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Timestamp: 2019-10-17 08:50:48+00:00

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﻿ SENTENCIA 15755 DE NOVIEMBRE 15 DE 2001
SENTENCIA 15755 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN PLENA POR ACCIDENTE DE TRABAJO. NO SE REDUCE CUANDO CONCURRE CULPA DEL TRABAJADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO, CULPA EN EL ACCIDENTE DE TRABAJO POR PARTE DEL TRABAJADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:362 DE FEBRERO DE 2002, PÁG.264
Sentencia 15755 de noviembre 15 de 2001
Rad. 15755
No se reduce cuando concurre culpa del trabajador
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de agosto de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Gloria Naidú Díez Escobar en su propio nombre y en el de sus hijas menores María Daniela y Leidy Johanna Ocampo Díez al Departamento de Antioquia.
Gloria Naidú Díez Escobar, en su propio nombre y en el de sus hijas menores María Daniela y Leidy Johanna Ocampo Díez, demandó al Departamento de Antioquia en busca de la prosperidad de estas pretensiones: que se declare que el accidente de trabajo que sufrió el 31 de mayo de 1996 el señor Francisco Luis Ocampo Morales, aconteció por culpa imputable al Departamento de Antioquia; que como consecuencia de lo anterior se condene a éste, como empleador, a reconocerles y pagarles, a ella, como compañera permanente, y a sus hijas, cuya paternidad es del señor Francisco Luis Ocampo Morales, indemnización plena de perjuicios, derivada de la muerte de este último en accidente de trabajo, la cual debe comprender lucro cesante y perjuicios morales; que se condene al ente demandado a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes desde el 31 de mayo de 1996; que el departamento pague también indemnización moratoria.
En subsidio impetró que, en caso de no hacerse reconocimiento de pensión de sobrevivientes, se condene al empleador al pago de seguro por muerte, doblado en su cuantía por haber ocurrido el fallecimiento del trabajador por accidente laboral. Asimismo, reclamó que en el evento de no acogerse la petición de indemnización por mora, se ordene al demandado el pago indexado de las sumas objeto de condena.
Como fundamento de sus pretensiones expuso: que Francisco Luis Ocampo Morales estuvo vinculado al Departamento de Antioquia, mediante contrato ficto de trabajo, en la secretaría de obras públicas, desde el 6 de noviembre de 1984 y hasta el 31 de mayo de 1996, cuando falleció como consecuencia de un accidente de trabajo; que el señor Ocampo Morales se desempeñó como obrero en la secretaría de obras públicas, prestando servicios en la construcción de carreteras, en la etapa de levantamientos topográficos, pues formaba parte de las comisiones de topografía de la secretaría; que el señor Ocampo Morales tenía la condición de trabajador oficial, estaba afiliado a la organización sindical actuante en el departamento y se beneficiaba de las convenciones colectivas de trabajo que éste suscribía; que el 31 de mayo de 1996, el señor Ocampo Morales prestaba servicios como obrero en el barrio San Pedro, Municipio de Andes, donde había sido desplazado para cumplir sus actividades como obrero y realizaba tareas de levantamiento topográfico; que a pesar de que el citado trabajador no era un trabajador calificado, pues como miembro de la comisión de topografía tenía funciones de obrero raso, el 31 de mayo de 1996 se le encomendó la función de cadenero segundo y se le asignó como herramienta básica de trabajo una mira metálica; que cuando Ocampo Morales se disponía con la mira metálica a dar y verificar las señales, según las órdenes e instrucciones recibidas del director de la comisión, la mira metálica, que tenía 5 metros de altura, hizo contacto con unos cables de energía, conductores de alto voltaje, localizados 3.20 metros de altura del piso, a causa de lo cual resultó electrocutado, por lo que falleció sin que alcanzara a recibir asistencia médica; que el encargado de la comisión de topografía, señor José Amado Valencia Valencia, reportó y relató los hechos y circunstancias que rodearon el accidente de trabajo; que en el reporte oficial del accidente de trabajo, dirigido al ISS, el jefe de la división de vías de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Antioquia, ratificó la función del señor Ocampo Morales como cadenero segundo y anotó que los cables de alta tensión se encontraban a una altura no reglamentaria, circunstancia que señala como causa del accidente; que el accidente de trabajo al que se ha hecho alusión tuvo como causa la grave negligencia e imprudencia de la demandada, culpa grave que se hace evidente pues se le asignó al occiso un cargo para el que no había sido contratado, no se le impartió preparación alguna para el efecto, se le brindó una herramienta que ofrecía riesgo para él por el material de su construcción, y porque no se tomaron las medidas necesarias para evitar el contacto de los equipos con los cables de conducción de energía eléctrica; que en el caso hay culpa en el accidente de trabajo, imputable exclusivamente al Departamento de Antioquia; que el accidente de trabajo que causó la muerte del señor Francisco Luis Ocampo Morales ha privado a su compañera permanente y a las hijas que concibió con él de su apoyo económico - material, aparte del moral, por lo que han quedado material y moralmente desprotegidas; que la muerte del trabajador, en las condiciones que se han relatado, no solo dan derecho al reconocimiento de las indemnizaciones por el daño material y el moral, sino que también generan la moratoria del artículo 1º del Decreto 797 de 1949; que no obstante que para la fecha en que tuvo ocurrencia el accidente de trabajo, estaba vigente la Ley 100 de 1993, particularmente en lo atinente a la obligatoria afiliación de todos los trabajadores, incluidos los oficiales, al sistema de amparo de riesgos profesionales, el departamento reclamado no había cumplido con sus obligaciones al respecto, como lo denota el informe del director de relaciones industriales dirigido al ISS, en el que da cuenta de la no afiliación a dicho ente del trabajador, así como del no pago de los aportes patronales para esas contingencias, lo cual impide el pago de la pensión de sobrevivientes por esa entidad, y trae como consecuencia que el departamento sea el que asuma el pago de esa prestación; que el trabajador fallecido hacía seis (6) años tenía vida común con ella y habían procreado a María Daniela y Johanna; que agotó la vía gubernativa; que al momento de su deceso, el señor Ocampo Morales devengaba un salario diario de $ 18.092.01 (fls. 1-10).
El ente territorial convocado al proceso contestó la demanda con oposición a las pretensiones; aceptó como cierto la vinculación laboral, sus extremos, el oficio desempeñado por el demandante, su condición de trabajador oficial y beneficiario de la convención colectiva, el accidente de trabajo y la asignación salarial diaria que aquél devengaba; sobre los demás hechos expresó que no le constaban o que debían probarse. Propuso las excepciones de falta de integración del litisconsorcio, falta de legitimación en la causa por pasiva, prescripción y pago. Adujo en su defensa que el accidente de trabajo no le es imputable y que el actor estaba afiliado a la ARP del ISS (fls. 40-44).
El conflicto jurídico lo dirimió en primera instancia el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el cual, mediante sentencia del veintiocho (28) de febrero de 2000, condenó al Departamento de Antioquia a pagar las siguientes sumas de dinero: a Gloria Naidú Díez Escobar, como compañera permanente, $ 98.282.909.oo, por concepto de indemnización plena de perjuicios; a Leidy Johanna Ocampo Díez, como hija, $ 29.995.919, por concepto de indemnización plena de perjuicios, y a Maria Daniela Ocampo Díez, también como hija, $ 35.510.857.oo, por indemnización plena de perjuicios. Además, ordenó al ente demandado pagar proporcionalmente a la demandante (el 50%) y a sus hijas menores de edad (el 25% c/u), $ 18.092.01 diarios, desde el 1º de septiembre de 1996, y hasta cuando sea pagada la indemnización “que dio pie a su reconocimiento“, a título de sanción moratoria (fls. 269-291).
La anterior decisión fue apelada por la parte demandada (fls. 292 – 301), y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Madellín, mediante sentencia del 18 de agosto de 2000 (fls 313 – 326), la revocó, para, en su lugar absolver al demandado de las pretensiones.
