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Timestamp: 2020-08-08 06:58:48+00:00

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LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA | Jurisdicción | Competencia (ley)
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Aprobada en segunda discusión Reforma de la Ley Orgánica del TSJ Jueves, 06 de Mayo de 2010 - 13:45:32 La normativa tiene por objeto establecer el régimen, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
SalvaSalva LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA per dopo
La Prueba Laboral en Venezuela
recurso de interpretacion
Jurisprudencia de la Sala Político Administrativa Que Fija La Competencia de Los Tribunales Superiores Contenciosos Administrativos Regionales
Origenes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Contencioso-Administrativo en Venezuela
Comentarios a La Ley Organica Procesal Del Trabajo de Venezuela
Aspectos Resaltantes de la Novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
Trabajo de Investigacion arrendamiento en venezuela
ANÁLISIS DE LA LEY DE ABOGADOS
CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE LOS RECURSOS CONTENSIOSO
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen, organización y
funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia.
Rectoría del Poder Judicial
Artículo 2. El Tribunal Supremo de Justicia constituye parte del Sistema de Justicia, es el
máximo órgano rector del Poder Judicial, y goza de autonomía funcional, financiera y
administrativa. En su carácter de rector del Poder Judicial y su máxima representación, le
corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, incluyendo la
elaboración y ejecución de su presupuesto, así como la inspección y vigilancia de los
tribunales de la República y de las defensorías públicas, de conformidad con la
Artículo 3. El Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República; contra
sus decisiones, en cualquiera de sus Salas, no se oirá, ni admitirá acción ni recurso
alguno, salvo lo que se dispone en la presente Ley.
Artículo 4. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las
normas y principios constitucionales. Será el máximo y último intérprete de la Constitución
de la República y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones
que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y
principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de
Justicia y demás tribunales de la República.
Artículo 5. El Tribunal Supremo de Justicia no podrá establecer tasas, aranceles,
comisiones, ni exigir pago alguno por sus servicios.
Artículo 6. Caracas es el asiento permanente del Tribunal Supremo de Justicia, sin
perjuicio de que, en Sala Plena, resuelva ejercer provisionalmente las funciones del
Tribunal en otro lugar de la República.
DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Artículo 7. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará en Sala Constitucional, Político
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación Penal y de Casación Social, así
como en Sala Plena, la cual estará integrada por los Magistrados o Magistradas de todas
las Salas señaladas.
Artículo 8. La Sala Constitucional estará integrada por siete magistrados o magistradas, y
las demás Salas por cinco magistrados o magistradas.
Cada una de las Salas tendrá un Secretario o Secretaria y un o una Alguacil.
Artículo 9. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia deberá crear e instalar Salas
Especiales para cada una de las Salas que componen el Tribunal, a solicitud de la Sala
respectiva, cuando se acumulen, por materia, cien o más causas para que sean
Las Salas Especiales que se crearen funcionarán hasta cuando la última de las causas
sea decidida. Ellas estarán conformadas por un Magistrado o Magistrada de la Sala
respectiva y por dos Magistrados o Magistradas Accidentales, que serán designados por
la Sala Plena de la lista de suplentes.
Quórum de deliberaciones
Artículo 10. El quórum requerido para la deliberación en cada una de las Salas es la
mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.
Quórum de decisión
Artículo 11. Para que sean válidas las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia se
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que la deban integrar.
Artículo 12. Cada Sala tendrá un Secretario o Secretaria y un o una Alguacil, quienes
deberán cumplir con los requisitos de ley para el ejercicio de dichos cargos y no estar
incursos en las causales de incompatibilidad que establece esta Ley.
Las faltas temporales y accidentales de los Secretarios o Secretarias y de los o las
Alguaciles serán suplidas por las personas que designe el Presidente o Presidenta de la
Sala respectiva, quien designará también, temporalmente, a las personas que hayan de
suplir dichos funcionarios o funcionarias, cuando haya falta absoluta.
Requisitos para ser Secretario o Secretaria
Artículo 13. Los Secretarios o Secretarias deben ser abogados o abogadas, mayores de
treinta años y haber ejercido la profesión o tener carrera dentro del Poder Judicial, por un
mínimo de diez años. Al día siguiente o el más inmediato posible a la designación de las
autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta de cada una de
ellas nombrará los respectivos Secretarios o Secretarias y Alguaciles; todos los cuales
prestarán el juramento ante sus Salas. Las actas de las sesiones en que sean designados
estos funcionarios o funcionarias se publicarán en la Gaceta Oficial de la República
Atribuciones del Secretario o Secretaria
Artículo 14. Son atribuciones del Secretario o Secretaria del Tribunal Supremo de Justicia
y de las respectivas Salas:
1. Dirigir la Secretaría, velar porque los empleados o empleadas de su dependencia
concurran puntualmente a ella y cumplan con sus deberes.
2. Recibir y entregar, al inicio y conclusión de su mandato y bajo formal inventario, los
libros, sellos, expedientes y archivos de la Secretaría y demás bienes del Tribunal, así
como custodiarlos y conservarlos.
3. Recibir las demandas, representaciones y cualquier otra clase de escritos o
comunicaciones que les sean presentados de conformidad con la Ley, dar cuenta de
ellos al Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con las instrucciones del Presidente o
Presidenta; y autorizar, con su firma, las diligencias de las partes y demás interesados.
4. Redactar las actas de las sesiones del Tribunal y suscribirlas en unión del Presidente
o Presidenta, después de que sean aprobadas; asimismo, deberá suscribir con los
Magistrados o Magistradas las sentencias, autos y demás decisiones que dicte el
Tribunal, y deberá expedir las certificaciones, copias y testimonios que le ordene el
Presidente o Presidenta.
5. Actuar con el Presidente o Presidenta, como Secretario o Secretaria del Juzgado de
Sustanciación y suscribir conjuntamente con él o ella los autos y demás decisiones de
aquél, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley.
6. Hacer llevar al día y con la mayor precisión y exactitud los libros donde consten las
actuaciones del Tribunal según esta Ley y su Reglamento Interno; concurrir puntualmente
a la Secretaría y a las sesiones del Tribunal y cumplir con las instrucciones del Presidente
o Presidenta en todo lo que esté relacionado con sus deberes; informar al Presidente o
Presidenta del curso de los asuntos y de las deficiencias o irregularidades que observe en
7. Las demás que les señalen las leyes y el Reglamento Interno.
Atribuciones del o la Alguacil
Artículo 15. Son atribuciones del o la Alguacil del Tribunal Supremo de Justicia y de las
respectivas Salas:
1. Mantener el orden interno y anunciar públicamente la realización de los actos para los
que las leyes exijan el cumplimiento con tal requisito.
2. Practicar las citaciones o notificaciones que les sean encomendadas.
3. Dar cumplimiento a las instrucciones que reciba de sus superiores inmediatos.
4. Las demás que les señalen las leyes o el Reglamento Interno.
En el ejercicio de sus funciones los o las Alguaciles son funcionarios o funcionarias de
policía, dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, y con tal carácter podrán recabar
la colaboración de otros agentes del orden público para el cumplimiento de aquéllas.
Funcionarios o funcionarias subalternos
Artículo 16. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá los funcionarios o funcionarias que
necesite para el cumplimiento de sus funciones. En el caso de estos funcionarios o
funcionarias, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dictará el respectivo estatuto
en el cual se establecerá el régimen de carrera de los mismos.
El Tribunal Supremo de Justicia podrá contratar como auxiliares a profesionales y
técnicos en aquellos casos en que se requiera personal calificado para realizar tareas
específicas y por tiempo determinado. Se prohibirá la contratación de personal para
realizar funciones correspondientes a los cargos de carrera. El régimen aplicable al
personal contratado será aquél previsto en el respectivo contrato y en la legislación
Juzgados de Sustanciación
Artículo 17. El Presidente o Presidenta, el Secretario o Secretaria y el o la Alguacil del
Tribunal Supremo de Justicia constituyen el Juzgado de Sustanciación de cada Sala.
Los Juzgados de Sustanciación de las Salas, salvo el de la Sala Plena, podrán
constituirse con personas distintas de las señaladas en el párrafo anterior, cuando así lo
decida la Sala Plena.
Recursos contra el Juzgado de Sustanciación
Artículo 18. Cada Sala conocerá de las apelaciones y recursos que se intenten de
acuerdo con la ley contra las decisiones del respectivo Juzgado de Sustanciación.
El Magistrado o Magistrada de cuya decisión como Juez Sustanciador o Jueza
Sustanciadora se recurra por ante la Sala de la cual forma parte, no participará en las
decisiones y deliberaciones de ésta sobre el recurso intentado. En tal caso, la Sala
actuará válidamente con sus miembros restantes.
Artículo 19. El Tribunal Supremo de Justicia tendrá una Junta Directiva que estará
integrada por un Presidente o Presidenta, un Primer y Segundo Vicepresidente o
Vicepresidenta y tres Directores o Directoras, quienes presidirán, respectivamente, las
Salas que conformen.
En ningún caso, el Presidente, el Primer Vicepresidente o Primera Vicepresidenta, el
Segundo Vicepresidente o Segunda Vicepresidenta y los tres Directores o Directoras de
la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser miembros de una misma
Artículo 20. Los integrantes de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia y de
cada una de sus Salas durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La
Sala Plena elegirá, por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes que
estén presentes, la Junta Directiva y la de las restantes Salas del Tribunal Supremo de
Justicia, en la forma que establezcan esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal
Supremo de Justicia. La elección de la Junta Directiva de las Salas se efectuará en la
última reunión de la Sala Plena cada dos años o en la fecha más inmediata siguiente.
Artículo 21. Las actas correspondientes a los nombramientos de la Junta Directiva del
Tribunal Supremo de Justicia y de cada una de las Salas deberán ser publicadas en la
Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 22. Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de
1. Presidir y representar al Tribunal Supremo de Justicia o delegar dicha representación
en alguno de los Vicepresidentes o Vicepresidentas, Directores o Directoras u otro
Magistrado o Magistrada.
2. Administrar el presupuesto del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Ejercer la supervisión de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Inspectoría
General de Tribunales, Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional
de la Magistratura.
4. Asistir a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia en calidad de integrante.
5. Dirigir los debates de la Sala Plena, de acuerdo con el Reglamento Interno.
6. Convocar la Sala Plena a sesiones extraordinarias, cuando lo creyere conveniente o
lo solicite la mayoría absoluta de los Magistrados o Magistradas.
7. Suscribir, junto con el Secretario o Secretaria, las actas de las sesiones o audiencias
de la Sala Plena, una vez que hayan sido aprobadas.
8. Dar cuenta a la Sala Plena de la inasistencia de aquellos Magistrados o Magistradas y
demás funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que se hubieren separado
de sus cargos sin licencia previa.
9. Dar cuenta a la Sala Plena de los actos de autoridad que realice y, en particular, de
las sanciones correctivas o disciplinarias que imponga en el ejercicio de sus funciones.
10. Conceder licencia hasta por siete días continuos a los Magistrados o Magistradas,
funcionarios o funcionarias o empleados o empleadas que la soliciten por causa
11. Velar por el mantenimiento del orden e imponer las sanciones correspondientes a
quienes lo infrinjan.
12. Hacer ejecutar las sanciones disciplinarias que impongan la Sala Plena o el
Presidente o Presidenta, cuando sea procedente.
13. Suscribir los despachos y la correspondencia oficial del Tribunal Supremo de Justicia.
14. Decidir sobre las quejas por demoras o cualesquiera otras faltas en el despacho de
los asuntos e informar acerca de ellas a la Sala Plena, cuando así lo exija su gravedad.
15. Decidir sobre las quejas que formulen las partes contra los funcionarios o funcionarias
o empleados o empleadas, o viceversa.
16. Disponer, por Secretaría, la devolución de documentos y la expedición de copias
certificadas, de conformidad con la Ley.
17. Actuar como Juez o Jueza de Sustanciación, sin perjuicio de lo que dispone esta Ley.
18. Conocer las inhibiciones y recusaciones de los Magistrados o Magistradas y demás
funcionarios o funcionarias de la Sala Plena.
19. Guardar la llave del Arca que contiene los libros originales de las Actas de instalación
correspondientes al Tribunal Supremo de Justicia y las primeras Corte Suprema de
Justicia, Alta Corte Federal, Corte de Casación y Corte Federal y de Casación y
entregarla a su sucesor legal.
20. Las demás que le atribuyan la Constitución, esta Ley y otras leyes nacionales y el
Reglamento Interno del Tribunal Supremo.
Estas atribuciones se asignan, también, a los Presidentes o Presidentas de cada una de
las Salas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con excepción de las que
