Source: http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/1c09d18d2d5ffb5b05256eee00709c02/1280a6ce469b3d9f0525813f006c6ffd?OpenDocument
Timestamp: 2017-10-20 19:35:44+00:00

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Publicación Diario Oficial No.: 50.259, el día:09/June/2017
Publicada en la WEB CREG el: 14/June/2017
Por la cual se aprueba cargo de distribución transitorio por uso del sistema de distribución de gas combustible por redes de tubería, para el mercado relevante conformado por el municipio de El Guacamayo, departamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada por INGASOIL S.A. E.S.P.
La empresa INGASOIL S.A. E.S.P. mediante comunicaciones con radicado CREG bajo los números E-2015-001953 de febrero 27 de 2015 y E-2015-004813 de mayo 8 de 2015, con base en lo establecido en las resoluciones CREG 202 de 2013 y sus modificaciones y adiciones, solicitó la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería, para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario conformado por el siguiente municipio:
Mediante auto proferido el día 9 de junio de 2015, la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por INGASOIL S.A. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes, para el mercado relevante conformado por el municipio de El Guacamayo, departamento de Santander.
De acuerdo con lo establecido en el Auto del 9 de junio de 2015, y para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Diario Oficial No. 49.542 del 13 de junio de 2015, se publicó un extracto con el resumen de la actuación administrativa. Así mismo, mediante el Aviso No. 057 de 2015 se publicó el extracto con el resumen de la actuación administrativa en relación con la solicitud presentada por INGASOIL S.A E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería. Lo anterior, a fin de que los terceros interesados pudiesen hacerse parte en la respectiva actuación.
La Comisión, mediante oficio con radicado CREG S-2015-003845 de septiembre 7 de 2015, solicita a la empresa el concepto de la UPME sobre la evaluación metodológica de las proyecciones de demanda, tal y como lo dispone el numeral 9.8.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Mediante oficio con radicado CREG E-2015-0013544 de diciembre 17 de 2015, la UPME remite concepto de la evaluación metodológica de las proyecciones de demanda para el municipio de El Guacamayo, departamento de Santander, que conforma el mercado relevante solicitado por la empresa.
La empresa INGASOIL S.A. E.S.P., mediante oficio con radicado CREG E-2016-000458 de enero 20 de 2016, realiza ajustes a la solicitud tarifaria conforme a la información requerida conforme a la Circular 130 de 2015.
En el proceso de análisis de las solicitudes tarifarias presentadas en marco de las Circular CREG 111 de 2015, se evidenció falencias en la calidad de la información suministrada por las empresas, situación que de no ser corregida hubiese llevado a asignar costos ineficientes en el cálculo del cargo de distribución tanto de los mercados existentes como los mercados nuevos (Como el de El Guacamayo-Santander), todo lo cual derivó en la revocatoria parcial de la metodología de distribución de gas combustible por red de tuberías.
Todo lo anterior ha derivado en que la aprobación de los cargos respectivos no se haya dado hasta tanto se tenga certeza de estar asignando costos eficientes en el cálculo aprobado.
Ante la necesidad de establecer los aspectos revocados para la aplicación de la metodología de remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería consignada en la Resolución CREG 202 de 2013, la Comisión por medio de la Resolución CREG 095 de julio 11 de 2016 pone en consulta una nueva propuesta sobre los aspectos revocados.
En este marco de hechos y continuando con la actuación administrativa correspondiente, la Comisión, mediante oficio con radicado CREG S-2016-006525 de octubre 28 de 2016, solicita a la empresa el envió de la información asociada a Otros activos, dentro de la valoración de la inversión base, en la cual la empresa da respuesta mediante radicado CREG E-2016-011783 de noviembre 1 de 2016.
Posteriormente, mediante oficio con radicado CREG S-2016-007721 de noviembre 30 de 2016, la Comisión informa a la empresa que la información remitida mediante radicado CREG E-2016-011783 no contiene los datos requeridos por la entidad, por lo que se le reitera el envío de la información requerida.
De esta manera, la empresa INGASOIL S.A. E.S.P., mediante oficio con radicado CREG E-2016-013496 de diciembre 7 de 2016, da respuesta a la información solicitada por la Comisión.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa INGASOIL S.A. E.S.P. para el mercado relevante conformado por el municipio de El Guacamayo, departamento de Santander, cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se podrá determinar para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por INGASOIL S.A. E.S.P. mediante radicados E-2015-001953, E-2015-004813, E-2016-000458, E-2016-011783 y E-2016-013496, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución que trata las resoluciones CREG 202 de 2013 y modificatorias, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.
