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⭐IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas, 2008.
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Alfredo Toledo Rivero
1 IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas, La expertise en derechos humanos. Un análisis comparado de las trayectorias profesionales y militantes de abogados comprometidos con esta causa en Chile y en Argentina. Daniela Cuadros Garland y Virginia Vecchioli. Cita: Daniela Cuadros Garland y Virginia Vecchioli (2008). La expertise en derechos humanos. Un análisis comparado de las trayectorias profesionales y militantes de abogados comprometidos con esta causa en Chile y en Argentina. IX Congreso Argentino de Antropología Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad Nacional de Misiones, Posadas. Dirección estable: Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:2 Mesa de Trabajo: Antropología Política "Expertos y militantes en la acción política. Emergencia de nuevas elites dirigentes". Resumen La expertise en derechos humanos. Un análisis comparado de las trayectorias profesionales y militantes de abogados comprometidos con esta causa en Chile y en Argentina. Daniela Cuadros Garland, Doctoranda. Université de Paris 1, Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne(UMR057) ATER à l Institut d Etudes Politiques, Université Robert Schuman Strasbourg Virginia Vecchioli, Dra. en Antropologia Social. Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento Docente-Investigadora de la Universidad Nacional de San Martín En esta ponencia realizaremos un estudio biográfico comparado de las trayectorias de los abogados especializados en la defensa de los derechos humanos en Argentina y en Chile con el propósito de identificar concurrencias y divergencias en las condiciones de consolidación de este campo militante y profesional en ambos países. A partir de los años setenta, la movilización en nombre de las víctimas de los crímenes de Estado ha dado lugar al desarrollo de una expertise en derechos humanos, fundada principalmente en la intervención activa y decidida de los profesionales del derecho. Finalizados los regímenes militares, es posible reconocer en la actualidad diferentes configuraciones para cada caso. Dos líneas de análisis permitirán llevar adelante la comparación: un examen de las trayectorias profesionales y militantes de los abogados de derechos humanos y un análisis de sus modos de agregación en asociaciones locales e internacionales de juristas y en el ejercicio de la alta función pública. La observación de estos espacios privilegiados de acción y de participación así como las diversas maneras en que se relacionan con la acción pública permitirán observar de manera situada cómo la expertise en derechos humanos ha podido desarrollarse a través del tiempo, particularmente, a partir de articulaciones extremadamente complejas entre lo local y lo internacional. Al centrar el análisis en la multiplicidad de posiciones ocupadas por estos abogados, en los recursos que movilizan y en las condiciones de entrada al espacio internacional, nos proponemos interrogarnos específicamente sobre el lugar de la3 2 expertise internacional en la configuración de este tipo de expertise y en la profesionalización de este campo de acción pública. La expertise en derechos humanos. Un análisis comparado de las trayectorias profesionales y militantes de abogados comprometidos con esta causa en Chile y en Argentina. Introducción Considerando el marco más amplio de las experiencias dictatoriales en América latina, podemos identificar que las movilizaciones en nombre de las víctimas de las dictaduras argentina ( ) y chilena ( ) han modelado tres formas de actuación pública que combinan un decidido compromiso militante con un conocimiento técnico especializado en el campo del derecho internacional de los derechos humanos. Podemos reconocer que quienes asumen la defensa de las víctimas del terrorismo de Estado se identifican por poseer un perfil definido a partir de una expertise militante, gubernamental y/o internacional. Se trata, fundamentalmente, de un militantismo humanitario especializado en el campo de los derechos humanos llevado adelante en el seno de organizaciones no gubernamentales que se inscriben dentro de un espacio militante, la causa por los derechos humanos donde se inscriben también las asociaciones de familiares de las víctimas. La expertise internacional está asociado al dominio de las actividades de las asociaciones y organizaciones internacionales a las que ingresaron muchos profesionales del derecho a partir de su experiencia de exilio político. Finalizadas las dictaduras, estas dos primeras formas de expertise pudieron ser reconvertidas para dar lugar a una expertise de Estado, principalmente en el campo del derecho, pero también en el ámbito de la psicología y el trabajo social. Estas formas de militantismo experto han sido observadas en el análisis de las trayectorias de 35 abogados de derechos humanos en Argentina y 15 en Chile. En este análisis también pueden reconocerse cuatro constataciones centrales: en un contexto dictatorial, la defensa jurídica de las víctimas de crímenes de Estado aparece menos como un compromiso nuevo y apolítico que como la oportunidad de oponerse al ejercicio de una violencia de Estado articulando experiencias de compromiso político anteriores (sindicales y partidarios) con el desarrollo de competencias profesionales específicas forjadas en nombre de la causa por los derechos humanos 1. En segundo lugar, en la mayor parte de los casos, pero sobre todo en aquellos que aún reivindican su condición de abogado de derechos humanos, se trata de recién llegados tanto a la política como al dominio del derecho. 1 Nos apoyamos en este punto en los análisis sobre el militantismo experto humanitario como los de Johanna Siméant en Lagroye: 2003; y Annie Collovald: Para un análisis de la contribución de los abogados a la construcción de esta causa en Chile ver Cuadros Garland: Para un análisis del mismo proceso en Argentina ver Vecchioli: Vale la pena destacar que dentro del movimiento por los derechos humanos existen otros principios de adhesión y agregación que aquellos fundados en el derecho, como es el caso de las asociaciones de familiares de las víctimas que subrayan la importancia del apelo a la sangre en la creación de identidades políticas. Sobre esta cuestión ver Vecchioli, 2004 y Filc: 1997.4 3 En tercer término, aquellos abogados que han podido forjar competencias profesionales específicas en el espacio internacional de los derechos del hombre en situación de exilio político son los que han sido reclutados para concebir e implementar programas de reparación orientados a las víctimas una vez finalizada las respectivas dictaduras militares; un fenómeno que se origina en el reconocimiento de los nuevos gobiernos democráticos del carácter terrorista del Estado dictatorial y que ha dado origen al desarrollo de un tipo de competencia experta asociado al Estado en el campo de los derechos humanos. Es preciso señalar, en este punto, que las condiciones de posibilidad de una expertise en derechos humanos a escala local, tanto en Chile como en Argentina, no constituye un reflejo automático del contexto internacional, dando lugar a iniciativas impensadas surgidas en el plano de lo local y que han tenido un impacto profundo en la conformación de la propia esfera internacional. Esta observación nos conduce a destacar la dimensión local de esta expertise en derechos humanos. Al considerar las trayectorias individuales en este contexto local, es posible observar un proceso de profesionalización de esta forma de militancia experta que