Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-12-12_ES.html
Timestamp: 2020-05-25 15:16:41+00:00

Document:
Textos aprobados - Martes 12 de diciembre de 2017
Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores ***II
Modificaciones de varios reglamentos relativos al sector de la agricultura y del desarrollo rural ***I
Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 ***I
Solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades de Eleonora Forenza
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ingeborg Gräßle
Derechos de aduana sobre las importaciones de determinados productos originarios de los EE. UU. ***I
Acuerdo de transporte aéreo UE-EE. UU. ***
Acuerdo UE-Suiza para vincular sus respectivos regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero ***
Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas UE-Kazajistán (Aprobación) ***
Renovación del mandato de la presidenta de la Junta Única de Resolución
Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático
Hacia una estrategia de comercio digital
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo (11382/2/2017 – C8-0358/2017 – 2015/0289(COD))
– Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11382/2/2017 – C8-0358/2017),
– Vista su Posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0636),
– Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Pesca (A8-0374/2017),
(2) Textos Aprobados de 2.2.2017, P8_TA(2017)0015.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º1308/2013 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(2016)0605 – C8-0404/2017 – 2016/0282B(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0605),
– Vista la decisión de la Conferencia de Presidentes, de 16 de noviembre de 2017, de dividir la propuesta de la Comisión y autorizar a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a elaborar un informe legislativo independiente para las disposiciones relativas a las competencias de dicha comisión, a saber, los artículos 267 a 270 y 275 de la propuesta de la Comisión,
– Visto el artículo 294, apartados 2 y 3, el artículo 42, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 168, apartado 4, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo n.º 1/2017, de 26 de enero de 2017(1),
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de diciembre de 2016(2),
– Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 11 de mayo de 2017(3),
– Vistos los informes de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0211/2017),
– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de noviembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0380/2017),
4. Destaca que la división de la propuesta de la Comisión tiene por objeto permitir que las disposiciones relativas a las competencias de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural se apliquen a partir del 1 de enero de 2018 y que la parte restante de la propuesta de la Comisión(4) se examinará en una fase posterior;
5. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), (UE) n.° 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, (UE) n.° 1307/2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, (UE) n.° 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y (UE) n.º 652/2014 por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/2393.)
Las nuevas normas relativas a las organizaciones de productores y el Derecho de competencia (OCM)
El Parlamento Europeo recuerda que, de conformidad con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las normas sobre la competencia serán aplicables a la producción y al comercio de los productos agrícolas solo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, teniendo en cuenta los objetivos de la Política Agrícola Común (PAC), tal como se establecen en el artículo 39 del mismo Tratado.
Tal como se establece en el Tratado, y de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea(5), los objetivos de la PAC prevalecen sobre los de la política europea de competencia. Sin embargo, los mercados agrícolas no están exentos de la aplicación del Derecho de competencia. La adaptación de las normas sobre la competencia a las particularidades agrícolas es prerrogativa de los colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo.
En este contexto, el Parlamento Europeo propone, mediante el presente Reglamento, una aclaración de la relación entre las normas de la PAC, en particular el papel y la misión de las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores, y la aplicación de la legislación europea en materia de competencia. Esta aclaración es necesaria debido a la incertidumbre existente en cuanto a la aplicación de estas normas, y es fundamental para alcanzar el objetivo de la Unión de reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro alimentario. Las propuestas del Parlamento Europeo se basan en las recomendaciones del informe del Grupo de trabajo sobre mercados agrícolas (Agri-Market) de 14 de noviembre de 2016. Estas recomendaciones se basaban en una serie de audiencias y contribuciones de todos los agentes de la cadena de suministro alimentario: productores, transformadores y minoristas.
El Parlamento Europeo tiene por objeto simplificar y aclarar las condiciones en las que las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores pueden llevar a cabo, en todos los sectores enumerados en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en nombre de sus miembros, actividades de planificación de la producción, comercialización, negociación de contratos para el suministro de productos agrícolas y optimización de los costes de producción. Estas tareas requieren esencialmente la existencia de determinadas prácticas, incluidas las consultas internas y el intercambio de información comercial en esas entidades. Se propone, por lo tanto, que estas prácticas queden fuera del ámbito de la prohibición de acuerdos contrarios a la competencia, establecida en el artículo 101, apartado 1, del TFUE, y que las organizaciones de productores o las asociaciones de organizaciones de productores que realicen al menos una actividad económica se beneficien de una excepción de la aplicación del presente artículo. No obstante, esta excepción no es absoluta: las autoridades de competencia conservan la posibilidad de intervenir en caso de que consideren que dichas actividades pueden excluir la competencia o poner en peligro la consecución de los objetivos de la PAC.
Se aclaran de esta manera el papel y la misión de las organizaciones de productores y las asociaciones de organizaciones de productores y su relación con la legislación en materia de competencia. Sin perjuicio de las prerrogativas institucionales de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo considera que las nuevas normas no requieren una aclaración adicional en forma de directrices de la Comisión Europea.
(4) Número de procedimiento; 2016/0282A(COD).
(5) Sentencia Maizena, 139/79, EU:C:1980:250, apartado 23. Sentencia Alemania/Consejo, C-280/93, EU:C:1994:367, apartado 61.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0054),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0028/2017),
– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de octubre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0258/2017),
2. Aprueba la Declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/2392.)
DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN
Los resultados de los trabajos de la OACI sobre la aplicación de la medida de mercado mundial son esenciales para su eficacia y para la contribución futura del sector de la aviación a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. Es importante que los Estados miembros de la OACI, los operadores de aeronaves y la sociedad civil sigan participando en los trabajos de la OACI. Será necesario, en este contexto, que la OACI actúe con total transparencia y llegue a todas las partes interesadas para facilitarles información puntual acerca de los progresos y decisiones.
(1) DO C 288 de 31.8.2017, p. 75.
(2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 13 de septiembre de 2017 (Textos adoptados P8_TA(2017)0338).
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la solicitud de amparo de los privilegios e inmunidades de Eleonora Forenza (2017/2199(IMM))
– Vista la solicitud de Gabriele Zimmer, de 20 de julio de 2017, comunicada al Pleno del 11 de septiembre de 2017, de amparo de los privilegios e inmunidades de Eleonora Forenza en relación con un incidente del que esta última fue víctima el 8 de julio de 2017 en una manifestación celebrada en el contexto de la cumbre del G-20 en Hamburgo,
– Habiendo oído a Eleonora Forenza, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,
– Vistos el artículo 5, apartado 2, y los artículos 7 y 9 de su Reglamento interno,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0398/2017),
A. Considerando que Gabriele Zimmer, diputada al Parlamento Europeo y presidenta del Grupo GUE/NGL, solicitó, con arreglo a los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7, el amparo de la inmunidad parlamentaria de Eleonora Forenza, diputada del mismo grupo, que fue registrada y después detenida por la policía alemana junto con un grupo de activistas durante una manifestación celebrada en el contexto de la Cumbre del G-20 celebrada en Hamburgo el 8 de julio de 2017; que el registro y la detención se produjeron después de la citada manifestación, cuando la Sra. Forenza y su grupo se dirigían a un establecimiento para almorzar juntos;
B. Considerando que el Parlamento dispone de una amplia facultad de apreciación acerca de la orientación que pretende dar a una decisión por la que se resuelve una solicitud de amparo de la inmunidad formulada por un diputado(2);
C. Considerando que los artículos 8 y 9 del Protocolo n.° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea se excluyen mutuamente(3); que el asunto en cuestión no se refiere a ninguna opinión expresada por un diputado al Parlamento Europeo, sino a un comportamiento supuestamente peligroso para el orden público (presunta implicación en una revuelta); que es, por lo tanto, evidente que procede aplicar el artículo 9 del Protocolo n.º 7;
D. Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país y, en el territorio de cualquier otro Estado miembro, de inmunidad frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial; que la Sra. Forenza, diputada italiana al Parlamento Europeo, que se encontraba en Alemania, disfrutaba por consiguiente de esa inmunidad;
E. Considerando que, según la solicitud de amparo de la inmunidad, la Sra. Forenza declaró a la policía alemana, en cuanto se puso en contacto con ella, que era diputada al Parlamento Europeo; que presentó inmediatamente los documentos que acreditaban esa condición; que consiguió incluso poner en contacto al cónsul italiano en Hamburgo con el oficial de policía que dirigía las operaciones;
F. Considerando que, a pesar de su condición de diputada al Parlamento Europeo, la policía alemana sometió a la Sra. Forenza a un registro corporal exhaustivo y la mantuvo después detenida durante más de cuatro horas;
G. Considerando que la policía alemana, a la luz de todo lo anterior, era consciente de que estaba deteniendo a una diputada al Parlamento Europeo; que esto supone una violación del Protocolo n.° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, en particular de su artículo 9, apartado primero, letra b);
H. Considerando que, dadas las circunstancias del caso, es evidente que la Sra. Forenza no fue detenida en flagrante delito, de manera que la excepción contemplada en el artículo 9, apartado tercero, del Protocolo n.° 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión europea no es aplicable y que el caso de la Sra. Forenza queda, por lo tanto, totalmente cubierto por su inmunidad;
1. Decide amparar los privilegios e inmunidades de Eleonora Forenza;
2. Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la autoridad competente de la República Federal de Alemania y a Eleonora Forenza.
