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Reforma Ley Organica Contra Delincuencia Organizada
Trabbb de Listo
J.L.de la Cuesta Arzamendi, El Derecho Penal ante la criminalidad organizada: nuevos retos y lmites, en F.Gutirrez-Alviz Conradi, M.
Valcrce Lpez (Dirs.), La cooperacin internacional frente a la criminalidad organizada, Sevilla, 2001, pp. 85-123.
EL DERECHO PENAL ANTE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA: NUEVOS RETOS Y LMITES
Prof.Dr.Jos Luis de la Cuesta Arzamendi*
Catedrtico de Derecho Penal de la Universidad del Pas Vasco Secretario General Adjunto de la Asociacin Internacional de Derecho Penal
Realidad muy extendida, con manifestaciones especiales en determinados pases (mafias italianas, rusas, japonesas, chinas, taloamericanas, turcas, crteles mejicanos, colombianos etc.)1, puede decirse hoy sin exageracin que la criminalidad organizada alcanza una dimensin sin precedentes2 y afecta a la prctica totalidad de los pases3, produciendo una criminalidad grave y creciente que amenaza aspectos fundamentales de la vida econmica, social e institucional4 y que una amplia mayora de la poblacin considera que debe ser combatida con prioridad. ste es el caso de la Unin Europea donde un 87% de la poblacin entrevistada hace unos aos se manifest a favor de su colocacin entre las prioridades de la accin de la Unin europea5.
No ha de extraar, en consecuencia, la atencin que recibe en el plano legislativo penal, comparado y hasta internacional6, una atencin intensificada si cabe en los ltimos aos debido al cambio cualitativo7 en
El presente trabajo se integra en el marco del Proyecto investigador dirigido por el autor y que cuenta con la ayuda de Kutxa. Caja Gipuzkoa-San Sebastin, en aplicacin de la 1 Convocatoria UPV/EHU Cajas BBK, Kutxa y Vital de Ayudas para la Realizacin de Estudios y Proyectos de Investigacin en el Proyecto de Investigacin (2000). 1 V. GARRIDO, P. STANGELAND, S. REDONDO, Principios de Criminologa, Valencia, 1999, pp. 647 y ss. 2 M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards Understandig Organized Crime and its Transnational Manifestations, en M. Ch. Bassiouni y E. Vetere (comps), Organized Crime, A Compilation of U. N. Documents 1975-1998, New York, 1998, p. xxxiii. 3 J. PRADEL, Relacin General. Los sistemas penales frente el reto del crimen organizado , en Les systmes pnaux lpreuve du crime organis. Section III. Procs pnal. Colloque Prparatoire de Guadalajara (Mxico) Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 70, 3-4, 1988, p.701 (trad. J. L. de la Cuesta). 4 NACIONES UNIDAS, CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL, Problemas y peligros que plantea la delincuencia transnacional organizada en las distintas regiones del mundo, E/CONF. 88/2, 18 agosto 1994, pp. 23 y ss. 5 Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general. Las transformaciones del Derecho Penal Internacional en respuesta al reto del crimen organizado, en Les systmes pnaux lpreuve du crime organis. Section IV. Droit Pnal International. Colloque Prparatoire. Utrecht (Pays Bas) 13-16 mai 1998, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 70, 1-2, 1999, p. 235 (trad. J. L. de la Cuesta). 6 Para un repaso, los cuatro volmenes de los Coloquios preparatorios del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal, Revue Internationale de Droit Pnal, vols 68 (3-4) 1997- a 70 (1-2) -1999. Ver tambin, adems de la crnica iberoamericana de la
J.L.de la Cuesta Arzamendi, El Derecho Penal ante la criminalidad organizada: nuevos retos y lmites, en F.Gutirrez-Alviz Conradi, M.Valcrce Lpez (Dirs.), La cooperacin internacional frente a la criminalidad organizada, Sevilla, 2001, pp. 85-123.
ella producido por la creciente globalizacin8 y que, ms all de la armonizacin de los mecanismos de cooperacin penal internacional, acaba buscando indefectiblemente la homogeneizacin9 del sistema penal sobre la base de los modelos ensayados por los EE.UU. de Amrica10 en su particular guerra contra determinadas modalidades del crimen organizado, algo que no deja de plantear mltiples problemas.
II. El fenmeno de la criminalidad organizada. Concepto.
La criminalidad organizada se mueve como fenmeno en una nebulosa poco clara11 y se presenta particularmente complejo12, mal estudiado13 y con problemas de abordaje14 por nuestro conocimiento incompleto y cargado de alarmismo(s)15- acerca de la naturaleza y del verdadero alcance del peligro que
Revista Penal, 2, 1998, pp. 81 y ss., S. ADAMOLI y OTROS, Organized Crime Around the World (HEUNI Publ. Series, nm. 31), 1998; M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE (comps.), Organized Crime, cit.; I. BLANCO CORDERO, I. SNCHEZ GARCA, Principales instrumentos internacionales (de Naciones Unidas y la Unin Europea) relativos al crimen organizado: la definicin de la participacin en una organizacin criminal y los problemas de aplicacin de la Ley Penal en el espacio, en Criminalidad Organizada. Reunin de la Seccin Nacional Espaola preparatoria de XVI Congreso de la AIDP en Budapest, Almagro, mayo de 1999 Cuenca, 1999, pp. 17 y ss.; F. BUENO ARS, Poltica judicial comn en la lucha contra la criminalidad organizada, en J. C. Ferr Oliv y E. Anarte Borrallo, Delincuencia organizada. Aspectos penales, procesales y criminolgicos, Huelva, 1999, pp. 59 y ss. Ver tambin, en el mismo volumen, la contribucin de F. MORENO MONENO, La criminalidad organizada internacional, pp. 375 y ss. 7 E. FABIN CAPARRS, Criminalidad organizada, en Gutirrez Francs & Snchez Lpez (coords.), El nuevo Cdigo penal: primeros problemas de aplicacin, Salamanca, 1997, p. 173. 8 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas sobre la criminalidad organizada, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada, cit., pp. 17 y s. Ver tambin, J.RYAN, G.E.RUSH, Understanding Organized Cime in Gobal Perspective. A ReaderThousand Oaks, London New Delhi, 1997 9 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 56. Ver tambin J. M. SILVA SNCHEZ, La expansin del Derecho Penal. Aspectos de la poltica criminal en la sociedades postindustriales, Madrid, 1999, pp. 63 y ss. 10 Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit., p. 232. 11 M. A. IGLESIAS RO, Panormica comparativa sobre algunos problemas que presenta el fenmeno asociativo criminal en la actualidad (separata), Las entidades sin fin de lucro: estudios y problemas, Burgos, 1999, p. 99. 12 J. PRADEL, Relacin General, cit., p. 702. 13 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., pp. 33 y ss. Ver tambin J. J. MEDINA ARIZA, Una introduccin al estudio criminolgico del crimen organizado, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Barrallo, Delincuencia econmica, cit., pp. 109 ss.; P. O. TRSKMAN, General Report on organized crimes in the Baltic Sea Area. The Concept of Organized Crime and the Contents of the Anwers to the Questionnaire Distributed, en Organized Crime in the Baltic Sea Area. Pre Congress organized by the swedish national section of AIDP, Saltsjbaden (Sweden) June, 6-8, 1997, Toulouse, 1998, p. 45. 14 V.A.VASILIJEVIC, Pralables de meilleures prvention et represin du crime organis, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 4, 1992, pp.486 y ss. 15 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit, p. 44.
supone para el orden social, poltico y econmico16, y porque igualmente se desconocen qu medios pueden garantizar adecuadamente su control17.
Probablemente debido a su misma complejidad e insuficiente conocimiento, la aproximacin conceptual a esta nocin -principalmente criminolgica18 y de formulacin terminolgica disputada19, aunque en boca de todos20- suscita no pocos interrogantes de relevancia21. Por ello, y con independencia de las definiciones propuestas y de la necesidad de un serio enfoque analtico22, en la evolucin de la teora del crimen organizado23 se tiende ms bien a la enumeracin descriptiva de un conjunto de rasgos24, muy variados y no siempre coincidentes. As, en el plano policial25 suelen destacarse como propios de esta forma de criminalidad: la existencia de una asociacin duradera, estable o persistente de varias personas en sociedad de intereses, dotada de una estructura organizada con base en criterios de disciplina y jerarqua y que acta con arreglo a una programacin ilcita y con divisin del trabajo, realizando de manera entrecruzada negocios lcitos e ilcitos, empleando tcnicas y medios diversos -en particular, la violencia y/o intimidacin, todo tipo de fraude, explotacin,
M.SABATIER, Criminalit organise et ordre dans la socit, Annales Internationales de Criminologie 34 1-2, 1996, pp.115 y ss. Ver tambin, en particular respecto del orden poltico, F.PALAZZO, Les rapports entre criminalit organise et ordre politique, ibdem, pp. 103 y ss. 17 Th. WEIGEND, Relacin General. Los sistemas penales frente al reto del crimen organizado, en Les systmes pnaux lpreuve du crime organis. Section I. Droit Pnal General, Colloque Prparatoire. Naples 18-20 septembre 1997, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 68, 3-4, 1997, p. 548. (trad. J. l. de la Cuesta Arzamendi). 18 G. QUINTERO OLIVARES, La criminalidad organizada y la funcin del delito de asociacin ilcita, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo, Delincuencia econmica, cit., p. 177. Ver tambin, R. OTTENHOF, Le crime organis: de la notion criminologique la notion juridique, en Criminalit organise et ordre dans la socit, Colloque dAix-en-Provence, 5, 6, 7 juin 1996, AixMarseille, 1997, pp. 45 y ss. 19 E. ANARTE BORRALLLO, Conjeturas, cit., p. 21 (n. 29). 20 H. OSTENDORF, Organisierte Kriminalitt eine Herausforderung fr die Justiz, Juristen Zeitung, 1991, p. 63. 21 Destaca, incluso, BOLLE que esforzarse en una definicin del crimen organizado es un esfuerzo intil, pues dados sus rasgos multiformes acabar convirtindose en una visin reduccionista y estratificante de un fenmeno en plena evolucin. De quelques aspects de la criminalit organise et de la lutte contre icelle, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologa, 11, 1997, p. 234. Ver tambin, E. FABIN CAPARRS, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 1998, p. 35. 22 R. CERVINI, en L. F. Gomes, R.Cervini, Crime Organizado, Enfoques criminolgico, jurdico (Lei 9. 034/95) e poltico criminal, 2 ed., So Paulo, 1997, pp. 240 y ss. 23 G. KELLENS, Lvolution de la thorie du crime organis, en J. L. de la Cuesta, I. Dendaluze, E. Echeburua (comps.), Criminologa y Derecho Penal al servicio de la persona. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain, Donostia-San Sebastin, 1989, pp. 281 y ss. 24 M. A. IGLESIAS RO, Panormica comparativa, cit., p. 101. 25 En este sentido, los criterios propuestos por el Bundeskriminalamt, G. KAISER, Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3 ed., Heldelberg, 1996, p. 410. Tambin E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 23. Ver igualmente, para el concepto que manejan INTERPOL, el Grupo de Trabajo de Drogas y Delincuencia Organizada del III Pilar de la Unin Europea y para el Cuestionario sobre Delincuencia Organizada del Cuerpo Nacional de Polica, A. DE MIGUEL BARTOLOM, Actuaciones policiales en la lucha contra la criminalidad organizada, en F. Gutirrez-Alviz Conradi (dir.), La Criminalidad Organizada ante la Justicia, Sevilla, 1996, pp. 135 ss.
coaccin y terror y hasta la corrupcin-, sirvindose de las infraestructuras de comunicacin ms modernas y con gran movilidad y alcance internacional. Desde el prisma criminolgico26 se insiste en primer trmino tambin en el carcter organizado del grupo, aun cuando se discuta acerca del nivel de organizacin requerido: nmero de integrantes, la permanencia, el secretismo y el grado de rigidez o de jerarquizacin27. Otras lneas criminolgicas se fijan en la finalidad perseguida, distinguiendo entre aquellos grupos animados por la hipertrofia28 del mvil lucrativo o las impulsadas por mviles polticos; con todo, y sin perjuicio de reconocer sus interrelaciones mutuas29, es preferible separar la criminalidad organizada lucrativa de la terrorista polticamente impulsada30, aunque como recuerda PRADEL31, muchas veces las soluciones ensayadas frente al terrorismo acaban integrndose en la poltica criminal contra las organizaciones criminales de tipo lucrativo. Tambin se destacan los medios empleados, donde el entrecruzamiento entre actividades lcitas e ilcitas es ya la tnica. La va de los medios permite, en todo caso, distinguir la criminalidad organizada de otras formas de delincuencia econmica no caracterizadas por el empleo de la violencia fsica o la intimidacin, frecuentemente mezcladas con la corrupcin. Finalmente, resaltan los estudiosos aspectos de orden ms antropolgico, como el tipo de las relaciones en el seno del grupo y con el entorno, o los rasgos propios de sus integrantes en algunas de sus manifestaciones.
En realidad, la pluralidad de caracterizaciones y la diversidad de criterios definitorios pone de manifiesto que todava hoy la criminalidad organizada no deja de ser sino una imagen, una expresin aplicada a
Por todos, J. J. MEDINA ARIZA, Una introduccin, cit. pp. 111 ss. Tambin, F.FERRACUTI, F.BRUNO, La criminalit organizzata nella prospettiva criminologica, en F.Ferracuti, Trattato di Criminologa, Medicina criminologica e Psichiatria Forense, 9, Forme di organizzazioni criminali e terrorismo, Milano, 1988, pp. 63 y ss. 27 Desde el prisma internacional se destaca que deberan tratarse de organizaciones suficientemente poderosas como para poner en jaque a las fuerzas del orden, pero las legislaciones internas operan con un concepto mucho ms amplio. M. Ch. BASSIOUNI, Effective National and International Action Against Organized Crime and Terrorist Criminal Activities, Emory International Law Review4, 1990, pp. 9 y ss. 28 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 24. 29 M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards, cit., pp. xl y ss.; E.CASTILLO BARRANTES, G.PICCA, A.BERISTAIN, Criminalidad organizada, Cuadernos de Poltica Criminal, 50, 1993, pp. 493 y ss.; A. VANDOREN, Cooperation between criminal organisations and terrorists, en B. Szamota-Saeki, D. Wjcik, Impact of political, economic and social change on crime and its image in society. 51st International Course of Criminology. 12-16 September, 1995, Warsaw, Poland, Warsaw, 1996, pp. 183 y ss. 30 Por todos, M. Ch. BASSIOUNI, Criminalit organise et terrorisme: pour une stratgie dinterventions eficaces, Indice Penale, 1990, pp. 5-6 y 9; N. GARCA RIVAS, Criminalidad organizada y trfico de drogas, Revista Penal, 2, 1998, p. 23. Con todo, F. PALAZZO, La lgislation italienne contre la criminalit organise, Revue de science criminelle et de droit pnal compar, 1995, p. 711. Ver tambin J. J. MEDINA ARIZA, Una introduccin, cit., p. 112. 31 Relacin general, cit., p. 702.
diversas realidades que se producen en diferentes momentos y lugares32. Esta problemtica delimitacin, debido a sus mltiples facetas, no contribuye a facilitar el diseo de estrategias eficaces para combatirla33. Las dificultades definitorias no han impedido una progresiva delimitacin social y jurdica34 y un intenso desarrollo legislativo dirigido a establecer las bases de la cooperacin penal en el plano internacional y de determinadas medidas especficas aplicables en el derecho interno. Puntos candentes de estas aproximaciones son, junto a la determinacin del nmero mnimo de personas (normalmente, tres), la opcin, bien por una descripcin de las caractersticas elementales del crimen organizado estructura jerarquizada con cierta divisin del trabajo y continuidad o permanencia en el tiempo, empleo de violencia e intimidacin, objetivo primordialmente lucrativo y/o de influir en los medios y estructuras polticas35-, o por el establecimiento de un listado de figuras delictivas tpicas36.
