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Timestamp: 2018-06-22 18:45:16+00:00

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La CIA en acción. Punto Final Nº 154. Marzo 1972
Año VI. Nº 154
Martes 28 de marzo de 1972
INDIGNACIÓN nacional han causado las revelaciones de que la International Telephone and Telegraph (ITT), colaboró con la CIA en 1970 en el complot que tenía por objetivo impedir que Allende asumiera la Presidencia de la República. La ITT posee en Chile la Compañía de Teléfonos, una agencia de comunicaciones cablegráficas, dos hoteles y otras inversiones. La Compañía de Teléfonos fue intervenida por el gobierno para impedir que la ITT continuara adelante en un abierto plan de boicot, pero la ITT está reclamando indemnización y postergando todo acuerdo, seguramente confía en recuperar a breve plazo la explotación de esa
Compañía. Sin embargo, es reclamo popular en estos instantes que la empresa telefónica sea confiscada. Sería la justa manera de sancionar a la ITT que, según los documentos publicados por la prensa norteamericana, no vacilaba en alentar junto con la CIA un plan golpista que pudo desatar la violencia en Chile.
Pero además de la vigorosa voz popular, que exige la confiscación de la Compañía de Teléfonos, la denuncia hecha en los Estados Unidos es una voz de alerta para nuestra clase trabajadora. Porque los siniestros propósitos de la ITT, sin duda, se mantienen vigentes. Tanto ese como otros monopolios norteamericanos, afectados por la política del actual gobierno chileno, están financiando y promoviendo la conspiración. La CIA —cuyo papel habitual es tramar golpes de Estado, asesinatos y otros atentados contra países que amenazan cortar la dependencia con Estados unidos, está detrás de esas maniobras. Razón de más, pues, para desarmar a tiempo la máquina antipopular, haciendo que los trabajadores, a través del Estado, tomen el control de los enclaves industriales y financieros que el imperialismo todavía domina en nuestro país.
EMBARGOS EN USA: OTRA AGRESIÓN PARA CHILE
EN los mismos instantes en que setecientos diarios de los Estados unidos revelaban )a conspiración de la CIA y la ITT contra Chile, mister William Quigley tomaba en Nueva York un teléfono. Un teléfono de la ITT. Sentado tras su escritorio, en su cómoda oficina de la ciudad de los rascacielos, mister Quigley pidió una llamada con Australia. Al otro lado de la linea se escuchó la voz de un alto ejecutivo de la firma Wabco, que por esos días estaba en conversaciones con Chile para venderle veinte camiones de ciento veinte toneladas cada uno, destinados al mineral de cobre de Chuquicamata.
Mister Quigley es actualmente vicepresidente de la Anaconda Copper Company. En tal calidad, hizo presente al personero de la Wabco la inconveniencia de la operación con Chile.
Y tras ese intento a través del aparato mecánico de la ITT surgió toda una amenaza para tratar de evitar que Chile adquiera equipos para las minas nacionalizadas, entre ellos diez vehículos de cien toneladas, marca Lectra Haul, de fabricación canadiense y destinados al yacimiento del tajo abierto.
Anaconda reclama el pago de 240 millones de dólares que el Gobierno del ex Presidente Frei se comprometió a entregarle, en virtud de la "nacionalización pactada", pero ocurre que en virtud de la nacionalización definitiva y final que se concretó en julio último, esos "pagarés" quedaron sin vigencia.
De acuerdo con el fallo del Contralor General de la República, la Anaconda no tiene derecho a indemnización alguna por sus instalaciones de Chuquicamata y El Salvador. Más aún, por utilidades excesivas y otras conceptos, la compañía norteamericana adeuda al Estado chileno una suma superior a los setenta y ocho millones de dólares.
Hasta el momento, todo el proceso de la nacionalización en el cual se inserta este conflicto, camina por la senda del derecho. Pero tanto la Kennecott como la Anaconda, exigen la cancelación de los pagarés pactados por la administración Frei. Y los jueces norteamericanos disponen los embargos.
LOS MOTIVOS JURÍDICOS
Un "pagaré", de acuerdo con nuestro Código de Comercio es "un escrito por el que la persona que lo firma se confiesa deudor a otra de cierta cantidad de dinero y se obliga a pagarlo a su orden en un determinado plazo". (Art. 766). En el caso del cobre el asunto tiene características especiales, miradas siempre desde el punto de vista del derecho, que van conformando toda una madeja difícil de desenredar.
Las dos empresas acusan a Chile de no cumplir el pago de estos compromisos, a partir del 31 de diciembre del año recién pasado.
Y aquí surgen las diferencias, también jurídicas: La Kennecott, representada por la Braden Copper, prestó a la Sociedad Minera El Teniente 92 millones de dólares para financiar los llamados planes de expansión. Como aval de esta operación se designó al Estado de Chile. Pero esos dólares no vinieron de fuera ni los desembolsó la Kennecott, sino que fueron aportados por Chile, porque con esos millones había "comprado" la mitad más uno de las acciones de El Teniente. Para la compañía norteamericana fue una jugada maestra, porque cuando se inició esta operación —1967— ya soplaban en Chile algunas ligeras brisas de nacionalización.
Al respecto, la publicación estadounidense "Business Week", del 19 de febrero último dice:
"Kennecott reaccionó seriamente frente a esta advertencia y se doblegó, vendió el 51 por ciento de sus intereses en la enorme mina El Teniente e hizo un buen negocio. Prestó a su socio, el gobierno chileno, los dólares que obtuvo por el 51 por ciento. Y Chile empleó el dinero en expandir la mina".
Como todos saben en Chile, esa expansión de El Teniente fracasó. El yacimiento no produjo las 280 mil toneladas programadas, sino que apenas superó el año pasado las ciento cincuenta mil. Los motivos del traspié, según lo reconocen expertos franceses, soviéticos, japoneses y chilenos, son eminentemente técnicos. (PF 149).
De modo que esos 92 millones de dólares prestados de manera tan generosa por la Kennecott no fueron precisamente lo que se llama una inversión útil. Por el contrario, y aunque no sea del todo jurídico decirlo, fueron una estafa, un fraude, un robo. Lo único que el Estado chileno consiguió fue aumentar esa deuda externa que ahora, bajo otra administración, trata de renegociar.
La primera cuota de estos pagarés con la Braden debía cancelarse el 31 de diciembre último. Su valor se elevaba casi a los seis millones de dólares. Chile suspendió el pago. Pero lo hizo siempre "en derecho", ajustándose a las normas jurídicas. En efecto, la Reforma Constitucional que nacionalizó el cobre facultó al Presidente de la República para desconocer las deudas contraídas por las empresas mixtas del cobre si su valor no hubiese sido invertido útilmente. Es el caso de la expansión de El Teniente y de los pangarés de la Kennecott.
El 4 de febrero los ejecutivos de esta empresa extranjera plantearon su querella contra Chile ante un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Y el juez ordenó los primeros embargos. A fines de ese mes, el Presidente de la República, actuando siempre en función del derecho, emitió su veredicto final. De la deuda total de 92 millones con la Kennecott, hay sólo 8 millones que no fueron invertidos útilmente. En consecuencia, Chile pagará el resto del compromiso por un monto de 84 millones. Y los embargos quedan sin efecto.
A esta altura de los acontecimientos, y más allá de los detalles, se plantea el problema de fondo. Problema de derecho, naturalmente. Nuestro Código de Comercio en su definición de los "pagarés" sostiene que estos documentos constituyen compromisos solemnes. Pero la nacionalización del cobre, la recuperación de las riquezas chilenas que manejaban los consorcios del imperialismo extranjero, también fue un acto solemne.
Y esa solemnidad de la nacionalización del cobre quedó estampada en el máximo cuerpo legal que el país tiene: su Carta Fundamental, su Constitución política.
Este, en términos de derecho.
Esa Constitución y este acto solemne son los que ahora surgen frente a las leyes del Estado de Nueva York. Allí estos procesos y embargos podrán seguir adelante. Pero en Chile el desarrollo jurídico de la nacionalización aún no termina. Falta todavía e] fallo final e inapelable que el tribunal especial designado por la Constitución emitirá en torno a las indemnizaciones para las compañías cuyos bienes fueron expropiados.
Ya el Contralor Héctor Humeres, refiriéndose a la Kennecott, dictaminó que "no ha lugar" a indemnización alguna. Más aún, por concepto de utilidades excesivas, mal estado de las instalaciones de El Teniente y otros, esa empresa extranjera le queda debiendo a Chile la suma de US$ 310.426.417,21.
Siguiendo entonces el camino del derecho y de las normas jurídicas, ¿cómo hará Chile para conseguir que la Kennecott le devuelva estos trescientos diez millones de dólares?
EL CASO DE LA ANACONDA
Si el conflicto jurídico con la Kennecott pareciera haber llegado a un desenlace —el reconocimiento de la casi totalidad de los pagarés— el pleito con Anaconda se torna cada vez más complejo. En los mismos días en que se levantaban los embargos logrados por la Kennecott, su hermana gemela presentaba una segunda querella, reclámamelo el cumplimiento de pagarés por sus instalaciones en los yacimientos de Chuquicamata y El Salvador.
También aquí hubo embargos de bienes chilenos en Nueva York.
De concretarse estos embargos, no se descarta la posibilidad de que la empresa norteamericana también plantee acciones judiciales contra Chile en Londres, donde la Corporación del Cobre tiene una importante oficina de ventas.
A diferencia del problema de la Kennecott, donde los pagarés fueron suscritos a raíz de los fracasados programas de expansión, la Anaconda exige el pago de aquellas sumas que el gobierno de Frei se comprometió a entregar por el 51 por ciento de las acciones de El Salvador y Chuquicamata, en 1969. Esa fue la nacionalización pactada.
Si el conflicto con la Kennecott apareció vinculado a una determinación presidencial en función de la Constitución, los pagarés de Anaconda están directamente ligados a un proceso que todavía no termina: el de las indemnizaciones. Ya en las primeras etapas de la nacionalización, cuando el Congreso Pleno aprobó la Ley, ejecutivos de Anaconda hicieron llegar al Presidente de la República su propósito de someterse al proceso. Más tarde, cuando el Contralor emitió su fallo sobre las indemnizaciones el 11 de octubre último, Anaconda fue la primera en anunciar que apelaría, lo que también implica un, reconocimiento de este camino jurídico que Chile emprendía. En noviembre, al constituirse el tribunal especial del cobre, esa compañía presentó sus recursos y se hizo parte, pero el 31 de diciembre, cuando el Estado suspende el pago de una deuda que ya no tenía razón de ser porque la situación ahora era distinta —se estaba reemplazando la "chilenización" por la nacionalización definitiva— Anaconda cambia de actitud.
Sus ejecutivos desconocen el derecho chileno y apelan a la jurisdicción de Nueva York.
Resulta obvio señalar que si el gobierno del señor Frei no hubiese entrado en este tipo de pactos disfrazados de patriotismo, hoy no existirían los reclamados pagarés. Tampoco se habrían producido los embargos. Pero también es elemental que la nacionalización del cobre iniciada hace ocho meses tenía que ocasionar reacciones en el gigante imperialista herido, del mismo modo como los intereses internos tratan de levantarse en el país contra el gobierno de la Unidad Popular.
En la perspectiva del conflicto, que más que un simple proceso judicial es el enfrentamiento entre dos sistemas. Chile quiere ajustarse al derecho, porque así lo indican la "vía chilena" y la "doctrina Allende", pero la Anaconda Copper no.
Respuesta al PDC
LAS EMPRESAS DEBEN SER DEL PUEBLO
"Prestar oídos sordos a los demagogos reaccionarios que no hablaron nunca de nacionalización y ahora dicen: "No, la industria debe ser para el colectivo de obreros que trabaja aquí". ¡No, porque eso estaría contra los intereses de la nación! ¡No, porque eso estaría contra los intereses de la clase obrera!"
