Source: http://demosgracia.tripod.com/pregunta.htm
Timestamp: 2019-02-20 07:54:50+00:00

Document:
EL DENUNCIANTE En linea, Panama - Preguntas y Repuestas sobre la Reeleccion
ABRACADABRA Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre el sábado 25 de abril de 1998)
Título: "Alí Babá y los cuarenta ladrones"
Recuadro: "Si Ud. reside en una localidad representada por uno de estos individuos - la mayoría de los cuales aspira a reelegirse en su cargo - hágale saber que no votará por ella o él si se manifiesta a favor de la reelección presidencial inmediata o el CMA."
Sugerí el jueves que los panameños nos activemos para impedir que los proyectos del CMA y la reelección presidencial inmediata - por inconvenientes, nefastos, malévolos y, sobre todo, antidemocráticos - sean impuestos por el gobierno.
Y recomendé, entre otras medidas, que el pueblo presione a los legisladores para que rechacen estas dos propuestas en la Asamblea, con el fin de evitarnos el desgaste político y la erogación injustificada de fondos públicos que conllevaría la celebración de referendos sobre estos temas.
A continuación, pues, proporciono la lista de legisladores adictos al oficialismo, que son (en estos momentos) cuarenta, número que me recuerda cierto antiguo cuento oriental, sobre las aventuras de un modesto leñador y el trágico fin de cuarenta malhechores.
Estimado(a) lector(a): llegó la hora de ejercer, con eficacia, el poder ciudadano que a todos nos corresponde naturalmente.
Si Ud. reside en una localidad representada por alguno de estos individuos - la mayoría de los cuales aspira a reelegirse en su cargo - hágale saber que no votará por ella o él si se manifiesta en favor de la reelección presidencial inmediata o el CMA.
1. Eleuteria Baker, PRD (1.1: Bocas del Toro, Changuinola)
2. Felipe Serrano, PRD (1.1: Bocas del Toro, Changuinola)
3. Binicio Robinson, PRD (1.2: Chiriquí Grande)
4. César Pardo, PRD, (2.1: Penonomé)
5. Abelardo Antonío, PRD (3.1: Colón)
6. Miguel Bush, PRD (3.1: Colón)
7. Denis Arce, PRD, (4.1: David)
8. Edgardo Alvarez, PRD (4.1: David)
9. Lorenzo Acosta, PRD, (4.1: David)
10. Carlos Smith, PRD (4.2: Barú)
11. Yadira González, PRD (4.2: Barú)
12. Enrique Montezuma, PRD (4.4: Zona Indígena de Remedios, San Lorenzo, San
Félix, Tolé)
13. Carlos Alvarado, PRD (4.6: Boquete, Dolega, Gualaca)
14. Juan Delgado, PRD (7.3: Macaracas, Pedasí, Tonosí)
15. Abel Rodríguez, PRD (8.1: Arraiján)
16. Tomás Altamirano Mantovani, PRD (8.4: Balboa, Chepo, Chimán)
17. Roberto Ábrego, PRD (8.5: La Chorrera)
18. Balbina Herrera, PRD (8.6: San Miguelito)
19. César Sanjur, PRD (8.6: San Miguelito)
20. Víctor López, PRD (8.6: San Miguelito)
21. Alberto Alemán Boyd, PRD (8.7: San Felipe, Sta. Ana, El Chorrillo,
Calidonia)
22. Franz Wever, PRD (8.7: San Felipe, Sta. Ana, El Chorrillo, Calidonia)
23. Oydén Ortega, PRD (8.8, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo)
24. Elías Castillo, PRD (8.9: San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Juan
25. Manuel de la Hoz, PRD (8.9: San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre,
Juan Díaz)
26. Olivia de Pomares, PRD (8.9: San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre,
27. Donato Rosales, PRD (8.10: Pedregal, Chilibre, Las Cumbres, Pacora, San
Martín, Tocumen)
28. Gerardo González, PRD (8.10: Pedregal, Chilibre, Las Cumbres, Pacora,
San Martín, Tocumen)
29. Adolfo Name, PRD (9.1: Santiago)
30. Enrique Riley, PRD (9.3: Calobre, Santa Fe, San Francisco de Veraguas)
31. Rogelio Alba, PRD (10.2: Puerto Obaldía, Tubualá)
32. Carlos Afú, PRD, ex PALA (7.1: Las Tablas, Pocrí)
33. Noriel Salerno, Partido Solidaridad (2.4: Aguadulce)
34. Laurentino Cortizo, Partido Solidaridad (3.2: Chagres, Donoso,
Portobelo, Santa Isabel)
35. Haydée Milanés, Partido Solidaridad (5.1: Chepigana, Sambú)
36. Jaime Loré, Partido Solidaridad (5.2: Pinogana)
37. Alberto Castillero, Partido Solidaridad (6.1: Chitré)
38. Juan Peralta, Partido Liberal Nacional del Beby Arango (2.3: La Pintada,
Natá, Olá)
39. Aris de Icaza, dizque "independiente" (8.5: La Chorrera)
40. Rodrigo Arosemena, ex MOLIRENA, dizque "independiente" (8.8: Ancón,
Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo)
ABRACADABRA - por Carlos Guevara Mann
(para el martes 30 de junio)
Título: "Marcha contra la reelección"
Recuadro: "Estimado lector(a): mañana miércoles, 1 de julio, tiene Ud. una cita con la patria"
Mañana miércoles, 1 de julio, se llevará a cabo una GRAN MARCHA CONTRA LA REELECCION.
La marcha partirá de los predios de la Iglesia del Carmen a las cuatro de la tarde y recorrerá toda la Vía España y la Avenida Central hasta la Plaza de la Catedral.
Ningún(a) panameño(a) decente debe quedarse sin asistir, vestido(a) de amarillo, que es el color del NO en la papeleta que se empleará en el referéndum del 30 de agosto.
Tenemos que demostrarle al mundo entero, como lo hizo valientemente, hace unos meses, el pueblo filipino, que NO queremos reelección, porque entendemos que reelección significa dictadura.
Y los panameños no somos "congos" de nadie para aguantarnos que el PRD y sus actuales satélites (Solidaridad, Liberal Nacional, Cambio Democrático, Nuevo Amanecer) nos impongan una nueva dictadura, corrupta y sanguinaria como la que nos impusieron antes, durante veintiún años.
Tenemos que demostrarle al mundo entero y reafirmarnos a nosotros mismos que NO toleraremos fraude, violencia y uso de los recursos del Estado, que son nuestros, para satisfacer la soberbia, codicia y ansias de poder de un individuo, obsesionado, como Noriega, con su propia permanencia en el poder.
Nuestro NO es rotundo y contundente: es NO al atrincheramiento en el poder de un grupúsculo engreído y antinacional, que cree que Panamá es su latifundio y que puede hacer con la República lo que le dé la gana.
