Source: http://promedio-ecs.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2018-07-22 07:07:32+00:00

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ProMedio: 2009
Corrupción y anticorrupción en Venezuela (II)
“Cuando el dinero y el poder se encuentran muy cerca, el dinero se convierte en un medio para adquirir poder; y el poder se convierte en un medio para adquirir dinero”.
Fernando Mires (“Los 10 Peligros de la Democracia en América Latina”)
A propósito de las recientes intervenciones de bancos, aseguradoras y casas de bolsa, efectuadas por el gobierno nacional en reacción a manejos irregulares por parte de directivos de estas instituciones financieras -principalmente el origen dudoso de los fondos para la constitución y adquisición de entes bancarios y el mal uso de las influencias políticas de algunos de los involucrados- ProMedio quisiera rescatar un texto del 31 de julio de 2007, donde abordábamos el tema de la corrupción en Venezuela.
En aquella oportunidad, intentábamos evaluar el desempeño del Gobierno del Presidente Chávez en cuanto a la corrupción, no porque hubiese sido erradicada, lo cual es imposible en Venezuela y cualquier otro país del mundo, sino particularmente porque se estaban discutiendo los diversos enfoques para abordarla desde el punto de vista normativo y ético.
La lucha contra la corrupción ha sido siempre una de las banderas del proyecto político del Presidente Chávez, cuyo surgimiento como líder nacional se da en un contexto donde una causa importante del desgaste de los partidos políticos tradicionales y del sistema puntofijista se ubicaba precisamente en la creciente corrupción de sus prácticas y actores, expresada en la evidente incapacidad del aparato estatal para garantizar el bienestar mínimo necesario y mantener el pacto social con la población.
Adicionalmente, el modelo histórico de Estado rentista existente en Venezuela, el cual lamentablemente se ha reforzado en los últimos años, es particularmente susceptible de sufrir embates agudos de corrupción. Tanto durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) como en el gobierno del presidente Chávez (principalmente de 2004 a 2007), los períodos de altos precios del crudo generan en Venezuela -y en todos los Petroestados- crisis de corrupción y severas distorsiones económicas, consecuencias de la incapacidad institucional del sistema para manejar, adecuada y transparentemente, el profuso ingreso de recursos financieros.
En este sentido, siempre nos ha parecido que el tema de la corrupción es uno de los puntos donde los ciudadanos venezolanos de todas las tendencias políticas pueden encontrar un terreno fértil para dialogar y establecer mecanismos de cooperación. Es un asunto de interés común y de máxima importancia, sobre el que pueden generarse espacios para el entendimiento y la colaboración a lo largo de todo el espectro político y social.
De allí se desprende que también es importante no “politizarlo”, no porque no sea un tema eminentemente político, en cuanto atañe al colectivo y los basamentos institucionales del país, sino en lo relativo a no convertirlo en un asunto que deba ser abordado principalmente con la única pretensión de encontrar la manera de restarle popularidad al rival en un ambiente pre-electoral.
En relación con las recientes intervenciones de entes financieros por parte del gobierno nacional, no nos interesa discutir aquí los intríngulis de los diversos casos, cuyos detalles no manejamos a cabalidad, en parte porque evidentemente suponen aspectos técnicos complicados. Pero sí nos interesa realizar ciertas aseveraciones puntuales de carácter general sobre el manejo político que se le ha dado a la situación.
Algunos sectores de la oposición han sido reacios a reconocer que el gobierno del presidente Chávez aunque tal vez de forma tardía, ha tomado medidas justas, necesarias, y sobre todo precisas en señalar culpables, indiferentemente de su cercanía con el poder público, además de actuar concertadamente con la banca privada, lo que ha permitido evitar daños mayores y brindar mejor atención a los ciudadanos afectados.
La falta de cooperación y coordinación del gobierno nacional con otros actores políticos, sociales y económicos se ha venido constituyendo como una de las críticas recurrentes de los sectores que lo adversan. En este punto, debería haber algún tipo de reconocimiento por parte de la oposición con respecto a que no puede mantenerse constantemente una actitud descalificadora aun cuando el Ejecutivo esté actuando de forma distinta, aunque sea coyunturalmente.
Adicionalmente, si la oposición tiene pruebas sólidas sobre los casos, deben entregarlas institucionalmente y hacer las denuncias de una forma concertada y ordenada; no limitarse a enfatizar la corrupción de los empresarios afines al gobierno, cuando deben tomar en cuenta no sólo que es posible que estas malas prácticas sobrepasen a este grupo empresarial, sino que además la experiencia durante los gobiernos previos no fue la mejor, como bien lo deben saber algunos personajes del escenario político actual que, en ciertos casos, llegaron a formar parte de la estructura gobernante durante los escándalos financieros anteriores.
Aquí lanzamos una propuesta, sin ánimos de pelea aunque sí de polémica: ¿en vez de limitarse a criticar, por qué los actores de la oposición no se abocan a colaborar con las investigaciones y a ofrecer algún tipo de apoyo a aquellos ciudadanos que se vieron afectados? Una alternativa en este sentido sería evaluar la posibilidad de ofrecer algún tipo de asistencia concreta a familias que se hayan visto afectadas por el colapso e intervención de los bancos, que en algunos casos lo han perdido todo.
Esta asistencia puede ir desde la asesoría jurídica e informativa (a través de voluntarios) para ayudar a los ciudadanos a realizar sus reclamos correctamente, y de esta forma disminuir los lapsos para la recuperación del dinero, hasta la constitución de un fondo de donaciones para otorgar préstamos puntuales a quienes se hayan visto afectados de una forma más severa. Estos préstamos luego podrían ser devueltos a través de trabajo voluntario o donaciones para causas comunitarias, permitiendo la articulación de redes de solidaridad.
En cuanto al gobierno nacional y al presidente Chávez, el hecho de que su reacción haya tenido una acogida favorable en la población y haya evitado que el colapso de los bancos llegara a mayores, no debe impedirle reconocer que fue tardía, así como la necesidad de evaluar posteriormente, con detenimiento, qué fue lo que sucedió y por qué, en aras de determinar los responsables y llegar a las últimas consecuencias.
Es importante destacar que para la política nacional y la colectividad es necesario que las denuncias realizadas por los medios de comunicación sean investigadas pertinentemente. Aunque el periodismo venezolano sufre de innumerables vicios, vale la pena resaltar que muchos de los hechos y nombres del caso de los bancos habían sido ya mencionados por algunos periodistas como Patricia Poleo, Nelson Bocaranda, Miguel Salazar o J.J. Almenar.
