Source: http://democraciamexico.blogspot.com/2009/02/
Timestamp: 2017-10-16 21:59:31+00:00

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DEMOCRACIA: febrero 2009
(agencia apro)- Al aprobar las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), el Senado de la República cancela la posibilidad de que la autoridad revoque una concesión por violaciones graves y sistemáticas a la legislación electoral. También elimina la posibilidad de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) acuerde suspender “la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas” en el caso de la publicidad encubierta, cada vez más utilizada por actores políticos y concesionarios.
“Comunicar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la comisión de infracciones por parte de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, a efecto de que aplique las sanciones que le corresponda imponer conforme a esta Ley, o las que habiendo sido impuestas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral requieran la intervención de la citada Secretaría.”
Así mismo, la aplicación de la fracción IV del inciso “f” del párrafo 1 del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que contempla la citada sanción, requiere que intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues el texto dice que se podrá castigar “con la suspensión por la autoridad competente, previo acuerdo del Consejo General, de la transmisión del tiempo comercializable…”.
A fin de permitir que la sanción se aplique de acuerdo con el criterio del titular de la SCT, los legisladores eliminaron otras reformas de la propuesta de García Cervantes, pero en particular la de un nuevo artículo, el 104-TER, que en el tercer párrafo señalaba: “… la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a solicitud fundada y motivada por acuerdo del Consejo General, ordenará a los infractores la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable correspondiente a una hora y hasta el que corresponda por 36 horas…”.
También modificaron la redacción del nuevo artículo 107, que indica en general que en caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas “dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes”.
En la propuesta del senador se complementaba, sin lugar a interpretación diversa, la disposición del Cofipe para que el Consejo General decida cuándo procede la suspensión; sin embargo, corresponde a la SCT aplicar la sanción.
El planteamiento de García Cervantes daba mayor sentido a la fracción V del mismo artículo del Cofipe, en el cual se indica que si una vez aplicada la suspensión referida en la fracción IV el infractor reincide, el Consejo General debe dar aviso “a la autoridad competente para que aplique la sanción que proceda conforme a la ley de la materia”. Además, precisaba: “El Consejo General del Instituto Federal Electoral podrá solicitar por acuerdo fundado y motivado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la revocación de la concesión o permiso, en los términos de los artículos 31 y 37 de la presente Ley. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes resolverá lo conducente”.
La iniciativa original no dejaba lugar a interpretaciones. En el caso de infracciones reiteradas de “venta de tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos…” o “difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral”, el Consejo General de este organismo era el responsable de acordar que se suspendiera la transmisión del tiempo comercializable hasta por 36 horas. En caso de reincidencia, esta autoridad estaba facultada para solicitar ante la SCT el revocamiento de la concesión.
En la propuesta de García Cervantes, el Consejo General del IFE podría sancionar, con la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable la difusión de la propaganda encubierta que se ha expandido en noticiarios, revistas televisivas y hasta en telenovelas; y, en caso de reincidencia, solicitar a la SCT la revocación de la concesión.
Con las reformas aprobadas por los senadores, incluso la suspensión que acuerde el Consejo del IFE está sujeta a interpretación por parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la SCT. Obviamente, no existe la posibilidad de solicitar que sea revocada la concesión.
Incluso cuando haya materia para la revocación, el titular de la SCT tampoco la puede aplicar, pues los senadores también eliminaron la reforma al artículo 31 de la LFRT que proponía incluir entre las cláusulas de revocación de las concesiones una fracción IX que señalaba: “Incumplir, en forma grave y reiterada, las disposiciones establecidas por la Base III del artículo 41 de la Constitución y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de radio y televisión, acceso de los partidos políticos a sus prerrogativas en dichos medios, o respecto de las prohibiciones establecidas para los particulares y entes públicos en dichos ordenamientos”.
La iniciativa aprobada por el Senado es un complemento a la controvertida reforma de noviembre de 2007, pero sobre todo, establece límites a las sanciones y a la actuación del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Las multas serán por un máximo de 100 mil salarios mínimos (aproximadamente 5 millones 300 mil pesos) y corresponderá al consejo cobrarlas.
En caso de “infracciones graves y sistemáticas” (que obviamente no basta con que sean reiteradas, sino que además debe haber patrones) se dará vista a la “autoridad competente” para los “efectos correspondientes”. Éstos serán inocuos, pues los senadores también se cuidaron de no incluir en las infracciones explícitas ni en las sanciones establecidas en la LFRT la suspensión de la transmisión del tiempo comercializable.
En esa reforma hay avances, pues se establece la aplicación supletoria del Cofipe, así como el reconocimiento de la autoridad del Instituto Federal Electoral en la Ley Federal de Radio y Televisión; sin embargo, a cambio de esos logros se protege a los concesionarios, pues todo queda a discreción del titular de la SCT.
1 Spots que serán tramsitidos en el marco de las campañas electorales de 2009, según cálculos del IFE: 23.3 millones.
2 Personas que serán contratadas por el IFE para la operación de los centros de monitoreo en el marco de las elecciones de este año: entre 200 y 250.
3 Concesiones de radio que vencerán durante 2009: 66 (30 de AM y 36 de FM).
4 Estaciones de radio en México: mil 580 (854 en AM y 726 en FM).
5 Disminución en los gastos de difusión de la obra de su gobierno ofrecida por el propio Marcelo Ebrard: 20%.
6 Porcentaje de publicidad que genera la programación de Televisa para Univisión: cerca de 35% de un total de mil 600 mdd.
7 Porcentaje de la programación de Univisión proporcionado por Televisa para los horarios de mayor audiencia de sus tres cadenas en Estados Unidos: 80%.
8 Películas mexicanas estrenadas en 2008: 46 (de las cuales, 37 recibieron apoyo de Imcine).
9 Porcentaje del mercado nacional que concentraron las cintas mexicanas lanzadas comercialmente: 15% (en comparación con 87% acaparado por el cine estadounidense).
10 Baja registrada en el tiraje de los periódicos estadounidenses de marzo a septiembre de 2008, según el Buró de Difusión de la Prensa: 4.6% (en lugar de los 40 millones vendidos en 2007 durante el mismo período, el año pasado sólo se vendieron 38 millones).
11 Despidos anunciados al final de 2008 por la cadena canadiense de periódicos Sun Media, propiedad de Quebecor: 600 (10% de su personal, con lo que calcula ahorrar unos 11 mdd).
12 Monto de la inversión que hará Carlos Slim en The New York Times: 250 mdd (el rotativo especifica que, pese a ello, Slim “no espera tener representación en el consejo de administración ni acciones que le den un derecho especial de voto”).
13 Porentaje que cayeron las acciones de periódicos en EU durante 2008: 83.3%, que representa una caída de 64.5 mmd.
14 Empresas editoras de periódicos que cotizan en la Bolsa de Nueva York: 14.
15 Toneladas de papel periódico que dejarán de producirse en el primer semestre de 2009, por menor demanda: 855 mil, las fabricantes canadienses AbitibiBowater y Kurger hicieron este anuncio después de que bajó la compra de estos insumos en EU.
16 Recorte anunciado por Financial Times, como parte de una restructuración que apunta a impulsar su área en Internet: 80 empelados (algo así como 5% de su plantilla).
17 Veces que la revista Líderes mexicanos ha incluido a Mariano Osorio en su lista anual de los 300 personajes más influyentes de México en la categoría “líder de opinión”: tres (en 2006, 2007 y 2008).
18 Usuarios que consultan Bible Verses, la aplicación religiosa en Internet más popular del mundo: 346 mil 471 (seguida de Daily Bible Verses, con 294 mil 67).
19 Tiempo en el que se vendieron los cinco mil boletos –de 25 dólares cada uno– puestos a la venta para presenciar el desfile y la toma de posesión de Barack Obama: media hora.
20 Documentos sonoros de la XEW donados por Radiópolis a la Fonoteca Nacional: 154 mil 210.
21 Porcentaje de mujeres que lee Playboy México: 16% del total de sus lectores.
22 Monto del rescate financiero que solicitó la industria del porno: cinco mil millones de dólares; en 2008 esta industria tuvo pérdidas de 22%.
1, La Jornada (7 de enero); 2, La Jornada (12 de enero); 3 y 4, El Universal (3 de enero); 5, Diario Monitor (14 de enero); 6 y 7, La Jornada (8 de enero); 8 y 9, La Jornada (16 de diciembre); 10 y 11, La Jornada (17 de diciembre); 12, El Universal (20 de enero); 13 y 14, Knight Center for Journalism in the Americas (enero 2009); 15, Reforma (14 de enero); 16, La Jornada (13 de enero); 17, La Jornada (9 de enero); 18, La Jornada (6 de enero); 19, Récord (10 de enero); 20, El Universal (16 de enero); 21, Playboy México (2008); 22, Milenio Diario (8 de enero)
SLP: Congreso “apoya” a reporteros con vales de despensa
Durante 2008, el Congreso de San Luis Potosí entregó vales de despensa a 36 periodistas por un monto total de 301 mil 500 pesos. Ese mismo año, el Legislativo local destinó a medios, a través de “contratos de prestación de servicios”, poco más de 2.5 millones de pesos.
En respuesta a una solicitud de información conforme a la ley de transparencia local, el Congreso de SLP proporcionó la lista de los reporteros que mensualmente reciben vales de despensa que les entrega la Coordinación de Comunicación Social de la Legislatura.
“Por este medio remito a Usted en forma documental, relación de beneficiarios por mes relativa a los vales de despensa que se entregaron por concepto de apoyo a hijos de periodistas, correspondiente al ejercicio 2008”, señaló Carlos Alberto Salazar Camacho, jefe de la Unidad de Información Pública en su oficio de respuesta.
Aunque el concepto de la entrega de los vales es el mismo para todos –“apoyo a hijos de periodistas”–, en las 12 páginas que se anexan a la respuesta (un reporte mensual por página, que puede consultar íntegro en www.etcetera.com.mx) aparecen personas solteras sin hijos y adultos mayores, cuya descendencia ya no es menor de edad.
Con su respuesta, el Congreso potosino documenta la relación viciada entre reporteros y fuentes que supone una práctica común en el país, pero pocas veces se podía probar de manera documental.