Es NO a la imposición de medidas inconsultas que benefician a una reducida oligarquía mientras hacen más duras las condiciones de vida del pueblo panameño.
Es NO a las concesiones escandalosas que entregan nuestros bienes a cambio de beneficios para el grupo gobernante.
Es NO a las privatizaciones que producen un alza injustificada en el costo de los servicios públicos.
Es NO al aumento vergonzoso del salario de los ministros y altos funcionarios del Estado, mientras se desmejoran las condiciones laborales de los servidores públicos de menor jerarquía y trabajadores en general.
Es NO al gasto de millones de balboas en viajes presidenciales mientras los hospitales estatales están completamente desabastecidos y las escuelas públicas carecen de los implementos mínimos.
Es NO a la partida secreta de seis millones anuales de que goza el Candidato-presidente a su entera discreción, para propósitos desconocidos, sin rendir cuentas a nadie, mientras la mitad de la población panameña se esfuerza por sobrevivir a la pobreza.
Es NO al uso del Poder Judicial y el Ministerio Público como instrumento para perseguir y hostigar a quienes se atreven a denunciar las arbitrariedades y corruptelas del oficialismo.
Es NO al completo sometimiento de la Asamblea, que bajo la torodictadura sólo sirve para aprobar las medidas antipopulares y corruptas que se elucubran en los conciliábulos de los mandones.
Es NO al uso de los fondos públicos para malgastar en propaganda y comprar helicóptero y avión nuevos para uso exclusivo del Candidato-presidente.
Es NO a la minería que beneficia a los allegados al poder mientras envenena nuestro suelo, ríos y aire.
Es NO al endeudamiento desaforado, que nos compromete a nosotros y a nuestros hijos, para financiar los excesos del gobierno de turno.
Estimado lector(a): mañana miércoles, 1 de julio, tiene Ud. una cita con la patria. ¿Quiere Ud. un país de esclavos, o una República de hombres y mujeres libres?
Entonces manifiéstese: salga a la calle con sus familiares, compañeros de labores, vecinos y amigos, y demuéstrele al mundo entero que Ud. no es "congo".
Hay que calentar los motores para el 30 de agosto, cuando nos tocará salir en masa a votar NO a la reelección y custodiar nuestros votos para que se cuenten correctamente.
Pueblo panameño: Participa plenamente para protestar pretensiones PRD para prolongar permanencia poder Presidente. Ponte pilas potente, preparate permanentemente para parar porquerías perredistas. ¡Panamá primero!
(para el jueves 2 de julio)
Título: "Reelección: preguntas y respuestas"
Recuadro: "si la reforma propuesta por el gobierno hubiese estado verdaderamente inspirada por un deseo de democratizar y modernizar la Constitución, habría abarcado el procedimiento para designar al Fiscal Electoral"
- El jueves pasado dijo Ud. que el gobierno había incluido la autonomía del Tribunal Electoral y la eliminación de la revocatoria de mandato en la reforma constitucional para disimular la verdadera intención del proyecto, que es la de perpetuar el mando del oficialismo. También señaló algunos motivos por los cuales la reforma del capítulo sobre el Tribunal Electoral es incompleta. ¿Por qué otros motivos es insatisfactoria esta reforma?
Otro de los tantos aspectos constitucionales que es imprescindible reformar es el referente al nombramiento del Fiscal Electoral.
A este funcionario le toca 1) salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos; 2) vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales; y 3) perseguir los delitos y contravenciones electorales.
En la actualidad, el artículo 138 de la Constitución dice que al Fiscal Electoral lo nombra el Poder Ejecutivo, sujeto a la aprobación de la Asamblea.
En una situación de usurpación de poderes por parte del Ejecutivo, como la que vivimos ahora, el Fiscal Electoral no es más que un empleado del Presidente, incapaz de frenar los abusos de poder y el uso de recursos del Estado, por parte del gobierno, para promover el "sí" a la reelección.
En estos momentos, Raúl López, el ciudadano que ocupa el cargo de Fiscal Electoral, es el mismo designado para el cargo por la dictadura de Noriega, en 1988. ¿Cuáles cree Ud. que fueron los motivos de esa dictadura para seleccionar a López?
Dada la naturaleza de ese régimen, no sería, ciertamente, su independencia de criterio lo que llevó a Noriega a designarlo para el cargo.
Las consecuencias de ese nombramiento, hecho de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución vigente, nos afectan significativamente hoy, cuando la Fiscalía Electoral carece de la energía requerida para ponerle un alto a la arbitrariedad del oficialismo.
Por eso, si la reforma propuesta por el gobierno hubiese estado verdaderamente inspirada por un deseo de democratizar y modernizar la Constitución, habría abarcado el procedimiento para designar al Fiscal Electoral, de forma tal que su independencia, autonomía y capacidad de acción hubiesen quedado aseguradas.
Pero como democratizar la Constitución es lo último que le interesa al gobierno, prefirió dejar el artículo 138 tal cual está, con lo que se asegura de que la Fiscalía Electoral permanezca subordinada al Ejecutivo.
- ¿Qué puede decir acerca de la eliminación de la revocatoria de mandato? En vista del control que ejercen los partidos sobre el sistema político panameño, que algunos han llamado "partidocracia" o "dictadura de los partidos", esta reforma sólo puede ser positiva.
Esa reforma también es incompleta, como lo señaló el legislador suplente José Blandón Figueroa en un sesudo artículo publicado en El Panamá América el pasado 2 de junio.
De allí cito lo siguiente:
"Con la reforma hipócritamente propuesta por el PRD, no se logra que los legisladores sean verdaderos mandatarios (representantes) del pueblo votante.
"Dicha reforma lo que garantiza es que, por cinco años, los legisladores contarán con una carta blanca para hacer lo que les venga en gana, pues, una vez elegidos, nadie les puede revocar el mandato, ni siquiera el pueblo que los eligió.
"Quienes propugnamos sinceramente por la eliminación de la revocatoria partidista, lo hacemos exigiendo a la vez, la instauración de mecanismos que permitan la revocatoria ciudadana.
"Por ejemplo, si un Legislador se ausenta sin justificación por un largo período de tiempo, dejando su curul vacía, mientras cobra un jugoso salario, debe existir una sanción que, en países como la vecina Colombia, es la pérdida de su posición (revocatoria de su mandato por no querer ejercerlo)."
La propuesta del gobierno, pues, no es más que una licencia ilimitada para que los legisladores hagan lo que les da la gana y abusen aún más de la confianza del pueblo panameño.
Eso no es democracia, sino desfachatez, lo que constituye otro motivo más para votar NO el 30 de agosto.
