Source: http://www.franciscosantana.net/2016/11/
Timestamp: 2017-11-25 05:48:40+00:00

Document:
1/11/16 - 1/12/16 ~ Jurídicas de Interés
viernes, noviembre 25, 2016 Francisco Santana
c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.
Cualquier Estado Parte puede someter a la Asamblea General, por conducto de la Comisión Interamericana de Mujeres, una propuesta de emnienda a esta Convención.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará".
Constitucionalidad de la nueva prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica en Venezuela. Se exhorta a la Asamblea Nacional para que desincorpore "formalmente" a los Diputados de Amazonas (Sala Constitucional)
jueves, noviembre 24, 2016 Francisco Santana
Como ha podido apreciarse, esta Sala ya se pronunció sobre la constitucionalidad del Decreto n.° 2.452, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.256 Extraordinario del 13 de septiembre de 2016, mediante el cual se declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el Territorio Nacional, y ahora corresponde emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad o no del Decreto n.° 2.548, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.272 Extraordinario del 13 de noviembre de 2016; mediante el cual, el Presidente de la República prorroga por sesenta (60) días el plazo establecido en el referido Decreto n.° 2.452.
Al respecto, como punto previo, esta Sala debe pronunciarse respecto del escrito de alegatos presentado el 18 de noviembre de 2016 por el ciudadano Julio Alejandro Pérez Graterol, ya identificado en autos, en el cual plantea argumentos para que esta Sala declare la inconstitucionalidad del Decreto objeto de control constitucional.
En tal sentido, se observa que el escrito en cuestión no aporta elementos de convicción ni pruebas que sirvan de fundamento a los alegatos formulados en el mismo, como por ejemplo, el hecho de que, según alega, cesó la situación fáctica que da origen a la aplicación del decreto que declara el estado de excepción y emergencia económica en todo el territorio nacional; circunstancia que incide negativamente en su valoración, a los efectos de su admisibilidad, conforme a lo previsto en los artículos 35 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y 133.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (ver sentencias nros. 1.520 del 11 de octubre de 2011 y 1.255 del 14 de agosto de 2012, reiterado en la sentencia 1173/2015); razón por la que se declara inadmisible el referido escrito. Así se decide.
En tal sentido y como ha podido advertirse, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respecto de los estados de excepción, prevé las siguientes disposiciones:
No le corresponde al Secretario la imposición de la sentencia de condena dictada contra el acusado privado de libertad. Nulidad de Oficio. (Sala de Casación Penal)
sábado, noviembre 19, 2016 Francisco Santana
En fecha 28 de mayo de 2012, la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo presentó escrito de acusación contra el ciudadano PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ ROJAS, fijando los hechos siguientes:
“… El día 21 de Abril (sic) de 2010, fue el último día que el ciudadano Pedro Antonio Gutiérrez, abusó sexualmente de su sobrina la adolescente … de 14 años de edad, estos abusos ocurrían en el Barrio La Tigrera Calle (sic) Mariño casa N° 50, Guacara Estado Carabobo, donde Vivian (sic) alquilados, la primera vez fue de noche, en el año 2006, cuando los padres de la adolescente estaban durmiendo, su tío le puso una película pornográfica y la violó, amenazándola que no dijera nada, porque sino su papá podía ir preso por su reacción, en ese entonces ella tenía 11 años y desde allí en adelante, por tres años consecutivos el tío paterno de la adolescente Pedro Gutiérrez la ha venido violando de manera continua, siendo la adolescente amenazada y chantajeada emocionalmente … “.
No causa lesión al debido proceso la presentación, por una de las partes, de dos escritos de pruebas en fechas diferentes, siempre que sean ofrecidos dentro del lapso de promoción. Diferencias entre términos y lapsos. (Sala de Casación Civil)
viernes, noviembre 18, 2016 Francisco Santana
De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 15, 206 y 208 eiusdem en concordancia con el artículo 396 ibídem, por incurrir el ad quem en un vicio por defecto de actividad en menoscabo del derecho a la defensa.
La formalizante alegó:
“…De conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, denuncio la infracción de los articulo 15, 206 y 208 ejusdem, en concordancia con el artículo 396 ibídem, por adolecer la recurrida de un vicio por defecto de actividad en monoscabo del derecho a la defensa.
En efecto la recurrida establece:
Del extracto en cuestión, se desprende que en la oportunidad de promoción de pruebas de acuerdo al juicio sustanciado ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito (sic) y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mientras la representación judicial de la parte demandada, UNISEGUROS, ejerció la debida promoción de
Sala Electoral rechaza amparo en contra de la suspensión de la colección de firmas para convocar el referendo revocatorio
El 21 de octubre de 2016, el abogado Julio Alejandro Pérez Graterol, inscrito en el Inpreabogado con el número 78.826, actuando en su condición de elector “y con interés de participar en el proceso electoral en el proceso de recolección del 20% de manifestaciones de voluntad previstos para el 26, 27 y 28 de octubre”, interpone acción de amparo constitucional contra “EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE), máximo órgano del Poder Electoral”.
En 24 de octubre de 2016, se reasignó la ponencia a la Magistrada INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE a los fines del pronunciamiento correspondiente.
jueves, noviembre 17, 2016 Francisco Santana