Fidel Castro ante los trabajadores de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia. 13-11-71.
CON la misma frescura con que robaron dineros fiscales a través de artificios "legales" y con igual desvergüenza con que se unieron a los asesinos de Hernán Mery, los dirigentes democristianos levantan hoy como bandera de lucha en su política fascista una que combatieron durante su gobierno: las empresas de trabajadores.
El objetivo es claro: provocar división en el seno de la clase obrera, abrir camino a egoísmos, provocar ambiciones, corromper trabajadores y llevarlos, en definitiva, a luchar contra sus hermanos de clase, buscando con ello el triunfo de la burguesía sobre un pueblo dividido y debilitado. "Sin embargo, cuando los Fuentealba y los Hamilton tratan de empantanar más aún el proceso chileno son los propios "dueños" de empresas de trabajadores los que les tapan la boca.
"Estamos contra la propiedad privada de los medios de producción, los cuales deben pertenecer a nuestra clase en su conjunto y deben ser administrados por nuestros representantes que serán los que conformen el futuro Estado Socialista", señala la Federación de Brigadas de Trabajadores —conocidas como empresas de trabajadores—, en carta dirigida a la CUT.
En la nota del secretario general de la Federación, Víctor Arroyo, se expresa con claridad que los trabajadores propietarios de las trece empresas de este tipo que existen en Santiago se oponen al proyecto de los democristianos y desean, por el contrario, que "sus" empresas pasen a manos del Estado, para así convertirlas en patrimonio de todos los trabajadores.
La experiencia de este tipo de empresas surgió durante la segunda mitad de la administración democristiana, después de largas huelgas y tomas de industrias. La lucha de los trabajadores permitió dar lo que en ese momento significaba un primer paso en la lucha por los medios de producción.
Uno de esos casos es el de Cootralaco, gestada en diciembre del 68, a través de un prolongado movimiento huelguístico y de una toma por parte de los trabajadores. Ellos, aplicando su experiencia y su convicción socialista, responden claramente a los democristianos:
"Rechazamos rotundamente el proyecto que patrocinan porque va contra los intereses de la clase trabajadora en su conjunto. Sabemos por lo demás que esto es una trampa, si no, ¿por qué a nosotros nos mandaron a Investigaciones, por qué nos encarcelaron dirigentes, por qué nos cortaron el crédito, por qué nos boicotearon? ¿O acaso no éramos los mismos trabajadores haciendo planteamientos que ellos pretenden robarnos ahora? En el fondo, los hechos nos demuestran que sus planteamientos teóricos son una nueva fórmula para atajar a los trabajadores y poder seguir explotándolos más tarde en un neo-capitalismo".
La declaración de los obreros de Cootralaco deja sentado claramente que la lucha que ellos dieron por conseguir una empresa de trabajadores, fue una de las tantas formas que surgen en la contradicción que lleva en su seno el sistema capitalista, pero que ellos no desean convertirse en empresarios, en dueños parciales de un medio de producción: "Nosotros llevamos una experiencia entre dos y cuatro años y no tenemos ningún interés en la propiedad privada de los medios de producción".
"Los que estamos afiliados al Provincial de Empresas de Trabajadores o Unidades de Producción, decimos que nuestras formas de lucha y experiencias han sido un medio y de ninguna manera un fin. Un medio, porque la creación de este tipo de empresas nació de la incapacidad o sinvergüenzura de la burguesía. Se trata de crear una conciencia clara en la clase trabajadora: queremos construir el socialismo y dejar definitivamente atrás a los explotadores. Nuestra experiencia fue una forma de lucha de los trabajadores. Estamos en una sociedad con estructuras burguesas y queremos destruir esas estructuras asumiendo el poder real en las empresas y con la participación directa del Estado con nosotros; así pensamos caminar hacia el Estado de Trabajadores".
Los obreros de Cootralaco no se quedan sólo en palabras. Concretamente ellos han planteado a las autoridades de gobierno y al organismo máximo de los trabajadores, la CUT, su deseo de integrarse al área estatal, sin pedir a cambio el pago de ningún tipo de indemnización: "Hemos dejado en claro que no nos interesa la propiedad privada de la fábrica (señala un acuerdo de los trabajadores), y no solamente estamos dispuestas a integrarnos al área estatal, sino que hemos buscado el camino para realizarlo y esto con la única condición de que la administración y la gestión tenga una correcta representación obrera. O sea, que sea algo realmente socialista.
Señalamos que nuestro interés nunca ha sido y nunca será el de llegar a ser nuevos capitalistas. Nunca trataremos de "arreglarnos los bigotes" a espaldas de la clase trabajadora. Es más, si entramos al área estatal, nosotros no seremos como la Braden la Anaconda o los Yarur: nosotros NO COBRAREMOS INDEMNIZACIÓN, pero, hay algo curioso y eso es que nosotros tenemos que pagar indemnización a los acreedores del capitalista Andrés Hidalgo (el antiguo dueño de la fábrica). Eso no lo entendemos, pero la ley, todavía capitalista, nos obliga a hacerlo, pese a todas las estafas que nos hizo Hidalgo. De todas maneras Cootralaco no es propiedad de los que trabajamos en ella, sino que es propiedad de toda la clase trabajadora".
Para los trabajadores "empresarios" la jugada de los democristianos es clara y engarza con toda una política que sirve de espolón de proa al fascismo, los democristianos saben que bajo distintas formas el fascismo necesita una legitimidad de masas.
Ingenuamente algunos sectores de izquierda tratan de "aislar" o "separar" a la Democracia Cristiana del resto de los representantes políticos de la burguesía, y entran en negociaciones con ella. Le hacen concesiones que significan pasos atrás en el proceso y en definitiva fortalecen a los enemigos del pueblo.
Los ejemplos sobran y en estos días está sobre el tapete uno de ellos. Quizás uno de los más peligrosos, ya que surge en el período de mayor agudización de la crisis planteada por la burguesía con el objeto de retornar al gobierno, ya sea mediante una argucia "legal" o, simplemente, siguiendo el ejemplo de sus iguales de Brasil o Bolivia.
El proyecto de reforma constitucional respecto al área social de la economía, sin duda, no tiene otra intención que no sea la de golpear al gobierno y llevarlo nuevamente a nivel de negociación, contando para ello con el respaldo de infiltrados de la burguesía en el seno de la Unidad Popular, como el PIR.
Pero la respuesta concreta viene de los propios trabajadores que han vivido la experiencia y que, según los democristianos, debían ser los primeros en respaldar la reforma constitucional. Para ellos el proyecto Hamilton-Fuentealba tiene como único objeto provocar división en la clase trabajadora. Trata de establecer una contradicción donde no existe. Gráficamente los trabajadores de Cootralaco señalan:
"Para nosotros no hay más que una sola división: explotados y explotadores. Toda otra división favorece a la burguesía, al imperialismo y a los enemigos de la Patria. Por eso aplaudimos calurosamente las palabras del compañero Presidente cuando dijo que la bandera de la Patria era más grande que cualquier camiseta y que aquí no había otra camiseta que la camiseta de la Patria, la camiseta de Chile... Para nosotros eso significa la camiseta de los trabajadores".
Por ello, los trabajadores de este tipo de empresas han hecho llamados al organismo máximo, la CUT, y a las autoridades de gobierno. Quieren que sus proyectos sean estudiados y su aporte recibido. Están dispuestos a entregar las empresas de las cuales son "propietarios", sin el pago de ningún tipo de indemnización para que ellas pasen a formar parte de un gran combinado estatal de la construcción. Un combinado que entregue a los chilenos las herramientas para la solución del problema de la vivienda, donde la propiedad sea de todos los trabajadores de Chile y el control y la administración cuenten con una participación real y efectiva de los trabajadores que lo integren.
La situación es clara. Los democristianos no pueden engañar a nadie con su proyecto de reforma constitucional. La Unidad Popular debe tener confianza en el respaldo de las masas para negarse a cualquier tipo de transacción. Los propios trabajadores que han vivido la experiencia de las empresas de trabajadores tienen claro que el planteamiento reaccionario de los dirigentes democristianos tiene un objetivo claro: trata de golpear al gobierno, hacerlo retroceder, debilitarlo y, en definitiva, derribarlo.
Candidatos a la CUT
LOS TRABAJADORES DEBEN MOSTRAR SU DEMOCRACIA
EL secretario general de la Unión socialista Popular, Óscar Núñez, sostiene que es preciso "implantar canales convenientes" para que el gobierno logre la contribución de profesionales y trabajadores independientes, de grupos y partidos que no están en la Unidad Popular, a objeto de llevar el proceso al socialismo. No hacerlo —a juicio del dirigente— "significaría que la lucha en contra de los errores y debilidades, específicamente, la lucha en contra del sectarismo y burocratismo, son sólo gárgaras".
PUNTO FINAL conversó con Óscar Núñez, quien fue dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores. Núñez es ahora candidato a la presidencia de la CUT por su partido, la USP.
PF— Enjuicie la actitud del gobierno y de la Unidad Popular frente a la oposición.
O.N.— usted sabe que hemos sido críticos positivos de la UP desde los primeros días. Siempre estimamos que era una alianza débil, políticamente incapaz de reemplazar y superar al FRAP en su papel de dirección del movimiento popular, sin cohesión orgánica y sin unidad ideológica.
Nunca hemos pretendido la propiedad de la verdad absoluta; pero hay varias evidencias de que hemos tenido buena parte de razón, especialmente en lo que a dirección política se refiere, ya que se ha hecho notoria la ausencia de una gran estrategia popular en asuntos capitales.
Por desgracia hay una fuerte tendencia a buscar "entendimientos", y ello casi siempre ha terminado en capitulaciones frente al adversario. Por ejemplo, la ampliación política de la izquierda, que es objetivo vital, se ha entendido como negociación frente a los altos dirigentes de los grupos conservadores. Estos manipuleos han significado el fortalecimiento de los partidos burgueses y de los reaccionarios, que han tenido conciencia de que el bloque popular los necesita.
Esta conducta conlleva, además, factores de decepción para los trabajadores más radicalizados, que no ven firmeza ni resolución política para enfrentar la soberbia en aumento de los agentes del imperialismo.
Nosotros pensamos que las soluciones socialistas no serán nunca consecuencia de algún pacto con clanes afectados por el proceso de transformación, pero para que no se produzca la paralización o el retroceso, se precisa una conducta creadora, activa, apoyada exclusivamente eñ las masas y verdaderamente unitaria, en una conducción política.
PF— ¿Por qué no se ha logrado una real y efectiva movilización de las masas trabajadoras?
O. N.— La crisis política que el país vive y que alcanza, por desgracia, dramáticamente, hasta el interior de la Unidad Popular, ha hecho mucho más evidente la falta de una correcta política de masas, que se manifiesta en tendencias burocráticas y puntillosamente legalistas de distintos órganos de gobierno y de los partidos oficialistas. Así también la rutinaria tendencia a resolverlo todo en la cumbre, ha creado la grave deformación de pretender que existe movilización de las masas cuan do se convoca a alguna concentración más para apagar ciertas exigencias colectivas del pueblo que para orientar, organizar o siquiera agitar algún objetivo futuro.
Quizás la clave de este problema esté en el olvido total del papel original de los CUP (Comités de Unidad Popular), que debieron activarse como órganos de masas, destinados a que el gobierno contara con el más amplio contacto orgánico, a través de formaciones democráticas y revolucionarias que cubrieran todas las actividades de distinta índole. Los Comités fueron organizados desde arriba, administrativamente, con delegados, y se transformaron en círculos herméticos, reservados sólo para los chilenos con carnet oficial, lo que facilitó el sectarismo y permitió la desconexión del gobierno con la masa trabajadora, que se vio excluida de derechos legítimos por la prepotencia y el trato poco fraternal de los elegidos. Por ello, cuando se solicitó la presencia de las masas sólo se obtuvo la presencia de los militantes.