De igual forma, algunos de los implicados en la situación de las intervenciones financieras, como Arné Chacón, habían manifestado públicamente desde hace varios años su participación en los bancos y la dinámica detrás de su participación en los procesos de constitución y modificaciones accionarias de los mismos. Semanarios como “La Razón” los habían entrevistado ya desde 2005, y diarios como “Tal Cual” habían desarrollado detalladamente el tema en sus editoriales de portada.
La labor de los periodistas se limita a eso, a investigar y denunciar. Corresponde al Poder Judicial corroborar estas denuncias sin esperar órdenes del Poder Ejecutivo. Difícilmente pueda hablarse de que la actual situación de irregularidades financiera pueda ser algo nuevo o desconocido si se ha ventilado tan abiertamente. Tanto los medios de comunicación como el Estado deben colaborar para lograr que se cumpla efectivamente la función contralora de la comunicación social, indispensable para la solidez del entramado institucional.
El gobierno nacional, de forma paralela a la captura de los banqueros y especuladores que sean culpables (siempre con elementos de convicción, pues no se puede desatar una cacería de brujas alocada), debe examinar detenidamente por qué razones instancias como SUDEBAN y la Superintendencia de Seguros, teniendo por función la de monitorear esas operaciones, no advirtieron anteriormente las irregularidades. ¿Hay funcionarios cómplices dentro de estos entes? En ese caso, debe ser establecida su responsabilidad y tomar los correctivos correspondientes. ¿No fue una colaboración directa, pero sí un titubeo por el temor a enfrentarse a poderosos grupos económicos creados al amparo del poder? De ser así, se debe no sólo sancionar a los funcionarios sino realizar una profunda reflexión sobre la forma en que se ejerce el poder, que llega a limitar la capacidad del Estado al momento de enfrentarse a actores afines a ciertas personalidades cercanas al partido de gobierno y al Ejecutivo.
El presidente Chávez debe evaluar concienzudamente la cooperación de la banca y otros actores privados en la resolución de la crisis. ¿No es la colaboración en asuntos puntuales a favor del bienestar colectivo, en temas como la inseguridad, un modelo que deba replicarse? ¿No estamos mejor cuando en vez de enfrentarnos, discutimos y llegamos a acuerdos pragmáticos, de los cuales todos nos beneficiamos sin que ninguno renuncie a sus principios?
Nuestro llamado es a canalizar las cuestiones institucionalmente. La justicia debe dirimirse en las cortes, no en los espacios de transmisión televisiva, porque corremos el riesgo de mediatizar y debilitar los fundamentos democráticos del país.
Es el momento de hacer las cosas seriamente.
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Proponer, proponer
En años electorales como el que se avecina, es usual que esa impostura artificial llamada polarización se intensifique. Los partidos, movimientos y candidatos se organizan para maximizar sus posibilidades de triunfo. Los ciudadanos contribuimos de alguna manera con esa organización, pero sobre todo nos corresponde saber decidir y elegir la mejor propuesta.
El escenario para las venideras elecciones parlamentarias es muy particular. El Gobierno Nacional -y los factores políticos y movimientos sociales que lo respaldan - tienen como objetivo minimizar la cantidad de escaños que podría perder y, en consecuencia, mantener una amplia mayoría en el Poder Legislativo.
Las probabilidades de éxito en esta estrategia no son pocas, debido, sobre todo, a dos razones: que el Presidente Chávez mantiene una popularidad bastante más que aceptable, la cual se ha demostrado que puede ser transmitida casi a cualquier candidato que cuente con su aprobación; la segunda es que la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales favorece ampliamente a los factores políticos mayoritarios mientras que perjudica de manera importante a las organizaciones minoritarias. Nosotros hemos suscrito desde nuestro Manifiesto que no creemos en la dictadura de las mayorías, por lo cual sería insincero que no manifestásemos abiertamente nuestro rechazo a una normativa tan antidemocrática. Es decir, una mayoría del PSUV de 50,01% de los votos le aseguraría una representación de más del 80% en la Asamblea Nacional.
Por su parte, reconocido el error de 2005, el objetivo de los factores políticos que se oponen al proyecto del Presidente Chávez, no es otro que la recuperación de espacios dentro de la Asamblea Nacional, aspirando a la obtención de una mayoría de diputados que puedan hacer contrapeso efectivo al Ejecutivo Nacional y demás instancias del Poder Público. Esto permitiría debatir las preocupaciones de venezolanos que puedan no identificarse con el proceso político que vive el país, y legislar también a favor de esa parte del pueblo que no ve en el Socialismo del Siglo XXI una solución a sus problemas, además de regular y controlar las propuestas del Ejecutivo.
Las probabilidades de éxito, hasta ahora, no son muchas, dado que, por una parte, los diferentes partidos de oposición no gozan de una gran aceptación –ni siquiera juntos- dentro del pueblo por causas que no pretendemos analizar en este texto, puesto que sería tema para profundizar por sí solo; por otra parte los líderes de la oposición parecen no haber llegado a acuerdos sustantivos en cuanto a postulación de candidatos, quizá por la prevalencia de intereses individuales y partidistas que, si bien no tienen nada de pecaminoso en sí mismos, para nada favorecen al proceso de negociación, en un contexto donde la mentada “unidad”, más que un cliché representa una estrategia ineludible para los fines partidistas de la oposición política.
En suma, el Presidente Chávez procura profundizar el proceso sociopolítico que lidera ¿Cómo? Monopolizando las discusiones, evitando obstáculos y sabotajes, y sancionando leyes que aceleren el proceso (muchas, hay que decirlo, en el mismo espíritu de algunos planteamientos que fueron rechazados en diciembre de 2007); así, la oposición busca frenar ese mismo proceso ¿Cómo? Ejerciendo contraloría, haciendo contrapeso, sancionando leyes apegadas a la negativa del referéndum sobre la reforma y, quién sabe, derogando o modificando algunas de las leyes aprobadas recientemente.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional goza en estos momentos de la ventaja que usualmente disfrutan las administraciones en el poder, es decir, la capacidad de utilizar estratégicamente la gestión pública para favorecer sus opciones electorales, a través del incremento de la asignación de recursos en momentos puntuales o la capacidad de coordinar el anuncio de acciones populares justo en el período donde pueden tener el mayor impacto positivo posible sobre la campaña electoral. Todo esto de forma totalmente legítima, racional desde la óptica política e históricamente eficaz.