Sala Constitucional dicta amparo cautelar a favor del Presidente de la Republica
martes, noviembre 15, 2016 Francisco Santana
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/192486-948-151116-2016-16-1085.HTML
Decreto Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2014)
jueves, noviembre 10, 2016 Francisco Santana
Decreto Nº 1.411, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación
(Gaceta Oficial Nº 6.151 Extraordinario del 18 de noviembre de 2014)
Decreto Nº 1.411 13 de noviembre de 2014
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en el literal "a", numeral 2, del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se delegan, en Consejo de Ministros.
Artículo 1º. Se modifica el artículo 24, en la forma siguiente:
"Del manejo de los recursos
Artículo 24. El Fondo Nacional para la Ciencia, Tecnología e Innovación (FONACIT), ente adscrito a la autoridad nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones, es el responsable de la administración, recaudación, control, fiscalización, verificación y determinación cuantitativa y cualitativa de los aportes para ciencia, tecnología, Innovación y sus aplicaciones."
Artículo 2º. Se modifica el artículo 26, en la forma siguiente:
"Proporción de los aportes
Artículo 26. Las personas jurídicas, entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República que realicen actividades económicas en el territorio nacional, aportarán anualmente un porcentaje de sus ingresos brutos efectivamente devengados en el ejercicio económico inmediatamente anterior, por cualquier actividad que realicen, de la siguiente manera:
Principio de autosuficiencia del fallo y el vicio de indeterminación objetiva. Casación laboral Con Lugar (Sala de Casación Social)
martes, noviembre 08, 2016 Francisco Santana
Con fundamento en el numeral 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, denuncia el formalizante que la sentencia recurrida incurrió en falta de aplicación del artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo incurriendo en indeterminación objetiva.
Señala que la alzada, aun cuando en su dispositivo declaró parcialmente con lugar la apelación de la parte actora y modificó el fallo apelado, omitió indicar el objeto de la condena.
Considera que la recurrida no indicó de forma alguna cuáles conceptos condenó a pagar y cómo habría de ser determinada su cuantía, infringiendo así el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Alega que con la lectura de la sentencia no es posible conocer qué fue lo condenado, lo cual es indispensable para entender la decisión y poder controlar la legalidad del fallo, en armonía con el principio de que la sentencia debe bastarse a sí misma, más aun en este caso en el que no fue confirmada la sentencia de primer grado, por lo que no resulta aplicable el criterio de la Sala Constitucional contenido en las sentencias N° 3350/2003 y 885/2007, ya que ni el juez de ejecución ni el experto pueden recurrir a la sentencia de primera instancia, ni pueden suplir su deber jurisdiccional, quien no acató el principio de autosuficiencia del fallo.
Concluye que la recurrida es una sentencia “sin límites” a los efectos de una ejecución, y esa falta de límites incita a la arbitrariedad, contrariando así el deber de los jueces de mantener la seguridad jurídica.
Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela (2006)
(Gaceta Oficial N° 38.394 del 9 de marzo de 2006)
La Bandera Nacional, el Himno Nacional y el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela son los símbolos de la Patria y deben ser venerados por todos los venezolanos y venezolanas, y respetados por los ciudadanos y ciudadanas de los demás países.
Salvo lo dispuesto en leyes y reglamentos especiales, al ser izada o arriada la Bandera Nacional, al paso de ésta, o al ser interpretado el Himno Nacional en actos oficiales o públicos, toda persona debe estar de pie, inmóvil y descubierta la cabeza.
La Bandera Nacional se inspira en la que adoptó el Congreso de la República en 1811. Esta formada por los colores amarillo, azul y rojo, en franjas unidas, iguales y horizontales en el orden que queda expresado, de superior a inferior y, en el medio del azul, ocho estrellas blancas de cinco puntas, colocadas en arco de círculo con la convexidad hacia arriba. La Bandera Nacional que usen la Presidencia de la República y la Fuerza Armada Nacional, así como la que se enarbole en los edificios públicos nacionales, estadales y municipales, deberá llevar el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela en el extremo de la franja amarilla cercano al asta. La Bandera Nacional usada por la Marina Mercante sólo llevará las ocho estrellas.
Normas que Regulan el uso de la Bandera Nacional en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela (Resolución)
(Gaceta Oficial Nº 41.019 del 28 de octubre de 2016)
El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto N° 2.405, de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.957, de la misma fecha; en ejercicio de las competencias conferidas en los numerales 1, 19 y 27 del artículo 78 del Decreto N° 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia con la competencia atribuida en materia de política interior, prevista en el artículo 31 del Decreto N° 2.378 sobre Organización General de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario, de fecha 13 de julio de 2016; y en ejercicio de la autorización conferida en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial N° 38.394, de fecha 9 de marzo de 2006; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4 numeral 2, artículos 5, 6 y 7 eiusdem,
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la Bandera Nacional, el Himno Nacional Gloria al Bravo Pueblo y el Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, como Símbolos de la Patria, que deben ser venerados por todos los venezolanos y venezolanas, y respetados por todas las personas de los demás países,
