Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-13410.htm
Timestamp: 2018-10-16 20:22:52+00:00

Document:
B.O.E. Nº 166 de 12/07/2007
Ley 21/2007, de 11 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y el texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
PREÃMBULO I
Mediante esta Ley se modifica el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, a fin de incorporar al Derecho interno la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, por la que se modifican las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE yÂ 90/232/CEE del Consejo, y la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos automÃ³viles (quinta Directiva del seguro de automÃ³viles). Asimismo, se efectÃºan otras modificaciones al objeto de avanzar en la regulaciÃ³n del seguro obligatorio de vehÃ­culos a motor, uno de los de mayor trascendencia del mercado espaÃ±ol de seguros tanto en su vertiente social de protecciÃ³n a las vÃ­ctimas de accidentes de circulaciÃ³n y a los asegurados, como en su dimensiÃ³n econÃ³mica, en continua expansiÃ³n.
La Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, modifica la vigente normativa comunitaria en materia de seguro de responsabilidad civil de automÃ³viles, incorporada a nuestro Derecho interno a travÃ©s del mencionado Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor y de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero.
En el Ã¡mbito de las modificaciones de carÃ¡cter legal necesarias para transponer esta Directiva cabe mencionar, en primer lugar, las que se refieren a la definiciÃ³n de estacionamiento habitual del vehÃ­culo en EspaÃ±a a los efectos del seguro obligatorio, cuestiÃ³n de gran relevancia a la hora de determinar, entre otros aspectos, quiÃ©n debe hacer frente, en Ãºltima instancia, a la indemnizaciÃ³n. Son varios los supuestos que se incorporan a este concepto; asÃ­ se atraen a la condiciÃ³n de vehÃ­culos con estacionamiento habitual en EspaÃ±a los importados desde otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea, durante un mÃ¡ximo de 30 dÃ­as a contar desde que el comprador aceptÃ³ la entrega del vehÃ­culo, aunque Ã©ste no haya sido matriculado en EspaÃ±a. TambiÃ©n se incluye el caso de los vehÃ­culos que ocasionan accidentes en EspaÃ±a, que carecen de matrÃ­cula o que tienen una matrÃ­cula que no les corresponda o ha dejado de corresponderles. AdemÃ¡s, se indica expresamente la irrelevancia de la condiciÃ³n temporal o definitiva de la matrÃ­cula del vehÃ­culo a la hora de concretar el lugar de estacionamiento habitual.
Se concreta la expresiÃ³n Â«controles por sondeoÂ», acuÃ±ada en las anteriores directivas del seguro del automÃ³vil, precisÃ¡ndose que podrÃ¡n realizarse controles no sistemÃ¡ticos del seguro siempre que no sean discriminatorios y se efectÃºen como parte de un control que no vaya dirigido exclusivamente a la comprobaciÃ³n del seguro. La Ley recoge la obligaciÃ³n para las entidades aseguradoras de expedir el certificado de antecedentes de siniestralidad, previa peticiÃ³n del propietario del vehÃ­culo o del tomador del seguro, en una forma similar a la que ya recogÃ­a la normativa reglamentaria sobre el seguro de automÃ³viles, aunque ampliando el plazo sobre el que se certifica a cinco aÃ±os. Se aclara y especifica que la cobertura del seguro incluirÃ¡ cualquier tipo de estancia del vehÃ­culo asegurado en el territorio de otro Estado miembro de la UniÃ³n Europea durante la vigencia del contrato. Especial menciÃ³n merece la obligaciÃ³n de presentaciÃ³n por las entidades aseguradoras de una oferta motivada de indemnizaciÃ³n en el plazo mÃ¡ximo de tres meses desde la recepciÃ³n de la reclamaciÃ³n por el perjudicado en el caso de que se haya determinado la responsabilidad y se haya cuantificado el daÃ±o, o, en caso contrario, de una respuesta motivada a lo planteado en la reclamaciÃ³n. La falta de oferta motivada constituirÃ¡ infracciÃ³n administrativa conforme a la normativa reguladora de la ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, e implicarÃ¡ el devengo de intereses de demora. La Directiva que se transpone extiende la cobertura de los fondos nacionales de garantÃ­a a los daÃ±os materiales causados por vehÃ­culos desconocidos, siempre que se hubiera indemnizado por daÃ±os personales significativos producidos como consecuencia del mismo accidente. Esto obliga a ampliar la cobertura del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros a estos supuestos. Con tal objeto, la Ley dispone quÃ© debe entenderse por daÃ±os personales significativos.
Como se anticipaba, ademÃ¡s de realizar la obligada transposiciÃ³n de la Directiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se incorporan a esta Ley ciertas modificaciones del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor tendentes a mejorar la protecciÃ³n a las vÃ­ctimas y a los asegurados.