“En un Estado social de derecho la intervención estatal en el ámbito socio–económico puede obedecer al cumplimiento de diversas funciones generalmente agrupadas en cuatro grandes categorías: una función de redistribución del ingreso y de la propiedad[87] expresamente consagrada en varias disposiciones de la Constitución con miras a alcanzar un "orden político, económico y social justo" (Preámbulo); una función de estabilización económica también consagrada en diversas normas superiores (artículos 334 inc, 1°, 339, 347, 371 y 373 de la C.P.); una función de regulación económica y social de múltiples sectores y actividades específicas según los diversos parámetros trazados en la Constitución (artículos 49 y 150, numeral 19, por ejemplo); y, todas las anteriores, dentro de un contexto de intervención general encaminado a definir las condiciones fundamentales del funcionamiento del mercado y de la convivencia social como el derecho de propiedad privada pero entendido como "función social" (artículo 58 C.P.) o la libertad de iniciativa privada y de la actividad económica siempre que se respete también la "función social" de la empresa (artículo 333 C.P.) en aras de la "distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo" (artículo 334 C.P.)[88]”. Corte Constitucional. Sentencia C- 150 de 2003..
“La regulación, en tanto que mecanismo de intervención del estado, busca garantizar la efectividad de los principios sociales y el adecuado funcionamiento del mercado… En este contexto, la Carta indica que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (art. 365 inc. Primero de la C.P.), lo cual comprende el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población (art. 366). No podía ser de otra forma dado que, por una parte, la realización de los derechos fundamentales de las personas depende en gran medida de la adecuada prestación de los servicios públicos – p. ej. de agua, salud, saneamiento básico, energía, transporte, etc.- y que, por otra, el Constituyente ha optado por una forma estatal, el Estado Social de Derecho, destinada a corregir la deuda social existente en el país con los sectores sociales más desfavorecidos mediante un sistema político que busca la progresiva inclusión de todos los beneficios del progreso”.2. Corte Constitucional. Sentencia C- 150 de 2003..
“asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”, que según la Corte Constitucional son “expresiones todas estas del bien común como desiderátum de la sociedad y el estado” 3. Corte Constitucional. Sentencia T-551 de 1992., y lo dispuesto en el artículo 1º., sobre la organización como estado social de derecho con prevalencia del interés general, y la obligatoriedad del ejercicio de la función administrativa al servicio de los intereses generales, se concluye que la función de regulación debe siempre ejercitarse dentro de ese interés general. La Corte Constitucional igualmente señala que los servidores públicos también deben actuar dentro de ese interés general cuando afirma que “los órganos que integran las ramas del poder público y las demás dependencias del Estado han de tener este principio constitucional como criterio básico en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. De ahí que los servidores públicos, tal como lo declara el artículo 123 de la Constitución, está al servicio del Estado y de la comunidad”.4. Corte Constitucional. Sentencia T- 551 de 2002..
En este mismo sentido, la jurisprudencia constitucional y administrativa ha brindado elementos en relación con el alcance de dicha atribución, por lo que ha considerado que el ejercicio de esta función regulatoria busca dar cumplimiento a los fines sociales del Estado 6. Corte Constitucional, Sentencia C-075 de 2006., la corrección de las imperfecciones del mercado 7. Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003, C-1120-05 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección primera, Consejero ponente: doctor: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil nueve (2009), Núm. Rad.: 11001 032400020040012301, así como la satisfacción del interés general 8. Corte Constitucional, Sentencia SU-2010 de 2008.. Así mismo, se debe considerar que los servicios públicos domiciliarios tienen una relación inescindible entre su prestación eficiente y la efectividad de los derechos fundamentales de las personas, de lo cual se entiende que su prestación ineficiente puede acarrear en la vulneración de un derecho fundamental, ya que su prestación eficiente asegura condiciones de vida digna de todos los habitantes del territorio nacional 9. Estos mecanismos de intervención en el mercado de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible por parte de las comisiones de regulación, consagrados en las leyes 142 y 143 de 1994, han de considerarse entonces como mecanismos de racionalidad diseñados por el legislador, los cuales se encuentran constitucionalmente protegidos y cuyo uso está dirigido al cumplimiento de estos fines y objetivos..
Así mismo, el ejercicio de una atribución regulatoria implica un análisis de las disposiciones legales que las contienen, las cuales se encuentran principalmente en las leyes 142 y 143 de 1994.
