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Timestamp: 2019-09-23 07:59:31+00:00

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Acuerdo y Sentencia 1134/2004 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 1.134/04
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1.134/04
CAUSA: "LUIS CABALLERO BENTRÓN, JUAN CARLOS ROJAS, EDGAR APARICIO AGÜERO, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ DA SILVA Y ROBERTO DÁVALOS SOBRE ROBO A MANO ARMADA"
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de agosto del año dos mil cuatro, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, ante mi, el Secretario Autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado “LUIS CABALLERO BENTRÓN, JUAN CARLOS ROJAS, EDGAR APARICIO AGÜERO, LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ DA SILVA Y ROBERTO DÁVALOS SOBRE ROBO A MANO ARMADA”, a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos por el Agente Fiscal en lo Penal, asignado a las unidades penales de transición N° 1, 2 y 3, Abog. Agustín Cáceres Volpe, contra el Acuerdo y Sentencia Nº 34 de fecha 8 de mayo de 2.003, dictado por el Tribunal de Apelaciones en lo Criminal, Primera Sala.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y RIENZI GALEANO.
A la primera cuestión planteada, el Doctor BLANCO, dijo: El recurrente no se refirió al recurso de nulidad en su expresión de agravios. No obstante ello, efectuado el análisis exhaustivo del fallo recurrido, a fin de determinar si existen violaciones de forma y solemnidad que ameriten la nulidad de la resolución impugnada, u omisiones y/o defectos sustanciales en el procedimiento que autoricen de oficio la impugnación prevista en el artículo 499 del Código de Procedimientos Penales, se advierte que el Tribunal de Alzada ha incurrido en una grave omisión que provoca inexorablemente la nulidad parcial del Acuerdo y Sentencia recurrido, conforme a las razones que se exponen a continuación:
En efecto, por S.D. N° 44, de fecha 25 de abril de 2002 (fs. 561/78), el Juez Penal de Liquidación y Sentencia N° 4 de la Capital, resolvió, entre otros puntos: “(..) 3.Declarar reprochable la conducta de los procesados Luis Caballero Bentrón, Juan Carlos Rojas Martínez, Edgar Aparicio Agüero Olmedo, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Roberto Dávalos, en el hecho punible investigado de Robo A Mano Armada. 4. Condenar A Juan Carlos Rojas Martínez (…) a cumplir la pena privativa de libertad de SEIS AÑOS de penitenciaría (…). 5. Condenar A Edgar Aparicio Agüero Olmedo (…) a cumplir la pena privativa de libertad de Seis Años de penitenciaría. 6. Condenar A Luiz Antonio Rodrígues Da Silva (…) a cumplir la pena privativa de libertad de Seis Años De Penitenciaría. 7. Condenar A Luis Caballero Bentrón, (…) a cumplir la pena privativa de libertad de Tres Años de Penitenciaría. 9. Condenar A Roberto Dávalos (…) a cumplir la pena privativa de libertad de Seis Años de Penitenciaría (…)”.
El aludido fallo de Primera Instancia fue impugnado por todos los abogados defensores, conforme surge de las constancias obrantes a fojas 578, 581, 584, 598 y 600 de autos. Asimismo, a fojas 606/8, 609/12, 613/9, 620/9, 631/2, obran sendos escritos de expresión de agravios presentados por los abogados defensores de los condenados Juan Carlos Rojas Martínez, Roberto Dávalos, Luis Antonio Rodríguez Da Silva, Edgar Aparicio Agûero Y Luis Caballero Bentrón, respectivamente.
