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Timestamp: 2020-02-16 21:18:41+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 34, de 14/10/2016
cve: BOCG-12-D-34
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios. Nombramientos ... (Página3)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página3)
161/000204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página4)
161/000359 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aprobación ... (Página8)
161/000380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, relativa a la concesión de la nacionalidad a los saharauis. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página9)
161/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre reforma del Código Penal para derogar la pena de prisión permanente revisable. Aprobación ... (Página10)
161/000470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional de la Justicia. Aprobación con modificaciones ... (Página4)
161/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas. Aprobación así como enmiendas formuladas ... (Página10)
161/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página13)
161/000270 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico. Aprobación así como enmienda formulada ... (Página18)
161/000280 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas. Desestimación así como enmiendas formuladas ... (Página19)
161/000338 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto, sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible. Aprobación ... (Página22)
161/000366 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al fomento del autoconsumo eléctrico. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas ... (Página23)
161/000420 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. Aprobación así como enmiendas formuladas ... (Página26)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de octubre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D. José Manuel Lechuga Gómez, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 7 de octubre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asesor de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de octubre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Lorena Calderón Guerrero, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 7 de octubre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de octubre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.ª Marta Domínguez Roca, a propuesta del Excmo. Sr. D. Antonio Hernando Vera, con efectos de 7 de octubre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de octubre de 2016 la Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a D.a Fuencisla Yubero Sánchez, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª Elena María Bastidas Bono, con efectos de 6 de octubre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la Presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
161/000204 y 161/000470
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 4 de octubre de 2016, ha acordado aprobar las siguientes Proposiciones no de Ley, tramitadas conjuntamente:
- Proposición no de Ley sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia (núm. expte. 161/000204), presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016.
- Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia (núm. expte. 161/000470), presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 27, de 4 de octubre de 2016.
con el siguiente texto, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"1. El Congreso de los Diputados declara su firme voluntad de mejora, modernización, agilización y aseguramiento de la independencia de la justicia.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia. Dicha Estrategia deberá incluir, al menos, las siguientes medidas:
- Asegurar mediante las modificaciones legales necesarias, que la Justicia sea percibida como inequívocamente independiente, tanto en sus órganos de Gobierno, como en las Altas Magistraturas y Fiscalía General del Estado.
- Invertir de manera específica en un plan de desarrollo de la administración electrónica, con un sistema tecnológico avanzado y coordinado en todas las Comunidades Autónomas.
- Incrementar los medios humanos de la Justicia, favoreciendo una distribución eficiente de cargas de trabajo, creando unidades judiciales donde sea necesario.
- Acometer una reestructuración del funcionamiento de los Juzgados que asegure un modelo más ágil y efectivo, fomentando además la Oficina Judicial y Fiscal, así como de los procedimientos judiciales y alternativos de resolución de conflictos que lo requieran."
A la Proposición no de Ley núm. expte. 161/000204 se formularon dos enmiendas, cuyo texto se inserta a continuación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia (núm. expte. 161/000204).
"El Congreso de los Diputados considera necesario poner en marcha una Estrategia Nacional de Justicia, desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la Justicia y los ciudadanos, para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo su configuración como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos, priorizando la eficiencia y calidad de la Administración de Justicia."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia (núm. expte. 161/000204).
Se propone la modificación de la parte resolutiva al completo que quedará como sigue:
"1. Auditoría pública del sistema judicial. Se acordará una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos. Asimismo, se impulsará una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será
competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.
2. Reformar la legislación para favorecer la elección directa del Consejo General del Poder Judicial a fin de velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, se tratarán las siguientes medidas:
- Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
- Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
- Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
3. Promover la reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas:
- Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado.
- Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo.
- Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad.
- Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado.
- Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica).
- Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.
4. Promover la despolitización del Tribunal Constitucional a través de dos reformas:
- Establecer un nuevo sistema de nombramientos por "cuota de rechazo": la negociación de los nombramientos partirá de la conformación de un amplio listado de todas las personas técnicamente cualificadas para acceder a él. A partir de esta propuesta, cada uno de los partidos solo podrá ir si descarta de esa lista un número proporcional a la cuota que le corresponde en función de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte, acabarán quedando solo los que menos rechazo generan. No estarán designados por nadie, ni en deuda con nadie.
- Derogar la "reforma exprés" de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, de forma que el Tribunal Constitucional no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad.
5. Eliminación de privilegios procesales. Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.
6. Policía judicial y peritos para su adscripción funcional a los juzgados que deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Estar adscritos funcional y temporalmente a los juzgados o tribunales.
- Contar con estructura independiente y un número muy reducido de puestos de libre designación.
