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Timestamp: 2017-10-18 07:19:03+00:00

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Sentencia A.P. Las Palmas 63/2010, de 16 de marzo. Imprudencias del trabajador. Principio de protección frente a las mismas - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Las Palmas 63/2010, de 16 de marzo
Tal y como ha reconocido el TS (S 5-IX-01), es principio que inspira toda la legislación en materia de accidentes de trabajo el de la protección del trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales; al respecto, la Audiencia Provincial de Madrid, sec 15ª, en sentencia de 26-IV-04, señalaba que "en esta clase de imprudencias laborales el deber objetivo de cuidado del empresario o de su delegado en la empresa comprende también la previsión y la neutralización de los riesgos derivados de las negligencias en que pudieran incurrir los trabajadores debido a la propia propensión al riesgo del trabajo que prestan. Desde tal perspectiva, se ha considerado por la doctrina que en las actividades laborales vinculadas con factores importantes de riesgo se invierte en cierto modo el principio de confianza aplicable en otros ámbitos sociales (tráfico rodado), sustituyéndose más bien por el principio de desconfianza. De forma que, siendo evidente que la rutina, el automatismo y la monotonía en el trabajo acaban imponiendo la desconsideración del riesgo por parte del trabajador, ha de incrementarse el deber objetivo de cuidado del empresario, los delegados y encargados para prever y neutralizar esas situaciones. Con lo cual, éstos, en lugar de confiar en un comportamiento cuidadoso y diligente del operario, deben más bien "desconfiar" de tal posibilidad y acentuar las medidas de seguridad y de vigilancia, con el fin de controlar los riesgos derivados de los descuidos de los trabajadores, a quienes deben imponer de forma concluyente e inapelable el cumplimiento de la normativa de seguridad en la labor diaria".
Primero.—Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Las Palmas, en el procedimiento que más arriba se indica se dictó sentencia, de fecha 3 de junio de 2009, cuyo relato fáctico es el siguiente: "PRIMERO. Jose Miguel en el mes de septiembre de dos mil cuatro era propietario y administrador de la empresa constructora "Carmelo González González, S.L.", y jefe directo de la obra para la que dicha empresa había sido contratada por Emiliano, contrato que se suscribió entre ambos el día 15 de junio de dos mil cuatro, teniendo por objeto la construcción de una vivienda familiar de tres plantas, en el terreno propiedad de este sito en la calle DIRECCION000, manzana nº NUM000, parcela NUM001, sector NUM002, en el Cruce de Arinaga, en el término municipal de Agüimes.
Segundo.—La empresa Carmelo González González, S.L. el día 14 de julio de dos mil tres suscribió contrato de seguro con la entidad Mapfre Guanarteme en virtud del cual esta compañía cubría el riesgo de accidente de trabajo con un máximo de indemnización por siniestro de 150.000 euros, y se establece un sublímite para la cobertura de responsabilidad civil por accidentes de trabajo de 60.000 euros por víctima.
Tercero.—Don Emiliano, como promotor, había suscrito un contrato con el Ilmo. Ayuntamiento de Agüimes, en fecha 18 de junio de dos mil tres, por el que se acogía al llamado sistema de autoconstrucción de viviendas de primera necesidad que estaba llevándose a cabo por la Oficina de la Vivienda, de tal Ayuntamiento; en virtud del cual solicitaba que se le realizara por un arquitecto técnico contratado por dicho Ayuntamiento el proyecto de edificación para la construcción de una vivienda unifamiliar en el solar de su propiedad sito en la calle DIRECCION000, manzana nº NUM000, parcela NUM001, sector NUM002, en el Cruce de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, asumiendo la obligación del pago por dicho proyecto de la suma de 516,54 euros.
Emiliano no ejercía ninguna función de jefatura, dirección, o control de los trabajos que desarrollaba la empresa constructora, ni tenía conocimiento de que le correspondiese ninguna labor en tal sentido, limitándose a seguir los requerimientos del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes respecto del referido "sistema de autocontratación", sin ordenar ni participar en la relación de los trabajos.
Cuarto.—Conforme a lo anterior, al servicio del Ilustre Ayuntamiento de Agüimes, Maximino era el arquitecto técnico de la referida obra, y Felipe era el aparejador de la referida obra, y como tales elaboraron el Proyecto de ejecución de la obra, visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Gran Canaria el día 17 de septiembre de dos mil cuatro. Y el Plan Básico de Seguridad y Salud, que hacía referencia concreta al trabajo de encofrado y se describen los riesgos de caídas estableciéndose una serie de medidas de protección colectivas como las redes perimetrales, y a este respecto se establece que la protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de poliamida y protegerán las plantas de trabajo. La cuerda se seguridad será como mínimo de 10 mm. de diámetro y los módulos de red serán atados entre sí con cuerda de poliamida de un diámetro mínimo de 3mm. Se protegerá el encofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados, además de describirse la utilización de redes verticales y horizontales, mallazos, barandillas que deben instalarse de manera que rodearán el perímetro de las plantas desencofradas así como el de sus patios y huecos interiores. Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de personas, cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes, plataformas de trabajo que tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y las situadas a una altura superior a 2 metros, estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié, escaleras de mano y plataformas voladas que estarán ancladas convenientemente y dotadas de barandillas de seguridad.
El Ilustre Ayuntamiento de Agüimes actuando como tomador del seguro, y como asegurado Maximino, el día 1 de enero de dos mil cuatro suscribió contrato de seguro con la entidad Asemas en virtud del cual esta compañía cubría las responsabilidades civiles derivadas de la actividad profesional desarrollada por Maximino con el límite máximo de cobertura de 325.000 euros.
Felipe el día 1 de enero de dos mil cuatro suscribió contrato de seguro con la entidad Mussat, mútua de seguros a prima fija, en virtud del cual esta compañía garantiza las reclamaciones efectuadas durante la vigencia de la póliza relativa a la responsabilidad civil que directa o subsidiariamente pueda serle exigida extrajudicial o judicialmente al asegurado Felipe por su condición de arquitecto técnico exclusivamente dentro de los supuestos del ejercicio y actividad profesional, contemplados en la normativa reguladora de sus tarifas, encargos o trabajos visados por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del territorio en el que se realice, teniendo dicho seguro la suma máxima asegurada por siniestro la de 180.000 euros.