Con el objetivo de reforzar el carÃ¡cter de protecciÃ³n patrimonial para el tomador o asegurado, se limitan las posibilidades de repeticiÃ³n por el asegurador sobre ellos a las causas previstas en la Ley, con eliminaciÃ³n de la posibilidad de que el asegurador repita contra el tomador o asegurado por causas previstas en el contrato. Otras novedades afectan al precinto pÃºblico o domiciliario del vehÃ­culo en caso de incumplimiento de la obligaciÃ³n de aseguramiento. Igualmente se precisa la redacciÃ³n de algunos preceptos como el referido a las exclusiones del Ã¡mbito del seguro obligatorio.
AdemÃ¡s de las modificaciones que se llevan a cabo en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, la completa transposiciÃ³n de la norma comunitaria exige modificar tambiÃ©n el Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, al objeto de eliminar la restricciÃ³n impuesta al representante de las entidades aseguradoras domiciliadas en otro Estado del Espacio EconÃ³mico Europeo que operen en EspaÃ±a en rÃ©gimen de libre prestaciÃ³n de servicios para no realizar operaciones de seguro directo en nombre de la entidad que representa.
ArtÃ­culo primero. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
Se efectÃºan las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre: Uno. Se aÃ±ade un Ãºltimo pÃ¡rrafo al apartado 1 del artÃ­culo 1 con la siguiente redacciÃ³n:
Â«El propietario no conductor de un vehÃ­culo sin el seguro de suscripciÃ³n obligatoria responderÃ¡ civilmente con el conductor del mismo de los daÃ±os a las personas y en los bienes ocasionados por Ã©ste, salvo que pruebe que el vehÃ­culo le hubiera sido sustraÃ­do.Â»
Dos. El artÃ­culo 2 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. Todo propietario de vehÃ­culos a motor que tenga su estacionamiento habitual en EspaÃ±a estarÃ¡ obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehÃ­culo de que sea titular, que cubra, hasta la cuantÃ­a de los lÃ­mites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil a que se refiere el artÃ­culo 1. No obstante, el propietario quedarÃ¡ relevado de tal obligaciÃ³n cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interÃ©s en el aseguramiento, quien deberÃ¡ expresar el concepto en que contrata.
a) Cuando tiene matrÃ­cula espaÃ±ola, independientemente de si dicha matrÃ­cula es definitiva o temporal.
b) Cuando se trate de un tipo de vehÃ­culo para el que no exista matrÃ­cula, pero lleve placa de seguro o signo distintivo anÃ¡logo a la matrÃ­cula y EspaÃ±a sea el Estado donde se ha expedido esta placa o signo. c) Cuando se trate de un tipo de vehÃ­culo para el que no exista matrÃ­cula, placa de seguro o signo distintivo y EspaÃ±a sea el Estado del domicilio del usuario. d) A efectos de la liquidaciÃ³n del siniestro, en el caso de accidentes ocasionados en territorio espaÃ±ol por vehÃ­culos sin matrÃ­cula o con una matrÃ­cula que no corresponda o haya dejado de corresponder al vehÃ­culo. Reglamentariamente se determinarÃ¡ cuando se entiende que una matrÃ­cula no corresponde o ha dejado de corresponder al vehÃ­culo. e) Cuando se trate de un vehÃ­culo importado desde otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo, durante un perÃ­odo mÃ¡ximo de 30 dÃ­as, a contar desde que el comprador aceptÃ³ la entrega del vehÃ­culo, aunque Ã©ste no ostente matrÃ­cula espaÃ±ola. A tal efecto dichos vehÃ­culos podrÃ¡n ser asegurados temporalmente mediante un seguro de frontera.
2. Con el objeto de controlar el efectivo cumplimiento de la obligaciÃ³n a que se refiere el apartadoÂ 1 y de que las personas implicadas en un accidente de circulaciÃ³n puedan averiguar con la mayor brevedad posible las circunstancias relativas a la entidad aseguradora que cubre la responsabilidad civil de cada uno de los vehÃ­culos implicados en el accidente, las entidades aseguradoras remitirÃ¡n al Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, a travÃ©s del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, la informaciÃ³n sobre los contratos de seguro que sea necesaria con los requisitos, en la forma y con la periodicidad que se determine reglamentariamente. El incumplimiento de esta obligaciÃ³n constituirÃ¡ infracciÃ³n administrativa muy grave o grave de acuerdo con lo dispuesto, respectivamente, en los artÃ­culos 40.3.s) y 40.4.u) del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. El Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda coordinarÃ¡ sus actuaciones con el Ministerio del Interior para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias en este Ã¡mbito.
