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Timestamp: 2019-10-16 17:11:57+00:00

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BOE i notícies del 25 de febrer de 2019
NOVETATS LEGISLATIVES DEL 23 AL 25 DE FEBRER DE 2019
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Prestaciones
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se modifican los Anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.
(BOE, 25-02-2019)
Real Decreto 76/2019, de 22 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
(BOE, 23-02-2019)
Régimen Especial de las Illes Balears
Consejo de Desarrollo Sostenible
Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero, por la que se crea el Consejo de Desarrollo Sostenible.
Resolución de 22 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro correspondientes al día 22 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/25/index.php?d=48&s=3
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/index.php?d=47&s=3
RECULL DE PREMSA DEL 23 AL 25 DE FEBRER DE 2019
Los beneficiarios de viudedad incrementan su renta en 68,5 euros en doce meses
Los jubilados españoles han visto cómo su pensión se incrementó en febrero en 65,14 euros más respecto a la nómina que percibieron en el mismo mes de 2018, producto de las tres subidas efectuadas por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez desde que llegase a La Moncloa en el mes de junio del pasado año, si bien dos de ellas ya estaban pactadas por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy y comprometidas en el Presupuesto General de 2018, hoy prorrogado.
Concretamente, se trata de los incrementos efectuados el 1 de agosto de 2018 -incluido en el Presupuesto del PP, pero aplicada por el Gobierno socialista tras la moción de censura- por la cual se incrementaban todas las pensiones el 1,6%, además del 3% para las mínimas y la subida de la base reguladora de las pagas de viudedad del 52 al 56%.
Se trata de un alza similar al de la segunda subida experimentada por los pensionistas el 1 de enero de 2019, con la diferencia de que las pensiones de viudedad aumentaron su base reguladora del 56% al 60%, si bien es un gasto que ya se fijó en el pacto de PP y PNV para las Cuentas de 2018 aún vigentes.
La última de las subidas es la realizada la pasada semana, de un 0,1% para el conjunto de todos los pensionistas en compensación por la desviación del IPC de 2018, y que es el único incremento que se puede arrogar el Ejecutivo socialista ya que emana del Real Decreto-Ley con medidas urgentes de gasto social aprobado en el último Consejo de ministros del pasado año y convalidado por el Congreso a finales del pasado mes de enero.
Con todo ello, los jubilados han visto incrementar la renta de su pensión hasta situarse en una media de 1.142,66 euros en febrero -teniendo en cuenta los 13 euros de media por pensión a cuenta de la compensación del IPC- desde los 1.077,52 euros que percibían en el mismo mes de 2018 (65,14 euros más). De este modo el colectivo disfruta hoy de una pensión un 5,7% mayor que hace un año.
Doce meses después, desde febrero de 2018, también los beneficiarios y beneficiarias de una pensión de viudedad han visto como su nómina ha engordado en 68,49 euros, lo que supone un alza interanual cercano al 9,6 por ciento. Sin embargo, estos incrementos beneficiosos para los perceptores de las pagas a su vez suponen una amenaza para la estabilidad de la Tesorería de la Seguridad Social.
El propio secretario de Estado del ramo, Octavio Granado, criticó recientemente que estos gastos comprometidos por el PP -a los que hay que sumar la partida de 123,4 millones por la desviación del IPC- no cuentan con un asiento económico en el Presupuesto prorrogado, por lo que podría poner contra las cuerdas el desempeño financiero del Sistema más allá del déficit previsto para este año en torno a los 18.650 millones de euros.
(El Mundo, 25-02-2019)
471.782 contrataciones en enero duraron menos de una semana
Casi un tercio de los contratos firmados en enero (el 29,5 %) tuvo una duración de quince días o menos, un punto por encima de los registrados en el mismo mes del año pasado, cuando la tasa fue del 28,5 %, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El primer mes del año se volvió a caracterizar por el volumen de contratación temporal de muy corta duración, ya que de los 548.838 que se firmaron con una duración de menos de quince días, la mayor parte (471.782) fue por un periodo inferior a la semana. De acuerdo con el registro del SEPE, un total de 1,6 millones de contratos fueron temporales, lo que suponen el 90,2 % de los 1.858.077 firmados en enero.