En este sentido, dentro de las actuaciones administrativas que adelante esta Comisión, para la correcta aplicación de los criterios en materia tarifaria, así como su aplicación armónica con los principios constitucionales 11. Artículos 365 a 370 y legales 12. Ley 142 de 1994, Arts. 1 a 12. en materia de servicios públicos, debe existir una convergencia entre los intereses colectivos que persigue la prestación de los servicios públicos, como de aquellos intereses de las empresas en relación con la competencia, la iniciativa privada y la libertad de empresa, entendidas como la existencia de “relaciones jurídicas de equilibrio entre usuarios y las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios” 13. Corte Constitucional, Sentencia C- 075 de 2006.
Es por esto que la facultad de regular implica tener en cuenta las dinámicas condiciones del mercado y las necesidades propias de cada sector, por lo que las medidas que se adopten deben atender dicha dinámica, realizando los ajustes a que haya lugar dentro del marco de competencias definido por la ley y teniendo en cuenta los hechos previamente comprobados.
IV.	Principios constitucionales que rigen la prestación de los servicios públicos
El constituyente tuvo a bien elevar a rango constitucional los principios rectores que rigen la prestación de los servicios públicos domiciliarios disponiendo entre otros aspectos:
ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.
ARTICULO 367. La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.”
Así pues, la Corte ha puesto de presente que corresponde al legislador establecer el régimen de los servicios públicos de acuerdo con el marco axiológico descrito. En efecto, "[e]n uso de la facultad que la Carta Política le confirió al Congreso de la República para reglamentar la prestación de los servicios públicos domiciliarios se expidió la Ley 142 del 11 de julio de 1994, que con base en lo dispuesto en los artículos 334, 336 y 365 a 370 Superiores, desarrolló los fines sociales de la intervención del Estado en la prestación de estos servicios para alcanzar los siguientes objetivos: garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios; ampliación permanente de la cobertura mediante sistemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento básico; prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan; prestación eficiente; libertad de competencia y no utilización abusiva de la posición dominante; obtención de economías de escala comprobables; mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios y su participación en la gestión y fiscalización de su prestación; establecer un régimen tarifario proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad"[148] Sentencia C-389 de 2002; M.P. Clara Inés Vargas Hernández, precitada.[148 Sentencia C-150 de 2003 M.P Manuel José Cepeda Espinosa.].
En el artículo 11 de la Resolución CREG 093 de 2016, mediante el cual se ordenó archivar las actuaciones administrativas iniciadas con fundamento en la solicitud de las empresas distribuidoras, se debe tener en cuenta que al estar en curso la respectiva actuación administrativa de evaluación de las solicitudes de cargos de distribución, sin que se hubieran resuelto de fondo las mismas, y habiendo desaparecido del ordenamiento jurídico apartes fundamentales de la metodología definida en la Resolución CREG 202 de 2013, relacionados con (i) gastos de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), (ii) Otros Activos, (iii) mercados financiados con recursos públicos, y (iv) demanda, no es viable ni procedente evaluar parcialmente las solicitudes de mercados existentes.
En consecuencia, dado que los anteriores aspectos de la metodología tarifaria fueron revocados, ello impedía la aplicación de la metodología en cuestión por cuanto sin estos puntos específicos no se puede alcanzar el cálculo de una tarifa. Como resultado, se ordenó archivar las actuaciones administrativas iniciadas para las solicitudes tarifarias de los mercados relevantes de distribución de gas combustible por red de tuberías existentes, que cumplieron periodo tarifario y que realizaron el proceso de reporte de información correspondiente, o que no hubieren cumplido pero que decidieron acogerse a lo establecido en el numeral 6.5. de la Resolución CREG 202 de 2013, sin perjuicio de que se pudiera hacer una nueva solicitud tarifaria una vez se expidan la nuevas normas que complementen la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería.
Caso diametralmente opuesto se observa respecto de la prestación del servicio de distribución de gas combustible por red de tuberías en los mercados nuevos, entendidos en la Resolución CREG 202 de 2013 en los siguientes términos:
“NUEVO MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO: Corresponde al mercado relevante de distribución conformado según el literal iv) del numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente resolución.”
iv. Creación de Nuevos Mercados de Distribución: Constituir Nuevos Mercados Relevantes de Distribución para el Siguiente Período Tarifario por Municipios Nuevos, bien sea que la infraestructura esté o no ejecutada.