Quien, con arreglo al apartado 1, haya suscrito el contrato de seguro deberÃ¡ acreditar su vigencia para que las personas implicadas en un accidente de circulaciÃ³n puedan averiguar con la mayor brevedad posible las circunstancias relativas al contrato y a la entidad aseguradora, sin perjuicio de las medidas administrativas que se adopten al indicado fin. Todo ello en la forma que se determine reglamentariamente. 3. Las autoridades aduaneras espaÃ±olas serÃ¡n competentes para comprobar la existencia y, en su caso, exigir a los vehÃ­culos extranjeros de paÃ­ses no miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo que no estÃ©n adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo y de otros Estados asociados, y que pretendan acceder al territorio nacional, la suscripciÃ³n de un seguro obligatorio que reÃºna, al menos, las condiciones y garantÃ­as establecidas en la legislaciÃ³n espaÃ±ola. En su defecto, deberÃ¡n denegarles dicho acceso. 4. En el caso de vehÃ­culos con estacionamiento habitual en el territorio de un Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo o vehÃ­culos que teniendo su estacionamiento habitual en el territorio de un tercer paÃ­s entren en EspaÃ±a desde el territorio de otro Estado miembro, se podrÃ¡n realizar controles no sistemÃ¡ticos del seguro siempre que no sean discriminatorios y se efectÃºen como parte de un control que no vaya dirigido exclusivamente a la comprobaciÃ³n del seguro. 5. AdemÃ¡s de la cobertura indicada en el apartado 1, la pÃ³liza en que se formalice el contrato de seguro de responsabilidad civil de suscripciÃ³n obligatoria podrÃ¡ incluir, con carÃ¡cter potestativo, las coberturas que libremente se pacten entre el tomador y la entidad aseguradora con arreglo a la legislaciÃ³n vigente. 6. En todo lo no previsto expresamente en esta Ley y en sus normas reglamentarias de desarrollo, el contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos de motor se regirÃ¡ por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 7. Las entidades aseguradoras deberÃ¡n expedir a favor del propietario del vehÃ­culo y del tomador del seguro del vehÃ­culo asegurado, en caso de ser persona distinta de aquÃ©l, previa peticiÃ³n de cualquiera de ellos, y en el plazo de quince dÃ­as hÃ¡biles, certificaciÃ³n acreditativa de los siniestros de los que se derive responsabilidad frente a terceros, correspondientes a los cinco Ãºltimos aÃ±os de seguro, si los hubiere o, en su caso, una certificaciÃ³n de ausencia de siniestros.Â»
Tres. El apartado 1 del artÃ­culo 3 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. El incumplimiento de la obligaciÃ³n de asegurarse determinarÃ¡: a) La prohibiciÃ³n de circulaciÃ³n por territorio nacional de los vehÃ­culos no asegurados.
b) El depÃ³sito o precinto pÃºblico o domiciliario del vehÃ­culo, con cargo a su propietario, mientras no sea concertado el seguro. Se acordarÃ¡ cautelarmente el depÃ³sito o precinto pÃºblico o domiciliario del vehÃ­culo por el tiempo de un mes, que en caso de reincidencia serÃ¡ de tres meses y en el supuesto de quebrantamiento del depÃ³sito o precinto serÃ¡ de un aÃ±o, y deberÃ¡ demostrarse, para levantar dicho depÃ³sito o precinto, que se dispone del seguro correspondiente. Los gastos que se originen como consecuencia del depÃ³sito o precinto del vehÃ­culo serÃ¡n por cuenta del propietario, que deberÃ¡ abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devoluciÃ³n del vehÃ­culo. Cualquier agente de la autoridad que en el ejercicio de sus funciones requiera la presentaciÃ³n del documento acreditativo de la existencia del seguro y no le sea exhibido formularÃ¡ la correspondiente denuncia a la autoridad competente, que ordenarÃ¡ el inmediato precinto y depÃ³sito del vehÃ­culo en establecimiento pÃºblico o el precinto en el domicilio del titular o poseedor si en el plazo de cinco dÃ­as no se justifica ante ella la existencia del seguro. En todo caso, la no presentaciÃ³n, a requerimiento de los agentes, de la documentaciÃ³n acreditativa del seguro serÃ¡ sancionada con 60 euros de multa. c) Una sanciÃ³n pecuniaria de 601 a 3.005 euros de multa, graduada segÃºn que el vehÃ­culo circulase o no, su categorÃ­a, el servicio que preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duraciÃ³n de la falta de aseguramiento y la reiteraciÃ³n de la misma infracciÃ³n.Â»
Cuatro. Se modifica el artÃ­culo 4, que pasa a tener la siguiente redacciÃ³n:
Â«1. El seguro obligatorio previsto en esta Ley garantizarÃ¡ la cobertura de la responsabilidad civil en vehÃ­culos terrestres automÃ³viles con estacionamiento habitual en EspaÃ±a, mediante el pago de una sola prima, en todo el territorio del Espacio EconÃ³mico Europeo y de los Estados adheridos al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo y de otros Estados asociados.
Dicha cobertura incluirÃ¡ cualquier tipo de estancia del vehÃ­culo asegurado en el territorio de otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo durante la vigencia del contrato. 2. Los importes de la cobertura del seguro obligatorio serÃ¡n:
a) en los daÃ±os a las personas, 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el nÃºmero de vÃ­ctimas.
b) en los daÃ±os en los bienes, 15 millones de euros por siniestro.
