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Timestamp: 2018-07-17 03:37:01+00:00

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Civil-Notarías-2015-056-Responsabilidad patrimonial universal
por ellv el Jue 2 Mar 2017 - 20:56
TEMA CINCUENTA Y SEIS
Programa: La responsabilidad patrimonial universal y sus modificaciones legales y convencionales. La acción subrogatoria. La concurrencia y prelación de créditos en el Código civil. Otros créditos privilegiados.
LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL UNIVERSAL Y SUS MODIFICACIONES LEGALES Y CONVENCIONALES.
I.- La responsabilidad patrimonial universal.
La responsabilidad patrimonial universal constituye un vínculo de garantía general que corresponde al acreedor sobre todos los bienes del deudor y que tiene por finalidad conseguir, mediante la ejecución, la obtención de lo debido, o su equivalente económico.
Con carácter general está recogida en el a. 1911 del CC conforme al cuál: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.”
Este principio no es más que el final de una larga evolución, que a través de una progresiva y constante suavización de la condición del deudor, sustituye la ejecución sobre la persona del deudor por la ejecución sobre sus bienes. Y tiene en el derecho moderno las siguientes características:
-.- La garantía se extiende a todos los bienes presentes y futuros del deudor.
-.- No se extiende la garantía a aquellos bienes que estuvieron en el patrimonio del deudor, pero que en el momento de la reclamación del acreedor han pasado patrimonio de otra persona.
-.- Tampoco se extiende a los llamados derechos personalísimos.
-.- Esta responsabilidad no recae sobre bienes concretos o determinados, sino sobre la universalidad del patrimonio.
-.- Y esta responsabilidad no constituye una verdadera prenda o derecho real de garantía.
II.- Limitaciones legales.
Conforme al a. 1105 CC: “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.”
Y según la ley de emprendedores de 2013, la vivienda habitual no estará sujeta a la acción de los acreedores por deudas del empresario de responsabilidad limitada; pero sólo hasta el valor de trescientos mil o cuatrocientos cincuenta mil euros, según radique en población de menos o más de un millón de habitantes, y no afectará a las deudas tributarias.
2º-) Bienes sustraídos a todos los acreedores. Procedente del derecho romano surge el beneficio de competencia, que excluía a ciertos bienes de la ejecución, y que consiste en la imposibilidad de privar al deudor de ciertos bienes necesarios, tales como el lecho cotidiano, ropas, mobiliarios y prestaciones de la seguridad social.
Incluso podríamos incluir en esta categoría todas las medidas adoptadas en los últimos años por el gobierno, para proteger a aquellos deudores más necesitados, como la imposibilidad de que sus viviendas sean ejecutadas hasta determinada fecha.
3º-) Bienes sustraídos a ciertos acreedores. Son diversos los casos recogidos en las leyes, en que se restringe la ejecución
-.- En general cuando el sujeto es titular de patrimonios separados, como ocurre por ejemplo, en el caso de la herencia aceptada a beneficio de inventario.
-.- Algunos casos en derecho marítimo, que la responsabilidad se limita exclusivamente al buque y los fletes.
-.- Y también los supuestos de la sociedad de socio único de sociedades de capital.
III. Limitaciones convencionales.
Según el a. 1255: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.” Por ello estas limitaciones pueden ser muy numerosas y podemos distinguir:
1º-) Sobre cuándo se responde. Según el CC se debe responder sólo en caso de dolo o culpa; pero cabe el pacto por el que se admitan limitaciones por los particulares, fijando el grado de culpa. Por el contrario, según el a. 1102 la renuncia a la responsabilidad por dolo es nula; pero se trata de la renuncia previa, no de la posterior a su existencia.
2º-) Sobre de qué se responde. En principio el deudor debe responder siempre del importe de la obligación debida más los daños y perjuicios que se hayan producido al acreedor. Pero la doctrina admite las cláusulas en que se establezca un importe máximo de responsabilidad, siempre que no implique un fraude.