Ahora que los CUP no existen, deberán crearse órganos que, surgiendo desde abajo, acojan a los militantes y a los que no 10 son, con iguales derechos y con capacidad para resolver los problemas locales que les sean propios y con efectivo respeto de sus opiniones en materias de más proyección. Hay que aprovechar los errores para dar resueltos pasos adelante. Como lo dijimos en nuestro último documento público, es indispensable, además, que estos órganos o comités de alianza revolucionaria se constituyan en la perspectiva, a plazo más largo, pero trazada desde ahora de constituir un solo partido revolucionario, basado en el marxismo y que sobrepase los fines utilitarios y electorales.
Este sueño, según los escépticos, debe en nuestra opinión, acometerse desde ahora, única manera de abatir los grandes obstáculos que lo impiden y una audaz manera de contribuir a caminar con nuevos bríos en la experiencia popular chilena.
PF.— ¿Los trabajadores de las industrias estatizadas, participan, realmente, en la administración v conducción de éstas?
O. N. —Es importante señalar, de partida, que el rol del sindicato es insustituible, aun en las condiciones de la empresa estatizada y que continúa siendo un derecho irrenunciable la autonomía sindical y el respeto a los dirigentes sindicales que, con justa razón, se resisten a ser manejados autocráticamente.
Ahora, en cuanto a la participación de los trabajadores creo que se ha avanzado poco. Hay desconfianza en la capacidad de los representantes laborales y en los Consejos de Administración su participación es, generalmente, simbólica. Su función pareciera reducirse a conocer determinaciones ya acordadas en otros órganos; no tienen la posibilidad de ser realmente delegados de la opinión de sus compañeros de trabajo, ya que las materias son discutidas y resueltas sin que medie el terreno suficiente para formular alguna consulta a. sus mandantes cuando ella es imprescindible. Su autoridad es mucho nías precaria si se examina la conformación de los Consejos donde siempre los representantes del gobierno tienen votos disciplinados para aprobar sus sugerencias.
Por el hecho de estar compuestos por representaciones paritarias del gobierno y los trabajadores, más el gerente —que también es nombrado por el gobierno—, que preside y vota, agregándose que a esta mayoría se añade la opinión de algunos militantes de la UP que son elegidos en el bloque de la representación de los trabajadores. Más grave es esta anomalía cuando los asuntos son resueltos en privado antes de ser oficialmente llevados a los Consejos.
No existen formas de control sobre el comportamiento de la presentación de los trabajadores y debiera instituirse el funcionamiento de asambleas donde, junto con informar de las actividades, se discutieran las materias que están pendientes de examen en el Consejo con el fin de canalizar y reflejar, realmente, la opinión de los trabajadores y no substituir la participación de éstos en la administración.
LA ELECCIÓN EN LA CUT.
PF— ¿Cuál es la posición de la USP en la elección de dirigentes de la CUT?
O. N. - El proceso electoral de la CUT, que está en sus comienzos, debe entenderse como un proceso de democratización orientado a afianzar el carácter representativo, la base ideológica y los aparatos orgánicos de la CUT. Por primera vez en toda la historia sindical chilena, la máxima organización de los trabajadores elegirá sus autoridades en votación directa, efectuada en los sitios de trabajo. Es un sistema indicador de la gran madurez alcanzada por nuestras organizaciones sindicales y con cualquier resultado será siempre un paso adelante.
Sin embargo, es conveniente entender, sobre todo por los actuales dirigentes de la CUT, que esta elección es una excelente oportunidad para mostrar una nueva política dignificadora de la democracia sindical, evitando que la elección sea un simple choque de recursos económicos en el interior de los sindicatos, luchas partidarias y electoreras, con todos los inconvenientes de la pugna publicitaria y los vicios de las presiones de todo orden.
Debe ser un proceso que demuestre que la concepción que los trabajadores tenemos de democracia es distinta a la que tienen los políticos burgueses y, en consecuencia, debe ser una campaña fraternal, que sea un anticipo ejemplar de lo que habrán los trabajadores en el país cuando controlen realmente el poder.
MONOPOLIOS PONEN A PRUEBA A LA UP
DESDE el 16 de septiembre del año pasado, los trabajadores de INDURA (Industria Chilena de Soldaduras) están protagonizando uno de esos conflictos que sirven para caracterizar con mucha precisión la etapa política y económica que vive la sociedad chilena. En vista de la falta de acuerdo de los dos sindicatos de la empresa (120 obreros, 86 empleados) con los ejecutivos, acerca de un pliego de peticiones, se produjo la toma de las instalaciones, situadas en la zona industrial de Cerrillos y en Graneros, a 80 kilómetros de Santiago, junto a la Panamericana Sur. Desde entonces, INDURA está intervenida y, mientras la mayoría de los trabajadores reclama que sea pasada al área de propiedad social, por su carácter de industria monopólica vital para el desarrollo económico del país (posee la planta elaboradora de electrodos para soldadura más moderna de Sudamérica y también una de las plantas más modernas del continente para la fabricación de gases industriales; abastece a servicios vitales, desde Huachipato y la sociedad constructora del Metropolitano de Santiago, hasta la totalidad de los hospitales y postas de asistencia pública), los empresarios presionan para que les sea devuelta. Las presiones son tan poderosas que incluso han conseguido que elementos de la Unidad Popular gestionen la devolución.
En la coyuntura política y económica que vive Chile, INDURA es una empresa clave. Si el gobierno ha de impulsar sus planes de ampliar el área de propiedad social, es obvio que una industria que fabrica con carácter monopólico electrodos y gases industriales, debe quedar incorporada a todo proyecto para impulsar el desarrollo. Por otra parte, el sector empresarial comprende muy bien el carácter vital de estas plantas y empleará todos sus recursos para impedir su estatización.
Esto es exactamente lo que ocurre con INDURA, cuyo accionista mayoritario es La AIRCO (Air Reduction Company), un consorcio internacional de poderosos tentáculos en toda América latina.
INDURA es un modelo perfecto de penetración del imperialismo en un país subdesarrollado, a través de la tecnología; nació en agosto de 1948 como una modesta fábrica de clavos y como parte de lo que luego sería verdadero imperio financiero del grupo H. Briones, uno de los más poderosos constructores de obras públicas o complejos industriales en Chile. Un año después, y ya con la asesoría de AIRCO, empezó a fabricar electrodos. Pero el gran "salto adelante", lo mismo que en el caso de otras empresas chilenas que en la década del 60 (gobiernos de Alessandri y Frei) crecen gracias a la penetración del capital y la tecnología extranjera, se produjo en 1962, cuando INDURA compró a AIRCO, que ya tenía en ella un importante paquete de acciones, una planta reductora de aire para fabricar gases industriales. En 1970, la sustituyó por otra, más moderna, de la misma AIRCO. Su costo fue del orden de los 2 millones 500 mil dólares y la operación se produjo en términos que también son característicos de la penetración imperialista en países subdesarrollados. Según descubrieron los obreros y técnicos que participaron en la instalación de la planta (realizada por la firma H. Briones), ésta se hallaba en pésimas condiciones y resultaba claro que llegaba a Chile como maquinaria nueva en circunstancias que ya la AIRCO la había utilizado a fondo en Estados Unidos y prácticamente la había dado de baja. Muchas cañerías estaban oxidadas, como resultado del intenso uso, y debieron ser reemplazadas. Sin embargo, AIRCO obtuvo un precio excelente, en dólares. Pero esos dólares —fenómeno característico también del "aporte" de la empresa privada al desarrollo chileno desde fines de la década del 30, pero especialmente durante el período del boom "liberal" de los años 60— no los aportó INDURA, sino que salieron de un préstamo otorgado por la Corporación de Fomento. No fue el único de este tipo que recibió INDURA. Antes de 1965. había recibido otro para financiar una moderna planta de electrodos instalada por técnicos italianos. Es decir, el Estado chileno, gracias a los recursos que pertenecen a toda la nación, financió la expansión de una empresa en que los capitales mayoritarios son norteamericanos actualmente en una proporción del 49% (el segundo mayor accionista, sumando sus acciones, las de su esposa y su cuñado, es Hernán Briones Gorostiaga, o H. Briones, que acumula un 12,55%). Los préstamos, cómodamente pagados, terminarán de cancelarse a CORFO sólo en 1975. Actualmente, el monto de la deuda llega a 1 millón 164.850 dólares.
Gracias a esta generosa ayuda fiscal chilena, un consorcio de Estados Unidos controla en forma de monopolio áreas vitales de nuestra economía. Los gases que fabrica INDURA (oxigeno industrial y medicinal; nitrógeno, acetileno, acetogen, argón, que hasta 1962 debía importarse, y gases de anestesia) son indispensables, por una parte, para todas las industrias que emplean la soldadura en grande o pequeña escala. Por otra, determinan el normal funcionamiento o la paralización de todos los hospitales, clínicas, postas de asistencia pública donde se utiliza el oxígeno o los gases anestésicos para intervenciones quirúrgicas o recuperación de enfermos. La linea de electrodos es igualmente vital para cualquier industria en cuyos procesos de fabricación o construcción intervenga la soldadura. La lista de clientes de INDURA es por ello impresionante e incluye desde los Ferrocarriles del Estado, las armadoras de automóviles, la minería del cobre y el hierro, Huachipato, las compañías de Electricidad, Gas y Agua Potable, ENDESA y la IANSA. hasta la compañía que construye el Metropolitano de Santiago y las empresas que levantan los edificios que alojarán a la UNCTAD III. En realidad, sería más sencillo hacer una enumeración de las empresas que no son clientes de INDURA.
Sin embargo, y como otra muestra más de las contradicciones que desde el interior mismo de la UP socavan la experiencia que vive Chile, el conflicto que afecta a los trabajadores de INDURA y que debió ser rápidamente resuelto con la estatización, se alarga peligrosamente. Producida la "toma" de las instalaciones el 16 de septiembre, como consecuencia del enfrentamiento con la empresa en torno a un pliego de peticiones (los sindicatos exigían un aumento promedio del 42%, la empresa ofrecía el 31%), el gobierno decretó la reanudación de faenas el 22 de septiembre. La rapidez se debió precisamente al carácter vital de la industria. Se nombró interventor al funcionario de la Inspectoría del Trabajo, Omer Williamson. Este se ganó rápidamente la confianza de trabajadores y empleados, pues desde el comienzo estableció mecanismos de participación en las decisiones más importantes para el funcionamiento de la empresa. Williamson comprobó también que los stocks de materias primas importadas, acero, repuestos y elementos químicos para fabricar el revestimiento de los electrodos, que usualmente bastaba para cubrir una producción de 4 meses, habían bajado al mínimo. Esta medida había sido adoptada por los empresarios, sospechosamente, después del 4 de septiembre de 1970. Se comprobó también que la planta de gases de Graneros trabajaba sólo 10 días al mes y ello bastaba para abastecer las necesidades del país. Es decir, como ocurre con tantas otras industrias chilenas, ésta se hallaba fuertemente subutilizada. Los trabajadores denunciaron también ante el interventor el sistema de distribución de electrodos y equipos eléctricos, que está entregado en exclusividad a la firma H. Briones. Esta cobra por concepto de comisiones un porcentaje que va desde el 5 al 15% del valor de las ventas. Briones que, como vimos, es el mayor accionista chileno de INDURA, obtiene así indirectamente suculentas utilidades. Además, como tal firma H. Briones está encargada de la cobranza de las ventas de INDURA, a la que "anticipa" fondos sobre esos cobros, para atender a los gastos corrientes. Así se teje una madeja en que INDURA, propiedad en buena parte de H. Briones, depende financieramente de otra empresa de H. Briones. Los trabajadores sostienen que si la distribución la hiciese otra empresa, por ejemplo, SODIMAC, el porcentaje de las comisiones podría bajar hasta el 6%.
