Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A119-08.htm
Timestamp: 2017-11-25 09:36:48+00:00

Document:
Auto 119/08
CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL Y JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
ACCION DE TUTELA-Desde el mismo momento en que un juez de tutela individual o colegiado avoca conocimiento se radica la competencia a prevención/PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-No se puede alterar el conocimiento de la acción de tutela pues se afectaría la protección inmediata de los derechos fundamentales
JUEZ DE TUTELA-Resolución definitiva aunque la acción de tutela no es procedente
ACCION DE TUTELA-Existencia de término perentorio que debe ser observado y en caso de ser incumplido ha de generar las responsabilidades penales y disciplinarias del caso/ACCION DE TUTELA-No puede transcurrir más de diez días entre la solicitud y su resolución
ESTADO-Cumple con los compromisos internacionales de protección y garantía de los derechos humanos
El término constitucional, la preferencia y sumariedad que dispuso el Constituyente en materia de acción de tutela, tiene razón de ser, no sólo, en la finalidad de esta garantía sino en la naturaleza de los derechos afectados, esto es, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Solo de esta manera el Estado colombiano cumple con los compromisos internacionales de protección y garantía de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el que tiene toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”
JUEZ DE TUTELA-Una vez avoca el conocimiento debe entrar a estudiar y decidir
JUEZ DE TUTELA-No le asiste competencia para transmutar la solicitud de protección de derechos fundamentales en otra garantía constitucional
Referencia: expediente ICC-1227
Conflicto de competencia entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín.
Acción de tutela promovida por José Lubín Alzate Gómez contra el Alcalde del municipio El Carmen de Viboral (Antioquia).
1. El señor José Lubín Alzate Gómez interpuso, el 15 de enero 2008, acción de tutela contra el Alcalde del municipio El Carmen de Viboral (Antioquia) por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, igualdad, mínimo vital, al ambiente sano, la protección especial a las personas de la tercera edad y de los derechos de los niños, con la autorización que esa autoridad local otorgó para que en una zona colindante con la del accionante, se implemente un cultivo de flores.
2. La acción fue radicada en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia), el que mediante auto del 16 de enero de 2008 avocó conocimiento de la solicitud de protección constitucional y dispuso notificar al accionado de la misma.
3. Una vez el tutelado presentó las razones de su defensa, el expediente ingresó al despacho del juez de tutela, quien mediante auto del 22 de enero de 2008, se declaró incompetente para conocer la acción interpuesta, al considerar que del escrito presentado por el señor Alzate Gómez se colegía que la garantía que se había promovido era una acción popular.
4. En la providencia se afirmó:
(…) de los resúmenes que en este auto se hicieron de los hechos y de las pretensiones, puede colegirse sin ninguna duda, que el accionante, está invocando derecho colectivos, en concreto a los citados en los literales a y g antes transcritos del artículo 4º de la ley 472 de 1998.
Lo podemos ver en que además de utilizar las palabras gramaticalmente hablando en número plural, como “interpusimos”, “nos contestan” y otras arriba subrayadas, también, pretende la suspensión de un acto administrativo que autorizó la implementación de un cultivo, por razones de un ambiente sano y en contra de la salubridad pública, que concreta en las personas de la tercera edad, de los niños, ya que de los químicos y la contaminación ambiental perjudica la salud humana, además de las pocetas para la toma de agua para lavar ropa etc.
No se invoca ningún derecho fundamental de primer orden como violado por la Administración Municipal, hacemos notar que no se concretó un daño grave o inminente a persona alguna, ni siquiera al mismo accionante.
Creemos que si enviamos por competencia la presente acción constitucional, le damos cumplimiento al ordenamiento legal y, celeridad al trámite correspondiente. Ahorrando a la administración de justicia y a las partes involucradas un tiempo valiosísimo para lograr que ésta sea pronta y efectiva.
Por lo expuesto el Juzgado deduce que la naturaleza de la acción interpuesta pertenece más a una acción popular que a una tutela.”[1]
5. Como consecuencia de la declaratoria de incompetencia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) dispuso la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos del Circuito de Medellín (Reparto).
6. Efectuado el reparto, el expediente de acción popular fue asignado al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín que mediante auto de enero 29 de 2008 consideró equivocada la decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) por cuanto del examen del expediente advirtió que la solicitud presentada se trababa de una acción de tutela de la cual debía conocer un juzgado municipal de conformidad con lo dispuesto en el Decreto reglamentario 1382 de 2000.
7. Por lo anterior, planteó colisión negativa de competencia y remitió la actuación a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de protección constitucional.
El asunto de la referencia versa sobre la aparente colisión que se generó entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín al haberse considerado por el primero de los despachos citados que la solicitud de protección inmediata de los derechos constitucionales impetrada correspondía a una acción popular y no a una acción de tutela.
Esta Corporación debe reiterar algunas de las reglas jurisprudenciales que ha fijado con ocasión de conflictos de competencias aparentes que a pesar de su claridad siguen siendo inobservadas, sin justificación alguna, por parte de algunos de los funcionarios judiciales que ejercen jurisdicción constitucional.
En efecto, no existe discusión en que de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela a prevención, según lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[2]
