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Timestamp: 2018-12-11 03:19:37+00:00

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﻿ Sentencia 34098 de mayo 5 de 2010
SENTENCIA 34098 DE 05 DE MAYO DE 2010
CONTENIDO:IMPEDIMENTO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES PARA CONOCER EN SEGUNDA INSTANCIA PROCESO DE PRECLUSIÓN YA EXAMINADOS POR ELLOS. EN LA ETAPA INVESTIGATIVA Y PROBATORIA, EVITANDO DE TAL MANERA VULNERAR LA IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD E INDEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SEGUNDA INSTANCIA, PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, IMPEDIMENTO DEL FUNCIONARIO JUDICIAL, PROCEDIMIENTO PENAL
Sentencia 34098 de mayo 5 de 2010
Proceso 34098
Decide de plano la Corte el impedimento conjunto manifestado por los doctores Henry Niño Méndez, Claudia Patricia Rey Ramírez y Jhon Jairo Cardona Castaño, magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia (Quindío), quienes invocan los artículos 56 —numeral 14— y 335 de la Ley 906 de 2004, para apartarse del conocimiento de este asunto.
En la declaración del impedimento, los magistrados del Tribunal Superior de Armenia los narraron de la siguiente manera:
“Promediando las diez de la noche del día dieciséis (16) de abril de dos mil seis (2006), cuando el señor Juan Pablo Cardona Bohórquez se desplazaba en una bicicleta ‘todo terreno’ a la altura de la carrera 22 frente al número 9-21, barrio Granada de esta ciudad, fue atropellado por el vehículo distinguido con la placa GAP-858, modelo 2005, conducido por el señor Miguel Ángel Giraldo Quintero; como consecuencia de ello aquel sufrió trauma craneoencefálico severo, sobreviniéndole la muerte cuatro días después”.
1. Por los hechos anteriores, la Fiscalía Segunda Seccional de Armenia (Quindio) elevó, a favor del indiciado Miguel Ángel Giraldo Quintero, solicitud de preclusión ante el juzgado de conocimiento, “haciendo relación a la supuesta configuración de un caso fortuito”.
Asignado el asunto al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esa ciudad, en audiencia realizada el 26 de enero de 2007 accedió al pedimento del ente instructor, reseñando que “de los elementos materiales probatorios y evidencia física aportadas, se establece que el trágico acontecer tuvo ocurrencia por la imprudencia de la víctima al transitar en horas de la noche por una vía de amplia circulación, en bicicleta, sin contar con las más mínimas medidas de protección y seguridad como el casco y el chaleco, que no solo le indicarían a los conductores sobre su presencia en la noche, sino que también, en caso de ocurrir un hecho imprevisto este no fuera tan grave”.
Consideró, por consiguiente, que el hecho no pudo ser previsto por el implicado, o que habiéndolo advertido le era inevitable, “por provenir del azar o del acaso”, estimando así configurada la causal de preclusión prevista en el numeral 2º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
2. La representación de las víctimas apeló la anterior decisión, la cual fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia el 14 de febrero de esa anualidad.
Para el efecto, el tribunal “valoró cada uno de los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes legalmente obtenidos presentados por la Fiscalía como fundamento para pedir la preclusión ante la primera instancia, coligiendo que para entonces se advertía ausencia de actividad investigativa”.
En esa oportunidad, el ad quem realizó un examen probatorio de las entrevistas de Julio Enrique Muñoz Melo y Nevardo Montoya Gallego, así como del croquis en el cual se alude a las condiciones de la vía, ubicación de los vehículos y lugar del impacto.
3. El 16 de diciembre de 2008, la Fiscalía elevó segunda petición de preclusión, alegando nuevamente la causal de ausencia de responsabilidad del caso fortuito, ya que el accidente se debió a “la intempestiva presencia de la víctima trasladándose en su bicicleta por el andén anexo a la vía y su cruce repentino frente al vehículo en movimiento”.
En diligencia adelantada el 25 de agosto de 2009, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Armenia atendió la argumentación del representante del ente instructor y decretó la preclusión de la investigación a favor de Giraldo Quintero.
Dicha audiencia de preclusión fue anulada por el Tribunal Superior de Armenia, mediante fallo de tutela del 5 de marzo de 2010, en el que protegió los derechos al debido proceso, defensa, igualdad, contradicción y acceso a la justicia, invocado por las víctimas, quienes denunciaron que su representante no fue debidamente notificado de la realización de aquella actuación.