A todo esto, y mientras el interventor Williamson investigaba el rodaje de la industria, hubo presiones dentro del propio gobierno en contra de una posible estatización y este funcionario, que contaba con todo el respaldo de los trabajadores, fue sustituido por el ingeniero químico Hernán Berardi. Aunque Berardi es militante socialista, como su antecesor, tiene un "estilo" del todo diferente. Ya los trabajadores no tienen el mismo grado de participación y el contacto con las autoridades de gobierno se hace mucho más difícil. Mientras los dirigentes sindicales gestionan la estatización de la empresa, los propietarios presionan dentro de la propia UP para que se ponga término a la intervención o, por lo menos, para que les sea devuelta la administración de la empresa. Los trabajadores rechazan esta pretensión, primero porque sostienen que no corresponde poner término a la intervención mientras los stocks de materias primas necesarios para asegurar la producción de esta industria vital para el país no vuelvan a sus niveles normales. Y segundo, porque están seguros de que los empresarios, recuperando el control de la administración, procederán inmediatamente a tomar medidas para dejar desfinanciada la empresa. Conociendo a quienes integran el directorio de INDURA, se comprenden perfectamente estos temores. En una reciente reunión del Consejo, quedó compuesto de la siguiente manera: presidente, Mario Vignola; vicepresidente, Rene Santandreu; directores: Eugenio Heiremans, Sergio Gutiérrez Olivos, Eduardo Campino, Manuel Bezanilla, Antonio Zaccardi, José Puga y Carlos Elton. La mayoría de estos capitanes de empresa son militantes o simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano o del Partido Nacional, Carlos Elton, vinculado a la Sociedad de Fomento Fabril, es alto dirigente de la D.C. en Santiago. Eugenio Heiremans, conocido alessandrista, es uno de los más conservadores empresarios chilenos, durante años vinculado también a la SOFOFA. En cuanto a Sergio Gutiérrez Olivos, no necesita presentación: Embajador en Washington durante el gobierno de Alessandri, se ha convertido, desde septiembre de 1970, en uno de los más conspicuos abogados defensores de los intereses norteamericanos en Chile. Primero defendió a las compañías del cobre contra el Estado, en el proceso de nacionalización, y ahora, en INDURA, es representante de AIRCO, los accionistas mayoritarios. Conocidos estos nombres, no puede extrañar que los accionistas chilenos de INDURA hayan rechazado toda sugerencia del gobierno para la venta de sus acciones a la CORFO. En cuanto a los capitalistas norteamericanos, las gestiones existen, pero tampoco parecen haber avanzado. Mientras crecen las presiones sobre el gobierno para que esta industria vital, incluso desde el punto de vista estratégico (abastece a FAMAE, a la Fuerza Aérea y a los Astilleros de la Armada), sea devuelta a la empresa privada. Los trabajadores responden que si ello ocurriera, volverían a tomarse las instalaciones de INDURA.
ALTERNATIVAS DE LA LUCHA POR LA TIERRA
EN el mes de mayo quedaría exterminado el latifundio en Chile, según anuncios oficiales. En un año y cuatro meses el gobierno popular ha expropiado 1.918 predios con 3.080.126.13 hectáreas. En seis años el gobierno demócratacristiano logró expropiar a duras penas 1.387 predios con 2.555.506 hectáreas.
Si se observan las cifras, comparativamente el resultado es positivo en cuanto a número de fundos ya cantidad de hectáreas. Pero se plantea una interrogante: el actual sistema de expropiaciones permite la rápida y efectiva incorporación de esas tierras a la producción?
Como ese proceso se realiza dentro del marco de la ley de reforma agraria promulgada por el gobierno de Frei, teñida de paternalismo, en las actuales circunstancias resulta insuficiente. Uno de los grandes frenos que ha tenido el desarrollo económico de Chile está en el retraso de su agricultura. Esta situación, unida a la del comercio exterior, conforman el cuello de botella que estanca cualquier proceso de rápida evolución.
El compromiso, incorporación o participación efectiva de los campesinos no surgirá —está visto— de la creación de nuevos asentamientos, sino del impulso que se dé a los Centros de Reforma Agraria (CERA) donde se registra la participación directa de los trabajadores de la tierra en la gestión de producción. De este modo resulta que para liquidar el latifundio no se presenta como posible la repetición de la experiencia de expropiaciones de 1971. Ella resultó desalentadora por el fracaso de la producción en el año agrícola 1970-1971.
Frente a esta realidad la más concreta y efectiva posibilidad ofrecida para alcanzar índices satisfactorios de producción reside en la intervención del resto de latifundio para tratar de conservar como unidad productiva cada predio que se expropie. Mediante el mecanismo de intervenir los fundos se podrá incorporarlos a los planes de explotación que formulen y ejecuten los Consejos Comunales. Campesinos. Es en estos organismos donde realmente se empieza a construir el auténtico poder popular que permite al campesino decidir sobre qué, cómo y para quién producir.
Actualmente hay 300 fundos que fueron intervenidos por "lock-out" patronal, paralización de labores, abandono por parte de sus dueños u otros motivos que suspendieron la explotación. En manos de los campesinos, mediante decreto de reanudación de faenas y la consiguiente intervención, esos fundos se encuentran en plena producción desde el momento en que fueron intervenidos.
Esta experiencia plantea el mecanismo de la intervención como vía para la aceleración del proceso agrario con efectivos resultados para mantener la producción o incluso aumentarla.
El gobierno de Frei no utilizó el artículo 171, de la Ley 16.640 (Reforma Agraria) para dictar decretos de reanudación de faenas en beneficio de los campesinos. Por el contrario. Lo hizo sólo como arma de presión destinada a anular aspiraciones de clase o derechos reivindicativos de los trabajadores. La reanudación de faenas fue un elemento que utilizó la Democracia Cristiana para romper huelgas o ejercer presiones contra los campesinos, en beneficio de los patrones. Los interventores de entonces —es obvio— jamás estuvieron junto a los campesinos movilizados en justas acciones. Ahora, corresponde al gobierno popular invertir ese torcido manejo de la facultad legal para usarla como instrumento que impulse y dinamice el proceso agrario.
El objetivo fundamental de la reanudación de faenas y de la intervención es poner en trabajo inmediato, con plena participación de los campesinos, los fundos abandonados, paralizados, improductivos o en conflictos laborales. Es un camino para enfrentar al desabastecimiento, el boicot y al sabotaje latifundista. Hay alto número de fundos en esas condiciones. Para ellos está especialmente destinado el mecanismo de la intervención.
La reanudación de faenas también promueve la absorción de la cesantía en los campos. La desocupación campesina deriva de la paralización que aplicaron los patrones a sus fundos. Redujeron planteles de trabajadores a poco transcurrir del 4 de septiembre de 1970. Usaron dos conductos: a) el despido del campesino lanzándolo fuera del predio; b) la autorización al trabajador para permanecer en el fundo, pero sólo en carácter de obrero de temporada, sujeto al capricho del patrón.
Frente a tal situación el régimen de intervención apunta a dos objetivos básicos: a) poner el predio en trabajo inmediato para mantener el nivel de producción o aumentarlo; b) absorber la mano de obra desocupada para cumplir en mejor forma con el proceso de producción al cual se reincorpora el predio.
La experiencia del año pasado —cosechas entre enero y abril de 1971— establece importante aumento de rendimientos y de superficies sembradas en los predios entonces intervenidos y que ahora totalizan 300. En mayo próximo se dispondrá de los datos correspondientes al actual año agrícola, que finaliza en abril.
Al iniciarse el proceso de intervenciones bajo el gobierno popular se crearon algunos problemas pronto superados. Los campesinos no comprendieron de inmediato que los interventores de este régimen actuarían junto a ellos. Tenían la amarga y dura experiencia dejada por la Democracia Cristiana. Al poco tiempo, entendieron perfectamente que estos interventores habían ido a defenderlos en sus justos derechos y reivindicaciones, especialmente (para mantener o aumentar los índices de producción del predio intervenido. Así fue concretándose la plena participación de los trabajadores en este proceso.
Se impusieron que el mecanismo del decreto de reanudación de faenas asegura la inmediata puesta en marcha del fundo paralizado y la incorporación de los campesinos a las labores. Supieron que una vez dictado el decreto de reanudación de faenas llega el interventor a dialogar con los campesinos y que son éstos los que plantean el real y exacto problema del fundo. No como antes en que el interventor actuaba dependiente del patrón. Los campesinos se informaron que el interventor después de reunirse con ellos entrega sus instrucciones al patrón y que si éste no las cumple —como es habitual— el fundo queda intervenido. Palparon su real participación al saber que el interventor, luego de tomar la administración del predio, convocaba a los campesinos con sus mujeres e hijos mayores de 16 años a una asamblea para elegir los representantes de los distintos grupos de trabajo y constituía con ellos el Comité de Administración. Entonces experimentaron su responsabilidad cuando, con la colaboración del interventor, empezaron los campesinos a actuar directamente a través de "su" Comité de Administración, elegido por ellos, sus mujeres y sus hijos.
Los campesinos de los fundos intervenidos sintieron realmente que con este mecanismo se rompían los moldes tradicionales de explotación del hombre, llámese inquilino, mediero, afuerino, tratero, etc. Todos pasaron a ser obreros del fundo intervenido con iguales derechos, regalías y deberes. El mecanismo de intervención significaba para los campesinos liquidar todo sistema de explotación. El exterminio de la mediería, el arriendo, el subarriendo y todas esas otras martingalas implantadas por el capitalismo en el campo era para los trabajadores una conquista tangible. Rápidamente lo comprendieron.
A la luz de esa experiencia surgen otras proyecciones en la correcta aplicación del proceso de intervenciones. El trabajo se organiza para que todos los campesinos laboren la tierra en comunidad, con miras a que cuando se resuelva la expropiación se forme ahí un Centro de Reforma Agraria (CERA). Y es a través del CERA donde el campesino verdaderamente alcanzará su poder de decisión y su real participación en el proceso agrario chileno. La gestación práctica de los CERA estuvo en fundos intervenidos.
El mecanismo de intervención también promueve la toma de conciencia y la preparación necesaria para que el campesino pueda desempeñarse eficientemente en el Centro de Reforma Agraria, tras el proceso expropiatorio.
La participación del campesino se expresa con efectividad en toda decisión que se adopte dentro del fundo intervenido. No se trata de resoluciones paternalistas, sino de la auténtica incorporación en la cual los propios trabajadores son los que deciden.
Las relaciones entre el técnico y el trabajador se desarrollan bajo mutua comprensión. No es el tecnócrata que llega a un predio para intervenirlo y reanudar faenas. Se trata de un hombre que va a entregar conocimientos y a intercambiarlos con los campesinos, recibiendo a su vez los que éstos le dan y que han adquirido de la directa experiencia en el trabajo de la tierra. De esta manera, el campesino no experimenta frustración ni cae bajo el paternalismo.
Estas condiciones de trato y acción rigen en los 300 fundos que están produciendo bajo intervención. Ahí están en su gran mayoría los mismos trabajadores que antes fueron explotados por los dueños de esos predios. Por lo general, los patrones de todos los fundos intervenidos fueron los más explotadores que han operado en Chile. En esos 300 fundos intervenidos, el poder latifundista se manifestaba en su más violenta y cabal expresión.
