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Nuevas Disposiciones del Código de Comercio en materia de Seguros | Quevedo & Ponce
Nuevas Disposiciones del Código de Comercio en materia de Seguros
noviembre 14, 2019 por Luis Ponce Palacios Alertas 0 comentarios
Por: Luis Ponce Palacios
Es singularmente grato para mí compartir con ustedes algunos comentarios sobre aquellas disposiciones del nuevo Código de Comercio que implican modificación sustancial a la normativa sobre el contrato de seguro contenida en el derogado Decreto Supremo Nº 1147, publicado en el Registro Oficial Nº 123 de 07 de diciembre de 1963.
Estos relevantes preceptos legales, escogidos para la presente disertación, son los siguientes: (I) adopción de la consensualidad del contrato de seguro y de un nuevo régimen probatorio; (II) plazos para el pago de la prima; (III) plazo para dar aviso del siniestro y trámite; (IV) el reclamo administrativo; y, (V) prescripción;
I.- CONSENSUALIDAD Y PRUEBA.-
Desde los primeros días de la República, cuando todavía se aplicaban las normas del Código de Comercio español de 1828, reemplazado luego por nuestro propio Código de Comercio promulgado en el año 1882, hasta la puesta en vigencia del Código de Comercio publicado Registro Oficial Suplemento Nº 497 de 19 de mayo de 2019, se vino manteniendo el carácter solemne del contrato de seguro, preceptuándose su perfeccionamiento y prueba mediante el documento firmado por la partes, denominado póliza.
El principio de la autonomía de la voluntad, proclamado en el Código Napoleón de 1809, reiterado por don Andrés Bello y acogido en la legislación nacional a todo lo largo de nuestra trayectoria republicana, expresa que “en los actos y contratos está permitido lo que no está prohibido”, bajo el amparo sucesivo de instrumentos constitucionales que, como el actual de 2008, reconocen y garantizan el derecho a la libertad de contratación.
El desarrollo permanente y progresivo de las actividades económicas, los avances inconmensurables de la tecnología, la complicación severa de las relaciones humanas y, en general, las circunstancias de orden público que obligan al Estado a normar conforme a la razón el ejercicio de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación, precisamente para garantizar su efectiva vigencia como atributo aquí y ahora de las personas, han traído consigo la conformación de un marco legal en los ámbitos civil y mercantil, que iniciándose en la regulaciones para reconocer el nacimiento y subsistencia válida de los contratos se dirigen hasta la clasificación de estos según su naturaleza, con sus normativas específicas. Así, pues, tenemos las fundamentales consignadas en el artículo 1461 del Código Civil, relativas a la capacidad y consentimiento de los contratantes, y al objeto y causa lícitos de los contratos,; como también aquellas que dimanan de la naturaleza de los contratos y se reflejan en el artículo 1459 del mismo Código: “ El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona con el solo consentimiento”
Con el breve recuerdo de estos principios, regresamos al tema principal y ponemos de manifiesto que el carácter solemne conferido por la legislación mercantil al contrato de seguro, ha llegado a su fin con la expedición del nuevo Código de Comercio que en su artículo 696, lo instituye y transforma en un contrato consensual, tal y como se manifiesta en su inciso primero: “El contrato de seguro es consensual, es decir, se perfecciona con el solo consentimiento de las partes”.
No encontramos en las consideraciones del nuevo Código de Comercio motivación concreta que justifique este cambio radical en la forma de perfeccionarse del contrato de seguro, y más bien se puede apreciar que ninguna referencia siquiera lateral se hace en su parte considerativa a tan importante y secular institución que, por deficiencias cultuales, no es siempre apreciada en su justo valor y aún, en veces, es injustamente denostada y estigmatizada. A falta de esta minuciosidad legislativa, hemos de suponer que la innovación antes puntualizada se debe principalmente a la toma de conciencia por parte de los individuos ante los riesgos a que están expuestos sus personas y bienes, de los padres de familia con responsabilidad hacia la seguridad futura de sus dependientes, y de los empresarios de toda índole para pasar de una situación de incertidumbre a una condición de certidumbre de que las pérdidas posibles por riesgos previstos, pueden ser indemnizadas, ha traído como como consecuencia una enorme demanda de coberturas de seguros, desde los más elementales de vida y salud individuales y colectivos, hasta los más sofisticados de los ramos de daños, lucro cesante, electrónico y responsabilidad civil, respecto de toda la gama de actividades económicas, y también a estimar que esta circunstancia ha generado dificultades en los procesos de emisión de las pólizas y perfeccionamiento de los contratos en conformidad con la disposiciones del fenecido Decreto Supremo N º 1147, con la consiguiente demora en la entrega del instrumento constitutivo y probatorio del contrato de seguro y en su facturación, así como los visos de inseguridad que podían afectar a las partes contratantes durante el tiempo transcurrido hasta la consumación efectiva del negocio asegurador.