Los importes anteriores se actualizarÃ¡n en funciÃ³n del Ã­ndice de precios de consumo europeo, en el mismo porcentaje que comunique la ComisiÃ³n Europea para la revisiÃ³n de los importes mÃ­nimos recogidos en el apartado 2 del artÃ­culo 1 de la Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre deÂ 1983, relativa a la aproximaciÃ³n de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulaciÃ³n de vehÃ­culos automÃ³viles. A estos efectos, mediante resoluciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones se darÃ¡ publicidad al importe actualizado.
3. La cuantÃ­a de la indemnizaciÃ³n cubierta por el seguro obligatorio en los daÃ±os causados a las personas se determinarÃ¡ con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artÃ­culo 1 de esta Ley. Si la cuantÃ­a de las indemnizaciones resultase superior al importe de la cobertura del seguro obligatorio, se satisfarÃ¡, con cargo a Ã©ste, dicho importe mÃ¡ximo, y el resto hasta el montante total de la indemnizaciÃ³n quedarÃ¡ a cargo del seguro voluntario o del responsable del siniestro, segÃºn proceda. 4. Cuando el siniestro sea ocasionado en un Estado adherido al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo y de otros Estados asociados, distinto de EspaÃ±a, por un vehÃ­culo que tenga su estacionamiento habitual en EspaÃ±a, se aplicarÃ¡n los lÃ­mites de cobertura fijados por el Estado miembro en el que tenga lugar el siniestro. No obstante, si el siniestro se produce en un Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo, se aplicarÃ¡n los lÃ­mites de cobertura previstos en el apartado 2, siempre que estos sean superiores a los establecidos en el Estado donde se haya producido el siniestro.Â»
Cinco. El apartado 1 del artÃ­culo 5 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. La cobertura del seguro de suscripciÃ³n obligatoria no alcanzarÃ¡ a los daÃ±os y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehÃ­culo causante del accidente.Â»
Seis. Se aÃ±aden tres pÃ¡rrafos al final del artÃ­culo 6, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Tampoco podrÃ¡ oponer aquellas clÃ¡usulas contractuales que excluyan de la cobertura del seguro al ocupante sobre la base de que Ã©ste supiera o debiera haber sabido que el conductor del vehÃ­culo se encontraba bajo los efectos del alcohol o de otra sustancia tÃ³xica en el momento del accidente.
El asegurador no podrÃ¡ oponer frente al perjudicado la existencia de franquicias. No podrÃ¡ el asegurador oponer frente al perjudicado, ni frente al tomador, conductor o propietario, la no utilizaciÃ³n de la declaraciÃ³n amistosa de accidente.Â»
Siete. El artÃ­culo 7 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. El asegurador, dentro del Ã¡mbito del aseguramiento obligatorio y con cargo al seguro de suscripciÃ³n obligatoria, habrÃ¡ de satisfacer al perjudicado el importe de los daÃ±os sufridos en su persona y en sus bienes. El perjudicado o sus herederos tendrÃ¡n acciÃ³n directa para exigirlo. Ãnicamente quedarÃ¡ exonerado de esta obligaciÃ³n si prueba que el hecho no da lugar a la exigencia de responsabilidad civil conforme al artÃ­culo 1 de la presente Ley. Prescribe por el transcurso de un aÃ±o la acciÃ³n directa para exigir al asegurador la satisfacciÃ³n al perjudicado del importe de los daÃ±os sufridos por Ã©ste en su persona y en sus bienes.
2. En el plazo de tres meses desde la recepciÃ³n de la reclamaciÃ³n del perjudicado, el asegurador deberÃ¡ presentar una oferta motivada de indemnizaciÃ³n si entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado el daÃ±o, que cumpla los requisitos del apartado 3. En caso contrario, o si la reclamaciÃ³n hubiera sido rechazada, darÃ¡ una respuesta motivada que cumpla los requisitos del apartado 4 de este artÃ­culo. El incumplimiento de esta obligaciÃ³n constituirÃ¡ infracciÃ³n administrativa grave o leve, de acuerdo con lo dispuesto en los artÃ­culos 40.4.t) y 40.5.d) del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre. Trascurrido el plazo de tres meses sin que se haya presentado una oferta motivada de indemnizaciÃ³n por una causa no justificada o que le fuera imputable al asegurador, se devengarÃ¡n intereses de demora, de acuerdo con lo previsto en el artÃ­culo 9 de esta Ley. Igualmente se devengarÃ¡n intereses de demora en el caso de que, habiendo sido aceptada la oferta por el perjudicado, Ã©sta no haya sido satisfecha en el plazo de cinco dÃ­as, o no se haya consignado para pago la cantidad ofrecida. El asegurador deberÃ¡ observar desde el momento en que conozca por cualquier medio la existencia del siniestro una conducta diligente en la cuantificaciÃ³n del daÃ±o y la liquidaciÃ³n de la indemnizaciÃ³n. Lo dispuesto en el presente apartado serÃ¡ de aplicaciÃ³n para los accidentes que puedan indemnizarse por el sistema de las oficinas nacionales de seguro de automÃ³viles, en cuyo caso toda referencia al asegurador se entenderÃ¡ hecha a la Oficina EspaÃ±ola de Aseguradores de AutomÃ³viles (Ofesauto) y a las entidades corresponsales autorizadas para representar a entidades aseguradoras extranjeras. 3. Para que sea vÃ¡lida a los efectos de esta Ley, la oferta motivada deberÃ¡ cumplir los siguientes requisitos:
a) ContendrÃ¡ una propuesta de indemnizaciÃ³n por los daÃ±os en las personas y en los bienes que pudieran haberse derivado del siniestro. En caso de que concurran daÃ±os a las personas y en los bienes figurarÃ¡ de forma separada la valoraciÃ³n y la indemnizaciÃ³n ofertada para unos y otros.
