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Timestamp: 2017-08-20 09:50:15+00:00

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Los contratosonerosos (opuestos a los contratos lucrativos ), aquellos en los que los sacrificios que realizan las partes se ven compensados en el beneficio que obtienen, se subdividen a su vez en contratos conmutativos. aquellos en los cuales la relación de equivalencia entre las prestaciones a cargo de ambas partes se encuentra de antemano fijada por ellas de guisa inmodificable, y contratos aleatorios .
El art. 1.790 del Código Civil define el resolución imprevisible como aquél por el que &ldquo;. una de las partes, o ambas recíprocamente se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo indeterminado.&rdquo;
Este concepto presenta para la doctrina, sin bloqueo, dos importantes imprecisiones: en primer división, a discernimiento de muchos, el artículo 1.790 no logra distinguir el convenio imprevisible del acuerdo condicional, y en segundo puesto, la repaso de dicho artículo podría inclinarnos a pensar que la obligación se establece para el caso de producirse el supuesto en un tiempo indeterminado, cuando verdaderamente, según Guilarte. la obligación nace para surtir mercadería durante un tiempo determinado, incierto, pero vinculado a la asesinato de una de las partes.
Por lo demás, en lo relativo a la formulación del concepto, la legislación ha señalado que pueden existir contratos aleatorios atípicos, no mencionados en el art.1.790, como por ejemplo el &ldquo;arreglo denominado de sorteo&rdquo; (sentencia de 9 de Octubre de 1.993), pues no hay un numerus clausus de los mismos.
El ambiente más característico del convenio imprevisible es como propio su nombre indica la existencia de un componente de aventura (alea), que será el que determine cuáles serán los posesiones obligatorios que se deriven del acuerdo y la cuantía de los mismos. Se proxenetismo de un aspecto fortuito e incierto que decidirá el derecho de una de las partes a obtener una prestación o el cese de una que venía produciéndose. Esta incertidumbre no afecta a la existencia del convenio sino solamente a su estructura y contenido, las partes están obligadas desde su perfección en cualquier caso.
Aunque se ha intentado configurar el anuencia casual como un condicional, lo cierto es que en el accidental la incertidumbre no se refiere a si el pacto existe o no, pues, como ya se ha dicho, se tráfico de un acuerdo perfectamente válido y existente, hay que reiterar luego que la incertidumbre exclusivamente se refiere a la realización de las prestaciones de una de las partes o ambas, o al contenido de éste, en tanto que la condición hace incierta la existencia misma del entendimiento (sentencia 20 de Noviembre de 1.915).
Autores como Castán Tobeñas, Chironi o Barassi consideran aceptable la distinción entre contratos aleatorios en los que interviene la suerte (seguro, renta vitalicia) y aquellos otros en los que la suerte es la razón constitutiva (placer y desafío). Otros autores, por el contrario, opinan que el tipo contractual es genérico y que la única diferencia es que en la renta y el seguro intervienen riesgos concretos (nominados) mientras que el diversión y la envite se basan en un abano de infinitas eventualidades.
Es posible dividir estos contratos por la relación entre el peligro y la prestación:
Aquellas modalidades que ponen a cargo de una parte una prestación ya firme y de cuantía concreta frente a otra aleatoria en cuanto a su existencia. Ejemplo: seguro de incendios.
Prestación firme a cambio de otra igualmente segura en cuanto a su existencia, pero dependiendo de la suerte en su cuantía. Ejemplo: el total que cobra en pensiones el reclamante de la renta vitalicia.
Sinalagma de aleas: Prestación de uno de los contratantes, o varios, a privanza de otro, a designar por la suerte. La posición de favorecido y la de pagador están en charnela; se van a determinar por la suerte entre los partícipes; y la causa de la atribución al ganancioso es el aventura que corrió de perder: la del deterioro del perdedor, las probabilidades que tuvo de superar, etc.
Por extremo, señalar que, si acertadamente la opinión popular establece, como ya quedó dicho al inicio, los contratos aleatorios son una subdivisión de los contratos onerosos, otros autores consideran que existen además contratos aleatorios gratuitos. Así, por ejemplo, el anuencia de renta vitalicia puede constituirse de forma gratuita, como presupone el art. 1.807 del Código Civil. La protesta de legitimarios y acreedores perjudicados se referirá, en todo caso, a la cosa entregada, y nunca a la probabilidad de rendimiento dirigiéndose exclusivamente aquéllos frente al favorecido por la suerte, y no frente a quienes pudieron serlo, y en este sentido fueron titulares de una expectativa de adquisición valuable en hacienda en su momento.
El acuerdo de renta vitalicia
La renta vitalicia representa una relación de obligación en virtud de la cual un sujeto (dudar) está obligado a entregar a otro (pensionista) una cantidad periódica durante la vida de ésta o teniendo como tope la vida de otra persona natural. La renta de que hablamos es un crédito de naturaleza genérica que puede constituirse por cualquiera de los medios de crear una obligación: tanto mediante arreglo gravoso o fructífero, comisionado, suplemento de una partición de herencia, o formando parte de un entendimiento de transacción, etc. Incluso puede ser impuesta por los tribunales como consecuencia de una condena civil o penal, o incluso por ley.
Este tipo de acuerdo da derecho al pensionista a percibir una cantidad fija de cuartos o de cosas fungibles en un periodo de tiempo igualmente fijo, lo que lo diferencia del resolución de suministro de alimentos a una persona (perpetuo). Sin incautación, puede ocurrir que sea la vida de otra persona, y no la del pensionista, la que señale el fin del convenio de renta vitalicia. Por otra parte, el inicio del cobro de la renta puede aplazarse hasta el momento en que se cumpla una cierta perduración.
Dada la naturaleza del entendimiento, que suele tener carácter de negocio a grande plazo, y su finalidad en la mayoría de los casos, esto es, persistir a una persona, las cantidades a satisfacer pueden estar sometidas a cláusulas de revalorización y aggiornamento a fin de evitar que las modificaciones en los precios o en el valía del boleto afecten al pensionista, que vería de ese modo escaso su poder adquisitivo al lengua del tiempo en caso de ser fija la cantidad a acoger (sentencias de 31 de Octubre de 1.960, 23 de Noviembre de 1.962 y 18 de Octubre de 1.976).
La finalidad de la renta suele ser proporcionar al pensionista un ingreso fijo que le permita subsistir, aunque este fin puede variar según el título por el que se constituya el anuencia:
Puede constituirse por anuencia gravoso, en cuyo caso se proxenetismo de un arreglo a fondo perdido destinado a cumplir la finalidad hacia lo alto señalada. Es frecuente en el caso de los matrimonios, que contratan la renta sobre la individuo de los dos, a fin de fijar la supervivencia del cónyuge, este convenio es reversible a la crimen de cualquiera de los dos.
La asignación de la renta puede igualmente surgir para compensar el daño causado por el deudor a otra persona, tratando de suplir los ingresos periódicos que ésta pierde. En estos casos el pacto de renta vitalicia presenta la delantera de que permite distribuir el suscripción compensatorio en una serie de plazos, dispensando así al deudor de fertilizar toda la deuda de toque.
Otro modo de constituirse la renta es mediante donación, generalmente por motivos afectivos o morales, y que ofrece las mismas ventajas de distribución del suscripción que el caso mencionado.
