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Timestamp: 2019-06-16 21:49:33+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 116/2017 de 23 Feb. 2017, Rec. 1281/2016
S TS 23/2/2017
Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 116/2017 de 23 Feb. 2017, Rec. 1281/2016
Nº de Sentencia: 116/2017
Nº de Recurso: 1281/2016
Diario La Ley, Nº 8938, Sección La Sentencia del día, 10 de Marzo de 2017, Editorial Wolters Kluwer
LA LEY 4328/2017
ECLI: ES:TS:2017:471
«Lista Falciani»: validez de prueba obtenida ilícitamente por un particular desconectado del Estado y sin finalidad de preconstitución probatoria
DELITO FISCAL. Confirmación de condena por omitir la tributación en IRPF de ingresos y rendimientos no declarados y ocultos en banco suizo. Empleo de empresas pantalla para encubrir la titularidad de los depósitos. PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. En relación con la presunción de inocencia. Pruebas obtenidas por un particular con vulneración de derechos fundamentales. Documentos bancarios y ficheros contables. Valor probatorio y alcance del art. 11 LOPJ. Principios de no indagación y doble incriminación. Doctrina jurisprudencial. Inexistencia de vulneración en el caso. Validez probatoria de la “lista Falciani” - información filtrada por un ex trabajador del banco HSBC relativa a clientes con depósitos opacos- cedida por las autoridades francesas a la AEAT, base de la investigación. Ausencia de toda finalidad de preconstitución probatoria. Particular desconectado de los aparatos del Estado que no buscaba prefabricar pruebas, sino obtener un lucro. Lo que proscribe el art. 11 LOPJ es la obtención de pruebas ilícitas como prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito y en la búsqueda de la verdad. Los archivos comprometedores para los afectados no guardan conexión con la vulneración de los datos personales que protegían a los evasores fiscales. Regularidad de la cadena de custodia de los archivos informáticos.
El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la AP de Madrid y confirma la condena del acusado por dos delitos fiscales.
RECURSO CASACION/1281/2016
RECURSO CASACION núm.: 1281/2016
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Sonsoles de la
Cuesta y de Quero
En Madrid, a 23 de febrero de 2017.
Esta sala ha visto el recurso de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma y precepto constitucional, interpuesto por la representación procesal de D. Darío , contra la sentencia núm. 280/2016 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Vigesimotercera) de fecha 29 de abril de 2016 (LA LEY 39679/2016) en causa seguida contra D. Darío por un delito contra la Hacienda Pública. Los Excmos. Sres. componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los citados. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, el recurrente representado por el procurador D. Ignacio Requejo García de Mateo bajo la dirección técnica de letrado D. José Antonio Choclán Montalvo; como parte recurrida el Abogado del Estado.
PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Alcobendas incoó diligencias previas procedimiento abreviado núm. 2776/2011, contra D. Darío y, una vez conclusas, las remitió a la Audiencia Provincial de Madrid (Sección nº 23) procedimiento abreviado 1498/2015 que, con fecha 29 de abril de 2016, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados :
"PRIMERO.- Mediante oficio de 12 de febrero de 2010, el entonces Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agenda Española de Administración Tributaria, Justo , se dirigió al Subdirector de Control fiscal, de la Dirección General de Fianzas públicas de la República Francesa, al amparo del Convenio suscrito entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995. Se solicitaba en dicho oficio que se facilitasen a España cuanta información dispusiera el destinatario en relación con los contribuyentes sujetos a la soberanía fiscal española que figurasen en el listado del Banco Suizo HSBC.
Como respuesta a esta petición, la autoridad requerida, mediante oficio de 14 de mayo de 2010 puso a disposición de la Agencia Tributaria española la información de la que disponía, y la hizo llegar a nuestras autoridades fiscales grabada en un CD- Rom que se entregó personalmente al autor de la solicitud en la sede del Departamento que dirigía. La entrega fue realizada el día 24 de mayo en persona por el Agregado Fiscal de la Embajada de la República Francesa en España.
SEGUNDO.- En el mencionado soporte informático se contenían una gran cantidad de archivos, que se correspondían con personas y entidades que disponían de fondos, activos y valores, en la entidad bancaria HSBC Private Bank, en Ginebra.
Figuran estructurados en tres listados nominativos.
A) El primero contiene personas físicas con los siguientes campos de datos específicos: nombre, fecha de nacimiento; nacionalidad.
B) El segundo corresponde a personas jurídicas, la mayoría de ellas constituidas en países que responden a las características de "paraíso fiscal", y contiene como datos: nombre; tipo de sociedad; nacionalidad.
C) El tercero integra ambos tipos de personas, y contiene como datos: nombre;
dirección; país; patrimonio constatado en diciembre de 2005; patrimonio constatado en diciembre de 2006; patrimonio constatado durante el período.
Cada persona -física o jurídica- se identificaba con un código de diez dígitos, llamado Código BUP, que se corresponde con un archivo informático que contiene las fichas de información patrimonial de la persona de que se trata. Los patrimonios consignados en estas fichas están vinculados a lo que se denomina "perfiles", o agrupaciones de personas y entidades asociadas.
Entre estas personas se encontraba el acusado, Darío , nacido en España, mayor de edad, sin antecedentes penales computables, con domicilio fiscal en Alcobendas (Madrid) y Santa Brígida (Las Palmas) y cuyas circunstancias personales constan en las actuaciones. Hasta el año 2000 había ejercido su profesión de ingeniero industrial, pasando a la situación de jubilación con posterioridad.
TERCERO.- Las autoridades fiscales de la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), ante la proximidad de la fecha límite de presentación de las correspondientes declaraciones del impuesto sobre la renta, iniciaron el estudio, análisis y contraste de la información de los contribuyentes españoles que se hallaban en la relación recibida sobre los datos que obraban en poder de la AEAT inherentes a su actividad y competencias.
Como resultado de este estudio y contraste de datos se decidió, a través de un procedimiento de gestión, requerir a 558 obligados tributarios que figuraban en los listados ya mencionados para que presentasen declaración complementaria de Impuesto sobre la Renta y/o el Patrimonio, lo que realizaron un total de 293. Quienes no respondieron al requerimiento fueron incluidos en el Plan de Inspección para la comprobación del impuesto.
CUARTO.- El acusado en esta causa había presentado la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2005 conjuntamente con su esposa -contra quien no se dirige el procedimiento- declarando unos ingresos de 15.054,89 euros, resultando una cantidad a ingresar a la Hacienda Pública, de 722,28 euros. En la Declaración del IRPF correspondiente al año 2006, en la modalidad de tributación individual, declaró unos ingresos de 41.297,54 euros, resultando una cantidad a ingresar por IRPF de 3.460,20 euros. Abonó ambos importes a plazos.
Asimismo figuraba como titular o autorizado en España en varias cuentas corrientes, en exclusiva o junto con su madre, esposa o su hija. En el Banco de Santander, en la Caja de Ingenieros, en Caja España Inversiones, en el BBVA y en Caja Madrid. Las de las dos últimas entidades mencionadas no tuvieron movimientos en los años 2005 y 2006. Las restantes no tuvieron ingresos regulares. Destacan los ingresos en efectivo realizados por el acusado en la Cuenta del Banco de Santander NUM000 en el año 2005 por importe de 50.000 euros, y de 72.300 euros en el año 2006.
Darío no utilizaba tarjetas de crédito.
