Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2016/as201610901.html
Timestamp: 2019-03-25 06:10:29+00:00

Document:
as201610901
AUTO SUPREMO Nº 901/2016
Expediente : Beni 1/2010
Parte Imputada : Julio Cesar Martins y otro
Por memorial presentado el 10 de abril de 2012, cursante de fs. 571 a 577, Julio Cesar Martins, opone excepción de Extinción de la Acción penal por duración máxima del proceso, dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y Annetty Herrera Schmitter por la presunta comisión del delito de Asesinato, previstos y sancionados por el art. 252 incs. 2, 3 y 4 del Código Penal (CP).
El imputado Julio Cesar Martins, a través de un memorial formula extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, extractándose en síntesis que el cómputo del plazo comenzó a correr a partir del “15” de noviembre de 2007 cuando Iver Vargas Ribera y Pedro Montenegro, Fiscales de Materia de Guayaramerin formularon imputación formal en su contra por el delito de asesinato al abogado Iván Fernando Antelo Chávez, ocurrido el 21 de julio de 2007 a Hrs. 22:35, desarrollado el proceso, dice en vulneración a sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, defensa material, igualdad de las partes, imparcialidad y falta de valoración de las pruebas de descargo, se dictó Sentencia condenatoria en su contra el 24 de enero de 2009, declarándole autor del hecho, conjuntamente a Marcelo Roca Rodriguez, por la comisión del delito de Asesinato, apelada esta determinación, la Sala Penal del Tribunal Departamental de Justicia de Beni confirmó la sentencia recurrida, en cuyo mérito, formuló recurso de casación, remitiéndose los obrados a la Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, encontrándose radicado hace más de un año para su consideración.
Afirma que desde su inicio el proceso se desarrolló con dilaciones atribuibles al Ministerio Público y a los operadores de justicia, ante el incumplimiento de los plazos procesales incurriendo en retardación de justicia según el art. 135 del CPP; asimismo, refiriendo a la Fundamentación jurídico legal, cita los arts. 178, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 8 num.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre, indicando que declaro la constitucionalidad del art. 133 del CPP sobre la duración máxima del proceso, así como el Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre que complementa la señalada sentencia constitucional, también cita el inc. 10) del art. 27 del CPP, referido a los motivos de extinción por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, advirtiendo que entre los actos procesales que produjeron las dilaciones indebidas o demoras injustificadas, incumplimiento de plazos y retardación de justicia en la sustanciación del proceso desde su inicio, hasta el presente es la imputación formal presentada el 25 de noviembre de 2007, desde donde comienza a correr los seis meses de plazo para la investigación, para más adelante indicar que la Sentencia Constitucional 0573/2010-R de 12 de junio de 2010 modulo la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto Constitucional 0079/2004 –ECA y que en el caso partícular de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso a través de la Sentencia Constitucional 18/2006-R que establece que debe ser resuelta con carácter previo a la resolución del fondo; asimismo, la Sentencia Constitucional 1968/2004-R de 17 de diciembre, indica que para interponer la Excepción de Extinción de la Acción Penal es necesario que el proceso se encuentre en trámite y se hayan sobrepasado los plazos establecidos por ley para su conclusión, correspondiente en este caso invocar a la parte afectada formular la extinción de la acción y que a través de la Sentencia Constitucional 0778/2005-R, la Excepción de la Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, procede por la mora judicial injustificada, en ese marco manifiesta que el legislador ha previsto la Extinción de la Acción Penal como sanción por la incapacidad de imponer una condena en el plazo previsto por ley, entre otras causas por la mora injustificada según los arts. 27 inc. 10) y 133 del CPP, como garantía al ejercicio del derecho al debido proceso en su elemento del derecho a ser procesado en un tiempo razonable, ya que la extinción penal por mora judicial es una consecuencia lógica a la inactividad judicial injustificada por cuanto impide el ejercicio de la acción punitiva del Estado en cuanto concierne al poder de persecución por parte del órgano jurisdiccional competente. Adicionalmente cita los Autos Supremos 351-E de 31 de agosto de 2006 de Sala Penal Primera, 301/2005-E de 22 de agosto de 2005 de la Sala Penal Primera, 001/2011 de 5 de enero de la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia hoy Tribunal Supremo de Justicia, sobre la Extinción de la Acción Penal, señalando que al presente ya transcurrió 1 (un) año y 7 (siete) meses sin emisión del Auto Supremo del recurso de casación, siendo que el art. 411 del CPP, prevé 10 (diez) días para hacerlo; asimismo, el art. 130 in fine del CPP, establece que los plazos son improrrogables y perentorios y se suspenderán durante vacaciones o por fuerza mayor debidamente fundamentada y que ante el incumplimiento de los plazos procesales genera la comisión del delito previsto en el art. 177 del CPP sobre la negativa o retardo de justicia.
