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Acta de Asamblea de Productores para Unidades Productivas Familiares .doc
Resolucion n. 133 Estudio de Necesidades Transito
Oficio 090 Sobre El Registro de Entida
Primer Parte Estudio de Caso Comparativo, Ab. Miguel Arellano
ARTICULOS CONSTITUCIOBN
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Bases Injuv 2016
Estudios Constitucionales, Año 12, Nº 1, 2014, pp. 397-428.
“Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile”
LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA Y EL ACTUAL
The Latin American experience and the current
debate in Chile
Francisco Soto Barrientos*1
fsoto@derecho.uchile.cl
Resumen: La figura de la Asamblea Constituyente surge junto con el constitucionalismo y la de-
mocracia moderna en occidente. La generación de constituciones como consecuencia de un particular
procedimiento de debate deliberativo hizo que la doctrina caracterizara de manera precisa dicha ins-
titución. La secuencia de procesos constituyentes generados en las últimas décadas en Latinoamérica es
también expresión de la importancia que se atribuye a las Asambleas Constituyentes. Dichos procesos
aspiran a conformar una suerte de nuevo constitucionalismo latinoamericano, que permita saldar una
deuda histórica con los pueblos originarios y con los demás actores postergados de la reflexión constitu-
cional. El impacto legitimador de estos procesos constituyentes y el empoderamiento constitucional de los
movimientos sociales latinoamericanos influye también en otros Estados de la región. Uno de ellos es el
caso de Chile donde, en los últimos años, se debate intensamente acerca de la Asamblea Constituyente
como mecanismo para elaborar una nueva Carta Fundamental.
Abstract: The figure of the constituent assembly emerges along with constitutionalism and modern
democracy in the West. The doctrine has thoroughly developed such institution since a whole generation
of constitutions was the product of a particular process of deliberative debate. The sequence of constituent
processes taking place in Latin America during the last decades evidences the importance of Constituent
Assemblies. Such processes aimed to form what has been called new Latin American constitutionalism,
which would put an end to the historical debt towards the indigenous communities and other postponed
agents from the constitutional debate. The legitimizing effect of those constituent processes and the
constitutional empowerment of the Latin American social movements have influenced other States in
the region. One of those is the Chilean case, where in the last years, there has been an intense debate
about the Constitution Assembly as a mechanism for the creation of a new Constitutional Charter.
Palabras clave: Asamblea Constituyente, Ciudadanía y participación.
Key words: Constituent Assembly, Citizenship and participation.
*1Abogado, Magíster y Doctor en Derecho, académico del Programa de Doctorado, Facultad de Derecho
U. de Chile. Artículo recibido el 29 de octubre de 2013 y aprobado el 12 de marzo de 2014.
Estudios Constitucionales, Año 12, Nº 1 397
2014, pp. 397-428
La opción latinoamericana por el modelo clásico
Un debate recurrente en los Estados latinoamericanos ha sido la generación
de nuevas constituciones a través de la figura de la Asamblea Constituyente (en
adelante AC). El común denominador por esta opción se encuentra en la bús-
queda de refundar sistemas institucionales fuertemente deslegitimados a través
del cambio constitucional. Nos encontramos frente a procesos que se extienden,
en la mayoría de los casos, por varios años y que suponen la conformación de
una asamblea elegida con el fin único de redactar una nueva constitución. Dichas
fórmulas adicionan mecanismos para que las organizaciones sociales participen del
proceso deliberativo y cuyo resultado final, deba ser ratificado por la ciudadanía
a través de referéndum constitucional1.
Visto desde esta perspectiva, el modelo de AC en Latinoamérica se asemeja
a la fórmula que ha atraído a clásicos como Tocqueville, Paine, Condorcet y
Sieyès. Como analizaremos en detalle a continuación, para estos autores la AC
es la única alternativa que garantizaría la generación de un orden constitucional
como resultado de un debate deliberativo nacional. Por tanto, no sorprendería
que una de las consecuencias analizada por la doctrina fuera el surgimiento de un
constitucionalismo latinoamericano, que se estructura sobre la base de una serie
de principios novedosos desde la perspectiva comparada, al igual que lo fueron
en su momento las experiencias norteamericana y francesa. Basta ver las defini-
ciones que se hacen a nivel de forma de Estado en Bolivia, Ecuador y Venezuela
en cuanto a su carácter participativo, plurinacional o intercultural2.
En consecuencia, conviene detenernos brevemente en el debate original que
llevó a conformar la figura de la AC. La distinción entre poder que determina el
orden constitucional y aquel que, en cambio, se ejerce al amparo de las potestades
políticas ordinarias, nace en la Inglaterra del siglo XVII. Ya Locke, en su concepto
de régimen legítimo y derecho a la resistencia, los diferencia claramente3.
No obstante, los primeros diseños institucionales que apelan al ejercicio del
Poder Constituyente surgen recién en las colonias inglesas de América, a través
de la práctica de las asambleas ciudadanas (corporation) donde operó mediante
1 Massal (2012), pp. 29-45.
2 Villabella (2010), pp. 49-56; Viciano y Martínez (2007), pp. 55-68; Peña y Lillo (2009), pp. 79-98;
Foweraker y Todd (2000), pp. 31-35; Van Cott (2006), pp. 41-60.
3 Locke (1690), pp. 159-163.
398 Estudios Constitucionales, Año 12, Nº 1
representación de intereses (trust). Tocqueville, al describir la idea de libertad que
inspiró las primeras asambleas representativas elegidas por sufragio universal (como
la liderada por colonos de Virginia en 1618), llega a plantear que nos encontramos
ante una experiencia singular, donde primero se asegura la libertad política para
luego dar paso al Estado4. Estas prácticas participativas evolucionaron rápidamente,
obligando a la corona inglesa en 1639 a reconocerles el derecho a dictar leyes,
mientras el gobernador sólo conservaba el derecho a veto en nombre del Rey.
Dichas instituciones, iniciado el proceso de independencia, se transformaron en
el espacio donde se elaboraron las constituciones de estados como Connecticut,
New Haven, Rhode Island, Pennsylvania, entre otros. En consecuencia, la figura
de la Asamblea Constituyente se configura como el principal mecanismo para
establecer un sistema institucional singular y propio para cada Estado libre5.
Para Tocqueville, el ejemplo norteamericano demuestra que un Estado débil,
en construcción, ofrece diversas oportunidades para la acción colectiva de las or-
ganizaciones sociales. Por contrapartida, para este autor, los Estados estructurados
y fuertes, como los europeos, se caracterizarían por restringir la articulación e
iniciativa política de la sociedad civil. En ese sentido la conformación AC tiene
una directa relación con la legitimidad del poder político y sus instituciones6.
Los procesos constituyentes descritos en el párrafo precedente permitieron a la
ciudadanía norteamericana configurar un nuevo modelo institucional. Desde ese
momento, la figura de la AC pasa a constituirse como la fórmula que atraería a la
doctrina europea y que permitiría desentrañar de un pueblo libre las directrices
constitucionales básicas para fundar un nuevo orden político7. Incluso Hayek llega
a plantear que en el caso norteamericano la legitimidad democrática no deriva de
la periódica elección de representantes, sino más bien del hecho que es el pueblo
organizado en AC fue en su origen el depositario exclusivo que determina los
poderes de los órganos constituidos8.
