Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/44776/sentencia-tsj-cataluna-4232-2007-de-7-de-junio-extincion-del-contrato-de-trabajo-por-voluntad-d
Timestamp: 2017-10-17 03:55:30+00:00

Document:
Sentencia T.S.J. Cataluña 4232/2007, de 7 de junio. Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Desestimación. Acoso laboral - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.S.J. Cataluña 4232/2007, de 7 de junio. Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador....
Sentencia T.S.J. Cataluña 4232/2007, de 7 de junio
Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Desestimación. Inexistencia de acoso laboral. Sólo es una mala relación entre el chef y la demandante. Modificación de las condiciones de trabajo. No se estima. Asignación de funciones de auxiliar de cocina conforme a la categoría profesional que la demandante ostenta.
Primero.-Con fecha 10 de julio de 2006, tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Extinción a instancia del trabajador, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 27 de septiembre de 2006, que contenía el siguiente Fallo:
"Que desestimando totalmente la demanda interpuesta por Flora contra Societat Cooperativa d'Instal.lacions Assitencialsl Sanitaries SCCL, debo absolver y absuelvo a la demandada de cuantas peticiones se formulan contra ella en dicha demanda".
"1.º La demandante trabaja por cuenta y bajo la dependencia de la empresa demandada, en la actividad sanitaria, con salario mensual bruto con ppe de 1.355,00 euros.
Presta servicios en el centro sanitario ubicado en Barcelona, avenida Diagonal 660.
No ha ostentado cargos de representación unitaria ni sindical.
Además, es socio de la demandada en virtud de contrato de asociación suscrito entre las partes el 1.3.04.
2.º La demandante ha suscrito con la demandada los siguientes contratos:
- Contrato de trabajo suscrito el 9.7.01, con arreglo al modelo oficial de los de duración determinada de interinidad, con finalización el 30.9.01, para prestar servicios con la categoría de cocinero 1 en sustitución de Hugo (9.7.01-31.7.01), Carlos Antonio (1.8.01-31.8.01) y Domingo (1.9.01-30.9.01).
- Contrato de trabajo suscrito el 2.10.01, con arreglo al modelo oficial de los de duración determinada de interinidad, con finalización el 10.10.01, para prestar servicios con la categoría de auxiliar de oficios en cocina en sustitución de Lidia.
- Contrato de trabajo suscrito el 20.10.01, con arreglo al modelo oficial de los de duración determinada de interinidad, con finalización el 21.10.01, para prestar servicios con la categoría de auxiliar de oficios en cocina.
- Contrato de trabajo suscrito el 24.10.01, con arreglo al modelo oficial de los de carácter eventual, con finalización prevista el 23.4.02 y que fue prorrogado hasta el 23.10.02, para prestar servicios con la categoría profesional de auxiliar de oficios en cocina.
- Contrato de trabajo suscrito el 24.10.02, con arreglo al modelo oficial de los de obra o servicio, con finalización prevista el 23.10.03, para prestar servicios con la categoría profesional de auxiliar de oficios en cocina. Dicho contrato es el que rige en la actualidad.
3.º En la empresa demandada, los trabajadores que prestan servicios en el departamento de cocina están clasificados en tres categorías profesionales: cocinero 1, cocinero 2 y auxiliar de oficios en cocina. Los cocineros se dedican a la elaboración de los platos y están dirigidos por el chef. Los auxiliares realizan las tareas complementarias y están dirigidos por el responsable de alimentación, el cual, a su vez, es el jefe máximo del departamento.
Desde hace diecisiete años, el jefe de alimentación es Carlos Jesús.
Desde octubre de 2003, el chef es Darío.
4.º Para ostentar las categorías profesionales de cocinero 1 o 2, la demandada exige que el trabajador haya superado un curso que acredite conocimientos de cocina.
5.º La demandante no posee ningún curso que acredite conocimientos de cocina.
6.º Del 9.7.01 al 30.9.0 1, la empresa reconoció a la demandante la categoría profesional de cocinero 1.
Desde el 2.10.01, le reconoce la categoría de auxiliar de oficios en cocina.
7.º Del 9.7.01 al 30.9.01, la demandante realizó funciones de cocinero 1.
Del 2.10.01 al 23.5.05, fecha en que inició un proceso de incapacidad temporal, la demandante estuvo ejerciendo funciones de cocinero 2.
Desde el 16.5.06, fecha del alta médica, la demandante realiza en la empresa funciones de auxiliar de oficios en cocina.