b) Los daÃ±os y perjuicios causados a las personas se calcularÃ¡n segÃºn los criterios e importes que se recogen en el anexo de esta Ley. c) ContendrÃ¡, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra informaciÃ³n de que se disponga para la valoraciÃ³n de los daÃ±os, identificÃ¡ndose aquellos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnizaciÃ³n ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptaciÃ³n o rechazo. d) Se harÃ¡ constar que el pago del importe que se ofrece no se condiciona a la renuncia por el perjudicado del ejercicio de futuras acciones en el caso de que la indemnizaciÃ³n percibida fuera inferior a la que en derecho pueda corresponderle. e) PodrÃ¡ consignarse para pago la cantidad ofrecida. La consignaciÃ³n podrÃ¡ hacerse en dinero efectivo, mediante un aval solidario de duraciÃ³n indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crÃ©dito o sociedad de garantÃ­a recÃ­proca o por cualquier otro medio que, a juicio del Ã³rgano jurisdiccional correspondiente, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso, de la cantidad consignada.
4. En el supuesto de que el asegurador no realice una oferta motivada de indemnizaciÃ³n, deberÃ¡ dar una respuesta motivada ajustada a los siguientes requisitos: a) DarÃ¡ contestaciÃ³n suficiente a la reclamaciÃ³n formulada, con indicaciÃ³n del motivo que impide efectuar la oferta de indemnizaciÃ³n, bien sea porque no estÃ© determinada la responsabilidad, no se haya podido cuantificar el daÃ±o o bien porque existe alguna otra causa que justifique el rechazo de la reclamaciÃ³n, que deberÃ¡ ser especificada.
b) ContendrÃ¡, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra informaciÃ³n de que se disponga, que acrediten las razones de la entidad aseguradora para no dar una oferta motivada. c) IncluirÃ¡ una menciÃ³n a que no requiere aceptaciÃ³n o rechazo expreso por el perjudicado, ni afecta al ejercicio de cualesquiera acciones que puedan corresponderle para hacer valer sus derechos.
5. Reglamentariamente podrÃ¡ precisarse el contenido de la oferta motivada y de la respuesta motivada.
6. En todo caso, el asegurador deberÃ¡ afianzar las responsabilidades civiles y abonar las pensiones que por la autoridad judicial fueren exigidas a los presuntos responsables asegurados, de acuerdo con lo establecido en los artÃ­culos 764 y 765 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las pensiones provisionales se calcularÃ¡n de conformidad con los lÃ­mites establecidos en el anexo de esta Ley.Â»
Ocho. El artÃ­culo 9 queda redactado del siguiente modo:
Â«Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestaciÃ³n en el seguro de responsabilidad civil para la cobertura de los daÃ±os y perjuicios causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulaciÃ³n, la indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios debidos por el asegurador se regirÃ¡ por lo dispuesto en el artÃ­culo 20 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, con las siguientes singularidades: a) No se impondrÃ¡n intereses por mora cuando el asegurador acredite haber presentado al perjudicado la oferta motivada de indemnizaciÃ³n a que se refieren los artÃ­culos 7.2 y 22.1 de esta Ley, siempre que la oferta se haga dentro del plazo previsto en los citados artÃ­culos y se ajusten en cuanto a su contenido a lo previsto en el artÃ­culo 7.3 de esta Ley.