CONCEPTO DE Arreglo DE RENTA VITALICIA
Dice el art. 1.802 del Código Civil que &ldquo;el anuencia azaroso de renta vitalicia obliga al deudor a acreditar una pensión o utilidad anual durante la vida de una o más personas determinadas por un haber en muebles o inmuebles, cuyo dominio se le transfiere desde luego con la carga de la pensión.&rdquo; Esta definición se refiere al arreglo característico de renta vitalicia, pero podemos dialogar todavía de un resolución atípico pues el principio de autonomía de la voluntad permite que los contratantes pacten el cuota de una renta consistente en cualquier tipo de correctamente, durante cualquier espacio de tiempo y a cambio de cualquier contraprestación o incluso sin ella.
A pesar de lo que pueda sugerir la parte final del enunciado del artículo, el perceptor de la renta no tiene un derecho de naturaleza actual sobre los capital muebles o inmuebles del deudor, lo que pretende sostener es que de acuerdo con el art. 1.911 del Código Civil, el deudor garantiza con todos sus intereses la obligación que ha contraído. El derecho a la renta no tiene carácter verdadero y sólo produce mercancía obligatorios personales (sentencia de 8 de Mayo de 1.992).
El art. 1.802 describe la renta vitalicia como un anuencia efectivo, que se forma por la transferencia del hacienda de la renta al deudor de ésta. Su perfección se opera por el cambio de dominio de los beneficios (sentencia de 18 de Enero de 1.996). Parte de la doctrina considera por ello que se tráfico de un convenio particular, produciendo obligaciones (el plazo de la pensión) para una sola de las partes. Un entendimiento consensual de renta vitalicia es posible al amparo del art. 1.255; dicho anuencia obliga a satisfacer la pensión pactada, y a desliz de otra le será aplicable la regulación de los arts. 1.802 y siguientes en su totalidad.
La función que en el resolución de renta vitalicia desempeña la &ldquo;prestación de hacienda&rdquo; es una prueba de su naturaleza consensual; esa prestación no es un simple punto constitutivo del entendimiento sino que funciona como contrapartida de la obligación de retribuir la pensión, y luego con la misma naturaleza, aunque sea mencionado en el tiempo. El resolución de renta vitalicia es de cambio de prestación de renta por prestación de renta y, por consiguiente, gravoso y sinalagmático. No puede decirse que sea parcial por la simple circunstancia de que una de las prestaciones se haga primero y la otra a posteriori. La onerosidad del pacto parece eliminar toda idea de perjuicio de la legítima pese a agotar el caudal del contratante y aun si el arreglo se hubiese celebrado con esa idea por ambas partes, la argumento de los legitimarios contra el deudor de la renta habría de ser de daños (sentencia de 6 de Mayo de 1.980).
SUJETOS DEL Entendimiento
En el pacto de renta vitalicia pueden intervenir los siguientes sujetos:
El contratante de la renta. aquel que paga el hacienda; en principio, el que adquiere el derecho a la pensión para sí o para otra persona. El Código Civil no especifica nulo acerca de la capacidad de comportarse que debe tener el contratante, ésta dependerá de la naturaleza de los haberes que se transmiten.
El deudor de la renta. la persona que se compromete y queda obligado a abonar la pensión a cambio de la percepción del caudal, los servicios o la contraprestación que fuere. Siquiera el Código Civil concreta la capacidad de actuar requerida para este deudor, aunque atendiendo al talento de la deuda, habrá de tener la capacidad común para hacer efecto.
Pensionista favorecido. por lo militar suele ser el mismo contratante que entrega el caudal, aunque todavía puede ser un tercero al que el contratante hace atribuir la pensión, en este zaguero caso, y según el art. 1.275-2º del Código Civil, se requerirá la admisión del favorecido. Las personas a crédito de las cuales se constituye la renta deberán ser determinadas. como dice el art. 1.802, con el techo establecido en el art. 781 del Código Civil. La éxito del tercero hace irrevocable el resolución. Asimismo junto a constituir la renta a auxilio de varias personas sucesivas, aunque no hayan nacido o sido concebidas en el momento de la perfección del resolución.
La persona sobre cuya individuo se contrata la renta. es proponer, la persona cuya vida determina la duración de la renta establecida en el pacto. El art. 1.803 estipula que &ldquo;puede constituirse la renta sobre la vida del que da el renta, sobre la de un tercero o sobre la de varias personas. Igualmente puede constituirse a gracia de aquella o aquellas personas sobre cuya vida se otorga,o a gracia de otra u otras personas distintas .&rdquo; En opinión del profesor Serramalera. la renta puede asimismo ser contratada sobre la vida de una persona que no haya nacido aún en el momento de la perfección del entendimiento, aunque habría que discutir si la renta se paga desde el momento en que el pacto se perfecciona o si se posterga hasta el momento en que nazca aquél sobre cuya vida se ha constituido. En el caso de que se establezca una renta a ayuda de una sola persona sobre la capital de varias personas, la obligación durará hasta el fallecimiento de la última de ellas. Para el caso de una renta creada a protección de varias personas conjuntamente, existen dudas acerca de si ésta se extingue pro parte a medida que van falleciendo los pensionistas; la interpretación del Tribunal Supremo en este punto es que la renta se pagará íntegra hasta el fallecimiento del final pensionista, pasando a los supervivientes la parte correspondiente a los premorientes (sentencia 1 de Julio de 1.969). Por otra parte, el art. 1.804 del Código Civil declara que &ldquo;es nula la renta constituida sobre una persona muerta a la época del otorgamiento, o que en el mismo tiempo se halle padeciendo una enfermedad que llegue a causar su crimen interiormente de los vigésimo días siguientes a aquella momento. &rdquo; Tal precepto nada más se aplica a aquél sobre cuya vanguardia se constituye la renta y no al pensionista si es diferente de ella; lo que se pretende con este artículo es proteger al contratante que entrega el haber a fin de proteger su inversión. En cuanto a la nulo del acuerdo en caso de asesinato en los primeros vigésimo días hay que despabilarse su razón de ser en la idea del consentimiento prestado por error, o en opinión de Puig Brutau, en una medida de política jurídica tendente a evitar que la operación se someta a un peligro desigual del recatado.
OBJETO DE LA RENTA VITALICIA
Los medios fundamentales del acuerdo de renta vitalicia son el caudal que se transfiere y la pensión que debe conformarse.
En cuanto al haber. a pesar de la redacción del art. 1.802 del Código Civil que se refiere a la entrega de intereses muebles o inmuebles, puede fundamentarse en la transmisión de cualquier derecho.
La renta. Ésta generalmente consiste en el plazo de una cantidad de pasta, aunque puede radicar en la entrega de cualquier cosa fungible; de hecho, desde el punto de aspecto del mantenimiento del poder adquisitivo de la renta, la opción de cobrarla en fortuna con valía intrínseco puede ser interesante para el pensionista. Igualmente, puede establecerse en su satisfacción cualquier otra periodicidad diferente de la anual que concreta el art. 1.802. el plazo de la renta puede hacerse por periodos vencidos o anticipadamente, si acertadamente a desatiendo de pacto se impondrá la primera regla, que es la común. Es una cuestión muy debatida la de si la cuantía de la pensión debe ser superior al interés constitucional, o al regular, del valía de los intereses que se entregan a cambio, o adecuadamente al de sus frutos y rendimientos. De acuerdo con nombres como Guilarte. que opina que la respuesta a esta cuestión debe buscarse en el principio de sencillez, la derecho reconoce que el Código Civil no contiene especificaciones relativas a la fijación de la renta, imperando así la voluntad de los contratantes, declarándose nula la renta exclusivamente en el caso previsto por el art. 1.804, de renta constituida sobre una persona fallecida o que padezca una enfermedad que pudiera causar su homicidio en los vigésimo días siguientes a la perfección del arreglo (sentencia 11 de Julio de 1.934).