Los favorecidos con los vales de despensa trabajan mayoritariamente en diarios locales, entre los que se encuentran fotógrafos, reporteros, editores y hasta directivos.
Del periódico El Sol de San Luis, de la cadena Organización Editorial Mexicana, aparecen cinco personas: Raymundo Rocha, Roberto Gutiérrez, Filiberto Juárez, Antonio Luna y Alfonso Álvarez, quien es editor.
Del periódico El Heraldo, empresa local, se encuentran en la lista Miguel Ángel Guerrero, columnista y directivo del diario; Aurelio Ventura, Elvia Arriaga González y Margarita Basáñez. También se encuentra Marco Luis Polo, quien además es reportero del noticiero local de MVS Radio.
Del diario Pulso aparecen dos reporteros, Everardo Hernández y Graciela Castañón, y un fotógrafo, Alberto Martínez. El periódico La Razón, de reciente creación, cuenta también con tres reporteros en la lista: Benigno Mora, Francisco Ramírez y Gabriel Ramos.
Por parte de MVS también están como beneficiarios de los vales de despensa Gerardo Alfaro, quien trabaja en la producción del noticiero local, y Miguel Ángel Salas.
De Canal 13 hay dos reporteros: Jorge Ascanio y Javier Delgado, quien además hasta hace un mes aparecía en la nómina del Congreso del estado como “jefe de televisión y marketing legislativo” (etcétera, enero 2009); aunque en la actual plantilla de personal que publica la Legislatura en su sitio Web ya no aparece.
De La Jornada hay una persona, Rosa María Pedraza. También con una persona se encuentran: Canal 7, filial de Televisa, con el reportero José Luis Juárez; la revista Crónica Lux con Gerardo Vázquez; del noticiero Señal Informativa de MG Radio, Leopoldo Pacheco; Multimedios Estrellas de Oro con Diego Hernández; del portal de Plano Informativo, Marco Hernández; W Radio en su emisión local con Miguel Mata, y Jesús Pereda de un noticiero regional que se transmite desde las instalaciones del STIRT.
Ocho personas no tienen identificado el medio al que pertenecen: David Rangel trabajó por mucho tiempo para El Heraldo, y de quienes no fue posible saber el medio al que representan son: Rafael Ruiz, Heliodoro García, Teodoro García, Juan Guerrero, José Luis Cervantes, Juan Ríos e Hipólito Infante.
De acuerdo con la información proporcionada, 21 periodistas recibieron vales de despensa los 12 meses del año, y sólo diez recibieron más de mil pesos mensuales en promedio. Destacan los casos de Marco Luis Polo, de MVS-El Heraldo, con un promedio de dos mil 833 pesos al mes, y Raymundo Rocha, de El Sol de San Luis, con un promedio mensual de dos mil 150 pesos. (ver cuadro)
Ejecutivo estatal: más difícil de documentar
Entre el 26 de septiembre de 2003 y el mes de agosto de 2008, la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado destinó a medios 128 millones 98 mil 505 pesos, que representan 64.1% del presupuesto ejercido por esa dependencia.
De acuerdo a la respuesta que Comunicación Social dio a una solicitud de información presentada por José Mario de la Garza Marroquín, representante de LIMAC en el estado, el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga gastó, en 57 meses, 78 millones 18 mil 301 pesos en inserciones en prensa para promocionar las acciones y obras de la administración estatal.
En la respuesta, firmada por María Luisa Paulín, coordinadora de Comunicación Social, se señala que lo ejercido en inserciones de prensa representa el 39.04 % del total de su presupuesto ejercido y, al hacer la proyección al 100%, eso significa que se gastaron 199 millones 841 mil 196 pesos en los primeros 57 meses de gestión.
No obstante, de una revisión de las cuentas públicas presentadas por el gobierno del estado al Congreso local, lo ejercido por Comunicación Social al 31 de diciembre de 2007, es decir, en 49 meses, suma la cantidad de 256 millones 105 mil pesos. Habría que agregar los ocho meses de 2008 considerados en la respuesta, lo que hace poco confiable la información proporcionada a De la Garza Marroquín.
Manuel Mendoza Gómez, director administrativo y responsable de la Unidad de Información Pública de la Coordinación de Comunicación Social, aceptó que puede existir un error en las cifras que se proporcionaron como respuesta a la solicitud de información y ofreció revisar las cuentas para proporcionar una explicación.
Un pastel disperso
La respuesta de Comunicación Social al representante de LIMAC, se limita a señalar los porcentajes que del total de su presupuesto se destinaron a televisión (8.54%), a radio (16.52%) y a medios impresos (39.04%), pero solicitantes que han querido conocer las cantidades entregadas a cada uno de los medios no han obtenido respuesta.
El único momento en que se ha conocido la distribución de los recursos aplicados por Comunicación Social a los medios de comunicación fue a mediados de 2005, cuando el entonces diputado Eduardo Martínez Benavente obtuvo de la Contaduría Mayor de Hacienda información procesada por los auditores sobre la cuenta pública de 2004 que ni los propios legisladores podían consultar.