Analizado el Acuerdo y Sentencia impugnado, se advierte que el Tribunal Ad-quem ha desarrollado de manera suscinta cada uno de los agravios expuestos por los abogados defensores. Luego, al iniciar el estudio del fondo de la cuestión, (fs. 651), ha abordado una serie de cuestiones de manera general y global en cuanto hace relación al cuerpo del delito y a las diligencias probatorias, y en tal sentido se señala en el fallo atacado cuanto sigue: "en primer lugar tenemos que en el plenario y en el periodo ordinario de pruebas, no se han producido pruebas lo suficientemente relevantes, ni en contra ni a favor de los condenados; es más, ni siquiera se han producido suficientes diligencias en el estado sumario de la causa, siendo así que los únicos elementos con alguna relevancia meramente procesal desde el punto de vista de la acusación constituyen las actuaciones policiales agregadas al expediente, y que se irán analizando en los párrafos", finalmente, se concluye en el Acuerdo y Sentencia impugnado cuanto sigue: "conforme a lo antecedentemente sostenido, por no existir una mínima actividad probatoria que desvirtúe la presunción de su inocencia consagrada en el artículo 17, inciso 1, de la Constitución Nacional, y al existir un alto margen de dudas, forzoso es concluir que esta situación debe favorecer indefectiblemente a los procesados, correspondiendo en consecuencia su absolución".
Del tenor de la resolución impugnada, se advierte claramente que las consideraciones expuestas acerca de la procedencia de la absolución es en relación a todos los procesados, sin excluir a ninguno de ellos, sin embargo, en la parte dispositiva del Acuerdo y Sentencia Nº 34, de fecha 9 de mayo de 2003 (fs. 657 y vlto.), se dispuso: "Revocar parcialmente la sentencia apelada" y se absolvió de culpa y pena a Juan Carlos Rojas Martínez, Edgar Aparicio Agüero, Luis Antonio Rodriguez Da Silva Y Roberto Dávalos, obviándose expedirse en relación al procesado Luis Caballero Bentrón. Adviértese que no consta en el cuerpo de la resolución, ningún apartado que haga alusión a su situación procesal de manera particular, que pueda permitir interpretar que la condena dispuesta por el juzgador primario se halla ajustada a derecho, y por tal motivo dicha condena debe ser confirmada.
La omisión en que incurrió el Tribunal Ad-quem, al no expedirse acerca de la apelación planteada por la defensa de Caballero Bentrón, implica una vulneración a su derecho de defensa, en el contexto de la garantía a la tutela judicial efectiva. Ciertamente, su abogado defensor ha sido notificado debidamente de lo dispuesto en el Acuerdo y Sentencia actualmente impugnado, y no interpuso los recursos correspondientes. Sin embargo, también no es menos cierto, que esta Sala Penal tiene la obligación de custodiar la Constitución Nacional, y en esa inteligencia, debe verificar el cumplimiento irrestricto de las reglas del debido proceso que imponen que los magistrados al establecer una condena, digan expresamente por qué se toma determinada decisión.
La resolución atacada presenta una notoria incongruencia dado que evidentemente existe un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado la cuestiones del debate procesal. En el caso en estudio, la sentencia examinada adolece de incongruencia omisiva dado que no se da respuesta a la pretensión de una de las partes, que en este caso está dada por el estudio de la apelación interpuesta por la defensa del condenado Luis Caballero Bentrón.
Por su importancia, cabe recordar lo que Joan Picó I Junoy, en su obra Las Garantías Constitucionales del Proceso (pág. 60/1), señala acerca del derecho a la tutela judicial efectiva: “El derecho a la tutela judicial efectiva tiene (…) un contenido complejo que incluye, a modo resumen, los siguientes aspectos:: 1. El derecho de acceso a los Tribunales; 2. El derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente; 3. El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales; y 4. El derecho al recurso legalmente previsto”. En relación al contenido inserto en el numeral 2, el Derecho a obtener una sentencia fundada en derecho congruente, el aludido autor expresa cuanto sigue: “Esta manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva se compone de dos relevantes exigencias: que las sentencia sean motivada jurídicamente, y que sean congruentes (…) Para determinar si existe incongruencia en una resolución judicial, es preciso confrontar su parte dispositiva con el objeto del proceso, limitado por sus elementos subjetivos – partes – y objetivo – causa petendi y petitum , de manera que la adecuación debe entenderse tanto a la petición como a los hechos esenciales que la fundamentan (…) tipos de incongruencia. La falta de adecuación entre la parte dispositiva y las pretensiones deducidas en el proceso admite distintas manifestaciones: que la sentencia otorgue más de lo solicitado por el actor; que conceda menos de lo admitido por el demandado; o que resuelva cosa distinta de lo pedido por ambas partes, omitiendo así el pronunciamiento respeto de las pretensiones deducidas en juicio. Hay incongruencia omisiva cuando no se deciden todos los puntos objeto de debate, ni se da respuesta a una pretensión de la parte.