En su proveído argumentó el ad quem: que según el documento de folio 21, la demandante agotó la vía gubernativa; que no existe debate sobre la calidad de trabajador oficial del operario fallecido; que según las pruebas de folios 17, 18 y 19, el vínculo laboral terminó el 31 de mayo de 1996 por fallecimiento del señor Francisco Luis Ocampo Morales, cuando éste se encontraba realizando unos trabajos de topografía en el municipio de Andes, por cuenta de la secretaría de obras públicas del departamento demandado, desempeñándose como cadenero segundo; que la controversia se contrae a determinar si las pretensiones resarcitorias deben prosperar porque el accidente laboral que sufrió el compañero permanente de la demandante, en el que perdió la vida, sea atribuible a culpa del ente territorial reclamado; que el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 define el accidente de trabajo; que en casos como el estudiado, como lo han dicho la doctrina y la jurisprudencia, corresponde al demandante probar la culpa patronal; que en particular en tal sentido se pronunció la Corte en sentencia del 13 de julio de 1993; que corresponde señalar que en esta clase de eventos se responde por la culpa leve, esto es, la que define el artículo 63 del Código Civil, debido a que el contrato de trabajo es conmutativo, pues reporta beneficios para ambas partes; que de acuerdo con el documento de folio 14 del expediente, que compendia el informe enviado por el empleador al ISS, relativo al insuceso laboral, desde el mismo momento se observa que fue la conducta imprudente del trabajador la que originó el accidente de trabajo que le produjo la muerte; que el hecho de que al operario fallecido se le haya vinculado para desempeñarse como obrero, y que el día de los hechos laborara como cadenero dos, no le reporta responsabilidad al departamento demandado en el infortunio, pues la prueba militante en el expediente es clara en informar que aquél no era novato en las labores que se le encomendaron; que debe observarse que en la hoja de vida de folio 70, elaborada por el mismo trabajador a mano, en el espacio denominado “experiencia”, se habla de estudio y diseño de carreteras OOPP; que además de lo anterior, el testimonio de Antonio María Caro Romero (fls. 76 vto. y ss.), revela que reemplazos de trabajadores en las comisiones de topografía eran comunes y rutinarios, lo cual conocía el departamento, y permite además afirmar que el trabajador accidentado no era desconocedor del oficio y de las actividades que se le asignaron; que en la instrucción del juicio se indagó a los testigos sobre los medios de protección suministrados por la empleadora para desarrollar sus actividades, a lo que rotundamente respondieron que ninguno, no obstante lo cual el a quo no se preocupó en lo más mínimo por averiguar cuáles eran éstos; que también se indagó a los deponentes sobre las instrucciones impartidas al trabajador para ejecutar las labores encomendadas como cadenero segundo y aquellos respondieron que ninguna, pero considera que las mismas eran innecesarias, pues el trabajador no era un principiante en esos menesteres, toda vez que las había realizado antes y tenía instrucciones al respecto; que el hecho de que los cables eléctricos estuvieran extendidos por debajo de la altura reglamentaria no es atribuible al ente demandado, como lo entendió el a quo, sino a la empresa que directamente presta el servicio eléctrico en el sector de los hechos, y que observación importante es que si el demandante estuvo trabajando todo el día como cadenero dos, en el área que se le asignó, por qué el accidente ocurrió a las 4.20 pm, a lo que hay que responder que por imprudencia del mismo, como lo refiere el informe del accidente de trabajo.
“Pretendo que la Corte case la sentencia impugnada, para que una vez convertida en Tribunal de Instancia, confirme la decisión de primer grado, proferida por el Juzgado 11 Laboral del Circuito de Medellín el 28 de febrero de 2.000, con la provisión de rigor sobre costas”.
Con fundamento en la causal primera de casación, el recurrente dirige contra la sentencia del Tribunal el siguiente:
Dice que viola por la vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida, los artículos 11, 12 y 17 de la Ley 6ª de 1945, en relación con los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, 26 numerales 1º y 2º del Decreto 2127 de 1945; 63, 1604, 2341, 2347 y 2346 del Código Civil; 9º,21, 56 y 58 del Decreto Ley 1295 de 1994; 100 del C.P.; 174, 177, 226, 227, 228, 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, y 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral.
Para la censura, la anterior violación normativa es consecuencia de que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho, que cataloga como ostensibles:
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que ‘fue la conducta imprudente del trabajador la que originó el accidente de trabajo que lamentablemente le produjo la muerte y no a circunstancia diferente, como la ausencia de elementos de seguridad o protección, la falta de instrucciones o recomendaciones sobre la forma como debe desarrollar la actividad encomendada o la inexperiencia del cargo.
2. No dar por demostrado, estándolo, que el accidente de trabajo, en el cual falleció el extrabajador Francisco Luis Ocampo Morales, ocurrió por falta de suministro de los elementos de seguridad, de instrucciones y recomendaciones, así como la inexperiencia en el cargo desempeñado.
3. No dar por establecido, estándolo, que el accidente de trabajo en el que falleció el señor Francisco Luis Ocampo Morales, se produjo por culpa del empleador”.
Como pruebas erróneamente apreciadas por el ad quem, señaló el impugnante: el informe del accidente de trabajo de folio 14; la hoja de vida de folio 70; los testimonios de Joaquín Guillermo Pérez (fls. 62 a 63), Héctor Ramírez Pérez (fls. 63-64), José Amado Valencia Valencia (fls. 75 a 77), Antonio María Caro Moreno (fls. 76-77) y Juan Fernando Sanín Echeverry (fls. 261-262).
Como medios de prueba dejados de apreciar por el Tribunal, indicó el recurrente: las funciones del demandante (fl. 71); el informe del accidente de trabajo (fl. 13).
En sustento de su ataque, argumentó el censor: que con base en el informe de folio 14, el Tribunal da por establecido que el accidente de trabajo se produjo por la conducta imprudente del trabajador, no obstante que la versión consignada en ese documento es diferente a la del informe inicial del insuceso, que obra a folio 13; que si el ad quem no hubiera dejado de apreciar este documento, reconocido por su autor en la diligencia de folio 76, habría concluido que el trabajador que murió estaba operando normalmente su instrumento de trabajo y que no recostó accidentalmente su mira metálica, como se dice en el informe del folio; que en ninguno de los documentos en reflexión se afirma que el accidente laboral se produjo por imprudencia del trabajador; que el error del Tribunal al razonar que el comportamiento del operario fue imprudente no le permitió concluir que el accidente acaeció por falta de ilustración de las medidas preventivas por parte de la empleadora, tendientes a evitarlo, y por falta de suministro de los instrumentos adecuados de trabajo; que el juzgador no tuvo en cuenta que en el documento de folio 14 claramente se indica por su autor que la empresa no tomó ninguna medida preventiva para evitar accidentes de trabajo como el que sufrió el señor Ocampo Morales; que la afirmación del ad quem según la cual el trabajador no era ningún novato o principiante en las labores que se le encomendaron, conclusión que extrajo de la hoja de vida de folio 70, riñe con la verdad, pues por parte alguna de este documento se relaciona el espacio correspondiente para señalar la experiencia, ni este término está incluido en el formato de la hoja de vida; que lo que el citado documento refiere es la dependencia en la que presta sus servicios el empleado, configurándose así un error protuberante por el Tribunal; que los artículos 26 numerales 1º y 2º del Decreto 2127 de 1945, y 21, 56 y 58 del Decreto 1295 de 1994, establecen la obligación del empleador de suministrar al trabajador los elementos adecuados de protección y adoptar las medidas preventivas para evitar accidentes; que el error de hecho del Tribunal consiste en que está demostrada la culpa patronal en el accidente de trabajo objeto de la controversia, pues el departamento demandado no suministró al obrero los elementos adecuados de trabajo, ni tomó las medidas preventivas para evitar accidentes.
