Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39520
Timestamp: 2019-10-24 02:05:19+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1SPO-94/39520
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE REFORMA DEL ESTADO, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA. Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.
Propone adicionar un apartado para quedar como apartado B, recorriéndose el texto actual para quedar como C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el Estado contará con un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social que será un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.
Corresponderá a este Instituto normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional y de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación tienen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.
El Instituto integrará y elaborará la información y estadística relativa al Desarrollo Social; propondrá criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social; impulsará a las autoridades a que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos; formulará acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social. Se integrará con un Consejo General, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, un Centro de Documentación e Información, y las Secretarías que designe el Pleno, encargadas de las actividades administrativas, operativas y de sustanciación de los procedimientos.
El Consejo General, órgano máximo de dirección del Instituto, estará integrado por siete consejeros, incluyendo al Presidente, que serán ciudadanos que gocen de reconocido prestigio y experiencia profesional en materia de desarrollo social, mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y que no estén desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación. Serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros.
Los consejeros durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo. El Presidente del Instituto, que lo será también del Consejo General, será designado por mayoría de los integrantes del Pleno. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años.
El Secretario Ejecutivo será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente. Podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros. Los consejeros y el Presidente, podrán ser removidos o, en su caso, sujetos a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
Las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos de este apartado.
Tanto los consejeros como el Presidente, sólo podrán ser removidos o sujetos a responsabilidad por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, también se hacen las reformas correspondientes en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política.
Finalmente, dado que actualmente se encuentra en funciones el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, se establece el régimen transitorio que permita implementar las modificaciones planteadas en esta iniciativa, por una parte, transfiriendo los recursos del CONEVAL al Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social y, por otra parte, para hacer la transición del Comité Directivo del CONEVAL al Consejo General del Instituto.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO DE LA SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 26, 110 Y 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
México, D.F., a 25 de febrero de 2013.
Quienes suscriben, Senadoras y Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRD a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164; y, 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma los artículos 26, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Durante los años ochenta del siglo pasado en América Latina, la crisis fiscal del Estado vino acompañada de la crisis política. El tema de la gobernabilidad implicaba la reconstrucción del Estado (reformas económicas) y la consolidación del sistema democrático, en aras de resolver los problemas de legitimidad de los gobiernos (transición a la democracia – reforma política) y de eficiencia (reforma económica y administrativa).
Estas reformas han implicado una redefinición de las relaciones sociedad – Estado dentro del proceso de democratización de este último, induciendo al establecimiento de mecanismos que lo hagan responsable de sus decisiones y acciones ante la ciudadanía.
En razón de lo anterior, la concepción actual de la democracia, concibe como un componente fundamental de este sistema de gobierno, la rendición de cuentas (accountability), entendida como un mecanismo para controlar el ejercicio del poder.
Abarca todos los mecanismos institucionales que la sociedad disponga para ejercer este control y, dada la reciente redefinición de las relaciones Estado – Sociedad, ha implicado la creación de mecanismos directos de participación ciudadana que complementen los mecanismos tradicionales de control.
El desarrollo histórico de los mecanismos de rendición de cuentas va de los controles parlamentarios y procedimentales, pasando por los mecanismos para fiscalizar la elaboración y los resultados de las políticas públicas, hasta llegar al aumento de las formas de participación social en términos de control y de cogestión de los servicios públicos.
Al menos a partir de los años ochenta, con la crisis política y financiera de los Estados, se ha hecho patente, desde el sector académico y social, la necesidad de erradicar los altos niveles de ineficiencia e ineficacia en la gestión pública, a través de nuevos mecanismos de control político y social.
Intelectuales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones autónomas e investigadores especializados en materia social, así como la sociedad en general y los beneficiarios en particular, han evidenciado la demagogia, corrupción y manipulación social, política y electoral que existe en la implementación de los programas y acciones de las políticas de desarrollo social.
Por ello, en el desarrollo institucional de nuestro país durante la última década, la idea de que las acciones de gobierno deben ser continuamente monitoreadas para asegurar alta eficiencia, efectividad y el mejor desempeño económico, ha sido una constante.
La institucionalización de los mecanismos de rendición de cuentas gubernamentales, en general, y la evaluación de las políticas públicas, en particular, ha sido una preocupación y ocupación de todos los Grupos Parlamentarios.
