Source: http://entrerioscontaminada.blogspot.com/2010/06/
Timestamp: 2017-10-19 08:51:40+00:00

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ENTRE RIOS CONTAMINADA: junio 2010
NOTICIAS NO A LAS PAPELERAS EL CIERRE DE BOTNA
URUGUAY NO ACEPTA CONDICIONES Y PIDE QUE SE LEVANTE EL CORTE
Los asambleístas ofrecen suspender el bloqueo a cambio de que se realice un monitoreo dentro de la empresa. Pero en el gobierno uruguayo dicen que esto afecta su soberanía. En Fray Bentos exigen que se abra el puente “definitivamente”.
Una alta fuente de la cancillería uruguaya le aseguró ayer a Clarín que, en caso de que le sea solicitado, el gobierno presidido por José Mujica no aceptará el monitoreo dentro de la planta de UPM (ex Botnia), que produce pasta de celulosa desde noviembre de 2007. Es la moneda de cambio que ofrecen los asambleístas de Gualeguaychú a la Casa Rosada para levantar el corte del puente General San Martín que llevan adelante desde hace más de tres años y medio. La idea se conoció el domingo, en la asamblea que se realizó en Gualeguaychú donde un grupo de “históricos” del corte propuso llevar el tema a votación en una asamblea ampliada, mañana.
“El gobierno uruguayo no va a aceptar que ninguna entidad extranjera ingrese a una fabrica, que funciona dentro de su territorio, para analizar su proceso productivo”, dijo la fuente a Clarín y agregó: “Sí dará, como ha sostenido desde que empezó el conflicto, las mayores garantías para compartir el monitoreo en las aguas del río Uruguay, punto que está dentro del estatuto de la CARU y al que hizo referencia el dictamen de la Corte Internacional de La Haya”.
De momento, el gobierno de Mujica se llamó a silencio para no entorpecer la delicada negociación que debería abrirse entre el Gobierno argentino y los asambleístas. Ayer, precisamente Cristina Kirchner firmó el decreto que inicia el proceso judicial por el corte del puente y los asambleístas fueron notificados de ello por la Gendarmería. Pero donde sí decidieron hablar, desde este lado del río, fue en Fray Bentos, la localidad más afectada por el corte: el intendente del departamento de Río Negro, Oscar Lafluf (cuya capital es, precisamente, Fray Bentos) dijo ayer que no aceptarán una eventual tregua de los asambleístas a cambio de un control ambiental dentro de la pastera. “No podemos seguir siendo rehenes de las decisiones de los piqueteros, menos aún cuando hasta la Presidenta argentina dijo que estaba en desacuerdo con ellos”, señaló. El corte debe levantarse “definitivamente”, agregó Lafluf.
En Montevideo, distintas fuentes oficiales aseveran que el reclamo de los asambleístas atravesó en estas horas distintos ministerios y que allí apareció el tema de la soberanía y la idea de que no correspondía una propuesta de monitoreo dentro de UPM, aunque una de ellas dijo desconocer si esa posibilidad “se había hablado al más alto nivel” de presidencia.
Ante la pregunta de este diario de si con eso se dejaba una pequeña rendija para que Mujica, en pos de seguir avanzando en el mejoramiento de las relaciones bilaterales, pudiera finalmente aceptar el planteo del monitoreo en el interior de la planta, la fuente dijo que “la posibilidad, aunque muy remota, siempre puede existir; pero lo más seguro es que el presidente se avenga a la idea que hoy se está manejando a nivel ministerial”.
Si bien las posiciones parecen irreductibles, el debate está abierto puertas adentro del gobierno de Mujica. La semana pasada el canciller Luis Almagro había sembrado un manto de dudas cuando, en un programa de televisión, le preguntaron sobre la posibilidad de que Uruguay aceptase un control dentro de UPM y respondió con una pregunta en la que pareció mostrarse más flexible en cuanto a esa idea: “¿Acaso la Unión Europea no inspecciona una vez por año nuestros frigoríficos, y por ello nadie sostiene que se afecta nuestra soberanía?”, afirmó. Clarín intentó contactar ayer a Almagro (hoy por hoy, el único funcionario autorizado por Mujica para hablar del diferendo) en Vietnam, adónde viajó en misión oficial, pero las gestiones fueron infructuosas. El ex canciller Sergio Abreu, una figura respetada en Uruguay en temas de relaciones exteriores, respondió la afirmación de Almagro: le dijo a este diario que los frigoríficos abren sus puertas a las inspecciones porque tienen determinados requisitos. “Nadie más que ellos y el país están interesados en que los habiliten para poder exportar; ahí no existen problemas entre los Estados”, señaló.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Uruguay-no-acepta-condiciones-pide-que-se-levante-el-corte_0_280771924.html
CRISTINA Y MUJICA
- Empezar de nuevo 5 de abril de 2010. Mujica sorprende a Cristina Kirchner y viaja hasta Buenos Aires para delinear los pasos posteriores al fallo de la Corte Internacional de La Haya. Ambos mandatarios se comprometen a “respetar” y “cumplir” el fallo.
- 28 de abril de 2010. Cristina y Mujica se reúnen en Olivos. “Hemos reafirmado, tal cual lo hicimos en la anterior reunión, la vocación política de acatamiento del fallo de la corte de La Haya”, dice Cristina. No se habla del corte.
- Mujica presiona 2 de mayo de 2010. El presidente uruguayo exige que el corte “se tiene que resolver”.
- 2 de junio de 2010. Cristina viaja a Uruguay. “El corte en Arroyo verde no lo va a disolver Uruguay. Lo tiene que disolver el gobierno argentino con su pueblo”, afirma Mujica con Cristina de testigo.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Cristina-Mujica_0_280771925.html
14/06/10 - 23:55
El conflicto por la papelera se convirtió en una caja de sorpresas. La decisión de los asambleístas sorprendió -a pesar del desgaste que vienen sufriendo- a propios y extraños. Ahora empezará, una negociación más fina. Y dependerá de hasta dónde cede Uruguay y cuánto concede Cristina para lograr un costo cero, tras el alto precio que tuvo que pagar, sobre todo su gobierno, en esta larga pulseada que arrancó en tiempos de Kirchner.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/costos_0_280172172.html
http://www.clarin.com/politica/gobierno/monitoreo-conjunto-pocos-avances_0_280172174.html
EL MONITOREO CONJUNTO, CON POCOS AVANCES
14/06/10 - 23:58
Los deseos de los asambleístas, expresados tras la cumbre presidencial de Anchorena, en el sentido de que la Corte Internacional de Justicia había establecido la posibilidad de que funcionarios argentinos controlaran UPM (ex Botnia) dentro de la planta, no sólo irritó al gobierno oriental, que lo consideró un acto violatorio de su soberanía. Desnudaron también la omnipresencia del corte fronterizo en una cuestión en la que hay significativas diferencias: cómo Buenos Aires y Montevideo encararán el plan de vigilancia ambiental de la controvertida pastera, según la sentencia de La Haya, y el plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay, que pactaron Cristina Kirchner y José Mujica.
Al cumplir con el mandato de La Haya, los presidentes coincidieron en que sea la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la que acuerde los términos y criterios para la puesta en marcha de ambos planes. Pero a decir verdad, los aspectos técnicos siguen sin avances por razones políticas. Y así lo seguirán hasta tanto no se resuelvan. En 2010, la CARU se reunió seis veces, pero sigue paralizada tras años de conflicto. Es más, en mayo, un mes después del fallo, los uruguayos rechazaron el proyecto que entonces presentaron los argentinos porque, según Montevideo “excedía lo establecido en el régimen de monitoreo” y “no” iban a aceptar -dijeron- un control sobre la planta sino sobre el río.
