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Timestamp: 2018-11-18 15:10:05+00:00

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Sentencia nº 77/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Febrero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 259807666
Sentencia nº 77/2011 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 23 de Febrero de 2011
Número de Recurso: 2082/2010
Número de Resolución: 77/2011
DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. DROGADICCIÓN. DILACIONES INDEBIDAS. La reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa". Consecuentemente las circunstancias de excesiva dilación temporal, por un lado, y la propia conducta de la acusada que durante un periodo de tiempo no estuvo a disposición del tribunal, por otro, debe llevar a la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas con la condición de simple, por lo que al concurrir otra atenuante, debe aplicarse la regla 2ª del art. 66.1 CP . con la rebaja en un grado de la pena. Se hace lugar parcialmente al recurso de casación.
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Covadonga , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera, que condenó a la acusada como autora penalmente responsable de un delito contra la salud pública; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, y dicha recurrente representada por la Procuradora Sra. Martín Moreno.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, incoó Procedimiento Abreviado con el número 9 de 2010, contra Covadonga y otros, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Tercera, con fecha 26 de febrero de 2.010, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Queda probado y así se declara que en el mes de enero de 2005, Covadonga se dedica a la distribución y venta de sustancia estupefaciente desde su domicilio sito en el n° NUM000 , NUM001 NUM002 de la PLAZA000 de Málaga, siendo auxiliado en dicha labor en algunas ocasiones por Jenaro , que recogía el dinero de los compradores y les hacía entrega de la sustancia estupefaciente.
Efectuada vigilancia sobre el domicilio, se observaron las siguientes operaciones de venta:
1. -El 13-1-05, a las 14:00 horas, una operación de venta realizada por Covadonga , a través de la ventana del piso NUM001 en que vivía, a Prudencio , interceptando seguidamente los agentes de la autoridad del CNP NUM003 y NUM004 al comprador, al que se le intervino una papelina de 0,008 gr de cocaína-heroína con una pureza respectiva de 33,1% y 4,6% y un valor en el mercado ilícito de 4,93 , que acababa de adquirir en dicho lugar.
2. -El 18-1-05, a las 11:45 horas, otra operación de venta realizada por Covadonga a través de la ventana del piso NUM001 en que vivía, a Luis Francisco interceptando seguidamente los agentes de la autoridad del CNP NUM003 y NUM004 al comprador, al que se le intervino una papelina de 0,06 gr. de cocaína-heroína con una pureza respectiva del 37,2% y 3,7% y un valor de 3,70 E, que acababa de adquirir en dicho lugar.
3. -El 25-1-05, a las 13:10 horas una operación de venta a través de Jenaro , quien tras recibir el dinero se dirigió a la ventana de la vivienda donde Covadonga le dio las papelinas, que entregó al comprador llamado Benjamín , interceptando seguidamente, los agentes de la autoridad del CNP NUM003 y NUM004 al comprador, interviniéndosele 4 papelinas, dos de cocaína-heroína con un peso de 0,10 gr y una pureza respectiva de 36,6% y 4,5% y dos de cocaína con un peso de 0,13 gr una pureza del 82,2% y un valor en el mercado ilícito de 6,17 y 12,12 E.
4. El 25-1-05, a las 12:45 horas una operación de venta a través de Jenaro , quien tras recibir el dinero se dirigió a la ventana de la vivienda donde Covadonga le dio las papelinas, que entrego al comprador llamado Fulgencio , interceptando seguidamente los agentes de la autoridad del CNP NUM005 y NUM006 al comprador, interviniéndosele a 3 papelinas, dos de heroína-cocaína con un peso de 0,06 gr una pureza de 37 y 4,1% y una de cocaína con un peso de 0.99 gr, una pureza del 8 1,6% y un valor en el mercado ilícito de 3,70 y 8,33 ;
5. El 25-1-05, a las 12:40 horas una operación de venta a través de Jenaro , quien tras recibir el dinero se dirigió a la ventana de la vivienda donde Covadonga le dio la papelina, que entrego al comprador, interceptando seguidamente los agentes de la autoridad del CNP NUM006 y NUM007 al comprador llamado Remigio , interviniéndosele 1 papelina de cocaína-heroína con un peso de 0,07 gr, una pureza , una pureza respectiva del 51% y 3,4% y un valor en el mercado ilícito de 4,31 , que acababan de adquirir en dicho lugar.
6. -El 27-1-05 a las 10:30 horas, otra operación de Jenaro , interceptando la autoridad del CNP NUM005 y NUM006 al comprador, llamado Luis Alberto , al que se le intervino una papelina de cocaína-heroína con un peso de 0,06 gr, una pureza respectiva del 30,3% y 3,7% y un valor en el mercado ilícito de 3,70  que acababa de adquirir en dicho lugar.
