Source: http://pedrodemiguelasensio.blogspot.com/2016/11/consecuencias-practicas-de-la.html
Timestamp: 2017-10-20 14:12:48+00:00

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Pedro de Miguel Asensio: Consecuencias prácticas de la incorrecta delimitación entre regímenes de reconocimiento
En el caso concreto, la aplicación de un régimen incorrecto por parte del Juzgado de Primera Instancia que resolvió sobre la petición de exequátur no fue consecuencia de que la delimitación entre regímenes resultara particularmente compleja. Se trataba de una sentencia suiza de 2006 en materia sucesoria, respecto de la que el Juzgado consideró aplicable el régimen del Convenio de Lugano (de 1998), al entender que por ser posterior había derogado al Tratado bilateral entre España y Suiza de 1896. En consecuencia, aplicó el régimen de reconocimiento y ejecución del Convenio de Lugano, sin, según parece, tener en cuenta que conforme a su artículo 1 “las sucesiones” se hallan excluidas del ámbito del Convenio de Lugano y que conforme al artículo 56 de este Convenio (art. 66 de su versión de 2007), el Tratado bilateral entre España y Suiza continua surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplique el Convenio de Lugano. En definitiva, la normativa aplicada por el Juzgado de Primera Instancia tanto en lo relativo a los requisitos como al procedimiento de reconocimiento y ejecución fue la del Convenio de Lugano.
El Tribunal Supremo, pese a constatar que asiste la razón al recurrente en lo relativo a la incorrecta aplicación del Convenio de Lugano, desestima el recurso de casación, al entender que el motivo de oposición fundado en la pretendida falta de notificación de la sentencia no debe ser apreciado en el caso concreto y que la solución no habría variado de haberse aplicado el Tratado bilateral entre España y Suiza. Además, la Audiencia Provincial que había conocido en apelación puso de relieve que la aplicación de un régimen incorrecto de reconocimiento y ejecución no había tenido repercusión práctica, destacando que el ejecutado gozó de las mismas oportunidades de alegación que hubiera tenido conforme al régimen aplicable, de modo “que el procedimiento seguido en relación con el exequátur no comportó ninguna efectiva vulneración del derecho de defensa” (apdo. 3 del Fdto. Dcho. Primero).
Desde el punto de vista de la parte recurrente frente al otorgamiento del exequátur (y en casación), el interés en la aplicación del obsoleto Tratado bilateral de 1896 parece vincularse con su opinión de que, a diferencia del Convenio de Lugano, el Tratado bilateral debía llevar a rechazar el reconocimiento y ejecución de una sentencia que, según su criterio, no había sido notificada al demandado que se encontraba en rebeldía. En este sentido, en el artículo 2.2 del Tratado bilateral contempla la exigencia de que a la demanda de ejecución se acompañe de “un documento justificando que la parte contraria ha sido debidamente citada y que se le ha notificado la sentencia o fallo”, exigencia esta última que no aparece en el Convenio de Lugano. El Tribunal Supremo destaca la importancia de las peculiares circunstancias del caso, en el que el demandado, tras haber sido notificado de la demanda y haber designado representante en el proceso, dejó de comunicarse con éste, que seguidamente renunció a la representación. El demandado se desentendió del proceso y se negó a nombrar un nuevo representante a efectos de notificaciones, de modo que al dictarse la sentencia se adjuntó a los autos teniendo lugar una notificación ficticia que el ordenamiento suizo admite cuando previamente se ha producido un requerimiento al demandado para que designe un representante a efectos de notificaciones que el demandado ha desatendido. En consecuencia, desde la perspectiva del ordenamiento suizo había tenido lugar la notificación de la sentencia al demandado, como se recogía en la documentación aportada que resultaba suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 2.2 del Tratado bilateral.
Por ello, el Tribunal Supremo centra su análisis en si la ausencia de notificación efectiva de la sentencia al demandado en España –al margen de la notificación ficticia del ordenamiento suizo- debe ser en el caso concreto motivo de denegación de su reconocimiento. Sobre este particular el Tribunal Supremo considera que el estándar debe ser el mismo al aplicar el artículo 6.2 del Tratado bilateral (que exige “…que las partes hayan sido debidamente citadas o legalmente representadas”) y el artículo 27.2 del Convenio de Lugano de 1988 (coincidente con el art. 34.2 de la versión de 2007 y cuya redacción sobre este punto, por cierto, coincide sustancialmente con la del art. 46.1.b de la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional). Al aplicar ese estándar el Tribunal Supremo entiende que la exigencia de notificación de la sentencia extranjera al demandado es presupuesto de su reconocimiento y ejecución en España –incluso como elemento integrante de la vertiente procesal del orden público- en “aquellas situaciones de rebeldía no consentidas por el propio demandado pero, en caso alguno… puede resultar justificativa de aquellas situaciones de rebeldía no sólo consentidas por el propio demandado, sino además articuladas desde su mala fe procesal en el curso del procedimiento.” Para alcanzar este resultado destaca el Tribunal que la interdicción de la mala fe procesal es un componente relevante al aplicar el concepto de orden público del foro.
Esa referencia en la sentencia al orden público permite, para concluir, llamar la atención sobre el carácter claramente obsoleto del Tratado bilateral, en el que propiamente no figura el orden público como motivo de denegación del reconocimiento o, quizá más exactamente, lo hace con una formulación muy alejada de los estándares actuales, pues habría que encontrarlo en su artículo 6.3, que contempla la denegación de la ejecución: “(s)i las reglas de Derecho público del país a donde se pide la ejecución se oponen a que la decisión de la jurisdicción extranjera reciba en él su cumplimiento”. Paradójicamente, la deficiente formulación del Tratado lleva a que esta disposición deba ser también el cauce para llevar a cabo otros controles no previstos en él pero en todo caso exigibles, como el control del respeto a las competencias exclusivas de los tribunales del Estado requerido (por ejemplo, en relación con la validez de las inscripciones practicadas en un registros público español, por pensar en una materia en la que el Tratado puede no haber sido desplazado por el Convenio de Lugano).

References: artículo 1
 artículo 56
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 27
 artículo 6