ciento (50%) del precio de venta, hasta alcanzar el monto de reparación civil que estime el Procurador Público y el íntegro de la deuda tributaria exigible. Dicha retención se realiza en la oportunidad en la que se viabilice el pago. El precio de venta debe garantizar prioritariamente el pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el artículo 1, generadas por el proyecto sujeto a venta, en concordancia con lo establecido en el artículo 5.3. Para dichos efectos, se activa el mecanismo de veeduría, debiendo remitirse un informe periódico sobre la continuidad de la cadena de pagos, según lo señalado por el reglamento. El monto que corresponda a la persona comprendida en el artículo 1, no está sujeto a las disposiciones reguladas en los párrafos primero y segundo del artículo 3, en tanto se destine prioritariamente al pago de las obligaciones laborales, con proveedores, financieras y demás obligaciones con terceros de las personas comprendidas en el artículo 1, generadas por los proyectos en el Perú.
Para dichos efectos, se activa el mecanismo de veeduría, debiendo remitirse un informe periódico sobre la continuidad de la cadena de pagos, según lo señalado por el reglamento.
5.3. Tratándose de proyectos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos evalúa, en base a la información presentada, el precio de venta, el mismo que comprende el valor presente de los ﬂ ujos futuros de ingresos y costos del proyecto (neto de depreciación y amortización del proyecto), así como el saldo de caja y efectivo del proyecto y la deducción del reconocimiento de las deudas por cobrar y por pagar a trabajadores, proveedores y tributos, así como las deudas financieras asumidas exclusivamente para el proyecto. Se excluyen de dichas deudas aquellas deudas financieras contraídas con las personas comprendidas en el artículo 1 y las deudas financieras asumidas por los accionistas. Esta regla aplica para la adquisición de empresas.
Artículo 6. Retención de importes a ser pagados por el Estado 6.1. Las entidades del Estado que resulten obligadas a efectuar algún pago por cualquier título a favor de las personas a las que se refiere el artículo 1, así como a las sociedades o consorcios en los que estas participen, incluyendo los correspondientes a contratos
de concesión, contratos de construcción o contratos de adquisición de bienes o prestación de servicios, están en la obligación de retener sobre cada pago que realicen conforme al contrato, un margen neto de ganancia de hasta el diez por ciento (10%) del pago respectivo, sin incluir IGV, salvo que ostenten garantías financieras otorgadas por el Estado peruano al amparo del artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo 130-2017-EF.
b. En caso se produzca la sustitución conforme a lo dispuesto en el literal a, la entidad pública suscribe el acuerdo de modificación correspondiente, a fin de que la composición del contratista sea variada. Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de los criterios que las normas de contrataciones tengan previstos como requisitos para la contratación con entidades públicas.
Una vez perfeccionada la sustitución, se informa al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo que establezca el reglamento.
Artículo 7. Fideicomiso de retención y reparación 7.1. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realiza los actos y contratos que sean necesarios para el establecimiento de un fideicomiso, denominado "Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR", administrado por el Banco de la Nación, cuya finalidad es recaudar y servir al pago de las reparaciones civiles que correspondan al Estado y la deuda tributaria exigible. El patrimonio fideicometido está conformado por los fondos a que se refiere el artículo 6 y por aquellos que resulten de lo dispuesto en el artículo 5.
Artículo 8. Procedimiento de anotación preventiva 8.1. Procede de oficio la inscripción, en mérito a una resolución emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la anotación preventiva en los registros públicos en los que consten inscritos los bienes, activos, derechos, acciones, participaciones u otros valores representativos de derechos de participación pertenecientes a los sujetos comprendidos en el artículo 1, así como en la partida registral de dichos sujetos, precisando que la adquisición de estos bienes, activos, derechos, acciones, participaciones o valores, bajo cualquier título, está sujeta al procedimiento previo establecido en los artículos 4 y 5.
8.2. Para efectos de la inscripción de la anotación preventiva en los registros públicos en los que consten inscritos los sujetos comprendidos en
el artículo 1, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presenta una solicitud de anotación preventiva precisando la denominación o razón social, así como el número de la partida registral de dichos sujetos, adjuntando copia de la resolución ministerial que ordena la inscripción de la anotación preventiva antes referida.