QUINTO.- 1.- En la ficha BUP que contenía los datos identificativos del acusado en el HSBC, que correspondía al código NUM001 se detallaban: Darío Nacionalidad: España Fecha de nacimiento: NUM002 /1944
Sexo: V Estado civil: -
Teléfono móvil: NUM003
Fax NUM004
Teléfono profesional: NUM005
Naturaleza documento: Pasaporte
Número: NUM006
Domicilios: DIRECCION000 NUM007 , NUM008
35003 Las Palmas de Gran Canaria (España) (Domicilio registrado): DIRECCION001 NUM009 - DIRECCION002 28109 Alcobendas (Madrid-España
2.- Como Perfiles de Clientes asociados a la persona Darío figuraban:
2.1.- La sociedad "POLARIS STAR LIMITED" (5091436848), correspondiendo a Darío el poder de Administrador. La entidad no ha podido ser identificada como real por la AEAT.
2.2.- Darío (5091357344)
2.3.- Tania , Darío o Rafael (5094490846)
2.4.- Darío , Concepción (5094490762)
2.5.- La sociedad Alkalima S.A. (5094018464). Pese a que se indica con domiciliación en España, la AEAT no ha localizado ninguna entidad mercantil con esta denominación.
3.- Figuran también como otras personas ligadas a los perfiles de cliente la sociedad FIRST CORPORATE DIRECTOR INC (Código BUP 5090248786) como apoderado de "Polaris Star Limited", con domicilio en PO BOX 613 8039 Zurich (Suiza).
SEXTO.- De la documentación analizada resultaba que el acusado era titular, ya individualmente o con las otras personas y entidades asociadas y vinculadas a su perfil, y con la intención de mantener sus fondos ocultos al fisco, de las siguientes cuentas en el HSBC Private Bank Suisse:
NUM010 ; NUM011 ; NUM012 ; NUM013 ; NUM014 ; NUM015 .
En ellas se alojaban diversos activos: bonos, obligaciones convertibles, depósitos fiduciarios, fondos en acciones, activos líquidos, fondos de inversiones, acciones preferentes, valores, y productos estructurados.
El importe económico al que ascendían estos activos alcanzaba las siguientes cantidades:
Saldo a 31/12/2005: 5.802.137,96 Dólares USA (4.918.316,49 euros) Saldo a 31/12/2006: 6.950.482,05 Dólares USA (5.277.511,05 euros)
Darío no declaró jamás a la Hacienda ni a las autoridades fiscales españolas ni la relación ni la posesión de estas cuentas, ni sus fondos o activos, ni pagó impuesto alguno por ellos. Tampoco tributó por ellos en Suiza.
SÉPTIMO.- El acusado fue objeto de actuación inspectora por parte de la AEAT con relación a los datos que sobre él constaban, correspondientes a los ejercicios 2005 y 2006, y citado de comparecencia hasta en once ocasiones, sin asistir personalmente a ninguna, sino por medio de representante.
En la comparecencia de 16 de septiembre de 2011 se le solicitó a su representante la documentación contractual, extractos desde el año 2004 y documentos acreditativos del origen y destino de los movimientos de las cuentas del HSBC Private Bank Suisse reseñadas. Al igual con relación a las siguientes comparecencias -siempre realizadas a través de representante- no facilitó información alguna relacionada con el objeto de la inspección.
OCTAVO.- Instruido el oportuno expediente por Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, la AEAT declara como ganancias patrimoniales no justificadas las cantidades a las que ascendían los saldos expresados anteriormente.
La cuota tributaria que tendría que haber pagado en España y dejó de abonar importa 2.265.493,02 euros correspondientes al ejercicio 2005; y 576.811,06 euros correspondientes al ejercicio 2006" (sic).
SEGUNDO.- La Sección núm. 23 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó el siguiente pronunciamiento :
"FALLAMOS: Primero.- Que debemos condenar y condenamos al acusado Darío , como autor de dos delitos contra la Hacienda pública, ya definidos, previstos en el artículo 305 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, a la pena de tres años de prisión por cada uno de ellos.
Segundo.- Además de lo anterior se impone al acusado la pena de multa del cuádruplo de la cantidad defraudada, esto es, de 11.369.216,32 euros.
Tercero.- Asimismo, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cinco años.
Cuarto.- Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56.2 del Código penal (LA LEY 3996/1995) , procede imponer al acusado la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Quinto.- En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la Hacienda Pública española, en la suma de 2.842.304,08 euros, a la que asciende la suma de las cuotas defraudadas, cantidad que devengará el interés establecido en el artículo 58 de la Ley General Tributaria (LA LEY 1914/2003) desde la fecha en la que debió efectuarse el ingreso y hasta su completo pago.
Todo ello con la expresa imposición al condenado de las costas causadas en el presente proceso.
Notifíquese la sentencia las partes, haciéndoles saber que cabe interponer contra la misma Recurso de Casación, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días en los términos previstos en el artículo 856 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LA LEY 1/1882) " (sic).
SEGUNDO I.- La Audiencia de instancia dictó auto de aclaración de fecha 30 de mayo de 2016 con la parte dispositiva siguiente:
"LA SALA ACUERDA: Aclarar y subsanar los errores padecidos en el Fallo de la Sentencia 280/2016 de 29 de abril de 2016 , dictada en el Procedimiento Abreviado 1498/2015, por el que se condena a Darío como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública en el siguiente sentido:
1.- El apartado Segundo queda redactado de la siguiente forma: "Además de lo anterior se impone al acusado la pena de multa de 9.061.972,08 euros por el delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF del ejercicio 2005, y otra pena de multa de 2.307.244,24 por el delito contra la Hacienda Pública respecto del IRPF del ejercicio 2006. El acusado queda sujeto, para caso de impago de estas multas, a una responsabilidad personal subsidiaria, privativa de libertad, de dos meses por el primer delito y cuarenta y cinco días por el segundo".
2.- El apartado Tercero se adiciona con la expresión: "por cada delito".
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra el presente Auto no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio del que corresponda contra la Sentencia que se aclara" (sic).
CUARTO.- La representación legal del recurrente D. Darío , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :
Motivo primero y segundo .- Al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 852 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , por vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías ( art. 24 de la CE (LA LEY 2500/1978) ).
Motivo tercero .- Al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 850.1 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y a la utilización de los medios de prueba necesarios para la defensa.
Motivo cuarto.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , por aplicación indebida del art. 305 del CP . (LA LEY 3996/1995)
QUINTO.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 27 de septiembre de 2016, evacuado el trámite que se le confirió, y por razones que adujo, interesó la inadmisión de los motivos del recurso que, subsidiariamente, impugnó.
SEXTO.- Por providencia de fecha 10 de enero de 2017 se declaró el recurso admitido, quedando conclusos los autos para señalamiento del fallo cuando por turno correspondiera.
SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación de la misma el día 25 de enero de 2017. La Sala dictó auto de prórroga para dictar sentencia el 8 de febrero de 2017.
PRIMERO.- La sentencia núm. 280/2016 , fechada el día 29 de abril de 2016, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, condenó al acusado Darío como autor de dos delitos contra la hacienda pública, previstos en el art. 305 del CP vigente en la fecha de los hechos, a la pena de 3 años de prisión por cada uno de ellos. Además se impusieron al acusado una pena de multa de 9.061.972,08 euros por el delito contra la hacienda pública respecto del IRPF del ejercicio 2005 y otra pena de multa de 2.307.244,24 por el delito contra la hacienda pública respecto del IRPF del ejercicio 2006. Fue asimismo condenado a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 5 años por cada delito, con la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
SEGUNDO.- El primero de los motivos se formaliza al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 852 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , por vulneración de derechos fundamentales, infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías con interdicción de la arbitrariedad ( art. 24.2 CE (LA LEY 2500/1978) ). La sentencia recurrida -se razona- declara probados determinados datos fácticos que utiliza para integrar la calificación de los hechos como delictivos, habiendo valorado como prueba de cargo una prueba ilícitamente obtenida. Esa valoración de prueba ilícita es contraria al contenido material del derecho a la presunción de inocencia, según proclama reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda.
