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Timestamp: 2020-02-26 05:19:04+00:00

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STC 98/1996, 10 de Junio de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 15355327
STC 98/1996, 10 de Junio de 1996
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 3.665/1993
1. El Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 20 de diciembre de 1982, por el que se aprueban normas acerca de la defensa por pobre en los procesos constitucionales, establece que solicitada la declaración de pobreza y, en su caso, el nombramiento de Abogado y Procurador, dentro del plazo previsto para interponer el recurso de amparo, se entenderá que ha sido promovido en tiempo (art. 12) y nombrado Procurador y Abogado, deberá en el plazo de veinte días formalizarse la demanda tal como dispone el art. 49 de la LOTC (art. 13) [F.J. 1]. 2. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial presupone la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por referencia a sus elementos subjetivos -partes- y objetivos -causa de pedir y «petitum»-, de manera que la adecuación debe atender tanto al resultado que el litigante pretende obtener como a los hechos y fundamentos que sustentan su pretensión. Ahora bien, la llamada incongruencia «extra petitum» sólo tiene relevancia constitucional y lesiona el art. 24.1 de la C.E. en la medida en que, de un lado, no satisfaga la elemental exigencia de la tutela judicial consistente en obtener una Sentencia fundada sobre el fondo del asunto sometido al órgano judicial y, de otro, provoque indefensión al defraudar el principio de contradicción, porque si la Sentencia modifica la «causa petendi» alterando la acción ejercitada, se habría dictado sin oportunidad de debate, ni defensa, sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el «thema decidendi» [F.J. 2].
Sentencia citada en: 959 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 3.665/93, promovido por doña Rafaela A. M. representada por la Procuradora de los Tribunales doña Josefa Paz Landete García y asistida del Letrado don Manuel Zabala Albarrán, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de junio de 1993, dictada en Autos sobre subsidio asistencial de desempleo. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito remitido por correo certificado el día 2 de diciembre de 1993 -registrado en este Tribunal el 7 siguiente- doña Rafaela A. M. solicitó el beneficio de justicia gratuita y la designación de Procurador por el turno de oficio para recurrir en amparo la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 29 de junio de 1993, bajo la asistencia del Letrado don Manuel Zabala Albarrán, quien ya lo hizo en la vía judicial previa.
La Sección Cuarta por providencia de 16 de diciembre de 1993 acordó dirigirse al Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid para que procediera al nombramiento del que por turno corresponda. La Sección, por providencia de 13 de enero de 1994, acordó tener por designada por el turno de oficio a la Procuradora doña Josefa Paz Landete García y como Abogado designado por la recurrente a don Manuel Z. A. a quienes concedió el plazo de veinte días para formalizar y presentar la correspondiente demanda de amparo con sujeción a lo dispuesto en el art. 49 de la LOTC. Notificado el proveído al día siguiente, la demanda, remitida por correo certificado el 24 de enero, tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el día 28 de enero de 1994.
b) Tras agotar la vía administrativa, interpuso la correspondiente demanda que fue desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla de 14 de noviembre de 1991. Concluía el Magistrado, con base en lo dispuesto en los arts. 7 y 18 del Real Decreto 625/1985, que la suma mensual de los ingresos de la unidad familiar en el momento del hecho causante -382.248 pesetas- prorrateados por sus componentes rebasaban el salario mínimo interprofesional fijado para 1990.
d) Al existir sobre tal extremo jurisprudencia contradictoria, interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo en Sentencia de 29 de junio de 1993 lo desestimó por ser correcta la doctrina sentada en la Sentencia recurrida. Su fundamento de Derecho 1. expresaba lo siguiente:
«... Se está en presencia de litigios en que existe igualdad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones en orden a la determinación del montante del subsidio de desempleo, cuya cuantía fijaba el art. 14.1 de la Ley 31/1984, de 2 de agosto, en el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional fijado en cada momento, debatiéndose el punto concreto de si en dicha cuantía están incluidas o no las pagas extraordinarias, según se estime aplicable o no el art. 8.4 del Reglamento de 2 de abril de 1985 que prevé que la cuantía del subsidio será el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, siendo las decisiones en dichas Sentencias de signo contrario, pues mientras en la recurrida se acepta la solución de excluir en el abono del subsidio esa parte proporcional en las Sentencias de contraste se opta por la de incluirla.
La unificación que en este recurso se pretende ha sido ya alcanzada en anteriores Sentencias de esta Sala dictadas en recursos de esta especial naturaleza unificadora de 26 de mayo y 18 de julio de 1992, en las que se mantiene la doctrina, que ahora se reitera, coincidente con la de la Sentencia de 11 de junio de 1991 de la Sala Especial de Revisión de este Tribunal prevista en el art. 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de que, en síntesis, el mencionado artículo del Reglamento no restringe indebidamente el art. 14.1 de la también mencionada Ley, sino que lo desarrolla y especifica, dando por reproducido aquí cuanto en las mencionadas Sentencias de esta Sala se argumenta.»
3. La demanda de amparo se dirige contra la referida Sentencia del Tribunal Supremo porque incurre en incongruencia lesiva del art. 24.1 de la C.E., pues nada tiene que ver con la cuestión unificadora que se le sometió. En la instancia y en suplicación se debatió si la noción de salario mínimo interprofesional, que aparece en el art. 18.1 del Real Decreto 625/1985 a efectos de determinar la concurrencia de responsabilidades familiares en el solicitante del subsidio, incluye o no pagas extraordinarias. Sin embargo, el Tribunal Supremo sorprendentemente resuelve que el art. 8.4 del Reglamento las excluye de la cuantía del subsidio. Es evidente que cuantía y responsabilidad son dos conceptos diferentes, aunque ambos hacen referencia a la noción de salario mínimo interprofesional, se ubican en preceptos distintos y su desarrollo legislativo y jurisprudencial ha sido diverso. En efecto, mientras que a propósito de la cuantía del subsidio se ha excluido la parte proporcional de las pagas extraordinarias, en lo atinente a responsabilidades familiares no existe exclusión legislativa alguna y la jurisprudencia nunca se ha pronunciado al respecto.
6. El Abogado del Estado solicitó la denegación del amparo porque el recurso es manifiestamente extemporáneo. La Sentencia impugnada fue notificada al Letrado representante ad litem de la recurrente, al parecer, el 23 de noviembre de 1993 y sin duda obraba en su poder el 3 de diciembre, fecha en la que interesó se le expidiera testimonio de la misma. La demanda de amparo fue remitida por correo certificado desde Utrera el 24 de enero de 1994 y hasta el 28 siguiente no ingresó en el Registro de este Tribunal. Dado que la notificación al Abogado de la Sentencia contra la que se dirige el amparo hace correr el plazo de interposición (STC 24/1995), han transcurrido sobradamente los veinte días hábiles, ya se tome como fecha de notificación de la Sentencia del Tribunal Supremo el 23 de noviembre de 1993 o se retrase hasta el 3 de diciembre y se considere interpuesto el recurso el 24 o el 28 de enero de 1994.
7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional interesó asimismo la denegación del amparo. Tras reseñar los antecedentes y fundamentación jurídica del recurso, destaca que la pretensión deducida por la recurrente no difiere en esencia de la que resuelve el Tribunal Supremo. Efectivamente, tanto la Ley 31/1984 como el Real Decreto 625/1985 tratan, entre otras cosas, de dos cuestiones: La Ley en su art. 13 se refiere a los requisitos necesarios para acceder al subsidio por desempleo y en el 14 a la cuantía de ese subsidio, y en uno y otro caso habla del salario mínimo interprofesional sin ningún añadido, mientras que el Real Decreto, en sus arts. 7.1 y 8.4, al aludir respectivamente a tales materias agrega a la frase «salario mínimo interprofesional» «excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias». Consiguientemente, el problema de si debe prevalecer la Ley sobre el Real Decreto o si pueden interpretarse conjuntamente y, en definitiva, si cabe entender a los efectos tratados que el salario mínimo interprofesional excluye o incluye las pagas extraordinarias es algo que se plantea tanto respecto al acceso al subsidio como con respecto a la fijación de su cuantía.
