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Timestamp: 2018-03-23 10:55:56+00:00

Document:
Entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el tribunal supremo de eleccciones
CONVENIO MARCO PARA PROMOVER UN ESTADO
ABIERTO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
ENTRE EL PODER EJECUTIVO, EL
PODER LEGISLATIVO, EL PODER JUDICIAL Y
EL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCCIONES
Entre nosotros, LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA, mayor, divorciado una vez, historiador y politólogo, vecino de Montes de Oca, titular de la cédula de identidad 1-0487-0559, en mi condición de PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, según la resolución declaratoria de elección N° 1430-E11-2014 de las 09:00 horas del 25 de abril de 2014 del Tribunal Supremo de Elecciones; JOSÉ ALBERTO ALFARO JIMÉNEZ, mayor, casado, abogado, vecino de Alajuela, titular de la cédula de identidad 1-0673-0801, en mi condición de Presidente en Ejercicio de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, según artículo 27 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y 115 de la Constitución Política; ZARELA VILLANUEVA MONGE, mayor, divorciada, abogada, vecina de Cartago, titular de la cédula de identidad 3-0197-1146, en mi condición de Presidenta de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, según se acordó en la sesión Nº 20-13, celebrada el 13 de mayo de 2013, artículo I; y LUIS ANTONIO SOBRADO GONZÁLEZ, mayor, casado, abogado, vecino de Escazú, titular de la cédula de identidad número 1-564-037, en mi condición de Presidente del TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES, según nombramiento efectuado en el artículo segundo de la sesión ordinaria número 61-2015, celebrada el 21 de julio de 2015, en adelante denominado TSE, hemos convenido en celebrar el presente Convenio Marco para promover un Estado Abierto, según las siguientes consideraciones y cláusulas:
I.- Que el gobierno de Costa Rica se incorporó en el año 2012 a la iniciativa multilateral Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership), que promueve que los países miembros establezcan compromisos concretos en materia de transparencia y acceso a la información pública, ética de la función pública, lucha contra la corrupción, participación ciudadana y promoción de la innovación utilizando las tecnologías de la información y comunicación.
II.- Que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, establece que "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección".
III.- Que la Constitución Política en sus artículos 27 y 30 garantizan los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública, que son fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa en tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la administración pública del Estado.
De igual forma en su artículo 9 se establece que el Gobierno de la República es popular, representativo, alternativo y responsable, lo ejercen tres Poderes distintos e independientes entre sí: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias. Asimismo la norma suprema contempla que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene el rango e independencia de los Poderes del Estado.
IV.- Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT, del 29 de abril de 2015, publicado en La Gaceta N° 91 del 13 de mayo de 2015, se crea la Comisión Nacional por un Gobierno Abierto con el objetivo de coordinar y facilitar la implementación del Gobierno Abierto en la Administración Pública, acompañando la formulación y evaluación de los planes nacionales de acción que sobre la materia se determinen necesarios.
V.- Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado “Alberto Cañas Escalante”, dispone en su tercer pilar la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente, asumiendo el compromiso de implementar un modelo de Gobierno Abierto.
VI.- Que mediante la Declaración “Por la construcción de un Estado Abierto”, los Poderes del Estado de Costa Rica, se han comprometido en promover una política de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
VII.- Que el Presidente de la Asamblea Legislativa firmó en el 2015, junto a los Presidentes de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, el acuerdo por la construcción de un parlamento abierto.
VIII.- Que la Asamblea Legislativa ha venido impulsando importantes esfuerzos desde la administración para promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía. Que en colaboración con organizaciones de la sociedad civil se han desarrollado planes de acción en procura de lograr un parlamento abierto.
IX.- Que los esfuerzos realizados por la Asamblea Legislativa han producido que el Parlamento Costarricense ocupe en el 2016 el primer lugar dentro del Índice Latinoamericano de Transparencia.
X.- Que desde el Departamento de Participación Ciudadana se ha venido innovando nuevas y buenas prácticas en materia de colaboración y participación ciudadanas, estableciendo nuevas formas de relación entre el Parlamento y las organizaciones de la sociedad civil de forma inclusiva respecto a poblaciones socialmente vulnerables.
XI.- Que el Departamento de Informática y el de Relaciones Publicadas, Prensa y Protocolo han implantado nuevas estrategias de comunicación y plataformas tecnológicas que promueven el uso de datos abiertos y acceso a la información legislativa a la población.
XII.- Que se ha aprobado desde el 2015 el “Protocolo para el acceso a la información pública” por el Directorio Legislativo y se encuentra en ejecución.
XIII.- Que actualmente a nivel administrativo existe una comisión integrada por la Dirección Ejecutiva, el Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional, Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo y el Departamento de Participación Ciudadana para construir una Política de Parlamento Abierto, bajo una metodología participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil.
XIV.- Que se encuentra en Ejecución el segundo Plan de Acción para un Parlamento Abierto con organizaciones de la Sociedad Civil.
