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Timestamp: 2019-11-19 17:24:03+00:00

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Tribunal segundo de sentencia: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis
TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA: San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de marzo de dos mil dieciséis.
El presente proceso penal clasificado con el número 231-2015-3 seguido en contra del imputado DANIEL E. R., quien es de cincuenta años de edad, casado, maestro de obra, originario de [...], residente en Cantón [...], Sector [...], [...], hijo de [...] y [...], con Documento Único de identidad número [...]; quien se encuentra detenido en Centro Penitenciario Preventivo y de Cumplimiento de Penas de La Esperanza; sometido a juicio público y oral, por la acusación del delito de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ AGRAVADA, tipificado y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, y por el de OTRAS AGRESIONES SEXUALES AGRAVADA tipificado y sancionado en el artículo 160 del Código Penal, en perjuicio de las menores [...] y [...] cuya identidad no se divulga, con base en la garantía de reserva, regulada en el artículo 53 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, representada por el licenciado RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia.
partes que han intervenido en el presente proceso son : como Fiscal del Caso: el Licenciado PABLO ADALBERTO RODRÍGUEZ MARINERO, a quien se le puede notificar bajo la referencia Fiscal número [...], en la dirección señalada en el dictamen de acusación, siendo en: Fiscalía General de la República, Unidad de Delitos Relativos al Menor y a la Mujer en Oficina Fiscal de San Marcos; como Defensor Particular, el licenciado JAIME ENRIQUE ORTEGA quien puede ser notificado en: Oficina Jurídica ubicada en Colonia Layco, pasaje Palomo, casa número 1014, veintisiete Calle Poniente de San Salvador, o al telefax número 2225-8561.
Se tuvo por recibido el proceso mediante auto de folios 86 de fecha quince de octubre de dos mil quince, en el cual se señalaron las once horas, del día diez de diciembre de dos mil quince, para la celebración de la Vista Publica, misma que se frustro por las razones que constan en el acta de folios 121, reprogramándose para las ocho horas del día diecinueve de febrero de dos mil dieciséis; la que fue del conocimiento de este Tribunal de Sentencia de manera Unipersonal de conformidad al Artículo 53 inciso primero y cuarto, del Código Procesal. Pena), habiéndose comisionado para tal efecto al Licenciado Alejandro Guevara Fuentes, pero fue sustituido por la licenciada MARLENI ARACELI BENAVIDES, como Juez Suplente, encargada de presidir la vista pública y redactar la presente sentencia.
Se deja constancia que la Lectura de la presente Sentencia se difirió para las catorce horas del día que se menciona al inicio de esta sentencia, de conformidad con el artículo 396 del Código Procesal Penal.
I.- La Vista Pública se declaró abierta y se iniciaron los debates, en el procedimiento se observaron las prescripciones y términos de Ley.
Fiscalía y Defensa manifestaron no tener incidente alguno que exponer en el presente caso.
