Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2010/07/
Timestamp: 2018-11-19 01:26:22+00:00

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POLITICA Y DERECHO: julio 2010
LO BUENO DE LO MALO Y LO MALO
Alfonso Pacheco, un profesor oaxaqueño retirado, recuerda un sainete que le vio representar, cuando era joven, a un payaso y a su patiño. El episodio aparece en la novela corta de Gerardo de la Torre, Nieve sobre Oaxaca (Mondadori. México. 2010. P. 98).
"Contaba el cómico que el día anterior se le había quemado la casa y un figurante comentaba: 'Qué mala suerte'. 'Pues ni tan mala, porque estaba infestada de ratas, ratones, cucarachas y toda clase de bichos'. Y decía el figurante: 'Pues entonces, qué bueno'. 'No, nada de bueno, porque mi suegra estaba en la casa y murió quemada'. 'Hombre, mala cosa'. 'Ni tan mala, porque mi suegra nos heredó una casa en Cancún'. 'Eso sí que resultó bueno', afirmaba el figurante. 'Ni tanto, porque acaba de destruirla un terremoto'. 'Entonces, mal negocio'. 'Pues no tan malo, porque era una casa vieja y un hotelero me ofrece mucho dinero por el terreno'... Y así de forma interminable. Del bien nacía el mal, y del mal, el bien. Como en la vida misma".
Cambio ahora de escenario y de personajes. Finalmente, luego de muchos años el país logró que todas las fuerzas políticas significativas tuvieran una representación en el Congreso. Pues sí, pero eso hace muy difícil construir acuerdos, hacer que las iniciativas avancen, y lo que hemos forjado es una especie de pantano. Pero eso no es tan malo, significa que por fin hay no sólo un equilibrio entre las bancadas congresuales sino entre los propios poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, ninguno de ellos puede hacer la voluntad de una sola corriente de la sociedad. Pero eso no es tan bueno, porque para el Presidente está en "chino" cambiar normas, y al negociar con el Congreso muchas de sus propuestas tienen que ser afinadas, corregidas y aumentadas. Pero eso queríamos, una Presidencia acotada, porque durante décadas padecimos a un titular del Poder Ejecutivo que hacía y deshacía a su antojo, sin pesos ni contrapesos en el engranaje estatal. La cara mala sin embargo es que los proyectos no avanzan con la celeridad que quisiéramos y no es casual que en la opinión pública exista la sensación de que el país no va para ningún lado y que las "cosas" están trabadas. Pero lo bueno del asunto es que el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a entenderse, y cuando se ha producido algún debate en torno a sus respectivas facultades, la Suprema Corte ha resuelto las controversias constitucionales. En efecto, pero no deja de preocupar que a fuerza de ser el árbitro entre los poderes, la Corte acabe desgastándose bajo el influjo de las más diversas apuestas políticas que le colocan enfrente los respectivos actores. Pero queríamos una Corte digna de encabezar a uno de los poderes de la Federación y ahora sin duda lo es, ya no está subordinada en materia política ni en ninguna otra materia al Presidente en turno. Lo malo es que además tiene facultades que al ejercerlas -o mejor dicho: al tratar de ejercerlas- la debilitan y la opinión pública se ve defraudada de manera sistemática. Pero lo bueno es que sobre el escenario ya no sólo hay un actor estelar -el Presidente- y unos figurantes que lo acompañaban -los demás poderes constitucionales- jugando siempre el papel de actores secundarios; incluso los gobernadores tienen hoy márgenes de libertad hasta hace apenas unos años impensados. Lo malo es que en sus respectivos estados muchos se comportan como auténticos sultanes. Lo bueno es que estamos aprendiendo las artes del federalismo, dado que los gobernadores ya no le deben su cargo al Señor Presidente, tienen una fuente de legitimidad propia y un poder no derivado. Lo problemático es que no parece haber un fortalecimiento similar del resto de los poderes constitucionales estatales y entonces más que federalismo tenemos una subespecie de "feudalismo", un espacio político donde los gobernadores concentran mucho más poder que los legislativos locales y no se diga los judiciales de cada entidad. Pero lo bueno es que dado que existen gobernadores de por lo menos tres partidos políticos diferentes y además de algunas coaliciones, en términos nacionales se mantiene un cierto equilibrio. Lo peor, sin embargo, es que es una especie de equilibrio catastrófico, porque las fronteras político-administrativas siguen creando fortalezas intocadas en no pocos estados. "Y así -diría Alfonso Pacheco- del bien nace el mal y del mal el bien. Como en la vida misma".
Porque no se trata de aquel viejo y ñoño refrán que decía: "no hagas cosas buenas que parezcan malas", sino de asumir que no existen -en esta materia- ni el Bien ni el Mal absolutos, sino logros que acarrean males y males que son la otra cara del bien alcanzado. Es decir, edificaciones siempre imperfectas, tensionadas por aspiraciones que chocan entre sí y que reclaman ser armonizadas, puestas en sintonía, sin pretender la imposible solución a todos los males. Arreglos institucionales que, como las famosas cobijas, si tapan una porción, destapan otra.
Las malas noticias provenientes de nuestras cárceles y reclusorios siguen llegando sin tregua y son cada vez peores. En el penal de Gómez Palacio, Durango, algunos reos podían salir de noche para realizar ejecuciones, a veces masivas, y regresar como si no pasara nada con el permiso de la directora y de los custodios encargados de su vigilancia. En el Distrito Federal —que tiene el peor sistema penitenciario de todo el país, según los datos del Diagnóstico Nacional Penitenciario 2009, elaborado por la CNDH— las cárceles sirven para formar bandas, ordenar secuestros, extorsionar telefónicamente, reclutar sicarios a las órdenes del crimen organizado o conformar redes de prostitución utilizando a algunas mujeres internas. En Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco, las cárceles salen reprobadas en los puntos más básicos de seguridad y respeto a los derechos de los internos. El sistema carcelario nacional hace agua por todos lados y supone un foco rojo que debería alertar a las autoridades de todos los niveles de gobierno. Con datos de junio de 2010, tenemos en nuestras más de 439 cárceles a nivel nacional, a 227,882 personas internas. De ellas, el 42% está en régimen de prisión preventiva, privadas de su libertad como una medida cautelar mientras dura su respectivo proceso penal, lo que equivale a decir que no han recibido una sentencia que establezca que son culpables de haber cometido un delito. Si cada una de esas personas internas tiene al menos cuatro familiares, tenemos como resultado que guardan relación directa o indirecta con el medio carcelario más de un millón de personas en nuestro país, o sea uno de cada cien mexicanos, aproximadamente. Por lo tanto, se puede afirmar que no es un tema de una minoría radical y subversiva, sino de un sector importante de la población, cuyos problemas e insuficiencias se proyectan ,además, sobre muchos otros mexicanos. Hay 135 cárceles en México que albergan a mujeres, separadas de los internos varones, a veces, simplemente por una reja o por los pasos que separan a un dormitorio de otro; las leyes son claras al ordenar la separación total y tajante entre hombres y mujeres en cárceles. Más de 150 establecimientos penitenciarios presentan sobrepoblación, la cual va desde el grado máximo de 230% de sobrepoblación que presenta la cárcel de Navolato o el 224% del Cereso de Chalco, hasta la cifra razonable de 1.14% del Cereso de Nogales I. Ahora bien, casi uno de cada cuatro reos se concentra solamente en 6 centros penitenciarios: los reclusorios oriente, norte y sur del Distrito Federal (que suman, entre los tres, más de 32 mil internos), el Cereso de Tijuana, el Reclusorio de Guadalajara y el Cereso de Puente Grande, en Jalisco. En las cárceles de 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos, lo que en la práctica supone que conviven en el mismo espacio homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por narcotráfico, estafadores con robacoches, y así por el estilo. Eso fomenta la violencia interna y es una atmósfera propicia para el reclutamiento de nuevos miembros de la delincuencia organizada. En el 30% de nuestras cárceles se presentan fenómenos de autogobierno. Esto significa que son los propios internos (y no la autoridad) los que organizan las actividades; ejercen control o violencia sobre los demás; se encargan de las actividades laborales remuneradas; emplean a otros internos para su servicio personal o realizan actos de explotación sexual. Esos son los datos y esos son algunos de los problemas. Las preguntas importantes son: ¿qué vamos a hacer para atender con prontitud y eficacia esa emergencia nacional que amenaza con estallarnos a todos en la cara? ¿qué les podemos y les debemos exigir a las autoridades responsables para que por fin se ponga orden en ese inframundo del que solamente nos llegan malas noticias y del que preferimos apartar cómodamente la mirada? Cuanto más tardemos en darnos cuenta del enorme peligro que se incuba en nuestras cárceles, más difícil será revertir su situación de absoluto y total deterioro.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:57 No hay comentarios:
El gobierno ha perdido el pudor, lo que el Diccionario de la Real Academia define como “falta de honestidad en acciones y palabras (...), desvergüenza”. Ya no cabe afirmar que los actos del Gobierno tienen presunción de buena fe. El gobierno fallido se sostiene en dos patas: el estado policiaco y las televisoras, por eso su colusión con éstas es crecientemente impúdica conforme avanza su desprestigio. Somete así al país a la telecracia antidemocrática. Hereda de Fox la desvergonzada cesión del invaluable 12.5 del tiempo de toda la radiodifusión, atribuida al Estado para fines sociales y culturales; como candidato, Calderón impone la “Ley Televisa”, sumisión total, a legisladores panistas; incrementa anualmente el gasto en su publicidad; se mofa de la prohibición de hacer propaganda televisiva en elecciones; impone al presidente de la Cofetel —órgano responsable de “regular” la competencia”—, disputando con Televisa y Beltrones, que impusieron al anterior; entrega en dudoso precio a empresas de telecomunicaciones la “fibra obscura de la CFE y de Luz y Fuerza, patrimonio público; crea un infundado organismo —OPMA— en Gobernación para promoverse en los medios y se engulle el Canal Once, del Politécnico, con ocho señales de televisión por cable nuevas. Propina nuevo atraco, regala a Televisa un segmento del espectro radioeléctrico. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información ha demostrado la irregularidad de esta acción operada por el secretario de Comunicaciones, fabricando una “licitación a modo” para asegurarle a Televisa y su apéndice, Nextel, espectro radioeléctrico, dejándola como único postor y adjudicándole en 180 millones de pesos lo que otras empresas adquieren por miles de millones. Lo increíble es que la operación fue denunciada desde cuando la Cámara de Diputados prianista eximió esta futura licitación del pago de derechos por dos años. Se advirtió entonces que esta canonjía se destinaba a Televisa; lo negaron, pero así fue, no importó. Esa es la desvergüenza que define la impudicia. Un destacado comisionado de la Cofetel considera absurdo que la crítica se centre en el monto, cuando el objetivo de la licitación fue “fomentar la competencia”: Como si alguien pudiera regalar miles de millones de recursos públicos pretextando fomentar la competencia, que además es todo lo contrario. Ignoran deliberadamente que el dominio de Televisa en televisión abierta, cable y radio es enorme, cuyo conjunto de redes, por la convergencia tecnológica, puede proveer todos los servicios de telecomunicaciones, más el nuevo segmento. Alegato impúdico. ¿Cuál competencia? Nextel defiende con una campaña de mentiras, afirma que los 180 millones son sólo una parte, pagarán más de 18,000 millones, sin decir que estos serán los derechos normales durante 20 años que saldrán de explotar el segmento regalado y ocultan que también les regalaron dos años de exenciones. Impúdicos Televisa y Nextel, la primera se oculta y usa a Nextel que no pinta para dar la cara, porque de ponerse el nombre Televisa, como modesta ganadora vituperada, ¿quién le creería? Además de las responsabilidades tipificables, como prevaricación del secretario de Comunicaciones e integrantes de Cofetel, es gravísima la colusión del poder con Televisa, que la consolida como un peligro para México. Sólidos estudios demuestran la gravedad de la concentración de los medios: su fuerza elimina a otros; reduce el poder de proveedores y compradores; suprime al pluralismo y la diversidad; controla las fuentes informativas; unifica líneas editoriales; debilita el espacio público. “La concentración de la propiedad en sectores dominantes económicamente dificulta que se expresen voces críticas al sistema”. México tiene ya la más grave concentración en los medios, las televisoras manipulan al país sin alternativas y anulan la democracia, incluso Televisa se permite regañar a su promotor, el presidente Felipe Calderón.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:54 No hay comentarios:
¿EL PEDER INTOCABLE?
