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Timestamp: 2018-01-18 06:47:23+00:00

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Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. TITULO I. Disposiciones generales (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE (Vigente hasta el 01 de Enero de 2000).
Vigencia desde 01 de Enero de 1999. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 1999 hasta 01 de Enero de 2000
Ambito de aplicación subjetiva
Artículo 2 Entidades contratantes
1. Quedarán sujetas a la presente Ley, siempre que realicen alguna de las actividades enumeradas en el artículo 3:
a) Las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones públicas incluidas en el artículo 1.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas o de sus Organismos autónomos.
b) Las asociaciones formadas por las citadas entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia.
c) Las empresas públicas. A los efectos de esta Ley se entiende por empresas públicas las empresas sobre las que las Administraciones públicas, sus Organismos autónomos, Entes públicos o las asociaciones formadas por ellos pueden ejercer directa o indirectamente una influencia dominante, por el hecho de tener la propiedad o una participación financiera en las mismas o en virtud de las normas que las rigen. Se considera que ejercen una influencia dominante, directa o indirectamente, sobre una empresa cuando:
Ostenten la titularidad de la mayoría del capital social suscrito de la empresa; o
Dispongan de la mayoría de los derechos de voto correspondientes a las acciones o participaciones emitidas por las empresas, o
Puedan nombrar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de la empresa.
d) Las empresas privadas que gocen de un derecho especial o exclusivo otorgado por una autoridad competente, en virtud de una disposición legal, reglamentaria o administrativa que tenga como efecto la reserva del ejercicio de alguna de las actividades enumeradas en el artículo 3.
Se considera que una entidad contratante goza de derechos especiales o exclusivos, en particular, cuando:
i) Con el fin de construir las redes o efectuar las instalaciones a que se refiere el artículo 3, dicha entidad pueda ser beneficiaria de un procedimiento de expropiación forzosa o de imposición de servidumbre, o utilizar el suelo, el subsuelo y el espacio situado sobre la vía pública para instalar los equipos de las redes.
ii) En el caso de la letra a) del artículo 3, dicha entidad suministre agua potable, electricidad, gas o calefacción a una red que, a su vez, sea explotada por una entidad que goce de derechos especiales o exclusivos concedidos por la autoridad competente.
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y los Organismos autónomos dependientes de las mismas, que se regirán, en todo caso y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda, por la legislación de contratos de las Administraciones públicas.
Téngase en cuenta que la presente Ley 48/1998, de 30 de diciembre, queda derogada, excepto su disposición adicional cuarta por la disposición derogatoria única de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales («B.O.E.» 31 octubre).
Ambito de aplicación objetiva
Actividades incluidas.
A los efectos de esta Ley se consideran actividades relacionadas con el agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, quedando incluidas en su ámbito de aplicación, las siguientes:
a) La puesta a disposición o la explotación de redes fijas que presten un servicio al público en relación con la producción, transporte o distribución:
i) De agua potable, o
ii) De electricidad, o
iii) De gas o calefacción.
Asimismo, se incluye el suministro de agua potable, electricidad, gas o calefacción a dichas redes.
La presente Ley se aplicará, igualmente, a los contratos que deban adjudicar las entidades que ejerzan una actividad de producción, transporte o distribución de agua potable, siempre y cuando dichos contratos estén relacionados con proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje y el volumen de agua destinado a abastecimiento de agua potable represente más del 20 por 100 del volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones, o estén relacionados con la evacuación o tratamientos de aguas residuales.
b) La explotación de una zona geográfica determinada para la realización de alguna de las actividades siguientes:
i) Prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos.
ii) Puesta a disposición de los transportistas aéreos, marítimos o fluviales de los aeropuertos, puertos marítimos o interiores u otras terminales de transporte.
c) La explotación de redes que presten un servicio público en el campo del transporte por ferrocarril, sistemas automáticos, tranvía, trolebús, autobús o cable.
