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Timestamp: 2020-07-02 09:15:37+00:00

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«Procedimiento prejudicial — Cooperación judicial en materia civil — Reglamento (CE) n.o 44/2001 — Competencias especiales — Artículo 5, punto 3 — Materia delictual o cuasidelictual — Lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso — Lugar en que se materializa el daño y lugar del hecho causal que originó el daño — Pretensión de indemnización del perjuicio supuestamente ocasionado por prácticas contrarias a la competencia llevadas a cabo en diversos Estados miembros — Artículo 5, punto 5 — Explotación de sucursales — Concepto»
1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, puntos 3 y 5, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).
El Reglamento n.o 44/2001
4 Los considerandos 11, 12 y 15 del Reglamento n.o 44/2001 declaran:
15 Señaló que, en dicha sentencia, el Lietuvos apeliacinis teismas (Tribunal de Apelación de Lituania), desestimando los recursos interpuestos por el aeropuerto de Riga y Air Baltic contra un auto del Vilniaus apygardos teismas (Tribunal Regional de Vilna) de 25 de septiembre de 2008 que ordenaba, en concepto de medidas cautelares, el embargo preventivo de los bienes muebles o inmuebles y los derechos de propiedad de Air Baltic y del aeropuerto de Riga, declaró asimismo que los tribunales lituanos eran competentes para conocer del litigio principal al amparo del artículo 5, puntos 3 y 5, del Reglamento n.o 44/2001. La citada sentencia fue objeto de una solicitud de reconocimiento y ejecución ante el Augstākās tiesas Senāts (Senado del Tribunal Supremo, Letonia) con motivo de la cual dicho órgano jurisdiccional planteó al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial que dio lugar a la sentencia de 23 de octubre de 2014, flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319).
16 El Vilniaus apygardos teismas (Tribunal Regional de Vilna) declaró seguidamente que los tribunales lituanos basaban su competencia en el artículo 5, puntos 3 y 5, del Reglamento n.o 44/2001, en la medida en que, por una parte, las prácticas contrarias a la competencia que habían ocasionado un daño a flyLAL, en particular la aplicación de precios predatorios, la adecuación de los horarios de vuelos, la publicidad ilegal, la supresión de vuelos directos y el desvío del tráfico de pasajeros hacia el aeropuerto internacional de Riga, habían tenido lugar en Lituania y, por otra parte, Air Baltic operaba en Lituania por medio de su sucursal.
18 Dicho órgano jurisdiccional recuerda que se desprende de la sentencia de 23 de octubre de 2014, flyLAL‑Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319), que el litigio principal es de carácter civil y mercantil y está comprendido dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n.o 44/2001. En cambio, afirma tener dudas en cuanto a la interpretación del artículo 5, puntos 3 y 5, del Reglamento n.o 44/2001. Aclara que la obligación de verificar su competencia en esta fase del procedimiento se deriva del artículo 782 del Código de Procedimiento Civil.
19 Por lo que respecta al concepto de «lugar donde se hubiere producido el daño» que contiene el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, el órgano jurisdiccional remitente, tras haber recordado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual dicho concepto se refiere a la vez al lugar en que se materializa el daño y al del hecho causal que originó ese daño, considera, primeramente, que la determinación del lugar del hecho causal no está exenta de dificultades, puesto que en el caso de autos se llevaron a cabo en diferentes Estados miembros —Lituania y Letonia— actos que, conjunta o aisladamente, pudieron ocasionar un daño.
22 En tercer término, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta acerca de la interpretación del concepto de «explotación de sucursales» en el sentido del artículo 5, punto 5, del Reglamento n.o 44/2001.
24 Por lo tanto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la actividad de la sucursal de Air Baltic en Lituania podría justificar la aplicación del artículo 5, punto 5, del Reglamento n.o 44/2001.