FORMA DEL Resolución DE RENTA VITALICIA
El Código Civil presenta un gran vano a este respecto y no apunta a ninguna forma concreta para el entendimiento de renta vitalicia, por lo que se entiende que le serán aplicadas las normas generales de los arts. 1.279 y 1.280 en caso de que sea constituido a título gravoso. De cualquier forma, hay que tener en cuenta que al no existir normas que dispongan lo contrario, es aplicable en este punto el principio de excarcelación formal que consagra el art. 1.278.
Bienes DEL Pacto
Al deudor de la renta no le es atribuido ningún derecho ya que de este tipo de arreglo tan sólo surgen obligaciones unilaterales, consistentes en fertilizar la pensión en el plazo y la forma acordados. Conforme al art. 1.808 del Código Civil no se le puede exigir el suscripción de la renta sin explicar la existencia de la persona sobre cuya vida se ha constituido. La renta que corresponda al año de fallecimiento de quien disfruta de ella debe pagarse en proporción a los días que hubiera vivido, aunque si en el entendimiento se había establecido que los pagos habían de ser satisfechos en plazos anticipados, habrá de pagarse el cuantía total de del plazo que durante su vida hubiese empezado a pasar.
El régimen de defensa de los contratos de renta vitalicia presenta una particularidad, y es que no se les puede aplicar la regla de resolución del pacto por incumplimiento de obligaciones recíprocas a que se refiere el art. 1.124 pues el art. 1.805 especifica que &ldquo;la errata de plazo de las pensiones vencidas no autoriza al perceptor de la renta vitalicia a exigir el reembolso del hacienda ni a retornar a entrar en la posesión del predio enajenado; sólo tendrá derecho a protestar judicialmente el cuota de las rentas atrasadas y el aseguramiento de las futuras. &rdquo; Hoy se piensa mayoritariamente que lo que esta disposición pretende es evitar un lucro injustificado como el que se produciría en caso de que el pensionista recuperara el hacienda entregado, conservando al mismo tiempo las pensiones que ya le habían sido satisfechas. Sin retención, lo que ocurriría es que si el pensionista recupera el haber entregado, igualmente el deudor recupera las pensiones que ya ha pagado, pues no hay razón para pensar que la obligación de devolución de lo percibido se extienda tan solo a una de las partes. Debe deber por consiguiente otra coartada para explicar el art. 1.805 y la respuesta tal vez sean una serie de razones de oportunidad y conveniencia, pues tratándose de una obligación que se cumple en diversos vencimientos, pudiendo ser éstos frecuentes y de escaso masa, no parece dialéctico que el impago de uno solo de los mismos pueda portear la resolución del convenio.
En caso de impago de la renta, la opción que le queda al pensionista para defender sus derechos es la de la petición legal. La conducta del árbitro se orientará exclusivamente a proporcionar al pensionista los deuda y sus respectivos intereses y el plazo que tiene el pensionista para acudir a esta vía es de cinco primaveras en aplicación del art. 1.966-3º respecto de la prescripción de las acciones dirigidas a exigir el cumplimiento de los pagos que deban hacerse por abriles o en plazos más breves. Lo que el pensionista no puede obtener del procedimiento de demanda es la predisposición de fondos para cobrar las rentas futuras en el caso de que el deudor continúe incumpliendo el convenio. Lo que sí que puede hacer es exigir garantías suficientes, esto es lo que se conoce con el nombre de aseguramiento ; el medio de aseguramiento más frecuente es el de la hipoteca en fianza de rentas o prestaciones periódicas. Si no se presta el aseguramiento, y a pesar del art. 1.805, el pensionista podrá solicitar la resolución del pacto, no a causa del impago de alguno de los vencimientos atrasados, sino correcto a la imposibilidad de apuntalar las futuras; esta posibilidad es factible adecuado a que el aseguramiento a que da derecho el art. 1.805 no esta incluido en la prohibición de este precepto.
Por postrero, conviene señalar que es posible, según la derecho, pactar expresamente la resolución del entendimiento de renta vitalicia por incumplimiento del cuota de una pensión, pues este convenio no es contrario al orden sabido ni a las buenas costumbres y siquiera está prohibido en el Código Civil, una vez suprimida la prohibición expresa que figuraba en el esquema isabelino. Las modalidades más empleadas para el pacto resolutorio son las siguientes:
Que producida la resolución por impago de la renta y restituyéndose el renta, retendrá el deudor los intereses o frutos producidos, y el digno las pensiones recibidas hasta entonces.
Que, a modo de compensación de los perjuicios sufridos por el pensionista, éste no solo conservará las rentas percibidas sino que tendrá derecho a que el deudor le restituya los frutos producidos por el renta: esta modalidad equivale a una cláusula penal, y los tribunales podrán moderar su talento.
La resolución puede pactarse, acertadamente por desatiendo de las garantías previstas en seguridad del cuota de las pensiones, correctamente por defecto de la satisfacción de las mismas, correctamente por no pagarse las prestaciones periódicas puntualmente en los términos o fechas señaladas. En cualquier caso, el pacto resolutorio es inscribible en el Registro de la propiedad.
Nulo Y Cese DEL Acuerdo
La acabamiento del derecho a la renta se produce por fallecimiento de aquél sobre cuya vanguardia se contrató. Surge entonces el problema de determinar si la obligación persiste en caso de homicidio del pensionista, siendo otra la vida contemplada; en este caso puede pactarse que la renta sea transmisible a los herederos o que beneficie a otra persona. En caso de que no existiera tal pacto, habrá que atender a la voluntad de las partes aunque parece ser que en caso de duda el derecho persiste aun falleciendo el solicitante cuando se constituye la renta por título gravoso, si acertadamente en caso de que la renta fuera una donación del deudor al pensionista no persistirá el derecho.
El art. 1.808 del Código Civil dice que &ldquo;no puede reclamarse la renta sinacreditar la existencia de la persona sobre cuya vida esté constituida .&rdquo; En los casos en los que la subsistencia del pensionista sea presupuesto de la vigencia del anuencia, esta medida deberá ser asimismo aplicada a aquél. Si el plazo de las rentas se ha convenido por plazos anticipados, el demandante debe acreditar que la persona sobre cuya vida se constituyó el anuencia vivía en el momento de comenzar a valer el período correspondiente, y su crimen posterior no impedirá la demanda del precio total del plazo.
Dice el art. 1.806 en relación con el pensionista que &ldquo; la renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporción a los días que hubiese vivido; si debía conformarse por plazos anticipados, se pagará el precio total del plazo que durante su vida hubiese empezado a valer .&rdquo; Aunque si fallece el sujeto sobre cuya vida se constituye la pensión, serán sus días de vida los que habrán de ser tenidos en cuenta.
La renta se extingue aunque sea el propio deudor el causante de la agonía, pero en todo caso, quien extingue culpablemente una relación de renta vitalicia debe indemnizar.
RENTA VITALICIA CONSTITUIDA A TÍTULO De balde
Este tipo de resolución está regido por las normas que regulan las liberalidades obligacionales y su renta es fácilmente calculable en función del valor de la pensión y de la persona-clave aunque no representa un caudal que no ha existido. Para este tipo de renta dispone el Código Civil en su art. 1.807 que &ldquo;el que constituye a título gratis una renta sobre sus capital, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeta dicha renta a confiscación por obligaciones del pensionista .&rdquo; Se justifica este precepto alegando que el donante puede poner a su munificencia aquellas condiciones que le parezcan de lo que se puede entender que de acuerdo con la voluntad probable del donante son inembargables tanto el derecho genérico a la pensión como las pensiones vencidas, como respaldo de subsistencia del pensionista frente a su propio desorden financiero. Otro aspecto interesante de esta cláusula de inembargabilidad es la prohibición de ceder la renta, que parte de la doctrina considera implícita, basándose adicionalmente en la propia gratuidad del acto. Lo que está fuera de toda duda es que el constituyente puede prohibir la enajenación y esta prohibición tendrá desde entonces enseres erga omnes .
El acuerdo de permanente
Mediante este anuencia, una de las partes, a cambio de la entrega de unos capital, se obliga a prestar a la otra alimentos, en la extensión que se convenga, durante toda la vida de ésta; se obliga a prestar &ldquo;domicilio, alimentos y subsidio médica &rdquo; (sentencia de 6 de Mayo de 1.980).
Dada su similitud en muchos aspectos con el resolución de renta vitalicia, el resolución de permanente ha sido frecuentemente considerado como una categoría más de aquél. Otra parte de la doctrina ha optado por considerarlo una categoría independiente y ello por varias razones que a su querella lo diferencian del convenio de renta vitalicia. En primer motivo, en el entendimiento de permanente la pensión es esencialmente variable en función de las deposición del alimentista en cada momento y en cada situación. Por otro banda, la prestación no consiste sólo en dar monises, sino que se manejo de una prestación mixta consistente en proporcionar cosas y atenciones. Finalmente se considera que la posición del alimentado en este tipo de acuerdo es intransmisible.
La legislación asimismo refleja esa controversia, y así, si por un costado la sentencia de 28 de Mayo de 1.965 dice que en conformidad con la confianza contractual las partes pueden pactar que una de ellas se obligue a prestar a la otra alimentos mediante la contraprestación que fijen y que esto no es una modalidad de la renta vitalicia sino un arreglo autónomo, innominado y atípico, por otro flanco nos encontramos con que la sentencia de 1 de Julio de 1.982 deje de una categoría caudillo, que es la del anuencia perpetuo a título gravoso, y que incluye distintas formas en función del tipo de prestación, ya sean cantidades de moneda como ocurre con la renta vitalicia o la satisfacción de alimentos en sentido ajustado o en sentido amplio, que es una forma de pacto indeterminado cuya validez se plinto en la autonomía privada del art. 1.255 del Código Civil.
La aplicación al permanente por conexión de los arts. 1.802 y siguientes del Código Civil referentes al convenio de renta vitalicia será dificultosa en ciertos puntos. Así, en el caso del art. 1.805, es más difícil la devolución de las pensiones atrasadas. Siquiera parecen aplicables las limitaciones del art. 1.804, ni hay términos hábiles para aplicar el 1.806.
En cuanto a la capacidad resolutoria, ésta depende de la voluntad del alimentista interiormente de la regla de la buena fe, según la sentencia de 28 de Mayo de 1.965. la sentencia de 12 de Abril de 1.928 declaró incapaz un entendimiento permanente por pactarse en él que el pensionista, casado, viviría con el deudor de los alimentos, entendiéndose que había causa ilícita en suministrar la separación del pensionista y su esposa.
El pasatiempo y la reto
Los juegos con apuestas de por medio han sido tradicionalmente considerados por el derecho como poco pernicioso que debía ser reglamentado o incluso reprimido por su peligrosidad social, de ahí las particularidades que se encuentran al estudiar su regulación.
En nuestro caso, con respecto al conjunto, es tan sólo aquél que contiene apuestas el que nos interesa. La reto consiste normalmente en una cantidad de mosca a cobrar por el ludópata que pronostica con éxito un acontecimiento determinado, siendo tal reto la que el Código Civil se propone regular. Debemos señalar la distinción que el Código Civil hace entre colección y postura. distinción totalmente innecesaria, y que encima conduce a la contradicción pues ambas especies son equiparadas en el art. 1,799. En el entretenimiento como tal no hay intercambio de prestaciones, no hay ningún punto en él que permita encuadrarlo en el interior de alguna de las categorías de los contratos, lo que verdaderamente tiene trascendencia jurídica es la reto hecha sobre el solaz en cuestión, en este caso, el repertorio supone el acto desencadenante de un resultado judicial, en este caso, una relación de obligación en la que el azar decide quién es el demandante y quién es el deudor. En sinceridad, lo que el Código Civil denomina en unas ocasiones deporte y en otras, puesta. es esa puesta propiamente dicha que acabamos de describir pues el serie propiamente dicho es jurídicamente irrelevante.
El hecho de ser actividades que se traducen en obtener una lucro o sufrir una pérdida económica sin trabajo personal y mediante la intervención de la suerte explica la prevención que la ley muestra en torno a ellos. Ciertamente, suponen un problema social y por ello ha sido abordado desde distintos ángulos: civil, penal y oficinista. Lo más relevante de este tratamiento se centra en los aspectos penales y civiles:
Aspectos penales: si tiempo a espaldas tuvo gran importancia la regulación penal de este tipo de contratos, lo más significativo hoy en día es la completa destipificación de los mismos tras la reforma del Código Penal de 25 de Julio de 1.983. La razón de tal destipificación no fue un cambio propicio en la apreciación de los mismos, sino la insostenibilidad del hecho de que tales actividades fueran consideradas delito sólo cuando se practicaran entre particulares y no cuando la &ldquo;banca&rdquo; quedara en manos de las Administraciones Públicas o de particulares administrativamente autorizados.