- Estar integrado por funcionarios con acreditada experiencia en la Policía Judicial, y con acceso exclusivo mediante concurso específico de méritos.
- Promover y dirigir las investigaciones ya judicializadas:
? Actuarán por delegación del juez o fiscal en el seno del cuerpo judicial.
? Podrán requerir de los mandos policiales todos los medios personales y materiales precisos para llevar a buen fin la investigación.
? Estarán exentos de informar sobre la evolución de las investigaciones o de los resultados obtenidos.
7. Justicia gratuita real. Proponemos la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades autónomas en esta materia.
8. Supresión de las tasas que impidan o dificulten el acceso a la justicia a personas, entidades o empresas.
9. Impulso y regulación de los mecanismos de resolución de conflictos autocompositivos, incluyendo aquellos de Justicia Restaurativa.
10. Implantar medidas de apoyo a la inversión en los servicios sociales públicos complementarias a la labor de jueces y magistrados.
11. Debate y discusión sobre la actual organización competencial, personal y territorial con las modificaciones necesarias de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial que sean necesarias.
12. Debate y revisión de las leyes procedimentales en todos los órdenes."
Más allá de la clásica definición de Justicia como "dar a cada uno lo suyo", es cierto que la justicia puede ser definida como un sentimiento, y por tanto sujeto a interpretaciones diversas en las que las diversas opiniones juegan un papel importante en un Estado Democrático que aspira a una democracia deliberativa lo más amplia posible para el conjunto de sus ciudadanos. Debemos distinguir la Justicia como poder del Estado y como Servicio Público. Algunas concepciones más tradicionales han puesto hincapié en el sistema de justicia como mero ejercicio de un poder recogido en la Constitución, diferente del legislativo y del ejecutivo, pero que por eso mismo interesa controlar de forma indirecta o directa a fin de legitimar mediante la interpretación de la Ley decisiones que sencillamente se toman en otros lugares. Se pervierte por tanto el sistema de controles en que debe consistir el ejercicio democrático del poder. Otras concepciones solo se sirven del concepto de servicio público como una forma de que el Estado genere la burocracia imprescindible para servir a los intereses de quienes más tienen, aquellos en definitiva que más tienen que perder y por ende aquellos que más interés tienen en un servicio que les ayude a mantener y conservar lo que tienen.
Frente a estas concepciones, desde nuestra opción política defendemos la estricta independencia de la justicia por parte de otros poderes políticos y económicos, de manera que sus decisiones no estén influidas por elementos fuera del sistema de justicia propiamente dicho. Sirve así por tanto la Justicia como poder del Estado al objetivo de crear controles al ejercicio de un poder que tiende a desbordar el estricto marco del derecho, prestando un servicio a la democracia. Por otra parte, la Justicia como servicio público debe dotar de medios materiales y personales a ese Poder Judicial independiente de manera que sea capaz de responder en tiempo y forma a las demandas de todos los ciudadanos, no solo aquellos que más fácil acceso tienen a la justicia. No se trata únicamente de alcanzar la tutela judicial efectiva, sino también de asegurar el paso previo de igualdad de condiciones en el acceso al sistema de justicia, sin trabas injustificadas. Cumplirá así este servicio con un importante papel en un Estado Social cual es de reequilibrar los intereses de todos los ciudadanos, asegurando un trato idéntico a quienes parten de diferentes posiciones personales o económicas y contribuyendo de esta manera a la creación de una sociedad más igualitaria.
Sin embargo, la ciudadanía percibe que estamos cada vez más lejos de este ideal debido a las opciones que a lo largo de estas últimas décadas se han ido tomando, y que desde nuestro punto de vista se resumen en:
- Una injerencia excesiva y cada vez más creciente en los nombramientos de determinados cargos de administración y gestión de los órganos de gobierno de los jueces y tribunales, que determinan
designaciones muy alejadas de los principios de mérito y capacidad con un objetivo claro de control de las decisiones por parte del Gobierno de turno.
- Una pérdida de independencia de la Fiscalía, frecuentemente puesta al servicio de intereses políticos y económicos con pérdida o retorcimiento del principio de legalidad y el interés público que debería regir su actuación.
- Una pérdida de prestigio del máximo órgano de interpretación y arbitraje del sistema político, el Tribunal Constitucional, cuya falta de credibilidad actual es notoria y pública.
- Una falta de inversión en el servicio justicia que determina graves carencias de condiciones materiales y personales a fin de lograr la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales y que determina el retraso o la falta de calidad de las resoluciones a pesar de los esfuerzos del personal empleado, cuya desmotivación es notoria.
- Una ineficiente organización competencial, personal y territorial que hace perder eficiencia y recursos.
- Leyes procesales poco ágiles y claras que no han sabido combinar los principios de garantías del justiciable con la necesaria celeridad de los procesos.