Efectuada entrada y registro en el domicilio de la acusada Covadonga , que se realizó a las 12:52 horas del día 27 de enero de 2005, en virtud de Auto dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Málaga de fecha 27 de enero de 2005 , la referida Covadonga , al detectar la presencia policial, se dirigió al baño, arrojando al inodoro la droga de la que disponía para suministrarla a terceros, encontrándose en tal diligencia de entrada y registro flotando en el water dos papelinas de cocaína con un peso de 0,19 gr una pureza del 82% y un valor en el mercado ilícito de 17,67 , interviniéndose asimismo en el suelo del cuarto de baño 9 papelinas de cocaína-heroína con un peso de 0,64 gr, una pureza de 2 1,2% y 6,4% y un valor en el mercado ilícito de 39,48 . También se le intervino la cantidad de 569  producto de su ilícita actividad.
Covadonga , al tiempo de cometer los hechos relatados, padecía toxicomanía derivada del consumo de sustancias estupefacientes, tales como heroína y cocaína, de las que era consumidora habitual, no constando la gravedad de la dependencia en la fecha de dichos hechos, siendo dicha toxicomanía motivadora de limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente en el mismo con ocasión de su realización, si bien, no consta tuvieran la entidad suficiente para provocar alteraciones en su consciencia determinantes de la anulación o grave alteración de su libre albedrío, impidiéndole o imposibilitándole gravemente para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión.
Covadonga fue ejecutoriamente condenada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 13 de diciembre de 1996, firme el 22 de enero de 1997, por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de 7 años de prisión; también por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 19 de noviembre de 1996, firme el 23 de mayo de 1997, por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de 4 años y 2 meses de prisión; y también por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 27 de febrero de 1996, firme el 13 de febrero de 1998, por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de 5 años de prisión
Jenaro fue ejecutoriamente condenado por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 8 de mayo de 1996, firme el 31 de marzo de 1998, por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de 4 años y 2 meses de prisión; y también por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fecha 7 de junio de 2001, firme el 15 de octubre de 2002, por la comisión de un delito contra la salud pública a la pena de 3 años y 1 día de prisión;
Covadonga ha estado privada de libertad por esta causa desde el 27 de enero de 2005 hasta el 22 de julio de 2005.
FALLO: Debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Covadonga y Jenaro , ya referenciados, como autores responsables de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, ya definido, con la concurrencia en Covadonga de la atenuante de la responsabilidad criminal del número 6 del artículo 21, en relación con el número 1 de dicho precepto y los números 1 y 2 del artículo 20, todos ellos del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal en Jenaro a las penas a cada uno de ellos de CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y MULTA DE 100 EUROS con 10 días de responsabilidad personal subsidiaria, y al abono de las costas.
Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se impone, se abonará a Covadonga el tiempo que ha estado privada de libertad por esta causa, (desde el 27 de enero de 2005 hasta el 22 de julio de 2005) de no haberle servido para extinguir otras responsabilidades, lo cual se acreditará en fase de ejecución de sentencia.
Una vez firme la presente resolución, procédase, si no se hubiera realizado con anterioridad, a la destrucción de la sustancia estupefaciente conforme a las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se acuerda el comiso del dinero intervenido, 569 , al que habrá de dársele el destino legal.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Covadonga que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE , del derecho a un proceso público con todas las garantías del art. 24.2 CE . y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE .
TERCERO .- Al amparo del art. 849.2 LECrim . por error en la aplicación de la prueba.
CUARTO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por indebida inaplicación del art. 21.2 CP . en relación con el art. 20.2 CP .
QUINTO .-Al amparo del art. 849.1 LECrim . por indebida inaplicación del art 21.6 CP .
Quinto.- Instruidos el Ministerio Fiscal y la recurrente del recurso interpuesto, el Fiscal ha apoyado parcialmente (Motivo Quinto) la adaptación que del recurso ha realizado la recurrente al evacuar el traslado prevenido en la Disposición Transitoria Tercera letra c) de la LO. 5/2010 de reforma del Código Penal ; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día nueve de febrero de dos mil once.
El motivo primero al amparo del art. 5.4 LOPJ . por vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 , por infracción del art. 24.2 CE . con motivo de la violación del derecho a un proceso público con todas las garantías, así como infracción del art. 24.1 CE . por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Se sostiene en el motivo que el auto de 27.1.2005 autorizando la entrada y registro por la Comisión Judicial en el inmueble de Covadonga , ni en los fundamentos jurídicos ni en la parte dispositiva, se concreta el día en que dicha diligencia debe tener lugar y ni tan siquiera la hora de comienzo de la misma, cuando el art. 558 LECrim . especifica que dicho auto será siempre fundado y el Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse "si tendrá lugar tan solo de día" y la autoridad o funcionario que los haya de practicar.
