Source: https://fr.scribd.com/document/156751501/El-Juicio-Oral-en-El-Ncpp
Timestamp: 2020-02-29 14:30:57+00:00

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El Juicio Oral en El Ncpp | Derechos humanos | Procedimiento Criminal
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EL JUICIO ORAL EN EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL El ordenamiento procesal penal, se fundamenta en dos sistemas opuestos, el sistema inquisitivo (caracteristicas) El sistema acusatorio (caracteristicas) (Lo que contiene la teoria del caso)
El nuevo modelo acusatorio que adopta el Código Procesal Penal Peruano, (es su máxima expresión) el JUICIO ORAL ES, el proceso penal, no es una de las tres etapas del procedimiento, ni la etapa sucesiva agregada a la etapa de investigación o a la etapa intermedia, tampoco es la oportunidad de simular discusión de pruebas recogidas durante la investigación fiscal. En virtud de este sistema la prueba únicamente será la producida en juicio, de forma tal que los jueces que van a fallar lo harán de aquello que ocurra en audiencia. En ese orden de ideas todo lo que ocurre fuera del juicio oral, es estrictamente preparatorio : la información que el fiscal haya reunido durante la investigación no interesa, ni existe, sino solo en cuanto es producida en el juicio oral. Lo que quiere decir que el fiscal tendrá que olvidar aquello de solicitar leer el parte policial u otro documento, o peor aún darlas por leídas. El parte policial como tal no es relevante el juicio, puesto que no se introduce como prueba, en todo caso lo que tendrá que hacer el fiscal es ofrecer como uno de sus testigos de cargo al policía quien declarará en juicio respecto del parte o atestado que
elaboró, este nuevo sistema rige para todo tipo de prueba que se desee introducir a debate, es produciéndola en juicio de primera mano, salvo excepciones (ARTICULO 242 sobre PRUEBA ANTICIPADA) por cuanto la regla es que la información producida fuera de juicio no existe para el Juzgador. En realidad esta concepción de juicio no es la única vigente en el mundo, pero es la opción que han venido adoptando gradualmente diversas legislaciones en toda América Latina y ahora lo hace nuestro País. Porque? , porque busca desenvolver su justicia en contornos de libertad y de respeto a los derechos fundamentales, con el control del uso arbitrario del poder del Estado, para que no sea utilizado ese inmenso poder de manera errónea, arbitraria o negligente. Ello se produce en la medida en que se reúna toda la información disponible para que sea valorada inmediatamente y en su conjunto. (cuando un caso se produce, todos tienen un punto de vista con respecto a el, influenciado por parte de las evidencias que conocen, porque tiene vínculos de familiaridad con una de las partes, porque son procesado o agraviado, porque son la sociedad porque es la prensa, por que es el Juez de garantías o el fiscal que conoció en primera instancia, en fin información recabada de todos lados) Y concentrándola en un organismo que la depure, efectuando un genuino control de calidad de la información en función a lo que las partes procesales soliciten.
Esto nos lleva a internalizar que solo se producirá la condena de una persona luego de haber obtenido información de alta calidad, filtrada en el Juicio oral, la etapa que superar el test de confiabilidad, en función a su construcción y a los principios que la sostienen. . Para cumplir cabalmente la finalidad de juicio oral, este se tendrá que desarrollar en virtud de ciertos principios Efectivamente El juicio oral una cuestión de principios. Articulo 356 CPP “ …rige especialmente la oralidad, la publicidad la inmediatez la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo en su desarrollo se observa principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identificad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. Ello quiere decir que los principios que rigen el JUICIO ORAL, son las ideas rectoras, y de aplicación directa al proceso para sostenerla, integrando vacíos, interpretando argumentos. PRINCIPIO DE INMEDIACION inter relación directa entre el Juez y la prueba, eso se da con la actuación de las pruebas en presencia del Juez, quien al observar al testigo cuando responde puede percibir su seguridad, su miedo, su poco o mucho conocimiento de los hechos, es el quien recepciona de primera fuente, directamente la narración de lo que ocurrió, al margen que el testigo sea un gran actor, le corresponde a la contraparte desenmascararlo, mientras tanto el Juez, está
percibiendo con sus sentidos, información de calidad, información mínimamente creíble de forma tal que si no se presenta el testigo del fiscal en el juicio oral, este perderá porque el Juez no tuvo contacto con esta prueba directamente y no pudo saber si ese testigo era fidedigno, o de repente se estaba vengando o quien sabe no estaba seguro. Evaluar su declaración por escrito no satisface la calidad de la prueba que debe acceder para emitir fallo, porque la información es de bajísima calidad y no satisface el control de información mínimamente creíble. Por otro lado por este principio se asegura que haya identidad física entre el Juez que asiste a la recepción de la prueba con aquel que toma la decisión final de condena o absolución. Es por ello que este es uno de los principios obligatorios que debe de fortalecerse en el proceso, y conforme a los principios en los cuales se sustenta el Código Procesal penal, determina que aquella prueba recogida en la audiencia preparatoria, no puede ser considerada como prueba para ser introducida válidamente al juicio oral, e ahí la importancia de la ORALIDAD como GARANTE del principio de inmediación, principio que también se ha recogido en este Código como también la exigencia de que el juicio se desarrolle en forma CONTINUA Y CONCENTRADA, Artículo 361 la audiencia se realiza oralmente, pero se documenta en acta El acta contendrá una síntesis de lo actuado en ella…toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada
oralmente, al igual que toda recepción de pruebas…las resoluciones serán dictada y fundamentadas verbalmente…” Es pues la ORALIDAD la manera mas idónea que conocemos para que el Juez conozca directamente la prueba y obtenido el conocimiento seguidamente resuelva. Queremos que el Juez vea la evidencia y resuelva sobre la base de su memoria fresca acerca de ella, lo que la escritura no permite Lo que no sucede en el proceso escritural. Es importante en consecuencia tener claridad sobre el sentido de la oralidad y su vínculo con la inmediación, dado que en algunas oportunidades las partes presentaran escritos; sin embargo estos cuando no se refieran a la prueba en sí, no afectaran este principio, por ejemplo si se tratara de un testigo presencial, o del informe de un perito, el Juez no puede admitir un documento, porque tiene que escuchar de su propia boca la explicación acerca de ellas Art. 378 el examen de los peritos se inicia con la exposición breve del contenido y conclusión del dictamen pericial si es necesario se ordenara la lectura del dictamen…” PRINCIPIO DE CONTRADICCION .- Para que la información ingresada al Juicio sea mínimamente confiable, debemos ponerla a prueba, y así poder valorar de primera mano la autenticidad de las declaraciones esto lo fundamenta EL PRINCIPIO DE CONTRADICCION por la cual toda información debe ser sometida a filtro de veracidad, para
relativizarla o desmentirla, y sea el caso obtener una información de alta calidad, pero como asegurar que realmente el sistema haga todo lo posible para que esa información ingresada a debate sea seleccionada por haber logrado con éxito pasar el control de veracidad, lo mejor manera es trasladar esta tarea a la parte procesal contraria quien desplegara su mejor esfuerzo para rebatir la prueba. Por ello si se ausenta el testigo no puede ser apreciado como medio de prueba de manera directa por el juez como tampoco puede ser sometida al test de veracidad, credibilidad para considerarlo información de alta calidad. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD La admisión de espectadores, ajenos al caso, al escenario físico y simbólico en el cual se discute supuestamente con mayor amplitud y profundidad la respuesta material que debe dar el derecho penal frente a un conflicto social concreto, tiene diversos fundamentos:
a) Fundamento político, en el sentido que por la publicidad el régimen republicano exige que todos los funcionarios públicos sean responsables ante el pueblo soberano a quien representan y esa responsabilidad y esa responsabilidad no puede hacerse efectiva en toda su extensión si sus actos no se realizan, por lo general públicamente. b) Fundamento de garantía del imputado, por la cual inclusive es considerado en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, aun cuando para determinados casos se excluya. c) Desde el punto de vista de los intereses estatales, la publicidad en juicio penal resulta un instrumento idóneo para producir los efectos preventivo generales eventualmente atribuidos como finalidad de la pena estatal. El juicio público es el mas idóneo como emisor de mensajes que el texto legal o como dice Binder, implica un modo particular de insertar a la justicia en el medio social: implica que ella cumple con su tarea de trasmitir mensajes sociales sobre la efectiva vigencia de los valores que fundan la convivencia., como efectos positivos de la publicidad desde este aspecto será el tornarse mas fuerte el efecto intimidatorio de la pena.