Sin duda aquella demanda ha tomado mayores dimensiones desde que los programas de cobertura se han masificado, tanto más si los recursos de mercadeo se han perfeccionado con tecnologías de punta para facilitar y multiplicar las ventas, con el evidente resultado de la congestión administrativa en las compañías aseguradoras. Pero más allá de estas circunstancias, es preciso destacar que la postura formalista del contrato de seguro ha seguido la tendencia del derecho comparado dirigida hacia la consensualidad del contrato y, particularmente en el Ecuador, esta transformación se ha inspirado en buena parte en la Ley 389 dictada en Colombia en 1997, la cual tuvo como antecedente extensos debates sobre el proyecto de reforma del Código de Comercio del año 1958, inspirado y estructurado por el eminente profesor Efrén Ossa. En aquellos debates se exponía, por ejemplo: “Este proyecto de ley contiene modificaciones sustanciales a la normatividad mercantil vigente sobre el contrato de seguro en general y a los artículos 1036 y 1067 del Código de Comercio, en particular; pues por una parte, se pretende abolir la solemnidad constitutiva y de restricción probatoria que en los últimos años ha generado toda una serie de conflictos entre aseguradores y asegurados. Y, por otra parte, ante la imperiosa necesidad de adecuar el contrato de seguro con la realidad mercantil cotidiana, caracterizada por su celeridad y agilidad, con esta reforma se busca plasmar de manera legislativa aquella costumbre reiterada de la contratación desformalizada de seguros que se efectúa mediante la utilización de los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, tales como la vía telefónica, tele, fax, etc. Es indudable que el legislador, en función de regular las relaciones y actos mercantiles, no puede desconocer los beneficios logrados por la mayoría de las legislaciones modernas (como la francesa y la argentina), que en lo referente a la institución del contrato de seguros, han plasmado la consensualidad, como un reflejo de la autonomía de la voluntad, que implica la libertad de formas y no restricción probatoria, permitiendo un considerable avance en las relaciones económicas”. (Derecho de Seguros, Tomo II, páginas 245 y 246, Carlos Ignacio Jaramillo).
No obstante esta sustancial reforma, los elementos esenciales del contrato de seguro contemplados en el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 1147, permanecen incólumes en el artículo 691 del Código de Comercio, a saber: el nombre del asegurador; el nombre del solicitante o tomador; el interés asegurable; el riesgo asegurable; la prima o precio del seguro; la obligación del asegurador de efectuar el pago del seguro en todo en parte, según la extensión del siniestro; y, el monto asegurado o límite de responsabilidad del asegurador, según el caso.
Consignada esta salvedad y no siendo materia de esta disertación una exégesis sobre la legislación relativa al contrato de seguro, sino que se contrae a los temas puntuales que antes se han destacado, es preciso poner de relieve la excepción al principio legalmente consagrado de la consensualidad del contrato de seguro que, en virtud de la naturaleza del Derecho Público, se traduce en la exigencia de solemnidad exigida en forma general por la disposición del artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: Suscripción de Contratos.- Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a la base prevista para la licitación se protocolizarán ante Notario Público. Los gastos derivados del otorgamiento del contrato son de cuenta del contratista. Las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. Las contrataciones de menor cuantía se instrumentarán con la factura correspondiente, sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes. Los demás contratos se otorgarán por documento suscrito entre las partes sin necesidad de escritura pública”; resultando, por lo tanto, que ubicándose los contratos de seguros entre los “demás contratos”, su perfeccionamiento se efectúa mediante la suscripción de documento privado denominado póliza.
La consensualidad del contrato de seguro traduce el mismo carácter que el Código de Comercio confiere a los contratos mercantiles cuando en su artículo 228 ahora determina que; “Con la aceptación total de la oferta el contrato queda perfeccionado en el acto, y surte todos sus efectos legales, salvo la muerte o incapacidad legal del proponente”, entendiéndose, además, que se aplican a la contratación de seguros las previsiones relativas a formación y perfeccionamiento del consentimiento previstas en los artículos 225 a 233 del Código de Comercio, así como en los artículos 238 a 246 sobre formación y perfeccionamiento del consentimiento a través de correo u otros medios electrónicos, cuya lectura se torna indispensable a la comprensión de análisis subsecuentes, y entendiéndose en ambos ámbitos que “Bajo ningún concepto podrá alegarse como aceptación del asegurado, su falta de pronunciamiento”, pues así lo prescribe el inciso cuarto del artículo 696 del Código de Comercio.
“Art. 225.- La oferta o propuesta es el proyecto de negocio jurídico que una persona formula a otra u otras personas determinadas. Deberá contener los elementos esenciales del negocio y ser comunicada al destinatario. Se entenderá que la propuesta ha sido comunicada cuando se utilice cualquier medio adecuado para hacerla conocer del destinatario. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas, será considerada como una simple invitación a cualquier persona a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario.
Art. 226.- Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que ésta sea aceptada inmediatamente por la persona a quien se dirige, salvo que el proponente establezca un plazo; en defecto de esa aceptación, el proponente queda libre. La propuesta hecha por teléfono o por cualquier otro medio telemático que establezca comunicación oral inmediata, se asimilará para los efectos de su aceptación o rechazo a la propuesta verbal entre presentes.
Art. 227.- Cuando la propuesta se haga por cualquier medio escrito, telemático o no, deberá ser aceptada o rechazada dentro de los tres días siguientes a la recepción de la propuesta, salvo que la propuesta tenga un plazo diferente.
Art. 228.- Con la aceptación total de la oferta el contrato queda perfeccionado en el acto, y surte todos sus efectos legales, salvo la muerte o incapacidad legal del proponente. El silencio o la inacción, por sí solos, constituirán negativa a las propuestas efectuadas. La aceptación tácita, manifestada por un hecho inequívoco de ejecución del contrato propuesto, producirá los mismos efectos que la expresa, siempre que el proponente tenga conocimiento de tal hecho dentro del plazo para la aceptación.
Art. 229.- Los días feriados oficiales o no laborables no se excluirán del cómputo del plazo de aceptación. Sin embargo, si la comunicación de aceptación no pudiere ser entregada en la dirección del oferente el día del vencimiento del plazo, por ser ese día feriado oficial o no laborable en el lugar del establecimiento del oferente, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente.
Art. 230.- La propuesta será irrevocable mientras no haya vencido el plazo para su aceptación. Por lo tanto, una vez comunicada, no podrá ser retractada por el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocatoria cause al destinatario, sin perjuicio de las acciones que por derecho de la competencia sean pertinentes. La oferta, aun cuando sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente.
Art. 231.- La aceptación condicional, parcial, limitativa, con salvedades o extemporánea, será considerada como una nueva propuesta.
