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Ponencia conjunta participo luis estela morales - LiveSlideToggle navigationBUSINESSEDUCATIONTECHNOLOGYTRAVELMORE TOPICSSign upSign in HomeEducationPonencia conjunta participo luis estela morales of 17Ponencia conjunta participo luis estela morales Rafael BordonesPublished on: Mar 4, 2016
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PONENCIA CONJUNTA Expediente Nº 12-1358 Mediante escrito presentado el 21 diciembre de 2012, la ciudadana MARELYSD’ARPINO, titular de la cédula de identidad n° 3.883.856, inscrita en Instituto dePrevisión Social del Abogado bajo el n° 13.961, interpuso ante la Secretaría de esta SalaConstitucional demanda de interpretación constitucional acerca del contenido y alcance delartículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En la misma oportunidad de su presentación, se dio cuenta en Sala y se designócomo ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien junto a los demásMagistrados y Magistradas de esta Sala Constitucional decidieron sentenciar la causamediante ponencia conjunta. Mediante sentencia n° 02 del 9 de enero del corriente, esta Sala Constitucional dictóel pronunciamiento solicitado. El día siguiente, el ciudadano Alfredo Romero Mendoza, venezolano, titular de lacédula de identidad número 6.324.982, e inscrito en el Instituto de Previsión Social delAbogado bajo el número 57.727, solicitó aclaratoria y ampliación de la aludida decisión. Efectuado el análisis correspondiente, pasa esta Sala a decidir, previas lasconsideraciones siguientes:
I DE LA SOLICITUD Mediante escrito presentado el 10 de enero de 2013, el mencionado profesional delDerecho efectuó los siguientes planteamientos: Que “la sentencia objeto de aclaratoria es de interés público, por lo quecualquier ciudadano de la República y sobre todo los abogados que de conformidad con elartículo 253 de la Constitución formamos parte esencial del sistema de justicia venezolano,poseemos legitimación para accionar en cuanto a la referida decisión de dicha SalaConstitucional”. Que “la Constitución permite el acceso a la justicia en forma amplia a aquellos coninterés legítimo, lo cual incluye los intereses colectivos y difusos. Cuando se trata de lainterpretación de una norma constitucional es indudable el interés de cualquier persona deaccionar ante las instancias judiciales competentes, en virtud del carácter general de lasmismas”. Que, en lo que atañe al fondo del asunto, “el análisis y decisión de esa SalaConstitucional en cuanto a la interpretación del artículo 231 de la Constituciónespecíficamente se refiere al caso de un Presidente reelecto. A los efectos de lacertidumbre jurídica y una clara interpretación del artículo referido, solici[ta] a [esta] Salaaclare y amplíe su interpretación de la norma referida en cuanto a qué sucedería si no setratase de un Presidente reelecto sino de un candidato electo a Presidente que no sepresentara al acto de juramentación”. Que, en el supuesto que ahora plantea, se amplíe la interpretación vertida señalando:“a. ¿Quién asume el cargo temporal de Presidente de la República en caso de que elcandidato electo a Presidente no asista a la toma de posesión del cargo mediantejuramento a realizarse el 10 de enero, de conformidad con el artículo 231 de laConstitución a los efectos de mantener la continuidad administrativa? [y] b. ¿Seconsideraría una falta temporal o absoluta el caso de que el candidato electo a Presidente
no siendo Presidente reelecto no acuda al acto de toma de posesión el 10 de enero del añocorrespondiente?”. Que, por otra parte, en el fallo cuya ampliación se requiere, a su juicio “se estableceun lapso indefinido o incierto para la juramentación del Presidente reelecto, tomando encuenta que la misma sentencia señaló que dicha juramentación es obligatoria. En talsentido, solicitamos a dicha Sala Constitucional que aclare o amplíe su decisión a losefectos de que defina si existe o no un lapso para que el Presidente reelecto proceda ajuramentarse ante el Máximo Tribunal, o por el contrario se trata de un tiempoindeterminado que por ejemplo permita al Presidente reelecto juramentarse el último díade su mandato constitucional”. En el mismo orden de ideas, señaló “que la sentencia no establece cuándo dichaausencia del Presidente fuera del país, con autorización de la Asamblea Nacional, puedeconsiderarse como falta temporal. En tal sentido, solicitamos a dicha Sala aclare si elpermiso del Presidente de la República para ausentarse fuera del país puede serindefinido. Y en caso de que la respuesta fuera positiva requerimos se aclare si elPresidente de la República puede gobernar fuera de la República Bolivariana deVenezuela sin necesidad de regresar al país durante todo su mandato”. Que, por otra parte, solicita se aclare “la base jurídica en la que se sustentó yprecisamente dónde se establece en nuestra Constitución que la falta temporal la decreta elJefe de Estado. Igualmente requerimos aclare si el Decreto a que se refiere debesuscribirse en Consejo de Ministros o no, y cuándo debe dictarse dicho Decreto. ¿Debedictarse el Decreto antes de que se produzca la falta temporal o pudiera dictarse el mismocuando la falta temporal se haya producido? En este último caso, en qué plazo dichoDecreto debe dictarse cuando la falta temporal se haya producido, o se trata de un lapsoindefinido. En cualquier caso, solicito que se aclare si pudiera existir falta temporal encaso de que el Presidente no la decrete. Es decir, solicita que aclare si la única posibilidadde que exista falta temporal es que sea decretada por el Presidente, o existen otrasposibilidades para que se produzca la falta temporal”. II
