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109 D.P.R El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza - PDF
109 D.P.R El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza
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Ignacio Toro Cabrera
1 109 D.P.R El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza Información del Documento Partes: El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza Fecha: 17 de abril de 1980 Cita: 109 D.P.R. 596 Juez: Martín Página: 596 EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado, v. PABLO DUARTE MENDOZA, acusado y apelante. Resuelto: 17 de abril de Número: CR PUERTO RICO-ESTADO LIBRE ASOCIADO-STATUS Y RELACIONES POLITICAS VIGENCIA DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS, DENTRO DE PUERTO RICO. Aplica en Puerto Rico la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativa al aborto. 2 - ID.-ID.-ID.-ID. Examinada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre abortos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluye que en el primer trimestre de un embarazo la decisión sobre el aborto debe descansar en el mejor juicio clínico del médico a cargo, juicio que a su vez descansa sobre consideraciones de salud física o mental de la paciente en estado de gravidez. 3 - DELITOS CONTRA LA PERSONA, EL ESTADO CIVIL Y LA FAMILIA-ABORTO-DELITO-EN GENERAL. Todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental-o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal en Puerto Rico. 4 - PALABRAS Y FRASES. Salud.-El término salud según utilizado en nuestro estatuto penal sobre abortos significa tanto salud física como salud mental. 5 - DERECHO CONSTITUCIONAL-DERECHOS PERSONALES, CIVILES Y 12 POLITICOS-DERECHO A LA PRIVACIDAD. Tanto el Art. 1 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937 como el Art. 91 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 prescriben para todo el período de embarazo el criterio constitucional establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para el primer trimestre, cual es, que la paciente, en consulta con su médico puede poner fin a su prefire sin la intervención del Estado. 6 - DELITOS CONTRA LA PERSONA, EL ESTADO CIVIL Y LA FAMILIA-ABORTO-DELITO-EN GENERAL. El Art. 91 del Código Penal de Puerto Rico prohíbe que persona alguna que no sea médico autorizado en Puerto Rico procure o intente un aborto y, además, que aun tal médico lo procure o intente sin mediar razón terapéutica o juicio clínico alguno para la conservación de la salud o vida de la mujer embarazada. 7 - ID.-ID.-EVIDENCIA-SUFICIENCIA. No habiendo prueba de ausencia de indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud de una madre embarazada, la convicción por haber practicado un aborto no puede prevalecer. 8 - ESTATUTOS, COSTUMBRES Y EQUIDAD-INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY-REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION-LENGUAJE USADO EN LA LEY Y SU SIGNIFICADO-EN GENERAL. No existe distinción entre pacientes mayores o menores de esa para los propósitos del juicio clínico que la ley exige a un médico que pretenda practicar un aborto. Página: HIJOS-PADRES E HIJOS-PATRIA POTESTAD, CUSTODIA O CUIDADO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD-EN GENERAL. No puede conceder la Asamblea Legislativa un veto absoluto a los padres de una menor embarazada respecto a la decisión de ésta de terminar su embarazo mediante aborto. SENTENCIA de José A. Casillas Fernández, J.(Humacao) condenando al acusado por el delito de aborto. Revocada. Oscar R. Brizzie, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo. Opinión emitida por el Juez Asociado Señor Martín exponiendo la Opinión del Tribunal en sus partes I, II, III y IV. (*) 23 En el que hacer jurídico de nuestros tiempos pocas controversias suelen suscitar problemas tan diversos y escabrosos como aquella que gira en torno del aborto y de su reglamentación por la ley. Resaltan al respecto consideraciones morales, históricas, religiosas y culturales de toda índole cuya armonización fiel en cualquier norma legal es poco menos que imposible. Abriendo brecha entre tan enmadejados contornos, cada sociedad escoge de entre las alternativas posibles aquélla que mejor se ajuste a sus valores y aspiraciones. Se advierte, sin embargo, un constante fluir de argumentos y debates y los resultados observados aun entre los pueblos de marcada tendencia progresista, poco se asemejan. Así por ejemplo, el escrutinio constitucional condujo en la Alemania Occidental a la anulación de cierto estatuto sobre aborto por carecer el mismo de protección suficiente al embrión; mientras que, por otra parte, en los Estados Unidos de América, el derecho constitucional a la intimidad de que disfruta la mujer embarazada, se estimó en ocasiones capaz de postergar cualquier protección que parezca merecer el ser que de ella se nutre. Resulta, pues, que sobre el tema que nos ocupa no hay tendencia definida que marque un trayecto (*) Los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual y Negrón García se unen a la totalidad de la opinión; el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué a las partes I, II, III y IV.(fin de nota al calce) Página: 598 común entre los pueblos y es muy probable que gracias a la naturaleza del problema, esa tendencia nunca se perfile. (1) En Puerto Rico, años ha que contamos con legislación que regla lo concerniente al aborto. (2) La naturaleza de dicha reglamentación ha sido eminentemente penal advirtiéndose, no obstante, diferencias marcadas entre las disposiciones de los distintos estatutos que han privado sobre el tema. Ahora bien, nunca antes habíanse colocado nuestras normas legales sobre el aborto en el tamiz constitucional ante este Tribunal; esto es, nunca antes habíamos enfrentado dicha reglamentación y los valores que ella recoge a los derechos y prerrogativas que disfrutan los puertorriqueños por gracia de las constituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América. El caso de autos nos ofrece por primera vez la oportunidad de abordar el tema. Repasemos primeramente los pormenores de la controversia. I El apelante, médico autorizado a ejercer su profesión en el Estado Libre Asociado, practicó un aborto, el 24 de julio de 1973, a una joven de 16 años que se hallaba en su primer 34 trimestre de embarazo. (3) Hallado culpable del delito de aborto por un panel de jurados y habiéndosele impuesto sentencia suspendida de dos a cuatro años de reclusión ha apelado ante nos alegando principalmente que la sentencia impuéstale es inválida por contravenir la Constitución estadounidense según fuera interpretada por el Tribunal (1) Véase West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, en 9 J. Mar. J. of Prac. & Proc. 551 (1975). (2) Con anterioridad a 1902, nuestro Código Penal de 1879 proveniente del español de 1870, regulaba el aborto en su Título VIII, Cap. VI, Arts M. Ochotorena, Código Penal Para las Islas de Cuba y Puerto Rico, anotado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 1894, págs. 4 D.P.R Su rigor, sin embargo, era mayor al vigente y a la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de (3) La propia prueba de cargo fundamenta este hecho toda vez que de ella surge que la última menstruación de la joven fue para el 7 de mayo de 1973.