establecen los numerales 1, 2, 3, 4 y 19.
Atribuciones de los Vicepresidentes o Vicepresidentas
Artículo 23. Son atribuciones de los Vicepresidentes o Vicepresidentas del Tribunal
Supremo de Justicia:
1. Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente o Presidenta del Tribunal
Supremo de Justicia, en el orden respectivo.
2. Colaborar con el Presidente o Presidenta en el mantenimiento de la disciplina interna
y en la buena marcha del Tribunal.
3. Dar cuenta al Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de las
irregularidades que observen en la marcha o funcionamiento del mismo y, en particular,
de sus respectivas Salas.
4. Las demás que les señalen las leyes y el Reglamento Interno.
Los Vicepresidentes o Vicepresidentas de las Salas suplirán a los Presidentes o
Presidentas de éstas en caso de falta y tendrán, además, las atribuciones que les señalen
las leyes y el Reglamento Interno.
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
De las Competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia
Artículo 24. Es de la competencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la
República o quien haga sus veces y, en caso afirmativo, conocerá de la causa, previa
autorización de la Asamblea Nacional, hasta sentencia definitiva.
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o
Vicepresidenta Ejecutiva, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio
Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora
General de la República, del Fiscal o Fiscala General de la República, del Contralor o
Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o
Defensora Público General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral,
de los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales Generales y Almirantes Efectivos y en
funciones de comando, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de los Jefes o Jefas
de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al o la
Fiscal General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y, si el delito
fuere político, conocerá de la causa hasta la sentencia definitiva.
3. Dirimir los conflictos de no conocer que se planteen entre tribunales de instancia con
distintas competencias materiales, cuando no exista una Sala con competencia por la
materia afín a la de ambos.
4. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.
Competencia de la Sala Constitucional
Artículo 25. Es de la competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de
ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las
ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y
Municipios que sean dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley que sean dictados por
el Ejecutivo Nacional, que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de la
Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público,
cuando colidan con aquélla.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea
Nacional, la conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
de los tratados internacionales que sean suscritos por la República, antes de su
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que
declaren estados de excepción que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal,
Estadal o Nacional, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables
para garantizar el cumplimiento con la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, o las haya dictado en forma incompleta, así como las omisiones de cualquiera
de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal, y establecer el plazo y, si
fuera necesario, los lineamientos o las medidas para su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar
cuál debe prevalecer.
9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre cualesquiera de los
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes que sean dictadas por los Tribunales de
la República, cuando hayan desconocido algún precedente dictado por la Sala
Constitucional; efectuado una indebida aplicación de una norma o principio constitucional;
o producido un error grave en su interpretación; o por falta de aplicación de algún principio
o normas constitucionales.
11. Revisar las sentencias dictadas por las otras Salas que se subsuman en los
supuestos que señala el numeral anterior, así como la violación de principios jurídicos
fundamentales que estén contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, tratados, pactos o convenios internacionales suscritos y ratificados
válidamente por la República o cuando incurran en violaciones de derechos
12. Revisar las sentencias definitivamente firmes en las que se haya ejercido el control
difuso de la constitucionalidad de las leyes u otras normas jurídicas, que sean dictadas
por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la
13. Resolver los conflictos de cualquier naturaleza que puedan suscitarse entre las Salas
que integran el Tribunal Supremo de Justicia o entre los funcionarios o funcionarias del
propio Tribunal, con motivo de sus funciones.
14. Determinar, antes de su promulgación, la constitucionalidad del carácter orgánico de
las leyes que sean sancionadas por la Asamblea Nacional, o de los decretos con rango y
fuerza de ley que sean dictados por el Presidente o Presidenta de la República en
15. Conocer la solicitud que formule el Presidente o Presidenta de la República, en el
lapso de diez días que tiene para promulgar la misma, acerca de la inconstitucionalidad
de una ley que sea sancionada por la Asamblea Nacional o de algunos de sus artículos,
de conformidad con el artículo 214 de la Constitución.
16. Avocar las causas en las que se presuma violación al orden público constitucional,
tanto de las otras Salas como de los demás tribunales de la República, siempre que no
haya recaído sentencia definitivamente firme.
17. Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema
18. Conocer en única instancia las demandas de amparo constitucional que sean
interpuestas contra los altos funcionarios o funcionarias públicos nacionales de rango
19. Conocer las apelaciones contra las sentencias que recaigan en los procesos de
amparo constitucional autónomo que sean dictadas por los juzgados superiores de la
República, salvo contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
20. Conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las decisiones que
dicten, en última instancia, los juzgados superiores de la República, salvo de las que se
incoen contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo.
21. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de intereses
difusos o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que
disponen leyes especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al
contencioso de los servicios públicos o al contencioso electoral.
22. Conocer de las demandas de amparo contra los actos, actuaciones y omisiones del
Consejo Nacional Electoral, de la Junta Electoral Nacional, de la Comisión de Registro
Civil y Electoral, de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, así como los
demás órganos subalternos y subordinados del Poder Electoral.
23. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.
Competencia de la Sala Político Administrativa
Artículo 26. Es de la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún
instituto autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los
Municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía
excede de setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no
esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que ejerzan la República, los Estados, los Municipios, o algún instituto
autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, los Municipios o
cualquiera de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede
de setenta mil Unidades Tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté
atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
3. La abstención o la negativa del Presidente de la República, del Vicepresidente
Ejecutivo de la República, de los Ministros o Ministras, así como de las máximas
autoridades de los demás órganos de rango constitucional, a cumplir los actos a que
estén obligados por las leyes.
4. Las reclamaciones contra las vías de hecho atribuidas a las altas autoridades antes
5. Las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o
particulares dictados por el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo de la
República, los Ministros o Ministras, así como por las máximas autoridades de los demás
organismos de rango constitucional, cuyo conocimiento no estuviere atribuido a otro
órgano de la Jurisdicción Administrativa en razón de la materia.
6. Las demandas de nulidad que se ejerzan contra un acto administrativo de efectos
particulares y al mismo tiempo del acto normativo sublegal que le sirve de fundamento,
siempre que el conocimiento de este último corresponda a la Sala Político Administrativa.
7. Las controversias administrativas entre la República, los Estados, los Municipios u otro
ente público, cuando la otra parte sea una de esas mismas entidades, a menos que se
trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado.
8. Las controversias administrativas entre autoridades de un mismo órgano o ente, o entre
distintos órganos o entes que ejerzan el Poder Público, que se susciten por el ejercicio de
una competencia atribuida por la Ley.
10. Las demandas que se interpongan con motivo de la adquisición, goce, ejercicio o
pérdida de la nacionalidad o de los derechos que de ella derivan.
12. Las demandas que le atribuyan la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela o las leyes especiales, o que le correspondan conforme a éstas, en su
condición de máxima instancia de la Jurisdicción Administrativa.
13. Las demás demandas derivadas de la actividad administrativa desplegada por las
altas autoridades de los órganos que ejercen el Poder Público, no atribuidas a otro
14. Las causas que se sigan contra los representantes diplomáticos acreditados en la
República, en los casos permitidos por el derecho internacional.
15. Las apelaciones de las decisiones de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y de las consultas que le correspondan conforme al
16. El avocamiento, de oficio o a petición de parte, sobre algún asunto que curse en otro
tribunal cuando sea afín con la materia administrativa.
17. Los juicios en que se tramiten acciones conexas, cuando a la Sala Político
Administrativa le esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
18. Del Recurso Especial de Juridicidad, de conformidad con lo establecido en la ley que
regula la jurisdicción contencioso administrativa.
19. Los conflictos de competencia que surjan entre los tribunales de la jurisdicción
contencioso administrativa.
22. Los juicios sobre hechos ocurridos en alta mar, en el espacio aéreo internacional o en
puertos o territorios extranjeros tramitados en la República, cuando su conocimiento no
estuviese atribuido a otro Tribunal.
23. Los juicios para declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias dictadas por
autoridades extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales o en
Competencia de la Sala Electoral
Artículo 27. Es de la competencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos,
actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral, tanto los que estén
directamente vinculados con los procesos comiciales, como aquellos que estén
relacionados con su organización, administración y funcionamiento.
2. Conocer las demandas contencioso electorales que se interpongan contra los actos
de naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios
profesionales, organizaciones con fines políticos, universidades nacionales y otras
3. Conocer las demandas de amparo constitucional de contenido electoral, distintas a las
atribuidas a la Sala Constitucional.
Competencia de la Sala de Casación Civil
Artículo 28. Es de la competencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de
1. Conocer el recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y marítimos.
2. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades jurisdiccionales
extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley.
3. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes.
Competencia de la Sala Penal
1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos
que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley.
2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan
las leyes, en materia penal.
3. Conocer las solicitudes de radicación de juicio.
Competencia de la Sala de Casación Social
Artículo 30. Es de la competencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de
1. Conocer el recurso de casación en los juicios del trabajo, familia, de protección del
niño, niña y adolescente y agrarios.
2. Conocer, en alzada, los recursos contencioso-administrativos de nulidad en materia
ambiental y agraria.
3. Conocer el Recurso de Control de Legalidad.
Artículo 31. Es de la competencia común de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:
1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal
y avocarlo en los casos que dispone esta Ley.
2. Conocer los recursos de hecho que le sean presentados.
3. Conocer los juicios en que se ventilen varias pretensiones conexas, siempre que al
Tribunal esté atribuido el conocimiento de alguna de ellas.
4. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales,
cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.
5. Conocer las demandas de interpretación acerca del alcance e inteligencia de los
textos legales, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del
mecanismo, medio o recurso que disponga la ley para dirimir la situación de que se trate.
6. Conocer cualquier controversia o asunto litigioso que le atribuyan las leyes, o que le
corresponda conforme a éstas en su condición de más alto Tribunal de la República.
Artículo 32. De conformidad con la Constitución de la República, el control concentrado
de la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos
previstos en esta Ley, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso,
no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o
técnicas del demandante por tratarse de un asunto de orden público. Los efectos de dicha
sentencia serán de aplicación general, y se publicará en la Gaceta Oficial de la República,
y en la Gaceta Oficial del Estado o Municipio según corresponda.