«1) En las circunstancias del presente asunto, ¿se debe interpretar que el concepto de “lugar donde se hubiere producido […] el hecho dañoso” al que se hace referencia en el artículo 5, punto 3, del Reglamento [n.o 44/2001] significa el lugar en que las partes recurridas han celebrado el acuerdo ilícito que vulnera el artículo 82, [párrafo segundo,] letra c), del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea [actualmente artículo 102 TFUE, letra c)], o el lugar en que se han cometido los actos en virtud de los cuales se ha explotado la ventaja económica obtenida del acuerdo, mediante la aplicación de precios predatorios (subvenciones cruzadas) para competir con la parte recurrente en los mismos mercados pertinentes?
2) En el presente asunto, ¿se puede considerar que el daño (pérdida de ingresos) sufrido por la parte recurrente debido a las infracciones especificadas de las partes recurridas es un daño en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento [n.o 44/2001]?
3) En las circunstancias del presente asunto, ¿debe considerarse que la explotación de la sucursal de Air Baltic en la República de Lituania es una “explotación de sucursales” en el sentido del artículo 5, punto 5, del Reglamento [n.o 44/2001]?»
26 Con el fin de responder a las cuestiones prejudiciales planteadas, es importante recordar que el capítulo II, sección 2, del Reglamento n.o 44/2001 prevé la atribución de una serie de competencias especiales, entre ellas las del artículo 5, puntos 3 y 5, de dicho Reglamento, únicamente a modo de excepción a la regla general enunciada en el artículo 2, apartado 1, de ese Reglamento, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el demandado. En la medida en que tanto la competencia de los órganos jurisdiccionales del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso, en el sentido del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, como la de los órganos jurisdiccionales del lugar en que se hallaren sitos una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en el caso de los litigios relativos a su explotación, en el sentido del artículo 5, punto 5, del mismo Reglamento, son reglas de competencia especial, deben interpretarse de modo autónomo y estricto, sin que quepa una interpretación que vaya más allá de los supuestos expresamente contemplados en dicho Reglamento (véanse, en este sentido, en materia de explotación de sucursales, las sentencias de 22 de noviembre de 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, apartados 7 y 8, y en materia de responsabilidad delictual, la sentencia de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, apartado 25 y jurisprudencia citada).
28 Por lo que respecta, en particular, al concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» que figura en el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, según jurisprudencia reiterada tales términos se refieren al mismo tiempo al lugar donde se ha materializado el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares (véanse, en particular, las sentencias de 19 de abril de 2012, Wintersteiger, C‑523/10, EU:C:2012:220, apartado 19; de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 45, y de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, apartado 28 y jurisprudencia citada).
30 Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional pregunta, en esencia, si el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización del daño causado por prácticas contrarias a la competencia, el lucro cesante alegado por la parte que es víctima de tales prácticas puede constituir un daño que fundamente la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del «lugar donde se hubiere producido el daño». En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente se refiere asimismo al surgimiento de ese daño, procede entender la pregunta, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 28 de la presente sentencia, como referida, concretamente, a la determinación del lugar en que se materializa el daño.
31 Como ha recordado el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, procede distinguir el daño inicial, directamente derivado del hecho causal, cuyo lugar de producción podría justificar la competencia en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, de las consecuencias adversas posteriores que no pueden fundamentar la atribución de competencia sobre la base de esta disposición.
33 En tales circunstancias, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende averiguar, en primer lugar, si un lucro cesante, como el alegado por flyLAL, puede calificarse como «daño inicial», en el sentido de esa jurisprudencia, o si constituye únicamente un perjuicio económico consecutivo, que no puede justificar, por sí solo, la aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001.
35 El Tribunal de Justicia ya declaró, en el contexto del supuesto incumplimiento de una prohibición de venta de productos fuera de una red de distribución selectiva, que supone la oferta en sitios web de productos objeto de esa red, que la reducción del volumen de ventas y la consiguiente pérdida de beneficios, sufridas por un distribuidor autorizado, constituyen un daño que justifica la aplicación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.o 44/2001 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2016, Concurrence, C‑618/15, EU:C:2016:976, apartados 33 y 35).