(2) Sentencia T-42/06, Gollnisch/Parlamento, antes citada, apartado 101.
(3) Asuntos acumulados C-200/07 y C-201/07, Marra/De Gregorio y Clemente, antes citados, punto 45.
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM))
– Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ingeborg Gräßle, transmitido por la Fiscalía de Ellwangen (Alemania), con fecha de 27 de julio de 2017, en relación con el proceso penal con el número de referencia 21 Js 11263/17, y comunicado al Pleno del 2 de octubre de 2017,
– Vista la renuncia de Ingeborg Gräßle a su derecho a ser oída de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,
– Visto el artículo 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania;
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0397/2017),
A. Considerando que la Fiscalía de Ellwangen ha transmitido un suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Ingeborg Gräßle, diputada al Parlamento Europeo por la República Federal de Alemania, en relación con una infracción tipificada en el artículo 229 del Código Penal alemán; que el procedimiento se refiere, en concreto, a unas supuestas lesiones involuntarias;
B. Considerando que el 10 de junio de 2017, Ingeborg Gräßle, al volante de un vehículo, se saltó un semáforo en rojo en Heidenheim, en el cruce Brenzstrasse-Ploucquetstrasse, provocando un accidente que causó una lesión en el hombro a otra persona; que se presentó querella en este contexto;
C. Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en el territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los diputados del Parlamento de su país;
D. Considerando que el artículo 46 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania dispone que para que se pueda exigir responsabilidad a un diputado o se le pueda privar de libertad por un acto para el que se prevé una sanción, se requiere la autorización del Bundestag, a no ser que el diputado haya sido detenido en flagrante delito o al día siguiente de la comisión del acto;
E. Considerando que el Parlamento es el único que puede decidir sobre la suspensión o no de la inmunidad en cada caso concreto; que el Parlamento puede tener en cuenta razonablemente la posición del diputado para adoptar la decisión de suspender o no su inmunidad(2);
F. Considerando que el supuesto delito no guarda relación directa o manifiesta con el ejercicio de las funciones de diputada al Parlamento Europeo de Ingeborg Gräßle, ni constituye la emisión de una opinión o de un voto en el ejercicio de dichas funciones, en el sentido del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;
G. Considerando que en el presente caso al Parlamento no le consta la existencia de fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el proceso se haya iniciado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;
1. Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Ingeborg Gräßle;
2. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República Federal de Alemania y a Ingeborg Gräßle.
(2) Sentencia T-345/05, Mote/Parlamento, antes citada, apartado 28.
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América (versión codificada) (COM(2017)0361 – C8-0226/2017 – 2014/0175(COD))
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0361),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0226/2017),
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0331/2017),
1. Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación.
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América (versión codificada)
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/196.)
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración en nombre de la Unión Europea del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (13419/2016 – C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE))
– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13419/2016),
– Visto el Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra(1),
– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0100/2017),
– Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0376/2017),
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (13076/2017 – C8-0415/2017 – 2017/0193(NLE))
– Vista la propuesta de Decisión del Consejo (13076/2017),
– Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza relativo a la vinculación de sus regímenes de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (13073/2017),
– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0415/2017),
– Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0386/2017),
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra (12409/2016 – C8-0469/2016 – 2016/0166(NLE))
– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 37 y el artículo 31, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, así como con el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, los artículo 207 y 209, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0469/2016),
– Vista su resolución no legislativa de 12 de diciembre de 2017(1) sobre el proyecto de decisión,
– Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0325/2017),
2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Kazajistán.
(1) Textos aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0485.
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre la propuesta de la Comisión relativa a la renovación del mandato de la presidenta de la Junta Única de Resolución (N8-0092/2017 – C8-0425/2017 – 2017/0901(NLE))
– Vista la propuesta de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, relativa a la renovación del mandato de la presidenta de la Junta Única de Resolución (N8-0092/2017),
– Visto el artículo 56, apartado 6, párrafo tercero, y el artículo 56, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(1),
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0393/2017),
A. Considerando que, el 19 de diciembre de 2014, el Consejo nombró a Elke König para el cargo de presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR) para un mandato de tres años a partir del 23 de diciembre de 2014(2);
B. Considerando que, de conformidad con el artículo 56, apartado 7, del Reglamento (UE) n.º 806/2014, la duración del mandato del primer presidente de la Junta Única de Resolución podrá renovarse una vez por un período de cinco años;
C. Considerando que, el 29 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó una propuesta relativa a la renovación del mandato de Elke König como presidenta de la Junta Única de Resolución y transmitió dicha propuesta al Parlamento;
D. Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta para el cargo de presidenta de la Junta, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 56, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 806/2014;
E. Considerando que, el 4 de diciembre de 2017, dicha comisión celebró una audiencia con Elke König durante la cual esta realizó una declaración preliminar y a continuación respondió a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión;
1. Aprueba la propuesta de la Comisión relativa a la renovación del mandato de Elke König como presidenta de la Junta Única de Resolución;
2. Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.
(2) DO L 367 de 23.12.2014, p. 97.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático (2017/2069(INI))
– Visto el informe de la Comisión de 24 de enero de 2017, elaborado de conformidad con el artículo 25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre el progreso hacia el ejercicio efectivo de la ciudadanía de la Unión durante el periodo 2013-2016 (COM(2017)0032),
– Visto el artículo 165 del TFUE,
– Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el «Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013- Ciudadanos de la UE: vuestros derechos, vuestro futuro»(3),
– Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela(4),
– Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017(7) sobre la ejecución del programa Europa para los Ciudadanos;
– Vista la propuesta de la Comisión, de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores (refundición) (COM(2016)0411),
– Visto el informe de la Comisión de Peticiones sobre las actividades del Grupo de trabajo sobre asuntos relativos al bienestar infantil(8), y en particular sus conclusiones;
– Vistas la opinión de la Comisión de Peticiones, de 23 de marzo de 2017(10), y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 1 de junio de 2017(11), relativo al informe de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE en 2015,
– Vistas la audiencia de la Comisión PETI, de 23 de febrero de 2016, sobre el tema «¿Ampliar el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión (artículo 51)?», la audiencia de 21 de junio de 2016 sobre el tema «Transparencia y libertad de información dentro de las instituciones de la Unión», y la audiencia de 22 de junio de 2017 sobre el tema «Recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo», junto con las anteriormente celebradas en esta legislatura sobre el derecho de petición, de 23 de junio de 2015, y sobre la Iniciativa Ciudadana Europea, de 26 de febrero de 2015,
G. Considerando que cualquier alteración unilateral de la frontera de un Estado miembro viola, al menos, los artículos 2, 3, apartado 2, y 4, apartado 2, del TUE, además de poner en peligro el disfrute del conjunto de derechos derivados de la ciudadanía de la Unión;
J. Considerando que después de los últimos acontecimientos en el Reino Unido, la crisis humanitaria de refugiados, los elevados niveles de paro y pobreza, y el aumento de la xenofobia y el racismo en la Unión Europea han puesto en duda la confianza en el sistema y en el proyecto europeo en su conjunto;
M. Considerando que, como queda patente en las peticiones y las quejas enviadas a la Comisión y a SOLVIT, los ciudadanos de la Unión se enfrentan a dificultades considerables para ejercer sus derechos y libertades fundamentales, debido a importantes problemas económicos y de empleo, agravados por las cargas administrativas y la burocracia de los Estados miembros, y a la información errónea o la falta de cooperación por parte de las autoridades de los Estados miembros;
AA. Considerando que, con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión (SEC(2011)1556) que acompaña a la propuesta para la adopción de la Directiva del Consejo (UE) 2015/637, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países(12), casi siete millones de ciudadanos de la Unión viajan o viven fuera de la Unión en países en los que su propio país no tiene embajada ni consulado; y que se prevé que el número de ciudadanos de la Unión no representados aumente como mínimo a diez millones de aquí a 2020; que los ciudadanos de la Unión que residen en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, tienen el derecho de acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;
6. Considera que ha de aumentarse la eficacia de las políticas de la Unión en el ámbito de la lucha contra la discriminación y que han de suprimirse los obstáculos restantes; recomienda que la Comisión actualice las dos primeras Directivas antidiscriminación —la Directiva 2000/43/CE del Consejo y la Directiva 2000/78/CE del Consejo— con el fin de adaptarlas a la actual versión de los Tratados y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión;
7. Pide la adopción de un marco normativo eficaz y medidas de coordinación a escala de la Unión y de los Estados miembros para garantizar un alto nivel de protección social, así como puestos de trabajo estables con una retribución adecuada; considera que este enfoque es decisivo para reforzar los derechos y las libertades fundamentales vinculados a la ciudadanía de la Unión;
8. Resalta que las medidas de austeridad adoptadas en la Unión y los Estados miembros han acentuado las desigualdades económicas y sociales, limitando así severamente el ejercicio concreto de los derechos y libertades fundamentales vinculados a la ciudadanía de la Unión;
9. Recuerda las enmiendas aprobadas el 14 de septiembre de 2017(13) y la propuesta de la Comisión de una directiva global para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (COM(2015)0615), incluidos los diversos modos de transporte; recomienda que los legisladores agilicen sus actividades con respecto a la adopción de un Acta Europea de Accesibilidad; acoge favorablemente el acuerdo interinstitucional alcanzado sobre la aplicación del Tratado de Marrakech sobre la legislación de la UE en materia de derechos de autor, como propugna la Comisión de peticiones desde 2011, y reitera su llamamiento en favor de una pronta ratificación de dicho Tratado por parte de la Unión y de sus Estados miembros; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y que firmen su Protocolo; apoya la ampliación del uso de una tarjeta de discapacidad reconocida mutuamente en toda la Unión a tantos Estados miembros como sea posible, les anima a que faciliten la movilidad de las personas con discapacidad y limitaciones funcionales en la Unión; destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad de los sitios web de la Unión para las personas con discapacidad;
10. Invita a la Comisión a actuar más activamente en la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI y a combatir la homofobia mediante la definición de medidas concretas que deberán aplicarse a escala nacional y europea; pide asimismo que las instituciones de la Unión hagan un seguimiento estrecho de los derechos de dichas personas y promuevan el reconocimiento transfronterizo de sus derechos y los de sus familias en la Unión;
11. Recuerda que el principio de igualdad entre mujeres y hombres solo puede ejercerse a través de la integración estratégica del género en todas las políticas de la Unión y a través de su Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019; pide a la Comisión que facilite el pleno acceso a los servicios sanitarios de salud sexual y reproductiva en todos los Estados miembros; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para eliminar la discriminación y luchar contra las declaraciones discriminatorias dirigidas contra las mujeres en la Unión y que fomentan los estereotipos de género; reitera la necesidad de invertir en educación cívica y para la ciudadanía y en educación para la igualdad de género en toda Europa; atrae la atención sobre las diferencias de remuneración y pensión por razón de género en la Unión, que minan la posibilidad de que millones de mujeres alcancen una verdadera autonomía económica; destaca la importancia de la participación política de la gente joven, especialmente de las mujeres y niñas, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten más medidas para fomentar su participación.
12. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de firmar y concluir la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul; lamenta, no obstante, que la limitación a dos ámbitos –la cooperación judicial en materia penal, por un lado, y el asilo y la no devolución, por otro– suscite incertidumbres jurídicas en cuanto al alcance de la adhesión de la Unión; insta a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones sobre la ratificación y la aplicación del Convenio de Estambul; pide a los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía que ratifiquen sin tardanza este Convenio y a la Comisión que proponga una Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres; acoge con satisfacción la presentación por parte de la Comisión del paquete sobre la conciliación de la vida familiar y laboral y pide a todas las instituciones que cumplan estas medidas lo antes posible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el acceso de las mujeres a puestos de representación y de liderazgo y que emprendan acciones específicas para abordar las necesidades de ciudadanos vulnerables que se enfrentan a una discriminación múltiple e interseccional, de modo que dichos ciudadanos puedan ejercer sus derechos de ciudadanía, por ejemplo mediante estrategias apropiadas; pide al Consejo que redoble sus esfuerzos para desbloquear la Directiva sobre las mujeres en órganos directivos; reitera su petición a la Comisión para que adopte en forma de comunicación su documento de trabajo «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019);
13. Recuerda que durante siglos las minorías tradicionales han coexistido con las culturas mayoritarias en el continente europeo; destaca la necesidad de que las instituciones de la Unión trabajen más activamente en la protección de las minorías, promoviendo la sensibilización mediante reuniones, seminarios y resoluciones, así como acciones administrativas concretas en las instituciones de la Unión; considera que la Unión debe establecer normas exigentes de protección de las minorías, comenzando por las normas codificadas en instrumentos jurídicos internacionales, tales como las del Consejo de Europa, y que estas normas deben integrarse de manera clara en un marco jurídico que garantice la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en toda la Unión; anima a todos los Estados miembros a que ratifiquen plenamente y sin demora el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y a que apliquen los tratados de buena fe; recuerda igualmente la necesidad de aplicar los principios desarrollados en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); deplora toda retórica que incite a la discriminación por motivos de nacionalidad; anima a los Gobiernos nacionales a encontrar soluciones duraderas y a promover una cultura de diversidad lingüística en todos los Estados miembros y en la Unión en su conjunto, más allá de las lenguas oficiales de la Unión, dado que tanto los Tratados como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea contienen referencias a la protección de las minorías nacionales y a la discriminación por motivos de lengua;
14. Manifiesta su profunda preocupación por el número de romaníes en Europa que son víctimas de un registro de nacimientos discriminatorio, por lo que carecen de documentos de identidad y se les niega el acceso a servicios básicos esenciales en sus países de residencia, negándoseles en consecuencia el disfrute de cualquiera de sus derechos en la Unión; pide a los Estados miembros que adopten medidas correctoras inmediatas en este sentido, al objeto de garantizar que dichas personas puedan disfrutar de sus derechos humanos fundamentales, así como de todos los derechos que confiere la ciudadanía de la Unión; pide a la Comisión que evalúe y vigile la situación en los Estados miembros y que comience la identificación y la protección de las personas cuya nacionalidad no haya sido reconocida y que no tengan acceso a documentos de identidad;
15. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas específicas para suprimir los obstáculos a la libre circulación de conformidad con las Resoluciones del Parlamento, de 15 de marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior(14), y de 28 de abril de 2016, sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo(15);
16. Pide a la Comisión que supervise periódicamente la aplicación de la Directiva 2004/38/CE en los Estados miembros y que tome las medidas oportunas para eliminar los posibles obstáculos a la libre circulación; acoge con satisfacción la herramienta de aprendizaje electrónico sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión a la libre circulación, que ayuda a las autoridades locales a conocer mejor los derechos y obligaciones que lleva aparejados dicha libertad;
17. Reconoce el trabajo de la Comisión encaminado a ofrecer y hacer más accesibles múltiples puntos de información y asistencia sobre la Unión y los derechos que esta confiere a sus ciudadanos, como la red Europe Direct y el portal Tu Europa y el Portal Europeo de e-Justicia, con el fin de informar mejor a las personas que ejercen sus derechos como ciudadanos de la Unión; reconoce la propuesta de la Comisión de crear un portal digital único para proporcionar a los ciudadanos un acceso sencillo y en línea a servicios de información, asistencia y resolución de problemas en cuanto al ejercicio de derechos dentro del mercado único;
18. Pide a la Comisión que fortalezca la red SOLVIT mejorando la interacción entre sus servicios y los centros nacionales, a fin de garantizar un mejor seguimiento de los casos sin resolver y recurrentes, así como una mayor articulación entre las diferentes herramientas de ejecución del Derecho de la Unión, tales como EU Pilot y CHAP; invita asimismo a los Estados miembros a promover entre los ciudadanos europeos la red SOLVIT y sus servicios, así como otros mecanismos de recurso y participación ciudadana, tanto a nivel de la Unión (por ejemplo, a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento, el Defensor del Pueblo Europeo o la Iniciativa Ciudadana Europea) como nacional (por ejemplo, a través de los defensores del pueblo regionales o locales, las comisiones de peticiones o las iniciativas legislativas populares);
19. Respalda el compromiso de la Comisión en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE de 2017 para organizar una campaña de información y concienciación en toda la Unión sobre los derechos de la ciudadanía de la Unión, con objeto de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor sus derechos; señala que los ciudadanos deben tener pleno acceso a toda la información necesaria para un auténtico fortalecimiento de la ciudadanía europea, y que dicha información debe presentarse de forma clara y comprensible, para que puedan adoptar decisiones fundamentadas sobre el ejercicio de los derechos que les confieren los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; recomienda el fomento de la transparencia y el apoyo consular proactivo, que son los instrumentos más adecuados para ese fin, junto con la publicación adecuada de la información necesaria para facilitar el establecimiento de recién llegados;
20. Recuerda que el acceso a los servicios sanitarios, la coordinación de los sistemas de seguridad social y el reconocimiento de las cualificaciones profesionales en otros Estados miembros son los ámbitos en los que los ciudadanos de la Unión a menudo tienen dificultades, y pide una ejecución firme por parte de la Comisión para resolver dichas situaciones;
21. Muestra su preocupación por el crecimiento de la desafección política en la ciudadanía; destaca la necesidad de dar prioridad a la lucha contra la xenofobia, el racismo, la discriminación y el discurso del odio;
22. Reconoce que las medidas para aumentar la participación en las elecciones europeas son una responsabilidad compartida de la Unión y de los Estados miembros; alienta a estos últimos a fomentar la participación en la vida democrática informando mejor a los ciudadanos de su derecho de ser candidatos y votar en las elecciones locales y europeas a través de diversos canales y en un lenguaje accesible, y eliminando los obstáculos a su participación, como discriminaciones económicas, sociales o lingüísticas, prácticas desleales o corrupción; insta a los Estados miembros a suprimir los obstáculos de accesibilidad para ciudadanos con discapacidad y a facilitar el voto en todas las elecciones de los ciudadanos que residan, trabajen o estudien lejos de su lugar de voto habitual, por ejemplo mediante la adopción de soluciones electrónicas de identificación y voto;
23. Cree que la reforma del Acta electoral constituye una oportunidad de hacer la Unión más democrática; resalta que miles de europeos comparten esta opinión; recuerda la necesidad de promover la participación en las elecciones europeas aumentando la visibilidad de los partidos políticos a escala europea, y que el fortalecimiento del carácter europeo de las elecciones al Parlamento Europeo es una responsabilidad compartida de la Unión y sus Estados miembros; anima al Consejo a incluir listas que incorporen la perspectiva y el equilibrio de género en la revisión del Acta mencionada; pide a la Comisión que actúe sobre las quejas relativas al ejercicio del derecho a voto en las elecciones europeas y municipales, que elabore un plan de acción concreto para la introducción del voto electrónico en las elecciones al Parlamento Europeo en la fecha más temprana posible y que haga ese sistema lo más ampliamente disponible para todos los ciudadanos de la Unión; insta a los Estados miembros a hacer todo lo posible para animar a las personas que no posean la ciudadanía de ningún Estado y que residan de forma permanente en los Estados miembros de la Unión a que adquieran la ciudadanía del Estado miembro de acogida, de modo que puedan disfrutar plenamente de los derechos de la ciudadanía de la Unión; considera que los ciudadanos de la Unión que se desplazan a otro Estado miembro para residir en él deben tener la posibilidad de ejercer su derecho de voto en las elecciones nacionales de su país de origen; pide a los Estados miembros que privan del derecho de voto a los nacionales que han elegido vivir en otro Estado miembro durante un período de tiempo prolongado que relajen las condiciones para que estas personas puedan conservar su derecho de voto en las elecciones nacionales; insta a la Comisión a que tome las medidas necesarias para permitir que las personas con discapacidad ejerzan su derecho a voto sin experimentar ninguna forma de discriminación; respalda la posibilidad de introducir una tarjeta de identidad europea además de los documentos de identidad nacionales;