Consulta sobre control difuso de la constitucionalidad
Artículo 33. Cuando cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia y los
demás tribunales de la República ejerzan el control difuso de la constitucionalidad
deberán informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcance de la
desaplicación que sea adoptada, para que ésta proceda a efectuar un examen abstracto
sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión. A tal efecto deberán remitir copia
certificada de la sentencia definitivamente firme.
Proceso de nulidad de oficio
Artículo 34. Conforme a lo que se dispone en el artículo anterior, cuando se declare la
conformidad a derecho de la desaplicación por control difuso, la Sala Constitucional podrá
ordenar el inicio del procedimiento de nulidad que dispone esta Ley. Igualmente
procederá cuando el control difuso de la constitucionalidad sea ejercido por dicha Sala.
Artículo 35. Cuando ejerza la revisión de sentencias definitivamente firmes, la Sala
Constitucional determinará los efectos inmediatos de su decisión y podrá reenviar la
controversia a la Sala o Tribunal respectivo o conocer la causa, siempre que el motivo que
haya generado la revisión constitucional sea de mero derecho y no suponga una nueva
actividad probatoria; o que la Sala pondere que el reenvío pueda significar una dilación
inútil o indebida, cuando se trate de un vicio que pueda subsanarse con la sola decisión
que sea dictada.
De las Atribuciones Administrativas del Tribunal Supremo de Justicia
Atribuciones administrativas
Artículo 36. El Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones:
1. Recibir en Sala Plena, el juramento del Presidente o Presidenta de la República, en el
caso que preceptúa el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de
2. Iniciar proyectos de ley relativos a la organización y procedimientos judiciales y
designar a aquellos de sus miembros que deban representarla en las sesiones en que
ellos se discutan.
3. Recomendar a los otros Poderes Públicos reformas en la legislación sobre materias
en las que no tenga iniciativa legislativa.
4. Elaborar su propio presupuesto y el del Poder Judicial.
6. Nombrar y juramentar a los jueces o juezas de la República.
7. Nombrar a los funcionarios o funcionarias, empleados o empleadas del Poder Judicial,
cuya designación le atribuya la ley y recibir el juramento de aquellos que deban prestarlo
8. Decidir la creación de los Juzgados de Sustanciación previstos en esta Ley, y
atribuirle la sustanciación de los asuntos de su competencia que lo requieran.
9. Calificar sus miembros, recibir sus renuncias y remitirlas a la Asamblea Nacional.
10. Dictar las normas concernientes a los derechos y obligaciones de los empleados o
empleadas a su servicio, y organizar el sistema de administración de dicho personal.
13. Designar a los representantes del Tribunal Supremo de Justicia ante la Comisión
Nacional del Sistema de Justicia.
14. Nombrar y remover a los Secretarios o Secretarias, alguaciles y los demás
funcionarios o funcionarias y empleados o empleadas de su dependencia, o delegar en su
Presidente o Presidenta el nombramiento y remoción de estos últimos.
15. Recibir el juramento que deben prestar los funcionarios o funcionarias y empleados o
empleadas del Tribunal Supremo de Justicia o comisionar a su Presidente o Presidenta
para hacerlo, si se tratare de estos últimos.
16. Autorizar a los defensores públicos o defensoras públicas y sus suplentes ante el
17. Ordenar la convocatoria de los o las suplentes en caso de falta temporal o accidental.
18. Ordenar la convocatoria de los suplentes respectivos en caso de falta absoluta, hasta
cuando la Asamblea Nacional designe al nuevo Magistrado o Magistrada que cubra dicha
19. Designar a quienes deban suplir a los Secretarios o Secretarias y Alguaciles, en caso
de falta absoluta, sin perjuicio de lo que dispone la presente Ley.
20. Mantener la disciplina interna e imponer las sanciones correspondientes por las faltas
en que puedan incurrir funcionarios o funcionarias o particulares de conformidad con la
21. Recibir la cuenta de los asuntos que se sometan a su consideración y darles el
destino correspondiente.
La Sala Plena ejercerá con exclusividad las atribuciones a que se refiere este artículo en
sus cardinales 1 al 14. Las señaladas en los demás cardinales también serán ejercidas en
las demás Salas, dentro de los ámbitos de su competencia, conforme a las disposiciones
de esta Ley y el Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia.
DE LOS MAGISTRADOS O MAGISTRADAS Y SUPLENTES
De los Magistrados o Magistradas
Requisitos y Responsabilidad
Artículo 37. Sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 263 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ser Magistrado o Magistrada
del Tribunal Supremo de Justicia, el aspirante deberá cumplir con los siguientes
1. Ser ciudadano o ciudadana de conducta ética y moral intachables.
2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y competencia.
3. Estar en plena capacidad mental.
4. No haber sido condenado penalmente mediante sentencia definitivamente firme ni
haber sido sancionado por responsabilidad administrativa de conformidad con lo que
dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional
de Control Fiscal, mediante acto administrativo definitivamente firme.
5. Renunciar a cualquier militancia político-partidista, y no tener vínculo, hasta el
segundo grado de consanguinidad o el tercer grado de afinidad, con los Magistrados o
Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, con el Presidente o Presidenta de la
República, el Vicepresidente Ejecutivo de la República o Vicepresidenta Ejecutiva de la
República, los Ministros o Ministras del Ejecutivo Nacional, el Fiscal o la Fiscal General de
la República, el Defensor o Defensora del Pueblo, del Defensor o Defensora Público
General, el Contralor o Contralora General de la República, los Rectores del Consejo
Nacional Electoral y el Procurador o Procuradora General de la República.
6. No estar unido por matrimonio ni mantener unión estable de hecho con alguno de los
Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
7. No realizar alguna actividad incompatible con las funciones y atribuciones de los
Magistrados o Magistradas de conformidad con la ley.
8. Tener título universitario de especialización, maestría o doctorado en el área de ciencia
Los Magistrados y las Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia son responsables
personalmente por los delitos o faltas que cometan con ocasión del ejercicio de sus
funciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar de conformidad
Período y procedimiento de designación
Artículo 38. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán
designados o designadas por la Asamblea Nacional, por un período único de doce años,
mediante el procedimiento siguiente: Cuando sea recibida la segunda preselección que
consigne el Poder Ciudadano, de conformidad con el artículo 264 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, en sesión plenaria que sea
convocada, por lo menos, con tres días hábiles de anticipación, la Asamblea Nacional
hará la selección definitiva con el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus
miembros. En caso de que no se logre el voto favorable de la mayoría calificada que se
requiere, se convocará a una segunda sesión plenaria, de conformidad con este artículo;
y si tampoco se obtuviese el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes, se convocará
a una tercera sesión y, si en ésta tampoco se consiguiera el voto favorable de las dos
terceras (2/3) partes de los miembros de la Asamblea Nacional, se convocará a una
cuarta sesión plenaria, en la cual se harán las designaciones con el voto favorable de la
mayoría simple de los miembros de la Asamblea Nacional.
Artículo 39. Los Magistrados o Magistradas podrán ejercer cargos académicos y
docentes siempre y cuando no sea a tiempo completo o no resulten incompatibles con el
ejercicio de sus funciones, y ser miembros de comisiones codificadoras, redactoras o
revisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las disposiciones que las rijan,
no constituyan destinos públicos remunerados.
No podrán ser designados simultáneamente Magistrados o Magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, unión estable de
hecho, adopción o parentesco en línea recta o en línea colateral, dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de que ocurriese este supuesto, la
Asamblea Nacional revocará la última designación y procederá a una nueva selección, de
conformidad con esta Ley. Asimismo, los Magistrados o Magistradas no podrán ejercer
otro cargo ni profesiones o actividades incompatibles con sus funciones.
Juramentación e incorporación
Artículo 40. Los Magistrados o Magistradas prestarán juramento de ley, en sesión
especial ante la Asamblea Nacional, dentro de los diez días siguientes a su elección; sin
embargo, los que no concurrieran al acto de juramentación, o por cualquier circunstancia
no hubieren sido juramentados ante la Asamblea Nacional, se juramentarán ante el
Los Magistrados o Magistradas se incorporarán al Tribunal Supremo de Justicia al día
siguiente de su juramentación o, posteriormente, en la fecha más inmediata que señale el
órgano ante el cual se hayan juramentado.
Presunción de no aceptación del cargo
Artículo 41. Si alguno de los Magistrados o Magistradas no tomare posesión del cargo
dentro de los veinte días siguientes a su designación, ni durante el lapso que al efecto le
señale el Tribunal en Sala Plena, se considerará que no ha aceptado el cargo y la
Asamblea Nacional hará una nueva designación.
Artículo 42. Los Magistrados o Magistradas continuarán en el ejercicio de sus funciones,
hasta tanto sean sustituidos por quienes deban reemplazarlos.
Orden de sustitución
Artículo 43. En caso de que todos los Magistrados o Magistradas que sean designados
no concurran en la misma fecha a tomar posesión de su cargo, el Presidente o Presidenta
del Tribunal Supremo de Justicia determinará el orden en que aquellos deban ser
reemplazados.
Artículo 44. Los Magistrados o Magistradas tienen derecho al disfrute de vacaciones
anuales y a que sean jubilados en los términos y condiciones que disponga el estatuto
De los o las Suplentes
Designación de suplentes
Artículo 45. Los o las suplentes de los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo
de Justicia serán designados o designadas por la Asamblea Nacional por un período de
seis años, durante el mes de enero del año correspondiente, mediante el voto de la
mayoría absoluta de los Diputados o Diputadas presentes en la sesión que se celebre
para tal fin, y podrán ser reelegidos por períodos iguales.
Los o las suplentes prestarán juramento ante la Asamblea Nacional de conformidad con lo
que dispone esta Ley.
Artículo 46. Los o las suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, deberán cumplir los
mismos requisitos exigidos en la Constitución de la República y en la presente ley para
ser Magistrado o Magistrada.
El Tribunal Supremo de Justicia establecerá, mediante Reglamento, la asignación
económica de los o las suplentes por el cumplimiento con sus funciones.
Tanto la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia velarán, en sus casos,
para que las listas de suplentes se mantengan actualizadas y para que en ellas se
especifique el orden de los suplentes disponibles que deberán suplir las faltas de los
Magistrados o Magistradas.
Del modo de suplir a los Magistrados o Magistradas
Faltas absolutas
Artículo 47. En caso de falta absoluta de un Magistrado o Magistrada, la Asamblea
Nacional procederá a la designación por un nuevo periodo de doce años, según el
procedimiento que preceptúa esta Ley. Mientras se hace la designación, la falta absoluta
será suplida, temporalmente, por el o la suplente correspondiente, quien podrá ser
postulado o postulada para el nuevo periodo.
Artículo 48. Para la suplencia de las faltas absolutas de los Magistrados o Magistradas,
hasta tanto se produzca el nombramiento por parte de la Asamblea Nacional en los
términos de esta Ley, se convocará a los o las suplentes en el orden de su designación.
Se entiende por orden de designación, el que aparezca establecido en las listas de
suplentes que sean elegidos o elegidas por la Asamblea Nacional para cada Sala. Se
considerará que dichas listas forman una sola, y se convocará a sus integrantes,
comenzando por el primer suplente de la lista correspondiente a la Sala en que se haya
producido la falta.
Agotamiento de las listas de suplentes
Artículo 49. Si se excusaren todos los suplentes, o no hubiese a quien convocar por
haberse agotado las listas de los mismos, mientras la Asamblea Nacional provea lo
conducente para suplir la falta absoluta, podrá continuarse la sustanciación de los asuntos
en curso, siempre y cuando el número de los Magistrados o Magistradas que falte no
exceda de la mayoría absoluta de los miembros que integren el Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Plena o la Sala respectiva.
Incidencia de falta absoluta
Artículo 50. La falta absoluta de uno o más Magistrados o Magistradas en una de las
Salas no afecta el normal funcionamiento de las otras.
Suplencia ante faltas temporales
Artículo 51. Las faltas temporales de los Magistrados o Magistradas, serán llenadas por
los o las suplentes, en el orden de su designación. Cada Sala apreciará si la falta
temporal de alguno de los Magistrados o Magistradas que la integran exige o no la
inmediata convocatoria de quien deba sustituirlo. En todo caso, la convocatoria deberá
realizarse si la falta temporal excede de diez días continuos.
Suplencia ante faltas accidentales
Artículo 52. En caso de faltas accidentales, los o las suplentes de cada Sala suplirán las
faltas mediante designación aleatoria, mediante el método de insaculación.
Del procedimiento de Recusación e Inhibición
Oportunidad para la inhibición o la recusación
Artículo 53. La inhibición o la recusación de los Magistrados o Magistradas podrá tener
lugar hasta cuando venzan los lapsos de sustanciación, si es el caso, o dentro de los tres
días siguientes al momento en que se produzca la causa que las motive.
Artículo 54. Los Magistrados o Magistradas y demás funcionarios o funcionarias del
Tribunal Supremo de Justicia, estarán sujetos, supletoriamente, a las reglas que sobre
