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Timestamp: 2019-09-17 01:21:59+00:00

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Costas procesales - Irlanda
Esta sección ofrece información sobre las costas procesales en Irlanda.
La base para el cálculo de los honorarios de los asesores jurídicos (solicitors) es distinta en el caso de asuntos de tipo litigioso (como es por ejemplo el asesoramiento y representación en un pleito ante un juzgado, tribunal o juez arbitral) y en el caso de asuntos no relacionados con litigios. Por lo que se refiere a los asuntos litigiosos, las costas pueden clasificarse a su vez en costas pactadas entre el cliente y su abogado (es decir, los honorarios que cada parte debe pagar a su abogado) y costas impuestas a las partes (es decir, las que una de las partes debe abonar a la otra como resultado del proceso).
Asuntos litigiosos
Legislación primaria principal*:
Ley de abogados de 1849
Ley de abogados de 1870
Artículo 68 de la Ley de abogados de 1994 (modificada)
Artículo 94 de la Ley de tribunales de justicia de 1924
Artículo 78 de la Ley de tribunales de justicia de 1936
Párrafo 8 del Anexo octavo de la Ley de tribunales de justicia de 1961 (disposiciones adicionales)
Artículo 17 de la Ley de tribunales de 1981
Artículo 14 de la Ley de tribunales de 1991
Artículos 27 y 46 de la Ley de tribunales y funcionarios judiciales de 1995
Legislación secundaria principal*:
Orden 22, normas 4, 6 y 14(3); Orden 27, norma 1A, Orden 99 y Apéndice W, Reglamento de los tribunales superiores
Orden 15, normas 14, 15 y 21, y Orden 66, Reglamento de los juzgados de condado
Órdenes 51 y 52, y Anexo E, Reglamento de los juzgados de distrito
Sentencias de los tribunales conteniendo interpretaciones de la legislación correspondiente
Asuntos no litigiosos
Ley de honorarios de abogados de 1881
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1884
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1960
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1964
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1970
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1972
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1978
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1982
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1984
Reglamento general de retribuciones de los abogados de 1986
Normas 210 y 239 del Reglamento del Registro de la Propiedad Inmobiliaria de 1972
*La legislación que se cita hace referencia a la ley, orden o reglamento correspondiente, así como a sus modificaciones. La legislación posterior a 1922 puede consultarse en la Recopilación de la legislación irlandesa en línea y en el sitio web de las Cámaras del Parlamento.
Se emplea el término lawyers (profesionales de la abogacía) para referirse colectivamente a las dos clases de profesionales de este tipo que existen en el sistema jurídico irlandés, esto es, los abogados (barristers) y los asesores jurídicos (solicitors).
Los honorarios de los abogados (barristers) se suelen facturar al solicitor que requiere sus servicios, considerándose un desembolso realizado por este último por cuenta de su cliente. Su cuantía está regulada por los reglamentos correspondientes y por las sentencias de los órganos jurisdiccionales relativas a las retribuciones de los abogados: véase, en particular, el articulo 27 de la Ley de tribunales y funcionarios judiciales de 1995; Kelly contra Breen [1978] I.L.R.M. 63; el Estado (Gallagher Shatter & Co.) contra de Valera [1991] 2 I.R. 198; Superquinn contra Bray U.D.C. (nº 2) [2001] 1 I.R. 459.
La retribución de los sheriffs, agentes judiciales y oficiales de justicia encargados de la ejecución de las resoluciones judiciales está regulada por la Orden sobre retribuciones y gastos de los sheriffs de 2005, e incluye las cantidades devengadas por la entrega de los títulos de ejecución y de embargo y por los gastos de viaje, así como las correspondientes a la retirada y almacenaje de los bienes o ganado embargados.
En el sistema jurídico irlandés no existe una categoría separada de profesionales jurídicos con el nombre de advocates.
En general, las costas procesales tienen carácter discrecional, a excepción de los casos definidos en la Orden 27, normas 1A(3) y 9 (costas que debe soportar la parte que formula alegaciones después de que la otra parte hubiera solicitado el pronunciamiento, cuando dichas alegaciones no hubieran sido admitidas a trámite), así como en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores y en el Anexo E del Reglamento de los juzgados de distrito.
Entre estas costas se incluyen diversos pagos, como los correspondientes a las tasas judiciales, que están definidas por las Órdenes sobre tasas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior, y de los juzgados de condado y de distrito, respectivamente.
