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Sentencia A.P. Oviedo 371/2003, de 25 de septiembre
Sociedad de gananciales: La consideración del derecho de uso de la vivienda conyugal como carga a incluir en el pasivo de la sociedad legal de gananciales ha sido rechazado en multitud de ocasiones por la jurisprudencia.
SENTENCIA: 00371/2003
SENTENCIA NÚMERO 371/03
Rollo: RECURSO DE APELACION 315 /2003
D.ª Paz Fernández Rivera González
En OVIEDO, a veinticinco de septiembre de dos mil tres.
VISTOS, en grado de apelación por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario 76/02, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Avilés, Rollo de Apelación 315/03, entre partes, como Apelantes, Alfredo y Patricia.
Segundo.-El Juzgado 5 de Avilés dictó Sentencia en los autos referidos con fecha 13 de Marzo de dos mil tres cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Que con estimación parcial de la demanda presentada por el Pdor. Sr. Muñiz Artime en representación de Patricia así como de la reconvención planteada por la Pdora. Sra. Garmendia Lorenzana en representación de Alfredo procede acordar que en el cuaderno particional del contador partidor dirimente designado en los autos 109/00 de este Juzgado se realicen las siguientes modificaciones:
-Se incluya dentro del pasivo un préstamo por importe de 900.000 ptas. pendiente de devolver a Edurne y un préstamo por importe de 2.770.000 ptas. pendiente de devolver a Rita.
-Figure como valor de la vivienda ganancial el valor de 19.672.000 ptas. sin que proceda por tanto la reducción de valor efectuada por el contador partidor dirimente.
-En cuanto a mobiliario y ajuar doméstico se fija como valor total el de 10.690,25 euros (10.543 euros en que se valora el mobiliario y ajuar existente en el domicilio familiar en poder de la esposa y el de 147,25 euros en que se valoran los bienes que procedentes de dicho ajuar el esposo tiene consigo) y adjudicándose a la esposa el mobiliario y ajuar doméstico existente en la vivienda y que está en su poder por valor de 10.543 euros y adjudicándose al esposo los bienes que procedentes de dicho ajuar el esposo tiene consigo por valor de 147.25 euros.
Se deberán efectuar asimismo las correspondientes correcciones en cuanto a las compensaciones en metálico que deban efectuarse en razón a las precedentes modificaciones.
Sin imposición de costas debiendo cada una de las partes satisfacer las causadas a su instancia y las comunes por mitad".
Tercero.-Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante y demandada, que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.
VISTOS, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Rafael Martín del Peso.
Primero.-Como quiera que ambas partes impugnan la sentencia apelada en un orden lógico de examen ha de analizarse la impugnación del demandante que en primer término atañe a un problema puramente jurídico, cual es la de determinar si en el inventario para el cálculo del valor del inmueble ha de reflejarse el que contempla el dictamen en que el impugnante se apoya, el cual sobre el valor de mercado del bien deduce el que representa la atribución del uso a favor de la esposa e hijos menores calculado hasta que el hijo alcance la edad de 25 años, frente al criterio de la apelada que lo cuantifica prescindiendo de este hecho. El problema debatido ha sido ya resuelto por esta Sala en sentencia de 23 de noviembre de 2000 que señala que "La consideración del derecho de uso de la vivienda conyugal coma carga a incluir en el pasivo de la sociedad legal de gananciales ha sido rechazada por esta Audiencia (por todas S. de esta misma Sala de diez de octubre último -n.º 512/2000-). Se sostiene en ella que se trata de un derecho, que no puede convertirse en carga que gravite sobre el inmueble y que, en definitiva, infravalore la propiedad, debiendo descontarse de su valor total. Lo que realmente pretende este derecho de uso es garantizar frente a terceros la ocupación del cónyuge e hijos a quien se le atribuyó, del que no se le puede privar mientras no se decida especialmente. Todo ello dejando al margen si se trata de un derecho "sui generis" (STS. 23-12-1993), si no puede considerarse como un derecho real (STS. 20- 4-1994), o si habrá de ser considerado como de un derecho real familiar de eficacia total afectado de la temporalidad a que se refiere el artículo 96, párrafo último CC. (STS. 18-10-1994), etcétera". En el mismo sentido añadimos la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 1998 que manifiesta que la atribución del uso no supone un plus a la hora de partir sino un medio legal de dar satisfacción a la necesidad de de vivienda de quien merece mayor tutela. Por las razones expuestas y haciendo suya la doctrina sentada en las referidas resoluciones procede el rechazo del motivo.
Segundo.-El segundo motivo afecta a la cuantificación del mobiliario de acuerdo al perito judicial. Aunque la parte admite la adjudicación que se hace en la sentencia, cuestiona la admisibilidad del pedimento por infringir el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al sujetarlo a la prueba y por otro lado combate el criterio de la sentencia coincidente con el perito judicial. Debe desestimarse ambos motivos toda vez quien no se produce infracción del artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues basta leer los hechos en que se sustenta la contestación para apreciar que la parte reconviniente aun cuando en el suplico fijó la valoración de definitiva en el resultado de la prueba, como corolario de la pericial a practicar en todo momento impugna la del dirimente y se remite a la presentada por su contador partidor con lo que la cuantía de la pretensión se halla sustentada por la fijada en aquel. Respecto de la concreta petición subsidiaria cabe decir que ni en la contestación ni en el recurso se fijan las bases adecuadas para contradecir el resultado de la pericia, que apreciada correctamente por el juzgador según el artículo 438 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha de mantenerse al no acreditar la parte la incorrección de lo descrito y tasado por aquel.
Tercero.-Resta el análisis del motivo alegado por la representación del esposo relativa a la consideración de que las cantidades de 900.000 ptas y de 2.700.000 ptas entregadas respectivamente por la madre y una tía de su cónyuge y empleadas por el matrimonio para la adquisición de una plaza de garaje (parte del precio) y un vehículo lo fueron en concepto de donación y no de préstamo. Establecido el origen y destino del metálico en ambos conceptos, pues la discusión sobre este punto se gestó en primera instancia, pero se elude en la alzada y acreditados los hechos deducidos en la demanda reconvencional, es la naturaleza de la transferencia la cuestión única suscitada. El criterio que establece la apelada es el más acertado en el caso de autos, dado que a diferencia de otros supuestos, cual el contemplado por esta Sala en sentencia de 15 de julio 2002, o sentencia de 21 de julio de 2003, dado que en el presente caso ambas cantidades se entregaron en un momento inmediatamente anterior a la separación sin que transcurriese lapso suficiente para apreciar, por actos propios de las partes, que no hubo obligación de reintegro y que por tanto se hicieron con intención de liberalidad, lo que es difícil presumir además en cuanto a la segunda de las cantidades, transferida por alguien no ligado tan íntimamente a la demandada, como es su tía; razones que obligan a rechazar el recurso del reconviniente y confirmar la apelada en su integridad.
Cuarto.-Las dudas de derecho que se plantean en el presente caso en ambos recursos, en los que se plantean temas con opiniones doctrinales y jurisprudenciales diversas, obligan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 394 y al artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a no hacer declaración especial sobre costas de la alzada.
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y confirmamos en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida, y sin expresa imposición de las costas causadas en la presente alzada.

References: sui generis
 artículo 96
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 438
 artículo 394
 artículo 398