Más allá de las diferencias ideológicas, existe un consenso en la necesidad de ir más allá del control parlamentario y de procedimientos, de la auditoria y la vigilancia, para dar lugar a los mecanismos de control la evaluación que busca la mejora del desempeño gubernamental.
No se trata solo de evitar la tiranía y la corrupción de los gobernantes, sino de incorporar la lógica del mejoramiento del desempeño gubernamental. Así, los mecanismos modernos de responsabilización se orientan a la efectividad de los resultados de las políticas.
Estos mecanismos de control y rendición de cuentas, se sustentan en la elaboración de objetivos y aplicación de recursos con transparencia; en los controles e indicadores, así como en la realización de la función pública con ética y responsabilidad. Además, implica dotar a la sociedad de la capacidad para hacer que las políticas gubernamentales respondan o se adecúen a sus necesidades.
En esta tarea, la participación de todos los actores de la sociedad es fundamental, sin embargo, el papel que en la elaboración de estos marcos jurídicos deben emprender los partidos políticos, tanto en su carácter de mediadores como en el de representantes de la sociedad, es primordial.
Como antecedente de ello, podemos mencionar diversas iniciativas que en su momento han presentado legisladores de los diferentes partidos políticos.
En materia social, la Senadora Leticia Burgos Ochoa presentó una iniciativa en la que propuso la creación del Instituto Nacional de Evaluación y Seguimiento de la Política Social, como una entidad autónoma cuya responsabilidad sustantiva era la evaluación independiente de los resultados de las políticas públicas de desarrollo social.
Mientras que en el ámbito educativo, y en el mismo tenor, encontramos el Proyecto de Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del Senador Armando Chavarría Barrera, que proponía trasladar la facultad para evaluar el sistema nacional de educación y la política educativa, de la Secretaría de Educación Pública al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.
Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social, se da un paso sustancial para la institucionalización de la Política de Desarrollo Social. Además de señalar los lineamientos generales que rigen su diseño y ejecución, implanta los criterios para su evaluación y constituye el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
El consenso mediante el cual se aprobó esta Ley, implica el reconocimiento por parte de los legisladores no sólo de la necesidad de disminuir la discrecionalidad en la toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos, sino de medir los resultados y el impacto que las políticas públicas tienen, ya sea para darles continuidad o para modificarlas.
Con la implementación de las disposiciones de esta Ley y la experiencia acumulada con el paso del tiempo, diversas ha sido las voces que han expresado la necesidad de dar mayor autonomía y fortalecer al CONEVAL.
En lo que respecta al fortalecimiento del CONEVAL, los Senadores Graco Ramírez Garrido Abreu del Partido de la Revolución Democrática, Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez del Partido Revolucionario Institucional y José Rosas Aispuro Torres del Partido Acción Nacional; así como los Diputados Joel González Díaz y José Francisco Yunes Zorrilla del Partido Revolucionario Institucional, en su momento han presentado iniciativas encaminadas a dar mayores facultades al CONEVAL.
Por su parte, el Senador Rogelio Rueda Sánchez, el Diputado Carlos Flores Rico, ambos del Partido Revolucionario Institucional y, más recientemente, el Diputado Raúl Paz Alonzo del Partido Acción Nacional, han propuesto darle mayor autonomía, en términos generales, mediante la eliminación de la sectorialización del CONEVAL a la Secretaría de Desarrollo Social y cambiando su integración al ser encabezado por un director general nombrado por el Ejecutivo Federal.
Es evidente que, en la actualidad, existe un consenso entre los diversos Grupos Parlamentarios sobre la autonomía que deben tener las instituciones encargadas de la evaluación de las políticas públicas y, muestra de ello, son las recientes reformas que dieron el rango de organismo público autónomo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como la iniciativa que en el mismo sentido reforma al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), presentada por los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República.
Aún cuando el CONEVAL ha cumplido con su función de evaluar la Política de Desarrollo Social bajo criterios estrictamente técnicos y objetivos, reflejando así la voluntad de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de mantener la autonomía técnica y de gestión de este organismo, consideramos que ésta no debe quedar a juicio de la administración en turno, ni a su discrecionalidad.
Además, resulta incuestionable la idea de que los organismos evaluadores no deben estar subordinados al órgano que monitorean y evalúan, con la finalidad de garantizar que el resultado de la evaluación no se vea influenciado o afectado por criterios ajenos a aquellos de carácter técnico.
