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Timestamp: 2019-12-15 14:26:15+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 134-1, de 06/03/2015
cve: BOCG-10-A-134-1
Núm. 134-1
121/000134 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un periodo de quince días hábiles, que finaliza el día 25 de marzo de 2015.
En esta línea, la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ahonda en la búsqueda de soluciones que den respuesta a algunos de los problemas que aquejan al sistema judicial español.
A tal fin, la reforma, en un artículo único que contiene ochenta y ocho apartados, articula un paquete de medidas estructurales y organizativas encaminadas al logro de una mejor respuesta a los ciudadanos que acuden a la jurisdicción en defensa de sus derechos e intereses.
Se incluye, también, una previsión respecto de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaren la vulneración de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en sus Protocolos, estableciéndose que serán motivo suficiente para la interposición del recurso de revisión exclusivamente de la sentencia firme recaída en el proceso a quo. Con ello, se incrementa sin lugar a dudas la seguridad jurídica en un sector tan sensible como el de la protección de los derechos fundamentales, fundamento del orden político y de la paz social, como proclama el artículo 10. 1 de nuestra Constitución.
También con el objetivo de intensificar la protección de los derechos, se aborda un tema, como es la protección de datos en el ámbito de los Tribunales, que carecía hasta hoy de una regulación completa y actualizada. El modelo distingue con claridad entre ficheros jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. De esta forma, el responsable de los ficheros jurisdiccionales es el órgano jurisdiccional y éstos se rigen por las leyes procesales en cuanto a los derechos ARCO ?acceso, rectificación, cancelación y oposición?. La autoridad de control de tales ficheros será el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, el responsable de los ficheros no jurisdiccionales es la Oficina Judicial, al frente de la cual está un Letrado de la Administración de Justicia. Ese tipo de ficheros se regirán por la normativa existente en materia de protección de datos de carácter personal y la autoridad de control de estos ficheros será la Agencia Española de Protección de Datos.
En primer lugar, se adoptan medidas en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. La Ley Orgánica del Poder Judicial estableció estos Juzgados como órganos especializados a fin de que conociesen de los asuntos de violencia sobre la mujer con carácter exclusivo y excluyente; sin embargo, y pese a la regulación inicial, en la actualidad conviven en nuestro territorio Juzgados que conocen exclusivamente de las materias que la Ley les atribuye, con otros que, además, tramitan y resuelven otros
procedimientos civiles y penales: 106 Juzgados exclusivos y 355 Juzgados compatibles. A fin de buscar el correcto equilibro entre el mantenimiento de una proximidad razonable del Juzgado respecto de la víctima y la respuesta especializada que exige el tratamiento de este tipo de procedimientos, se pretende potenciar la posibilidad de extender la jurisdicción los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales; esto permitirá asegurar la especialización que se pretendía en este ámbito y, al mismo tiempo, descargar de trabajo a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, o de Instrucción en su caso, de la misma provincia. Con la reforma, esta extensión de la jurisdicción podrá acordarse por el Gobierno mediante real decreto, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial, y con informe de las Administraciones afectadas, sin necesidad de tramitar una modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
En segundo lugar, junto al clásico motivo relativo a que la buena administración de Justicia lo haga necesario, se posibilita ahora buscar un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de aquellos órganos de ámbito provincial. Para ello, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos.
Así, junto con la especialización de Juzgados que ya permitía el artículo 98 de esta Ley Orgánica que se reforma, se incluye ahora un mecanismo que permitirá al órgano de gobierno del Poder Judicial especializar uno o varios órganos judiciales, de modo temporal y con carácter exclusivo si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen, de tal modo que puedan ser tramitados de forma específica, facilitando la unificación de criterios. La principal novedad radica en que estos Juzgados especializados podrán tener ámbito provincial, superando de esa manera las limitaciones que la existencia de circunscripciones territoriales de ámbito inferior podría ocasionar. En definitiva, se posibilita la resolución de tales asuntos por uno o varios órganos especializados y se liberará de su conocimiento a otros Juzgados para que puedan prestar mayor dedicación al despacho de los asuntos ordinarios.
Por último, con el propósito de facilitar la instrucción de causas de especial complejidad y auxiliar al instructor, se introduce la posibilidad de que, como medida de apoyo, el Consejo General del Poder Judicial pueda adscribir al órgano instructor a uno o varios Jueces, Magistrados o incluso Letrados de la Administración de Justicia, con o sin relevación de funciones para que, sin el desempeño compartido de funciones jurisdiccionales ?sin posibilidad por tanto de actuar en la causa? y bajo la dirección del titular del órgano que conozca de esa causa compleja, puedan realizar labores de estudio, apoyo, colaboración y propuestas.
Los ciudadanos siguen percibiendo como un síntoma de falta de seguridad jurídica la existencia de resoluciones diversas sobre una misma materia. Por ello, en el texto se ahonda en la necesidad de evitar resoluciones contradictorias entre Secciones de un mismo órgano judicial que conducen a una falta de predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, lo que, en último término, se proyecta sobre el grado de seguridad jurídica de nuestro ordenamiento. Para ello, se introducen modificaciones en la regulación de los Plenos no jurisdiccionales para unificación de criterio previendo, por un lado, que formen parte de éstos los Magistrados que conozcan de la materia sobre la que existe la discrepancia y, por otro, que las Secciones deban motivar las razones por las que se apartan del criterio acordado en uno de estos Plenos.
También se elimina la responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, escasísimamente utilizada en la práctica. Con ello se alinea la responsabilidad de los Jueces con la del resto de los empleados públicos y se da cumplimiento a las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia. Esa exención de responsabilidad no excluye lógicamente, que la Administración pueda repetir, en vía administrativa, contra el Juez o Magistrado si este ha incurrido en dolo o culpa grave.
Asimismo, se asegura una asistencia técnica y profesional por parte de los equipos adscritos a la Administración de Justicia, en especial, en el ámbito de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que podrán estar integrados, por psicólogos y trabajadores sociales para garantizar entre otras funciones la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género.
Dentro del apartado dedicado a las reformas institucionales, se abordan, en primer lugar, ciertas modificaciones del régimen de Consejo General del Poder Judicial. Se trata de ajustes fruto de la experiencia de casi un año de funcionamiento del nuevo modelo de Consejo General del Poder Judicial. Entre ellas, se encuentra el aumento del número de miembros de la Comisión Permanente, que pasan de cinco a siete, de modo que las importantes atribuciones que tiene encomendadas puedan ser ejercidas con plena dedicación por un número importante de Vocales.