(para el sábado 4 de julio)
Título: "La reelección presidencial en Latinoamérica "
Recuadro: "el análisis de la historia política, la idiosincrasia popular y el reparto constitucional del poder en América Latina indica que la reelección NO es positiva"
Gracias a la gentileza de un lector anónimo, recibo, cada dos meses, la revista "Perfiles liberales", órgano para la promoción del liberalismo en América Latina, publicado por la Fundación Friedrich Naumann, de Alemania.
En su última edición, No. 59, correspondiente a los meses de mayo-junio 1998, "Perfiles liberales" trae un artículo intitulado "La reelección presidencial en Latinoamérica", por Carlos Mesia Ramírez, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú.
Explica el profesor Mesia: "La tendencia reeleccionista se inició en Perú cuando el presidente Alberto Fujimori se hizo aprobar una constitución reeleccionista luego de cerrar el Congreso el 5 de abril de 1992."
No contento con eso, Fujimori también se hizo aprobar una "ley de interpretación" que le permitirá presentarse a una segunda reelección en el 2000 y permanecer todavía cinco años más en el poder, hasta el 2005, al cabo de los cuales habría cumplido quince años al frente de la Presidencia de su país.
[El lector agudo y la lectora perceptiva habrán observado que acá podría pasar lo mismo: si, por apatía o negligencia, dejásemos de ir a las urnas y votar masivamente por el NO el 30 de agosto, ¿qué le impediría al Torodictador hacer que sus cuarenta autómatas de la Asamblea le aprobasen una "ley de interpretación" como la de Fujimori, que le permitiera mandar por quince años seguidos?
Y, si con cuatro años de gobierno taurino estamos tan mal, ¿se imagina Ud. la espantosa situación en que estaríamos al cabo de quince años de torodictadura?]
"El ejemplo de Fujimori", continúa el profesor Mesia, "ha sido seguido por Carlos Ménem en Argentina, por Fernando Henrique Cardoso en Brasil y últimamente, por Ernesto Pérez Balladares en Panamá. Importa por ello detenerse a reflexionar sobre si resulta positiva la reelección presidencial en América Latina."
Concluye el catedrático peruano que el análisis de la historia política, la idiosincrasia popular y el reparto constitucional del poder en América Latina indica que la reelección NO es positiva.
En cuanto al primer factor, señala Carlos Mesia Ramírez que varios casos históricos apuntan a que la continuidad del gobernante en el poder por largo tiempo lo convierte a éste en autócrata o dictador, "mientras las libertades escasean y la persecución se convierte en cotidiana".
En cuanto al segundo factor, sostiene el catedrático peruano que el estudio de la idiosincrasia "permite tomar conciencia sobre los peligros de la reelección" en materia de corrupción, clientelismo, "compra de conciencias y establecimiento de aparatos propagandísticos como fórmulas que impiden el desarrollo de la institucionalidad democrática."
Y, en lo que respecta al análisis del reparto constitucional del poder, explica el profesor Mesia que la prohibición a la reelección presidencial inmediata es uno de los mecanismos a que los países latinoamericanos han recurrido tradicionalmente para limitar los amplios poderes de que gozan los presidentes de la región y así evitar los abusos de poder.
Dice Carlos Mesia Ramírez: "Las dictaduras y autocracias han sido fenómeno frecuente en América Latina y no puede decirse que ése sea ya un problema superado. Y ellas sólo han significado corrupción y establecimiento de maquinarias represivas responsables de las más graves violaciones a los derechos humanos.
"Por ello constituye razonable decisión constitucional de los pueblos latinoamericanos su opción en el casi 80 por ciento de los casos de prohibir la reelección inmediata, aunque con la posibilidad de reelección después de transcurridos uno o más períodos presidenciales."
Esta fórmula garantiza "el principio democrático de la alternancia en el poder" al tiempo que permite "el retorno del buen gobernante sin los peligros de la perpetuación, en igualdad de condiciones con los otros candidatos."
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 25 de junio de 1998)
Recuadro: "Si el gobierno tuviera verdadero interés por democratizar y modernizar la Constitución, habría propuesto un proyecto que incorporara la fórmula constituyente al procedimiento de reforma constitucional"
- Al electorado le tocará votar el 30 de agosto por reformas a varios artículos de la Constitución, una de las cuales permitiría la reelección presidencial inmediata. Pero nada ha dicho Ud. sobre las otras reformas propuestas. ¿Cuáles son éstas?
Además de permitir la reelección presidencial inmediata, la reforma que será sometida a referéndum establece la autonomía financiera del Tribunal Electoral y fija su presupuesto en "ocho décimos del uno por ciento de los ingresos del Gobierno Central." También elimina la facultad que actualmente tienen los partidos políticos de revocarles el mandato a los legisladores.
- ¿Estos otros temas no merecen atención por parte del pueblo?
Estos y muchos otros temas constitucionales deben ser objeto de reforma. Para desarrollarnos en democracia, que es el único sistema que conviene al pueblo, es preciso llevar a cabo una revisión integral de la defectuosa Constitución de 1972, que todavía nos rige. Esa reforma debe contemplar muchísimos aspectos, no sólo los que el gobierno ha decidido, arbitrariamente, poner en la agenda.
Urge reformar, por ejemplo, el capítulo concerniente a la Asamblea, muy en particular el método de elección de sus integrantes y las atribuciones de esa corporación. Es preciso actualizar y democratizar el Título III, sobre Derechos y Deberes Individuales y Sociales, que está atrasado con respecto a los adelantos registrados a nivel mundial en materia de derechos humanos. Las secciones correspondientes al Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Régimen Municipal deben también ser objeto de reforma. Y a la Defensoría del Pueblo debe dársele rango constitucional.
Si el gobierno tuviera verdadero interés por democratizar y modernizar la Constitución, habría propuesto un proyecto que incorporara la fórmula constituyente al procedimiento de reforma constitucional, con el fin de que los panameños pudiésemos llevar a cabo una reorganización ordenada y juiciosa de la República a través de la elección legal de una Asamblea Constituyente, como se le solicitó al Presidente-candidato, a través de esta columna, el martes 25 de noviembre de 1997.
Pero democratizar y modernizar la Constitución no le interesa al gobierno en lo más mínimo. Al gobierno sólo le interesa seguir aprovechándose del poder a través de la reelección presidencial inmediata del señor Ernesto Pérez González. Para disimular esa intención corrupta es que metieron en el proyecto la autonomía del Tribunal Electoral y la eliminación de la revocatoria de mandato. Pero las reformas propuestas sobre esos temas son incompletas.
- ¿Por qué es incompleta la reforma sobre el Tribunal Electoral?
Porque, aunque le concede autonomía financiera y determina el presupuesto mínimo del Tribunal, nada dice, entre otros asuntos, sobre el método para designar a los magistrados de ese organismo.