En conclusión: dado que el Tribunal de Alzada ha omitido expedirse en relación a la apelación interpuesta por la defensa del condenado Luis Caballero Bentrón, el Acuerdo y Sentencia recurrido debe ser anulado de manera parcial, en cuanto hace relación a la situación del aludido procesado, por tal motivo, deben remitirse estos autos a un nuevo Tribunal de Apelación a fin de que se expida concretamente respecto al recurso de apelación y nulidad, interpuesto contra la S.D. N° 44, de fecha 25 de abril de 2004.
Finalmente, en relación a la situación de los demás procesados Juan Carlos Rojas, Edgar Aparicio Agüero, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Roberto Dávalos, cabe señalar que no se advierten violaciones de forma y solemnidad que ameriten la nulidad de la resolución impugnada, ni omisión y/o defectos sustanciales en el procedimiento que autoricen de oficio la impugnación prevista en el artículo 499 del Código de Procedimientos Penales. Es mi voto.
A su turno, los Doctores PUCHETA DE CORREA y RIENZI GALEANO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el Doctor BLANCO, prosiguió diciendo: En virtud del Acuerdo y Sentencia N° 34, de fecha 8 de mayo de 2003 (fs. 646/57), el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala, resolvió, entre otros puntos: “Revocar parcialmente la sentencia apelada (…), y en consecuencia: a) Absolver De Culpa Y Pena en la presente causa a los procesados Juan Carlos Rojas Martínez, Edgar Aparicio Agüero Olmedo, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Roberto Dávalos, con la expresa constancia de que la misma no afecta su buen nombre y reputación (…)”. Como fundamento de lo dispuesto en la aludida resolución, el Tribunal Ad-quem expuso que a lo largo del proceso no se han producido pruebas relevantes ni a favor ni en contra de los condenados, existiendo únicamente elementos con alguna relevancia meramente procesal desde el punto de vista de la acusación, los cuales constituyen actuaciones policiales que no pueden constituir por sí solas en fuente de prueba legal, y para constituir prueba legal, deben estar debidamente diligenciadas en sede judicial. Agrega además, que el cuerpo del delito no ha quedado debidamente comprobado. Sostiene igualmente, que no existió en la causa una mínima actividad probatoria que haya desvirtuado la presunción de inocencia consagrada en el artículo 17 inciso 1) de la Constitución Nacional, y en tal sentido, señala, al existir un alto margen de dudas, esta situación favorece indefectiblemente a los procesados, correspondiendo en consecuencia su absolución.
Contra el fallo de Alzada, se agravia el Agente Fiscal interviniente, manifestando que dada la naturaleza del hecho investigado se han producido suficientes pruebas que apuntan directamente a los procesados como autores del hecho investigado. En tal sentido, señala que en autos obra el acta de reconocimiento de persona realizada en sede policial por la señora Bella Aurora Bentrón de Rodríguez – víctima del hecho punible – y su empleada Marcelina Lucía Chamorro – también víctima – quienes reconocieron plenamente a Juan Carlos Rojas, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y A Roberto Dávalos, como integrantes del grupo que cometieron el hecho investigado. Agrega además, que el Tribunal Adquem no tomo en consideración la relación de parentesco existente entre el hoy condenado Luis Caballero y la víctima – Bella Aurora Bentrón De Rodríguez, lo cual justifica el “hecho de que los asaltantes sabían el apodo de la misma” (sic). Expone además, que consta en autos el acta de reconocimiento de personas, vehículos y objetos realizado por la víctima, constituyendo –a su criterio– otro indicio importante que vincula al hecho investigado con los autores condenados en primera instancia.