También adujo el impugnante: que el Tribunal tampoco apreció el documento de folio 71, que indica que las funciones del occiso eran las de obrero, sin que aparezca que deba desempeñar las de cadenero, ni manejar miras metálicas, a las cuales fue asignado por ausencia de su titular, sin que fuera valido el proceder de la empleadora de variar las condiciones laborales del operario, que fue lo que produjo su muerte al asignarle funciones distintas a las contratadas, sin el suministro de elementos de trabajo adecuados, ni instrucciones preventivas de accidentes, lo cual genera culpabilidad en el accidente padecido; que sobre lo expresado se remite a la sentencia de la Corte del 26 de mayo de 1999, radicación 11158; que los errores en la valoración de las pruebas calificadas permiten el examen de los testimonios de Héctor Ramiro Pérez (fl. 64), Joaquín Guillermo Pérez (fls. 62-63), José Amado Valencia Valencia (fls. 75-76), Antonio María Caro Moreno (fl. 77), y Juan Fernando Sanín Echeverry (fl. 262), los cuales son unánimes en manifestar que la empleadora no suministró elementos de seguridad y protección para desarrollar la actividad del trabajador fallecido y que no impartió previamente instrucciones sobre la manera como se debía ejecutar su trabajo, no obstante lo cual el Tribunal no le hace producir a tales probanzas los efectos derivados de la conducta patronal, esto es, la culpa en el accidente que se estudia; que lo anterior debe examinarse en conjunto con lo que expresa el documento de folio 14, en el sentido de que el ente demandado no había tomado ninguna medida preventiva para evitar el accidente laboral.
La censura objeta la decisión del tribunal de no hallar demostrado que el accidente de trabajo en el que falleció el trabajador Francisco Luis Ocampo Morales, el 31 de mayo de 1996, acaeció por culpa del departamento de Antioquia, como se le atribuye desde la demanda ordinaria, sino encontrar probado que dicho insuceso aconteció, pero por imprudencia atribuible a la propia víctima.
En efecto, en su providencia adujo básicamente el juzgador: que el operario Ocampo Morales recostó accidentalmente la mira metálica con la que laboraba en el cable de alta tensión que estaba extendido sobre el lugar en el que realizaba actividades de topografía; que el trabajador no era un novato en la labor que se le había encomendado el día de los hechos, es decir, cadenero dos, pues así lo indica de manera particular la experiencia que reporta en la hoja de vida de folio 70, por lo que no requería instrucciones sobre esa actividad; que en el debate se indagó sobre los medios de protección necesarios para desarrollar dicha labor y evitar accidentes de trabajo, pero el a quo no se preocupó por determinar cuáles eran esos elementos.
Ahora bien, el examen del conjunto de la sentencia gravada permite colegir que las anteriores aserciones las obtuvo el ad quem de su valoración del informe del accidente de trabajo que dirigió al ISS el jefe de la división de vías de la secretaría de obras públicas del ente territorial demandado (fl. 14), del formato de hoja de vida del demandante (fl. 70), así como de los testimonios que entregaron Antonio María Caro Moreno (fls. 76-77), Joaquín Guillermo Pérez (fls. 62-63), Héctor Ramiro Pérez (fls. (63-64), José Amado Valencia Valencia (fls. 75 a 76) y Juan Fernando Sanín Echeverry (fls. 261-262).
Los relacionados medios de prueba fueron denunciados por el recurrente como mal apreciados por el Tribunal.
Así mismo, como lo expresa el censor, ninguna alusión valorativa hace el fallo gravado del documento que indica las funciones del demandante (fl. 71), así como del que da cuenta del informe del accidente de trabajo que rindió el jefe de la comisión de topografía en la que estaba incluido el occiso, visible a folio 13 del expediente.
Hace la Corte el anterior recuento porque del acervo probatorio que acaba de mencionarse es de donde emerge lo que a su juicio es la equivocada apreciación que el ad quem hizo de las pruebas calificadas inicialmente reseñadas, concretamente de las de folios 14 y 70, que a su vez dio pábulo a la estructuración de los yerros fácticos que le enrostra la acusación. Y esto porque, de un lado, del documento de folio 14, en lugar de deducirse la responsabilidad exclusiva del trabajador en el accidente de trabajo, como lo hace el juzgador, lo que diáfanamente se puede extraer es que en el acaecimiento de ese infortunio, que le costó la vida a Francisco Luis Ocampo Morales, le cabe responsabilidad al ente demandado, como que en él éste confiesa, sin ambages, que ninguna medida preventiva tomó para evitar accidentes como el que se estudia; mientras de otra parte, del documento de folio 70, de ninguna manera se puede concluir, como lo hace el Tribunal para enervar la responsabilidad jurídica de la demandada en el accidente laboral, que el actor reportó en su hoja de vida experiencia en el estudio y diseño de carreteras, que permitiera inferir que no era un novato en el ejercicio de la actividad de cadenero dos, toda vez que por parte alguna en la probanza que se examina aparece ítem que se refiera a los antecedentes laborales del operario en el área de la topografía de vías, sino que lo que el medio de prueba enseña es que el fallecido trabajador laboraba en la “Dependencia Estudio y diseño de Carreteras oopp”, más nunca, se insiste, dice que tenía experiencia en éste campo.
Del error de hecho capaz de anular la sentencia de segundo grado, ha dicho la Sala que es el protuberante o manifiesto que se configura porque el fallador no le hace decir a la prueba lo que indiscutiblemente expresa o porque le hace decir lo que claramente no indica.
En este asunto es irrebatible que el tribunal pasó por alto lo que puntualmente dice el medio de prueba de folio 14, cuya autoría es adjudicable al departamento demandado, en el sentido de que éste no tomó medida alguna para prevenir accidentes como el que terminó con la vida de Ocampo Morales, lo cual es suficiente, como más adelante se verá, para imputarle responsabilidad al empleador en el daño causado. Y también es irrefutable que cuando el juzgador, para liberar de la carga indemnizatoria a aquél, afirmó que el trabajador no era un novato porque en su hoja de vida (fl. 70) reporta experiencia en la actividad que realizaba el día de los hechos, concretamente en el estudio y diseño de carreteras, le hizo decir a ese medio de prueba algo que por parte alguna expresa.
La consecuencia de esta deficiente apreciación de las pruebas calificadas en comento es clara: el tribunal concluyó que el accidente laboral acaecido en jurisdicción del municipio de Andes (Antioquia), el 31 de mayo de 1996, en el que falleció el compañero y padre de las demandantes, no se produjo por culpa patronal, cuando la prueba recaudada en el expediente, particularmente la documental de folio 14, indica lo contrario. Circunstancia esta que corroboran los testimonios, los que debido a la demostración de los yerros fácticos a través de los medios de convicción habilitados para fundar cargo en casación, puede ser examinada por la Corte, como en efecto se hará.
Tal la categórica afirmación sobre la existencia de prueba en torno a la responsabilidad patronal en el accidente laboral objeto del conflicto jurídico, por lo siguiente:
Si bien el informe que el empleador dirigió al ISS sobre el accidente de trabajo en el que pereció Francisco Luis Ocampo Morales (fl. 14), relaciona que el mismo sucedió porque el operario “Accidentalmente recosto la mira metálica a dos cuerdas de alta tensión, muriendo electrocutado”, en criterio de la Corte tal manifestación por sí sola no habilita para colegir la culpa exclusiva de la víctima en dicho accidente, como lo hace el tribunal, toda vez que la misma únicamente da cuenta de la causa inmediata del daño, pero no da lugar a atribuirla, pues ésta bien podría ser imputada a una persona distinta al operario, que por ejemplo haya incurrido en una o varias omisiones.
