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Timestamp: 2019-06-25 18:30:32+00:00

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¿Estás obligado a efectuar el control de riesgo de accidentes graves? - Ambienta45
A partir de una serie de accidentes ocurridos en los años setenta, la Unión Europea aprobó la Directiva 82/501/CEE , en la que se establecían las bases para prevenir los riesgos de accidentes en determinadas actividades industriales que contenían sustancias consideradas peligrosas.
La Directiva 82/501/CEE es conocida como directiva SEVESO, debido al accidente químico ocurrido en esta ciudad italiana, donde una explosión sacudió una planta química, provocando un número importante de victimas y graves daños a toda la población.
La Directiva anterior fue modificada en diversas ocasiones, hasta aprobar la Directiva 96/82/CE , ésta conocida como directiva SEVESO II, con el objeto de controlar los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
La última Directiva aprobada Directiva 2012/18/UE, tiene como objeto establecer normas para la prevención de accidentes graves en que intervengan sustancias peligrosas, así como para la limitación de sus consecuencias en la salud humana y el medio ambiente, con miras a garantizar de forma coherente y eficaz un nivel elevado de protección en toda la Unión.
A nivel estatal, existía el Real Decreto 1254/1999 derogado por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, por el que se transpone la Directiva 2012/18/UE al ordenamiento estatal.
Con respecto al anterior Real Decreto 1254/1999, este real decreto presenta cambios destacables, como son::
– La alineación de las categorías de sustancias de su anexo I con las correspondientes al nuevo sistema europeo de clasificación de sustancias y mezclas (el llamado Reglamento CLP).
– Se incluye un mecanismo de corrección de este anexo para prever las posteriores adaptaciones al sistema de clasificación que pudieran repercutir sobre sustancias para las que se demuestre que no presentan un riesgo de accidente grave.
– Se refuerzan las disposiciones relacionadas con el acceso del público a la información sobre la aplicación del real decreto, con la participación efectiva del público interesado en la toma de decisiones y con los derechos del público a interponer recurso ante la justicia. Todo ello en conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
– Se potencian los mecanismos para la recopilación de información, el intercambio de la misma entre las autoridades competentes y la Comisión Europea y su difusión y puesta a disposición del público.
– En lo que respecta a las inspecciones de los establecimientos, se introducen criterios más estrictos, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad, así como una implantación efectiva de las medidas de control consideradas.
– Además se establece la regulación de competencias y coordinación entre Administraciones implicades.
Los establecimientos industriales a los que les serán de aplicación el control de riesgo de accidentes graves, son aquellos en los que están presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las indicadas en el Anexo I del Real Decreto 840/2015
Dentro de los establecimientos industriales, se distinguen dos categorías:
Establecimiento de nivel inferior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 2 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I, pero inferiores a las cantidades especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.
Establecimiento de nivel superior : todo aquel establecimiento en el que haya presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en la columna 3 de la parte 1 o de la parte 2 del anexo I.
1. Los establecimientos, las instalaciones o zonas de almacenamiento pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
2. Los peligros creados por las radiaciones ionizantes originadas por sustancias,
3. El transporte de mercancías peligrosas por carretera, ferrocarril, vía navegable interior y marítima o aérea y el almacenamiento temporal intermedio directamente relacionado con él; así como a las actividades de carga y descarga y al traslado desde y hacia otro tipo de transporte con destino a muelles, embarcaderos o instalaciones logísticas ferroviarias o terminales ferroviarias fuera de los establecimientos contemplados en este real decreto,
4. El transporte de sustancias peligrosas por canalizaciones, incluidas las estaciones de bombeo, que se encuentren fuera de los establecimientos a que se refiere este real decreto,
5. La explotación de minerales en minas, canteras y mediante perforación; en concreto a las actividades de exploración, extracción y tratamiento de los mismos,
6. La exploración y explotación mar adentro (off-shore) de minerales, incluidos los hidrocarburos,
7. El almacenamiento de gas en emplazamientos subterráneos mar adentro, tanto en aquellos dedicados específicamente al almacenamiento, como en los que también se lleven a cabo actividades de exploración y extracción de minerales, incluidos los hidrocarburos,
8. Los vertederos de residuos, incluyendo el almacenamiento subterráneo de los mismos.
No obstante lo dispuesto en las letras e) y h), estarán comprendidos en el ámbito de aplicación:
• Las instalaciones operativas de evacuación de residuos mineros, incluidos los diques y balsas de estériles, que contengan sustancias peligrosas;
• El almacenamiento subterráneo terrestre de gas en estratos naturales, acuíferos, cavidades salinas y minas en desuso, así como las actividades de tratamiento térmico y químico y el almacenamiento vinculado a estas operaciones en que intervengan sustancias peligrosas;
• Los almacenamientos temporales de mercurio metálico considerado residuo a los que se refiere el artículo 3 del Reglamento (CE) 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 relativo a la prohibición de la exportación de mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al almacenamiento seguro de mercurio metálico
Los establecimientos en que se procesen, manipulen o almacenen explosivos, material pirotécnico o cartuchería, se regirán por su normativa específica, salvo en lo relativo a: La planificación de emergencia exterior,
1. La planificación del uso del suelo,
2. La información al público afectado,
3. La consulta y participación pública en los proyectos de ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, y
4. La pronta notificación de accidentes.
El Ministerio del Interior, a través de Protección Civil y Emergencias, tiene competencias para:
• Mantener relación permanente con la Comisión Europea,
• Mantener relación permanente en coordinación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas,
• Comunicar a los Estados Miembros afectados por establecimientos cercanos a su territorio de accidentes ocasionados o que afecten a su territorio,
• Homologar y aprobar los planes de emergencia.
Los Órganos competentes de la Comunidades Autónomas, a través del control sobre las actividades, velarán por el cumplimiento de los objetivos de prevención de riesgos.
Asimismo los órganos competentes de las Comunidades Autónomas mantendrán informada a la dirección General de Protección Civil y Emergencias de los accidentes graves ocasionados en su territorio y de las causas, actuaciones y medidas preventivas tomadas.
Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, tienen competencias para:
• colaborar en la elaboración de planes de emergencia,
• realizar estudios e informes sobre el cumplimientos del Real Decreto 840/2015
• en general, hacer de intermediario entre los Órganos competentes de la Comunidades autónomas y el Ministerio del Interior.
Los Ayuntamientos y Entidades Locales, tienen competencia en la elaboración y aprobación de un plan de actuación municipal, y deben informar de inmediato al Órgano competente de los accidentes graves que se originen en su municipio. Así como encargarse de la activación de las medidas de protección precisas y realizar ejercicios y simulacros de protección civil.
Los industriales a cuyos establecimientos les es de aplicación el Real Decreto 840/2015 están obligados a:
• Adoptar las medidas previstas en dicho Real Decreto y cuantas resulten necesarias para prevenir accidentes graves y limitar sus consecuencias para la salud humana, los bienes y el medio ambiente.
• Colaborar con los órganos competentes de las comunidades autónomas y demostrar, en todo momento, que han tomado todas las medidas necesarias previstas en dicho Real Decreto.
En especial, estarán obligados a:
1. Enviar una notificación al órgano competente de la comunidad autónoma donde radiquen, y que contenga como mínimo, la información del establecimiento y de las sustancias peligrosas que utilizan.
2. Definir e implantar correctamente su política de prevención de accidentes graves así como plasmarla en un documento escrito.
3. Elaborar un informe de seguridad, solo en el caso de los industriales de los establecimientos de nivel superior.
4. Informar al órgano competente de la comunidad autónoma sobre la modificación de una instalación, establecimiento o zona de almacenamiento.
5. Elaborar un plan de emergencia interior o autoprotección, en el que se defina la organización y conjunto de medios y procedimientos de actuación, con el fin de prevenir los accidentes de cualquier tipo y, en su caso, limitar los efectos en el interior del establecimiento.
6. Enviar la información necesaria para que los órganos competentes en materia de protección civil de las comunidades autónomas puedan elaborar un plan de emergencia exterior, para los establecimientos de nivel superior, incluidos los regulados por el por el Reglamento de Explosivos, y por el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.
7. Informar de forma inmediata al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de protección civil, tan pronto como se origine un incidente o accidente susceptible de causar un accidente grave.
8. Colaborar en las inspecciones que se realicen en sus establecimientos.
9. Consulte con la ficha correspondiente a su comunidad Autónoma para conocer los tramites que debe realizar para cumplir con las obligaciones del Real Decreto 840/2015.
COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN (ESTADOS MIEMBROS)
Información sobre la aplicación de la Directiva 2012/18/UE.
El primer período de notificación debe abarcar el período comprendido entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2018. Los siguientes períodos de notificación, cada cuatro años, cubrirán los períodos comprendidos entre el 1 de enero del primer año del período de notificación y el 31 de diciembre del cuarto año del período de notificación.
Mediante la Decisión 2014/896/UE, de 10 de diciembre de 2014 se establece el formato para la comunicación de dicha información
Información sobre los establecimientos regulados por la Directiva 2012/18/UE
El artículo 21, apartado 3, de la Directiva 2012/18/UE exige a los Estados miembros que proporcionen a la Comisión la información sobre los establecimientos regulados por dicha Directiva utilizando el modelo específico que se aprueba mediante la Decisión 2014/895/UE, de 10 de diciembre de 2014
La información a facilitar será:
b) la actividad o actividades del establecimiento
La autoridad competente pondrá a disposición del público de forma permanente y en formato electrónico, la información indicada en el anexo III del Real Decreto 840/2015. La información se actualizará cuando resulte necesario.
Asimismo, se someterán a consulta y participación del público interesado: los proyectos relativos a la planificación de establecimientos nuevos; las modificaciones significativas de los establecimientos; y la ejecución de obras en las inmediaciones de establecimientos, cuando el emplazamiento o las obras ejecutadas puedan aumentar el riesgo o las consecuencias de un accidente grave.
Para llevar a cabo este trámite, la autoridad competente en cada caso, informará al público mediante anuncio publicado en el boletín oficial o en una página web oficial, durante al menos 15 días hábiles.
El público interesado consultado deberá pronunciarse en el plazo máximo de 30 días naturales desde la recepción de la solicitud de participación.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 21
 Real Decreto