Source: http://en.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw6&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC199812090583.CODI.%29
Timestamp: 2019-05-24 14:55:35+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 583, de 09/12/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 583
DE RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA
celebrada el miércoles, 9 de diciembre de 1998
- Proyecto de ley de modificación de la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. (Número de expediente 121/000129.) ... (Página 17022)
- Proyecto de ley de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. (Número de expediente 121/000130.) ... (Página 17022)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. (Número de expediente 121/000131.) ... (Página 17022)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general. (Número de expediente 121/000132.) ... (Página 17022)
Página 17022
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de expediente 121/000133.) ... (Página 17022)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. (Número de expediente 121/000136.) ... (Página 17022)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. (Número de expediente 121/000133.) ... (Página 17027)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación (Número de expediente 121/000136.) ... (Página 17031)
- Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.. (Número de expediente 121/000131.) ... (Página 17033)
- Proyecto de ley de modificación de la ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. (Número de expediente 121/000129.) ... (Página 17034)
- Proyecto de ley de modificación de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. (Número de expediente 121/000130.) ... (página 17036)
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente 121/000129.)
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LALEY7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DEL RÉGIMEN LOCAL Y OTRAS MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO LOCAL, EN MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL Y EN MATERIA DE AGUAS. (Número de expediente 121/000130.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN. (Número de expediente 121/000131.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 121/000132.) - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000133.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000136.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión número 22 de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas.
El punto 1 del orden del día hace referencia a la ratificación de diversas ponencias designadas para informar el conjunto de iniciativas legislativas que con posterioridad vamos a debatir. Voy a someterlas a aprobación por asentimiento.
¿Dan SS.SS. su asentimiento para ratificar la ponencia de estos proyectos de ley? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. Así se aprueba.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL. (Número de expediente 121/000132.)
Página 17023
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al punto 2 del orden del día, para emitir dictamen sobre diferentes proyectos de ley. El orden en el que vamos a someter a discusión estos proyectos de ley, según acuerdo que ha adoptado la Mesa, es el siguiente. Comenzaremos por el punto número 10: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General; continuaremos con el punto número 11: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; seguiremos con el punto número 12: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley reguladora del derecho a la educación; continuaremos con el punto número 9: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión; el siguiente será el punto número 7: proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, y finalizaremos el orden del día con la discusión del punto número 8: proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local y otras medidas para el desarrollo del gobierno local en diferentes materias.
La Mesa ha calculado, señorías, que las votaciones tendrán lugar al finalizar la discusión de los diferentes proyectos de ley, de todos ellos, y no antes de la una de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Sin más, entramos ya en la discusión del primero de los proyectos de ley, que es el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Desde nuestro punto de vista, no hay inconveniente en aceptar el texto tal y como está redactado, ya que se trata de una reforma puramente técnica. Únicamente hemos presentado una enmienda de supresión del párrafo 5.°, dado que se podría desvincular el mecanismo de la moción de censura del de la cuestión de confianza, para eliminar esta limitación que establece el párrafo que es objeto de supresión por parte del Bloque Nacionalista Galego.
El resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto las damos por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV-EAJ), tiene la palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, señorías, el grupo al que represento, tal y como tuve ocasión de manifestar en el debate de totalidad, está conforme en líneas generales con el contenido de este proyecto de ley. Nos parece bien la nueva regulación que se da a las mociones de censura. Creemos que con las correcciones o los matices fruto de las enmiendas, en parte consensuadas ya en ponencia y en parte objeto de algunas transacciones que se nos acaban de ofrecer, va a quedar un texto aceptable. También nos parece adecuada la introducción de la cuestión de confianza y, asimismo, que se posibilite la aplicación de la cuestión de confianza por parte de los presidentes de las diputaciones y de los cabildos insulares.
No obstante, mi grupo mantiene enmiendas a este texto, ya que, al margen del contenido del proyecto, se suele manifestar por el señor ministro para las Administraciones Públicas que los nacionalistas decimos siempre lo mismo. A esto obedecen las enmiendas que presentamos, que han sido reiteradamente defendidas en esta Cámara en legislaturas anteriores cada vez que se han suscitado modificaciones de la Ley de Régimen Electoral General.
La manifestación que hacía y que nos atribuye el señor ministro, desde nuestra óptica es síntoma de coherencia con el propio mensaje, y cada vez que hay ocasión para ello debemos traer a la Cámara distintas cuestiones sobre la defensa de las competencias propias de las comunidades autónomas y de los territorios forales en materia de régimen electoral. En tal sentido, defenderé directamente las tres enmiendas presentadas.
La enmienda número 5 pretende adecuar el texto de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General a la vigente distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas según la propia Constitución y los Estatutos. Se trata de salvaguardar las competencias de las juntas electorales de comunidades autónomas en los procesos electorales sujetos a regímenes especiales autonómicos y forales, quedando delimitado claramente el ámbito competencial de las juntas electorales de la comunidad autónoma.
Es un hecho que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reformada en marzo de 1991, atribuye a la Junta Electoral Central una serie de nuevas competencias que reducen extraordinariamente las competencias de las juntas electorales en las comunidades autónomas, de tal forma que se configura una Junta Electoral Central como instancia unificadora única de toda la administración electoral, subordinando jerárquicamente a las juntas electorales de comunidades autónomas en contra de la independencia de funcionamiento de éstas en aquellas comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia electoral.
Creemos que el concepto de reforzamiento de las prerrogativas de la Junta Electoral Central que se contiene en esta ley orgánica no debe ser nunca, aunque se pretenda que es en aras de la defensa de los derechos generales de los ciudadanos, en menoscabo del complementario reforzamiento de las prerrogativas de las juntas electorales de la comunidad autónoma como órgano responsable de la vigilancia y garantía de los derechos generales de los ciudadanos en los procesos electorales autonómicos. Creemos, además, que esta enmienda no rompe el concepto que el Tribunal Constitucional ha dado de administración electoral integrada y global, elemento esencial del sistema jurídico compuesta por un complejo de órganos que han de intervenir en los procedimientos electorales por cuanto que así lo reconoce el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico sexto de la sentencia 154/88 en relación con la Administración Electoral integrada, cuando dice: tal integración no excluye que las comunidades autónomas puedan regular respecto de sus propias elecciones parlamentarias aspectos específicos de las juntas actuantes en su territorio. Creemos que la enmienda que defendemos salvaguarda esta previsión que el propio Tribunal Constitucional consagra.
La enmienda número 6 se refiere al apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General
Página 17024
y se propone modificar su actual contenido con idéntica finalidad a lo que anteriormente he sostenido; para que en las comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia electoral y en aquellas elecciones reguladas por ley aprobada por su asamblea legislativa respectiva, la Junta Electoral de Comunidad Autónoma, como órgano supremo de la Administración electoral autonómica sea la que culmine esta competencia electoral y resuelva los recursos que se formulen sin que en ningún caso se puedan interponer recursos ante la Junta Electoral Central contra los acuerdos que tome la Junta de Comunidad Autónoma.
Las juntas electorales de las comunidades autónomas deben configurarse en el ámbito de las elecciones autonómicas como los órganos superiores de la Administración electoral en la respectiva comunidad. Creemos que el tenor del actual artículo 21.1 entra en clara contradicción con el contenido de algunos preceptos estatutarios, en concreto citaré, porque es la referencia que mejor conozco, el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
Respecto del apartado 2 del artículo 21, me gustaría llamar la atención de SS.SS. puesto que aquí la cuestión es relativamente distinta. Creemos que de mantenerse el tenor actual de este punto 2 del artículo 21 puede haber una contradicción entre este precepto y la recientemente modificada Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. La introducción en el apartado 2 del artículo 21 del último inciso, tal y como nosotros proponemos, busca eliminar esta contradicción evitando que se genere una situación de indefensión que es inconstitucional, tal y como el Tribunal Constitucional ha aclarado en esta materia según el auto 1040/1986, de 3 de diciembre.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece un sistema de garantías jurisdiccionales, especialmente referidas a los actos de rectificación del censo del artículo 40, de proclamación de candidatos y candidaturas, artículo 49, y de proclamación de candidatos electos, artículos 109 a 120. Ello no quiere decir que tal sistema excluya toda otra clase de recursos jurisdiccionales en materia electoral, sino que los citados son de naturaleza específica y que los actos dictados en materia electoral, distintos a los señalados quedan sometidos al régimen general del recurso contencioso-administrativo según se deriva de lo establecido en el artículo 116.2 de la propia ley anteriormente vigente.
Entender otra cosa supondría crear un sector de inmunidad administrativa que es en todo punto incompatible con el principio de universalidad de la jurisdicción contencioso- administrativa y con las normas constitucionales que configuran el sometimiento de la Administración al control de los tribunales. Asimismo, si se aceptara la modificación que se propone en el artículo 21.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral se podrían evitar, vía recurso contencioso, que las juntas electorales competentes para resolver cuestiones idénticas, aunque referidas a procesos electorales distintos, adoptasen acuerdos diferentes, garantizándose por la vía jurisdiccional la unidad de criterios de interpretación y aplicación de las normas electorales.
La enmienda número 7 pretende únicamente salvaguardar el régimen electoral municipal de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Estatuto que he citado y el 37.3 del propio Estatuto de Autonomía para el País Vasco: Los territorios históricos de la comunidad autónoma gozan de competencia exclusiva en materia electoral municipal. Esta enmienda pretende reflejar el reconocimiento de esta competencia exclusiva estatutaria dentro del respeto y amparo de los derechos históricos de los territorios forales, cuya actualización ha de llevarse a cabo, según se establece, en el marco de la Constitución y del propio estatuto de autonomía. Debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia, que ya quedó fijada en la sentencia 76/1988, cuyo fundamento jurídico quinto afirma que las competencias exclusivas mantenidas en los apartados a) a e) y en el primer inciso del f) del artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco aparecen definidas como núcleo intangible por prescripción estatutaria del contenido del régimen foral. En esta línea doctrinal, el Tribunal Constitucional ha dictado además las sentencias 86/1988, 214/1989 y 140/1990 en las que se admite y preserva el carácter singular de los derechos históricos de los territorios forales y cuyos límites competenciales son los que la propia Constitución y el Estatuto señala. Creemos que no se contradice con ello en absoluto el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional 38/1983, y que muy al contrario se salvaguarda lo que fue querencia del legislador estatuyente con amparo en la propia Constitución.
Termino ante los gestos de desaprobación que se me hacen desde la Presidencia por la extensión de mis manifestaciones.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señora Uría, no se refería a usted.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: No iba a extenderme más, señor presidente.
Concluyo la exposición de las tres enmiendas a las que me he referido, volviendo a insistir nuevamente respecto de los grupos mayoritarios, singularmente del grupo que apoya al Gobierno, en la necesidad de que revise su postura respecto al punto 2 del artículo 21 por la posible inadecuación del tenor actual con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que entrará en vigor el próximo día 16.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Izquierda Unida mantiene vivas cuatro enmiendas a este proyecto y queremos justificarlas en el sentido de que para nosotros es destacable que la introducción de la cuestión de confianza en el ámbito local está íntimamente ligada a la aprobación de acuerdo de trascendencia para la corporación, como son la actual aprobación de planeamiento urbanístico, presupuestos, ordenanzas fiscales o el reglamento orgánico. En el futuro, y de no sufrir modificaciones este proyecto de ley, los que presidan las corporaciones locales podrán recurrir con suma facilidad a la cuestión de confianza cuando no cuenten con mayoría suficiente para su aprobación o para la aprobación de los asuntos anteriormente enumerados.
Nosotros creemos que esto es negativo, es una manera de coartar a las corporaciones que al final se van a ver obligadas
Página 17025
a presentar alternativas al alcalde para solventar cuestiones de discrepancias puntuales. La discrepancia puntual se puede solventar a través del diálogo, del consenso, pero nunca de esta manera, que es la de obligar a los grupos políticos a presentar alternativas por estas discrepancias puntuales. En todo caso, hemos mantenido cuatro enmiendas a este proyecto, todas ellas dirigidas a suprimir el artículo 197 bis, tanto en lo que se refiere a las corporaciones locales como a las diputaciones. Por tanto, doy por defendidas estas enmiendas por la motivación que he expuesto.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marcet i Morera.
El señor MARCET I MORERA: Mantenemos a este proyecto de ley cuatro enmiendas vivas, porque ya se han admitido algunas de nuestras propuestas.
Una de ellas tiene aparentemente un carácter menor, pero tiene importancia por su transcendencia política. Es la enmienda número 14 que hace referencia al mantenimiento de las facultades o del poder del alcalde para que en el momento en que se haya registrado una moción de censura queden vivas todas las competencias del alcalde durante un tiempo determinado y que sea éste, en uso de sus atribuciones, el que convoque el pleno. De esta manera, si transcurrido el plazo prudencial de diez días hábiles que se marca en la enmienda, no se convocara este pleno de forma automática como prevé el proyecto, el pleno se quedaría convocado para debatir y en su caso votar dicha moción. Aunque es una enmienda menor, tiene la trascendencia de dejar al alcalde con todas sus facultades para que sea él de acuerdo con los poderes que tiene al amparo de la Ley de Bases de Régimen Local y de la Ley Electoral cuando regula la moción de censura, el que pueda llevarlas a término.
El segundo grupo de enmiendas está constituido por las números 18, 19 y 20. Tratan de un solo concepto, aunque se refiera a artículos distintos, ya que plantea un sistema o una fórmula de cuestión de confianza distinta de la que se prevé en el proyecto, distinta en la medida en que la pretensión de nuestro sistema de cuestión de confianza es que no se produzca un vacío de poder, que haya una cadencia lógica en lo que es la presentación de la cuestión de confianza y, en su caso, la continuidad o no, de acuerdo con la votación o con el sistema que se plantea del alcalde que formula la cuestión de confianza.
Si dejáramos el texto tal y como está previsto en el proyecto de ley, entraríamos en una situación de inestabilidad porque de prosperar una cuestión de confianza se debería iniciar, de acuerdo con lo previsto en el proyecto de ley, el mecanismo de elección del alcalde que comienza después de todo proceso electoral.