DE LA SENTENCIA CUYA AMPLIACIÓN SE PIDE Mediante sentencia nº 02, del 9 de enero de 2013, con ocasión de la interpretaciónconstitucional efectuada sobre el artículo 231 de la Carta Magna, esta Sala efectuó lasconsideraciones que, de seguidas, se transcriben extensamente: “La disposición constitucional cuya interpretación es requerida estipula lo siguiente: „Artículo 231: El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia‟. La accionante alegó la existencia de una duda interpretativa en torno a si „la formalidad de la Juramentación prevista para el 10 de enero de 2012 [rectius: 2013] constituye o no una formalidad sine qua non para [que] un Presidente Reelecto, continúe ejerciendo sus funciones [y] [a]simismo, solicit[a] se interprete si tal formalidad puede ser suspendida y/o fijada para una fecha posterior‟. En un primer momento, la Sala estima imperioso aclarar que el juramento previsto en la señalada norma no puede ser entendido como una mera formalidad carente de sustrato y, por tanto, prescindible sin mayor consideración. El acto de juramentación, como solemnidad para el ejercicio de las delicadas funciones públicas es una tradición con amplio arraigo en nuestra historia republicana y procura la ratificación, frente a una autoridad constituida y de manera pública, del compromiso de velar por el recto acatamiento de la ley, en el cumplimiento de los deberes de los que ha sido investida una determinada persona. En el caso del Presidente de la República, ella debe tener lugar ante la Asamblea Nacional, como órgano representativo de las distintas fuerzas sociales que integran al pueblo, el 10 de enero del primer año de su período constitucional. Ahora bien, si por „cualquier motivo sobrevenido‟, a tenor de la citada norma, la misma no se produce ante dicho órgano y en la mencionada oportunidad, deberá prestarse el juramento ante el Tribunal Supremo de Justicia, sin señalarse una oportunidad específica para ello. Es decir, a todo evento, el acto de juramentación debe tener lugar, aunque por la fuerza de las circunstancias („cualquier motivo sobrevenido‟) sea efectuado en otras condiciones de modo y lugar. La separación de las oraciones que conforman el mencionado dispositivo normativo mediante un punto y seguido, apuntalan la interpretación
efectuada. La Sala considera indispensable efectuar la acotación referidacon el ánimo de dilucidar la duda interpretativa que realmente justifica lapresente decisión aclarativa, consciente de que el ánimo de la actora no serestringe meramente a considerar si la juramentación del Presidente es unaformalidad prescindible (lo cual ya quedó negado), sino a determinar concerteza los efectos jurídicos de la asistencia o inasistencia al acto de „tomade posesión y juramentación ante la Asamblea Nacional‟, el 10 de eneropróximo, por parte del Presidente reelecto.A tales efectos, la interpretación solicitada debe realizarse atendiendo a losprincipios axiológicos en los cuales descansa el Estado Constitucionalvenezolano (vid. fallo n° 1309/2001 de la Sala Constitucional). En talsentido, es imprescindible tomar en consideración el derecho humano a lasalud y los principios de justicia, de preservación de la voluntad popular –representada en el proceso comicial del 7 de octubre de 2012- y decontinuidad de los Poderes Públicos, que analizará posteriormente esta SalaConstitucional en el cuerpo de este fallo.Por el momento, conviene referir que tanto en la Carta de 1961, como en lade 1999, el inicio del período constitucional, la toma de posesión y lajuramentación del Presidente de la República coinciden en principio, bajolas modalidades previstas en los artículos 186 de la Constitución derogada y231 de la Constitución vigente.En este sentido, establecía el artículo 186 de la Constitución de 1961 losiguiente: „Artículo 186. El candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente de la República mediante juramento ante las Cámaras reunidas en sesión conjunta, dentro de los diez primeros días de aquel en que deben instalarse en sus sesiones ordinarias del año en que comience el período constitucional. Si por cualquier circunstancia no pudiere prestar el juramento ante las Cámaras en sesión conjunta, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia. Cuando el Presidente electo no tomare posesión dentro del término previsto en este artículo, el Presidente saliente resignará sus poderes ante la persona llamada a suplirlo provisionalmente en caso de falta absoluta, según el artículo siguiente, quién los ejercerá con el carácter de Encargado de la Presidencia de la República hasta que el primero asuma el cargo‟.Ahora bien, en relación con el Presidente saliente (en este caso, reelecto),mientras la Constitución de 1961 no permitía la prórroga del mandato y seordenaba la resignación (entrega) de éste, de modo que el Presidentesaliente fuera suplido en los términos del artículo 187 eiusdem (en principio,por el Presidente del Congreso), en la vigente Constitución de 1999 talprevisión no aparece recogida.