En cambio, para Thomas Paine la revolución americana pone en evidencia
un vínculo ineludible entre la constitución y pueblo. Concluye que aquélla no
puede ser considerada un acto de gobierno, sino el resultado de la deliberación de
sus ciudadanos. El electorado conformaría una suerte de órgano constitucional,
4 Tocqueville (2005), pp. 96 y ss.
5 Mateucci (2010), pp. 188-192.
6 Tocqueville (2005), pp. 375 y ss.
7 Tarrow (1997), pp. 117-124.
8 Hayek (1975), Madrid, p. 198.
Estudios Constitucionales, Año 12, Nº 1 399
Bajo la influencia de Rousseau. El pueblo mantiene el Poder Constituyente y no queda obligado por la Constitución. En este contexto. 156 y ss. Por tanto. p. Lo más que se puede exigir a los legisladores es poner en acción la voluntad constituyente11. Con esto establece un principio que inspiró al constitucionalismo francés: los creadores de la constitución no pueden ser a la vez creados por ella. 155 y ss. pp. 1186-1206. encargado de definir las reformas al orden constitucional. 11 Sieyès (1993). Año 12. Nº 1 2014. la idea misma de constitución supone que existan representantes que asuman un rango superior al legislador. Para Sieyès el Poder Constituyente puede diferenciarse de otros órganos (cons- tituidos) que cumplen funciones de interés común y que se encuentran descritas en el ordenamiento constitucional. Francisco Soto Barrientos el cual. estos autores sostienen que ninguna autoridad puede ser investida de una función pública sin la confianza del pueblo soberano. Según el autor. pp. Sieyès es un entusiasta partidario de la existencia de representantes que ejerzan funciones constituyentes. El problema central que se plantean estos autores es: ¿a quién corresponde elaborar la Constitución?10. 1161. 397-428 . pp. frente a un eventual incumplimiento de sus representantes. y los diferencia de los representantes “ordinarios” que cumplen funciones propias del poder constituido. Este autor francés vincula por primera vez la idea de cambio constitucional con un procedimiento previsto que debería ser activado a través 9 Paine (1986). Paine no llega a proponer un mecanismo concreto para articular este vínculo entre pueblo y constitución9. pp. estable- ciendo el derecho a censurar representantes y de iniciativa popular para reformar la Constitución. quienes defienden la tesis de instalar una constitución escri- ta para romper con los equilibrios políticos garantizados por los viejos Estados Generales. 400 Estudios Constitucionales. puede reco- brar su poder originario y gobernarse de manera directa mediante asambleas. Condorcet también reflexiona sobre el mecanismo de expresión del Poder Constituyente. en cuanto a su ejercicio. destacan las reflexiones de Condorcet y Sieyès. la generación de una constitución es un problema de hecho y no jurídico. a los que califica como “extraordinarios”. 10 Carré de Malberg (1998). No obstante. y Carré de Malberg (1998). en pleno desarrollo de la revolución. En Francia. la Constitución es el conducto por el cual la potestad soberana del pueblo se transfiere. a los diversos órganos estatales. Esto no quiere decir que la manera en que se exprese el Poder Constituyente no pueda ser prevista constitucionalmente y que incluso dicho mecanismo se conforme de manera representativa.
14 Mateucci (2010). concluyendo en la necesidad de regular constitucionalmente la figura de la AC. No obstante. reflexionando sobre estas mismas ideas. el de incluir a la democracia y a la participación en la forma de Estado. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile de iniciativa del pueblo ciudadano. 246. La presencia de la AC como mecanismo de reforma total de un orden constitucional genera un efecto permanente. 483-512. Estudios Constitucionales. Así la idea de la AC se relaciona con la legitimidad que se desprende del hecho que sea el propio Derecho el que reconozca su falibilidad. 13 Soto (2012). y Burdeau (1981). 397-428 . en consecuencia. 1848 y 1875 (que fueron elaboradas por esta fórmula de AC) las restantes (1793. en la propia Constitución de 1848. dice este autor. Año 12. pp. identifican la idea de Poder Constituyente de origen con la noción de una asamblea elegida con el fin único de redactar una Carta Fundamental. que establece la exigencia de iniciativa popular para su reforma13. mediante el procedimiento de iniciativa popular se aseguraba al menos una articulación de los grupos políticos que aspi- raban a iniciar procesos de reforma constitucional con la ciudadanía. estableciendo un mandato claro a los poderes constituidos en orden a mantener un vínculo con el pueblo en el cumplimiento de la Constitución15. 15 Böckenförde (2000). en opinión de Condorcet. a excepción de las constituciones de 1791. 1795 y 1946) han sido ratificadas mediante un referéndum con fundamento en el principio de soberanía popular14. Gallen. una especie de control ciudadano del proceso constituyente derivado12. Böckenförde. 373-402. cómo a partir de la idea de autogobierno y de resis- tencia civil el constitucionalismo articula modelos institucionales que buscan la participación de la ciudadanía como mecanismo eficaz para el control político y la creación de un nuevo orden constitucional. La iniciativa popular de reforma constitucional sería. sí la encontramos en Suiza en las constituciones de los cantones de St. Aunque la idea de iniciativa popular para la reforma constitucional no fue recogida en el constitucionalismo francés (salvo en la Constitución de 1793). Condorcet y Sieyès. 161-163. las iniciativas de reforma tenían que ver más con conflictos entre facciones políticas que con auténticas necesidades ciudadanas. 113 y 365 y ss. pp. Vemos. esto es. Así. pp. Ginebra y Vaud y. Nº 1 401 2014. pp. 12 Mercier (2003). p. pp. finalmente. según este autor. en la práctica cons- titucional francesa. da un paso más. siguiendo el modelo norteamericano. En ocasiones.
16 Ross (1993). Nº 1 2014. adicionalmente a las normas de compe- tencias. Si se contempla en una Constitución. tenga fuerza de ley. normas que permitan su reforma. Guastini relativiza esta conclusión. 17 Zagrebelsky (2000). no pueden ser considerados órganos constitucionales aquellos que. se sitúa en una jerarquía superior al procedimiento legislativo. Las normas de com- petencias (que constituyen a la autoridad) son las que prescriben las condiciones necesarias y suficientes para que un acto de creación o sanción (decisión humana) sea válido. Mientras que frente a una concepción formal de Constitución. existen detractores de esta tesis. de toda Constitución es establecer autoridades legítimas mediante reglas de competencia. 402 Estudios Constitucionales. están llamados a destruir o modificar de manera sustancialmente el orden constitucional17. de ser así operaría la tesis de Zagrebelsky. lo que se hace es reconocer un nuevo procedimiento de creación del Derecho que. Zagrebelsky es más explícito en señalar que la regulación constitucional de procedimientos para reformas constitucionales (como la AC). según este autor. la magnitud de la reforma carece de sentido18. pp. las constituciones que regulan la figura de la AC para reformar la Constitución establecen un procedimiento que nunca sería jurídico ni constitucional16. ya que no tiene ninguna norma superior que le dé competencia. Más que una reforma. entonces. En consecuencia. En el primer caso no se podrían alterar la identidad material o axiológica. en definitiva. Año 12. 72-74. Esta especie de paradoja sólo se puede sostener si sustentemos una visión sustancial (sustancialista) de la Constitución y no una formal (forma- lista). 42-44. Por su parte. políticos o sociológicos. La tarea esencial. sólo le cabe sustentarse en elementos fácticos. 397-428 . En definitiva. pp. estaríamos ante una sustitución constitucional. según Ross. 18 Guastini (2001). Francisco Soto Barrientos Con todo. Al ser la AC la norma superior y además un procedimiento de reforma. El problema. así como la conformación de proceso de elaboración de nuevas normas (proceso legislativo). pp. ya al ubicarse en la cúspide del ordenamiento jurídico. pp. 45-81. surge para Ross. en consecuencia. Ross considera complejo la sola posibilidad lógica que una Constitución establezca reglas para su propia reforma (como sería el caso de regular constitucionalmente la AC). porque la norma superior de un ordenamiento jurídico se caracteriza por ser inmodificable. se cae en la contradic- ción que se apelaría a un procedimiento que sólo tiene apariencia de jurídico. lo que hace es crear en el propio ordenamiento lo que llama “órganos enemigos del orden consti- tucional”.
