Source: http://mujeressinmiedo.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
Timestamp: 2017-04-27 09:01:08+00:00

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MIGUEL CABILDO MEXICO, D. F., 30 de enero (apro).- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez calificó de irresponsables las declaraciones del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, en el sentido de legitimar el uso de la fuerza en San Salvador Atenco durante los sucesos de mayo de 2006. En vísperas de la culminación de la investigación de la SCJN sobre el caso Atenco, Peña Nieto declaró ayer que "el uso de la fuerza pública durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco fue legítimo" y añadió que "fue una facultad necesaria para el restablecimiento del orden y la paz en esa zona del estado". En un comunicado, el Prodh lamentó lo dicho por el funcionario mexiquense. Aseguró que ese tipo de afirmaciones alejan de lo exigible en un gobernante verdaderamente comprometido con la vigencia de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El organismo no gubernamental sostuvo que las expresiones del mandatario mexiquense lejos de expresar respeto a la labor autónoma del Poder Judicial de la Federación y sometimiento al orden constitucional de la República, anticipan una significativa y cuestionable reticencia a acatar las conclusiones de la Corte. Dijo que lo mismo puede decirse de otros asertos formulados por funcionarios del Estado de México, que pretenden restar importancia al inminente pronunciamiento de la SCJN. "Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente los derechos humanos, las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos de menor jerarquía", subrayó el Prodh. Por ello, reiteró su llamado a que la SCJN concluya su investigación sobre el caso Atenco cumpliendo a cabalidad lo ordenado por el artículo 97 de la Constitución, atendiendo a que si cuenta con esa facultad sui generis es en buena medida porque el constituyente previó que las autoridades podrían violar los derechos humanos y no realizar investigaciones serias, como en este caso. Para el Prodh, la resolución de la Corte podría contribuir a revertir la impunidad en el caso Atenco.Más aún, representa la oportunidad de examinar deficiencias estructurales en las instituciones de seguridad pública y de justicia mismas que afectan especialmente a las mujeres. Como se recordará, el 3 y 4 de mayo de 2006 se realizó un despliegue masivo de la fuerza pública en las inmediaciones Texco y Atenco, en el Estado de México, en respuesta a las acciones de protesta efectuadas por el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y grupos de comerciantes. En los operativos participaron elementos de los tres niveles de gobierno y dejaron como saldo un caudal de violaciones a los derechos humanos: privaciones arbitrarias a la vida, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, torturas y agresiones sexuales, que en su momento fueron ampliamente documentados por organizaciones civiles como este Centro de Derechos Humanos y corroboradas posteriormente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otros mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Para el Prodh, lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del estado. Igualmente, las violaciones a derechos humanos documentadas en Atenco resultaron paradigmáticas de las particulares afectaciones que dichas políticas tienen en las mujeres. Este Centro de Derechos Humanos ha estado en ocasión de comprobar lo anterior en el acompañamiento que brinda a las mujeres que valientemente denunciaron tortura inclusive, la violación sexual, cometida en su contra por policías. Pese a la gravedad de los hechos, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral. Por el contrario, se ha sancionado penalmente con notoria desproporción a personas relacionadas con el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
■ Todos los señalados, incluido Peña Nieto, deben someterse a su dictadoEmir Olivares Alonso La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede contribuir a revertir la impunidad de que gozan las autoridades de los tres niveles de gobierno luego de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, señaló el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).A unos días de que el pleno del máximo tribunal del país analice el caso para acreditar si hubo transgresiones a las garantías fundamentales durante esos hechos, la organización civil consideró que dada la “trascendencia” de la resolución, todos los servidores públicos que han sido señalados como responsables de los abusos, incluido el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, deben someterse de manera “inedudible” al dictado de los ministros.Subrayó que al discutir el caso a fondo, la SCJN “podrá realizar señalamientos precisos sobre los responsables, de acuerdo con la cadena de mandos, es decir, podrá establecer las responsabilidades en que incurrieron no sólo los agentes que participaron en el operativo, sino los altos funcionarios a quienes se encontraban subordinados y que por su acción u omisión permitieron graves violaciones a los derechos humanos”.El Centro Prodh destacó que la resolución no constituirá un deslinde de responsabilidad penal o administrativa, pero puede significar un “contundente señalamiento de responsabilidad política que, al determinarse jurídicamente por el más alto tribunal de la República, debe dar pie a ulteriores investigaciones y procedimientos”Por ello, consideró que si bien la facultad constitucional de la Corte para realizar investigaciones tiene limitaciones sui generis, no puede dejarse de lado la trascendencia del inminente pronunciamiento. “Si el Estado mexicano pretende avanzar hacia un régimen en el que se respeten plenamente las garantías fundamentales, las resoluciones de la SCJN, como la que concluirá la investigación realizada en el caso Atenco, no deben ser descalificadas a priori o minimizadas por órganos estatales y actores políticos”.La ONG subrayó que la discusión en ese órgano judicial “representa una oportunidad de examinar las deficiencias estructurales de seguridad pública y justicia, mismas que afectan de manera especial a las mujeres”, pues la mayoría de las detenidas durante el operativo denunciaron haber sido objeto de torturas y abusos sexuales por los policías.“Lo ocurrido en Atenco evidenció que las instituciones de seguridad y justicia adolecen de fallas estructurales, motivadas en buena medida por políticas que subordinan la seguridad de las personas a la seguridad del Estado”. El Centro Prodh agregó que pese a la gravedad de las violaciones a las garantías fundamentales –documentadas por organismos nacionales y extranjeros– y aun cuando “ha transcurrido en exceso un tiempo razonable”, las víctimas no han tenido acceso a una justicia integral y, por el contrario, se ha sancionado penalmente “con notoria desproporción” a integrantes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra.
Difusión Cencos México D.F., 30 de enero de 2009 Atención: Jefatura de Información, reporteros y reporteras de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales Invitación a Conferencia de Prensa Tribunal Colegiado concede amparo en revisión a perseguidos políticos de Atenco. Luego de una batalla jurídica de casi tres años Bernardino Cruz Cardona y Jesús Adán Espinosa Rojas lograron que un Tribunal Colegiado determinara que en los hechos suscitados el 8 de febrero y el 6 de abril de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, no se configuró el delito de secuestro equiparado, con lo cual quedaron sin efecto las órdenes de aprehensión giradas en su contra. El fallo beneficia asimismo la defensa jurídica de Ignacio del Valle, Felipe Arizmendi y Héctor Galindo, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, presos en el penal de alta seguridad del Altiplano. Se contará con la presencia de:• Leonel Rivero, representante legal• Luis Arriaga, director del Centro Prodh• Familiares de presos políticos de San Salvador Atenco• Representantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Lunes 2 de febrero de 2009 a las 11:00 horas en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC, Serapio Rendón No. 57-B colonia San Rafael. Mayores informes: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh) teléfonos 55 46 65 59, 55 46 82 17, 55 35 68 92. Con Tania Tamara Gómez.Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) teléfonos 55 33 64 75 (76), extensión 104. Con Francisco Barrón Trejo.