Entonces se conoció que El Heraldo fue el medio que obtuvo más ingresos, cinco millones 284 mil pesos, a pesar de que es uno de los que tiene menor circulación en la estado. Vale la pena mencionar que María Luisa Paulín, coordinadora de Comunicación Social del gobierno de SLP, hizo la mayor parte de su trayectoria como reportera en ese periódico.
Entre los pagos realizados a El Heraldo, los auditores destacaron tres realizados en el mes de septiembre de 2004 con el mismo concepto: cobertura informativa. Por el mes de mayo, 517 mil 500 pesos; por junio, una cantidad igual, y por el mes de julio, 402 mil 500 pesos.
Un caso parecido destacado por los auditores corresponde al periódico El Mañana, de Ciudad Valles, con el concepto “Gacetillas informativas”: por el mes de octubre, 55 mil 775 pesos; por noviembre 59 mil 225 pesos, y por diciembre 56 mil 350 pesos.
Durante ese mismo año, se realizó en San Luis Potosí la 16 Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Para la promoción de dicho evento, el gobierno estatal contrató espacios en Televisa y TV Azteca.
A TV Azteca se la pagó el 28 de abril de 2004 un millón 231 mil pesos por una cápsula informativa y a Televisa el 30 de mayo de ese mismo año un millón 89 mil pesos.
El Ejecutivo estatal también utilizó los servicios de TV Azteca para difundir su primer informe de gobierno: le pagó un total de 602 mil 122 pesos por spots promocionales, de los que 394 mil 737 pesos correspondieron a una cápsula de 40 segundos.
Pero los montos pagados a medios no sólo provienen de la Coordinación de Comunicación Social, especialmente los que son destinados a Televisa: la Secretaría de Turismo estatal pagó a dicha empresa casi 13 mdp por el patrocinio del certamen Nuestra Belleza en 2004.
Un año después para el evento Espacio 2005, fue el Instituto Potosino de la Juventud el que erogó los gastos que, de acuerdo a los anexos de la Cuenta Pública de ese año, sumaron 30 millones de pesos.
También fue en 2004 cuando se conoció por primera vez el patrocinio del Gobierno Estatal al Club San Luis de futbol. Ese año el gobierno estatal entregó al equipo, propiedad de Televisa, un millón de pesos al mes. De enero de 2004 a julio de 2008, el gobierno estatal ha entregado al club 141 millones 207 mil pesos.
Por su parte, algunos reporteros que cubren al gobierno del estado fueron favorecidos con “apoyos”, como trajes Robert’s y carteras Mont Blanc, así lo revela información de los auditores de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso local que identifica por lo menos dos facturas relacionadas con beneficios en especie para los informadores.
La primera la emite la Organización Robert’s S.A. de C.V., con el número E1186, que corresponde a “compra de trajes para obsequios a los representantes de medios de comunicación que cubren la fuente de gobierno”, que se pagó con dos cheques, el primero por 31 mil 967 pesos como anticipo y el segundo por 20 mil pesos como liquidación.
La segunda factura es de Antonio Roberto Villalba Casaleiz, y tiene el número 0550, por 34 mil 740 pesos y en el concepto que señalaron los auditores indica “12 porta tarjeta, bolígrafos, carteras Mont Blanc, para regalar a los representantes de los medios informativos”.
De acuerdo con testimonios de reporteros que han cubierto esta fuente, la actual administración no sólo se ha preocupado por vestir y dar instrumentos para escribir a los periodistas, pues en los momentos previos a una entrevista con el gobernador es común ver a personal de Comunicación Social sugerirles las preguntas que le deben hacer:
“Lo peor del caso es que hacen las preguntas que les piden que hagan”, comentó uno de los reporteros que no sigue esas instrucciones, y que le ha tocado padecer otra actitud favorable para el gobernador: cuando se hace una pregunta incómoda, ve cómo sus compañeros retiran sus grabadoras para facilitarle al mandatario la conclusión de la entrevista.
Boletines por gacetillas
En su edición de enero, etcétera documentó la compra de notas informativas y entrevistas en medios locales por parte del Congreso de San Luis Potosí. Los contratos de prestación de servicios firmados con los medios sumaron la cantidad de dos millones 653 mil 923 pesos.
Cada uno de los contratos incluye una cláusula en la que el proveedor se obliga a “presentar los reportes de los servicios realizados debidamente sancionados y autorizados por ‘El Congreso’, dichos reportes deberán ser anexados a la facturación correspondiente y contener descripción, período y tipo de servicio prestado”.
Como respuesta a una solicitud de información, el Congreso de SLP puso a disposición copia de las pautas publicitarias de las empresas de radio y televisión, así como de las páginas de los diarios en las que aparecen los anuncios que la Legislatura publicó durante 2008.
En dos DVD´s, el Congreso del Estado proporcionó los spots de radio y televisión que enviaron a los medios electrónicos para ser reproducidos. Sin embargo, los DVD´s no incluyeron las entrevistas y notas informativas que se contrataron.
“Respecto a la información consistente en entrevistas en medios de comunicación electrónicos y boletines de información oficial difundidos por esta Legislatura por convenio, la Coordinación de Comunicación Social no ha solicitado el uso de dicha bonificación por tanto no existe la información solicitada.
