Source: http://derechoydemocracia.es/2020/02/tribunal-europeo-de-derechos-humanos-devoluciones-en-caliente/
Timestamp: 2020-05-26 03:59:24+00:00

Document:
Derecho de asilo, devoluciones en caliente y Tribunal Europeo de derechos humanos | Asociación Derecho y Democracia
Inicio > Noticias > Análisis > Derecho de asilo, devoluciones en caliente y Tribunal Europeo de derechos humanos
Derecho de asilo, devoluciones en caliente y Tribunal Europeo de derechos humanos
El TEDH (Gran Sala) levanta la condena que impuso a España en 2017 por la devolución colectiva y «en caliente» de un grupo de migrantes subsaharianos en la frontera de Melilla sin cumplir los requisitos que impone el Convenio Europeo de Derechos Humanos (identificación, intérprete, estudio individualizado de cada caso, posibilidad de recurrir contra la expulsión, etc.).
Considera el Tribunal que los migrantes se colocaron en situación de ilegalidad al intentar entrar por la valla en masa y por la fuerza sin utilizar otras vías para solicitar asilo en España. 13-2-2020.
El TEDH dice que se trató de una expulsión y no de una «denegación de entrada» (término este empleado por el Gobierno), por lo que es de aplicación el Protocolo nº 4, artículo 4, del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal no está convencido de que el Estado no ofreció un acceso efectivo a procedimientos para la entrada legal en el país, en particular a través de una solicitud de protección internacional en el puesto fronterizo de Beni Enzar. Ni de que los reclamantes tuvieran razones convincentes, basadas en hechos objetivos, por los cuales el Estado fuera responsable de la no utilización de esos otros procedimientos. Fueron, de hecho, los reclamantes quienes se colocaron ellos mismos en peligro participando en el asalto de las vallas de Melilla, aprovechando lo numeroso del grupo y usando la fuerza. No hicieron uso de los procedimientos legales existentes para obtener legalmente la entrada en territorio español, de acuerdo con las previsiones de Schengen. Por ello, de acuerdo con su jurisprudencia el Tribunal considera que la falta de decisiones individuales de traslado puede atribuirse al hecho de que los reclamantes, incluso si deseaban ejercer los derechos del Convenio, no utilizaron los procedimientos oficiales de entrada existentes para ello, y, por consiguiente, fue consecuencia de su propia conducta. Por ello, no ha habido violación del Protocolo nº 4, cuyo artículo 4 establece:
Artículo 4. Prohibición de las expulsiones colectivas de extranjeros. Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros.
Con este argumento el Tribunal censura los asaltos masivos a las vallas fronterizas y justifica que el Estado reaccione expulsando en la misma frontera a los que intentaron entrar ilegalmente por esta vía y no utilizaron las vías legales establecidas para ello. 20-2-2020.
Accede con este enlace a la sentencia del TEDH de 13-2-2020.
Organizaciones de derechos humanos han criticado la sentencia de la Gran Sala del TEDH que ha cambiado el criterio que sostuvo el tribunal en la sentencia de primera instancia de 2017.
Bruselas respalda la sentencia del TEDH, que ha fallado a favor de España en el caso de dos migrantes irregulares devueltos en la frontera, y dice que no puede ofrecerse asilo en todos los puntos de la frontera sino en los habilitados para ello, pero estos no pueden ser de imposible acceso para los solicitantes por estar demasiado alejados. El Ministerio del Interior tiene ahora mayor respaldo para las devoluciones en la frontera que viene ejecutando (denegación de entrada, que no expulsión, dice el gobierno), mientras busca una posición común entre Psoe y Unidas Podemos, que en la oposición se manifestaron en contra de las «devoluciones en caliente». 15-2-2020.
España internó en Centros de Internamiento a refugiados a los que no podía expulsar según las normas internacionales suscritas por nuestro país. 15-2-2020.
Pablo A. Fernández Sánchez, catedrático de Derecho Internacional Público, escribe el artículo «Devoluciones en caliente», y dice que la sentencia de la Gran Sala es una respuesta jurídica equilibrada entre los derechos de las potenciales víctimas y el derecho de los Estados. 19-2-2020.
El Ministerio del Interior prepara cambios normativos para adaptar la legislación sobre migrantes y refugiados a las exigencias comunitarias, que suponen mayores restricciones a la entrada de migrantes económicos, y en el tratamiento de las peticiones de asilo (118.000 en 2019), que han aumentado considerablemente en los últimos años. Leer más.
Se producen roces entre los socios del gobierno de coalición por las medidas que prepara Interior.
Blindaje de fronteras y devoluciones expeditivas y en mayor número que ahora de los migrantes irregulares a cambio de un sistema obligatorio de reparto de aspirantes al asilo entre los Estados miembros. Esa es la fórmula de la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen para desatascar la política común de migración y asilo, empantanada desde hace cinco años. El sistema europeo de asilo se aprobó en 1990 y las circunstancias han cambiado en los últimos años, especialmente con la guerra de Siria, que produjo una avalancha de refugiados que desbordó a Europa en 2015. 19-2-2020.
José Miguel Sánchez Tomás escribe un Comentario de Jurisprudencia del TEDH (anterior a este caso de 13-2-2020) sobre las devoluciones en caliente. 3-10-2017.
Destacamos los argumentos con los que la sentencia declara que no ha habido violación del artículo 4 del Protocolo nº 4, ni del artículo 13 del Convenio, por parte del gobierno español:
It is further beyond dispute that the applicants were removed from Spanish territory and forcibly returned to Morocco, against their will and in handcuffs, by members of the Guardia Civil. There was therefore an “expulsion” within the meaning of Article 4 of Protocol No. 4. Accordingly, that provision is applicable in the present case. The Court therefore dismisses the Government’s preliminary objection on this point and declares the applications admissible in this regard.
It must now be ascertained whether the expulsion was “collective” within the meaning of Article 4 Protocol No. 4.
However that may be, for the reasons set out above (see paragraphs 213-220 above), the Court is not convinced that the respondent State did not provide genuine and effective access to procedures for legal entry into Spain, in particular by an application for international protection at the Beni Enzar border post, and that the applicants had cogent reasons based on objective facts for which the respondent State was responsible, not to make use of those procedures.
In the light of these observations the Court considers that it was in fact the applicants who placed themselves in jeopardy by participating in the storming of the Melilla border fences on 13 August 2014, taking advantage of the group’s large numbers and using force. They did not make use of the existing legal procedures for gaining lawful entry to Spanish territory in accordance with the provisions of the Schengen Borders Code concerning the crossing of the Schengen area’s external borders (see paragraph 45 above). Consequently, in accordance with its settled case-law, the Court considers that the lack of individual removal decisions can be attributed to the fact that the applicants, if they indeed wished to assert rights under the Convention, did not make use of the official entry procedures existing for that purpose, and was thus a consequence of their own conduct (see references in paragraph 200 above). Accordingly, there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 4.
232.However, it should be specified that this finding does not call into question the broad consensus within the international community regarding the obligation and necessity for the Contracting States to protect their borders – either their own borders or the external borders of the Schengen area, as the case may be – in a manner which complies with the Convention guarantees, and in particular with the obligation of non‑refoulement. In this regard the Court notes the efforts undertaken by Spain, in response to recent migratory flows at its borders, to increase the number of official border crossing points and enhance effective respect for the right to access them, and thus to render more effective, for the benefit of those in need of protection against refoulement, the possibility of gaining access to the procedures laid down for that purpose.
In so far as the applicants complained of the lack of an effective remedy by which to challenge their expulsion on the grounds of its allegedly collective nature, the Court notes that, although Spanish law provided a possibility of appeal against removal orders at the border (see paragraphs 32 et seq. above), the applicants themselves were also required to abide by the rules for submitting such an appeal against their removal.
242.As it stated previously in examining the complaint under Article 4 of Protocol No. 4 (see paragraph 231 above), the Court considers that the applicants placed themselves in an unlawful situation by deliberately attempting to enter Spain by crossing the Melilla border protection structures on 13 August 2014 as part of a large group and at an unauthorised location. They thus chose not to use the legal procedures which existed in order to enter Spanish territory lawfully, thereby failing to abide by the relevant provisions of the Schengen Borders Code regarding the crossing of the external borders of the Schengen area (see paragraph 45 above) and the domestic legislation on the subject. In so far as the Court has found that the lack of an individualised procedure for their removal was the consequence of the applicants’ own conduct in attempting to gain unauthorised entry at Melilla (see paragraph 231 above), it cannot hold the respondent State responsible for not making available there a legal remedy against that same removal.
243.It follows that the lack of a remedy in respect of the applicants’ removal does not in itself constitute a violation of Article 13 of the Convention, in that the applicants’ complaint regarding the risks they were liable to face in the destination country was dismissed at the outset of the procedure.
244.Accordingly, there has been no violation of Article 13 of the Convention taken in conjunction with Article 4 of Protocol No. 4.
Decides, unanimously, to continue the examination of the applications under Article 37 § 1 in fineof the Convention (see paragraph 79 above);
Dismisses, unanimously, the Government’s preliminary objection of lack of victim status, examined by the Court from the standpoint of the establishment of the facts (see paragraph 88 above);
Dismisses, unanimously, the Government’s preliminary objection of lack of jurisdiction (see paragraph 111 above);
Dismisses, unanimously,the Government’s preliminary objection concerning the applicants’ alleged loss of victim status on account of the events occurring after 13 August 2014 and the Government’s request to strike the case out of the list on that ground (see paragraph 114 above);
Dismisses, unanimously, the Government’s preliminary objection of failure to exhaust domestic remedies (see paragraph 122 above);
Dismisses, by a majority, the Government’s preliminary objection concerning the inapplicability of Article 4 of Protocol No. 4 in the present case (see paragraph 191 above);
Declares, unanimously, the applications admissible (see paragraphs 191 and 238 above);
Holds, unanimously, that there has been no violation of Article 4 of Protocol No. 4 to the Convention (see paragraph 231 above);
Holds, unanimously, that there has been no violation of Article 13 of the Convention taken in conjunction with Article 4 of Protocol No. 4 (see paragraph 244 above).

References: artículo 4
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 4
 artículo 13
in fine