Art. 232.- Residiendo las partes contratantes en distintos lugares pero donde rijan las mismas disposiciones legales, se entenderá celebrado el contrato, para todos los efectos, en el de la residencia del que hubiere aceptado la oferta original, la oferta modificada o la contraoferta. Sin embargo, las acciones judiciales se podrán plantear en el domicilio del oferente si allí queda la sede de sus operaciones o si allí se va a ejecutar el contrato; todo ello sin perjuicio de lo que se determine en las leyes procesales del país en materia de fueros alternativos.
Art. 233.- Las ofertas públicas contenidas en circulares, catálogos, avisos publicitarios, proformas, obligan a quien las hace; salvo que en la misma oferta se señale un determinado plazo de validez de la misma o que las condiciones de la oferta original sean modificadas por una oferta posterior. La falta de señalamiento de plazo hará exigible la oferta hasta la última hora laborable del día siguiente de la última publicación (si se hicieran a día seguido) o de la publicación de que se trate. Cuando en el momento de la aceptación se hayan agotado las mercaderías públicamente ofrecidas, se tendrá por terminada la oferta por justa causa. Las ofertas que hagan los comerciantes en las vitrinas, mostradores y demás dependencias de sus establecimientos con indicación del precio y de las mercaderías ofrecidas, serán obligatorias mientras tales mercaderías estén expuestas al público. Los precios publicitados expuestos al público de esta forma, o por páginas electrónicas o digitales, deberán indicar y desglosar, de ser el caso, los valores adicionales que se deban añadir al precio por concepto de tributos, comisiones o recargos, así como los intereses, en las ventas a plazos, y, general, todo rubro que se sume al precio final. En ningún caso se incluirá un costo no indicado ni desglosado conforme lo dispuesto en este inciso.
Art. 238.- Toda declaración o acto referido a la formación, perfección, administración, cumplimiento y extinción de los contratos mercantiles podrá efectuarse mediante comunicación electrónica entre las partes y entre estas y los terceros, salvo disposición legal expresa en contrario. Siempre que la ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico. La utilización de medios electrónicos en los contratos mercantiles no requiere el previo acuerdo de las partes. En todo acto de comercio ofertado en vía telefónica, cuyo pago se estipule mediante débito directo o cobro automático de una cuenta electrónica, la aceptación siempre deberá ser expresa, empleándose para el efecto medios o canales electrónicos.
Art. 239.- Los contratos pactados a través del uso de sistemas electrónicos automatizados gozan de plena validez y eficacia. Los derechos y obligaciones derivados de estos contratos serán atribuidos directamente a la persona en cuya esfera de control se encuentra el sistema de información o red electrónica. En las relaciones entre el emisor y el destinatario de un correo electrónico, no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una manifestación de voluntad u otra declaración por la sola razón de haberse hecho en forma de mensaje de datos.
Art. 240.- En las relaciones entre quien emite la oferta y quien la acepta, se entenderá que un mensaje de datos proviene del proponente si ha sido enviado: a) Por el propio emisor; b) Por alguna persona facultada para actuar en nombre del proponente respecto de ese mensaje; o, c) Por un sistema de información programado por el proponente o en su nombre para que opere automáticamente.
Art. 241.- Todo mensaje de datos se tendrá por emitido en el momento en que entre en un sistema de información o red electrónica que no se halle en la esfera de control de su emisor o de quien la envió en nombre de este. CODIGO DE COMERCIO – Página 40 LEXIS FINDER – www.lexis.com.ec En caso de que un mensaje de datos no salga de un sistema de información bajo el control de su emisor o de quien la envió en nombre de este, se considerará expedido en el momento de su ingreso al destinatario. Art. 242.- La recepción de un mensaje de datos por parte de su destinatario se tendrá por efectuada en el momento en que este acceda al sistema de información o red electrónica designada por el destinatario. De haber sido enviado a un sistema no designado, se tendrá por recibido el mensaje de datos cuando, habiendo tenido conocimiento de su acceso al sistema no designado, este pueda recuperarlo. Se presumirá que una comunicación electrónica puede ser recuperada por el destinatario en el momento en que llegue a una dirección electrónica de éste.
Art. 243.- La recepción, confirmación de recepción, o apertura del mensaje de datos, no implica aceptación del contrato.
Art. 244.- Cuando no se haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, se considerará que el mensaje de datos no ha sido enviado.
Art. 245.- Cuando se haya indicado que los efectos del mensaje de datos estarán condicionados a la recepción de un acuse de recibo, si no ha recibido acuse en el plazo fijado o convenido o no se ha fijado o convenido ningún plazo, quien envía el mensaje: a) Podrá dar aviso al destinatario de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo razonable, no menor de 24 horas, para su recepción; y, b) De no recibirse acuse dentro del plazo fijado conforme al inciso anterior, podrá, dando aviso de ello al destinatario, considerar que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda tener.
Art. 246.- La comunicación electrónica dirigida a la perfección de un contrato que pretenda comprender condiciones generales habrá de incluirlas en toda su extensión en el mensaje de datos.
Art. 247.- De no convenir otra cosa el emisor y el destinatario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el emisor tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente artículo: a) Si el emisor o destinatario tienen más de un establecimiento, su establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con la operación subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecimiento principal. b) Si el emisor o el destinatario no tienen establecimiento, se tendrá en cuenta su lugar de residencia habitual”
Expresado el consentimiento de las partes y, por tanto, perfeccionado el contrato de seguro, a menos que existiere una estipulación específica o norma legal, los riesgos a cargo del asegurador empiezan a correr en forma inmediata, pues así lo determina el artículo 698 del Código de Comercio. Íntimamente vinculada a esta norma está la del inciso primero del artículo 697: “Perfeccionado el contrato, el asegurador deberá emitir la póliza en el término de tres días. En el evento que acurra un siniestro antes de que se emita la póliza, se presumirá que el asegurado tiene derecho a la cobertura que según el ramo hubiere sido aprobado a dicha empresa de seguros (sic) por la entidad de control y supervisión de seguros en el país”.
