Source: http://www.sipiapa.org/notas/1200191-ley-prensa-uruguay-base-legal
Timestamp: 2017-11-24 05:37:37+00:00

Document:
Ley de Prensa Uruguay: Base Legal
a. Marco ConstitucionalConstitución:
http://www.parlamento.gub.uy/Constituciónes/const004.htm
La Constitución Nacional de febrero de1967 (reformada el 24 de agosto de 1966 y plebiscitada el 27 de noviembre de ese año) en su Sección II "Derechos, deberes y garantías", reconoce en su Art. 29 el derecho a la libertad de expresión del pensamiento: "Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren".
Asimismo, otros derechos fundamentales relacionados con la libertad de expresión, como el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones, se encuentran reconocidos implícitamente en virtud del Art. 72 de la Carta: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno".
El Art. 82 de la Constitución establece que "La Nación adopta para su gobierno la forma democrática republicana". De ello se desprende el principio de publicidad en la actuación del gobierno y el deber del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los derechos relativos a los individuos y las facultades y deberes de las autoridades no mencionados en la Constitución, no se dejarán de aplicar por la falta de reglamentación sino se suplirán por los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y las doctrinas generalmente aceptadas en virtud de lo preceptuado en el Art. 332 de la Constitución.
b .Status de tratados internacionales en la legislación nacionalConstitución:
En el ordenamiento jurídico uruguayo, jerárquicamente considerado, ocupa el primer lugar la Constitución Nacional; le siguen las Leyes y luego los Decretos y Resoluciones administrativas.
De acuerdo al Art. 168 numeral 20 de la Constitución corresponde al Poder Ejecutivo "concluir y suscribir" los tratados internacionales, necesitando para ratificarlos "la aprobación" del Poder Legislativo. Precisamente el Art. 85 numeral 7 establece que a la Asamblea General (el órgano que ejerce el Poder Legislativo) compete aprobar o reprobar las "convenciones y contratos" de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras.
En consideración a dicha jerarquización, los tratados ingresan al ordenamiento jurídico uruguayo con el status de leyes y jerárquicamente quedan subordinadas a la Constitución.
No existe una estructura especial de tribunales para los delitos cometidos a través de los medios.
Ley de Prensa" (Nº 16.099)
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16099&Anchor=
Si existen, en cambio, procedimientos especiales para sustanciar los delitos cometidos a través de medios de comunicación, así como el derecho de respuesta.
En efecto, la denominada "Ley de Prensa" (Nº 16.099), en su Capítulo V, Arts. 33 a 37, establece el "Procedimiento" para sustanciar las denuncias por "delitos o infracciones cometidos por la prensa u otros medios de comunicación". En lo sustancial el proceso se tramita en régimen de audiencias públicas, que se celebrarán a partir del "séptimo día hábil siguiente al de la fecha del auto" que admitió la denuncia. Ese término establece el exiguo tiempo que tiene el denunciado para preparar la defensa y presentar prueba. El proceso establece que en las causas por delito de imprenta no se dictará nunca la prisión preventiva del inculpado, no obstante, los delitos de difamación e injurias cometidos a través de los medios de comunicación se castigarán siempre con pena privativa de libertad (Art. 26 de la ley 16.099).
Otra particularidad del "Procedimiento" establecido en la "Ley de Prensa" es la vigencia de la llamada "acción privada" que permite al ofendido ejercer por sí la acusación, en los casos que, tramitado el proceso, el Ministerio Público pida sobreseimiento (Art. 33). Esta peculiar acción sólo se aplica a los delitos de difamación e injurias.
II .Legislacióna .Leyes especificas de prensaLey de Comunicaciones e Informaciones, "Ley de Prensa"
Ley Nº 16.099 del 3 de noviembre de 1989, denominada "Ley de Prensa".
La misma consta de seis capítulos y 38 artículos. Legisla sobre libertades de prensa y de imprenta; derecho de respuesta; delitos de infracciones cometidos por la prensa u otros medios de comunicación y procedimientos especiales.
Según el Art. 1, es enteramente libre en toda materia, la expresión y comunicación de pensamientos y opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito ola imagen, por cualquier medio de comunicación, dentro de los limites consagrados por la Constitución de la República y la ley. Esta comprende la de fundar medios de comunicación.
Se prohíbe la previa autorización, censura, garantía o deposito pecuniario para ejercer dicha libertad con base en el Art. 2.
Mediante la Ley 16.154 del 23 de octubre de 1990 se reguló sobre el Día del Periodista: "Establécese el 23 de octubre de cada año como Día del Periodista, el que se declara feriado no laborable para los mismos, con derecho a percibir la remuneración habitual".
b. Acceso a la información
E 17 de octubre de 2008 el gobierno uruguayo promolgó la Ley de Acceso a la informacion Publica No. 18.381
Ley de Acceso a la informacion Publica No. 18.381
http://www.presidencia.gub.uy/_web/leyes/2008/10?EC1028-0001.PDF
Habeas Data / Acceso a la información pública y Leyes de TransparenciaLey 17.838
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17838&Anchor=