- Falta de inversión en la Justicia Gratuita, con el consiguiente deterioro de los servicios de asistencia para aquellos que menos tienen.
- Falta de apoyo a la inversión en los servicios sociales y de apoyo técnico a la labor de jueces y magistrados. Fortalecimiento de la concepción del servicio público, sin privatizaciones o externalizaciones que hagan depender el funcionamiento de servicios de entidades o elementos privados y externos a la administración de justicia.
- Falta de regulación eficiente de una Policía Judicial al servicio de jueces y magistrados y por tanto de una investigación ágil y eficaz bajo su dirección sin posibilidad de injerencias externas.
- Falta o ineficiente regulación de los mecanismos de resolución de conflictos autocompositivos, incluyendo aquellos de Justicia Restaurativa.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000359
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 4 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley relativa a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 23, de 28 de septiembre de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para la derogación de la modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida por Ley 41/2005, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, a fin de evitar el sobreseimiento de las causas en instrucción por el mero transcurso del plazo."
161/000380
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 4 de octubre de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la concesión de la nacionalidad a los saharauis, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 23, de 28 de septiembre de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Modificar el artículo 22 del Código Civil para incluir a los saharauis entre los que pueden adquirir la nacionalidad española mediante un plazo privilegiado de dos años de residencia.
2. Modificar el artículo 221 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, para reconocer de forma expresa la validez de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui Democrática para probar los hechos a los que hace referencia el artículo 220 del mencionado Decreto.
3. Modificar el apartado h) del artículo 23 del Código Civil como sigue: "Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24, los sefardíes originarios de España y los saharauis"."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Díputado Enric Bataller i Ruiz, y al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley en materia de concesión de la nacionalidad a los saharauis, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
Modificar el artículo 22.1 del Código Civil para incluir a los saharauis entre los que pueden adquirir la nacionalidad española mediante un plazo de dos años por residencia. Así, la redacción del artículo 22.1 del Código Civil quedaría de la siguiente manera:
"Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que esta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido asilo o refugio, y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, así como de quienes hubieren sido residentes en el territorio del Sahara occidental durante su administración por España y sus descendientes."
Atendiendo a que la finalidad última de la modificación del artículo 22.1 del Código Civil que se propone es la de incluir expresamente al pueblo saharaui entre los miembros de la comunidad histórica española, resulta lógico extender también a ese colectivo la posibilidad de beneficiarse del plazo reducido de 2 años de residencia continuada en España para el acceso a la nacionalidad.
Modificar el apartado h) del artículo 23 del Código Civil como sigue:
Para que la equiparación del pueblo saharaui al resto de colectivos e integrantes de la comunidad histórica española sea plena en esta sede, es preciso que también se le haga extensiva la exención de renuncia a la nacionalidad anterior, sobre todo a la vista de la situación de conflicto irresuelto actualmente existente en el territorio del Sahara occidental.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de octubre de 2016.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000453
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 4 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre reforma del Código Penal para derogar la pena de prisión permanente revisable, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 27, de 4 de octubre de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de reforma del Código Penal modificando todos aquellos preceptos que se refieran o prevean como pena la prisión permanente revisable, sustituyendo dicha pena por una pena que se adecúe a lo previsto en nuestra Constitución y que constituya una respuesta sancionadora adecuada y proporcional a la conducta que se castiga."
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Desarrollar y clarificar suficientemente los requisitos de seguridad industrial que este tipo de gasolineras deben contemplar para garantizar que cualquier usuario esté plenamente en condiciones de
seguridad ante cualquier tipo de eventualidad que se produzca cuando realice su repostaje. Este desarrollo aportaría seguridad jurídica a todos los agentes del sector garantizando una competencia leal en los términos de defensa de la competencia.
2. Modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario diurno. Se cumpliría así, además, con el derecho de las personas con discapacidad a ser atendidas en estos establecimientos.
3. Publicar la nueva revisión de la instrucción técnica complementaria IP04 relativa a estaciones de servicio, con el objeto de aclarar y hacer más concretas y rigurosas las medidas de seguridad de las estaciones de servicio desatendidas.
4. Garantizar la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que por tanto, no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes Comunidades Autónomas.
5. Articular y garantizar, conforme a la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que los técnicos proyectistas e instaladores de las estaciones de servicio desatendidas cumplan rigurosamente la normativa de seguridad industrial que estas instalaciones deben cumplir en la actualidad, garantizando, por tanto, la seguridad de las personas y los bienes. En definitiva, articular e implantar una normativa que aclare la posición jurídica de las gasolineras desatendidas y garantice la seguridad de estas instalaciones y el cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
El Grupo Mixto, a instancia del Diputado Isidro Martínez Oblanca, de Foro, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Socialista relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones elaboradas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y publicadas el pasado 28 de julio de 2016, en relación a la regulación del mercado de distribución de carburantes de automoción a través de estaciones de servicios desatendidas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas.
