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Timestamp: 2018-09-24 18:57:14+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 020/2018 Tribunales de Apelación
JUICIO: “CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO C/ CLUB OLIMPIA S/ DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE GUARANIES. AÑO: 2016 - NRO. 12”.
En la ciudad de Asunción, a los once días del mes de abril del año dos mil dieciocho, estando reunidos en la sala de Acuerdo el TRIBUNAL DE APELACION DEL TRABAJO, Segunda Sala, 7° Piso del Palacio de Justicia, los señores Miembros; ALMA MENDEZ DE BUONGERMINI, MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH Y GUILLERMO ZILLICH, bajo la Presidencia de la primera de los nombrados, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO C/ CLUB OLIMPIA S/ DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE GUARANIES”, a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la S.D. Nro. 226 de fecha 26 de octubre del 2016, dictada por el Juez de Primera Instancia en lo Laboral del Quinto Turno.
Conforme al sorteo de ley, dio como resultado el siguiente orden; MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH, ALMA MENDEZ DE BUONGERMINI y GUILLERMO ZILLICH.
OPINIÓN DEL MAGISTRADO MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH, DIJO: que por la sentencia apelada número 226 de fecha 26 de octubre de 2016, el Juez resolvió: NO HACER LUGAR, a la presente demanda promovida por el futbolista profesional CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO contra el CLUB OLIMPIA, de conformidad con los fundamentos expuestos en el considerando de la presente resolución. 2) ORDENAR al CLUB OLIMPIA, a que en el perentorio término de 48 horas de quedar ejecutoriada la presente sentencia, abone al actor la suma de U$S. 99.920 (Dólares americanos noventa y nueve mil novecientos veinte), de conformidad con la liquidación practicada en el exordio que antecede. 3) IMPONER las costas en el orden causado. 4) ANOTAR, registrar y remitir copias a la Excma. Corte Suprema de Justicia”. (Sic.).
Resulta oportuno destacar que ambas partes litigantes han recurrido la sentencia definitiva número 226 de fecha 26 de octubre del 2016.
AGRAVIOS DE CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO: A fs. 112/117 de autos los representantes convencionales del actor recurrente exponen sus agravios afirmando en primer lugar que la sentencia cuestionada le causa agravios por el hecho de que en la misma el A quo omitió otorgar a su representado el beneficio de la indemnización hasta final del contrato celebrado con el Club Olimpia, conforme le acuerda la ley, esgrimiendo fundamentos que carecen de validez legal, por tanto arbitrarios, antojadizos y en contra de lo imperativamente reconoce la ley.
Aseguran los representantes del actor que, el A quo ha dispuesto en la resolución recurrida, lo que se establece en el art. 25 de la ley 5.322/14 y que en consecuencia no corresponde la aplicación subsidiaria de las disposiciones del Código del Trabajo en el presente caso y limitó la cuestión en dilucidar la fecha en que se produjo la comunicación de rescisión del contrato suscripto y aplicar directamente la disposición del Art. 25 de la ley citada precedentemente. Siguen argumentado los profesionales representantes del actor que, el A quo tomó como cierto lo manifestado por la demandada en cuanto a la comunicación de la terminación de la relación laboral vía telegrama colacionado dictado por el Club Olimpia en fecha 28 de diciembre de 2015, cuyo destino era el domicilio establecido en el contrato de trabajo deportivo (Tuyuti 196 entre Ytororó y 2da., Barrio las Residentas, Ciudad de Luque), cuestión la del domicilio no discutida por nuestra parte, pero haciendo caso omiso a que el telegrama fue efectivamente dictado, más en ningún momento del estadio procesal del presente juicio la demandada ha demostrado fehacientemente la recepción de dicho telegrama en el domicilio denunciado en el Contrato de Trabajo Deportivo. Es decir no existe constancia oficial de la entrega del telegrama, puesto que dicha constancia es la que establece la fecha de la notificación. Así en pre-aviso puede ser hecho de cualquier forma pero la correspondiente notificación del mismo se prueba por escrito o en forma autentica. Invocan el art. 88 del C.L. y el art. 85 del C.P.L. Afirman los representantes del actor que, en el caso de autos, la demandada ha probado haber dictado el telegrama colacionado, no así su entrega, razón por la cual no puede tomarse como como fecha de notificación la de su simple emisión.
Igualmente afirman los representes del actor que, asimismo, el A quo ha tomado en consideración una supuesta comunicación complementaria enviada a través de la firma DHL Paraguay S.R.L., la cual la firma antes mencionada informó que la documentación fue remitida por el CLUB OLIMPIA, como destinatario del REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D., cuyo envío fue entregado en el domicilio del REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA, y la persona que recibió dicho envío según los registros de la firma DJL Paraguay fue una persona de nombre JUANA, tomando el A quo este hecho como una notificación suplementaria realizada a nuestro conferente. Sin embargo nótese que él envió realizado por el Club Olimpia tiene como destinatario del REAL CLUB MALLORCA S.A.D. fue JUANA el 31 de diciembre de 2015 a las 10:45 horas y no CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO, quien no se encontraba en el domicilio del citado club puesto que era fin de año, por lo que esta notificación resulta ineficaz pues no ha sido dirigida al empleado despedido por decisión del Club Olimpia, así como tampoco recepcionada por este. Agregan los profesionales que, como no podrá escapar a la perspicacia del Tribunal el telegrama colacionado como el envío de la supuesta rescisión de contrato de trabajo deportivo realizado al REAL CLUB MALLORCA S.A.D. y recepcionada por JUANA no prueba su entrega efectiva al jugador CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO, todo lo relatado anteriormente ha sido demostrado en autos, en el periodo procesal oportuno.
