Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520423.html
Timestamp: 2019-03-24 11:32:17+00:00

Document:
as201520423
Auto Supremo: 423/2015
Sucre: 15 de junio 2015
Expediente: CB-29-15-S
Partes: Segundo Jorge VeizagaAthala en representación de Elsa Merubia
Martínezc/Juan Carlos Olivera Antezana
Proceso: Nulidad de venta y Cancelación de anotación preventiva
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Oscar Eduardo Salinas Quiroga en representación de Elsa Merubia Martínez de fs. 269 a 275y vta., impugnando el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre de 2014, cursante a fs. 264 a 266 y vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso de Nulidad de venta y cancelación de anotación preventiva, seguido por la recurrente contra Juan Carlos Olivera Antezana, la concesión de fs. 285, los antecedentes del proceso y:
Que, el Juez de Partido Décimo Primero en lo Civil de la Capital, en fecha 15 de noviembre 2013 emitió Sentencia cursante de fojas 227 a 230, declarando, Improbada la demanda de Nulidad de venta y Probada la excepción perentoria de improcedencia interpuesta por el demandado Juan Oscar Olivera Antezana.
Contra la indicada Resolución, interpuso recurso de apelación la parte demandante, y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de Vista, confirmando la Sentencia apelada.
Resolución de segunda instancia que dio lugar al recurso de casación presentado por la parte apelante, recurso que se analiza.
Acusa la falta de fundamentación y motivación de la Resolución de segunda instancia, la cual a criterio de la parte recurrente infraccionó su derecho al debido proceso y no absolvió a cabalidad todos los agravios ampliamente fundamentados en el recurso de apelación.
En otro punto indica error en la apreciación de la prueba, en específico de la carta de 14 de noviembre de 2005 de fs. 89 vta., del documento de 14 de marzo de 2003, proyecto de minuta y testimonio de poder sin firmas, la confesión provocada de fs. 166 que confirma la existencia de un poder y unaminuta y demás pruebas que a criterio del recurrente no fueron valoradas.
En el tercer punto realiza un análisis sistémico de la prueba, indicando en su primer punto que los documentos dejan evidencia incontrovertible de que su mandante jamás transfirió el bien inmueble de Villa Busch, así se tiene el proyecto de minuta de transferencia cursante a fs. 105 y 106, documento que devela que el demandado se aprovechó ilícitamente de la confianza de actora; segundo indica que la carta válida y reconocida como verdadera y cierta demuestra que el demandado le pedía a su mandante que firme un poder, lo cual deja ver con toda claridad que al no haber obtenido de su representada la firma de los documentos adjuntos a su carta, fraguó una minuta sobre cuya base pretende arrebatar el bien inmueble el demandado, solicita que se realice una comparación de la fecha de la minuta (14 de marzo de 2003) y la fecha de la carta que el demandado escribió de fecha (14 de noviembre de 2005) lo cual demuestra que la transferencia sea verdadera, hecho que revela que hasta el año 2005 su mandante si tenía el legal y legítimo derecho propietario sobre el inmueble. Tercero, indica que la carta evidencia que en fecha 14 de noviembre de 2005 el demandado reconocía el legal y legítimo derecho propietario de la mandante, pero por ausencia y aprovechando el exceso de confianza el demandado falsificó el documento de 14 de marzo de 2003.
También hace mención al Principio de la unidad y comunidad de la prueba, indicando que toda la prueba producida por su parte devela una total coherencia y unidad en cuanto a su orientación fáctica y que prueba irrefutablemente la falsedad del documento de transferencia de 14 de marzo de 2003.
Finalmente indica que la demanda es procedente por la causal de nulidad y no de anulabilidad, toda vez que la causa ilícita puede ser definido como lo prohibido por la Ley a causa de oponerse a la justicia, equidad, razón o buenas costumbres, por su parte indica que el orden público puede ser definido como el conjunto de condiciones fundamentales de la vida social, instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de esta, por la aplicación de normas extranjeras (J.C. Smith) concluyendo que irrefutablemente constituye un ilícito la falsificación de firmas.
Por dicho motivo peticiona, que con conforme el sesgado análisis jurídico y factico de la prueba producida en la forma se anule el Auto de Vista y en caso de que se falle en el fondo se revoque totalmente el Auto de Vista, declarando probada la demanda en todas sus partes y consiguientemente nulo y sin valor alguno el falso documento de fecha 14 de marzo de 2003.
Estando planteado el recurso de casación en la forma como en el fondo, primeramente se absolverá el de forma para luego entrar a considerar los agravios expuestos en el fondo, en ese entendido diremos que:
El recurrente acusa la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista, trayendo a consideración lo dispuesto por la Sentencia Constitucional Nº1330/2012, la SC 0974/2000-R, resoluciones constitucionales relativas al derecho de la parte a una Resolución fundamentada y motivada; que a criterio del recurrente el Tribunal de alzada hubiese infraccionado dicho derecho de la parte; en ese entendido, se establece que el Auto de Vista no incurrió en falta de fundamentación o motivación, más al contrario, se evidencia que dicha Resolución cumple con el análisis de todos los puntos que fueron objeto de apelación, los mismos que fueron ampliamente fundamentados y motivados, así tenemos lo analizado por el Ad quem en el Considerando II, donde se establece punto por punto los agravios denunciados, otorgando respuesta a cada uno de ellos
Así mismo, se debe indicar que no existe vulneración alguna al derecho de la parte recurrente, referente a la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista,es más la Resolución de segunda instancia exponiendo los motivos y razones llegó a confirmar la Sentencia, fundamentación clara, concreta y entendible que cumple con la exigencia establecida por la Sentencia Constitucional Nº0632/2010-R de 19 de julio, entre otras, donde se aclaró que: "...la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas". Resolución constitucional que ampara lo fundamentado y motivado por el Tribunal de alzada.
El recurrente acusa la errónea valoración de las pruebas de cargo presentado en la litis, en ese entendido, cumpliendo con la labor de administrar justicia, se verificará si se cumplió de manera correcta en la valoración de las pruebas por el Ad quem, que a criterio del recurrente no se hubiera cumplido y por el contrario se demostraría irrefutablemente que ha existido falsificación de firmas en el documento de compra y venta de fecha 14 de marzo de 2003, al respecto tenemos:
A fs. 104 cursa una literal (carta)presuntamente enviada por el demandado a la actora, donde a criterio del recurrente, demostraría que las firmas de la minuta de fecha 14 de marzo de 2003 serían falsificadas, al respecto se debe indicar que la indicada carta, a más de establecer cuestiones personales que no interesan a la litis, se indica de manera textual que “Sobre V. Busch precisamente no se pudo completar, Angélica no hizo nada solo pidió pesos, además parece q’ no sabe muy bien; por eso te había mandado un formulario para poderes y nombrar a otro apoderado; parece q’ tuviste alguna duda, ahora te mando uno ya llenado por favor fírmamelo en el lugar señalado…” (sic), misiva que data de fecha 14 de noviembre de 2005, dos años posterior a la firma de la minuta.
Del análisis de dicha prueba que reiteradamente la parte recurrente acusa como erróneamente valorada, se debe indicar que, dicha misiva, en nada desvirtúa la minuta de fecha 14 de marzo de 2003, más al contrario ratifica un acuerdo entre el demandado y la actora que a todas luces se nota que existió dicha transferencia y que por motivos ajenos no se pudo realizar el trámite de cambio de nombre, presunción que se ratifica con lo establecido líneas más abajo en la indicada carta donde se establece: “…así mismo mando una minuta para q’ la firmes, por si acaso se tenga q’ utilizar si fuera necesario esto a fin de q’ te liberes también; también se necesitan para archivos del notario 2 fotocopias de tu carnet con firma e impresión…”(sic), la literalidad transcrita, no demuestra que la firma de la minuta de fecha 14 de marzo de 2003 haya sido falsificada, la negativa de la firma de la actora al pedido del demandado en una nueva minuta, no desvirtúa la minuta de fecha 14 de marzo de 2003, no se puede presumir en sentido contrario, toda vez que la falta de la firma en el proyecto de minuta de fs. 105 a 106 y del protocolo de poder especial y bastante de fs. 107 y vta., de ninguna manera genera presunción sobre la falsedad acusada, la adulteración indicada o finalmente el abuso de confianza que la parte recurrente reitera sobre la parte demandada.