Consúltese la información adicional sobre tasas judiciales.
Fase del procedimiento civil en la que deben pagarse tasas judiciales
En los casos definidos en la Orden 27, normas 1A(3) y 9 (costas que debe soportar la parte que formula alegaciones después de que la otra parte hubiera solicitado el pronunciamiento, cuando dichas alegaciones no hubieran sido admitidas a trámite), las costas se deberán abonar cuando se solicite el pronunciamiento, una vez rechazadas las alegaciones.
Las costas definidas en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores deben abonarse del modo siguiente:
El cliente pagará la minuta a su letrado asesor (solicitor) a la recepción de la misma, o dentro del mes siguiente a su recepción si en dicho plazo el cliente no ha solicitado una tasación independiente (artículo 2 de la Ley de abogados de 1849). Sin embargo, el cliente dispondrá en cualquier caso de un período de doce meses desde la recepción de la minuta para solicitar y obtener dicha tasación. Una vez transcurrido el plazo de doce meses o una vez satisfecho el importe de la minuta, si las circunstancias particulares del asunto así lo requieren, el tribunal podrá ordenar la tasación de la minuta, siempre que la solicitud al tribunal se haga dentro de los doce meses posteriores al pago.
Cuando a una de las partes le sea impuesto el pago de las costas a favor de la parte contraria, deberá abonar las mismas al recibir el certificado de tasación o bien según el acuerdo alcanzado entre las partes en relación al pago.
Las costas definidas en el Anexo E del Reglamento de los juzgados de distrito deben abonarse del modo siguiente:
Cuando se pronuncie sentencia sin que se haya ejercido el derecho de defensa serán a cargo de la parte condenada que no haya ejercido dicha defensa.
En los demás casos, las costas serán a cargo de la parte a la que el tribunal haya impuesto las mismas, y se abonarán cuando se pronuncie la sentencia conteniendo dicha imposición de costas.
No existen costas fijas ni tasas judiciales en los procesos penales.
Los juzgados de distrito, en los procesos penales sumarios, pueden condenar en costas a cualquiera de las partes, excepto a la Fiscalía Pública y a los funcionarios de policía que ejerzan la acusación. Los juzgados de condado y el Tribunal Penal Central (los órganos jurisdiccionales facultados para los procesamientos) tienen facultades discrecionales en materia de condena en costas:
en caso de absolución (cabe recurrir ante el Tribunal de Apelación Penal);
en caso de que el escrito de procesamiento contenga acusaciones improcedentes, sea excesivamente prolijo o presente defectos sustanciales;
en caso de que el juicio se aplace como consecuencia de una modificación en el escrito de procesamiento;
en caso de que se forme pieza separada en relación con alguna de las acusaciones del escrito de procesamiento).
El Tribunal Superior y el Tribunal Supremo tienen la jurisdicción exclusiva en materia constitucional. Los juicios celebrados en esta instancia no están sujetos a costas especiales ni a un régimen de tasas particular. Las tasas judiciales aplicables son las que se reflejan en el Apéndice W del Reglamento de los tribunales superiores. Por otro lado, las costas procesales son las establecidas en las Órdenes sobre tasas del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior.
Consúltese la información adicional sobre las tasas judiciales.
Fase de los procesos constitucionales en que deben pagarse tasas judiciales
Por regla general, las tasas judiciales se abonan en el momento de presentar el documento en cuestión.
El artículo 68 de la Ley de abogados de 1994 (modificada) dispone lo siguiente:
«68.—(1) Tan pronto como reciba instrucciones para la prestación de servicios jurídicos a un cliente, o lo antes posible después de recibidas dichas instrucciones, el letrado asesor facilitará por escrito al cliente la siguiente información:
los gastos reales; o
cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales, una estimación (lo más cercana posible) de los mismos; o
cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales ni tampoco una estimación de los mismos, los criterios aplicados por el letrado asesor o por su bufete para calcular la retribución correspondiente a sus servicios jurídicos. Cuando estos últimos se refieran a asuntos litigiosos, se facilitará al cliente información por escrito describiendo las circunstancias en que podría verse obligado al pago de costas a la otra parte o partes y, en su caso, las circunstancias en que las cantidades que el cliente adeudaría al letrado asesor por los servicios jurídicos prestados podrían no quedar cubiertas por las costas recuperadas en el litigio de la otra parte o partes (o de sus aseguradores), en caso de éxito.