Aspectos civiles: dada la reforma penal ya comentada, hoy no tiene sentido balbucir de juegos prohibidos y no prohibidos, no podemos considerar siquiera las prohibiciones administrativas como normas penales que los sancionen. Sin retención, no parece que todo esto haya derogado en el ámbito civil el valía del art. 1.798 del Código Civil que afirma que &ldquo; la ley no concede acto para pedir lo que se apetencia en un charnela de suerte, envite o azar; pero el que pierde no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente, a no ser que hubiese inconcluso dolo, o que fuera último, o estuviera inhabilitado para ordenar sus fortuna .&rdquo; El art. 1.799 apunta que &ldquo; lo dispuesto en el artículo precursor respecto del muestrario es aplicable a las apuestas. Se consideran prohibidas las apuestas que tienen conexión con los juegos prohibidos .&rdquo; Como se ve, el parlamentario da dos tratamientos al repertorio: uno como objeto de un convenio previsto para juegos que se consideran dignos de protección jurídica, y otro que toma el gozne y la postura como actividades no penadas pero carentes del inspección tuitivo de los contratos (juegos desprotegidos, según Lacruz ). Al respecto de estos últimos, el Código Civil sólo señala que no habrá influencia posible para protestar lo conveniente, que el perdedor no tiene derecho de repetición y concede a la autoridad sumarial una potestad arbitral opción para no estimar la demanda o sujetar la obligación, según los casos, en el art. 1.801: &ldquo;el que pierde en un descanso o desafío de los no prohibidos queda obligado civilmente. La autoridad contencioso puede, sin confiscación, no estimar la demanda cuando la cantidad que se cruzó en el muestrario o en la reto sea excesiva, o ceñir la obligación en lo que excediere de los usos de un buen padre de tribu .&rdquo; En cuanto a los contratos considerados dignos de protección jurídica, el art.1.800 dice que &ldquo; no se consideran prohibidos los juegos que contribuyen al deporte del cuerpo, como son los que tienen por objeto adiestrarse en el manejo de las armas, las carreras a pie o a heroína, las de carros, el surtido de globo y otros de análoga naturaleza &rdquo;, siendo esta ultima precisión (de análoga naturaleza) difícil de concretar. Es por estas razones por lo que muchos autores consideran que no ha de tenerse demasiado en cuenta para el ámbito civil la sentencia de 23 de Febrero de 1.988, por errar en la integración a la capacidad al afirmar que de la despenalización de y de la interpretación de las normas administrativas sobre el gozne, &ldquo; ha de inferirse que los juegos de envite, suerte o azar declarados legales y practicados en lugares autorizados al sorpresa ya no pueden considerarse prohibidos y, en consecuencia, obligan a fertilizar al que pierde, y, por ello, el que apetencia tiene derecho y energía para exigir lo manada, configurándose las ganancias o pérdidas que resultan de aquellos como el impresión consustancial del peligro o aleas que define y caracteriza al selección, cualquiera otra interpretación, enraizada en la tradicional inexigibilidad de las deudas de surtido o basada en motivos morales, sociales o familiares – ya ponderadas por el senador al reglamentar el charnela, con sus inevitables consecuencias negativas- sería contraria al principio de seguridad jurídica consagrado por la Constitución y a la seguridad del tráfico comercial&hellip;&rdquo;, de acuerdo con este argumento, niega la posibilidad jurídico para no estimar la demanda, aunque excepcionalmente mantiene la posibilidad de moderación en la cuantía de la deuda, siendo luego inconsecuente con la doctrina en que se sustenta.
EL Repertorio OBJETO DEL Pacto
Según el art. 1.801 el que juega o desafío sobre un gozne no prohibido siempre que no sea de suerte, envite o azar está obligado civilmente a avalar lo perdido en él. Sin bloqueo, a la luz del art. 1.800 esto es discutible pues determinados juegos que no son de suerte, envite o azar no contribuyen al adiestramiento del cuerpo, con lo que queda al descubierto una lapso justo entre los juegos de suerte y los corporales, en este asociación intermedio encontraríamos, por ejemplo, los que suponen un entrenamiento de la inteligencia, o una astucia manual que no sea susceptible de ser considerada examen corporal.
Todavía aquí, los autores e intérpretes discrepan. Díez Picazo y Gullón piensan que el art. 1.800 es lo suficientemente expresivo en su enumeración ejemplificativa y que se alcahuetería de un precepto que debe ser interpretado de forma que abarque los juegos en que la destreza, técnica e inteligencia del participante sean lo esencial, quedando de esta forma prohibidos solamente los juegos de pura suerte, envite o azar. Opinión contraria es la manifestada por Guilarte. que incluye aquellos juegos mixtos en la categoría de juegos de azar, y incluso, si acertadamente con mayores reservas, las apuestas sobre partidas de billar o de ajedrez.
Mayoritariamente se considera que en el art. 1.800 se incluyen, pegado a los juegos que contribuyen al deporte del cuerpo, los que contribuyen al control de la inteligencia. La razón de que éstos últimos no se mencionen en la redacción del artículo podemos encontrarla en la tradición, desde el Derecho romano, de fomentar la preparación para la pugna con medios e instrumentos cuyo manejo exige fuerza y destreza física. Se debe precisar que en la categoría de juegos que contribuyen al exposición de la inteligencia se incluyen no sólo aquellos en los que se ha de gastar la inteligencia para mejorar las posibilidades del azar, sino incluso aquellos concursos y pruebas en los que los protagonistas exclusivos son la civilización y las fuerzas intelectuales de los participantes.
Lo que hace que las apuestas del artículo 1.800 sean lícitas es el hecho de que una parte del resultado depende del apostador, suponiendo un estímulo para ejercitarse y vencer, es opinar, que el artículo se refiere a juegos en los que se ejercitan el cuerpo o la inteligencia del ludópata. Según esto, las apuestas sobre terceros se asimilan a los juegos de azar, pues para el apostante se proxenetismo de juegos totalmente aleatorios que en ausencia dependen de su esfuerzo o voluntad. Esto supone que muchos tipos de apuestas dotadas de una estructura específica, como las que se dan en los frontones o en las carreras de caballos, deben incluirse en el especie de apuestas desprotegidas.
Por su parte, las apuestas hechas sobre la ingenuidad de un hecho o acontecimiento no imprevisible no son consideradas de azar y no entran, a diferencia de las anteriores, en el ámbito del art. 1.798, sino que se rigen por el art. 1.801 (sentencia de 6 de Octubre de 1.893)
En cualquier caso, es importante señalar que incluso las apuestas y juegos que obligan civilmente tienen una distrito, que es la posibilidad que tiene el mediador de no estimar la demanda o achicar la obligación, cuando el vencedor reclame al vencido la cantidad que perdió, como dice el art. 1.801. Claro que, una vez satisfecha voluntariamente la deuda contraída en un solaz permitido, el perdedor ya no podría repetir el plazo alegando los motivos del art. 1.801 por tratarse de una excepción que no debe ser interpretada de forma extensiva.
RÉGIMEN CIVIL DEL Ocio DESPROTEGIDO
Si proporcionadamente los arts. 1.799 y siguientes hablan de juegos prohibidos haciendo relato a los juegos de azar, envite o suerte, esta prohibición no ha de ser entendida en sentido ilimitado. Es una prohibición limitada que se refleja nada más en la desliz de protección jurídica, en la invalidez de la posibilidad de hecho para pedir lo hato en un engranaje de este tipo. Por consiguiente, la ley civil no se pronuncia en contra de aquellos que realicen juegos o apuestas de este tipo, la supuesta &ldquo;prohibición&rdquo; no servirá para impugnarlo una vez que esté consumado; ahora aceptablemente, aunque el participante que contrae la deuda no fue objeto de maniobras dolosas y era perfectamente capaz, no le es exigible el plazo de dicha deuda.
El art.1.798 establece como supuesto de la irrepetibilidad del plazo que éste sea voluntario, con una voluntad exenta de vicios, por consiguiente. Existen dudas, sin bloqueo, acerca de si debe ser considerado vicio de la voluntad el desconocimiento por parte del deudor del hecho de no estar obligado a acreditar, o su error sobre la calificación sumarial del pernio en que perdió. Éste difícilmente será excusable en cuanto error de derecho, pero sí puede serlo el de los herederos del perdedor que satisfacen el documento de gratitud de deuda suscrito por él como consecuencia de una deuda de surtido, circunstancia que ignoraban los pagadores.
