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FUNDAMENTOS PARA UN SISTEMA PÚBLICO GRATUITO DE EDUCACION PARA CHILE
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Capítulo I.- INTRODUCCIÓN Capitulo II.- DIAGNÓSTICO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CHILENO 1. Contextualización histórica 1._1 Institucionalización del Modelo: Cronología de sus Procesos Legales. 2. Principios Fundamentales del Actual Modelo Educativo. 2._1 Principio de subsidiaridad del estado 2._2 Libertad de enseñanza 2._3 Autofinanciamiento 2._4 Competencia 2._5 Educación como bien de consumo.
3. La Obligación Internacional del Estado Chileno. 3._1. Tabla de Resumen de los Pactos Internacionales Suscritos por Chile y la Realidad del Sistema Educacional. 3._2. La Implantación Progresiva de un Sistema de Educación Gratuita. 3._3. La Perspectiva Intercultural: Los Derechos de los Pueblos Indígenas. Capítulo III.- Fundamentos Políticos de la Demanda y Propuesta de Educación Gratuita 1. Lineamientos fundamentales 2. Los Principios que deben guiar la educación. 3. La visión 4. La misión 5. Los roles 1. Rol del estado en la educación 2. Rol del estado en la educación 3. Rol del estudiantes 4. Rol del profesional
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Con la implantación del modelo de desarrollo neoliberal en Chile, como una de sus “modernizaciones”, a contar de 1981 se produce una creciente privatización de la Educación Superior y con ello la presencia del mercado como ente regulador generando competencia, desigualdad, segmentación social y estandarización curricular , lo que difiere con el antiguo sentido de la Educación Superior Pública, el estado docente, que buscaba en primera instancia la universalización y gratuidad de la prestación; así como también la formación de profesionales al servicio del país. Actualmente el modelo de sociedad docente ha conducido la educación a un bien de consumo, perdiendo su sentido fundamental, el de crear individuos críticos, por el contrario, “educa” sólo para que se reproduzca el pensamiento imperante. Esta movilización estudiantil marca el inicio de un proceso de transformación para las instituciones del sistema educativo, pero también para la sociedad en su conjunto. Los grados de avance a escala nacional dependerán del compromiso y voluntad que asuman los distintos sectores sociales y políticos a la hora de abordar nuevas propuestas y de implementar mejoras para la totalidad del sistema educativo. Las propias instituciones participantes, con la experiencia alcanzada en este debate, deberán trabajar de manera mancomunada, a nivel nacional y regional para trasladar la discusión a todos los sectores de nuestra sociedad. Con el objetivo de clarificar, fundamentar y unificar nuestras demandas, los y las estudiantes, hemos logrado elaborar un documento clave, tanto para nosotros/as como para la sociedad, en el cual se fundarán las bases del cambio paradigmático de la educación. Dicho cambio no debe reservarse solamente como una demanda estudiantil, sino más bien a una transformación social profunda, en la cual la población de Chile debe participar para que el cambio propuesto acá se concrete.
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II.DIAGNÓSTICO SUPERIOR CHILENO.
1. Contextualización Histórica. Durante la vigencia de la Constitución Política de la República del año 1925 y en los años posteriores a su dictación, se estableció en nuestro país el denominado “Estado Docente”, en virtud del cual se contemplaba una participación directa por parte del Estado en materia de educación, lo que implicaba incidencias en el ámbito de acceso, calidad, participación y financiamiento. Así se proyectaban las siguientes temáticas, bajo la principal premisa: Educación como deber del Estado, la que comprendía: · Control de la enseñanza. · Papel subsidiario del particular. · Educación gratuita. · Democracia. En las universidades públicas hubo dos regímenes de pago diferentes, antes del actual. Hasta el año 1973, eran prácticamente gratuitas. A partir de 1975 la cuota de solidaridad pasó a llamarse "matrícula diferenciada por tramos", y sus montos empezaron a crecer. Desde 1977 todas las universidades adoptaron el cobro de un único arancel para sus estudiantes, diferenciado por niveles de ingreso familiar. Los tramos variaron desde 3 hasta 22, en el período que va desde 1977 a 1988. La lógica del autofinanciamiento de las Universidades, acabó con la educación superior gratuita implantándose el arancel diferenciado, el cual a su vez fue remplazado en 1980 por un arancel único por carrera (este arancel debe ser pagado por todo aquel que quiera estudiar) lo que significó que la dictadura que impuso el sistema neoliberal a nivel de educación, y que actualmente es reafirmado por este gobierno y todos los anteriores, pues conciben la educación superior y en general todo el sistema educativo nacional, como un privilegio, acabando con el derecho a la educación. Al contextualizar históricamente el proceso privatizador de la educación superior, debemos considerar el momento inicial en que este modelo comienza ser aplicado. Para ello entonces, es menester que entendamos que dicha aplicación está estrechamente ligada a la imposición del neoliberalismo en nuestro país (desde 1975 en adelante), en el marco de la liberalización de las áreas estratégicas de la economía chilena. Con esto estamos diciendo que en el momento de desatar la apertura económica característica del modo de acumulación neoliberal chileno, ésta es también dirigida al sistema universitario que Chile poseía en ese entonces. Se disminuyeron importantes fuentes de recursos a la educación superior, como por ejemplo la Ley Nº11575 que creaba un fondo de construcciones e investigaciones universitarias, conformado con el 0.5% de todos los impuestos directos e indirectos de origen fiscal y derechos de aduana
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y exportación; la Ley Nº13964, que asignaba a las Universidades la utilidad líquida de un sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia. Se elimina la tasa de despacho aduanera, impuesto en beneficio de las universidades de Valparaíso (ex sede Universidad de Chile, PUCV y UTFSM); se eliminaron además las exenciones de derechos de aduana y las rebajas de un 50% en las tarifas de consumos básicos (agua, luz, teléfono, gas, etc.). A la pérdida de estos beneficios se le llama Deuda Histórica. Se reestructuran todas las carreras universitarias y en especial aquellas relativas a las ciencias sociales; disminuye dramáticamente el presupuesto y el gasto en la educación, que en el año 1972 llego al 7,2%, el más alto de los últimos 40 años. Según el DFL Nº4, la idea era que el AFD fuera disminuyendo cada año, así lo explícita el artículo Nº2: "para 1982, 1983 y 1984, el aporte fiscal anual de las universidades será el equivalente al 90%, 75% y 60% respectivamente, del aporte del año 1980, expresado en moneda del mismo valor adquisitivo." Al año 2000, el AFD representaba el 49.2% del total de recursos a la educación superior. Actualmente este aporte representa alrededor de 17%. Una vez “recuperada” la lejana democracia de los consensos, y durante los gobiernos de la concertación, el sistema educativo –y económico- actual no sufrió mayores modificaciones a nivel constitucional, manteniéndose y profundizándose a nivel legal el modelo instaurado por las ideas neoliberales que inspiraron nuestra actual carta fundamental. De esta manera, el sistema de educación superior existente se ha establecido de acuerdo a principios fundamentales radicalmente opuestos a los garantizados por la Constitución de 1925, los cuales a nuestro juicio, después de treinta años de implementación han llevado a todo el modelo educacional (primaria, secundaria y universitaria) a una profunda crisis, la cual se ha masificado y hecho evidente en todo nuestro país, a raíz del estado de movilización estudiantil a nivel nacional. 1.1. Institucionalización del Modelo: Cronología de sus Procesos Legales.
Se instaura El Principio de la Viabilidad Económica (Todo debe autofinanciarse: Educ., Salud, Caminos, Cementerios): El Crédito Universitario es reemplazado por el Crédito Fiscal. Inicio del proceso privatizador legalizado, emanan los DFL.
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Reestructuración de Universidades Públicas Descentralización de la Diversificación Creación de Fondech
2. Principios Fundamentales del Actual Modelo Educativo. El debate abierto por la sociedad en torno a la crisis por la que atraviesa nuestro sistema educacional en todo nivel, obliga a que profundicemos el análisis en torno a su estructura, principios rectores y funcionamiento. En este sentido, concordamos con las profundas y acertadas declaraciones del Relator Especial de las Naciones Unidas, don Kishore Singh, quien con fecha 09 de septiembre de 2011, señaló que “el debate público generado en los últimos meses de protestas presenta una gran oportunidad para reevaluar las políticas educativas en el país, teniendo como referencia central el marco de los derechos humanos”1.
http://www.politicaspublicas.net/panel/ed/deduc/1518-relator-educacion-chile.html
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De esta manera, para entender los fundamentos políticos y jurídicos de la demanda de educación gratuita, es necesario enmarcar correctamente el foco de la crisis en el sistema educacional chileno, y los principios que lo rigen, los cuales serán tratados a continuación. 2.1. Principio de Subsidiaridad del Estado.
La base para comprender el proceso de liberalización de las áreas estratégicas experimentada en Chile, la cual significó una apertura económica extrema de sectores que antes no se regían de acuerdo a la lógica del mercado (educación y salud principalmente), es el principio de subsidiaridad, concepto clave de la ideología neoliberal, que ha incidido en el desmantelamiento del Estado, trasladando la gestión y responsabilidad educativa del Estado al Mercado. Este principio, establece que una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su autonomía y, en consecuencia, del pleno ejercicio de sus competencias, sino que, por el contrario, su función debe consistir en sostenerle, ayudarle a conseguir sus objetivos y coordinar su acción con la de los demás componentes del cuerpo social a fin de alcanzar más fácilmente los objetivos comunes a todos. En pocas palabras, el neoliberalismo establece que el Estado tendrá un rol bastante limitado, y deberá participar sólo en aquellas actividades en las que puede desempeñarse en forma más eficiente que el sector privado. ¿Cuáles son estas funciones? A grandes rasgos, las funciones económicas del Estado se resumen en cinco principales: el gasto, los impuestos, la regulación, la función estabilizadora y la gestión de empresas públicas. La principal consecuencia que tuvo la aplicación de este principio en el ámbito educativo, fue la mercantilización de la educación (la cual comenzó a ser vista como un campo fértil para la iniciativa privada de lucro), que se fundamentó a su vez en dos nuevos principios inherentes al modelo de educación neoliberal, como lo es la libertad de enseñanza y, en el ámbito de la educación superior, la lógica de autofinanciamiento de las instituciones educacionales. 2.2. Libertad de Enseñanza.
Una vez que el Estado logró desprenderse de su responsabilidad docente, se comenzó a privilegiar la actividad privada y lo individual en el esquema neoliberal. Lo anterior se comprende, cuando analizamos más en detalle el concepto de libertad de enseñanza, el cual para el Estado Chileno es entendido como la libertad que poseen los padres para escoger el establecimiento educacional en donde estudiarán sus hijos, y la libertad de los privados para instalar escuelas, colegios y centros de educación superior, sin el menor ápice de concentrar en ello el verdadero espíritu de la educación:
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“La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. (…) Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos”2. De esta manera, la Constitución de 1980, consagró la libertad de enseñanza como una libertad de empresa más que como una libertad de cátedra, es decir: libertad para el que puede pagar. En términos simples, el acceso al derecho a la educación en Chile está condicionado a las capacidades patrimoniales de las familias. Comienzan a aparecer en forma sorprendente universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, que tienen como objetivo principal el lucro, y sólo como actividad secundaria el servicio educativo que prestan. Se impone la concepción norteamericana de que lo esencial es la educación en manos de la iniciativa privada, cuyos programas de aprendizaje deben ser resueltos por las necesidades del trabajo, las empresas y el capital, es decir, los capitalistas determinan lo que los maestros deben enseñar y los alumnos deben aprender, cambiando el sentido de nuestra formación educativa, orientándola hacia el mercado y no hacia el desarrollo social integral. Como ya lo mencionamos, las familias son el foco principal de desarrollo social, cultural, y sobretodo académico de sus hijos. Curioso es el caso del inciso final del artículo primero de la Constitución, el cual plantea que: “Es deber del estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta, promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional.” Si analizamos el precepto citado y lo contrastamos con la interpretación actual del inciso tercero del artículo 19 n°3, nos encontramos claramente en una situación de contradicción: en efecto, ¿Cómo es posible que el Estado pueda proteger a las familias en materia de educación si son ellas mismas las llamadas a someter la educación de sus hijos al tamaño de su presupuesto? Claramente, no puede. No a la luz de esta interpretación que más que incorrecta, es derechamente inconstitucional. La armonización de los preceptos Constitucionales es una labor interpretativa sumamente compleja, pero que bien encaminada, puede dar solución real a las antinomias (conflictos de normas) y propender al fortalecimiento los sectores más desfavorecidos del país, como lo serían en éste caso, las familias, ya que en caso del financiamiento de la Educación Superior, el pago de matrículas y aranceles absorbe más del 38% del presupuesto familiar.
Constitución Política de 1980 (reformulada en 2005). Artículo 19, Inciso 11.
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Es por eso que – a nuestro juicio - la nueva lectura Constitucional del derecho a la educación debería tener un enfoque distinto. A los ojos de las normas citadas, está claro que gran parte de la labor de educar a los hijos depende de sus padres. Lo que no parece delimitado es en qué instancias este deber pasa desde las familias al Estado. 2.3. Autofinanciamiento.
El actual modelo de educación superior, no descansa solamente en al aumento de la cobertura educacional por vía privada, sino que también en la política de disminución de los recursos que el Estado destinaba a las instituciones educacionales tradicionales, las cuales cada vez en un nivel mayor, debieron recurrir al autofinanciamiento para recaudar los ingresos básicos que les permiten seguir operando. La lógica del autofinanciamiento acabó con la educación superior gratuita y el sistema de arancel diferenciado existente, traspasándose de esta manera el costo de la educación desde el Estado hacia las familias. La disminución del aporte económico estatal destinado a la educación superior en Chile, ha empujado a las Universidades Tradicionales a obtener sus propios recursos, principalmente, a partir del pago de aranceles y derechos de inscripción por parte de los estudiantes. Las consecuencias directas de este sistema son el fomento al endeudamiento de las familias chilenas, y la quiebra de muchas universidades estatales, las cuales se han visto obligadas a funcionar como una empresa, con el objetivo de seguir sobreviviendo. 2.4. Competencia.
Sobre la base de lo recién planteado, es que el sistema educativo en su conjunto ha pasado a comprenderse como un nuevo mercado, regulado principalmente por la competencia, la cual ha permitido expandir la oferta educativa y asegurar una mayor cobertura (como lo demuestra el hecho de que actualmente existan 140 instituciones educativas), sin necesariamente asegurar la calidad del producto recibido. Al existir una total desregulación del “mercado educativo”, evidenciada en la inexistencia de un control sobre la calidad de la enseñanza de las instituciones educativas, y el surgimiento de nuevas empresas educacionales sin planificación estatal, el Estado se encontró en la obligación de realizar “ajustes de mercado” –los cuales aún se encuentran en curso-, principalmente a partir de la creación de un Sistema de Acreditación de la Enseñanza, y mediante la reformulación del Sistema de Financiamiento de la Educación Superior. Ambas medidas, han intentado “regular y ordenar” los problemas que el acceso masivo ha propiciado en el sistema, principalmente aquellos referidos a la homogeneización de la calidad, la deserción y la empleabilidad,
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haciendo más “eficiente”, de cara al mercado, al sistema de educación superior. 2.5. Educación como Bien de Consumo.
La Educación Superior de nuestro país, en lo que respecta a su carácter, hemos de entenderla como una Educación Privada, ya que, bajo el actual modelo imperante, ésta ha sido transformada en una mera mercancía que no se asume en beneficio del conjunto de la sociedad. Se traspasa la responsabilidad educativa, y con ello el gasto económico, a las familias, transformando el derecho a la educación en un deber y preocupación individual, en vez de comprenderlo como una responsabilidad social, asumida por el Estado. El concebir a la educación como un bien de consumo, implica reconocer que ésta se transa en el mercado, de manera individual, y de acuerdo a las posibilidades de compra. Las expresiones de una educación convertida en un objeto de transacción en relación a la oferta las encontramos en la creación de nuevas instituciones de educación superior, y dentro de ellas la creación de nuevas carreras para ampliar el mercado; en el desarrollo académico y la investigación orientada a los requerimientos del mercado por sobre su función social; y en la necesidad de invertir en mayor publicidad para competir de mejor manera con otras instituciones de educación superior. Por otra parte, las expresiones de una educación convertida en objeto de transacción en relación a la demanda las encontramos en la concepción del estudiante cliente, el “mejoramiento” de los sistemas crediticios y de becas, o los servicios asociados prestados por la institución respectiva (servicio médico, bibliotecas, etc.) Sin embargo, el pensar la educación como un bien de consumo, e incluso como una inversión que genera plusvalía a los privados, que a futuro traerá réditos económicos individuales (siendo, supuestamente, en su teoría un factor de movilidad social), en realidad esconde el hecho de que nuestro sistema educacional, por estar estructurado de acuerdo a clases, contribuye a la reproducción de las desigualdades de la sociedad. Lo anterior, debido a que no todos los individuos poseen un acceso igualitario a la educación, precisamente por no poder costearla. La principal consecuencia de comprender a la educación como un bien de consumo que se transa en el mercado de manera individual, ha sido la potente irrupción de la banca en el sistema educacional (mediante sus créditos), la que, avalada por la lógica de autofinanciamiento, ha conllevado al endeudamiento de numerosas familias, y de los propios estudiantes, quienes deben recurrir a sus distintos créditos, para poder costear sus estudios.
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3. La Obligación Internacional del Estado Chileno. “Los tratados de derechos humanos son claros” (…)”Si bien la enseñanza primaria debe ser totalmente gratuita, los estados también están obligados a adoptar medidas para implantar la enseñanza secundaria y superior progresivamente gratuitas”3. La reforma Constitucional del año 2005 sin duda alguna abrió una ventana jurídica a la relación de las garantías fundamentales con los tratados internacionales sobre derechos humanos, siempre que estén ratificados por chile y que se encuentran vigentes. Al respecto, el inciso segundo del artículo quinto dispone: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” En este sentido, y más allá de la discusión doctrinaria en torno al rango legal de los tratados internacionales en el marco del ordenamiento jurídico nacional, lo cierto es que por hoy, el contenido esencial de un derecho fundamental trasciende por mucho a la mera exégesis del texto plasmado en la Constitución. Vale decir, en el caso concreto del derecho a la educación, su contenido sustancial está dado adicionalmente por pactos internacionales sobre derechos humanos de la misma naturaleza: los derechos sociales. 3.1. Tabla de Resumen de los Pactos Internacionales Suscritos por Chile y la Realidad del Sistema Educacional
El derecho a la educación, se inscribe dentro de un género más amplio que son los «derechos sociales»4, los cuales tienen como fin garantizar, las condiciones básicas para el desarrollo de la persona humana. En Chile actualmente existen ratificados, es decir derecho vigente, diferentes pactos e instrumentos internacionales destinados a tutelar y hacer efectivos estos derechos. Sin embargo, la legislación referida a la educación es abundante, por lo cual para el presente documento, identificaremos sintéticamente el contenido normativo que se extrae tanto del Pacto Internacional de Derechos
Constitución Política de 2005. Artículo 19, Inciso 11. La expresión «derecho sociales» pertenece por sobre todo al ámbito de la filosofía política y jurídica y del derecho constitucional. En el derecho internacional se suele utilizar más la formula «derechos económicos, sociales y culturales».
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Económicos, Sociales y Culturales5 (en adelante PIDESC), como del Pacto de San José de Costa Rica6. Nombre del Pacto Contenido Reconoce el derecho de toda persona a la educación a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. b) La enseñanza secundaria en sus diversas formas, debe ser generalizada y accesible a todos, en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita c) La enseñanza superior debe hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita para todos. Compromiso de los Estados Partes del Pacto de elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. Derecho de toda persona a un recurso sencillo ante los jueces o tribunales competentes (protección judicial), que la ampare contra actos que violen los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aún cuando aquella violación sea cometida por las autoridades en ejercicio. Los Estados se comprometen a garantizar las posibilidades del recurso, y garantizar su cumplimiento. Artículo
De esta manera, en relación al Primer Pacto, se puede desprender que el Estado chileno se encuentra directamente obligado a financiar un sistema educacional público y gratuito. Esto, como una alternativa a la educación privada, ya que el PIDESC no restringe la posibilidad de que los particulares puedan ejercer la libertad de enseñanza presente en el artículo 19 N° 11 de la CPR. En relación al Pacto de San José de Cosa Rica, en el numeral 2° se indica el compromiso del Estado Parte respecto a la protección judicial, algo que en nuestro país en razón al derecho a la educación no sucede de manera directa7, confirmando la tesis de que este derecho está supeditado a la libertad de enseñanza.
El PIDESC fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. Fue suscrito por Chile el 16 de septiembre de 1969 y ratificado el 10 de febrero de 1972. Sin embargo, solo se encuentra vigente en nuestro país desde el 27 de mayo de 1989, fecha en que se publica en el Diario Oficial (Decreto Nº326, Ministerio de Relaciones Exteriores). 6 Para acceder al contenido textual de los presentes pactos, Vs. Anexo N° 1 7 Vid. Supra., Reforma Constitucional, b.3. Recurso de Protección.
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En consecuencia, nuestro país está incurriendo en un incumplimiento de los tratados precedentemente enunciados, algo que es sumamente grave y atenta contra la responsabilidad internacional asumida al ratificarlos 3.2. La Implantación Progresiva de un Sistema de Educación Gratuita.
Mención esencial presenta este punto, pues si bien un análisis superficial del artículo 13c) del PIDESC permite dilucidar claramente la obligación de avanzar hacia la gratuidad en la educación superior, detenernos profundamente en el texto del mismo precepto nos permitirá darle un enfoque a la noción de “gratuidad” capaz de satisfacer la demanda estudiantil a cabalidad. Hoy en día, el avance hacia la gratuidad se enfoca principalmente en la satisfacción a la demanda: el aumento progresivo de la cobertura de los beneficios estudiantiles. Tal situación se constata en las propuestas elaboradas por el Gobierno durante el curso de las movilizaciones. Si bien en un inicio, aumentar la cantidad y cobertura de los beneficios estudiantiles parece dar solución real a la obligación internacional reiterada en este documento, lo cierto es que revisar con un mínimo de detalle el enunciado del pacto nos llevaría necesariamente una conclusión totalmente distinta. Si se apela fundamentalmente al fortalecimiento de la educación chilena, se debe hacer teniendo en consideración a las instancias formales e informales en su conjunto. Satisfacer la demanda ayuda a mitigar el daño patrimonial a las familias chilenas, pero no aporta en lo absoluto en relación al avance a un eficiente sistema de educación. En términos simples, no puede descuidarse a las instancias de educación formales (instituciones) si se quiere conseguir una reforma profunda al sistema educacional. En conclusión, la exigencia internacional expuesta no se satisface por sí sola en el avance hacia la gratuidad a secas, desde el punto de vista individual (del estudiante mismo), sino que además requiere el fortalecimiento de las instituciones de educación superior, mediante el aumento progresivo de los aportes basales. Si se consigue este objetivo, el vínculo entre el estudiante y la institución a la que pertenece se fortalece. El individuo confía en que tendrá acceso a una educación en que no deba pagar matrículas y aranceles, sin ir en directo desmedro de la institución de educación superior en la que se está formando. Se genera un proceso permanente de retroalimentación entre la persona y la institución misma, permitiendo avanzar a su vez hacia el desarrollo social y cultural de la comunidad en su conjunto. Ese es, a nuestro juicio, el real sentido y alcance del artículo 13 c) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Éste es el modo real de dar cumplimiento a la obligación internacional contraída por chile desde hace más de 20 años. Sin perjuicio de la relación del ordenamiento jurídico nacional con el referente internacional, la problemática se analiza y visualiza con ciertos aires
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de pesimismo: habitualmente se habla de la poca eficacia jurídica de los tratados internacionales sobre derechos humanos respecto de la normativa interna. Al respecto, cabe mencionar que la Relatoría de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación envió una solicitud formal para visitar Chile. El país, desde 2009, ha extendido una “invitación abierta y permanente” ante el Consejo de Derechos Humanos, para que los Relatores especiales visiten el país cuando lo estimen conveniente, sin obstáculo alguno. La conclusión final nos lleva a señalar enfáticamente que más allá de todo formalismo jurídico interno, El Estado chileno está obligado a responder a la comunidad internacional sobre la problemática en torno a la crisis del modelo educativo actualmente vigente. La perspectiva internacional es un imperativo jurídico del cual se debe hacer cargo.
La Perspectiva multicultural: Los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Inclusión y respeto de los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas. Además de todo lo señalado precedentemente, no es un secreto la falta de inserción de nuestros pueblos indígenas en el ordenamiento institucional actual, especialmente en educación. De esta manera, consideramos que es importante incluir tal omisión en pos de un respeto efectivo a sus derechos educativos y lingüísticos como un inciso final del artículo 19 N° 10. En consecuencia, resulta necesario hacer modificaciones al artículo 19 N° 10 de la CPR las cuales, a nuestro juicio, deberían señalar lo siguiente: Inciso 4°: “Para el estado es obligatorio asegurar la educación y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal en todos sus niveles.” Inciso 5°: “La educación en todos sus niveles es obligatoria para el estado, debiendo financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ella de toda la población. En el caso de la educación media, ese sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad” Inciso final: “Es deber del estado garantizar los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos indígenas.” En resumen, desde el punto de vista normativo, queda claro que son obligaciones emanadas del propio tratado ratificado por Chile, las cuales se deben cumplir. Sostenemos que se debe dejar de lado la percepción de que estos son sólo un conjunto de disposiciones programáticas, o declaraciones de principios, sino que por el contrario, derechos plenamente exigibles y que el Estado debe implementar.
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III.- Fundamentos Políticos Educación Gratuita
La educación es un derecho básico fundamental y no una “mercancía”. Por lo tanto, como Estado y como país debemos velar porque todas la personas tengan acceso a ella, independiente de su situación social, económica y cultural. Entendemos la educación como un proceso complejo, diverso y emergente, que debe ser tratado de manera integral, pluralista, inclusiva, intercultural y democrática; debe enseñar la condición humana8, el respeto y la comprensión; enseñar lo incierto y lo pertinente, alimentar el espíritu del aprendizaje autónomo, enseñar a los ciudadanos y ciudadanas a crear y decir su palabra auténtica9 y que esta sea capaz de transformar su realidad en búsqueda del bien común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política. Declaramos que la educación debe erigirse en función del desarrollo humano, social y económico del país en toda su diversidad, respetando y potenciando todos los talentos, culturas y opciones de cada persona, en relación al bienestar que toda la comunidad pueda obtener, permitiendo que los chilenos avancemos hasta acabar con los problemas más profundos de nuestra sociedad.
1. Los Principios que deben guiar la educación.
1.1 Debe ser obligación del Estado garantizar la educación como derecho fundamental, en todos sus niveles, para todas las personas, sin discriminaciones arbitrarias. En el mismo sentido, le compete al Estado la total responsabilidad jurídica, económica y social de resguardar las oportunidades de acceso y la permanencia académica en el sistema educativo terciario, debiendo resguardar que la instituciones de educación superior, cuenten con la infraestructura y financiamiento adecuado para permitir el desempeño óptimo en la extensión, investigación y desarrollo académico en todos sus niveles. 1.2 La educación no debe ser un derecho sujeto al mercado. Esto, desde un punto de vista, implica la prohibición y fin efectivo del lucro, entendiendo por lucro la ganancia o provecho que se saca de algo y utilidad como el beneficio económico que se obtiene una vez que se han cubierto los costos. Sabemos que incluso las instituciones de educación sin fines de lucro deben generar excedentes para ser
Desde la conceptualización de Edgar Morín en su libro “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”
Desde la conceptualización del educador brasileño Paulo Freire.
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sustentables. No obstante lo anterior, no es aceptable que estos excedentes sean destinados al provecho de particulares, sino que las destinaciones de recursos obtenidos por las casas de estudio se deben reinvertir en beneficio del quehacer de las instituciones educativas, y la sociedad.
1.3 La Educación debe ser de excelencia y esta debe estar entendían en como proceso formativo, complejo, diverso y es una herramienta de desarrollo social, humano y económico por lo que tiene que encargarse de promover el desarrollo del pensamiento crítico, la vinculación con el medio, participación comunitaria y velar por la formación plena e integral del ser humano capaz de desenvolverse en las distintas aéreas del conocimiento ya sea político, musical, científico, social, administración y comercio, arte y arquitectura, ciencias sociales, derecho, educación, humanidades, recursos naturales, salud y tecnología, fomentando la libertad de expresión y el respeto por la diversidad de pensamiento. Así también, la Educación de Calidad debe tener como principio la reciprocidad, es decir, debe ser un mecanismo de crecimiento personal y colectivo, donde el pueblo, pueda nutrirse de los conocimientos que fluyan en el sistema educativo chileno de manera multidireccional posibilitando, la entrega y llegada de conocimientos multidisciplinarios e íntegros, con pleno respeto a la libertad de cátedra.
1.4 La educación debe ser pluralista y democrática. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa deben tener pleno derecho a la participación dentro de las decisiones, políticas, económicas y educativas que se tomen. Por sobre todo deben participar dentro de las distintas instancias democráticas abiertas a la comunidad. La Educación debe ser una instancia donde se escuchen y respeten las posturas todos los sectores sociales e ideologías en una misma, siempre en igualdad de condiciones y permitiendo el libre flujo y creación de ideas. Las Instituciones educativas son las entidades llamadas a la creación del conocimiento en las distintas áreas del saber y su transferencia a la sociedad, por lo que deben velar responsablemente por el libre acceso de la comunidad al conocimiento, basado en la libertad de cátedra. 1.5 La Educación debe ser multicultural. Entendiendo que Chile es un país multicultural, se deben establecer condiciones igualitarias de acceso a las instituciones de Educación Superior a todas las formas de cultura y nación sin exclusión. La Educación debe recuperar y promover la coexistencia de distintas culturas dentro de nuestro país.
CONFECH | 17 2. La Visión.
Entendemos la educación como un bien social común y un Derecho Fundamental, inherente al ser humano e inalienable, por lo tanto es rol del Estado garantizar el acceso igualitario, democrático y gratuito a ella, con independencia de la situación económica y paradigma sociocultural del estudiante. Se debe comprender la educación como un proceso formativo permanente, complejo, diverso y dinámico, que debe ser integral, pluralista, inclusivo, multicultural, democrático y gratuito, en donde los roles del Estado, de la Universidad, de la docencia, del estudiante y de la comunidad se definan y ejerzan de manera reciproca y conjunto, en pos del bien comunitario.
El desarrollo pleno e integral de las capacidades de las personas, tanto en el ámbito cognitivo como valórico. Deben integrarse todas las áreas del conocimiento para el desarrollo tanto individual de las personas, como también para el desarrollo colectivo de la sociedad. En este sentido la educación debe apuntar la eliminación de la segregación y la desigualdad social. La formación de las personas como sujetos sociales activos, política y culturalmente, con las capacidades académicas necesarias para trabajar en pos del desarrollo, dignidad y la emancipación social y humana. La apropiación crítica del conocimiento en el sentido de que el proceso educativo trasciende las fronteras de la educación formal y que se vincula necesariamente con la vida cotidiana y comunitaria de las personas.. Promover el respeto y comprensión de los derechos humanos, a la diversidad de todas las formas de expresión, cultura, pueblos y cosmovisiones existentes en el país y en este sentido, impulsar la autodeterminación de los pueblos como herramienta de avance para el desarrollo social, participativo, cooperativo, humano, científico, económico, medioambiental e intercultural, entendiendo que la autodeterminación implica la elección libre del sistema político, económico y social en el ejercicio de su soberanía. Responder a los requerimientos productivos del país junto con las necesidades sociales. Impartir el respeto a los derechos humanos, el pluralismo, democracia y tolerancia para sus tres estamentos, académicos , estudiantes y funcionarios, utilizando su capacidad intelectual y prestigio moral para defender y difundir activamente valores universalmente aceptados, en particular la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad (Unesco 1998)*