También, arguye que la querellante y acusadora particular Annette Herrera Schmitter Vda. de Antelo el 14 de diciembre de 2009, interpuso Recurso Indirecto Incidental de Inconstitucionalidad contra el inc. 3) del art. 239 del CPP, sobre la solicitud de cesación a la detención preventiva, que luego de 4 (cuatro) meses, el 30 de abril de 2010 el Tribunal de Sentencia de Guaramerin, dictó el Auto Interlocutorio 01/2010 de 30 de abril admitiendo el recurso; posteriormente, por Auto Constitucional 0180/2012-CA de 6 de marzo, el Tribunal Constitucional Plurinacional dispuso rechazar la solicitud de promover el recurso de referencia, hecho que indica vulneró el principio de legalidad por parte de los operadores de justicia; es decir, el Tribunal de Sentencia de Guyaramerín adecuándose al art. 153 in fine del CP, al emitir resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, sin considerar que el inc. 3 del art. 239 del CPP, fue declarado constitucional por la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre, fallo de carácter vinculante, reiterando que el retardo de justicia es atribuible al Órgano Judicial y no a su persona, ya que solicitó el impulso procesal en varias oportunidades, según dice por las “memorias glosados en obrados” (sic) y considera que se encuentra subsumido al amparo del art. 133 in fine del CPP y la jurisprudencia constitucional, leyes nacionales e internacionales; a cuyo efecto, pide al amparo de los arts. 24, 115, 116, 120.I, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) con relación a los arts. 27 inc. 10) y 133 del CPP, que se declare probada la Excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, disponiendo la cesación de las medidas cautelares que le fueron impuestas y el archivo de obrados.
Por decreto de 29 de julio de 2016 (fs. 839), conforme lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a la parte adversa; en cuyo mérito, José Manuel Gutiérrez Velasquez, Fiscal Superior argumenta que el incidente planteado peca de desorden y ambigüedad viéndose impedido de identificar el inicio del cómputo de la extinción, tampoco los actos dilatorios del Ministerio Público y del Órgano Judicial, extrañando el ofrecimiento probatorio concreto, al desconocerse cuáles son las piezas procesales dentro del expediente que permitan realizar el examen sobre la extinción y si bien se ampara en el art. 133 del CPP, a más de referir sentencias constitucionales de forma desordenada, un trámite de cesación de detención preventiva y un recurso de inconstitucionalidad del año 2009 ,indica que no actuó con afán dilatorio y que solicito varias veces el impulso procesal.
