Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3543-2004-14-06-2006-52971
Timestamp: 2018-12-17 09:56:32+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3543/2004, 14-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3543/2004 de 14 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/3543/2004
La providencia de apremio referida a una sanción es correcta porque la suspensión automática de las sanciones en vía administrativa sólo se amplía a la vía judicial siempre que se cumplan determinados requisitos, entre los que se encuentra el ofrecimiento de caución, sin que baste la mera constancia de haber tenido conocimiento del hecho de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la liquidación con petición de suspensión. Esta conclusión no sufriría variación en el supuesto de que se tuviera en cuenta, a efectos interpretativos, lo dispuesto en la nueva LGT (Ley 58/2003), que aunque entró en vigor con posterioridad a que se notificara a la entidad interesada la providencia de apremio, ha sido también invocada. Según el artículo 233.8 de la LGT (Ley 58/2003) la suspensión se mantendrá tras la interposición del recurso contencioso-administrativo sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial. Dicha LGT suprime el requisito de exigir caución en aquellos casos en que la deuda de que se trate sea una sanción, pero limita los efectos de la suspensión en cuanto al tiempo, hasta la fecha en que se produzca la decisión judicial, término que se ha observado en este caso, puesto que el auto de la Audiencia Nacional que acordó la suspensión solicitada condicionando ésta a la aportación de garantía, que no se aportó, es anterior a la fecha en que la providencia de apremio se notificó a la entidad deudora. Sin embargo, debe anularse la diligencia de embargo, correctamente emitida en aplicación de lo establecido en el artículo 127.3 párrafo segundo de la LGT (Ley 230/1963), ya que posteriormente la Audiencia Nacional ha dictado Auto estimando el recurso de súplica interpuesto y acordando la suspensión solicitada sin prestación de fianza o garantía alguna.
En la Villa de Madrid, a 14 de junio de 2006 en las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por ..., S.L. y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio en ..., contra acuerdos de la Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria de 30 de junio de 2004 y de 20 de junio de 2005, en asuntos referentes a procedimiento de apremio y a embargo; cuantía: 32.747,12 €.
PRIMERO: En fecha 1 de junio de 2004, la Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria dictó una providencia de apremio dirigida a la entidad ..., S.L. con clave de liquidación ..., por el concepto de IVA, Actas de Inspección, 1995-1997, Expediente Sancionador, por importe total de 24.441,46 €.
Contra la mencionada providencia de apremio interpuso la entidad antes citada recurso de reposición que fue desestimado por acuerdo de 30 de junio de 2004, dando ello lugar a la interposición por parte de dicha entidad de reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central, que corresponde a la referencia 3543/2004. La entidad reclamante solicitó en escrito separado la suspensión de la ejecución del acto al amparo del artículo 233.4 de la Ley 58/2003, que fue inadmitida a trámite por acuerdo de este Tribunal de 25 de noviembre de 2004.
SEGUNDO.- En fecha 4 de abril de 2005, el Jefe de la Unidad de Recaudación del Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria emitió una diligencia de embargo de depósitos y cuentas bancarias por importe total de 32.747,12 €, de los que 24.441,46 € corresponden a la deuda proveniente de la liquidación antes citada
En fecha 12 de abril de 2005, se procedió a levantar el embargo referido por el importe de 4.028,69 € correspondiente al recargo de apremio
Contra la diligencia de embargo citada interpuso la entidad ..., S.L. recurso de reposición que fue desestimado por acuerdo de la Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación de la Agencia Tributaria de 20 de junio de 2005, dando ello lugar a la interposición por parte de dicha entidad de reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico Administrativo Central, que corresponde a la referencia 2913/2005.
