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Timestamp: 2018-10-24 01:05:34+00:00

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MEDIDAS DE COERCION REAL, MEDIDAS CAUTELARES REALES (Perú).
Las medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso.
1.- Definición de las medidas de coerción reales
2.- Finalidad de las medidas de coerción reales
3.- Clases de las medidas de coerción reales
4.- El Embargo
5.- Orden de Inhibición
6.- Desalojo preventivo
7.- Medidas anticipadas
8.- Medidas preventivas contra las personas jurídicas
9.- Pensión anticipada de alimentos
10.- La Incautación
Según el fundamento 16 del Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116, las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las costas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de acciones: penal y civil, en el proceso penal.
Asimismo, dicho fundamento establece como doctrina legal que las medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurídicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el proceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba [en puridad, de fuentes de investigación o de prueba], lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso.[1]
El citado acuerdo plenario Nº 7-2011/CJ-116 establece que las medidas de coerción real, tiene como finalidad asegurar el futuro cumplimiento de las responsabilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecuniarias y consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, de las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes.
Según el fundamento 17 del Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116 las medidas reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificación:
a) Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los pronunciamientos de naturaleza penal y procesal penal de la sentencia y que posean un contenido patrimonial: multa, decomiso, pago de costas.
b) Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte: restitución, reparación e indemnización.
El jurista Jorge Rosas Yataco refiere que “la medida coercitiva de embargo es una medida de carácter real, toda vez que recae sobre los bienes (muebles o inmuebles) de propiedad del imputado, de modo que resulta una afectación estrictamente real.”[2]
Víctor Cubas Villanueva, citando a José Castán Tobeñas señala que “el embargo sea, civil o penal, se define como la ocupación, aprehensión o retención de bienes hecho por mandamiento del juez competente por razón de delito. Esta medida recae sobre bienes propios del obligado, a diferencia de la incautación que recae sobre cosas litigiosas. Asimismo refiere que en el embargo de carácter penal el sujeto pasivo de la medida es el autor o el partícipe del delito, o en su caso, el tercero civil, quien debe ser emplazado judicialmente; en este último caso puede tratarse tanto de personas naturales como jurídicas.”[3]
Para Pablo Sánchez Velarde “se trata de una medida cautelar de naturaleza patrimonial en contra del imputado (y del tercero civil) a fin de garantizar la efectividad de la indemnización de los daños y perjuicios que ocasiona la conducta delictiva”.[4]
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre señala que “la orden de inhibición consiste en otras palabras, en la prohibición del imputado o del tercero civil, para realizar actos de disposición sobre los bienes objeto del embargo. Quiere decir, que la inhibición asume una suerte de medida complementaria al embargo, destinada a evitar la probable insolvencia del sujeto obligado, impidiendo que se produzcan transferencias inmobiliarias. Por consiguiente, una vez que el juzgador, dicte el auto de embargo, los sujetos procesales legitimados, podrán solicitar la orden de inhibición sobre los bienes afectados con la medida cautelar, por ende, la orden de inhibición está condicionada a la efectiva adopción del embargo por parte del juez penal.”[5]
Pablo Sánchez Velarde hace mención que “el poseedor tiene la facultad de defender su posesión por medio de la regulación vigente a través de los interdictos, las acciones posesorias y de desalojo (todas ellas de carácter civil) y ahora, en la presente regulación, de orden procesal penal, se le da la oportunidad de protegerla a través de una medida de coerción real regulada en proceso penal, estos es, el desalojo preventivo. Se trata de una medida real, inmediata y con fines de aseguramiento del patrimonio afectado”.[6]
Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas anticipadas surgen ante la necesidad de hacer que la justicia sea más rápida, se deriva del principio de celeridad procesal”.[7]
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre refiere que “la finalidad no sólo se circunscribe a la ejecución anticipada de la condena civil (indemnizatoria), sino también a posibilitar efectos criminógenos, esto es, de cesar un estado penalmente antijurídico o de evitar la continuación de los efectos dañinos de la conducta delictiva.”[8]
Pablo Sánchez Velarde señala que “en materia penal, es frecuente los cuestionamientos sobre las consecuencias jurídicas a imponer a las personas jurídicas, porque éstas no se encuentran sujetas al principio de culpabilidad, como las personas físicas. Sin embargo, en materia cautelar es diferente pues no se parte del presupuesto que la persona jurídica sea imputable o no de la comisión de determinado delito, sino que se atiende a los principios que rigen las medidas de coerción”.[9]
Pablo Sánchez Velarde refiere que “esta medida es una especialidad tradicional de las medidas anticipadas, su objeto es anticipar lo que va ser materia de decisión en la sentencia final, en cuanto a las consecuencias civiles del delito, su naturaleza responde a la función cautelar”.[10]
Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre tiene a bien señalar que “el NCPP, ha previsto en el ámbito de las medidas reales preventivas, la pensión de alimentos anticipada, cuando los efectos perjudiciales del delito han configurado un estado de necesidad, concretizado en la incapacidad de los ofendidos por el delito, para solventar sus gastos”.[11]
Víctor Cubas Villanueva, citando a Guillermo Cabanellas, señala que “la incautación es la toma de posesión forzosa que la autoridad judicial o de otra especie hace de los bienes poseídos ilegítimamente, precisos para una garantía o resarcimiento, o necesarios para remediar una escasez, combatir el acaparamiento y la especulación, o para otros fines de interés público”. Asimismo, citando a Gálvez Villegas, Tomas Aladino y otros, afirma que “es la medida cautelar dictada sobre bienes o derechos, que se presume, que constituyen instrumentos, efectos o ganancias del delito, y por tal razón llegado el momento podrán ser objeto de decomiso. Ello implica que la titularidad de quienes lo detentan sobre los bienes o derechos afectados por la incautación no aparece amparada por el ordenamiento jurídico (o por lo menos no se aprecia a la vista). Ordinariamente la incautación será ordenada por el juez, pero también en casos de urgencia puede ser dispuesta y ejecutada por el fiscal o la propia policía”.[12]
Pablo Sánchez Velarde, cuando cita a José Cafferata Nores afirma que “la incautación o secuestro consiste en la aprehensión de una cosa, por orden judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de su función específica: la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. Por tanto, la incautación posee doble naturaleza, puede ser de orden instrumental o cautelar, según su finalidad”.[13]
[1] Acuerdo Plenario Nº 7-2011/CJ-116, de fecha 06 de diciembre de 2011.