3º-) Con qué bienes se responde. Se responde con todos los bienes presentes y futuros, pero podemos distinguir:
a-) Cláusulas de exoneración de la responsabilidad. La doctrina considera que las cláusulas de exoneración de la responsabilidad son nulas, porque ésta es un elemento esencial de la obligación; y además porque conforme al a. 1256: “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”
Además la ley de consumidores y usuarios incluye entre las cláusulas abusivas, y como tales nulas de pleno derecho, las de exclusión o exoneración de la responsabilidad del empresario al cumplimiento del contrato; y lo mismo hace la ley de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles.
b-) Cláusulas de limitación de la responsabilidad. La doctrina admite la posibilidad de si es válido el pacto por el que convencionalmente se excluyan determinados bienes de la responsabilidad universal. Y también está reconocido en algunos preceptos, tales como:
-.- El a. 140 LH que faculta que al constituirse la hipoteca se estipule que la obligación garantizada sólo se haga efectiva sobre el bien hipotecado y no sobre el resto del patrimonio del deudor.
-.- El a. 1807 del CC conforme al cual: “el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta dicha renta a embargo por obligaciones del pensionista.”
c-) Cláusulas de agravación de la responsabilidad. En principio no es posible agravar la responsabilidad del deudor con relación a sus bienes, pues responden todos ellos, tanto presentes como futuros. Pero es posible ampliar los casos en que se puede exigir la responsabilidad o aumentar la cuantía de la indemnización.
Y con relación a los bienes, también resulta posible:
-.- Que además responsa de la obligación no sólo el deudor, sino también otra persona, como el caso de la solidaridad si son varios deudores, o el afianzamiento por un tercero.
-.- O incluso reforzar la responsabilidad personal mediante un derecho real de prenda o hipoteca sobre un bien concreto.
Según el a. 1111 CC: “Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en fraude de su derecho.”
La primera parte del precepto contempla la que se conoce como acción subrogatoria, que es aquel recurso que la ley concede al acreedor que no ha podido satisfacerse con el patrimonio del deudor, para ejercitar los derechos y acciones que corresponden al deudor, pero que éste no ha ejercitado. La segunda parte contempla la acción revocatoria o pauliana, que se examina en el tema 63 del programa.
Han sido diversas las posiciones doctrinales, considerándose que:
-.- Es una especie de representación del deudor por el acreedor, pero con la particularidad de que el representante actúa en su propio interés.
-.- Es una simple sustitución de la acción para exigir el pago.
-.- O simplemente, una sustitución procesal, en la que se hace valer un derecho por quien no es su titular.
III.- Requisitos de su ejercicio.
Para su ejercicio se precisa:
-.- Que quien intente utilizarla ostente un derecho de crédito contra el deudor.
-.- Que el acreedor tenga interés en ejercitar ese derecho como único medio para realizar su propio crédito; es, pues, un recurso subsidiario.
-.- Y que los derechos que ejercite el acreedor en nombre del deudor no sean personalísimos de éste.
IV.- Efectos.
1º-) Posición del deudor subrogado.
El deudor no pierde la disponibilidad de su crédito, ni la posibilidad de llegar a una transacción con el deudor. Pero en estos casos, el acreedor podrá ejercitar la acción revocatoria si esto se realiza en fraude de su derecho.
2º-) Posición del deudor del deudor.
Por supuesto, el hecho de que le demande no su acreedor, sino el acreedor de su acreedor, no le hace perder las excepciones que podría oponer a su auténtico acreedor.
3º-) Posición del acreedor accionante.
El acreedor puede ejercitar las acciones de su deudor en su totalidad, aunque obtenga más de lo que se le debe; pero, por supuesto, debe devolver al deudor en quien se subroga, todo el exceso obtenido.
Una excepción la encontramos en el a. 1001 conforme al cual: “Si el heredero repudia kla herencia en perjuicio de sus propios acreedores, podrán éstos pedir al Juez que los autorice para aceptarla en nombre de aquél.
La aceptación sólo aprovechará a los acreedores en cutanto baste a cobrar el importe de sus créditos. El exceso, si lo hubiere, no pertenecerá en ningún caso al renunciante, sino que se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las reglas establecidas en este Código.”
LA CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS EN EL CÓDIGO CIVIL.
Si el patrimonio del deudor es suficiente para satisfacer todas sus deudas, los créditos que existan contra él, en principio tienen la misma consideración y deben exigirse desde el momento en que venzan hasta que se extingan.