TERCERO.- En los escritos de alegaciones presentados en el momento procesal oportuno, la entidad reclamante adujo en síntesis lo siguiente: a) que la providencia de apremio proviene de una liquidación por el concepto de sanción cuyo principal ha permanecido suspendido durante el tiempo de la tramitación de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la misma y que una vez desestimada la reclamación por el TEAC, la entidad interpuso recurso ante la Audiencia Nacional solicitando la suspensión de la ejecución que fue acordada aunque con la condición de que se presentara aval bancario, estando todavía pendiente de resolverse por el Tribunal Supremo el recurso de casación presentado contra lo así acordado, por lo que entiende que en estas condiciones no tendría que haberse iniciado el procedimiento de apremio ni mucho menos tendría que haberse producido el embargo posterior, ya que además la Audiencia Nacional ha acordado la suspensión sin garantía de la providencia de apremio, por lo que solicita de este Tribunal proceda a la anulación de los actos impugnados y ordene la devolución de las cantidades embargadas indebidamente con sus intereses de demora.
En fecha 12 de abril de 2006, el Abogado del Estado-Secretario de este Tribunal ha procedido a decretar la acumulación de los dos expedientes de reclamación citados.
SEGUNDO: En relación con el tema enunciado es de señalar que de la documentación obrante en el expediente de gestión y de la aportada por la entidad reclamante se deduce las siguientes circunstancias de hecho: 1/ que la ejecución de la liquidación origen del apremio estuvo suspendida durante la tramitación de la reclamación económico-administrativa interpuesta contra dicha liquidación al amparo del artículo 35 de la Ley 1/1998; 2/ que en fecha 20 de enero de 2004, la entidad ..., S.L. interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la resolución de este TEAC de 17 de noviembre de 2003, dictada en la reclamación interpuesta contra la liquidación ..., emitida por el concepto de IVA, Actas de Inspección, 1995-1997, Expediente Sancionador. En el mismo escrito de interposición del recurso, la citada entidad solicitó se declarase la subsistencia de la suspensión de la ejecución del acto sin prestación de garantía por tratarse de una sanción; 3/ que en fecha 27 de enero de 2004, ..., S.L. presentó un escrito ante la Delegación de ... de la AEAT comunicando haber interpuesto el recurso referido e indicando la procedencia de mantener la suspensión de la ejecución del acto de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 del Reglamento General de Recaudación; 4/ que por Auto de 30 de abril de 2004, la Audiencia Nacional denegó la suspensión solicitada, contra lo cual interpuso ..., S.L. recurso de súplica que fue estimado parcialmente por Auto de 24 de mayo de 2004, condicionando la suspensión a la aportación de aval bancario; 5/ que contra este último Auto preparó ..., S.L. recurso de casación que, la Audiencia tuvo por preparado, elevando la pieza de suspensión a la Sala Tercera el Tribunal Supremo. Dicho recurso fue formalizado por la parte recurrente el 22 de julio de 2004 sin que se haya aportado ningún otro documento en relación el mismo; 6/ que el 8 de junio de 2004 se notificó a la entidad interesada la providencia de apremio contra la que dicha entidad interpuso reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Central solicitando la suspensión que fue inadmitida a trámite dando ello lugar a la interposición de recurso contencioso-administrativo que ha sido finalmente resuelto estimado por la Audiencia Nacional que acordó por Auto de 10 de junio de 2005, mantener la suspensión de la resolución del TEAC sin necesidad de prestar caución.
TERCERO: Comenzando por el examen del tema de la adecuación o no a derecho de la providencia de apremio impugnada en esta reclamación, debe señalarse que la entidad reclamante alega en su defensa el motivo de oposición al procedimiento de apremio de suspensión de la liquidación previsto en el artículo 138.1.d) de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, de pertinente aplicación.
El artículo 35 de la Ley 1/1998 establece que "La ejecución de las sanciones tributarias quedará automáticamente suspendida sin necesidad de aportar garantía, por la presentación en tiempo y forma del recurso o reclamación administrativa que contra aquellas proceda y sin que puedan ejecutase hasta que sean firmes en vía administrativa".