XV.- Que el Poder Judicial, en los tres ámbitos, ha venido incorporando en sus Planes Estratégico y Operativos objetivos y acciones para la promoción de la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración, como medios para contribuir a la mejora continua de los servicios, el acceso igualitario a la justicia para todas las personas, sin distinción, y la creación de un vínculo permanente para la co-creación de políticas y comunicación con la sociedad civil.
XVI.- Que todos los esfuerzos efectuados se orientan hacia el cumplimiento del deber constitucional de garantizar una justicia pronta, cumplida, sin denegación y fomentar el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos en todo el territorio nacional.
XVII.- Que, en el cumplimiento de la Constitución y las leyes, el Poder Judicial contribuye al fortalecimiento de la democracia, a la resolución pacífica de los conflictos y a la consolidación de la paz social.
XVIII.- Que en el 2015, la Presidencia de la Corte suscribió la Declaración para la Promoción de un Estado Abierto, en la cual se compromete a promover una política de apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación e innovación a favor de los habitantes.
XIX.- Que la institución ha venido sensibilizando al personal sobre la importancia de los procesos de apertura para la consolidación de una Justicia Abierta, es decir regida por los principios de transparencia, participación ciudadana y colaboración.
XX.- Que el Poder Judicial, en el 2015, aprobó la Política de Participación Ciudadana y en el Plan Estratégico 2013-2018 se incluyó dicha participación como el Objetivo estratégico III, cuya ejecución constituye una prioridad institucional.
XXI.- Que el artículo 9 de la Constitución Política en relación con los numerales 99 y 102 del mismo cuerpo normativo establecen que el TSE es el Órgano Constitucional, con rango de Poder de la República, encargado de la función electoral y por lo tanto responsable de la organización, dirección y vigilancia de todos los actos relativos al sufragio, para lo cual goza de independencia en el desempeño de su cometido.
XXII.- Que en aras de fortalecer el proceso electoral costarricense y el desempeño institucional, el TSE promueve la capacitación en diversos campos a las personas funcionarias y población en general, como un medio fundamental para el logro de sus cometidos.
XXIII.- Que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, creado por el artículo 309 del Código Electoral y que en adelante se denominará IFED, se dedica a formular programas de capacitación dirigidos a la ciudadanía y a los partidos políticos, tendientes a promover los valores democráticos y la participación cívica.
Convenimos en celebrar el presente Convenio de Marco para promover un Estado Abierto, el cual se regirá por las siguientes clausulas:
PRIMERA. – OBJETIVO GENERAL.
El presente convenio tiene por objeto consolidar el compromiso de los Poderes de la República en fomentar un Estado transparente, eficiente y efectivo, que promueva la lucha contra la corrupción, y garantice la participación ciudadana, con el fin de construir un Estado Abierto, que fortalezca la confianza de la ciudadanía y cumpla con el derecho humano de acceso a la información pública y la participación ciudadana.
SEGUNDA. – COMPROMISOS DEL PODER EJECUTIVO.
Conforme a este convenio, el PODER EJECUTIVO se compromete a lo siguiente:
Impulsar un proyecto de ley que garantice el derecho humano de Transparencia y Acceso a la información pública.
Promover la publicación activa de los datos públicos en formatos amigables, libres, abiertos y neutrales.
Fortalecer la planificación estratégica y los planes anuales operativos mediante la incorporación de los principios de Gobierno Abierto.
Implementar un protocolo de diálogo con sectores y poblaciones que permita una nueva manera de relacionamiento entre la ciudadanía e instituciones, que promueva el trabajo conjunto y la resolución de conflictos a partir de la interacción entre sectores.
Promover la creación de un consejo consultivo de la sociedad civil para que los Poderes del Estado puedan avanzar en los procesos de diálogo y co-creación.
TERCERA. – COMPROMISOS DEL PODER LEGISLATIVO.
Conforme a este convenio, el Poder Legislativo se compromete a lo siguiente:
Promover la co-creación e implementación de una política de Parlamento Abierto en forma ampliamente participativa con diferentes organizaciones de la sociedad civil que considere la participación como un derecho humano fundamental y que por consiguiente debe ser inclusiva para los grupos sociales más vulnerables.
Fortalecer y brindar el respaldo administrativo en los esfuerzos que se han realizado por las diferentes instancias legislativas en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y colaboración con la ciudadanía.
Promover la innovación de instrumentos tecnológicos a partir de la plataforma que brinda el nuevo Portal Legislativo para lograr una mayor interacción entre la ciudadanía y la Asamblea Legislativa, la cual incluya no sólo acceso a la información sino también la participación y colaboración activa en el proceso legislativo.
Promover una cultura institucional y ciudadana de la participación, transparencia y colaboración para lo cual fortalecer los programas de formación e información sobre el quehacer legislativo dirigido a diferentes sectores poblaciones y etarios, con particular énfasis en aquellos dirigidos a empoderar la población y utilizar los mecanismos de incidencia que dispone la ciudadanía en la Asamblea Legislativa.