“Cabe hacer mención que este aspecto es cubierto con el envío de información diariamente del Congreso del Estado a los medios de comunicación –se tenga o no convenio con ellos– de la cual cada medio selecciona e incluye en sus noticieros o periódico”, señala la respuesta oficial.
En principio, la respuesta parece mostrar que el Congreso estatal pagó por servicios no utilizados, pues los contratos signados con los medios establecen claramente conceptos como “entrevistas” y “cápsulas informativas”, incluso se define la duración que deben tener éstas. O bien, los boletines que emite el Legislativo tienen difusión en medios, mediante pago. etcétera y Proyecto Tábano darán seguimiento a este asunto.
MIGUEL CABILDO (apro)
Luego de advertir que en México podría haber surgido el dedazo de las televisoras, el investigador Sergio Aguayo y la periodista Carmen Aristegui señalaron que el duopolio busca convertirse en el "gran elector" e influir en el resultado de las campañas electorales.
Quienes gobiernan este país siguen luciéndose y engalanan, todavía más, el firmamento de nuestras impunidades.
Luis Téllez asegura que Carlos Salinas "se robó la mitad" de los 857 millones de dólares que recibió de la "partida secreta", pero lo dice cuando ya prescribió cualquier posible responsabilidad... cinco consejeros del Instituto Federal Electoral (Marco Baños, Francisco Guerrero, Marco Antonio Gómez, Benito Nacif y Arturo Sánchez) se lucen con dinero ajeno y se someten, vasallos, ante las televisoras a las cuales ahorran una multa millonaria... la Suprema Corte hilvana un razonamiento jurídico impecable, para dejar sin castigo las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en Atenco... Podría continuar enumerando los atropellos a los derechos de víctimas y ciudadanos pero es tan desgastante hacerlo que reoriento la reflexión a lo que podríamos hacer para frenar la rampante degradación de la política.
En el venerable Colegio de México soplan vientos de renovación. El miércoles 11 de febrero su presidente, Javier Garcíadiego, inauguró un evento internacional que dedicó la mayor parte de su tiempo a esclarecer por qué no se han castigado, en México, las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Volvió a revisarse la tragedia de los desaparecidos, se hizo una disección de la amnistía de facto concedida en los hechos por el gobierno de Vicente Fox, y se revisó la indiferencia de Felipe Calderón hacia el tema.
En el evento de un día se fue más allá de la denuncia y la protesta; se incursionó en la propuesta. Reconocimos, de entrada, la ingenuidad de quienes creímos que bastaba con la alternancia y el federalismo para que la justicia deslumbrara. Sigue sin notarse el arribo de los exopositores al poder. También se aceptó la incapacidad de intelectuales, organizaciones de derechos humanos y víctimas para acordar una agenda mínima contra la impunidad. Influyó la renuencia a asumir a plenitud una de las reglas centrales de la democracia: es inevitable dialogar, interactuar, negociar con la autoridad para empujar una agenda con principios. Y en ello no basta con tener la razón; para tener éxito debe combinarse la determinación con la eficacia y la imaginación. En realidad se trata de construir una verdadera oposición a la corrupción y la impunidad. Y eso requiere avanzar, cuando menos, en cinco frentes.
Primero. Individuos, grupos e instituciones necesitan de una agenda mínima que parte del reconocimiento de que nadie tiene la fórmula mágica, o la capacidad para imponerla a quienes toman decisiones. Cualquier consenso requiere de la unidad construida sobre el respeto a las diferencias.
Segundo. Huir del esquematismo y la caricaturización de la política y sus protagonistas. Es indudable que existe una línea de continuidad entre pasado y presente, pero sería un error concluir, por ejemplo, que la Suprema Corte no ha evolucionado; basta recordar cómo rechazó, en el 2007, la Ley Televisa. En el caso del IFE cuatro consejeros mantuvieron la dignidad y estuvieron dispuestos a enfrentarse a Televisa y TV Azteca: Virgilio Andrade, Macarita Elizondo, Alfredo Figueroa y Leonardo Valdés.
Tercero. Generar conocimiento de excelencia. Hace falta entender mejor los patrones de la continuidad entre la impunidad del pasado y el presente, y las diferencias que hay en las posturas de los actores porque el cambio se construye sobre la identificación de aquellos funcionarios dispuestos a tomar en cuenta el interés general. Es también prioritario combatir las nuevas formas de opacidad. Es grotesco que los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), depositados en el Archivo General de la Nación, tengan como cancerbero a un exintegrante de la DFS. Es ofensivo que cuando se pregunte a la Procuraduría General de la República sobre el destino de los expedientes de la fiscalía especial contra delitos del pasado, se haga la desentendida.
Cuarto. Faltan nuevos métodos. Por ejemplo, tiene que ampliarse la utilización del litigio estratégico, una herramienta indispensable para defender víctimas y presionar autoridades. Otra innovación supone mejorar la forma en que se acompaña a las ciudadanas y ciudadanos que desean representar la nueva agenda social compitiendo por un cargo de elección popular o por la titularidad de los organismos públicos de derechos humanos (me anticipo a las críticas haciendo dos precisiones: es legítimo buscar cargos públicos pero expresarlo no significa, en mi caso, que los procure o los acepte).
Y quinto. La nueva agenda es tan variada que podría extenderse y quedar diluida en la irrelevancia. El hilo conductor que daría coherencia a los múltiples asuntos es seleccionar un ramillete de casos paradigmáticos que confirmen la inexistencia, en México, de un Estado de derecho para dar a conocer, en el exterior, la indefensión en que nos encontramos. Un síntoma de lo que está sucediendo es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene, según algunas fuentes, alrededor de 400 casos de quienes buscan fuera lo que se les niega dentro.
Aunque es imposible hacer pronósticos, se están dando las condiciones, en este país y su entorno exterior, para la formulación de una agenda mínima que aliente a un frente amplio contra la impunidad y la corrupción. Hay hartazgo de los gobernantes, y cansancio por el marasmo ciudadano. Esta rebelión cívica está surgiendo en torno a una idea elemental pero profunda: la verdad y la justicia pertenecen a quienes las conquistan.
Para Luis Miguel Carriedo, con afecto.
La decisión de la mayoría de los consejeros del IFE de indultar a las televisoras por la violación constitucional y legal que hicieron de las disposiciones electorales en materia de radio y televisión, es un acto de autodenigración institucional, porque se menoscaban tres de las más importantes cualidades que debe tener esa autoridad: credibilidad, independencia, legalidad. Esto se suma al deterioro del prestigio que otrora gozó, y la desconfianza ciudadana aumenta hacia el árbitro de la principal disputa que se da en México: la electoral.
Ni más ni menos que esa es la afectación, y se trata de un enorme daño, porque en un abrir y cerrar de ojos nos hecha a perder esfuerzos sociales, políticos e institucionales muy largos, duros y complejos en la construcción de la democracia electoral. Sí, es un acto suicida, una dinámica autodestructiva.
Las causas de esa conducta pueden ser diversas y ya varios articulistas han abordado con distintos enfoques, la debilidad con que respondieron a las presiones de Tv Azteca y de Televisa los consejeros Marco Antonio Baños, Macarita Elizondo, Marco Antonio Gómez, Francisco Guerrero, Benito Nacif y Arturo Sánchez y que inevitablemente arrastrará al conjunto.
Este fin de semana me he preguntado qué les pasó a esos consejeros que al principio se veían tan firmes, y luego fueron capaces no sólo de someterse, literalmente doblegarse, sino que se atrevieron a decir las cosas que dijeron y sólo les faltó pedirles una disculpa pública a las televisoras pues, ya no dudo que algunos lo hayan hecho en privado. Por supuesto que lo primero que pensé fue que no pudieron resistir las presiones, o se imaginaron consecuencias funestas en su relación futura con las televisoras.
Quiero compartir mi visión del asunto, porque he visto pasar muy de cerca esas presiones envueltas de distinta manera, como amenaza, chantaje, intimidación o incluso ofrecimientos de apoyo y gracia con que la Televisión sabe pagar los favores recibidos.
¿Cómo presiona la Televisión?, no pocas veces me han cuestionado. ¿Cómo opera sus mecanismos de captura?, ¿son sus operadores mentes brillantes en el arte de la argumentación?, ¿son sofisticados sus métodos?, ¿realmente son más poderosos que el Estado?. Respondo que ninguna de las tres cosas anteriores, más bien son muy rudimentarios, poco dotados y más que poderosos son hábiles y sagaces. Del chapulín colorado, y no de otra fuente, les proviene su astucia: tienen bien medido el infantilismo político con el que se comporta una buena parte de la clase dirigente del país, saben del desvanecimiento de la visión de Estado en la tarea de gobierno, conocen del bajo nivel cultural, ético y jurídico de muchos de los que hoy ocupan responsabilidades públicas, de lo que se llama ausencia de líderes en instituciones clave de nuestra democracia.
Las presiones de la Televisión siempre han tenido efecto en quienes se dejan presionar, y más aún en quienes son susceptibles de esa presión, ya sea porque tienen vínculos directos con las empresas, o acumulan en su expediente personal, político o profesional faltas que luego los cabilderos de la televisión se encargan de recordarles. Por esa vía, a la que no debemos dejar de añadir el narcisismo político, ese embelesamiento que a algunos les causa salir en la tele - para poder verse y existir -, han logrado muchas canonjías, privilegios e impunidades. Pero más ha sacado raja la Televisión de los pusilánimes, que de los corruptos. Sí, su fuerza es proporcional a la debilidad del gobierno. De los faltos de carácter, o de los “faltos de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes”, como define el diccionario de la real academia de la lengua española, a los pusilánimes, del latín pusillanĭmis, es de donde la televisión ha sacado cómplices para fincar su influencia, su impunidad.
Quien quiera ver cómo se acobarda y se rinde un servidor público, de los de sin ánimo, ya no digamos para hacer cosas grandes por su país, sino por lo menos para hacer respetar la ley, y sancionar el atropello del poder fáctico de la televisión, que vea la sesión del IFE del pasado 13 de febrero de 2009. Quien desee observar el referente contrario en hombres y mujeres que se dan a respetar, y no sólo son fuertes ante la desgracia sino inteligentes y firmes para detener el abuso, que vea las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo y junio de 2007, cuando se echó abajo la Ley Televisa.