■ El escrito judicial se incluirá en resolución sobre Atenco■ Dictamen de Gudiño Pelayo no menciona a autoridades superiores involucradas en el caso mexiquense■ Discusión pública, el 9 de febreroJesús ArandaEn imagen de archivo, elementos policiacos detienen a un poblador de San Salvador Atenco Foto: Alfredo DomínguezLos cuerpos policiacos del país no cuentan con un protocolo de uso de la fuerza pública, por ello la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco incluirá un exhorto a las autoridades federales y estatales para elaborar procedimientos y catálogos que regulen la forma de actuar de los policías en conflictos sociales o políticos.El pleno de la Corte tendrá como premisa fijar criterios que garanticen un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la actuación de la autoridad, confirmaron fuentes del máximo tribunal.También precisaron que aun cuando el dictamen elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo establece la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Agencia de Seguridad del Estado de México en la violación grave de las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006, el pleno no está facultado para mencionar por su nombre a los funcionarios responsables; sólo hará señalamientos generales sobre los hechos.Expresaron que a pesar de que el informe preliminar elaborado por la comisión de magistrados que investigó la violación de garantías en aquel poblado mexiquense los días 3 y 4 de mayo de 2006 concluyó que las agresiones físicas y sexuales que tuvieron lugar fueron “acciones motivadas por la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencias y cargas emotivas incontroladas”, las cuales fueron permitidas y alentadas por autoridades superiores como Eduardo Medina Mora, entonces titular de Seguridad Pública federal, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, entre otros.La Corte aprobó el año pasado un acuerdo general que tiene que ver con la investigación de violaciones graves a las garantías individuales (prevista en el artículo 97 constitucional), el cual establece que los ministros no pueden señalar personalmente a los responsables, únicamente deben hacerlo de forma genérica, razón por la que no habrá ninguna recomendación directa hacia alguna autoridad involucrada.En este sentido, indicaron los funcionarios consultados, cobra mayor importancia el hecho de que los ministros discutan los parámetros internacionales que tienen que ver con el uso de la fuerza o la omisión de la aplicación de ésta bajo determinadas circunstancias.Una conclusión fundamental del ministro Gudiño, añadieron, es que la ausencia de un protocolo en la materia –tanto para la policía federal como para la estatal– da lugar a la violación de los derechos humanos, porque al no haber procedimientos de control sobre la actuación de los policías queda todo en manos de la improvisación y del abuso de autoridad.Existe, ejemplificaron los entrevistados, el caso del uso de gas lacrimógeno en una manifestación en la cual las cosas se están saliendo de control. Debe haber –agregaron– un control que señale que antes de usar la fuerza, la policía dispare al aire el gas lacrimógeno, para advertir que está dispuesta a actuar; en caso de que no hubiera resultado, entonces sí se podría tirar el gas a los pies de los manifestantes, y sólo como último recurso considerar el desalojo de los quejosos por métodos violentos.Este es sólo un ejemplo de la utilidad de los protocolos, apuntaron.Por otra parte, el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, confirmó que la discusión pública del “harto delicado y complejo” caso Atenco se iniciará el 9 de febrero, por lo que anunció que la próxima semana el pleno no resolverá asuntos jurisdiccionales. También trascendió que el pleno emplazó al ministro Gudiño para que a más tardar el martes tres coloque en Internet su proyecto de dictamen “modificado”, sin nombres ni alusiones personales o confidenciales de los involucrados en los hechos.
Para conocer responsables y establecer formas de reparaciónPor Sandra Torres Pastrana México DF, 29 enero 09 (CIMAC).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, que será discutida a partir del 9 de febrero, abre la posibilidad de que se conozcan los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura y el abuso sexual contra mujeres, ocurridas el 3 y 4 de mayo de 2006, en San Salvador Atenco, durante un operativo policíaco en donde intervinieron elementos de los tres niveles de gobierno.Así lo declaró en entrevista con Cimacnoticias Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien afirma que la creación de la Comisión Investigadora de la SCJN en febrero de 2007 fue un signo positivo que abrió la posibilidad de conocer las causas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las corporaciones policíacas.Una resolución positiva, agrega Arriaga, permitiría asimismo establecer criterios sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de las corporaciones policíacas en México y encontrar mecanismos para una reparación integral del daño a las víctimas.Esta comisión, integrada por los magistrados Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, indicó Arriaga, entregó al pleno su informe preliminar el 13 de marzo de 2008. La elaboración del proyecto de dictamen se turnó entonces al ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo. Con base en este documento, la SCJN presentará sus conclusiones relacionadas con este caso.Arriaga señaló que a pesar de que éstas quedarán en el nivel de recomendaciones, por no tener carácter vinculante, tendrán un fuerte peso moral y por provenir de la máxima instancia de justicia en México.3 Y 4 DE MAYOLos días 3 y 4 de mayo de 2006, pobladores de San Salvador Atenco fueron reprimidos por un gran operativo policíaco, constituido por 3 mil efectivos, que incluía fuerzas de los tres órdenes de gobierno.Tomaron la cabecera municipal donde pretendían instalarse comerciantes floristas quienes, junto con otros sectores de la población, trataron de repeler las agresiones policíacas.Las detenciones de civiles sumaron 207, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y durante éstas ocurrieron tortura y agresiones sexuales contra varias mujeres, incluida una joven de nacionalidad española.EL DICTÁMENEl presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, afirmó a la prensa que esperaba “recibir muy pronto” el proyecto de dictamen del Ministro Gudiño y que “es probable que ese asunto sea listado durante las próximas semanas”.Dijo también que, por su trascendencia, el proyecto de dictamen sería dado a conocer a través de la página Web de la SCJN, aunque la oficina de comunicación social de la dependencia desconoce hasta hoy si esto ocurrirá antes del inicio de las discusiones.Por otro lado, transcendió hoy en algunos medios nacionales, que afirman haber tenido acceso al texto preliminar con las conclusiones de la Comisión de Ministros, que las acciones de la fuerza pública aplicada en Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue “excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente”.El texto haría también mención de funcionarios involucrados en la violación de los derechos humanos, como el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto; el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, entonces titular de la SSP federal; el ex coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública, hoy director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes; el ex Secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño, y el entonces Procurador Abel Villicaña.En este sentido el director del Centro Prodh, resaltó que ya está acreditada la existencia de violaciones de derechos humanos en este caso. También dijo que están en espera que este proyecto de dictamen se suba a la página de la SCJN para poder considerarlo y ver qué respuesta se da a las preguntas que se planteó la Corte en esta investigación y que están relacionadas con la gravedad, las motivaciones y la posibilidad de que el operativo haya respondido a una estrategia estatal.APORTACIÓN DE SOCIEDAD CIVILLuis Arriaga recordó que en el marco de esta investigación el Centro Prodh, junto con Gustavo Fondevila, del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), y el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), presentaron ante la Corte un memorial Amicus Curiae que contiene elementos técnicos sobre regulación de uso de la fuerza empleada por las corporaciones policíacas.Señaló que espera que esta aportación de la sociedad civil sea tomada en cuenta en el predictamen del ministro Gudiño. Según explicó Arriaga, este tipo de documentos tienen su fundamento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y permiten que organismos de derechos humanos aporten elementos relevantes en casos paradigmáticos como el de Atenco.El maestro Arriaga espera que en las próximas audiencias públicas, además de reconocer la gravedad de las violaciones a las garantías individuales y que las conclusiones de la Corte se apeguen a los principios de reparación y justicia, que en uso de las facultades que le confiere el Artículo 97 constitucional, la SCJN determine criterios que incidan en la disminución de los abusos por parte de las corporaciones policíacas en México.Para ello, se pueden tomar en cuenta las aportaciones del memorial Amicus Curiae y establecer ordenamientos para las instituciones policíacas respecto al uso de la fuerza, la cual deberá ser racional y establecida en el marco legal, así como utilizada siempre de acuerdo a la necesidad y con proporcionalidad al delito, a la persona y basado en los principios internacionales, concluyó.09/STP/GG
La toma de Atenco fue perpetrada desde la casa del papá del actual diputado local por Texcoco Francisco Vázquez Rodríguez.Toluca, Estado de México. (Texcoco Mass Media).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que las autoridades federales, estatales y municipales ejercieron un uso legítimo de la fuerza durante los operativos desplegados en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006.De acuerdo con el dictamen que analizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto el mandatario mexiquense como el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son responsables de los excesos de autoridad cometidos en aquellos operativos.Al consultar al gobernador al respecto, afirmó que las autoridades mexiquenses esperarán el resolutivo que deberá ser dado a conocer los primeros días de febrero.Al respecto dijo: “yo sobre ese tema sería muy puntual. Primero, estaremos muy atentos a conocer el resolutivo que la Corte tenga el 9 de febrero, como ha planteado será la fecha en que resuelva este asunto; estaremos muy atentos, seremos absolutamente respetuosos de la determinación que tomen y nosotros hemos, por supuesto, esgrimido algunas consideraciones respecto de lo que fue en uso de la facultad que tiene el gobernador y las otras autoridades que participamos, de haber hecho uso legítimo de la fuerza pública para el reestablecimiento del orden y de la paz en esa zona del estado. Al final de cuentas seremos absolutamente respetuosos de la determinación que tenga la Corte, del resolutivo que emita y que, bueno, pues puede eventualmente orientar las acciones que en ese tema en particular hemos venido llevando acabo”.El predictamen de la Corte señala al mandatario mexiquense y al titular de la PGR como responsables de las acciones policíacas ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, no profesional e indolente" contra ambulantes y activistas en mayo de 2006.En la lista de funcionarios responsables de estos excesos y violaciones a los derechos humanos también aparecen el secretario de Gobierno mexiquense, Víctor Humberto Benítez Treviño, así como el ex Procurador estatal, Abel Villicaña Estrada.La toma de San Salvador Atenco fue perpetrada la noche del 3 de mayo en la casa del papá del actual diputado local por Texcoco, Francisco Vázquez Rodríguez, por Peña Nieto y Miguel Angel Yunes, entonces subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Pobladores de Atenco esperan que estos funcionarios respondan ante la justicia por los cargos que han sido acusados, por tanto aguardan el resolutivo de la Corte.Con información de diversos medios electrónicos.