Yi más que tocable para quienes lo tocan con todos sus sentidos. Pero el hecho es que la sociedad despierta, pregunta, cuestiona. Ya no es o ya no está siendo la sociedad de tiempo atrás, pasiva, prudente, resignada, pusilánime. Hay señales alentadoras de la que bien se puede llamar reivindicación social y ciudadana, en que se comienza reclamando aquello a lo que se cree tener derecho. Lo que pasa es que al margen de las reclamaciones públicas que se vuelven marchas, mítines, manifestaciones, hay algo específico que guarda relación con el Derecho, lo que es muy importante, excepcionalmente importante. En efecto, cuando un país recurre a la ley en vez de las armas es señal de un progreso civilizador y cultural, como lo es igualmente una auténtica vida parlamentaria para discutir, proponer y actuar. Mucho se habla de la fuerza coercitiva del Estado explicándola o justificándola como una facultad, atributo o función propia de éste. Lo que sucede es que ante tal fuerza no hay otra de semejante naturaleza que se le oponga, salvo en los levantamientos armados o en la revolución. Sin embargo lo sintomático es que la llamada sociedad civil recurra a una fuerza distinta de la física, que es la de la ley y el Derecho, con el objeto de enfrentar aquélla. Por lo menos ya hay aquí un equilibrio de poderes, una especie, toda proporción guardada, de justicia social con su balanza y su fiel.
Pero vayamos a hechos concretos que coinciden o se relacionan con las precedentes observaciones. Hay noticias de que en el caso de la guardería infantil ABC algunos padres afectados y que son sin duda víctimas han pensado interponer juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Hay noticias de que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas se piensa también interponer juicio político a los ministros. Hay noticias de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Federal Electoral han decidido hacerle un severo extrañamiento o reconvención al Presidente de la República por violar la ley en el pasado proceso electoral, a lo que el Presidente ha dicho que se defenderá. Hay noticias de que la decisión de la Suprema Corte sobre las disminución de las pensiones a los jubilados que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha levantado tal ola de protestas e inconformidad que legisladores de distintos partidos proponen un juicio político a los ministros. Retrocedamos en el tiempo. Hace apenas pocos años, y ni qué decir en la época del floreciente presidencialismo-imperialismo mexicano, hubiera sido una locura pensar siquiera en incoarles juicio político a los ministros de la Suprema Corte o en increpar al Presidente de la República. México ha cambiado. El poder político era intocable. ¿Lo sigue siendo? La democracia se ejerce y practica de muchas maneras, pero la de la vía del Derecho es la más perfecta aunque implique lucha precisamente a favor del Derecho y por el Derecho. Y lo es por una razón muy simple: las fórmulas jurídicas y legales son la expresión de una normatividad cultural que entraña un grado superior de evolución social e individual. El acuerdo civilizado y culto es que vivamos y convivamos conforme a reglas claramente definidas en el Derecho, en la Constitución y en las leyes que de ella derivan. Y no tiene nadie -no debe- por qué desoírlas o desacatarlas. Con motivo del extrañamiento al Presidente, al que me he referido antes, se han escuchado distintas voces alegando que es exagerado, inoportuno, estridente, innecesario. Y en lo que no se repara es en que la ley lo permite y es facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Federal Electoral recurrir en la materia a la ley y en último extremo aplicarla. No es una invención ni tampoco una arbitrariedad. Y no se dan cuenta los críticos de la medida, los inconformes con ella, de que al dejar a un lado al Derecho favorecen la violencia, la impunidad, la negligencia y la apatía. Son voluntaria o involuntariamente defensores de la indiferencia. No obstante, los hechos prevalecen sobre las desviaciones de la realidad y las especulaciones. Son hechos que van más allá de la mera noticia. Son síntomas. ¿De qué? De que en medio de la tragedia que vive el país, de la falta de conducción y orientación, de la equivocada política de seguridad que ya es de inseguridad, hay un recurso de legalidad. Es una señal, un aviso. Estamos descontentos con algo que se puede remediar o empezar a remediar. No con la abstinencia del voto o con las protestas públicas que paralizan el tránsito vehicular y peatonal o con la agresividad parlamentaria. No con las amenazas. El Derecho es fuerza y hay que saber usarla. No estamos habituados porque en el país sólo ha predominado el Derecho escrito, en la doctrina, en la Constitución y en la ley, el Derecho "citado" y también el acomodado o adecuado para defender los intereses de los grupos privilegiados; y ya se sabe que en un elevado índice el ejercido con "apuntador" que emite consignas. Y como aguja en un pajar de tarde en tarde hemos visto jueces, magistrados o ministros excepcionales.
Por eso es impresionante y revelador, ¿esperanzador?, que "los intocables" de la política mexicana sean señalados, por lo menos señalados, como posibles responsables -la Justicia dirá- de las irregularidades que han lacerado la moral y la conciencia de México.
LA AGENDA JURÍDICA DEL SIGLO XXI
El joven siglo ha cumplido ya su primera década, tiempo suficiente para que nuestra perspectiva sea más realista de aquel esperanzado año 2000, cuyas promesas, en mayoría se han visto incumplidas. En aquellos días eran mayores las esperanzas de la globalización que la marea de problemas que traería aparejada; soñábamos, hace muchas décadas y aún siglos, con que el XXI sería un siglo de paz, desarrollo y felicidad pública, aunque también, con los sucesores de Orwell, como un tiempo de horrendas dictaduras totalitarias; ninguno de los extremos se cumplió y hoy, podemos, con mayor serenidad y mejor conocimiento, plantearnos una agenda de todo cuanto en los años por venir tendrá que construir el derecho. Un primer aspecto del mundo jurídico en el que la experiencia nos muestra desajustes más severos, es en el rubro de la relación entre los ciudadanos y el Estado, es decir en la construcción de una democracia participativa, ciudadana, representativa y eficiente, tema que desde luego pasa por la evaluación del sistema de partidos, las funciones ciudadanas y el propio sistema constitucional. Desde hace mucho se avizoró que construir un nuevo marco constitucional no sólo no era necesario, sino que además podría poner en grave riesgo una serie de acuerdos fundamentales que los mexicanos hemos logrado a lo largo de los siglos; sin embargo, es notorio que algunas de las instituciones del pasado necesitan pasar por un periodo de profundo examen para su adecuación a la realidad contemporánea; en ello, la proximidad de los partidos a los ciudadanos, la rendición de cuentas, la representatividad y los mecanismos de corrección jurídicos y políticos son temas de esa agenda. Si habíamos considerado al XX como el siglo de la violencia, el XXI nos ha deparado un escenario todavía más violento; la facilidad de acceso a la información, el primado de la imagen y la descomposición de los escenarios estatales en muchos lugares del mundo nos han alejado del espectro de las grades conflagraciones, sí nos deja en el confuso marco de la violencia interior, de la incapacidad del Estado para hacer frente a los grandes fenómenos delictivos; es también un universo por donde nuestra imaginación y nuestra reflexión deben ser más agudas. En este tiempo de control extremo, de vigilancia remota y de transparencia aún en los rincones más privados de la vida, la defensa de las libertades y de los espacios individuales son, con los derechos humanos, los ámbitos que requieren determinaciones prontas para protegerlas más allá de las acciones de los gobiernos y de los grupos de interés. Por último, no menos urgente, aparece una agenda internacional en la que el debate principal se centra en la evaluación de la soberanía de los estados; es decir, en la evaluación de este mundo globalizado y el retorno a ciertos derechos que parece, funcionan no sólo como defensas de cada pueblo, sino también como elementos de dignidad y de identidad de las Naciones. Este diezmo que el tiempo ha pagado al siglo, bien puede ser la advertencia de un futuro que sólo será mejor si trabajamos en ello, primero pensando y luego, por supuesto, actuando decididamente.