De acuerdo con el método imperante (artículo 136), el Ejecutivo, la Asamblea y la Corte designan cada uno a un magistrado del Tribunal Electoral, por diez años. Ese procedimiento, que bajo un régimen verdaderamente democrático sería garantía de imparcialidad, en nuestro medio ha servido para someter al Tribunal a los vaivenes de la politiquería.
El ejemplo perfecto lo tenemos en el reemplazo que hizo la Asamblea del magistrado Guillermo Márquez, quien gozaba de la confianza ciudadana, por Erasmo Pinilla, quien como militante perredista de alta jerarquía comparte responsabilidad por las ilegalidades y fraudes electorales de la dictadura. Esta acción politiquera - permitida por la Constitución vigente - obviamente ha reducido la confianza del público en el Tribunal Electoral, lo que le ha impedido a este organismo llevar a cabo sus funciones con mayor normalidad y apoyo ciudadano.
Otro de los motivos por los cuales debemos acudir a las urnas y votar NO el 30 de agosto es, pues, para exigir el derecho a realizar una reforma bien hecha de la Constitución, no una reforma hecha a la medida de un individuo, el Candidato-presidente.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 18 de junio de 1998)
Recuadro: "En los regímenes civilizados son las ideas y los programas los que guían la acción de gobierno, no la ambición de un individuo"
- Si el presidente Pérez ha hecho un buen gobierno, ¿no merece la reelección?
Esa pregunta parte de la premisa de que el actual gobierno ha sido bueno.
- ¿No cree Ud. que ha sido así?
Bajo ningún punto de vista. El actual gobierno ha realizado algunas obras públicas (especialmente carreteras); nada excepcional, pues para eso se le paga. Pero ni siquiera eso lo ha hecho bien, pues para construir dichas obras nos ha endeudado hasta la coronilla. Porque los fondos públicos los ha empleado en subirles el salario a los altos funcionarios del Estado, aumentar la planilla a través del nombramiento de clientes políticos, pagar los incontables viajes presidenciales, comprar un helicóptero y un avión para uso exclusivo del mandatario, establecer partidas secretas para uso reservado del Presidente, gastar en propaganda y promover la reelección del señor Pérez. Eso es abuso e irresponsabilidad, no buen gobierno.
Además, a través de la política de privatizaciones y concesiones, este gobierno ha entregado bienes públicos para provecho de compañías extranjeras y los "favoritos" de patio, en perjuicio de las verdaderas necesidades del pueblo panameño. Sin tomar en cuenta a los sectores perjudicados ha impuesto a rejo limpio un modelo económico que ha empobrecido a la población. Ha suprimido la autonomía de la Asamblea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Electoral y la Contraloría, y amenaza permanentemente los derechos humanos de la población. Eso no es buen gobierno, sino corrupción y arbitrariedad.
- Pero, independientemente de su evaluación del actual gobierno, en teoría, ¿no debe tener un buen presidente la oportunidad para reelegirse?
En todo régimen democrático civilizado un buen programa de gobierno debe tener la oportunidad de reelegirse. En estos regímenes son las ideas y los programas los que guían la acción de gobierno, no la ambición de un individuo. Los partidos políticos presentan programas y, si el pueblo los considera adecuados, puede reelegirlos. En Panamá existe esa oportunidad; si, a pesar de lo indicado arriba, la mayoría del electorado considerara que el PRD ha hecho bueno gobierno, podría votar por ese partido y su programa en las elecciones de 1999.
La reelección específica del presidente es otro asunto. Podría permitirse si la democracia estuviese lo suficientemente consolidada para evitar los abusos de poder que esa reelección fomenta, abusos como los que ocurren a diario en Panamá sin que la Asamblea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Electoral o la Contraloría actúen para impedirlos.
Pero, como en Panamá no hay democracia ni separación de poderes, aún sin reelección presidencial inmediata se emplean alegremente los fondos del Estado para promover la reelección. Imagínese cómo sería la cosa si se instituyera la reelección presidencial inmediata. Por eso es preciso oponernos a ella, acudiendo todos a votar NO el 30 de agosto.
En su intento por avasallar a los que se le oponen, la torodictadura que controla el Poder Judicial y el Ministerio Público celebra mañana, viernes 19 de junio, una audiencia preliminar a Miguel Antonio Bernal, quien por años se ha distinguido como adalid de la libertad, los derechos humanos y la democracia.
Esta audiencia, la primera del absurdo proceso que se le abrió a Bernal por una supuesta "ofensa" al "honor" de la Policía Nacional y su Director, se verificará a las tres de la tarde en el Juzgado Décimo Penal, localizado en el edificio de la Corte Suprema, a un costado del Hospital Gorgas, en Ancón.
Desde esta columna exhorto a todos los lectores para que, sin distingo de banderías políticas, acompañen a Miguel Antonio Bernal en esta audiencia y, con su presencia, demuestren al Ministerio Público y al Poder Judicial que los panameños no estamos dispuestos a seguir aguantándonos la corrupción, arbitrariedad y falta de independencia que imperan en esos organismos.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el martes 16 de junio de 1998)
Título: "Con el Tribunal Electoral"
Recuadro: "sin igualdad de condiciones no hay democracia"
El martes 2 de junio publiqué un "Manifiesto" dirigido a los magistrados del Tribunal Electoral, en que se les pedía que solicitaran la presencia de observadores de organismos inter gubernamentales y no gubernamentales, especialmente la OEA, para verificar la transparencia de dicha consulta popular.
Esa solicitud estaba basada en el derecho que tenemos los panameños a un referéndum democrático (que hasta ahora no se ha respetado), como también en el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución, que faculta a los ciudadanos para presentar peticiones a los servidores públicos por motivos de interés social o particular.
El manifiesto hizo énfasis en la importancia de incluir a la OEA entre las entidades observadoras, en vista de que la OEA es un organismo oficial inter gubernamental, cuya presencia constituye garantía de imparcialidad y multilateralidad, y cuya Unidad para la Promoción de la Democracia se especializa en la vigilancia de las consultas populares de la región.
En respuesta privada al manifiesto, el magistrado Denis Allen indicó que los magistrados ya habían invitado "a los organismos internacionales a ser observadores de las elecciones [y el] referéndum de 30 de agosto de 1998, incluyendo a la OEA" y el Tribunal emitió un aviso, el 4 de junio, en que indicaba que lo referente a la presencia de observadores había sido reglamentado mediante Decreto 31 del 18 de abril de 1998.
En cuanto a la OEA, sin embargo, en su columna del domingo 14 de junio (La Prensa), Betty Brannan Jaén informó que, contrario a lo indicado por el magistrado Allen, la invitación no comenzó a gestionarse hasta el 5 de junio, y no se presentó al Secretario General de la OEA hasta una semana después, el 12 de junio.
