Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3589
Timestamp: 2018-01-22 16:23:42+00:00

Document:
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 102 (parcial) de la Ley 50 de 1990 "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones" y 166 (parcial) del Decreto 663 de 1993, "Por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y se modifica su titulación y numeración".
El ciudadano José Isaías Chingate Rincón, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de la palabra "superior" contenida, tanto en el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 "por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones", como en el literal c) del numeral 1° del artículo 166 del Decreto 663 de 1993 "Por medio del cual se actualiza el estatuto orgánico del sistema financiero y se modifica su titulación y numeración".
"Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo de Trabajo y se dictan otras disposiciones"
3. Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva."
"Artículo 166. Retiro de sumas abonadas.
c) Para financiar los pagos por concepto de matrículas del trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, en entidades de educación superior reconocidas por el Estado. En tal caso el fondo girará directamente a la entidad educativa y descontará el anticipo del saldo del trabajador desde la fecha de la entrega efectiva."
"Considero que tanto los niños que empiezan su etapa escolar como las personas que ingresan a la educación superior, tienen el mismo Derecho Constitucional de la educación, y por tal motivo no estoy de acuerdo que se discrimine y se les tranque la oportunidad a todas aquellas personas que tienen la intención de capacitarse en educación básica primaria, Secundaria o curso técnico, cuando solicitan parte de sus Cesantías a un fondo cualquiera y éste les niega la solicitud, argumentando que solamente desembolsan parte de las Cesantías pero sólo para la educación Superior y no para otra clase de educación, violándose a los afiliados y beneficiarios el derecho fundamental a la Educación."
Permitir el anticipo de las cesantías para el pago de estudios superiores –afirma el interviniente-, "tiene un alcance igualmente restrictivo, en la medida en que estos estudios suponen ya un momento final en la educación del hombre, lo que no se concibe para estudios inferiores (preescolar, primaria, etc.) que pueden ser atendidos directamente por el Estado, lo que implica que las cesantías no se distraigan en asuntos menores y cumplan con el objetivo de dotar al trabajador de un ahorro cuando más lo necesita, o sea cuando el trabajador se encuentra cesante."
En la oportunidad legal correspondiente, el señor procurador general de la Nación rindió el concepto de su competencia y solicitó que esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "superior", contenida en el artículo 102 de la Ley 50 de 1990 y en el numeral tercero del artículo 166 del Decreto 663 de 1993. A su entender, la misma viola el principio de igualdad ya que no consulta los presupuestos de objetividad y razonabilidad, exigidos por la jurisprudencia constitucional para justificar un trato diferente entre iguales.
En efecto, el representante del Ministerio Público, luego de analizar la finalidad del auxilio de cesantías y el carácter restrictivo de su pago parcial, consideró que las normas cuestionadas "desconocen la realidad colombiana en materia educativa. Particularmente aquella que concierne a las clases trabajadoras pues, la educación superior no es precisamente el nivel educativo al que la mayoría de ellas tienen la posibilidad de acceder, mientras que los niveles educativos no cobijados por las excepciones impugnadas –principalmente el primario- son justamente los accesibles a esos sectores, en razón de su temprana vinculación a la actividad laboral, debido a las carencias de orden económico que no les permiten continuar los estudios subsiguientes." Ello, a juicio del procurador, es lo que hace irrazonable el trato diferente que se fija en las normas cuestionadas, pues se privilegian los estudios superiores cuando la realidad es que a dichos niveles no tienen acceso gran parte de la sociedad colombiana.
Al examinar las disposiciones demandadas, esta Corporación observa que, respecto del artículo 102 de la Ley 50 de 1990, ya existe pronunciamiento de la h. Corte Suprema de Justicia, emitido durante la época en que este organismo ejerció el control constitucional a la luz de los preceptos de la actual Carta Política, según competencia otorgada por el artículo 24 transitorio del mismo ordenamiento Superior. Así lo registra la Sentencia N° 110 del 19 de septiembre de 1991, en cuya parte resolutiva se expresó:
"tercero. Declarar EXEQUIBLES, por no ser contrarias a la Constitución Nacional, las partes restantes de los artículos 98, 99 y 101 de la Ley 50 de 1990, así como la integridad de los artículos 100, 102, 103, 104, 105 y 106 de dicha ley. (Negrillas y subrayas fuera de texto).
"La regulación relativa a los casos en que el trabajador afiliado al fondo podrá retirar las sumas que por concepto de las cesantías le han sido abonadas en su cuenta, y de lo cual se ocupa el artículo 102 de la Ley 50, no merece ningún reparo, en la medida en que al establecer que ello sólo ocurra cuando termina el contrato y en ‘los eventos en que la legislación vigente autoriza la liquidación y pago de cesantía durante la vigencia del contrato de trabajo’, o para efectuar pagos por concepto de los estudios superiores que adelanta el propio trabajador, su cónyuge, compañera o compañero permanente y sus hijos, no se afecta el derecho de propiedad del trabajador sobre esta prestación social, y más bien constituyen restricciones enderezadas a que realmente las sumas correspondientes al auxilio de cesantía continúen cumpliendo la misma finalidad de previsión social que hasta ahora ellas han tenido…" (M.P., Rafael Méndez Arango).
Ahora bien, en cuanto que el literal c) del numeral 1° del artículo 166 del Decreto 663 de 1993 reprodujo en forma textual el numeral 3° del artículo 102 de la Ley 50 de 1990, también el mismo ha quedado amparado por la cosa juzgada constitucional en sentido material. Este criterio, el de extender los efectos de la cosa juzgada constitucional de normas previamente analizadas, a otras que tienen idéntico contenido normativo, corresponde a la naturaleza del ejercicio del control constitucional y, en consecuencia, ha sido aplicado por esta Corporación en diversas oportunidades, una de las cuales se reitera en la siguiente cita:
"De los expuestos antecedentes fluye con entera claridad que varias de las medidas adoptadas mediante el Decreto 445 de 1993, reproducidas ahora en el Decreto 1495 que se revisa, fueron halladas exequibles, pues se las analizó en sí mismas, es decir, se confrontó su materia con la Constitución, en cuanto estaban despojadas de toda referencia o remisión a disposiciones antes halladas inexequibles. Respecto de tales normas no cabe duda de que, desde el punto de vista material, ha operado la cosa juzgada constitucional (artículo 243 C.N.) y por tanto resulta inoficioso e improcedente que la Corte vuelva sobre ellas, por lo cual, en lo que concierne a su revisión, habrá de estarse a lo ya resuelto." (Sentencia C-415/93, M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo).

References: artículo 102
 artículo 166
 artículo 102
 artículo 166
 artículo 102
 artículo 24
 artículo 102
 artículo 166
 artículo 102