Carencia que debe comportar necesariamente la declaración de nulidad del auto en cuestión y de la diligencia de investigación practicada a su amparo, así como de la totalidad de las actuaciones que de ella traigan su causa, art. 11.1 y 238.3 LOPJ .
El art. 18.2 CE . contiene una protección rigurosa de la inviolabilidad del domicilio, estableciendo sus taxativos supuestos en que procederá la entrada o registro domiciliario: consentimiento del titular, supuesto de flagrante delito y mediante resolución judicial. Nuestra Constitución, a diferencia de otras, agota en su propio texto, sin remitirse a leyes de desarrollo, las excepciones a la vigencia del derecho y, además, no concibe otra autorización distinta a la judicial, aún en el caso de emergencia, lo que revela la intima relación entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el concerniente a la intimidad personal y familiar del apartado 1, es decir, la posible colisión de intereses constitucionales y la decisión sobre su preferencia debe ser resuelta preventivamente por el Juez (SSTC. 160/91 , STS. 39/2004 de 14.1)..."La entrada en el domicilio sin permiso de quien lo ocupa, ni estado de necesidad solo puede hacerse si lo autoriza o manda el Juez competente y en tal autorización descansa, a su vez, el registro domiciliario, según refleja el grupo de normas pertinentes (arts. 18.2 CE, 87.2 LOPJ. y 546 LECrim.). Este es el único requisito, necesario y suficiente por si mismo, para dotar de legitimidad constitucional a la invasión del hogar" ( SSTC. 133/98 de 25.9 , 94/99 de 31.5 , 171/99 de 27.9 , 239/2006 de 17.7 ).
Cuando la entrada en el domicilio se basa en una resolución judicial, ésta tendrá que estar suficientemente motivada, tanto sobre los hechos como en derecho, teniendo en cuenta que se trata de la restricción de un derecho fundamental. Para que esa motivación sea bastante en el aspecto fáctico, es preciso que el Juez disponga de indicios acerca de la comisión de un delito y de la relación del domicilio con él, lo cual puede suceder en los casos en los que puedan encontrarse en el domicilio efectos o instrumentos del delito (artículo 546 de la LECrim ). Se trata, por consiguiente, de que al solicitarse esta injerencia en un derecho constitucionalmente protegido se aporten cualquier tipo de datos fácticos o "buenas razones o fuertes presunciones de que las infracciones están se han cometido o están a punto de cometerse ( Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978, caso Klass , y de 5 de junio de 1992, caso Lüdi )"; en otros términos, algo más que meras sospechas, pero algo menos que los indicios racionales que se exigen por el art. 384 LECrim para el procesamiento ( SSTC 49/1999, de 4 de abril , 299/2000, de 11 de diciembre , 138/2001, de 17 de julio y 167/2002, de 18 de septiembre ; STS. 16/2007 de 16 de enero ).
El sustento de la medida -dice STS. 1019/2003 de 10.7 - que, "no ha de consistir en la aportación de pruebas acabadas de la comisión del ilícito, pues en tal caso no sería ya necesaria la práctica de más diligencias de investigación, sino, tan sólo, la de fundadas sospechas del actuar delictivo que requieran la confirmación a través del resultado que pudiera arrojar precisamente el registro" y "no es exigible a la autoridad judicial, SSTS. 1231/2004 de 27.10 , verificar la veracidad de los datos suministrados por la Policía como requisito previo al Auto habilitante, porque no existe una presunción de inveracidad de los informes policiales, y porque la práctica de diligencias judiciales para confirmar la realidad de los datos suministrados por los servicios policiales del Estado supondrán una notoria dilación incompatible con la urgencia que de ordinario requiere en esta clase de actuaciones" ( ATS. 25.1.2007 ). Se trata de una medida al inicio del procedimiento, por lo que basta para su adopción el que exista sospechas fundadas y expresadas en el auto, aunque sea de un modo genérico y no exhaustivo.
Es cierto, como recuerda la STS. 53/2006 de 30.1 , que la doctrina jurisprudencial, tanto la de esta Sala como la del Tribunal Constitucional, ha admitido la motivación por remisión, de forma que es bastante que esos datos consten en el oficio policial, aunque no figuren recogidos literalmente en la resolución judicial. No obstante como señala la STS. 1597/2005 de 21.12 , del oficio policial deberá desprenderse de forma suficiente las razones que se invocan para solicitar la autorización judicial.; STS. 148/2007 de 13.2 . Así y como recuerda STC. 167/2002 de 18.9 , aunque lo deseable es que la expresión de los indicios objetivos que justifiquen la intervención en el derecho fundamental queden debidamente plasmados en la resolución judicial, ésta puede considerarse suficientemente motivada si, integrada incluso con la solicitud policial, a la que puede remitirse, contiene los elementos necesarios para considerar satisfechas las exigencias para poder llevar a cabo con posterioridad la ponderación de la restricción de los derechos fundamentales que la proporcionalidad de la medida impone. En los términos a la STS. 177/2006 de 26.1, existe conocida jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (por todas 189/2005 de 21.2 ) en el sentido de entender suficientemente justificado el ingreso en su domicilio con fines de investigación de conductas posiblemente delictivas, cuando el auto del juzgado se remite a la solicitud policial y ésta se encuentre bien fundada.
