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Timestamp: 2019-05-22 05:12:41+00:00

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Sentencia nº 938 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 4 de Noviembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 653318977
Número de Expediente: 2016-1027
El 21 de octubre de 2016, se recibió en esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio sin número del 13 de octubre de 2016, suscrito por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano N.M.M., mediante el cual remitió un ejemplar de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, a fin que esta Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma.
En esa misma fecha se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado L.F.D.B., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Accidental, por ausencia justificada de la Magistrada C.Z. de M., se constituye por las Magistradas y los Magistrados: G.G.A., P.; A.D.R., V.; J.J.M.J., C.O.R., L.F.D.B., L.B.S.A. y R.D.A., por lo que pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.
Mediante oficio sin número del 13 de octubre de 2016, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano N.M.M., remitió a esta S. el texto de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, en el cual indicó que “(…) remit[ía] un ejemplar de la supuesta Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, enviada por la Asamblea Nacional, con la finalidad de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncie acerca de la constitucionalidad del citado documento, debido a que ese Órgano Legislativo se encuentra en Desacato frente a las Decisiones del Poder Judicial (…)”.
1. Las personas que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sean cónyuges o mantengan uniones estables de hecho con el P. o P. de la República, V. o V. de la República, la máxima autoridad del órgano rector, de algún miembro del Consejo Directivo o de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; o de cada uno de los cónyuges de cualesquiera de las personas mencionadas.
Artículo 44. Corresponde al Director o D. General de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones:
P. único. El Director General será responsable civil, penal o administrativamente, de sus acciones y omisiones.
Artículo 190. Conforme a la ley especial que regule la materia de alocuciones y mensajes oficiales, el Presidente o P. de la República podrá ordenar a los medios de radiodifusión la comunicación gratuita y obligatoria de alocuciones y mensajes oficiales, referidos a circunstancias de orden social, económico, político y natural que afecten la seguridad de la Nación o sus habitantes, la prevención y atención de desastres naturales, alertas epidemiológicas y sanitarias, e informaciones sobre interrupciones de servicios públicos. Queda prohibido y será sancionado el uso de las alocuciones y mensajes oficiales previstos en éste (sic) artículo para fines partidistas, proselitistas y de propaganda.
P. único. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones velará por que (sic) la prestación de los servicios de radio y televisión digital terrestre por empresas públicas o privadas, se haga con sujeción a las reglas de libre competencia y comunicará a la autoridad administrativa en materia de competencia, cualquier actuación de los operadores estatales o privados que presuntamente constituyan prácticas anticompetitivas, conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley que rige la materia antimonopolio.
Primera. En los casos en que los titulares de habilitaciones administrativas o de concesiones para el uso y explotación de porciones del espectro radioeléctrico y habilitaciones administrativas asociadas a las mismas, hubiesen solicitado oportunamente, conforme a la legislación derogada, la renovación de dichas habilitaciones y concesiones sin que haya habido decisión por parte del órgano rector u otro órgano, o ente administrativo, o de algún órgano jurisdiccional, se dispone que, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, dichas habilitaciones y concesiones quedan prorrogadas, sin menoscabo de la extensión del plazo, conforme a lo dispuesto en la disposición final segunda de la presente L. y sin necesidad de pronunciamiento administrativo ni jurisdiccional alguno, todo ello para regularizar las correspondientes situaciones jurídicas, asegurar el ejercicio del derecho constitucional a la comunicación y garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los veintinueve días del mes de septiembre de dos mil dieciséis. Año 206° de la Independencia y 157° de la Federación
Respecto de la competencia de esta Sala para el conocimiento de la solicitud planteada por el Presidente de la República, se advierte que si bien el mismo no la calificó expresamente; no obstante, bajo el principio iura novit curia corresponde pronunciarse sobre el carácter de la pretensión interpuesta y, en ese sentido, visto que el ordenamiento jurídico vigente no establece ningún recurso contra leyes sancionadas por la Asamblea Nacional sin que hayan sido promulgadas por el Presidente de la República, salvo el control previo regulado en el artículo 214 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -o el pronunciamiento relativo al carácter orgánico de las leyes, lo cual no constituye el objeto del presente caso (cfr. sentencia Nº 537 del 12 de junio de 2000, caso: “Ley Orgánica de Telecomunicaciones”)-, esta S. considera que la pretensión interpuesta debe calificarse como un control previo de constitucionalidad, y así se declara.
