Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A079-09.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:25:15+00:00

Document:
A079-09
Auto 079/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Acción de tutela por considerar que resolución contra DMG y ser inversionista de dicho grupo vulnera el derecho al debido proceso
ACCION DE TUTELA-Competencia de todos los jueces de la República/ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-No es susceptible de anulación mientras actúa en ejercicio de las funciones jurisdiccionales conferidas por el Decreto 4334/08
FACTOR TERRITORIAL-Competencia a prevención del lugar donde ocurrió la violación o donde tiene efectos
Referencia: Expediente ICC-1365
Accionante: Camilo Peña Hoyos
Accionados: Superintendencia de Sociedades
Conflicto de competencia negativo: entre el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
1. El señor Camilo Peña Hoyos interpuso demanda de acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades al considerar presuntamente vulnerado su derecho fundamental al debido proceso con ocasión a la resolución 400014079, contra DMG, por la cual se vio afectado al ser él inversionista de dicho grupo. (24 de noviembre de 2008. Folios 1 al 17, cuaderno #1).
2. En el reparto la oficina judicial asignó la acción de tutela al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito, quien mediante auto del 26 de noviembre de 2008, decidió declarar la falta de competencia para conocer de la acción de tutela. Sostuvo “[l]as Superintendencias se clasifican dentro del sector central, de conformidad con el organigrama de la rama ejecutiva y su estructura a nivel nacional y así, conforme a las normas que regulan la materia de las tutelas, esta acción que nos ocupa, por competencia, corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejo Seccional de la Judicatura del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, de acuerdo al artículo primero, incisos 1 y 2 del Decreto 1382 de 2000”. De ese modo, ordena remitir las actuaciones al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, “lugar donde tiene su asiento la Superintendencia entutelada, y donde se ha generado la presunta violación a la que se refiere la tutela”. (Folio 24, cuaderno #1).
3. El proceso fue asignado al la Sección Segunda, Subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien mediante auto del 4 de diciembre de 2008 se declaró incompetente para conocer de la presente acción de tutela al determinar que la Superintendencia de Sociedades es una entidad del orden nacional, perteneciente al sector descentralizado por servicios, razón por la cual, según el Decreto 1382 de 2000, le corresponde conocer de las acciones de tutela dirigidas contra ella a los jueces del circuito o con categoría de tales. En consecuencia, propone conflicto de competencia ante la Corte Constitucional. (Folios 30 al 35, cuaderno #1).
4. Recepción del caso por la Corte Constitucional. (28 de enero de 2009. Cuaderno Principal).
2.1 En el caso concreto se tiene que la acción de tutela esta dirigida contra la Superintendencia de Sociedades. La actuación que supuestamente amenaza o viola los derechos fundamentales del peticionario, se profirió en ejercicio de una facultad jurisdiccional, atribuida por el Decreto 4334 de 2008, ‘por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008’[2]. Por consiguiente, en principio parecería aplicable el último inciso del numeral 2°, artículo 1° del Decreto 1382, que prescribe, de modo específico:
Sin embargo, para definir la competencia en este tipo de eventos, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante autos A-061 de 2009, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, y A-055 de 2009, MP Clara Elena Reales (E) sostuvieron que era importante examinar el contexto jurídico en el cual se enmarcan los actos que motivaron al accionante a interponer la acción de tutela. Al respecto la Corte sostuvo que “puede advertirse, en primer lugar, que las facultades fueron atribuidas en virtud de la declaratoria de un estado de emergencia social.[4] En segundo lugar, que los actos de intervención o de toma de posesión para devolver –que originan, en este caso, la presentación del amparo- no tienen recurso alguno.[5] En tercer lugar, que si no tienen recurso alguno, el medio de defensa expedito, sucedáneo del recurso de apelación, es la acción de tutela (art. 86, C.P.).[6] En cuarto lugar, que de no haber sido por el estado de emergencia social, esas facultades estarían radicadas, en principio, en los jueces de circuito.[7] De ese modo, puede apreciarse que si se aplicaran las reglas de reparto desatendiendo el contexto en el cual se confirieron las facultades jurisdiccionales, las tutelas contra la Superintendencia de Sociedades, por actuaciones surtidas en desarrollo del proceso de intervención, serían conocidas por el juez que ordinariamente tomaría las decisiones –es decir, el juez de circuito-, y no por el superior funcional –es decir, el Tribunal Superior o el Tribunal administrativo-. Sin embargo, por tratarse del recurso específico que puede dirigirse contra dichas actuaciones, debería conocer de él el superior funcional del juez de circuito, pues es la autoridad judicial desplazada por la Superintendencia. En consecuencia, el reparto debe efectuarse ante los tribunales administrativos o tribunales superiores de distrito judicial, por ser los superiores funcionales de la autoridad judicial desplazada por la Superintendencia Sociedades, en este caso concreto”.
Ahora bien, la Corte también clarificó que esta es una regla de reparto, que no asigna competencias, ya que todos los jueces de la República son competentes para conocer de las acciones de tutela (arts. 86, C.P. y 37 del Dcto 2591 de 1991). Por lo tanto, las acciones de tutela dirigidas contra la Superintendencia de Sociedades, mientras actúa en ejercicio de las funciones jurisdiccionales conferidas por el Decreto 4334 de 2008, que ya hayan sido resueltas por autoridades judiciales distintas de los tribunales administrativos o de distrito, son válidas, ya que se surtieron ante un juez competente y, en consecuencia, no son susceptibles de anulación.
2.2 En relación con el factor territorial, la Corte Constitucional considera que de acuerdo al artículo 86 de la Constitución Política de 1991, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, el artículo 1° del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 y teniendo en cuenta lo decidido por esta Corporación en casos similares,[8] son competentes para conocer la acción de tutela, a prevención, los jueces del lugar donde ocurrió la violación del derecho o los jueces donde tiene efecto tal violación. En este caso, la violación tiene efectos en el lugar donde está domiciliado el accionante, es decir en Pitalito, y fue ese el lugar en el cual se interpuso la acción de tutela.
2.3 En consecuencia, la Corte Constitucional ordenará remitir el expediente al Tribunal Administrativo del Huila, quien deberá asumir el conocimiento de la acción de amparo interpuesta por Camilo Peña Hoyos contra Superintendencia de Sociedades.
Primero.- Remitir, por intermedio de la Secretaría General, el expediente de la referencia al Tribunal Administrativo del Huila, para que en ejercicio de sus compe­ten­cias constitu­cionales y legales, y dentro de los términos establecidos, decida la acción de tutela interpuesta por Camilo Peña Hoyos contra Superintendencia de Sociedades
Segundo.- Comunicar por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Promiscuo de Familia de Pitalito con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 079 DE 2009
Referencia: ICC-1365
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
[5] El artículo 3° del Decreto 4334 de 2008 dice específicamente que las decisiones proferidas en la toma de posesión para devolver “que se adopten en desarrollo del procedimiento de intervención tendrán efectos de cosa juzgada erga omnes, en única instancia, con carácter jurisdiccional” (Subrayas añadidas(.
[6] El artículo 86 de la Carta dice que la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” (Subrayas añadidas)
[8] Similar decisión ha adoptado la Sala Plena de la Corte Constitucional en otros casos, como por ejemplo en el Auto de marzo 1° de 2005, ICC-878 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), en el cual se resolvió un conflicto de competencia indicando que el juez competente para conocer la acción de tutela era el del Circuito de Medellín por ser este el domicilio del accionante. En sentido similar se decidió el Auto ICC 023 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 86