inhibición y recusación establecen las normas procesales en vigor.
Inhibición o recusación de todos
los Magistrados o Magistradas
Artículo 55. Si se inhibieren o fueren recusados todos los Magistrados o Magistradas que
integran alguna de las Salas, conocerá de la incidencia el Presidente o Presidenta de la
Sala Plena, a menos que éste o ésta también sea uno de los inhibidos o recusados, en
cuyo caso conocerá de la incidencia el Primer Vicepresidente o Vicepresidenta; y si éste o
ésta también se hubiere inhibido o fuere recusado, resolverá el Segundo Vicepresidente o
Vicepresidenta. Si éste o ésta también se inhibe o es recusado conocerán los Directores o
Directoras en orden de antigüedad. Y si tampoco éstos pudieren conocer, lo hará aquel
de los Magistrados o Magistradas, no inhibido, ni recusado, a quien corresponda decidir
conforme a una lista que elaborará la Sala Plena en el día hábil siguiente a aquel en que
hubiere designado su Directiva o, posteriormente, en la fecha más inmediata.
Decisión de la incidencia por suplentes
Artículo 56. En caso de que ninguno de los Magistrados o Magistradas pudiere conocer
de la incidencia, conocerán de ella los o las suplentes en el orden establecido en la lista
que a tal efecto elaborará también el Tribunal en Sala Plena, en la misma oportunidad
indicada en el artículo anterior. Asimismo, se convocará a los o las suplentes, cuando se
inhiban o sean recusados todos los Magistrados o Magistradas del Tribunal en Sala
Inhibición o recusación parcial
Convocatoria de suplentes
Artículo 57. Cuando la inhibición sea parcial y se produjere en el Tribunal en Sala Plena,
se procederá según lo dispuesto en este capítulo. Pero, si se produjere recusación o
inhibición en otras Salas, el conocimiento de la incidencia corresponderá al Presidente o
Presidenta de la respectiva Sala, a menos que se hallare entre los recusados o inhibidos,
en cuyo caso, conocerá su Vicepresidente o Vicepresidenta, y si éste también estuviese
impedido, decidirá el Magistrado o Magistrada o suplente no inhibido, ni recusado, a quien
corresponda conocer, teniendo en cuenta el orden en que aparezcan en las listas de que
formen parte, respectivamente. La convocatoria de los o las suplentes compete al
Presidente o Presidenta de la Sala respectiva.
Listas incompletas de suplentes
Artículo 58. La circunstancia de que alguna lista de suplentes esté incompleta, no impide
que se convoque a los demás que figuren en ella, en los casos en que sea procedente.
Pero al quedar incompleta alguna lista de suplentes, el Presidente o Presidenta del
Tribunal lo comunicará a la Asamblea Nacional, a los fines previstos en esta Ley.
Salas Accidentales
Artículo 59. Declarada con lugar la recusación o inhibición, se constituirá la respectiva
Sala Accidental con los o las suplentes a quienes corresponda llenar la falta.
De las Ausencias Temporales
Licencia por enfermedad o misión oficial
Artículo 60. Los Magistrados o Magistradas podrán obtener licencia para que se separen
temporalmente del cargo, por motivo de enfermedad, desempeño de misión oficial
compatible con el cargo, u otra causa que la Sala Plena considere justificada. Si vencida
la licencia el Magistrado o Magistrada no se reincorporare, ni hubiere obtenido prórroga,
se considerará que ha renunciado al cargo, a menos que una causa justificada se lo haya
Licencia por motivos graves
Artículo 61. En caso de separación del cargo de un Magistrado o Magistrada por
enfermedad, o por cualquier otro motivo grave a juicio de la Sala Plena, aquél tendrá
derecho a su remuneración completa hasta por seis meses. Si la licencia fuere para
desempeñar misión oficial, el Magistrado o Magistrada devengará sus dotaciones legales
durante el tiempo de la misión. Mientras dure la licencia, dicha falta temporal será suplida
por el o la suplente correspondiente.
De la remoción de los Magistrados o Magistradas
Artículo 62. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser
removidos de sus cargos en los términos que establece el artículo 265 de la Constitución
de la República, y serán causas graves para ello las siguientes:
1. Las que establecen la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética del
Juez Venezolano y la Jueza Venezolana.
2. Manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica
que designe el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional.
3. No ser imparcial o independiente en el ejercicio de sus funciones.
4. Eximirse del ejercicio de sus funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación.
5. Llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante.
6. Realizar actividades incompatibles con sus funciones, por sí o por interpuestas
7. Ejercer simultáneamente otro cargo público remunerado, salvo lo que se dispone para
cargos académicos o docentes a que se refiere esta Ley.
8. Abandonar el cargo y así lo declare el Tribunal Supremo de Justicia.
9. Incumplir o incurrir en negligencia manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y
10. Que sus actos públicos atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los
órganos que represente.
11. Cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su
credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo.
12. Cuando ejerzan influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones
13. Cuando incurran en abuso o exceso de autoridad.
14. Cuando incurran en grave e inexcusable error de derecho, cohecho, prevaricación,
dolo o denegación de justicia.
15. Cuando hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación como
Magistrado o Magistrada a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y en la Constitución de la
16. Cuando la actitud pública de los Magistrados o Magistradas atente contra el
funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus salas o del Poder
17. Cuando infrinjan algunas de las prohibiciones que están establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes.
Audiencia y decisión
Artículo 63. Una vez que sea calificada la falta y sean recibidas las actuaciones del
Consejo Moral Republicano, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional deberá
convocar, dentro de los diez días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para escuchar
al interesado o interesada y resolver inmediatamente sobre la remoción planteada.
DEL COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES
Naturaleza. Sede. Reglamento Interno
Artículo 64. El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor de la Asamblea
Nacional para la selección de los candidatos o candidatas a Magistrados o Magistradas
del Tribunal Supremo de Justicia. Igualmente asesorará a los Colegios Electorales
Judiciales para la elección de los jueces o juezas de la competencia disciplinaria.
Su sede estará en la Asamblea Nacional y sus gastos correrán a cargo de ese mismo
El Comité de Postulaciones Judiciales dictará su Reglamento Interno de organización y
Designación y funcionamiento
Artículo 65. El Comité de Postulaciones será designado y funcionará por un período de
dos años, por mayoría simple de la Asamblea Nacional, como máximo órgano
representativo de la sociedad venezolana; tendrá once miembros principales, con sus
respectivos suplentes, cinco de los cuales serán elegidos del seno del órgano legislativo
nacional, y los otros seis miembros, de los demás sectores de la sociedad, los cuales se
elegirán en un procedimiento público.
La Asamblea Nacional designará a uno de los integrantes del Comité de Postulaciones
Judiciales, como Presidente o Presidenta de dicho órgano.
Los integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales no percibirán remuneración
alguna por el ejercicio de sus funciones, salvo la dieta que se pagará, para que cubran
sus gastos, a los representantes de la sociedad provenientes de provincia, que lo
integraren.
Competencias del Presidente o
Artículo 66. Corresponderá al Presidente o Presidenta del Comité de Postulaciones
Judiciales convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité; asimismo, le
corresponderá elaborar la agenda que presentará a la consideración del Comité en las
reuniones correspondientes.
Artículo 67. El Comité de Postulaciones Judiciales tendrá como función esencial
seleccionar, mediante un proceso público y transparente y con atención a los requisitos
que sean exigidos constitucional y legalmente, los candidatos a Magistrados o
Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia que deban ser presentados al Poder
Ciudadano para la segunda preselección en los términos que establece en el artículo 264
de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. El Poder Ciudadano deberá,
salvo causa grave, respetar la selección que provenga del Comité de Postulaciones
Requisitos para ser miembro del Comité
Artículo 68. Los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales deberán ser
ciudadanos o ciudadanas venezolanos, de reconocida honorabilidad y prestigio en el
ejercicio de las funciones o profesión que ejerzan o les haya correspondido ejercer.
También deberán ser mayores de treinta y cinco años y no haber sido condenados
penalmente mediante sentencia definitivamente firme, ni haber sido sancionados por
responsabilidad administrativa, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, mediante
acto administrativo definitivamente firme.
Quórum de deliberaciones y decisiones
Artículo 69. El Comité de Postulaciones Judiciales se instalará al día siguiente de la
última designación de sus miembros; se escogerá de su seno un Vicepresidente o
Vicepresidenta y fuera de él un Secretario o Secretaria. Para sus deliberaciones, requerirá
la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y tomará sus decisiones con el
voto favorable de la mayoría de los presentes.
De la preselección de los candidatos
Carácter público del proceso
Artículo 70. El proceso de preselección de candidatos o candidatas será público; a estos
efectos, el Comité de Postulaciones Judiciales convocará a los interesados mediante un
aviso, que se publicará en no menos de tres diarios de circulación nacional, el cual
contendrá los requisitos que deben reunir de conformidad con la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y la presente Ley, y el lugar y plazo de recepción de
las mismas. Este último no será menor de treinta días continuos.
Publicidad de los postulados o postuladas
Artículo 71. Una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Comité de
Postulaciones Judiciales publicará, el día hábil siguiente, en un diario de circulación
nacional, los nombres de los postulados o postuladas con indicación expresa de que los
interesados podrán impugnar ante ese mismo órgano, mediante prueba fehaciente, a
cualquiera de los candidatos y candidatas, en un plazo de quince días continuos, que se
computarán desde la publicación de la lista. Vencido dicho lapso, el Comité de
Postulaciones Judiciales se pronunciará sobre las objeciones que hayan sido recibidas en
un lapso de ocho días continuos, y notificará por cualquier medio al afectado o afectada,
para una audiencia dentro de los tres días siguientes, para que exponga sus alegatos y
probanzas que contradigan las impugnaciones en su contra.
Principio de colaboración
Artículo 72. Para el mejor cumplimiento de su cometido, el Comité de Postulaciones
Judiciales podrá requerir de todo órgano o ente público o privado, información relacionada
con alguno de los candidatos o candidatas postulados. El ente u órgano requerido deberá
responder en un lapso no mayor de cinco días continuos, salvo en los casos debidamente
justificados por su complejidad.
Baremo de preselección de los
postulados o postuladas
Artículo 73. El Comité de Postulaciones Judiciales aprobará, por las dos terceras (2/3)
partes de sus integrantes, el baremo que se utilizará para la preselección de los
postulados o postuladas. El Comité de Postulaciones preseleccionará, entre los
postulados o postuladas, un número no inferior al triple de los cargos de Magistrados o
Magistradas del Tribunal, y al día siguiente remitirá al Poder Ciudadano la lista de
preseleccionados con sus respectivos expedientes.
Segunda preselección
Artículo 74. El Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano, dentro de
los diez días continuos a la recepción de la documentación enviada por el Comité de
Postulaciones Judiciales, hará una segunda preselección que será presentada a la
Asamblea Nacional, con el propósito de que realice la selección definitiva dentro de los
cinco días continuos siguientes a la recepción de la documentación que sea enviada por
el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano.
DE LA DIRECCIÓN, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL
De la Dirección Ejecutiva de la Magistratura
Artículo 75. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura es un órgano que depende
jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
La Sala Plena regulará la organización y funcionamiento de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y de sus oficinas regionales.
Designación del Director o Directora Ejecutivo
Artículo 76. El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura será la máxima autoridad
gerencial y directiva del órgano y lo representará.
El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura será designado o designada por
mayoría simple de la Sala Plena y será de libre nombramiento y remoción.
En ningún caso podrán ocupar este cargo los Magistrados o Magistradas en ejercicio de
Atribuciones del Director o Directora Ejecutivo
Artículo 77. El Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura tendrá las siguientes
1. Ejecutar y velar por el cumplimiento con los lineamientos sobre la política, planes,
programas y proyectos que sean dictados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia, que deban seguir la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas
2. Decidir, dirigir y evaluar los planes de acción, programas y proyectos institucionales
según los planes estratégicos y operativos y el presupuesto asignado, de conformidad
con la política, lineamientos y actos que emanen de la Sala Plena del Tribunal Supremo
3. Presentar a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, los planes estratégicos,
institucionales y planes operativos anuales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y
sus oficinas regionales.
4. Dictar la normativa interna de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de conformidad