Establece la protección de datos personales para ser utilizados en informes comerciales y otorga la acción de habeas data para proteger la integridad personal. Se trata de una acción efectiva para tomar conocimiento de los datos referidos a la persona, su finalidad y uso, que consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de error, falsedad o discriminación, exigir su rectificación, supresión o lo que entienda corresponder.
No existe, en cambio, disposición alguna que obligue al Estado a revelar información de interés público, ni mecanismos legales o judiciales que permitan a los periodistas obligar al Estado a brindar información, más allá de la posibilidad a recurrir al recurso de amparo genérico (ley 16.011) para protección de derechos que ha tenido una eficacia relativa para la protección del derecho a acceder a información pública.
La Constituciónal Nacional permite a los ciudadanos formular peticiones al gobierno, para acceder a información pública, en base a los Arts: 30 (Derecho de Petición), 29 (Libertad de expresión), 72 (garantía a todos los derechos derivados de la forma democrática y republicana de gobierno) y 82 (la Nación adopta la forma democrática y republicana de gobierno).
No obstante, estas disposiciones no garantizan el acceso efectivo y oportuno de la información solicitada por los particulares
c .Leyes de radio y televisión y el contenido de la informaciónDecreto-Ley 14.670 "Ley de Radio y Televisión"
http://www.presidencia.gub.uy/noticias/archivo/2000/mayo/2000053001.htm
Decreto 734/78
http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/586
Las normas que rigen las comunicaciones en esta área son el Decreto-Ley 14.670 del 27 de junio de 1977 y su reglamento (Decreto 734/78). Estas normas establecen el marco para la asignación, explotación y administración de frecuencias de radiodifusión.
El decreto 734/78 establece, a su vez, que "No podrá instalarse ni funcionar ningún tipo de estación radiodifusora, para cualquier clase de servicio, aunque sea con carácter experimental o provisorio, sin la previa autorización del Poder Ejecutivo". Ambas normas reafirman que es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo otorgar las frecuencias de radiodifusión.
El procedimiento comienza exclusivamente por iniciativa gubernamental, a través de "llamados" cuando se entiende que existen vacantes para atribuir el servicio de radiodifusión: "la Administración llamará públicamente a interesados por medio de avisos en la prensa, otorgándose un plazo de 60 días hábiles para la presentación de solicitudes".
Siguiendo esta línea, el Poder Ejecutivo establece una serie de requisitos que deben cumplir los interesados en explotar las frecuencias radioeléctricas. Los interesados deberán acreditar "capacidad económica de acuerdo con la categoría de la estación que se proyecta instalar" y "solvencia moral" la cual "será valorada por el Poder Ejecutivo, quien podrá disponer todas las averiguaciones pertinentes y solicitar ampliación de informaciones...".
Los requisitos de admisibilidad económicos pueden convertirse en obstáculos al acceso, siempre que se definen de forma discrecional, al impedir a sectores de la sociedad hacer escuchar su voz. No existen consideraciones especiales para proyectos educativos o sin fines de lucro. El literal f del mismo artículo agrega que es necesario que los interesados realicen un "depósito en garantía" que puede agravar las limitaciones.
En la misma línea, el requisito exigido de "solvencia moral" otorga una excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo en su valoración, atribuyéndole facultades cuasi inquisitivas, que no encuentran fundamento en el Estado de derecho y el régimen democrático.
No obstante haber sido aprobadas en dictadura, estas normas fueron ratificadas en democracia y ninguno de los sucesivos gobiernos desde 1985 a la fecha las ha modificado.
Ley 18232 de 2008 Medios comunitarios
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18232&Anchor=
la libertad de expresión a través de los medios comunitarios. La ley reconoce la existencia de un sector comunitario al que se le brindan posibilidades de acceso al espectro radioeléctrico. No contiene limitaciones de potencia o área de cobertura y tampoco de fuentes de financiación. Se establece una reserva del espectro radioeléctrico para este tipo de medios hacia el futuro, pero no se afecta el funcionamiento de los medios de comunicación que actualmente cuentan con permiso de emisión.
d. Secreto Profesional o protección de fuentesLey de Prensa:
Según la Ley 16.099, en su Art. 1, inc. 3, se señala: "Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación".
http://www.parlamento.gub.uy/Códigos/Códigopenal/cod_pen.htm
Por su parte, el Código Penal en su Art. 302, establece: "El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de cien a dos mil pesos".
Ambas normas otorgan una protección general al derecho de los periodistas a ampararse en el secreto profesional para mantener en reserva fuentes personales, documentales, etcétera. Deja sin dilucidar, empero, el conflicto con el deber genérico de colaborar con la Justicia para esclarecer los delitos. En la Jurisprudencia en general se ha privilegiado la protección de las fuentes sobre la persecución criminal.
e. Derechos de autorConstitución:
La Constitución establece en su Art. 33: "El trabajo intelectual, el derecho de autor, del inventor o del artista, serán reconocidos y protegidos por la ley".
Ley 9.739: "Ley de derecho de Autor"
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=09739&Anchor=
Ley Nº 17.805Derechos De Autor en la Actividad Periodística
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17805&Anchor=
Los derechos de autor están regulados por la Ley 9.739 del 17 de diciembre de 1937.
