Source: http://www.senado.gob.mx/64/intervenciones/1135/17370
Timestamp: 2019-09-22 02:10:34+00:00

Document:
Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Senador Antonio García Conejo: Muchas gracias, Presidente.
Con tu autorización y de la Mesa.
Queridas Senadoras, queridos Senadores.
Medios de comunicación, público presente.
El día de hoy vengo ante ustedes a presentar una iniciativa que me parece de mucha importancia, vamos a hablar de uno de los instrumentos más necesarios para la sociedad, un recurso extraordinario, como es el recurso de amparo, pero que debe de ser este recurso bien equilibrado, cuidado, ya que es un instrumento que permite garantizar los derechos de todas y todos sin distinción alguna.
A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del mío propio, me voy a permitir en presentar ante todos ustedes esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo.
También la reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y bajo el tenor de las siguientes consideraciones:
Desde su origen el juicio de amparo tuvo como objetivo garantizar de forma efectiva la protección de los derechos humanos ante la vulneración perpetrada por parte de autoridades.
Lamentablemente, a pesar de que fue una institución de vanguardia que se adelantó a su tiempo, con el paso de los años el amparo se fue haciendo cada vez más técnico y su aplicación cada vez más rigurosa.
En ese sentido, el proceso de cumplimiento de las resoluciones de amparo toma una importante relevancia, ya que ello permite restituir y hacer respetar al quejoso el derecho o derechos que se estima le fue o le fueron violentados.
Pero como ocurre normalmente en la actividad jurisdiccional, no siempre todos los casos de improcedencia o sobreseimiento aplicados a los particulares son jurídicamente sustentables, ni todos los casos de sanción de desacato por parte de las autoridades que son legítimamente viables e imputables a las mismas, ya que en algunas ocasiones el cumplimiento de las sentencias de amparo implica la intervención de otras instituciones ajenas a la voluntad de las autoridades responsables.
Tal es el caso de los municipios de Pedro Escobedo, Querétaro, donde la presidenta municipal fue destituida de su cargo por el incumplimiento a la sentencia de amparo, donde se ordenaba la devolución a una empresa el dinero que pagó por el servicio de alumbrado público sin que tuviera los fondos para ello.
En Emiliano Zapato, Morelos, el alcalde y la tesorera municipal fueron destituidos por el incumplimiento a la sentencia de amparo que le ordenaba la devolución de impuestos sobre la adquisición de un inmueble a un ciudadano. Nuevamente sin que tuviera los fondos para ello.
Lo mismo sucedió en el municipio de Coacalco, Estado de México, donde el alcalde fue destituido junto con trece regidores.
La misma medida se tomó en los municipios de Paraíso, Tabasco; Tlacotepec, Puebla, donde los alcaldes, funcionarios y el cabildo fueron destituidos.
De igual manera, el caso de la Delegación de Venustiano Carranza, o el delegado de Venustiano Carranza, donde, pues el delegado fue destituido a pesar de que cumplió con el pago y la restitución del daño, se pudiera decir así, que venía desde dos, tres administraciones, cuatro administraciones anteriores, pero le exigían que les entregaran una tarjeta que no estaba a su alcance, una tarjeta que los acreditaba como verificadores.
Pues fue el caso que fue prácticamente destituido y no sólo eso, prácticamente condenado a pasar más de 5 años en prisión.
Así pudiera seguir mencionando un sinnúmero de casos, que es necesario, querida Senadora y Senadores, que le pongamos atención, especial, obviamente siendo muy respetuosos, respetuosas de la decisión y de los órganos autónomos y en este caso de un Poder de la Unión.
En ese sentido consideramos que la sanción penal que contempla la Ley de Amparo en comento, para el caso del incumplimiento de una sentencia de amparo y en concreto el artículo 267, es excesiva, desproporcional en comparación con la comisión de otros delitos similares, máxime que la gravedad de la pena debe ser proporcional a la del hecho antijurídico y del grado de afectación al bien jurídico protegido, de acuerdo con la interpretación de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las penas más graves deben ser dirigidas, deben dirigirse a los tipos penales que protegen los bienes jurídicos más importantes, y como señalé anteriormente, el cumplimiento de una resolución de amparo puede implicar la participación de diversos factores administrativos o jurídicos que pueden estar lejos de la voluntad responsable y en la aplicación dela sanción.
Debe valorarse esta circunstancia.
La Ley de Amparo desde el 2013 se incorporó en el artículo 267, se incorporó al artículo 267 donde se establecen severas sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la sentencia de amparo, las cuales son desproporcionados e incongruentes con otras sanciones aplicadas a tipos penales de índole similar y que no garantiza una mayor eficiencia en la ejecución de las sentencias, porque el incremento de la pena no siempre es la mejor forma de atender una problemática.
Dela revisión del dispositivo de referencia, se observa que la pena de prisión señalada en el artículo 167 de la Ley de Amparo, es equivalente a las penalidades aplicables en los delitos previstos en el artículo 148 Ter sobre terrorismo internacional; 164, asociación delictuosa; 201, corrupción de menores; 234, falsificación de moneda y; 254 Bis, delitos contra el consumo de la riqueza nacionales, del Código Penal Federal.
Y mucho mayor que las penas aplicables a algunos delitos que se consideran más dañinos a la sociedad como son los delitos cometidos contra funcionarios públicos, donde se prevé pena de tan sólo uno a seis años de prisión.
Pongo el delito de coalición de servidores públicos, que amerita una pena de 2 a 7 años de prisión, además el dispositivo en comento, omite considerar excluyente de responsabilidad en caso de fuerza mayor, caso fortuito, o agravantes y atenuantes para imposición de la pena como sí ocurre en los delitos más graves.
Las penas privativas de la libertad aplicables al incumplimiento de una sentencia de amparo no respetan el principio de proporcionalidad de la pena o actos u omisiones similares tipificados y sancionados por la legislación penal, en vigor.
Por ello es que se propone la homologación, homologarlas a los tipos penales que establece el Código Penal, sin embargo, a fin de que esta reforma no sirva de excusa para que los funcionarios vulneren las determinaciones de la autoridad jurisdiccional, también consideramos que debe hacerse mayor énfasis en las sanciones pecuniarias, tomando en consideración que el incumpliendo sancionado en la Ley de Amparo en cuestión, puede dar lugar al procedimiento administrativo sancionador donde ya se encuentra prevista la posible destitución del servidor público.
Por ello, se propone modificar la redacción del artículo 267, de la Ley de Amparo, a efecto de que la punibilidad de las conductas sea acorde a la afectación generada al bien jurídico tutelado por la norma y que los mínimos y máximos de la pena privativa de la libertad sean acordes a las sanciones aplicadas a conductas similares tipificadas en la normatividad penal, respetando el contenido adicional de dicho artículo, sobre todo en la sanción de destitución e inhabilitación, por lo que someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con:
Único.- Se reforma el artículo 267 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 267.- Se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión, multa de 50 a 500 unidades de medida y actualización, en su caso, destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:
1.- Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir.
2.- Repita el acto reclamado.
3.- Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto, y
4.-. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.
Las mismas penas que se señalan en este artículo, serán impuestas, en su caso, al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo.
Por su atención, muchas gracias, queridas Senadoras, Senadores y público presente.

References: artículo 267
 artículo 267
 artículo 267
 resolución 
 artículo 267
 artículo 267
 artículo 167
 artículo 148
 artículo 267
 artículo 267

Artículo 267
 resolución 
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