Seguidamente los representantes del actor también sostienen que el A quo incurrió en arbitrariedad y error en la aplicación de lo que él considera como justo, puesto que otorgo a su representado la suma de USD 97.500, monto que ya estaba reconocido por el Club Olimpia como deuda devengada a favor del jugador mediante Acuerdo Privado de fecha 27 de julio de 2015, agregando la suma irrisoria de USD 2.240 en concepto de indemnización por despido injustificado equivalente a tres días de salario, totalizando la supla de USD 99.920. Ahora bien, si llegásemos a considerar por un instante que el jugador inferior tenía méritos suficientes a la vista para considerar que el despido injustificado se produjo el 28 de diciembre de 2015, lo cual no es el caso, hemos de demostrar aun así que ha cometido, a renglón seguido, la arbitrariedad y error en el cálculo del salario adeudado.
Los representantes del jugador de fútbol invocan el Acuerdo Privado de fecha 27 de julio de 2015, transcribiendo la cláusula primera de dicho acuerdo. Seguidamente los representantes del actor expresan que el A quo omitió absolutamente, lo que taxativa y libremente se obligó el Club Olimpia; el pago de una remuneración mensual de USD 10.000, por 11 mensualidades a contar desde Agosto de 2015 a Junio 2016, que para el 28 de diciembre de 2015, es decir por cinco meses, había devengado en concepto de salarios caídos la suma de USD 50.000, hecho veraz que el Juez Inferior no vio, o no quiso ver. Agregan los representantes del futbolista que existe además otro error y arbitrariedad cometidas por el A quo en la sentencia cuestionada en lo que se refiere al aguinaldo por el año 2015, derecho consagrado por la ley laboral número 213/93 y la ley número 5.322/14 Del Futbolista, el cual es irrenunciable por el trabajador y que se olvidó de aplicarlo, nuevamente en desmedro del trabajador, dicho monto por el periodo del año 2015 asciende a USD 29.176.
Insisten los representantes del futbolista que, la discusión podría versar sobre el monto que tiene derecho a percibir el trabajador en caso del despido injustificado, mas nunca podría conculcar los derechos del trabajador y menos aun cuando estos se encuentran plasmados por escrito en acuerdos entre las partes. Queremos pensar que ha sido un desliz el cometido por el A quo debido tal vez a la sobrecarga de trabajo por lo que atraviesa todo el sistema judicial del Paraguay, pues de otra manera resultaría un, sin sentido, recurrir al auxilio de la justicia para la reparación efectiva y en la justa medida del daño que produce el hecho de ser despedido sin causa justificada. Estimando que el Club Olimpia hubiese demostrado durante el estadio procesal oportuno, la comunicación efectiva del despido injustificado el 28 de diciembre de 2015, la suma que debía establecer el juzgado inferior. Seguidamente los representantes del actor realizan una serie de cómputos sobre la base del despido de fecha 28 de diciembre de 2015, totalizando dichas operaciones matemáticas la suma total de USD 176.667.
De igual forma, los representantes de actor apelante, bajo el título “Aplicación del art. 25 de la ley 5322/14 y Notificación de Despido”, exponen que conforme a sus fundamentaciones el Tribunal podrá observar que el Club Olimpia no ha demostrado la notificación efectiva del despido injustificado el 28 de diciembre de 2015 al trabajador Carlos Javier Acuña Caballero, puesto que no ha presentado el informe de recepción del telegrama dictado, único documento que demuestra la recepción por el empleado despedido de la notificación en tal sentido, violentado de esta manera la carga de la prueba. Tampoco el Club Olimpia ha logrado demostrar que él envió hecho por vía mensajería privada denominada DHL Paraguay, en un sobre que tenía como destinatario al Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. una vez abierto el sobre mencionado precedentemente vieron que contenía una carta dirigida a Carlos Javier Acuña Caballero y se le entregaron el 07 de enero de 2016.
Agregan los representantes del futbolista a modo de conclusión que en ningún momento el Club Olimpia ha logrado siquiera inducir a la certidumbre que efectivamente ha notificado al Jugador Carlos Javier Acuña el 28 de diciembre de 2015. Llegando a la propia conclusión de que no contaba con las pruebas necesarias, o los mecanismos para demostrarlos, pues simplemente estos elementos no existen. De esta manera tomando como hecho comprobado la notificación al Jugador Carlos Javier Acuña Caballero el 07 de enero de 2016, y en estricta aplicación del art. 25 de la ley 5.322/14, lo que corresponde a derecho al Jugador Carlos Javier Acuña Caballero. Seguidamente los representantes del jugador de fútbol realizan el cómputo de su reclamación, totalizando su pretensión en concreto en USD 536.667.
Respecto a la apelación de las costas, fundamentan los Abogados del futbolista que agravia a su parte que el A quo ha impuesto las mismas en el orden causado, usando como argumento la situación del trabajador que pudo haberse hallado convencido de derecho demandado, habida cuenta las confusiones de fecha en que ha caído él, sin embargo tal como lo hemos expresado a lo largo del presente memorial, ha quedado demostrado que existe una deuda reconocida por Acuerdo Privado entre las partes, que no ha sido negada, y que así mismo existen salarios devengados del trabajador que no han sido honrados en tiempo y forma por la demandada, y que ha sido obviados por el inferior. Todos estos hechos relatados ameritan la revocatoria de la Sentencia recurrida por nuestra parte y la imposición de las costas a la perdidosa. Solicitan los profesionales sea revocada la sentencia recurrida, imponiendo las costas a la parte demandada, y se condene al Club Olimpia al pago de la suma en USD 536.667.