Se suprime el apartado 2, que tiene la siguiente redacción:
"2. Modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas que sean necesarias para prever la obligatoriedad de que haya al menos un empleado en las estaciones de servicio para atender a personas consumidoras en horario diurno. Se cumpliría así, además, con el derecho de las personas con discapacidad a ser atendidas en estos establecimientos."
Si las gasolineras pueden funcionar en condiciones de completa seguridad, la imposición de la obligatoriedad de al menos un empleado en toda gasolinera supondría una limitación a la competencia y un perjuicio al consumidor.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre requisitos de seguridad de las gasolineras desatendidas.
Al punto 2.°
Se propone la modificación de "Modificar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, las normas que sean necesarias (...)" en el sentido siguiente:
"2. Impulsar la modificación de las normas que sean necesarias, garantizando en cualquier caso las competencias de las Comunidades Autónomas sobre la materia, (...)."
Para evitar posibles invasiones competenciales.
Se propone la supresión de:
"4. Garantizar la Unidad de Mercado prevista en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, y que por tanto, no se produzcan agravios comparativos en los requisitos de acceso de seguridad básicos en las diferentes Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.
161/000173
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española, en consonancia con lo dispuesto en las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes y, en consecuencia, garantice la no interrupción del suministro de aquellos servicios considerados esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o suministro de agua, etc.).
2. Establezca la obligación de las empresas suministradoras de energía de realizar un preaviso ante una eventual interrupción del suministro, al objeto de que los servicios sociales puedan valorar, según el caso, que los usuarios afectados se encuentren en situación vulnerable a los efectos de adoptar las medidas de ayuda y cobertura que sean oportunas. Asimismo, impulse las medidas y los acuerdos con los operadores privados que procedan para garantizar que las empresas suministradoras no lleven a cabo cortes de suministro durante el período invernal a los usuarios que tengan reconocida la condición de consumidores vulnerables.
3. Regule un nuevo sistema de acceso mínimo garantizado a los suministros básicos de electricidad, gas natural y gas butano para todos los hogares con poder adquisitivo reducido, en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente.
4. Realice las modificaciones legales oportunas para incorporar, adicionalmente a los criterios existentes, la posibilidad de que puedan acceder al bono social eléctrico aquellos consumidores y familias en situación de vulnerabilidad que no superen un determinado umbral de capacidad económica. En concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, impulsaremos la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión. Asimismo, la legislación debe habilitar que los servicios sociales de proximidad puedan gestionar directamente la solicitud de la concesión de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad.
5. Mejore la eficiencia energética y el comportamiento térmico de los edificios e incorpore servicios energéticos avanzados dirigidos a los consumidores vulnerables en el marco de los planes de rehabilitación."
A dicha Proposición no de Ley se formularon catorce enmiendas, cuyos textos, asimismo, se insertan.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética.
1. Incorpore la lucha contra la pobreza energética como prioridad de la política energética española, en consonancia con lo dispuesto en las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes, y en consecuencia, garantice la no interrupción del suministro de aquellos servicios considerados esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o suministro de agua, etc.).
4. Realice las modificaciones legales oportunas para incorporar, adicionalmente a los criterios existentes, la posibilidad de que puedan acceder al bono social eléctrico aquellos consumidores y familias en situación de vulnerabilidad que no superen un determinado umbral de capacidad económica. Asimismo, la legislación debe habilitar que los servicios sociales de proximidad puedan gestionar directamente la solicitud de la concesión de dicho bono social por parte de las familias en situación de vulnerabilidad."
Sin perjuicio de las medidas planteadas originalmente, se plantean las modificaciones anteriores con el fin de mejorar y adaptar la Proposición a disposiciones legislativas concretas contra la pobreza energética, tales como el bono social o la regulación sobre los cortes del suministro eléctrico.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética.
Se propone la modificación con el texto siguiente:
"1. Reconozca el derecho a una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos, tal y como se recoge en la Observación general n.o 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de prioridad a la energía como un bien público estableciendo garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de servicios energéticos e incorpore la lucha contra la pobreza
energética como prioridad de la política energética española, en consonancia con lo dispuesto en las Directivas 2009/73/CE y 2009/72/CE, con la finalidad de prevenir el riesgo de exclusión social causado por la falta de acceso a este tipo de servicios esenciales y de los perjuicios para la salud derivados de una calefacción y refrigeración deficientes, y en consecuencia, garantice la no interrupción del suministro de aquellos servicios considerados esenciales (hospitales, transporte público, domicilios con enfermos que precisen equipos médicos conectados a la red, alumbrado público o suministro de agua, etc.)."
