Source: http://cadieel.org.ar/esp/ley_25.551.php
Timestamp: 2018-04-23 11:47:48+00:00

Document:
El crecimiento del aparato productivo argentino requiere de mantener y expandir las infraestructuras básicas. Pero, fundamentalmente, de hacer un uso racional de los recursos.
Guía orientativa de aplicación
de la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino para proveedores de bienes
Esta guía pretende colaborar en difundir entre las industrias nacionales los beneficios y derechos que les otorga esta ley. Una herramienta vital para el desarrollo argentino y por cuya aplicación integral -en su letra y espíritu- debemos trabajar.
Ventaja en la elección del producto a adquirir.
La concurrencia debe ser de bienes nacionales con extranjeros.
Cuándo un bien debe ser considerado nacional.
Fuente de información a la que pueden recurrir productores o comercializadores de bienes nacionales.
Forma de especificar los productos en la documentación elaborada por los obligados.
Cómo debe proceder el obligado ante las diversas circunstancias.
Cómo proceder cuando los compradores obligados por el régimen no cumplen con sus previsiones.
El proveedor de bienes producidos en el país, debe tener en cuenta, que tanto la Administración Pública Nacional centralizada o descentralizada, como así también los licenciatarios, concesionarios y permisionarios de servicios públicos, están obligados a cumplir con el régimen de la Ley 25.551, que les impone observar una serie de obligaciones tendientes a adquirir bienes manufacturados en nuestro país.
A tal fin, deben conocer que, las entidades compradoras indicadas, están obligadas a adquirir bienes nacionales cuando se dan una serie de condiciones que se especifican a continuación.
1. Ventaja en la elección del producto a adquirir
Los bienes nacionales, gozan de una ventaja comparativa en las selecciones concursales y licitarías del 5 %, incrementándose para las Pymes en un 7%. El beneficio indicado, determina que un producto nacional, con relación a uno extranjero, goza de una ventaja del 5 o 7 % en el cuadro comparativo de precios que determina la adjudicación. En consecuencia, debe adquirirse el producto nacional, aunque se precio supere en un 5 o 7% al importado.
La ventaja comparativa, se reduce al 0%, cuando el obligado adquiera insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen.
En éste caso, se otorgará la preferencia establecida a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.
Para que el beneficio se haga efectivo, el precio debe ser razonable, entendiéndose por tal, al que en condiciones de pago contado, sea hasta un 5 o 7% superior al precio del bien de origen no nacional.
El 7% se aplica cuando los bienes de origen nacional son ofrecidos por sociedades calificadas como micro, pequeñas y medianas empresas y el 5 % cuando sean ofrecidos por otras empresas.
Para que el bien pueda calificar en la competencia de precios, debe poseer idénticas o similares prestaciones a las requeridas en la contratación, es decir, debe cumplir con los requerimientos establecidos en los documentos de contratación en los cuales se solicita y ser apto para la función deseada.
2. La concurrencia debe ser de bienes nacionales con extranjeros
A los fines de la aplicación de la ventaja indicada, debe tratarse de una licitación o concurso en el que compitan productos nacionales con extranjeros. Por tal motivo, si no compiten bienes de diferentes procedencias, el régimen de la ley no es aplicable.
3. Cuándo un bien debe ser considerado nacional
Un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el 40% de su valor bruto de producción.
Para comprender el significado de la norma, debemos discriminar determinadas situaciones:
Insumos y materiales incorporados a un bien
Comprende no sólo a las materias primas sino también a las piezas o partes y conjuntos o subconjuntos incorporados a un bien. Estos pueden ser nacionales o importados, pero tal cual expresamos, para que un bien producido en el país, pueda ser considerado “nacional” el costo de los insumos y materiales importados incorporados, no deben superar el 40% del valor bruto de producción.
Un conjunto o subconjunto se considera nacional, cuando resulte de una transformación sustancial en el país de las piezas importadas, que implique que la partida arancelaria en la Nomenclatura del MERCOSUR del conjunto o subconjunto, es diferente a la partida arancelaria de las piezas importadas que se incorporaron.