Nos parece mucho más lógico introducir esta conexión entre cuestión de confianza y moción de censura constructiva, es decir, con candidato alternativo, que prevé que en caso de que prospere la cuestión de confianza o moción de censura, que es en un iter casi continuado, automáticamente quede investido un nuevo alcalde. Es un sistema que planteamos para los ayuntamientos, para los cabildos y para los presidentes de diputación, tal como las tres enmiendas 18, 19 y 20 se refieren a los tres tipos de corporaciones locales en los que es posible realizar este tipo de cuestión de confianza. Este es el objetivo de las enmiendas, perseguir la estabilidad, la gobernabilidad de los ayuntamientos, de los cabildos, de las diputaciones. Es más coherente, tiene más lógica el buscar esta continuidad y el que haya un alcalde ya investido para no entrar en períodos, que pueden ser largos, de interinidad de alcaldes accidentales hasta que se pueda o no elegir un nuevo alcalde. Si vinculamos la cuestión de confianza -regulación que nos parece necesaria, al contrario de otros grupos- a la presentación de una moción de censura con candidato alternativo después de la presentación de la cuestión de confianza, nos parece más lógico en su concepción.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular y me cabe la satisfacción de defender la iniciativa del Gobierno, tanto de las enmiendas como del proyecto que presenta el Grupo Parlamentario Popular, en relación a la modificación del proyecto de ley orgánica del Régimen Electoral General, y ser ésta una de las partes más importantes de la exposición, porque ha transcurrido un largo período de tiempo desde que se empezó a debatir la necesidad obligada de llevar a cabo un gran pacto local en la asamblea extraordinaria que se celebró en La Coruña en 1993, hasta que el pasado 17 de julio en que fue presentado por el Ministerio de Administraciones Públicas y aprobado en Consejo de Ministros el presente proyecto.
Es cierto que venían siendo reguladas las mociones de censura, pero en base a criterios jurisprudenciales. Se establece por primera vez en un texto jurídico una nueva regulación de la moción de censura que se puede interponer en un momento determinado a un alcalde, a un presidente de diputación o a un cabildo, medida que refuerza de forma profunda la democracia local. Se introduce también en esta iniciativa jurídica la cuestión de confianza vinculada a proyectos concretos que se debaten en la vida municipal, como son la aprobación del reglamento orgánico, los presupuestos de una corporación o de una diputación o de un cabildo, de las ordenanzas fiscales y la aprobación que pone fin a la tramitación municipal de los instrumentos del planeamiento general en el ámbito municipal, todos ellos de gran importancia. Por tanto, hemos estudiado muy seriamente todas y cada una de las enmiendas que se han presentado por los distintos grupos y desde el grupo parlamentario al que represento se ha hecho un esfuerzo serio para llevar a cabo transacciones que mejoran notablemente la ley, por lo que es para mí una satisfacción decir que gracias a esa mejora el texto quedará notablemente mejorado.
Paso a proponer una enmienda transaccional sobre lo que ha sido el punto más importante de las enmiendas 18, 19 y 20 en la consideración del Grupo Socialista. Si bien ya han sido aceptadas por el informe de la ponencia otras enmiendas conocidas por los distintos grupos parlamentarios que están en esta Cámara, es importante decir que en
Página 17026
relación a las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista mi grupo propone una enmienda transaccional en relación al artículo 197 bis, apartados 3 y 5, que no sólo ofrezco al Grupo Socialista, sino al resto de grupos que integran la Cámara. El punto de vista del Grupo Socialista en cuanto a la presentación de una cuestión de confianza por parte del alcalde, del presidente de la diputación o del órgano local del que se trate en ese momento, establecía una especie de doble vuelta, aumentaba la posibilidad de cuestiones de confianza que pudiera presentar un alcalde y también ampliaba las mociones de censura que en un momento dado se pudieran plantear en el ámbito local.
Reconozco el esfuerzo del Grupo Socialista y me gustaría leer el apartado 3 del artículo 197 bis para que sea sometido a la apreciación de todos los grupos que intervienen y tengan conocimiento detallado.
En el apartado 3 del artículo 197 bis se propone que para la presentación de la cuestión de confianza será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. Con ello quizá limitamos la posibilidad de que, planteada una cuestión de confianza, si ésta no hubiera sido debatida en el pleno, quedara aprobado de alguna forma el punto esencial que fue sometido, es decir los presupuestos o las ordenanzas fiscales. Creo que con ello mejoramos notablemente la ley.
En relación al apartado 5 de este mismo artículo que acabo de mencionar, proponemos una enmienda transaccional cuyo tenor es el siguiente: La previsión contenida en el número anterior no será aplicable cuando la cuestión de confianza se vincule a la aprobación o modificación de los presupuestos anuales. En este caso se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto si en el plazo de un mes desde que se votara el rechazo de la cuestión de confianza no se presenta una moción de censura con candidato alternativo a alcalde o si ésta no prosperara. A estos efectos no rige la limitación establecida en el apartado 2 del artículo anterior. Creemos que en ese mismo tenor queda notablemente mejorado este artículo en cuanto a que se regula de una forma más minuciosa y detallada este apartado número 5.
Me gustaría pasar brevemente por el resto de las enmiendas presentadas por otros grupos. En relación a las enmiendas 1 a 4 de Izquierda Unida, que proponía la supresión total del artículo 197 bis, es decir, la supresión de la cuestión de confianza que pudiera presentar al Pleno en un momento determinado cualquier órgano dirigente del Gobierno local, nos parece que sería dejarlo vacío de contenido. En la justificación, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos dice que es mejor el consenso, y es verdad. Siempre es mejor el consenso en cuanto a los acuerdos que se puedan llevar a cabo en un determinado ámbito, tanto sea local, como en la comunidad autónoma, como en esa misma Cámara legislativa, pero hay cuestiones que es necesario regular y que no se pueden dejar a la espera de un determinado consenso. Deber ser la ley la que plantee la posibilidad de establecer estas cuestiones, independientemente de que se haya trabajado por ese consenso para lograr los mejores acuerdos en la vida local.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco, tenemos que decir que las números 5 y 7 quedan fuera del ámbito de reforma de la ley orgánica del Régimen Electoral General y que sin duda plantearían una supresión o modificación de la disposición adicional en cuanto a las competencias concedidas a las comunidades autónomas que no las tienen en materia local.
En cuanto a la enmienda número 6, creemos sinceramente que, al tratarse de una materia justamente procesal, queda también fuera del alcance del proyecto de reforma de esta ley orgánica.
En relación a la enmienda número 21 presentada por el Bloque Nacionalista Galego, yo creo que fue un lapsus, pero no hay una justificación cuando se nos dice que se pretende la supresión del apartado 5 del artículo 197. Por tanto, entendemos que queda un poco abstracto, pero en cualquier caso se aparta notablemente del espíritu, de las motivaciones y de las consideraciones que defiende el grupo parlamentario que represento.
Para terminar, quisiera resaltar el esfuerzo que ha habido por parte de todos los grupos parlamentarios. En un texto de la importancia de esta cuestión que estamos debatiendo es importante siempre que se sustancien enmiendas objeto de transacción que mejoran notablemente el texto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marcet.
El señor MARCET I MORERA: Me voy a referir a la transacción que la señora Montseny acaba de plantear. Tengo que decir, en nombre del Grupo Socialista, que valoramos de forma importante el esfuerzo que se ha realizado no solamente en este momento, sino también en el trámite de ponencia, al incorporar las propuestas de otros grupos y la enmienda transaccional que se nos ofrece en este momento. Quiero insistir en que nuestro planteamiento sobre la cuestión de confianza tiene sentido coherente por sí mismo y que la aproximación que ofrece el Grupo Parlamentario Popular en esta transacción, que, como digo, valoramos notablemente, no nos satisface completamente.
Entendemos que en el trámite de Comisión no necesitan nuestra aceptación explícita para poder incorporar esta enmienda transaccional al dictamen que surja de esta Comisión. Pero nos comprometemos, de aquí al Pleno, a estudiar la posibilidad de retirar nuestras enmiendas, si esta enmienda transaccional es incorporada, o si ellos prefieren a mantener para el debate de pleno la posibilidad de mayores aproximaciones porque valoramos, insisto, muy notablemente el esfuerzo realizado. Cualquiera de los dos caminos que se escoja nos es indiferente, pero quisiéramos tomarnos un tiempo de aquí al debate plenario para considerar con mayor profundidad esta transacción que se nos ofrece, bien sea retirando nuestras enmiendas si ahora se incorporase al dictamen de Comisión la enmienda transaccional, que puede hacerse perfectamente, bien sea, si no se incorporase ahora, cuando esto se debata en Pleno, viendo la posibilidad de mayor aproximación en lo que es esta concepción de la cuestión de confianza.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate sobre este proyecto de ley orgánica, cuyas votaciones se realizarán al final de la discusión de todos los temas, a partir de la una del mediodía.
Página 17027
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 2/1979, DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 121/000133.)
El señor PRESIDENTE: Acontinuación, pasamos, sin más, al debate del punto siguiente: Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
Permanecen vivas algunas enmiendas de diversos grupos parlamentarios.
El representante del Grupo Parlamentario Mixto ha tenido que ausentarse por la coincidencia con otra Comisión que se está celebrando en estos momentos en otra sala de la Cámara.
El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) mantiene viva una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Manifestamos, en nombre del diputado que representaba al Grupo Mixto, que acaba de ausentarse, el mantenimiento de todas sus enmiendas, porque, como ha dicho el presidente, está en este momento en otra Comisión que le requería con urgencia.
Respecto de la ley orgánica cuya modificación propone el proyecto que ahora analizamos, el grupo que represento debe manifestar que es consciente de la dificultad que puede tener trasladar a un texto legal la defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional, largo tiempo solicitada por las propias entidades locales y las distintas asociaciones que las representan. Me quiero referir también a la actitud modélica que a este respecto, en la elaboración del texto, ha mantenido el Ministerio del que procede la iniciativa, puesto que han sido muy numerosas las reuniones en las que se ha unido a los representantes de los partidos políticos, de las asociaciones municipales y de la doctrina más autorizada, como suele decirse en estos casos, intentando establecer todos los problemas posibles y barajar alternativas en la regulación, e incluso dieron lugar a la celebración de interesantísimas jornadas.
El texto que se ha presentado a nuestra consideración nos parece aceptable, siendo conscientes, repito, de las dificultades y de las críticas que esta iniciativa pueda suscitar en cuanto al número de asuntos que en este momento puedan llegar a presentarse sobre la mesa del Tribunal Constitucional.
De otra parte debe tenerse en cuenta que la autonomía local tiene también reconocimiento constitucional. Es lógico y sensato pensar que este ámbito de autonomía tenga defensa ante el propio Tribunal Constitucional cuando distintas disposiciones puedan atacarla.
Nos satisface especialmente la inclusión, dentro del propio texto presentado por el Gobierno, de la disposición adicional cuarta, en la que se salvaguardan las especificidades del estatuto de autonomía vasco cuando se dice que los conflictos de competencias que se susciten entre las instituciones comunes de la comunidad autónoma vasca y las de cada uno de los territorios históricos se van a regir por el artículo 39 del estatuto, y se residenciarán en la denominada comisión arbitral, institución propia dentro de nuestra articulación interna.
Igualmente el punto 2 establece que en la comunidad autónoma vasca, a los efectos del artículo 75 ter, estarán legitimadas directamente las correspondientes juntas generales y las diputaciones forales de cada territorio histórico cuando la norma de que se trate, que sea recurrible, afecte directamente a dicha comunidad autónoma.
La enmienda que mantenemos, única que tenemos presentada al texto, hace referencia al reverso de lo sostenido en esta disposición adicional cuarta. Aquí se trata de la legitimación activa de los territorios históricos mientras que la enmienda que nosotros presentamos como número 2 hace referencia a la legitimación pasiva, es decir, a los supuestos en los que lo que se recurre sea una norma emanada por las juntas generales de los territorios históricos o una norma con rango reglamentario emanada de las diputaciones forales.
Quisiera explicar con claridad a qué se refiere el contenido de esta disposición, puesto que, en relación con preceptos que son paralelos o igualmente referidos a las competencias de las juntas generales o de las diputaciones forales, en los últimos tiempos se ha venido manifestando que queremos convertir la comunidad autónoma vasca en cuatro comunidades autónomas, es decir, tres correspondientes a los tres territorios históricos, más la cuarta que sería la propiamente denominada comunidad autónoma. Respecto de esto quisiera manifestar a SS.SS. que ello no es así en absoluto porque sí existe un núcleo intangible de la foralidad que tiene reconocimiento constitucional y estatutario respecto del cual las únicas competentes para aprobar las disposiciones referidas a esas materias son las juntas generales de los territorios históricos. Lo que en la actualidad se está tramitando en la Cámara como ley -ley, repito, del impuesto sobre la renta de las personas físicas- no puede ser aprobado por el Parlamento vasco porque las instituciones comunes carecen de competencia para ello. Las normas referidas a tributación, por haberlo consagrado así la propia Constitución y el estatuto de autonomía, se aprueban por las juntas generales de los territorios históricos. Lo mismo ocurre con otras materias como, por ejemplo, carreteras o montes. Es decir, todo lo que las juntas generales aprueban es materialmente contenido de ley. La diferencia entre las juntas generales y el Parlamento vasco no es de rango jerárquico sino de ámbito competencial. Hay determinadas materias respecto de las cuales el Parlamento vasco no puede normar porque así se ha querido en la articulación interna de la comunidad autónoma, manteniendo la salvaguarda de las materias forales y, sin embargo, sí lo pueden hacer las juntas generales.
El gran dato que aporta claridad a cuanto estoy exponiendo es el de que las normas forales en determinadas materias desplazan a leyes y cubren la reserva de ley, y así lo tiene reconocido el Tribunal Constitucional; materias que requieren norma con rango de ley se regulan por norma foral y desplazan la aplicación de leyes en el ámbito propio de la comunidad autónoma.
Me referiré a una circunstancia que puede aclarar lo que pretenden estas enmiendas poniendo un ejemplo que felizmente no se ha producido. En la reciente campaña a las elecciones en la comunidad autónoma vasca un partido político de ámbito alavés concurría con un slogan en el que se decía: Álava como Navarra. Es decir, que pretendían el
Página 17028
desgaje -o así por lo menos podía entenderse- del territorio histórico de Álava respecto de la comunidad autónoma vasca. En este caso la actual norma foral que se está tramitando en las juntas generales de Álava respecto del impuesto sobre la renta, que ahora tiene rango reglamentario y se recurre ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de haberse producido el supuesto que llevaba en su programa este partido, ocurriría que idéntica norma, de convertirse en comunidad unipersonal, se residenciaría en el Tribunal Constitucional. Creemos que una circunstancia de este tipo no debe hacer variar cuál sea la competencia propia en una determinada materia. Si lo que aprueban las juntas generales -repito- es materia reservada a ley, desplaza a leyes y cubre la reserva de ley, creemos que debe tener idéntico carácter en cuanto a sus revisiones, por lo que debe residenciarse tanto en lo activo como en lo pasivo en el Tribunal Constitucional. Tal es la pretensión que se contiene en lo que sostenemos como enmienda número 2, que por supuesto mantenemos y deseamos que sea sometida a votación.