Estos conceptos legales merecen de mi parte el siguiente comentario: hemos hecho hincapié en los procesos precontractual y de perfeccionamiento del contrato de seguro leyendo toda la normativa pertinente, en la cual principalmente se preceptúa que la oferta o propuesta debe contener los elementos esenciales del negocio, en este caso los elemento esenciales del contrato de seguro como negocio jurídico proyectado. En esta virtud, entre otros elementos esenciales del seguro, la oferta debe contener la información completa sobre el riesgo asegurable que asumiría el asegurado, lo que significa la provisión al solicitante del texto de las condiciones generales de la póliza, aprobadas por el órgano de control, así como de las condiciones especiales que modificarían a las anteriores, por manera que el potencial asegurado conozca a saciedad el ámbito de la protección que le ofrece el asegurador al asumir los riegos ofertados, conocimiento este que con la mayor frecuencia es complementado con la intervención de corredores de seguros debidamente calificados y autorizados por el órgano de control, cuya obligación es la de “Asesorar el cliente en forma veraz, suficiente, detallada y permanente acerca de las condiciones del contrato, haciéndole conocer las mejores opciones, el alcance de las coberturas, beneficios, exclusiones, primas, forma de pago, requisitos, plazos y procedimientos para reclamar el pago de indemnizaciones (acápite 8.2 de la Resolución Nº SCVS-TBS-2018.024.). Esto no obstante, no se puede soslayar que dicha oferta ha de contar como antecedente objetivo, la información veraz y leal del tomador, en forma tal que el asegurador cuente con los elementos de juicio suficientes para evaluar el riesgo y cotizarlo o no según los resultados de su análisis técnico y económico.
Bajo las premisas de que el tomador del seguro necesariamente es una persona capaz de contratar y que previamente a su aceptación ha recibido una oferta contentiva de todos los elementos esenciales del contrato de seguro-, lo que viene a ser y debe ser en la práctica, un proyecto de póliza de seguro-, deviene incoherente la estipulación del antes referido artículo 697 en el sentido que si acurre un siniestro antes de que se emita la póliza, se presumirá que el asegurado tiene derecho a la cobertura que según el ramo hubiere sido aprobado por el órgano de control, por cuanto el consentimiento del tomador de la póliza ha sido expresado respecto de una oferta concreta y ajustada a las normas del propio Código de Comercio sobre su presentación y aceptación, sin que haya motivo alguno para distorsionar el carácter consensual del contrato de seguro y retornarlo neciamente al formalismo que se pretende superar, toda vez que, en el caso, se estaría trasladando el perfeccionamiento del contrato del momento de la aceptación por parte de tomador a la emisión y entrega de la póliza; olvidándose, además, que la póliza dejó de ser la prueba única del contrato, desde que ahora se acepta para el efecto cualquier medio probatorio, con excepción de la declaración testimonial, como más adelante lo veremos. Lo lógico y correcto sería respetar la entidad del contrato consensual que conlleva la inmediata asunción de los riesgos por parte del asegurador, cuya prueba, según hemos anotado, es rica en recursos y posibilidades, de modo que la póliza no es el único ni el principal medio de prueba. No encontramos explicación racional de esta normativa, que por su propia ligereza puede conducir a situaciones conflictivas, puesto que al desconocerse el contenido de la oferta legítimamente aceptada se presume una cobertura total que abarca no solamente las condiciones generales del ramo aprobado por el órgano de control, sino todas aquellas que la amplían o complementan, atropellándose así el principio de la buena fe contractual y facilitándose una vez más una vez más desde la legislatura, el acceso de la viveza criolla. Veamos un ejemplo: el tomador A ha acepado en una determinada fecha de la aseguradora B una oferta del seguro del ramo de incendio para cubrir el edificio y los contenidos de su almacén de ferretería, ubicado en la calle Benalcázar de la ciudad de Quito, con las coberturas adicionales de terremoto, lluvia e inundación; transcurridos dos días, aún antes de haber sido pagado la prima acordada en el contrato y de que se hubiera emitido y entregada la póliza, los bienes asegurados sufren graves daños por una cuantía importante, ocasionados por desmanes de manifestantes que protestan por medidas gubernamentales.. Como el siniestro ha ocurrido antes de la emisión y entrega de la póliza, se presume que la cobertura a favor del asegurado es la del ramo de incendio que entre sus amparos adicionales aprobados por el órgano de control se encuentra el de motín, huelgas y conmoción civil, y por tanto los daños y pérdidas ocasionados por la ocurrencia del motín (movimiento desordenado de una muchedumbre, por lo común contra la autoridad constituida/ RAL), se presumirían amparados por el contrato de seguro de incendio y el asegurado, con mala fe, podría pretender una indemnización por tal concepto. Obviamente esta presunción es meramente legal y, por tal razón, admite prueba en contrario; de manera que la aseguradora en el tema de marras estaría en condiciones de probar la falta de derecho del reclamante, no sin antes haber incurrido sin justificación racional en gasto de tiempo y recursos humanos y monetarios. Así visto el asunto, podemos concluir que las disposición del inciso primero del artículo 697 del Código de Comercio implica una ignorancia u olvido por parte de quienes proponen y aprueban las leyes, de las previsiones relativas a formación y perfeccionamiento del consentimiento previstas en los artículos 225 a 233 del Código de Comercio, así como en los artículos 238 a 246 sobre formación y perfeccionamiento del consentimiento a través de correo u otros medios electrónicos, los cuales antes han sido leídos precisamente para destacar este engorroso asunto y ratificar la improcedencia de la norma aludida, la cual resta calidad al principio de “uberrima bona fidei”, paradigma de la conducta de asegurador y asegurado, que debe darse en curso de toda la vigencia de la relación jurídica, incluyendo la fase precontractual, a la vez que contradice el efecto de la consensualidad del seguro que no es otro que la eficacia de la cobertura desde el momento mismo del perfeccionamiento del contrato y sin que la póliza detente exclusividad probatoria.