Quinto.—El Plan de Seguridad y Salud fue elaborado por Julio, y aprobado el día 16 de septiembre de dos mil cuatro, ejerciendo desde esa fecha el sr. Julio las funciones de coordinador de seguridad.
Sexto.—Carlos Alberto, quien el día 3 de junio de dos mil cuatro había sido contratado por la empresa "Carmelo González González, S.L." como peón, el día 13 de septiembre de dos mil cuatro sobre las 8:30 horas estaba en la obra junto a Braulio, también empleado de la citada empresa, con categoría de oficial de segunda y encofrador, realizando tareas de encofrado del forjado del techo de la segunda planta de la mencionada construcción.
El encofrado era del tipo recuperable, consistiendo la labor en ese momento en la colocación de tablones de madera en sentido longitudinal, apeados verticalmente con puntales metálicos a una altura de 2,50 metros del suelo (distancia entre planta y planta), sobre los que se instalaban en sentido transversal los tableros de encofrado de 1 metro por 0,5 metros de superficie. Dicha tarea se venía realizando desde arriba, desde el propio encofrado. Carlos Alberto tras colocar dos tablones en sentido longitudinal apeados con puntales, a una altura de 2,50 metros, se subió al encofrado, sin autorización, pese a haber recibido dos días antes la advertencia por parte de Jose Miguel de que no debía subir a dicho lugar por no corresponderle en su calidad de peón tal función, no teniendo la experiencia ni cualificación para ello, siendo el oficial de segunda Braulio quien debería subir al techo de la segunda planta y Carlos Alberto realizar tareas de auxilio desde el suelo como peón que era.
Habiendo subido al techo Carlos Alberto pisó por un extremo uno de los tablones que al no estar completamente fijado hizo que perdiera el equilibrio y cayera por el interior del forjado, e impactara contra el suelo de la segunda planta, sufriendo lesiones consistentes en traumatismo craneoencefálico severo, que precisó de intervención quirúrgica y tratamiento rehabilitador, habiendo necesitado para su sanidad 120 días de hospitalización, y 368 días no hospitalarios impeditivos; quedándole como secuelas una hemiplejía espástica derecha, distasia motora y catéter ventricular, además de un perjuicio estético, precisando ayuda permanentemente de otra persona para cualquier actividad de la vida diaria.
Séptimo.—En el momento de su caída Carlos Alberto no hacía uso de cinturón de seguridad. No habiéndose acreditado si hacía uso de casco.
No se habían establecido cables o líneas de vida a las que enganchar los arneses de seguridad, ni existía puntal donde anclarlo. Careciendo asimismo la estructura construida de barandilla de protección, ni red o malla anticaídas. Siendo tales medidas de protección necesarias para realizar las tareas de encofrado que se estaban llevando a cabo en el momento de suceder los hechos, implicando su ausencia un grave peligro para la salud y la integridad física los trabajadores.
Octavo.—Jose Miguel dirigía y conocía de primera mano las tareas de construcción que realizaba su empresa para el sr. Emiliano en dicha obra de edificación, y no había proporcionado los referidos medios de seguridad colectiva para los obreros.
Noveno.—La empresa Carmelo González González, S.L. fue sancionada mediante resolución de 3 de diciembre de dos mil cuatro por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por la inexistencia de medios de protección colectiva o, en su defecto, individual, de los trabajadores que determina la situación de riesgo grave de caída de altura, ascendiendo la sanción a la suma de 30.000 euros.
Décimo.—Felipe, quien prestaba servicios para la Oficina de Vivienda del Ilmo. Ayuntamiento de Agüimes como Aparejador Técnico, estuvo de disfrutando de un período de vacaciones desde el día 26 de julio hasta el día 25 de agosto de dos mil cuatro; y de baja laboral por incapacidad temporal desde el 28 de agosto al 29 de septiembre de dos mil cuatro. No ha quedado acreditado que Felipe hubiese tenido conocimiento de tener en encomendadas tareas de dirección facultativa en la mencionada obra desde el día 25 de agosto, ni la voluntad de omitir la realización efectiva de tal dirección.
No ha quedado acreditado que Maximino ni Felipe tuviesen conocimiento de la ausencia de las referidas medidas colectivas de seguridad de los trabajadores, ni que dicha ausencia se debiese a omisión o falta de diligencia alguna por su parte.".
Y cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Jose Miguel como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso ideal con una falta de lesiones por imprudencia, ya definidos, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de un año y nueve meses de prisión, 10 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante un año y nueve meses, e inhabilitación especial durante dos años para el ejercicio de la profesión de constructor, jefe de obra, u otra que implique obligación de facilitar medios de seguridad a los trabajadores; así como a la pena de 30 días de multa con cuota diaria de 20 euros; y el abono de las costas procesales.
Que debo condenar y condeno a Jose Miguel a indemnizar a Carlos Alberto en la cantidad de 250.537,53 euros.
Respondiendo solidariamente la compañía de seguros Mapfre hasta el límite de 60.000 euros, cantidad que, respecto de dicha entidad aseguradora, devengará a favor de Carlos Alberto el interés anual del 20% desde el 13/09/2004 hasta el 14/06/2006.
Y respondiendo subsidiariamente de la mencionada indemnización de 250.537,53 euros la entidad mercantil Carmelo González González S.A.
Dicha cantidad devengará los intereses establecidos en el artículo 576.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Que debo absolver y absuelvo a Maximino de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones imprudentes, de que venía siendo acusado.
Que debo absolver y absuelvo a la compañía aseguradora Asemas de la responsabilidad civil que se le venía reclamando.
Que debo absolver y absuelvo a Felipe de los delitos contra los derechos de los trabajadores y de lesiones imprudentes, de que venía siendo acusado.
Que debo absolver y absuelvo a la compañía aseguradora Musaat de la petición de responsabilidad civil que se le venía reclamando.
Que debo absolver y absuelvo a Emiliano de la petición de responsabilidad civil que se le venía reclamando.