La falta de devengo de intereses de demora se limitarÃ¡ a la cantidad ofertada y satisfecha o consignada. b) Cuando los daÃ±os causados a las personas hubiesen de sufrirse por Ã©stas durante mÃ¡s de tres meses o su exacta valoraciÃ³n no pudiera ser determinada a efectos de la presentaciÃ³n de la oferta motivada a que se refiere el pÃ¡rrafo a) de este artÃ­culo, el Ã³rgano jurisdiccional correspondiente, a la vista de las circunstancias del caso y de los dictÃ¡menes e informes que precise, resolverÃ¡ sobre la suficiencia o ampliaciÃ³n de la cantidad ofrecida y consignada por el asegurador, atendiendo a los criterios y dentro de los lÃ­mites indemnizatorios fijados en el anexo de esta Ley. Contra la resoluciÃ³n judicial que recaiga no cabrÃ¡ recurso alguno. c) Cuando, con posterioridad a una sentencia absolutoria o a otra resoluciÃ³n judicial que ponga fin, provisional o definitivamente, a un proceso penal y en la que se haya acordado que la suma consignada sea devuelta al asegurador o la consignaciÃ³n realizada en otra forma quede sin efecto, se inicie proceso civil en razÃ³n de la indemnizaciÃ³n debida por el seguro, serÃ¡ aplicable lo dispuesto en el artÃ­culo 20.4 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, salvo que nuevamente se consigne la indemnizaciÃ³n dentro de los 10 dÃ­as siguientes a la notificaciÃ³n al asegurado del inicio del proceso.Â»
Nueve. El apartado c) del artÃ­culo 10 queda redactado del siguiente modo:
Â«c) Contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducciÃ³n del vehÃ­culo por quien carezca del permiso de conducir.Â»
Diez. El artÃ­culo 11 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. Corresponde al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, dentro del Ã¡mbito territorial y hasta el lÃ­mite cuantitativo del aseguramiento obligatorio: a) Indemnizar a quienes hubieran sufrido daÃ±os en sus personas, por siniestros ocurridos en EspaÃ±a, en aquellos casos en que el vehÃ­culo causante sea desconocido.
No obstante, si como consecuencia de un accidente causado por un vehÃ­culo desconocido se hubieran derivado daÃ±os personales significativos, el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros habrÃ¡ de indemnizar tambiÃ©n los eventuales daÃ±os en los bienes derivados del mismo accidente. En este Ãºltimo caso, podrÃ¡ fijarse reglamentariamente una franquicia no superior a 500 euros. Se considerarÃ¡n daÃ±os personales significativos la muerte, la incapacidad permanente o la incapacidad temporal que requiera, al menos, una estancia hospitalaria superior a siete dÃ­as. b) Indemnizar los daÃ±os en las personas y en los bienes, ocasionados con un vehÃ­culo que tenga su estacionamiento habitual en EspaÃ±a, asÃ­ como los ocasionados dentro del territorio espaÃ±ol a personas con residencia habitual en EspaÃ±a o a bienes de su propiedad situados en EspaÃ±a con un vehÃ­culo con estacionamiento habitual en un tercer paÃ­s no firmante del Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo y de otros Estados asociados, en ambos casos cuando dicho vehÃ­culo no estÃ© asegurado. c) Indemnizar los daÃ±os a las personas y en los bienes ocasionados por un vehÃ­culo con estacionamiento habitual en EspaÃ±a que estÃ© asegurado y haya sido objeto de robo o robo de uso. d) Indemnizar los daÃ±os a las personas y en los bienes cuando, en supuestos incluidos dentro del Ã¡mbito del aseguramiento de suscripciÃ³n obligatoria o en los pÃ¡rrafos precedentes de este artÃ­culo, surgiera controversia entre el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros y la entidad aseguradora acerca de quiÃ©n debe indemnizar al perjudicado. No obstante lo anterior, si ulteriormente se resuelve o acuerda que corresponde indemnizar a la entidad aseguradora, Ã©sta reembolsarÃ¡ al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros la cantidad indemnizada mÃ¡s los intereses legales, incrementados en un 25 por 100, desde la fecha en que abonÃ³ la indemnizaciÃ³n. e) Indemnizar los daÃ±os a las personas y en los bienes cuando la entidad espaÃ±ola aseguradora del vehÃ­culo con estacionamiento habitual en EspaÃ±a hubiera sido declarada judicialmente en concurso o, habiendo sido disuelta y encontrÃ¡ndose en situaciÃ³n de insolvencia, estuviera sujeta a un procedimiento de liquidaciÃ³n intervenida o Ã©sta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros. f) Reembolsar las indemnizaciones satisfechas a los perjudicados residentes en otros Estados del Espacio EconÃ³mico Europeo por los organismos de indemnizaciÃ³n, en los siguientes supuestos:
2.Âº Cuando el accidente haya ocurrido en EspaÃ±a, en el caso de que no pueda identificarse al vehÃ­culo causante. 3.Âº Cuando el accidente haya ocurrido en EspaÃ±a, en el caso de vehÃ­culos con estacionamiento habitual en terceros paÃ­ses adheridos al sistema de certificado internacional del seguro del automÃ³vil (en adelante, carta verde) y no pueda identificarse a la entidad aseguradora.
g) Indemnizar los daÃ±os a las personas y en los bienes derivados de accidentes ocasionados por un vehÃ­culo importado a EspaÃ±a desde otro Estado miembro del Espacio EconÃ³mico Europeo, siempre que el vehÃ­culo no estÃ© asegurado y el accidente haya ocurrido dentro del plazo de 30 dÃ­as a contar desde que el comprador aceptÃ³ la entrega del vehÃ­culo. En los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos b) yÂ c), quedarÃ¡n excluidos de la indemnizaciÃ³n por el Consorcio los daÃ±os a las personas y en los bienes sufridos por quienes ocuparan voluntariamente el vehÃ­culo causante del siniestro, conociendo que Ã©ste no estaba asegurado o que habÃ­a sido robado, siempre que el Consorcio probase que aquellos conocÃ­an tales circunstancias.
2. El Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros asumirÃ¡ las funciones que como organismo de informaciÃ³n le atribuyen los artÃ­culos 24 y 25 de esta Ley. 3. El perjudicado tendrÃ¡ acciÃ³n directa contra el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros en los casos seÃ±alados en este artÃ­culo, y Ã©ste podrÃ¡ repetir en los supuestos definidos en el artÃ­culo 10 de esta Ley, asÃ­ como contra el propietario y el responsable del accidente cuando se trate de vehÃ­culo no asegurado, o contra los autores, cÃ³mplices o encubridores del robo o robo de uso del vehÃ­culo causante del siniestro, asÃ­ como contra el responsable del accidente que conociÃ³ de la sustracciÃ³n de aquel. 4. En los casos de repeticiÃ³n por el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros serÃ¡ de aplicaciÃ³n el plazo de prescripciÃ³n establecido en el artÃ­culo 10 de esta Ley. 5. El Consorcio no podrÃ¡ condicionar el pago de la indemnizaciÃ³n a la prueba por parte del perjudicado de que la persona responsable no puede pagar o se niega a hacerlo. 6. Corresponde al Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros el fomento del aseguramiento de suscripciÃ³n obligatoria de los vehÃ­culos a motor.Â»
Once. La rÃºbrica del capÃ­tulo Ãºnico del tÃ­tulo II del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor queda redactada del siguiente modo:
Â«Del ejercicio judicial de la acciÃ³n ejecutiva.Â»
Â«ArtÃ­culo 12. Procedimiento.
La acciÃ³n conferida en los artÃ­culos 7 y 11.3 de esta Ley a la vÃ­ctima o a sus herederos contra el asegurador se podrÃ¡ ejercitar en la forma establecida en este tÃ­tulo.Â»
Â«ArtÃ­culo 13. Diligencias en el proceso penal preparatorias de la ejecuciÃ³n.
Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de responsabilidad civil de suscripciÃ³n obligatoria en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos de motor, se declare la rebeldÃ­a del acusado, o recayera sentencia absolutoria u otra resoluciÃ³n que le ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaraciÃ³n de responsabilidad, si el perjudicado no hubiera renunciado a la acciÃ³n civil ni la hubiera reservado para ejercitarla separadamente, antes de acordar el archivo de la causa, el juez o tribunal que hubiera conocido de Ã©sta dictarÃ¡ auto, en el que se determinarÃ¡ la cantidad lÃ­quida mÃ¡xima que puede reclamarse como indemnizaciÃ³n de los daÃ±os y perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por dicho seguro de suscripciÃ³n obligatoria y segÃºn la valoraciÃ³n que corresponda con arreglo al sistema de valoraciÃ³n del anexo de esta Ley. El auto referido se dictarÃ¡ a la vista de la oferta motivada o de la respuesta motivada del asegurador o del Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, y contendrÃ¡ la descripciÃ³n del hecho, la indicaciÃ³n de las personas y vehÃ­culos que intervinieron y de los aseguradores de cada uno de Ã©stos.
En todo caso, antes de dictarse el auto, si en las actuaciones no consta oferta motivada o respuesta motivada segÃºn las prescripciones de esta Ley, el juez convocarÃ¡ a los perjudicados y posibles responsables y sus aseguradores, incluido, en su caso, el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros, a una comparecencia en el plazo de cinco dÃ­as, a fin de que pueda aportarse la oferta o la respuesta motivada, o hacerse las alegaciones que consideren convenientes. Si en la comparecencia se produjera acuerdo entre las partes, el mismo serÃ¡ homologado por el juez con los efectos de una transacciÃ³n judicial. De no alcanzarse el acuerdo, se dictarÃ¡ auto de cuantÃ­a mÃ¡xima en el plazo de tres dÃ­as desde la terminaciÃ³n de la comparecencia y contra el mismo no podrÃ¡ interponerse recurso alguno.Â»
Catorce. El artÃ­culo 17 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 17. TÃ­tulos ejecutivos.