CONTESTACION DE AGRAVIOS POR PARTE DEL CLUB OLIMPIA: A fs. 119/121 de autos, el representante convencional del Club Olimpia contesta los agravios invocados por su adversa legal, y lo hace afirmando en primer lugar que rechaza categóricamente la afirmación de que la indemnización justa es aquella correspondiente al residual (o hasta el final) del contrato. Categóricamente, la lex especialis, número 5.322/2014, determina como justa indemnización en los términos del artículo 94 de la Constitución Nacional a las retribuciones que le restan percibir al futbolista en virtud del contrato correspondiente al año de la ruptura, tal como prescribe el artículo 25. Asimismo y de manera desesperada el apelante en su escrito, pretende dejar sin efecto las notificaciones realizadas por mi mandante en el domicilio real denunciado por el mismo trabajador, domicilio denunciado en el contrato de trabajo y reconocido expresamente en la absolución de posiciones.
Seguidamente el profesional transcribe parte de los argumentos formulados por el A quo en la sentencia cuestionada.
Luego afirma el representante del Club Olimpia que, claramente el juzgado ha desechado por tierra los débiles fundamentos de la adversa, ya que no ha probado fehacientemente la supuesta recepción de la comunicación enero de 2016, muy por el contrario el Club si ha probado claramente que la comunicación fue realizada en diciembre de 2015, por lo que la resolución debe ser confirmada, exceptuando el punto 3.
El representante convencional del Club Olimpia transcribe parte de los argumentos de la sentencia apelada, para luego afirmar que, en ese orden de ideas, consideramos que no puede ser tomada tan a la ligera la calificación de arbitrariedad dada a la S.D. Nro. 226 del 26 de octubre de 2016. Invoca el profesional citas doctrinarias en los cuales apoya su fundamentación.
Asegura que el Ad Quem podrá apreciar que el fallo apelado no se encuentra afectado por estos vicios señalados por una desesperada adversa, teniendo en cuenta que cada extremo analizado por el juzgador inferior ha sido correctamente justificado o fundado. Lo que sí puede considerarse como antojadiza y temeraria es la nueva liquidación propuesta por la adversa, que pretende tomar el pelo al Tribunal y obtener un beneficio varias veces superior al que le corresponde en derecho, al inventar un quantum indemnizatorio de US$ 536.667 más intereses, costos y costas. Lo que demuestra las contradicciones en la que cae, ya que al promover esta demanda reclamaban nada más y nada menos que la suma de US$ 937.667. Nos oponemos terminantemente a la descabellada pretensión de la adversa, manifestando que el mecanismo de cuantificación del resarcimiento debido al jugador Acuña Caballero se encuentra claramente fijado en el artículo 25° de la ley 5.322/2014, por lo cual no podrá sobrepasar la suma de US$ 99.920 correctamente fijada en la sentencia recurrida -Manifiesta el representante del Club Olimpia.
Así las cosas -dice el representante del Club Olimpia- el inferior ha arribado a una acertada conclusión basándose en la correcta apreciación de los hechos probados en autos, aplicando efectivamente lo que corresponde en derecho. En base a ello, el profesional solicita la confirmación de la sentencia recurrida, modificando el punto 3 de la misma e imponiendo las costas a Carlos Javier Acuña.
AGRAVIOS DEL CLUB OLIMPIA: A fs. 122/125, el representante convencional del Club Olimpia expresa agravios contra la sentencia recurrida, afirmando en primer lugar que: “La resolución cuya modificación se solicita, al tiempo de acoger la defensa planteada por esta parte y desestimar la demanda instaurada por el señor CARLOS JAVIER ACUÑA contra mi mandante, también resolvió, en el punto 3, IMPONER costas en el orden causado, ” fijando un costo excesivo en la cabeza de mi mandante, al obligarle a soportar los costos de éste multimillonario proceso sin ningún motivo ni razón. Al justificar el modo en que se imponen las costas, el juez inferior sencillamente estima que “tomando en consideración la situación del trabajador que pudo haberse hallado convencido del derecho demandando, habida cuenta las confusiones de fecha en que ha caído él, corresponde imponer las costas por su orden. Sin embargo, las supuestas dudas del de fechas en las que pudo caer el trabajador, en puridad, no se traslucen del fallo impugnado, el cual, en lo sustancial, resolvió con sobriedad y claridad una cuestión netamente contractual y aplicación directa de la norma que no ofrece la menor duda, siendo ésta condenación accesoria gratuita e injustificada, lo que agravia a mi parte en forma seria” (sic.).
Seguidamente el Abogado del Club Olimpia asevera que existen elementos para sostener que la fundamentación del A quo en cuanto a la imposición de la costas en el orden causado han sido escuetos. Y, que surge necesaria la revisión del pronunciamiento en éste punto y un nuevo examen de las consideraciones y el derecho en que se funda dicha condenación accesoria, a objeto de que éste Excmo. Tribunal de Apelaciones pueda valorar convenientemente lo alegado y el derecho incorrectamente aplicado en cuanto a las costas. Dice el profesional que el art. 109 de Cód. Proc. Civil, es de aplicación supletoria.
Igualmente argumenta el representante del Club Olimpia que, las costas comprenden todos los gastos necesarios para la preparación, instrucción y decisión del proceso judicial; en la medida que el Estado se hace cargo sólo del costo generado por la administración de justicia, es claro que los gastos judiciales serán soportados por quienes se ha servido del proceso, las pastes. En ese orden de ideas, se pregunta el profesional ¿a cuál de las partes se debe imputar?. A aquella que cumplió en forma íntegra con prestaciones exigibles o a aquella que formuló una demanda que acabó siendo desestimada. Las costas del juicio pueden ser consideras como una responsabilidad de las partes emanada de actos voluntarios, o de cuasidelitos. La situación de quien ha resultado vencido y sin derecho en el juicio podrá ser calificada como un obrar culposo generador de un daño al contrario y como tal fundando la obligación de repararlo. En el caso de autos, agrega el profesional, vemos claramente una demanda mal planteada que fue rechazada. Dicha demanda generó una defensa por parte de mi cliente a fin de evitar el cobro de una suma millonaria ilegalmente reclamada. No queda ninguna duda de que la parte actora, ha sido vencida en el pleito, con arreglo a lo cual, el juez inferior debió imponer la condena a la adversa, fundado en el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón en el hecho objetivo de la derrota, obligándola a soportar los gastos que debió realizar mi mandante para obtener el pleno reconocimiento de su derecho. Por ende, al no existir una duda razonable en la interpretación que debió realizar el Juez inferior, para aplicar el derecho en el dictado de la sentencia recurrida mal podría apelarse a la cuestión dudosa para hacerle cargar a mi parte con gastos que no debió soportar -afirma el Abogado del Club Olimpia.