En este orden, un mercado nuevo de distribución de gas combustible es aquel conformado por un municipio, grupo de municipios o centro poblado donde no se ha iniciado la prestación del servicio, en este tipo de mercados, del cual hace parte la presente solicitud, las tarifas necesarias para dar inicio al servicio no se han proferido nunca. En estos casos, las empresas solicitantes de estos nuevos mercados carecen legalmente de la posibilidad de desarrollar cualquier actividad en tanto no cuentan con la herramienta regulatoria que les permita liquidar y facturar tarifa alguna a sus usuarios.
De estas normas se desprende entonces que le corresponde a las comisiones de regulación dar cumplimiento a los criterios tarifarios en aquellos aspectos definidos específicamente por el legislador y que hacen parte del régimen tarifario, como es el caso de los: i) procedimientos, ii) metodologías, iii) formulas, iv) estructuras, v) estratos, vi) facturación, vii) opciones, viii) valores; así como en aquellos eventos que de manera general se ajusten a un “aspecto que determine el cobro de las tarifas”, atendiendo el marco de sus competencias.
Es por esto que de acuerdo con la Ley 142 de 1994, el cumplimiento de dichos criterios no se limita ni se circunscribe de manera específica para el caso de las comisiones de regulación a la definición de las metodologías y de las fórmulas que de estas hacen parte, ya que el mismo legislador le otorgó a las entidades que hacen parte del régimen de los servicios públicos domiciliarios incluidas las comisiones de regulación, la obligación de dar cumplimiento a los criterios tarifarios a todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.
De acuerdo con lo anterior, esta Comisión tiene la obligación legal, en cualquier momento y dentro del trámite de cualquier actuación administrativa de carácter general o particular que se adelante, de dar cumplimiento a los criterios tarifarios previstos en el artículo 87 de la Ley 142 de 1994 en todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas. Esto más aún cuando en concordancia con dicha disposición, la Ley 142 de 1994 ha dispuesto que los principios que contiene dicha norma se han de utilizar para resolver cualquier dificultad de interpretación al aplicar las normas sobre los servicios públicos, principios dentro de los cuales se encuentra la prestación eficiente del servicio.
En el mismo sentido lo incluyó la Resolución CREG 202 de 2013, al señalar que la metodología para el cálculo de los cargos de distribución se hará aplicando los criterios tarifarios establecidos en la Ley 142 de 1994 y de acuerdo a la conformación del Mercado Relevante de Distribución. 20. Resolución CREG 202 de 2013, Artículo 9º. METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCION A PARTIR DE LOS COSTOS MEDIOS HISTÓRICOS O COSTOS MEDIOS DE MEDIANO PLAZO.
En este sentido, las comisiones de regulación se encuentran habilitadas para dar aplicación a los criterios tarifarios dentro de alguna de sus actuaciones administrativas o como parte de las decisiones que deben ser adoptadas como parte de sus funciones regulatorias en materia tarifaria, siempre que estas se enmarquen en alguno de los previstos en el régimen tarifario, de los cuales hacen parte los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.
Ahora, esta disposición debe recibir el mismo análisis y tratamiento que se ha hecho por parte de esta Comisión en relación con la forma en que se deben interpretar y aplicar aquellas disposiciones que atribuyen facultades regulatorias a esta Comisión en el marco de la Ley 142 de 1994, incluyendo aquellas en materia tarifaria; razón por la cual, la aplicación de esta disposición no se debe hacer de manera aislada o que su aplicación se remita a su contenido literal y expreso, sino que por el contrario, la misma ha de ser entendida de forma integral, concordante y sistemática junto con aquellas normas que consagran los criterios tarifarios en materia de servicios públicos domiciliarios, los principios legales, así como los principios constitucionales que guían las actuaciones administrativas de esta Comisión.
Lo anterior, como ha sido el caso, por ejemplo, de aquellos casos donde se han llevado a cabo revisiones tarifarias por parte de la Comisión de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 21. Ver entre otras las Resoluciones CREG 101 de 2000, 100 de 2000, 099 de 2000, 052 de 2000, 052 de 2000, 042 de 2002, 117 de 2003, 114 de 2003, 003 de 2003, 089 de 2004, 070 de 2004, 123 de 2005, 123 de 2005, 075 de 2005, 074 de 2005, 074 de 2005, 109 de 2006, 068 de 2006, 062 de 2006, 051 de 2006, 050 de 2008, 088 de 2009, 061 de 2009, 094 de 2010, 124 de 2011, 062 de 2010, 096 de 2011, 086 de 2011, 038 de 2001, 010 de 2011, 121 de 2014, 009 de 2015, 040 de 2015, 041 de 2015, 062 de 2015 y 091 de 2015., así como en materia de resolución de conflictos a que hace referencia el numeral 10 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 22. Ver entre otros el Auto I-2013-002499 solución de conflictos entre EPM y TGI en materia de contratos de transporte de gas natural.
