Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S79-05.html
Timestamp: 2014-08-21 16:04:51+00:00

Document:
Marlin Gray v. Estados Unidos, Caso 396/04, Informe No. 79/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005). INFORME Nº 79/05
8. Por carta de 2 de setiembre de 2004, los peticionarios remitieron sus observaciones a la respuesta del Estado, y las partes pertinentes de dichas observaciones fueron enviadas al Estado el 7 de setiembre de 2004, concediendo un período de un mes para presentar observaciones adicionales. 9. El 7 de octubre de 2004, el Estado envió a la Comisión sus observaciones sobre la respuesta de los peticionarios de 2 de setiembre de 2004, y el 12 de octubre de 2004, la Comisión remitió las mismas a los peticionarios, solicitando todo posible comentario dentro del plazo de un mes.
11. Por nota de 16 de noviembre de 2004, la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes del escrito de los peticionarios de 9 de noviembre de 2004 y reiteró su pedido de medidas cautelares de 10 de mayo de 2004. 12. El 24 de noviembre de 2004, el Estado informó que la comunicación de la Comisión del 16 de noviembre de 2004 había sido remitida al Gobernador y al Procurador General del Estado de Missouri para su consideración. La Comisión remitió las partes pertinentes de la comunicación del Estado a los peticionarios el 1 de diciembre de 2004. 13. En carta de 15 de setiembre de 2005, recibida por la Comisión el 20 de setiembre de 2005, los peticionarios informaron que, en mayo de 2005, se había presentado una petición ante la Suprema Corte de Missouri pidiendo que esta suspendiera la ejecución del Sr. Gray para dar tiempo a que la Comisión considerase los méritos del caso, y que la Suprema Corte de Missouri había desestimado ese pedido. Posteriormente, los peticionarios informaron a la Comisión que la ejecución del Sr. Gray había sido fijada para el 26 de octubre de 2005. En consecuencia, por nota al Estado de 20 de octubre de 2005, la Comisión reiteró su pedido de medidas cautelares del 10 de mayo de 2004 en el caso del Sr. Gray. 14. A la fecha del presente Informe, la Comisión no ha recibido ninguna otra información de las partes sobre la petición. III. POSICION DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios
21. Con respecto a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, el Estado argumenta que esta carece de autoridad para pedir medidas cautelares a los Estados no partes de la Convención Americana. En particular, el Estado argumenta que sólo el Artículo 25 de su Reglamento autoriza a la Comisión a ordenar medidas cautelares, pero que dicho Reglamento no fue aprobado por los Estados Miembros de la OEA, sino sólo por la propia Comisión. Además, el Estado sostiene que el Estatuto de la Comisión, que fue adoptado por los Estados Miembros de la OEA, refiere a las medidas cautelares sólo en el contexto de los Estaos partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos --haciendo referencia al Artículo 19(c) del Estatuto, que autoriza a la Comisión a solicitar a la Corte Interamericana que adopte medidas cautelares cuando lo considere adecuado, en casos graves y urgentes, que implican daño irreparable a personas. El Estado argumenta que, para los Estados que no son partes de la Convención, no existe una disposición paralela en el documento orgánico de la Comisión, la Convención Americana o el Estatuto de la Comisión, que otorgue a esta autoridad específica para pedir medidas cautelares. 22. Con respecto a la admisibilidad de la petición, el Estado parece argumentar que los hechos alegados en la petición no caracterizan una posible violación de la Declaración Americana. En particular, el Estado afirma que la justicia estadounidense ha examinado ampliamente la cuestión de la gravedad del delito del Sr. Gray y que sus conclusiones fundamentan la sentencia de muerte, por lo cual esta no es arbitraria. El Estado agrega que la sentencia del Sr. Gray y de sus cómplices es producto de un examen de las circunstancias relacionadas con cada acusado, efectuado conforme al debido proceso de la ley. 23. A este respecto, el Estado afirma que el Sr. Gray era cabecilla de un grupo de cuatro hombres que violaron y asesinaron a Julie y Robin Kerry. El Estado agrega que, conforme a la legislación de Missouri, el homicidio en primer grado es un delito punible con la muerte, y que una persona puede cometer este delito, aunque personalmente no cause la muerte de la víctima, cuando actúa con otros con el propósito común de cometer homicidio o si, con tal propósito, asiste o instiga a otros a cometer homicidio. De acuerdo con el Estado, es un principio básico de la legislación penal de Estados Unidos que los cómplices pueden ser penalmente responsables de la conducta de los coacusados y que, en el caso presente, existieron circunstancias suficientes que permiten inferir que el Sr. Gray asistió o convino asistir, o intentó asistir a sus coacusados en la planificación, comisión o intento de comisión de los homicidios, y que, con conocimiento, causó la muerte de las dos víctimas tras deliberar sobre la cuestión, por lo cual, fue debidamente condenado como cómplice de homicidio en primer grado y sentenciado a muerte. 24. En consecuencia, la Comisión entiende que el Estado argumenta que la petición del Sr. Gray debe ser considerada inadmisible, en virtud del Artículo 34 del Reglamento de la Comisión. IV. ANALISIS DE ADMISIBILIDAD
34. De acuerdo con el Artículo 32(1) del Reglamento de la Comisión, ésta debe abstenerse de considerar las peticiones que se presenten después de transcurrido un período de seis meses a partir de la fecha en que la parte denunciante haya sido notificada del dictamen final, en casos en que los recursos de la vía interna hayan sido agotados. 35. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos pronunció su decisión sobre el pedido de certiorari del Sr. Gray el 28 de octubre de 2003 y la petición fue interpuesta ante la Comisión el 26 de abril de 2004 . En consecuencia, la Comisión concluye que la petición fue presentada dentro del período dispuesto en el Artículo 32 del Reglamento de la Comisión.
