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Timestamp: 2020-01-20 10:16:46+00:00

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Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [DECRETO_1066_2014]
Artículo 1A 2A 1 3 7 8 9 10 13 14 16 19 21 ANEXO 1 1-A1 2-A1 3-A1 4-A1 5-A1 6-A1 7-A1 8-A1 9-A1 10-A1 11-A1 12-A1 13-A1 14-A1 15-A1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 1-A4 3-A4 4-A4 5-A4 6-A4
Diario Oficial No. 49.178 de 10 de junio de 2014
Por medio del cual se promulga el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010.
Que la misma ley en su artículo 2o ordena la promulgación de los tratados y convenios una vez sea perfeccionado el vínculo internacional de Colombia con el respectivo instrumento internacional;
Que el Congreso de la República, mediante la Ley 1582 de 30 de octubre de 2012, publicada en el Diario Oficial número 48.599 de 30 de octubre de 2012, aprobó el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-749 de 2013 de fecha 30 de octubre de 2013, declaró exequible la Ley 1582 de 30 de octubre de 2012 y el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que mediante Nota Diplomática número S-GTAJI-14-007565 de fecha 17 de febrero de 2014, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia notificó a la Oficina Europea de Policía (Europol) sobre el cumplimiento de los trámites exigidos por su legislación interna para la entrada en vigor del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010;
Que la precitada Nota fue notificada a la Oficina Europea de Policía (Europol) el día 24 de febrero de 2014, y en consecuencia el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010, entró en vigor el 24 de febrero de 2014.
ARTÍCULO 1o. Promúlguese el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010.
(Para ser transcrito en este lugar, se adjunta copia del texto del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010).
Dado en Bogotá, D. C., a 10 de junio de 2014.
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica Entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá,
D. C., el 20 de septiembre de 2010.
Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia
y la Oficina Europea de Policía
1. A efectos del presente Acuerdo, en el anexo 3 del mismo figura una relación de los organismos judiciales y policiales de Colombia competentes en virtud de la legislación nacional para prevenir y luchar contra los delitos mencionados en el artículo 3 (en lo sucesivo, las “autoridades competentes”). Colombia notificará a Europol cualquier modificación que experimente esta lista en un plazo de tres meses a contar desde que dichas modificaciones entren en vigor.
2. El intercambio de información especificado en el presente acuerdo tendrá lugar entre Europol y la Policía Nacional de Colombia y, si se estima apropiado, podrá incluir intercambios directos de información con las autoridades competentes establecidas de conformidad con el artículo 6. Las partes contratantes se asegurarán de que el intercambio de información pueda efectuarse en un plazo de 24 horas. La Policía Nacional de Colombia garantizará que la información pueda compartirse sin demora con las autoridades competentes conforme se dispone en el artículo 6, apartado 1.
3. La transmisión ulterior de los datos por el destinatario inicial se limitará a las autoridades competentes mencionadas en el artículo 6, y se efectuará en condiciones idénticas a las aplicables a la transmisión original;
4. El suministro de la información ha de ser necesario en cada caso para prevenir o combatir los delitos referidos en el artículo 3, apartado 1;
10. Cuando Europol comunique a Colombia que ha borrado información transmitida a la misma, esta suprimirá tal información en consecuencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 7, la Policía Nacional de Colombia podrá optar por no borrar la información si concluye, sobre la base de los datos consignados en sus archivos, y de mayor amplitud que los que posea Europol, que existe una necesidad ulterior de procesar dicha información. La Policía Nacional de Colombia comunicará a Europol de los motivos para continuar almacenando esa información;
4. Los datos personales en los que se revele el origen racial, las opiniones políticas o las creencias religiosas o de otra índole, o aspectos de la salud o la vida sexual, como a los que se alude en la primera frase del artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa de 28 de enero de 1981 para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, solo se entregarán en casos absolutamente necesarios y de manera complementaria a otra información.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, subapartado 9, el período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión.
3. La información que requiera medidas de seguridad adicionales estará sujeta a un nivel de clasificación de Colombia o Europol, que será objeto de una indicación específica. El intercambio de información clasificada entre las Partes tendrá lugar de conformidad con las detalladas medidas de protección que se describen en el anexo 1. El nivel de información clasificada que vaya a intercambiarse estará determinado por los correspondientes niveles de clasificación establecidos en la tabla de equivalencias que figura en el artículo 7, apartado 3, del anexo 1.
2. El cuadro de equivalencias consignado en el artículo 7, apartado 3, del anexo I y en los anexos 2, 3 y 4 del presente acuerdo podrán modificarse mediante un intercambio de notas entre las partes contratantes.
ARTÍCULO 4. PRINCIPIO DE “NECESIDAD DE CONOCER”.
ARTÍCULO 5. HABILITACIÓN DE SEGURIDAD Y AUTORIZACIÓN DE ACCESO.
