Source: http://peronismocordobes.blogspot.com/2012/05/proyecto-de-verdadera-reparacion.html
Timestamp: 2017-08-23 13:53:16+00:00

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Peronismo Cordobés en el Proyecto Nacional: Proyecto de "Verdadera" Reparación Histórica de los Ex presos Politicos
Proyecto de "Verdadera" Reparación Histórica de los Ex presos Politicos
A diferencia de la pantomima de ley de Reparación que aprobara la Escribanía delasotista llamada Unicameral, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto que propone establecer una pensión para aquellas personas que hayan estado privadas de la libertad entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 o bien puestas a disposición del Poder Ejecutivo en ese período. Sin restricciones que impliquen un nuevo escarnio para quienes sufrieron la ignominia de la dictadura.
Se trata de una iniciativa recientemente presentada por el diputado del Frente para la Victoria por Formosa, Juan Carlos Díaz Roig, y que suscribieron además sus pares de bancada Gloria Bidegain, Carlos Kunkel, Alfredo Dato, Jose Mongelo y Remo Carlotto.
A través del proyecto, se establece una pensión graciable "de carácter independiente de cualquier otra reparación" para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad "en condición de civiles o militares" y puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
El texto aclara que el beneficio se otorgará "sin perjuicio de la indemnización" que corresponda a cualquier persona afectada por daño moral, físico o psicológico "a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida".
Sin embargo, la norma precisa que "no serán comprendidas las personas que resulten beneficiarias de una prestación Nacional, Provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones" y deberán optar por una de las pensiones.
Artículo 1 - Establécese una pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:
ARTICULO 2° - La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral, físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida.
ARTÍCULO 3° - En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derecho- habientes en el siguiente orden:
ARTICULO 5º - El beneficio que establece la presente ley será igual la remuneración mensual asignada a la Categoría D -que cuenta con un total de 470 unidades retributivas- del Escalafón para el Personal Civil de la Administración Pública Nacional en los términos que establezca la autoridad de aplicación, conforme al Decreto 2098/08 del convenio SINEP.
Artículo 6º - La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas con la presente Ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimento a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.
Artículo 7° - Los fondos necesarios para implementar el presente régimen serán provistos por el Tesoro Nacional.
Así Naciones Unidas, el 5 de agosto de 1966, en la resolución 1158 (XLI) y antes, el 15 de abril de 1965 en la resolución 3 (XXI) afirmó que: "...las Naciones Unidas deben contribuir a la solución de los problemas que plantean los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que constituyen graves violaciones del derecho de gentes y que deben especialmente estudiar la posibilidad de establecer el principio de que para tales crímenes no existe en el derecho internacional ningún plazo de prescripción". En 1968 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (resolución 2391 (XXIII) del 26 de noviembre de 1968). Allí en el Art. I se establece que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.
Fue, en consecuencia, que por aplicación de la legislación internacional, el Estado Argentino, implementó diversas iniciativas tendientes a reparar los perjuicios sufridos por las víctimas del abuso de poder. Las diferentes normas que establecieron esas políticas reparatorias reconocieron indemnizaciones tasadas y limitadas. Los decretos No. 70/1991 y 1313/ 1994 y las leyes 24.043, 24.411, 24.823, 25.914 y 26.564 vincularon las indemnizaciones (detenciones, lesiones, asesinatos) a los valores fijados para los sueldos del escalafón para el personal civil de la administración pública, independientemente de las circunstancias particulares de cada una de las víctimas, más allá de la genérica calificación de "desaparecido", "lesionado", "heredero o familiar de asesinado o desaparecido".
Mas adelante, y en consonancia con todo lo anteriormente manifestado, en la 64 Sesión Plenaria de fecha 16 de Diciembre del año 2005, bajo el título de :" Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", la Asamblea General de la Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60/147, que ha sintetizado toda esta legislación en los siguientes párrafos:
Y dentro de esta importantísima normativa, debe prestarse atención a la Cláusula 19, que dice: "La restitución, siempre que sea posible, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o la violación grave del derecho internacional humanitario. La restitución comprende, según corresponda, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes". A su vez, para concluir, el Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone que la reparación no "podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho interno o el derecho internacional" (art. 75.6), con lo cual queda demostrada, al menos en forma sintética, que el dictado de las leyes reparatorias internas argentinas, responde a una manda del derecho internacional, con normas que se encuentran por encima del derecho interno argentino.
"La idea de la existencia de normas superiores de la comunidad internacional, imperativas, de jus cogens, tiene una larga presencia histórica, si bien, formalmente, con esa designación, recién ha ingresado en el Derecho internacional a través de los Proyectos de la Comisión de Derecho Internacional de la Naciones Unidas (CDI) sobre Derecho de los Tratados y sobre Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos", dice la autora Zlata Drnas de Climent.
En el marco del resarcimiento a las víctimas de la dictadura militar, cabe destacar la ley 14.042 (Ley Antonuccio), sancionada por el Legislativo Bonaerense, que establece una pensión graciable, cuyo monto del beneficio previsto es el equivalente al nivel de remuneración del personal superior categoría 24 de la Ley 10.430 y sus modificatorias y ampara a aquellas personas que durante la última dictadura militar estuvieron detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o condenadas por algún Consejo de guerra o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas y que acrediten domicilio en dicha Provincia de Buenos Aires al momento de su detención. Otro ejemplo lo constituye la Ley 26.564 recientemente sancionada por el Honorable Congreso de la Nación que amplía los derechos otorgados por las leyes 24.043 y 24.411 a aquellas personas que entre el 16 de junio de 1955 y el 9 de diciembre de 1983, hayan estado detenidas, hayan sido víctimas de desaparición forzada, o hayan sido muertas. Incluyendo asimismo a quienes fueran victimas del accionar rebelde en los acontecimientos de los levantamientos del 16 de junio y 16 de septiembre de 1955, a quienes hubieran estado en dicho período detenidos, procesados, condenados y/o a disposición de la Justicia o por los Consejos de Guerra, conforme lo establecido por el decreto 4.161/55, o el Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), y/o las leyes 20.642, 20.840, 21.322, 21.323, 21.325, 21.264, 21.463, 21.459 y 21.886. La ley 24.411 sancionó un beneficio para los causahabientes de personas desaparecidas o muertas ilegalmente por miembros de las Fuerzas de seguridad o de grupos paramilitares o parapoliciales con anterioridad al 10 de diciembre de 1983: se concedieron 5.655 beneficios. Una de las organizaciones ciudadanas que más contribuyó en la reconstrucción y en la sanción del pasado dictatorial, el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS-, en su informe "La experiencia argentina de reparación económica de graves violaciones a los derechos humanos" registró que hasta el año 2002 se concedieron 4718 reparaciones por desaparición forzada sobre 6483 pedidos. Por asesinatos, 937 sobre 1648 pedidos de reparaciones. En total, 5655 beneficiados.
Publicado por Peronismo Cordobes en el Proyecto Nacional en martes, mayo 08, 2012

References: Artículo 1

ARTÍCULO 3

Artículo 6

Artículo 7
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