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Timestamp: 2019-10-14 07:56:35+00:00

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STC 30/1998, 11 de Febrero de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354950
STC 30/1998, 11 de Febrero de 1998
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1.932/1995.
1. La efectividad de la tutela exige que «el ganador consiga el pleno restablecimiento de su derecho» (SSTC 110/1996 y 23/1997), lo que conlleva que, si es posible, el litigio quede resuelto «de una vez y por todas» (STC 71/1991). Por contra, «repele a la efectividad de la tutela», como declaramos en la STC 125/1987, en relación con actuaciones fraudulentas en la ejecución de Sentencia, pero igualmente trasladable a cualquier tipo de omisión, el que resulte posible arrojar «sucesiva e indefinidamente sobre el afectado la carga de promover nuevas acciones o recursos» [F.J. 3]. 2. De acuerdo con la doctrina expuesta en nuestra STC 172/1997, una de las manifestaciones del derecho a la tutela la constituye la incongruencia omisiva, que también supone una vulneración del derecho fundamental en cuestión cuando, como señaló la STC 150/1993, no sea posible constatar la congruencia de dos extremos esenciales, el efectivo planteamiento de la cuestión cuyo conocimiento y decisión se afirma eludido por el Tribunal y la ausencia de respuesta razonada por parte del órgano judicial a ese concreto motivo del recurso. Para apreciarla, ha de comprobarse si la cuestión fue suscitada en el momento procesal oportuno y si la ausencia de contestación por el órgano judicial ha generado indefensión (STC 56/1996), debiendo valorarse, a estos efectos, si razonablemente ha podido interpretarse la falta de respuesta como desestimación tácita. Igualmente debe distinguirse entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, siendo así que respecto a las primeras, no sería necesaria para la satisfacción del derecho referido una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino los motivos fundamentales de la respuesta tácita [F.J. 4].
Sentencia citada en: 303 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente; don Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, y don Pablo García Manzano, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 1.932/95, promovido por doña Teresa C. C. representada por el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal y asistida del Letrado don Manuel Francisco Clavero Arévalo, frente a Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 17 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 300/94. Han intervenido el Ministerio Fiscal y la Letrada de la Junta de Andalucía doña Carmen C. E. . M. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia de esta capital el día 25 de mayo de 1995 y que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 27 de mayo siguiente, el Procurador de los Tribunales don Luciano Rosch Nadal, en nombre de doña Teresa C. C. interpuso demanda de amparo frente a la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 17 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 300/94, interpuesto por la ahora demandante de amparo contra la Resolución de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, de 9 de diciembre de 1993, por la que se elevó a definitivo el baremo de los apartados 1 y 2 del Anexo III de la Orden de Convocatoria para la adquisición de la condición de Catedrático en los Cuerpos de Enseñanzas Medias, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Aplicadas y Diseño, y contra la Resolución de 13 de diciembre de ese año por la que se publica la lista provisional de seleccionados.
a) Interpuesto el recurso contencioso-administrativo referido, se presentó la correspondiente demanda cuyo fundamento séptimo tenía el siguiente encabezamiento: «Mi representada tiene derecho a que se le computen como mérito el Curso de Doctorado y el período de funcionaria en prácticas». A continuación, se justificaba la procedencia de tales peticiones. En el suplico se pedía, entre otras cosas, que «se le compute el Curso de Doctorado con tres puntos y con un punto el período de prácticas».
c) La Sentencia declara en su Antecedente segundo: «En su escrito de demanda el actor interesa de la Sala se anulen las Resoluciones impugnadas y se retrotraigan las actuaciones al momento de la baremación de los méritos sin computar el Certificado de Aptitud Pedagógica» (C.A.P.). En coherencia con lo expuesto, en los fundamentos de Derecho, una vez rechazados los motivos de inadmisibilidad planteados por la Junta de Andalucía, pasa a analizar el fondo del asunto que sitúa en «la posible discriminación derivada de la baremación del C.A.P. como mérito puntuable» (fundamento 4.). A partir de aquí examina la inconstitucionalidad por discriminatoria de la valoración del C.A.P., dictando un fallo que denomina estimatorio, en el que ordena que se realice una nueva baremación sin computar tal mérito. Acerca del cómputo del período de prácticas y del Curso de Doctorado no se hace ninguna referencia en la Sentencia.
4. Por providencia de 18 de diciembre de 1995, con carácter previo a decidir sobre la admisión, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 88 LOTC, se requirió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que remitiese testimonio de la demanda del recurso 300/94.