Y es en relación con lo que acaba de exponerse, que se muestra en su naturaleza de manifiesto el yerro fáctico del tribunal al exonerar de toda responsabilidad en el accidente laboral que se examina al empleador, pues si el juzgador hubiera apreciado con acierto la probanza de folio 14 habría inferido que de su contenido surge con diafanidad el hecho dañino que a la postre produjo la muerte del demandante, esto es, que la empresa no tomó medidas preventivas tendientes a evitar accidentes como el que desató la muerte del trabajador Ocampo Morales.
En efecto, indaga el ISS en el formato de informe que está documentado a folio 14 del expediente: ¿Qué medidas preventivas había tomado la empresa para evitar esta clase de accidentes?”, y responde el departamento demandado: “ninguna”.
Para la corporación, es aquí cuando refulge que no son de poca entidad las equivocaciones endilgadas al tribunal en relación con la apreciación del medio de prueba de folio 14, pues hace notar el contraste entre la anterior respuesta negativa de la empleadora, vertida en la prueba que se examina, y el cúmulo de expresas y puntuales obligaciones que legalmente tenía, en perspectiva de salvaguardar la vida e integridad del trabajador fallecido en su ambiente de trabajo.
Así por ejemplo: el artículo 26 del Decreto 2127 de 1945, aplicable al demandante en función de su incontrovertida condición de trabajador oficial, dispone que son obligaciones del empleador “1. Disponer lo necesario para que el trabajador preste sus servicios o ejecute las obras en las condiciones, el tiempo y el lugar convenidos, y poner a su disposición, salvo acuerdo en contrario, los instrumentos adecuados y las materias indispensables para la efectividad de su trabajo. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales, cuando sea del caso, de modo que el trabajo se realice en condiciones que garantice la seguridad y salud de ellos (...)”, el inciso 1º del artículo 56 del Decreto 1295 de 1994 establece que “La prevención de riesgos profesionales es responsabilidad de los empIeadores”; el artículo 21 del mismo conjunto normativo dice en su literal c que el empleador es responsable de “procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo”; el artículo 58 ibídem dispone “Medidas especiales de prevención. (...) todas las empresas están obligadas a adoptar y poner en práctica las medidas especiales de prevención de riesgos profesionales”; el artículo 62 ibídem en su inciso primero preceptúa que “Los empleadores están obligados a informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada o contratada”.
Como se observa, no es de poca monta la deficiente actividad de valoración probatoria que en relación con las probanzas de folios 14 y 70 realizó el tribunal, particularmente evidente respecto a lo que la primera indica, en el sentido de que la empleadora expresamente confiesa en ella no haber tomado ninguna medida de prevención para evitar accidentes como el que costó la vida al señor Francisco Luis Ocampo Morales.
Empero, a tal estigma de apreciación de las pruebas calificadas no se limita el fallo gravado, sino que la situación se extiende a la forma como el Tribunal apreció las probanzas no calificadas, particularmente los testimonios de Antonio María Caro Morales (fls. 76-77), Héctor Ramiro Pérez (fls. 63-64) y José Amado Valencia Valencia (fls. 75-76), pues si los hubiera valorado correctamente habría corroborado lo que la propia empresa reconoció, en la mal apreciada prueba de folio 14, es decir, que ninguna medida tomó para evitar un accidente como el que ocasionó la muerte del operario Ocampo Morales.
En efecto, el deponente Caro Moreno, a folio 76 vuelto del expediente, deja claro que al personal de topografía nunca se le entregaron implementos de seguridad y destaca que si en el momento del accidente “se hubiera tenido una mira de madera sí se hubiera evitado el accidente, pero en el momento en que sucedió el accidente era inevitable porque la que se estaba usando era metálica. Pues hasta el momento en que yo me retiré el Departamento no proporcionó miras de madera, pues al Departamento se le pedían muchas cosas pero nunca se cumplieron (...)”. Y el testigo Valencia Valencia, que produjo el informe del accidente visible a folio 13, no apreciado por el ad quem, manifestó en la declaración que entregó al a quo en la diligencia de folio 75 vto.: “(...) sé que al momento del accidente Francisco estaba portamiriando, eso es coger una regla metálica y colocarla en determinados puntos que está precisando y me contaron que lo había (sic) cogido unas primarias, después del accidente yo estuve allí y medí a que altura estaban estos alambres y estaban a una altura de 3.30 Mts. y la mira metálica tiene una longitud de cinco metros, el Departamento para hacer ese trabajo únicamente daba miras metálicas y después del accidente yo solicité que nos cambiaran miras metálicas por miras de maderas que las hay, pero el Departamento hasta ahora no las ha comprado, pues yo estoy trabajando con una mira de madera que es mía, perdón estube (sic) trabajando con una mira mía de madera por el lapso de unos seis meses después del accidente, en este momento me cambiaron de puesto estoy de inspector. Si en el momento del accidente Francisco Ocampo hubiera portadora mira de madera se hubiera evitado el accidente”. Y, finalmente, el testigo Héctor Ramiro Pérez, a folio 64 vuelto del expediente, alude de la siguiente manera a las circunstancias de desprotección en las que desempeñaba el Sr Ocampo Morales la labor de cadenero dos, el día 31 de mayo de 1996, cuando murió mientras prestaba sus servicios personales para el ente territorial demandado: “(...) El accidente de trabajo de Francisco me parece que lo reportó el compañero de trabajo Guillermo, pues yo digo si Francisco hubiera tenido una mira de madera se hubiera evitado el accidente y si hubiera tenido también guantes protectores”.
De tal forma que frente a lo aseverado por el Tribunal, en el sentido de que no hay en las etapas procesales respectivas averiguación en torno a los elementos de seguridad y protección que debió proporcionar la empleadora para desarrollar sus actividades (fls. 324), de los testimonios que acaban de examinarse se colige que dicho juzgador llegó a ella por apreciar con error tal prueba, pues de la misma sí se deduce, y ello es lo verdaderamente trascendente, qué elemento de seguridad y protección, cuando menos, debía suministrar el empleador al trabajador, y no lo hizo, para evitar el accidente de trabajo: una mira de madera, toda vez que, se recalca, de haberla portado el día de los hechos, según los testigos, por lo demás todos conocedores del oficio de topografía, se hubiera evitado el accidente que terminó con la vida del compañero permanente y padre de las demandantes.
De otra parte, para la Corte la conclusión de que no hubo culpa patronal en el accidente laboral materia de análisis, no le es oponible la tesis que blande el tribunal en su proveído, según la cual el demandante era un trabajador con experiencia en la labor que se le encomendó el día de su infortunada muerte, por lo que no requería instrucciones para su realización, pues allende lo que enseña la probanza de folio 70, que de ninguna manera da cuenta, como se vio, de la experiencia laboral del actor en el oficio topográfico, la capacidad profesional del operario, así sea alta, de ninguna manera libera al empleador de las precisas obligaciones de: 1) proporcionarle instrumentos adecuados de trabajo; 2) brindarle elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales; 3) prevenir los riesgos profesionales; 4) procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y los ambientes de trabajo, y 5) informar a sus trabajadores los riesgos a que pueden verse expuestos en la ejecución de la labor encomendada, tal como es posible deducirlo sin dificultad del mandato imperativo de las normas que antes se citaron.
Está, pues, demostrado, a través de la prueba documental de folios 14 y 70, así como de los testimonios de Héctor Ramiro Pérez, Antonio María Cano Morales y José Amado Valencia Valencia, y el juzgador no lo encontró así, siendo evidente, que en el accidente de trabajo en el que murió Francisco Luis Ocampo Morales tuvo culpa la demandada por no haber tomado las medidas necesarias para evitarlo. Y precisamente esa circunstancia es lo que impide, como lo hizo el tribunal, concluir que tal suceso se produjo por culpa exclusiva de la víctima. Otra cosa es, como se analizará más adelante, que ésta con su comportamiento haya contribuido a su ocurrencia, para lo cual habrá de tenerse en cuenta lo que dispone el artículo 2357 del Código Civil.
