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Timestamp: 2019-01-20 11:12:38+00:00

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Instituciones financieras – Guía de negocios en España 2018
Los principales operadores del sistema financiero español pueden clasificarse como en el Cuadro 1.
OPERADORES DEL SISTEMA FINANCIERO
Entidades de crédito Bancos españoles y extranjeros
Cajas de Ahorro. Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA)
Auxiliares Financieros Establecimientos Financieros de Crédito
Sociedades de Garantía Recíproca y de Reafianzamiento
Instituciones de Inversión Colectiva Fondos de Inversión
De carácter financiero
De carácter no financiero
Empresas de Servicios de Inversión Sociedades de Valores
Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado Entidades de Capital-Riesgo, incluidas las Entidades de Capital-Riesgo-pyme
Compañías de Seguros y Reaseguros y Mediadores de Seguros Compañías de Seguros y Reaseguros
Planes y Fondos de Pensiones Planes de Pensiones
Fondos de Titulización Fondos de Titulización1
Las principales características de los operadores del sistema financiero quedan recogidas a continuación.
2.1 Banco Central
El Banco Central español es el Banco de España. El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español. Su actividad está regulada por la Ley de Autonomía del Banco de España.
En el ámbito español, desde la constitución del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) y el Banco Central Europeo (BCE), las funciones del Banco de España han sido redefinidas en el Cuadro 2.
Participación en funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) Definición y ejecución de la política monetaria de la Zona Euro con el objetivo de mantener la estabilidad de precios en dicha zona.
Realizar las operaciones de cambio de divisas, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas del Estado.
Funciones establecidas en la Ley de Autonomía del Banco de España Supervisar la solvencia y el comportamiento de las entidades de crédito y de los mercados financieros.
Promover el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema financiero y de los sistemas de pagos nacionales.
Elaborar y publicar las estadísticas relacionadas con sus funciones.
Prestar servicios de Tesorería y agente financiero de la Deuda Pública.
Asesorar al Gobierno y realizar los informes y estudios que resulten procedentes.
La integración del Banco de España en el Mecanismo Único de Supervisión
El Reglamento (UE) nº 1024/2013, del Consejo, de 15 de octubre de 2013 ha creado un Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el cual instaura un nuevo sistema de supervisión financiera formado por el Banco Central Europeo (BCE) y las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) de los países de la Unión Europea participantes, entre los que se encuentra el Banco de España. El Reglamento (UE) 468/2014 del BCE, de 16 de abril de 2014, establece el marco de cooperación en el MUS entre el BCE y las ANC y con las autoridades nacionales designadas.
Sus principales objetivos son velar por la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo y aumentar la integración y la estabilidad financieras en Europa. Asimismo, el MUS cumple una función crucial para garantizar una aplicación coherente y eficaz de las políticas de la Unión en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito.
El Banco de España, a través de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, se integró dentro del MUS en su condición de autoridad nacional competente, por lo cual el Banco de España ejercerá sus competencias en materia de ordenación y supervisión, sin perjuicio de las funciones atribuidas al BCE en el contexto del MUS y en cooperación con esta institución.
2.2 Entidades de crédito
Las principales entidades de crédito, es decir, los bancos, las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito juegan un papel muy relevante en el sector financiero español, tanto por su volumen de negocio como por su presencia en todos los segmentos de la economía. En este sentido, las entidades de crédito están facultadas para desarrollar lo que se denomina “banca universal”, no restringida a las actividades bancarias tradicionales de mera captación de fondos y de financiación a través de la concesión de préstamos y créditos, sino que su actividad alcanza la prestación de servicios parabancarios, de mercado de valores, banca privada y banca de inversión.
No obstante, con la finalidad de superar los desequilibrios en el sector financiero, dando lugar a la reestructuración del sector, se han producido alteraciones significativas en el mismo, afectando fundamentalmente a los grupos de bancos nacionales y cajas de ahorros. Así, el proceso de reestructuración se está llevando a cabo mediante integraciones de cajas de ahorro, bancos y cooperativas de crédito, la conversión de las cajas de ahorros en bancos y un proceso de recapitalización de algunas entidades. En consecuencia, la tendencia en el sector de entidades de crédito español es la reducción del número de entidades registradas en el Banco de España.
A 31 de diciembre de 2017 hay registrados oficialmente en el Banco de España el ICO, 59 bancos, 2 cajas de ahorros, 63 cooperativas de crédito, 38 oficinas de representación en España de entidades de crédito extranjeras, 78 sucursales de entidades de crédito extranjeras comunitarias, 4 sucursales de entidades de crédito extranjeras extracomunitarias, 582 entidades de crédito comunitarias operantes en España sin establecimiento, 8 entidades financieras, filiales de entidades de crédito extranjeras comunitarias, operantes en España sin establecimiento y 4 entidades de crédito extranjeras extracomunitarias, operantes en España sin establecimiento2.
El 23 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2015 sobre servicios de pago en el mercado interior (PSD2). Esta Directiva ha entrado en vigor el 13 de enero de 2018, no obstante, el periodo de transición es largo (tanto por lagunas normativas en cuanto a requerimientos técnicos obligatorios como por falta de preparación de la banca tradicional) y, esto supone, que hasta mediados de 2019 no se implante definitivamente. El objetivo final de la PSD2 es mejorar la competencia, la innovación y la protección al consumidor.
2.2.1. Bancos
Los bancos son sociedades anónimas habilitadas legalmente para desempeñar las funciones reservadas a las entidades de crédito.
Se detallan en el Cuadro 3 sus principales características.
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 684/2012.
Limitado a la prestación de actividades típicas bancarias y de la actividad reservada a las entidades de crédito, consistente en la captación de fondos reembolsables del público, cualquiera que sea su destino, en forma de depósito, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas.
Al menos 18 millones de euros. El capital social debe estar íntegramente suscrito y desembolsado.
Su Consejo de Administración debe estar formado por no menos de cinco miembros.
Los miembros del Consejo de Administración, las personas físicas que representen a los consejeros que sean personas jurídicas, así como los directores generales o asimilados y los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad de crédito o de su sociedad dominante deberán contar con reconocida honorabilidad comercial y profesional, poseer conocimientos y experiencia adecuados al ejercicio de su función y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. La concurrencia de estos requisitos se valorará de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
Inscripción de los directores, consejeros o asimilados en el Registro de Altos Cargos.
Acciones necesariamente nominativas.
Corresponde al Banco de España elevar al Banco Central Europeo una propuesta de autorización para la creación de bancos.
Obligatoriedad de inscribirse en el Registro de entidades de crédito de Banco de España.
2.2.2. Instituto de Crédito Oficial
Se trata de una entidad de crédito de titularidad pública, adscrita al Ministerio de Economía y Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa.
Actúa como Agencia Financiera del Estado, financiando por indicación expresa del Gobierno a los afectados por situaciones de graves crisis económicas o desastres naturales y gestiona los instrumentos de financiación oficial a la exportación y al desarrollo.
2.2.3. Cajas de Ahorro
Las cajas de ahorro son entidades de crédito con libertad y equiparación operativa completa al resto de los integrantes del sistema financiero español. Están constituidas bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada, con finalidad social y actuación bajo criterios de puro mercado, aunque reinvierten gran parte de los beneficios obtenidos a través de su obra social3.
Históricamente, estas instituciones, de larga tradición y arraigo en España, captaban una porción muy sustancial del ahorro privado y se caracterizaban, desde el punto de vista del negocio de activo, por ofrecer financiación al sector privado (vía créditos hipotecarios, etc.) destacando también su labor en la financiación de grandes obras públicas y proyectos privados mediante la suscripción y adquisición de valores de renta fija.
En la actualidad, motivado por el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, ha aparecido un conjunto de cajas de ahorros que, manteniendo su condición de entidades de crédito, han dejado de realizar directamente la actividad financiera que les era propia, traspasando el negocio financiero a bancos nacionales, creados con este fin y participados por ellas mediante la creación de Sistemas Institucionales de Protección (SIP).
De un total de 45 Cajas de Ahorros (a comienzos de 2010), 43 han participado o se encuentran participando en algún proceso de consolidación, lo que en volumen de activos totales medios representa el 99,9 % del sector. Como consecuencia, el sector ha pasado de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de 29.440 millones de euros (diciembre de 2009), a estar formado por 11 entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de activos de 89.550 millones (marzo de 2015). Actualmente quedan dos cajas de ahorro activas que son Caixa Ontinyent y Caixa Pollença4.
