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Timestamp: 2018-01-20 09:26:03+00:00

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Por Clase / Laboral
Al resolver duda sobre las implicaciones de no suministrar a la UGPP la respuesta a un requerimiento ordinario en el cual se solicita un balance de prueba por tercero, cuando la entidad no maneja cuentas de gastos de nómina en su contabilidad por tercero; la UGPP señala que si la empresa no maneja cuentas de gasto de nómina en su contabilidad por tercero, al responder el requerimiento de información, el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo), o en su defecto, el contador y/o representante legal, deberá certificar y sustentar sobre el no cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas por la unidad, frente a lo cual se entendería subsanada tal situación si los auxiliares contables son remitidos por tercero.
La Corte Suprema de Justicia recuerda que el requisito de la convivencia para acceder a la pensión de sobrevivientes se entiende cumplido cuando se puede demostrar que el fallecido y el sobreviviente han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante al auxilio mutuo –elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del Código Civil–, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por limitación de medios, ora por oportunidades laborales.
Ley 1835 de 09-06-2017
Mediante la Ley 1835 del 9 de junio de 2017, se adiciona el artículo 98 a la Ley 1982 con el cual queda establecido que, cuando se presente la cesión de los derechos de autor, estos últimos conservarán el derecho a recibir una remuneración equitativa por los actos de comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial al público que se haga de la obra audiovisual; dicha remuneración deberá ser pagada directamente por quien realice la comunicación. La Ley señala que no se considerará comunicación pública cuando la misma se realice con fines educativos, dentro del recinto o instalaciones de las instituciones educativas, siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. De igual manera, tampoco habrá lugar al reconocimiento del derecho a remuneración cuando establecimientos abiertos al público utilicen la obra audiovisual para el entretenimiento de sus trabajadores, o cuando la finalidad de comunicación de la obra audiovisual sea diferente a la de entretener con ella al público consumidor con ánimo de lucro o de ventas. Finalmente, la Ley 1835 señala que las disposiciones establecidas en ella no le son aplicables a las cesiones de derechos de autor realizadas antes de su entrada en vigencia.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 163 de la Ley 100 de 1993, para efectos del acceso a la seguridad social, se considera que los hijos menores de 25 años de edad que dependan económicamente del afiliado hacen parte del núcleo familiar de este. Al respecto, el Concepto 201731200100303 de 2017 de la Subdirección de Operación del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud, referente a la norma que rige la materia, señala que “los hijos menores de 25 años, es decir aquellos que tengan 24 años serán considerados beneficiarios para el acceso a la seguridad social hasta el último segundo del último minuto de la ultima hora del último mes en el que tengan 24 años de edad, una vez cumplen 25 años dejan de formar parte del supuesto previsto por la norma. Si otro distinto fuera el espíritu de la norma el límite de cobertura se hubiera extendido hasta los 26 años de edad, para así incluir a quienes tuvieran 25 años”. Es claro entonces que se considera a los hijos menores de 25 años o hasta que cumplan 25 años, como beneficiarios para el acceso a la seguridad social, sin que sea posible superar dicho límite.
La Corte Suprema de Justicia precisa una vez mas que, actualmente, existe una jurisprudencia consolidada que acepta la posibilidad que tienen los árbitros de pronunciarse y conceder prestaciones adicionales a las previstas en el sistema de seguridad social, respetando las normas imperativas de orden público, lo cual implica: i) acatar la prohibición de laudar en torno a condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del sistema general de pensiones; ii) evitar alteraciones y desajustes en la estructura, organización y funcionamiento de los subsistemas de seguridad social, como pueden ser la sustracción, traslado o reasignación de obligaciones y responsabilidades establecidas en la ley, modificación del monto y porcentaje de las cotizaciones; iii) no imponer al empleador cargas y prestaciones que por mandato legal le corresponde satisfacer exclusivamente a las entidades del sistema, por ejemplo, servicios del plan obligatorio de salud. Es claro entonces que los árbitros se encuentran facultados para fijar en cabeza del empleador la obligación de sufragar en favor de los trabajadores, las diferencias dinerarias no pagadas por la EPS por concepto de incapacidad.