Sobre la eximición de las costas el representante del Club Olimpia afirma que, si bien es cierto que el principio objetivo de la derrota como presupuesto de la condena en costas no es absoluto, no puede desconocerse que la regla prevista en el art. 193 del Código Procesal Civil, es de aplicación excepcional, pues la facultad que se le otorga al juez para eximir del pago de los gastos causídicos al litigante vencido no puede estar sujeto a arbitrariedades. En tal sentido, la excepción señalada exige dos condiciones al sentenciante, que en el caso puesto a consideración del Tribunal no se ha reunido, como para que pudiera eximirse de las costas a la parte vencida: que exista mérito para ello y que sea expresado en su pronunciamiento, presupuestos integrativos uno del otro y necesarios en la sentencia que decida la eximición. En esta caso el A quo únicamente ha argumentado en la sentencia que el actor pudo caer en confusiones con relación a la fecha. Sin lugar a dudas que las cuestiones de mérito son aquellas que hacen a la convicción del juzgador para concluir que la parte vencida pudo haber tenido razonables motivos para litigar y reclamar una suma millonada, sin embargo, ni de la síntesis fáctica ni de las consideraciones del inferior se desprende la existencia de circunstancias particulares que permitan inferir que la parte perdidosa actuó sobre la base de una convicción razonable acerca del derecho invocado. Sigue argumentado el representante convencional del Club Olimpia, en el caso puntual, el A quo se limitó a calificar la cuestión como dudosa, sin justificar ni explicar, mínimamente dicha duda, siendo necesario que el mérito para la exención de costas se sostenga no en una creencia subjetiva del justiciable, sino en un contexto objetivo sujeto a la apreciación judicial suficiente para justificar la eximición, que en el fallo atacado no aparece. La duda o confusión como circunstancia que amerite la eximición, no está autorizada por el ordenamiento, pues no se vislumbra en el razonamiento la existencia de dificultades de hecho o de derecho que haya debido enfrentar para la solución del conflicto, que nos conduzcan a la existencia de una convicción razonable acerca del derecho invocado en el litigio, o frente al progreso sólo parcial de las pretensiones. La motivación, en éstas condiciones, es excesivamente genérica y proclive a derogar el principio general, incurriendo en arbitrariedad, lo que nos motiva a exigir una revisión de la cuestión, pues no en vano la jurisprudencia reitera que la excepción al principio general de costas al vencido, debe ser interpretada restrictivamente y de un modo excepcional -argumenta el Abogado del Club Olimpia.
Así las cosas, la imposición de las costas a las partes en el orden causado, debe ser modificada, pues de lo contrario, cada litigante soportará sus propios gastos, sancionándose a mi mandante injustificadamente, muy a pesar de que esta forma de imposición únicamente sería viable en razón de la índole de la cuestión propuesta y las dificultades que el caso presenta, tanto en el aspecto factico como en el jurídico, situaciones que no se presentan en la materia. Por ende, solicitamos que se sirvan acoger favorablemente el recurso de apelación, modificando el punto 3) de la sentencia recurrida e imponiendo las costas al Sr. Carlos Javier Acuña.
CONTESTACION DE AGRAVIOS DE PARTE DE CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO: A fs. 127/129 de autos, los representantes convencionales del actor contestan los agravios realizando primeramente una síntesis del memorial de apelación que fuera presentado por su adversa legal. Seguidamente exponen que: “Nuestra parte también ha recurrido la S.D. Nro. 226 del 26 de octubre de 2016, y ha fundado mediante su Memorial de Agravios en forma y tiempo procesalmente oportuno, solicitando la revocación íntegra de esta resolución recurrida. Que asimismo omitimos transcribir los argumentos expresados en nuestro memorial por encontrarse ellos ya adosados a autos, a fin de evitar reiteraciones innecesarias. A pesar de ello queremos puntualizar algunas cuestiones que hemos debatido ampliamente en nuestra expresión de agravios, tales como el hecho en que se centra la discusión de la presente causa, la cual es la fecha en que se produjo la comunicación de rescisión del contrato suscrito por el Club Olimpia con nuestro mandante. Así hemos mencionado que la comunicación del despido por parte del Club Olimpia fue dictada en fecha 28 de diciembre de 2015 y el destino era el domicilio establecido por el jugador en el Contrato de Trabajo Deportivo suscrito con el Club Olimpia. Sin embargo el club Olimpia no arrimó la recepción efectiva de dicha comunicación por parte de la empresa contratada para el efecto, siendo una prueba fundamental para demostrar la existencia del pre-aviso que se debe hacer a todo trabajador” (sic.).
Que, además hemos desnudado a lo largo de nuestro Memorial de Agravios - sostienen los abogados del actor- que el A quo ha incurrido en arbitrariedad y error en la aplicación de la norma jurídica aplicable así como también ha omitido condenar al Club Olimpia al pago de emolumentos ya denegados tales como salarios, aguinaldo y otros. Agregan los profesionales que también han apelado las costas, pues se ha demostrado que existe una deuda reconocida por el Club Olimpia, mediante un Acuerdo Privado entre las partes y además existen salarios devengados que no han sido abonados al trabajador, así también el aguinaldo del año 2015 que tampoco le fue abonado, por lo que las costas deben imponerse en ambas instancias a la demandada Club Olimpia.