Una de las conductas ilícitas recurrentes en los procesos electorales que culminaron con la jornada comicial del pasado 4 de julio, fue el activismo político de los gobernantes. A raíz de la reforma electoral de 2007, la Constitución incorporó límites claros y precisos a ese activismo al prohibir tanto la difusión de la propaganda gubernamental como el uso de recursos públicos con el fin de beneficiar a algún partido, coalición o candidato o de promoción personal. Se trata de prohibiciones que persiguen una finalidad clara y específica: impedir que los gobernantes intervinieran en los procesos electorales afectando la equidad en la contienda que, se entiende, debe desarrollarse entre los partidos políticos y los candidatos y no entre éstos y los gobiernos. Esa, por cierto, es la lógica que inspiró buena parte del proceso de democratización del país, y que hizo de la construcción de condiciones equitativas para competir en las elecciones una de las principales apuestas políticas planteadas en, por lo menos, los últimos quince años. No debe olvidarse que venimos de un régimen político en el que existía una absoluta confusión entre el gobierno y el partido hegemónico y en el que las contiendas electorales eran libradas por los partidos de oposición en contra de ese partido y, consecuentemente, contra todo el aparato estatal volcado durante los comicios en apoyarlo. La gradual construcción de la equidad en la contienda pasó por inyectar a la política, generosos recursos públicos mediante el financiamiento a los partidos y por garantizar a éstos un acceso equilibrado a los medios electrónicos como una vía para que sus propuestas llegaran en condiciones equitativas a los ciudadanos. Pero además, se buscó inhibir la desequilibradora injerencia de otros actores públicos y privados en la contienda electoral principalmente, pero no sólo a través de la radio y de la televisión. La reforma electoral de 2007 tuvo un papel decisivo en esa apuesta, aunque es sólo la última escala de una historia que se fue escribiendo a través de varios acuerdos del IFE y resoluciones del Tribunal Electoral. Piénsese sólo en el severo pronunciamiento con el que en 2003, el Consejo General conminó al gobierno de Fox a retirar los spots con los que llamaba al voto en aquellas elecciones, en los acuerdos de neutralidad que en el 2006 expidió el IFE, en la resolución de la Sala Superior del TEPJF mediante la que anuló las elecciones de Colima en 2003, debido a la intervención del gobernador, o en el dictamen con el que ese órgano validó la elección presidencial de 2006 en donde subrayó el indebido activismo de Vicente Fox. Todos ellos son antecedentes que fueron dando forma a las actuales prohibiciones constitucionales que están recogidas tanto en el artículo 41 como en el 134. El impedimento para el activismo político de los gobernantes durante los procesos electorales puede no gustar y su pertinencia e idoneidad ser cuestionable; a mí me convence y me parece que cumple una función atendible y justificable, pues —como lo ha señalado incluso la Suprema Corte— la equidad es un valor político que debe procurarse y preservarse en las elecciones. Pero en todo caso eso forma parte de otra discusión. El punto hoy es que esas prohibiciones están constitucionalizadas y deben cumplirse y hacerse cumplir o asumir que se trata de letra muerta. Por eso, la resolución con la que el pasado 21 de julio el IFE determinó fundada la queja que el PRI interpuso contra la sistemática intervención mediática del presidente Calderón en las campañas locales, es correcta y congruente con lo que prevé la Constitución; como también lo fue, por cierto, la queja que hace algunas semanas el PAN presentó en contra del indebido intervencionismo electoral del gobernador de Oaxaca y que el mismo IFE consideró fundada. Ahora, ante la impugnación que presentará el gobierno federal en contra de la decisión del IFE, el asunto deberá resolverse en definitiva por el Tribunal Electoral. Ojalá que el sentido de la resolución del IFE sea refrendado por la Sala Superior. Lo que está en juego es la razón de ser de las actuales disposiciones constitucionales, de su cumplimiento y, con ello, mandar un mensaje claro a los actores políticos de cara a los futuros procesos electorales y, particularmente, a los comicios presidenciales del 2012.
IFE + TEPJF VS FELIPE CALDERÓN
Con 5 votos a favor y 4 en contra, el pasado día 21 el Consejo General del IFE determinó fundada la queja interpuesta por el PRI en contra del presidente Felipe Calderón por la difusión, el 15 de junio en cadena nacional, de su mensaje alusivo a la seguridad pública. La mayoría de los consejeros electorales consideraron que el Ejecutivo incumplió la disposición del artículo 41 de la Constitución, que determina que la propaganda gubernamental, en cualquier medio de comunicación social, debe suspenderse desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial. Sin embargo, decidieron no imponerle sanción alguna, ya que el artículo 108 de la propia Constitución establece que el Presidente, durante el tiempo de su encargo, solo puede ser acusado de traición a la patria y por delitos graves del orden común.
El mismo día 21, al resolver el juicio SUP-RAP-74/2010, la Sala Superior del TEPJF revocó la decisión tomada el 3 de junio por el Consejo General, en relación a la queja presentada por el PRI en contra del mismo presidente Calderón, por la difusión de propaganda gubernamental en los estados que se encontraban en periodo de campaña; en ese caso, el Consejo General había considerado que no era posible acusar al Ejecutivo de tal conducta, debido a lo establecido en el citado artículo 108; pero los magistrados consideraron que lo anterior no es obstáculo para que el secretario ejecutivo emplace al Presidente a responder por sus actos, sea de manera directa o a través de un apoderado, conforme a la ley. En tal virtud, el procedimiento sancionador deberá ser reabierto y el Consejo General deberá pronunciarse sobre la presunta responsabilidad directa del jefe del Ejecutivo.
César Nava acusó a los consejeros electorales que aprobaron la primera de las resoluciones, de parcialidad a favor del PRI, mientras que el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, anunció que acudirán ante el Tribunal para impugnarla; como las sentencias del TEPJF son definitivas e inatacables, en el segundo caso comentado el gobierno tendrá que esperar la nueva resolución del IFE.
Se trata de dos casos inéditos que motivan polémica y sientan un precedente que habrá de invocarse en las elecciones venideras. Es la primera vez que las dos instituciones electorales de mayor jerarquía consideran que la inmunidad constitucional de que goza el presidente de México no es obstáculo para que éste sea sometido a investigación por presuntas violaciones de naturaleza electoral. Encuentro una contradicción de normas, pues si, como afirman ambas autoridades, el Ejecutivo no puede ser sancionado, debido a la norma del 108 constitucional, entonces tampoco deberían admitirse acusaciones en su contra, ya que las supuestas faltas no constituyen "traición a la patria" ni "delitos graves del orden común". Sin sanción posible, lo demás parece ocioso, salvo que se trate de una advertencia política.
La decisión del IFE fue aprobada por un voto de diferencia, el del presidente del Consejo, como ha venido ocurriendo por el choque entre los dos bloques de consejeros que disputan la hegemonía en el instituto desde 2008. Si se trataba de mostrar una tarjeta amarilla al Presidente, la advertencia debería haber tenido la fortaleza del voto unánime. No es así, y en ello radica su mayor fragilidad.
No fue el caso en la Sala Superior, cuya sentencia fue aprobada por unanimidad; sin embargo, a nadie escapa que la misma se inscribe en la abultada lista de coscorrones que los magistrados vienen propinando al secretario ejecutivo del IFE desde hace meses. La revocación/reducción de sanciones pecuniarias en contra de las televisoras, por supuestos vicios de procedimiento, es deporte de moda en la cancha de Carlota Armero, que ahora se extiende a un caso más que controversial, pues el IFE deberá emplazar al Presidente a responder lo que a su interés convenga, y una vez obtenida la respuesta determinar si incurrió en violación al Cofipe; no habría sanción, sino la segunda tarjeta amarilla. ¿Habrá después tarjeta roja?