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia recordó que para efectos del pago de la pensión de sobrevivientes del cónyuge o compañera o compañero permanente del afiliado o del pensionado fallecido, la convivencia no se suple con la procreación de uno o más hijos en cualquier tiempo, sino que debe darse dentro de los dos años anteriores al fallecimiento del pensionado o del afiliado que estaba a las puertas de alcanzar el estatus de jubilado (literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993). De igual manera precisó que para determinar el derecho a dicha pensión la convivencia no desaparece cuando los esposos o compañeros permanentes no pueden vivir bajo el mismo techo por circunstancias particulares originadas en el trabajo, la salud, la fuerza mayor, etc., que no impidan ni signifiquen la pérdida de la comunidad de vida ni la vocación de la vida en común, dado que lo que interesa para que esa convivencia exista es que en realidad se mantengan el afecto, el auxilio mutuo, el apoyo económico, y el acompañamiento espiritual característicos de la vida en pareja.
Sentencia T-263 de 28-04-2017
De acuerdo con el artículo 97 del Código Civil, la fecha presuntiva de la muerte de una persona, con excepción de las personas que sufrieron un accidente o herida grave, es posterior a dos años desde el momento en que desapareció la persona. Sin embargo, al estudiar casos anteriores, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia han señalado que “para los casos de muerte por desaparecimiento del asegurado, la fecha a partir de la cual se cuentan las semanas necesarias para el surgimiento del derecho de la pensión de sobrevivientes, no puede ser la de la providencia que declara la muerte presunta, sino aquella hasta la cual el desaparecido estuvo en posibilidad física y jurídica de realizar cotizaciones”. En consecuencia, sobre el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de muerte presunta, la fecha que debe tenerse en cuenta para contabilizar las cotizaciones dentro del marco temporal de 3 años, es el momento en que la persona desapareció.
La Corte Constitucional recuerda que la estabilidad laboral reforzada de las personas próximas a pensionarse en el escenario de la reestructuración o la renovación de la administración pública, conocida como retén social, se estableció con el propósito de garantizar los derechos al trabajo, a la seguridad social y al mínimo vital de, por ejemplo, los trabajadores que laboran en dichas entidades y se encuentran cerca de acreditar los requisitos para acceder a la pensión de vejez. No obstante, precisa la corte que el fundamento del reconocimiento de la estabilidad laboral de los prepensionados no se circunscribe al retén social, sino que deriva de mandatos especiales de protección contenidos en la Constitución Política y del principio de igualdad material que ordena dar trato especial a grupos vulnerables; esto, debido a que dicha estabilidad opera como instrumento para la satisfacción de los derechos fundamentales de estos grupos poblacionales, que se verían gravemente afectados por el retiro del empleo público. En consecuencia, no debe confundirse la estabilidad laboral de los prepensionados con la figura del retén social, para concluir erróneamente que la mencionada estabilidad solo es aplicable en el marco del Programa de Renovación de la Administración Pública.
Teniendo en cuenta los deberes que corresponde asumir tanto al empleador, como a la administradora de pensiones, para garantizar el traslado de los aportes a pensión, y en consideración a que el legislador estableció herramientas jurídicas para el cumplimiento de los mismos, la jurisprudencia constitucional ha establecido la imposibilidad de trasladarle a los afiliados del sistema general de pensiones las consecuencias derivadas de la mora del empleador en el pago de los aportes. Por lo tanto, no puede negarse el reconocimiento de una pensión sobre el supuesto de que las cotizaciones no se han efectuado, pues lo mismo “equivaldría a trasladarle a la parte más débil de la relación tripartita de la que participan los trabajadores, los empleadores y las administradoras de pensiones, las consecuencias de la negligencia de quienes, en contrapartida, ostentan la posición más fuerte”. Así pues, frente a los efectos que puedan derivarse de la mora o la falta de pago de los aportes al régimen pensional de trabajadores dependientes, corresponde a las administradoras de pensiones activar los instrumentos jurídicos dispuestos para asegurar que los aportes de sus afiliados se consignen efectivamente. Al margen de lo que pueda ocurrir al respecto, no pueden ser los trabajadores quienes asuman los efectos de la falta de pago de esos aportes. Por lo anterior, es claro que la mora patronal no constituye un argumento válido que permita a un fondo de pensiones fundamentar la negativa del reconocimiento de la pensión de vejez de un afiliado.