Hay casos sorprendentes. Predios con menos de ochenta hectáreas de riego básico dejaban utilidades fabulosas a sus dueños. Uno de ellos, el fundo "Santa Claudia", de Curicó, en el camino "Los Niches", arrojaba más de dos millones de escudos de ganancia anual para su propietario. Sin embargo, en esos mismos predios los campesinos sobrevivían en condiciones miserables. Habitaban chozas insalubres y se les hacia trabajar por salarios increíblemente bajos. En éste, como en otros predios intervenidos, las condiciones de vida subhumana en que se mantenía a los campesinos abarcaban hasta la vigencia de un régimen de mayorazgos, castigos físicos y raciones de hambre. Es decir, se utilizaban todos los recursos para mantener a los campesinos humillados, aplastados, carentes de todo deseo de luchar, de vivir o prosperar.
En el mismo fundo "Santa Claudia" el latifundista había vendido dos veces las cosechas. Luego provocó un conflicto con más de 200 trabajadores temporales y 50 permanentes. Después se mandó a cambiar al extranjero. Dejó el fundo fuertemente endeudado. Había usado todas las posibilidades y recursos a su alcance para obtener dinero: créditos en el Banco del Estado, CORFO, etc., quedaron impagos. Pero él se enriqueció.
Se decretó la intervención y empezó a operar el mecanismo con participación de los mismos trabajadores. Los campesinos han levantado la productividad, han pagado los créditos que el latifundista dejó pendientes y han demostrado su conciencia y responsabilidad para incorporar esta fuente de producción al proceso nacional.
LAS "TOMAS"
Al iniciarse la política agraria del actual gobierno se agudizó la lucha de clases en el campo, lo que se tradujo en una gran cantidad de "tomas". Los campesinos tomaron conciencia que no podrían seguir en las mismas chozas, la misma mugre y con los mismos salarios miserables. Todo esto derivaba del régimen capitalista de tenencia de tierras.
El proceso expropiatorio encuadrado en disposiciones legales de aplicación lenta y burocrática no se presentaba como solución inmediata. El gobierno ha planteado que está contra las tomas indiscriminadas. Sin embargo, esa herramienta de lucha y de movilización del campesinado —con lo cual siempre ejerció presión en demanda de sus reivindicaciones—, se transformó en una eficaz acción para impedir el boicot y sabotaje de los latifundistas. De ese modo, la toma representa una auténtica movilización de la masa campesina. Desautorizar ese cauce de expresión de la" exigencia campesina, cuando ésta se orienta hacia la defensa del patrimonio alimenticio del país, sería caer en el paternalismo que es un instrumento para adormecer las inquietudes populares.
Así surgieron paros de labores y la consiguiente "toma". Así se conjugaron la "toma" y la intervención, tras el decreto de reanudación de faenas. Y los predios continuaron en producción. Cuando se producía la paralización de labores el latifundista acompañado por otros terratenientes y capataces desclasados llegaban al fundo y sacaban la maquinaria, retiraban animales, se llevaban implementos esenciales de trabajo. Es decir, desmantelaban el fundo para sumarse al sabotaje ya iniciado en el campo contra el gobierno, a través del boicot a la producción. Para impedir la continuación de esta acción patronal los campesinos optaron por tomarse el fundo, tan pronto se paralizaban las labores. De aquí se desprende que dichas "tomas" no se realizaron con el afán de despojar de su tierra al dueño, como la reacción majaderamente lo ha pregonado. Se hicieron en defensa de la productividad de los predios y en función de alimentar a los chilenos. Pese a la orquestación publicitaria del Partido Nacional, la Democracia Cristiana, la Democracia Radical y los fascistas de "Patria y Libertad", no puede señalarse como "despojo" un proceso que incluye la acción posterior de CORA para tasar, consignar fondos y pagar todos los enseres al "propietario del predio. Pero, hasta cuando esto" se concreta el fundo tomado e intervenido no ha dejado de trabajar ni ha restado sus posibilidades a la producción.
En otros casos las "tomas" fueron instigadas y realizadas por los patrones para promover la sedición, agitar el descontento y llevar el país hasta el caos. Esto fue comprobado en las provincias de O'Higgins y Colchagua. En diciembre de 1970 y enero de 1971 fueron intervenidos en esas provincias alrededor de 30 fundos. Los propietarios habían instigado las "tomas" para servir a sus propósitos. Los campesinos aprovecharon la coyuntura para exigir la intervención y luego la expropiación.
La experiencia en los 300 fundos intervenidos reafirma que esta es la efectiva herramienta para acelerar con buenos resultados del proceso de transformaciones agrarias. Se trata de romper la burocracia, que plantea dilaciones y contribuye a la improductividad. Los campesinos de los fundos intervenidos están conscientes que con su lucha y acción están impulsando el proceso agrario. Esos mismos trabajadores se han volcado en los Consejos Comunales Campesinos, porque saben que ahí está otro bastión de lucha, organización y participación. Por eso, en los fundos intervenidos no hay obstáculos para impulsar los Consejos Comunales. Basta preguntar si alguien quiere ayudar a organizar uno para que surja la respuesta categórica:
—¡Al tiro, compañero!... ¡Tenemos que ir a ayudar a esos compañeros para que formen su Consejo Comunal! ...
Así están cumpliendo su acción revolucionaria y con actitud de clase. El campesino ahora sabe que esa es una forma de luchar "por la" tierra y de atacar al burocratismo que lo decepciona y frustra.
En los fundos intervenidos también se ha acentuado el sentido de movilización. En la concentración del 4 de septiembre de 1971, en el Estadio Nacional de Santiago, gran cantidad de los campesinos asistentes provenía de fundos intervenidos. Llegaron de todas partes con sus letreros y motes: "Nosotros sembramos el fundo sin patrón" ... "Nosotros estamos ayudando a la producción"... "Nosotros nos dirigimos solos"... "Nosotros tra bajamos el fundo"... Orgullo y desafío del nuevo poder campesino en busca de su postergado destino.
Hay otros hechos reveladores. Cuando la Federación de Asentamientos u otros organismos campesinos manejados por la Democracia Cristiana han tomado oficinas del sector agrario o provocado otro tipo de problemas semejantes, los trabajadores de fundos intervenidos han salido a explicar a sus hermanos de clase que están equivocados, que en esa forma sólo sirven a los reaccionarios, a los patrones, a los explotadores y no a los campesinos. Igual actitud han adoptado ante otros hechos, como en el caso de la destitución del Director Zonal de CORA en Linares, Gabriel Coll, a quien apoyaron masiva mente.
RADIOGRAFÍA DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
EL 20 de octubre de 1971, los senadores democristianos Renán Fuentealba y Juan Hamilton presentaron una moción de reforma constitucional al Senado. Con esta moción, se abría el debate en el Parlamento sobre la división de la economía chilena en tres áreas. La oposición daba un carácter de suma urgencia y de mucha importancia, ya que lo presentaba como un "proyecto de reforma constitucional que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado" y no como un simple proyecto de ley, tal como lo propugnaban los representantes de la UP.
¿QUÉ ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN SE PRETENDEN MODIFICAR Y POR QUÉ?
En lo fundamental, se trata de modificar el inciso 10 del artículo 10º de la Constitución, que hace parte del capítulo sobre las garantías constitucionales y que dice:
"La Constitución asegura a todos los habitantes de la República... el derecho de propiedad en sus diversas especies.
La ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.
Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preminente para la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar.
Nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado tendrá siempre derecho a indemnización, cuyo monto y condiciones de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración los intereses de la colectividad y de los expropiados. La ley determinará las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a derecho, la forma de extinguir esta obligación, y las oportunidades y modo en que el expropiador tomará posesión material del bien expropiado".
El proyecto de reforma pretende añadir a esta parte del articulo 10, el siguiente inciso:
"La ley determinará los medios o bienes de producción que se podrán incorporar al área social de la economía y de los cuales será dueño exclusivo el Estado, como representante de la comunidad nacional y los que formarán parte del área mixta, que permanecerán en conjunto al Estado y a particulares. Los demás integrarán el área privada, de dominación de los particulares".
Por lo tanto, si bien se reconoce en la Constitución (que evidentemente no fue promulgada por la UP) que el Estado puede ser dueño de ciertas actividades económicas, la Derecha, que ahora está en la oposición, pretende decidir qué empresas pueden ser estatizadas y que empresas no pueden serlo, y ello en cada caso particular. El Ejecutivo ya no tiene este derecho. Entiéndase, la oposición, que siempre actuó en favor de la propiedad privada, pretende ahora arrogarse el derecho de decidir qué, cómo y cuándo se va a poder estatizar una empresa. Bajo el pretexto de reglamentar la forma en la cual se producen los cambios, se ésta reafirmando, y con mayor vigor que nunca, el principio de la propiedad privada. ¿Qué se puede esperar de ello?
Asimismo, el artículo 44 de la Constitución, que trata de las atribuciones del Congreso, queda completado de la manera siguiente:
"Sólo en virtud de una ley se puede autorizar al Estado, a las municipalidades y a los organismos y empresas del sector público para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado, con el fin de nacionalizar o estatizar los bienes o medios de producción u otros, determinando la participación que corresponderá a los trabajadores de dichas empresas y fijar la indemnización que corresponda a sus propietarios y las modalidades para su pago".
Por una parte, el Congreso es el que determinará el área al cual pertenecerá cada empresa, cuyo statu desea modificar el Ejecutivo. Por otra parte, y complementando lo anterior, el gobierno, incluyendo las empresas públicas y por lo tanto la CORFO, entre otras, deberán ser autorizadas por el Congreso para adquirir acciones o derechos sobre empresas. No se debe olvidar que ésta fue una de las modalidades empleadas por la UP para constituir y ampliar el área de propiedad estatal.
Para evitar además que el gobierno pueda aprovechar el tiempo que le hubiera podido quedar hasta la aprobación del proyecto, Hamilton y Fuentealba incluyeron un artículo transitorio que dice:
"Declaramos nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, las municipalidades y los organismos o empresas del sector público, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de o en persona jurídica de derecho privado con el fin de nacionalizar o estatizar bienes y medios de producción y otros, que no hubieran sido expresamente autorizados por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el Nº 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado". [1]
Finalmente, se derogan todas las disposiciones que pudieran "permitir directa o indirectamente nacionalizar o estatificar empresas, bienes o medios de producción, distribución, financiamiento u otros, incorporándolos a las áreas social o mixta de la economía". [2]
LAS INTENCIONES DEL PROYECTO
La oposición declara que el gobierno "ha burlado la ley pretextando apoyarse en ella", ya que la usa "con fines distintos de aquellos para los que fueron dictados". Cualquier ley "debe cumplirse conforme a las normas generales del derecho" y "la actuación de los altos funcionarios del gobierno permite presumir que no creen en la existencia de principios anteriores a la ley".
No olvidemos que el famoso artículo 10, inciso 10, dice que la Constitución garantiza el derecho de propiedad. Si los altos funcionarios del gobierno creen en este principio, bien difícil será la transición al socialismo con ellos. Es bien evidente que un gobierno que pretende construir el socialismo no puede creer que el principio de la propiedad privada sea un principio de eterna validez. De hecho, y tal como lo dijo el Subsecretario de Justicia, lo que quiere el Congreso es transformarse en "co-administrador del Estado" y disminuir las atribuciones del Ejecutivo.
Concretamente, en este momento, en Chile, la Derecha quiere seguir dirigiendo la economía del país, administrando los negocios generales de la burguesía desde el Parlamento, ya que no puede usar el gobierno.