A su vez, en ocasión de contestar el traslado corrídole, el abogado Pablo Vicente Ibarra, por la defensa de Luis Antonio Rodríguez Da Silva (fs. 713/26), en su extenso escrito expone una
serie de consideraciones acerca de las distintas diligencias practicadas en el proceso, y señala entre otros puntos, que las actuaciones policiales obrantes en la causa tienen valor puramente indiciario, y por tal motivo no constituyen prueba alguna. Asimismo, realiza observaciones puntuales respecto de las declaraciones informativas prestadas por las víctimas. Finaliza su presentación peticionando se confirme el Acuerdo y Sentencia recurrido con imposición de costas al representante del Ministerio Público.
A fojas 732/4 de autos, la defensora de Juan Carlos Rojas, contestó el traslado corrídole, poniendo énfasis principalmente en el hecho de que las características físicas de su defendido no se compadecen con las descripciones realizadas por las víctimas en relación a los supuestos victimarios en ocasión de prestar declaración informativa. Señala además, que el apelante solo cuestiona ciertos puntos del fallo recurrido, habiendo omitido expresar consideraciones respecto del principio in dubio pro reo. Finalmente, solicita la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.
Los Abogados Juan Carlos Ruiz Díaz y José Escobar, por la defensa del procesado Edgar Aparicio Agüero, a fojas 736/9 de autos, contestaron el traslado de la expresión de agravios del Fiscal interviniente, y en ese sentido, señalan que el Tribunal de Apelaciones al constatar que nunca se han realizado las diligencias correspondientes para corroborar las actuaciones realizadas en sede policial, revocó la Sentencia Definitiva de Primera Instancia. Señala además, que su defendido fue incluido en el proceso en base a una declaración supuestamente voluntaria en sede policial prestada por uno de los coprocesados, quien posteriormente en sede judicial negó todo lo que supuestamente habría dicho. Culmina su exposición, peticionando la confirmación del Acuerdo y Sentencia recurrido.
Según A.I. Nº 1389, de fecha 17 de setiembre de 2003 (fs. 711), se ha dado por decaído el derecho para presentar su escrito de contestación a la parte querellante, Sra. Bella Aurora De Rodríguez.
A fojas 740/1 de autos, obra el A.I. Nº 735, de fecha 5 de febrero de 2004, en virtud del cual se dio por decaído el derecho que han dejado de usar los Abogados Francisco Martínez Paredes y Diógenes Latorre, defensores de Roberto Dávalos Y Luis Caballero Bentrón, respectivamente.
Definidos los argumentos expuestos por las partes intervinientes, a continuación la cuestión principal a ser examinada está dada por determinar si se halla ajustada a derecho o no, la absolución de los procesados Juan Carlos Rojas Martínez, Edgar Aparicio Agüero Olmedo, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Roberto Dávalos, dispuesta por el Tribunal de Alzada.
En ese sentido, en primer lugar, corresponde expedirse en relación a la determinación de la existencia del cuerpo del delito, que constituye el elemento básico y fundamental de toda causa criminal, de conformidad a lo que establece el artículo 155 del Código Procesal Penal de 1890. En coincidencia con lo señalado por el Tribunal Ad-quem, se advierte que el cuerpo del delito no se halla plenamente probado, conforme a las prescripciones que establece el citado cuerpo penal de forma.
En efecto, el artículo 180 del Código Procesal Penal claramente establece que: “En los robos y hurtos o sustracciones, deberá comprobarse, ante todo, cuando menos por semiplena prueba, la existencia anterior y la desaparición de las cosas robadas o sustraídas. En defecto de esa comprobación, se admitirá la declaración jurada del dueño, siendo persona de notoria honradez o buena conducta y que además, por su estado, haya podido estar en posesión de las cosas robadas o sustraídas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar por hacerse una denuncia falsa”. En concordancia con la norma transcripta, el artículo 170 del citado cuerpo penal de forma, estatuye: “cuando el delito fuere de los que no dejan huella de su perpetración, el Juez procurará hacer constar por declaraciones de testigos y por los demás medios de comprobación, la ejecución del delito y su circunstancia, y la preexistencia de la cosa cuando el delito hubiese tenido por objeto la sustracción de la misma”.