Reiterando lo dispuesto por esta Sala mediante fallos números 457/2001 y759/2001, debe apreciarse que la derogatoria en la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela de lo previsto para este caso en losartículos 186 y 187 de la Carta de 1961, impide considerar la posibilidad deque, una vez concluido el mandato presidencial, deba procederse como si setratara de una falta absoluta, a los efectos de la suplencia provisional quecubriría el Presidente de la Asamblea Nacional, como lo disponían losartículos citados del ordenamiento abrogado. El cambio en la regulaciónconstitucional, así considerado, obedece claramente a una modificación delesquema constitucional que, de forma novedosa, admite la posibilidad dereelección inmediata y sucesiva, vedada en la Carta anterior (artículo 230constitucional, enmendado en fecha 15 de febrero de 2009 –Enmienda N° 1-).En este sentido, no habiéndose previsto expresamente como causal de faltaabsoluta, la culminación del período no puede reputarse como tal, pues elartículo 233 prevé exclusivamente las circunstancias que darían lugar aella. Por otra parte, la falta de juramentación ante la Asamblea Nacional, el10 de enero, tampoco produce tal suerte de ausencia, pues la misma normaadmite que dicha solemnidad sea efectuada ante este Máximo Tribunal, enuna fecha que no puede ser sino posterior a aquella.Agréguese que en el caso de una autoridad reelecta y, por tanto,relegitimada por la voluntad del soberano, implicaría un contrasentidomayúsculo considerar que, en tal supuesto, existe una indebida prórroga deun mandato en perjuicio del sucesor, pues la persona en la que recae elmandato por fenecer coincide con la persona que habrá de asumir el cargo.Tampoco existe alteración alguna del período constitucional pues el TextoFundamental señala una oportunidad precisa para su comienzo y fin: el 10de enero siguiente a las elecciones presidenciales, por una duración de seisaños (artículo 230 eiusdem).Téngase presente la necesidad de preservar la voluntad del pueblomanifestada en un proceso comicial, de manera que resultaría a todas lucesfraudulento a la misma considerar que la solemnidad del juramento, en laoportunidad prefijada del 10 de enero y ante la Asamblea Nacional,suponga una especie de falta absoluta que, no sólo no recoge expresamentela Constitución , sino que antagoniza con la libre elección efectuada por elsoberano, en franco desconocimiento de los principios de soberanía populary democracia protagónica y participativa que postulan los artículos 2, 3, 5 y6 del Texto Fundamental.A mayor abundamiento, es necesario precisar que el sufragio es unamanifestación directa del ejercicio de la soberanía popular (artículo 5constitucional) por parte de su titular y que es un rasgo característico de lademocracia participativa (artículo 6 eiusdem). Al respecto, esta SalaConstitucional en sentencia 1680/2007 expresó que, al ejercerse el sufragio,„entra en juego un valor fundamental de nuestro máximo texto normativoque atañe al altísimo papel que ha sido reconocido a la voluntad popular,
como manifestación del ejercicio de la democracia participativa yprotagónica, cuyo contenido axiológico se deriva claramente de losartículos 2, 3 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, contando con vasto desarrollo en el catálogo abierto de derechospolíticos, especialmente en las normas contenidas en el Capítulo IV delTítulo II de nuestra Carta Magna‟.Cualquier pretensión de anular una elección y/o de desproclamar a unfuncionario electo por parte de algún poder constituido, al margen de unadisposición constitucional expresa y desconociendo „el preponderante roldel cuerpo electoral una vez que ha sido manifestada su voluntad en unproceso comicial‟, implicaría subordinar la libre expresión de la voluntadpopular a una „técnica operativa, tomando en consideración –además- lostraumatismos políticos e institucionales que supone la forzosadesincorporación de un funcionario electo…‟, como expresara esta Sala enel fallo citado supra.De tal manera que, al no evidenciarse del citado artículo 231 y del artículo233 eiusdem que se trate de una ausencia absoluta, debe concluirse que laeventual inasistencia a la juramentación prevista para el 10 de enero de2013 no extingue ni anula el nuevo mandato para ejercer la Presidencia dela República, ni invalida el que se venía