Para el cómputo del origen nacional definido en el artículo 2 de la Ley 25.551, se entenderá como: “Partes o piezas nacionales: aquellas producidas integralmente a partir de materias de origen nacional o las que se elaboren en el país a partir de materias primas importadas, siempre que estas últimas experimenten en el proceso de elaboración o fabricación una transformación en su composición, forma o estructura original”. Las partes o piezas que no están comprendidas en esta definición no serán consideradas nacionales, aunque hayan sido adquiridas en el país.
Situación de duda en cuanto al orígen del bien
Organismo competente para certificar
Cuando en un proceso de selección se realicen observaciones que susciten dudas con relación a sí los bienes de origen nacional contenidos en una oferta son aptos para idénticas o similares prestaciones a las que brindan los bienes que no sean de origen nacional contenidos en otra oferta, se debe solicitar la intervención vinculante de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, la que, para resolver tal cuestión, podrá contar con el asesoramiento del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), o de otro ente técnico acreditado por el Organismo Argentino de Acreditacion (OAA). Los costos que pudieran demandar dichas intervenciones, estarán a cargo de quien haya realizado la observación si ésta resultare infundada o a cargo de quien haya realizado la oferta, si la observación resultare fundada.
Cómo se califica una empresa como Pyme
La Ley 25.300 reguló la materia y dispone que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que registren hasta el siguiente nivel máximo de valor de las ventas totales anuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto interno que pudiera corresponder, expresado en pesos:
Tamaño/ sector Agropecuario Industria/minería Comercio Servicios
Microempresa $ 610.000 $ 2.400.000 $ 5.900.000 $ 760.000
Pequeña $ 4.100.000 $ 14.000.000 $ 4.300.000 $ 4.800.000
Mediana $ 24.100.000 $ 111.900.000 $ 28.300.000 $ 37.700.000
Se entenderá por valor de las ventas totales anuales, el valor que surja del consignado en el último balance o información contable equivalente adecuadamente documentada.
Cuando una empresa tenga ventas por más de uno de los rubros establecidos en el artículo 1°, se considerará aquel cuyas ventas hayan sido las mayores durante el último año.
No serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que, reuniendo los requisitos establecidos, se encuentren controladas por o vinculadas a empresas o grupos económicos que no reúnan tales requisitos.
Para las empresas recientemente constituidas y a los efectos de determinar su pertenencia al segmento de las Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, se tomarán de los valores proyectados por la empresa para su primer año de actividad. Dichos valores tendrán el carácter de declaración jurada y estarán sujetos a verificación al finalizar el primer año de ejercicio.
Cuando de la determinación de los valores reales al cabo de dicho período resulte que la empresa no califica dentro del segmento Micro, Pequeña o Mediana Empresa, deberá reintegrar o compensar los beneficios que hubiere obtenido en dicha calidad según el criterio que establezca la autoridad de aplicación de dichos beneficios.
Se entiende por valor bruto de producción -del bien de origen nacional- a la sumatoria de:
Los costos de las materias primas, insumos o materiales nacionaleso importados necesarios para su producción sin impuestos.
Sus costos de conversión (mano de obra, servicios y otras cargas; excluido el lVA en que incurriese la empresa para producir o comercializar el bien.
Los costos financieros, definidos como los intereses (explícitos o implícitos), actualizaciones monetarias, diferencias de cambio, premios por seguros de cambio o similares, derivados de la utilización de capital ajeno, netos, en su caso, de los correspondientes resultados derivados del cambio en el poder adquisitivo de la moneda.
El prorrateo de los costos fijos.
El margen o ganancia por unidad de la empresa.
Los costos de las materias primas, insumos o materiales a que se refiere el primer apartado del inciso precedente comprenden:
En el caso de aquellos adquiridos localmente por el productor local: el costo de adquisición, incluyendo el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.