En el caso presente, existió resolución judicial acordando la entrada y registro al domicilio que cumplió los anteriores requisitos de motivación y proporcionalidad.
El oficio de fecha 27 enero de 2005 solicitando el mandamiento el mandamiento de entrada y registro señala como por la colaboración ciudadana se había denunciado la existencia de un punto de venta de drogas en la PLAZA000 NUM000 NUM001 NUM002 de la Barriada, de fecha 4.12, las gestiones practicadas para la identidad de la persona que vive en dicho domicilio, Covadonga , y el dispositivo montado para comprobar la veracidad de la información, sometiendo el inmueble a vigilancia durante varios días, describiéndose entre los días 13 y 27 enero hasta seis operaciones de ventas de estupefacientes con la identificación de los compradores e incautación de las dosis y cual era la intervención de cada uno de los acusados.
El auto de la misma fecha hace expresa referencia a la solicitud del Inspector Jefe del Grupo de Estupefacientes U.DEV. de Málaga y destaca en el fundamento jurídico tercero los indicios reveladores de la posible comisión de un delito contra la salud pública por lo que dicha resolución cumple con los requisitos determinantes de la constitucionalidad de la medida.
Las quejas del motivo relativas a la omisión del día y hora del registro en el auto habilitante no suponen vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. En este sentido la STS. 12.1.94 ya declaró que la ausencia de fecha de entrada y registro en el mandamiento no es causa de nulidad, por entenderse que debe practicarse el día de su entrega, como acaeció en el caso que nos ocupa en el que el registro se realizó el mismo día en que se dictó el auto habilitante 27.1.2005 , constando su hora de inicio 12,52, esto es en horas diurnas.
En este sentido la doctrina del Tribunal Constitucional SS. 290/1994 , 133/95 y 239/99 . viene manteniendo de forma constante que el único requisitos necesario y suficiente por sí mismo para dotar de licitud constitucional a una entrada y registro de un domicilio, que no sea el consentimiento expreso de quien la ocupa o la flagrancia del delito, es la existencia de una resolución judicial que con antelación lo mande o lo autorice, de suerte que, una vez obtenido el mandamiento judicial, la forma en que la entrada y el registro se practiquen, las incidencias que en su curso se puedan producir y los defectos en que se incurra, se inscriben y generan efectos sólo en el plano de la legalidad ordinaria ( STS. 408/2006 de 12.4 ), esto es no transcienden a la condición de meras infracciones procesales al no afectar al derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, lo que permite la valoración y acreditamiento con otras pruebas que gozan de independencia jurídica, al estar el conocimiento adquirido de las mismas desconectado de aquellas irregularidades, como sucede en el caso que nos ocupa en que la sentencia considera probado que la acusada, con anterioridad al registro, entre los días 13 a 27.1.2005 vendió las papelinas de cocaína a terceros que han sido identificados, actos de venta que por sí solos constituirían el delito del art. 368 CP . y que estarían desconectados del resultado del registro.
El motivo segundo al amparo del art. 5.4 LOPJ . por infracción del art. 24.2 por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia: nulo cualquier hallazgo atribuido a la practica de una diligencia de entrada y registro anticonstitucionales, y en todo caso, la conclusión absolutoria debería ser la misma, al no ser prueba de la culpabilidad de la acusada la declaración de un agente policía, nº NUM008 que reconoce que él jamás pudo ver el rostro de quien atendía por la ventana, estando además acreditado que los supuestos compradores interceptados portaban sus dosis pero adquiridas en otro lugar, estando, en cualquier caso la sustancia incautada en el domicilio de la acusada, destinada a su autoconsumo, condición de consumidora corroborada por las conclusiones médico legales (folio 100) y el informe pericial (folio 109) que detectan en el análisis de orina restos de cannabis, metadona y benzodiazipinicos.
