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Timestamp: 2019-03-26 21:28:03+00:00

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Análisis de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental – Marcos Díaz Janeiro
Análisis de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental
admin9788 20 September, 2013	 No comments
1.- Determinación del nexo causal
2.- Sistema de carga de la prueba
3.- Plazo de prescripción de la acción legal
4.- Identificación del responsable
5.- Legitimación activa
6.- Forma de reparar el daño
7.- Efectos de la sentencia
La Ley de Responsabilidad Medioambiental (en adelante LRM) no especifica cual será el nexo causal a la hora de imputar responsable a un determinado sujeto, puesto que en el punto 3 del artículo 3 solamente establece que la responsabilidad establecida en esta ley solo se aplicará a los daños medioambientales o a la amenaza inminente de tales daños “cuando sea posible establecer un nexo causal entre los daños y las actividades de operadores concretos”.
Debido a la ausencia de determinación del nexo causal tendremos que acudir al concepto de causalidad establecido en la jurisdicción civil -menos restrictiva que la penal- y que según reiterada jurisprudencia ha de ser probado por el perjudicado.
La LRM no establece ninguna referencia expresa en relación con la carga de la prueba; por lo tanto, al tratarse de una ley administrativa no procede la aplicación supletoria el sistema contemplado en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, sino que habrá de aplicarse el sistema contemplado para el derecho administrativo, en donde, como norma general, la carga de la prueba recae sobre la administración, conforme a la instrucción de oficio del procedimiento y en busca de la verdad material.
El plazo de prescripción de las acciones contempladas en la LRM, según lo establecido en su artículo 4 relativo al ámbito temporal de la responsabilidad medioambiental, será de 30 años desde que tuvo lugar la emisión, suceso o incidente que causó el daño. Este plazo empezará a computarse desde el día que haya finalizado totalmente o se haya producido por última vez la emisión, suceso o incidente que provocó el daño.
En cuanto a la prescripción de las infracciones y sanciones contempladas en esta ley será de 3 años para las muy graves y 2 años para las graves. En el caso de las infracciones dicho plazo comenzará a computarse desde el día en que se hubiese cometido la infracción o desde la finalización de una actividad continuada. Para las sanciones el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución administrativa que impone la sanción.
En el párrafo 2º del punto 1 de artículo 3 de la LRM se establece una presunción iuris tantum de que las actividades económicas enumeradas en el anexo III de la Ley han causado un daño o una amenaza inminente de que dicho daño se produzca cuando atendiendo a su naturaleza intrínseca o la forma en que se ha desarrollado sea apropiada para causarlo.
Para poder exigir responsabilidad respecto al resto de actividades económicas o profesionales distintas a las enumeradas en dicho anexo es necesario que medie dolo, culpa o negligencia para poder exigir las medidas de reparación. En los casos en los que no medie dolo culpa o negligencia solo podrán ser exigibles las medidas de prevención y evitación.
Según lo establecido en los artículos 41 y 42 de la LRM la legitimación activa que permite iniciar los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental puede provenir:
A instancia de parte, ya sea mediante la solicitud del propio operador o bien a través de la solicitud formalizada por cualquier interesado distinto del operador.
De oficio, bien por iniciativa de la propia autoridad competente, bien a petición de otra administración pública o bien mediante denuncia.
En los supuestos en los que un particular distinto del operador inste la intervención pública tendrán la consideración de interesados, en los términos del artículo 41, los titulares de bienes, derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por el daño medioambiental o la amenaza de que este se produzca, así como aquellas organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio ambiente. En este último caso la solicitud de inicio habrá de formalizarse por escrito especificando en todo caso el daño o la amenaza de daño al medio ambiente, la identificación del presunto responsable, además de “cuando fuera posible” especificar la acción u omisión que este realizó, la fecha y el lugar en los que se produjo, así como el nexo causal entre la acción u omisión y el daño o amenaza de daño.
La obligación de reparación consiste en que se devuelvan los recursos naturales dañados a su estado original, sufragando el total de los costes necesarios para promover las acciones preventivas o reparadoras. Según la exposición de motivos de la LRM, al poner el énfasis en la restauración total se está otorgando primacía al valor medioambiental, que no se entenderá satisfecho solamente con una mera indemnización dineraria. De esta manera se pretende otorgar efectividad al principio de “quien contamina paga”.