[2] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 494
[3] CUBAS VILLANUEVA, Víctor. (2009). El Nuevo Proceso Penal Peruano. Teoría y práctica de su implementación. Lima: Palestra Editores. Pág. 406.
[4] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 352
[5] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 808
[6] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 354
[7] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 355
[8] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 812
[9] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 355
[10] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 356
[11] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 817
[12] CUBAS VILLANUEVA. Ob. Cit. Pág. 416-417
[13] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 357
Visto: 5718
Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas cautelares o de coerción procesal, como las llama el nuevo código procesal, son aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal, que se aplica para casos taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y proporcionalidad.”
1.- Definición de las medidas coercitivas
2.- Características de las medidas de coerción procesal
3.- Principios de las Medidas Coercitivas.
4.- Presupuestos de las medidas coercitivas o cautelares.
5.- Requisitos del auto judicial
6.- Legitimidad de las medidas de coerción procesal
7.- Variabilidad de las medidas coercitivas.
8.- Impugnación de medidas de coerción procesal
9.- Clasificación de Medidas de coerción personal
9.1.- Medidas de coerción personal
9.2.- Medidas de coerción real
Según Jorge Rosas Yataco “las medidas coercitivas son todas aquellas restricciones al ejercicio de los derechos (personales o patrimoniales) del imputado o de terceras personas, que son impuestas o adoptadas en el inicio y durante el curso del proceso penal tendente a garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la ley sustantiva en un caso concreto, así como la búsqueda de la verdad sin tropiezos”. Asimismo, citando a Gimeno Sendra refiere que, “las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia. Si el juicio oral pudiera realizarse el mismo día de la incoación del procedimiento penal (tal y como acontece con los procedimientos simplificados de citación directa o por “flagrante delito” del derecho comparado) no sería necesario disponer a lo largo del procedimiento de medida cautelar alguna.”[1]
Pablo Sánchez Velarde señala que “las medidas cautelares o de coerción procesal, como las llama el nuevo código procesal, son aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento de los objetivos del proceso penal, que se aplica para casos taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, principalmente los de necesidad, provisionalidad y proporcionalidad.”[2]
Cesar San Martin Castro las denomina “medidas provisionales, y las define como los actos procesales de coerción directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia constitucionalidad, de carácter personal o patrimonial, de las personas, se ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones prejudiciales que el imputado podrá realizar durante el transcurso del proceso de declaración.”[3]
Para Ana Calderón Sumarriva las características que presentan estas medidas son:
a) Instrumentales, tienen una relación de medio a fin con el proceso. Son disposiciones que se dictan para cumplir con los fines que persigue el proceso. Carecen de finalidad propia.
b) Coactivas, su concreción puede implicar el empleo de la fuerza pública, pero, al restringirse derechos fundamentales, es imprescindible brindar las máximas garantías de un proceso.
c) Son rogadas, en el NCPP las medidas de coerción tienen el carácter de rogadas, es decir, necesariamente deben ser requeridas por la parte legitimada. El artículo 254 parágrafo 2), establece que: (...) requieren de resolución judicial especialmente motivada, previa solicitud del sujeto procesal legitimado.
d) Urgentes, se adoptan estas medidas cuando se aprecian circunstancias que objetivamente generan riesgo para la futura eficacia de la resolución definitiva. Para ello el juez cuenta con limitados elementos de juicio, y su concesión debe ser rápida, de tal manera que su procedimiento tiene la nota de sumariedad.