Que debo absolver y absuelvo al Ilmo. Ayuntamiento de Agüimes de la petición de responsabilidad civil que se le venía reclamando".
SEGUNDO.- Contra la mencionada sentencia se interpusieron recursos de apelación por la representación del acusado D. Jose Miguel y por la acusación particular, con las alegaciones que constan en los escritos de formalización, sin solicitar nuevas pruebas, que fueron admitido en ambos efectos, dando traslado del mismo por diez días a las partes personadas, con el resultado que obra en autos.
TERCERO.- Remitidos los autos a esta Audiencia, y no estimándose necesario la celebración de vista, quedaron los mismos pendientes para sentencia.
Primero.—Por la representación procesal de D. Carlos Alberto se interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia en el presente procedimiento al considerar la misma no ajustada a derecho.
En primer lugar, se puso de manifiesto por el recurrente, la existencia de una serie de errores en los que incurre la resolución impugnada, como son; 1) En el apartado Cuarto de los Hechos Probados, recoge como arquitecto técnico de la obra a D. Maximino, a pesar se ser éste Arquitecto Superior y, como tal, el único autor del Proyecto y del Estudio Básico de Seguridad y Salud; 2) También como error material considera la parte que se introdujera en el mismo Hecho Probado Cuarto que el Proyecto de Ejecución de Obra fue visado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, el día 17 de septiembre de 2004, lo que no es cierto; visándose el Plan Básico de Seguridad y Salud, elaborado por D. Julio el día 20 de septiembre de 2004; 3) Considera también un error material la referencia que se hace en la página 17 de la sentencia al artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, de lo que se desprende, a juicio del recurrente, que en el momento de producirse el accidente, el día 13 de septiembre de 2004, la obra carecía del Plan Básico de Seguridad y Salud, así como de Coordinador de Seguridad y Salud.
Invoca la parte, como primer motivo del recurso la existencia de un error en la valoración de la prueba al concluir la sentencia de instancia la falta de responsabilidad penal del arquitecto superior y del aparejador, así como la responsabilidad civil directa de la Entidad Aseguradora Asemas y del Ayuntamiento de Agüimes.
De forma subsidiaria, entiende la parte que los hechos podrían ser considerados constitutivos de un delito culposo del artículo 317 del Código Penal, en concurso ideal con una falta de de lesiones por imprudencia, en lugar del delito del artículo 316 del Código Penal; considera también como un error de hecho en la valoración de la prueba la declaración de concurrencia de la imprudencia de la víctima en la producción del accidente, al entender que lo recogido en el relato de hechos probados se contradice con el contenido de los Fundamentos de la resolución impugnada, sobre este particular, considerando más creíble la declaración que D. Prudencio presta el mismo día de los hechos, que la ofrecida por el acusado D. Jose Miguel. Entiende la parte que la ausencia absoluta de medidas de seguridad en la obra impide hablar de concurrencia de culpas. De forma subsidiaria, si se mantuviera la concurrencia de culpas, entiende excesiva la minoración del 50% que se hace en la sentencia de instancia, teniendo en cuenta la conducta dolosa del condenado.
Por otro lado, invoca una infracción de ley, por indebida aplicación, mantiene, del Baremo de Circulación, incurriendo la sentencia en errores cuando establece los conceptos indemnizables, discrepa la parte respecto a la denegación de los daños morales complementarios, que entiende procedentes en el caso de autos, así como los daños morales que se corresponden con la situación de gran invalidez del recurrente, la sentencia omite pronunciamiento relativo a los daños morales familiares y no recoge cantidad alguna para las reformas a acometer en la casa acogiéndose a que la esposa del recurrente no ha acometido reforma alguna, lo que no es obstáculo, añade la parte, para conceder la indemnización en cuestión.
Alude a una infracción del artículo 1176 del Código Civil, al no constar a la parte consignación alguna por parte de la Entidad Mapfre, considerando que aún cuando se hubiera efectuado la consignación, el hecho de no presentar escrito alguno en el que así se indicara o efectuando el ofrecimiento de pago, impiden otorgar a la misma los efectos liberatorios que se recogen en la sentencia impugnada.
Por último, entiende que la sentencia impugnada omite en su Fallo la referencia a la responsabilidad personal subsidiaria en el caso de impago de multa que necesariamente debe contener, interesando que se subsane en dicho sentido.
También se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del acusado D. Jose Miguel; invocando, en primer lugar, la existencia de un error en la valoración de la prueba, sosteniendo que los propios trabajadores tenían conocimiento de los medios y métodos de seguridad para evitar accidentes, poniendo de manifiesto la circunstancia de no ser la primera vez que el perjudicado trabajaba en la construcción, considera que la falta de responsabilidad del recurrente se desprende del propio relato de hechos probados de la resolución impugnada, al afirmar que el trabajador subió al lugar desde donde cayó pese a haberlo prohibido el apelante.
Entiende que los hechos no son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores, del artículo 318 del Código Penal, considera que no concurren los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Penal, teniendo en cuenta que el acusado puso los medios necesarios para que los trabajadores desarrollaran su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, teniendo intención de colocar las redes cuando se terminara el encofrado, considerando que no hubo una ausencia de medios de seguridad sino una insuficiencia de los mismos. Se cuestiona la declaración de los Agentes de la Policía Local de Agüimes, en cuanto emitieron juicios de valor, que, según el recurrente, no les corresponde emitir, y cuestiona igualmente los informes de profesionales y peritos obrantes en autos, al venir todos ellos condicionados por las declaraciones de Prudencio y Braulio que, según la sentencia, resultaron escasos de credibilidad, considerando significativo que ni la Perito Ana María, cuando vistió la obra dos días después del siniestro, ni el arquitecto ni la dirección facultativa ni el coordinador de seguridad estimaron necesario cerrar la obra tras el accidente.
Considera, en atención a lo expuesto, que la conducta imprudente se debe únicamente al perjudicado, invocando por último el principio de presunción de inocencia, al resultar la única prueba de cargo los informes de profesionales y peritos obrantes en autos, condicionados todos ellos por las declaraciones de los ya señalados testigos, que sólo han desvirtuado lo ocurrido el día del accidente, interesando con todo ello la absolución del apelante.