ARTÍCULO 6. ELECCIÓN DEL NIVEL DE CLASIFICACIÓN.
ARTÍCULO 7. TABLA DE EQUIVALENCIAS.
ARTÍCULO 8. REGISTRO. 2
6. A pesar del principio de “necesidad de conocer” y de la necesidad de contar con una habilitación de seguridad adecuada, la información clasificada como Europol Restreint UE/EU Restricted (Europol - Difusión restringida) o su equivalente podrá enviarse por medios electrónicos, a través del sistema interno de correo electrónico, si cuenta con la aprobación de la Autoridad de Seguridad pertinente.
1. Artículo modificado para aclarar que la asistencia jurídica mutua en asuntos penales no se verá afectada por el presente modelo de Acuerdo.
2. Indica el equivalente a la información clasificada en Europol como CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL (Europol Confidencial).
Formas de delincuencia.
1) “Tráfico ilícito de estupefacientes”: los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen;
2) “Delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos”: los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente;
6) “Falsificación de los medios de pago”: los actos definidos en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago;
7) “Actividades ilícitas de blanqueo de dinero”: los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
ARTÍCULO 1. TAREAS DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE DE COLOMBIA.
ARTÍCULO 2. ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE.
(Bogotá, D. C.)
Dado el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y en tanto el contenido del mismo consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el instrumento internacional a la par con la Ley Aprobatoria número 1582 de 2012.
Lo anterior, en razón de que se dio cumplimiento a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico y de otra, en la medida que sus objetivos y su contenido buscan la realización de los fines del Estado colombiano al regular la cooperación entre Europol y la República de Colombia, con el fin de apoyar a este último, y a los Estados miembros de la Unión Europea, en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional en los ámbitos del artículo 3o del Acuerdo.
2.5 Academia Colombiana de Jurisprudencia.
3. Concepto del Procurador General de la Nación1.
Debe devolverse la Ley 1582 de 2012, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, para que proceda al saneamiento del vicio de procedimiento detectado en el primer debate y aprobación del proyecto de ley, al no seguirse el procedimiento establecido en el artículo 8o del Acto Legislativo número 01 de 2003, según el cual ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella en la que previamente se haya anunciado.
Frente al contenido material del “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, debe declararse exequible, al encontrarlas ajustadas a la Carta Política (artículos 9o, 226 y 227), en tanto fortalece las relaciones entre Colombia y la Oficina Europea de Policía mediante el intercambio de información y conocimientos especializados tendientes a crear un frente común, contra la delincuencia y a su vez impedir el incremento de las diversas actividades delictivas que atentan contra el orden y la paz transnacional.
2.1. El proceso de negociación del instrumento internacional: representación y competencia en la suscripción de las convenciones
2.1.1. El control de Constitucionalidad comprende la verificación de las facultades del representante del Estado colombiano para negociar, adoptar el articulado mediante su voto y autenticar el instrumento internacional respectivo, de acuerdo con lo previsto en los artículos 7o a 10 de la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados de 1969.
2.1.2. En cuanto a la representación del Estado colombiano durante este proceso, según certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, fue firmado en nombre y representación de la República de Colombia, por el entonces Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo a quien le fueron otorgados plenos poderes por el entonces Presidente de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez, el 22 de junio de 20102.
2.1.3. Sobre este punto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2o de la C.P., la Rama Ejecutiva en cabeza del señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el acuerdo, el 19 de julio de 2011. Mediante dicho decreto se dio aprobación al “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, y se manifestó que obligaría al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo.
2.2. El proceso de formación de la ley en el Congreso de la República3.
El proyecto de ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, el 7 de septiembre de 2011, de conformidad con lo prescrito por la Constitución Política (artículo 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso número 6744 de septiembre 9 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (C. P., artículo 157.1).
2.2.2. Trámite en el Senado de la República
2.2.2.1. Primer debate en Senado
– Publicación de la ponencia.
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso número 751 del 5 de octubre de 20115.
– Anuncio para votación en primer debate.
El Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado fue anunciado previamente en la sesión del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, según consta en Acta número 106, publicada en la Gaceta del Congreso número 153 de abril 17 de 20127 y conforme certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, de fecha 17 de enero de 20138.
– Aprobación en primer Debate (quórum y mayoría).
El proyecto de ley fue discutido y aprobado el 16 de noviembre de 2011, conforme al Acto Legislativo número 01 de 2009, por doce (12) de los trece (13) Senadores, que conforman la Comisión y que se encontraban presentes en la sesión, según consta en la Acta número 119 del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso número 155 del 17 de abril de 201210 y certificación11 emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República12.
– Término entre Comisión y Plenaria
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 16 de noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 5 de diciembre de 2011, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C. P. artículo 160).
– Publicación del texto aprobado y de la ponencia.