La contratación temporal aumentó un 6 % respecto al mismo mes de 2018, frente al incremento del 4,85 % que experimentaron los contratos indefinidos. La mayor parte de los contratos temporales se suscribieron bajo la figura de temporales por obra y servicio, y eventuales por circunstancias de la producción, que entre ambos acumularon un total de 1.514.313 contrataciones, el 81,5 % de todos los contratos registrados en enero.
De vuelta a la duración de los contratos, destaca que uno de cada cuatro de los firmados a principios de año, en concreto, un 25,3 % del total, tuvo una duración de una semana o menos, si bien el porcentaje asciende a casi el 40 % si se tienen en cuenta los firmados por una duración máxima de un mes. Del análisis de los datos del SEPE también se desprende que nueve de cada diez contratos a tiempo parcial fueron temporales, y representan el 27,7 % del total de contratos firmados en enero, si bien esta tasa es más de dos puntos porcentuales inferior a la del mismo mes del año pasado.
La mayor parte de los contratos temporales (1.028.686) se hicieron en el sector servicios, donde destaca, además, la prevalencia de la contratación de corta duración. Del total de 1,1 millones de contratos firmados en el sector servicios, 489.810 duraron un mes o menos (el 42 % de los registrados en servicios y el 26,4 % del total). Por actividades dentro del sector servicios, las que contabilizaron un mayor número de contratos temporales fueron los servicios de comidas y bebidas (179.051), el comercio minorista (85.724) y los servicios de alojamiento (67.459).
Además, la temporalidad es mayor para quienes tienen un menor nivel de estudios, de forma que solo uno de cada diez trabajadores (9 %) con estudios generales secundarios firmó un contrato indefinido en enero, mientras que entre los titulados universitarios esa proporción subió a uno de cada cinco (22,4 %). Durante el mes de octubre fueron las empresas más pequeñas, de hasta 25 trabajadores, las que más contratos realizaron, tanto temporales (796.086) como indefinidos (101.252).
Los sindicatos han denunciado reiteradamente que la elevada estacionalidad, en este caso debido a la campaña de Navidad y rebajas, y la incipiente rotación que acarrean los puestos de trabajo se han convertido en "señas de identidad" del mercado laboral español. Por su parte, tanto la patronal CEOE como las asociaciones de autónomos y las empresas de colocación han advertido de la desaceleración gradual que está sufriendo la economía y el empleo e incluso han augurado un año que será peor de lo esperado en materia laboral si la tendencia continúa como hasta ahora.
(Expansión, 24-02-2019)
España ha retrocedido casi veinte puestos en el ránking mundial de igualdad de género
La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, denuncia que durante la crisis España ha retrocedido casi 20 puestos en el ranking mundial en materia de igualdad de género, pasando del puesto número 10 en el año 2007 a la posición 29 en 2018 como revela el estudio 'Gender Gap Index del Foro Económico de Davos', que mide la presencia de la mujer en la economía.
"El desequilibrio del poder económico en detrimento de las mujeres es uno de los grandes problemas globales de justicia y equidad a los que nos enfrentamos", defiende la ministra en un artículo incorporado a un monográfico sobre la brecha de género elaborado por el Colegio de Economistas de Madrid. A su juicio, resolver el problema de la brecha de género debe ser "un objetivo inaplazable", cuya defensa "compete a todos" por "múltiples razones sociales, políticas y también económicas".
Según Calviño, es "muy preocupante" que en materia de igualdad salarial España "se sitúe en el puesto 129 de un total de 149 economías" analizadas en el mismo informe, algo que atribuye en parte a la automatización y la digitalización, porque "ha afectado de manera más intensa a tareas desempeñadas mayoritariamente por mujeres".
La ministra reivindica trabajar para combatir la situación porque si no se toman medidas "se tardarían dos siglos en alcanzar una paridad efectiva en el mercado de trabajo" y hay cuestiones de peso económico, además de sociales, que lo justifican. Su artículo se inserta en un monográfico con diferentes publicaciones de numerosos expertos del Iese Business School, de Cunef y de IEB, entre otros.
Entre otras conclusiones, los autores citan un estudio de la consultora McKinsey, que estima que el PIB mundial sería un 11% mayor en el año 2025 si hubiera igualdad en el mercado laboral respecto a la existente en el ejercicio 2015. Otro informe de la Unión Europea, elaborado por el Eurostat con datos de 2016, revela que el 44% de las mujeres tienen estudios superiores, frente a un 34% de los hombres, y solo ocupa un 33% de los puestos directivos, a pesar de su alto nivel de formación.