También se introducen modificaciones en el Libro V. El Cuerpo de Secretarios Judiciales pasa a denominarse Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Con ello se da respuesta a una demanda histórica del mismo, que considera que la denominación de ?secretarios judiciales? conduce a equívocos sobre la función realmente desempeñada.
En relación a las modificaciones que se operan en el Libro VI cabe destacar la incorporación de la exigencia de la especialidad en Medicina Legal y Forense para el ingreso en el Cuerpo de Médicos Forenses, que se hará efectiva cuando determine el Ministerio de Justicia una vez que concluyan su formación las primeras promociones que hayan obtenido plaza por el sistema de residencia a través de la correspondiente convocatoria anual de pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada. En paralelo, se actualizan las funciones de estos profesionales y se adapta el régimen de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como órganos técnicos adscritos al Ministerio de Justicia o a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, y que tienen la misión de auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica.
También como novedad se establece que los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses contarán con unidades de valoración forense integral, de los que podrán formar parte los psicólogos y
trabajadores sociales que se determinen para garantizar, entre otras funciones, la asistencia especializada a las víctimas de violencia de género y doméstica, menores, familia y personas con discapacidad. Asimismo, dentro de estos Institutos podrán integrarse el resto de profesionales que integran los denominados equipos psicosociales, esto es psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, que prestan servicios a la Administración de Justicia, incluyendo los equipos técnicos de menores; con todo ello, se refuerza y garantiza su actuación.
Como complemento al articulado se introducen cinco disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y nueve finales.
Entre las disposiciones finales, destacan la disposición final primera, que modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para adaptarla a las nuevas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial en relación con la información sobre el estado de las actuaciones judiciales, la publicidad de las sentencias y la ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la disposición final segunda, que modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en lo relativo al recurso de casación en este orden jurisdiccional.
Con la finalidad de que la casación no se convierta una tercera instancia, sino que cumpla estrictamente su función nomofiláctica, se diseña un mecanismo de admisión de los recursos basado en la descripción de los supuestos en los que un asunto podrá acceder al Tribunal Supremo por concurrir un interés casacional. Así, la Sala de casación podrá apreciar que en determinados casos existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión. El recurso deberá ser admitido en determinados supuestos, en los que existe la presunción de que existe interés casacional objetivo.
1. Al servicio del Tribunal Supremo existirá un Gabinete Técnico que asistirá a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión de los asuntos de que conozcan y mediante la elaboración de estudios e informes que se le soliciten. También prestará apoyo a la Sala prevista en el artículo 61 en el despacho de asuntos que le estén atribuidos.
2. El Gabinete Técnico estará integrado por un Director y por miembros de la Carrera Judicial y otros juristas que ostentarán la denominación de Letrados de Gabinete Técnico.
4. En cada una de las áreas habrá un Letrado del Gabinete Técnico que asuma funciones de coordinación de los miembros del Gabinete que formen parte de la misma. Será designado por el Presidente del Tribunal Supremo y deberá tener una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su respectiva profesión.
5. El Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, determinará la composición y plantilla del Gabinete Técnico.
1. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial nombrará al Director del Gabinete Técnico, a propuesta vinculante del Presidente del Tribunal Supremo, debiendo acreditar una antigüedad mínima de quince años en la Carrera Judicial.
3. El Libro IV de la presente Ley será aplicable a los Letrados del Gabinete Técnico que pertenezcan a la Carrera Judicial en materia de licencias, permisos, incompatibilidades, prohibiciones y régimen disciplinario. Al resto de los Letrados del Gabinete Técnico se les aplicará el régimen estatutario de los Letrados de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo.
4. Los servicios prestados por los Jueces o Magistrados que ocupen plaza en un orden jurisdiccional en el Gabinete Técnico se les computará a efectos de antigüedad en la Carrera Judicial. Igual régimen se le aplicará al Director del Gabinete Técnico.»
Veinte. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 85, que queda redactado como sigue:
Veintiuno. Se modifica el apartado 1 del artículo 86 ter, que queda redactado como sigue:
6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.»
Veintidós. Se modifica el apartado 2 del artículo 87 bis, que queda redactado como sigue:
Veintitrés. Se modifica la letra a) y se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 87 ter, que quedan redactadas como sigue:
«a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.»
Veinticuatro. Se modifica el artículo 98, que queda redactado como sigue:
En estos casos, el órgano u órganos especializados asumirán la competencia para conocer de todos aquéllos asuntos que sean objeto de tal especialización, aun cuando su conocimiento inicial estuviese atribuido a órganos radicados en distinto partido judicial.
Veinticinco. Se modifica el artículo 167, que queda redactado como sigue:
2. La Sala de Gobierno podrá acordar las modificaciones precisas en las normas reparto de los Juzgados de lo Mercantil, de lo Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso- Administrativo o de lo Social, para equilibrar la distribución de asuntos que por materia les corresponde a cada uno de ellos según su clase, aun cuando alguno tuviese atribuido, por disposición legal o por acuerdo del pleno del propio Consejo General del Poder Judicial, el despacho de asuntos de su competencia a una circunscripción de ámbito inferior a la provincia.
3. El reparto se realizará bajo la supervisión del Juez Decano, asistido por un Letrado de la Administración de Justicia, y le corresponderá a aquél resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se planteen y corregir las irregularidades que puedan producirse adoptando las medidas necesarias y promoviendo, en su caso, la exigencia de las responsabilidades que procedan.»
Veintiséis. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 200, que quedan redactados como sigue:
«4. El nombramiento como Magistrados suplentes podrá recaer en miembros de la carrera judicial jubilados por edad, menores de 75 años, que tendrán la consideración y el tratamiento de Magistrados eméritos. Su nombramiento y tratamiento retributivo se regirá por lo previsto para los Magistrados suplentes.
5. Los Magistrados del Tribunal Supremo, una vez jubilados, podrán ser designados Magistrados eméritos en el Tribunal Supremo por períodos anuales, renovables hasta la edad máxima de 75 años. Su nombramiento se acordará por el Consejo General de Poder Judicial, previa solicitud del interesado y siempre que reúnan los requisitos legalmente establecidos y existan necesidades de refuerzo en la Sala correspondiente del Tribunal Supremo. El Consejo General del Poder Judicial deberá justificar motivadamente la concurrencia de dichas necesidades de refuerzo.»
Veintisiete. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 230, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Juzgados y Tribunales podrán utilizar cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, con las limitaciones que a la utilización de tales medios establece el capítulo I bis de este título, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás leyes que resulten de aplicación.
5. Los programas y aplicaciones informáticos que se utilicen en la Administración de Justicia deberán ser previamente aprobados por el Consejo General del Poder Judicial, quien garantizará su compatibilidad.