4. El juzgado de conocimiento, acatando la decisión de tutela, rehízo la diligencia el 14 de abril siguiente, en la que de nuevo decretó la preclusión de la investigación, dado que, “el resultado se produjo por virtud de la existencia de un caso fortuito”.
Al efecto, el a quo tuvo en cuenta “la nueva labor investigativa”, entre ellas las entrevistas a Alfonso López Escobar, Iván Darío Bernal —funcionario que realizó el croquis—, y los agentes Jorge Mario Peña Castro y Jesús Heidoro Vallejo Trejos, así como la ampliación de las ya rendidas por Julio Enrique Muñoz Melo y Nevardo Montoya Gallego, una inspección judicial y un informe pericial.
La providencia fue apelada por la apoderada de las víctimas.
5. Recibido el asunto en la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, los magistrados Henry Niño Méndez, Claudia Patricia Rey Ramírez y Jhon Jairo Cardona Castaño, en pronunciamiento del 27 de abril del cursante año y con fundamento en los artículos 56-14 y 335 de la Ley 906 de 2004, se declararon impedidos para desatar la alzada.
En efecto, tras disertar ampliamente sobre la figura del impedimento y la imparcialidad del juez, estimaron que una “nueva valoración probatoria sobre elementos materiales que ya fueron motivo de tasación persuasiva al momento de emitir decisión de segunda instancia”, conduciría al desconocimiento de aquella garantía, pues, “ingresar una vez más en sus análisis para resolver la apelación en cita, cuando de la actuación se colige que la prueba fundamental, base para el caso, bien pueden ser aquellos elementos materiales probatorios ya sometidos a la crítica probatoria”.
Para los funcionarios, no cabe duda que las manifestaciones hechas en precedencia, configuran un prejuzgamiento “que de suyo compromete la imparcialidad, con mayor razón si observamos que la causal eximente de responsabilidad —caso fortuito— supuestamente demostrada, hace relación a la misma que el tribunal debió revisar en la primera ocasión”.
Ordenaron, por consiguiente, remitir la actuación a esta corporación para los fines de rigor.
En virtud de lo establecido en los artículos 57 y 341 de la Ley 906 de 2004, a la Sala le asiste atribución para pronunciarse en relación con el impedimento propuesto dentro de una actuación que se rige por los lineamientos del sistema penal acusatorio, en tratándose de la manifestación que hacen tres magistrados de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia.
Ahora bien, ya la Sala en reiteradas ocasiones ha resaltado la naturaleza constitucional del instituto de los impedimentos y las recusaciones, comoquiera que, el artículo 228 de la Carta Política dispone que la administración de justicia es función pública y que sus decisiones son independientes, y, a su vez, el artículo 230, prevé que en sus providencias los jueces solo están sometidos al imperio de la ley.
En este sentido, para dar aplicación material al principio de imparcialidad, imperativo en las decisiones judiciales, el ordenamiento procesal ha instituido causales de orden objetivo y subjetivo, bajo cuyo gobierno el juez debe apartarse del conocimiento del asunto, garantizando de esta manera a las partes, terceros y demás intervinientes, transparencia en la decisión del asunto.
Sin embargo, este imperativo ético y legal, de clara raigambre constitucional, como se dijo atrás, no obedece a la simple voluntad o capricho del funcionario, para que no signifique simplemente la dejación de la función pública deferida, y tampoco corresponde a las partes seleccionar a su amaño el funcionario encargado de dirimir la controversia.
En consideración a ello, las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del legislador de que son estas y no otras las circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión compromete la independencia de la administración de justicia y quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial(1).
Abordando el caso concreto, ya la Corte, respecto de la causal consagrada en el numeral 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, reiterada de manera más amplia en el inciso segundo del artículo 335 ibidem, ha tenido oportunidad de fijar pautas precisas(2), para establecer cómo el motivo de impedimento no surge automático del solo hecho de que el juez o corporación hayan intervenido en la decisión anterior de preclusión, pues, se hace menester consultar no solo el tipo de intervención realizado, de cara a la nueva decisión o participación de la cual buscan apartarse, sino la teleología del instituto, para, finalmente, verificar si objetiva y materialmente se pone en tela de juicio la imparcialidad y neutralidad de los funcionarios o la confianza de la comunidad en la administración de justicia.