progresivamente le ha permitido a la mayor parte de los abogados entrevistados, vivir de y para la causa y, al hacerlo, contribuir a la formación de un nuevo segmento de profesionales del derecho y a crear un nuevo dominio de expertise. A nivel de las trayectorias colectivas, es posible constatar que el desarrollo de un conocimiento experto estatal en el campo de los derechos humanos transforma el espacio militante introduciendo nuevos dominios de acción así como nuevos criterios de legitimación y de categorización entre los expertos. De esta manera, podemos observar claramente cómo algunos de ellos harán su ingreso a las agencias del Estado mientras que otros permanecerán activos dentro del espacio asociativo. Confrontados a un nuevo contexto político en el cual la expertise en derechos humanos es solicitada sistemáticamente, confrontados igualmente al surgimiento de procesos judiciales largamente demandados, estos profesionales del derecho son conducidos a asumir roles de alta visibilidad. Es preciso identificar, entonces, todo lo que está en juego en las carreras militantes de estos expertos dentro del espacio militante de los derechos humanos. El interés por comparar el caso argentino y el chileno consiste en contrastar dos configuraciones locales en las cuales la oposición a la impunidad de los crímenes de Estado no conducen a desarrollos similares una vez finalizados los períodos dictatoriales. Mientras que en Chile, diferentes dispositivos de reconciliación nacional han sido implementados significando la imposibilidad de la aplicación de la justicia penal en el caso de los crímenes de Estado y de A. Pinochet, quien morirá en diciembre de 2006 sin jamás haber sido condenado, en Argentina el Estado procedió en un sentido exactamente inverso: desde la restauración de la dictadura, la justicia civil juzgó y condenó a los responsables de las violaciones masivas a los derechos humanos que, si bien fueron posteriormente indultados durante el gobierno de E. Menem, estos indultos presidenciales fueron recientemente, las leyes de punto final y obediencia debida fueron declaradas inconstitucionales, los procesos fueron reabiertos y condujeron a la condena de los responsables de los crímenes de Estado. Veremos en este sentido que los abogados en derechos humanos que todavía se reconocen y son legítimamente reconocidos como tales, han invertido ampliamente en la lucha contra la impunidad dentro del espacio contestatario en Chile mientras que en Argentina, han sido valorizados a partir de su posición de expertos dentro del campo estatal.5 4 Abogados de derechos humanos : una misma categoría para diferentes generaciones La categoría abogado de derechos humanos se origina en las experiencias dictatoriales más recientes en Argentina y Chile. Con anterioridad, los profesionales del derecho comprometidos con la defensa de prisioneros políticos se reconocían según otras formas de denominación, mucho más próximas al activismo partidario. En Argentina, especialmente, se presentaban públicamente como defensores de presos políticos. En relación con esta denominación, fundaban su acción en registros propios del mundo militante de extrema izquierda y del socialismo, aquél del heroísmo, el altruismo, el coraje y el sacrificio. En el espacio internacional, la etiqueta defensor de los derechos humanos era igualmente una categoría fuertemente politizada, ligada al activismo de izquierda. Actualmente, y como resultado del proceso de profesionalización y la consolidación de una expertise transnacional en derechos humanos, esta categoría refiere mucho más a un dominio de conocimientos y de competencias profesionales que a una forma de compromiso político. Todo los abogados que hemos entrevistado se reconocen y son reconocidos en la actualidad como abogados de derechos humanos. Es la reivindicación de esta identidad lo que los constituye como grupo y los distingue dentro del mundo del derecho y de la política. El estudio de sus trayectorias profesionales y militantes permite trazar la génesis de la expertise en derechos humanos. Más allá de la heterogeneidad de sus pertenencias políticas e ideológicas, de sus diferencias etarias y de sus itinerarios profesionales igualmente diversos, la comparación de las trayectorias de estos abogados permite, en primer lugar, identificar las similitudes relacionadas con la pertenencia generacional y los modos de reclutamiento. Tres vías principales de reclutamiento dan lugar a tres generaciones diferentes de abogados de derechos humanos. En Argentina, entre los años 1960 y 1970, las redes de abogados especializados en derecho laboral constituyen las primeras formas de ingreso de estos abogados al campo del ejercicio militante del derecho y que luego son iniciados en la defensa de las víctimas de la dictadura militar a partir de su exilio político en el transcurso de los años Las familias de las víctimas del terrorismo de Estado constituyen la segunda vía de reclutamiento. Algunos profesionales del derecho acumulan su condición de abogado y de familiar de una o más víctimas de desaparición forzada, en función de esta doble condición han podido crear y dirigir asociaciones de defensa de los derechos humanos. Por último, una tercer generación reagrupa a los abogados que son iniciados en la defensa de los derechos humanos al finalizar la última dictadura militar. En este último caso, el capital moral propio de las generaciones precedentes (de aquellos que han luchado contra el poder dictatorial) es reemplazado por diplomas universitarios obtenidos en universidades del primer mundo, Estados Unidos especialmente y por períodos de entrenamiento y de formación adquiridos a través de pasantías en diversas organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2 2 La reconstrucción de las trayectorias de los profesionales del derecho Argentino descritos en este trabajo ha sido realizada sobre la base de más de 30 entrevistas en profundidad realizadas por Virginia Vecchioli entre los años 2002 y 2004, la consulta de 11 entrevistas realizadas por Laura Saldivia y cedidas de su archivo privado más otras 4 entrevistas disponibles al público en la asociación Memoria Abierta y dos entrevistas cedidas por Emilio Crenzel. Se utilizaron también extensa fuentes documentales presentes en diversos archivos públicos y privados del país y del exterior6 5 Entre la primer generación, es posible identificar que se trata en su mayoría de abogados recién llegados tanto al espacio del derecho como al campo de la política. Nacidos entre los años 1930 y 1940, se trata de profesionales para quienes el paso por la universidad significó un claro proceso de promoción social. Provenientes de escuelas públicas y en muchos casos del interior del país, estos abogados van a reconocerse como formando parte de una misma generación que hace junta su ingreso a la política a través del activismo estudiantil y por el haberse iniciado en la profesión a través del ejercicio del derecho laboral 3. Esta primer generación de abogados de derechos humanos se inició a la profesión en un contexto de prohibición de la actividad partidaria de manera que, el trabajo en los sindicatos, defendiendo los derechos de los trabajadores se constituyó en un dominio apto para la actividad política en este contexto de proscripción 4. Esta actividad podía comprender desde el ejercicio de la profesión en un estudio privado hasta la representación jurídica de los trabajadores despedidos de un sindicato hasta el acompañamiento de sus dirigentes en el curso de las movilizaciones colectivas, especialmente durante las tomas de las fábricas. El activismo estudiantil y el trabajo en los gremios y sindicatos son las dos formas principales