8.º Durante el tiempo en que la demandante realizó funciones de cocinero, la empresa le estuvo abonando un complemento mensual por la realización de dichas funciones.
9.º En el mes de octubre de 2003, la demandante se matriculó en un centro de Barcelona al objeto de realizar un curso de cocina profesional durante el año académico 2003-04. La matrícula fue abonada por la demandante, si bien la demandada le prestó parte del importe, que luego le fue cobrando.
10.º La demandante sólo asistió al mencionado curso durante el mes de octubre de 2003. En el mes de noviembre, remitió una carta a la empresa en la que comunicó que, debido a la muerte de su hermano, no seguía en el curso, teniendo en cuenta, según dijo, que le reservaban la plaza hasta el curso siguiente.
11.º Julia presta servicios en la empresa demandada con la categoría profesional de cocinero 1. Desde el 31.7.01, está en posesión de un curso de cocina.
12.º Mediante sendas cartas de 11.2.05, la demandada comunicó a la demandante y a la mencionada Sra. Julia la imposición, a cada una, de una sanción de amonestación por unos hechos ocurridos el 14.1.05.
13.º Un día de finales de 2004, la demandante y el Sr. Darío tuvieron una discusión a propósito de unas bandejas de berenjenas que la demandante había guardado en la cámara y que el Sr. Darío no encontraba, al estar situadas tras unos carros de comida.
14.º Después de la indicada discusión, la demandante acudió a hablar con el Sr. Carlos Jesús, quejándose del comportamiento del Sr. Darío. La demandante pretendía entregar al Sr. Carlos Jesús una carta en la que exponía sus quejas frente al Sr. Darío. Ante ello, el Sr. Carlos Jesús se reunió con ambos y les instó a que se reconciliaran. Finalmente, la demandante no entregó la carta.
15.º Desde el incidente de las berenjenas, la demandante y el Sr. Darío no se hablan. Además, el Sr. Darío da las órdenes a la demandante a través de otros trabajadores.
16.º El 21.7.05, la demandante presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo contra la demandada por acoso, relatando en el escrito hechos sustancialmente iguales a los que son objeto de este proceso.
A raíz de la denuncia, la Inspección giró visita el 23.2.06 y requirió a la demandada para que aportara evaluación de riesgos psicosociológicos. Esta aportó la evaluación el 2.3.06. Según la Inspección, el único riesgo mental evaluado en ella era el derivado de la carga mental. Pero no había evaluación de los riesgos derivados de conflictos interpersonales
A la vista de todo ello, la Inspección, el 29.3.06, levantó acta contra la demandada, considerando que «al no haberse efectuado la citada evaluación, no se han podido detectar las situaciones conflictivas existentes con riesgo para la salud, y adoptar las medidas correctoras necesarias».
Dicha acta fue confirmada mediante resolución dictada el 29.6.06 por el director de los servicios territoriales del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
17.º El 27.6.06, la parte demandante presentó papeleta de conciliación ante la SCI. El acto fue celebrado el 14.7.06 y terminó sin avenencia".
Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte actora, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dio traslado, impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Primero.-Frente a la sentencia de instancia, que desestimó la demanda formulada por la parte actora contra la demandada en materia de resolución del contrato de trabajo a instancia del trabajador, interpone la parte actora, ahora como recurrente, el presente recurso de suplicación en base a dos motivos. El primero de ellos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.b) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, tiene por objeto revisar los hechos declarados probados en la sentencia de instancia a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.
En primer lugar pretende la modificación del hecho probado tercero de la sentencia de instancia, al que ofrece la redacción alternativa que consta en el escrito de interposición del recurso, y basándose en los documentos obrantes en autos y foliados con los números 191, 170 a 177, 309 a 316, y 327 a 329. En segundo lugar pretende la adición de un párrafo al hecho probado quinto de la sentencia de instancia, con el tenor que consta en el escrito de interposición del recurso, y amparándose en los documentos obrantes en autos y foliados con los números 337 a 342.En tercer lugar pretende la modificación del hecho probado séptimo, al que ofrece la redacción alternativa que consta en el escrito de interposición del recurso, y amparándose para ello en los documentos obrantes en autos y foliados con los números 309, y 327 a 329. En cuarto lugar pretende la modificación del hecho probado octavo, al que propone una nueva adición que consta en el escrito de interposición del recurso, y basándose en el documento obrante en autos y foliado con el número 328. En quinto lugar pretende la adición al hecho probado número dieciséis, de un párrafo que consta en el escrito de interposición del recurso, y en base a los documentos obrantes en autos y foliados con los números 25 a 27, 29, 30 y 199). En sexto lugar pretende la adición al hecho probado número dieciocho, de una redacción que consta en el escrito de interposición del recurso y amparándose para ello en los documentos obrantes en autos y foliados con los números 162 a 167, 197, 198, 31 y 32 a 35. Y en séptimo lugar pretende la adición de un nuevo hecho probado (el diecinueve), con la redacción propuesta en el escrito de interposición del recurso, y basándose en los documentos obrantes en autos y foliados con los números 156 y 157.
El motivo, en sus siete pretensiones, no puede prosperar. No se aprecia error en la valoración de la prueba realizada por el Juzgador "a quo", de conformidad con lo previsto en los artículos 97.2 y siguientes de la LPL, en relación con el artículo 348 de la supletoria LEC, que justifiquen la modificación que se interesa. Es al juzgador de instancia a quien corresponde valorar la prueba practicada para formar su convicción, con apreciación en sana crítica de todos los elementos probatorios. Y si llegó a una resolución fáctica, ésta debe de prevalecer como norma general, sobre cualquier interpretación subjetiva o interesada, por lo que debe respetarse la establecida por el Juez "a quo", a no ser que se demuestre palmariamente el error en que éste hubiese podido incurrir en su elección y que se acredite en todo caso que el error judicial se produjo de modo irrefutable y manifiesto. Y en el presente caso, no se ha producido el denunciado error judicial.
El Tribunal Constitucional, en sentencia 81/88 de 28 de Abril, señala que el Juez de lo Social incardina unos hechos en las previsiones legales, reiterando que la carga de la prueba de los hechos corresponde a las partes, mientras que al Juez corresponde la determinación de los hechos probados, decidiendo "en conciencia y mediante una valoración conjunta", y es que es doctrina constante del Tribunal Supremo (entre otras la STS 17 de Diciembre de 1990) la de que es al juez de instancia, cuyo conocimiento directo del asunto garantiza el principio de inmediación del proceso laboral, a quien corresponde apreciar los elementos de convicción (concepto más amplio éste que el de los medios de prueba) para establecer la verdad procesal, intentando su máxima aproximación a la verdad real, valorando en conciencia y según las reglas de la sana crítica la prueba practicada en autos, conforme a las amplias facultades que a tal fin le otorga el artículo 97.2 de la LPL en relación con el artículo 632 de la actual y supletoria LEC.
Además, tal y como ha señalado esta Sala (y valgan por todas las sentencias de 22 y 29 de marzo y de 11 de noviembre de 1995; de 25 de abril, de 30 de octubre y de 9 de diciembre de 1996; de 26 de noviembre de 1997; de 2 y 30 de noviembre de 1998; y de 15 y 29 de enero de 1999): "solo de excepcional manera han de hacer uso los Tribunales Superiores de la facultad de modificar fiscalizándola, la valoración de la prueba hecha por el Juzgador de instancia, facultad que les está atribuida para el supuesto de que los elementos señalados como revisorios, ofrezcan tan alta fuerza de convicción que, a juicio de la Sala, declaren claro error de hecho sufrido por el Juzgador en la apreciación de la prueba".
En su consecuencia, el error de hecho ha de ser evidente y fluir, derivarse y patentizarse por prueba pericial o documental eficaz y eficiente, sin necesidad de acudir a deducciones más o menos lógicas o razonables, pues dado el carácter extraordinario del recurso de suplicación y de que no se trata de una segunda instancia, no cabe llevar a cabo un análisis de la prueba practicada con una nueva valoración de la totalidad de los elementos probatorios (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1999), pues ello supondría, en definitiva, sustituir el criterio objetivo del Juzgador de instancia -que aprecia "los elementos de convicción" (artículo 97.2 de la Ley de Procedimiento Laboral), concepto más extenso que el de medios de prueba, pues no sólo abarca a los que enumera la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino también el comportamiento de las partes en el transcurso del proceso e incluso sus omisiones-, por el de la parte, lógicamente parcial e interesado, lo que es inaceptable al suponer un desplazamiento en la función de enjuiciar que tanto el artículo 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial como el artículo 117.3 de nuestra Constitución otorgan en exclusiva a los Jueces y Tribunales.
Respecto a la primera pretensión modificativa del hecho probado tercero, la misma incluye valoraciones subjetivas. Lo que quedó demostrado en el acto de juicio es que durante el tiempo en que la demandante realizó funciones de cocinero, la empresa estuvo abonando un complemento mensual por la realización de dichas funciones, y ello sin olvidar que el acta de juicio no es documento hábil para la revisión de los hechos declarados probados.
Respecto de la segunda pretensión modificativa del hecho probado quinto, la misma no puede prosperar dado que quedó demostrado en el acto de juicio que la trabajadora no poseía ningún curso de cocina, y que pese a ello, durante el tiempo en que realizó funciones de cocinero, la empresa le abonó un complemento salarial por la realización de dichas funciones. De hecho, si la actora se matriculó en el curso es porque era consciente de su necesidad.
Respecto de la tercera pretensión modificativa del hecho séptimo, la misma no puede prosperar. La realización de funciones de auxiliar tras la situación de incapacidad temporal, no fue consecuencia de la denuncia de la Inspección de Trabajo, sino por no haber realizado el curso de cocina ni en 2003-2004, ni en 2004-2005, ni en 2005-2006, siendo necesaria su obtención para desempeñar las funciones de cocinero y serle reconocida la categoría.
Respecto de la cuarta pretensión modificativa del hecho probado octavo, la misma no puede prosperar dado que si la actora no desempeñaba funciones de cocinero, no tenía por qué devengar el pretendido complemento.
Respecto de la quinta pretensión modificativa del hecho probado dieciséis, la misma no puede prosperar, dado que no es cierto que la Inspección de Trabajo constatara los hechos denunciados sino que, como razona el juzgador de instancia, lo único que constata la Inspección de Trabajo es que, la evaluación de riesgos psicosociales no está completa y por ello levanta acta de infracción.
Respecto a la sexta pretensión que propone la adición de un hecho probado (el dieciocho), la misma no puede prosperar. No puede admitirse que, a consecuencia de una situación que supuestamente padece la actora, ésta sufre un trastorno adaptativo mixto, ya que el perito puede diagnosticar una patología psíquica, pero no puede concluir, en base a las referencias del propio paciente, que éstas derivan de una situación laboral y, mucho menos, que vengan de un supuesto acoso moral. Se trata de un informe realizado en fechas próximas al acto de juicio y basado en explicaciones del paciente.
Respecto a la séptima pretensión que propone la adición de un nuevo hecho probado (el diecinueve), no es admisible pues se ampara en el acta de juicio, y en manifestaciones que están sacadas fuera de contexto, sustituyendo la valoración que el juez de instancia ha hecho al respecto.
Segundo.-Al amparo de lo dispuesto en el artículo 191.c) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, presenta la recurrente el tercer motivo del recurso, que tiene por objeto examinar la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia por parte de la sentencia de instancia. Concretamente entiende la recurrente que la sentencia de instancia infringe lo dispuesto en los artículo 4.2.c), d) y e), 17, 22, y 24 del ET, en relación con el artículo 50 del mismo texto legal, así como con los artículos 24 y 14 de la CE, y toda una jurisprudencia que cita pormenorizadamente.
A juicio de la recurrente, la actora estuvo desempeñando funciones de cocinera, y como tal, tenía derecho a acceder a dicha categoría, por lo que ante la reclamación de sus derechos y la oportuna demanda ante la Inspección de Trabajo, fue objeto de acoso moral en el trabajo, imponiéndosele trabajos de auxiliar, situación que provocó un cuadro depresivo y la consecuente baja por incapacidad temporal. Se trata ésta (el ser objeto de acoso en el trabajo) de una situación discriminatoria, habiéndose producido igualmente un ataque directo a la garantía de indemnidad, que exige la inversión de la carga probatoria, por lo que la empresa debió probar que su actuación era razonable, y, al no haberlo hecho de forma objetiva, debió ser estimada la demanda de extinción contractual a instancia de la trabajadora.
El motivo no puede prosperar. En la demanda rectora de las presentes actuaciones, la actora solicita le extinción del contrato de trabajo y la condena a la empresa a abonarle la indemnización legalmente prevista más la adicional de 110.816 euros, basando dicha petición en que, según alega, la empresa la ha estado sometiendo a acoso. Las conductas constitutivas de tal acoso se refieren en síntesis, al no reconocimiento de la categoría profesional y antigüedad, situaciones discriminatorias, conductas de vejación y humillación, y desde el alta médica, el no desempeño de funciones de cocinera.
El artículo 50 del ET prevé, como causas justa de extinción contractual a solicitud del trabajador, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o menoscabo de su dignidad; b) la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado; y c) cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor. La consecuencia de la concurrencia de la solicitud del trabajador con la causa justa comporta la extinción con las indemnizaciones que corresponden al despido improcedente.
El acoso moral en el trabajo implica toda una serie de conductas o actitudes hostiles, consistentes en atentar contra las condiciones de trabajo, con la correspondiente pérdida de funciones, el atentar contra la dignidad, que implica la pérdida de salud; y configuran una situación de acoso que somete al trabajador a un trato degradante, conculcando el derecho a la integridad moral e interdicción de tratos degradantes que protege el artículo 15 de la CE, así como el artículo 4.2. e) del ET (derecho básico a la consideración debida a la dignidad), constituyendo sin duda causa justa para que el trabajador pueda ejercitar, entre otras, la oportuna acción rescisoria, solicitando la extinción de su contrato (artículo 50.1 a y c) del ET). Frente a dichas actuaciones procede, al margen de la reacción jurisdiccional, efectuar la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo, pues debe evitarse la extinción del contrato al ser posiblemente éste el objetivo de la actuación de acoso propiciado en la empresa. El acoso moral, así expuesto, debe incluirse en la enunciativa relación de causas de extinción del contrato de trabajo contenida en el artículo 50 del ET, al suponer, cuando aquella conducta proviene del empresario, un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones entre las que se encuentra el mantenimiento de la integridad física y psíquica del trabajador, la consideración debida a su dignidad, el desarrollo de la relación conforme a los principios de buena fe, lealtad, y todo ello contrario a los derechos reconocidos y protegidos por los artículo 4 del ET y 15 de la CE.
Respecto a la posible vulneración de la garantía de indemnidad, y como ha señalado el Tribunal Constitucional (entre otras en STC 55/2004) el derecho a la tutela judicial efectiva no puede verse lesionado cuando su ejercicio o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta o represalia por parte del empresario. La garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos. Y desde esta perspectiva, los actos previos y obligatorios no pueden permanecer al margen del derecho fundamental de tutela judicial, ya que, de otro modo, se dificultaría la plena efectividad del derecho, resultando sencillo para quien persiga impedir u obstaculizar su ejercicio, poner en práctica medidas represivas justo en el momento anterior al planteamiento de la acción. Por tanto, el objetivo de evitar un proceso permite extender la garantía de indemnidad a esa actividad previa no imperativa, pero conveniente y aconsejable, cuando del contexto que se integra por los actos anteriores, coetáneos y posteriores, se deduzca sin dificultad que aquélla está directamente encaminada al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
En el caso de autos, las presuntas vejaciones y humillaciones, a juicio de la recurrente, venían del Sr. Darío, y habrían culminado en el apartamiento de la actora de la cocina, una vez reincorporada a su trabajo tras el alta médica. Sin embargo, respecto de las humillaciones y vejaciones lo único que se puede declarar probado es lo que consta en los ordinales fácticos 13.º a 15.º Además, en el acto de juicio, ningún testigo afirmó que el Sr. Darío tratara despectivamente a la actora delante de los demás ni que hiciera comentarios alusivos a que la echaría de la cocina ni que, durante la baja médica dijera que ya la había conseguido echar. De dicho relato fáctico no se desprende una hipotética situación de acoso, pues sólo reflejan una mala relación entre la demandante y el Sr. Darío. En consecuencia, no existe fundamento para afirmar que la situación laboral de la actora desde el alta médica, está conectada causalmente a la conducta del Sr. Darío.
Lo que es indudable es que desde julio de 2001 hasta mayo de 2005, la demandante estuvo realizando funciones de cocinera sin tener curso alguno, mientras que, a la vuelta de la baja médica, se le asignan funciones de auxiliar, como lo es que, durante el periodo 9-7-2001 a 30-9-2001, tuvo reconocida formalmente la categoría de cocinero 1. Sin embargo, este sólo hecho, no permite hablar de acoso, sino que lo que evidencia es que la actora estuvo gozando durante más de tres años de un trato favorable, pues se le permitió ejercer funciones de cocinera sin haber obtenido el curso correspondiente. E incluso durante tres meses, tuvo reconocida formalmente la categoría. Por ello, no puede reprocharse a la empresa, en términos puramente objetivos, que asigne a la actora funciones acordes a su categoría profesional, razón por la que, las nuevas funciones tampoco implicarían una modificación sustancial de condiciones de trabajo incardinable en el artículo 50.1.a) del ET.
Tampoco puede afirmarse que las exigencias de la empresa atinentes a la necesidad del curso de cocina sean sobrevenidas pues, al margen de que la empresa exigía el curso para acceder a la categoría, y no se ha demostrado que alguien la tenga reconocida sin haber realizado el curso, ocurre que la demandante se matriculó en el curso 2003-2004 y que, cuando se dio de baja de dicho curso, comunicó a la empresa que le guardaban la matrícula para el curso siguiente, a pesar de lo cual, no consta que llegara a presentarse en el curso 2004-2005.
Tampoco cabe achacar la conducta de la empresa a una eventual represalia por la denuncia de la demandante ante la Inspección de Trabajo, teniendo en cuenta que la empresa no hizo otra cosa que asignar a la actora funciones acordes con su categoría profesional. Además, y a diferencia de lo que sostiene la recurrente, la infracción apreciada por la Inspección es de tipo formal y no implica asumir ninguno de los hechos que se vierten en la denuncia.
En cuanto a los hechos que denotarían una conducta discriminatoria, tampoco han sido probados éstos. Respecto al no reconocimiento de la categoría profesional, no hay ninguna prueba de que la empresa reconociera la categoría de cocinero a alguien que no tuviera el curso de cocina correspondiente. Y respecto del pago del curso de cocina, la empresa afirmó que sólo lo pagaba a los socios y que la demandante no lo era cuando se matriculó en octubre de 2003. Al margen de ello, la demandante no propuso prueba alguna dirigida a acreditar mínimamente que la empresa había abonado el curso a otros trabajadores.
Otro tanto cabe concluir respecto de los alegatos relativos a las patologías de la actora. Al respecto ha de señalarse que el mero hecho de que el perito psiquiatra propuesto por ella afirme que ésta padece un trastorno psíquico de etiología laboral, no tiene valor de convicción, ni en cuanto a la patología ni en cuanto a la etiología. En cuanto a la patología porque la afirmación no se sustenta suficientemente en pruebas objetivas, teniendo en cuenta que: la incapacidad temporal se inició con el diagnóstico de "dorsopatía inespecífica"; que la primera mención de la sanidad pública referida a la patología psíquica, es la del informe emitido por el médico de familia y fechado el 12-1-06, siete meses después del inicio de la baja médica; y que el único informe psiquiátrico de la sanidad pública aportado está fechado el 24-8-06, esto es, después del alta médica. Y en cuanto a la etiología, las afirmaciones del perito tampoco tienen valor de convicción por sí mismas porque, lógicamente, se basan en manifestaciones de la actora, debiendo recordarse que la apreciación de situaciones de acoso debe basarse en elementos objetivos de prueba, más allá de la percepción que tenga el propio trabajador.
En consecuencia, la parte actora no ha logrado demostrar los hechos base de los que extrae las conclusiones expuestas en su demanda, ya que los reproches invocados por la actora para justificar la presión a que se dice sometida, o bien no se han acreditado, o bien no se estiman relevantes, no existiendo en los autos elementos que permitan deducir una situación vejatoria que haya menoscabado su salud e integridad psíquica. No toda falta de consideración que pueda tener lugar en el marco de las relaciones laborales, puede identificarse con un ataque a la dignidad de la personal y al derecho constitucional reconocido en el artículo 10 de la CE, pues para que ello fuera así, sería necesario que tal atentado estuviera dotado de una intensidad suficiente, cualitativa o cuantitativamente que lo hiciera intolerable. No existe por tanto ningún indicio racional de que la empresa haya sometido a la demandante a una situación de acoso. Lo único que ha existido es un problema en la relación personal con el Sr. Darío, y por otra parte, un cambio de funciones tras el período de incapacidad temporal, cambio de funciones que implica asignar éstas a la categoría profesional reconocida por la empresa. Ello comporta que no quepa prosperar la resolución del contrato y por extensión la indemnización adicional por daños y perjuicios solicitada.
Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por Dña. Flora contra la sentencia de 27 de Septiembre de 2006, dictada por el Juzgado de lo Social número 17 de Barcelona en los autos número 476/2006 seguidos a instancia de dicha parte actora, ahora recurrente, contra Societat Corporativa d'Instal.lacions Assistencials Sanitàries SCCL y con intervención del Ministerio Fiscal, confirmando íntegramente la misma.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 191
 artículo 348
 resolución 
 artículo 97
 artículo 632
 artículo 2
 artículo 117
 artículo 191
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 15
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 4
 artículo 50
 artículo 10
 resolución