4. Los Roles.
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Rol del Estado en la educación. El Estado es garante del derecho social y humano a educarse otorgando los bienes y condiciones que son necesarios en el proceso educativo en todos sus niveles y formas. En consecuencia, debe:
Establecer la protección del derecho a la educación como un derecho fundamental, en la cual el Estado esté obligado a velar por la calidad y gratuidad de la educación en todos los niveles formativos, sin perjuicio del derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean dar a sus hijos. En este sentido, toda persona tiene derecho una educación de calidad y financiada en su totalidad por el estado en todos sus niveles. Propiciar las condiciones necesarias para que el sistema educacional se constituya como una verdadera herramienta para la eliminación de las desigualdades, en lugar de ser el mecanismo por el cual éstas se reproducen y profundizan. Respetar y promover la autonomía de las instituciones y las comunidades educativas, reconociéndolos como actores fundamentales en los procesos educativos y en el desarrollo del país. Sin que esto signifique la despreocupación del Estado por sus instituciones. Cumplir un rol regulador y fiscalizador de la oferta académica, en función de las necesidades productivas y sociales del país. En tanto que la educación pública como la privada, aseguren el campo laboral y evitando, al mismo tiempo, que se produzca una merma de las remuneraciones por la saturación de profesionales en una determinada área. Garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje. Entendiendo que los docentes son un factor esencial en este proceso, se debe reconocer la importancia de su labor en este sistema, entregándoles condiciones laborales dignas que les permitan aportar al sistema el máximo de sus potencialidades. Nueva Acreditación, distinta a la Acreditación 2.0 presentada por el gobierno, obligatoria para todas las instituciones de educación superior, a través de agencias estatales, que no tengan conflicto de interés y que incorporen como criterios: la coherencia en la misión de las instituciones de objetivos educativos y necesidades de país, complejidad de las instituciones, cumplimiento del rol público, la ausencia efectiva de lucro y la existencia de organización
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estudiantil, académica y funcionaria, así como participación de la comunidad en los espacios de toma de decisiones.
Rol de las Universidades. La Universidad es el espacio principal donde se produce y desarrolla el conocimiento con y para la sociedad. La Universidad debe asegurar la participación democrática de todos los estamentos en las decisiones institucionales. La Universidad debe contar con los académicos necesarios, con una situación contractual regular, para poder cumplir sus fines dentro de las tres áreas donde se debe trabajar: 1. Investigación 1.1. Las tareas de investigación deben estar al servicio del estudio y propuesta de la realidad nacional. 1.2. Debe potenciar todas las áreas del conocimiento y la producción material del país. 1.3. Debe estar presente y ser parte esencial de todas y cada una de las casas de estudio con recursos propios entregados por el Estado. 2. Docencia 2.1. La formación critica de docentes que aporten al desarrollo de pensamiento crítico. 2.2. Debe basarse en el principio de la libertad de cátedra. 3. Extensión 3.1. Todos los insumos y resultados de la investigación y formación dentro de la Universidad debe estar al servicio de la comunidad y las necesidades del país. 3.2. Debe promover la democratización de todos los espacios comunitarios que existan, teniendo como punto de inicio las propias casas de estudio. 3.3. Asegurar la participación democrática en las decisiones
Rol del estudiante. El rol del estudiante consiste en ser un agente activo dentro de la sociedad. Debe participar en todos los ámbitos para ayudar al desarrollo de vínculos conocimiento-sociedad. Este vínculo favorecerá la propia formación del estudiante, constituyéndose como una formación en y para la sociedad cumpliendo además el objetivo de contextualizar, socializar y democratizar el conocimiento. Asumir la responsabilidad de su proceso de aprendizaje, aprovechando las herramientas, recursos y oportunidades que se le ofrecen, estando siempre al servicio de las necesidades sociales y manteniendo una vinculación permanente con el medio.
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Debe fomentar sus capacidades creativas dentro de las instituciones educativas, desde su ingreso, con el fin de ser un agente activo de los lineamientos de la investigación y sus frutos.
Rol del profesional. Bajo el sistema gratuito de educación el profesional tendrá el deber de retribuir a la sociedad permanentemente y orientado a la solución de las problemáticas sociales. Procurando que su profesión sea ejercida en constante profundización, para lo cual el Estado debe otorgar todas las condiciones necesarias para que las instituciones educacionales promuevan especialización de excelencia, a nivel internacional.
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 Artículo 19
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 artículo 13
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