de compromiso asumido por estos abogados antes de iniciarse, a mediados de los años 60s, en la defensa jurídica de los prisioneros políticos pertenecientes al peronismo o a la extrema izquierda acusados de participar en acciones armadas. En un contexto de proscripción de la actividad político-partidaria y carentes de un nombre dentro de la profesión, la defensa de prisioneros políticos les permitió adquirir muy tempranamente una enorme notoriedad pública, cuando tenían entre 25 y 35 años y ubicarse a la cabeza de nuevas asociaciones profesionales surgidas en esos años como la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires ( ), el Foro de Buenos Aires por la Vigencia de los Derechos Humanos (1973) y en Francia, el Comité de Défense des Prisonniers Politiques Argentins (1974), entre otros. Al integrarse a este universo de militancia y ejercer desde allí su profesión y su compromiso con la causa antidictatorial, la posesión de un conjunto de cualidades extra-profesionales como la entrega, el sacrificio, el valor y el coraje, fueron las que le permitieron distinguirse de sus pares al tiempo que fundar una posición legítima dentro del campo de la política. Al asumir la defensa de presos políticos, estos abogados se integraron a una suerte de aristocracia del riesgo que destacaba la disposición al peligro, al riesgo, a la aventura 5. Como señala un entrevistado, uno entraba en un mundo, por un lado, de peligro y de decisiones que, uno comprendía rápidamente, tenían un carácter irrevocable 6 Disposiciones como el coraje y el sacrificio los distinguirán de otros segmentos de abogados al tiempo que los aproximarán a las cualidades valorizadas por las propias organizaciones de la izquierda revolucionaria a las cuales pertenecían sus propios defendidos. Mientras que algunos harán abandono de 3 Vale la pena destacar que entre estos abogados figuran algunos abogados de renombre, provenientes de familias notorias tanto en el campo del derecho como en el de la política, como es el caso de Hipólito Solari Yrigoyen. 4 Si bien la incorporación de sectores medios a la política a través de los partidos constituyó una vía de ascenso social y político en la Argentina desde los años 40, de hecho sólo se abrió fugazmente a partir de 1955 en función de las sucesivas interrupciones de los gobiernos democráticos (Gobiernos surgidos de golpes de Estado: / General Aramburu, / Guido, / General Onganía, / General Levingston y por el General Lanusse). En razón de su extrema juventud, muchos de estos abogados sólo ganaron posiciones electorales o en la función pública luego de las elecciones de Entre los agitados años entre mayo de 1973 y marzo de 1974, se sucedieron cuatro presidentes: Héctor Cámpora, Lastiri, Juan Domingo Peron e Isabel Perón, todos ellos provenientes del Partido Justicialista.. 5 Esta expresión aristocracia del riesgo es utilizada por Johanna Siméant, 2001, p Entrevista a Juan Carlos Rossi (nombre ficticio) realizada por Laura Saldivia. Archivo privado.7 6 la profesión para integrarse plenamente a estas organizaciones, otros abogados encuadrados integrarán los servicios jurídicos de las mismas, asumiendo la defensa rentada de sus cuadros militantes. La porosidad de las fronteras que distinguen activismo y profesión se pondrán de manifiesto de manera dramática en los casos en los que los defensores entraban a un penal con el propósito aparente de visitar a su defendido y, tomando las armas del guardia-cárcel, liberaban al militante. La evaluación negativa de sus pares identificados como independientes, respecto de este tipo de intervención que persigue la lógica de las organizaciones armadas en lugar de la lógica profesional, pone en evidencia la existencia de formas diversas de situarse con relación a las organizaciones político-militares de la izquierda y de percibir la relación entre derecho y política 7. En relación a la doble posición de militante y abogado defensor de prisioneros políticos interesa destacar el contraste entre una militancia que, defendiendo la lucha armada, consagraba el poder redencional de la violencia, con la compleja posición de los defensores de presos políticos que al tiempo que se identificaban con la causa de la revolución y sus defendidos, reclamaban al mismo tiempo por la vigencia del Estado de derecho. 8 Por último, cabe destacar que los defensores de presos políticos en Argentina se convirtieron ellos mismos en víctimas privilegiadas de la represión de Estado, inclusive antes del golpe de Estado de 1976, especialmente luego de la declaración del Estado de sitio en Numerosos abogados iniciaron entonces una trayectoria de exilio político. Los vínculos creados con los expertos internacionales durante las misiones humanitarias realizadas en Argentina así como durante las experiencias de exilio en diversos países de Europa, Estados Unidos y México, han sido claves en la integración de estos profesionales del derecho argentinos en el seno de las redes internacionales de juristas en base a su doble condición de profesionales del derecho comprometidos en la defensa de presos políticos y de víctimas directas de la represión de Estado. El exilio se convierte entonces en un tiempo de internacionalización y de salida de las organizaciones armadas a las que muchos estaban integrados. Los viajes a Cuba, Bolivia y China fueron reemplazados por contactos profesionales en Ginebra, Londres, Nueva York y Washington. La retórica revolucionara propia de sus organizaciones políticas de pertenencia será abandonada por estos profesionales en el exilio por considerársela demasiado politizada, y sustituida por la retórica por los derechos humanos. La comunidad de objetivos anteriormente creada en función de la revolución socialista se resquebraja. De acuerdo con Mattarollo, dejé la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU) porque consideré que su ciclo estaba cumplido, 7 Si bien las organizaciones partidarias que reivindicaban la lucha por el socialismo y/o la causa nacional eran extremamente pequeñas y numerosas, se destacan entre ellas por el número de adherentes y por su visibilidad pública la Juventud Peronista, ligada a la agrupación armada Montoneros, dentro del Partido Justicialista y el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). 8 Si las consignas relativas a una idea de justicia revolucionaria enarboladas por las organizaciones armadas expresan los ideales a seguir en la lucha por la causa de la revolución popular, es cierto que por distintas razones las organizaciones políticas de entonces, fundamentalmente armadas y que actuaban en la clandestinidad, necesitaban contar con la intervención de abogados defensores. Por cuestiones relativas a sus fueros profesionales, el abogado era el único que podía tener contacto con el detenido de manera que se convertía en el único enlace posible entre éste y su organización. Estos podían ser considerados como recursos críticos de información dada la clandestinidad en la que funcionaba esta militancia y las condiciones de detención de sus cuadros políticos. A través del abogado podía circular información relativa a futuras operaciones armadas, de fuga, nuevos contactos, acciones, etc8 7 que representaba un espectro político muy radicalizado y que era necesario en ese momento actuar en círculos más amplios 9. A partir de 1976, otros profesionales del derecho se comprometerán con la defensa de los derechos humanos. Se trata de abogados que pertenecen a familias de víctimas de desaparición forzada o de asesinato. Vale la pena destacar la trayectoria de Emilio Mignone ( ). Padre de una desparecida, Mignone fue uno de los abogados fundadores del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), actualmente