En el mbito internacional, el documento ms importante en la actualidad en la materia es la Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de 15 de noviembre de 200037, texto aprobado con el acompaamiento de dos Protocolos adicionales: el relativo a la trata de personas, en particular mujeres y nios, el relativo al trfico ilcito de inmigrantes por tierra, mar y aire. La Convencin38 define al grupo criminal organizado (art.2 a) como
un grupo estructurado39 de tres o ms personas que exista durante un perodo de tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves40 o delitos tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de orden material.
Th. WEIGEND, Relacin general, cit., p. 548. Tambin, H. J. SCHNEIDER, Recientes investigaciones sobre la criminalidad organizada, Revista de Derecho Penal y Criminologa, 1993, p. 725. 33 Th. WEIGEND, Relacin general, cit., p. 548. 34 F. GUTIRREZ-ALVIZ CONRADI, Introduccin al volumen La Criminalidad Organizada, cit., p. 9. 35 Ver tambin la lista de elementos estructurales bsicos que recoge M. A. IGLESIAS RO, Panormica comparativa, cit., pp. 101 y ss. (y la blibliografa por l citada); igualmente, M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards, cit., pp. xxvii ss.; E. FABIN CAPARRS, El delito, cit., pp. 37 y ss. 36 A. NUNZI, The elaboration of the United Nations Convention against transnational organized crime (paper), presentado al XVI Congreso Internacional de Derecho Penal. Asociacin Internacional de Derecho Penal, Budapest, Hungary 5-11 September 1999, p. 7. 37 Doc. A/55/383 ; J.P.LABORDE, Chronique des Nationes Unies , en Revue Internationale de Droit Pnal, 71, , 2000, pp. 460 y ss. 38 Revue Internationale de Droit Pnal71, , 2000, pp. 508 y ss. 39 Grupo no formado fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condicin de miembro o exista una estructura desarrollada (art. 2 c). 40 Conductas que constituyan delitos punibles con una privacin de libertad mxima de al menos cuatro aos o con una pena ms grave (art. 2 b).
Tambin en el plano europeo existe una definicin legal de crimen organizado41. Basada en el art. 31(e) del Tratado de msterdam, que propugna la progresiva adopcin de reglas mnimas relativas a los elementos constitutivos de actos criminales y de las penas en el campo del crimen organizado, del terrorismo y del trfico de drogas, la Accin comn para convertir en una infraccin criminal en los estados miembros de la Unin Europea la participacin en una organizacin delictiva42 define sta (art. 1) como una asociacin estructurada de ms de dos personas, establecida durante un cierto perodo de tiempo, y que acte de manera concertada con el fin de cometer delitos sancionables con una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad privativa de libertad de un mximo de al menos cuatro aos como mnimo o con una pena an ms severa, con independencia de que esos delitos constituyan un fin en s mismos o un medio para obtener beneficios patrimoniales y, en su caso, de influir de manera indebida en el funcionamiento de la autoridad pblica. Por su parte, el prrafo segundo se remite a los delitos recogidos por el art.2 del Convenio de Europol: terrorismo, trfico ilcito de estupefacientes y otras formas graves de delincuencia internacional en la medida en que existan indicios concretos de una estructura delictiva organizada y que dos o ms estados miembros se vean afectados 43.
En el campo internacional se tiende en consecuencia al seguimiento de un criterio mixto, en la lnea de los tratados de extradicin, consistente en la combinacin del mtodo de eliminacin (mediante la exigencia de concurrencia de ciertas caractersticas especficas integradas en una definicin general) con el mtodo de enumeracin de delitos44, que han de alcanzar adems una determinada gravedad (proporcionalidad) manifestada en el hecho de que merezcan una pena de al menos cuatro aos de privacin de libertad.
Por lo que respecta al Derecho espaol, aun cuando el Cdigo Penal recoge como cualificacin especfica de ciertos delitos la pertenencia a una organizacin, previndose hasta intervenciones especficas para sus jefes, administradores o encargados, la determinacin de lo que deba entenderse por organizacin ha sido tarea jurisprudencial, ante la ausencia de toda interpretacin autntica del concepto. La jurisprudencia en materia de drogas45, la ms desarrollada en este punto, ha aplicado hasta tres conceptos de organizacin46:
Ver, adems, F. BUENO ARS, Poltica judicial comn, cit., pp. 59 y s. Accin comn de 21 de diciembre de 1998, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n L, 351/1, de 29 diciembre 1998. 43 Convenio de 26 de julio de 1995 [] por el que se crea una Oficina Europea de Polica (Convenio Europol), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 316/1, de 27 noviembre 1995. 44 Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit., p. 245. 45 O asociacin, incluso de carcter transitorio, que tuviere como finalidad difundir tales sustancias o productos aun de modo ocasional (art. 369, 6)g. Tambin se agrava el delito de trfico de drogas si el culpable participare en otras actividades delictivas organizadas (art. 369, 7).
En un sentido propio, la jurisprudencia ha entendido por organizacin aquella en la que concurre una estructura jerrquica, en torno a un centro de decisiones conocido y sin perjuicio de la fungibilidad de sus miembros; incluso, para la aplicacin de la agravante, algunas sentencias han exigido una intensa organizacin y cierto volumen de medios materiales y apoyo logstico47. Por su parte, una lnea jurisprudencial minoritaria ha asimilado la organizacin a la coautora48; Tambin ha seguido la jurisprudencia una concepto intermedio de organizacin, orientado a las consecuencias poltico criminales49; desde esta perspectiva, se considera suficiente para aplicar la agravacin a cualquier sujeto que mantenga relaciones con la organizacin, la presencia de cierta organizacin y distribucin de funciones acompaada de la concurrencia de una pluralidad de personas en torno a un plan criminal, sin que se requiera conocer los mandos ordenantes (basta presuponer su existencia).
Fuera del Cdigo Penal, tambin la legislacin penitenciaria, en el marco de las variables y criterios de clasificacin en primer grado -art. 102, 5 c) del Reglamento, en relacin con art. 10 LOGP-, hace referencia a la pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas (dotadas de disciplina interna). Es, con todo, nicamente en el plano procesal donde cabe hallar una descripcin del concepto de delincuencia organizada. En efecto, el art. 282 bis, 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma intervenida por la Ley Orgnica 5/1999, de 14 de enero, sobre el llamado agente encubierto, considera delincuencia organizada la asociacin de tres o ms personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos... Como indica ANARTE BORRALLO50 los elementos sobre los que se construye la nocin son: uno estructural (se trata de una asociacin de personas); el otro finalista, puesto que la asociacin ha de dirigirse a la realizacin (permanente o reiterada, no meramente ocasional: elemento temporal) de ciertos delitos: secuestro bajo condicin; delitos relativos a la prostitucin; robo, hurto o robo de vehculos; estafas, blanqueo de capitales; delitos contra los derechos de los trabajadores; trfico de especies de flora o fauna amenazada; trfico de material nuclear y radiactivo; trfico de drogas; falsificacin de moneda; trfico y depsito de armas,
Por todos, J. I. GALLEGO SOLER, Los delitos de trfico de drogas II. Un estudio analtico de los arts. 369, 370, 372, 374, 375, 377 y 378 del CP; y tratamientos jurisprudenciales, Barcelona, 1999, pp. 184 ss. 47 As, STS 18 diciembre 1996. Por su parte, las SSTS 6 septiembre 1999, 16 diciembre 1999 y 21 febrero 2000 aluden a: pluralidad de personas, programa de actuacin, medios idneos, cierta continuidad temporal o permanencia, solidez y estructura jerrquica con reparto vertical de las tareas, nimo de lucro, realizacin del trfico en un amplio espacio geogrfico y hasta con conexiones internacionales. 48 Incluso, con extensin a las organizaciones ocasionales (a partir de 1988) del tipo cualificado de pertenencia a una organizacin en los delitos de trfico de drogas, excluyendo nicamente del supuesto los casos en que slo se dio un nico contacto con la organizacin para la realizacin de un nico delito. N. GARCA RIVAS, Criminalidad organizada, cit., p. 32. 49 J. I. GALLEGO SOLER, Los delitos, cit., p. 185. 50 Conjeturas, cit., pp. 31 y ss.
municiones o explosivos; delitos de terrorismo y, fuera del Cdigo Penal, delitos contra el patrimonio histrico contenidos en la Ley de represin del contrabando.
Ciertamente, el objetivo de la Ley no es ofrecer una definicin dogmtica de la delincuencia organizada, sino ms bien establecer los casos que autorizan la intervencin del agente encubierto conforme al rgimen all regulado. No obstante, y con independencia de lo acertado de la seleccin, hay que destacar la importancia de la opcin por un numerus clausus de las figuras delictivas susceptibles de inclusin en la delincuencia organizada. Es sta una lnea ms adecuada que permitir la integracin del concepto de delincuencia organizada con cualquier tipo de figura delictiva.
Por lo dems, y de acuerdo con la Resolucin I.1, aprobada por la Seccin I del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal (Budapest, 1999), desde un prisma sustantivo, para el concepto de delincuencia organizada no debera bastar con la existencia de un grupo de personas dedicadas a la realizacin de determinados delitos con continuidad y permanencia. Por el contrario, y con objeto de distinguirla netamente de otras formas de intervencin principal o accesoria en los hechos delictivos (y hasta de las simples asociaciones ilcitas), el concepto ha de construirse sobre la existencia de un aparato organizado de poder51 de cierta entidad y permanencia, que acta con base en una programacin delictiva, dirigida a la obtencin del poder y/o del mximo de ganancias, con estructura piramidal y jerrquica y con una divisin vertical del trabajo que permita distinguir de manera claramente diferenciable52 entre los rganos ejecutivos (fungibles) y decisorios. Son, en efecto, tan slo este tipo de organizaciones las que realmente plantean un fuerte desafo al Derecho penal contemporneo, por su movilidad, por su capacidad organizativa y por su adaptabilidad a las nuevas circunstancias53, por sus tcnicas de actuacin y de penetracin: en suma, por su peligrosidad criminal, que excede con mucho de la propia de las formas clsicas de criminalidad individual o de grupo.
III. Retos que plantea al sistema penal la criminalidad organizada
U. JOSHI JUBERT, Sobre el concepto de organizacin en el delito de trfico de drogas en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1995, pp. 664 y ss. Ver tambin J.I.GALLEGO SOLER, Los delitos, cit., pp. 197 y s. 52 N. GARCA RIVAS, Criminalidad organizada, cit., p. 33. 53 J.P.BRODEUR, Organized crime: trends in the literature, Annales Internationales de Criminologie, 35 , 1997, pp.89 y ss.
El problema de su apropiada delimitacin conceptual no es sino el primero de los variados retos que plantea la intervencin penal sobre esa realidad en busca de una disciplina jurdica54 que denominamos criminalidad organizada. stos se extienden tanto al plano sustantivo y procesal de las legislaciones internas de los Estados, como al mbito internacional, y traen causa en las propias caractersticas de la criminalidad organizada, que se distingue claramente del crimen tradicional normal55; una criminalidad:
- de grupo, en la que quien da la orden no asume su ejecucin, mientras que quien la ejecuta tiene que asegurar la produccin o consecucin de lo ordenado (muchas veces con un gran margen de libertad de actuacin y en la eleccin de los medios...), todo lo cual pone en cuestin criterios tradicionales en materia de atribucin de la responsabilidad individual de los intervinientes; esto es, en cuanto a la autora y participacin; - altamente peligrosa, de naturaleza depredadora, que emplea con profusin la intimidacin, la violencia, el terror y la corrupcin, y que cuenta con medios para poder alcanzar un gran impacto econmico y social, nacional o internacional; - que tiene lugar en el seno de una organizacin poderosa (y, por lo comn, influyente) altamente estructurada y regida por la divisin del trabajo, lo que permite: utilizar velos corporativos para dotar de apariencia de legitimidad a las actividades, ocultar y aislar a los miembros, trocear la ejecucin delictiva, dificultando la prueba de las infracciones particulares; dotarse, adems, de sistemas de logsticos y de apoyo, erigiendo barreras contra el desistimiento y la disociacin.
Ante un fenmeno de esta suerte, descrito por lo general de manera alarmante, las legislaciones internas y los instrumentos internacionales tienden a la adopcin de estrategias de emergencia56, postulando la derogacin de ciertas reglas y principios tradicionales del derecho penal y procesal con objeto de facilitar la intervencin y asegurar la prevencin y el control. An ms, se propugna hasta un cambio de enfoque del sistema penal57, que no ha de limitarse a la persecucin y castigo de los delincuentes individuales; se espera, en efecto, del propio derecho penal que se empee plenamente en la desarticulacin de las organizaciones
L. F. GOMES, en Crime Organizado, cit., pp. 116 y s. Ch. L. BLAKESLEY, Informe general. El sistema penal frente al reto del crimen organizado, en Les systmes pnaux lpreuve du crime organis. Section II. Droit Pnal Spcial. Colloque Prparatoire. Alexandrie, 8-12 novembre 1997, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 69, 1-2, 1998, pp. 102 y s. (trad. I. Blanco Cordero); Th. WEIGEND, Relacin geneal, cit., pp. 549 y s. 56 Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit. p. 230. Tambin E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., pp. 48 ss.; M. A. IGLESIAS RO, Panormica Comparativa, cit., p. 124. 57 Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit., p. 228.
criminales y hasta en el control de los productos derivados del delito, impidiendo a los delincuentes todo enriquecimiento procedente de la actividad criminal. Las transformaciones que se propugnan alcanzan a todos los niveles de la intervencin penal, tanto al plano sustantivo como procesal y a la cooperacin internacional.
Desde el prisma sustantivo, las dificultades a las que se enfrenta la exigencia de responsabilidad de los intervinientes en el crimen organizado, lleva a sectores diversos a destacar la necesidad de construccin de nuevos instrumentos conceptuales y dogmticos que permitan afirmar la responsabilidad en calidad de autores de quienes dirigen la organizacin criminal, aun cuando no ejecuten directamente los hechos delictivos particulares. Igualmente se reclama la superacin del dogma tradicional de irresponsabilidad penal de las personas jurdicas y la ampliacin de figuras preparatorias, como la conspiracin, en ocasiones erigidas en tipos penales independientes.
En la misma lnea de extensin de los instrumentos penales que permitan una mejor intervencin contra el crimen organizado, en la parte especial se baraja en la actualidad una revisin de los delitos de asociacin ilcita, dirigida a incriminar de manera especfica la participacin en grupos criminales organizados. La lucha contra el crimen organizado se plasma, adems, en la demanda de creacin de nuevas figuras que atiendan a su modo particular de actuacin, entre las que sobresale el blanqueo de capitales, sin el cual no merecera la pena la criminalidad organizada58.
Tambin en el plano de las consecuencias jurdico-penales aplicables al crimen organizado son mltiples las cuestiones que se suscitan: no slo porque para quienes postulan la responsabilidad de las personas jurdicas resulta preciso introducir nuevas respuestas apropiadas para las mismas, sino porque, al margen de las sanciones penales tradicionales, se insiste en fomentar aquellas formas sancionatorias que persiguen frustrar el objetivo central de la delincuencia organizada: el enriquecimiento ilcito de sus artfices. La confiscacin de las ganancias y de los productos (con inclusin de los productos derivados) se reputan, as, instrumentos capitales en la reaccin penal frente a la criminalidad organizada, aunque su empleo levante objeciones en no pocas ocasiones desde las perspectivas dogmtica y poltica criminal o hasta desde la proteccin de la vctima.
W. BOTTKE, Mercado, cit., p. 3.
A caballo entre lo sustantivo y lo procesal se encuentra la cuestin de las concesiones legal o judicialmente ofertadas a los miembros de organizaciones criminales por su colaboracin con las autoridades. Junto a ello, razones de eficacia llevan a proyectar nuevas modalidades procesales, cuya compatibilizacin con las reglas del estado de derecho se presenta muchas veces como muy cuestionable. Son ejemplos de lo indicado la inversin de la carga de la prueba, las presunciones de culpabilidad, las nuevas tcnicas de investigacin proactiva, las intervenciones contrarias a la intimidad, el recurso a los testigos annimos, la creacin y el desarrollo de servicios especializados -policiales, judiciales o administrativos- en la lucha contra el crimen organizado...
Gran parte de las transformaciones que se demandan en el Derecho interno provienen de modelos que van abrindose paso en los instrumentos internacionales, donde se extienden las propuestas de definiciones unitarias de las figuras delictivas y la introduccin de nuevas reglas de competencia extraterritorial, dirigidas a expandir la jurisdiccin y a permitir la persecucin de los hechos delictivos ms all de los lugares en que se han producido, a pesar de los problemas tericos y prcticos (p.e. concurrencia de jurisdiccin) que suscitan y que todava no han encontrado una adecuada resolucin. Tambin a travs de los instrumentos internacionales se trata de ensayar toda suerte de mecanismos dirigidos a asegurar una mejor cooperacin policial y judicial. Los esfuerzos por facilitar el auxilio policial y judicial y el empleo de nuevas tecnologas no siempre se ven acompaados por una simultnea preocupacin por la garanta de la posicin jurdica de los individuos afectados por los procedimientos penales internacionales u objeto de la cooperacin, que ven a menudo negados ( en todo o en parte) derechos como el de ser informados de la acusacin o de las medidas solicitadas, a ser odo y a poder alegar contra las medidas de cooperacin internacional, al examen y cuestionamiento de pruebas ilcitamente practicadas, a la asistencia jurdica gratuita, a un proceso expedito Ante el crimen organizado caben mltiples opciones de poltica legislativa: desde cerrar los ojos e ignorar sus peculiaridades, continuando como si se tratara de una forma ms de criminalidad tradicional, hasta la actitud opuesta, consistente en colocar como pilar fundamental la eficacia a toda costa, a costa incluso de la violacin de los principios y garantas fundamentales del Derecho penal y procesal. Si la primera opcin peca de angelismo59 y deja inerme a la sociedad frente a los nuevos fenmenos criminales, los riesgos inherentes a la segunda alternativa son muy graves: perfectamente conocida es la tendencia del sistema penal a asimilar con rapidez e integrar de manera normalizada los instrumentos y excepciones adoptados para hacer frente a
J. PRADEL, Relacin General, cit., p.704.
situaciones especiales, que acaban aplicndose tambin -y probablemente con mayor frecuencia- en la vida penal cotidiana60, sin ninguna garanta de que con ello se acabe con el crimen organizado.
Lo razonable es, por todo lo anterior, buscar vas intermedias que, respetando los principios y garantas acuados (principio de legalidad, principio del hecho, principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad, in dubio pro reo...), faciliten el xito de la intervencin, adaptando si se quiere los principios a la nueva situacin, pero sin merma de su contenido sustancial61.
IV. La respuesta del Derecho Penal sustantivo
Desde el prisma del Derecho Penal sustantivo, el carcter conceptualmente escurridizo62 de la criminalidad organizada se traduce, como se ha dicho, en mltiples dificultades tanto desde el prisma de la teora general del delito, como en la parte especial (figuras delictivas especficas) y en materia de sanciones.
1. Teora general del delito
A) Autora y participacin
La teora general del delito se ocupa de construir los presupuestos jurdicos generales de la punibilidad comunes a todo hecho punible o a ciertos grupos delictivos63, a travs de la elaboracin sistemtica de las caractersticas generales que el Derecho positivo permite atribuir al delito64. Categora central del delito en su actual configuracin dogmtica es el tipo de lo injusto, que recoge los presupuestos que fundamentan la antijuridicidad de un hecho. Dos son las clases de tipos penales por la forma de intervencin de los sujetos: los tipos de autora y los tipos de participacin65. Los primeros engloban a quienes, por s solos o con otros (coautores), realizan el hecho directamente (autor directo) o por medio de otra persona que acta como un simple instrumento (autor mediato); los tipos de participacin recogen las contribuciones a hechos de otros, bien mediante induccin o por cooperacin.
Th. WEIGEND, Relacin General, cit., p. 548. Ver, en esta lnea, las resoluciones de las cuatro secciones del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal (Budapest, septiembre 1999), Revue Internationale de Droit Pnal, cit., pp. 915 ss. 62 Th. WEIGEND, Relacin General, cit., p. 547. Tambin, Ch. L. BLAKESLEY, Informe general, cit., p. 101. 63 H. H. JESCHECK, Th. WEIGEND, Lehrbuch des Straftrechts. Allgemeiner Teil, 5 ed., Berln, 1996, p. 194. 64 S. MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 5 ed., Barcelona, 1998, p. 108.
Como en otros supuestos de estricta divisin del trabajo en el seno de una organizacin, tambin respecto de la criminalidad organizada, la exigencia a los dirigentes de una plena responsabilidad penal (como autores) por los crmenes particulares cometidos por los ejecutores directos queda insatisfecha conforme al entendimiento tradicional de las categoras de autora y participacin. stas emplean unas descripciones fenomenolgicas relativamente estrechas de los roles de autores y partcipes66 que tienden a calificar de autores a los ejecutores directos y de partcipes a los dirigentes de la organizacin y se acomodan mal a las caractersticas de grupos amorfos 67, en los que no es fcil probar que la cpula decida sobre cada hecho particular, y donde la responsabilidad se difumina.
Con el fin de superar estas dificultades son varios los medios de reaccin que se proponen: desde la aproximacin y/o eliminacin de diferencias entre la autora y participacin, hasta la revisin de la autora mediata (y la coautora e induccin) para facilitar el tratamiento de las intervenciones de los dirigentes a travs de estas categoras.
1) Hace tiempo que, con objeto de eliminar lagunas de punibilidad, determinados sectores de la doctrina defienden en Derecho Penal un concepto extensivo o unitario de autor. ste elimina las diferencias conceptuales entre autora y participacin, al calificar de autor a todo interviniente en el hecho delictivo: todo aquel que presta una contribucin causal (incluso moral o intelectual)68 a la realizacin tpica es considerado autor, remitiendo a la determinacin de la pena la adecuacin de la sancin a la importancia de la contribucin respectiva (y a la culpabilidad individual).
Ciertamente, un concepto extensivo o unitario de autor permitira tratar como autores a los dirigentes de la organizacin, siempre que se pruebe su contribucin causal a la realizacin tpica. Mltiples son, con todo, las objeciones que suscita: junto a la dificultad de su aplicacin a ciertas categoras delictivas (p.e. delitos de propia mano y especiales), la asimilacin de todos los intervinientes en el plano de lo tpico lleva a la confusin y prdida de matices respecto de lo injusto especfico de cada intervencin y a una cierta difuminacin de los lmites del tipo, lo que no parece razonable, de aqu que sea preferible un concepto estricto de autor, que distinga la autora de las formas de participacin.
S. MIR PUIG, ibdem, p. 207. Th. WEIGEND, Relacin General, cit., p. 551. 67 Th. WEIGEND, ibidem, p. 551.
2) En una lnea parecida se inscriben las tendencias a la independizacin o suavizacin de las relacin de dependencia entre autora y participacin; as, por ejemplo, con la rebaja de la exigencia de accesoriedad para la participacin, la sancin penal por induccin, cooperacin o complicidad no dependera de la aprehensin y condena del autor principal, de su actuacin dolosa, de su culpabilidad o de la concurrencia en el mismo de las condiciones, relaciones o calidades requeridas por el tipo69.
3) Mayor importancia alcanzan, en cualquier caso, las soluciones propuestas para, sin alterar la clasificacin tradicional, lograr mediante una prudente modernizacin de estas categoras a partir del principio de la responsabilidad organizativa70 que los dirigentes de las organizaciones acaben recibiendo el mismo tratamiento que los ejecutores directos de los hechos delictivos. Ejemplo de ello es, en primer lugar, junto a la responsabilidad por asesoramiento criminal71, el concepto de responsabilidad vicarial72. A travs de la responsabilidad vicarial se hace responsable penalmente a los dirigentes de la organizacin o empresa de los hechos cometidos por los empleados o subordinados, bien directamente o previa constatacin de la vulneracin del deber de vigilancia73. Dejando al margen el hecho de la exigencia de una relacin de subordinacin probada, lo que no siempre ser fcil, la adopcin de este criterio levanta una objecin fundamental, pues la responsabilidad penal ha de ser personal y exige un comportamiento individual probado que en los delitos impropios de omisin incluye la infraccin de la posicin de garanta y la asimilacin de la omisin a la accin.
Tambin se inscriben en esta lnea las propuestas de ampliacin del concepto de autora mediata no slo a los casos de instrumentos cualificados o con intencin sino, sobre todo, en los delitos cometidos por medio de aparatos de poder, una cuestin para cuyo tratamiento se han utilizado casi todas las categoras de la
J. DE FIGUEIREDO DIAS, Autora y participacin en el dominio de la criminalidad organizada: el dominio de la organizacin, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo, Delincuencia organizada, cit., p. 100. 69 Th. WEIGEND, Relacin General, cit., pp. 551 y s. 70 Resolucin II,1 (Seccin I), XVI Congreso Internacional de Derecho Penal. Revue Internationale de Droit Pnal, cit., p. 922. 71 En Canad (art. 22 C. Cr.) quien asesora a otro para la comisin de un delito es responsable como autor de cualquier delito cometido por esa otra persona, siempre que sea consecuencia previsible (pero no necesariamente prevista) de su actuacin. J. L. BAUDOUIN, Canada. Le systme de justice pnale lpreuve du crime organis, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 68, 3-4, 1997, pp. 706 y s. 72 Th. WEIGEND, Relacin General, cit., pp. 552 y s. 73 A. I. PREZ CEPEDA, La Responsabilidad de los Administradores de Sociedades: criterios de atribucin, Barcelona, 1997, pp. 67 y ss.; L. ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad de empresa, criminalidad organizada y modelos de imputacin penal, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo, Delincuencia organizada, cit., pp. 216 y ss.
codelincuencia74. Aun cuando tradicionalmente la autora mediata requiere la irresponsabilidad de quien realiza directamente el hecho punible, hace tiempo propuso ROXIN75, respecto de los hechos criminales de genocidio y contra la humanidad cometidos en la Alemania nazi (caso Eichmann y otros), que la responsabilidad de los dirigentes poda exigirse a ttulo de autora mediata (autora en cadena) por dominio de la organizacin, al haberse aprovechado del aparato organizado de poder estatal que controlaban; un aparato -caracterizado por la intensa relacin de jerarqua y la intercambiabilidad, fungibilidad y nula relevancia de los autores directos, fcilmente sustitutibles en caso de negarse a ejecutar las rdenes recibidas- que funcionaba como una mquina, casi de manera automtica, lo que permita declarar el dominio de la voluntad76 por parte de los hombres de atrs y asimilar tcnicamente a los ejecutores a meros instrumentos. La propuesta de ROXIN es muy sugestiva en particular, para los aparatos de poder estatal organizados y aquellos que con una fuerte estructuracin interna funcionan al margen del Derecho77- y, ciertamente, permite abordar los casos ms graves de criminalidad organizada, separndolos de las formas menores de agrupacin criminal78 y evitando supuestos de escandalosa impunidad. Sin embargo, muchas veces no ser realmente necesaria: p.e. cuando el dirigente realice ya por s mismo la parte intelectual del delito79 o si el ejecutor se encuentra sometido a una fuerte presin psquica, situacin de tensin o coactiva que viene a anular de hecho su voluntad, o se encuentra en estado de necesidad, miedo insuperable, etc.80. Adems, no deja de sorprender que a travs de esta teora quien realiza directamente el delito, con dominio del hecho, acabe siendo considerado un mero instrumento, algo que por contradecir la esencia misma de la autora mediata81 lleva a un sector de la doctrina a su rechazo82. En cualquier caso, se trata de un planteamiento que ha recibido una buena acogida doctrinal83 y respaldo jurisprudencial en Alemania, al
J. U. HERNNDEZ PLASENCIA, La autora mediata en Derecho Penal, Granada, 1996, p. 258. Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate, Goltdammers Archiv fr Strafrecht, 1963, pp. 193 y ss. Ver tambin, Problemas de autora y participacin en la criminalidad organizada, en J. C. Ferr Oliv, R. Anarte Borrallo, Delincuencia organizada, cit., pp. 191 y ss. (trad. E. Anarte Borrallo); Autora y dominio del hecho en derecho penal (trad. de la 6 ed. Alemana por J. Cuello Contreras y J. L. Serrano Gonzlez de Murillo), Madrid, 1998, pp. 270 y ss.; K.AMBOS, Dominio del hecho por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder. Una valoracin crtica y ulteriores aportaciones, Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2 poca, 3, 1999, pp. 133 y ss. (trad. M.Cancio Meli). 76 Crticamente, J. CEREZO MIR, Problemas fundamentales del Derecho penal, Madrid, 1982, p. 338. 77 Con todo, K.AMBOS, Dominio, cit., p.165. Ver tambin, al respecto, F.MUOZ CONDE, Dominio de la voluntad en virtud de aparatos de poder organizados en organizaciones no desvinculadas del Derecho?, Revista Penal, 6, 2000, pp.104 y ss. 78 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 50. 79 U. JOSHI JUBERT, Sobre, cit., p. 678. Para esta autora, en los aparatos de poder organizados la calificacin del jefe como autor o partcipe no puede concretarse a priori y con carcter general, sino que ha de depender de la clase del delito ordenado y de las caractersticas del aparato de poder; propone, por ello, un concepto de autor intelectual, diferente a la induccin, y no sujeto al principio de accesoriedad limitada (ibdem, p. 678). 80 J. C. FERR OLIV, Blanqueo de capitales y criminalidad organizada, en J. C. Ferr Oliv y E. Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada, cit., p. 95; ver tambin J. U. HERNNDEZ PLASENCIA, La autora mediata, cit., p. 175. 81 F. MUOZ CONDE, en F. Muoz Conde, M.Garca Arn, Derecho Penal. Parte General, 3 ed., Valencia, 1998, p. 484. 82 J. C. FERR OLIV, Blanqueo, cit., p. 95. 83 Una acogida generalizada, para DE FIGUEIREDO DIAS, Autora , cit., p. 103. Ver en Espaa, fundamentalmente, J. M. GMEZ BENTEZ, El dominio del hecho en la autora (validez y lmites), Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1984, pp. 112
haberla aplicado el BGH84 para la condena de oficiales del ejrcito de la RDA por los disparos que produjeron la muerte de personas que intentaban pasar la frontera entre las dos Alemanias. Tambin en Argentina se ha seguido la teora por la Corte Suprema en procesos contra generales del tiempo de Videla85.
Admitiendo que determinadas organizaciones criminales (las estructuradas de modo jerrquicolinear y con un nmero amplio de ejecutores intercambiables)86 pueden asimilarse a un aparato organizado de poder de los contemplados por ROXIN87, y a pesar de la eliminacin de requisitos que se proponen desde algunas perspectivas88, lo cierto es que la va de la autora mediata quedar cerrada cuando no pueda probarse la intercambiabilidad o si la estructura real de la organizacin es todava desconocida. Frente a la autora mediata y a las propuestas de autora paralela opina MUOZ CONDE89 que es posible (y preferible a la autora mediata) tratar estos casos a travs de la coautora, pues con ello se atiende mejor a la realidad del funcionamiento de la organizacin, en la que los hechos integrados en una planificacin y reparto de papeles asumidos por todos- se deciden a un determinado nivel y se ejecutan en otro. Para este autor, un entendimiento amplio del verbo realizar -empleado por el art. 28 para definir la calidad de autor (o coautor) y que engloba la ejecucin, pero no se agota en ella90-, permite afirmar que el dirigente de la organizacin, al tomar la decisin, correaliza en un sentido material y no formal, por lo que debe ser considerado coautor aun cuando no sea coejecutor (esto es, aunque no ejecute directamente los hechos), si existe un plan comn y un dominio funcional del hecho. Esta solucin requiere calificar de actos ejecutivos los que, en principio, seran meramente preparatorios, algo que si no se quiere llegar a un adelantamiento excesivo del inicio de la tentativa, depender de la correspondiente descripcin tpica, y de las posibilidades que ofrezca de aplicacin de un concepto extensivo de ejecucin, basado en el grado de peligrosidad para el bien jurdico protegido.
y s.; y Teora Jurdica del Delito. Derecho Penal. Parte General, Madrid, 1984, p. 131. Tambin, J. BUSTOS RAMREZ, H. HORMAZBAL MALARE, Lecciones de Derecho Penal, vol. II, Madrid, 1999, p. 293. 84 BGHSt, 40,218, 237 (1994). Ver Th. WEIGEND, Relacin General, cit., pp. 553 y s. 85 F. MUOZ CONDE, Problemas de autora y participacin en la criminalidad organizada, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo, Delincuencia organizada, cit., p. 154. 86 Que, como indica K.AMBOS, responden al concepto de aparato de poder formal. Dominio, cit., p.158. 87 El Tribunal Federal Alemn ha avanzado ya, en obiter dicta, su posicin favorable a la aplicacin en supuestos de crimen organizado tipo mafia. BGHSt, 40,218, 237 (1994). Cfr. Th. WEIGEND, Relacin General, cit., pp. 553 y s. 88 K. AMBOS, Dominio, cit. pp.148 y ss. Ver tambin J. DE FIGUEIREDO DIAS, Autora, cit., pp. 104 y ss. 89 Problemas, cit., pp. 151 y ss. Ver tambin, en la doctrina alemana, H. H. JESCHECK, Th. WEIGEND, Lehrbuch, cit., p. 670 (y la doctrina all citada). Para la posicin de G. JAKOBS, Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teora de la imputacin (trad. J. Cuello Contreras y J. L. Serrano Gonzlez de Murillo), Madrid, 1995, pp. 783 y ss. 90 En contra, J.L.DEZ RIPOLLS entiende que el trmino realizacin del hecho (...) es equivalente al de ejecucin del hecho, Una interpretacin provisional del concepto de autor en el nuevo Cdigo penal, en CGPJ, El sistema de responsabilidad en el nuevo Cdigo Penal, Madrid, 1996, p.225.
En ocasiones, la existencia del plan comn o el dominio funcional del hecho no podrn probarse. La va de exigencia de responsabilidad del jefe de la organizacin habr de ser entonces la participacin91: participacin como inductor, si se demuestra que la orden determin el nacimiento de la decisin criminal en el ejecutor directo, sin que baste a tal efecto la prueba de la condicin de dirigente; participacin como cooperador (necesario o no)92 en los dems casos.
La insatisfaccin que suscita castigar como partcipe (esto es, con responsabilidad accesoria) a quien realmente decide y tratar como autor a quien se limita a ejecutar la orden es grande y no ha dejado de tener reflejo a nivel legislativo, donde proliferan las frmulas tendentes no slo al adelantamiento de la intervencin penal a los actos preparatorios en los hechos delictivos tpicos del crimen organizado, sino igualmente a su extensin a toda clase de colaboradores externos que prestan (o prometen) su apoyo material o psicolgico a sus actividades (hasta a conductas rutinarias de carcter socialmente adecuado)93. An ms, en la Parte Especial surgen descripciones tpicas abiertas que, en la lnea del concepto unitario o extensivo de autor, acaban permitiendo calificar de realizacin de actos ejecutivos en calidad de autor toda una diversidad de conductas de alcance y de significacin muy diferentes y las ms de las veces muy alejadas de una elemental puesta en peligro del bien jurdico protegido. El delito de trfico de drogas (arts. 369 y ss.) o la tipificacin del blanqueo de capitales (art.301) constituyen ejemplos particularmente elocuentes de esta criticable tendencia legislativa.
B) La cuestin del agente provocador
ntimamente ligado con los problemas de participacin se encuentra el tratamiento penal del llamado agente provocador, figura integrada entre las nuevas tcnicas de investigacin proactiva cuya potenciacin en la lucha contra la criminalidad organizada, propugnada a nivel internacional, ha encontrado reflejo en mltiples legislaciones internas.
Para GIMBERNAT ORDEIG autor es slo el ejecutor material; los dems son partcipes. Autor y cmplice en Derecho penal, Madrid, 1966, pp. 180 y ss. Ver tambin, M. DAZ Y GARCA CONLLEDO, La autora en Derecho Penal, Barcelona, 1991, p. 683 (si bien, con algunas dudas, pp. 647 y s.); J. J. GONZLEZ RUS, Autora nica inmediata, autora mediata y coautora, en CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial XXXIX. Problemas de Autora, Madrid, 1994, p. 132; M.C.LPEZ PEREGRN, La complicidad en el delito, Valencia, 1997, p.404; E.J.PREZ ALONSO, La coautora y la complicidad (necesaria) en derecho penal, Granada, 1998, p.235 (aunque admite, en casos extremos, la autora mediata, ibdem, p.235). J. U. HERNNDEZ PLASENCIA, La autora mediata, cit., p. 276. Ver tambin (cooperacin necesaria), M.T.FERNNDEZ SNCHEZ, M.T.FERNNDEZ SNCHEZ, Autora y participacin en la criminalidad organizada, en M.D.Diego Daz-Santos, V.Snchez Lpez, Hacia un Derecho Penal sin fronteras, Madrid, 2000, pp. 36 y s. 92 J. U. HERNNDEZ PLASENCIA, La autora mediata, cit., p. 276. Ver tambin (cooperacin necesaria), M.T.FERNNDEZ SNCHEZ, Autora, cit., pp. 36 y s.
Prescindiendo de los aspectos procesales, interesa aqu determinar el alcance de la posible responsabilidad del agente provocador por los hechos en que interviene con objeto de lograr la detencin de los miembros y dirigentes de las organizaciones criminales, una cuestin largamente debatida en Derecho Penal. Se entiende, por lo general94, que en la actuacin del agente provocador conviene distinguir dos tcnicas: la simple y pura provocacin de un hecho delictivo y la tcnica de provocacin policial. Mientras la primera, en la medida en que hace surgir un hecho delictivo nuevo, debe reputarse una actividad ilcita y dar lugar a la responsabilidad penal del agente provocador, se admite la licitud de la tcnica de la provocacin e infiltracin policial95, que se considera lcita. Hay provocacin policial cuando los agentes se limitan a permitir la manifestacin de hechos delictivos no provocados por la actividad policial.
Reformas intervenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal a lo largo de la ltima dcada han regulado en Espaa la circulacin o entrega vigilada de drogas (art. 263 bis)96 y el agente encubierto (art. 282 bis)97. La circulacin o entrega vigilada de drogas, sustancias, equipos, materiales, objetos, animales y vegetales se autoriza con el fin de descubrir o identificar a los partcipes en determinados trficos ilcitos delictivos por decisin judicial o policial (inmediatamente comunicada al juez o fiscal) y fue ya considerada una posible va de
Th. WEIGEND, Relacin General, cit., pp. 555 y s. A este respecto, I. BLANCO CORDERO, El encubrimiento personal: contribucin a la delimitacin del tipo del artculo 451.3 del Cdigo Penal, Revista de Derecho Penal y Criminologa, segunda poca, 2, 1998, pp. 15 y ss. 94 As, tambin en el Derecho Comparado, J. PRADEL, Relacin general, cit., pp., 715 y s. 95 As, en Derecho espaol STC 11/1983, de 21 de febrero. M. D. DELGADO GARCA, El agente encubierto: tcnicas de investigacin. Problemtica y legislacin comparada, en F. Gutirrez-Alviz Conradi, La criminalidad organizada, cit., pp. 69 y ss. y 75 y ss.; C. GARCA VALDS, Dos aspectos de la represin penal del trfico de drogas: la teora del agente provocador y del delito provocado y el blanqueo del dinero procedente del delito, en CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial XXI, Delitos contra la salud pblica, Madrid, 1993, pp. 238 y ss; J. MUOZ SNCHEZ, La moderna problemtica jurdico penal del agente provocador, Valencia, 1995, pp. 111 y ss.; L. F. RUIZ ANTN, Del agente provocador y del delito provocado, en CGPJ, Cuadernos de Derecho Judicial XXXIX. Problemas de autora, Madrid, 1994, pp. 333 y ss. 96 Introducido por la Ley Orgnica 8/1992, de 23 de diciembre (BOE nm. 308, 14 diciembre 1992) -conforme a lo dispuesto por el art. 73 del Convenio de Schengen y el art. 3,1 y 11 de la Convencin de Viena- y que ha encontrado una nueva redaccin a partir de la Ley Orgnica 5/1999, de 13 de enero (BOE nm. 12, 14 enero 1999). 97 Ley Orgnica 5/1999, de 13 de enero (BOE nm. 12, 14 enero 1999). J. DELGADO MARTN, El proceso penal ante la criminalidad organizada. El agente encubierto, Actualidad Penal, 1, 2000, pp. 1 y ss.; M. LIDN MONTN GARCA, Agente provocador y agente encubierto: ordenemos conceptos, La Ley, 4826, 25 junio 1999, pp. 1 ss.; J. LPEZ BARJA DE QUIROGA, El agente encubierto, La Ley, 4778, 20 abril 1999, pp. 1 ss.; V. MORENO CATENA, Los agentes encubiertos en Espaa, La Tribuna, 1999, 10, pp. 40 ss.; M. R. PREZ ARROYO, La provocacin de la prueba, el agente provocador y el agente encubierto: la validez de la provocacin de la prueba y del delito en la lucha contra la criminalidad organizada desde el sistema de pruebas prohibidas en el Derecho Penal y Procesal Penal, La Ley, nms. 4987-9, 8, 9 y 10 febrero 2000, pp. 1 ss. (respectivamente); J. J. QUERALT JIMNEZ, Recientes novedades legislativas en materia de lucha contra la delincuencia organizada: LO 5/1999 de 14 enero, en Criminalidad organizada, cit., pp. 125 ss.; R. RODRGUEZ FERNNDEZ, El agente encubierto y la entrega vigilada (Comentarios a la LO 5/1999, de 13 de enero, de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), ibdem, pp. 91 ss.
legitimacin de formas oscuras de provocacin por parte de los agentes policiales98. La figura del agente encubierto -de frgil lmite99 con el agente provocador- se introduce con la finalidad explcita de facilitar las investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada y permite que el Juez de Instruccin (o el Fiscal dando cuenta inmediata al Juez) autorice a los funcionarios de la Polica Judicial a que acten bajo identidad supuesta y puedan adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautacin de los mismos. Los nms. 3 y 5 del nuevo art. 282 bis establecen ciertos lmites: cuando la intervencin pueda afectar a derechos fundamentales, el agente deber solicitar autorizacin de los rganos judiciales competentes y sujetar su actuacin a las dems previsiones legales aplicables. De otra parte, si bien se declara la exencin de responsabilidad del agente encubierto por los hechos consecuencia necesaria del desarrollo de la investigacin, la exencin ha de regirse por el principio de proporcionalidad100 y no alcanzar a los supuestos constitutivos de provocacin al delito. Al margen de las graves carencias tcnicas101, parece claro que contina plenamente vigente la distincin entre provocacin policial (impune) y provocacin al delito (punible).
C) Arrepentimiento y responsabilidad penal
Entre las cuestiones propias de la Parte general, a caballo entre la teora del delito y de la sancin, merece por ltimo atencin el tema de los arrepentidos: personas que, al disociarse de la organizacin criminal y colaborar con la autoridad, permiten penetrar en ese mundo de naturaleza conspiratoria y secreta102, recibiendo por ello un tratamiento privilegiado y hasta, en ocasiones, la extincin de la persecucin penal o la exencin total o parcial de pena.
Mltiples son los debates suscitados en torno a la legitimidad o no de los llamados arrepentidos en el plano procesal y hasta a la luz del artculo 6 del Convenio de Roma, habindose adoptado en el marco europeo
F. MUOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 12 ed., Valencia, 1999, pp.645 y s. En contra, sin embargo, G. GUINARTE CABADA, La circulacin o entrega vigilada de drogas, Cuadernos de Poltica Criminal, 55, 1995, pp. 29 y s y 32, para quien tampoco poda exonerar de responsabilidad en supuestos de pago con droga a confidentes, perfectamente calificables de trfico de drogas. 99 F. BUENO ARS, Poltica judicial comn, cit., p. 83. 100 A interpretar en sentido amplio. E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 32 (n. 52). 101 E. ANARTE BORRALLO, ibdem, p. 53. 102 J. J. MEDINA ARIZA, Una introduccin, cit., p. 128.
una Resolucin por parte del Consejo de 20 de diciembre de 1996103, favorable a la utilizacin del mecanismo por parte de los Estados europeos.
Al igual que respecto del agente provocador nuestro inters se centra en el tratamiento penal de los arrepentidos: en particular, en el alcance y efectos de las exenciones ofrecidas, a veces extremadamente generosas104. El Derecho penal siempre ha otorgado un reconocimiento al desistimiento y al arrepentimiento espontneo105. El primero exime, con carcter general, de responsabilidad penal en la tentativa. El arrepentimiento (y la confesin de los hechos) suele ser contemplado como una causa de atenuacin de la responsabilidad penal, llegando a recibir un tratamiento especfico en determinados hechos delictivos hasta como excusa absolutoria. Importa, en cualquier caso, destacar que los efectos del desistimiento o arrepentimiento se aplican a los hechos respecto de los que se producen y no a cualquier otra responsabilidad penal en que haya podido incurrir el sujeto. ste no es necesariamente el caso en la delincuencia organizada, que en determinados sistemas permite la impunidad total por cualquier hecho delictivo pendiente. En tal sentido, la Seccin I del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal (1999) entendi que deba salir al paso de estas prcticas, rechazando toda impunidad de facto y la desproporcin entre las concesiones ofrecidas a los dirigentes y las acordadas a los miembros ordinarios, as como propugnando que la impunidad total por el abandono de la organizacin y la colaboracin con las autoridades quede limitada al delito de pertenencia a la asociacin criminal y requerir el abandono voluntario de dicha asociacin antes de que el autor del delito haya sido informado de la existencia de una investigacin penal inminente o en curso106. Por su parte, la Seccin III107 reafirm la necesidad de respeto de los principios de legalidad, judicialidad y proporcionalidad, pronuncindose en contra del anonimato del arrepentido y de toda condena del inculpado basada slo en el testimonio de arrepentidos.
Conviene destacar la importancia de estas resoluciones que aciertan en cuanto a la gravedad de determinados premios por arrepentimiento. En efecto, resulta difcil objetar la aplicacin de atenuaciones especficas (y hasta de exenciones) respecto del delito de asociacin. Ahora bien, extender sus efectos a otros hechos distintos de la asociacin -incluso ya consumados- infringe los principios de igualdad y de proporcionalidad delito-pena, as como exigencias elementales del Derecho penal de un Estado de Derecho y
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 10/1, de 11 enero 1997. Ver, al respecto, E. MUSCO, Los colaboradores de la justicia entre el pentitismo y la calumnia: problemas y perspectivas, Revista Penal, 2, 1998, pp. 35 y ss. (trad. V. Snchez Lpez). 104 Para un resumen de Derecho Comparado, Th. WEIGEND, Relacin general, cit., pp. 561 y s. 105 F. MUOZ CONDE, Los arrepentidos en el caso de la criminalidad o delincuencia organizada, en F. Gutirrez-Alviz Conradi, La Criminalidad Organizada, cit., pp. 143 y ss. 106 Res. III, 5, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 70, 3-4, 1999, p. 923. 107 Res. 8, ibdem, p. 930
llega a la aberracin cuando la ayuda a las autoridades es la pura delacin108, un mecanismo que, pese a su aparente eficacia (no desde el prisma procesal y constitucional)109- tiende a desnaturalizar la legitimidad del proceso acusatorio, transformndolo en inquisitivo y que, como se conoce a partir de su aplicacin prctica, suele acabar favoreciendo el desarrollo de acciones policiales y penitenciarias dirigidas a lograr la confesin por medios nada admisibles. Por ello, si los Estados desean hacer uso de las mismas debera exigirse su canalizacin a travs de las correspondientes medidas de gracia y sin interferir en el mbito de actuacin judicial110. El Cdigo Penal de 1995, rompiendo con la amplitud del art. 57 bis b) del anterior texto punitivo111, se ocupa de la disociacin en los delitos relacionados con las drogas (art. 376) y de terrorismo (art.579)112, autorizando a los jueces y tribunales a imponer la pena inferior en uno o dos grados, a quienes, habiendo abandonado voluntariamente las actividades delictivas, se presenten a las autoridades, confesando los hechos en los que hayan participado, y colaboren activamente con las autoridades; para impedir la produccin del delito; para obtener pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables; o para impedir la actuacin o el desarrollo de las bandas, organizaciones, asociaciones o grupos a que haya pertenecido o con las que haya colaborado.
D) Responsabilidad penal de las personas jurdicas? Para combatir la intercomunicacin entre organizaciones criminales y sociedades mercantiles113 producto de la utilizacin por parte del crimen organizado de formas jurdicas asociativas y empresariales dotadas de personalidad jurdica para cubrir de aparente legalidad los negocios realizados y apoyar las actividades de lavado de productos y ganancias- y el hecho de que la personalidad jurdica se erija en ocasiones
Sobre el valor de la prueba del coencausado, J. DAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Algunos aspectos jurdico-penales y procesales de la figura del arrepentido, La Ley, 5, 1996, D 293, pp.1463 y ss.; E.MUSCO, Los colaboradores, cit. pp. 40 y ss. 109 M. L. CUERDA ARNAU, Atenuacin y remisin de la pena en los delitos de terrorismo, Madrid, 1995, pp. 561 y ss.; F. MUOZ CONDE, Los arrepentidos, cit., pp. 153 y ss. Ver tambin E. MUSCO, Los colaboradores, cit., pp. 42 y ss. 110 Por todos, J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, Atenuacin, remisin de la pena e indulto de miembros de grupos terroristas, Cuadernos de Poltica Criminal 30, 1986, pp. 578 y ss. y 601 y s. Ver tambin M. L. CUERDA ARNAU, Atenuacin, cit., pp. 561 y ss. 111 J. M. VALLE MUIZ, E. FERNNDEZ PALMA, en G. Quintero Olivares (dir.), Comentarios al Nuevo Cdigo Penal, Pamplona, 1996, p. 1665 112 Ver tambin el contenido del art. 427 en relacin con el cohecho. M. QUINTANAR DEZ, La justicia penal y los denominados arrepentidos, Madrid, 1996. 113 L. ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad organizada, Unin Europea y sanciones a empresas, en Criminalidad Organizada, cit., p. 60. Tambin I. BLANCO CORDERO, Criminalidad organizada y mercados ilegales, Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminologa, 11, 1997, p. 217; E. FABIN CAPARRS, Criminalidad organizada, cit., p. 176; G. KAISER, Kriminologie, 9 ed., Heidelberg, 1993, p. 235.
en valladar prcticamente infranqueable para la exigencia de responsabilidad penal se reclama igualmente en este mbito la revisin del principio tradicional del Derecho continental societas delinquere non potest o, cuanto menos, la previsin (por el propio Derecho penal) de una serie de medidas aplicables a las mismas.
El tema excede con mucho de la problemtica especfica de la criminalidad organizada y pertenece ms bien al debate actual de la criminalidad econmica y del tratamiento de los hechos delictivos cometidos por (y en el seno de) organizaciones empresariales. Baste por ello decir que al tiempo que se producen importantes reformas en el Derecho Comparado dirigidas al reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurdicas114, se constata en la doctrina una mayor apertura progresiva115, con propuestas de articulacin de una intervencin penal eficaz sobre las personas jurdicas mayoritariamente incardinada en una tercera va, adaptada a las caractersticas de aqullas pero, al mismo tiempo, respetuosa de los principios rectores del Derecho penal.
El nuevo Cdigo Penal espaol, sin romper con el principio societas delinquere non potest, abre alguna posibilidad en este sentido a travs de las consecuencias accesorias contempladas por el art. 129, a pesar de tratarse de una regulacin oscura en cuanto a su naturaleza y presupuestos de aplicacin de las mismas, y del todo insuficiente.
2. Figuras delictivas especficas
Es en la Parte Especial del Derecho Penal donde las reformas legislativas en materia de lucha contra la criminalidad organizada han encontrado un mayor desarrollo mediante la tipificacin especfica de actos preparatorios (en particular, la conspiracin para delinquir), la configuracin como delito-obstculo de la pertenencia a una organizacin criminal y la introduccin de nuevas infracciones. Todo ello, al lado de los nuevos tipos cualificados y de la ampliacin de las figuras tradicionales por medio de descripciones abiertas y de
Si Holanda incluy ya en 1976 en el Cdigo Penal esta posibilidad (J. A. E. VERVAELE, La responsabilidad penal de y en el seno de la persona jurdica en Holanda. Matrimonio entre pragmatismo y dogmtica jurdica, Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2 poca, 1, 1998, pp. 153 y ss.), en 1994 lo hizo el Cdigo Penal francs (J. PRADEL, La responsabilidad penal de las personas jurdicas en el derecho francs: algunas cuestiones, Revista de Derecho Penal y Criminologa, 2 poca, 4, 1999, pp. 661 y ss.), Dinamarca lo ha introducido en 1996 (S. BACIGALUPO, La crisis de la filosofa del sujeto individual y el problema del sujeto del derecho penal, Cuadernos de Poltica Criminal, 67, 1999, p. 18) y Blgica en 1999 (H. D. BOSLY, Th. BOSLY, La responsabilit pnale des personnes morales et le nouveau droit pnal des socits, en Le nouveau code des socits, Bruxelles, 1999, pp. 321 ss.). J. L. DE LA CUESTA, El Derecho Penal de las Personas Jurdicas: una nueva lnea de intervencin penal, en La Administracin de Justicia en el umbral del tercer milenio (en prensa). Tambin L. ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad de empresa, cit., pp. 199 y ss.
la incriminacin de todo apoyo o favorecimiento con objeto de criminalizar cualquier contacto social con la criminalidad organizada116.
A) El delito de conspiracin
Concebida por la mayor parte de las legislaciones como una forma preparatoria punible slo respecto de determinados hechos delictivos (como en el art.17 Cdigo Penal), se observa cierta tendencia en el Derecho Comparado (liderada por los EE.UU.)117 dirigida a la reduccin de los requisitos propios de la conspiracin -en particular, mediante la no exigencia de un acto manifiesto hacia la ejecucin del acuerdo criminal alcanzado- y a su independizacin (como la tentativa de induccin)118, eliminando la absorcin del hecho conspiratorio por parte del delito principal y castigndose, en consecuencia, a los culpables con las penas previstas para ambos119.
Es sta una va peligrosa de extensin de la intervencin penal a personas no directamente implicadas en la comisin de delitos particulares120, de aqu que el XVI Congreso Internacional de Derecho Penal propugnara su restriccin a las infracciones graves, exigiendo siempre la prueba de un acto manifiesto en aplicacin del acuerdo121. En el Derecho Penal espaol (donde la induccin intentada slo se considera punible si constituye proposicin o provocacin punible)122 la conspiracin para delinquir no constituye una figura delictiva autnoma, sino que es un acto preparatorio punible en los casos especialmente previstos en la Ley. De acuerdo con el entendimiento doctrinal ms extendido su presencia supone123: a) una unin de voluntades; b) orientadas todas hacia el mismo hecho concreto; c) con firme decisin dolosa de ejecutarlo por parte de cada concertado; d) plasmada en un concreto y acabado plan de accin, caracterizado por su viabilidad.
E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., p. 52. Que conoce hasta la figura de conspiracin RICO, D. M. KOENIG, United States. The Criminal Justice System facing the Challenge of Organized Crime, Revue Internationale de Droit Pnal, vol. 69, 1-2, 1998, p. 311. 118 Th. WEIGEND, Relacin general, cit., p. 556. 119 Ch. L. BLAKESLEY, Informe general, cit., pp. 121 y s. 120 Algo a lo que los Estados de la UE se obligan en la Accin Comn de 21 diciembre 1998, aplicando sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasorias a cuantos se concierten para llevar a cabo una actividad que, en caso de materializarse, equivalga a la comisin de los delitos contemplados en el artculo 1, aunque dicha persona no participe en la ejecucin propiamente dicha de la actividad (art. 2,1 b). 121 Res. II, 2 (Seccin II), Revue Internationale de Droit Pnal, cit., p. 922. 122 S. MIR PUIG, Derecho Penal, cit., p. 404. 123 G. QUINTERO OLIVARES, Comentarios, cit., p. 123.
B) Particulares figuras delictivas
Ms all de la tipificacin de determinadas formas preparatorias, el esfuerzo principal en la lucha contra el crimen organizado a travs del Derecho penal se viene desplegando en torno a la construccin de nuevas figuras delictivas (o la reformulacin de algunas ya conocidas), entre las que la pertenencia a una organizacin criminal ocupa una posicin especial.
a) La pertenencia a una organizacin criminal A la luz del Derecho Penal comparado, las legislaciones contemplan la pertenencia a una organizacin criminal: como una circunstancia agravante o cualificativa, en general, o respecto de determinados hechos delictivos; como una figura delictiva especfica, en cuanto tal124.
La extendida opcin por la segunda alternativa ha supuesto, en cierto modo, una revitalizacin de la figura de las asociaciones ilcitas, al permitir el castigo de sus miembros y, sobre todo, de sus dirigentes, sin necesidad de aportar prueba alguna de la realizacin de una infraccin precisa125. Entre los mltiples modelos que ofrece el Derecho Comparado126, merecen especial mencin las associazioni per delinquere y las associazioni di tipo mafioso del Derecho Italiano127, la association de
En esta lnea, a travs de la Accin Comn de la UE de 21 diciembre 1998, los Estados se obligan (art. 2,1 a) a la sujecin a sanciones penales efectivas, proporcionales y disuasorias el comportamiento de toda persona que, de forma intencional y teniendo conocimiento bien del objetivo y de la actividad delictiva general de la organizacin, bien de la intencin de la organizacin de cometer los delitos en cuestin, participe activamente: - en las actividades delictivas de la organizacin (...), aun cuando esta persona no participe en la ejecucin propiamente dicha de los delitos de que se trate y sin perjuicio de los principos generales del Derecho penal del Estado miembro, incluso cuando no tenga lugar dicha ejecucin, - en las dems actividades de la organizacin teniendo, adems, conocimiento de que su participacin contribuye a la ejecucin de las actividades delictivas de la organizacin contempladas en el artculo 1. 125 F. MUOZ CONDE, Problemas, cit., p. 152; Th. WEIGEND, Relacin general, cit., p. 558. 126 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., pp. 25 y ss.; Ch. L. BLAKESLEY, Informe general, cit., pp. 114 y ss. 127 Las associazioni di tipo mafioso se caracterizan por la integracin de tres o ms personas que utilizan la fuerza y la intimidacin, bajo la ley de silencio (omert) en el seno de la organizacin, lo que les otorga una gran capacidad de comisin de delitos y de penetracin en la actividad econmica con el fin de obtener beneficios ilcitos.
malfaiteurs del Derecho francs128 y los grupos u organizaciones infractores de la legislacin RICO129 de los EE.UU., superada en amplitud por el desarrollo habido en la legislacin canadiense a partir de 1997. Tambin divergen las legislaciones en cuanto a la gravedad de los hechos perseguidos por la asociacin: desde cualquier delito hasta infracciones graves o muy graves o slo particulares formas delictivas130. Conocidos son los problemas de estas incriminaciones tanto desde un prisma general131 -por la posible colisin con el derecho constitucional de asociacin, por su muy frecuente efecto de hipertrofia de la respuesta penal132 y en razn del alejamiento del bien jurdico protegido133-, como en un plano ms particular donde se discute hasta el contenido del concepto mismo de pertenencia, afirmado la mayora de las veces a partir de la simple adhesin informal o del mero apoyo. Adems, se destacan las dificultades en la prctica de unas descripciones tpicas complejas, que exigen probar la presencia de una multiplicidad de elementos tpicos del delito (y que el acusado tuviera conocimiento de ellos), lo que permite con facilidad impedir la aplicacin de la ley penal al eludirse la concurrencia de al menos uno de los elementos constitutivos de la infraccin134. Estas y otras consideraciones fueron tenidas en cuenta por las resoluciones aprobadas por el XVI Congreso Internacional de Derecho Penal. Declarada por la Seccin I la necesidad de una clara definicin legislativa de las nociones de crimen organizado, grupo criminal, etc. -siempre que hayan de servir para la imposicin de sanciones (o para su agravacin)135-, a propuesta de la Seccin II136 el Congreso consider al delito autnomo de pertenencia a una asociacin criminal (...) un instrumento importante en la lucha contra el crimen organizado (Res.4), entendiendo que la pertenencia a la asociacin ha de requerir, al menos, la financiacin o la adhesin a una estructura estable, corroborada por algn hecho material, y remitiendo a la participacin los comportamientos de apoyo externo a la asociacin. Igualmente anim a los Estados (Res.6), a la hora de la construccin de una
Creada para hacer frente a aquellas agrupaciones de personas dirigidas a la comisin de hechos delictivos punibles cuanto menos con diez aos de prisin (art. 450 CP). El Derecho francs conoce tambin la agravacin por bande organise en mltiples delitos (art. 132-71). J. PRADEL, Droit pnal compar, Paris, 1995, p. 121. 129 Racketeering Influenced & Corrupt Organizations Act, incluida en la Ley del Crimen Organizado de 1970, tt. IX, 18 U. S. C. 19611968. 130 Th. WEIGEND, Relacin general, cit., pp. 558 y s. 131 M. PIETH, Die Bekmpfung des organisierten Verbrechens in der Schweiz, SchwZStr, 109, 1992, p. 263; G. QUINTERO OLIVARES, La criminalidad organizada, cit., pp. 178 y ss. Sin embargo, M. A. IGLESIAS RO,Panormica Comparativa, cit., p. 109. 132 G. QUINTERO OLIVARES, La criminalidad organizada, cit.p. 181 y pp. 186 y ss. 133 M. PIETH, Die Bekmpfung, cit., p. 263. 134 Th. WEIGEND, Relacin general, cit., pp. 558 y 559 y s. 135 Revue Internationale de Droit Pnal, cit., p. 921. 136 ibdem., pp. 925 y ss.
incriminacin especfica y autnoma de esta suerte, a buscar un equilibrio entre la esperada eficacia y la proteccin de los legtimos intereses sociales e individuales, respetando137: el principio de legalidad y de taxatividad en la descripcin tpica; el principio del necesario dao o peligro social, exigiendo a la acusacin la prueba de que el acusado realmente se sum a una asociacin que ha causado o causa un dao social real; el principio de culpabilidad (e imputacin subjetiva); el principio de proporcionalidad en cuanto a las sanciones previstas para los dirigentes y para los miembros, que deberan recibir una sancin en proporcin directa a su papel en el grupo y acomodada a su culpabilidad particular.
En Derecho Penal espaol, las bandas y organizaciones criminales constituyen subtipos138 de las asociaciones ilcitas (respecto de las que son punibles hasta la provocacin, la conspiracin y la proposicin: art. 519) recogidas por el artculo 515 del Cdigo Penal. stas comprenden: 1) las que tengan por objeto cometer algn delito o, despus de constituidas, promuevan su comisin; 2) las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas; 3) las que, aun teniendo por objeto un fin lcito, empleen medios violentos o de alteracin o control de la personalidad para su consecucin; 4) las organizaciones de carcter paramilitar; 5) las que promuevan la discriminacin, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razn de su ideologa, religin o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nacin, su sexo, orientacin sexual, situacin familiar, enfermedad o minusvalas o inciten a ello; 6) las que promuevan el trfico ilegal de personas139. El Cdigo Penal no establece cules son los requisitos de existencia de una asociacin ilcita, bastando en principio un grupo humano no espordico140. En cuanto a su sancin, se distingue entre las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas -cuyos promotores, directores e integrantes son objeto del art. 516141- y los fundadores, directores, presidentes, miembros activos y colaboradores de las dems asociaciones ilcitas (excepto las paramilitares), sancionados a travs de los arts. 517 y 518 con penas que van de prisin de dos a cuatro aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por
Por su parte la Res. I,3 de la Seccin I, exigi el respeto de los derechos humanos y los principos fundamentales del derecho penal, como, por ejemplo, el comportamiento socialmente peligroso como condicin de la punibilidad, el principio nulla poena sine culpa, el principio de proporcionalidad de la pena con respecto a la infraccin y el principio in dubio pro reo. Revue Internationale de Droit Pnal, cit., pp. 921 y s. 138 F. BUENO ARS, Poltica judicial comn, cit., p. 80. 139 Introducidas por L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social (BOE nm. 10, 12 enero 2000). 140 G. QUINTERO OLIVARES, La criminalidad organizada, cit., p. 183. 141 Las conductas de los dems colaboradores se castigan entre las figuras de terrorismo recogidas en la seccin 2, captulo V, ttulo XXII (delitos contra el orden pblico).
tiempo de seis a doce aos -para los presidentes, directores y fundadores-, a prisin de uno a tres aos y multa de doce a veinticuatro meses para los miembros activos (art.517). Los colaboradores reciben penas de prisin de uno a tres aos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico por tiempo de uno a cuatro aos (art. 518).
Por lo dems, y dejando al margen el tratamiento del terrorismo, que como se ha visto merece una atencin especfica, y la reciente inclusin entre la lista de asociaciones ilcitas de las que promuevan el trfico ilegal de personas, especialmente orientada hacia determinadas formas delictivas de la criminalidad organizada, la pertenencia a una organizacin delictiva constituye un tipo cualificado en materia de: prostitucin y corrupcin de menores (arts. 187142 y 189); blanqueo de capitales (art. 302) 143; defraudacin tributaria y a la seguridad social (arts. 305 y 307); trfico ilegal de personas desde, en trnsito o con destino a Espaa (delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros)(art.318 bis 5); y trfico de drogas y de precursores (arts. 369, 6 y 370 y 371,2).
El Cdigo Penal, contra lo que sucede en el plano procesal a partir de la L.O. de 1999, no define lo que deba entenderse por organizacin, un concepto que ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial. Respecto de las bandas y organizaciones incluidas entre las asociaciones ilcitas, la Jurisprudencia suele requerir ciertos elementos: pluralidad de personas, carcter permanente, divisin del trabajo, existencia de un jefe, fines delictivos mltiples y, en ocasiones, uso de armas en el desarrollo de las actividades delictivas144. Por nuestra parte, y como ya hemos sealado ms arriba, entendemos que si ha de distinguirse de los actos preparatorios, de las formas de participacin y hasta de las meras asociaciones ilcitas, por organizacin debe entenderse un aparato organizado de poder, estructurado y de cierta importancia, que acta de alguna manera con una programacin delictiva y con divisin del trabajo, con fines de obtencin del poder y/o lucrativos.
b) Infracciones tpicas de la criminalidad organizada
Curiosamente, quedan fuera de la agravacin los supuestos de trfico ilegal de personas adultos, menores o incapaces- con fines de explotacin sexual, introducidos por la L.O. 11/1999. 143 La Ley 971993 de Medidas de Prevencin del Blanqueo de Capitales (y su Reglamento de 9 junio 1995) regula la prevencin e impedimento del blanqueo de capitales procedentes del trfico de drogas, de actividades terroristas y de las bandas o grupos organizados. 144 F. BUENO ARS, Poltica judicial comn, cit., p. 80.
Si bien la dinmica propia del crimen organizado lleva a la comisin de todo tipo de delitos (robos, lesiones, homicidios, amenazas, coacciones...) para el logro de sus objetivos lucrativos o criminales, la extensin de este tipo de criminalidad ha dado como resultado el nacimiento o el refuerzo de ciertas figuras, calificadas por ciertos sectores doctrinales como infracciones tpicas del crimen organizado145 y que atraen la atencin de las instancias internacionales, las cuales se afanan en la preparacin de instrumentos internacionales al respecto.
Tal es el caso, por ejemplo, de las figuras de cohecho, trfico de influencias y dems modalidades de corrupcin (no slo funcionarial)146, frecuentemente descritas por las legislaciones internas como ataques a la propia Administracin pblica y de las que se postula en el plano internacional147 su extensin para lograr la cobertura a travs de las mismas de los actos de corrupcin de funcionarios pblicos extranjeros e internacionales. Tambin en materia de fraude existen instrumentos, en particular, en la Unin Europea148, dirigidos a lograr una completa proteccin del presupuesto comunitario (equiparada a la otorgada al presupuesto del propio Estado) a travs de las legislaciones internas. Las infracciones ms tpicas del crimen organizado son, con todo, los diversos trficos ilcitos149 y, en los ltimos tiempos, el blanqueo de capitales150.
Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit. p. 247. Ver tambin F. BUENO ARS, Poltica judicial comn, cit., pp. 71y ss. 146 M. A. IGLESIAS RO, Panormica Comparativa, cit., pp. 109 y ss.; M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards, cit., pp. xxxv y ss. 147 As Convenio interamericano contra la corrupcin (1966), OAE/Ser. K/XXXIV. 1 CICOR/doc. 14/96 rev. 2; Convenio de la OCDE contra la corrupcin de los funcionarios pblicos extranjeros en las transacciones de negocios internacionales, de 17 de diciembre de 1997 (30 diciembre 1997). En el marco de la Unin Europea, Acto del Consejo de 23 octubre 1996, sobre Protocolo del Convenio relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (sobre la corrupcin en relacin con el fraude contra la Unin Europea), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 313/2, de 23 octubre 1996); Convenio de 26 de mayo de 1997 relativo a la lucha contra los actos de corrupcin en los que estn implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los estados miembros de la Unin Europea, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 195/1, de 25 junio 1997. Ver, por todos, E.BACIGALUPO ZAPATER, Estado de la cuestin de la proteccin de los interese financieros de la Comunidad Europea despus del Tratado de msterdam, Actualidad Penal, 1998, 2, marg. 825. 148 Ver, en particular, Acto del Consejo de 26 de julio de 1995 por el que se establece el Convenio relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 316/48, de 27 noviembre 1995; y sus dos protocolos: Protocolo de 23 octubre 1996 del Convenio relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (sobre la corrupcin en relacin con el fraude contra la Unin europea), Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 313/2, de 23 Octubre 1996 y el Segundo Protocolo (19 junio 1997) del Convenio relativo a la proteccin de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n C 221/11, de 19 de julio 1997. Ver tambin, arts. 1 y ss. del Corpus Juris, donde se incriminan el fraude al presupuesto comunitario, fraudes en concursos y subastas pblicas, corrupcin, abuso de poder, malversacin de fondos, revelacin de secretos pertenecientes al cargo, blanqueo y receptacin, y conspiracin. M. DELMAS-MARTY (dir.), Corpus Juris portant dispositions pnales pour la protection des intrts financiers de lUnion europenne, Paris, 1997, pp. 46 y ss. 149 R. OTTENHOF, Le crime organis, cit., p. 51. 150 Recuerdan, con todo, BASSIOUNI y VETERE que conviene no perder de vista toda una serie de actividades y empresas econmicas irregulares que tambin ocupan cada vez ms al crimen organizado. Towards, cit., p. xxxiv.
Dentro de los trficos ilcitos destaca -por la atencin prestada en el plano internacional151- el trfico de drogas, en particular, tras la Convencin de Viena (Naciones Unidas) de 20 de diciembre de 1988 contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas152. Tambin otros trficos ilcitos reciben cierto tratamiento internacional a travs de Convenciones como la de la esclavitud, de 1923, el Convenio sobre el trabajo forzado de 1930, el Convenio de 1949 para la represin del trfico de personas y la prostitucin de otros y el Convenio de 1971 sobre medios de prohibicin y de prevencin de la importacin y transferencia ilcitas de la propiedad de bienes culturales. Sin embargo, parece claro que existen todava flancos sin cubrir no slo por lo que se refiere a los animales y plantas protegidos, bienes culturales, material nuclear, residuos txicos o peligrosos, explosivos, moneda falsificada, vehculos, etc., sino tambin en el trfico de embriones, de rganos humanos y hormonas, de la trata de personas y, en particular, de emigrantes, de mujeres y nios, pornografa infantil y de armas. De aqu que el Comit Especial encargado de elaborar una convencin contra la delincuencia organizada transnacional trabaje sobre tres protocolos: Protocolo contra el trfico de migrantes por tierra, mar y aire153; Protocolo contra la fabricacin y el trfico ilcitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones154; Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y nios155.
Por lo que respecta al blanqueo o lavado de capitales156, su orientacin a la prevencin y represin de la etapa final del crimen organizado -la dirigida al aprovechamiento de las ganancias mediante su integracin normalizada en el sistema econmico- lo convierte en un arma crucial en la lucha contra el crimen
Para un repaso de la evolucin en el Derecho Penal Internacional, J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, "El marco normativo de las drogas en Espaa", Revista General de Legislacin y Jurisprudencia, 3, 1987, pp. 367 y ss.; en cuanto al desarrollo en el plano europeo, J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, "Drogas y poltica criminal en el Derecho Penal europeo", en CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Cuadernos de Derecho Judicial. Delitos contra la salud pblica, Madrid, 1993, pp. 9 y ss. 152 Ratificada el 30 de julio de 1990 (BOE nm. 270, 10 noviembre). 153 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL, A/AC. 254/4/Add. 1/Rev. 5 (20 marzo 2000). 154 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL, A/AC. 254/4/Add. 2/Rev. 5 (5 mayo 2000). 155 NACIONES UNIDAS. ASAMBLEA GENERAL, A/AC254/4/Add. 3/Rev. 6 (4 abril 2000). 156 Por todos, en la literatura espaola, C. ARAGUEZ SNCHEZ, El delito de blanqueo de capitales, Madrid, 2000; I. BLANCO CORDERO, El Delito de Blanqueo de Capitales, Pamplona, 1997; del mismo autor, Responsabilidad penal de los empleados de banca por el blanqueo de capitales. Estudio particular de la omisin de la comunicacin de las operaciones sospechosas de estar vinculadas al blanqueo de capitales, Granada,1999; H. DEL CARPIO DELGADO, El delito de blanqueo de bienes en el nuevo Cdigo Penal, Valencia, 1997; E. FABIN CAPARRS, El delito, cit.; D. J. GMEZ INIESTA, El delito de blanqueo de capitales en Derecho Espaol, Barcelona, 1996; J. M. PALMA HERRERA, Los delitos de blanqueo de capitales, Madrid, 2000; C. VIDALES RODRGUEZ, Los delitos de receptacin y legitimacin de capitales en el Cdigo Penal de 1995, Valencia, 1997; y de la misma autora, El delito de legitimacin de capitales: su tratamiento en el Marco Normativo Internacional y en la Legislacin Comparada, Miami, 1998.
organizado157, en particular, si combinado con el comiso y la confiscacin de los productos. La intensa actividad legislativa estatal no ha impedido el desarrollo de instrumentos diversos sobre el blanqueo en el plano internacional. Ya el Convenio de Viena de 1988 sobre trfico ilcito de narcticos y psicotrpicos propugn un modelo de tipificacin, seguido muy estrechamente por no pocos Estados (como el espaol), a pesar de sus defectos e insuficiencias desde una correcta tcnica penal y a la luz de los principios inspiradores del mismo158.
El delito de blanqueo se separa progresivamente de su conexin con los delitos relativos a las drogas para pasar a configurarse como tal con independencia del origen de los bienes, productos o ganancias, siempre que stos sean ilcitos. En esta lnea se colocan el Convenio de 1990 del Consejo de Europa sobre blanqueo, deteccin, embargo y confiscacin de los productos del crimen159 y la Directiva de la UE sobre blanqueo160.
Excede con mucho de los lmites de esta contribucin pasar revista al modo en que la legislacin espaola se ocupa de las infracciones tpicas del crimen organizado. Con todo, es de criticar el seguidismo hasta cierto punto ciego manifestado por el legislador espaol a la hora de la introduccin en el Cdigo Penal de nuevas figuras delictivas, como las relativas a los precursores y al blanqueo; una lnea mantenida por el nuevo Cdigo Penal a pesar de las extendidas censuras suscitadas en la doctrina por las ltimas reformas del texto punitivo anterior. Merece igualmente una valoracin negativa el hecho de que las agravaciones consistentes en la pertenencia a una organizacin no se extiendan a todas las modalidades delictivas propias del crimen organizado, si bien la omisin de esta cualificacin para los hechos constitutivos de delitos contra los derechos de los trabajadores, constitutivos de trfico ilegal de mano de obra (art. 312) y de migraciones fraudulentas (art. 313), puede considerarse subsanada por la inclusin en el art. 515 del Cdigo Penal (L.O.4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social) de una nueva categora de asociaciones ilcitas: las que promuevan el trfico ilegal de personas.
3. Penas y dems consecuencias jurdicas
Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin general, cit., p. 249. J. L. DEZ RIPOLLS, El blanqueo de capitales procedentes del trfico de drogas. La recepcin de la legislacin internacional en el ordenamiento penal espaol, Actualidad Penal, 32, 1994, pp. 601 y s. 159 Ratificado el 8 de noviembre de 1990 (BOE nm. 252, 21 octubre 1998). 160 Directiva del Consejo n 91/308/CEE, de 10 Junio 1991 relativa a la prevencin de la utilizacin del sistema financiero para el blanqueo de capitales, Diario Oficial de las Comunidades Europeas, n L 166, de 28 junio 1991.
Los deseos de una mayor eficacia en la actuacin contra el crimen organizado tambin han hallado repercusin en cuanto a las sanciones aplicables. La gravedad de los hechos cometidos suscita con frecuencia demandas de intensificacin de las penas aplicables, articuladas las ms de las veces mediante el aumento de las penas previstas para la pertenencia a una organizacin criminal o respecto de los supuestos cualificados de comisin de los hechos delictivos, bien por miembros o colaboradores de las organizaciones o en relacin con las actividades de stas. De otra parte, la necesidad de articulacin de respuestas a la criminalidad cometida a travs de personas jurdicas, al margen del reconocimiento o no de su responsabilidad penal, se extiende por la mayora de las legislaciones, las cuales se ocupan de prever para tales supuestos medidas (o consecuencias accesorias, como en Derecho espaol)161 de disolucin, suspensin, cierre de establecimientos, prohibicin de actividades, inhabilitacin para el disfrute de subvenciones, intervencin de la empresa, publicacin de la sentencia...
Ms arriba se ha indicado cmo el cometido que se asigna al Derecho Penal en este mbito excede ya de la mera la prevencin y sancin de los comportamientos delictivos a travs de los medios tradicionales, y apunta igualmente a la frustracin de todo posible enriquecimiento de sus autores a partir de sus actividades criminales, modo casi exclusivo de saltarse a los actores de primera lnea y de alcanzar a los intereses de los verdaderos dirigentes de la organizacin162. Esto pasa no ya por la imposicin de fuertes sanciones econmicas, sino sobre todo por el establecimiento de mecanismos que permitan la inmediata aprehensin y congelacin de los bienes y ganancias.
La relevancia del comiso y de las dems formas confiscatorias en la lucha contra el crimen organizado se reputa, por ello, esencial, a pesar de que se carezca de investigaciones suficientes acerca de su verdadera eficacia163. Con el fin de adelantar el momento de su imposicin y de facilitar su aplicacin, surgen desde las ms diversas instancias (en particular, respecto de los hechos de blanqueo)164 propuestas -inspiradas en el Derecho estadounidense165 y muy criticables desde el prisma dogmtico o poltico criminal166- dirigidas a
J. L. DE LA CUESTA ARZAMENDI, Personas jurdicas, consecuencias accesorias y responsabilidad penal (contribucin al Libro Homenaje al Prof. Marino Barbero Santos, en prensa) 162 Th. WEIGEND, Relacin general, cit., pp. 563 y s. 163 As, Res. III, 12 (Seccin I) XVI Congreso Internacional de Derecho Penal (Budapest, 2000), Revue Internationale de Droit Pnal, cit., p. 924. 164 Ver, as, por ejemplo, las recomendaciones del Grupo de Accin Financiera sobre blanqueo http://www. oecd. org/fatf/evaluati. htm ; Unin Europea, Plan de Accin para combatir la criminalidad organizada, aprobado por el Consejo el 28 de abril de 1997 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 251/1, 15 agosto 1997. Ch. VAN DEN WYNGAERT, Relacin General, cit., pp. 304 y ss. 165 J. A. E. VERVAELE, El embargo y la confiscacin como consecuencia de los hechos punibles en el derecho de los Estados Unidos, Actualidad Penal, 14, 1999, pp. 291 ss. (trad. I.Blanco Cordero).
autorizar el comiso de los bienes y la confiscacin de ganancias sin condena, a aligerar la carga de la prueba (hasta mediante su inversin) o a extender la posibilidad de su imposicin a la totalidad de los bienes de una persona, incluso si transmitidos a terceros, o con base en la mera imprudencia. Hasta se discute acerca de su naturaleza jurdica, al entender que su conversin en sancin autnoma y su exclusin del elenco de penas permitirn liberarse del respeto de una serie de principios que dificultan y retrasan su efectividad.
Los problemas que la expansin de la confiscacin y el comiso suscitan son, pues, numerosos y de perfiles muy variados, de aqu la procedencia de aunar criterios en los planos acadmico e internacional. En esta lnea, la Seccin I del XVI Congreso Internacional de Derecho Penal (Budapest, 2000)167, tras reclamar el respeto del principio de proporcionalidad de la sancin respecto de la gravedad de la infraccin y la responsabilidad individual del delincuente (Res. III 4) y pronunciarse expresamente en contra de la confiscacin total de bienes (Res.III 7), declar que la confiscacin merece el tratamiento no de medida preventiva, sino de propia y verdadera sancin penal, integrndose con el resto de las sanciones imponibles por el hecho punible a efectos de garantizar la proporcionalidad (Res.III 6). El Congreso admiti la confiscacin sobre los bienes de las asociaciones criminales, salvo prueba en contrario de adquisicin por medios legtimos o, en el caso de las personas jurdicas, de ignorancia de su obtencin por medios ilcitos (Res.III 8).
Un punto particularmente espinoso de la confiscacin y del comiso es el modo en que pueden afectar a los derechos de terceras personas o de las vctimas. En este punto el XVI Congreso acept la confiscacin judicial de los bienes que aparentemente provienen de actividades criminales ligadas al crimen organizado, aun cuando no puedan atribuirse a un delincuente en particular y sin perjuicio de su devolucin a su poseedor legtimo, de aportarse la prueba de la posesin legal (Res. III9). Adems, advirti que la confiscacin no debera dificultar o impedir la reparacin de la vctima. Si para asegurar la reparacin fuera necesario, los bienes confiscados deberan ser empleados con tal fin (Res.III 10).
En lnea con lo propugnado internacionalmente el nuevo Cdigo Penal de 1995 ha introducido importantes cambios en la regulacin del comiso. Abandonada su consideracin como pena168, se incluye ahora entre las denominadas consecuencias accesorias (art. 127), limitado a los delitos y faltas dolosos y abarcando
Por todos, J. A. E. VERVAELE, Las sanciones de confiscacin: un intruso en el Derecho Penal?, Revista Penal, 2, 1998, pp. 67 y ss. (trad. M. J. Lazo Lpez y F. Moreno Moreno). 167 Revue Internationale de Droit Pnal, cit., pp. 923 y s. 168 Que MANZANARES SAMANIEGO calificara de atavismo insostenible a la luz del Derecho Comparado El comiso, en Comentarios a la Legislacin Penal, dirigidos por M. Cobo del Rosal, T. XIV, vol. 1, La Ley Orgnica de 21 de junio de 19889 de actualizacin del Cdigo Penal, Madrid, 1992, p. 22.
tanto la prdida de los efectos e instrumentos del delito como las ganancias169, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar170 y salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente. El producto de la venta de los bienes que sean de lcito comercio se aplica a la cobertura de las responsabilidades civiles del penado; algo fundamental, si bien, como es sabido, las vctimas (y sus familias) no slo precisan recibir una reparacin o indemnizacin tras la sentencia, sino igualmente (en especial, respecto del crimen organizado) apoyo, asistencia y proteccin eficaz frente a las amenazas y el riesgo de venganza por parte del delincuente171. Tambin se autoriza al juez o tribunales a no decretar el comiso o a hacerlo parcialmente si la intervencin no guarda proporcin con la naturaleza o gravedad de la infraccin penal o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles (art. 128). La regulacin general del comiso, con sus luces y sombras172, no se afecta a los delitos constitutivos de trfico de drogas o de precursores (arts.369 y ss. CP)173. El art. 374 contiene una disciplina especfica del comiso174, con un objetivo explcito de abarcar de forma omnicomprensiva175 no slo las drogas y sustancias, sino tambin (y salvo que se trate de bienes perteneciente a tercero de buena fe no responsable del delito) los equipos, materiales, vehculos, buques, aeronaves y, en general, cualquier bien, producto, efecto e instrumento del delito y sus ganancias (sean cuales sean las transformaciones que hayan podido experimentar). Los bienes decomisados se adjudican al Estado y se permite su utilizacin provisional por la polica judicial encargada de la represin del trfico ilegal de drogas. Adems, por Ley 36/1995, de 11 de diciembre (BOE nm.296, 12
Se supone que netas. A. R. REEG, Comentario al artculo 344 bis e) del Cdigo Penal, en Comentarios a la Legislacin Penal, dirigidos por M. Cobo del Rosal, T. XII, Delitos contra la salud pblica (trfico ilegal de drogas), Madrid, 1990. p. 459. 170 Lo que permite hacer frente a las transformaciones en cadena, al margen de los problemas probatorios. J. L. MANZANARES SAMANIEGO, El comiso, cit., p. 29. 171 Como recuerda el art. 15 y la exposicin de motivos de la Recomendacin R(85) 11 del Consejo de Europa sobre la posicin de la vctima en el marco del Derecho y proceso penal. CONSEIL DE LEUROPE, La position de la victime dans le cadre du droit pnal et de la procdure pnale, Strasbourg, 1985, p. 23. La Ley Orgnica 19/1994, de 23 de diciembre, de proteccin de testigos y peritos en causas criminales, permite extender las medidas que contempla a los allegados del declarante, si concurre en su persona, libertad o bienes, un peligro grave derivado del testimonio prestado (art. 1,2). V. MORENO CATENA, La proteccin de los testigos y peritos en el proceso penal espaol, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada, cit., pp. 135 yss. 172 L. GRACIA MARTN, en Lecciones de consecuencias jurdicas del delito, Valencia, 1998, pp. 371 y ss.; J. M. PRATS CANUT, en G. Quintero Olivares (dir.), Comentarios, cit, pp. 609 y ss. Tambin N. CAMPUS ALCARAZ, G. URBANO LANZAS, El comiso en el nuevo Cdigo penal de 1995: llamamiento urgente a la nueva jurisprudencia y doctrina, Revista de Ciencias Penales, vol. 2, n1, 1999, pp. 107 y ss. 173 Para la regulacin especfica del comiso en materia de contrabando, ver arts. 5-10 de la Ley Orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin del contrabando (BOE nm. 297, 13 diciembre 1995). 174 Para CAMPOS NAVAS, de carcter obligatorio. Comiso y administracin judicial de bienes con origen en el trfico ilegal de drogas, en Estudios Jurdicos. Ministerio Fiscal, VI-99, Delitos contra la salud pblica en materia de drogas. Robos, hurtos, robos y hurtos de vehculos de motor, Madrid, 1999, pp.159 y ss. 175 D. LPEZ GARRIDO, M. GARCA ARN, El Cdigo Penal de 1995 y la voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario, Madrid, 1996, p. 167.
diciembre 1995)176, se crea un fondo de titularidad estatal con los bienes decomisados por trfico de drogas y otros delitos relacionados, con los siguientes fines: 1. Programas de prevencin de toxicomanas, asistencia, insercin social y laboral de drogodependientes. 2. Intensificacin y mejora de las tareas de prevencin, investigacin, persecucin y represin, incluyendo: gastos de pruebas, de adquisicin de medios materiales y el reembolso de gastos lcitos realizados. 3. Cooperacin internacional177. Ciertamente, los delitos de trfico de drogas son considerados criminolgicamente delitos sin vctimas; de otra parte, la Ley 35/1995, de 11 de diciembre178 se ocupa de las ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual. Siendo tantas las necesidades de asistencia y proteccin de las vctimas del crimen organizado, llama, con todo, la atencin que no se prevea este cometido entre los fines del fondo de bienes decomisados179.