ejerciendo.En este punto, conviene referirse al „Principio de ContinuidadAdministrativa‟, como técnica que impide la paralización en la prestacióndel servicio público. Según la doctrina y práctica administrativa, conforme adicho principio, la persona designada para el ejercicio de alguna funciónpública no debe cesar en el ejercicio de sus atribuciones y competencias,hasta tanto no haya sido designada la correspondiente a sucederle (vid.sentencia n° 1300/2005).En relación con el señalado principio de continuidad, en el caso que ahoraocupa a la Sala, resultaría inadmisible que ante la existencia de un desfasecronológico entre el inicio del período constitucional (10 de enero de 2013)y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el textofundamental así lo paute) que el gobierno (saliente) queda ipso factoinexistente. No es concebible que por el hecho de que no exista unaoportuna „juramentación‟ ante la Asamblea Nacional quede vacío el PoderEjecutivo y cada uno de sus órganos, menos aún si la propia Constituciónadmite que tal acto puede ser diferido para una oportunidad ulterior anteeste Supremo Tribunal.En este sentido, se reitera, tal como señaló esta Sala en los antes referidosfallos números 457/2001 y 759/2001, que no debe confundirse „la iniciacióndel mandato del Presidente con la toma de posesión, términos que esnecesario distinguir cabalmente‟. Efectivamente, el nuevo periodoconstitucional presidencial se inicia el 10 de enero de 2013, pero elconstituyente previó la posibilidad de que „cualquier motivo sobrevenido‟impida al Presidente la juramentación ante la Asamblea Nacional, para lo
cual determina que en tal caso lo haría ante el Tribunal Supremo deJusticia, lo cual necesariamente tiene que ser a posteriori.Por otra parte, las vacantes absolutas no son automáticas ni debenpresumirse. Estas están expresamente contempladas en el artículo 233constitucional y, al contrario de lo que disponían los artículos 186 y 187 dela Constitución de 1961, la imposibilidad de juramentarse (por motivossobrevenidos) el 10 de enero de 2013, no está expresamente prevista comocausal de falta absoluta.Nótese, adicionalmente, por si aún quedaran dudas, que en el caso delPresidente Hugo Rafael Chávez Frías, no se trata de un candidato queasume un cargo por vez primera, sino de un Jefe de Estado y de Gobiernoque no ha dejado de desempeñar sus funciones y, como tal, seguirá en elejercicio de las mismas hasta tanto proceda a juramentarse ante el MáximoTribunal, en el supuesto de que no pudiese acudir al acto pautado para el 10de enero de 2013 en la sede del Poder Legislativo.De esta manera, a pesar de que el 10 de enero se inicia un nuevo periodoconstitucional, la falta de juramentación en tal fecha no supone la pérdidade la condición del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ni comoPresidente en funciones, ni como candidato reelecto, en virtud de existircontinuidad en el ejercicio del cargo.Por la misma razón, conserva su plena vigencia el permiso otorgado por laAsamblea Nacional, por razones de salud, para ausentarse del país por másde cinco (5) días; y no se configura la vacante temporal del mismo al nohaber convocado expresamente al Vicepresidente Ejecutivo para que losupla por imposibilidad o incapacidad de desempeñar sus funciones.En relación con este punto, es menester señalar que el artículo 156, cardinal2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableceque es competencia del Poder Público Nacional (en cualquiera de susramas): „La defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de laRepública, la conservación de la paz pública y la recta aplicación de la leyen todo el territorio nacional‟.Esta atribución general debe ejercerse en base a los principios decompetencia y de legalidad expresamente reconocidos en el artículo 137eiusdem, que a la letra dice: „Esta Constitución y la ley definen lasatribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales debensujetarse las actividades que realicen‟.En atención a lo expuesto, debe acotarse que el Presidente de la Repúblicaes el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, „en cuya condición dirige laacción de gobierno‟ (artículo 226 constitucional). En tal sentido, elPresidente „es responsable de sus actos y del cumplimiento de lasobligaciones inherentes a su cargo‟ (artículo 232 constitucional,encabezamiento).