7. El 10 de mayo de 1996 se presentó en el Registro de este Tribunal escrito de la Letrada de la Junta de Andalucía en el que pedía que se declarase la inadmisibilidad del recurso o, subsidiariamente, que se desestimase. Partiendo de que el objeto del presente recurso es la Sentencia de 17 de marzo de 1995, justifica la alegación de inadmisibilidad en que no se ha agotado la vía judicial previa. La falta de valoración de los cursos de Doctorado y de la experiencia como funcionario en prácticas trae causa directamente de la Orden de 27 de diciembre de 1991 de convocatoria del concurso, que no fue impugnada en su momento, por lo que no cabe impugnar luego el resultado del concurso para evitar las consecuencias derivadas de la aplicación de sus bases (en apoyo de lo cual cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de enero de 1981, 21 de octubre de 1984, 17 de octubre de 1985 y 27 junio de 1986). Entiende que ninguna consideración puede merecer que se introdujera tal petición en un recurso contencioso-administrativo distinto, en el que se impugnaba un diferente acto administrativo, una vez que la referida Orden de convocatoria devino firme y consentida para la actora, por cuanto ello sería tanto como consagrar la posibilidad de utilizar torcidamente las vías procesales y procedimentales que nuestro ordenamiento jurídico ofrece.
Tras rechazar que pueda discutirse, como plantea la Junta de Andalucía, acerca de que las pretensiones no contestadas eran inadmisibles, ya que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria cuya resolución compete a los Tribunales ordinarios, sitúa la cuestión como un supuesto de silencio parcial, que genera indefensión siempre que «resulte imposible o especialmente dificultoso descubrir las razones en que la desestimación se basa» (STC 195/95). La Sentencia recurrida es corta en su respuesta por lo que debe ser anulada para que se dicte otra que dé cumplida respuesta a todas las pretensiones de la actora.
12. Mediante providencia de fecha 10 de febrero de 1998 se señaló el día 11 del mismo mes y año para la deliberación y votación del presente recurso.
La Letrada de la Junta de Andalucía se opone, solicitando que se declare inadmisible el amparo por no haberse agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1.a) LOTC] o, en su defecto, que se desestime, toda vez que no existe la lesión denunciada, ya que la cuestión a la que no se ha dado respuesta no constituye una pretensión en sentido técnico y no era planteable en el proceso a quo por no estar relacionada con el acto impugnado y, en cualquier caso, poderse entender que ha obtenido una respuesta tácita desestimatoria, constitucionalmente admisible.
Con independencia de la respuesta que acerca de la procedencia de esa vía pueda darse, que no tenemos que determinar para resolver este recurso, es lo cierto que la efectividad de la tutela exige que la Sentencia contencioso-administrativa, como la que resuelva cualquier otro tipo de proceso, dé respuesta a todas las cuestiones debatidas, como más adelante veremos con detenimiento. El contencioso-administrativo es un proceso entre partes en el que se ventilan las pretensiones que éstas deduzcan en debida forma, sin que, en modo alguno, pueda derivarse de la ulterior intervención de la Administración en la ejecución de la Sentencia, en los términos que establece su Ley reguladora, cualquier debilitamiento del deber de congruencia o de cualquiera otra de las exigencias derivadas del mandato constitucional de efectividad de la tutela que, como señala el Fiscal, mal se satisfarían con la remisión a los demandantes a futuros procesos para obtener una completa respuesta a sus peticiones.
Como hemos venido señalando, la efectividad de la tutela exige que «el ganador consiga el pleno restablecimiento de su derecho» (SSTC 110/1996, fundamento jurídico 2., y 23/1997, fundamento jurídico 5.), lo que conlleva que, si es posible, el litigio quede resuelto «de una vez y por todas» (STC 71/1991, fundamento jurídico 4.). Por contra, «repele a la efectividad de la tutela», como declaramos en la STC 125/1987 (fundamento jurídico 4.) en relación con actuaciones fraudulentas en la ejecución de Sentencia, pero igualmente trasladable a cualquier tipo de omisión, el que resulte posible arrojar «sucesiva e indefinidamente sobre el afectado la carga de promover nuevas acciones o recursos».