En este orden de ideas es importante poner de relieve que el nuevo Código de Comercio libera parcialmente la prueba de la existencia y condiciones del contrato de seguro que anteriormente y bajo el régimen del Decreto Supremo Nº 1147, estaba restringida a la póliza como único instrumento probatorio, entendiéndola en función del documento por el cual se perfeccionaba y probaba el contrato. En esta línea, el artículo 696, en su inciso segundo, dispone: “Los elementos esenciales del contrato de seguro se podrán acreditar por cualquier medio de prueba regulado por la legislación pertinente, excepto la prueba testimonial”.
Hecho este planteamiento, necesariamente hemos de remitirnos a la legislación pertinente aludida en aquella norma, que no es otra que la expresada el título II del libro I del Código Orgánico General de Procesos/COGEP, que reconoce como pruebas idóneas: la testimonial, la documental, la pericial y la inspección judicial. Encontramos pues que todas estas pruebas pueden ser utilizadas por la partes en la contienda judicial o arbitral sobre la existencia y condiciones del contrato de seguro, con excepción de la prueba testimonial. Divergiendo de lo que preveía el fenecido Código de Procedimiento Civil, que diferenciaba la confesión judicial: reconocimiento que hace una persona contra sí misma, de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho, de la declaración de testigos, calificada en su artículo 219 como prueba testimonial, al decir: “ La parte que necesite rendir prueba testimonial, presentará al juez la nómina de los testigos que deben declarar, y el interrogatorio según el cual deben ser examinados”, el COGEP unifica aquellos episodios procesales bajo el concepto de prueba testimonial y trae consigo que en aplicación del ya aludido inciso segundo del artículo 696 del Código de Comercio, no sería posible obrar como pruebas ni la declaración de parte, ni el juramento deferido ni la declaración de testigos en procesos judiciales o arbitrales cuya materia fuere la existencia y condiciones del contrato de seguros.
Con el beneficio de la duda, me permito opinar sobre esta extraña decisión legislativa, manifestando que quienes la elaboraron y la aprobaron no verificaron con detenimiento la normativa sobre la prueba testimonial contenida en el COGEP y no diferenciaron lo que son la declaración y el juramento deferido de lo que implica la declaración de testigos, con el consecuente empobrecimiento de los recursos probatorios a disposición de las partes, al eliminar la declaración de parte y el juramento diferido, que constituyen medios probatorios de primer orden y que en manera alguna pueden afectar el debido equilibrio de poder entre las partes durante su actuación en la fase probatoria. Otra cosa habría sido que la Legislatura no estimase como idónea la declaración de testigos, al igual que se ha considerado en las legislaciones de Argentina, México, Bolivia, entre otras, cuyos textos reconocen puntualmente la confesión como prueba del contrato de seguro. Oportuno es transcribir lo que la Comisión Tercera del Congreso colombiano expuso con motivo de la presentación del Proyecto de Ley Nº 65 encaminado a la reforma de los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio: “No consideramos prudente prever una total libertad probatoria, ya que no habría seguridad jurídica en el país si se pudiese probar un contrato de seguro por testimonio o simples indicios·”. Qué acertada habría sido una reflexión de este calibre por parte de nuestros legisladores! Habría sido materia de excepción solamente la declaración de testigos y subsistido la declaración de parte y el juramento deferido.
II.- PLAZOS PARA EL PAGO DE LA PRIMA.-
Como introducción al desarrollo de este tema hemos de traer a memoria el precepto del artículo 1568 del Código Civil: “En los contaros bilaterales ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos”. Con fidelidad a este principio, el artículo 17 del derogado Decreto Supremo Nº 1147 establecía que “el solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la suscripción del contrato”. En la práctica era frecuente que el cumplimiento de esta obligación se plasmara mediante el pago de una cuota inicial al momento de perfeccionarse el contrato y el acuerdo contractual de un pago diferido del saldo de la prima. Teniendo en mente que según el artículo 698 del Código de Comercio, “En defecto de estipulación contractual o norma legal, los riesgo empezarán a correr por cuenta del asegurador inmediatamente después de que se perfeccione el contrato”, y que el contrato de seguros es de carácter bilateral desde que las partes se obligan recíprocamente, me resulta incoherente que el artículo 713 del Código de Comercio disponga que: “ El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el plazo de treinta días desde perfeccionado el contrato, a menos que las partes acuerden un plazo mayor”. en tanto en cuanto (i) se contradice el principio de la reciprocidad de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones, propio de contrato consensual, a la vez que se rompe el equilibrio contractual, habida cuenta que el asegurador asume los riegos en el momento mismo del perfeccionamiento del contrato, mientras el tomador/asegurado por disposición legal se ve eximido de este deber, sin preocuparse de que este además de saber qué está contratando, debe disponer de los medios para cumplir su primera obligación, cual es la de pagar la prima al mismo tiempo que el asegurador asume el riesgo, como lo exige el referido principio de “ubérrima bona fidei”; y, (ii) se atenta burdamente contra la autonomía de la voluntad y la libertad contractual desde que se impide a las partes negociar y acordar la forma de pago de la prima, estableciendo forzosamente una plazo no menor a treinta días para el efecto, con lo cual se disminuye al tomador/asegurado a la condición de persona incapaz de resolver con su inteligencia y voluntad un asunto de carácter ordinario, a la vez que revela el populismo subyacente a las decisiones parlamentarias , cuyos efectos son funestos en la ciudadanía, que se ve malorientada hacia el facilismo y a su satisfacción con el paternalismo estatal que regala derechos y menoscaba responsabilidades.