En aquel momento se exhibieron otras diferencias como los parámetros técnicos que se utilizarían para considerar la calidad del agua, como aquellos que miden el oxígeno y otros elementos extraños. Pero la divergencia más importante nunca dejó de ser la de hasta dónde los orientales dejarán a sus vecinos controlar Botnia-UPM. Y además, cuánto permitirá por su parte la empresa, que en su momento amarró de pies y manos el accionar de Tabaré Vázquez,
Igual, conscientes de que el fallo de La Haya cuestionó severamente a Uruguay por el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, y hasta su “buena fe”, en Montevideo comenzaron a surgir voces que reconocen ahora que habrá que permitirles a los argentinos controlar al menos los insumos que entran a la planta porque desde el agua no es posible saber con certeza si es o no contaminante. Las mismas fuentes señalaban a este diario que en el gobierno de Mujica hay quienes contemplan la necesidad de negociar una estrategia menos celosa de monitoreo conjunto del Río Uruguay porque, en realidad, en el futuro -remarcaron- habrá que mirar más en qué condiciones baja el curso de agua desde Brasil, que tiene un desarrollo forestal y pastero mucho más avanzado que el de la zona hoy en conflicto.
Gendarmería fue la encargada de la notificación. Y de registrar los nombres de asambleístas.
La presión contra la Asamblea de Gualeguaychú tuvo ayer un nuevo apriete de tuerca. La esperada notificación judicial se cumplió a las 10 y media de la mañana. Estaba claro, por el número, que los gendarmes llegaban a notificar e irse. Y, cuando mucho, procederían a identificar presentes. El comandante Carlos Arias arribó al kilómetro 28 de la ruta internacional trayendo lluvia y cuatro oficiales de su Escuadrón 56 de Gendarmería Gualeguaychú. Hasta ese momento, apenas chispeaba. El grueso y frío aguacero obligó a que la notificación se hiciera dentro del salón de Arroyo Verde.
Los esperaban unos quince asambleístas, un tanto escépticos luego de haber pasado una semana aguardando este acto, sin novedades. Más tarde, aparecieron unos veinte más. “¿Vamos subiendo?”, bromeó Jorge Fritzler, en alusión a si quedarían detenidos. “Nada de eso; solamente voy a notificar y a identificar”, le respondió Arias.
“Pero nadie dará sus nombres ni documentos, ni formarán el acta. ¿Entonces?”, consultó Clarín. “Entonces, leeremos la resolución, anotaré los nombres de los que soy testigo y nos marchamos”, replicó el Jefe de Gendarmería Gualeguaychú. “No tengo más órdenes que ésa”.
Al agua que caía insistente y al frío que se colaba en el refugio que ya no refugiaba se sumó un corte de luz. En medio de la notificación, todo quedó a oscuras. “Desde que la medida no recae sobre quien se sindicaría como protagonista del riesgo –emprendimiento U.P.M. Ex Botnia-, sino sobre terceros –usuarios del carril vial-, debe descartarse de cuajo la búsqueda de justificación en la legítima defensa…”, leyó el alférez Rubén Rodríguez en una de las más de 20 fojas de Resolución y Acta. “No es una intimación; la orden del juez va dirigida a Gendarmería, no a nosotros. Y Gendarmería nos notifica”, aclaró Fernández. En una de las paredes, un enorme mural-foto mostraba a miles de gualeguaychuenses cortando la ruta. “Sí, sería buena estrategia inculparnos muchos; ir al juez y decirle que todos cortamos, que no puede haber una lista de 10 ó 12… Pero habría que ver cuántos aceptan anotarse”, comentaba minutos antes Sira Muñoz a otro de los asambleístas presentes.
Afuera, la barrera del corte estaba levantada , como cada vez que llueve.
No había autos atravesados en la ruta ni manifestantes ni viajeros reclamando paso. Una lluvia que resultó funcional a los asambleístas.
Adentro, dos jóvenes desconocidos, firmaron como testigos del evento. Las otras firmas restantes fueron las de Rodríguez y el Jefe Arias. Ningún asambleísta dio su nombre ni rubricó la notificación. Así que Arias anotó: “ante mí, Luis Leissa, Osvaldo Fernández, Sira Muñoz, José Puler, Jorge Fritzler, Paola Robles” y dos o tres más. Cerca, un gendarme filmaba y otro tomaba fotos, “para testimoniar lo que aquí hicimos, nada más”, respondió Arias a Clarín.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/Identificaron-asambleistas-justo-levanto-lluvia_0_280771926.html
UN CAMPAMENTO DONDE AHORA REINAN LA DUDA Y LA RESIGNACIÓN
15/06/10 - 00:02
Algunos activistas creen que el corte será levantado, pero alertan que la bronca dejará lugar al odio.
María Elena se está por ir a trabajar. Del lado de afuera del refugio construido al costado de la ruta 136, hay una noche húmeda, pegajosa y estrellada. Adentro no hace falta prender la salamandra porque la temperatura es tolerable. La tele sí. Se mantiene siempre encendida. María Elena suele dormir en el corte desde 2005 cuando acá solamente había un rancho hecho con maderas y piso de tierra. Ahora está sentada en una silla junto a Emilio, su marido, y a Néstor, un carnicero que participó por primera vez en una asamblea a partir del conflicto por la instalación de Botnia.
Esta podría ser una noche como cualquier otra de estos últimos 42 meses en la ruta pero los tres reconocen que mañana podría terminarse el corte.
El televisor es el único sonido que se escucha de forma permanente. Y los tres lo miran sentados mientras hablan bajito, hasta que María Elena se para como espantada y corre a subir el volumen. Habla Alfredo De Angeli en un programa en Capital Federal y ella quiere saber qué opina sobre la posibilidad del levantamiento del corte. “Que no; no tenemos garantías”, le responde al aparato como si pudiera oírla.
Para estos tres asambleístas que anoche custodiaban el corte, la moción que propuso el abogado Luis Leissa los dejará en la nada o peor. Sobrevendrá un conflicto que hasta ahora se mantuvo calmo. Nestor dice que “mientras esté Botnia plantada ahí va a haber odio, odio a los uruguayos”. Emilio, el marido de Elena, piensa lo mismo o peor: “Acá antes había un intercambio fluido pero eso se perdió. El corte era un dique de contención al odio. Ahora que nos vamos a volver a ver con los uruguayos, puede pasar cualquier cosa”. A esta hora de la noche, acá no hay otro tema que lo que vendrá. A pesar de que ninguno de los tres apoya la moción que propone liberar la ruta, sienten que así será.
El paraje que alberga a los ambientalistas es grande y el paso del tiempo logró equiparlo con lo indispensable para sobrevivir al frío y también al calor. Un sindicato les donó un aire acondicionado y construyó con ladrillos donde antes había una carpa enorme. Hay frutas, mate, bancos, sol de noche y cartas para jugar al truco porque los que se quedan prefieren mantenerse despiertos. Las paredes están llenas de fotos, afiches y números para explicar la contaminación de la pastera.
María Elena, Emilio y Néstor están convencidos de que nada saldrá como esperaban. “Fuimos un botín de negociación de los Kirchner con Mujica y ahora nos denuncian y encima logran que la asamblea se de vuelta desde adentro”. Pero esa opinión se termina con el recambio.