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada favorablemente por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso número 878 del 23 de noviembre de 201113.
– Anuncio para votación para segundo debate.
El proyecto de ley fue anunciado en la Sesión Ordinaria del día 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta número 2414 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 36 del 16 de febrero de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión y conforme la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República15.
– Aprobación en Segundo Debate.
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 5 de diciembre de 2011, según consta en el Acta número 2516 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 37 del 16 de febrero de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 87 de 100 Senadores, conforme certificación17 expedida el 8 de enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República18.
– Publicación texto aprobado en Plenaria.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la Plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso número 946 del 7 de diciembre de 2011.
– Término entre Senado y Cámara.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 5 de diciembre de 2011, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 7 junio de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. (C. P. artículo 160).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el Representante a la Cámara Yahír Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso número 250 del 18 de mayo de 201219.
– Anuncio de Votación.
En anuncio de la votación fue realizado el 30 de mayo de 2012, según consta en el Acta número 26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 563 del 28 de agosto de 201220, en los siguientes términos:
Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8o del Acto Legislativo número 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley.
Segundo. Proyecto de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010.
Texto: Gaceta del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta del Congreso número 250 de 2012.
(...)” (subrayas fuera de texto).
Conforme a lo expuesto, la siguiente sesión de la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes se realizó el martes 5 de junio del mismo año, fecha en la que no se discutieron proyectos de ley, sino que se llevó a cabo una sesión de control político, como lo manifiesta el Secretario General de la Cámara de Representantes en su certificación cuando dijo: “Es de anotar que en la sesión del día 5 de junio de 2012, Acta número 27, no hubo discusión y aprobación de proyectos de ley, en dicha sesión se realizó Control Político, número 563 del 28 de agosto de 2012. Páginas 23 a 34”, de manera que fue en la siguiente sesión llevada a cabo el día 7 de junio de 2012, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley21.
– Aprobación del proyecto.
El proyecto de ley fue aprobado el 7 de junio de 2012, por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de dieciséis (16) Representantes, lo que se encuentra registrado en el Acta número 2822 del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso número 563 del 28 de agosto de 201223 y según consta en la certificación24 expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del 6 de diciembre de 201225.
Para el Procurador General de la Nación, se presentó un vicio de trámite del proyecto de ley, al haber omitido el anuncio previo consagrado en el artículo 8o del Acto Legislativo número 03 de 2003.
– Término entre Comisión y Plenaria.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 7 de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 25 de septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C. P. artículo 160).
– Publicación del texto aprobado en primer debate y de la ponencia.
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta del Congreso número 595 del 6 de septiembre de 201226.
– Anuncio para votación en Plenaria.
El proyecto de ley fue anunciado en la Sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta número 155 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso número 14 del 6 de febrero de 201327 y conforme certificación del 1o de diciembre de 2012, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 17 de diciembre de esa misma anualidad.
– Aprobación.
El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con el voto de los 150 Representantes presentes, según consta en el Acta número 15628 del 26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso número 15 del 6 de febrero de 201329 y acorde a certificación30 allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes31.
En la Gaceta del Congreso número 658 del 1o de octubre de 2012 se publicó el texto aprobado del Proyecto de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010, convirtiéndose en la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, la cual fue debidamente publicada en el Diario Oficial número 48.599 de 30 de octubre de 2012.
El proyecto de la ley, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010, (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas Cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos (C. P., artículo 9o) y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (C. P., artículos 150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo 226).
La Oficina Europea de Policía (Europol), fue creada mediante acuerdo en el tratado de la Unidad Europea, el 7 de febrero de 1992 e inició el ejercicio de sus actividades en 1994, bajo el nombre de Unidad de Drogas de Europol, combatiendo principalmente crímenes de narcotráfico. En 1998 se ratificó la Convención de la Europol, por todos los Estados miembros de la Unión Europea, entrando en vigencia el 1o de octubre de 1998. Actualmente cuenta con el aporte de 27 Cuerpos de Policía de la Unión Europea, que orientan su acción en problemas como tráfico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos y pornografía infantil, falsificación de dinero y otros medios de pago, tráfico de sustancias radioactivas y nucleares y terrorismo32.
Relaciones con terceros Estados y organizaciones.
2. Europol podrá celebrar acuerdos con las entidades mencionadas en el apartado 1 que estén incluidas en la lista contemplada por el artículo 26, apartado 1, letra a). Tales acuerdos podrán referirse al intercambio de información operativa, estratégica y técnica, incluidos los datos personales y la información clasificada, siempre que se transmitan a través de un punto de contacto designado que figure en el acuerdo a que se hace referencia en el apartado 6, letra b), del presente artículo. La celebración de tales acuerdos requerirá la aprobación previa del Consejo, tras consultar al consejo de administración y, por lo que se refiere al intercambio de datos personales, una vez recabado el dictamen de la Autoridad común de control a través del consejo de administración (...)”33.