Más aún, recientemente el Partido Acción Nacional ha presentado una iniciativa que reforma el artículo 26 de nuestra Carta Magna, con la finalidad de dotar de autonomía constitucional al Consejo, creando la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Consideramos que esta propuesta se limita a darle al órgano autonomía para la función de la evaluación de la política de desarrollo social, acotando ésta a la política pública de carácter asistencial y compensatorio.
Derivado de ello, venimos a presentar una propuesta de mayor envergadura que establezca un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, el cual se encargue de dar seguimiento y evaluar los resultados de todas aquellas acciones encaminadas a reducir eliminar las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades.
Partimos de un concepto de política social que contiene todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, alimentación, asistencia pública, trabajo, seguridad social, vivienda, medio ambiente sano y los relativos a la no discriminación de la población, pero también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social, con el fin de estructurar la sociedad en forma más justa.
Por ello, consideramos que se requiere dar mayor claridad al ámbito de competencia dentro del marco jurídico, no sólo trasladando la facultad para evaluar la Política Nacional de Desarrollo Social de la Secretaría de Desarrollo Social al Instituto, sino fortaleciendo al órgano evaluador al integrar nuevas atribuciones por virtud de la presente reforma, acordes a las necesidades de organización, coordinación y control administrativo de la Política Social Nacional.
La iniciativa que aquí se presenta, transforma la configuración jurídica del CONEVAL al constituirlo como un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria, para lo cual se transfiere la facultad de evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social a dicho Instituto.
Deja de ser Consejo para quedar como Instituto Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Lo anterior dado que el concepto de Consejo, de acuerdo con la Real Academia Española, se define como “órgano colegiado con la función de informar al Gobierno o a la Administración sobre determinadas materias”, mientras que un Instituto se define como “organismo oficial que se ocupa de un servicio concreto”, consideramos que el nombre apropiado para este organismo es el que se le da en la presente iniciativa ya que, de acuerdo con la ampliación de su objeto, ya no se limita a las funciones de informar sobre la situación del Desarrollo Social del país, al tener la facultad de orientar la política pública.
La propuesta amplía el objeto del organismo evaluador al control de la Política Nacional de Desarrollo Social, estableciendo como objeto esencial normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional.
Para cumplir con su objeto, se le otorgan atribuciones relacionadas con la evaluación, el control y la medición, que generen no sólo información sobre el Desarrollo Social del país, sino que permita jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia. Entre ellas, destacamos las siguientes:
Orientar la Política de Nacional de Desarrollo Social;
Integrar y elaborar la información y estadística relativa al Desarrollo Social;
Proponer criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social;
Proponer a las autoridades que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos;
Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social.
Al eliminarse la sectorialización, es necesario redefinir la organización y la integración del Instituto. Por ello, se propone que el Consejo General sea el órgano máximo de dirección del Instituto y que se integre por siete consejeros, incluyendo al Presidente, auxiliándose de un Secretario Ejecutivo.
La iniciativa modifica los requisitos para ser candidato a Consejero, con respecto a los que establece actualmente la Ley General de Desarrollo Social, al eliminar la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ya que consideramos que hay personas con amplia experiencia en la materia que no necesariamente se han dedicado al ámbito académico y, por tanto, no pertenecen al SNI, por lo que podrían quedar excluidos. Asimismo, se agrega la condición de que no deben estar desempeñando ningún cargo o comisión como servidor público al momento de su postulación.
En este proyecto, se propone que la elección de los integrantes del Consejo la haga el Senado de la República con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.
Para ello, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso, la ratificación de los consejeros, quienes durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, y sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo.
En cuanto al Presidente del Consejo General, será designado por el pleno y lo será también del Instituto. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años, periodo en el que no podrá desempeñar ningún otro cargo, empleo o comisión, exceptuando las actividades académicas.
En lo concerniente a la Secretaría Ejecutiva, su titular será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente y podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros.