Respecto del resto, nos sometemos a lo que es el consenso general, si bien manifestamos que nos gustaría apoyar la enmienda numero 4, de ser mantenida por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en los propios términos en los que así se expresa.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
La señora GIL I MIRÓ: Señorías, ante todo querría remarcar el talante dialogante y participativo del Ministerio en el proceso de elaboración de las diversas leyes que hoy se debaten, y también la predisposición a la búsqueda de consenso de los ponentes de los diversos grupos políticos sobre aquellos puntos fundamentales para la garantía de la autonomía local.
Paso a defender las enmiendas 4 y 5 que mi grupo mantiene vivas. La enmienda número 4 atañe a la redacción propuesta del artículo 75.5, que consideramos inadecuado en relación con el objeto de la acción prevista y con la misma forma en la que se establece la atribución de competencias a los entes locales.
Debería recordar al respecto la muy conocida sentencia y del Tribunal Constitucional 214/1989, sobre la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 7/1985, de bases de régimen local, que ante la impugnación de la Generalitat al artículo 20 (aquélla que, como quizá ustedes recordarán, concreta el alcance de la garantía constitucional de la autonomía local) hace consideraciones que abundan, a nuestro entender, en el contenido de nuestra enmienda, en especial cuando afirma que si la ley básica del Estado invadiera competencias o lo hiciera la ley autonómica, sólo le correspondería al Tribunal Constitucional ponderar si aquellas competencias son necesarias, aseguran o perjudican, en su caso, la autonomía local. No nos parece respetuoso con el bloque constitucional que las competencias locales puedan ser atribuidas por la vía del Tribunal Constitucional cuando el mismo texto constitucional ha delimitado las pertinentes normas de naturaleza competencial del Estado y las comunidades autónomas, y la atribución sólo por éstas a las entidades locales, tal como ha insistido repetidamente la misma jurisprudencia constitucional.
Por ello, proponemos limitar el contenido dispositivo de la posible sentencia del Tribunal Constitucional a la declaración de la existencia o no de una vulneración de la autonomía local y a resolver, si es el caso, lo que proceda en relación con las situaciones de derecho o de hecho creadas en lesión de esta misma autonomía local.
En cuanto a la enmienda número 5, nosotros proponemos añadir una nueva disposición adicional quinta al texto de la modificación.
Nuestra lectura del título VIII de la Constitución, en lo que respecta a la autonomía de la provincia, coincide con la de prestigiosos estudiosos. Para nuestro grupo, la garantía institucional de la autonomía local se entiende como la provincia en cuanto a ente local definido como agrupación de municipios. Si esta modificación de la ley incluye a las provincias como sujetos actuantes en defensa de su autonomía, y si la Constitución española posibilita la creación de otros tipos de asociación de municipios no superpuestas a aquéllas (como es en el caso, por ejemplo, de las comarcas catalanas que gozan también de autonomía por su condición de entes locales), creemos que las comarcas deben incluirse como sujetos actuantes en esta modificación del Tribunal Constitucional, o bien que las provincias deberían excluirse, ya que de otro modo habría una discriminación estentórea.
Deberíamos recordar al respecto y considerar que las competencias provinciales definidas por la Ley de bases de régimen local, en especial coordinación, asistencia, cooperación y prestación de servicios supramunicipales, y fomento de los asuntos locales en su ámbito territorial, son también las propias y han sido las asumidas por las comarcas catalanas. Si en el caso de las provincias es por estas funciones atribuidas por lo que se las considera como agentes de recurso ante el Tribunal Constitucional, no debería existir duda alguna de que en Cataluña las comarcas deberían tener también la capacidad y legitimación equivalente a las provincias en esta modificación que se propone de la Ley del Tribunal Constitucional, ya que gozan de garantía constitucional y estatutaria.
Es por todo ello por lo que pedimos el voto favorable de los distintos grupos políticos a nuestras enmiendas 4 5.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda que permanece viva del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Marcet i Morera.
El señor MARCET Y MORERA: Quiero iniciar mi breve intervención señalando, como se ha dicho por parte de algún otro interviniente, mi total satisfacción por el gran esfuerzo que se ha realizado ya en la fase de ponencia para incorporar, en la medida de lo posible, las enmiendas que mejoran notablemente el texto del proyecto que nos remitió el Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular y los demás grupos presentes en la ponencia hemos hecho un esfuerzo de aproximación más que notable. Por ejemplo, respecto a algunas de las enmiendas que para nosotros eran consideradas fundamentales para dar nuestro voto favorable a este proyecto, como la supresión del término «básicas»
Página 17029
en el apartado 1 del artículo 75 bis, o bien modificar el porcentaje de municipios necesarios para poder interponer el recurso, llegando a una solución intermedia que aceptamos perfectamente, y también sobre algunas enmiendas de calado técnico que mejoran notablemente el texto. Nos parece importante resaltar el clima de búsqueda de acuerdo y de consenso que se ha realizado hasta el momento en la tramitación de este proyecto de ley.
Como decía el presidente, queda viva una enmienda que, según consta en el informe de la ponencia, está a resultas de un informe que el letrado de la Comisión debería realizar sobre la ubicación más correcta, desde el punto de vista sistemático de lo que plantea la enmienda, que es suprimir una alusión al artículo 3 y pasarlo al artículo 38.2. Es decir, hay una alusión sobre los conflictos en defensa de la autonomía local, de cómo están ubicados en el marco de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y lo único que querríamos que se aclarase es si se ubica tal como está en el proyecto de ley o se considera la enmienda que ha planteado el Grupo Socialista, cuya referencia está suficientemente recogida en el artículo 75, apartados quique y sexto, para que produzca el mismo efecto que se plantea en el artículo 38. Es una cuestión de carácter menor, porque es la ubicación de una previsión en el transcurso del procedimiento a realizar en este trámite referente a los recursos, que se plantean por primera vez ante el Tribunal Constitucional. Con esto doy por concluida mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Se me informa que el informe al que se ha referido en su intervención sí está realizado a través de una nota de urgencia que lleva fecha de uno de diciembre.
Tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que hoy se está debatiendo es una de las abundantes medidas legislativas en orden a potenciar las entidades locales en España, que precisamente se están tramitando ahora. En este contexto donde se modifican otras leyes, igualmente objeto de debate en esta Comisión, quiero destacar que todas ellas pretenden dar un mayor vigor a las entidades locales y atribuirles un reconocimiento más fuerte de lo que suponen en la organización territorial del Estado. Sin embargo, y sin menospreciar en modo alguno las otras reformas legislativas que estamos tramitando, lo cierto es que la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional no es simplemente una medida más, sino tal vez la de mayor significación, no tanto desde un punto de vista práctico, que lo puede tener, pero sí desde la concepción que subyace y también desde el momento en que se está modificando una de las leyes más importantes de nuestro sistema constitucional. Es la segunda reforma que se lleva a cabo de esta ley en los 20 años de vigencia.
Así como la anterior reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional no se hizo con el debido acuerdo parlamentario, aunque sí por las legítimas reglas de la mayoría, ésta que estamos tramitando ahora se ha elaborado de una forma diferente y se está propiciando un notable ambiente de consenso. Desde el Gobierno, autor de la iniciativa legislativa, se impulsó en fase de anteproyecto un amplísimo debate entre las distintas fuerzas políticas con notable participación del sector académico, tanto administrativista como constitucionalista. Quiero recordar especialmente las reuniones en las que hemos participado muy diversos portavoces en el foro del INAP. Con ello se pretendía buscar un mayor acercamiento a nivel doctrinal para ver cuáles eran los procedimientos más adecuados, al igual que propiciar el encuentro y el diálogo entre todos los grupos parlamentarios. Esa fase de elaboración y de diálogo tuvo lugar, tanto en la redacción del anteproyecto, como después en sede parlamentaria y particularmente en la fase de ponencia, en la cual fueron aceptadas la mayoría de las enmiendas que se presentaron a este texto, en las que se pretendía mantener los criterios que no habían sido incorporados en el anteproyecto.
Pese a que es el legislador ordinario quien ha de dotar de contenido efectivo, es indudable que el principio de la autonomía local está constitucionalmente consagrado y garantizado. Sin embargo, pese a que la Carta Magna consagra el principio de la autonomía local, lo cierto es que en estos momentos no existe en nuestro ordenamiento jurídico un mecanismo mediante el cual las entidades locales pudiesen por sí mismas, sin necesidad de depender de otras entidades, proteger ante el intérprete supremo de la Constitución ese principio importante que, reitero, recoge la propia Constitución. Este resultado de la ausencia de vías adecuadas era un tanto paradójico para esa autonomía local. En todo caso, es precisamente lo que se lleva a cabo en esta reforma: colmar la laguna que existe en nuestro ordenamiento jurídico y diseñar con las debidas garantías, con el debido respeto a la jurisprudencia y a los propios criterios del Tribunal Constitucional, un mecanismo de acceso a estas entidades o los titulares de la autonomía local al Tribunal Constitucional.
No puedo ser ajeno a la idea de que ello no era tarea fácil, pues esa labor, no sólo tenía que realizarse con espíritu de consenso, sino también con pleno respeto a las posibilidades que podía dejar abiertas a tal fin el propio texto constitucional. En ese sentido, se examinaron con detalle, ya en fase de anteproyecto, las diversas posibilidades de encajar las pretensiones indicadas en las distintas vías de acceso existentes hasta el momento. Así, respecto al recurso de inconstitucionalidad, entendíamos que no podía realizarse una ampliación de la legitimación atribuida directamente por la propia Carta Magna. Por lo que se refiere a la cuestión de inconstitucionalidad, la pretensión que teníamos chocaba con el artículo 163, cual es la prejudicialidad estricta con que está concebido este procedimiento y el carácter no vinculante de las alegaciones de las partes para el órgano jurisdiccional que plantea la cuestión. En tercer lugar, tampoco podía utilizarse ni ampliarse un conflicto de competencias para acoger controversias distintas a aquellas solicitadas entre el Estado y las comunidades autónomas o las comunidades autónomas entre sí.
Por otra parte, el recurso de amparo estaba delimitado exclusivamente a la tutela de los derechos y libertades de los artículos 14 a 30 de la Constitución, lo que impediría utilizar esta figura para acoger la tutela de la autonomía local. La única vía era diseñar un nuevo procedimiento, alamparo del artículo 161.1 d) de la Constitución, que atribuya
Página 17030
competencias a este órgano -al Tribunal Constitucional- para conocer de las demás materias que le atribuyen la Constitución o las leyes orgánicas.
Este nuevo procedimiento, precisamente sobre esta base, fue avalado por el Consejo de Estado en su dictamen de 18 de junio del presente año, del cual incluso se tomaron algunas sugerencias recogidas después en el proyecto de ley que el Ejecutivo remitió a esta Cámara.
Así se diseñó un procedimiento denominado conflicto en defensa de la autonomía local, principio éste -quiero repetirlo de nuevo- consagrado en la propia Constitución.
Son objeto de este procedimiento las normas del Estado con rango de ley o las disposiciones con este rango de las distintas comunidades autónomas que lesionen la autonomía local, configurando un conflicto que desembocará en una sentencia exclusivamente destinada a fijar la titularidad de la competencia controvertida.
En cuanto a la legitimación, sólo se reconoce a los municipios y provincias afectados, al ser éstas las únicas entidades locales cuya autonomía está reconocida de forma expresa en el artículo 137 de la Constitución. Por esta razón no aceptamos la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Catalán. Las comarcas tienen reconocimiento jurídico en Cataluña y en otras comunidades autónomas, pero no tienen legitimación expresa en el texto constitucional. De lo contrario, se podría ir ampliando indefinidamente el número de entidades que pudieran ostentar tal legitimación, atribuyéndola no sólo a las comarcas, sino también a otro tipo de agrupaciones, como mancomunidades, áreas metropolitanas, etcétera. El Tribunal Constitucional ha venido delimitando la garantía de autonomía local a los entes locales primarios, como resulta de la sentencia 214/1989, excluyendo a las agrupaciones de municipios, las comarcas o las denominadas entidades locales menores.
No se trata de que, de forma indiscriminada y abierta, cualquier entidad local constitucionalmente reconocida pueda acceder al Tribunal Constitucional, pueda tener legitimación. Se trata de hacer una ponderación facultando no sólo a los municipios y provincias directamente afectados, sino también a un determinado porcentaje suficientemente representativo. No debe olvidarse -y quiero resaltarlo- que el objeto del procedimiento es la defensa de la autonomía local como principio constitucionalmente garantizado y no los intereses locales considerados de forma aislada.
En una transacción en el trabajo de Ponencia se ha llegado al acuerdo que aparece en el informe emitido, legitimando a los municipios en número de un séptimo que representen un sexto de la población, además de a las provincias que representen la mitad de las afectadas y que supongan igualmente la mitad de la población.
Evidentemente, y por las razones expuestas, las asociaciones de municipios no pueden tener legitimación, por lo que no aceptamos la enmienda 16 de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya-Els Verds, sin perjuicio de que ofrezcamos una enmienda in voce que hubiéramos querido ofrecer en Ponencia, pero no fue posible por la ausencia del representante de esta coalición. La ofrecemos hoy, aunque persiste la ausencia, dado que así se quedó en las numerosas conversaciones que han tenido lugar entre representantes de distintos partidos políticos.
Esta enmienda in voce a la número 16, que pondré a disposición de la Presidencia y la Mesa, sería del siguiente tenor: Las asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados, a fin de facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de tramitación del presente conflicto.
En cuanto al procedimiento, no se contempla la necesidad de requerimiento, dado que el objeto del conflicto es una ley o una norma con rango de ley y, por tanto, es una fuente normativa indisponible para el órgano administrativo al que debería efectuarse el supuesto requerimiento.
Quisiera señalar sin mucha fundamentación que, para evitar conflictos, se requiere el acuerdo plenario por mayoría absoluta y se exige el dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, por su función de depuración jurídica de planteamientos infundados. Rechazamos, en ese sentido, la enmienda número 7 del Bloque Nacionalista Galego. En la fase de Ponencia se ha ampliado el plazo para solicitar el dictamen de dos a tres meses.
Por lo que se refiere a los efectos de la sentencia, rechazamos la enmienda número 6 de CiU. En efecto -y en ese sentido tiene razón su portavoz-, la atribución de competencias de las entidades locales corresponde al legislador, tanto estatal, respecto a la normativa básica, como ordinario, frecuentemente el legislador autonómico en el ámbito de sus propias competencias. Sin embargo, tal y como ha señalado la jurisprudencia constitucional, corresponde en último término al Tribunal Constitucional ponderar en cada caso si las competencias atribuidas a los entes locales son o no necesarias para asegurar su autonomía, o si se respetan las competencias mínimas garantizadas por la normativa básica estatal para las entidades locales.