una de las ONGs más importantes de Argentina. Una mirada a la trayectoria de Mignone permite comprender la importancia de los vínculos con la comunidad internacional de juristas y el peso que éstos tuvieron en la profesionalización del activismo en derechos humanos en la Argentina. Aún cuando pertenece a una generación anterior a la de los defensores de presos políticos descritos arriba, Mignone tampoco pertenece a una familia tradicionalmente ligada al mundo del derecho, se trata también en este caso de un recién llegado proveniente del interior del país. Un elemento importante en su formación fue su importante activismo católico, iniciado en su juventud en Luján, su ciudad natal, donde participó activamente como dirigente de la Juventud de Acción Católica, oportunidad en la que estableció vínculos con quienes estarían en puestos claves de la jerarquía católica en Sus inicios en la profesión de abogado están ligados a su adhesión al Partido Justicialista, hecho que le permitió ingresar a los tribunales de trabajo como secretario de juzgado. Más tarde, asumirá distintos cargos públicos en el área de la educación a nivel nacional 11 y ejercerá también como profesor de derecho y de historia en dos universidades fuertemente ligadas al mundo católico: la Universidad Católica y la Universidad del Salvador. En el momento de la desaparición de su hija, el se desempañaba como rector de la Universidad de Luján. La trayectoria de Mignone conjuga experiencia de gestión en el ámbito del Estado, pertenencia al mundo académico, activismo político, fuertes convicciones católicas y anticomunistas junto con una significativa inserción profesional en instituciones internacionales. El capital de relaciones internacionales que Mignone había acumulado en su desempeño académico, profesional y político constituyó una condición de posibilidad clave para una asociación como el CELS. Entre 1962 y 1967 había participado como Jefe de la División de Proyectos del Departamento de Cooperación Técnica de la OEA, con sede en Washington, en el marco de la llamada Alianza para el Progreso. 12 Su estadía en Washington le permitió entablar vínculos con funcionarios de 9 Entrevista a Mattarollo realizada por Vera Carnovale para el archivo Memoria Abierta. La CADHU fue una de las primeras organizaciones creadas en la Argentina y en el exterior que apelaron a la categoría derechos humanos como principio de distinción. Como se advierte en el relato del entrevistado, ésta continuaba funcionaba bajo la lógica partisana de las organizaciones de la izquierda. La segmentación de la CADHU en diversas asociaciones que congregaban específicamente a profesionales del derecho en el exilio, ex. d Avocats Argentins Exilés en France (GAAEF, vers 1977) ilustra toda la impronta de la entrada en esta esfera internacional de activismo experto. 10 La impronta de este activismo católico puede reconocerse en relación a las expectativas que tenía Mignone respecto del rol que debía jugar la Iglesia Católica durante la dictadura: Si la jerarquía católica se hubiera decidido a defender la dignidad de la persona humana con métodos efectivos y no con meras declaraciones abstractas e inofensivas ( ) hubiera sido posible crear una institución directamente dependiente de la Iglesia como al Vicaría de la Solidaridad en Chile Mignone: 1991: Director General de Educación de la Província de Buenos Aires ( ) y Subsecretario de Educación de la Nación ( ). 12 Entre los años 1962 y 1967 actuó como Jefe de la División de Proyectos del Departamento de Cooperación Técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA), motivo por el cual residió en Washington durante esos cuatro años. Al regresar a la Argentina, los vínculos creados durante su permanencia en Washington se prolongaron en tanto Mignone integró el Consejo de Administración del Latin American Scholarship Program (LASPAU), una ONG afiliada a la Universidad de Harvard orientada al diseño y desarrollo de programas académicos y profesionales para residentes del continente americano. Estos vínculos le permitieron actuar como investigador y director de la sede de9 8 la administración norteamericana y con profesionales del derecho de asociaciones internacionales tales como la CIDH 13. La circulación por este espacio internacional le había permitido acumular competencias jurídicas, políticas e inclusive lingüísticas, con anterioridad a su compromiso con el mundo de los derechos humanos. En los documentos oficiales que la embajada enviaba al Departamento de Estado, Mignone era justamente reconocido como un muy calificado académico que trabajó para la OEA en Washington entre 1962 y Este tipo de configuración puede comprenderse como el producto de la combinación de estrategias de internacionalización de los profesionales del derecho a nivel local con las estrategias de profesionalización de las asociaciones internacionales de juristas. Sobre este tema, Yves Dezalay y Bryant Garth observan que el movimiento internacional por los derechos humanos se funda precisamente en la actividad de grupos de profesionales del derecho en Europa y los Estados Unidos comprometidos inicialmente con el Tercer Mundo y la lucha contra el comunismo que establecen vínculos con los profesionales del derecho provenientes de países latinoamericanos. Tal como lo señalan estos autores, los abogados argentinos se suman a esta forma de activismo transnacional en una coyuntura clave para la constitución del espacio internacional de los derechos humanos y, al hacerlo, han contribuido decisivamente a su profesionalización 14. Una vez finalizada la dictadura militar en 1983, es posible identificar una profundización de estas estrategias de profesionalización en el seno de ONGs como el CELS que van a hacer del conocimiento experto en el campo de los derechos humanos un principio de legitimación. Fundado a partir de la iniciativa de familiares de desaparecidos, el equipo del CELS está integrado actualmente por nuevas generaciones de abogados que han sido reclutados en base a sus competencias profesionales y que no tienen necesariamente vínculos de sangre con las víctimas. Este fenómeno es particularmente notorio en el caso de Martín Abregú, ex director ejecutivo del CELS. aún cuando se trata de un familiar de una víctima del terrorismo de Estado, en su presentación de sí mismo se destacan exclusivamente aquellas condiciones que lo instituyen como experto : postgrado en leyes en la American University del Washington College of Law, actuación en la CIDH y profesor adjunto de Derechos Humanos y Garantías de la Universidad de Buenos Aires. Su actividad se completa con su actuación como oficial del Programa de Derechos Humanos y Garantías de la Fundación Ford y su condición de representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Todos estos elementos muestran que las vías que llevan de la academia a la carrera internacional están incorporadas al repertorio de acciones seguidas por esta segunda generación de activistas en derechos humanos. La especificidad de la construcción de la causa por los derechos humanos en Chile se encuentra a la vez en el rol central ocupado por la Iglesia Católica en la formación de organismos de defensa jurídica y de asistencia humanitaria a las víctimas de los crímenes de Estado y en el reconocimiento internacional inmediato de la naturaleza de tales crímenes. A diferencia de otros países del Cono Sur, y de la Argentina en FLACSO en Buenos Aires a partir del golpe de 1976, cuando fue demitido de su cargo de Rector de la Universidad de Luján. 