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Timestamp: 2019-12-15 15:01:55+00:00

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Primer tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe - IUS 360
Primer tratado vinculante sobre ambiente y derechos humanos de América Latina y el Caribe
El pasado 4 de marzo finalizó en Costa Rica la novena ronda de negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante para América Latina sobre la protección a los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales (Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 adoptada por Naciones Unidas).
¿Como plasmar los principios jurídicos contenidos en una proclama universal en un texto vinculante de carácter regional? Es el principal desafío de este instrumento regional.
Se trata de una iniciativa latinoamericana iniciada con la Declaración de Santiago de Chile del 2014 y que se materializó a partir de mayo del 2015 con la primera ronda de negociaciones celebrada en Chile, auspiciada por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, más conocida como CEPAL.
Cabe mencionar que, con relación a la formalización en un instrumento jurídico de carácter regional de lo dispuesto en el Principio 10, ya se cuenta con un valioso precedente: la «Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales» adoptada en Aarhus en 1998, la cual provee un marco normativo, limitado esto sí a la región europea y a Asia central.
A la cita en San José concurrieron 24 delegaciones oficiales de Estados de América Latina y del Caribe con el objetivo de poner un punto final a la incorporación en un instrumento regional de carácter obligatorio de los principios jurídicos mencionados en el Principio 10, así como de nuevos principios jurídicos existentes desarrollados por el derecho ambiental desde 1992. (Remitimos a nuestro estimable lector al comunicado oficial de la CEPAL, al comunicado oficial de Naciones Unidas, así como al comunicado oficial de las autoridades costarricenses, saludando la adopción de este tratado regional, luego de nueve rondas de negociaciones).
En la prensa del 3 de marzo, se pudo leer que tanto los delegados de Colombia como los de México llegaron a la cita en tierras josefinas con ciertas reservas, como posiblemente delegados de otros Estados.
La culminación de un árduo proceso negociador
Con ocasión de la octava ronda de negociaciones celebrada en Chile en noviembre/diciembre del 2017, se habían dejado entrever algunos puntos en discusión no consensuados en Santiago de Chile con los que las delegaciones llegaron a San José de Costa Rica. Desde la sede de Naciones Unidas en Ginebra, varios expertos en derechos humanos habían urgido a las delegaciones a no posponer más en Chile las negociaciones y a aprobar el texto sin más preludios. (Ver «Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente«)
– El documento preparado por Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú sobre los defensores del ambiente y la necesidad de protegerlos en su labor que configurará posiblemente el artículo 9 del futuro texto (Ver nota oficial presentada a las demás delegaciones);
– La propuesta de Argentina y de Perú sobre la participación ciudadana en materia ambiental, configurando lo que será probablemente el futuro artículo 8 (Ver texto de la propuesta), con fecha de julio del 2017;
– La propuesta de Chile y de Costa Rica sobre los artículos 13 a 25 circulada en febrero del 2018, posiblemente elaborada en aras de facilitar la aprobación del texto en Costa Rica (Ver texto de la propuesta). A notar que el artículo 21 de la propuesta fija a ocho el número de ratificaciones necesarias para la entrada en vigor del futuro tratado, cifra revisada a la baja (cinco) en el texto borrador circulado en enero del 2018 (Ver artículo 23), y que podría ser revisada nuevamente a la alza por parte de algunas delegaciones, en particular las deseosas de retardar la entrada en vigencia de este tratado.
De manera muy oportuna, al haber sido dada a conocer a pocas semanas de iniciarse esta cita regional en Costa Rica, podemos también referir a la reciente Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una solicitud de Colombia, notificada el pasado 7 de febrero del 2018 (Ver «Mucho más que una respuesta a Colombia: a propósito de la Opinión Consultiva OC-23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre ambiente y derechos humanos«).