El IFE y el TEPJF han abierto una nueva puerta a la justicia electoral, por la que deberán pasar también gobernadores, alcaldes y legisladores. Lo que es parejo, no es chipotudo.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:59 No hay comentarios:
LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL COMO PROBLEMA
Como se sabe, el miércoles 21, el Consejo General del IFE, por mayoría, encontró que una denuncia del PRI en contra de la Presidencia de la República resultaba “fundada”. Y aunque el Presidente no puede ser sancionado por la protección que le brinda el artículo 108 constitucional (sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves), de todos modos, el IFE reconoce la infracción y con ello, sienta un precedente muy importante. Veamos por qué. Varios mensajes —conferencias de prensa, cadena nacional, medios convocados a enlazarse—, variadas modalidades de comunicación fueron utilizadas para difundir entre la población, incluso en los estados donde se desarrollaban las campañas electorales. No eran spots, pero el Consejo General reconoció “una conducta sistemática”, “una actuación poco cuidadosa”, “la transmisión fuera de tiempo, de logros gubernamentales”, y como consecuencia, la violación al artículo 41 de la Constitución. Allí, la prohibición es tajante: “Durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales, hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales… y cualquier otro ente público”. Subrayo el factor tiempo —“durante las campañas electorales, federales y locales”— porque los críticos de la resolución del IFE y sobre todo, los críticos de la reforma constitucional, hacen aparecer como monstruosa o estúpida esa disposición constitucional… pero no lo es. Según la Constitución, fuera de campaña, en periodo normal, en precampaña o intercampaña, en todos los demás meses del año, los gobiernos pueden publicitar lo que les venga en gana y por el medio que mejor les acomode; lo que no pueden es desplegar propaganda en el periodo más álgido de las disputas electorales. Nada más. La cosa tampoco es gratuita: en la elección del 2006, la asistencia a la contienda electoral de organizaciones privadas, religiosas o las intervenciones del entonces Presidente: “Pusieron en riesgo y atentaron en contra del principio de la libertad y equidad del voto… Esta Sala Superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas… se constituyeron en un riesgo para la validez de los comicios”. La cita es un extracto del dictamen del Tribunal Electoral de septiembre de aquel año, ese que fue la base jurídica y conceptual de la reforma, un año después. Puede parecer un edificio normativo muy restrictivo, muy prohibitivo en radio y televisión. Lo es. Pero está en la Constitución y fue aprobado por consenso de casi todos los partidos como la nueva arena de su propia competencia. O sea: nadie más que candidatos y partidos —utilizando el tiempo del Estado en radio y televisión— tienen el derecho de hacer propaganda durante el lapso de campañas. Es un régimen que intenta evitar que los recursos públicos —ejercidos bajo la modalidad que sea— no fuesen utilizados para meterse al pleito electoral. Pero la resolución del Consejo General tiene otras dos consecuencias importantes: por una parte, ayuda a modular muchos criterios más o menos chiflados, que hacen excepción a la regla evaluando el vehículo o la forma de la propaganda. No importa si es promocional o cadena nacional o una kermés televisada, durante las campañas, los gobiernos han de guardar responsable discreción. Y por otro lado, espero que el criterio de la temporalidad prevalezca por sobre todos los demás, para que el IFE se dedique lo menos posible a la penosa tarea de “analizar contenidos” y así, ayude a mitigar los espíritus censores que cunden en el debate de estos casos. O sea: la infracción no es por lo que se dice, sino porque usa su cargo y los recursos públicos para incluirse en el temporal de la competencia electoral. El Ejecutivo federal ha anunciado que impugnará la resolución. Si lo hace, permitirá que el Tribunal, con pausa —sin las endemoniadas prisas que impone el procedimiento especial en el IFE— pueda, por fin, sentar un criterio racional que haga manejable el propio entramado constitucional. Y ese asidero de razonabilidad, insisto, no es el “contenido” ni el vehículo de los mensajes, sino el periodo en el que ocurren. Punto. Así las cosas, la propaganda gubernamental se revela como problema y no sólo en los periodos electorales. El caso protagonizado esta vez por el Ejecutivo, es otra llamada de atención a los legisladores, al Constituyente permanente, para completar la obra y contener las tentaciones del “Estado Narciso”, ese que en todos sus niveles, de todos los colores y partidos, sigue ocupando demasiado tiempo y demasiados recursos públicos, en la ardua tarea de autocelebrarse.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:50 No hay comentarios:
SUBASTA A MODO
Los rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico que van de los 1,710 a los 1,770 megahertz (MHz) y la que va de los 2,100 a los 2,160 MHz son las bandas de frecuencia más codiciadas por los operadores de televisión y telecomunicaciones, pues darán movilidad y les permitirán asociar los servicios que ya prestan a sus nuevas concesiones móviles. Es la ahora multicitada banda 1.7 para servicios móviles de tercera generación, y quien esté fuera de ella estará fuera del mercado. Por eso la SCT ha cometido todo tipo de absurdos para garantizarle a Televisa un pedazo de este espectro, jugoso negocio que debemos suponer se recompensará de alguna forma por los beneficiarios. Concebida desde su inicio para beneficiar a Televisa y su socio Nextel, la licitación 21 es un capítulo más de la historia de claudicación y complicidad que funcionarios públicos tienen ante el monopolio de la televisión, y fue el resultado más anticipado y también el más denunciado. En la componenda participaron la Cofeco, la Cofetel y quien ha encabezado las gangas disfrazadas de subasta: el secretario Molinar Horcasitas. Se construyeron así una serie de decisiones para que, a cambio de favores políticos, Televisa obtuviera un segmento de 30 MHz a precios irrisorios y, además, con una condonación fiscal en el pago de derechos durante los primeros años. Primero se diseñó segmentar los 90 MHz de la licitación en dos bloques de 30 y tres de diez; esa sola división del espectro, relacionada con el límite que ya tenían otros incumbentes en telecomunicaciones de hasta 80 MHz, le aseguraba a Televisa no tener competidor en esos segmentos. Se le confeccionó a modo; luego se le buscó por parte de legisladores priístas en el Congreso un incentivo fiscal para que, una vez que obtuviera la frecuencia, se le difiriera el pago de derechos a lo largo de los primeros cinco años bajo la monstruosa idea de estimular al operador entrante. En la disputa por congraciarse con la empresa de Azcárraga, Molinar impulsó que en lugar de un diferimiento se le diera una condonación total por dos años en el pago de derechos, y para taparle un ojo al macho se le hizo extensiva a todos los que participaran en la licitación, constituyendo esta exención fiscal un monto total de 5,680 millones de pesos, lo que sólo a Televisa le representará un beneficio directo por 1,800 millones de pesos. Desde el mismo Presidente, el Congreso y Molinar, se aseguró que el Estado no perdería, porque la licitación, a través del mecanismo de subasta ascendente, le daría al MHz su real valor en el mercado, mediante la puja que suponía la competencia. Por supuesto que era simulación, porque sabían lo que iba a suceder. Que con Televisa no entraría en competencia nadie y pagaría así un monto mínimo de entrada a cambio de la concesión que usufructuará por 20 años. Mientras que a Telcel y Telefónica, que obtuvieron 20 y 10 MHz, respectivamente, la subasta les impondrá pagar 5,070 millones, a Televisa los mismos 30 MHz le costarán 180 millones de pesos. Porque en su voracidad insaciable, no fueron capaces de aumentarse ellos mismos el monto mínimo de referencia, como lo podrían haber hecho, si por lo menos hubieran colocado el monto promedio más bajo en las otras pujas que tuvieron sus competidores. Pero la ambición es vulgar en este caso, porque tratan de demostrar que son capaces no sólo de doblar a las instituciones del Estado, sino además de exhibir a los funcionarios que los favorecen, dejando asentado que se constituyen en sus objetivos por encima del interés público, del gobierno y del Estado mismo. Además, esas decisiones eluden la concentración de espectro que por sí mismo tiene Televisa para servicios de radiodifusión, como apunta la Asociación Mexicana de Derecho a la Información: “Las frecuencias que usufructúa el consorcio Televisa tan sólo para difundir televisión y radio superan el espectro que manejan otros operadores en telefonía. Si se quiere promover una auténtica diversificación hay que tomar en cuenta el espectro radioeléctrico que administra cada operador, independientemente del uso que tengan las bandas de las que es beneficiario: telefonía, transmisión de datos, televisión o radiodifusión. Hoy en día el mercado de las telecomunicaciones es uno solo y amalgama varios de esos servicios o todos ellos. Considerarlo de manera segmentada implica desconocer la convergencia digital que define la utilización del espectro”. No puede el gobierno del presidente Calderón concretar otro regalo a Televisa, después del muy cuestionable precio en que se arrendó por 15 años la fibra obscura de CFE. Debe declararse desierta la licitación de los 30 megahertz para Televisa-Nextel porque se atenta contra dos principios constitucionales de los artículos 28 y 134. La SCJN ha dictado jurisprudencia en la materia, al considerar que el espectro radioeléctrico es un recurso económico que al ser enajenado a los particulares debe asegurar las mejores condiciones para el Estado, y eso no se logra, de ahí que puede aplicarse el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones: “Cuando las proposiciones presentadas en la licitación pública no aseguren las mejores condiciones para la prestación de los servicios, las contraprestaciones ofrecidas no sean satisfactorias a juicio de la Secretaría o no cumplan con los requisitos de las bases de la licitación, se declarará desierta la licitación y podrá expedirse una nueva convocatoria”.
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LA INTROMISIÓN DEL PRESIDENTE EN LOS PROCESOS ELECTORALES
La semana que recién concluye se tomaron sendas resoluciones en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el IFE que involucran directamente al presidente de la república en la comisión de irregularidades electorales: en el primer caso, por la difusión de propaganda electoral en entidades con proceso electoral; y, en el segundo, porque una mayoría de 5 consejeros consideró que la cadena nacional para explicar su estrategia de combate a la inseguridad es propaganda gubernamental. En el caso de la resolución del Tribunal, lo primero que hay que decir, es que definitivamente el presidente de la república no debe tener la menor idea de donde se programa la difusión de los spots que difunde su gobierno. En este sentido el que se hayan difundido estos promocionales en franca violación a lo establecido en el apartado "C" de la Base III del Artículo 41 de la Constitución que expresamente prohíbe "la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental" durante el tiempo "que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial", no puede atribuirse directamente al presidente de la república. Por lo tanto, resulta lógico lo que realizó Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del IFE, y convalidó el Consejo General del mismo instituto: emplazar directamente a la autoridad de la Administración Pública Federal, de acuerdo a la Ley Orgánica correspondiente, responsable de dicha programación que es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sin embargo, esto no le pareció suficiente al PRI, partido que había interpuesto la queja, y recurrió ante el Tribunal que le dio la razón. Pero le dio la razón con claras limitantes, pues en la misma resolución señalan que el presidente podrá responder y comparecer a través de sus representantes. Así hay que emplazarlos para llegar al mismo punto donde inició el IFE. Una cuestión de forma, que en algunos casos resulta fundamental, pero que en éste, parece simplemente un afán de molestar. En el segundo caso, sí hay cuestiones de fondo. Primero los alcances de la protección establecida en el artículo 108 de la Constitución: "El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común." Cinco consejeros electorales consideran que esto protege al presidente de ser sancionado; pero algunos expresaron con claridad que tampoco podía ser acusado y, menos, imputarle una responsabilidad directa en una infracción a la legislación electoral. El tema es de la mayor relevancia y no tiene nada más que ver con lo electoral, sino en general con la rendición de cuentas y con esa inmunidad de la que goza el presidente, pues sí bien resulta increíble que se encargue personalmente de decidir donde se difunden los promocionales de su gobierno; sí es plausible que participe en la concepción, diseño y, eventualmente, ejecución de estrategias para incidir en las preferencias electorales de los electores. Basta con revisar el tema de las alianzas entre el PAN y el PRD o los anuncios de las políticas públicas, como el subsidio a la tenencia de automóviles, para encontrar asuntos en los que el presidente participa directamente y que tienen impacto en los resultados electorales. De ambos me ocupé en colaboraciones previas. En lo personal considero que la actual disposición es exagerada y la inmunidad no puede ser tan absoluta, pero creo que la disposición constitucional tal como está redactada en estos momentos sí lo protege incluso de ser imputado, no únicamente sancionado. El otro tema de fondo, es si la autoridad electoral puede evaluar la "trascendencia" de los hechos que dan origen a una cadena nacional (enlace de todas las radiodifusoras y televisoras del país para transmitir un mensaje) o el contenido mismo del mensaje y, en función de sus evaluaciones, considerar sí son propaganda gubernamental o no. Eso fue precisamente lo que hizo el Consejo General del IFE. La mayoría de los consejeros consideraron que "La forma como se mencionan algunos programas sociales vinculados con la seguridad y...la utilización de ciertos fraseos que son propios de los spots del Gobierno Federal" y el que se hayan difundido en cadena nacional, sí son suficientes para considerarla como propaganda gubernamental. A cinco consejeros no les importó que el domingo 11 de junio, sicarios hayan irrumpido en un centro de rehabilitación en Chihuahua para acribillar a jóvenes internos; que el 14 de junio, la delincuencia organizada asesinara a 12 policías en la carretera Zitácuaro-Estado de México; o que en la semana previa al mensaje presidencial el crimen organizado asesinara a 334 personas; o que en la misma semana en que se emitió el mensaje, cayeran abatidos otros 431, en la semana más cruenta en la historia del país. Los consejeros ignoraron este contexto y se centraron en algunas frases y dichos presidenciales, ni siquiera en el contenido integral del mismo, para considerarlo responsable de violar las normas electorales en la materia. Sin duda se puede abusar de la cadena nacional, pero en este caso la gravedad de los acontecimientos obligó al presidente a pronunciarse, en un enésimo intento de justificar una estrategia que no logra mostrar buenos resultados. Las resoluciones de las autoridades electorales evidencian su necesidad de ganar legitimidad y confianza ciudadana y piensan que mostrar su independencia y autonomía de la Presidencia de la República es una buena forma de hacerlo, sin tomar en cuenta que al hacerlo forzadamente demuestran su dependencia de otras fuerzas políticas, lo cual es igualmente grave.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 15:28 No hay comentarios:
EL ESTADO DE ARIZONA NO DEBE VIOLAR TRATADOS INTERNACIONALES
En la Constitución norteamericana, aprobada por la Convención correspondiente el 17 de septiembre de 1787, el segundo párrafo del artículo VI, literalmente establece:
"Esta Constitución, y las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, serán la Suprema Ley del país, y los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se encuentre en la Constitución o las leyes de cada Estado".