Sentencia T-238 de 24-04-2017
La Corte Constitucional reitera que la pensión familiar es un derecho creado por el legislador en desarrollo de su deber de ampliación progresiva de la cobertura del sistema de pensiones, con el cual se pretende beneficiar específicamente a los afiliados al sistema que, por razones como la imposibilidad de acceder a un empleo estable a causa de la edad y los altos niveles de desempleo del país, no pueden completar las semanas de cotización necesarias para reclamar la pensión de vejez de forma individual en cualquiera de los dos regímenes pensionales contemplados en la Ley 100 de 1993, lo que amenazaría su mínimo vital al llegar a la tercera edad. Asimismo, recuerda que para acceder a esta pensión es necesario que los cónyuges o compañeros permanentes que tengan la edad de pensión estén afiliados al mismo régimen pensional, acrediten más de 5 años de relación conyugal o de convivencia permanente, y se encuentren clasificadas en el Sisbén en los niveles 1 y 2; además, se requiere que a sus 45 años de edad hubiesen cotizado el 25 % de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez y que los aportes en conjunto sumen como mínimo el número de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de vejez requeridas de manera individual.
Resolución 609 de 12-04-2017
Por la cual se reglamenta la publicación de los proyectos de regulación expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP–.
Mediante sentencia, la Corte Constitucional señala que las incapacidades laborales por enfermedades generales que se causan a partir del día 181 corren por cuenta de la administradora de fondos de pensiones, hasta tanto el trabajador se recupere o su enfermedad sea valorada por la junta de calificación de invalidez. El no pago de dichas incapacidades o de asignación salarial, por pensión de invalidez, o por indemnización sustitutiva que le provea el sustento y el de su familia al empleado, genera que este quede totalmente desamparado y agrave su situación de debilidad manifiesta, lo que viola los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la persona.
Al resolver recurso de casación interpuesto por cuatro empleados en contra de su empleadora, una empresa de telecomunicaciones, la Corte Suprema de Justicia señaló que la disponibilidad del trabajador para realizar actividades laborales fuera del horario habitual de trabajo da lugar al reconocimiento y pago de horas extras, recargos y descansos compensatorios. En la sentencia, la corte confirmó la decisión que adoptó el primer sentenciador a favor de los demandantes, pues se pudo evidenciar que estos estaban disponibles desde sus hogares algunos sábados y domingos por 24 horas para atender cualquier problema que se presentara en las centrales de la empresa demandada; además, aun cuando en el plenario reposan documentos que dan cuenta de que se reconocieron algunas horas extras laboradas a los actores, las mismas no se acompasan con la realidad del asunto, esto es, que los demandantes cuando eran programados para realizar turnos operativos estaban disponibles para remediar algún inconveniente que se presentara, es decir, estaban bajo las órdenes de su empleador, sin importar la hora ni el momento.
La Corte Constitucional reitera que el derecho a la estabilidad laboral reforzada no puede entenderse únicamente como la limitación que existe para retirar al trabajador que ha sufrido una disminución en su estado de salud, sino también como la posibilidad que tiene ese trabajador de ser reubicado en un puesto que pueda desempeñar conforme a sus condiciones de salud. La reubicación laboral es una forma de conciliar los intereses de ambas partes (trabajador y empleador), en tanto que se le permite a la persona afectada en su salud potencializar su capacidad productiva y realizarse profesionalmente, pese a la condición que le sobrevino y a la empresa o entidad, maximizar la productividad de sus funcionarios.
Mediante concepto, la Procuraduría General solicita a la Corte Constitucional declarar exequible el numeral 5 del artículo 3 de la Ley 1527 de 2012, el cual menciona como condición del crédito a través de libranzas, que el asalariado no reciba menos del 50% del neto de su salario o pensión después de los descuentos de ley. Lo anterior debido a que esta entidad considera que la norma citada no vulnera el artículo 53 de la Constitución Política, pues el uso del crédito en la modalidad de libranzas por parte del trabajador que devenga un salario mínimo para adquirir bienes o servicios que necesita o desea, y pagar el precio respectivo mediante descuentos en la fuente por parte del empleador, no constituye una pérdida de sus ingresos por este medio, puesto que en este caso, el trabajador simplemente escoge comprometer parte de sus ingresos futuros para aumentar su consumo presente.