Cuando María Elena se subo a su auto con su marido que la lleva a trabajar, recuerda antes de irse que lo que viene es el conflicto personal con los uruguayos. Y otro asambleísta que acaba de llegar susurra que no, que del otro lado del río hay gente buena. Pero este hombre, que también viene a custodiar el corte, que durmió acá decenas de noches y que quiere que Botnia se vaya, cree que la pelea vale la pena pero que seguirá al costado de la ruta.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/campamento-ahora-reinan-duda-resignacion_0_280772065.html
CÓMO SIGUE EL CONFLICTO EN EL TERRENO DE LA JUSTICIA
Gualeguaychú Los próximos días serán de definiciones. El juez Gustavo Román Pimentel tiene que decidir si acepta o no al Gobierno como querellante en la causa penal por el corte de ruta. Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto imprescindible para avalar la presentación hecha el miércoles por el procurador del Tesoro, Joaquin Da Rocha. El texto de esa querella es el secreto mejor guardado de la Casa Rosada que, a pesar de que anunció la movida en rueda de prensa, nunca reveló a qué asambleistas quiere acusar de 18 delitos. La demora del magistrado para resolver mantiene a los ambientalistas sin acceso al expediente. Sólo la imputación formal les permitiría ver lo que se dice de ellos pero en esta causa no hay una sola persona señalada en ningún requerimiento fiscal. La fiscalía tampoco promovió una investigación porque la causa siempre llevó el ritmo de la política. Desde que el Gobierno retiró su apoyo al corte, el juez firmó la resolución para el desalojo. Está por verse cómo reaccionará a los pedidos del Procurador si acepta al Estado como querellante. La decisión judicial de enviar ayer a la Gendarmeria a notificar un fallo de la semana pasada se encuadra en la nueva postura. De las cuatro órdenes judiciales que salieron de tribunales desde que empezó el conflicto, esta fue la primera vez que el Gobierno habilitó a Gendarmería a notificar a los asambleístas.
http://www.clarin.com/politica/gobierno/sigue-conflicto-terreno-Justicia_0_280772066.html
EL CONFLICTO POR BOTNIA / CLIMA DE TENSIÓN EN GUALEGUAYCHÚ
Crece la presión del Gobierno para que se levante el corte
Un día después de flexibilizar su postura, los asambleístas fueron intimados por la Gendarmería
FOTOS 1 a 12
GUALEGUAYCHU.- Un día después de que los asambleístas de esta ciudad se mostraran por primera vez dispuestos a levantar el corte de la ruta 136, que ya lleva más de tres años, la respuesta del gobierno nacional fue ir más a fondo y mostrar que no está dispuesto a otorgar ni un momento de respiro a la protesta contra la papelera UPM (ex Botnia).
Ayer, el medio elegido para presionar a los ambientalistas fue el Escuadrón 56 de la Gendarmería Nacional, que presentó ante la asamblea la orden judicial que dispone liberar el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde está construida la planta, e identificó a siete de sus integrantes.
Los asambleístas recibieron a las fuerzas de seguridad con la barrera vehicular en alto y se negaron a firmar el acta del procedimiento. Una vez terminado el operativo, volvieron a bajar la barrera para cerrar el paso hacia el puente General San Martín y aumentó el número de vecinos en el corte.
El fallo comunicado por la Gendarmería había sido dictado hace una semana por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, que intenta garantizar el libre tránsito por la ruta internacional 136. La asamblea se opone a la pastera UPM, ubicada sobre las costas del río Uruguay, por considerar que contamina.
La medida judicial, originada en una denuncia presentada por comerciantes de esta ciudad, se remite a recordar la vigencia de otras tres órdenes similares dictadas entre 2006 y 2007, que no fueron ejecutadas por el Gobierno.
FOTOS: 1 de 6 - Al Finalizar la lectura de la notificación de Poder Ejecutivo, la barrera en el corte de la Ruta 36 fue levantada - Foto: LA NACION Hernán Zenteno
La notificación la hizo el comandante Carlos Arias, jefe del Escuadrón 56 de Gualeguaychú, que arribó a Arroyo Verde a las 10.20, acompañado por nueve personas, entre auxiliares, fotógrafos de la fuerza y dos jóvenes testigos. El gendarme se encontró con la barrera elevada, la cadena pendulando en el viento y ningún vehículo ni asambleísta sobre la ruta. La lluvia lo obligó a refugiarse en el salón que la Asamblea Ambiental montó sobre el kilómetro 28 de la ruta 136, donde lo esperaban unas 20 personas.
Un subalterno se encargó de leer el fallo del juez Pimentel, quien exhortó a abandonar el corte y argumentó que supeditar el cese de la protesta al desmantelamiento de Botnia "deviene desproporcionado e irrazonable", en cuanto esa decisión no depende del Estado argentino.
Tras leer el fallo, que demandó media hora, los gendarmes identificaron a siete de los asambleístas presentes, los más mediáticos: José Pouler, Jorge Fritzler, Cira Muñoz, María Elena Marchioli, Luis Leissa, Osvaldo Fernández y Paula Robles. Ninguno de ellos aceptó firmar el acta.
Encuesta: ¿Esta de acuerdo con un posible levantamiento del corte en el puente de Gualeguaychú?
· No sabe
Los dos jóvenes testigos, que llegaron con las cabezas cubiertas con gorras y capuchas, llamaron la atención de los asambleístas, quienes no los reconocieron como vecinos de la ciudad. Incómodos, los testigos se mostraron menos interesados por el procedimiento que en el televisor del refugio, donde se proyectaban las imágenes el partido Japón y Nigeria, por el Mundial. Según pudo saber LA NACION, los jóvenes se encontraban ayer en el escuadrón, trabajando en una instalación de gas, cuando fueron invitados a acompañar a Arias.
El comandante sostuvo que no había recibido ninguna indicación de la Justicia sobre la denuncia penal del Gobierno. También manifestó que había esperado a que se "calmara el clima político" para notificar la orden del juez Pimentel y negó que la Gendarmería hubiera movilizado efectivos adicionales a la zona.
Al concluir el operativo, los abogados de la asamblea, Leissa y Fernández, minimizaron sus consecuencias. "Se ha dejado constancia de que la ruta estaba liberada. Creemos que éste es un problema político, no judicial. La solución está en manos de los presidentes de ambos países", indicó Fernández. También señaló que la asamblea le solicitó una audiencia al juez Pimentel, a través de una carta abierta.
Según Leissa, el objetivo de esa reunión sería tener conocimiento de la causa y dar a conocer al juez la postura de los asambleístas, quienes sostienen como origen y causa única del conflicto la desobediencia del tratado del río Uruguay por parte del gobierno de ese país.
Tal como anticipó ayer LA NACION, único medio presente en la asamblea del domingo, Leissa confirmó que mañana se evaluará la posibilidad de levantar el corte si se establece un control binacional del impacto ambiental de Botnia dentro de la propia planta. La votación de esa iniciativa se hará en una asamblea ampliada, a la que fueron invitados todos los gualeguaychuenses.
A la vez, LA NACION concurrió ayer a los tribunales federales de Concepción del Uruguay, donde fuentes de la causa indicaron que el decreto presidencial utilizado para acusar por 18 delitos penales a los líderes de la asamblea fue comunicado el sábado por la tarde, y no ayer, como se había indicado desde la Casa Rosada.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1275232
BATLLE: "NO ESTOY DE ACUERDO CON LA PRESIÓN JUDICIAL QUE HIZO EL GOBIERNO ARGENTINO"
"No es una conducta correcta", criticó el ex presidente uruguayo las acciones legales que desde la Casa Rosada se realizan contra los asambleístas
MONTEVIDEO.- El ex presidente Jorge Batlle defendió la estrategia de José Mujica en su acercamiento a la Argentina, a la vez que criticó la decisión de la presidenta Cristina Fernández de demandar a los asambleístas.