8.6. En el caso de las acciones u otros valores representativos de acciones pertenecientes a las personas jurídicas comprendidas en el artículo 1, el gerente general de estas es responsable de la inscripción en el libro de matrícula de acciones y en los certificados de acciones que se hubieran emitido o se emitan, de la anotación preventiva en virtud a la resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La Institución de Compensación y Liquidación de valores es responsable de consignar la anotación preventiva antes referida en el registro correspondiente.
Dicha información es remitida a la veeduría a que se refiere el artículo 22.
Artículo 9. Alcance de las acciones restrictivas contra personas jurídicas o entes jurídicos socios, asociados o consorciados 9.1. La presente sección aplica a las personas jurídicas o entes jurídicos que en calidad de socios, consorciados o asociados bajo cualquiera de las formas asociativas o societarias previstas por ley, hayan participado en la adjudicación de manera conjunta con las personas comprendidas en el artículo 1, en contratos suscritos con el Estado peruano, en los que estas últimas hayan admitido o confesado, o hayan sido sentenciadas por la comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes en agravio del Estado peruano, en el Perú o en el extranjero.
Artículo 10. Acciones restrictivas contra los socios, asociados o consorciados Las personas comprendidas en el artículo 9 se sujetan a las acciones siguientes:
Artículo 11. Constitución de fideicomiso en garantía que coadyuve al pago de la reparación civil 11.1. Establécese la obligación de las personas señaladas en el artículo 9 de constituir un fideicomiso con el fin de garantizar el pago de la reparación civil y los intereses a favor del Estado peruano, evitar la ruptura de la cadena de pagos y mantener la continuidad de la ejecución de obras públicas y de la prestación de servicios
públicos para coadyuvar al pago de la reparación civil.
11.2. La obligación prevista en el párrafo 11.1 se cumple en un plazo máximo de noventa días hábiles. El fideicomiso de garantía se realiza sobre los activos, bienes, derechos, acciones, ﬂ ujos ciertos o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado para coadyuvar al futuro pago por reparación civil. El plazo se cuenta desde la estimación de dicho monto conforme a las reglas establecidas en el artículo 12.
11.4. Cada fideicomiso está conformado por el fideicomitente, representado por las personas señaladas en el artículo 9, el cual transfiere en dominio fiduciario, activos, bienes, derechos, acciones o participaciones a otra persona, denominada Fiduciario, con la finalidad de constituir un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de cubrir el monto estimado para coadyuvar al pago de la futura reparación civil a favor del Estado por concepto de daños y perjuicios. Semestralmente, se actualiza el valor del patrimonio fideicometido a efectos de mantener el equivalente del monto estimado de reparación civil. Este Fideicomiso es administrado por el Banco de la Nación o aquellas empresas del sistema financiero autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones que no tengan conﬂ ictos de interés.
1 1.5. El fideicomitente, previa aprobación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede sustituir los bienes entregados en fideicomiso por otros activos, bienes, derechos, acciones o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado.
11.6. En caso la persona incluida en el artículo 9 no cumpla con la constitución del fideicomiso dentro del plazo establecido ni con el cronograma de cumplimiento de obligaciones establecido en el párrafo 12.4 del artículo 12, se sujeta a la retención prevista en el Título IV, Sección I
cuyos montos son depositados en la cuenta del "Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR", administrado por el Banco de la Nación.
Artículo 12. Reglas para el cálculo del monto del fideicomiso de garantía 12.1. Tratándose de Asociaciones Público-Privadas, el monto que se garantiza es de un valor equivalente al íntegro de utilidad atribuida a la persona comprendida en este título, derivada de su participación en el contrato respectivo referido en el artículo 9, o el cincuenta por ciento del íntegro del patrimonio neto promedio correspondiente a su participación en el consorcio, asociación o contrato respectivo referido en el artículo 8, lo que resulte mayor, los cuales se actualizan semestralmente en función a los estados financieros auditados.
Artículo 13. Implementación de programas de cumplimiento 13.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas incluidas en el artículo 9, deben iniciar la implementación de un modelo de cumplimiento adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la futura comisión de delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.
13.3. El contenido del modelo de cumplimiento, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla conforme lo dispuesto en la Ley 30424, modificada por el Decreto Legislativo 1352, y su reglamento, sin perjuicio de que las personas jurídicas lo implementen con elementos adicionales basados en el ISO 19600