CUARTA. – COMPROMISOS DEL PODER JUDICIAL.
Conforme a este convenio, el PODER JUDICIAL se compromete a lo siguiente:
Promover los principios del Estado Abierto, de manera que estos sean incorporados en sus planes, proyectos y acciones.
Mantener lazos de comunicación y colaboración con los otros Poderes, que favorezcan el diálogo y ejecución conjunta de iniciativas.
Procurar dar cumplimiento a los estándares de calidad que se establezcan como parámetros para el desarrollo de las iniciativas de Justicia Abierta.
Fortalecer los vínculos que faciliten la necesaria interacción con las demás instituciones públicas, para beneficio de las personas destinatarias de los servicios.
Participar y apoyar, en la medida de sus posibilidades, en la ejecución del Plan Nacional de Acción de Gobierno Abierto.
Promover la sensibilización y capacitación sobre la importancia de la apertura del Estado y, particularmente, la Justicia Abierta.
QUINTA. – COMPROMISOS DEL TSE.
Conforme a este convenio, el TSE se compromete a lo siguiente:
Poner a disposición de los Supremos Poderes de la República la plataforma de capacitación que el TSE posee. Ello lo hará a través del IFED y su objetivo es promover la participación ciudadana en el marco de Gobierno Abierto.
Elaborar y ejecutar planes anuales de acciones prioritarias en el marco de Gobierno Abierto, dirigidos a los usuarios y funcionarios del TSE en la sede central y sus oficinas regionales.
SEXTA. – COMPROMISOS CONJUNTOS.
De manera conjunta, los Poderes de la República se comprometen a:
Promover una cultura nacional de ética, transparencia y rendición de cuentas, con el fin de construir un modelo de Estado Abierto.
Dar continuidad a las acciones conjuntas, para de asegurar resultados a largo plazo.
Aprovechar los recursos humanos y financieros existentes, para promover las políticas institucionales de Estado Abierto y los procesos de formación y capacitación.
Impulsar reformas necesarias a la normativa anticorrupción y abordar, mediante diferentes métodos, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de un Estado transparente y eficiente.
Fortalecer las plataformas y sitios web de las distintas instituciones, a fin de facilitarle a la ciudadanía el acceso a la información pública.
SÉTIMA. – DE LAS CARTAS DE ENTENDIMIENTO.
Los detalles de participación en los programas de ejecución de las distintas actividades o compromisos adquiridos en este convenio se definirán mediante cartas de entendimiento. En ellas se establecerán, al menos, las áreas que se desean desarrollar, las cuales serán definidas por especialistas designados para tal efecto por las instituciones involucradas, el lugar de ejecución, unidades responsables, participantes, duración, cronogramas, fuentes de financiamiento, presupuestos y programas, estimaciones económicas de aportes, así como los productos esperados. La firma del presente instrumento no generará, por sí mismo, ningún compromiso presupuestario para las partes suscribientes, el cual estas asumirán–si fuera del caso- cuando se formalicen las cartas sobre las que versa la presente cláusula.
OCTAVA. – EXCLUSIÓN DEL TRÁMITE DEL REFRENDO CONTRALOR O DEL INTERNO.
Al presente Convenio no le aplica el trámite del refrendo por parte de la Contraloría General de la República, o el de refrendo interno de las unidades correspondientes de cada una de las partes suscribientes, por no estar contemplado en ninguno de los supuestos fácticos contenidos en los artículos 3 y 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública emitido por la Contraloría General de la República, publicado en el diario oficial La Gaceta n.° 202 del 22 de octubre del 2007, y sus reformas.
NOVENA. – PLAZO Y RIGE.
El presente convenio tiene una vigencia de ocho años. No obstante, podrá ser prorrogado por plazos iguales de manera automática siempre y cuando ninguna de las partes manifieste lo contrario con tres meses de antelación a su vencimiento Este entrará a regir a partir de la fecha de su suscripción.
En pleno conocimiento del contenido y trascendencia de lo que aquí se conviene, firmamos conformes en cuatro tantos, uno para cada una de las partes, en la ciudad de San José, el día veintiuno de marzo del dos mil diecisiete.
Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones
Sylvia Solís Mora
Subcontralora General de la República
Ronald Víquez Solís
Procurador Director de la Procuraduría de la Ética Pública
El presente convenio se suscribe, según el acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº 26-17 celebrada el 21 de marzo del año 2017, artículo II.
La Asesoría Jurídica de Presidencia y el Departamento Legal del Tribunal Supremo de Elecciones, otorgan el visto bueno al presente convenio por encontrarlo ajustado a derecho. San José, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.
Ronny Jiménez Padilla
Jefe a.i. Departamento Legal

References: resolución 
 artículo 27
 artículo 13
 artículo 9
 resolución 
 artículo 9
 artículo 309
 resolución