Este proyecto incorpora una función sustancial al Instituto, en lo que respecta a la integración, organización, resguardo y difusión de la información sobre el desarrollo social, para lo cual contará con un Centro de Información y Documentación, que concentrará la información tanto gubernamental como académica en la materia, nacional e internacional, poniéndola a disposición del público en los términos que marca la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Se introduce un elemento esencial, por el cual el organismo evaluador que se crea, deja de ser sólo Consejo para convertirse en Instituto: el carácter vinculatorio para las autoridades de sus recomendaciones, orientaciones y medidas correctivas. Las autoridades deberán dar respuesta al Instituto en el plazo y bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria, informando de las acciones respectivas para su seguimiento.
Por otra parte, el Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
Asimismo, se mandata que las Constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de evaluación de la política social en los términos del apartado constitucional materia de esta iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
Artículo Primero.- Se adiciona un apartado para quedar como apartado B, recorriéndose el texto actual para quedar como C del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como sigue:
B. El Estado contará con un Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social que será un organismo constitucional autónomo público con personalidad jurídica y patrimonio propios, que contará con autonomía de gestión, técnica, operativa y presupuestaria.
Corresponde a este Instituto normar y coordinar la evaluación, el seguimiento, la promoción y la orientación de la Política Social Nacional y de las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas, sin perjuicio de las atribuciones que en materia de control y evaluación tienen las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades.
El Instituto integrará y elaborará la información y estadística relativa al Desarrollo Social; propondrá criterios y formulaciones para la justa distribución de los fondos de aportaciones federales para el Desarrollo Social; impulsará a las autoridades a que promuevan cambios y modificaciones tanto legislativas y reglamentarias, como en las prácticas institucionales en favor de los derechos sociales de los mexicanos; formulará acciones que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de desarrollo social.
El Instituto se integrará con un Consejo General, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, un Centro de Documentación e Información, y las Secretarías que designe el Pleno, encargadas de las actividades administrativas, operativas y de sustanciación de los procedimientos, de conformidad con el presupuesto autorizado.
Los consejeros durarán cuatro años en funciones, periodo en el cual no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Sólo podrán ser reelectos tres de ellos para un segundo periodo.
El Presidente del Instituto, que lo será también del Consejo General, será designado por mayoría de los integrantes del Pleno. Durará en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado únicamente por un segundo periodo de dos años.
El Secretario Ejecutivo será nombrado por la mayoría de los miembros del Consejo a propuesta del Presidente. Podrá ser removido a propuesta de éste o de la mitad más uno de los consejeros.
Los consejeros y el Presidente, podrán ser removidos o, en su caso, sujetos a responsabilidad, solo por las causas y mediante los procedimientos establecidos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Instituto podrá dictar acuerdos de trámite, obligatorios para las autoridades y servidores públicos, para que comparezcan o aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades que se señalen en la Ley.
Concluida una evaluación anual, el Instituto formulará un proyecto de recomendaciones y orientaciones generales que incluirá el análisis de los elementos de juicio para que las instituciones cumplan con los principios y criterios, planes, programas, objetivos, metas, presupuestos y marco jurídico del desarrollo social que establecen la Ley y otras disposiciones. En el proyecto de recomendaciones y orientaciones generales se señalarán las medidas que procedan para tal fin.
El informe anual, el proyecto de recomendaciones, las orientaciones y las medidas correctivas serán públicos y tendrán carácter imperativo para las autoridades, quienes darán respuesta al Instituto en el plazo y bajo los lineamientos que establezca la ley reglamentaria, informando de las acciones respectivas para su seguimiento.
Las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Instituto.
El Presidente del Instituto presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.
C. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Artículo Tercero.- Se reforma el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente, los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los consejeros del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley reglamentaria y las reformas a las leyes correspondientes en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
CUARTO.- Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que actualmente cuenta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social como organismo constitucional autónomo, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores del CONEVAL.
QUINTO.- Los actuales funcionarios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Ley reglamentaria.
SEXTO.- Los actuales miembros del Comité Directivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, permanecerán en el desempeño de sus encargos en el Consejo General hasta concluir el mandato para el que fueron nombrados.
SÉPTIMO.- La designación del séptimo consejero será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de este decreto.
OCTAVO.- El Consejo General nombrará al Presidente del Instituto Nacional de Evaluación de la Política Social, dentro de los treinta días siguientes al nombramiento del séptimo consejero.
Senadora por el Estado de Tlaxcala
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 26 días del mes de febrero del año dos mil trece.

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 110

Artículo 110
 artículo 111

Artículo 111