Sobra decir que si la oposición va dividida a estas elecciones perderá estrepitosamente, cosa que no le ocurrirá a las fuerzas revolucionarias, unificadas en la figura de un mismo partido: el partido de gobierno, es decir, una gran maquinaria política. Pero hay que agregar que, como sostiene Luis Vicente León y al contrario de lo que piensa una buena parte de los líderes políticos de la Mesa de Unidad, el solo hecho de unirse no garantiza el triunfo. Por otra parte, las organizaciones minoritarias que apoyan el proceso político del Presidente Chávez, se les ennegrece el panorama al poder verse aplastadas por la polarización de los votos, mezclado con el efecto artificial que da la la nueva Ley al proceso electoral parlamentario.
Si el gobierno quiere ganar las próximas elecciones parlamentarias no debe hacer grandes cambios en su estrategia. Va muy bien encaminado.
Pero si la oposición quiere lograr una mayoría en el parlamento, tiene que reconocer que si bien la popularidad del PSUV ha decaído, la de sus partidos no ha crecido en lo más mínimo. Está obligada a responder al alerta que ha levantado esa multitudinaria población que todavía no se identifica con ninguno de los partidos del escenario actual. Tiene que llegar a acuerdos internos, pero renunciando a la torpeza de designar candidatos a dedo. Tiene que tomar en cuenta el liderazgo y la trayectoria de los candidatos dentro de sus regiones específicas. La oposición no debe enfrascarse en cuestiones metodológicas –que si tarjeta única, alianza perfecta o primarias-, ni retardar más las acciones. Debe actuar pronto, comenzar a definir y ejecutar. Pero, sobre todo, más importante que todo lo demás, la oposición debe formular –más allá de intenciones redentoras, pretendidamente heroicas y “súper democráticas” - planteamientos específicos y proyectos puntuales en materia de legislación propiamente dicha, capaces de atraer genuinamente la atención del pueblo.
De nuestra parte, queda invitarlos a que participen, se informen y comenten sobre este tema. Sean cuales sean nuestras intenciones de voto, los ciudadanos tenemos el deber de activarnos. Para ello, sugerimos hacer seguimiento a las discusiones fomentadas por personas como Gabriel López, periodista de ANTV a través de su cuenta en twitter (@gabovzla), y Eugenio Martínez, columnista de El Universal (@puzkas), así como vale la pena revisar y participar en iniciativas como la del blog Cumbre Ciudadana (@CunbreC).
Lo que queremos en ProMedio es, en definitiva, propiciar la discusión sobre el tema. Tienen los lectores la palabra…
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No deja de ser indignante cómo algunos medios de comunicación han decidido ignorar la gravedad de los acontecimientos ocurridos en Honduras y, concretamente, cómo han evadido el sintagma nominal “Golpe de Estado” en sus contenidos.
Dado que no podemos presentar a nuestros lectores un estudio riguroso sobre el tratamiento que los medios venezolanos han dado al Golpe del día de ayer, nos concentraremos en comentar algunas intervenciones de algunos de los periódicos de circulación nacional y regional.
Sin ahondar demasiado en detalles, si sólo nos limitamos a leer los titulares de algunas portadas de la prensa venezolana del día lunes 29 de junio, veremos no sin preocupación, por ejemplo, que Tal Cual es el único periódico escrito en Caracas que, siendo abiertamente de oposición, habla de Golpe de Estado en su portada-editorial (“Golpe en Honduras”).
El titular de primera página de El Nacional es, probablemente, el menos feliz de la jornada: “Poderes públicos aprobaron la destitución de Zelaya”. Acá no hay rastros de Golpe militar, ni de violencia, ni de protestas. Al contrario, ese titular podría ser aplicable a un largo juicio en que los poderes públicos, autónomos y apegados a la magna constitución hondureña, determinan, con evidencias y sentencias justas, que hay que relevar a Zelaya de sus funciones, dándole, seguramente, un lapso prudente a él y a su familia para que abandonen la residencia presidencial. Este titular no sólo ignora la gravedad del golpe, sino legitima la actuación de los militares hondureños y da un espaldarazo –no tan indirecto- a Michelletti.
Consideramos que ese titular es un grave error, porque atenta contra la verdad de los hechos y contra la inteligencia de los lectores. El periodismo existe para mostrar los hechos como son, no para enseñar el ángulo más bonito de la realidad, el perfil menos feo de la vida. Por eso ese titular nos avergüenza, porque habla muy mal del manejo que los medios hacen de la realidad, corriendo el riesgo de poner en crisis –más aún- su credibilidad. Nos avergüenza porque intuimos que detrás de ese titular no hay más que vaciedad, indolencia y estupidez, y eso nos duele porque El Nacional, además de una empresa, es una institución para el periodismo venezolano; y duele -y repugna- que sacrifique su tradición de una manera tan baja. La evasión, sin embargo, no causa extrañeza si recordamos el hecho consabido de que en 2002 el mismo periódico ordenó a sus periodistas que sustituyeran en sus textos “Golpe de Estado” por “vacío de poder”.
El Universal, otro ícono del periodismo venezolano, se contentó con escribir “Honduras en vilo” y aunque un poco menos insensato que el titular citado, éste también revela una voluntad de evasión que atenta contra la verdad. Ciertamente, todo hecho puede ser visto de una y mil maneras, pero ante un delito la noticia es el delito y, en todo caso, un testigo –¿qué son los periodistas y los medios sino testigos vivos?- no está en posición de absolver al delincuente.
Del mismo modo, otros periódicos tuvieron titulares bastante evasivos y eufemísticos (casi inverosímiles) como el del 2001: “Jefe del Congreso asume presidencia en Honduras”. Por ese orden, El Carabobeño tituló “Congreso destituyó al presidente Zelaya”, el Correo del Caroní se inclinó por “Destituido presidente de Honduras”. Pero creemos que uno de los menos atinados es el del diario La Hora, de Nueva Esparta: “Chávez advierte a Honduras con la guerra y afirma que la FANB ha sido puesta en alerta”. Vale acotar que además de la incómoda sintaxis y la rara extensión del titular, la portada está acompañada por una foto en la que aparece Michelletti muy sonriente, a cuatro columnas, con pose presidencial. Los diarios larenses no se quedan atrás con “Toque de queda en Honduras” (El Impulso) y “Venezuela en alerta militar por Honduras” (El Informador). Otro que llama poderosamente la atención es el del diario tachirense La Nación, el cual decidió titular, como en un cuento de hadas: “Nuevo presidente en Honduras: expulsado Zelaya a Costa Rica”. También destaca el titular de El Siglo: “Fuerza armada en alerta”; así como el de La región: “Toque de queda en Honduras”, diario en el cual este titular aparece jerárquicamente de tercero en la página, después un flamante cintillo de Michael Jackson y de la noticia de un arrollamiento.
Hay que destacar que algunos periódicos regionales fueron mucho más atinados y frontales al momento de dar cuenta de los hechos, llamando Golpe al Golpe. Sin embargo, la mayor parte de estos son medios afiliados al oficialismo, lo cual nos parece menos loable, habida cuenta de las buenas relaciones de los presidentes de Honduras y Venezuela. Lo que queremos subrayar acá es la falta de sensatez con que la mayoría de los medios impresos más críticos al gobierno han tratado, casi en bloque, el Golpe Militar ocurrido ayer en la nación centroamericana, confundiendo, en nuestro criterio, una cosa con la otra y, sobre todo, el rol de agente político con el rol de medio de servicio público, torpemente por cierto.
En este sentido, no puede pasar inadvertido el comunicado del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) sobre la situación en Honduras, en el cual a pesar de condenar las acciones de los golpistas contra los medios de comunicación y el derecho a la información, se afirma que el "CNP no pretende fijar posición en torno a la crisis política, ni opinar sobre el fondo del asunto, de modo tal que ello pudiera ser considerado como injerencia extranjera en un asunto nacional”.
Es evidente que el CNP sí fija una posición mientras afirma precisamente que no pretende hacerlo. Calificar un Golpe de Estado como una “crisis política” ya es todo un manifiesto político. Por cierto, bien debería saber el CNP que una característica común a todas las tiranías y autocracias es invocar el derecho a la “no intervención extranjera” en sus asuntos internos, como una manera de pasar un manto de silencio sobre sus tropelías y abusos.
Asumiendo este tipo de actitudes sutiles, eufemistas y preciosistas, los medios venezolanos y el CNP sólo contribuyen a incrementar su propio descrédito doméstico e internacional, haciéndole un flaco servicio al gremio. Los invitamos, ahora, a examinar concienzudamente el asunto y preguntarse si parte de la indiferencia de la “comunidad internacional” a muchos de los abusos reales que se cometen en Venezuela contra la libertad de expresión y el derecho a la información, no estará motivada, precisamente, por el rechazo que generan unos medios que actúan abiertamente al servicio de intereses políticos y un gremio que, acaso sin proponérselo, sacrifica su ética profesional en el altar de la polarización.
Ojalá esta modesta crítica sirva de alerta. No podemos perder la facultad del entendimiento. No podemos permitir que nuestro oficio siga convirtiéndose en un instrumento de las opiniones y líneas políticas más insólitas. Y si no lo decimos nosotros, entonces quién.
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Apegados a los principios que rigen este grupo, consagrados en nuestro Manifiesto y, sobre todo, respondiendo a los principios democráticos que nos rigen como ciudadanos; los integrantes de ProMedio manifestamos, por esta vía, nuestro profundo desagrado por los hechos suscitados hoy en la República de Honduras.
En horas de la mañana, y luego de haber logrado un clima de calma y de diálogo para resolver la crisis política de las últimas semanas, el ejército de Honduras ha hecho preso y ha expulsado del país al Presidente legítimamente electo de esta hermana república, Manuel Zelaya.
No nos pronunciaremos acá sobre los detalles de la crisis que ha desembocado en tan vergonzosa actuación militar, puesto que sería irresponsable de nuestra parte sentar posición sobre temas de política interna que no conocemos sino superficialmente, pero sí expresamos nuestra convicción de que los caminos del diálogo y del debate siempre serán los únicos válidos y legítimos para dirimir las diferencias entre los factores políticos de cualquier país. Sí sostenemos que, independientemente de las conductas de los presidentes electos por el pueblo, nada justifica un golpe de Estado, puesto que siempre que haya institucionalidad y transparencia, habrá mecanismos soberanos para que los mandatarios se adecuen a sus funciones y se pongan a derecho y al servicio exclusivo del pueblo que decidió transferirle ciertas competencias. Pero, en todo caso, la voluntad popular no puede ser irrespetada por nada ni nadie.
No es tarea de los militares, ni debe serlo nunca, el inmiscuirse en los asuntos civiles, mucho menos si dichos asuntos se refieren al hecho político. Y es motivo de indignación, incluso más que el hecho de barbarie militar, el aval civil que otros poderes del Estado hondureño están haciendo sobre el golpe.
Creemos que ya son etapas históricamente superadas en Latinoamérica, aquellas donde las diferencias políticas son arregladas bajo la imposición del poder militar dentro de un mismo país. Creemos firmemente en la democracia, y creemos por ende, que los uniformes, las botas y las balas no son compatibles con las elecciones, el diálogo y el debate.
Esperamos que la comunidad internacional sepa presionar de manera firme a aquellos apologistas del militarismo que hoy pretenden hacer borrón y cuenta nueva en Honduras, y que no solo su accionar se quede en los pronunciamientos y las resoluciones, sino que busquen, por vías no violentas ni ilegales, la vuelta al país de Manuel Zelaya ejerciendo el cargo para el que fue electo, y del que sólo podrá separarse cuando el mimo pueblo que lo eligió, decida que ya no debe estar allí, o en todo caso, cuando constitucionalmente le corresponda entregar el cargo a un nuevo Presidente elegido por la vía electoral.
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Si le metemos la lupa al enfrentamiento histórico entre el Gobierno y los medios privados nos podemos encontrar con cosas interesantes. En primer lugar descubriremos que el asunto no es nuevo. Es famoso el caso del veto a Luis Herrera Campins por parte de los canales privados de televisión, debido a la decisión tomada por su gobierno de sancionar a varios canales con la suspensión de la señal por haber trasmitido cuñas de cigarros. Otro caso ocurrió cuando, luego del golpe del 4F, el gobierno de Carlos Andrés Pérez prohibió a los medios de manera informal sacar información sobre el entonces reo y militar golpista, Hugo Chávez. En el segundo gobierno de Rafael Caldera se planteó la realización de una ley para regular contenidos de los medios audiovisuales, muy parecida a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y la Television, e incluso, fue en este gobierno cuando se escuchó por primera vez aquello del derecho a la información veraz. Por su parte Jaime Lusinchi sufrió el ensañamiento de parte de los canales privados al final de su mandato cuando explotó el tema de Blanca Ibañez, incluso Venevisión sacó al aire una novela donde un personaje cometía hechos de corrupción engañado por su amante-secretaria en clara referencia al caso Lusinchi-Ibañez.
Actualmente el Gobierno Nacional y los medios se reclaman unos a otros abusos y atentados a la libertad de expresión. Pero el asunto es que, en Venezuela, las líneas se difuminan. Los medios son compañías privadas, manejadas por grandes representantes de la oligarquía criolla: los Cisneros, los Phelps, los Zuloaga. Son poderes fácticos que utilizan sus recursos mediáticos y económicos para subyugar o manipular al poder político. En algunos casos, como se observa claramente con Alberto Federico Ravell, los directivos de estas empresas asumen directamente un rol de conducción política, lo que en sí mismo puede no constituir una falta, si se admitiera sin medias tintas y con una clara diferenciación entre la labor informativa de la empresa y los objetivos político-partidistas personales.
Por su parte, el Gobierno Nacional pretende presentarse como víctima de una conspiración mediático – económica cuya inmensa fuerza sólo podría ser contenida gracias al apoyo incondicional del “Pueblo” (vocablo que en este caso parece no incluir a, mínimamente, ese 38% de los electores que no votó por el Presidente Chávez en 2006, y que aparentemente tampoco son ciudadanos en el pleno uso de sus facultades mentales, de acuerdo con la línea editorial oficial).
Sin embargo, esta pretensión está distorsionada en la medida que en Venezuela históricamente el máximo poder económico ha sido siempre el Estado. Y particularmente a partir de los últimos seis años, este Estado inmensamente rico ha sido puesto al servicio del Gobierno del Presidente Chávez, con recursos que superan con creces a los de cualquier conglomerado oligárquico que pueda existir en Venezuela, como lo evidencian las amenazas y acciones concretas del Ejecutivo contra los Phelps, Cisneros, Mendoza o Zuloaga. Si la correlación de poder fuera otra entre el sector privado y el Gobierno, no veríamos al Presidente Chávez tan confiado en sus políticas vis a vis los grandes grupos empresariales.
Asimismo, el poder económico del Estado está siendo utilizado para construir un poder mediático al servicio de éste. Al menos cuantitativamente, los resultados hasta ahora han sido importantes. A primera vista, vienen a la mente VTV, TVES, Telesur, ANTV, Ávila TV y Vive TV, sólo en lo referente a los medios televisivos. Esta estrategia parece corresponderse con lo que Andrés Izarra ha denominado la necesidad de lograr una “hegemonía comunicacional” como condición sine qua non para el éxito de la Revolución Bolivariana.
Ahora, el hecho de que estos medios no tengan éxito en las mediciones de audiencia se corresponde más con una pésima gestión que con la carencia de recursos, tal como lo ha señalado Pasqual Serrano, uno de los editores de Rebelión. Tal vez, si el Gobierno Nacional hiciera un uso más eficiente de estos medios no tendría necesidad de retirar las concesiones a otras plantas televisivas.
La guerra entre Chávez y los medios es tan solo un capítulo más del enfrentamiento entre la política y quienes manejan el capital privado. Incluso, podría definirse como la lucha entre una élite político – económica que busca mantener sus cuotas de poder y una nueva élite político-económica que busca surgir. No queremos con esto disminuir el hecho tácito de que al Presidente Chávez le molesta la disidencia. Eso es algo que ha demostrado no sólo con los medios y la oposición, sino también con todos los que se han “atrevido” a manifestar desacuerdos: adversarios, aliados, líderes comunitarios, miembros del gobierno, del PSUV, sindicatos, "intelectuales", etc.
El punto que buscamos enfatizar es que Globovisión, Venevisión, Televen o RCTV no son los grandes defensores de la democracia que tanto se autoproclaman. Cada uno de los dueños de estas televisoras posee intereses de índole económica que están seriamente amenazados con un gobierno como el del Presidente Hugo Chávez. Bajo esta premisa, son realmente posibles capítulos negros como los de Abril de 2002, o temas tan vergonzosos como el de Alberto Federico Ravell fungiendo de dirigente opositor, e incluso el del pacto Cisneros – Presidente Chávez. Es el mismo enfrentamiento histórico pero con un elemento novedoso: El poder político ha asumido las estrategias de guerra del poder económico y el poder económico está asumiendo las más negras estrategias del poder político. Toda una crisis de identidad.
Queda claro que los medios no están cumpliendo con varias de sus funciones, y están ejerciendo otras que no les son inherentes. Los extremos son malos, como reza el lugar común, y en eso estamos de acuerdo. Globovisión crea en su audiencia un ejército de alienados y apologistas de la violencia que invocan de manera irresponsable un artículo 350 que ni siquiera saben cómo manejar, sin mencionar el daño grave que Ravell está haciendo desde hace años a la oposición, a la política nacional en general y al periodismo venezolano.
Venezolana de Televisión, por su parte, abandona su rol como canal “del Estado” para convertirse en órgano propagandístico de un partido, el PSUV (porque es importante destacar que no todas las organizaciones afines al proceso político encabezado por el Presidente Chávez tienen cabida allí). VTV también aliena a su audiencia, inculcando valores antidemocráticos, como la exaltación del culto al personalismo, y ocultando la mayoría de los problemas graves y reales que sufrimos los venezolanos.
En Venezuela necesitamos medios y programas que entretengan, pero también otros que contribuyan con la formación ciudadana, cognitiva, ética, así como otros que informen de manera veraz e imparcial, que no asuman actividades de proselitismo político y que rescaten los valores deontológicos del ejercicio del periodismo. La Comunicación Social es un arma peligrosa, que puede canalizar y resolver muchos de los problemas de una nación ejerciendo una correcta actividad de contraloría social, de información y de opinión, sin construir realidades paralelas o artificios dicotómicos, y sin promover violencia, es decir, mostrando las cosas como son, más allá de lo trivial y lo aparente (o intentándolo) y, por supuesto, promoviendo el diálogo y la conciliación. Los mass media deben necesariamente replantearse, y eso no se logra cerrando medios sino dando el ejemplo de lo que se debería hacer, cosa que no está ni remotamente cerca de haberse logrado con la apertura de nuevos medios por parte del Gobierno Nacional. Llama la atención que no solo José Vicente Rangel y Vladimir Villegas hayan expresado su desacuerdo con una virtual medida de cierre de Globovisión, sino que también los partidos aliados del Gobierno Nacional (PCV y PPT) se han pronunciado en contra de tal escenario. Ningún medio tiene la verdad en sus manos, lo que sí tienen es una responsabilidad que ya va siendo necesario asuman como tal.
A nadie le conviene más el cierre de Globovisión que a los dueños y directivos de Globovisión. De hecho, tal vez ellos estén apostando a que los cierren. En este juego de poderes, poco parece importar el destino y bienestar de los cientos de trabajadores que dependen de esa planta.
Eventualmente, tanto el Gobierno como los dueños de Globovisión pueden terminar arrepintiéndose. Los intentos por monopolizar la capacidad de manipular al pueblo ignoran que éste terminará por desarrollar su propia conciencia, trascendiendo los polos políticos y sus ideologías.
Gritar insultos es tan fácil como señalar y mandar a callar (sobre todo cuando se tiene poder). El asunto aquí es recordar que el pueblo no es un telón de fondo detrás del conflicto entre un medio de comunicación y un gobierno. El asunto es recordar que los medios de comunicación y los gobiernos no están para el goce de unos pocos (de ellos mismos), sino que ambas entidades sociales constituyen dos formas de servir al público. Cualquier manifestación contraria es, por lo menos, anti-progresista. Es decir, regresista.
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Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o rechazar sentencias desde la poltrona del televisor)
“Cuídate de vivir tiempos interesantes”: Este famoso proverbio chino nos viene a la mente cuando tratamos de discutir la reciente condena de treinta años de prisión contra los comisarios y efectivos de la Policía Metropolitana involucrados en los hechos violentos del 11 de abril de 2002. Es una oportunidad propicia para una breve discusión sobre el “interesante” estado de las cosas en esta sociedad polarizada, fracturada y disfuncional.
Decimos involucrados, así, en cursiva, porque no tenemos duda de que la PM estuvo involucrada en los lamentables sucesos del 11 de abril. Al igual que muchísimos otros grupos de choque de ambos sectores en pugna, así como unos cuantos miles de personas de diversa tendencia y posición política.
Sin embargo, el que estos oficiales hayan estado involucrados no quiere decir que sean efectivamente culpables de las muertes que se les imputan. Y es aquí que lamentablemente se pone “interesante” esta reflexión.
Como punto de partida, nos confesamos incapaces de pronunciarnos firmemente sobre la condena emitida en contra de los ex funcionarios policiales. El motivo para esta franca admisión de incapacidad es sencillo: no hicimos un concienzudo seguimiento del accidentado juicio que se le siguió a estos funcionarios por más de cuatro años. Asimismo, no hemos leído detalladamente ni las condenas en sí mismas, ni examinado las pruebas presentadas por cada una de las partes.
De tal forma, que a priori consideramos irresponsable manifestarse a favor o en contra de una sentencia resultante de un juicio del cual no conocemos mayores detalles. Y en este reconocimiento tan sencillo diferimos de un nutrido grupo de personas que se han lanzado prontamente a avalar o rechazar un fallo judicial, sin tener mayores conocimientos sobre los elementos que lo sustentan. Es lo mismo que comentar un libro que no hemos leído, o reseñar una película que no hemos visto, con la nada sutil diferencia de que en este caso se trata de seres humanos, de la vida de hombres y mujeres de carne y hueso: la de las víctimas de los aberrantes sucesos de abril; la de sus familiares; la de los ex funcionarios policiales; la de sus esposas e hijos.
Es por ello que esta breve reflexión no pretende ser judicial en su naturaleza, sino política en la valoración de los hechos y del ambiente político en el cual se desarrollan. Creemos que los sucesos de abril son lo suficientemente graves como para hacer apreciaciones superficiales con base sólo en nuestros propios (pre)juicios políticos; menos aún a partir de lo que hemos leído, visto u oído en los periódicos y medios audiovisuales de nuestra preferencia.
A estas alturas ya parece estar claro, incluso entre los sectores de oposición recalcitrante, que en abril de 2002 tuvo lugar un Golpe de Estado, promovido por algunos sectores militares, empresariales y civiles radicales. Todo indica que el detonante para esta acción inconstitucional, de larga fragua, fue el ataque indiscriminado por parte de un grupo de francotiradores (aún no identificados) en contra de los venezolanos que se encontraban en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, tanto los opositores que marchaban como los partidarios del Presidente Chávez, ambos grupos de ciudadanos, convocados irresponsablemente a Miraflores por parte de sus respectivos líderes políticos. Y fue allí donde los francotiradores desataron la muerte entre los allí presentes, venezolanos todos.
Para nosotros, este es uno de los puntos de mayor confusión. Por los videos, imágenes y recuerdos de ese día, pareciera ser la acción de francotiradores expertos la que causa la mayoría de las bajas entre los presentes. Los mismos documentos desclasificados de la CIA nos confirman que los sucesos estaban planeados con antelación. Sin embargo, una vez iniciada la confusión, es difícil señalar quién agredía y quién se defendía: si tenemos a miles de personas exaltadas reunidas en un sitio, y empiezan a caer muertos, es probable que se comience a disparar de forma indiscriminada.
Todos recordamos las imágenes de un grupo de partidarios del Presidente Chávez disparando desde el Puente Llaguno. Y todos hemos vistos las imágenes de la PM utilizando sus armas en la marcha. Pero de allí a afirmar que los muertos fueron causados por unos u otros hay un largo trecho, sobre todo si tomamos en consideración que las evidencias y la creencia común apuntan hacia la acción de francotiradores, que aparentemente fueron filmados e incluso algunos capturados, pero cuya identidad luego nunca supimos. Cabe destacar que tampoco tuvimos noticia de que fueran juzgados alguna vez.
Ahora, con el mismo razonamiento, admitimos que si bien los oficiales condenados pudieron haber participado activamente en los sucesos del 11 de abril, esto no es lo mismo que decir que son responsables directos de esas muertes y merecedores de la máxima pena. Lo que nos remite al tema de la duda razonable.
El juicio de los ex policías, dada su duración y todos los elementos polémicos que lo rodean, distó mucho de ser un proceso transparente. De hecho, podríamos decir que es parte de una cadena de sucesos, los de abril de 2002, que aún hoy están rodeados de múltiples incógnitas y misterios. Entonces, nuestra duda surge en torno a lo siguiente: ¿Cómo dictar la máxima pena de treinta años, sin ningún tipo de beneficio procesal, aún considerando que los acusados ya han estado cuatro años presos? ¿Hay algún tipo de mensaje aquí? ¿Se trata de una sentencia ejemplar?
Reiteramos: no queremos condenar o absolver con base a informaciones de prensa. Pero es precisamente lo confuso de esos hechos, y la alta carga emocional que los rodea, lo que nos lleva a preguntarnos si no es este “interesante” ambiente de crispación y polarización política el que lleva a una sentencia tan dura y definitiva hacia un hecho rodeado de la mayor opacidad. Es precisamente la duda la que nos lleva a retroceder y cuestionar. Y por otro lado, ¿dónde están los francotiradores? ¿Son los condenados, o estamos satisfaciendo ciegamente un clamor general de justicia?
Todos los sectores políticos deberían estar interesados en que se haga una verdadera justicia. Y más aún, en que la sociedad no cometa la injusticia de condenar no con los hechos sino con las vísceras. Y esto nos lleva directamente a uno de los mayores dramas de Venezuela: la disfuncionalidad de nuestro sistema judicial, acaso uno de los más graves síntomas de la crisis institucional que vive el país en los actuales momentos.
¿Debemos creer en que un fallo judicial en Venezuela es una limpia, irrefutable y “ciega” materialización concreta de la Justicia? ¿Con tanta presión política y social, este fallo no pudo haberse contaminado? ¿Por qué la duda? o, en todo caso, ¿Por qué prescindir de ella?
La destrucción y decadencia de las instituciones comienza cuando segmentos importantes de la población dejan de creer en ellas. Y el juicio de los ex policías se da justamente en un contexto en el cual la oposición política del país percibe que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma política por parte del gobierno nacional. Esto es una situación peligrosa, pues sin credibilidad institucional, son oscuros los vaticinios para la estabilidad y gobernabilidad a mediano plazo.
Por ello, se debe demandar mayor transparencia a las instituciones, con un comportamiento que no sea abiertamente parcial (¿Recuerdan los gritos de “Uh, ah, Chávez no se va en el TSJ”?). Así como se debe exigir mayor madurez al pueblo, pues uno de los máximos provechos que, como sociedad, podemos extraer de los últimos diez años de vida política nacional, debe ser el de aprender a dudar de todo y armarse un criterio propio a partir del análisis razonado de los hechos.
Por principio, no nos oponemos a que se investigue la corrupción o se castiguen los desmanes. Pero no deja de generar suspicacia que aunque existan 17 gobernaciones en poder de los partidarios del Presidente Chávez, junto a más del 80 % de las Alcaldías y la casi totalidad de la Asamblea Nacional, prácticamente todas las investigaciones y acciones judiciales estén dirigidas contra políticos opositores y disidentes del chavismo, mientras que algunos personajes confesos, como los miembros del Colectivo La Piedrita, campean a sus anchas.
En este mismo sentido, si bien admitimos ser incapaces de valorar efectivamente la sentencia emitida en contra de los ex PM, sí creemos que no se ha dado con la transparencia que demandan estos “interesantes” tiempo que vivimos. Y las sensaciones encontradas que experimentan los ciudadanos, casi siempre atadas a una postura en pro o en contra del gobierno, puede ser un signo de que se continúan profundizando las divisiones entre los venezolanos. Y una nación dividida no es lo que necesitamos ni a lo que aspiramos.
La justicia es una herramienta política toda vez que en ella reposa la potestad de regular el equilibrio del sistema en el marco de ciertas normas establecidas colectivamente, es decir, la responsabilidad de poner orden en la sociedad (polis) mediante mecanismos, sanciones y límites de contención legal. Pero cuando los criterios de justicia están sometidos a afinidades y parcialidades políticas, o a intenciones arbitrarias, o a intereses personales, esa justicia se resquebraja; deja de ser justicia para convertirse en otra cosa, a veces en injusticia, por decir lo menos...
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Proletarios… ¡uníos! ¿No fue acaso eso lo que escribieron los viejos Marx y Engels por allá en el siglo XIX? Parece insólito y paradójico que un gobierno autoproclamado como revolucionario, marxista y progresista vaya a contracorriente del interés de los trabajadores del sector público, al extremo de amenazar con militarizar instituciones como el Metro de Caracas en caso de que sus empleados ejercieran su derecho a huelga, previsto por cierto en el artículo 97 de la Constitución Nacional (por supuesto, con las limitaciones contempladas en los artículos 496 y 497 de la Ley Orgánica del Trabajo para aquellos que presenten un servicio público esencial).
¿Y no es este el mismo gobierno -altamente sensible y preocupado- que en noviembre del año antepasado promovía una Reforma Constitucional para reducir la cantidad de horas laborales en beneficio de la calidad de vida y el esparcimiento de los trabajadores? ¿Entonces podemos concluir que ese artículo de la no-aprobada reforma sí resultó ser la zanahoria caza-conejos, como manifestamos en aquella oportunidad? Porque resulta que casi todos los aspectos de dicha reforma se han impulsado por la vía de las leyes, menos éste y la creación del Fondo de Estabilidad Social para Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia.
Contestar las razones para esto no parece una cuestión fácil. Sin embargo, al menos quisiéramos recordar el tema y traerlo a la atención de nuestros lectores. Uno de los males históricos de la vida política nacional ha sido la corta memoria de los ciudadanos quienes, por ejemplo, parecen no rememorar que hace menos de dos meses estábamos “blindados” frente a la crisis económica internacional y no teníamos necesidad de tomar “medidas tácticas en lo económico” ni llamar “voraz” a sindicato alguno (sobre todo considerando que muchos de estos mismos sindicalistas andaban haciendo campaña activa por la Enmienda Constitucional).
Así las cosas, bajo el contexto de la grave crisis económica que vive el mundo entero y de austeridad nacional por los bajos ingresos de la renta petrolera, el movimiento sindical venezolano atraviesa una de las situaciones más conflictivas de los últimos años, cuando 1.42 millones de trabajadores públicos -un 62% del sector- están laborando bajo contrataciones colectivas vencidas o próximas a vencer. Esto incluye unos 800 mil de la administración pública centralizada y 500 mil empleados del sector magisterial que tienen tres años con la contratación vencida. Asimismo, los trabajadores petroleros están solicitando mejoras salariales. La discusión de la convención colectiva –consagrada en el artículo 96 de la CRBV- de los 36 mil empleados del sector eléctrico se paralizó en diciembre pasado, sin contar la situación de los médicos y enfermeros que laboran en nuestros hospitales.
Por fortuna, luego de una tensa situación en el Metro de Caracas, finalmente se logró firmar la contratación colectiva de los 4.500 empleados de esa institución. La movilización interna de los trabajadores tuvo su efecto, pero fue necesario llegar a un clima de tensión exacerbada –amenazas de paralización por un lado, y de militarización por el otro- para que cristalizara la convención. No deja de ser interesante que luego de unos tres meses de angustia, el presidente de la compañía celebre la firma como un triunfo del “gobierno obrerista”.
Ante el evidente descontento del resto de los sindicatos –los que siguen esperando una convención-, la respuesta oficial ya ha sido la descalificación por parte del Jefe de Estado, a quien le parece un exabrupto voraz y corrupto, por ejemplo, que los empleados de las empresas básicas de Guayana exijan sueldos de 3.000 y 5.000 Bs., seguros médicos y bonos para la educación privada de sus hijos.
Los trabajadores –muchos de ellos políticamente identificados con la Revolución Bolivariana- han insistido en que el Presidente Chávez está equivocado y ya hemos visto cómo el mismo primer mandatario ha tenido que retractarse parcialmente. No obstante, parece evidente que al presidente no le agradan los sindicatos. Valdría la pena recordar que el 24 de marzo del 2007, en un acto oficial, dijo que “en la revolución los sindicatos deben desaparecer”, enunciado claramente contrario a la libertad sindical consagrada en la Constitución (artículo 95), así como en convenios firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y sobre todo contrario a los principios de la lucha de clases, de la toma del poder por parte de la clase obrera, pilares fundamentales del marxismo.
El movimiento sindical, en efecto, no escapa a la realidad política y, al igual que el resto de la sociedad, exhibe fracturas hondas que dificultan la eficacia de sus solicitudes reivindicativas. Sin embargo, en menor o mayor grado, algunas de sus organizaciones han separado sus convicciones ideológicas de las necesidades reales para alzar sus voces y exigir sus derechos, lo cual, como deja entrever el discurso presidencial (antisindical), no deja de ser percibido –simplificadoramente- como un acto de indisciplina e individualismo intolerables. En ese mismo sentido, el Presidente Chávez ha sostenido que el que pare una empresa está provocando un “sabotaje” y, más aún, se está “metiendo” con él (con su persona, no con el país). Siendo así, parece evidente que se transita por un camino equivocado y denota una actitud muy de “patrón capitalista tradicional explotador”. Curioso ¿no?
Es cierto que la mayoría de los sindicatos muchas veces, tal como hacen los políticos usan a la masa trabajadora para obtener votos y después se olvidan de las promesas hechas, quizás por eso, en muchos sectores de la administración pública, hablar de sindicato es igual a hablar de ineficiencia y corrupción. Para nadie es un secreto que muchos de estos “lideres” son parte de la nómina de algún ministerio pero NO laboran en el mismo, solo hacen según su propio criterio gestiones en pro de las luchas sociales, pero cabría preguntarse ¿la lucha social se materializa negociando derechos “por debajo de cuerda” con alguna oficina de Recursos Humanos? Es cierto que muchos empleados no se sienten debidamente representados por algunos sindicatos de la administración pública, pero esto no puede fundamentar la actitud poco conciliadora del gobierno con el personal de las diferentes instituciones. ¿O es que acaso no es un derecho adquirido que un grupo de empleados y obreros quiera dignificar su sueldo por el trabajo que realizan día a día?
Tampoco podemos dejar de mencionar un fenómeno frecuente en las oficinas de la administración pública, uno de los “trapos sucios” mejor guardados del actual gobierno del Presidente Chávez: la situación de los trabajadores “contratados a tiempo determinado”. La amplia difusión de esta modalidad de contratación entre los principales ministerios y sus entes adscritos, nos permite inferir que, más que una ocurrencia casual de la gestión de un Ministro determinado, parece una política de Estado.
En muchos casos, estos funcionarios “disfrutan” de contratos draconianos que, por supuesto, no contemplan los mismos beneficios del personal fijo. En algunas situaciones, a estos “contratados” se les niega específicamente su condición de “empleados públicos” (para que no los proteja la Ley del Estatuto de la Función Pública, ni les toquen los aumentos correspondientes anunciados anualmente por el Presidente el 01 de mayo, ni los ampare la correspondiente convención colectiva); se les establecen cláusulas para que puedan ser despedidos en cualquier momento sin justificación ni pago de utilidad o compensación alguna; se les reduce arbitriamente el sueldo sin “derecho a pataleo” (lo que legalmente constituye despido indirecto); y la práctica más perversa y neoliberal: algunos son despedidos por quince días para que se venza la continuidad laboral y luego son “reenganchado”, pero, claro está, sin los beneficios y protecciones adquiridos a través de la contratación continua.
Lo dramático –trágico- es que bajo esta modalidad, aplicada incluso a los obreros que ganan sueldo mínimo, los contratados deben soportar cualquier tipo de vejación (trabajar continuamente fines de semana u horas extras, participación obligada en eventos políticos) sin poder reclamar. Con todo, parece insólito que muchos de nuestros ministros hayan sido ex sindicalistas. Estos testimonios no provienen de Polar, Coca Cola o Cargill: vayan a su ministerio más cercano y pregunten, que no hará falta mucha indagación. Esta es una forma barata y efectiva de incrementar la nómina del Estado sin incurrir en los gastos adicionales que esto conlleva.
Ante este panorama, acaso cabría preguntarse por qué los altos funcionarios públicos, los ministros, viceministros, legisladores, magistrados, rectores, no se ponen de ejemplo ante el país, y se reducen el sueldo para enfrentar la crisis y adaptarse al espíritu de “austeridad”. Lo que es justo para los empleados del Metro, también debería serlo para Rafael Ramírez ¿no?
A propósito, es importante recordar que una de las primeras acciones del gobierno del Presidente Evo Morales en Bolivia, con un alto valor simbólico, fue reducir su sueldo y el de sus ministros por la mitad. Pero al parecer, a diferencia de Evo y su equipo de gobierno, la moral revolucionaria criolla es un híbrido sui generis –¿mutante?- de socialismo verbal con capitalismo fáctico.
En todo caso, las ideas “de avanzada” que el gobierno nacional presume tener no parecen girar de la misma forma en torno al problema sindical. Ya hemos visto que el gobierno nacional no negocia con empresarios, pero ahora vemos no sin cierta e incómoda sorpresa que, en calidad de patrono, tampoco está demasiado dispuesto a dialogar con obreros, a menos que éstos le sean útiles para alguna acción gubernamental, como la intervención de las arroceras, por citar un ejemplo. Todo esto, insistimos, es muy curioso, al menos para tratarse de una “revolución socialista y progresista”.
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Notas sobre la [In]Justicia (o de cómo avalar o re...

References: resolución 
 artículo 350
 artículo 97
 artículo 96
e contrario
sui generis