En el caso de aquellos importados por el productor local: el valor de costo, seguro y flete (CIF) al puerto argentino más todos los tributos que gravan la nacionalización de un bien -excepto el lVA-, que debieran ser satisfechos para su importación por un importador no privilegiado, más el costo de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.
En el caso de aquellos manufacturados por el productor local: todos los costos asociados con su producción, incluyendo los costos de transporte al lugar de su transformación o incorporación al bien final.
En conclusión, el valor bruto de producción, es el valor de venta sin IVA, y está conformado por todos los costos definidos anteriormente.
Fórmula para determinar la calificación de nacional para un bien
Para definir cuando un bien es de origen nacional en los términos del artículo 2 de la Ley 25.551, se utilizará la siguiente fórmula:
MP +I + M = X
MP = Costo de las materias primas importadas nacionalizadas.
M = Costo de materiales importados nacionalizados.
VBP = Valor Bruto de la producción de un bien.
4. Fuente de información a la que pueden recurrir productores o comercializadores de bienes nacionales
Los compradores obligados a aplicar el margen de preferencia para los bienes nacionales, deben realizar dos tipos de publicaciones:
La de sus programas anuales de inversión y de contrataciones.
La de las licitaciones o concursos que realicen.
Temporariedad de las publicaciones
Las publicaciones deben ser realizadas en la forma y con la anticipación necesaria, para permitir el conocimiento oportuno de los interesados. Conforme ello se impone:
Elaboración y publicación de los programas
Deben anunciar los Programas anuales en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones, en un diario de circulación masiva y en el Boletín Oficial. (Art. 5 apartado f) Decreto 1600/2002).
Las publicaciones, deben ser realizadas en el comienzo de cada ejercicio anual.
Con el fin de formular los planes anuales, y especificar los productos o servicios correctamente, consultar a las cámaras empresarias sobre la oferta disponible de bienes y servicios de industria nacional.
Cuando en los Proyectos a contratar existan diferentes alternativas técnicamente viables, se deberán elegir aquellas que permitan la utilización de materiales y productos que puedan ser abastecidos por la industria nacional, o desarrollados por ella.(Art. 6 Ley 25.551. Decreto 1600/2002 y art. 2 y 3 Ley 18875)
Publicación de los llamados a cotizar
Cuando éstos obligados necesitan proveerse de bienes o servicios, requieren formular llamados públicos tendientes a obtener ofertas de los mismos. Esto es lo que se conoce como “Licitaciones”, “Concursos de precios” “Contrataciones directas”, etc.
Estos procesos imponen formular una estimación previa, con el fin de verificar el tipo de procedimiento que se empleará. La ley 25.551 distingue un rango de requerimientos inferiores a los $ 10.000 en los que no se impone obligación alguna, y los que superen dicho importe, en cuyo caso deben proceder con transparencia y publicidad, conforme el siguiente esquema:
Cuando los importes estimados sean mayores a $ 10.000, se deberá anunciar y difundir las contrataciones en la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), en medios gráficos masivos, y en el Boletín Oficial por dos días como mínimo, con una anticipación de la fecha límite de recepción de ofertas de 5 días cuando el monto no supere los $ 100.000, y por 20 días cuando sea mayor. (art. 5 inciso d) apartado II, Decreto 1600/2002)
Publicación de las ofertas y del adjudicatario
Conforme principios de transparencia, se impone publicar en la página de Internet de la ONC, las ofertas y sus montos-y de existir, su mejoramiento-, antes de la adjudicación y/o perfeccionamiento del contrato, o de las 48 horas posteriores al perfeccionamiento, así como el nombre del adjudicatario y/o de quien va a suscribir el contrato (art. 5 inciso k) apartado I y II del Decreto 1600/2002)
Transparencia- fijación lugar y tiempo de apertura de ofertas
Los obligados deben proceder con transparencia fijando lugar y tiempo para proceder a la apertura de las ofertas, permitiendo la participación activa de los oferentes e interesados. (art. 5 Ley 25.551 y reglamentación.)