13 Estas condiciones se corresponden con lo señalado por Dezalay y Garth para América latina, en relación a aquellos individuos que, desprovistos de un capital social y familiar que les permitiera desplazarse en los círculos tradicionales de poder, eran quienes potencialmente podían sacar mayor provecho de estas nuevas oportunidades de carrera. En: Dezalay y Garth, 1998a :29 14 Ver Dezalay et Garth. 198810 9 particular, donde la Iglesia católica no fue un sostén de la resistencia antidictatorial, esta institución se convierte en Chile en uno de los pilares centrales de la causa por los derechos humanos. La Iglesia se encuentra situada entonces en una posición cuasimonopólica de asistencia a las víctimas a partir del momento en que el Arzobispado de Santiago decide comprometerse en esta empresa, contando con el acuerdo del consejo episcopal. La brutalidad del golpe de Estado contra el gobierno socialista de S. Allende dio una extrema visibilidad a Chile en el plano internacional. De manera que este país devino el quinto punto en importancia en la agenda de la ONU, al lado de otros asuntos tan críticos como la política del apartheid en Sudáfrica y el problema de la ocupación de los territorios palestinos por el Estado de Israel. Esta es la razón por la cual la defensa de los derechos humanos en Chile ha recibido un apoyo político y financiero privilegiado por parte de las agencias internacionales. Los primeros abogados que asumieron la defensa de prisioneros y que denunciaron los crímenes de Estado y contribuyeron a la formación de los primeros servicios de asistencia jurídica a los familiares de las víctimas de Estado eran todos próximos a la iglesia católica. Entre 1973 y 1992 puede estimarse en casi 200 el número de profesionales del derecho que contribuyeron con estas actividades. Este conjunto se redujo considerablemente durante el período de transición a la democracia: algunos se dedicarán de lleno a la política profesional mientras que otros reconvertirán sus competencias y conocimientos expertos para ponerlos al servicio del Estado actuando como asesores y altos funcionarios públicos a nivel nacional e internacional y un tercer grupo continuará comprometido con el servicio de ayuda a las asociaciones de víctimas. En este caso se trata, igualmente, de trayectorias sociales y generacionales diferentes. Por un lado, es posible identificar a los fundadores de la causa por los derechos humanos y por el otro lado, se distinguen dos generaciones de relevo, una que integra las ONGs de derechos humanos a partir de 1976 y la otra a partir de la segunda mitad de los años 1980 hasta el fin de la dictadura militar en Nacidos entre 1925 y 1945, los fundadores del movimiento provienen de las elites políticas e intelectuales chilenas. Sus padres pertenecían ya sea al universo de profesionales del derecho, ya sea al mundo de la industria y eran cuadros o dirigentes de partidos políticos (radical, falangista, liberal, conservador). Mientras que hicieron su ingreso en la política a inicios de los años 1960, estos abogados se integraron a los grupos cristianos o bien a los grupos asociados a la izquierda revolucionaria, en estrecha proximidad con los principales líderes políticos chilenos a quienes habían conocido como estudiantes universitarios durante su formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Al momento del golpe de Estado de 1973, muchos de ellos eran funcionarios del gobierno de Allende o bien ejercían en tanto abogados funciones al servicio del Estado. Aquellos que pertenecen a familias directamente afectadas por las graves violaciones a los derechos humanos (desaparición, ejecución sumaria, atentados) representaron judicialmente la causa de sus familiares frente a los tribunales de justicia. Es notablemente este el caso relacionado con la llamada Caravana de la Muerte, el primer caso abierto contra Pinochet en Chile en enero de Nacidos entre 1948 y 1961, la segunda generación de abogados de derechos humanos en Chile no pertenece a la elite política chilena sino que son producto de grupos en situación de ascenso social vinculados a movimientos migratorios provenientes principalmente del sur entre los años Sus padres fueron funcionarios,11 10 comerciantes o empleados y pertenecían al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Comunista o al Partido Socialista. Formados en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Chile, hicieron sus primeros pasos en la profesión al mismo tiempo que se comprometieron con la defensa de las víctimas de la dictadura militar. Si bien proceden de los mismos dos mundos políticos que sus antecesores (movimiento cristiano e izquierda revolucionaria), a diferencia de éstos, se encuentran formando parte de un mismo frente político: el de la lucha antidictatorial, habiéndose constituido la causa por los derechos humanos en una suerte de buena causa por parte de la oposición así como un espacio de resistencia y de ingreso al mundo de la política. En tanto que estudiantes universitarios, fueron objeto de las políticas represivas en contra de las movilizaciones estudiantiles contra el régimen militar. En sus prácticas jurídicas están marcados por la experiencia de aquellos que los formaron tanto en el seno de la Vicaría de la Solidaridad como en el seno de la CODEPU, una organización fundada por un grupo de abogados de renombre que habían dejado la Vicaría en El objetivo de este grupo de abogados era el de asegurar la defensa de los prisioneros políticos y de las víctimas de la tortura que la vicaría no estaba dispuesta a asumir. Estos abogados se especializaron en el tratamiento de este tipo de casos judiciales, ya sea de desaparecidos o de prisioneros políticos. En los años 1980, el horizonte de pertenencias políticas de estas dos generaciones de abogados se divide entre el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero durante este período, su inscripción profesional en el mundo de los derechos humanos transforma completamente su manera de definirse políticamente. En principio, se definirán más como defensores de los derechos humanos que como militantes de un partido. Si bien esta definición en torno a una causa común los unió desde los años 1970 hasta los años 1980, aún cuando se encontraran en una situación de aislamiento, esta unidad no se mantuvo a las movilizaciones sobre el tratamiento de los problemas de reparación ni significa un acuerdo relativo al sentido que el otorgan a esta causa en la actualidad: se opondrán durante la transición a las políticas de reconciliación nacional, tanto aquellos que sostienen al gobierno de la coalición en el poder desde 1990 (la Concertación por la Democracia), como aquellos que, aún habiendo votado por esta coalición, se mantienen críticos y por último, los disidentes que se sitúan en la oposición de la izquierda, principalmente ligados al Partido Comunista. El contraste entre estas dos generaciones de abogados en Chile reenvía a una característica esencial de este segundo grupo: se trata de recién llegados tanto al mundo de la política como al mundo del derecho que pertenecen generalmente a organizaciones políticas que se ubican por fuera de la coalición gubernamental y se sitúan entre la oposición de la izquierda. El affaire Pinochet iniciado en España en 1996 y continuado justo hasta la muerte de A. Pinochet en Chile en diciembre de 2006, ha sido el contexto en el cual las fronteras que agrupan y delimitan a estos abogados se hacen más nítidas. Así, el espacio militante de la causa por los derechos humanos es un espacio clave para explicar la evolución del compromiso militante experto en derechos humanos y la complejidad del empleo de la etiqueta abogado de derechos humanos que procede aquí, principalmente, del espacio opositor y próximo a las asociaciones de familiares de las víctimas. De lo local a lo transnacional y