El precepto transcrito fija la jerarquía de las normas jurídicas en Estados Unidos de América, y sirvió de inspiración a nuestro país en lo que hace al diverso rango de las normas jurídicas, y que está establecido en el actual artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la disposición contenida en el segundo párrafo en el artículo VI de la Constitución norteamericana, en una interpretación meramente gramatical, se ha aseverado que, en situación de contradicción entre lo dispuesto en un tratado internacional, y una disposición en la referida Constitución, debía prevalecer ésta, puesto que el precepto transcrito indica que los tratados están "bajo la autoridad de los Estados Unidos".
Sin embargo, esa interpretación gramatical no fue aceptada en Estados Unidos conforme al criterio jurídico que emitió el destacado jurista Jay, y que se publicó en: "El Federalista", y que se difundió en "El Correo de Nueva York", del viernes 17 de marzo de 1788. Los criterios emitidos alrededor de la Constitución norteamericana por los juristas Hamilton, Madison y Jay equivalieron a una auténtica exposición de motivos de la referida Constitución. El criterio jurídico exegético de Jay, en forma breve, estableció, respecto del rango comparativo de tratados y Constitución, que sería imposible encontrar una nación dispuesta a celebrar tratados con Estados Unidos de América, que comprometiera a esa nación de modo absoluto y a los norteamericanos sólo por el tiempo y hasta el grado en que se les antojase. Según Jay, esto no es así, porque los tratados están hechos por las dos partes contratantes y si el consentimiento de ambas fue indispensable para su conclusión original, así también lo es para alterarlos o cancelarlos. Lo que quiso decir la Constitución, conforme al pensamiento de Jay, respecto de que los tratados están bajo la autoridad de los Estados Unidos, es que debe evitarse la violación de las disposiciones constitucionales norteamericanas, y este cuidado le corresponde al Presidente norteamericano, que celebra los tratados, y a los Senadores, que los aprueban. Eso significa que el Presidente y los Senadores norteamericanos no deben celebrar y aprobar tratados con violación de preceptos constitucionales. Si eso ocurriera, los Senadores y el Presidente norteamericanos no podrán gozar de impunidad, sino que deben ser castigados en los términos previstos para altos funcionarios en la misma Constitución de Estados Unidos. Asimismo, esos funcionarios deben saber que los tratados los obligan a ellos y a sus familiares. Además, en caso de celebrar y aprobar tratados contra la Constitución, los Senadores y el Presidente norteamericanos caerían en el deshonor.
Con apego a esta interpretación de la Constitución norteamericana, desde los inicios de su vigencia, los tratados internacionales son obligatorios en Estados Unidos, y sus disposiciones deben ser cumplidas. Adicionalmente, en la disposición transcrita de la Constitución norteamericana, los tratados obligan a las entidades federativas, a pesar de cualquier disposición en contrario que se encuentre en la Constitución o en las leyes de cualquier Estado.
De acuerdo con lo antes determinado, los tratados internacionales que ha suscrito y ratificado Estados Unidos en contra de la afectación a derechos humanos, están por encima de una legislación estatal, como lo es la discriminatoria Ley Arizona. Por tanto, no deberá haber tampoco leyes similares en otros Estados de la Unión Americana.
Frente al monumental fracaso del gobierno de Felipe Calderón para resolver los problemas más elementales del país, es de celebrarse el inicio anticipado de las campañas presidenciales para 2012. La competencia por la Presidencia de la República podría servir como el marco perfecto para el surgimiento de un verdadero debate nacional sobre el futuro de la nación. Lo último que México necesita es otro llamado estéril a la unidad encabezado por un gobierno sin legitimidad. Al contrario, hace falta un gran despertar social en el que la ciudadanía se haga cargo de construir y proponer soluciones innovadoras para su propio futuro. Ante la gravedad de la situación nacional, México no puede permitirse el lujo de elegir otro burócrata gris o populista dicharachero. El país entero reclama que su próximo presidente sea un auténtico líder con una gran sensibilidad social. Tendría que ser alguien con la capacidad para articular una nueva visión nacional y con la disposición para trabajar junto con los sectores más agraviados de la sociedad para lograr los cambios urgentes en materia económica, política y social. La caballada está flaca. En el Partido Acción Nacional (PAN) los pocos candidatos con algunos principios auténticamente panistas, como Santiago Creel o Manuel Espino, son precisamente los que menos posibilidades tienen de lograr la candidatura presidencial. Por su parte, la eventual candidatura de alguno de los personeros del minigabinete de Calderón, como Lujambio, Molinar o Lozano tendría pocas o nulas posibilidades de ganar. En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) la situación no pinta mejor. Aun con todo el apoyo de Televisa, Carlos Salinas y una amplia diversidad de medios impresos, Enrique Peña Nieto simplemente no ha sido capaz de articular una visión nueva para el país o de acercarse verdaderamente a la ciudadanía. Un solo debate público sin guión con sus adversarios sería suficiente para romper la burbuja mediática de popularidad que se ha generado a su alrededor. Su carencia de capacidades analíticas y de liderazgo auténtico se hará patente muy pronto. Por su parte, a menos de que la población mexicana de repente sufriera de un ataque de amnesia colectiva, resulta difícil creer que Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes o Emilio Gamboa puedan ganar la confianza de la ciudadanía como candidatos presidenciales. En contraste, la izquierda está inmejorablemente posicionada para conquistar la silla presidencial en 2012. Su relativa debilidad en cuanto a posiciones políticas tanto en el Congreso federal como en las entidades federativas esconde un hecho innegable: sigue siendo la única fuerza política que tiene arraigo social y de manera creíble podría encabezar una renovación en la vida pública nacional. Si el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo y Convergencia aprovechan la oportunidad, podrían encaminarse desde ahora a una victoria en 2012. Tomando en cuenta esta ventaja comparativa de la izquierda en relación con las otras fuerzas políticas, sería un verdadero desperdicio que estos partidos escojan como su candidato en 2012 simplemente a un guapo o un tecnócrata . Bajo este escenario, en lugar de explotar su fortaleza, las fuerzas progresistas se colocarían en una posición de plena desventaja al acceder jugar en la cancha determinada por los adversarios. Hasta la fecha, Andrés Manuel López Obrador es el único que ha sido capaz de articular un discurso consistente de renovación de la política nacional. Él, además, es el único que se ha preocupado por acercarse de manera sincera a las inquietudes ciudadanas al visitar todos y cada uno de los municipios del país. Como cualquier ser humano, López Obrador no es perfecto. Puede disgustar a muchos su terquedad o falta de autocrítica. Pero comparado con los enanos que pueblan el escenario público de hoy, AMLO destaca como un verdadero dirigente. Sólo si de forma milagrosa apareciera en los próximos meses algún nuevo líder social, los ciudadanos preocupados por el futuro del país tendrían que apoyar las aspiraciones presidenciales de López Obrador. No se trata de entregarse de manera acrítica al mesías tropical ni de estar de acuerdo con todas las posiciones y pronunciamientos del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal. Al contrario, habría que someter a López Obrador a la misma crítica exigente que él ejerce sobre los integrantes de la clase política , muchos de los cuales, por cierto, también participan en el mismo movimiento de AMLO. México tiene la urgente necesidad de romper con décadas de presidentes mediocres y populistas. Tal como ocurrió hace 100 o 200 años, ha llegado la hora de que se articulen los liderazgos políticos y las inquietudes sociales. El programa que López Obrador presentó ayer en el Zócalo capitalino sin duda ofrece esperanzas para que podamos vivir otra transformación radical en el siglo XXI.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:59 No hay comentarios:
UNIÓN EUROPEA: RECUPERAR LA BRÚJULA DEL BIENESTAR
