Source: https://justiciayprehistoria.blogspot.com.es/2014/01/
Timestamp: 2017-05-27 21:13:17+00:00

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No atendemos después de las dos: enero 2014
Testigos, testigo-peritos, investigadores privados y traductores e intérpretes en la tasación de costas. Dejo colgado el epígrafe dedicado a los testigos, testigo-peritos, los investigadores privados y los traductores e intérpretes en el libro sobre como practicar e impugnar una tasación de costas en el proceso civil.
Testigos peritos - otros supuestos from justiciayprehistoria Publicado por
Tasación de costas,
Guía de uso del embargo masivo de cuentas bancarias (ECCV)
El llamado embargo masivo de cuentas a la vista (ECCV) es una aplicación inventada en el Consejo General del Poder Judicial e impuesta a los Juzgados en una Circular de la Secretaría General de la Administración de Justicia del año 2011, que se ejecuta en el sistema informático del SANTANDER (antes BANESTO) y que ha logrado duplicar el papel necesario para enganchar el dinero del ejecutado. Definido el invento y sin entrar en el análisis de su naturaleza jurídica, ni en dónde se han dejado la “M” en el acrónimo (ECCV), les informaré sobre cómo funciona dicha herramienta. No es necesario obtener ninguna clase de información patrimonial y es posible técnicamente que cualquier Juzgado practique el embargo o la mejora sin conocer la existencia de bienes; estas trabas que satisfarían el ego de más de un abogado y nos ahorrarían a los demás esos interesantes cruces de opiniones en el mostrador, están prohibidas por la ley (art.588 LEC). Tampoco valen los escritos de cuatro folios en los que se pide del Juzgado que embargue los saldos en todas las entidades bancarias del país, ni la modalidad alternativa que localiza la traba en las sucursales de una ciudad: eso no es un embargo, es una investigación pasada de vueltas, pero investigación al fin y al cabo. Sentado esto y obtenida la información hay que controlar los nervios y, esperar a que el Juzgado ordene el embargo en un decreto, pero siempre que haya saldo positivo y no aparezca un “cero” o, saldo negativo. Esto es, la información del Punto Neutro Judicial procede de los registros de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la que esta obtiene de las respectivas entidades y, que nos llega a nosotros con dos años de retraso; repito, dos años de retraso. Así tenemos que si el lunes hago una búsqueda de cuentas de menganito, saldrá un PDF con los datos del año 2012 en el que aparecerá el saldo a ese año (o la falta del mismo), pero si intentó que me dé los datos del 2013, el sistema me informará que no hay registros. Obtenida la información habrá de cruzarse con el resto de los datos del ejecutado porque por mucho saldo que haya, no podrá trabarse lo que no sea de su titularidad, ni lo que sean bienes inembargables (vg. el único saldo en cuenta procede de una pensión o, de otra prestación social que no llega al límite legal). A partir de aquí empieza la fiesta. El embargo se practica rellenando una plantilla en la aplicación de la cuenta de consignaciones (número de la ejecución, NIF, NIE o CIF, nombres y apellidos del ejecutado o, denominación social y cantidad objeto de embargo) y en un par de días aparecen en la cuenta del Juzgado los saldos que se hayan encontrado. Pero claro, todo esto era demasiado fácil así que para tenernos entretenidos, el sistema o un gnomo contratado a tal fin, envía un correo electrónico por INTER-IUS, que es otra aplicación del Consejo General del Poder Judicial, que tiene su propia contraseña (faltaría) y que no utiliza casi nadie. Ese correo es un mensaje cuasi diabólico que te comunica lo que has embargado y que estás perdiendo el tiempo, porque el ejecutado tiene “posiciones” en otras entidades o, los datos no coindicen. Y ¿qué hacemos con dicho mensaje?, ¿debe unirse al proceso, notificarse, esperar la petición del ejecutante y volver al papel, mediante un oficio al banco dónde estén las posiciones o los datos erróneos? o se manda a la papelera de su razón. Seré sincero: no tengo la menor idea y tampoco pienso buscarla; la idea, quiero decir. Lógico hubiera sido que el embargo se hiciera de todos los productos financieros de un NIF, CIF o un NIE y no de las cuentas a la vista, que da risa para mucha fotografía de mando en plazo, pero nada más. De hecho el embargo no tiene ninguna garantía de éxito salvo que se trate de grandes empresas o, de particulares de muchos posibles, porque con esa información actualizada con dos años de retraso, son frecuentes los aciertos de 0,25€, 1,15€ o, 25,00€ y que siempre haya que tirar de papel en forma de oficio, para obtener otras cantidades. Total que de un embargo en papel que se enviaba por fax y que nos tenía tan contentos, hemos pasado a otro en la aplicación del SANTANDER (antes BANESTO), que se imprime; con un correo electrónico en INTER-IUS, que también se imprime y, por fin con un embargo en papel que se envía por fax, que antes nos tenía tan contentos y que ahora nos toca, pues eso. Lo dijo el clásico de victoria en victoria hasta la derrota final.