Se propone la modificación, quedando redactado como sigue:
"2. Realice las modificaciones normativas y los acuerdos con los operadores privados que procedan para que se prohíba que las empresas suministradoras de energía interrumpan el suministro a los particulares en caso de retraso o impago cuando sus receptores tengan la consideración de consumidores vulnerables en los términos previstos en la legislación vigente, la cual será acreditada mediante informe de los servicios sociales, que serán los que determinen el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica ante una eventual resolución de interrupción del servicio por parte de la empresa suministradora o comercializadora."
"3. Regule un nuevo sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos."
Se propone la adición del punto siguiente:
"4. Modifique el artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, para ampliar el bono social para aquellos hogares que sean declarados como vulnerables, para cubrir sus necesidades básicas de suministro de electricidad, agua y gas, en función del grado de vulnerabilidad de cada hogar. Los servicios sociales competentes determinarán anualmente el grado de vulnerabilidad que corresponde a cada hogar calificado como hogar vulnerable y, por tanto, a la cuantía de bono social que podrá recibir en función del Consumo Mínimo Vital que se haya determinado por cada suministro, en función del número de miembros del hogar. Su concesión se basará en la renta familiar a través de unos criterios claros, transparentes y homogéneos, y será válido tanto para primeras viviendas tanto de compra como de alquiler."
"5. Exija a las compañías eléctricas la devolución inmediata de las cantidades que cobraron del Estado en calidad de Costes de Transición a la Competencia, cuyo monto asciende a más de 3.500 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Comisión Nacional de Energía."
"6. lmpulsar la creación de una auditoría sobre el conjunto del sistema del sector eléctrico y sobre los costes reales del sector que será llevada a cabo por actores independientes. Impulsar asimismo una auditoría específica sobre el déficit de tarifa, su origen y su legitimidad."
"7. Promover una normativa que establezca la prohibición absoluta y permanente para ocupar puestos en Consejos de Administración y/o de alta dirección en empresas del sector energético a las personas que hayan ocupado los altos cargos contemplados en el artículo 1.2. a), b) y c) de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Reforzar asimismo las incompatibilidades y aumentar a 10 años el periodo de carencia para que los altos cargos contemplados en el artículo 1.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, puedan prestar servicios para entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado durante el ejercicio de su cargo y/o relacionadas con su gestión."
"8. Elaborar una regulación que garantice el equilibrio entre los usuarios y las distribuidoras que evite las posibles conductas abusivas por parte de las comercializadoras de energía eléctrica. Exigir asimismo a las empresas suministradoras una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura, los servicios energéticos contratados, medidas de eficiencia energética y disponibilidad de bonos sociales. Exigir también la publicación trimestral de la información sobre el número de consumidores que no pueden abonar la factura, así como el número de consumidores que se ven afectados por costes de suministro."
"9. Responsabilizar a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo en la primera vivienda, descuentos en las facturas y bonos sociales. El precio social no implicará un gasto presupuestario
extraordinario para las administraciones públicas competentes y tampoco se podrá repercutir sobre las personas usuarias, corriendo a cargo de las compañías suministradoras de energía."
"10. Derogar el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo e impulsar medidas que permitan utilizar las instalaciones de autoconsumo como una medida para reducir la factura eléctrica en los hogares vulnerables, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea del pasado 15 de julio de 2015."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas para paliar los efectos de la pobreza energética, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
"3. Presente una normativa de protección de los consumidores vulnerables que regule un sistema de servicio mínimo de suministro de energía (electricidad y gas), que garantice que ningún hogar pueda ser privado de un mínimo de cobertura básica de subsistencia. El coste financiero de esta medida será asumido por los Presupuestos Generales del Estado."
"4. Mejore la eficiencia energética y el comportamiento térmico de los edificios e incorpore servicios energéticos avanzados dirigidos a los consumidores vulnerables en el marco de los planes de rehabilitación."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para paliar la pobreza energética.
"El Congreso de los Diputados considera necesario impulsar la protección del bono social, garantizando que tengan acceso a él todos los consumidores en situación de vulnerabilidad. En concurso con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y abierto a la participación de empresas y la sociedad en su conjunto, impulsaremos la creación de fondos para la protección de consumidores con riesgo de exclusión."
Mantenemos el criterio sobre la base del Programa Electoral para las Elecciones Generales de 2016 "Seguir Avanzando 2016-2020" con el que concurrió el Partido Popular.
161/000270
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 19, de 22 de septiembre de 2016, en sus propios términos:
"a) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar las razones por las cuales, de acuerdo con la regulación vigente, la Secretaria de Estado de Energía no ha hecho público las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a las previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad del suministro eléctrico, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Establecer un nuevo sistema que permita a los grandes consumidores de energía de nuestro país acceder al mercado eléctrico en igualdad de condiciones que otras industrias de la Unión Europea y disponer de unos costes energéticos en torno a la media europea.
2. En tanto en cuanto no se establezca dicho servicio, llevar a cabo de forma inmediata la subasta de interrumpibilidad que corresponde a 2017 de forma que las empresas puedan planificar su actividad e inversiones con certidumbre.
3. Impulsar con determinación la interconexión de las redes energéticas de Europa y, en particular, las redes de transporte de electricidad, que resultan fundamentales para la convergencia de precios entre los países interconectados, aumentan la competencia entre los agentes y posibilitan una mayor integración de las energías renovables.
4. Reclamar ante las instituciones comunitarias un Fondo Europeo para compensar los costes de las empresas con alto consumo energético para evitar situaciones de competencia desleal en el mercado interior.
5. Supervisar el proceso de venta de las plantas de producción de aluminio primario iniciado por Alcoa y exigir a la propia Alcoa, o a cualquier posible comprador, un proyecto industrial e inversiones necesarias que garanticen la competitividad y la viabilidad para dar estabilidad a la actividad industrial y a los empleos derivados y evitar el riesgo de especulación y posterior cierre de las factorías."
161/000280
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 23, de 28 de septiembre de 2016.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas.
1. Favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas (metalurgia, siderurgia, cemento, gases industriales, química y otros) mediante el establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible, tanto en lo referente al resultado del mercado eléctrico como a los costes regulados y carga fiscal, para disponer de unos costes energéticos semejantes a los que podrían obtenerse en otros mercados que le permitan a las industrias españolas lograr una estructura de costes adecuada para competir en igualdad de condiciones con las industrias europeas.
2. La adopción de las reformas y de las medidas liberalizadoras que procedan para promover una reducción de los costes de la energía que favorezcan la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de evitar el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.
3. Acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes consumidores industriales."
2. La adopción de medidas de emergencia para fijar con carácter inmediato una tarifa eléctrica que proteja la competitividad de la industria básica española intensiva en consumo eléctrico, con objeto de frenar el proceso ya iniciado de deslocalización de producciones en el sector de la metalurgia nacional, con las consiguientes pérdidas de empleo y cierres de centros de producción por no contar con costes energéticos equivalentes a los que pagan otros competidores europeos.
3. Acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes consumidores industriales, evitando que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de la Unión Europea (a pesar de nuestro poder adquisitivo inferior al de muchos de los países miembros), condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores clave para la economía española."
Por una parte, el tratamiento fiscal ya es muy distinto al de otros países, y hace que el precio después de impuestos esté por debajo de la media de la Eurozona, por otra subyace en los párrafos eliminados motivaciones de corte proteccionista que no creemos sean los más adecuados para impulsar la competencia del sector energético.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Foro) relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas.
Se propone la adición en la parte resolutiva, al final del punto 1, del siguiente texto:
"Este posible nuevo sistema debe basarse en la transición a las renovables, eficiencia energética y en la revisión de costes fiscales, y que supondrían un gran beneficio reduciendo los costes productivos para las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica."
Se propone la adición, en la parte resolutiva, al final del punto 2, del siguiente texto:
"Esta nueva tarifa debe basarse en los resultados de una auditoría del sistema de costes del mercado eléctrico y, en ningún caso, deberá suponer un incremento en la tarifa de los hogares y otros sectores productivos."
Se propone la adición en la parte resolutiva, en el punto 3, del siguiente texto:
"previa auditoría del sistema actual de costes."
Así, el texto definitivo quedaría de la siguiente forma:
"3. Acometer con urgencia la reforma estructural del sistema de costes energéticos, "previa auditoría del sistema actual de costes", para favorecer la competitividad del conjunto de la sociedad española, desde los hogares y los pequeños consumidores domésticos a los medianos y grandes consumidores industriales, evitando que la situación actual, con España a la cabeza de las tarifas eléctricas más caras de la Unión Europea (a pesar de nuestro poder adquisitivo inferior al de muchos de los países miembros), condene a nuestro país a convertirse progresivamente en un gueto caracterizado por el paulatino desmantelamiento de sectores clave para la economía española."
Se propone la adición, en la parte resolutiva, de los siguientes puntos:
"4. Emprender las medidas que procedan para fomentar la implementación por parte de estas grandes industrias consumidoras de energía de un plan de inversiones que favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de emisiones contaminantes y la innovación y creación de valor añadido en su producción; todo ello teniendo en cuenta el importante peso que estas industrias poseen en la economía y el empleo de las zonas en las que desarrolla su actividad.
5. Promover un Pacto de Estado de la Energía, a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para dotar a la política energética de la estabilidad en el tiempo y facilitar la
transición energética hacia un modelo más competitivo, más transparente y más sostenible. Un modelo basado en las energías renovables, la eficiencia y la gestión inteligente de la demanda."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa al establecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico de precio competitivo, estable y predecible para favorecer la competitividad de las industrias básicas electro-intensivas, del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000338
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la derogación del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la Línea de Muy Alta Tensión Vic-Bescanó y la adopción, en su caso, de una alternativa sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 23, de 28 de septiembre de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Paralizar de forma inmediata la ejecución del proyecto de ramal entre Santa Coloma de Farners y Riudarenes de la línea de la MAT Vic-Bescanó y derogar todas las disposiciones referidas a la realización del mismo.
2. Estudiar las necesidades energéticas del territorio y, en su caso, presentar un proyecto a los municipios afectados, que desde una perspectiva de transición a las energías renovables tenga en cuenta los impactos sobre el medio ambiente y el patrimonio tal como están recogidos en los estudios existentes, y permita la obertura de un proceso de información y participación pública en búsqueda del consenso para la satisfacción de las necesidades establecidas."
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa al fomento del autoconsumo eléctrico, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 23, de 28 de septiembre de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Derogar todas las trabas administrativas, técnicas o económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, tales como las previstas en el Real Decreto 900/2015.
2. Promover de manera urgente una legislación de autoconsumo que incluya los siguientes aspectos, modificando los artículos de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico:
a) La energía autoconsumida instantáneamente (aquella que no hace uso en ningún momento de la red eléctrica) estará libre de cualquier tipo de imposición. Es propia a la red privada del consumidor, no será monitorizada por la distribuidora ni estará sujeta a ningún tipo de peaje.
b) La energía vertida a la red por instalación de autoconsumo será retribuida, bien mediante un saldo económico o bien mediante un saldo energético que podrá cancelarse cuando se importe energía. Dicho saldo tendrá una validez de un año desde el momento de su generación.
c) No existirá límite alguno de la potencia de las instalaciones que puedan acogerse a esta normativa siempre y cuando estas no estén sobredimensionadas con respecto a las necesidades de consumo de la instalación a la que prestan servicio.
d) Se simplificarán los trámites administrativos para dar de alta dichas instalaciones estableciéndose un procedimiento sencillo y ágil.
e) Se desarrollará un marco normativo pertinente que permita el desarrollo del autoconsumo colectivo, por ejemplo entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.
3. Impulsar medidas, en colaboración con Entidades Locales y Comunidades Autónomas, que aprovechan las posibilidades del desarrollo del autoconsumo para estimular la rehabilitación de edificios y barrios, el desarrollo rural sostenible y las actividades económicas derivadas de esta tecnología.
4. Poner en marcha a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) políticas públicas de mejora de eficiencia y ahorro energético que fomenten las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica de origen renovable.
5. Elaborar un estudio sobre la previsión de demanda temporal esperada de conexiones a la red y de la energía intercambiada por los sistemas de balance neto para planificar las modificaciones que se requieran en las redes eléctricas de distribución y transporte."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al fomento del autoconsumo eléctrico.
"2. Promover de manera urgente una legislación de autoconsumo que incluya los siguientes aspectos, modificando los artículos de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico:
b. La energía vertida a la red por la instalación de autoconsumo será retribuida en función del precio de mercado en la hora concreta en la que se realice dicha acción.
c. No existirá límite alguno en la potencia de las instalaciones que puedan acogerse a esta normativa siempre y cuando estas no estén sobredimensionadas con respecto a las necesidades de consumo de la instalación a la que prestan servicio.
e. Se ejecutarán las normativas existentes para la permisividad del autoconsumo colectivo cuando esté en consonancia con el Código Técnico de la Edificación."
e. Se permitirán instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa al fomento del autoconsumo eléctrico, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Derogar las trabas administrativas, técnicas y económicas al desarrollo del autoconsumo de energía eléctrica que supongan una barrera de entrada y no tengan justificación contenidas en el Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, que regula las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo, para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso en la descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de empleo e impulso tecnológico y facilitará la producción energética sostenible y limpia.
2. Promover una reforma de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que favorezca el desarrollo del autoconsumo eléctrico en la modalidad de balance neto, entendiendo que este se ha de configurar como un sistema de compensación de créditos de energía en un periodo de tiempo tasado, que se ha de aplicar al consumidor que disponga de una instalación de generación conectada a su red eléctrica interior que incluya, entro otros, los siguientes aspectos:
a) Se elaborará una normativa básica que han de cumplir las instalaciones de autoconsumo que puedan verter y recibir energía a la red. La energía autoconsumida instantáneamente (aquella que no hace uso en ningún momento de la red eléctrica) estará libre de cualquier tipo de imposición, peaje de acceso o carga. La energía vertida a la red por la instalación de autoconsumo será retribuida a precios de mercado, bien mediante un saldo económico o bien mediante un saldo energético que podrá cancelarse cuando se importe energía. Dicho saldo tendrá una validez de un año desde el momento de su generación. No existirá límite alguno en la potencia de las instalaciones que puedan acogerse a esta normativa.
b) Se simplificarán los trámites administrativos para dar de alta dichas instalaciones estableciéndose un procedimiento sencillo y ágil que no suponga una barrera de entrada desproporcionada.
c) Se ampliará el desarrollo del autoconsumo eléctrico en la modalidad de balance neto a las cooperativas y comunidades de vecinos que puedan beneficiarse de instalaciones comunes o compartidas.
3. Impulsar medidas, en colaboración con Entidades Locales y Comunidades Autónomas, que aprovechen las posibilidades del desarrollo del autoconsumo para estimular la rehabilitación de edificios y barrios, el desarrollo rural sostenible y las actividades económicas derivadas de esta tecnología.
4. Poner en marcha a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) políticas públicas de mejora de eficiencia y ahorro energético que fomenten las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica de origen renovable.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa al fomento del autoconsumo eléctrico.
"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de eliminar las dificultades que pudieran existir al autoconsumo eléctrico eficiente, con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios. Se tendrán en cuenta particularidades adicionales de los sistemas extra-peninsulares, tratándolas de manera específica atendiendo a sus condiciones especiales y siempre con el objetivo de reducir los costes y contribuir a la estabilidad del sistema."
Mantenemos el criterio sobre la base del Acuerdo "150 Compromisos para mejorar España" firmado con Ciudadanos.
La Comisión de Industria, Energía y Turismo, en su sesión del día 5 de octubre de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 27, de 4 octubre de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya.
1. Impulsar un proceso de evaluación de los programas de ayudas a la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, concedidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en el periodo 2013-2015, con el objetivo de analizar el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos. La evaluación y la definición de recomendaciones deberán realizarse, preferentemente por la AEVAL y con participación institucional, involucrando a beneficiarios de convocatorias anteriores, potenciales beneficiarios, Comunidades Autónomas, agentes sociales y económicos y la FEMP.
2. Modificar las bases de las convocatorias de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en base a las recomendaciones del proceso de evaluación y en un marco estatal de estrategia industrial."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
Se añade un nuevo apartado 3 a la Proposición no de Ley, con la siguiente redacción:
"3. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la completa ejecución de los recursos financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado para las políticas de investigación y desarrollo, con la finalidad de que sean aprovechados en todo su potencial con la máxima transparencia, coordinación y eficacia de cara al cumplimiento del objetivo europeo de alcanzar el objetivo de inversión en I+D+i equivalente al menos al 2% del PIB en el año 2020."
El pobre aprovechamiento de los recursos disponibles para I+D+i es algo reciente y que ha ido empeorando en los últimos años. El grado de ejecución presupuestaria en 2014 fue del 53,4%, en 2013 del 54,5%, en 2012 del 54,8%, en 2011 del 57,6%, mientras que en 2007 era del 91,3%.
Según el informe de la IGAE el grado de ejecución más bajo se registra en el uso de los fondos financieros. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo dispuso del 51% de fondos para activos financieros del capftulo 8 de los PGE. Esto hace que la inversión en I+D en nuestro país, haya retrocedido desde el 1,35% del PIB en 2009 al 1,23% del PIB en 2014. ¿Cómo vamos a llegar así al objetivo del 3% del PIB en 2020?
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para modificar las convocatorias de los programas de ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
"Modificar las bases de las ayudas para la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para dar más puntuación a los proyectos que promuevan una economía verde y que contribuyan al proceso de transición energética, el cumplimiento del Protocolo de Kioto, así como proyectos de biomedicina o alto interés social. Asimismo, incluir en dichas bases, tal y como ocurre en otro tipo de ayudas estatales, el compromiso en el mantenimiento de la actividad económica y del empleo, salvo causas justificadas, así como en el compromiso de no deslocalización de la empresa del territorio nacional por un periodo que se estime."
"Evaluar los posibles desequilibrios territoriales en el proceso de reindustrialización que implican estas ayudas, haciendo uso de los mecanismos correctores que se consideren oportunos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de octubre de 2016.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

References: artículo 324
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 324
 artículo 324
 artículo 22
 artículo 221
 artículo 220
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 23
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 194
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 194
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193