Con relación al artículo 9 antes mencionado, su formulación antes de la cita en la capital costarricense se lee de la siguiente manera (y es de esperar que no sufrió mayores revisiones):
«Artículo 9 Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales [Convenido]
3. Cada Parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales puedan sufrir en el ejercicio de los derechos contenidos en el presente Acuerdo. «
De igual forma, son incontables los casos de líderes comunitarios y ecologistas llevados en América Latina ante los tribunales nacionales por presuntas calumnia, difamación, resistencia a la autoridad, violencia en la vía pública, amenaza al orden público u otras figuras del derecho penal, con el fin de intimidarlos.
En el caso de Costa Rica, repetidas ausencias de los abogados de una empresa minera canadiense a audiencias señaladas por el juez penal en tres distintas causas llevaron a los demandados por presunta difamación a publicar un artículo titulado: «Audiencias con el Infinito: ausencias…» en el periódico La Nación (y que al parecer surtió algún efecto: los abogados de la minera Infinito Gold se presentaron finalmente a las audiencias siguientes en dos de los tres casos).
De alguna manera este artículo 9 viene también a plantear a los Estados la adopción de medidas contra acciones intimidatorias de tipo penal que la doctrina anglosajona designa por el término de «Slapp Actions» («Slapp» – que significa «bofetada» en inglés – correspondiendo a las siglas de la expresión «Strategic Legal Actions Against Public Participation«): véase, entre muchos, este análisis publicado en Australia en el 2009 titulado «Quantum of strategic litigation — quashing public participation«, así como este estudio al respecto publicado en el caso de Ontario, Canadá en el 2010, titulado «Breaking the Silence. The urgent need for anti-SLAPP legislation in Ontario» y volante publicado en el 2010 sobre la legislación «Anti-Slapp» adoptada en Filipinas en el 2010.
Sin lugar a dudas, se trata de un texto de gran relevancia que permite reafirmar en la región latinoamericana una serie de principios en materia ambiental que han venido sufriendo una interpretación restrictiva por parte del aparato estatal. Es el caso, por ejemplo, en Costa Rica de un episodio insólito acaecido con el juez constitucional en febrero del 2017 en materia de participación pública (véase breve nota nuestra al respecto).
De igual manera, la adopción de este instrumento regional coincide con una reflexión doctrinal tendiente a recordar al Estado de Derecho sus obligaciones en materia ambiental: sobre el particular, referimos al artículo del profesor Mario Peña Chacón titulado «Los derechos humanos ambientales en un Estado de Derecho ambiental«.
El pasado 2 de marzo del 2018, se conmemoraron dos años del asesinato de la lider indígena Berta Cáceres en Honduras, un hecho que conmocionó a toda Honduras y al movimiento ecologista en su conjunto. Desde noviembre del 2017, el informe GAIPE recopiló toda la información sobre este caso reunida por un equipo de investigadores independientes ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por investigar de forma sumamente cuestionable (y cuestionada) este asesinato. (Ver «El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE«).
No cabe duda que la coincidencia de fechas de esta conmemoración con la sesión final en San José de cara a la adopción de este instrumento regional puede ser leida como una poderosa señal.
Nótese que a más de 10 días de haber sido aprobada en Costa Rica, aún no se ha podido tener acceso a alguna versión digital definitiva del documento adoptado por las 24 delegaciones presentes en Costa Rica en su versión en español. ¿Cómo explicar este vacío? No se tiene respuesta sobre este preciso punto, que ameritaría una breve justificación por parte de las entidades convocantes a esta cita. El Acta Final de la reunión de San José (véase texto oficial) se limita a dar por concluida la fase de negociación, pero no incorpora la versión definitiva del texto (pese a mencionar un Anexo 1, que no incorpora).
Apenas esté disponible en el sitio oficial de la CEPAL, de Naciones Unidas o en el de alguna entidad oficial costarricense, se procederá a remitir al lector al enlace respectivo, no sin antes sugerir, en el marco de este breve comentario, que las facilidades que ofrecen las tecnologías de la información también debieran de ser aprovechadas por las entidades concernidas para dar a conocer en tiempo real un texto adoptado después de tres años de largas negociaciones.
Imagen obtenida de: http://bit.ly/2p2RO5h
Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
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References: artículo 9
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 9
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