La Unión Europea (UE), el mayor proyecto de integración en el ámbito internacional, se edificó sobre claros objetivos políticos a través de instrumentos de corte económico. El primer paso fue crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), en 1952, para regular y salvaguardar el acceso conjunto a esas materias primas, indispensables para el desarrollo industrial, pero también clave con fines bélicos, cuando aún humeaban los restos de la Segunda Guerra Mundial, lo que significó una medida económica para favorecer las condiciones hacia una paz duradera en el Viejo Continente. En esa misma línea hay que inscribir el EURATOM, que en 1957 estableció reglas supranacionales para el manejo de la energía atómica. El bienestar de la población y, en particular, el asegurar la suficiencia alimentaria —sin pan no hay paz— dio pasó también al surgimiento de la Política Agraria Común (PAC). De esta forma, el fundador Tratado de Roma, con el que nace la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1958, involucró a Alemania, Francia, Italia y al Benelux —Bélgica, Holanda y Luxemburgo— en un proceso de integración económica que buscaba alejar conflictos militares como los protagonizados sólo unas décadas antes. Más adelante, la agenda de lo que hoy es la Unión Europea consistió en la ampliación para asegurar una fuerza y una dimensión genuinamente europeas. La crisis económica de los años setenta significó un serio reto al proceso de integración europea. Para hacer frente a la erosión del poder adquisitivo y a la escasa creación de empleo, provocados por la inflación y el freno al crecimiento, se ensayaron medidas conjuntas para inducir la estabilidad monetaria, de donde surgió el Sistema Monetario Europeo. Más adelante, fue preciso proponerse una asignación más eficiente de los recursos al interior de los países miembros de la CEE para no propiciar desigualdades e inequidades que hicieran contrasentido a la propia integración, y surgió el Mercado Común con la libre circulación de personas y trabajadores. Además, al hacerse explícito el objetivo de la cohesión social en el proceso de integración, se crearon los fondos estructurales y de desarrollo regional para propiciar la convergencia económica y, con ello, la equidad, un fin político por excelencia. En ese marco, el siguiente paso hacia la creación de lo que Víctor Hugo llamó los “Estados Unidos de Europa” fue la moneda única. El siglo XXI veía luz en Europa con una nueva divisa, el euro, como señal de identidad común de doce países. No obstante, la ortodoxia económica desplegada desde los años ochenta y acentuada en la década siguiente marcó el diseño de la política monetaria común. El Banco Central Europeo recibió el mandato único de velar por la estabilidad de precios —no por el crecimiento y el empleo—, y se instituyó un Pacto de Estabilidad para penalizar al país que incurriera en déficit público superior al 3%. La historia se había invertido: metas económicas —el equilibrio fiscal— supeditaron los objetivos políticos y sociales de bienestar. El guión de lo que vino después es conocido: Alemania —impulsor de la ortodoxia— y Francia hicieron del Pacto papel mojado por razones de pragmatismo de corto plazo —necesitaban crecer y necesitaban entonces ampliar el gasto público, presionaron para una política monetaria expansiva de bajos tipos de interés que terminó por traducirse en altos niveles de endeudamiento privado en países como Grecia, España y Portugal —aunque no sólo ellos. Con la irrupción de la crisis de 2008, los desequilibrios de estos países fueron evidentes y las calificadoras internacionales —las mismas que fueron corresponsables del estallido de la crisis— penalizaron las deudas nacionales y dificultaron el acceso a los préstamos. Las instituciones de la Unión Europea fueron incapaces de reaccionar, en parte porque no estaban diseñadas para el rescate de naciones en riesgo, y en parte porque la agenda doméstica de los países más fuertes, en especial de Alemania, llevó a un plano secundario los objetivos y preocupaciones comunes. La Unión Europea vive horas difíciles. El alto desempleo puede quedarse por un largo periodo y está a la vista un desmantelamiento o reducción de piezas sensibles del Estado de bienestar. Pero si Europa es fiel a su historia, la economía deberá supeditarse a la política, y habrá que pensar en una política fiscal común, con recursos colectivos fortalecidos, para hacer frente a los desafíos que nacional y regionalmente plantea un mercado desbocado. Sólo más integración puede ser la respuesta a la crisis actual de la UE
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:45 No hay comentarios:
En una obvia, se diría que burda operación de relaciones públicas, el diputado verde Pablo Escudero –una suerte de primer yerno del Congreso, puesto que lo es del influyente líder senatorial Manlio Fabio Beltrones– consiguió para Roberto González Barrera una especie de condecoración. El miércoles 21, en la sesión semanal de la Comisión Permanente, se reconoció al industrial y banquero como un “empresario que demuestra sensibilidad y calidad humana, un mexicano comprometido con su país, que supo darle la mano al pueblo que tanto le ha dado”. Escudero pretendía hacer que el órgano legislativo otorgara a González Barrera, exclusivamente a él, un reconocimiento por sus donaciones a la reconstrucción de viviendas, caminos y puentes en los estados de Nuevo León, donde nació el empresario, Tamaulipas y Coahuila. Pero el senador Pablo Gómez consiguió aminorar la zalamería del legislador del PVEM y hacer que el reconocimiento de extendiera a “todos los ciudadanos que se han solidarizado y comprometido” con los damnificados del huracán Alex, que en esas entidades padecen y sufrirán por mucho tiempo más las calamidades derivadas de las copiosas precipitaciones pluviales en el noreste del país. En Monterrey, por dar un ejemplo de la cuantía de la lluvia, cayeron en 48 horas los caudales que se abaten sobre la Ciudad de México en un año (cuenta que por supuesto no incluye aguaceros como los que estaban previstos para el fin de la semana pasada). Ciertamente, González Barrera hizo aportaciones muy cuantiosas a los gobiernos de esos estados, incluido el suyo propio –él nació en Cerralvo, NL, el primero de septiembre de 1930–. Su liberalidad, completada con otras cuantiosas donaciones en especie, contrastó con la muy comentada ausencia de contribuciones de los barones del dinero en Monterrey. González Barrera donó 300 millones de pesos, cien a cada uno de los gobiernos de Saltillo, Monterrey y Ciudad Victoria. No es un gesto desdeñable desde ningún punto de vista, ni siquiera teniendo en cuenta que representan casi las utilidades del primer trimestre de este año de Gruma, uno de los emporios del empresario –342 millones de pesos– y la quinta parte de las ganancias de Banorte en ese mismo lapso, que ascendieron a mil 580 millones de pesos. Hay que considerar, para ofrecer una idea de los montos que manejan los negocios de González Barrera, que el año pasado padecieron reducciones importantes respecto de 2008. Si bien el grupo financiero obtuvo en 2009 casi 6 mil millones de pesos de utilidades, la cifra fue un 17% menor que la obtenida el año anterior. González Barrera quedó huérfano siendo todavía un muchacho. A los 19 años, tuvo que seguir solo con el negocio que había iniciado con su padre, un molino de nixtamal y tortillerías. No tardó mucho en encontrar la clave de la industrialización del maíz: convertirlo en harina y obviar su transformación en masa. Cuando comenzó a crecer, competía con una empresa estatal, Minsa, pero pronto consiguió del gobierno para Maseca un trato preferencial, aun más ventajoso que el otorgado al negocio público. Hoy Maseca cubre casi totalmente el mercado de harina de maíz y de tortilla en México, con sólo una participación marginal de sus competidores. Después de un tímido pero exitoso comienzo de internacionalización en Costa Rica –país en que no sé si por casualidad hizo también negocios florecientes su consuegro Carlos Hank González–, Maseca, convertido poco después en una empresa controladora, con diversidad de productos, se extendió por todo el mundo. Hoy tiene 20 mil empleados en sus plantas y oficinas de 102 países. Hace poco el gobierno de Hugo Chávez expropió las instalaciones venezolanas de ese consorcio, el Grupo Maseca, Gruma. Pero la habilidad jurídica del afectado, y las complicaciones de la economía de Venezuela obligaron a revisar la situación y González Barrera sigue presente allí. Durante el gobierno de Salinas, que a través de Conasupo y su hermano Raúl concedió importantes privilegios a Gruma, González Barrera fue invitado a participar en la privatización de la banca. Como su negocio de ventas al consumidor le proporcionaba gran liquidez, a pesar de su total ignorancia de la intermediación financiera, encabezó al grupo de compradores del Banco Mercantil del Norte, que realizaba operaciones en las tres entidades ahora brutalmente afectadas por Alex. Su dimensión reducida y su escasa presencia en el mercado, y el hecho, de nuevo, de que su consuegro fuera el secretario de Agricultura, permitieron la adquisición del pequeño establecimiento. Dedicado con diligencia a su nueva operación, a partir de 1992 en que adquirió el Mercantil del Norte, González Barrera lo hizo crecer, y luego le incorporó los negocios, los buenos, pues de los tóxicos se hizo cargo Fobaproa, de bancos fallidos durante la crisis de 1994-95. Así, cuando los activos de Bancrecer, Banpaís y Banca Cremi quedaron bajo su control, nació Banorte, que es hoy el tercer banco del país, detrás de Banamex y Bancomer. Siendo éstos controlados por extranjeros, Banorte es el primer banco netamente mexicano. González Barrera ha resistido ofertas de comprar Banorte, que lo dejarían asociado a la propiedad pero con un carácter minoritario. Contó a la revista Líderes mexicanos, que apenas en mayo le dedicó su portada, que Scotiabank y Santander tuvieron esa pretensión. La del banco canadiense no lo interesó. En cambio, ante la advertencia del banquero español que hizo la segunda exploración, al estilo de Mario Puzo (“una oferta que usted no podrá resistir”), sí se sintió tentado, “pero no la aceptamos y esa fue la última vez que le puse oídos a una proposición así”. En mayo de 1984, pocas semanas antes de su asesinato, Manuel Buendía me pidió encontrarnos para entregarme un sobre con aportaciones para La Jornada, que estaba en trance de formación y solicitaba accionistas. Era un millón de pesos en efectivo. No se tenía entonces temor alguno de que de esa manera se lavara dinero, no obstante lo cual demandé identificar el origen de la suma, para mi conocimiento y para hacerlo saber a los integrantes del grupo promotor. Hubo que insistir porque el propósito del aportante era permanecer en el anonimato. Finalmente don Manuel me dijo que había recibido el dinero de Álvaro González Mariscal, un amigo suyo, antiguo funcionario de prensa gubernamental, y que a la sazón era el agente de relaciones públicas de González Barrera, quien a la postre aceptó que se supiera que él era el remitente. Pero había que emitir acciones nominativas y dispuso que quedaran a nombre de González Mariscal, como debe constar en los libros de la sociedad anónima fundada entonces.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:36 No hay comentarios:
Todo mundo lo dijo: Andrés Manuel López Obrador se puso en campaña de nuevo al día siguiente de que se consumó el fraude de 2006. No les parecía sino que, al perder y demostrar ser mal perdedor, de inmediato se ponía en marcha para contender por la Presidencia de la República de nuevo en el 2012. Poco caso se hizo de esa muestra de autocrítica que el candidato de la izquierda dio después de aquellas elecciones: había habido muchas deficiencias en la organización para la contienda electoral; una enorme cantidad de casillas no se había cubierto, faltando representantes que no asistieron o, de plano, fueron ignoradas por la logística partidista. Así, no se podía hacer nada. Había que organizarse para que, en el futuro, no volviera a ocurrir. Y sí, López Obrador se aplicó de nuevo al trabajo. Muy lejos estuvo nuestro candidato presidencial, empero, de mostrar deseos de venganza por la derrota, considerando que no había sido derrotado de verdad, sino despojado de un triunfo que estaba a la vista de todos. Su decisión de emprender de nuevo la movilización obedeció, más bien, a lo que le resultaba de ese ejercicio autocrítico y lo dijo muchas veces, más o menos en las mismas palabras: Nos robaron la elección, pero también tuvimos muchas fallas y lo que nos faltó fue organización. Para que no vuelva a pasar eso, hay que construir, desde ahora mismo, esa organización de masas que nos faltó . Esa autocrítica entrañaba también, sin duda alguna, una crítica a su partido, el PRD, que no había sabido proporcionar esa organización. López Obrador recorrió desde entonces varias veces el país, creando una organización paralela de la partidaria que a muchos les disgustó dentro del PRD. Está formando un nuevo partido, su partido , se dijo en numerosas ocasiones. No era así. Lo que él buscaba era organizar directamente al pueblo con vistas, sí, a las siguientes elecciones presidenciales; pero de ninguna manera estaba auto postulándose para una nueva candidatura. En ese momento, a él no le interesaba eso en absoluto y lo dijo todo el tiempo. Ya ese mismo movimiento que estaba formando decidiría quién sería su próximo candidato y luego, cuando comenzó a perfilarse la precandidatura de Marcelo Ebrard, comenzó a afirmar que el candidato sería el mejor posicionado, vale decir, el que recogiera los mayores consensos entre los partidos y la ciudadanía. A lo largo de todo ese tiempo, desde 2006, el tabasqueño ha tratado de forjar esa organización que a la izquierda faltaba del único modo que puede hacerse para que se vuelva permanente y sólida: recurriendo al contacto permanente con la gente del pueblo a todo lo largo y ancho de la República. En este sentido, López Obrador ha logrado algo que ningún político se sueña: conocer por sí todos los municipios de México y dejar en cada uno de ellos un contingente organizado, a veces numeroso a veces modesto, listo para actuar en cada momento. Es cierto que el Peje jamás ha dejado de andar en campaña por la Presidencia de la República en 2012; pero desde el principio dejó en claro que no era atendiendo a una ambición personal, sino mirando al futuro de la izquierda, la que no debía volver a presentarse tan desarmada como lo hizo en las elecciones de 2006. Lo que importaba era darle a la izquierda esas armas de las que había carecido en aquella ocasión y que consistían, esencialmente, en una organización nueva de masas, con una gran capacidad de movilización y de concentración. Como para demostrar su dicho, empezó a llenar con cientos de miles de seguidores nuestra plaza principal. Nadie lo ha hecho ni tantas veces como él. Y mientras el movimiento se desarrollaba pujante, creando una conciencia participativa en millones de ciudadanos y, lo más importante, un compromiso con la nación, el PRD se despeñaba en las pugnas internas y se desdibujaba como una verdadera opción partidista. Ese proceso se hizo irreversible desde que los chuchos asaltaron el poder avalados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconoció su preponderancia en el partido. Entonces comenzaron sus deslindes respecto de y sus francos ataques a López Obrador y a su movimiento cívico. Curiosamente, fue ese movimiento el que comenzó a ganar batallas, como la del petróleo, y el que empezó a sumar fuerzas que antes eran extrañas a o que estaban alejadas de la izquierda. Han sido esas batallas memorables las que le han dado nombre. Ahora se presenta como el Movimiento en Defensa de la Economía Popular, el Petróleo y la Soberanía Nacional. El PRD, sobre todo a partir de que hizo suya la línea trazada por Manuel Camacho Solís, de aliarse con la derecha y con cuantos se dejaran para conseguir objetivos puramente pragmáticos, ha dejado de tener la muy pálida identidad que tenía desde su fundación. Sigue siendo el mayor y más representativo partido de izquierda, pero el hecho es que él mismo ha contribuido a que el mismo concepto de izquierda pierda sentido. Tendremos que identificar una y otra vez a la izquierda, por lo menos para saber quiénes la forman hipotéticamente. Cada vez son menos. Una vez contábamos en ese campo a los priístas nacionalistas y a los viejos lombardistas. Ellos ya no existen. Ahora sólo quedan tres partidos, el PRD, el PT y Convergencia. En el PRI, aunque a muchos no les guste oírlo, ya no hay izquierdistas y ni siquiera centristas. En el PAN nunca los hubo, aunque sí muchos espíritus esclarecidos que también se fueron. El PT es un amasijo de viejos grupos movimientistas que carece de una verdadera identidad partidaria e ideológica, pero lo consideramos de izquierda. Convergencia es un grupo formado en torno a su líder, Dante Delgado, que no siempre logra uno definir con precisión. El PRD es la única gran fuerza partidista de izquierda, pero ahora deshilachado y copado en su dirección por un grupo mafioso y faccioso que lo está destruyendo ineluctablemente. Como gran fuerza de izquierda no queda más que el movimiento cívico lópezobradorista. Este movimiento es obra de millones de mexicanos que desean volver a creer y actuar cohesionados por un gran líder de masas, claro en sus planteamientos y carismático, como respuesta popular a la impostura y a la pésima política de los círculos gobernantes que han hecho trizas nuestra economía y todas sus instituciones igualitarias y justicieras. Es la respuesta que viene desde abajo al mal gobierno, a la impunidad, al latrocinio y a la desvergüenza de quienes se han adueñado del poder y de la riqueza pública. Que López Obrador haya hecho pública su decisión de contender de nuevo por la Presidencia de la República creo que a nadie debería sorprender, en primer lugar, porque muy pocos como él tienen algo que ofrecer como candidatos de la izquierda y, en segundo lugar, porque nadie como él ha sabido forjar un movimiento de masas que quiere luchar por el poder y encumbrar en el mismo a uno de los suyos.
SÓLO SETENTA AÑOS
Fue exactamente el 26 de julio de 1940. Ese día concluía un viaje, tal vez una aventura, cuando el barco en que viajábamos, el Saint Domingue, ancló en Coatzacoalcos. Lo habíamos abordado en Martinica, donde nos dejó el Cuba, ambos de la Compañía Transatlántica Francesa, con el que iniciamos el viaje en Burdeos, huyendo de la inminente ocupación alemana de París. De París a Burdeos pudimos trasladarnos en el que seguramente fue el último tren que salió de París, que abordamos casi milagrosamente, porque la estación estaba repleta y gracias a nuestra diligencia pudimos ocupar un compartimento que nos recibió a toda la familia: papá y mamá, Paz, Odón, Jorge y yo. El viaje no dejó de ser agitado. Estando en Burdeos se produjo un bombardeo. La salida del barco se retrasó, y cuando finalmente iniciamos el viaje vivimos bajo la impresión de que podríamos encontrarnos con un submarino alemán de malas intenciones. La primera escala fue en Casablanca, donde se encontraba la flota francesa derrotada y no nos permitieron bajar al puerto. Después atravesamos el Atlántico protegidos por un cañoncito visible en la popa que parecía de juguete. Viajaban con nosotros alrededor de quinientos españoles provenientes de los campos de concentración. El destino formal era la República Dominicana, pero el señor Trujillo, dictador en turno, no nos dejó desembarcar. Los De Buen teníamos visados, pero mi padre no quiso abandonar a los demás. Algunos viajeros, en general judíos, se quedaron en Ciudad Trujillo, previo viaje breve en una lancha del barco al puerto. Iban a Estados Unidos. Pasamos por Santo Tomás, en las Islas Vírgenes, territorio estadunidense donde asistimos a la celebración del 4 de julio. De allí a la isla de Guadalupe, en donde la población, sustancialmente de color, nos hizo un recibimiento monumental. Seguimos después a Martinica, donde el Cuba terminaba su trayecto. Pero gracias al general Lázaro Cárdenas, en lugar de acabar en la Guayana francesa fuimos a dar a Puerto México, nombre que aparecía en las cartas de navegación y que se transformó en el indecible de Coatzacoalcos, cuando al llegar al puerto los funcionarios de Migración subieron al barco para documentarnos. La recepción no pudo ser más cordial. Con razón Eulalio Ferrer, quien viajaba con nosotros, denominó a Coatzacoalcos el Puerto de la Esperanza . En unos enormes barrancones fueron hospedados los viajeros. Papá nos consiguió hotel, mejor para mamá, Pacita y Jorge, y un poco menos bueno para él, Odón y yo. Quince días después consiguió que un buque petrolero, el Cerro Azul, que abordamos en Nanchital, nos llevara a Veracruz. Otro pasajero nos preguntó si viajábamos a la ciudad de México. Al contestar Odón y yo que sí, nos dijo algo inolvidable: Muchachos: cuando la terminen va a ser una ciudad maravillosa . Me temo que aún no la terminan.
Pasamos una noche en el puerto y al día siguiente, en un autobús ADO, viajamos al Distrito Federal.
Era otro México. Ya entrañable. La presidencia de Lázaro Cárdenas nos daba una impresión de plena seguridad. Entramos de inmediato al Instituto Luis Vives y allí empezó en México nuestra nueva aventura.
