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Timestamp: 2018-02-21 03:18:24+00:00

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Normativa contractual aplicable en la Asamblea
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid
Instrucción sobre criterios para la aplicación de los límites cuantitativos para la determinación del órgano de contratación de la Asamblea de Madrid
La Dirección de Gestión Administrativa.
. La competencia para la contratación se distribuye de la siguiente forma:
Las Dirección de Gestión Administrativa si el importe no es superior a 1.000 euros.
En los importes de los apartados anteriores no se considerará incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
En la Asamblea existirá una Mesa de Contratación presidida por el Presidente o Vicepresidente en quien delegue e integrada por:
Los tres Vicepresidentes de la Asamblea.
El titular de la Secretaría General o Letrado en quien delegue, que realizará las funciones de asesoría jurídica.
El Interventor de la Asamblea.
El Director de Gestión Administrativa.
El Jefe del Servicio de Contratación, que actuará como Secretario de la Mesa.
Artículo 88. bis
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid (TACOP)
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid es el órgano competente en el ámbito de actuación de la Administración de la Asamblea de Madrid, Defensor del Menor y Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid para:
El conocimiento y resolución de los recursos especiales en materia de contratación y de las reclamaciones a que se refieren los artículos 310 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y 101 de la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
La adopción de decisiones sobre la solicitud de medidas provisionales a que se refieren los artículos 313 de la Ley de Contratos del Sector Público y 103 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
La tramitación del procedimiento y la resolución de las cuestiones de nulidad contractual en los supuestos especiales establecidos en los artículos 37 de la Ley de Contratos del Sector Público y 109 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Asamblea de Madrid tiene naturaleza de órgano administrativo colegiado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias para garantizar su total objetividad. Está compuesto por un Presidente y dos vocales, designados por la Mesa de la Cámara a propuesta del Secretario General.
El Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera del cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en Derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del Derecho Administrativo relacionado directamente con la contratación pública.
La designación de los vocales del Tribunal se realizará entre funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado.
El Presidente y los vocales deberán pertenecer a cuerpos o escalas clasificados en el grupo A.
La duración de los nombramientos efectuados de conformidad con este apartado será de seis años prorrogables por una sola vez.
Las designaciones tendrán carácter independiente e inamovible y no podrán ser removidos de sus puestos sino por las siguientes:
Por incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función.
La remoción por las causas previstas en las letras c), d), e) y f) se acordarán por la Mesa de la Asamblea de Madrid previo expediente.
El miembro del Tribunal que haya cesado por expiración de su mandato o renuncia deberá continuar en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de su sustituto.
En lo no previsto en este Reglamento y sus disposiciones de desarrollo, serán de aplicación al régimen de constitución y funcionamiento del Tribunal las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Las comunicaciones entre el Tribunal y los órganos de contratación o las entidades contratantes se harán, siempre que sea posible, por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. En el caso de las personas jurídicas, la comunicación deberán hacerla siempre mediante medios informáticos, electrónicos o telemáticos.
En definitiva, en ningún momento la LCSP pretende no ya establecer los órganos de contratación de otras Administraciones que no sean la General del Estado -y respecto a esta última con una amplísima apertura al Reglamento u otras disposiciones, tal y como se deduce sin dificultad del artículo 291- sino ni tan siquiera precisar los criterios a los que deban atenerse las normas internas para ello, que bien podrán ser cuantitativos, como hace el Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea, pero también funcionales, en razón de la competencia material del órgano, como parece desprenderse para la Administración General del Estado del reiterado artículo 291.1 LCSP, así como de los artículos 13 y 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. Este criterio debe mantenerse con mayor razón debido a la presencia en este caso de la autonomía parlamentaria, consagrada para la Asamblea de Madrid en el artículo 12.1 del Estatuto de Autonomía de esta Comunidad, así como, en desarrollo de la cláusula contenida en el artículo 16.3.ñ), en el artículo 84.1 de su Reglamento. Dicha autonomía, en el ámbito contractual, determina que, si bien su contratación ha de ajustarse a las reglas contenidas en la LCSP para las Administraciones Públicas, la determinación de los distintos órganos con competencia en aquélla es libre. Buena prueba de ello es la excepción contenida en el segundo apartado de la Disposición Adicional Tercera para el Congreso de los Diputados y el Senado respecto a su sometimiento a la competencia del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales regulado en el artículo 311 para el conocimiento de tales impugnaciones, pudiendo designar un órgano propio. Para el caso de la Asamblea de Madrid se contempla una excepción idéntica en el artículo 3.4 de la Ley 9/2010, de la Comunidad de Madrid, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, conforme al cual "Los órganos competentes de la Asamblea de Madrid, la Cámara de Cuentas y demás instituciones y órganos vinculados o dependientes de la Asamblea, establecerán, en su caso, el órgano que deba conocer, en su ámbito de contratación del recurso especial regulado en el Libro VI de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la Ley 34/2010, de 5 de agosto, respetando las condiciones de cualificación, independencia e inamovilidad previstas en dicho Libro".
Legislación estatal en materia de contratos (http://www.minhap.gob.es)

References: Artículo 88
 resolución 
 resolución 
 artículo 291
 artículo 291
 artículo 12
 artículo 16
 artículo 84
 artículo 311
 artículo 3