p. si la Constitución se pretende cambiar. Lo reformable serían. El carácter inconstitucional de estos procesos se ve matizado por el papel central que asumen los tribunales superiores de justicia para validar iniciativas de los presidentes de la República de llevar a cabo las AC: Corte Suprema (Co- lombia y Venezuela) y Tribunal Supremo Electoral (Guatemala y Ecuador). Como suele ocurrir muchas veces. Para este autor resulta fundamental distinguir entre Constitución y ley fundamental. 397-428 . entonces –para Schmitt– las leyes fundamentales. La experiencia comparada demuestra numerosos casos de reformas inconstitucionales impulsadas por gobiernos que fracasaron por no contar con este apoyo. Es el caso de India (1975). que dan cuenta de una dimensión subordinada a lo propiamente constitucional19. por tanto. 19 Schmitt (2009). no se articula desde la lógica del orden constitucional. sino desde su particular idea de Poder Constituyente. Schmitt no cree que el Poder Constituyente deba regu- larse mediante un procedimiento. Año 12. pp. La mayoría de las experiencias surgen como mecanismo no previsto en el proceso de reforma constitucional. Estudios Constitucionales. La Constitución se conforma a partir de una decisión política. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile Desde otra perspectiva. pp. como una unidad preexistente y. entre otros casos relevantes20. 67-88. nos encontramos con once consti- tuciones que han implementado una AC o la han regulado como mecanismo de reforma constitucional. Por tanto. la idea de Constitución y el Poder Constituyente son asimilables. también se modificaría la propia idea de pueblo. 46. El papel de estos altos tribunales resulta ser determinante en el éxito de los procesos constituyentes que transitan por fórmulas de reformas no previstas. donde el proceso constituyente se articuló mediante la utilización del referéndum reconocido en el artículo 4° de la Constitución de 1967. a diferencia de Ross. 20 Gómez (2012). donde de manera sistemática la figura de la AC pasa a ser regulada constitucionalmente. concreta del pueblo. Nicaragua (2009). La experiencia latinoamericana De los dieciocho países de América Latina. ni menos que pueda modificar de manera total la Constitución. el debate doctrinario es superado por la práctica constitucional. Nº 1 403 2014. República Checa (2006). Nos detendremos a continuación en el análisis de los procesos constituyentes latinoamericanos. Zagrebelsky y Guastini. Su argumentación. Bolivia es la única excepción.
pp. Francisco Soto Barrientos Están los que piensan que este tipo de fórmulas no son del todo inconsti- tucionales. 22 Muñoz (2013a). que permitiría apelar a ciertos mecanismos de reforma que. en Latinoamé- rica se apelaría a la decisión presidencial sometida a referéndum decisorio. 317-355. 24 Ackerman (1991). p. 478-577. ya que se sustentan en la idea que finalmente es el pueblo el titular del Poder Constituyente originario. pp. 404 Estudios Constitucionales. 316. En consecuencia. para Ackerman. En este sentido. 29-45. el caso venezolano es paradigmático. y Brewer-Carías (2009). por dar un ejemplo recurrente. tal como antes lo he expresado. Muñoz relaciona esta práctica con la propia elaboración de la Constitución de Estados Unidos de América. a pesar de no ser reconocidos constitucionalmente. pp. La oposición se restó de cada una de las etapas de la discusión generando una abstención importante en el referéndum que aprobó el procedimiento de AC y su 21 Renfer (2010). (ii) permitir a sus opositores una justa oportunidad para organizar su propia fuerza. que establecía que para su reforma es necesario el acuerdo del Congreso de Estados Unidos y de las legisla- turas de todos y cada uno de los Estados23. Año 12. En esto último cita a Ackerman y Katyal. Nº 1 2014. Por otra parte. pp. y Ackerman (1995). 70-94. bastaría que los tribunales superiores (por acción u omisión) validaren algún procedimiento para que éste sea considerado legítimo y se apruebe el nuevo orden constitucional21. Massal ve en la alta fragmentación social y política un factor que ha impedido consolidar crecientes niveles de democratización a través de los procesos constituyentes25. y (iii) articular un foro deliberativo donde las propuestas puedan ser debatidas ampliamente24. pp. En esta lógica. No obstante. como una suerte de costumbre para generar nuevas constituciones. quienes considerarían que dicho proceso no se habría sometido estrictamente al texto conocido como “Artículos de Federación” de 1777. Otro argumento esgrimido se refiere a la existencia de una praxis constituyente en algunos Estados. estrictas y materiales que se deben adicionar para que el proceso constituyente sea considerado legítimo: (i) convencer a un número extraordina- rio de sus conciudadanos (superior al que se requiere para aprobar la legislación ordinaria). 397-428 . han servido para encausar anteriores procesos de cambios estructurales22. 25 Massal (2012). p. 6. pp. la validación de un mecanismo de cambio constitucional no previsto en su texto supone condicio- nes adicionales. 82-83. 23 Muñoz (2013a).
27 Carré de Malberg (1998). por lo que se tuvo que acordar cambios sustanciales al documento original. incorporar no sólo el amplio espectro de partidos políticos existentes sino también se contó con de- mandas de los movimientos sociales. la consecuencia negativa que se advierte en estos procesos participativos tiene que ver con la inca- pacidad de llegar a una propuesta de consenso debido a una fuerte fragmentación y a las excesivas expectativas generadas durante el debate constituyente. En estos dos Estados se logró. Estudios Constitucionales. pp. pp.C. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile ratificación. ya que sólo seis representantes (de un total de 128) no fueron de la coalición de Presidente Chávez. por dar un par de ejemplos. las que operarían como una suerte de control político en el sentido expuesto en el apartado anterior27. identificamos experiencias puntuales y con fundamentos diferentes. que tienden a concentrar en sí las funciones de los órganos constituidos (en particular las legislativas).. Carré de Malberg distingue dos modalidades: las omnipotentes. Durante su operatoria dicha AC concentró poderes de otros órganos. nos encontramos en la mayoría de los casos con AC que se establecen en base al principio de represen- tación y su objetivo fue específico (elaborar cartas fundamentales). El caso más extremo es el boliviano. y aquellas que sólo ejercen el poder de fundar autoridades constituidas quedando excluidas de potestades legislativas. pp. Sin embargo. conviene distinguir los distintos tipos de AC. donde se pueden identificar fuertes pugnas durante el proceso deliberativo. porque el texto aprobado por la AC no fue el que finalmente terminó siendo aprobado mediante referéndum constitucional. No obstante. Son estas últimas. 1217-1220. donde la 26 Gamboa (2009). Distinta es la situación de Colombia y Bolivia. enriqueciendo el carácter plural del debate deliberativo desarrollado al interior de las AC. Esto obedeció a la fuerte pugna que existía entre el gobierno y la oposición. Nº 1 405 2014. convirtiéndose en una asamblea omnipotente que trascendió su específico mandato orientado a la elaboración de una nueva Constitución. 397-428 . La falta de pluralidad del debate venezolano queda en evidencia en la conformación de la A. Con el objeto realizar un análisis pormenorizado de las experiencias latinoame- ricanas. según este autor. Año 12. disolvió el congreso legislativo. 277-288. intervino en el Poder Judicial. Al revisar una a una las experiencias latinoamericanas. a través de procesos participativos. lo que generó una adhesión a la nueva Constitución que no fue más que de los partidarios del Presidente Evo Morales26. En este sentido Gamboa señala que el proceso constituyente boliviano careció de concertación y de una estrategia de legitimidad nacional.