En cuanto al fundamento mismo de la irrepetibilidad, parte de la doctrina lo considera consecuencia del art. 1.306 del Código Civil en relación con el art. 1.305: hay causa ilícita, omisión de los dos contratantes y, por consiguiente, ningún puede exigir lo ya cedido al otro o aquello que se le prometió a él. Aunque no parece ser adecuada la calificación de la causa como ilícita, pues aunque sean estas apuestas calificadas de prohibidas por el Código Civil, en el ámbito penal no están tipificadas. Lo que lleva al diputado a establecer la irrepetibilidad no es la idea de causa ilícita, lo que hace es amoldarse a establecer un caso singular de resolución desprovisto de validez vinculante en cuanto fuente de obligaciones, aunque causa suficiente de la atribución del que paga, todo esto por consideraciones de política jurídica: sólo con estas reservas es aplicable por igualdad el apartado primero del art. 1.306, y no el segundo, aunque la supuesta causa torpe pueda en algún caso estar de parte de uno sólo de los apostantes. Tratándose de pasatiempo de suerte, envite o azar, la deuda es inexigible aunque el movilidad se practique entre amigos y arriesgándose cantidades mínimas.
Las consecuencias de la equivocación de argumento son las siguientes:
El inspección de una deuda de pasatiempo, su promesa de plazo o aquellos contratos que preparan la ejecución de un recreo desprotegido o cooperan a ella, deberán tener el mismo trato que el coyuntura mismo. Esto supone que el pagaré que suscribe el perdedor es ineficaz, y su cuota podrá ser detenido en cualquier momento siempre que no lo realice la entidad crediticia. Igualmente, la deuda de esparcimiento no podrá ser afianzada por eludir obligación valida; siquiera podrá ser garantizada con hipoteca o con prenda, ni asegurada con pena convencional, porque ésta resultaría tan inexigible como la misma deuda.
El mandato para pugnar no obliga al mandante a devolver lo ajado al mandatario y siquiera le autoriza para reclamarle lo pagado por pérdidas en el encaje. Pero es probable que el mandatario sí tenga que entregarle lo rebaño, según la sentencia de 19 de Noviembre de 1.986.
Surgen dudas en cuanto al sometimiento o no del préstamo de cantidad realizado explícitamente para pugnar al art. 1.798. Parece ser que cuando se hace por los jugadores en el curso del maniobra, sí que debe someterse a este régimen, de acuerdo con las sentencias de 3 de Febrero de 1.961 y de 19 de Noviembre de 1.986, aunque no error quien, como García Goyena. discrepa con esta postura.
Por zaguero, señalar que, en ocasiones, para excluir el obstáculo de la inaccionabilidad del crédito del ludópata ganancioso, se recurre a que todos los jugadores hayan de depositar el valor de su posible pérdida ayer de que de aparición el conjunto. En estas situaciones, la entrega anticipada se hace claramente con idea de respaldar, como entiende Guilarte. por lo que producido el resultado del repertorio, el campeón adquiere las cantidades depositadas de forma cibernética, sin que los perdedores puedan retirarlas. Ésta es la razón por la que la delegación ha prohibido a los concesionarios de casa de equipo efectuar préstamos a los jugadores.
El anuencia de seguro
CONCEPTO Y CARACTERES DEL Anuencia
Según el art. 1º de la Ley de 8 de Octubre de 1.980, &ldquo;el pacto de seguro es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo peligro es objeto de cobertura, a indemnizar, adentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un hacienda, una renta u otras prestaciones convenidas .&rdquo;
La definición preparatorio recoge la larga crecimiento soportada por el anuencia de seguro. Hasta el siglo pasado se consideraba este tipo de contratos como contratos individuales y cuya finalidad podía ser diversa; de esa forma, cuando se pactaba con el fin de transmitir de un patrimonio a otro el peligro de daño de las cosas, se consideraba una operación de previsión, pero en otros casos, como el seguro de vida, ese resolución podía ser considerado como un solo articulación de azar en tanto que especulación sobre la vida ajena. Para reprimir esa actividad (el caso del seguro de vida, por la consideración que tenía), comenzó a exigirse la presencia de un interés del tomador del seguro en relación con la vida de sobre la que se constituye el entendimiento. En esta linea, la Revolución Francesa llegó a prohibir la existencia de empresas dedicadas a la explotación del seguro de vida. En líneas generales, la regulación prohibía este tipo de contratos (Ordenanzas de Bilbao de 1.737) o callaba sobre ellos, de ahí que el Código Civil, que data de 1.889 sólo regule el seguro de daños en las cosas.
Después se ha comprobado que en la existencia el asegurador suele ser un profesional que realiza una gran heterogeneidad de operaciones y compensa las pérdidas del siniestro con los casos en los que el siniestro no se ha producido, y en cualquier caso las primas se quedan a servicio del asegurador. Esta existencia choca con la visión tradicional del Código Civil que veía el seguro privado como un entendimiento que servía para desplazar el peligro desde una patrimonio universal a otra igualmente individual. Garrigues opina que sólo es seguro aquella institución que mediante el plazo de un precio asegura un sustitutivo al amenazado por un peligro mediante el reparto del daño entre gran número de personas amenazadas por el mismo aventura, y es claro que tal reparto del peligro tan sólo es posible mediante entidades de una gran solidez económica. Estas dudas acerca de la consideración que debía darse al entendimiento de seguro y la insuficiencia en su regulación persistieron hasta la publicación de la ley de 8 de Octubre de 1.980, siendo anteriormente las condiciones generales de las pólizas las encargadas de suplir el hueco legítimo.
La ley de 1.980 cubrió el vano relativo a los seguros privados pero los denominados seguros sociales se hallan fuera de su ámbito. Éste tipo de seguros, entre los que se incluyen los seguros de enfermedad, invalidez, accidentes, paro, vejez, etc&hellip;, son obligatorios y de interés predominantemente divulgado. Son pagados en parte por entidades distintas del propio asegurado como son el Estado o los patronos, pueden proporcionar prestaciones iguales o mayores a quienes pagan una prima pequeño (seguro de enfermedad, extensivo a la tribu) y por otra parte, el impago de una prima no conlleva necesariamente la suspensión del seguro.
Por lo que respecta a la naturaleza del pacto de seguro, siquiera se salva de la discrepancia entre los distintos sectores de la doctrina. Por una parte, nos encontramos con la concepción dualista o de la indigencia eventual. para esta concepción la destreza del seguro conduce a contemplar dos tipos de peligro prevenido: los daños a las cosas o la asesinato de las personas. La responsabilidad del aventura de tener que subvenir a una penuria económica aparece en todo entendimiento de seguro pero tan sólo en los seguros contra daños habría función indemnizatoria como causa del anuencia; en los seguros de vida, por el contrario, el asegurado se obliga a respaldar una guarismo fijada de antemano en atención a la prima, y no con posterioridad al suceso, dependiendo de la magnitud del daño sufrido. Esa es la cojín que sirve a los teóricos de esta concepción para distinguir consecuentemente entre seguros de concreta cobertura de obligación (seguros de daños) y seguros de abstracta cobertura de la pobreza (seguros de vida), en los primeros, la prestación depende de la demostración de la existencia y de la valoración del daño verdadero, mientras que en los segundos, la prestación del asegurador consiste en el suscripción de una suma de billete, con independencia de si se produjo el daño o no se produjo. La postura que se opone a esta concepción dualista defiende la pelotón del seguro, teniendo todos los contratos de seguro una función indemnizatoria, en todos ellos se cubre un peligro y hay un interés asegurable, representado por la relación entre una persona y un perfectamente, susceptible de sufrir un daño en caso de realización del evento asegurado. En presencia de esta confrontación, es decisiva la postura que tome la ley frente a una y otra doctrina, y en este sentido la ley de 1.980 parece tenderse inequívocamente alrededor de la concepción dualista, pues distingue claramente la obligación del asegurador en cada uno de los dos casos: en el seguro de daños debe indemnizar el daño producido al asegurado en los términos pactados, mientras que para el caso del seguro de vida estipula que la obligación consiste en satisfacer un caudal, una renta u otras prestaciones convenidas .