Esta Juzgadora resolvió todos los puntos que fueron sometidos a su consideración conforme al Artículo 380 y 394 del Código Procesal Penal; en consecuencia siendo procedente la acción penal promovida por la Representación Fiscal y competente esta Juzgadora para el caso en examen se procedió a la apertura de la Vista Publica, finalizando la audiencia pública el mismo día antes mencionado, tal como consta en acta de vista pública, en cuanto a la existencia de los delitos por los cuales acuso la Representación Fiscal, la participación del encausado DANIEL E. R. en el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz y otras Agresiones Sexuales en los menores [...] y [...], y la responsabilidad civil se fundamenta en los considerandos siguientes, por ello aplicando las normas de la Sana Crítica Racional, se valoró la prueba ofrecida por la Fiscalía, misma que fuera admitida por el Juzgado de Instrucción de San Marcos, siendo incorporada en la Vista Pública en el siguiente orden: PRUEBA TESTIMONIAL. Por la Fiscalía: Se deja constancia que la representación Fiscal, prescindió de la prueba testimonial consistente en el testimonio de las víctimas [...] y [...], y de los peritos señores S. C. B. DE V., M. E. G. H., W. H. P. ya que manifestó que le fue imposible ubicar a las víctimas, siendo ya la segunda ocasión en que no los había podido presentar por el mismo motivo; los peritos ninguno se ha hecho presente no obstante estar legalmente notificados por lo que prescindió de sus testimonios .PRUEBA DOCUMENTAL. Por la Fiscalía: 1) Certificación de Partidas de nacimiento de las victimas [...] y [...], de folios 30 y 33; 2) Inspección Técnico Ocular Policial, realizada en los lugares en donde según refiere las víctimas fueron abusadas sexualmente por el indiciado, de folio 29. 3) Certificación de la Partida de nacimiento del menor [...] de folio 31. PRUEBA PERICIAL: Por la Fiscalía: 1. Reconocimiento de genitales, practicado a la víctima [...], por el doctor W. H. P., de folio 9.2.Reconocimiento de genitales, practicado a la víctima [...], por la doctora M. E. G. H., de folio 10.3. Peritaje Psicológico, practicado a la víctima [...], por la licenciada S. C. B. DE V., de folio 53-55.4.Peritaje psicológico practicado a la víctima [...], por la licenciada S. C. B. DE V., de folios 56-58.
Asimismo al hacerle saber los derechos conforme a los artículos 11 y 12 de la Constitución de la República; 82 y 381 Inc. Primero del Código Procesal Penal; preguntado en cuanto si iba ejercer su derecho de defensa y rendir su respectiva declaración, éste respondió que SE ABSTENÍA DE RENDIR SU DECLARACIÓN INDAGATORIA, que guardaría silencio, siendo preguntado únicamente sobre las generales del mismo, las cuales se relacionan al inicio de esta sentencia.
II. HECHOS EXPUESTOS POR LA REPRESENTACIÓN FISCAL TAL COMO CONSTAN EN LA ACUSACIÓN DE FOLIOS 42-52 RATIFICADOS LOS MISMOS ANTE, EL TRIBUNAL, LOS CUALES FUERON EL MOTIVO DEL DEBATE EN LA VISTA PUBLICA. Y estos son:
"...La madre y representante legal de las hermanas [...], señora [...]., ha manifestado en denuncia interpuesta en sede fiscal, el dieciséis de junio de dos mil quince, que se considera ofendida de su compañero de vida DANIEL E. R., de cincuenta años de edad, por ser él quien ha agredido sexualmente a sus hijas [...] y [...]. En su denuncia relata que el domingo 14 de junio de 2015, a eso de las quince horas, cuando llegaron a su casa, luego de un paseo por el Zoológico, ella estaba en su habitación atendiendo a su hijo pequeño de un año de edad, y tuvo un presentimiento de que algo malo estaba sucediendo porque no escuchaba dónde estaban las niñas y se dirigió al cuarto de ellas, encontrando a su compañero de vida Daniel E. R., que estaba con sus hijas, las dos estaban sentadas en la cama, él se había bajado la calzoneta y su hija [...] estaba chupándole el pene, la denunciante entró al cuarto y le dijo a su compañero ¿qué estás haciendo?, él se alejó de las niñas y quiso salir del cuarto, la denunciante le pegó dos cachetadas y se desmayó, cayendo al suelo, cuando ella reaccionó le dijo que se fuera de la casa, lo que había hecho no tiene perdón, él le dijo que había entrado a abrirles la ventana y su mente se había perturbado, por eso lo hizo, ella le preguntó si era la primera vez que lo hacía y él le respondió que sí, pero que no las había penetrado, la denunciante volvió a decirle que se fuera, él le pidió que lo perdonara y que nadie lo supiera, añadiendo que no volvería a pasar, que no tenía donde irse y que lo dejara