Segundo.—Se invoca por el recurrente D. Jose Miguel la existencia de un error en la valoración de la prueba que se lleva a cabo en la sentencia de instancia, manteniendo, como ya se ha expuesto, que los propios trabajadores tenían conocimiento de los medios y métodos de seguridad para evitar accidentes, y poniendo de manifiesto la circunstancia de no ser la primera vez que el perjudicado trabajaba en la construcción. Invocando idéntico motivo, de error en la valoración de la prueba, por el recurrente Don Carlos Alberto se interesa la revocación de la sentencia de instancia a fin de condenar, como responsables también del delito por el que se condena al constructor, al arquitecto y al arquitecto técnico de la obra, por los motivos que expone en el recurso y que a continuación procede examinar.
En primer lugar es preciso señalar que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación - como ocurre con el primer motivo invocado por las partes - es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez "a quo" en uso de las facultades que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, debe partirse, por regla general, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio, núcleo del proceso penal y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que los acusados sean sometidos a un proceso público con todas las garantías (artículo 24 de la Constitución), pudiendo el juzgador de instancia, desde su privilegiada posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria y apreciar personalmente sus resultados, así como la forma de expresarse y conducirse las personas que en él declaran (acusados y testigos) en su narración de los hechos y la razón del conocimiento de estos, ventajas de las que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.
De ahí que el uso que haya hecho el Juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio (reconocida en el artículo 741 citado) y plenamente compatible con el derecho a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia, únicamente debe ser rectificado, bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin en el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.
En el caso de autos se valoran en la sentencia impugnada las declaraciones de los Agentes de la Policía Local de Agüimes nº NUM003 y NUM004, de los trabajadores D. Braulio, y D. Prudencio, del propio trabajador lesionado D. Carlos Alberto, del promotor de la obra D. Emiliano, y, por último, las declaraciones de los peritos D. Constancio, Dª Ana María y D. Landelino, analizando igualmente el interrogatorio de los acusados.
Sentado lo anterior, la valoración de la prueba expuesta lleva a la Juez a quo a la conclusión de resultar el accidente consecuencia de la falta de medidas de seguridad en la obra, y concluir, de esta forma, en la responsabilidad penal del constructor, Don Jose Miguel, absolviendo, por el contrario, al arquitecto, Don Maximino y al arquitecto técnico, D. Felipe, con un criterio que se comparte en esta alzada.
En primer lugar, en cuanto al arquitecto Don Maximino, y analizando los argumentos que el recurrente, Don Carlos Alberto, expone en su recurso, señala éste que el acusado contempló, en el Estudio Básico llevado a cabo el 24 de marzo de 2004, las medidas de seguridad que la obra debía contener, a pesar de ello, sostiene que el Arquitecto omitió cualquier comprobación relativa a la absoluta carencia de las medidas de protección colectivas, tales como barandillas, redes, horcas, etc...haciendo, de esta forma, una dejación absoluta de sus obligaciones en materia de seguridad, no sólo en la obra en que se materializó el riesgo sino en todas en las que asumió la Dirección Facultativa por cuenta de la Oficina de Vivienda del Ayuntamiento de Agüimes, para la que trabajaba. Añade sobre este particular que la obra carecía, a la fecha del accidente, el día 13 de septiembre de 2004, del preceptivo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que fue encargado tras el mismo por el contratista, considera que la Juzgadora se equivoca al interpretar el artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, que no exime de la elaboración de un Plan de seguridad y salud, sino únicamente del nombramiento de coordinador de seguridad, debiendo asumir, en todo caso, estas funciones, la dirección facultativa de la obra.
No se cuestiona, como se ha señalado, por el recurrente, la realidad del Proyecto de Ejecución de la Obra, en el que se contemplan medidas de protección tanto colectivas como individuales a adoptar cuando se llevan a cabo tareas con riesgo de caída, tal y como consta en los folios 235 a 247, cumpliendo, de esta forma, el arquitecto, con la obligación que la ley le impone. No se aprecia tampoco la omisión que la parte pretende, por parte del Arquitecto, en cuando a la adopción de las medidas de seguridad a adoptar. Por el contrario, consta en el Libro de Órdenes y Asistencia, obrante en los folios 577 a 581, que el acusado pone de manifiesto, en la visita que efectúa a la obra el 29 de julio de 2004, que la obra tiene que estar vallada, vuelve a visitar la obra el día 12 de agosto de 2004, sin que haga constar circunstancia alguna y la siguiente visita es la que tiene lugar una vez producido el accidente, el día 23 de septiembre de 2004. De esta forma, cumplió el acusado con las obligaciones que le correspondían en materia de seguridad, declaró en este sentido en el Plenario, en cuanto al trabajo que desarrollaba el perjudicado, señalando que lo más seguro era iniciar el trabajo del encofrado con borriquetas, y que si hubiera visto a un trabajador haciendo lo que hacía Carlos Alberto, habría llamado al contratista, tratándose de una medida obvia. Resulta clara, en este sentido, su declaración; "...que en las mismas se aprecia que no existían barandillas o redes de protección colectivas en el perímetro de la obra, y que dichas medidas en caso de realizarse el encofrado desde arriba (como al parecer se estaba realizando por los trabajadores y en concreto por Carlos Alberto) deberían existir, pero que el modo de trabajar a la hora de encofrar el techo de la segunda planta debería haberse realizado desde abajo, de manera que no sea necesario el uso de barandillas, redes o arneses, sino el casco y borriquetas.
Agregando este acusado que como dirección facultativa no le compete velar por la seguridad de los trabajadores, sin perjuicio de que si en alguna de sus visitas a la obra observase una ausencia absoluta de medias de protección tanto individual como colectivas que implicase un peligro grave para los trabajadores lo comunique al constructor e incluso pudiera paralizar la obra. Afirmando que en sus visitas no percibió estas circunstancias y por ello no lo hizo constar en el Libro de Visitas.".