El “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, se suscribió en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010 y se compone de un preámbulo, veintitrés (23) artículos y cuatro anexos:
Artículo 2o. Objeto del Acuerdo.
Artículo 3o. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo
Artículo 4o. Ámbitos de cooperación
Artículo 5o. Centro Nacional de Enlace
Artículo 6o. Autoridades competentes
Artículo 7o. Disposiciones generales relativas al intercambio de información
Artículo 8o. Suministro de información por Colombia
Artículo 9o. Entrega de datos personales por parte de Europol
Encuentra la Corte que la importancia de la suscripción del Acuerdo consagrada en su preámbulo, armoniza con los fines del Estado colombiano y de sus autoridades de proteger a sus habitantes en su vida, honra y bienes, así como en el ejercicio de las garantías y libertades (C. P., artículo 2o).
3.4.2. Definiciones - Artículo 1o.
Señala el significado para efectos del Acuerdo, de las siguientes expresiones: “Decisión del Consejo sobre Europol”34, “Datos Personales”35, “Tratamiento de Datos Personales”36 e “Información”37, conceptos que dan claridad y permiten una adecuada interpretación del Acuerdo por las partes del mismo.
3.4.3. Objeto del Acuerdo - Artículo 2o.
La disposición contenida en el presente artículo señala que el objeto del Acuerdo es regular la cooperación entre el Estado colombiano y la Europol, con el fin de apoyar la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, el cual se ejercerá en los ámbitos definidos en el artículo 3o, compromisos que están en consonancia con el deber del Estado y de sus autoridades (C. P., artículo 218) de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia, para lo que podrá celebrar tratados internacionales con otros Estados o con entidades de derecho internacional, bajo condiciones de equidad y reciprocidad (C. P., artículos 2o, 9o, 150.16, 189.2).
3.4.4. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo de Cooperación - artículos 3o y 4o.
El artículo 3o define el ámbito de los delitos a los que se aplica el Acuerdo de Cooperación, delimitándolos a los que son competencia de la Europol, y sus delitos conexos, los cuales se encuentran especificados en el Anexo 2 y que son: i) el tráfico ilícito de estupefacientes38; ii) la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos39; iii) la Introducción ilegal de inmigrantes40; iv) la trata de seres humanos41; v) la Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados42; vi) la falsificación de los medios de pago43 y las vii) actividades ilícitas de blanqueo de dinero44 y lo delitos conexos, los cuales define como los cometidos para procurarse los medios para perpetrar las conductas delictivas antes descritas, y los delitos para lograr la impunidad.
Indica este artículo que una vez se modifique el mandato de la Europol, deberá ponerlo en conocimiento del Estado colombiano, a fin de introducir las modificaciones al Acuerdo, las cuales solo entraran en vigencia una vez el Estado colombiano manifieste su aceptación, para lo que deberá cumplir con las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico interno (C. P., artículos 189.2, 150.16, 241.10).
El artículo 4o que delimita el ámbito de la cooperación, al intercambio de información, de conocimientos especializados, de informes generales de situación y de resultados de análisis estratégicos, así como la participación en actividades de formación, y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones delictivas, no contradice ningún postulado constitucional. Por el contrario, permite al Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra la delincuencia internacional, través de un mejor desempeño de las funciones de la Policía Nacional como organismo encargado del mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia. (C. P., artículo 218).
3.4.5. Centro Nacional de Enlace, Autoridades Competentes, Asociación a Grupos de Análisis y Funcionarios de Enlace Representantes de Colombia en Europol – Artículos 5o, 6o, 12 y 14.
Esta Corporación, no tiene objeción de constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos 5o y 6o del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Europol, que establecen las condiciones para la aplicación del Acuerdo, como son la designación de la Policía Nacional como el punto nacional de enlace entre la Europol y las demás autoridades competentes, el compromiso de celebración de reuniones periódicas y consultas entre Europol y la Policía, así como la designación de las autoridades competentes para prevenir y luchar contra los delitos referidos en el artículo 3 del Acuerdo, en tanto busca establecer las condiciones de operación del Acuerdo, que permitan a través de la cooperación mutua, cumplir los objetivos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia internacional, en salvaguarda de sus habitantes y de la seguridad del Estado colombiano y de los Estados miembros de la Unión Europea (C. P., artículos 1, 2, 216, 218).
Como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del acuerdo, está el asumir los costos de las telecomunicaciones y garantizar que los funcionarios de enlace dispongan de un acceso rápido a las bases de datos nacionales, –cuando ello sea técnicamente posible– necesarias para llevar a cabo sus labores mientras se encuentren en la Europol.
En el Anexo número 4 se describen en forma detallada los funcionarios de enlace, tareas, estatuto, métodos de trabajo, confidencialidad, aspectos administrativos y responsabilidad y casos de conflicto.