En cuanto a los servicios de transporte, se considera que existe una red cuando el servicio se preste con arreglo a las condiciones establecidas por una autoridad competente, tales como las condiciones relativas a los itinerarios, a la capacidad de transporte disponible o a la frecuencia del servicio.
d) La puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones o el suministro de uno o más servicios públicos de telecomunicaciones.
A los efectos de esta Ley, se entenderá por red pública de telecomunicaciones, la infraestructura pública de telecomunicaciones que permita el transporte de señales mediante cables, haces hertzianos, por medios ópticos o por otros medios electromagnéticos, entre puntos de terminación determinados de la red, esto es, el conjunto de conexiones físicas y especificaciones técnicas de acceso, que forman parte de la red pública de telecomunicaciones y son necesarias para tener acceso a dicha red pública y comunicarse eficazmente mediante la misma.
Se entenderá por servicios públicos de telecomunicaciones, aquellos que consistan, total o parcialmente, en la transmisión y conducción de señales en la red pública de telecomunicaciones mediante procedimientos de telecomunicación, con excepción de la radiodifusión y la televisión cuya oferta haya sido confiada específicamente por la Administración a una o varias entidades de telecomunicación.
1. A los efectos de esta Ley, no se consideran actividades relacionadas con el agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, quedando excluidas de su ámbito de aplicación, las siguientes:
a) La puesta a disposición del público de un servicio de transporte en autobús, cuando otras entidades puedan prestar libremente dicho servicio, bien con carácter general o bien en una zona geográfica determinada, en las mismas condiciones que las entidades contratantes.
b) El suministro de agua potable, electricidad, gas o calefacción a redes destinadas a proporcionar un servicio al público por parte de una empresa contratante distinta de las Administraciones públicas, Organismos autónomos y restantes Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, cuando otras empresas puedan prestar libremente dicho servicio en las mismas condiciones, o cuando:
i) En el caso de agua potable o electricidad:
La producción de agua potable o de electricidad por parte de la entidad de que se trate se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una actividad distinta de la mencionada en el artículo 3; y
La alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no haya superado el 30 por 100 de la producción total de agua potable o de energía de la entidad, tomando en consideración la media de los tres años precedentes, incluido el año en curso.
ii) En el caso del gas o la calefacción:
La producción de gas o calefacción por la entidad de que se trate, sea una consecuencia inevitable del ejercicio de una actividad distinta de la que se menciona en el artículo 3; y
La alimentación de la red pública tenga el único propósito de explotar económicamente dicha producción y la misma corresponda, como máximo, al 20 por 100 del volumen de negocios de la entidad, tomando en consideración la media de los tres años precedentes, incluido el año en curso.
2. Cuando así lo acuerde la Comisión Europea a petición del Estado, quedará fuera del ámbito de la presente Ley la explotación de zonas geográficas con fines de prospección o extracción de petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos, así como las entidades beneficiarias de los derechos especiales o exclusivos contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra d) ii) que exploten una o varias de estas actividades. En este caso, y siempre y cuando se respeten los principios de no discriminación y de convocatoria de licitación para la adjudicación de los contratos de obras, suministros y servicios, en particular por lo que se refiere a la información que las entidades contratantes pongan a disposición de las empresas en relación con sus intenciones de adjudicación de los contratos, se deberán cumplir todas las condiciones que se enumeran a continuación:
a) Que, para explotar una de dichas zonas geográficas, se exija una autorización y otras entidades tengan libertad para solicitar dicha autorización en las mismas condiciones a las que estén sujetas las entidades contratantes.
b) Que la solvencia técnica y financiera que deben poseer las entidades para ejercer actividades particulares queden acreditadas antes de la evaluación de los méritos de los candidatos que compitan por la obtención de la autorización.
c) Que la autorización para ejercer dichas actividades se conceda con arreglo a criterios objetivos, relativos a los medios previstos para llevar a cabo la prospección o la extracción y que hayan sido establecidos y publicados antes de la presentación de dichas solicitudes de autorización. Dichos criterios deberán aplicarse de forma no discriminatoria.