Previamente debemos recordar, SSTS. 728/2008 de 18.11 , 1322/2009 de 30.12 , y 14/2010 de 28.1 , que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
En el caso presente la sentencia impugnada para llegar a la convicción de la autoría de la recurrente no solo valora la declaración en el plenario del agente NUM008 instructor del atestado que observó como a través de la ventana del piso NUM001 en que vivía la acusada Covadonga se suministraba las papelinas a los compradores que se lo solicitaban, siendo el otro acusado Jenaro el que captaba los clientes, y aunque se sostenga en el motivo que aquél no vio el rostro de la persona que realizaba las ventas, la convicción de la Sala se asienta en que precisamente Covadonga reconoció en el plenario no la persona que regentaba la pequeña tienda que existía en su vivienda, no existiendo constancia de que hubiera otras personas que pudieran realizar tales ventas, lo que concuerda con el resultado del registro y la actuación de la recurrente al acceder la Policía a la vivienda, constatada por lo declarado en el plenario por el agente NUM003 , intentando deshacerse de la droga, tirándola por el inodoro del baño, encontrándose flotando en el agua dos papelinas de cocaína y otras 9 de cocaína, heroína en el suelo del cuarto de baño.
La acusada niega que hubiese vendido droga y que la encontrada era para su consumo, pero con independencia de que tal afirmación se compadece poco con la actuación antes descrita y el ser consumidor de algún tipo de droga no excluye de manera absoluta el propósito de trafico, siendo frecuente el consumidor que vende al menudeo droga para financiar su propio consumo ( STS. 1045/2009 de 4.11 ); lo cierto es que la Sala destaca también la declaración de los agentes policiales NUM003 y NUM005 que intervinieron en la incautación de papelinas a los compradores reseñados en el relato fáctico y que describieron como una vez que se realizaba la transacción de la droga, se marcaba al comprador que era interceptado en las inmediaciones y se le intervenía la droga que previamente había sido adquirida, siendo el acusado Jenaro el que captaba a los compradores.
En este punto debemos recordar que las declaraciones testificales en el plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente pare enervar la presunción de inocencia ( STS. 284/96 de 2.4 ).
No otra cosa ha acaecido en el supuesto enjuiciado en el que la Sala analiza tales declaraciones que cumplen con las exigencias formales establecidas en los arts. 297 y 717 LECrim . y las reputa prueba de cargo relevante y apta para desvirtuar la presunción de inocencia reconocida a los acusados, y asimismo valora la credibilidad de los testigos compradores que negaron haber adquirido de los acusados la droga que les fue intervenida.
En este sentido se trata de testigos adquirentes de droga, presumiblemente adictos a la misma. Su posición en el juicio -dice la STS. 1415/2004 de 30.11- es extremadamente delicada, como nos enseña la experiencia del foro, pues delatar al vendedor le va a acarrear seguras y graves represalias, no sólo por lo que en sí supone de imputación delictiva, sino por los riesgos que corren, de verse inmersos en problemas judiciales, los eventuales vendedores que decidan suministrarle alguna dosis en ocasiones futuras. A su vez, la simple expectativa de que dichos proveedores se nieguen a venderle la droga que necesita en lo sucesivo puede constituir un condicionante para declarar judicialmente con verdad ante la posibilidad de sufrir el tan temido síndrome de abstinencia.
El motivo tercero al amparo del art. 849.2 LECrim . por error en la apreciación de la prueba toda vez que a partir de documentos obrantes en autos (libreta de ahora de titularidad de la denunciada donde consta un ingreso procedente de la Junta de Andalucía de los "salarios sociales", a mediados de diciembre de 2004; y facturas acreditativas de la adquisición en almacenes de los productos que la acusada ponía a la venta en su pequeño puesto) se revela la equivocación del Juzgador, cuando considera probado que el dinero intervenido en el domicilio registrado, sin embargo, procede del menudeo de estupefacientes.
En el caso presente los documentos designados carecen de valor a los efectos antedichos, al resultar cotradichos por otros elementos de prueba. Asimismo hemos dicho, STS. 1952/2002 de 26.11 , el error de hecho sólo puede prosperar cuando, a través de documentos denominados "literosuficientes" o "autosuficientes", se acredita de manera indubitada la existencia de una equivocación en la valoración de la prueba siempre y cuando el supuesto error no resulte contradicho por otros documentos o pruebas, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba documental sobre otra igual o diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal que conoció de la causa en la instancia, presidió la práctica de todas ellas y escuchó las alegaciones de las partes, tiene facultades para sopesar unas y otras su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 LECrim .
Y esta es la situación contemplada en la presente causa, en la que la sentencia de instancia, fundamento jurídico séptimo acuerda el comiso del dinero intervenido, 569 E, de conformidad con lo dispuesto en el art. 374 CP . por entender que es origen de su ilícita actividad pues eran múltiples las ventas que realizaban desde la ventana del domicilio de la acusada, por lo que el hecho de que en dicho domicilio se hubiese instalado un pequeño negocio tapadera, no desvirtúa la verdadera naturaleza y procedencia de los ingresos, acreditada por la prueba testifical de los agentes de la policía, actas de incautación y resultado del registro domiciliario.
