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Timestamp: 2020-06-06 11:25:52+00:00

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Expedientes disciplinarios a funcionarios públicos: breves pinceladas de interés -
Expedientes disciplinarios a funcionarios públicos: breves pinceladas de interés
¿En qué consiste un expediente disciplinario?
Es, a grandes rasgos, el procedimiento administrativo seguido contra un funcionario público por haber cometido una presunta infracción disciplinaria.
El régimen disciplinario de los Funcionarios Públicos se encuentra regulado en su parte cardinal en los artículos 93 a 98 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP), en concomitancia con lo dispuesto en el Capítulo III, Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y del Título II del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado -de aplicación supletoria-.
Asimismo, habrá que estar a la normativa sectorial de aplicación.
¿Cuándo emplea la Administración la potestad disciplinaria?
Cuando hablamos de la potestad disciplinaria nos referimos a la facultad de la Administración para imponer sanciones al personal a su servicio y a quienes estén vinculados a ella por una relación contractual por la comisión de las infracciones disciplinarias que estén previstas en la ley y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido -sin perjuicio de considerar los principios de la potestad sancionadora recogidos en la LRJSP-.
Ahora bien, en lo referente a los funcionarios públicos, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos -encuadradas en el artículo 95 del TRLEBEP adoptando la modalidad de muy graves, graves y leves- sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
Ésta se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:
Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones.
No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino mediante el procedimiento previamente establecido. Por su parte, la imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
El procedimiento para la sanción de faltas disciplinarias se impulsará de oficio en todos sus trámites, y su tramitación, comunicaciones y notificaciones se ajustará a lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Será competente para ordenar la incoación del expediente disciplinario, el Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso. Asimismo, podrán acordar su inicio los Directores generales respecto del personal dependiente de su Dirección General y los Delegados del Gobierno o Subdelegados de Gobierno, respecto de los funcionarios destinados en su correspondiente ámbito territorial.
En la resolución por la que se dé inicio al procedimiento se nombrará Instructor, que deberá ser un funcionario público perteneciente a un cuerpo o escala de igual o superior grupo al del inculpado.
No obstante, cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar así lo exija, se procederá al nombramiento de Secretario, que en todo caso deberá tener la condición de funcionario.
Asimismo, serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los artículos 23 y 24 de la LRJSP (el derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario).
Cabe señalar, que tanto la abstención como la recusación se plantearán ante la Autoridad que acordó el nombramiento debiendo resolver en el término de tres días.
Una vez iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. Asimismo, podrá acordarse también la suspensión durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo.
Por último, es menester señalar que no se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.
Durante esta fase el Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y en particular de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
A la vista de las actuaciones practicadas y en un plazo no superior a un mes, contados a partir de la incoación del procedimiento, el Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados, con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida, y de las sanciones que puedan ser de aplicación.
De igual forma, el Instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.
Toda vez que se haya dado contestación al pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas, así como la de todas aquellas que considere pertinentes.
Para la práctica de las pruebas se dispondrá del plazo de un mes y los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
En la misma tesitura, para la práctica de las pruebas propuestas, así como para la de las de oficio cuando se estime oportuno, se notificará al funcionario el lugar, fecha y hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constancia de la recepción de la notificación.
Es esencial la intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas practicadas y no puede ser suplida por la del Secretario, sin perjuicio de que el Instructor pueda interesar la práctica de otras diligencias de cualquier órgano de la Administración.
Cumplimentadas las diligencias previstas se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés.
Hecho lo anterior, el Instructor formulará dentro de los diez días siguientes la propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado; llevando a cabo la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se estime cometida, señalándose la responsabilidad del funcionario, así como la sanción a imponer.
Esta propuesta de resolución se notificará por el Instructor al interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar ante el Instructor cuanto considere conveniente en su defensa.
Por último, oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo al órgano que haya acordado el inicio del procedimiento, el cual lo remitirá al órgano competente para que proceda a dictar la decisión que corresponda.
La resolución, que ponga fin al procedimiento disciplinario, deberá adoptarse en el plazo de diez días -salvo en caso de separación del servicio- resolviendo todas las cuestiones planteadas en el expediente.
Dicha resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica.
Amén de lo anterior, en ésta deberá determinarse con toda precisión la falta que se estime cometida, señalando los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del procedimiento.
De tal forma, si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria o la de responsabilidad para el funcionario inculpado hará las declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.
Así pues, la resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma, el órgano ante el que han de presentarse y plazos para interponerlos.
Esta clase de sanciones se ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga, y en el plazo máximo de un mes, salvo que, cuando por causas justificadas, se establezca otro distinto en dicha resolución.
Finalmente, las sanciones disciplinarías que se impongan a los funcionarios se anotarán en el Registro Central de Personal, con indicación de las faltas que los motivaron. Por otra parte, cabe hacer mención que la cancelación de estas anotaciones se producirá de oficio o a instancia del interesado, no computándose en ningún caso -a efectos de reincidencia- las sanciones canceladas o que hubieran podido serlo.
Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones a los funcionarios públicos:
Separación del servicio de los funcionarios.
Suspensión firme de funciones.
Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que encada caso se establezca.
El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.
¿Cuándo prescriben las faltas y las sanciones?
En términos generales y sin perjuicio de lo que puedan disponer la normativa sectorial de aplicación, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Del mismo modo prescribirán las sanciones impuestas por faltas muy graves y graves, salvo las leves que prescribirán al año.
Para finalizar, se advierte que el plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que éstas se hubieran cometido -desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas-, y el de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 95
 resolución 
 resolución 
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