Batlle dijo además que la región tiene un escenario económico muy favorable por la demanda de alimentos e ironizó sobre el conflicto del kirchnerismo con los productores agropecuarios que derivó en traslado de inversiones a este país. "Kirchner es el segundo Hernandarias del Uruguay, porque nos mandó a todos los grandes plantadores argentinos, que hicieron una revolución en la forma de trabajar la agricultura en el Uruguay", dijo Batlle en declaraciones a Nuevo Siglo TV.
Su referencia al gobernador de Buenos Aires, Hernando Arias de Saavedra, es porque ese militar fue responsable de introducir el ganado vacuno a Uruguay. "Y ahora Kirchner trajo la agricultura", dijo Batlle entre risas.
El ex mandatario oriental fue consultado en el programa Claves Políticas sobre el cambio de estrategia en el reracionamiento con la Argentina que impulsó el presidente José Mujica, diferente a la línea intransigente de su antecesor Tabaré Vázquez. "Yo creo que estuvieron bien los dos: estuvo bien el doctor Vázquez que en su momento hizo lo que a mi juicio debía hacer y todos lo apoyamos; y creo que estuvo bien el presidente Mujica, porque era una instancia nueva y no podía empezar a los piñazos, porque iba a terminar mal. Por tanto él empezó bien", dijo Jorge Batlle
Añadió que sobre el voto a Kirchner para la Unasur, a su juicio "no tenía que haber dicho primero que lo votaba y después que no lo votaba (...) pero básicamente está bien" lo que hizo.
"Yo creo que él tendría que haber dicho y hecho lo que dijo: o sea no participo, porque como no se votó acá (en Uruguay, el Tratado de Unasur), no participo, no digo nada, no me pongo en contra, ni me pongo a favor", aclaró sobre su posición en ese episodio
Acerca del tema de fondo en el conflicto bilateral, Batlle dijo "que es un asunto que necesita tiempo" y expresó disconformidad con la resolución del gobierno de Cristina Fernández. "No estoy de acuerdo con la presión judicial que se hizo por parte del gobierno argentino, no es una forma. No se puede pasar de acá a acá en un instante, el péndulo no puede ir de un extremo a otro. Antes era "vamos arriba" con la banderita, ¡viva el corte!, y ahora es homicidio culposo. ¡No! No creo que sea una conducta acertada. Me parece que a la gente hay que darle tiempo".
Sobre el enfoque uruguayo, dijo que no hay que apurar y dio sus motivos: "¿cuántos años estuvimos sin puente?, ¿qué problema tenemos en estar cinco o seis meses esperando que esto se resuelva? Si cada día que pasa más razón tenemos. Hay que estar tranquilo, no apurar. Y creo que en eso el presidente está bien: no apura. Está tranquilo".
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1275252
SATISFACCIÓN SILENCIOSA EN URUGUAY POR LA POSIBLE SOLUCIÓN AL BLOQUEO
En el gobierno de Mujica se estima que el entendimiento está cerca; hay dudas por el monitoreo
MONTEVIDEO.- Aunque evitó los pronunciamientos sobre la posibilidad de habilitar inspecciones dentro de la polémica planta de celulosa, el gobierno uruguayo recibió con agrado el anuncio de los asambleístas de Gualeguaychú sobre un posible levantamiento del corte de puente fronterizo.
"Hoy temprano fuimos informados por el viceministro de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, y el gobierno, obviamente, sigue de cerca este asunto, pero la decisión del presidente es que hay un único vocero para el tema, que es el canciller, y así se lo transmitimos en su momento al gobierno argentino", dijo a LA NACION el secretario de la Presidencia, Alberto Brescia. Aparte de eso, ningún comentario.
¿Uruguay estará dispuesto a permitir el monitoreo dentro mismo de la planta de UPM (ex Botnia)? La pregunta fue dirigida a varios funcionarios del gobierno, pero la respuesta fue siempre la misma: el silencio.
El canciller Luis Almagro, que es el vocero designado, está de misión oficial en Vietnam y no pudo ser consultado. Partió a ese país el sábado y volverá la semana próxima.
Las conversaciones con funcionarios de gobierno que pidieron reserva de su nombre dejaron en claro que hay satisfacción por el resultado de la estrategia del presidente y que se entiende que se está cerca de un entendimiento, incluso más cerca de lo que se creía unos días atrás.
Eso no implica que Uruguay haya decidido acceder a ese cuestionado monitoreo interno en la misma fábrica, aunque el rechazo cerrado que había hasta hace poco ya no se expresa como tal. En los corrillos políticos circuló la pregunta sobre eventuales obstáculos jurídicos a esa alternativa, lo que en los hechos podría conspirar contra un acuerdo, más allá de la voluntad política.
Fuentes diplomáticas dijeron que cuando se consideró ese pedido argentino durante el gobierno de Tabaré Vázquez se entendió que era inaceptable desde el punto de vista político, de la soberanía del país y por el alcance de los compromisos en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pero no porque hubiera impedimentos legales.
La inversión de Botnia para planta de celulosa con terminal marítima propia, que fue comprada luego por UPM, está amparada por un tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Finlandia, pero eso no impide que se pueda realizar algún tipo de inspección.
"Es un tema político, porque si Uruguay permite que se esté manoseando a la empresa y se le dificulte su operativa, eso conspira con la protección de la seguridad jurídica. Pero no debería ser problema que algún técnico entrara a la planta para una determinada verificación", comentó uno de los informantes.
Lo que no está claro es en qué podría consistir un monitoreo interno. "Los controles se deben efectuar en el agua del río, en el entorno ambiental, analizar si hay un impacto negativo, lo que se analiza con estándares internacionales. Pero ¿qué pueden medir adentro?", comentó un funcionario vinculado a la negociación durante el gobierno de Tabaré Vázquez.
Por su parte, Omar Lafluf, el intendente reelecto de Río Negro, donde está la planta cuestionada, cuestionó la "flexibilización" ofrecida por los asambleístas de Gualeguaychú y reclamó una solución definitiva. "Si hay una decisión de levantar el corte, que lo hagan; no podemos vivir en la incertidumbre, armar todo de nuevo, instalar todos los negocios en el puente para que en 60 días se arme el piquete de nuevo", dijo.
En cambio, el gobierno nacional ve con buenos ojos el levantamiento temporal del corte, porque confían en que luego del paréntesis no se pueda reinstalar el piquete. "Las autoridades argentinas no quieren reprimir y Mujica está de acuerdo, porque lo que importa es una solución que deje un clima habitable", razonó un legislador oficialista.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1275225
EL GOBIERNO LLEVARÁ EL PLANTEO ANTE LA CARU
La comisión de control para el río Uruguay
El gobierno de Cristina Kirchner no consultará por vías políticas ni diplomáticas a Uruguay respecto de la eventual petición de los asambleístas para controlar el interior de la pastera UPM (ex Botnia) como condición para levantar el bloqueo de la ruta 136, pero impulsará a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) la realización de un plan de vigilancia que incluya el muestreo puertas adentro de la planta.
Así lo anticiparon a LA NACION altas fuentes oficiales, que confiaron que la gestión se efectuará formalmente a través de los representantes ante el organismo bilateral encargado de regular los usos del curso de agua compartido, en una reunión técnica cuya realización está prevista dentro de los próximos 10 días.