Ahora bien, si el patrimonio del deudor es insuficiente, se plantea el problema de si algunos créditos deben considerarse preferentes a otros. Y este problema, nuestro ordenamiento jurídico, lo contempla desde diferentes puntos de vista:
-.- Existen algunos créditos que gozan de una preferencia especial, cuyo examen lo realizaremos en la última pregunta del tema.
-.- En el caso de que se produzca una ejecución general contra el patrimonio del deudor, antes existían dos procedimientos, la quiebra y el concurso, según el deudor fuera o no comerciante. Pero en la actualidad ambos procedimientos se han unificado en la ley concursal, que establece algunas clasificaciones y preferencias, cuyo examen corresponde a los temas pertinentes de mercantil.
-.- Y en el supuesto de que se trate de alguna ejecución individual, es el propio CC, el que conserva todavía algunas reglas, que son las que pasaremos a examinar.
Pero antes hay que advertir que existe un proyecto de ley de Concurrencia y Prelación de créditos, para recoger todos los supuestos en un texto único; por lo que ahora duremos está subordinado a lo que resulte del citado proyecto.
II.- Concurrencia de créditos.
Existe concurrencia de créditos cuando existen diferentes acreedores que pueden dirigirse contra un mismo deudor. En este caso el CC establece en su a. 1921 que: “Los créditos se clasificarán, para su graduación y pago, por el orden y en los términos que en este capítulo se establezcan.
En caso de concurso, la clasificación y graduación de los créditos se regirá por lo establecido en la Ley Concursal.”
Y para ello el CC establece tres grandes grupos de créditos:
-.- Uno con relación a algunos muebles determinados.
-.- Otros con relación a algunos inmuebles.
-.- Y, finalmente, los últimos, con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor.
2º-) Con relación a determinados muebles del deudor.
Según el a. 1.922 CC: “Con relación a determinados bienes muebles del deudor, gozan de preferencia:
-.- 1º.- Los créditos por construcción, reparación, conservación o precio de venta de bienes muebles que estén en poder del deudor, hasta donde alcance el valor de los mismos.
-.- 2º.- Los garantizados con prenda que se halle en poder del acreedor, sobre la cosa empeñada y hasta donde alcance su valor.
-.- 3º.- Los garantizados con fianza de efectos o valores, constituida en establecimiento público o mercantil, sobre la fianza y por el valor de los efectos de la misma.
-.- 4º.- Los créditos por transporte, sobre los efectos transportados, por el precio del mismo, gastos y derechos de conducción y conservación, hasta la entrega y durante treinta días después de ésta.
-.- 5º.- Los de hospedaje, sobre los muebles del deudor existentes en la posada.
-.- 6º.- Los créditos por semillas y gastos de cultivo y recolección anticipados al deudor, sobre los frutos de la cosecha para que sirvieron.
-.- 7º.- Los créditos por alquileres y rentas de un año, sobre los bienes muebles del arrendatario existentes en la finca arrendada y sobre los frutos de la misma.
Si los bienes muebles sobre que recae la preferencia hubieren sido sustraídos, el acreedor podrá reclamarlos de quien los tuviese, dentro del término de treinta días contados desde que ocurrió la sustracción.”
3º-) Con relación a determinados bienes inmuebles del deudor.
Establece el a. 1923 que: “Con relación a determinados bienes inmuebles y derechos reales del deudor, gozan de preferencia:
-.- 1º.- Los créditos a favor del Estado, sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de la última anualidad vencida y no pagada, de los impuestos que graviten sobre ellos.
-.- 2º.- Los créditos de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años; y, si fuere el seguro mutuo, por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.
-.- 3º.- Los créditos hipotecarios y los refaccionarios, anotados e inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre los bienes hipotecados o que hubiesen sido objeto de la refacción.
-.- 4º.- Los créditos preventivamente anotados en el Registro de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencias, sobre los bienes anotados, y sólo en cuanto a créditos posteriores.
-.- 5º.- Los refaccionarios no anotados ni inscritos, sobre los inmuebles a que la refacción se refiera, y sólo respecto a otros créditos distintos de los expresados en los cuatro números anteriores.”
4°) Preferencia con relación a los demás bienes.
Y señala el a. 1924 que: “Con relación a los demás bienes muebles e inmuebles del deudor, gozan de preferencia:
-.- 1º.- Los créditos a favor de la provincia o del municipio, por los impuestos de la última anualidad vencida y no pagada, no comprendidos en el artículo 1.923, número 1º.