¡Valió la pena! Setenta años después, alejados de la guerra y de muchas cosas, hicimos una vida normal. El problema es que empieza a no ser tan normal.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:31 No hay comentarios:
DE AYER A HOY: ACTUALIDAD Y MEMORIA DE RAFAEL GALVÁN
Hace poco más de 30 años murió don Rafael Galván, un mexicano ejemplar. Antes, en abril de 1975, Galván y los suyos, trabajadores electricistas denodados que reclamaban derechos elementales al trabajo y la organización clasista, pero que a la vez sostenían que democracia es programa y que para la nación no había rumbo sin organizaciones populares fuertes y empresas públicas administradas con honradez al servicio del pueblo, lanzaron su Declaración de Guadalajara y se animaron a pensar en un México mejor y más justo. Fueron los años de la Tendencia Democrática y su expansión por el territorio popular que empezaba a desplegarse. Todo aquel reclamo proletario quedó atrás, aplastado por la sevicia del charrismo y la doblez burocrática, cuyo horizonte no iba más allá de contener y contender con lo que la Tendencia Democrática proyectaba. Empero, la gesta y el valor de esa lucha, así como las lecciones de los varios proyectos de organización popular que animó, como el Frente Nacional de Acción Popular o el Movimiento Sindical Revolucionario, viven en la memoria de muchos que soñamos con ellos en un cambio democrático profundo, fruto de la movilización de las masas trabajadoras. Esta era, insistían, la única garantía de reivindicación de un Estado al que había que defender –solía decir Galván– contra sus propios gobernantes. Mucho cambió desde entonces, pero la debilidad organizativa de los trabajadores que ha acompañado al cambio político de estos tiempos quizás explique en buena medida la distorsión acusada de las formas políticas que han acompañado a la democracia que tenemos. Lo mismo ocurre con la desnaturalización rampante del pluralismo, cuyos contenidos y expresión política formal distan de ser mínimamente representativos de los intereses populares y nacionales en que se inspiraban los democratizadores de aquel tiempo. Más allá de la insufrible verborrea de la elección pública o racional que todavía avasalla el intercambio democrático mexicano, lo que sigue sin recogerse en la agenda nacional son aquellos intereses mayoritarios que no encuentran cobijo sin un contexto y un discurso nacional y popular. La ironía cruel del presente es que una buena parcela del pensamiento y el verbo democráticos mantiene posturas radicalmente opuestas a las de esos formidables pioneros de la democracia mexicana: al incluir, sin diferenciar, en la oprobiosa concentración de poder económico y político imperante a los sindicatos y otras organizaciones populares, este discurso auspicia las peores posiciones clasistas y retrógradas, so capa de combatir un corporativismo y un populismo cuya dinámica no llevaría sino a la antidemocracia y la irracionalidad. Así, para salir al paso de la supuesta o real regresión autoritaria se propone una antidemocracia mayor, dirigida al vaciamiento de la organización popular y el desmantelamiento de los instrumentos de defensa legal de los trabajadores. Este despojo político y jurídico del legado fundamental de la Revolución, como los derechos sociales del pueblo mexicano, encabezado por el propio Estado que surgió de esa Revolución, le plantea a éste un desafío mayor que no puede dirimirse en términos de pérdidas y ganancias: la agresión antisindical, como ocurre con mineros y electricistas, puede volverse un veredicto letal para un sistema político que se mostró incapaz de entender y encauzar, no digamos hacer suyas, las angustias de una sociedad sometida a una indefensión brutal, distante de la sufrida por aquellos electricistas cuando montaron su campamento de la dignidad frente a Los Pinos. La situación que vive el país arrancó poco después de la derrota de la Tendencia Democrática y la muerte de su dirigente. Se ha mantenido como estancamiento estabilizador en lo económico, y como deterioro de los núcleos de protección social e individual mínima que se (mal)conformaron por el Estado nacional posrevolucionario y sus variadas formas de desarrollo económico y social. Esta desprotección generalizada no encuentra acomodo ni respuesta en el sistema resultante del cambio a la democracia. Se trata de una disonancia corrosiva que afecta al conjunto de una formación nacional que el poder insiste en presentar como una economía abierta y de mercado y una polis democrática y pluralista. El hecho es, sin embargo, que la apertura económica no trajo consigo una evolución social satisfactoria, ni la democracia se ha plasmado en formas republicanas efectivas. Como consecuencia, lo que tenemos es un deslizamiento ominoso del Estado hacia una ilegitimidad sin eficacia: hacia una crisis terminal, cuya mera proyección hace de los estados fallidos un pálido eufemismo. La movilización organizada que López Obrador presenta como el pilar de su propuesta de un cambio profundo en la vida pública debe asumir estas duras coordenadas. Sin organización y sin programa, sin participación en visión y decisiones, las instituciones para la convivencia y la seguridad personal que quedan se corromperán, y la rehabilitación económica y social no podrá emprenderse. Todo lo acaparará la supervivencia. Galván y sus compañeros querían actualizar principios y realizaciones de una Revolución que sentían suya y querían viva. Por eso batían el tambor del alba . Reivindicar la memoria de mexicanos como Galván no es un ejercicio nostálgico; puede ser un componente crucial para dotar a la democracia acosada del presente de significados y objetivos, adjetivos sin vergüenza, que la vuelvan sustantiva y creíble… no sólo para las adoratrices de la propiedad política, sino sobre todo para quienes apenas balbucean su verbo pero la requieren como la vida misma.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 18:15 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 17:58 No hay comentarios:
-¿Por qué los que escribimos en la prensa o hablamos en la radio o la televisión nos sentimos más inteligentes, honestos y capaces que los políticos?
-Una que me parece pertinente.
-El ocio es la madre de las interrogantes sin sentido. ¿Por qué mejor no escribes sobre la violencia que nos tiene al borde de un ataque de nervios?
-Porque no soy Almodóvar.
-Los estoy viendo -me estoy viendo- y escuchando. Somos, según nuestros propios dichos, unos comentaristas impolutos, arcangélicos, cargados de las mejores intenciones y ningún interés, expresamos las aspiraciones fundamentales del "pueblo", la "nación", "la sociedad civil"; por nuestro conducto se recrean los valores, hilamos fino, desplegamos erudición, mientras los políticos son una especie despreciable porque persigue fines aviesos, intereses mezquinos. Son además -según nuestros juicios- tontos e incapaces.
-Estás un poco histérico. Si es que "poco" e "histérico" pueden ser términos compatibles.
-Nos sentimos superiores, tejidos a mano; porque suponemos que nuestros conocimientos son más vastos y completos, porque creemos comprender mejor lo que sucede, porque nos atribuimos una sensibilidad superior. Porque nos sentimos por encima del resto de los mortales, con credenciales que nos habilitan como oráculos de la verdad, la sabiduría, la virtud. Explicamos poco, pontificamos de más; nos gustamos demasiado a nosotros mismos, nos miramos en el espejo, hacemos política sin arriesgar nada, somos privilegiados, intocables. Somos soberbios. Compartimos un rasgo de carácter...
-¿No crees que tu perorata hace agua? Explicar el asunto por un supuesto rasgo de carácter es infantil. Bastaría hacer una lista de nombres de comentaristas para constatar que se trata de personas más que distintas y que soberbios hay en todos los oficios.
-Bueno si no te suena mi primera explicación te propongo otra. Como Groucho Marx que decía que si no te gustaban sus principios te podía presentar otros. Existe una asimetría de poder entre comentaristas y políticos, aunque parezca paradójico. Los primeros, nosotros los analistas, en buena hora hemos sido usufructuarios de la libertad que expandió el proceso democratizador. Y los segundos no encuentran y no tienen cauces eficientes para su defensa de lo que de ellos se dice en los medios. En la prensa el derecho de réplica puede o no ejercerse -realmente depende de la buena o mala voluntad de los editores-, pero en la radio y la televisión es imposible. De tal suerte que los márgenes de impunidad de quienes glosamos la vida pública tienden a ampliarse y las capacidades de defensa de todos aquellos a los que aludimos tienden a acortarse. Y ya se sabe, todo poder que no encuentra límites se acrecienta y expande. En esa situación no resulta sorprendente el incremento de la prepotencia en el comentario, el ensanchamiento de las descalificaciones, la proliferación de adjetivos denigratorios.
-¿Pretendes acaso restringir la libertad de expresión?
-No seas animal. La libertad de expresión es un pilar insustituible de la convivencia democrática -me obligas a volver a lo obvio y a realizar un saludo a la bandera-, pero estoy hablando de otra cosa. Del modo en que los comentaristas nos referimos a los políticos, como si fuéramos superiores.
-Mmm, así que tú dices que las relaciones de poder entre intérpretes de la política y políticos parecen haberse invertido. De una larga etapa de sumisión, con sus siempre honrosas excepciones, a una nueva en la cual los Tiranitos somos nosotros.
-Quizá la "soberbia" tenga otro nutriente: ni los presuntos rasgos de carácter ni la impunidad de la que goza el comentario, sino algo más preocupante: la incomprensión de las complejidades de la vida pública. Sobre todo de los límites legales, institucionales y fácticos que la acotan y modulan. Además de la existencia de otros en el escenario.
-Muy críptico.
-Una idea puede desplegarse sin obstáculos... en el mundo de las ideas, pero una idea difícilmente cristaliza ahí donde existe un tejido de intereses, interpretaciones y proyectos diversos. Y hoy, como nunca antes en el país, los poderes constitucionales se encuentran equilibrados y los poderes fácticos en muchos terrenos tienen contra las cuerdas a los políticos. De tal suerte que querer no es poder. Y nada de ello parece importarnos a nosotros, los nuevos pontífices.
-Oye, no defiendas lo indefendible. Los políticos son...
-No estoy hablando de ellos, sino de nosotros.
-Bueno, no eres muy convincente.
-¿No, verdad? Debemos entonces seguir buscando una buena explicación.
-¿Debemos?, le dijo el Llanero Solitario a Toro.
-Sí, debemos.
-Así estamos bien. Gracias, compañero. Gracias por participar.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 19:39 No hay comentarios:
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References: resolución 
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 artículo 108
 artículo 108
 resolución 
 artículo 108
 artículo 41
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 resolución 
 artículo 17
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 Artículo 41
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 artículo 108
 artículo 133