La diferencia entre realizar un planteo diplomático y solicitar de manera técnica el control sobre la pastera es de carácter estratégico. Fuentes del Palacio San Martín explicaron que el gobierno argentino no quiere aparecer solicitando una excepcionalidad o un favor al vecino país, sino que interpreta que el control en el interior de la planta es una obligación que se desprende del fallo de La Haya que los dos países deben cumplir.
La resolución internacional habla de la realización de un control ambiental "conjunto y continuo" en las aguas compartidas, y a criterio de la diplomacia argentina y de los técnicos del país ante la CARU, ese concepto implica necesariamente una vigilancia ambiental minuciosa y, por ende, sobre la propia pastera. No es el criterio que prima entre los técnicos uruguayos, que deslizaron que avanzar en ese sentido implicaría una intromisión en la soberanía del vecino país.
En cualquier caso, ése es el ámbito de la CARU donde debe prosperar el plan de monitoreo ordenado por la Corte de La Haya y por los presidentes Cristina Kirchner y José Mujica en la cumbre de Anchorena, tres semanas atrás. El plazo que pusieron los jefes de Estado para bosquejar ese plan de vigilancia ambiental es de 60 días.
El planteo de vigilar en el interior mismo de la planta fue esgrimido por la delegación argentina en la primera reunión de la CARU. Y es ese camino el que planea redoblar la Argentina en el próximo encuentro.
"No tienen que entrar técnicos argentinos en la planta, sino que ellos mismos pueden entrar y tomar la muestra y traerla a la CARU para su análisis y consideración. Son mecanismos de confianza que se deben construir", dijo un diplomático que conoce el derrotero bilateral.
"Planteamos la instrumentación de un sistema de vigilancia ambiental completo, que se corresponda con el que requieren las plantas de ese porte, y bajo el concepto de monitoreo continuo y con mecanismos de confianza", dijo la fuente consultada.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1275226
UN GRUPO DE URUGUAYOS SE MOVILIZÓ CONTRA EL CORTE
Mate, música y castillos inflables fue la metodología que escogió un grupo de fraybentinos que el último domingo se manifestó en esa ciudad contra el corte de Arroyo Verde. Unos 30 uruguayos pidieron el fin de la medida que lleva adelante la Asamblea Ciudadana para poner fin a las bocanadas contaminantes de una industria de celulosa que se instaló de manera legal en las márgenes del río Uruguay.
En este contexto, el intendente reelecto de Río Negro, Omar Lafluf, se reunió en los últimos días con representantes de los uruguayos que presuntamente fueron afectados por el corte de ruta. En la oportunidad, el funcionario brindó información y la opinión de varios expertos sobre la viabilidad de plantear demandas por daños y perjuicios.
El funcionario uruguayo se aprovecha de algún modo de la “criminalización” del derecho a la protesta que días atrás inició la administración Kirchner ante la Justicia por impedir la circulación en el kilómetro 28 de la ruta 136.
Esa audaz ofensiva de una gestión contra ciudadanos ordinarios que viven una situación extraordinaria desde hace siete años implica una nueva etapa en la larga batalla de un pueblo para preservar su derecho a vivir en un medio ambiente sano. El nuevo escenario genera mayor tensión entre un gobierno elegido por el pueblo y ese mismo pueblo, lo mismo que profundiza las diferencias entre un grupo de la comunidad y los depositarios de la lucha ambiental.
En definitiva, el Estado argentino parece envidiar el modelo forestal uruguayo, intentando censurar las manifestaciones de una comunidad que vindica la salud pública contra el apetito voraz de las multinacionales que controlan el negocio de la pasta de celulosa.
El Gobierno Nacional repite lo que se vivió hace pocos años del otro lado de la Cordillera, donde la indignación de las comunidades mapuches contra el modelo forestal que irrumpió en sus tierras fue cuestionado desde el gobierno de turno. Cientos de integrantes de esas culturas ancestrales fueron perseguidos, detenidos, procesados y condenados por el simple hecho de intentar frenar la expansión y las graves consecuencias de la contaminación que traen aparejados los modelos industriales más contaminantes del mundo, entre los que se cuentan las celulosas.
Como en el caso chileno, el Gobierno se suma al Ministerio Público y ponen en movimiento las fuerzas de seguridad hacia la búsqueda de delitos que jamás fueron cometidos. El objetivo es criminalizar y reprimir la disidencia que ese mismo Gobierno había adulado años antes al considerar que el conflicto por la ilegal Botnia era una causa nacional. Las denuncias del Ejecutivo en los juzgados federales no persiguen otro objetivo que el de conducir un movimiento social reconocido en el mundo hacia la renuncia, impidiendo sus derechos democráticos a la asociación, a la reunión, a la libre expresión de las opiniones y el derecho de protesta.
Aunque el Gobierno se manifiesta contrario a la represión, sin embargo, activó una ley de la dictadura para querellar a los asambleístas. Apeló al artículo 4 de la Ley 17.516 de octubre de 1967 que nació bajo la dictadura del general Juan Carlos Onganía, para sustentar las razones jurídicas y querellar a algunos miembros de la Asamblea Ciudadana Ambiental. Toda una contradicción para un gobierno democrático, que enarbola las banderas de la defensa de los Derechos Humanos.
Para profundizar, en esa Ley de Onganía se habilita al Estado para que asuma “el carácter de querellante cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos, el orden constitucional y en los casos de delitos contra la seguridad y la tranquilidad pública”. Pues bien, los asambleístas fueron denunciados por homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, daños a los bienes públicos, atentado contra la vida democrática, sedición y resistencia a la autoridad, entre otros, figuras y leyes que germinaron en períodos oscuros pero que siguen vigentes en períodos democráticos.
Movimientos como los del pueblo de Gualeguaychú contra la ilegal Botnia son el único enemigo de los poderes económicos impulsados por los Estados a favor de esos intereses privados.
Inversiones sustanciosas
Para ilustrar basta citar el Tratado de protección a las inversiones con Finlandia que rubricaron la Argentina y el Uruguay de manera individual. Por ese Tratado, el vecino país está obligado a resarcir a la ilegal Botnia en caso de que se dé una huelga de trabajadores de la planta, y en caso de duda siempre prevalece la versión en inglés, es decir, la que resguardan los finlandeses.
Todo destinado a proteger un negocio sustancioso para los gobiernos y las multinacionales del papel sin importar el alto precio que deban pagar las comunidades que descansan sobre las riberas del río Uruguay. La producción de Botnia es una verdadera mina de oro. En mayo pasado, la tonelada de pasta de celulosa se cotizaba en el mercado europeo a 588 dólares. El 13 de abril de 2010, superaba los 918 dólares, pero “el costo de producir una tonelada en Botnia sería de no más de 300 dólares la tonelada, lo que lleva a una rentabilidad cercana a 600 dólares la tonelada” (Ámbito Financiero, 22/10). Siguiendo este razonamiento, se estima que produciendo aproximadamente 1.100 toneladas anuales, la planta que costó 1.200 millones de dólares estaría prácticamente pagada con la ganancia de dos años.
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/75784/un-grupo-de-uruguayos-se-movilizo-contra-el-corte
EL EQUIPO TÉCNICO CONFÍA EN EL DIÁLOGO POLÍTICO
Al término de la lectura de la orden judicial, los abogados de la asamblea Luis Leissa y Osvaldo Fenández, remarcaron ante los medios de comuniciación que el conflicto de Botnia UPM y el corte de ruta se resolverá políticamente y no por vía judicial.