¿Error u omisión? No lo sé. Lo cierto es que, como señala la columnista Brannan Jaén, este tipo de imprecisiones no hace más que sembrar dudas sobre la capacidad del Tribunal para llevar a cabo un referéndum transparente y democrático.
Dudas justificadas que se fundamentan en la ausencia en Panamá de una verdadera separación de poderes y que aumentan a medida que transcurre el tiempo y la ciudadanía ve cómo se emplean los recursos del Estado para favorecer la postura oficialista, a ciencia y paciencia de la Fiscalía y el Tribunal Electoral.
Con base en estos señalamientos quiero enfatizar hoy dos puntos importantes: primero, la calidad de los observadores internacionales y, segundo, el deber del Tribunal y la Fiscalía de asegurar el carácter democrático de la campaña.
En cuanto a la calidad de los observadores, los panameños tenemos que cerciorarnos de que éstos ejerzan su papel eficiente y responsablemente, no como en ocasiones anteriores bajo dictadura del PRD (1977 y 1984, por ejemplo), en que se cometieron toda clase de irregularidades y se burló vulgarmente la voluntad popular, con la complicidad de un montón de "observadores" que vinieron a "hacer turismo" a costa del pueblo panameño.
En cuanto al deber del Tribunal y la Fiscalía de asegurar el carácter democrático de la campaña, lo que hasta ahora no han podido garantizar, hay que destacar que por más que haya presencia de observadores extranjeros de alta calidad, el abuso de poder y el uso de los recursos del Estado para promover la postura oficialista (lo que viene dándose desde hace mucho tiempo) viola el principio de igualdad de oportunidades para emitir opiniones políticas que constituye el fundamento de una consulta popular democrática.
Lo procedente ahora es que el Tribunal y la Fiscalía ejerzan la autoridad que les dan la Constitución y las leyes para evitar que se siga violando este principio, porque, amigos lectores, sin igualdad de condiciones no hay democracia.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 11 de junio de 1998)
Título: "Carta Pública (II)"
Recuadro: "la libertad de expresión se encuentra bajo permanente amenaza en Panamá"
Concluyo hoy la publicación de la Carta Pública que circula desde el fin de semana y ha sido enviada a varios organizaciones internacionales de derechos humanos. Si Ud. coincide con su contenido, envíe esta misma página, con su firma y número de cédula, a Italo Antinori, Defensor del Pueblo, Apdo. 0832-1695; Fax: 213-9438; Tel.: 213 9451.
La existencia y aplicación de estas leyes "mordaza" no sólo constituye una violación a los derechos humanos del pueblo panameño, sino que también da lugar a la imposición de otras medidas y prácticas igualmente violatorias de la libertad de expresión. Amparada por este régimen autoritario, la administración de la Universidad de Panamá, por ejemplo, ha resuelto imponer un "código de conducta" que contempla la apertura de "procesos disciplinarios" conducentes al despido de todo profesor que emita críticas públicas en contra de dicha administración.
En la Asamblea Legislativa espera su obediente aprobación por parte de la mayoría oficialista un proyecto de ley que faculta a los gobernadores para imponer penas de arresto hasta de dos meses y multas hasta de cinco mil balboas, a quienes en ejercicio de su derecho a protestar (contemplado en el artículo 38 de la Constitución) cierren las vías públicas, total o parcialmente, o impidan el libre tránsito. Este proyecto de ley también va dirigido contra los medios de comunicación que ''inciten'' al cierre de calles.
Por otro lado, de su propia iniciativa o en atención a directrices superiores, las autoridades administrativas y de policía arrestan e imponen multas a quienes se activan en contra de la política gubernamental. El gobierno emplea abiertamente los recursos del Estado para promover la reelección del Presidente, en obvio detrimento del derecho de la oposición a formular sus planteamientos en igualdad de condiciones, ante el silencio de la Asamblea Legislativa, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, organismos responsables, según la Constitución, de perseguir y castigar abusos de esta naturaleza.
A fines de mayo último, mediante el Decreto 24 de 1998, el Tribunal Electoral dispuso el registro previo, en esa corporación, de toda encuesta sobre preferencias políticas, bajo pena de multa cuyo monto oscila entre cinco mil y veinticinco mil balboas. Aunque el Tribunal posteriormente derogó este Decreto, ante las protestas de los medios de comunicación, aún permanece vigente el inciso final del artículo 177 del Código Electoral, que exige la inscripción de toda encuesta antes de su divulgación,.
Pocos recursos le quedan a la ciudadanía panameña para hacer valer su derecho a la libre expresión dentro de este contexto represivo, caracterizado, además, por la sumisión de los poderes del Estado al arbitrio del Ejecutivo y el reciente menoscabo de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de Panamá, cuyas facultades para intervenir en quejas relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral ha sido suprimida en virtud de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de febrero pasado.
Como lo demuestran los casos aquí denunciados, la libertad de expresión se encuentra bajo permanente amenaza en Panamá, lo que viola los derechos políticos y civiles del pueblo panameño. Es ésta una situación vergonzosa y humillante para una sociedad que ha luchado resueltamente por el restablecimiento y la plena vigencia de los derechos humanos.
Por cuanto interfiere con la facultad que tiene todo ciudadano de emitir y formarse libremente sus preferencias políticas, se trata, además, de una situación absolutamente inaceptable en el momento actual en que se desarrolla la campaña política en torno al referéndum sobre la reelección presidencial inmediata (fijado para el 30 de agosto de 1998) y las elecciones generales del 2 de mayo de 1999, consideradas las más importantes de los últimos tiempos, entre otros motivos por su proximidad a la fecha de entrega del Canal de Panamá.
Solicitamos, en consecuencia, el apoyo activo de los organismos defensores de los derechos humanos y la comunidad internacional, con el fin de que fructifiquen las aspiraciones de la ciudadanía en lo referente a la derogación de toda medida violatoria al derecho a la libre información, el respeto por el derecho del pueblo panameño a la libre emisión del sufragio, y el cese inmediato del hostigamiento y persecución, por parte del gobierno, contra quienes se oponen a su gestión.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el martes 9 de junio de 1998)
Título: "Carta Publica (I)"
Recuadro: "Estas disposiciones constituyen una auténtica mordaza a la libertad de expresión"
Hoy inicio la publicación de la Carta Pública que circula desde el fin de semana y ha sido enviada a varios organizaciones internacionales de derechos humanos. Si Ud. coincide con su contenido, envíe esta misma página, con su firma y número de cédula, a Italo Antinori, Defensor del Pueblo, Apdo. 0832-1695; Fax: 213-9438; Tel.: 213 9451.