y 37001 u optando por mayores estándares sobre la materia.
13.5. La persona incluida en el artículo 9 que incumpla con la disposición prevista en el párrafo 13.2, se sujeta a la retención prevista en los títulos III y IV de la Sección I, cuyos montos son depositados en la cuenta del "Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR", administrado por el Banco de la Nación.
OBLIGACIÓN DE REVELAR INFORMACIÓN
A LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA
Artículo 14. Obligación de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación Dentro del plazo establecido en el párrafo 11.2 del artículo 11, la persona incluida en el artículo 9, debe presentar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos lo siguiente:
Se sujeta a la retención prevista en los títulos III y IV de la Sección I, cuyos montos son depositados en la cuenta del "Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR", administrado por el Banco de la Nación, la persona incluida en el artículo 9 que incumpla con lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo.
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN EMPRESAS,
MITIGACIÓN Y PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN
Artículo 15. Alcance de las medidas de intervención en empresas, mitigación y prácticas anticorrupción El presente título aplica a las personas jurídicas o entes jurídicos contra las que se haya iniciado la investigación fiscal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, lavado de activos o delitos conexos; o equivalentes, en casos estos hayan sido cometidos en otros países en agravio del Estado peruano, en el desarrollo de proyectos de inversión pública o público-privada, independiente de su fecha de ejecución, hasta la emisión de la sentencia o resolución que pone fin al proceso, con la finalidad de mitigar el riesgo de paralización de los proyectos de inversión y la industria de construcción, así como la potencial afectación del empleo productivo.
Artículo 16. Acogimiento al régimen de intervención de empresas 16.1. Las empresas comprendidas en el artículo 15
pueden someterse al régimen de intervención de empresas previstas en la presente sección solicitándolo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
16.3. El acogimiento al régimen de intervención de empresas no enerva la responsabilidad penal o civil determinada por las instancias judiciales.
Tampoco reconocimiento o aceptación de responsabilidad.
16.4. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos elabora una relación de contratos, indicando la persona jurídica o ente jurídico, incluido en los alcances de la presente sección, así como su porcentaje de participación, de corresponder.
Dicha información se publica en el portal institucional del referido ministerio y se actualiza el último día hábil de cada mes.
Artículo 17. Componentes Las personas que se acogen al régimen de intervención están sujetas a las medidas siguientes:
Artículo 18. Constitución de un fideicomiso de garantía 18.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles, las personas comprendidas en el artículo 15
deben constituir un fideicomiso de garantía sobre los activos, bienes, derechos, acciones o participaciones cuyo valor, de manera individual o conjunta, sea igual o superior al monto estimado para coadyuvar al futuro pago por reparación civil. Pueden incluirse los ﬂ ujos ciertos a favor del fideicomiso. El plazo de los noventa días hábiles se cuenta desde la estimación de dicho monto conforme las reglas establecidas en el artículo 19.
18.6. Alternativamente a lo dispuesto en el párrafo 18.5, las personas pueden presentar una carta fianza a favor del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos por el monto estimado siempre que sea emitida por una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y ostente carácter incondicional, irrevocable y de realización automática.
Artículo 19. Reglas para el cálculo del monto del fideicomiso de garantía El monto a depositar, tratándose de Asociaciones Público-Privadas, es de un valor equivalente al íntegro de la utilidad atribuida a la persona comprendida en esta sección, derivada de su participación en el respectivo contrato de Asociaciones Público-Privadas referido en el artículo 15, los cuales se actualizan semestralmente conforme los estados financieros auditados, así como las disposiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.
Artículo 20. Obligación de revelar información a las autoridades encargadas de la investigación La solicitud a que se refiere el artículo 16 acompaña la documentación siguiente:
Artículo 21. Implementación de programas de cumplimiento 21.1. Dentro del plazo de noventa días hábiles desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas incluidas en el artículo 15, deben iniciar la implementación de un modelo de cumplimiento adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir la futura comisión de delitos o para reducir significativamente el riesgo de su comisión.