Sentencia SL4566 (46620) de 29-03-2017
Al resolver recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia señala que para que proceda el reintegro de un trabajador a una empresa, es indispensable que la misma exista físicamente, pues resulta ilógico pretender la reubicación del empleado en una entidad que ha desaparecido material y jurídicamente. No obstante, y según sea el caso, la entidad que llevó a cabo el despido sin justa causa podría estar obligada a realizar el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales que el trabajador haya dejado de percibir desde la fecha de desvinculación hasta la fecha de culminación de la liquidación de la entidad, debidamente indexados, así como los respectivos aportes al sistema de seguridad social y parafiscales por el mismo lapso, como si la relación laboral hubiese continuado hasta el final de la existencia de la empresa.
La Corte Suprema de Justicia señala que de acuerdo con el inciso 2 del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, los pensionados, en su condición de afiliados obligatorios al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud, deben asumir en su totalidad el valor de la cotización, pues al contar con capacidad de pago están llamados a contribuir con el financiamiento del mismo. Dichas cotizaciones deben realizarse desde la fecha en que se causa el derecho pensional, por lo que una vez se realice el reconocimiento del pago de la pensión la administradora debe descontar del valor retroactivo pensional las correspondientes cotizaciones a salud.
La Corte Suprema de Justicia precisó que cuando trabajador y empleador deciden, a través de un acta de conciliación celebrada ante funcionario competente, terminar la relación laboral por mutuo consentimiento, es acertado afirmar que en esta decisión, no obstante presentarse una oferta económica por parte del empleador, medió la voluntad del asalariado para finiquitar ese vínculo contractual, circunstancia que no desdibuja el retiro voluntario a que se refiere el artículo 8 de la Ley 171 de 1961, al exigirlo para la configuración de la pensión de jubilación restringida después de quince años de servicio; lo anterior, debido a que el contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades y el trabajador, como sujeto de derechos, tiene capacidad para celebrarlo e igualmente terminarlo. Por ello, la Corte señala que no hay lugar al pago de la pensión de jubilación restringida, pues tal como la norma lo exige, la misma procede si el trabajador fue despedido sin justa causa.
Sentencia S2017-000204 de 24-03-2017
La Superintendencia de Salud recuerda que el Decreto 2353 de 2015 establece el derecho a la libre escogencia de EPS en el sistema general de seguridad social en salud, el cual debe hacer directamente el afiliado de manera libre y voluntaria. El artículo 50 de dicho decreto señala las condiciones para el traslado entre EPS, a saber: 1) El registro de la solicitud de traslado por parte del afiliado cotizante o cabeza de familia en cualquier día del mes; 2) Encontrarse inscrito en la misma EPS por un período mínimo de 360 días continuos o discontinuos contados a partir del momento de la inscripción (en el régimen contributivo el término previsto se contará a partir de la fecha de inscripción de la persona cabeza de familia; si se trata de un beneficiario que adquiere las condiciones para ser cotizante, este término se contará a partir de la fecha de su inscripción como beneficiario); 3) No estar el afiliado cotizante o cualquier miembro de su núcleo familiar internado en una institución prestadora de servicios de salud; 4) El cotizante independiente debe estar a paz y salvo en el pago de las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud; 5) Inscribir en la solicitud de traslado a todo el núcleo familiar.
La Supersalud señala que una vez el trabajador dependiente ha sido incapacitado, con el objeto de evitar la afectación de sus derechos fundamentales tales como la salud y el mínimo vital y los de su núcleo familiar, el empleador debe pagar el subsidio económico de incapacidad, el cual, pese a no reemplazar el salario, sí debe pagarse con la misma frecuencia y valor que este es cancelado al trabajador. Cabe señalar que el artículo 24 del Decreto 4023 de 2011 establece la obligación al empleador de abstenerse de deducir el valor que corresponde a las incapacidades, de las cotizaciones en salud realizadas. Además, en concordancia con el artículo 21 del Decreto 1804 de 1999 los empleadores tienen la facultad de solicitar el reembolso del pago de las incapacidades a las EPS para liberar de la carga administrativa al trabajador que se encuentra en estado de menor capacidad, para lo cual cuentan con un término de 3 años contados a partir de la fecha en que realizó el pago correspondiente al trabajador.
Sentencia SL39022017 (45527) de 15-03-2017
La Corte Suprema de Justicia recuerda que los incrementos elevados en el ingreso base de cotización para el periodo a tomar, con incidencia en el cálculo del monto pensiones, son admisibles cuando guardan coherencia con los ingresos reales o efectivamente percibidos o devengados por el trabajador.