3.4.6. Disposiciones Generales Relativas al Intercambio de Información - Artículo 7.
Para la Corte las disposiciones del artículo 7, referidas a la restricción del intercambio de información, a la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, a que su recolección, almacenamiento y transmisión se realice conforme a las disposiciones jurídicas de cada una de las partes, a la definición de las autoridades que se encargarán del intercambio de información y a la garantía de un nivel adecuado de protección de los datos, no riñe con ningún postulado de la Constitución Política, al estar orientadas a la salvaguarda de la seguridad y la vida de los habitantes del territorio colombiano (C. P., artículos 1 y 2) y a la protección de los datos intercambiados, en tanto ellos puedan afectar los procesos de investigación que realice la Policía Nacional en ejercicio de sus competencias (C. P., artículo 218) y a la protección de los datos que puedan afectar a las personas (C. P., artículo 15).
Las disposiciones del artículo 7, relativas al derecho de las personas a acceder a la información que les ataña y a solicitar su comprobación, corrección, borrado o revelación, debiendo las partes informarse sobre ello; a juicio de esta Corporación son concordantes con la Constitución Política, en especial con lo prescrito con el artículo 15, que señala que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en entidades públicas y privadas y a que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respeten las garantías consagradas en la Constitución.
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas –contenidos mínimos– que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa”45.
Para la Sala, los artículos 8 46 y 9 47 del Acuerdo, que consagran las condiciones para el suministro de información entre Colombia y la Europol, entre las que resaltan: i) la indicación del motivo de la comunicación, las restricciones a su uso, borrado, destrucción y transmisión de la misma; ii) el procedimiento y plazos que se surtirán en la Europol, para definir la inclusión de los datos en sus bases de datos; iii) las condiciones que Europol y Colombia deberán cumplir respecto de las transmisiones de datos personales y iv) el deber de asegurar la protección de los datos mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas, no contravienen la Carta Política, en tanto constituyen disposiciones propias de la mecánica del intercambio de la información y de la protección de los datos suministrados por cada una de las partes.
“La transferencia internacional de datos personales ha surgido como consecuencia de la globalización y los fenómenos de integración económica y social, en los que tanto las empresas como las entidades gubernamentales requieren transferir datos personales destinados a diferentes propósitos48.
En consecuencia, las condiciones así establecidas, garantizan que el uso de los datos estará restringido a los fines del Acuerdo, a los motivos que ocasionaron la solicitud, a que los datos no se transmitan a terceros sin la autorización del emisor y a la garantía de la seguridad a través de los medios tecnológicos pertinentes, en procura de la salvaguarda de los derechos de las personas a la intimidad y la honra y de la seguridad de los Estados (C. P., artículo 15).
3.4.9. Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia – Artículo 11.
El artículo 11 contempla las reglas sobre corrección y eliminación de la información suministrada por Colombia a la Europol y las advertencias que las partes se harán al respecto, disposiciones contra las que no hay reparo de constitucionalidad, por tratarse de reglas operativas relativas al mantenimiento de la información intercambiada entre las partes, por criterios de fiabilidad, actualización, falta de precisión, entre otros, aspectos, que fortalecen la posibilidad de que datos intercambiados contrarios a la verdad sean verificados, corregidos y el último caso eliminados, en garantía de los derechos de las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (C. P., artículo 15) y en aras de que la información sea útil en la realización de investigaciones sobre la presunta comisión de delitos dentro de la lucha contra la delincuencia internacional.
3.4.10. Confidencialidad de la Información – Artículo 13.
Este artículo del Acuerdo señala que toda la información tratada por Europol –excepto la expresamente reconocida como pública– estará sujeta a un nivel básico de protección, tratamiento que debe ser garantizado por las partes a toda la información intercambiada en virtud del Acuerdo mediante la aplicación de una serie de medidas, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, la limitación del acceso a la información al personal autorizado y la adopción de medidas técnicas especializadas para proteger su seguridad.
Para la Corte la clasificación de la información por el nivel de seguridad que requiera, se aviene a la Carta Política en tanto permite la protección del derecho de las personas a su intimidad personal y familiar y al buen nombre, consagrados en el artículo 15 constitucional que señala que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar y hacerlos respetar...En la recolección, tratamiento y divulgación de datos se respetarán la libertad y demás garantías constitucionales” y en términos de la lucha contra la delincuencia internacional, permite la protección de la información que será el objeto para la toma de decisiones dentro de los procesos investigativos.
“La información pública es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los documentos públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C. P. […] Esta información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de autorización alguna para ello.
La información semiprivada es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación. Por ende, se trata de información que solo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales antes analizados. […]
Por último, se encuentra la información reservada, eso es, aquella que solo interesa al titular en razón a que está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad […]. Estos datos, que han sido agrupados por la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”49, no son susceptibles de acceso por parte de terceros, salvo que se trate en una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación. En este escenario, habida cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso, la información deberá estar sometida a la reserva propia del proceso penal”50.