quedarse en la casa, que le pusiera las condiciones que quisiera, pero que no lo echara, se puso de rodillas pidiéndole perdón a las niñas y a la denunciante, repetía que no volvería a pasar, que iba a luchar porque todo fuera mejor. El día 15 de junio la dicente le preguntó a sus hijas, que ha sucedido y ambas le dijeron que en varias ocasiones a las dos las ha puesto a chuparle el pene, esto ha pasado varias veces desde que la denunciante se fue al hospital a tener a su último hijo, aproximadamente la última semana de marzo de dos mil catorce; les preguntó por qué no le habían dicho nada y ellas le respondieron que tenían miedo que les fuera a pegar, esto se los había dicho su compañero de vida; les preguntó si Daniel les enseñaba el pene, les decía algo o si las tocaba, las niñas le respondían que no por miedo; la denunciante dice que Daniel les pedía que se pusieran de culumbrón y en las nalgas les rozaba el pene y les sobaba la vulva con la mano; la denunciante les preguntó si habían echado sangre alguna vez y ellas respondieron que no, pero le dijeron que si les dolía porque él les hacía fuerte; el 9 de junio, la dicente había salido a una cita por la tarde y en lo que ella se fue a acostar al niño él las llamó a la cocina a las dos y las puso a las dos a que le chuparan el pene a la misma vez y les pedía que no le dijeran nada a su mamá, porque ella las castigaría; cuando la denunciante se dormía Daniel se acostaba en una hamaca y las llamaba para que fueran a chuparle el pene; esto sucedía por las noches o los fines de semana"...(sic).
III. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA INCORPORADA A LA VISTA PÚBLICA.
A efecto de establecer la existencia de los delitos de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR O INCAPAZ, Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES en perjuicio de las víctimas, [...] y V[...] cuyos nombres se omite de conformidad al artículo 146 de la Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), representadas legalmente por RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia, así como la participación delictiva del imputado DANIEL E. R., en los presentes hechos, se analiza ÚNICAMENTE PRUEBA DOCUMENTAL Y PERICIAL ofrecida por la Fiscalía y la Represéntate Legal de las menores, EN RAZÓN QUE LA FISCALÍA PRESCINDIÓ DE LOS TESTIGOS DE CARGO PRUEBA DOCUMENTAL.
Certificación de Partidas de nacimiento de las victimas [...] y [...], de folios 30 y 32; emitidas por el licenciado R. A. R. Q., Jefe del registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de llopango, en fecha tres de julio de dos mil quince, en la cual consta que la menor [...], nació a las cero horas con treinta y dos minutos del día [...], y la menor [...], nació a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día dos de febrero de dos mil ocho.
Inspección Técnico Ocular Policial, realizada en los lugares en donde según refiere las víctimas fueron abusadas sexualmente por el indiciado, de folio 29, elaborada en el a casa sin número ubicada en Lotificación [...], Calle [...], del Cantón [...], del municipio de [...], por los agentes investigadores M. G. C. y M. de J. B.; en la cual consta que se verifico la existencia del inmueble que es de construcción mixta, pintada de color anaranjado, con techo de lámina, y que fueron atendidos por la señora [...], quien les permitió el ingreso a la vivienda y les muestra el cuarto donde ocurrieron supuestamente los hechos denunciados.
3. Certificación de la Partida de nacimiento del menor [...]. de folio 31, emitida por el licenciado Rafael Antonio Rivas Quintanilla, Jefe del registro del Estado Familiar de la Alcaldía Municipal de Ilopango, en fecha tres de julio de dos mil quince, en la cual consta que el menor [...] nació a las nueve horas con cincuenta y un minutos del día treinta de abril de dos mil catorce.
Por la Fiscalía.'
1. Reconocimiento de genitales, practicado a la víctima [...], por el doctor W. H. P., de folio 9, elaborado por el Dr. W. E. H. P., en el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, el día diecinueve de junio de dos mil quince, en el cual se dejó constancia que se reconoció a la víctima, quien presentaba lo siguiente: ÁREA GENITAL: Genitales externos: Femeninos infantiles. Monte de Venus: Paciente Infantil. Vestíbulo: sin anormalidad. Labios mayores, sin anormalidad. Labios Menores: sin anormalidad, Himen: al momento integro, tipo semianular. Al momento, no signos de enfermedades de transmisión sexual. Ano: no lesiones recientes o antiguas.