En primer lugar, esta S. no puede dejar de advertir, por orden público constitucional, que se sometió a su consideración el control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sancionada por la Asamblea Nacional, cuyas disposiciones no sólo son de carácter general y afectarían a la colectividad de ser promulgadas, sino que además su sanción se produce en el marco de una situación de derecho particular, conforme a las sentencias vinculantes de esta Sala con relación a la validez de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se relaciona directamente con el resguardo del orden público constitucional (cfr. sentencias N.. 808/2016 y 814/2016) que obligan a esta S. con fundamento en la función tuitiva del Texto Fundamental que le ha sido encomendada a proceder a su evaluación y control, en los siguientes términos:
En este orden de ideas, esta S. observa que la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones fue sancionada por la Asamblea Nacional mediante sesión celebrada el 29 de septiembre de 2016 luego de la incorporación de los ciudadanos J.Y., N.G. y R.G., actuando como diputados del órgano legislativo nacional, con ocasión a la juramentación de los mismos realizada por la Directiva de dicho órgano legislativo el 28 de julio de 2016, lo cual constituye un hecho comunicacional, es decir, goza de notoriedad al ser transmitido de manera uniforme por los distintos medios de comunicación, tal como se denota del propio portal web de la Asamblea Nacional, desde cuya oportunidad dichos ciudadanos participan en los debates, deliberaciones y votaciones que son efectuadas en el pleno del aludido órgano parlamentario y lo ha señalado esta S. en ejercicio de su labor jurisdiccional (vid. sentencia N° 808 del 2 de septiembre de 2016).
La anterior decisión fue ratificada en el fallo N° 1 proferido el 11 de enero de 2016, por la mencionada Sala Electoral, la cual estableció que: “(…) 3. PROCEDENTE EL DESACATO de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral el 30 de diciembre de 2015, por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, D.H.R.A., E.M. y J.S.C. y por los ciudadanos J.H.Y., N.G. y R.G., titulares de los números de cédula de identidad V-12.173.417, V-1.569.032 y V-13.325.572, respectivamente. 4. ORDEN[Ó] a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia proceda con LA DESINCORPORACIÓN inmediata de los ciudadanos N.G., J.H.Y. y R.G., lo cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en Sesión Ordinaria de dicho órgano legistativo nacional. 5. NULOS ABSOLUTAMENTE los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren, mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión N° 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo (…)” (énfasis añadido).
Posteriormente, la referida Sala Electoral en sentencia N° 108 del 1° de agosto de 2016, sostuvo, lo siguiente: “(…) 1. EL DESACATO a las sentencias de la Sala Electoral número 260 de fecha 30 de diciembre de 2015 y número 1 del 11 de enero de 2016, y en caso de mantenerse el desacato de las referidas decisiones, se reservan todas aquellas acciones o procedimientos judiciales a que haya lugar. 2. LA INVALIDEZ, INEXISTENCIA E INEFICACIA JURÍDICA por violación flagrante del orden público constitucional en el pretendido acto de juramentación de los ciudadanos J.Y., N.G. y R.G. en el cargo de Diputados de la Asamblea Nacional realizado el 28 de julio de 2016 por la Junta Directiva del órgano legislativo nacional, así como de aquellos actos o actuaciones que dictare la Asamblea Nacional con la juramentación de los prenombrados ciudadanos (…)” (negrillas del original y subrayado de esta Sala).