En consecuencia, las disposiciones contempladas en el artículo bajo examen, tendientes a la protección de la información intercambiada que no sea clasificada como pública, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, el deber de limitar el acceso a la misma y de implementar las herramientas tecnológicas requeridas, si bien pueden considerarse una restricción al derecho al acceso a la información, cumple con objetivos legítimos, por cuanto garantiza el derecho de las personas a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, a la protección de la garantías constitucionales frente a la recolección, tratamiento y divulgación de información, y propende por la realización de fines constitucionales como la seguridad y la defensa nacional, la integridad territorial, la soberanía nacional y el régimen democrático, frente a comportamientos punibles como son las amenazas producto del terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el lavado de activos, la delincuencia con el tráfico de vehículos, la falsificación de medios de pago, entre otros. (C. P., artículos 2, 9, 15, 113, 209, 217 y 218).
Encuentra la Sala que la disposición del artículo 15 que indica que Colombia será responsable de conformidad con su legislación interna, de lo daños o perjuicios que cause a personas físicas, como resultado de los errores de hecho o derecho en la información intercambiada con Europol y que si los errores se generaron como consecuencia de la información comunicada equivocadamente por Europol, esta deberá devolver los importes abonados como indemnización, es respetuosa de la Carta Política, en tanto la responsabilidad del Estado Colombiano se sujeta a su legislación interna, a que el daño haya sido ocasionado por su acción u omisión de sus agentes y que en el evento de que los daños se deban a la acción de la Europol, corresponde a esta última reembolsar los importes pagados a título de indemnización (C. P., artículo 90).
3.4.12. Resolución de controversias, Clausula de reserva, modificaciones, Entrada en Vigor y Validez, Extinción del Acuerdo de Cooperación Estratégica y Resolución del Acuerdo – Artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
Las disposiciones referentes a: i) el sometimiento a un Tribunal de arbitramento en caso de controversia; ii) la exclusión del acuerdo de la asistencia jurídica mutua en asuntos penales y la afectación de obligaciones de intercambio de información contemplados en otros tratados de asistencia jurídica mutua; iii) la posibilidad de introducir modificaciones al Acuerdo, por escrito y con el consentimiento mutuo, previa aprobación del Consejo de la Unión Europea; iv) a su entrada en vigor, una vez Colombia notifique a Europol que el Acuerdo ha sido ratificado; v) a la extinción del Acuerdo de Cooperación suscrito en 2004 y vi) a las reglas sobre la resolución del Acuerdo, armonizan con la Constitución Política, al ser una expresión de la libertad y autonomía que le asiste al Estado colombiano para suscribir acuerdos de cooperación, proponer modificaciones y disponer la resolución del mismo, cuando lo considere conveniente, acorde al artículo 9 Superior que determina que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
El artículo 1o de este anexo establece las definiciones de los conceptos de: i) información51; ii) información clasificada52; iii) confidencialidad53; iv) nivel de clasificación54; v) batería de seguridad55; principio de necesidad de conocer56; vi) enlaces de comunicación seguros57; vii) Europol Restrient UE/EU restricted58; viii) Europol Confidentiel UE/EU Confidential59; ix) Europol Secret UE/EU Secret60; x) Europol Trés Secret UE/EU Top Secret61, las cuales constituyen un elemento importante en la adecuada interpretación del Acuerdo y de las obligaciones de las partes, en la protección de los datos de cualquier tipo que puedan intercambiarse entre las partes.
El artículo 2o del anexo, señala las acciones que desplegarán las partes para la protección de la información clasificada, que sea intercambiada, en cuanto a su salvaguarda, el mantenimiento de la clasificación de seguridad que le haya asignado el emisor; la restricción del para los fines y dentro de los límites indicados por el emisor y la no comunicación a terceros sin la autorización del emisor.
Por su parte el artículo 3 del anexo, establece que “cada una de las partes contará con una organización de seguridad y con programas de seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se aplicarán a los sistemas de seguridad de las Partes para garantizar que se aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada sujeta al presente acuerdo”.
Los principios básicos y las normas de seguridad mínimas se establecen en los artículos 4o a 15 del Anexo número 1 que se enumeran a continuación: artículo 4o. Principio de necesidad de conocer; artículo 5. Habilitación de seguridad y autorización de acceso; artículo 6o. Elección del nivel de clasificación; artículo 7. Tabla de equivalencias; artículo 8o. Registro; artículo 9. Identificación; artículo 10. Almacenamiento; artículo 11. Reproducción; artículo 12. Transmisión; artículo 13. Destrucción; artículo 14. Evaluaciones y artículo 15. Riesgo para la Información clasificada.