Reconocimiento de genitales, practicado a la víctima [...], por la doctora M. E. G. H., de folio 10, elaborado por la Dra. M. E. G. H., en el Instituto de Medicina Legal Dr. Roberto Masferrer, el día diecinueve de junio de dos mil quince, en el cual se dejó constancia que reconoció a la víctima, quien presentaba lo siguiente: ÁREA GENITAL: Genitales externos: infantiles. Monte de Venus: Infantil normales. Labios mayores, infantiles sin particularidades. Labios Menores: infantiles, sin particularidades, Himen: anular, no roto, dilatado. Ano: pliegues y tono presentes
Peritaje Psicológico, practicado a la víctima [...], por la licenciada S. C. B. DE V., de folio 53-55, elaborado por la licenciada S. C. B. de V., el día siete de julio de dos mil quince, quien concluyo lo siguiente: que al momento de la evaluación pericial la menor hizo un relato que reflejo indicaciones que coinciden con los que comúnmente se ven en las menores víctimas de delitos sexuales. Que consideraba que la menor periciada mostro las habilidades básicas para comunicarse y rendir un testimonio, en cualquier medio que le soliciten. Y recomendó se le brindará tratamiento psicológico con la finalidad de trabajar terapéuticamente aspectos básicos para su sano desarrollo.
4. Peritaje psicológico practicado a la víctima [...], por la licenciada S. C. B. DE V, de folios 56-58, elaborado por la licenciada S. C. B. DE V, el día siete e julio de dos mil quince, quien concluyo lo siguiente: la menor periciada reflejo indicaciones que coinciden con los que comúnmente presentan los menores víctimas de abusos sexuales. Que consideraba que la menor periciada mostro las habilidades básicas para comunicarse y rendir un testimonio, en cualquier medio que le soliciten. Y recomendó se le brindará tratamiento psicológico y de ser posible hacerlo extensivo a su grupo familiar.
El Tribunal deja constancia que al valorar la prueba documental y pericial de cargo relacionada anteriormente, determina, que esta, ha sido recolectada, ofrecida y admitida en legal forma, y que fue ordenada como actos iniciales de investigación conforme el artículo 175, 176, 177, 180, 244, 271, 273 y 275CPPy los artículos 331, 332 y 334 del Código Civil y Mercantil, llena las formalidades de los artículos antes referidos, no obstante, dicha prueba documental, no ha sido confirmada en su contenido por los testigos ofrecidos por la fiscalía, pero no es óbice para la suscrita, para que la Prueba Documental y Pericia! de cargo le merezca fe y credibilidad únicamente en la parte, de su hora, día, y lugar de realización, en los que fueron realizados y emitidos dichas diligencias y los hallazgos de los médicos que realizaron la auscultación.
IV. DE LOS MEDIOS PROBATORIOS ANTERIORMENTE EXAMINADOS Y LOS ELEMENTOS QUE SE DESPRENDEN DE LOS MISMOS, SE ESTABLECEN POR EL TRIBUNAL LOS SIGUIENTES HECHOS:
En armonía a lo expuesto en párrafos anteriores, conviene relacionar el Principio de Legalidad de la Prueba que establece en el Artículo 15 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 2 y 179 del Código Procesal Penal, considero que desde el punto de vista esencial de la prueba técnicamente debe velarse que• su producción dentro del juicio oral sea pertinente e idónea para poderla, valorar sin que exista un argumento jurídico para excluirla de su valoración o que exista una nulidad absoluta de las que habla el artículo 346 del Código Procesal Penal.