Precisamente, en la decisión del 25 de julio de 2007, la Corte precisó:
“Es claro que el legislador, al instituir la causal expresa contemplada en el inciso segundo del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, ha querido preservar esos valores de imparcialidad e independencia tan caros a la sistemática acusatoria y por ello, en el entendido de que por lo general las causales de preclusión operan previas al adelantamiento de la fase del juicio —tanto que el artículo 331 de esta normatividad directamente consagra que el fiscal debe hacer la solicitud cuando no “existiere mérito para acusar”, y solo por excepción se faculta en la etapa del juicio plantear la cuestión, incluso por la defensa o el Ministerio Público, respecto de dos específicas causales, como lo establece el parágrafo del artículo 332 ibidem—, estatuye que el funcionario a quien correspondió resolver sobre el tópico, no puede ser el mismo que adelante el juicio.
Y la razón aparece evidente, en tanto, como se anotó atrás, en la generalidad de los casos ya el funcionario ha evaluado los elementos materiales probatorios, evidencia física e informes recopilados por las partes, arriesgando una consideración concreta respecto de sus efectos en punto de la materialización del delito y la participación en este del procesado sobre el cual se continúa el trámite, así que mal podría entendérsele imparcial para que adelante la más crucial de las etapas del proceso, que en su decurso reclama de intervención profunda del funcionario en las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y del juicio oral”.
Y es ello, debe relevar la Sala, lo que aquí ocurre, conforme lo detalla el decurso procesal y se extracta de lo decidido por los magistrados del Tribunal Superior de Armenia, quienes revocaron la primera decisión concediendo preclusión, lo cual permite advertir que desde los albores mismos de la investigación, los funcionarios realizaron una profunda auscultación probatoria y con ocasión de ella manifestaron su concepto acerca de aspectos puntuales acerca de la estructuración de la conducta punible y, concretamente, del tópico de culpabilidad.
Entonces, evidente y objetivo emerge, de la sola auscultación de la decisión, incluida su motivación, proferida el 14 de febrero de 2007, el compromiso de los magistrados con una tesis concreta de materialización y existencia del delito, para lo cual fue necesario examinar los elementos probatorios hasta ese momento aportados.
Y, si ahora se pide de esos mismos funcionarios que analicen, en segunda instancia, la nueva decisión preclusiva, la cual se apoya en la misma causal eximente de responsabilidad que antes desecharon —caso fortuito—, desde luego que en ello tiene particular incidencia el criterio ya comprometido por los magistrados sobre ese tema, motivo suficiente para que, en seguimiento de la teleología de la causal contemplada en el ordinal 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, reiterada en el inciso segundo del artículo 335 ibidem, deba aceptarse el impedimento propuesto, en aras de que sigan vigentes, dentro de la actuación, los principios de imparcialidad y neutralidad, sin que, además, se vea socavada la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia.
En ese orden de ideas, la Corte encuentra fundado el impedimento que fuera anunciado por los magistrados Henry Niño Méndez, Claudia Patricia Rey Ramírez y Jhon Jairo Cardona Castaño, integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia.
Allí, entonces, se devolverá la actuación, con el fin de que se integre la Sala de decisión encargada de adelantar el trámite concerniente a la segunda instancia.
DECLARAR FUNDADO el impedimento conjunto que en razón del presente asunto han manifestado los magistrados del Tribunal Superior de Armenia, doctores Henry Niño Méndez, Claudia Patricia Rey Ramírez y Jhon Jairo Cardona Castaño, conforme con las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este proveído.
Magistrados: María del Rosario González de Lemos—José Leonidas Bustos Martínez—Sigifredo Espinosa Pérez—Alfredo Gómez Quintero—Augusto J. Ibañez Guzmán—Jorge Luis Quintero Milanés—Yesid Ramírez Bastidas— Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.
(1) Auto de 19 de octubre de 2006, Radicado 26.246.
(2) Autos del 25 de julio de 2007 y 29 de febrero de 2008, radicados 27.925 y 29.257, respectivamente.

References: artículo 332
 artículo 228
 artículo 230
 artículo 56
 artículo 335
 artículo 335
 artículo 331
 artículo 332
 artículo 56
 artículo 335