Que el fortalecimiento de la conciencia e identidad nacional ha sido y sigue siendo un tema de profundo interés para la educación del pueblo venezolano, la cual debe fundamentarse en el respeto y veneración por los Símbolos de la Patria, que resumen la historia nacional y constituyen elementos representativos de los valores culturales de todos los venezolanos y venezolanas y de sus ideales de paz, de trabajo y de progreso,
Que se hace necesario consolidar la fuerza y el orgullo de la Identidad Nacional, mediante lineamientos formales y uniformes sobre el uso de los Símbolos Patrios, en acatamiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente, a fin de enaltecer el legado de nuestros antepasados, y que las generaciones presentes y futuras exalten los valores nacionales y de este modo hacer sentir en el espíritu de venezolanos y venezolanas las tradiciones patrióticas de unión, libertad y justicia, dentro y fuera de las fronteras de la Patria,
Nueva Reforma del Reglamento Orgánico del SEBIN (Presidencia de la República)
Reglamento Orgánico del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
(Gaceta Oficial Nº 41.021 del 1 de noviembre de 2016)
Decreto N° 2.524 01 de noviembre de 2016
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del Socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral 20 del artículo 236 ejusdem, en concordancia con lo establecido en los artículos 46 y 61 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, concatenado con lo previsto en los artículos 4º y 53 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
REFORMA DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN)
Artículo 1º. Se modifica el artículo 3º, en los siguientes términos:
"Naturaleza y finalidad
Artículo 3º. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es un órgano desconcentrado de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, de seguridad de Estado, con capacidad de gestión presupuestaria, administrativa, financiera y ordenadora de pagos. Tiene por finalidad la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia civil para la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado Venezolano, independientemente de que las mismas sean internas o externas".
Artículo 2º. Se modifica el artículo 4º, de la forma siguiente:
"Competencias
Artículo 4º. Son competencias del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, las siguientes:
1. Asesorar al Ejecutivo Nacional en la formulación de las políticas en materia de seguridad y defensa de la Nación.
2. Prevenir, detectar y neutralizar cualquier amenaza interna o externa que atente contra la seguridad de la Nación.
3. Dirigir y ejecutar las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia en el área civil a fin de contribuir a la estabilidad y seguridad de la Nación.
4. Realizar el seguimiento, evaluación e información oportuna y efectiva de las políticas públicas establecidas por el Ejecutivo Nacional.
5. Contribuir con otros órganos y entes encargados de la defensa integral de la Nación en el enfrentamiento de la actividad enemiga en las diferentes modalidades de delincuencia organizada y corrupción.
6. Contribuir con la seguridad integral de los principales dignatarios del Estado Venezolano; así como, de los dignatarios extranjeros invitados o acreditados en nuestro país.
7. Contribuir con los órganos de seguridad ciudadana en el enfrentamiento de las modalidades de la delincuencia organizada de mayor significación.
8. Garantizar la seguridad e integridad de los funcionarios y funcionarias de este Servicio, a través de la protección, clasificación de reserva y confidencialidad de sus identidades, datos, documentos y operaciones.
Consideraciones sobre la desestimación de la denuncia. El pronunciamiento acerca de la desestimación de la denuncia deberá ser realizado por el tribunal de control sin audiencia (Sala Constitucional)
domingo, noviembre 06, 2016 Francisco Santana
En el presente caso, la acción de amparo constitucional fue dirigida contra la decisión del 12 de noviembre de 2004 dictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de la decisión dictada por el Juzgado Vigésimo Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 13 de octubre del mismo año –que había declarado con lugar la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público y ordenado la devolución de las actuaciones a éste organismo a los fines de su archivo- y mandó remitir las actuaciones a dicho Juzgado a los fines de que se celebrara una audiencia para oír a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, antes de decidir sobre la solicitud fiscal.
Un hecho no reviste carácter penal, entre otros supuestos, cuando no está previsto en la ley como delito por carecer de los caracteres propios de la res iudicanda y, en consecuencia, sin necesidad de actividad probatoria y a la solicitud del Ministerio Público, conforme al artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal el Juez de Control emitirá un pronunciamiento in iure en el que establecerá que la situación de hecho propuesta como denuncia no resultaría idónea para constituirse en materia de proceso; lo mismo sucede con la prescripción, que es otro de los supuestos de extinción de la acción, en el cual –en atención a las citadas normas de la ley-, puede ser apreciada de oficio y declarada por el Juez de Control a instancia del Ministerio Público.

References: artículo 313
 artículo 396
 artículo 313
 artículo 396
 artículo 236
 artículo 1

Artículo 1
 artículo 24

Artículo 24

Artículo 2
 artículo 26

Artículo 26
 artículo 168
 artículo 159
 artículo 159
 artículo 78
 artículo 31
 artículo 226
 artículo 236

Artículo 1
 artículo 3

Artículo 3

Artículo 2
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 120
 artículo 301