87.1. Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste. (…)”
De acuerdo con esta disposición, por eficiencia económica se entiende que: i) el régimen de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; ii) las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente; y iii) las tarifas deben reflejar tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio.
En materia tarifaria, la aplicación de los criterios tarifarios y la remuneración que se debe hacer de las actividades que hacen parte de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible se sujetan a un criterio de eficiencia, razón por la cual, la Comisión debe garantizar que la remuneración de las actividades que hacen parte de estos servicios, así como las tarifas o cargos que se definan permitan la inversión de activos por parte de las empresas y los costos en que incurran a efectos de mantener dichos activos y para llevar a cabo la prestación del servicio se haga de manera eficiente. Es por esto que, la definición de las formulas y los cargos o tarifas deben reflejar estos elementos previstos por la Ley 142 de 1994.
La prestación eficiente se entiende entonces como la garantía que brinda el Estado de asegurar que las empresas que proporcionen el servicio lo hagan de manera racional, generando un mayor beneficio o rendimiento a los usuarios del servicio disponiendo de los costos en el menor grado posible, atendiendo a una tarifa competitiva, es decir, su remuneración debe permitir recuperar los costos eficientes en que incurran, así como tener en cuenta los aumentos de productividad esperados, los cuales, deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, entre otros, a fin de que los recursos que se obtengan puedan ser invertidos en el mismo sector con el objetivo de tener unos mínimos beneficios que se traduzcan en mayor competitividad y mejores condiciones para los usuarios.
Adicionalmente, esta prestación eficiente asociada al régimen tarifario, debe atender los principios de eficiencia económica y suficiencia financiera. Por tanto, deben reflejar los costos y gastos propios de la operación. Es por esto que la tarifa que se paga por la prestación de un servicio público domiciliario está vinculada no sólo con el nivel de consumo del usuario, sino con los costos eficientes en que incurre la empresa respectiva para poder brindar el bien o servicio en condiciones de competitividad y está determinada por el beneficio que finalmente recibe el usuario.
“Como primera medida es importante resaltar que la metodología para valorar la inversión que la CREG ha adoptado a través de la Resolución CREG 11 de 2003, no pretende reconocer los costos ‘reales’ que la empresa ha hundido en inversión y lo que aspira en AO&M. Por otro lado, si la intención de la CREG fuese reconocer ese valor no se adelantarían metodologías de valoración de inversión y AO&M sino que simplemente se le solicitaría a la empresa un reporte de este valor para incluirlo de manera pura y simple en la Resolución individual. Sin embargo la ley le ordena a la CREG fijar las tarifas con criterios de eficiencia, pues el propósito de estas Resoluciones, en términos generales, es conjugar los derechos de todos los sectores con interés en los procesos tarifarios, esto es, la empresa y los usuarios. Así las cosas, por un lado se encuentra la aspiración legítima de la empresa para que se le reconozcan sus inversiones y los costos asociados a la misma, y con mayor razón, cuando tales inversiones, según se afirma en los documentos que reposan en el expediente, se realizaron a partir de procesos que buscaban lograr los mejores costos, y por otro lado, se encuentra la posición del usuario que busca que se definan unas tarifas adecuadas. En consecuencia, el objetivo tarifario es lograr que con la eficiencia en la valoración de la inversión y del AO&M se equilibren estas posturas y de esa manera la empresa reciba lo que eficientemente le corresponde por su actividad y el usuario que desee el servicio se vea avocado a sufragarlo. Resolución CREG 087 de 2004 y Resolución CREG 121 de 2012.” (Resaltado fuera de texto)
Así mismo, y frente a la aplicación del criterio de eficiencia, la H. Corte Constitucional ha precisado lo siguiente en el marco de la Ley 142 de 1994 en materia de servicios públicos domiciliarios:
4.5.2.2.6. En conclusión, el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 contiene algunos de los elementos que, de acuerdo con la teoría económica de un mercado competitivo, caracterizan un mercado eficiente y las implicaciones que de éste se derivan. En este orden de ideas, la Corte encuentra que el criterio de eficiencia descrito en la norma en cuestión, desarrolla la prescripción del artículo 365 Superior, según el cual ‘es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’. Si bien el legislador habría podido definir eficiencia en otros términos, se encuentra dentro de su margen de configuración hacerlo siguiendo teorías económicas sobre la eficiencia en un mercado económico competitivo. La Constitución no impone, como ya se anotó, un modelo económico y por lo tanto permite que el legislador tenga en cuenta diferentes teorías sobre qué es la eficiencia y cómo se logra que la autoridad de regulación propenda por ella, siempre que no adopte decisiones manifiestamente irrazonables o contrarias a mandatos o prohibiciones contenidos en la Carta. En cambio, como ya se anotó, habría violado el principio de reserva de ley en la fijación del régimen de la regulación de los servicios públicos domiciliarios el que el legislador hubiera guardado silencio al respecto, delegando implícita y prácticamente en el órgano regulador la definición de este principio de rango constitucional. Además, la definición legislativa está orientada a evitar distorsiones del mercado que lleven a que la libre competencia deje de ser un derecho en beneficio de todos. Por ello, se declarará su exequibilidad” Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. (Resaltado fuera de texto)
Por otro lado, al contrario de lo expuesto por el demandante, para la Corte es claro que el Congreso sí está facultado por la Constitución (arts. 150 -numeral 3- y 367 C.P.) para fijar el régimen tarifario de los servicios públicos domiciliarios y para determinar las entidades competentes para fijar las tarifas. En materia de servicios públicos domiciliarios fue directamente el Constituyente quien defirió tal competencia en el legislador y en ejercicio de esa facultad puede, como en efecto lo ha hecho, determinar cuáles son los elementos de las fórmulas tarifarias y cuáles los cargos que pueden incluirse. Siempre, teniendo en cuenta, además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Precisamente la Ley 142 de 1994 dispone que las comisiones de regulación son las llamadas a establecer las tarifas, de acuerdo con las previsiones que allí se consagran y respetando los principios que en la materia consagró la Constitución”. (Resaltado fuera de texto) 26. Corte Constitucional, Sentencia C-041 de 2003
Al respecto, conviene señalar que la actuación de la CREG no evadió el cumplimiento de la ley, ni fue arbitraria, ilegal e inconstitucional, ni sobrepuso la prohibición de la reformatio in pejus al principio de la eficiencia económica, pues a través de la Resolución núm. 121 de 2012 acusada, dicha entidad sujetó la valoración de las tarifas solamente a los costos eficientes de los loops y demás inversiones realizada por la sociedad actora, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Corte Constitucional, dentro de las tarifas no se han de trasladar costos a los usuarios por una gestión ineficiente, en armonía con el citado principio de eficiencia.
Esto llevaría a entender que la labor regulatoria de la Comisión como mecanismo de intervención del Estado en la economía se limitaría a realizar un reconocimiento formal de las inversiones y de los costos y gastos solicitados por las empresas, lo que en la práctica se traduciría en que a pesar de existir una Ley que establece la intervención de dicha actividad, la cual incluye los instrumentos y los fines a los cuales se sujeta dicha intervención, esta actividad sería una actividad desregulada y libre al actuar de los agentes.
No sobra reiterar que atendiendo los lineamientos de la jurisprudencia constitucional Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003. se ha precisado que la función de regulación debe orientarse a garantizar: i) la efectividad de los principios del Estado social de derecho; ii) corregir las fallas del mercado para el buen funcionamiento del mismo, generadas entre otras por externalidades, la ausencia de información perfecta, los monopolios naturales y las barreras de entrada o de salida, competencia destructiva; iii) orientar el interés privado al desarrollo de funciones socialmente apreciadas; iv) que los órganos de regulación han de ejercer sus competencias con miras a alcanzar los fines que justifican su existencia en un mercado inscrito dentro de un Estado social y democrático de derecho; v) promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios o evitar el que dicho activo o gasto pueda estar destinado para la prestación del servicio, estaría actuando en contra de la Ley y la regulación.
Por lo tanto, no todo activo, ni todo costo o gasto destinado a la prestación del servicio debe ser remunerado sino sólo aquel que se encuentre en condiciones de eficiencia de acuerdo con lo previsto en cada metodología, así como parte de la aplicación del régimen tarifario 30. Este análisis no es nuevo y el mismo ha sido expuesto por la Comisión en otras actuaciones administrativas como parte del ejercicio de sus funciones regulatorias en materia tarifaria como ocurre para el caso de las revisiones tarifarias como fue el caso de la Resolución CREG 062 de 2015..