Veintiocho. Se modifica el artículo 234, que queda redactado como sigue:
2. Las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán derecho a obtener copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, no declarados secretos ni reservados. También tendrán derecho a que se le expidan los testimonios y certificados en los casos y a través del procedimiento establecido en las leyes procesales.»
Veintinueve. Se añade un nuevo artículo 235 bis, que queda redactado como sigue:
Treinta. Se añade un nuevo capítulo I bis, que comprende los artículos 236 bis a 236 decies, quedando redactado como sigue:
El tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los Tribunales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial se someten a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, sin perjuicio de las especialidades establecidas en el presente capítulo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999 no será necesario el consentimiento del interesado para que los Tribunales procedan al tratamiento de los datos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, ya sean éstos facilitados por las partes o recabados a solicitud del propio Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas procesales para la validez de la prueba.
Cuando se trate de datos tratados con fines no jurisdiccionales se estará a lo dispuesto en Ley Orgánica 15/1999.
1. Los Jueces y Tribunales podrán adoptar las medidas que sean necesarias para la supresión de los datos personales de los documentos a los que puedan acceder las partes durante la tramitación del proceso siempre que no sean necesarios para garantizar su derecho a la tutela judicial efectiva.
3. Podrán cederse al Consejo General del Poder Judicial los datos tratados con fines jurisdiccionales que sean estrictamente necesarios para el ejercicio de las funciones de inspección y control establecidas en esta Ley.
4. Los datos tratados con fines no jurisdiccionales podrán cederse entre los órganos jurisdiccionales o por éstos al Consejo General del Poder Judicial cuando ello esté justificado por la interposición de un recurso o sea necesario para el ejercicio de las competencias que tengan legalmente atribuidas.
1. A los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 será responsable de los ficheros jurisdiccionales el órgano jurisdiccional ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pudiera corresponder a quien hubiera sido, en su caso, causante de la comisión de una infracción en materia de protección de datos de carácter personal, a la que se refiere el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 15/1999.
1. Los ficheros de datos de carácter personal de los Tribunales serán creados, modificados o suprimidos por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
El acuerdo de creación, de modificación o de supresión de los ficheros se ajustará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y se publicará en el ?Boletín Oficial del Estado? y, en su caso, en los diarios oficiales de las Comunidades Autónomas.
2. Tratándose de datos sometidos a tratamiento con fines no jurisdiccionales, los interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, dirigiendo su solicitud ante el responsable del fichero al que se refiere el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 sexies.
1. Las competencias que la Ley Orgánica 15/1999 atribuye a la Agencia Española de Protección de Datos, serán ejercidas, respecto de los tratamientos efectuados con fines jurisdiccionales y los ficheros de esta naturaleza, por el Consejo General del Poder Judicial.
El Consejo General del Poder Judicial podrá adoptar las medidas reglamentarias que estime necesarias para garantizar el cumplimiento en los tratamientos de datos con fines no jurisdiccionales y los ficheros no jurisdiccionales de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
3. Cuando con ocasión de la realización de actuaciones de investigación relacionadas con la posible comisión de una infracción de la normativa de protección de datos las autoridades competentes a las que se refieren los dos apartados anteriores apreciasen la existencia de indicios que supongan la competencia de la otra autoridad, darán inmediatamente traslado a ésta última a fin de que prosiga con la tramitación del procedimiento.
Treinta y uno. Se modifica el artículo 264, que queda redactado como sigue:
1. En los casos en que los Magistrados de las diversas Secciones de una misma Sala o Tribunal sostuvieren en sus resoluciones diversidad de criterios interpretativos en la aplicación de la ley en asuntos sustancialmente iguales, podrá el Presidente de la Sala o Tribunal respectivo, por sí o a petición mayoritaria de sus miembros, convocar Pleno jurisdiccional para que conozca de uno o varios de dichos asuntos al objeto de unificar el criterio.
3. En todo caso, quedará a salvo la independencia de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien deberán motivar las razones por las que se aparte del criterio acordado.»
Treinta y dos. Se modifica el artículo 296, que queda redactado como sigue:
Treinta y tres. Se añade un nuevo artículo 344 bis, que queda redactado como sigue:
Treinta y cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 416, que queda redactado como sigue:
«2. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de las faltas.
El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido. No obstante, en el supuesto previsto en el artículo 417.5, el plazo de prescripción se iniciará a partir de la firmeza de la sentencia o de la resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial que declare la responsabilidad civil del Juez o Magistrado.»
Treinta y cinco. Se modifica el número 5 del artículo 417, que queda redactado como sigue:
«5. Las acciones y omisiones que hayan dado lugar, en sentencia o en resolución dictada por el Consejo General del Poder Judicial firmes, a una declaración de responsabilidad civil contraída en el ejercicio de la función por dolo o culpa grave conforme al apartado 2 del artículo 296.»
Treinta y seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 420, que queda redactado como sigue:
«2. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o multa de hasta 500 euros o con ambas; las graves con multa de 501 a 6000 euros, y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación.»
Treinta y siete. Se modifica el artículo 440, que queda redactado como sigue:
«Los Letrados de la Administración de Justicia son funcionarios públicos que constituyen un Cuerpo Superior Jurídico, único, de carácter nacional, al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia, y que ejercen sus funciones con el carácter de autoridad, ostentando la dirección de la Oficina judicial.»
Treinta y ocho. Se modifica el artículo 441, que queda redactado como sigue:
«Artículo 441.
7. El Ministerio de Justicia establecerá los tres grupos en los que se clasificarán los puestos de trabajo a desempeñar por los Letrados de la Administración de Justicia.»
Treinta y nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 442, que queda redactado como sigue:
Cuarenta. Se modifica el apartado 1 del artículo 443, que queda redactado como sigue:
«1. El ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se produce por el cumplimiento de las siguientes condiciones:
c) Nombramiento expedido por el Ministro de Justicia y publicado en el ??Boletín Oficial del Estado??.
e) Toma de posesión dentro del plazo establecido.»
Cuarenta y uno. Se añade un nuevo artículo 443 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 443 bis.
El Ministerio de Justicia aprobará cada año el escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, que se publicará en el ??Boletín Oficial del Estado?? y comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente.»
Cuarenta y dos. Se modifica el artículo 444, que queda redactado como sigue:
«Artículo 444.
3. El régimen establecido en los apartados anteriores será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, en la medida en que la naturaleza del derecho lo permita.»
Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 445, que queda redactado como sigue:
«1. Las situaciones administrativas en que se puedan hallar los Letrados de la Administración de Justicia, así como su jubilación serán iguales y procederá su declaración en los supuestos y con los efectos establecidos en esta Ley orgánica para Jueces y Magistrados.»