[Ello por cuanto] la actuación desplegada por la Asamblea Nacional, no tan solo al proceder a una nueva juramentación e incorporación de ciudadanos como diputados de dicho órgano parlamentario, en contravención a la disposición expresa contenida en un fallo judicial, sino también por continuar desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada de este Máximo Tribunal en Sala Electoral, en el que claramente se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión, es decir, con la incorporación de los ciudadanos N.G., J.H.Y. y R.G. como Diputados de dicha Asamblea Nacional, se traduce en la nulidad absoluta de dichos actos así emanados, por la contravención expresa a un mandato judicial, que desde luego vulnera y desconoce claramente la noción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrada en el artículo 2 constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 26) y lo dispuesto por el artículo 253 constitucional; resultando, por ende, dichos actos absolutamente nulos y sin ningún tipo de validez y eficacia jurídica. Así se declara (…)
De igual forma, la Sala estableció claramente en sentencia 814/2016, que: “(…) Se reitera lo declarado por esta S. en la sentencia n.° 808 del 2 de septiembre de 2016, en la que, entre otros pronunciamientos, se declaró ‘que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia’ (…)”.
Con fundamento en los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, esta S. reitera que, considerando la notoriedad comunicacional de la situación irregular supra señalada; esta Sala debe de oficio y en resguardo del orden público constitucional en función de lo juzgado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de lo establecido en sus propias decisiones, proceder a un examen de la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, en orden a garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335 de la Constitución), como “(…) consecuencia de una aplicación lógica del derecho y del debido respeto y acatamiento a las decisiones proferidas por los órganos jurisdiccionales de la República, ya que lo contrario comportaría una franca violación a la Tutela Judicial Efectiva, al debido proceso, a la seguridad jurídica y al propio Estado Constitucional de Derecho, comportando un claro desprecio a la majestad de la justicia y de la ley, pudiendo generar diversos tipos de responsabilidad jurídica, política, ética y social en general (…)” (cfr. sentencia de esta Sala N° 808/2016), conforme a la cual:
(…) la tutela judicial efectiva, reconocida de manera expresa en el artículo 26 constitucional, implica uno de los pilares fundamentales sobre el cual se sustenta la noción de Estado de Derecho, ya que el mismo tiene por finalidad última hacer prevalecer el orden jurídico y en definitiva el respeto al imperio del derecho y de la ley, lo cual se logra asegurando la preservación del conjunto de derechos legítimos que el ordenamiento jurídico establece y que conforman la esfera plurisujetiva de todo ciudadano y de las sociedades como conglomerado social; otorgando a los mismos la certeza de que tales derechos serán debidamente asegurados y resguardados, a los efectos de lograr su efectiva vigencia, comportando por ello un compromiso por parte del Estado, visto desde la perspectiva de su función jurisdiccional, en el que se proveerá a sus derechos la seguridad de ser efectivamente materializados y de mantener su intangibilidad y absoluto resguardo, en los términos constitucional y legalmente establecidos. Es por esta razón que el precepto constitucional previsto en el artículo 26, indica que los mismos serán efectivamente tutelados por los órganos jurisdiccionales cuando pretendan ser vulnerados y se acuda ante ellos, exigiendo la debida tutela que detentan, para de esta manera hacer prelar la noción de justicia, que constituye el fin último de todo proceso judicial y la esencia misma de nuestro Estado.
Se desprende del criterio jurisprudencial transcrito el alcance del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, como derecho complejo que es, no tan solo comprende el derecho de acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales para ventilar sus pretensiones y que las mismas sean decididas conforme a un debido proceso en el que le sean respetadas sus garantías y derechos, sino que, además, es extensivo a la ejecutoriedad de la sentencia que de ese proceso resulte
En tal sentido, cabe reiterar que esta S. no sólo es la máxima y última intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que, en definitiva, debe garantizar la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, correspondiéndole fijar las interpretaciones sobre su contenido y alcance, por lo que una legislación que se concrete en el desconocimiento del vértice normativo del ordenamiento jurídico de la República -dentro de la cual se encuentra el pronunciamiento de esta Sala para hacer cumplir las disposiciones constitucionales-, conlleva como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones que la contraríen; más aún cuando esta S. ha reiterado pacíficamente que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen de la Constitución (ver artículos 1, 2, 3, 5, 7, 137, 253, 266, 334, 335 y 336 Constitucionales).