Por otro lado, las declaraciones testificales de cargo de fs. 180 a 181, no son uniformes ni contestes, lo mismo sucede con la confesión provocada de fs. 166, la cual no constituye el medio idóneo para demostrar la supuesta falsedad de la minuta indicada, pues debe probarse a través de otros medios legales de prueba como los estudios científicos y técnicos que en la litis indican todo lo contrario; por dicho motivo se debe reiterar que las pruebas acusadas en casación, no demuestran que hubiese existido ilicitud de causa o motivo en el documento de fecha 14 de marzo de 2003; pruebas que fueron apreciadas por los tribunales de instancia, en virtud que, la valoración de la prueba en general compete privativamente a los Jueces de grado, siendo soberanos en su valoración con facultad incensurable en casación para decidir la causa tomando en cuenta las pruebas esenciales y decisivas, tal como se infiere de los arts. 1286 del Código Civil y 397 de su Procedimiento, salvo que se demuestre que hubiesen incurrido en error de hecho o de derecho. En el caso de Autos, el recurrente hace referencia a la mala valoración de las declaraciones testificales y confesión provocada cuya apreciación y valoración está reservada al Juez de la causa conforme a su prudente criterio o sana crítica, tal como lo disponen los arts. 1321 y1330 del Código Civil, de acuerdo a determinados parámetros que la propia Ley se encarga de precisarlas, habiendo procedido el A quo conforme indican las citadas disposiciones legales, por cuanto no se advierte errónea valoración de las mismas, máxime si la parte recurrente pasa por alto el señalamiento especifico, claro y concreto de cuál el error, limitándose simplemente a indicar que existe error de hecho y de derecho en la valoración de dichas pruebas.
Finalmente resulta imprescindible hacer mención a la prueba pericial grafotécnico del documento de transferencia de 14 de marzo de 2003, realizado por My. Dr. Winston E. Osinaga Peñaranda cursante de fs. 185 a 197 donde se establece que: “Estudiadas y cotejadas comparativamente la grafía “dubitada” que registran el documento “cuestionado” fechada el 14 de marzo de 2003, descrito en el Primer Punto del presente informe, con las grafías “indubitadas” de ELSA MERUBIA MARTINEZ tenidas de referencia, también descritas en el Segundo Punto de este mismo Dictamen Pericial; las mismas PRESENTAN O GUARDAN CORRESPONDENCIA GRAFONÓMICA al haber sido indudablemente pulsadas por una sola mano.” (sic) conclusión que llega el perito demostrando que el documento acusado de falsificado, no es tal, que dicho documento fue firmado por la actora, lo que demuestra sin lugar a dudas que la firma en el mencionado documento es auténtico y corresponde al grafismo de la señora Elsa MerubiaMartínez; prueba pericial que no fue desvirtuada con ninguna otra prueba cursante en obrados, es más la parte recurrente solamente se limitó a presentar declaraciones testificales y supuesta nota (carta) que como se estableció líneas arriba no prueban que en la presente causa hubiese existido ilícito de causa o motivo, mucho menos falsificación de la firma de la titular del inmueble.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oscar Eduardo Salinas Quiroga en representación de Elsa Merubia Martínez de fs. 269 a 275 y vta., impugnando el Auto de Vista de fecha 17 de noviembre de 2014, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.

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