24. Toma nota de la última Comunicación de la Comisión (COM(2017)0482) sobre la iniciativa ciudadana europea, que contiene una propuesta de revisión del Reglamento (UE) n.º 211/2011, de 16 de febrero de 2011, con el fin de mejorar su funcionamiento; es de esperar que la revisión del Reglamento tenga como resultado que el instrumento de la iniciativa ciudadana europea sea más transparente, eficaz y sencillo, al tiempo que garantice una participación democrática y más amplia de los ciudadanos en el debate y la definición de las prioridades en Europa; destaca el significativo papel legislativo que el Parlamento desempeñará y la importancia de una buena cooperación con la Comisión durante la revisión del Reglamento; pide a la Comisión que incluya disposiciones destinadas a revisar las condiciones de admisibilidad jurídica, los requisitos de registro y los procedimientos de examen de las iniciativas ciudadanas europeas;
25. Considera que, en interés de la ciudadanía de la Unión, es necesaria una acción de la Comisión para reforzar la dimensión cultural europea; anima a que el programa «Europa para los Ciudadanos» financie proyectos más innovadores y con potencial de impacto sistémico; sugiere el desarrollo del programa «Getting to Know Europe» (Conoce Europa) en paralelo y como complemento a «Europa para los Ciudadanos»;
26. Propone, al objeto de reforzar la ciudadanía de la Unión y su ejercicio, que la Comisión estimule la identificación por parte de los entes locales de concejales responsables de asuntos europeos, ya que es este el nivel más cercano al ciudadano;
27. Recomienda que la Comisión establezca un registro de entrada en todas sus sedes, incluyendo las representaciones en los Estados miembros, de modo que la ciudadanía pueda dirigirse por escrito o en persona a cualquier institución de la Unión con las debidas garantías;
28. Recomienda que la Comisión introduzca, en colaboración con los servicios postales encargados del servicio universal, un sistema de mensajería con certificación del contenido, además de la fecha y del remitente, de modo que la ciudadanía pueda dirigirse por escrito, de manera no presencial, y fehaciente a las instituciones europeas;
29. Manifiesta su convencimiento de que el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, consagrado en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, unos medios de comunicación libres y el acceso a una pluralidad de opiniones en la sociedad y en los medios de comunicación son parte indispensable de una democracia saludable y constituyen, por tanto, un fundamento constitucional de la pertenencia a la Unión, tal y como se recoge en los artículos 2 y 6 del TUE; subraya la necesidad de definir una política clara de la Unión para luchar contra la propaganda antieuropea y la información falsa, y para promover la independencia de los medios de comunicación públicos respecto a los Gobiernos; propone que se dedique un tiempo mínimo de emisión en los medios de comunicación públicos de todos los Estados miembros a contenidos relacionados con los asuntos de la Unión; propone que las instituciones de la Unión lleven a cabo la creación de canales de televisión europeos que emitan en todos los Estados miembros y en todas las lenguas oficiales de la Unión y que formen a los ciudadanos en la alfabetización mediática desde una edad temprana; apoya la difusión de prensa y de producciones multimedia en todas las lenguas oficiales de la Unión; subraya, en este sentido, la necesidad de una mayor concienciación entre los periodistas europeos;
30. Sostiene que la diversidad lingüística y la transparencia son instrumentos fundamentales para acercar a los ciudadanos a la Unión e implicarles en sus actividades; toma nota de que el acceso a los documentos constituye el 30 % de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Europeo en 2016 y, por tanto, recomienda la promoción del derecho de acceso a los documentos y la traducción del mayor número posible de documentos a todas las lenguas oficiales de la Unión; apoya la intensificación del diálogo con los ciudadanos y anima a debatir públicamente para mejorar la comprensión que los ciudadanos tienen de las repercusiones de la Unión en su vida cotidiana, y para permitirles participar en intercambios de ideas, mediante segmentos en programas televisivos destinados a públicos específicos; solicita una directiva horizontal relativa a la denuncia de irregularidades que establezca los canales y procedimientos adecuados para informar de casos;
31. Apoya la promoción de una cultura de servicio público en las instituciones nacionales y de la Unión, y considera que la Unión debe dar ejemplo adoptando los mayores niveles de exigencia en materia administrativa y de transparencia, de acuerdo con el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; propone que las oficinas de la Unión en los Estados miembros se transformen en ventanillas únicas que ofrezcan servicios globales para los ciudadanos de la Unión, con el fin de reducir la burocracia y los obstáculos que esta levanta al ejercicio de los derechos de la ciudadanía de la Unión; destaca la importancia del proyecto «una sola vez», que elimina cargas innecesarias para las empresas europeas que se ven obligadas a presentar los mismos datos y documentos una y otra vez en sus operaciones transfronterizas;
32. Subraya que una educación accesible desempeña un papel vital para informar a los futuros ciudadanos de la Unión sobre sus derechos; hace hincapié en la importancia de promover el desarrollo de capacidades transversales que mejoren la comprensión intercultural y la participación activa en sociedades diversas mediante el programa Erasmus+; insta a los Estados miembros a que otorguen más espacio en sus programas escolares a la educación cívica centrada, en particular, en la ciudadanía de la Unión y también en asuntos europeos, y a que adapten la formación de los profesores en consecuencia; recuerda la necesidad de apoyar a los profesores y a los profesionales de la educación para que la información sobre los derechos y la ciudadanía de la Unión forme parte integrante de sus enseñanzas; destaca, en este sentido, la necesidad de promover y desarrollar más plataformas en línea para que los profesionales de la educación puedan acceder a materiales docentes multilingües innovadores que les ayuden a inspirar y motivar a los alumnos para aprender sobre la Unión; insta a la Comisión a poner en marcha una estrategia de educación para la ciudadanía europea que incorpore las orientaciones propuestas para desarrollar un programa que podría incluir visitas escolares a instituciones de la Unión;
33. Recuerda que, según el Derecho de la Unión vigente, la retirada de la Unión por parte de un Estado miembro equivale a la pérdida de la ciudadanía europea para sus ciudadanos; lamenta que la retirada del Reino Unido de la Unión sea el primer ejemplo en la historia de ciudadanos privados de los derechos que les otorgan los Tratados de la Unión; subraya que se prevé que esta pérdida de derechos tenga una importante repercusión sobre su vida cotidiana; insiste en que todo acuerdo debe basarse en los principios de equidad, simetría, trato justo, reciprocidad y no discriminación, así como en el pleno respeto de la integridad del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y su marco de aplicación; insta a las dos partes en las negociaciones a que den prioridad a todos los ciudadanos afectados y a la salvaguarda de sus derechos; pide a las partes en las negociaciones que mantengan en la mayor medida posible todos los derechos sociales, económicos y familiares derivados, y en particular los derechos en materia de asistencia sanitaria, tras la retirada del Reino Unido;
34. Propone que se establezca un día festivo público europeo el 9 de mayo, con objeto de reforzar un sentimiento europeo de pertenencia a la familia europea;
35. Insta a los Estados miembros a garantizar que sus legislaciones nacionales sean suficientemente claras y detalladas para asegurar el respeto del derecho a la libre circulación de los ciudadanos y sus familias, formar adecuadamente a las autoridades nacionales competentes en este sentido y difundir información exacta a las partes interesadas de modo preciso, así como a estimular una buena colaboración y un intercambio fluido de información con otras administraciones nacionales, especialmente en asuntos de seguros y de pensiones de jubilación transfronterizos; pide una mejor cooperación entre los Estados miembros de acogida y los consulados pertinentes que garantice una red de asistencia apropiada y un trato justo en asuntos transfronterizos, en especial cuando estén relacionados con la custodia de menores; insta a la Comisión a que presente una propuesta legislativa para el reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción;
36. Pide al Consejo de la Unión Europea y al Consejo Europeo que permitan la adhesión al espacio Schengen de todos los países que cumplan los criterios técnicos pertinentes, permitiendo de este modo que todos los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar de la libertad de circulación sin controles fronterizos que la obstaculicen;
37. Recuerda que la legislación de la Unión en materia de seguridad debe estar actualizada y ser eficaz y eficiente a la hora de prevenir, detectar y responder a las amenazas cambiantes para la seguridad; solicita la aplicación urgente de la Agenda Europea de Seguridad, un mejor cumplimiento de los instrumentos jurídicos de la Unión vigentes en este ámbito, y una coordinación y un intercambio de información más eficientes entre los Estados miembros y con las agencias de la Unión; acoge con satisfacción las iniciativas por parte de la Comisión para el refuerzo de la cooperación en materia de seguridad entre los Estados miembros; destaca la importancia de respetar plenamente los derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo; subraya que la armonización de las acciones internas y externas de la Unión en el ámbito de la seguridad es fundamental para proteger eficazmente a los ciudadanos de la Unión;
38. Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que redoblen esfuerzos para crear una unión de la seguridad genuina y efectiva que aborde todas las dimensiones de la amenaza terrorista;
39. Considera que la desradicalización y la prevención de la radicalización constituyen una prioridad absoluta para la Unión, y aboga firmemente por que se refuercen los programas intersectoriales específicos orientados a la educación, las actividades culturales y de voluntariado y el trabajo en el ámbito de la juventud, así como los programas de desradicalización en instituciones, entes locales, la sociedad civil, comunidades religiosas y administraciones regionales; considera que una política global en este ámbito debe ir acompañada de procesos proactivos de desradicalización en el ámbito judicial; destaca la necesidad de elaborar estrategias en materia de inclusión social y políticas de lucha contra la discriminación; pide a los Estados miembros que aborden la radicalización de forma global y aprovechen la experiencia de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización creada por iniciativa de la Comisión; subraya que también se puede contribuir a la prevención de la radicalización con acciones financiadas por instrumentos de la Unión tales como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la iniciativa Horizonte 2020 y el programa Europa para los Ciudadanos;
40. Solicita la aplicación integral y efectiva de la Directiva (UE) 2015/637 con el fin de garantizar la protección consular de los ciudadanos de la Unión que residen en terceros países en los que no están representados sus Estados miembros;
41. Pide a la Comisión que proponga un formato nuevo y más seguro de documento provisional de viaje de la Unión para los ciudadanos de la Unión no representados en terceros países cuyo pasaporte se haya perdido, haya sido robado o destruido, o no esté disponible temporalmente, con el fin de garantizar su regreso a casa de forma segura;
42. Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las víctimas de la delincuencia y del terrorismo un nivel adecuado de derechos sin discriminación en toda la Unión, y en que estas personas deben ser tratadas con respeto y dignidad y recibir un apoyo adecuado en función de sus necesidades individuales y las de sus familias; subraya que un creciente número de ciudadanos europeos han sido víctimas de atentados terroristas en un país que no es el suyo y, por tanto, solicita con urgencia la creación de protocolos en los Estados miembros que ayuden a los europeos no nacionales en caso de atentado terrorista con arreglo a lo dispuesto en la Directiva (UE) 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo; destaca la necesidad de adoptar una directiva específica de protección de las víctimas del terrorismo;
43. Lamenta la existencia de obstáculos transfronterizos en asuntos civiles o sociales, como el Derecho de la familia o las pensiones, que impiden a muchos ciudadanos disfrutar plenamente de la ciudadanía de la Unión;
44. Lamenta que padres e hijos no tengan en todos los Estados miembros las mismas posibilidades de recurso en caso de separación o divorcio, lo que hace que centenares de padres europeos se hayan puesto en contacto con la Comisión de Peticiones para que adopte un papel más activo a este respecto, a pesar de las pocas competencias de que dispone en este ámbito;
45. Solicita el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros con objeto de garantizar la protección de las víctimas de la violencia de género y que se tenga en cuenta el interés superior del menor en casos de litigios transfronterizos sobre asuntos de familia;
46. Acoge con satisfacción la puesta en marcha del Cuerpo Europeo de Solidaridad para jóvenes ciudadanos europeos y pide que esta iniciativa sea financiada adecuadamente, de modo que los puestos de trabajo de calidad no sean reemplazados por voluntariado no remunerado;
47. Pide a los Estados miembros que adopten medidas de coordinación y cooperación para afrontar con eficacia cuestiones como la doble imposición y la discriminación fiscal en contextos transfronterizos, y para responder mejor a la realidad de la movilidad transfronteriza de los trabajadores; considera que actualmente los problemas relacionados con la doble imposición no se afrontan de forma apropiada, en la medida en que se tratan a través de convenios fiscales bilaterales existentes o de la acción unilateral de un Estado miembro, por lo que se requieren acciones concertadas y oportunas a escala de la Unión;
48. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Defensor del Pueblo Europeo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
(1) Documento del Consejo 6622/16.
(2) Documento del Consejo 14268/15.
(3) DO C 378 de 9.11.2017, p. 146.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0106.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0385.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0013.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0063.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0512.
(10) PE 597.698v03-00. Véase también el informe A8-0265/2017.
(11) PE 603.107v02-00. Véase también el informe A8-0265/2017.
(12) DO L 106 de 24.4.2015, p. 1.
(13) Textos aprobados, P8_TA(2017)0347.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0083.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0142.
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, relativa a «Hacia una estrategia de comercio digital» (2017/2065(INI))
– Vistos el artículo 207, apartado 3, y el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
– Visto el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS),
– Visto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
– Visto el programa de trabajo de la OMC sobre comercio electrónico,
– Vista la declaración conjunta de los ministros de TIC del G7 en el marco de la reunión celebrada en Takamatsu (Kagawa) los días 29 y 30 de abril de 2016,
– Vista la declaración ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la economía digital, adoptada en Cancún en 2016,
– Vista la Coalición Dinámica sobre Comercio en el marco del Foro para la Gobernanza de Internet,
– Vistas las actuales negociaciones comerciales de la Unión con terceros países,
– Visto el acuerdo de principio anunciado por la Comisión el 6 de julio de 2017 sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón,
– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(1),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Digitalización de la industria europea» (COM(2016)0180),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y del conocimiento» (COM(2016)0178),
– Visto el informe de la Comisión, de 23 de junio de 2017, sobre los obstáculos al comercio y la inversión (COM(2017)0338),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2017, titulada «La construcción de una economía de los datos europea» (COM(2017)0009),
– Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (COM(2017)0010),
– Vista la propuesta de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (COM(2017)0495),
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digital4Development: integración de las tecnologías y los servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión) (SWD(2017)0157),
– Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)(5),
– Vista la próxima 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 13 de diciembre de 2017, en la que probablemente se trate el comercio electrónico,
– Vistas las iniciativas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas en apoyo de los países en desarrollo (UIT-D),
– Vistos el artículo 8, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el artículo 16, apartado 1, del TFUE,
– Vistos los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión relativos a la libertad de expresión y el sector privado en la era digital (A/HRC/32/38) y al papel de los proveedores de acceso digital (A/HRC/35/22),
– Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 12 de mayo de 2014,
– Vistos el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Serie de Tratados Europeos n.º108) y su Protocolo Adicional,
– Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos de datos(6),
– Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0384/2017),
A. Considerando que los avances tecnológicos, el acceso a una internet abierta y la digitalización de la economía son un motor de crecimiento ya que permiten a las empresas, en particular a las empresas emergentes, las microempresas y las pymes, generar nuevas oportunidades en el desarrollo, el pedido, la producción, la comercialización o la entrega de productos y servicios y llegar a clientes de todo el mundo con más rapidez y menos costes que nunca; que las tecnologías emergentes, como las tecnologías de registros distribuidos, tienen el potencial para fortalecer el comercio digital mejorando la transparencia de los contratos internacionales y acelerando la transferencia de valor; que el comercio de bienes físicos ha sido sustituido por cantidades cada vez mayores de transferencias transfronterizas de contenidos digitales, desdibujando en ocasiones la distinción entre bienes y servicios;
B. Considerando que la recopilación y la agregación de datos y la capacidad de transferir datos a nivel transfronterizo tienen el potencial para ser un motor esencial de innovación, productividad y competitividad económica;
C. Considerando que la globalización y la digitalización de nuestras economías y del comercio internacional han permitido a las empresas crecer y ofrecer oportunidades económicas a los ciudadanos; que la digitalización de las industrias tradicionales afecta a las cadenas de suministro, la fabricación y los modelos de servicios, lo cual podría conducir a la creación de empleo en nuevas industrias, pero también podría afectar a los puestos de trabajo actuales y precarizar las condiciones laborales, ya que cada vez más tareas realizadas tradicionalmente por humanos son automatizadas o deslocalizadas, o ambas cosas; subraya, a este respecto, que se deben introducir las medidas de apoyo social necesarias para que estos aspectos beneficien a toda la sociedad, tales como políticas sólidas de educación y formación, políticas activas del mercado de trabajo y medidas para superar la brecha digital;
D. Considerando que la economía digital exige un marco basado en normas, entre ellas, normas comerciales modernas que puedan conciliar la rápida evolución del mercado con los derechos de los consumidores, ofreciendo un espacio y un margen políticos para las nuevas iniciativas normativas que los Gobiernos necesitan para defender y reforzar la protección de los derechos humanos;
E. Considerando que el acceso a una internet libre, abierta y segura es una condición indispensable para lograr un comercio y desarrollo basados en normas en el marco de la economía digital; que el principio de neutralidad de la red debe ser un elemento esencial de la estrategia de comercio digital de la Unión, a fin de facilitar la competencia leal y la innovación en la economía digital, al tiempo que se garantiza la libertad de expresión en línea;
F. Considerando que la inversión en infraestructura y el acceso a las capacidades siguen constituyendo desafíos fundamentales para la conectividad y, por ende, para el comercio digital;