Agregan también los representantes del futbolista que, la imposición de las costas contra su mandante tal como pretende la adversa resulta totalmente improcedente, ya que la misma aprovechándose de una picardía y utilizando el recurso que le otorga la ley 5322/14 Ley del Futbolista, pretendió deshacerse del trabajador pagando lo menos posible intentando notificar en los últimos días del año con claro objetivo de no tener que pagar la indemnización por todo lo que restaba de contrato o al menos hasta el final del año 2016, solo que la jugada no salió compro tenían previsto, puesto que, no ha demostrado que el ya mencionado telegrama fue recepcionado en el domicilio del trabajador, y la nota que comunicado su despido fue enviada por vía mensajería privada DHL Paraguay, la cual tenía como remitente el Club Olimpia, como destinatario el Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. de España y recepcionada por Juana, donde el jugador prestaba sus servicios mediante Cesión Temporal acordada entre la hoy demandada, el Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. y el jugador Carlos Javier Acuña Caballero, y comunicada en fecha 07 de enero de 2016 al referido jugador por un funcionario del Real Club Deportivo Mallorca S.A.D. Solicitan los profesionales sea revocada la sentencia apelada y se impongan las costas a la parte demandada. Igualmente solicitan que se condena al Club Olimpia a pagar la suma de USD 536.667.
Antes de pasar a desarrollar rigurosamente los agravios invocados por ambas partes litigantes y los fundamentos de la sentencia apelada, resulta oportuno y esclarecedor señalar que el Contrato Deportivo de Trabajo suscripto en fecha 29 de julio de 2014 entre el CLUB OLIMPIA y el futbolista profesional CARLOS JAVIER ACUÑA, es el documento base, del cual se desprende la supuesta terminación de la vinculante contractual que fuera dispuesta unilateralmente por el demandado CLUB OLIMPIA.
Sobre el particular, tanto al Contrato de Trabajo Deportivo indicado, como a la terminación -rescisión unilateral- del mismo les rige las disposiciones de la Ley 5322/14, las disposiciones laborales que resulten compatibles con la problemática contractual-laboral, las convenciones individuales y colectivas que se hayan celebrado entre los contratantes.
En efecto, dispone el art. 1° de la Ley Nro. 5322/2014 -“Estatuto del Futbolista Profesional” que: “La naturaleza de la relación jurídica que vincula los Clubes Deportivos con los que se dediquen a la práctica del fútbol profesional, es un contrato de trabajo deportivo, que se regirá por las disposiciones de la presente ley, por el contrato qué las partes suscriban. Sudsidiariamente se aplicaran las disposiciones laborales que resalten compatibles y las de las convenciones individuales y colectivas que se celebren”.
Como se observa, fácil resulta determinar que el contrato deportivo no es diferente del contrato laboral, sino una especie del mismo, dado que evidentemente en todo contrato deportivo se dan los presupuestos definitorios del contrato de trabajo, primordialmente la dependencia del futbolista. La Ley Nro. 5322/2014 ratifica la naturaleza laboral del contrato deportivo, estableciendo una regulación especial para esta clase de contrato.
El art. 17 del C.L., dispone que: “Contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador, bajó la dirección y dependencia de éste, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuera la clase de ella".
Antes de someter a estudio y consideración, los puntos controvertidos por los recurrentes con relación a la sentencia dictada por el A-quo, y el examen de los elementos facticos producidos en el presente juicio, que es objeto de revisión, se observa que el actor no ha prestado declaración jurada como establece las formalidades del artículo 161 del C.P.T., por lo que en consecuencia el Trabajador no se halla amparado por la presunción de ser ciertas sus afirmaciones como establece la norma de referencia.
Del estudio, de los fundamentos del agravios, considera esta Magistratura que la cuestión central a resolver versa en determinar si la comunicación vía Telegrama Colacionado N° C2 Nro. 84MB, de COPACO S.A, de fecha 28 de diciembre de 2015, mediante el cual el CLUB OLIMPIA da por terminado el Contrato de Trabajo Deportivo suscripto en fecha 29 de julio de 2014, y la comunicación complementaria remitida a través de la empresa DHL Paraguay S.R.L., de la terminación de la relación contractual con el futbolista profesional CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO, resulta ser o no documento fehaciente a los efectos de producir válidamente la terminación del citado Contrato Deportivo suscripto entre los contratantes (litigantes); o en su defecto debe prosperar la demanda por despido injustificado planteado por el apelante.
Al establecerse como centro de tesis argumental por el Inferior de Grado que el CLUB OLIMPIA ha dictado dos comunicaciones donde resolvió dar por terminada la relación contractual existente entre ambas partes. La primera de dichas comunicaciones da cuenta de la terminación de la relación laboral que fuera enviada vía telegrama colacionado en fecha 28 de diciembre de 2015, ver fs. 32, cuyo destino era el domicilio establecido en el contrato de trabajo deportivo (Tuyuti 196 entre Ytororó y 2da. Barrio Las Residentas, ciudad de Luque); dicho telegrama fue efectivamente dictado por el CLUB OLIMPIA al futbolista CARLOS JAVIER ACUÑA, y cuya transcripción expresa: COMPAÑÍA PARAGUAYA DECOMUNICACIONES S.A. (COPACO) CABINA C2NRO: 84MB; ASUNCIÓN 121/11 28/12/2015; TC PC URGENTE SEÑOR CARLOS JAVIER ACUÑA CABALLERO; TUTYUTI 196 ENTRE YTORORO Y SEGUNDA- B° LAS RESIDENTAS LUQUE...; NOTIFICAMOSLE POR ESTE MEDIO QUE EL CLUB OLIMPIA DA POR TERMINADO SU CONTRATO DE TRABAJO DEPORTIVO SUSCRITO EL 29 DE JULIO DE 2014, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA NUEVA POLITICA EN EL AMBITO DEL PLANTEL PROFESIONAL DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EN EL PLAZO RAZONABLE LA TESORERIA DEL CLUB SE PONDRA EN CONTACTO CON UD. Y/O SU AGENTE PARA DETERMINAR LA LIQUIDACIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN. COLACIONESE.CLUB OLIMPIA; con la copia de firma de OSMAR G. LOPEZ JEFE DIV. TELEFONOGRAMAS. Como así mismo se adjunta a fs. 83 de autos un informe de la Firma DHL de fecha 03 de junio de 2016 dirigido ante requerimiento del Juzgado que entre otras cosas refiere hemos verificado que el CLUB OLIMPIA figura como remitente de un envío hecho el 26 de diciembre de 2015 bajo la guía aérea o Airwaybill 9984367960. Dicha guía tenía como destinatario a REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D y la misma fue efectivamente entregada a dicho destinatario y dirección, a fs. 84 y 85 se lee los términos y la forma de la comunicación de rescisión de contrato, las negritas son de esta Magistratura.