El informe del Colegio de Economistas concluye que, aunque "la mujer ha realizado notables progresos en España para reducir la desigualdad de género" mejorando su formación, ascenso a puestos de dirección, etc., para reducir la brecha salarial y económica será obligado tomar medidas para mejorar, entre otras, las posibilidades de conciliación laboral y familiar.
El Gobierno aprobará el permiso de paternidad de 16 semanas en el próximo Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes un Real Decreto Ley en favor de la igualdad laboral, ha avanzado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes, mediante un Real Decreto, leyes y medidas que van a favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres", ha anunciado Sánchez en la clausura de la Convención del Partido Socialista Europeo, que se ha celebrado durante dos días en Madrid.
El decreto recogerá algunas de las medidas de la proposición de ley del PSOE que el PP y Cs mantienen bloqueada en el Congreso desde el pasado octubre, según avanzó hace unos días la vicepresidenta Carmen Calvo. Entre otras cosas, el Ejecutivo de Sánchez pretende garantizar que la maternidad no se convierta en un obstáculo en el currículum, el trabajo y las pensiones para las mujeres.
Una de las medidas más destacables dentro de este decreto es la ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021, equiparándolo así al permiso de maternidad. En el borrador se propone una reforma del Estatuto de los Trabajadores en la que se incluye que "el nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre biológica durante 16 semanas", de las que "serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto", a disfrutar "a jornada completa".
Más adelante especifica que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, "el otro progenitor/a contará con un periodo de suspensión total de ocho semanas", de las cuales las seis primeras deberá disfrutarlas de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. Asimismo, precisa que la "madre biológica podrá ceder al otro progenitor/a un periodo de hasta cuatro semanas de su periodo de suspensión de disfrute no obligatorio".
En su "proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación", el PSOE instaba a que fuera obligatorio en 2023 una cuota femenina en los consejos de administración de las empresas cotizadas, además de contemplar avances en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y favorecer la conciliación, entre otras cuestiones.
La "composición equilibrada" también se aplicaría en 2023 a los consejos de administración de las sociedades, obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias, y las infracciones conllevarían multas que irían desde los 60 euros en los casos más leves hasta los 50.000 de los más graves.
(El País, 23-02-2019)
Las finanzas de los hogares españoles gozan de muy buena salud
La crisis financiera del último decenio y la ulterior recuperación han condicionado el comportamiento de la inversión, el consumo y el ahorro de las familias, que disponen ahora de la mejor situación patrimonial de la historia, que además experimenta una erosión casi inapreciable por la inexistencia de tensiones en los precios.
La renta generada en los tres primeros trimestres del último ejercicio avanzaba a ritmos cercanos al 4%, como consecuencia del comportamiento muy consistente del empleo, y también, aunque en menor medida, de la renta salarial unitaria. Pero el consumo y la inversión absorben prácticamente toda la renta, y únicamente queda liberado para el ahorro un escaso 5% de la renta bruta generada. Es una proporción destinada al ahorro muy modesta, menos de la mitad de la reservada en los años más complicados de la crisis, en los que llegó a acercarse hasta el 14% de la renta bruta disponible.
La explicación está en la evolución absoluta de la renta generada, pero también, de forma mucho más determinante, en los factores psicológicos o emocionales que condicionan las decisiones de las familias en función de su situación presente y de sus expectativas de medio y largo plazo. La irrupción de una crisis muy severa redujo la renta generada, pero tuvo un efecto contractivo muy fuerte tanto en el consumo como en las decisiones de inversión nueva, dado que la prioridad de los hogares era hacer frente a las obligaciones contraídas por las inversiones ya iniciadas, fundamentalmente la financiación de la vivienda, que había llevado a las familias a cotas de endeudamiento nunca antes vistas.
El ahorro, por contra, experimentó fuertes aumentos (hasta el 14% de la renta bruta disponible), que se han reducido tras la recuperación de la economía, que ha ido difuminando el miedo. Hay que recordar que los pasivos (deuda) de los hogares llegaron a suponer nada menos que un 144% de la renta disponible en el año 2007, pero que tras un intenso proceso de desapalancamiento, han logrado reducirse hasta un 107%, un valor gobernable y acorde con el resto de las economías europeas.