e) Proporcionales, se rigen por tres principios intrínsecos: adecuación, necesidad y subsidiariedad. El primero se refiere a que toda medida adoptada debe ser apta para alcanzar el objetivo pretendido; el segundo, a si la medida adoptada es precisa para asegurar el respeto de la ley o del interés público sin más allá de lo estrictamente necesario para ser eficaz; el tercero, a si no existe otra medida que sea menos lesiva para el interés privado, es decir, se trate de la alternativa menos gravosa. Finalmente, la proporcionalidad exige que la resolución que contiene la medida debe ser motivada, de tal manera que puede estar sujeta al control jurisdiccional.
f) Variables, la regla “rebus sic stantibus” impone que la permanencia o modificación de una medida estará siempre en función a la estabilidad o variación de los presupuestos que hicieron posible su adopción inicial.[4]
Para Mario Rodríguez Hurtado las características o notas más importantes de las medidas de coerción son:
a) La legalidad, o acogimiento en la Constitución y el desarrollo de su forma aplicativa en la norma legal ordinaria.
b) La judicialidad, o impartición por el órgano jurisdiccional.
c) La necesidad o concordancia entre las medidas y los requerimientos de la marcha procesal.
d) La temporalidad, esto es, su extensión no indeterminada en el tiempo.
e) La reformabilidad, o variación cuando sus supuestos o soportes que las fundamentan cambian.[5]
Las medidas coercitivas se rigen por determinados principios que nacen de la Constitución y los convenios o pactos internacionales relacionados con los derechos fundamentales de la persona, y según Pablo Sánchez Velarde son los siguientes:
a. Respeto a los derechos fundamentales.- Es el marco rector de las medidas de coerción previstas por la ley procesal. Constituye lo que primero ha considerado el legislador al regular los principios en la determinación de las medidas coercitivas cuando establece que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y los Tratados relativos a Derechos Humanos ratificados por el Perú, “solo podrán ser restringidos, en el marco del proceso penal, si la Ley lo permite y con las garantías previstas en ella” (Art. 253.1). No cabe una medida coercitiva o cautelar fuera del ámbito del respeto a los derechos humanos.
b. Principio de excepcionalidad.- Las medidas coercitivas se aplican excepcionalmente, es decir, cuando fuera absolutamente indispensable para los fines del proceso penal, de tal manera que la autoridad jurisdiccional debe de considerar en primer orden la citación simple y sólo adoptar aquellas otras de mayor intensidad cuando fuere estrictamente necesario.
c. Principio de proporcionalidad.- La medida de coerción que se impone debe guardar proporcionalidad con el peligro procesal existente y que a su vez se relaciona con el delito doloso o culposo y la gravedad o no de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, entre otros factores propios de la conducta penal y procesal. La comisión de un delito de poca intensidad o considerado leve puede merecer una medida de coerción de su misma intensidad o proporcionalidad.
d. Principio de provisionalidad.- Las medidas de coerción sólo se sujetan a la regla rebus sic stantibus. Se aplican por el tiempo estrictamente necesario para alcanzar sus fines y en todo caso, hasta alcanzar los fines del proceso; no son medidas definitivas sino provisionales, lo que significa que en cualquier fase procesal o una vez concluido el mismo cesa o se convierten en definitivas mediante otras formas procesales. Al mismo tiempo, las medidas son temporales por cuanto la ley establece los plazos máximos de duración.
e. Principio de taxatividad.- sólo se pueden aplicar las medidas coercitivas que se encuentran reguladas en la ley procesal, de allí que se haga mención expresa a que la restricción de derechos fundamentales requiere de expresa autorización legal (art. 253.2). en tal sentido, el Fiscal no podrá solicitar ni el Juez imponer una medida de coerción que no se encuentre regulada en la ley de manera expresa.
f. Principio de suficiencia probatoria.- La adopción de las medidas coercitivas se decide con sustentación de elementos probatorios vinculadas principalmente al peligro de fuga o de entorpecimiento u obstaculización de la actividad probatoria. El legislador utiliza la frase de suficientes elementos de convicción para referirse al cúmulo de pruebas que debe basar el mandato judicial
g. Principio de motivación de la resolución.- La motivación de las resoluciones judiciales es una exigencia constitucional. Tratándose de decisiones judiciales que importan restricción de derechos de personas, las mismas deben ser suficientemente motivadas. En consecuencia, la resolución judicial (auto) que ordena la medida de coerción exige ser fundamentada acorde con la norma constitucional y los requisitos que la ley establece. Por ello se exige, bajo sanción de nulidad, que contenga exposición breve de los hechos, cita de normas transgredidas, la finalidad que se persigue, los elementos de convicción que sustentan la medida, el tiempo de duración y los controles de ejecución (art. 254)
h. Principio de judicialidad.- Las medidas de coerción sólo son dictadas por el órgano jurisdiccional, a pedido del Fiscal o las partes, antes del proceso y durante el mismo. Al Ministerio Publico se le reconoce alguna medida de coerción como es la orden de conducción compulsiva.
i. Principio de reformabilidad o variabilidad.- La medida de coerción puede ser objeto de modificación por la autoridad jurisdiccional sea a pedido del fiscal o las partes o de oficio por el mismo juez, cuando a) varíen los supuestos que motivaron su imposición; y b) por desobediencia a los mandatos judiciales, es decir, cuando se incumplen de las reglas de conducta emanadas del juez. La variabilidad de las medidas pueden ser de mayor a menor intensidad y viceversa.[6]
El artículo 268° del NCPP, señala que el Juez a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos, sea posible determinar la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos materiales: suficiencia probatoria, pena probable y peligro procesal.
