Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-34848-de-febrero-9-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a3b76c8a0b5d015ae0430a010151015a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 17:16:03+00:00

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CONTENIDO:RECURSO DE APELACIÓN.LA ÚNICA EXCEPCIÓN LEGAL Y CONSTITUCIONAL ADMISIBLE QUE COLOCA UNA CORTAPISA A LA VIABILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS, ESTÁ CIRCUNSCRITA A LAS PROFERIDAS POR EL ÓRGANO DE CIERRE DE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA, ESTO ES, LA SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, CONGRESISTA, DERECHOS DE LA VÍCTIMA, ÚNICA INSTANCIA, FUERO CONSTITUCIONAL, RECURSO DE APELACIÓN, JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA, SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, JUEZ NATURAL, DOBLE INSTANCIA, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Bogotá D.C., nueve de febrero de dos mil once.
2.1. Una necesaria precisión: está pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la Empresa Agregados Palmares S.A., contra la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Bucaramanga, Santander, actividad procesal que desplegó dicho sujeto procesal ante el juez natural cuando el acusado no era congresista.
Una vez posesionado —20 de julio de 2010— el doctor Honorio Galvis Aguilar como miembro del Congreso de la República, todas las actuaciones penales que se le adelantaran cambian su naturaleza, y obligadamente tienen que ajustarse al trámite especialmente establecido para el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado, por virtud del fuero constitucional que los cobija, “implicando el trámite foral un juzgamiento en única instancia por parte del órgano límite de la jurisdicción ordinaria”(4).
Entonces, si estando en curso un proceso penal, ante el hecho de la posesión como congresista, “en tal situación, la Corte no puede hacer otra cosa que asumir el asunto en el estado en que lo encuentra y amoldarlo al rito que compone el debido proceso de los asuntos que aquí se tramitan, sin que pueda desconocer todos aquellos actos procesales que ocurrieron antes de su conocimiento, en tanto hayan sido adelantados con competencia(5)”.
Por expreso mandato constitucional contenido en los artículos 186 y 235, numeral 3º de la Carta Política, la Corte Suprema de Justicia conoce en forma privativa de la instrucción y el juzgamiento de los delitos cometidos por los miembros del Congreso de la República, sin perjuicio de la facultad contenida en los numerales 2(6)y 4(7) del artículo 235 para el juzgamiento.
“...Según la línea jurisprudencial recordada, (i) el juzgamiento de altos funcionarios por la Corte Suprema de Justicia no desconoce el debido proceso, porque obedece a las previsiones establecidas por el legislador en desarrollo de lo estatuido en la propia Carta; y (ii) el Legislador goza de potestad de configuración (a) para definir los cargos de los funcionarios que habrán de ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia como quiera que el texto constitucional autorizó expresamente al legislador para atribuir funciones a la Corte Suprema de Justicia (b) para distribuir competencias entre los órganos judiciales (C.P., art. 234) (c) para establecer si los juicios penales seguidos ante la Corte Suprema de Justicia serán de única o doble instancia, dado que el principio de la doble instancia no tiene un carácter absoluto, y el legislador puede definir excepciones a ese principio y (d) para definir los mecanismos a través de los cuales se pueden corregir eventuales errores judiciales, como quiera que el legislador puede establecer las acciones o recursos disponibles para impugnar decisiones adversas o contrarias a derecho.
La Corte se refirió ampliamente a la constitucionalidad de procesos de única instancia en la Sentencia C-040 de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett cuyas consideraciones se citan in extenso dada su pertinencia para el asunto bajo revisión, así dicho fallo se haya producido en un contexto diferente:
No es pues, acertado afirmar que el fuero consagrado en la Constitución perjudica a sus beneficiarios”
“...De lo anterior encuentra la Corte que la interpretación del artículo 14.5 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y artículo 8.2 del pacto de San José que han efectuado los órganos internacionales competentes, resulta armónica con la interpretación que se ha hecho de los artículos 29 y 31 Carta Política en materia de juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, en la medida en que de dichos pronunciamientos no se deriva una regla según la cual en los juzgamientos de altos funcionarios con fuero penal ante el órgano de cierre de la jurisdicción penal, deba establecerse una segunda instancia semejante a la que existe para otros juicios penales. Es decir, cada Estado goza de un amplio margen para configurar los procedimientos y para diseñar los mecanismos eficaces de protección de los derechos, sin que esté ordenado, según la jurisprudencia vigente, que en los casos de altos funcionarios aforados se prevea siempre la segunda instancia”.
iii. Toda sentencia judicial podrá ser apelada, salvo los determinados en la ley
“...34. Estos son motivos adecuados y suficientes para que la Sala imprima un cambio a su propia jurisprudencia, insistiendo en que sus sentencias son inapelables, pero nunca las proferidas por jueces de menor jerarquía”
Ahora bien, el paradigma implantado con la reforma constitucional, frente a la cobertura del derecho integral de las víctimas, no se ofrece novedoso, pues bajo el sistema de procesamiento penal de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia constitucional a través de la Sentencia C-228-02, mediante la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 137 de la Ley 600 de 2000, introdujo una importante modificación sobre los derechos de la parte civil en el proceso penal:
3. El derecho a la reparación del daño que se le ha causado a través de una compensación económica, que es la forma tradicional como se ha resarcido a la víctima de un delito(13)”.