Al respecto el numeral 2 del artículo I del título preliminar del Código Procesal Penal, precisa toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral público y contradictorio. El principio de publicidad del juicio penal se fundamenta de manera más clara y explícita en los documentos internacionales de jerarquía constitucional: La declaración Universal de Derechos
Humanos, artículo 10 establece que toda persona
tiene derecho…a ser
oída públicamente…para el examen de cualquier acusación en materia penal”. La
Hombre, dispone que toda “persona acusada de delito tiene derecho a ser
oída en forma…pública”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a los Estados a cumplir con la exigencia de
publicidad en su articulo 8.5 “El proceso penal debe ser público
sea necesario para preservar los intereses de la Justicia…” Como se verá los
instrumentos solo hacen referencia al principio de publicidad en función al imputado, como una garantía de protección. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos en cambio regula este principio atendiendo al público que asiste a la audiencia. Artículo 14.1
“toda persona tiene derecho a ser oída públicamente…en la sustanciación de cualquier acusación formulada contra ella…la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o departe de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional…o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o en la medida estrictamente necesaria…cuando…la publicidad pudiera perjudicar los intereses de la justicia…”
Quiere decir que se le da la oportunidad a la sociedad a fin de que en el marco de transparencia de la administración de justicia presencie el juicio afín cuando sea o no parte del caso. Ello no como una gracia o excepción sino como un derecho que se establece como principio rector del Juicio, contenido en el CPP, aún cuando ello es la regla, puede suceder por excepción limitación, atendiendo a que se dilucidan intereses que se relacionan con la intimidad personal, o en determinados delitos como los de violación sexual, o incluso cuando se trata de temas de interés del Estado, y de su seguridad Nacional.
I.- INICIO.- El CPP establece para iniciar la etapa del
Artículo 369.- La audiencia sólo podrá instalarse con la presencia obligatoria del Juez Penal o en su caso Jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, del fiscal, del acusado y su defensor. Enunciará (artículo 371) El numero del proceso Finalidad del juicio El nombre y datos del acusado y situación jurídica El delito objeto de acusación El nombre del agraviado. Acto seguido
II. ALEGATO DE APERTURA Según lo establece el Código
1º orden el fiscal
expondrá resumidamente
objetos de la acusación Calificación jurídica Pruebas que ofreció y fueron admitidas.
2º orden el abogado del actor civil y tercero civil Sus pretensiones Las pruebas ofrecidas y admitidas
3º orden el abogado defensor
Su argumento de defensa Las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas
Nótese que cada parte tiene derecho a hacer un alegato de
apertura, en este alegato las partes presentaran al tribunal el caso que conocerán y que las pruebas la demostrará. El objeto es presentar al tribunal la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta promesa acerca de que hechos se acreditaran a su favor.
Ver diapositiva EL ALEGATO DE APERTURA DE LA DEFENSA Se observa en el video como característica saltante:
La defensa introduce un slogan, a manera de título de diario
sensasionalista.
Repite disimuladamente ese título, con la finalidad de lograr se internalice en la siquis del juzgador. Gesticula, es decir habla con su cuerpo. Ofrece, promete, solo aquello que tendrá oportunidad de probar. No debemos emitir opiniones personales. Personalizar el conflicto Ayuda de audiovisuales.
Es de un tipo directo.
Finalmente, quiero agregar que el éxito de la vigencia de este nuevo proceso depende en gran medida de que los operadores asuman con diligencia y convicción la herramienta de la oralidad, desbrozando el camino obstruido por la cultura inquisitiva y el estilo de trabajo sustentado en la escrituración y el culto al expediente, aun cuando la sola vigencia del principio no basta para asegurar automáticamente las metas reformistas, si los operadores no adquieren las habilidades y destrezas de la litigación oral. Como sostiene Baytelman en su artículo Capacitación como fútbol, para ser un buen jugador poco vale conocer al dedillo todas las reglas de la FIFA, sino se lo practica, por lo tanto la única forma de aprenderlo. Por tanto mas allá de proclamar la oralidad y la publicidad, encamizandonos en el mismo sistema escritural y de rutina burocrática, negando o no aceptando el reto de aplicar técnicas de litigación oral, en nada habremos avanzado, en poco o nada habremos avanzado con este nuestro sistema.
CASO PARA SIMULACIÓN DE JUZGAMIENTO
Juanita Ahorral Monen, profesora jubilada, de 70 años, con mucho esfuerzo ha ahorrado gran parte de su modesta pensión para adquirir un automóvil.
Un aciago día, 15 de julio de 2009, luego de visitar a su hermano Manuel Ahorral Monen, en Tarapoto y festejar el aniversario matrimonial de éste, Juanita lee en el periódico “Actualidad” un aviso comercial que anuncia la venta de autos de segunda a precios módicos, indicando, además, la dirección: Jr. Lampa 530 Lima, de la tienda: “El auto Veloz”, que hace la oferta.
Constituida en el lugar publicitado, el 14 de agosto del indicado año, promediando las 10 de la mañana, acompañada por su amiga Luisa Solidaris Abrazil, con quien una semana antes había viajado a Huancayo para conocer el convento de Ocopa, Juanita se entrevista con el conductor del negocio, Pedro Velox Salid.
Luego de una hora de tratativas en la oficina de Pedro, mientras Luisa esperaba en la antesala, Juanita decide comprar un auto valorado en cinco mil dólares, firmando para esto un contrato con Pedro, quien le indica que pague primero dos mil dólares porque los trámites tomarán unos días, y que la semana siguiente, al cancelar el precio total, le entregará el vehículo. Al salir, Juanita, entusiasmada, le cuenta todo esto a su amiga Luisa.
Siete días después de la firma del contrato y del primer pago, Juanita vuelve a “El auto veloz” para cancelar la diferencia del precio y recoger su vehículo, pero encuentra la tienda cerrada, sin autos de exhibición y vacía. Al indagar entre los vecinos, uno de ellos, Manuel Avizor Fijón, le dice que desde hace cuatro días la tienda no abre, que no se percató cuándo fueron retirados los vehículos en exhibición y los enseres de la tienda, que Pedro no concurre y que no puede dar razón de él; pese a los reiterados llamados que Juanita hace al celular de Pedro, en búsqueda de una explicación, éste no contesta, mientras que al marcar el teléfono del negocio un mensaje del proveedor indica que el número ha sido desactivado. Ante esto, completamente desesperada, Juanita se presenta a la comisaría del sector y pide se constate el estado en que ha encontrado la tienda “El Auto Veloz”, diligencia que practica el sargento César Agudez Guardián, quien, además, recoge, del retiro aledaño al negocio, dos avisos publicitarios de madera, de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto, cada uno, tirados en la vereda, cuyo texto oferta la venta de automóviles de segunda a muy bajo precio.
Durante la investigación preparatoria se han efectuado diversos actos de indagación e incorporado evidencia material y documental, generadores de diversos elementos de convicción, como son:
Declaración de Juanita en la cual sostiene sentirse engañada por Pedro debido a que éste no cumplió con entregarle el automóvil adquirido pese a que llevó el saldo del precio conforme el contrato
Declaración de Luisa
Declaración del vecino Manuel
Declaración del sargento César Acta de recojo de dos avisos publicitarios de madera, suscrita por el sargento César
Original del aviso publicitario de “El Auto Veloz”, publicado en el diario “Actualidad”
Original del contrato de compra – venta de un auto usado, suscrito entre Juanita y Pedro, en el que consta el abono de dos mil dólares y demás condiciones
Copia certificada de la constatación policial realizada en la tienda “El Auto Veloz”
Original del comprobante bancario de retiro de dos mil quinientos dólares de la cuenta de ahorros en moneda extranjera de Juanita, días antes de visitar “El Auto Veloz”
Reporte de llamadas salientes del teléfono de Juanita, efectuadas el 21 de agosto de 2009
Declaración de Pedro quien sostiene que luego de firmar el contrato con Juanita se le presentaron varios problemas financieros que lo obligaron a ausentarse del negocio en búsqueda de solucionarlos, admite que de ello no le avisó oportunamente a la compradora, pero que está dispuesto a entregarle el vehículo adquirido o devolver el dinero recibido, apenas supere sus dificultades económicas. Adjunta, además, copias de sus cinco últimas declaraciones juradas de renta, en las que consta que su actividad laboral es comercial.