Recuerda que el proyecto de sentencia de la Corte es coincidente con la recomendación hecha. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, dijo esperar que ahora sí haya justicia en el caso de violación de garantías en San Salvador Atenco, en el cual se señala como funcionarios responsables al ahora Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, y al Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. "El proyecto que han presentado en la Corte es coincidente con las recomendaciones de nuestra Comisión, ojalá que ahora sí se haga justicia", manifestó Soberanes.REFORMA publicó que de acuerdo con el proyecto de sentencia que discutirá el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el operativo policiaco en San Salvador Atenco del 4 de mayo de 2006 se ejecutó de forma excesiva, desproporcionada, deficiente, improfesional e indolente.Soberanes afirmó que la resolución que en su momento emitió la CNDH también advirtió la violación de los derechos humanos por parte de autoridades estatales y federales.El Ombudsman recordó que se emitieron recomendaciones al entonces Secretario de Seguridad Pública y ahora Procurador, Eduardo Medina Mora, al Gobernador mexiquense y al Instituto Nacional de Migración (INM).Medina Mora, dijo, no aceptó la recomendación, pero el Gobierno del Estado de México y el INM sí lo hicieron, y por lo tanto, la cumplieron. En las recomendaciones se señalaron dos homicidios, los cuales no fueron investigados ni se llevaron a la cárcel a los culpables, además que se registraron abusos sexuales y violaciones a algunas mujeres detenidas, por los que tampoco hubo castigo penal."Ahora esperamos que a los culpables se les castigue y a las víctimas se les indemnice", declaró Soberanes en entrevista, antes de presentar su informe anual de labores ante integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.El titular de la CNDH añadió que de no cumplirse la resolución que emita la Corte sobre el caso de Atenco, el País seguirá viviendo al margen del Estado de Derecho.Soberanes también dijo que anoche la PGR le informó que se negaba a aceptar la recomendación sobre el accidente en la mina de Pasta de Conchos, en la cual la CNDH le pide una investigación a los funcionarios federales que fueron omisos en la investigación del siniestro y el rescate de los cuerpos.Con esta respuesta, añadió, la PGR se ha convertido en la excepción de las dependencias federales, pues ya es una costumbre no aceptar ningún tipo de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.En su informe ante los legisladores, el presidente de la CNDH lamentó la negativa de algunas autoridades a aceptar sus recomendaciones, pues ello en nada contribuye a combatir la impunidad y se abre la puerta para que otros sigan cometiendo abusos sin señalamiento y castigo alguno.
■ Faltaron técnica y profesionalismo en las acciones, señala Gustavo Castillo García Las agresiones físicas y sexuales cometidas por policías en contra de habitantes de San Salvador Atenco y miembros de diversas organizaciones sociales, los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron “acciones motivadas por la falta de técnicas para preservar las detenciones, indolencia y cargas emotivas incontroladas y, por supuesto, injustificables, y aun cuando la violencia no hubiese sido ordenada, fue permitida y alentada por los superiores”, señala el dictamen elaborado por la comisión designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que investiga el caso. Los integrantes del máximo tribunal deberán analizar el citado dictamen y emitir una sentencia, luego de que el documento estima que autoridades federales y mexiquenses incurrieron en violación a los derechos humanos, y sostiene que entre los funcionarios que tuvieron injerencia en los hechos y cuyos actos u omisiones “habrían configurado las violaciones” están Eduardo Medina Mora, ex titular de la SSP federal, y actual procurador general de la República; Miguel Ángel Yunes Linares, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y actual director del ISSSTE; el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobierno Humberto Benítez Treviño y el ex procurador de esa entidad Abel Villicaña Estrada. El pasado 21 de enero, La Jornada adelantó que para la Suprema Corte funcionarios de los gobiernos federal y mexiquense cometieron graves violaciones a las garantías individuales de los habitantes de San Salvador Atenco y de miembros de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), algunos de cuyos líderes purgan altas condenas, como Ignacio del Valle, quien ha recibido dos sentencias, una de 45 años por ataques a las vías de comunicación y secuestro, y otra de 67 años por secuestro.El dictamen precisa que, si bien al inicio el operativo policiaco tenía como finalidad el desbloqueo carretero y el rescate de policías retenidos por los manifestantes, el restablecimiento del orden en el poblado de Atenco y la ejecución de capturas merced a flagrancia delictuosa y/ o órdenes de aprehensión, “las cosas fueron adquiriendo un tono y formas que se salieron de control”. Asimismo, el documento, que aún no se convierte en resolución definitiva, refiere que “se dotó a los cuerpos de gas lacrimógeno, el cual en principio no es letal, y cuya función estuvo dirigida principalmente a replegar, incapacitar para menguar la resistencia y beligerancia que se presentaba. Es cierto que, estos instrumentos fueron utilizados de manera poco profesional por los policías, que llegaron a poner en riesgo la integridad física de los civiles, pero, en el contexto referido, demuestra sobre todo impericia y falta de profesionalismo” de los policías.El caso Atenco será tratado en fechas próximas por la Corte, y los 11 ministros que integran este tribunal dictaminarán de manera definitiva sobre el tema y la responsabilidad de los funcionarios señalados.
Junto con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, configuraron violaciones a los derechos humanos de pobladores de esa comunidad mexiquense El actual director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares; el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; y el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, son señalados como responsables de violentar los derechos humanos de pobladores de San Salvador Atenco.De acuerdo al proyecto de dictamen que analizan los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso Atenco, estos servidores públicos se valieron de la fuerza pública “excesiva, desproporcionad, ineficiente, improfesional e indolente” al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el pasado tres de mayo del 2006.Estos funcionarios tendrían responsabilidad en estos hechos. Miguel Ángel Yunes Linares se desempeñaba en ese entonces como coordinador nacional del Consejo de Seguridad Pública; y Medina Mora como secretario de Seguridad Pública.El caso Atenco será discutido por los ministros de la SCJN en días próximos. De acuerdo al documento preliminar del análisis, esos funcionarios ejercieron decisiones que configuraron violaciones a los derechos humanos."Las agresiones perpetradas resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro país y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en el futuro próximo". en
Establece proyecto de dictamen que podrían ser responsables de los hechos violentos en Atenco.El Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el actual Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, son señalados como probables responsables en un proyecto de dictamen relacionado con el llamado Caso Atenco, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia analizan y se aprestan a votar en los próximos días.El texto preliminar, producto de las conclusiones de una comisión de ministros y al que REFORMA tuvo acceso, señala que las acciones de fuerza pública en Atenco fueron ejecutadas de manera "excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente" al perseguir a ambulantes y activistas de esa comunidad el 3 de mayo del 2006, dice el proyecto de dictamen.La Corte enlista a los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno que tendrían responsabilidad en esos hechos e incluye además de Peña Nieto y Medina Mora (en ese entonces Secretario de Seguridad Pública), como al Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública y hoy Director del ISSSTE, Miguel Angel Yunes, al secretario de Gobierno mexiquense, Humberto Benítez Treviño y al entonces Procurador Abel Villicaña Estrada."Se trata de una relatoría de los diversos funcionarios de los tres órdenes de gobierno que tuvieron injerencia en los hechos…ya sea ejerciendo funciones decisoria, de coordinación, de supervisión u operativas", dice el documento."Según las funciones que a cada uno competían en términos de lo explicado en los considerandos precedentes (del documento), habrían configurado las violaciones a derechos humanos apuntadas", precisa en el capítulo Duodécimo del proyecto titulado "Sobre la determinación de quiénes participaron en las violaciones graves encontradas".Precisa el documento: "las agresiones perpetradas, resultan graves y muy lamentables, considerando el trasfondo histórico que el uso de la fuerza tiene en nuestro País y las negativas consecuencias que esto pudiera acarrear en el futuro próximo".La Corte indica que es contradictorio que en México se reconozcan leyes y tratados internacionales en materia humanitaria y sean violados los derechos en nuestro territorio.¿Qué pasó en Atenco?La madrugada del 4 de mayo de 2006, los pobladores de San Salvador Atenco fueron sorprendidos con un operativo policiaco de grandes dimensiones. Tres mil efectivos de la Policía estatal y de la Federal Preventiva tomaron la cabecera municipal en un violento operativo que pretendía evitar la instalación de un tianguis de floristas.Los policías fueron enfrentados por pobladores de Atenco, lo que desencadenó cuatro batallas campales en un lapso de 10 horas.Los detenidos en los dos días fueron 207, los cuales sufrieron golpes y agresiones sexuales, según confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.Cuatro años antes, los pobladores de Atenco se opusieron con éxito a uno de los más grandes proyectos de Vicente Fox: la creación de un nuevo aeropuerto, que iba a tener su sede en Texcoco.