El letrado asesor no representará a su cliente en relación con un asunto litigioso (salvo si se trata de procedimientos destinados a recuperar una deuda o ejecutar una sentencia) calculando la retribución correspondiente a sus servicios jurídicos de tal forma que el total o una parte de dicha retribución consista en un determinado porcentaje o proporción de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo que pudiera recibir el cliente. Los adeudos que se hubieran realizado contraviniendo lo dispuesto en el presente apartado no podrá ser reclamados por vía judicial, en caso de emprender acciones contra el cliente para su recuperación.
Para el pago de sus honorarios, el letrado asesor no podrá detraer ni apropiarse, total o parcialmente, de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo a los que su cliente tuviera derecho como resultado de un proceso litigioso en el que hubiera actuado en su nombre.
El apartado 3 del presente artículo no será impedimento para que el letrado asesor pueda pactar con su cliente, en cualquier momento, la entrega de una cantidad a cuenta de sus honorarios que haya sido detraída de los resarcimientos por daños u otras indemnizaciones en efectivo a los que su cliente tenga derecho como resultado de un proceso litigioso en el que hubiera actuado en su nombre.
Cualquier pacto realizado en virtud del apartado 4 del presente artículo sólo podrá ser objeto de demanda judicial contra un cliente en caso de que se haya reflejado por escrito e incluya una estimación, lo más aproximada posible, de las cantidades que el letrado asesor considera que pueden ser recuperadas de la otra parte o partes como consecuencia de los resarcimientos del daños u otras indemnizaciones en efectivo que pudiera recibir el cliente como resultado del correspondiente proceso litigioso.
Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal aplicable, el letrado asesor presentará una minuta de honorarios a su cliente lo antes posible después de concluido el proceso litigioso en el que haya actuado por cuenta de su cliente. Dicha minuta incluirá:
una descripción resumida de los servicios jurídicos prestados al cliente en relación con el litigio;
el importe total de los resarcimientos de daños u otras indemnizaciones en efectivo que el cliente hubiera recibido como resultado del proceso litigioso, así como
información detallada sobre las cantidades que hubieran sido recuperadas, total o parcialmente, de la otra parte o partes (o de sus aseguradores) por el letrado asesor en representación de su cliente,
y mostrará por separado los importes correspondientes a honorarios, tasas, suplidos y otros gastos en los que se hubiera incurrido o que hubieran surgido en relación con la prestación de los servicios jurídicos.
Lo dispuesto en el presente artículo no será impedimento para que cualquier persona pueda ejercer sus derechos legales con el fin de exigir a un letrado asesor que someta a tasación su minuta, ya se trate de las costas impuestas a las partes o de las costas pactadas entre el cliente y su abogado, ni limitará los derechos de cualquier persona, o de la Asociación de la Abogacía (Law Society), contemplados en el artículo 9 de la presente Ley.
Cuando un letrado asesor haya emitido una minuta por la prestación de servicios jurídicos a su cliente, y éste manifieste su desacuerdo con el importe (o con una parte del mismo) de dicha minuta, el letrado asesor:
adoptará todas las medidas apropiadas para alcanzar un acuerdo con el cliente;
informará por escrito al cliente de los puntos siguientes:
i) El derecho que asiste al cliente para exigir al letrado asesor que someta la minuta o una parte de la misma a la tasación de la Servicio de Inspección del Tribunal Superior, con arreglo al sistema de costas pactadas entre el cliente y su abogado.
ii) El derecho que asiste al cliente de presentar una reclamación ante la Asociación de la Abogacía (Law Society), en virtud del artículo 9 de la presente Ley, en relación con la minuta que haya considerado excesiva.
En el presente apartado, el término «costas» incluye honorarios, tasas, suplidos y demás gastos.
Las disposiciones del presente apartado serán de aplicación sin perjuicio de lo estipulado por la Ley de abogados (Irlanda) de 1849 y por la Ley de abogados de 1870.»
El artículo 12.6 del Código de Conducta del Consejo General de la Abogacía de Irlanda dispone lo siguiente:
«12.6 Tan pronto como reciba instrucciones para la prestación de servicios jurídicos, o lo antes posible después de recibidas dichas instrucciones, el abogado facilitará por escrito al letrado asesor que le haya dado dichas instrucciones, o directamente al cliente que se haya acogido al Programa de Acceso Directo Profesional, la siguiente información:
cuando, por razón de las circunstancias, no sea posible o practicable la fijación detallada de los gastos reales ni tampoco una estimación de los mismos, los criterios aplicados para calcularlos.