El primer presupuesto es la suficiencia probatoria, al respecto el inciso a) del art. 268° establece que deben existir “fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo”, ello supone evaluar la calidad probatoria que se acompaña a una denuncia o la que haya aportado una investigación preliminar, no se trata entonces de cualquier análisis, sino de un proceso objetivo y razonado, pues la norma exige la existencia de fundado y graves elementos de convicción, sólo así entonces, un mandato de prisión preventiva, tendrá la idoneidad suficiente para no vulnerar el principio de presunción de inocencia. En nuestro concepto, tal procedimiento supone analizar: la existencia de suficiente prueba material, la relación de elementos fácticos con el presunto autor, la concurrencia de los elementos típicos que integran el delito imputado y el análisis de todos los elementos que integra la teoría del delito; siendo necesario todo ese análisis, porque sólo así será posible determinar la probabilidad si existe o no una razonable vinculación del imputado con los hechos.
El segundo elemento es la pena probable, al respecto el inc. b) del art. 268° establece: “Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad”. Se trata de un elemento vinculado estrechamente a la suficiencia probatoria, pues el juez tendrá que hacer una proyección de pena en caso la situación del imputado no varié. No se trata entonces, de una simple proyección de la pena conminada, esto es, la verificación del máximo y el mínimo de la pena asignada al delito imputado. Es un análisis de los hechos junto a un razonamiento jurídico, que debe considerar todos los aspectos procesales y sustantivos del caso en particular.
El tercer supuesto es el peligro procesal, al respecto el inc. c) del art. 268° establece dos hipótesis: La primera cuando el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga); y, la segunda cuando el imputado tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
Para calificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta: a) el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, b) la gravedad de la pena que se espera, c) la magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria del imputado para repararlo, d) el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en procedimientos anteriores, y e) la pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas; y para calificar el peligro de obstaculización, el Juez deberá considerar, el riesgo razonable de que el imputado podrá: a) destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba; b) influir en sus coimputados, testigos o peritos, para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; c) inducir a otros a realizar tales comportamientos.
Y según nuestra postura para calificar el peligro de reiteración delictiva el juez tendrá en cuenta: a) La gravedad y modalidad de la conducta punible, b) El número de delitos que se le imputan y el carácter de los mismos, c) La existencia de procesos pendientes del imputado, d) Encontrarse sujeto a alguna medida cautelar personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los beneficios penitenciarios, e) La condición de reincidente y/o habitual del imputado, f) Existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra la víctima o su familia; circunstancias que se encuentran estrechamente vinculados a la suficiencia probatoria, en la medida que se deberá contar con evidencias y/o indicios obtenidos por el Fiscal y valorados por el Juez, con la finalidad de determinar que exista la probabilidad que el imputado continuará la actividad delictiva”
De lo expuesto se infiere que el Juez de la Investigación Preparatoria, ordenará la prisión preventiva cuando sea estrictamente necesario, para asegurar que el proceso se pueda desarrollar sin obstáculos hasta su finalización o hasta que se varíe por otra medida o cese dicha privación. Por ello la prisión preventiva no debe ser la regla general, de allí que debe adoptarse excepcionalmente con la finalidad de asegurar la presencia física del imputado en las diligencias judiciales que la autoridad investigadora determine, así como asegurar la ejecución de la pena, y según nuestra postura para evitar el peligro de reiteración delictiva.
Pablo Sánchez Velarde manifiesta que “existen dos presupuestos que la doctrina reconoce y que son de suma utilidad para marcar los lineamientos básicos en la adopción de las medidas coercitivas o cautelares. El periculum in mora o peligro en la demora, y que radica en el peligro procesal: fuga del procesado, ocultación personal, entorpecimiento de la prueba, ocultamiento de sus bienes, etc. El fumus bonis iuris, que es la razonada atribución del hecho punible a una persona y que, al igual que el primer supuesto, se debe de sustentar en suficientes elementos de convicción.”[7]
Jorge Rosas Yataco refiere que la descripción judicial deberá contener, bajo sanción de nulidad:
a. La descripción sumaria del hecho, con la indicación de las normas legales que se consideren transgredidas.
b. La exposición de las especificas finalidades perseguidas y de los elementos de convicción que justifican en concreto la medida dispuesta, con cita de la norma procesal aplicable.
c. La fijación del término de duración de la medida, en los supuestos previstos por la Ley, y de los controles y garantías de su correcta ejecución.[8]
Alonso R. Peña Cabrera Freyre señala que “la adscripción a un Sistema Procesal-Acusatorio, no supone dejar al libre arbitrio del ente acusador la imposición de medidas de esta intensidad, lo contrario significaría quebrar el plano de igualdad de armas procesal, propio del adversarial. Ahora bien, no basta que la medida de coerción emane de un dictado jurisdiccional, sino que la resolución (auto) que la acoge debe estar debidamente motivada, exponiendo claramente las razones que ameritan su imposición, de conformidad con los principios antes mencionados. Sin duda, una medida de esta naturaleza necesita de un mínimo de sustentación judicial, como medio indispensable para controlar los excesos judiciales, y como una forma arbitraria de tutelar los derechos fundamentales.”[9]
Respecto a la legitimidad Alonso R. Peña Cabrera Freyre acota que “las medidas de coerción procesal sólo pueden ser adoptadas por el Juez competente, previa solicitud del Fiscal. No obstante, se reconoce al actor civil, la facultad de solicitar el embargo y la ministración provisional de posesión, es decir, solo en el ámbito de las medidas de coerción real.
Los sujetos legitimados, deberán sustentar debidamente su solicitud, con sujeción a los principios glosados, adjuntando cuando sea necesario, los actos de investigación u otros elementos de cognición que sean relevantes para su apreciación judicial.”[10]
La variación de las medidas de coerción procesal penal, según Alonso R. Peña Cabrera Freyre “se da cuando los presupuestos que justificaron la imposición de las medidas coercitivas, pueden desvanecerse, o en su defecto, diluirse de forma significativa. En tal virtud, el Juez o a solicitud de los sujetos legitimados, podrá reformar la medida, por una menos gravosa o por una más intensa (comparecencia-detención), o también, habiendo denegado en un principio la medida, tiene la potestad de adoptarla. Para todos estos casos rige lo dispuesto en el artículo 254.1.Asimismo refiere que “la solicitud de embargo y de ministración provisional de posesión, corresponde únicamente al actor civil. En efecto, la reforma, la revocatoria o sustitución de medidas coercitivas de naturaleza personal, sólo corresponde al persecutor público y al imputado, quienes haciendo uso del derecho de defensa, impugnaran el auto judicial. El Juez, a fin de resolver, deberá escuchar previamente a las partes en una audiencia, bajo la primacía de la oralidad y el contradictorio”.[11]
Alonso R. Peña Cabrera Freyre refiere que “la posición adversarial en el proceso la protagonizan el órgano persecutor y el imputado, son ellos quienes en principio dinamizan la actividad probatoria. De conformidad con el principio de doble instancia, los sujetos legitimados para impugnar la imposición de medidas de coerción procesal (personal y real), son los sujetos antes mencionados, quiere decir, en relación a las medidas que se adoptan para cautelar la concretización del objeto civil y del objeto penal.”[12]
i. Detención (policial)
ii. El arresto ciudadano
iii. Detención preliminar Judicial
iv. La prisión preventiva
v. Comparecencia
vi. Internación preventiva
vii. Impedimento de salida
viii. Conducción compulsiva
b) Desalojo preventivo
c) Pensión anticipada de alimentos
d) La incautación
Las medidas de coerción personal recaen sobre la persona del imputado, restringiendo algunos derechos que son protegidos por la Constitución. Las medidas de coerción real afectan el patrimonio del inculpado o del tercero civilmente responsable.[13]
[1] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 443-444
[2] SANCHEZ VELARDE, Pablo. (2009). El Nuevo Proceso Penal. Lima: Idemsa. Pág. 324
[3] SAN MARTIN CASTRO, Cesar. (2003). Derecho Procesal Penal. Volumen II. Lima: Grijley. Pág. 1072
[4] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 216-218.
[5] RODRÍGUEZ HURTADO, Mario. (2011). Coerción Procesal Penal: Medidas Provisionales o Cautelares para conjurar Peligro Procesal y restrictivas de Derecho motivadas por búsqueda de prueba. Revista de la Academia de la Magistratura, 10, 65-100.
[6] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 325-327.
[7] SANCHEZ VELARDE. Ob. Cit. Pág. 327.
[8] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 445
[9] PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. (2007). Exegesis del Nuevo Código Procesal Penal. Lima: Editorial Rodhas. Pág. 686-687
[10] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 687-688.
[11] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 688.
[12] PEÑA CABRERA FREYRE. Ob. Cit. Pág. 689.
[13] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 446
Calderón Sumarriva, Ana afirma que “la palabra proceso viene de la voz latina “procederé”, que significa avanzar en un camino hacia determinado fin. Precisamente el proceso penal es el camino por recorrer entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción. El proceso penal es el conjunto de actos previos (instrucción y juzgamiento) a la aplicación de una sanción, realizados exclusivamente por órganos jurisdiccionales.”