Alberto Híjar La crisis sirve de pretexto a los gobernantes y empresarios para desarrollar sus proyectos a toda costa. Preocupados por los obstáculos imprevisibles, aceleran pasando por encima de normas y leyes. Con el pretexto de la cercanía de 2010 y los aniversarios históricos, Peña Nieto y Ebrard desarrollan obras públicas para acrecentar su imagen de constructores del mañana. Van tendidos a la candidatura presidencial. El Estado de México y en especial los alrededores de su capital Toluca, se han llenado de puentes y pasos a desnivel. Las carreteras se han ampliado y proliferan centros comerciales, hoteles y grandes estacionamientos. Lo que no es ostensible es la acción constante contra los campesinos atravesados en proyectos como el corredor turístico irradiado por Teotihuacan hasta Texcoco. La gran extensión de tierras cultivadas por los pueblos vecinos de San Salvador Atenco tendría que ser transformada en polo de desarrollo turístico, ecoturístico para decirlo con el tramposo nombre oficial. Con fondos de PROCEDE y otros planes de falsa ayuda del gobierno, han convencido a campesinos oportunistas a que vendan sus tierras. Ya no les ofrecen 7 pesos por metro como en tiempos de Fox, ahora puede llegar hasta 150 pesos la oferta. Como los terrenos son de varias hectáreas, resulta difícil resistirse a cambiar la tierra por 4 o 5 millones de pesos. Sin obstáculos legales para acabar con la soberanía ejidal comunitaria y las facilidades de los gobiernos, incluyendo el perredista de Texcoco y San Salvador Atenco, las operaciones de compra-venta van viento en popa. Los sobrevivientes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra exigen apoyo al perredista presidente municipal de Atenco para proyectos propios. Quedan restos del lago, de la fauna y vegetación en extinción y de evidentes restos de centros ceremoniales y lugares de culto elegidos por Nezahualcóyotl para pasarla bien. Sobre todo, está el evidente cultivo de terrenos donde ha sido vencida la salinidad. El cultivo incluye la cultura, la fiesta, el duelo, las tradiciones reproducidas, en fin, el modo de ser y estar en la vida. Nada de esto cuenta para el gobierno de Peña Nieto que con todo y la oposición nacional e internacional incluyendo la del tibio INAH, la conciliadora de la Cámara de Diputados y la UNESCO, sigue adelante en la disneyzación del centro ceremonial de Teotihuacan, patrimonio de la humanidad. Para la resistencia no ayuda la separación entre el brutal tratamiento a los presos políticos de Atenco y la impunidad de los culpables de crímenes y violaciones, y el programado despojo de las tierras y aguas inmediatamente cercadas y vigiladas por policías armados. En rigor, se trata de uno y el mismo proceso de aniquilamiento del FPDT. La negativa a la madre de Héctor Galindo para visitarlo en Almoloya, la monstruosa sentencia de por vida a Nacho del Valle y la de Felipe Álvarez, las ordenes de aprehensión contra América del Valle a quien negaron varios amparos, la clandestinidad obligada de Adán Espinosa y Bernardino Cruz a punto de recibir la decisión definitiva de la Suprema Corte de Justicia, son la parte político-militar del proyecto que cumple con aquella estúpida gracejada de Fox cuando dijo: “éstos no entienden que se han sacado la lotería”. Un futuro espantoso de hoteles de 5 estrellas, campos de golf, aeropuerto, luz y sonido en sitios inaccesibles para quien no puede pagar la entrada, amenaza al Estado de México y a Atenco en especial. Si la amenaza se cumple todos resultaremos afectados gravemente.Enero 26, 2009
Hasta esta orilla ha llegado la noticia de la partida de dos de nuestros seres queridos: tu hermana, Felipe, y tu abuelita, Juan Carlos. Sé que a distancia mis palabras se pueden esparcir con el viento y que en medio de esta tormenta que atravesamos, el dolor que causa una pérdida es difícil que encuentre consuelo. Lo sé, lo sabemos. Sin embargo, no serán las celdas infames ni el exilio lo que nos impida abrazarnos y acompañarnos, así como en la lucha también en nuestro dolor. Mas pensemos en su fuerza y esperanza, que seguro no les faltó; abracemos su ejemplo de dignidad y resistencia, de cariño y amor. Con la frente en alto, fuerza, mucha fuerza, por ellas y por la vida que no será en vano.¡Presos políticos, libertad! ¡Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha! Estoy con ustedes, compañeros, y también con sus familias.América del Valle, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
Miguel ConchaEl pasado miércoles se informó que por fin los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaban ya recibiendo el dictamen del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los hechos represivos que el 3 y 4 de mayo de 2006 llevaron a cabo en San Salvador Atenco más de 4 mil efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) y de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México (ASEEM), que dejaron un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales y torturas, y cateos ilegales (cfr. La Jornada, 21/1/09).Como se recordará, el 6 de febrero de 2007 el pleno de la SCJN resolvió, por mayoría de siete votos contra cuatro, con base en el artículo 97 de la Constitución, que su anterior presidente pretendía ya desechar como inútil, investigar “si hubo graves violaciones a las garantías individuales” en tales hechos, atendiendo a las solicitudes de representantes de esa población, y de diversas organizaciones sociales.Trascendió que en esa decisión pesaron las peticiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cuya recomendación al entonces titular de la SSPF, Eduardo Medina Mora, no había sido cumplida), las de organizaciones no gubernamentales, las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y las de líderes políticos pertenecientes a varios partidos y bancadas del Congreso de la Unión.Por tratarse de “una exigencia de nuestra sociedad”, y para saldar con ella una deuda de la SCJN en la protección de los derechos humanos fundamentales, como expresó entonces el ministro presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, se decidió formar una comisión investigadora integrada por los magistrados de circuito Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, que inició sus trabajos el 21 de febrero de ese año, luego de definir los alcances de la investigación, teniendo en cuenta la investigación ya realizada por el ministro Juan N. Silva Meza.En su resolución de 19 de febrero de 2007 la SCJN determinó que en este caso ya se estimaba “acreditada la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos fundamentales por parte de las autoridades policiacas” que intervinieron en esos hechos, y que por lo mismo la investigación no debería centrarse en si existieron o no tales violaciones, sino en investigar por qué ocurrieron, quién las ordenó, y si obedecieron “a una estrategia estatal, o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías”.Por ello es importante que ahora se informe que en el dictamen del ministro instructor se ratifique que los gobiernos federal y del estado de México violaron gravemente las garantías individuales de los pobladores de San Salvador Atenco en los días señalados, pero llama poderosamente la atención que ahora el dictamen aparentemente no atribuya ninguna responsabilidad directa, con nombre y apellido, a los funcionarios de la SSPF y de la ASEEM que actuaron en los mencionados hechos. Sobre todo teniendo en cuenta que la comisión investigadora, que presentó los resultados de sus trabajos hace ya casi un año, sí procuró, siguiendo las instrucciones del pleno, identificar el cargo y nombre de las personas que hubieron participado en ellos, como lo informó en un comunicado de prensa la propia SCJN el 13 de marzo de 2008. Y sobre todo cuando, como ya se ha repetido, el 23 de abril la SCJN emitió una resolución sobre el caso del vado de Aguas Blancas, en la que concluyó la responsabilidad de altos funcionarios públicos, como el entonces gobernador del estado de Guerrero, que al menos se vio obligado a renunciar posteriormente a su cargo.Si esto fuera así, los graves hechos ocurridos en Atenco y Texcoco quedarán en la impunidad en la más alta instancia judicial del país, con la consiguiente insatisfacción de la sociedad, el mayor desprestigio de la Corte y, lo que es más grave, el desprestigio internacional de las instituciones judiciales de México.Se informa además que la ponencia del ministro instructor pone especial énfasis en el uso de la fuerza pública y en los parámetros que deben cumplir las corporaciones policiacas en determinadas situaciones, en las que sea necesaria su participación, lo que de por sí es plausible para fijar criterios que en el futuro sirvan para que las autoridades utilicen los cuerpos policiacos con base en catálogos o recomendaciones de organismos internacionales en la materia, pero que de nueva cuenta dejaría en el limbo la voluntad deliberada de las autoridades de reprimir con violencia y con saña los movimientos sociales que ejercen pacíficamente su derecho a manifestarse contra sus decisiones inconsultas, ilegales y arbitrarias.Muy por el contrario, un grupo de organismos civiles solidarios, defensores de los derechos humanos, familiares de los presos y perseguidos, así como el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, han decidido construir una estrategia integral “para generar condiciones que impulsen una solución jurídico-política ante los diversos poderes de la nación –Judicial, Legislativo o Ejecutivo–, para alcanzar la libertad de los 13 presos, perseguidos y procesados políticos, así como la justicia para Atenco”, de la que nos ocuparemos en próximas colaboraciones.