Los suscritos, ciudadanos panameños preocupados por los atentados contra la libertad de expresión en nuestro país, por este medio nos dirigimos a las organizaciones internacionales de promoción y protección de los derechos humanos, para alertarlos sobre la situación imperante en Panamá y solicitarles que contribuyan a nuestra campaña para instituir un verdadero estado de derecho en nuestro país, en que se respeten las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Aun cuando la República de Panamá es suscriptora de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aun cuando la Constitución panameña indica que el gobierno del Estado es democrático (artículo 1) y consagra la libertad de expresión (artículo 37), permanecen en el andamiaje legal panameño disposiciones de que convenientemente se valen las autoridades para restringir el derecho a la libre emisión y recepción de información que le corresponde a todo ser humano.
Entre estas disposiciones están el artículo 33 de la Constitución, que permite a los servidores públicos que ejerzan mando y jurisdicción "imponer multas o arrestos a cualquiera que los ultraje o falte el respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo o con motivo del desempeño de las mismas"; los artículos 172, 173 y 173A del Código Penal, que establecen penas de multa y encarcelamiento por "calumnia e injuria"; y la Ley 67 de 1978 que, entre otros preceptos anti democráticos, prohíbe el ejercicio del periodismo a quienes no cuenten con una supuesta "idoneidad profesional".
Estas disposiciones constituyen una auténtica mordaza a la libertad de expresión en Panamá. Las autoridades se han valido repetidamente de ellas para encausar e imponer penas de arresto a críticos de su gestión, como también para intimidar y hostigar a comunicadores sociales que no se ciñen a la línea oficialista. El caso del periodista peruano Gustavo Gorriti, que el año pasado adquirió notoriedad internacional, es tan sólo uno de los ejemplos de las violaciones a la libertad de expresión que se cometen actualmente en Panamá.
La existencia de este andamiaje represivo cobra aun mayor significación en el contexto actual, en que el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares se ha abocado a una inconstitucional e ilegal campaña reeleccionista lo que, naturalmente, ha hecho arreciar las críticas justificadas de la ciudadanía. Una de las más recientes víctimas de esta legislación autoritaria lo ha sido el radiocomentarista y profesor universitario Miguel Antonio Bernal, cuyo llamamiento a juicio, amparado en una interpretación sui generis de los artículos 172, 173 y 173 A del Código Penal, fue solicitado el 27 de mayo por el Fiscal Quinto del Circuito Judicial de Panamá, Roberto Murgas Torraza.
A raíz de las declaraciones del catedrático que responsabilizaron a la Policía Nacional por la decapitación de cuatro reos en el infame penal de Coiba (cuya administración y custodia ha sido ilegalmente encomendada a la Policía), el Director General de la Policía, José Luis Sosa, demandó al Dr. Bernal por el "delito" de atentar contra el "honor" del organismo de seguridad pública y su jefe. Con rapidez inaudita, el fiscal Murgas levantó y calificó el expediente, recomendando el enjuiciamiento del Dr. Bernal, a pesar de que las investigaciones oficiales en torno a la matanza de Coiba aún no han concluido, de que el Dr. Bernal no implicó directamente al director Sosa en su denuncia y de que el Código Penal claramente estipula que la calumnia sólo es punible cuando se refiere a una persona (no a una corporación). En vista de lo anterior, no nos cabe la menor duda de que el referido llamamiento a juicio obedece a motivaciones políticas, habida cuenta de la inclaudicable oposición del Dr. Bernal a la gestión autoritaria del actual gobierno.
[continuará el jueves]
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 4 de junio de 1998)
Título: "Reelección: preguntas y respuestas "
Recuadro: "En Panamá tenemos el caso de un presidente que actúa por encima de la Constitución y la Ley para imponer una reforma que le permita quedarse al mando del país por un lustro más."
- Si la reelección presidencial inmediata es tan mala para los países latinoamericanos, ¿por qué la han adoptado el Perú, la Argentina y el Brasil? Los mismos argumentos que han servido allá para instituir la reelección presidencial inmediata, ¿no podrían servirnos para justificar la adopción de ese mismo proyecto en Panamá?
En el Perú, la Argentina y el Brasil, la reelección presidencial inmediata se ha adoptado como resultado de las maniobras turbias y la imposición de presidentes que se han desempeñado más como dictadores que como líderes democráticos. El autoritarismo y la corrupción, junto con la aplicación de la receta económica de las IFIs, han sido las características de los gobiernos de Fujimori, Ménem y Fernando Henrique Cardoso. Estos señores han argüido que su permanencia en el poder es indispensable para el bienestar de la patria, por lo que se hacía necesario reelegirlos. Para eso contaron con el apoyo de los sectores económicos que se beneficiaron de la corrupción y las reformas anti populares, como también de las IFIs, interesadas en la profundización de sus medidas económicas. También les facilitó mucho las cosas el hecho de que en sus países - como en el nuestro - la cultura democrática es muy débil y la Asamblea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y el Tribunal Electoral son incapaces de restringir las arbitrariedades del Ejecutivo.
Lo que es más importante, sin embargo, es que los frutos de la reelección presidencial inmediata pueden apreciarse, con toda claridad, en las experiencias recientes del Perú y la Argentina, donde los presidentes se han reelegido en el período inmediatamente siguiente. (En el Brasil, a Cardoso todavía no le ha llegado el momento de la reelección, pues aún no termina su primer mandato.) A raíz de la reelección inmediata, se han intensificado la represión y la corrupción en el Perú y la Argentina. La persecución y el hostigamiento de opositores y periodistas - incluyendo la deportación, la expropiación y el asesinato - junto con un mayor y más escandaloso uso de los recursos del Estado en beneficio de los gobernantes y su círculo inmediato, han sido los frutos de la reelección presidencial inmediata en esos países, como lo serán también en Panamá, si no tenemos la entereza de defender nuestros derechos en el referédum del 30 de agosto.
¿Cómo se comparan estas experiencias con las de otros países de la región?
Es muy significativo que los países en donde la cultura democrática tiene más arraigo y los poderes del Estado manifiestan mayor autonomía, como Costa Rica, Uruguay y Chile, han insistido en mantener la prohibición a la reelección presidencial inmediata. En Costa Rica se llegó a prohibir totalmente la reelección. El presidente Sanguinetti, del Uruguay, y el gobierno del presidente Frei, en Chile, han emitido declaraciones tajantes en contra de la reelección.
El caso del presidente Sanguinetti ilustra muy bien la actitud de un verdadero mandatario democrático. Durante su primer mandato, entre 1985-1990, el presidente Sanguinetti no cambió la Constitución a su medida, para reelegirse, sino que respetó la ley y dejó pasar un período, como lo mandan las disposiciones uruguayas, antes de presentarse a la reelección.
En Panamá, por el contrario, tenemos el caso de un presidente que actúa por encima de la Constitución y la Ley a las que está, supuestamente, sometido, para imponer una reforma que le permita quedarse al mando del país por un lustro más. Las experiencias del Perú y la Argentina nos señalan muy claramente para qué quiere otro mandato: para seguir aplicando medidas económicas empobrecedoras y beneficiándose él y sus inmediatos colaboradores de los recursos del Estado.