LAS TÉCNICAS DE LITIGACIÓN ORAL: “NI MUDOS NI IMPROVISADOS”
Mario Pablo Rodríguez Hurtado maparo@amauta.rcp.net.pe
1. ¿Cuál es uno de los aspectos más relevantes o destacados de la reforma normativa procesal penal peruana?
El rescate del juzgamiento o juicio público y oral, al que los artículos I.2 del Título Preliminar y 356 del Código Procesal Penal 2004 (NCPP) le atribuyen la calidad de etapa determinante o decisiva del proceso, esto es, su configuración como limpio campo de litigación entre las partes, situación que en los distritos judiciales donde aún no rigen las nuevas normas rituales (la mayoría del país) evidencia un estado de cosas malsano, generado por el inconstitucional procedimiento sumario que, sin más, y bajo falsos argumentos de abreviación, ha eliminado esta principal etapa y convertido los procesos en simples instrucciones de las que salen fallos sin la practica de auténtica prueba y desconocimiento inaceptable del principio de contradictorio.
2. ¿Qué exigencias constitucionales son satisfechas con esta centralidad o principalidad procesal del juzgamiento?
La del juicio previo y publicidad del mismo, previstas en el artículo 139, incisos 10 y 4, en ese orden, de la Carta Política, y de esta manera el derecho a ser oído y de defensa, entre otros, para no insistir en la mención del debido proceso como crisol de garantías y escudos protectores del justiciable compatibles con la justicia, legalidad y transparencia.
3. ¿Por qué encaja esto en el planteamiento sistemático de la reforma?
Porque el juzgamiento es la etapa procesal que distingue al mecanismo de resolución de los conflictos, surgidos ante el acaecimiento de hechos delictuosos, en forma equilibrada, eficaz y garantizadora, que atiende tanto las necesidades de seguridad y tutela de la sociedad, sus expectativas y reclamos de paz; de los agraviados o víctimas del delito, interesadas en el esclarecimiento de la verdad y la indemnización del daño infligido por el hecho punible; cuanto los derechos de los imputados, quienes no por estar sujetos o sometidos a proceso pierden su dignidad humana o la condición de personas para convertirse en simples objetos del drama procesal.
4. ¿Qué debe entenderse por juicio público y oral?
La definición más certera es aquella que lo presenta como el escenario apropiado o natural para la contraposición legítima y transparente de la pretensión punitiva del Ministerio Público y la pretensión libertaria del imputado y su patrocinador, ámbito, además, en que estos sujetos procesales actúan la prueba pertinente para producir información de calidad que, valorada por el tercero imparcial, esto es, por el órgano jurisdiccional, constituido por los Juzgados Penales Unipersonales o Colegiados (artículos V.1 del TP. y 28 NCPP); soporte el fallo de absolución o condena, puesto
que toda sentencia habrá de sustentarse sólo en lo actuado en juicio, bajo estricta inmediación, de ahí que el artículo 393.1 del NCPP indique que:
“El Juez Penal no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio”
5. ¿Qué referentes normativos esenciales tiene el juzgamiento?
Desde luego, las constituciones de 1979 (artículo 233) y 1993 (artículo 139) e importantes tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 10), de 10 de diciembre de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1), de 16 de diciembre de 1966 (14.1) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (artículo 8.1), de 22 de noviembre de 1969 1 , cuerpos normativos de obligatorio cumplimiento al haber sido debidamente aprobados y ratificados por el Perú.
6. ¿La centralidad del juzgamiento guarda relación con las necesidades de solución urgente que genera y plantea la crisis crónica del servicio judicial penal?
Sí, porque la reforma no se contenta con seguir y concretar los cánones constitucionales, que pautan un evidente programa procesal, sino que busca sentar las bases para salir de la crisis que agobia al sistema de justicia penal, caracterizado por la falta de transparencia y control popular, frustración de las expectativas comunitarias de paz, seguridad y tranquilidad, y las de los agraviados por el delito, casi nunca resarcidos; así como por la insatisfacción de los incriminados que sufren las consecuencias
1 Véanse la Resolución Legislativa 13282, publicada el 24 de diciembre de 1959, aprobatoria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita en París, el 10 de diciembre de 1948; y los Decretos Leyes 22128 y 22231, publicados, respectivamente, el 29 de marzo de 1978 y 12 de julio del mismo año, aprobatorios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1966; y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, No deja de ser paradójico que el Pacto y la Convención, piezas claves en la globalización de los Derechos Humanos hayan sido aprobados en el Perú en las postrimerías de un gobierno militar golpista y autoritario como el que se instaló el 3 de octubre de 1968, lo que demuestra cuanta inconsecuencia, recubierta de reconocimiento formal, puede evidenciar un régimen gubernamental cuando se trata de respetar efectivamente los derechos básicos o esenciales de los ciudadanos. Por esta razón hizo bien, entonces, la Asamblea Constituyente, cuando, superando tan espuria aprobación militar, en la 16 Disposición General y Transitoria de la Carta de 1979, estableció que el Pacto Internacional y la Convención Americana se ratificaban constitucionalmente, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidades y los artículos 45 y 62 de la Convención
Derechos Humanos, referidos a la competencia de su Comisión y
Corte. Algo más, el artículo 105 de esa ley fundamental normó que:
“Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige la reforma de la Constitución”
del incumplimiento del plazo razonable en la resolución de su situación jurídica y el atropello de la presunción de inocencia que los favorece, en tanto no sea desvirtuada y declarada judicialmente su responsabilidad, como es fácil percatarse de esta ignominia al revisar la situación de los presos o internos procesados, es decir, sin condena.
7. ¿Reivindicar el juicio público y oral importa asumir un determinado modelo
procesal, apropiado para enfrentar la mala situación del servicio de justicia
Efectivamente, significa, primero, acabar con la estructura y estilos de trabajo inquisitivos y, segundo, abrazar el modelo acusatorio, garantizador, en el cual las funciones procesales básicas de persecución, defensa y de juzgamiento y fallo, y sus respectivos operadores, se diferencian nítidamente (artículos 159, 139.14 y 138 de la Constitución; y IV, IX, V del TP., 60, 16 y 71 y 80 NCPP)., No se trata, por lo tanto, de un asunto de estrecho alcance académico o normativo y menos diminutamente forense, sino de la forma democrática y republicana como se busca atender las exigencias del pueblo en materia de justicia penal, donde de ningún modo es aceptable reducir a simple declamación aquello que resuene en el artículo 138 de la Constitución:
“La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”.
La perentoriedad de esta respuesta reformista y el requerimiento de su implementación eficaz, se confirman a la luz de la civilizada exigencia de afrontar el incremento de la “acción directa” o “justicia por propia mano” que vive el país y se manifiesta en la espiral de los linchamientos de sospechosos de la comisión de delitos. La disyuntiva, así, se plantea sola:
O los mecanismos formales de resolución de conflictos suscitados por el delito funcionan y superan o, por lo menos, reducen los índices de violencia que subyacen tras cada hecho punible; o la población, cansada de vivir en medio de la inseguridad e intranquilidad, toma en sus manos la persecución
y castigo de los infractores, en medio de la anomia y completa quiebra institucional.
8. ¿De qué depende el futuro de la reforma procesal penal?
No únicamente de las bondades de los cambios normativos que trae, sino
de su eficaz y eficiente implementación y vigor integral, lo que equivale
a preguntarnos qué herramientas, entre muchas, debemos asir para que el
modelo acusatorio, sustentado en el juicio público y oral, se asiente y
despliegue todos sus beneficios.
9. ¿Cuál es la característica procesal qué debe atenderse cuidadosamente en
el curso de la implementación y aplicación de la reforma?