El cartonaje contraataca invadiendo un Servicio Común (tercera parte del asador de pollos nº 23 y del brico cartonaje judicial) Quizá la lectura de los comentarios anteriores sobre el asador de pollos número 23 y el brico cartonaje judicial, les haya sorprendido y hasta es probable que más de un lector no haya entendido nada – no es posible, se preguntarán, que en el chupa-chups reformista que nos venden haya edificios inteligentes en estas condiciones- y del mismo modo que les recomiendo la previa lectura de los dos comentarios precedentes (el de los pollos y el de los cartones), también les digo que lo que verán ahora es novedad mundial: ¿se acuerdan de la famosa invasión de los ladrones de cuerpos?, bien, pues hay versión española en forma de cartón.
La invasión. Esto que observan no es un Servicio Común de Ejecución Penal en el año 2014, sino parte de la invasión del cartonaje, que se ha hecho con una sala de considerable dimensión y que solo los despachos de la derecha de la imagen ha contenido. Como no se observan restos humanos, ni constan quejas de funcionarios desaparecidos parece que de momento las intenciones del cartonaje son pacíficas, aunque los eficacísimos equipos de gestión de la Consejería de Justicia permanecen vigilantes. Digo eficacísimos porque son tan buenos en su trabajo que no se le ve; padecerles es otra cosa, pero verles, lo que se dice verles, pues no mucho.
Posición Dunquerque. Emocionante es el encargado de esta sección o, mejor dicho, de quien intenta frenar la avalancha del cartón desde esa posición, -, perdón, quiero decir, puesto de trabajo- bautizada así en recuerdo de los soldados ingleses que resistieron a los alemanes en 1941. La realidad es que los alemanes no atacaron y no quedaba muy contemporáneo bautizarla como el “Alcázar de Toledo”, aunque se le eche un aire.
Posición Dunquerque vista desde la impresora. Esta imagen es muy preocupante, porque se observa muy claramente el intento de varios archivadores que sobresalen de hacerse con el control del pasillo que comunica la trinchera, perdón, la silla, con la impresora- fotocopiadora; de hecho un comando en forma de tapa de caja ya ha saltado sobre ella aunque no se ha referido bajas por la Consejería de Justicia. Prolongación de mostrador. Mientras que en una parte del servicio se lucha contra la invasión, en otra han llegado a un acuerdo con el líder de los archivadores y aquí, dejándose apilar, hacen de continuación del mostrador, para que el personal ajeno a la obra no transite por las mesas de los funcionarios. Si comparamos ese murete con el trabajo de bricolaje citado en el comentario anterior realizado en un Primera Instancia, es una chapuza incalificable y, parece mentira que en un edificio en el que todo hijo de vecino tira de cartón, cartulina y de cinta de carrocero para completar la eficacísima gestión de la Consejería de Justicia, no se hayan podido alinear los citados archivadores. De todas formas y por la solidaridad intra-cuerpos yo me agenciaría con una señal de tráfico de prohibido el paso, porque es muy probable que si se pusiera alguna sobre obras, no se entendiera por la Dirección de Justicia y tuviéramos algún conflicto (en diez años han decidido arreglar la entrada al garaje que iba camino del Paris-Dakar o dónde se corra ahora y, los tramos de escaleras exteriores, que tenían bailando un tercio de las baldosas).