G. Considerando que los ODS de las Naciones Unidas hacen hincapié en que ofrecer un acceso universal y asequible a internet a los habitantes de los países menos desarrollados de aquí a 2020 será crucial para fomentar el desarrollo, ya que el desarrollo de una economía digital podría ser un motor de empleo y crecimiento, al constituir el comercio digital una oportunidad para aumentar las cifras de pequeños exportadores, los volúmenes de exportación y la diversificación de las exportaciones;
H. Considerando que las mujeres pueden beneficiarse, como empresarias y trabajadoras, de un mejor acceso a los mercados mundiales, y como consumidoras, de precios más bajos; que sigue habiendo numerosos retos y desigualdades que dificultan la participación de las mujeres en la economía mundial, ya que muchas de las mujeres de países de renta baja y media siguen sin tener acceso a internet;
I. Considerando que el comercio electrónico también está prosperando en los países en desarrollo;
J. Considerando que gobiernos de todo el mundo están adoptando medidas de proteccionismo digital al levantar barreras que obstaculizan el acceso al mercado y la inversión directa o generan ventajas desleales para las empresas nacionales; que se han adoptado una serie de medidas generales en terceros países en nombre de la (ciber)seguridad nacional que tienen un impacto cada vez más negativo sobre el comercio de productos relacionados con las TIC;
K. Considerando que las empresas extranjeras se benefician actualmente de un acceso al mercado europeo mucho mayor del que tienen las empresas europeas en terceros países; que muchos de nuestros socios comerciales están cerrando cada vez más sus mercados nacionales y recurriendo al proteccionismo digital; que la Unión debe basar su estrategia de comercio digital en los principios de reciprocidad, competencia leal, normativas inteligentes y transparencia, con vistas a recuperar la confianza de los consumidores y restablecer la igualdad de condiciones para las empresas;
L. Considerando que se debe poner fin al bloqueo geográfico y no debe producirse en el futuro ninguna forma de discriminación injustificada, por motivos de la nacionalidad del cliente, su lugar de residencia o su lugar de establecimiento en el mercado interior;
M. Considerando que, en el marco de todas las negociaciones de comercio, es necesario promover los pilares fundamentales que preservan la internet abierta en el mercado único digital, incluidos principios como la competencia leal, la neutralidad de la red y la protección en relación con la responsabilidad de los intermediarios; que la dimensión mundial del comercio digital hace que la OMC sea el ámbito natural para la negociación de un marco multilateral basado en normas; que la 11.ª Conferencia Ministerial de la OMC en diciembre de 2017 constituye la plataforma para poner en marcha dicho proceso;
N. Considerando que la Unión está sujeta a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular de su artículo 8 sobre el derecho a la protección de los datos de carácter personal, del artículo 16 del TFUE sobre el mismo derecho fundamental y del artículo 2 del TUE; que el derecho a la privacidad es un derecho humano universal; que la protección de datos de carácter personal ayuda a generar confianza en la economía digital entre los ciudadanos europeos y, por lo tanto, favorece el desarrollo del comercio digital; que el fomento de normas estrictas de protección de datos, en particular en relación con datos sensibles, y la facilitación del comercio internacional deben ir de la mano en la era digital para respaldar la libertad de expresión y de información, el comercio electrónico y el cifrado de datos, y para rechazar el proteccionismo digital, la vigilancia masiva, el ciberespionaje y la censura en línea;
O. Considerando que el comercio digital debe proteger a las especies silvestres en peligro y que los mercados en línea deben prohibir la venta de especies silvestres y de productos procedentes de ellas en sus plataformas;
P. Considerando que las empresas privadas cada vez establecen más normas y estándares en la economía digital, lo que tendrá una repercusión directa en los ciudadanos y los consumidores, así como en el comercio interior e internacional y, al mismo tiempo, acelerará el desarrollo de soluciones tecnológicas para proteger a las empresas y a los clientes;
Q. Considerando que las recomendaciones de la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios y los planes de la Unión para una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades han puesto de relieve la necesidad de abordar diversos retos fiscales, incluidos los planteados por la economía digital; que los impuestos deben pagarse donde se generen los beneficios; que un sistema más transparente, eficiente y justo para calcular la base imponible de las empresas transfronterizas debe evitar el traslado de beneficios y la elusión fiscal; que es necesario un enfoque coherente a nivel de la Unión sobre la fiscalidad de la economía digital para lograr una tributación justa y eficaz de todas las empresas y crear una igualdad de condiciones; que los acuerdos comerciales deben incluir una cláusula de buena gobernanza en el ámbito fiscal que reafirme el compromiso de las partes con la aplicación de las normas internacionales acordadas para luchar contra la evasión y la elusión fiscales;
R. Considerando que, de acuerdo con la OCDE, hasta un 5 % de los bienes importados a la Unión son falsificados, lo que se traduce en pérdidas considerables de puestos de trabajo e ingresos fiscales;
S. Considerando que los sectores sensibles como los servicios audiovisuales y los derechos fundamentales como la protección de los datos personales no deben ser objeto de negociaciones comerciales;
T. Considerando que el comercio digital debe aspirar también a favorecer el crecimiento de las pymes y las empresas emergentes, y no solo el de las multinacionales;
U. Considerando que México cumple las condiciones para la adhesión al Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (Convenio n.° 108);
V. Considerando que la protección de los datos de carácter personal no es una cuestión negociable en los acuerdos comerciales y que la protección de datos ha quedado siempre excluida de los mandatos de negociación comercial de la Unión;
W. Considerando que los acuerdos comerciales pueden servir de palanca para mejorar los derechos digitales; que la inclusión de disposiciones en materia de neutralidad de la red, prohibición de requisitos obligatorios de localización de datos no justificados, seguridad de los datos, seguridad del tratamiento y almacenamiento de datos, cifrado y responsabilidad de los intermediarios en los acuerdos comerciales puede reforzar, en particular, la protección de la libertad de expresión;
1. Subraya que la Unión, como comunidad de valores y el mayor exportador mundial de servicios, debe guiar la adopción de normas y acuerdos internacionales sobre los flujos de comercio digital basándose en tres aspectos: 1) garantizar el acceso al mercado de bienes y servicios digitales en terceros países, 2) garantizar que las normas comerciales conlleven beneficios tangibles para los consumidores, y 3) garantizar y promover el respeto de los derechos fundamentales;
2. Destaca que, si bien la estrategia del mercado único digital aborda muchos de los problemas a los que se enfrenta el comercio digital, las empresas de la Unión aún hacen frente a importantes obstáculos mundiales como reglamentos opacos, intervención gubernamental y localización o almacenamiento de datos injustificados; señala que algunas de las medidas principales de la estrategia del mercado único digital, como la iniciativa de computación en la nube de la Unión y la reforma de la legislación en materia de derechos de autor, tienen un alcance internacional que podría abordarse en una estrategia europea sobre comercio digital;
3. Hace hincapié en la necesidad de reducir la brecha digital para minimizar los potenciales impactos negativos a nivel social y de desarrollo; subraya, en este sentido, la importancia de fomentar la participación femenina en las disciplinas CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas), de eliminar obstáculos al aprendizaje permanente y de acabar con la brecha de género en el acceso a las nuevas tecnologías y en su utilización; pide a la Comisión que siga examinando el vínculo entre la política comercial actual y la igualdad de género, y la forma en que el comercio puede promover el empoderamiento económico de las mujeres;
4. Observa que el efecto de red de la economía digital permite a una empresa o a un número pequeño de empresas tener una gran cuota de mercado, lo que puede llevar a una concentración del mercado excesiva; hace hincapié en la importancia de promover la competencia leal y efectiva en los acuerdos comerciales, en particular entre proveedores de servicios digitales, como las plataformas en línea, y usuarios como microempresas, pymes y empresas emergentes, y de promover la elección del consumidor, reducir los costes de transacción, garantizar el trato no discriminatorio de todos los agentes del mercado y evitar la creación de posiciones dominantes que distorsionen los mercados; subraya, en este contexto, la importancia de incluir la neutralidad de la red como elemento esencial de su estrategia de comercio digital; considera que una estrategia de comercio digital debe complementarse con un marco internacional para la política de competencia reforzado y eficaz, con una mayor colaboración entre las autoridades en materia de competencia y capítulos sólidos sobre competencia en los acuerdos comerciales; pide a la Comisión que garantice que las empresas cumplan las normas de competencia y que no haya discriminación contra los competidores en detrimento de los intereses de los consumidores;
5. Destaca que el acceso a una conectividad a internet de banda ancha y métodos de pago digitales seguros, una protección eficaz del consumidor, en particular por lo que respecta a los mecanismos de recurso para las ventas transfronterizas en línea, y unos procedimientos aduaneros previsibles son elementos esenciales para permitir el comercio digital, el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo;
6. Considera que los acuerdos comerciales deben contemplar una mayor colaboración entre las agencias de protección del consumidor y acoge con satisfacción las iniciativas para incentivar las medidas de mejora de la confianza de los consumidores en las negociaciones comerciales, como las disciplinas sobre firmas y contratos electrónicos y las comunicaciones no solicitadas; hace hincapié en que se han de proteger los derechos de los consumidores, que no deben verse debilitados en ningún caso;