El motivo cuarto al amparo del art. 849.1 LECrim . por infracción de Ley por indebida inaplicación del art. 21.2 CP . en relación con el art. 20.2 del mismo Cuerpo legal, esto es la atenuante muy cualificada de toxicomanía.
Como hemos dicho en SSTS. 6/2010 de 27.1 , 1045/2009 de 4.11 , según la Organización Mundial de la Salud por droga ha de entenderse "cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración, intramuscular o intravenosa, etc...) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico, caracterizado por:
En cuanto a su incidencia en la responsabilidad penal hemos dicho en sentencias de esta Sala 16/2009 de 27.1 ; 672/2007 de 19.7 ; 145/2007 de 28.2 ; 1071/2006 de 9.11 , 282/2004 de 1.4 , las consecuencias penológicas de la drogadicción pueden ser encuadradas, dentro de la esfera de la imputabilidad, bien excluyendo total o parcialmente la responsabilidad penal, (arts. 20.2 y 21.1 CP ), o bien actuando como mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía del art. 21.2ª del Código penal , propia atenuante de drogadicción, o como atenuante analógica, por el camino del art. 21.6º .
En el caso presente en el relato fáctico solo se considera probado que Covadonga , al tiempo de cometer los hechos relatados "padecía toxicomanía derivada del consumo de sustancias estupefacientes, tales como heroína y cocaína, de las que era consumidora habitual, no causando la gravedad de las dependencia en la fecha de dichos hechos, siendo dicha toxicomanía motivadora de limitaciones en la libre determinación de su voluntad que influyeron negativamente en el mismo con ocasión de su realización, si bien, no consta tuvieran la entidad suficiente para provocar alteraciones en su consciencia determinantes de la anulación o grave alteración de su libre albedrío, impidiéndole o imposibilitándole gravemente para comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión, lo que lleva a la Sala, fundamento jurídico quinto a que "pese a la falta de prueba de que dicho consumo tuviera entidad bastante para considerarlo con entidad suficiente como para afirmar de forma indubitada la concurrencia de la eximente completa o incompleta del nº 2 del art. 20 o del nº 1 del art. 21 CP , es lo cierto que no puede negarse que las repercusiones de la toxicomanía sobre la imputabilidad penal hay que demostrarlas partiendo de la adicción de la acusada mencionada...siendo por sí misma dicha condición de toxicómana constitutiva de la atenuante analógica de la responsabilidad criminal del nº 6 del art. 21 CP .
El motivo quinto al amparo del art. 849.1 LECrim . por infracción de Ley por indebida inaplicación del art. 21.6 CP . al existir una excesiva demora en la sustanciación de la causa no imputable a la recurrente que debió llegar a la apreciación de la atenuante analógica de dilaciones indebida, lo que unida a la atenuante de drogadicción debe suponer la reducción en un grado de la pena impuesta.
La reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6, ya en vigor, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".
En el caso presente la sentencia impugnada, fundamento de derecho quinto, desestima la pretensión de la recurrente "pues aunque la duración del procedimiento no ha sido modélica, ello ha sido en gran medida motivado por ser dos los imputados en la causa, habiéndose tenido que localizar en varios domicilios al acusado Jenaro , que resultó estar ingresado finalmente en la Prisión de Granada, habiéndose tenido que recabar hasta 7 análisis de droga, 7 valoraciones de tal droga y realizar otras periciales, como la relativa a la drogadicción de la acusada, que hubo de ser sometida a unos análisis de orina para detectar la presencia de drogas en su organismo".
Sin embargo como con rigor y acierto señala el Ministerio Fiscal, al apoyar este motivo, el examen de las actuaciones revela que estas afirmaciones del tribunal sentenciador no se ajustan a la realidad.
En primer lugar, no estamos ante un supuesto de especial complejidad, de manera que el transcurso de cinco años para la conclusión de la instrucción no parece justificado. En efecto, nos encontramos ante la venta de dosis al por menor a consumidores en el interior de un domicilio cuya investigación se desarrolló en varios días del mes de Enero de 2005 con la incautación por las fuerzas del orden a diversos compradores de siete papelinas, investigación que culminó a finales de dicho mes con la práctica de una diligencia de entrada y registro e incautación de estupefaciente y dinero en metálico y la detención de su propietaria. La prueba de que estamos ante un procedimiento de enorme sencillez está en que en el mes de Julio de 2005 (f. 198 de la causa) el procedimiento estaba prácticamente concluso en cuanto al periodo instructorio, y quedó pendiente exclusivamente de practicar las diligencias interesadas por el Fiscal: tomar declaración en calidad de imputado a uno de los detenidos, aportar sus antecedentes penales y aportar el porcentaje de pureza de la analítica de droga correspondiente a uno de los compradores, Luis Alberto , que por omisión no se había incorporado a las actuaciones.