Cuarenta y cuatro. Se modifica el primer párrafo del apartado 5 del artículo 447, que queda redactado como sigue:
«5. Los Letrados de la Administración de Justicia sustitutos percibirán las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo desempeñado.»
Cuarenta y cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 450, que queda redactado como sigue:
Para poder ocupar plaza de Letrado de la Administración de Justicia en el Tribunal Supremo se exigirá pertenecer a la primera o segunda categoría, con una antigüedad de al menos 20 años en una de ellas o entre ambas y 15 años de servicios en el orden jurisdiccional correspondiente. Cuando existan varios candidatos tendrá preferencia el que lleve mayor número de años en el orden jurisdiccional al que corresponda la plaza.
El nombramiento de Letrados de la Administración de Justicia para puestos de trabajo radicados en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma con competencias asumidas, que hayan de cubrirse por este procedimiento, requerirá el informe previo del órgano competente de dicha Comunidad.
En todo caso, el sistema de provisión deberá estar determinado en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.»
Cuarenta y seis. Se modifican los apartados 1 y 2 y se añaden tres nuevos apartados 4, 5 y 6 al artículo 451, que quedan redactados como sigue:
«1. Las suplencias por ausencia, enfermedad, suspensión o vacante de Letrados de la Administración de Justicia serán cubiertas por quien designe su inmediato superior jerárquico.
4. Cuando no fuera posible proceder a la suplencia conforme a lo previsto en los apartados 1 y 2, y exista disponibilidad presupuestaria, podrá procederse al nombramiento de un Letrado de la Administración de Justicia sustituto, siempre que cumpla los requisitos de titulación exigidos para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
6. De existir funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Gestión procesal y administrativa incluidos en la correspondiente bolsa, serán llamados como Letrados de la Administración de Justicia sustitutos con preferencia sobre el resto de sustitutos, manteniendo su inclusión obligatoria tanto en el régimen de la Seguridad Social que resulte aplicable como en el Mutualismo Judicial.»
Cuarenta y siete. Se modifica el artículo 456, que queda redactado como sigue:
«Artículo 456.
3. Se llamará decreto a la resolución que dicte el Letrado de la Administración de Justicia con el fin de poner término al procedimiento del que tenga atribuida exclusiva competencia, o cuando sea preciso o conveniente razonar su decisión. Será siempre motivado y contendrá, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basa.
4. Las resoluciones de carácter gubernativo de los Letrados de la Administración de Justicia se denominarán acuerdos.
5. Los Letrados de la Administración de Justicia, cuando así lo prevean las leyes procesales, tendrán competencias en las siguientes materias:
f) Cualesquiera otras que expresamente se prevean.»
Cuarenta y ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 461, que queda redactado como sigue:
«3. La Comisión Nacional de Estadística Judicial, integrada por el Ministerio de Justicia, una representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, aprobará los planes estadísticos, generales y especiales, de la Administración de Justicia y establecerá criterios uniformes que, en su caso, tengan en cuenta la perspectiva de género y la variable de sexo, y sean de obligado cumplimiento para todos sobre la obtención, tratamiento informático, transmisión y explotación de los datos estadísticos del sistema judicial español.
La estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial serán establecidas reglamentariamente por el Gobierno, mediante real decreto, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General del Estado, de la Agencia de Protección de Datos y de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia.»
Cuarenta y nueve. Se modifica el apartado 2 del artículo 463, que queda redactado como sigue:
«2. Los órganos superiores de gobierno del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia son, por orden jerárquico, los siguientes:
c) Los Secretarios Coordinadores Provinciales.»
Cincuenta. Se modifica el apartado 5 del artículo 464, que queda redactado como sigue:
«5. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios de Gobierno se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
Durante su mandato, dicha plaza podrá ser cubierta en régimen de comisión de servicios.»
Cincuenta y uno. Se modifican los apartados 9, 10 y se añade un apartado 11 al artículo 465, que quedan redactados como sigue:
«9. Concesión de permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio, pudiendo delegar en el Secretario Coordinador.
10. Elaborar el plan anual de suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia.
11. Las demás previstas en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.»
Cincuenta y dos. Se modifica el apartado 4 del artículo 466, que queda redactado como sigue:
«4. A los Letrados de la Administración de Justicia que sean nombrados Secretarios Coordinadores se les reservará, durante el tiempo que ocuparen dicho cargo, la plaza que vinieren ocupando con anterioridad a dicho nombramiento.
Cincuenta y tres. Se modifican los apartados 7 y 8 y se añade un apartado 9 al artículo 467, quedando redactados como sigue:
«7. Resolver las suplencias y sustituciones de los Letrados de la Administración de Justicia de su ámbito.
8. Conceder, por delegación del Secretario de Gobierno, los permisos y licencias a los Letrados de la Administración de Justicia de su territorio.
9. Las demás que se establezcan expresamente en su Reglamento Orgánico y en el resto de la legislación vigente.»
Cincuenta y cuatro. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 468, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Letrados de la Administración de Justicia estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria, en los supuestos y de acuerdo con los principios que se establecen en este Libro.
2. No podrá imponerse sanción por la comisión de una falta grave o muy grave, sino en virtud de expediente disciplinario instruido al efecto, mediante el procedimiento que se establezca en el Reglamento Orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia que se dicte en desarrollo de esta Ley.
Además de los autores, serán responsables disciplinariamente los superiores que teniendo conocimiento de los hechos, los consintieren, así como quienes indujeran o encubrieran las faltas muy graves y graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos.»
Cincuenta y cinco. Se añade un nuevo artículo 468 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 468 bis.
i) La utilización de las facultades que tenga atribuidas, para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.
j) El incumplimiento de las decisiones judiciales cuya ejecución tengan encomendadas.
p) La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado anteriormente por resolución firme por otras dos leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las correspondientes anotaciones.
e) El incumplimiento del horario de trabajo sin causa justificada cuando no constituya falta grave.»
Cincuenta y seis. Se añade un nuevo artículo 468 ter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 468 ter.
1. En la imposición de sanciones por los órganos competentes deberá observarse la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
d) Reiteración o reincidencia.»
Cincuenta y siete. Se añade un nuevo artículo 468 quáter, que queda redactado como sigue:
«Artículo 468 quáter.
2. Las sanciones de las letras c) y d) podrán imponerse por la comisión de faltas graves y muy graves, graduándose su duración en función de las circunstancias que concurran en el hecho objeto de sanción.
La sanción de multa será de hasta 500 euros para las faltas leves y de 501 a 6000 para las faltas graves.