La posición que asume la Constitución y la interpretación que en ese sentido se plasmó en la sentencia de esta Sala Nº 85/02, constituye una perspectiva que redimensiona tanto la concepción de la función legislativa, como la de la facultad de tutela de esta Sala, sobre el ejercicio de la mencionada función normativa, en tanto que el legislador “tiene la obligación de legislar para la realidad nacional” (cfr. sentencia de esta S. Nº 1.178/09), lo cual excede una perspectiva que reduzca el análisis de constitucionalidad a la opción legislativa o que la regla seleccionada no pueda sostenerse sin afectar el núcleo esencial de los derechos constitucionales (cfr. sentencia de esta S. Nº 898/2002), en tanto que en esos casos, se asume que el legislador cuenta con la libertad de escoger una solución entre varias, incluso una más limitativa que otra u otras, quedando prohíbido optar por alguna que anule por completo el derecho constitucional delimitado, sin tomar en consideración que existen circunstancias en las cuales la propia Constitución, exige bajo un juicio de proporcionalidad y razonabilidad, negar la subsistencia de algún derecho fundamental a favor de otros.
Lo anterior se refleja, en la competencia de esta Sala para determinar que el legislador en el ejercicio de sus funciones actúe bajo el principio de racionalidad o de no arbitrariedad, lo que comporta la posibilidad de controlar actuaciones tan discrecionales como las sometidas a consideración de esta S. en la sentencia Nº 2/09, en la cual se señaló “(…) que toda medida adoptada debe responder o ser idónea a los fines y límites que el ordenamiento jurídico establece (…)”.
Se reitera entonces, la idea de que no existen actos de los órganos que ejercen el Poder Público que puedan desarrollarse al margen del derecho, aislado de vinculaciones jurídicas. La regulación de la competencia del órgano, los principios constitucionales sobre los fines del Estado, sobre los derechos fundamentales, lo que esta S. ha denominado elementos jurídicos, forman un entramado vinculante para una decisión que, aun siendo discrecional políticamente, no se desarrolla en este sentido al margen del derecho.
En ese contexto, esta S. reitera que las telecomunicaciones, se encuentran sometidas a un régimen estatutario de derecho público -Ley Orgánica de Telecomunicaciones- regido por los principios constitucionales establecidos en los artículos 108 y 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales disponen:
Por lo tanto, tales postulados constitucionales constituyen el marco mínimo para desarrollo de los mencionados la legislación en materia de telecomunicaciones. En función de ello, en el desarrollo legislativo en materia de telecomunicaciones, se encuentran inmiscuidos los derechos de los usuarios de los medios de comunicación, en la recepción de información y aprovechamiento cultural mediante la prestación de un servicio público, cuya titularidad recae en el Estado y su ejecución se puede realizar de manera directa o indirecta, pero el Estado debe a través de los órganos competentes, procurar la satisfacción eficaz del servicio universal de telecomunicaciones y asegurar a los usuarios y consumidores un servicio de calidad, en condiciones idóneas y de respeto de los derechos constitucionales de todas las partes involucradas, por ser “los medios de comunicación un medio de alcance e influencia en diversos aspectos de la sociedad y que pueden incidir tanto en la calidad de vida de aquélla, como en derechos concretos” (cfr. sentencias de esta S.N.. 956/2007 y 957/2007).