Observadas las constancias de autos, a la luz de las aludidas normas, efectivamente, se advierten las circunstancias que a continuación se describen: a) respecto al dinero en efectivo: cabe señalar que el especial carácter fungible de los billetes, sujeto a constante circulación imposibilitan su identificación como cuerpo del delito. Por lo demás, en ninguna parte del expediente existe constancia, dato o informe alguno en relación a la numeración de los billetes supuestamente sustraídos. Ello tampoco surge ni de la denuncia en sede policial, ni del escrito de querella, ni tan siquiera de las manifestaciones vertidas por la denunciante, por lo tanto, resulta imposible establecer un nexo formal, serio y grave con el hecho punible investigado, en especial respecto del informe policial obrante a fojas 80/2 de autos; b) en relación a las joyas: tampoco consta en autos comprobación por semiplena prueba de la existencia anterior de ellas, ni siquiera consta en autos una declaración jurada de la denunciante, que debió haberse realizado bajo las formalidades establecidas en los artículos transcriptos en el párrafo precedente. En resumen: Se puede afirmar sin temor a equívocos, que en la presente causa el cuerpo del delito que constituye la base del procedimiento en materia penal no ha sido comprobado fehacientemente en los términos de los artículos 170 y 180 del Código Procesal Penal.
Hecha la precisión que antecede y no obstante la falta de comprobación efectiva del cuerpo del delito, en segundo lugar, corresponde expedirse puntualmente en relación a las diligencias probatorias reunidas en la presente causa, a fin de determinar la existencia puntual o no de pruebas de cargo que comprometan la llamada cuestión de culpabilidad.
En ese orden de ideas, examinadas todas y cada una de las diligencias probatorias practicadas en la presente causa, de manera general y en forma particular, se advierte que en su mayoría las mismas constituyen diligencias practicadas en sede policial, específicamente actas de declaración de los procesados (fs. 12, 87, 89), actas de reconocimiento de personas efectuadas en sede policial (fs. 88) y distintas comunicaciones referentes a la aprehensión de los imputados. En relación a las comunicaciones
policiales referentes a las aprehensiones efectuadas, no es posible dejar de señalar que en ninguna de ellas se indica qué investigaciones o que actuaciones preliminares efectuó la Policía Nacional para introducir como supuestos incriminados a las personas que fueron procesadas posteriormente en la presente causa. En ese sentido, a fojas 78 de autos, obra la DJ Nº 4365, en donde textualmente se informa: "El Jefe del Departamento Policial (...) se dirige a V.S. a fin de remitir ampliación de la Nota ... que consta de 17 fojas, antecedentes de Edgar Aparicio Agûero (prófugo); Juan Carlos Rojas ...; Luis Antonio Rodríguez Da Silva ... Y Roberto Davalos ..., depositados en la citada Brigada y se solicita sus remisiones a la Penitenciaría Nacional, acusados por hechos punibles contra la propiedad (hurto agravado) (...) Se adjunta acta de manifestación de Juan Carlos Rojas, acta de reconocimiento de persona, de vehículo y de objeto ...".
Por otro lado, en relación al reconocimiento de objetos realizada por la parte querellante, señora Luz Aurora Bentrón De Rodríguez (fs. 88), y al reconocimiento de persona efectuado por la misma y su empleada doméstica Marcelina Lucia Chamorro, en sede policial, cabe poner de resalto que en autos no se ha corroborado dicha diligencia ante el órgano judicial pertinente, y conforme a las reglas previstas en los artículos 224 y siguientes del Código Procesal Penal, vale decir, con todo el respeto a la legalidad. Por lo demás, aún en el caso de que la diligencia en cuestión hubiera sido diligenciada apropiadamente, la eficacia de la misma no hubiera sido determinante, habida cuenta que según las expresiones de las supuestas víctimas, los presuntos autores del asalto habrían ingresado a la vivienda con sus caras cubiertas con pañoletas y anteojos oscuros.