Pero no se puede justificar el retraso, como hace el Tribunal, aduciendo que eran dos los acusados -dato irrelevante a la vista de la escasa complejidad de la causa-, o que se realizaron siete periciales de la droga intervenida, cuando se comprueba que las periciales de droga se realizaron todas ellas en la misma fecha porque formaban parte de las mismas actuaciones -vid f. 45 a 51 ó 127, 129, 138, 144, 148, 154 y 162-, y las valoraciones económicas de dichas sustancias se realizaron en distintas techas, pero con enorme proximidad, y por idéntico organismo -vid f. 156, 157, 171 a 175 y 198, que contiene un resumen de los anteriores informes periciales-.
En segundo lugar, descartada la complejidad de la causa que sugiere el Tribunal, es preciso analizar en profundidad la existencia de paralizaciones o retrasos injustificados en la tramitación y la conducta procesal de los acusados.
Partiendo de la fecha que señala el recurrente, Junio de 2005, se detectan los siguientes períodos de paralización procesal o de retardo injustificado.
Desde el 25 de Julio de 2005 -f 199- hasta el 10 de Noviembre de 2005 -f. 203-, casi cuatro meses la causa permanece paralizada. En fecha 21.11.2005, el Ministerio Fiscal interesa como diligencias, tomar declaración en calidad de imputado a Jenaro y la incorporación de sus antecedentes penales (f 204).
La diligencia de prueba consistente en la toma de declaración como imputado de Jenaro se practicó el 27 de Abril de 2007, es decir, se tardó un año y cinco meses para realizar esta diligencia, pues el certificado de antecedentes penales se aportó en Febrero de 2006 -f. 212-. La Sala afirma que la causa del retraso obedece a la necesidad de búsqueda y localización de Jenaro que resultó, finalmente, que estaba ingresado en un centro penitenciario, afirmación que, solo parcialmente, se corresponde con la realidad. En efecto, al acusado se le cita por primera vez -nunca antes había prestado declaración judicial- en el domicilio que constaba en el oficio policial inicial, f. 26, para prestar declaración el 14 de Marzo de 2006, domicilio en el que resultó desconocido, oficiándose a la Policía que facilitó un domicilio del imputado (vid f. 207, 209 y 213). A continuación se remitió nueva cédula de citación al domicilio facilitado por la Policía para prestar declaración el 1 de Junio de 2006 -f diligenciada -1. 215-; en Octubre de 2006 se acordó nueva citación para el 9 de Enero de 2007, diligencia que se cumplimentó en la persona de un hermano del imputado (folios 216 y 219), sin que compareciera el interesado que no había sido citado personalmente; en Febrero de 2007 se acordó nueva citación para el 10 de Abril, citación que por error se dirigió a un domicilio equivocado, resultando negativa la diligencia (folios 221, 224 228); advertido el error por el Ministerio Fiscal, se acordó nueva citación para el día 10 de Abril, resultando que en esas fechas el acusado estaba ingresado en prisión (f. 229 vuelto, 230, 233 y 235); por último, remitido exhorto al Juzgado Decano de Granada, por encontrarse ingresado el imputado en la Prisión Provincial de la capital granadina se le tomó declaración en calidad de imputado el 27 de Abril de 2007 (f. 237, 251 y 259 y ss). En consecuencia, no puede achacarse al acusado la responsabilidad del enorme retraso en la práctica de una sencillez, cuando existen déficits elementales citación, no se han cumplimentado alguna de ellas y se ha dilatado los plazos para expedir las citaciones, comprobado el resultado negativo de las anteriores.
El mismo retraso injustificado se detecta en el período intermedio. Dictado el Auto de Procedimiento Abreviado en Junio de 2007 y practicadas las diligencias interesadas por el Ministerio Fiscal, el procedimiento permaneció paralizado desde Agosto de 2007 -f. 275- a Noviembre del mismo año, y desde esta fecha hasta el 10 de Enero de 2008 en que tuvo entrada para calificación en la Fiscalía -vid f. 276, anverso y reverso-
Presentado el escrito de calificación por el Ministerio Fiscal y decretada la apertura del juicio oral el 30 de Enero de 2008 -f. 283 y 284- , el Juzgado emplazó a los imputados a efectos de designar abogado y procurador para su representación y defensa, de forma inexplicable, para el 1 de Julio de 2008, demora de cinco meses que carece de justificación alguna. (vid f. 285 y 286).
