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Timestamp: 2020-02-17 23:08:06+00:00

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Ordenan a Lan devolver pasajes de usuarios a los que impidió abordar alegando que habían llegado tarde [Casación 8941-2015, Lima] – LP
Inicio Jurisprudencia Casación Ordenan a Lan devolver pasajes de usuarios a los que impidió abordar alegando que habían llegado tarde [Casación 8941-2015, Lima]
Fundamento destacado.- Décimo séptimo: Al respecto, la empresa recurrente argumenta que la denunciante y sus hijas llegaron a la sala de embarque pocos minutos antes del despegue de la aeronave, motivo por el cual no pudo abordar el avión, adjuntando para ello el reporte electrónico que obra a fojas veintiuno que indica: «MSG-/PAX LLEGO TARDE AL GATE”, documento que a criterio de esta Sala Suprema no constituye un medio probatorio idóneo que permita desvirtuar la denuncia de falta de idoneidad, más aún si el aludido documento fue emitido por la propia empresa recurrente, lo que no genera convicción en su objetividad o imparcialidad; asimismo no contiene indicios o datos que permitan certificar que este corresponda o guarde relación con el servicio prestado a la señora Reátegui, así como tampoco indica la fecha y hora en que se apersonó a la zona de abordaje.
SEGUNDO: Señala Danós Ordóñez[2]: «que esta consagración constitucional del proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: i) garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; ii) refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial; iii) consagra el derecho de los administrados a cuestionar las decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; iv) establece una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos administrativos exclusivamente a través del proceso contencioso administrativo; v) no existen normas que excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional». Según Huapaya Tapia[3]: «Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de la administración pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso contencioso administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la administración pública y del sometimiento de los fines que la justifican».
OCTAVO: La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en mérito del recurso de apelación interpuesto por el Indecopi, emite la sentencia de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, de fojas sesenta y nueve del cuaderno formado en dicha Sala Suprema resolviendo revocar la sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola la declaró infundada, bajo el sustento de que si bien la empresa Lan Perú ha presentado el reporte electrónico que señala: «MSG-/PAX llegó tarde al gate”; este documento no es un medio probatorio idóneo tendente a desvirtuar de manera fehaciente la imputación atribuida por la usuaria en lo referente a la falta de idoneidad del servicio, puesto que no señala la hora en que llegó realmente la usuaria a la puerta de embarque, máxime si se tiene en cuenta que la carga de la prueba lo tiene el proveedor. Agrega, que la propia empresa demandante ha reconocido que el esposo de la señora Sonia Reátegui Rengifo adquirió los boletos para el vuelo Lima-Iquitos a las 5:45 horas, siendo chequeada ésta con sus menores hijas a las 4:39 horas, evidenciándose que la consumidora se registró como pasajero del vuelo con la debida anticipación, con lo que se acreditaría la conducta diligente que la denunciante tuvo durante el proceso de embarque, al haberse registrado prudencialmente, situación que no ocurre con la empresa demandante quien no ha probado de manera fehaciente el haber prestado un servicio idóneo, trasgrediendo el artículo 8 de la Ley de Protección al Consumidor – Decreto Legislativo N° 716.
DÉCIMO: El deber de idoneidad corresponde a la etapa de ejecución en la relación de consumo, ya sea en la comercialización de productos o de la prestación de servicios. El artículo 8 del Decreto Legislativo N° 716 -Ley de Protección al Consumidor- indica: «Los proveedores son responsables, además, por la idoneidad y calidad de los productos y servicios; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben los productos; por la veracidad de la propaganda comercial de los productos; y por el contenido y la vida útil del producto indicados en el envase, en lo que corresponde».
DÉCIMO CUARTO: Ahora, el artículo 162 de la Ley de Procedimiento General – Ley N° 27444, en su segundo párrafo establece que corresponde a los administrados aportar pruebas con la finalidad de que estos puedan ser actuados y merituados a efecto de que se reconozca un hecho invocado que permita declarar fundada la resolución; es decir, frente a la denuncia de un consumidor insatisfecho, éste tiene la obligación de aportar pruebas necesarias que acrediten los hechos denunciados a efectos de crear certeza sobre la infracción alegada (inciso a) del numeral 5.5.5 de la Resolución N° 001-2006-LIN-CPCI/INDECOPI). Sin embargo, de no ser responsable el proveedor; éste deberá acreditar que empleó la diligencia debida para cada caso concreto o probando la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, esto se colige de lo prescrito en el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que indica: «Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de probar corresponde a ésta.» A esta forma de entender la responsabilidad, la denominaremos responsabilidad objetiva con inversión de la carga de la prueba, pues si el proveedor pretende ser eximido de responsabilidad, deberá aportar elementos de juicio que rompan el nexo causal o que acredite que actuó con la diligencia requerida, pudiendo presentar diversos documentos que desarrollan las Regulaciones Aeronáuticas del Perú para tal finalidad.
DÉCIMO SÉPTIMO: Al respecto, la empresa recurrente argumenta que la denunciante y sus hijas llegaron a la sala de embarque pocos minutos antes del despegue de la aeronave, motivo por el cual no pudo abordar el avión, adjuntando para ello el reporte electrónico que obra a fojas veintiuno que indica: «MSG-/PAX LLEGO TARDE AL GATE”, documento que a criterio de esta Sala Suprema no constituye un medio probatorio idóneo que permita desvirtuar la denuncia de falta de idoneidad, más aún si el aludido documento fue emitido por la propia empresa recurrente, lo que no genera convicción en su objetividad o imparcialidad; asimismo no contiene indicios o datos que permitan certificar que este corresponda o guarde relación con el servicio prestado a la señora Reátegui, así como tampoco indica la fecha y hora en que se apersonó a la zona de abordaje.
Por tales fundamentos, y en atención a lo dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lan Perú Sociedad Anónima, de fecha cinco de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento siete del cuaderno de apelación formado en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas sesenta y nueve del referido cuaderno; en los seguidos por Lan Perú Sociedad Anónima contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-Indecopi y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano” conforme a ley; y los devolvieron. Juez Supremo Ponente Vinatea Medina.
[1] DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La Constitución comentada, «Proceso contencioso administrativo”, Gaceta Jurídica, tomo II, primera edición, diciembre 2005, p. 702.
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References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 162
 Resolución 
 artículo 33
 artículo 397
 resolución