viceversa12 11 La transformación de estos abogados en expertos en derechos humanos se inscribe en un proceso de profesionalización del compromiso de estos profesionales en la defensa de los derecho humanos en coincidencia con el ingreso de muchos de ellos a las organizaciones internacionales. En situación de exilio o a través de sus contactos con los juristas venidos de Europa o de Estados Unidos, los abogados argentinos inicialmente reconocidos según su doble condición de abogados y víctimas, harán su ingreso en el espacio internacional de juristas. Es también este el caso para muchos abogados chilenos. Dicho de otra forma, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos fue creando, progresivamente, nuevas posibilidades de ejercicio profesional que los habilitan en tanto abogados expertos en derechos humanos. Utilizarán sus competencias específicas, sus redes transnacionales, su prestigio profesional y militante consolidado en el exterior para lograr reconvertir sus carreras profesionales en sus países de origen 15. En Argentina, este es particularmente el caso de Rodolfo Mattarollo, quien se desempeña actualmente como Subsecretario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En los años 1970, había sido dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), miembro del servicio jurídico del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y del cuerpo de abogados de la Gremial de Abogados de Buenos Aires. Entre 1975 y 1983 permaneció en el exilio en Francia. La distancia recorrida en sus ocho años de exilio muestra la manera en que la denuncia del terrorismo de Estado fue conformando nuevas oportunidades profesionales que contribuyeron a modelar su condición de experto. Al reseñar los inicios de su vida laboral en Francia, Mattarollo señala: Yo, el primer trabajo que tuve fue distribuir prospectos en los buzones de las casas de departamentos 16. Estos inicios se reviertieron de manera extraordinaria pocos años más tarde, al punto que al final de su exilio fue el responsable de una de las secciones de la Oficina de Refugiados de Francia, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así, quien había salido del país como defensor de presos políticos vuelve a la Argentina como un profesional reconocido por su competencia experta en el área de los derechos humanos. En su haber se encuentra esta experiencia en la función pública, una experiencia de actuación en la ONU y una especialización en derecho internacional en la Sorbonne. Mattarollo enuncia como un momento clave en su trayectoria profesional como abogado defensor de los derechos humanos su incursión en los organismos internacionales e interestatales, a los que describe como una gran escuela política. Actualmente, Mattarollo es reconocido, ante todo, como jurista y experto internacional en derechos humanos. Miembro de la sección francesa de la Liga Internacional de los Derechos y la Liberación de los Pueblos, creada en 1976 por el abogado Lelio Basso y del CELS, es autor del artículo con que la célebre Encyclopeadia Universales inauguró el tema desaparecidos. Publica regularmente desde hace treinta años en Le Monde Diplomatique sobre el derecho internacional de los derechos humanos y en revistas de la especialidad dotadas de todos los atributos de la respetabilidad universitaria como la revista de la CIJ. Luego de su paso por la oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, a principios de los años 90, se produce su incorporación a la ONU en calidad de experto en derechos humanos. 15 Ver sobre esta cuestión Yves Dezalay et Bryant Garth, Entrevista a Mattarollo en Revista Humor13 12 Vale la pena destacar este proceso de incorporación a la ONU y la manera en que alterna su actuación en la gestión de programas locales e internacionales vinculados a los derechos humanos: [En 1990] me llaman de la Universidad Católica de El Salvador ( ) para asesorar a la dirección de la UCA sobre el juicio que los jesuitas de la universidad centroamericana intentaban llevar adelante por el asesinato del padre Ignacio Yacuría, otros cinco o seis sacerdotes y sus dos empleadas que fue uno de los crímenes más atroces del gobierno salvadoreño durante la lucha contra el FLNM ( ) los padres jesuitas buscaron asesoramiento internacional. Yo comencé a viajar a El Salvador regularmente durante un año y medio para contribuir a construir la ingeniería jurídica de este juicio ( ) [A raíz de esta intervención] Naciones Unidas me llama cuando se establece la misión en El Salvador. Esa misión (...) Fue el comienzo de mi tarea orgánica, esta vez dentro de las Naciones unidas, ya no desde afuera como ONG sino desde adentro como funcionario, lo que completó la visión y la experiencia de la actividad internacional de los derechos humanos. A esto siguieron múltiples experiencias. El siguiente destino no fue dentro de Naciones Unidas pero sí como asesor jurídico internacional fui a Etiopía. (...) estando en Etiopía me llaman nuevamente de las Naciones Unidas para ir a Haití (...) dirigí esa misión durante 5 años. Vuelvo a la Argentina en el año Colaboro con el senador Eduardo Sigal ( ) en el senado de la provincia de Bs. As. Siempre en temas de derechos humanos y vuelvo a salir al exterior llamado x las Naciones Unidas para encabezar el contingente de derechos humanos en Sierra Leona (...) dirigí ese contingente durante dos años. Estando en Sierra Leona un día después del 25 de mayo de 2004 suena el teléfono [fecha de la asunción del actual presidente Kirchner]. Era Eduardo Luis Duhalde ( ) quien me dice ( ) Te ofrezco que seas el número dos de la Secretaría [de Derechos Humanos de la Nación], que seas mi jefe de gabinete. Y aquí estoy 17. La alternancia entre estos diversos espacios de actuación puede reconocerse en la trayectoria reciente de Leandro Despouy, quien se define por haber hecho del tema de los derechos humanos una causa, una razón de ser, un motivo de mi vida y una trayectoria (Despouy, 1999). Defensor de presos políticos en los años 1970 y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH/1975), retornó a la Argentina y colaboró en el armado del juicio civil a los integrantes de las juntas militares de gobierno que se realizó en 1985 bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, dirigente de la Unión Cívica Radical y reconocido abogado defensor de los derechos humanos. Despouy estuvo a cargo de los contactos con las personalidades internacionales que serían convocadas por la fiscalía. Entre otros, contactó a la ex directora de Derechos Humanos de 17 Entrevista a Rodolfo Mattarollo realizada por Vera Carnovale para Memoria Abierta. Mis cursivas14 13 James Carter, Patricia Derian, a Louis Joinet, magistrado francés actuante en la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU y al experto holandés Theo van Boven. Finalizado el juicio fue nombrado primero Director de la Cancillería y luego Embajador durante el gobierno de Alfonsín. Al terminar este gobierno, Despouy fue designado experto de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU (1990). Luego, en el año 2001, llegó a ocupar el cargo de Presidente de dicha Comisión. De vuelta al país se desempeñó como Auditor General de la Nación, órgano de asistencia técnica al Parlamento. En el año 2003 volvió a ocupar un espacio en la ONU al ser nombrado relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia del poder judicial, magistrados y abogados creada específicamente para: defender los derechos de los abogados y el libre ejercicio de sus funciones cuando son víctimas de presiones, atentados u otro tipo de violaciones 18. Desde esta función elaboró el informe sobre las cárceles de Guantánamo de los EEUU y realizó misiones internacionales