Dicho deber estatal no es una potestad exclusiva ejercida a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sino una conducta estatal típica en materia de telecomunicaciones a nivel nacional y de derecho comparado, de permitir el facilitamiento y desarrollo de la actividad comunicacional, por ser ésta de aprovechamiento general y que contribuye al desarrollo cultural de la sociedad, pudiendo el Estado en virtud de ello, hacer uso de aquellos mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico para mantener en un momento determinado la actividad operacional de tal servicio
(cfr. sentencias de esta S.N.. 956/2007 y 957/2007).
(…) la Constitución del Reino de Suecia –compuesta por cuatro leyes fundamentales (Instrumento de Gobierno, Ley de Sucesión, Ley de Libertad de Prensa y la Ley de libertad de expresión)– establece en el capítulo 7 de la Ley de Libertad de Prensa, un catálogo de delitos contra esa libertad, cuando por medios de comunicación se instigue a la guerra, la insurrección, la provocación de actos criminales, la persecución de un grupo de personas con alusiones a su raza, color de piel, origen nacional o étnico o sus creencias religiosas, por ser considerados delitos graves.
En este mismo sentido, existe una experiencia histórica: en el caso de la emisora radial RTLM (Radio Televisión Libre de las Mil Colinas) que se dedicó a emitir propaganda en contra de los tuits y promocionaba la diferenciación y el odio racial, en cuyos casos no habría sido contrario a los principios de dignidad o igualdad política una decisión del Estado que negara el ejercicio de la ‘libertad de expresión’ en esos términos. De hecho, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) condenó por genocidio e incitación pública a los responsables de los llamados ‘Medios del odio’, juzgados por su papel en las matanzas perpetradas en el país en 1994 y en las que murió, al menos, medio millón de personas. Todos los acusados eran directivos de empresas de comunicación, tal como F.N., de 53 años, antiguo director de Radio Televisión Mil Colinas (RTLM). Al respecto, véase sentencia del Tribunal Penal International para Ruanda: ‘F.N., Jean-Bosco B., H.N. (Appellants) v. The Prosecutor (Respondent), C. No. ICTR-99-52-A, 11/28/2007’, pero en todo caso lo importante es rechazar cualquier pretensión de afirmar como principio general y abstracto que el Estado deba respetar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión, cuando se encuentran en juego la vida y la convivencia social (…)
El correcto desarrollo de la actividad comunicacional, constituye un elemento cardinal en cualquier sistema democrático, toda vez que uno de los intereses o preocupaciones fundamentales no solo de la democracia en general sino del arquetipo de un sistema participativo, sería evitar la legitimación de formas de manipulación de la sociedad, ya que como señala J.M.D.O.: “El abuso del poder de información y el sometimiento ya indicado de la industria cultural y la política aumentan la capacidad para manipular la libertad y para producir el consenso en beneficio de los intereses dominantes. Apenas hay que agregar a este fenómeno de alienación, que ha sido ‘desocultado’ magistralmente por los filósofos de Fráncfort, y que pone en tela de juicio la legitimidad de la sociedad democrática concebida en términos de régimen de libertad” (Véase, D.O., J.M.E. de Filosofía del Derecho. Tribunal Supremo de Justicia, Colección Estudios Jurídicos N° 8, Caracas, 2003, pp. 538-539 y P., L.. La propaganda política. Un test para un acercamiento interdisciplinario a una búsqueda de derecho comparado. En Revista Pensamiento Constitucional, Volumen 1, Número 14 (2010), Perú, pp. 141-172).