Consecuentemente a lo antes expuesto, conviene armonizar el Principio de Inmediación de la Prueba, éste principio se materializa en su naturaleza por la intervención de todas las partes procesales y los sujetos esenciales del proceso al momento de producirse esta en la Vista Publica, lo anterior se vincula estrechamente con el Artículo 380 del Código Procesal Penal, en armonía con los Artículos 156 al 164 del Código Procesal Penal, para garantizar la comparecencia de todas las partes en el desfile de la prueba, precisamente para absorberlos dentro del Principio de Comunidad de la Prueba con la finalidad de aplicar los diferentes sistemas de valoración de la Prueba englobados dentro de la sana crítica.
Esta juzgadora en el caso que fue inmediado contra el procesado: DANIEL E. R., ha valorado prueba documental y pericia' (documentada) no así la prueba testimonial de cargo (ofrecida en la audiencia preliminar) conforme las reglas de la sana crítica; por lo cual, se debe hacer en su conjunto la valoración integral de la misma, comenzando con el análisis de la declaración de los testigos de cargo que en sí, han de estar corroboradas por datos periféricos de carácter objetivo. Este requisito merece un poco más de detenimiento, pues resulta un tanto compleja la determinación de lo que ha de entenderse por corroboración de la declaración del testigo para que pueda considerarse prueba de cargo suficiente para condenar; la corroboración, es entendida en la práctica como la exigencia de que, junto con la declaración, existiese una prueba adicional de la que también se derivase la culpabilidad del acusado, circunscribiendo esta exigencia a dos ideas: La primera es que la corroboración no ha de ser plena, sino mínima, esto es relativo a que los datos externos a ella (la prueba testimonial) sean de la suficiente entidad, por sí mismos, para condenar al acusado, en cuyo caso ¿qué sentido tendría seguir hablando de los requisitos de esta prueba? (teniendo en cuenta la naturaleza del presente DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL, INDIVIDUALIZADO DENTRO DE LA ACUSACIÓN FISCAL) En segundo lugar, no es posible establecer a priori cuándo la declaración está corroborada o de qué modo ha de corroborarse, pero la corroboración implica en todo caso que, al menos, la declaración esté avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa e independiente a la propia declaración es decir que cuente con el aval representado por la confirmación mediante datos de otra procedencia, más expresiva, tendiente a corroborar o dar fuerza a una imputación con otros datos que no figuran incluidos en la misma. Así, el elemento de corroboración es un dato empírico, que no coincide con el hecho imputado, ni en su alcance ni en la fuente, pero que interfiere con él, por formar parte del mismo contexto, de tal manera que puede servir para fundar razonadamente la convicción de que el segundo se habría producido realmente.
Estos datos periféricos que corroboran la declaración, refiriéndose, por ejemplo, a las lesiones provocadas por el delito, a los testimonios de otras personas que, sin referirse directamente al hecho delictivo, confirman o refuerzan la credibilidad del testigo o a los informes periciales que evalúan el estado físico del lugar donde ocurrió el hecho, con lo cual se ilustra al juzgador de las condiciones en que el/la testigo presencial vivió el acontecimiento que ha marcado en su vida un recuerdo nefasto (en circunstancias de ser un testigo presencial).
En este contexto, se evidencia la necesidad de examinar caso por caso para determinar cuándo se halla corroborada la declaración con los elementos periféricos, pues lo cierto es que esta es la lectura más plausible de esta exigencia, ya que entronca con la necesidad de que la valoración de la prueba se funde en una pluralidad de datos probatorios, de modo tal que, cuanto más sean éstos, con mayores garantías cabe enunciar la conclusión condenatoria o absolutoria pues de este modo habrá mayores garantías de corrección de la hipótesis acusatoria. En relación con la exigencia de corroboración, cabe concluir, pues, que ésta supone una prohibición de condenar sobre la única base de la prueba escrita pues esta prueba documental y pericial (documentada) han de estar avaladas por otros datos probatorios externos como la declaración de los testigos y en su conjunto, conducir a la conclusión incriminatoria.