Al resolver recurso de casación contra sentencia en la cual se había determinado la culpabilidad del empleador en el accidente laboral sufrido por el trabajador, y el pago de la indemnización de invalidez y el reconocimiento económico de los daños morales ocasionados, la Corte Suprema de Justicia precisó que cuando el empleador no suministre al trabajador capacitación laboral ni implementos adecuados para el desempeño de sus labores, aumentan los riesgos previsibles. En el caso puntual de estudio, el trabajador estuvo expuesto a riesgos previsibles por desempeño de actividades riesgosas con el aumento del riesgo creado por el no suministro de los implementos adecuados de trabajo, y por falta de capacitación del empleado, pues si bien no era la actividad normal del trabajador, si era previsible el riesgo de acuerdo con el material de la herramienta de trabajo, ya que representaba un riesgo inminente de darse un contacto con la red de energía, hecho que no era imposible y no se podía alegar que se dio por la impericia del trabajador. Por tanto, la Corte concluyó que los demandados debieron suministrarle al trabajador las herramientas que le proporcionaran protección personal con un aislamiento de corriente, y que no se le podía achacar a este inexperiencia si no fue capacitado para desempeñar las labores que le fueron encomendadas.
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia recuerda que la vocación para ser beneficiario de la prestación de sobrevivientes está regulada por la ley y no el querer del afiliado o pensionado que fallece.
Sentencia SL4076 (49721) de 15-03-2017
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia señaló que la sanción moratoria prevista en el artículo 1 del Decreto 797 de 1949, que establece el pago de un día de salario por cada día de mora en el pago de la liquidación y salarios, prestaciones e indemnizaciones que adeuden al trabajador, no es de aplicación automática e inexorable, ya que es un juez quien tiene el deber de estudiar las pruebas incorporadas al proceso a fin de establecer si la conducta del empleador estuvo o no justificada, al punto que el examen fáctico permitirá establecer si la omisión o pago tardío de acreencias laborales, estuvo o no asistido de la buena fe, pues de estar justificados en razones serias y atendibles, debidamente acreditadas en el proceso, que indiquen, sin lugar a dudas, que no hubo intención de defraudar al trabajador y que se obró con buena fe, no procede la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma.
La Corte Suprema de Justicia indica que el incumplimiento de la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al sistema general de pensiones no siempre conlleva a que aquél asuma las prestaciones propias de la ley de seguridad social, dado que existirán algunos eventos en los que dicha omisión no genere perjuicio alguno; pero sí, por el contrario, produce algún daño debe repararlo, por ejemplo, reconociendo y pagando la respectiva prestación que el sistema hubiese otorgado, más aun si la contingencia se verifica antes de la vigencia de la Ley 797 de 2003.
Sentencia SL-37072017 (56877) de 15-03-2017
La Corte Suprema de Justicia recuerda que dentro de las obligaciones especiales que le asigna la ley a las administradoras de pensiones está el deber de cobro a los empleadores de aquellas cotizaciones que no han sido satisfechas oportunamente, porque a ellas les corresponde garantizar la efectividad de los derechos de los afiliados mediante acciones de cobro; por lo tanto, aunque la obligación de pago de la cotización está radicada en cabeza del empleador, antes de trasladar las consecuencias del incumplimiento de ese deber al afiliado o a sus beneficiarios, es importante examinar previamente, si las administradoras de pensiones han cumplido el que a ellas les concierne en cuanto a la diligencia para llevar a cabo las acciones de cobro. Por lo tanto, no se puede trasladar exclusivamente la responsabilidad de la mora en el pago de las cotizaciones a los empleadores, sino que previamente se debe acreditar que las administradoras no hayan adelantado el proceso de gestión de cobro, y si no lo han hecho, la consecuencia debe ser el que se les imponga el pago de la prestación.