Por lo anterior, desde el mismo momento en que un juez de tutela (individual o colegiado), en este caso el Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia), avoca conocimiento de la acción interpuesta, en ese despacho judicial se radica la competencia (a prevención) para tramitarla y decidirla, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis[3] no puede ser alterada ni en primera ni en segunda instancia, dado que si ello ocurriera se afectaría gravemente la finalidad de esta garantía constitucional, cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales (art. 86 C.P.).
En este sentido, se ha establecido por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional que “aun en el evento en que por vía de tutela se intente el amparo de derechos para los cuales esta acción no es procedente, es menester que el Juez de conocimiento resuelva de manera definitiva el asunto y se pronuncie de acuerdo a las normas rectoras de la acción de tutela, ya que la naturaleza de los derechos cuya protección se persigue a través de esta acción, exige que la misma sea resuelta en un período breve y sumario, para, en primer lugar, proteger derechos fundamentales y, en segundo lugar, dar la oportunidad a quien se encuentre inconforme con la decisión para que la impugne en el término legal.”[4]
Adicionalmente, esta Corporación ha sido insistente en indicar que en materia de acción de tutela existe un perentorio término constitucional que debe ser observado y que en caso de ser incumplido ha de generar las responsabilidades penales y disciplinarias que en cada caso correspondan según lo ordena el artículo 228 Superior. Así, el artículo 86 de la Constitución Política prescribe que “en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.
No obstante, el preciso contenido normativo de esta prohibición constitucional, el Juzgado Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) decidió, sin fundamento normativo y con respaldo en su propio parecer, dejar en suspenso la decisión de una solicitud de tutela so pretexto de que se tramitara una acción popular, en detrimento de los intereses del accionante.
Debe recordarse que dicho término constitucional y la preferencia y sumariedad que dispuso el Constituyente en materia de acción de tutela, tiene razón de ser, no sólo, en la finalidad de esta garantía sino en la naturaleza de los derechos afectados, esto es, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales.
Solo de esta manera el Estado colombiano cumple con los compromisos internacionales[5] de protección y garantía de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentra el que tiene toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”[6]
En este sentido, la Corte ha precisado que el juez de tutela una vez avoca concomimiento del reclamo de protección “debe entrar a estudiar y decidir, bien sea en el sentido de declararla improcedente, negarla o concederla, según sea el caso, sin que pueda válidamente abstenerse de imprimirle el trámite respectivo.”[7]
Debe reiterarse[8], entonces, que al juez de tutela no le asiste competencia[9] para transmutar la solicitud de protección de derechos fundamentales en otra de las garantías consagradas en la Carta, dado que ello no fue previsto en las normas que rigen su trámite, como sí ocurre con otros jueces constitucionales[10] que, por ejemplo, conocen de las acciones de cumplimiento[11], populares o de grupo.[12]
Por lo anterior, y en aplicación de las reglas jurisprudenciales reseñadas aplicables para este tipo de casos, se dejará sin efecto el auto del 22 de enero de 2008 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) y en consecuencia se dispondrá que ese despacho judicial, de forma inmediata, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de protección impetrada por el señor José Lubín Alzate Gómez conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Finalmente, como en este caso, esta Sala constata una presunta violación de la prohibición contenida en el artículo 86 Superior, en armonía con lo ordenado por el artículo 228 de la Carta Política y en cumplimiento de lo previsto en el numeral 24 del artículo 34 del Código Disciplinario Único, dispondrá que copia del expediente sea remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para lo de su competencia.
Primero.- DEJAR SIN EFECTO el auto del 22 de enero de 2008 proferido por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) dentro del trámite constitucional de la referencia.
Segundo.- ORDENAR al Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia), que de forma inmediata, se pronuncie de fondo sobre la solicitud de protección constitucional impetrada por el señor José Lubín Alzate Gómez conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Por Secretaría General, remítase copia de este expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para lo de su competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 119 DE 2008
Referencia: ICC-1227
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Viboral (Antioquia) y el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Medellín.
[1] Folios 34 y 35 del expediente.
[4] Corte Constitucional. Auto 171A de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
[5] Cfr. Artículos 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Ley 16/72).
[6] Cfr. Artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[7] Corte Constitucional. Auto 133 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto.
[8] Corte Constitucional. Autos 171A de 2003 y 154 de 2004 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 175 de 2003, 035 y 037 de 2005 M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 008 de 2004 M.P. Eduardo Montealegre Lynett, 178 de 2004 y 028 de 2005 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, 037A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis, 038 y 069 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño, 186 de 2006 y 133 de 2007 M.P. Humberto Sierra Porto, entre otros.
[9] Cfr. Artículos 121 e inciso segundo del artículo 123 de la Constitución Política.
[11] Cfr. Artículo 9 de la Ley 393 de 1997.
[12] Cfr. Artículo 5 de la Ley 472 de 1998.

References: resolución

 artículo 4
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 228
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 228
 artículo 34
 artículo 86
 Artículo 25
 artículo 123
 Artículo 9
 Artículo 5