Como la acusación salió avante no se impondrán costas en el recurso extraordinario.
En función del ad quem ha de señalar la Sala que de acuerdo con el acervo probatorio obrante en el proceso se pone en evidencia, como se dejó palmaria y suficientemente demostrado a propósito del cargo examinado en casación, la configuración de la culpa patronal en el accidente de trabajo que costó la vida al señor Francisco Luis Ocampo Morales, por lo que no es menester ahondar en consideraciones sobre ese aspecto.
Considera la Sala que en principio el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización “total” y ordinaria de perjuicios, sin que prevea una reducción de la misma por una eventual concurrencia de culpa de la víctima. Si el deseo del legislador fuera permitir tal aminoramiento, bastaría con que así lo hubiese previsto de manera expresa o simplemente ordenado remitirse a las normas del código civil que gobiernan la materia en esa especialidad. Pero tan no fue esa la voluntad del legislador, que reguló el tema de modo autónomo, en el propio código sustantivo del trabajo, haciendo énfasis en que el empleador responsable debe responder por la totalidad de los daños y es apenas elemental que este diáfano concepto excluye lo meramente parcial o lo incompleto.
No está por demás decir que constitucional y legalmente existe protección especial para el trabajo humano y los derechos de los trabajadores consagrados en la legislación laboral son derechos mínimos, razón adicional que pone de manifiesto la improcedencia de aplicar analógicamente en esta materia las normas civiles que tienen un fundamento y una finalidad distinta, especialmente en temas como el presente en que se trata de una culpa patronal que originó el deceso del trabajador demandante.
Ahora, si se admitiera en gracia de discusión que en caso de culpa del trabajador, opera la reducción en el monto de la indemnización a la luz del artículo 2357 del Código Civil, lo cierto es que aún en el derecho civil, no cualquier culpa de la víctima posibilita el descuento de la indemnización de perjuicios causados por el culpable principal, sino solamente la que tenga carácter determinante, hipótesis que en este caso está totalmente descartada, dado que la actividad desplegada por la víctima no jugó un papel decisivo en el lamentable desenlace, como se analiza enseguida.
En efecto, la culpa de la víctima entendida como aquella conducta imprudente o negligente que es causa eficiente del resultado dañoso, en materia civil exime de responsabilidad al agente o la atenúa, siempre y cuando el hecho no se origine o tenga relación con el causante o demandado.
Empleando los términos de la propia entidad demandada en su reporte de cómo ocurrió el accidente, consta que el trabajador se “recostó accidentalmente” en un objeto de 5 metros de largo que hizo contacto con cables de electricidad de alta tensión. Estima la Sala que ello carece de relevancia jurídica y quedaría desdibujado frente a la culpa manifiesta del ente accionado.
Si la mira metálica hizo contacto con los cables de electricidad de alta tensión y causó la muerte del trabajador, por haber quedado electrocutado, ello ocurrió en ejecución de una tarea que se le encomendó por parte del patrono para la cual no se le impartió ninguna preparación ni inducción. Pero lo más importante, no se observa que la actividad desplegada por el trabajador fuera la causa determinante o eficiente del resultado trágico conocido, en la medida en que la muerte del señor Ocampo Morales se habría evitado si la entidad demandada hubiera adoptado las medidas preventivas a que estaba legalmente obligada. Es que no se trata de una culpa cualquiera, sino del incumplimiento de uno de los deberes fundamentales de todo empleador como es el brindar seguridad a los trabajadores para impedir accidentes de esa naturaleza y así garantizar su vida e integridad.
Si el demandado como era su deber, hubiera suministrado al trabajador accidentado miras de madera, guantes protectores y en general elementos de protección y seguridad, e igualmente, lo hubiera informado sobre los riesgos de la actividad y dado las instrucciones del caso, el accidente no se hubiera producido o al menos no hubiera tenido el resultado trágico que se conoce.
En el informe patronal sobre el accidente de trabajo donde perdió la vida Ocampo Morales, presentado al lSS (fl. 14), el representante de la entidad demandada reconoce que no se había tomado por parte del departamento “ninguna” medida preventiva para evitar esa clase de accidentes, no obstante tener conocimiento de la cercanía de la vara metálica con los cables de alta tensión.
Los testigos son contestes también en ese punto y sobre el hecho de que al trabajador no se le habían proporcionado los elementos adecuados a su labor, ni se le dieron instrucciones en relación con los riesgos de la actividad.
El deponente Joaquín Guillermo Pérez, dice textualmente:
“(...) trabajar con miras metálicas es alto riesgo por el peligro de los cables de energía, pues el Departamento nunca dio reglas de madera, si en ese momento Francisco hubiera tenido reglas de madera no hubiera pasado absolutamente nada por cuanto la madera no es trasmisora (sic) de energía. En ese momento el Departamento nunca nos dio elementos de seguridad ni protección pues además nos debieran haber dado un cursillo para ello y nada”. Más adelante agrega: “El señor Francisco Ocampo no había recibido adiestramiento ni ninguna inducción para desempeñarse como cadenero” (Fls. 62 vto. y 63 vto.).
El testigo Héctor Ramiro Pérez manifiesta que “La mira que nos da el Departamento siempre es metálica y todos nosotros siempre estamos en peligro, pero sé que se puede dar miras de madera. Al señor Francisco Ocampo el Departamento no lo preparó para hacer las funciones de cadenero”. Luego acotó: “(...) pues yo digo si Francisco hubiera tenido una mira de madera se hubiera evitado el accidente y si hubiera tenido también guantes protectores” (fl. 64 vto.).
José Amado Valencia Valencia, Topógrafo al servicio del Departamento de Antioquia sostiene lo siguiente:
“(...) sé que al momento del accidente Francisco estaba portamiriando, esto es coger una regla metálica y colocarla en determinados puntos que está apcisado y me contaron que lo había cogido unas primarias, después del accidente yo estuve allí y medí a qué altura estaban estos alambres y estaban a una altura de 3.30 Mts. y la mira metálica tiene una longitud de cinco metros, el Departamento para hacer ese trabajos (sic) únicamente daba miras metálicas y después del accidente yo solicité que nos cambiaran las miras metálicas por miras de maderas (sic) que las hay, pero el Departamento hasta ahora no las han comprado, pues yo estoy trabajando con una mira de madera q’es mía, perdón estube (sic) trabajando con una mira mía de madera por el lapso de unos seis meses después del accidente, en este momento me cambiaron de puesto estoy como inspector. Si en el momento del accidente Francisco Ocampo hubiera portadora (sic) mira de madera se hubiera evitado el accidente” (fl. 75 vto.).
En declaración obrante al folio 76 vto., el señor Antonio María Caro Moreno precisó que “(...) Francisco en el momento del accidente estaba con la mira metálica estábamos nivelando un terreno, a Francisco como obrero no le tocaba hacer dicha función, la longitud de la mira que utilizaba Francisco era de cinco metros, Francisco no tenía ningún implemento de seguridad en el momento del accidente, pues él no tenía elementos de seguridad porque a ninguno nos los proporcionaban, el Departamento al personal de topografía nunca le ha proporcionado elementos de seguridad, en el momento del accidente, lo que pasó fue que habían unas cuerdas muy bajas de energía, pues éstas cuerdas del piso estaban a una distancia del piso de tres metros treinta y cinco centímetros. Si en ese momento se hubiera tenido una mira de madera sí se hubiera evitado el accidente, pero en el momento en que sucedió el accidente era inevitable porque la que se estaba usando era metálica”.
Así las cosas, así el trabajador hubiese levantado la mira metálica, no fue esa la causa determinante del accidente, pues si el instrumento hubiera sido del material adecuado y el trabajador contara con los elementos de seguridad apropiados no se habría producido el fatal percance.