Es así que luego de efectuar una relación de los antecedentes, sobre la forma de resolver una petición de extinción de la acción penal cita las Sentencias Constitucionales 0551/2010-R de 12 de julio, 0428/2016-S3 de 6 de abril y 0275/2016-S2 de 23 de marzo, Auto Complementario AC 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y Auto Supremo 289/2016-RRC de 21 de abril, este último que establece que ante cualquier omisión, violación o afectación a derechos y garantías a la parte afectada le corresponde de manera oportuna, ya sea en juicio o en apelación incidental en caso de negársele su pretensión en juicio oral o restringida en forma incidental, cuestionar o recurrir y en caso de no hacerlo se incurre en causales de preclusión; también, cita el Auto Supremo 167/2016-RRC de 7 de marzo, donde se determinó que no existe vulneración por actos de propia negligencia, poniendo por ejemplos los Autos Supremos 0628/2015-RRC-I de 18 de septiembre, 794/2015-RRC-L de 06 de noviembre, sobre el principio de continuidad del juicio, donde la parte que se sintiere afectada debe hacer constar que se estaría vulnerando tal principio, exponiendo las razones por las que considera que la infracción incidiría en el fallo, además de invocar los remedios procesales que correspondan y que lo contrario implica la convalidación de los actos; a cuyo efecto, procede a afirmar que sobre la presunta dilación en la etapa de investigación preliminar al estar sujeta a control jurisdiccional el excepcionista no interpuso reclamo alguno lo que vislumbra que no le afecto a sus intereses o derechos de acuerdo a las reglas del art. 170 incs. 1) y 2) del CPP, en la etapa preparatoria citando el art. 134 del CPP, indica que le correspondía al excepcionista acudir a la normativa procesal, así como a la jurisprudencia para invocar la extinción, al no haber hecho efectivo su reclamo ha precluído y cualquier posible retardo fue convalidado en base al señalado principio de convalidación de acuerdo al Auto Supremo 415/2016–RRC de 13 de junio y art. 16 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), alude también al denominado exceso de previsión desarrollado en el AC 0079/2004–ECA de 29 de septiembre, sobre una posible dilación en una solicitud de cesación de detención preventiva, que no tienen efecto suspensivo y tampoco incide en la retardación de justicia; por cuanto, al plantearla debió considerar u prever que su tramitación podría afectar el normal desenvolvimiento del proceso al que se encuentra vinculado, que el ahora excepcionista planteo apelación restringida como el recurso de casación en que se viene tramitando; por consiguiente, debió sopesar y prever que su tramitación iba a tener como lógica consecuencia la dilación en la conclusión del proceso, al igual que la interposición presente excepción de extinción por duración máxima del proceso penal que data del 2012 y como se evidencia del Auto Supremo 228/2014, se tuvo que disponer la reposición del expediente al haberse constatado estar pendiente de resolución la señalada extinción; por lo que, el motivo de demora del proceso es el planteamiento de una excepción de Julio Cesar Martins; en consecuencia, concluye que la situación de rezago ha sido provocada por el imputado y el exceso de previsión de la parte de la defensa del imputado excepcionista, no así atribuibles a los órganos estatales, a ello suma las vacaciones judiciales desde la gestión 2007, 30 (treinta) días por 9 (nueve) años debiendo reducirse 270 (doscientos setenta) días; además, que el presente proceso fue remitido de la Sala Penal Liquidadora de acuerdo a la Disposición Transitoria Octava de la Ley 025; en consecuencia, el proceso se encontraba en régimen de liquidación que no fue concluido, por la enorme cantidad de procesos que se habían acumulado hasta antes de la vigencia de la referida norma y la designación de los nuevos Magistrados electos; por lo que, considera que es de aplicación el Auto Supremo 089 de 9 de abril de 2010, respecto a la excesiva carga procesal que no es achacable a la desidia o mala fe de los Magistrados, sino a cuestiones estructurales de la justicia; por lo que, no se demostró que la duración del proceso penal haya afectado el derecho a un proceso en plazo razonable de Julio Cesar Martins, considerando el legítimo ejercicio de la acción penal publica, la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad; por cuanto, pide se rechace la excepción planteada declarándola infundada de acuerdo al art. 315.I del CPP modificado por la Ley 586 y al ser manifiestamente dilatoria, maliciosa y temeraria, disponiéndose la interrupción de los plazos de la prescripción de la acción penal y duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos y la imposición al abogado de la sanción pecuniaria estipulada por el art. 315.III del CPP modificado por la Ley 586.
Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por el excepcionista y la parte contraria en su respuesta, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.