“(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (C.P. art. 93); (ii) en el hecho de que el constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de las víctimas (C.P. art. 250 num. 6º y 7º); (iii) en el deber de las autoridades en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de los bienes jurídicos (C.P. art. 2º); (iv) en el principio de dignidad humana que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia (C.P. art.1º); (v) en el principio del Estado social de derecho que promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias(14)”.
Como viene de verse, la única excepción legal y constitucional admisible que coloca una cortapisa a la viabilidad del recurso de apelación contra las sentencias, está circunscrita a las proferidas por el órgano de cierre de la jurisdicción penal ordinaria, esto es, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, como la decisión que es objeto de controversia no fue proferida por esta Sala, sino por el juzgado 5 Penal del Circuito de Bucaramanga, la excepción no la cubre y de ahí que se haga necesario que la Corte aborde su conocimiento como ya lo dijo la Sala(18):
Una razón adicional que justifica la nueva postura: el aforado constitucional tiene derecho a que sea su juez natural, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, quien zanje la discusión jurídica y le garantice un examen integral de la decisión aludida; igualmente constituye una garantía al mismo procesado, ante un eventual fallo condenatorio, la posibilidad de recurrirlo, lo que lo acentuaría aun más la imperante necesidad que antes de ella reclamaba un cambio.
Son estas las razones que llevan a la Sala a declarar que la sentencia emitida por el juez 5 penal del circuito de Bucaramanga en contra del senador Honorario Galvis Aguilar no ha cobrado firmeza, en cuanto está pendiente de desatar el recurso de apelación oportuna y legalmente interpuesto por el apoderado de las víctimas.
Toda vez que la alzada no ha sido sustentada –como que en el momento en que se interpuso el procedimiento aplicable lo era la Ley 906 de 2004 cuya diligencia se producía en audiencia ante el funcionario de segunda instancia— y ante el adecuamiento del trámite a las normas de la Ley 600 de 2000 lo que impone un proceso de transición acorde con los derechos de los intervinientes, se dispone que una vez adquiera firmeza esta decisión, por la secretaría de la Sala se dará cumplimiento a los traslados previstos en el artículo 194 inciso primero de la Ley 600 de 2000, norma que aun cuando señala el procedimiento en primera instancia —que no es el caso— sí permite habilitar su sustentación.
1. Asumir competencia y en consecuencia declarar que la sentencia absolutoria proferida por el juzgado 5 penal del circuito de Bucaramanga del 23 de junio de 2010, a favor de Honorio Galvis Aguilar, en el proceso que por el delito de prevaricato por acción le adelantó, no ha quedado en firme.
(4) Frente a este tema, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1320 de diciembre 10 de 2001, indicó: “En apoyo de la aserción anterior, en relación con el fuero otorgado a los congresistas para ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia, ha de tenerse en cuenta que dicho fuero no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y la autonomía del Congreso de la República. Por eso no puede admitirse que sólo tenga operancia respecto de hechos presuntamente delictuosos que sean cometidos por el sindicado cuando ostente la calidad de miembro del Congreso, pues, aun cuando en este caso tiene fuero, también este se extiende a hechos anteriores a su posesión como senadores de la República o Representantes a la Cámara si el proceso penal se adelanta cuando se encuentran en ejercicio de sus funciones. Es decir, si el hecho se cometió antes de que el sindicado ostentara la calidad de miembro del Congreso pero el proceso penal respectivo se inicia después de que adquiera dicha calidad, el fuero ha de aplicarse necesariamente para cumplir con la finalidad constitucional que se le asigna que, se repite, no es de carácter individual no en beneficio personal sino institucional.” (No está en negrilla en el texto original).
(5) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto única instancia, 29 de septiembre de 1.999, radicación 15608.
(11) Artículo 235.3 de la Carta Política
(12) Constitución Política. Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.
(13) Con este pronunciamiento se consolidó una línea jurisprudencial ya planteada en las sentencias C-740-01, C-1149-01 y SU-1184-01.
(14) Sentencia de la Corte Constitucional, C-454 de 2006.

References: artículo 235
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 137
 resolución 
 artículo 194
 Artículo 235
 Artículo 229