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Timestamp: 2018-05-23 20:29:21+00:00

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Resolución Sala Constitucional muestra claro retroceso para acceso a
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Por Redacción | 24 de octubre de 2017
Según FESPAD, en el fondo la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre los viajes del Presidente de la República, integra elementos perjudiciales que frenan los avances en materia de acceso a la información pública, porque quita la obligación de las instituciones del Estado de generarla cuando no esté disponible.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) dio su postura con relación a la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tiene que ver con la entrega de información de los viajes del expresidente Mauricio Funes, ya que según esta institución el veredicto de la Sala se interpreta como un claro retroceso para el acceso a la información.
Loyda Robles, responsable de Unidad de Transparencia de FESPAD, expresó que más allá del tema de los viajes del expresidente Funes, la resolución de la Sala recoge aspectos de fondo que deben preocupar a la ciudadanía porque son lesivos para el acceso a la información pública.
“Es preocupante porque deja sin obligación a las instituciones de generar información cuando les es solicitada, eso es bastante dañino y es un claro retroceso para la información pública, principalmente porque el derecho de acceso a la información está regulado por estándares y principios internacionales de derechos humanos”, explicó Robles.
Agregó que se viola el principio de máxima publicidad establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública donde señala que las restricciones de acceso a la información debe ser únicamente una excepción no una práctica constante para no entregar los requerimientos que solicitan los ciudadanos.
“La LAIP dice expresamente que si la información no ha sido procesada es obligación de la institución generarla, la Sala lo expresa a la inversa al decir que si la información no está procesada no es obligación de la institución procesarla, también violenta el principio de buena fe con que deben actuar los funcionarios públicos”, señaló la representante de FESPAD.
Consideró además que la Sala está errando en su resolución porque está retrocediendo en los avances que se han tenido en el tema de acceso a la información pública en el país desde que entró en vigencia la LAIP.
Recordó una resolución que dejo sin efecto una solicitud de información que debía entregar la Fuerza Armada a los familiares de las víctimas del conflicto armado, violentando con ello el derecho de las personas a conocer la verdad sobre sus parientes.
“Bajo la lógica de la Sala ninguna institución tendría la responsabilidad de entregar información porque no sucedió durante el periodo actual. Eso es irracional porque es información pública en poder de Estado, esas interpretaciones de la Sala son en extremo lesivas al derecho de información pública y constituye un evidente retroceso en lo que ya se ha avanzado en temas de acceso a la información”, concluyó Robles.

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