Pero el pueblo panameño no se lo va a permitir.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el martes 2 de junio de 1998)
Título: "Manifiesto: a los Magistrados del Tribunal Electoral "
Recuadro: "consideramos necesaria la presencia de observadores internacionales que den fe de la pulcritud del referéndum del 30 de agosto de 1998."
Para celebrar un referéndum transparente, a que los panameños tenemos derecho, el Tribunal Electoral requiere el apoyo tanto de la ciudadanía como de observadores extranjeros que certifiquen la pulcritud de la consulta popular. Ud. puede contribuir a este propósito, adhiriéndose a este Manifiesto, que circula desde la semana pasada. Envíe esta página del periódico, con su firma y número de cédula, a los magistrados del Tribunal Electoral, al Apdo. 3281, Zona 5, Panamá.
Los suscritos, ciudadanos panameños preocupados por el respeto a la voluntad ciudadana, según sea expresada en el referéndum sobre la propuesta de reelección presidencial inmediata, convocado para el domingo 30 de agosto de 1998, por este medio nos dirigimos a los magistrados del Tribunal Electoral para requerirles que soliciten, oficial y formalmente, la presencia de observadores de organismos inter gubernamentales y no gubernamentales para verificar la transparencia de dicha consulta popular.
El pueblo panameño tiene motivos sobrados para dudar de que el veredicto que se emita el 30 de agosto será debidamente respetado. Como ha sido reconocido por integrantes del mismo Tribunal, la historia electoral panameña se caracteriza, no por la pulcritud de los comicios, sino por el fraude que, salvo contadas excepciones, ha viciado nuestros procesos electorales. En el pasado reciente, en asocio de la cúpula militar, el PRD, principal partido del actual gobierno, manipuló en su beneficio la consulta popular de 1977, referente a los tratados del Canal de Panamá, y las elecciones generales de 1984. En 1989, este mismo contubernio anuló las elecciones generales, cuyo resultado arrojó una clara victoria en favor de la coalición opositora a la dictadura militar.
Las circunstancias bajo las cuales se celebrará el mencionado referéndum no son para nada halagüeñas en lo que a pulcritud y respeto por la voluntad ciudadana respectan. Bajo el actual gobierno, el pueblo panameño ha sido testigo de la pérdida de la mediana autonomía que los poderes del Estado adquirieron durante la administración anterior. Los organismos, en teoría independientes, que tienen a su cargo limitar el poder del Organo Ejecutivo y, en consecuencia, salvaguardar los derechos humanos y civiles de la ciudadanía, se han convertido en meros apéndices de ese mismo Ejecutivo, inmerso en una frenética carrera por asegurar, a como dé lugar, la reelección inmediata del Presidente en ejercicio. Nos referimos, particularmente, a la Asamblea Legislativa, el Organo Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Electoral, en cuya capacidad para detener la voracidad del Ejecutivo no existe confianza ciudadana. Prueba de la incapacidad de estos organismos la constituye el uso escandaloso de los recursos del Estado para promover la reelección presidencial inmediata y la abierta e inconstitucional campaña electorera desarrollada, en su propio favor, por el Presidente de la República, sin que ninguna de las instituciones llamadas a proscribir estas arbitrariedades haya ejercido, hasta el momento, su autoridad correctiva.
En virtud de esta lamentable realidad, consideramos necesaria la presencia de observadores internacionales que den fe de la pulcritud del referéndum del 30 de agosto de 1998. Muy en particular, solicitamos la presencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a través de su Unidad para la Promoción de la Democracia se encarga de verificar la transparencia de las consultas populares en la región. En vista de que corresponde al Estado panameño efectuar las invitaciones pertinentes, solicitamos al Tribunal Electoral que las realice cuanto antes. Basamos nuestra solicitud en el derecho consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política, que permite a los ciudadanos presentar peticiones a los servidores públicos por motivos de interés social o particular.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 28 de mayo de 1998)
Recuadro: "Los panameños tenemos que pensar en función de lo que nos sirve y conviene a nosotros mismos"
- Si la reelección es tan mala y se presta para el abuso de poder, ¿por qué, entonces, se permite en países de firme tradición democrática, como los de Europa Occidental?
Además de que en Europa Occidental hay efectiva separación de poderes, controles políticos eficientes, cultura democrática, prensa libre y respeto por la opinión pública - nada de lo cual hay en Panamá - en esos países el sistema de gobierno es diferente al nuestro.
Los regímenes políticos de Europa Occidental son parlamentarios, no presidenciales, lo que significa que se puede despedir al gobierno en cualquier momento. Cuando el gobierno enfrenta una crisis o la opinión pública lo adversa mayoritariamente, ese gobierno pierde el apoyo del parlamento. Bajo esas circunstancias, ese gobierno tiene que convocar a elecciones nuevas y, si es derrotado, renunciar inmediatamente y entregar el poder al partido o grupo de partidos que resulte electo por el pueblo.
Este mecanismo de control no lo tenemos en Panamá, donde hay un sistema presidencialista, con un período fijo de gobierno. En Panamá no podemos despedir al presidente. El presidente ejerce su cargo independientemente del apoyo popular que tenga entre elecciones, a no ser que incurra en delitos muy graves y difíciles de probar.
No es válido, entonces, comparar el sistema de gobierno que existe en Panamá con los de Estados Unidos (como lo hicimos el jueves pasado) o Europa Occidental (como lo hemos hecho hoy) para alegar que, porque ésos países son democráticos y allá se permite la reelección, en Panamá debemos permitirla también. Nuestra experiencia y cultura política son muy diferentes a las de los países de firme tradición democrática.
- Pero sí podríamos comparar nuestro sistema de gobierno con el de otros países de América Latina, ¿correcto?
Sólo en la medida en que tengamos en cuenta las marcadas diferencias que hay entre las repúblicas latinoamericanas.
- Y bien, si otras repúblicas latinoamericanas han adoptado recientemente la reelección presidencial inmediata, ¿por qué no seguir la nueva y moderna corriente que estos países han instituido?
Eso de "seguir la corriente" es argumento muy pobre. Si bien cierto que en el Perú, Argentina y Brasil se ha adoptado la reelección, también es cierto que en Costa Rica y Colombia recientemente se ha prohibido por completo. En esos países no puede reelegirse nadie que haya ejercido la presidencia, ni siquiera después de uno, dos o más períodos presidenciales.
Además, la República Dominicana ha prohibido la reelección presidencial inmediata, precisamente para evitar la perpetuación en el gobierno y el abuso de poder por parte del presidente, como sucedió varias veces en ese país.
