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Timestamp: 2017-02-20 03:57:43+00:00

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Equipo Nizkor - Plan de acción de las Américas para los derechos humanos
Plan de acción de las Américas para los derechos humanos
Un desafío continental, una empresa conjunta
Indice Propuestas de organizaciones Plan de acción Necesidad del diálogo Examen previo de los Estados Dualidad del sistema: Comisión y Corte permanente Mejora de la instrucción
Elección de los miembros Procesamiento y reglamento de la corte Fortalecimiento de los órganos de decisión Ampliación de acceso a la corte Resumen Ejecutivo Propuestas de Organizaciones de
Derechos Humanos de las Américas La próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Canadá debe adoptar un Plan de Acción de las
los Derechos Humanos que contenga las propuestas concretas y puntuales para perfeccionar el sistema
interamericano. La Cumbre de las Américas es el ámbito propicio para dar un respaldo político profundo al
fortalecimiento del sistema interamericano al congregar a los Presidentes y Jefes de Estado de todo el hemisferio.
La Asamblea General de la OEA en Windsor debe dar un mandato para que el Consejo Permanente, a través de su
Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, cree grupos de trabajo integrados por representantes de todos
Estados, comisionados y jueces, expertos independientes y representantes de la sociedad civil para elaborar dicho
plan de acción. Resulta necesario mantener un diálogo abierto, permanente, público y democrático sobre el sistema
Cualquier discusión y debate que pretenda formar un consenso de mediano y largo plazo para fortalecer el sistema
debe involucrar a todos y cada uno de los actores relacionados con el sistema. Por ello, es esencial que el proceso
de evaluación y perfeccionamiento del sistema no se restrinja a un grupo de Estados. Debe establecerse un sistema
de consulta oportuno y eficaz y la posibilidad de la sociedad civil de participar en todos los debates. El primer paso, en cualquier proceso de reflexión sobre el sistema interamericano debe darse hacia el interior de
países y preguntarse cuál es el grado de respeto y vigencia de los derechos humanos en cada uno de los Estados
miembros. Se debe mantener la estructura dual de una Comisión y una Corte. La Comisión debe mantener las actuales
funciones de tramitación de casos individuales, realización de visitas in loco, preparación de informes
y facilitación de soluciones amistosas. Las visitas in loco así como la preparación de Informes sobre
países por la
Comisión continúan siendo imprescindibles, cubriendo necesidades que los informes y sentencias sobre casos
individuales no satisfacen por sí solos. Una Corte Interamericana única sería inhábil para
estructurales de derechos humanos que existen en la región. La estructura actual de dos órganos con facultades
diferenciadas permite que todos y cada uno de los Estados miembros de la OEA estén sujetos a un control mínimo
por parte de la Comisión y que todos los habitantes de nuestro hemisferio tengan a un órgano al que
recurrir. El sistema interamericano debe avanzar hacia el establecimiento de una Comision y una Corte que funcionen de
manera permanente. La Comisión debe articular un mecanismo especial para monitorear la situación de los derechos humanos de las
mujeres, en especial bajo situaciones de conflicto armado, post conflicto, incluida la situacion de aquellos en zonas
militarizados o bajo ocupación militar La coordinación entre la Comisión y la Corte no requiere que ambos órganos funcionen en una misma
caso de que existiese consenso en que ambos órganos funcionen en una misma ciudad, sería más importante
ello sucediese en Washington, ciudad donde se asienta la OEA, sus principales órganos políticos y donde todos
Estados miembros tienen una misión permanente. Se debe dotar al sistema de recursos financieros y humanos suficientes. La OEA debe establecer como meta que el
prespuesto de la Comisión y de la Corte se duplique en los próximos tres años. Resulta necesario mejorar la instrucción de los casos ante la Comisión y la Corte, asegurarando la
eficiencia, rapidez y no duplicidad. La Comisión debe mejorar su procedimiento para la recopilación de
la determinación de los hechos en los casos que tramita. La Corte debe cambiar su procedimiento para darle valor a
la instrucción conducida por la Comisión y a sus conclusiones de hecho. Este cambio en los procedimientos de la
Comisión y la Corte es más efectivo y deseable que la propuesta de crear una fiscalía ligada a la Corte
recurriría a las autoridades judiciales, fiscales y otras autoridades nacionales para instruir los casos. Se debe asegurar la elección de miembros de la Comisión y jueces de la Corte independientes, idóneos
competentes mediante un proceso público y transparente. Ambos órganos deben mostrar equilibrio en la
representación por sexos. Los Estados deben someter a un escrutinio estricto y público a todos los candidatos
determinar si cumplen con los requisitos convencionales de independencia, idoneidad, competencia y autoridad
moral. Asimismo, deben garantizar que dichos/as candidatos/as hayan sido formados en el análisis de la
discriminación en razón de género. Las cuestiones procesales deben ser incluídas en los Reglamentos de la Comisión y la Corte. Dichos
deben garantizar una mayor claridad, seguridad y publicidad del procedimiento y la igualdad de armas entre las
partes. Los Reglamentos constituyen una parte integral de cualquier proceso de reforma y su modificación no debe
adelantarse a las decisiones que se tomarán sobre todos los cambios necesarios en el sistema. Por el contrario,
deben ser un reflejo de tales modificaciones. No es aconsejable que los Estatutos en lugar de los Reglamentos
definan el procedimiento de la Comisión y la Corte. Es necesario fortalecer la eficacia de las decisiones de los órganos del sistema mediante: La mejora de los vínculos entre el sistema interamericano y los sistemas nacionales a modo de facilitar la
implementación de las decisiones vinculantes de los órganos de supervision. En particular, en un plazo de tres
años todos los países de las Américas deben adoptar las medidas legislativas o de otro carácter
necesarias para otorgarle valor legal interno a las decisiones de la Comisión y la Corte así como para cumplir
las mismas. El fortalecimiento del rol de supervisión de la Comision y de la Corte del cumplimiento de sus decisiones. Los
reglamentos de ambos órganos deben establecer un procedimiento contradictorio de supervisión del
cumplimiento de sus sentencias y recomendaciones. La Comisión y la Corte deben incluir en sus informes
anuales cuadros indicativos del estado de cumplimiento de cada una de sus sentencias y recomendaciones. El refuerzo del rol de los Estados como garantes colectivos del cumplimiento de las decisiones de los órganos
sistema, adoptándose un mecanismo de intensidad creciente de intervención los órganos políticos de
como complemento y no en detrimento de las facultades convencionales de la Comisión y la Corte. En particular,
debe modificarse la Carta de la OEA siguiendo el modelo de la Res. AG 1080 y el Protocolo de Washington, a fin
de que la Asamblea General tenga la facultad de suspender la membresía de un Estado que reiterada y
sistemáticamente incumpla con las resoluciones de los órganos del sistema. Debe permitirse a la Comisión
Corte recurrir al Consejo Permanente en el caso de incumplimiento de medidas provisionales dictadas por la
Corte cuando la Asamblea General no se encuentre sesionando. Se debe ampliar la legitimación para el envío de casos a la Corte, permitiendo a los peticionarios presentar
directamente ante ella. Es necesario clarificar los criterios de envío de casos a la Corte. La Comisión debe establecer en su
que una vez agotado el procedimiento dispuesto por los arts. 48 a 50 de la Convención sin que el Estado haya
cumplido con sus recomendaciones, el recurso a la instancia jurisdiccional operará de manera
automática. Mientras
esta propuesta sea irrealizable debido a la escasez de recursos, el Reglamento debe establecer que la Comisión
mandatoriamente escuchará las razones a la víctima a fin de determinar el envio del caso a la Corte. La
debe establecer reglamentariamente los demás criterios que utilizará para decidir el envío de casos a la
Corte. Los Estados deben adoptar legislación interna que establezca que ante un informe final de la Comisión
cumplirán mandatoriamente con las recomendaciones de la Comisión dentro del plazo previsto o en caso de estar
en desacuerdo con las mismas, someterán el caso a la Corte. Se debe garantizar la representación independiente de las víctimas ante la Corte. La Comisión debe
Corte a la manera de un ministerio público. La Corte debe reformar su Reglamento para garantizar dicha
representanción independiente. Plan de
acción de las Américas para los derechos humanos Un desafío continental, una
empresa conjunta Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este documento hemos mantenido en los últimos años
proceso de discusión amplia que incluyó a centenares de organizaciones de la región, producto del cual
una serie de sugerencias que hacemos públicas en este documento. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido el área que mayor proyección y prestigio le ha dado a
Organización de Estados Americanos (OEA), dentro y fuera del hemisferio. Ello ha sido, sin duda, la consecuencia
de un trabajo serio, profesional, comprometido y constante, que por más de cuarenta años ha venido llevando a
cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en los últimos veinte años también la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Toda esta labor ha resultado en vidas salvadas, ha traído justicia para las
víctimas, y ha avanzado la causa de los derechos humanos en la región. Irónicamente, durante la época de las dictaduras, donde la violación a los derechos humanos se
llevaba a cabo de
manera masiva y sistemática como política de estado, fue cuando la Asamblea General de la OEA
prestó mayor
atención a los informes anuales y a los informes sobre países que presenta la Comisión en cumplimiento de
mandato. En contraste, durante la actual época democrática del hemisferio, la actitud tanto de los Estados en
general como de los órganos políticos del sistema (Consejo Perrmanente y la Asamblea General), se ha vuelto
indiferente. Algunos de los informes sobre países ni siquiera han sido objeto de su consideración. Los informes
anuales de la Comisión no suelen ser objeto de reflexión profunda y meditada por los Estados ni por los
políticos en el seno de la Organización. Tampoco hay debates en la OEA sobre la repercusión de las
la Corte ni sobre el estado de cumplimiento de sus fallos. El año 1999 será recordado como el de mayor
y silencio cómplice de la OEA. La Asamblea General no reaccionó cuando estando reunida en Guatemla, Trinidad y
Tobago ejecutó a una persona que se encontraba bajo medidas provisionales dictadas por la Corte. La decisión
adoptada por el Perú de retirarse con efectos inmediatos de la jurisdicción contenciosa de la Corte, tampoco
encontró pronunciamiento político en contrario por parte de la Asamblea o del Consejo Permanente. Si bien todos los Estados miembros en principio y en abstracto aceptan la idea y la existencia de un sistema básico
de protección de los derechos humanos, cuando ese sistema adopta decisiones que tienen como destinatarios
algunos Estados, el resto de los miembros opta por la indiferencia o el silencio. Mientras tanto, varios de los Estados
señalados suelen adoptar una actitud crítica respecto a la solidez de la decisión, o los trámites
seguidos, o sobre su
posibilidad de cumplir la decisión adoptada o lo que resulta más grave, cuestionan la legitimidad y
propios órganos del sistema. Estos Estados perciben las acciones de la Comisión y de la Corte como
dañinas a sus
"intereses", su imagen y reputación internacional, y como parte de una campaña de desprestigio contra el Estado
por parte de los órganos del sistema. Es evidente que los Estados tienen el derecho a discrepar de los contenidos
de las actuaciones de la Comisión y de la Corte, pero el problema surge cuando se llega al punto de cuestionar su
legitimidad, descalificando a la Comisión y la Corte. Ello tiene un impacto en la independencia de criterio de la
Comisión, al tiempo que ejerce una influencia negativa en el cumplimiento de las resoluciones emanadas de ésta
por parte de los Estados miembros de la OEA. Este impacto resulta más pernicioso, cuando las críticas van
acompañadas de propuestas de reforma del sistema interamericano, supuestamente destinadas a fortalecerlo
cuando en realidad no esconden otra intención que limitar el accionar de los órganos del sistema. Paralelamente, en los órganos políticos de la OEA se suele escuchar que los supuestos "aliados" cuando no
"dueños" de los órganos del sistema son las organizaciones no gubernamentales (ONGs). Muchos representantes
de los Estados perciben a las ONGs como representando intereses de grandes potencias, agentes encubiertos del
terrorismo, la guerrilla, el narcotráfico, la oposición política, o espurios intereses
económicos. Pocas veces, esos
mismos Estados aceptan a las ONG como legítimas representantes de las víctimas de abusos a los derechos
humanos o como canales de transmisión de las demandas de la sociedad civil. Si bien no se trata de la mayoría de
los Gobiernos, el impacto de los que asumen esta actitud se hace sentir en los órganos políticos de la OEA y en
trabajo de la propia Comisión y de la Corte. En este contexto de retos y ambivalencias, problemas y tensiones, el sistema interamericano ha sido objeto de
diversas reflexiones y planteamientos de reforma en los últimos años. En la actualidad, la Comisión de
Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, está llevando a cabo un dialogo sobre el fortalecimiento y
del sistema. Más recientemente, los Cancilleres y Jefes de Delegación, reunidos en San José de Costa Rica
resolvieron conformar un Grupo de Trabajo Ad-Hoc, con el objeto de elaborar un "plan de acción para el
fortalecimiento y desarrollo" del sistema interamericano. Reconocemos que en el sistema interamericano subsisten problemas que debilitan la protección de los derechos
humanos y ponen en peligro la credibilidad de la Comisión y la Corte. Entre estos problemas se destacan la
carencia endémica de recursos, la falta de cumplimiento de las sentencias de la Corte y de las recomendaciones de
la Comisión, la falta de ratificación de los principales instrumentos por varios estados de la región,
falta de capacidad para tramitar y decidir el enorme volumen de denuncias registradas, falta de claridad en algunos
procedimientos, etc. La identificación de estos y otros problemas debe llevar a una reflexión seria, profunda,
transparente, pública y democrática que involucre a todos los actores del sistema para lograr un consenso que
permita adoptar un paquete de reformas que refleje las preocupaciones y demandas mayoritarias. Proponemos que
la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en Canadá adopte un plan de
acción de las Américas para
interamericano. La Cumbre de las Américas, es el ámbito propicio para dar un respaldo político profundo
La Asamblea General en Windsor debe dar un mandato para que el Consejo Permanente, a través de su Comisión
de Asuntos Jurídicos y Políticos, cree grupos de trabajo integrado por representantes de los Estados,
y jueces, expertos independientes y representantes de la sociedad civil para elaborar dicho plan de acción. Las propuestas que a continuación se desarrollan reflejan los puntos básicos y esenciales que comparten las
organizaciones que suscribimos este documento. Presentamos las mismas como un elemento de discusión que
conduzca a la adopción del plan de acción de las Américas el próximo año en
Canadá. Aspiramos con nuestras
propuestas lograr que nuestro hemisferio cuente con un sistema ágil, transparente, flexible, eficaz con
reglas claras, precisas y justas, como la mejor garantía para la protección de los derechos humanos de
y mujeres. 1. La
necesidad de mantener un diálogo abierto, permanente, público y democrático Nadie puede negar que la Comisión y la Corte son actores esenciales, indispensables e insustituibles en la
construcción y funcionamiento del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. El Secretario
General y los órganos políticos de la OEA han sido artífices del perfil institucional del sistema
interamericano. La
sociedad civil, defensores de derechos humanos, legisladores, jueces y académicos han contribuido de manera
significativa, desde sus respectivas funciones y roles al desarrollo del sistema interamericano. Cualquier discusión y debate que pretenda formar un consenso que apoye medidas de mediano y largo plazo para
fortalecer el sistema debe involucrar a todos y cada uno de los actores relacionados con el sistema. Por ello, es
esencial que el proceso de evaluación y perfeccionamiento del sistema se dé en el marco de un debate abierto que
no se restrinja a un grupo de Estados, sus representantes ante la OEA y sus cancillerías. Las organizaciones no
gubernamentales, los tres poderes del Estado --el ejecutivo, legislativo y judicial--, los órganos del sistema, los
defensores del pueblo, los académicos y la sociedad civil tiene un papel crucial en el fortalecimiento del
sistema. Los Estados de la región deben fomentar un amplio debate que incluya a todos los actores relevantes en la
protección de los derechos humanos. La apertura del diálogo acercará nuevas ideas y visiones y
ayudará a eliminar
suspicacias. Los países miembros deben dar signos claros de su vocación de transparencia y compromiso con la
participación de la sociedad civil, mediante el establecimiento de un sistema de consulta oportuno y eficaz y la
posibilidad de la sociedad civil de participar en los debates del grupo ad hoc así como en otras instancias
creen, incluídos los grupos de trabajo más arriba propuestos. Es esencial que ese mismo debate amplio,
democrático sobre el sistema, se produzca no solamente en Washington o San José sino en cada país miembro
la OEA. 2. El
primer paso, un examen introspectivo por parte de los Estados miembros El proceso de reflexión del sistema interamericano debe necesariamente partir por analizar en primer lugar la
vigencia de las libertades públicas en los países de la región. Con el advenimiento de gobiernos elegidos
democráticamente, la situación de derechos humanos en la región ha mejorado en muchos aspectos. En
la mayoría de los países no tienen políticas de violaciones graves planeadas por el aparato del
Estado. Sin embargo,
la impunidad sigue siendo una de las constantes en nuestra región. La omisión en la investigación y
ejecuciones, torturas y otras violaciones responsabilizan al Estado internacionalmente. En algunos países la
legislación penal especial sigue desconociendo las garantías del debido proceso. Otros mantienen
prácticas discriminatorias en contra de las mujeres, indígenas, trabajadores migrantes, minorías
étnicas o raciales.
La violencia en contra de las mujeres constituye un fenómeno extendido en toda la región. La violencia policial
condiciones carcelarias inhumanas son una constante en la región. Deficiencias en el funcionamiento del Poder
Judicial se hallan presente en la vasta mayoría de nuestros países. Los defensores de derechos humanos en
muchos países continúan siendo víctimas de persecusión y hostigamiento. La violación
sistemática y masiva de los
derechos económicos, sociales y culturales es una triste realidad en el Hemisferio. Frente a este cuadro, todo el proceso de reforma del sistema debe dirigirse directa y exclusivamente a lograr la
efectiva protección de los derechos de las personas del continente reconocidos en la Convención Americana, la
Declaración y una serie de tratados interamericanos y universales. El primer paso, en cualquier proceso de
reflexión debe darse hacia el interior de los países y preguntarse cuál es el grado de respeto y vigencia
los derechos humanos en cada uno de los Estados miembros. Una vez que esa pregunta haya sido
respondida, la siguiente pregunta será como modelar un sistema interamericano que sea eficaz para apoyar a los
Estados a superar los problemas identificados a la vez de proveer de un remedio a las víctimas de violaciones a los
derechos humanos. El examen introspectivo profundo por parte de los Estados miembros será el que permita la creación de un
propicio, que favorezca la discusión serena y libre de hostilidades y prejuicios indispensable para adoptar las
decisiones necesariales para dotar de mayor eficacia y eficiencia a la protección de los derechos humanos por parte
de la OEA. Las debilidades y dificultades internas serán las que contribuyan a respaldar de manera decidida el
trabajo y la necesidad de los órganos del sistema. Dicho examen facilitará el trabajo conjunto y coordinado
Estados y órganos del sistema. 3. Mantener
la estructura dual del sistema: una Comisión y Corte permanentes Existen varias propuestas sosteniendo que sería mejor contar con un sólo órgano, la Corte que
decidiese casos
judicialmente. De allí que se propone la unificación de la Comisión y la Corte, en un tribunal
único siguiendo el
modelo europeo. Los organismos de la sociedad civil que suscribimos este documento proponemos mantener la
estructura dual de una Comisión y una Corte otorgándoles a los dos órganos el carácter de
En particular, entendemos que la Comisión debe mantener las actuales funciones de tramitación de casos
individuales, realización de visitas in loco, preparación de informes sobre países, facilitación
amistosas, formulación de recomendaciones y proposición de nuevos instrumentos. La Corte por su parte, debe
mantener sus funciones actuales en materia contenciosa y consultiva. A lo largo de su historia el sistema se ha estructurado en torno a dos órganos principales con roles diferenciados
complementarios. La diversidad de funciones atribuídas a la Comisión y la Corte es la que ha permitido al
adaptarse a las exigencias de las diferentes realidades del hemisferio. Las distintas herramientas a dispoición de la
Comisión y la Corte facilita que se responda a múltiples y variadas realidades. El sistema inteligentemente ha
atribuído funciones quasi-judiciales, políticas y diplomáticas a la Comisión y judiciales a la
Corte. Estas diferentes
funciones permite a los órganos del sistema entrar en diferentes tipos de diálogo con los Estados miembros,
ayudando a avanzar la causa de los derechos humanos. Las visitas in loco así como la preparación de Informes sobre países por la Comisión
imprescindibles en el contexto actual del hemisferio, cubriendo necesidades que los informes y sentencias sobre
casos individuales no satisfacen por sí solos. Los efectos educativos, preventivos, de promoción y
las visitas y los informes cumplen, matinenen su vigencia actual y no deben desaparecer como han propuesto
algunos países. Una Corte Interamericana única sería inhábil para resolver problemas
derechos humanos que existen en la región. La resolución de un par de casos anuales por la Corte
impactaría en situaciones tales como violencia policial, condiciones carcelarias inhumanas, marginación de
población indígena, discriminación y violencia contra la mujer. El impacto que visitas in loco y los
Comisión han tenido en países como Argentina o Nicaragua abriendo las puertas para transiciones
democráticas o
para el término de dictaduras, no puede lograrse mediante la resolución de algunos casos judiciales,
necesariamente limitados en su número e impacto. La existencia de una Corte única presupone la existencia de
sistemas judiciales independientes, eficientes y fuertes que lamentablemente no predominan en la región. Por ello,
cualquier reforma del sistema debe mantener la estructura actual de dos órganos con funciones diferenciadas y
complementarias. Se debe reforzar particularmente las facultades de la Comisión para realizar visitas in loco
como para producir informes sobre la situación general de los derechos humanos en los distintos países de la
región e informes especializados como el del Relator sobre derechos humanos de las mujeres en las
Américas. Entendemos que la estructura actual de dos órganos con facultades diferenciadas es la que permite que
todos y cada uno de los Estados miembros de la OEA estén sujetos a un control mínimo por parte de la
Comisión y que todas las personas que habitan en nuestro hemisferio tengan un órgano al que recurrir.
En efecto, la Comisión Interamericana puede estudiar la situación de los derechos humanos, realizar visitas in
preparar informes y tramitar casos individuales sobre todos los Estados miembros de la OEA en virtud de ser un
órgano principal de la Organización y por aplicación de sus normas estatutarias así como la
sobre Derechos y Deberes del Hombre. Por ello, toda propuesta de reforma del sistema debe servir para ampliar el
nivel de protección y supervisión de los órganos. Como elemento fundamental del fortalecimiento del
interamericano, todos y cada uno de los Estados miembros deben ratificar la Convención Americana, sus
Protocolos, Instrumentos conexos y aceptar la jurisdicción contenciosa de la Corte. Dicho objetivo central,
sin embargo, no debe opacar la importancia de la protección y supervisión mínima y universal que la
Comisión garantiza. Si se unificara la Comisión y la Corte en un órgano permanente la población de
10 países del
Hemisferio, incluídos entre otros Cuba, Estados Unidos, Canada, Trinidad y Tobago quedarían sin ninguna
protección ya que los gobiernos de esos países no han ratificado la Convención. La población de
países, Barbados, Dominica, Grenada y Jamaica, también quedarían sin protección ya que sus
Gobiernos han
ratificado la Convención pero no han aceptado la jurisdicción de la Corte. Muchas de los participantes en los debates sobre el sistema interamericano en estos años, han observado el
sistema europeo en busca de propuestas en particular para sostener la necesidad de una Corte única. Si bien,
consideramos que diversas experiencias en Europa podrían ser de utilidad para nuestro hemisferio,
creemos que hay que ser muy cuidadosos en importar ideas y mecanismos a diferentes contextos.
Cualquier comparación con el sistema europeo será notoriamente inapropiada si no se toman en cuenta
particularidades. Si bien los objetivos centrales del sistema europeo e interamericano son los mismos -la protección
de los derechos humanos- el contexto americano difiere en rasgos sustanciales del europeo. Sin ánimo de
exhaustividad, el sistema europeo no se vio en la necesidad de lidiar con violaciones masivas y sistemáticas, ni con
frecuentes estados de excepción; los sistemas judiciales internos de los países europeos por regla general
funcionan de manera efectiva. Finalmente, los países europeos cumplen en un altísimo porcentaje con las
decisiones de la Corte. Aún si se decidiese imitar el modelo europeo del Protocolo 11, es decir una Corte única con acceso directo
víctimas, deben considerarse el grado de desarrollo del sistema al producirse su reforma y otras variantes
adoptadas. La transformación del sistema europeo se produjo una vez que la Corte Europea había funcionado por
más de 35 años, había resuelto más de 700 casos, los individuos tenían acceso directo desde
hacía varios años y
todos los estados miembros del Consejo de Europa habían aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte.
Tampoco puede olvidarse que la Comisión Europea tenía una naturaleza diferente a su par interamericana, en tanto
no tenía facultades de promoción, de preparación de informes o de realizar visitas. Paralelamente, al
adopción del Protocolo 11 y teniendo en cuenta la desaparición de la Comisión Europea, se había
creado un Comité
de Expertos Independientes y un Comité Gubernamental para analizar informes de los países miembros y
supervisar el cumplimiento de la Carta Europea de Garantías Sociales, un Comité Europeo para la
Tortura con capacidad de realizar visitas a los distintos países miembros y preparar informes sobre tales visitas
como medio de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en la Convención Europea contra la
Tortura y finalmente una Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia para examinar las medidas
adoptadas por los paises europeos y determinar su efectividad en el combate del racismo, la intolerancia y la
xenofobia. La desaparición de la Comisión Europea no significó que la Corte Europea quedara como
y exclusivo órganos de supervisión de los derechos humanos. Por el contrario, otros cuerpos
conservaron o asumieron importantísimas atribuciones como realilzar visitas in loco, preparar informes
sobre países o formular recomendaciones a los Estados. Quizás esta tendencia europea, demuestre que la
multiplicidad de funciones asignadas a la Comisión Interamericana es el modelo a seguir antes que a eliminar. Manteniendo su estructura actual, el sistema interamericano debe avanzar hacia el establecimiento de una
Comision y una Corte que funcionen de manera permanente. La multiplicidad de funciones que los Estados
han otorgado a dichos órganos, así como el mayor número y complejidad de los casos que deben resolver,
requieren que sus miembros residan en el lugar de la sede permanente de los mismos mientras duren mandatos. La
práctica reciente de los Presidentes de la Comisión de dedicarse a tiempo completo a dicha función y el
del número de abogados en ambos órganos, no ha logrado resolver el problema de atraso y sobrecarga de trabajo
de ambos órganos. Por dicho motivo, es necesario que la Corte y la Comisión en su plenitud adquieran el
de permanente. Para ello será necesario que la OEA provea los recursos necesarios y suficientes. La necesaria coordinación entre la Corte y la Comisión en un sistema dual debe producirse mediante reuniones
periódicas entre ambos órganos al menos dos veces al año. Asimismo, los Presidentes de ambos
órganos deben
mantener reuniones conjuntas entre ellos y con el Secretario General de la OEA, el Presidente del Consejo
Permanente y el Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. La
coordinación no requiere que
ambos órganos funcionen en una misma ciudad sea Washington o San José, tal como han propuesto
algunos países. El avance técnologico hace que las comunicaciones entre ambos órganos puedan ser
fluídas sin requerir que estén en una misma ciudad. El trasladar la Comisión a San
José significaría alejarla de
importantes órganos del sistema interamericano con los cuáles la Comisión trabaja permanentemente en el
cumplimiento de sus funciones diplomáticas y políticas, tales como el Secretario General, el Consejo Permanente,
la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos y las diferentes misiones ante la OEA. No puede olvidarse,
parte, que la Comisión, a diferencia de la Corte, es un órgano principal de la Organización y como tal
sede junto a la de la Organización. En caso de que existiese consenso en que ambos órganos funcionen en
una misma ciudad sería más importante que ello sucediese en Washington. En dicha ciudad se asienta la
OEA, sus principales órganos políticos y todos los países miembros tienen una misión
permanente. Finalmente, y en relación con el funcionamiento de la Comisión, nuestras organizaciones proponen que la
articule un mecanismo especial para monitorear la situación de los derechos humanos de las mujeres, en
especial bajo situaciones de conflicto armado, post conflicto, incluida la situacion de aquellos en zonas
militarizados o bajo ocupacion militar. 4. Dotar
al sistema de recursos financieros y humanos suficientes Es una observación común el sostener que la Comisión y la Corte carecen de la infraestructura y
necesarios para afrontar la magnitud de sus tareas. El trabajo de la Comisión y de la Corte se ha expandido de
manera muy significativa en los últimos años, pero su presupuesto no ha crecido de igual manera. La OEA debe
atacar decididamente la crónica deficiencia de recursos que enfrenta el sistema. Si se desea realmente construir un
sistema de derechos humanos que esté a la altura de las demandas de las sociedades de los países del hemisferio,
la OEA debe resolver en los próximos años aspectos esenciales de financiamiento. El hecho de que la
Comisión y la
Corte dependan de las generosas contribuciones voluntarias de cierto Estado miembro de la OEA y del espíritu
filantrópico de varios países de Europa occidental para financiar el cumplimiento de partes esenciales de sus
mandatos debiera ser motivo de preocupación y verguenza para los países miembros de la OEA. No hay perfeccionamiento ni fortalecimiento posible del sistema interamericano sin un mayor apoyo
financiero de la OEA a la Comisión y la Corte para incrementar sus recursos humanos, técnicos y
administrativos para ampliar su cobertura y agilizar sus procedimientos de investigación y elaboración
recomendaciones. La OEA debe establecer como una meta que el prespuesto de la Comisión y de la Corte
se duplique en los próximos tres años. Reconocemos las limitaciones presupuestarias que vive la OEA,
ello, nuestra propuesta es que se de un aumento en el porcentaje de los fondos asignados a los órganos de
derechos humanos. Un aumento del porcentaje asignado a derechos humanos por la Organización demostraría un
renovado compromiso con esta causa por parte de los Estados miembros. Asociado con ello, se debe garantizar completa autonomía administrativa y financiera a ambos
órganos. Esta
es una medida que aseguraría la debida independencia e imparcialidad de los órganos y que saludablemente la
Corte ha logrado en gran medida. Con el objeto de mejorar la transparencia de la situación financiera de ambos órganos, sería un paso
que la Comisión y la Corte siguieran la práctica de la Corte Internacional de Justicia, que publica en su
Anuario un
capítulo referente a "Las Finanzas de la Corte" o el de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas que anualmente incluye en su página de Internet el monto que tiene asignado de acuerdo a su
prespuesto. La Comisión y la Corte deben incluir en sus informes anuales y en sus páginas de Internet el
monto que les ha asignado la OEA, las contribuciones voluntarias recibidas de los países miembros, las
donaciones de terceros países así como las asignaciones efectuadas. Esta medida serviría a la
de la situación financiera del sistema. 5. Mejorar la instrucción de los casos ante la Comisión y la Corte: asegurar la
publicidad, eficiencia, rapidez y no duplicidad . Existe un consenso dentro del sistema interamericano que la Comisión debe mejorar su procedimiento para la
recopilación de evidencias y la determinación de los hechos en los casos que tramita. La posibilidad de
lograr este mejoramiento, está ineludiblemente ligada a otras mejoras en el sistema interamericano que están
propuestas en este trabajo. Primero, para que la Comisión pueda conducir la instrucción de los casos de manera
adecuada, debe contar con mayores recursos que le permitan poner suficiente atención en cada uno de
celebrar audiencias que sean necesarias, incluyendo aquellas requeridas para escuchar testigos, y celebrar visitas
in loco para la investigación de los hechos donde sea necesario. Segundo, debe garantizarse a la
Comisión una
completa independencia e imparcialidad. Para ello, las víctimas deben gozar de representación
ante la Corte, quitándole a la Comisión su carácter dual de juez en la primera instancia y parte
Tercero, la Comisión deberá adaptar su Reglamento para garantizar la transparencia, claridad,
igualdad de las
partes y derechos de defensa dentro del procedimiento para la determinación de los hechos. Paralelmente con estos cambios en la instrucción de los casos por parte de la Comisión, la Corte
su procedimiento para darle valor a la instrucción conducida por la Comisión y a sus conclusiones de
hecho. La Corte debe modificar su Reglamento a fin de aceptar las conclusiones de hechos de la Comisión, salvo
en casos de error manifiesto y grave o donde existen verdaderas nuevas evidencias que afecten sus conclusiones.
Este procedimiento evitaría la duplicación de procedimientos que ocurre actualmente, donde la Comisión
un largo proceso de instrucción, arriba a sus conclusiones solamente para repetir todo este procedimiento ante la
Corte para los casos que llegan a dicha instancia. El Secretario General de la OEA y otros expertos han subrayado
la importancia de permitir a la Corte concentrarse en su tarea primordial de preparar sentencias y trabajar en las
materias del derecho y menos en la definición de los hechos. Otorgándole valor a la instrucción realizada
Comisión, se lograría este objetivo. Este nuevo procedimiento mejoraría la instrucción de los casos por parte de la Comisión y
haría más eficiente el uso
de los recursos. Actualmente, los Estados frecuentemente se mantienen al margen de la instrucción de los casos
ante la Comisión. En no pocos casos, los Estados argumentan exclusivamente cuestiones relacionadas con la
admisibilidad del caso, especialmente el agotamiento de los recursos internos, a lo largo del procedimiento ante la
Comisión, aún después de una decisión sobre admisibilidad y en no pocas ocasiones después
de la decisión sobre
los méritos. En estos casos, el Estado no controvierte los hechos alegados por los peticionarios y no ofrece
evidencias relacionadas con los méritos del caso. Esta actitud es entendible, en parte, porque el Estado sabe que,
de llegar el caso ante la Corte, tendrá la posibilidad de argumentar las cuestiones de hecho y de presentar
evidencias, incluso las que existieron cuando el caso se encontraba ante la Comisión. La posibilidad de una
negativa por parte de la Corte es la única que realmente preocupa al Estado dadas las actuales limitaciones al
seguimiento de las decisiones de la Comisión. La negativa o escasa participación del Estado en la instrucción del caso ante la Comisión debilita la
llegar a la verdad, a través de la instrucción del caso ante la Comisión. Un proceso verdaderamente
siempre es el más efectivo para este fin. El actual sistema no incentiva un litigio contradictorio cabal ante la
Comisión de la misma manera que lo haría un sistema en el cual las investigaciones y decisiones de la
sobre los hechos tuvieran un efecto permanente e inapelable, salvo en circunstancias extraordinarias. Este cambio en los procedimientos de la Comisión y la Corte es más efectivo y deseable que el
por el Secretario General de la OEA de crear una especie de fiscalía ligada a la Corte que recurriría a las
autoridades judiciales, fiscales y otras autoridades nacionales para instruir los casos. La propuesta del
Secretario General no evita la duplicación de procedimientos actualmente existente a la vez que genera problemas
adicionales. La propuesta de crear una fiscalía, ignora las características de los sistemas nacionales de
de los casos que llegan ante el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. La falta de
imparcialidad y efectividad de los fiscales y tribunales internos, agravado en casos de violaciones a los derechos
humanos, es uno de los problemas estructurales que enfrentan los ciudadanos de las Américas. La gran mayoría de
los casos que llegan ante la Comisión y la Corte versan en alguna medida sobre violaciones al debido proceso y/o
señalan la impunidad reinante en el hemisferio, en la que las autoridades encargadas de administrar y procurarr
justicia en los países han sido parcial o totalmente responsables. El sistema interamericano es crucial justamente
porque los sistemas nacionales de procuración y administración de justicia no protegen a la
población. Sería un
grave error, por lo tanto, devolver casos de violaciones a los derechos humanos a las mismas autoridades cuya
ineficacia y parcialidad hicieron necesario que las víctimas acudieran, como último recurso, al sistema
supranacional de protección. En apoyo de su propuesta, el Secretario General menciona precedentes en los cuales la Corte ha recurrido a
personas en distintos países para que ayuden en la investigación de casos. Sin embargo, la experiencia de la
no ha sido totalmente positiva en este sentido. En algunos de los casos referidos, surgieron problemas relacionados
con la falta de independencia de las personas nombradas. Ello ha llevado a la Corte a cambiar su procedimiento
para garantizar que, en el futuro, los procedimientos de instrucción que tomen lugar fuera de su sede siempre
conducidos por los jueces o miembros de su Secretaría. 6. Asegurar la elección de miembros de la Comisión y jueces de la Corte independientes,
idóneos y competentes mediante un proceso público y transparente . Los Estados no siempre han demostrado un compromiso con la independencia, idoneidad y competencia de los
miembros que han propuesto para la Comisión y la Corte. En especial, en ocasiones ha habido jueces y
comisionados que se desempeñan como embajadores o altos funcionarios gubernamentales, que llegan a
comprometer la independencia e imparcialidad necesarias para preservar la autoridad moral de los órganos
internacionales de protección. El requisito de reconocida versación o competencia en materia de derechos humanos
(artículos 34 y 52 de la Convención) constituye un elemento de indispensable análisis por los Estados al
de proponer y votar por candidatos a tan altos puestos. Sin embargo, este criterio también ha sido ignorado en
algunos casos. Finalmente la Convención requiere que los integrantes cuenten con alta autoridad moral. Este
requisito ha demostrado ser de difícil comprobación objetiva, pero no debería pasarse por alto ni darse
por satisfecho. Los Estados deben someter a un escrutinio estricto a los candidatos y candidatas para
determinar si cumplen con los requisitos convencionales de independencia, idoneidad, competencia y
autoridad moral. El prestigio y la reputación de los órganos depende de la confianza que éstos inspiren en sus
eventuales usuarios
--sean víctimas o Estados-- . Dicha confianza depende entre otras cosas de la calidad e independencia de sus
miembros. El funcionamiento mismo del sistema también depende del nivel de los miembros de sus órganos. La
historia de la Comisión y la Corte ha demostrado que el sistema tiene la capacidad de lograr grandes objetivos que
llevan a la efectiva protección y promoción de los derechos teniendo en cuenta la realidad de nuestro
Pero este potencial se realiza solamente en momentos cuando el sistema cuenta con el apoyo de comisionados y
jueces preparados y comprometidos a la vez que sensibles respecto de discriminaciones específicas. El mecanismo de postulación y elección no está abierto a la discusión pública ni
existen mecanismos específicos de
control del cumplimiento de los requisitos convencionales señalados. En años recientes, las organizaciones de la
sociedad civil hemos empezado a contribuir al proceso de selección, estudiando las calificaciones de los candidatos
y dando a conocer nuestras posiciones al respecto. Sin embargo, esta fiscalización ad hoc no es
suficiente. Los
Estados y los órganos políticos de la OEA deben comprometerse más activamente con un proceso de
adecuado. Como una contribución esencial a la transparencia del proceso, los Estados deben presentar a sus candidatos
y candidatas públicamente, informando las razones que los llevan a apoyarlos/as y los méritos y
condiciones que les permiten sostener que los/las mismos/as reúnen los requisitos convencionales
exigidos, a fin de permitir que la sociedad civil exprese su parecer al respecto y que los Estados evalúen
su candidatura. Con el mismo espíritu, los Estados deben anunciar a que otros/as candidatos/as
apoyarán,
las razones para ello y los méritos de dichos/as candidatos/as. Asimismo, el Consejo Permanente y/o la Asamblea General deben adoptar un procedimiento público de
entrevistas a los/las candidatos/as que exija a los candidatos propuestos presentar sus posiciones y que
permita a la sociedad y a los Estados escucharlas. Los Estados también deberían preguntar a los/as
candidatos/as sobre su sensibilidad a la cuestiones de género. Los integrantes del Consejo Permanente o de la
Asamblea General deben, además, preguntar a los candidatos y candidatas sobre sus credenciales, intereses,
antecedentes y disponibilidad de tiempo para el trabajo en la Comisión y la Corte. De esta manera, se lograría
mayor transparencia del proceso y los Estados podrían tomar una decisión adecuada al momento de votar. 7. Las cuestiones procesales deben ser incluídas en los Reglamentos de la Comisión y la
Corte: la necesidad de su reforma . Proponemos modificar los Reglamentos de la Comisión y la Corte para garantizar una mayor claridad,
seguridad y publicidad del procedimiento y la igualdad de armas entre las partes. Tanto los peticionarios y
víctimas como los Estados reconocen esta necesidad y han apoyado a la Comisión en el actual proceso de reforma
de su Reglamento. Sin perjuicio de ello, debido a la nueva discusión sobre una eventual reforma al sistema, la
emisión de un nuevo Reglamento para la Comisión debe esperar la conclusión del proceso de debate sobre
reformas. Los Reglamentos de la Comisión y la Corte necesariamente constituyen una parte integral de
cualquier proceso de reforma y su modificación no debe adelantarse a las decisiones que se tomarán
sobre todos los cambios necesarios en el sistema. Por el contrario, deben ser un reflejo de tales
modificaciones. En relación con la necesidad de mejorar el procedimiento ante la Comisión y la Corte y de reformar los
de estos dos órganos, el Secretario General ha mencionado la posibilidad de plasmar en los respectivos Estatutos el
procedimiento a seguirse en el sistema interamericano. Esto implicaría que los Estados, en vez de la Comisión y
Corte, decidirían los procedimientos de estos órganos. Esta propuesta rompe con los precedentes sentados en casi
todos, si no todos, los sistemas internacionales. Es un principio aceptado universalmente que los órganos de un
sistema internacional deciden su propio procedimiento. No resulta aconsejable que los Estatutos en lugar de los Reglamentos definan el procedimiento de la Comisión y la
Corte. El proceso de reforma del Estatuto al requerir el voto de los Estados, es engorroso y consume mucho tiempo,
contrario a la flexibilidad de un Reglamento que permite a los órganos del sistema cambiar los detalles para reflejar
la cambiante realidad que enfrentan. Por ejemplo, no debe ser necesario recurrir a los Estados para limitar el
número de escritos que deben ser intercambiados entre las partes y así agilizar el procedimiento ante la
tal como se hizo con una reforma al Reglamento de la Comisión aprobada en 1996. Los órganos políticos de la OEA carecen de la experiencia directa en el manejo diario de los casos que
Comisión y la Corte necesaria para establecer los marcos generales de sus procedimientos. Dificilmente
comprenderán, por ejemplo, la cantidad de tiempo que se debe dedicar a un caso dado si se sigue un procedmiento
u otro. 8.La necesidad de fortalecer la eficacia de las decisiones de los órganos del sistema Los esfuerzos para consolidar las democracias y la renovada preocupación por el Estado de Derecho en las
Américas en los últimos veinte años no han tenido como correlato una mayor preocupación por
fortalecer la eficacia
de las decisiones de los órganos del sistema. Si bien los Estados Americanos han generado mecanismos de acción
colectiva para la protección de la democracia (como la Resolución AG 1080), en materia de derechos humanos, no
solamente no han generado mayores garantías de control sino que en muchos casos han incumplido
sistemáticamente las decisiones de la Comisión, y en menor medida, han dado cumplimiento discrecional a los
fallos de la Corte. Asímismo, colectivamente, los Estados del hemisferio han actuado con mayor timidez en sus
funciones de garantes colectivos de los derechos humanos en este periodo de gobiernos elegidos
democraticámente en la región que en épocas de dictaduras militares. Las organizaciones de las sociedad civil que suscribimos este documento proponemos un análisis de tres temas
relacionados con el fortalecimiento de la eficacia de las decisiones del sistema interamericano: 1. mejorar los
vínculos entre el sistema interamericano y los sistemas nacionales a modo de facilitar la implementación
de las decisiones vinculantes de los órganos de supervision; 2. Fortalecer el rol de supervisión de la
Comision y de la Corte del cumplimiento de sus decisiones; y 3. Reforzar el rol de los Estados como
garantes colectivos del cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema. a) mejorar los vínculos entre el sistema interamericano y los sistemas nacionales a modo de facilitar la
implementación de las decisiones vinculantes de los órganos de supervisión Uno de los aspectos fundamentales para profundizar el compromiso de los Estados democráticos de las Américas
con los derechos humanos consiste en establecer mecanismos que faciliten y "despoliticen" la ejecución de las
sentencias de los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. La Convención solo
prevé un
mecanismo para la ejecución de las sentencias de la Corte en el aspecto de la reparación que se realiza a
una indemnización pecuniaria, aún cuando las reparaciones pueden considerar aspectos no pecuniarios --como la
reforma de una ley, o la liberación de una persona senteciada a prisión, etc. El artículo 68 solamente
estipula que "la
parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el
procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado". De todos modos el Estado está
obligado a cumplir las sentencias en su totalidad en virtud de la primera parte de ese mismo artículo 68. La misma
obligación se extiende a las recomendaciones de la Comisión, como ha aclarado la Corte al establecer que el
Estado Parte en la Convención Americana "tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las
recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión...." (caso Loayza Tamayo). Entendemos que los Estados tienen la responsabilidad de establecer los mecanismos internos necesarios
para hacer efectivas las resoluciones de los órganos del sistema, tanto de la Comisión como de la
respecto a aquellos aspectos de la reparación cuya implementación no está prevista expresamente en la
Convención; por ejemplo, los mecanismos que hagan posible liberar a una persona con sentencia firme, o aquellos
que permitan la reforma de una ley que se encuentra en contravención con la Convención. La falta de
legislativa y judicial de este tipo de situaciones genera dificultades de hecho a un Gobierno para cumplir con sus
obligaciones internacionales, y eventualmente, puede representar una instancia de crisis entre los órganos de
protección y distintas instituciones de un Estado generadas por la falta de diligencia en el establecimiento de
mecanismos o normas para facilitar la implementación de las decisiones. Nuestras organizaciones destacan a algunos países de las Américas (tales como Costa Rica y Colombia) que ya
han establecido mecanismos especiales o normas que facilitan el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y/o
de la Corte. Estos esfuerzos son escasos pero señalan la dirección a tomar. Proponemos que en un plazo
años todos los países de las Américas adopten las medidas legislativas o de otro carácter que sean
necesarias para otorgarle valor legal interno a las decisiones de la Comisión y la Corte así como para
cumplir con las mismas. Con el objetivo de facilitar este proceso, la Comisión podría elaborar
leyes modelos
sobre cumplimiento de sentencias y recomendaciones. b. Fortalecer el rol de supervisión de la Comision y de la Corte del cumplimiento de sus
decisiones Se debe profundizar y fortalecer el rol de la Corte y la Comisión en la supervisión del cumplimiento
propias decisiones. La Corte ha reiterado desde sus primeros casos que en virtud del mandato del artículo 65
la Convención supervisará el cumplimiento de la sentencia y solo después dará por concluido el
caso. La Comisión,
en los últimos años, ha decidido coincidentemente incluir en diversos informes finales una cláusula
que evaluará el cumplimiento por parte de los Estados de las recomendaciones definitivas. En el mismo camino, la
Comisión ha establecido en distintos casos un mecanismo ad hoc de seguimiento de sus recomendaciones en
casos individuales como en informes sobre países. No podemos dejar de señalar, sin embargo, que la
encontrado reticencia y aún rebeldia de una serie de Estados que se han pronunciado en contra del establecimiento
o regulación de cualquier tipo de mecanismo de supervisión de las decisiones de la Comisión. Ambos órganos han debatido durante el curso del último año la modalidad de supervisión del
decisiones. Tanto la Comisión como la Corte iniciaron procedimientos de carácter contradictorio a fin de
el grado de cumplimento de sus decisiones en una serie de casos. La Corte, en reacción al incumplimiento del
Estado peruano de la decisión de Maria Elena Loayza y Castillo Petruzzi concluyó su
evaluación a través de una
resolución. Por su parte, la Comisión aún no ha definido como concluirá sus procesos de
recomendaciones que emite. A fin de afianzar la supervisión de las decisiones de ambos órganos, los reglamentos de ambos
establecer un procedimiento contradictorio de supervisión del cumplimiento de sus sentencias y
recomendaciones. Para facilitar una mayor publicidad, eficacia y circulación de la información entre los órganos
políticos de la OEA, la
Comisión y la Corte deben incluir en sus informes anuales cuadros indicativos del estado de
cumplimiento de cada una de sus sentencias y recomendaciones. c. Reforzar el rol de los Estados como garantes colectivos del cumplimiento de las decisiones de los
órganos del sistema Los órganos del sistema de protección han buscado históricamente el apoyo de los Estados de la
garantizar el cumplimiento de sus decisiones y, de modo general, el respeto a los derechos humanos, aún cuando la
Convención no prevé esta situación para el caso de la Comisión. Sin embargo, salvo algunas
excepciones entre
mediados de los setenta y fines de los ochenta en que la Asamblea General adoptó numerosas resoluciones sobre
problemas de derechos humanos en países señalados por la Comisión en sus Informes Anuales o en informes
especiales sobre países, la respuesta de los órganos políticos de la OEA ha sido deficiente y por lo
indiferente. Por su parte, la Corte ha recurrido a los órganos políticos de la OEA en cumplimiento del
artículo 65 de
la Convención que le permite someter a la consideración de la Asamblea General, con las recomendaciones
pertinentes, los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. Sin embargo, la Corte no ha
logrado el apoyo de la Asamblea aún en circunstancias críticas. Durante 1999, el anuncio del Gobierno peruano de
no dar cumplimiento a dos sentencias y la ejecución por parte de Trinidad y Tobago de personas con medidas
provisionales, no motivó que los Estados actúen como garantes colectivos del sistema ante tan graves hechos,
sin perjuicio de las posiciones individuales de algunos países que expresaron su preocupación, tal como lo
hiciera el
mismo presidente de Costa Rica. Ello motiva una seria preocupación sobre el compromiso real de los Estados y
resalta la necesidad de reforzar el rol de los Estados como garantes colectivos del cumplimiento de las
decisiones de los órganos del sistema, de manera complementaria a las facultades convencionales de
supervisión asignadas a la Comisión y la Corte. Debe subsanarse el actual vacío en el marco de la OEA acerca de los roles que la Asamblea y el Consejo
Permanente deben cumplir para garantizar el cumplimiento de las decisiones de los órganos del sistema. A fin de
superar dicho silencio normativo, se debe adoptar un mecanismo de intensidad creciente de intervención los
órganos políticos de la OEA para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Comisión y la
Corte. Este mecanismo puede incluir entre otras modalidades el inicio de gestiones diplomáticas con el fin de
analizar las posibilidades de que el Estado en cuestión cumpla con sus obligaciones o la adopción de una
resolución por parte de la Asamblea llamando la atención sobre el incumplimiento. En particular, debe
la Carta de la OEA siguiendo el modelo de la Res. AG 1080 y el Protocolo de Washington, a fin de que la
Asamblea General tenga la facultad de suspender la membresía de un Estado que reiterada y
sistemáticamente incumple con las resoluciones de los órganos del sistema. La Asamblea también
estar facultada para efectuar una serie de recomendaciones a los Estados miembros para garantizar el
cumplimiento de las decisiones, como por ejemplo, imposición de sanciones económicas, establecer que el
cumplimiento de las sentencias de la Corte es una condición para cualquier proyecto que considere el Banco
Interamericano de Desarrollo, etc. Los mecanismos de cooperación entre los órganos de derechos humanos y los órganos políticos no
debe limitarse a
la Asamblea General durante su período ordinario de sesiones sino que debe extenderse a otros órganos
de la OEA, particularmente el Consejo Permanente. Impulsamos la modificación de las disposiciones
correspondientes a fin de permitir a la Comisión y la Corte recurrir al Consejo Permanente en el caso de
incumplimiento de medidas provisionales dictadas por la Corte cuando la Asamblea General no se
encuentre sesionando. Asimismo, siguiendo la propuesta del Secretario General apoyamos como medida para
incrementar la eficacia de los procedimientos de ejecución de sentencia, una participación más
Consejo Permanente, que, sin actuar en detrimento de las facultades de supervisión de la Corte,
efectuaría una supervisión administrativa intensa del proceso en el ámbito local a través de un
pedido periódico de informaciones al Estado en mora. Ninguna de estas propuestas, reiteramos y volvemos a
subrayar, deben hacerse en detrimento de las atribuciones convencionales de la Comisión y la Corte, sino que
deben reforzar a las mismas. 9. Ampliar el acceso a la Corte a. Ampliar la legitimación para el envío de casos a la Corte La Convención establece solamente que la Comisión o los Estados parte pueden someter un caso ante la
Corte. En
otras palabras, la Convención no otorga a los peticionarios o los representantes de las víctimas acceso
ante la Corte, esto es, no pueden someter un caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte. Esto limita en la
práctica el acceso que las víctimas tienen ante la Corte. Por ejemplo, en el año 1996 de 16 casos
resueltos por la
Comisión en los que existía la posibilidad de ser enviados a la Corte sólo fueron presentados 4 casos; en
los 58 casos con informes finales sobre países que aceptaron la jurisdicción obligatoria de la Corte fueron
sometidos sólo 5 casos; en 1998 con 19 casos que podrían haber sido enviados a la Corte se demandó en
Como consecuencia de el no envio de los casos ante la Corte se restringe, y en la mayoria de la casos se anula la
posibilidad de las víctimas de conseguir una solución efectiva a sus reclamos, dado el pésimo
cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte de los Estados. A fin de superar este déficit, se debe adoptar el modelo del Protocolo 9 del sistema europeo para permitir
los peticionarios presentar casos directamente ante la Corte. Hasta tanto se adopte esta modificación, la
Comisión debe establecer en su reglamento un mecanismo para darle un especial y/o determinante valor a la
opinión de los peticionarios acerca de la conveniencia de enviar un caso a la Corte. Una cláusula de
tipo eliminaría los rasgos paternalistas del sistema actual y equilibraría a las víctimas procesalmente
en una etapa crucial como es el envío de casos a la Corte. b. Clarificar los criterios de envío de casos a la Corte Actualmente, la Comisión o los Estados pueden resolver discrecionalmente sí un caso debe ser remitido a la
Ello genera una gran incertidumbre y falta de claridad en cuanto a la determinación de cuando un caso es sometido
a la consideración de la Corte. Mientras no se adopte un Protocolo a la Convención permitiendo a los peticionarios someter los casos directamente
a la Corte y a fin de eliminar este vacio, la Comisión debe establecer en su Reglamento que una vez agotado
el procedimiento dispuesto por los arts. 48 a 50 de la Convención sin que el Estado haya cumplido con
sus recomendaciones, el recurso a la instancia jurisdiccional operará de manera automática. Con esta
medida se eliminaría de todo carácter discrecional a la decisión de la Comisión. Entre otras
cosas, serviría para
eliminar la percepción actual de algunos Estados de que la Comisión envía casos solamente en contra de
determinados países. Desafortunadamente, una pauta que afecta la decisión de la Comisión de remitir un número elevado de
casos a la
Corte es la escasez de recursos humanos y financieros disponibles por ambos órganos. Hasta tanto los Estados no
aumenten sustancialmente las contribuciones al sistema, forzando a la Comisión a una cuidadosa selección de los
casos que se remiten, la decisión de la Comisión al respecto deberá, según lo ha señalado
la Corte, "apoyarse en la
alternativa que sea más favorable para la tutela de los derechos establecidos en la Convención" (Opinión
OC-13/93). Adicionalmente, la Comisión debe establecer reglamentariamente los criterios para el envío de casos
Corte. A modo de ejemplo, podrías figurar entre los criterios la complejidad o trascendencia del caso, el
planteamiento de cuestiones controversiales en los niveles anteriores a la Corte - lo que se daría cuando las
distintas instancias judiciales internas fueron contradictorias y/o cuando no existe una decisión unánime de la
Comisión, la falta de jurisprudencia en relación al tema en discusión. Finalmente la Comisión debe
decisión de no llevar un caso ante la Corte. En este sentido, la Comisión en el caso de Diana Ortiz
fundamentó el no envio del caso a la Corte, entre otros aspectos, en el pedido expreso de la victima en tal
sentido. Los Estados también deben revisar su práctica en cuanto a la posibilidad de remitir casos a la
Corte. Solamente
Costa Rica ha sometido en una única oportunidad, un caso a la jurisdicción de la Corte. El resto de los Estados,
cuando en reiteradas ocasiones han sido encontrados en violación de la Convención y han expresado que no
concuerdan con las conclusiones de la Comisión, no han sometido caso alguno a la jurisdicción de la Corte. A fin
fortalecer el sistema interamericano, los Estados deben adoptar legislación interna que establezca que ante
un informe final de la Comisión (artículo 50) cumplirán mandatoriamente con las recomendaciones que
contenga dentro del plazo previsto o en caso de estar en desacuerdo con las mismas, someterán el caso
a la Corte. c. Garantizar representación independiente de las víctimas ante la Corte Tal como ha evolucionado el sistema interamericano, no se garantiza en estos momentos una representación
independiente de las víctimas durante todo el procedimiento ante la Corte. Ello significa que la Comisión en los
casos ante la Corte debe actuar como representante de los intereses de la víctima. El Reglamento de la Corte,
solamente desde 1997 otorga participacion independiente a las víctimas o sus familiares en la etapa de
reparaciones. Dicha reforma, le permite a la Comisión desempeñarse en la etapa de reparaciones como un
del sistema antes que como abogado de la víctima. A fin de subsanar esta falencia, la práctica de la Comisión ha permitido que los representantes de las
víctimas estén
activamente participando en todas las etapas del litigio ante la Corte. En efecto, el papel de los representantes de las
víctimas no se ha limitado a la etapa de reparaciones, por el contrario se ha desarrollado de modo integral respecto
de todos los aspectos de forma y fondo del proceso. Ello ha ocurrido tanto en la preparación de la demanda, las
excepciones preliminares, la discusión sobre el fondo del caso, la producción de pruebas, los alegatos y las
reparaciones. Así, en todos los casos sometidos por la Comisión ante la Corte hasta el momento, ha participado
el tramite un representante de las víctimas, una ONG denunciante, o asesores de ONG o de la víctima. Dicha
participación obviamente se ha dado bajo la dirección de la Comisión que actua ante la Corte en calidad
de parte. En
la gran mayoria de los casos existe gran disponibilidad de parte de la Comisión de escuchar y consultar a los
peticionarios. Este modelo es el que ha asegurado en la práctica que los representantes de las víctimas sean
partícipe del proceso ante la Corte. Es un hecho unánimente reconocido que esta práctica ha permitido que
representantes de las víctimas hayan prestado un apoyo insustituible a la Comisión en los casos ante la
Corte. Si bien este mecanismo ad hoc ha permitido al sistema funcionar por los últimos quince años, en la
muestra no solamente insuficiente sino principalmente pernicioso para la legitimidad del sistema. Tanto el sistema
interamericano en general como la Comisión en particular, se ven afectadas por este mecanismo que obliga a la
Comisión actuar con un carácter dual. La Comisión pasa de ser juez de las partes --víctimas y
Estados-- en el
trámite ante ella, a ser abogado de las víctimas y adversario del Estado en el trámite ante la Corte. Con
ello, su
imparcialidad queda en cuestión. El problema no es solamente frente al caso ante la Corte. La situación
problemática es que mientras la Comisión está actuando como representante de víctimas en casos
contra Estados determinados, debe tramitar imparcialmente casos contra estos mismos Estados. Adicionalmente, el
sistema actual facilita la argumentación de varios Estados de que la Comisión se halla demasiado cerca de las
ONG. A fin de solucionar estos problemas, la Comisión debe actuar ante la Corte en un rol que le permita
garantizar tanto la realidad así como la apariencia de imparcialidad a la manera de un ministerio público
en interés de la integridad del sistema de protección. Desde el punto de vista de los peticionarios o de los representantes de las víctimas en el proceso ante la Corte,
Corte debe reformar su Reglamento para garantizar la representanción independiente de las víctimas. No
existe ningún impedimento convencional para otorgar dicha representación independiente, por lo cual no
necesario ni reformar la Convención ni adoptar un Protocolo para garantizar dicha participación. La reforma del
Reglamento de la Corte permitiendo la participacion autónoma de las víctimas y sus familiares ante la Corte en
etapa de reparaciones, ha demostrado la viabilidad de esta propuesta y la responsabilidad y seriedad con que esta
facultad fue ejercida por las las víctimas y sus representantes en cada oportunidad que han tenido. De otorgarse representación independiente a las víctimas, los Estados deben considerar algunos puntos
a fin de garantizar un efectivo acceso a la Corte por parte de las víctimas. En caso de no aceptarse nuestra
propuesta de no repetir nuevamente ante la Corte toda la prueba producida ante la Comisión,
deberá crearse un
fondo especial para solventar los gastos probatorios. Asimismo, debe crearse un mecanismo que asegure la
designación de un abogado de oficio en caso de que la víctima carezca de una representación legal. La
representación independiente de las víctimas debe ser un elemento para ampliar el acceso a la Corte y no para
limitar el mismo. Adhesiones Organizaciones internacionales International Human Rights Law Group Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL ) Derechos Human Rights Organizacíon Mundial Contra la Tortura - OMCT Human Rights Watch Lawyers Committee for Human Rights Redes nacionales y regionales Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) Red de Organismos Civiles de derechos Humanos "Todos los derechos para todos" - México Foro por la Vida - Venezuela Coordinacion del Proceso Binacional de Comunidades Negras en Ecuador y Colombia Plataforma Sudamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú) Asociación Casa Alianza-América Latina Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA) Organizaciones nacionales e individuos Argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente Brasil Profesora Flavia Piovesan Centro de Justiça Global (Global Justice Center), Rio de Janeiro Sociedade Maranhense de Direitos Humanos Canadá Human Rights Internet International Centre for Human Rights and Democratic Development Colombia Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Proceso de Comunidades Negras en Colombia Humanidad Vigente Corporación Jurídica Comisión Colombiana de Juristas Red Nacional de Mujeres El Salvador Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) España Equipo Nizkor - Nizkor International Human Rights Team Estados Unidos National Lawyers Guild (National Police Accountability Project) Guatemala Defensoría Maya Fundación Myrna Mack Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHA) Fundación Rigoberta Menchú Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) Honduras Comité de Derechos Humanos (CODEH) Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) México Academia Jalisciense de Derechos Humanos, AC. (AJDH), Guadalajara, Jalisco. Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), México DF. Asociación Civil para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", AC. La Misión,
Hidalgo. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI), Guadalajara, Jalisco. Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", AC. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", AC., México DF. Centro de Derechos Humanos "Los Príncipes", Oaxaca, Oaxaca. Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", AC. (PRODH), México DF. Centro de Derechos Humanos "Tepeyac", AC. Tehuantepec, Oaxaca. Centro de Derechos Humanos "Don Sergio", AC., Cuernavaca, Morelos. Centro de Derechos Humanos "Fray Matías de Córdoba". Tapachula, Chiapas. Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan, AC.), Tlapa, Guerrero. Centro de Derechos Humanos Ñu'u Ji Kandií. AC. Tlaxiaco, Oaxaca Centro de Derechos Indígenas "Flor y Canto", AC., Oaxaca, Oaxaca. Centro de Derechos Indígenas, AC (CEDIAC). Bachajón, Chiapas. Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., Reynosa, Tamaulipas. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC. Acapulco, Guerrero. Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. (CEPODHAC), San Luis Potosí, S.L.P. Centro Regional de Derechos Humanos "Bartolomé Carrasco", AC. Oaxaca, Oaxaca Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, AC., Torreón, Coahuila. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC. (CADHAC), Monterrey, Nuevo León. Colectivo de Educación para la Paz (CEPAZ). San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz", Coyuca de Benítez, Guerrero. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Barrios, México D.F. Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, AC. (COSYDDHAC), Chihuahua, Chihuahua. Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, AC., Cuernavaca, Morelos. Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida", México DF. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC., DF. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, AC., Jalapa, Veracruz. Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", Tuxtepec, Oaxaca. Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI), Palenque, Chiapas. Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios (CODACPI), Guerrero. Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada, O.P.", Ocosingo, Chiapas. Comité de Derechos Humanos Ajusco, México DF. Comité de Derechos Humanos de Colima (No gubernamental), Colima, Colima. Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, AC., Huayacocotla, Veracruz. Comité de Derechos Humanos de Tabasco, AC. (CODEHUTAB), Villahermosa, Tabasco. Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, AC., DF. Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, AC. (CODHOMHAC), Dolores Hidalgo, Gto. Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo., AC. Franciscans International -
México Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos, Culiacán, Sinaloa. Grupo Indignación, AC, Mérida, Yucatan. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, AC., Chilpancingo, Guerrero. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, AC. (IMDEC), Area de Derechos Humanos. Guadalajara, Jal. Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, plantel Sta Fe. Programa Universitario de Derechos Humanos del ITESO, Guadalajara, Jalisco. Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA-León, León, Guanajuato. Servicio Paz y Justicia. México. Villahermosa, Tabasco. Taller Universitario de Derechos Humanos (TUDH), México DF. Amnistía Internacional, Sección mexicana Nicaragua Organisacion Afro-Garifuna Nicaragüense (OAGANIC) Comité Género, Derechos y Deasarrollo - R.A.A.S. Perú Comisión de Andina de Juristas Comisión Diocesana de Acción Social de Chachapoyas. Amazonas Comisión de Justicia Social de Chimbote. Ancash CODISPAS Huaraz. Ancash Asociación Nacional de familiares de Detenidos Desaparecidos en Zonas de Emergencia. Ayacucho Comisión de Derechos Humanos de la Vicaría de Solidaridad de Celendín. Cajamarca Vicaría de Solidaridad de Cajamarca Vicaría de Solidaridad de Jaén. Cajamarca Asociación por la Vida y la Dignidad Humana Cusco Comité de Derechos Humanos de Canas. Cusco Comité de Derechos Humanos de Chumbivilcas. Cusco Comité de Derechos Humanos de Espinar. Cusco Comité de Derechos Humanos de Provincias Altas. Cusco Movimiento Cristiano Pro Derechos Humanos de Quillabamba. Cusco Vicaría de la Solidaridad de Sicuani. Cusco Servicios Educativos, Promoción y Desarrollo Rural. Huancayo. Junín Oficina Pastoral de Dignidad Humana de Huancayo. Junín Asociación Jurídica Pro Dignidad Humana. Huánuco Comité de Derechos Humanos Alto Huallaga. Huánuco Comité de Derechos Humanos de Pachitea. Huánuco Comisión de Derechos Humanos de Ica Comisión de Solidaridad, Desarrollo y Justicia. Lambayeque Comité de Derechos Humanos de Sánchez Carrión. La Libertad Comité de Derechos Humanos de Tayabamba - Pataz. La Libertad Comisión Prelatural de Pastoral Social de Huamachuco. La Libertad Comité de Derechos Humanos de Taurija. La Libertad Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad. La Libertad Amnistía Internacional - Sección Peruna. Lima Asociación Pro Derechos Humanos. Lima Asociación de Familias Desplazadas de Lima Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. Lima Centro de Estudios y Acción para la Paz. Lima Comisión Episcopal de Acción Social. Lima Centro de Asesoría Laboral. Lima Comité de Derechos Humanos de El Agustino. Lima Comité de Derechos Humanos de Huacho. Lima Comité de Derechos Humanos de Villa El Salvador. Lima Comité Nacional de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Refugiados. Lima Comisión de Derechos Humanos. Lima Equipo de Asesoría Campesina. Lima Concilio Nacional Evangélico. Lima Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz. Lima Movimiento Negro Francisco Congo. Lima Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño. Lima Instituto de Defensa Legal. Lima Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y Paz. Lima Oficina de Protección del Periodista. Lima Asociación Paz y Esperanza. Lima Vicariato Apostólico de Iquitos. Loreto Equipo de Derechos Humanos del Estrecho - Putumayo. Loreto Comité de Derechos Humanos de Ilo. Moquegua Comité de Derechos Humanos de Pasco. Pasco Centro de Desarrollo Rural "Villa Nazareth" de la Diócesis de Chulucanas. Piura Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura. Piura Asociación de Defensa Legal y Promoción Social. Puno Vicaría de la Solidaridad de Juli. Puno Vicaría de Solidaridad de Ayaviri. Puno Vicaría de Solidaridad de Puno. Puno Comité de Derechos Humanos de Moyobamba Organización peruna para la Educación y Defensa de los Derechos Humanos AltoHuallaga-Tocache. San
Martín Asociación de Defensa de los Derechos Humanos. Tacna Comité Vicarial de Derechos Humanos - Pucallpa. Ucayali Profesora Carolina Loayza Tamayo Profesor Cesar Landa República Dominicana Nucleo de Apoyo a la Mujer Venezuela Comisión de Justicia y Paz de Petare Comisión de Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosos y Religiosas de Venezuela (SECORVE) Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVÍC) Programa
Venezolano de Educación-Acción en
derechos Humanos (PROVEA) Red de Apoyo por la Justicia y la Paz Vicaría Episcopal de derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui Comisión de Derechos Humanos de Puerto La Cruz Oficina Diocesana de Derechos Humanos "Humanas Dignitas" Fundación de Derechos Humanos de los Teques Vicaría Episcopal "Derecho y Justicia" de Cumaná Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP) Voluntariado de Trabajo en Establecimientos Penitenciarios de la Universidad Católica "Andrés
Bello" (VTEP) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica "Andrés Bello" Acción Ciudadana contra el Sida (ACSI) Coordinadora No Gubernamental de Mujeres (CONG) Defensa de los Niños Internacional (DNI) Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho, Amazonas Editado electrónicamente por el Equipo Nizkor el 02nov00

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 Resolución 
 artículo 68
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 artículo 65

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