(fin de nota al calce) Página: 599 Supremo federal en los casos señeros de Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973). El Estado por su parte sostiene que toda disquisición en torno a la doctrina constitucional relacionada con el aborto huelga en el caso de autos en el que el médico acusado no demostró que la menor en quien se practicó el aborto pudiera prestar un consentimiento cabal a la intervención en ausencia del asentimiento de los padres. Argumenta, por tanto, el Ministerio Público que la convicción del apelante es procedente independientemente de cualquier determinación constitucional por la peculiar circunstancia de la minoridad de la mujer intervenida. Sobre tales contenciones ha quedado la controversia debidamente argumentada y lista para su final resolución. Veamos. II [1] No puede albergarse duda en torno a la aplicabilidad en Puerto Rico de la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativa al problema del aborto. En Roe v. Wade, supra, se reconoció que el derecho a la intimidad es suficientemente amplio para incluir la decisión de la mujer para terminar su embarazo. Este derecho tiene su base en el concepto de libertad personal protegido por las cláusulas de debido procedimiento de ley de las enmiendas quinta y decimocuarta de la Constitución federal y ha sido calificado como fundamental por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, (4) 410 U.S. a las págs. 152 y 153. Como tal, resulta aplicable a Puerto Rico. (5) Califano v. Gautier 45 (4) Véase, L. Henkin, Privacy and Autonomy, 74 Colum. L. Rev (1974). (5) En nuestra jurisdicción el concepto de intimidad del ser humano tiene raíz constitucional expresa. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. 11, Sec. 8, dispone: "Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar." Nuestra Ley Básica adopta en esa expresión una apreciación humana fundamental de protección de la dignidad del hombre, esencial para la vida misma. Ese concepto, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es, sin duda, de supremo rango en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. J. J. Santa-Pinter,Los Derechos Civiles en Puerto Rico, 1973, págs , Río Piedras. Véanse E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964). No obstante, en materia de aborto, advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana; por tanto, sólo nos referimos a ésta.(fin de nota al calce) Página: 600 Torres, 435 U.S. 1, n. 4 (1978), Ex. Bd. of Eng., Arch. and Sur. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, (1976), Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, , n. 14 (1974). Tal como dijéramos en Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282,287 (1971), "sería iluso pensar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no insistiría en que se protegiesen en Puerto Rico los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos de los Estados Unidos". Así, pues, nuestra tarea consiste en delinear con la mayor precisión posible la doctrina que se ha esbozado en la jurisprudencia federal con respecto a este tema para someter luego nuestro estatuto a su rigor y determinar si el mismo está en armonía con la norma constitucional proclamada en dicha jurisprudencia. Analicemos a continuación los casos federales que rigen la materia. III Tres opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son particularmente importantes para la solución de la controversia de autos. Son ellas las emitidas en los casos de United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), mereciendo particular atención esta última que no es sino la fusión armónica de las dos anteriores. 1 - United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971) En aquel caso tratábase de la impugnación constitucional del estatuto sobre abortos del Distrito de Columbia que en su parte pertinente disponía: 56 Página: 601 "Quienquiera que, por medio de cualquier instrumento, medicamento, droga u otro medio cualquiera, procure o produzca, o intente procurar o producir un aborto o malparto en cualquier mujer, a menos que el mismo fuera necesario para la preservación de la vida o salud de la madre y bajo la dirección de un médico competente y autorizado, será recluido en penitenciaria no menos de un año ni más de diez años." (Enfasis suplido.) En aquella ocasión el Tribunal Supremo descartó un argumento que proponía la inconstitucionalidad del citado estatuto a base de que el término "salud" utilizado en el mismo era tan incierto e impreciso que no advertía adecuadamente la situación que pretendía cubrir, vaguedad intolerable, según se argumentaba, ante el derecho a un debido procedimiento de ley. Por voz del Juez Asociado Señor Hugo Black, el Tribunal determinó que la voz "salud" debía interpretarse como descriptiva tanto de una condición física saludable como de un estado de bienestar sicológico y mental. 402 U.S. a las págs Por tal razón, se sostuvo en la opinión que no presentaba problema constitucional el estatuto allí analizado ya que su lenguaje sólo exigía de los médicos como condición para el aborto, la clásica, común y cotidiana determinación sobre conveniencia fisiológica o mental que se requiere por ser principio básico de medicina para cualquier intervención médica. 402 U.S. a la pág Roe v. Wade, 41 0 U. S (19 73) Roe v. Wade, supra, resuelto simultáneamente con Doe v. Bolton, supra, es la opinión que contiene el núcleo de la doctrina federal sobre el tema del aborto. Estaba ante la consideración del Tribunal Supremo federal un estatuto criminal del estado de Texas que prohibía el aborto excepto aquél "procurado o intentado por consejo médico con el propósito de salvar la vida de la madre". Véanse Arts y 1196 del Código Penal de Texas (énfasis suplido). Se establece en dicha opinión el balance que debe imperar entre los intereses del Estado en la consecución de la salud comunal, el mantenimiento de la mejor práctica médica y en la protección del nasciturus, y el derecho a la privacidad que a Página: 602 la mujer le garantiza la Constitución de los Estados Unidos de América. 