Sentencia SL-36902017 (76626) de 15-03-2017
La Corte Constitucional ha señalado la modificación realizada por el artículo 10 del Decreto 2561 de 1965 al artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo tiene como fin hacer efectiva la participación sindical a la cual se encuentra afiliado el asalariado, cuando se realicen procedimientos disciplinarios en su contra, con el objetivo de velar por la relación de afiliación sindical, los intereses de la asociación en la defensa de sus miembros, el debido proceso y el derecho de contradicción del trabajador sindicalizado. Por lo anterior, antes de aplicar alguna sanción disciplinaria, el empleador debe dar la oportunidad al trabajador inculpado de ser escuchado junto con dos representar del sindicato al cual pertenece, pues de lo contrario la sanción que se le imponga producirá efecto alguno.
Sentencia S2017-000147 de 13-03-2017
La Superintendencia de Salud recordó que a partir de 2011 con la expedición de la Ley 1468 se estableció como requisito para acceder a la licencia de paternidad la cotización mínima de 2 semanas previas al parto, sin que puedan admitirse interpretaciones soportadas en pronunciamientos judiciales que no se encuentren vigentes o en normas anteriores que regulen situaciones jurídicas diferentes. Por otra parte, la Supersalud señala que en el proceso de financiamiento de la licencia de paternidad existe una relación directa entre la cotización que se realiza por el afiliado y lo que se recibe por concepto de la prestación económica, por lo que el artículo 1 de la Ley 1438 de 2011 resulta congruente con los parámetros de equilibrio financiero, siendo procedente el reconocimiento de una licencia de paternidad correspondiente a 8 días hábiles por la cotización de las 2 semanas previas al parto.
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia señaló que para la configuración del contrato de trabajo se requiere que en la actuación procesal esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada; y en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de trabajo, debe igualmente estar evidenciada. Sin embargo, precisa que no será necesaria la acreditación de la citada subordinación, con la producción de la respectiva prueba, en los casos en que se encuentre debidamente comprobada la prestación personal del servicio, ya que en este caso lo pertinente es hacer uso de la presunción legal consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo que establece: “Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, la cual puede ser desvirtuada con la demostración del hecho contrario, es decir, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual de índole laboral. Lo anterior, significa que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal para que se presuma el contrato de trabajo, y es el empleador a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado quien presta el servicio, que se traduce en un traslado de la carga probatoria.
Sentencia SL-48652017 (76625) de 08-03-2017
Mediante sentencia, la Corte Suprema de Justicia recordó que en la actualidad los trabajadores pueden ser afiliados a diversas organizaciones sindicales, ya que la prohibición que al respecto disponía el artículo 360 del Código Sustantivo de Trabajo desapareció como consecuencia de la declaración de inexequibilidad que sobre dicho precepto profirió la Corte Constitucional en la sentencia C- 797 de 2000. Sin embargo, aun cuando es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, en caso de que existan diversas convenciones colectivas suscritas por las organizaciones que integra, y de las cuales un mismo trabajador sea beneficiario de todas ellas, ello no significa que pueda aprovecharse simultáneamente de cada una, pues la libertad sindical debe entenderse, para tales efectos, como la libertad de escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga según sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que el trabajador reciba duplicidad o más beneficios convencionales.
Sentencia T-138 de 02-03-2017
La Corte Constitucional recuerda que los criterios que ha decantado para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en los casos de familias de crianza, son: 1. La solidaridad, que consiste en evaluar la causa que motivó al padre o madre de crianza con el hijo que deciden hacer parte del hogar; 2. El reemplazo de los vínculos consanguíneos o civiles entre padres e hijos, por las relaciones de facto; 3. La dependencia económica entre padres e hijos de crianza que hace que los últimos no puedan tener un adecuado desarrollo y condiciones de vida digna, sin las personas que ejercen el rol de padres; 4. Los vínculos de afecto, respeto, compresión y protección que se generan entre las familias de crianza; 5. El reconocimiento de la relación entre padres de crianza y el hijo, la cual puede ser observada por agentes externos del hogar; y 6. la existencia de un término razonable de relación afectiva entre padres e hijo, lo que implica acreditar una relación estable que permita inferir la existencia de una comunidad de vida.
Decreto 352 de 01-03-2017
Presidencia de la República. Decreto por el cual se adiciona el capítulo 4 al Título3 de la Parte 2 del Libro 2al Decreto número 1833 de 2016 por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.