En cuanto al arquitecto técnico, considera el recurrente que de lo actuado resulta la manifiesta imposibilidad que tanto éste como el arquitecto tenían de hacerse cargo de todas las obras encomendadas por el Ayuntamiento de Agüimes, entendiendo que a pesar de ello debió conocer que no existió el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que debió haberse aprobado al inicio de la obra, ambos, arquitectos superior y técnico, desarrollaban las funciones de coordinador de seguridad y salud, al no haberse designado otra persona, y que la circunstancia de estar de vacaciones y posteriormente de baja, no le exime de responsabilidad, al haber comenzado la obra antes de dicho período vacacional, que tuvo lugar a partir del 26 de julio de 2004.
Pues bien, en relación a la conducta del acusado Felipe, no se aprecia por la Juez a quo el elemento subjetivo del tipo, doloso o imprudente. Es preciso tener en cuenta que si bien es cierto que el mismo, por su condición de arquitecto técnico del Ayuntamiento de Agüimes formaba parte de la dirección facultativa de la obra, lo que se desprende de lo actuado es que desde el día 26 de julio de 2004 no se hizo cargo de la obra al estar, el mes de agosto de vacaciones y el mes de septiembre, de baja, tal y como resulta de los certificados del Ayuntamiento de Aguimes obrantes a los folios 1242 y 1243, aportados en el juicio oral, (Tomo IV). Declaró el acusado en el Plenario que cumplían con la ordenanza municipal sobre el particular, visitando las obras en distintas fases estipuladas, si bien en su caso, por los motivos ya expuestos, no se materializó visita alguna. Manifestó, igualmente, que desconocía la existencia del plan de seguridad, que debió llevarse a cabo por el contratista, quien debió firmarlo y designar al coordinador, tal y como por otro lado éste hizo con posterioridad al siniestro (folio 33), tal y como se recoge en el Proyecto de Ejecución (folio 247), con arreglo al artículo 7.1 del RD 1627/1997; "En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico". Es evidente que la asunción de la dirección facultativa de una obra implica, evidentemente, el hacer cumplir las medidas de seguridad, pero las circunstancias expuestas imposibilitaron al arquitecto técnico ejercer dicho efectivo control lo que impide apreciar los elementos de dolo o culpa grave exigidos por el tipo.
Descartada por tanto, al igual que hace la sentencia de instancia, la responsabilidad de los anteriores profesionales, la cuestión se centra en el objeto del recurso interpuesto por Don Jose Miguel, contratista de la obra, y responsable del siniestro en cuestión. En primer lugar, no se comparten las afirmaciones de los recurrentes en cuanto a que de los hechos probados se derive una conclusión distinta a la alcanzada por la Juez a quo en relación a las respectivas culpas del acusado y del perjudicado en el siniestro. Así, si bien es cierto que se dispone que; " Carlos Alberto tras colocar dos tablones en sentido longitudinal apeados con puntales, a una altura de 2,50 metros, se subió al encofrado, sin autorización, pese a haber recibido dos días antes la advertencia por parte de Jose Miguel de que no debía subir a dicho lugar por no corresponderle en su calidad de peón tal función, no teniendo la experiencia ni cualificación para ello, siendo el oficial de segunda Braulio quien debería subir al techo de la segunda planta y Carlos Alberto realizar tareas de auxilio desde el suelo como peón que era"; también se concluye, en el mismo relato de hechos probados, que; "En el momento de su caída Carlos Alberto no hacía uso de cinturón de seguridad. No habiéndose acreditado si hacía uso de casco.
No se habían establecido cables o líneas de vida a las que enganchar los arneses de seguridad, ni existía puntal donde anclarlo. Careciendo asimismo la estructura construida de barandilla de protección, ni red o malla anticaídas. Siendo tales medidas de protección necesarias para realizar las tareas de encofrado que se estaban llevando a cabo en el momento de suceder los hechos, implicando su ausencia un grave peligro para la salud y la integridad física los trabajadores. OCTAVO.- Jose Miguel dirigía y conocía de primera mano las tareas de construcción que realizaba su empresa para el sr. Emiliano en dicha obra de edificación, y no había proporcionado los referidos medios de seguridad colectiva para los obreros."
Dichos hechos probados determinan una evidente concurrencia de culpas pero en ningún caso debe llevar a la exclusión de la responsabilidad del acusado, sino, en todo caso, a la consideración de que las lesiones se produjeron por imprudencia leve, tal y como razona la juzgadora de instancia, de las que necesariamente debe responder el acusado en cuanto, de la misma forma lo habría hecho, si quien se hubiera caído hubiera sido un trabajador cualificado para llevar a cabo el encofrado, ante la ausencia de las elementales medidas de seguridad.
Los Agentes de la Policía Local de Aguimes nº NUM003 y NUM004, ratificaron la absoluta falta de medidas de protección en la obra y también se desprende dicho particular de la declaración de los trabajadores de la obra, Prudencio y Braulio.
Por otro lado, debe también desestimarse el motivo invocado por la acusación particular en su recurso, en cuanto a la inexistencia de responsabilidad alguna por su parte en lo ocurrido, al desprenderse, no sólo de la declaración del acusado sino de la prueba testifical, que ya con anterioridad Jose Miguel había requerido a Carlos Alberto para que no se subiera y así lo manifestó Prudencio, en el juicio oral (folio 1213); "Que sí oyó dos días antes al empresario decir que no se subiera Fran a encofrar..."
Sentado lo anterior, es claro, porque así se desprende de la prueba practicada, que el contratista no facilitó los medios de seguridad adecuados para la obra. En este sentido, el art.11 del R.D. 1627/1997 dice: "1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el art. 10 del presente Real Decreto. b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se refiere el art. 7.c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.
2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del art. 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ".
En efecto, hay que tener en cuenta, que las obligaciones de los contratistas y subcontratistas en las obras de construcción se regulan en el art. 11 RD 1627/1997 y en la Disposición Adicional Primera b) del RD 171/2004, de 30 de enero. A ellos corresponde "Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales..."; "Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud"; "atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad...";
"Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales... así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra".