5. Forma de especificar los productos en la documentación elaborada por los obligados
Las especificaciones deben ser claras y precisas, con todos los detalles que permitan una perfecta y exacta individualización del objeto o servicio requerido, sus condiciones de fabricación, entrega, envase, acarreo, etc.
Deben describir los productos requeridos conforme el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común (Decisión Administrativa N° 344/97) (art. 6 apartado a) Decreto 1600/2002)
Deben requerirse las cotizaciones de productos importados en moneda nacional, en iguales condiciones que los producidos en el país, nacionalizados o garantizar su nacionalización. Todas las condiciones de ejecución, entrega y pagos, deberán ser idénticas para ambos productos. (art. 4 Ley 25551 y arts. 4 y 5 Decreto 1600/2002).
Las especificaciones indicarán siempre bienes que puedan producirse en el país, salvo cuando la industria nacional no ofrezca ni sea capaz de ofrecer alguna alternativa total o parcial, viable y a precios razonable.
Los proyectos deberán especificar los productos conforme el peso, volumen, tamaño, potencia, velocidad o cualquier límite con los que son producidos en el país, salvo que objetivas y claras razones indiquen que deben ser sobrepasados.
Las provisiones y obras, deberán ser fraccionadas en el mayor grado posible, con el fin de facilitar la máxima participación de la industria nacional.
Igual criterio deberá seguirse con los equipos y máquinas que no se producen en el país, pero que dentro de condiciones técnicas razonables pueden ser parcialmente integrados a base de subconjuntos, partes o componentes fabricados por la industria nacional.
Los pliegos de licitación deberán ir acompañados siempre con una lista de elementos que pueden ser provistos en el país.
Los plazos de entrega, se fijarán con plazos de entrega suficientes para permitir a la industria nacional encarar la producción de los bienes requeridos.
Para adoptar alternativas técnicamente viables para la Industria nacional, las especificaciones deberán basarse en las normas del IRAM, y de no existir éstas, en las del MERCOSUR o internacionales correspondientes.
6. Cómo debe proceder el obligado ante las diversas circunstancias
Siempre debe publicar sus planes anuales y sus convocatorias, tal cual hemos expresado en los puntos anteriores.
Sólo han concurrido productos nacionales: si sólo se presentan ofertas de productos nacionales, y nadie ha objetado su orígen declarado, el obligado puede adjudicar sin mayores requisitos a la mejor oferta.
Sólo han concurrido productos extranjeros: el obligado podría disponer la adjudicación a la mejor oferta, sin mayores requisitos.
Concurren bienes nacionales con extranjeros: el obligado debe solicitar un Certificado de Verificación (CDV), que emite la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, mediante el que verifica el cumplimiento de los requisitos legales impuestos por el régimen de preferencia. En el caso de haberse violado alguna regulación, l Industria no emite el Certificado, circunstancia que impide la adjudicación del contrato.
7. Cómo proceder cuando los compradores obligados por el régimen no cumplen con sus previsiones
En el supuesto de que se advierta las violaciones normativas antes del concurso o licitación, el interesado, puede formular las denuncias ante los siguientes organismos y entidades:
Ante la Comisión Asesora Honoraria que funciona en la Secretaría de Industria y Comercio
Cámaras empresarias industriales.
SIGEN- Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para el caso de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada.
Organismos reguladores (CNC, ENRE, ENARGAS, ETTOS, etc.) en el caso de los concesionarios, licenciatarios o permisionarios de servicios públicos.
En el supuesto de que la violación se advierta durante un proceso de contratación:
El interesado que invoque un derecho o algún interés, podrá interponer un recurso contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la ley.
Para ello, cuentan con un plazo de cinco días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.
Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas pre-contractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.
El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria y Comercio la que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta días corridos, contados desde su recepción.
El recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria y Comercio, únicamente en los siguientes casos:
Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del 3% del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;
Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.
La resolución del secretario de Industria establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.
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