Lo anterior lo sostiene la Juzgadora en tanto que las anteriores argumentaciones tienden a minimizar el riesgo de equivocaciones judiciales a la hora de valorar la prueba y en definitiva, a estrechar los márgenes de discrecionalidad judicial al llevar a cabo esta actividad, lo que las hace acreedoras de un especial valor y sobre todo, nos permite formulamos algunas preguntas acerca de las razones por las que la declaración testifical, todavía hoy y a diferencia de las anteriores (documental y pericia!), goza de una posición "privilegiada" y en definitiva, su valoración pueda ser sometida a control bajo el influjo del principio de inmediación, en virtud del cual parece que el juez ha de poder percibir señales emitidas por el testigo que le indican —a él, y sólo a él- si la declaración es veraz o no, por teles razones es necesario contar con los elementos probatorios idóneos para hilvanar uno a uno cada elemento probatorio, lo cual a consideración de la suscrita juez ha ocurrido en el presente proceso; pues se cuenta prueba documental, pericial (documentada) limitándose en ese sentido la posibilidad procesal de vincular al procesado con las acciones delictivas a él imputadas ya que la prueba vertida en el juicio oral ha sido la prueba documental y pericial (documentada) no así la testimonial, en tanto que la juzgadora corroboró que en el juicio oral o Vista Pública se dejó constancia que la Representación Fiscal, prescindió de la prueba testimonial consistente en el testimonio de las víctimas [...] y [...], y de los peritos señores S. C. B. DE V, M. E. G. H., W. H. P., ya que manifestó que le fue imposible ubicar a las víctimas, siendo ya la segunda ocasión en que no los había podido presentar por el mismo motivo, los peritos ninguno se ha hecho presente no obstante estar legalmente notificados por lo que prescindió dé sus testimonios.
Es en ese sentido es que la juzgadora concluye que al no haberse inmediado la prueba testimonial de cargo no puede emitirse un fallo condenatorio; en tanto que los principios procesales que rigen al sistema procesal penal exigen que la prueba debe ser analizada integralmente, es decir: prueba documental, pericial y testimonial para tomar de las mismas pruebas los elementos que recrean en su mente una historia procese; creíble. Por el contrario, observa la juzgadora que únicamente se cuenta con documentos para ser leídos, acción que no es la actividad de la juzgadora sino escrutar la totalidad de la prueba ofertada.
V. EN BASE LO EXPUESTO "UP SUPRA" Y APLICANDO LAS NORMAS DE LA SANA CRÍTICA RACIONAL QUE RIGEN EL PENSAMIENTO HUMANO Y EN BASE A LOS PRINCIPIOS DE LA LÓGICA, LA PSICOLOGÍA Y LA EXPERIENCIA COMÚN, ESTE TRIBUNAL CONCLUYE:
Consecuentemente, habiendo realizado la suscrita juez la valoración de toda la prueba de cargo propuesta por el Ministerio Público Fiscal, es determinante tomar en cuenta que el análisis de la misma vertida en el juicio no ha conducido a la juzgadora a recrear en su mente la determinante participación del procesado DANIEL E. R. en los hechos acusados; en tanto, que según el diseño establecido en el sistema procesal penal con fundamento preciso en el artículo 179 del Código Procesal Penal reafirma la juzgadora que solo se valorarán de las pruebas documentales y periciales (documentadas) producidas durante la vista pública (artículo 386 Pr.Pn) y a ese sentido, la suscrita se adhiere relacionando el principio de legalidad procesal configurado, en el artículo 15 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 2 del Código Procesal Penal los cuales sitúan en su contendido la legalidad del proceso, el cual dentro de su estructura, determina las reglas del procedimiento a seguir en un caso concreto como es el discutido en la presente sentencia en la cual con motivo de determinar o no la responsabilidad del procesado aludido en los hechos a él imputado, es elemental continuar sosteniendo su presunción de Inocencia configurado en los artículos 12 inciso 1 de la Constitución de la República en armonía con el 6 del Código Procesal Penal los cuales consagran que toda persona cuando se le impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (..), tal aseveración es sostenida por la juzgadora en base a que el principio de inocencia comprende !a prohibición de la condena dubitativa (dudosa) pues es precisamente, en la zona incierta de la duda, en la incertidumbre sobre los hechos, o lo que es lo mismo, ante la insuficiencia de las pruebas, donde encuentra su máxima expresión la aplicación del principio de inocencia como regla de juicio.