La reforma constitucional es asunto de mucha importancia para dejarse llevar por "la corriente". Pero, si de "seguir la corriente" se tratara, perfectamente podríamos argüir que lo sano y justificado es mantener la prohibición de que el presidente se reelija en el período inmediato, porque en vista de la concentración de poderes en el Ejecutivo, la incapacidad de los demás órganos del Estado para servir de contrapeso a ese inmenso poder, la falta de cultura democrática y el predominio de la mentalidad del botín, esa prohibición es lo que más nos conviene.
Los panameños tenemos que pensar en función de lo que nos sirve y conviene a nosotros mismos, no a los demás países. Y, en nuestro caso, porque le permite al presidente-candidato usar todos los recursos del Estado para promover su propia candidatura y perseguir y hostigar a los que se le oponen, la reelección presidencial inmediata constituye un atentado contra los derechos del pueblo panameño, por lo que tenemos que rechazarla el 30 de agosto.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre, el jueves 21 de mayo de 1998)
Recuadro: "La Constitución militarista de 1972, que nos rige, concentra una multitud de poderes en el Organo Ejecutivo, o sea, en el presidente-candidato."
- ¿Por qué es mala la reelección presidencial inmediata?
Porque permite el abuso de poder por parte del presidente-candidato en contra de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.
- ¿A qué se refiere eso de "abuso de poder"?
Específicamente, a la facultad que la reelección presidencial inmediata le dará al presidente-candidato de usar todos los recursos del Estado para promover su propia candidatura y perseguir y hostigar a los que se le opongan.
- Pero, si vivimos en democracia, ¿no existen controles que impidan ese abuso de poder?
Eso de que "vivimos en democracia" es una fábula. La Constitución militarista de 1972, que nos rige, concentra una multitud de poderes, entre los que están el control de los recursos del Estado, incluyendo la Fuerza Pública, en el Organo Ejecutivo, o sea, en el presidente-candidato. Lea la Constitución, muy en particular el Título VI, sobre el Organo Ejecutivo y se dará cuenta de lo que digo.
Por otro lado, en Panamá los organismos que, en teoría, deben servir de contrapeso al Poder Ejecutivo, como la Asamblea, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Electoral y la Contraloría General de la República son extremadamente débiles para detener el abuso de poder por parte del presidente-candidato. O no quieren o no se atreven. Aquí el Ejecutivo hace lo que le da la gana, como subirles escandalosamente el salario a los ministros, imponer leyes que deterioran la calidad de vida de la población y usar los fondos públicos para promover la reelección, ante el silencio o con la complicidad de los demás órganos del Estado, en teoría independientes.
Además, como es de todos sabido, para que un régimen democrático funcione tiene que haber cultura democrática, especialmente entre los políticos. En Panamá la cultura democrática es muy débil; lo que impera entre los políticos, particularmente entre los del oficialismo, es el autoritarismo y la corrupción, el "juega vivo" y la mentalidad del botín. Ellos creen que son dueños del Estado y que pueden hacer lo que les da gana con el poder que, supuestamente, le pertenece al pueblo. A eso me refiero con autoritarismo y corrupción.
- ¿Y qué hay de la opinión pública y los medios de comunicación?
Al gobierno no le importa un pito con la opinión pública. Los medios de comunicación, con algunas excepciones que se cuentan con los dedos de la mano, están claramente identificados con el oficialismo. Esperar que los medios actúen para detener la arbitrariedad del Ejecutivo es como pedirle peras al olmo.
- Si la reelección es tan mala y se presta para el abuso de poder, ¿por qué existe en países democráticos como los Estados Unidos?
La realidad política de los Estados Unidos es completamente diferente a la nuestra. Allá existe cultura democrática, hay una prensa combativa, se respeta la opinión pública y los poderes del Estado ejercen sus facultades constitucionales. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia y los gobiernos estatales (que no tenemos acá) son independientes; bajo ningún punto de vista puede decirse que están sometidos al Ejecutivo. Cuando las arbitrariedades se hacen públicas éstas se castigan con firmeza, como lo descubrió el presidente Nixon, quien se vio obligado a renunciar por abusar de su poder, precisamente cuando buscaba la reelección. Bajo las actuales circunstancias, eso jamás pasaría en Panamá.
ABRACADABRA por Carlos Guevara Mann (publicado en Crítica Libre el jueves 14 de mayo de 1998)
Título: "Manifiesto anti reelección "
Recuadro: "Si Ud. no desea la reelección, recórtelo y adhiéralo en algún lugar visible de su comunidad, o envíelo a su legislador en la Asamblea."
Este "Manifiesto" circula ampliamente desde la semana pasada.
Si Ud. no desea la reelección, recórtelo y adhiéralo en algún lugar visible de su comunidad, o envíelo a su legislador en la Asamblea (Asamblea Legislativa, Apdo. 3346, Zona 4, Panamá).
MANIFIESTO: A la opinión pública nacional
Como lo han explicado numerosos analistas de nuestra política, la reelección presidencial inmediata es altamente nociva para el desarrollo político del país y la institucionalización de la democracia, objetivo por el cual luchó el pueblo panameño, con encomiable vigor, durante la pasada década. Imponer la reelección presidencial inmediata en nuestro medio, en que una todavía endeble corriente democrática intenta arraigarse frente a la prevaleciente cultura de la autocracia, el clientelismo, el juega-vivo y el botín, equivale a instituir privilegios electorales injustificados en favor del presidente-candidato; a invitar al abuso del Poder Ejecutivo, la Fuerza Pública y los recursos del Estado, en detrimento de las libertades civiles y los derechos humanos; a promover el caudillismo y la perpetuación de un grupo minoritario en el poder; y a sobreponer, a la voluntad mayoritaria de la población, el capricho de un gobernante y su muy reducido círculo de simpatizantes.
Por ello es que principalmente dirigimos nuestro llamado a la dirigencia de los ocho partidos de oposición - Partido Arnulfista, Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Partido Liberal, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento de Renovación Nacional, Partido Renovación Civilista, Partido Nacionalista Popular y Movimiento Papa Egoró - y, en especial, a los legisladores de estos partidos en la Asamblea Legislativa, para que asuman de una vez por todas, sin más vacilaciones infundadas, el deber constitucional y patriótico que les compete de representar la opinión mayoritaria del pueblo panameño, que adversa la reelección presidencial inmediata y rechaza los planes autocráticos del actual gobierno. Para ello, ciertamente, les paga elevados salarios el pueblo panameño a los legisladores: para que, como abanderados de la justicia, la democracia y la libertad, se enfrenten con energía al autoritarismo y la arbitrariedad.
Agradecemos al autor por enviarnos sus excelentes articulos... ---------------------------------

References: artículo 138
 artículo 138
 artículo 138
 artículo 41
 artículo 38
 artículo 177
 artículo 33
sui generis
 artículo 41