En efecto, la denunciante, Sra. Bella Aurora Bentrón, en su declaración informativa obrante a fojas 228/30 de autos, manifestó cuanto sigue: "Que el día 11 de noviembre siendo aproximadamente 06:05 de la mañana, entran en mi dormitorio dos hombres armado, uno de ellos le apuntalaba a la empleada doméstica en la cabeza, estando todavía yo acostada, uno de ellos me ordena a que me levante apuntalándome con una escopeta, y me pregunta donde esta el dormitorio de mi hija me levanto le acompaño en el dormitorio de mi hija ordenándome que no le mire, abro la puerta del dormitorio de mis hijas y les digo que se pongan boca para bajo que se tapen la cara y que no miren y que si me obedecían nada le iban a pasar, junto con la empleada me metieron en el dormitorio de mis hijas, estos individuos entraron con anteojos oscuros tenían el rostro cubiertos con pañoletas negras, vestidos con el uniforme para paraí militar, camisa negra, pantalón para para í, con botas ..".
En igual sentido, a fojas 232 obra la declaración informativa de Rossana Betsabe Rodríguez Bentrón, hija de la querellante, quien manifestó: "Que ese día a esa hora estabamos durmiendo todavía y de repente entra mi madre a la pieza y nos dice a mi y a mi hermana que no miremos y nos quedemos boca para abajo en la cama, yo me quede quieta y en ningún momento le mire al asaltante, el asaltante nos preguntó que cosas de valor teníamos". A su turno Mildred Nadina Rodríguez Bentrón, hija de la querellante (fs. 233(, expresó lo siguiente: "ese día a las 06:00 horas aproximadamente entraron a mi pieza encañonándole a mi madre y nos dijeron que nos pusiéramos boca para abajo, que era un asalto (...) en ese momento yo le pude ver a la persona que estaba con nosotros en la pieza y visto que tenía remera negra, pantalón para paraí, botas negras, una pañoleta que le cubría el rostro y anteojos de sol (...). A fojas 234 de autos, consta la declaración informativa de la Sra. Marcelina Lucía Chamorro Orrego (fs. 234/5), personal que se encontraba prestando servicios domésticos en la casa de la querellante, en la oportunidad en que aconteció el supuesto hecho de asalto a mano armada, quien manifestó cuanto sigue: "yo ese día me levanté a las 04:30 horas aproximadamente cuando yo me levante, después de asearme todo puse para mi mate y comencé a tomarlo abajo, después escuche ruidos del tro lado de la muralla entonces me volví a subir a mi dormitorio en donde continué tomando mate hasta las 05:30 horas, después me volví a bajar (...) luego de eso escuché un ruido y me fui a verificar lo que pasaba y me encontré con dos personas dentro de las casa, una de ellas tenía pasamontañas y el otro tenía un anteojos negro y estaban uniformados con ropa color paraparaí (..) luego me pataron la cara con una remera y me llevaron arriba junto a la Sra. y le dijeron que se levantara pero que no los mirara y le preguntó a la Sra. por sus hijas ...".
El examen de las distintas constancias del expediente, reflejan que lamentablemente a lo largo del proceso que ha durado más de cuatro años, la actividad probatoria desarrollada en la presente causa – a cargo de los acusadores es harto insuficiente para poder sostener una condena, si bien existen diligencias de investigación realizadas en el ámbito exclusivamente policial, las mismas nunca pueden ser valoradas para fundar una decisión de condena, toda vez que ellas no merecen concepto jurídico alguno y son constitucionalmente ilegítimas.
Lo cierto y concreto, es que en el presente proceso, las únicas diligencias relevantes practicadas en sede judicial están dadas por las declaraciones indagatorias de los procesados (Luis Rodríguez Da Silva, fs. 161/2; Roberto Dávalos, fs. 167 y fs. 184; Juan Carlos Rojas fs. 182/3 y fs. 356 y Edgar Aparicio Agüero, fs. 225), las cuales a tenor de lo dispuesto en el artículo 196 del Código Procesal Penal, constituyen alegaciones exoneradas del juramento o promesa de decir verdad. Por otro lado, constan las declaraciones informativas de las supuestas víctimas transcriptas en los párrafos precedentes, que no han podido aportar mayores datos respecto de los supuestos asaltantes, habida cuenta la forma y circunstancias en que se habría perpetrado el hecho de asalto.