La oralidad, señalada servidora o instrumento de la publicidad e inmediación procesales. Sin ella, cualquier esfuerzo encaminado a poner en marcha y consolidar el nuevo modelo fracasará, porque la decrepitud de nuestra actual forma de hacer justicia penal está directamente relacionada con la cultura inquisitiva de los operadores, cuyos estilos de trabajo reposan en la escrituración, amiga del secreto o de la reserva irracional, y el culto al astroso expediente, fría e inerte suma de actas, incapaz de reflejar el desarrollo de una auténtica actividad probatoria; paradigmas de una justicia burocrática e impotente, reducida a la inoperancia del trámite.
10. ¿Cuáles son los alcances, entonces, de la oralidad?
Bien apreciado el asunto, se tiene que la oralidad es clave para que el drama procesal transcurra bajo las reglas de publicidad, es decir, a la vista de todos, con completa transparencia, sin dobleces ni manipulaciones, exhibiendo ante el público las calidades y capacidades de cada operador en la función que le corresponda; sirve también para preservar la igualdad entre los sujetos procesales que sostienen pretensiones enfrentadas y buscan acreditarlas mediante la actuación de prueba, en condiciones de inmediación y auténtico litigio o contradictorio, ante el órgano de decisión que, sin inmiscuirse en las tareas de las partes, valora imparcialmente el resultado de la prueba y falla en convicción. Estos son algunos de los grandes servicios que presta la oralidad, sin la cual es imposible rescatar el juzgamiento y colocarlo como centro neurálgico del proceso, hoy asfixiado por el malhadado procedimiento sumario (D. Leg 124), groseramente inquisitivo por tergiversar y mezclar las funciones procesales, permitiendo que quien instruye también falle el caso, en el contexto de trámites sombríos y escritos, alejados del ojo contralor del pueblo.
11. ¿Cómo se refleja en el NCPP esta apuesta por la oralidad?
Reluce en las previsiones de sus artículos 357 y 361, en los cuales se lee:
Artículo 357.- “1. el juicio oral será público ( )”
4. Los juicios sobre funcionarios públicos, delitos de prensa y los que se
refieran a derechos fundamentales garantizados por la Constitución son siempre públicos.
5. La sentencia será siempre pública (
Artículo 361.- “1. La audiencia se realiza oralmente ( ) 3. Toda petición o cuestión propuesta en audiencia será argumentada oralmente, al igual que la recepción de las pruebas y, en general, toda
intervención de quienes participan en ella. Está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin ( )
4. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas verbalmente (
12. ¿La oralidad sólo destaca y es necesaria en la etapa del juzgamiento?
No, también está presente y extiende sus benéficos aires a las fases precedentes del juzgamiento, esto es, a la investigación preparatoria y etapa intermedia. Así ocurre, por ejemplo, cuando el artículo 8 del NCPP, al estipular las pautas para el trámite de los incidentes, instituye como regla las audiencias, en las cuales el Juez escucha a las partes que contienden y resuelve de inmediato; lo mismo sucede con las audiencias vinculadas a la imposición de medidas de coerción procesal como la de convalidación de la detención preliminar judicial (artículo 266) o determinación de la prisión preventiva (artículo 271); igualmente, debe mencionarse la práctica de audiencias de control del requerimiento fiscal de sobreseimiento (artículo 345) y de control de la acusación, mediante audiencia preliminar (artículo
13. ¿Por qué debe pasarse del reconocimiento de la importancia de la oralidad al dominio de las habilidades, destrezas, en suma, a las técnicas de litigación que les son propias?
Porque a cualquier atento observador del servicio de justicia penal le queda claro que no basta proclamar el principio de oralidad para que mágicamente se ponga en marcha y triunfe el nuevo modelo; el reto es mucho mayor, exige que todos los operadores adquieran las habilidades y destrezas que les permitan organizar la actividad procesal desde la perspectiva de lo oral y cumplir con solvencia las tareas que en ese escenario les corresponda.
14. ¿Cuáles son las dimensiones de las técnicas de litigación oral?
Se trata del conjunto de habilidades que parten por reconocer, como indican los profesores Andrés Baytelman y Mauricio Duce, (Litigación penal en juicios orales, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2001. Material de destrezas de litigación en juicio oral para el Ecuador, 2003. Litigación penal, juicio oral y prueba, Editorial Alternativas, Instituto de Ciencia Procesal Penal, Lima, 2005), Héctor Quiñónes Vargas (Las técnicas de litigación oral en el proceso penal salvadoreño. Un análisis crítico del sistema oral en el proceso penal salvadoreño desde una perspectiva acusatoria adversativa, DPK Consulting USAID, Consejo Nacional de la Judicatura, El Salvador, 2003), Félix Fumero Pugliessi, (Guía para capacitadores. Taller de capacitación de capacitadores. Módulo “Técnicas de oralidad y derecho probatorio”, Iris - USAID, Lima, agosto 2004), y Cecilia Pomareda de Rosenauer, Jörg Alfred Stippel y Horst Schönbohm (El nuevo Código de Procedimiento Penal. De la teoría a la práctica, a través de casos desarrollados, GTZ, Bolivia, 2002); a quienes seguimos en adelante, que, siendo la actividad probatoria el nervio mismo del proceso penal, hay que admitir que: a) la prueba no habla sola, sino a través de los litigantes, de modo que depende de ellos se despliegue plenamente o extravíe en detalles intrascendentes, pase inadvertida o pierda credibilidad, y b) la mejor forma de producir la mayor cantidad de información de calidad (vía los interrogatorios) analizarla y depurarla, con el propósito de establecer sólidas bases para juzgar y emitir fallo, sólo se logra promoviendo un mecanismo que estimule la contienda o litigio entre las
partes, para que cada una aporte información que la otra no invocó o dejó de mencionar y evidencie los defectos de la información allegada por su contraria, recurriendo al contra interrogatorio, las objeciones y los alegatos, en un escenario de juego justo y limpio, garantizado por el órgano jurisdiccional 2 , bajo el imperio de los artículos 375 (orden y modalidad del debate probatorio), 376.2. b, c, d, 3 (declaración del acusado); 378.2.4.5.8 (examen de testigos y peritos), 371.2 (alegatos preliminares o de entrada del Fiscal y de los abogados defensores) y 386 a 390 (alegatos finales o de clausura de los sujetos procesales) del NCPP.
15. ¿Qué se reclama de los operadores penales en el marco del modelo acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa?
Capacidad para planificar y preparar el juicio (“teoría del caso”), habilidad para introducir información en juicio, valiéndose del interrogatorio directo de los testigos propios con el fin de extraer de ellos el máximo de información que la teoría del caso exige y fortalecer su credibilidad; y de los contra interrogatorios de los testigos de la otra parte para sacar a luz los defectos de su testimonio, examinar y contra examinar peritos, emplear adecuadamente las objeciones, saber usar la prueba material y documental y emplear de manera efectiva la información que se oferta producir o ya se ha practicado en juicio, reflejándola en los alegatos de apertura o de cierre, que proporcionan al Juez una óptica desde la cual valorar la prueba 3 . Según se ve, estas técnicas no se reducen, ni por asomo, a las habilidades de un orador histriónico, por más elocuencia que exhiba, trascienden esa cualidad siempre superficial, carente de contenido propio.
16. ¿Cómo debería ser un futuro juicio público y oral?
Si pudiésemos, por un momento, imaginar su desarrollo según el NCPP,
tendríamos que presentar las siguientes imágenes: Antes de la instalación
e inicio del juzgamiento se habrían llevado adelante las etapas de
investigación preparatoria, cuya exclusiva finalidad es reunir los elementos
de cargo y de descargo que permitan al Fiscal decidir si acusa o no lo hace
y al imputado preparar su defensa (artículo 321.1); y la etapa intermedia destinada a controlar, en su caso, la acusación, y admitir los medios de prueba ofrecidos por las partes (artículos 351 y 352). En ambas fases el Juez que interviene es uno distinto al que se encargará de sustanciar el juicio público y oral, en el entendido que este último debe ser absolutamente imparcial y estar resguardado ante cualquier posibilidad de contaminación objetiva con respecto al desarrollo de los actos de investigación precedentes, de manera que cuando abra el juicio y enuncie la causa (artículo 371) no conozca el fondo de la misma, como presupuesto
indispensable para que sean las partes, sólo ellas, las que a través del
2 Baytelman, Andrés y otro. Material de destrezas de litigación en juicio oral para El Ecuador, 2003, pp.13-14.
3 Baytelman, Andrés y otro. Litigación penal. Juicio oral y prueba, Lima, Editorial Alternativas, Instituto de Ciencia Procesal Penal, 2005, pp. 9-10
correspondiente relato (alegatos) y actuación probatoria a favor de sus respectivas pretensiones suministren a este Juez información suficiente y de calidad que fundamente el fallo de condena o absolución. No será legítimo, entonces, que el Juez ingrese prevenido a dirigir el trascendente acto público o que se subrogue a las partes en las funciones que a éstas toca, salvo las excepciones contempladas en los artículos 375.4 (interrogatorio judicial a los órganos de prueba) y 385 (medios de prueba de oficio) del citado cuerpo de normas.