Examinado el contenido del anexo, se evidencia que su objeto es la determinación de las medidas de seguridad y protección de la información que se intercambie entre las partes, y que haya sido definida como clasificada, aspectos sobre los que la Sala no encuentra objeción de constitucionalidad, al tratarse de disposiciones operativas e instrumentales cuyo objeto final es la lucha contra la delincuencia internacional organizada y que reflejan el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, y demás derechos y libertades, sin que con ello se afecte la soberanía del Estado colombiano y la libre autodeterminación de los pueblos (C. P., artículos 1, 2, 9, 113, 217 y 218).
Las formas de delincuencia son: el tráfico ilícito de estupefacientes62 , la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radioactivos63, la introducción ilegal de inmigrantes64 , la trata de seres humanos65, la delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados66, la falsificación de medios de pago67 y las actividades ilícitas de blanqueo de dinero68.
Por su parte, el Anexo número 3, señala que la autoridad competente y responsable en Colombia de prevención y lucha contra los delitos mencionados en el anexo 2, es la Policía Nacional, asignación que resulta conforme al artículo 218 de la Constitución Política, que establece que corresponde a ella el mantenimiento de la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades y garantías públicas.
3.5.1. El examen de validez formal del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010 y su ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano y la Oficina Europea de la Policía, autorizada por el Consejo de la Unión Europea, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
3.5.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (C. P. Artículo 9o), el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (C. P. Artículo 2o), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y en el ejercicio de sus derechos y libertades (C. P. Artículo 2o), la protección del derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en los bancos de datos y en archivos públicos o privados (C. P. Artículo 15), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (C. P. Artículo 189.2), a la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con entidades de derecho internacional (C. P. Artículo 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia y la función de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (C. P. Artículo 218).
Primero. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C. el 20 de septiembre de 2010.
Segundo. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010.
Tercero. Disponer que se comunique inmediatamente esta sentencia al Presidente de la República para lo de su competencia, así como al Presidente del Congreso de la República.
Bogotá, D. C., 17 de febrero de 2014
Tengo el honor de dirigirme a su Excelencia con ocasión de hacer referencia al “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 20 días del mes de septiembre de 2010.
En consecuencia, el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en la ciudad de Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010, entrará en vigor a partir de la fecha de recepción por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) de la presente Nota.
1 Concepto 5586 de junio 14 de 2013.
2 Certificación de la Cancillería a Folio 34 cuaderno principal.
3 En lo relativo a la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte aprecia que el objeto del Acuerdo es establecer vínculos de cooperación estratégica y operativa entre la Republica de Colombia y la Oficina Europea de la Policía, con el fin de combatir la delincuencia internacional, mediante el intercambio de información y el manejo de la misma, la realización de contactos periódicos, disposiciones que no implican una regulación para las comunidades étnicas que como tal pueda afectarlas de manera directa, sino que prevé normas generales que pueden tener incidencia en todas las personas. En conclusión, estima la Sala que las disposiciones del Acuerdo no constituyen ni contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar del mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados internacionales.
4 Folios 9 a 24.
5 Folios 37 a 53.
6 Sesión Ordinaria del día miércoles 9 de noviembre de 2011//Recinto Comisión Segunda del Senado de la República.
7. Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Publicaciones: Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate:del Congreso número 751 de 2011”.
7 Folios 52 a 55.
8 Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
9 “(...) Siendo las 10:30 a. m. del miércoles dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), previa convocatoria hecha por el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Seguridad y Defensa Nacional y Honores Patrios, del honorable Senado de la República.
El Secretario informa a la Presidente que sí ha sido aprobada la proposición de reabrir el debate de los dos proyectos del Senador Juan Lozano. Me permito dar lectura al proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Texto del Proyecto de ley: Gaceta del Congreso número 674 de 2011.
Ponencia Primer Debate:del Congreso número 751 de 2011.
El Secretario le informa a la Presidente, que sí ha sido aprobado por los Senadores de la Comisión el informe final de ponencia del Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado.
El Secretario da lectura al título del proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía,” suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Informa a la Presidencia que ha sido aprobado el título del proyecto de ley leído número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
10 Folios 1, 5, 19 y 20.
11 Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
12 “(...) En relación con el quórum se informa que este quedó integrado por doce (12) de los trece (13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta número 11 del 16 de noviembre de 201, publicada en la Gaceta del Congreso número 155 de 17 de abril de 2012 (...)”.
13 Folios 15 a 31.
14 “En Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil once (2011), previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
15 Folio 123 del cuaderno de pruebas.
16 “En Bogotá, D. C., a los cinco (5) días del mes de diciembre de dos mil once (2011) previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios,Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente. (...)”.
17 Folio 123 del cuaderno de pruebas.
18 “(...) Que el mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, y un quórum de 87 de 100 Senadores, en la Sesión Plenaria correspondiente al día cinco de diciembre de 2012 (...)”.