410 U.S. 152 et seq. A tales fines se reconoció que el derecho a la intimidad de que disfruta la mujer incluye su decisión con respecto al aborto, derecho que queda limitado por los legítimos intereses del Estado, los cuales son de distinta naturaleza en las varias etapas del embarazo. Tales intereses son: (1) el de preservar y proteger la salud de la mujer encinta, y (2) el de proteger la potencialidad de la vida humana, los cuales son separados y distintos. 410 U.S. a la pág Para establecer las distintas posibilidades de reglamentación compatibles con la Constitución federal, el Tribunal hubo de dividir el período normal de embarazo de la mujer en tres trimestres susceptibles de diferente regulación de ley: 67 A. En cuanto al primer trimestre consideró que el interés importante y legítimo del Estado respecto a la salud de la madre no alcanza su preponderancia hasta aproximadamente al final del primer trimestre. Consiguientemente reconoció que el médico que atiende a la mujer embarazada queda en libertad durante ese trimestre de hacer la determinación de terminar el embarazo, en consulta con ella, y usando su juicio médico sin la intervención del Estado. 410 U.S. a la pág Esto es, la mujer no necesita la anuencia del Estado pero sí un médico que apruebe su decisión. Véase L. H. Tribe, The Supreme Court Term, Foreword: Toward a Model of Roles in the Due Process of Life and Law, 87 Harv. L. Rev. 1, 11 (1973). B. Pasado el punto en que el Estado adquiere interés preponderante, o sea, durante el segundo trimestre del embarazo, el Estado puede, en su legítimo interés en la protección y preservación de la salud materna, reglamentar el procedimiento de aborto siempre y cuando que la regulación tenga una relación razonable con tal propósito. 410 U.S. a las págs C. En la etapa del último trimestre de preñez, en la que se reconoce interés del Estado en la protección de la potencialidad Página: 603 de vida humana, puede regularse y hasta prohibirse el aborto excepto cuando fuere necesario para la protección de la salud o vida de la madre. 410 U.S. a las págs A tenor con los principios expuestos el Tribunal Supremo federal resolvió que el restringir los abortos legales a aquellos procurados o intentados por prescripción médica con el propósito de salvar la vida de la madre, sin que se establezcan distinciones entre abortos procurados en los principios de la preñez y aquellos procurados avanzada la misma, y sin reconocer otros intereses envueltos, no puede sostenerse constitucionalmente a la luz de la Enmienda Catorce. 410 U.S. a las págs y Doe v. Bolton, 41 0 U. S (19 73) Doe v. Bolton, supra, y Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), deben considerarse conjuntamente, según requiere expresamente el propio Tribunal Supremo. 410 U.S. a la pág Y es ello así toda vez que en Bolton se enfrentan las normas constitucionales proclamadas en Wade a un estatuto de diseño más moderno; enfrentamiento que sirve para perfilar las modalidades operacionales de la doctrina establecida, a la vez que se armoniza dicha doctrina con otros principios jurisprudenciales pertinentes. Id., 410 U.S. a las págs Se trataba en Bolton, supra, de los Arts a 1203 del Código Penal del estado de Georgia que tipificaban en aquella jurisdicción el delito de aborto. Como excepción, sin 78 embargo, no se consideraba criminal un aborto que efectuara un médico debidamente autorizado para ejercer la medicina y la cirugía en Georgia cuando a tenor con su mejor juicio clínico el aborto era necesario porque: "(1) la continuación de la preñez haría peligrar la vida de la mujer o sería y permanentemente lesionaría su salud; o (2) muy probablemente el feto nacería con grave, permanente e irremediable defecto mental o físico; o (3) el embarazo resultaba de una violación técnica o forzosa." (Enfasis suplido.) Al igual que en Wade y que en el caso de autos, en Bolton la impugnación constitucional se hacía por una mujer en su Página: 604 primer trimestre de embarazo. El Tribunal Supremo federal sostuvo al tribunal de distrito federal (6) que declaró contrarias a la Constitución aquellas cláusulas del estatuto de Georgia que limitaban el aborto legal a las tres situaciones reseñadas precedentemente. Entendió el tribunal que el médico no debía estar atado a dichas tres condiciones sino que podía ejercer su criterio en la forma más amplia que aconseja su juicio clínico. Quedó, pues, como excepción constitucionalmente válida al delito de aborto el efectuado por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina y la cirugía en Georgia si luego de usar su mejor juicio clínico considera que el aborto es necesario. (7) 410 U.S. a las págs. 186, 192. Debe advertirse que la primera de las excepciones que fue anulada, que se refería a la salud de la mujer, se consideró muy estricta al requerir una determinación de que su salud sería afectada sería y permanentemente. (8) (6) Tribunal de Distrito para el Distrito norteño de Georgia. Véase 319 F.Supp (N.D.Ga. 1970). (7) Incide la opinión concurrente y disidente del Señor Juez Presidente al declarar que en Bolton sólo se consideraron aspectos procesales del estatuto de Georgia. Dijo el Tribunal Supremo estadounidense: "Los apelantes atacan sobre deficientes bases aquellas partes de los estatutos de aborto de Georgia que subsistieron después de la decisión de la Corte de Distrito; indebida restricción a su derecho de intimidad personal y marital, vaguedad... " 410 U.S. a la pág (Enfasis nuestro.) Así pues, la opinión concurrente y disidente del Juez Presidente sólo considera la parte IV D del caso Bolton y omite las I, II, III y IV A, B y C. Dicha opinión induce a error (véase su escolio número 7) puesto que descansa en la aseveración cierta de que las partes del 89 estatuto de Georgia que fueron declaradas inconstitucionales en el Tribunal de Distrito no estaban ante la consideración del Tribunal Supremo. No obstante, lo fundamental es tener presente que nuestro estatuto es similar a las partes del estatuto de Georgia que no fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal de Distrito. Esas partes fueron sometidas al escrutinio constitucional del Tribunal Supremo en Bolton y fueron consideradas válidas. (8) En Bolton se anuló, además, el requisito impuesto por la ley de Georgia de que el aborto debía hacerse en un hospital autorizado y acreditado en cierta forma y con la aprobación de un comité de médicos sujeto a ciertos criterios. La razón para la nulidad encuentra apoyo en Wade ya que el requisito hospitalario del estatuto de Georgia no excluía el primer trimestre. Id Reconoció, sin embargo, el Tribunal que tales requisitos hospitalarios podían adoptarse por el Estado para el período posterior al primer trimestre siempre y cuando fueren estándares legítimamente relacionados al objetivo que el Estado persigue. Id El tribunal sostuvo, sin embargo, el requisito estatutario de Georgia que exigía que la determinación médica se redujera a escrito. Id. 203.