-.- 2º.- Los devengados:
-.- B-) Por los funerales del deudor, según el uso del lugar, y también los de su cónyuge y los de sus hijos constituidos bajo su patria potestad, si no tuviesen bienes propios.
-.- C-) Por gastos de la última enfermedad de las mismas personas, causados en el último año, contado hasta el día del fallecimiento.
-.- D-) Por los salarios y sueldos de los trabajadores por cuenta ajena y del servicio doméstico correspondientes al último año.
-.- E) Por las cuotas correspondientes a los regímenes obligatorios de subsidios, seguros sociales y mutualismo laboral por el mismo período de tiempo que señala el apartado anterior, siempre que no tengan reconocida mayor preferencia con arreglo al artículo precedente.
-.- F-) Por anticipaciones hechas al deudor, para sí y su familia constituida bajo su autoridad, en comestibles, vestido o calzado, en el mismo período de tiempo.
-.- 3º.-Los créditos que sin privilegio especial consten:
-.- A-) En escritura pública.
-.- B-) En sentencia firme, si hubiesen sido objeto de litigio.
Estos créditos tendrán preferencia entre sí por el orden de antigüedad de las fechas de las escrituras y de las sentencias.”
Y finalmente indica el a. 1925 que: "No gozarán de preferencia los créditos de cualquier o otra clase, o por cualquier otro título, no comprendidos en los artículos anteriores."
III.- Prelación de créditos.
1º-) Artículo 1926.
Establece que: “Los créditos que gocen de preferencia con relación a determinados bienes muebles, excluyen a todos los demás hasta donde alcance el valor del mueble al que la referencia se refiere.
Si concurren dos o más respecto a determinados bienes muebles, se observarán, en cuanto a la prelación para su pago las reglas siguientes:
-.- 1ª. El crédito pignoraticio excluye a los demás hasta donde alcance el valor de la cosa dada en prenda.
-.- 2ª. En el caso de la fianza, si estuviere ésta legítimamente constituida a favor de más de un acreedor, la prelación entre ellos se determinará por el orden de fechas de la prestación de la garantía.
-.- 3ª. Los créditos por anticipo de semillas, gastos de cultivo y recolección, serán preferidos a los de alquileres y rentas sobre los frutos de la cosecha para que aquéllos sirvieron.
-.- 4ª. En los demás casos el precio de los muebles se distribuirá a prorrata entre los créditos que gocen de especial preferencia con relación a los mismos.”
2°-) Artículo 1927.
Conforme al a. 1.927 CC: “Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes inmuebles o derechos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.
-.- 1ª.- Serán preferidos, por su orden, los expresados en los números 1º y 2º del artículo 1.923 a los comprendidos en los demás números del mismo.
-.- 2ª.- Los hipotecarios y refaccionarios, anotados o inscritos, que se expresan en el número 3º. del citado artículo 1.923 y los comprendidos en el número 4º del mismo, gozarán de prelación entre sí por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad.
-.- 3ª- Los refaccionarios no anotados ni inscritos en el Registro a que se refiere el número 5º del artículo 1.923, gozarán de prelación entre sí por el orden inverso de su antigüedad.”
3º-) Artículo 1928.
Afirma que: “El remanente del caudal del deudor, después de pagados los créditos que gocen de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, se acumulará a los bienes libres que aquél tuviere para el pago de los demás créditos.
Los que, gozando de preferencia con relación a determinados bienes, muebles o inmuebles, no hubiesen sido totalmente satisfechos con el importe de éstos, lo serán, en cuanto al déficit, por el orden y en el lugar que les corresponda según su respectiva naturaleza.”
4º-) Artículo 1929.
Añade que: "Los créditos que no gocen de preferencia con relación a determinados bienes, y los que la gozaren, por la cantidad no realizada, o cuando hubiesen prescrito el derecho a la preferencia, se satisfarán conforme a las reglas siguientes:
-.- 1ª.- Por el orden establecido en el artículo 1.924.
-.- 2ª.- Los preferentes por fechas, por el orden de éstas, y los que la tuviesen común, a prorrata.
-.- 3ª.- Los créditos comunes a que se refiere el artículo 1.925, sin consideración a sus fechas.”
5º-) Comentarios.