La sanción de cese en el puesto de trabajo, sólo será aplicable a los Letrados de la Administración de Justicia suplentes por comisión de faltas graves o muy graves.
La sanción de apercibimiento sólo podrá imponerse por la comisión de faltas leves.»
Cincuenta y ocho. Se suprime el apartado 2 y se modifica el apartado 3 del artículo 469 que pasa a ser el apartado 2, que queda redactado como sigue:
«2. Para la imposición de las sanciones serán competentes:
a) El Secretario General de la Administración de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Secretario Coordinador Provincial, para la sanción de apercibimiento y multa de hasta 500 euros, respecto de quienes dependiesen de ellos.
b) El Secretario General de la Administración de Justicia, para la sanción de multa de 501 a 6000 euros.
c) El Ministro de Justicia, para la sanción de suspensión, traslado forzoso, separación del servicio y cese en el puesto de trabajo.»
Cincuenta y nueve. Se añade un nuevo artículo 469 bis, que queda redactado como sigue:
«Artículo 469 bis.
4. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años; las impuestas por faltas graves al año, y las impuestas por faltas leves a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción.»
Sesenta. Se modifica el apartado 1 del artículo 470, que queda redactado como sigue:
«1. Este libro, tiene por objeto la determinación del Estatuto Jurídico, de conformidad con lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Española, de los funcionarios que integran los Cuerpos de Médicos Forenses, de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Técnicos Especialistas del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Auxilio Judicial y de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.»
Sesenta y uno. Se modifica el tercer párrafo del apartado b) del artículo 475, que queda redactado como sigue:
«El Cuerpo de Médicos Forenses. Para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses se exige estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado/Graduado en Medicina y de especialista en Medicina Legal y Forense.»
Sesenta y dos. Se modifica el artículo 476, que queda redactado como sigue:
1. Corresponde al Cuerpo de Gestión procesal y administrativa, colaborar en la actividad procesal de nivel superior, así como la realización de tareas procesales propias.
2. Los funcionarios del Cuerpo de Gestión procesal y administrativa podrán ser nombrados Letrados de la Administración de Justicia sustitutos, siempre que se reúnan los requisitos de titulación y demás exigidos, y conforme al procedimiento y con la retribución que reglamentariamente se establezca.»
Sesenta y tres. Se modifica la letra g) y se introduce una nueva letra h) en el artículo 477, que quedan redactadas como sigue:
«g) Cuantas funciones puedan asumir en orden a la protección y apoyo a las víctimas, así como de apoyo a actuaciones de justicia restaurativa y de solución extraprocesal.
h) La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.»
Sesenta y cuatro. Se modifica el artículo 479, que queda redactado como sigue:
Asimismo, el Gobierno podrá autorizar el establecimiento de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en las restantes ciudades del ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de que se trate, con el ámbito de actuación que se determine.
4. Son funciones de los Médicos Forenses:
a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales, Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten.
b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzgados, Tribunales, Fiscalías, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes.
c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil.
d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen.
5. En el curso de las actuaciones procesales o de investigación de cualquier naturaleza incoadas por el Ministerio Fiscal, el personal destinado en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará a las órdenes de los Jueces y Fiscales, ejerciendo sus funciones con plena independencia y bajo criterios estrictamente científicos.
6. Los médicos forenses son funcionarios de carrera que constituyen un Cuerpo Nacional de Titulados Superiores al servicio de la Administración de Justicia.
7. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses estará destinado el personal funcionario que se determine en las relaciones de puestos de trabajo. También podrán prestar servicios en los citados Institutos los psicólogos, trabajadores sociales y resto de personal laboral que se determine.»
Sesenta y cinco. Se modifica el artículo 480, que queda redactado como sigue:
«1. El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses es un órgano técnico adscrito al Ministerio de Justicia, cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia y contribuir a la unidad de criterio científico, a la calidad de la pericia analítica y al desarrollo de las ciencias forenses. Además desarrollará las siguientes funciones:
d) Realizar los informes, análisis e investigaciones solicitados por particulares en el curso de procesos judiciales; o incluso al margen de éstos en las condiciones que se determinen.
2. Su organización y supervisión corresponde al Ministerio de Justicia. Tiene su sede en Madrid y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional.
Son funciones del Cuerpo de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses la asistencia técnica en las materias de sus disciplinas profesionales a autoridades judiciales, gubernativas, al Ministerio Fiscal y a los médicos forenses, en el curso de las actuaciones judiciales o en las diligencias previas de investigación. A tal efecto llevarán a cabo los análisis e investigación que les sean solicitados, emitirán los dictámenes e informes pertinentes y evacuarán
las consultas que les sean planteadas por las autoridades citadas, así como por los particulares en el curso de procesos judiciales y por organismos o empresas públicas que afecten al interés general, y contribuirán a la prevención de intoxicaciones.
6. Los funcionarios de los Cuerpos Especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses dependerán jerárquicamente del Director de este Instituto o, en su caso, del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en que presten servicios.»
Sesenta y seis. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 481, que queda redactado como sigue:
«5. Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia figurarán en el escalafón por orden de ingreso en el Cuerpo con mención de, al menos, los siguientes datos:
Sesenta y nueve. Se modifica el apartado 1 del artículo 495, que queda redactado como sigue:
«1. Los funcionarios de carrera tienen los siguientes derechos profesionales:
l) A los derechos previstos en el artículo 444.2 de esta Ley.»
Setenta. Se modifica la letra l) del artículo 497, que queda redactado como sigue:
«l) Tratar con corrección y consideración a los superiores jerárquicos, compañeros y subordinados, así como a Abogados, Procuradores y Graduados Sociales.»
Setenta y uno. Se modifica la letra b) del apartado 3 del artículo 498, que queda redactado como sigue:
«b) Por lo que se refiere a Cuerpos Generales:
1.º El ejercicio de la Abogacía, Procuraduría, Graduado Social y empleos al servicio de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales o cualquier otra profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
6.º El ejercicio de funciones periciales privadas ante los Tribunales y Juzgados.»
Setenta y dos. Se modifica el apartado 1 al artículo 502, que queda redactado como sigue:
«1. Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas en las mismas condiciones que las previstas a los funcionarios de la Administración General del Estado en su normativa.»
Setenta y tres. Se modifican los párrafos segundo y último del apartado 5 del artículo 504, que quedan redactados como sigue:
«Sin perjuicio de la obligación de comunicar, en la forma que reglamentariamente se determine, la imposibilidad de asistencia al trabajo por razón de enfermedad durante la jornada laboral del día en que ésta se produzca, los funcionarios deberán solicitar de la autoridad competente la licencia por enfermedad en el cuarto día consecutivo desde que se produjo la ausencia en el puesto de trabajo.