Entre tales disposiciones mínimas se encuentran las relativas a las caídas de altura, a las que previamente el Anexo II del RD 1627/1997 ha incluido entre los riesgos especiales para la seguridad de los trabajadores; concretamente en el Anexo IV se dice (Parte C, núm. 3): "a)... los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente... b) Los trabajos de altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de protección deberá verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra circunstancia".
Los testigos, trabajadores de la empresa del acusado, manifestaron que en otras obras ya Carlos Alberto había subido al techo antes y Jose Miguel lo sabía, así lo indicó Braulio, añadiendo que Carlos Alberto subió porque se lo había mandado Jose Miguel y no tenía medidas de seguridad, colocando las medidas de seguridad sólo después del accidente, y en el mismo sentido el empleado Prudencio; "Que Fran subía a encofrar con el permiso del jefe, aunque no debía porque era peón...". Si bien es cierto que ambos reconocieron en su declaración en el Juzgado de Instrucción obrante a los folios 30 y 31 de la causa, que ya el empresario había dicho al perjudicado que no se subiera al techo, ello no exime de responsabilidad al contratista.
Tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo, (Sentencia 5 septiembre 2001), es principio que inspira toda la legislación en materia de accidentes de trabajo el de la protección del trabajador frente a sus propias imprudencias profesionales; al respecto, la Audiencia Provincial de Madrid, sec 15ª, en sentencia de 26 de abril de 2004, señalaba que "en esta clase de imprudencias laborales el deber objetivo de cuidado del empresario o de su delegado en la empresa comprende también la previsión y la neutralización de los riesgos derivados delas negligencias en que pudieran incurrir los trabajadores debido a la propia propensión al riesgo del trabajo que prestan. Pues, como es sabido, la familiarización con el riesgo y la habituación a los ámbitos de peligro deriva en un desprecio por las situaciones arriesgadas. Desprecio que ha de ser previsto y vigilado por el empresario y sus delegados, que han de acentuar la vigilancia y la dirección presencial para evitar las situaciones de esa índole, imponiendo para ello de forma estricta el cumplimiento de las medidas de seguridad y facilitando los medios para su aplicación. Desde tal perspectiva, se ha considerado por la doctrina que en las actividades laborales vinculadas con factores importantes de riesgo se invierte en cierto modo el principio de confianza aplicable en otros ámbitos sociales (tráfico rodado), sustituyéndose más bien por el principio de desconfianza. De forma que, siendo evidente que la rutina, el automatismo y la monotonía en el trabajo acaban imponiendo la desconsideración del riesgo por parte del trabajador, ha de incrementarse el deber objetivo de cuidado del empresario, los delegados y encargados para prever y neutralizar esas situaciones. Con lo cual, éstos, en lugar de confiar en un comportamiento cuidadoso y diligente del operario, deben más bien "desconfiar" de tal posibilidad y acentuar las medidas de seguridad y de vigilancia, con el fin de controlar los riesgos derivados de los descuidos de los trabajadores, a quienes deben imponer de forma concluyente e inapelable el cumplimiento de la normativa de seguridad en la labor diaria". Matizando dicha postura algunas resoluciones del Tribunal Supremo, y así los Autos de 6/11/2001 y 5 y 9/10/2000, permiten valorar la propia conducta negligente del trabajador, calibrando la respectiva relevancia de las conductas intervinientes.
Y, en el caso de autos, ha quedado acreditado que el acusado Jose Miguel no facilitó a los trabajadores arneses de sujeción y tampoco se dotó la obra de redes o otros sistemas de protección en prevención de caídas de altura, lo que era perfectamente previsible en atención al estado en que se encontraba la obra y así resulta de los informes periciales obrantes en autos, ratificados por sus autores en el Plenario y las declaraciones testificales de los Agentes de la Policía Local de Agüimes, a los que, en contra de lo afirmado por el recurrente, Don Jose Miguel, debe otorgarse mayor credibilidad, al elaborarse, en su día, en atención a las declaraciones de los obreros, testigos presenciales del accidente, añadiendo en cualquier caso la Perito (folio 1222), que sus conclusiones serían las mismas aunque hubiera obviado las entrevistas con los trabajadores. La cuestión que la defensa de Don Jose Miguel plantea, considerando que no sería tan grave la deficiencia en materia de seguridad en cuanto no se acuerda el cierre de la obra ni por Perito Dª Ana María ni por la dirección facultativa de la obra, tiene su repuesta en la adopción inmediata de las medidas de seguridad necesarias, que, tras la causación del siniestro, tuvieron lugar. Así, se desprende de la declaración del arquitecto técnico, Julio, que Jose Miguel le encargó, tras el siniestro, el Plan de Seguridad, del que hasta entonces carecía la obra y que, cuando visitó la obra, incluso había redes.
Tercero.—Se invoca igualmente, por ambos recurrentes, infracción de precepto legal, al considerar en primer lugar la representación procesal del perjudicado, que los hechos cometidos por el arquitecto y el arquitecto técnico, podrían ser constitutivos, en su caso, de un delito culposo del artículo 317 en concurso ideal con una falta de lesiones por imprudencia, en lugar del delito previsto en el artículo 316, todos ellos del Código Penal. Ya se ha expuesto, en el fundamento que antecede, la prueba valorada en la sentencia impugnada que concluye, como se ha expuesto, en la ausencia de responsabilidad penal de la dirección facultativa de la obra, basándose, en resumen, en el cumplimiento de las funciones que legalmente le están encomendadas, por parte del arquitecto, y en la imposibilidad de verificar el estado de la obra en la fecha de los hechos, el arquitecto técnico, en cuanto se encontraba primero de vacaciones, y posteriormente, de baja, dos meses antes del accidente. Sentado lo anterior, la conducta de dichos profesionales no puede ser catalogada como imprudencia grave, a los efectos del artículo 317 del Código Penal.