En base a las disposiciones citadas, se advierte del texto constitucional,concretamente del artículo 235, que si el Presidente requiere ausentarse delterritorio nacional, debe solicitar „autorización de la Asamblea Nacional ode la Comisión Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior acinco días consecutivos‟. Ahora bien, este artículo alude exclusivamente a laautorización para salir del territorio nacional, no para declararformalmente la ausencia temporal en el cargo.A modo de resumen, la Constitución establece un término para lajuramentación ante la Asamblea Nacional, pero no estatuye consecuenciapara el caso de que por „motivo sobrevenido‟ no pueda cumplirse con ellade manera oportuna y, por el contrario, admite expresamente esaposibilidad, señalando que pueda efectuarse la juramentación ante elTribunal Supremo de Justicia. De allí que no pueda entenderse esta eventualausencia como una causal de falta absoluta, pues no está previstaexpresamente como tal por el artículo 233 eiusdem, ni puede asimilarse alabandono del cargo, al existir una autorización conferida por la AsambleaNacional para ausentarse del territorio de la República para recibirtratamiento médico, preservando su condición de Jefe de Estado y deGobierno y descartando, asimismo, la existencia de una falta temporal.Recapitulando la posición sostenida a lo largo de este fallo, se concluye losiguiente: (i) Hasta la presente fecha, el Presidente Hugo Rafael Chávez Frías se ha ausentado del territorio nacional, por razones de salud, durante lapsos superiores a „cinco días consecutivos‟, con la autorización de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 235 de la Constitución, la última de las cuales se encuentra plenamente vigente y fue ratificada en sesión de la Asamblea Nacional de fecha 8 de enero de 2013. (ii) No debe considerarse que la ausencia del territorio de la República configure automáticamente una falta temporal en los términos del artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin que así lo dispusiere expresamente el Jefe de Estado mediante decreto especialmente redactado para tal fin. (iii) A diferencia de lo que disponían los artículos 186 y 187 de la Constitución de 1961, que ordenaban que en caso de existir un desfase entre el inicio del período constitucional y la toma de posesión, el Presidente saliente debía entregar el mandato al Presidente del Congreso y procederse „como si se tratara de una falta absoluta‟; la Carta de 1999 eliminó expresamente tal previsión, lo cual impide que el término del mandato pueda ser considerado una falta absoluta (que, por otra parte, tampoco está contemplada en el artículo 233 constitucional como causal y sería absurdo en el caso de un Presidente reelecto y proclamado).
(iv) A pesar de que el 10 de enero próximo se inicia un nuevo período constitucional, no es necesaria una nueva toma de posesión en relación al Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en su condición de Presidente reelecto, en virtud de no existir interrupción en el ejercicio del cargo. (v) La juramentación del Presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 231 de la Carta Magna. Dicho acto será fijado por el Tribunal Supremo de Justicia, una vez que exista constancia del cese de los motivos sobrevenidos que hayan impedido la juramentación. (vi) En atención al principio de continuidad de los Poderes Públicos y al de preservación de la voluntad popular, no es admisible que ante la existencia de un desfase cronológico entre el inicio del período constitucional y la juramentación de un Presidente reelecto, se considere (sin que el texto fundamental así lo paute) que el gobierno queda ipso facto inexistente. En consecuencia, el Poder Ejecutivo (constituido por el Presidente, el Vicepresidente, los Ministros y demás órganos y funcionarios de la Administración) seguirá ejerciendo cabalmente sus funciones con fundamento en el principio de la continuidad administrativa. Queda, en los términos expuestos, resuelta la interpretación constitucional solicitada en esta causa. Así, finalmente, se decide”.IIIMOTIVACIONES PARA DECIDIR La materia con relación a la cual debe pronunciarse esta Sala, versa sobre unasolicitud de “aclaratoria y ampliación” de su fallo n° 02, emitido el 9 de enero de 2013,con ocasión de la interpretación constitucional del artículo 231 de la Carta Magna, cuyostérminos quedaron plasmados en el capítulo precedente. En este sentido, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, regula la figuraprocesal de la aclaratoria en la forma siguiente: “Artículo 252. Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado.