El mismo IFE tiene su contraste para esperanza de muchos, aun cuando en número insuficiente. Frente a la repentina como vergonzosa actitud de quienes decidieron congraciarse con las televisoras, o con quienes hayan abogado ante ellos en defensa de Azteca y Televisa, destacó la actitud del consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, que recordó que la autoridad electoral no puede renunciar a la aplicación de la ley. Singular, por valiente e informada la actuación del consejero Alfredo Figueroa. También la de Virgilio Andrade, quien reivindicó la defensa de la legalidad. Vaya para ellos nuestro abrazo, sabiendo que se trata de la excepción honrosa en este capítulo de demolición. Para la mayoría que se rindió, nuestro rechazo a su conducta.
A partir de la firma de un extraño acuerdo de colaboración que sirvió de excusa para exonerar a los infractores, el órgano electoral se rindió y fue capturado por los sujetos regulados
Atribúyala usted a ingenua buena fe de la mayoría de los consejeros, o a la capacidad de las televisoras para intimidarlos, avasallarlos y ganarlos por cualquier medio para su causa (que es contraria a los intereses que en este caso el IFE debe gestionar). Lo cierto es que la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral es una grave lesión a sí mismo -autoinferida, suicida casi, en consecuencia- y una victoria de la insolencia telecrática. Se sabe ya, a partir del viernes 13, quién manda en México si se trata de aplicar la Constitución y la ley en materia electoral. Como en otros terrenos, el verdadero poder rector de la sociedad radica en avenida Chapultepec y en el Ajusco, no en otra parte.
El sábado 31 de enero y el domingo 1o. de febrero Televisa y TV Azteca iniciaron el desafío que ganaron el viernes pasado. Interrumpieron programas deportivos y de entretenimiento con la presentación irregular de mensajes de los partidos y los órganos electorales. Los agruparon indebidamente, les antepusieron una cortinilla con cuyo texto se hacían las víctimas de una imposición y trasladaban al IFE la supresión de la imagen que el público quería ver y consiguieron con ello que la irritación del público -al que esas mismas televisoras agravian cotidianamente con publicidad comercial igualmente estorbosa del espectáculo- debilitara la frágil disposición ciudadana a la participación electoral.
El IFE reaccionó, o pareció reaccionar como si fuera una autoridad verdadera. Pidió informes a las concesionarias infractoras, anunció que iniciaría en su contra un procedimiento sancionador y su Secretaría Ejecutiva preparó sendos proyectos en que se examinaron las peculiaridades de las conductas atípicas de las televisoras y se previó multarlas, con 7 millones a TV Azteca y con 4 a Televisa. Conocidos los proyectos, la noche del jueves 12 parecía inexorable la aplicación de esas penas, pues habían ganado el asentimiento mayoritario.
Pero el miércoles 11 había comenzado a fraguarse la decisión que debilitó al IFE y fortaleció al duopolio; es decir, comenzó la captura del órgano regulador por los sujetos regulados. Tres consejeros, Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez, junto con el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo Molina, acudieron a parlamentar con dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Si bien el grupo representativo de los concesionarios fue encabezado por Arturo Laris Rodríguez, presidente de su consejo consultivo, la presencia realmente importante era la de los vicepresidentes de la cámara, Javier Dondé y Ernesto Vidal, representantes de Televisa y TV Azteca. Con ellos, en rigor estricto, fueron a hablar los consejeros del IFE.
El resultado del encuentro fue un documento tan atípico como las conductas atribuidas a las televisoras. Haga usted de cuenta que en una operación contra la piratería, es decir contra la violación masiva del derecho de autor, los fabricantes de discos compactos o devedés ilegales firman con la Procuraduría General de la República un acuerdo de colaboración en que los presuntos delincuentes o infractores se comprometen a no seguir ya su práctica lesiva para la propiedad intelectual a cambio de que no se les aplique la ley. Sin duda a usted le parecería una aberración, porque el interés público resulta lesionado y porque dejaría sin contenido la afirmación con que se llena la boca a representantes del Estado mexicano, particularmente al gobierno federal panista, de que "la ley no se negocia".
Pues bien, consejeros del IFE y su secretario ejecutivo firmaron con los infractores un "acuerdo de colaboración", en cuyo cuerpo se relaja la estricta obligatoriedad de los textos legales. La cámara -es decir, para efectos prácticos Televisa y TV Azteca- se comprometió a "respaldar, apoyar y acompañar al IFE en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, así como a generar las condiciones propicias para el adecuado acceso de los partidos políticos y del propio instituto a los tiempos de radio y televisión", condiciones que están ya en la Constitución, el código electoral y el reglamento de radio y televisión y que no es, por lo tanto, necesario "propiciar". Por añadidura, los concesionarios deslizaron una frase que los exime de cumplir en adelante las normas pues "procurarán" no agrupar los promocionales "en un solo bloque". En el informe del secretario ejecutivo al consejero general, rendido el viernes, ese compromiso se refiere a que los concesionarios harán "todo lo posible" para no agrupar los mensajes. Y como a lo imposible nadie está obligado...
