Source: http://tierraylibertad.acultura.org.ve/
Timestamp: 2016-09-28 11:53:24+00:00

Document:
México: Restituyen tierras a indígenas huicholes en Nayarit
Foto: Arturo Campos
Por Juan Carlos G. Partida
La Jornada.- Indígenas wixaritari (huicholes) descendieron los casi mil metros de la cordillera de Pajaritos que va desde San Isidro, Jalisco hasta Huajimic, Nayarit, para tomar posesión de 184 hectáreas y hacer válida la primera ejecución por 47 juicios agrarios que llevan desde hace una década contra pequeños propietarios para recuperar 10 mil hectáreas que reclaman como parte de su territorio.
Avalados por tribunales agrarios que tienen otras 12 sentencias listas para ejecución luego de 10 años de juicios, al menos mil wixaritari tardaron menos de tres horas en el abrupto descenso realizado
desde el jueves por la mañana, llegaron al predio ubicado a las faldas de la cordillera y recibieron el terreno en el que de inmediato comenzaron a instalar un campamento provisional.
“Es un hecho histórico, es la primera restitución de tierras, toda la
comunidad está feliz”, dijo Miguel Vázquez, presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Sebastián y Tuxpan, uno de los líderes de los
indígenas que desde ayer han seguido bajando la sierra para defender la
tierra que les fue entregada.
Aunque no hubo resistencia para entregar el predio por parte de los propietarios de las 184 hectáreas a nombre de Enriqueta Montoya Contreras, pobladores de Huajimic por la tarde del jueves impidieron la salida de funcionarios del tribunal agrario 56 de Tepic que encabezaron la ejecución de la sentencia, colocando vehículos en el camino de terracería para evitar el paso de los demás automotores.
Fuente:Publicado en La Jornada el 26 de setiembre de 2016: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/23/restituyen-tierras-a-indigenas-huicholes-en-nayarit
Si bien los pueblos indígenas garantizan la preservación de los bosques con su sistema tradicional de manejo territorial en el entorno del Parque la realidad es dramática: 86 por ciento de los bosques fueron
convertidos en soya, maíz y pasto en los últimos 30 años.
Los signos están por todas partes. Las cigarras ya no cantan anunciando que la lluvia está por venir. También desaparecerán las golondrinas que volaban en bandos para anunciar el inicio de las lluvias. Las mariposas, que visitaban las aldeas avisando que el rio iba
a comenzar a secarse, desaparecerán. Antiguamente no era así, dicen ellos.
Pero con el aumento del calor, la falta de lluvias y la deforestación
en el entorno del Parque y hasta la construcción de represas son señaladas como causas de esos cambios.
Fuente: ISA. Traducido por Vanessa Peirano, En GlobalVoices: https://es.globalvoices.org/2016/09/26/documental-aborda-los-efectos-de-los-cambios-climaticos-en-el-modo-de-vida-de-los-indigenas-de-xingu-vea/: ----
Cumbre Amazónica tratará catástrofe climática y alternativas indígenas
Servindi.- La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) hace extensiva la invitación a la III Cumbre Amazónica, a realizarse en Lima, Perú, los días 27 y 28 de octubre de 2016.
El certamen será un espacio de diálogo político de alto nivel entre pueblos indígenas, estados y organismos Internacionales para formular y analizar propuestas de mitigación y adaptación ante el cambio climático y
la conservación de los bosques.
A través de estas actividades se busca garantizar un clima de paz y sostenibilidad para la continuidad de las presentes y futuras generaciones.
La cumbre discutirá y analizará la catástrofe climática en curso y otros temas ambientales. Asimismo, evaluará alternativas y ampliarán alianzas que fortalezcan las propuestas climáticas desde los pueblos indígenas con el fin de otorgar sostenimiento a una Amazonia viva que supere los impactos del extractivismo..
Ejes temáticos de la Cumbre Amazónica:
- Transición post extractivista, libre determinación y reducción de emisiones.
- Economía Indígena de Vida Plena y Clima.
- REDD+ Indígena Amazónico (RIA)
- Procesos ONU, Acuerdos Cop21 y Acciones Indígenas.
- Financiamiento Climático y Pueblos Indígenas.
Los debates girarán en torno a cinco ejes temáticos que permitirán que la Cumbre establezca propuestas alternativas y estrategias de acción
en especial sobre procesos globales, regionales y nacionales para los bosques y los pueblos indígenas.
Ello incluye, entre otros, al Sistema de las Naciones Unidfas, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la COP22, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), el
Programa de Inversión Forestal (FIP), el Mecanismo de Donaciones Específicas (MDE/GDM), la banca multilateral y el financiamiento climático global.
Eventos internos de la COICA
Previo a la Cumbre Amazónica se desarrollarán dos actividades de suma importancia para la vida institucional de la COICA:
Se trata de la Reunión del Consejo Directivo y el Consejo Consultivo a
realizarse el día 25 de octubre. Asimismo el Congreso Estatutario que se llevará acabo el 26 de octubre.
La I Cumbre Amazónica se desarrolló en Manaus, Brasil, en agosto de 2011. Esta I Cumbre significó el fortalecimiento de la unidad y organización de los pueblos amazónicos en relación a la defensa territorial y los bosques frente a la crisis climática.
Otra de sus virtudes fue impulsar alternativas como los “Territorios Indígenas como espacios de conservación productiva” y la de “Manejo Holístico de Territorios de Vida plena” o “REDD+ Indígena Amazónico” (RIA) que han tenido impacto global.
En la II Cumbre realizada en Villavicencio, Colombia, el 2013 se impulsaron alternativas y acciones frente al desarrollismo amazónico.
Esto incluyó a las industrias extractivas y que amplió su acción sobre los impactos de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana
(IIRSA) y otros megaproyectos.
Otra de las iniciativas que surgieron en esta II Cumbre fue el camino
que logró instalar el Pabellón Indígena en la CMNUCC, como aporte global de COICA y AIDESEP.
Acceda al programa haciendo clic en el siguiente enlace:
- Programa_III_Cumbre_Amazonica (versión PDF)
COICA,
histórico documento que firmaron las FARC y el Estado de Colombia incluye una serie de medidas que tomará el aparato estatal colombiano y que van desde el ordenamiento territorial y ambiental hasta el respeto de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cumplirá el país sudamericano con todas sus metas de inserción social?
Servindi.- El acuerdo de paz firmado esta semana
por el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una verdadera lección de reconciliación en Latinoamérica. Un claro ejemplo, son las implicancias del propio documentos firmado el lunes 26 de setiembre en una ceremonia celebrada en Cartagena.
Uno de los puntos claves del documento firmado por el Presidente Juan
Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), es sin duda alguna los objetivos trazados para la inserción
social, principalmente para con la población rural y los pueblos originarios.
“El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos”, reza el histórico documento.
Respeto a pueblos nativos
Otro punto importante, alcanzado por el acuerdo de paz es sin duda alguna el respeto y el mantenimiento de las costumbres ancestrales.
Como se sabe, durante décadas las FARC convivieron en la selva colombiana con los pueblos indígenas, razón por la cual estos pasaron a formar parte de las mesas de negociación que se instalaron en La Habana.
En ese sentido, el acuerdo señala “que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena”.
Por último, demandas como la inclusión de los pueblos originarios en los programas sociales del Gobierno de Colombia, así como el establecimiento de leyes de ordenamiento territorial y social para con las comunidades campesinas y los pueblos nativos, son solo algunos de los logros del acuerdo de paz en materia social.
Washington detenido. Foto: IDL-Litigio constitucional
Servindi.- El dirigente indígena Washington Bolívar Díaz fue detenido hoy a su salida del Congreso de la República y llevado
a la división de Requisitorias. A las 5 de la tarde fue trasladado a la
Según reportó el Instituto de Defensa Legal (IDL) Washington Bolívar debe rendir su manifestación el día jueves por la mañana en la localidad de Aguaytía donde tiene una acusación por el delito de falsedad genérica.
Se desconoce aún quienes estarían detrás de la acusación pero no se descarta que exista un interés de judicializar en aras de criminalizar la actuación que ha venido desarrollando Washington Bolívar en los últimos tiempos.
Como es sabido, el lider de la étnica Cacataibo, ha desarrollado un visible protagonismo en aras de la defensa de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, perteneciente al pueblo Shipibo-Conibo, frente a una de las empresas de palma aceitera del grupo Melka.
Robert Guimaraes, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU) demandó a las autoridades competentes brindar seguridad y garantía física y legal por el dirigente.
Asimismo, alertó a la opinión publica nacional e internacional a estar atenta para evitar que se cometa alguna injusticia o se le criminalice de manera injusta e intencional a una persona que lo única que ha venido haciendo es defender los derechos de las comunidades.
A continuación compartimos un vídeo elaborado por la REDCIP Ucayali y Servindi sobre la lucha de Santa Clara de Uchunya:
Cacataibo,
Programación festival RUKAPILLAN Desde el 6 al 9 de octubre se realizará en Villarrica y Pucón la primera versión del Festival de Cine+Cultura Rukapillan.
PROGRAMACIÓN FESTIVAL RUKAPILLAN 2016
Más información en festivalrukapillan.cl
Historia de un secuestro: ¿Volverá la piedra Kueka a su hogar pemón?
por Isabel Guerrero Villasmil 18 años han pasado desde que una piedra de 32 toneladas fue sacada del sector oriental del Parque Nacional Canaima, al sureste de Venezuela, y llevada a Alemania para que
fuese parte de la obra del escultor alemán Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld. La extracción de lo atribuyen es un jaspe fue autorizado por Héctor Hernández Mujica, titular del Instituto Nacional de Parques (Inparques), en 1998, durante la presidencia de Rafael Caldera.
Escultor alemán protagonista del polémico caso de la piedra kueka
Polémica. Desde entonces, “la piedra sagrada” ha estado rodeada por la polémica. El pueblo pemón, activistas y grupos ambientalistas organizados han pedido su repatriación alegando que es “la piedra kueka-abuela” y han protestado por el maltrato a su color natural luego de ser lijada y tallada. Mientras que el artista ha señalado que todo fue un engaño, que se trata de una roca arenisca roja sin valor, sobre la cual se inventó un mito. Cree que “el presidente venezolano Hugo Chávez creó la controversia con el fin de obtener el apoyo de la comunidad pemón para ganar las elecciones (octubre 2012)”, según reseña The Guardian.
Los hechos. Wolfgang Kraker sostiene que realizó todos los trámites respectivos ante las autoridades del gobierno venezolano, primero solicitando la pieza que fue otorgada como “donación” y luego, gestionó su traslado desde Santa Cruz de Mapaurí, en el estado Bolívar, hasta Alemania. Coincidió con una protesta
por parte de la comunidad pemón debido a la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión que atravesaba su territorio, en la Gran Sabana, y eso demoró la salida de la piedra kueka; la Guardia Nacional intervino y estuvo custodiada en el km 88 de la carretera internacional hacia Brasil hasta que se mostró la documentación pertinente y continuó su viaje. El escultor, también contó con el apoyo del encargado de negocios de la embajada de la República Federal de Alemania, Hans Peter Pliska. El 24 de febrero de 1999, fue colocada en un acto solemne en la Puerta de Brandengurgo, en la capital alemana.
Traslado, tallado y lijado del símbolo pemón
Los aspectos legales. Uno de los aspectos que se toman en consideración en este caso es que la extracción de la roca viola el ordenamiento jurídico que regula las actividades en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por encontrarse dentro de los límites
del parque nacional. Otro elemento que se debe mencionar, es que la presidenta de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del extinto Senado, envió una carta a la embajada alemana notificándole el análisis jurídico hecho por dicha comisión, donde señalaban que la extracción y movilización de la piedra fueron ilegales. Infringió el artículo 12 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, de 1966, y los artículos 4 y 12 del Decreto 1.640, del 5 de junio de 1991, sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, al mismo tiempo que se trataba de actividades no permitidas por el mencionado Decreto (artículos 22 y 24)”.
Del derecho indígena. Para el pueblo pemón, esta piedra representa sus creencias y forma parte de su cosmogonía, según Raúl Grioni,
expresidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Además señala, que la piedra es considerada una persona convertida, una abuela, llena de sabiduría y orientadora de su pueblo, que se encontraba acompañando al “abuelo”, una piedra similar ubicada en el mismo lugar donde estaba la piedra kueka. Actualmente, es considerada una reliquia ancestral. El 09 de agosto de 2006 fue declarada patrimonio cultural de la Nación.
Permanencia actual. Se encuentra en el parque Tiergarten, en Berlín, frente al Memorial del Holocausto. El proyecto lleva por nombre Global Stone y
es una iniciativa autofinanciada por el artista alemán que tiene como fin activar las energías para la paz del mundo.Según reseña la página oficial del proyecto, el autor tiene como misión “encontrar en cada continente dos piedras para el proyecto que respondan a una particularidad única y cuya composición mineral, forma y origen sean características de cada uno de los cinco continentes”. Cada par de piedras provenientes está representando los cinco pasos hacia la paz: Europa (el Despertar), -África (la Esperanza), Asia (el Perdón), América (el Amor) y Australia (la Paz). La piedra kueka fue tallada, lustrada y lleva la inscripción de la palabra Amor en siete idiomas. En enero de 2000 se dio apertura a la exposición Global Stone.
Solicitud venezolana. El
presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, señaló este 20 de septiembre de 2016 que será reactivado el caso de retorno al país de la piedra Kueka y que se tiene previsto la colocación de una fragata nacional en puerto alemán para el traslado según reseña
Alba Ciudad. El Ministerio Público inició en julio de 2014 las diligencias necesarias para traer al país la piedra Kueka, según informó
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa radial Justicia y Valores, según indica la página web de la institución. El 15 de mayo del 2000, la Procuraduría del estado Bolívar exigió la devolución de la piedra kueka.
Compromiso alemán. El 27 de mayo de 2000, la Embajada de Alemania se comprometió públicamente el a la devolución de la piedra, información que fue dada a conocer públicamente a través de un comunicado publicado en el diario El Nacional.
Kueka,
Servindi.- Pastor Dahua, Apu de la comunidad nativa de Monterrico, ubicada en el distrito de Urarinas, provincia y región Loreto, reportó un derrame de petróleo en el kilómetro 66 del Oleoducto Norperuano.
Esta vez el derrame ocurrió a dos horas de la comunidad Nueva Alianza
y pone en riesgo al río Marañón pues la comunidad se encuentra en una de las quebradas del río, detalló Pastor Dahua.
La comunidad reporta que el derrame ha alcanzado 1 kilómetro de longitud y 1.50 m de profundidad aproximadamente. Esto ha ocasionado la muerte de peces y la preocupación por el gran riesgo ambiental que significa para otras comunidades.
El derrame es sobre tierra y el diámetro de la fisura en la tubería no ha podido observarse por la gran cantidad de crudo que hay en la zona
El Apu Pastor Dahua indica que el aviso se produjo mediante una llamada telefónica durante la tarde del 24 de septiembre, después de avistar a un helicóptero sobrevolando la zona dos veces.
Un grupo de alrededor de cincuenta comuneros, incluidos dirigentes, inspeccionaron el lugar por la mañana del domingo y constataron el siniestro.
La distancia entre la comunidad y el derrame es dos horas de camino a pie y a media hora en bote a motor.
Cabe resaltar que la posta de salud más próxima se encuentra a cinco horas de viaje en motor.
Hasta el momento, la empresa no se ha comunicado formalmente con la comunidad ni ha enviado una comisión de inspección a la zona.
Foto del derrame en Monterrico tomadas con el celular del comunero Eduardo Paredes.
Bagua: Conozca la sentencia completa del caso Curva del Diablo
Los 53 nativos acusados fueron absueltos por el Poder Judicial.
Servindi.- En un fallo casi sin precedentes en la historia
del Perú, la Corte Superior de Justicia de Amazonas decidió absolver a los 53 nativos acusados —uno fallecido— por uns serie de delitos como homicidio calificado e instigación por lo ocurrido en la Curva del Diablo (Bagua) en 2009.
La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra, presidente y director de debates: Norberto Cabrera Barrantes, segundo vocal y Enrique
Montenegro Guimaraes, tercer vocal; sentenciaron que la acusación fiscal no comprobó que los nativos procesados hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías acaecidos en el fallido operativo.
De esta manera, todas las personas imputadas en las acusaciones del Ministerio Público, entre quienes se encuentran los dirigentes Alberto Pizango, expresidente de la organización AIDESEP, y Santigo Manuin Valera, quedan libres de toda acusación.
El fallo se obtiene tras siete años de un tortuoso y penoso proceso para los encausados que responde puntualmente a la muerte de doce policías durante los enfrentamientos ocurridos en 5 junio de 2009 en la carrtera Fernando Belaúnde Terry.
La sentencia exculpa a diversos los acusados de siete delitos: homicio calificado, instigación, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, motín y disturbios, arrebato de armamento y municiones, tenencia ilegal de armas de fuego y daños agravados, .
Para los acusados se pedía penas diversas que iban desde los 6 años de prisión hasta la cadena perpetua.
Cabe agregar que al terminar la lectura de sentencia el Ministerio Público solicitó la nulidad del fallo exculpatorio y pidió 10 días para estudiar la extensa sentencia de 392 páginas y fundamentar su apelación.
Esto significa que el proceso aún no culmina y continuará su curso en la Corte Suprema del Perú, con sede en Lima.
Accede al fallo completo con un clic en el siguiente enlace:
- Corte Superior de Justicia de Amazonas: Fallo judicial Caso; Curva del Diablo (PDF, 392 páginas):
Venezuela: 38 films en III Muestra Internacional de Cine Indígena
Servindi.- La III edición de la Muestra Internacional de Cine Indígena de Venezuela (MICIV) presentará 38 películas, entre ellas 17 del género ficción, 18 documentales y tres cortometrajes animados.
Entre las producciones audiovisuales destacan “Antes o tempo não acabava” de Sérgio Andrade y Fábio Baldo (Brasil/Alemania) y “Avant les rues” de Chloé Leriche de Canadá que se harán presentes luego de estrenarse en el Festival Internacional de Cine en Berlín de 2016.
El evento a realizarse en la ciudad de Maracaibo iniciará el viernes 29 de setiembre con la presentación de “DAUNA lo que leva el río” del venezolano Mario Crespo.
Además, habrá un recuerdo de diez trabajos realizados por el director
indígena canadiense Kevin Papatie, miembro de Wapikoni Mobile, y la Escuela de Comunicaciones Wayuu presentará sus trabajos audiovisuales por los miembros de su escuela de Colombia y Venezuela.
Asimismo, se expondrá la serie noruega “7 historias Sápmi” que contempla a siete películas que incluyó al pueblo sápmi en su realización y abordaje, y “El sueño de Sonia” del peruano Diego Sarmiento que fue seleccionado en Berlinale Culinary Cinema 2015 y en Culinary Cinema 2015.
Para la elaboración del programa entero, se requirió de la participación de diversos pueblos indígenas como Añú, Sápmi, Misak, Telangana, Algonquin, Heiltsuk, Mohawk, Blackfoot, Anishinaabe, Inuit, Māori, Atikamekw, Samoa, Kuna – Dule, Goolarabooloo, Quillasinga, Miriwoong, Salasaka, Kichwa Otavalo, Mixteco, Quechua, Maguana, Baka, Balti, Saharaui, Nayeri, Wixarika, Mingunburri, Shipibo, Taíno, Mapuche y
La MICIV celebrada desde el 2008, presenta películas provenientes de todas partes del mundo donde celebran diversos foros y talleres de formación.
Sirve además como punto de encuentro entre la colectividad indígena y
no indígena y profesionales del mundo audiovisual dispuestos a intercambiar conocimientos.
En la última edición se presentaron materiales provenienes de 142 naciones indígenas y 30 paises alrededor del mundo, realizados por indígenas y no indígenas quienes contaron historias y realidades de sus pueblos y que fueron proyectadas en seis municipios de estado de Zulia, Mérida y Caracas.
Añú,
Atikamekw,
Heiltsuk,
Wayúu,
Luzardo asegura que las zonas que serían más afectadas por el emprendimientom minero se debe a que son zonas ecológicas extremadamente
frágiles y sensibles; y donde se encuentran las últimas reservas de agua dulce no contaminada del país”.
El proyecto se activó en febrero de este año por el presidente Nicolás Maduro. El Arco Minero del Orinoco contempla una zona de 111.800
kilómetros cuadrados, ubicada al sureste de Venezuela.
De prosperar dicha iniciativa se vería afectada la reserva forestal de Imataca, que tiene 3 millones 800 mil hectáreas, asimismo la reserva
forestal del Caura, con más de 5 millones de hectáreas.
“Como país nosotros necesitamos inversiones rentables, ecológicamente
sustentables, como lo están planteando diversos países del mundo, como lo ha manifestado el Papa en su Encíclica" dijo Luzardo.
Alexander Luzardo fue Senador del anterior Congreso de la República, ex Presidente de la Comisión de Ambiente, y autor de las Normas Ambientales de la Constitución Nacional. Asimismo, es Profesor Titular de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Ambiental y Desarrollo
No a la Minería,
Organizaciones indígenas piden justicia y respeto de los derechos humanos
Foto tomada de: http://ojo-publico.com/sites/default/files/editor/u11/bagua_1.jpg
Servindi.- Organizaciones indígenas de la Amazonía norte peruana anunciaron declararse en alerta en todo el territorio de la naciíon Awajún y Wampis hasta la lectura de la sentencia por el caso Curva del Diablo, prevista para el jueves 22 de setiembre.
Mediante un pronunciamiento diversas federaciones indígenas piden incluir y declarar como verdaderos y únicos responsables del denominado Baguazo al ex Presidente Alan García Pérez y a los exministros Yehude Simons, Mercedes Cabanillas y Ántero Flores-Aráoz.
Como es sabido hoy día se lleva a cabo la lectura de sentencia por el
caso “Curva del Diablo” en la ciudad de Bagua, región Amazonas, donde se procesan a 53 personas, en su mayoría indígenas.
En Bagua se vive un clima de tensión debido a la movilización indígena y a la vigilia convocada por la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (ORPIAN) y el temor de muchas familias indígenas que temen sentencias condenatorias a los procesados.
A continuación la lectura del documento.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Norte del Perú (ORPIAN), LA Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa (ODECOFROC), la Federación Indígenas Awajún de Alto Comainas y Sawientsa, (FIACSA), la Federación Indígenas Sector Shawit (FISH), la Organización Regional Aguaruna de San Ignacio (Cajamarca) (ORASI), el Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP), la Organización Central de las Comunidades Aguaruna del Alto Marañón (OCAAM), la Federación de las Mujeres Aguaruna del Alto Marañón (FEMAAM)
y la Institución Evangélica Nazarena; hacemos público lo siguiente:
Exhortamos al Poder Judicial, la inclusión del ExPresidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, los Ex – Ministros Yehude Simons Munaro, Mercedes Cabanillas Bustamante y Antero Flores-Aráoz Esparza como únicos
responsables de la muerte de 21 efectivos policiales y 10 civiles en el
conflicto del 5 de junio del 2009, conocido como “El Baguazo”.
Solicitamos al Poder Judicial, declare la inocencia de los hermanos indígenas investigados injustamente en los procesos judiciales denominados “Curva del Diablo” y “Estación 6”; quienes actuaron en defensa de su territorio frente a la violencia política desatada por la aprobación de normas jurídicas que ponían en riesgo su superviviencia, así como la violencia psicológica y física sufrida el 5 de junio de 2009
al ser atacados con armamento de guerra al pretender normalizar el tránsito en el área ocupada por los hermanos indígenas.
Declarar estado de alerta en todo el territorio de la nación Awajún-Wampis hasta la lectura de sentencia el próximo 22 de setiembre de 2016, en la ciudad de Bagua respecto del caso “Curva del Diablo”.
Exhortamos al pueblo peruano, a luchar por el camino de la justicia y
respeto de los derechos humanos sin distinciones. Hemos sido testigos de la torpeza y desidia, de la indiferencia a la justicia y a los derechos; situación que el pueblo ya no puede ignorar, pues la magnitud de la violencia y la impunidad en nuestro país tiene dimensiones alarmantes a las que ya no podemos ser indiferentes.
“El Justo se preocupa por la causa de los pobres, pero el impío no entiende tal preocupación” Proverbios 29:7
Bagua: Absuelven a nativos por el caso “Curva del diablo”
Servindi.- Tras siete años y cuatro meses de proceso, la Sala Penal liquidadora y transitoria de Bagua absolvió de ocho delitos a
los 52 procesados —inicialmente 53, uno fallecido— por los sucesos de la Curva del Diablo, en Bagua, incidente ocurrido el 5 de junio de 2009,
el cual dejó como saldo doce efectivos policiales fallecidos.
La sala, conformada por Gonzalo Zabarburú Saavedra (presidente y director de debates), Norberto Cabrera Barrantes (segundo vocal) y Enrique Montenegro Guimaraes (3er vocal); sentenció que no se comprobó que los nativos hayan manipulado armas de fuego que ultimaran a los policías acaecidos en aquel fallido operativo.
Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y uno de los defensores de las víctimas, saludó esta decisión y reiteró a través de su red social facebook esta tarde que no se contaba con suficientes pruebas para inculpar a los procesados.
“No está probado que hayan arrebatado las armas a los policías y con ellas los asesinaron porque las declaraciones auto inculpatorias iniciales fueron obtenidas sin las garantías de ley porque no tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de golpes" indicó.
"además porque en juicio oral con las garantías del debido proceso aclararon rectificar estas declaraciones. Finalmente sobre el delito de daños, la Fiscalía no probó quienes cometieron los hechos”, sostuvo el defensor.
El tribunal no llegó a comprobar la responsabilidad penal por el delito de homicidio calificado.
Asimismo, a los procesados se les imputó la comisión de otros siete delitos, tales como lesiones graves, disturbios, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, motín, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su modalidad agravada.
“Está demostrado el delito pero no se ha identificado a los autores”, sostuvo Juan José Quispe.
La lectura de la resolución se hizo en lengua española, awajun y wampis. Un aspecto gravitante en esta sentencia ha sido al aspecto intercultural al ponderar los hechos.
“El tribunal reconoce el pluralismo cultural y jurídico, la importancia de los peritajes antropológicos para una mejor comprensión de la cultura indígena, reconoce la supremacía de los tratados internacionales así como el respeto de las disposiciones contenidas en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Convenio 169 y el control de convencionalidad”, indicó el abogado de IDL.
¿Y dónde están los responsables?
Una de las responsabilidades políticas más determinantes fue la de la
entonces ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, a quien la Comisión Lombardi responsabiliza por el fracaso del operativo policial llevado a cabo, precisamente, en la Curva del Diablo, hechos que motivaron este proceso.
Otra figura política que no asumió sus responsabilidades fue el entonces primer ministro, Yehude Simon, a quien se responsabilizó de no ofrecer una solución política a los hechos de violencia que se venían dando durante tu gestión en el premierato.
También se encuentra el ministro de Defensa Ánterp Flores-Araoz y por
último, la actual segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Araoz, por entonces ministra de Comercio Exterior y quien jugó un papel importante en los hechos al ejercer presión sobre la opinión pública para la aprobación del TLC con los Estados Unidos.
Ella, según el informe de la Comisión Lombardi, también se encuentra dentro de los responsables políticos por los muertos de lo sucedido en Bagua.
Sucede que este país no es el mismo desde hace dos años en que el mal
gobierno cometió uno de sus peores crímenes al desaparecer a 43 jóvenes
indígenas estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este hecho nos hizo darnos cuenta de la profunda oscuridad en la que nos encontramos, y agitó el corazón y el espíritu individual y colectivo haciendo que se iluminara la noche con la rabia, con el dolor y con la esperanza que encarnan ahora los familiares y compañeros de los 43, y que brilla en el rostro de millones de personas en todas las geografías del México y del mundo de abajo, y de la sociedad civil internacional solidaria y consciente.
Desde las geografías y calendarios de abajo, donde se dibujan los espejos de los que somos el Congreso Nacional Indígena con nuestras resistencias, rebeldías y autonomías; desde los confines y rumbos donde somos y entendemos el mundo los pueblos originarios, es decir, las geografías antiguas desde donde no dejamos de ver, entender y resistir a
esa misma violenta guerra que los poderosos implementan en contra de todos y todas, quienes sufrimos y resistimos desde lo que somos con un rostro individual o colectivo, miramos y hacemos palabra nuestra el rostro de los 43 ausentes recorriendo los rincones de este país en busca
de verdad y de justicia, el rostro que se dibuja con otros millones de rostros y que nos muestra en medio de la noche los rumbos sagrados, porque sagrados son el dolor y la esperanza. Ese rostro colectivo que se multiplica y mira las geografías de resistencia y rebeldía.
Desde las geografías de abajo La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue en la impunidad, y buscar la verdad en medio de la pudrición del poder es esculcar en lo peor de este país, en el cinismo y perversión de la clase
política, que no sólo sigue simulando buscar a los compañeros desaparecidos, sino que ante las crecientes evidencias que demuestran la
culpabilidad del narco-estado terrorista, se premia a los responsables de mentir y tratar de deformar aún más la verdad ‒como es el cambio de Tomás Zerón, responsable de sembrar supuestas pruebas de su mentira histórica en el basurero de Cocula, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad‒ dando una vez más cuenta de la naturaleza criminal del mal gobierno.
Esto miramos cuando miramos hacia quien arriba es Poder: para quien asesina, encubre y miente, premios y protección; para quien se indigna y
protesta contra la injusticia, golpes y cárcel.
En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus
territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política
es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del estado.
La formación de grupos de choque que actúan contra las movilizaciones
permean los pueblos y el gobierno juega a generar conflictos que incendien los tejidos internos. Es decir, trata de hacer espejos de su guerra sembrando discordia en las comunidades y apostando a la destrucción en las fibras más sensibles. Nada más explosivo y peligroso
para esta nación.
En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización
desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos
de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.
La organización autónoma de las comunidades, sus luchas irrenunciables por los lugares sagrados y tierras ancestrales no cesan. La defensa de nuestra madre no se negocia. Estamos atentos a la lucha de la comunidad Wixárika de Wauta- San Sebastián Teponahuaxtlán por la recuperación de cerca de 10 mil hectáreas aledañas al poblado de Huajimic, Nayarit, donde, pese a demostrar su derecho en tribunales agrarios, las autoridades judiciales han sido omisas; y los malos gobiernos hacen de las falsas geografías oficiales que dividen los estados, un pretexto para incentivar el despojo a los pueblos originarios. Al pueblo Wixárika, en su rebeldía y autonomía le decimos:
Los pueblos originarios de las tribus del norte, donde la nación Siux
teje sus propias geografías que van más allá que las falsas geografías oficiales que los sitúan en otro país ‒pero que para nosotros somos hijos de la misma madre‒, están resistiendo a la invasión de sus tierras
sagradas, cementerios y centros de oración para la construcción de oleoductos por parte de la empresa Energy Transfer Partners, que pretende transportar por sus territorios el petróleo obtenido mediante el fracking de la región Bakken, en Dakota del Norte, lo que ha motivado
la solidaridad y unión de los pueblos originarios del norte. A ellos les decimos que su rabia es la nuestra y como Congreso Nacional Indígena
alzamos y alzaremos la voz junto con ustedes. Su digna lucha es nuestra
En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación
y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos
de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.
En el oriente del país, la violencia, el fracking,
las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.
Al igual como lo ha hecho el magisterio en lucha, los pueblos originarios hemos buscado diálogos con el mal gobierno en nuestras demandas urgentes de respeto a los territorios, de presentación de los desaparecidos, de liberación de los presos, de justicia para los asesinados, de que salga la policía o los militares de nuestras tierras o
de nuestras exigencias de seguridad y justicia, pero siempre el gobierno se niega hasta que detienen a nuestros voceros en todo el país,
el ejército dispara contra los niños en Ostula, las máquinas destruyen las casas de quienes resisten en Xochicuautla, los federales disparan contra el pueblo digno que acompaña a los maestros en Nochixtlán. Los malos gobiernos hacen como que dialogan y simulan durante años acuerdos con el pueblo Wixárika para lograr la restitución pacífica de su territorio, mientras configuran un reordenamiento violento de la región.
Y el gobierno platica como si no hubiera pasado nada y ofrece voluntad de ceder, siempre que ambas partes acuerden. El gobierno cede una parte de lo que acaba de destruir, libera a un preso, indemniza a la
familia del asesinado, finge estar buscando a los desaparecidos. Y a cambio pide a los pueblos ceder su patrimonio colectivo, que es su dignidad, su organización autónoma y su territorio.
Y mientras pretenden mantenernos quietos en su agenda mentirosa y las ongs
“expertas” en “consultas” engrosan sus bolsillos, avanzan más rápido para concretar ‒antes de siquiera empezar la supuesta consulta‒ el robo del agua del río yaqui, que las mineras y sus desechos destruyan Wirikuta, que los eólicos invadan todo el Istmo y que los transgénicos se impongan en la Riviera Maya.
Los rumbos del mundo son nuestras geografías y en ellos nos encontramos y reconocemos, porque sabemos que la lucha no es de hoy ni para hoy, no luchamos por poder ni folclor que ofrecen campañas mentirosas, sino por tejer y retejer lo que somos, fuimos y seremos como
Y le siguen los partes de guerra y resistencia de lo otro perseguido y
estigmatizado, de las mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas, de la infancia convertida en mercancía, de la juventud criminalizada, del trabajo explotado, de la rebeldía perseguida, de la naturaleza mancillada, de la humanidad adolorida.
Con toda esa humanidad, con esta tierra que somos, hoy reiteramos que
la verdad y la justicia son una demanda irrenunciable y que el castigo a
los culpables, a todos los culpables, nacerá de la lucha de abajo, donde, ahora más que nunca y como pueblos originarios del Congreso Nacional Indígena, sabemos que no cabe rendirse, ni venderse, ni claudicar.
Caso Bagua: 10 razones por las que no deben ser condenados
Imagen: Justicia Viva, de IDL
Servindi.- A pocos días de la fecha en que se dará sentencia en el Caso Curva del Diablo referido a los sucesos de Bagua en
2009 compartimos una excelente síntesis de las razones por las que los 53 procesados no deben ser condenados. El texto corresponde a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL):
1.- Sobre la muerte de los PNP: Según
la Necropsia Médico Legal, los efectivos policiales fueron ultimados por disparos de Proyectiles de Armas de Fuego (PAF). Los acusados imputados como autores directos tienen una Pericia de Absorción Atómica negativa. Conclusión: No los asesinaron.
2.- Los indígenas no fueron armados a la protesta:
Todas las armas incautadas durante el operativo “desalojo” fueron de los propios efectivos policiales. De otro lado, las lanzas que portaban los indígenas eran parte de su indumentaria propia de su pueblo y no de lucha, conforme lo ha señalado la antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro.
3.- Se han determinado a los verdaderos autores materiales de los crímenes: Conforme
lo han señalado en el juicio oral los policías sobrevivientes, las personas que disparaban contra ellos y sus compañeros estaban encapuchadas y pintadas el rostro; con un polo negro y/o un trapo en la
cabeza. No reconocieron ni identificaron a los 53 acusados como los co-partícipes de los homicidios.
4.- Las declaraciones autoinculpatorias se realizaron sin las garantías mínimas: Todas
las declaraciones brindadas por los detenidos indígenas fueron recepcionadas sin contar con la presencia de un intérprete y un abogado de su libre elección. Incluso, se recibieron declaraciones de menores de
edad sin la presencia de un familiar.
5.- Los indígenas fueron maltratados para sindicar a otros: Además
de no contar con un intérprete ni abogado defensor, el detenido indígena con la finalidad de sindicar a los líderes de la protesta, fue objeto de maltrato físico, conforme se demuestra con los certificados médicos legales que determinan lesiones en diferentes partes del cuerpo.
6.- Sobre los daños ocasionados a los bienes del Estado: Los
choferes de las camionetas siniestradas pertenecientes al Ministerio Público y la Compañía de Bomberos y sus respectivos tripulantes han señalado enfáticamente en juicio oral que ninguno de los acusados fueron
los causantes de los daños a sus unidades.
7.- Los indígenas no fueron a una guerra, sino a protestar pacíficamente: Conforme
lo han señalado los peritos antropólogos que acudieron al juicio oral, es imposible sostener la tesis de que estuvieron en guerra durante la protesta fundamentalmente porque nunca se va a pelear con hijos, personas adultas, mujeres y llevando sus víveres. Es un hecho incontrovertible que hasta antes del desalojo y durante todo el “paro amazónico” no hubo ningún muerto, herido ni daños contra la propiedad pública.
8.- No existió una coalición entre indígenas y mestizos destinadas a delinquir: En
el juicio se ha pretendido establecer que los indígenas solicitaron apoyo de militantes del SUTEP y otros gremios para causar destrozos y asesinar a los policías. Es una aseveración inconsistente porque los mestizos procesados – muchos de ellos agricultores y mototaxistas-, no son agremiados y fueron detenidos porque circunstancialmente pasaban por
el lugar de protesta.
9- Los líderes indígenas no dieron órdenes para asesinar policías ni causar destrozos: El
único acuerdo a que arribó la “Asamblea Comunal”, único ente de toma de
decisiones de la población indígena conforme lo han reiterado los peritos antropológicos, fue la de participar de manera pacífica en la protesta a realizarse en Bagua en defensa de sus tierras, territorios y ecosistema.
10.- La protesta indígena fue la única posibilidad de ser escuchados: Estimamos
que el tribunal debe establecer la primacía de los derechos constitucionales de la libertad de expresión, de asociación, de reunión,
de peticionar a las autoridades constituidas, de participación, etc. que ejercieron los manifestantes indígenas durante su protesta frente al
derecho a transitar y a comerciar libremente; más aún si las autoridades no respondían a sus justos reclamos. Sin duda, constituyó el
empleo menos ofensivo para llamar la atención sobre sus necesidades en situación límite.
Foto: Rubén Espinosa / cuartoscuro.com
centenar de empresas violan derechos humanos en el país: afectan pueblos indígenas, comunidades y ejidos. Entre las compañías invasivas están Grupo Higa, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso, Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon y Petróleos Mexicanos
Contralínea.- Empresas trasnacionales y nacionales han quedado evidenciadas ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) por violación a los derechos humanos. El listado de más de
60 casos de violaciones a derechos humanos fue presentado por organizaciones no gubernamentales ante un equipo de trabajo del organismo internacional.
Las compañías denunciadas son 99: 41 nacionales, 50 extranjeras y 8 del Estado. Entre las involucradas destacan Grupo Higa, Tradeco, Bimbo, Cargill, Monsanto, Grupo Carso y Grupo Bal, Grupo México, Minera Excellon, Petróleos Mexicanos.
En el informe México: empresas y derechos humanos se indica que los principales abusos cometidos son la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de debida diligencia y la proliferación de megaproyectos. Así también las llamadas reformas estructurales llevadas a cabo durante el primer trienio de la administración de Enrique Peña Nieto.
El documento, elaborado por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos (entre ellas Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Greenpeace México, Oxfam México, Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), precisa los casos de abuso a derechos humanos relacionados con actividades empresariales como minería (11), cementeras
(5), hidrocarburos (9); producción de energía mediante hidroeléctricas
y parques eólicos y abusos relacionados con los consumidores (8); construcción de infraestructura (9); agroindustria y forestal (6); maquilas y corredores industriales (4), y otras ramas productivas (8), además de empresas de seguridad privada, exportación ilegal de arma a zonas de conflicto y turismo.
Karen Hudlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, comenta que las violaciones más comunes están relacionadas con la tierra y el territorio, en donde hay 32 casos, y después con la falta
de acceso a la información, 28 casos. “Con estas cifras podemos ver que
hay una falta de participación, consulta y conocimiento previo libre e informado en las comunidades indígenas o de la ciudadanía, en general, de saber lo que está pasando con los megaproyectos de cualquier índole. Esto lo vemos como algo particularmente grave. Además, en otros 17 casos
se vulneran otros derechos indígenas, como al modelo de desarrollo o a su autonomía”, dice.
Foto: Fernando Carranza García
Minería, la más agresiva
La entrega de esta información al equipo de trabajo de la ONU tiene documentados casos como el derrame de solución de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, por parte de Grupo México.
Fernanda Hopenhaym, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder), dice que lo ocurrido en el río Sonora
es realmente un caso paradigmático. “Es el derrame minero más importante en la industria minera en México, 40 millones de litros de solución acidulada de cobre derramados afectaron toda la cuenca del río.
Estamos hablando de 7 municipios y 22 mil personas, este río da suministro a la ciudad de Hermosillo, que tiene 750 mil habitantes, por lo que se afectó directa e indirectamente a una población”.
El documento también involucra a las filiales Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre y OMIMSA. Los abusos a derechos humanos por problemas de abasto del agua, salud y a la vida digna (impactos negativos a la agricultura y ganadería) y al medio ambiente sano”.
Otro de los casos que es revisado por el equipo de expertos de la ONU, es el de los habitantes del ejido La Sierrita, con la empresa canadiense Excellon Resources, por incumplimientos contractuales de la minera y los abusos respecto del uso de la tierra y el territorio, al trabajo; así como la generación de un ambiente de intimidación y amenazas para los pobladores de la región.
En este rubro también aparecen los nombres de las compañías Fortuna Silver Mines, Odyssey Marine Exploration, Minera Peña Colorada, ArcelorMittal, Ternium, Minera Cascabel, Mag Silver Corp, Grupo México, Southern Copper Corporation, Buenavista del Cobre, OMIMSA, Goldcorp, Corazón de Tinieblas, Excellon Resources, Holcim Apasco, Ecoltec, Minera
Gorrión, Almaden Minerals, Minera Autlán, Las Encinas, Plata Real, Blackfire Exploration, Gabfer.
La oposición de algunas comunidades a la presencia de proyectos mineros en sus regiones han dejado víctimas, tal es el caso del asesinato de Bernardo Vázquez en San José del Progreso, Oaxaca, en 2013,
donde opera la minera Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines (Contralínea, 327).
Foto: Saúl López
Proyectos eólicos e hidrocarburos
Elena Villafuerte Mata, integrante del Área de Justicia Transnacional
en Prodesc, comenta que como organizaciones pretenden abordar el análisis de cuál es el impacto de las empresas trasnacionales en las comunidades y en los colectivos de trabajadores; desde ese escenario, el
caso de La Sierrita resulta emblemático por los años de acompañamiento que ha implicado para Prodesc como organización, pero también por la defensa.
Otros de los casos que lleva Prodesc están relacionados con la defensa de comunidades agrarias e indígenas en contra de proyectos de energía eólica; uno en la comunidad Miguel Hidalgo, donde llegó la empresa Desarrollos Eólicos de México, filial de la empresa Renova Energy, a firmar contratos de arrendamiento con los comuneros.
Sin embargo, explica Villafuerte, estos fueron hechos por la vía civil sin reconocer que tenían un título de propiedad comunal; entonces,
estos contratos son nulos. Además, han documentado las implicaciones causadas por el derramamiento de aceite de los generadores de energía eólica, que impactan directamente en sus tierras y, por ende, en el desarrollo económico de la comunidad.
En el tema de los hidrocarburos, mencionan el caso de la explosión de
la Planta Petroquímica Mexicana de Vinil SA de CV, involucradas las compañías Mexichem y Petróleos Mexicanos. Ésta se encuentra ubicada en Veracruz.
Foto: Isaac Esquivel
El Aeropuerto con Peña
De los proyectos impulsados por Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, destaca la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Éste es uno de los nueve casos (relacionados con infraestructura) documentados por las organizaciones defensoras de derechos humanos y que, en sus dos momentos de impulso ha tenido efectos sociales violentos: muerte, criminalización y judicialización de los actores sociales involucrados.
Las empresas involucradas en este proyecto son: Arquitectos: Norman Foster, firma Foster + Partners; Fernando Romero, despacho de arquitectura FREE (yerno de Carlos Slim). Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, que trabaja con aproximadamente 128 proveedores y la Constructora Cypsa Vise.
En el primer impulso de esta obra, con Vicente Fox al frente del gobierno federal y Peña Nieto como gobernador mexiquense, “el 3 y 4 de mayo de 2006 se llevó un operativo policiaco en San Salvador Atenco, que
dejó dos muertos, Javier Cortés y Alexis Benhumea, de 14 y 20 años respectivamente; 209 detenidos, entre los que se encontraban menores y mujeres, varias de las cuales fueron agredidas física y sexualmente. Conjuntamente con otras 11 personas, Ignacio del Valle fue condenado a 112 años de prisión, quedando libre el 30 de junio de 2010, gracias a la
presión nacional e internacional que significó la Campaña Libertad y Justicia para Atenco, convocada por Serapaz”, indica el informe.
“En 2013, el gobierno federal con Enrique Peña Nieto reactiva el proyecto para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en el mismo territorio que el gobierno de Fox intentó despojar, pero ahora, con estrategias y farsas distintas: el Parque Ecológico Lago de Texcoco y México Ciudad Futura que, bajo el argumento de rescatar el antiguo lago de Texcoco, traen aparejada una serie de proyectos de megainfraestructura y urbanización: construcción de vías rápidas, tren ligero, nuevas urbanizaciones, corredor industrial, centros comerciales, centros de convenciones, entre otros desarrollos…”,
incluye la compilación entregada a la ONU.
Los abusos: a la tierra y el territorio, al acceso a la información, a
la alimentación; intimidación y amenazas, muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, violencia sexual y conflicto, indica el grupo de organizaciones.
Entre las compañías se menciona a Fomento de Construcciones, Contratas, Abengoa, La Peninsular, Grupo Hermes, Grupo Higa, Autovan (filial de Grupo Higa, y empresa Zimbra), la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Grupo Desarrollador Caseoli; Ingeniería Gestoría y
Supervisión; Consultora Mexicana de Ingeniería y la Controladora Vía Rápida Poetas.
A la documentación de violaciones en el ramo de la construcción se encuentra la realización del Acueducto Independencia, por la empresa Mineras del Desierto. Las violaciones recaen “a un medio ambiente sano, a
la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, a la información, al agua, a la tierra y el territorio; detenciones arbitrarias e intimidación y amenazas”.
De este proyecto se informó que “Opositores a la operación del Acueducto Independencia –impulsado por los gobiernos de Felipe Calderón y
Guillermo Padrés–, “que trasvasa agua del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo (los líderes visibles de esta comunidad) fueron perseguidos por la justicia estatal; la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión en
tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32 mil habitantes” (Contralínea 458).
Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana
para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que el Estado está “capturado” por los intereses de las grandes empresas.
La defensora de derechos humanos comenta: “Hay temas que nos preocupan mucho; tienen que ver con la falta de independencia del Estado, hay una captura del Estado por parte de intereses empresariales,
y en este sentido vemos complicidad, corrupción e impunidad. Vemos un desbalance de poder brutal, no se puede competir contra los poderes grandes y las decisiones que se están tomando en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
En diciembre de 2013 se llevó a cabo la aprobación de una reforma constitucional en materia energética, con la finalidad de eliminar la exclusividad del Estado mexicano en la exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos e incorporar al sector privado nacional y
trasnacional a estas actividades, así como a otras del sector eléctrico.
“Este proceso de aprobación de la reforma constitucional y legal en materia energética se realizó violando diversos derechos de la población
mexicana. En primer lugar, la información puesta a disposición por el gobierno federal para la promoción y justificación de la reforma fue claramente insuficiente y deficiente en cuanto a su disponibilidad, calidad y accesibilidad para la población. En segundo lugar, no se permitió que la ciudadanía participará para decidir sobre esta reforma que tendría consecuencias para todos los mexicanos. De esta manera, desde el principio se violó el derecho de acceso a la información, consustancial a otros derechos humanos, así como esencial para llevar a cabo un verdadero y profundo debate nacional sobre el tema previo a la toma de decisiones al respecto”, menciona México: Empresas y Derechos Humanos.
Hudlet, compiladora del informe, comenta que la violación de derechos
humanos es consecuencia de que hay una legislación permisiva que, en algunos casos, ha favorecido a las empresas como lo hace la Ley Minera o
la reforma energética, que van debilitando ciertos derechos de los pueblos y favorecen cierto tipo de uso de suelos sobre otros. También podemos ver la falta de transparencia y el acceso a la justicia, se documentaron muchos casos, cuando una comunidad demanda a una empresa y al Estado, se encuentra con múltiples obstáculos, arguye la defensora de
Transgénicos devastadores
El derecho a la alimentación también ha sido violentado por las compañías trasnacionales, que con la siembra de organismos genéticamente
modificados han vulnerado la economía de comunidades enteras en la península de Yucatán. También, por el uso de plaguicidas altamente tóxicos.
Las empresas involucradas: Grupo Bimbo, Cargill, Ingredion, Almex, Bunge, Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (filial de PioneerDupont), Monsanto, Maseca.
El informe presentado ante integrantes de la ONU dice: “Para fabricar
los productos de sus más de 20 marcas y llegar al 99 por ciento de los hogares mexicanos, Grupo Bimbo se abastece en estados como Sinaloa, que producen bajo un modelo de agricultura industrial que pone en riesgo la salud con el uso de 30 plaguicidas altamente tóxicos que han sido prohibidos en otros países por sus impactos a la salud y el medio ambiente. Algunos de los impactos de este modelo han sido documentados en un estudio que Greenpeace hizo con investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Red Temática de Florecimientos Algales Nocivos, con el cual se encontraron sustancias como glifosato, endrín, lindano, DDT (entre otros), en ríos, drenes, lagunas y el mar en la costa de dicho estado. Lo anterior muestra cómo estas sustancias son aplicadas de forma indiscriminada, y no se quedan en la zona de aplicación, sino que se filtran a cuerpos de agua aledaños afectando recursos naturales esenciales como el agua y las
comunidades aledañas”.
Indica que en años recientes, se ha impulsado en la península de Yucatán una política agroindustrial, en las que se ha introducido soya genéticamente modificada, cuya siembra se realiza principalmente por comunidades menonitas y empresarios nacionales.
En 2012, el gobierno federal autorizó a Monsanto la siembra comercial
de soya transgénica sobre 253 mil hectáreas. “En el territorio liberado
habitan 41 mil familias, en su mayoría, indígenas y campesinas que sobreviven de la miel que cosechan. México es el tercer exportador y sexto productor de miel de abeja. La autorización es apenas la última de
15 autorizaciones de siembra de cultivo en las regiones. Los resultados: miel contaminada con polen de organismos genéticamente modificados y el rechazo por parte de su principal mercado, los consumidores de la Unión Europea” (Contralínea 326)
El compendio de información que presentan la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y
Derechos Humanos de la ONU indica: “si bien las empresas deben aplicar los más altos estándares en materia de derechos humanos y tomar medidas especiales en situaciones de conflicto, en algunos casos, el sector empresarial se ha beneficiado de la impunidad, la corrupción y la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Estado”.
Fuente: CONTRALÍNEA: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/09/20/trasnacionales-violan-derechos-humanos-en-mexico/
Esperan histórica sentencia a favor del derecho al territorio y la titulación
Servindi.- El Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto,
tiene la posibilidad de dictar una histórica sentencia a favor del derecho territorial y la titulación de las comunidades indígenas.
Así lo advierte el equipo legal del instituto IDLADS PERÚ, quién destaca que la demanda de amparo a resolverse busca superar la negativa de la Dirección Agraria de Loreto a titular territorios ancestrales de las comunidades.
El argumento que esgrimen éste y otros gobiernos regionales es que no
se pueden titular territorios que se encuentran concesionados a terceros.
Como lo sostiene IDLADS, un derecho contractual y privado no puede imponerse por encima del derecho colectivo al territorio ancestral, que es un derecho humano fundamental para la propia supervivencia de una comunidad indígena.
La sentencia que dicte el Juzgado de Nauta es en tal sentido trascedental si se considera que diversos funcionarios rehusan titular territorios comunales y suelen manifestar que solo lo harían si se los ordena un juez.
Las federaciones indígenas confian en que el Juez Mixto de Nauta siente un precedente histórico de reconocimiento a su derecho territorial y resuelva con justicia, tal como lo hizo antes al ordenar la consulta previa en el proyecto Hidrovía Amazónica.
A continuación el artículo del Equipo Legal de IDLADS sobre el caso: Indígenas a la espera de histórico fallo judicial: La titulación de sus tierras ancestrales
Por Equipo IDLADS*
Desde tiempos inmemoriales los pueblos indígenas han mantenido una íntima relación de identidad y espiritualidad con sus tierras ancestrales debido a que los vincula profundamente con su historia y cultura. Como lo expresa la CIDH(1) en sus sentencias
“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica, su preservación y transmisión a las generaciones futuras”. (2)
Un caso que marcó un hito en la restitución de territorios indígenas,
fue el de Paraguay, donde se sienta una de las más conmovedoras reivindicaciones históricas indígenas, cuando la Comunidad indígena Yakye Axa exige al Estado que le devuelva sus tierras ancestrales, las cuales habían sido entregadas a inversionistas británicos, produciéndose
un grave impacto en la integridad cultural de estas poblaciones autóctonas, que hicieron lo impensado para muchos hasta entonces.
Ellos exigieron a través de una petición a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), medidas restitutorias, remediadoras y compensatorias por sus territorios, y tras largos años de requerimiento,
finalmente estos derechos les fueron otorgados a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sin embargo, en el Perú hasta el momento no se viene “salvaguardando”
los derechos territoriales indígenas, afectándose otros derechos básicos con ello, tales como a la identidad cultural, el ambiente, el acceso al agua y la subsistencia misma de las comunidades indígenas. Ahora bien, el proceso de reconocimiento y titulación de territorios indígenas, es realizado de acuerdo a la normatividad vigente por los gobiernos regionales, los cuales tienen la competencia “exclusiva” de titular los territorios de las comunidades campesinas y nativas de conformidad con el artículo 62° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 14.2 del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la OIT.
Dicho ello, la Dirección Regional Agraria de Loreto (DRAL), tiene la obligación de titular los territorios de los pueblos indígenas representados por las federaciones FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT, responsabilidad que no se viene cumpliendo de manera integral. Por esta razón, las mencionadas federaciones indígenas interpusieron una demanda de amparo, el 27 de mayo del año pasado.
Foto: Observatoriopetrolero
El pretexto más usado hasta ahora por las autoridades, para negarles este derecho colectivo, es la existencia de servidumbres a favor de empresas extractivas, tales como Petroperú, Pluspetrol o Perenco; este asunto ha empeorado con los denominados “paquetazos ambientales”, a través de los cuales se emitieron leyes tales como la N° 30230 y N° 30327, que lejos de garantizar el derecho de propiedad comunal han significado un blindaje a los derechos reales de inversionistas, que los
consiguen de manera más expeditiva frente al lento proceso de reconocimiento de la propiedad indígena.
Como bien dice Aurelio Chino, Apu de Fediquep, “es más fácil hacer normas para destruirnos, pero cuando hay que hacer normas para construir
ahí si dicen que es más difícil.”
Así, tenemos las servidumbres gratuitas a la empresa petrolera PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. Una de estas fue la Resolución Suprema Nº 061-2006-EM, publicada el 27 de octubre de 2006, en el que según su artículo 3, la servidumbre se prolonga y tiene vigencia hasta el vencimiento del contrato de concesión del ex LOTE 1-AB, hoy Lote 192, el
mismo que venció el 29 de agosto de 2015, es decir hace más de 1 año. No obstante el Gobierno Regional de Loreto sigue pretextando la existencia de una servidumbre ya fenecida.
Hay que dejar claro, que el derecho colectivo al territorio ancestral es un derecho humano que va más allá de un derecho contractual y privado de una empresa extractiva, un derecho fundamental para su propia supervivencia como comunidad indígena.
Hay que dejar claro, que el derecho colectivo al territorio ancestral
es un derecho humano que va más allá de un derecho contractual y privado de una empresa extractiva, sorprende que, a sabiendas de ello, hasta la fecha los responsables se rehúsen a titular territorios indígenas, máxime cuando ello no constituye un favor o dadiva que se les
da a los pueblos indígenas, sino un derecho fundamental para su propia supervivencia como comunidad indígena.
Lamentablemente como tantas veces, seguimos escuchando en los recintos de las entidades públicas una recurrente frase: “si me lo ordena un juez, no tendré más remedio que titularlos, mientras tanto me debo a las normas que impiden dicho reconocimiento”. He ahí, la importancia de la demanda de amparo(3) de las referidas federaciones indígenas, que confían que el Juzgado Mixto de Nauta siente un precedente de reconocimiento a su derecho ancestral territorial, que constituye la base fundamental de su cultura y de su propia supervivencia como pueblos.
Nuestro mensaje final para el Juez que resolverá la causa: “No tarde mucho, señor magistrado, la historia toca a su puerta, y como en aquella
ocasión que falló a favor de la consulta previa de la Hidrovía Amazónica, hoy otra vez le corresponde hacer lo correcto, reivindicar los derechos colectivos de nuestras emblemáticas comunidades amazónicas”.
(1) Considerando 131 de la Sentencia de la CIDH Yakye Axa vs Paraguay
(2) Considerando 135 de la Sentencia de la CIDH Yakye Axa vs Paraguay
(3) Exp. Nº 00018-2015, Primer Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Loreto.
* El Equipo Legal de IDLADS está conformado por Henry Carhuatocto, Lilyan Delgadillo y Katherine Serrato.
Conservación armada de parques amenaza a indígenas en RDC
Un hombre muestra dónde fue herido por un guardaparques del Parque Nacional de Virunga, en RDC. Crédito: Zahra Moloo / IPS
Por Zahra Moloo
IPS.- Un joven indígena bambuti extiende el brazo para mostrar una lesión que le provocó un guardaparques del Parque
Nacional de Virunga, en República Democrática de Congo (RDC). “Me dispararon antes de ayer, mientras buscaba miel y leña”, relata Giovanni
Sisiri.
“Dejé todo, tomé mis herramientas y corrí”, contó el herido, junto a un grupo de jóvenes bambutis – también conocidos como pigmeos – en Mudja, un pueblo 20 kilómetros al norte de Goma, ciudad contigua al parque en las fronteras con Ruanda y Uganda y donde residen unas 40 familias de su etnia.
Existe un conflicto activo entre los habitantes próximos al parque y los "conservacionistas, guardaparques y otras organizaciones
que trabajan por la conservación": Patrick Kipalu.
Los guardas armados se encargan de proteger al Virunga de cazadores furtivos e intrusos, a menudo con riesgo para sus propias vidas. La legislación congoleña prohíbe los asentamientos humanos y la caza dentro
del parque, incluso para los bambutis, sus habitantes originales.
Los pigmeos que viven en Mudja reconocen que a veces desafían la ley y
se aventuran en el parque para recoger leña, cazar pequeños animales y recolectar productos no maderables, pero últimamente con más dificultad.
“Un pigmeo no puede vivir sin el parque. Antes, podían ingresar a escondidas”, señaló Felix Maroy, un agrónomo y ganadero que trabaja con los bambutis. “Desde enero de 2015, los guardias siempre están patrullando la zona. Y hay otros grupos armados también, como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”, un grupo insurgente, añadió.
Imani Kabasele, director de la sucursal local de la organización Programa para la Integración y el Desarrollo del Pueblo Pigmeo, dijo a IPS que en 2014 un habitante bambuti de un pueblo vecino, Biganiro, fue a
buscar miel y estuvo desaparecido durante tres días. Finalmente se encontró su cadáver, con cortes de machete. Kabasele cree que fue asesinado por las FDLR.
Imani Kabasele, los bambutis conocen el bosque más que cualquier otra comunidad, pero ahora les resulta peligroso aventurarse en su interior. Crédito: Zahra Moloo / IPS
Militarización y políticas de conservación coloniales
El rey Alberto I de Bélgica creó el Parque Nacional de Virunga, el más antiguo de África, en 1925. El lugar, que hospeda a la cuarta parte de los gorilas de montaña del mundo, se extendió posteriormente hasta abarcar más de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Clasificado como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturan en 1979,
actualmente es administrado por una asociación público-privada entre el
Instituto Congoleño por la Conservación de la Naturaleza (ICCN) y la Fundación de Virunga, que recibe fondos de la Unión Europea.
Los agricultores congoleños que viven en los alrededores del Virunga señalan que su historia colonial genera la impresión de que fue “creado por el mzungu (hombre blanco), para los mzungus”.
Tras la independencia de RDC se crearon otros parques nacionales. La Coalición Mundial por los Bosques sostiene que su creación expulsó a miles de indígenas, sin su consentimiento ni indemnización por la pérdida de tierras, en “violación del derecho internacional” y la ley congoleña sobre expropiaciones con fines públicos.
Patrick Kipalu, representante en RDC de la organización Forest People’s Programme, afirmó que existe un conflicto activo entre los habitantes próximos al parque y los “conservacionistas, guardaparques y otras organizaciones que trabajan por la conservación”.
“La vieja escuela conservacionista en el período colonial equivalía a
‘expulsar a la gente del bosque’ y a ‘áreas protegidas sin nadie en su interior’”, según Kipalu.
“Cuando los colonizadores abandonaron el país, los belgas instruyeron
a quienes administraban las áreas protegidas que la conservación debe realizarse sin gente, a la vieja usanza. Se mantienen las mismas estrategias, aunque el ICCN está considerando una estrategia de conservación que se supone debe incluir e involucrar a las comunidades”,
En 2015, en una carta a Kipalu, un representante de los jefes tradicionales de Lubero, una localidad en la costa occidental del lago Edward, aseguró que el ICCN había expropiado tierras sin el consentimiento del pueblo afectado ni compensación. La carta también acusó al ICCN de destruir e incendiar aldeas.
Claude (a la derecha), junto a su amigo Denis Sinzira. La mayoría de los jóvenes en Biganiro solamente asisten a la escuela hasta los 9 o 10 años. Crédito: Zahra Moloo / IPS
Un informe realizado en 2004 por un consultor para el Banco Mundial, Kai Schmidt-Soltau, concluyó que el ICCN, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, afirmó haber reubicado voluntariamente a 35.000 personas de una zona al sudeste del lago Edward, pero que en realidad fue un proceso llevado a cabo “a punta de pistola”.
Las actividades de conservación agresivas forman parte de una tendencia generalizada hacia lo que algunos investigadores llaman la militarización del conservacionismo, un enfoque de protección de la naturaleza por el cual los conservacionistas se involucrarían en políticas represivas.
Jean Claude Kyungu, encargado de relaciones comunitarias del Virunga,
dijo que las relaciones del parque con los habitantes de la zona son buenas en algunas áreas, pero no en otras, y que los guardias solo abren
fuego si existe “resistencia” de la población, por ejemplo, cuando las comunidades “reclutan a grupos armados para asegurar la tierra”. Añadió que los bambutis son detenidos solo cuando violan la ley.
Cuando se le preguntó acerca de la conducta represiva de los guardaparques y las fuerzas armadas congoleñas, Norbert Mushenzi, el subdirector del ICCN, afirmó que los agentes “actúan en legítima defensa”.
“También intentamos educar a las comunidades para que se vayan y encuentren soluciones alternativas, por ejemplo, a los campos del entorno del parque. Había 350 familias en una zona que se fueron voluntariamente”, sostuvo. “El problema no es la tierra. Es que la gente
quiere concentrarse en el parque y no sabemos por qué”, reconoció.
Pero dejar el parque y encontrar otros lugares para vivir no es tan simple. Uno de los problemas, según Kipalu, es que quienes viven en el parque ilegalmente no tienen a dónde ir. “El parque es tan grande que abarca toda la zona donde las comunidades trabajan en sus tierras tradicionales”, destacó.
Agrava el problema una situación política más amplia y compleja. Según un grupo de investigadores, Virunga se encuentra en el “epicentro del conflicto en curso (en RDC) desde 1993-94″ y se ve “fuertemente afectado por la dinámica transfronteriza con Ruanda y Uganda”. También es un refugio para numerosos grupos armados nacionales y extranjeros.
Las comunidades que ingresan al parque a menudo lo hacen con la protección de actores armados, y los vínculos con ellos se fortalecen aun más por políticos que se aprovechan del sentimiento generalizado de que el parque expropió tierras ancestrales, lo que lleva a estos políticos, en algunos casos, a “financiar a grupos armados que operan en
el parque”.
Los autores sugieren que el parque “adopte un enfoque hacia la conservación que sea más sensible a los conflictos” y que redoble los esfuerzos para mejorar la comunicación local. Pero Jean-Claude Kyungu cree que la estrategia del Virunga no es particularmente represiva, dados los enormes retos a los que se enfrenta.
“En Kibirizi, la población vive con las FDLR. ¿Permitimos que esta gente haga sus propias leyes, no solo en un parque, sino en un país que no es el suyo? Las personas que no respetan las fronteras tienen que ser
retiradas”, subrayó.
Este artículo recibió el apoyo de International Women’s Media Foundation.
Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2016/09/conservacion-armada-de-parques-amenaza-a-indigenas-en-rdc/
Bambuti,
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References: artículo 12
 resolución 
 artículo 62
 artículo 14
 Resolución 
 artículo 3