con el correspondiente Reglamento de Organización y Funcionamiento que apruebe la
5. Informar a la Sala Plena sobre las actuaciones de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y sus oficinas regionales.
6. Evaluar trimestralmente los informes de gestión que le presente la Coordinación
General de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
7. Proponer a la Sala Plena la normativa sobre la organización y funcionamiento de los
órganos que integren la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
8. Velar por la correcta aplicación de las políticas y normas internas de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura, así como por la integridad y calidad de los procesos internos
que se desarrollen en dicha dirección y en sus oficinas regionales.
9. Decidir sobre los asuntos concernientes al manejo administrativo y operativo de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales.
10. Nombrar y remover a los miembros de la Coordinación General de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura.
11. Promover la realización de estudios de importancia estratégica para incrementar la
eficiencia institucional de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y del Poder Judicial.
12. Decidir sobre el ingreso y remoción del personal de la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, de conformidad con lo que establezca la Sala Plena.
13. Presentar a la consideración de la Sala Plena los resultados de la gestión de la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de sus oficinas regionales.
14. Promover el desarrollo técnico y gerencial en los diferentes niveles de la Dirección
15. Las demás que le sean asignadas por la Sala Plena.
Artículo 78. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura tendrá una Coordinación General,
cuya competencia, estructura y funcionamiento será regulado por la Sala Plena.
Atribuciones del Coordinador o Coordinadora General
Artículo 79. La Coordinación General tendrá las siguientes atribuciones:
1. Ejercer la supervisión de los órganos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
2. Coordinar la gestión operativa de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, bajo los
lineamientos del Director o Directora Ejecutivo de la Magistratura.
3. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de la Coordinación General.
4. Coordinar la elaboración de la memoria y cuenta de las actividades realizadas por
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
5. Expedir copias certificadas de acuerdo con las formalidades que disponga la ley.
6. Cualesquiera otras que le asignen el Director o Directora Ejecutivo de la
Magistratura o el Reglamento Interno de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.
7. Suplir las faltas temporales o absolutas del Director o Directora Ejecutivo de la
Magistratura, hasta por un lapso de tres meses.
De los Órganos Auxiliares
Artículo 80. La Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa
Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura son órganos dependientes jerárquica,
organizativa y funcionalmente de la Sala Plena.
Artículo 81. La Inspectoría General de Tribunales tendrá como función esencial la
inspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de los tribunales de la República de
La Inspectoría General de Tribunales estará dirigida por el Inspector o Inspectora General
de Tribunales, el cual será de libre nombramiento y remoción de la Sala Plena.
Inspectoría General de la Defensa Pública
Artículo 82. La Inspectoría General de la Defensa Pública tendrá como función esencial
la inspección y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de la Defensa Pública de
conformidad con el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de
La Inspectoría General de la Defensa Pública estará dirigida por el Inspector o Inspectora
General de la Defensa Pública, el cual será de libre nombramiento y remoción de la Sala
Artículo 83. La Escuela Nacional de la Magistratura es el centro de formación de los
jueces y de los demás servidores del Poder Judicial, conforme a las políticas que sean
dictadas por la Sala Plena.
Esta institución debe cumplir con la función esencial e indelegable de profesionalización
de los jueces mediante la formación y capacitación continua de lo que debe ser el nuevo
juez o jueza venezolana, para lo cual mantendrá estrechas relaciones con las
universidades del país y demás centros de formación académica.
El Director o Directora de la Escuela Nacional de la Magistratura será de libre
nombramiento y remoción de la Sala Plena.
Organización de la Escuela Nacional de la Magistratura
Artículo 84. Las políticas, organización y funcionamiento de la Escuela Nacional de la
Magistratura, así como sus orientaciones académicas, corresponderán a la Sala Plena; y
la planificación la ejercerá en coordinación con la Comisión de Formación e Investigación
de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia.
DE LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Artículo 85. Los procesos que se preceptúan en la presente ley, constituyen instrumentos
fundamentales para la realización de la justicia y se regirán por los principios de
gratuidad, simplicidad, economía, uniformidad, inmediación, oralidad y realidad. No se
sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
El Tribunal Supremo de Justicia en cada una de sus Salas favorecerá la utilización de las
herramientas tecnológicas disponibles para la sustanciación de las causas sometidas a su
conocimiento, para la implementación de trámites transparentes y expeditos.
Artículo 86. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá y tramitará, en la Sala a la que
corresponda, los recursos de casación cuando la cuantía exceda de tres mil unidades
tributarias (3.000 U.T.), sin perjuicio de lo que dispongan las normas procesales en vigor.
Artículo 87. Para actuar en cualquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia se
requiere la asistencia jurídica de abogado o abogada que cumpla los requisitos que exige
Medios alternativos para la resolución de conflictos
Artículo 88. Los medios alternativos para la resolución de conflictos podrán utilizarse en
cualquier grado y estado del proceso, salvo que se trate de materia de orden público, o
aquellas no susceptibles de transacción o convenimiento, de conformidad con la Ley.
Artículo 89. El Tribunal Supremo de Justicia conocerá de los asuntos que le competen a
instancia de parte interesada; no obstante, podrá actuar de oficio en los casos que
Identificación de la Sala Competente
Artículo 90. En las demandas o solicitudes que se dirijan al Tribunal Supremo de Justicia
deberá indicarse la Sala a la que corresponde el conocimiento del asunto. Sin embargo, la
omisión de este requisito o la indicación incorrecta de la Sala no impedirá que se remita a
la Sala competente.
Artículo 91. Las notificaciones de las partes e interesados o interesadas podrán ser
practicadas por cualesquiera de las siguientes formas:
1. Personalmente, entregándola con acuse de recibo que sea firmado por los
destinatarios o destinatarias o por su representante legal.
2. Mediante boleta u oficio que sea dejada por el o la Alguacil en el domicilio procesal
del sujeto de que se trate, luego de lo cual dicho funcionario dejará constancia escrita de
haberla practicado. Dicha boleta contendrá la identificación completa de las partes, el
objeto de la pretensión, el término de comparecencia y clara advertencia de las
consecuencias procesales de su incumplimiento. Al momento de librarse la boleta se
ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Mediante correspondencia postal que sea efectuada a través de correo público o
4. Mediante boleta que sea enviada a través de sistemas de comunicación telegráficos,
facsimilares, electrónicos y similares, en cuyo caso el Secretario dejará constancia en el
expediente de haberla practicado. A tal efecto las partes indicarán su dirección de correo
electrónico o número de fax, cuando se incorporen al proceso. Al momento de librarse la
boleta se ordenará su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de
Artículo 92. Las notificaciones que sean practicadas conforme a lo que se establece en
los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior surtirán efectos el día de despacho siguiente a
que su práctica conste en autos.
Cuando la notificación se lleve a cabo conforme a lo que se establece en el cardinal 4 del
artículo anterior, ella surtirá efectos al quinto (5°) día de despacho siguiente a cuando su
práctica conste en autos y su publicación en el portal electrónico del Tribunal Supremo de
Notificación por cartel
Articulo 93. Cuando fuese imposible efectuar la notificación por cualesquiera de los
medios que dispone el artículo 91, ésta se practicará mediante la fijación de un cartel en
la Secretaría de la Sala, que contendrá la identificación completa de las partes, el objeto
de la pretensión, el término de comparecencia que sea aplicable y clara advertencia de
las consecuencias procesales de su incumplimiento. En la misma oportunidad, se
publicará el cartel en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia.
Las partes se entenderán notificadas vencido el término de diez días de despacho
siguientes a que conste en autos la fijación del cartel.
Articulo 94. La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado
paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de
los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso.
Improcedencia de la perención
Artículo 95. No se podrá declarar la perención de la instancia en los procesos que
comprendan materia ambiental; o cuando se trate de pretensiones que estén dirigidas a
sancionar los delitos contra los derechos humanos, el patrimonio público, o el tráfico de
Efecto del desistimiento y la perención
Artículo 96. El desistimiento de la apelación o la perención de la instancia dejan firme la
sentencia apelada o la actuación objeto de la demanda, salvo que lesionen normas de
Apelación contra el Juzgado de Sustanciación
Artículo 97. Contra las decisiones del Juzgado de Sustanciación se oirá apelación en un
solo efecto, en el lapso de tres días de despacho siguientes a la fecha de su oportuna
publicación. Las Salas decidirán en el lapso de diez días de despacho siguientes al recibo
del expediente, previa sustanciación de la incidencia correspondiente.
Artículo 98. Las reglas del Código de Procedimiento Civil regirán como normas
supletorias en los procesos que cursen ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin
embargo, cuando en el ordenamiento jurídico no se preceptúe un proceso especial a
seguir se podrá aplicar el que las Salas juzguen más conveniente para la realización de la
justicia, siempre que tenga fundamento legal.
Designación de ponente
Artículo 99. En los asuntos que sean sometidos al conocimiento del Tribunal Supremo de
Justicia, el Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, designará un Magistrado o
Magistrada ponente, dentro de los tres días hábiles siguientes, computables desde el
momento en que se hubiere dado entrada al asunto. Las ponencias serán asignadas en
estricto orden cronológico de acuerdo con la fecha y hora de presentación de las
respectivas actuaciones.
Reserva de ponencias
Artículo 100. El Presidente o Presidenta de cada Sala actuará como Magistrado o
Magistrada ponente en aquellas causas que le correspondan, y en los asuntos que él o
ella se reserve.
Artículo 101. El Presidente o Presidenta de la Sala convocará a todos los Magistrados o
Magistradas que constituyan la Sala respectiva, por lo menos, una vez a la semana, o
cuantas veces sea necesario para la discusión y decisión de los asuntos y proyectos de
sentencia que sean sometidos a su conocimiento; o para el suministro de información
sobre el estado de los asuntos en que sean Ponentes o para adoptar las medidas que
requieran la celeridad de los procesos y el normal y eficaz funcionamiento del Tribunal
Proyectos de sentencias
Artículo 102. El Magistrado o Magistrada ponente deberá presentar, a los demás
Magistrados o Magistradas, un proyecto de sentencia para su consideración en Sala.
Votación de las sentencias
Artículo 103. Para que sean válidas las decisiones se requiere el voto de la mayoría
absoluta de los miembros que conformen la Sala respectiva. En caso de empate, se
suspenderá la deliberación y se convocará a una segunda reunión. Si el empate persiste,
el voto del Presidente o Presidenta de la Sala respectiva, será considerado doble.
En caso de que el proyecto no cuente con la aprobación de la mayoría de los o las
miembros de la Sala, la ponencia deberá reasignarse a otro Magistrado o Magistrada de
la Sala correspondiente.
Voto Salvado o Concurrente
Artículo 104. El Magistrado que disienta de la decisión o de su motiva, anunciará su voto
salvado o concurrente, según corresponda, que deberá consignar por escrito en el que
fundamente las razones de su desacuerdo, dentro de los tres días de despacho
siguientes a la aprobación del proyecto de sentencia. Este escrito deberá ser firmado por
todos los Magistrados o Magistradas de la Sala respectiva y se agregará a la sentencia.
Firma y publicación de la sentencia
Artículo 105. La sentencia y el voto salvado o concurrente de los Magistrados o
Magistradas se publicarán con la firma de todos los Magistrados o Magistradas que
hubieren asistido a la sesión en la que se aprobó la sentencia, con inclusión de los que
hubieren disentido.
Sin perjuicio de lo anterior, la decisión podrá publicarse, aunque no haya sido suscrita por
todos los Magistrados o Magistradas que integren la Sala respectiva, si sus firmantes
constituyen, por lo menos la mayoría absoluta de quienes la conforman, y entre los
firmantes se encuentre la mayoría que esté conforme con ella.
Del Avocamiento
Artículo 106. Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias
de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario
de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre,
cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del
asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal.
Artículo 107. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves
desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que
perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la
Artículo 108. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en
cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de
su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como
que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito
en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de
avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y
podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa y la prohibición de realizar
cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en
desacato a la suspensión o prohibición que se expida.
Artículo 109. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual
podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga
pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u
ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en
otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que
estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido.
Del Antejuicio de Mérito
Competencia para el enjuiciamiento del Presidente de la República
Artículo 110. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si
hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o de
quien haga sus veces y, en caso afirmativo, previa autorización de la Asamblea Nacional,
conocer de la causa hasta sentencia definitiva, sea cual fuere la naturaleza del delito, de
acuerdo con las reglas del proceso ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal
Competencia para el enjuiciamiento de Altos Funcionarios
Artículo 111. Corresponde a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declarar si
hay o no mérito para el enjuiciamiento del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva; de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo de
Justicia; de los Ministros o Ministras; del Procurador o Procuradora General de la
República; del o la Fiscal General de la República; del Contralor o Contralora General de
la República; del Defensor o Defensora del Pueblo; del Defensor o Defensora Público
General, de los Rectores o Rectoras del Consejo Nacional Electoral; los Gobernadores o
Gobernadoras; Oficiales, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional en
funciones de comando y de los Jefes o Jefas de misiones diplomáticas de la República.
De haber mérito para el enjuiciamiento, se remitirán las actuaciones al o la Fiscal General
de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso, para que, de conformidad con
lo señalado en el Código Orgánico Procesal Penal respecto a las reglas del procedimiento
ordinario, inicie la averiguación penal a los fines de dictar el acto conclusivo
correspondiente, sólo si el delito es de naturaleza común. Si el delito es de naturaleza
política, la Sala Plena conocerá de la causa hasta sentencia definitiva, según las reglas
del procedimiento ordinario previstas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Artículo 112. Cuando la Sala Plena declare que no hay mérito para el enjuiciamiento del
funcionario o funcionaria decretará el sobreseimiento y archivará el expediente.
Artículo 113. La Sala Plena también es competente para conocer y decidir de la solicitud
de desestimación de la denuncia o querella o bien, de la solicitud de sobreseimiento
contra los altos funcionarios señalados en los artículos anteriores, conforme a las
causales previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. En estos casos, la solicitud
deberá ser presentada únicamente por el o la Fiscal General de la República dentro de
los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia o querella.
En caso de que sea declarada con lugar la desestimación de la denuncia o querella, se
remitirá las actuaciones al o la Fiscal General de la República para su archivo definitivo,
previa notificación de aquél contra quien se interpuso la denuncia o querella. En caso
contrario, si la Sala Plena rechaza la desestimación de la denuncia o querella o la
solicitud de sobreseimiento, solicitará al o la Fiscal General de la República proseguir con
la investigación. En estos casos, si el delito fuere de acción privada, se requerirá instancia
de la parte presuntamente agraviada para continuar con la investigación, en cuyo caso
corresponderá al o la Fiscal General de la República presentar la solicitud formal del
antejuicio de mérito.
Rol de la Víctima
Artículo 114. Quien se considere víctima en los delitos cuya acción es dependiente de la
parte agraviada, podrá solicitar a la Sala Plena que se proceda al antejuicio de mérito
para las personas que gozan de tal privilegio; será ella quien aporte las pruebas que
hagan verosímiles los hechos objeto de la solicitud. En estos casos, el Juzgado de
Sustanciación de la Sala Plena admitirá o negará para su tramitación tal petición, en fallo
apelable ante la Sala Plena en el lapso correspondiente. De ser admisible la solicitud, la
Sala Plena deberá enviarla con sus recaudos y el auto de admisión al o la Fiscal General
de la República para que dé cumplimiento al cardinal 3 del artículo 285 de la Constitución
de la República y, de ser el caso, proponga formalmente el antejuicio de mérito.
Artículo 115. Cuando uno de los funcionarios o funcionarias mencionados en los artículos
anteriores fuere sorprendido en la comisión flagrante de un delito, la autoridad
competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el
hecho tanto al o la Fiscal General de la República como a la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, la última de los cuales decidirá sobre la libertad del funcionario o
funcionaria bajo custodia.
Artículo 116. Admitida la solicitud de antejuicio de mérito, la Sala Plena, dentro de los
treinta días continuos siguientes, convocará a una audiencia pública. Iniciada la
audiencia, el o la Fiscal General de la República expondrá los argumentos de hecho y de
derecho en que fundamenta su solicitud. Seguidamente, el funcionario o funcionaria y su
defensor o defensora expondrán los alegatos correspondientes y contarán, en conjunto,
con el mismo tiempo concedido al máximo representante del Ministerio Público. Se
admitirá réplica y contrarréplica. Concluido el debate, la Sala Plena, dentro de los treinta
días continuos siguientes, declarará si hay mérito o no para el enjuiciamiento del
funcionario, sin que tal decisión prejuzgue acerca de su responsabilidad penal.
Si de las actuaciones cursantes en el expediente, la Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia constata la contumacia en la conducta del funcionario o funcionaria, podrá
celebrar la audiencia oral prescindiendo de su presencia y con la sola participación de su
defensor o defensora privada. En caso de no constar el nombramiento de defensor o
defensora privada, la Sala Plena proveerá lo conducente a los fines de la designación de
un defensor público o defensora pública para que represente a aquél o aquélla en la
audiencia pública, a cuyo efecto habilitará el tiempo necesario para que se imponga de
las actas del expediente con suficiente antelación a su celebración.
Autorización de la Asamblea Nacional
Artículo 117. Cuando se declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Presidente o
Presidenta de la República, la Sala Plena participará su decisión a la Asamblea Nacional
a los fines de la autorización que prevé en el artículo 266, cardinal 2, de la Constitución de
la Republica Bolivariana de Venezuela.
Artículo 118. Se aplicarán supletoriamente a este Capítulo las disposiciones contenidas
en el Código Orgánico Procesal Penal y en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 119. Toda persona tiene derecho a participar de manera organizada, directa y
protagónica en la formación de las políticas y control de la gestión del Tribunal Supremo
de Justicia, a través de los consejos comunales y las demás formas de organización
popular, incluyendo las que corresponden a los pueblos y comunidades indígenas, de
conformidad con lo que previsto en el ordenamiento jurídico.
Es obligación del Tribunal Supremo de Justicia, sus órganos auxiliares y todos los
tribunales de la República generar las condiciones más favorables para garantizar el
ejercicio pleno y efectivo de este derecho.
Acceso a información para la participación popular
Artículo 120. El Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Junta Directiva y de sus
órganos auxiliares, deberá suministrar amplia, oportuna y veraz información sobre su
organización, funcionamiento y actividades, con el fin de que el pueblo participe y ejerza
control social sobre su gestión pública.
El Tribunal Supremo de Justicia y sus órganos auxiliares deberán crear, mantener y
actualizar un sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, el
esquema actualizado de su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de
comunicación e información electrónica disponible para todas las personas.
Artículo 121. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa de hasta
cien unidades tributarias (100 U.T.) a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus
actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia o a sus órganos o
funcionarios o funcionarias; o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones
judiciales; igualmente, sancionarán a las partes que falten el respeto al orden debido en
los actos que realicen, o que incumplan, desobedezcan o desacaten las decisiones,
acuerdos u órdenes judiciales o llamen públicamente a ello.
La multa se pagará ante cualquier entidad bancaria receptora de fondos públicos
nacionales dentro de los treinta días continuos siguientes a la notificación de la decisión
que imponga la sanción o de la decisión que resuelva el reclamo conforme a lo que se
establece en el artículo 125 de esta Ley. La constancia de haberse efectuado el pago
será consignada a los autos dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del
plazo para el pago.
Si el sancionado no pagare la multa en el lapso establecido la sanción podrá aumentarse
entre un tercio y la mitad del total de la multa.
Multas por desacato
Artículo 122. Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa
equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas o funcionarios
o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones o no le suministraren
oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio
de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar.
Multa por reincidencia
Artículo 123. Si quien hubiere sido sancionado con arreglo a las disposiciones anteriores
fuese reincidente la multa será entre doscientas unidades tributarias (200 U.T.) y
trescientas unidades tributarias (300 U.T.).
Expulsión de la sede
Artículo 124. Los Magistrados o Magistradas de las Salas que integran el Tribunal
Supremo de Justicia podrán expulsar de la sede a cualquier persona que transgreda el
orden dentro del recinto o que se encuentre incurso en los supuestos que se describen en
los artículos anteriores, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones en ellos
Del reclamo de la sanción
Artículo 125. El sancionado o sancionada podrá reclamar por escrito la decisión judicial
que imponga las sanciones a que se refieren los artículos 121, 122 y 123 de esta Ley,
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, cuando expondrá las
circunstancias favorables a su defensa. El reclamo será decidido por la Sala respectiva
dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del lapso para reclamar la
decisión en la cual la Sala podrá ratificar, revocar o reformar la sanción, siempre y cuando
no cause mayor gravamen al sancionado.
DE LA GACETA JUDICIAL
Artículo 126. Se crea la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, como
órgano oficial de divulgación de los fallos, acuerdos y resoluciones del Tribunal Supremo
de Justicia cuya publicación ordena esta ley; así como de las sentencias que dicten cada
una de las Salas, cuando su contenido fuere de interés general. En todo caso, se
publicarán en la Gaceta Judicial las sentencias que declaren la nulidad de normas y las
que resuelvan demandas de interpretación legal o constitucional fijando el contenido o
alcance de la norma de que se trate.
Las publicaciones contenidas en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de
Venezuela tendrán fuerza de documento público, sin perjuicio de que los actos en ella
contenidos gocen de autenticidad a partir de su publicación en el expediente por parte de
la Secretaría de la Sala correspondiente y sin perjuicio de la potestad de las Salas de fijar
los efectos de sus decisiones en el tiempo.
La Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela podrá tener formato
electrónico cuando así lo decida la Sala Plena, de conformidad con la ley.
De la Competencia Constitucional y Contencioso Electoral
Competencia Constitucional y Contencioso Electoral
Artículo 127. Hasta tanto se dicten las leyes que regulan las competencias Constitucional
y Contencioso Electoral, la tramitación de los recursos y solicitudes que se intenten ante
la Sala Constitucional y Electoral, se regirán por los procedimientos que se establecen en
el presente título y demás normativas especiales en cuanto sean aplicables.
De los Procesos ante la Sala Constitucional
Demandas sujetas a tramitación
Artículo 128. Hasta tanto se dicte la Ley que regula la Competencia Constitucional las
demandas a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 17 del artículo 25 de esta
ley se tramitarán conforme a lo que dispone este capítulo.
Artículo 129. El demandante presentará su escrito, con la documentación indispensable
para que se valore su admisibilidad, ante la Sala Constitucional o ante cualquiera de los
tribunales que ejerzan competencia territorial en el lugar donde tenga su residencia,
cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este último
caso, el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y
en el Libro Diario, y remitirá a la Sala Constitucional el expediente debidamente foliado y
sellado, dentro de los tres días hábiles siguientes.
En el caso de que la demanda sea presentada sin la documentación respectiva se
pronunciará su inadmisión.
Solicitudes cautelares
Artículo 130. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar, y la
Sala Constitucional podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime
pertinentes. La Sala Constitucional contará con los más amplios poderes cautelares como
garantía de la tutela judicial efectiva, para cuyo ejercicio tendrá en cuenta las
circunstancias del caso y los intereses públicos en conflicto.
Artículo 131. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres
días de despacho para la oposición. Si hubiere oposición, se abrirá cuaderno separado y
se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los intervinientes
promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes la Sala
sentenciará la incidencia cautelar.
Artículo 132. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda se designará
ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias;
la Sala decidirá acerca de la admisión de la demanda dentro de los cinco días de
despacho siguientes.
Causales de Inadmisión
1. Cuando se acumulen demandas o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos
procedimientos sean incompatibles.
2. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la demanda
3. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el
demandante o de quien actúe en su nombre, respectivamente.
4. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
5. Cuando contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
Artículo 134. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible
su tramitación, se ordenará la corrección en lugar de su admisión. En el caso de que la
parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho, o en el
supuesto de que, si lo hiciere, no subsanare la falta advertida, la Sala Constitucional
negará la admisión de la demanda.
Artículo 135. En la oportunidad de la admisión, se ordenará la citación de la parte
demandada. Asimismo, se ordenará la notificación del o la Fiscal General de la República,
si éste o ésta no hubiere iniciado el juicio, para que consigne su informe acerca de la
controversia; al Procurador o Procuradora General de la República, de conformidad con la
ley que rige sus funciones, del Defensor o Defensora del Pueblo y así como de cualquier
otra autoridad que estime pertinente. Igualmente, se ordenará emplazar a los interesados
por medio de un cartel.
Si fuera necesario, se solicitarán a la demandada los antecedentes administrativos del
Si el auto de admisión recayere fuera del plazo, se ordenará la notificación de la parte
Cuando sea admitida la demanda, se ordenará la remisión del expediente al Juzgado de
Sustanciación para su tramitación.
Lapso para librar Cartel
Artículo 136. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al recibo del expediente y
cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el Juzgado de
Sustanciación librará los oficios y el cartel.
Cartel de emplazamiento
Artículo 137. El cartel de emplazamiento será publicado por la parte demandante en un
diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, para que los interesados
concurran dentro del lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su
publicación. La parte demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, contados a
partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo y publicarlo y consignar
en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante
incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el
archivo del expediente, salvo que existan razones de orden público que justifiquen la
continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de
Notificación tácita de los interesados
Artículo 138. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse
transcurrir un término de diez días de despacho para que se entienda que los interesados
han quedado notificados.
Participación de los intervinientes
Artículo 139. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez
que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Juzgado de
Sustanciación se pronunciará, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la
participación de los intervinientes; y concluido este lapso comenzará a transcurrir un lapso
de diez días de despacho para que consignen los escritos para la defensa de sus
intereses y promuevan pruebas, si lo estiman pertinente. En esa oportunidad los
intervinientes deberán evacuar las pruebas documentales.
Se hará constar en el expediente la fecha en que venza el plazo para la consignación de
Dentro de los tres días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las
partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que consideren
manifiestamente ilegales o impertinentes.
Lapso de pruebas
Artículo 140. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del lapso
que se indicó en el artículo anterior, el Juzgado de Sustanciación providenciará los
escritos de prueba; admitirá las que sean legales y procedentes y desechará las que
aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal
ordenará que se omita toda declaración o prueba sobre aquellos hechos que aparezcan
claramente como no controvertidos entre las partes.
En esa oportunidad se fijará la audiencia pública y se remitirá el expediente a la Sala.
En caso de que ninguno de los intervinientes promueva pruebas distintas a las
documentales, la causa entrará en estado de sentencia y el Juzgado de Sustanciación
remitirá el expediente a la Sala, para que decida en un plazo de veinte días de despacho.
Queda a salvo la facultad de la Sala Constitucional de fijar audiencia si lo estima
Artículo 141. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Cuando
comience el acto, el Presidente o Presidenta de la Sala señalará a las partes el tiempo de
que disponen para que expongan y de igual modo procederá si manifestaren su deseo de
ejercer el derecho a réplica o contrarréplica.
Principio de inmediación y concentración
Artículo 142. Al inicio de la audiencia pública la Sala expondrá en qué términos quedó
trabada la controversia y ordenará, si fuera el caso, la evacuación de las pruebas, en la
misma audiencia o en otra oportunidad. Asimismo, deberá resolver cualquier incidencia en
relación con el control y contradicción de la prueba.
En todo caso, si no fuere suficiente la audiencia fijada para agotar completamente el
debate, ésta continuará en la oportunidad que fije el Tribunal y así cuantas veces fuere
necesario hasta agotarlo.
Una vez que oiga a los intervinientes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las
pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan
dudosos u oscuros.
Luego de la conclusión de la audiencia pública se levantará un acta, la cual deberá ser
firmada por todos los intervinientes y, si se negaren a hacerlo, el Secretario dejará
constancia de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.
Artículo 143. La inasistencia de la parte demandante se entenderá como desistimiento de
la demanda y se dará por terminado el proceso, a menos que la Sala considere que el
asunto afecta al orden público.
Artículo 144. Luego de la conclusión del debate, los Magistrados deliberarán y podrán:
1. Decidir inmediatamente el fondo del asunto y exponer en forma oral los términos del
dispositivo del fallo.
2. Dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia cuando las
circunstancias del caso así lo ameriten.
3. Diferir por una sola vez y hasta por un lapso de cinco días de despacho, el
pronunciamiento del dispositivo del fallo, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.
El texto íntegro del fallo deberá ser publicado dentro de los diez días de despacho
siguientes a la celebración de la audiencia pública o al vencimiento del diferimiento.
Causas no sujetas a sustanciación
Artículo 145. En las causas en las que no se requiera sustanciación, la Sala decidirá en
un lapso de treinta días de despacho contados a partir del día en que se dé cuenta del
recibo de las actuaciones, salvo lo que preceptúan la Constitución y leyes especiales.
No requerirán sustanciación las causas a que se refieren los numerales 5, 6, 10, 11, 12,
13, 14, y 15 del artículo 25 de esta Ley. Queda a salvo la facultad de la Sala
Constitucional de dictar autos para mejor proveer y fijar audiencia si lo estima pertinente.
De las Demandas de Protección de Derechos e Intereses Colectivos y Difusos
Demanda de protección
Artículo 146. Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses
colectivos o difusos. Salvo lo dispuesto en las leyes especiales, cuando los hechos que se
describan posean trascendencia nacional su conocimiento corresponderá a la Sala
Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales de primera instancia en
lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado.
En caso de que la competencia de la demanda corresponda a la Sala Constitucional, pero
los hechos hayan ocurrido fuera del Área Metropolitana de Caracas, el demandante podrá
presentarla ante un tribunal civil de su domicilio. El tribunal que la reciba dejará
constancia de la presentación al pie de la demanda y en el Libro Diario y remitirá el
expediente debidamente foliado y sellado, dentro de los tres días de despacho siguientes.
Artículo 147. La demanda de protección de derechos e intereses colectivos o difusos
deberá presentarse por escrito que deberá contener:
1. Los datos concernientes a la identificación del demandante y de la persona que actúe
en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2. Suficiente identificación del demandante y del demandado, señalamiento de su
domicilio o residencia y, de ser el caso, indicación de las circunstancias de su localización.
3. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión;
4. Cualquier explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a
fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
5. Identificación de los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos
de los que se derive inmediatamente el derecho deducido. Estos instrumentos deberán
ser producidos con el escrito de la demanda.
Artículo 148. Si la solicitud no llenare los requisitos exigidos en el artículo anterior, se
notificará al demandante para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de tres
días de despacho siguientes desde que conste en autos la notificación. Si no lo hiciere, la
demanda será declarada inadmisible, salvo que esté involucrado el orden público, en
cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.
Demandas ininteligibles
Artículo 149. En las demandas que sean de tal modo ininteligibles que resulte imposible
su tramitación, se ordenará la corrección del escrito en lugar de su admisión. En el caso
de que la parte demandante no corrija el escrito dentro del lapso de tres días de despacho
siguientes desde que conste en autos su notificación, o en el supuesto de que si lo hiciere
no subsanare la falta advertida, se declarará inadmisible la demanda, salvo que esté
involucrado el orden público, en cuyo caso se ordenará la continuación del proceso.
Artículo 150. También se declarará la inadmisión de la demanda:
1. Cuando se acumulen demandas o pretensiones que se excluyan mutuamente o cuyos
2. Cuando sea manifiesta la falta de legitimidad o representación que se atribuya el
3. Cuando haya cosa juzgada o litispendencia.
4. Cuando la pretensión pueda ser satisfecha a través de otras vías o cuando por su
naturaleza el conocimiento de la pretensión corresponda al contencioso de los servicios
públicos o al contencioso electoral.
Lapso de admisión
Artículo 151. En la misma oportunidad en que se dé cuenta de la demanda o de su
corrección, el Tribunal se pronunciarà sobre su admisión dentro del lapso de cinco días de
despacho siguientes. En el caso de la Sala Constitucional, además, se designará
ponente, quien conocerá de la totalidad del juicio con tal carácter, con inclusión de sus
Artículo 152. En el auto de admisión, se ordenará la citación de la parte demandada; la
notificación de la Defensoría del Pueblo, si ésta no hubiere iniciado el juicio; del Ministerio
Público; y de cualquier otra autoridad que se estime pertinente. Se emplazará a los
interesados por medio de un cartel a expensas de la parte demandante.
Cuando sea verificada la estadía a derecho de la parte demandante, el tribunal librará los
oficios y el cartel.
Artículo 153. El cartel de emplazamiento será publicado en un diario de circulación
nacional o regional, según el caso, para que los interesados concurran dentro del lapso
de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación. La parte
demandante tendrá un lapso de diez días de despacho, que se contarán a partir del
momento en que se haya librado el cartel para retirarlo y publicarlo y consignar en autos
un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte demandante
archivo del expediente; salvo que existan razones de orden público que justifiquen la
continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Tribunal.
Artículo 154. Cuando venzan los lapsos previstos en el artículo anterior, deberá dejarse
Artículo 155. Luego del vencimiento del término previsto en el artículo anterior, y una vez
que conste en autos haberse efectuado la última de las notificaciones, el Tribunal se
pronunciara, dentro del lapso de tres días de despacho, sobre la participación de los
intervinientes; concluido este lapso comenzará a transcurrir otro de diez días de despacho
para que se dé contestación a la demanda.
Artículo 156. Vencida la oportunidad para dar contestación a la demanda, se iniciara un
lapso de diez días de despacho para promover pruebas. En esa misma ocasión deberán
evacuarse las pruebas documentales.
manifiestamente ilegales o impertinentes. Vencido este lapso, dentro de los cinco días de
despacho siguientes el Tribunal providenciarà los escritos de prueba, admitiendo las que
sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales e
impertinentes. En el mismo auto, el Tribunal ordenarà que se omita toda declaración o
prueba sobre aquellos hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes y fijarà
una audiencia pública, la cual tendrá lugar al quinto día de despacho siguiente.
Artículo 157. Al inicio de la audiencia pública el Tribunal expondrá en qué términos quedó
trabada la controversia y ordenará, de ser el caso, la evacuación de las pruebas en la
relación al control y contradicción de la prueba.
Articulo 158. En la audiencia pública las partes expondrán sus alegatos. Al comenzar el
acto, el Tribunal señalará a las partes el tiempo de que disponen para exponer y de igual
modo procederá si manifestaren su deseo de hacer uso del derecho a réplica o
contrarréplica.
debate, esta continuara en la oportunidad que fije el Tribunal y así cuantas veces fuere
Una vez que oiga a las partes, el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas
que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u
Cuando finalice la audiencia pública se levantará un acta la cual deberá ser firmada por
cada uno de los intervinientes y, si se negaren a hacerlo, el Secretario dejará constancia
de ello. La audiencia será la última actuación de las partes en materia litigiosa.
Desistimiento tàcito
Artículo 159. La inasistencia de la parte demandante a la audiencia se entenderá como
desistimiento de la demanda y se dará por terminado el procedimiento, a menos que el
Tribunal considere que el asunto afecta al orden público.
Artículo 160. Una vez concluido el debate, el Tribunal podrá:
2. Dictar la decisión en la oportunidad de publicarse la sentencia, cuando las
siguientes a la celebración de la audiencia pública o del vencimiento del diferimiento.
Articulo 161. Contra la decisión que se dicte en primera instancia se oirá apelación en
ambos efectos, dentro de los cinco días de despacho siguientes a su publicación o
notificación, ante el Juzgado Superior en lo Civil.
Articulo 162. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior,
transcurrirán cinco días de despacho para que las partes presenten sus escritos ante la
alzada. Concluido este lapso, el Juzgado Superior decidirá la apelación dentro de los
veinte días de despacho siguientes.
Antes de emitir decisión, el Tribunal podrá convocar a una audiencia pública cuando la
complejidad del caso así lo amerite, para lo que seguirá las reglas que se estipulan en los
Artículo 163. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al
tribunal y éste podrá acordar, aun de oficio, las medidas cautelares que estime
pertinentes. El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para garantizar la
tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses
públicos en conflicto.
Artículo 164. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres
días de despacho para la oposición. Si la hubiere, se abrirá cuaderno separado y se
entenderá abierta una articulación de cinco días de despacho para que los intervinientes
promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho siguientes, el
Tribunal sentenciará la incidencia cautelar.
Demandas de protección ante la Sala Constitucional
Articulo 165. Cuando la demanda de protección de derechos e intereses colectivos o
difusos competa a la Sala Constitucional, el ponente designado conocerá de la totalidad
del juicio con tal carácter, incluso sus incidencias.
Artículo 166. Serán de aplicación supletoria las normas previstas en el Código de
Del Habeas Data
Artículo 167. Toda persona tiene derecho a conocer los datos que a ella se refieran así
como su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados; y, en
su caso, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión, actualización o el
uso correcto de los datos cuando resulten inexactos o agraviantes.
El Habeas Data sólo podrá interponerse en caso de que el administrador de la base de
datos se abstenga de responder el previo requerimiento formulado por el agraviado dentro
de los veinte días hábiles siguientes al mismo o lo haga en sentido negativo, salvo que
medien circunstancias de comprobada urgencia.
Artículo 168. Para la tramitación del habeas data todo tiempo será hábil y no se admitirán
incidencias procesales.
Artículo 169. El habeas data se presentará por escrito ante el Tribunal de Municipio con
competencia en lo Contencioso Administrativo y con competencia territorial en el domicilio
del solicitante, conjuntamente con los instrumentos fundamentales en los que se sustente
su pretensión, a menos que acredite la imposibilidad de su presentación.
Informe del agraviante
Artículo 170. Después de la admisión del habeas data el Tribunal ordenará al supuesto
agraviante que presente un informe sobre el objeto de la controversia y que remita la
documentación correspondiente, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.
La falta de remisión del informe a que alude este artículo será sancionada con multa
conforme al régimen que preceptúa el Titulo IX de esta Ley, sin perjuicio de la
responsabilidad a que hubiere lugar.
En cualquier caso el Tribunal podrá ordenar la evacuación de las pruebas que juzgue
necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Observaciones al Informe
Articulo 171. Una vez que sea recibido el informe o sean evacuadas las pruebas que
hubieren sido ordenadas por el Tribunal, transcurrirán tres días para que el solicitante
formule observaciones. Tras la conclusión de este lapso, el Tribunal decidirá dentro de los
cinco días siguientes.
complejidad del caso así lo amerite, para lo cual seguirá las reglas que se estipulan en los
artículos 157 al 160 de esta Ley.
Articulo 172. La sentencia que declare con lugar el habeas data ordenará al agraviante
de forma inmediata la exhibición, supresión, rectificación, confidencialidad, inclusión,
actualización o el uso correcto de los datos, según corresponda. Quien incumpliere con
esta orden será penado con prisión de seis meses a un año, a cuyo efecto el Tribunal
oficiará al Ministerio Publico para que inicie la averiguación penal correspondiente.
Articulo 173. Contra la decisión que se dicte en primera instancia, se oirá apelación en un
solo efecto ante la alzada correspondiente, dentro de los tres días siguientes a su
publicación o notificación.
Trámite en Alzada
Articulo 174. Después de que el expediente sea recibido por el Juzgado Superior,
treinta días continuos siguientes.
La decisión que dicte el Tribunal de Alzada no será objeto de casación.
Proceso sumario de corrección
Articulo 175. En los casos de errores numéricos o materiales, tales como cambio de
letras, palabras mal escritas o escritas con errores ortográficos, transcripción o traducción
errónea de nombres y apellidos, y otros semejantes, el procedimiento se reducirá a
demostrar ante el juez la existencia del error por los medios de prueba admisibles y el
juez, con conocimiento de causa, resolverá lo que considere conveniente.
Las correcciones de los errores en las actas del Registro Civil se tramitarán ante los
tribunales y órganos administrativos correspondientes según lo que disponen en las leyes
especiales correspondientes.
Artículo 176. En cualquier estado y grado del proceso las partes podrán solicitar al
tutela judicial efectiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y los intereses en
Artículo 177. Todas las actuaciones serán públicas. El Tribunal, de oficio o a solicitud de
parte, cuando estén comprometidas la moral y las buenas costumbres, o cuando exista
disposición expresa de ley, podrá ordenar la reserva del expediente y que la audiencia
sea a puerta cerrada.
Artículo 178. Las notificaciones podrán ser practicadas mediante boleta, o comunicación
telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación
interpersonal, dejando el Secretario constancia detallada en autos de haberse efectuado y
de sus consecuencias, con arreglo a lo que disponen en los artículos 91, 92 y 93 de la
Del Proceso Contencioso Electoral
Demanda contencioso electoral
Artículo 179. La demanda contencioso electoral se propondrá ante la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia por cualquier persona que tenga interés legítimo.
Artículo 180. En el escrito correspondiente se indicará con precisión la identificación de
las partes y contendrá una narración circunstanciada de los hechos que dieron lugar a la
infracción que se alegue y de los vicios en los que haya incurrido el supuesto agraviante.
Artículo 181. El incumplimiento de los extremos antes señalados provocará la inadmisión
de la demanda, salvo que se trate de omisiones no sustanciales que no impidan la
comprensión de las pretensiones interpuestas.
Artículo 182. El demandante podrá presentar su escrito ante cualesquiera de los
cuando su domicilio se encuentre fuera del Área Metropolitana de Caracas. En este caso,
el tribunal que lo reciba dejará constancia de la presentación al pie de la demanda y en el
Libro Diario, y remitirá a la Sala Electoral el expediente debidamente foliado y sellado,
dentro de los tres días de despacho siguientes.
Artículo 183. La demanda contencioso electoral deberá intentarse en un plazo máximo
quince días hábiles contados a partir de que se produzca la publicidad del acto, si se trata
de actos expresos; desde la oportunidad en que el interesado tenga conocimiento de la
ocurrencia del hecho, en caso de actuaciones materiales o vías de hecho; desde el
momento en que la decisión ha debido producirse, si se trata de abstenciones u
En caso de actos expresos que dicten los órganos del Poder Electoral, el lapso de
caducidad transcurrirá, bien desde la oportunidad en que haya sido notificado
personalmente el demandante, o bien desde su publicación en la Gaceta Electoral, según
Antecedentes administrativos e Informe del demandado
Artículo 184. El mismo día o el día de despacho siguiente a la presentación de la
demanda o de la recepción del escrito, según el caso, se dará cuenta y se formará
La Sala Electoral remitirá copia de la demanda al ente u órgano demandado y le solicitará
los antecedentes administrativos, de ser el caso, así como la remisión de un informe
sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con la demanda, los cuales
deberán ser remitidos en el plazo máximo de tres días hábiles.
Artículo 185. En caso en que la demanda no contenga solicitud de medida cautelar, la
Sala remitirá al Juzgado de Sustanciación el informe y los antecedentes administrativos el
mismo día en que los reciba, a los fines de que éste se pronuncie sobre la admisión
dentro de los dos días de despacho siguientes.
Si la demanda contiene solicitud de medida cautelar se designará ponente a fin de que la
Sala Electoral se pronuncie sobre la admisión de la demanda y la pretensión cautelar, lo
cual podrá realizarse, atendiendo a la urgencia del caso, con prescindencia del informe y
de los antecedentes administrativos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 186. En el auto de admisión de la demanda, se ordenará la citación del
demandado y de los interesados legítimos cuya existencia resulte evidente del examen de
los autos. Asimismo, se ordenará la notificación del Ministerio Público para que consigne
su opinión acerca de la controversia. Igualmente, se ordenará emplazar a los interesados
Oposición a la medida cautelar
Artículo 187. Cuando se acuerde alguna medida cautelar, transcurrirá un lapso de tres
días de despacho para la oposición. Si hubiere la oposición, se abrirá cuaderno separado
y se entenderá abierta una articulación de tres días de despacho para que los
intervinientes promuevan y evacuen pruebas. Dentro de los cinco días de despacho
siguientes, la Sala sentenciará la incidencia cautelar.
Artículo 188. Los intervinientes distintos al demandante deberán comparecer dentro de
los cinco días de despacho siguientes a que conste en autos la práctica de la última de
las citaciones o notificaciones que hubieren sido ordenadas.
Artículo 189. El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional
o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete
días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con
esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se
ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala
cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de
la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación.
Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro,
publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados podrán
comparecer y presentar sus alegatos.
Artículo 190. Después del vencimiento del lapso de emplazamiento que está previsto en
el artículo anterior y de la práctica de la última de las citaciones o notificaciones, se abrirá
de pleno derecho un lapso probatorio de cinco días de despacho para la promoción de
pruebas. Las partes podrán oponerse a la admisión de las pruebas dentro un plazo de
dos días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de promoción. Vencido este
último lapso, el Juzgado de Sustanciación se pronunciará sobre la admisión de las
pruebas, en un plazo de tres días de despacho. El lapso de evacuación será de diez días
de despacho contados a partir de la admisión de las pruebas.
Artículo 191. Al día siguiente del vencimiento del lapso probatorio se designará ponente y
se fijará la oportunidad en la que tendrá lugar el acto de informes orales.
Artículo 192. Después de la realización del acto de informes orales se remitirá el
expediente a la Sala para que decida en un lapso de quince días de despacho,
prorrogable por el mismo lapso, cuando la complejidad del asunto así lo requiera.
Primera. Se deroga la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República
Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.942 de 20 de mayo de
2004 y demás normas que resulten contrarias a la presente Ley.
Única. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial
El artículo 126 de esta ley entrará en vigor a partir del 1° de enero de dos mil once. Hasta
entonces, las decisiones, acuerdos y resoluciones cuya publicación ordena esta ley en la
Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela, se publicarán en la Gaceta
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Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 214

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 231

Artículo 37
 artículo 263

Artículo 38
 artículo 264

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62
 artículo 265

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 artículo 264

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74

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Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82
 artículo 267

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87
 resolución 

Artículo 88
 resolución 

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92
 artículo 91

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100

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Artículo 111

Artículo 112

Artículo 113

Artículo 114
 artículo 285

Artículo 115

Artículo 116

Artículo 117
 artículo 266

Artículo 118

Artículo 119

Artículo 120

Artículo 121
 artículo 125

Artículo 122

Artículo 123

Artículo 124

Artículo 125

Artículo 126

Artículo 127

Artículo 128
 artículo 25

Artículo 129

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

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Artículo 143

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Artículo 145
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