A los colectivos, organizaciones, pueblos, individuos e individuas solidarias que luchan.Desde hace dos años y medios, en el plantón (primero en el penal de Santiaguito y ahora en el penal de Molino de Flores en Texcoco) sostenemos una lucha por la libertad de los presos políticos de los días 3 y 4 de Mayo del 2006, acompañando a nuestros compañeros, asumiendo el compromiso de no dejarlos solos, de no abandonarlos, haciendo vivo el "si nos tocan a un@ nos tocan a tod@s".A lo largo de estos dos años y medio de resistencia hemos coincidido en este espacio compañeras y compañeros, la mayoría adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembros de la Otra Campaña, con nuestras diferentes ideas, compartiendo no solo el tiempo y la resistencia, sino los pensares, los acuerdos y los desacuerdos, haciendo que este espacio, a parte de de ser una acción de lucha y resistencia, sea un espacio de encuentro entre las ideas, las diferencias, donde hemos aprendido a conocernos, respetarnos, llegar a acuerdos y desacuerdos, intentando hacerlo en base al respeto al otro y a la otra mutuamente.Ahora, a finales del año pasado y los comienzo de este 2009 fuimos participes del Primer Festival Mundial de la Digna Rabia que se realizo en la ciudad de México, en el Caracol de Oventic y en la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Este festival busco acercar a las distintas rabias organizadas que luchan, en las diversas partes de México y el mundo, para propiciar un espacio de encuentro entre las y los que luchamos (alejados de los partidos políticos oficiales y de las esferas de poder). En el festival nos encontramos y pudimos conocernos, aún que un poco, saber que esta haciendo el otro, la otra, sus ideas, sus luchas, sus problemas, sus cercanías con nosotros, sus diferencias, sus palabras, intentando conocernos y reconocernos mutuamente.En esta misma dinámica es que creemos hace falta que este conocer y reconocerse sea constante, pues solo así lograremos aprender a respetar nuestras diferencias y encontrar nuestras cercanías. Es por esto que en el plantón Molino de Flores estamos pensando hacer una especie de continuación, en pequeño y según nuestras posibilidades, de lo que se buscaba con el Festival.En este sentido es que pensamos organizar una serie de platicas, encuentros, donde invitaremos a diversos colectivos, organizaciones, hombres y mujeres y los etcéteras que existan a que vengan al plantón Molino de Flores a decirnos sus palabras, a platicarnos sobre sus luchas, sus ideas, sus propuestas, su historia en general, para que nos conoscamos y reconoscamos. La idea no es que vengan a hablarnos solamente a los y las que estamos en el plantón Molino de Flores, sino a la vez invitar a toda la Otra Campaña, a los colectivos, organizaciones, hombres y mujeres a que vengan a escucharlos, a conocerlos y que juntos podamos reconocernos.Los y las invitados serán colectivos, organizaciones, proyectos, pueblos, coordinaciones, hombres y mujeres principalmente adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y miembros de la Otra Campaña y algunos que no lo son.Esta serie de platicas pensamos hacerlas mensualmente, en sábados a partir de la 1 de la tarde, a mediados de cada mes si es posible y pensamos poder iniciar con la primera de estas platicas el Sábado 14 de Febrero. En cuanto tengamos confirmadas las actividades y los invitados comenzaremos a hacer las distintas convocatorias para cada platica, donde informaremos la fecha y los invitados.La idea es que no solo escuchemos las platicas, sino que después de cada platica podamos organizar una pequeña convivencia, comiendo juntos y acompañados de diversas actividades culturales que podamos planear o que se improvisen en el momento y que tal vez de ahí surgan otras iniciativas de reconocimiento y discusión.Las platicas, estamos intentando organizarlas por temas o por proyectos que sean parecidos, pensamos también en medida de las posibilidades invitar a compañeros y compañeras de distintos estados de México, aún que esto por la distancia se nos dificulta, por lo que aquí mismo invitamos a la gente de los estados del país y de otras partes del mundo a que cuando alguno o alguna de ustedes piense venir a la ciudad de México y pueda asistir al plantón, nos pudiera avisar al correo plantonmolinodeflores@gmail.com, en que fechas vienen, para intentar incluirlos en las mesas y así poder escuchar no solo a la gente del DF y del Estado de México. También pensamos en un futuro, si el tiempo nos lo permite organizar mesas de discusión sobre temas específicos, no con la idea de llegar a acuerdos, sino solamente para conocer los diversos puntos de vista e ideas que existen sobre cada tema.Compañeras, compañeros, con esto les estamos dando a conocer este proyecto y a la vez estamos invitándolos a asistir a estas actividades y al plantón en general.Esperamos poder contar con todas y todos ustedes y su asistencia a estas platicas de encuentros.En unos días estaremos enviando la convocatoria para estas platicas.Plantón Molino de FloresLibertad a los presos político!!Alto al hostigamiento a las Comunidades Autónomas Zapatistas!!
A la Otra Campaña en general:Compañeros y compañeras:Les escribimos desde el plantón Molino de Flores, para solicitar su apoyo.Las necesidad más urgentes del plantón son de despensa, en meses pasados recibimos el apoyo con despensa que nos permitio mantener hasta este momento las necesidades del plantón cubiertas.Sin embargo hoy se necesita los siguiente productos:Papel de bañoAceiteCafe de granoLatas (verduras, Atún, chiles, frijoles, etc.)GalletasLecheCerealCajeta (no demasiada)Esperamos puedan apoyarnos con estas necesidades.Plantón Molino de FloresLibertad a los presos políticos!!Alto al hostigamieto contra las Comunidades Autónomas Zapatistas!!