Las demás diligencias practicadas en el presente proceso, constituyen actuaciones policiales no corroboradas en sede judicial, en violación a las garantías constitucionales, y por tal motivo, inadmisibles como prueba de cargo. La Constitución Nacional, en su artículo 17 inciso 9), claramente consagra el derecho procesal que tiene toda persona a que no se le oponga pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas. Ciertamente, el esclarecimiento de la comisión de hechos punibles está sujeto a determinados límites, en caso contrario, se entrañaría el peligro de destruir muchos valores colectivos e individuales. En ese sentido, por su importancia, conviene traer a colación lo que enseña el jurista alemán Prof. Claus Roxin, en su obra Derecho Procesal Penal, página 191, acerca del sentido y nociones fundamentales de las prohibiciones de producción de la prueba: "(...) la averiguación de la verdad no es un valor absoluto en el procedimiento penal, antes bien, el propio proceso penal está impregnado por las jerarquías éticas y jurídicas de nuestro Estado (...) "No es un principio de la StPO que la verdad deba ser averiguada a cualquier precio”.
En estas condiciones, habida cuenta la insuficiencia del material probatorio reunido en la causa en examen, no es posible superar el estado de duda respecto de la verdad histórica, y queda claro que para el derecho procesal penal la aplicación de una pena solo puede estar fundada en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al acusado. Al respecto, señala el jurista argentino, Prof. Julio B.J. Maier, cuanto sigue: "(...) la falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y desembocan en la absolución (Derecho Procesal Penal, Fundamentos, Tomo I, pág. 495).
Bajo las consideraciones precedentemente expuestas, y con sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional que dispone: "En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1) que sea presumida su inocencia", y en el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, numeral 2. que estatuye: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (...)" corresponde que sea confirmada la absolución dispuesta por el Tribunal de Alzada, de los procesados Juan Carlos Rojas Martínez, Roberto Dávalos, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Edgar Aparicio Agüero.
En cuanto a la imposición de las costas procesales, en coincidencia con lo señalado por el Tribunal Ad Quem, las mismas deben ser soportadas en el orden causado, con sustento en los artículos 81 inciso 2º y 1041 del Código Procesal Penal de 1890, en concordancia con los artículos 193 y 836 del Código Procesal Civil, toda vez que las absoluciones dispuestas en la presente causa encuentran sustento en el principio in dubio pro reo que ha beneficiado a los procesados debido a la insuficiente actividad probatoria. Por lo demás, la parte acusadora ha actuado en la presente causa sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho defendido en el proceso en examen, por lo tanto, mal puede considerarse que en sus actuaciones hayan obrado con mala fe o temeridad. En ese orden de ideas, procede traer a colación el Ac. y Sent. Nº 38, 28X970. Corte Suprema de Justicia: "En materia criminal, el principio es el de que al acusador particular sólo se aplicarán costas, cuando de las actuaciones resultaren que ha obrado con temeridad o mala fe. Ac. y Sent. Nº 24 del 10.VI.970 (pág. 67). Corte Suprema de Justicia: "Deben imponerse las costas en el orden causado .. cuando la absolución sobreviene únicamente por ... la incerteza del material probatorio disponible. (Código de Procedimientos Penales, Arnaldo Giménez Cabral. concordancias actualizadas y jurisprudencias.).Es mi voto.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por ante mí, que certifico quedando acordada la sentencia que sigue:
SENTENCIA NÚMERO: 1134
Asunción, 11 de agosto de 2004
DECLARAR la nulidad parcial del Acuerdo y Sentencia N° 34, de fecha 8 de mayo de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala, en relación al procesado Luis Caballero Bentrón, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y en consecuencia, REMITIR estos autos a fin de que el Tribunal de Apelación que le siguen en orden de turno, estudie el recurso de apelación y nulidad interpuesto por la defensa del aludido procesado.
CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 34, de fecha 8 de mayo de 2003, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Criminal, Primera Sala, en relación a los procesados Juan Carlos Rojas Martínez, Edgar Aparicio Agüero Olmedo, Luis Antonio Rodríguez Da Silva Y Roberto Dávalos.

References: resolución 
 artículo 499
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 499
 artículo 17
in dubio
 artículo 155
 artículo 180
 artículo 170
 artículo 196
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 8
in dubio
 resolución