3.- Sistemas Procesales
3.1.- Sistema acusatorio
3.2.- Sistema inquisitivo
3.3.- Sistema mixto
3.4.- Sistema mixto moderno
3.5.- Sistema acusatorio moderno
3.6.- Sistema peruano
4.- Fines del Proceso Penal
Calderón Sumarriva, Ana afirma que “la palabra proceso viene de la voz latina “procederé”, que significa avanzar en un camino hacia determinado fin. Precisamente el proceso penal es el camino por recorrer entre la violación de la norma y la aplicación de la sanción. El proceso penal es el conjunto de actos previos (instrucción y juzgamiento) a la aplicación de una sanción, realizados exclusivamente por órganos jurisdiccionales.”[1]
Melgarejo Barreto Pepe afirma que “el proceso penal es, fundamentalmente, una relación jurídica, esto es, una o más relaciones entre personas (también juristas, en el sentido amplio de que sus poderes, derechos, obligaciones y facultades surgen de la ley), que producen efectos jurídicos (efectos interpersonales o sociales reconocidos por el orden jurídico)”.[2]
Asimismo, citando a Claus Roxin precisa que “la expresión proceso jurídicamente regulado comprende tres ideas: sus prescripciones tienen que estar dispuestas para contribuir a la realización del Derecho penal material de acuerdo con la forma que corresponda a las circunstancias de hecho demostradas; simultáneamente, ellas deben trazar los límites fijados al derecho de intervención de las autoridades de la persecución penal en protección de la libertad del individuo; y, finalmente, ellas deben lograr la posibilidad, a través de una decisión definitiva, de restablecer la paz jurídica quebrantada”.[3]
Calderón Sumarriva, Ana señala las siguientes características del proceso penal:
a) Los actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales preestablecidos en la ley.- Estos órganos acogen la pretensión punitiva del Estado (que no puede juzgar y sancionar directamente sin un proceso previo) y aplican la ley penal al caso concreto. Este enunciado hace referencia al principio del Juez Natural que constituye una garantía de la independencia jurisdiccional.
b) Tiene un carácter instrumental.- a través de él se aplica la norma del derecho penal sustantivo al caso concreto. Citando a Carnelutti refiere que “(…) el proceso penal regula la realización del Derecho Penal objetivo y está constituido por un conjunto de actos en el cual se resuelve la punición del reo”. Afirma también que, el proceso penal no es contingente sino necesario, puesto que es el instrumento esencial para darle efectividad al derecho penal sustantivo.
c) Tiene la naturaleza de un proceso de cognición.- puesto que el Juez Penal parte de la incertidumbre sobre la comisión del delito y la responsabilidad, y a través de la actividad probatoria puede llegar a la certeza o convicción sobre dichos aspectos. Se establece que existen tres niveles de conocimiento de un proceso penal: la probabilidad, la posibilidad y la certeza. El Juez Penal no conoce directamente los hechos, llegan a él afirmaciones sobre éstos, que funcional como hipótesis cuya confirmación deberá efectuarse en el proceso.
d) El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los sujetos procesales.- se reconocen diversos intereses y pretensiones que se enfrentan, en algunos casos, y en otros, coadyuvan (Juez, Ministerio Publico, Imputado, Parte Civil y Tercero Civilmente Responsable). Por el proceso surgen entre los sujetos procesales relaciones jurídicas de orden público, en consecuencia derechos y obligaciones. V gr.: el deber del juez de motivar sus resoluciones, el derecho de defensa del inculpado, etc.
e) La indisponibilidad del proceso penal.- este proceso no puede desaparecer ni adquirir una fisonomía distinta por voluntad de las partes. Las partes no tienen libre disponibilidad del proceso (como en el proceso civil) y aunque quieran, no pueden exonerar de culpa. Sin embargo, se contemplan algunas excepciones como la conciliación en las querellas y la aplicación del principio de oportunidad en algunos delitos.
f) El objeto principal del proceso penal, es investigar el acto cometido, el cual debe ser confrontado con los tipos penales. Pero también es importante la restitución de la cosa de la que se ha privado al agraviado o la reparación del daño causado con el delito.
g) Para que se dé el proceso penal, es necesario que exista un hecho o acto humano que se encuentre en un tipo penal y, además, que pueda ser atribuido a una persona física en el grado que sea, como autor coautor, instigador o cómplice.[4]
Jorge Rosas Yataco citando a Cafferata Nores, José I. señala que “el proceso penal, y el Derecho Penal se encuentran íntimamente relacionado con el modelo político en el que se exterioriza y con el sistema de valores que nutre a éste. Según sea el papel que una sociedad le asigne al Estado, el valor que reconozca al individuo y la regulación que exista de las relaciones entre ambos, será el concepto que desarrolle de delito (desobediencia a castigar, conflicto humano a solucionar o redefinir) y el tipo de proceso que se admita.”[5]
Asimismo, citando a Almagro Nosete precisa que, “el problema a resolver para organizar de manera idónea el proceso penal se centra en la necesidad de conciliar intereses difícilmente reductibles a una síntesis eficaz. De un lado, el interés de las personas incriminadas que debe ser tutelado por medio de las garantías adecuadas para su defensa en evitación de condenas injustas; de otro, el interés de la sociedad en obtener una represión segura y rápida. La prevalencia de unos intereses sobre otros origina la aparición y desarrollo de dos sistemas procesales diferenciados: el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo.”[6]
En la evolución histórica del proceso penal se han dado diferentes modelos de sistemas procesales, cuyas características se sustentan en concepciones ideológicas, religiosas y sociales vigentes cuando estos modelos surgieron.
El sistema acusatorio tiene como elemento esencial, la separación de las funciones de acusar y juzgar y comprende además la distinción entre los responsables por la función jurisdiccional y aquellos encargados por la postulación, así como también el papel del órgano de la acusación con la consecuente ausencia de cualquier poder sobre el imputado.
La unión de acusación y juicio compromete, sin duda, la imparcialidad de lo segundo y, por su turno, frecuentemente la publicidad y la oralidad del proceso. La carencia de estas garantías “debilita todas las demás, y en particular las garantías procesales de la presunción de inocencia del imputado antes de la condena, de la carga acusatoria de la prueba y del contradictorio con la defensa”[7]
Jorge Rosas Yataco citando a Julio Maier enfatiza que “la característica fundamental del enjuiciamiento acusatorio reside en la división de los poderes ejercidos en el proceso, por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación, ejerciendo el derecho de defenderse, y, finalmente, el tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir.
Todos estos poderes se vinculan y condicionan unos a otros: su principio fundamental, que le da nombre al sistema, se afirma en la exigencia de que la actuación de un tribunal para decidir el pleito y los límites de su decisión están condicionados al reclamo (acción) de un acusador y al contenido de ese reclamo (nemo iudex sine actore y ne procedat ex officio) y, por otra parte, a la posibilidad de resistencia del imputado frente a la imputación que se le atribuye”.[8]
Ana Calderón Sumarriva afirma que “el sistema inquisitivo aparece con los regímenes monárquicos, se perfecciona con el derecho canónico inquisitio ex officio y se materializa en las legislaciones europeas de los siglos XVI, XVII y XVIII.” Asimismo refiere que “el sistema inquisitivo, en contrapartida al sistema acusatorio puro, se fundamenta en que es derecho-deber del Estado promover la represión de los delitos, la cual no puede ser encomendada ni delegada a los particulares: inquisitio est magis favorabilis ad reprimendum delicta quam accusatio (la inquisición es más favorable que la acusación para reprimir delitos). Según este sistema, las funciones de acusación y decisión están en manos de la persona del Juez. El proceso se desarrolla de acuerdo con los principios de la escritura y el secreto.”[9]
Y citando a Julio Maier señala que “el objetivo fundamental del procedimiento era averiguar la verdad, sin reparar que los medios eran humillantes para el acusado. La tortura fue considerada como el medio idóneo para obtener la confesión del acusado”.[10]
Justamente por su innegable carácter despótico, Montero Aroca llega a no aceptarlo como verdadero proceso, al afirmar que el denominado proceso inquisitivo no fue y, obviamente no puede ser, un verdadero proceso. Si este se identifica como actus trium personarum, en el que ante un tercero imparcial dos partes parciales, situadas en pie de igualdad y con plena contradicción, y plantean un conflicto para que aquel lo solucione actuando el derecho objetivo, algunos de los caracteres que hemos indicado como propios del sistema inquisitivo llevan indudablemente a la conclusión que ese sistema no puede permitir la existencia de un verdadero proceso.[11]
Pepe Melgarejo Barreto refiere que “este sistema aparece con el advenimiento del iluminismo, la revolución francesa (1789) y del Estado moderno. Se estructuró el proceso en dos etapas: la fase de la instrucción, inspirada en el sistema inquisitivo por ser escrita y secreta, y la fase del juicio oral con marcado acento acusatorio, basado en la contradicción, oralidad y publicidad.”[12]
Ana Calderón Sumarriva citando a Leone considera que “este sistema trata de armonizar dos exigencias aparentemente opuestas: a) Que ningún culpable escape del castigo; b) Que nadie sea sometido a pena si no se demuestra su responsabilidad, y solamente en los límites de ella”. Asimismo refiere que “la persecución penal es encomendada a un órgano del Estado: el Ministerio Publico, mientras que la instrucción (la investigación del hecho, la selección y valoración de la prueba) corresponde al órgano jurisdiccional. Asimismo, el imputado es sujeto de derechos y se le otorga las garantías de un debido proceso.”[13]
Jorge Rosas Yataco afirma que “la vorágine de emisión de Cartas, Pactos y Convenios en defensa de los derechos humanos donde consagran derechos inherentes a la dignidad humana, así como una gama de derechos y principios procesales es el marco jurídico de protección al procesado. Este movimiento jurídico humanitario trajo como consecuencia la plasmación en las Cartas Políticas, los derechos fundamentales de la persona, en especial los referidos a la libertad de los procesados.” Asimismo citando a Catacora Gonzales refiere “a la luz de los nuevos principios que traen estos documentos; la Declaración de los Derechos Humanos y los otros tratados, es que adquieren categoría constitucional en las nuevas cartas políticas de los países, generando duda este sistema, siendo los modelos más cercanos el Código de Procedimientos Penales de Costa Rica y el Código Procesal Tipo para América Latina”.[14]