d) Que todas las condiciones y requisitos relativos al ejercicio o a la interrupción de la actividad, incluidas las disposiciones relativas a las obligaciones inherentes al ejercicio, a los cánones y a la participación en el capital o en la renta de las entidades, sean establecidas y hechas públicas antes de la presentación de las solicitudes de autorización y se apliquen de forma no discriminatoria; cualquier cambio que afecte a estas condiciones y requisitos deberá aplicarse a todas las entidades afectadas o ser enmendado para darle carácter no discriminatorio; no obstante, no será necesario definir las obligaciones asociadas al ejercicio hasta el momento anterior a la concesión de la autorización.
e) Que las entidades contratantes no estén obligadas en virtud de ninguna ley, reglamento ni requisito administrativo, ni por acuerdo o convenio alguno, a facilitar informaciones sobre las fuentes actuales o previstas relativas a sus compras, excepto a instancia de las autoridades nacionales y exclusivamente por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico, o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial.
3. Respecto a las concesiones o autorizaciones individuales concedidas antes de la fecha de la entrada en vigor de la presente Ley, no serán de aplicación las letras a), b) y c) del apartado anterior en caso de que, en dicha fecha, otras entidades hubieran podido solicitar una autorización para la explotación de zonas geográficas con la finalidad de hacer prospecciones o de extraer petróleo, gas, carbón u otros combustibles sólidos, sobre una base no discriminatoria y con arreglo a criterios objetivos, y la letra d) cuando las condiciones y requisitos se hubieran establecido, aplicado o modificado antes de la fecha contemplada anteriormente.
Artículo 5 Contratos incluidos
1. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por contratos de obras, suministro y servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, los contratos de carácter oneroso celebrados por escrito entre alguna de las entidades contratantes enumeradas en el artículo 2.1 y un contratista, que tengan por objeto:
a) En el caso de contratos de obras, la mera ejecución, el proyecto y ejecución conjunta de obras o la realización, por el medio que fuere, de obras de construcción o de ingeniería civil tal como se definen en el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tales contratos podrán incluir además los suministros y los servicios necesarios para su ejecución.
b) En el caso de contratos de suministro, la adquisición de productos, conforme a lo dispuesto en los artículos 172 y 173 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que se formalicen mediante compra, compra a plazos, arrendamiento financiero, o arrendamiento con o sin opción a compra.
c) En el caso de contratos de servicios, alguno de los definidos en el artículo 197.2 y 3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. Cuando un contrato de obras, suministro o servicios contenga prestaciones correspondientes a otro de ellos se atenderá para su calificación y aplicación de los preceptos que lo regulen al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico.
3. Para la adjudicación de los contratos que tengan por objeto alguno de los servicios enumerados en el anexo VI B, será preceptiva únicamente la aplicación de lo dispuesto en el Título II y artículo 50 de la presente Ley.
4. Los contratos que tengan por objeto simultáneamente servicios incluidos en los anexos VI A y VI B se adjudicarán con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley, con carácter general para el contrato de servicios cuando el valor de los servicios incluidos en el anexo VI A sea superior al de los contemplados en el anexo VI B. En los demás casos se estará a lo dispuesto en el apartado anterior.
Acuerdos marco.
Los contratos que se adjudiquen por alguno de los procedimientos previstos en la presente Ley podrán adoptar la forma de acuerdos marco, celebrados entre alguna de las entidades contratantes enumeradas en el artículo 2 y uno o varios empresarios que tengan por objeto fijar los términos de los contratos que se hayan de adjudicar en el transcurso de un período de tiempo, particularmente en lo que se refiere a los precios y, en su caso, a las cantidades previstas. Las entidades contratantes no podrán recurrir a los acuerdos marco de una manera abusiva, que tenga como consecuencia impedir, restringir o falsear la competencia.