17. ¿En qué consiste la estrategia y preparación del juicio?
Según Baytelman y Fumero el juicio es un ejercicio profundamente estratégico que reclama de cada sujeto procesal que sostiene y es titular de una pretensión, presentar la prueba de modo que sirva a su relato o versión sobre los hechos. Esto exige que cuando se presenta y actúa la prueba no haya que perder de vista que su desarrollo y significado cabal sólo puede alcanzarse dentro de un relato, de una versión para la cual se ha ofertado. En virtud a esto los sujetos procesales se preparan para convencer al juzgador de la suficiencia y confiabilidad de la prueba que presentan. Cuando los operadores actúan con diligencia y prolijidad conocen las fortalezas y debilidades de su caso, lo que los habilita para organizar la presentación de sus pruebas. La mejor manera de prepararse es la siguiente:
a) hacer un bosquejo o plan que recoja los aspectos importantes de la
causa que deben ser acreditados en juicio;
b) confeccionar un listado que nos permita cotejar durante las audiencias la prueba que debe ser reconocida por los testigos y el orden que debe seguir la misma;
c) considerar en las notas las debilidades presentes, los asuntos jurídicos o
de derecho más importantes que permitan rebatir cualquier ataque a la prueba y refutar posibles defensas, igualmente las ideas y oraciones más
importantes a destacarse en los alegatos;
d) cerciorarse que los testigos estén disponibles para la audiencia;
e) familiarizarse con la prueba no testifical y determinar los testigos
necesarios para su reconocimiento;
f) asegurar la disponibilidad de los recursos técnicos para presentar en la
sala evidencia científica ilustrativa, como películas, diapositivas u otro
recurso audiovisual; y
g) visitar la escena del crimen, pues el contacto directo con ella es la mejor
manera de alcanzar la perspectiva correcta acerca de lo que realmente ocurrió ahí y poder formular las interrogantes apropiadas a los testigos o contra examinar a los de la otra parte. No debe olvidarse que esta visita a la escena facilita un mejor manejo, cuando existen, de las fotografías, planos o
croquis que la reproducen y con ello corroborar o refutar lo declarado por los testigos 4 .
18. ¿Por qué debe prepararse a los testigos?
El profesor Fumero incide en la preparación del testigo 5 , porque no basta que este órgano de prueba diga la verdad sino que su comportamiento correcto y sereno, la seguridad puesta en sus respuestas, refuercen su credibilidad. Una vez escuchado su relato debe indicársele cuáles son los datos imprescindibles, para que al deponer en las sesiones del juicio no se pierda en naderías o detalles irrelevantes; explicarle qué es lo que se busca probar con su testimonio y la importancia de declarar espontáneamente, ya que en el interrogatorio directo no será posible hacerle preguntas sugeridas, esto es, que contengan la respuesta, pues quien declara es él y no el interrogador o examinador. Hay que evitar sorpresas practicando con el testigo preguntas y respuestas, claro está, y esto hay que destacarlo cuántas veces sea necesario, sin faltar a la verdad, para que se familiarice con el escenario y sistema forenses, conozca las funciones de los otros sujetos procesales y el sentido del contra interrogatorio del abogado adverso, encaminado a restarle credibilidad y menoscabar la calidad de la información que aporte.
19. ¿Qué entendemos por teoría del caso?
La teoría del caso, según Baytelman y Duce, es siempre un punto de vista, el ángulo desde el cual ver toda la prueba, la posición que ofrecemos al juzgador para que valore la información que el juicio arroja, de manera tal que si la adopta o asume llegará a las mismas conclusiones que le ofrecemos. Se trata de proveer al Juez de un punto de vista convincente, pues si no lo hacemos o nos entrampamos en algo ininteligible, nuestro contrario lo hará y ocupará ese terreno baldío. Una vez definida mi teoría del caso la regla es que ella domina todo mi actuar dentro del proceso, no hago nada que la contradiga, pues cada vez que me alejo de ella pierdo credibilidad. No resulta difícil entender por qué en un proceso a cada parte sólo le es posible defender una teoría del caso, lo contrario es fatal por los graves daños que suscita en la credibilidad de lo afirmado. Así, por ejemplo, pierde todo crédito el abogado que defendiendo a su cliente sostiene, a la vez: “Mi patrocinado no estuvo en el lugar de los hechos cuando la víctima fue herida, pero si se acredita que estuvo ahí, no fue él quien disparó; finalmente, si se prueba que disparó, entonces, lo hizo en legítima defensa” 6 . Ni el juez más bisoño, acogería esa zigzagueante e incoherente estrategia defensiva.
4 Fumero Pugliessi, Félix. Guía para capacitadores. Taller de capacitación de capacitadores. Módulo “Técnicas de oralidad y derecho probatorio”, Iris Center Perú - USAID, Lima, agosto 2004, pp. 1-2. Reproducida también en: Curso Taller Nuevo Sistema Procesal Penal, Lima, del 11 a 14 de julio de 2005, Academia de la Magistratura, Iris Center Perú, p. 48
5 Fumero P., Ob. Cit. pp. 2-3
6 Baytelman, Andrés y otro. Litigación penal en juicio orales, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2001, pp. 49-52.
Lo dicho no excluye la posibilidad de que, como consecuencia de la actuación probatoria, el Fiscal o el abogado defensor se percaten que su teoría del caso ha quedado completamente rebatida, circunstancia ésta que,
desde luego, no deberá afrontarse insistiendo en la posición inicial, de ahí que el NCPP habilita al representante del Ministerio Público a retirar la acusación y al defensor a alegar, en defecto del pedido de absolución, por
la atenuación de la pena, o plantear otra petición que favorezca al
procesado (artículos 387.4 y 390.2)
20. ¿Cómo se construye una teoría del caso?
Desde el momento mismo que se toma conocimiento de la noticia criminal,
o información que trascienden sobre la ocurrencia de un delito, los
operadores, sobre todo el Fiscal, se acercan a los hechos con una óptica o predisposición jurídico-normativa, esto es lo que les permite seleccionar, entre la masa de la información fáctica recogida, los elementos relevantes que encuadran o no en cada uno de los componentes morfológicos, objetivos y subjetivos, del tipo penal imputado, estableciéndose puntos de conexión, que luego se tratarán de acreditar a través de los medios de prueba pertinentes. La estructura de la teoría del caso, entonces, no se forma de inmediato, se construye, poco a poco, a lo largo de las etapas previas al juzgamiento, primero, en el curso de la investigación preparatoria, periodo de indagación, durante el cual la búsqueda de información probatoria, sobre todo, de fuentes de prueba, es lo central, y, luego, desde
la posición del Fiscal, en la etapa intermedia, en sentido negativo, si el caso
no cuaja y tampoco la pretensión punitiva, se requiera el sobreseimiento, o
positiva, se emitirá acusación, ofreciendo los medios pertinentes para probarla en juicio. Bien puede afirmarse, entonces, que la teoría del caso es la conjunción de:
a) información fáctica relevante,
b) fórmula o teoría jurídica o norma de subsunción, capaz de acoger la
información precedente, y
c) medios probatorios pertinentes
No está demás insistir que el sujeto procesal al que le toque impulsar una pretensión quedará en completa orfandad e imposibilidad de actuar siquiera aceptablemente en el juicio, si no cuenta con una teoría del caso o la que tiene es deficiente. Nadie debe atreverse a trajinar los exigentes caminos del juzgamiento sin una brújula, ruta de camino o mapa claro que le diga qué hacer en cada momento de las fases de esta etapa principal del proceso común.
21. ¿Cuándo se concreta la exposición de la teoría del caso?