21.2. El contenido del modelo de cumplimiento, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla conforme lo dispuesto en la Ley 30424, modificada por el Decreto Legislativo 1352 y su reglamento, sin perjuicio de que las personas jurídicas lo implementen con elementos adicionales basados en el ISO 19600
Artículo 22. Veedor de los procesos El veedor es una persona idónea y competente que se desempeña con independencia y criterio de técnico en exclusiva y única condición de observador, con la facultad de acceder a la documentación necesaria para su labor sin que ello implique interferencia en las decisiones de la empresa. Tiene como principal función recabar información y verificar el movimiento económico de las personas comprendidas en las secciones I, II y III y su situación patrimonial, con el fin de hacer efectivo el seguimiento de la continuidad de la cadena de pagos.
PRIMERA. Reglamentación El reglamento de la presente ley es aprobado mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía y Finanzas, en el plazo de treinta días calendario contados desde el día siguiente de su publicación.
SEGUNDA. Medidas aplicadas en la ley Las medidas previstas en la presente ley tienen por objeto cautelar el cobro de la futura reparación civil que determinen las instancias competentes, mitigando el peligro en la demora durante los procesos a su cargo, en tanto se emita la decisión final por parte de las instancias judiciales respectivas.
TERCERA. Responsabilidad derivada de los actos de corrupción Las reglas contenidas en la presente ley no limitan ni restringen la naturaleza o alcances de la responsabilidad determinada mediante sentencia por las instancias judiciales las cuales se rigen por las disposiciones contenidas en el Título VI, Capítulo I del Código Penal y del Código Civil.
CUARTA. Cálculo del monto de la reparación civil El Procurador Público del Estado que corresponda estima el monto de reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales de acuerdo con los criterios que determine el reglamento, para lo cual debe contratar consultores especializados. A efectos de dicha contratación, no es aplicable la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias o norma que lo sustituya, salvo que esté inhabilitado para contratar con el Estado. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos verificar la inexistencia de conﬂ ictos de interés de los consultores expertos con las empresas comprendidas en la presente ley.
QUINTA. Requerimientos de información de la Procuraduría Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Para el cumplimiento de las funciones comprendidas en la ley, el Procurador Público que corresponda y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pueden requerir información complementaria a las entidades públicas, las cuales cuentan con un plazo máximo de diez días hábiles para atender dicha solicitud, bajo responsabilidad del titular de la entidad.
SEXTA. Cobro de deudas tributarias El "Fideicomiso de Retención y Reparación - FIRR", a requerimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sirve para cubrir el pago de las deudas tributarias que se generen como resultado de la ganancia de capital de los procedimientos de adquisición de proyectos o empresas, a las que se refiere el artículo 4 de la presente ley, así como aquellas deudas tributarias exigibles coactivamente a las personas comprendidas en el artículo 1 de la presente ley, incluso las que se hubieran generado antes de la vigencia de la presente ley.
SÉPTIMA. Ejecución de garantías Precísase que las garantías de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos, a que se refiere el artículo 33 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, se ejecutan de acuerdo a lo establecido en el capítulo correspondiente del Reglamento de la Ley 30225, y únicamente para la finalidad para la que fueron otorgadas. Luego de realizado el pago, las empresas emisoras de dichas garantías que adviertan solicitudes de ejecución de manera irregular o en contravención a las normas mencionadas, pueden solicitar la intervención del Sistema Nacional de Control.
NOVENA. Mecanismos de veeduría El Poder Ejecutivo implementará medidas de veeduría sobre la información económica, contable y financiera de las personas comprendidas en las secciones I, II y III, conforme las instrucciones que emita el Fiduciario de los Fideicomisos establecidos en la presente ley, de conformidad con las disposiciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley.
DÉCIMA. Disposiciones en materia tributaria De manera complementaria, las entidades del sector público nacional y los sujetos generadores de rentas de tercera categoría que efectúen algún pago a los sujetos comprendidos en la lista a la que se refiere el párrafo 1.4 del artículo 1, deben detraer un porcentaje el cual no puede ser superior al 10%, conforme las condiciones y tasas diferenciadas que pueden ser aprobadas mediante decreto supremo, del importe del pago respectivo que comprende el impuesto general a las ventas, y depositar el importe detraído en la cuenta que abre, de oficio, el Banco de la Nación a nombre del sujeto comprendido en la mencionada lista.