En el supuesto presente lo que se reclamó desde un principio fue el derecho al subsidio de desempleo, sin que se discutiera su cuantía y, además, ello se hizo atendiendo a las cargas familiares a las que se refiere el art. 18 del Real Decreto mencionado. Ahora bien, el Tribunal Supremo en la Sentencia recurrida resolvió por referencia a otras sentencias relativas a la cuantía del subsidio y aludió para decidir el problema planteado a la solución que venía dándose en tales casos. Pero, diferencia aparte entre acceso al subsidio o su cuantía, la cuestión en la que se centró el debate fue la de si en el término «salario mínimo interprofesional» debían o no incluirse las pagas extraordinarias. Y en este sentido es claro que el Tribunal Supremo opta por la exclusión como doctrina que señala con carácter de futuro, apoyándose en otras ya dictadas en ese sentido que cita. En realidad este ha sido el criterio seguido por el propio Tribunal Supremo también en Sentencias de 3 de abril de 1991; 21 y 28 de octubre, 2 de noviembre y 2 de diciembre de 1992. No parece por tanto que el núcleo de la pretensión haya sido ignorado por el Tribunal Supremo, por lo que, con independencia de la materia elegida para resolver jurídicamente la cuestión, ésta -la de la inclusión o no de las pagas extraordinarias- ha sido contestada razonadamente y, en consecuencia, de conformidad con la doctrina de este Tribunal sobre la incongruencia omisiva ha de llegarse a la conclusión de que en este caso no se ha producido la conculcación de la congruencia y, por ende, del derecho a la tutela judicial efectiva.
Pues bien, desde la STC 20/1982 este Tribunal ha declarado reiteradamente que el vicio de incongruencia entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio y produciéndose un fallo extraño a sus recíprocas pretensiones.
3. Para resolver el problema planteado desde estas premisas jurisprudenciales, hay que examinar cual fue el objeto del litigio desde su iniciación hasta su resolución definitiva por la Sentencia impugnada y comprobar si ha tenido la respuesta judicial exigida por el art. 24 C.E.
Tanto el Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla (Sentencia de 14 de noviembre de 1991), como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla (Sentencia de 3 de abril de 1992), desestimaron la demanda por entender ajustada a Derecho la Resolución administrativa denegatoria del subsidio asistencial por desempleo. Una y otra entendieron que las rentas que percibía la unidad familiar -382.248 pesetas- dividida por el número de sus componentes, excedía del salario mínimo interprofesional. En la Sentencia de la Sala de Sevilla se precisaba expresamente que en la cuantificación del salario mínimo debía excluirse la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Es cierto que la Sentencia impugnada incide formalmente en la incongruencia que se denuncia, porque resuelve el recurso como un caso sobre «diferencias en el subsidio de desempleo», según se dice expresamente en el fallo y resulta del planteamiento de su fundamentación; pero también lo es que esa discordancia no afecta a la unificación de doctrina que el recurrente ha planteado ante el Tribunal Supremo.
En efecto, como hemos recogido en los antecedentes, la Sentencia impugnada, en el último apartado de su primer fundamento y en relación con el salario mínimo a efectos del subsidio, mantiene y reitera su doctrina unificadora contenida en las Sentencias que cita, añadiendo que esa doctrina «es coincidente con la de la Sentencia de 11 de junio de 1991 de la Sala Especial de Revisión de este Tribunal... de que, en síntesis, el mencionado artículo del Reglamento (se refiere al art. 8.4 del Real Decreto de 2 de abril de 1985) no restringe indebidamente el art. 14.1 de la también mencionada Ley (31/1984, de 2 de agosto), sino que lo desarrolla y especifica». De esta argumentación se deriva, según afirma la Sentencia en su segundo fundamento, «la corrección de la doctrina de la Sentencia recurrida, por lo que procede, de acuerdo con lo dictaminado por el Ministerio Fiscal, la desestimación del recurso».
No obstante, dada la referencia que en la Sentencia impugnada se hace, como parte integrante de los fundamentos que condujeron a la desestimación del recurso, a la Sentencia de la Sala Especial de Revisión del Tribunal Supremo, de fecha 11 de junio de 1991, conviene añadir que en esta Sentencia, cuya constitucionalidad fue declarada por este Tribunal (STC 153/1994), se resolvía de manera expresa el problema planteado por la recurrente y desde su misma perspectiva: en el salario mínimo interprofesional al que se remiten la Ley 31/1984 y el Reglamento, Real Decreto 625/1985, no se incluyen las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, y esta exclusión no sólo está referida a la determinación de la cuantía del subsidio asistencial por desempleo, sino que también entra en juego para el reconocimiento del derecho a su percibo, es decir, para computar si ese salario rebasa o no los límites económicos de rentas e ingresos del beneficiario o de cada uno de los miembros de la familia en que esté integrado, a los que la Ley condiciona el otorgamiento del subsidio asistencial.
STSJ Murcia 162/2007, 26 de Febrero de 2007
SAP Barcelona 8/2007, 10 de Enero de 2007

References: resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
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 Real Decreto 
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