Sin embargo, el tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de los tres días, después de dictada la sentencia, con tal que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente”. Sobre el alcance de la norma precedentemente transcrita, mediante fallo n° 1599/2000(caso: Cooperativa Mixta La Salvación, R.L.), esta Sala sostuvo que dicha disposición“regula todo lo concerniente a las posibles modificaciones que el juez puede hacer a susentencia, quedando comprendidas dentro de éstas, no sólo la aclaratoria de puntos dudosos,sino también las omisiones, rectificaciones de errores de copia, de referencias o de cálculosnuméricos que aparecieron de manifiesto en la sentencia, así como dictar las ampliaciones aque haya lugar”. En lo que respecta a la oportunidad para formular tales peticiones, la disposicióncomentada establece que debe ser solicitada por alguna de las partes en el día de lapublicación del fallo o en el día siguiente, lapso cuya brevedad afianza la mayor certeza quedebe existir respecto del contenido y alcances del fallo ya proferido, en respaldo de laseguridad jurídica. En este sentido, se observa que esta Sala dictó el fallo cuya aclaración serequiere el 9 de enero de 2013 y la petición de aclaratoria y ampliación fue instada el díasiguiente, de manera que la solicitud fue interpuesta tempestivamente. Así se decide. Con el ánimo de resolver lo conducente, esta Sala estima necesario referirsepreviamente a su consolidada jurisprudencia acerca de la legitimidad e interés procesal,como requisitos constitutivos de la acción (y, por extensión, de cualquier petición dirigida alos órganos jurisdiccionales). Se observa que el solicitante de la aclaratoria no fue parte en el recurso deinterpretación resuelto, por lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo252 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el fallo n°100 de esta mismaSala Constitucional de fecha 6 de febrero de 2001, la presente petición es inadmisible; y asíse declara. Asimismo debe advertirse que la demanda de interpretación no es una acciónpopular, como lo pretende el solicitante. A pesar de la tendencia jurisdiccional de esta Sala,en el sentido de flexibilizar la admisibilidad en solicitudes que se vinculen a los derechospolíticos; debe ser claro el interés jurídico legítimo y directo (no el simple interés),vinculado a una situación concreta y específica para que se admita que un tercero que no ha
participado en el trámite interpuesto por otro accionante, pueda justificar su legitimaciónpara pedir una aclaratoria en contra de la redacción expresa y literal del ya citado artículo252. Este interés legítimo que excepcionalmente podría justificar la consideración de lasolicitud de autos, no lo advierte la Sala en el presente planteamiento; y así igualmente sedecide. Por otra parte, a través de sentencia n° 776/2001 (caso: Rafael Montserrat Prato),esta Máxima Juzgadora dispuso lo siguiente: “El interés procesal varía de intensidad según lo que se persiga, y por ello no es el mismo el que se exige en quien incoa una acción popular por inconstitucionalidad, que el requerido en una acción por intereses difusos o para el cumplimiento de una obligación. Ahora bien, es un requisito de la acción, ligada a la necesidad de que exista un interés procesal en el accionante, que él pueda estar realmente afectado en su situación jurídica, razón por la cual acude a la justicia, y, además, que el demandado puede causar tal afectación. Es igualmente exigencia necesaria, que el actor persiga se declare un derecho a su favor (excepto en los procesos anticipatorios, como el retardo perjudicial por temor fundado a que desaparezcan las pruebas, donde el interés se ventilará en el proceso al cual se integren las actuaciones del retardo). Consecuencia de lo anterior, es que quien demanda (reconociendo la Sala que el escrito de demanda es una vía para ejercer el derecho de acción, pero que con ella no se confunde), utilizando el proceso para un fin diferente al que se administre justicia, carece de acción. Surge una apariencia de acción y de proceso, al poner en marcha la función jurisdiccional, pero ella (la acción) realmente no existe, ya que efectivamente no se está buscando la tutela judicial que debe brindar la actividad jurisdiccional, y que es el fin del proceso. […] El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señala a estas causas como de inadmisibilidad de la demanda (del escrito), pero en realidad sus supuestos se convierten en causas de inadmisibilidad de la acción, ya que no podrá administrarse justicia, y ello ocurre cuando: a) Se incoa la acción para crear un proceso que viene a obrar como un instrumento para cometer un fraude, bien se trate de un fraude procesal para perjudicar a alguien específicamente dentro del proceso o con motivo de él, o bien se trate de un fraude a la ley. Se está en presencia de acciones incoadas para alterar el orden público constitucional, al desvirtuar los fines del proceso, tal como lo ha expresado esta Sala en fallos de 9 de marzo de 2000 y 4 de agosto de 2000 (Casos: Sonia Saje de Zavatti e Intana C.A., respectivamente). b) Por otra parte, la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el numeral 6 del artículo 84, contempla como causal para que no se admita