“Esto lo que hace es concretar algo que estaba anunciado, nosotros lo que estamos evaluando es ofrecer un gesto y asignar lo que pretendemos que es la relocalización de Botnia”, dijo Leissa.
El letrado manifestó la posibilidad de “corrernos al costado de la ruta a cambio de determinadas condiciones que tienen que ver con una aplicación estricta del artículo 44 conforme los lineamiento de la Corte Internacional a que se investigue dentro de la planta de Botnia, no se trasladen insumos y a que se aplique el código aduanero con sus prohibiciones económicas, y que esto signifique un gesto que se tome como tal, donde el Uruguay asuma las responsabilidades, que son la de no continuar con la violación de las normativas vigentes y de no substraerse a algo que se le ha reclamado permanentemente que se presenten los estudios, que se deje examinar a Botnia y que permita la citación de los directivos de la pastera con forme lo ha resuelto el ex juez federal Quadrini”, dijo.
En tanto, los abogados destacaron que durante todo el día de ayer la barrera que controla el paso de vehículos en Arroyo Verde estuvo abierta y ningún asambleísta interrumpía el paso en la ruta.
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/75786/el-equipo-tecnico-confia-en-el-dialogo-politico
GENDARMERÍA NOTIFICÓ A LA ASAMBLEA PARA TERMINAR CON EL CORTE
La Asamblea se reunirá mañana a las 21 en el club Frigorífico para decidir los pasos a seguir. Se debatirá si se flexibiliza el corto o no. Ningún asambleísta firmó la notificación del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.
Ayer a las 10:30, el comandante principal Carlos Arias, a cargo de la jefatura del Escuadrón 56 “Gualeguaychú” de Gendarmería Nacional, junto a un grupo de cuatro gendarmes, se leyó a unos 30 asambleístas que se encontraban en el refugio de Arroyo Verde las resoluciones instrumentados mediante los oficios n° 86/06, 299/06 y 1479/07 que se encuentran plenamente vigentes.
La lectura de la orden judicial del juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, duró unos 20 minutos. Los asambleístas la escucharon atentamente sin interrupciones.
Luego se labró un acta de notificación con la firma de dos testigos que llevó la Gendarmería, ambos domiciliados en el barrio Obrero de nuestra ciudad Jorge Luís Giménez 19 años de edad y Juan Francisco Neirotti de 19 años de edad, notifican la presencia de unos 20 asambleístas, de los cuales se reconoció a Luis Leissa, Cira Muñoz, María Elena Marsioli, José Pouler, Jorge Fritzler, Paola Robles y Osvaldo Fernández de la lectura del oficio judicial leído a viva voz procedente del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo del doctor Rubén Pimentel, a fin de que se tome conocimiento de lo resuelto por el mandato judicial.
La notificación no fue firmada por ninguno de los presentes y se decidió informar sobre lo actuado en la asamblea que se desarrollará mañana en el salón del Club Frigorífico en calle San Martín y Chalup, a las 21.
Los considerandos de la denuncia
Que, vienen las presentes actuaciones a resolver, en virtud del renovado planteo de los Sres.:
Adamo Matías
Aisburu Juan
Aisburu Francisco
Aisburu Daniel
Antúnez María Luisa
Badano Oscar
Barrera Emanuel
Brunetti Nilda
Buzatto Alicia
Caballero Mirta
Carro Marcos G.
Casarino Rodolfo
Casenave Federico
Casenave Raúl
Chaia Jorge
Chesini Héctor
Coitiño Sergio
Díaz Julio
Domínguez Graciela
Drabble Juan A.
Garat María
Garciarena María
González Nora
Gramajo Raquel
Iturbura Jorge
Joloe Claudio
Lanusse Bárbara
López Echenique Alejandro
Maceira Leticia
Malatesta María C.
Marconi Juan E.
Martí Teresita T.P. de
Martisolich Sergio
Mettler Raúl
Novello Jorge
Novello Susana
Quiroga José
Recova José P.
Ruiz María de las Mercedes
Serrano Adolfo
Susco Juan A.
Vignetes Eduardo
Vivian Alicia
Wendel Oscar
-vecinos de la ciudad de Gualeguaychú- que concurren a esta Judicatura en procura del derecho a la jurisdicción, denunciando la comisión de un ilícito en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 136, al impedírseles el normal ejercicio de los derechos constitucionales de transitar, entrar y salir libremente por y del territorio nacional, usar los servicios públicos de transporte nacionales e internacionales, trabajar y comerciar.
La presente instrucción reconoce en lo atinente a la interrupción del tránsito vehicular sobre la Ruta Nacional N° 136, el libramiento de tres mandas judiciales instrumentadas mediante los oficios N° 86/06 de fs. 3, 299/06 de fs. 127 y 1479/07 de fs. 403, los dos últimos a instancia del Ministerio Público- por las cuales y en resumidas cuentas se ponía en cabeza de la fuerza de prevención el “arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por las rutas nacionales de jurisdicción de este Juzgado y la totalidad de los pasos fronterizos con la República Oriental del Uruguay, esto es: los puentes que unen las ciudades de Gualeguaychú (Argentina) – Fray Bentos (Uruguay), Colón (Argentina) Paysandú (Uruguay) y Concordia (Argentina) – Salto (Uruguay), como así de todos los medios de transporte de cargas que se encuentren demorados o retenidos o estacionados que manifiesten su voluntad de continuar su viaje para lo cual se proveerá de todos lo medios a su alcance. Así también deberá velar por la seguridad de los manifestantes y de las personas que quieran utilizar las rutas y los pasos fronterizos comunicando en forma permanente las novedades que pudieran surgir.
De igual modo se instruyó a la fuerza el deber de individualización de los manifestantes y vehículos utilizados para el corte de ruta y el labrado de las actas pertinentes acorde con la normativa procesal, remarcándose que en lo sucesivo debían resguardarse los derechos de libre circulación.
Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que, desde un inicio de los cortes de los Puentes Internacionales, se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial.
Para ello, debo tener en cuenta que, a aquellas manifestaciones que ocupan vías de transporte terrestre y/o lugares públicos a fin de protestar o reclamar a las autoridades, pueden entenderse como jurídicamente comprendidas dentro del ejercicio de un legítimo derecho; expresiones en definitiva éstas, de los derechos de reunión, de peticionar a las autoridades y de libertad de comunicar las ideas.
Se desprende así que, producto de esa congregación voluntaria de un grupo de personas en un lugar determinado -público o privado- con un fin dado, se garantiza el libre desenvolvimiento de la opinión pública, poniendo los concurrentes de manifiesto al resto de la sociedad y al gobierno, su parecer respecto de una cuestión; generando en determinadas circunstancias, el deber de tolerancia en el resto de la ciudadanía por la exclusión en el uso y goce de los lugares públicos donde se llevara adelante la misma -normal desenvolvimiento del tráfico vehicular y viandante o incluso la pérdida de las ventas de los negocios que se encuentran establecidos en las inmediaciones.
“El corte de ruta”
Ahora bien, si se observan las constancias de la causa y se tienen en cuenta los informes elaborados por Gendarmería Nacional Argentina no se observa una relación directa entre el ejercicio del derecho de reunión para canalizar una petición con la interrupción del tránsito vehicular. En otras palabras, el “corte de la ruta” no es una consecuencia necesaria de la aglomeración de personas que quieren hacerse escuchar, sino por el contrario, producto de una decisión tomada en el seno de una asamblea que se reúne dentro del ejido municipal de la ciudad de Gualeguaychú y que se materializa por la presencia en el lugar de escasas personas.