(fin de nota al calce) Página: 605 Invocando su decisión en United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971), que he resumido antes, el alto Tribunal rechazó el argumento de que las palabras del estatuto de Georgia que exigían el "juicio clínico" del médico y su consiguiente determinación de que el aborto era "necesario" eran vagas e imprecisas, y afirmativamente expresó que tal determinación médica sobre salud física o mental, no es distinta a la que hacen los galenos en todo caso en que intervienen. 410 U.S. a las págs El Tribunal hizo hincapié, sin embargo, en que el requerido juicio médico habrá de ejercitarse "a la luz de todos los factores-físicos, emocionales, psicológicos, familiares, y la edad de la mujer-pertinentes al bienestar de la paciente", por estar ellos relacionados con la salud, y por entender que criterio tan amplio opera para beneficio y no para perjuicio de la mujer. Id. [2] Así, pues, al integrarse en el caso Bolton las decisiones de Wade y Vuitch, se colige con claridad que, en el primer trimestre de embarazo, la decisión sobre el aborto debe descansar en el mejor juicio clínico del médico a cargo, juicio que como en cualquier caso, descansa a su vez sobre consideraciones de salud física o mental de la paciente. B. B. Sendor, Medical Responsibility for Fetal Survival Under Roe and Doe, 10 Harv. Civ. Rights Civ. Lib. L. Rev. 444, 447, n. 19 (1975). Nuestra tarea próxima se reduce entonces a determinar si nuestro estatuto se ajusta a esa norma para el primer trimestre de embarazo. IV El Art. 266 del ya derogado Código Penal de 1937 disponía: "Toda persona que proporcionare, facilitare, administrare o hiciere tomar a una mujer cualquier medicina, droga, o sustancia, o que utilizare o empleare cualquier instrumento u 910 otro medio, con intención de hacerla abortar, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su vida, y toda persona que ayudare a la comisión de Página: 606 cualquiera de dichos actos incurrirá en pena de presidio por un término de dos a cinco años." (Enfasis suplido.) Comoquiera que la única excepción que reconocía el estatuto era la de salvar la vida de la embarazada, prontamente se amplió la exclusión para añadir "la conservación de la salud o vida", perdiendo el Art. 266 toda eficacia normativa al menos sobre casos como el de autos. (9) El nuevo estatuto dispuso como sigue: "Por la presente se prohíbe, salvo indicación terapéutica hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o vida, el indicar, aconsejar o inducir a abortar o practicar el aborto en una mujer embarazada." Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937, Sec. 1, 33 L.P.R.A. sec (Enfasis suplido.) Esta última disposición legal priva sobre la controversia de autos ya que los hechos ocurrieron durante su vigencia y antes de entrar en vigor el actual Código Penal de No obstante, comoquiera que el Código actual mantiene sobre el asunto del aborto un rigor similar a la Ley Núm. 136, supra, nuestras expresiones sobre la constitucionalidad del Art. 1 de la Ley Núm. 136, supra, han de ser cardinales para la interpretación del Código ahora vigente. (10) (9) Nótese que la Sec. 7 de la Ley Núm. 136 derogó toda ley o parte de ley que se opusiera o estuviera en conflicto con la misma. En abierto choque con la Ley Núm. 136 se hallaba desde luego, aquella parte del Art. 266 del Código Penal que no permitía la práctica del aborto en aras de la salud de la madre. Por tanto, opera plenamente el Art. 1 de la Ley Núm. 136 comoquiera que su tratamiento de la exclusión de responsabilidad es más amplio. La enmienda peculiar que se hizo al Art. 266 en 1964 en nada afectó esta realidad. No podía, pues, concebirse, al menos en casos como el de autos, una acusación por violación al Art. 266 del Código Penal de 1937 luego de los cambios de los elementos del delito de provocar un aborto por disposición de la Ley Núm (10) El Art. 91 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4010, dispone: "Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, toda persona que proporcionare, facilitare, administrare, prescribiere o hiciere tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga, o sustancia o que utilizare o empleare cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar, y toda persona que ayudare a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación 1011 de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de dos años y máximo de cinco años." (Enfasis suplido.)(fin de nota al calce) Página: 607 [3-4] Según queda dicho, el estatuto criminal sobre abortos de Puerto Rico exime de responsabilidad penal todo aborto prescrito por un médico, dirigido a la "conservación de la salud o vida" de la embarazada. Interpretado correctamente, el término "salud" contenido en nuestro estatuto, implica tanto salud física como salud mental. (11) En ese sentido enfrentamos una situación similar a la considerada en United States v. Vuitch, supra, y en Doe v. Bolton, supra. Los referidos estatutos criminales sobre el delito de aborto en Puerto Rico son en todo sentido similares a aquél que recibió la anuencia constitucional del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en United States v. Vuitch, supra, y similar también al estatuto cuya validez fue sostenida en Doe v. Bolton, supra, luego de los ajustes de que fuera objeto en el tribunal federal de distrito en el que se originó el caso. (12) (11) Véase, entre otros, el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas que a la pág define el concepto "salud" como aquel "estado normal de las funciones orgánicas e intelectuales". (Enfasis suplido.) 8va ed., Barcelona, (12) Sin embargo, la opinión concurrente del Señor Juez Presidente niega el estricto ratio decidendi de Bolton y su aplicación al caso de autos. Para ello, no obstante, invoca autoridades que en nada le favorecen. Así, por ejemplo, en People v. Frey, 294 N.E.2d 257 (1973), se trataba del estatuto de Illinois que sólo excluía de penalidad el aborto dirigido a preservar la vida de la madre. Igualmente en State v. Muson, 206 N.W.2d 434 (1973), con respecto al estatuto de Dakota del Sur. Véase State v. Munson, 201 N.W.2d 123 (1972). En State v. Lawrence, 198 S.E.2d 253 (1973), de un estatuto que no reconocía en su tipificación delictual excepción alguna a favor de médicos. Hodgson v. Lawson, 542 F.2d 1350 (8th Cir. 1976), trataba de la impugnación de ciertos requisitos que no están contenidos en nuestro estatuto. En Larkin v. Mc Cann, 368 F. Supp (E.D.Wis.1974), se aceptó por el Procurador General de Wisconsin la inconstitucionalidad de un estatuto que en nada se parecía al nuestro. El estatuto de Connecticut impugnado en Abele v. Markle, 369 F.Supp. 807 (D. Conn. 1973), prohibía todo aborto que no fuera necesario para preservar la vida física de la madre. En State v. Norflett, 337 A.2d 609 (1975), se trataba de un aborto provocado por una mujer que no era médica. Mahoning Women's Ctr. v. Hunter, 444 F.Supp. 12 (N.D. Ohio, E.D. 1977), declaró inconstitucionales los requisitos que debía reunir la institución en que se practicara el aborto, por exceder los permitidos a la luz de Wade y Bolton. Igualmente ocurrió en Arnold v. Sendak, 416 F.Supp. 22 (S.D. Ind. 1976). En Hodgson v. Anderson, 378 F.Supp (D. Minn. 1974), se trataba de unas extensas disposiciones estatutarias del estado de Minnesota, que no tenían similaridad a las validadas en Bolton ni por consiguiente a las que hemos validado en esta opinión. Finalmente, en People v. Norton, 507 P.2d 862 (1973), se trataba del estatuto de Colorado que, distinto al nuestro, y similar a la porción de aquél del estado de Georgia declarado 1112 inconstitucional por el tribunal de distrito en Bolton, condicionaba la realización legítima del aborto a que fuera necesario para evitar daño serio y permanente a la salud de la madre. Demanera que [Acevedo] Montalvo v. [Hernández Colón, 377 F.Supp (DPR 1974), no puede utilizarse como autoridad "contra", con respecto a los casos que invoca la opinión del Juez Presidente puesto que en dicho caso el Tribunal federal de Puerto Rico se limitó, al igual que lo hacemos en esta opinión, a sostener la constitucionalidad del estatuto puertorriqueño aplicando el caso señero de Doe v. Bolton. En igual sentido los comentaristas que invoca la concurrencia y disidencia no sostienen la novel posición allí propuesta limitándose la generalidad de ellos a relacionar los muy sabidos criterios Wade-Bolton para los tres trimestres de embarazo.(fin de nota al calce) Página: 608 Puede afirmarse que la disposición estatutaria nuestra se cuenta entre los estatutos sobre aborto más liberales que se conocen. Así ha sido interpretado en comentarios, Colegio de Abogados, Código Penal de Puerto Rico, págs , San Juan, 1975; y también ha sido sostenido en la jurisprudencia federal. [Acevedo] Montalvo v. [Hernández] Colón, 377 F.Supp. 1332, (DPR 1974). [5-6] Como cuestión de hecho, tanto el Art. 1 de la Ley Núm. 136 como el vigente Art. 91 del Código Penal se colocan dentro de la mayor perspectiva de permisibilidad ante el aborto, toda vez que prescriben para todo el período de embarazo, el criterio constitucional establecido por el Tribunal Supremo federal para el primer trimestre,cual es, que la paciente en consulta con su médico, sin la intervención del Estado, puede poner fin a su embarazo. (13) Tal criterio no afecta, por tanto, nuestro estatuto que prohíbe que persona alguna que no sea médico autorizado en Puerto Rico procure o intente un aborto, y que prohíbe además que aun tal médico lo (13) "El perjuicio que el Estado impondría a una mujer embarazada al negarle enteramente la opción [de poner fin a su embarazo] es aparente. Puede existir algún mal específico y directo médicamente diagnosticable aun en los comienzos de la preñez. La maternidad, o prole adicional, puede forzar sobre una mujer penosa vida futura. Un perjuicio psicológico puede ser inminente. La salud mental y física puede ser afectada por el cuido de una criatura. También existe la angustia de todos los afectados, como consecuencia del niño no deseado, y el problema de sumar un niño a una familia de por sí sicológicamente o de otro modo imposibilitada para cuidarlo. En otros casos, como en éste, pueden estar presentes las dificultades adicionales del estigma continuo de una madre no casada. Todos éstos son factores que la mujer y su médico responsable necesariamente tendrán en cuenta en la consulta al respecto." Roe v. Wade, 410 U.S. a la pág. 153.(fin de nota al calce) Página:13 procure o intente sin mediar razón terapéutica (14) alguna para la conservación de la salud o vida de la embarazada. Roe v. Wade, a las págs. 153, 164. Véase Court Labors Over Roe v. Wade and Gives Birth to New Standard, 30 Mercer L. Rev (1979). En cuanto a los próximos dos trimestres dicho alto tribunal reconoce que el Estado puede ser más estricto. Nuestra legislación resulta ser más laxa que el criterio adoptado en Roe v. Wade, pero la adopción de un estatuto más estricto conforme las normas establecidas en Wade y Bolton, es tarea que corresponde en razón de su función al mejor criterio de la Asamblea Legislativa. Mientras no se efectúen cambios, el criterio en Puerto Rico continuará siendo más permisible que el expresado por el Tribunal Supremo federal. V En el caso de autos el Ministerio Público no demostró que el médico apelante actuara al margen de toda consideración médica. [7] Ante este Tribunal sólo resalta el hecho escueto de que, siendo éste un proceso criminal, no hay prueba de ausencia de "indicación terapéutica" hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a "la conservación de la salud" de la madre. El juicio del médico debe, pues, prevalecer y su condena debe revocarse. (14) A pesar de que en Bolton se sostuvo la validez de un estatuto que sólo excluía del ámbito penal un aborto hecho por un médico atendiendo a su mejor juicio clínico, la opinión del Juez Presidente intenta invalidar la voz "terapéutica" de nuestro estatuto, sin considerar que el propósito terapéutico a que se refiere nuestro estatuto y el juicio clínico a que se refiere el sostenido en Bolton tienen exacto contenido. La voz inglesa "clinical" usada en el estatuto de Georgia significa en español "clínico". F. Ruiz Torres, Diccionario Inglés-Español y Español-Inglés de Medicina, pág. 98, Bilbao, "Clínico", es a su vez aquello relativo a la práctica de la medicina, Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 1970, pág. 311, Madrid; que como sabemos, es la ciencia o arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo. Id., pág No podemos entonces distinguir el concepto de "juicio clínico" del concepto "terapéutico" que indica lo perteneciente a la parte de la medicina que versa sobre el tratamiento de las enfermedades. Id., pág Ahora bien, ya hemos consignado a la luz de Vuitch que el concepto "salud" de nuestro estatuto abarca los más extensos parámetros de salud física o mental.(fin de nota al calce) Página: 610 VI (*) [8-9] Sólo nos queda considerar, finalmente, los argumentos adicionales que esgrime el Procurador General en cuanto al consentimiento de la menor en quien se practicó el aborto. El argumento del Procurador en ese sentido se desvanece por varias razones. En primer lugar, nuestro estatuto criminal no visualiza distinción entre pacientes mayores o menores 1314 de edad para los propósitos del juicio clínico requerido del médico. Código Penal, Art. 8, 33 L.P.R.A. sec Más aún, la Asamblea Legislativa no puede conceder un veto absoluto a los padres con respecto a la decisión sobre aborto de la menor, Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, 428 U. S. 52, (1976); Bellotti v. Baird, 444 U.S. 887 (1979); y sobre todo, el Estado no ha demostrado que la menor en quien se practicó el aborto que motivó la acusación de autos careciera de madurez intelectual suficiente o padeciera de impedimento alguno que violentara la integridad de su decisión de terminar el embarazo. VII (*) Debe revocarse la convicción del apelante y absolvérsele del delito que le fue imputado. El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión concurrente en parte y disidente en parte a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz quien además suscribió opinión separada. El Juez Asociado Señor Dávila emitió además voto particular y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunque emitió opinión concurrente y disidente. -0- Opinión particular del Juez Asociado Señor Dávila. San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1980 Al unirme a la opinión del Tribunal es pertinente consignar mi gran preocupación por el hecho de que nuestra Asamblea Página: 611 Legislativa no haya provisto a nuestra jurisdicción con un estatuto que establezca un esquema adecuado para reglar la materia del aborto. Los disímiles intereses que confligen sobre tan neurálgico tema requieren, sin duda, un esquema legal mucho más complejo del que tenemos. Nada dispone el estatuto vigente sobre los dos últimos trimestres, que de acuerdo con los casos de Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), pueden ser reglamentados más rigurosamente. El no reglamentarla presenta serios problemas jurídicos y sociales. No obstante, ésta es prerrogativa de la Asamblea Legislativa. -0- Opinión disidente en parte y concurrente en parte del Juez Presidente, Señor Trías Monge, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz. San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de15 Disiento de la conclusión del Tribunal de que el Art. 266 del Código Penal de l937, 33 L.P.R.A. sec.1053, y el Art. 1 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 1051, son válidos en su totalidad. Concurro con el dictamen de que el médico acusado debe ser absuelto. El Ministerio Público acusó al apelante del delito de aborto. El lenguaje utilizado fue básicamente el comprendido en el Art. 266 del Código Penal de 1937 y en los Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de Tras juicio por panel de jurados se le halló culpable. Fue sentenciado a cumplir de dos a cuatro años de reclusión. El aborto se practicó el 24 de julio de 1973, antes de los tres meses del embarazo, (1) en una joven de dieciséis años de (1) La prueba revela que el médico apelante expresó que la joven tenía de dos a tres meses de embarazo al momento del aborto. E.N.P., págs. 1, 3. El Juez Superior, Hon. Juan Marcano, determinó que el aborto se produjo en la sexta semana. Legajo de Sentencia, pág El Juez Superior, Hon. José A. Casillas, expresó que se provocó el aborto cuando la joven ya contaba tres meses de embarazo, ibid., pág. 141, pero la propia prueba de cargo demuestra que la última menstruación de la joven fue para el 7 de mayo de E.N.P.,pág.2. Véanse, además, las conclusiones de hechos del tribunal en la versión civil de este caso. A. L. Quiñones et al. v. P. Duarte Mendoza, Núm Ya que el aborto se practicó el 24 de julio, el alegado acto criminal se cometió antes de los tres meses siguientes a la concepción.(fin de nota al calce) Página: 612 edad. La joven no obtuvo el consentimiento y asesoramiento de sus padres antes de someterse a la intervención médica. La prueba no indica que el apelante indujo el aborto por ser necesario para salvar la vida de la mujer o con vistas a la conservación de la salud o vida de su paciente. Tampoco revela que la menor era inmadura y que su consentimiento al aborto fue nulo. El apelante argumenta fundamentalmente ante nos, según lo hizo en primera instancia, que el Art. 266 del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 1053, (2) es inválido por contravenir (2) El Art. 266 del Código Penal de 1937 dispone: "Toda persona que proporcionare, facilitare, administrare o hiciere tomar a una mujer cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilizare o empleare cualquier instrumento u otro medio, con intención de hacerla abortar, excepto el caso de que fuere necesario para salvar su vida, y toda persona que ayudare a la comisión de cualquiera de dichos actos incurrirá en pena de presidio por un término de dos a cinco años." 1516 Poco tiempo después, la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937, Art. 1, 33 L.P.R.A. sec. 1051, decretó: "Por la presente se prohíbe, salvo indicación terapéutica hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o vida, el indicar, aconsejar o inducirá abortar o practicar el aborto en una mujer embarazada." El Art. 2 de esta ley reza: "Toda persona o personas que en violación de lo preceptuado en la sec de este título, proporcionare, facilitare, prescribiere, administrare por vía inyectable, oral, rectal o vaginal a una mujer embarazada, alguna droga, sustancia, agente medicamentoso, terapéutico u opoterápico, utilizare cualquier instrumento quirúrgico o agente mecánico, con la intención o propósito de provocarle aborto o le practicare el aborto, incurrirá en delito grave, y convicta que fuere, será castigada con pena de presidio de cinco a diez años en primera convicción y con pena de diez años en casos de reincidencias." El Art. 91 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. sec. 4010, se funda básicamente en las primeras dos disposiciones citadas. Véanse los informes mimeografiados de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 927 y el P. del S. 753, págs. 31 y XLIII, Secretaría de la Cámara. El Art. 91 provee: "Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, toda persona que proporcionare, facilitare, administrare, prescribiere o hiciere tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga, o sustancia o que utilizare o empleare cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar, y toda persona que ayudare a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por medico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de dos años y máximo de cinco años."(fin de nota al calce) Página: 613 la Constitución de Estados Unidos. El Ministerio Público se apoya básicamente en la ausencia de consentimiento de los padres y en la alegada falta de consentimiento cabal de la joven. La resolución de esta causa exige el examen de varios temas: la base de la aplicación en Puerto Rico de ciertas disposiciones de la constitución estadounidense; el efecto, si alguno, de Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973); Planned Parenthood of Central Missouri v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976); y Bellotti v. Baird,17 U.S. 887 (1979), en nuestra legislación sobre el aborto; el estudio de las circunstancias que pudiesen impedir concebiblemente la aplicación de estas decisiones en Puerto Rico; y, de no aplicarse estas decisiones en nuestro medio, el análisis de estas cuestiones a la luz de la Constitución de Puerto Rico. Al considerar estos asuntos tendremos que referirnos por fuerza a aspectos de su trasfondo jurídico y social. 1 - La base para la aplicación en Puerto Rico de ciertas disposiciones de la Constitución de Estados Unidos La Constitución de Estados Unidos no se extiende a Puerto Rico ex proprio vigore. Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901). La concesión de la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños tampoco hizo aplicable la totalidad de la constitución estadounidense a esta comunidad, por estimarse que Puerto Rico no había sido incorporado a Estados Unidos. Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298 (1922). Antes de 1952, los Casos Insulares (3) y otras decisiones sentaron la base para la aplicación en Puerto Rico de ciertas disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que no chocaban con la realidad puertorriqueña. Es innecesario, no obstante, examinar la teoría que anima esta jurisprudencia. Desde 1952 es (3) Véase: Ramírez, Los Casos Insulares, 16 Rev. Jur. U.P.R. 2 (1946).(fin de nota al calce) Página: 614 sencillo en extremo identificar el fundamento para la continuada aplicación en este país de diversas disposiciones de la Constitución de Estados Unidos. En julio de ese año el Congreso aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado, sujeto a que se agregase a la Sec. 3 de su Art. VII esta oración: "Cualquier enmienda o revisión de esta constitución deberá ser compatible... con las disposiciones aplicables de la Constitución de Estados Unidos...". R.C. de 3 de julio de 1952, Cap. 567, 66 Stat La Asamblea Constituyente de Puerto Rico convino en aceptar esta condición. Res. Núm. 34, sesión plenaria de 10 de julio de 1952, 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente Las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos que hasta entonces eran aplicables lo continúan siendo, en consecuencia, por el acuerdo solemne de las partes y la frase añadida a su amparo a la Sec. 3 del Art. VII de la Constitución de Puerto Rico. Debemos examinar, por tanto, las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el aborto para precisar su papel en este caso. II. La naturaleza del derecho amparado en Roe v. Wade, Doe v. Bolton y su progenie En Wade, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a un ataque a la validez constitucional de una ley tejana, parecida al Art. 266 de nuestro Código Penal de 1937, que penaba la provocación del aborto excepto "cuando fuere necesario para salvar la vida de la 1718 madre". En Bolton analizó la constitucionalidad de otras disposiciones, esta vez de Georgia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos fundó sus dictámenes en Wade, Bolton, Danforth y Bellotti en el derecho a la intimidad, el cual derivó del concepto de la libertad personal incluido en la enmienda decimocuarta de la constitución norteamericana. Cabe preguntar entonces, es esta disposición aplicable a Puerto Rico? Se deriva de la quinta o de la decimocuarta enmienda o de otra parte de la Constitución de Estados Unidos? Desde Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, Página: (1901), se decidió que la constitución estadounidense reconoce ciertos derechos de orden tan fundamental que no pueden transgredirse aun en el caso de comunidades vinculadas a Estados Unidos, pero que no son parte integrante de la Unión Americana. Este ha sido el criterio decisivo para determinar la aplicabilidad en Puerto Rico de determinadas disposiciones de la constitución federal. Véanse: Balzac v. People of Porto Rico, 258 U.S. 298, (1922); People of Puerto Rico v. Shell Co., 302 U.S. 253,257 (1937). El Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló en Wade, págs , el carácter fundamental del derecho a la intimidad. Igual rango se le otorgó en Puerto Rico al incluirse este derecho expresamente en la Sec. 8, Art. 11, de la Constitución del Estado Libre Asociado, tal como se había hecho en el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto, además, que la cláusula sobre el debido proceso de ley rige en Puerto Rico, bien sea a través de la quinta o decimocuarta enmienda. Fornaris v. Ridge Tool Co., 400 U.S. 41 (1970); Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 668, n. 5 (1974); Ex. Bd. of Eng. Arch. and Sur. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, (1976). Al igual que los estados federados de la Unión Americana, Puerto Rico puede expandir los derechos garantizados por la Constitución de Estados Unidos, pero no contraerlos. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, (1976). Véase: Brennan, State Constitutions and the Protection of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489 (1977). Wade, Bolton, Danforth y Bellotti obligan, por tanto, a este Tribunal y a otros órganos gubernamentales puertorriqueños, hasta donde definan el ámbito mínimo del derecho a la intimidad, a menos que medien otras consideraciones. Corresponde ahora examinar en detalle el significado de Wade y Bolton y de United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971). III. El significado de Wade, Bolton y Vuitch Página: 616 En Wade, el Tribunal extendió las normas sentadas en Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 1819 479 (1965), y Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972), y expresó que el derecho a la intimidad "es suficientemente amplio para incluir la decisión de una mujer de dar fin o no a su estado de embarazo". 410 U.S. a la pág. 153 (traducción nuestra). Tal derecho no es absoluto (ibid., pág. 154), pero se cuenta entre los derechos fundamentales, por lo que su reglamentación "puede justificarse tan solo por un 'interés estatal imperioso'" (ibid., pág. 155). Puede llegar un momento, continuó el Tribunal, en que el Estado pueda resolver legítimamente que la salud de la madre o el interés en proteger una potencial vida humana exige su intervención (ibid., pág. 159). Expone el Tribunal entonces las reglas para precisar las etapas en que es válida la intervención del Estado. El profesor Laurence H. Tribe las resume así, a la luz tanto de Wade como de Bolton: "Durante el primer trimestre del embarazo, cuando el aborto entraña menos peligro para la vida de la mujer que el alumbramiento, el estado puede requerir únicamente que un médico debidamente autorizado practique el aborto; ninguna otra reglamentación del aborto se justifica imperiosamente en dicho término. [4] "Después del primer trimestre, el interés estatal imperioso en la salud de la mujer le permite adoptar reglas razonables para promover abortos seguros, pero le impide exigir que el aborto se practique en hospitales, o únicamente con la aprobación de otro doctor o de un comité, en adición al facultativo de la paciente, o conforme a determinada técnica que, por preferible que sea desde una perspectiva médica, no está generalmente disponible. "Tan pronto como el feto es viable, en el sentido de que puede vivir fuera del utero con ayuda artificial, el interés del estado en preservarlo adquiere carácter imperioso y el estado está libre de prohibir su extracción prematura (i.e., el aborto) excepto para preservar la vida o la salud de la madre... " L. H. Tribe, American Constitutional Law, Mineola, N.Y., The Foundation Press, 1978, págs (5) (traducción nuestra). (4) Con la única excepción, señala en la n. 27, pág. 925, del mantenimiento de los récords confidenciales a que se refiere Danforth, supra, 428 U.S. 52, (1976). (5) Hemos eliminado de esta cita los escolios indicativos de las páginas de Wadey Bolton en que se hallan las conclusiones que Tribe resume.(fin de nota al calce) Página: 617 Como señala la propia Corte Suprema de Estados Unidos, las opiniones en Wade y Bolton deben leerse conjuntamente. Wade, pág Esto no quiere decir, en el contexto de estas opiniones, que Bolton condiciona a Wade, como asume la opinión mayoritaria en el caso de autos, sino que lo suplementa. Wade declaró inconstitucional un estatuto de Tejas, similar al Art. 266 del Código Penal de 1937 nuestro, que eximía de la legislación contra el aborto "los realizados o intentados por consejo médico con el propósito de salvar la vida de la mujer." Wade, pág. 117, n. 1; 164. Bolton consideró exclusivamente, según se señala en Wade, pág. 165, ciertos requisitos procesales de un estatuto de Georgia análogo en parte al 1920 Art. 1 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de (6) Como se desprende del resumen de Tribe, que es representativo de la interpretación de estos casos por la jurisprudencia, la legislación y la doctrina actuales, según veremos más adelante, Bolton no afecta la regla de Wade sobre la ausencia de poder alguno del Estado para imponer durante aproximadamente el primer trimestre del embarazo ningún otro requisito que no sea la participación de un médico debidamente autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico. El Estado carece durante dicho término de facultad para intervenir con la decisión de la mujer y el juicio profesional del médico, aun cuando sea para proteger la salud de la paciente y aun cuando se interprete la voz "salud" en la forma más lata posible. La decisión de la mayoría en el caso de autos es irreconciliable con Wade en cuanto no declara inconstitucional el Art. 266 del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 1053, el cual no (6) La opinión mayoritaria se equivoca al sostener lo contrario en el escolio número 7. A la página 187 de Bolton, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó: "The extent, therefore, to which the District Court decision was adverse to the defendants, that is, the extent to which portions of the Georgia statutes were held to be unconstitional, technically is not now before us, Swarb v. Lennox, 405 U.S. 191, 201, 31 L. Ed. 2d 138, 92 S.Ct. 767 (1972)." (Bastardillas nuestras.) Estas expresiones se encuentran en la Parte II de Bolton. La mayoría no consideró esta parte esencial.(fin de nota al calce) Página: 618 quedó enteramente comprendido por el Art. 1 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937, 33 L.P.R.A. sec La decisión de la mayoría es también irreconciliable con Wade y Bolton en cuanto no declara inconstitucional la parte del Art. 1 de la Ley Núm. 136 referente a que la indicación del médico debe ser "terapéutica" y "con vista [sic] a la conservación de la salud o vida". La decisión emitida hoy se guía más por el criterio de la opinión disidente del Juez White, con la que concurre Rehnquist, en Wade y Bolton, que por el juicio de la mayoría. 410 U.S. 179, Véase, en especial, el uso de United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971), (7) en la referida opinión disidente en Wade y Bolton y en la opinión mayoritaria aquí. Examinemos en más detalle a Bolton para determinar con mayor precisión por qué la parte señalada del Art. 1 de la Ley Núm. 136 es inconstitucional. Así como el estatuto de Tejas repudiado en Wade es similar al Art. 266 de nuestro Código Penal de 1937, el estatuto de Georgia, Ga. Crim. Code, sec (1968), analizado en Bolton, es análogo en parte al Art. 1 de nuestra Ley Núm. 136 de El Art de Georgia definía el delito de aborto criminal, del cual excluía lo 20 Mostrar más
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 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 41