Por lo demás, los autores dejaron "constancia que su proyecto es muy claro y definido: establecer que a partir de la fecha en que se presentó la moción, toda incorporación de bienes a las áreas social y mixta de la economía debe ser autorizada por una ley especial". Asimismo, en otra sesión de la misma Comisión de Constitución. Legislación, Justicia y Reglamento (de la cual era presidente Hamilton), Fuentealba declara: "La iniciativa no tiene por objeto hacer una definición de las áreas, sino que dicha definición sea hecha por el legislador y no arbitrariamente por un sólo poder". Con lo cual queda claro "que" el proyecto no busca la delimitación de las áreas, sino que dar el poder de decisión sobre la suerte de cada empresa al Congreso, es decir, a la oposición, a la Derecha, a los dueños del capital.
MODIFICACIÓN DEL PROYECTO ORIGINAL FUENTEALBA Y HAMILTON
POR LOS PROPIOS AUTORES DEL PROYECTO
Después de haber determinado 3 áreas en su proyecto original, el área estatal que ellos mismos llamaban "área social de la economía", en la cual "será dueño exclusivo el Estado, como representante de la comunidad nacional", el área mixta y el área privada, los "honorables" en cuestión cambiaron de criterio, de manera demagógica y dividieron la economía chilena en 4 áreas.
a) El área estatal, donde el Estado es dueño absoluto de los medios de producción, los administra como quiera y percibe las utilidades, esto "sin perjuicio de la participación que en ésta se reconozca a los trabajadores". (¿En qué consiste esta participación si la administración y las utilidades son del dominio exclusivo del Estado?
b) Área social: es "aquella en que el uso y goce de las empresas, bienes o medios indicados pertenecen a los trabajadores, los que tendrán la administración y se harán dueños de las utilidades, sin perjuicio del pago del interés o renta del capital". [3]
Este fue el gran caballo de batalla de la oposición y conviene analizar este punto con mayor detalle posteriormente.
c) El área mixta, donde la propiedad, la administración y los beneficios pertenecen en común al Estado y a los particulares.
d) El área privada, por exclusión de los demás.
EL ÁREA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
Lenin, en las "Tesis de Abril" dice:
"La experiencia de los gobiernos burgueses y terratenientes del mundo entero ha creado dos métodos para, mantener la esclavización del pueblo. El primero es la violencia. Nicolás Romanov I (Nicolás Garrote) y Nicolás II (El Sanguinario) enseñaron al pueblo ruso todo lo posible e imposible en cuanto a estos métodos de verdugos. Pero hay, además, otro método, que han elaborado mejor que nadie las burguesías inglesa y francesa, "aleccionadas" por una serie de grandes revoluciones y movimientos revolucionarios de masas. Es el método del engaño, de las frases, de las promesas sin fin, de las míseras limosnas, de las concesiones en las cosas insignificantes para conservar lo esencial". [4]
En este momento, todavía, la burguesía chilena utiliza fundamentalmente el segundo método.
Incluso los propios integrantes del Partido Nacional están en este juego: ellos, que anteriormente estaban en favor de la libre empresa y del menor intervencionismo estatal, pretenden ahora defender el derecho de participación de los trabajadores. Es así que García Garzena dice: "votamos favorablemente el proyecto de reforma constitucional por una razón muy simple: viene a poner fin a la arbitrariedad y entrega a la ley la resolución del problema de crear las áreas social y mixta de la economía. Esto es ya suficiente para mi, y en cualquier instante votaría afirmativamente. Asimismo, votamos favorablemente la aspiración de que los trabajadores participen en la gestión y en las utilidades de las empresas porque hoy es una buena solución". [5]
La oposición, y la DC en particular, hubieran podido hacer aprobar el proyecto original de Fuentealba y Hamilton. declarando que cualquier traspaso del área privada al área estatal tiene que pasar por el Parlamento. Como el PDC tiene la mayoría en el Congreso, el proyecto hubiera sido aprobado. Pero la Derecha no quiere aparecer como reaccionaria, y para ello, a pesar de que el proyecto es esencialmente un proyecto que garantiza la propiedad privada burguesa, busca el apoyo social de parte de la propia clase obrera, y pretende luchar por la participación de los trabajadores. Es decir, engaña a los trabajadores, asegurándoles que ellos serán administradores y obtendrán utilidades de las empresas, cuando previamente se necesita que esta misma oposición apruebe la estatización o el traspaso de la empresa al área de los trabajadores. Fuentealba dice:
"Se entiende por área social aquella en que el uso y goce del patrimonio, —sin considerar para ello de quién es la propiedad— pertenece a los trabajadores, los que tienen la administración y se hacen dueños dé las utilidades, sin perjuicio del pago del interés o renta del capital que, como se ha dicho, puede ser del Estado o de los particulares". Y más allá: "Lo que caracteriza el área estatal es el dominio del Estado y lo que caracteriza al área social es la gestión de los trabajadores y su participación en las utilidades, no la propiedad".
Hamilton es todavía más categórico:
"No puede rechazarse la posibilidad de establecer en la Constitución Política que existan aportes de capital privado, es decir, que una empresa capitalista actual pueda mantenerse dentro del dominio individual de una persona y se entregue a los trabajadores la administración el uso y goce de los bienes, pagando algún tipo de interés al capital por concepto exclusivo de propiedad".
Por lo tanto, resumiendo la posición DC: las empresas que llama “del área social” pueden ser propiedad del Estado, de personas privadas no trabajadoras, o de los mismos trabajadores. Fuera del área estrictamente estatal, donde el Estado entendido en su concepto tradicional, como un ente que representa a toda la sociedad, administra sus empresas, los trabajadores podrán administrar tanto el resto de las empresas de propiedad estatal, así como empresas de personas privadas, de capitalistas, pagando una renta al dueño del capital, sea éste el Estado o un particular. El resto de las utilidades, una vez deducida esta renta, será repartido entre los trabajadores permanentes.
a) Si los trabajadores permanentes de una empresa tienen la administración y reciben las utilidades de la empresa, pagando un interés a su dueño, de hecho, estos trabajadores están cumpliendo exactamente el mismo papel que un capitalista que paga un interés al prestamista. Si bien no se puede" negar que ello represente algún proceso de democratización del capital, es difícil hablar de un esquema socialista. De hecho, y tal como lo precisa Eduardo Novoa, esta noción "podría emparentarse con una cooperativa o sociedad". En realidad no llega ni siquiera a esto, ya que la empresa sigue siendo propiedad del capitalista original. El hecho de transformar los obreros en pequeños capitalistas no permite una planificación real de los recursos, ya que la sociedad, e Incluso la clase obrera en su conjunto no puede manejar el excedente generado. Este queda en su mayor parte en grupos que están interesados en "su" empresa y no en el bienestar del pueblo. En otras palabras, no desaparece ninguno de los mecanismos de la economía capitalista. Peor todavía: no desaparece el motor fundamental de la economía capitalista que es la búsqueda de la mayor ganancia, mediante la explotación del trabajo asalariado del proyecto pretende incorporar sólo los trabajadores permanentes) y mediante las relaciones de mercado que permiten que determinadas empresas que funcionan en condiciones monopólicas o bien que no abastecen de manera suficiente el mercado, se apropien de parte del excedente producido por las demás. O sea, nos encontraremos con la paradoja de que los trabajadores-capitalistas de una empresa exploten a otros trabajadores-capitalistas de otra empresa, vía relaciones mercantiles.
Finalmente, los trabajadores estarán en todo momento interesados en que los predios de las mercancías que ellos producen suban; ello porque les significará un mayor margen de utilidades. Pero quien sufrirá el costo será evidentemente el consumidor y por lo tanto la población en general. Dicho más brevemente, desarrolla el interés individual y de ninguna manera los elementos de conciencia proletaria que existen en las masas obreras. Se hace de la parte de los trabajadores-capitalistas una suma de grupos divididos entre sí y con intereses que pueden ser antagónicos con los de la población.
¿Qué ocurrirá con las utilidades percibidas por los trabajadores? Ellos pueden ahorrar y por lo tanto invertir tanto en su propia empresa como en otras. De todas maneras, significará en alguna medida un aumento del número de trabajadores, un crecimiento del empleo, en la medida en la cual es necesario para la acumulación del capital, por lo cual no solucionará los problemas de desempleo. Pero si la propiedad de las utilidades no es una ficción, quiere decir que los trabajadores-capitalistas, en la medida en que reinvierten sus utilidades, emplearán trabajo asalariado. Y eso ¿no es explotación de trabajadores por otros trabajadores? No es dividir a la clase obrera, incluso dentro de una misma empresa? ¿No es volver al esquema típicamente capitalista? ¿Es suficiente el hecho de que los trabajadores-capitalistas trabajen? Por lo demás, ¿no es de esperar que en estas condiciones, se reserven las tareas más fáciles, menos penosas o incluso sólo trabajen formalmente? Como el proyecto no define qué tipo de empresas (por sector, por monto de capital o lo que sea), pertenecerá a esta área, la DC, por el momento, puede despertar expectativas en la clase obrera, y bien se cuida de desilusionar precisando cuántas y cuales empresas serán de los trabajadores.
b) Por otra parte, el esquema es tanto más perjudicial por cuanto se inscribe dentro de un contexto capitalista. En efecto, la gran mayoría de las empresas no son ni serán tocadas. Ello significa que las empresas de trabajadores no son ni serán tocadas. Ello significa que las empresas de trabajadores serán dependientes de las grandes empresas que seguirán existiendo. Serán un simple apéndice de la burguesía. Desde el punto de vista económico, serán explotadas por los monopolios restantes, y por otro lado, la Derecha intentará y posiblemente logrará aprovecharse políticamente de la ambigüedad de su situación de pequeños propietarios.
Al frente de estos trabajadores, aspirantes a capitalistas, estará el proletariado, tanto de las empresas del área estatal, como de las empresas privadas e incluso el asalariado de los capitalistas-trabajadores.
c) En el área social, "habrá accionistas o capitalistas que obtendrán plusvalía o rentas del capital al dejar el uso y goce de las empresas en manos de los trabajadores", ya que los trabajadores podrán tener el uso y goce de las empresas "independientemente de que la propiedad pueda ser incluso de los particulares".
O sea que la DC propone liberar la creatividad de los trabajadores, incorporarlos plenamente al proceso de dirección, etc. Todo ello para que se transformen en capitalistas modernos, empresarios dinámicos y así puedan entregar a los dueños del capital una renta. Esto es realmente llevar al colmo el parasitismo. ¿Esto es el "socialismo comunitario"?
Tal como lo dice Viera Gallo, se trata, no de marchar hacia el socialismo, sino de "remozar con el objeto de salvaguardarlo, el capitalismo". El área social de la DC "no es en el fondo tal sino una tarea privada, capitalista, y ello originará la división de la clase trabajadora, porque habrá trabajadores que serán capitalistas y otros que seguirán siendo trabajadores".
Las intenciones de la oposición son claras:
1.—En io inmediato, detener el proceso de relativo despojo que se ha hecho a los monopolios.
2.—Adquirir mayor poder, arrebatando parte de sus funciones al Ejecutivo.
3.—Garantizarse un apoyo social suficiente, proveniente de las clases medias y parte de la clase obrera, para reconquistar la totalidad del poder. De ahí su política demagógica y engañosa que quiere dividir a la clase obrera. La forma por la cual reconquistará el poder en su totalidad no es lo que define la forma por la cual la reacción ejercerá ese poder; puede ser por medio de un golpe militar o por la "vía chilena", por elecciones. Pero no hay que engañarse: golpe militar no es siempre sinónimo de fascismo, ni elecciones sinónimo de democracia. Aunque la Derecha reconquistara el poder total por elecciones, y tenga una base de apoyo importante, estará obligada a ejercer el poder con métodos fascistas, precisamente porque está captando apoyo popular engañando a las masas y no cumplirá sus promesas. Por lo tanto, no podrá enfrentarse mediante métodos "democráticos" a las aspiraciones del pueblo y, de esta manera, parte de su base de apoyo la abandonará. Precisamente por ello, se debe denunciar el carácter demagógico de la "participación" de los trabajadores que propugna la DC y que apoya el PN.