El artículo 74 del Reglamento de Procedimiento en la Reclamaciones Económico-Administrativas, referido a las "Reglas generales sobre la suspensión del acto impugnado", establece en su apartado 11, en términos semejantes a los contenidos en el artículo 20 apartado 8, último párrafo del Reglamento General de Recaudación, que "cuando la ejecución del acto hubiera estado suspendida durante la sustanciación del procedimiento económico-administrativo, los órganos de recaudación no iniciarán o reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución, se mantendrá la paralización del procedimiento que se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.
Como puede observarse los preceptos citados reducen los efectos de la suspensión automática de las sanciones a la vía administrativa, aunque amplían tales efectos a la vía judicial siempre que se cumplan determinados requisitos entre los que se encuentra el ofrecimiento de caución. Dicho requisito viene fijado en la norma de forma general sin establecer excepción alguna, por lo que de acuerdo con la misma debe entenderse que no existe apoyatura legal para considerar suspendida la ejecución por la mera constancia de haber tenido conocimiento del hecho de haberse interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la liquidación con petición de suspensión. La conclusión expuesta no sufriría variación en el supuesto de que se tuviera en cuenta, a efectos interpretativos, lo dispuesto respecto de este tema en la nueva Ley General Tributaria, Ley 58/2003, que aunque entró en vigor con posterioridad a que se notificara a la entidad interesada la providencia de apremio, ha sido también invocada en esta reclamación, y cuyo artículo 233.8, in fine, establece que tratándose de sanciones, la suspensión se mantendrá tras la interposición del recurso contencioso administrativo sin necesidad de prestar garantía, hasta que se adopte la decisión judicial. Dicha Ley, como puede observarse, suprime el requisito de exigir caución en aquellos casos en que la deuda de que se trate sea una sanción, pero limita los efectos de la suspensión en cuanto al tiempo, hasta la fecha en que se produzca la decisión judicial, término que se ha observado en este caso, puesto que el Auto de la Audiencia Nacional que acordó la suspensión solicitada condicionando ésta a la aportación de garantía, que no se aportó, es de fecha 24 de mayo de 2004, mientras que la providencia de apremio no se notificó a la entidad deudora hasta el 10 de junio de 2004, razones todas ellas que conducen a considerar inexistente el motivo de oposición al apremio formulado por la entidad reclamante procediendo por ello la confirmación de la providencia de apremio impugnada.
CUARTO: Por lo que respecta a la reclamación interpuesta contra la diligencia de embargo, debe señalarse que una vez notificada la providencia de apremio, sin que la entidad interesada hubiera procedido a efectuar el ingreso de la deuda y sin que se hubiera producido la suspensión de la misma, la citada diligencia de embargo debe considerarse correctamente emitida en aplicación de lo establecido en el artículo 127.3 párrafo segundo de la Ley General Tributaria
Ahora bien, con posterioridad a la fecha de la citada diligencia, la Audiencia Nacional ha dictado Auto estimando el recurso de súplica interpuesto por la entidad ahora reclamante contra otro Auto anterior por el que se acordó no admitir a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución de la providencia de apremio acordándose en el segundo de los Autos dictados la suspensión solicitada sin prestación de fianza o garantía alguna. El cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia Nacional, al implicar la suspensión de todo acto de ejecución de la providencia de apremio, conlleva no sólo el levantamiento del embargo en la cifra correspondiente al recargo de apremio, como ha procedido a hacer la Oficina Nacional de Recaudación, sino también la anulación total de la diligencia de embargo, procediendo por ello la estimación de la reclamación interpuesta contra el acto que confirmó dicha diligencia.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, como resolución de las presentes reclamaciones, ACUERDA: DESESTIMAR la nº 3543/04 confirmando la providencia de apremio y ESTIMAR la nº 2913/05 anulando la diligencia de embargo.

References: Resolución 
 artículo 233
 artículo 127
 resolución 
 artículo 233
 artículo 35
 resolución 
 artículo 20
 resolución 
 artículo 138
 artículo 35
 artículo 74
 artículo 20
 artículo 233
in fine
 artículo 127
 resolución