Con la firma de ese extravagante, seudolegal acuerdo se estableció la base para eximir de penas a las infractoras. El consejero Marco Antonio Baños presentó un proyecto contrario al de la Junta, para sobreseer el caso, lo que implicaba dejar de lado las sanciones previstas, porque tras la firma de ese acuerdo, surgido de "la acción del IFE y la sensibilidad de los concesionarios", y "al haberse corregido la transmisión de los spots", el asunto queda sin materia. La falacia del argumento de Baños, referido a hechos supervinientes a la infracción, contó con el apoyo de los consejeros Gómez Alcántar, Guerrero, Nacif y Sánchez, alineados con la entusiasta posición de los representantes del Partido Verde, que nunca se recatan para ostentarse defensores de la telecracia, endurecida e impune.
Por diego galli - Madrid Traducción: iker rouco.
No tiene capacidad debido a la suicida cesión de poder que el gobierno les ha hecho en los últimos 20 años. Una transferencia inaudita de soberanía estatal a cambio de protección y cuidado de la imagen de los presidentes y de algunos secretarios, si mucho, por el tiempo que dura el sexenio. Una cesión de facultades, funciones y recursos que también es fruto de la corrupción, el chantaje, la ignorancia, el temor o la vanidad de un conjunto de funcionarios y legisladores que abdicaron de sus deberes y responsabilidades.
Desde la administración de Salinas a la fecha, no se ha hecho otra cosa que desmantelar la rectoría del Estado en la materia. Actualmente se autorregulan y tienen en sus manos la mayoría de votos en el órgano más importante del sistema de control y vigilancia del Estado sobre las concesiones de radio y tv: la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Tampoco tiene capacidad porque los instrumentos legales del Estado son anquilosados y varias de las conductas en que hoy incurren los concesionarios de las dos cadenas de tv ni siquiera fueron imaginadas por el legislador en los supuestos delictivos; quizá entonces no se concibió jamás que los concesionarios actuaran en contra del Estado que les concesionó las frecuencias. Y cada que se pretende actualizar esas disposiciones, los legisladores sucumben por motivos muy diversos, en los que el chantaje y el miedo ganan la batalla a los impulsos reformadores.
El del Estado frente a la tv es un poder que no puede. Ahí sí estamos ante un Estado fallido.
Esto es bien sabido por los concesionarios. Saben que sus tácticas desinformadoras generan resultados entre algunos de los líderes del Congreso, quienes no sólo dejaron inconclusa la reforma electoral al no legislar las medidas complementarias en la ley federal de radio y tv, entre otras cosas para estipular verdaderas sanciones al incumplimiento, sino que abandonaron la defensa de la reforma en la SCJN, en el Tribunal Electoral, en los medios, en su propia tribuna parlamentaria. La CIRT, que tan patéticamente ha vuelto a salir a defender la violación a la ley, sabe que la reforma electoral está en la orfandad, que ya nadie se hace cargo del hijo que salió con fórceps de la panza del Congreso.
Los concesionarios de la tv han visto cómo el PRD se hizo chiquito frente a la reforma; cómo el PRI amagó con ella y luego negoció; cómo el PAN ha vacilado en hacerla suya. Tienen medidos a nuestros dirigentes políticos.
Si el gobierno en su conjunto, esto es, los tres poderes, no actúa enérgicamente, si deja pasar ésta, la tv logrará su objetivo de volver inútil la reforma. Cuando las dos cadenas deciden interrumpir la transmisión del Super Bowl y le pasan a la gente tres minutos seguidos de anuncios políticos “por orden del IFE”, no sólo nulifican los efectos de la estrategia propagándística de los partidos; buscan hacer repudiable la propaganda política y por lo tanto deplorable la reforma.
Y en medio de lo grotesco, lo paradójico: así como en los momentos de crisis económica se disparan procesos de cambio político y reformas legales de carácter estructural, puede darse el caso de que finalmente, con estos actos de provocación, el Estado se decida recuperar su poder. El duopolio televisivo se siente intocado, se cree todopoderoso, y quizá sea en esa prepotencia en la que se encuentre el germen del colapso de su injustificado poder.
Discurso de Denisse Dresser en el frente a diputados, senadores, empresarios y funcionarios
Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado, en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía, son bienvenidas.
Lamentablemente, se dan 18 años tarde. Y allí están los resultados de reformas quizás bien intencionadas, pero mal instrumentadas: una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay.
Para extraer rentas, los "jugadores dominantes" han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben la innovación y, por ende, el aumento de la productividad. Estos cuellos de boetella inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, y son una razón clave detrás de la persistente desigualdad social, como lo sugiere el reporte dle Banco Mundial sobre México titulado: "Más allá de la polarización social y la captura del Estado".
A saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicio de tal manera que los trabajaodres puedan ganar más y más. A entender que ello se basa en la expansión ráída del conocimiento y la innovación; en nuevas formas de hacer las cosas y mejorarlas; en técnicas que aumentan la productividad de manera constante.
Mientras tanto, la realidad acecha a golpes de 327 mil despedicos, crecimiento negativo, el lugar 60 de 134 en el ïndice Global de Competitivdad y una nación que dice reformarse mientras evita hacerlo. México no crece por la forma en la cual se usa y se ejerce y se comparte el poder. Ni más ni menos.

References: artículo 354
 artículo 107
 artículo 31
 artículo 41
e contrario
 resolución