19 Folios 6 a 18.
20 Folios 1 a 23.
21 “Comisión Segunda Constitucional permanente Acta número 27 de 2012
22 “(...) Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco:
Título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
23 Folios 34 a 44.
24 Folios 37 y 38.
25 “(...) Certifico: que en la sesión del día jueves 7 de junio de 2012, Acta número 28, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, el Proyecto de ley número 160 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía” suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010”, con la presencia de 16 honorables Representantes (...)”.
26 Folios 1 a 16.
27 Folio 37.
28 “(...) Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010. El informe de ponencia es como sigue, dese segundo debate al proyecto, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre del 2010.
Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, D. C., el 20 de septiembre del 2010.
29 Folios 11 y 23.
30 Folio 92.
31 “(...) Que en la Sesión Plenaria de la honorable Cámara de Representantes del día 26 de septiembre de 2012, que consta en Acta número 156, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta (150) honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado título y la pregunta “quiere la Plenaria que este Tratado sea ley de la República” del Proyecto de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, hoy Ley 1582 de 2012 (...)”.
32 Ponencia para primer debate en Cámara. Gaceta del Congreso número 751 de 2011.
33 DECISIÓN DEL CONSEJO de 6 de abril de 2009 por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI). Diario Oficial de la Unión Europea. L 121/37.
34 “La Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)”.
35 “Toda información sobre una persona física identificada o identificable: se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.
36 “Cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, así como el cotejo o interconexión, y el bloqueo, eliminación o destrucción”.
37 “Los datos personales y no personales”.
38 “Los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen.
39 “Los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la “Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares”, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente”.
40 “Las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional”.
41 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
42 “El robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos”.
43 “Los actos definidos en el artículo 3o del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago”.
44 “Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del “Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito”, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.
45 Sentencia C-748 de 2011.
46 “1. Colombia comunicará a Europol, en la fecha en la que facilite información, o con anterioridad a la misma, el motivo de que se facilite, así como cualquier restricción a su uso, borrado o destrucción, incluidas las que puedan incumbir a su acceso, en términos generales o específicos. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente una vez suministradas, Colombia informará a Europol sobre las mismas en una fecha posterior.
47 “1. Cuando se transmitan datos personales a petición de Colombia, la información facilitada solo podrá utilizarse con los fines para los que se haya realizado la solicitud. Cuando se transmitan datos personales sin una solicitud concreta, en la fecha de la transmisión, o con anterioridad a la misma, se indicará el fin para el que se facilitan los datos, así como toda restricción relativa a su utilización, borrado o destrucción, incluidas las posibles restricciones de acceso de índole general o específica. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente después del suministro, Europol informará a Colombia de las mismas en una fecha posterior.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o, apartado 2, subapartado 9, el período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión”.
48 Para los Estados es recurrente justificar la transferencia internacional de datos por motivos de seguridad pública, seguridad nacional, investigaciones contra el terrorismo, labores de inteligencia militar o policial, cooperación judicial, controles de inmigración, etc. En el plano empresarial, las multinacionales necesitan circular información entre las diferentes sucursales que poseen en varios países del mundo, o requieren información para brindar atención telefónica a los clientes por medio de call centers internacionales.
49 Sentencias SU-082 de 1995 y T-307 de 1999.
50 Sentencia C-1011 de 2008.
51 “Conocimiento que puede transmitirse en cualquier forma y que puede incluir datos personales y/o no personales”.
52 “Cualquier información o material determinado que requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que se haya designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación”.
53 “El nivel de protección atribuido a la información por las medidas de seguridad”.
54 “Un marcado de protección atribuido a un documento que indica las medidas de seguridad que deben aplicarse a la información”.
55 “Una combinación específica de medidas de seguridad que se aplicarán a la información en función del nivel de seguridad”.
56 “El principio conforme al que la información sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que tienen que conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones”.
57 “Los enlaces de comunicación a los que se aplican medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la detección y la intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de métodos criptográficos)”.
58 “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ser inconveniente para los intereses de Europol o uno o varios Estados miembros”.
59 “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría resultar inoportuna para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
60 “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
61 “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros”.
62 “Los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen.
63 “Los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la “Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares”, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente”.
64 “Las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional”.
65 “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.
66 “El robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos”.
67 “Los actos definidos en el artículo 3o del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago”.
68 “Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del “Convenio del Consejo de Europa sobre Reciclaje, Identificación, Secuestro y Confiscación de los Beneficios del Delito”, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.

References: Artículo 1
 artículo 2

ARTÍCULO 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 7
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ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

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ARTÍCULO 8
 artículo 3
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 artículo 197
 artículo 3
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ARTÍCULO 1

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 artículo 157
 artículo 160
 artículo 129
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 8
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 artículo 90
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