Insiste la defensa -con un razonamiento expuesto en términos expresivos de una depurada técnica casacional- que la información sustraída por Belarmino fue intervenida por las autoridades francesas con ocasión de un registro judicial practicado en el domicilio de aquél con fecha 24 de mayo de
2010. Esa documentación fue después remitida a la AEAT, como autoridad fiscal española, mediante un DVD que fue creado a partir de los archivos informáticos aprehendidos en poder de Belarmino , en los que se contenían las fichas de aquellos clientes que tenían un domicilio fiscal en España. Sin embargo, "... no se facilitó una copia íntegra de los archivos informáticos originales que se hallaron en los ordenadores del Sr. Belarmino , que a su vez no eran los originales del Banco (...) sino que la información contenida en los equipos informáticos fue extractada y tratada informáticamente por las autoridades fiscales francesas antes de ser remitida a las españolas ". De ahí que -se concluye- la denominada ficha BUP no constituía documentación oficial del HSBC. Era el resultado de una manipulación informática de las autoridades francesas que, tal y como declaró el Tribunal Penal Federal de Suiza, presentaba distintos indicios que permitían acreditar que las copias remitidas por las autoridades francesas no se correspondían con las originales encontradas el 20 de enero de 2009 en el domicilio del Sr. Belarmino en Francia.
Ninguno de los mecanismos de validación de la prueba que ha sido ponderado por el Tribunal de instancia tiene cabida en nuestro sistema constitucional. Ni la doctrina de la ponderación de intereses, ni el principio de no injerencia, pueden sanar de raíz la ilegal intromisión en los derechos fundamentales sufrida por quien ha sido sometido a un proceso penal en virtud de documentos sustraídos. Tampoco el principio de la doble incriminación - determinante del alcance de la resolución dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional con fecha 8 de mayo de 2013 , en el procedimiento de extradición seguido en España contra Belarmino - debería haber sido invocado para transformar la nulidad de una prueba en documentación válida a efectos probatorios. La doble incriminación -se arguye- no es presupuesto de aplicación del art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) .
La impugnación se enriquece con la cita de la sentencia del Tribunal de Casación francés de 31 de enero de 2012 , que ratificó la resolución dictada por la Corte de Apelación de París con fecha 8 de febrero de 2011 y que declaró, en un supuesto originado también por los datos sustraídos por Belarmino , la ilegitimidad de la prueba contenida en documentos que habían sido objeto de un robo. Se reconoce, sin embargo, la más reciente sentencia de la Corte de Casación francesa de 27 de noviembre de 2013 , que admitió el debate contradictorio sobre esos datos y a la que la defensa atribuye la aplicación de una controvertida norma procesal -Ley 257,5 de noviembre de 2013- que ha suscitado dudas de constitucionalidad.
TERCERO.- Las alegaciones que dan vida al primero de los motivos ponen de manifiesto la objetiva complejidad del problema suscitado. Una complejidad que se deriva del significado mismo de la prueba ilícita y de los radicales efectos que su declaración lleva asociada. La determinación del alcance del art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) ha sido objeto de numerosas aportaciones dogmáticas y de una jurisprudencia constitucional que ha evolucionado sensiblemente desde los primeros precedentes sobre la materia (cfr. SSTC 9/1984, 30 de enero (LA LEY 8498-JF/0000) , 114/1984, 29 de noviembre (LA LEY 9401-JF/0000) y 60/1988, 8 de abril (LA LEY 103343-NS/0000) ), hasta la formulación del principio de la conexión de antijuridicidad ( STC 81/1998, 2 de abril (LA LEY 3993/1998) ; 121/1998, 15 de junio (LA LEY 6966/1998) y 49/1999, 5 de abril (LA LEY 4215/1999) ).
Que la prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental ha de ser excluida de la apreciación probatoria forma parte de las garantías del sistema constitucional. Más allá de su proclamación expresa en un enunciado normativo, su vigencia es nota definitoria del derecho a un proceso con todas las garantías. La exclusión de prueba ilícita del material valorable por el órgano decisorio forma parte del patrimonio jurídico de los sistemas democráticos. Y es que como proclamara esta Sala mediante un brocardo de obligada cita cuando se aborda esta materia, la verdad real no puede obtenerse a cualquier precio (cfr. ATS 18 de junio de 1992 -rec. 610/1990 (LA LEY 12480/1992) -). La necesidad de hacer eficaz esa regla de exclusión viene impuesta incluso por una exigencia ética ligada a la fuente legitimante de la función jurisdiccional. La incorporación de un acto lesivo de los derechos fundamentales al conjunto probatorio que ha de ser apreciado por el órgano sentenciador acarrea el riesgo de lo que la STS 195/2014, 3 de marzo (LA LEY 37723/2014) , ha denominado una metástasis procesal. De ahí la importancia de que con anterioridad al proceso valorativo se proceda a un verdadero saneamiento del proceso, excluyendo aquellos elementos de prueba con virtualidad contaminante.
Entre esas personas se hallaba el acusado, Darío , con domicilio fiscal en Alcobendas (Madrid) y Santa Brígida (Gran Canaria). Hasta el año 2000 había ejercido su profesión de ingeniero industrial, pasando con posterioridad a la situación de jubilación. El acusado había presentado la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al año 2005 conjuntamente con su esposa -contra la que no se dirige el procedimiento- declarando unos ingresos de 15.054,89 euros, con una cantidad a ingresar a la Hacienda Pública de 722,28 euros. En el año 2.006 declaró unos ingresos en tributación individual de 41.297,54 euros y abonó en concepto de IRPF la cantidad de 3.460,20 euros a plazos. Ambas cantidades fueron ingresadas en el Tesoro a plazos.
Esta secuencia fáctica, sin embargo, no puede ser traducida jurídicamente prescindiendo de la referencia que proporciona el momento inmediatamente anterior a la entrega de esos archivos informáticos, de tan decisiva influencia en el plano probatorio. En efecto, según se desprende de la sentencia de instancia y de la documentación obrante en la causa, la denominada Lista Belarmino fue puesta a disposición de las autoridades fiscales españolas al haber sido aprehendida en el registro practicado en el domicilio de Belarmino , llevado a cabo a instancias de la Fiscalía de Niza, a raíz de una solicitud de cooperación internacional cursada por las autoridades suizas, que acusaban a aquél de un delito contra el secreto bancario. Belarmino prestaba sus servicios como informático en la sucursal suiza de HSBC y con violación del deber de sigilo que le incumbía aprovechó el acceso a esos documentos para, mediante el oportuno cruce de datos, dibujar el perfil de contribuyentes -entre ellos el acusado- que habían ocultado sus ganancias al fisco.
2.b.- El Tribunal Supremo francés se ha pronunciado, al menos en dos ocasiones, sobre la licitud como fuente probatoria de la Lista Belarmino . Ambas resoluciones son anotadas en el motivo formalizado por la defensa. En la primera de ellas negó la licitud de esos documentos que habían sido ilegítimamente sustraídos. Se trata de la sentencia de 31 de enero de 2012 , recurso núm. 11-13097, dictada por la Sala Mercantil de la Corte de Casación francesa. En ella se excluye de la valoración probatoria a efectos recaudatorios la información obtenida a raíz de un delito.
Sin embargo, de forma más reciente, la Sala de lo Penal de la misma Corte de Casación francesa ha dictado la sentencia 27 de noviembre de 2013 , recurso núm. 13-85042, que en el ámbito que es propio de la jurisdicción penal ha declarado la utilizabilidad de esos documentos, en la medida en que su valoración en la instancia estuvo filtrada por el principio de contradicción en los debates del plenario y porque las autoridades francesas no intervinieron en los hechos ilícitos que hicieron luego posible su plena disposición por el tribunal de enjuiciamiento.
2.c.- Tampoco Italia ha excluido la virtualidad probatoria de la Lista DIRECCION000 . La idea de que esa prueba no es sino la consecuencia de un mecanismo de cooperación judicial internacional y la falta de datos concretos acerca de los términos de la sustracción, han llevado a la Corte de Casación italiana a atribuir plena virtualidad a los documentos ofrecidos por las autoridades francesas a raíz del registro practicado en el domicilio de Belarmino (cfr. sentencias, ambas de la Sección Tercera, de 26 de septiembre de 2012 -núm. 38753 - y 17 de abril de 2013 -núm. 29433-).
2.d.- El Tribunal Constitucional alemán tuvo ocasión de pronunciarse (sentencia 9 de noviembre de 2010 ) acerca del recurso formulado por dos ciudadanos que alegaban la ilicitud probatoria derivada de la compra por los servicios secretos alemanes de un CD con información confidencial sobre contribuyentes sometidos al fisco alemán, cuyo contenido fue posteriormente utilizado por la acusación pública para instar la condena de los defraudadores. La sentencia de que se trata excluyó la ilicitud probatoria y puso el acento en las pruebas válidamente generadas en el proceso a raíz de una documentación que sólo opera como un prius para la incoación del proceso penal propiamente dicho. La exclusión de la prueba ilícitamente obtenida sólo es imperativa - razona el Tribunal Constitucional alemán- en aquellos casos en que medie una seria, deliberada o arbitraria quiebra de las reglas de procedimiento, que haya llevado a un sistemático olvido de las garantías constitucionales. También es imperativo desechar la fuente probatoria contaminada cuando haya sido obtenida con violación de núcleo duro del derecho constitucional a la intimidad. Sin perjuicio de lo anterior, la resolución destaca la necesidad de no fijar reglas generales. Será cada caso concreto el que habrá de ser resuelto mediante un razonamiento específico.
2.e.- Sin conexión con el tema que es objeto de debate, pero con una inspiración similar, el Tribunal Supremo americano ha admitido la validez de las pruebas ofrecidas por agentes policiales extranjeros que actuaban fuera del territorio estadounidense. Esa fue la respuesta del caso US vs. Verdugo- Urquídez, 494 US 259, 1990 . La regla de exclusión -completada por el principio de buena fe- no operó frente a la actuación de la policía mexicana en territorio mexicano.
CUARTO.- La coincidencia interpretativa en la licitud probatoria de la denominada Lista Belarmino , reconocida como tal por varios Tribunales Supremos europeos, el Tribunal Constitucional alemán y el propio TEDH, representa un dato que no puede ser obviado por esta Sala en el momento de ponderar las alegaciones del recurrente. Pese a todo, somos conscientes de que cuando se trata de fijar los límites de la licitud probatoria y de definir las reglas de exclusión, no puede operarse con soluciones miméticas, pese a que el supuesto de hecho enjuiciado por otras jurisdicciones presente notas de extraordinaria similitud con el que es ahora objeto de nuestra atención. Los sistemas procesales europeos, por más que estén construidos a partir de principios estructurales compartidos, no siempre convergen en la definición de lo que por ilicitud probatoria deba entenderse. De ahí la necesidad de atender a las singularidades de cada sistema. Se da la circunstancia de que, como hemos apuntado supra, la doctrina sobre la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales no responde a una fotografía estática, antes al contrario, ha experimentado una más que apreciable evolución desde su formulación inicial por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español.
Esta doctrina, con enunciado normativo propio en el art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) ("... no surtirán efectos las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales" ) aconseja huir de interpretaciones rígidas, sujetas a reglas estereotipadas que impidan la indispensable adaptación al caso concreto. Y esa rigidez despliega similar efecto pernicioso, tanto cuando se erige en injustificada regla de exclusión, como cuando se convierte en una tolerante fórmula para incorporar al arsenal probatorio lo que debió haber sido excluido.
De ahí la necesidad de moderar el alcance de la afirmación contenida en algunos de los pasajes de la sentencia recurrida - modélica en su estructura y motivación- al referirse al valor preponderante del principio de no indagación .
Es cierto que algunos precedentes de esta Sala sugieren su vigencia. Así en la STS 456/2013, 9 de junio (LA LEY 64788/2013) , recordábamos que "... la pretensión de que los Tribunales españoles se conviertan en custodios de la legalidad de actuaciones efectuadas en otro país la Unión Europea deviene inaceptable. Existe al respecto ya una consolidada doctrina de esta Sala que en general, y más en concreto, en relación a los países que integran la Unión Europea, tiene declarado que no procede tal facultad de <supervisión>" . Y en la STS 1521/2002 de 25 de Septiembre (LA LEY 156028/2002) , apuntábamos que ".... en el marco de la Unión Europea, definido como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que la acción común entre los Estados miembros en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal es pieza esencial (...), no cabeefectuar controles sobre el valor de los realizados ante las autoridades judiciales de los diversos países de la Unión, ni menos de su adecuación a la legislación española cuando aquellos se hayan efectuado en el marco de una Comisión Rogatoria y por tanto de acuerdo con el art. 3 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia Penal". En la misma línea, la STS 340/2000, 3 de Marzo (LA LEY 51141/2000) , precisaba que "... la incorporación a causa penal tramitada en España de pruebas practicadas en el extranjero en el marco del Convenio Europeo de Asistencia Judicial (...) no implica que dichas pruebas deban ser sometidas al tamiz de su conformidad con las normas españolas"; mientras que la STS 947/2001, 18 de Mayo (LA LEY 251102/2001) , concluía que "....no le corresponde a la autoridad judicial española verificar la cadena de legalidad por los funcionarios de los países indicados, y en concreto el cumplimiento por las autoridades holandesas de la legalidad de aquel país ni menos sometidos al contraste de la legislación española...". Esa no indagación por las autoridades jurisdiccionales españolas del grado de cumplimiento en otro Estado de las garantías propias de nuestro sistema, está también presente en la STS 556/2006, 31 de mayo (LA LEY 150038/2006) . En el apartado 2º de su FJ 7º puede leerse lo siguiente: "...la posible existencia de irregularidades en la detención y ejecución de la misma en el extranjero no tendría consecuencias respecto de la validez de las actuaciones policiales y procesales desarrolladas en España, pues el control de legalidad constitucional y ordinaria que efectúa este Tribunal ha de referirse a la actuación de las autoridades españolas dentro del marco del proceso penal, en sentido amplio, seguido en nuestro país. Y ello no supone la aplicación del principio "male captus bene detentus", según el cual, cuando la detención está acordada en legal forma, las irregularidades en la ejecución de la misma no constituyen una excepción procesal que pueda afectar a la validez del proceso en su conjunto. Pues, aunque de alguna forma se alegue, no se ha acreditado ninguna infracción cometida en el apresamiento del recurrente. Y por otra parte, como se ha dicho, esta regla no exige una excepción cuando la infracción no ha sido cometida por las autoridades españolas".
Sin embargo, el principio de no indagación no puede convertirse en la pieza maestra con la que resolver las dudas de ilicitud cuando los documentos bancarios ofrecidos por las autoridades policiales de un Estado extranjero han podido obtenerse con vulneración de algún derecho fundamental. De entrada, porque las citas jurisprudenciales a que hemos hecho referencia tienen en común el venir referidas a sentencias dictadas cuando la queja sobre su validez constitucional se produce en el marco de un acto de cooperación jurídica internacional y lo que se cuestiona es la falta de semejanza entre los requisitos que en uno y otro sistema disciplinan la práctica de ese acto probatorio. Es lógico que la validez en el proceso penal español de actos procesales practicados en el extranjero no se condicione al grado de similitud entre las reglas formales que, en uno y otro Estado, singularizan la práctica de esa prueba. Al juez español no le incumbe verificar un previo proceso de validación de la prueba practicada conforme a normas procesales extranjeras. Pero la histórica vigencia del principio locus regit actum, de dimensión conceptual renovada a raíz de la consolidación de un patrimonio jurídico europeo, no puede convertirse en un trasnochado adagio al servicio de la indiferencia de los órganos judiciales españoles frente a flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales. Incluso en el plano semántico la expresión principio de no indagación , si se interpreta desbordando el ámbito exclusivamente formal que le es propio, resulta incompatible con algunos de los valores constitucionales comprometidos en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Esta idea tampoco es ajena a la jurisprudencia de esta Sala. De hecho, en la STS 829/2006, 20 de julio (LA LEY 70284/2006) , en una causa incoada por delito de terrorismo, negábamos validez a la valoración de una " entrevista policial " de dos agentes españoles a un preso interno en la base militar de Guantánamo, cuyo testimonio fue recuperado como indicio probatorio de refuerzo de la declaración prestada por el acusado. Decíamos entonces que "... la detención de cientos de personas, entre ellas el recurrente, sin cargos, sin garantías y por tanto sin control y sin límites, en la base de Guantánamo, custodiados por el ejército de los Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada. Bien pudiera decirse que Guantánamo es un verdadero «limbo» en la Comunidad Jurídica" . La cita de este fragmento sugiere una doble reflexión. De una parte, se opone de manera frontal a la proclamación del principio de no indagación como una regla de valor apodíctico en nuestra jurisprudencia. La Sala indagó y lo hizo para concluir la falta de virtualidad probatoria de un testimonio de referencia, por más que procedía de agentes de la autoridad españoles expresamente desplazados a territorio estadounidense para la práctica de un interrogatorio que fue ajeno a los principios estructurales de contradicción y defensa y que, por si fuera poco, se practicó en el entorno de coacción moral que es imaginable en un centro de reclusión concebido en los términos en los que aquél fue diseñado. De otra parte, la lectura de ese razonamiento es bien expresiva de la necesidad de no fijar reglas generales que en su inflexibilidad no tomen en consideración la rica variedad de supuestos que nos ofrece la práctica. La intensidad de la vulneración de derechos denunciada admite matices de los que no puede prescindirse en el momento de fijar el alcance de la regla de exclusión.
QUINTO.- Tampoco el principio de doble incriminación resuelve de forma definitiva la controversia acerca de la licitud probatoria de la información contenida en los archivos de la Lista Belarmino . El hecho de que el auto núm. 19/2013, 8 de mayo, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional en el procedimiento de extradición núm. 26/2012, denegara la entrega de Belarmino a las autoridades suizas, al estimar que en España no es delito la vulneración del secreto bancario, no autoriza una santificación de la prueba cuya licitud viene siendo cuestionada. El objeto de un procedimiento de extradición, ya se conceda, ya se deniega la reclamación, no es determinante en el debate sobre la licitud probatoria de archivos especialmente sensibles. El concepto de ilicitud probatoria no exige como presupuesto la comisión de un hecho ilícito. El art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) vincula ese efecto, no a la autoría de un delito, sino a la obtención de las pruebas mediante un acto vulnerador de los derechos o libertades fundamentales que, por definición, puede ser o no constitutivo de delito. En consecuencia, la conclusión acerca de la validez de la información proporcionada por la Lista Belarmino -aun reconociendo la solidez de los argumentos ofrecidos por la Abogacía del Estado en su escrito de impugnación- no tiene por qué apoyarse en la línea de razonamiento que proporciona la resolución de la Audiencia Nacional que denegó la extradición al entender que los hechos imputados a Belarmino no eran subsumibles en un precepto del Código Penal vigente.
En definitiva, está fuera de discusión la necesidad de excluir el valor probatorio de aquellas diligencias que vulneren el mandato prohibitivo del art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) . Pero más allá del fecundo debate dogmático acerca de lo que se ha llamado la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, es evidente que l a acción vulneradora del agente de la autoridad que personifica el interés del Estado en el castigo de las infracciones criminales nunca puede ser artificialmente equiparada a la acción del particular que, sin vinculación alguna con el ejercicio del ius puniendi, se hace con documentos que más tarde se convierten en fuentes de prueba que llegan a resultar, por una u otra circunstancia, determinantes para la formulación del juicio de autoría. El particular que por propia iniciativa desborda el marco jurídico que define la legitimidad del acceso a datos bancarios, ya actúe con el propósito de lograr un provecho económico, ya con el de fomentar el debate sobre los límites del secreto bancario, no lo hace en nombre del Estado. No rebasa el cuadro de garantías que define los límites constitucionales al acopio estatal de fuentes de pruebas incriminatorias. Nada tiene que ver esa actuación con la de un agente al servicio del Estado. Lo que proscribe el art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) no es otra cosa que la obtención de pruebas (" no surtirán efecto las pruebas obtenidas..."). Es el desarrollo de la actividad probatoria en el marco de un proceso penal - entendido éste en su acepción más flexible- lo que queda afectado por la regla de exclusión cuando se erosiona el contenido material de derechos o libertades fundamentales.
La necesidad de un tratamiento singularizado de la prueba obtenida por un particular cometiendo un delito o vulnerando derechos fundamentales no es, desde luego, una originalidad sugerida por la Sala. En el ámbito del derecho comparado, por ejemplo, el Tribunal Supremo americano, en acusado contraste con los orígenes históricos de la regla de exclusión, ha admitido las pruebas obtenidas por particulares ( Burdeau vs. McDowel, 256, US, 465,1921 ), ampliando de forma considerable el ámbito de las excepciones valorables.
De manera expresa el proyecto de Código Procesal Penal de 2013 matizaba el alcance de la regla de exclusión cuando la violación del derecho fundamental tuviese su origen en la actuación exclusiva de un particular que hubiese actuado sin voluntad de obtener pruebas ( art. 13 CPP). Y el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 admitía la validez de las pruebas derivadas o reflejas "... si no guardan una conexión jurídica relevante con la infracción originaria" (art. 129).
Pues bien, la Sala entiende que la posibilidad de valoración de una fuente de prueba obtenida por un particular con absoluta desconexión de toda actividad estatal y ajena en su origen a la voluntad de prefabricar pruebas, no necesita ser objeto de un enunciado legal que así lo proclame. Su valoración es perfectamente posible a la vista de la propia literalidad del vigente enunciado del art. 11 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y, sobre todo, en atención a la idea de que, en su origen histórico y en su sistematización jurisprudencial, la regla de exclusión sólo adquiere sentido como elemento de prevención frente a los excesos del Estado en la investigación del delito. Esta idea late en cuantas doctrinas han sido formuladas en las últimas décadas con el fin de restringir el automatismo de la regla de exclusión. Ya sea acudiendo a las excepciones de buena fe, de la fuente independiente o de la conexión atenuada, de lo que se trata es de huir de un entendimiento que, por su rigidez, aparte la regla de exclusión de su verdadero fundamento. La prohibición de valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contención de los excesos policiales en la búsqueda de la verdad oculta en la comisión de cualquier delito. No persigue sobreproteger al delincuente que se ve encausado con el respaldo de pruebas que le han sido arrebatadas por un particular que cuando actuaba no pensaba directamente en prefabricar elementos de cargo utilizables en un proceso penal ulterior. Piénsese, por ejemplo, en el narcotraficante integrado en una organización criminal que por desavenencias con sus compinches y para ofrecérselo al grupo rival decide hacerse con un fichero cifrado en el que se contienen todos los datos personales -incluida la información bancaria- de los integrantes del cártel; o en quien descubre un cadáver con signos de violencia en el domicilio cuya inviolabilidad acaba de quebrantar para apoderarse de objetos de valor. Carecería de sentido resolver las dudas acerca de la validez de esa información obtenida por un particular obligando a los agentes de policía a operar con una irreflexiva regla de exclusión que antepusiera la protección de los datos personales de los narcotraficantes o la intimidad domiciliaria del asesino frente a la investigación de un grave delito contra la vida o la salud pública.
La jurisprudencia de esta Sala ofrece precedentes que no siempre actúan en la misma dirección. Son abrumadoramente mayoritarias, desde luego, las decisiones que optan por la exclusión de la prueba obtenida por un particular con vulneración de derechos fundamentales (cfr. por todas, SSTS 239/2014, 1 de abril (LA LEY 51027/2014) ; 569/2013, 26 de junio (LA LEY 111820/2013) ; 1066/2009, 4 de noviembre (LA LEY 226669/2009) , entre las más recientes).
Pero no faltan supuestos en los que la ausencia de toda finalidad de preconstitución probatoria por parte del particular que proporciona las pruebas, lleva a la Sala a admitir la validez de la prueba cuestionada. Es el caso, por ejemplo, de la STS 793/2013, 28 de octubre (LA LEY 164133/2013) , en la que la Sala no hizo valer la regla de exclusión porque "...no pueden solucionarse con arreglo a las mismas pautas valorativas los casos en los que esa grabación se ofrece por los agentes de policía que han asumido la investigación de un hecho delictivo y aquellos en que son los particulares quienes obtienen la grabación. Y tratándose de particulares, aconsejan un tratamiento jurídico distinto las imágenes que hayan podido grabarse mediante cámara oculta por un periodista para respaldar un programa televisivo, por una víctima para obtener pruebas con las que adverar una denuncia o por una entidad bancaria como medida disuasoria frente a robos violentos. Tampoco puede dispensarse un tratamiento unitario al caso de una grabación que se realice con simultaneidad al momento en el que se está ejecutando el delito, frente a aquellos otros en los que se busca información sobre acciones delictivas ya cometidas o planeadas para el futuro" . Aunque con matices, esta idea está también presente en el desenlace de la STS 45/2014, 7 de febrero (LA LEY 5973/2014) , en la que unas grabaciones subrepticias fueron determinantes de la acusación por cohecho formulada contra uno de los interlocutores.
OCTAVO.- Conforme a lo ya razonado, la valoración del criterio proclamado por la Audiencia Provincial de Madrid que, con apoyos argumentales entrecruzados y complementarios entre sí ha admitido la validez probatoria de la Lista Belarmino , exige ponderar las circunstancias que llevaron a Belarmino al apoderamiento de los datos personales custodiados en la entidad bancaria para la que prestaba sus servicios como informático.
Según puede leerse en el antecedente 3º del auto núm. 19/2003, dictado por la Sección Segunda de la Audiencia Nacional , en el procedimiento de extradición núm. 26/2012, "... la investigación suiza se inicia luego de una alerta del 20 de marzo de 2008 de la Asociación Suiza de Banqueros que informaba de que los llamados Vicenta y Juan Pablo , de la sociedad Palorva, se presentaron, el 4 de febrero de 2008, en el Banco Audi (Suisse) S.A, en Beirut con el fin de negociar la venta de una base de datos de clientes de diferentes bancos suizos: según la información, la base de datos habría sido creada pirateando (interceptación electrónica) faxes que se referían, sobre todo, órdenes relativas a instrucciones de suscripción de fondos, en las cuales aparecen los principales datos de los suscriptores (...). El 22 de diciembre de 2008, Vicenta y el llamadeo Juan Pablo -cuyo verdadero nombre es Belarmino -, ambos empleados en el departamento IT del HSBC Private Bank (Suisse) S.A en Ginebra, fueron detenidos en interrogados".
En consecuencia, los ficheros bancarios que se correspondían con personas y entidades que disponían de fondos, activos y valores en la entidad suiza HSBC, fueron correctamente incluidos en el material probatorio valorable por el Tribunal de instancia. No estaban afectados por la regla de exclusión. Se trataba de información contenida en unos archivos de los que se apoderó ilícitamente un particular que, cuando ejecutó la acción, no lo hizo como agente al servicio de los poderes públicos españoles interesados en el castigo de los evasores fiscales. Tampoco se trataba de ficheros informáticos cuya entrega hubiera sido negociada entre el transgresor y los agentes españoles. La finalidad disuasoria que está en el origen de la exclusión de la prueba ilícita no alcanzaba a Belarmino , que sólo veía en esa información una lucrativa fuente de negociación. En definitiva, no se trataba de pruebas obtenidas con el objetivo, directo o indirecto, de hacerlas valer en un proceso. La incorporación a la causa penal abierta en el Juzgado de instrucción núm. 4 de Alcobendas de esos archivos comprometedores para los afectados, no guarda conexión alguna -ni directa ni remota- con la vulneración de los datos personales que protegían a los evasores fiscales.
Por cuanto antecede, el motivo ha de ser desestimado ( art. 885.1 LECrim (LA LEY 1/1882) ).
NOVENO.- El segundo motivo se hace valer al amparo de los arts. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 852 de la LECrim (LA LEY 1/1882) . En él se denuncia infracción de los derechos a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías, con interdicción de la arbitrariedad ( art. 24 CE (LA LEY 2500/1978) ). La sentencia de instancia -aduce la defensa- declara como probados determinados hechos sin disponer de prueba de cargo suficiente para justificar su inclusión en el factum. De ahí que el relato histórico no pueda ser calificado como el desenlace de una valoración lógica, coherente y racional de las pruebas de descargo introducidas por la defensa. Se vulnera el derecho constitucional a la presunción de inocencia cuando se declara que el recurrente era titular de los elementos patrimoniales sin haber garantizado la cadena de custodia del archivo informático en el que se fundamenta exclusivamente la condena.
Al margen de las consideraciones relativas a su ilicitud y autenticidad, la defensa subraya el valor de la decisión del Tribunal Penal Federal suizo de 25 de noviembre de 2015, que estimó no aprovechables los datos transmitidos por las autoridades francesas por la duda de autenticidad que suscitaban. Destaca también que los datos contenidos en la ficha BUP resultan insuficientes para atribuir elementos patrimoniales y su cuantificación a Darío o a las sociedades que él administraba. Esa ficha, en fin, no permite por sí sola la determinación de la base imponible. Este dato habría sido reconocido por el testigo Justo , director del departamento de inspección financiera y tributaria de la AEAT, quien llegó a proclamar que no era suficiente para abrir un procedimiento de inspección. La Audiencia -lamenta el recurrente- no ha tenido en cuenta el testimonio prestado en la instrucción, cuando el testigo expuso con claridad las dudas sobre la autenticidad de los ficheros y la insuficiencia de elementos de juicio para hacer viable "... un procedimiento de inspección con garantías de éxito".
1.- La doctrina de esta Sala acerca del alcance de la revisión casacional, cuando se invoca la vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, es constante y reiterada. Hemos dicho en las SSTS 158/2010, 2 de febrero (LA LEY 4036/2010) y 458/2009, 13 de abril (LA LEY 75437/2009) , confirmando la doctrina anterior, que ni el objeto del control es directamente el resultado probatorio, ni se trata en casación de formar otra convicción valorativa sin disponer de la imprescindible inmediación que sólo tuvo el Tribunal de instancia. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede ahora por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode mejor a su personal interés, sino que habrá de argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por el Tribunal de la instancia. Partiendo del presupuesto necesario de que han de existir medios de pruebas válidas y lícitas, de contenido incriminador, no bastará para tener por desvirtuada la presunción de inocencia con constatar que el Juzgado de la instancia alcanzó la experiencia subjetiva de una íntima convicción firme sobre lo sucedido, sino que debe revisarse en casación si esa convicción interna se justifica objetivamente desde la perspectiva de la coherencia lógica y de la razón.
A esta Sala por tanto no le corresponde formar su personal convicción con el examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ella confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que una y otra sean coincidentes. Lo que ha de examinar es si la valoración del juzgador, es decir, la suya que es la única que existe porque esta Sala no la sustituye con ninguna otra propia, es homologable por su misma lógica y razonabilidad; o, como dice la STS 1272/2009, 16 de diciembre (LA LEY 254363/2009) , si más allá del convencimiento subjetivo que el Juez al valorar los medios de prueba adquiere sobre la veracidad de la acusación, puede estimarse que los medios que valoró autorizan a tener por objetivamente aceptable la veracidad de la acusación, y que no existen otras alternativas a la hipótesis que justificó la condena susceptibles de calificarse también como razonables. Para que una decisión de condena quede sin legitimidad bastará entonces con que la justificación de la duda se consiga evidenciando que existan buenas razones que obstan aquella certeza objetiva. En síntesis, es necesario que concurra prueba de cargo lícita y válida y es preciso también que el Tribunal de la instancia haya obtenido la certeza. Sin lo primero es ocioso el examen de lo demás porque falta el presupuesto mínimo para desvirtuar la presunción de inocencia. Y si falta lo segundo, porque el Tribunal expresa duda y falta de convicción, la absolución se impone por el principio " in dubio pro reo ". Pero dándose ambas condiciones además es necesario un tercer elemento: que entre el presupuesto y la convicción exista objetivamente un enlace de racionalidad y lógica cuyo control corresponde al Tribunal de Casación, en un examen objetivo que nada tiene que ver con la formación de una convicción propia sustitutiva, que no es posible sin la inmediación de la prueba.
2.- En el presente motivo el disentimiento del recurrente se centra en la falta de autenticidad de los archivos digitales de los que fue extraída la información sobre la que se sustenta la condena de Darío . La ruptura de la cadena de custodia de soportes en los que quedó grabada la información personal de Darío debería llevar como consecuencia el rechazo de su integridad y, por tanto, su inocuidad probatoria.
Pues bien, la defensa condiciona la admisión de la autenticidad de esos archivos a unos presupuestos que en nada condicionan nuestra valoración. De una parte, lamenta que el volcado de esos datos, con carácter previo a su remisión a las autoridades españolas, se produjera sin intervención judicial. Sin embargo, mal puede exigirse a las autoridades francesas lo que ni siquiera es exigible en el territorio jurisdiccional español. En efecto, conviene recordar que la jurisprudencia de esta Sala no ha considerado que la práctica de las operaciones técnicas de volcado exija como presupuesto de validez, no ya la presencia del Juez, sino la presencia misma del Secretario judicial (cfr. SSTS 324//2013, 17 de julio ; 480/2009, 22 de mayo (LA LEY 67225/2009) ; 256/2008, 14 de mayo y 15 noviembre 1999 -recaída en el rec. núm. 3831/1998 -).
Lo decisivo es que queden descartadas las dudas sobre la integridad de los datos y sobre la correlación entre la información aprehendida en el acto del registro e intervención de los ordenadores y la que se obtiene mediante el volcado. Y esas dudas han sido despejadas, de forma más que razonable, en la resolución dictada por la Audiencia Provincial. Resulta de especial utilidad la transcripción literal del fragmento en el que el FJ 4º de la sentencia recurrida aborda las quejas sobre la integridad de los soportes: "... partimos para alcanzar esta conclusión de los siguientes hechos base: A.- Las autoridades francesas, concretamente de la Dirección General de Finanzas Públicas -en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27 del Convenio suscrito entre el Reino de España y la República Francesa, de 10 de octubre de 1995, sobre doble imposición y prevención de la evasión y el fraude fiscal- remitieron a la Agencia Estatal Tributaria española la información de la que disponían sobre contribuyentes españoles que tenían fondos depositados en el HSBC Private Bank, en Ginebra. B.- Que esta información venía grabada en soporteinformático (CD). C.- Fue entregada personalmente por el Agregado fiscal y -financiero de la Embajada de la República Francesa en España en una reunión mantenida en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria española el día 24 de mayo de 2010, a presencia del entonces Director del Departamento, Justo . Así lo declaró como testigo propuesto por la defensa en el acto del juicio oral, y lo había declarado ya ante el Juzgado de Instrucción según puede verificarse en el documento audiovisual incorporado al folio 411. Consta asimismo firmada la recepción del CD-Rom al folio 483 de las actuaciones. D.- Con carácter previo se había solicitado por la Agencia Estatal Tributaria Española a las autoridades fiscales francesas, mediante oficio de 12 de febrero de 2010, la información de que dispusieran sobre contribuyentes sujetos a la soberanía fiscal española que figuren en el listado del Banco Suizo HSBC (así consta al folio 479)".
Las cautelas adoptadas por la AEAT también fueron objeto de prueba en el plenario. Según declaró el principal responsable de la recepción de esos documentos, la información fue almacenada en una serie de repositorios informáticos a los que no tiene acceso cualquier inspector ni funcionario y se verificaron las debidas precauciones en materia de seguridad: "... se ha dicho asimismo en juicio que una vez recibido el CD se entregó al Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF); que se hizo un volcado en los ordenadores de la Agencia Estatal Tributaria y que dicho soporte "no circuló" (testigo Sra. Valentina ). Que la inspectora que analiza el caso de D. Rubén trabajó sobre una copia (declaración Sra. Clara ). Y por último, al folio 13 de las actuaciones, que antecede al soporte informático en CD/DVD se describe con absoluto detalle la verificación de la copia auténtica de los documentos electrónicos obrantes en el Sistema de Gestión de Expediente Electrónico de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, obtenidos del expediente del contribuyente D. Darío . Se reitera que la totalidad de los ficheros que contienen datos han sido validados mediante un sistema de firma digital con la huella SHA-1 que acredita su integridad" (FJ 9º).
