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Timestamp: 2019-08-24 09:31:42+00:00

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﻿ SENTENCIA 11001024000200400166 01 DE AGOSTO 24 DE 2006
SENTENCIA 11001024000200400166 01 DE 24 DE AGOSTO DE 2006
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR. SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 DEL DECRETO 175 DE 5 DE FEBRERO DE 2001.
TEMAS ESPECÍFICOS:VEHÍCULO AUTOMOTOR, SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONTRATO DE CONCESIÓN
Sentencia 11001024000200400166 01 de agosto 24 de 2006
Ref.: Expediente 11001024000200400166 01
Actora: Eddy Isabel Vergara
Bogotá D.C., veinticuatro de agosto de dos mil seis.
En apoyo de sus pretensiones la actora adujo que se violaron los artículos 13 y 333 de la Constitución Política; 3º de la Ley 105 de 1993; y 19 de la Ley 336 de 1996, por las razones que se sintetizan a continuación:
La prestación del servicio público de transporte no es libre, pues el ordenamiento jurídico vigente la sujeta al otorgamiento mediante concursos de un permiso, o a la celebración de un contrato de concesión u operación con las excepciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley 336 de 1996. En todo caso, el principio de libre concurrencia es esencial a la Constitución Política de 1991, y se traduce en que los particulares deben gozar de iguales posibilidades para acceder al derecho a prestar el servicio, de suerte que cuando el Estado los llame a hacerlo, debe convocar a licitación o concurso, con libre acceso de todos los interesados, pues en ello consiste el principio de transparencia de la gestión pública.
El artículo 17 de la Ley 336 de 1996 dispone que la adjudicación de rutas y horarios, es decir, el otorgamiento de permisos para la prestación del servicio en áreas de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho estará sometida a las condiciones de regulación o libertad que para su prestación se establezcan en los reglamentos correspondientes. Pero estos permisos —que pueden ser más o menos rígidos en las condiciones operativas, en la posibilidad de despachos abiertos o específicos, etc.— están sometidos a las reglas constitucionales que garantizan la libre concurrencia.
En síntesis, solo de manera excepcional la administración, de acuerdo con el inciso final del artículo 19 de la Ley 336 de 1996, puede obviar el concurso, caso en el cual el permiso para operar se puede otorgar en el acto de habilitación, v. gr., para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, carga y especial.
El servicio público de transporte terrestre automotor mixto no constituye una excepción, pues como lo dijo el Consejo de Estado (1) , “no puede perderse de vista que el otorgamiento del permiso está supeditado a que existan necesidades insatisfechas de movilización dadas por la diferencia entre la demanda total existente y la oferta autorizada. De ahí que no se necesiten mayores disquisiciones para concluir que las empresas transportadoras que primero plantearan la respectiva solicitud gozarán de privilegio por ser las primeras adjudicatarias”.
El texto de las normas acusadas del Decreto 175 de 2001, es el siguiente:
“ART. 23.—Certificado de registro de servicios. La prestación del transporte público en esta modalidad se sujetará a la existencia del certificado de registro de servicios expedido por la autoridad competente, el cual es revocable y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en este establecidas”.
“ART. 24.—Presentación del estudio de movilización. Será la autoridad competente la encargada de determinar las necesidades y demandas insatisfechas de movilización, como de implementar las medidas conducentes para su satisfacción.
Para el efecto, la comisión de regulación de transporte señalará los parámetros y condiciones generales bajo las cuales se deben adelantar los estudios que permitan determinar la existencia de demandas insatisfechas de movilización.
Dentro de un término máximo de tres (3) meses contados a partir de la presentación del estudio, la autoridad competente evaluará su contenido e informará del resultado a la empresa”.
En caso de ser positiva la decisión, registrará la empresa, el recorrido, los vehículos, las frecuencias y la tarifa con los cuales se prestará el servicio”.