Los abajo firmantes nos dirigimos a los magistrados adscritos al segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito para expresar nuestra preocupación sobre la situación jurídica de los señores Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, habitantes de la comunidad de San Salvador Atenco, estado de México, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.Sabemos que en los días subsecuentes el órgano de control constitucional que integran se abocará al análisis del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada.Tomando en cuenta que el recurso de revisión es el último medio con que cuentan para que sean revocadas las órdenes de aprehensión giradas en su contra, les pedimos de la manera más atenta y con pleno respeto a la soberanía del órgano que ustedes presiden que revisen de manera minuciosa la sentencia recurrida y los agravios expresados por la defensa legal; tenemos plena confianza en que un análisis exhaustivo devendrá la revocación de la sentencia impugnada y por tanto en la concesión del amparo y protección de la justicia de la unión en su favor.AtentamenteSamuel Ruiz García, Ofelia Medina, Ana Esther Ceceña, Alicia Castellanos, Gilberto López y Rivas, Gonzalo Ituarte, Óscar González, José Enrique González Ruiz, John Holloway, Francesca Guillén, Begoña Lecumberri y 419 firmas más de personas, organizaciones y colectivos
Campaña nacional e internacionalÍndice:1.- Antecedentes de la situación en San Salvador Atenco.2.- Información y situación actual de los presos y perseguidos.3.- Texto para publicar en medios de comunicación mexicanos. (Se solicitan firmas y adhesiones) 1) Antecedentes.La llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República abrió en el 2000, entre otros temas, la discusión sobre la necesidad de la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México bajo el argumento de que el existente no contaba con la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda de pasajeros y usuarios. El 22 de octubre del 2001 el gobierno federal decidió que la construcción sería en zona del Valle de México y para ello se expropiaron más de 5000 hectáreas de los municipios de Texcoco, Chimalhuacán y Atenco, el más afectado, provocando el inicio de un conflicto entre el Gobierno Federal y los afectados por el proyecto que recibirían la injusta cantidad de 7.50 pesos por metro cuadrado de sus tierras.Desde ese momento, numerosos habitantes se opusieron rotundamente argumentando la falta de consulta a los pobladores además de la amenaza de la extinción de sus formas de vida, cultura, tradición, historia y, sobre todo, lo más valioso que habían heredado de sus abuelos: la tierra. Ante el anuncio de la expropiación de sus terrenos, los opositores decidieron organizarse formando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.El conflicto se desarrolla en el marco de agresivas políticas de inversión hacia la privatización de la tierra, políticas neoliberales que privilegian al mercado y no el uso colectivo y el fomento al campo, así como en un contexto de fuerte criminalización de los movimientos sociales como estrategia preferente del Estado para responder a demandas, movilizaciones y reivindicaciones de organizaciones, pueblos y comunidades. El conflicto se desarrolla además a través de la estructura estatal, afectada por la corrupción y un sistema jurídico parcial e influido claramente por las fuerzas políticas que debilitan su autonomía del resto de poderes públicos.Tras varios meses de lucha y movilizaciones que contaron con un masivo apoyo de varios sectores de la sociedad civil mexicana, después del asesinato de uno de sus integrantes - Enrique Espinosa Juárez- y de una fuerte discusión en la opinión pública, en agosto de 2002 el gobierno federal tuvo que retirar el decreto expropiatorio, consignando un triunfo al movimiento campesino y de pobladores de Atenco y otras comunidades y pueblos de la región.Sin embargo, el 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policiaco ordenado por el gobierno federal, del estado de México, y del gobierno municipal de Texcoco, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.Los sucesos represivos de Texcoco y San Salvador Atenco en mayo de 2006, han tenido enormes repercusiones en materia de derechos humanos y un importante repudio público a la represión contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra e integrantes de la otra campaña, que arrojó un saldo de 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres que sufrieron violaciones, abusos sexuales, tortura y cateos ilegales. Cabe resaltar que veintiséis de cuarenta y siete mujeres detenidas en los hechos, han denunciado ser víctimas de violencia sexual, física o verbal por parte de los policías que las custodiaban, algunos de ellos ahora exonerados, por lo que 11 de ellas han decidido acudir a la Comisión Interamericana de derechos Humanos, órgano autónomo perteneciente a la Organización de Estados Americanos buscando justicia ante el Estado mexicano. Sin embargo, el caso de las mujeres, así como de resto de violaciones a los derechos humanos siguen hasta hoy, impunes.A pesar de no contar con pruebas y de que el proceso acusatorio ha estado plagado de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos de los detenidos, en la actualidad 10 de las personas acusadas por el delito de secuestro equiparado han sido sentenciadas a 31 años, 11 meses y 15 días de cárcel. Sus nombres son: Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuellar Rivera y Eduardo Morales Reyes. Muchos de ellos son transeúntes o vecinos, detenidos en medio de la confusión y los operativos de redada de los cuerpos represivos.Sin embargo, a pesar de la enorme gravedad de esta condena, existen tres casos más que son urgentes de denunciar, apoyar y visibilizar. El caso de Ignacio Del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, condenado a 67 años y medio de prisión y a quien recientemente se le han sumado 45 años más, haciendo una suma de 112 años de prisión, lo que equivale a cadena perpetua. Héctor Galindo y Felipe Álvarez, a su vez, mantienen también una condena de 67 años y medio de injusta prisión. Estos tres casos son emblemáticos por la dureza, irregularidad, ilegalidad de sus procesos y condenas, que son significativamente de corte político, por ser personajes importantes del movimiento que impidió la construcción del aeropuerto en Texcoco, y quienes habían mantenido activamente su participación. Es además claro jurídicamente, que el sistema judicial del Estado de México ha empujado estas condenas como medida represiva al movimiento de Atenco.Son significativos los malos tratos, abusos y hostigamiento contra estos tres compañeros presos en el Penal de máxima seguridad del Altiplano. Podemos afirmar que estos tres casos más la decena de presos en el Penal de Molino de las Flores, son presos políticos.Por último, una integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, América Del Valle- hija de Ignacio Del Valle- se encuentra perseguida, bajo cargos de secuestro equiparado. Otros dos casos, Bernardino Cruz y Adán Espinosa, también integrantes del movimiento, se defienden jurídicamente ante las acusaciones de las autoridades mexicanas. Sin embargo, de perder los recursos legales de defensa, se encontrarían indefensos frente a posibles nuevas detenciones. Estos tres integrantes del FPDT son perseguid@s políticos por el Estado.Ante esta serie de actos de brutalidad, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CIODH) tomaron la palabra para denunciar la actuación de las autoridades mexicanas. Otras más, como la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también denunciaron los atropellos a las garantías individuales y a los derechos humanos que se habían cometido en el poblado de San Salvador Atenco.La vigencia persecutoria, la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y las claramente injustas condenas requieren de la actuación de la sociedad civil y el apoyo y solidaridad nacional e internacional de manera urgente, para lograr la libertad de los aún presos, la justicia para los perseguidos, así como el castigo a quienes diseñaron, ordenaron e implementaron numerosas violaciones a los derechos humanos de detenidos, asesinatos, tortura sexual y brutalidad policiaca.Por todas estas razones un grupo de organismos civiles, solidarios, defensores de los derechos humanos, abogados defensores, familiares de los presos y perseguidos así como el propio Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, hemos decidido impulsar una estrategia conjunta e integral que permita construir una estrategia integral para generar condiciones que impulsen una solución jurídico-política ante los diversos poderes de la nación –Judicial, Legislativo o Ejecutivo- para alcanzar la libertad de los 13 presos, perseguidos y procesados políticos, así como la justicia para Atenco.2) Datos de los 13 presos y 3 perseguidos políticos. IGNACIO DEL VALLE MEDINA, originario de San Salvador Atenco, campesino, 58 años de edad, condenado a 112 años y medio de prisión, recluido en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.FELIPE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ y HÉCTOR GALINDO GOCHICOA, Felipe Álvarez es originario de Nexquipayac, Atenco, campesino; Héctor Galindo, 34 años de edad, abogado, ambos condenados a 67 años y medio de prisión, recluidos en el penal de Máxima Seguridad No. 1 del Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México.PEDRO REYES FLORES, originario de San Miguel Tlaixpan, Texcoco, Estado de México, vendedor y productor de flores, 24 años de edad.ALEJANDRO PILÓN ZACATE, originario de Santa María Chiconcuac, Estado de México, maquilador, 29 años de edad.JORGE ALBERTO ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La Pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 