De otra parte, ninguna objeción hace la Corte al monto de los perjuicios fijados por el a quo. En relación con los materiales se determinaron de conformidad con el dictamen pericial practicado para ese efecto, el cual no fue objetado por las partes (fls. 242 a 249). Los morales los fijó el juez a discreción de conformidad con una facultad que le ha sido reconocida inveteradamente por la jurisprudencia, tomando en consideración la condición de compañera permanente de la demandante y la capacidad de comprensión de las menores nacidas de la unión con el occiso, en una cantidad que se estima razonable.
En lo que concierne a la indemnización moratoria, discrepa la Sala del fallo de primera instancia en cuanto impuso esta condena de modo improcedente, por cuanto si bien es cierto la indemnización de que aquí se trata puede ser incluida en las que en general contempla la norma, también lo es que la entidad demandada podía razonablemente asumir que no la debía como efectivamente lo consideró en la contestación de la demanda, donde afirmó que el accidente en el que perdió la vida Ocampo Morales no le era imputable (fl. 41).
En ese orden de ideas, no es factible deducir mala fe del departamento al no haber reconocido la indemnización por el accidente de trabajo, cuando precisamente el aspecto fundamental debatido en el proceso era si había ocurrido culpa de su parte en el hecho y en caso afirmativo, hasta dónde llegaba su responsabilidad y por ende, su obligación indemnizatoria. Habida consideración de que la indemnización solicitada en la demanda era la total y ordinaria del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, tanto la culpa patronal como los perjuicios debían ser acreditados por el perjudicado sobre quien pesa la carga probatoria, luego, mientras no hubiera sido vencido en juicio el empleador podía válidamente asumir que no tenía obligación de indemnizar lo que justifica su omisión en el pago. Por estos motivos, se revocará el fallo de primer grado en cuanto condenó al demandado a pagar proporcionalmente a las demandantes indemnización por mora.
Como en la demanda inicial se solicitó que en caso de no acogerse la pretensión de indemnización moratoria se procediera a la indexación de las sumas que resultaran de una eventual condena, advierte la Sala que tal pretensión no puede prosperar habida cuenta que el perito tal como se infiere de la experticia de folios 242 a 249, para obtener la indemnización consolidada tuvo en consideración una cantidad porcentual por intereses y para la futura, actualizó el salario mensual e igualmente incluyó intereses, de donde resulta que el monto de la indemnización reconocida a las accionantes no es meramente nominal sino que consulta la realidad económica del país.
Las costas de primera instancia como lo dispuso el a quo, son a cargo de la demandada. No se impondrán en segunda porque el recurso de apelación prospera parcialmente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del dieciocho (18) de agosto de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el juicio promovido por Gloria Naidu Díez Escobar, en su propio nombre y en el de sus hijas menores de edad Leidy Johanna y María Daniela Ocampo Díez contra el departamento de Antioquia, en cuanto absolvió a éste del pago a favor de las primeras de indemnización plena de perjuicios por la muerte del señor Francisco Luis Ocampo Morales en accidente de trabajo acaecido el 31 de agosto de 1996, atribuible a culpa del empleador.
En sede de instancia confirma la sentencia proferida el 28 de febrero de 2000 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, que condenó al departamento de Antioquia a pagar a las demandantes indemnización plena de perjuicios por las razones antes mencionadas. Así mismo, revoca la letra d del numeral primero del fallo de primera instancia en cuanto condenó a la demandada a pagar indemnización moratoria y, en su lugar, niega tal pretensión, al igual que la indexación reclamada en subsidio de aquélla.
Costas de primera instancia a cargo de la parte demandada. No se imponen por la segunda instancia ni por el recurso de casación.
Con el debido respeto me permito salvar el voto en relación con el fallo que, en sede de instancia, profirió la Corte en este asunto.
Y es que no obstante compartir la decisión de condenar a la demandada al pago de la indemnización de perjuicios pretendida, estimo, como lo propuse en la ponencia de decisión que presenté, que era pertinente reducir la cuantía de la misma en aplicación a lo dispuesto por el artículo 2357 del Código Civil, pues contrario a lo que sostiene la mayoría de la Sala tal norma tiene cabida cuando como consecuencia de un accidente de trabajo se acude al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo para reclamar la indemnización “total y ordinaria de perjuicios”.
Así lo afirmo porque precisamente la circunstancia que se expresa en el fallo del que me aparto, o sea, que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo se limita a disponer que en el evento que el accidente de trabajo se haya producido por culpa del empleador hay lugar a la indemnización “totaI y ordinaria de perjuicios”, sin entrar a regular la misma, es lo que permite e impone acudir a los preceptos que rigen esa materia en el Código Civil, estando entre ellos el artículo 2357; disposición que en ningún momento riñe con los principios del derecho laboral, sino que al aplicarlo se cumple el mandato del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo.
Así mismo, como con la aplicación del citado artículo 2357 del Código Civil no se desconocen los derechos mínimos que la legislación laboral otorga a los trabajadores por el accidente de trabajo, como son las consecuencias legales que por la responsabilidad objetiva establece ese estatuto, las que sí regula expresamente, es por lo que no es válido el argumento de la mayoría fundado en la protección constitucional y legal que para el trabajo humano y los derechos de los trabajadores consagran las disposiciones del trabajo.
De otra parte, en el caso que se trata no se puede pasar por alto que la conducta de la víctima también contribuyó para el accidente de trabajo, pues de no haber mediado su culpa, así el empleador no hubiese suministrado los elementos de seguridad necesario, el suceso no se habría producido; sin que ello implique que aquélla pueda ser calificada de grave porque también es cierto que de haberlos tenido, el siniestro seguramente, pese al descuido del trabajador, no se hubiese presentado.
Al encontrar, entonces, pertinente la aplicación del artículo 2357 del Código Civil al asunto que se analiza, es por lo que propuse el siguiente proyecto de decisión que fue rechazado y que traigo a colación, igualmente, en sustento del salvamento de voto.
De acuerdo con los cuatro primeros hechos de la demanda (fl. 1) y la contestación de la misma (fl. 40), no existe controversia en torno a que el causante Francisco Luis Ocampo Morales laboró para el Departamento de Antioquia, en su condición de trabajador oficial, desempeñándose como obrero de la Secretaría de Obras Públicas, división de diseño de vías, dirección operativa.
Los documentos de folios 13 y 14 del expediente, que sus autores reconocieron en las diligencias de folios 76 y 261, permiten tener por demostrado que el 31 de mayo de 1996, Ocampo Morales sufrió un accidente de trabajo que le produjo la muerte en esa misma calenda, según es posible además deducirlo del certificado notarial del folio 26.
Así las cosas, la controversia entre las partes tiene que ver con el accidente laboral, pero no atañe a su acaecimiento en la realidad material, sino que se centra en si el insuceso se produjo por culpa del empleador, como se afirma en la demanda (fl. 3), o si “no es imputable al Departamento de Antioquia”, como se aduce en la contestación de la misma (fl. 41).
El a quo solucionó dicho conflicto jurídico de intereses a través de la providencia que obra entre folios 269 y 291 del expediente, y al encontrar demostrado que el accidente laboral en el que murió, el 31 de mayo de 1996, Francisco Luis Ocampo Morales, ocurrió por culpa del empleador, condenó a éste: el Departamento de Antioquia, a pagar a la demandante y a sus dos (2) hijas menores de edad, sendas indemnizaciones plenas de perjuicios, más indemnización moratoria proporcional, a razón de $ 18.092,01 diarios, a partir del 1º de septiembre de 1996 (...)”, hasta cuando sea cancelada la indemnización que dio pie a su reconocimiento.
En función de ad quem, por las razones expuestas a propósito del cargo único examinado en casación, la Corte comparte el fallo del juez de primer grado en cuanto halló demostrado en el proceso que el accidente laboral que costó la vida a Francisco Luis Ocampo Morales en el accidente de trabajo hubo culpa del empleador, y por ello ninguna consideración adicional se requiere agregar para imputar responsabilidad al ente demandado por el suceso.