Con el mismo criterio, el inciso segundo del mismo artículo protege a quien incumple el contrato de seguro, al asegurado moroso, tal y como se colige de lectura de aquella norma:” Si el asegurado estuviere en mora, tendrá derecho a la cobertura por treinta días, contados a partir de la fecha en que debió realizar el último pago; fenecido dicho plazo, se suspenderá la cobertura. La empresa de seguros hará conocer al asegurado o beneficiario sobre este hecho por cualquier medio. En caso que el asegurado estuviere en mora por más de sesenta (60) días, contados desde la fecha en que debió realizar el último pago, se le notificará la terminación automática del mismo, por cualquiera de los medios reconocidos por nuestra legislación. Lo dispuesto en este inciso no podrá ser modificado por las partes”. Huelga, pues, comentario adicional sobre este desaguisado legal, pero sí se torna oportuno poner en consideración de ustedes mi criterio sobre cómo debería tratarse este tema: (i) En la oferta aceptada por el tomador/asegurado debe constar claramente la forma de pago de la prima, ya sea de contado, o bien mediante el pago de una abono inicial y el saldo dividido en cuotas mensuales con vencimientos sucesivos; y, (ii) perfeccionado el contrato, a la vez que el asegurador asume los riesgos, el tomador/asegurado debería pagar a la aseguradora la prima total, si así se hubiere convenido, o la cuota inicial acordada en la forma de pago; (iii) si el tomador asegurado no cancelase la prima o la cuota inicial, según el caso, tampoco el asegurador asumiría los riegos, puesto que el contrato es bilateral y por inequívocas razones de equilibrio contractual; y, (iv) si el tomador cayese en mora del pago de las cuotas, el contrato de seguro terminaría automáticamente el momento en los valores abonados por el tomador/asegurado a la aseguradora devenguen el tiempo transcurrido del seguro, lo cual resultaría justo para ambas partes, en virtud de que la cuota inicial de la prima de seguro equivale siempre a un porcentaje significativamente más alto que la doceava parte de la prima, determinándose por lo general en un 25% de esta. Como ejemplo: un seguro X con vigencia de 30 de junio de 2018 a 30 de junio de 2019, cuya prima anual es de US $ 6.000,00 es pagadera con una cuota inicial de US $ 1.500,00, y el saldo de US $ 4.500,00 en seis cuotas con vencimientos mensuales de US $ 750,00 cada una; el asegurado ha pagado la cuota inicial y vencida la tercera cuota cae en mora, y a esta época ha pagado a la aseguradora US $ 1.500,00 de cuota inicial y US $ 1.500,00 por concepto de las dos primeras cuotas mensuales, totalizando sus abonos la mitad de la prima anual, esto es, US $ 3.000,00, lo que acuerdo a mi planteamiento el asegurado tendría derecho a una cobertura hasta que se cumplan seis meses de vigencia de la póliza; por manera que así las partes se encontrarían en una situación de mutuo cumplimento el contrato, asumiendo la asegurado los riesgos por la prima devengada y el tomado/asegurado pagando la prima por el tiempo transcurrido. Este planteamiento otorgaría mayor transparencia y apego al Derecho a la relación entre las partes contratantes en materia de pago de la prima y mora del tomador/asegurado.
III.- AVISO DE SINIESTRO Y TRÁMITE PARA INDEMNIZACIÓN.-
Cuando ocurre el riesgo asegurado y trae consigo daños pérdidas que afectan al patrimonio del asegurado o beneficiario, se dice que se ha producido un siniestro. En esta circunstancia, el asegurado/ beneficiario debe dar aviso a la aseguradora o al intermediario sobre el particular, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que hubiera tenido conocimiento del siniestro, término este que puede ampliarse mas no disminuirse, por acuerdo de las partes. Sin embargo, como lo prevé el artículo 718 del Código de Comercio, se podrá justificar la imposibilidad de dar este aviso dentro del término legal o contractual, con la demostración del impedimento por fuerza mayor o caso fortuito. La omisión de este aviso en los términos antes expuestos, ocasiona la pérfida de derecho del asegurado a la indemnización, según lo estipulado en la letra a) del artículo 725.
Por demás está reiterar que los seguros de daños son contratos de simple indemnización, y en manera alguna pueden constituir fuente de enriquecimiento. En desarrollo de este principio, corresponde al asegurado/beneficiario, en conformidad con el artículo 729 del Código de Comercio, “probar que el siniestro ha ocurrido, el cual se presume ocurrido por caso fortuito, salvo prueba en contrario. Asimismo, incumbe al asegurado comprobar la cuantía de la indemnización a caro del asegurador. Al asegurador le incumbe en ambos casos probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”, conservándose así intacta la normativa sobre la materia que constó en el artículo 22 del Decreto Supremo Nº 1147.
La novedad que encontramos en el Código de Comercio aparece de la regulación del trámite para obtener del asegurador la indemnización por la ocurrencia del siniestro, la misma que
se encuentra consignada en el artículo 726, que dice:
“Recibida la notificación de la ocurrencia, el asegurador tramitará el requerimiento de pago una vez que el asegurado o beneficiario formalice su solicitud presentando los documentos previstos en la póliza y pertinentes al siniestro que demuestren su ocurrencia y la cuantía del daño. De ser necesario, el asegurador podrá contar con un ajuste a cargo de un perito ajustador debidamente autorizado y con credencial emitida por la autoridad competente.
Una vez concluido el análisis, el asegurador aceptará o negará, motivando su decisión, de conformidad con la ley, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la formalización de la solicitud de pago del siniestro. A falta de respuesta en este lapso, se entenderá aceptada.
El asegurador deberá proceder al pago dentro del plazo de los diez (10) días posteriores a la aceptación.
Con la negativa u objeción, total o parcial, el asegurado podrá iniciar las acciones señaladas en el artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero”.