Mientras que. Se somete a controles constitucionales. pese a no formar parte del proceso de reforma constitucional ordinario. sino como una fórmula fáctica. por otra parte. sino como un mecanismo para canalizar la voluntad popular disgregada. Este énfasis puesto por Schmitt. pp. ya no como control de los otros poderes constituidos. transformando la AC en un espacio deliberativo y representativo. La diferencia sustancial es que Schmitt hace el pueblo en la mayoría de los casos no puede ejercer directamente dicho poder como sí lo hace el monarca28. sino más bien la hegemonía de una posición política. podemos evidenciar un nuevo objetivo de la A. tales como fueron los casos de Brasil. nos encontramos con otras experiencias que en apariencias cumplen todas estas condiciones. Nº 1 2014. Año 12.. El óptimo articulador de esta voluntad sería el presidente de la Re- pública29. pp. 397-428 . Carl (2009). El factor que nos permite agrupar las experiencias no tiene que ver con sólo variantes formales sino con el objetivo que motiva su instalación. que compromete a sectores mayoritarios de la ciudadanía. Así identificamos un tipo de AC que. Así. Francisco Soto Barrientos función constituyente se confunde con la legislativa. 406 Estudios Constitucionales. p. los parlamentos y particularmente los sistemas parlamentarios de representación para canalizar y expresar de manera integradora la voluntad popular. pero que en la práctica una sola mirada se va imponiendo de manera sistemática durante este proceso constituyente. En este sentido es clave la reflexión que Schmitt hace en relación a los sujetos del Poder Constitu- yente (distingue el monarca del pueblo). 28 Schmitt. Carl (2009). En general. Vale decir. 294-207. sí cumple las condiciones que propone Acker- man. resulta clave a la hora de ponderar las experiencias latinoamericanas. pero que en su articulación no bus- can fundamentalmente instalar un debate plural y diverso. Guatemala y Nicaragua. ya que nos encontraremos en varios casos con fórmulas en apariencia representativas y democráticas.C. 99. donde se prioriza la integración por sobre la deliberación. Cuenta con la voluntad constituyente de varios órganos constitucionales y da garantías a los opositores para que su participación sea tomada en cuenta. De ahí que para Schmitt se validaría la figura de AC no como un procedimiento de reforma del ordenamiento jurídico. capaz de generar una voluntad mayoritaria que respalde la configuración del pueblo. política. surge de un acuerdo político amplio. Venezuela. Schmitt es crítico de la capacidad que tendrían los partidos políticos. 29 Schmitt.
331 letra d)31. (b) por iniciativa par- lamentaria que cuente con 2/5 del total de componentes de la Asamblea General. pp. vale decir. cuando la iniciativa legislativa provenga de senadores. un Estado que regula la figura de la AC (Convención Nacional Constituyente) frente a reformas totales o parciales de la Constitución. 483-520. La Junta de Gobierno asume el mando de esta nación y se compromete a instaurar un nuevo orden institucional que se elabore en base a un gran acuerdo nacional. nunca se ha utilizado. Así. 32 Bowman (2002). 397-428 . pp. el cual se distancia de las opciones populistas y militaristas y ha tenido una estabilidad constitucional singular en la región32. 31 Renfer (2010). Sólo en el caso de la letra c) del artículo 331. Este mecanismo de reforma. 9 fueron promovidos mediante iniciativa popular (art. 331 letra a). (c) por proyectos de ley presentados por senadores. Año 12. Estas fórmulas tienen su origen en reformas que se vienen sucediendo desde 1912 y cuyo referente directo es la experiencia suiza antes aludida30. p. De los 23 proyectos de reforma consti- tucional. El llamado a la AC no se sigue de los procedimientos de reforma previstos en la 30 Altman (2008). Este acuerdo marca un antes y un después en la his- toria de este país centroamericano. los representantes (diputados) o por el Poder Ejecutivo aprobados por mayoría absoluta de la Asamblea Gene- ral. Nº 1 407 2014. 99. Colombia y Bolivia. En el primer caso nos encontramos con Uruguay. El segundo caso de AC surge en Costa Rica como consecuencia de la Re- volución de 1948. Costa Rica. Estudios Constitucionales. y cuatro mediante leyes constitucionales (art. Guatemala. 331 letra b). Brasil. y (d) mediante leyes constitucionales que requieren para su sanción del voto conforme de los 2/3 de componentes de cada una de las Cámaras dentro de una misma legislatura. 78-90. 10 fueron surgieron por iniciativa parlamentario (art. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile Las AC como control político Aquí nos encontramos con seis experiencias a considerar: Uruguay. pp. el artículo 331 de la Constitución de Uruguay establece cuatro alternativas para realizar una re- forma parcial o total: (a) por iniciativa popular que supone el respaldo del 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional. representantes (diputados) o Poder Ejecutivo (presidente de la República) se establece como exigencia adicional el llamado a una Convención Nacional Constituyente. como ya hemos advertido. aunque en la práctica nunca la ha utilizado.
La diferencia está dada en que en el segundo proceso se establece un Tribunal Supremo Electoral independiente. Francisco Soto Barrientos Carta de 1917. 397-428 . 29. p. la cual debería ser presidida por el presidente del Tribunal Supremo Federal. Año 12. mediante procedimientos no previstos por la Constitución vigente en esos momentos y ambos motivados por grandes protestas populares debido a fraudes electorales perpetrados por los gobiernos de turno. Así nos encontramos ante un 33 Aguilar (1977). Las elecciones del Congreso realizadas el 15 de noviembre de 1986 tuvieron. una connotación constituyente. Ambos procesos se inician con golpes de Estado. promulgada el 31 de mayo de 1985. En Brasil. 408 Estudios Constitucionales. lo que posibilitó un espacio de participación militar dentro del debate constitucional35. que logra conformar un proceso incuestionable y respetado por todos los sectores políticos. Nº 1 2014. 571-621. 210. Dicho Estado ha utilizado esta figura para aprobar las Constituciones de 1965 y de 1985. dentro de los cuales 23 senadores fueron electos el 1982 durante la dictadura. en 1985 el Congreso aprobó la enmienda constitucional 26/85 que establecía un mecanismo distinto. en su artículo 48 exigía el voto conforme de los dos tercios de ambas Cámaras del Congreso para su reforma. pp. 35 Figueiredo (2008). entonces. 34 Fuentes (2008). 279 y 280 regula la Asamblea Nacional Constituyente. pp.34 La cuarta experiencia la encontramos en Brasil. No obstante. En consecuencia. sino es la propia Junta de Gobierno la que dicta el Decreto Nº 151 que convoca a elecciones constituyentes para el 3 de septiembre de 1948. La Asamblea se conformó con 559 representantes. Dicha Carta en los artículos 278. La Constitución de 1969. estableciendo que sólo podrá hacerse por una AC convocada al efecto33. En dicha enmienda el presidente de la República encomendaba al Congreso para citar una Asamblea Nacional Constituyente para el 1 de febrero de 1987. pp. Así se elige la AC que decreta la actual Constitución Política de Guatemala. La instalación de una AC suponía superar el orden impuesto por una seguidilla de dictaduras militares que se prolongaban por más de 20 años en ese país. En ella se establecieron 45 representantes que aprobaron el nuevo texto constitucional. la idea de formar una comisión que elaborara una propuesta para ser debatida en el pleno se rechazó desde el comienzo. y Serna de la Garza (1998). El artículo 196 de dicha Carta reconoce la posibilidad de reforma total. la reunión de la Cámara de Diputados y del Senado supuso la conformación de dicha Asamblea. promulgado el 7 de noviembre de 1949. La tercera experiencia de AC surge en Guatemala.
Dichos voto y papeleta no fueron reconocidos por el Consejo Electoral. 397-428 . aunque la figura de la AC no es tratada sistemáticamente en la Constitución de Brasil de 1988. donde el proceso constituyente se inicia en 1990. En definitiva. 37 Osuna. pp. así como propuestas provenientes de procesos participativos complementarios realizados por organizaciones de la sociedad civil. la nueva Constitución fue promulgada el 8 de octubre de 198836. Esto explica que en Brasil la propuesta de Constitución finalmente aprobada contenga 245 artículos. órgano responsable del control de la constitucionalidad en esos momentos. La quinta experiencia es la de Colombia. y el artículo 22 (fija como fecha de inicio la constituyente para que los defensores públicos pueden optar por la carrera). En total cada ciudadano debía elegir 6 autoridades. y esta medida finalmente resultó refrendada por la Corte Suprema de Justicia. departamen- tos y municipios. En esta última instan- cia. Sierra y Estrada (2000). durante la elección de representantes al Congreso. y su conformación llevó incluso a la legalidad al movimiento insurgente M-19. También se menciona en varias disposiciones transitorias: el artículo 13 (en lo que se refiere a la fecha de instalación de la constituyente de los estados federados para elaborar la Constitución de los estados. cuyos resultados fueron armonizados por una comisión sistematizadora encargada de redactar la versión que se votó finalmente por el pleno. constituido preferentemente por estudiantes universitarios. El gobierno decidió. pp. Año 12. 36 Rosenn (2010). Se crearon en definitiva ocho comisiones temáticas. se aprobó un texto consensuado que permitió una estabilidad política que se prolonga hasta la fecha37. el artículo 18 (consagra prohibiciones de estabilidad a funcionarios públicos a partir de la constituyente de 1988). se concentraron muchas demandas corporativas que habían sido rechazadas en las comisiones. muchos de los cuales responden a demandas coyunturales sin verdadero rango constitucional. propuso incluir un séptimo voto en que se solicitaría una reforma constitucional mediante la convocatoria a una AC. convocar a una Asamblea Constituyente. sí es mencionada en el preámbulo y en el artículo 11 que hace referencia a la posibilidad de establecerla en las constituciones de los estados federados. El proyecto de nueva Constitución fue elaborado por una AC ampliamente representativa de todos los sectores políticos. Por otra parte. 261-277. Nº 1 409 2014. 435-66. Finalmente. El “mo- vimiento de la séptima papeleta”. Estudios Constitucionales. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile proceso deliberativo bastante complejo al que se suma la yuxtaposición de tareas legislativas y constitucionales. pp. mediante de- creto.
En el año 2000 surge la iniciativa de convocar este mecanis- mo por parte de los principales movimientos sociales e indigenistas. La convocatoria a la AC está contemplada en el artículo 376 y se realiza mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de ambas cámaras38. que convoca al definitivo “Referendo dirimidor y de Aprobación al texto íntegro del Proyecto de Constitución”. 39 Esta propuesta fue canalizada por el Movimiento al Socialismo (MAS) liderado por el actual presidente Evo Morales.C. de 29 de febrero. cuya elección en 2005 supuso un hecho inédito en la historia de Bolivia: por primera vez las elecciones de un Presidente de la República fueron ganadas con más del 50% de la votación. que estableció el referendo para aprobar la nueva Constitución Política del Estado y.942/2008. se buscó estructurar una nueva carta fundamental39. en el caso de Bolivia nos encontramos con un proceso que supuso varias etapas. Nº 1 2014. Finalmente.. de 6 de marzo. 40 Romero (2008). Es el caso de la Ley Nº 3. Ella es considerada para la reforma total de la Constitución o para el caso que la 38 Ortiz (2009). pp. Año 12. desarrollando posteriormente esta institución en el artículo 411. Francisco Soto Barrientos A partir de entonces. la Ley Nº 3. destinada a la convocatoria a “Referendo Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales”.835/2008. a través del proceso de A.. la Ley Nº 3. efectuado el 25 de enero de 200940. cada una de las cuales se sometió a la aprobación de la ciudadanía a través de referéndum. por una AC o por el pueblo mediante referéndum.. que suman el 60% de la población de ese país. la Ley Nº 3. mediante la aprobación de leyes especiales que formaban parte de la consulta. pp. 410 Estudios Constitucionales. la importancia de la comunidad y el retorno al pasado. la Constitución colombiana de 1991 regula la institu- ción de la AC en los artículos 374 y 376. Se trataba de corregir la situación de postergación de los indígenas. 205-280.1 de la nueva Constitución de 2009 hace referencia a la fi- gura de la A. Así se propuso.365/2006.II. finalmente. El artículo 11. Sobre esta base. pp. 265 a 314. también de 29 de febrero. de 21 de octubre.C.836/2008. mediante la cual se establece que los referendos departamentales serán convocados única y exclusivamente por el Congreso Nacional. En el primero de ellos se establece que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso. y de acuerdo con una concepción indigenista de la historia que supone una relación especial con la tierra. pp. 397-428 . Se fueron sucediendo una serie de referendos (2006) que permitieron la con- vocatoria a la A.C. establecer un sistema institucional “originario” que modificara toda la legislación básica elaborada a partir de la independencia (1825). Tras esta victoria se encontraba la promesa de “refundar Bolivia”. 1-16. Lazarte (2008).
Nº 1 411 2014. promulgada esta polémica Carta Fundamental. 397-428 . en definitiva. esta figura no ha sido incorporada como mecanismo de reforma en ninguna de sus constituciones. el proceso constituyente va de la mano de un gobierno que actúa en los márgenes de la institucionalidad y que básicamente su impulso posibilita el desarrollo y concreción de la AC. la cual fue aprobada por un estrecho margen el 31 de julio de 1993 (52% a favor y 48% en contra) y que permanece vigente hasta la fecha42. Para- guay. Sí encontramos su presencia en disposiciones transitorias de las Cartas de 1933. el Presidente Ortega designa una comisión integrada por 22 41 La nueva Constitución boliviana se sometió a un referéndum aprobatorio. con un 90. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile reforma afecte a sus bases fundamentales. En abril de 1985. Venezuela y Ecuador. la estabilidad institucional mínima para conformar procesos deliberativos y representativos de la sociedad peruana. La presión internacional llevó al gobierno a convocar un nuevo Congreso Constituyente que se instaló en 1993. El voto afirmativo se impuso con 61.24% de participación. Nicaragua.57%. Estudios Constitucionales. El proceso constituyente más valorado fue el que llevó a la Carta de 1979. puso en vigencia una nueva Constitución. En todas ellas. sucediéndose las elecciones generales de 1980. Habla- mos en general de procesos ad hoc. El 7 de febrero de 2009 fue. A pesar de la legitimidad constitucional que tiene la AC en Perú. quien con el apoyo de las Fuerzas Armadas dio un autogolpe en 1992. debido a que comprometió la participaron de la mayoría de las fuerzas políticas. de julio de 1978 a julio de 1979. en consecuencia. Mientras que los partidarios del no alcanzaron un 38. La AC como hegemonía política En este caso nos encontramos con cinco experiencias: Perú. han sido elaboradas mediante AC. la de 1993. 1979 y 1993. deberes y garantías o a la primacía y reforma de la Constitución41. a los derechos. 42 Ferrero (2001). conformados para dar salida institucional a crisis políticas. como veremos. El debate nacional duró un año. El proceso constituyente nicaragüense surge al fragor de la victoria electoral sandinista de Daniel Ortega y de los compromisos asumidos en dicha campaña. 1985 y 1990. y tras pocos meses de trabajo. Todas sus constituciones. Año 12.43% del total. Se vivió entonces un período de estabilidad institucional. momento en el cual quedó sancionada dicha Constitución. El caso del Perú es particular. efectuado el 25 de enero de 2009. y con la sola excepción de la Carta de 1826. La mayoría de estas experiencias constitucionales no ha tenido. Fue en este último proceso en que resultó electo Alberto Fujimori. pp. desde 1823.
La dictadura más antigua de Latinoamérica es depuesta mediante un golpe de Estado. En definitiva. que sólo contemplaba la posibilidad de reforma general. 317-353. pp. La conformación de este órgano le- gislativo debió abocarse durante 1990 a la elaboración de la normativa que diera condiciones democráticas para las elecciones de nuevas autoridades políticas en todos los niveles de la Administración. 412 Estudios Constitucionales. pp. pp. pp. la AC venezolana surge como propuesta política en la déca- da de los ochenta. como trámite previo a la convocatoria a referéndum que validaría el procedimiento pro- puesto por el Presidente Chávez. y Brewer-Carías (2009). que dio sustento a la dictadura de Stroessner. pero fue la candidatura presidencial de Hugo Chávez la que permitió concretar dicha aspiración. el Partido Colorado. 397-428 . pp. Chávez sostuvo una tesis distinta valiéndose de la posibilidad de llamar a referéndum consultivo sobre asuntos de especial trascendencia nacional. una mayoría absoluta de la AC44. por lo tanto. limitándola específicamente a la formación de un eventual nuevo texto constitucional. logrando 122 (de los 198) escaños y. La Constitución nicaragüense establece el procedimiento de reforma total a través de la figura de la AC en los artículos 193 y siguientes43. Nº 1 2014. Por otra parte. pp. condicionada a la sanción del Congreso y a un referéndum aprobatorio (artículo 246 de la Constitución de 1961). Año 12. Concluido este proceso.. se llamó a una Convención Nacional Cons- tituyente para una reforma total de la Constitución de 1967. fue la sala político-administrativa 43 Kenneth (2010). Así. 45 Hernández (2011). Finalmente el texto definitivo fue consultado a la ciudadanía y aprobado el 9 de enero de 1987. Francisco Soto Barrientos miembros y de manera paralela se inicia un proceso participativo que considera- ba cabildos abiertos en todo el país y debates en televisión.1% votos. en 1991 se realizaron las elecciones municipales. 118-122. En 1998 Chávez es electo Presidente de la República bajo la promesa de que su primer acto de gobierno sería convocar a una AC. 105-118. 44 Silvero (2008). La nueva Carta Fundamental fue aprobada el 20 de junio de 1992 y en su artículo 289 regula la A. obtuvo 55. Dicho mecanismo no estaba previsto en la Constitución de 1961. fundado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política45. Este conflicto constitucional fue llevado a la Corte Suprema de Justicia. 140-155. El tercer proceso constituyente que reúne estas características ocurre en 1989 en Paraguay. 783-820.C. definiéndose un cronograma electoral que suponía la elección de un nuevo Congreso en mayo de ese año. y Vintró y Gerp (1996). En las elecciones del 1 de diciembre de 1991.
En dicha votación. Todo este proceso se ratificó mediante un referéndum constitucional el 15 de diciembre de 1999. el nuevo texto constitucional se publicó el 24 de marzo de 2000. Año 12. Laboral. talleres. Ambiente. la regulación de este mecanismo también surge a partir de una iniciativa del Presidente de la República. 397-428 . obtuvo 80 de los 130 cupos. p. coalición oficialista. de Salud. la AC también fue foco de la participación de más de mil delegaciones de organizaciones sociales de todo tipo de institución. realizando una serie de actos. recepción de propuestas. En Ecuador. el Tribunal Supremo Electoral validó este proceso y llamó a elecciones el 30 de septiembre de 2007.41% de representantes pertenecientes a la coalición gobernante. y Renfer (2010). de Producción y Desarrollo Económico. Internet) se abrieron 46 Renfer (2010). entre los que se cuentan la reorganización del Poder Judicial y la suspensión de las actividades del Congreso legislativo y de las elecciones municipales47. El 25 de julio de 1999 se estableció la Asamblea Nacional Constituyente con un 95. de Contratación Pública y Transparencia) de la nue- va Carta.72% del electorado para instaurar una AC ese mismo año. de Organización Territorial y Gobiernos Autónomos. mediante el cual se convocaba a referéndum para aprobar la posibilidad de reforma constitucional a través de la figura de la Asamblea Constituyente46. con la aprobación de un 81. la Alianza País. con un 71. Finalmente. Asimismo.9% de los votantes respaldó la consulta. 348 y 349 regulan la Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado. p. de Participación Social. las que declararon la constitucionalidad del Decreto Nº 3 de fecha 2 de febrero. Los artículos 347. ambas de enero de 1999. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile de este Máximo Tribunal la que dictó dos sentencias (Nº 17 y Nº 19). Penal. Cabe mencionar que. 87. la cual asumió poderes plenos. además de la distribución en comisiones. Seguridad Social. Nº 1 413 2014. de Reforma del Estado y Gestión Pública.78% de aprobación y un 56% de abstención. Estudios Constitucionales. convocándose a elecciones de 128 delegados. crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La Asamblea intervino los otros poderes públicos. quien sometió su pro- puesta de cambiar la Constitución de 1998 a un referéndum que finalmente fue celebrado el 15 de abril de 2007. 311-319. Durante el trabajo de la AC se formaron diez comisiones encargadas de elabo- rar distintas temáticas (Civil. 47 Hernández (2011). pp. 325. pp. El 25 de abril de 1999 y con un 62% de abstención. Pese a que esta consulta contó con un in- sistente rechazo del Congreso. 231. a través de diversos mecanismos (foros. Rafael Correa. mesas itinerantes. Tributario Fiscal y Financiero.
Nº 1 2014. a pesar de contar con varios procesos constituyentes. es decir. el Tribunal Supremo Electoral ratificaría la con- vocatoria a referéndum con el objeto de que la ciudadanía aprobara o rechazara el proyecto final. 49 Basabe-Serrano (2009). y Andolina (2003). del proceso vivido. Tras un largo trabajo. 132-150. se dio fin a la labor de la AC.93% a favor. 721-750. a regulaciones pormenorizadas (Colombia y Uruguay). por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el Registro Electoral. diez regulan dicha figura y la incluyen en la Constitución. Los propios actores que establecieron de facto una AC concluyen. pp. Año 12. Como hemos señalado. 381-406. pp. que en futuras experiencias no se debería dejar en manos de la improvisación procesos tan com- plejos como los descritos. el 20 de octubre de 2008. un común denominador de quienes han pasado por una experiencia constituyente fue justamente buscar su regulación. 414 Estudios Constitucionales. En consecuencia. dando lugar a un régimen de transición en que el gobierno mantendría sus cargos hasta que se realizaran las modificaciones pertinentes requeridas por la nueva Consti- tución. pp. no llegó a establecer una norma en este sentido. Uruguay. tras presiones de la misma AC. Características de la regulación constitucional en Latinoamérica De las once experiencias de AC en Latinoamérica. en ese sentido ha sido el primer Estado en anticiparse a la experiencia. Este día se aprobó el texto constitucional con un 63. se adelantó la fecha del referéndum. Perú es el único caso en que. teniendo lugar el 28 de septiembre de 2008. y la Carta Fundamental comenzó a regir desde su publicación en el Registro Oficial.. El artículo 444 de esta última Carta regula la figura de la AC y señala que sólo podrá ser convocada a través de consulta popular que podrá ser solicitada por el presidente de la República. con fecha 24 de julio de 2008. El 25 de julio de 2008. En cuanto al tratamiento de la figura de la A. la regulación constitucional es desigual. Francisco Soto Barrientos canales de interlocución entre la AC y más de cien mil personas.C. fue un proceso con amplia participación social48. Dicha transición tuvo fin tras la convocatoria a elecciones generales con fecha 26 de abril de 200949. Así. Van desde simples referencias (Brasil). pp. 397-428 . 48 Massal (2006).
algunas constituciones subordinan el resultado deliberativo de la AC a un referéndum de ratificación (Colombia. varias constituciones consagran ciertas definiciones que las AC deberán tomar en cuenta. o bien entregan dichas definiciones a la ley de convocatoria (Costa Rica. en el sentido dado por Böckenförde (de carácter permanente. Costa Rica. Ecuador y Uruguay). Colombia y Ecuador). la regulación constitucional de la AC configura un límite a la práctica recurrente en algunos gobernantes latinoamericanos. que han querido ver en esta figura la posibilidad de acrecentar su poder político. Paraguay. Guatemala y Ecuador). Ecuador y Venezuela) y. Guatemala. También hay cartas que asimilan a la AC con los procedimientos del Congreso (Guatemala). Ecuador y Venezuela). la mayoría de las constituciones se limita a indicar que será la propia asamblea la que deberá auto-regularse (Bolivia. Nicaragua y Uruguay) o dos tercios del Congreso (Costa Rica. Bolivia. Con todo. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile En cuanto a las materias reguladas. en otros se permite indistintamente para reforma parcial o total (Uruguay. Se Estudios Constitucionales. la generalidad de las constituciones rela- ciona la AC con la reforma total de Constitución. Uruguay y Ecuador). la AC configura una suerte de control político. en algunos es la única alterna- tiva (Costa Rica. pp. En este sentido. Como vemos. También se relaciona la AC con la reforma a derechos fundamentales (Bolivia. Paraguay y Guatemala). También encontramos en varias cartas que se condiciona su convocatoria a un referéndum aprobado por la mayoría del Congreso (Colombia) o un porcentaje de padrón electoral (Bolivia. Guatemala y Ecuador) y el procedimiento de reforma de la Constitución (Bolivia. Paraguay). Algunas señalan que con la elección de la AC quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución (Colombia). La iniciativa se asocia generalmente a un proyecto de ley de convocatoria aprobado por mayoría absoluta (Bolivia. Se establece límite al número de los integrantes (Paraguay y Uruguay) o al plazo para la aprobación de su informe final (Uruguay). Por ejemplo. Año 12. Venezuela da iniciativa a las dos terceras partes de los concejos municipales reunidos en cabildo. Colombia. se establece quórum de aprobación: mayoría absoluta (Uruguay) o dos tercios de sus miembros presentes (Bolivia). No obstante lo anterior. Nº 1 415 2014. 397-428 . En algunos casos se permite convocarla al jefe de Estado o presidente de la República (Bolivia. Ecuador. Paraguay y Venezuela). como caso anecdótico. Nicaragua. También se hace referencia al trabajo simultáneo y no interferencia entre la AC y el Congreso legislativo (Bolivia. En cuanto al funcionamiento de la AC. Venezuela). configurando a la democracia como forma de Estado).
la radicación de cambios estructurales de un sistema constitucional en una AC es un tema que surge asociado a los orígenes del constitucionalismo y en una manera de entender el ejercicio de la soberanía. que mientras más se reforma. con el movimiento de los estudiantes secundarios que desencadena sucesivas manifes- taciones vinculadas a temas medioambientales. Esto a pesar de haberse aprobado más de treinta enmiendas en 242 artículos. para dar paso a una serie de movilizaciones sociales aisladas53. Un punto de inflexión se da el año 2006. pp. 59-85. Hoy en Chile se puede identificar un movimiento social y político mucho más masivo y extenso que se une en una crítica al sistema institucional. 52 Ruiz-Tagle y Cristi (2006). 196. Nº 1 2014. buena parte de la doctrina concuerda en que dichas modificaciones han sido cosméticas y no alteran sustancialmente el modelo institucional instaurado por la dictadura. demandando su cambio estructural54. 54 Mayol (2012). pp. El debate actual en Chile Históricamente Chile se ha caracterizado por contar con una estabilidad constitucional sin precedentes en Latinoamérica50. En este sentido. 53 Posner (1999). una especie de mala evaluación en el ejercicio de estas tareas. sin embargo. p. Ruiz-Tagle señala que estamos ante una “Constitución Gatopardo”. una crisis de legiti- midad del sistema institucional chileno. en el caso latinoamericano. no se puede dejar de reconocer que hay una situación de crítica y de deslegitimación de la política y de los políticos que ha dado nueva fuerza a la idea de conformar bajo fórmulas diversas la institución de la AC en varios países de la región. 51 Drake (2009). 23. 50 Garzón (1992). Como hemos señalado en el pri- mer apartado. 397-428 . 198-201. pp. 416 Estudios Constitucionales. locales y estudiantiles que tienen su mayor fuerza el año 2011. Año 12. Francisco Soto Barrientos podría pensar que la radicación de la reforma total y otras materias relevantes en la AC significa una suerte de delegación de los poderes del Legislativo. más retiene sus rasgos originarios52. lo que la hace la Constitución más reformada en la historia constitucional chilena. No obstante. Esta tendencia a la estabilidad política se prolonga durante al período post Pinochet y al sistema institucional impuesto por la Constitución de 1980 vigente hasta la fecha51. p. que se manifiesta primero en una actitud desafectada de los jóvenes por participar políticamente. Desde la década de los noventa se evidencia. Particularmente. y Loveman (1993).
haciendo imposible los cambios constitucionales que no cuenten con el consenso del Congreso y. se ha argumentado sobre la legitimidad de esta opción. Y aunque admitiéramos la hipótesis de concierto del presidente de la República con los presidentes de ambas Cámaras. antes que orientarse a las características que debería tener una eventual A. 397-428 . por ende. podría implementarse si el Tribunal Constitucional no fuese requerido para resolver su inconstitucionalidad por el presidente de la República o algunas de las Cámaras del Congreso (según lo establece el artículo 93 Nº 5 de la Constitución). Dichos procedimientos exigen contar con “súper mayorías” que son necesarias para aprobar la reforma constitucional que en algunos casos se elevan por sobre el 60 o 66 por ciento de diputados y senadores en ejercicio. bastaría un acuerdo entre las máximas autoridades representativas para permitir la convocatoria de una AC mediante referéndum constitucional56. puede de oficio resolver sobre la constituciona- lidad de decretos supremos. se ha detenido fundamentalmente en la elaboración de alter- nativas que legitimen mecanismos diferentes a los previstos en el capítulo XV de la actual Constitución. Atria considera que si bien la fórmula del referéndum cons- titucional no se encuentra explícitamente establecida en nuestra Carta. de todas maneras subsisten otros órganos que ejercen control sobre los actos del Ejecutivo. de acuerdo al artículo 93 Nº 16. la Contraloría General de la República podría determinar la inconstitucionalidad 55 Muñoz (2013b).. pp. Desde este punto de vista. lo que le otorga un amplio margen de intervención. Por otra parte. cuando se vean afectadas las materias reservadas a la ley. 1925 y 1980). La alternativa propuesta por Atria no se sustenta en un análisis sistemático de los órganos que ejercen el control constitucional en Chile. en el ejercicio de su potestad reglamentaria. Año 12. 56 Atria (2013b). Nº 1 417 2014. Por ejemplo. Estudios Constitucionales. por tanto. El Tribunal Constitucional. algunos autores se han manifestado por la alternativa de que sea el presidente de la República. el que llame a un referéndum constitucional para consultar sobre la pertinencia de convocar a una AC. Para escapar de dicho procedimiento. esta práctica estaría dotada de una legitimidad que tendría fundamento en una costumbre constitucional55. con el beneplácito de la derecha chilena. Muñoz considera que la praxis constitucional en Chile se ha carac- terizado por cambios “desde fuera” de los procedimientos instituidos (menciona como ejemplo la propia declaración de Independencia y las Constituciones de 1833. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile En Chile el debate. Aunque esta alternativa no se encuentra prevista en la actual Constitución. según lo establecido en el artículo 63.C.
sus quórum de aprobación y el control preventivo del Tribunal Constitucional). que considera que es posible recrear esta institución dotando de contenido constituyente a una elección de autoridades representativas. dispositivos establecidos en la Constitución de 1980 para neutralizar una eventual mayoría reformista (por ejemplo. Pues bien. este autor considera que se pasaría de facto a un proceso constituyente si el presidente de la República realizara un llamado a la ciudadanía para que. Por tanto. Un proceso constituyente. en lo referido a su mirada sobre la figura de la A. ya revisamos su propuesta sobre referéndum constitucional.C. Esta alternativa supone que el Congreso apruebe una 57 Oróstica (2013). En definitiva. las leyes orgánicas constitucionales. Nº 1 2014.. Año 12. estaría en que dichas fórmulas constitucionales harían de las elecciones algo irrelevante en cuanto al objetivo de reformar sustancialmente la Constitución. para ser tal. el sistema binominal de elección en Chile. en esta even- tualidad. Vale decir. pp. dice este autor. 58 Atria (2008). 418 Estudios Constitucionales. Palma plantea otro camino para convocar a una AC utilizando la figura de un referéndum constitucional. Aquí identifica la elección de concejales que. esos dos caminos serían una forma de entender la AC58. conforman la administración municipal en Chile. Su opción parece sustentarse en que los concejales son las únicas autoridades electas mediante una fórmula proporcional. En el caso particular de Chile. pp. 163-190 y (2013b). por lo que sólo contaría con la alternativa de recurrir al Tribunal Constitucional (según lo establece el artículo 99 inciso 3° de la Constitución)57. según Atria. junto con elegir concejales municipales. Atria adicionalmente hace extensivo de manera laxa el concepto de AC a todo proceso de reforma que no sea el previsto en el comentado capítulo XV de la Carta de 1980. junto con los alcaldes. Francisco Soto Barrientos del decreto supremo que llamare a referéndum constitucional y. la necesidad de optar por una fórmula alternativa se acrecentaría por las que denomina “trampas de la Constitución pinochetista”. Aunque Atria propone varias alternativas para avanzar en una nueva Consti- tución. Lo tramposo. el presidente de la República no podría ni siquiera insistir. no debe estar atado a las decisiones constitucionales anteriores. 59 Atria (2013b) y (2013c). pp. posteriormente considerasen que ellos serán requeridos para elaborar un nuevo texto constitucional59. la búsqueda de mecanismos de cambios de naturaleza constituyente se circunscribiría a dos alter- nativas: eliminar las “trampas” que impiden la reforma por la vía institucional o explorar otras alternativas institucionales. 397-428 . 584-587 (2010).
Así se aprobó la actual Carta Fundamental (septiembre de 1980). amparada en el “Derecho de los Pueblos”61. Nº 1 419 2014. 63 Salazar (2011). pp. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile normativa transitoria para establecer un procedimiento constituyente que. se conformaría como una alternativa institucional al modelo liberal dominador. Año 12. p. los empleados públicos y los estudiantes. 80. 397-428 . 41. que integraría también a los grupos medios y a la elite empresarial. los pro- fesores. que se remonta a la sociedad colonial chilena del siglo XVII. sobre todo)63. 25. Al mismo tiempo. Por su parte. quien opta por dicho modelo institucional a partir de una reflexión histórica. como es el caso de Gabriel Salazar. la Asamblea Nacional-Constituyente. p. que habría enajenado el ejercicio de la soberanía po- pular a través del sistema representativo sustentado en los partidos políticos. 61 Salazar (2005). es importante reconocer que el debate recién expuesto sobre la pertinencia de la AC ha generado un profundo rechazo por los defensores de la actual Constitución. p. Algunos autores chilenos también se han animado a reflexionar sobre las características que debiera reunir una AC en el Chile actual. Estudios Constitucionales. la “Asamblea Nacional-Constituyente”. se sustenta en procesos deliberativos y mayoritarios y en dicha institución la ciudadanía se expresaría regularmente a través de “comicios” (asambleas locales) o en “las sedes de los actores sociales de presencia nacional (el caso de los trabajadores.62 En este contexto identifica al “Estado Neoliberal de 1980” como la máxima expresión de crisis del modelo liberal en Chile: “ (…) nació ilegítimo. se definió la continuidad del gobierno del general Augusto Pinochet (octubre de 1988) y se establecieron las reformas que permitieron dar inicio a la transición democrática (junio de 1989). Aquí sí nos encontramos con una fórmula utilizada en nuestra tradición constitucional. Éstos se fundamentan básicamente en temores a que esta figura no se estructure bajo los principios de representación. que se transforme en órgano omnipotente que termine concentrando todo el poder en desmedro de 60 Palma (2013). según este autor. Desde esta perspectiva. 62 Salazar (2009). de origen y carácter netamente oligárquicos. debería ser aprobado mediante plebiscito60. Todas las consultas realizadas en los últimos treinta años surgen en el período en que rige la normativa transitoria prevista en la Constitución de 1980 y no por las normas que regulan el plebiscito nacional. no ha sido socialmente eficiente y carece de credi- bilidad y representatividad”.
C. elección tras elección se vuelve a la carga con la esperanza que se articulen fórmulas que finalmente visibilicen a los partidarios de este camino. Varios académicos y dirigentes de movimientos sociales partidarios de la AC en Chile se han comprometido por promover y debatir la opción de “marcar el voto” en las elecciones de representantes. Aunque paulatinamente en los últimos años los partidos opo- sitores han asumido oficialmente este mecanismo como fórmula para el cambio constitucional. intelectuales y políticos en Chile hoy toman distancia de la figura de la A. 65 Jocelyn-Holt (2012). 68 Nogueira (2009). El marcar el voto con las letras “AC” se sustenta en una suerte de presión de los movimientos sociales que en algún momento se trasformará en incontrarrestable para la clase política. 64 Rojas (2013). Nº 1 2014..php/quienes-somos. 420 Estudios Constitucionales. Esta alternativa.html. en señal de adherencia a la idea de la AC. No obstante. pp. una suerte de efecto satanizador de la AC que impacta a la esfera política.C. Por otra parte. Sumando a críticas al debate los procedimientos antes expuestos. Nogueira realiza un análisis sistemático de las fórmulas en que las constituciones han buscado regular el Poder Constituyente. ya que hasta la fecha en ninguna de las elecciones se ha podido contabilizar a quienes han ma- nifestado esta opción.marcatuvoto. 67 http://www. Es a partir de la evaluación positiva que este autor realiza del tratamiento constitucional de la AC en la región que llega a proponer la incorporación de esta figura en el sistema institucional chileno68. Año 12. concediéndosela a tesis sui generis como las de Salazar y Atria65. Esto supone consensuar un mecanismo que suponga el acuerdo de la Presidencia de la República y el Congreso Nacional66. El punto es que este camino tiene algo del mito griego de Sísifo. 397-428 . existe escasa proactividad por su implementación.cl/index. entonces. tal como ocurrió en Colombia en la década de los noventa67. Francisco Soto Barrientos los otros órganos constituidos64. de alguna manera. institucional y participativa. asume el marasmo en que están sumidos los acuerdos políticos que sustentan reformas institucionales. pp. Ajeno al debate expuesto. comprometiendo una nueva Constitución cuyo proceso de elaboración deberá reunir tres características: democrática. 229-263. relevando la figura de la AC como fórmula prevista en las cartas latinoamerica- nas. 287-298. pp. Se configura. 66 Bachelet (2013). El Programa de Michelle Bachelet es ambiguo en una opción por la A..
en el artículo 127 dis- tingue el quórum a partir de la reforma de determinados capítulos y no se refiere expresamente a la hipótesis de una reforma total. Por tanto. Su implementación supone exigencias formales y sobre todo materiales. Es. caracterizadas por Ackerman. fórmulas aproximativas como las argumentadas por Salazar o Atria. pp. Bibliografía citada Aguilar. Ackerman. Pensamos que la confusión sobre la figura de la AC proviene fundamentalmente de su caracterización por algunos académicos chilenos como un procedimiento ideal. Atria es el más explícito en este sentido69. De este trabajo se desprende la tesis contraria: cómo la AC se ha convertido en una práctica habitual en Latinoamérica para reformar sustancialmente una Cons- titución. No obstante. factor que permite no sólo la legitimación del sistema institucional en su conjunto. Neal (1995): “Our Unconventional”. 94. le otorgan un fuerte componente deliberativo. 70 Ross (1989). Estas últimas condiciones de exigibilidad. constituye algo imaginario. una construcción intelectual70. Estudios Constitucionales. Como no modifica en concreto ningún artículo de la actual Constitución. University of Chicago Law Review (Nº 62). 478-577. queda abierta la posibilidad de regular un nuevo capítulo donde se establezca la AC. Bruce y Katyal. sino la capacidad de generar empatía y compromiso de la ciudadanía. Editorial Costa Rica). pp. Bruce (1991): We the people: foundations (Cambridge. En este sentido. Entender a la AC de esta manera permite. Como aclara Ross. Óscar (1977): La Constitución de 1949 (San José. un debate político el que definirá el destino de la viabilidad de esta figura. Asamblea Constituyente: La experiencia latinoamericana y el actual debate en Chile Desde nuestra perspectiva. el excesivo protagonismo académico en esta discusión ha servido para enturbiar un debate que se encuentra despejado por décadas en la mejor experiencia del Derecho constitucional comparado. la Constitución de 1980. el acuerdo concreto de un eventual proyecto de reforma consti- tucional debe suponer un consenso que entregue garantías de inclusión a todos los sectores políticos. p. Nº 1 421 2014. queda abierta la interpretación respecto del quórum que requeriría su aprobación y sería resorte del Congreso determinarlo. 69 Atria (2013b). en consecuencia. lo ideal difí- cilmente representa algo practicable. Año 12. Harvard Uni- versity Press). en consecuencia. Ackerman. 397-428 .
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