La no inclusión de la totalidad de los activos o de costos o gastos que se deben remunerar en condiciones de eficiencia para prestar el servicio de acuerdo con lo previsto en las metodologías tarifarias, deriva en un actuar del regulador por fuera de los mandatos establecidos en la ley y en la regulación, premisa que es totalmente diferente a justificar el reconocimiento de inversiones, así como de costos y gastos a cualquier costo, ya que esto implicaría el riesgo de trasladar la gestión ineficiente de los agentes en los cargos y en las tarifas.
VI.	Análisis de la solicitud tarifaria presentada por la empresa INGASOIL S.A. E.S.P. y definición de los cargos máximos para la actividad de distribución de gas combustible
En este sentido el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario solicitado por la empresa INGASOIL S.A. E.S.P. está conformado por el siguiente municipio:
En este sentido y de acuerdo con los expuesto, para establecer los cargos en Nuevos Mercados de Distribución de las solicitudes tarifarias presentadas para el caso de la definición de los gastos de AOM, se incorporará un análisis conjunto de los siguientes elementos: i) los principios constitucionales y legales a los que se sujeta la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible; ii) la aplicación de dichos principios se debe hacer de manera armónica y concordante con los criterios tarifarios a los que se sujeta la remuneración de la actividad de distribución de gas natural a través de los cargos máximos regulados, es decir, no puede haber una contradicción o una afectación de los mismos, y; iii) la remuneración de los activos y los gastos de AOM para la definición de los cargos tarifarios atendiendo la metodología de la Resolución CREG 202 de 2013 se debe hacer de acuerdo con parámetros de eficiencia que se puedan incorporar como parte de la aplicación del régimen tarifario, por lo que le corresponde a esta Entidad dar aplicación a los criterios tarifarios en todos los aspectos que determinan el cobro de las tarifas.
En esta proyección de gastos de AOM de distribución, el incremento anual de AOM en cada uno de los años desde el 2 hasta el 20 deberá ser menor o igual al incremento anual de demanda.
En caso en que el incremento anual de gastos de AOM en un año de la proyección sea mayor al incremento de la demanda en ese año, el gasto de AOM de ese año se ajustará al menor de los crecimientos entre el de AOM y el de la demanda.
Posteriormente se determinará el porcentaje de AOM eficiente de acuerdo con la siguiente fórmula:
Promedio de los Gastos de AOM de los cinco (5) años reportados por las empresas en el horizonte de proyección y ajustados. Expresados en pesos de la fecha base.
Valor de la posición central del conjunto de datos correspondientes a la semisuma de los porcentajes de los AOM reportados y depurados (AOMryd) y el porcentaje de AOM remunerados actualmente (AOMrem), ordenados de menor a mayor y de cada uno de los mercados existentes:
Base Regulatoria de Activos es la sumatoria de las inversiones reportadas en el programa de inversiones para los cinco (5) años del siguiente periodo tarifario. Esta incluye los activos inherentes a la operación y control de calidad del servicio, expresada en pesos de la fecha base.
Cuando el porcentaje eficiente de gastos de AOM corresponda con el porcentaje de la relación , se utilizará la proyección de los gastos de AOM reportada por la empresa, para determinar los cargos de distribución.
6.3. Inversión Base
Teniendo en cuenta que la solicitud comprende la inclusión de municipios nuevos o que corresponde a un mercado nuevo, la empresa reporta el siguiente programa de inversiones, ajustado por la exclusión de TERRENOS, el cual se remunerará como un Gasto de AOM.
518.576.618
143.678.225
662.254.843
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2014
Valor de la posición central del conjunto de datos correspondientes a la semisuma de los porcentajes de los Otros Activos reportados y depurados (%OAryd) y el porcentaje de Otros Activos remunerados actualmente en el cargo promedio de distribución aprobado mediante resolución particular conforme a la Resolución CREG 011 de 2003 (%OArem), ordenados de menor a mayor y de cada una de las empresas consideradas en la Circular CREG 105 de 2015:
El monto correspondiente a Otros Activos se determinará conforme al porcentaje de otros activos eficiente y de acuerdo a lo indicado en el literal b) del numeral 9.4 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Los recursos públicos permiten viabilizar y/o incentivar la construcción de infraestructura para el uso del gas combustible por redes de tubería en las poblaciones que no son atractivas para que las empresas privadas lleven el servicio, por condiciones tales como localización, tamaño y demanda del servicio. Estos aportes se hacen con fundamento en el artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, el cual establece que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”
La norma permite que dentro del cobro de las tarifas se descuenten los valores correspondientes a los montos de las inversiones que son financiados con recursos públicos, permitiendo que el usuario obtenga una tarifa final con un menor impacto a nivel de precio, sin perjuicio de efectos tales como hacerla competitiva frente a otros energéticos. Esto hace parte de la política del Gobierno Nacional en materia de recursos públicos y subsidios dentro de la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas en sus actos administrativos particulares realiza la discriminación de los cargos de distribución el valor correspondiente a la componente de inversión financiada con recursos públicos y el que corresponde a la componente de inversión de recursos propios de la empresa, de tal manera que la primera sea fácilmente identificable, para no ser cobrada en la tarifa a los usuarios por parte del prestador del servicio.