Esta obligación de reparar se encuentra regulada en el artículo 9 de la Ley relativo a la responsabilidad de los operadores, en el artículo 19 que lleva por rúbrica “obligaciones del operador en materia de reparación” y en el artículo 20 en el que se regulan las medidas de reparación. Asimismo, en el Anexo III de la Ley se establece un marco común que tiene por objetivo que se elijan las medidas mas adecuadas a la hora de garantizar la reparación del daño medioambiental.
En cuanto a la reparación de los daños causados a las aguas, a las especies silvestres, los hábitats y la ribera del mar y de la ría, este Anexo establece que se realizará restituyendo el medio ambiente a su estado básico mediante medidas reparadoras primarias, complementarias y compensatorias.
Las medidas primarias son aquellas medidas correctoras que restituyen o aproximan al máximo los recursos o servicios naturales a su estado básico.
Las medidas complementarias son medidas destinadas a compensar el hecho de que la reparación primaria no haya dado lugar a la plena restitución de los recursos o servicios naturales dañados. La finalidad de esta medida es la de proporcionar un nivel de recursos naturales -incluso en un lugar alternativo- similar al que se habría proporcionado si el lugar dañado se hubiese restituido a su estado básico. En el caso en que la medida se lleve a cabo en un lugar alternativo, en la medida en que sea posible, este deberá estar vinculado geográficamente al lugar dañado y teniendo en cuenta los intereses de la población afectada.
Las medidas compensatorias son aquellas que se adoptan para compensar las pérdidas provisionales de recursos o servicios naturales que tengan lugar desde la fecha en que se produce el daño hasta el momento en que las medidas de reparación primaria surten todo su efecto. Estas medidas, que no consisten en una mera compensación financiera, sirven para compensar la pérdida provisional de recursos o servicios naturales durante la recuperación. La reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales a las especies silvestres, los hábitats y a las aguas, ya sea en el lugar dañado o en un lugar alternativo, pero no tienen como finalidad el compensar al público.
En cuanto a la reparación de los daños causados al suelo este Anexo establece que habrán de adoptarse las medidas necesarias para garantizar que, al menos, se eliminen, controlen, contengan o reduzcan las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos, de modo que el suelo contaminado deje de suponer una amenaza que pueda producir efectos adversos para la salud humana o para el medio ambiente. Asimismo habrá de estudiarse la posibilidad de optar por una recuperación natural en la que no se produzca ninguna intervención directa del ser humano en dicho proceso de recuperación.
Al tratarse la LRM de una norma administrativa, el procedimiento de atribución de responsabilidad finaliza mediante un acto administrativo firme en forma de resolución susceptible de poder de ser recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Según el artículo 45 de la LRM en los casos en los que la resolución exija la responsabilidad medioambiental de un operador, dicha resolución habrá de contener una descripción de la amenaza o del daño ambiental que se ha de eliminar, una evaluación del mismo, la identificación del sujeto que debe adoptar las medidas, el plazo que se confiere para su ejecución, la cuantía y la obligación de pagar las medidas que se hubieran adoptado, así como establecer las actuaciones que en su caso debe realizar la autoridad pública.
Asimismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 se podrá solicitar la ejecución forzosa -incluso por parte de los interesados- de la resolución administrativa en los casos de incumplimiento de las medidas de prevención, evitación y reparación de los daños medioambientales. En los casos en que el daño o amenaza ambiental sea grave la autoridad competente podrá ejecutar por sí misma y subsidiariamente dicha resolución, exigiendo posteriormente al operador responsable el reembolso de los costes generados tal y como establece el artículo 48.
En los supuestos en que se produzcan retrasos en la ejecución que puedan poner en peligro los recursos naturales afectados se podrán imponer sucesivamente hasta un máximo de 5 multas coercitivas cada una de ellas por un importe máximo del 10% del coste estimado del conjunto de las medidas establecidas en la ejecución.
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Plan de Contratación Pública Verde
Esquema del procedimiento del juicio verbal

References: artículo 3
 artículo 217
 artículo 4
 resolución 
 artículo 3
 artículo 41
 artículo 9
 artículo 19
 artículo 20
 resolución 
 artículo 45
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 48