Para el análisis de estas determinaciones del Código de Comercio, es preciso referirnos como dato previo a la parte pertinente del artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros) que versa sobre el mismo asunto y, al respecto, prescribe:
“Las compañías de seguros y reaseguros tienen la obligación de pagar el seguro contratado o la parte correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, según sea el caso, dentro del plazo de treinta (30) días siguientes de presentada la reclamación por parte del asegurado o beneficiario, acompañando los documentos determinados en la póliza.
Las compañías de seguros y reaseguros podrán objetar por escrito y motivadamente, dentro del plazo antes mencionado el pago total o parcial del siniestro, no obstante si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones de la compañía de seguros, ésta pagará inmediatamente la indemnización acordada.
Si el asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que ésta requiera a la aseguradora que justifique su negativa al pago. Dentro del plazo de 30 días de presentado el reclamo, y completados los documentos que lo respalden, el organismo de control dirimirá administrativamente la controversia, aceptando total o parcialmente el reclamo y ordenando el pago del siniestro en el plazo de 10 días de notificada la resolución, o negándolo”.
De la lectura de las disposiciones del Código de Comercio y del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros), se colige con toda evidencia que entre ambas existen sustanciales diferencias que implican que el primer cuerpo legal a reformado el segundo, en virtud de que: (i) el Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros) dispone la obligación de los aseguradores y reaseguradores de pagar la indemnización dentro de los 30 días siguientes a la presentación por el asegurado/beneficiario de los documentos requeridos según la póliza, o dentro del mismo plazo objetar motivadamente el pago total o parcial del siniestro; en tanto que el Código de Comercio omite la obligación de los aseguradores de pagar el siniestro dentro del plazo de 30 días y se limita a disponer que una vez concluido el análisis, el asegurador aceptará o negará, motivando su decisión, de conformidad con la ley, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la formalización de la solicitud de pago del siniestro; y, (ii) incluye la figura de la aceptación del siniestro a causa del silencio de la aseguradora.
Ante este extraño panorama debemos acudir a los preceptos constitucionales a fin de ilustrar nuestro criterio. Así, pues, surgen ante nosotros los dos últimos incisos del artículo 133 de la Constitución que la mayor claridad señalan que “La expedición, reforma, derogación o interpretación con carácter generalmente obligatoria de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional”, y que “Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica”.
Dado que el Código de Comercio no lleva la denominación de orgánico ni en sí mismo se define como ley orgánica, puesto que no regula la organización y funcionamiento de instituciones creadas por la Constitución, no regula el ejercicio de garantías y derechos constitucionales, no regula la organización, competencia, facultades y funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, ni se refieren al régimen de partidos políticos y al sistema electoral, no constituye tal Código una ley orgánica y su carácter es de ley ordinaria, resultando que sus disposiciones no podían bajo ningún concepto reformar las correspondientes del artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros) y, por lo mismo, deviniendo inconstitucionales por el fondo y por la forma.
También debemos observar que la figura de la aceptación del reclamo por silencio del asegurador es totalmente disparatada y carente de condumio jurídico, toda vez que dicho silencio implicaría incumplimiento del contrato de seguro por parte del asegurador, en cuyo caso el asegurado debería utilizar los medios que le franquean el Código Civil en su artículo 1505 para fundamentar su acción dirigida a reclamar el cumplimento del contratos más perjuicios, el COGEP señalándole la vía del procedimiento ordinario para tramitar y hacer efectivo su reclamo, y la Ley de Arbitraje y Mediación, si existiere convenio arbitral entre las partes,, otorgándole instrumentos alternativos para la solución de las controversias.
Respecto del mismo artículo que venimos comentando, lamentablemente debemos expresar una nueva observación negativa, que pone de manifiesto ligereza con que se elaboran y aprueban las leyes en nuestro país, pues no otra cosa implica la disposición del último inciso del aludido artículo cuando el legislador olvida que el asegurado también tiene a su favor las vías judicial y arbitral para entablar sus acciones contra el asegurador y no solamente el reclamo administrativo, como se desprende de aquel inciso: “Con la negativa u objeción, total o parcial, el asegurado podrá iniciar las acciones señaladas en el artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero”.
IV.- EL RECLAMO ADMINISTRATIVO.-
En razón de que la norma del Código de Comercio antes comentada se remite al artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros), se torna de la mayor importancia adoptar una postura constitucional sobre la atribución que se confiere a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para dirimir, esto es para conocer y resolver sobre controversias suscitadas entre asegurado/beneficiario y asegurador respecto del derecho del primero a recibir la indemnización a cargo del segundo por la ocurrencia de un siniestro asegurado en el respectivo contrato.
A tal efecto, es suficiente que leamos la parte pertinente de la referida disposición legal y que motiva nuestros reparos:
“Las compañías de seguros y reaseguros podrán objetar por escrito y motivadamente, dentro del plazo antes mencionado el pago total o parcial del siniestro, no obstante si el asegurado o el beneficiario se allanan a las objeciones de la compañía de seguros, ésta pagará inmediatamente la indemnización acordada.
Si el asegurado o beneficiario no se allana a las objeciones podrá presentar un reclamo ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que ésta requiera a la aseguradora que justifique su negativa al pago. Dentro del plazo de 30 días de presentado el reclamo, y completados los documentos que lo respalden, el organismo de control dirimirá administrativamente la controversia, aceptando total o parcialmente el reclamo y ordenando el pago del siniestro en el plazo de 10 días de notificada la resolución, o negándolo”
Como inicio de nuestro análisis, revisemos brevemente los principios constitucionales aplicables al caso.
(i) la supremacía de la Constitución como fundamento de todo el sistema jurídico, en el artículo 424: “La Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”;
(ii) la jerarquía de las normas jurídicas (pirámide kelseniana), en el 425: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y resoluciones de los poderes públicos”; y,
(iii) la unidad jurisdiccional, en el artículo 167: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”.
En desarrollo de aquellos principios, el artículo 150 de Código Orgánico de la Función Judicial define: “La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzga, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes, y que se ejerce según la reglas de la competencia”; y, siguiendo a Eduardo Couture, conocemos que jurisdicción es la “función pública, realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. (Fundamentos del Derecho Procesal Civil, página 40, Depalma, Buenos Aires, 1958)”.
No podemos entrar en una amplia y merecida disquisición sobre el importante problema planteado, en aras del tiempo razonablemente disponible para esta conferencia. Por ello, me limitaré a retomar al principio constitucional de la unidad jurisdiccional “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución”, y a preguntar si la norma suprema del Estado en alguna de sus disposiciones confiere a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la potestad de administrar justicia en un determinado ámbito; y, luego de una detenida lectura de su texto, se verifica con toda evidencia que en manera alguna la Constitución reconoce a tal entidad aquella potestad y, además, que la única norma constitucional específica y relacionada con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , es la del artículo 213 que, en su primer inciso, prescribe: “Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley”, lo que patentiza que la potestad de administrar justicia es absolutamente ajena a los fines y competencias de dicho órgano de control y, consecuentemente, la disposición que le confiere aquella potestad es del todo ilegítima y contraria al ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano, al tiempo que atenta burdamente a la garantía básica reconocida en la letra k) del número 7 del artículo 76 de Constitución, que proclama:: “Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creados para el efecto”.
Hoy por hoy se ha podido conocer a través del Registro Oficial, que la acción de inconstitucionalidad del artículo 42 del Libro III del Código Orgánico Monetario y Financiero (Ley General de Seguros), en la parte que confiere facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deducida por los gremios aseguradores, ha sido aceptada al trámite por la Corte Constitucional. Esperemos que se resuelva esta acción al margen de prejuicios ideológicos y con lealtad a los principios proclamados por la Constitución.
Como colofón, recordemos el sabio pensamiento de Roberto Dromi, consignado en su obra “Derecho Administrativo: “Si la competencia del órgano administrativo es jurisdiccional, aunque se establezca recurso judicial contra sus decisiones, adolecerá de inconstitucionalidad, porque especialmente las leyes no pueden reducir las atribuciones constitucionales propias de los poderes, especialmente el judicial, que constituye la principal garantía de los derechos individuales”
V.- LA PRESCRIPCIÓN.-
El Decreto Supremo Nº 1147 establecía que la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, prescribían en dos años. En el artículo 729 del Código de Comercio no solamente se la amplía a tres años, sino que se, además, incorpora una excepción una excepción de dudosa calidad: “Las acciones derivadas del contrato de seguro, prescribe en tres años, contados a partir del acontecimiento que les dio origen, a menos que el beneficiario o asegurado demuestre no haber tenido conocimiento del hecho o que han (sic) estado impedidos de ejercer sus derechos, caso en los que el plazo se contará desde que se tuvo conocimiento, o se suspenderá mientras persistió el impedimento, pero en ningún caso excederá de cinco años desde ocurrido el siniestro”.
Si bien podemos calificar de razonable la ampliación del plazo de la prescripción de dos a tres años, no es apropiado decir lo mismo de las causas expresadas en la referida disposición para ampliar dicho plazo a cinco años, en virtud de su falta de coherencia con las ya citadas previsiones de los artículo 718 y 725, encaminadas, la primera a brindar la oportunidad al asegura/beneficiario para justificar la imposibilidad de dar este aviso dentro del término de cinco días contados desde la fecha de conocimiento del siniestro, con la demostración de la existencia de impedimento por fuerza mayor o caso fortuito que le ha impedido cumplir tal obligación; y, la segunda a sancionar la omisión de este aviso en los términos antes expuestos, con la pérfida de derecho del asegurado/beneficiario a la indemnización.
A todas luces se aprecia que las normas referidas no guardan armonía entre sí y que su aplicación en la práctica, a no dudar, traería graves confusiones y perjuicios, puesto que el punto de partida para el ejercicio del derecho del asegurado/beneficiario a reclamar las indemnizaciones con ocasión de un siniestro, es su aviso oportuno al asegurador, bajo pena de perder sus derechos a la indemnización; a la vez que este trae consigo la obligación de la compañía de constituir las suficientes reservas y efectuar las correspondientes inversiones, aún antes de haber aceptado rechazado el siniestro.
Mi opinión personal al respecto es que nuestros legisladores no han logrado discernir lo que es el oportuno aviso de siniestro y lo que constituye la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y, por ello, ilógicamente, han extendido el plazo de la prescripción a cinco años con relación a la falta de aviso por circunstancias de fuerza mayor, en lugar de completar el alcance de la norma del inciso tercero del artículo 718, en concordancia con la del literal a) del artículo 725, señalando un plazo razonable para justificar la imposibilidad de haber dado el aviso del siniestro en el término legal o pactado, en tanto hubiere estado el asegurado/beneficiario inhabilitado físicamente, por caso fortuito o fuerza mayor, de cumplir con este deber, sin afectar el plazo universal de tres años, abordándose así el tema medular que es el plazo que tiene el asegurado/beneficiario para notificar la ocurrencia del siniestro al asegurador y resguardando su derecho a la indemnización, en situaciones de excepción..
Por su complejidad e importancia, los temas que hemos venido tratando exigen amplios y sesudos análisis, y juicios de valor. Ahora solamente los hemos considerado en forma somera, pero sí con ánimo de poner de relieve sus aspectos más trascendentes y aquellas falencias legislativas imposibles de soslayar, a fin de estimular un mayor conocimiento del entorno legal del seguro privado y una actitud unificada de quienes conforman el mercado asegurador para hacer escuchar su voz ante los altos dignatarios del Estado, a objeto de que las resoluciones públicas en materia de seguros se vean enriquezcan con el fructífero intercambio de ideas y conocimientos, evitando así desviaciones nocivas, como las que se han podido apreciar en el curso de esta exposición.
por Daniela Jácome Dávilajunio 20, 20180 comentarios
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