36 Procede, asimismo, considerar que un lucro cesante consistente en la pérdida de ventas supuestamente sufrida como consecuencia de la realización de prácticas contrarias a la competencia en infracción de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE puede calificarse como un «daño» a efectos de la aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, que permite fundamentar, en principio, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en que se ha producido el hecho dañoso.
40 Cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente sobrevino el daño alegado, procede considerar que el lugar donde se materializó el daño, a efectos de la aplicación del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, se encuentra en dicho Estado miembro. Esta solución, basada en la concordancia de esos dos elementos, responde, en efecto, a los objetivos de proximidad y de previsibilidad de las reglas de competencia, en la medida en que, por una parte, los tribunales del Estado miembro en que se encuentra el mercado afectado son los más indicados para examinar tales recursos indemnizatorios y, por otra parte, un operador económico que realiza prácticas contrarias a la competencia puede razonablemente esperar ser demandado ante los tribunales del lugar en que esas prácticas han falseado las reglas de la sana competencia.
41 Además, como ha señalado el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, tal determinación del lugar en que se materializa el daño se ajusta a las exigencias de coherencia establecidas en el considerando 7 del Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (DO 2007, L 199, p. 40), en la medida en que, según el artículo 6, apartado 3, letra a), de dicho Reglamento, la ley aplicable en caso de acciones de daños y perjuicios relacionadas con una restricción de la competencia es la del país en el que el mercado resulte o pueda resultar afectado.
42 Dado que el litigio principal implica a varios demandados, procede recordar, por otra parte, que esa competencia opera asimismo en caso de pluralidad de autores de un daño, en la medida en que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 permite establecer la competencia de un órgano jurisdiccional atendiendo al lugar en que se haya producido el daño alegado con respecto a todos los actores supuestamente responsables, siempre que este se materialice dentro de la circunscripción territorial del órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de abril de 2014, Hi Hotel HCF, C‑387/12, EU:C:2014:215, apartado 40).
43 Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización de un perjuicio ocasionado por prácticas contrarias a la competencia, el «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del procedimiento principal, concretamente, al lugar donde se haya materializado un lucro cesante consistente en una pérdida de ventas, es decir, al lugar del mercado afectado por tales prácticas en el que la víctima afirma haber sufrido esas pérdidas.
45 Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización del daño ocasionado por prácticas contrarias a la competencia, el concepto de «lugar donde se hubiere producido el daño» puede entenderse como el lugar de celebración de un acuerdo contrario a la competencia que infringe el artículo 101 TFUE o bien el lugar en que se han llevado a cabo los actos mediante los que se aprovecha la ventaja económica resultante de dicho acuerdo, que consisten, en particular, en la aplicación de precios predatorios, constitutiva de un abuso de posición dominante contemplado en el artículo 102 TFUE.
46 Es preciso observar de entrada, como se ha recordado en el apartado 28 de la presente sentencia, que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 confiere al demandante la facultad de demandar bien ante el órgano jurisdiccional del lugar en que se materializó el daño, bien ante el del lugar del hecho causal que originó el daño, de modo que puede legítimamente demandarse ante un órgano jurisdiccional sobre la base de cualquiera de estas dos competencias.
49 A reserva de las comprobaciones que incumbe efectuar al órgano jurisdiccional remitente, relativas, en este caso, a la relación entre las diversas prácticas contrarias a la competencia de que se trata, procede observar que, en la medida en que resulte de las circunstancias de hecho del litigio principal que el acuerdo contrario a la competencia, supuestamente celebrado en violación del artículo 101 TFUE, constituye el hecho causal que originó el daño alegado, la competencia para conocer, en función «del lugar del hecho causal que originó el daño» y respecto a todos los autores de dicho acuerdo, de un daño supuestamente ocasionado por este puede corresponder, en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001, al órgano jurisdiccional del lugar en que se celebró definitivamente el acuerdo (véase en este sentido, la sentencia de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 50). En tal hipótesis, el lugar de celebración del supuesto acuerdo contrario a la competencia podría identificarse como Letonia.
51 En cambio, si la aplicación de precios predatorios constituyese una infracción distinta del artículo 102 TFUE, sería competente en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 el órgano jurisdiccional del lugar en que se llevó a cabo la práctica contraria a la competencia en cuestión.
54 Este examen se llevará a cabo con la exclusiva finalidad de identificar los puntos de conexión con el Estado del foro que justifiquen su competencia en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 (sentencia de 16 de junio de 2016, Universal Music International Holding, C‑12/15, EU:C:2016:449, apartado 44), debiendo el órgano jurisdiccional remitente limitarse a realizar a tal efecto un examen prima facie del litigio sin entrar en el examen del fondo, puesto que, como ha puesto de relieve en esencia el Abogado General en los puntos 89 a 92 de sus conclusiones, la determinación de los elementos de la responsabilidad civil delictual, entre ellos el hecho generador del perjuicio, está sujeta al Derecho nacional aplicable.
55 En efecto, una solución que consistiese en supeditar la identificación del punto de conexión a criterios de apreciación procedentes del Derecho material nacional sería contraria al objetivo de seguridad jurídica dado que, en función del Derecho aplicable, la actuación de una persona en un Estado miembro distinto al del órgano jurisdiccional que conoce podría ser calificada o no como hecho causante para atribuir la competencia en virtud del artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 (sentencia de 16 de mayo de 2013, Melzer, C‑228/11, EU:C:2013:305, apartado 35).
57 Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización de un perjuicio causado por prácticas contrarias a la competencia, el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» puede interpretarse bien como el lugar de celebración de un acuerdo contrario a la competencia en violación del artículo 101 TFUE, bien como el lugar en que se ofrecieron y aplicaron los precios predatorios, si dichas prácticas eran constitutivas de una infracción del artículo 102 TFUE.
58 Mediante su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, al Tribunal de Justicia sobre la interpretación del concepto de «litigios relativos a la explotación de sucursales» en el sentido del artículo 5, punto 5, del Reglamento n.o 44/2001, en circunstancias como las del procedimiento principal.
62 Al constituir una excepción a la regla general de competencia establecida en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 44/2001, el artículo 5, punto 5, de dicho Reglamento debe interpretarse de modo estricto, según se ha recordado en el apartado 26 de la presente sentencia.
66 Habida cuenta de estas consideraciones, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 5, número 5, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «litigios relativos a la explotación de sucursales» comprende la acción de indemnización de un daño supuestamente causado por un abuso de posición dominante consistente en la aplicación de precios predatorios, cuando una sucursal de la empresa que ostenta la posición dominante ha participado de forma efectiva y significativa en esa práctica abusiva.
1) El artículo 5, punto 3, del Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización de un perjuicio ocasionado por prácticas contrarias a la competencia, el «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» se refiere, en una situación como la del procedimiento principal, concretamente, al lugar donde se haya materializado un lucro cesante consistente en una pérdida de ventas, es decir, al lugar del mercado afectado por tales prácticas en el que la víctima afirma haber sufrido esas pérdidas.
2) El artículo 5, punto 3, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de una acción de indemnización de un perjuicio causado por prácticas contrarias a la competencia, el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» puede interpretarse bien como el lugar de celebración de un acuerdo contrario a la competencia en violación del artículo 101 TFUE, bien como el lugar en que se ofrecieron y aplicaron los precios predatorios, si dichas prácticas eran constitutivas de una infracción del artículo 102 TFUE.
3) El artículo 5, número 5, del Reglamento n.o 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «litigios relativos a la explotación de sucursales» comprende la acción de indemnización de un daño supuestamente causado por un abuso de posición dominante consistente en la aplicación de precios predatorios, cuando una sucursal de la empresa que ostenta la posición dominante ha participado de forma efectiva y significativa en esa práctica abusiva.

References: Artículo 5
 Artículo 5
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 artículo 782
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 artículo 82
 artículo 102
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 artículo 2
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 artículo 6
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 artículo 101
 artículo 102
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 artículo 102
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 artículo 101
 artículo 102
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 artículo 2
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 artículo 102
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