En términos absolutos las obligaciones financieras de los hogares pendientes de pago son ahora (tercer trimestre de 2018) de 780.461 millones de euros (ese 107% de la renta disponible). Pero en diciembre de 2008, cuando ya la crisis era muy evidente, llegaban a los 963.000 millones. Desde entonces comenzaron a descender de forma muy lenta, puesto que la capacidad de amortizar deuda de los hogares es muy débil, teniendo en cuenta sobre todo que las familias con deuda son aquellas que disponen de menos activo financiero acumulado, que está en manos de las generaciones con más edad, en las que el ciclo de la inversión ha sido ya superado. Esto es: unos hogares tienen el patrimonio financiero, y otros las deudas.
De hecho, estos niveles de deuda, junto con una recomposición muy sólida de la situación patrimonial (tanto financiera como inmobiliaria) de los hogares, vuelven a situar a las familias en disposición de iniciar un renovado y sostenido proceso de inversión, siempre que no se quiebre el crecimiento económico (al que debe contribuir) y la generación de ocupación. Y siempre con la reserva que supone la circunstancia de que las cohortes de población que deben afrontar el grueso de la inversión (las más jóvenes) carecen, por lo general, de activos financieros abundantes, y el consumo absorbe la parte del león de su renta regular.
(Cinco Días, 25-02-2019)
El TJUE analiza hoy la legalidad del índice IRPH
El polémico índice hipotecario IRPH, una alternativa al euríbor utilizada por la banca española, llega hoy al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que varios jueces de instancias inferiores cuestionaran el respaldo que el Tribunal Supremo español dio a esta práctica bancaria y decidieran elevar el asunto a la Corte de Luxemburgo.
En concreto, el tribunal comunitario celebrará este medio día la vista en torno a la cuestión prejudicial planteada hace un año por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en relación a un juicio contra Bankia.
Durante la instrucción del proceso, el TJUE ha recabado abundante documentación relativa al caso, así como informes de las distintas partes. Especialmente relevante resulta una valoración emitida por la Comisión Europea que dio un espaldarazo a los miles de consumidores que confían en anular el IRPH. En concreto, su informe advertía que la regulación comunitaria solo permitiría el uso de este índice en el caso de que haya sido comercializado con total transparencia, lo que incluye explicar al cliente cómo se configura el cálculo y avanzarle posibles evoluciones a futuro, lo que la banca no cumplía habitualmente.
Por contra, la Corte de Luxemburgo tiene sobre la mesa la sentencia del Supremo que equiparaba el uso del IRPH al del euríbor, alegando que es un índice permitido por autoridades financieras como el Banco de España. En todo caso, no sería la primera vez que el TJUE enmienda la plana al alto tribunal español y contradice su criterio, como ya ocurrió con las cláusulas suelo.
La cuestión no es menor, pues según los analistas de Goldman Sachs la anulación masiva de las cláusulas de IRPH podría costar hasta 44.000 millones de euros a la banca española. La vista de hoy, de cualquier modo, es solo el primer paso. El abogado general de la UE, una suerte de fiscal general, tendrá que fijar su postura en los próximos meses y es de esperar que la Corte de Luxemburgo no emita su sentencia sobre la materia hasta después del verano.
(Expansión, 25-02-2019)
La deuda global alcanzará los 44,1 billones de euros en 2019
La agencia de calificación crediticia S&P Global ha estimado que la deuda comercial de todos los países del mundo sobre los que emite ratings se situará al cierre de 2019 en los 50 billones de dólares (44,12 billones de euros) en 2019, según se desprende de un informe publicado esta semana. De esta forma, la deuda comercial global se incrementará en un 3,2% durante este año, lo que equivale a un total de 7,78 billones de dólares (6,86 billones de euros).
El 70% de esta cifra, 5,5 billones de dólares (4,8 billones de euros) se usará para refinanciar deuda a largo plazo que venza este año, según ha explicado el analista crediticio de S&P Global, Karen Vartapetov. De esta forma, las necesidades de financiación netas a nivel global se situarán este año en los 2,6 billones de dólares (2,3 billones de euros), equivalentes al 2,6% del producto interior bruto (PIB) de los países calificados por la firma.