En consecuencia a lo anteriormente expuesto conviene invocar el Indubio pro reo como la regla de decisión, en cuanto permite poner fin al proceso, aunque no se haya alcanzado la certeza sobre la conducta del imputado que constituye el objeto del proceso y, en tal sentido, en este único ámbito es en el que se despliega el principio examinado y guarda su configuración en el artículo 7 del Código Procesal Penal el cual establece que: "En caso de duda el juez considerará lo más favorable al imputado" este "fundamento mantiene un estatus de equilibrio racional. Porque si el Estado, a través de la acción oficial y en plenitud de sus medios investigativos y habiendo constreñido al individuo a someterse a la relación jurídico procesal penal, no ha alcanzado por cualquier circunstancia, a determinar la verdad de la atribución, no puede hacer cargar sobre el justiciable las consecuencias de su inercia o falencia."
Concluyendo finalmente esta Juzgadora, que en la Vista Pública, NO SE PROBÓ con certeza la existencia de los delitos de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR O INCAPAZ, Y OTRAS AGRESIONES SEXUALES, previstos y sancionados en los artículo 161 y 160 del Código Penal, en perjuicio de la víctimas [...] y [...]. cuya identidad no se divulga, con base en la garantía de reserva, regulada en el artículo 53 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, representada por el licenciado RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia NI ASÍ, LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO DANIEL E. R. en los delitos a él atribuidos , ya que no encuentra elementos de prueba, suficientes, certeros, directos o indiciarios suficientes e inequívocos para atribuirle la acción ilícita por la cual le acusó la representación fiscal al imputado DANIEL E. R., por ende no lo encuentra culpable y responsable en la comisión de los delitos de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ AGRAVADA, tipificado y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, y de OTRAS AGRESIONES SEXUALES AGRAVADA tipificado y sancionado en el artículo 160 del Código Penal.
VI.- Al encausado DANIEL E. R., se le acusó por los delitos de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ AGRAVADA, tipificado y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, y por el de OTRAS AGRESIONES SEXUALES AGRAVADA tipificado y sancionado en el artículo 160 del Código Penal, en perjuicio de las menores [...] y [...] cuya identidad no se divulga, con base en la garantía de reserva, regulada en el artículo 53 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, representada por el licenciado RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia, relacionados al inicio de la presente sentencia, en ese sentido, es necesario hacer notar que con la acusación presentada, así como, con la prueba que desfiló en la Vista Publica, la Representación Fiscal, no estableció un presupuesto CERTERO sobre la existencia de los delitos. Ni la participación y responsabilidad del señor DANIEL E. R. como autor directo de los delitos por los cuales se le acusó, y por ende, establecer la relación de éste con el resultado final de esas acciones dicho de otra forma, debió probar la acción típica, antijurídica, así como, la participación del imputado mencionado, la culpabilidad y responsabilidad del acusado en el delito en referencia, lo que no sucedió en la Vista Publica tal como se ha fundamentado en los considerandos III, IV y V.
El legislador describe en los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, y Otras Agresiones Sexuales, un supuesto de congruencia o relación causal entre el tipo penal objetivo u Acción Dolosa y el tipo penal subjetivo - querer y saber de esa acción ilegitima-, y la participación de aquel en el delito que se le atribuye - decisión de realizar la acción-, lo que deberá probarse en el juicio, empero como se expuso en el considerando anterior, resulta casi imposible para la Representación Fiscal probar los hechos que planteó en la acusación, para confirmar o probar los hechos expuestos en la teoría fáctica fiscal, en razón que las víctimas no comparecieran a la vista pública y la prueba documental y pericial que se ha inmediado, no es suficiente para establecer de forma certera la acusación en contra del incoado E. R..