En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación de los recursos de casación de los imputados Marcelo Roca Rodriguez y Julio Cesar Martins (excepcionista), en contra del Auto de Vista 051/2009 de 27 de noviembre, la causa se encontraba radicada en la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, procediéndose a convocar a los Magistrados Suplentes a efecto de conformar las Salas Liquidadoras encargadas de la resolución de las causas pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2011, en mérito a la Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, a cuyo efecto, el proceso pasó a conocimiento de la Sala Penal Liquidadora, estado en el Julio Cesar Martins interpuso la excepción de extinción de la acción penal ante el Tribunal de Sentencia de Riberalta. Posteriormente, a través de Auto Supremo 228/2014 de 25 de agosto de 2014, emitido por la Sala Penal Liquidadora, al no existir constancia de que la Excepción de Extinción de la Acción Penal haya sido debidamente tramitada, se dispuso se oficie para que se emitan informes al respecto, ordenándose el inicio de la reposición de obrados, suspendiendo el plazo para la emisión del Auto Supremo.
Ulteriormente, por Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 210/2014 de 16 de diciembre, se dispuso que las Salas Liquidadoras remitan las causas remanentes del periodo de liquidación al 31 de diciembre de 2014, debiendo ser entregadas a Secretarías de las Salas especializadas del Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, el presente proceso radicó ante este Tribunal, donde en razón al informe rendido por el Secretario de Sala, se constata la inexistencia de sustanciación de la Excepción de Extinción de Acción Penal, planteada por Julio Cesar Martins; en cuyo mérito, a efectos de precautelar los principios de celeridad, eficacia, probidad e inmediatez por decreto de 29 de julio de 2016, se prosigue con su trámite, en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, teniendo competencia para resolver la excepción opuesta.
III.2. De la base legal y jurisprudencial sobre la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.
La CPE del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) arts. 3 con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.
Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, disponiendo: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.
A lo expresado, debe añadirse que con relación al momento a partir del cual debe computarse el término previsto en el art. 133 del CPP, en los delitos de acción privada, la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, efectuó la siguiente precisión: “De acuerdo al art. 133 del CPP, todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.
En los delitos de acción privada, ese plazo se computa desde la notificación con la admisión de la acusación particular presentada por el querellante, ya que se constituye en el primer actuado por el cual se hace conocer al juez y al procesado de la existencia de una acusación”.
De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre, y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.
La garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues, lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.
El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.
Previamente, al análisis del caso, es preciso tener presente que, de acuerdo al art. 17.II de la Ley de Organización Judicial, en grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos, lo que obedece a la congruencia que deben observar los fallos a tiempo de resolver las cuestiones planteadas, sujetándose a los puntos expresamente observados o impugnados en la interposición de los recursos.
En ese marco, conforme se explicó en los párrafos precedentes, respecto a las líneas establecidas en las Sentencia Constitucionales, quien solicite la extinción de la acción penal debe fundamentar que la mora procesal más allá del plazo máximo establecido por ley, es de responsabilidad del Órgano Judicial o del Ministerio Público, precisando de manera puntual en qué partes del expediente se encuentran los actuados procesales que provocaron la demora o dilación invocada; así como: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades judiciales, pues no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en un plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.
