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Description: Asistencia Juridica Gratuita
Ley 1/1996, de 10 de enero
Regula la Asistencia Jurídica Gratuita.
JEFATURA DEL ESTADO BOE 12 enero 1996, núm. 11, [pág. 793]
SUMARIO - Sumario - EXPOSICIÓN DE MOTIVOS - 1. Justificación de la reforma - 2. Vocación unificadora - 3. Ampliación del contenido material del derecho - 4. El reconocimiento del derecho - 5. Actuación administrativa - 6. Financiación pública - 7. Ordenación competencial - CAPITULO I. Derecho a la asistencia jurídica gratuita [arts. 1 a 8] - Artículo 1. Objeto de la ley - Artículo 2. Ámbito personal de aplicación - Artículo 3. Requisitos básicos - Artículo 4. Exclusión por motivos económicos - Artículo 5. Reconocimiento excepcional del derecho - Artículo 6. Contenido material del derecho
- Artículo 7. Extensión temporal - Artículo 8. Insuficiencia económica sobrevenida - CAPITULO II. Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita [arts. 9 a 21] - Artículo 9. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita - Artículo 10. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita - Artículo 11. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita - Artículo 12. Solicitud del derecho - Artículo 13. Requisitos de la solicitud - Artículo 14. Subsanación de deficiencias - Artículo 15. Designaciones provisionales y traslados - Artículo 16. Suspensión del curso del proceso - Artículo 17. Resolución y notificación - Artículo 18. Efectos de la resolución - Artículo 19. Revocación del derecho - Artículo 20. Impugnación de la resolución - Artículo 21. Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador - CAPITULO III. Organización de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación gratuitas [arts. 22 a 26] - Artículo 22. Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas - Artículo 23. Autonomía profesional y disciplina colegial - Artículo 24. Distribución por turnos - Artículo 25. Formación y especialización - Artículo 26. Responsabilidad patrimonial - CAPITULO IV. Designación de abogado y de procurador de oficio [arts. 27 a 36]
- Artículo 27. Efectos del reconocimiento del derecho - Artículo 28. Renuncia a la designación - Artículo 29. Especialidades del orden jurisdiccional penal - Artículo 30. Aplicación de fondos públicos - Artículo 31. Obligaciones profesionales - Artículo 32. Insostenibilidad de la pretensión - Artículo 33. Tramitación - Artículo 34. Nombramiento de segundo abogado - Artículo 35. Insostenibilidad en vía de recurso - Artículo 36. Reintegro económico - CAPITULO V. Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita [arts. 37 a 41] - Artículo 37. Subvención - Artículo 38. Gastos de funcionamiento - Artículo 39. Gestión colegial de la subvención - Artículo 40. Retribución por baremo - Artículo 41. Quejas y denuncias - CAPITULO VI. Régimen disciplinario [arts. 42 a 43] - Artículo 42. Correcciones disciplinarias - Artículo 43. Separación cautelar - CAPITULO VII. Aplicación en España de tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurídica gratuita [arts. 44 a 45] - Artículo 44. Autoridad Central - Artículo 45. Tramitación - CAPÍTULO VIII. Asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos de la Unión Europea [arts. 46 a 54]
52 a 54] . Requisitos para el reconocimiento del derecho . informáticos y telemáticos .Artículo 47.Artículo 48.Quinta .Artículo 46. 46 a 48] .Única . Derechos en España .DISPOSICIONES ADICIONALES . Empleo de medios electrónicos. Denegación del derecho .. Litigios transfronterizos .DISPOSICIÓN TRANSITORIA .Séptima.Sección 2ª. Tramitación . Reconocimiento del Derecho en otros Estados Miembros [arts.Artículo 51. Normas Generales [arts.Cuarta . Solicitud del derecho . Reconocimiento del Derecho en España [arts. Autoridades expedidoras y receptoras .Artículo 49.Artículo 53.Artículo 52.Sección 1ª. Información al Ministerio de Justicia sobre los litigios transfronterizos .Artículo 50. 49 a 51] .Artículo 54. Contenido material del derecho .Octava.Sexta.Sección 3ª.DISPOSICIÓN DEROGATORIA .Tercera .Primera . Asistencia jurídica gratuita a las víctimas del terrorismo . Ámbito de aplicación .Segunda .
a la ley ordinaria. así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias. son los honorarios de abogados. nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye. Se trata. En virtud de esta reserva de ley.Segunda EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 2. así pues.Única .Ley de Asistencia Jurídica Gratuita . en la mayor parte de las ocasiones.DISPOSICIONES FINALES . ratificada por la Resolución de 9 de febrero de 1995.2 y 440. los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente. Con todo ello. 1. por tanto. de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos. tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar por unanimidad en su sesión celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos. y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva.2 recoge el mandato constitucional y remite. Justificación de la reforma Los derechos otorgados a los ciudadanos por los artículos 24 y 25 de la Constitución son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho. el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo. en un incremento de la seguridad jurídica. que en sus artículos 20. por parte del Estado. En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales. esta norma viene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita. La finalidad es. del Poder Judicial . de cualesquiera otros profesionales. una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial. tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica. de procuradores y. por imperativo legal. Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita. 3. con las lógicas consecuencias de claridad y certeza que redundan. garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos. La previsión constitucional del artículo 119 ha sido ya objeto de desarrollo por la Ley Orgánica 6/1985. pues. proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 5 . En efecto. concentrado en una sola norma. respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos. Vocación unificadora A esa finalidad responde la presente Ley. en todo caso. el artículo 119 del propio Texto Constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y.Primera . para la regulación del sistema de justicia gratuita. en su caso. Suprimidas por la Ley 25/1986 las tasas judiciales. la presente Ley regula un sistema único. en definitiva.