La actividad aseguradora se encuentra hoy ampliamente regulada. La contratación de seguros en calidad de asegurador se encuentra reservada por ley a una serie de entidades dedicadas profesionalmente a ello, estas entidades deben ser entidades privadas que adopten la forma de sociedades anónimas, y alguna forma específica de para mutuas y cooperativas, siendo requisito previo la autorización del Empleo de Peculio y Hacienda. Como se ve, dichas entidades se hallan sometidas a numerosos controles y condicionamientos, en un intento por parte de la ley de conseguir que las condiciones del arreglo sean equitativas y que las expectativas del contratante no se vean defraudadas. La regulación de las empresas aseguradoras se ha llevado a extremo a límite fundamentalmente mediante la ley de 2 de Agosto de 1.984, reguladora en universal de la &ldquo;colocación del seguro privado&rdquo;, y que viene a completar a la ley de 1.980, que no hacía narración a los aspectos administrativos que presentaba la celebración y aptitud de estos contratos.
LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DEL SEGURO
Es deductivo que la ley se preocupe de defender principalmente al consumidor del seguro pues representa la parte más débil del convenio. En esta serie, la ley de 1.980 dice que sus preceptos tienen carácter imperativo aparte que en ellos se disponga otra cosa, aunque se considerarán válidas las cláusulas contractuales cuando beneficien al asegurado. Esta ley todavía declara que las condiciones generales del arreglo no podrán ser lesivas para el asegurado, y que deberán ser incluidas por parte del asegurador en la póliza del acuerdo o en un documento complementario que tendrá que ser suscrito por el asegurado, quien deberá poseer una copia. Las condiciones se redactarán de una forma clara y precisa y las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados se destacarán de forma singular, debiendo ser específicamente aceptadas por escrito. Adicionalmente, las condiciones generales del anuencia estarán sometidas a la vigilancia de la Delegación Pública en los términos previstos por la ley.
Al beneficio de la ley de 1.980, la ley de defensa del consumidor de 1.984 dice que las dudas en la interpretación de las condiciones generales se resolverán en contra de quien las haya redactado, prevaleciendo las cláusulas particulares sobre las condiciones generales en los casos en que aquéllas sean más beneficiosas.
CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL DEL Pacto
Todo seguro es acto de comercio para la empresa aseguradora y por consiguiente debe estar sometido al Código de comercio, según la opinión de Garrigues. y lo cierto es que la anciano parte de la doctrina le da la razón. Se considera en genérico que el entendimiento de seguro es un entendimiento mercantil dad la condición de comerciante del asegurador. Vicent Chuliá extrae del hecho de que la ley no los califique ni como civiles ni como mercantiles la consecuencia de que el senador quiso anticiparse a una eventual unión total del Derecho de obligaciones y contratos, aunque teniendo en cuenta que en la presente existe un régimen dispar para los contratos civiles y otro para los mercantiles, y debiendo clasificar a los contratos de seguro en una de ambas categorías, se inclina por considerarlos como contratos civiles.
Queda por resolver el caso de las mutuas, que funcionan como un simple organismo de compensación entre los asegurados sin tratar de obtener beneficio. Mientras las sociedades de seguros perciben de sus asegurados primas fijas, las mutuas perciben primas variables según el número de siniestros. La ley, al especificar el convenio de seguro como aquél en el que se pacta el cobro de una prima, parece excluir a los seguros mutuos, sea cual sea la conclusión que se adopte acerca de la naturaleza jurídica de la mutualidad.
Medios DEL Arreglo
Los nociones más característicos del pacto de seguro son los sujetos, el interés asegurado y el peligro, y sus rasgos definitorios son los siguientes:
Los sujetos: la ley distingue entre el tomador del seguro. que es la persona que contrata en nombre propio y en consecuencia es parte del arreglo, y el asegurado. que es el titular del interés que se asegura, es opinar, quien está expuesto al aventura de sufrir los mercancía del caso dañoso. Además hay que señalar la figura del beneficiario. que si proporcionadamente suele coincidir con el asegurado en los seguros de cosas, en el caso de los seguros de personas puede serlo tanto éste como una persona extraña al arreglo. Por lo que a sus capacidades se refiere, en el caso del tomador, a desliz de indicaciones concretas, debe entenderse que rige el principio de capacidad normal, pudiendo celebrar el resolución tanto el propio asegurado, como un tercero por cuenta de él. Lo mismo ocurre con la capacidad del asegurador, que debe atenerse al principio normal de capacidad, si admisiblemente ciertas disposiciones especiales pueden exigirle determinadas condiciones. En cuanto a la capacidad del beneficiario, ésta es indiferente.
El interés asegurado: variará según hablemos de seguros de vida o de seguros de daños. En el primer caso, el otorgamiento del acuerdo creó un interés eventual en el beneficiario del seguro, fundado en la promesa hecha de abonar la cantidad convenida en un momento determinado (incierto), suscripción que no tiene necesaria relación con daño patrimonial alguno; como ya se dijo, se alcahuetería de un seguro de &ldquo;abstracta cobertura de aprieto&rdquo;: el interés lo ha creado la promesa, y no se halla en relación con menester concreta alguna del favorecido, o daño sufrido por él. En el seguro de daños, sin requisa, el interés preexiste, es concreto y objetivo, actuando el daño sufrido por las cosas dañadas, o el precio de las sustraídas como regulador de la indemnización.
El peligro: todo seguro presupone la existencia de un aventura, la ley de 1.980 dice que será incapaz, omitido los casos previstos por la ley, aquel pacto de seguro en el momento de cuya conclusión no existiera peligro o hubiera ocurrido ya el siniestro. El tomador debe decidir al asegurador ayer de la conclusión del entendimiento y de acuerdo con el formulario a que éste le someta, las circunstancias conocidas por él que puedan influir en la valoración, según el art.10 de la ley de 1.980. el deber de comunicación se circunscribe luego al cuestionario que el asegurador someta al tomador.
FORMA DEL Convenio Y DURACIÓN
Es el art. 5 de la ley de 1.980 el que regula la forma que deben adoptar los contratos de seguro: &ldquo;el acuerdo de seguro y sus modificaciones o ediciones deberán ser formalizadas por escrito. El asegurador está obligado a entregar al tomador del seguro la póliza o al menos, el documento de cobertura provisional .&rdquo;
La póliza es la materialización del entendimiento y se la califica de &ldquo;ley que se ha de almacenar y cumplir en las cuestiones que surjan entre el asegurador y el asegurado.&rdquo; La regulación de la póliza por la ley supone un intento más de proteger los intereses del asegurado. La ley establece en su art. 8 un contenido leve para la póliza y caracteriza tres tipos de póliza: nominativa, a la orden o al portador. La nominativa puede enrollarse quedando indeterminada la persona por cuenta de la cual se contrata un seguro, mediante la cláusula de &ldquo;por cuenta de quien corresponda&rdquo;.
Para autores como Sánchez Calero. el texto del art.5 expresa el deber de formalizar el convenio, pero no ha de entenderse en el sentido de caracterizar el arreglo de seguro como un convenio formal que no se perfecciona hasta que no se han suscrito los documentos.