Empero, lo que pasó por alto el juzgador de primera instancia es que la prueba allegada para la decisión de la controversia igualmente permite inferir que en la ocurrencia del accidente del trabajo también intervino la culpa de la víctima, lo que trae como consecuencia que se aplique el artículo 2357 del Código Civil que dispone: “la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”.
Y se dice que en este asunto se da la circunstancia anterior porque basta con leer la prueba testimonial respecto de la forma como ocurrió el accidente para que se concluya que el trabajador fue descuidado al cumplir la labor que se le encomendó, ya que enseña la experiencia y la lógica que cuando se va levantar algún objeto lo elemental es mirar hacia arriba para determinar si hay algo que lo obstaculice, que fue lo que indudablemente omitió la victima al levantar un objeto de 5 metros de altura y no haber detectado que a 3 metros del suelo existían unas líneas de energía de alto voltaje.
Lo anterior permite afirmar que el descuido del trabajador fallecido aunado a la falta de elementos de seguridad apropiados, indiscutiblemente dieron lugar a que se produjera el accidente de trabajo, y es por ello que la Corte estima que el valor de los daños que a los demandantes ocasionó tal suceso, por la culpa de la víctima, deben ser reducidos en un cincuenta por ciento (50%), y así se dispondrá.
De otra parte, tampoco merece reparo a la Corporación, en función de Tribunal, la decisión de primera instancia de acceder a la indemnización plena de perjuicios en favor de la señora Gloria Naidú Diez Escobar, como compañera permanente del trabajador fallecido y de sus hijas menores de edad Maria Daniela y Leidy Johanna Ocampo Díez, pues los documentos de folios 70 y 265 a 267 del expediente, así como los testimonios de Joaquín Guillermo Pérez Arango y Héctor Ramiro Pérez Sepúlveda, permiten colegir que, efectivamente, la primera era la compañera permanente del occiso, mientras los certificados de registro civil de nacimiento de folios 28 y 29 ibídem dan cuenta que las menores antes mencionadas fueron procreadas en la unión de la señora Díez Escobar y el señor Ocampo Morales, lo cual las habilita para ejercer la acción indemnizatoria y obtener la reparación del daño sufrido, conforme es posible deducirlo, según lo ha reiterado la Sala, de la interpretación sistemática de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 49 y 89 del Decreto 1295 de 1994.
En lo que hace al valor del daño se tiene que en la demanda se reclama reconocimiento de perjuicios materiales y los morales, y para la tasación de los primeros se solicitó la práctica de prueba pericial (fl. 9), la cual fue decretada y evacuada, como se deduce del experticio que obra en el expediente entre folios 242 y 249, el cual no fue objetado por ninguna de las partes.
El a quo, para valuar el monto de los perjuicios materiales, que en la modalidad de lucro cesante, reclaman las demandantes, se atuvo al contenido de la aludida prueba (fl. 266), mientras los perjuicios morales los fijó a discreción (fl. 267).
Sobre la cuantía que en la primera instancia se fijó estos últimos, ningún reparo formula la Sala pues, como inveteradamente se conoce, la determinación del daño moral, por la naturaleza de éste, es privativa de la subjetividad del juez, que en cada caso concreto lo determinará, atendiendo los elementos de juicio de que disponga, como sucedió en el sub examine, en el que tuvo presente la condición de compañera permanente de la demandante Díez Escobar y la capacidad de comprensión que de la muerte de su progenitor tuvieron las menores Leidy Johanna y María Daniela Ocampo Díez.
En lo que atañe con los perjuicios materiales a los que bajo el rubro de lucro cesante condenó el a quo, el examen del peritazgo que fue fundamento de la condena, y que, se repite no fue objetado por las partes, permite colegir que el valor fijado también debe ser mantenido por la Corporación en sede de instancia, pues su determinación obedece a criterios técnicos que para el efecto han sido aceptados por la doctrina y la jurisprudencia, aparte de que está respaldado en los otros medios de prueba existentes en el expediente, y porque además en el experticio se tuvieron, acertadamente, en cuenta las siguientes circunstancias: La determinación de la vida probable del occiso en función de su fecha de nacimiento (fl. 25), de la calenda de su muerte (fl. 26) y de la tabla de supervivencia fijada por la Superintendencia Bancaria. La vida probable de la compañera permanente del causante, que se funda en la edad de ésta a la fecha del accidente mortal de su compañero, data que tiene respaldo en la prueba de folio 27. La limitación de la etapa de la vida probable de las menores Leidy Johanna y María Daniela, en la que recibirían auspicio económico de su padre fallecido, hasta los 18 años de edad, lo que responde al criterio, admitido por la jurisprudencia y la doctrina, de que con la mayoría de edad, legalmente fijada en ese tope, también vienen la independencia y la autonomía económicas; por lo demás el establecimiento de la edad de las menores citadas, a la fecha de la muerte de su progenitor, con el objeto de mensurar el lucro cesante que les corresponde, tiene respaldo en los documentos de folios 28 y 29 del expediente; advirtiendo también que la Corte no desconoce que la edad de protección a los hijos, en casos como el que se estudia, inclusive puede ampliarse hasta los 25 años, por razones de extensión del período de formación académica y profesional de los mismos, pero en el caso no obra prueba indicativa de que hasta ese límite haya podido extenderse el auspició económico del occiso a las menores reclamantes.
En lo que hace a la base tomada por el perito para valuar la indemnización consolidada y futura a que tienen derecho las accionantes: $ 573.589, corresponde al salario informado por éstas en la demanda (fl. 6) y aceptado por el ente demandado al contestarla (fl. 41), es decir, $ 542.760.
Por ende, dicha cantidad, acogida por el auxiliar de la justicia, tiene respaldo en tales piezas del proceso, además de que debe enfatizarse que la parte demandada no objetó en tal aspecto la pericia, razón por la cual válidamente se puede concluir que lo aceptó, por lo que no es admisible debate posterior sobre el mismo.
Ahora bien, la primera cantidad mencionada en este acápite es fruto de la aplicación al salario demostrado de dos factores: uno, sumatorio, que corresponde al factor prestacional del occiso, y otro que se resta de la cantidad así obtenida, que atañe a la parte de su ingreso que destinaba para sí. El primero lo mensuró el perito en el 32.10%, razonable para la Sala en vista de que el actor, según lo enseñan las probanzas de folios 78 y 83 a 238, era beneficiario de un régimen prestacional superior al legal, proveniente del régimen de contratación colectiva; mientras el segundo lo fijó el auxiliar de la justicia en un 20%, también razonable a juicio de la Corte, pues no es difícil comprender que el trabajador malogrado destinaba la mayor parte de sus ingresos a la manutención del núcleo familiar que había constituido, y sólo una parte de ellos la aplicaba a la satisfacción de sus necesidades personales.
De otra parte, con el argumento de que no existe prueba de que la demandada hubiese actuado de buena fe al omitir pagar a las demandantes la indemnización plena de perjuicios que solicitaron, y que ni siquiera tal elemento subjetivo fue alegado en la contestación de la demanda, el a quo impuso a la entidad territorial reclamada la condena del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 (fl. 288).
Como ad quem, no comparte la Corte la precitada decisión, pues no obstante que la indemnización plena de perjuicios reclamada desde la demanda ordinaria, puede incluirse dentro de las que en general contempla la norma antes citada, no es posible desconocer, como lo hizo el a quo, que el empleador razonablemente podía asumir no deberla, tanto así que controvirtió su fuente como derecho, afirmando en la contestación de la demanda que el accidente de trabajo en el que murió, el 31 de mayo de 1996, el trabajador Francisco Luis Ocampo Morales, no le es imputable (fl. 41).