“ART. 26.—Empresas de economía solidaria. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 79 de 1988, la autoridad competente estimulará la constitución de cooperativas que tengan por objeto la prestación del servicio público de transporte mixto, las cuales tendrán prelación en la asignación de servicios, cuando se encuentren en igualdad de condiciones con otras empresas interesadas”.
“ART. 27.—Iniciación de prestación del servicio. Dentro de un plazo no superior a seis (6) meses, contados a partir de la fecha de expedición del certificado de registro de servicios, la empresa solicitante tiene la obligación de servir el recorrido con las características del servicio ofrecido, por un término no inferior a tres (3) años, previa acreditación ante la autoridad competente de los siguientes requisitos:
G = T x C x Ndh x 50
G = Valor de la garantía, para cada año.
Nhd = Número de los despachos solicitados diarios.
Transcurridos los tres (3) años iniciales, o los de la prórroga si la hubiere, la empresa deberá informar a la autoridad competente si continúa con la prestación de este servicio, para lo cual deberá adicionar la vigencia del seguro, requisito sin el cual no podrá prestar el servicio”.
“ART. 28.—Verificación. La autoridad competente de transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte podrán en cualquier momento verificar:
4. Vigencia de la garantía exigida en el artículo 27 del presente ordenamiento”.
En esencia, la inconformidad de la actora se reduce al hecho de que el servicio público mixto de transporte terrestre automotor, esto es, aquél en el que se transportan pasajeros y carga simultáneamente, haya sido excluido del procedimiento a que se refieren los artículos 3º de la Ley 105 de 1993, numeral 7º, y 19 de la Ley 336 de 1996, según los cuales su otorgamiento a las empresas se hará mediante un contrato de concesión luego de efectuado un concurso público, lo que viola, además, los artículos 13 y 333 de la Constitución Política.
Las normas que se consideran violadas, preceptúan:
Ley 105 de 1993:
“Quien cumpla con las exigencias que al respecto se establezcan, tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión u operación. Quedan incluidos dentro de este literal los servicios de transportes especiales”.
Cuando el servicio a prestar no esté sujeto a rutas y horarios predeterminados el permiso se podrá otorgar directamente junto con la habilitación para operar como empresa de transporte”.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”.
El Ministerio de Transporte al contestar la demanda señala que dada la naturaleza del servicio público mixto de transporte no se exige concurso público, pues no está sujeto a la modalidad de rutas y horarios.
Sobre el particular, la Sala considera pertinente remitirse al concepto que de ruta trae el artículo 3º, numeral 5º, de la Ley 105 de 1993:
Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos”.
Centros de abastecimiento o mercadeo: Sitios de acopio de bienes que provienen de diferentes zonas de producción, para ser distribuidos en el sitio establecido por la autoridad competente”.
En consecuencia, le asiste razón a la actora cuando afirma que se violaron los artículos 3º de la Ley 105 de 1993 y 19 de la Ley 336 de 1996, al igual que los artículos 13 y 333 de la Constitución Política, pues no es cierto que el servicio público mixto de transporte terrestre automotor se encuentre dentro de las excepciones a que alude el inciso final del artículo 19 citado, ya que, se reitera, está sujeto a rutas predeterminadas, luego su otorgamiento debe hacerse mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada y, al haber excluido de tal concurso al servicio mixto en cuestión, el decreto acusado excedió la voluntad del legislador, quien solo excluyó del concurso a los servicios que se presten sin sujeción a rutas y horarios predeterminados, como son el de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi y el de servicios especiales, esto es, el escolar, el de asalariados y el de turismo, en los cuales, esos sí, por su naturaleza, el permiso se otorga conjuntamente con la habilitación.
1. DECLÁRASE la nulidad de los artículos 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del Decreto 175 de 5 de febrero de 2001, “por el cual se reglamenta el servicio de transporte automotor”, expedido por el Gobierno Nacional.
(1) Sección Primera, sentencia de 27 de febrero de 2003, expediente 0120 (6973), actor Pablo J. Cáceres Corrales, consejero ponente Camilo Arciniegas Andrade.

References: artículo 17
 artículo 19
 artículo 75
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 19