Con este entendimiento, salvo aquellas marchas previamente anunciadas que se convocaran a la altura del kilómetro 28 de la Ruta Nacional N° 136 (paraje conocido por los lugareños como “Arroyo Verde”), ese derecho de reunión no sustenta la arrogación de uso exclusivo del corredor vial mencionado, por lo que la posible colisión o tensión de fuentes de una misma especie o jerarquía resulta en la presente inexistente.
Desde que la medida no recae sobre quien se sindicaría como protagonista del riesgo –emprendimiento U.P.M. Ex Botnia-, sino sobre terceros –usuarios del carril vial-, debe descartarse de cuajo la búsqueda de justificación en la legítima defensa, pues “… naturalmente el prevalecimiento del Derecho, que junto con la protección individual es lo característico de toda legítima defensa, sólo tiene sentido frente al agresor y no frente a terceros que no han intervenido en la agresión” .
Por esto se resuelve:
Hacer saber al Jefe del Escuadrón N° 56 y por su intermedio al Director Nacional de Gendarmería Nacional Argentina que los mandatos judiciales instrumentados mediante los oficios N° 86/06, 299/06 y 1479/07 se encuentran plenamente vigentes, todo ello sin perjuicio de las atribuciones y deberes que le son propios en virtud de las disposiciones procesales que emergen del Art. 184 del Código Procesal Penal de la Nación.
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/75785/gendarmeria-notifico-a-la-asamblea-para-terminar-con-el-corte
LA GENDARMERÍA NOTIFICÓ A LA ASAMBLEA SOBRE LA CAUSA INICIADA POR EL GOBIERNO
Se leyeron las resoluciones judiciales frente a testigos y asambleístas. Se informó que se podrá individualizar personas y vehículos que obstaculicen el tránsito. La barrera se mantiene levantada.
Por Mónica Farabello y Rubén Skubij
Luego de días de especulaciones y tensión en el Paraje Histórico y Cultural de Arroyo Verde, los asambleístas finalmente fueron notificados de manera oficial acerca de la causa que pesa sobre ellos.
El Jefe del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería, Comandante Carlos Arias, encabezó el operativo que tuvo comienzo alrededor de las 10,30 de ayer. Junto a cuatro gendarmes y dos testigos se apersonaron en el refugio ubicado en el kilómetro 28 de la Ruta Nacional 136 para dar cumplimiento a las notificaciones judiciales.
La lectura de las actas estuvo a cargo del Alférez Rubén Rodríguez quien delante de todos los presentes dio a conocer las decisiones judiciales tomadas, y que hasta el momento no habían sido expresadas a los vecinos.
Entre los integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú se encontraban presentes José Pouler, Sira Muñoz, Paola Robles, los abogados Luis Leissa y Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler y la Secretaria de la asamblea, Susana Padín.
Luego de finalizada la lectura, se procedió a labrar un acta de notificación delante de dos testigos llevados de la ciudad a Arroyo Verde junto a los gendarmes.
Se trata de dos jóvenes de 19 años, solteros y de profesión empleados, domiciliados en el barrio Obrero de nuestra ciudad. Jorge Luis Giménez y Juan Francisco Neiroti fueron quienes oficiaron como testigos de la notificación y quienes firmaron el acta de Gendarmería.
Por su parte, el Alférez Rodríguez nombró a algunos asambleístas -entre los presentes- y les ofreció la posibilidad de firmar el acta para dejar constancia de haber sido notificados.
La respuesta unánime de los asambleístas fue de negación rotunda. Esta decisión de no firmar el acta de notificación ya había sido tomada días atrás ante la inminente presencia de personal de Gendarmería en el corte de Arroyo Verde.
“Desproporcionado e irrazonable”
Los calificativos respecto de la postura que plantea la asamblea de negociar el corte de ruta por el desmantelamiento de la pastera fueron rotundos.
El Juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel en su escrito leído por la Gendarmería aseguró que: “respecto al monitoreo conjunto para corroborar o no los límites de contaminación fuera de los límites permitidos, por lo que supeditar el cese de la obstrucción de la ruta, al desmantelamiento de la planta de celulosa, deviene desproporcionado e irrazonable”.
Luego continúa: “en un estado cuyos poderes están limitados y en el que los derechos de los individuos se encuentran garantizados, si bien técnicamente no hay restricciones para pedir, se sobreentiende que sólo ha de solicitarse aquello a lo que se tiene derecho y a lo que la autoridad a la que se peticiona, esté constitucionalmente autorizada para otorgar. Solicitar al poder público, algo a lo que éste no esté autorizado a conceder, no sólo es absurdo sino también contrario a la ética cívica que debe primar en las relaciones entre gobernantes y gobernados”.
Estas afirmaciones legales que se expresaron en las actas se basan en las publicaciones del jurista y experto en Ciencias Políticas, Linares Quintana, quien fue citado en reiteradas oportunidades.
El texto leído por el personal de Gendarmería en Arroyo Verde con el fin de notificar a los asambleístas acerca de la causa que fue iniciada por el Gobierno Nacional fue extenso.
Entre los párrafos más relevantes se menciona la necesidad de garantizar la normal circulación de vehículos en ruta 136, dejando a la libre decisión de la fuerza de seguridad, el modo en que esto debe llevarse a cabo.
Por otra parte, se expresó la posibilidad de individualizar a quienes corten el tránsito, ya sean personas o vehículos.
Estos son algunos de los párrafos leídos en el refugio de Arroyo Verde: “se deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar la normal circulación de vehículos que transiten por la ruta nacional Nº 136 y acceso vial a puente internacional General San Martín, particularmente el paso fronterizo Puerto Unzué Argentina- Fray Bentos- Uruguay, como así también de todos los medios de transporte de carga que se encuentren demorados, retenidos o estacionados que manifiesten su voluntad de continuar su viaje, para lo cual se proveerá de todos los medios a su alcance. Así también se deberá velar por la seguridad de los manifestantes comunicándoles novedades del Juzgado que pudieran surgir”.
Además, respecto a la individualización de personas se manifestó: “asimismo, si se produjere el corte de la ruta y el puente internacional mencionados preferentemente se debe individualizar a los manifestantes labrando las actas correspondientes, de acuerdo a las previsiones contenidas en el código procesal Penal de la Nación”.
Por su parte, los abogados de la Asamblea explicaron que los párrafos antes expuestos son parte de una solicitud que el Ministerio Público de la Nación le expresa a los jueces y que luego, éstos se dirigen a la comunidad.
En este sentido, volvieron a manifestar la necesidad de resolver este conflicto mediante la vía política y no en los estrados judiciales, ya que se trata de una protesta y movilización social.
Además, el Dr. Osvaldo Fernández confirmó que pidieron una audiencia con el Juez que entiende en la causa, para poder llevar adelante un diálogo y presentar las razones de su lucha.
“Tenemos que esperar”
El abogado de la Asamblea, Luis Leissa aseguró que fueron notificados de la querella, pero que eso no significa que sean imputados de un delito. En este sentido, explicó que “la sola presentación de la querella no significa que se impute a alguien en un delito; tiene que haber un material probatorio suficiente. Lo que la querella significa es tener una voluntad, en este caso del Estado Nacional de perseguir una investigación penal. Pero esa investigación penal supone que haya pruebas y luego, a partir de que haya pruebas y que alguien esté sindicado como partícipe o responsable de un hecho delictivo. Estos pasos no se han dado”.