4. Pasando ya al fondo de la cuestión suscitada por la presente demanda, la relativa a la incongruencia omisiva, según doctrina constante de este Tribunal, tal como recordaba recientemente la STC 172/1997, «el derecho fundamental a la tutela judicial obliga a los Jueces y Tribunales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, de tal modo que el incumplimiento de dicha obligación constituye una lesión de aquel derecho fundamental (SSTC 14/1984, 177/1985, 142/1987, 69/1992 y 88/1992, entre otras)» (fundamento jurídico 6.).
Una de sus manifestaciones, reiterábamos allí, la constituye la incongruencia omisiva, «que también supone una vulneración del derecho fundamental en cuestión cuando, como señaló la STC 150/1993, no sea posible constatar "la congruencia de dos extremos esenciales, el efectivo planteamiento de la cuestión cuyo conocimiento y decisión se afirma eludido por el Tribunal y la ausencia de respuesta razonada por parte del órgano judicial a ese concreto motivo del recurso (SSTC 13/1987, 28/1987, 142/1987 y 5/1990)[AC]" (fundamento jurídico 3.). Para apreciarla, ha de comprobarse si la cuestión fue suscitada en el momento procesal oportuno y "si la ausencia de contestación por el órgano judicial ha generado indefensión" (STC 56/1996, fundamento jurídico 4.), debiendo valorarse, a estos efectos, si razonablemente ha podido interpretarse la falta de respuesta como desestimación tácita (SSTC 4/1994, 169/1994). Igualmente debe distinguirse entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas, siendo así que "respecto a las primeras, no sería necesaria para la satisfacción del derecho referido una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, pudiendo bastar, en atención a las circunstancias particulares concurrentes, con una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales. Más rigurosa es la exigencia de congruencia respecto a las pretensiones, siendo necesario para poder apreciar una respuesta tácita -y no una mera omisión- que del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución judicial pueda deducirse razonablemente no sólo que el órgano judicial ha valorado la pretensión deducida, sino los motivos fundamentales de la respuesta tácita" (STC 56/1996, fundamento jurídico 4.)» (fundamento jurídico 6.).
5. Aplicando la anterior doctrina al presente caso, hemos de concluir que ha existido la infracción denunciada. En efecto, la cuestión se suscitó en el momento procesal oportuno, es decir, al formular la demanda, de acuerdo con el art. 69.1 L.J.C.A., que establece que «en los escritos de demanda y contestación se consignarán con la debida separación los hechos y fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan». Como se ha expuesto en los antecedentes, se dedicó un fundamento a justificar el derecho de la demandante a la aplicación de los puntos solicitados y en el suplico se expresó con toda claridad que se pedía al Tribunal que «declare el derecho de mi representada a que se compute el curso de doctorado con tres puntos y con un punto el período de prácticas». De esta manera, vemos cómo el demandante pretendió, de conformidad con el art. 42 L.J.C.A., no sólo la anulación del acto, sino «el reconocimiento de una situación jurídica individualizada». Es decir, existe una pretensión que consiste precisamente en que se le reconozcan los referidos puntos en el procedimiento de concurrencia competitiva que dio lugar al acto impugnado.
Por otra parte, no cabe afirmar la existencia de una respuesta tácita. En efecto, la Sentencia recoge en su Antecedente segundo cuál considera que es el contenido de lo demandado, limitándolo erróneamente a la valoración del «certificado de aptitud pedagogica» (C.A.P.), y, en el fallo, se le da a su decisión un carácter plenamente estimatorio, no parcialmente estimatorio, como sería el de una Sentencia que admitiese lo relativo a la valoración de dicho Certificado, pero no lo concerniente al curso de doctorado y el período de prácticas. La única explicación de todo ello, excluida obviamente la de que se le haya reconocido al demandante la puntuación que reclamaba, es la de la incongruencia omisiva.
Hemos de constatar, pues, que se trata «lisa y llanamente de un olvido y de una omisión no deliberada» (STC 71/1995), quizá originada por la existencia de un gran número de recursos iguales derivados de la impugnación de la valoración del C.A.P. por muchos de los afectados, pero que, en cualquier caso, constituye un menoscabo de la tutela judicial que, como tal, debe dar lugar a la estimación del amparo, anulando la Sentencia impugnada a fin de que se dicte otra nueva en que se dé respuesta a todas las cuestiones suscitadas en el recurso contencioso-administrativo.
1. Declarar el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva.
2. Anular la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 17 de marzo de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 300/94.
3. Retrotraer las actuaciones a fin de que por esa Sala se dicte una nueva Sentencia en que se de respuesta a todas las cuestiones suscitadas en el recurso contencioso-administrativo.
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