La ausencia al trabajo por causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, comportará la aplicación del descuento en nómina en los términos y condiciones que se establezcan por la normativa específica que al efecto se dicte.»
Setenta y cuatro. Se modifica el párrafo tercero del apartado 3 al artículo 509, que queda redactado como sigue:
«El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto desempeñado se reservará al menos dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.»
Setenta y cinco. Se modifica el párrafo primero del apartado 2 al artículo 527, que queda redactado como sigue:
«Con carácter excepcional podrán ser cubiertos temporalmente mediante sustitución los puestos de trabajo que se encuentren vacantes o cuando su titular esté ausente.»
Setenta y seis. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 531, que queda redactado como sigue:
Setenta y siete. Se modifica el párrafo primero del artículo 538, añadiéndose una nueva letra e), que queda redactado como sigue:
«Las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios por las faltas cometidas en el ejercicio de su cargo son:
Las faltas leves sólo podrán ser corregidas con apercibimiento.»
Setenta y ocho. Se modifica la rúbrica del título II del Libro VII, que queda redactada como sigue:
De los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales»
Setenta y nueve. Se modifica el artículo 544, que queda redactado como sigue:
«Artículo 544.
2. La colegiación de los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral.»
Ochenta. Se modifica el artículo 545, que queda redactado como sigue:
3. Se designarán de oficio, con arreglo a lo que en las leyes se establezca, a quien lo solicite o se niegue a nombrarlos, siendo preceptiva su intervención. La defensa o representación de oficio tendrá carácter gratuito para quien acredite insuficiencia de recursos para litigar en los términos que establezca la ley.»
Ochenta y uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 546, que quedan redactados como sigue:
«1. Es obligación de los poderes públicos garantizar la defensa y la asistencia de Abogado o la representación técnica de Graduado Social en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes.
2. Los Abogados, Procuradores y Graduados Sociales están sujetos en el ejercicio de su profesión a responsabilidad civil, penal y disciplinaria, según proceda.»
Ochenta y dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 551, que queda redactado como sigue:
«1. La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como la representación y defensa de los órganos constitucionales, cuyas normas internas no establezcan un régimen especial propio, corresponderá a los Abogados del Estado integrados en el servicio jurídico del Estado. Los Abogados del Estado podrán representar y defender a los restantes organismos y entidades públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal, en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y disposiciones de desarrollo.
La representación y defensa de las entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades, que conforme a la ley integran la Administración de la Seguridad Social, corresponderá a los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, integrados en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de que, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, tales funciones puedan ser encomendadas a Abogado colegiado especialmente designado al efecto.»
Ochenta y tres. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 567, que queda redactado como sigue:
«6. El cómputo de los plazos en los procedimientos de designación de Vocales del Consejo General del Poder Judicial y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, así como del Vicepresidente del Tribunal Supremo, se realizará por días hábiles cuando el plazo se señale por días, empezando a computarse desde el día siguiente, y de fecha a fecha cuando se fije en meses o años. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo se entenderá que el plazo expira el último del mes.»
Ochenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 577, que queda redactado como sigue:
«1. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos días desde la publicación del acuerdo. En el mismo acto de interposición se deberán presentar las alegaciones que se estimen pertinentes, acompañadas de los elementos de prueba oportunos.»
Ochenta y cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 601, que queda redactado como sigue:
«2. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros siete Vocales: cuatro de los nombrados por el turno judicial y tres de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará, previa propuesta del Presidente, la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión Permanente.»
Ochenta y seis. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 609, que quedan redactados como sigue:
«2. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por tres Vocales.
3. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes.»
Ochenta y siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 610, que quedan redactados como sigue:
Ochenta y ocho. Se añade una nueva disposición adicional vigésima primera, que queda redactada como sigue:
«Vigésima primera. Apoyo judicial en la instrucción de causas complejas.
Además de lo dispuesto en el capítulo IV bis, título II, del libro III de esta Ley, dentro de las excepcionales medidas de apoyo judicial, el Consejo General del Poder Judicial podrá acordar, para la mejor instrucción de causas complejas y previa propuesta de su titular, la adscripción a un órgano determinado de otro u otros Jueces o Magistrados que sin funciones jurisdiccionales y bajo la dirección del titular de aquél, realicen exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento. Para idéntico fin e iguales condiciones, podrá interesarse la adscripción de uno o varios Letrados de la Administración de Justicia.
En el caso de que se interese la adscripción de Letrados de la Administración de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial dirigirá su petición al Ministerio para la aprobación de las correspondientes comisiones.»
A partir de la entrada en vigor de esta Ley, todas las referencias que se contengan en ella, así como en otras normas jurídicas a Secretarios judiciales, Secretarios sustitutos profesionales, Instituto de Medicina Legal e Instituto Nacional de Toxicología, deberán entenderse hechas, respectivamente, a Letrados de la Administración de Justicia, Letrados de la Administración de Justicia suplentes, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses e Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Disposición adicional segunda. Determinación de la exigencia del título de especialista en Medicina Legal y Forense.
Una vez que el Gobierno, de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, dicte las disposiciones que adapte el procedimiento formativo de la especialidad de Medicina Legal y Forense al sistema de residencia regulado en el artículo 20 de dicha ley, el Ministerio de Justicia, atendiendo al desarrollo de la especialidad en Medicina Legal y Forense y con sujeción a lo previsto en la disposición transitoria séptima de esta Ley, deberá determinar la fecha en que el título de especialista sea definitivamente requisito obligatorio para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
Disposición adicional tercera. Elaboración del escalafón del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Disposición adicional cuarta. Pruebas de especialización.
El Consejo General del Poder Judicial podrá convocar, además de las expresamente previstas en esta Ley, otras pruebas de especialización entre miembros de Carrera Judicial en las que se valoren conocimientos específicos dentro de las distintas ramas del Derecho. Su superación será considerada
como mérito en los concursos que no se resuelvan exclusivamente por criterios de antigüedad. Reglamentariamente se determinará el número, contenido y desarrollo de estas pruebas. Si de esta especialización se derivara algún incremento de gasto, será preciso informe favorable de la Administración competente que deba soportar dicho gasto.
Disposición adicional quinta. Litispendencia internacional.
1. Si con anterioridad a la presentación de una demanda ante los Tribunales españoles se hubiera formulado entre las mismas partes, con idéntico objeto y causa de pedir, una demanda ante los órganos jurisdiccionales de un Estado extranjero, el Tribunal español, a instancia de parte y previo informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la suspensión del proceso, mientras que aquél esté pendiente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
5. Esta disposición adicional tendrá vigencia hasta la entrada en vigor de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil.