Artículo 7 Contratos excluidos
1. La presente Ley no se aplica a los contratos o a los concursos de proyectos que las entidades contratantes celebren u organicen para fines distintos de la realización de las actividades mencionadas en el artículo 3, ni para la realización de dichas actividades en un país tercero, en circunstancias que no supongan la explotación física de una red o de un área geográfica dentro de la Unión Europea.
2. Quedan fuera, asimismo, del ámbito de aplicación de esta Ley:
a) Los contratos que se adjudiquen a efectos de reventa o arrendamiento a terceros, siempre y cuando la entidad contratante no goce de derechos especiales o exclusivos de venta o arrendamiento del objeto de dichos contratos y existan otras entidades que puedan venderlos o arrendarlos libremente en las mismas condiciones que la entidad contratante.
b) Los contratos que las entidades contratantes, que ejercen una actividad de puesta a disposición o explotación de redes públicas de telecomunicaciones o de suministro de uno o más servicios públicos de telecomunicaciones, adjudiquen para sus compras, destinadas exclusivamente a permitirle desempeñar uno o varios servicios de telecomunicaciones, cuando otras entidades puedan ofrecer libremente los mismos servicios en la misma zona geográfica y en condiciones sustancialmente idénticas.
c) Los contratos de adquisición de agua que adjudiquen las entidades contratantes recogidas en el apartado I de la disposición adicional tercera.
d) Los contratos que las entidades contratantes recogidas en los apartados II y III de la disposición adicional tercera que adjudiquen para el suministro de energía o de combustibles destinados a la producción de energía.
e) Los contratos que tengan por objeto:
i) La adquisición o arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relativos a derechos sobre estos bienes. No obstante, los contratos de servicios financieros adjudicados simultáneamente con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por la presente Ley.
ii) Servicios de telefonía de voz, télex, radiotelefonía móvil, buscapersonas y telecomunicación por satélite.
iii) El arbitraje y conciliación.
iv) La emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros instrumentos financieros.
v) Contratos regulados en la legislación laboral.
vi) Servicios de investigación y desarrollo distintos de aquellos cuyos beneficios pertenezcan exclusivamente a la entidad contratante para su utilización en el ejercicio de su propia actividad, siempre que la entidad remunere totalmente la prestación del servicio.
f) Los contratos de servicios que se adjudiquen a una entidad que, a su vez, sea una entidad contratante de las incluidas en el artículo 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, o una asociación de dichas entidades, basándose en un derecho exclusivo del que goce en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
g) Los contratos de servicios siguientes por razón del sujeto:
i) Los que una entidad contratante celebre con una empresa asociada. A los efectos de esta Ley, se entenderá como empresa asociada la empresa que, en virtud del artículo 42 del Código de Comercio presente cuentas anuales consolidadas con las de la entidad contratante. Se entenderá, asimismo, como empresa asociada, en el supuesto de entidades no incluidas en dicho precepto, aquélla sobre la cual la entidad contratante pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, según se define en el apartado 1.c) del artículo 2 de la presente Ley, o que pueda ejercer una influencia dominante sobre la entidad contratante, o que, como la entidad contratante, esté sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad o participación financiera o en virtud de las normas que las rigen.
ii) Los que una empresa conjunta, constituida por varias entidades contratantes, con el fin de desarrollar las actividades contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, celebre con una de dichas entidades contratantes o una empresa asociada a una de estas entidades contratantes, siempre que, como mínimo, el 80 por 100 del promedio del volumen de negocios que tal empresa haya efectuado en la Unión Europea en los últimos tres años en materia de servicios provenga de la prestación de estos servicios a las empresas con las que esté asociada.