La ley 17.805 reguló "los derechos de autor en la actividad periodística" a través de la modificación de los Arts. 22, 23 y 24 de la ley 9.739:
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:
"Art 22.- Salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social, otorgada por el autor sin relación de dependencia con la empresa periodística, sólo confiere al editor o propietario de la publicación, el derecho de utilizarlo por una vez, quedando a salvo los demás derechos patrimoniales del cedente o licenciante.
Los derechos de los autores contratados bajo relación laboral se presumen cedidos para utilizarlos únicamente por la empresa o medio de comunicación para el que se realiza el trabajo.
Toda vez que se vuelva a publicar total o parcialmente, el autor del artículo deberá ser identificado como lo fue la primera vez".
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:
"Art. 23.- En todos los casos el autor conservará los derechos respecto de la edición independientemente de su producción".
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:
"Art. 24.- Lo establecido en los artículos anteriores se aplica en forma análoga a los dibujos, chistes, gráficos, caricaturas, fotografías y demás obras susceptibles de ser publicadas en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social".
La normativa se cuenta entre las más modernas de la región y les otorga a los periodistas free lance el control sobre la explotación de sus obras. En cuanto a los periodistas que trabajan en relación de dependencia, se establece la típica cesión a favor del medio que los emplea, pero conservan el derecho a autorizar y negociar la cesión a terceros, así como el denominado segundo uso.
Asimismo, la ley 9.739, en su Art. 45 establece el derecho de cita, siempre que no es reproducción ilícita de noticias, reportajes, informaciones periodísticas o grabados de interés general, siempre que se mantenga su versión exacta y se exprese el origen de ellos. En el mismo ordenamiento se indica que tampoco constituye reproducción ilícita la publicación o difusión por radio o prensa de obras, fragmentos de poesía y artículos sueltos, siempre que se indique el nombre del autor.
f. Proyectos de ley que afectarían a la prensaAcceso a la Información:
En mayo de 2006 fue presentado ante el Parlamento un proyecto de ley en materia del derecho al acceso a la información pública (Art. 1 y 2). El proyecto fue redactado por el Grupo de Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP) que integran una decena de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Archiveros Sin Fronteras, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), Uruguay Transparente y Amnistía Internacional capítulo Uruguay.
El proyecto, actualmente a estudio del Parlamento, establece términos perentorios para que los funcionarios respondan a las solicitudes de los particulares (Arts. 12 a 16). Se prevé como falta grave el desatender a una solicitud (Art.23). Establece una acción de Amparo Informativo para el titular del derecho, cuando la administración se niega a franquear el acceso a la información solicitada (Art. 17).
Cobertura "ecuánime" de partidos políticos:
El Poder Ejecutivo presentó el 10 de setiembre de 2007 ante el Parlamento un proyecto de ley que regula "El funcionamiento de los partidos políticos". La norma proyectada regula la transparencia y la financiación de las campañas electorales. Una de sus normas alude a la obligación que tendrán la televisión y radioemisoras (públicas y privadas) de otorgar espacios gratuitos a todos los partidos políticos en los períodos pre-electorales.
El artículo más polémico del proyecto obliga a todos los medios de comunicación a informar en forma "ecuánime" sobre las propuestas partidarias en los períodos pre-electorales.
Art. 43.- "Los medios de comunicación procurarán, particularmente en las campañas electorales y a través de sus programas periodísticos o de noticias, que la población esté informada en forma ecuánime de todas las propuestas partidarias".
Despenalización de los delitos de difamación, injurias, desacato y vilipendio a símbolos patrios nacionales o extranjeros:
Un grupo de organizaciones que trabajan por la libertad de expresión formó una comisión de expertos que redactó un proyecto para despenalizar los delitos de difamación, injurias, desacato y vilipendio a símbolos patrios nacionales o extranjeros. También se estableció la real malicia como estándar legal en materia civil. El proyecto fue entregado el 23 de octubre de 2007 al Poder Ejecutivo que, en nombre del vice ministro de Educación y Cultura, Felipe Michelini, se comprometió a su estudio para enviarlo al Parlamento.
En la referida comisión redactora participaron los siguientes expertos y representantes de organizaciones: Diego Camaño y Jorge Pan (ambos de Ielsur); Manuel Méndez y Edison Lanza (ambos de APU); Hoenir Sarthou y Gualberto Pérez Riestra (asesores del Ministerio de Educación y Cultura). A título personal participaron: Claudio Paolillo (Vicepresidente Regional Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP), Juan Fagúndez, Juan Faroppa y Gustavo Gómez.
El proceso de discusión y redacción insumió aproximadamente tres meses y sus principales soluciones responden a los estándares de protección de la libertad de expresión que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular los desarrollados en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

References: in fine

Artículo 1
 artículo 22

Artículo 2
 artículo 23

Artículo 3
 artículo 24