a convertirse en una función que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios profesionales.Ampliación del contenido material del derecho Al objeto de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad. sobre la actuación de unos nuevos órganos administrativos. por tanto. afrontan unas circunstancias de una u otra índole que deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento. El reconocimiento del derecho pasa. Sin perjuicio de todo lo anterior. por otra parte. La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos motivos: en primer término. que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes. En estos segundos supuestos excepcionales. así pues. que puedan ser precisos para las partes en el proceso. la asistencia pericial en el mismo y la reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Públicos. quedará siempre garantizado el derecho de los interesados a la libre designación de abogado y procurador. Lejos de esa concepción. a los beneficios ya consagrados por nuestro ordenamiento jurídico como propios del derecho a la asistencia jurídica gratuita. la Ley supone un paso más en la protección de esos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos. en vía de recurso. y en cuya composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso. 4. incluyendo todas las prestaciones que lo integran. El reconocimiento del derecho De igual modo. en segundo lugar. sin embargo. el nuevo sistema configura un derecho más completo y por tanto más garantizador de la igualdad de las partes en el proceso. que posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situación económica excede del módulo legal pero que. la extensión del derecho puede llegar a ser total. eliminando onerosidades excesivas que no son sino negaciones prácticas de aquélla. la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita. y. y complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional. y he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de Enjuiciamiento Civil tenía establecido hasta hoy. se agiliza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria y normalizada. constituye esencial propósito de la Ley la «desjudicialización» del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita. ya que la ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicación efectiva del derecho. la Ley añade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso –lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en todos los sentidos para la Justicia–. En efecto. Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva del artículo 119 de la Constitución Española –libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoció expresamente–. estableciendo un doble mecanismo: por un lado. habilitando a aquéllos para decidir sobre el mismo. . configurándolo de forma más amplia. así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal. se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y. Actuación administrativa A pesar de que la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es en sentido estricto una función jurisdiccional. la presente Ley opera una notable transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita. optándose así por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad esencialmente administrativa. analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales. frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil . 5. No quiere ello decir que los órganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el reconocimiento. basado en la situación económica de los solicitantes. un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho. como órganos formalmente responsables de la decisión final. las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía. Artículo 2. son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy poco tiempo. conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional.1. 7. explicitando los títulos competenciales que. haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables. cuyo coste deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos. por su propia naturaleza. de conformidad con las reglas 3ª. Tal regulación reglamentaria fue llevada a cabo con carácter urgente. como las reglas referentes a la prestación y funcionamiento del servicio se conciben con la flexibilidad y generalidad propias de una norma de rango legal. Tanto lo relativo a la financiación. Ordenación competencial La ley resulta. Objeto de la ley La presente Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita al que se refiere el artículo 119 de la Constitución y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad. Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación general en todo tipo de procesos judiciales. sobre la base de un servicio público. lo que es lo mismo. habilitan al Estado para establecer la nueva regulación. financiado con fondos igualmente públicos. el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos.1 de la Constitución Española . incluidos los recursos de amparo constitucional. 5ª. de tal forma que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia alguna. a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es. tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita: a) Los ciudadanos españoles. y permitiendo que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias. así como el asesoramiento previo al proceso contemplado en el artículo 6. prestado por la Abogacía y la Procuraduría. Ámbito personal de aplicación En los términos y con el alcance previstos en esta Ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte. Derecho a la asistencia jurídica gratuita Artículo 1. Así pues. CAPITULO I. los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 7 . Ello conduce a la obligación de establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio. que habrán de permitir que su desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado ajuste a las cambiantes situaciones económicas y sociales. evitando así la petrificación del ordenamiento y la consagración en normas con la rigidez legal de materias que. en fin.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 6. De hecho. que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado. como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia o. sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita. la ley fija los criterios básicos de la financiación del servicio. como hasta ahora. Financiación pública Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita se articula. 6ª y 18ª del artículo 149. esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en tal sentido. y como paso inicial y transitorio de la actual reforma del sistema de justicia gratuita. de 27 de enero . mediante el Real Decreto 108/1995.
único. si los hubiere. cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia. acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada. y al Procurador cuando intervenga. los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados. d) En el orden jurisdiccional social. cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes: a) La integrada por los cónyuges no separados legalmente y. 3. Notas de vigencia Modificado por art.1 de Ley 16/2005. en su caso. así como en la vía administrativa previa. además. en los términos que en él se establecen. previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002. ni las víctimas del terrorismo. ser valorados individualmente.extranjeros que se encuentren en España. de 22 de marzo . 2º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente. . b) La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior. en todo caso. a su devolución o expulsión del territorio español. Reguladora del Derecho de Asociación. b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. Los medios económicos podrán. sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la misma. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género. éstas deban abonar al Abogado. no será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos. los honorarios devengados. los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social. Asimismo. las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta Ley. 4. que se les prestará de inmediato. Requisitos básicos 1. el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo. tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Artículo 3. no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud. e) En el orden contencioso-administrativo. f) En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil. En el supuesto del apartado 2 del artículo 6 . 5. sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita. y en todos los procedimientos en materia de asilo. éste deberá abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. c) Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar: 1º Asociaciones de utilidad pública. de 18 de julio RCL\2005\1522. sin embargo. computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar. los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España. Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos. El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios. 2.
número de hijos o familiares a su cargo. la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita ante la que se presente la solicitud podrá conceder excepcionalmente.3 de Ley 16/2005. Párr. de 18 de julio RCL\2005\1522. 3º renumerado por art. se tendrá en cuenta además de las rentas y otros bienes patrimoniales o circunstancias que declare el solicitante. 2º añadido por art. 2º. Exclusión por motivos económicos A los efectos de comprobar la insuficiencia de recursos para litigar. no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad”. Notas de vigencia Párr. se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar. mediante resolución motivada. adic. cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. los signos externos que manifiesten su real capacidad económica. 4 de Ley 40/2003. se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad señaladas en el artículo 1. son de aplicación al solicitante.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita 6. 5 modificado por art. el reconocimiento del derecho a las personas cuyos recursos e ingresos. único. de 18 de julio RCL\2005\1522. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 9 . Notas de vigencia Ap. de Igualdad de Oportunidades. desmintiendo la declaración del solicitante. la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente determinará expresamente qué beneficios de los contemplados en el artículo 6 . Su anterior numeración era párr. siempre que aquélla no sea suntuaria. Artículo 5. Artículo 6. único. En tales casos. único. estado de salud. obligaciones económicas que sobre él pesen. de 18 de julio RCL\2005\1522. Reconocimiento excepcional del derecho En atención a las circunstancias de familia del solicitante. Artículo 4. no excedan del cuádruplo del salario mínimo interprofesional. La circunstancia de ser el solicitante propietario de la vivienda en que resida habitualmente. así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés. de 18 de noviembre RCL\2003\2694. revelan con evidencia que éste dispone de medios económicos que superan el límite fijado por la ley. y en qué proporción.3 de Ley 16/2005.2 de Ley 16/2005. Tratándose de las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior. Modificado por disp. en todo caso. costes derivados de la iniciación del proceso u otras de análoga naturaleza. de 2 de diciembre . Contenido material del derecho El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones: 1.2 de la “ Ley 51/2003. En las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior. no constituirá por sí misma obstáculo para el reconocimiento del derecho. cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial. objetivamente evaluadas. aun superando los límites previstos en el artículo 3 . negándose el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos. y.
9. en el curso del proceso. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado. testimonios. final 15 de Ley 1/2000. a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales. 2. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial. asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil. 3. organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas. en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial . pero no podrá aplicarse a un proceso distinto. en su defecto. no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas. cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o. instrumentos y actas notariales. cuando no siéndolo. Cuando la competencia para el conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado anterior . Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal. El derecho a la asistencia jurídica gratuita se mantendrá para la interposición y sucesivos trámites de los recursos contra las resoluciones que pongan fin al proceso en la correspondiente instancia. Extensión temporal 1. certificaciones. Obtención gratuita de copias. si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente. incluida la ejecución. 5. que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. ésta se llevará a cabo. cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo. a cargo de funcionarios. en resolución motivada. 8. o analizar la viabilidad de la pretensión. Artículo 7. Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior. 4. aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo 32 de la presente Ley. Notas de vigencia Ap. 10. o. 7. 6 modificado por disp. entre los técnicos privados que correspondan. o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.sus derechos e intereses. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales. 6. para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional. 3. Inserción gratuita de anuncios o edictos. o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste. anotaciones. La asistencia jurídica gratuita en el transcurso de una misma instancia se extiende a todos sus trámites e incidencias. cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo. sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. 2. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos. de 7 de enero RCL\2000\34.