36. Los peticionarios alegan que el Estado ha violado los derechos del Sr. Gray protegidos por el Artículo I de la Declaración porque el delito que cometió no satisface las condiciones del derecho internacional para la imposición de la pena capital. A este respecto, la Comisión ha sostenido anteriormente que el Artículo I de la Declaración, si bien no prohíbe la pena de muerte, prohíbe sí su aplicación cuando ello diera lugar a la privación arbitraria de la vida. La Comisión también ha sostenido que varias fallas pueden tornar una ejecución arbitraria, en contravención del Artículo I de la Declaración, incluida una falla de parte del Estado, al no limitar la pena de muerte a los delitos de gravedad excepcional establecidos por una ley preexistente.[3] 37. Además, un examen de la jurisprudencia internacional pertinente en materia de derechos humanos indica que el cumplimiento de la condición de limitar la pena capital sólo a los delitos más graves exige considerar las circunstancias individuales del acusado y de su delito, para determinar si la pena de muerte es un castigo admisible en cada caso individual.[4] Se ha sostenido que los factores pertinentes para determinar si los delitos son de gravedad excepcional incluyen la relación entre el delincuente y la víctima, los antecedentes penales de ambos, las motivaciones de la conducta, el alcance y la intensidad del daño causado, las circunstancias en que se comete el delito y los medios empleados por el delincuente.[5] 38. En el presente caso, los peticionarios argumentan que las circunstancias individuales del Sr. Gray y del delito que cometió no satisfacen los requisitos de un delito de gravedad excepcional, esencialmente, debido al nexo insuficiente entre el Sr. Gray y los delitos de los que fue condenado y sentenciado, y a que no pudo obtener una reparación judicial dentro de Estados Unidos para sus circunstancias. El Estado, por su parte, argumenta que la justicia estadounidense consideró debidamente las circunstancias individuales del delito del Sr. Gray al imponerle una sentencia de muerte y que, por tanto, su sentencia no es arbitraria y fue impuesta de acuerdo con todas las protecciones del debido proceso. En vista de estos argumentos, la Comisión considera que sólo al considerar los méritos de la petición puede determinarse si la sentencia de muerte contra el Sr. Gray es congruente con las normas internacionales aplicables, a la luz de sus circunstancias y de las de sus delitos.
40. De acuerdo con la información disponible actualmente, la ejecución del Sr. Gray está programada para el 26 de octubre de 2005. Aunque la Comisión ha pedido reiteradamente medidas cautelares para que el Estado suspenda la ejecución del Sr. Gray en tanto esté pendiente su examen de la petición, el Estado argumenta que la Comisión carece de autoridad para solicitar tales medidas de los Estados que no ratificaron la Convención Americana esencialmente porque la disposición que rige tales medidas está contenida en el Reglamento de la Comisión y no en su Estatuto. 41. Al respecto, la Comisión recuerda que, en su decisión en el caso de Juan Raúl Garza c. Estados Unidos, sostuvo que, en los casos de pena capital, cuando un Estado miembro de la OEA se niega a preservar la vida de un recluso condenado estando pendiente de examen por la Comisión su denuncia, sustrae toda eficacia al proceso ante la Comisión, priva a los condenados del derecho de petición ante el sistema interamericano de derechos humanos y determina un daño grave e irreparable para esas personas, en forma incongruente con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.[7] La Comisión funda esas obligaciones en la conclusión de que los Estados miembros de la OEA, al crear la Comisión y encomendarle, a través de la Carta de la OEA y del Estatuto de la Comisión, la promoción de la observancia y protección de los derechos humanos de los pueblos americanos, se han comprometido implícitamente a implementar medidas de esta naturaleza en los casos en que ello es esencial para preservar el mandato de la Comisión. [8] Esta halla fundamento para esta determinación en su propia jurisprudencia y en los dictámenes de otros organismos jurisdiccionales regionales e internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia.[9] A juicio de la Comisión, esta jurisprudencia articula un principio común al funcionamiento de los sistemas jurisdiccionales internacionales conforme al cual los Estados Miembros deben adoptar medidas provisionales o cautelares para preservar los propósitos mismos para los cuales tales sistemas fueron creados y para evitar un daño irreparable a las partes cuyos intereses están determinados por esos procesos. 42. Tras considerar las observaciones del Estado, la Comisión no encuentra fundamento alguno para modificar sus conclusiones anteriores sobre la materia. La Comisión sigue entendiendo que, en circunstancias como las presentes, la autoridad de su pedido de medidas cautelares deriva de los compromisos del Estado con los derechos humanos fundamentales como Estado Parte de la Carta de la OEA y, por tanto, que el Estado está sometido a una obligación jurídica internacional de preservar la vida del Sr. Gray en tanto su petición esté pendiente de consideración por la Comisión.