Esta exposición se efectiviza en los alegatos, así, en los preliminares cuando el Fiscal manifiesta resumidamente los hechos objeto de la
Litigación penal. Juicio oral y prueba, Editorial Alternativas, INCIPP, Lima, 2005, pp. 91-107
acusación, la calificación jurídica y los medios probatorios que ofreció y fueron admitidos en la etapa intermedia; y, también, cuando, entre otros, el defensor del acusado expone sus argumentos de defensa y las pruebas de descargo (artículo 371.2 del NCPP). Estas exposiciones breves y concisas tienen la virtud de ser la primera información que sobre el asunto llega al Juez, la versión o relato que cada parte sostiene. Causar una inicial impresión favorable a este relato y sus argumentos es muy importante para los propósitos estratégicos del Fiscal o del abogado del acusado. Aportar una versión amena, realista, ordenada cronológicamente, mostrar al juzgador convencimiento en la eficacia de la prueba ofrecida, poner sobre la mesa alguna debilidad o laguna, adelantando el impacto que podría surgir si en el debate quien ventila ello es la contraparte, criticar las alegaciones o posibles defensas de ésta, y terminar la exposición apelando, sin exagerar, a lo emotivo, son componentes válidos de los alegatos 7 , además, claro está, de elegir una frase clave o lema que atraiga la atención y resuma lo expuesto
22. ¿Cuáles
interrogatorios de los testigos?
Cuando nos referimos al interrogatorio directo (artículo 375.3 del NCPP) aludimos al que practica la parte que ha propuesto este órgano de prueba; sus objetivos son:
a) solventar la credibilidad del testigo, esto significa convencer al juzgador
que se trata de una persona digna de crédito, en el entendido que hasta ese momento, como es lo debido, el Juez no conoce de quién se trata, por
carecer de información al respecto, de ahí que se impone poner especial énfasis en acreditarlo;
b) conseguir información del testigo que sustente la teoría del caso, es
decir, gracias a lo expuesto por el testigo sacar a luz los hechos y detalles que confirman la historia que compone tal teoría;
c) introducir al juicio prueba material constituida por objetos y documentos,
sobre cuyo origen y naturaleza exponga el testigo, verbigracia el arma homicida o un contrato, que sólo adquieren sentido cuando son encuadrados en el relato que contiene la teoría del caso; y
d) lograr información de importancia para el análisis de otra prueba, sea
para fortalecer la teoría planteada o desacreditar la de la contraparte 8
7 Fumero, F. Ob. Cit. pp. 3-4 ó 49-50
8 Fumero, F. Ob. Cit. pp. 4-6 ó 50-51
Baytelman, Andrés y otro. Litigación penal. Juicio oral y prueba, Editorial Alternativas, INCIPP, Lima, 2005, pp. 109-148
En el interrogatorio directo no están permitidas las preguntas capciosas, impertinentes, repetidas, sugestivas o sugeridas, esto es, que incluyan a la vez del interrogante una respuesta, (artículo 376.2.c.d y 378.2.4. del NCPP) debiendo, entonces, plantearse de modo abierto basadas en las palabras ¿qué pasó?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿quién?, explique, etc. Esta forma de interrogar habrá de estar precedida por un orden en la presentación de los testigos, cuidando de actuar primero la testifical de uno impactante y capital, y concluir con otro de iguales características para conjurar la monotonía y el aburrimiento que bien pueden desconcentrar al juzgador o impedirle comprender los elementos que se intenta establecer en el caso. Por último, resulta aconsejable organizar el interrogatorio directo en forma cronológica 9 y jamás olvidar que durante esta actividad el protagonista es el testigo, no el abogado o Fiscal que interroga.
El contra interrogatorio es el examen que lleva a cabo el abogado de la contraparte luego que un testigo ha sido objeto de interrogatorio directo. Su finalidad consiste en:
a) cuestionar la credibilidad del testigo,
b) denotar las contradicciones de sus dichos actuales o entre éstos y los
rendidos precedentemente, y, cuando sea posible,
c) lograr que admita o destaque aspectos positivos para la teoría del caso
del contra examinador, o elementos negativos para la que sostiene quien lo ofreció. Según se aprecia, el contra interrogatorio es una evidente manifestación del principio de contradicción que caracteriza el juicio público y oral, de su curso dialéctico franco 10
Quien contra interroga debe seguir las reglas tácticas de proceder con razón, ventaja y sin excederse. Con razón, porque opera siempre seguro de la solidez de su teoría del caso; con ventaja, porque sabe o por lo menos tiene idea fundada de las respuestas que dará el testigo a sus preguntas (jamás inquirir si no se tiene esclarecido esto, pues las contestaciones pueden ocasionar daño irreparable para su posición); y sin excederse, pues una pregunta de más puede echar por tierra lo ganado. La generalizada idea que el contra interrogatorio puede resolver el caso de un golpe es fatua, toda vez que la confirmación de la teoría del caso sólo es posible alcanzarla paso a paso, consiguiendo pequeñas victorias o avances. El apresurado que no sabe sofrenarse y se precipita, siembra su propia derrota. Por ejemplo, si conseguimos que un testigo presencial de cargo admita que las condiciones climáticas o materiales en la escena dificultaron en alguna medida lo que vio, entonces, lo correcto es detenerse en ese
9 Baytelman, Andrés y otro. Material de destrezas de litigación en juicio oral para El Ecuador, 2003, pp. 71-74
Schönbohm, Horst. “La prueba en el nuevo proceso penal. 3. El interrogatorio a testigos”. En: Pomareda de Rosenauer, Cecilia y otro. El nuevo Código de Procedimiento Penal. De la teoría a la práctica, a través de casos prácticos, GTZ, Bolivia, 2001, pp.417-425
10 Fumero, Félix. Ob. Cit. pp. 6-7 ó 51-52
instante y concluir el contra examen. Un interrogante más podría ser absuelto por el testigo del siguiente modo: “Pese a esas circunstancias y dificultades pude percatarme que el acusado era quien huía del lugar”.
Los consejos del profesor Fumero vienen a cuento porque instruyen al contra examinador a no repetir el interrogatorio directo, evitar las preguntas abiertas y ordenadas cronológicamente, así como no discutir o argumentar con el testigo adverso. Si lo que se busca es cuestionar a este órgano de prueba por su incapacidad para percibir o narrar los hechos, denotar sus versiones inconsistentes, inclusive empleando sus declaraciones previas (artículo 378.8 del NCPP); las omisiones en que ha incurrido al declarar sobre lo que conoció, o su parcialidad prejuiciosa o interesada, entonces, las preguntas que se le formulen tienen que ser cerradas (“si o no”, “cierto o no cierto”, “correcto o incorrecto”), en consideración a que durante el contra interrogatorio lo que se pretende es que la atención del juzgador se centre en lo que pregunta el abogado o Fiscal y no, como en el examen directo, en lo que contesta el testigo.
23. ¿Qué son las objeciones?
La facultad de las partes de preguntar en el sistema acusatorio no es absoluta, conoce límites, de ahí que se admitan las objeciones (artículos 170.6, 376.2.d. y 378.4 del NCPP), porque para este modelo es legítimo evitar que sean los abogados quienes introduzcan información al juicio, mediante preguntas repetidas, impertinentes, sugestivas, capciosas o engañosas, mucho menos intimidantes, o que coaccionan al deponente u ofenden su dignidad, en perjuicio de la información de calidad que debe llegar limpia y clara al Juez, desde luego, gracias a correctos interrogatorios y contra interrogatorios. La habilidad de objetar, difícil y compleja, requiere razonar y decidir en fracciones de segundo, tener capacidad de responder de inmediato y formular su fundamento ante el Juez, en ese instante; una equivocación al respecto puede trabar la fluidez del juicio y desacreditar al que objeta. 11 En suma, las objeciones evitan que las actuaciones del juicio se desvíen de su objeto o se confunda a los órganos de prueba
24. ¿De qué manera debe efectuarse el examen de peritos?