Cuando más de una empresa afiliada a la entidad contratante preste el mismo servicio o servicios similares, deberá tenerse en cuenta el volumen de negocios total en la Unión Europea resultante de la prestación de servicios por dichas empresas.
h) Los contratos que hayan sido declarados secretos por el órgano competente o cuya ejecución deba ir acompañada de especiales medidas de seguridad con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o cuando así lo requiera la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
i) Los contratos que se suscriban al amparo de un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativos a suministros, obras o servicios necesarios para la ejecución o explotación conjunta, por los Estados signatarios, de un proyecto determinado.
j) Los contratos efectuados en virtud de un acuerdo internacional celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.
k) Los contratos efectuados por el procedimiento específico de una organización internacional.
Artículo 8 Importe de los contratos
La presente Ley se aplicará:
1. A los contratos adjudicados por entidades contratantes del sector de las telecomunicaciones, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
a)97.460.125. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra a) del número 1 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
b)812.167.708. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obra. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra b) del número 1 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
2. A los contratos adjudicados por organismos contratantes que ejerzan actividades en los sectores de producción, transporte o distribución de agua potable, electricidad, entidades del sector de los servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses, entidades del sector de las instalaciones de aeropuertos y entidades del sector de los puertos marítimos o fluviales u otras terminales, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
a) a)66.929.735. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios previstos en el anexo VI A, con excepción de los servicios de investigación y desarrollo enumerados en la categoría 8 y de los de telecomunicaciones de la categoría 5, cuyos números de referencia CPC son 7524 (servicios de difusión de emisiones de televisión y servicios de difusión de emisiones de radio), 7525 (servicios de interconexión) y 7526 (servicios de telecomunicaciones integradas). A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra a) del número 2 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
b) b)64.973.417. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios distintos de los anteriores. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra b) del número 2 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
c) c)836.621.683. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obras. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra c) del número 2 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
3. A los contratos adjudicados por entidades contratantes que ejerzan actividades en los sectores de transporte o distribución de gas o de combustible para calefacción, prospección y extracción de petróleo o gas, carbón u otros combustibles sólidos y en el sector de los servicios de ferrocarriles, siempre que el importe estimado sea igual o superior a:
a) a)64.973.417. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de suministro y de servicios. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra a) del número 3 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
b) b)812.167.708. pesetas, en lo que se refiere a los contratos de obras. A partir de: 1 enero 2000 Cifra contenida en la letra b) del número 3 del artículo 8 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
Importe de los contratos contenido en el artículo 8 actualizado por O.M. HAC/737/2002, 2 abril, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2002 («B.O.E.» 6 abril).
Artículo 9 Base para el cálculo del importe de los contratos
1. En los contratos de suministro que se concierten mediante arrendamiento financiero, compra a plazos o arrendamiento con o sin opción a compra, la base para el cálculo del importe del contrato será:
a) En el caso de contratos a plazo fijo igual o inferior a doce meses, el importe total estimado del contrato en este plazo o, si el plazo superase los doce meses, el importe total del contrato con inclusión del importe residual estimado.
b) En el caso de contratos por período indefinido o en los casos en que su duración no pueda determinarse, el total previsible de los pagos que deban efectuarse durante los cuatro primeros años.
2. A efectos del cálculo del importe estimado de un contrato de servicios, la entidad contratante incluirá la remuneración total del prestador de los mismos teniendo en cuenta los elementos especificados en los apartados siguientes de este artículo.
3. A efectos del cálculo del importe estimado de un contrato de servicios financieros se tendrán en cuenta los importes de los siguientes conceptos:
a) La prima, en los contratos de seguro.
b) Los honorarios, comisiones, intereses y otras remuneraciones, en los contratos de servicios bancarios y otros servicios financieros.
c) Los honorarios o comisiones correspondientes, en los contratos que impliquen un proyecto.
4. En los contratos de servicios en los que no se indique un precio total, deberá tomarse como base para el cálculo del importe estimado de los contratos los conceptos siguientes:
a) En los contratos de duración determinada, cuando ésta sea igual o inferior a cuatro años, el valor total correspondiente a toda su duración.
b) En los contratos de duración indeterminada o superior a cuatro años, el valor mensual multiplicado por 48.