45. En base a los argumentos de hecho y de derecho consignados en el presente informe, y sin prejuzgar sobre los méritos de la cuestión, LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
4. Solicitar que Estados Unidos adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad física del Sr. Gray, en tanto esté pendiente la determinación de la Comisión sobre los méritos de su petición. 5. Hacer público el presente informe y publicarlo en el Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 24 días del mes de octubre de 2005. (Firmado): Clare K. Roberts, Presidente; Susana Villarán, Primera Vicepresidenta; Comisionados Evelio Fernández Arévalos, José Zalaquett, FReddy Gutiérrez y Florentín Meléndez [1] El artículo 20 del Estatuto de la CIDH dispone que, en relación con los Estados Miembros no partes de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión puede examinar las comunicaciones que le sean dirigidas y cualquier información disponible, dirigirse al gobierno de tales Estados con el fin de obtener las informaciones que considere pertinentes y formular recomendaciones a tales Estados, cuando lo considere apropiado, para hacer más efectiva la observancia de los derechos humanos fundamentales. Véase también la Carta de la Organización de los Estados Americanos en sus artículos 3, 16, 51, 112, 150; el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus artículos 26, 51-54; Corte IDH, Opinión Consultiva OC-10/88 “ Interpretación de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,” 14 de julio de 1989, Ser. A N° 10 (1989), párrs. 35 a 45; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Terry Roach y Jay Pinkerton c. Estados Unidos, caso 9647, Res. 3/87, 22 de setiembre de 1987, Informe Anual 1986-87, párrs. 46 a 49. [2] Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, Objeciones Preliminares, Sentencia de 31 de enero de 1996, Serie C No 25, párr. 40. [3] Véase Caso 12,243, Informe 52/01, Juan Raúl Garza c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2000, párrs. 89-91; Caso 57/96, Informe Nº 57/96, William Andrews c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH1997, párr. 177.
[4] Véase, por ejemplo, Corte IDH, Corte Hilaire, Constantine y Benjamin et al., Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párr. 102; Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes, Sentencia de 15 de setiembre de 2005, Serie C No. 133, párrs. 79-82; UNHRC, Comunicación No. 390/1990, Lubuto (Zambia), ONU Doc. CCRP/C/55/D/390/1990 (17 de noviembre de 1995). [5] Véase, por ejemplo, Corte IDH, Caso Hilaire, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párrs. 102-108; Corte IDH, Caso Raxcacó Reyes, Sentencia de 15 de setiembre de 2005, Serie C No. 133, párr. 81; UNHRC, Comunicación No. 390/1990, Lubuto (Zambia), ONU Doc. CCRP/C/55/D/390/1990 (17 de noviembre de 1995), párr. 7.2. [6] Véase, por ejemplo, Corte IDH, Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y otros, Sentencia de 21 de junio de 2002, Serie C No. 94, párr. 110. [7] Caso 12.243, Informe 52/01, Juan Raúl Garza c. Estados Unidos, Informe Anual de la CIDH 2000, párr. 117. Véase, análogamente, CIDH, Quinto Informe de la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Doc. OEA/Ser.L/V/II.111 doc. 21 rev. (6 de abril de 2001), párrs. 71, 72.
[9] Ibi d., citando Corte Internacional de Justicia en el Caso vinculado a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (Alemania c. Estados Unidos de América), Pedido de indicación de medidas provisionales, Orden del 3 de marzo de 1999, CIJ, Lista General, Nº 104, párrs. 22 a 28; Comité de Derechos Humanos de la ONU, Dante Piandiong y otros c. Filipinas, Comunicación Nº 869/1999, ONU Doc.CCPR/C/70/D/869.1999 (19 de octubre de 1999), párrs. 5.1 a 5.4. Corte Europea de DH, Caso Mamatkulov y Abdurasulovic c. Turquía, Solicitudes Nos. 46827/99, 46951/99 (6 de febrero de 2003), párrs. 104-107. Inicio || Tratados || Busca || Enlaces

References: Artículo 25
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 Artículo 34
 Artículo 32
 Artículo 32
 artículo 20
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