3. Los procedimientos de responsabilidad civil directa de Jueces y Magistrados que se estuvieran tramitando en el momento de entrada en vigor de la Ley, se continuarán tramitando de acuerdo con las normas procesales y sustantivas vigentes en el momento de incoación.
Disposición transitoria segunda. Régimen del Gabinete del Tribunal Supremo.
El procedimiento para el nombramiento de los miembros del Gabinete del Tribunal Supremo previsto en esta Ley se aplicará a partir del momento de entrada en vigor de la misma.
Los miembros de la plantilla del Gabinete del Tribunal Supremo pasarán a la situación administrativa que corresponda a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
1. Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley hubiesen sido ya nombrados Magistrados eméritos del Tribunal Supremo, continuarán manteniendo esta condición, si bien deberán ser renovados anualmente, momento a partir del cual les resultará de aplicación la nueva normativa.
2. A la entrada en vigor de la presente Ley quienes hubiesen sido ya nombrados Fiscales eméritos conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, continuarán manteniendo esta condición, si bien les resultará de aplicación los requisitos previstos en la nueva normativa sobre Magistrados eméritos.
A los Secretarios judiciales que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieren ocupando cargos de Secretarios de Gobierno o Secretarios Coordinadores será aplicable el siguiente régimen transitorio:
a) Los Secretarios de Gobierno o Secretarios Coordinadores que cesaren en su cargo o no renovaren, quedarán adscritos, a su elección, al Tribunal o a la Audiencia Provincial de la ciudad de procedencia o de aquélla en la que cesen.
b) Durante los dos años posteriores a la fecha de su cese o no renovación, podrán optar con carácter preferente, a cualquier plaza de cualquier categoría que tenga consolidada de las que deban proveerse por concurso voluntario, poniendo fin así a la situación de adscripción provisional que se regula en el apartado anterior.
Disposición transitoria séptima. Dilación del requisito de especialidad en Medicina Legal y Forense para el acceso al Cuerpo de Médicos Forenses.
La especialidad en Medicina Legal y Forense, exigida en el artículo 475 de esta Ley para acceder al Cuerpo de Médicos Forenses, no será requisito obligatorio de acceso hasta que concluyan su formación por el sistema de residencia las primeras promociones de estos especialistas.
Disposición derogatoria única. Derogación de determinados preceptos.
1. A la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica quedan derogados los artículos 163, 297, 411, 412 y 413 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
2. Se derogan los artículos 94 a 101 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
b) De los concursos de persona natural que no sea empresario.»
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 140, que quedan redactados como sigue:
«1. Los Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios competentes de la Oficina judicial facilitarán a cualesquiera personas que acrediten un interés legítimo y directo cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas reservadas conforme a la ley. También podrán pedir aquéllas, a su costa, la obtención de copias simples de escritos y documentos que consten en los autos, no declarados reservados.
2. A petición de las personas a que se refiere el apartado anterior, y a su costa, se expedirán por el Letrado de la Administración de Justicia los testimonios y certificados que soliciten, con expresión de su destinatario.»
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 212, que queda redactado como sigue:
«2. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 236 quinquies de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se permitirá a cualquier interesado el acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas. Este acceso sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, a la garantía del anonimato de los perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes.»
Cuatro. Se modifica el artículo 266, que queda redactado como sigue:
«Artículo 266. Documentos exigidos en casos especiales.
3.º El documento en que conste fehacientemente la sucesión «mortis causa» en favor del demandante, así como la relación de los testigos que puedan declarar sobre la ausencia de poseedor a título de dueño o usufructuario, cuando se pretenda que el tribunal ponga al demandante en posesión de unos bienes que se afirme haber adquirido en virtud de aquella sucesión.
4.º Aquellos otros documentos que esta u otra Ley exija expresamente para la admisión de la demanda.»
Cinco. Se modifica el artículo 403, que queda redactado como sigue:
«Artículo 403. Admisión y casos excepcionales de inadmisión de la demanda.
2. No se admitirán las demandas cuando no se acompañen a ella los documentos que la ley expresamente exija para la admisión de aquéllas o no se hayan intentado conciliaciones o efectuado requerimientos, reclamaciones o consignaciones que se exijan en casos especiales.»
Seis. Se modifica el artículo 510, que queda redactado como sigue:
«Artículo 510. Motivos.
2. Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.»
Siete. Se modifica el artículo 511, que queda redactado como sigue:
«Artículo 511. Legitimación activa.
En el supuesto del apartado 2 del artículo anterior, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»
Ocho. Se modifica el apartado 1 del artículo 512, que queda redactado como sigue:
«Artículo 512. Plazo de interposición.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando la revisión esté motivada en una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso la solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.»
Uno. Los artículos 86 a 93 quedan redactados de la siguiente forma:
«Sección 3.ª Recurso de casación
1. También son susceptibles de recurso de casación los siguientes autos dictados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, con la misma excepción e igual Iímite dispuestos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 93.3, el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se limitara a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho.
3. La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicara en el ?Boletín Oficial del Estado?, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación.
c) Afecte a un gran número de situaciones, bien en si misma o por trascender del caso objeto del proceso.
3. Si el escrito de preparación no se presentara en el plazo de treinta días, la sentencia o auto quedara firme, declarándolo así el Letrado de la Administración de Justicia mediante decreto. Contra esta decisión sólo cabra el recurso directo de revisión regulado en el artículo 102 bis de esta Ley.
4. Si, aun presentado en plazo, no cumpliera los requisitos que impone el apartado 2 de este artículo, la Sala de instancia, mediante auto motivado, tendrá por no preparado el recurso de casación, denegando el emplazamiento de las partes y la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto únicamente podrá interponerse recurso de queja, que se sustanciara en fa forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. La admisión o inadmisión a trámite del recurso será decidida por una Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo integrada por el Presidente de la Sala y por un Magistrado de cada una de sus restantes Secciones, con la posibilidad, excepcional, de añadir uno más de una de éstas si así lo aconsejara el tipo de materias sobre las que mayoritariamente hubiera de versar la decisión de admisión en el periodo de tiempo en el que se mantendrá su composición. Con excepción del Presidente de la Sala, dicha composición se renovara por mitad transcurrido un año desde la fecha de su primera constitución y en lo sucesivo cada seis meses, mediante acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo que determinará sus integrantes para cada uno de Ios citados periodos y que se publicará en la página web del Poder Judicial.
a) En Ios supuestos del apartado 2 del artículo 88, en Ios que ha de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el articulo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto motivado.