También la defensa invoca en su recurso, la infracción de precepto legal, al considerar que los hechos no pueden ser constitituvos de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 318 del Código Penal, al no concurrir los requisitos previstos en el artículo 316 de dicho texto legal, en cuanto el acusado puso los medios necesarios para que los trabajadores desarrollaran su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, teniendo intención de colocar las redes cuando se terminara el encofrado, considerando con ello que no hubo una ausencia de medios de seguridad sino una insuficiencia de las mismas. Como también se ha examinado, la prueba practicada permite acreditar que no se facilitó a los trabajadores los "medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas...", con independencia de si había una total ausencia de medidas de seguridad, o tan sólo una insuficiencia de los mismos, lo cierto es que se ha constatado que Jose Miguel no facilitó a los trabajadores arneses de sujeción y tampoco se dotó la obra de redes u otros sistemas de protección en prevención de caídas de altura, con lo que el motivo, debe ser también desestimado.
Cuarto.—En relación a la responsabilidad civil que se fija en la sentencia de instancia, son varias las cuestiones que plantea la representación procesal del perjudicado. En primer lugar, considera excesiva, de mantenerse la concurrencia de culpas, la minoración del 50% que se hace en la resolución impugnada, debiendo valorarse, según expone el recurrente, la conducta dolosa del acusado. Discrepando también de ciertos conceptos que la parte estima indemnizables y no se consideran como tal en la sentencia de instancia, así como la imposibilidad de aplicar a la consignación que en su caso haya efectuado Mapfre, los efectos liberatorios que la ley prevé, al no haber existido ofrecimiento de pago alguno.
El artículo 114 del Código Penal establece que "si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los jueves y tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización". El relato de hechos probados recoge la siguiente afirmación; " Carlos Alberto tras colocar dos tablones en sentido longitudinal apeados con puntales, a una altura de 2,50 metros, se subió al encofrado, sin autorización, pese a haber recibido dos días antes la advertencia por parte de Jose Miguel de que no debía subir a dicho lugar por no corresponderle en su calidad de peón tal función, no teniendo la experiencia ni cualificación para ello, siendo el oficial de segunda Braulio quien debería subir al techo de la segunda planta y Carlos Alberto realizar tareas de auxilio desde el suelo como peón que era.". Es decir, describe una actitud culposa del trabajador lesionado, susceptible de moderar la indemnización, destacando además la circunstancia de haber sido advertido dos días antes que no debía subir a dicho lugar, lo que pone de manifiesto la relevancia de la conducta del perjudicado y justifica la minoración de la responsabilidad que se efectúa en la sentencia de instancia y que, por los motivos expuestos procede mantener en esta alzada.
En primer lugar, asiste la razón a la parte en relación a la aplicación del sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas que resultan de la aplicación del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Dicho sistema de valoración no vincula al Juzgador en la responsabilidad "ex delicto", sin embargo sí contiene unas bases objetivas que permite establecer las cuantías indemnizatorias, de forma orientativa, y con respeto a la seguridad jurídica, baremo que el propio recurrente utilizó, en su escrito de acusación para solicitar, en atención al mismo, la responsabilidad civil derivada del delito y cuya aplicación interesa, también en el recurso, para incluir conceptos recogidos en el Baremo, que la parte entiende indemnizables y no se han reconocido en la resolución impugnada.
Sentado lo anterior, en cuanto a los conceptos indemnizatorios que se recogen en la sentencia impugnada, al respecto hay que recordar que la indemnización de daños y perjuicios derivados de un ilícito penal que realice el Tribunal Penal de instancia, no puede ser sometida a la censura de una segunda instancia, por actuar como una cuestión totalmente autónoma y de la discrecional facultad del órgano sentenciador, como ha venido a señalar la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo que únicamente permite el control en el supuesto que se ponga en discusión las bases o diferentes conceptos en que se apoya la fijación de la cifra respectiva, o lo que es igual, el supuesto de precisar si existe razón o causa bastante para indemnizar, pero nunca el alcance cuantitativo del concepto por el que se indemniza. "Este Tribunal ha señalado reiteradamente que la cuantificación concreta de la indemnización es competencia ponderadamente discrecional del Tribunal de instancia dentro de los parámetros máximos determinados por las peticiones acusatorias y del principio de razonabilidad. (Sentencias de 23 de marzo de 1987 EDJ1987/2288, 27 de mayo de 1994, 28 de noviembre EDJ1996/9697 y 20 de diciembre de 1996 EDJ1996/10973, 16 de mayo de 1998 EDJ1998/5026 y 23 de marzo de 1999 EDJ1999/5843, entre otras).
Aplicando la doctrina expuesta al caso de autos, deviene necesario examinar, tal y como en el caso de autos plantea el recurrente, la circunstancia de no haber indemnizado por conceptos que la parte entiende susceptibles de indemnización. Sin embargo, no procede revisar, por los motivos expuestos, la cantidad fijada como daño moral complementario al constituir las lesiones una gran invalidez que precisa ayuda de tercera persona, que la parte interesa se fije en el límite máximo, al no resultar la suma fijada desproporcionada, ni haberse superado las peticiones de las acusaciones o apartado la Juez a quo del principio de razonabilidad. Tal y como en la expresada sentencia señala el Tribunal Supremo; "...no cabe apreciar, en consecuencia, infracción legal alguna, pues la ley no impone parámetros cuantitativos en esta materia". (STS de 30 junio 2000).
Sí procede analizar, por el contrario, las cuestiones que la parte plantea en relación a la indemnización por daños morales complementarios, ante la entidad de las secuelas, por daños morales familiares, y como ayuda para la reforma de la vivienda.
Sobre este particular hay que tener en cuenta que la Ley 35/1995 prevé la indemnización por perjuicios morales de familiares en los casos en que el perjudicado por el accidente sea un gran inválido, afectado por secuelas permanentes que requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria como vestirse, desplazarse, comer o análogas, previéndose en tal caso las cuantías indemnizatorias por factores tasados, que son la necesidad de ayuda de otra persona, adecuación de la vivienda y los perjuicios morales de familiares destinados a aquéllos próximos al incapacitado en atención a la sustancial alteración de la vida y convivencia derivada de los cuidados y atención continuada, según circunstancias.