28 años de edad.ROMÁN ADÁN ORDÓÑEZ ROMERO, originario de La pastoría, Atenco, Estado de México, bordador, 23 años de edad.JUAN CARLOS ESTRADA CRUCES, originario de San Francisco Acuexcomac, Atenco, Estado de México, bicitaxista, 26 años de edad.JULIO CESAR ESPINOSA RAMOS, originario de San Pablito, Chiconcuac, Estado de México, comerciante, 20 años de edad.INÉS RODOLFO CUELLAR RIVERA, originario de San Miguel Tlaixpan, litigante.EDGAR EDUARDO MORALES, originario de San Miguel Tocuila, Texcoco.OSCAR HERNÁNDEZ PACHECO, originario de San Salvador Atenco, Obrero.NARCISO ARELLANO HERNÁNDEZ, originario de La Magdalena Panoaya, Texcoco, Albañil. Los 10 detenidos el 3 de mayo de 2006, acusados de secuestro equiparado en el expediente penal de primera instancia 58/06 ante el Juzgado Primero Penal de Texcoco, condenados a 31 años, 11 meses, 15 días, recluidos en el Penal del Molino de Flores, Texcoco, Estado de México. Situación jurídica actual: apelación pendiente de resolverse. Toca: 652/2008. Segunda Sala Regional Penal del Distrito Judicial de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.AMÉRICA DEL VALLE RAMÍREZ, originaria de San Salvador Atenco, exiliada de su comunidad, 28 años de edad, pedagoga, por ella pesan órdenes de aprehensión por el delito de secuestro cuya causa fue sentenciada a 67 años y medio para Ignacio Del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Actualmente no cuenta con recurso jurídico para su libertad más que el proceso en reclusión y su única salida es la amnistía.BERNARDINO CRUZ CARDONA y ADÁN ESPINOSA ROJAS, profesor de Chapingo y campesino respectivamente, originarios de San Salvador Atenco, exiliados de su comunidad, para ellos giran órdenes de aprehensión en diversas causas, las opciones jurídicas para ganar los amparos son mínimas y existe la posibilidad de pasar a la situación jurídica de América Del Valle.3) Texto para solicitar adhesiones y publicarse como inserción en medios nacionales. ¡Justicia y libertad para Atenco!Los días 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policíaco ordenado por el gobierno federal y del estado de México, con más de 4,500 efectivos contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales en Texcoco, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de México.Desde aquellos días, en que se registraron 207 detenidos, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres violadas y abusadas sexualmente, torturas y cateos que han sido ampliamente denunciados por varias instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, se han venido acumulado irregularidades jurídicas escandalosas para justificar condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y medio de prisión; y a las otras 10 personas (Oscar Hdz. Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) que han sido sentenciadas a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle, Bernardino Cruz Cardona y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos.Las irregularidades de los procesos penales evidencian que estamos ante un asunto político cuyo objetivo es reprimir a uno de los pueblos que dignamente ha defendido su tierra, sus recursos naturales y sus tradiciones, frente a las injustificadas pretensiones de construir en su territorio el nuevo Aeropuerto Internacional propuesto por Vicente Fox en 2001. Preocupa, además, que la represión contra el FPDT, esté enmarcada en una represión generalizada contra las organizaciones y movimientos que ejercen su derecho a la crítica, a la manifestación y a la resistencia contra políticas gubernamentales.Por ello y ante las determinaciones que sobre los motivos y las razones de la represión que en los próximos días emitirá la Suprema Corte de la nación es que personalidades de ámbitos artísticos, intelectuales, académicos, sindicales, de defensa de los Derechos Humanos, activistas, políticos, legislativos, de México y el mundo, apoyamos la “Campaña por la Libertad y Justicia para Atenco”, y exigimos:La revisión de las sentencias;El pleno respeto a los Derechos Humanos de los detenido y perseguidos;El alto a la criminalización contra los movimientos sociales; Y laLIBERTAD PARA LOS PRESOS DE SAN SALVADOR ATENCO.Llamamos a todos y a todas a que apoyen las distintas actividades de la campaña y a que formulen sus propuestas, así mismo convocamos a que se formen Comités Locales en centros de estudio, de trabajo o en sus comunidades, para impedir que se prolongue la injusta reclusión a la que nuestros compañeros de San Salvador Atenco han estado sometidos.¡Justicia y libertad para Atenco!¡Presos políticos libertad!
■ Aplaude director de la organización que la Corte haya subido a Internet el proyecto del caso ■ Urge saber si fue una estrategia de Estado o falta de capacitación de los policías: Luis Arriaga Emir Olivares AlonsoEl análisis que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el proyecto de dictamen del caso de San Salvador Atenco no sólo se debe centrar en si existieron o no violaciones a las garantías fundamentales, sino determinar por qué se originaron los abusos, quién los ordenó y si fue una estrategia planeada por el Estado o sólo se presentó por la falta de capacitación de los policías, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.Luis Arriaga, director de esa organización, celebró la decisión de la Corte de subir a Internet el proyecto elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, que en los próximos días será analizado por el pleno del máximo tribunal, pues con ello “los ciudadanos podrán acceder a la información y estar enterados de lo que realiza el Poder Judicial”.En entrevista, el activista subrayó que con la resolución sobre el caso la Corte “tiene la posibilidad histórica de sentar un precedente que inhiba la repetición de hechos similares, si los ministros acuerdan establecer un protocolo sobre uso de la fuerza”.Arriaga recordó que el año pasado la comisión creada por la SCJN para investigar los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco acreditó la “posible violación grave” de garantías fundamentales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel” de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos jóvenes, la detención de 207 personas, de las cuales “sólo nueve resultaron ilesas”, y abusos sexuales contra varias mujeres.“En esa primera resolución ya se establecen las violaciones graves a derechos humanos cometidas por las autoridades policiacas; por tanto, la discusión en este momento no debe centrarse sólo en ello pues ya están demostradas, sino que hay que completar la investigación y dictaminar por qué se originaron las violaciones a garantías individuales, quién las ordenó, si se trató de una estrategia de Estado, si la situación fue rebasada o producto de una deficiente capacitación de los policías”, afirmó el director del Centro Prodh, organización que apoya jurídicamente a muchas de las víctimas de los hechos, sobre todo a las mujeres que sufrieron violaciones y abuso sexual.Confió en que tras la decisión de los ministros las víctimas accedan a la justicia, pues a casi tres años de los hechos éstos “permanecen en la impunidad”. Recordó que hubo abusos sexuales contra las mujeres; torturas y malos tratos a decenas de detenidos, dos muertos, y varias personas, entre ellas el líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle, “sentenciadas a penas de prisión injustas y excesivas”, aunque destacó que la resolución no tendrá carácter vinculante.Mencionó que al inicio de las indagatorias de la comisión de la Corte, varias ONG presentaron a los magistrados la solicitud de comparecer bajo la figura jurídica de amicus curiae, que de acuerdo con el derecho internacional presenta reflexiones sobre algún tema específico que puedan ayudar a dirimir un asunto jurídico.En el documento las organizaciones plantean que el máximo tribunal establezca un protocolo de uso de la fuerza para las corporaciones policiacas basado en los principios de legalidad, estricta necesidad, proporcionalidad, diferenciación, preservación de la vida e integridad física de los ciudadanos y en la constante capacitación de los policías, a fin de que “la fuerza sólo se use cuando sea estrictamente necesaria, y no como en los casos de Atenco y Oaxaca, que se pudieron resolver de manera diferente y sin abusos”.
Jesús Aranda El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Guillermo I. Ortiz Mayagoitia determinó subir a Internet el proyecto de dictamen sobre las violaciones a las garantías individuales ocurridas en mayo de 2006 en San Salvador Atenco, estado de México.En víspera de que el documento, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, sea repartido a los integrantes del pleno, a fin de que el próximo 9 de febrero se inicie la discusión pública del asunto, Ortiz Mayagoitia consideró que como medida para favorecer la “transparencia” y siguiendo el lema de que el año 2009 la Corte busca estar cercana “a la sociedad”, lo mejor es dar la mayor difusión posible al texto.Se espera que el dictamen sea subido a la página web del máximo tribunal una vez que los ministros tengan en sus manos el material.Será la tercera ocasión en que la Corte sube a Internet un proyecto, antes de su discusión pública. La primera fue con el proyecto de la ley Televisa, y la segunda, cuando los ministros analizaron la constitucionalidad de las reformas legales que despenalizaron el aborto en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de gestación.En los tres casos, comentaron fuentes judiciales, los ministros consideraron que, dado lo controvertido de los asuntos, lo mejor era difundir el contenido de los proyectos para que junto a la transmisión por televisíon de las sesiones públicas se proyectara a la sociedad la idea de que la discusión y dictamen de los asuntos se hizo con estricto apego a derecho.