4. Los autos de admisión precisarán la cuestión o cuestiones en las que se entiende que existe interés casacional objetivo e identificarán la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso. Las providencias de inadmisión únicamente indicarán si en el recurso de casación concurre una de estas circunstancias: (a) ausencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación o recurribilidad de la resolución impugnada; (b) incumplimiento de cualquiera de las exigencias que el artículo 89.2 impone para el escrito de preparación; (c) no ser relevante y determinante del fallo ninguna de las infracciones denunciadas; o (d) carencia en el recurso de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.
5. Contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no cabra recurso alguno.
7. Los autos de admisión del recurso de casación se publicarán en la página web del Tribunal Supremo. Con periodicidad semestral, su Sala de lo Contencioso-Administrativo hará público, en la mencionada página web y en el ?Boletín Oficial del Estado?, el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.
2. La constitución de la caución se ajustara a lo establecido en el artículo 133.2 de esta ley.
4. La sentencia que se dicte en el momento procesal a que se refiere el apartado 8 del artículo anterior, resolverá sobre las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artículo 139.1 de esta ley y dispondrá, en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte abone las causadas a su instancia y las comunes por mitad. No obstante, podrá imponer las del recurso de casación a una sola de ellas cuando la sentencia aprecie, y así lo motive, que ha actuado con mala fe o temeridad; imposición que podrá limitar a una parte de ellas o hasta una cifra máxima.»
Dos. Se modifica el artículo 102, que queda redactado como sigue:
4. La revisión en materia de responsabilidad contable procederá en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.»
Disposición final tercera. Modificación de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
La Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 328, que queda redactado como sigue:
«Artículo 328.
1. Habrá lugar al recurso de revisión contra sentencias firmes en los siguientes casos:
En estos casos, los procesos de revisión se sustanciarán conforme a las normas sobre esta materia contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no será de aplicación lo previsto en los artículos 329, 330, 331, 332, 333, 335 y 336. Se aplicarán las reglas sobre legitimación previstas en dicha ley para ese tipo de procesos.
Igualmente, las sentencias que se dicten en dichos procesos tendrán los efectos prevenidos para este caso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.»
Dos. Se modifica el artículo 336, que queda redactado como sigue:
«El proceso de revisión se sustanciará, con citación de los penados y solicitantes, conforme a las normas sobre esta materia contenidas en las leyes comunes, a salvo lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 328.2.»
Tres. Se modifica el artículo 504, que queda redactado como sigue:
En lo referente a legitimación, términos y procedimientos respecto a este recurso, regirán las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El recurso se interpondrá ante la Sala del Tribunal Supremo a que se refiere el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Cuatro. Se modifica el artículo 505, que queda redactado como sigue:
Contra las sentencias firmes dictadas por la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central o por los Tribunales Militares Territoriales se podrá interponer recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los mismos plazos y por iguales trámites que los señalados en los dos primeros apartados del artículo anterior.
Este recurso podrá fundamentarse en los mismos motivos que los relacionados en el primer apartado del artículo anterior, menos en los de las letras a), b) y g), y también en el mencionado en el segundo apartado.»
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial.
La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, queda modificada en los siguientes términos:
«2. Las Secciones de las Audiencias Provinciales a que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta Ley, así como los Juzgados de lo Penal, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de Menores, los Juzgados de lo Mercantil y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con jurisdicción de extensión territorial inferior o superior a la de una provincia tienen su sede en la capital del partido que se señale por Ley de la correspondiente Comunidad Autónoma y toman el nombre del municipio en que aquélla esté situada.»
Los Letrados al servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que no pertenezcan a la Carrera Judicial estarán sometidos al régimen estatutario de los Letrados de la Administración de Justicia, en cuanto fuere aplicable, y sus retribuciones serán las correspondientes a un Letrado de la Administración de Justicia de Sala del Tribunal Supremo.»
Disposición final quinta. Carácter orgánico y título competencial.
1. La presente Ley Orgánica se dicta al amparo de los artículos 81 y 122 de la Constitución teniendo el carácter de orgánico toda la Ley, salvo las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y las disposiciones finales primera y segunda.
2. La presente Ley Orgánica se dicta en ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de Administración de Justicia por el artículo 149.1.5.ª de la Constitución, salvo las disposiciones finales primera, segunda y tercera, que se dictan al amparo del artículo 149.1.6.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva para dictar la legislación procesal.
Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo de la normativa militar.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales el Proyecto de reforma de Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Ley.
Disposición final séptima. Habilitación para el desarrollo de la normativa procesal.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno remitirá a las Cortes Generales los proyectos de modificación de las leyes procesales y de los reglamentos que resulten necesarios para la adaptación a lo dispuesto en ella.
El Consejo General del Poder Judicial procederá a elaborar el reglamento que desarrolle el procedimiento al que se refiere el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto el apartado Uno de la disposición final segunda que lo hará al año de su publicación.

References: artículo 109
 artículo 10
 artículo 98
 resolución 
 artículo 61
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 468
 artículo 98
 artículo 167
 artículo 200
 artículo 230
 artículo 234
 artículo 235
 artículo 11
 artículo 46
 artículo 236
 artículo 264
 resolución 
 artículo 296
 artículo 344
 artículo 416
 artículo 417
 resolución 
 artículo 417
 resolución 
 artículo 296
 artículo 420
 artículo 440
 artículo 441
 artículo 442
 artículo 443
 artículo 443
 artículo 444
 artículo 445
 artículo 447
 artículo 450
 artículo 451
 artículo 456
 resolución 
 artículo 461
 artículo 463
 artículo 464
 artículo 465
 artículo 466
 artículo 467
 artículo 468
 artículo 468
 resolución 
 artículo 468
 artículo 468
 artículo 469
 artículo 469
 resolución 
 artículo 470
 artículo 122
 artículo 475
 artículo 476
 artículo 477
 artículo 479
 artículo 480
 artículo 481
 artículo 495
 artículo 444
 artículo 497
 artículo 498
 artículo 502
 artículo 504
 artículo 509
 artículo 527
 artículo 531
 artículo 538
 artículo 544
 artículo 545
 artículo 546
 artículo 551
 artículo 567
 artículo 577
 artículo 601
 artículo 609
 artículo 610
 artículo 20
 artículo 475
 artículo 140
 artículo 212
 artículo 236
 artículo 266
 artículo 403
 artículo 510
 resolución 
 resolución 
 artículo 511
 artículo 512
 artículo 93
 artículo 102
 artículo 88
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 89
 artículo 133
 artículo 139
 artículo 102
 artículo 328
 artículo 336
 artículo 328
 artículo 504
 artículo 61
 artículo 505
 artículo 3
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 296