En ese estado; y estando establecido el centro del conflicto y la objeción del recurso promovido por el actor; esta Magistratura somete a examen en primer lugar los puntos más resaltantes de las misivas puesta en tela de juicio y que se refiere tangencialmente a la causa, propósito y consecuencia deseada; como podrá observarse en primer lugar la transcripción del telegrama colacionado con carácter urgencia descripto en el párrafo anterior, y el fundamento de la misma por parte del CLUB OLIMPIA, ha sido la comunicación de la misma ha sido la comunicación de la rescisión del vínculo contractual por voluntad unilateral por el contratante para con el jugador de fútbol por la causa invocada; en segundo lugar, ha sido con relación al propósito del CLUB OLIMPIA de hacer saber al jugador la decisión tomada con relación a la ruptura de la relación contractual; y en tercer lugar fue la remisión a la dirección fijada por prestador de servicio de modo que el objeto de la comunicación en consecuencia se ha dado en el domicilio real de JAVIER ACUÑA CABALLERO, fijado en Tuyuti 196 entre Ytororó y 2da. Barrio Las Residentas, ciudad de Luque en la República del Paraguay, que por cierto no ha sido puesta en tela de juicio por el actor. Sin embargo la postura asumida por el recurrente ha sido con relación a la falta de conocimiento de la decisión adoptada por el CLUB OLIMPIA; en ese sentido es importante partir de la premisa de que al haber cumplido el CLUB con la obligación de comunicar su decisión unilateral en el domicilio convenido en el contrato de prestación de servicio como se ha observado en los tres puntos, por consecuencia lógica ha puesto todo de si el CLUB OLIMPIA para hacer saber al jugador JAVIER ACUÑA CABALLERO la decisión tomada con relación a la causa de rescisión del contrato remitiendo al domicilio real fijado por el mismo; si bien el jugador en su argumentación sostiene que el mismo no ha recepcionado personalmente la comunicación, es de entender que en el contrato firmados por las partes se ha fijado las respectivas direcciones de las partes contratantes, por lo que el club ha cumplido en remitir su decisión en el lugar legalmente fijado, con relación al valor jurídico del telegrama debemos considerar que la Compañía Paraguaya de Comunicaciones cumple la función de Agente de remisión de las comunicaciones, que por la naturaleza de la función que cumple sus actos como el envío de la comunicación que nos ocupa, se halla revestido de la legalidad presunta por lo que la falta de cumplimiento con su cometido de comunicación al remitente debe ser demostrado en forma efectiva y cierta por el destinatario; de modo que por la mera invocación de no haber recibido no constituye prueba suficiente para justificar su desconocimiento con relación al colacionado puesta en tela de juicio por el apelante. Con relación a la comunicación adicional remitida al CLUB REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D con el objetivo de que la comunicación efectivamente cumpla con el cometido de la comunicación para el conocimiento del destinatario de la decisión asumida, ha sido relevante para demostrar que el CLUB OLIMPIA ha puesto todo su empeño para que JAVIER ACUÑA CABALLERO tenga conocimiento de la decisión unilateral asumida, de modo que el mismo no puede excusarse en la falta de conocimiento por la simple invocación y desentenderse de su obligación de probar por medios idóneos que efectivamente no ha estado enterado de la decisión tomada por el CLUB OLIMPIA, más aun cuando que las testificales rendidas de manera uniforme han corroborado el lugar del domicilio real fijado por el jugador en el contrato respectivo y que coincide plenamente con las documentales examinadas de lo que resulta que la comunicación se halla ajustado en lo dispuesto en las disposiciones del artículo 83 del C.L en concordancia con la Ley 5322/14, vigente; en consecuencia al tener plena valides las pruebas enumeradas anteriormente, no tiene relevancia someter a estudio el telegrama colacionado agregado por el trabajador considerando que la fecha en que se ha practicado el colacionado de referencia ha sido en fecha posterior a las documentales agregadas por el CLUB; por lo que esta Magistratura en grado de convicción considera que debe ser confirmada la sentencia N° 226 de fecha 26 de octubre de 2016, dictado por el Inferior de grado.
Con relación a la liquidación practicada por el A-quo del monto a ser abonado por el club al jugador por los salarios adeudados existen jurisprudencias con relación a la determinación de los salarios devengados, como en el caso de autos por lo que en consecuencia los cálculos llevados a cabo por el Inferior de Grado debe ser confirmado por este Revisor.
Dada la forma como ha sido resuelta la controversia planteada ante esta Alzada por ambas partes apelantes, consideramos que ya no es procedente pasar al estudio de los demás agravios invocados por dichas partes en razón de que las mismas ya han sido abordadas dentro de los argumentos desarrollados en el presente voto.
Ahora bien , sometido a estudio las costas fijada por el Juez en el orden causado en el numeral tercero recurrido por el CLUB OLIMPIA por considerar de que la parte vencida ha sido el actor de la demanda laboral; analizadas las circunstancias en que se ha planteado la demanda las pretensiones del actor ha estado dentro del riesgo objetivo que representa la promoción de la demanda, por lo que la decisión del Juzgador de distribuir la carga de las costas en el orden causado, ha sido ajustado en consideración del desenlace del proceso; con relación a las costas de la resolución recaído en autos teniendo en cuenta que ambas partes recurrieron contra la misma, que al ser confirmado corresponde imponer la misma en el orden causado.
OPINIÓN DE LA MAGISTRADA ALMA MÉNDEZ DE BUONGERMINI: esta Magistratura comparte parcialmente el sentido del voto del Colega preopinante, por los fundamentos que se exponen a continuación.
Previamente debe acotarse el tema en estudio; así, de autos surge que ambas partes han apelado la S.D. n° 336 de fecha 26 de octubre de 2016. La parte actora alega que la resolución recurrida es injusta y arbitraria porque deniega a su parte el derecho -que le otorga la ley- al cobro de la indemnización hasta el final del contrato celebrado con el Club Olimpia, explica que ello obedece al error en el que incurrió el a quo al aplicar la norma. Pues, sostiene, el juez de grado inferior se limitó a aplicar el art. 25 de la Ley n° 5322/14, obviando el Código del Trabajo; agrega que centró la cuestión en determinar la fecha de comunicación de la rescisión del contrato celebrado entre las partes. Explica que en la resolución recurrida el a quo tomó como fecha efectiva de la notificación de la rescisión contractual, la del dictado del telegrama colacionado el 28 de diciembre de 2015 sin considerar que la parte demandada no produjo la prueba de recepción efectiva del telegrama en el domicilio consignado en el contrato de trabajo deportivo. Afirma que no existe constancia oficial de la entrega del telegrama, la cual -según el apelante- es la que determina la fecha de notificación de la rescisión al actor. El apelante agrega que el juez de grado inferior tomó en cuenta una nota enviada por la demandada, por medio de la empresa DHL Paraguay S.R.L., al destinatario REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D. la cual le fue entregada al actor, recién en fecha 07 de enero de 2016. Con base en lo explicado, el apelante entiende que esta última es la fecha que debe ser considerada como la de comunicación a su parte de la terminación de la relación laboral. En otro orden de ideas, el recurrente sostiene que aun en el supuesto en que se considerarse como fecha de rescisión de la relación laboral el 28 de diciembre de 2015, el a quo no hace más que otorgar al trabajador el monto de una deuda devengada a favor del accionante -emanada del Acuerdo Privado de fecha 27 de julio de 2015- reconocida por el Club Olimpia; agregando una suma irrisoria en concepto de indemnización por despido injustificado. Con base en el acuerdo señalado, cláusula primera, el club demandado se había obligado al pago de una remuneración mensual de diez mil dólares americanos, a ser abonados en once mensualidades. Circunstancia por la cual, al 28 de diciembre de 2015, se había devengado cincuenta mil dólares americanos en concepto de salarios caídos, deuda que el juez de grado inferior, según el apelante, omitió otorgar. Además, el actor se agravia por el hecho de que no se le otorgó el rubro de aguinaldo del año 2015, derecho irrenunciable otorgado por el Código del Trabajo y por la Ley n° 5322/14.
En concepto de los rubros mencionados, salarios caídos y aguinaldo año 2015, el actor reclama la suma USD: 176.667. En cuanto a la indemnización por despido injustificado, el apelante sostiene que, considerando que la rescisión del contrato de trabajo -por los motivos expuestos más arriba- llegó a su conocimiento en fecha 07 de enero de 2016, de conformidad con el art. 25 de la Ley n° 5322/14, le corresponde los salarios de enero a diciembre de 2016, es decir, la suma USD: 360.000; con lo cual, el total reclamado en esta instancia es de USD: 536.667. Con base en estos argumentos, el accionante solicita la revocación de la sentencia apelada, con imposición de las costas a la accionada.
Por su parte, al club demandado le agravia la forma de imposición de las costas, pues, entiende, que habiendo sido rechazada la demanda planteada por el actor, por el principio objetivo de imposición de las cosas, éste debió correr con las mismas. Por otro lado, hace notar que, si bien, la norma permite -art. 193 del C.P.C.-, de manera excepcional, la eximición de las costas, el juez de grado inferior omitió fundar su decisión, es decir, no expuso el mérito ni los fundamentos con base en los cuales rompió la regla impuesta el por la norma citada. Por estos argumentos solicita la revocación de este punto de la sentencia.
Bien, analizando, en primer lugar, los agravios del actor, es preciso hacer notar que, si bien, el contrato de trabajo deportivo firmado entre el Sr. Carlos Javier Acuña Caballero y el Club Olimpia en fecha 29 de julio de 2014 (f.7/10) fue al amparo de la Ley n° 88/93 y su modificatoria la Ley n° 3580/2008, no es menos cierto que el Acuerdo Privado (f. 15/16) suscripto entre las mismas partes en fecha 27 de julio de 2015, lo fue conforme con la Ley n° 5322/14, vigente desde octubre de 2014. Hecha esta precisión, lo siguiente, es dejar en claro que conforme con el art. 1 de la Ley n° 5322/14, el contrato de trabajo deportivo, se rige por esta ley y por el contrato celebrado entre las partes, y, subsidiariamente, las disposiciones laborales “...que resulten compatibles...”. Como puede verse, la norma es clara, es la Ley n° 5322/14 la que debe ser aplicada en el presiente caso -por tratarse de un contrato de trabajo deportivo- y, solo subsidiariamente -siempre que no sea contraria- puede recurrirse a las normas del ordenamiento jurídico laboral.
Bien, enmarcada legalmente la cuestión, resulta que -en cuanto a la forma de desvinculación- las partes no discuten que la norma aplicable al caso es el art. 25 de la Ley n° 5322/14, nótese que en el escrito de expresión de agravios, el actor, al reformular el monto reclamado, lo invoca expresamente. El artículo en cuestión establece que en caso de rescisión del contrato de trabajo por culpa del club, al trabajador le corresponde una indemnización igual a las retribuciones que le restan percibir en virtud del contrato correspondiente a ese año. Por consiguiente, la cuestión fundamental a esclarecer es la fecha de terminación de la relación de dependencia; en ese sentido, es preciso hacer notar que la parte actora -al expresar sus agravios- admite la eficacia del domicilio consignado en el telegrama colacionado remitido por el club empleador al trabajador, por medio del cual le comunicó su desvinculación. Es más, en su agravio, no niega la recepción del mismo, lo que objeta es que existe en autos constancia oficial de la entrega del telegrama en cuestión. Sobre el punto debe decirse que a f. 32 obra copia autenticada del TC, en el cual la entidad da cuenta de que en sus archivos obra el original del referido documento, el cual fue dirigido al domicilio considerado eficaz por el actor, conforme con el contrato celebrado entre las partes del presente. Ergo, no puede sino concluirse que el club demandado notificó de la rescisión del contrato al trabajador, en el domicilio indicado por éste en el contrato, en fecha 28 de diciembre de 2015. En lo que respecta a la comunicación remitida por el Club Olimpia dirigida al REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA S.A.D., deviene inocua, pues, no es el domicilio considerado eficaz por el trabajador; y, en todo caso, lo que demuestra es que el Club Olimpia -sabiendo que el trabajador se encontraba en el extranjero- además, de notificarle en el domicilio fijado en el contrato -con lo cual cumplió con los términos del contrato- buscó que el actor, efectivamente, tenga conocimiento de la decisión de desvincularlo.
Puestas así las cosas, resulta que en concepto de indemnización por despido por voluntad del empleador, de conformidad con el art. 25 de la citada ley, al actor le corresponde el salario de los días que restan del año 2015, considerando que la notificación de la rescisión se dio el 28 de diciembre del mismo año. En consecuencia, en dicho concepto debe confirmarse la suma determinada por el a quo, de USD: 2.420, suma que, de hecho, es superior considerando lo pactado como remuneración en el “Acuerdo Privado” firmado entre las partes.
Ahora bien, en cuanto a los salarios devengados desde agosto a diciembre de 2015, que el actor reclama invocando la cláusula primera del “Acuerdo Privado” de fecha 27 de julio de 2015, surge que deviene procedente, pues, la empleadora no justificó su pago con las instrumentales correspondientes, ergo, en este concepto al trabajador le corresponden USD: 50.000. Ahora bien, en cuanto a la suma de USD: 97.500, resulta que la misma tiene su sustento en la cláusula segunda del mentado acuerdo privado. De hecho, la demandada al contestar la acción, admitió adeudar la suma pactada en la cláusula segunda. En consecuencia, este punto de los agravios debe ser admitido.
En lo que hace al reclamo del aguinaldo correspondiente al año 2015, es preciso hacer notar que el art. 8 de la Ley n° 5322/14 dispone el pago de dicho rubro; y, siendo que la empleadora no justificó el cumplimiento de dicha obligación con el documento correspondiente, ni especificó que dicho concepto estuviere incluido en la suma que en la contestación de la demanda admitiera adeudar, no puede sino concluirse que este punto de los agravios de la parte actora deviene procedente. Ahora bien, para su cálculo, deberá tenerse presente que de enero a julio de 2015, el contrato que regía entre las partes era el suscrito en fecha 29 de julio de 2014, habiéndose pactado como remuneración mensual la suma de USD: 25.000 (ver I.II. Remuneración global anual), este es el salario que deberá ser considerado por los siete meses individualizados; en tanto que desde agosto a diciembre de 2015, la remuneración mensual a ser tomada como base de cálculo por los cinco meses mencionados, será la jactada en la cláusula primera del Acuerdo Privado firmado el 27 de julio de 2015 (USD: 10.000). En estas condiciones, con base a los parámetros mencionados, al trabajador le corresponde en concepto de aguinaldo del año 2015, la suma de USD: 18.750, rubro este que debe incorporarse a la liquidación.
Con base en lo argumentado y en las normas legales citadas, el monto de la condena queda fijado en USD: 168.670 (Dólares Americanos ciento sesenta y ocho mil seiscientos setenta).
En lo que respecta al agravio de la parte demandada respecto de la imposición de las costas en el orden causado, debe aclararse que la norma aplicable es el art. 232 del C.P.T. por ser la legislación laboral la aplicable supletoriamente, según se explicara más arriba. Bien, esta Magistratura entiende que existen méritos suficientes para que las costas sean impuestas en el orden causado siendo que la empleadora, al contestar la demanda, admitió ser deudora de un crédito laboral a favor del trabajador, sin embargo, éste tuvo que recurrir a los estrados judiciales para ver correspondidos sus derechos. En cuanto a los generados en esta instancia, las costas también deben ser impuestas en el orden causado dado que existen vencimientos recíprocos.
OPINION DEL MAGISTRADO GUILLERMO ZILLICH: Manifestó adherirse al voto del colega preopinante MARIO YGNACIO MAIDANA GRIFFITH, por compartir los mismos fundamentos.
ASUNCION, 11 de abril de 2018.
1-) CONFIRMAR, la Sentencia Definitiva N° 226 de fecha 26 de octubre de 2016 dictado por el Juzgado del Quinto Turno del Fuero Laboral en base a las consideraciones expresadas en la presente resolución.
2-) LAS COSTAS, deben ser impuestas en el orden causado.
3-) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

References: resolución 
 artículo 94
 artículo 25
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 artículo 161
 artículo 83
 resolución 
 resolución 
 resolución