Jorge Rosas Yataco citando a Catacora Gonzales afirma que “este sistema viene a ser una aplicación del sistema acusatorio norteamericano, con los ajustes correspondientes a la realidad de cada país, así como en el proceso alemán, donde es el Ministerio Publico quien tiene la dirección de la investigación policial”. Además considera que “así como en otros países, en el Perú se ha venido sufriendo la influencia de las variaciones de este sistema. Este sistema acusatorio moderno se adapta mejor a los fundamentos de la democracia cuyos postulados son la publicidad de todo el procedimiento; la libertad personal del imputado hasta la condena definitiva; la igualdad de los derechos y poderes entre el acusador o acusado; la pasividad del juez en la obtención de las pruebas tanto de cargo como de descargo y la síntesis de todo el conjunto.”[15]
En palabras de Caro Coria “el proceso penal peruano está revestido de diversas garantías de reconocimiento constitucional en nuestra Carta Magna de 1993 (desarrolladas con más detalle en el reciente proyecto de reforma del Código Procesal de mayo de 2004) que buscan no sólo otorgar al procesado un marco se seguridad jurídica, sino en última instancia mantener un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado, los cuales constituyen un límite al poder punitivo estatal, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a una justicia penal contemporánea”.[16]
Según Pepe Melgarejo Barreto considera al modelo adversarial como “un sistema procesal penal propio del angloamericano (características en parte del NCPP). Se basa en la igualdad de derechos y oportunidades que tienen los litigantes (solo las partes). Estriba del principio de igualdad de armas por un lado, el acusador (fiscal) quien persigue penalmente (se incluye también al actor civil, quien pretende la reparación civil), y por otro lado, el imputado quien resiste y contradice la acusación, ejerciendo su derecho a la defensa (se incluye también al tercero civil responsable -si lo hubiera- con relación a la reparación civil). Serán sólo ellos, quienes tendrán que tratar de probar sus pretensiones”. Asimismo refiere que “el juez neutral no interviene para nada, en la aportación de pruebas, se limita a dirimir y decidir, ejerce la función de fallo fundado única y exclusivamente por las actuaciones y medios de pruebas efectuadas por los actores procesales intervinientes.”[17]
Según Ana Calderón Sumarriva los fines del proceso penal son de dos clases:
a) Fin general e inmediato.- que consiste en la aplicación del derecho penal, es decir, la represión del hecho punible mediante la imposición de una pena.
b) Fin transcendente o mediato.- que consiste en restablecer el orden y la paz social.
Asimismo señala que “utilizar el concepto verdad, de dimensión filosófica, como meta del proceso es una pretensión de imposible satisfacción. El proceso no puede alcanzar la verdad, al Juzgador no se le puede pedir que logre la verdad porque es lo mismo que pedir al navegante que se guía por una estrella que llegue a es estrella. Distinto es plantear que el juzgador debe buscar la verdad en base a los elementos que le suministra el proceso y que llegue a un estado subjetivo de honesta certeza, la que podrá ser positiva o negativa (sin que ella coincida necesariamente con la verdad) o de duda”[18]
[1] CALDERON SUMARRIVA, Ana C. (2011). El Nuevo Sistema Procesal Penal: Análisis Crítico. Lima: Egacal. Pág. 17.
[2] MELGAREJO BARRETO, Pepe. (2011). Curso de Derecho Procesal Penal. Lima: Jurista Editores. Pág. 28 y 29
[3] Ibídem. Pág. 34.
[4] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 19-21
[5] ROSAS YATACO, Jorge. (2009). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima: Jurista Editores. Pág. 111
[6] Ibídem. Pág. 112.
[7] FERRAJOLI, Luigi. (2001). Derecho y Razón: teoría del garantismo penal. Madrid. Editorial Trotta.
[8] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 114.
[9] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 22-23
[10] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 24
[11] MONTERO AROCA, Juan. (1997). Principios del Proceso Penal: una explicación basada en la razón. Valencia. Editorial Tirant lo Blanch.
[12] MELGAREJO BARRETO. Ob. Cit. Pág.38.
[13] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 25-26
[14] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 118 - 119.
[15] ROSAS YATACO. Ob. Cit. Pág. 119-120.
[16] CARO CORIA, Dino Carlos. Las Garantías Constitucionales en el Proyecto del Código Procesal Penal de mayo de 2004. En: diario “El Peruano”. Suplemento de Análisis Legal. Derecho Procesal Penal, Pág. 8.
[17] MELGAREJO BARRETO. Ob. Cit. Pág.40 - 41.
[18] CALDERON SUMARRIVA. Ob. Cit. Pág. 33 - 34
Visto: 17344
HISTORIA UNIVERSAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO PENAL PERUANO
EXENCIÓN DE DETENCIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SALTA – LEY Nº 769011.-
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL DERECHO PENAL PANAMEÑO Y COMPARADO / BRASIL Y COLOMBIA
DERECHO PENAL Y SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA A TRAVÉS DE LAS IDEAS O CORRIENTES PENALES
Prueba, exclusión probatoria, interpretación y valores en el Derecho Penal Boliviano

References: resolución 
 artículo 254
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 268
 resolución 
 artículo 254