Finalmente hemos de tratar un par de cuestiones:
a-) Créditos anotados en el Registro de la Propiedad. Por fecha de un crédito debemos entender la de la escritura pública de la que surge, o la de la sentencia que lo reconoce.
Y para atender a un embargo hay que fijarse en tres fechas; la del surgimiento del crédito, aquella otra en que el Juez decreta el embargo, y la que el mandamiento de embargo se presenta y anota en el Registro de la Propiedad.
Pues bien, con relación a los créditos anotados preventivamente en el Registro, parece que el a. 1923-4 da preferencia exclusivamente frente a los créditos “posteriores”; pero según el 1927-2 la preferencia la determina el orden de antigüedad de las anotaciones en el Registro.
Desde un punto de vista registral, no cabe duda de que tiene razón este último precepto, ya que la regla general en esta materia es que si se ejecuta un crédito anotado, deben subsistir todos los anotados con anterioridad; pero deben purgarse todos los que hayan llegado al Registro con posterioridad.
Pero como desde el punto de vista civil tiene preferencia la fecha, el titular de ese crédito anterior pero que ha obtenido la anotación preventiva con posterioridad, debe acudir a la que se llama tercería de mejor derecho ante los Tribunales, para que se le reconozca su preferencia. Y una vez obtenida el acreedor triunfante cobrará con antelación en la ejecución del primero anotado.
Si el titular de ese crédito preferente por fecha pero que ha obtenido la anotación con posterioridad, no ejercita la tercería, por aplicación de los principios generales de derecho hipotecario debe ser cancelada su anotación si se ejecuta el primeramente anotado.
b-) Créditos e hipotecas. En el supuesto de que sobre un mismo bien inmueble figurasen en el Registro anotados varios embargos o inscritas varias hipotecas, el a. 1927-2 afirma que gozarán de prelación por el orden de antigüedad de sus respectivas inscripciones o anotaciones en el Registro de la Propiedad.
Es el mismo caso anterior; desde un punto de vista registral si se ejecuta el más antiguo, se procederá a cancelar todos los posteriores; aunque éstos tendrán la facultad de ejercitar la tercería de mejor derecho a la que antes hemos aludido.
Ahora bien, tiene especial interés la llamada preferencia circular que surge en el momento en que en el registro:
-.- Consta anotado en primer lugar un crédito con fecha posterior a todos los que han llegado detrás de él.
-.- Después una hipoteca con escritura formalizada antes que ese crédito, pero que se ha inscrito con posterioridad a la anotación.
-.- Y finalmente un segundo crédito anotado, pero cuya fecha es anterior a los dos negocios jurídicos anteriores.
-.- Si nadie ejercita la tercería, cuando se ejecuta el primero desaparecen los otros dos; si se ejecuta la hipoteca desaparece el segundo anotado, pero se mantiene el primero; y si se ejecuta el segundo anotado, subsisten el primero y la hipoteca. Y ello a pesar de ser el de fecha más reciente de los tres.
-.- Obsérvese que si se tratase sólo de créditos y el último anotado ejercitase la tercería tendría preferencia sobre todos los demás.
-.- La mejor doctrina considera que en tal caso la preferencia la tiene la hipoteca, que aunque surge en el momento de la inscripción, al ser un derecho real, triunfa sobre cualquier otro derecho real y por supuesto personal, que acceda al Registro con posterioridad a ella.
-.- Pero la hipoteca implica el otorgamiento de una previa escritura de constitución, de la que surge el crédito garantizado; y el titular del mismo puede ejercitar la tercería de mejor derecho contra el crédito posterior que ha accedido al Registro con anterior a ella.
OTROS CRÉDITOS PRIVILEGIADOS.
Existen otros créditos, que nuestro ordenamiento jurídico considera privilegiados, y entre ellos podemos indicar:
1º-) Entes públicos..
Ya hemos visto la preferencia que se concede al Estado, provincia y municipio para cobrar sus impuestos, en el CC. Pero además, la LH les concede otros privilegios.
-.- Así el a. 194 LH, afirma que “El estado, las provincias o los pueblos tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor y sobre el tercer adquirente, aunque haya inscrito sus derechos en el Registro, para el cobro de la anualidad corriente y de la última vencida y no satisfecha de las contribuciones o impuestos que graven los bienes inmuebles.
A los efectos del párrafo anterior, se entenderá por anualidad vencida la constituida por los cuatro trimestres del ejercicio económico anterior al corriente, sea cualquiera la fecha y periodicidad de la obligación fiscal de pago.”
-.-Y el a. 168-6 LH indica que: “Tendrán derecho a hipoteca legal:6º.- El Estado sobre los bienes de los contribuyentes en los casos establecidos en esta ley, además de la preferencia que a su favor se reconoce en el a. 194.
2º-) Aseguradoras.
Según el a. 196 LH: “Mientras no se devenguen las primas de los dos últimos año o los dos últimos dividendos, en su caso, tendrá el crédito del asegurado preferencia sobre los demás créditos.
Y además, también el a. 168-7 LH concede también la hipoteca legal a: “Los aseguradores sobre los bienes de los asegurados, también en los casos establecidos en esta Ley, además de la preferencia que a su favor se reconoce en el artículo 196.
3º-) Gastos de urbanización.
El RD de 1997 sobre inscripción de los actos de naturaleza urbanística, establece que los créditos por gastos de urbanización serán preferentes, sobre las fincas afectadas, a todos los demás créditos, incluso los que constasen inscritos en el Registro con anterioridad a la aprobación del proyecto, con excepción de los créditos tributarios anotados preventivamente a favor del Estado, con anterioridad a la afección. Y esta afección se inscribirá en el Registro de la propiedad.
4º-) Propiedad horizontal.
Conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, es obligación de todo propietario contribuir con arreglo a su cuota de participación a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios y cargas, y responsabilidades que no sean susceptibles de individualización.
Y además establece que estos créditos a favor de la comunidad imputables a la parte vencida de la anualidad en curso y de la última anualidad tienen la consideración de créditos preferentes y preceden para su satisfacción a los enumerados en los apartados, 3º, 4º y 5º del a. 1923, sin perjuicio de los créditos salariales que seguidamente veremos.
Interesa destacar que esta responsabilidad afecta no sólo a quien era propietario en el ejercicio en el que se devenguen, sino también a quien sea actual titular, aunque sea tercero hipotecario.
5º-) Legislación laboral.
El a. 32 del Estatuto de los Trabajadores concede una serie de privilegios a favor del trabajador contra el patrimonio del empresario para el cobro de su salario y frente a otros posibles acreedores. Para su examen debemos distinguir:
a-) El superprivilegio. Conforme a su párrafo primero: “Los créditos por salarios de los últimos treinta días de trabajo y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional, gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito, aunque éste se encuentre garantizado con prenda o hipoteca.”
Por tanto, en caso de ejecución por estos créditos el adjudicatario del bien lo debe recibir libre de cualquier otra carga que sobre él se hubiera impuesto. Pero la DGRN afirma que no se puede proceder a la cancelación de las cargas anteriores a la anotación de este crédito, si sus titulares no han sido notificados de la existencia del procedimiento laboral.
b-) El privilegio refaccionario. Recogido en su párrafo segundo, conforme al cual: “Los créditos salariales gozarán de preferencia sobre cualquier otro crédito respecto de los objetos elaborados por los trabajadores, mientras sean propiedad o estén en posesión del empresario.”
c-) El privilegio ordinario. Al que se refiere el párrafo tercero: “Los créditos por salarios no protegidos en los apartados anteriores tendrán la consideración de singularmente privilegiados en la cuantía que resulte de multiplicar el tripe del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendientes de pago, gozando de preferencia sobre cualquier otro crédito, excepto los créditos con derecho real, en los supuestos en los que éstos, con arreglo a las leyes, sean preferentes.
La misma consideración tendrán las indemnizaciones por despido en la cuantía correspondiente al mínimo legal calculado sobre una base que no supere el triple del salario mínimo.”
d-) Párrafos finales. Establecen estas reglas:
-.- Los privilegios existirán tanto en caso de procedimiento concursal como si no se ha iniciado éste.
-.- Estas acciones no quedan en suspenso por la tramitación de un procedimiento concursal.
-.- Y los derechos de preferencia prescriben en el plazo de un año a contar desde el momento en que debió recibirse el salario.
Monteolivete, 19-Enero-2017

References: artículo 1
 Artículo 1926
 Artículo 1927
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 Artículo 1928
 Artículo 1929
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 196