Respecto al tema, la empresa INGASOIL S.A. E.S.P. manifiesta que el proyecto no cuenta con recursos públicos.
Los anteriores análisis a la solicitud tarifaria, los cálculos tarifarios correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que justifican la presente resolución y demás información disponible, se encuentran incorporados en el Documento CREG 020 de 2017, soporte de la presente resolución.
Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 y siguientes del Decreto 1074 de 2015., reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 020 de 2017.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las Resolución CREG 202 de 2013, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia Ibídem.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 768 del 24 y 25 de marzo de 2017, acordó expedir la presente resolución.
ARTÍCULO 1. Mercados Relevantes de Distribución Para el Siguiente Periodo Tarifario. Conforme a lo definido en el numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario estará conformado por el siguiente municipio:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor presente de 610.981.355 ($ 31 de diciembre de 2014) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución:
Valor ($31-Dic-2014)
159.285.191,05
158.962.438,92
158.320.842,69
157.960.487,10
160.432.350,33
451.696.164,09
450.780.913,30
448.961.493,97
447.939.608,41
454.949.243,96
207.314,01
204.484,24
199.017,71
196.037,19
217.826,79
12.492.821,57
12.469.318,98
12.422.542,67
12.396.237,90
12.576.206,09
201.580,21
198.827,88
193.510,99
190.612,07
211.805,38
ARTÍCULO 4. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento - AOM. El nivel de eficiencia obtenido del modelo de optimización es del 100,00% Aplicando este resultado al valor presente de los gastos de AOM propuestos para el Horizonte de Proyección, se obtiene el siguiente valor 120.481.944. La comparación del porcentaje resultante de la relación del valor presente neto de la proyección de gastos de AOM de distribución, el procedimiento definido en la Resolución CREG 202 de 2013, la mediana de los mercados existentes de distribución de todo el país y conforme al crecimiento de la proyección de la demanda, determinan que el valor presente de los gastos de AOM para el Horizonte de Proyección y para incorporar al cálculo del cargo que remunera los gastos de AOM es el siguiente. En el Anexo 3 se presentan los gastos de AOM para cada año del el Horizonte de Proyección:
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia. 120.481.944 118.851.574 115.701.436 113.983.541 126.537.117
Cifras en pesos del 31 de Diciembre de 2014.
16.650.909,69
16.425.728,10
15.990.635,24
15.753.358,45
17.487.213,26
90.731.896,58
89.504.867,36
87.134.017,93
85.841.081,15
95.288.969,48
2.509.424,44
2.475.847,38
2.410.955,22
2.375.557,87
2.634.082,23
Cargo de distribución Total
3.608,98
3.342,83
·	Componente de inversión pagada con recursos de la empresa INGASOIL S.A. E.S.P.
Parágrafo 1. Estos Cargos de Distribución se actualizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CREG 202 de 2013.
ARTÍCULO 6. Cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de Uso Residencial. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial aplicable en el Mercado Relevante definido en el artículo 1°, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por red se fija transitoriamente de la siguiente manera:
Parágrafo. De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 7 de la Resolución CREG 202 de 2013 y sus modificaciones y adiciones, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aquí aprobados así como la totalidad delo dispuesto en esta resolución perderán su vigencia.
ARTÍCULO 10. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa INGASOIL S.A. E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2014)
($ dic 2014)
17.388.867
17.397.867
17.406.867
17.415.867
17.424.867
17.433.867
17.442.867
17.451.867
17.460.867
17.478.867
17.487.867
17.496.867
17.505.867
17.514.867
17.523.867
17.532.867
17.541.867
17.550.867
17.559.867
VPN(2015)
120.481.944
VPN(2016)
118.851.574
VPN(2017)
115.701.436
VPN(2018)
113.983.541
VPN(2019)
126.537.117
Creg033-2017.doc Creg033-2017.pdf

References: artículo 37
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 Artículo 5
 artículo 87
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 artículo 126
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 artículo 73
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 artículo 365
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