7. Hace hincapié en que en los países en desarrollo la mayoría de las empresas son pymes y emplean a la mayor parte de los trabajadores de la industria manufacturera y el sector de servicios; recuerda que facilitar el comercio electrónico transfronterizo puede tener un impacto directo sobre la mejora de los medios de subsistencia, el fomento de niveles de vida más elevados y el impulso del desarrollo económico;
8. Recuerda que no hay nada en los acuerdos comerciales que impida a la Unión y a sus Estados miembros mantener, mejorar y aplicar sus normas de protección de datos; recuerda asimismo que los datos personales pueden ser transferidos a terceros países sin recurrir a las disciplinas generales de los acuerdos de comercio cuando se cumplan los requisitos consagrados en el capítulo IV de la Directiva 95/46/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(7) y en el capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679se reconoce que las decisiones de adecuación, incluidas las parciales y las sectoriales, constituyen un mecanismo fundamental en materia de salvaguardia de la transferencia de datos personales desde la Unión a un tercer país; señala que la Unión solo ha adoptado decisiones de adecuación con cuatro de sus veinte socios comerciales principales; recuerda la importancia de garantizar, en particular mediante diálogos sobre la adecuación, la transferencia de datos desde terceros países a la Unión;
9. Pide a la Comisión que priorice y acelere la adopción de decisiones de adecuación, siempre y cuando los terceros países garanticen, mediante su legislación nacional o sus compromisos internacionales, un nivel de protección «equivalente en lo esencial» al garantizado en la Unión; pide, asimismo, a la Comisión que adopte y publique procedimientos vinculantes, actualizados y detallados con un calendario específico para alcanzar estas decisiones, respetando plenamente las competencias de las autoridades nacionales de control y el dictamen del Parlamento Europeo;
10. Recuerda que la capacidad de obtener, recabar, procesar y transmitir datos a nivel transfronterizo ha ido cobrando cada vez más importancia para cualquier tipo de empresa que suministre bienes y servicios a escala internacional; señala que dicha capacidad es relevante tanto para los datos personales como los no personales, e incluye la comunicación entre máquinas;
11. Insta a la Comisión a que elabore lo antes posible normas para las transferencias de datos transfronterizas, que cumplan plenamente las normas existentes y futuras en materia de privacidad y protección de datos de la Unión; pide, además, a la Comisión que se incluya en los acuerdos comerciales de la Unión una disposición horizontal por la que se mantenga íntegramente el derecho de una de las partes a proteger la privacidad y los datos personales, siempre que este derecho no se utilice de manera injustificada para eludir las normas sobre transferencia de datos transfronterizas por motivos distintos a la protección de los datos personales; considera que tales normas y disposiciones deben formar parte de todas las negociaciones comerciales nuevas o abiertas recientemente con terceros países; recalca que toda disciplina en este sentido ha de estar exenta del ámbito de aplicación de cualquier capítulo futuro que trate de la protección de las inversiones;
12. Pide a la Comisión que prohíba estrictamente los requisitos injustificados de localización de datos en los acuerdos de libre comercio (ALC); considera que la supresión de dichos requisitos debe constituir una prioridad de primer orden, y hace hincapié en que debe respetarse la legislación pertinente sobre protección de datos; lamenta los intentos de hacer uso de dichos requisitos como una forma de barrera no arancelaria al comercio y de proteccionismo digital; considera que este tipo de proteccionismo limita seriamente las oportunidades a las que las empresas de la Unión pueden optar en mercados de terceros países y socava los beneficios relacionados con la eficiencia del comercio digital;
13. Pide a la Comisión que presente lo antes posible su posición sobre las transferencias de datos transfronterizas, los requisitos injustificados de localización de datos y las garantías en materia de protección de datos en el marco de las negociaciones comerciales, de modo que se incluya en todas las negociaciones nuevas o abiertas recientemente y se evite que la Unión quede relegada a un segundo plano en las negociaciones comerciales internacionales;
14. Pide a la Comisión que luche contra las medidas de terceros países, como las políticas de consumo de productos locales, los requisitos de contenido local o las transferencias de tecnología forzadas, en la medida en que no estén justificadas por los programas dirigidos por Naciones Unidas para la superación de la brecha digital o por excepciones relacionadas con los ADPIC, para que las empresas europeas puedan operar en un entorno predecible y justo;
15. Destaca que la Unión debe proseguir sus esfuerzos en los planos bilateral, plurilateral y multilateral para asegurarse de que los terceros países ofrezcan unos niveles de apertura hacia las inversiones extranjeras equivalentes a los suyos, así como para que mantengan unas condiciones equitativas para los operadores de la Unión; acoge con satisfacción la propuesta de la Unión de un Reglamento por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, y apoya sus objetivos para proteger mejor las infraestructuras y tecnologías críticas;
16. Destaca que una estrategia de comercio digital debe estar en total consonancia con el principio de neutralidad de la red, y debe salvaguardar el tratamiento equitativo del tráfico en internet, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente del emisor, el receptor, el tipo, el contenido, el dispositivo, el servicio o la aplicación; recuerda, además, que únicamente han de permitirse las medidas de gestión del tráfico en casos excepcionales en los que sean estrictamente necesarias, y solo durante el tiempo que sean necesarias, a fin de cumplir los requisitos legales, conservar la integridad y la seguridad de la red o impedir la inminente congestión de la red;
17. Subraya que el desarrollo de las infraestructuras, especialmente en zonas rurales, montañosas y remotas, con una cobertura, una calidad y una seguridad adecuadas y que respalde la neutralidad de la red es fundamental para digitalizar la industria europea y aumentar la gobernanza electrónica, como también lo es el acceso a dichas infraestructuras;
18. Lamenta profundamente que algunos terceros países subordinen el acceso al mercado a la divulgación y la transferencia a las autoridades estatales de los códigos fuente del software que las empresas tienen intención de vender; considera que tales medidas son desproporcionadas como requisito general de acceso al mercado; pide a la Comisión que prohíba a los Gobiernos signatarios de ALC que participen en tales actividades; hace hincapié en que lo anterior no debe impedir a las autoridades estatales fomentar la transparencia del software, promover la divulgación pública del código fuente mediante el software libre, gratuito y de fuente abierta, y compartir datos mediante licencias de datos abiertos;
19. Recuerda que en algunos casos los requisitos de presencia local son necesarios para asegurar la supervisión prudencial eficaz o la supervisión y aplicación reglamentarias; reitera, por tanto, su petición a la Comisión de que asuma compromisos limitados relativos al modo 1, a fin de evitar el arbitraje regulatorio;
20. Considera que debe impulsarse más el comercio digital en las políticas de contratación, también mediante el aprovechamiento de las posibilidades de prestación de servicios a distancia y permitiendo que las empresas europeas, en particular las pymes, puedan acceder a la contratación pública y privada;
21. Observa que los requisitos de transferencia de tecnología favorable al desarrollo no deben ser descartados por las disciplinas sobre comercio digital;
22. Pide a la Comisión que prohíba a las autoridades de terceros países que obliguen a divulgar o transferir los detalles de la tecnología (de encriptación) utilizada en sus productos como condición para fabricar, vender o distribuir dichos productos;
23. Señala que la protección de los derechos de propiedad intelectual y las inversiones en I+D constituye una condición previa para lograr una economía de la Unión basada en el conocimiento, y que la cooperación internacional es esencial para luchar contra el comercio de productos falsificados a lo largo de toda la cadena de valor; anima, por tanto, a la Comisión a que impulse la aplicación a escala mundial de las normas internacionales, como el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC y los Tratados Internet de la OMPI; recuerda que la protección jurídica, en línea y fuera de línea, en toda la Unión es necesaria para las nuevas creaciones, ya que fomentará la inversión y llevará a otras innovaciones; subraya, no obstante, que los acuerdos comerciales no son el marco para aumentar el nivel de protección de la propiedad intelectual de los titulares de derechos mediante la ampliación de las competencias de aplicación de los derechos de autor; destaca que el acceso a los medicamentos en terceros países no debe impugnarse sobre la base de la protección de la propiedad intelectual; hace hincapié en que el comercio de productos falsificados requiere un enfoque claramente diferente respecto de las vulneraciones de la propiedad intelectual en la economía digital;
24. Insta a la Comisión a que siga de cerca el Programa gTLD de ICANN, que amplía los nombres de dominio a miles de nombres genéricos, y que garantice, con arreglo a su compromiso en favor de una internet libre y abierta, la protección de los titulares de derechos, en particular los relacionados con las indicaciones geográficas;
25. Pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para impedir que las partes impongan limitaciones del capital extranjero, que establezca normas de acceso al por mayor que favorezcan la competencia para las redes de los operadores tradicionales, que proporcione normas y tasas transparentes y no discriminatorias para los acuerdos de licencias y que garantice un verdadero acceso al «último tramo» de las infraestructuras en los mercados de exportaciones a los proveedores de servicios de telecomunicaciones de la Unión; recuerda que la competencia basada en normas en el sector de las telecomunicaciones lleva a unos servicios de mayor calidad y a precios inferiores;
26. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para desarrollar un conjunto de disciplinas multilaterales vinculantes sobre comercio electrónico en la OMC y que continúe centrándose en objetivos concretos y realistas;