Las cajas de ahorro españolas se encuentran integradas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), entidad de crédito constituida en 1928 con el fin de convertirse en la Asociación Nacional y el ente financiero de las cajas de ahorro. Forman parte de la CECA las fundaciones de carácter especial, las sociedades centrales de los SIP, los bancos Instrumentales a través de los cuales las cajas ejercen su actividad financiera y aquellas entidades cuyo negocio financiero deriva de una Caja de Ahorros. La CECA trata de fortalecer la posición de las cajas de ahorros, actúa como foro de reflexión estratégico de todas las cajas y demás entidades adheridas, les presta asesoramiento y les proporciona productos y servicios competitivos.
2.2.4. Cooperativas de Crédito
Las cooperativas de crédito son entidades de crédito que aúnan la forma social de cooperativa y la actividad y condición de entidad de crédito de ámbito operativo pleno.
Su singularidad e importancia radica en que funciona como una organización sin ánimo de lucro, puesto que los miembros aúnan sus fondos para hacer préstamos entre sí, mientras que los ingresos excedentes se devuelven a los miembros en forma de dividendos.
Se detallan en el Cuadro 4 sus principales características.
Estatal: Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, Ley 13/1989 de Cooperativas de Crédito, Real Decreto 84/1993, Reglamento de Desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito y Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014. Ley 27/1999 de Cooperativas de aplicación supletoria. Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.
Autonómica: regulación de tipo social cooperativo.
Objeto social Pueden realizar toda clase de operaciones activas y pasivas, y prestar todos los servicios que están permitidos a los bancos o a las cajas de ahorro, pero siempre bajo el principio de atención preferente a las necesidades financieras de sus socios.
Capital mínimo Cada socio debe tener una participación en el capital que tendrá, como mínimo, un valor de 60,01 €. Ninguna persona jurídica puede tener más de un 20% del capital social, salvo que se trate de una cooperativa, en cuyo caso no podrá superar el 50% del capital social. Ninguna persona física puede tener más del 2,5% del capital social de la cooperativa de crédito.
Asamblea General: cada socio tendrá un voto, con independencia de su participación en el capital social. No obstante, si los Estatutos lo prevén, el voto de los socios podrá ser proporcional a sus aportaciones en el capital social, a la actividad desarrollada o al número de socios de las cooperativas asociadas; en este supuesto los Estatutos deberán fijar con claridad los criterios de proporcionalidad del voto.
Consejo Rector formado, al menos, por cinco miembros, dos de los cuales podrán ser no socios.
Director General, sin funciones rectoras, subordinado al Consejo Rector.
Todos los miembros del Consejo Rector deben contar con reconocida honorabilidad comercial y profesional, con conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.
Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad
Son de duración indefinida.
Su retribución está condicionada a la existencia de resultados netos o reservas de libre disposición suficientes para atender a dicha retribución.
Su reembolso está sujeto al cumplimiento del coeficiente de solvencia.
Corresponde al Banco de España elevar al Banco Central Europeo una propuesta de autorización para la creación de cooperativas de crédito.
Obligatoriedad de inscribirse en el Registro especial del Banco de España.
Consideraciones adicionales de las entidades de crédito:
Régimen de participaciones significativas y de cambio de control en entidades de crédito
Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa5 en una entidad de crédito española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 ó 50%, o bien que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la entidad de crédito, lo notificará previamente al Banco de España con la finalidad de obtener la declaración de no oposición a la adquisición propuesta, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información legalmente exigible. Del mismo modo, toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa de una entidad de crédito, lo notificará primero al Banco de España.El Banco de España evaluará las adquisiciones propuestas de participaciones significativas y elevará al Banco Central Europeo una propuesta de decisión para que este se oponga o no se oponga a la adquisición.Por otra parte, toda persona física o jurídica que por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido directa o indirectamente, una participación en una entidad de crédito española, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5 % lo comunicará inmediatamente por escrito al Banco de España y a la entidad de crédito correspondiente.Asimismo, toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa en una entidad de crédito, lo notificará con carácter previo al Banco de España, indicando la cuantía de su participación prevista. Asimismo, deberá notificar al Banco de España si pretende reducir su participación significativa de tal manera que el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte inferior al 20, 30 o 50% o bien suponga la pérdida de control de la entidad de crédito.
Actuación trasfronteriza de las entidades de crédito
En cuanto a la actuación transfronteriza de las entidades de crédito podemos destacar lo siguiente:
Una entidad de crédito española podrá operar en el extranjero a través de la apertura de una sucursal o en régimen de libre prestación de servicios.
Las entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Comunidad Europea podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios, las actividades que se benefician de un reconocimiento mutuo dentro de la Comunidad Europea.
Del mismo modo, las entidades de crédito no autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea podrán prestar servicios bien en régimen de sucursal o bien en régimen de libre prestación de servicios, pero requieren autorización previa.
En todo caso, las entidades deberán cumplir con una serie de requisitos legalmente establecidos a tal efecto.
Por otro lado, las entidades de crédito podrán operar en España a través de la apertura de oficinas de representación. Sin embargo, las oficinas de representación no podrán llevar a cabo operaciones de crédito, de captación de depósitos, o de intermediación financiera, ni prestar ningún otro tipo de servicios bancarios, debiendo limitarse a realizar actividades meramente informativas o comerciales sobre cuestiones bancarias, financieras o económicas. No obstante, podrán promover la canalización de fondos de terceros, a través de entidades de crédito operantes en España, hacia sus entidades de origen, y servir de soporte material para la prestación de servicios sin establecimiento (es decir, en régimen de libre prestación de servicios).
2.3 Auxiliares financieros
2.3.1 Establecimientos Financieros de Crédito
Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) son entidades especializadas en determinadas actividades – v. gr., arrendamiento financiero, financiación, crédito hipotecario, etc. – que no pueden captar fondos reembolsables del público.
Se detallan en el Cuadro 5 sus principales características.
Ley 3/1994, de 14 de abril, de adaptación de la legislación española en materia de entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria, y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, en materia de establecimientos financieros de crédito.
Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, por el que se establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito.
Objeto social Su ámbito de actuación se sitúa en el desarrollo de las actividades bancarias y parabancarias:
Leasing con determinadas actividades complementarias.
Préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y financiación de transacciones comerciales.
Factoring con o sin recurso.
Emisión de avales y garantías y compromisos similares.
Puede realizar todas aquellas actividades auxiliares que sean necesarias para un mejor desempeño de su actividad.
Los establecimientos financieros de crédito podrán llevar a cabo, además de las actividades anteriormente enumeradas, la prestación de servicios de pago y la emisión de dinero electrónico mediante la obtención de única autorización específica. En este caso, los establecimientos financieros de crédito tendrán la consideración de entidades de pago o de entidades de dinero electrónico6 híbridas y les resultará de aplicación la normativa específica de tales entidades.
Tiene prohibida la captación de fondos reembolsables del público y por ello no es necesario que estén en un Fondo de Garantía de Depósitos. No obstante, la captación de fondos reembolsables mediante emisión de valores sujeta al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y sus normas de desarrollo, podrá efectuarse con sujeción a los requisitos y limitaciones que para los EFC se establezcan específicamente. Los EFC podrán titulizar sus activos, de acuerdo con lo que prevea la legislación sobre fondos de titulización.
Capital social mínimo de 5 millones de euros. El capital social debe estar íntegramente suscrito y desembolsado.
Su Consejo de Administración debe estar formado por no menos de tres miembros.
Todos los miembros del Consejo de Administración de la entidad, así como los del Consejo de Administración de su entidad dominante cuando exista, serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad.
Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad y de su dominante.
Divididas en número y clase.
Posible restricción a su transmisibilidad.
Corresponderá al Ministro de Economía y Empresa, autorizar la creación de establecimientos financieros de crédito
El Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la unión europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras (en adelante, el “Real Decreto-ley 14/2013”) modificó el régimen jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito que, desde el 1 de enero de 2014, y hasta que se apruebe el régimen específico aplicable a los mismos (previsto en el Proyecto de Ley de Financiación Empresarial), pierden la consideración de entidad de crédito.