En ese sentido, como advierte P. la posibilidad que un medio de comunicación pueda distorsionar las noticias y suprimir opiniones con las que no esté de acuerdo, tratando de convertir a los televidentes en sus propias opiniones, es plausible, en la medida que el costo para el radiotransmisor es menor en un entorno monopólico, “porque sus televidentes no tienen buenos sustitutos y porque el control de su fuente de información por parte del radiodifusor hará que sea más difícil para ellos el descubrimiento de que están siendo engañados” -cfr. P., R.. Análisis Económico del Derecho. Fondo de Cultura Económica, México 2007, p. 1057-; pero además otra variable a considerar más allá de la perspectiva económica; es la necesidad de las debidas regulaciones estatutarias de derecho público que permitan una tutela efectiva de los derechos fundamentales vinculados con el desarrollo de la actividad comunicacional, ya que de lo contrario, se estaría desconociendo una realidad social que se concreta en que los medios de comunicación se constituyen en industrias que a la par del ejercicio económico, se erigen como instrumentos políticos para la formación o manipulación de la opinión pública (Chomsky, N.. El miedo a la Democracia. G.M., Barcelona, 1992, pp. 355), lo que en definitiva incide en el ejercicio de los derechos fundamentales.
Los anteriores asertos no constituyen una simple reflexión teórica, sino reflejan desde una perspectiva histórica una realidad social, en la que la prevalencia de los intereses creados para el individuo y el colectivo, son consecuencia necesaria de la modalidad dominante de nuestras relaciones de reproducción social existentes y explican por qué las estructuras hegemónicas del poder, bajo criterios pragmáticos y desde la perspectiva de un análisis de costo-beneficio, definen políticas legislativas para desarrollar o reproducir estructuras de regulación que consoliden su posición (vid. M., I.. Estructura social y formas de conciencia. Volumen I. La determinación social del método. Monte Á.E., Caracas, 2011, p. 440 y C., N.. El miedo a la Democracia. G.M., Barcelona, 1992, pp. 334-401).
El contenido de las transmisiones o comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de telecomunicaciones podrán someterse a las limitaciones y restricciones que por razones de interés público establezca la ley conforme a la Constitución de la República
La norma transcrita se plantea -en principio- en similares términos a la vigente Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.610 del 7 de febrero de 2011; sin embargo, -se insiste- remplaza el interés “público” por “general”, cuyas expresiones parecieren referir una sinonimia -ya que es difícil concebir que el primero de ellos no comprenda el último- pues como afirma P.S. y F.T. el interés general es el “conjunto de condiciones que permiten que todas y cada una de las personas y los grupos sociales puedan desenvolverse y alcanzar su plena realización” (Serna, P. y T., F.: La Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Una alternativa a los Conflictos de Derechos. Argentina, La Ley, p. 82).
De lo expuesto, observa esta S. que la disposición contenida en el artículo 1 de la reforma de la ley planteada, admite que las actividades en materia de telecomunicaciones son de interés colectivo cuyo resguardo es deber de la Administración en las condiciones establecidas en la ley (interés general); no obstante, al suprimir el carácter público de ese interés se reduciría ipso facto la prelación de los fines del Estado en la posibilidad de intervención, es decir, se limitaría la rectoría del mismo sobre los medios de comunicación, sirviendo ello de marco para armonizar un conjunto de disposiciones que responden a una tendencia errática disidente del Estado Democrático y Social, destinada a permitir la monopolización de los sistemas de comunicación electrónica nacional y el alejamiento del pueblo para participar en los medios de difusión colectivos.