El fascismo en Alemania también empezó con métodos demagógicos; se presentó como antimonopólico promulgó leyes antimonopólicas y sociales, conquistó el poder por elecciones y luego . . . recién se hizo conocer con todo descaro.
OBJECIONES DE LA DC CONTRA LA ESTATIZACIÓN
Juan Hamilton dice: "Los errores del estatismo se pueden sintetizar en: dictadura totalitaria en lo político e ineficacia en lo económico, expresada esta última en lo que se ha llamado "burocratismo" y la falta de iniciativas". El mismo día, en la sesión siguiente, después de citar las críticas del CC del PC checo en 1968: "Hay demasiadas evidencias de que un sistema capitalista de Estado —como el que el gobierno en los hechos está configurando, lleva consigo una gran dosis de ineficiencia y despilfarro".
"En las primeras etapas del desarrollo de algunas naciones, el Estado ha sido capaz de dar un fuerte dinamismo a la economía, pero en cuanto el proceso de industrialización empieza a asumir fases cada vez más complejas —como ocurre en la realidad que vive Chile hoy día— el manejo estatal y centralizado comienza a asfixiar la libre creatividad de los trabajadores y, en definitiva, se transforma en un estorbo que dificulta en forma cada vez más creciente el funcionamiento del aparato productivo".. Versus la "ineficacia" de las empresas estatales, la burguesía y la DC prefieren el despilfarro de las empresas privadas que ni siquiera son capaces de proporcionar un ingreso mínimo a todos los trabajadores del país y los condena a la desocupación porque es la única forma para ellas de ser "eficientes", es decir, "rentables".
Entiéndase: para la DC, es muy bueno que el Estado, en los inicios del desarrollo industrial vaya creando empresas con el excedente arrancado a la clase obrera y librando el país la dependencia financiera, cuyos efectos se sienten actualmente más que nunca, empresas que luego son transferidas a empresarios privados. En este sentido, es obvio que el Estado produce empresas no rentables pues, en un principio las grandes empresas siempre tienen un período donde es difícil que lo sean; es igualmente obvio que cuando se traspasan al área privada, se vuelven rentables, pues, por principio, sólo se traspasan las empresas rentables. Las demás (y se trata fundamentalmente de servicios de infraestructura que benefician al sector privado) se quedan dentro del área estatal, financiándose con impuestos, o bien con financiamiento deficitario, todo ello recayendo sobre la clase obrera y el pueblo en general. El senador Alberto Jerez señala que en 1968, por ejemplo, cerca del 50% de la inversión fiscal se aplicó al desarrollo de las empresas privadas en Chile.
Pero una vez que el sector privado, nacido de la protección del Estado, acumulador del capital e intermediario del capital financiero internacional, se ha fortalecido y ha constituido fuertes monopolios, entonces resulta que el Estado "asfixia la libre creatividad de los trabajadores" y "estorba el funcionamiento del aparato productivo". Como si en Chile, el aparato hubiera funcionado de manera dinámica, hubiera crecido de manera autónoma y sobre la ampliación del mercado interno, es decir sobre las bases de un capitalismo progresista y floreciente. Como si este sistema hubiera permitido la libre creatividad de los trabajadores. Y bien, aunque hubiera existido, ¿para qué? ¿Para descargar el empresario y el capitalista de las funciones de dirección que cumple? Tal vez así hubiera quedado más claro el carácter de parásito de los capitalistas, eso es cierto. Pero es difícil concebir tal sistema, donde los trabajadores asalariados tengan iniciativa para ir a incrementar los beneficios del capitalista.
Todos los grandes monopolios chilenos, hasta el día de su intervención, vivían del Estado. Todos ofrecen pérdidas en sus balances, no porque no presentaron excedentes reales, sino porque éstos estaban escondidos en distintos rubros, sobrefacturación, sueldos de gerentes y demás personal, gastos de propaganda y comercialización, etc. Pero la presentación de estas "pérdidas" en los balances permitía obtener del "aparato estatal" tan calumniado, mejores precios y más créditos. Y ahora, ocurre que este Estado que necesitaron siempre los empresarios chilenos y del cual siempre obtuvieron apoyo "ya no sirve para nada", "asfixia la libre iniciativa", "estorba el funcionamiento", etc. ¿Desde cuándo es el Estado un estorbo? ¿Desde que pretende recuperar las empresas que creó?
La DC también declara que los cambios deben hacerse de cara al pueblo "con la debida participación de sus representantes, que no sólo es el Presidente de la República, sino también los miembros del Congreso... Tampoco puede olvidarse que el actual Primer Mandatario fue elegido Presidente de Chile, legal y legítimamente, con nuestros votos y por este Parlamento".
La verdad es que este último argumento no tiene nada que ver con el tema que se debate. Es un simple recuerdo de que gracias a la DC, Allende pudo ser legitimado por el Parlamento. En realidad, el argumento va contra el que lo plantea: el hecho de que, a pesar de haber sido elegido ya por la población, haya necesitado del acuerdo del Parlamento no es realmente ningún argumento en favor de la democracia. Por lo demás, bien se sabe que la DC condicionó su apoyo cuando si pretendía llevar una política consecuentemente democrática, debía haber ratificado sin ninguna condición el veredicto del pueblo.
¿Pero qué es eso de que el proceso se tenga que hacer cara al pueblo: "Es decir que el proceso pase por aquí, sea discutido en el Congreso Nacional y se haga mediante ley"? En ninguna parte, se está discutiendo que criterios se emplearán para "catalogar las empresas. Para cada caso tendrá que dictarse una ley; cada caso será discutido en el Parlamento, en cada caso, por lo tanto, será el Parlamento burgués, con su lentitud y burocracia proverbial el que decidirá ... y a esto se le llama "discutir con el pueblo". Lo que se pretende, si se llega al plebiscito, es que el pueblo entregue de una vez al Parlamento su derecho de participación, que el pueblo entregue de una vez su confianza a la oposición, para que ella decida. Poco importa que los obreros pidan la estatización, poco importa que se tomen la fabrica para tener más poder de presión; no, esta clase de participación es rechazada por la oposición (cuando no le conviene, pues en la "U" también utilizó estos métodos).
Es el Parlamento, la DC, el PN, la ley, que deciden. Se trata de que el pueblo dé un sí o un no al proyecto en general. Luego, el Parlamento aplicará la ley en particular, y para cada caso, como lo entiende. El pueblo debe participar formalmente mediante plebiscito, y luego desentenderse del problema, dejándolo en manos de la Derecha.
De lo que se trata es que la oposición, frente a la conciencia general de la necesidad de cambios, no se atreve a decir la verdad: que no acepta los cambios y que protege la propiedad privada de los medios de producción. Por ello, engaña al pueblo de manera demagógica insistiendo en que está de acuerdo con el cambio, con la estatización, con eso, con lo otro, pero no está de acuerdo con la manera en la cual se hacen estos cambios. Como lo dice Rafael A. Gumucio: según ellos "la estatización de los bancos es buena, pero reprobable por no haber intervenido el Parlamento en el proceso; la reforma agraria es buena, pero se pretende establecer la "hacienda estatal"; las requisiciones de las grandes empresas son buenas, pero se atropello la dignidad humana de personas a quienes Chile debe tanto. En resumen, Tartufo, como ya lo dije, en gloria y esplendor". [6]
Los procedimientos que utiliza el gobierno "crean desconfianza". Hamilton dijo: "Con esto sólo se logra la parálisis de la ya insuficiente inversión privada y también la inquietud social, lo que en nada ayuda al desarrollo económico del país .. . Para realizar nuevas inversiones, es necesario generar ahorros y encontrar los agentes económicos que conviertan ese ahorro en inversión".
Hamilton realmente muestra cuan falsa e hipócrita es la actitud democristiana. Por un lado reconoce que la inversión privada es insuficiente, pero por otro lado, al paralizar el proceso de estatización, se paraliza al propio Estado para obtener los medios más adecuados para invertir: el excedente obtenido de las grandes empresas; se reduce el presupuesto fiscal, etc. Para él, la única forma de invertir y crear fuentes de trabajo, es dar confianza a los empresarios y la confianza del empresario renacerá porque la ley, o sea, el Parlamento, la oposición, la Derecha, le otorga esta garantía. Cuando todo el aparato estatal estaba en manos de la Derecha, cuando no había ninguna estatización, la inversión privada era insuficiente, el propio Hamilton lo reconoce. Entonces ¿se trata de garantizar la inversión o de garantizar la propiedad privada?
¿A QUÉ SE REDUJO EL DERECHO A "PATALEO" DEL EJECUTIVO?
El Ejecutivo quiso introducir algunas modificaciones al proyecto antes de que pasara a votación en el Senado y a la Cámara de Diputados [7] . Pero el proyecto no fue modificado en lo esencial. Más bien, la idea central es ratificada: paralizar la ampliación del área de propiedad estatal y disminuir las atribuciones del Ejecutivo.
El proyecto final que fue aprobado por el Senado y luego por la Cámara de Diputados sin casi ninguna modificación, dice: "uno de los propósitos fundamentales del proyecto es el de establecer que corresponderá al legislador determinar qué empresas, bienes o medios de producción, distribución o financiamiento pertenecerán a las áreas social y mixta de la economía".
Se redefinió el criterio de la división de la economía, lo que sin embargo no cambia el espíritu del proyecto: se divide la economía chilena en 3 áreas, según la propiedad: social (propiedad del Estado), mixta y privada. Siguiendo otro criterio, el del tipo de administración, se define un tipo de área especial, superpuesta a cualquier otra, "en función de la titularidad del dominio". "En tales empresas, cuyo establecimiento determinará la ley, los trabajadores tendrán el uso y goce de los bienes respectivos y participación de las utilidades resultantes de su gestión en la forma que la misma ley especificara. Cabe tener presente que... la norma general consistirá en que las empresas transferidas a las áreas social y mixta sean confiadas a la autogestión de los trabajadores, a menos que la ley determine lo contrario".
Sin embargo, se aprobó con la oposición del Partido Nacional representado en la persona del senador Francisco Bulnes, una indicación del Ejecutivo que "expresa el principio que la ley puede reservar el dominio exclusivo del Estado no sólo empresas o bienes determinados ... sino también actividades económicas en forma genérica". A decir verdad difícil es hablar de reservar al Estado ciertas actividades económicas ya que se dice también "aunque la reserva se haga para el Estado, la actividad económica podrá ser ejercida, según determinación de la ley, también por empresas mixta ó por empresas de trabajadores, o mediante concesiones a particulares, y segundo, que la reserva que se hace por la Constitución no afectará a las actividades que están en manos de particulares mientras la ley no lo reglamente . .."
O sea, por una parte, el hecho de reservar cierto tipo de actividad económica al Estado, no significa que éste se obligue a ejercerlas directamente. Por otra parte, las empresas que ejercen actividades reservadas al Estado sólo podrán ser traspasadas al Estado mediante ley. Concluyendo, ello resta toda importancia a esta modificación del proyecto original; lo único positivo es que el Ejecutivo podrá apoyarse en la Constitución para solicitar la estatización de una empresa; sin embargo de todas maneras se necesita la aprobación del Parlamento y el trámite de ley.
Las actividades "reservadas" al Estado son:
1. Gran minería del cobre, del hierro, del salitre y del carbón.
2. Comercio de los seguros y re-seguros, con exclusión de las cooperativas.
4. Transporte aéreo y marítimo, de pasajeros y carga, por redes de servicio regular que cubran la mayor parte del territorio nacional.