Recubrimiento de tabiques. Dejando al margen el beneficio que pueda tener tanto papel cerca de los baños para salir de algún apuro o, que si se va la luz tocando cartones se llega a los ascensores, estamos fuera del servicio común, o del Juzgado. Esto es un pasillo que en lugar de jarrones o plantas, tiene ejecutorias penales y un paraguas intruso que se ha saltado las normas de seguridad del edificio; bueno, suponiendo que existan. El líder de los archivadores y quien redacta agradece nuevamente la colaboración desinteresada de los responsables de la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana durante los últimos diez años ya que sin ellos no habría sido posible esta brillante exposición fotográfica, si bien reza porque el cálculo de estructuras se haya realizado por un profesional ajeno a dicho organismo, porque en la cuarta planta también luchan contra la invasión los juzgados de lo mercantil y no sé si la estructura puede aguantar tanto papel. Incompetencia, desde luego, pero peso en kilogramos, camino de toneladas, es otra cuestión.
Servicios comunes,
El brico cartonaje orgánico judicial, primera parte
Dedicábamos el comentario anterior al calorcillo que se pasa en el Juzgado de quien redacta y hacíamos un repaso fotográfico de sus novedosas instalaciones, ilustrando al lector sobre la técnica de ocupación de espacios, mientras tratamos de dejar sin árboles a Finlandia testimonieando todo lo que se pone a tiro y haciéndolo todo en papel. Hoy nos centraremos en el brico cartonaje orgánico judicial y a las diferentes modalidades de composición del referido material para el aprovechamiento de espacios; esto es, para buscar hueco, ahorrar sitio o poder abrir algún armario. Dejando al margen el cálculo de estructuras la sutil diferencia entre la ocupación y el aprovechamiento se aprecia en la imagen. A la derecha, los archivadores ocupan el pasillo de emergencia – que está prohibidísimo- y a la izquierda observaran como se ha sobre elevado una planta el armario, para hacer hueco a otros expedientes. Quisiera advertir, no obstante, que en la primera parte se analiza uno de los Juzgados que todavía puede dedicarse al brico cartonaje (en los mercantiles no he podido tomar ninguna imagen, porque solo tienen el espacio suficiente para andar en fila india y de uno en uno y les entorpecía el transito) así que para que comparen, en la segunda nos ocuparemos de uno de esos servicios comunes que lleva creándose tres décadas.
Plataforma telefónica. Se emplea la tapa de una de las cajas de folios a la que sin el lasér de brico mania, ni un nivelador de agua, se han practicado dos incisiones, para que sin el auxilio de tubillones, tornillos, ni goma de contacto, ajuste con el soporte que separa los dos puestos de trabajo y aguante el peso del aparato. Los números de las extensiones están en los dos laterales. De momento no gira sobre la base.
Nueva planta. Se han colocado varias decenas de archivadores en posición horizontal, reforzados con cinta de carrocero en la base y los laterales. La elevación, que no estaba prevista en el diseño original tiene como alternativa el apilamiento de varios archivadores en posición horizontal hasta llegar al techo. La falta de escaleras y la necesidad que el Juzgado vecino haga otra torre en el mismo sitio han impedido, de momento, poner en práctica la idea. Detrás y en el techo, se ha colocado una cartulina para desviar el chorro de aire frio, que sin aviso previo le cae en la cabeza al funcionario que se encuentra debajo. Nueva planta extendida. A diferencia de la anterior no se han empleado medios de refuerzo y, si se fijan – a la derecha de la imagen- el peso de los expedientes está inclinando la estructura, con el evidente riesgo de derrumbe o de producción de grietas. Duplex con adosado. Esta una las innovaciones de la gestión de archivos. La estructura se compone de tres elementos: el dúplex, situando en el pie los expedientes más pesados, para que aguante la segunda planta; seis o siete bandejas de sobremesa que hacen de puente o, de continuación en la estructura y el adosado, ya vencido por el peso. Publicado por
Una exposición sobre el asadero de pollos número 23. Despacho calentito. La foto que precede el comentario se ha tomado esta mañana en el despacho de la Magistrado titular del asador de pollos número 23 de Valencia, antes conocido como Primera Instancia. Como no quiere que la cite – ignoro la razón habida cuenta la moderación y seriedad de mis comentarios- daré fe que el termómetro ha estado toda la mañana a la sombra y, que ha alcanzado la temperatura de 29º a las 13.00 horas de la tarde. Por lo menos llevamos diez años sin gastarnos un euro en ropa de invierno, aunque más de una ha agarrado algún constipado del cuarenta largo porque todos vamos en mangas de camisa, camiseta -o como se llame técnicamente la ropa femenina- salvo las dos frioleras que tenemos y cuando salimos a la calle hay que recordar que estamos en invierno. Imagen desoladora. Es la de un cactus que falleció en el ventanal de mi despacho y de unas cartulinas dedicadas a sustituir a la planta en cuestión, que tampoco han aguantado el calor. Observen la calidad del cortinaje que cubre al fallecido y que protegen la espalda de quien suscribe, aunque en realidad quien ha salido ganando es el del agua, porque trasiego un litro y medio por día y hoy hemos comprado seis paquetes de seis botellas cada uno. Sala de vistas. Preciosa. El asadero de pollos pierde el nombre y pasa a transformarse en una especie de enfriadora, con un chorro de aire frio que le cae a la Juez en la cabeza más o menos a las 11.00 horas de la mañana. Al fondo a la derecha las cajas donde se amontonan sentencias y más sentencias, autos y más autos y decretos y más decretos y a la izquierda, los archivadores de los expedientes; bueno de una parte, porque también tenemos en los armarios y en el pasillo de emergencia (no se lo digan a nadie pero está prohibidisimo). Y eso que como dijo uno de los rectores de lo cosa, no íbamos a tener un solo expediente en los Juzgados, porque subirían y bajarían el mismo día. O como dijo otra: - ¡Por fin tenemos el expediente digital! (me da miedo preguntar qué entendía por expediente o, peor aún, por digital y que hará con uno y el otro). Sala de vistas. Preciosa. Lado izquierdo. Archivadores en formación de tortuga romana (cuidado con la perspectiva que aquí hay mucho purista). No puedo informarles sobre el sistema de archivo porque es tan confidencial que creo que no lo sabemos ni nosotros; todo a bolígrafo y a rotulador hasta que se registra por no sé quién, en no sé que sitio. Sala de vistas de otro Juzgado. ¿A qué es para cabrearse?, ¿han visto el orden y la colocación de los archivadores? y ¿por qué no se da un curso sobre eso?. De vergüenza que unos ocupemos el pasillo de evacuación – que, recuerden, está prohibidísimo- y otros solo el tabique de la Sala de vistas. No les puedo informar sobre cómo sacan y meten cada archivador porque está pendiente de patente. El Asador de pollos número 23 agradece la colaboración desinteresada de los responsables de la Consejería de Justicia de la Comunidad Valenciana durante los últimos diez años ya que sin ellos no habría sido posible esta brillante exposición fotográfica. Publicado por
Medios materiales,
Los supuestos de exigencia de caución en la fase de admisión de demanda y de trámite del proceso civil (dejamos al margen la ejecución) son los siguientes: a. Declinatoria de jurisdicción (art. 64.2 LEC) En este caso la caución responde a la finalidad de precaución o previsión y a la de responder de los daños y perjuicios que se deriven de la tramitación de una declinatoria desprovista de fundamento. Se trata de asegurar los daños o perjuicios al actor una vez desestimada la declinatoria y declarada la competencia de los Juzgados que conocían del asunto inicialmente. Respecto de esta previsión critica parte de la doctrina que no tiene una justificación sólida, por dos razones básicas: primero porque el demandado sólo responde de los daños y perjuicios si la declinatoria está desprovista de fundamento, pero no en los casos en que el fundamento sea discutible; y segundo, porque con la simple caución del demandado, el actor se puede encontrar ante una situación real de indefensión, si se le cercena la posibilidad de realizar las actuaciones urgentes, y con ello, además, no se le indemniza si la declinatoria tuviera algún fundamentos. b. Diligencias preliminares (art. 256.3 LEC). Señala ILLESCAS RUS que aunque el art. 262 LEC no se ocupa de ellos, parece claro que se producen gastos en el caso de que las diligencias solicitadas no resulten acordadas. Como claro es, también, que se producen gastos si las diligencias solicitadas y acordadas no llegan a practicarse por cualquier razón; o si sólo se realizan de forma parcial. En el primero de los casos enunciados, los gastos corren exclusivamente a cuenta del peticionario quien habrá de atenderlos a medida que se produzcan, a salvo el caso de que tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita (art. 241.1 LEC); y el hecho de que la norma no mencione esta hipótesis acaso pueda atribuirse a la circunstancia de que la caución, que es requisito de la petición, de ordinario no se habrá acordado, fijado ni, por ende, llegado a prestar. En los otros dos la omisión resulta tan llamativa como inexplicable, porque la caución, como regla, habrá debido prestarse. Como en el primero, los gastos debe abonarlos el solicitante y de los mismos también responde la caución constituida. Añade este autor que en relación con los daños y perjuicios la responsabilidad del promotor es también objetiva: con independencia del carácter del sujeto con quien se entiendan las diligencias o intervenga en las mismas y de las incidencias que acontezcan en la sustanciación de las mismas como consecuencia de la intervención activa del sujeto pasivo. (Illescas Rus, Angel. “Comentario Artículo 262. Decisión sobre aplicación de la caución. LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”, año 2010, SEPIN, SP/DOCT/13305). c. Medidas cautelares. El solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado. El ofrecimiento de esta garantía constituye requisito sine qua non de la regularidad de la solicitud y es sobre todo, presupuesto de su concesión y a su vez, se configura como condición de la efectividad de las medidas acordadas al disponer. No se trata, empero, de un presupuesto absolutamente independiente, sino complementario de los otros dos. Su solo ofrecimiento no excusa la acreditación de la apariencia de buen derecho ni la justificación de la necesidad de las medidas para posibilitar la efectividad de la resolución concretamente postulada en el proceso principal. En rigor, pues, la caución no suple por si misma la absoluta falta de robustez de las justificaciones ofrecidas para acreditar la concurrencia del peligro de retardo y de la apariencia de buen derecho. A la inversa, la demostración de estos extremos no libera de la obligación de constituir la caución. No obstante, la delimitación de su índole y alcance cuantitativo se ve imperativamente condicionada por el juicio que merezca el vigor o firmeza de aquéllos (AAP MADRID, Sección 10ª, de 27 de octubre de 2010, ROJ AAP M 17367/2010). d. Demandas para la efectividad de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad. El art. 439.2.2 LEC condiciona la admisión de las demandas del art. 250.1.7º LEC a que salvo renuncia del demandante, se haga constar en ella la caución que ha de prestar el demandado, en caso de comparecer y contestar, para responder de los frutos que haya percibido indebidamente, de los daños y perjuicios que hubiere irrogado y de las costas del juicio. La caución trata específicamente, como se infiere del artículo 439.2.2 LEC, de asegurar al demandante, titular de un derecho real inscrito sin contradicción alguna, llegado el caso de una sentencia estimatoria, (1) la restitución de los frutos indebidamente percibidos por el perturbador de su derecho, (2) el resarcimiento de los daños y perjuicios que éste le hubiera irrogado y (3) el abono de las costas del litigio. (AAP LAS PALMAS, Sección 4ª, de 7 de abril de 2011, ROJ AAP GC 1860/2011). e. Interdicto de obra nueva. En la suspensión de una obra nueva, el dueño o encargado de la obra podrá ofrecer caución para continuarla, así como la realización de las obras indispensables para conservar lo ya edificado (art.441. 2 LEC). Su operatividad material resulta, en la práctica, muy problemática, pues es frecuente que la pieza separada de continuación de la obra sea más compleja que el propio procedimiento principal y ello en muchas ocasiones, precisamente, por la dificultad de fijar una adecuada a la naturaleza y alcance, tanto de la obra suspendida, como de la que se pretende continuar y que suele requerir complejos informes periciales. f. Medidas de aseguramiento de la prueba. Para decidir sobre la adopción de las medidas de aseguramiento de una prueba, el tribunal podrá aceptar el eventual ofrecimiento que el solicitante de la medida haga de prestar garantía de los daños y perjuicios que la medida pueda irrogar; o acordar, mediante providencia, en lugar de la medida de aseguramiento, la aceptación del ofrecimiento que haga la persona que habría de soportar la medida de prestar caución bastante para responder de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pretenda (art. 298 LEC). Ese “eventual ofrecimiento” ha dado en la práctica alguna extravagante petición que busca, precisamente, evitar la obligatoriedad de la caución de otros supuestos. En el AAP GUADALAJARA, Sección 1ª del 12 de Diciembre del 2007 ( ROJ: AAP GU 218/2007) se lee: “En cuanto a la medida asegurativa también interesada, consistente en la paralización de las obras, igualmente se han de compartir los argumentos de la instancia, toda vez que la suspensión de la ejecución de 244 viviendas acarrearía graves perjuicios económicos, estando prevista la prestación de caución para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de una medida semejante pudiera causar al patrimonio del demandado; requisito que hubiera sido preceptivo de haberse solicitado como medida cautelar (artículo 728.3 LEC ), y que se elude a través del aseguramiento solicitado, toda vez que el artículo 298.2 LEC , como bien sostiene la recurrente, prevé el ofrecimiento de caución con carácter potestativo”. g. Monitorio de Propiedad Horizontal. Si el deudor se opone a la petición inicial del proceso monitorio, el acreedor, sin necesidad de caución, podrá solicitar el embargo preventivo para hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas. No obstante, el deudor podrá enervar la traba prestando aval bancario en la cuantía por la que hubiese sido decretado (art. 21 LPH). h. Proceso cambiario. Si el deudor cambiario niega categóricamente la autenticidad de su firma o invocare la falta absoluta de representación, el Tribunal a la vista de la documentación aportada y de las circunstancias del caso, podrá acordar el alzamiento de los embargos exigiendo, sí lo considera conveniente, la caución o garantía adecuada (art. 823.1 LEC). i. Legislación concursal. Varios preceptos de la Ley Concursal prevén la exigencia de fianzas o cauciones. Entre las que podríamos calificar de procesales tenemos: 1) en el caso de concurso necesario el juez, al admitir a trámite la solicitud, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio del deudor y pedir al solicitante que preste fianza para responder de los eventuales daños y perjuicios que las medidas cautelares pudieran producir al deudor si la solicitud de declaración de concurso resultara finalmente desestimada (art. 17 LC); 2) en la oposición a la propuesta de convenio presentada por el deudor en el procedimiento abreviado, el juez podrá requerir al impugnante que preste caución por los daños o perjuicios que para la masa pasiva y activa del concurso pudiera suponer la demora en la aprobación del convenio (art.191 bis LC) y, 3) por último, en caso de suspenderse las operaciones de liquidación en el procedimiento abreviado, a causa de impugnaciones del inventario o de la lista de acreedores, el juez podrá requerir a los impugnantes para que presten una caución que garantice los posibles daños y perjuicios por la demora (art.191 ter 3 LC). j. Otros supuestos. Por último, el art. 137 Ley de Patentes permite que el Juez al acordar las medidas cautelares solicitadas, pueda fijar una caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. No es una caución, la consignación prevista en el art. 7.3. e) del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La forma de la consignación es idéntica a la de las cauciones que nos ocupan, pero tiene una finalidad liberatoria que se limita al importe consignado, de modo que el perjudicado, si considera que la indemnización percibida es inferior que la que corresponde, puede ejercitar acciones para reclamar el resto de lo que crea, según resulta del apartado 7.3 d) de la citada Ley (AAP SEVILLA, Sección 5ª, de 5 de diciembre de 2011 ROJ AAP SE 3795/2011). Publicado por
Premios Justicia. Discurso del Ilte. Jesus Olarte Madero
El día 3 de enero de 2014 se entregó a D. Jesús Olarte Madero, Secretario de Gobierno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana (años 2004-2012) el premio JUSTICIA, que concede, precisamente, la citada Comunidad. Las palabras de agradecimiento o el discurso del premiado, aparecen en el video que encabeza estas líneas. Dejando al margen que se comparte con el citado la condición de socio del REAL MADRID CF, el cariño por MADRID, (al fin y al cabo nací en el barrio de Chamberí) y el destino final en la ciudad de VALENCIA, aconsejo que se escuche el discurso por todo lo que se dice – que es mucho- y, por lo que no se dice, que tampoco debió ser mucho, aunque se intuya, en tanto las citas personales son expresas y muy claras.
Creo necesaria la divulgación del video no solo por la relación personal con el premiado, sino porque justo es reconocer la certeza y veracidad de las palabras que pronunció. Publicado por
La suspensión del proceso de ejecución por prejudicialidad penal.
El artículo 569.1 LEC, en su primer párrafo, dispone que la presentación de denuncia en que se expongan hechos de apariencia delictiva relacionados con el título ejecutivo o con el despacho de la ejecución forzosa no determinará, por sí sola, que se decrete la suspensión de ésta. Y señala el AAP MADRID, Sección 10ª, de 26 de mayo de 2010 (ROJ: AAP M 8011/2010) que el citado artículo 569 es una mera modulación del artículo 40.1 LEC, exigiéndose que la decisión de la causa sea determinante para la continuación del proceso de ejecución. En otras palabras, para que surja una cuestión prejudicial penal se requiere como “condictio iuris” el carácter decisivo de la calificación jurídico-penal en la resolución del pleito civil. Por lo que: “Difícilmente puede concurrir dicho requisito si el pleito civil está resuelto por sentencia firme, se ha rechazado la petición de nulidad de actuaciones frente a la sentencia dictada por este órgano judicial y los hechos a que se circunscribe la investigación penal en manera alguna pueden determinar la falsedad o nulidad de dicha sentencia”. Esta es la regla general. Pero para llegar a esa conclusión se aclara en el AAP BARCELONA, Sección 4ª, 4 de septiembre de 2007 (ROJ: AAP B 5815/2007), que en el examen de esta cuestión deberán conjugarse dos intereses opuestos entre sí: de un lado, ha de impedirse que cualquier proceso penal torticeramente incoado por el deudor sirva para delimitar o comprometer el buen fin de la ejecución; de otro, es aconsejable evitar que se sustancien actuaciones ejecutivas claudicantes, expuestas a quedar sin efecto, si se dicta una sentencia penal de la que se siga la nulidad del título o la ilicitud del despacho. Termina afirmando esta resolución:
Conforme a reiterada doctrina, la regla general es que la sola pendencia de una querella o denuncia que guarda conexión con el proceso de ejecución no determinará la suspensión de la tramitación de éste, y la excepción es que la pendencia de un proceso penal en el que se enjuician hechos que pueden acarrear la "nulidad o falsedad del título o ilicitud del despacho", sí determinará la suspensión de la ejecución. Ello debe precisarse en el sentido de que, en principio, la nulidad o anulabilidad del título ejecutivo es una cuestión puramente civil, lo que sucede es que en algunos procesos penales puede ponerse en tela de juicio la validez de un contrato o de un acto civil. Así, el artículo 569 es más concreto, no tan amplio como el artículo 40 LEC, dado que no es suficiente con que se dicte cualquier tipo de resolución judicial penal que tenga notoria influencia en el proceso civil, sino que es preciso que los hechos delictivos que se persiguen, caso de que sean cierto, comporten la falsedad o nulidad del título o la invalidez o ilicitud del despacho de la ejecución”.
Resumiendo la doctrina jurisprudencial y siendo así que el proceso penal no puede convertirse en una cuarta instancia civil – para el caso de haber intervenido el Tribunal Supremo en la resolución del pleito Piénsese en el proceso civil que ha recorrido las tres instancias. Se despacha ejecución y la parte ejecutada interpone querella contra los testigos y peritos que declararon en el juicio, sosteniendo que su intervención fue relevante para la sentencia condenatoria. Podemos darle muchas vueltas al asunto, pero no es causa de suspensión de la ejecución civil- es palmario que no basta la existencia de aquel para que se produzca la suspensión “ya que sólo puede acordarse en el supuesto en que la pendencia en el proceso penal cuestione directamente la autenticidad o validez del título o la ilicitud del despacho de la ejecución ,[y] por tanto, para la expresada suspensión por prejudicialidad penal es preciso analizar en qué medida existe conexión causal entre los hechos penales enjuiciados y la nulidad del título o el despacho de la ejecución, de tal forma que de declararse la existencia del delito se produciría automáticamente la nulidad del título o la ilicitud de la ejecución” (AAP CASTELLON, Sección 1ª, 13 de enero del 2011, ROJ: AAP CS 4/2011) .
Y con ello ya tenemos el último elemento de juicio que nos faltaba. No bastará que se haya dictado una resolución judicial de incoación de diligencias previas, sino que los hechos objeto de investigación, en el caso de resultar ciertos, deberán ser determinantes de la falsedad o de la nulidad del título o de la invalidez o la ilicitud del despacho de la ejecución, lo que exigirá que el Juzgado de Primera Instancia valore qué hechos se han denunciado y cuales son objeto de investigación penal.

References: Artículo 262
 resolución 
 ROJ 
 artículo 439
 ROJ 
 artículo 298
 Real Decreto 
 ROJ 
 artículo 569
 artículo 569
 artículo 40
 resolución 
 artículo 569
 artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución