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Timestamp: 2019-01-16 23:19:16+00:00

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﻿ LAUDO EN DERECHO CASALIMPIA S.A. VS FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MARZO 12 DE 2008
LAUDO EN DERECHO DE 12 DE MARZO DE 2008
CONTENIDO:Responsabilidad tributaria es independiente de los pactos privados. El IVA es un impuesto al consumo que recae sobre el usuario de los servicios o comprador de los bienes gravados. El responsable se mantiene incólume frente al recaudo que haga el retenedor, quien soporta la carga económica y la retiene, según la ley, con propósitos de eficiencia recaudatoria. El IVA causado y retenido no solo es recaudado por el pagador, sino asumido por él, a menos que exista pacto privado que indique claramente que los servicios tienen un precio adicionado con el IVA que en todo caso debe discriminarse en el contrato y en las facturas por disposición de la ley. Tales pactos son inoponibles al fisco que en todo caso perseguirá al retenedor que es también el sujeto pasivo del IVA. Se desestimarán todas las alegaciones que parten de la idea de que el tributo debía pagarlo el contratista y no el contratante. • Servicio de suministro de personal de aseo-Naturaleza tributaria. El servicio consistente en la simple preparación y distribución de tintos y aguas aromáticas, pese a no ser realmente un servicio de cafetería sino de suministro de personal que debe desempeñarse en la cafetería y demás instalaciones es en realidad un suministro de personal de aseo para efectos tributarios. Los servicios de aseo actualmente están gravado a la tarifa preferencial del 1.6%.
ÁRBITROS:Lucy Cruz de Quiñones
DEMANDANTE:Casalimpia S.A.
DEMANDADO:Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores
NORMAS ANALIZADAS:- Constitución Política- Código Civil- Código de Comercio- Código de Procedimiento Civil: art. 75- Estatuto Tributario: arts. 420, 476- Ley 1111 de 2006: art. 31- Ley 80 de 1993: arts. 5º, 50- Ley 6ª de 1992- Ley 49 de 1990- Decreto 1372 de 1992: art. 1º- Decreto 422 de 1991
Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008)
Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal de Arbitramento a dictar el laudo que finaliza el proceso promovido por la sociedad CASALIMPIA S.A. contra EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, personas jurídicas estas que para todos los efectos legales se denominarán indistintamente CASALIMPIA S.A. o CASALIMPIA contra EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES o EL FONDO, según el correspondiente certificado de existencia y representación y la Resolución 4443 del 12 de octubre de 2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Obrando como apoderado especial debidamente constituido de CASALIMPIA S.A., el 07 de junio de 2007, el doctor MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, mediante demanda en forma, la constitución de un Tribunal de Arbitramento para que dirimiera las diferencias que se presentaron entre su representada y EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
El día 3 de julio de 2007 se llevó a cabo la reunión de nombramiento de árbitros, con la asistencia del doctor MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN en su calidad de apoderado especial de la convocante. Por parte de la convocada, no asistió ninguna persona. También se hizo presente el doctor CARLOS HUMBERTO MAYORCA ESCOBAR, abogado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.
El apoderado de la convocante solicitó la fijación de una nueva fecha para intentar realizar la designación del árbitro de común acuerdo, a lo que se accedió fijando como fecha para continuar con la reunión, el 17 de julio de 2007 a las 8:30 a.m.
El día 17 de julio de 2007, se hicieron presentes en el Centro de Arbitraje y Conciliación, las siguientes personas: El doctor TOVAR ARAGÓN, apoderado de la convocante, la doctora LEONOR ALARCÓN BARRERA, apoderada judicial de EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Así mismo se hizo presente el doctor CARLOS HUMBERTO MAYORCA ESCOBAR, abogado del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En esta reunión, las partes de mutuo acuerdo designaron como árbitro principal al doctor LUIS CARLOS SÁCHICA APONTE y como primer suplente a la doctora LUCY CRUZ DE QUIÑONES.
Ante la imposibilidad de aceptar el cargo, manifestada por el doctor SÁCHICA APONTE en el correo electrónico de fecha 24 de julio de 2007, se informa a la doctora CRUZ DE QUIÑONES, como primer suplente del árbitro principal, quien en comunicación de fecha 31 de julio de 2007, aceptó la honrosa designación como árbitro único para integrar el Tribunal que resuelva las diferencias entre CASALIMPIA y EL FONDO.
Como da cuenta el acta 1, el 23 de agosto de 2007 se instaló el Tribunal. Se hizo presente la doctora CRUZ DE QUIÑONES, quien a su vez designó como Secretario al doctor MARIO POSADA GARCIA-PEÑA, quien sería notificado posteriormente. También asistieron en representación de CASALIMPIA el doctor MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN, en su condición de apoderado judicial. En representación de EL FONDO, se hizo presente la doctora LEONOR ALARCÓN BARRERA en su condición de apoderada judicial, y quien en esta audiencia sustituyó el poder a ella otorgado a la doctora MARÍA ISABEL SANTOS ARGUELLO. El doctor CARLOS HUMBERTO MAYORCA ESCOBAR asistió en representación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio con el fin de realizar la entrega del expediente y las actuaciones surtidas hasta el momento, y actuó en esa diligencia como secretario ad-hoc.
En la misma audiencia de instalación, el Tribunal, mediante Auto 1, asumió competencia para efectos de conocer el trámite que con anterioridad a la sentencia C-1038 de 2002 de la Corte Constitucional correspondía a los Centros de Arbitraje. Así mismo, admitió la demanda presentada en legal forma, conforme lo señalan los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por CASALIMPIA S.A. como parte convocante, y como convocado EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. El Tribunal ordenó correr el respectivo traslado de la demanda y sus anexos a la parte convocada por el término de diez (10) días de conformidad con lo dispuesto en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, el Tribunal reconoció personería jurídica a los doctores MARIO FELIPE TOVAR ARAGÓN y MARÍA ISABEL SANTOS ARGUELLO, como apoderados de la parte convocante y convocada respectivamente.
Como consta en el Acta 2 del 25 de septiembre de 2007, se llevó a cabo una audiencia en la que se encontraban presentes el árbitro único, doctora LUCY CRUZ DE QUIÑONES y el doctor MARIO POSADA GARCIA-PEÑA quien aceptó la designación como secretario de este Tribunal de Arbitramento, e informó de la radicación del escrito de contestación de la demanda, el día 5 de septiembre de 2007 en su despacho.
Mediante auto 1 del 25 de septiembre de 2007, el Tribunal resolvió fijar como fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, el 24 de octubre de 2007 a las 9:00 a.m.
El día 10 de octubre de 2007, se envió comunicación escrita por parte de la Secretaría del Tribunal a la Procuraduría Quinto Judicial en lo Administrativo, informando acerca del trámite arbitral para resolver las diferencias surgidas entre CASALIMPIA S.A. y EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, adjuntando copia simple de la solicitud de convocatoria hecha por CASALIMPIA, de la contestación de la demanda presentada por EL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, y de las actas 1 y 2 proferidas por el Tribunal.
El día 24 de octubre de 2007, se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la presencia de la Procuradora Quinta Judicial Administrativa, doctora LUZ ESPERANZA FORERO DE SILVA. En dicha diligencia, el Secretario informó acerca de la radicación por parte del apoderado de la convocante de un escrito descorriendo traslado de la contestación de la demanda y solicitando que se consideraran ciertas pruebas documentales. Acto seguido, los apoderados de las partes expusieron sus posiciones sin lograr llegar a un acuerdo conciliatorio, por lo que el Tribunal declaró fracasada la audiencia de conciliación y entró a fijar los honorarios del árbitro y el secretario y los gastos de administración con base en la cuantía de las pretensiones de la demanda.
En audiencia celebrada el 22 de noviembre de 2007, se hicieron presentes el árbitro único, y el Secretario del Tribunal, con el fin de fijar como fecha para la primera audiencia de trámite, el 28 de noviembre de 2007, como consta en el Acta 4.
La primera audiencia de trámite, citada para el 28 de noviembre de 2007, se desarrolló así:
Acta 5, En primer lugar, el Secretario informó que las partes consignaron dentro del término legal lo correspondiente a los honorarios del árbitro único y del Secretario, así como lo que correspondió a los gastos de funcionamiento del Tribunal. A continuación, el árbitro único ordenó dar lectura a la cláusula compromisoria que dio origen a este Tribunal; pactada en el contrato de prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento Nº 168-2002, celebrado entre EL FONDO y Casalimpia, suscrito por las partes el 28 de mayo de 2002 en la ciudad de Bogotá; después se le concedió la palabra a la apoderada de la convocada, quien se ratificó en su oposición a las pretensiones de la demanda.
Posteriormente, se profirió el Auto 1 donde resolvió sobre las pruebas pedidas por las partes, así:
Dispuso tener como pruebas los documentos anexados a la demanda y a la contestación de la misma, y en razón a que las partes solamente solicitaron tener como pruebas las documentales señaladas, se declaró agotada la etapa probatoria. Así mismo, el Tribunal fijó dentro del mismo auto para el 12 de diciembre de 2007 la fecha para llevar a cabo la audiencia de alegatos.
Como consta en el Acta 6 de fecha 12 de diciembre de 2007, se celebró la audiencia de alegatos, a la cual asistieron la doctora CRUZ DE QUIÑONES como árbitro único, el doctor POSADA GARCÍA – PEÑA como Secretario de Tribunal, la doctora FORERO DE SILVA Procuradora Quinta Judicial Administrativa, el doctor TOVAR ARAGÓN apoderado de la convocante, y la doctora SANTOS ARGUELLO apoderada de la convocada. Dicha diligencia inició con la solicitud de la señora Procuradora de un traslado especial para que el Ministerio Público tuviera la oportunidad legal de presentar sus correspondientes alegatos, una vez surtida esa audiencia. Luego, el Tribunal concedió la palabra al doctor TOVAR ARAGÓN, para que en forma sucinta comunicara oralmente sus alegatos, que también están contenidos en un memorial que entregó por Secretaría. A continuación, se le concedió la palabra a la doctora SANTOS ARGUELLO, quien en forma breve comunicó sus alegatos y aportó un escrito que los contiene. Acto seguido, las partes de común acuerdo solicitaron al Tribunal suspender el término entre los días 13 de diciembre de 2007 y el 15 de enero de 2008 inclusive.
Mediante auto 1 del 12 de diciembre de 2007, se señaló como fecha para llevar a cabo la audiencia en la cual se profiere el laudo, el martes 12 de febrero de 2008, a las 8:30 a.m. en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo, suspendió el trámite arbitral entre el 13 de diciembre de 2007 y el 15 de enero de 2008 inclusive.
Como se mencionó anteriormente, la apoderada de la convocada se notificó en estrados en la audiencia de instalación del Tribunal, como consta en el Auto 1 del 23 de agosto de 2007 contenido en el Acta 1 de esa misma fecha.
El escrito de contestación de la demanda, fue radicado por la apoderada de EL FONDO en el despacho del Secretario del Tribunal el día 05 de septiembre de 2007.
Tal como quedó descrito en los puntos anteriores, las partes no lograron llegar a un acuerdo, debido a que el apoderado de la convocante señaló que solo conciliaría sobre la base de que se le reconozca a su representada una suma de alrededor de $36.000.000, teniendo en cuenta que el margen de utilidad estaba calculado sin el IVA, y la apoderada de la convocada manifestó que por el principio la legalidad contenido en el estatuto tributario no podía conciliar este proceso. Así mismo, señaló que el comité de Conciliación del Ministerio no aprobó la conciliación.
En la cláusula compromisoria que dio origen al Tribunal no se encuentra fijado el término de duración del mismo, motivo por el cual es aplicable el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, que modificó el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, normas recogidas en el artículo 126 del Decreto 1818 de 1998, regulaciones según las cuales, ante el silencio de las partes, aquél es de seis meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. En el presente proceso, esta se celebró el día 28 de noviembre de 2007. Se encuentra entonces el Tribunal dentro del término legal para proferir el presente laudo.
Es importante referir, que en cuanto a la representación judicial de la convocada, hubo sustitución del poder otorgado inicialmente a la doctora LEONOR ALARCÓN BARRERA, a favor de la doctora MARÍA ISABEL SANTOS ARGUELLO, como consta en el expediente principal.
“Primera: Que se convoque al Tribunal de Arbitramento previsto en la cláusula décima séptima del contrato Nº 168-2002 suscrito entre el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES y CASALIMPIA S.A.
Segunda: Que se declare que hubo una modificación unilateral del citado contrato por parte del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Tercera: Que como consecuencia de los anterior (sic) se le ordene al FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, a indemnizar a Casalimpia S.A. el valor de Treinta y Ocho Millones Quinientos Tres Mil Novecientos Veinte Pesos ($38.503.920) más los intereses moratorios causados a la fecha del pago.
Dicho valor corresponde al impacto que tuvo la posición del FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES de obligar a facturar el IVA a mi representada y efectuar la correspondiente retención.
Cuarta: Que se condene en costas a EL FONDO.
2. LAS EXCEPCIONES Y MEDIOS DE DEFENSA PROPUESTOS POR EL APODERADO DE LA PARTE CONVOCADA EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La parte convocada propone como excepción de fondo la “NO EXISTENCIA DE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO”, y argumenta entre otros, la legalidad del trámite licitatorio 01 de 2002 que concluyó con la suscripción del contrato de prestación de servicios Nº 168-2002.
Como fundamentos de hecho de las pretensiones de la demanda, CASALIMPIA S.A. propuso los siguientes:
“3.1. Por medio de la Resolución 1280 del 26 de marzo de 2002, LA DEMANDADA ordenó la apertura de la Licitación Nº 001/2002 para contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y mantenimiento para las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicadas en Bogotá y Cartagena de Indias.
3.2. El 23 de abril de 2002 CASALlMPIA adquirió el Pliego de Condiciones de la Licitación a la cual hace referencia el numeral anterior (en adelante EL PLIEGO) con el propósito de presentarse como proponente.
3.3. El numeral 2.14 de EL PLIEGO establecía:
“EI día diecinueve (19) de abril de 2002 a las 3.01 p.m. se celebrará una audiencia en la Secretaria General (Calle 10 Nº 5 - 51, Segundo Piso) en Bogotá, D.C., con el objeto de precisar el contenido v alcance de los términos del pliego de condiciones". (Destacado y subrayado fuera del texto original)
3.4. La audiencia de aclaraciones se celebró en la fecha y hora programada y de la misma se levantó un acta firmada por todos los asistentes (ver anexo 3), en donde consta que fue formulada la pregunta que se cita a continuación:
“7. Se solicita aclarar si para el servicio de cafetería se debe liquidar el impuesto al valor agregado (IVA):
“El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores estudiará este punto v lo aclarará mediante comunicación escrita que remitirá en los próximos días". (Subrayado y destacado fuera del texto original)
3.5. El 30 de abril de 2002 CASALIMPIA y todas las entidades que habían adquirido EL PLIEGO recibieron la Comunicación con número de referencia C.LC.: 16366 a través de la cual se les informó que no existía la obligación de liquidar el Impuesto a las Ventas (ver Anexo No. 4), así:
“Con la presente doy respuesta a las preguntas formuladas en la Audiencia de Aclaraciones del Pliego de Condiciones de la Licitación Nº 001/2002, llevada a cabo el día diecinueve (19) del mes de abril de 2002 en la Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Pregunta Nº 7 planteada por el representante de Serviprolux:
“Se solicita aclarar si para el servicio de cafetería se debe liquidar el Impuesto al Valor Agregado (lVA).
“El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que el servicio de cafetería al que hace referencia el Pliego de Condiciones de la Licitación Nº 001/2002, únicamente corresponde a la preparación de tintos y aguas aromáticas y su distribución al personal de las diferentes dependencias, con insumos, elementos y equipos entregados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto no debe ser liquidado el Impuesto al Valor Agregado". (Destacado y subrayado fuera del texto original)
3.6. LA DEMANDANTE procedió a presentar su propuesta de prestación de servicios y discriminó el precio de la misma sin incluir el Impuesto a las Ventas de acuerdo con las instrucciones del Ministerio (ver anexo 5), así:
Descripción Valor por operaria Valor mensual
Cuarenta y nueve (49) operarias de aseo, mantenimiento y cafetería 646.189,00 31.663.285,00
Valor del servicio por 24 meses el servicio 759.918.840,00
3.7. Mediante Resolución 2227 del 24 de mayo de 2002 EL FONDO le adjudicó el contrato a CASALlMPIA y, en consecuencia, el 28 de mayo del mismo año se suscribió el contrato No. 168-2002 entre LA DEMANDANTE y LA DEMANDADA (En adelante EL CONTRATO).
3.8. En la cláusula quinta de EL CONTRATO se estipuló:
“El valor del presente contrato es hasta la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($759.918.840), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA)". (Destacado fuera del texto original)
En atención a lo indicado por EL FONDO en la audiencia de aclaraciones, CASALlMPIA no presupuestó la causación del Impuesto a las Ventas y, en consecuencia, presentó su propuesta por el valor descrito en el numeral 3.6., de este documento.
3.9. El 6 de noviembre y 10 de diciembre de 2002 EL FONDO le envió a CASAUMPIA(sic) las comunicaciones que obran en el anexo 6 de este documento, en esta última se indicó:
“Por los motivos nuevamente expuestos y en cumplimiento del artículo 615-1 del Estatuto Tributario, manifiesto a Usted, que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a liquidar y retener el IVA que legalmente se causa sobre los servicios de cafetería y mantenimiento previstos en el Contrato aludido, aplicando la tarifa de retención respectiva, para lo cual discriminará el valor del impuesto a las ventas retenido en el documento que ordene el reconocimiento del pago”. (subrayas ajenas al texto original)
Por consiguiente, la remuneración de mi representada se vio significativamente disminuida porque tuvo que asumir el Impuesto a las Ventas que la DEMANDADA inicialmente había indicado que no se causaba con el propósito de no incurrir en una violación de la cláusula quinta del contrato.
3.10. En virtud de la modificación unilateral de las condiciones de ejecución del contrato, la utilidad de CASALlMPIA se disminuyó; por consiguiente, el 22 de abril de 2003 presentó ante EL FONDO una solicitud de restablecimiento económico (ver Anexo No. 7), por medio de la cual exigió:
“1. Que el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES adopte las medidas necesarias para restaurar el equilibrio económico del contrato número 168, suscrito el 28 de mayo de 2002 con CASALlMPIA de forma que se preserven las condiciones existentes al momento de que esta Sociedad presentara su propuesta.
“2. Que se reconozca una afectación de la ecuación contractual equivalente al 16% del valor del contrato pactado en la cláusula quinta del mismo a favor de CASALlMPIA, como consecuencia de la modificación unilateral que efectuó el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en relación con la causación del Impuesto a las Ventas”.
3.12. En respuesta EL FONDO expidió la comunicación con número de referencia CLC Nº 18370 del 21 de abril de 2004 (ver anexo 8) a través de la cual estableció:
“Como se observa, el Pliego de Condiciones estableció en forma clara e inequívoca, que el proponente debía discriminar dentro del precio de su oferta en forma clara e inequívoca, que el proponente debía discriminar dentro del precio de su oferta (sic) el valor correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los servicios objeto de la Licitación Pública Nº 001-2002 y en caso de que el mismo no se discriminara se entendía que para todos /os efectos legales y contractuales el mismo estaba comprendido dentro de los precios de las ofertas, que a su vez, constituirían el principal factor de calificación dentro del proceso de licitación pública. (…)
“Una vez analizada su solicitud, debo señalar que las condiciones se han mantenido desde la presentación de la oferta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato Nº 168-2002 y teniendo en cuenta que la firma Casalimpia S.A., conocía en todos sus apartes el Pliego de Condiciones, conocía su responsabilidad como sujeto pasivo del IVA, presentó una oferta global para prestación de servicio de aseo, cafetería y mantenimiento para las diferentes dependencias del Ministerio de relaciones Exteriores, ubicadas en Bogotá, D.C., y en Cartagena de Indias D. T. Y C., por lo cual, suscribió el contrato Nº 168-2002...
“Por lo anterior, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores considera que no existen hechos sobrevivientes (sic) e impredecible que demuestren desequilibrio económico en el mencionado contrato y den lugar al reconocimiento económico del 16% del valor del contrato solicitado...”.
3.13. En atención a lo precedente CASALlMPIA liquidó el Impuesto a las Ventas durante la ejecución del contrato y procedió a convocar una audiencia de conciliación en la Procuraduría Novena Judicial delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; trámite extrajudicial que fue declarado fallido como consta en el acta del 25 de febrero de 2005 (ver anexo 9).
3.14. El 1º de febrero de 2005, EL FONDO le remitió a CASALIMPIA un proyecto de Acta de Liquidación del Contrato de Prestación de Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para que fuera revisado y firmado sí LA DEMANDANTE estaba de acuerdo con el mismo.
3.15. CASALlMPIA dio respuesta a la anterior solicitud indicando que tenía derecho a un restablecimiento económico por el valor del Impuesto a las Ventas que descontó del valor de sus servicios; en atención, a la modificación unilateral efectuada por EL FONDO.
3.16. El seis (6) de mayo de 2005, EL FONDO expidió la Liquidación Unilateral que aquí se demanda por medio de la cual se declaró a PAZ y SALVO con CASALlMPIA, según los considerandos que se citan a continuación (ver anexo 10):
“Que por lo anterior, la administración entiende que si el contratista conocía de manera clara el contenido del artículo 476 del Estatuto Tributario debía tener certeza que los servicios de cafetería son gravados con IVA. Si bien la Administración en el marco de las aclaraciones al pliego de condiciones expresó que el servicio de cafetería no debía reportarse con IVA , el contratista al formular su oferta debió señalar que ofertaba sin el IVA incluido...
“Que el Pliego de Condiciones señaló en el numeral 2.16 que las modificaciones a los pliegos de condiciones se realizarán mediante adendas que harán parte integral de los mismos. La administración nunca modificó el pliego mediante adendo para expresar que al servicio de cafetería no se le debía liquidar el IVA teniendo en cuenta además que el factor precio era un factor de calificación que otorgaba 60 puntos dentro de la evaluación de las ofertas.
“Que el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, señala la obligación de celebrar audiencia por parte de la entidad contratante, con el fin de precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones o los términos de referencia y de oír a los interesados, de la cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. “Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente el jefe, o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis días hábiles”. Señala igualmente la norma que lo anterior no impide para que dentro del plazo de la licitación o concurso se puedan solicitar aclaraciones adicionales que la entidad responderá mediante comunicación escrita con copia a todos los participantes. Significa lo anterior que la entidad contratante deberá expedir las modificaciones de los pliegos de condiciones o términos de referencia en las licitaciones o concursos cuando en la audiencia aclaratoria surja tal necesidad; el acta de esta audiencia por sí misma no modifica los pliegos de condiciones o términos de referencia sino que se requiere que la entidad contratante expida formalmente las modificaciones pertinentes que en el presente evento, según lo señala el pliego de condiciones. debía realizarse por adendo y ello no ocurrió ".
“Que de acuerdo con la evaluación realizada por la Administración en el proceso de selección del contratista, la oferta presentada por CASALlMPIA S.A. fue considerada con el IVA incluido en la forma prevista en los pliegos de condiciones, pues lo contrario significaría que la oferta fue elaborada artificialmente baja y con ello afectaba sustancialmente a los demás proponentes, ya que el factor determinante de la adjudicación fue precisamente el precio.
“Que por lo expuesto y en consideración a que la controversia se fundamenta en puntos de derecho referentes al alcance de la audiencia de aclaraciones y de las respuestas de la administración a los interrogantes de los participantes en los procesos de selección objetiva no fue posible llegar de manera consensual a la liquidación contractual que nos ocupa por lo que se hace necesario proceder a la LIQUIDACIÓN UNILATERAL ... ". (Destacado y subrayado fuera del texto original)
3.17. El 2 de junio de 2005 CASALlMPIA presentó recurso de reconsideración en contra de la mencionada liquidación Unilateral; en respuesta la Administración expidió la Resolución 3005 del 5 de julio de 2005 (Ver anexo 11) por medio de la cual confirmó la liquidación Unilateral con fundamento en:
“Que tal como se manifestó en la Resolución 1926 del día 6 de mayo de 2005, el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores decidió que la Administración no podía acceder a las peticiones de la entidad convocante, es decir, CASALlMPIA S.A., (sic) en consideración a que tanto los pliegos de la licitación como en el contrato se estableció que el valor incluía el IVA...
“El pliego de condiciones señaló en el numeral 216 que las modificaciones a los pliegos de condiciones se realizarán mediante adendas que harán parte integral de los mismos. La administración nunca modificó el pliego mediante adendas para expresar que al servicio de cafetería no se le debería liquidar el IVA teniendo en cuenta además que el factor precio era un factor de calificación determinante que otorgaba sesenta (60) puntos dentro de la evaluación de las ofertas”.
Esta resolución fue notificada personalmente al apoderado de CASALlMPIA el15 de julio de 2005”.
Frente a los anteriores hechos, el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES se pronunció así:
“A LOS HECHOS.
Contemplados en el punto tercero del escrito, tenemos:
Al 3.1. Es cierto.
Al 3.2. Es cierto.
Al 3.3. Es cierto. Lo trascrito esta acorde con el contenido del Pliego.
Al 3.4. Es cierto. Lo trascrito esta acorde con el contenido del Acta. La audiencia se llevó a cabo el día diecinueve (19) de abril de 2002, como bien lo establecía el Pliego de Condiciones.
Al 3.5. Lo trascrito corresponde al texto del oficio 16366. Es cierto con observación. Lo mencionado por el apoderado de la Demandante en el cuarto renglón del punto antes de iniciar la trascripción en cuanto a que "no existía la obligación de liquidar el impuesto a las ventas" no se incluye en el texto, es redacción del apoderado de la convocante. La explicación es por cuanto El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no es el Organismo competente para determinar si había obligación de liquidar el Impuesto a las Ventas. Como su nombre lo indica es un tema tributario, el cual debe ser del conocimiento, uso y costumbre mercantil por parte de las empresas, con mayor razón para la Demandante por cuanto dentro de los servicios que presta se encuentran, el de aseo, cafetería y mantenimiento, para cuyo caso ante las respectivas Entidades del Estado o Empresas Privadas al presentar las ofertas pertinentes deberán incluir los tributos correspondientes.
Al 3.6. Aclaración. La Demandante está afirmando algo que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores no puede aceptar en estricto sentido, por cuanto la Empresa Casalimpia S.A. como Sociedad debidamente constituida, con Régimen Común, debía y debe conocer su obligación del pago de los tributos legales,. El Fondo al cual represento judicialmente no es el Organismo encargado de indicar las obligaciones tributarias. Es oportuno tener en cuenta que la pregunta formulada en la audiencia de aclaraciones dentro del proceso de la licitación pública Nº 001/2002 que tenía por objeto contratar la prestación de servicios de aseo, cafetería y Mantenimiento para las diferentes Dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicadas en Bogotá D.C., y Cartagena de Indias D.T. y C., en el sentido de aclarar "si para el servicio de cafetería se debe liquidar el impuesto al Valor Agregado (IVA)" no generó la modificación al Pliego de Condiciones, de haberlo sido se hubiera expedido un Adendo, situación que no ocurrió, por tanto la Empresa Casalimpia S.A., ha debido tener en cuenta lo indicado en el Pliego de Condiciones en su numeral 3.1 en donde un su numeral segundo se establece: “En el evento en que el proponente no discrimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA), se entenderá para todos los efectos legales y contractuales que el mismo está comprendido en los precios ofrecidos”.
Al 3.7. Es cierto.
Al 3.8. Es cierto. Lo transcrito por la Demandante es correcto. Tan cierto que allí mismo se indica "incluido el impuesto al valor Agregado (IVA). Independientemente de todo lo demás, en el texto quedó determinado, es decir incluido el impuesto al Valor Agregado (IVA). La empresa prestadora de esta clase de servicios es conocedora de los tributos que le corresponde pagar. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para este tema específico no modificó el Pliego de Condiciones mediante Adendo que era la forma como lo ordenaba el numeral 2.16 del Pliego. En este sentido la Empresa debió presentar la oferta indicando el valor agregado en la forma prevista en el numeral 3.1 del pliego que corresponde al Precio. Como se manifestó también en la Audiencia de Conciliación ante la Procuraduría Novena Judicial con fecha 25 de febrero de dos mil cinco (2005) que se encuentra en el anexo 9 de la Demanda, es oportuno reiterar que en el Pliego de condiciones en el numeral 3 condiciones financieras se estableció que en el evento de que el proponente no discrimine el IVA se entenderá para los efectos legales y contractuales que el mismo está contenido en los precios ofrecidos. Así pues el contratista al formular su oferta en las paginas 38 y 40 de la misma plantea un valor global sin discriminar el IVA y a renglón seguido bajo el titulo Validez de la Oferta párrafo 2 de este acápite señala que no incluye el lVA para los servicios de aseo por estar exenta esta actividad de dicho impuesto al tenor de lo señalado en el artículo 476 del Estatuto Tributario. “La administración entiende que si el contratista conocía de manera clara el contenido del artículo 476 enunciado, debía tener certeza que los servicios de cafetería son gravados con IVA. Si bien la administración en el marco de las aclaraciones al pliego de condiciones expresó que el servicio de cafetería no debía reportarse con IVA, el contratista al formular su oferta debió señalar que ofertaba sin el IVA incluido para el servicio de Cafetería tal como lo hizo para el servicio de aseo, además porque el pliego de condiciones obligaba a que cuando los proponentes formularan precios globales se entendería incluido el IVA en el mismo”.
Al 3.9. Es cierto. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores le envió las comunicaciones del 6 de noviembre y 10 de diciembre de 2002 y desde luego basándose en el artículo 615-1 del Estatuto Tributario manifestó que el Fondo procedería a liquidar y retener el lVA por cuanto los servicios de cafeterías y mantenimiento son generadores de este impuesto. Es de precisar que la remuneración de la empresa Casalimpia S.A. no se tenía porque ver "significativamente disminuida" por cuanto es de la esencia de esta clase de servicios el que se pague.
Al 3.10. Es cierto. Que la empresa presentó la solicitud de restablecimiento económico al Fondo Rotatorio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Lo que no corresponde a la realidad legal es que se haya dado modificación unilateral de las condiciones de ejecución del contrato y por tanto que le haya disminuido la utilidad a Casalimpia.
Al 3.12. Es cierto. No puede desde ningún punto de vista buscar aplicar una aclaración dada por el Fondo sobre el tema de no liquidar el Impuesto al Valor Agregado IVA con el carácter de Adendo, para de esta manera generar la modificación al Pliego de Condiciones, porque esta figura no se aplicó. La simple aclaración del fondo Rotatorio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES a la pregunta formulada por la empresa Casalimpia no podía generar el no pago del IVA. Por tanto no le podía permitir al Fondo no liquidar y retener el Impuesto al Valor Agregado IVA para el servicio de Cafetería, por el contrario era de su total obligación liquidar y retener, como también lo era para la Empresa Casalimpia realizar este pago.
Al 3.13. Es cierto con observación. Lo pertinente a la Audiencia de Conciliación en la Procuraduría fue fallida. En cuanto a la liquidación del impuesto a las Ventas se dio por determinación del Fondo Rotatorio del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Al 3.14. Es cierto.
Al 3.15. Es cierto.
Al 3.16. Es cierto.
Al 3. 17. Es cierto”.
En la audiencia de instalación, celebrada el día veintitrés (23) de agosto de dos mil siete (2007), así como por las actuaciones adelantadas en la primera audiencia de trámite, el Tribunal se declaró plenamente competente para conocer de este proceso arbitral considerando que las actuaciones adelantadas se habían surtido conforme a la Ley y a la Jurisprudencia, en especial lo que tiene que ver con la sentencia C-1038 de 28 de noviembre de 2002. Así mismo señaló que la cláusula compromisoria aducida por la parte convocante y reconocida en audiencias por la convocada, existe, y en su contenido comprende las controversias sometidas al presente arbitraje y que dichas controversias reunieron los requisitos de arbitrabilidad exigidos por la ley, puesto que tuvieron origen en un contrato y versan sobre pretensiones económicas susceptibles de transacción. La cláusula compromisoria que da sustento a este proceso dice:
“CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA – COMPROMISORIA:
Las diferencias de carácter jurídico relacionadas con la ejecución, terminación o liquidación del presente contrato, que se presenten entre las partes y que no puedan ser dirimidas de común acuerdo entre ellas, se someterán a arbitramento independiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993”.
Tal cláusula se pactó por las partes en desarrollo de la libre determinación de su voluntad, respecto de la jurisdicción a conocer las controversias o divergencias relativas a la celebración, ejecución o liquidación del contrato. De esta forma, las partes radicaron la jurisdicción para dirimir las controversias contractuales en cabeza del Tribunal de Arbitramento convocado por cualquiera de ellas, luego es clara la competencia excluyente y privativa de la jurisdicción arbitral, conforme con las autorizaciones constitucionales y legales que regulan la materia.
De la demanda como de su contestación se desprende que la controversia se origina por la ejecución y liquidación de un contrato estatal al cual se aplicó el régimen de causación de IVA, de una forma distinta al entendimiento que le dieron ambas partes en la etapa precontractual y de formación del precio, que era la de servicios exentos. En la ejecución y terminación del contrato se interpretó la ley tributaria en el sentido de que el servicio de cafetería calificaba como gravado, y consecuencialmente, generaba un IVA del 16%, incluido en el precio que se retuvo y disminuyó de la remuneración.
Para este Tribunal el conflicto sometido a este mecanismo de solución de controversias es arbitrable, ya que los derechos en disputa no se relacionan con una posible disponibilidad del régimen tributario del servicio contratado, más específicamente el derecho aplicable en la causación del IVA sobre el servicio de cafetería, sometido a un estricto principio de legalidad, ya que las partes en ese punto no pueden hacer lo que deseen ni estipular lo que más convenga en razón del estricto principio de legalidad que cobija el derecho de contenido económico de la Nación sobre tributos que nacen del servicio. Es por ello que la Nación UAE-DIAN no es parte en este conflicto ni está llamada a serlo. No existe estipulación contractual que disponga sobre el régimen legal del IVA, ni se concede exención al contratista a través del contrato, puesto que tal estipulación tendría objeto ilícito.
Aquí el derecho sometido a juicio arbitral, susceptible de compromiso, es la influencia que en el precio pactado pudieron tener las consideraciones sobre la inclusión automática del tributo en el valor del contrato, cuando las partes entendían que el IVA generado por los servicios del contrato podría corresponder, globalmente considerado, a una tarifa cero.
Dicho de otra forma, se trata de definir una situación conflictiva en la ejecución contractual partiendo de la base de la existencia de una cuestión previa de naturaleza tributaria, cuya definición resulta útil no para determinar obligación tributaria alguna, sino para esclarecer si el valor del gravamen, que fue retenido por el contratante, puede dar origen a un derecho de reembolso para quien lo asumió o si existió un perjuicio indemnizable que hubiera afectado la economía del contrato.
Entonces, el litigio versa sobre una porción del precio (16% del valor del contrato) que según plantea el demandante consiste en el derecho a “un restablecimiento económico por el valor del Impuesto a las Ventas que descontó del valor de sus servicios” (numeral 3.15 de la demanda) , habida consideración de las aclaraciones que sobre el particular había expuesto la entidad contratante en el período precontractual, que el demandante entiende como parte del precio o remuneración pactada, o eventualmente como causa suficiente de una indemnización equivalente.
En conclusión, la pretensión de restablecimiento económico en relación con los efectos del debate previo sobre el IVA en el precio del contrato, que como remuneración fue objeto de una estipulación contractual, es perfectamente arbitrable.
De lo anterior se desprende que las partes contratantes, a la luz de la cláusula compromisoria no restringieron la decisión de sus controversias a la simple interpretación contractual, sino que la entendieron como idónea para determinar derechos y obligaciones entre los contratantes surgidos con ocasión de la ejecución y liquidación del contrato. De donde se ratifica la competencia de este Tribunal para resolver la controversia contractual que se le ha planteado.
El Tribunal ha hecho un juicioso estudio de la demanda presentada por CASALIMPIA S.A. como parte convocante, encontrándola totalmente ajustada a derecho por cumplir con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en los artículos 75 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Puede afirmarse, tal como lo señala la Señora Procuradora, que el objeto de la controversia no es la nulidad de los actos de liquidación del contrato ni la resolución confirmatoria sino de la resolución de la controversia jurídica de contenido económico y de naturaleza transigible que derivó del comportamiento de las partes en la etapa precontractual y durante la ejecución y liquidación del contrato, al proceder el Ministerio de Relaciones Exteriores a retener el IVA, sobre el servicio de cafetería, descontándolo del precio pactado que decía incluirlo, cuando inicialmente había conceptuado el mismo ente estatal que el contrato en lo referente al servicio de preparación de tintos con suministro de elementos por el ente oficial no causaba IVA alguno.
La acción podría calificarse como un posible incumplimiento del contrato en los términos en que las partes lo interpretaban en la fecha de la suscripción, acción que comprometería la responsabilidad contractual de la entidad estatal.
La pretensión de restablecimiento económico la hace descansar la convocante en dos normas: Por un lado, en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993 como derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y al mismo tiempo invoca el derecho a exigir que se restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato lo que daría pie para que se declare que hubo modificación unilateral al contrato (numeral 7.2 de la demanda) Por otro, en el artículo 50 de la misma Ley 80 que consagra la responsabilidad por las actuaciones, abstenciones, hechos u omisiones antijurídicos que causen daño a los contratistas, en cuyo caso surge el derecho a ser indemnizado por el beneficio dejado de percibir. De allí que la pretensión indemnizatoria se presente como una orden de “indemnizar a Casalimpia por el valor de $38.503.920 más los intereses moratorios causados hasta la fecha de pago” (numeral 7.3 de la demanda).
En la contestación de la demanda el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES argumentó negando la existencia de una modificación unilateral del contrato, que hubiese alterado el equilibrio económico así como otras circunstancias imprevistas, y además, alega que el régimen legal era el que señalaba la causación del IVA, que según el pliego de condiciones de la licitación pública 001-2002 – numeral 3.1 y el propio contrato se incluía dentro del precio en caso de que el proponente no discriminara el IVA.
Que aún reconociendo que en las aclaraciones se sostuvo que el servicio de cafetería no causaba IVA, nunca se elevó tal aclaración a la condición de Adenda al pliego de licitación como lo indicaba el numeral 2.16 del pliego, y no se hizo porque ese proceder contrariaría la ley tributaria, que es de orden público y de obligatorio cumplimiento.
Sobre la pretensión indemnizatoria la demandada observa que la causa indemnizatoria tiene que originarse en un acto antijurídico y se pregunta “un acto antijurídico cobrar un impuesto que la ley exige? ¿cuándo se cobre un impuesto hay una disminución patrimonial?” (folio 86, cuaderno principal Nº 1).
Se ha admitido legal y doctrinaria y jurisprudencialmente que en un contrato estatal el contratista tiene derecho a que la administración pública cumpla con sus obligaciones contractuales, entre ellas el pago del precio convenido, y por otro lado tiene derecho a mantener el equilibrio económico del contrato o el restablecimiento de la ecuación económico financiera del contrato y derecho a ser indemnizado tanto por las modificaciones introducidas al contrato como por incumplimiento del contratante.
El equilibrio económico del contrato es de la esencia de la relación contractual. El Honorable Consejo de Estado ha dicho:
“Sabido es que desde la propia génesis del negocio jurídico, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que derivarán del mismo. Para la administración el logro de los fines esenciales del Estado; para el contratista la obtención de un provecho económico. Se establece entonces la regulación económica del negocio y a través de la misma se orienta la relación contractual. El concepto analizado reviste especial importancia en aquellas relaciones contractuales conmutativas y de ejecución a mediano o a largo plazo, en razón a que cualquier variación que se presente en la economía del contrato necesariamente incide en el equilibrio financiero del mismo”(1)Consejo de Estado, sentencia de 9 de mayo de 1996, exp 10.151.
En relación con el derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato, contemplado en el numeral 1ª del artículo 5º invocado en la demanda, se admiten dos causales , la primera relativa a la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas y la segunda relativa al incumplimiento de la entidad estatal contratante que está obligada a restablecer la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.
Para encontrar e interpretar la ecuación contractual es válido analizar el comportamiento precontractual y contractual de las partes, especialmente de la demandada quien tuvo el privilegio de estructurar el pliego de condiciones y la minuta del contrato a la que adhirió el proponente elegido.
A continuación se examinará detalladamente el efecto que en el precio pactado tenía la postura interpretativa de la propia administración contratante, que entendía que en los servicios “de cafetería” incluidos entre los contratados no se generaba IVA, para determinar si la pretensión indemnizatoria surgida a raíz de un posible incumplimiento del contrato puede obtener reconocimiento en este laudo.
El punto de partida del análisis es la cláusula contractual que reconoce el efecto del IVA en el precio. En la cláusula quinta de EL CONTRATO se estipuló:
Pero ¿qué entendían las partes como “IVA incluido” al tiempo de celebración del contrato?
Está probado que el propio contratante en la audiencia de aclaraciones explicó en atención a la pregunta formulada por otro proponente que “el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores aclara que el servicio de cafetería a que hace referencia el Pliego de condiciones de la Licitación 001/2002, únicamente corresponde a la preparación de tintos y aguas aromáticas, y su distribución al personal de las diferentes dependencias, con insumos, elementos y equipos entregados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto no debe ser liquidado el Impuesto al Valor Agregado (IVA)”’.
Del Alcance del Objeto de la Licitación consagrado en el pliego de licitación 001/2002 se advierte que se convoca a una licitación global y de objeto múltiple sobre “Aseo, cafetería y mantenimiento” y se define como servicios de aseo “aquellos que ejecutan los (las) operarios (as) para mantener en orden, limpieza y pulcritud las diferentes dependencias, baños, zonas comunes, pasillos, de cafeterías, patios, pisos y paredes en general, así como la limpieza del mobiliario, enseres de cada oficina y otros servicios afines o similares que requiera el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores” (hemos destacado y tomado del folio 229, Cuaderno de Pruebas Nº 1. Numeral 4 del pliego). Se resalta que todos los servicios se relacionan con el aseo de las dependencias, cafeterías, enseres y mobiliario; y al definir el servicio denominado “de cafetería” se observa que se incluyen, además de la preparación de café, la limpieza de los elementos utilizados y del sitio de trabajo. De manera que del alcance del objeto podría, razonablemente, pensarse que los servicios de preparación de café con insumos suministrados por el contratante no se formularon como separables en el objeto del contrato, aunque técnicamente hubieran podido serlo. El único servicio a contratar que podría conservar una cierta autonomía en su objeto era el de mantenimiento o conservación de oficinas, materiales y equipos.
En la descripción del “personal requerido por cada una de las sedes u oficinas se solicitan 39 personas en forma indistinta para “aseo y cafetería”, mientras que en rubro separado se requieren 10 operarios para mantenimiento, para un total de 49 personas requeridas. El supervisor es conjunto y los equipos e elementos lo suministra a la entidad para todas las tres actividades.
Igualmente la instrucción sobre el precio, punto 6.1. del pliego solicita que “la cotización de precio sea por el valor total, (folio 40 c.p) menos los descuentos si los hubiere, más el Impuesto de valor agregado, se sobreentiende si a ello hubiere lugar, ya que los impuestos no los determinan los contratantes sino la ley, y en caso de duda la DIAN y los jueces contenciosos.
La propuesta también se presentó de forma global e indiscriminada dando prevalencia al servicio de aseo sobre el de “cafetería” ya que de las labores descritas con el compromiso de ejecutarlas, solo hay una labor más o menos especifica de preparación de café y aguas aromáticas, frente a dieciocho de aseo descritas en la propuesta, y tres más relacionadas con servicios conexos, como se observa de la trascripción siguiente:
“a) Mantener en perfecto estado de limpieza todos los pisos, escaleras, baños, áreas comunes, paredes, pasillos, halles, colilleros, patios, escritorios, ceniceros, papeleras, muebles, sillas, teléfonos archivadores, estantes en general.
b) Aseo y mantenimiento de todas las oficinas, pasillos y fachada.
c) Encerada y abrillantada de los pisos, así como aspirada de todos los tapetes y alfombras.
d) Conservación y mantenimiento de los servicios sanitarios, con barrida, lavado de todos los pisos con detergentes líquidos, retretes, lavamanos, enchapados de paredes, divisiones, accesorios y espejos. Desocupar permanentemente las papeleras de cada baño.
La dotación de artículos de tocador tales como papel toillete, jabón de tocador, toallas de papel o de hilo será por cuenta de la entidad, o podrá ser suministrada por Casalimpia S.A., facturándolos a precio de mayorista. Casalimpia se encargará de realizar la reposición del papel y jabón en los baños.
e) Limpieza de los vidrios bajos por su parte interna, así como de divisiones y puertas. La limpieza de los vidrios altos por su parte interna y externa será realizada por el personal de mantenimiento.
f) Limpieza diaria de polvo, ceniceros, canastas de basuras, archivadores, escritorios, sillas, ventanas, bordes de paredes, etc.
g) Limpieza diaria de puertas exteriores.
h) Limpieza de divisiones, guardaescobas, paredes, puertas, enchapados en madera y metal, etc.
i) Limpieza periódica con líquidos especiales de escritorios, sillas archivadores, teléfonos, cuadros, interruptores, metales, etc.
j) Organización de las basuras para su evacuación el día que pase el carro recolector.
k) Se realizará el cambio de bombillería, pintura y traslado de elementos dentro de las dependencias.
l) Se apoyarán las labores derivadas de trasteos, traslados de materiales y equipos, conservación de las edificaciones y en general las zonas que hacen parte del Ministerio.
m) Se realizará el aseo de canales de red eléctrica, telefónica e hidráulica con el fin de mantenerlas en buen estado y libres de taponamiento.
n) Cualquier otra labor de aseo normal que pueda presentarse.
Características de los servicios de cafetería.
a) Mantener en perfecto estado de limpieza las zonas de cafetería y todos los implementos tales como vajillas, termos, grecas, bandeja, etc.
b) Preparación y suministro de café y agua aromática a los funcionarios y visitantes, de acuerdo al horario que el contratante disponga.
c) El personal para el servicio de cafetería estará dotado de uniformes especiales que solo utilizará para este cometido.
d) Casalimpia recibirá inventariados todos los artículos de cafetería, y se responsabilizará ante el contratante por este inventario, teniendo en cuenta el desgaste natural y la vida útil de cada artículo.
e) El Ministerio suministrará todos los elementos y artículos necesarios para la prestación de este servicio, tales como: café, aromática, azúcar, termos, bandejas, pocillos, cucharas, vasos, limpiones, etc., o podrán ser suministrados por CASALIMPIA S.A., facturándolos a precio de mayorista.” (folios 47 a 49, Cuadernos de Pruebas Nº 1).
El texto del contrato, coherente con el pliego de licitación mantiene el mismo objeto global en la cláusula primera como “aseo, cafetería y mantenimiento” sin detallar el valor de cada uno de los servicios por como hubiera sido lo acertado si se pretendía diferenciarlos y, antes, por el contrario, en la cláusula segunda, numeral 16 se alude al requerimiento de 49 operarios (as), pero “la entidad se reserva el derecho a modificar los sitios y localización de los empleados” (numeral 11).
Entonces, para este Tribunal la interpretación que las partes daban al servicio contratado era, globalmente de aseo, y accesoriamente de cafetería y mantenimiento de edificios como surge no solo del pliego de licitación, de la respuesta dada en la etapa precontractual y de las labores o compromisos del contratista.
No puede afirmarse que las partes entendieron todo el contrato como gravado en razón de haber propuesto un precio superior al de los demás oferentes, porque no existe prueba en este proceso de que la de CASALIMPIA fuera la propuesta de mayor valor económico, excluyendo el IVA, y por eso no pueden atenderse las apreciaciones que en ese sentido esgrime la defensa, ya que no probó en ese punto tal aserto.
De allí que la primera factura 111869 se hubiera presentado por el contrato global y sin IVA. De allí en adelante se optó por una fórmula no prevista en el contrato, consistente en separar el número de operarias de cafetería y el número de personas de mantenimiento que sí estaba previsto, y liquidar el IVA sobre el valor atribuible al servicio de tales operarios como se observa en el anexo 13 de la demanda.
Ahora corresponde decidir, de cara a la cláusula contractual que dice incluir el IVA dentro del precio del contrato, cuál era ese IVA, según la ley, con el fin de contrastar la interpretación de las partes con lo que el régimen tributario prescribía.
En este análisis tributario, sea lo primero señalar que el valor que debe recaudarse a nombre y a favor del Estado a título de IVA sobre la prestación de un servicio gravado en todo caso debe ser pagado por el sujeto incidido es decir el usuario del bien y por ello debe tomarse como base el valor del servicio, con todos los emolumentos, recargos, intereses y demás pactos accesorios, como lo ordena la ley. Por ello, por regla general el IVA es separable y adicional al precio y no debe disminuir el ingreso propio del contratista, en su condición de responsable.
Como el IVA es un impuesto al consumo, que recae sobre el usuario de los servicios o comprador de los bienes gravados, el responsable se mantiene incólume frente al recaudo que haga el retenedor, quien precisamente soporta la carga económica y la retiene, según la ley, con propósitos de eficiencia recaudatoria. El IVA causado y retenido no solo es recaudado por el pagador, sino asumido por él, a menos que exista pacto privado que indique claramente que los servicios tienen un precio adicionado con el IVA que en todo caso debe discriminarse en el contrato y en las facturas por disposición de la ley. Tales pactos son inoponibles al fisco que en todo caso perseguirá al retenedor que es también el sujeto pasivo del IVA. Así que deben desestimarse todas las alegaciones que parten de la idea de que el tributo debía pagarlo el contratista y no el contratante.
También es equivocada la postura que interpreta que existiendo gravamen y siendo el prestador del servicio un responsable este debe pagar el tributo generado, ya que esa posición no tiene en cuenta la institución de la retención en la fuente en el IVA, que se ha dado en denominar “inversa” porque la asume y practica el usuario pagador, dada la obligación del responsable de repercutir el tributo.
Desde la implantación del IVA en el país en 1983, la prestación de servicios se encontraba excluida del gravamen y solamente algunos, específicamente señalados expresamente por la ley, se encontraban sometidos al impuesto.
Posteriormente la Ley 49 de 1990, conservando la regla general de exclusión, amplió los servicios que causaban el impuesto sobre las ventas incluyendo dentro de ellos el servicio de restaurante. El Decreto 422 de 1991 definía para tales efectos el servicio de “restaurante” excluyendo expresamente de la definición el servicio de cafetería, razón por la cual este último no se encontraba sometido al impuesto sobre las ventas durante ese primer período.
A partir de la expedición de la Ley 6ª de 1992 el tratamiento del impuesto sobre las ventas respecto de los servicios cambió radicalmente, estableciéndose como regla general su sujeción al gravamen y solo por la vía de la excepción se reconoció una exención a los expresamente mencionados en la ley.
El artículo 420 del Estatuto Tributario, que recoge el régimen vigente actualmente y para el momento de los hechos, reza, lo siguiente respecto del hecho gravado:
A su vez, el artículo 1º del Decreto 1372 de 1992 define para efectos del IVA, que se entiende por servicio, así:
“Definición de servicios para efectos del IVA. Para los efectos del impuesto sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contra prestación en dinero o en especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración”.
La posición oficial de la DIAN estaba contenida en el concepto 071494 de agosto 8 de 2001, según la cual el establecimiento donde se prestan servicios de cafetería, entendido como preparación de alimentos con insumos propios, estaba gravado “por no hallarse expresamente comprendido dentro de la enumeración de servicios excluidos que trae el artículo 476 del estatuto tributario.” En la misma opinión oficial se aclaraba que los insumos formaban parte de la base así como el valor de los servicios personales. El punto más conflictivo, relativo al concurso de servicios gravados y excluidos fue resuelto por la DIAN así: “Finalmente, en caso de prestarse servicios gravados y excluidos por un contratista en razón de un mismo contrato, solamente se generará el IVA sobre el servicio gravado”.
Por su parte los servicios de aseo se consideran exentos desde la generalización del gravamen sobre los servicios. Así lo contemplaba el artículo 476 del ET. Actualmente está gravado a la tarifa preferencial del 1.6% por norma que modificó su régimen a partir de la expedición de la Ley 1111 de 2006, artículo 31. La norma vigente a la fecha de la licitación y de la adjudicación era de exención sobre el servicio de aseo y de gravamen sobre los demás servicios.
2. Como acaba de explicarse, el régimen legal para los servicios contratados en el caso en examen no era uniforme, puesto que algunos de los servicios eran exentos y otros gravados, como se expuso en el acápite anterior. Pero ninguno de los servicios era de los conocidos como de cafetería, con suministro de alimentos, ni de restaurante, que estaban especialmente gravados desde el régimen selectivo anterior. Aquí los servicios de contratación temporal de personal eran para el aseo y limpieza de las instalaciones, y para prestar tales servicios en el área de cafetería, indistintamente. Está claro que la mano de obra para mantenimiento conservaba cierta autonomía, lo que permitía separar esa porción como gravada según el régimen legal.
Tal era el panorama en el momento en que se planteó la solicitud de aclaración y la entidad contratante respondió que el de cafetería no causaba IVA, porque entendía que no existía propiamente preparación de alimentos. Hubiera sido más esclarecedor y más jurídico excluirlo por entenderlo como mano de obra destinada fundamentalmente para el aseo, indisolublemente atada al objeto contractual del aseo, y haber advertido que la porción del precio destinada al mantenimiento era separable y debía ser cotizada de forma independiente para entender cuál sería la base del tributo.
Todo lo expuesto nos lleva a concluir que el servicio consistente en la simple preparación y distribución de tintos y aguas aromáticas al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en sus oficinas de Bogotá y Cartagena, pese a no ser realmente un servicio de cafetería sino de suministro de personal, que debía desempeñarse en la cafetería y en las instalaciones del Ministerio fue entendido por las partes del contrato como exento, con base en una extensa tradición legal y en la falta de autonomía del servicio que en realidad era de suministro de personal de aseo, con un total de 39 operarios para los dos servicios conjuntos y 10 para el de mantenimiento.
Hubo un error en la formulación del pliego, en la propuesta y en el contrato relativa al IVA aplicable. El primero porque admite que el IVA sea incorporado dentro del precio cuando el contrato era de propósito múltiple y no todas las tareas involucradas resultaban gravables, el segundo por no discriminar por tareas o ítems de precios, cuando el régimen no era uniforme y el último por expresar en la cláusula de precios la misma indefinición, lo que no permite hoy saber si el precio incluía o no realmente el IVA parcial o ningún IVA.
Sin embargo, no puede admitirse la reclamación global cuando la cláusula, el pliego y la oferta sí discriminan en función del número de operarios destinados al servicio de mantenimiento que sí era gravado y no fue objeto de la tan citada aclaración del Ministerio.
Se dará entonces prosperidad parcial a la demanda, puesto que lo que es susceptible de indemnización es la porción asumida por el contratista, sobre el servicio de “aseo y cafetería”; porción que fue gravada mediante acto de retención y liquidación del IVA por mayor valor al que correspondía legal y contractualmente a todas las tareas que involucran aseo.
Por el contrario, 10 de los operarios contratados se atribuyeron en la licitación y en el contrato a los servicios de mantenimiento, que debían ser gravados y sobre los cuales las partes no tenían una posición que alterara la remuneración del contrato. Por ello debió facturarse el IVA sobre ese servicio concreto, desde el primer mes de la ejecución hasta su terminación, y por esa razón la demanda en ese punto se denegará.
Antes de concluir, es preciso esclarecer la cláusula que da cuenta de un IVA dentro del precio.
Está probado según el Pliego de Condiciones que el proponente debía discriminar “dentro del precio (sic) de su oferta” el valor correspondiente al impuesto de valor agregado de los servicios objeto de la licitación publica 001-2002 y que si no se discriminaba se entenderían para todos los efectos legales y contractuales que el IVA estaba incluido dentro del “precio”, lo cual corresponde a las fórmulas acostumbradas en las licitaciones públicas, por razones de apropiación y disponibilidad presupuestal, que sí debe incluir el previsible IVA a pagar por el contratante.
La respuesta escrita del Fondo consideraba excluido el llamado servicio de cafetería, seguramente porque lo entendía como suministro de personal, fundamentalmente de aseadoras, quienes también atienden a los funcionarios y visitantes con el servicio de tintos y aguas aromáticas. La propuesta, (Ver anexo 5) atendiendo esa respuesta escrita entendió como no gravado todo el contrato, considerando todos los servicios como un todo inseparable, cuando por lo menos, tal como acaba de exponerse, el servicio de mantenimiento sí debía resultar gravado y era separable en el contrato y aunque no se pactó por un precio detallado sí se indicó el número fijo de operarios y el valor de ellos. Ese entendimiento era equivocado de parte de la contratista, pero en este caso el error no pude imputarse al contratante puesto que no hubo respuesta ni aclaración sobre el servicio de mantenimiento, que como hemos visto se rige, claramente por la regla general de causación.
Lo cierto es que el contratista no incluyó IVA en ninguno de los servicios, toda vez que formuló un solo precio correspondiente a 49 operarias de aseo, mantenimiento y cafetería a razón de $646.189 por cada una. En la misma propuesta el valor del servicio por 24 meses y por todas las operarias arroja un valor de $759.918.840, que resulta de la multiplicación del primer valor por 49 por el número de meses, sin añadir el valor correspondiente al IVA sobre una porción de la base anterior, como correspondía al servicio de mantenimiento, que es un servicio de mano de obra gravado porque, se insiste, reviste autonomía respecto de los demás contratados y es cuantificable dado que se trata de 10 operarios.
En realidad, la manera de dar sentido a la cláusula quinta del contrato celebrado, que estipula claramente que “el valor del presente contrato es hasta la suma de setecientos cincuenta y nueve millones novecientos dieciocho mil ochocientos cuarenta pesos ($ 759.918840) incluido el Impuesto al valor agregado IVA, es la de entender que el IVA incluido en el precio y por ende asumido por el contratista es el que corresponde, según la ley al servicio de mantenimiento, independiente del de aseo que es excluido. La preparación de tintos por el mismo personal que se suministra para el aseo era exento, como lo entendieron las partes en la etapa precontractual y en la primera etapa contractual.
Es decir, la estipulación contractual que ata a CASALIMPIA implica que debe asumir el IVA de ley sobre los servicios específicos distintos de los de aseo, contra su propia utilidad, lo que no proviene de la ley sino del contrato. La ley exige que el IVA lo pague como obligación contributiva y solidaria quien manifiesta indirectamente la capacidad contributiva y por eso afecta su propio patrimonio.
Cabe ahora indagar si en ausencia de estipulación la solución hubiera sido la misma, y la respuesta, obviamente, es negativa porque si se pacta un precio y nada se dice sobre el IVA es porque se ha dejado que la ley tributaria cubra los efectos del contrato, como debe ser, siendo de cargo del usuario el costo económico del tributo, en adición al precio que por su misma formación no incluye los tributos indirectos, aunque el responsable sea el prestador del servicio quien lo debe facturar y declarar ante la DIAN, descontando los impuestos imputables a su operación.
No es pertinente acudir a la cláusula décima quinta del contrato como lo hace la convocada cuando invoca la convención relativa a impuestos que dice “los impuestos que se generen en razón de este contrato serán cubiertos por el contratista”, ni resulta acertado afirmar que las obligaciones de tributación del contribuyente oferente –contratista siempre estuvieron previstas en el pliego de condiciones y luego en el contrato de prestación de servicios suscrito” porque tales cláusulas, como se ha visto a lo largo de este proceso, adolecen de ambigüedad en relación con el tipo de tributos directos e indirectos y con la porción de la base gravable que se pactó como un todo, sin discriminar precios unitarios por servicios sino por operarios, separando solo los de mantenimiento. Los impuestos que se originan en el contrato y que deben ser cubiertos por el contratista son los directos de timbre, estampillas y el propio de renta atribuible a los ingresos, mientras que el IVA, por ser un impuesto cuyo hecho generador es el consumo, debe ser cubierto o repercutido al adquirente, sin perjuicio de que las partes pacten que el vendedor lo asuma contra su propia utilidad y lo declare como responsable.
En el caso debatido, la convocante facturó sobre el valor del contrato discriminado como servicios de cafetería y mantenimiento, por un valor total de los servicios estimado y tasado en $ 240.649.488 y un valor del IVA de $ 38.503.920, para un valor total por estos servicios de $ 279.153.408, incluido el IVA cuya liquidación y retención le hiciera el Fondo, a la tarifa del 16%, pero como se ha expuesto. Esa base, en lo que respecta a la preparación de bebidas calientes por las mismas aseadoras, no era autónoma del servicio de aseo, y las partes, especialmente la contratante había comprometido su responsabilidad al aclarar que el IVA no debía causarse bajo una interpretación razonable del régimen. De manera que, para que la utilidad del contratista se mantuviera libre de los gravámenes indirectos que dijo incluir en el “precio” solo cabe causar el IVA sobre el servicio de mantenimiento.
No obstante, la cuantificación de los “perjuicios” que hace la convocante coincide exactamente con el valor del IVA sobre servicios de cafetería y mantenimiento, ya que las demás facturas de aseo no incluyen un IVA, cuando debería excluir el de los 10 de los operarios contratados que se atribuyeron en la licitación y en el contrato a los servicios de mantenimiento.
Como el reconocimiento que se hará por la causal de incumplimiento del contrato y falta de pago parcial del precio acordado es parcial, no resulta superfluo penetrar en la segunda causal de la demanda relativa a la imprevisión como hecho que afectó el equilibrio del contrato y que podría “modificar el contrato unilateralmente”.
Es cierto que el Fondo varió su interpretación precontractual sobre la ley tributaria aplicable a un contrato que fundamentalmente era de aseo, pero ni la primera ni la segunda interpretación fueron lo suficientemente esclarecedoras como para explicar cuáles de los servicios causaban el tributo y cuáles no y sobre qué base dineraria del contrato, que ciertamente se pactó globalmente por las partes, por lo tanto no es dable aplicar la teoría de la imprevisión que es un hecho perturbador del contrato, exógeno a las partes, que se presenta con posterioridad al contrato. Es de la esencia de la imprevisión que sea extraordinaria y anormal y por ello rebasa lo que las partes pudieron razonablemente prever. Eso no fue lo que ocurrió en este caso.
Tampoco la nueva interpretación del contrato alcanza a configurar un hecho del príncipe, ya que no era irresistible porque ni siquiera los conceptos de la DIAN obligan a los particulares y mucho menos la opinión del agente de retención, que puede ser equivocada. La ley prevé remedios jurídicos contra los actos de gestión de los pagadores que fungen de retenedores de los impuestos, cuando exceden la ley tributaria por errónea interpretación o por indebida aplicación: por un lado se permite hacer el reclamo directo del precio al retenedor contratante al tiempo que le reconoce la posibilidad de disminuir la retención a pagar en los meses subsiguientes y por otro lado, consagra la posibilidad de solicitar directamente a la DIAN la devolución del pago de lo no debido si ese fuera el caso, cuando el pagador no comparte la interpretación sobre la causación o cuantía de la retención planteada por el sujeto pasivo de la retención.
Es claro para este Tribunal que no hay lugar a aplicar la teoría de la imprevisión debido a que no existen cambios sobrevinientes, extraordinarios o imprevisibles en la legislación ni provienen de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles posteriores a la celebración del contrato que ameriten la revisión del contrato, que no es lo que aquí se debate.
Con fundamento en lo expuesto, la pretensión solicitada en la demanda arbitral se concederá de manera parcial en el sentido de reconocerle al demandante a título de indemnización resultante del incumplimiento del contrato, la suma de $ 17.112.864(2)Valor por cada operario de mantenimiento según facturas: $557.059. Valor del servicio de mantenimiento de 10 operarios: $5.570.590. IVA 16%: $891.294. IVA del servicio prestado 24 meses: $21.391.056. Operación para determinar la indemnización a conceder: $38.503.920 - $21.391. con los respectivos intereses de mora contados a partir de la fecha en que se liquidó el contrato unilateralmente.
La indemnización corresponde al resultado de restar del valor total del IVA retenido del precio y liquidado por los servicios de cafetería -pactados como un todo indisoluble con los de aseo y los servicios de mantenimiento por un IVA total de treinta y ocho millones quinientos tres mil novecientos veinte pesos ($ 38.503.920)(3)Ver anexo 1., el valor que sí se causaba sobre el mantenimiento prestado por 10 operarios, durante 24 meses y según las facturas que reposan en el Cuaderno de Pruebas incluido en el precio por un total veintiún millones trescientos noventa y un mil cincuenta y seis pesos ($ 21.391.056), quedando un remanente impagado del precio por diecisiete millones ciento doce mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($ 17.112.864).
Así, la indemnización que se determina corresponde exclusivamente a la porción que se había calculado por el supuesto “IVA del servicio de cafetería”, el cual no ha debido contemplarse como servicio independiente al servicio general de aseo y por consiguiente, no podía generar impuesto adicional.
LAS COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO
El artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, señala sobre la condena en costas que en los procesos, así como en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, procede contra “la parte vencida en el proceso”, y que la condena debe hacerse en la sentencia, y en el numeral 6, dicha norma señala que “En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.
En el presente caso y como se señaló atrás, se da una prosperidad parcial de la demanda, puesto que lo que es susceptible de indemnización es la porción asumida por el contratista, sobre el servicio de “aseo y cafetería”; porción que fue gravada mediante acto de retención y liquidación del IVA por mayor valor al que correspondía legal y contractualmente a todas las tareas que involucran aseo. De manera que puede entenderse que estamos ante el evento señalado en el numeral 6º del artículo 392 del CPC, en tanto puede tenerse como una victoria parcial.
En tal medida, este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en la señalada regla, no condenará en costas ni agencias en derecho a ninguna de las partes del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir en derecho las diferencias entre CASALIMPIA S.A. y el FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado el 28 de mayo de 2002, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
PRIMERO. Declarar el incumplimiento parcial del contrato N 168-2002 en cuanto al valor pactado como precio, que incluía solo el IVA atribuible al servicio de mantenimiento
SEGUNDO. Se reconoce como prestación del contrato y parte del precio no pagada la suma de $ 17.112.864 que se pagará con sus respectivos intereses liquidados a partir de la fecha de la liquidación unilateral del contrato.
TERCERO. No condenar en costas, ni al pago de agencias en derecho, a ninguna de las partes del proceso.
CUARTO. Por secretaría, expídanse copias auténticas de este laudo con destino a cada una de las partes y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
QUINTO. Una vez adquiera firmeza este laudo, procédase a la protocolización del expediente en una de las Notarías del Círculo Notarial de Bogotá, y ríndase por la señora árbitro, cuenta a las partes del uso de los fondos depositados para gastos de funcionamiento y protocolización, y llegado el caso, háganse las restituciones a que hubiere lugar.
Lucy Cruz De Quiñones, Único Arbitro.
Mario Posada García-Peña, Secretario
Facturas que incluyen el IVA discutido (Folios 144 a 190, Cuaderno de pruebas Nº 1).
Factura Nº 118129
Jun 27 – Jul 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Cafetería $ 4.456.472,00 $ 713.036,00
Mantenimiento $ 5.570.590,00 $ 891.294,00
TOTAL $ 10.027.062,00 $ 1.604.330,00
Factura Nº 118130
Jul 27 – Ago 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 118131
Ago 27 – Sept 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 118132
Sept 27 – Oct 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 118133
Oct 27 – Nov 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 119251
Nov 27 – Dic 26 de 2002 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 120298
Dic 27 – Ene 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 120300
Ene 27 – Feb 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 121076
Feb 27 – Mar 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 121366
Mar 27 – Abr 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 123239
Abr 27 – May 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 122786
May 27 – Jun 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 124344
Jun 27 – Jul 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 124437
Jul 27 – Ago 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 125187
Ago 27 – Sept 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 127108
Sept 27 – Oct 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 127427
Oct 27 – Nov 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 128203
Nov 27 – Dic 26 de 2003 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 129902
Dic 27 – Ene 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 129903
Ene 27 – Feb 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 130872
Feb 27 – Mar 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 131742
Mar 27 – Abr 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 132673
Abr 27 – May 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
Factura Nº 133536
May 27 – Jun 26 de 2004 Total valor del servicio IVA
TOTAL IVA Servicio de Cafetería $ 17,112,864,00
TOTAL IVA Servicio de Mantenimiento $ 21,391,056,00
TOTAL IVA $ 38,503,920,00

References: Resolución 
 artículo 428
 artículo 103
 artículo 19
 artículo 126
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 615
 artículo 476
 artículo 30
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 476
 artículo 476
 artículo 615
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 50
 artículo 5
 artículo 420
 artículo 1
 artículo 476
 artículo 476
 artículo 31
 artículo 392
 artículo 392