5. Correos y Telégrafos.
6. Generación, transmisión y distribución de electricidad en general.
7. Producción y distribución digas natural o licuado para uso combustible
8. Extracción, producción y refinamiento de petróleo crudo y tratamiento de gas natural.
9. Producción de cemento, acero, salitre y yodo e industria química pesada.
10. Producción de armamentos y explosivos y otras que la ley considere esenciales para la defensa nacional.
Resulta interesante ver las proposiciones del Ejecutivo que han sido rechazadas en cuanto a este asunto:
1. Reserva de las actividades bancarias;
2. Operaciones de cambios internacionales;
3. Distribución mayorista de bienes de consumo esencial; y
4. Producción de celulosa y papel.
En todos estos rubros, votaron en contra los senadores DC y PN. Además para el rubro 3, se abstuvo el senador Alberto Baltra (PIR).
Si observamos las actividades que teóricamente fueron reservadas al Estado, vemos que ellas son las actividades típicas de la infraestructura o actividades tradicionales de exportación (minería en particular, lo que no hace sino ratificar lo que ya ha sido aprobado: la nacionalización del cobre). Se sabe que en este momento, no son los sectores de mayor interés para el capital privada y en especial para el capital extranjero. Existen varios estudios que muestran que en Chile, como en los demás países latinoamericanos, donde existe un relativo desarrollo, el capital extranjero, en los últimos años, se ha dirigido más hacia los sectores de transformación y no a los de extracción de materias primas. Existen numerosos países capitalistas, como Francia, en los cuales las actividades de infraestructura están ya reservadas al Estado. Ello se tiene que producir pues son actividades que sirven en su conjunto a toda la clase capitalista, y por lo tanto, le conviene a la clase capitalista en su conjunto la estatización, porque de esta manera administra estas empresas por medio del Estado, cuyo poder detenta, en vez de dejarlas a la arbitrariedad de un gran capitalista monopolista. Son las propias contradicciones entre capitalistas y la socialización siempre mayor de las fuerzas productivas, especialmente en el sector infraestructura, que obligan a los propios capitalistas a implantar el capitalismo de Estado.
Por otra parte, la oposición, al rechazar la reserva, al Estado de las actividades bancarias, cambiarias y de distribución mayorista, mostró hasta qué punto lucha por el statu quo; en efecto, se limita al gobierno la posibilidad de:
a) Reorientar tanto sectorial como socialmente el crédito, con lo cual se frena la posible transformación de un aparato productivo destinado esencialmente a las clases altas y, marginalmente, al grueso de la población, que satisface sus necesidades únicamente en la medida en la cual la satisfacción de estas necesidades mínimas permite la reproducción y acumulación del capital. Por lo tanto, al dejar esta actividad fuera del ámbito estatal, que es el único que tiene la posibilidad de actuar con otros criterios que el de la rentabilidad, se obstaculiza el cambio de la estructura de la producción.
Asimismo y en la medida en que continúan fuertes los monopolios y las grandes empresas, el pequeño empresario seguirá discriminado en la distribución del crédito por más de que sean los trabajadores bancarios los que lo otorguen.
Como lo dice Lenin:
"Hablar de una "reglamentación de la vida económica" y eludir el problema de la nacionalización de los bancos significa hacer gala de una ignorancia supina o engañar a la "plebe" con frases pomposas y promesas altisonantes, que de antemano, se ha resuelto no cumplir". [8]
b) Si el Estado no controla el comercio mayorista, no controla qué productos se comercializan y hacia qué sectores son distribuidos. En caso de rigidez de la oferta (como es la actualidad), ello significa la imposibilidad de modificar la distribución de tal manera que los sectores populares no sufran tanto la insuficiencia de la oferta. Rechazar al Estado la reserva de esta actividad es restarle además un importante instrumento de la planificación de precios, y por lo tanto también de la planificación de la producción y de la distribución de ingresos reales. Por este medio, la Derecha defiende su consumo, y la producción para satisfacer este consumo.
c) Hamilton explica que eliminaron "la posibilidad de reservar al Estado, las actividades relacionadas con las operaciones de cambios internacionales, por ser ésta una expresión muy vaga . . . por la vía de esta expresión, podrían incluirse las operaciones de comercio exterior y las de importación y exportación, las cuales quedarían reservadas al Estado, criterio que la mayoría de la Comisión no compartió".
También de esta manera se rechaza al gobierno la posibilidad de planificar el comercio exterior, el precio de los productos importados, etc. Por lo tanto, se rechaza un instrumento esencial de la planificación en un país dependiente.
d) Por último, no hay que olvidar que estas actividades y sobre todo la comercialización se apropian de una parte sustancial del excedente generado por los trabajadores de sectores productivos. Más todavía, en condiciones de una situación inflacionaria casi permanente y de especulación como existe en Chile, se sabe que el sector comercial es el más apto para aprovecharse de la insuficiencia de la oferta. La oposición está defendiendo a los sectores más retrógrados y más parasitarios de la sociedad. [9]
El proyecto aprobado por el Senado, pasó luego a la Cámara de Diputados donde fue igualmente aprobado el martes 21 de diciembre de 1971. Sesenta días después se reunió el Congreso Pleno y aprobó el proyecto en su conjunto, lo que significa un golpe decisivo contra la Unidad Popular y su Programa. La Derecha, fortalecida en los últimos meses del proceso, donde ha pasado a la ofensiva en todos los planos, chantajea con el plebiscito. En el diario de la DC, "LA PRENSA", del 20 de febrero de 1972, en el artículo "El pueblo tiene la palabra", se dice: "De acuerdo con la reforma introducida a la Constitución de 1970, no puede el Ejecutivo imponer en la materia su criterio con un apoyo parlamentario minoritario".
"El Presidente de la República tiene, en cambio, el derecho a recurrir a la consulta plebiscitaria y someter las discrepancias al veredicto popular".
"Es el pueblo el único tribunal que, constitucional y legítimamente, tiene competencia para resolver la materia y confiamos en su fallo definitivo e inapelable".
La DC aparece ante la opinión pública como el baluarte de la democracia. Pretende defender a los obreros y al pueblo contra el "estatismo totalitario" y contra la "burocracia". Pues bien, si se habla de participación de los trabajadores, ¿cómo se debe entender tal participación?
¿PARTICIPACIÓN O CONTROL OBRERO?
¿A qué se reduce la participación democristiana? En las adiciones hechas por la DC al proyecto de ley que presentó el Ejecutivo en la Cámara y que fue totalmente modificado por la oposición porque lo encontraba incompleto, sobretodo en lo que respecta a la participación de los trabajadores, se lee: "en el articulo 33 (título V, de la participación):
"Los representantes de la administración en el comité de base tendrán respecto de éste los siguientes deberes...
d) suministrar a los delegados de los trabajadores dentro del comité de base, las informaciones económicas, técnicas y administrativas relativas al funcionamiento de la empresa y toda aquella que fuere solicitada por los delegados de los trabajadores" que no tuviere el carácter de confidencial".... "Todas las informaciones aludidas anteriormente deberán ser suministradas a los delegados de trabajadores cuando no constituyan información confidencial".
El artículo 34 dice: "Serán obligaciones particulares de los delegados de los trabajadores:... guardar reserva sobre los datos y antecedentes de carácter confidencial".
Es totalmente incompatible el "secreto comercial" con la participación de los trabajadores. Y dividir la clase obrera en dirigentes que conocen los "secretos" de la empresa y otros que no pueden conocerlos, revela intenciones divisionistas y el deseo de crear una capa de floreros privilegiados.
Considerar que existen informaciones de "carácter confidencial" dentro de la empresa frente a sus trabajadores, y propugnar por otro lado la participación, es vaciar esta palabra de cualquier contenido, es burlarse de los trabajadores.
Participación obrera, dentro de la sociedad de clases, no puede significar otra cosa que control obrero, y el control obrero presupone la eliminación del carácter confidencial de las informaciones económicas. Como lo dice Lenin: "Sin la abolición del secreto comercial, el control de la producción y de la distribución o bien no irá más allá de una promesa vacua... o bien se llevará a cabo únicamente con medidas y procedimientos burocráticos-reaccionarios".
Plantear el control obrero no es una palabra confusa y vaga, es la actitud más consecuente para los que dicen propugnar la participación; en el fondo "todo el problema del control se reduce a saber quién controla a quién, es decir, qué clase es la controladora y cuál la controlada". Es decir, el control obrero, en las empresas privadas significa el control de la clase obrera sobre la clase capitalista. En las empresas estatales, significa el control de los obreros sobre los técnicos, trabajadores intelectuales que por los privilegios que tienen en la sociedad capitalista, tienden a querer mantenerlos y a formar una capa burocrática. Significa también el control de todos los obreros sobre sus representantes.
Pero un control de este tipo con un Estado que no es el Estado de los obreros, no puede ser más que transitorio. Para la permanencia de este control, se necesita un gobierno obrero, pues ni los capitalistas ni la burocracia aceptarán por mucho tiempo este control, que ya es de alguna manera dictadura. El control obrero es entonces un paso hacia la toma del poder.
Sólo la toma del poder por la clase obrera permitirá que las estatizaciones se hagan en su real provecho, pues sólo así ella podrá decidir sobre el monto del excedente, al determinar la división del producto en consumo y acumulación: podrá decidir sobre la orientación y el destino que tomará este excedente: podrá dirigir y manejar el aparato económico.
DANA PASCUAL
1. El proyecto original de reforma constitucional, presentado por los senadores Fuentealba y Hamilton aparece publicado en el diario de sesiones del Senado, sesión 5ª del 20-10-72. pág. 233.
2. Se trata fundamentalmente del Decreto-Ley Nº 520 de 1932, y del reglamento Nº 338 de 1945 del Ministerio de Economía y Comercio
3. Diario de Sesiones del Senado. Sesión 9ª del 27-10 71, Pág. 416.
4. Lenin, "Tesis de Abril", Editorial Anteo, Pág. 46.
5. Diario de Sesiones del Senado, Sesión 28ª del 17-11-1971. pág. 999
6. Diario de Sesiones del Senado. Sesión 14ª. del 29-10-71. Pág. 579.
7. El Ejecutivo, presionado por la oposición, había mandado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados sobre "definición y regulación del funcionamiento de las diversas áreas de la economía y la participación de los trabajadores". Este proyecto fue totalmente modificado por la oposición en la Cámara y de hecho se llegó a otro proyecto muy parecido al que comentamos. Normalmente debía pasar al Senado para iniciar el segundo trámite. Sin embargo, y ya que se estaba procediendo en el Senado sobre el proyecto de reforma constitucional sobre el mismo tema, el proyecto del Ejecutivo quedó relegado.
8. Lenin: "La catástrofe que nos amenaza".
9. El Ejecutivo quiso introducir un inciso al párrafo 10 ya comentado, por el cual se podría deducir de las indemnización a las empresas extranjeras "el todo o parte de las rentabilidades excesivas devengadas..." Hamilton eludió el problema diciendo que esta idea era "ajena a la idea matriz del proyecto". En cambio, Bulnes votó negativamente diciendo que "la norma podría ser contraria al principio de igualdad ante la ley". Más tarde, añadió este otro argumento: "por lo demás, nosotros repudiamos esta disposición porque seguimos creyendo en la fuerza de los diez mandamientos, y seguimos creyendo en la moral cristiana, y esta recuperación a posteriori de utilidades que se hicieron legítimamente, a nosotros nos parece que infringe con toda claridad el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Infringe nuestra moral". Durán, de la Democracia Radical, es más "racional": Para él, no pagar lo "debido" puede ser "discutible en el orden moral". Pero éste no es el problema. No pagar puede ser perjudicial para el país "en relación a la política que nuestro país necesita, que es la de atraer inversiones para el desarrollo económico".

References: resolución 
 artículo 171
 artículo 10
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 10
 resolución 
 artículo 34