S&P ha indicado que la "amplia mayoría" de la deuda emitida este año se corresponderá con países que tienen una nota crediticia situada dentro del 'grado de inversión'. De esta forma, a 31 de diciembre de 2019, el 6% del total de la deuda soberana pertenecerá a países calificados 'AAA', mientras que el 45% se corresponderá con países con una nota situada en alguno de los tramos 'AA'. De su lado, la deuda emitida por países situados en el 'grado de especulación' será un 6% del total a nivel global.
Por países, Estados Unidos y Japón acumularán el 60% del total de la deuda soberana emitida este año, con 2,86 y 1,74 billones de dólares (2,52 y 1,53 billones, respectivamente). En tercer lugar, se situará China, que emitirá un total de 650.000 millones de dólares (573.036 millones de euros), mientras que por detrás estarán Italia, Francia y Brasil, con más de 200.000 millones de dólares (176.326 millones de euros) cada uno.
En otro documento publicado esta semana, S&P Global ha contabilizado que los 19 países pertenecientes a la zona euro emitirán nueva deuda este año por valor de 881.000 millones de euros. De esa cantidad, el 82%, equivalente a 718.000 millones de euros, estará destinada a refinanciar la deuda soberana a largo plazo, por lo que las necesidades netas de financiación se situarán en los 162.000 millones de euros.
Este nivel de deuda emitido, de acuerdo a las cifras de la calificadora de riesgos, será uno de los más bajos de la última década, solo por detrás de 2016 y 2018. Asimismo, la necesidad de financiación es la más baja desde 2007, lo que implica una "consolidación presupuestaria gradual", según el analista crediticio de S&P Global Marko Mrsnik. "Creemos que las condiciones financieras menos benignas y la actual desaceleración del crecimiento económico podría ralentizar la consolidación fiscal de los mayores emisores de la eurozona", ha apostillado el analista.
En este sentido, los 20 países que la firma incluye dentro de la clasificación de economías emergentes emitirán un total de 1,4 billones de dólares (1,23 billones de euros) de deuda en 2019, lo que equivale a un incremento del 5,6% en comparación con el año pasado. No obstante, debido a tener economías menos equilibradas que los Estados de la eurozona, sus necesidades de financiación equivalen a la mitad del total de sus emisiones, mientras que el otro 50% se destinará a refinanciar los vencimientos de deuda a largo plazo.
El Gobierno aprueba el banco de pruebas para sistema financiero español
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el 'Sandbox' financiero o regulación para montar el 'caja de arena', según la traducción literal, donde bancos y 'fintech' puedan probar productos y servicios innovadores bajo un marco normativo más flexible, pero con el estrecho control del supervisor. El Gobierno lo impulsará a través de un anteproyecto de ley para la transformación digital del sistema financiero. Se trata de una norma que había sido reclamada con urgencia por la industria para no perder el tren de la innovación ni la ventana abierta para rodarlo por parte de la Unión Europea.
Su creación llevaba meses sobre la mesa y el Gobierno del PP llegó a tener un texto a consulta de la industria. La pasada semana el sector financiero alzó la voz para urgirlo por temor a su arrinconamiento con el anticipo de elecciones generales al próximo 28 de abril, en un inusual comunicado conjunto firmado por las patronales de los bancos (AEB), cajas (CECA), cooperativas de crédito (Unacc), Seguros (Unespa) y la asociación española de fintech e insurtech (Aefi).
El temor que subyace es no llegar a tiempo, ya que la Comisión Europea lanzó su 'Plan de Acción Fintech' en marzo del pasado año con un plazo para los países para montar estos 'bancos de arena' antes de concluir el ejercicio del 2020. Esta suerte de campo de pruebas se lanzaría a semejanza del 'Sandbox' existente desde hace años en Reino Unido, donde se testan productos, servicios, soluciones y negocios con usuarios reales en un campo acotado bajo la vigilancia minuciosa de los supervisores, para asegurar la férrea defensa de los consumidores a la vez que se levantan ciertas limitaciones normativas.
La norma fijará las condiciones para el laboratorio de pruebas y establecerá el calendarios o requisitos a los participantes, cuyos proyectos deberán recibir un visado antes de ponerlos en marcha. Así, el experimento se lleva a cabo en un entorno completamente seguro, tanto para las entidades como para los supervisores y los consumidores, porque la intención es "levantar" ciertas normas a fin de facilitar el desarrollo de los proyectos, servicios o productos que se pongan a prueba.

References: Resolución 

Real Decreto 
 Real Decreto 

Resolución 
 artículo 36
 Real Decreto