Dicho régimen ha sido aprobado por la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que los excluye de la consideración de entidades de crédito. No obstante, dicha norma prevé la aplicación supletoria de la normativa de entidades de crédito en todos aquellos aspectos que no se determinen específicamente por la normativa de establecimientos financieros de crédito. En especial, se aplicará a los establecimientos financieros de crédito la regulación sobre participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, gobierno corporativo, solvencia, transparencia, mercado hipotecario, régimen concursal y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo prevista para las entidades de crédito.
A 31 de diciembre de 2017 había inscritos en el Registro Administrativo del Banco de España 31 Establecimientos Financieros de Crédito.
2.3.2 Entidades de Pago
Tienen consideración de entidades de pago7 (introducidas por la Ley 16/2009 de Servicios de Pago) aquellas personas jurídicas, distintas de las entidades de crédito y de las entidades de dinero electrónico, a las cuales se haya otorgado autorización para prestar y ejecutar servicios de pago, es decir, servicios que permiten el ingreso efectivo en una cuenta de pago, aquéllos que permiten la retirada de efectivo, la ejecución de operaciones de pago, la emisión y adquisición de instrumentos de pago y de envío de dinero. Las entidades de pago no podrán llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público ni emitir dinero electrónico. Cabe mencionar al respecto, la aprobación de la Orden EHA 1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, y el Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, sobre el régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago, que complementan la Ley 16/2009 anteriormente referida.
A 31 de diciembre de 2017 hay registradas en el Banco de España 38 entidades de pago, 14 sucursales de entidades de pago extranjeras comunitarias, 582 entidades de pago extranjeras comunitarias operantes en España sin establecimiento y 3 redes de agentes de entidades de pago comunitarias.
2.3.3 Entidades de Dinero Electrónico
Las Entidades de Dinero Electrónico (introducidas por la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero o Ley Financiera) son entidades especializadas en la emisión de dinero electrónico, esto es; el valor monetario representado por un crédito exigible a su emisor: a) almacenado en soporte electrónico, b) emitido al recibir fondos de un importe cuyo valor no será inferior al valor monetario emitido, y c) aceptado como medio de pago por empresas distintas del emisor. Como consecuencia de la evolución del sector, que hacía aconsejable la modificación del marco regulador de las entidades de dinero electrónico y de la emisión de dinero electrónico, ha sido aprobada la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico y que está desarrollada por el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. El objetivo de esta ley es (I) aumentar la precisión en la regulación de la emisión de dinero electrónico, clarificando su definición y el ámbito de aplicación de la norma; (II) eliminar determinados requerimientos que se consideran inadecuados para las entidades de dinero electrónico; y (III) garantizar la consistencia entre el nuevo régimen jurídico de las entidades de pago, arriba descritas, y las entidades de dinero electrónico. En este sentido, las entidades de dinero electrónico están asimismo autorizadas para desarrollar todos los servicios de pago propios de las entidades de pago. Al igual que las entidades de pago, tampoco pueden llevar a cabo la captación de depósitos u otros fondos reembolsables del público.
A 31 de diciembre de 2017 hay registradas en el Banco de España 5 entidades de dinero electrónico, 2 sucursales de entidades de dinero electrónico extranjeras comunitarias, 156 entidades de dinero electrónico extranjeras comunitarias operantes en España sin establecimiento y 1 red de agentes de entidades de dinero electrónico comunitarias.
2.3.4 Sociedades de Garantía Recíproca y de Reafianzamiento
Las sociedades de garantía recíproca, desde su creación en 1978, se han dedicado a financiar a medio y largo plazo a las pequeñas y medianas empresas, concediendo garantías, principalmente, a través de avales. Su régimen jurídico se establece en la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca y su normativa de desarrollo.
A 31 de diciembre de 2017, en el Banco de España hay registradas un total de 19 sociedades de garantías recíproca.
Su objeto social consiste en:
Facilitar a los socios el acceso al crédito y a los servicios conexos al mismo.
Mejorar las condiciones financieras de sus socios.
Otorgar garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho, distinto del seguro de caución.
Prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios.
Participar en sociedades y asociaciones, cuyo objeto exclusivo sea la realización de actividades dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. Con esta finalidad, deberán tener cubiertas las reservas y las provisiones obligatorias.
Los socios de las sociedades de garantía recíproca pueden ser de dos tipos: (I) socios partícipes (mutualistas) y (II) socios protectores.
Coexistiendo con dichas sociedades, se encuentran las denominadas sociedades de reafianzamiento, que tendrán la consideración de entidades financieras a efectos de la Ley 1/1994, con forma de Sociedad Anónima, participadas necesariamente por la Administración Pública, cuya finalidad es la de ofrecer una cobertura y garantía suficientes a los riesgos contraídos por las sociedades de garantía recíproca, facilitando, además, el coste del aval para los socios. Su régimen jurídico se ve completado por el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre sobre normas de autorización, administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento, el Real Decreto 1644/1997, de 31 de octubre sobre normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de reafianzamiento.
2.3.5 Sociedades de tasación
Estas entidades están autorizadas para realizar valoraciones de bienes inmuebles para cierto tipo de entidades financieras, en particular las relacionadas con el mercado hipotecario.
Las sociedades de tasación homologadas están registradas y supervisadas por el Banco de España. Su régimen administrativo, cuyo objetivo es potenciar la calidad y la transparencia de las valoraciones, se establece en el Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo y la Ley 2/1981 de regulación del mercado hipotecario.
A 31 de diciembre de 2017 hay registradas en el Banco de España 35 sociedades de tasación.
2.4 Instituciones de Inversión Colectiva
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) son aquellas que tienen por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.
El régimen fiscal favorable que han venido disfrutando en España las instituciones de inversión colectiva ha propiciado un notable incremento tanto del número de estas instituciones como del volumen de sus inversiones.
De acuerdo con los datos de INVERCO (Asociación Española de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) el ahorro financiero (activos financieros) de las familias españolas a finales de septiembre de 2017, según datos del Banco de España, se situó en 2,11 billones de euros. En los tres primeros trimestres del año, los hogares españoles aumentaron en 39.178 millones de euros su saldo de activos financieros, lo que supone un incremento del 1,9% con respecto a diciembre de 2016. Los Fondos y Sociedades de Inversión experimentaron suscripciones netas positivas de elevada magnitud, siendo las Instituciones de Inversión Colectiva las líderes en el incremento del saldo de activos financieros en 2017 (9,9%).
Ello ha permitido a las IIC (Fondos y Sociedades de inversión) continuar incrementando su ponderación en el ahorro total de las familias españolas hasta el 14,5 % del total. Así, la riqueza financiera neta de los hogares ha aumentado un 2,8 % hasta septiembre, y se sitúa en 1,33 billones de euros8.
Además de la abundante normativa sectorial, la regulación básica de IIC está recogida en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio. Esta normativa transpone la Directiva 2009/65/CE9 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) o Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) en su versión más actual.
Las instituciones de inversión colectiva españolas pueden ser de dos clases:
De carácter financiero: tienen como actividad principal la inversión o gestión de valores mobiliarios. Entre ellas se encuentran las sociedades y los fondos de inversión mobiliaria, los fondos de inversión en activos del mercado monetario y demás instituciones cuyo objeto social sea la inversión o gestión de activos financieros.
De carácter no financiero: operan fundamentalmente sobre activos inmobiliarios para su explotación. Entre ellas se encuentran las sociedades y los fondos de inversión inmobiliaria. A tal efecto, resulta destacable la creación de Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Colectiva en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que tienen como actividad principal la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento.
Por lo que respecta a la forma jurídica de las distintas instituciones, la normativa contempla dos alternativas:
Sociedades de Inversión (SI): son aquellas IIC que adoptan la forma de sociedad anónima (y por tanto tienen personalidad jurídica) y cuyo objeto social es el de captar fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. La administración de la SI se encarga a su consejo de administración, sin perjuicio de la facultad de la junta general o, por su delegación, del consejo de administración, de acordar la designación de una SGIIC como la responsable de garantizar el cumplimiento de lo previsto en el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (Reglamento de IIC). En caso de que la SI no designe una SGIIC, la propia sociedad quedará sometida al régimen de las SGIIC previsto en el Real Decreto 1082/2012. A su vez, la SGIIC designada, o la SI que no haya designado a una SGIIC, podrá delegar la gestión de inversiones en otra u otras entidades financieras en la forma y con los requisitos establecidos en el Reglamento de IIC. Su número de accionistas no podrá ser inferior a 100. En el caso de SICAV por compartimentos, el número mínimo de accionistas no podrá ser inferior a 20 sin que, en ningún caso, el número de accionistas totales que integren la SICAV sea inferior a 100.En el caso de SI de carácter financiero, la SI se constituirá con el carácter de SICAV, siendo su capital variable, es decir, susceptible de aumentar o disminuir dentro de los límites del capital máximo o mínimo fijados en sus estatutos, mediante la venta o adquisición por la sociedad de sus propias acciones. Las acciones se emitirán y recomprarán por la propia sociedad a solicitud de cualquier interesado según el valor liquidativo que corresponda a la fecha de solicitud. La adquisición por la SICAV de sus acciones propias, entre el capital inicial y el capital estatutario máximo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas sobre adquisición derivativa de acciones propias en la Ley de Sociedades de Capital. En tanto que son sociedades cotizadas, las acciones de las SICAV deben estar necesariamente representadas en anotaciones en cuenta (el mercado de negociación no oficial en el que con carácter habitual se negocian las acciones de las SICAV es el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Por otro lado, el capital será fijo en el caso de SI de carácter no financiero.Es obligatorio para las SICAV que cuenten con una entidad depositaria.
Fondos de Inversión (FI): Son patrimonios sin personalidad jurídica propia divididos en un número de participaciones de iguales características que tienen el carácter de valores negociables (pero que carecen de valor nominal) que pertenecen a una pluralidad de inversores denominados partícipes, que no serán inferiores a 100. En el caso de FI por compartimentos, el número mínimo de partícipes en cada uno de los compartimentos no podrá ser inferior a 20 sin que, en ningún caso, el número de partícipes totales que integren el FI sea inferior a 100. La suscripción o reembolso de las participaciones depende de su demanda o de su oferta, por lo que su valor (denominado “valor liquidativo”) se calcula dividiendo el valor del patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación. El pago del reembolso se hará por el depositario en el plazo máximo de tres días hábiles desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud.La administración del fondo corresponde a una SGIIC que tiene facultades de dominio sobre dicho patrimonio, aunque no es propietaria del mismo. Por su parte, el Depositario es la sociedad encargada de la liquidez y, en su caso, la custodia de los valores. Ambas sociedades obtienen una remuneración por sus servicios a través de comisiones.Se entiende por fondos de inversión cotizados aquellos cuyas participaciones están admitidas a negociación en una bolsa de valores, que deben cumplir una serie de requisitos.
Las IIC se diferencian adicionalmente en función de su adaptación a la normativa de referencia. Se puede distinguir, por tanto, su sometimiento a:
La normativa española de IIC:Las IIC españolas son las Sociedades de Inversión con domicilio en España y los Fondos de Inversión constituidos en España. Están sujetas a la normativa nacional sobre IIC, que les reserva la actividad y la denominación correspondiente.Las IIC extranjeras son las IIC distintas a las mencionadas en el párrafo anterior. En el caso de que puedan comercializarse en España, han de cumplir determinadas exigencias establecidas en la normativa aplicable.
La normativa europea de IIC:<Las IIC armonizadas son IIC autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea de acuerdo con la normativa UCITS.Las IIC no armonizadas son IIC domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea que no cumplen los requisitos establecidos en la normativa UCITS e IIC domiciliadas en Estados no miembros de la Unión Europea. Por su parte, las IIC de Inversión Libre10, comúnmente denominadas en términos de mercado como “Hedge Funds”, son en todo caso consideradas como IIC no armonizadas. Las IIC de inversión libre podrán invertir en activos e instrumentos financieros y en instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea la naturaleza de su subyacente. Tales inversiones deben respetar los principios generales de liquidez, diversificación del riesgo y transparencia, si bien no les serán de aplicación las restantes reglas de inversión establecidas para las IIC.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) es el órgano encargado de la supervisión de las IIC. En este sentido, tanto las SI como los FI requieren autorización previa de la CNMV para su constitución. Tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil (el requisito de inscripción en el Registro Mercantil no es obligatorio para los FI), la CNMV inscribe la IIC y su folleto informativo en su registro.
Sin ánimo de exhaustividad, los requisitos de patrimonio y de capital de las modalidades más relevantes de IIC se detallan a continuación:
Los fondos de inversión de carácter financiero tendrán un patrimonio mínimo de 3.000.000€. En el caso de fondos por compartimentos, cada uno de los compartimentos deberá tener un patrimonio mínimo de 600.000€, sin que, en ningún caso, el capital mínimo total desembolsado sea inferior a 3.000.000.
El capital mínimo de las SICAV será de 2.400.000€. Deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado. En el caso de SICAV por compartimentos, cada uno de los compartimentos deberá tener un capital mínimo de 480.000€ sin que, en ningún caso, el capital mínimo total desembolsado sea inferior a 2.400.000.
El capital social mínimo de las sociedades de inversión inmobiliaria será de 9.000.000€. En el caso de sociedades por compartimentos, cada uno de estos deberá tener un capital mínimo de 2.400.000€, sin que, en ningún caso, el capital total de la sociedad sea inferior a 9.000.000€.
Conviene realizar a continuación un breve comentario sobre la comercialización11 de IIC extranjeras en España que, sujeta al cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en la normativa, requiere diferenciar si se trata de:
Una IIC armonizada, cuya comercialización en España será libre desde que la Autoridad Competente de su Estado miembro de origen comunique a la IIC que ha remitido a la CNMV el escrito de notificación con la información correspondiente.
Una IIC no armonizada y una IIC autorizada en un Estado no miembro de la Unión Europea, que requiere autorización expresa de la CNMV e inscripción en sus registros.
2.4.2. Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva
En cuanto a las SGIIC podemos destacar las siguientes características:
Son sociedades anónimas cuyo objeto social consistirá en la gestión de las inversiones, el control y la gestión de riesgos, la administración, representación y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y las sociedades de inversión. Asimismo, podrán realizar la comercialización de participaciones o acciones de las IIC.
Además, las SGIIC podrán ser autorizadas para realizar las siguientes actividades:
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones.
Administración, representación, gestión y comercialización de entidades de capital-riesgo, de entidades de inversión colectiva cerradas, de fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y de fondos de emprendimiento social europeos (FESE).
Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión, de los FCRE y FESE.
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o varios instrumentos financieros.
Corresponde a la CNMV, autorizar, con carácter previo, la creación de la SGIIC. Una vez constituidas, para dar comienzo a su actividad, deberá inscribirse en el Registro Mercantil y en el correspondiente registro de la CNMV.
Dispondrán en todo momento de unos recursos propios12 que no podrán ser inferiores a la mayor de las siguientes cantidades:
Un capital social mínimo de 125.000€ íntegramente desembolsado e incrementado en ciertas proporciones establecidas en el reglamento de IIC en función de ciertas circunstancias.
El 25% de los gastos de estructura cargados en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio precedente. Los gastos de estructura comprenderán los gastos de personal, los gastos generales, contribuciones e impuestos, amortizaciones y otras cargas de explotación.
En la normativa actual se introducen las disposiciones necesarias para el correcto funcionamiento del pasaporte de las SGIIC para la gestión transfronteriza de fondos, de modo que las SGIIC españolas pueden gestionar fondos domiciliados en otros Estados miembros, y las SGIIC de otros Estados miembros podrán gestionar fondos españoles.
Además, en cuanto a la actuación transfronteriza de las SGIIC podemos destacar lo siguiente:
Las SGIIC autorizadas en España podrán ejercer la actividad a que se refiera la autorización en el extranjero, ya sea a través del establecimiento de una sucursal, ya sea mediante la libre prestación de servicios, previo cumplimiento de los trámites y requisitos legalmente previstos.
Las SGIIC extranjeras podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios sus actividades, previo cumplimiento de los trámites y requisitos previstos en la normativa.
Toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras pretenda adquirir, directa o indirectamente, una participación significativa13 en una SGIIC española o bien, incrementar, directa o indirectamente, la participación en la misma de tal forma que, o el porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 20, 30 o 50%, o bien que, en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar la SGIIC, lo notificará previamente a la CNMV con la finalidad de obtener la declaración de no oposición a la adquisición propuesta, indicando la cuantía de la participación prevista e incluyendo toda la información legalmente exigible. El adquirir participaciones significativas o aumentarlas infringiendo lo previsto en la Ley constituye infracción muy grave. Asimismo, toda persona física o jurídica que, directa o indirectamente, pretenda dejar de tener una participación significativa en una SGIIC, que pretenda reducir su participación de forma que ésta se reduzca por debajo los umbrales del 20, 30 o 50%, o que, en virtud de la enajenación pretendida, pueda perder el control de la sociedad, deberá informar previamente a la CNMV.
Por otra parte, toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una sociedad gestora, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5%, lo comunicará inmediatamente por escrito a la CNMV y a la SGIIC correspondiente, indicando la cuantía de la participación alcanzada.
2.5 Empresas de Servicios de Inversión
Las Empresas de Servicios de Inversión (ESI) son empresas cuya actividad principal consiste en prestar servicios de inversión a terceros, con carácter profesional, sobre instrumentos financieros sujetos a la normativa del mercado de valores.
Las ESI realizarán, conforme a su régimen jurídico específico, los servicios de inversión y los servicios auxiliares relacionados en el Cuadro 6.
Regulación básica a. La recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros.
b. La ejecución de dichas órdenes por cuenta de clientes.
c. La negociación por cuenta propia.
d. La gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
e. La colocación de instrumentos financieros, se base o no en un compromiso firme.
f. El aseguramiento de una emisión o de una colocación de instrumentos financieros.
g. El asesoramiento en materia de inversión.
h. La gestión de sistemas multilaterales de negociación.
Objeto Social a. La custodia y administración por cuenta de clientes de instrumentos financieros.
b. La concesión de créditos o préstamos a inversores, para que puedan realizar una operación sobre uno o más instrumentos financieros, siempre que en dicha operación intervenga la empresa que concede el crédito o préstamo.
c. El asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones y adquisiciones de empresas.
d. Los servicios relacionados con las operaciones de aseguramiento de emisiones o de colocación de instrumentos financieros.
e. La elaboración de informes de inversiones y análisis financieros u otras formas de recomendación general relativa a las operaciones sobre instrumentos financieros.
f. Los servicios de cambio de divisas, cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión.
g. Los servicios de inversión, así como los servicios auxiliares que se refieran al subyacente no financiero de algunos instrumentos financieros derivados, cuando se hallen vinculados a la prestación de servicios de inversión o a los servicios auxiliares.
Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y hallarse inscrita en los correspondientes registros administrativos, desarrollar con carácter profesional servicios de inversión ni los servicios auxiliares previstos en los apartados a), b), d) f), y g) en relación con instrumentos financieros. Asimismo, la comercialización de servicios de inversión y la captación de clientes sólo podrán realizarlas profesionalmente, por sí mismas o a través de agentes regulados, las entidades autorizadas a prestar tales servicios.
El régimen jurídico de las ESI viene recogido en la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008. Estas normas incorporan en el marco jurídico español la normativa comunitaria del entorno MiFID II14.
Existen cuatro clases de ESIs:
Sociedades de valores: son aquellas ESIs que pueden operar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y los servicios auxiliares. Deberán tener un capital social no inferior a 730.000€. A 31 de diciembre de 2017 constaban inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV 43 sociedades de valores15.
Agencias de valores: son aquellas ESIs que profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella, y realizar todos los servicios de inversión a excepción de los descritos en los epígrafes c) y f) anteriores; así como todos los servicios auxiliares, exceptuando el previsto en la letra b).
Su capital social dependerá de las actividades que desarrollen. Así, carácter general, su capital social no podrá ser inferior a 125.000 €. No obstante, las agencias de valores no autorizadas a tener en depósito fondos o valores mobiliarios de sus clientes podrán tener un capital social de 50.000€.A 31 de diciembre de 2017 constaban inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV 47 agencias de valores.
Sociedades gestoras de carteras: son aquellas ESIs que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previstos en las letras d) y g) y los servicios auxiliares previstos en las letras c) y e). Deberán tener (I) un capital inicial de 50.000 €; o (II) un seguro de responsabilidad civil profesional, un aval u otra garantía equivalente que permita hacer frente a la responsabilidad por negligencia en el ejercicio de su actividad profesional en todo el territorio de la Unión Europea, con una cobertura mínima de 1.000.000€ por reclamación de daños, y un total de 1.500.000€ anuales para todas las reclamaciones; o (III) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos (I) e (II) anteriores.
A 31 de diciembre de 2017 constaban inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV 1 sociedades gestoras de carteras.
Empresas de asesoramiento financiero: son aquellas personas físicas o jurídicas que exclusivamente pueden prestar los servicios de inversión previsto en el epígrafe g) y los auxiliares previstos en las letras c) y e). Tratándose de personas jurídicas, deberán tener (I) un capital inicial de 50.000€ o (II) un seguro de responsabilidad civil que cubra todo el territorio de la Unión Europea, aval u otra garantía comparable, con una cobertura mínima de 1.000.000€ por reclamación de daños, y un total de 1.500.000€ anuales para todas las reclamaciones, o (III) una combinación de capital inicial y de seguro de responsabilidad civil profesional que dé lugar a un nivel de cobertura equivalente al de los incisos (I) e (II) anteriores.A 31 de diciembre de 2017 constaban inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV 173 empresas de asesoramiento financiero.
Además, las entidades de crédito podrán realizar habitualmente todos los servicios de inversión, así como los auxiliares siempre y cuando su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización específica les habiliten para ello. Del mismo modo, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) podrán prestar determinados servicios de inversión y auxiliares siempre y cuando estuvieran autorizadas para ello.
Las condiciones de acceso a la actividad se pueden resumir en las siguientes:
Organización interna: la Ley del Mercado de Valores y el Real Decreto 217/2008 son muy exhaustivos en cuanto a los requisitos de organización interna que han de cumplir las ESIs.
Autorización y registro: corresponde al Ministerio de Economía y Empresa, a propuesta de la CNMV, autorizar las sociedades y agencias de valores, así como las sociedades gestoras de carteras. Por su parte, la autorización de las empresas de asesoramiento financiero corresponderá a la CNMV en exclusiva.
En términos generales, serán requisitos para que una entidad obtenga su autorización como ESI los siguientes:
Que tenga por objeto social exclusivo la realización de las actividades que sean propias de las ESIs.
Que revista la forma de sociedad anónima, constituida por tiempo indefinido, y que las acciones integrantes de su capital social tengan carácter nominativo.
La existencia de un capital social mínimo totalmente desembolsado en efectivo.
Que cuente con un consejo de administración formado por no menos de tres miembros.
Los presidentes, vicepresidentes, consejeros o administradores, directores generales y asimilados a estos últimos, deben poseer reconocida honorabilidad, conocimiento y experiencia para el adecuado ejercicio de sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la empresa de servicios de inversión. En el caso de entidades dominantes de empresas de servicios de inversión, el requisito de honorabilidad también deberá concurrir en los presidentes, vicepresidentes, consejeros o administradores, directores generales y asimilados a estos últimos y la mayoría de los miembros del consejo de administración deberán poseer conocimiento y experiencia para el adecuado ejercicio de sus funciones.
Asimismo, los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia deberán concurrir en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de una empresa de servicios de inversión y de su entidad dominante.
Que cuente con la existencia de un reglamento interno de conducta.
Que se adhieran al Fondo de Garantía de Inversiones cuando así se requiera.
Que haya presentado un plan de negocios que acredite razonablemente que el proyecto de ESI es viable en el futuro.
Que haya presentado documentación adecuada sobre las condiciones y los servicios, funciones o actividades que vayan a ser subcontratadas o externalizadas, de forma que pueda verificarse que este hecho no desnaturaliza o deja sin contenido la autorización solicitada.
2.5.2. Régimen de participaciones significativas y de cambio de control en empresas de servicios de inversión
El régimen de participaciones significativas para estas sociedades impone el deber de notificación para su evaluación con carácter previo por la CNMV, de aquellas adquisiciones que superen el 10% del capital o de los derechos de voto, así como cuando se incremente una participación significativa de tal forma que el porcentaje del capital o de los derechos de voto igualen o superen los umbrales del 20%, 30%, y 50%, o bien se adquiera el control de la empresa. Asimismo, toda persona física o jurídica que haya decidido dejar de tener, directa o indirectamente, una participación significativa en una ESI, lo notificará primero a la CNMV.
Por otra parte, toda persona física o jurídica que, por sí sola o actuando de forma concertada con otras, haya adquirido, directa o indirectamente, una participación en una ESI española, de tal forma que su porcentaje de derechos de voto o de capital poseído resulte igual o superior al 5%, lo comunicará inmediatamente por escrito a la CNMV y a la ESI correspondiente, indicando la cuantía de la participación alcanzada.
2.5.3. Actuación transfronteriza de las ESIs
Las ESIs españolas podrán prestar en el territorio de otros Estados miembros de la Unión Europea los servicios de inversión, así como los servicios auxiliares para los que estén autorizadas, ya sea a través del establecimiento de una sucursal, ya sea mediante la libre prestación de servicios, sujeto al cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.
Las ESIs autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea podrán realizar en España, bien mediante la apertura de una sucursal, bien en régimen de libre prestación de servicios, servicios de inversión y auxiliares, sujeto al procedimiento de comunicación legalmente establecido.
Las ESIs no comunitarias que pretendan abrir en España una sucursal u operar en libre prestación de servicios les será de aplicación el procedimiento de autorización.
2.6 Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado
La Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (en adelante, la “Ley 22/2014”) reforma la normativa aplicable a las entidades de capital riesgo en España, derogando la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.
Se incluye una definición de “inversión colectiva de tipo cerrado” como aquella realizada por las entidades de capital riesgo y otras entidades de inversión colectiva en las que, de conformidad con sus políticas de desinversión, (I) las desinversiones de sus socios o partícipes se deben producir de forma simultánea para todos, y (II) lo percibido por la desinversión lo sea en función de lo que corresponde a cada socio o partícipe en función de los derechos que le correspondan de acuerdo con los términos establecidos en los estatutos o reglamentos.
La inversión colectiva de tipo cerrado se llevará a cabo en España a través de dos posibles figuras:
Las “entidades de capital-riesgo” o “ECR” (con una definición similar a la que ya existía en la Ley 25/2005), que pueden adoptar la forma de fondos (“FCR”) o de sociedades (“SCR”); y
Otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado a las que la Ley 22/2014 denomina “entidades de inversión colectiva de tipo cerrado” o “EICC”, nueva figura creada por la Ley 22/2014 y que se definen como aquellas entidades de inversión colectiva que, careciendo de un objetivo comercial o industrial, obtienen capital de una serie de inversores, mediante una actividad de comercialización, para invertirlo en todo tipo de activos, financieros o no financieros, conforme a una política de inversión predefinida. Las EICC pueden adoptar la forma de fondos (“FICC”) o de sociedades (“SICC”). Dentro de esta nueva figura entrarían las sociedades que han podido estar operando en España invirtiendo en valores no cotizados pero que no cumplían con el régimen de inversiones y diversificación del capital-riesgo.
Ambos tipos de entidades deben estar gestionados por una sociedad gestora autorizada de conformidad con la Ley 22/201416. La diferencia fundamental entre ECRs e EICCs es que las primeras tienen un ámbito de inversión más reducido que las segundas. Las ECRs, siguiendo lo ya establecido en la derogada Ley 25/2005, han de restringir su actividad de inversión a la toma de participaciones temporales en el capital de empresas de naturaleza no inmobiliaria ni financiera que, en el momento de la toma de participación no coticen en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de partícipes miembros de la OCDE, sin embargo, como se ha señalado, las EICCs pueden invertir en “todo tipo de activos, financieros o no financieros”.
A 31 de diciembre de 2017 constaban inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV 14 SICC y 2 FICC.
Asimismo, se regulan en la Ley 22/2014 tres nuevas figuras:
Los fondos de capital riesgo europeos (“FCRE”), a los que se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre fondos de capital riesgo europeo, que se inscribirán en el registro establecido al efecto en la CNMV; y
Los fondos de emprendimiento social europeos (“FESE”), a los que se aplicarán las normas contenidas en el Reglamento 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre fondos de emprendimiento social europeos, que se inscribirán en el registro establecido al efecto en la CNMV.
Se crea un tipo especial de ECR, las ECR-Pyme (SCR-Pyme y FCR-Pyme) que deberán mantener, al menos el 75 % de su activo computable en determinados activos financieros que provean de financiación a pequeñas y medianas empresas que cumplan determinados requisitos en el momento de la inversión.
Por tanto, la Ley 22/2014 regula el régimen jurídico de dichas entidades, así como el régimen de comercialización de sus acciones o participaciones en España y en el extranjero.
2.6.2. Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado
Las SGEIC son sociedades anónimas cuyo objeto social es la gestión de las inversiones de una o varias ECR y/o EICC, así como el control y gestión de sus riesgos. Cada ECR y EICC tendrá una sola gestora que será una SGEIC. En el caso de las SCR y SICC, la propia sociedad podrá actuar como sociedad gestora (“sociedades autogestionadas”).
Se delimitan las actividades que pueden realizar las SGEIC (con algunas particularidades con respecto a las sociedades autogestionadas e imponiéndose determinadas restricciones), distinguiendo entre:
Actividad principal: gestión carteras de inversión y control y gestión de riesgos respecto de las entidades que gestionen (ECR, EICC, FCRE o FESE).
Actividades adicionales: labores administración, comercialización y actividades relacionadas con los activos de la entidad.
Servicios accesorios: gestión discrecional de carteras de inversión, asesoramiento en materia de inversión, custodia y administración de participaciones y acciones de ECR y EICC (y, en su caso, FCRE y FESE) y recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o varios instrumentos financieros.
Se establece un régimen estricto para obtener la autorización de la CNMV. Asimismo, se debe notificar a la CNNV cualquier modificación significativa de las condiciones de concesión de la autorización inicial.
2.7 Compañías de Seguros y Reaseguros y Mediadores de Seguros
La seguridad que proporciona a particulares y empresarios y su beneficioso papel como promotor y canalizador del ahorro hacia inversiones productivas hacen que el sector asegurador esté sujeto a una prolija regulación legal y estrecha tutela administrativa. En este sentido, los aseguradores tienen la obligación de invertir una parte de las primas recibidas en activos que garanticen su seguridad, rentabilidad y liquidez.
La supervisión del sector se lleva a cabo por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGS), adscrita al Ministerio de Economía y Empresa y el régimen jurídico básico del seguro en España es el siguiente:
Sobre los empresarios de seguros:
La normativa sobre empresarios aseguradores está contenida en la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras, que integran, a modo de refundición, las disposiciones de la anterior normativa que continúan vigentes, el nuevo sistema de solvencia introducido por medio de la denominada Directiva de Solvencia II (Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009) y otras normas para la adaptación normativa al desarrollo del sector.
La normativa sobre empresarios mediadores está contenida en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.
La normativa sobre los contratos de seguros está contenida en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
El asegurador es aquella sociedad que se dedica empresarialmente a realizar operaciones de seguro directo, pudiendo asimismo aceptar operaciones de reaseguro en los ramos en los que esté autorizado para realizar seguro directo, y es una actividad exclusiva y excluyente. Es decir, nadie puede realizar un contrato de seguro sin ser asegurador debidamente autorizado por el Ministerio de Economía y Empresa e inscrito en el registro de la DGS y un asegurador no podrá realizar operaciones que no sean las definidas en la anteriormente referida normativa. En este sentido, la normativa de aplicación ha establecido un régimen de autorización específico para las entidades que quieran llevar a cabo estas actividades.
Se permite que las entidades aseguradoras adopten la forma de sociedad anónima, sociedad anónima europea, mutua de seguros, sociedad cooperativa, sociedad cooperativa europea y mutualidad de previsión social. Se precisa autorización administrativa previa para operar en cada ramo de seguro, y su autorización supone la inscripción en el registro de entidades aseguradoras de la DGS. Por su parte, se permite a los aseguradores extranjeros operar en España a través de sucursal o en régimen de libre prestación de servicios, en caso de que estén domiciliados en otros países miembros del Espacio Económico Europeo, y a través de una sucursal si están domiciliados en terceros países.
El sector asegurador español sigue caracterizándose por la coexistencia de un cierto grado de concentración del volumen de negocios en ramos y modalidades altamente competitivos (vida, enfermedad, automóviles y multiriesgos) que exigen gran dimensión patrimonial y administrativa, con la dispersión de una mínima parte de ese volumen de negocio en un gran número de entidades que operan en otras modalidades de seguro que no precisan tal dimensión empresarial.
Por otro lado, las entidades reaseguradoras son aquellas entidades que se obligan a resarcir a los aseguradores de las obligaciones que resulten a su cargo frente a terceros por razón de aquellos contratos de seguro que tengan concertados y que sean objeto de reaseguro. Pueden ejercer actividad reaseguradora en España las empresas reaseguradoras españolas cuyo objeto social exclusivo sea la contratación de reaseguros, las propias entidades aseguradoras respecto de los ramos de seguro en que estén autorizadas y, finalmente, las entidades extranjeras de reaseguro que estén domiciliadas en otro Estado del Espacio Económico Europeo (en régimen de libre prestación de servicios o a través de sucursales en España) o en terceros países, en este último caso, bien a través de su sucursal establecida en España o bien desde el país en el que tengan su domicilio social (pero no desde sucursales situadas fuera de España).
En el siguiente cuadro se muestra la evolución de las entidades aseguradoras y reaseguradoras españolas operativas. Se distingue entre las que realizan la actividad de seguro directo y aquellas que desarrollan la actividad puramente reaseguradora y dentro de las primeras, las distintas formas jurídicas que adoptan. En la actualidad no existe inscrita en el Registro de la DGS ninguna cooperativa de seguros17 (Cuadro 7).
ENTIDADES SEGURO DIRECTO
204 202 195 188 183 178 168 156 147
35 34 35 34 32 32 31 31 31
55 56 55 55 53 52 53 50 50
TOTAL ENTIDADES SEGURO DIRECTO 294 292 285 277 268 262 252 237 228
REASEGURADORAS ESPECIALIZADAS 2 2 2 2 2 2 3 3 3
TOTAL ENTIDADES DE SEGUROS Y REASEGUROS 296 294 287 279 270 264 255 240 231
Los mediadores de seguros son aquellas personas físicas o jurídicas que, debidamente inscritas en el registro especial administrativo de mediadores de seguros, corredores de seguros y de sus altos cargos de la DGS, realizan la mediación entre los tomadores de seguros o de reaseguros y asegurados, de una parte, y las entidades aseguradoras o reaseguradoras, de otra. Las actividades de mediación son las siguientes:
La presentación, propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro o de reaseguro.
La celebración de contratos de seguro y reaseguro.
La asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular, en caso de siniestro.
Los mediadores se clasifican en:
Agentes de seguros: personas físicas o jurídicas que celebran un contrato de agencia con una entidad aseguradora. Los agentes de seguros pueden ser:
Agentes de seguros exclusivos: se comprometen frente a una entidad aseguradora a realizar la actividad de mediación de seguros en exclusividad, salvo que la entidad aseguradora le autorice a operar únicamente con otra entidad aseguradora diferente en determinados ramos de seguros en los que no opere la autorizante.
Agentes de seguros vinculados: se comprometen frente a varias entidades aseguradoras a realizar la actividad de mediación.
Operadores de banca-seguros: son entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito o sociedades participadas o controladas por estas que mediante un contrato de agencia de seguros se comprometen frente a una o varias entidades aseguradoras a realizar la actividad de mediación utilizando las redes de distribución de las entidades de crédito o de los establecimientos financieros de crédito (en el caso de sociedades participadas o contraladas por entidades de crédito o establecimientos financieros de crédito, estás deberán haber cedido a la sociedad participada o controlada la red de distribución a efectos de distribución de seguros). Los operadores de banca-seguros pueden ser exclusivos o vinculados.
Corredores de seguros: personas físicas o jurídicas que realizan la actividad mercantil de mediación de seguros privados sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras y que ofrecen asesoramiento independiente, profesional e imparcial a su cliente.
Corredores de reaseguros: personas físicas o jurídicas que realizan la actividad de mediación en relación con las operaciones de reaseguro.
En caso de adquisición de participaciones que alcancen el 5% del capital social o de los derechos de voto en una entidad aseguradora o reaseguradora española deberá informarse a la DGS en un plazo máximo de diez días hábiles desde dicha adquisición. La adquisición de participaciones significativas (esto es, que alcancen, directa o indirectamente el 10% del capital social o de los derechos de voto) o su incremento de modo que igualen o superen los límites del 20%, 30% o 50% o cuando en virtud de la adquisición se pudiera llegar a controlar una entidad aseguradora, reaseguradora o correduría de seguros españolas requiere previa no oposición de la DGS. También tiene la consideración de participación significativa aquella que, sin llegar al porcentaje antes señalado, permita ejercer una influencia notable en la gestión de la entidad aseguradora, reaseguradora o correduría de seguros.
2.8 Planes y Fondos de Pensiones
2.8.1. Características
La insuficiencia y la amenaza de una potencial crisis de la Seguridad Social española hizo sentir la necesidad de completar las prestaciones recibidas por la misma, especialmente para la jubilación. De esta forma, aparecen sistemas de ahorro y de capitalización de ese ahorro para asegurarse un adecuado nivel de pensiones al llegar la jubilación. En 1987 la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones introdujo en España una modalidad de ahorro que ha dado lugar a un sólido instrumento de inversión a largo plazo con una finalidad previsora. Esta Ley supuso la institucionalización de los planes de pensiones promovidos por empresarios, determinadas asociaciones y entidades financieras.
El ahorro es invertido en un fondo de pensiones y se devuelve capitalizado al producirse la jubilación, muerte, viudedad, orfandad, incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo y gran invalidez o dependencia severa o gran dependencia del partícipe. La actividad tiene gran importancia social ya que asegura unas rentas futuras para el partícipe o beneficiario y, además, los fondos de pensiones gozan de una gran capacidad inversora ya que tienen que invertir los fondos que reciben, lo que les da un gran poder económico.
La normativa actual relativa a planes y fondos de pensiones está contenida en el Texto Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, en el Real Decreto 304/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones y en el Real Decreto 62/2018.
Un plan de pensiones es un contrato que regula las obligaciones y derechos de quienes intervienen en él (partícipes, promotores y beneficiarios) con la finalidad de determinar a qué prestaciones y en qué condiciones tiene derecho el partícipe o beneficiario y la forma de financiar el plan. Estos planes de pensiones se basan en aportaciones de ahorro que, debidamente capitalizadas, aseguran unas pensiones futuras.
De entre las diferentes características de los planes de pensiones, destaca su trato fiscal favorable y las restricciones existentes para poder disponer del ahorro acumulado antes de que la contingencia cubierta tenga lugar, salvo los casos de desempleo de larga duración o enfermedad grave. Con la entrada en vigor del Real Decreto 62/2018, los partícipes de cualquier modalidad de planes de pensiones podrán disponer anticipadamente del ahorro correspondiente a aportaciones realizadas con al menos diez años de antigüedad.
Los planes de pensiones, cualquiera que sea su modalidad, deben estar integrados obligatoriamente en un fondo de pensiones, que son patrimonios sin personalidad jurídica creados al exclusivo objeto de dar cumplimiento a los planes de pensiones, siendo los instrumentos de inversión de ese ahorro. Todas las aportaciones económicas de los promotores y de los partícipes del plan se deben incorporar inmediata y necesariamente en la cuenta de posición del plan en el fondo de pensiones, con cargo a la cual se atenderá el cumplimiento de las prestaciones derivadas de la ejecución del plan.
Un fondo de pensiones carece de personalidad jurídica y ha de ser administrado necesariamente por una entidad gestora que administra el fondo de pensiones, lleva la contabilidad, selecciona las inversiones y ordena al depositario la compra y venta de activos. Podrán ser entidades gestoras:
Las sociedades anónimas constituidas con este objeto exclusivo y que obtengan la preceptiva autorización administrativa previa.
Las compañías aseguradoras autorizadas para operar en España en el ramo de vida que obtengan la preceptiva autorización administrativa previa para gestionar fondos de pensiones.
Para la constitución de un fondo de pensiones se requiere autorización previa del Ministerio de Economía y Empresa y la inscripción de la correspondiente escritura pública en el Registro Mercantil.
Respecto a las inversiones que realizan los fondos de pensiones, la regulación vigente ha procurado otorgar una mayor seguridad jurídica al proceso de inversión, para lo cual se ha incentivado la transparencia en las inversiones y la entrega de información a los partícipes.
2.8.2. Evolución
A finales del año 2016 el número de planes de pensiones que constaba en el Registro de la DGS era de 2.800, frente a los 2.805 del ejercicio anterior18, lo que representa un descenso del 0,18%.
Respecto al número de planes de pensiones, sólo aumentan los planes individuales (0,55%) frente al descenso en los de empleo (-0,52%) y asociados (-2,72%). Por otro lado, el número de partícipes ha disminuido ligeramente en 2016 respecto al año anterior (un 4,4%, desde 9.908.788 a 9.865.260). Del total de partícipes, el 78,65% corresponde a partícipes de planes individuales, el 20,69% a partícipes de planes de empleo y el 0,66% a partícipes de planes asociados.
La evolución de las aportaciones en el año 2016 ha sido dispar dependiendo de la modalidad de plan, observándose un incremento del 2,30 % en su conjunto respecto al año 2015. De este modo, en el caso de los planes de empleo se produce un descenso de las aportaciones siguiendo la tendencia decreciente existente desde 2010 y que parecía haber cambiado con el incremento de las aportaciones en 2015. De las aportaciones realizadas en el año 2016 a los planes de empleo, el 81,12 % de las mismas provienen de contribuciones del promotor. Con respecto a los planes de pensiones individuales, han aumentado las aportaciones con respecto al año 2015, observándose un incremento del 3,57 %. Las aportaciones a los planes asociados se han mantenido estables conforme al año anterior.
El patrimonio gestionado por los Fondos de Pensiones aumentó un 2,37 % como consecuencia de la mejora de los mercados financieros y de la economía en general. A 31 de diciembre de 2016, el patrimonio gestionado por los Fondos de Pensiones alcanzó la cifra de 106.466 millones de euros.
A continuación, mostramos la evolución en España de los fondos de pensiones, desglosando la información en número de fondos inscritos y patrimonio administrado por los mismos (Cuadro 8).
Año Fondos inscritos Patrimonio (millones €)
1988 94 153,26
1989 160 516,87
1990 296 3.214,21
1991 338 4.898,25
1992 349 6.384,95
1993 371 8.792,74
1994 386 10.517,48
1995 425 13.200,44
1996 445 17.530,61
1997 506 22.136,26
1998 558 27.487,25
1999 622 32.260,64
2000 711 38.979,45
2001 802 44.605,62
2002 917 49.609,91
2003 1.054 56.997,34
2004 1.163 63.786,80
2005 1.255 74.686,70
2006 1.340 82.660,50
2007 1.353 88.022,50
2008 1.365 79.584
2009 1.411 85.848
2010 1.504 85.851
2011 1.570 84.107
2012 1.684 87.122
2013 1.744 93.002
2014 1.716 100.579
2015 1.631 104.000
2016 1595 106.466
El número de entidades gestoras inscritas a 31 de diciembre de 2015 en el Registro Administrativo de la DGS ascendía a 82; por su parte, a 31 de diciembre de 2016, el número de entidades gestoras inscritas era de 77.
2.9 Fondos de Titulización
En general, la titulización consiste en la transformación de derechos de crédito en valores de renta fija homogéneos y estandarizados, para su posible posterior negociación en mercados de valores y, por lo tanto, susceptibles de adquisición por parte de los inversores.
La titulización en España se realiza a través de la figura de los fondos de titulización (los “Fondos de Titulización” o “FT”). Los FT constituyen patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica y con valor patrimonial nulo, integrados, (a) en cuanto a su activo, por los derechos de crédito, presentes o futuros, que agrupen de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2015 y (b) en cuanto a su pasivo, por los valores de renta fija que emitan y por los créditos concedidos por cualquier tercero.
Los Fondos de Titulización están regulados por la Ley 5/2015.
Los FT se clasifican en fondos cerrados (en los que desde su constitución no se ven alterados ni en su pasivo ni en su activo) y fondos abiertos (en los que se prevé que su activo, su pasivo o ambos puedan modificarse desde la constitución del fondo).
La gestión de los FT está encomendada a una sociedad gestora especializada (“sociedad gestora de fondos de titulización”) que tendrá por objeto la constitución, administración y representación legal de los FT y de los fondos de activos bancarios en los términos previstos en la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Adicionalmente, las sociedades gestoras podrán constituir, administrar y representar fondos y vehículos de propósito especial análogos a los fondos de titulización, constituidos en el extranjero, de acuerdo con la normativa que sea de aplicación.
1 Hasta la promulgación de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial (la “Ley 5/2015”), que ha modificado el régimen de los fondos de titulización en España, existía una diferenciación entre fondos de titulización hipotecaria y fondos de titulización de activos, que ha quedado eliminada con la nueva Ley, quedando como única figura los fondos de titulización (sin perjuicio de los fondos de titulización hipotecaria y fondos de titulización de activos constituidos con anterioridad a la Ley 5/2015, y que sigan vigentes).
2 https://www.bde.es/f/webbde/SGE/regis/ficheros/es/LIBRO_31122017.pdf
3 Como consecuencia del proceso de reestructuración de las entidades de crédito, la mayoría de las cajas de ahorros han acordado la segregación de sus actividades financieras y benéfico-social, de manera que, actualmente, la actividad benéfico-social es desarrollada por las fundaciones y la actividad financiera por las entidades de crédito (generalmente bancos) participadas por las cajas de ahorros.
4 Fuente: CECA
5 Se entenderá por participación significativa en una entidad de crédito española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad. También tendrá la consideración de participación significativa aquella que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad.
6 En los términos que se describen en los apartados 2.3.2 y 2.3.3 del presente Anexo.
7 Las entidades de pago tienen su origen en los establecimientos de cambio de moneda.
8 http://www.inverco.es/archivosdb/1709-ahorro-financiero-de-las-familias-espanolas.pdf
9 Modificada por la Directiva 2014/91/UE del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014 que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones.
10 La Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos establece el régimen aplicable al ejercicio continuo de la actividad y la transparencia de los gestores de fondos de inversión alternativos que gestionen y/o comercialicen fondos de inversión alternativos en la Unión. El reglamento de IIC (Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003) introducía ya algunas adaptaciones de la Directiva 2011/61. Adicionalmente, con fecha 13 de noviembre de 2014 se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva que tiene como principal finalidad transponer a la normativa española la Directiva 2011/61/UE, de Gestores de Fondos de Inversión Alternativa.
11 Sujeto a los requisitos establecidos por la Directiva 2011/61/UE.
12 Las SGIIC podrán quedar exceptuadas del cumplimiento de algunas de las obligaciones de la Ley, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente, cuando cumplan los siguientes requisitos: a) Que únicamente gestionen entidades de inversión y cuyos activos bajo gestión sean inferiores a 100 millones de euros, incluidos los activos adquiridos mediante recurso de apalancamiento, o b) 500 millones de euros cuando las entidades de inversión que gestionen no estén apalancadas y no tengan recursos de reembolso que puedan ejercerse durante un periodo de cinco años después de la fecha de inversión inicial.
13 Se entenderá por participación significativa en una SGIIC aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos, un 10% del capital o de los derechos de voto de la entidad. También tendrá la consideración de participación significativa aquella que, sin llegar al porcentaje señalado, permita ejercer una influencia notable en la entidad.
14 Es importante destacar que en el año 2014 fue aprobada la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (Directiva MiFID II), que deroga la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID I) y un nuevo Reglamento de desarrollo (MiFIR), que sustituye a la anterior normativa 648/2012. No obstante lo anterior, la Directiva MiFID II no ha sido hasta la fecha transpuesta al ordenamiento jurídico español.
15 http://www.cnmv.es/portal/consultas/listadoentidad.aspx?id=1&tipo=0
16 En el caso de SCR y SICC la propia sociedad podrá actuar como sociedad gestora, si el órgano de gobierno de la misma decide no designar a una gestora externa. Estas SCR y SICC “autogestionadas” quedarán sometidas al régimen previsto para las SGEIC de la Ley 22/2014 que se desarrolla en el apartado 2.6.2 siguiente.
17 http://www.dgsfp.mineco.es/sector/documentos/INFORME%20SECTOR%202016.pdf
18 Se debe poner de manifiesto que las diferencias entre la información que se ofrece relativa a años anteriores se debe a las continuas actualizaciones y revisiones de datos que se llevan a cabo en los registros de la DGS.

References: Real Decreto 
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Real Decreto 
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 resolución