a Brasil, Ecuador y Kazajstán, entre otras. La simultaneidad de posiciones y espacios ocupados es enunciada por el propio Despouy quien define su actividad en estos términos: Consiste esencialmente en la presentación de un informe anual ante la Comisión de Derechos Humanos y ante la Asamblea General y algunas misiones de terreno, pudiendo llevarlas a cabo sin abandonar mis actividades académicas y de la función pública (op.cit.). La participación en estas redes transnacionales también está entre las condiciones que dieron origen al CELS, cuyo nombre imita a una asociación dedicada al derecho de interés público norteamericana, el Center of Legal and Social Policy, creado por Leonard Meeker en Washington y con quien Mignone entró en contacto cuando aquél cumplía funciones como asesor legal del Departamento de Estado. Esta asociación internacional incidió tanto en la definición del perfil del CELS como en su orientación y estructura. De Meeker el CELS no sólo tomó el nombre sino también la fuente inicial de financiamiento y un tipo de conocimiento experto específicamente centrado en el litigio de causas de interés público según el modelo de los estudios de caso. La creación de una asociación como el CELS supone el intento por imponer la categoría experto a un campo hasta entonces relativamente alejado del mundo académico haciendo apelo, justamente, al aval de disciplinas científicas conocidas y reconocidas: se trata de un centro dedicado a estudios legales y no a una causa extremadamente politizada, como era entonces la causa por los derechos humanos. Esta inversión en la credibilidad académica también formó parte de las estrategias seguidas por varios de los defensores de presos políticos que, como veremos en el análisis de sus trayectorias en el exilio, realizaron estudios de postgrado en derecho internacional. Estrategia que aparece como una manera de compensar el origen altamente político de la lucha en defensa de los derechos del hombre 19. Lo que se verifica entonces es que para ser parte de este universo internacionalizado, el capital moral ya no alcanza. Es necesario reforzarlo por medio del uso de estrategias savantes. 18 En: El Argentino Leandro Despouy nombrado relator de la ONU para jueces y abogados. France Press Vale la pena recordar que en los años 60s y comienzos de los 70s, las asociaciones internacionales de defensa de los derechos humanos todavía eran consideradas en el espacio público como extremamente politizadas. Si desde el punto de vista de la CIJ, la AIJD era pro-soviética, desde el punto de vista de esta última, la CIJ era la expresión del imperialismo norteamericano. En este contexto, se inscribe el surgimiento de Amnistía Internacional y otras asociaciones del mismo tipo que apelaron a la defensa técnica y apolítica de los derechos humanos15 14 En el caso del CELS, los recursos financieros internacionales fueron utilizados para conformar un cuerpo de abogados dedicados profesionalmente al litigio de causas judiciales 20, lo que diferenció al CELS desde sus inicios de otras asociaciones basadas sobre el trabajo voluntario. Este cuerpo de abogados fue conformado, principalmente, por profesionales más jóvenes, pertenecientes a la misma generación a la cual pertenecían los defensores de presos políticos. Entre los abogados integrantes del CELS pueden reconocerse relaciones previas de amistad, de activismo o de vecindad. Algunos de ellos habían asumido la defensa de prisioneros políticos antes del golpe de Estado y habían sido dejados cesantes de sus trabajos en la universidad, la justicia o ya no podían continuar sus actividades en sindicatos o en el parlamento a partir del golpe. Frente a esta situación, el CELS brindó un espacio donde poder continuar ejerciendo esta sensibilidad política y social y, además, les brindó una oportunidad de trabajo rentado. Todos ellos son reconocidos hoy como defensores de derechos humanos. Este perfil profesional del CELS se profundizó a partir de la democracia cuando sus abogados comenzaron a ser reclutados a partir de criterios meritocráticos. Quienes cumplen funciones directivas tienden a sumar titulaciones en el exterior junto con experiencia en la CIDH de la OEA, como es el caso ya mencionado de Martín Abregú. La impronta de esta profesionalización se hace evidente también en la orientación que tomó el CELS una vez recuperada la democracia en Incorporó nuevas temáticas, como la lucha contra la corrupción y la violencia policial, ligadas al Estado de derecho y reformuló sus estrategias de intervención, las que suponen nuevas formas de trabajo: de una lucha radical contra las desapariciones ( ) al uso deliberado de los medios, del lobby, de herramientas de mediación, el litigio de causas, la difusión y la educación 21. En este nuevo contexto: si bien las organizaciones de derechos humanos no deben abandonar su trabajo de denuncia, no deben tampoco limitarse a esas funciones ( ) deben reforzar la participación de los ciudadanos en todas las esferas, gubernamentales y no gubernamentales para incluir asuntos como la independencia del poder judicial, la corrupción, la seguridad, la educación y los derechos sociales 22. Con este propósito, el CELS debe concentrarse en: el litigio de causas judiciales delante de las instancias locales e internacionales, en la investigación, en la construcción de herramientas para el control y el monitoreo de la sociedad civil sobre las instituciones públicas y la calificación de los organismos sociales, operadores jurídicos, miembros de la comunidad judicial e instituciones del Estado. El CELS desarrolla algunas de estas actividades y estrategias en coordinación con otras organizaciones nacionales y del exterior. Estos nuevos intereses, ligados más ampliamente al Estado de derecho suponen también nuevas herramientas y formas de trabajo: de una lucha radical contra las desapariciones ( ) al uso deliberado de los medios, del lobby, de herramientas de mediación, el litigio de causas, la difusión y la educación. 23. En este nuevo contexto, toda la tarea aspira a reformular el Estado: El Estado es el único que viola los derechos humanos pero también es el único que los 20 Según Guest, Meeker aportó una contribución inicial de U$D En Guest, 1990 : 213. Luego del triunfo de Reagan, el CELS ha recibido apoyo finaciero de la Fundación Ford y de la National Endowment for Democracy (NED). 21 En: Bruschtein, op.cit 22 Mignone En: Sabba, En: Bruschtein, op.cit16 15 puede proteger. Y sin ser amigo del Estado, sabes que solamente el Estado la situación a la que querés llegar (En: Saldivia, 2002). La creación de una clínica jurídica incorporada a la currícula de la carrera de derecho de la Universidad de Buenos Aires y el hecho de tener miembros y ex miembros del CELS ligados a la vida académica son indicativos de la importancia que tiene para esta asociación formar parte en la formación de los futuros juristas al tiempo que pone en evidencia su capacidad para legitimarse como profesionales y como expertos frente a la principal institución encargada de otorgar diplomas en este campo profesional. La creación de esta clínica evidencia también el interés por parte del CELS por intervenir en la definición de lo que es el derecho y no simplemente el de actuar como una simple cobertura de la acción política. El caso de Chile es francamente diferente en este punto. Evocaremos aquí una trayectoria típica que es representativa de la primer generación de abogados que alternan entre la posición de expertos internacionales y la de experto de Estado a partir del período post-dictatorial. Sus afinidades políticas se encuentran generalmente en la democracia cristiana y juegan un papel clave en la formulación y