Source: http://redsolhonduras.blogspot.com/2019/
Timestamp: 2019-07-21 06:22:50+00:00

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Red Solidaria con la Resistencia en Honduras: 2019
HONDURAS: Tony Hernández señalado como narcotraficante a gran escala por Departamento de Justicia de EE.UU. // A propósito de cocaína Por: Oscar Miguel Marroquín // CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO: CARTA PÚBLICA AL PUEBLO HONDUREÑO // Congreso aprobó hoy modificación del presupuesto de seguridad para contratar más militares // El Libertador: EL “HARAKIRI” DE FF.AA. HONDUREÑA, GOLPE, REELECCIÓN Y DICTADURA // Por: Redacción CRITERIO: Presidente de Honduras y ministro de Seguridad habrían colaborado para movilizar toneladas de cocaína // Radio Progreso: Para analistas nuevo Código penal, es un arma jurídica para reprimir a opositores y proteger a corruptos y narcotraficantes // Realidad de violencia y pobreza sigue expulsado a la población hondureña // La pobreza, violencia y desplazamiento deja fuera de la escuela al 56% de niños y niñas en Honduras
Tony Hernández señalado como narcotraficante a gran escala por Departamento de Justicia de EE.UU.
Tegucigalpa.- Tony Hernández, hermano del presidente de Honduras Juan Hernández es señalado por el Departamento de Justicia como un narcotraficante a gran escala que ejerció esa actividad desde 2004 hasta el 2016.
Hernández presuntamente coordinó el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios de aplicación de la ley para que le proporcionaran información sensible con el fin de proteger los cargamentos de drogas y exigió enormes sobornos a importantes narcotraficantes.
Hernández tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína era marcada con el símbolo “TH”, a saber, “Tony Hernández”.
Aquí el texto íntegro de la Fiscalía Federal de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York:
EXDIPUTADO HONDUREÑO Y HERMANO DEL ACTUAL PRESIDENTE DE HONDURAS ACUSADO DE CONSPIRACIÓN PARA IMPORTAR COCAÍNA A ESTADOS UNIDOS Y DELITOS DE ARMAS CONEXOS.
El fiscal federal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, y el agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antinarcóticos de EE. UU. (U.S. Drug Enforcement Administration, DEA), Raymond Donovan, anunciaron hoy que el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández” (“HERNÁNDEZ”), fue acusado en un tribunal federal de Manhattan de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, delitos de armas conexos vinculados con el uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y de formular declaraciones falsas a funcionarios federales. HERNÁNDEZ es hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. El caso ha sido asignado al juez federal de distrito P. Kevin Castel. HERNÁNDEZ fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en Miami, Florida, y comparecerá esta tarde en la justicia federal en Miami ante el juez Jonathan Goodman.
El fiscal federal de Manhattan Geoffrey S. Berman señaló: “Conforme fue alegado, el exdiputado hondureño Tony Hernández estuvo implicado en todas las instancias del tráfico a través de Honduras de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que tenían como destino EE.UU. Hernández presuntamente coordinó el uso de ametralladoras para brindar seguridad a los envíos de cocaína, sobornó a funcionarios de aplicación de la ley para que le proporcionaran información sensible con el fin de proteger los cargamentos de drogas y exigió enormes sobornos a importantes narcotraficantes. Gracias al trabajo constante de la DEA, Hernández se encuentra ahora a disposición de las autoridades en territorio estadounidense y se enfrenta a la justicia de EE.UU.”.
HERNÁNDEZ es exmiembro del Congreso Nacional de Honduras, hermano del actual presidente de Honduras y un narcotraficante a gran escala que trabajó con otros narcotraficantes, entre otros sitios, en Colombia, Honduras y México, para importar cocaína a Estados Unidos. Al menos desde 2004 o cerca de esa fecha y hasta 2016 inclusive, o un período próximo a esa fecha, HERNÁNDEZ estuvo implicado en el procesamiento, la recepción, el transporte y la distribución de cargamentos de varias toneladas de cocaína que llegaban a Honduras mediante aviones, lanchas rápidas y, al menos en una ocasión, un submarino. HERNÁNDEZ tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína era marcada con el símbolo “TH”, a saber, “Tony Hernández”. HERNÁNDEZ también coordinó y, en ocasiones, participó en la provisión de seguridad fuertemente armada para cargamentos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluidos miembros de la Policía Nacional hondureña y narcotraficantes con ametralladoras, entre otras armas.
[1] Como lo denota la frase introductoria, la totalidad del texto de la Acusación Formal y la descripción de la Acusación Formal que se expone en el presente constituyen únicamente acusaciones, y todos los hechos mencionados deben tratarse como acusaciones.
https://hn.usembassy.gov/es/acusaciones-contra-exdiputado-hondureno/
En la nota periodística Antonio Caño destaca que “El presidente Bill Clinton ha tomado en serio las denuncias de que la CIA vendió masivamente en el pasado cocaína en California con el fin de obtener dinero para la contra nicaragüense”, la congresista demócrata Maxine Waters reaccionó ante esta noticia y declaró que, “Las consecuencias de esta enorme introducción de cocaína en nuestras calles por agentes de la CIA han sido la miseria, la violencia, la destrucción de familias y la muerte”.
CARTA PÚBLICA AL PUEBLO HONDUREÑO
La Convergencia Contra el Continuismo, CCC, les recuerda que, en materia de seguridad o protección social, el Estado tiene la obligación de respetar el TRIPARTISMO contenido en los Convenios de la OIT. Con la imposición por parte del Congreso Nacional de la LEY MARCO DE PROTECCION SOCIAL (LMPS) contra la voluntad de los trabajadores, que les derrotaron 8 versiones en un año de luchas, se violentó el tripartismo.
El artículo 16 de esa Ley Marco, se refiere al SISTEMA NACIONAL DE SALUD que funciona a través de tres instancias: a) las UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD que son oficiales, mixtas, privadas, comunitarias o solidarias; b) la RED DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, que son empresas intermediarias que contratan los servicios de las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud; y, c) la RED INTEGRAL PÚBLICA DE SALUD donde se agrupan las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud.
Todo lo apuntado es contrario al artículo 142 de la Constitución de la República que manda, constituir una red pública integral de servicio en un sistema único estatal de salud, sin embargo, las tres instancias de la aprobada Ley Marco serán privadas y en algunos casos disfrazadas de comunitarias o solidarias, tal como ya se evidencia en los casos de los hospitales de San Lorenzo, la Esperanza y el Leonardo Martínez de San Pedro Sula.
El PCM 26, emitido por el Ejecutivo, en Concejo de Ministros, valiéndose de un inexistente estado de emergencia, desfigura la administración pública, como reiteradamente lo ha hecho, nombrando una comisión especial con la finalidad de desarrollar la LEY MARCO DE PROTECCION SOCIAL y del sistema nacional de salud a través de un PROCESO PRIVATIZADOR que implica REESTRUCTURACIONES y transferencia de responsabilidades y administración a gestores privados. Este desarrollo se realiza de la forma siguiente:
1. El Artículo 1 del PCM 26 dice: “crease la COMISIÓN ESPECIAL PARA LA TRANSFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”; y, en el Artículo 3 se lee: “La comisión elaborará un plan de TRANSFORMACIÓN de salud y el nuevo modelo de prestación de servicios”. 2. Los hechos demuestran que todas las TRANSFORMACIONES que se han realizado en los distintos servicios públicos, han conducido a fragmentar las instituciones para facilitar la privatización tal como sucedió con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y ese NUEVO MODELO DE SERVICIOS DE SALUD consistente en crear unidades y redes prestadoras de servicios, no es otra cosa, que privatización. Si existiera un deseo de mejorar y fortalecer este servicio público, el poder ejecutivo, priorizaría, por sobre defensa y seguridad, la inversión en salud y educación. 3. El Artículo 3, numeral 3, manda que la Comisión debe “proponer y acompañar la REESTRUCTURACION ORGANIZACIONAL de la Secretaria de Salud” lo que incluye según el Artículo 4-b) la “evaluación del recurso humano” con mecanismos fundamentalmente de carácter subjetivo como la “lealtad”.
La experiencia nos dice que toda REESTRUCTURACIÓN, reingeniería, etc., que se ha implementado en materia laboral, es REAJUSTE DE PERSONAL, o sea despidos de trabajadores y en el caso del Estado, es cumplir con el compromiso de REDUCIR LA MASA SALARIAL contenida en la CARTA DE INTENCIONES suscrita con el FMI. 4. En el Artículo 6:“se declara ESTADO DE EMERGENCIA en el SISTEMA NACIONAL DE SALUD”. Según la Constitución, esta declaratoria solo puede darse en casos de: inundaciones, terremotos, epidemias, guerras o conmoción interior, o calamidad pública. Ninguno de estos fenómenos ha ocurrido, por lo cual dicho estado de emergencia es inexistente.
Al faltar a la verdad en la declaración de emergencia, según entendidos en la materia, se comete el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS; y, al emitirse ese Decreto con un estado de emergencia falso, infringiendo la Constitución, se comete el delito de ABUSO DE AUTORIDAD. Además, ese estado de emergencia no designa nuevos recursos humanos y financieros para fortalecer la prestación de servicios, al contrario, busca utilizar procedimientos de contratación del Estado, al margen de la ley, para hacer adquisiciones en las ya corruptas compras que hace la Secretaría Salud.
Para privatizar un servicio público existe un guion que se ha usado en el país. Se nombran gerentes o ministros incapaces, corruptos y hasta narcotraficantes, que llevan las instituciones a niveles de corrupción, precariedad presupuestaria e ineficiencia tal como lo vemos en los sistemas de salud y educación en los cuales la población paga con su dinero y con su vida la falta de atención por estos derechos. Estamos, pueblo hondureño, frente a una tragedia inducida para justificar las privatizaciones y despidos masivos,
En vista de lo anterior, la CONVERGENCIA CONTRA EL CONTINUISMO, amparada en el Artículo 80 de la Constitución de la República, por la gravedad y urgencia del caso, considera que la solución pasa, tal como lo demanda la Plataforma de Lucha de los trabajadores de la salud y educación, por derogar los Decretos PCM 26 y 27, este último referido al SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA en donde están incluidos los mismos mecanismos de privatización y reestructuración de personal, a que se refiere el PCM 26 y va dirigido principalmente, contra los maestros y sus organizaciones.
Aprovechamos también para condenar la campaña de persecución, desinformación y represión criminal, financiada con fondos públicos, contra los trabajadores de la salud, la educación y manifestantes en general y llamamos al pueblo hondureño a sumarse a las acciones programadas por los conductores de este movimiento.
Tegucigalpa 29 de junio 20019
Oficialismo aprovechó el ambiente de convulsión de esta tarde para lograr su objetivo de tener más fondos para contratar más militares.
Trabajadores y CN suspenden decreto que contempla masivos despidos en Salud y EducaciónPor: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn Tegucigalpa.- En reunión sostenida esta tarde en el seno del Poder…
Varios comandantes han renunciado a sus cargos en los últimos meses a FF.AA., afirman que ya no representa los valores con que fueron formados, ahora olvidados en el himno: “Vibrante cante el corazón, Honor, Lealtad y Sacrificio, y a la Lucha se presta valiente, en defensa de la Libertad”.
A. “Misión cumplida”, gritan generales que entregaron FF.AA. a la política criminal y fraudulenta, traicionaron su institución, al pueblo y la Patria, ahora son parte del problema al defender la reelección presidencial y la dictadura. No hay forma de evitar la eliminación del artículo 272 en la siguiente Constitución de la República, los propios militares lo destruyeron.
B. Artículo 272. “Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.
Tegucigalpa. El 5 de enero de 2015 el general guatemalteco, retirado, José Efraín Ríos Montt, ya no era temido, ni sus huesos lo respetaban, no podía mantenerse en pie a sus 89 años. No hubo trato especial, por orden judicial fue llevado acostado en camilla al tribunal para oír una sentencia del tamaño de su edad, 80 años por delitos de lesa humanidad y violación de Derechos Humanos. El antiguo “jefe de escuadrones de la muerte” soportó inmóvil una lluvia histórica de sangre derramada por sus órdenes; en su ancianidad escuchaba el despreció que resonaba en la sala, llena de familias víctimas y fiscales acusadores.- Ríos Montt, connotado asesino de masas, el militar sicario, matón especializado en la década de 1950 en Fort Gulick, zona del Canal de Panamá bajo dominio imperial, ahora viejo y enfermo era enviado a la hoguera por presión de Washington, había sido fiel a Reagan y a su anticomunismo, así sirvió en Guatemala, como dictador, como golpista y como asesino; se logró confirmar que vistiendo de verde mató 2.000 indígenas sólo en breves años de la segunda Guerra Fría. Su aventura militar había terminado; no ha sido distinto en ningún país, ni lo será en Honduras.
INDISCIPLINA LETAL
Después de dos décadas de tirante crisis en el sistema verde oliva hondureño, finalmente, FF.AA cayó desplomada, fue invadida por completo por la política partidaria corrupta, primero, ejecutó en 2009 un golpe de Estado contra un presidente constitucional y, después, se insubordinó ante la orden constitucional de parar el plan continuista de Juan Hernández, cuando el artículo 272 le manda, entre otros, velar por “la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”.- En los días de resistencia civil que siguieron a las elecciones del 27 de noviembre de 2017, se acusa a los militares del asesinato de al menos 34 ciudadanos que reclamaban contra el fraude electoral que da vía a la reelección presidencial de Hernández, la ONU tiene registrados 22 crímenes; el mundo al revés. FF.AA. actúa con pose criminal, ataca a la ciudadanía que defiende la Constitución, cuando ésta ordena a los militares que sean apolíticos, defiendan la libertad popular y no admitan la reelección en el cargo presidencial.- A la vieja usanza de “U.S. Machinery of Torture” (La maquinaria estadounidense de tortura), que con sadismo aplicaba Ríos Montt hace más de medio siglo para ejecutar sus crímenes, en el cataclismo poselectoral, Juan Hernández, nombró al frente del Ejército a dos duros generales para someter la rebelión civil, ¡cúmplase!, les gritó. La tarde del 21 de diciembre salieron de Tegucigalpa, comandos, arsenales y efectivos a sofocar la revuelta de Cortés, como sea. Asegura un alto mando militar activo que uno de esos generales, el consentido de Hernández, recuerda bien a los hermanos Valle allá en Fusina.
Con las reformas constitucionales a FF. AA., se suprimió la figura de Comandante en Jefe y el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas; el servicio militar obligatorio pasó a voluntario, se traspasó la Policía con la idea que fuera amiga de la ciudadanía como se comporta cuando es verdadera, se eliminó la autonomía y se facultó al presidente de la República para ejercer el mando directo de militares.
Los cambios que supusieron la modernización de FF.AA. apenas propiciaron un cambio insignificante, faltó voluntad política para consolidar un nuevo marco jurídico, eficiencia en el servicio militar voluntario que ya no viera como enemigo al pueblo y erradicara la mentalidad criminal de la guerra fría que aún prevalece en oficiales y tropas.- Aún creen que la protesta social es comunismo y que su patrón es el gobierno, ignoran que sus sueldos salen del trabajo del pueblo hondureño, a quien en la práctica no sirven, y ven y tratan como enemigo.
ESCUELA DE PEREZA
No se crearon nuevas capacidades de utilidad social en la misión del cuerpo militar, lamentan oficiales consultados. La marihuana, la pereza y la ignorancia hacen fiesta en los batallones.- Ese atraso peligroso, que tras años de indiferencia ha alterado la seguridad de Honduras y de la institución castrense, nunca importó a la alta oficialidad atraída por la apariencia del moderno Caballo de Troya. La alianza político-militar por fin asaltó a los verdes, los políticos colmaron con vastas haciendas y honores a los generales rendidos al poder del dinero.- El “éxito” de los jerarcas militares ha dependido del alineamiento de las FF.AA. con la corriente política en el gobierno y en consentir la indolencia, tolerancia e influencia del político deshonesto, creador de miserias.- Los militares traicionaron su pueblo.
El tesoro público es el arma de los políticos y la coyuntura política indica cuándo debe usarse. En este juego cayó hace mucho la geoestrategia, la geopolítica y el compromiso con la patria de altos mandos de Fuerzas Armadas, en una guerra que ya ganaron los políticos vinculados a “poderosos” del patio y extraños, así acabó en el cesto de la basura la seguridad nacional frente al crimen organizado. Al socavar los valores de la institución, la manipulan a conveniencia. Algo verificable con una rápida mirada a la historia: la han alabado, denigrado y destruido, según los cambios en el poder político y económico nacional y extranjero (EE.UU.), un peligro que ya en estos sembró caos en Honduras. A los generales colmados de confort y ya asegurada su vida material, no les importó la quiebra del cuerpo armado, menos el futuro generacional, el sagrado “espíritu de cuerpo” es ahora un bonito cuento de barraca.
El aspecto que más ha influido en las FF.AA. desde 1999 hasta la fecha, es la postura partidaria de los mandos militares a conveniencia del interés político y el alineamiento de los oficiales de alto grado al Gobierno de la ocasión. Por ejemplo, el oficial retirado Daniel López Carballo, último en su promoción, asumió el cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto en 1999, y como subjefe el general Julián Gonzáles, el más destacado del grupo durante toda su carrera militar. López Carballo fue ascendido a General de División. En esa promoción la injerencia política violentó la ley militar, los méritos, el escalafón, el liderazgo, antigüedad, la ética y la competencia profesional.- Esa conducta se hizo norma y ningún militar ha mostrado carácter en la defensa de su institución olvidada en el himno de FF.AA.
El gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) no revirtió el daño. Inició su mandato nombrando por encargo político en la Comandancia General del Ejército al Coronel Humberto Cabrera Rodríguez. Un oficial alejado de los primeros puestos de su promoción (XV). No se valoró oficiales de la XIV generación, donde dos, el primero y el segundo lugar en el escalafón correspondiente, habían ocupado el cargo de Jefe de Estado Mayor del Ejército. Lo que constituyó el primer incumplimiento de Maduro a las leyes de FF.AA. y afectó a miembros del cuerpo castrense.
Se sumó la nominación en la jefatura del Estado Mayor Conjunto al oficial de Comunicaciones de la XIII promoción, general José Isaías Barahona Herrera, más tarde el artífice de su continuismo en el poder para impedir que lo sucediera en el mando el general Luis Alonso Maldonado Galeas, un oficial con méritos de la XIV promoción. Este caso, que tuvo connotación nacional, reafirmó los juegos de tronos políticos y el avivamiento de ambiciones de poder en las altas esferas militares.- El monopolio de cargos y negocios se hicieron ley en el cuerpo militar. La XV promoción, logró que se aprobara la nueva Ley de Personal que la benefició con dos años adicionales en el poder, en detrimento de nuevos oficiales. Esta maniobra se hizo a escasos meses de cumplir los 30 años de servicio militar que establecía la legislación castrense.
MAESTROS DE REELECCIÓN
Los frutos de esta acción son altamente “rentables”, ya que seis generales, los únicos, ocupan todos los cargos importantes en las Fuerzas Armadas: Junta de Comandantes, Junta Directiva del IPM, Jefatura del Estado Mayor Presidencial, Estado Mayor de Coordinación y todas las direcciones, gerencias y jefaturas. Incluyendo, las decisiones en las empresas exitosas del Instituto de Previsión Militar (IPM) y en la Industria Cementera S.A. (INCEHSA).- De ahí nació la “escuela de la reelección” y control del poder armado, autoría de jefes militares corruptos y habilidosos, que luego enseñaron a políticos ambiciosos como Juan Hernández, que no ha dudado en aplicar el modelo castrense sobre una Constitución que lo prohíbe, pero eso no es problema, porque se trata de un esquema que opera en la ilegalidad institucional y en el daño social para otorgar vida mejor a personas y grupos.
CARA INDIFERENCIA
Ese modelo fue tolerado por los gobiernos, esa escuela continuista, herencia de violaciones a leyes constitucionales y militares, de traición, malabarismo político, degradación acelerada de valores institucionales, de cinismo, de deslealtad a las siguientes generaciones y nueva moda de corrupción para ejercer el mando militar.
El presidente Maduro no varió esa conducta castrense y el presidente Manuel Zelaya (2006-2010) nombró al general Romeo Vázquez Velásquez, que amparado en esa tradición militar de deslealtad, se alineó al vandalismo de sectores sórdidos y antisociales del país y estadounidenses para ejecutar un golpe de Estado contra su “comandante” y contra el soberano, en el amanecer del domingo 28 de junio de 2009. Desde entonces a la fecha, la crisis económica y la ingobernabilidad ya han provocado más de 70.000 asesinatos en Honduras; el drama social y político ya no se sostiene; hoy el país está indignado por el fraude electoral, por la reelección y la dictadura, y los militares en las calles fieles a la represión atacan a quien deben obediencia, a su pueblo; diversos organismos de derechos humanos señalan a los militares como responsables del asesinato de decenas de civiles que defienden la Constitución. En tiempos de honor, FF.AA. estaría en la calles del lado del pueblo.
Es imperativo que Juan Hernández renuncie por el bien de Honduras: Luis Zelaya Llama a la oposición a unirse por Honduras, deponiendo intereses particulares y dejando a…
KAOS EN LA RED - Publicado en: 27 mayo, 2019
Honduras es el país donde existe mayor cantidad de armas que libros y medicinas, más batallones que hospitales y cárceles mejor equipadas que las escuelas y colegios. La educación, la salud y los servicios públicos, los encamina el gobierno a la total privatización y provoca malestar en los pobladores, que salen a protestar en diversas […]
María Luísa Regalado, CODEMUH.
Foto: www.alianzaamericas.org
Semana de protestas por el derecho a la educación y la salud
Para analistas nuevo Código penal, es un arma jurídica para reprimir a opositores y proteger a corruptos y narcotraficantes
En socialización se encuentra el nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, y que entra en vigencia en el mes de noviembre. La normativa ha sido cuestionada por diversos sectores por apuntar en su contenido fuertes sanciones contra la libertad de expresión.
Según analistas, este nuevo Código plantea reducción en penas para los delitos de corrupción, narcotráfico y aumenta las mismas para nuevos delitos como el de protestar y evitar el desarrollo de una actividad pública o simplemente reproducir una noticia que pueda dañar el honor de una persona natural o jurídica.
“Este nuevo Código muestra que estamos en una dictadura, una dictadura que busca protegerse por los actos de corrupción que comete y también criminalizar a quienes se oponen a ella”, manifestó el diputado de Libre y exfiscal Jari Dixon.
Dixon valoró esto como una peligrosa arma que criminalizará a quienes protesten, a quienes eviten incluso el desarrollo de una acción pública y quienes se tomen una calle.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han pegado el grito al cielo debido a esta situación, Suyapa Martínez del Centro de Estudios de Mujeres de Honduras, afirmó que este nuevo Código violenta los derechos a las mujeres, porque reduce las penas para violadores y agresores.
Martínez lamentó que lejos de que el Estado muestre avance en la lucha por proteger a las mujeres, las haga más vulnerable y que entregue impunidad a los agresores y violadores.
Por su parte el abogado Jaime Banegas, quien formó parte del equipo legal que elaboró el Código Penal, sale a defender a capa y espada esta nueva normativa, afirmando que es un avance importante para la aplicación de justicia en el país.
Banegas manifestó que todos los sectores deben estudiar bien este nuevo Código, y a partir de eso emitir opiniones al respecto, pues cree que las críticas son infundadas y fuera de contexto. Banegas asegura que este nuevo Código es futurista y reforma por completo la normativa penal en el país.
Ese mismo criterio tiene el diputado nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien dijo que le sorprende que otros sectores estén criticando este Código, pues en el Congreso Nacional, el pleno procedió a su discusión y aprobación.
Ramos dejó claro que el mismo no busca proteger a políticos o funcionarios corruptos, sino todo lo contrario busca mejorar la aplicación de justicia con un Código actual y novedoso con la realidad social de la actualidad.
Jari Dixon recordó el momento en el que este Código se discutía en el Congreso, dijo que en su momento ellos como bancada de oposición protestaron, y denunciaron ante los medios de comunicación, pero los mismos no hicieron caso e incluso ridiculizaron como siempre la protesta que en muchas ocasiones se presenta en ese poder del Estado.
“Ahora que también los medios se verán afectados es que pegan el grito al cielo, antes no solo omitieron nuestra protesta, sino que la criminalizaron y ridiculizaron”, cuestionó el diputado a los medios de comunicación.
En este momento la industria mediática oficial también ha iniciado una campaña contra el nuevo Código, a tal punto de presionar a las autoridades para que revisen la normativa y que hagan modificaciones en lo relacionado con libertad de expresión.
El Colegio de Periodistas de Honduras, una instancia históricamente conservadora dijo públicamente que repudia el nuevo Código y que anuncian acciones de denuncia a nivel del sistema de derecho internacional.
También anunciaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una vez que el mismo esté en vigencia en el mes de noviembre.
Socialización y reformas
Las autoridades del Congreso Nacional en una postura de doble moral anunciaron su voluntad para iniciar diálogo, atender a todos los sectores involucrados y reformar de ser necesario algunos artículos del nuevo Código.
Para el caso, esta semana el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva se reunió con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep. En la reunión los empresarios expresaron su preocupación por el contenido de la nueva normativa.
Carlos Segovia, directivo del Cohep, dijo que hay artículos que ahuyentan la inversión en el país, asimismo explicó que como institución pidieron más tiempo para socializar el proyecto, pero esa solicitud fue negada por el partido de gobierno.
Segovia agregó que como empresarios ven con buenos ojos la voluntad de los políticos de sentarse a dialogar y a valorar las posibles reformas que se le harán al mismo, antes de que entre en vigencia.
Por su parte el diputado Mario Pérez, presidente de la Comisión de Dictamen de este Código Penal, se refirió a la reunión con el Cohep. “Hemos escuchado las preocupaciones de los empresarios, quedamos en que vamos a seguir conversando, no se descartan reformas y tampoco se descarta más platicas con otros sectores”, dijo Pérez.
También declaró que, en los próximos días conocerán a fondo los criterios de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, tanto como las valoraciones de la Secretaría de Seguridad, quien públicamente ha expresado preocupación por la reducción de penas en algunos delitos.
“No se descartan reformas, y creo que se darán, pero la gente, los políticos, las organizaciones deben prepararse porque este Código Penal entra en vigencia en noviembre y esa es una realidad”, dijo Pérez a medios de comunicación.
Expertos en materia jurídica coinciden en que nada se puede hacer en este período de socialización, más que pactar reformas que serían ejecutadas una vez entren en vigencia.
El abogado Raúl Suazo explicó que, no se puede interponer un recurso contra una normativa que no esté en vigencia, por lo que para proceder por la vía de las leyes nacionales se debe esperar hasta el mes de noviembre.
En el Congreso Nacional, los diputados de oposición dicen que harán el intento para que por esa vía se deje sin valor y efecto el nuevo Código una vez que entre en vigencia, pero los parlamentarios opositores coinciden que no tienen la mayoría legislativa para convertir ese deseo en realidad.
El coordinador del Comité por la Libertad de Expresión, Eddy Tábora reaccionó a este nuevo Código manifestando que todo esto se pudo evitar si en el momento que el mismo se estaba construyendo en el Congreso, todos los sectores que ahora ponen oposición hubiesen presionado para que no pasara.
Desde la perspectiva de Tábora ahora todos los sectores le apostarán a las reuniones y solicitudes de reformas, por lo que hay que esperar cuales reformas en realidad está dispuesta a aceptar el oficialismo.
Artículo 551: ofensas a los sentimientos religiosos, debe ser castigado con la pena de arresto domiciliario de seis a nueve meses o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas de cinco meses a un año a quien para ofender los sentimientos religiosos ejecuta actos de ultraje de objetos destinados a un culto.
Código Penal es la censura legalizada a la libertad de expresión, cuestiona C-Libre
El nuevo Código Penal ya ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, su entrada en vigencia será el mes de noviembre. Tras su publicación ha recibido una serie de cuestionamientos, sobre todo por las restricciones a la libertad de expresión y la rebaja de las penas a los delitos vinculados a la criminalidad organizada.
“Hay otros delitos más graves como el espionaje que es la divulgación de la información relacionada con asuntos de defensa y seguridad catalogada como secreto, y acuérdese que tenemos una ley de secretos, por eso digo que es una mezcla de normativa administrativa y penal que cuando la vemos en su conjunto es la censura legalizada”, aseguró a Radio Progreso el coordinador del Comité por la Libre Expresión, C-Libre, Eddy Tábora.
Tábora es de la idea que ahora se cuenta con una ciudadanía que ha reaccionado muy bien y está más pendiente de las ilegalidades en el Congreso Nacional. “Vemos a una ciudadanía que está dispuesta a defender sus derechos. Desde lo técnico, desde lo político, el debate ya se abrió, ya se dio, ese código ya está deslegitimado socialmente”, aseguró el también ex fiscal del Ministerio Público.
En el marco del Día del Periodista, Radio Progreso (RP) dialogó con Eddy Tábora (ET) de C-Libre sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico con el nuevo Código Penal.
RP. ¿Qué son los periodistas?
ET. Hablar de los periodistas en general es hablar de un asunto de interés público porque los periodistas y las periodistas están relacionados con un derecho fundamental: la Libertad de Expresión. Son un grupo poblacional muy importante de ejercicio del derecho a la Libertad de Expresión y con gran impacto en la colectividad por el abordaje de asuntos de interés públicos, por asuntos trascendentales en la vida política y en los asuntos de Democracia y de Derechos.
RP. ¿Hablar de periodistas es hablar de los medios de comunicación?
ET. No necesariamente implica hablar de los medios de comunicación porque los medios van más allá de los periodistas. La mayoría de los periodistas son trabajadores de los medios aunque hay una nueva tendencia de muchos periodistas que están haciendo periodismo digital, que están creando nuevos medios de comunicación totalmente independientes a la empresa privada.
RP. ¿Los condiciona ser trabajadores de medios de comunicación?
ET. Como trabajadores de medios de comunicación están bajo el régimen, muchas veces, de una empresa de medio de comunicación que tiene intereses en lo que ocurre con el Estado, en lo que ocurre con la vida política, ése es un primer factor de condición de lo que ocurre en el país para los periodistas, porque se condiciona el contenido para el abordaje de los temas en el país.
RP. ¿Quiénes son los afectados con las restricciones a la Libertad de Expresión?
ET. Son los periodistas ya sea porque, dentro del margen que tienen de abordaje en los medios corporativos o dentro de su postura periodística en los medios independientes, se ven amenazados desde distintos aspectos: uno de ellos es el tema de la violencia que es recurrente desde hace varios años y la violencia es la censura más extremas, y el otro parámetro son las amenazas legislativas no sólo penales sino también administrativas.
RP. ¿Cómo ha sido la última década para el ejercicio del periodismo?, una década marcada por corrupción, impunidad y crisis política.
ET. Una situación grave es a nivel de consecuencias porque ha sido fatal, más de 70 periodistas asesinados en la última década, eso implica una censura extrema no sólo para las personas que individualmente sufrieron ese atentado hacia el derecho más básico que es la vida, sino también el efecto colectivo, el efecto en muchos periodistas porque normalmente cuando hay mucha violencia los periodistas se autocensuran.
RP. ¿Cuál es el papel del Estado?
ET. El Estado se ha incorporado como agente agresor. En muchos de los casos son agentes del Estado los que agreden de distinta naturaleza, no sólo policial, ya sea en la violencia o en la criminalización.
RP. ¿Qué efectos ha producido eso?
ET. Es una década que tiene consecuencias en temas que nosotros llamamos “los silencios informativos”. La agresión y la criminalización tiene ese efecto de la autocensura, y eso implica que hay temas que no se tocan en el país, uno muy claro es el tema de la criminalidad organizada, muy poca gente lo está abordando. Otro de los silencios que cada vez se está observando, y no sólo por autocensura sino también por intereses de los dueños de los medios de comunicación, es el tema de la corrupción. El despojo territorial es otro de los temas que está en un silencio y que sólo es abordado por los medios comunitarios. También las violaciones a los Derechos Humanos.
RP. ¿Cuál es el panorama que nos espera en temas de Libertad de Expresión con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal a partir de noviembre?
ET. Los derechos en el país están en disputa, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, y no podíamos esperar que haya una disputa en el derecho a la Libertad de Expresión cuando es un derecho instrumental, es el derecho que sirve para abordar otros derechos como la participación política como el debate abierto sobre el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, sobre el modelo de desarrollo que hay en el país, para eso nos sirve la Libertad de Expresión.
RP. ¿Cómo funciona la aplicación del Código Penal?
ET. Funcionan mediante la selectividad pero crean una norma que parecería una norma general pero que la verdad que no, es una norma que se utiliza por parte del poder económico y del poder político para censurar. Se aplica un derecho penal para los amigos pero al movimiento social se le aplica un derecho penal durísimo.
RP. ¿Dónde está la raíz del problema?
ET. Este nuevo Código Penal fue concebido en el marco de una dictadura, éste Código Penal se empieza a configurar en el 2014. Cuando se empieza a hablar de nuevo código, reúnen a fiscales, a jueces, a policías, a militares y a asesores que son contratados y que tienen un claro interés político en el tema.
RP. ¿Es el Código Penal un elemento político?
ET. Termina siendo un elemento político porque el Código Penal es una herramienta del Estado para controlar la libertad física de las personas y es la herramienta más dura para la restricción de derechos fundamentales entre ellos la libertad física.
RP. ¿Para quién fue elaborado este Código Penal?
ET. Un código acomodado para garantizar impunidad a dos fenómenos delictivos muy importantes: la corrupción y la criminalidad organizada, todas sus penas fueron rebajadas.
RP. ¿Qué queda por hacer?
ET. La ciudadanía ha reaccionado muy bien. En los últimos dos meses la ciudadanía ha estado muy pendiente de las ilegalidades en el Congreso Nacional, y eso significa una ciudadanía más política, más interesada en los asuntos de interés público que van a regular la libertad física y otros derechos en las próximas décadas, no sólo el Código Penal sino en temas de derecho a la salud y a la educación. Vemos a una ciudadanía que está dispuesta a defender sus derechos. Desde lo técnico, desde lo político, el debate ya se abrió, ya se dio, ese código ya está deslegitimado socialmente.
RP. ¿Cuáles son las vías que hay?
ET. Jurídicamente diferentes. La más importante debería ser una reforma legislativa, ya sea que la ciudadanía presente una iniciativa de ley o que el Congreso revise por capítulos o por temas el Código Penal, creo que esa sería la vía adecuada para reformar este código. La segunda es que el código sea sometido a un referéndum, esto es importante por la participación política.
RP. Pero aquí le tienen miedo a la consulta.
ET. Claro, nunca se ha dado, pero la ciudadanía está conociendo estos mecanismos. Hemos visto muchos mecanismos democráticos de la ciudadanía en las localidades, en las comunidades y eso es un avance en Democracia, si se avanza hacia lo nacional, la consulta es una herramienta muy importante y el código es de tal transcendencia que merece una consulta popular.
RP. ¿Vienen los recursos de inconstitucionalidad?
ET. El tema de los recursos de inconstitucionalidad es que este código va a entrar en vigencia, los recursos no los resuelven de un día para otro, los recursos los va a resolver, mínimamente la Corte se tarda entre dos a tres años para resolver, entonces ese código va a estar vigente.
RP. ¿Estamos a las puertas de más periodistas criminalizados y encarcelados?
ET. La normativa administrativa y penal que se ha ido creando nos dice que sí. Vemos Nicaragua que hay periodistas privados de libertad por terrorismo y una reforma del terrorismo de 2018 que fue copiada de Honduras, entonces no está lejano que a los periodistas aquí los acusen de terrorismo y las personas que se manifiesten en las calles porque vivimos en un gobierno autoritario y el gobierno autoritario no permite la crítica por eso es que quieren censurar no sólo a los periodistas sino a la ciudadanía.
RP. ¿Qué otros temas del Código Penal le preocupan?
ET. Hay otros delitos más graves como el espionaje que es la divulgación de la información relacionada con asuntos de defensa y seguridad catalogada como secreto y acuérdese que tenemos una ley de secretos, por eso digo que es una mezcla de normativa administrativa y penal que cuando la vemos en su conjunto es la censura legalizada.
Realidad de violencia y pobreza sigue expulsado a la población hondureña
Cientos de hondureños y hondureñas están saliendo del país de manera individual y masiva, un ejemplo son las caravanas de migrantes que desde octubre de 2018 han partido hacia México y Estados Unidos.
La salida y expulsión de la ciudadanía es la expresión más palpable del fracaso de las políticas de Estado, que se basan en el modelo de explotación de los bienes naturales, y el acelerado proceso de privatización de los servicios públicos.
Desde que comenzó la caravana, la fotografía que nos quedó de ese octubre fue la cantidad de gente intentando salir de Honduras, así como todas las dificultades que puso el gobierno en las fronteras para que la gente no saliera del país.
Karla Rivas, representante de la Red Jesuita con Migrantes, dice que, de fondo las caravanas revelaban un muevo mecanismo que le permite a la población tener seguridad durante el desplazamiento, porque el mismo era reconocido por los medios de comunicación como noticia y el estar en el ojo mediático daba de una u otra manera un nivel de seguridad.
Rivas recuerda que desde que salieron las caravanas siempre hubo de parte de Estados Unidos, presión para que los gobiernos no dejaran salir a la gente.
Población sigue huyendo
La migración históricamente ha sido por motivos económicos, encabezada por hombres entre 28 y 40 años, luego empezamos a migrar las mujeres, quienes intentaron irse para encontrarse con sus esposos, sin embargo, las caravanas fueron compuestas en su mayoría por familias completas.
En ese sentido, Karla Rivas dice que las razones por las que la población decide dejar el país se han agudizando, “si vemos en términos de números, las caravanas fueron la mayor expresión del éxodo hondureño y centroamericano, sin embargo, que ahora no estén saliendo las grandes peregrinaciones, no significa que la gente no esté abandonando el país.
Según la representante de la Red Jesuita con Migrantes, cada noche salen de San Pedro Sula, entre 300 y 350 personas que huyen a diario de Honduras. Si Juntamos los datos de un mes, serían entre 9 mil personas las que se van cada mes del país.
El reciente Sondeo de Opinión Pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ, reveló que hay una estrecha relación entre los problemas identificados (desempleo, delincuencia e inseguridad, la falta de ingresos económicos) y las causas que provocan la migración. Al preguntarles por la principal causa por la que la gente se va, el 69.5 por ciento de la gente identificó el desempleo/falta de ingresos económicos y un 12.9 por ciento de la población se refirió a la violencia e inseguridad y un 13.3 por ciento identificó por igual la situación económica y la violencia.
El norte y sur de México colapsado
La primera reacción con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue positiva porque la lectura que se hacía en ese momento era el inicio de una gestión sobre las migraciones más humana. Se entregaron cerca de 15 mil visas humanitarias para que la ciudadanía migrante se moviera o buscara trabajo.
Sin embargo, ahora la realidad es distinta. Karla Rivas pone de ejemplo que en el tiempo que tiene la gestión de AMLO se redujo el presupuesto para el Instituto Nacional de Migraciones y la extensión de las visas humanitarias se volvió un trámite más complicado.
En una conferencia de prensa realizada en el mes abril, el mandatario mexicano argumentó que su gobierno intentaba proteger a los centroamericanos, pues en el norte del país muchos de ellos había sido víctimas de la delincuencia, por lo tanto las fronteras del sur sería las ideales para reagrupar a los migrantes. La medida fue extender una tarjeta de estancia temporal que les permite permanecer en el sureste del país y conseguir empleo.
La representante de la Red Jesuita con Migrantes, dice que en el fondo las políticas del gobierno mexicano es controlar los migrantes y que se queden en la frontera sur, para evitar que lleguen a la frontera con Estados Unidos.
México colapsó, ya no tiene capacidad de recibir a más migrantes y garantizarles una vida digna. Es por eso que los programas de apoyo a las personas migrantes, impulsados a inicios del gobierno de AMLO no se han mantenido.
Según estudios y reacciones de analistas la situación en Honduras cada vez es más precaria. Para Karla Rivas, la gente va a seguir saliendo, porque el contexto político, económico y de seguridad no es el mejor. Frente a la posibilidad de no poder obtener tranquilidad en el país, se está orillando a que la gente busque en un camino incierto e inseguro la posibilidad de tener una vida mejor.
KAOS EN LA RED -Publicado en: 23 mayo, 2019
Según el informe “Una Generación Fuera de la Escuela”, del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), el 56% de niños y niñas en edad escolar no puedan acceder a la educación, por la violencia, la pobreza y el desplazamiento forzado.
El documento afirma que la falta de instalaciones adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje también es un obstáculo para que los niños y las niñas puedan asistir a la escuela.
Entre 2015 y 2018 el NRC encuestó 3 mil 470 hogares de Tegucigalpa, Choloma y San Pedro Sula, con niños y niñas de 6 a 18 años de edad, y 2 mil 859 no estaban asistiendo a la escuela.
Sostiene el informe, que sólo en los 2 mil 261 hogares encuestados, entre el 2017 y el 2018, el NRC identificó a 5 mil 77 niños y niñas sin acceso a la educación, de esta cifra el 32% abandonó las aulas a los 11 años, momento en que debieron cursar el quinto grado de la educación primaria.
Aumenta la intención de migrar
El Informe detalla que de las personas cabezas de hogar, padres y madres de familia, encuestadas en el 2017, el 15% manifestó su intención de emigrar a otra región de Honduras o a otro país, pero en el 2018, “esta intención aumentó al 28%”, refiere el documento del NRC.
Cabe mencionar que desde el segundo trimestre del 2018, huyendo de la pobreza y de la violencia, miles de hondureños y hondureñas , acompañados de sus hijos menores de edad, comenzaron a salir masivamente con rumbo a Estados Unidos, para solicitarles refugio, a las autoridades norteamericanas.
Pero, además el informe señala que el 45% de las familias que han logrado obtener vivienda propia no tienen los documentos o títulos de propiedad que los acredite como dueños.
Los hogares encuestados por el NRC se localizan en 31 comunidades en Francisco Morazán, 58 de Choloma Cortés y 36 de San Pedro Sula, que fueron seleccionadas a través de los índices de violencia registrados en esos barrios y colonias y los datos de deserción escolar, que registran las Direcciones Distritales de Educación Pública.
Indica el documento que en promedio Honduras registra 5 personas por hogar y solo el 26% de esas familias cuentan con casa propia, el resto residen en habitaciones alquiladas o cedidas con escrituras, pero sin registro de propiedad.
De las viviendas encuestadas un 3% no tienen electricidad, el 51% no cuenta con recolección de basura y 61% no tiene alcantarillado. El 72% sí tiene acceso al agua potable, pero de manera racionada.
“Esta situación no inspira estabilidad”, indica el informe, que además define, que sólo el 36% de los jefes de hogares piensan vivir por tiempo prolongado, en el mismo lugar. El 18% no saben o prefieren no responder y 11% contempla mudarse a otro país, motivados por razones económicas, de violencia, de educación, salud y desastres naturales.
De los 4 mil 499 niños y niñas excluidas de la educación, según el NRC, el 55% son varones y el 45% niñas.
La pobreza y la violencia como factores
De acuerdo con el estudio del NRC, la pobreza influye mucho en la deserción escolar, porque muchas familias no pueden cubrir los gastos de alimentación, uniformes, transporte y demás necesidades que tienen las y los niños que van a la escuela.
Y a esa situación también se suma la violencia que existe en los centros escolares y el peligro que corren los niños y las niñas en el camino a los centros de estudio. El documento cita como ejemplo, el “embarazo de niñas por violencia sexual”.
De igual manera el informe señala también las deficiencias en la infraestructura y el modelo educativo, que no les permite a los educandos una flexibilidad en los horarios de las clases y la falta de apoyo para los estudiantes que viven en las comunidades violentas.
Riesgos que impactan negativamente
Para el RCN la deserción escolar profundiza la pobreza y facilita el reclutamiento de niños y jóvenes por parte de las bandas del crimen organizado, la explotación infantil, el embarazo precoz y la violencia sexual y de género.
Por tal razón entre otras acciones este informe le recomienda al gobierno proporcionar acceso a un entorno seguro de educación, asignar recursos suficientes al sistema educativo y evitar así que las bandas criminales financien actividades en las escuelas e incidan en su funcionamiento.
Como Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos, responsabilizamos al gobierno de Juan Orlando Hernández y a las autoridades de San Pedro de Tutule de cualquier acto de violencia en contra de las comunidades Nueva Alianza y 5 de Abril, así como de cualquier ataque que ponga en riesgo la integridad física de Sebastián Reyes, Luis Calis, o cualquier otro miembro de la CNTC. Desde distintos rincones del mundo expresamos nuestra solidaridad con la lucha de la CNTC y con el pueblo hondureño que resiste a la dictadura de Juan Orlando Hernández y las consecuencias de los regímenes neoliberales que han sumido a Honduras en la grave crisis de derechos humanos que vemos hoy en día. Desde distintos países de las Américas, Europa, y desde el pueblo Palestino les decimos no están solos.
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 Artículo 272
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