La formación del arreglo presenta la peculiaridad de que la ofrecimiento se considera hecha nada más por el asegurador, la solicitud por parte del asegurado no le vincula, se contempla exclusivamente como la provocación de la proposición de la otra parte, que deberá contener los medios esenciales del resolución de forma que no quede más que aceptarla: &ldquo;la proposición de seguro por el asegurador vinculará al proponente durante un plazo de 15 días &rdquo;.
En cuanto a la duración, ésta vendrá establecida en la póliza y no podrá exceder los diez primaveras, aunque puede ser prorrogable una o más veces por plazos no superiores a un año cada vez. Las acciones derivadas de estos contratos prescriben a los dos abriles en el caso del seguro de daños y a los cinco en el caso de seguro de personas.
Mercancía DEL Entendimiento
El anuencia de seguro obliga al tomador al suscripción de la prima según las condiciones previstas en la póliza, y, en el caso de que las primas tuvieran carácter folleto, la primera de ellas será exigible una vez firmado el pacto. El oficio donde deberá hacerse el cuota será el domicilio del tomador del seguro siempre que la póliza no indicara falta sobre el particular.
Una vez ocurrido el siniestro asegurado, si es que ocurre, el asegurador está obligado a satisfacer la indemnización acordada, excepto que quedara demostrado que dicho siniestro fue provocado voluntariamente por el tomador para su propio beneficio, en estos casos el asegurador queda descocado de su obligación. El acaecimiento del siniestro ha de declararse al asegurador en el plazo mayor de siete días de haberlo conocido indemne que la cláusula establezca un plazo diferente, el encargado de hacer constar lo ocurrido al asegurador son el asegurado o el beneficiario; si no se cumple lo preparatorio, el asegurador puede protestar al asegurado los daños y perjuicios causados por la equivocación de comunicación, siempre que el asegurador no haya tenido constancia del siniestro por otro medio. El tomador o el asegurado deberán dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. La ley no sólo obliga al asegurador a avalar la indemnización establecida, sino que encima le obliga a satisfacer, en el plazo de 40 días desde que recibiera la testimonio del siniestro, el cuota del precio pequeño de lo que pueda deber, según las circunstancias por él conocidas.
La ley recoge una serie de disposiciones generales que son comunes a todos los contratos de seguro. Entre ellas se encuentra la consideración del convenio de seguro de daños como incapaz si en el momento de su conclusión no hubiera un interés del asegurado a la indemnización del daño. Asimismo, el seguro no podrá ser objeto de ganancia injusto para el asegurado y para la determinación del daño se atenderá al valencia del interés asegurado en el momento inmediatamente inicial a la realización del siniestro, la suma asegurada representa el contorno mayor de la indemnización a retribuir por el asegurador en cada siniestro. Asimismo es de interés señalar que al asegurador le corresponde por ley un derecho de subrogación: &ldquo;una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el techo de la indemnización &rdquo;.
Entrando ya en la clasificación de los contratos, podemos asegurar memorar que se dividen en seguros de daño y seguros de personas, cada uno de estos tipos de contratos tienen unas características propias, pero adicionalmente, el entendimiento de seguro contra daños se subdivide a su vez en varios tipos.
Interiormente de los seguros de daños. que son los que aseguran contra los daños que puedan sufrir los objetos o posesiones del asegurado, la ley regula los siguientes tipos:
Seguro de incendios. según el art. 45 de la ley de 1.980, &ldquo;por el seguro contra incendios el asegurado se obliga, internamente de los límites establecidos en la Ley y en el resolución, a indemnizar los daños producidos por incendio en el objeto asegurado &rdquo;. La indemnización cubrirá todos los daños causados directamente por el incendio y, adicionalmente, los producidos por las consecuencias inevitables del incendio.
Seguro contra el robo. dice el art. 50 que &ldquo;por el seguro contra robo el asegurador se obliga, interiormente de los límites establecidos en la Ley y en el resolución, a indemnizar los daños derivados de la sustracción ilegítima por parte de terceros de las cosas aseguradas &rdquo;. En este caso la indemnización incluye el valía del objeto asegurado y el de los daños que la sustracción pudiera poseer causado en él.
Seguro de transportes terrestres. el art. 54 especifica que &ldquo;por el seguro de transportes terrestres el asegurador se obliga, adentro de los límites establecidos en la Ley y en el arreglo, a indemnizar los daños materiales que puedan sufrir con ocasión o consecuencia del transporte las mercancías porteadas, el medio utilizado u otros objetos asegurados &rdquo;.
Seguro de interés cesante. en el seguro de beneficio cesante &ldquo;el asegurador se obliga, adentro de los límites establecidos en la Ley y en el entendimiento, a indemnizar al asegurado la pérdida del rendimiento financiero que hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro descrito en el arreglo &rdquo;.
Seguro de caución. obliga al asegurador a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad de los daños patrimoniales sufridos, en el interior de los límites establecidos en la Ley y en el pacto, en caso de incumplimiento de sus obligaciones legales o contractuales. Por su naturaleza, en no pocas ocasiones es considerado como una fianza, más que como un resolución de seguro.
Seguro de crédito. el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas finales que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores. El valencia de la indemnización consistirá en un porcentaje establecido en el entendimiento sobre el resultado de sumar al crédito impagado los gastos procesales, las gestiones de cobro y cualquier otro consumición previamente pactado en el arreglo.
Seguro de responsabilidad civil. con este seguro, el asegurador se obliga a cubrir el aventura del principio a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el acuerdo de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho.
La segunda gran categoría de los contratos de seguro es la de los seguros de personas. Estos seguros comprenden &ldquo;todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o vigor del asegurado &rdquo;. Pueden celebrarse con narración a riesgos relativos a una persona o a un corro de ellas, delimitados por alguna característica global extraña al propósito de comprobar. El más relevante de estos seguros es el seguro de vida. que puede estipularse sobre la vida propia o sobre la de un tercero, tanto para caso de homicidio como para caso de supervivencia e incluso para uno y otro conjuntamente. Si en los seguros de homicidio las personas del tomador del seguro y del asegurado son distintas, será necesario el consentimiento de éste postrero poliedro por escrito, aparte que pueda presumirse de otra forma su interés en el seguro. La Ley todavía establece, en su art. 84, que &ldquo; el tomador del seguro podrá designar beneficiario o modificar la designación anteriormente realizada, sin indigencia de consentimiento del asegurador. La designación del beneficiario podrá hacerse en la póliza, en una posterior proclamación escrita comunicada al asegurador o en testamento. Si en el momento del fallecimiento del asegurado no hubiere beneficiario concretamente designado, ni reglas para su determinación, el caudal formará parte del patrimonio del tomador &rdquo;. En la póliza de seguro se regularán los derechos de rescate y reducción de la suma aseguradora, de modo que el asegurado pueda conocer en todo momento el correspondiente valía de rescate o de reducción. Asimismo merece mención adentro de los seguros de personas el seguro de accidentes para evitar &ldquo;la herida corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a la intencionalidad del asegurado que produzca invalidez temporal o permanente o asesinato &rdquo;.
Utensilios de Derecho Civil. Derecho de obligaciones, Tamaño II
Autores: Lacruz Berdejo, Sánchez Rebullida, Lara Serrano, Delgado Echeverría, Rivero Hernández y Ramo Albesa .
Editorial Dykinson. Madrid, 1.999.
Derecho Civil. Derecho de obligaciones II
Autor: Ricardo Ruiz Serramalera.
Escuela de Derecho. Universidad Complutense de Madrid, 1.982.
Instituciones de Derecho Civil, Prominencia I/2
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