gestión de programas de derechos humanos bajo el gobierno de la Concertación. José Zalaquett Daré es un abogado chileno de origen libanés, formado en derecho en 1967 y especializado en derecho penal y afiliado a la democracia cristiana desde Estuvo en el exilio por más de 10 años a raíz de su participación en la primera organización de defensa de las personas perseguidas por los servicios militares y de inteligencia de la dictadura en Chile, en tanto que jefe del departamento jurídico (El Comité Ecuménico por la Paz, COPACHI). El itinerario de este abogado devenido especialista en derechos humanos lo convierte en un verdadero cosmopolita del derecho. José Zalaquett es, en efecto, uno de los passeurs de Amnistía Internacional, a la cual se integró como miembro de su comité ejecutivo internacional en 1978 y director de la misma asociación entre 1979 y De regreso a Chile, conformó un estudio de abogado y ocupó un cargo de profesor de derechos humanos en la facultad de derecho de la Universidad de Chile. Pero sobre todo, es reconocido por su posición como alto experto de gobierno, al punto que ha sido invitado a participar en la formulación de la política de reconciliación nacional del gobierno del presidente Patricio Aylwin ( ) 24, en particular, para dar forma a una comisión de verdad y reconciliación (CNVR, ) 25. José Zalaquett mantendrá esta posición de experto durante todo el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle ( ), principalmente como miembro de la Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos ( ) 26 para la concepción e implementación de un programa de enseñanza en derechos humanos integrado a la formación de los efectivos de la armada y también para la propuesta de creación de un Instituto de Derechos Humanos que el gobierno del Presidente Ricardo Lagos ( ) integró a su programa en Esta trayectoria de experto en derechos humanos en el exterior y en Chile le ha valido su consagración internacional entre sus propios pares: ha sido elegido miembro de la Comisión Internacional de Juristas en 1991 y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que preside) de la OEA en En 1973, Patricio Aylwin era uno de los senadores demócratas cristianos más importantes y un ferviete opositor del gobierno de la Unidad Popular de S. Allende. Fue elegido presidente de la República en 1989 luego de un referéndum en el cual A. Pinochet fue derrotado en Se trata de un presidente de un gobierno de transición cuyo mandato está limitado a cuatro años. 25 Sobre este tema ver Daniela Cuadros Garland, 2006, p José Zalaquett, «La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en Chile», Estudios Públicos, 79, 2000 (disponible sur Daniela Cuadros Garland et Alfredo Joignant,, 2003, p17 16 En la introducción inglesa al reporte de la CNVR dirigido por José Zalaquett encontramos uno de sus primeros esfuerzos por conceptualizar la pertinencia del trabajo de una comisión de la verdad y la reconciliación nacional. Para este abogado, la experiencia de las transiciones a la democracia enseña que hubiera sido muy costoso al salir de la dictadura chilena, abrir procesos que pusieran en cuestión a las autoridades del régimen anterior, tanto más si uno aspiraría a encontrar una resolución rápida de las tensiones propias a la herencia de las violaciones a los derechos humanos 27. Colocará el acento sobre la importancia de preservar la autonomía del poder judicial: la CNVR no podrá designar culpables y mucho menos nombrar o identificar públicamente a los culpables. En consecuencia, obtener información sobre las personas implicadas en estos crímenes no estaba entre los objetivos de la comisión, la que debía mantenerlos en secreto para trasmitirlos a los tribunales de justicia 28. José Zalaquett justifica así el espíritu que marcó la génesis de esta comisión y más ampliamente, de la política de reconciliación nacional, que lo distingue de la posición militante característica de los abogados de derechos humanos mobilizados en nombre de las víctimas de la dictadura y contra la impunidad de los crímenes de Estado. Evocaremos, por contraste con la oposición entre ambos, la trayectoria de Carmen Hetz, esposa de una víctima de la dictadura chilena, ex adherente al gobierno de S. Allende que dejó el Ministerio de Asuntos Exteriores en 1998 cuando el gobierno defendió la repatriación de Pinochet a Chile detenido en Londres. Ella se comprometió desde entonces en la preparación del caso Pinochet en Chile junto con otros abogados de derechos humanos. Se convertirá, luego, en una de las candidatas a diputado más votadas de la lista perteneciente a la izquierda opositora en Y, contra todos las presiones de éstos últimos, no aceptará un cargo diplomático en la embajada de Chile en Hungría bajo el gobierno actual de Michelle Bachelet. Como vemos del análisis de estas trayectorias, la frontera entre el estatuto de experto en derechos humanos y el de profesional de la política es tenue. En Chile remite principalmente a al primera generación de abogados de derechos humanos. Aquella del militante experto refiere principalmente a la segunda generación que contribuyó a hacer visible una causa contestataria, la causa de los derechos humanos, caracterizada por los partidos en los cuales militan y pertenecientes a la izquierda opositora. Para concluir Vemos entonces que, ya sea que se trate del espacio militante de los derechos humanos o del medio partidario, de su participación en el gobierno o en las organizaciones internacionales, los expertos en derechos humanos argentinos y chilenos mobilizan recursos distintivos en diferentes espacios de actividad. Sus itinerarios en tanto que expertos le han permitido alternar entre cargos en la alta función pública, en las ONGs locales de derechos humanos, en la universidad y en los organismos internacionales, condiciones todas que les permiten vivir de y para la causa 29. En suma, la condición 27 José Zalaquett, «Introduction to the English Edition», Report of the Chilean National Commission on Truth and Reconciliation, op.cit., p. xxiii. 28 José Zalaquett, «Balance de la política de derechos humanos en la transición chilena a la democracia», en Entre la II Cumbre y la detención de Pinochet, FLACSO-Chile, 1999, p Vale la pena destacar que gestión de programas internacionales de promoción de los derechos humanos se ha transformado en una industrie floreciente en tanto que según estimaciones recientes están implicados unos U$D 70018 17 de experto se inscribe en la trayectoria de individuos que se definen en un juego de afiliaciones múltiples fundadas en el activismo y en la profesión. En este universo de relaciones en diferentes escalas (nacional e internacional), la política y el derecho, están lejos de constituir esferas separadas. En efecto, los límites entre estas dos esferas son por lo menos porosas y móviles como se evidencia en las trayectorias de estos abogados. El compromiso en el ámbito de los derechos humanos convertido en expertise constituye un recurso a la vez profesional y político susceptible de ser mobilizado en diferentes esferas de actividad y con sentidos inclusive opuestos. millones anuales. T. Carothers, citado en Nicolas Guilhot. 200119 18 Bibliografía citada: Collovald, Annie et alii, L humanitaire ou le management des dévouements, Rennes, PUR. Cuadros Garland, Daniela «Formation et reformulation d'une cause. Le cas des droits de l'homme au Chili, de la dictature à la politique de réconciliation nationale», En : Politix, 16 (62), 2003, pp Cuadros Garland, Daniela «La Commission Rettig. 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 resolución 
 Resolución 
 ARTÍCULO 40
 RESOLUCIÓN 
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