Artículo 21. La duración de las habilitaciones administrativas será de veinte años (20). En beneficio de la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones, el plazo de la habilitación se prorrogará sin necesidad de pronunciamiento administrativo alguno, siempre que el titular de la habilitación interesado en continuar prestando los servicios lo notificare por escrito al órgano rector con, por lo menos, noventa días (90) continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de la habilitación
Artículo 72. (…) La duración de las concesiones a que hace referencia el presente artículo será de veinte (20) años. En beneficio de la continuidad y regularidad de los servicios de telecomunicaciones, el correspondiente plazo de la concesión se prorrogará, sin necesidad de pronunciamiento administrativo alguno, siempre que el titular de la concesión interesado en continuar el uso y la explotación de porciones del espectro radioeléctrico lo notificare por escrito al órgano rector con, por lo menos, noventa (90) días continuos de anticipación a la fecha de vencimiento de la concesión
Lo anterior trasluce el propósito de normar a través de un texto legal la posibilidad de disponer libremente de la explotación de los medios de comunicación con una alarmante ausencia de controles necesarios en este ámbito (cfr. sentencias de esta S.N.. 956/2007 y 957/2007), lo que resulta antagónico a la concepción moderna de Estado Democrático y Social, en la cual éste debe garantizar la ejecución de los servicios públicos con el fin primordial de satisfacer las necesidades de la sociedad para lo cual requiere -entre otras actividades básicas- mantener el dominio del espectro radioeléctrico a fin de resguardar su correcta ejecución de su explotación por los medios de comunicación en pro de la sociedad. Por lo tanto, la excesiva liberalidad de actuación que pretende la referida reforma de ley lejos de procurar un actuar transparente a favor de los usuarios, persigue dejar en manos de los intereses particulares la transmisión y control de la información que percibe cada ciudadano, lo que demuestra concepciones propias de la teoría del Estado Mínimo, el cual “planteó que para ser modernos, cada vez, había que tener menos Estado rector de la comunicaciones y entregar progresivamente el modelo y el proceso de la comunicación nacional a la dinámica de mercado salvaje desregulado” (cfr. Esteinou Madrid, J.: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ‘Ley Televisa’”, A. de Investigación 2007, UAM-X, México, 2008), pero cuya noción desproporcionada de libertad resulta totalmente lesiva a los derechos fundamentales a la información, a la igualdad, a la comunicación e, incluso, afecta colateralmente otros derechos como la libertad de actividad económica, entre otros.
2. Cuando exista posición de dominio por parte de una o más empresas o se verifiquen circunstancias que afecten sensiblemente la competencia efectiva en el mercado, debidamente declaradas por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia económica, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá determinar los precios mínimos y máximos a las que quedarán sujetas las empresas. Dichos precios mínimos y máximos estarán vigentes hasta que existan condiciones que permitan la competencia efectiva en ese mercado, deberán ser revisados periódicamente y garantizarán en todo momento un lucro razonable a los operadores afectados
4. La venta, arrendamiento, servicio técnico y reparación de equipos y sus accesorios
De igual forma, afecta al usuario individualmente considerado, y para ello resulta oportuno traer a colación el hecho notorio comunicacional relativo al alza de los precios de las tarifas por concepto de servicio de telefonía celular o de televisión por suscripción y su regulación por los órganos públicos competentes (cfr. P. web: http://www.eluniversal.com/noticias/economia/conatel-suspende-incremento-tarifas-los-ser
De manera, que se insiste que el contenido de la pretendida Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sancionada por la Asamblea Nacional, devela una tendencia política (Estado Mínimo) que se aparta de los postulados constitucionales referidos a la concepción de Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia que propugna nuestra Carta Magna, pretendiendo establecer disposiciones en contraposición al interés público, circunstancias que esta S. como garante de la supremacía constitucional está llamada a impedir en aras de preservar el orden social y el bien común, por lo que se le reitera al órgano parlamentario nacional que la actuación legislativa debe estar orientada hacia la defensa de los valores y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (vid. sentencia N° 85/2002).
- Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de control previo de constitucionalidad de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, sancionada por la Asamblea Nacional el 29 de septiembre de 2016, planteada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano N.M.M..
- De oficio la NULIDAD del acto legislativo que sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su contenido, por cuanto fue dictada en franco desacato de decisiones judiciales emanadas de este Máximo Tribunal de la República. En consecuencia, se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, en cuyos sumarios deberá indicarse lo siguiente:
P., regístrese y archívese el expediente. R. copia certificada del fallo al Presidente de la República, al Presidente de la Asamblea Nacional y a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). C. lo ordenado.

References: Artículo 44

Artículo 190
 artículo 214
 artículo 2
 artículo 253
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 1

Artículo 21

Artículo 72