No aceptamos la enmienda 8 del Bloque Nacionalista Galego, toda vez que entendemos que no se puede suprimir el párrafo sexto del artículo 75 quinque.
Respecto a la enmienda número 2 del PNV sobre las normas forales, solamente quiero remitirme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su auto 1021/1987, de 22 de septiembre, en el cual, a raíz del planteamiento hecho por la Diputación Foral de Vizcaya en un recurso de inconstitucionalidad contra una ley del Parlamento vasco, rechaza la posibilidad que pretende abrir ahora, legítimamente sin duda, el Partido Nacionalista Vasco.
Para concluir, señor presidente, quisiera recordar que en la elaboración del anteproyecto, en el documento que remitió el Gobierno al Congreso, se recogieron diversas sugerencias fruto de las múltiples reuniones que se celebraron entre todos los grupos políticos. Nosotros, como ponentes parlamentarios, hemos seguido en esa línea de diálogo hasta tal punto que, de las catorce enmiendas que se presentaron, apenas cinco llegan vivas a este trámite. Ello es manifestación del espíritu de consenso, manifestación, a su vez, del espíritu constitucional.
Procederé a entregar al presidente la enmienda in vocecitada.
Página 17031
El señor PRESIDENTE: Se lo ruego, señor López Medel.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 8/1985, DE 3 DE JULIO, REGULADORADELDERECHO ALAEDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000136.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate del punto tercero, sobre el proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación.
Hay enmiendas vivas de diversos grupos parlamentarios. Como no está presente la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Gil i Miró, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de su enmienda, si así lo desea.
La señora GILI MIRÓ: Señorías, tomo la palabra para defender nuestra enmienda número 5 a la modificación de la ley orgánica reguladora del derecho a la educación, por la cual pretendemos dotar de mayor representatividad al Consejo Escolar del Estado con la participación de asociaciones de municipios de ámbito territorial de una comunidad estrictamente.
Creemos que la casi simultánea promulgación de la Ley de bases de régimen local y de la Ley reguladora del derecho a la educación impidió adecuar la composición del Consejo Escolar del Estado a la necesaria participación de las comunidades locales, dada su especial relación y responsabilidad en la educación de la población escolar del municipio. No ocurrió así en el Consejo Escolar de Cataluña que, desde su constitución, tiene como miembros especialmente activos a representantes de las dos asociaciones de municipios existentes.
Nos parece necesaria la enmienda que establece la efectiva participación de las asociaciones de municipios en el Consejo.
Creemos, y por ello lo proponemos, que aquélla debe hacerse extensiva a las asociaciones mayoritarias de municipios de ámbito autonómico.
Este es un tema pendiente que tiene un cierto olor a naftalina centralista. La visión de los 20 años transcurridos permite conocer la realidad de la organización político-territorial del Estado español, que ya es adulta, y obligar a todos los grupos políticos y al Gobierno a asumirla.
La legítima participación de la federación de ámbito estatal en el Consejo no debería excluir la de aquellas asociaciones de ámbito estrictamente autonómico, que son mayoritarias representativamente también en aquél. En el discurso público de los distintos grupos políticos el concepto de Estado español se adjetiva de manera universal como Estado compuesto asimétrico, pero la concreción de este discurso no se adecua a la realidad, de tal manera que los órganos de participación en asuntos generales de ámbito estatal específico deberían incluir aquella complejidad, porque ya es una realidad que la organización territorial y política del Estado no supone una simple desconcentración o descentralización sino que es el establecimiento de comunidades que se autogobiernan, y dos de ellas, las que originaron la existencia del título VIII, Cataluña y Euskadi, tienen a su vez asociaciones de municipios de ámbito estrictamente nacional, vasco y catalán, mayoritarias en número de municipios asociados. Si debemos suponer -y ustedes lo deben suponer- que las comunidades autónomas son parte del Estado español, los asuntos de índole educativa local de interés del Estado también lo son de Cataluña, en algún grado y, si Cataluña es Estado y tiene una asociación mayoritaria de municipios en su territorio, creemos que esta asociación debería formar parte también del Consejo Escolar del Estado. Por ello espero que, consecuentes con su creencia de que las comunidades autónomas son Estado, darán ustedes su voto favorable a nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Para defender una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bayona Aznar.
El señor BAYONAAZNAR: La enmienda del Grupo Socialista a este proyecto de ley se refiere al apartado 1 de la disposición adicional segunda de la LODE; disposición adicional en la que se establece la cooperación de los ayuntamientos para garantizar el derecho a la educación. El objetivo de la propuesta de modificación que se hace en el proyecto de ley es adaptar el texto de la LODE a una ley posterior, la Logse, por la que la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años. La enmienda que el Grupo Socialista propone trata de hacer esa adaptación sin detrimento de la seguridad de las competencias de los ayuntamientos. Lo que pretende la enmienda, en definitiva, es que aquellos centros públicos que imparten educación infantil, educación especial y educación primaria sigan en la situación en la que estaban hasta el momento actual, es decir, que sea claramente la competencia de los ayuntamientos la que se establece en la LODE. El problema estaría, por tanto, en la educación secundaria obligatoria, que entendemos que podría quedar a convenio y, en su caso, con las administraciones educativas competentes los ayuntamientos puedan establecer cuáles son sus obligaciones y cuáles son, por tanto, las tareas que una y otra Administración deben tener.
Por consiguiente, el objetivo de la enmienda es delimitar lo que venía siendo obligación de los ayuntamientos que a partir de ahora, por haberse extendido la educación obligatoria hasta los 16 años, no debería recaer sobre ellos sin contrapartidas y, a su vez, intentar evitar que se rebaje esa seguridad competencial al tiempo que abrimos a un mayor protagonismo, en lo que se refiere a la programación de la educación y también a los servicios complementarios y a las actividades extraescolares, abrimos un mayor campo al papel de los- ayuntamientos, puesto que creemos que en el terreno del derecho a la educación la descentralización es positiva no sólo para las cargas a los ayuntamientos a la hora del mantenimiento de los inmuebles, sino también a la hora de programar las actividades educativas. Por tanto, la enmienda se abre a ese planteamiento que está ya presente en leyes posteriores a la LODE, como la Logse o la Lopeg, pero creemos que no se pueden dejar simplemente al albur de lo que suceda en cada comunidad autónoma aquellos principios de cooperación que ya estaban establecidos en la LODE. Ese es el sentido de la enmienda del Grupo Socialista.
Página 17032
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, ¿desea hacer uso de la palabra para la defensa de sus enmiendas? (Asentimiento.) Tiene la palabra.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Señor presidente, pido disculpas por mi ausencia, que ha sido debida a que he ido a cumplimentar al vicepresidente del Tribunal Constitucional que está con la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia. Me parecía obligado presentar mis excusas por no estar en la reunión completa.
En este proyecto de ley orgánica creo recordar que el Grupo Vasco mantiene dos enmiendas. La primera de ella se refiere a una cuestión que se ha mantenido hasta la saciedad en numerosos sectores del ordenamiento cuando se intenta plasmar la presencia de asociaciones más representativas, cualquiera que sea el ámbito al que nos referimos. Se ha dado en el ámbito de lo sindical y en el ámbito empresarial cuando se habla de asociaciones más representativas, sin que nunca nos hayamos conformado con la idea de que tengan que ser necesariamente las asociaciones de ámbito estatal. La enmienda que presentamos hace referencia a las asociaciones de municipios más representativas en el ámbito local, y no lo hacemos de forma que se preste a la inseguridad o a la dispersión, puesto que exigimos que estas asociaciones tengan a su vez la representatividad del 85 por ciento de los municipios en el ámbito local de que se trata. Creemos que salvaguardamos el interés propio de que las entidades de ámbito menor que el estatal puedan estar representadas y, por otra parte, se evita la fragmentación excesiva que supondría dar cabida a cualesquiera asociaciones que existiesen en un ámbito determinado.
La segunda cuestión hace referencia a la posible confusión que puede plantearse en relación con dar entrada a las administraciones locales según lo previsto en el artículo 2, creo recordar, que creemos que complica la situación normativa hasta ahora existente. Los ayuntamientos se quejan de su obligación de contribuir a la creación o al mantenimiento de centros escolares, pero hasta ahora para nosotros existía una cierta paz puesto que el artículo 26.2 n) de la Ley reguladora de bases de régimen local contiene la garantía institucional, es decir, lo que los entes locales deben realizar, que luego se concreta en la LODE y en la Logse, en un mandato que ahora nos parece que el texto propuesto parece condicionar a un convenio previo. Para nosotros la pregunta es si resulta que hay que hacer lo que la ley dice o parece que queda sujeto a convenio. Desde nuestra perspectiva introduce una confusión, si bien puede gustar a los ayuntamientos porque les puede evitar tener que hacer frente a determinadas cargas, pero creemos que aun a regañadientes era una situación pacífica o al menos lo es en el ámbito de la comunidad autónoma en la que el partido al que represento tiene implantación.
Esto es todo lo que deseaba manifestar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo Díez.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, tengo el honor de defender ante esta Comisión la reforma que dentro de la modificación de un conjunto de textos legales incluidos en el denominado pacto local afecta a la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y lo tengo que hacer en el convencimiento de que las entidades locales son los organismos democráticos más cercanos a los ciudadanos. Por ello, todas las medidas contenidas en esta ley van en la idea de fortalecer estas entidades con el deseo de conseguir una mayor eficacia en la gestión, en un derecho constitucional como es el de la educación. Son dos las previsiones en las que se centran las modificaciones que se introducen en la LODE. Por una parte, asegurar la participación de los municipios en el Consejo Escolar del Estado. Como SS.SS. conocen, el Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional para la participación de los sectores afectados en la programación general de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno.
La propia LODE establece que deberá ser consultado preceptivamente, entre otras cuestiones, en la programación general de la enseñanza, en la ordenación general del sistema educativo, en la determinación de los niveles mínimos de rendimiento y calidad, en la determinación de los requisitos mínimos que deben reunir los centros docentes para impartir las enseñanzas con garantía de calidad, etcétera.
De igual forma, la Ley reguladora de bases de régimen local establece en su artículo 26.n) que los municipios ejercerán competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas, entre otras materias, en participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión y participar en el cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Pues bien, no obstante lo expuesto en los preceptos anteriores, cuando el artículo 31 de la Ley orgánica del derecho a la educación enumera los colectivos que participan en el Consejo Escolar del Estado, no se hace ninguna referencia a la representación de los municipios a pesar del reconocimiento que en esta materia realiza la Ley reguladora de bases de régimen local. En consecuencia, desde el Gobierno, desde el Grupo Parlamentario Popular se considera oportuno articular la necesaria participación de las corporaciones locales en el Consejo Escolar del Estado y ello a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación. Por otra parte, a través de la modificación del apartado 1 de la disposición adicional segunda, relativa a la creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes por parte de las corporaciones locales y sin perjuicio de las obligaciones que en esta materia les confiere la disposición adicional decimoséptima de la Ley de ordenación general del sistema educativa, se prevé la posibilidad de que las corporaciones locales y las administraciones educativas competentes -es decir, comunidades autónomas y el propio Estado- puedan establecer las condiciones y las fórmulas de colaboración que estimen más adecuadas en orden a las actividades de creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes. Es decir, que se establezcan las fórmulas de cooperación que se estimen más adecuadas para favorecer el ejercicio por parte de las corporaciones locales de sus actuaciones de
Página 17033
cooperación con las administraciones educativas en este campo.
En este sentido, señor presidente, una vez estudiadas las enmiendas presentadas por diversos grupos en esta Comisión, por Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario Vasco, en el sentido de dar cabida en el Consejo Escolar del Estado a representantes de entidades municipalistas o asociaciones de ámbito autonómico, debemos decir que no las consideramos viables, primero, porque el Consejo Escolar del Estado es un órgano de ámbito nacional, por lo que se considera más adecuado que la representación de las entidades locales se haga a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, siguiendo el modelo establecido por el artículo 117 de la Ley reguladora de bases de régimen local, cuya validez fue refrendada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 214, de 21 de diciembre de 1989; segundo, porque el pacto local es fruto de la negociación y del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, y no otras asociaciones de representación de las corporaciones locales; tercero, porque este esquema de representación exigiría posiblemente una mayor presencia de las corporaciones en el Consejo Escolar del Estado.
En relación a la enmienda número 3, presentada por el Grupo Vasco, consideramos que el texto propuesto es totalmente respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa puesto que se utiliza el término Administración educativa competente sin prejuzgar de qué administración se trata. Por otra parte, tanto en la exposición de motivos como en el texto queda claro que se mantienen en vigor las obligaciones que actualmente impone la legislación vigente de los ayuntamientos respecto a la creación, construcción y mantenimiento de los centros públicos docentes. Lo que se pretende con la modificación propuesta es precisamente posibilitar que las administraciones educativas competentes puedan establecer, si así lo estiman oportuno, condiciones y fórmulas de colaboración que faciliten a los municipios cumplir con las obligaciones mencionadas en la materia. Por tanto, votaremos en contra de la enmienda de supresión del Grupo Vasco.
Por último, haciendo referencia a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, aunque no discrepamos en el fondo de la propuesta, a pesar de las dudas que se nos pueden plantear, en cuanto a las obligaciones de las corporaciones locales sobre construcción y mantenimiento de los centros que impartan la educación secundaria obligatoria por cuanto supone ampliar estas competencias a casi todos los centros docentes públicos, ya que salvo rarísimas excepciones en todos los institutos de enseñanza superior se imparte secundaria obligatoria junto con otros tramos de la enseñanza no obligatoria, nos cuestionamos por cuánto podríamos deslindar los gastos de mantenimiento de unas y otras enseñanzas en el mismo centro. Pues bien, salvo esta cuestión, consideramos que en la Ley orgánica del derecho a la educación se debe establecer el principio general de cooperación, debiendo ser el legislador sectorial competente quien concrete en su ámbito las competencias de los entes locales y los mecanismos de cooperación para facilitarles a éstos el cumplimiento de las obligaciones que actualmente recoge la normativa vigente. En este sentido debe tenerse en cuenta que la disposición adicional decimoséptima de la Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo no tiene carácter de orgánica precisamente por ser una cuestión que debe desarrollar la Administración educativa competente, Estado o comunidades autónomas. Lo mismo sucede con el artículo 3 de la Ley orgánica 9/1995 en la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes. Un ejemplo de articulación por parte de la Administración competente en materia educativa de esta cooperación se puede encontrar en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, donde se desarrolla con detalle la articulación de esta cooperación y que sólo es de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. Es impropio, por tanto, de una ley orgánica como la LODE incluir la enmienda presentada sobre las materias que pretende el Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra también de esta enmienda.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 9/1983, DE 15 DE JULIO, REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN. (Número de expediente 121/000131)
El señor PRESIDENTE: Señorías, concluido el debate del punto 3 sobre el proyecto de ley orgánica que reforma a su vez la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación, pasamos al punto siguiente: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Hay presentadas enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y permanecen vivas dos enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Izquierda Unida mantiene vivas dos enmiendas al proyecto de ley de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho de reunión. En la enmienda número 2 pedimos la supresión del segundo párrafo de la exposición de motivos porque entendemos que ésta debe exponer con claridad qué papel van a tener los entes locales en la nueva regulación sobre los derechos de reunión y manifestación y no entrar a definir cuáles son las competencias de las comunidades autónomas. Esta enmienda está en consonancia con la enmienda número 4, que pide la supresión de artículo único. La enmienda número 3 es de adición al artículo 9.2 y describe en qué debe basarse el informe de la autoridad gubernativa para permitir el derecho de reunión y manifestación. En este caso lo que hacemos es decir que el informe en ningún caso debe ser vinculante y que debe prevalecer el derecho constitucional de reunión y manifestación ante cualquier otra decisión de la autoridad gubernativa. Esto es todo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? La señora Uría tiene la palabra.
Página 17034
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Intervengo para manifestar únicamente respecto de este proyecto de ley que el grupo al que represento considera absolutamente adecuadas las modificaciones que se contienen en el mismo y que se refieren a dos aspectos puntuales. El primero de ellos es cambiar el plazo en el que debe resolverse motivadamente por la Administración de 48 horas a 72 horas. Como tuve ocasión de manifestar en el debate de totalidad, es una modificación absolutamente necesaria y lo puedo afirmar desde la perspectiva de haber servido a los servicios jurídicos de la Administración vasca, únicos, además de los estatales, que ejecutan esta normativa del derecho de reunión por ser la única comunidad en la que está íntegramente desarrollada una policía con el carácter de integral.
Las 48 horas era un tiempo realmente escaso para poderse producir la resolución motivada; además, debía incluirse en este mismo período la notificación al interesado. Por este motivo la Administración vasca tenía presentado un recurso de casación en interés de la ley para sostener que era válida la notificación aun producida fuera de estas 48 horas, siempre que no se violase el derecho a la defensa de quien había solicitado el derecho de reunión con el tiempo suficiente para que pudiera verse el recurso en vía contencioso- administrativa.
Soluciona, por tanto, un problema real y es bienvenida la reforma que se introduce en el texto.
La segunda modificación, que se refiere a comunicar al ayuntamiento por el cual ha de transcurrir la manifestación, es evidentemente una obviedad, puesto que parece imposible que nadie autorice a que transcurra una manifestación por el centro de Madrid sin que le sea notificado al respectivo ayuntamiento, que es el competente en materia de tráfico. Esto nos parece adecuado con el matiz de la enmienda que le va a ser aceptada al Grupo de Izquierda Unida.
Quiero aprovechar la ocasión para manifestar, señor presidente, la cierta sorpresa que me han causado algunas de las manifestaciones que se han vertido en intervenciones anteriores por la representación del Grupo Parlamentario Popular, y puesto que hacen al caso ya que se referían en general al contenido de estas normas, es decir, se hablaba del pacto local, me gustaría puntualizarlas. El contenido de las medidas normativas que se está viendo esta mañana en la Cámara no es fruto de un acuerdo de la FEMP con el Ministerio -si se me permite matizarlo-, sino que en los trámites previos hemos intervenido todos los grupos políticos. Al menos, el grupo al que represento ha sido oído, escuchado y sus opiniones han sido tenidas en cuenta en el trámite ante el Ministerio. Es decir, la FEMP no es la única asociación, por mucho que sea de ámbito estatal, que ha podido intervenir en los acuerdos previos. En todo caso, el pacto local, que no es tal sino que se trata de distintas medidas para la mejora del gobierno local, se va a plasmar en medidas normativas que serán aprobadas con las mayorías que sean necesarias por los grupos de esta Cámara. Quería hacer esta matización porque me ha parecido comprobar que una vez más se entiende que quienes defendemos los intereses de comunidades o de asociaciones de ámbito distinto del estatal no somos Estado. Hemos estado desde el principio en la gestación de estos proyectos y quisiera que quedara de manifiesto en este momento la leal colaboración que estamos prestando.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Souvirón García, por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El proyecto de ley que debatimos en este instante es uno más de los que se incluyen entre las medidas que el Gobierno ha mandado a esta Cámara para el desarrollo del gobierno local, y en él se trata básicamente de concretar la autonomía municipal en el ámbito de competencias del Gobierno central. Y en esta autonomía municipal, entendida como necesaria para la gestión de los propios intereses, es en la que se inscriben las modificaciones que en este proyecto de ley debatimos. Por un lado, se trata de garantizar a las entidades locales su derecho a participar en todos aquellos asuntos que afecten a su ámbito de interés, y para ello tratamos de que los municipios afectados por el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación estén informados y hagan saber su opinión a la autoridad gubernativa. Asimismo se incluye en el concepto de autoridad gubernativa, a los efectos de la presente ley, con carácter expreso, a las comunidades autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Y la últimamodificación es la que amplía el plazo que tiene la autoridad gubernativa para resolver en aquellos supuestos en que se presente alguno de los problemas tasados que se contienen en la ley con respecto al derecho de reunión de 48 a 72 horas, asumiendo las 24 horas que se conceden a las entidades locales, a los ayuntamientos, para que puedan informar con arreglo a la modificación que la ley determina.
Desde luego, está claro que no hay ningún criterio limitador del ejercicio del derecho de reunión ni se trata siquiera de fijar un control del ejercicio de esos derechos y libertades o cualquiera de sus formas de manifestación, sino que, al contrario, el objetivo perseguido es el de garantizar o facilitar la eficacia del derecho de reunión. Nosotros entendemos que, por si alguna duda había, la aceptación en ponencia de la enmienda número 3, de Izquierda Unida, que precisa los objetivos a los que debe referirse el informe municipal, deja suficientemente claro el objeto y el espíritu de la reforma. No podemos aceptar la enmienda número 2, de Izquierda Unida, porque nos parece que es adecuado y coherente hacer notar tanto en la exposición de motivos como en la disposición adiciona que las comunidades autónomas sean consideradas autoridad gubernativa, por lo menos las que tengan estas competencias, porque eso aclara indiscutiblemente el texto. Y tampoco podemos aceptar la enmienda número 4, de Izquierda Unida, porque nos parece que no tiene relación alguna con el proyecto que estamos debatiendo.
El señor PRESIDENTE: Debatido este punto del orden del día, pasamos, señorías, al debate del punto siguiente, que se refiere al proyecto de ley de modificación
Página 17035
de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana.
La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, no pude asistir en toda su extensión a la reunión de ponencia, pero creo que se habló sobre el carácter orgánico o no, y quisiera expresar mi posicionamiento sobre esta cuestión, bien ahora o en otro momento.
El señor PRESIDENTE: Tendrá su oportunidad, señora Gil i Miró, para expresarlo.
La señora GIL I MIRÓ: Era sólo para saberlo. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el turno de defensa de las enmiendas, y tiene la palabra el señor Fernández Sánchez para defender las suyas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Izquierda Unida mantiene tres enmiendas vivas a este proyecto, y solamente queremos hacer una reflexión sobre las mismas. Creemos que esta ley, por la poca cantidad de enmiendas que se han presentado, cuenta con una gran aceptación de la mayoría de los grupos, que optan por reforzar la seguridad ciudadana dotando de mayor capacidad sancionadora a los alcaldes. Entendemos que son medidas tendentes a reprimir y sancionar la conducta de los ciudadanos y que ésta es una nueva normativa que viene a unirse a la ya gran cantidad de leyes y ordenanzas que regulan esta materia.
Nosotros creemos que ya están suficientemente tipificadas y reguladas las conductas que vulneran cualquier tipo de ordenanza y seguimos insistiendo en que no hay necesidad de regular nuevamente la seguridad ciudadana. Quisiera poner un ejemplo.
Creo que es manifiesto que los alcaldes tienen mecanismo más que suficiente a su disposición, y no hay más que darse una vuelta por Marbella para comprobar cómo los alcaldes que quieren hacen una utilización totalmente abusiva de las potestades que ya les confiere la ley. Otro ejemplo que puede clarificar la situación es el de Madrid, donde hay ordenanzas que incluso sancionan que un ciudadano salga corriendo o haga footing en la calle. Nos parece que está fuera de lugar atribuir más competencias de esta índole a los alcaldes, y más cuando en el debate que tenemos en este momento se pretende reforzar muchísimo más la figura del alcalde facilitando que tome decisiones de una manera totalmente unipersonal. Por tanto, nuestras enmiendas van dirigidas a suprimir esta situación que se quiere regular hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: Además de la señora Gil i Miró, ¿algún grupo parlamentario desea intervenir? La señora Gil i Miró tiene la palabra.
La señora GIL I MIRÓ: Señorías, intervengo a los simples efectos de mantener nuestro parecer sobre el carácter orgánico o no de la modificación que se propone. El parecer de mi grupo es que la modificación pretendida no debe tener dicha calificación dado que la disposición final tercera de la misma Ley 1/1992, que hoy se propone modificar, exceptúa ya todos los artículos sobre sanciones de este carácter. Es por ello por lo que creo que tampoco debe tenerlo éste.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRÓN GARCÍA: El proyecto de ley que debatimos se incluye entre los que el Gobierno ha remitido a esta Cámara para facilitar el desarrollo del gobierno local, atendiendo a las reivindicaciones de los ayuntamientos que se concretaron y cristalizaron en el llamado pacto local, reivindicaciones que la Federación Española de Municipios y Provincias hizo suyas, siendo el primer documento sobre el que se estableció el posterior debate con los grupos políticos y parlamentarios y que encuentra su más válida legitimación en el deseo de los ciudadanos de que los problemas de convivencia en las ciudades sean resueltos con la mayor rapidez y eficacia por la Administración más cercana al asunto, como es la local. Se trata de concretar el principio constitucional de autonomía local en aquellas materias que corresponden al Gobierno central dentro del esquema de distribución competencial de la organización territorial del Estado y de hacerlo coherente con la Carta europea de autonomía local, ratificada por el Reino de España, que, por otra parte, coincide con el criterio constitucional de que los municipios deben tener la autonomía que precisen para la gestión de sus propios intereses.
En el marco descrito, el proyecto de ley que modifica la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana trata de habilitar a los municipios para que puedan especificar en sus respectivas ordenanzas los tipos sancionadores definidos en la ley, cuya sanción se atribuye a los alcaldes, siempre dentro, claro está, de los límites establecidos al respecto por el artículo 129.3 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y para solucionar las dificultades que se plantean cada día al tratar de aplicar a la realidad tipos tan genéricos como los que se contienen en la actual ley orgánica, dificultades que pueden llegar a implicar un obstáculo insoslayable para defender los intereses administrativos de las corporaciones locales. Se trata, como decimos, de especificar los tipos sancionadores en el sentido que a la palabra especificar da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como no podía ser de otra forma, es decir, explicar, declarar con individualidad una cosa, respetando el principio de reserva de ley que consagró por primera vez en el ordenamiento jurídico español la Constitución de 1978.
Desde luego, cualquier debate que invite a la reflexión en un asunto que pudiera afectar a la libertad de las personas es conveniente y necesario, pero de la propia reflexión que el Grupo Parlamentario Popular ha hecho al estudiar el proyecto de ley se llega a la conclusión y al convencimiento de que el proyecto que debatimos respeta escrupulosamente las vigentes garantías legales. La Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común permite introducir especificaciones al cuadro de infracciones o sanciones establecidas
Página 17036
legalmente, siempre que no constituyan nuevas infracciones o sanciones ni alteren la naturaleza o límites que la ley contempla.
Creemos, por tanto, que está garantizado absolutamente el principio de legalidad, el principio de reserva de ley y la seguridad jurídica, y que no cabe ninguna alarma. Desde luego, con leyes como las que en este momento debatimos lo que se pretende es evitar abusos y discrecionalidades como aquellas a las que se ha referido el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros no podemos aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida porque entendemos que todas ellas tienen la idea de que, con el presente proyecto de ley, de lo que se trata es de limitar de alguna forma el ejercicio de las libertades cuando están total, completa y absolutamente garantizadas.
El señor PRESIDENTE: Señorías, terminado el debate de este proyecto de ley, pasamos a debatir el proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno local, materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, al que se ha presentado un grupo de enmiendas.
Puesto que no está presente ningún portavoz del Grupo Mixto, pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Tiene la palabra la señora Uría Echevarría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Mi grupo tiene presentadas unas enmiendas a este bloque que se ha dado en denominar pacto local. Yo sigo discrepando del representante del Grupo Popular en cuanto a cuál ha sido su génesis, pero esta es una cuestión distinta; por cierto que ellos no estuvieron presentes en las negociaciones en el Ministerio, sino algún otro representante. En cualquier caso, me voy a ceñir al texto de las enmiendas que defiendo y, puesto que los textos que se aprueban son bastante complejos y largos, voy a seguir el propio orden de las mismas, aunque antes quiero matizar que las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco en gran medida lo son competenciales en la idea de que la extensión de lo que sea básico en materia de régimen municipal deja prácticamente sin extensión a las posibilidades de normación que se contienen en los estatutos de autonomía e incluso a la propia regulación que se pueda contener en los reglamentos propios de los entes locales. Así pues, varias de las enmiendas tienen una naturaleza competencial, otras son técnicas y alguna tiene un matiz más directamente político.
Yendo al orden concreto de las enmiendas, retiro la número 2 en este trámite entendiendo que se va a producir por parte del grupo mayoritario en la Cámara la aceptación de la enmienda número 14, de Convergència i Unió, que expresa sustancialmente la misma idea contenida en la enmienda del Grupo Vasco (PNV) y que hace referencia a esta idea competencial, que el modelo de gestión y ordenación municipal en lo que se refiere a los órganos de estudio, de informe o de consulta debe dejarse, de aprobarse la enmienda número 14, de Convergència i Unió, tal como indico, para la regulación por las comunidades autónomas.
La enmienda número 3 aparece ya aceptada en el informe de la ponencia y hace referencia a esta misma idea, al igual que la enmienda número 4, que es idéntica a la 25, del Grupo Socialista, que en este caso era una corrección técnica de una redacción errónea.
La enmienda número 5 está relacionada con la número 8 y, a pesar de lo farragoso de su justificación, creo poder exponer con claridad que lo único que pretende es una cuestión de terminología pre y posconstitucional. Pretende excluir de la dicción del texto de la Ley reguladora de las bases del régimen local el término municipalización, que había desaparecido tras la aprobación de la Constitución. Se habla de gestión en régimen de monopolio por los municipios, pero no de municipalización, que es terminología preconstitucional. El interés de esta enmienda es adecuarse a la propia terminología de la Ley reguladora de las bases de régimen local y a cuantas normas sobre esta materia se han regulado tras la entrada en vigor de la Constitución. Tal es el tenor de las enmiendas 5 y 8, repito, que mantengo.
La enmienda número 6, que era una corrección técnica, aparece ya incorporada también en el informe de la ponencia. Respecto de la enmienda número 7 manifiesto que conozco la existencia de una transacción en relación con la 38, del Grupo Socialista, y la 16, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que sin embargo no aceptaré puesto que, por el mismo criterio que he manifestado hasta ahora, creemos que algo debe quedar a la regulación propia de las comunidades autónomas o al reglamento propio de cada uno de los municipios. Si es básico hasta la frecuencia de los plenos, nos parece que muy escaso va a ser el margen de posibles regulaciones autonómicas. Mantenemos, por tanto, nuestra enmienda.
En relación con la enmienda número 9, aceptamos la transacción que nos fue ofrecida y creemos que aparece así ya incorporada en la redacción del informe de la ponencia en relación con el asunto de la prescripción o la caducidad referida al artículo 64.
Respecto a la enmienda número 10, creemos que tiene un alcance mayor del que presumiblemente se le pueda dar tras una primera lectura.
Visto así y presentada la enmienda por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), se puede pensar que ya están estos nacionalistas intentando que no conste en una norma la sola mención al interés general de España introduciendo la mención al posible interés de una comunidad autónoma, siendo en este caso quien pudiera ejercitar la competencia que se refiere al artículo 67 el presidente de esta comunidad.
Creemos que el Tribunal Constitucional ha interpretado en sus justos términos cuáles son estos casos excepcionales en los que es posible acudir al artículo 67 de la ley y que con esta misma situación de excepcionalidad es posible predicar que existe no sólo un interés de España sino un interés propio de una comunidad autónoma. Puso el ejemplo, que también ha sido citado por el representante de otro grupo, del caso actual en relación con
Página 17037
el Ayuntamiento de Marbella, aunque esté feo señalar, en el cual no hubiera venido mal que el presidente de la comunidad autónoma andaluza hubiese tenido respecto de algunas tropelías urbanísticas esta posibilidad de utilizar el artículo 67, teniendo además en cuenta que la suspensión conlleva la inmediata necesidad de plantear el recurso en vía contencioso- administrativa. Creemos que ya existe en el ordenamiento como tal y también que hay una explicitación suficiente del Tribunal Constitucional para pensar que es una posibilidad de utilización muy restrictiva y que no hay motivo para hurtarla a las comunidades autónomas, que también defienden intereses públicos que asimismo conforman el interés estatal. (El señor vicepresidente, Fernández Sánchez, ocupa la Presidencia.) La enmienda número 11 hace referencia a otra pretensión muy reiterada en esta Cámara por mí misma con ocasión de debates muy variados. Nos parece que la mención que se hace a los topes que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado debe serlo en defensa del interés propio de las comunidades autónomas a las leyes de presupuestos de las comunidades autónomas.
La enmienda número 12 la mantenemos en su integridad porque creemos que son razones de justicia las que abonan el tenor de lo manifestado hasta ahora. Cuando se habla de que puedan percibir retribuciones una vez abandonen sus cargos municipales por desempleo los miembros de las corporaciones locales, se está pensando quizás en abusos de determinados políticos, pero no todo el mundo es concejal de grandes capitales ni tiene una posterior salida fácil de inserción en la vida laboral o de continuación en la vida política. Creemos que es de justicia que si se cotiza al paro se puedan luego percibir las prestaciones por desempleo y, por tanto, así lo mantendremos en la redacción del artículo 75.1 y 6.
La enmienda número 13 es coincidente con la 19 planteada por Convergència i Unió y nuevamente vuelve a suscitarse el asunto de las asociaciones de municipios con mayor implantación en el ámbito estatal, sosteniendo nosotros la necesidad de que se incluya a las de mayor implantación en el ámbito autonómico.
Con esto creo haber concluido la defensa de la totalidad de las enmiendas que mantenía vivas el grupo al que represento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Sánchez): Para la defensa de las enmiendas del Grupo Catalán, tiene la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, señorías, agrupamos en dos bloques nuestras enmiendas números 14, 15, 18, 19 y 22. Las enmiendas 14, 15 y 18 se refieren a ámbitos competenciales y las números 19 y 22 atañen al tema tan antiguo -cumple ya veinte años- de inclusión de las asociaciones de municipios representativas, de ámbito territorial estrictamente autonómico, en órganos de ámbito estatal de participación de entes locales. Sobre este bloque no vamos a reiterar los argumentos de defensa que ya hemos expuesto con ocasión de la Ley General de Educación.
Vamos pues a defender las enmiendas 14, 15 y 18 de ámbitos competenciales. Los artículos que pretendemos enmendar y que se modifican en esta propuesta de ley establecen que en determinadas ocasiones existirán órganos de estudio, informe o consulta de asuntos sobre los que debe decidir el Pleno y también de seguimiento de la gestión del alcalde, comisión de Gobierno y concejales que ostentendelegaciones. A su vez, en otro artículo se trata de la circunstancia de adopción definitiva de un acuerdo. Ambas modificaciones, a nuestro entender, no pueden tener el carácter básico que se pretende.
Como ustedes recordarán, el redactado del artículo 20 de la Ley fue recurrido ya por la Generalitat de Catalunya y declarado inconstitucional en parte por la sentencia 214/1989, de 21 de diciembre. La modificación que hoy se trae a debate por lo que respecta a la letra c) del artículo 20.1 -así como a los anteriores por referencia y analogía- es obviamente respetuosa con la letra de la sentencia pero no con su fondo y espíritu, dado que se usa de manera poco prudente, ya que por su efecto se reducen competencias de potestad legislativa a las comunidades autónomas y por la prevalencia de la modificación básica se anularía la legislación propia de la organización territorial de Cataluña. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) La ley establece bases o principios rectores -y así debe ser- en materia de régimen local, pero, como en el año 1985 la Ley no consideró el componente básico organizativo, la existencia de un órgano de estudio y seguimiento, por ejemplo, por eso, nosotros recordamos al Gobierno y a ustedes, señoras y señores diputados, que un principio sólo se define como básico porque de él se infiere con naturalidad este carácter, así como por su voluntad de estabilidad y de perdurabilidad. No puede mantenerse con rigor que lo que no se consideró básico para garantizar la autonomía local de una ley del Estado lo sea 14 años más tarde, sobre todo porque no en vano ya hay una Ley municipal y de régimen local de Cataluña, que data del 15 de abril de 1987, que además de desarrollar los principios establecidos en la Ley de bases legisló también sobre diversas materias de régimen local que el legislador estatal había decidido a iniciativa propia no regular, para que así lo pudieran hacer las comunidades autónomas, y tiene la particularidad añadida de que esta legislación propia tiene ya una vigencia de casi 11 años.
Además, esta normativa nunca ha sido cuestionada por el Estado ni por los tribunales de justicia, no sólo por su adecuación a la Constitución sino también porque la Ley de bases no previó nada al respecto. Por consiguiente, ni jurídica ni temporalmente sería correcto pretender ahora crear ex novo una normativa estatal que anularía la regulación autonómica y que dañaría gravemente las competencias autonómicas ya ejercidas desde hace más de 11 años.
Por ello, debería advertir que los preceptos objeto de nuestras enmiendas números 14, 15 y 18, en el caso de no incorporarlas, mostrarán una gran debilidad, porque convierten en básico lo que era inexistente e ignoran que la legislación autonómica, en este caso de Cataluña, ha sido garante de la autonomía local en estos puntos durante más de 11 años, al haberlo así establecido la norma en desarrollo de la Ley 7/1985. Por tanto, la redacción excede el carácter de norma básica y, a nuestro entender, invade competencias del Gobierno catalán ya ejercidas, sin ser recurridas, repito, en tan largo período de tiempo, y al convertirlas
Página 17038
en nulas restringe también nuestro propio espacio competencial.
Además, induce a jerarquizar que la ley del Estado es mayor o mejor garante de la autonomía local que la ley autonómica.
Por todo ello, pido el voto favorable a nuestras enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Fernández Sánchez tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Antes de entrar a hacer una exposición de lo que son las enmiendas de Izquierda Unida que quedan vivas me gustaría recordar que en este Parlamento hemos venido reclamando insistentemente la necesidad de concretar un pacto local en el que se proyecte el nuevo modelo de distribución de competencias, así como establecer los recursos económicos que deben tener los ayuntamientos.
Por eso venimos diciendo que esta modificación de la Ley de Bases de Régimen Local no se corresponde con ese deseo municipal de concretar un nuevo pacto municipal.
Las enmiendas 43 a 45 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida pretenden suprimir este carácter presidencialista que la Ley da a los alcaldes. Al final, tratamos de establecer un carácter distinto en cuanto a las competencias que puedan tener los plenos municipales y los alcaldes. Hay que recordar que los nuevos instrumentos que van a tener en sus manos los alcaldes son importantes. Se observa que se les encomienda la gestión urbanística: podrán otorgar licencias, incluso para urbanizaciones, y hay que destacar que en muchos casos tales proyectos de superan los 1.000 millones, o incluso los 2.000, dependiendo del tipo de obra que sea. También se pretende que los alcaldes puedan aprobar la oferta de empleo público, contratar y seleccionar personal, decidir sobre la rescisión de los contratos laborales, así como sobre el régimen disciplinario aplicable. En definitiva, las capacidades del alcalde van a ser inmensas en esta materia y nosotros creemos que pueden darse situaciones en las que las contrataciones laborales futuras sean poco objetivas y abran la puerta a contratos fidelizados. También discrepamos enormemente en cuanto a los recursos económicos de que los alcaldes pueden disponer: sean los 1.000 millones que prevé la Ley o los 500 millones de las enmiendas transaccionales que existen en este momento, nos parece que es absolutamente exagerado que estas elevadas cuantías económicas puedan ser de libre disposición del alcalde. En todo caso, creemos que eliminar los controles que hasta ahora venían estableciendo los plenos municipales permite una gestión menos transparente. Recordemos que en etapas cercanas la gestión pública en muchos lugares ha derivado en situaciones poco agradables que quisiéramos que no se vuelvan a repetir. Por eso, insisto, las enmiendas 43 a 45 van en esa línea.
Con la enmienda número 46, que se refiere al tipo de mayoría necesaria para la adopción de acuerdos, lo que tratamos es de dar una nueva redacción al artículo 1 en la disposición duodécima.
Pretendemos mantener el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros para determinados asuntos.
En la enmienda 47 lo que tratamos es de suprimir la letra h), porque el artículo 47.3.h) lo que hace es establecer unas mayorías que van a impedir la imposición y ordenación de los recursos propios de los ayuntamientos, porque tendrán que ser votados por mayoría absoluta que impide, repito, una adecuada imposición de la ordenación de los recursos de carácter tributario.
En la número 48, pedimos la supresión del artículo 1, decimocuarta, porque queremos solicitar una segunda lectura en los debates del Pleno sobre determinadas normas.
En la enmienda número 49 proponemos suprimir el contenido de la modificación al artículo 65 de la ley, que es fijar el plazo de un mes, antes inexistente, para que las entidades locales anulen los actos de otras entidades.
En definitiva, señorías, reitero que las enmiendas de Izquierda Unida van dirigidas a mejorar dentro de las posibilidades esa Ley, pero haciendo constar que no es una ley que nos guste porque no viene a resolver la problemática de los ayuntamientos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González Revenga para la defensa de sus enmiendas.
El señor GONZÁLEZ REVENGA: En primer lugar, al igual que han hecho otros portavoces, hemos de felicitarnos por los acuerdos a los que se ha llegado en ponencia y en esta misma Comisión entre los diversos grupos parlamentarios para la modificación de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local. Con estas modificaciones se da respuesta a algunas de las propuestas que se han hecho en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias en estos últimos trece años de gobierno y de gestión local.
Con ello se plantea una nueva distribución de las competencias y atribuciones entre el Pleno, la corporación y su presidente, con las que el Grupo Socialista está completamente de acuerdo, ya que funciones antes eminentemente ejecutivas del Pleno, que producían problemas en el funcionamiento de la administración local, pasan a ser atribuidas al presidente o al alcalde; se refuerza por otro lado el control del Pleno, garantizando la periodicidad y la celebración de sus sesiones ordinarias y extraordinarias; también se regula la moción de censura y se asegura su celebración en estas modificaciones que hacemos y se introduce -lo cual es muy positivo- la moción de confianza. Dicho esto, las modificaciones que ha planteado el Gobierno y en las cuales estamos básicamente de acuerdo, no son ni de lejos el reclamado pacto local, porque no hay en ellas mayores recursos para las corporaciones locales, porque no hay aumento de competencias en ellas, porque no se ha llegado a acuerdos absolutamente necesarios y reclamados por las corporaciones locales y desde la Federación Española de Municipios y Provincias en muy diversas ocasiones entre las tres administraciones que intervienen en el ámbito local, como son el Estado, las comunidades autónomas y las propias corporaciones locales. Por tanto, estas modificaciones suponen un paso positivo, pero no es ése el pacto local que planteamos desde el Grupo Socialista.
Página 17039
En cuanto a nuestras enmiendas vivas se mantiene la número 26, referente al artículo 21, ya que mejora técnicamente el texto que nos envía el Gobierno en cuanto a la atribución que tiene el alcalde de la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos al Pleno. Creemos que es más conveniente la incorporación que hacemos desde el Grupo Socialista de que sea sólo esa atribución a la aprobación inicial de esos instrumentos de planteamiento.
En cuanto a las enmiendas números 27 y 29, al artículo 21, y 35 y 37, al artículo 34, sobre iniciativa de declaración de lesividad de actuaciones referidas al alcalde o al presidente de la diputación o de cabildo, también las mantenemos porque no debe ser una atribución exclusiva del alcalde o presidente, sino que también esa posibilidad debe tenerla el Pleno de la corporación.
Mantenemos las enmiendas números 31 y 33, que se refieren a la moción de censura y moción de confianza en relación con las números 18, 19 y 20, que hemos defendido y debatido ya en la Ley de Régimen Electoral General. En consecuencia, al mantenerlas en el otro proyecto de ley también debemos mantenerlas en éste.
Por último, respecto a la enmienda número 41, al artículo 3.º segunda de la Ley 29/1985, de Aguas, tenemos una transaccional del Grupo Popular, pero, en principio, para darnos tiempo a meditarla más profundamente hasta el Pleno, vamos a mantener nuestra enmienda, que pretende suprimir esa modificación que ofrece el Gobierno de presencia de las provincias en la Junta de Gobierno de los organismos de cuenca, porque creemos que esa representación a través de las comunidades autónomas es perfecta y que esos organismos podrían acarrear algún problema en el funcionamiento de la Junta de Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular intervendrá en primer lugar el señor Rivas Fontán.
El señor RIVAS FONTÁN: Señor presidente, señorías, en nombre de mi grupo compartiré el tiempo con otros compañeros. Como método de trabajo voy a seguir el informe del letrado, a quien he de manifestar mi reconocimiento por la agilidad que ha demostrado en un trabajo verdaderamente vertiginoso, lo cual ha motivado en el que está en este momento en uso de la palabra una confusión, que espero que mis compañeros entiendan una vez llegue al punto en cuestión.
Quiero decir que es un momento histórico para el municipalismo español, no en balde es una ley que tarda mucho, al amparo de la Constitución de 1978. No podemos olvidar que esta Ley nace en mayo de 1985, y que desde entonces, salvo alguna pequeña modificación producida por otras leyes de otro ámbito sectorial y también por alguna sentencia del Tribunal Constitucional, ha permanecido dormida -hay que decirlo todo en reconocimiento a la verdad-; es el presidente del Gobierno quien en el año 1996 recoge un texto que se venía llamando pacto local, que nace en una provincia gallega, en La Coruña, por el entonces presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y que después de ser muy estudiado y negociado entre el Gobierno y la propia Federación Española de Municipios y Provincias llega al Parlamento, de lo cual hemos de felicitarnos puesto que uno de los compromisos que aceptó el propio presidente fue precisamente el de mejorar por el procedimiento legislativo las medidas para el Gobierno local. Hago esta referencia porque creo que la democracia tiene que sustentarse necesariamente en el tejido social, en la malla que forma todo lo que es el municipalismo en la Administración local española y que sin ello no sería posible disfrutar de una democracia auténtica.
Con vocación municipalista he de decir que España ha tardado algunos años en incorporarse a lo que fue la Carta de autonomía local europea. Con algún otro compañero de aquí, hoy ausente, he convivido largas jornadas en Estrasburgo para llegar al acuerdo de esta firma.
En este proyecto de modificación de la Ley de bases, que hoy discutimos, se pretende incluir la presencia de conceptos vertidos en aquella carta de autonomía local. Por ello, no voy a dejar de mencionar, ahora que estamos en años de acontecimientos y conmemoraciones, que el municipalismo europeo aparece precisamente con el nacimiento de la República Frances en 1789, en la declaración de los derechos del ciudadano, que es el primer documento que podemos constatar que formula, con otras grandes declaraciones como la universal de derechos humanos, que el hombre nace en el seno de una comunidad en la que el ayuntamiento es la primera escuela de aprendizaje social.
Por tal motivo y con esta declaración que formulo en nombre de paso, como he dicho, al informe del letrado y, siguiendo el mismo método, quiero aclarar muy brevemente que al artículo 20 la ponencia en su día había hecho una serie de observaciones. En este momento algún otro compañero de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco han anunciado que nosotros aceptamos la enmienda número 14 de Convergència i Unió, porque recoge el sentimiento que había manifestado el propio PNV en sus enmiendas 2 y 3, y consecuentemente aceptamos también la enmienda número 3 del Partido Nacionalista Vasco. Son concretamente a los apartados 2 y 3 del artículo 20.
Desestimamos las enmiendas al artículo 21, como queda constancia.
Tendríamos que tratar de ponernos de acuerdo en algún párrafo de este informe principalmente con el Grupo Socialista, porque, tal como quedó de manifiesto en la sesión de la ponencia, hay algunos puntos de encuentro, pero falta una pequeña aclaración. No habría problema en aceptar enmiendas transaccionales, como la referida hace breves momentos a la enmienda número 27 del Grupo Socialista al artículo 21, sobre instrumentos de urbanismo, instrumentos de gestión urbanística, etcétera. Yo creo que es un problema de aclaración. Por tal motivo me gustaría dejarla abierta para poder llegar a un punto de entendimiento, pues aquellos que hemos vivido la vida de los ayuntamientos podríamos llegar perfectamente a una redacción que mostrase el acuerdo.
No compartimos, evidentemente, la enmienda número 27, que se refiere a la declaración de lesividad, y pido a la Presidencia que deje abierta una posibilidad para que podamos discutir más tarde, dentro de este mismo artículo, acerca de las contrataciones y la adquisición de bienes. Creo que yo he cometido algún error o no me expliqué con la debida claridad en la sesión de la ponencia, puesto que haydos párrafos, el apartado ñ) y el apartado p), el primero de
Página 17040
los cuales se refiere a las contrataciones y concesiones, para lo que nosotros mantenemos la cuantía de los 1.000 millones, y no así para el apartado p), que es la adquisición de bienes y derechos, en la que valoramos la aportación del Grupo Socialista de que no supere el 10 por ciento y la cuantía de los 500 millones. Por tal motivo, yo pido que lleguemos a una redacción común, porque creo que podría haber, como digo, encuentro en este artículo.
En cuanto al artículo 22 de la Ley, solamente quiero aclarar que la cuestión de confianza es un tema en el que también creo que se puede llegar a un punto de encuentro; en principio no hay problema por lo que acabo de oír al representante del Grupo Socialista; son unos puntos perfectamente negociables.
Por otra parte, la enmienda número 5 del PNV al apartado f) de este mismo artículo trata de la aprobación de la forma de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización. Hace escasos minutos yo hablé con Margarita Uría y quizá discrepe con ella en un punto importante. Ella dice que la expresión de municipalización es preconstitucional. Yo solamente hago una referencia puramente material y a título temporal: la Ley de Bases de Régimen Local contempla esta expresión y es una ley del año 1985. Por tal motivo, creo que el legislador de entonces no hubiera incluido una expresión preconstitucional.
En el artículo 23 de la Ley mantenemos exactamente el informe de la ponencia. En el artículo 32 aceptamos la enmienda número 15 de CiU, puesto que creo que corrige y aclara adecuadamente el texto del apartado 2, donde introducen un párrafo que dice: siempre que la respectiva legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta en este ámbito -puesto que está en concordancia con otras modificaciones que hemos aceptado-.
El artículo 33 sería de nuevo la cuestión de confianza. Yo insisto en que espero que podamos llegar con el Grupo Socialista a acuerdo en estos puntos a los que me he referido.
Termino aclarando que aceptamos la enmienda del Grupo Socialista al artículo 34, puesto que, como he dicho en otros casos, ha mejorado la redacción actual al introducir un párrafo, que dice: salvo los supuestos previstos en la presente Ley y en la legislación electoral general.
Con estas observaciones, me quedan solamente dos precisiones. La primera, concretar, para mejor conocimiento del letrado, que donde pido a la Presidencia que deje abierta la posibilidad de poder precisar estos extremos a los que me he referido, que es en el tema de contrataciones, concesiones y adquisición de bienes, es en las enmiendas 28, 30, 32 y 36 del Grupo Socialista, que se refieren a los artículos 21, 22, 33 y 34 del texto que se pretende modificar.
Termino contestando a los grupos minoritarios de la Cámara que mantenemos la misma posición que manifestamos en la ponencia, puesto que ellos tienen experiencia municipal y de hecho las medidas que pretendemos introducir en esta Ley de Bases del Régimen Local no hacen nada más que responder a la experiencia de trece años de vacío en cuanto a legislación que complete las lagunas que está viviendo el régimen local español. En este sentido, yo les pediría que comprueben lo que sucede en países de nuestro entorno. Lamento que no esté aquí el representante del Bloque Nacionalista Galego, puesto que ellos tienen una presencia permanente en la legislación autárquica portuguesa, y concretamente las cámaras portuguesas asumen en gran cantidad las medidas ejecutivas -precisamente el presidente de la Cámara con un pequeño grupo de concejales-, dejando relegadas al Pleno dos sesiones al año prácticamente para los presupuestos y los proyectos de obras.
De hecho es necesario fortalecer -y concluyo- la capacidad de gobierno de los alcaldes, porque son los presidentes de la corporación y jefes de la administración y jefes de personal, al mismo tiempo que se contrapesa este poder con el control mayor que se precisa en este proyecto de modificación de la Ley.
El señor PRESIDENTE: Señor Rivas, ¿presentará enmiendas transaccionales a estas enmiendas que ha citado?
El señor RIVAS FONTÁN: Yo lo trataré con nuestro portavoz, Jesús López-Medel; me parece que es necesaria la presencia de don Tomás Rodríguez Bolaños para precisar estos extremos.
El señor PRESIDENTE: El señor Mingo Zapatero tiene la palabra.
El señor MINGO ZAPATERO: Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo en el articulado de esta Ley, desde el artículo 46.2 hasta el final del mismo. Quiero resaltar, como lo han hecho todos los intervinientes, la labor de consenso que se ha realizado en ponencia, puesto que más del 50 por ciento de las enmiendas han sido recogidas como tales o mediante transaccionales, y una de ellas es la del artículo 46.2, por ejemplo, con relación a la periodicidad de los plenos, en la que el único grupo que se queda fuera es el Partido Nacionalista Vasco; entendiendo que no se cumplen los requisitos de su enmienda y que no viene a recoger lo que entendemos como una garantía del control político de la oposición en los plenos frente a la acción del equipo de Gobierno.
Quiero comunicar a todos los portavoces de los grupos políticos que he transmitido al letrado algunos errores de transcripción en la ponencia que corresponden: al artículo 49, que no debe ir la enmienda del Grupo Popular al apartado 2 sino a una disposición adicional; se propone la desestimación de la enmienda correspondiente al artículo 66, de Izquierda Unida; y, por último, en el articulado a la disposición adicional sexta número 3, deben ser corregidos el apartado b), que dice: las que la Ley atribuye, por: las que esta Ley atribuye al alcalde y, en el apartado 4, en el párrafo intermedio, debe suprimirse la palabra: no, quedando en exclusiva al Pleno por ser delegables. Estos errores de transcripción han sido subsanados de una manera muy gentil por el señor letrado.
Quiero insistir una vez más en la labor de consenso que ha venido realizando la ponencia. No es menos importante, ni muchísimo menos -y quiero hacer hincapié en ello- el mostrado en esta disposición adicional sexta de la Ley, en el artículo 3, donde se recoge lo que la Federación Española de Municipios y Provincias y las ciudades de Madrid y Barcelona venían demandando para dotarse de un régimen especial para poder organizar adecuadamente las
Página 17041
estructuras del municipio y, en esa mejor organización, afrontar las complejidades de gobierno que estas ciudades de tanta población tienen diariamente.
Asimismo, y siguiendo con este criterio de consenso, señor presidente, hemos presentado enmiendas transaccionales a la del BNG al artículo 77, aceptando el plazo de cinco días que piden para que el alcalde o el equipo de gobierno responda a las solicitudes presentadas por los concejales. Entendemos que este plazo de cinco días hábiles es prudencial y oportuno; espero que el BNG -así me lo ha transmitido en conversación personal- acepte esta enmienda transaccional.
En la misma línea presentamos una enmienda transaccional a las enmiendas del Grupo Socialista y del BNG en lo que concierne a la representación de las provincias en las cuencas hidrográficas.
Entendemos que las provincias tienen el derecho a estar representadas en aquellos territorios en los que son afectadas por leyes. Respecto a la transaccional, la representación estaría mejor ubicada en el consejo del agua. Por tanto, se mantendría la propuesta de: Las provincias estarán representadas de acuerdo con el porcentaje de su territorio afectado en la cuenca hidrográfica, que pasaría del apartado e) del artículo 25 a un apartado nuevo e) del artículo 34, que viene a recoger esta representación en compañía de los usuarios, de las comunidades autónomas, del ministerio y de los técnicos.
La posición de nuestro grupo parlamentario es negativa en relación con la mayor parte de las enmiendas de CiU y del PNV; vamos a mantener un criterio de oposición, en tanto en cuanto entendemos que se pretende aportar en una ley de bases que afecte a todo el territorio nacional criterios de ámbito nacionalista que respetamos pero no compartimos, entendiendo que ella afecta a todo el territorio español y que hemos de tener una ley de mínimos para todo él.
La filosofía política de Izquierda Unida en relación con las enmiendas es de un cariz completamente distinto. Ellos no están de acuerdo con la filosofía de la ley, en el sentido de dotar de mayor agilidad a los órganos unipersonales y, en contrapeso racional, dar a los plenos una mayor actividad política. En ese sentido van las enmiendas números 45, 46 y 47. Una de ellas es contradictoria, entendiendo que se quita el quórum de mayoría absoluta a la hora de determinar los impuestos del propio municipio, por lo que nos parece, por su repercusión económica y fundamentalmente por su trascendencia hacia todos los vecinos, que debe seguir teniendo quórum de mayoría absoluta. Por otra parte, se interpreta por Izquierda Unida -o así lo interpretamos nosotros- en las enmiendas que competen a la autonomía municipal, que las comunidades autónomas y el Estado deben tener bien articuladas sus competencias para demandar a los entes locales que modifiquen aquellos acuerdos de los plenos correspondientes que puedan lesionar las competencias o conculcar los derechos correspondientes. Se respeta la autonomía municipal cuando se articula adecuadamente y se dan plazos más amplios de los hoy vigentes.
Por último, manifiesto nuestra posición en relación con las dos enmiendas que me restan por discutir, número 70 de Nueva Izquierda y la 12 del Partido Nacionalista Vasco. La primera de ellas es una declaración programática, que estructuralmente tiene poco encaje en la discusión de esta Ley y podría utilizarse otro instrumento para debatir su contenido, que entendemos que afecta extraordinariamente a las comunidades autónomas y que requiere una discusión más en profundidad. Por último, la posición de nuestro grupo en relación con la enmienda número 12 va a ser de abstención porque la primera parte de la propuesta del Partido Nacionalista Vasco es positiva y los concejales pueden tener retribución a tiempo parcial, pero nuestra posición es contraria a que los concejales que hayan tenido dedicación exclusiva o parcial en la ejecución de sus labores en el Ayuntamiento no deban tener seguro de desempleo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego a los portavoces que remitan a la Presidencia las enmiendas transaccionales que creo que en número bastante elevado se van a proponer.
Finalizado el debate de este proyecto de ley con el que termina el orden del día antes de las votaciones, se suspende la sesión hasta la una del mediodía, en que procederemos a la votación de todos los proyectos de ley.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.
¿Sustituciones en los grupos parlamentarios? (Pausa.) Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Don Julio Villarrubia sustituye a don Tomás Rodríguez Bolaños; don Alfonso Perales sustituye a doña Amparo Rubiales Torrejón; doña Blanca García Manzanares sustituye a don José María Benegas Haddad y doña María Luisa Bartolomé sustituye a don Josep Sanus Tormo.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, por el Grupo Popular don Adolfo Abejón sustituye a doña Mercedes Fernández.
El señor PRESIDENTE: Así pues, señorías, vamos a proceder a las votaciones por el mismo orden en que hemos debatido los proyectos de ley. Comenzamos en primer lugar por el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Régimen Electoral General. (La señora Gil i Miró pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Señor presidente, pido perdón de antemano, pero desearía votación separada de la enmienda número 7 del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señora Gil i Miró.
Comienzan las votaciones, señorías. en primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Mixto.
Página 17042
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 33; abstenciones, cuatro.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). En primer lugar, votamos las enmiendas números 5 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 33; abstenciones, tres.
Enmienda número 7 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 30; abstenciones, tres.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Enmienda número 14.
Enmienda número 18 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 26.
Enmienda transaccional a la número 18, del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Pido la palabra para una cuestión de orden. La Presidencia somete a votación una enmienda transaccional sobre una del Grupo Socialista que el citado Grupo no ha aceptado.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista no la ha aceptado, pero no se ha opuesto a que se vote en esta Comisión. Hay práctica diferentes en las distintas Comisiones y en esta Comisión la Mesa ha decidido adoptar esta práctica. Apartir de este momento, y según ha indicado su portavoz, el Grupo Socialista pensará si se suma o no a la enmienda antes de la discusión de los proyectos en el Pleno.
Como decía, votamos la enmienda transaccional a la número 18.
Por último, resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada y la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24.
Finalmente, señorías, vamos a votar el informe de la ponencia.
Señorías, pasamos a las votaciones correspondientes al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, las número 7 y 8.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 35; abstenciones, cuatro.
A continuación, votamos la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Mixto. (El señor Rodríguez Zapatero pide la palabra.) Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Me figuro que se votará la enmienda en los términos de la enmienda transaccional, porque creo recordar que había presentada una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Señoría, estamos en el mismo supuesto anterior y vamos a aplicar la misma doctrina, puesto que no se ha producido aceptación, en este caso porque no estaba presente ningún miembro del Grupo Parlamentario Mixto. Por consiguiente, votaríamos antes la enmienda 16 del Grupo Mixto y después la enmienda transaccional.
(Pausa.-El señor Fernández Sánchez pide la palabra.) Señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, debido quizás a la rapidez de la votación, me da la impresión de que no ha sido posible contar los votos a favor de la enmienda número 16, del Bloque Nacionalista Galego. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha votado a favor de esta enmienda. (La señora Uría Echevarría pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Le rogaría también que repitiera la votación, porque era mi intención votar a favor, pero cuando he levantado la mano creo que no he sido computada.
Página 17043
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a repetir la votación correspondiente a la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Mixto. Después votaremos la enmienda transaccional. (Rumores.) Guarden silencio, señorías, por favor.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Fernández Sánchez pide la palabra.) Señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, creo recordar que el Grupo de Nueva Izquierda no ha estado presente y, por tanto, la transaccional no ha podido ser aceptada o rechazada, lo cual, en mi opinión, no da lugar a que se produzca esta votación. (El señor LopezMedel Bascones pide la palabra.)
Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Si no puede ser votada como transaccional, nosotros pediríamos que fuese sometida a votación como enmienda in voce.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la doctrina que habíamos aplicado en la anterior votación se basaba -y se sigue basando para la práctica de esta Comisión- en el criterio unánime de los grupos parlamentarios. Ese criterio unánime parecía haber sido fijado tácitamente con respecto a esta enmienda en la reunión que antes hemos mantenido Mesa y portavoces para ordenar el trámite de las votaciones. No ha sido así y puesto que un grupo parlamentario se opone a su admisión, no procede aplicar la doctrina anterior. Señor López-Medel, entiende esta Presidencia que tampoco es posible aplicar doctrina semejante para una enmienda in voce puesto que no se refiere a una corrección puramente formal o de carácter gramatical.
Así pues, señorías, no votamos la enmienda transaccional a la enmienda 16, del Grupo Parlamentario Mixto.
Pasamos a votar la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 32; abstenciones, tres.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 22; abstenciones, tres.
Votamos, a continuación, el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 17.
Pasamos, a continuación, a la votación del punto tercero: proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica reguladora del derecho a la educación.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y dentro de ellas la número 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete; en contra, 32.
Enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Texto del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; abstenciones, 15.
Pasamos a las votaciones correspondientes al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley reguladora del derecho de reunión.
Comenzamos por la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 36.
Votamos el texto del informe de la ponencia.
Página 17044
Pasamos a las votaciones correspondientes al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Protección de la seguridad ciudadana, a la que se mantienen vivas enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Votaciones correspondientes al informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, tres; abstenciones, 14.
Votaciones correspondientes al proyecto de ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno local en diferentes materias. (El señor López-Medel pide la palabra.) Antes de comenzar las votaciones, tiene la palabra el señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Estaba pendiente la cuestión acerca del carácter orgánico o no de la modificación de la Ley orgánica de seguridad ciudadana y debía ser ratificado, en su caso, que quedara, como así nosotros también entendíamos, con el carácter simplemente de ley ordinaria.
El señor PRESIDENTE: Señor López-Medel, ¿presenta S.S. una enmienda in voce?
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: En ese sentido y si fuera necesario, sí, pero respondía a conversaciones que hemos tenido a lo largo de la mañana con distintos grupos, entendiendo que el carácter no orgánico de esta reforma era suficiente por lo que dice la propia disposición final de la Ley de seguridad ciudadana, aunque, si es necesario, será presentado, y así lo hago, como enmienda in voce, para que este proyecto de ley vaya al Pleno exclusivamente como ley ordinaria, no orgánica.
El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, puesto que se trata de una modificación del informe de la ponencia, parece que es necesario que se presente como enmienda in voce para que pueda ser votada.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: En todo caso, yo quisiera resaltar que esa enmienda in voce tiene un carácter técnico exclusivamente.
Tampoco quisiera que fuera simplemente como enmienda in voce del Grupo Popular, cuando además en anteriores trámites en esta Comisión otros portavoces se han manifestado en ese sentido. Por eso yo pediría que fuera sometido a consideración el carácter ordinario, y en ese sentido nos sumaríamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los portavoes de los grupos parlamentarios desea intervenir sobre el particular?
Señor Rodríguez Zapatero.
El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: El Grupo Socialista se suma a lo dicho por el portavoz del Grupo Popular.
La señora GIL I MIRÓ: Nosotros, como grupo, ya hemos planteado en su momento que el carácter no era orgánico.
El señor PRESIDENTE: Señorías, están todos los grupos de acuerdo, pero la Mesa necesita que la enmienda se presente por escrito. Señor López-Medel, ¿está dispuesto a presentar esa enmienda in voce por escrito, apoyada por el resto de los grupos parlamentarios?
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Por supuesto, como enmienda de todos los grupos, se va a presentar inmediatamente de forma escrita.
El señor PRESIDENTE: Señorías, para no interrumpir las votaciones, vamos a dejar la votación de esta enmienda para el final de las votaciones del proyecto de ley siguiente, último punto del orden del día, para tener tiempo a que la Mesa disponga de la redacción escrita de la enmienda in voce.
Así pues, vamos a pasar a las votaciones de la modificación de la Ley reguladora de las bases del régimen local. Comenzamos por las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos las enmiendas números 53 y 57.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 35; abstenciones, una.
Enmienda número 64, del señor Rodríguez Sánchez.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señor presidente, a propósito de esta enmienda había una transaccional. No sé si seguiremos la regla del primer caso o la regla del segundo.
El señor PRESIDENTE: Es cierto. Por consiguiente, antes de proceder a la votación de esta enmienda transaccional, debo preguntar a SS.SS.
si hay oposición por parte de algún grupo parlamentario para que se presente una enmienda transaccional, la número 64, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, estamos en el mismo caso que antes. No está el proponente y no sabemos si podrá asumir esta transaccional o no. Mi grupo tiene dificultades para adivinar cuáles pueden ser las intenciones del ponente de esta enmienda número 64 y,
Página 17045
por tanto, nosotros sí manifestamos nuestra objeción a que sea votada.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señorías.
Hay una enmienda transaccional a la número 66, del Grupo Mixto; por consiguiente, estamos en la misma situación.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, excluidas la 53 y 57, que hemos votado hace un momento.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, creo recordar que antes habíamos hecho bloques separados de votaciones, no el conjunto de las enmiendas del Grupo Mixto. Hay unas enmiendas que corresponden a Nueva Izquierda y otras que corresponden al Bloque Nacionalista Galego. Si especifica por favor el número de las enmiendas que estamos votando, no habría mayor problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Sánchez, esta Presidencia sometió a votación las enmiendas según la ordenación que antes habíamos hecho Mesa y portavoces; no obstante, es verdad que hay algunas enmiendas que han sido presentadas por un portavoz del Grupo Parlamentario Mixto y otras por otro portavoz del mismo grupo. En este sentido, si S.S. pide enmiendas separadas, procedemos a su votación separada. ¿Pide S.S. enmiendas separadas? (Asentimiento.) Adelante, señor Fernández Sánchez.
El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Sí, pediría votación separada de las enmiendas 52, 54, 55, 56, 58 y 60, del Bloque Nacionalista Galego.
También pido votación separada o en un bloque de las enmiendas 67, 68 y 70 de Nueva Izquierda.
El señor PRESIDENTE: Procedemos, por consiguiente, a la votación de las enmiendas números 52, 54, 55, 56, 58 y 60, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 38; abstenciones, una.
Votación de las enmiendas números 67, 68 y 70, del Grupo Mixto.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Enmiendas números 11 y 13.
Enmienda número 12, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; abstenciones, 24.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), enmienda número 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, tres.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 32; abstenciones, cuatro.
En primer lugar, enmiendas números 27, 29, 35 y 37.
Página 17046
Se ha presentado una enmienda transaccional a la número 41, del Grupo Parlamentario Socialista. Sin perjuicio de que coincide con la transaccional presentada a la enmienda número 66, del Grupo Parlamentario Mixto, ¿el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con esta transacción? (Denegaciones.) Por consiguiente, no procede someterla a votación, como había entendido esta Presidencia.
Así pues, sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor López-Medel Bascones pide la palabra.) Señor López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Pedimos votación separada del apartado 6 del artículo 75, que se ha introducido como consecuencia de la incorporación de la enmienda 12, del Partido Nacionalista Vasco.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, votamos el apartado 6 del artículo 75.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 17.
Señorías, nos queda la votación correspondiente al carácter orgánico u ordinario del proyecto de ley que modifica la Ley de Protección de la seguridad ciudadana. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.) Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Es para una cuestión de orden, señor presidente. Dado que se está postulando ahora la ratificación por los portavoces de aceptar o no una enmienda de carácter orgánico o no de ese proyecto de ley, pregunto -a tenor del Reglamento de la Cámara y de las competencias que señala a la Mesa del Congreso el artículo 30 para calificar documentos- si esa consulta sobre el carácter orgánico o no de este proyecto se ha elevado a la Mesa del Congreso, dado que el Gobierno lo remitió con carácter de orgánico. Quiero saber si es una petición que eleva la Comisión a la Mesa del Congreso de los Diputados para su recalificación, suprimiendo el carácter de orgánico de este proyecto de ley.
El señor PRESIDENTE: Señoría, la Mesa del Congreso consultó sobre el asunto que ahora va a ser objeto de votación a la ponencia y la ponencia emitió un informe pronunciándose a favor del carácter orgánico de la ley que modifica la Ley orgánica de Protección de la seguridad ciudadana, a su vez ley orgánica. Sin embargo, se ha advertido a lo largo de la mañana de hoy que hay un precepto en la Ley orgánica de Protección de la seguridad ciudadana que priva del carácter orgánico a uno de sus preceptos, que es precisamente aquel que se ve modificado por el proyecto de ley que ahora votamos. Así pues, la Comisión varía el criterio de la ponencia y eleva a la Mesa este acuerdo, en el caso de que SS.SS. lo dispongan así con su voto.
Señorías, se ha presentado una enmienda in voce por parte de todos los grupos parlamentarios a cuya lectura procede el señor secretario de la Comisión.
El señor SECRETARIO PRIMERO (Bermúdez de Castro Fernández): Enmienda a la Ley de seguridad ciudadana. El proyecto de ley de reforma de la Ley orgánica de Protección de la seguridad ciudadana, 1/1992, de 21 de febrero, debe tener carácter de ley ordinaria. Motivación: la disposición final tercera de la ley a modificar atribuye carácter no orgánico al artículo 29 que es objeto de la reforma.
Firmado por los portavoces del PSOE, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), Coalición Canaria, Partido Nacionalista Vasco y Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario.
Señorías, sometemos a votación esta enmienda.
Antes de levantar la sesión de la Comisión quisiera agradecerles a ustedes su paciencia a lo largo de esta complicada mañana, a los funcionarios y funcionarias de la Cámara su concurso para que nuestras deliberaciones y debates salieran bien y, muy especialmente, al señor letrado de esta Comisión que, por un plazo que esperamos todos sea transitorio, se marcha, a partir de mañana, para desarrollar por cuenta de la Unión Europea un proyecto de puesta en marcha del Parlamento en Bosnia-Herzegovina. Le deseamos suerte.
(Aplausos.) Se levanta la sesión, señorías.

References: artículo 21
 artículo 21
 artículo 10
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 40
 artículo 49
 artículo 116
 artículo 21
 artículo 10
 artículo 37
 artículo 21
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 39
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 20
 artículo 75
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 75
 artículo 38
 artículo 163
 artículo 161
 artículo 137
 artículo 75
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 31
 artículo 117
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 9
 resolución 
 artículo 129
 artículo 64
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 75
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 47
 artículo 1
 artículo 65
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 32
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 49
 artículo 66
 artículo 3
 artículo 77
 artículo 25
 artículo 34
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 30
 artículo 29