27. Pide a la Comisión que retome con carácter urgente las negociaciones del ACS en consonancia con las recomendaciones aprobadas por el Parlamento; comparte la opinión de que la Unión debe aprovechar la oportunidad de asumir el liderazgo para establecer las normas digitales mundiales más modernas;
28. Recuerda que, desde 1998, los miembros de la OMC han apoyado una moratoria en lo que se refiere a los aranceles aplicados a las transmisiones electrónicas; hace hincapié en que dichos aranceles supondrían costes adicionales e innecesarios tanto para las empresas como para los consumidores; pide a la Comisión que convierta la moratoria en un acuerdo permanente por el que se prohíba la aplicación de aranceles a las transmisiones electrónicas, sometido a un riguroso análisis de las repercusiones en el ámbito de la impresión 3D;
29. Toma nota de los esfuerzos realizados por la OMC para avanzar en su programa de trabajo sobre comercio electrónico; pide a la Comisión que se esfuerce por que el Acuerdo sobre Tecnología de la Información de la OMC se amplíe a más productos y más miembros de la OMC, y toma nota de la Conferencia Ministerial de la OMC en Buenos Aires, cuya celebración está prevista para diciembre de 2017; pide a la Comisión que consulte lo antes posible a las empresas europeas y los Estados miembros acerca de la posición que defiende respecto del comercio electrónico y demás cuestiones relativas al comercio digital sobre las que se hayan de alcanzar acuerdos en la Conferencia, a fin de garantizar una posición europea común;
30. Pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para fomentar la interoperabilidad de normas de TIC que beneficien a consumidores y productores, especialmente en el contexto de una internet de las cosas segura, la 5G y la ciberseguridad, sin eludir los foros legítimos para la gobernanza de múltiples partes interesadas, que han sido útiles para la internet abierta;
31. Respalda la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Prioridades de normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital» (COM(2016)0176); destaca que, mientras que la normalización de las TIC debe seguir siendo fundamentalmente voluntaria, dirigida por la industria y guiada por el consenso, según los principios de transparencia, apertura, imparcialidad, consenso, eficacia, relevancia y coherencia, un conjunto más claro de prioridades para la normalización en el sector de las TIC, junto con un alto grado de apoyo político, impulsarán la competitividad; señala que este proceso debe servirse de los instrumentos del sistema europeo de normalización, y contar con la participación de una amplia gama de partes interesadas, tanto dentro de la Unión como a nivel internacional, para garantizar que se pongan en práctica unos procesos de normalización mejorados, en consonancia con la iniciativa conjunta sobre normalización; pide a la Comisión que favorezca el establecimiento de normas industriales mundiales bajo el liderazgo de la Unión para las tecnologías y arquitecturas de red 5G clave, en particular aprovechando los resultados de la colaboración público-privada 5G (5G PPP) a nivel de los principales organismos de normalización de la Unión e internacionales;
32. Hace hincapié en la importancia que revisten las normas internacionales en materia de equipos y servicios digitales, en particular en el ámbito de la ciberseguridad; pide a la Comisión que se esfuerce por garantizar que se introducen medidas básicas de ciberseguridad tanto en relación con los productos de la internet de las cosas como con los servicios en la nube;
33. Considera que debe prestarse especial atención al creciente número de consumidores e individuos que venden y compran bienes en internet y se ven inmersos en costosos procedimientos aduaneros en relación con productos adquiridos a través de internet; recuerda la necesidad de establecer un tratamiento arancelario simplificado, exento de impuestos y aranceles, para los artículos vendidos en línea y devueltos sin haber sido utilizados; recuerda que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC tiene por objeto acelerar los procedimientos aduaneros y mejorar su rendición de cuentas y transparencia; subraya la necesidad de digitalizar la información y la gestión aduaneras mediante el registro y manejo de la información en línea, lo cual debe facilitar el despacho en la frontera, la cooperación en la detección del fraude, los esfuerzos en la lucha contra la corrupción y la transparencia de los precios relacionados con las aduanas; opina que un mayor recurso a instrumentos tales como la solución de diferencias en línea resultaría beneficioso para los consumidores;
34. Pide a la Comisión que anime a los signatarios de los acuerdos comerciales a que incluyan, en los capítulos sobre telecomunicaciones de los ALC, disposiciones que hagan que las tasas de itinerancia internacional y las tarifas aplicadas a las llamadas y los mensajes internacionales sean transparentes, justas, razonables y orientadas al consumidor; pide a la Comisión que apoye las políticas que promueven precios al consumidor basados en los costes para los servicios de itinerancia, con vistas a reducir los precios, favorecer la transparencia y evitar prácticas comerciales indebidas o negativas de alguna forma para los consumidores;
35. Reconoce que los principios de la Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/CE) han contribuido al desarrollo de la economía digital a través de la creación de condiciones favorables a la innovación y garantizando la libertad de expresión y la libertad de empresa; recuerda que la Comisión está sujeta al acervo de la Unión en sus negociaciones comerciales;
36. Pide a la Comisión que integre más aún las tecnologías y los servicios digitales en la política de desarrollo de la Unión, como se prevé, por ejemplo, en la iniciativa Digital4Development; pide a la Comisión que utilice los acuerdos comerciales para mejorar y promover los derechos digitales; reconoce que tan solo el 53,6 % de los hogares de todo el mundo tienen acceso a internet; lamenta que aún exista una importante brecha digital; pide a la Comisión que incremente las inversiones en infraestructura digital en los países del Sur Global a fin de colmar esta brecha digital, por ejemplo estimulando la colaboración público-privada, pero respetando siempre los principios de la eficacia del desarrollo; observa, en este contexto, la contribución de las iniciativas ITU-D de las Naciones Unidas en la creación, el desarrollo y la mejora de las telecomunicaciones y los equipos y las redes informáticos; insta a la Comisión a que las inversiones en infraestructuras de banda ancha en los países en desarrollo contribuyan íntegramente y estén supeditadas al respeto de una internet libre, abierta y segura, y al desarrollo de soluciones adecuadas que promuevan el acceso móvil a internet; subraya que dichas inversiones revisten especial importancia para las pymes locales, en particular en los países en desarrollo, para permitirles interactuar digitalmente con las empresas multinacionales y acceder a las cadenas de valor mundiales; recuerda que facilitar el comercio electrónico transfronterizo puede tener un impacto directo sobre la mejora de los medios de subsistencia, el fomento de niveles de vida más elevados y el impulso del desarrollo económico; recuerda que la contribución que tales iniciativas pueden aportar a la igualdad de género, dado que un gran número de estas empresas son propiedad y están dirigidas por mujeres; resalta que el comercio digital puede ser un recurso también para la administración pública y contribuir así al desarrollo de la gobernanza electrónica;
37. Hace hincapié en que es imprescindible que toda estrategia de comercio digital se ajuste al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, y en particular deben tratar de promover y facilitar que las empresas emergentes, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas participen en el comercio electrónico transfronterizo, recordando que esa participación podría contribuir a la igualdad de género;
38. Considera que las cuestiones digitales deben aparecer de forma más destacada en las políticas de ayuda para el comercio de la Unión, a fin de facilitar el crecimiento del comercio electrónico mediante un mayor apoyo a la innovación y la infraestructura y mediante el acceso a financiación, en particular a través de iniciativas de microfinanciación, así como mediante la asistencia para aumentar la visibilidad en línea de las empresas de comercio electrónico en los países en desarrollo, facilitar el acceso a las plataformas y promover la disponibilidad de soluciones de pago electrónico y el acceso a logística y servicios de entrega rentables;
39. Destaca que toda estrategia de comercio digital, incluidas sus medidas de apoyo, debe ajustarse plenamente y contribuir a la realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; observa que, en este sentido, revisten especial importancia el ODS 4, sobre educación de calidad, proporcionar educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad para todos los niños y niñas; el ODS 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas; el ODS 8.10, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, en especial fortaleciendo la capacidad de las instituciones financieras nacionales y el acceso a los servicios financieros, así como el ODS 9.1, sobre el desarrollo de infraestructuras fiables y resilientes con especial hincapié en el acceso equitativo para todos, y el ODS 9.3, sobre el aumento del acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados;
40. Se compromete a actualizar su estrategia de comercio electrónico cada cinco años;
41. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al SEAE.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0299.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0041.
(5) DO C 265 de 11.8.2017, p. 35.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0233.

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 artículo 294
 artículo 42
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 101

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 artículo 294
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 artículo 5
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
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 artículo 56
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 artículo 165
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 artículo 41
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 artículo 8
 artículo 16
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 artículo 16
 artículo 2
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