Notas de vigencia Modificado por art. el órgano competente en la Comunidad Autónoma podrá determinar un ámbito territorial distinto para la Comisión.1 de Ley 53/2002. una vez recibido el expediente judicial. o al demandado una vez formulada su contestación. Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la primera. se constituirá en la capital del Estado una Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente de la Administración General del Estado. Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita En cada capital de provincia. en relación con los Juzgados y Tribunales con competencia en todo el territorio nacional. Asimismo. salvo que en su solicitud acrediten ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones necesarias para obtener aquél sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestación. Competencia y procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita Artículo 9. requerirá a los respectivos Colegios la designación de abogado y procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional. La misma regla será aplicable al que pretenda el reconocimiento del derecho para interponer o seguir el recurso de casación respecto de la segunda instancia. Composición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita 1. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 11 . de 5 de abril RCL\2001\1100. en las ciudades de Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales. No obstante. CAPITULO II. deberán acreditar ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita que las circunstancias y condiciones precisas sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con posterioridad a ella. de efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la presente Ley. 12. respectivamente. Insuficiencia económica sobrevenida No se reconocerá el derecho a la asistencia jurídica gratuita al actor una vez presentada la demanda. 3 modificado por art. de 30 de diciembre RCL\2002\3081. 78. Incisos destacados no es aplicable en el ámbito de Cataluña por Sentencia 97/2001.1 de Ley 13/2009. el Secretario judicial. Notas de vigencia Ap. de 3 de noviembre RCL\2009\2090. Artículo 10. La Comisión Central de Asistencia Jurídica Gratuita estará presidida por un miembro del Ministerio Fiscal. Artículo 8.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita corresponda a un órgano jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad. en su correspondiente ámbito territorial. se constituirá una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita como órgano responsable.
perteneciente a cuerpos o escalas del grupo A. un funcionario de los citados cuerpos o escalas que preste sus servicios en la Delegación o Subdelegación del Gobierno del territorio de que se trate. En las provincias donde exista más de un Colegio de Abogados o de Procuradores. el órgano judicial dará traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El órgano competente de la Comunidad Autónoma determinará cuáles de sus integrantes desempeñarán la Presidencia y la Secretaría. de 1 de abril RCL\2003\903. 2 de Ley 7/2003. Solicitud del derecho El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará por los solicitantes ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquél se solicita. y compuesta por los Decanos del Colegio de Abogados y del Colegio de Procuradores de Madrid. que actuará como secretario. que además actuará como Secretario. en todo caso. para los órganos colegiados. podrán crearse Delegaciones de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. adic. de 30 de diciembre RCL\2002\3081.2 de Ley 53/2002. Los Colegios de Abogados y de Procuradores pondrán a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. En este último caso. el representante de estas Corporaciones en la Comisión se designará de común acuerdo por los Decanos de aquéllos. Cuando haya concurrencia de litigantes en un proceso. designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia o de la Audiencia Provincial e integradas además por el Decano del Colegio de Abogados y el del Colegio de Procuradores. con indicación. o el Abogado o Procurador que ellos designen. o ante el Juzgado de su domicilio. la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita. 2. Artículo 11. y por dos miembros que designen las Administraciones Públicas de las que dependen. el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita deberá ser instado individualmente por cada uno de los interesados. Funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita El funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992. o el Abogado o el Procurador que ellos designen. Cuando el volumen de asuntos u otras circunstancias justificadas lo aconsejen. los miembros que corresponden a la Administración pública serán un Abogado del Estado y un funcionario. Cuando con arreglo a las leyes procesales. los solicitantes deban litigar bajo una sola defensa o . de 26 de noviembre . con destino en la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia correspondiente o. de especializaciones. 1º modificado por disp. en su caso. Artículo 12. la homogeneidad de criterios para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. un Abogado del Estado y un funcionario del Ministerio de Justicia perteneciente a Cuerpos o Escalas del Grupo A. 3. Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de las Comunidades Autónomas estarán integradas por un miembro del Ministerio Fiscal.designado por el Fiscal General del Estado. con la composición y ámbito de actuación que reglamentariamente se determinen y garantizando. Notas de vigencia Ap. en su defecto. En las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de la Administración General del Estado. 3 párr. Modificado por art. El Ministerio de Justicia e Interior prestará el soporte administrativo y el apoyo técnico necesarios para el funcionamiento de las Comisiones dependientes de la Administración General del Estado. 78.
En el caso de que el Colegio de Abogados estimara que el peticionario no cumple las citadas condiciones. Subsanación de deficiencias Si el Colegio de Abogados constatara que existen deficiencias en la solicitud o que la documentación presentada resulta insuficiente. al mismo tiempo. la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá determinar cuáles de los beneficios establecidos en el artículo 6 se otorgará a los solicitantes. contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos. de modo inmediato. lo comunicará al interesado. el solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. a la designación provisional de abogado. el Colegio de Abogados. Suspensión del curso del proceso La solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita no suspenderá el curso del proceso. requiriéndole para que la complete en el plazo de diez días hábiles. si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes no sobrepasan el doble del salario mínimo interprofesional. se procederá a nombrar abogado y. Artículo 15. Del expediente correspondiente y las designaciones provisionales efectuados. a efectos del reconocimiento del derecho. y seguirá. o que la pretensión principal contenida en la solicitud es manifiestamente insostenible o carente de fundamento. posteriormente. deberán computarse. la totalidad de los ingresos y haberes patrimoniales de los solicitantes. subsanados los defectos advertidos. la cual. comunicándolo inmediatamente al Colegio de Procuradores a fin de que. el procedimiento fijado en el artículo 17 de esta Ley. fijando con precisión los defectos o carencias advertidas y las consecuencias de la falta de subsanación. procurador del turno de oficio que deberán asumir la representación y defensa conjunta de todos ellos. si éste fuera preceptivo. notificará en el plazo de cinco días al solicitante que no ha efectuado el nombramiento provisional de abogado previsto en el párrafo anterior y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. acompañando los documentos que reglamentariamente se determinen para su acreditación. sus circunstancias personales y familiares. En el caso de que el Colegio de Abogados no dictara resolución alguna en el plazo de quince días. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 13 .Ley de Asistencia Jurídica Gratuita representación. la designación provisional de abogado y procurador. Si se acreditara que los ingresos y haberes patrimoniales de cada uno de los solicitantes superan el doble del salario mínimo interprofesional pero no alcanzan el cuádruple. en el plazo máximo de tres días. los datos que permitan apreciar la situación económica del interesado y de los integrantes de su unidad familiar. se dará traslado en el plazo de tres días a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a los efectos de su verificación y resolución. en su caso. recabará el expediente al Colegio de Abogados ordenando. Artículo 14. Artículo 13. se designe procurador que asuma la representación. en caso de ser preceptivo. Transcurrido este plazo sin que se haya aportado la documentación requerida. el Colegio de Abogados archivará la petición. Artículo 16. la pretensión que se quiere hacer valer y la parte o partes contrarias en el litigio. Requisitos de la solicitud En la solicitud se harán constar. si las hubiere. Designaciones provisionales y traslados Si de la solicitud y sus documentos justificativos resulta acreditado que el peticionario se encuentra incluido en el ámbito definido en el artículo 2 de esta Ley. procederá en el plazo máximo de quince días. En este caso.
al Colegio de Procuradores. podrá requerir de la Administración Tributaria correspondiente la confirmación de la exactitud de los datos de carácter tributario que consten en la documentación de esta naturaleza presentada con la solicitud. 3º modificado por art. así como a las partes interesadas y se comunicará al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso. La Comisión. en el plazo máximo de treinta días. Resolución y notificación Para verificar la exactitud y realidad de los datos económicos declarados por el solicitante del derecho a la asistencia jurídica gratuita. siempre que dentro de los plazos establecidos en esta Ley no sea posible nombrar al solicitante Abogado y de ser preceptivo. Procurador del turno de oficio que ejerciten la acción en nombre del solicitante. fuere claramente abusiva y únicamente esté preordenada a dilatar los plazos. con todas las consecuencias que de ello se derive. en el caso contemplado en el artículo 5. Cuando la presentación de la solicitud del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se realice antes de iniciar el proceso y la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de prescripción. desde la notificación del reconocimiento o denegación del derecho por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y. Notas de vigencia Párr. de oficio o a petición de éstas. determinando cuáles de los beneficios son de aplicación a la solicitud.4 de Ley 16/2005. el silencio de la Comisión será positivo. Cuando la acción pueda resultar perjudicada por el transcurso de los plazos de caducidad. una vez efectuadas las comprobaciones anteriores. a fin de evitar que el transcurso de los plazos pueda provocar la preclusión de un trámite o la indefensión de cualquiera de las partes.No obstante. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará desde la notificación al solicitante de la designación provisional de abogado por el Colegio de Abogados o. en su caso. de 3 de noviembre RCL\2009\2090. siempre que la solicitud del derecho se hubiera formulado en los plazos establecidos en las leyes procesales. La resolución se notificará en el plazo común de tres días al solicitante. contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión. o la designación provisional de abogado y procurador si su intervención fuera preceptiva o requerida en interés de la justicia. podrá decretar la suspensión hasta que se produzca la decisión sobre el reconocimiento o la denegación del derecho a litigar gratuitamente. Si el Colegio de Abogados no hubiera dictado ninguna resolución. Artículo 17. cuando sean conocidas y se estime que pueden aportar datos para conocer la real situación económica del solicitante. ésta quedará suspendida hasta que recaiga resolución definitiva en vía administrativa.2 de Ley 13/2009. en su caso. ésta quedará interrumpida. procediendo a petición del interesado el Juez o Tribunal que conozca del proceso o si la solicitud se realiza con anterioridad a la iniciación del mismo el Juez Decano competente. reconociendo o denegando el derecho a la asistencia jurídica gratuita y. el órgano judicial que conozca de la causa podrá computar los plazos en los estrictos términos legalmente previstos. al Colegio de Abogados y. en su caso. También podrá la Comisión oír a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción. sin perjuicio de la obligación de resolver de dicho órgano de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común . de 18 de julio RCL\2005\1522. 12. En especial. reconociendo o denegando el derecho. 2º modificado por art. Ello sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta. quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores. en todo caso. Transcurrido dicho plazo sin que la Comisión haya resuelto expresamente la solicitud. en el plazo de dos meses desde la presentación de la solicitud. . o al Juez Decano de la localidad si aquél no se hubiera iniciado. momento a partir del cual se reanudará el cómputo del plazo. a declarar el derecho en su integridad y a requerir a los Colegios profesionales la designación provisional de abogado y procurador. Párr. único. dictará resolución. En el supuesto de que esta petición hubiere sido denegada. la Comisión podrá realizar las comprobaciones y recabar la información que estime necesarias. el Juez.
en su caso. Artículo 19. Impugnación de la resolución Quienes sean titulares de un derecho o de un interés legítimo podrán impugnar las resoluciones que. por el contrario. el Secretario judicial citará de comparecencia a las partes y al Abogado del Estado o al Letrado de la Comunidad Autónoma correspondiente cuando de ella dependa la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. darán lugar. el falseamiento u ocultación de datos por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita. 12. habrá de realizarse por escrito y de forma motivada. Párr. Artículo 20. a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. correspondan. abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional.3 de Ley 13/2009. que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho. la Comisión desestimara la pretensión. La revocación contemplada en el párrafo anterior llevará consigo la obligación del pago de todos los honorarios de abogado y procurador devengados desde la concesión del derecho. reconozcan o denieguen el derecho a la asistencia jurídica gratuita. junto con el expediente correspondiente a la resolución impugnada y una certificación de ésta. así como la cantidad equivalente al costo de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión. dictará auto en el plazo de los cinco días siguientes manteniendo o revocando la resolución impugnada. dentro de los ocho días siguientes y. Si. en los mismos términos previstos en el artículo 27 de esta Ley. a estos fines. Notas de vigencia Párr. podrá imponer a quien la hubiere promovido de manera temeraria o con abuso de derecho una sanción pecuniaria de 30 a 300 euros. sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que. ante el Secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. el Juez o Tribunal. Contra el auto dictado por el Juez o el Tribunal no cabrá recurso alguno. las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto y el peticionario deberá. 3º modificado por art. Recibido el escrito de impugnación y los documentos y certificación a que alude el párrafo anterior. en su caso.3 de Ley 13/2009. 4º modificado por art. tras oírles y practicar la prueba que estime pertinente en el plazo de los cinco días siguientes. de 3 de noviembre RCL\2009\2090.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Artículo 18. Artículo 21. en el plazo de cinco días desde la notificación de la resolución o desde que haya sido conocida por cualquiera de los legitimados para interponerla. 12. para la que no será preceptiva la intervención de Letrado. Revocación del derecho La declaración errónea. de 3 de noviembre RCL\2009\2090. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 15 . en el auto por el que resuelva sobre la misma. El Juez o Tribunal competente para conocer de la impugnación. que. Efectos de la resolución El reconocimiento del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado y de procurador efectuadas provisionalmente por los Colegios profesionales. de modo definitivo. al Juzgado o Tribunal competente o al Juez Decano para su reparto. si el procedimiento no se hubiera iniciado. en todo caso. tendrá potestades de revisión de oficio. Tal impugnación. Este remitirá el escrito de impugnación.
Requerimiento judicial de designación de abogado y procurador Si. así como el auxilio en la redacción de las solicitudes correspondientes. en todo caso. Artículo 23. a través de sus Juntas de Gobierno. dictará una resolución motivada requiriendo de los Colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y de procurador. tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes. a los que se refiere esta Ley. Artículo 24. y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos. El Secretario judicial comunicará dicha resolución por el medio más rápido posible a los Colegios de Abogados y de Procuradores. Notas de vigencia Párr. de 3 de noviembre RCL\2009\2090. Organización de los servicios de asistencia letrada. . CAPITULO III. conforme a la legislación procesal. Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita. por las circunstancias o la urgencia del caso. constituirán turnos de guardia permanente para la prestación del servicio de asistencia letrada al detenido. de defensa y de representación gratuitas Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios regularán y organizarán. salvo aquellos en los que por la reducida dimensión de la actividad no sea necesario. 2º modificado por art. fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes. garantizando. desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio. carácter gratuito para los solicitantes. Los Colegios de Abogados. con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.4 de Ley 13/2009. con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Autonomía profesional y disciplina colegial Los profesionales inscritos en los servicios de justicia gratuita. cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad. su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición. Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión. Distribución por turnos Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. 12. defensa y representación gratuitas Artículo 22. el órgano judicial que esté conociendo del proceso estimara que. Gestión colegial de los servicios de asistencia letrada. los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas. en todo caso. Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita. Dicho asesoramiento tendrá.
las garantías previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de asegurar. renunciar expresamente a la designación de abogado y procurador de oficio. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. previo informe de los Consejos Generales de la Abogacía y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. o viceversa. Responsabilidad patrimonial En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita. salvo que el profesional de libre elección renunciara por escrito a percibir sus honorarios o derechos ante el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y ante el Colegio en el que se halle inscrito. Especialidades del orden jurisdiccional penal En el orden penal se aplicarán. sin perjuicio de los requisitos complementarios que puedan establecer las Comunidades Autónomas competentes. Artículo 30. Artículo 26. deberá afectar simultáneamente al abogado y procurador designados de oficio. no obstante lo previsto en el artículo anterior. en todo caso. sin que en ningún caso puedan actuar simultáneamente un abogado de oficio y un procurador libremente elegido. de procurador de oficio.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Artículo 25. Renuncia a la designación Quienes tengan derecho en los términos previstos en esta Ley a la asistencia jurídica gratuita podrán. Artículo 29. que. Efectos del reconocimiento del derecho El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo la designación de abogado y. cuando sea preciso. asimismo. de 26 de noviembre . CAPITULO IV. los profesionales intervinientes podrán percibir de sus defendidos o representados los honorarios correspondientes a las actuaciones practicadas. La renuncia posterior a la designación. el derecho a la defensa desde el mismo momento de la detención. Si el derecho no fuera reconocido. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 17 . Dichos requisitos serán de obligado cumplimiento para todos los Colegios profesionales. además de las reglas contenidas en la presente Ley. Designación de abogado y de procurador de oficio Artículo 27. tendrá que ser comunicada expresamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes Colegios Profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita. Formación y especialización El Ministerio de Justicia e Interior. establecerá los requisitos generales mínimos de formación y especialización necesarios para prestar los servicios de asistencia jurídica gratuita. los Colegios de Abogados y de Procuradores estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones públicas por la Ley 30/1992. nombrando libremente a profesionales de su confianza debiendo constar expresamente este extremo en la solicitud y afectando simultáneamente esta renuncia al abogado y procurador. con objeto de asegurar un nivel de calidad y de competencia profesional que garantice el derecho constitucional a la defensa. Artículo 28.
2. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación. Para ello deberá concurrir un motivo personal y justo. Sólo en el orden penal podrán los abogados designados excusarse de la defensa. inadmitirá la solicitud de interrupción. sin perjuicio del efecto de las causas de renuncia o excusa que estén previstas en la ley. Solicitada por el abogado la interrupción del plazo previsto en el artículo anterior. 1º modificado por art. reanudándose el plazo para analizar la viabilidad de la pretensión. la defensa del acusado o imputado será obligatoria. éste queda obligado a asumir la defensa. en su caso. Artículo 32. en el momento de la solicitud. La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la notificación de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su presentación. Artículo 31. la Comisión recabará del Colegio de Abogados un dictamen . deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.5 de Ley 16/2005.Aplicación de fondos públicos La intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia. Notas de vigencia Párr. único. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior. que será apreciado por los Decanos de los Colegios. o sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión. Transcurrido este plazo sin que el interesado haya presentado dicha documentación. por falta de la documentación necesaria. si las actuaciones procesales en ésta se produjeran dentro de los dos años siguientes a la resolución judicial dictada en la instancia. defensa y representación gratuita sólo podrá ser retribuida con cargo a los fondos públicos contemplados en el artículo 37. Obligaciones profesionales Los abogados y procuradores designados desempeñarán sus funciones de asistencia y representación de forma real y efectiva hasta la terminación del proceso en la instancia judicial de que se trate y. Presentada la documentación. dentro de los 15 días siguientes a su designación. la Comisión archivará la solicitud. cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia jurídica gratuita efectuado en los términos contemplados en esta Ley. Artículo 33. Formulada la insostenibilidad de la pretensión. de 18 de julio RCL\2005\1522. Tramitación 1. Insostenibilidad de la pretensión Cuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer. ésta se aportará al abogado. Si la Comisión estima que la documentación con la que cuenta el abogado. la ejecución de las sentencias. reanudándose el plazo para formulación de la insostenibilidad desde la notificación de la resolución de inadmisión. es suficiente para analizar la viabilidad de la pretensión principal. la Comisión requerirá al interesado para que la presente en un plazo máximo de diez días. exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión.
6 de Ley 16/2005. El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión. Artículo 34. informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado. a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o de quien lo tuviera legalmente reconocido. Si en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas. Los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo abogado. éste quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria. siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. se procederá al nombramiento de un segundo abogado. Reintegro económico 1. En el orden penal y respecto de los condenados no cabrá formular insostenibilidad de la pretensión. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte. hasta el importe total de la partida aprobada judicialmente para este concepto. 1º modificado por art. quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1967 del Código Civil . 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 19 . deberá éste pagar las costas causadas en su defensa. la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud. Cuando se reconozca el derecho a asistencia jurídica gratuita para procesos en los que proceda la petición de «litis expensas» y éstas fueren concedidas en resolución firme a favor de la parte que litiga con el reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita. Notas de vigencia Ap. de 18 de julio RCL\2005\1522.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días. atendiéndose a prorrata sus diversas partidas. Se solicitará. asimismo. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido. Se presume que ha venido a mejor fortuna cuando sus ingresos y recursos económicos por todos los conceptos superen el doble del módulo previsto en el artículo 3. si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión. Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas. 2. 4. Artículo 36. venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita. Artículo 35. único. Insostenibilidad en vía de recurso El mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente. Dicho informe se emitirá en el plazo de seis días. 2 párr. Nombramiento de segundo abogado Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión. En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión. deberá la parte contraria abonar las costas causadas en la defensa de aquélla. para quien será obligatoria la defensa. o si se hubieran alterado sustancialmente las circunstancias y condiciones tenidas en cuenta para reconocer el derecho conforme a la presente Ley. 3. el Letrado y Procurador intervinientes podrán exigir a ésta el pago de sus honorarios. si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna.
Artículo 39. . se estará a las normas sobre honorarios de abogados de cada Colegio. Subvención y supervisión de los servicios de asistencia jurídica gratuita Artículo 37. el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita. con cargo a sus dotaciones presupuestarias. estarán sometidos a las obligaciones establecidas para dichos sujetos por la Ley General Presupuestaria . Artículo 40.5. de 29 de diciembre RCL\2000\3029. Artículo 38. Subvención El Ministerio de Justicia e Interior subvencionará. Dicho sistema se ajustará en todo caso a las siguientes reglas: a) La subvención se determinará para cada Colegio con un sistema de módulos compensatorios por expediente tramitado. con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia. los Colegios percibirán la cuantía que resulte de aplicar el 8 por 100 al coste económico generado en cada período de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en el artículo anterior. b) Hasta tanto no se cumpla el mencionado requisito. adic. de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas. estarán obligados a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. Los Consejos Generales y los Colegios. Para el cálculo de sus honorarios y derechos. Gestión colegial de la subvención Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España distribuirán entre los Colegios de Abogados y de Procuradores el importe de la subvención que corresponda a la actividad desarrollada por cada uno. Obtenido el pago por los profesionales designados de oficio conforme a las reglas contempladas en los apartados anteriores. así como a los aranceles de los procuradores vigentes en el momento de la sustanciación del proceso. Gastos de funcionamiento Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará. cuando tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. 30 de Ley 14/2000. en cuanto entidades colaboradoras para la gestión de la subvención. la implantación y prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita por los Colegios de Abogados y de Procuradores. CAPITULO V. El importe de la subvención se aplicará fundamentalmente a retribuir las actuaciones profesionales previstas en los apartados 1 a 3 del artículo 6 de esta Ley. Notas de vigencia Modificado por disp.
Autoridad Central El Ministerio de Justicia e Interior. previo informe del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo General de los Colegios de los Procuradores de los Tribunales de España. llevará aparejada. sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes. se establecerán. con las siguientes especialidades: a) La indebida percepción de honorarios. derechos o beneficios económicos tendrá siempre la consideración de falta muy grave. en su caso. fueran incoados. Artículo 41. relacionadas con las actuaciones desarrolladas en aplicación de lo establecido en esta Ley. Artículo 43. podrá acordarse la separación cautelar del servicio del profesional presuntamente responsable de aquellos hechos. Dichas resoluciones podrán ser recurridas por las Comisiones. Separación cautelar Abierto un expediente disciplinario por un Colegio profesional como consecuencia de quejas o denuncias formuladas por los usuarios de los servicios de asistencia jurídica gratuita. por un período máximo de seis meses hasta tanto se resuelva el expediente disciplinario incoado al efecto. Aplicación en España de tratados y convenios internacionales sobre asistencia jurídica gratuita Artículo 44. y cuando la gravedad de los hechos denunciados así lo aconseje. Correcciones disciplinarias El régimen disciplinario de los abogados y procuradores de los servicios de asistencia jurídica gratuita se regirá por las mismas reglas establecidas con carácter general para el desempeño de dichas profesiones. CAPITULO VII. Régimen disciplinario Artículo 42. formulará ante las 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 21 . a través de la Autoridad Central receptora de la aplicación en España del Convenio Europeo relativo a la transmisión de solicitudes de asistencia jurídica gratuita de 27 de enero de 1977 y del Convenio de La Haya de acceso internacional a la Justicia de 25 de octubre de 1980 . b) La imposición de sanciones por infracciones graves o muy graves.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Retribución por baremo En atención a la tipología de procedimientos en los que intervengan los profesionales designados de oficio. la exclusión del profesional de los servicios de asistencia jurídica gratuita. en todo caso. Los Colegios estarán obligados a comunicar a las citadas Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que. Quejas y denuncias Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los Colegios profesionales correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los profesionales encargados de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita. las bases económicas y módulos de compensación por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. CAPITULO VI.
c) Los documentos presentados estarán redactados o traducidos al castellano. A los efectos de este Capítulo. quedando dispensados de cualquier formalidad de legalización o apostilla. el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. único. de 18 de julio RCL\2005\1522. La asistencia jurídica gratuita podrá concederse también. En aplicación del Reglamento (CE) núm. b) El plazo para la subsanación de deficiencias contemplado en el artículo 14 será de dos meses. el beneficio de asistencia jurídica gratuita se reconocerá. de 18 de julio RCL\2005\1522.7 de Ley 16/2005. relativo a la competencia judicial. Ámbito de aplicación 1. contados a partir de la fecha en que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita notifique la insuficiencia documental. Tramitación La tramitación de las solicitudes de justicia gratuita a que se refiere el artículo anterior. CAPÍTULO VIII. se ajustará a las reglas de procedimiento establecidas en esta Ley. Normas Generales Notas de vigencia Añadida por art. para: a) La ejecución de sentencias dictadas por los Tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea en . con las siguientes excepciones: a) El plazo para la impugnación prevista en el artículo 20 será de dos meses. Sección 1ª. que sean ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros.Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita las solicitudes de justicia gratuita formuladas al amparo de dichos Convenios. Artículo 46. 44/2001 del Consejo. se entenderá por Estado miembro de la Unión Europea todos los Estados miembros excepto Dinamarca. así como en los procedimientos extrajudiciales en estas mismas materias cuando la Ley los imponga a las partes o el Juzgado o Tribunal remita a éstas a dichos procedimientos. 2. Artículo 45. Asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos de la Unión Europea Notas de vigencia Añadido por art. en los litigios transfronterizos derivados de un contrato de trabajo. cuando se cumplan los requisitos que se exigen en esta Ley. En los litigios transfronterizos tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita regulada en este Capítulo exclusivamente las personas físicas. El beneficio de asistencia jurídica gratuita se reconocerá únicamente en los litigios en materia civil o mercantil. de 22 de diciembre de 2000 . igualmente.7 de Ley 16/2005. único.
Artículo 48. A los efectos de esta Ley. Notas de vigencia Ap. b) La ejecución de documentos públicos con fuerza ejecutiva. sus disposiciones prevalecerán entre los Estados miembros sobre los convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por ellos. el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Litigios transfronterizos 1. 12. de 18 de julio RCL\2005\1522.5 de Ley 13/2009. de 18 de julio RCL\2005\1522. Notas de vigencia Añadido por art. único. En las relaciones con los demás Estados. Sección 2ª. 3 modificado por art. se entiende por litigio transfronterizo aquel en el que la parte que solicita la asistencia jurídica gratuita reside habitualmente o está domiciliada en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de aquel otro donde se halle el Juzgado o Tribunal competente para su conocimiento o en el que deba ejecutarse la resolución. El momento que se tendrá en cuenta para determinar si existe un litigio transfronterizo será el de presentación de la solicitud con arreglo a este Capítulo. serán autoridades expedidoras y receptoras de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita a que se envíen o se reciban en España los Colegios de Abogados.7 de Ley 16/2005.7 de Ley 16/2005. se aplicará lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento (CE) núm. la aplicación de este capítulo no afectará a los restantes convenios y tratados multilaterales y bilaterales ratificados por España. 44/2001 del Consejo. relativo a la competencia judicial. de 18 de julio RCL\2005\1522. Reconocimiento del Derecho en España 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 23 . En el ámbito de aplicación de este capítulo. 3. 2. Artículo 47. Notas de vigencia Añadido por art. de 3 de noviembre RCL\2009\2090.7 de Ley 16/2005. Autoridades expedidoras y receptoras En el ámbito de aplicación de este Capítulo. Para la determinación del Estado miembro en el que está domiciliada una parte del litigio transfronterizo. Añadido por art. 3. de 22 de diciembre de 2000.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita los que se hubiera obtenido el beneficio de la justicia gratuita. único. único.
los Juzgados y Tribunales tendrán en cuenta lo previsto en el Reglamento (CE) número 1206/2001 del Consejo. . Los límites económicos establecidos en esta Ley no impedirán que el solicitante que los supere pueda obtener el beneficio si prueba que no puede hacer frente a los gastos procesales debido a las diferencias en el coste de la vida entre el Estado miembro de su residencia o domicilio y España. único. de 28 de mayo de 2001. Contenido material del derecho 1. Artículo 50. con excepción de su apartado 2. En tal caso. Artículo 49. así como. Quien solicite asistencia jurídica gratuita al amparo de esta Sección habrá de residir o estar domiciliado en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. se tendrá en cuenta el cumplimiento por el solicitante de los criterios de carácter económico aplicables en el Estado miembro de su domicilio o residencia habitual para conceder la justicia gratuita. y el Juzgado o Tribunal decida que no existen otros medios satisfactorios de tomar declaración. sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado en vista de la complejidad del asunto o para garantizar la igualdad de las partes en el proceso. único. Requisitos para el reconocimiento del derecho 1. Notas de vigencia Añadido por art. cuando las normas aplicables o el Juzgado o Tribunal requieran su comparecencia personal para la defensa de su pretensión. de 18 de julio RCL\2005\1522. b) La traducción de los documentos presentados por el beneficiario a instancias del Juzgado o Tribunal o de la autoridad competente y que sean necesarios para resolver el asunto. c) Los gastos de desplazamiento que corran por cuenta del solicitante. Notas de vigencia Añadido por art. El derecho de asistencia jurídica gratuita reconocido al amparo de esta Sección comprende todas las prestaciones indicadas en el artículo 6 . otros convenios o normas aplicables.7 de Ley 16/2005.Notas de vigencia Añadida por art. con la extensión temporal del artículo 7 . relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil. de 18 de julio RCL\2005\1522. d) La defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial cuando. 2.7 de Ley 16/2005. Los documentos remitidos por las autoridades expedidoras competentes en aplicación de este Capítulo estarán exentos de legalización y de cualquier otra formalidad equivalente. no siendo legalmente preceptiva la intervención de estos profesionales. único. de 18 de julio RCL\2005\1522. de un testigo o de un perito. en su caso. 2. Al objeto de considerar si es necesaria la asistencia personal del solicitante.7 de Ley 16/2005. además: a) Los servicios de interpretación. Para el reconocimiento de este derecho se observarán los requisitos establecidos en los artículos 3 a 5 de esta Ley. y.
El Ministerio de Justicia. Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial establecido al efecto. 3. el derecho a la asistencia jurídica gratuita se instará mediante solicitud en la que se acredite el reconocimiento del derecho en ese Estado y el cumplimiento de los requisitos del artículo 49. Notas de vigencia 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 25 . de 7 de enero . Se podrá conceder. se seguirán en estos casos las normas previstas en los artículos 13 a 21 con la especialidad de que el plazo de subsanación de deficiencias del artículo 14 será de 15 días. 4. a través del órgano competente en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En todo caso.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Artículo 51. Cuando una solicitud o la documentación correspondiente se reciban en una lengua no aceptada en España. el Colegio de Abogados remitirá inmediatamente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la solicitud y documentación para que resuelva sobre la pretensión deducida. En el supuesto de concurrencia de litigantes en un mismo proceso. deberá informarse al solicitante sobre la tramitación de su solicitud. en las cuales se aceptará que se cumplimenten las solicitudes de justicia gratuita así como la documentación acreditativa correspondiente. los ámbitos geográficos sobre los que tienen competencia. en lo que resulten de aplicación. Cuando se solicite el reconocimiento excepcional del derecho por concurrir cualesquiera de las circunstancias previstas en el artículo 5 de esta Ley o cuando se alegue la imposibilidad de hacer frente a los gastos procesales previsto en su artículo 49. en su caso. Cuando el Colegio de Abogados que recibe la solicitud estime que es incompetente para su tramitación. bien a través de la autoridad expedidora competente del Estado miembro en que el solicitante tenga su residencia habitual o su domicilio. de Enjuiciamiento Civil. En los casos en que haya de tener lugar en España el reconocimiento o ejecución de una resolución judicial dictada por un Juzgado o Tribunal de otro Estado miembro de la Unión Europea en el que se hubiera obtenido el beneficio de la justicia gratuita. cuya resolución será motivada en caso de denegación total o parcial. asimismo. los medios para recibir las solicitudes y. el beneficio de la asistencia jurídica gratuita para la ejecución en España de documentos públicos con fuerza ejecutiva cuando el solicitante acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 49.2. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 . la lengua o las lenguas oficiales de las instituciones de la Comunidad. se observarán las normas recogidas en el Capítulo IV . Asimismo. además del español y. notificará a la Comisión Europea los nombres y direcciones de las autoridades receptoras o expedidoras competentes en España. y podrán presentarse bien directamente por el interesado. Las solicitudes se acompañarán de los documentos en los que se funde la pretensión. la enviará al Consejo General de la Abogacía Española para que decida cuál es el Colegio de Abogados de la circunscripción del Juzgado o Tribunal al que corresponde su tramitación. la remitirá al Colegio que considere competente. 5. Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita que provengan de otro Estado miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo se presentarán ante el Colegio de Abogados del lugar donde se halle el Juzgado o Tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que aquélla se solicita o ante el que se solicite el reconocimiento o ejecución de una resolución. Solicitud del derecho 1. en su caso. el reconocimiento del derecho deberá ser instado de manera individualizada para cada uno de los interesados. o. determinado éste de acuerdo con las reglas de los artículos 44 y siguientes de la Ley 1/2000. en su caso. Una vez presentada la solicitud. en las normas internacionales que resulten de aplicación. serán inmediatamente devueltas a quien los hubiera presentado para que proceda a su traducción y presentación en el plazo de 15 días contados desde la recepción del requerimiento. de manera razonada. de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en la que tengan su sede las autoridades expedidoras y receptoras. Si éste rechazara también la solicitud. 2.
7 de Ley 16/2005. de 18 de julio RCL\2005\1522. Reconocimiento del Derecho en otros Estados Miembros Notas de vigencia Añadida por art. único. de 18 de julio RCL\2005\1522. Corresponderá al Colegio de Abogados transmitir la solicitud de asistencia jurídica gratuita a las autoridades receptoras del Estado miembro de la Unión Europea donde se encuentre el Tribunal competente para el litigio de que se trate.7 de Ley 16/2005. si fuera necesario. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior. Esta asistencia incluirá el asesoramiento al solicitante para que la solicitud vaya acompañada de toda la documentación acreditativa que sea necesaria para que pueda resolverse sobre ella.Añadido por art. Si el Colegio de Abogados estimara que la petición carece de modo manifiesto de fundamento o no entra dentro del ámbito de aplicación de este Capítulo. b) Traducción de la solicitud y de la documentación acreditativa necesaria que deba presentarse a las autoridades de dicho Estado miembro. único. se lo notificará al solicitante en el plazo de cinco días. 3. . Se remitirá en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que la solicitud se encuentre cumplimentada en la lengua o en una de las lenguas aceptadas por el Estado miembro de la autoridad receptora y también los documentos acreditativos. Derechos en España Las personas físicas que tengan su residencia habitual o su domicilio en España que pretendan beneficiarse de asistencia jurídica gratuita en otro Estado miembro de la Unión Europea para un litigio transfronterizo de los previstos en este Capítulo podrán acceder en España a los siguientes derechos: a) Asistencia de los servicios de orientación jurídica del Colegio de Abogados correspondiente a la residencia o domicilio del solicitante hasta que se presente la solicitud de justicia gratuita en el Estado miembro donde se halle el Tribunal. Artículo 53. Los derechos contemplados en el artículo 52 podrán solicitarse ante el Colegio de Abogados que corresponda a la residencia habitual o domicilio del solicitante. único. a alguna de dichas lenguas. y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que decida de manera definitiva sobre la negativa a remitir la solicitud. Tramitación 1. el solicitante podrá beneficiarse de los derechos contemplados en el artículo 52 y presentar por sí mismo la solicitud de justicia gratuita ante la autoridad receptora competente del Estado miembro en el que se halle el Tribunal o en el que deba ejecutarse la resolución. Sección 3ª.7 de Ley 16/2005. 2. Artículo 52. Notas de vigencia Añadido por art. de 18 de julio RCL\2005\1522. traducidos.
único. El Capítulo I. 2.1. conforme al cual corresponde a éste dictar las «Bases del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas». el reintegro de los gastos correspondientes a las traducciones. Notas de vigencia Párr. no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 . a las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad señaladas en el artículo 1. las disposiciones adicionales tercera.8 de Ley 16/2005. 12 y 16 a 21 del Capítulo II.3ª. de 18 de julio RCL\2005\1522. la Cruz Roja Española tendrá reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. único.18ª de la Constitución Española . de Igualdad de Oportunidades. Artículo 54.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Notas de vigencia Añadido por art. sobre «Relaciones Internacionales». 5ª y 6ª de la Constitución Española . y la disposición derogatoria. los artículos 27 a 29 y 31 a 36 del Capítulo IV. de 19 de julio . Primera. Segunda. de 2 de diciembre . Igual derecho asistirá a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Denegación del derecho Cuando la autoridad competente de otro Estado miembro deniegue la solicitud de justicia gratuita realizada desde España con ejercicio de los derechos del artículo 52 . en los términos previstos en el artículo 2. se dictan al amparo de las competencias que al Estado atribuye el artículo 149. sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar. También se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita. único. 3. DISPOSICIONES ADICIONALES. si concurren las circunstancias previstas en el artículo 19 .7 de Ley 16/2005.2 de la Ley 51/2003. de 18 de julio RCL\2005\1522. para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.7 de Ley 16/2005.1. Los restantes preceptos serán de aplicación en defecto de normativa específica de las Comunidades Autónomas que hayan asumido el ejercicio efectivo de las competencias en materia de provisión de medios para la Administración de Justicia. 10.2 de la Ley 26/1984. Tercera. sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar. se exigirá.1. «Administración de Justicia» y «Legislación procesal». 3º añadida por art. Notas de vigencia Añadido por art. se dictan en virtud de la competencia del Estado reconocida en el artículo 149. 1. el Capítulo VII. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 27 . de 18 de julio RCL\2005\1522. cuarta y quinta. respectivamente. Los artículos 25 y 26 del Capítulo III y el Capítulo VI. los artículos 9.
nombrado por los que fueren parte en una causa. salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita». El procurador que. quedará obligado a responder de la cantidad referida. a no ser que a ello fueren condenados. tendrán obligación de satisfacer los derechos de los procuradores que les representen. hubiesen formulado su reclamación y el Juez o Tribunal la estimaren. 3. contados desde el siguiente a aquel en que se disponga de las actuaciones para hacerlo. Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tendrán la siguiente redacción: 1. podrán valerse de abogado y procurador de su elección. El último párrafo del artículo 875 tendrá la siguiente redacción: «Si el recurrente tuviese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita o apareciese declarado insolvente total o parcial. El artículo 844 tendrá la siguiente redacción: «Cuando el apelante tenga reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. se le tendrá por personado en tiempo ante el Tribunal Superior. los de los peritos que informen a su instancia y las indemnizaciones de los testigos que presentaren. haya aceptado su representación tendrá la obligación de pagar los honorarios a los Letrados de que se valiesen los clientes para su defensa.Los artículos que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Civil . si no se les hubiere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En estos casos. tendrán la siguiente redacción: 1. El artículo 1701 tendrá la siguiente redacción: «Si la parte recurrente en queja tuviere reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cuarta. siempre que haya mediado solicitud de la parte dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia». . Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. si dentro del término del emplazamiento compareciere ante el mismo por sí o por medio de otra persona. El Título V del Libro I se denominará «Del derecho de defensa y de la asistencia jurídica gratuita en los juicios criminales». El primer párrafo de la regla 6ª del artículo 1708 tendrá la siguiente redacción: «En los casos en que el recurso de casación fuere interpuesto por el Letrado designado en turno de oficio. 3. solicitando la designación de abogado y procurador de oficio. tendrá siempre un plazo no inferior a los veinte días. la designación se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y se entenderán con el Procurador nombrado de oficio todas las actuaciones en representación del apelante». en la forma que dispone el artículo 857». si viniere a mejor fortuna. pero en este caso estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos. la designación de abogado y procurador que le defiendan y representen se efectuará conforme a lo previsto en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el plazo de presentación del escrito de interposición del recurso se computará a partir de la comunicación de las designaciones. El artículo 121 tendrá la siguiente redacción: «Todos los que sean parte en una causa. 2. La misma pretensión podrá deducir al hacerle el emplazamiento. Ni durante la causa ni después de terminada tendrán la obligación de satisfacer las demás costas procesales. el plazo de los cuarenta días fijados en el emplazamiento». 2. los honorarios de los abogados que les defiendan. al declarar. en cuyo caso lo consignará el Secretario en la diligencia. cuando los peritos y testigos. si es necesario. como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho. a tal fin. interrumpiéndose.
los Colegios de Abogados enviarán semestralmente una relación de solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos celebrados en los demás Estados miembros. procurador o graduado social colegiado. Si en cualquier otra actuación. con indicación expresa del Estado de residencia habitual o domicilio del solicitante del derecho. y en particular cuando se trate de los supuestos previstos en el Capítulo VIII de la Ley 1/1996. Empleo de medios electrónicos. 3. de 18 de julio RCL\2005\1522. único. el Juez o Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.10 de Ley 16/2005. Séptima. el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del Sistema de Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones». lo hará constar en la demanda. único. con excepción de lo previsto en el artículo siguiente. cuando el solicitante del derecho tenga su residencia habitual o su domicilio en España. diversa al acto de juicio. Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995. informáticos y telemáticos Las Administraciones Públicas competentes procurarán e impulsarán el empleo de medios electrónicos. trasladada tal intención al actor. de Asistencia Jurídica Gratuita. 2. con las excepciones fijadas en el artículo 2 d). de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. que éste remitirá al Ministerio de Justicia. Asimismo.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita Quinta. Notas de vigencia Añadida por art. pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado. en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos. Sexta. Información al Ministerio de Justicia sobre los litigios transfronterizos A efectos estadísticos. tendrá la siguiente redacción: «1. de 18 de julio RCL\2005\1522. de 7 de abril . La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia. informáticos y telemáticos en los trámites ligados al reconocimiento de derecho de asistencia jurídica gratuita. Octava. así como de solicitudes de reconocimiento de asistencia jurídica gratuita en los litigios transfronterizos celebrados en España.9 de Ley 16/2005. 4. designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. El artículo 21 de la Ley de Procedimiento Laboral. cualquiera de las partes pretendiese actuar asistida de Letrado. con indicación expresa del Estado de que se trate. de 10 de enero. dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio. al Consejo General de la Abogacía Española. Notas de vigencia Añadida por art. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 29 . pero podrá utilizarla cualquiera de los litigantes. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado. con objeto de que.
ambos inclusive. -El último párrafo del artículo 874 . DISPOSICIÓN DEROGATORIA.Asistencia jurídica gratuita a las víctimas del terrorismo 1. Única. Notas de vigencia Añadida por art. -Los artículos 123 a 140 . b) De la Ley de Enjuiciamiento Criminal: -El artículo 119 . Única. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. en su caso. presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley. Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado de oficio para garantizar la asistencia y defensa de las víctimas del terrorismo. En todo caso. cuando dice «justicia gratuita». se garantizará la defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas del terrorismo que lo soliciten. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. ambos inclusive. de 18 de julio RCL\2005\1522. único. éstas deberán abonar al Abogado y al Procurador. sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita. DISPOSICIÓN TRANSITORIA. -El artículo 120 . -Los apartados 2. -El artículo 1719 . 3. tienen derecho a la representación y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situación que provoca la citada condición. 2.11 de Ley 16/2005. -Los artículos 13 a 50 . Las solicitudes de justicia gratuita. 4 y 5 del artículo 788 . y en particular: a) De la Ley de Enjuiciamiento Civil: -El inciso primero del número 4º del artículo 4 . -Las reglas 3ª. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley. Las personas declaradas víctimas del terrorismo que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. 4ª y 5ª del artículo 1708 . en los términos establecidos en la presente Ley. . se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud. los honorarios devengados por su intervención.
DISPOSICIONES FINALES. d) De la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 : -El artículo 132 . en el que se contendrán necesariamente los siguientes extremos: a) Las normas de organización y funcionamiento de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.Ley de Asistencia Jurídica Gratuita -Los tres primeros párrafos del artículo 876 .3 del Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio . f) El artículo 59. de 24 de septiembre . b) Normalización de los documentos a presentar por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita. 02 de agosto de 2012 © Thomson Aranzadi 31 . En el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley. Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito. en el ámbito de sus competencias. e) El artículo 6. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral: -Los artículos 25 y 26 . c) El procedimiento para la aplicación de la subvención. La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Primera. d) El sistema de determinación de las bases económicas y módulos de compensación con cargo a fondos públicos por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. dictará el Reglamento General de desarrollo de la misma. el Gobierno.3 del Real Decreto-ley 18/1982. Segunda. e) El sistema de provisión de la asistencia pericial gratuita prevista en el apartado 6 del artículo 6. por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social. de 7 de abril . de régimen de los Fondos de Garantía de Depósitos de Bancos Privados. c) Del Real Decreto Legislativo 2/1995.
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 artículo 7
 artículo 49
 artículo 14
 artículo 10
 Artículo 51
 artículo 5
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 artículo 12
 Artículo 53
 artículo 52
 artículo 52
 Artículo 52
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 54
 artículo 52
 artículo 2
 artículo 149
 artículo 19
 artículo 149
 artículo 27
 artículo 875
 artículo 844
 artículo 1701
 artículo 1708
 artículo 857
 artículo 121
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 874
 artículo 119
 artículo 120
 artículo 1719
 artículo 788
 artículo 4
 artículo 1708
 artículo 132
 artículo 876
 Real Decreto 
 artículo 59
 artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto