Source: http://www.cidh.org/annualrep/99span/De%20Fondo/Mexico11.740.htm
Timestamp: 2018-01-21 22:32:21+00:00

Document:
Mexico 11.740
INFORME Nº 130/99
CASO 11.740
1. El 11 de marzo de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión o "la CIDH"), recibió una denuncia presentada por la Sociedad Interamericana de Prensa (en adelante "los peticionarios" o "la SIP"), en la que imputa la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante "el Estado", "el Estado mexicano", o "México"), por el asesinato del periodista mexicano Víctor Manuel Oropeza, por la falta de investigación de los hechos y por la consecuente impunidad de los perpetradores. Los peticionarios denuncian la violación de varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"): a la vida (artículo 4); a la integridad personal (artículo 5); a las garantías judiciales (artículo 8); a la igualdad ante la ley (artículo 24); y a la protección judicial (artículo 25).
2. Víctor Manuel Oropeza fue asesinado el 3 de julio de 1991 en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, México. Ese día, el periodista se hallaba en su consultorio médico cuando, de acuerdo a información de testigos, dos personas ingresaron a dicho lugar y luego de un forcejeo le asestaron 14 puñaladas en el torso. Víctor Manuel Oropeza era médico de profesión y desde 1984 escribía una columna bajo el título "A mi manera" en el Diario de Juárez, de Ciudad Juárez. En dicho espacio, Oropeza formulaba críticas a las autoridades y formulaba denuncias sobre la "estrecha relación entre los cuerpos policíacos y los narcotraficantes" de la zona. La investigación tomó distintos giros --las autoridades incluso consideraron la posible culpabilidad de los hijos del primer matrimonio del periodista, y luego de su segunda esposa y el hermano de ésta-- y actualmente el único presunto culpable se halla preso en Estados Unidos por un hecho no vinculado con este caso. Los peticionarios consideran que su asesinato fue cometido con la intención de acallar sus denuncias y que por ello la investigación habría sido frustrada intencionalmente por las autoridades implicadas.
3. Como resultado de su análisis en el presente informe, la Comisión estima que el caso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana. La CIDH concluye que el Estado violó en perjuicio de Víctor Manuel Oropeza y de todo ciudadano el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 13 de la Convención Americana; y en perjuicio de sus familiares, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 del instrumento internacional citado, con relación a la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) del mismo. Por otra parte, la CIDH concluye que carece de elementos de convicción que permitan establecer en este caso la responsabilidad del Estado mexicano por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, ni a la igualdad ante la ley. Como consecuencia de las violaciones establecidas, la CIDH recomendó al Estado mexicano en su Informe No. 93/99 que lleve a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Víctor Manuel Oropeza; y para determinar si hay otros delitos que impidieron la investigación completa de los hechos referidos; y que, en su caso, aplique las sanciones legales que correspondan. Finalmente, la Comisión recomienda al Estado mexicano que repare adecuadamente a los familiares de Víctor Manuel Oropeza por tales violaciones. La CIDH analizó la información del Estado mexicano sobre las recomendaciones del Informe No. 93/99 y concluyó que las mismas no habían sido cumplidas con las recomendaciones, por lo que decidió publicar el presente informe.
5. La Comisión se puso a disposición de las partes el 13 de julio de 1998 a efectos de iniciar un procedimiento de solución amistosa. El Estado manifestó que las autoridades estaban "en proceso de evaluación del ofrecimiento" para lo cual "deseaban conocer las pretensiones de los peticionarios". En su comunicación de 29 de julio de 1998, los peticionarios rechazaron la propuesta de la CIDH con base en "la necesidad de que el caso sea esclarecido".
6. El 25 de febrero de 1999, la Comisión aprobó el Informe 18/99 respecto a este caso, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Convención Americana. El Estado transmitió sus observaciones el 28 de abril de 1999. Con fecha 29 de septiembre de 1999, la CIDH aprobó el Informe No. 93/99 de acuerdo al artículo 51 de la Convención Americana y lo remitió al Estado con las recomendaciones el 4 de octubre de 1999. El Estado respondió el 4 de noviembre de 1999.
7. Los peticionarios alegan que el Estado mexicano es responsable por la violación del derecho a la vida del señor Oropeza, y por la impunidad de los agresores. Argumentan que dicha situación resulta de la falta de voluntad política e indiferencia de las autoridades para investigar y esclarecer el crimen. Los peticionarios vinculan el asesinato del periodista directamente con las críticas que hacía Oropeza en su columna del Diario de Juárez, que incluían la identificación, con nombre y apellido, de policías responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos. En tal sentido, destacan los peticionarios que los primeros policías investigadores del caso habían sido criticados por la víctima en sus columnas periodísticas, por supuestos nexos con el narcotráfico.
8. Según los peticionarios, "existen fuertes indicios de que las autoridades ignoraron evidencia, destruyeron pistas, fabricaron datos y arrestaron inocentes". Consideran que ello se confirmó con la información aportada por el Estado durante el trámite del presente caso, ya que aquél no brindó una respuesta definitiva ni completa sobre las gestiones realizadas, ni sobre el estado actual de las averiguaciones:
9. En particular, los peticionarios analizan la actuación de los distintos órganos que el Estado mexicano expone como prueba del cumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención Americana. Los peticionarios sostienen que en su Recomendación 13/92 del 7 de febrero de 1992, dirigida al Gobernador de Chihuahua y al Procurador General de República, la CNDH "ordena una serie de medidas que en nada aportan a dilucidar la autoría material o intelectual del homicidiopor el contrario, son recomendaciones sin indicar resultado alguno." Prosiguen diciendo que la recomendación sobre la excarcelación de los únicos detenidos en la investigación penal no hace referencia a la imputabilidad de los individuos, por lo cual no constituye aporte alguno para la investigación del homicidio de Víctor Manuel Oropeza. Alegan que las recomendaciones de la CNDH sobre la averiguación penal en contra de los funcionarios de la policía estatal y de la PGJ de Chihuahua por presuntas irregularidades en el manejo de la investigación del homicidio de Oropeza, tampoco contribuyen a esta última, pero sirven para concluir que hubo "negligencia, entorpecimiento y posiblemente encubrimiento por parte de los funcionarios que tenían a su cargo la investigación". Por último, cuestionan el concepto de "cumplimiento parcial" que la propia CNDH estableció respecto a las iniciativas adoptadas por las autoridades de Chihuahua ante la recomendación bajo análisis.
10. Los peticionarios sostienen además que el Estado mexicano no cumplió con su deber de proteger al señor Oropeza, quien había sido objeto de varias amenazas y temía por su vida. En afirmaciones posteriores sobre la cuestión, los peticionarios indican que el motivo por el cual no se formalizó la denuncia ante las autoridades mexicanas es que la misma "se tendría que haber presentado ante la misma policía y las autoridades procuradoras de justicia que el mismo periodista criticaba por su ineficacia y corrupción". Conforme a los peticionarios, las amenazas contra Oropeza sí fueron puestas en conocimiento de los lectores mediante su columna en el Diario de Juárez.
13. En cuanto al fondo de la denuncia, luego de aclarar que se trataba de "información preliminar", el Estado expuso las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante "la CNDH"), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (en adelante "la Comisión Estatal"), y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua (en adelante "la PGJ"). Como seguimiento de la Recomendación 13/92 de la CNDH, el Estado manifestó que fue sobreseída la causa penal 182/91, y otorgada la "libertad absoluta" a los procesados1; que se inició la averiguación previa para el ejercicio de la acción penal contra los policías judiciales involucrados, al igual que el inicio de la investigación administrativa para aclarar el homicidio del Dr. Oropeza; y que se ejercitó la acción penal contra seis funcionarios de la PGJ de Chihuahua por "abuso de autoridad, allanamiento de morada, lesiones, amenazas y falsedad en declaraciones".
14. El Estado, para sustentar su posición sobre la voluntad de investigar los hechos objeto de este caso, informó acerca de las acciones tomadas respecto a dos funcionarios públicos por la "integración irregular de averiguaciones previas",2 aunque aclaró que aún sigue pendiente la investigación del homicidio de Oropeza. En cuanto a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, informó que se aplicó una amonestación al Jefe de la Oficina de Averiguaciones Previas de Ciudad Juárez, y que se ejercitó acción penal en contra de los hijos de Víctor Manuel Oropeza por difamación y calumnia.
15. Manifestó el Estado que "la última diligencia que está por llevarse a cabo" (durante la segunda semana de noviembre de 1997) es tomar la declaración a Samuel Reyes, imputado como autor material del homicidio de Oropeza. De acuerdo a lo informado, Reyes está cumpliendo una condena en un establecimiento penal de alta seguridad en Livingston, Texas, por un hecho no vinculado al presente caso.
16. Respecto a las amenazas que habría sufrido el periodista, el Estado respondió que Oropeza "no denunció estas amenazas a autoridad alguna, ni al gremio periodístico y mucho menos a sus lectores, por lo que estas supuestas amenazas anónimas carecen de sustento probatorio para que se acrediten legalmente" (sic). Agregó que "carece de la mínima consistencia y veracidad" el argumento de los peticionarios de acuerdo al cual existe un nexo entre los artículos de Oropeza y las autoridades criticadas en ellos, y desestimó la información aportada por la SIP con el argumento de que carecían de la capacidad técnica y de la imparcialidad necesarias para encontrar a los homicidas.
17. Con base en sus argumentos, el Estado mexicano concluyó que la denuncia no reúne los requisitos necesarios para generar responsabilidad internacional por acción u omisión atribuible al mismo. En tal sentido, afirmó que la PGJ de Chihuahua, la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua "han investigado seriamente" y que "se tiene ubicado al probable responsable y se ha cumplido con la mayoría de las diversas recomendaciones" de dichas comisiones. Por ello, el Estado destacó que "el hecho de que no se haya logrado detener a todos los probables responsables del multicitado homicidio no significa que haya tolerancia del Poder Público con las personas que se encuentran sustraídas de la justicia" (énfasis en el original). Solicitó que la CIDH declare la inadmisibilidad de la denuncia por falta de agotamiento de los recursos internos y por no caracterizarse una violación a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana.
19. El Estado argumentó que en el presente caso no se verifican hechos violatorios de los derechos humanos. Como se ha visto supra, los alegatos del presente caso describen hechos que serían violatorios de varios derechos reconocidos y consagrados en la Convención Americana, y que tuvieron lugar cuando la obligación de respetar y garantizar los derechos establecidos en dicho instrumento se encontraba en vigor para México.5 Por lo tanto, la CIDH es competente ratione personae, rationae materiae y ratione temporis para conocer sobre el fondo de la denuncia.
20. El artículo 46(2)(c) de la Convención Americana contempla, entre las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos, el retardo injustificado en la decisión sobre los mismos. El asesinato del señor Víctor Manuel Oropeza se produjo en julio de 1991, y luego de más de ocho años los órganos jurisdiccionales internos no han procesado ni condenado a uno solo de los autores materiales o intelectuales.
21. El hecho de que siga abierta la investigación durante un plazo tan prolongado como el transcurrido desde julio de 1991 en que ocurrieron los hechos, hasta la fecha del presente informe no demuestra, en sí mismo, la voluntad de establecer de manera plena la responsabilidad, ni de solucionar el caso. Por el contrario, la CIDH considera que si las autoridades mexicanas tienen elementos suficientes para continuar la investigación, en la que no se evidencia complejidad, el plazo superior a ocho años transcurrido desde el asesinato va mucho más allá de lo razonable. La Comisión determina, en consecuencia, que se ha producido un retardo injustificado en la decisión sobre este caso, por lo que aplica la excepción del artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. El retardo de justicia será objeto de un análisis más completo en la sección del presente informe que trata sobre el derecho a las garantías judiciales.
25. El artículo 4(1) de la Convención Americana garantiza el derecho de toda persona a que se respete su vida, de la cual nadie puede ser privado arbitrariamente. En el presente caso, los peticionarios no han alegado la responsabilidad directa de agentes del Estado en el asesinato de Víctor Manuel Oropeza, pero consideran que ella deriva de la falta de protección al periodista por parte de las autoridades.
26. La Comisión observa que no se ha controvertido el hecho de que las amenazas sufridas por el señor Oropeza no fueron puestas en conocimiento de los órganos competentes a fin de que el Estado adoptara las medidas requeridas para garantizar la seguridad y la vida del mencionado periodista.6 En consecuencia, la CIDH concluye que no es posible imputar responsabilidad al Estado --por acción ni por omisión-- en la violación del derecho a la vida del señor Oropeza.
28. Los peticionarios no han fundado tal afirmación, ni ella surge de otras constancias del expediente. Ante la ausencia de los elementos de convicción necesarios, la Comisión desestima sin más consideraciones la denuncia sobre violación de los derechos a la integridad personal y a la igualdad ante la ley en el presente caso.
c. Derecho a las garantías judiciales (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25), en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)).
29. La Comisión ha señalado anteriormente que "la cuestión del cumplimiento por un Estado de sus obligaciones con arreglo a los artículos 8 y 25 está vinculada estrechamente a la cuestión de la aplicabilidad de las excepciones al requisito de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna".7 La CIDH ya ha determinado de manera preliminar el incumplimiento de tales obligaciones, al concluir supra que resulta aplicable al presente caso la excepción del artículo 46(2)(c) de la Convención Americana. La Comisión procederá a analizar la información disponible en el expediente acerca de la investigación de la violación del derecho a la vida de Víctor Manuel Oropeza, a fin de determinar si la misma reúne los requisitos establecidos en la Convención Americana, específicamente en las siguientes disposiciones:
30. Han transcurrido más de ocho años desde el asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza hasta la fecha --plazo que la CIDH ha considerado irrazonable en el presente informe-- y sigue abierta la investigación, pero no se ha identificado a un solo responsable material o intelectual del asesinato, ni se han reparado las consecuencias del mismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el plazo razonable establecido en el artículo 8(1) "no es un concepto de sencilla definición" y se ha referido a fallos de la Corte Europea de Derechos Humanos para precisarlo. Dichos fallos establecen que se deben evaluar los siguientes elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: la complejidad del asunto; la actividad procesal del interesado; y la conducta de las autoridades judiciales.8
33. La jurisprudencia del sistema interamericano definió la obligación de investigar como una "obligación de medio o comportamiento", que no se puede considerar incumplida solamente porque la investigación no produzca un resultado satisfactorio, pero que "debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa". La investigación "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de su familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad".9
La Comisión considera que debido al monopolio exclusivo y excluyente que posee el Ministerio Público en el sistema jurídico mexicano para el ejercicio de la acción penal, los derechos de los particulares deben asegurarse en forma adecuada y efectiva, para que esta competencia sea ejercida conforme a la ley, y no con arbitrariedad, para garantizar el derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana. Al respecto, ya la Comisión ha señalado que "el monopolio del ejercicio de la acción penal que tiene asignado el Ministerio Público en México exige la conformación de una institución independiente e imparcial".11
37. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que se debe permitir a las víctimas de violaciones de derechos humanos "descubrir la verdad respecto a los hechos cometidos, conocer sus autores y obtener una indemnización apropiada".15 En el sistema de las Naciones Unidas se ha definido así la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos:
38. La Comisión analizará la información disponible a fin de establecer si la investigación del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza reúne los requisitos expuestos supra. Al respecto, el propio Estado aportó numerosos detalles acerca de trámites no vinculados directamente a la investigación de los hechos objeto del caso, sino más bien al castigo de varios funcionarios públicos por irregularidades muy graves en dicha investigación, que llegaron hasta la tortura de dos personas para obligarlas a autoincriminarse. Aunque debe quedar claro que tales hechos no conforman la cuestión central de la denuncia presentada por la SIP --motivo por el cual no serán analizados en este informe con el nivel de detalle que les otorgó el Estado en sus comunicaciones--, la CIDH los considera importantes en la medida en que aportan evidencia acerca de la falta de efectividad de la investigación. En efecto, se observa que seis funcionarios públicos fueron acusados de abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia, y tortura; que los mismos no fueron procesados ni castigados por tales hechos, debido a las irregularidades en que incurrieron los agentes del Ministerio Público responsables de perseguir esos graves delitos; que uno de dichos agentes fue "sancionado" con la destitución y el otro con una amonestación; y que ante este cuadro de impunidad, la CNDH consideró "totalmente cumplida" la recomendación que formuló a las autoridades del estado para que se investiguen y castiguen tales hechos.
41. En momento alguno se informó a la Comisión el motivo por el cual esta persona se considera "probable responsable" del asesinato, ni las razones por las cuales se carece de cualquier otro elemento que apunte a los demás autores materiales, ya que resulta claro que fueron varias personas, como lo constataron varios testigos presenciales. Tampoco aparecen elementos que permitan esperar que la absoluta falta de efectividad de la investigación sea revertida en un futuro cercano.
Si el Dr. Oropeza sabía que existían nexos entre ciertos integrantes de los gremios policíacos con el narcotráfico, porqué nunca hizo denuncias formales contra aquellas personas que incurrían en tales prácticassi el móvil del delito era callar al Dr. Oropeza por la información que supuestamente poseía sobre ciertas relaciones criminales, porqué entonces los delincuentes no buscaron los archivos en que posiblemente el Dr. Oropeza pudiera tener la información que incriminaba a estas personas (sic).
46. La CIDH, en su "Informe sobre la situación general de los derechos humanos en México", dedicó un capítulo especial al derecho a la libertad de expresión. Dicho capítulo contiene un análisis sobre la problemática de violencia y hostigamiento contra periodistas en dicho país, en el cual la Comisión expresó:
53. En el sentido amplio que le ha dado la jurisprudencia universal, el derecho a la libertad de expresión comprende en el presente caso la libertad que debía garantizar el Estado a Víctor Manuel Oropeza para que se pudiera expresar y difundir sus ideas, así como la libertad complementaria que tiene todo ciudadano de recibir dicha información sin interferencias ilegales o injustificadas.26 Por lo tanto, corresponde establecer en el presente informe si la falta de investigación del asesinato de Víctor Manuel Oropeza constituye una violación al derecho de todo ciudadano a recibir libremente "informaciones e ideas de toda índole".
55. Sobre el particular, cabe recordar que la Corte Interamericana ha reconocido la potestad de un órgano internacional de derechos humanos para la evaluación de la prueba con criterios menos formales que en los sistemas legales internos, puesto que "en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado".27 En el mismo sentido, la CIDH ha establecido que "elementos probatorios distintos de la prueba directa como la prueba circunstancial, los indicios, las presunciones, los recortes de prensa y, en su caso, los informes de organizaciones no gubernamentales pueden utilizarse siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos o corroborar los testimonios o hechos alegados por los denunciantes".28
57. La Comisión considera que la información que brindaron los peticionarios tiene suficiente consistencia y veracidad para establecer que el señor Víctor Manuel Oropeza fue blanco de amenazas por su actividad periodística y por su denuncia pública de las autoridades que consideraba corruptas e implicadas en violaciones de los derechos humanos. Igualmente, la CIDH observa que el Estado no ha demostrado de qué manera la "idoneidad jurídica" o la "facultad técnica y pericial" --que se atribuye de manera exclusiva en la comunicación mencionada-- han contribuido a que cumpla con su deber de investigar y sancionar a los responsables del asesinato de Víctor Manuel Oropeza. Lo que resulta claro e incontestable en este caso es que un periodista denunció de manera frontal y directa a las autoridades de su localidad; que fue asesinado brutalmente; y que hasta la fecha no ha sido posible establecer en los órganos jurisdiccionales mexicanos quiénes fueron responsables del crimen y cuál fue su motivación, por lo cual tampoco ha sido posible aplicarles las sanciones de ley mediante un juicio justo.
Los gobiernos debenhacer todo lo posible por investigar los actos o las amenazas de violencia, intimidación o acoso contra el personal o las oficinas de los medios de difusión y llevar a los responsables ante la justicia.31
61. La CIDH ha analizado en el presente caso el contenido del derecho a la libertad de expresión, y ha enfatizado la importancia que le da la comunidad internacional, especialmente los órganos que velan por la vigencia y el respeto a los derechos humanos. En dicho contexto, la Comisión concluye que la falta de investigación y sanción penal de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Víctor Manuel Oropeza, conforme a la legislación y los procedimientos internos mexicanos, implica la violación del derecho a informar y expresarse pública y libremente. Igualmente, la CIDH concluye que el homicidio del periodista constituye una agresión contra todo ciudadano con vocación de denunciar arbitrariedades y abusos en la sociedad, agravada por la impunidad de sus autores. Por lo tanto, la falta de investigación seria y completa de los hechos del presente caso genera la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la violación del derecho a la libertad de expresión de Víctor Manuel Oropeza y de los ciudadanos en general a recibir información libremente y a conocer la verdad de lo acontecido.
64. Por otra parte, como la CIDH declaró en su Informe 18/99 que el Estado mexicano no era responsable por la violación del derecho a la vida del señor Oropeza, el Estado manifiesta que "no comprende entonces cómo pudo haber violado el derecho a la libertad de expresión en perjuicio del Sr. Oropeza, cuya violación sólo se podría derivar del homicidio, si el Estado no tiene responsabilidad alguna en estos lamentables hechos". A renglón seguido, el Estado afirma que "se desprendería entonces que los derechos pueden ser violados por actos posteriores al fallecimiento del titular de los mismos"
66. Además, la Comisión ha reflejado en los párrafos que anteceden los argumentos vertidos por el Estado en sus observaciones, sin por ello olvidar que la presente etapa procesal está dedicada al análisis del cumplimiento de las recomendaciones del informe 18/99 sobre el fondo del presente caso. A continuación se analizará la información que el Estado presenta acerca del cumplimiento de dichas recomendaciones.
67. Respecto a la primera de las recomendaciones ("Investigar de manera seria, imparcial y exhaustiva para determinar la responsabilidad penal de todos los autores del asesinato de Víctor Manuel Oropeza"), el Estado reitera que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua inició dos averiguaciones previas sobre los mismos hechos, una de las cuales resultó en una causa penal sobreseída en cumplimiento de una recomendación de la CNDH.32 En cuanto a la otra investigación, el Estado señala que "la averiguación previa número 2704/92, que está aún en integración, fue iniciada con base en una denuncia que apuntaba como responsables del homicidio a los propios hijos del periodista, que incluso involucraban a la esposa del mismo". Reitera que las autoridades realizaron diligencias para tratar de obtener la declaración de Samuel de la Rosa Reyes, quien está recluido en Texas, Estados Unidos, por hechos no vinculados a este caso. El Estado señala además lo siguiente:
69. Las diligencias correspondientes a la investigación de un delito son de competencia exclusiva de las autoridades responsables del Estado. Por ello, no resulta aceptable que una persona, aunque fuera pariente de la víctima, interfiera de la manera señalada ("en varias ocasiones") en las diligencias de un crimen tan grave como el homicidio aquí analizado, sin intervención alguna de las autoridades responsables de la investigación. Como se ha visto, el Estado no informa acerca de las acciones adoptadas ante tal interferencia, pero tampoco ofrece una explicación acerca de la manera en que tales hechos afectan a la totalidad de la investigación, hasta el punto de volverla absolutamente inefectiva. En ausencia de tal información, la Comisión considera que las supuestas interferencias de particulares en la investigación judicial deben agregarse a todos los demás elementos que ya han sido analizados supra y que confirman la falta de seriedad de la investigación del asesinato del periodista Víctor Manuel Oropeza.
Es importante señalar que de las investigaciones realizadas no se demuestran los delitos de encubrimiento y contra la administración de justicia. Sin embargo, la CNDH emitió la recomendación 13/92, en cuyos puntos se solicitó la sanción de servidores públicos locales y federales involucrados en las investigaciones realizadas en el presente caso, además solicitó continuar con la averiguación previa para esclarecer los hechos. Actualmente, la recomendación en cita se considera como parcialmente cumplida en razón del estado de la averiguación previa 2704/92.
71. El Estado menciona igualmente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió la recomendación 43/94 a raíz de la queja que interpuso la viuda de Víctor Manuel Oropeza porque no se citó a declarar a los hijos de la víctima en la querella por difamación y calumnias que planteó dicha señora porque la habían señalado como "posible responsable del homicidio de su esposo". Agrega que "actualmente, la recomendación 43/94 se considera totalmente cumplida".
72. A continuación, el Estado manifiesta lo siguiente:
73. No resulta clara la relevancia de la recomendación 43/94 de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua en este contexto. En cambio, la Comisión considera que las observaciones del Estado confirman que hay suficientes elementos para iniciar una investigación seria de la investigación del posible encubrimiento y delitos contra la administración de justicia. Cabe destacar especialmente la información acerca de la iniciativa de la PGJ de Chihuahua referente a la determinación del posible encubrimiento y delitos contra la administración de justicia. Hasta la fecha del presente informe no se recibió información actualizada que permita constatar si tales medidas se llevaron adelante, y cuál fue el resultado obtenido. En caso de que dichas investigaciones se efectúen y completen con arreglo a las normas de debido proceso, la CIDH podría considerar cumplida la recomendación bajo análisis.
74. La última recomendación del Informe No. 18/99 se refiere a la reparación adecuada a los familiares de Víctor Manuel Oropeza por las violaciones establecidas en este caso. El Estado informa al respecto que "la reparación del daño debe ser solicitada de oficio por el Ministerio Público y decretada por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia, en donde se fijará el monto a la que asciende". El Estado mexicano finaliza sus observaciones en estos términos:
En virtud del principio de buena fe consagrado en el mismo artículo 31(1) de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si se trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función "promover la observancia y la defensa de los derechos humanos" en el hemisferio".33
77. Con fundamento en el análisis y las conclusiones del presente informe,
79. La información del Estado acerca de las recomendaciones formuladas por la Comisión en el Informe No. 93/99 menciona las dos averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, e indica que "la primera de ellas [fue] iniciada de oficio y la segunda de ellas [que] está aún en integración, [fue] iniciada con base a una denuncia que apuntaba como responsables del homicidio a los propios hijos del periodista, que incluso involucraban a la esposa del mismo". El Estado agrega que "sigue latente la facultad del Ministerio público para accionar al órgano jurisdiccional en caso de que se aporten nuevos elementos de prueba", por lo cual considera que no están agotados los recursos internos y que las excepciones a dicha regla no son aplicables por la complejidad del caso. El Estado manifiesta además que "de las investigaciones realizadas no se demuestra la configuración de encubrimiento y delitos contra la administración de justicia" y que "la reparación del daño debe ser solicitada de oficio por el Ministerio Público y decretada por la autoridad judicial al momento de dictar sentencia, en donde se fijará el monto a la que la misma asciende".
1 Marco Arturo Salas Sánchez y Sergio Aguirre Torres, quienes declararon que su confesión de la autoría material del homicidio de Oropeza fue obtenida bajo tortura.
2 Las sanciones impuestas consistieron en la destitución del Lic. Ricardo Valladolid Márquez y la "amonestación pública" al Lic. Félix Calderón Quijas, agentes del Ministerio Público que integraron irregularmente la averiguación previa 638/91 contra los funcionarios estatales Rafael Aguilar García, Juan Granados Martínez, Noé Basilio Niño Chávez y Leticia Vega Medina. Estas cuatro personas estaban acusadas de abuso de autoridad, delitos contra la administración de justicia y tortura; cuando se ejercitó la acción penal contra las mismas, el juez competente se negó a ejecutar las órdenes de aprehensión respectivas, con base en las irregularidades mencionadas; dicha decisión fue confirmada en apelación, de manera que el resultado fue la falta de castigo de los delitos. La recomendación correspondiente de la CNDH se consideró "totalmente cumplida" por acuerdo del 12 de abril de 1994 del presidente de dicho órgano.
7 CIDH, Informe Anual 1997, informe No. 3/98 (Caso 11.221  Tarcisio Medina Charry ), Colombia, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc 6 rev., 13 de abril de 1998, par. 80, pág. 506.
8 Corte IDH, Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero de 1997, par. 77.
CIDH, Informe Anual 1997, informe No. 55/97, Caso No. 11.137 (Juan Carlos Abella y otros), Argentina, pár. 412, pág. 375.
11 CIDH, Informe Anual 1997, Informe No. 49/97, Caso No. 11.520 (Tomás Porfirio Rondin y otros  "Aguas Blancas"), México, pár. 67, pág. 694. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informe Anual 1997, Informe No. 48/97, Caso No. 11.411 (Severiano Santiz Gómez y otros  "Ejido Morelia"), México, pár. 50, pág. 665.
14 CIDH, Informe No. 10/95 (Caso 10.580), Ecuador, Informe Anual 1995, 0EA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 rev., 28 de febrero de 1995, par. 46 y 48. En dicho informe, la Comisión observó que la investigación de las autoridades ecuatorianas duró más de tres años, pero que a pesar de ello no se habían agotado todas las medidas posibles para averiguar la verdad. La Comisión concluyó además que la investigación fue insuficiente, lo cual sumado al retraso excesivo, resultó en la violación del derecho a la justicia y a saber de la verdad acerca del paradero de la víctima. Ver igualmente CIDH, Informes 28/92, Argentina y 29/92, Uruguay, informe Anual 1992-1993, OEA/Ser.L/V/II.83.
15 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observaciones y Recomendaciones al Estado de Guatemala, doc. CCPR/C/79/Add.63, par. 25.
16 Experto sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20, pár. 17. La organización no gubernamental Amnistía Internacional se ha referido igualmente al alcance de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, al afirmar que "la impunidad de hechopuede configurarse cuando las autoridades no investigan las violaciones de derechos humanos o aún cuando investigando no lo hacen de manera pronta y diligente y acatando los estándares internacionales en la materia" (énfasis agregado). Amnistía Internacional, Memorial en derecho amicus curiae presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Consuelo Benavides Cevallos  Ecuador, 18 de diciembre de 1997, pár. 68, pág. 23.
21 Corte IDH, "La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)", Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 70. El sistema democrático está íntimamente vinculado al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, conforme lo ha entendido también la Corte IDH:
Corte IDH, "El habeas corpus bajo suspensión de garantías" (Arts. 27.2, 25.1, y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87, 30 de enero de 1987, párr. 26. En el mismo sentido, la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado que la libertad de expresión y de opinión, conjuntamente, constituyen la "piedra de toque de todas las libertades a las cuales se consagran las Naciones Unidas". Anotaciones del texto del proyecto de Pacto Internacional sobre Derechos Humanos (preparado por el Secretario General, 10 U.N. GAOR, Anexos (Punto No. 28 del temario) 50, UN Doc. A/2929 (1955).
22 Naciones Unidas, E/CN.4/1998/40, "informe del Relator Especial, Sr. Abid Hussain, presentado en cumplimiento de la resolución 1997/27 de la Comisión de Derechos Humanos, 28 de enero de 1998, párs. 107 y 108. En el mismo informe, al referirse a la situación del derecho a la libertad de opinión y de expresión en México, el Relator hace referencia a denuncias sobre secuestro, tortura y asesinato de periodistas en dicho país por haber publicado informaciones acerca de la participación de la policía en actos de corrupción (especialmente vinculadas al tráfico de drogas) y en violaciones de los derechos humanos.
29 Principio No. 5, Declaración de Chapultepec, adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994. El entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, firmó la Declaración al día siguiente de su aprobación; hasta la fecha de adopción del presente informe, la habían firmado igualmente los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, y Estados Unidos. El Principio No. 1 de la Declaración de Chapultepec expresa: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo". Igualmente, la SIP organizó la Conferencia Hemisférica "Crímenes sin castigo contra Periodistas", que tuvo lugar en Guatemala del 30 de julio al 1o. de agosto de 1997. En dicha Conferencia se resolvió lo siguiente:

References: artículo 13
 artículo 1
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 4
 artículo 46
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 31
 resolución