Para terminar, una breve referencia al tratamiento de la criminalidad organizada en el marco de la ejecucin penitenciaria180.
La concurrencia de ciertas caractersticas en los internos pertenecientes a organizaciones criminales determina que sean normalmente objeto de un tratamiento particular. La integracin en la estructura de la organizacin no se extingue, en efecto, con la entrada en prisin, donde se mantienen lazos organizativos con otros internos pertenecientes al mismo grupo que pueden derivar en conflictos, p.e. con otros internos integrados en organizaciones rivales, por venganzas, etc. A su vez, el apoyo y proteccin externos, al tiempo que les permite disfrutar muchas veces de mejores condiciones de vida (medios materiales, informacin, asesoramiento, visitas), se traduce igualmente en mayores intentos de fuga o de corrupcin funcionarial o trfico dentro de la prisin.
Reformada por Ley 61/1997, de 19 diciembre (BOE nm. 304, 20 diciembre 1997) Ver tambin Real Decreto 864/1997, de 6 de junio (BOE nm. 138, 10 junio 1997), por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 36/1995. 178 BOE nm. 296, de 12 de diciembre, modificada por las leyes 13/1996 de 30 de diciembre, 38/1998, de 17 de noviembre y Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Esta Ley encuentra desarrollo reglamentario a travs del Real Decreto 738/1997 de 23 de mayo (BOE nm. 126, 27 mayo 1997) y, en cuanto a las vctimas de los delitos de terrorismo, en el Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio (BOE nm. 182, 31 de julio 1997) -modificado a su vez por el Real Decreto 1734/1998, de 31 de julio (BOE nm. 215, de 8 de septiembre)- y por el Real Decreto 73/1998, de 23 de enero (BOE nm. 21, 24 enero 1998). Ver, asimismo, en materia de terrorismo, la Ley 32/1999, de 8 de octubre (BOE nm. 242, de 9 octubre 1999) de solidaridad con las vctimas del terrorismo, desarrollada por Real Decreto nm. 1912/1999, de 17 de diciembre (BOE nm. 305, 22 diciembre 1999) y por Real Decreto nm. 1974/1999, de 23 de diciembre. 179 Sin embargo, D.CAMPOS NAVAS, Comiso, cit., pp.171 y s. 180 Por todos, B. MAPELLI CAFFARENA, Problemas, cit., pp. 53 y ss.
La Administracin Penitenciaria debe prevenir la produccin de fugas y de conflictos internos, as como reaccionar frente a todo tipo de comportamientos coactivos o ilegales que se produzcan por parte de los presos, entre ellos o con los funcionarios. Esto suele llevar a la adopcin de una serie de medidas de intensificacin del control de estos internos para garantizar su proteccin o para evitar una excesiva libertad de movimientos y de contactos que acaben favoreciendo la indisciplina o actos contrarios al buen orden y administracin de los establecimientos. La consecuencia ordinaria suele ser181, junto a la restriccin e intervencin de determinados tipos de comunicaciones y salidas, el internamiento en rgimen de primer grado, caracterizado por la insistencia en los principios de seguridad, orden y disciplina y restringidas actividades en comn entre los internos. ste es el caso del sistema penitenciario espaol donde la norma 3 del art. 102, 5 del Reglamento Penitenciario (de 1996) dispone el destino a establecimientos de rgimen cerrado o a departamentos especiales de los calificados de peligrosidad extrema o inadaptacin manifiesta y grave a las normas generales de convivencia ordenada y de los regmenes ordinarios o abierto, incluyendo entre los factores para su apreciacin la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, mientras no se muestren, en ambos casos, signos inequvocos de haberse sustrado a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas (letra c). La doctrina critica una disposicin que deja abiertos mltiples flancos, pues se desconoce lo que ha de considerarse organizacin delictiva182 o pertenencia y el modo de acreditacin de la misma. De otra parte, conviene insistir en que la pertenencia a una organizacin delictiva no puede ser, sin ms, la base del destino a rgimen cerrado, sino que habra de venir acompaada de la peligrosidad o inadaptacin a las que el artculo se refiere y que segn el propio Reglamento deben ser apreciadas por causas objetivas en resolucin motivada.
Por lo dems, al margen de la Ley y del Reglamento existen los llamados Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES), dirigidos a establecer un control ms directo de determinados internos por parte de Instituciones Penitenciarias. Al lado del relativo a bandas armadas (FIES-3 BA), al menos otros dos de los ficheros constituidos tienen que ver con la delincuencia organizada183:
Incluso en el primero de los casos, pues, por razones de proteccin, acaban siendo internados en un rgimen similar al cerrado. Crticamente, B. MAPELLI CAFFARENA, ibdem, p. 59. 182 E. ANARTE BORRALLO, Conjeturas, cit., pp. 30 y s. 183 DIRECCIN GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, Refundicin de Circulares e Instrucciones. Disposicin Transitoria 4 del Reglamento Penitenciario, I 21/96, GP, p. 3. Puede consultarse igualmente el texto en F.ARMENTA GONZLEZ PALENZUELA, V.RODRGUEZ RAMREZ, Reglamento Penitenciario Comentado. Anlisis sistemtico y recopilacin de legislacin Sevilla, 1999, p.520 y s.
el Fichero FIES-5 CE (Caractersticas especiales) donde, entre otros, se incluyen los internos vinculados a la delincuencia comn de carcter internacional; y, sobre todo,
el Fichero FIES-2 NA (Narcotraficantes), destinado a los preventivos o penados por hechos contra la salud pblica (trfico de drogas o estupefacientes) y otros delitos ntimamente ligados a stos (evasin de divisas, blanqueo de dinero...), cometidos por grupos organizados nacionales o extranjeros y sus colaboradores y apoyos. stos reciben una atencin especial por parte de la Circular (apdo.A.5)184 que establece su distribucin en tres grupos o niveles, en funcin de su potencialidad delictiva, ordenando un diverso perfil de seguimiento en cada nivel.
La creacin y mantenimiento de los FIES ha sido fuertemente criticada, con razn, desde la doctrina y por los propios jueces de vigilancia por la falta de respaldo legal de las limitaciones que incluyen las circulares que los regulan185, que establecen a la postre un rgimen especfico, restrictivo del estatuto jurdico reconocido al interno por la Ley y el Reglamento.
V. CONSIDERACIN FINAL
A lo largo de las ltimas dcadas del segundo milenio se han producido cambios muy importantes en la vida interna de los Estados y en el plano internacional, que han puesto de manifiesto algunas debilidades del actual orden jurdico y socioeconmico. La agilidad de las comunicaciones, las transformaciones geopolticas y tecnolgicas186 han permitido un nivel de internacionalizacin (hasta ahora desconocido) de la vida econmica y financiera, regida ya por un mercado mundial permanente de capitales y en el que domina la rapidez de unas operaciones que aumentan cuantitativamente de un modo vertiginoso.
La multiplicacin de todo tipo de intercambios econmicos y sociales, que postula la eliminacin de la mayor parte de las barreras y controles tradicionales -en el plano interno y en el mbito internacional- para permitir el libre juego de la competencia y de las fuerzas que intervienen en el mercado, presenta ventajas muy relevantes, pero facilita al mismo tiempo el desarrollo de actividades ilegales, en particular, por parte de aquellos
ibdem, pp. 524 y s. L. FERNNDEZ ARVALO, El rgimen cerrado, en Derecho Penitenciario y Democracia, Sevilla, 1994, p. 329; A. TLLEZ AGUILERA, Seguridad y Disciplina Penitenciaria. Un estudio jurdico, Madrid, 1998, p. 119 n. 259. Ver tambin, B. MAPELLI CAFFARENA, Problemas, cit., pp. 65 y s. 186 M. BARBERO SANTOS, Introduccin, en Criminalidad Organizada, cit., p. 6.
grupos inspirados por objetivos lucrativos187 de carcter absoluto; esto es, dispuestos a su consecucin a cualquier precio: mediante actividades de dudosa legalidad, a travs de todo tipo de trficos ilcitos y con empleo, si conviene, de violencia o intimidacin de las personas, o de la corrupcin; unos grupos que evolucionan cada vez ms hacia organizaciones de negocios188, una criminalidad corporativa, por consiguiente, que concibe al crimen como un proyecto empresarial189.
La existencia de un orden jurdico y socioeconmico estable, en el que se garantice la igualdad (cuanto menos formal) de oportunidades para las personas fsicas y jurdicas y una seguridad en cuanto a las reglas de juego que han de respetar los diversos actores de la vida social y econmica, se ve, por tanto, amenazada por esta forma de criminalidad, que no es propiamente nueva (pinsese en la ya larga trayectoria histrica de la mafia190, los yakuza japoneses, las triadas chinas)191, si bien en los ltimos tiempos presenta perfiles especialmente preocupantes, debido a su poder econmico, a la vulnerabilidad de los pases en desarrollo y las democracias emergentes192 y a la capacidad de adaptacin193, de penetracin e influencia (y hasta de alianzas)194 de determinados grupos altamente organizados que se mueven con facilidad en la esfera interna e internacional.
Aun cuando el Derecho Penal sea slo un instrumento de ultima ratio -y en ste, como en otros mbitos, haya de seguir inspirado por el principio de subsidiaridad, sin caer en el espejismo de su pretendida funcionalidad proactiva-, la gravedad de los peligros y de las conductas involucradas exigen su plena y efectiva aplicacin tanto para prevenir y castigar los hechos delictivos producidos como, igualmente, para evitar la
Como destaca BUENO ARS, el nimo de lucro es una de las caractersticas ms acusadas de la delincuencia organizada en esta nueva situacin, Medidas eficaces para reprimir la delincuencia organizada y las actividades terroristas, La Ley, nm. 2395, 5 enero 1990, p. 1. 188 M.McINTOSH, La organizacin del crimen, Mxico, 1977, pp.61 y ss. 189 W. BOTTKE, Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania, Revista Penal, 2, 1998, p. 2 (trad. S. Arroyo Alfonso y T. Aguado Correa). Ver tambin, P. ARLACCI, Tendencias de la criminalidad organizada y de los mercados ilegales en el mundo actual, Poder Judicial, 16, 1985, pp. 83 y ss. (trad. P. Andrs Ibez). Tambin I. BLANCO CORDERO, Criminalidad organizada, cit., pp. 213 y ss.; J.P.BRODEUR, Organized Crime, cit. pp.117 y s.; D.L.CARTER, International Organized Crime: Emerging Trends in Entrepreneurial Crime, en J.Ryan, G.E.Rush (eds.), Understanding, cit., pp. 131 y ss.; CATANZARO, El delito como empresa. Historia social de la Mafia, Madrid, 1992; N. GARCA RIVAS, Criminalidad organizada, cit., p. 23; G. KAISER, Organized Crime, Congress Proceedings. XIVth International Congress of Penal Law, Viena, 1989, p. 207; L. ZIGA RODRGUEZ, Criminalidad organizada, cit., pp. 58 y ss. 190 F. PALAZZO, La Mafia hoy: evolucin criminolgica y legislativa, en J. C. Ferr Oliv, E. Anarte Borrallo (eds.), Delincuencia organizada, cit., pp. 161 y ss. (trad. E. Anarte Borrallo y C. Romero Snchez). 191 E. ANARTE BORRALLLO, Conjeturas, cit., p. 14. Tambin, al respecto, B. MAPELLI CAFFARENA, Problemas, cit., pp. 53 y ss. Igualmente, NACIONES UNIDAS, CONSEJO ECONMICO Y SOCIAL, Problemas, cit., pp. 11 y ss. 192 M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards , cit., p. xlv. 193 Recuerda CERVINI que las organizaciones criminales se encuentran continuamente en un estado de formacin y de descomposicin. L. F. Gomes, R. Cervini, Crime Organizado, cit., p. 238. 194 M. Ch. BASSIOUNI, E. VETERE, Towards, cit., pp. xlvi y s.
penetracin de entidades o empresas por parte de las organizaciones criminales, las ms de las veces buscada con objeto de alcanzar una cierta apariencia de legitimidad, encubrir los delitos o incluso para financiar su comisin195.
La actuacin del Derecho Penal -que se extiende ya en todos los planos, al erigirse las organizaciones criminales en un problema internacional, transfronterizo y multidisciplinar196- no ha de ser, con todo, el nico instrumento, sino la cadena final, sin perder el referente comunitario197, de una serie de medidas y estrategias preventivas, un mbito donde el concepto de criminalidad organizada encuentra mayor juego198. Como reaccin a hechos individuales incluso si integrados en actuaciones grupales o colectivas que requieren una rpida y eficiente persecucin y sancin la intervencin penal puede y debe producirse sin huidas hacia delante y con pleno respeto de las garantas y principios liberales consagrados, cuya observancia se pretende muchas veces eludir por imperativos de un supuesto incremento de la eficacia en la lucha contra unos crmenes ciertamente graves y que suscitan un fuerte sentimiento de inseguridad y desproteccin por parte de la sociedad.
M.T.FERNNDEZ SNCHEZ, Autora, cit., p.26. A. BOSSARD, La criminalit transfrontire multidisciplinaire, Revue de Science Criminelle et de Droit Pnal Compar, 1988, p. 672; G. FALCONE, La criminalit organise: un problme mondial. La mafia italienne en tant que modle pour la criminalit organise oprant niveau international, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique, 1992, pp. 391 y ss.; L.FLOSI, La dimensione internazionale della criminalit organizzata, en F.Ferracuti, Trattato, cit., pp.79 y ss.; R. E. KENDALL, Las organizaciones delictivas. Un problema internacional, Revista Internacional de Polica Criminal, marzo-abril 1990, pp. 2 y ss. 197 R.CERVINI, en Crime Organizado, cit., pp.285 y ss. 198 J.P.BRODEUR, Organized crime, cit., p.120.
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