La misma lógica está también presente en la explicación acerca de la diferencia de fechas, tan enfatizada por el recurrente, entre el día del registro en el domicilio de Belarmino y la de creación de los documentos remitidos a España por las autoridades francesas. Carecería de sentido condicionar la licitud probatoria de esos archivos al hecho de que las autoridades francesas hubieran enviado los originales de los soportes informáticos en los que Belarmino guardaba la información. Esos datos no alojaban con carácter exclusivo, desde luego, información referida a los contribuyentes españoles. La imposibilidad de entrega de soportes originales se justica por sí sola. Lo decisivo es que las dudas que el recurrente proyecta sobre la integridad de esos datos no debiliten el esfuerzo probatorio desplegado por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado. Y la acusación pública ha culminado con éxito el desafío probatorio que le incumbía para llevar a la convicción de los Jueces de instancia que no existió una manipulación interesada de los documentos y archivos que afectan a Darío . A tal fin, aportó los soportes remitidos por las autoridades francesas, ofreció a la consideración de la Audiencia el testimonio de los funcionarios que participaron en su recepción, interrogó a éstos acerca de las garantías que presidieron el proceso de clonación y ulterior custodia de archivos y, en fin, reforzó la convicción de los Jueces a quo mediante una argumentación complementaria basada en la coincidencia entre los datos informáticos y los que correspondían en la realidad a los afectados.
3.- La defensa del recurrente pretende reforzar la viabilidad de su brillante discurso impugnatorio con la cita de la sentencia dictada por el Tribunal Penal Federal suizo de 25 de noviembre de 2015 , que etiquetó como prueba ilícita la información contenida en los archivos aprehendidos por las autoridades francesas a Belarmino .
4.- Se completa la impugnación, ahora en el plano de la insuficiencia probatoria, con la idea de que esa información no permitía ni siquiera justificar la incoación de un procedimiento de inspección. Aduce la defensa que el testimonio de Justo , director del departamento de inspección financiera y tributaria de la AEAT, dejó bien claro que la información que había sido proporcionada por las autoridades francesas, no ya por las dudas que arrojaba su autenticidad, sino por su contenido, era manifiestamente insuficiente para la incoación de un procedimiento de inspección.
Sin embargo, como ya hemos expuesto supra, no nos incumbe una nueva valoración de la prueba testifical. La impugnación casacional nos autoriza tan solo a valorar, además de su suficiencia, completada con el resto del material probatorio ponderado por el Tribunal a quo, la racionalidad del proceso de valoración. Pues bien, en el apartado 3 del FJ 7º de la resolución recurrida, puede leerse que el testigo Justo , en aquellas fechas responsable del departamento de inspección, "... recibió el CD de manos del Agregado Fiscal de la Embajada de Francia en España. Entregó el CD al Jefe de la ONIF y hubo una reunión para decidir qué hacer. Barajaron todas las posibilidades y se consideró que lo mejor era ir al procedimiento de gestión. La información no era insuficiente para acudir al procedimiento de inspección; no había deficiencia ni debilidad en la información. Pero estaban a unos quince días de la fecha de prescripción del impuesto y se considerómejor el primero de los cauces".
En efecto, el art. 39 de la Ley 35/2006, 28 de noviembre (LA LEY 11503/2006) , redactado conforme a la reforma operada por la Ley 7/2012, 29 de octubre (LA LEY 18146/2012) -en línea con lo previsto en el art. 37 del Real Decreto Legislativo 3/2004, 5 de marzo (LA LEY 372/2004) , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas-, dispone, bajo el epígrafe " Ganancias patrimoniales no justificadas ", lo siguiente: 1. Tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por elcontribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquierdeclaración por este impuesto o por el Impuesto sobre el Patrimonio, o su registro en los libros o registros oficiales.
(2). En todo caso tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas y se integrarán en la base liquidable general del periodo impositivo más antiguo entre los no prescritos susceptible de regularización, la tenencia, declaración o adquisición de bienes o derechos respecto de los que no se hubiera cumplido en el plazo establecido al efecto la obligación de información a que se refiere la disposición adicional decimoctava de la Ley58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria .
La Audiencia califica "... de relevancia capital en el proceso" la prueba ofrecida por la perito oficial. Y añade que su conclusión acerca del carácter de ganancia patrimonial injustificada resulta obligada, tanto por la absoluta falta de correspondencia entre las cantidades percibidas y las atesoradas en Suiza, como por "... la pura ocultación del rastro de procedencia de tan elevadas cuantías". Pondera, además, el dictamen pericial contradictorio ofrecido por el inspector de hacienda excedente Cristobal .
No ha existido, por tanto, vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia. La Audiencia ponderó prueba lícita, de inequívoco signo incriminatorio, y lo hizo conforme a las exigencias impuestas por el canon constitucional de valoración probatoria. Las alegaciones del recurrente no neutralizan la consistencia del sostén probatorio sobre el que se ha apoyado el juicio de autoría. Procede, por tanto, la desestimación del motivo ( art. 885.1 LECrim (LA LEY 1/1882) ).
DÉCIMO.- El tercero de los motivos alega, con cita de los arts. 5.4 de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y 852 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , infracción de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a la utilización de los medios de prueba necesarios para la defensa, al haber denegado la prueba documental anticipada interesada en el escrito de defensa, reproducida de nuevo en el acto del juicio oral. Se pedía del Tribunal que librara una comisión rogatoria a las autoridades suizas a fin de que se aportase el testimonio del informe emitido con fecha 25 de agosto de 2010 por la división de investigación forense, informática e investigación y de protección del Estado de la policía federal suiza sobre el " Análisis de los Datos Económicos" que obra en el procedimiento penal seguido contra Belarmino .
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa exige, en primer lugar, que el recurrente haya instado a los órganos judiciales la práctica de una actividad probatoria, respetando las previsiones legales al respecto. En segundo lugar, que los órganos judiciales hayan rechazado su práctica sin motivación, con una motivación incongruente, arbitraria o irrazonable, de una manera tardía o que habiendo admitido la prueba, finalmente no hubiera podido practicarse por causas imputables al propio órgano judicial. En tercer lugar, que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, generando indefensión al actor. Y, por último, que el recurrente en la demanda de amparo alegue y fundamente los anteriores extremos (cfr. por todas, SSTC 142/2012, 2 de julio (LA LEY 106689/2012) FJ 6 y 14/2001, de 28 de febrero , FJ 2).
Procede, por tanto, la desestimación del motivo ( art. 885.1 LECrim (LA LEY 1/1882) ).
DECIMOPRIMERO.- El cuarto y último motivo, bajo la cobertura que ofrece el art. 849.1 de la LECrim (LA LEY 1/1882) , alega infracción de ley, indebida aplicación del art. 305 del CP (LA LEY 3996/1995) , en relación con la norma fiscal aplicada, al producirse una defectuosa calificación tributaria y no poder imputarse conjuntamente los ejercicios 2005 y 2006.
Con independencia de ello, aun en la hipótesis más favorable al acusado en la que las cantidades del segundo ejercicio fueran susceptibles de ser calificadas como rendimientos de capital mobiliario, la cuota resultante desbordaría el tope cuantitativo fijado por el art. 305 del CP (LA LEY 3996/1995) para dibujar la frontera del delito fiscal.
No ha habido error en el juicio de subsunción y el motivo ha de ser desestimado ( art. 884.3 (LA LEY 1/1882) y 4 y 885.1 LECrim (LA LEY 1/1882) ).
DECIMOSEGUNDO.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim (LA LEY 1/1882) .
Declarar no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la representación legal de Darío , contra la sentencia de fecha 29 de abril de 2016, dictada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid , en la causa seguida por delito contra la hacienda pública.

References: artículo 305
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 856
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
 resolución 
 artículo 27
 resolución 
 Real Decreto 
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