En ese entendido, se debe tener en cuenta que en el caso de autos el excepcionista formula extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, mediante un memorial descompaginado, pues los párrafos denotan incoherencias entre si al cambiar de página, resultando el escrito inentendible y confuso, lográndose extractar de su contenido que el excepcionista únicamente se limita a efectuar una relación de actuados desde la fecha de la imputación formal de “15” de noviembre de 2007, afirmando luego como fecha de imputación el 25 de noviembre del mismo año, pasando por la acusación, la emisión de la Sentencia condenatoria, la interposición del recurso de apelación restringida, su resolución a través del Auto de Vista emitido por la Sala Penal de la entonces Corte Superior de Justicia de Beni y la interposición del recurso de casación, afirmando en relación a este último actuado, que hasta la fecha de presentación de la solicitud de extinción, dicho medio de impugnación se encontraba radicado ante la extinta Corte Suprema de Justicia por más de un año para su correspondiente consideración jurídico legal, sin precisar de ningún modo, como es su obligación procesal, que la conducta de las autoridades judiciales provocaron una dilación indebida en la tramitación del recurso de casación y cuál habría sido su conducta como parte procesal en la sustanciación del proceso, habiendo hecho mención solamente a que en todo momento solicitó el impulso procesal, afirmación que carece de respaldo pues no indica a qué fojas del expediente dicha solicitud de celeridad procesal no fue atendida o soslayada negligentemente por parte de las autoridades jurisdiccionales, habiéndose constatado más bien que radicada la causa ante la Corte Suprema de Justica el 18 de marzo de 2010 (fs. 563 vta.), el imputado, actual incidentista, solicitó certificaciones del estado de su causa, a cuyo efecto la Sala Penal Segunda, a través de su Secretaria de Cámara, el 20 de mayo de 2011 (fs. 569) certificó que a la fecha la Sala Penal segunda se encontraba resolviendo causas de las gestiones 2006 del antiguo sistema procesal penal y gestión 2008 del nuevo sistema procesal penal, por lo que la causa penal estaba esperando turno de resolución de acuerdo a la fecha de ingreso de la misma, evidenciando la carga procesal excesiva con que a la fecha la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia contaba, circunstancia que no le permitía resolver las causas penales con mayor celeridad y que constituían, sin duda alguna, una razón justificable en la demora de resolución del recurso de casación, realidad que en la referida gestión estaban sufriendo todas las Salas Especializadas de la extinta Corte Suprema de Justicia, a cuyo efecto, a través de la Resolución Presidencial 001/2012 de 5 de enero, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, determinó aprobar la conformación de tres Sala Liquidadoras, a efectos de cumplir con la resolución de causas pendientes al 31 de diciembre de 2011.
La referida situación excepcional, no atribuible al Órgano jurisdiccional, no puede ser ignorada al momento de analizar las causas de la mora procesal, que en el caso concreto el incidentista cuestiona por la falta de la resolución del recurso de casación, por cuanto no es suficiente el cómputo aritmético para determinar el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, sino que se deben tomar en cuenta los factores externos que imposibilitaban la resolución de causas en menor tiempo posible.
Por otra parte, a lo largo del memorial de solicitud de extinción, su promotor, también de manera imprecisa se dedica a efectuar una descripción de varios pronunciamientos constitucionales y Autos supremos que se habrían pronunciado sobre la extinción de la acción penal, para luego referir que la acusadora particular, el 14 de diciembre de 2009, interpuso el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contra una norma procesal, dentro de la tramitación de su solicitud de cesación a la detención preventiva, el que fue resuelto luego de cuatro meses por la “…irracionalidad e ignorancia los Drs. Willy Alejandro Vargas Suárez y Roger Mauricio Aue de Barneville Jueces Técnico del Tribunal de Sentencia de Guayaramerín…” (sic), a través de Auto interlocutorio 01/2010 de 30 de abril, admitiendo el recurso interpuesto, que tramitado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, fue resuelto por Auto Constitucional 0180/2012-CA de 6 de marzo, revocando el Auto interlocutorio citado y rechazando la solicitud de promover el recurso aludido, el que –afirma el impugnante- fue interpuesto con el único afán de dilatar el normal desarrollo del proceso, aseveración que tampoco cuenta con ningún fundamento que permita establecer que la denunciada dilación es indebida e injustificable y de responsabilidad de los órganos encargados de la persecución penal y de su sanción, por cuanto el mismo excepcionista asevera que dicha dilación se debió a la interposición del incidente por la parte acusadora particular con el único afán de dilatar el proceso.
En consecuencia, como se observó anteriormente la extinción del acción penal por duración máxima del proceso no se encuentra sujeta únicamente al transcurso del tiempo, debiendo ponderarse otros aspectos que resultan ajenos a la actuación del órgano judicial y del titular de la acción penal, que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia.
Declarar INFUNDADA la Excepción de Extinción de la Acción Penal por duración máxima del proceso, opuesta por el imputado Julio Cesar Martins, con costas conforme lo dispuesto por el art. 268 del CPP, con los efectos previstos por el art. 315 párrafo tercero del CPP.
En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a las partes conforme al art. 163 del CPP.
Se reanuda el plazo procesal inserto en el art. 418 del CPP.

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