Represalias ilegales por denuncia de violaciones a los DDHH en el Cefereso “Altiplano” a Héctor Galindo Gochicoa del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de AtencoFavor de enviar sus comunicaciones con el asunto AU- MEX/14ene09-GALINDO_001 a las siguientes direcciones electrónicas:Felipe.calderon@presidencia.gob.mxU; secretario@segob.gob.mxU; correo@cndh.org.mx; mmontesdeoca@segob.gob.mxU;tb-petitions@ohchr.orgU;Appeals@fidh-omct.orgU; omct@omct.org; cidhoea@oas.org; gmarengo@amnesty.org; derechoshumanos@ssp.gob.mxU; comitecerezo@nodo50.orgFavor de escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:· Tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Héctor Galindo Gochicoa.· Permitir las visitas de los miembros de su familia (adoptiva de hecho), mediante visita por sala familiar (con contacto físico), de acuerdo a las normas de derechos humanos sobre personas en detención y con la finalidad de mantener los vínculos familiares, derecho inherente de todo Ser humano.· Llevar a cabo una investigación inmediata, completa, exhaustiva e imparcial en torno a las circunstancias de los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.· Garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.Favor de incluirNombre y apellidos:País o Estado:
Erica MoraPiden castigo para mandos medios de seguridad del Edomex, involucrados en la zacapela de 2006La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitirá un protocolo para el uso de la fuerza pública, como parte central de su resolución en torno del caso de San Salvador Atenco, Estado de México.El proyecto de sentencia, elaborado por el ministro José de Jesús Gudiño y que mañana, a más tardar, repartirá entre el resto de los ministros, señala criterios sobre los límites aceptables de la actuación policiaca ante disturbios sociales, que incluyen el respeto a los derechos fundamentales como la integridad.El proyecto, de más 900 cuartillas, divide en 10 puntos el análisis jurídico de los hechos ocurridos 3 y 4 de mayo de 2006. Al analizar si hubo violaciones a las garantías individuales de los pobladores de Atenco, finca responsabilidades contra mandos medios de los cuerpos policiacos que participaron en los enfrentamientos.Ante la trascendencia del caso —toda vez que por primera vez en la historia la SCJN emitirá un protocolo sobre el uso de la fuerza policiaca—, se busca que todos los ministros participen en la discusión y, por lo tanto, lo enlistarán para la sesión del 9 de febrero, aunque de manera previa difundirán en internet una versión pública que omite los nombres de los presuntos responsables.El proyecto que el ministro Gudiño someterá a consideración del pleno de la Corte fue elaborado a partir del informe que entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo y Alejandro Sergio González, responsables de investigar los hechos y reconstruir la historia del caso, en 13 tomos con cinco mil 428 hojas.En el informe, del cual se presentó un resumen en la sesión pública del 13 de marzo de 2008, los magistrados afirmaron que policías “sin control alguno” agredieron a manifestantes.Mencionaron que el operativo del 4 de mayo de 2006, a cargo de dos mil 500 policías, fue planeado la noche anterior por mandos federales y estatales “del más alto nivel”, y narraron hechos que parecen llevar a la conclusión de que sí hubo violación grave de garantías.“Varios elementos policiales, sin control alguno, agredieron violentamente a muchos manifestantes, que aparentemente no oponían resistencia alguna”, dijo González. en
Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño La SCJN, someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionariosCIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), someterá a revisión la participación que tuvieron alrededor de 300 funcionarios, entre los que se encuentran el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en los enfrentamientos que se registraron en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, para decidir si incurrieron en violaciones graves a las garantías de la población.Con base en los resultados de una investigación que encabezaron dos magistrados, en la que se tomó la declaración del gobernador y del procurador, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo se dio a la tarea de deslindar las responsabilidades de cada uno de los servidores públicos y de plasmar sus conclusiones en un proyecto de sentencia que se espera les entregue a sus compañeros de la Corte en esta semana.Hasta el momento se desconoce cuál fue la conclusión a la que llegó el ministro Gudiño.Pero su proyecto partió del informe que le entregaron los magistrados Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alejandro Sergio González Bernabé, quienes tuvieron a su cargo la comisión que se encargó de investigar los hechos y que reconstruyó la historia del caso en 13 tomos, con un total de cinco mil 428 hojas.En dicho informe, del cual se presentó una síntesis ante el pleno de la Corte el 13 de marzo de 2008, se reportó, sin emitir algún tipo de calificativo, que se comprobó que durante el operativo varios policías agredieron violentamente a personas que no oponían ninguna resistencia, ingresaron a domicilios particulares sin órdenes de ingreso y trasladaron a los detenidos entre charcos de sangre.En dicho informe preliminar se recuerda que el conflicto inició el 3 de mayo de 2006 porque a un grupo de vendedores de flores, apoyados por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, no se les permitió instalarse en el mercado de Texcoco.Y que el problema escaló a lo largo del día hasta llegar a enfrentamientos con la Policía local, al bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería, a la altura de Atenco, y a la retención de 18 elementos de los cuerpos de seguridad.“Por la noche --se detalla en el informe--, de ese 3 de mayo, se dio una reunión en la que se ordenó un nuevo operativo, que según las autoridades tendría lugar al día siguiente con la finalidad de desbloquear la carretera, rescatar a los policías retenidos y reestablecer el orden y la paz social en San Salvador Atenco”. (El Universal)ATENCO EN CIFRASHechos trágicos2 jóvenes perdieron la vida durante los hechos. Uno a consecuencia de disparo de arma de fuego, y otro por una lesión craneoencefálica.209 personas fueron detenidas en los dos días.9 resultaron ilesos, el resto presentaron lesiones en diferentes partes del cuerpo.27 de los detenidos requirieron atención hospitalaria y cinco tuvieron fracturas.Preguntas que responderá la CortePor acuerdo de los 11 ministros de la Corte, la investigación se fijó como meta responder a las siguientes preguntas:Primero, “¿si derivado de los enfrentamientos entre policías, locales y federales, y habitantes del municipio mexiquense de San Salvador Atenco, acontecidos el 3 y 4 de mayo de 2006, se registraron violaciones graves a las garantías individuales?”Segundo, “¿por qué se dieron esas violaciones?”.Y, tercero, “¿si alguien las ordenó, si obedeció a una estrategia estatal, o al rebasamiento de la situación, y a la deficiente capacitación de los policías?
Estimados amigos solidarios nuevamente los convocamos a que nos den su firma, esta vez para el caso Atenco, sabemos que lo han hecho varias veces, se la pedimos una vez más por la libertad de todos los presos del caso Atenco, pero especialmente por los compañeros JESÚS ADÁN ESPINOZA ROJAS y BERNARDINO CRUZ CARDONA, dichos compañeros llevan ya casi tres años alejados de sus familias, de sus esposas, de sus hijos, de su tierra que tanto y con tan alto costo han defendido.En enero es posible que los magistrados encargados del caso resuelvan el recurso de revisión, si pierden este recurso jurídico, estos dos compañeros perderán su última oportunidad de regresar a su vida, a su lucha, a su tierra y tengan que vivir por siempre perseguidos por la injusticia mexicana.No permitamos que esto suceda, muchas acciones se están haciendo, tu firma también es importante, te pedimos que firmes la carta a favor de estos dos compañeros y al mismo tiempo el desplegado por la libertad de todos los presos del caso Atenco.Enviar sus firmas durante enero de 2009: comitecerezo@nodo50.org Especificar: Nombre (persona u organización) Profesión, actividad o perfil de la organización País
Difusión Cencos México D.F., 8 de enero de 2009BOLETÍN DE PRENSA• Se entrega carta al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con más de 400 firmas de apoyo a presos políticos de Atenco• Se espera que la próxima semana se discuta el último recurso legal para continuar el camino hacia su libertadLa defensa legal y familiares de Jesús Adán Espinosa Rojas y Bernardino Cruz Cardona, acompañados por organizaciones de la sociedad civil, entregamos el miércoles 7 de enero de 2009 ante la oficialía de partes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, documento con 424 firmas de ciudadanas y ciudadanos así como de organizaciones nacionales e internacionales en el que se solicita la revisión minuciosa y exhaustiva de la situación de ambos presos políticos pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Estado de México, detenidos durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en aquella comunidad.La entrega del documento se dio en una acción paralela a la reunión de integrantes del FPDT con un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la cual se hizo la misma petición para que el último recurso legal de su defensa resulte en la revocación de la sentencia recurrida y en la concesión del amparo a estos dos luchadores sociales que actualmente se encuentran recluidos en el penal Molino de Flores en Texcoco, Estado de México.Tenemos conocimiento de que el día viernes 9 de enero se emitirá la lista de asuntos que se discutirán en la próxima sesión del Tribunal y que muy probablemente se discuta el jueves 15 de enero el caso de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona.En la carta dirigida a los tres Magistrados adscritos al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con sede en Toluca, Adalid Ambríz Landa, Andrés Pérez Lozano y José Nieves Luna Castro, se expresa “la profunda preocupación sobre la situación jurídica de los señores Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona”, ya que el recurso de revisión es el último medio jurídico con el que cuentan los luchadores sociales para que sean revocadas las órdenes de aprehensión giradas en su contra.Tanto la defensa de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz Cardona, como sus familiares e integrantes del FPDT agradecen la solidaridad a las 424 personas y organizaciones nacionales e internacionales que firmaron la carta de apoyo entregada, ya que consideramos que este tipo de acción cívica es un recurso altamente efectivo en el apoyo a la defensa legal de los presos políticos.San Salvador Atenco, Estado de México, 8 de enero de 2009Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-AtencoFamiliares de Jesús Adán Espinoza Rojas y Bernardino Cruz CardonaRepresentantes legalesLa carta de apoyo puede ser firmada durante enero de 2009 AquíInformación difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

References: artículo 97
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