El NCPP afilia esta actuación probatoria al interrogatorio y contra interrogatorio de testigos (artículos 181 y 378.5), pues lo central ya no reposa en la versión escrita del dictamen o informe, como nos ha acostumbrado el viejo C. de PP. (artículo 167), para el cual la ratificación y examen es un formalismo intrascendente; sino en el interrogatorio a que los sometan las partes, comenzando por quien propuso la prueba y luego las restantes. La importancia del interrogatorio del perito no obsta que en el curso del mismo el este órgano pueda consultar documentos, notas y publicaciones. Peculiar interés adquiere en este contexto la posibilidad de
11 Baytelman, Andrés y otro. Litigación penal en juicio orales, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2001, pp. 119-134
los debates periciales a propósito de dictámenes o informes científicos o técnicos encontrados o discrepantes (artículo 378.7 del NCPP)
25. ¿Cómo se incorpora a juicio la prueba material, documental, ilustrativa y científica?
De manera acertada y consecuente con el principio de oralidad, el NCPP en su artículo 382 regula que:
“1. Los instrumentos o efectos del delito, y los objetos o vestigios incautados o recogidos, que obren o hayan sido incorporados con anterioridad al juicio, serán exhibidos en el debate y podrán ser examinados por las partes. 2. La prueba material podrá ser presentada a los acusados, testigos y peritos durante sus declaraciones, a fin de que la reconozcan o informen sobre ella.”
Por su parte, el artículo 384, puntualiza el trámite de la oralización de los documentos, en relación restringida (artículo 383) y comprensiva de registros de imágenes, sonidos o soporte informático.
Sobre esto último, el profesor Fumero 12 , destaca que existe cierta clase de prueba, por ejemplo vídeos, películas o grabaciones, que al ser susceptible de alteración reclama escrupuloso respeto de la cadena de custodia y traslado por quienes la ocuparon o sometieron a análisis, única manera de garantizar su preservación e integridad.
Con respecto a la lectura de la prueba documental deben tomarse muchas precauciones para no repetir la inconveniente experiencia de la “lectura de piezas” entronizada por el desfasado C. de PP. No se trata que en el nuevo modelo se abandone la actuación oral de los medios de prueba y se convierta lo que debe ser una prueba personal (testigos y peritos), que acarrea ineludible examen y contra examen, en una fría y lineal lectura de textos.
26. ¿Qué buscan y en qué se fundamentan los alegatos finales?
Según los artículos 386-390 del NCPP y conforme enseña Quiñones Vargas, los alegatos finales, de cierre o de clausura constituyen el episodio más interesante del proceso, porque integran el “último piso” del edificio que esforzadamente se fue construyendo durante el iter procesal. Es la última oportunidad que tienen las partes para dirigirse al juzgador e intentar persuadirlo que tienen razón, de ahí que este profesor recomiende prepararlos con gran pulcritud para:
a) captar la atención del órgano jurisdiccional, b) insuflarlos de persuasión y sinceridad, c) transmitir emoción, sentimiento y vehemencia, sin caer en exageraciones chocantes, reveladoras de falta de sinceridad,
12 Fumero, F. Ob. Cit. pp. 18
puntualizar los argumentos de derecho,
e) emplear el lenguaje apropiado, repeliendo el improperio y alambicamiento,
f) organizar meticulosamente cada idea y afirmación, respaldándola en la
información producida durante el juicio, y
g) rendir tributo a la brevedad y concisión, recordando que éstas son los
manjares de los jueces 13
27. ¿En síntesis, qué rol debe asignársele a la litigación oral en el proceso de reforma de la justicia penal e implementación del NCPP?
Admitido que la reforma instituye el juzgamiento como la etapa medular del proceso, que tal opción responde a exigencias constitucionales y requerimientos de la propia realidad social del país y que la implementación y aplicación progresiva del nuevo modelo depende en gran medida que los operadores asuman con diligencia y convicción la herramienta de la oralidad, desbrozando el camino obstruido por la cultura inquisitiva y el estilo de trabajo sustentado en la escrituración y el culto al expediente, resta afirmar que tal principio no basta para asegurar automáticamente las metas reformistas, si los operadores no adquieren las habilidades y destrezas de la litigación oral. Como Andrés Baytelman sostiene en su artículo “Capacitación como fútbol” 14 , para ser un buen jugador poco vale conocer al dedillo todas las reglas de la FIFA, si no se practica el juego mismo, única forma de aprenderlo. Mutatis mutandi, nada avanzaremos si pese a proclamar la trascendencia de la publicidad y oralidad, al mismo tiempo continuamos atados al estereotipo de la escritura y rutina burocrática, si retrocedemos ante el reto de conocer, aprender y utilizar las técnicas de litigación oral, tanto más necesarias ante la maciza realidad de un compromiso aplicativo que ya rige en los distritos judiciales de Huaura, (1 de julio de 2006), La Libertad (1 de abril de 2007), Tacna y Moquegua (1 de abril de 2008), Arequipa (1 de octubre de 2008), Tumbes, Piura y Lambayeque (1 de abril de 2009), Cusco, Puno y Madre de Dios (1 de octubre de 2009), Ica y Cañete (1 de diciembre de 2009) y Cajamarca, Amazonas y San Martín (1 de abril de 2010). Este desafío se confirma al evaluar el acuerdo de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal 15 de adelantar los plazos de vigencia del código, de modo que su aplicación en todo el país se produzca el 2010, lo que motivó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial disponga la conformación de
salvadoreño. Un análisis crítico del sistema oral en el proceso penal salvadoreño desde una perspectiva acusatoria adversativa, DPK Consulting USAID, Consejo Nacional de la Judicatura, El Salvador, 2003, pp. 253-265
Baytelman,
perspectiva integral sobre la administración de justicia ¿Crisis en la capacitación
– CEJA,
judicial?, Publicación semestral del Centro de Estudios de Justicia de las Américas Año 1, Nº 1, p. 42 y siguientes
15 Creada por el artículo 2 del Decreto Legislativo 958, publicado el 29 de julio de 2004, y reglamentada por DS. 007-2007-JUS, publicado el 12 de septiembre de 2007
comisiones de magistrados en cada distrito judicial para asumir el compromiso (Resolución Administrativa Nº 053-2008-CE-PJ, publicada el 10 de junio de 2008) 16 . Lo propio ocurrió con el mensaje presidencial, de 28 de Julio de 2009, que reiteró la importancia de acortar plazos y alcanzar la vigencia nacional del código en el 2011 17 ; aunque en el de este año 2010 18 , no obstante anotarse que ve “con satisfacción el avance del nuevo Código Procesal Penal en diez departamentos, con un total de 13 millones de peruanos y a un costo de 762 millones invertidos en ese objetivo (recomienda) al Parlamento, “después de este período de prueba (…) hacer un exhaustivo análisis para verificar los aspectos positivos y también los nuevos problemas que crea (su) aplicación, y discutir las modificaciones que juzgue convenientes”, sugerencia que lamentablemente acaba de concretarse en una suspensión del calendario de aplicación progresiva del nuevo modelo, como lo han hecho saber el Poder Judicial a través de un pronunciamiento emitido por el IV Congreso Nacional de Jueces (Cusco 25 – 27 Agosto 2010) 19 y el Ilustre Colegio de Abogados de Lima 20 . No deja de
16 La implementación y vigencia progresiva del nuevo modelo procesal no son pacíficas, ni se hallan aun enteramente aseguradas, desde un principio han afrontado dificultades, siendo
una muestra evidente de ello la dación de la Ley 28671 que dejó de lado el “Plan de Implementación y Calendario Oficial de la Aplicación Progresiva del Código Procesal Penal”, aprobados por DS. 013-2005-JUS, publicado el 8 de octubre de 2005, y la dación, vía actualización, de los calendarios aplicativos, mediante Decretos Supremos Nº 007-2006, 005-
2007 y 016-2009-JUS, publicados el 4 de marzo de 2006, 5 de mayo de 2007 noviembre de 2009, respectivamente.