ninguna demanda ni solicitud, el que ella contenga conceptos ofensivos e irrespetuosos. También se trata del rechazo del escrito, pero en el fondo, tal prohibición está ligada a la falta de interés procesal y a la protección de las buenas costumbres, ya que la acción no es un medio para injuriar, ofender o atacar a funcionarios o instituciones, su fin es que la jurisdicción actúe, se administre justicia y se resuelvan conflictos. Si bien es cierto que el artículo 84 citado se refiere a la demanda (al escrito), también es un fraude a la ley que pesa sobre la acción, no expresa en la demanda, los conceptos ofensivos o irrespetuosos contra el Tribunal o la contraparte, y consignarlos públicamente en escritos de prensa o programas radiales o televisivos, o en documentos expuestos a la publicidad, como las actas procesales. Ello no es más que un proceder que contraría el numeral 6 del artículo 84 citado, y que no se puede amparar en la libertad de expresión, ya que ella no involucra la inobservancia de la ley, y menos, cuando sea utilizada para dejar sin efecto una prohibición legal, como la del citado artículo 84”. Asimismo, mediante sentencia n° 93/2003 (caso: José Manuel Ballaben), esta Salaseñaló: “[E]l accionante ha incurrido en el escrito libelar (ver -entre otros- folios 7, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 41, 44 y 52), en irrespeto a la majestad del Poder Judicial, al señalar -entre otras frases ofensivas- que los Magistrados que suscribieron el fallo accionado lo hicieron con “...premeditada parcialidad...” y que dicho fallo constituye una “aberración jurídica”. Al respecto, esta Sala estima conveniente ratificar, en esta oportunidad, lo sostenido en sentencia del 5 de junio de 2001, recaída en el caso Marielba Barboza, en la cual se señaló: „...que constituye un deber de todo abogado mantener frente a los órganos que conforman el Poder Judicial una actitud respetuosa, debiendo abstenerse de realizar cualquier acto o utilizar expresiones contrarias a la majestad de la justicia, conforme lo exige el artículo 47 del Código de Ética Profesional del Abogado, en concordancia con lo previsto en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil‟. Siendo que los conceptos emitidos por el accionante respecto a la decisión accionada, sobre el Magistrado ponente de la misma y de los Magistrados de la Sala que la suscribieron, son ofensivos e irrespetuosos, esta Sala tal y como lo ha decidido en otras oportunidades (v. sentencia Nº 1815 del 5 de agosto de 2002, caso Rubén Darío Guerra), declara inadmisible la solicitud en cuestión conforme lo dispone el artículo 84.6 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al amparo de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; acción de amparo que por demás resulta inadmisible a tenor de lo previsto en el artículo 6.6 de la Ley que rige la materia. Así se decide.
Debe advertir la Sala, en un sentido general, que si bien es cierto que el numeral 6 del citado artículo 84, como causal de inadmisión de demandas o solicitudes, reza: „Si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos...‟, lo que concretiza la falta a los escritos de demanda o solicitudes, no es menos cierto que existe un fraude a la ley cuando la ofensa o el irrespeto no se efectúa en el escrito, pero si fuera de él, como ocurre en declaraciones públicas, motivo por el cual la Sala, considera que tales declaraciones anteriores, coetáneas o posteriores a la introducción del escrito hacen inadmisibles las mismas, y así se declara”. En abundamiento de lo expresado, ratificando la doctrina recogida en losprecedentes arriba citados, en fallo n° 1090/2003 (caso: José Benigno Rojas) esta SalaConstitucional advirtió: “Existe una nueva tendencia entre los abogados que no resultan favorecidos en sus pretensiones y pedimentos, algunas de las cuales resumen ignorancia, en acudir a la prensa a expresar opiniones contra el Tribunal que no los satisfizo, usando un lenguaje irrespetuoso, lleno de denuestos. Normalmente tales descalificaciones no van acompañadas de razonamiento jurídico alguno, y se encuentran plagadas de lugares comunes, y con ello se pretende que sea el público en general, que no está formado por profesionales del derecho, con estudios universitarios en la materia, y que no conoce los autos, quienes se formen una opinión, que no pueden formarse por el desconocimiento de la materia. Por ello el artículo 9 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano, exige que los comentarios de los abogados -que deben tener lugar una vez concluido el proceso- serán exclusivamente científicos y realizados en publicaciones profesionales. La señalada actitud, contraria al artículo 9 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano debe ser analizada por esta Sala, ya que, en la vigente Constitución (artículo 253) el abogado en ejercicio es parte del sistema de justicia y como tal, tiene el deber de lealtad no solo hacia su contraparte, sino ante las cabezas de dicho sistema, cuales son el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales que determine la ley. El deber de lealtad recogido en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, se refleja en varias disposiciones, como la del artículo 84.6 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que permite desechar demandas o solicitudes que se intenten ante la Corte (hoy Tribunal Supremo) que contengan conceptos irrespetuosos u ofensivos, los cuales pueden ser contra las Salas del Tribunal o sus componentes. Esa inadmisión de escritos, la ha aplicado la Sala, a actuaciones de abogados, que si bien en sus escritos en autos no irrespetan ni ofenden, en declaraciones públicas sobre el caso lo hacen, y estas declaraciones las ha asimilado la Sala, a ofensas e irrespetos como si constaran en autos.