En vista de lo anterior, este Tribunal debe tener en cuenta, además de lo expuesto en los considerandos anteriores, lo prescrito en los Artículos doce de la Constitución de la República y Artículos 11 y 12 Cn; 6 y 7 del Código Procesal Penal, en cuanto a que estos regulan el Principio de Inocencia que ampara a toda persona que se le atribuya un delito, lo que implica que se presumirá inocente y será tratado como tal en todo momento, mientras no se prueba su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público y justo, en el que se le aseguren todas las garantías del debido proceso, siendo que, en el presente caso, con la prueba que se inmedio en la Vista Publica no es suficiente para determinar OS elementos objetivos y subjetivos de los delitos de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ y OTRAS AGRESIONES SEXUALES, en perjuicio de [...]. y [...] cuya identidad, no se divulga, con base en la garantía de reserva, regulada en el artículo 53 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, representada por el licenciado RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia, por lo que al NO TENER LA CERTEZA, este Tribunal de la existencia de los delitos, de la participación en los delitos el imputado, ni de su culpabilidad en los mismos, para condenarlo por los cuales se le acusó, en consecuencia es justo, legal y pertinente dictar a su favor una SENTENCIA DEFINITIVA ABSOLUTORIA.
VII. RESPONSABILIDAD CIVIL Y COSTAS PROCESALES.
En cuanto a la responsabilidad civil tal como se dijo y fundamento en el considerando anterior, habiéndose Absuelto en lo principal, es justo y legal conforme el artículo 11 y 12 Cn., y 398 Pr. Pn., ABSOLVER de la responsabilidad civil por no haberse ofrecido, admitido prueba al tal efecto, y no haberse pronunciado la representación fiscal al respecto, así como de las Costas Procesales como pena accesoria en base al Artículo ciento ochenta y uno de la Constitución de La República, que establece que la administración de justicia es gratuita.
POR TANTO: Con fundamento en las razones expuestas y los Artículos 11, 12, 15, 75 numeral 2, 172 y 181 de la Constitución de La República; 8.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1, 160, 161 del Código Penal; 53 inciso primero y cuarto; 394, 395, 396, 397 y 398 del Código Procesal Penal; A NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR FALLO: a) ABSUÉLVASE al imputado DANIEL E. R. de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, de toda responsabilidad penal por el delito de AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ AGRAVADA, tipificado y sancionado en el artículo 161 del Código Penal, y por el de OTRAS AGRESIONES SEXUALES AGRAVADA tipificado y sancionado en el artículo 160 del Código Penal, en perjuicio de las menores [...] y [...] cuya identidad no se divulga, con base en la garantía de reserva, regulada en el artículo 53 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, representada por el licenciado RENÉ GUSTAVO ESCOBAR ÁLVAREZ, en su calidad de Procurador de Familia.; b) Cese la Detención provisional impuesta y póngase inmediatamente en libertad al ser verificada la situación jurídica del mismo por la Penitenciaría Central la Esperanza; c) ABSUÉLVASE al imputado DANIEL E. R., del pago de la responsabilidad civil y las costas procésales; d) Si las partes no recurrieren de esta resolución se considerará firme la Sentencia, debiendo archivarse oportunamente el presente proceso. NOTIFÍQUESE.-

References: artículo 161
 artículo 160
 artículo 53
 Artículo 53
 artículo 396
 Artículo 380
 artículo 146
 artículo 175
 Artículo 15
 Artículo 2
 artículo 346
 Artículo 380
 artículo 179
 artículo 15
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 161
 artículo 53
 artículo 161
 artículo 160
 artículo 161
 artículo 160
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 11
 artículo 161
 artículo 160
 artículo 53
 resolución