Aseguró que deben esperar “los pasos y que avance la justicia. Obviamente por un problema elemental de diagnóstico de la situación vamos a intentar acceder antes y no después y a la información que haya sobre todo para llevar tranquilidad a las personas que puedan estar imputadas o querelladas. Y entre todos resolver los pasos a seguir desde el marco que hemos planteado”.
Corte ¿Si o No?
El debate acerca del levantamiento del corte toma cada vez más protagonismo y aunque los asambleístas insistan en que el tema central es la planta de celulosa instalada de forma ilegal, violando el Estatuto del Río Uruguay, el tema cobra más fuerza.
La Asamblea Ambiental decidió debatir propuestas en la reunión de mañana que se llevará a cabo en el Club Frigorífico a las 21 y a la cual está convocada toda la ciudadanía. Se habla que las iniciativas pasarían por lo siguiente: correrse de la ruta 45 días, o 60 días o tres meses. En todos los casos, exigiendo que Uruguay abra las puertas de Botnia para que se hagan los estudios.
Ayer, distintas voces se hicieron oír al respecto. El arquitecto y asambleísta Oscar Lupi comentó que “la asamblea es soberana y va a decidir lo que tiene que hacer. Así que la decisión que tome, creo que va a ser adoptada o acatada por la mayoría de sus integrantes inclusive creo que los vecinos están esperando una decisión que tienda a resolver este problema”.
Otra de las opiniones fue la de Jorge Fritzler quien aseguró que “lo importante es que se hable del tema como siempre hemos estado predispuestos a hablar. Que la gente no crea que esto es un tabú. Se puede hablar y se decide lo que quiere la mayoría y eso es lo importante”.
José Pouler, por su parte, tomó esta decisión de debatir el corte como algo trascendente y muy importante. Aseguró que “se va a tomar una resolución definitiva. Creo que realmente se pueden blanquear estas ideas que hay respecto al levantamiento y ahí tomar una decisión de convocar (en caso que sea positivo) para que la gente decida. Creo que el miércoles es un día donde la gente tiene que participar porque es el momento de argumentar el por qué de cada postura”.
Otra de las asambleístas que más participación ha tomado en las últimas decisiones de la Asamblea es Paola Robles quien se expresó ante el próximo debate del posible levantamiento. Expresó que “en primera instancia hay propuestas de abrir un canal de diálogo, de negociación con el Gobierno en relación a cómo seguir el conflicto. Convocamos a toda la ciudadanía, mañana miércoles en el Club Frigorífico a participar activamente, a ir a opinar para saber qué es lo que necesitamos en este momento. Queremos que todos apoyemos con nuestra idea no solamente poniendo el cuerpo sino también qué idea tenemos de cómo seguir. El miércoles a las 20:30 está convocada y arranca a las 21 horas”.
Finalmente, uno de los vecinos más moderados, Juan Veronesi, explicó que “si el corte es un obstáculo analizaremos la posibilidad de remover el obstáculo y obligar a ambos países a que hagan dicho control a los efectos de decirle al mundo, a La Haya y a quien sea que Botnia es contaminante como sabemos que lo es. Y que no tengan excusas para decir que tenemos derecho a pedirle el desmantelamiento de Botnia porque sabemos que es altamente contaminante, no tiene licencia social y perjudica la paz social de esta zona”.
El conflicto con Uruguay por la pastera Botnia origina mucha información diariamente la cual se refleja por todos los medios. Obviamente, diario El Día también lo hace sobre los distintos acontecimientos. Sin embargo, ayer lunes se produjo un hecho que nos llama la atención y que queremos compartir con nuestros lectores.
Los principales diarios capitalinos, titularon sobre la posibilidad del levantamiento del corte. “Botnia: proponen por primera vez levantar el corte”, consignó Clarín en su principal titular. La Nación, por su parte, dijo: “Gualeguaychú: levantarían el corte durante dos meses”. En ambos casos, se explicó que el miércoles, en el Club Frigorífico, los vecinos votarán entre varias alternativas.
Periodistas de El Día consultaron a asambleístas sobre lo que se había resuelto en la reunión de los domingos en Arroyo Verde. Nada se informó sobre las propuestas elevadas respecto a ‘levantar el corte’ ni las diferentes alternativas que el miércoles se van a tratar.
Por su parte, el sitio digital Urgente24, realiza un análisis que merece su atención.
“Gualeguaychú: La prensa local no refleja lo que afirman La Nación y Clarín”, señala el título y acota: “Mientras que los diarios con cabecera en la Ciudad de Buenos Aires ubicaron su foco en la posibilidad del levantamiento por 2 meses del corte en el puente binacional sobre el río Uruguay, los 2 diarios de Gualeguaychú ni mencionaron un tema tan importante. ¿Acaso la prensa de la Ciudad de Buenos Aires ha identificado una ruptura en la Asamblea Ambiental que no refleja la prensa de Gualeguaychú? O ¿qué está ocurriendo aquí?”.
Nos sumamos a la pregunta. ¿Cómo un tema tan importante no fue comentado a El Día cuando preguntamos a asambleístas?, situación que seguramente les pasó a los colegas de El Argentino. Un conflicto que lleva muchos años y es seguido por ambos diarios, ¿por qué el debate sobre el levantamiento del corte del domingo no se explicó?.
Queda claro que el debate sobre levantar el corte, sí se dio en el kilómetro 28 y continuará en el Club Frigorífico. Allí estaremos cubriendo, como siempre; ahora, reiteramos una sensación de incertidumbre en la Redacción de este diario, al enterarnos que un tema trascendental – posible levantamiento del corte- tal como titularon los diarios nacionales y no los dos diarios de Gualeguaychú.
La barrera que cruza la ruta 136, en el km. 28, permaneció levantada durante muchas horas, ayer. Durante la permanencia de los funcionarios de Gendarmería, hecho que fue constatado e incluido en el acta que se labró en el lugar; permaneció en esa situación después del retiro de los gendarmes. Se bajó más tarde y “se levantó de nuevo cuando comenzó a llover. Siempre lo hacemos por seguridad de los conductores que se acercan al lugar, cuando hay mucha neblina o se corta la luz; si bien se colocan balizas tomamos esa decisión”, aclaró anoche Sira Muñoz.
La foto de la barrera levantada fue una de las más requeridas por los colegas a El Día, anoche permanecía baja –sin llave-.
Es el objetivo de un grupo de abogados del Foro local que decidieron sumarse al Equipo Legal de la Asamblea Ambiental. Germán Duboscq, Carlos Carballo, Darío Carrazza, Juan Eduardo Romani, Adrián Sobredo y Fabián Otarán, son algunos de los que hoy martes comenzarán a trabajar junto a Luis Leissa, Osvaldo Fernández, Ana Angelini y Víctor Rebossio.
El criterio tomado es preparar una posible defensa ante el supuesto juicio contra vecinos. Hay un espíritu solidario y es el de acompañar a hombres y mujeres de la ciudad que defienden el medio ambiente y el río Uruguay.
Apoyo y repudio
Durante la mañana de ayer, la Asamblea del Pueblo, en Capital Federal realizó un acto en adhesión a las acciones que llevan adelante los asambleístas de nuestra ciudad.
En dicho acto se encontraba presente Juan Veronesi quien comentó que en la intersección de las calles Callao y Corrientes, se manifestó el apoyo al pueblo de Gualeguaychú, y el repudio a las acciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional.
http://www.eldiadegualeguaychu.com.ar/la-gendarmeria-notifico-a-la-asamblea-sobre-la-causa-iniciada-por-el-gobierno/
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References: Resolución 
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 artículo 4
 artículo 44
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