Un testimonio del auto recaÃ­do en las diligencias a que se refiere el artÃ­culo 13 de esta Ley constituirÃ¡ tÃ­tulo ejecutivo suficiente para entablar el procedimiento regulado en este capÃ­tulo.Â»
Quince. El apartado 3 del artÃ­culo 22 queda redactado del siguiente modo:
Â«El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 constituirÃ¡ infracciÃ³n administrativa grave o leve de acuerdo con lo dispuesto en los artÃ­culos 40.4.t) y 40.5.d) del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.Â»
DiecisÃ©is. El segundo pÃ¡rrafo del apartado 2 del artÃ­culo 25 queda redactado del siguiente modo:
Â«A la informaciÃ³n de que disponga el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros tendrÃ¡n acceso, ademÃ¡s de los perjudicados, los aseguradores de Ã©stos, los organismos de informaciÃ³n de otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo, la Oficina EspaÃ±ola de Aseguradores de AutomÃ³viles, en su calidad de organismo de indemnizaciÃ³n, y los organismos de indemnizaciÃ³n de otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo, asÃ­ como los fondos de garantÃ­a de otros Estados miembros del Espacio EconÃ³mico Europeo. TendrÃ¡n tambiÃ©n acceso a dicha informaciÃ³n los centros sanitarios y servicios de emergencias mÃ©dicas que suscriban convenios con el Consorcio de CompensaciÃ³n de Seguros y las entidades aseguradoras para la asistencia a lesionados de trÃ¡fico.Â»
Diecisiete. El nÃºmero 6 del apartado primero del anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor queda redactado del siguiente modo:
Â«6. AdemÃ¡s de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarÃ¡n en todo caso los gastos de asistencia mÃ©dica, farmacÃ©utica y hospitalaria en la cuantÃ­a necesaria hasta la sanaciÃ³n o consolidaciÃ³n de secuelas, siempre que el gasto estÃ© debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada.
En las indemnizaciones por fallecimiento se satisfarÃ¡n los gastos de entierro y funeral segÃºn los usos y costumbres del lugar donde se preste el servicio, en la cuantÃ­a que se justifique.Â»
ArtÃ­culo segundo. ModificaciÃ³n del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Se efectÃºan las siguientes modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre: Uno. Se modifica el pÃ¡rrafo r) y se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo s) al artÃ­culo 40.3, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«r) El incumplimiento de la obligaciÃ³n de suministrar al Ã³rgano competente la informaciÃ³n a que se refiere la legislaciÃ³n reguladora del registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento, cuando tal conducta tenga carÃ¡cter reincidente.
s) La falta de remisiÃ³n de la informaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 2.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y sus normas de desarrollo, asÃ­ como la falta de veracidad de la informaciÃ³n remitida cuando con ello se dificulte el control del efectivo cumplimiento de la obligaciÃ³n de aseguramiento o la identificaciÃ³n de la entidad aseguradora que debe asumir los daÃ±os y perjuicios ocasionados en un accidente de circulaciÃ³n, siempre que tales conductas tengan carÃ¡cter reincidente.Â»
Dos. Se aÃ±aden dos nuevos pÃ¡rrafos t) y u) al artÃ­cu- lo 40.4, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«t) El incumplimiento del deber de presentar la oferta motivada o dar la respuesta motivada a que se refieren los artÃ­culos 7 y 22.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, cuando tal conducta tenga carÃ¡cter reincidente.
u) La falta de remisiÃ³n de la informaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 2.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y sus normas de desarrollo, asÃ­ como la falta de veracidad de la informaciÃ³n remitida cuando con ello se dificulte el control del efectivo cumplimiento de la obligaciÃ³n de aseguramiento o la identificaciÃ³n de la entidad aseguradora que debe asumir los daÃ±os y perjuicios ocasionados en un accidente de circulaciÃ³n.Â»
Tres. Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo d) al artÃ­culo 40.5, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«d) El incumplimiento del deber de presentar la oferta motivada o dar la respuesta motivada a que se refieren los artÃ­culos 7 y 22.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.Â»
Cuatro. El pÃ¡rrafo inicial del apartado 2 del artÃ­culo 86 queda redactado del siguiente modo:
Â«2. Las entidades aseguradoras a que se refiere el apartado anterior que pretendan celebrar contratos de seguro de responsabilidad civil en vehÃ­culos terrestres automÃ³viles, excluida la responsabilidad del transportista, deberÃ¡n ademÃ¡s nombrar un representante, persona fÃ­sica que resida habitualmente en EspaÃ±a o persona jurÃ­dica que estÃ© en ella establecida. Sus facultades serÃ¡n las siguientes:Â»
A la entrada en vigor de esta Ley quedan derogados: a) Los artÃ­culos 14, 15, 16, 18 y 19 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguros en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor.
b) El apartado 4 del artÃ­culo 86 del Texto Refundido de la Ley de OrdenaciÃ³n y SupervisiÃ³n de los Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
Esta Ley se dicta al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 149.1.6.Âª de la ConstituciÃ³n EspaÃ±ola.
Esta Ley entrarÃ¡ en vigor a los 30 dÃ­as de su publicaciÃ³n en el BoletÃ­n Oficial del Estado, salvo la modificaciÃ³n del artÃ­culo 4 del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad civil y seguro en la circulaciÃ³n de vehÃ­culos a motor, que entrarÃ¡ en vigor el 1 de enero de 2008.
Mando a todos los espaÃ±oles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 11 de julio de 2007.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto