Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920380.html
Timestamp: 2019-11-12 08:42:07+00:00

Document:
as201920380
Auto Supremo: 380/2019
Expediente: LP-137-18-S
Partes: Flora Fernández Luna Vda. de Pantoja y otros c/ Caja Nacional de Salud
Proceso: Cancelación de nota marginal.
VISTOS: El recurso de casación presentado por María Virginia Peñaranda Vargas apoderada de la Caja Nacional de Salud de fs. 132 a 133, contra el Auto de Vista N° 189/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 126 a 127 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de cancelación de nota marginal seguido por Flora Fernández Luna y otros contra la recurrente, el Auto de concesión de fs. 143, el Auto Supremo de Admisión Nº 1139/2018-RA de 20 de noviembre de fs. 156 a 157, y todo lo inherente;
Flora Fernández Luna Vda. de Pantoja, Laura Rosario Fernández Luna y Julio Fernández Luna, interpusieron demanda de cancelación de nota marginal de fs. 25 a 28 subsanada a fs. 31 a 33, contra la Caja Nacional de Salud representada por Mario Alberto Aramayo Andulce, quien contestó negativamente a la demanda, sustanciada debidamente la causa la Juez Público (Décimo Quinto), dictó Sentencia Nº 315/2017 de 11 de mayo, cursante de fs. 88 a 92 vta., declarando PROBADA la demanda.
Determinación que fue impugnada por la entidad demandada de fs. 93 a 94, mereciendo el Auto de Vista Nº 189/2018 de 30 de mayo, que declaró INADMISIBLE el recurso de apelación, sustentando su fallo en los siguientes argumentos:
De la exposición contenida en el escrito de apelación de fs. 93 a 94 vta. de obrados presentado por la parte recurrente (Caja Nacional de Salud), se tiene que sólo se limitó a desarrollar una relación fáctica de los actos procesales acontecidos anteriores a la resolución recurrida, pero no contradicen y menos cuestionan los argumentos por los cuales la Juez Público Civil y Comercial Décimo Quinto de la Ciudad de La Paz, emite resolución Nº 315/2017 de 11 de mayo, por medio del cual declara probada la demanda interpuesta por Flora Fernández Vda. de Pantoja, Rosario Laura Fernández Luna y Julio Fernández Luna.
Resolución que fue recurrida de casación por el representante legal de la entidad demandada, que es objeto de análisis.
Que la resolución de alzada no consideró los argumentos esgrimidos en la contestación a la demanda.
Que la sentencia genera un perjuicio contra la institución recurrente, la cual será subsanado únicamente dejando sin efecto el Auto de Vista impugnado para que considere los argumentos expuestos en la contestación a la demanda, la cual hace referencia al DS N° 24520 de 10 de marzo.
Que los demandantes no acudieron a la Caja Ferroviaria de Salud en liquidación, en su defecto a los entes liquidadores o a la CNS para solicitar el levantamiento de la restricción, pero la sentencia refiere que se habría realizado solicitudes ante la CNS, lo cual no es evidente conforme se advierte en obrados de fs. 21 a 24, donde se evidencia que los herederos realizaron una solicitud de cancelación de gravamen y no de autorización del levantamiento de restricción.
Refiere que el recurso de casación no contiene la estructura mínima para ser considerado como un medio de impugnación adecuado, por ende su trámite es totalmente inviable, porque no puede existir recurso de casación en el fondo cuando el mismo no ha sido admitido.
Así también el recurrente no hace una correcta distinción entre el recurso de casación en la forma y en el fondo, incumpliendo lo descrito en el art. 274.I num. 3) del Procesal Civil, al no reflejar la norma acusada de infringida, vulnerada o aplicada erróneamente, ni especificar en qué consiste la infracción, vulneración o falsedad, al contrario, hace alusiones que no van con el fondo del proceso.
III.1. Sobre la expresión de agravios en el recurso de apelación.
El recurso de apelación, según el autor Mario Casarino Viterbo : “…aquel recurso ordinario que la ley concede al litigante que se siente agraviado por una resolución judicial para recurrir al Tribunal superior inmediato, a fin de que la revoque o modifique, dictando al efecto la que considere más justa con pleno conocimiento de la cuestión controvertida”, en esa misma lógica el autor Palleres en su texto “Derecho Procesal Civil”, pág. 451, citando a Menéndez y Pidal, define la apelación como: “…un recurso ordinario en virtud del cual la parte que no se conforma con la decisión de un juez, puede llevar el litigio, o ciertos puntos concretos del mismo, a la resolución de otro juzgador”, infiriendo de ello que el recurso de apelación constituye un medio de impugnación cuya función procesal radica en la depuración de los criterios interpretativos o de valoración de las pruebas producidas y analizadas en la sentencia dictada en primera instancia.
Sobre esta temática nuestro ordenamiento jurídico, en el art. 256 del Código Procesal Civil señala : “El recurso de apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con el objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule”, precepto legal, del cual desprende uno de los varios derechos que nacen de la relación jurídico procesal, cual es el derecho de recurrir y/o impugnar contra las resoluciones judiciales de primera instancia, derecho que no solo se encuentra previsto en los códigos adjetivos, sino que se encuentra elevado a rango constitucional, cuyo ejercicio se encuentra garantizado por el art. 180.II de la Constitución Política del Estado.
De ahí que ante su activación por el sujeto procesal, debe otorgársele de parte de los Tribunales de alzada una respuesta preferentemente en el fondo acorde a su pretensión, pues lo contrario importaría la infracción al derecho de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso, en su elemento de la doble instancia que debe regirse por el principio de pro actione, que tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos.
Empero, se debe tomar en cuenta que esta garantía procesal no es irrestricta o absoluta, pues para que este medio impugnatorio sea procedente se debe tomar en cuenta una serie de presupuestos arraigados a su naturaleza procesal, en sentido que para que este recurso sea admisible al margen de los requisitos de forma y contenido, debe cumplir con otras exigencias generales de carácter subjetivo y objetivo; entre los cuales se encuentra la necesaria existencia de perjuicio que genera la resolución contra los intereses del litigante, siendo este requisito el más importante que habilita al justiciable el interés legítimo para recurrir, y ello precisamente porque el agravio en términos del Prof. Eduardo Couture constituye :“el perjuicio o gravamen, material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante”.
De ahí que de acuerdo a lo establecido por el inc. b) del núm. 1 par II del art. 218 del Adjetivo Civil, la existencia de agravio y/o perjuicio constituye el motor que impulsa, promueve y justifica la actividad del recurso, sin importar el tipo de parte de que se trate en la intervención del proceso; contrario sensu, se puede afirmar que no existe recurso sin gravamen o perjuicio, ni interés valido para impugnar ya que el simple hecho de recurrir por recurrir sin que exista afectación de ningún interés legítimo, implicaría hacer abuso del derecho (AS 508/2014 de 8 de septiembre), criterio compartido por el tratadista Hugo Alsina quien en su obra “Tratado Teórico y Práctico de Derecho Procesal”, tomo IV, pág. 191, señala que; “…configura requisito subjetivo de admisibilidad del recurso la circunstancia de que la resolución correspondiente ocasiones, a quien la interpone, o a su representado, un agravio o perjuicio personal, porque de lo contrario faltaría un requisito genérico a los actos procesales de parte, cual es el interés”.
Sobre esta temática, el AS Nº 149/2012 de 08 de agosto, ha razonado lo siguiente: “…en este entendido la expresión de los agravios sufridos abre la competencia del Tribunal de alzada para su pronunciamiento sobre los mismos, por lo que según Couture "los agravios son los perjuicios o gravámenes tanto materiales como morales, que una resolución causa en un litigante", siendo así que los agravios materiales son aquellos que recaen sobre la integridad física o el patrimonio de una persona, como consecuencia de un acto ilícito, civil o penal realizado por otra persona; por otra parte, los agravios morales se encuentran relacionados a la naturaleza de los derechos lesionados, que consiste en el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, y que cuentan con protección jurídica, a cuya razón los agravios dentro del recurso de apelación se instituyen en el sustento, fundamento y razón del recurso mismo y no así una relación simple de los hechos ocurridos en el proceso, por ello para que el Tribunal de Alzada considere, el recurso de apelación se hace imprescindible que la expresión agravios del fallo recurrido, debe indicarse, punto por punto, los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyan a la sentencia, es decir una demostración de los motivos (materiales y morales) que se tienen para considerarla errónea, analizando prueba, señalando errores de apreciación y aplicación del derecho, demostrando que está equivocada, puntualizando así los errores de hecho y derecho y la injusticia de las conclusiones del fallo, planteándola con articulaciones fundadas y objetivas sobre los errores de la resolución impugnada (Manual de Derecho Procesal Civil, Castellanos Trigo Página 167).” (El resaltado nos corresponde).
Concluyéndose a partir de ello que la presencia del agravio y/o perjuicio es el elemento fundamental que habilita el interés legítimo para recurrir y determina el ámbito de la jurisdicción y los puntos de agravio que abren la competencia del Tribunal de alzada, por lo cual no basta la sola declaración de impugnar o recurrir, sino que se requiere además agregar los motivos, agravios o fundamentos que den méritos al impugnante.
En principio cabe resaltar que el recurso en estudio de forma obnubilada hace una serie de relatos genéricos y totalmente ambiguos, sin generar un vínculo causal-nexo con los fundamentos sustentados en el fallo de alzada (Auto de Vista), en desconocimiento de los parámetros establecidos en la norma que determinan la forma y alcance del recurso de casación, pues el art. 270.I del Procesal Civil es claro al enfatizar que: “El recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley” precepto jurídico que enfoca las características del recurso de casación, que por su naturaleza de Tribunal de puro derecho es un medio de impugnación 1) Vertical y 2) Extraordinario, se dice que es vertical porque procede contra las resoluciones emanadas en segunda instancia (Auto de Vista) y tiene la calidad de extraordinario al activarse en determinados casos y ante causales objetivas regladas por ley o causales subjetivas que son las construcciones jurisprudenciales que han determinado su procedibilidad en algunos casos, bajo esa perspectiva y adecuándonos a la primera característica como dijimos un correcto actuar procesal o apropiado uso de la técnica recursiva impele al recurrente en casación observar y controvertir lo expresado en segunda instancia, lo contrario implica desnaturalizar la esencia de este recurso, empero sin desconocer lo antes anotado con la finalidad de no generar incertidumbre se realiza las siguientes puntualizaciones:
Si bien todo el recurso observa la falta de análisis de la sentencia a su memorial de contestación, lo cual como dijimos no es acorde al sistema vertical recursivo, sin embargo termina su alegación cuestionando la resolución de alzada en sentido que sería injusta e incorrecta causándole perjuicios, situación que nos da pie a observar si la decisión asumida en segunda instancia es acorde a derecho o no.
Del estudio minucioso del Auto de Vista N° 189/2018 de 30 de mayo de fs. 126 a 127 se observa que declaró Inadmisible el recurso de apelación de fs. 93 a 94 en el entendido – que dicho recurso solo se limita a desarrollar una relación fáctica de los actos procesales acontecidos anteriores a la resolución recurrida, y no contradicen y menos cuestionan los argumentos por los cuales la Juez Público Civil Comercial Décimo Quinto de la ciudad de La Paz, emite Resolución Nº 315/2017 de 11 de mayo por la cual declara probada la demanda-, de lo glosado se extrae que el Ad quem no ingresó al estudio del recurso como tal, por una falta o carencia de agravios que estén dirigidos a observar el contenido de la sentencia, argumentó que nos orilla a realizar un examen del recurso de apelación.
El memorial de apelación de fs. 93 a 94, en principio cita el DS. N° 24520 de 10 de marzo de 1997 para concluir en que el citado decreto le otorga el interés a la Caja Nacional de Salud, también alude a la Escritura Pública Nº 486/72 de 25 de diciembre en el sentido que la restricción contenida en el referido instrumento no podrá ser levantado de otro modo al establecido en su cláusula segunda y para dicho cometido debieron acudir a la Caja Ferroviaria o a los entes en liquidación, lo cual no fue realizado, sobre todo si la nota que presentaron los demandados es de cancelación y no de levantamiento, los citados argumentos y compartiendo el criterio de alzada no tienen vinculación o relación con la sentencia quien sustentó su decisión en los siguientes argumentos: “reconocido como es el derecho a la propiedad y habiéndose establecido que en el presente caso efectivamente existe un gravamen y restricción a favor de la Caja de seguro Social Ferroviarios y anexos en el año de 1972, hace más de 40 años se establecen que está restricción efectivamente por el tiempo transcurrido y por el cambio inclusive de dominio, afectan los derechos de disponibilidad de uso, goce y disfrute del bien inmueble, que ahora corresponde a los herederos del adjudicatario primigenio Fernández Vargas Isaac, que si bien los actores piden la cancelación de esta restricción en Derechos Reales se ha establecido en la presente causa que la parte actora tenía como carga procesal demostrar, en primer lugar que procede la cancelación por haberse inscrito una transferencia a favor de otra persona, sino que existe una inscripción anterior, es decir demostrar que la extinción es procedente por la prescripción, en este caso se tiene que la parte actora cumplió con dicha carga procesal. Por cuanto ha establecido, por una parte, sobre el bien inmueble señalado que habría sido transmitido por sucesión mortis causa, de su sr. Padre y quien resulta ser el adjudicatario primigenio del inmueble, asimismo indica que han transcurrido más de 40 años que se encuentra en restricción que les impide hacer ejercicio pleno de su derecho” (Sic.) del contraste del recurso de apelación con la sentencia; y (reiteramos) compartiendo el criterio vertido en alzada, no existe un mínimo de relación o vinculación, pues en ninguno de sus acápites el apelante observa o controvierte el fundamento central de la resolución del A quo (antes citado), entonces al no reflejar los agravios reales, concretos y evidentes que le genera la sentencia incumple con lo determinado en el art. 256 del Procesal Civil que de manera textual determina “La apelación es el recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial que le cause agravio, con objeto de que el tribunal superior la modifique, revoque, deje sin efecto o anule”, debiendo entenderse a la expresión de agravios en dos ideas centrales: a) Como el argumento o razonamiento jurídico tendiente a mostrar al Ad quem que el juez de primera instancia violó determinados preceptos jurídicos y b) La lesión y perjuicio que le genera la resolución dictada, parámetros que no han sido cumplidos en el recurso de apelación, en base a todos los citados fundamentos concluimos que resulta acertada la decisión asumida por el Tribunal de alzada al declarar inadmisible el recurso de apelación, por una carencia de agravios, situación que ha sido totalmente advertida y corroborada.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación presentado por María Virginia Peñaranda Vargas apoderada de la Caja Nacional de Salud de fs. 132 a 133, contra el Auto de Vista N° 189/2018 de 30 de mayo, cursante de fs. 126 a 127 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz

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