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Timestamp: 2019-08-20 18:14:59+00:00

Document:
Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, para adaptarlo a la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 444468466
Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Mayo de 2003
Marginal: BOE-A-2003-6931
Norma citada en: 13 sentencias, 3 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico
REAL DECRETO 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, para adaptarlo a la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico,
CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
La disposiciÃ³n final segunda de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre de reforma del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, establece que el Gobierno, en el plazo mÃ¡ximo de seis meses desde la entrada en vigor de dicha reforma, procederÃ¡ a modificar el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, para adecuarlo a las modificaciones contenidas en dicha reforma.
Esta disposiciÃ³n tiene por objeto el cumplimiento de dicho mandato legislativo. Se trasladan asÃ al reglamento de procedimiento sancionador las innovaciones que en esta materia ha introducido la ley de reforma, entre las que cabe destacar el diverso tratamiento dado a la concurrencia de las actuaciones jurisdiccionales penales sobre el mismo hecho, que no impide la continuaciÃ³n del procedimiento administrativo sancionador, el cual queda prÃ¡ctica y completamente instruido hasta el momento de dictar resoluciÃ³n, en que se suspende hasta que la autoridad judicial resuelva lo procedente.
Por otra parte, se concretan de manera precisa los casos en que se admite la notificaciÃ³n de la denuncia con posterioridad a la comisiÃ³n de la infracciÃ³n, reforzando de este modo la vigilancia en zonas urbanas.
Se tiene en cuenta la incidencia del pago anticipado a la resoluciÃ³n durante la instrucciÃ³n del procedimiento, regulando la reducciÃ³n legal del 30 por ciento del importe de la multa y su incompatibilidad con otros beneficios legales de reducciÃ³n de sanciones por sometimiento a medidas reeducadoras.
En otro orden de ideas, se contempla expresamente la competencia sancionadora en materia de trÃ¡fico de las autoridades locales y autonÃ³micas, definiendo sus competencias y los recursos contra sus resoluciones, y articulando la continuidad del procedimiento cuando con el ejercicio de esas competencias concurre el de las autoridades de la AdministraciÃ³n General del Estado para la imposiciÃ³n de la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa para conducir.
Se amplÃan en el sentido indicado por la ley de reforma los plazos de cancelaciÃ³n de los antecedentes por infracciones graves y muy graves y los plazos de prescripciÃ³n de las infracciones y de caducidad del procedimiento, regulando de forma precisa la interrupciÃ³n y el cÃ³mputo de dichas figuras jurÃdicas.
Por Ãºltimo, se establece el sistema para que en los registros de la AdministraciÃ³n General del Estado consten la totalidad de los antecedentes por infracciones graves y muy graves, a fin de hacer posible la distinta graduaciÃ³n en funciÃ³n de la reincidencia o, en su caso, la instrucciÃ³n de expedientes de revocaciÃ³n de permisos de conducciÃ³n.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, previa aprobaciÃ³n del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃa 14 de marzo de 2003, D I S P O N G O :
ArtÃculo Ãºnico. ModificaciÃ³n del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.
Los artÃculos 2; 10.3; 12.2 y 3; 13.3; 15.1; 16; 17;
18.1 y 2, y 19.1 y 2, del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, quedan redactados en la forma que se inserta a continuaciÃ³n de este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. TramitaciÃ³n de procedimientos.
Los procedimientos sancionadores iniciados por denuncias formuladas a partir de la entrada en vigor de este real decreto se tramitarÃ¡n con arreglo a Ã©ste.
Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto continuarÃ¡n tramitÃ¡ndose por las normas anteriores, salvo que las actuales normas modificadas sean mÃ¡s favorables al denunciado, en cuyo caso se aplicarÃ¡n con efecto retroactivo.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor al mes de su publicaciÃ³n en el 'BoletÃn Oficial del Estado'.
De acuerdo con la disposiciÃ³n final cuarta de la Ley 19/2001, lo dispuesto en el artÃculo 12 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial, en cuanto a medidas reeducadoras, entrarÃ¡ en vigor cuando Ã©stas se desarrollen reglamentariamente.
El Ministro del Interior, ÃNGEL ACEBES PANIAGUA
ModificaciÃ³n del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de trÃ¡fico, circulaciÃ³n de vehÃculos a motor y seguridad vial
Uno. El artÃculo 2 queda redactado de la siguiente forma:
'ArtÃculo 2. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
Cuando en el procedimiento administrativo se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrÃ¡ en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acciÃ³n penal y proseguirÃ¡ el procedimiento absteniÃ©ndose de dictar resoluciÃ³n mientras la autoridad judicial no pronuncie sentencia firme o dicte otra resoluciÃ³n que le ponga fin.
Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados, y una vez acordada la suspensiÃ³n del procedimiento administrativo, se archivarÃ¡ este procedimiento sin declaraciÃ³n de responsabilidad. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resoluciÃ³n que le ponga fin sin declaraciÃ³n de responsabilidad y no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se dictarÃ¡ la resoluciÃ³n que corresponda en el procedimiento administrativo.'
Dos. Se aÃ±ade un apartado 3 al artÃculo 10, que queda redactado de la siguiente forma:
'3. SerÃ¡ causa legal que justifique la notificaciÃ³n de la denuncia en momento posterior el hecho de formularse en momentos de gran intensidad de circulaciÃ³n o concurriendo factores meteorolÃ³gicos adversos, obras u otras circunstancias en que la detenciÃ³n del vehÃculo tambiÃ©n pueda originar un riesgo concreto.
Asimismo, la notificaciÃ³n de la denuncia podrÃ¡ efectuarse en un momento posterior cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a travÃ©s de medios autorizados de captaciÃ³n y reproducciÃ³n de imÃ¡genes que permitan la identificaciÃ³n del vehÃculo.
ProcederÃ¡ tambiÃ©n la notificaciÃ³n de la denuncia en momento posterior a su formulaciÃ³n en los casos de vehÃculos estacionados cuando el conductor no estÃ© presente.'
Tres. El apartado 2 del artÃculo 12 queda redactado de la siguiente forma, y el actual apartado 2 pasa a ser el apartado 3:
'2. El abono del importe de la multa indicado en la notificaciÃ³n de la denuncia, tanto si es seÃ±alado por el agente en el acto de la denuncia, como en la notificaciÃ³n enviada posteriormente por el instructor, implicarÃ¡ la terminaciÃ³n del procedimiento una vez concluido el trÃ¡mite de alegaciones sin que el denunciado las haya formulado, finalizando el expediente, salvo que se acuerde la suspensiÃ³n del permiso o licencia para conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer el recurso correspondiente.
La resoluciÃ³n que se dicte lo serÃ¡ por el importe total de la multa que proceda imponer y tendrÃ¡ en cuenta el pago anticipado que se hubiera efectuado con anterioridad a los efectos previstos en el artÃculo 77.2 del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial, en cuanto se refiere a la terminaciÃ³n del procedimiento. En todo caso, el importe total de la multa impuesta podrÃ¡ ser objeto de impugnaciÃ³n en el correspondiente recurso que se formule, cuya resoluciÃ³n no quedarÃ¡ vinculada por el pago anticipadamente realizado.
Cuando se haya minorado la cuantÃa de la sanciÃ³n pecuniaria por pago anticipado efectuado con anterioridad a la resoluciÃ³n que se dicte, no serÃ¡ posible aplicar a la cantidad resultante ninguna otra reducciÃ³n basada en la realizaciÃ³n de medidas reeducadoras. No obstante, la minoraciÃ³n de la sanciÃ³n pecuniaria por pago anticipado serÃ¡ compatible con la reducciÃ³n por el desarrollo de medidas reeducadoras de la sanciÃ³n de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n para conducir o con el fraccionamiento de esta Ãºltima sanciÃ³n.'
Cuatro. Se aÃ±ade un apartado 3 al artÃculo 13, que queda redactado de la siguiente forma:
'3. Cuando, por razÃ³n de la posible sanciÃ³n de suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa para conducir, la AdministraciÃ³n General del Estado deba conocer del expediente resuelto por las autoridades competentes de la AdministraciÃ³n local o autonÃ³mica que hayan impuesto la sanciÃ³n de multa correspondiente, estas autoridades, una vez que haya adquirido firmeza su resoluciÃ³n, remitirÃ¡n el expediente a la autoridad competente de la AdministraciÃ³n General del Estado. Esta Ãºltima autoridad notificarÃ¡ la propuesta de resoluciÃ³n que contemple la suspensiÃ³n del permiso o licencia de conducciÃ³n que se pueda acordar y darÃ¡ traslado Ã©sta en trÃ¡mite de audiencia, por 15 dÃas, al interesado.'
Cinco. Se modifica el apartado 1 del artÃculo 15, que queda redactado de la siguiente forma:
'1. Los Delegados o Subdelegados del Gobierno, en su caso, y los Alcaldes, dictarÃ¡n resoluciÃ³n sancionadora o resoluciÃ³n que declare la inexistencia de responsabilidad por la infracciÃ³n. Dicha resoluciÃ³n se dictarÃ¡ por escrito conforme previene el artÃculo 55.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃdico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, salvo que los Ã³rganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, en cuyo caso el titular de la competencia deberÃ¡ autorizar una relaciÃ³n de las que haya dictado de forma verbal con expresiÃ³n de su contenido conforme previene el artÃculo 55.2 de la referida ley. La resoluciÃ³n habrÃ¡ de notificarse en el plazo de un aÃ±o desde que se iniciÃ³ el procedimiento, deberÃ¡ ser motivada y decidirÃ¡ todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.' Seis. El artÃculo 16 queda redactado de la siguiente forma:
'ArtÃculo 16. Caducidad.
Si no hubiera recaÃdo resoluciÃ³n sancionadora transcurrido un aÃ±o desde la iniciaciÃ³n del procedimiento, se producirÃ¡ la caducidad de Ã©ste y se procederÃ¡ al archivo de las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el Ã³rgano competente para dictar la resoluciÃ³n. Cuando la paralizaciÃ³n del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicciÃ³n penal y cuando hubiera intervenido otra autoridad competente para imponer la sanciÃ³n de multa y que haya de trasladar el expediente para substanciar la suspensiÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa para conducir a la AdministraciÃ³n General del Estado, el plazo de caducidad se suspenderÃ¡ y reanudarÃ¡, por el tiempo que reste hasta un aÃ±o, una vez haya adquirido firmeza la resoluciÃ³n judicial o administrativa correspondiente.
La interrupciÃ³n de la caducidad se computarÃ¡ desde que se notifique la resoluciÃ³n al interesado y se reanudarÃ¡ cuando la resoluciÃ³n sea firme, bien porque la consienta el interesado, bien porque se resuelva el recurso interpuesto por Ã©ste.'
Siete. El artÃculo 17 queda redactado de la siguiente forma:
'ArtÃculo 17. Recursos.
Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los Delegados del Gobierno en las comunidades autÃ³nomas, podrÃ¡ interponerse dentro del plazo de un mes recurso de alzada ante el Ministro del Interior.
En igual plazo serÃ¡n recurribles ante el Delegado del Gobierno correspondiente las sanciones impuestas por los Subdelegados del Gobierno.
La competencia para resolver el recurso de alzada previsto en el pÃ¡rrafo anterior podrÃ¡ delegarse en el Director General de TrÃ¡fico.
Las resoluciones de los recursos de alzada serÃ¡n recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los tÃ©rminos previstos en su ley reguladora.
Transcurridos tres meses desde la interposiciÃ³n del recurso de alzada sin que recaiga resoluciÃ³n, se podrÃ¡ entender desestimado, quedando expedita la vÃa contencioso administrativa.
Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores dictadas por los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas que tengan transferidas competencias ejecutivas en materia de trÃ¡fico y circulaciÃ³n de vehÃculos a motor, asÃ como las dictadas por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estarÃ¡ a lo establecido en la normativa correspondiente.'
Ocho. Se modifican los apartados 1 y 2 del artÃculo 18, que quedan redactados de la siguiente forma:
'1. El plazo de prescripciÃ³n de las infracciones previstas en el texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial serÃ¡ el de tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y un aÃ±o para las infracciones muy graves y para las infracciones previstas en el artÃculo 67.2 de dicho texto articulado.
El plazo de prescripciÃ³n se cuenta a partir del dÃa en que los hechos se hubieran cometido. La prescripciÃ³n se interrumpe por cualquier actuaciÃ³n administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o estÃ© encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practiquen con proyecciÃ³n externa a la dependencia en que se origine. TambiÃ©n se interrumpe la prescripciÃ³n por la notificaciÃ³n efectuada de acuerdo con lo establecido en el artÃculo 78 del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial. La prescripciÃ³n se reanuda si el procedimiento se paraliza durante mÃ¡s de un mes por causa no imputable al denunciado.
El plazo de prescripciÃ³n de las sanciones serÃ¡ de un aÃ±o, computado desde el dÃa siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resoluciÃ³n por la que se imponga la correspondiente sanciÃ³n.
InterrumpirÃ¡ la prescripciÃ³n la iniciaciÃ³n, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecuciÃ³n, volviendo a transcurrir el plazo si aquÃ©l estÃ¡ paralizado durante mÃ¡s de un mes por causa no imputable al infractor.'
Nueve. Se modifican los apartados 1 y 2 del artÃculo 19, que quedan redactados de la siguiente forma:
'1. Una vez que adquieran firmeza las sanciones graves y muy graves, serÃ¡n anotadas por la Jefatura de TrÃ¡fico en que se instruyÃ³ el expediente en el Registro de conductores e infractores y, cuando proceda, en los registros a que se refiere el artÃculo 5.h) del texto articulado de la Ley sobre TrÃ¡fico, CirculaciÃ³n de VehÃculos a Motor y Seguridad Vial. Cuando dichas sanciones hayan sido impuestas por los Alcaldes o por las autoridades competentes de las comunidades autÃ³nomas, se comunicarÃ¡n para su anotaciÃ³n a los registros referidos en el plazo de 15 dÃas siguientes a su firmeza.
Las anotaciones se cancelarÃ¡n de oficio a efectos de antecedentes una vez transcurridos dos aÃ±os desde su total cumplimiento o prescripciÃ³n.
La anotaciÃ³n de las sanciones interesadas por las autoridades judiciales u otras autoridades administrativas se practicarÃ¡ por la Jefatura de TrÃ¡fico de su demarcaciÃ³n, salvo que se establezca un sistema informÃ¡tico por el que se pueda realizar directamente en los registros de la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico.'

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