De acuerdo con el artículo 27 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, es beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de este, el compañero o compañera permanente del asegurado. En este sentido, precisa que falta el cónyuge en cuatro eventos: 1) por muerte real o presunta, 2) por nulidad del matrimonio civil o eclesiástico, 3) por divorcio del matrimonio civil y 4) por separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes. Respecto de esta disposición, recientemente esta sala se pronunció para indicar que allí no se consagró un listado taxativo de situaciones en las cuales se pueda predicar la ausencia o falta de cónyuge supérstite para que el compañero o compañera permanente acceda a la prestación de sobrevivientes, sino que existen otros eventos en los que se predica la dejación definitiva de la comunidad de vida de los esposos, salvo la excepción prevista en el artículo 30 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, por lo que corresponde al juez laboral examinar las circunstancias particulares de ausencia de convivencia y no limitarse a verificar las eventualidades meramente formales de disolución del vínculo matrimonial previstos en el artículo 27 de dicha normatividad.
Al examinar algunos de los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, esta concluyó que la teoría de la primacía de la realidad sobre las formas se aplica en aquellos casos en los cuales el Estado encubre relaciones laborales en contratos de prestación de servicios, actuación que implica “desconocer, por un lado, los principios que rigen el funcionamiento de la función pública y, por otro, las prestaciones sociales que son propias a la actividad laboral”. En estos eventos, para que proceda la declaración de existencia del contrato realidad el juez constitucional deberá verificar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, la corte precisa que aun cuando se trata de relaciones laborales con el Estado, declarar la existencia del contrato no significa que el trabajador adquiera la condición de empleado público, pues sus características de vinculación a la administración son diferentes.
Sentencia T-053 de 03-02-2017
La determinación del alcance del seguro de vida está dada por las cláusulas que fueron pactadas en la póliza y los documentos que la integran, como quiera que estos definen el riesgo amparado, el objeto de aseguramiento, exclusiones y límites pecuniarios temporales pactados, sin que sea válido interpretar más allá de lo que su contenido prevé. Por tanto, aunque el literal a) del artículo 2 del Decreto 1507 de 2014 establece que una persona se considera inválida cuando padezca una disminución física igual o superior al 50%, dicho porcentaje no se puede imponer a la voluntad contractual pactada entre las partes. En consecuencia, y para el caso objeto de estudio, al demandante no le asiste el derecho de cobertura de la póliza de vida, debido a que no acredita el cumplimiento del porcentaje mínimo pactado de manera voluntaria por las partes dentro de la póliza de seguro que celebraron, habida cuenta que fue calificado por Colpensiones con una disminución física equivalente al 71,79% y lo estipulado para realizar el pago de la contraprestación acordada señala que debe acreditar un 75%.
Sentencia T-057 de 03-02-2017
Cuando el empleado sufre enfermedades de generativas, crónicas o congénitas, la pérdida de la capacidad laboral no se produce en un mismo momento sino quese genera de manera paulatina. En estos casos, los entes responsables de realizar la calificación de pérdida de la capacidad laboral deben establecer como fecha de estructuración de la invalidez el momento a partir del cual se obtiene el primer diagnóstico, sin importar que, de acuerdo con la realidad objetiva, la incapacidad permanente y definitiva para desempeñarse laboralmente se produzca mucho tiempo después. Asimismo, para el reconocimiento de la pensión de invalidez, las entidades administradoras de pensiones deberán tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de la misma, las cuales se asumen efectuadas en ejercicio de una capacidad laboral residual que, sin ánimo de defraudar el sistema, le permitió seguir trabajando y haciendo sus aportes hasta perder toda capacidad productiva y funcional de forma permanente y definitiva.
Corte Constitucional. Estabilidad ocupacional en contratos de prestación de servicios es aplicable gracias al principio de solidaridad, entendido este como el hecho de asumir como propias las situaciones que en principio son ajenas, cuando el titular de ellas no está en condiciones para ello.
Ley 1828 de 23-01-2017
Congreso de Colombia. Por medio de la cual se expide el código de ética y disciplinario del congresista y se dictan otras disposiciones.
Corte Constitucional. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1 del artículo 239 y el numeral 1 del artículo 240 del Decreto Ley 2663 de 1950 o Código Sustantivo del Trabajo.
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References: artículo 13
 artículo 98
 artículo 163
 artículo 47
 artículo 97

Resolución 
 artículo 3
 artículo 53
 artículo 143
 artículo 8
 artículo 50
 artículo 24
 artículo 21
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 115
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 360
 artículo 27
 artículo 30
 artículo 27
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 239
 artículo 240