Para la Sala tal aseveración es suficiente para explicar la conducta de omisión de pago del departamento demandado y liberarlo de la carga que constituye la indemnización por mora que se le impuso, más aún cuando en asuntos como el que se ha discutido en el proceso, el resarcimiento que pretenden las accionantes por el accidente laboral que padeció su compañero permanente y padre respectivo, no corresponde al por el riesgo creado, sino al pleno, emanado de la culpa patronal en el infortunio de trabajo, que debe ser probada por quien así la alega, marco conceptual en el que es atendible que mientras al empleador no se le demuestre esa culpa asuma que no la tiene y que por tanto una indemnización como la que en el caso se impetra tampoco la debe. En consecuencia, se revocará el fallo de primer grado en cuanto condenó al demandado a pagar proporcionalmente a las demandantes indemnización por mora.
También se solicitó en la demanda que en el evento que no se acogiera la pretensión de indemnización moratoria, se indexara las sumas a la que se condenara a la demandada; pretensión que no se acogerá porque del examen del experticio de folios 242 a 249 del expediente, se deduce que el auxiliar de la justicia, tanto para obtener la indemnización consolidada, como para lograr la futura, a favor de las petentes (sic), tuvo en cuenta, para la primera una suma porcentual de intereses (fl. 246), mientras para la segunda actualizó el salario mensual y también consideró una cantidad por intereses (fl. 247), todo lo cual denota que las sumas indemnizatorias reconocidas a las accionantes se atienen a la realidad económica del país y no pueden tenerse como simplemente nominales.
Me aparto, con todo respeto, de la decisión mayoritaria que dispuso la casación del fallo de segundo grado, por cuanto considero muy discutible que hubiera existido culpa de la empleadora en el acaecimiento del accidente de trabajo que motiva este litigio, lo cual se traduce, en términos del recurso extraordinario, que no puede configurarse un error evidente de hecho en la conclusión que llevó al tribunal a exonerar de responsabilidad a la entidad demandada.
Dentro del análisis de los hechos que incidieron en el aspecto debatido, en mi opinión pesa notablemente la circunstancia de que las cuerdas de alta tensión se encontraran a una altura menor a la normal, situación que no es atribuible a la demandada pues depende de un tercero y respecto de la cual, según lo que contiene el expediente, no había medio o mecanismo que permitiera preverla o controlarla. Se trata de un elemento determinante del accidente cuya previsión o control, no estaba bajo la responsabilidad de la accionada.
Admitiendo que la labor que en ese día desempeñaba el fallecido no fuera la ordinaria de acuerdo con su cargo, la realidad muestra que dentro de sus funciones estaba la de participar en las actividades colaterales a la que ejecutó ese día, por lo que no le resultaban ajenas y le permitían asumir la natural prudencia en el manejo de la vara o mira metálica que, por haber chocado con las cuerdas de alta tensión, le trasmitió la descarga que produjo su muerte.
Ahora, lo deducido de los testimonios, sobre las medidas de seguridad que hubieran impedido el insuceso, concretamente la utilización de una vara de madera o unos guantes especiales, podría tener incidencia si fuera lo usual que esa vara o mira ordinariamente quedara a la altura de las cuerdas de alta tensión, pero como tal circunstancia no corresponde a lo normal, o por lo menos eso no aparece en el expediente, la deducción que se impone es que la empleadora no tenía por qué adoptar medidas para controlar unas circunstancias que no eran previsibles y que, por lo demás y como ya se vio, dependían de un tercero, como es el caso de la altura a la cual debían estar las cuerdas o cables de alta tensión y a la que se encontraban irregularmente el día del accidente. Por eso es apenas natural que la demandada aceptara que no tomó medidas de precaución para evitar la situación presentada, pues no correspondía a una de las circunstancias susceptibles de ser previstas como elemento de riesgo en la actividad ordinaria que ejecutaba el fallecido.
Por otra parte, en lo que toca con el fallo de instancia, debo decir que concuerdo con la posición de la mayoría en cuanto a que, para el evento específico de la indemnización plena de perjuicios originada en el accidente de trabajo por culpa patronal, no se encuentra consagrada en la ley la figura de la culpa compartida como elemento que admite la posibilidad de la reducción del valor del resarcimiento que pueda corresponder. Además del elemento puramente normativo, pues la disposición (CST, art. 216) no contempla tal posibilidad, debe tenerse en cuenta que la norma en cuestión impone la indemnización plena al empleador responsable del accidente, cualquiera sea el grado de culpa que le sea atribuible, y sólo contemplaba la legislación anterior como factor eximente de tal responsabilidad, la presencia del elemento culpa grave del trabajador, pues ante el mismo el accidente dejaba de ser considerado como de trabajo. Ello supone que había una reglamentación completa sobre el tema y al no existir vacío no opera el mecanismo de remisión a otra normatividad.
Lo dicho es suficiente para explicar la posición del suscrito frente al tema debatido en este proceso.
Disiento respetuosamente de la ponencia de mayoría tanto en su motivación como en su resolución, por lo siguiente:
1. A mi juicio, no hubo error evidente de hecho por parte del tribunal cuando concluyó que no hubo culpa patronal en el accidente laboral de que se trata, en tanto encuentro, en primer lugar, que todo apunta a que él se debió a que las cuerdas de alta tensión no estaban a una altura normal, lo cual desde luego no puede atribuírsele a la demandada, como tampoco se le puede exigir o imponerle que tuviera previsión o control en tal sentido, respecto de algo que no está bajo su cuidado o responsabilidad, sino obviamente, de un tercero. Así, pues, con relación a esto, no creo que la demandada tuviera obligación de tomar “las medidas necesarias para evitarlo”, cuya omisión, para la mayoría la hace culpable del accidente, contrario a lo que consideró el ad quem.
Es más, el ponente inicial único, estimó que en la ocurrencia del accidente el trabajador fue “descuidado al cumplir la labor que se le encomendó, ya que enseña la experiencia y la lógica que cuando se va levantar algún objeto lo elemental es mirar hacia arriba para determinar si hay algo que lo obstaculice, que fue lo que indudablemente omitió la víctima al levantar un objeto de 5 metros de altura y no haber detectado que a 3 metros del suelo existían unas líneas de energía de alto voltaje”, lo cual desde luego descarta toda culpa patronal, o por lo menos, ese punto de vista para exonerar de ésta, resulta discutible, circunstancia que no puede aparejar un error evidente, como ya tuve oportunidad de decirlo.
Pienso igualmente, que una vara de madera o unos guantes especiales, como medida de precaución, no hubieran evitado el accidente, por lo menos de ello no hay prueba técnica que así lo indique y no creo que los jueces estén en capacidad de deducirlo como verdad absoluta, tal cual se hace en la sentencia de la cual me aparto.
2. De otro lado, en cuanto a la decisión de instancia, debo manifestar que no encuentro obstáculo alguno para la aplicación del artículo 2357 del Código Civil en casos donde la ocurrencia del accidente se deba también a culpa de la víctima. El artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, regula específicamente la indemnización total y ordinaria por perjuicios por culpa patronal, pero no el fenómeno de la reducción por culpa compartida, que es asunto diferente, y frente a ese vacío, debe echarse mano de la norma civil, tal como lo autoriza el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo. Ello es así no sólo en derecho sino por elemental justicia.
Comparto las razones expresadas por los doctores Isaac Nader y Valdés Sánchez, pues estimo que condensan el porqué no debió prosperar el recurso en este caso, e igualmente coincido con los doctores Isaac y Vásquez Botero a propósito de la decisión de instancia.

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 63
 artículo 26
 artículo 56
 artículo 21
 artículo 58
 artículo 62
 artículo 2357
 artículo 216
 artículo 2357
 artículo 216
 artículo 2357
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 2357
 artículo 1
 artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 2357
 artículo 1
 artículo 2357
 artículo 216
 artículo 145