Las fuerzas que impulsan la reforma deben adaptarse al cambio de escenario y circunstancias para aprovechar los periodos en los que la tendencia es el adelantamiento del vigor pleno del código y, como no, también, para afrontar épocas de retroceso y contrarreforma, reagrupando filas y estrechando su relación con los usuarios del sistema, ciudadanos que merecen contar con una justicia penal que garantice sus derechos y sea eficaz y eficiente, como lo demuestra el “Informe general sobre los resultados de la aplicación del Código Procesal Penal” (Abril 2010), elaborado por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Vid:
http://www.minjus.gob.pe/cpp/INFORME%20GENERAL%20SOBRE%20LOS%20RESULTADO
S%20DE%20LA%20APLICACION%20DEL%20CODIGO%20PROCESAL%20PENAL%20-
%20ABRIL%202010.pdf
17 Vid.:
http://www.larepublica.pe/files/image/2009/julio/28/MENSAJE%20PRESIDENCIAL.doc
18 Vid: Separata especial del Diario Oficial El Peruano, de 28 de julio de 2010
19 Vid: Declaración de Cusco
“Cuarto: Expresar la profunda preocupación de los jueces del Perú por la sorpresiva decisión del Poder Ejecutivo de suspender la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en los demás Distritos Judiciales, no obstante el calendario aprobado oficialmente. Pese a que públicamente se manifestó la voluntad gubernamental de continuar con el proceso de implementación y adelantar la vigencia del Código para los Distritos Judiciales de Lima, Lima Norte y Callao se anuncia la suspensión del mismo con argumentos inaceptables y notoriamente infundados. Lamentamos que impropiamente se invoque como fundamento de este retroceso institucional los problemas de seguridad ciudadana que padece el país, sin tomaren cuenta los factores reales del incremento de la criminalidad y la efectiva incidencia de un Código Procesal Penal en la prevención del delito.”
http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=17335&opcion=detalle
llamar la atención la sucesión de criterios y decisiones contradictorios en la marcha de la reforma, pues, por un lado se aprobó en el Congreso, el 10 de setiembre de 2009, el proyecto de ley Nº 3431-2009, presentado por el Poder Ejecutivo, para otorgar recursos presupuestales que permitieron la aplicación del código en los distritos judiciales de Ica y Cañete, convertido en Ley 29425, de 24 de octubre de 2009; se modificó el calendario oficial de aplicación progresiva del NCPP, Decreto Supremo Nº 016-2009-JUS, publicado el 21 de noviembre de 2009, que, entre otros cambios, confirmó el vigor del código en Lima, Lima Norte y Callao para el 2012; así como la aprobación congresal, el 10 de junio de 2010, del Proyecto de Ley 4002- 2009-PE para anticipar la vigencia nacional del código para ciertos delitos contra la administración pública y del proceso especial inmediato 21 ; pero, por el otro, el Poder Ejecutivo observó este acuerdo del parlamento y congeló, como ya se ha dicho, el calendario de aplicación progresiva; peor aún, en este marco de incertidumbre, más confusión introduce el reciente D. Leg. 1097, publicado el 1 de septiembre, que al instituir reglas procesales para los delitos contra los derechos humanos o contra la humanidad, imputados a miembros de las fuerzas armadas o la policía, da vigor nacional, entre otros, a los artículos 344 a 348 22 del NCPP, referidos a las causales de sobreseimiento, al control en audiencia del requerimiento fiscal en este sentido, a los pronunciamientos judiciales que emanan de aquella, al contenido del auto de sobreseimiento, total o parcial, igualmente al inciso 4 del numeral 352 que regla el dictado de sobreseimiento o corte de la secuela del proceso de oficio o a pedido del acusado o su defensor. Por donde se mire no hay una pizca de coherencia en decisiones que congelan la marcha del código y, a su vez, adelantan su regencia sólo para ciertos delitos.
20 Comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (La República, 5 de septiembre de 2010, página 11):
“Por la inmediata aplicación del nuevo Código Procesal Penal (…) exigimos a las autoridades responsables no suspender la aplicación del Nuevo Código en defensa del derecho de la ciudadanía a tener una Justicia transparente, garantizadora y eficaz basada en la razón para superar las miserias del actual proceso penal”
21 Vid:
Diario de los debates del Congreso de la República del Perú Segunda Legislatura Ordinaria de 2009, 9.º J Sesión (Matinal), de 10 de junio de 2010.
E90525773F00075210/$FILE/SLO-2009-9J.pdf
Luego de la observación del Ejecutivo, el Congreso se ha allanado a ésta, retirando la referencia al proceso inmediato e insistiendo en el vigor nacional del NCPP para ciertos delitos contra la administración pública (Sesión 3F del Pleno de 2 de septiembre de 2010).
FE9052577920069C8A1/$FILE/PLO-2010-3F.pdf
22 Este decreto legislativo también adelanta la vigencia de los incisos 1 (Obligación de sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada del compareciente), 4 (Prestación de caución y posibilidad de sustitución de ella por fianza) del artículo 288; y 2 (Resolución, duración y prolongación de impedimento de salida) del artículo 296 del NCPP
INTERROGANTES Y CASOS PRÁCTICOS
Elaboración de la teoría del caso y ejercicio de la técnicas derivadas de ésta
Cuando Amelia Canzini Camac se encontraba en la cocina de su casa preparando la cena el fluido eléctrico se fue de improviso, ante esto, volteó en búsqueda de su hijito Serapio Jugor Travelsal, de dos años, que jugaba por las inmediaciones; sin embargo, al dar el giro, en completa oscuridad, la mano de Amelia rozó la olla hirviente de sopa y al retirarla de inmediato la hizo caer, derramando su contenido sobre las piernas del menor y ocasionándole graves quemaduras en ambas piernas. Debido a esta situación el fiscal formalizó investigación preparatoria contra Amelia por el delito de lesiones culposas agravadas (124 CP). Durante la pesquisa se acumularon suficientes elementos de convicción sobre el curso objetivo de los acontecimientos descritos; asimismo, se tuvo por constituido como actor civil al padre del agraviado, Roberto Jugor Inquietor, divorciado de Amelia. Luego de evaluar el resultado de la investigación el fiscal a cargo hace llegar al Juez un requerimiento de sobreseimiento de la causa.
Un aciago día, 15 de julio de 2009, luego de visitar a su hermano Manuel Ahorral Monen, en Tarapoto y festejar el aniversario matrimonial de éste, Juanita lee en el periódico “Actualidad” un aviso comercial que anuncia la venta de autos de segunda a precios módicos, indicando, además, la dirección:
Jr. Lampa 530 Lima, de la tienda: “El auto Veloz”, que hace la oferta.
Siete días después de la firma del contrato y del primer pago, Juanita vuelve a “El auto veloz” para cancelar la diferencia del precio y recoger su vehículo, pero
encuentra la tienda cerrada, sin autos de exhibición y vacía. Al indagar entre los vecinos, uno de ellos, Manuel Avizor Fijón, le dice que desde hace cuatro días la tienda no abre, que no se percató cuándo fueron retirados los vehículos en exhibición y los enseres de la tienda, que Pedro no concurre y que no puede dar razón de él; pese a los reiterados llamados que Juanita hace al celular de Pedro, en búsqueda de una explicación, éste no contesta, mientras que al marcar el teléfono del negocio un mensaje del proveedor indica que el número ha sido desactivado. Ante esto, completamente desesperada, Juanita se presenta a la comisaría del sector y pide se constate el estado en que ha encontrado la tienda “El Auto Veloz”, diligencia que practica el sargento César Agudez Guardián, quien, además, recoge, del retiro aledaño al negocio, dos avisos publicitarios de madera, de 1 metro de largo por 50 centímetros de alto, cada uno, tirados en la vereda, cuyo texto oferta la venta de automóviles de segunda a muy bajo precio.
Original del contrato de compra – venta de un auto usado, suscrito entre
Juanita y Pedro, en el que consta condiciones
el abono de dos mil dólares y demás
Declaración de Pedro quien sostiene que luego de firmar el contrato con Juanita se le presentaron varios problemas financieros que lo obligaron a
ausentarse del negocio en búsqueda de solucionarlos, admite que de ello no le avisó oportunamente a la compradora, pero que está dispuesto a entregarle el vehículo adquirido o devolver el dinero recibido, apenas supere sus dificultades económicas. Adjunta, además, copias de sus cinco últimas declaraciones juradas de renta, en las que consta que su actividad laboral es comercial.
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References: Artículo 361
 artículo 10
 Artículo 14

Artículo 369
 artículo 139
 resolución 
 artículo 393
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 105
 resolución 
 artículo 138
 resolución 

Artículo 357

Artículo 361
 artículo 8
 artículo 382
 artículo 384
 artículo 2
 artículo 288
 artículo 296