Source: http://data.triviasp.com.ar/files/parte4/l27348.html
Timestamp: 2019-03-25 18:20:45+00:00

Document:
B.O.: 24/2/17
Vigencia: 4/3/17
Riesgos del trabajo. Ley complementaria. Comisiones Médicas Jurisdiccionales. Instancia administrativa previa y obligatoria de reclamo por parte de trabajadores afectados. Procedimiento ante el servicio de homologación. Autoseguro público provincial. Leyes 24.557 y 26.773. Su modificación.
Nota: por Dto. 157/18, art. 2 (B.O.: 27/2/18), se establece que Las disposiciones de la Ley 27.423 no serán aplicables a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los arts. 1 y 2 de la presente, sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran en la órbita de competencia nacional o federal.
TITULO I - De las Comisiones Médicas
Art. 1 – Dispónese que la actuación de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
Será competente la Comisión Médica Jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al domicilio donde habitualmente aquél se reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará la instancia administrativa.
Los trabajadores vinculados por relaciones laborales no registradas con empleadores alcanzados por lo estatuido en el apart. 1 del art. 28 de la Ley 24.557 no están obligados a cumplir con lo dispuesto en el presente artículo y cuentan con la vía judicial expedita.
Art. 2 – Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central.
a) Cuando medie apelación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el art. 6, apart. 2, pto. c) de la Ley 24.557, sustituido por el art. 2 del Dto. 1.278/00.
Los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley 20.744 (t.o. en 1976).
Para todos los supuestos resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 26.773.
En caso de que no existieren profesionales que integren los cuerpos médicos forenses en cantidad suficiente para intervenir con la celeridad que el trámite judicial lo requiera como peritos médicos, los Tribunales podrán habilitar mecanismos de inscripción de profesionales médicos que expresamente acepten los parámetros de regulación de sus honorarios profesionales conforme lo previsto en el párrafo precedente.
No podrán ser objeto de pactos de cuota “litis” los procesos judiciales que se sustancien en el marco del presente título.
Art. 3 – Créase el Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará según el procedimiento establecido en el Anexo I de la presente.
La Comisión Médica Jurisdiccional deberá expedirse dentro de los sesenta días hábiles administrativos, contados a partir de la primera presentación debidamente cumplimentada y la reglamentación establecerá los recaudos a dichos efectos.
Dicho plazo será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional debidamente fundadas.
Todos los plazos resultarán perentorios y su vencimiento dejará expedita la vía prevista en el art. 2 de la presente ley.
Art. 4 – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente título.
La adhesión precedentemente referida importará la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 del presente y en el apart. 1 del art. 46 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, así como la debida adecuación, por parte de los Estados provinciales adherentes, de la normativa local que resulte necesaria.
– Adhesión de la provincia de Córdoba: Ley 10.456 (B.O.: 7/9/17 – Córdoba).
– Adhesión de la provincia de Formosa: Ley 1.664 (B.O.: 25/4/18 – Formosa). Vigenica: 25/4/18
– Adhesión de la provincia de Mendoza: Ley 9.017 (B.O.: 2/11/17 – Mendoza). Vigencia: 7/11/17
– Adhesión de la provincia de Tierra del Fuego: Ley 1.199 (B.O.: 3/1/18 – T. del Fuego). Vigencia: 17/1/18
– Adhesión de la provincia de Provincia de Buenos Aires: Ley 14.997 (B.O.: 8/1/18 – P.B.A.). Vigencia: 16/1/18.
– Adhesión de la provincia de Entre Ríos: Ley 10.532 (B.O.: 2/2/18 – E. Ríos). Vigencia: 16/2/18.
– Adhesión de la provincia de Río Negro: Ley 5.253 (B.O.: 11/12/17 – R. Negro).
– Adhesión de la provincia de San Juan: Ley 1.709-K (B.O.: 23/1/18 – S. Juan).
– Adhesión de la provincia de Jujuy: Ley 6.056 (B.O.: 29/12/17 – Jujuy)
– Adhesión de la provincia de Misiones: Dto. 177/18 (B.O.: 20/9/18 – Misiones).
– Adhesión de la provincia de Neuquén: Ley 3.141 (B.O.: 21/9/18 – Neuquén).
TITULO II - Del autoseguro público provincial
Art. 5 – Créase el autoseguro público provincial destinado a que las provincias y sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puedan autoasegurar los riesgos del trabajo definidos en la Ley 24.557 y sus modificatorias, respecto de los regímenes de empleo público provincial y municipal, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Para acceder al autoseguro público provincial cada jurisdicción deberá garantizar la existencia de una estructura suficiente para el adecuado otorgamiento de las prestaciones en especie de la Ley 24.557 y sus modificatorias, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
El autoseguro público provincial deberá integrarse al sistema de registros y establecer, para cada dependencia o establecimiento con riesgo crítico, de conformidad con lo que determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un plan de acción específico.
Los autoasegurados públicos provinciales tendrán idénticas obligaciones que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los empleadores autoasegurados, en materia de reportes e integración al Registro Nacional de Incapacidades, según determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Art. 6 – Los empleadores que opten por el régimen de autoseguro público provincial deberán:
b) Cumplir con las obligaciones y procedimientos que la Ley 24.557 y sus modificatorias ponen a cargo de los empleadores y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, en los términos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con la excepción de la afiliación, del aporte al Fondo de Reserva de la Ley 24.557 y sus modificatorias y de toda otra obligación incompatible con dicho régimen.
Art. 7 – El incumplimiento por parte de los empleadores que opten por el régimen de autoseguro público provincial de las obligaciones a su cargo será pasible de las sanciones dispuestas en el art. 32 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, sin perjuicio de las previstas en el Libro 2, Tít. XI, Cap. VII, del Código Penal.
Art. 8 – Estará a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo:
Art. 9 – Incorpórase como miembros del Comité Consultivo Permanente, creado por el art. 40 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, a dos representantes de las jurisdicciones que hayan optado por el régimen de autoseguro público provincial, los que se integrarán a la representación del sector gubernamental.
TITULO III - Disposiciones de ordenamientos del sistema sobre riesgos del trabajo
Art. 10 – Sustitúyese el art. 7 de la Ley 24.557 por el siguiente texto:
“Incapacidad laboral temporaria
Artículo 7 – 1. Existe situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) cuando el daño sufrido por el trabajador le impida temporariamente la realización de sus tareas habituales.
c) Transcurso de dos años desde la primera manifestación invalidante.
3. Si el trabajador damnificado, dentro del plazo previsto en el inc. c) del apartado anterior, se hubiera reincorporado al trabajo y volviera a estar de baja por idéntico accidente o enfermedad profesional, su situación de incapacidad laboral temporaria (ILT) continuará hasta el alta médica, declaración de incapacidad laboral permanente, en caso de corresponder, su deceso o hasta completar dos años efectivos de baja, sumándose todos los períodos en los cuales se hubiera visto impedido de trabajar”.
Art. 11 – Sustitúyese el art. 12 de la Ley 24.557 por el siguiente texto:
“Ingreso base
Artículo 12 – Establécese, respecto del cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, la aplicación del siguiente criterio:
1. A los fines del cálculo del valor del ingreso base, se considerará el promedio mensual de todos los salarios devengados –de conformidad con lo establecido por el art. 1 del Convenio O.I.T. 95– por el trabajador durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor. Los salarios mensuales tomados a fin de establecer el promedio se actualizarán mes a mes aplicándose la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables).
2. Desde la fecha de la primera manifestación invalidante, y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación, el monto del ingreso base devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina.
3. A partir de la mora en el pago de la indemnización será de aplicación lo establecido por el art. 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y el producido devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación”.
Art. 12 – Incorpórase como apart. 6 del art. 27 de la Ley 24.557 el siguiente texto:
“6. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo podrá extinguir el contrato de afiliación de un empleador en caso de que se verifique la falta de pago de dos cuotas mensuales, consecutivas o alternadas, o la acumulación de una deuda total equivalente a dos cuotas, tomando como referencia la de mayor valor en el último año. La extinción del contrato deberá ajustarse a los requisitos, modalidades y plazos que determine la reglamentación. A partir de la extinción, el empleador se considerará no asegurado y estará en la situación prevista en el apart. 1 del art. 28 de esta ley. Sin perjuicio de ello, la aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie, con los alcances previstos en el Cap. V de esta ley, por las contingencias ocurridas dentro de los tres meses posteriores a la extinción por falta de pago. La aseguradora podrá repetir del empleador el costo de las prestaciones otorgadas conforme lo dispuesto en el párrafo anterior”.
Art. 13 – Sustitúyese el texto del art. 37 de la Ley 24.557 (reemplazado por el art. 74 de la Ley 24.938) por el siguiente:
Artículo 37 – Los gastos de los entes de supervisión y control serán financiados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, los empleadores autoasegurados públicos provinciales y los empleadores autoasegurados, conforme aquellos entes lo determinen.
a) En el caso de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, el uno coma cuatro por ciento (1,4%) del total de los importes percibidos por cuotas de contratos de afiliación.
b) En el caso de los empleadores públicos autoasegurados y los empleadores autoasegurados, el cero coma cinco por mil (0,5‰) de su masa salarial promedio de los últimos seis meses”.
Art. 14 – Sustitúyese el primer apartado del art. 46 de la Ley 24.557 por el siguiente texto:
“Competencia judicial
Artículo 46 – 1. Una vez agotada la instancia prevista ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central.
a) Cuando medie apelación de la A.R.T. ante la Comisión Médica Central en el caso previsto en el art. 6, apart. 2, pto. c), de la Ley 24.557, sustituido por el art. 2 del Dto. 1.278/00.
Los decisorios que dicten las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley 20.744 (t.o. en 1976).
Todas las medidas de prueba producidas en cualquier instancia serán gratuitas para el trabajador”.
Art. 15 – Sustitúyese el cuarto párrafo del art. 4 de la Ley 26.773 por el siguiente texto:
“Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado”.
Art. 16 – Incorpórase a la Ley 26.773 el art. 17 bis según el siguiente texto:
“Artículo 17 bis – Determínase que sólo las compensaciones adicionales de pago único, incorporadas al art. 11 de la Ley 24.557 y sus modificatorias, y los importes mínimos establecidos en el Dto. 1.694/09, se deberán incrementar conforme la variación del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), desde el 1 de enero de 2010 y hasta la fecha de la primera manifestación invalidante de la contingencia considerando la última variación semestral del RIPTE, de conformidad con la metodología prevista en la Ley 26.417”.
Art. 17 – Dispónese que todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente deberán ser depositadas en la “cuenta sueldo” del respectivo trabajador, creada en virtud de lo establecido en la Ley 26.590 y normativa complementaria y siempre que aquélla se encuentre disponible.
Art. 18 – Estarán a cargo de la respectiva Aseguradora de Riesgos del Trabajo o empleador autoasegurado los gastos de atención médica en que incurra la obra social del trabajador y que resulten cubiertos por la Ley 24.557 y sus modificatorias.
Asimismo, las prestaciones en especie que sean brindadas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, y que resulten motivadas en accidentes o enfermedades inculpables no alcanzados por la Ley 24.557 y sus modificatorias, serán reintegradas por la respectiva obra social del trabajador.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud crearán una Comisión Especial que dictará las normas reglamentarias para instrumentar esos reintegros y establecerá un procedimiento administrativo obligatorio para las partes, en caso de conflicto, que deberá incluir penalidades para los incumplidores.
Establécese que los prestadores médico-asistenciales contratados por las administradoras de riesgos del trabajo deberán estar inscriptos en el registro de prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las Superintendencias de Riesgos del Trabajo y de Servicios de Salud establecerán las modalidades y condiciones para formalizar dicha inscripción.
Art. 19 – La Superintendencia de Riesgos del Trabajo deberá remitir al Comité Consultivo Permanente, creado por el art. 40 de la Ley 24.557, y dentro del plazo de tres meses contado a partir de la vigencia de la presente, un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral destinado a garantizar que las condiciones y medio ambiente de trabajo resulten acordes con las mejores prácticas y la normativa internacional en la materia de su incumbencia y que permita que esos principios generales sean ajustados en forma específica para cada actividad, a través de los convenios colectivos de trabajo.
Art. 20 – La modificación prevista al art. 12 de la Ley 24.557 y sus modificatorias se aplicará a las contingencias cuya primer manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 21 – Deróganse el art. 8 y el apart. 6 del art. 17 de la Ley 26.773.
Art. 22 – Las disposiciones de la presente son de orden público.
Art. 23 – El Poder Ejecutivo deberá, dentro del plazo de seis meses contados desde la vigencia de la presente ley, elaborar un texto ordenado de las Leyes 24.557, 26.773 y de la presente.
Artículo 1 – El Servicio de Homologación, en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, será el encargado de sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, previstas en la Ley 24.557 y sus modificatorias, mediante las actuaciones y con intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Artículo 2 – Los dictámenes de la Comisión Médica Jurisdiccional que determinen un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva, o el fallecimiento por causas laborales, deberán ser notificados a las partes y al empleador.
Si mediare conformidad con lo actuado, el Servicio de Homologación, emitirá el acto de homologación pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio por parte del trabajador o de sus derechohabientes de la opción prevista en el art. 4 de la Ley 26.773.
En caso de disconformidad de alguna de las partes con el porcentaje de incapacidad determinada, se labrará un acta dejando constancia de ello y quedará expedita la vía recursiva prevista en el art. 2 de la presente ley.
Si la disconformidad fuera respecto del importe de la indemnización, las partes podrán arribar a un acuerdo por un monto superior, el cual deberá ser homologado por el Servicio de Homologación, quedando expedita, en caso contrario, la vía recursiva prevista en el art. 2 de la presente ley, dejándose expresa constancia en el acta que se labre a tal efecto.
Artículo 3 – Para el caso en que las partes, en forma previa a la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, hubieren convenido el monto de la indemnización correspondiente al daño derivado del accidente laboral o enfermedad profesional, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá solicitar la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, a fin de someter la propuesta de convenio ante el Servicio de Homologación.
El Servicio de Homologación citará a las partes y al empleador, con el objeto de que los profesionales médicos que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo designe al efecto, verifiquen el grado de incapacidad contenido en la propuesta. Cumplido tal extremo, y contando con el respectivo informe del profesional médico, el Servicio de Homologación constatará que el grado de incapacidad y el importe de la indemnización acordada se corresponden con la normativa de la Ley 24.557 y sus modificatorias.
En tal caso, el Servicio de Homologación, luego de constatar la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador o de sus derechohabientes, homologará la propuesta de convenio mediante el acto pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio por parte del trabajador o de sus derechohabientes de la opción prevista en el art. 4 de la Ley 26.773.
Artículo 4 – Los actos de homologación asumirán autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos y con los alcances del art. 15 de la Ley 20.744 (t.o. en 1976).
Las prestaciones dinerarias que se liquiden como consecuencia de la homologación deberán ser puestas a disposición del trabajador o de sus derechohabientes dentro de los cinco días de notificado el acto.

References: resolución 
 resolución 

Artículo 7

Artículo 12

Artículo 37

Artículo 46
 resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4