El formato de esta información se deja a la discreción de cada abogado.»
¿Donde puedo obtener información sobre las fuentes jurídicas reguladoras de las costas?
Véase la información disponible en el sitio web de la Servicio de Inspección y la documentación que puede descargarse.
La información sobre las fuentes de las costas está disponible en inglés.
El artículo 7, apartado 1, de la Ley de separación judicial y de reforma del Derecho de familia de 1989 prevé que, cuando se solicita una declaración de separación judicial al órgano jurisdiccional, éste deberá sopesar la posibilidad de que se produzca una reconciliación entre los cónyuges y, en consecuencia, podrá aplazar en cualquier momento el procedimiento con el fin de que éstos tengan la oportunidad, si ambos lo desean, de reflexionar sobre una posible reconciliación, con la asistencia de un tercero o sin ella. El artículo 7, apartado 3, contempla la posibilidad de que el órgano jurisdiccional aplace el procedimiento para permitir que los cónyuges tengan la oportunidad, si ambos lo desean, de llegar a un acuerdo en la medida de lo posible sobre las condiciones de la separación, con la asistencia de un tercero o sin ella.
Los apartados 1 y 3 del artículo 8 de la Ley de divorcio de 1996 incluyen disposiciones similares en relación con los procesos de divorcio.
Los artículos 15 y 16 de la Ley sobre responsabilidad civil y órganos jurisdiccionales de 2004 contemplan el procedimiento de mediación en los juicios por lesiones.
La Orden 63A, norma 6(1)(xiii), y la Orden 63B, norma 6(1)(xiii) facultan al juez competente, tanto si se trata de asuntos mercantiles como de infracciones contra la competencia ante el Tribunal Superior, a instancia de cualquier de las partes o por propia iniciativa, a aplazar los procedimientos correspondiente por el plazo que considere apropiado, sin que exceda de 28 días, con el fin de dar tiempo a las partes para que reflexionen sobre si tales asuntos deberían ser sometidos a un proceso de mediación, conciliación o arbitraje, y cuando las partes se decidan por este último proceso, ampliar el plazo de que éstas disponen para cumplir las normas del procedimiento o las resoluciones judiciales correspondientes.
Para obtener más información sobre la mediación, véase el sitio web de la Agencia de Asesoramiento Familiar.
Hay disponible un sitio web con información sobre las costas.
Véase información complementaria en los Informes anuales del Servicio Judicial.
Véase el sitio web del Servicio Tributario y Aduanero de Irlanda.
El umbral de ingresos mínimos disponibles en los asuntos civiles es de 18.000 euros, después de deducir determinadas cantidades fijas en concepto de personas dependientes, alojamiento y pagos de impuestos y a la seguridad social.
Véase la información adicional publicada en el sitio web del Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa y en el de la Junta de Asistencia Jurídica.
El Programa de asistencia jurídica en asuntos penales, administrado por el Ministerio de Justicia, Igualdad y Reforma Legislativa, prevé la prestación de asistencia jurídica gratuita, en determinadas circunstancias, para garantizar la defensa en los procesos penales de las personas que carezcan de recursos suficientes. No hay fijado ningún umbral de ingresos. La persona inculpada tiene derecho a ser informada por el tribunal ante el que comparece de su posible derecho a recibir asistencia jurídica. La concesión de la asistencia jurídica gratuita permite al solicitante emplear los servicios de un letrado asesor y, en determinadas circunstancias, de hasta dos abogados, con el fin de preparar su defensa o los recursos correspondientes. Los órganos jurisdiccionales, a través de la magistratura, son los responsables de conceder la asistencia jurídica gratuita. La misma puede solicitarse al tribunal de las formas siguientes:(a) personalmente; (b) a través del representante legal, o (c) mediante carta dirigida al Secretario judicial.
El solicitante de la asistencia jurídica gratuita deberá demostrar a satisfacción del tribunal que carece de medios suficientes para pagar por sí mismo dicha asistencia jurídica. Se trata de una materia discrecional de cada órgano jurisdiccional, no estando regulada por ninguna norma definitoria de criterios económicos para optar a las ayudas. El tribunal debe examinar también si, por motivos relacionados con la «gravedad de la acusación» o con «circunstancias excepcionales», resulta esencial para los intereses de la justicia que el solicitante disponga de la mencionada asistencia jurídica. No obstante, cuando la acusación sea de homicidio, o cuando se trate de un recurso ante el Tribunal Supremo procedente del Tribunal de Apelación Penal, para la concesión de la asistencia jurídica gratuita bastará únicamente el motivo de la insuficiencia de recursos.
El tribunal puede exigir al solicitante de esta asistencia que presente una declaración de bienes. El solicitante que realice a sabiendas una declaración falsa, o que oculte determinados hechos con el fin de obtener asistencia jurídica gratuita, comete un delito castigado con pena de multa, de privación de libertad o de ambas.
En determinados casos relacionados con delitos sexuales no se aplica un umbral de ingresos mínimos disponibles al querellante que solicite ayuda a la Junta de Asistencia Jurídica, siempre que se trate de asuntos penales en los que exista la posibilidad de que la defensa alegue la conducta sexual anterior de la parte querellante.
En determinados casos relacionados con delitos sexuales, a la parte querellante se le concede automáticamente la asistencia jurídica gratuita. Las víctimas de delitos de otro tipo deberán cumplir los mismos criterios generales que cualquier otra persona.
No existen otras condiciones, ni tampoco procedimientos específicos para los menores de edad.
Existen exenciones al pago de las tasas judiciales en determinados casos relacionados con el Derecho de familia y con los menores de edad. Para conocer todos los detalles de estos casos en que no es necesario pagar las tasas judiciales, consulte las correspondientes órdenes sobre tasas en el sitio web del Servicio de Tribunales.
Véase la información detallada sobre tasas judiciales y exenciones en el sitio web del Servicio de Tribunales.
La condena en costas es una materia discrecional de los órganos jurisdiccionales. El ejercicio de esta facultad discrecional debe realizarse con sujeción a ciertas normas establecidas por tradición y a los principios derivados de la jurisprudencia. Por ejemplo, el principio básico es que las costas siguen a la parte perdedora, es decir, que esta última debe pagar los gastos en que haya incurrido la parte ganadora. Sin embargo, esta norma está sujeta a excepciones que dependen de las circunstancias del caso. Por ejemplo, la parte ganadora puede no recuperar la totalidad de sus costas cuando el tribunal considere que ha demorado o alargado innecesariamente el proceso o cuando, aun habiendo ganado el caso, no se le hayan reconocido algunos puntos específicos del mismo. En determinados asuntos, como los relacionados con conflictos constitucionales o materias de interés público, la parte perdedora puede recuperar una parte o la totalidad de sus costas.
En lo relativo a la asistencia jurídica gratuita, la Junta ha establecido un baremo de derechos que aplica a las distintas categorías de peritos. Por otra parte, la Junta aplica su propio criterio al aceptar derechos especiales, cuando los aspectos particulares del caso requieran los servicios de un perito especializado. En tales casos, los derechos se negocian de forma individual con el perito en cuestión, teniendo en cuenta los trabajos necesarios, el nivel de conocimiento técnicos exigidos y la importancia del asunto para la persona que recibe la asistencia jurídica gratuita.
En los procesos penales en los que se haya aprobado la asistencia gratuita, el Programa de asistencia jurídica en asuntos penales cubre los gastos adecuados y razonables en que haya incurrido el abogado defensor, incluyendo los derechos de los peritos.
En los litigios civiles, los honorarios de traductores e intérpretes son generalmente el resultado de un acuerdo entre éstos y la parte implicada en el litigio. Sin embargo, cuando las costas de dicha parte deban ser satisfechas por la otra parte como consecuencia de la sentencia judicial, los honorarios del traductor o intérprete están sujetos a la tasación (valoración) del Servicio de Inspección (es decir, del asesor en materia de gastos de tipo jurídico).
Cuando el asunto en materia civil lleve aparejada la asistencia jurídica gratuita, la Junta pondrá en marcha un concurso de licitación para seleccionar alguna de las ofertas presentadas.
En los procesos penales en los que se haya aprobado la asistencia gratuita, el Programa de asistencia jurídica en asuntos penales cubre los gastos adecuados y razonables en que haya incurrido el abogado defensor, incluyendo los honorarios de traductores e intérpretes.
Informe de Irlanda para el Estudio sobre transparencia de las costas (400 Kb)

References: Artículo 68

Artículo 94

Artículo 78

Artículo 17

Artículo 14
 artículo 68
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 8