Source: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/068/016.html
Timestamp: 2019-03-21 02:41:53+00:00

Document:
BOC - 2017/068. Jueves 6 de Abril de 2017 - Anuncio 1658
BOC Nº 68. Jueves 6 de Abril de 2017 - 1658
BOC-A-2017-068-1658. Firma electrónica - Descargar
Sobre: exequátur.
Arona, 16 de enero de 2017.
Primero.- La Procuradora de los Tribunales Dña. Cayetana López Adán, en nombre y representación de Dña. Graciela Isabel Puebla Astudillo, presentó escrito, el 30 de marzo de 2015, en virtud del cual formulaba solicitud de reconocimiento en España de sentencia extranjera. Todo ello en base a los hechos y fundamentos de Derecho alegados en el propio escrito terminaba suplicando que se dictara una resolución conforme a sus pedimentos.
Segundo.- Por diligencia de ordenación de 21 de octubre de 2015, se incoó procedimiento de exequátur.
Tercero.- El Ministerio Fiscal presentó escrito el 30 de diciembre de 2016, en virtud del cual informaba favorablemente a la petición de la parte instante del procedimiento.
Primero.- En su escrito de solicitud de otorgamiento de exequátur, la parte instante del mismo alega que Dña. Graciela Isabel Puebla Astudillo y D. David Daniel Narvaez contrajeron matrimonio civil el 30 de diciembre de 1982 en Argentina, el cual fue inscrito en el Registro Civil Central de España . También esta parte señala que fruto de este matrimonio han nacido dos hijos, actualmente, ambos mayores de edad. Asimismo, esta parte expresa el 12 de diciembre de 1994 por el Décimo Juzgado en los Civil, Comercial y Minas de Mendoza, Argentina por la que se decretó el divorcio de ambos cónyuges y la disolución del régimen económico matrimonial. Por ello esta parte solicita que se conceda el reconocimiento y ejecución de la anterior sentencia.
Por su parte, el Ministerio Fiscal señala que no se opone a la pretensión de la parte instante del procedimiento.
Segundo.- El artº. 951 de la LEC 1881 establece que "las sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros, tendrán en España la fuerza que establecen los Tratados respectivos". Por su parte, el artº. 952 dispone que "si no hubiere tratados especiales con la nación en que se hayan pronunciado, tendrán la misma fuerza que en ella se diere a las ejecutorias dictadas en España". El artº. 953 del referido cuerpo legal expresa que "si la ejecutoria procediere de una nación e que por jurisprudencia no se dé cumplimiento a las dictadas por los Tribunales españoles, no tendrá fuerza en España". Por último, el artº. 954 de la LEC 1881 regula que "si no estuviere en ninguno de los casos de que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias tendrán fuerza en España, si reúnen las circunstancias siguientes: lª que la ejecutoria haya sido dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal; 2ª que no haya sido dictada en rebeldía; 3ª que la obligación para cuyo cumplimento se haya procedido, sea lícita en España; 4ª que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesarios en la nación en que se haya dictado para ser considerada como auténtica, y los que las leyes españolas requieren que haga fe en España". Así, como se puede ver en primer lugar habrá que estar al tratado existente entre los dos países para determinar el reconocimiento y ejecución de la resolución y, a falta de este acuerdo, habrá que estar al principio de reciprocidad; en último lugar, se tienen que dar los requisitos establecidos en el artº. 954 de la LEC 1881.
Entre España e India no existen convenios en relación al reconocimiento y ejecución de sentencias en materia de divorcio y responsabilidad parental, por lo que no será de aplicación lo dispuesto en el artº. 951 de la LEC 1881. Asimismo, tampoco hay conocimiento la existencia de reciprocidad negativa (STS 7 de julio de 1998). Por tanto, en el presente supuesto, conforme a la documentación presentada, estamos ante una sentencia judicial firme, dictada tras un procedimiento contradictorio, instado por Dña. Graciela Isabel Puebla Astudillo y D. David Daniel Narvaez, en la que se acordó decretar el divorcio y la disolución del régimen económico matrimonial. Asimismo se presenta documentación emitida por Argentina y por España indicando que la resolución es auténtica y está legalizada. De lo anterior tampoco se desprende que la resolución sea contraria al orden público interno.
Por tanto, se dan todos los requisitos para otorgar el exequátur solicitado. De conformidad con la disposición transitoria única, apartado tercero, y la disposición final sexta, ambas de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, puesto que el escrito instando el procedimiento se presentó (7 de abril de 2015) en los Juzgados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley (20 de agosto de 2015), sigue siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 951 y ss de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881.
Se otorga el exequátur solicitado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Cayetana López Adán, en nombre y representación de Dña. Graciela Isabel Puebla Astudillo, respecto de la sentencia de divorcio dictada el 12 de diciembre de 1994 por el Décimo Juzgado en los Civil, Comercial y Minas de Mendoza, Argentina, reconociendo la citada resolución y autorizando su ejecución.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio Fiscal haciéndoles saber que contra esta resolución cabe interponer, ante este Juzgado, recurso de apelación, en el plazo de 20 días desde la notificación de la presente resolución.
Una vez firme esta resolución, comuníquese al Registro Civil Central, donde consta inscrito el matrimonio, a cuyo efecto se librarán lo despachos oportunos. Háganse las comunicaciones oportunas.
Y para que sirva de notificación al demandado en paradero desconocido D./Dña. David Daniel Narvaez, expido y libro el presente en Arona, a 21 de marzo de 2017.
En Arona, a 21 de marzo de 2017.- El/la Letrado de la Administración de Justicia.

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