El sujeto obligado que incumpla con efectuar la detracción o con realizar el íntegro del depósito hasta el momento que se establezca mediante decreto supremo, es sancionado con una multa equivalente a un porcentaje del importe por el que se hubiese incumplido, que se fije mediante decreto supremo, el cual no puede ser superior al cien por ciento (100%) del importe no detraído.
La determinación de la infracción y la aplicación de la sanción, así como su cobro coactivo, se efectúan de acuerdo al Código Tributario.
UNDÉCIMA. Informe anual sobre los avances en la implementación de la presente ley El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Economía y Finanzas remiten anualmente al Congreso de la República un informe sobre el impacto y aplicación de la presente norma. Dicho informe puede contar con la información previa de las entidades públicas correspondientes.
DUODÉCIMA. Control concurrente Para la ejecución de los proyectos a cargo de las personas jurídicas o entes jurídicos comprendidos en las secciones II y III, la Contraloría General de la República puede de acuerdo a criterios que establezca el reglamento de la presente ley, realizar control de manera simultánea, desarrollando directamente el control gubernamental o a través de empresas auditoras. Para tal efecto, la Contraloría General de la República aprueba un Plan de Acción de Control y puede dictar las directivas que estime pertinentes. El control se concentra en el cumplimiento de la legalidad, mas no en decisiones técnicas sobre las que tienen discrecionalidad los funcionarios.
DECIMOTERCERA. Incentivos a la colaboración eficaz El Ministerio Público puede celebrar Acuerdos de Colaboración Eficaz con las personas jurídicas o entes jurídicos, que decidan colaborar efectivamente en las investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y la información alcanzada sea eficaz, corroborable y oportuna. La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda.
b) Haberse comprometido con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en un plazo no mayor a 10 años y, c) El acuerdo de colaboración eficaz alcanzado debe haber sido aprobado durante la etapa de la investigación penal.
DECIMOCUARTA. Sanciones por incumplimiento de la cadena de pagos Tratándose de un régimen especial, las personas jurídicas o entes jurídicos regulados en la presente ley que incumplan las obligaciones contraídas en esta y con la cadena de pagos a favor de trabajadores y proveedores, están impedidos de contratar con el Estado en concordancia con el artículo 11 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Para ello se requiere informe fundamentado del veedor y opinión previa de la Contraloría General de la República.
ÚNICA. Modificación de los artículos 472, 473, 474, 475, 476-A, 477, 478, 479 y 480 del Código Procesal Penal Modifícanse los artículos 472, 473, 474, 475, 476-A, 477, 478, 479 y 480 del Código Procesal Penal, en los siguientes términos:
"Artículo 472.- Solicitud 1. El Fiscal está facultado a promover o recibir solicitudes de colaboración eficaz y, en su caso, cuando se planteen verbalmente, a levantar las actas correspondientes, a fin de iniciar el procedimiento de corroboración y, si corresponde, a suscribir el Acuerdo de Beneficios y Colaboración, con persona natural o jurídica que se encuentre o no sometida a un proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal.
Artículo 473.- Fase de corroboración [...]
Artículo 474.- Procedencia 1. Para la aplicación del beneficio por colaboración eficaz, la persona natural y jurídica debe:
Artículo 475.- Requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales [...]
7. Cuando el colaborador sea una persona jurídica, teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración, podrá obtener
Nuevo Código Procesal Penal, son de aplicación a las personas o entes jurídicos pasibles de imponérseles las consecuencias accesorias previstas en el Capítulo II, del Título VI del Libro Primero del Código Penal, por la comisión de delitos del artículo 1 de la presente ley, cometidos con anterioridad a la vigencia de la Ley 30424, modificada por Decreto Legislativo 1352.

References: Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1

Artículo 3
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1

Artículo 6
 artículo 1
 artículo 54

Artículo 7
 artículo 6
 artículo 5

Artículo 8
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 22

Artículo 9
 artículo 1

Artículo 10
 artículo 9

Artículo 11
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12

Artículo 12
 artículo 9
 artículo 8

Artículo 13
 artículo 9
 artículo 9

Artículo 14
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9

Artículo 15
 resolución 

Artículo 16
 artículo 15

Artículo 17

Artículo 18
 artículo 15
 artículo 19

Artículo 19
 artículo 15

Artículo 20
 artículo 16

Artículo 21
 artículo 15

Artículo 22
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 11

Artículo 473

Artículo 474

Artículo 475
 artículo 1