En primer lugar, en cuanto a los daños morales complementarios, la Tabla IV "Factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes", incluye la posibilidad de indemnizar los daños morales complementarios, que se entenderán ocasionados; "...cuando una sola secuela exceda de 75 puntos o las concurrentes superen los 90 puntos". El motivo debe prosperar, no se fija indemnización alguna por este concepto en la resolución impugnada al señalar la sentencia impugnada que; "ninguna de las mismas por sí sola sobrepasa los 90 puntos...", lo que no se corresponde con el requisito legalmente exigido, que, por el contrario, sí se cumple en el caso de autos, al exceder la secuela de hemiplejia espástica derecha de los 75 puntos que prevé la tabla, y exceder igualmente la suma de todas las secuelas del límite de 90 puntos fijado por la ley, con lo que el motivo debe ser estimado, fijando la cantidad de 77.000 euros por este concepto, en atención a la entidad de las secuelas sufridas.
En cuanto a los daños morales familiares, se omite cualquier pronunciamiento en la resolución impugnada. En este sentido, se fija en la sentencia de instancia una indemnización por la necesidad de ayuda de tercera persona. La indemnización que la parte reclama, por perjuicios morales familiares exige acreditar que la incapacidad altere la vida y convivencia familiar, y en el caso de autos, al margen de la cuestión relativa a las personas legitimadas para su solicitud, lo cierto es que la prueba practicada no permite acreditar su procedencia. Es evidente la incidencia que la situación del perjudicado supone para sus familiares y personas allegadas, si bien, como se ha dicho, en el caso de autos no ha quedado suficientemente acreditada, con la única manifestación de la esposa de D. Carlos Alberto, la precisa alteración de la vida y convivencia familiar, en el sentido expuesto. Tampoco se ha acreditado, siquiera mínimamente, la necesidad de las obras de adecuación de la vivienda que la parte interesa, con lo que ninguna indemnización procede fijar por este concepto, confirmando, en este último punto, la resolución impugnada.
De esta forma, la cantidad total en concepto de indemnización ascendería a 578.075,06, suma de la que el acusado Jose Miguel deberá abonar el 50%, con arreglo a la concurrencia de culpas que, declarada en la sentencia de instancia, se ha confirmado en esta alzada con arreglo a los fundamentos que anteceden, fijándose la indemnización a satisfacer en la cantidad de 289.037,53 euros.
Quinto.—Por último, invoca el recurrente una infracción del artículo 1176 del Código Civil, al no constar a la parte consignación alguna por parte de la Entidad Mapfre, considerando que aún cuando se hubiera efectuado la consignación, el hecho de no presentar escrito alguno en el que así se indicara o efectuar, en su caso, el ofrecimiento de pago, impiden otorgar a la misma los efectos liberatorios que se recogen en la sentencia impugnada.
El motivo debe ser desestimado. Consta en autos que la Entidad Aseguradora consignó la cantidad de 60.000 euros el día 15 de junio de 2006 (folio 1440), con el siguiente concepto; "consignación en pago de suma asegurada", suma que coincide con el límite de cobertura de la póliza que obliga a Mapfre, y no se cuestiona en esta segunda instancia. De lo expuesto no puede concluirse que la consignación realizada carezca de efecto alguno a los efectos de los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, así lo ha expuesto ya esta Sección en anteriores resoluciones, (Autos de 22 de octubre de 2007, 6 de febrero de 2004, 11 diciembre 2008; Rollo 409/07 o de 31 de marzo de 2009). En el caso de autos, consignada por la Aseguradora el total de la suma asegurada dicho dinero quedó fuera de las capacidades de disposición de Mapfre, al ingresarse en la cuenta del Juzgado, (siendo aplicable, en consecuencia, la doctrina del Tribunal Supremo recogida en su sentencia de 17 de febrero de 2003 en cuya virtud no puede haber devengo de intereses sobre un principal que ya no está a disposición de las aseguradoras). Por último, como un error debe entenderse la referencia contenida en la Sentencia de instancia, al Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas, constando claramente, en la Pieza de Responsabilidad Civil, que la transferencia se dirigió al Expediente 4/06, del Juzgado de Instrucción nº 4 de Telde.
Sexto.—Finalmente, en cuanto a los errores materiales en los que, a juicio del recurrente, incurre la sentencia impugnada, únicamente cabe considerar como tales la consideración de Maximino como arquitecto técnico de la obra, al ostentar éste la condición de arquitecto superior, sin que pueda considerarse una omisión la falta de referencia a la responsabilidad subsidiaria por impago de multa, al tratarse de una previsión contenida en la ley y, por lo tanto, aplicable, en su caso, en ejecución de sentencia en caso de impago de la multa, sin que el resto de extremos señalados, en cuanto a la fecha de aprobación del Plan de Seguridad y Salud, o el contenido del artículo 3.2 del Real Decreto 1627/1997, puedan interpretarse como errores materiales en el sentido previsto en el artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Séptimo.—Procede declarar de oficio las costas causadas por el recurso de la acusación particular, al ser parcialmente estimado el mismo, imponiendo al recurrente, Don Jose Miguel las costas procesales devengadas en la presente apelación, por la interposición de su recurso, todo ello, con arreglo a los artículos 239 y siguientes de la LECrim.
Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que nos confiere la Constitución Española,
Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Carlos Alberto, y DESESTIMANDO el interpuesto por la representación procesal de D. Jose Miguel, contra la sentencia de fecha 3 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Lo Penal núm. 2 de Las Palmas, se revoca ésta en lo necesario para fijar la indemnización que Don Jose Miguel deberá abonar a Don Carlos Alberto en la cantidad de 289.037,53 euros, manteniendo el resto de pronunciamientos, penas y responsabilidades fijadas en la resolución impugnada. Todo ello declarando de oficio las costas causadas por el recurso interpuesto por la representación procesal de D. Carlos Alberto e imponiendo a D. Jose Miguel las costas producidas por la interposición de su recurso.
Notifíquese esta resolución a las partes a las que se hará saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.
Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente que la firma, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de la fecha, de lo que doy fe.

References: resolución 
 artículo 576
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 317
 artículo 316
 resolución 
 artículo 1176
 resolución 
 artículo 318
 artículo 316
 artículo 741
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 317
 artículo 316
 artículo 317
 artículo 318
 artículo 316
 resolución 
 artículo 114
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1176
 artículo 20
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 267
 resolución 
 resolución