[…] Los señalamientos públicos contra los tribunales, en procesos en cursos, donde se descalifica al tribunal o al juez, o se les trata de exponer al desprecio público, son interferencias „de cualquier naturaleza u origen en el ejercicio de sus funciones‟ ante las cuales, conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Tribunal Supremo debe dictar las medidas necesarias para hacer cesar inmediatamente la interferencia, en protección de los jueces. Si ello puede hacerlo en beneficio de los jueces, con mucha mayor razón podrán hacerlo sus Salas en beneficio propio. Dentro de estas medidas que deben tener sustento legal, está la del rechazo a los escritos, o a las actuaciones en el proceso oral, de los abogados que interfieren; o las prohibiciones del artículo 83 del Código de Procedimiento Civil. […] En consecuencia, desde esta fecha, la Sala en sentido general, aplicará este correctivo a los litigantes que pública o privadamente en estrados, ofendan o irrespeten la majestad de la justicia, a quienes ellos deben lealtad y colaboración -si son abogados en ejercicio- como miembros del sistema judicial”. En relación con el caso de autos, la Sala observa que el abogado actuante, AlfredoRomero Mendoza, el mismo día en que fue publicada la decisión cuya “aclaratoria” ahorainsta, sin mayor análisis jurídico, rindió declaraciones ante diversos medios masivos decomunicación social, señalando despectivamente que el dictamen de esta Sala constituía“una aberración jurídica”, plagada de “ambigüedades y contradicciones”. Siendo que los conceptos emitidos por el pretendido solicitante respecto de ladecisión accionada, son ofensivos e irrespetuosos, en agravio de la función jurisdiccionalque realiza este órgano de Administración de Justicia, debe la Sala declarar igualmenteinadmisible la solicitud en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133.5 dela Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. Al margen de lo anotado, no puede obviarse que lejos de pretender la rectificación,aclaratoria o ampliación de lo resuelto por esta Sala, el análisis del planteamiento efectuadoevidencia que éste desborda notablemente la mera función clarificadora de la figurarecogida en el artículo 252 de la ley adjetiva civil, pues se refiere a supuestos no actuales niconsiderados en el fallo interpretativo cuya aclaratoria se pide (por ejemplo,consideraciones sobre la eventualidad de una toma de posesión y/o juramentación decandidatos no reelectos), o a discrepancias interpretativas que no implican falta de
pronunciamiento explícito en relación a los puntos que se pretende se aclaren, sino la meradisconformidad con el criterio vinculante rendido por este Máximo Tribunal actuando enSala Constitucional. DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia,en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad dela Ley, declara INADMISIBLE la solicitud de “aclaratoria y ampliación” interpuesta porel ciudadano Alfredo Romero Mendoza, identificado supra. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 11 días del mes de enero de dos mil trece(2013). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. La Presidenta, Luisa Estella Morales Lamuño El Vicepresidente, Francisco Antonio Carrasquero López Marcos Tulio Dugarte Padrón Magistrado Carmen Zuleta de Merchán Magistrada
Arcadio Delgado Rosales Magistrado Juan José Mendoza Jover Magistrado Gladys María Gutiérrez Alvarado Magistrada El Secretario, José Leonardo Requena Cabellonº 12-1358 (acl.)PCRelated Documents
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