Jenaro , en dicha fecha -f. 287-, solicitó que se le nombrara abogado y procurador del turno de oficio, trámite que se ralentizó en exceso, produciéndose la designación de Procurador en Septiembre de 2008 -f. 300-, y la de Letrado en Marzo de 2009 -f, 309-, requiriéndosele para presentar escrito de defensa el 17 de Junio de 2009 -f. 314-, escrito que se presentó en Julio de 2009 -f. 318-.
Por lo que se refiere a Covadonga , es cierto que no acudió al primer llamamiento -f. 290-, y que se le emplazó nuevamente en el domicilio designado, con entrega de cédula a su hija -f. 299-, sin que compareciera al llamamiento judicial, lo que provocó que se decretara su detención y busca y captura -f. 291-, actuación procesal de parte que determinó un retraso en la terminación del procedimiento hasta que se comprobó en Septiembre de 2009 que se encontraba ingresada en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre -f. 310-, sin que conste que precedieran gestiones con anterioridad a dicha fecha, tendentes a comprobar si estaba ingresada en algún Centro Penitenciario.
Consecuentemente estas circunstancias de excesiva dilación temporal, por un lado, y la propia conducta de la acusada que durante un periodo de tiempo no estuvo a disposición del tribunal, por otro, debe llevar a la estimación de la atenuante de dilaciones indebidas con la condición de simple, por lo que al concurrir otra atenuante, debe aplicarse la regla 2ª del art. 66.1 CP . con la rebaja en un grado de la pena.
Estimación de la atenuante que debe aprovechar al condenado no recurrente Jenaro , al encontrarse en la misma situación y serle aplicable el motivo alegado (art. 903 LECrim .).
Que debemos declarar y declaramos haber lugar parcialmente al recurso de casación, interpuesto por Covadonga , contra sentencia de 26 de febrero de 2010, dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Tercera , en causa seguida contra la misma por delito contra la salud pública, y en su virtud CASAMOS Y ANULAMOS dicha resolución, dictando nueva sentencia más conforme a derecho, con declaración de oficio de las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Juan Saavedra Ruiz D. Jose Manuel Maza Martin D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Luciano Varela Castro D. Siro Francisco Garcia Perez
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Málaga, con el número 76 de 2007 , y seguida ante la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 3ª por delito contra la salud pública, contra Covadonga , con DNI. NUM009 , nacida en Málaga el 17 de junio de 1957, hija de Luis y Dolores; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Se aceptan los de la sentencia recurrida, incluídos los hechos probados.
Tal como se ha razonado en el Fundamento Jurídico Séptimo concurre en ambos acusados la atenuante analógica de dilaciones indebidas.
Segundo.- En orden a la nueva individualización de la pena, incurriendo en Covadonga dos atenuantes, es de aplicación la regla 2ª del art. 66.1 con la preceptiva rebaja en un grado de la pena, en este caso, conforme a lo dispuesto en el art. 70.1.2ª y la pena prevista en el art. 368 , sustancia que causa grave daño a la salud, resultaría un marco penológico de 1 año y 6 meses a 3 años menos 1 día prisión y multa de la mitad al tanto del valor de la droga, por lo que valorando las circunstancias personales a la misma en particular sus numerosos antecedentes penales por delitos de la misma naturaleza, que aún cancelados, revelan su constante dedicación a este tráfico ilícito que constituye su verdadero medio de vida, se considera adecuada la pena de 2 años y 6 meses prisión y multa de 90 E con 9 días responsabilidad personal subsidiaria.
En cuanto al acusado Jenaro concurriendo una atenuante es aplicable la regla 1ª art. 66.1 , pena en su mitad inferior, por lo que siendo su actuación de menor entidad, se considera adecuada la mínima de tres años prisión y multa 100 E con responsabilidad personal subsidiaria 10 días.
Que debemos condenar y condenamos a Covadonga como autora responsable de un delito contra la salud pública, concurriendo las atenuantes analógicas de drogadicción y dilaciones indebidas a las penas de dos años y seis meses prisión y multa de 90 E, con responsabilidad personal subsidiaria de 9 días e inhabilitación especial para el derecho sufragio pasivo durante la condena y abono mitad costas.
Y debemos condenar y condenamos a Jenaro como autor responsable de un delito contra la salud pública, concurriendo la atenuante analógica de dilaciones indebidas a las penas de tres años prisión, e inhabilitación especial derecho sufragio pasivo durante el tiempo condena y multa 100 E con responsabilidad personal subsidiaria de 10 días y abono mitad costas.
STS 969/2013, 18 de Diciembre de 2013 (Delito contra la salud pública)
Sentencia nº 8613/2007 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Social, 7 de Diciembre de 2007
Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 5 de Julio de 1996
STS 1203/2006, 26 de Mayo de 2016

References: artículo 21
 artículo 20
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