5. Cuando un contrato de suministro o servicios propuesto incluya expresamente diversas opciones, la base para el cálculo del importe del contrato será el importe total máximo autorizado de la compra, arrendamiento financiero, arrendamiento o compraventa a plazos, incluidas las cláusulas de opción.
6. En el caso de adquisición de suministros o servicios por un período determinado a través de una serie de contratos que deban adjudicarse a uno o varios suministradores o prestadores de servicios, o de contratos renovables, la base para el cálculo del importe del contrato será:
a) El importe total de los contratos que se hubieren adjudicado durante dicho ejercicio o en los doce meses anteriores y que presentasen características similares, corregido en lo posible para tener en cuenta las modificaciones previsibles de cantidad o valor que pudieran sobrevenir durante los doce meses siguientes; o
b) El importe acumulado de los contratos que vayan a adjudicarse durante los doce meses consecutivos a la adjudicación del primer contrato, o durante toda la vigencia del contrato, si la misma superase los doce meses.
7. La base del cálculo del importe estimado de un contrato que incluya servicios y suministros será el importe total de los servicios y suministros, independientemente del porcentaje con que participen en el contrato. Dicho cálculo incluirá el importe de las operaciones de colocación e instalación.
8. La base para el cálculo del importe de un acuerdo marco será el importe máximo estimado de la totalidad de los contratos previstos para el período fijado.
9. A los efectos de la aplicación del artículo anterior, la base para el cálculo del importe de un contrato de obras será el importe total de la obra.
10. A los efectos de la aplicación del apartado anterior, las entidades contratantes incluirán en el importe estimado de los contratos de obras, el importe de todos los suministros o servicios necesarios para la ejecución de los trabajos que las mismas pongan a disposición del contratista.
11. El importe de los suministros o servicios que no sean necesarios para la ejecución de un contrato de obras determinado no podrá añadirse al importe de dicho contrato de tal forma que la adquisición de tales suministros o servicios eluda la aplicación de la presente Ley.
12. En los contratos de obras, de suministros y de servicios que estén divididos en lotes, deberá contabilizarse el importe de cada uno de los lotes para el cálculo del importe indicado en el artículo anterior. Si el importe acumulado de dichos lotes alcanzase o superase el importe indicado en el artículo anterior, se aplicarán las disposiciones de dicho artículo a todos los lotes. No obstante, en el caso de contratos de obras, las entidades contratantes podrán establecer una excepción a la aplicación del artículo anterior, para lotes cuyo importe estimado sea inferior a 162.433.542 pesetas, siempre que el importe acumulado de dichos lotes no exceda del 20 por 100 del valor del conjunto de lotes.
Cifra contenida en el número 12 del artículo 9 actualizada por el número 2 de la O.M. 10 febrero 2000, por la que se hacen públicos los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir de 1 de enero de 2000 («B.O.E.» 22 febrero).
13. Las entidades contratantes no podrán sustraerse a la aplicación de la presente Ley fraccionando los contratos o empleando modalidades particulares de cálculo del importe de los contratos.
Principios de contratación
Artículo 10 Principios de la contratación
1. Los contratos que se adjudiquen en virtud de la presente Ley se ajustarán a los principios de publicidad y concurrencia, salvo las excepciones en ella previstas y, en todo caso, a los de igualdad y no discriminación.
2. En el momento de comunicar las especificaciones técnicas a las empresas interesadas, de clasificar y seleccionar a los mismos y de adjudicar los contratos, las entidades contratantes podrán imponer requisitos destinados a proteger el carácter confidencial de la información que comuniquen.
3. Las empresas podrán exigir, a la entidad contratante, de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, que respete el carácter confidencial de la información que le faciliten.

References: Artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2

Artículo 5
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 120
 artículo 197
 artículo 50
 artículo 2

Artículo 7
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 42
 artículo 2
 artículo 3

Artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8

Artículo 9
 artículo 9

Artículo 10