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Timestamp: 2020-02-19 04:27:04+00:00

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Ya tengan la consideración legal de consumidores o usuarios, ya sean titulares de vehículos destinados al uso profesional o empresarial, los propietarios se ven directamente afectados. Se ha cometido y RECONOCIDO por VOLKSWAGEN un fraude frente a sus clientes, con incumplimiento grave, en su caso, de la normativa española y comunitaria de consumidores y usuarios y de la normativa reguladora de publicidad (publicidad desleal y falsa). Pero con carácter general se ha vulnerado la normativa de obligaciones y contratos, pues se ha utilizado engaño en la contratación, con vicio de la voluntad de los compradores de todos los modelos implicados.
Se habría cometido fraude frente a las administraciones públicas, con incumplimiento de normas técnicas, de homologación, de emisiones y un largo etcétera. A nivel tributario los vehículos afectados se han aprovechado de las ventajas de unas especificaciones falseadas, que permiten obtener beneficios fiscales al comprador (exención del impuesto de matriculación de ciertos modelos afectados), posibles bonificaciones en el IVTM, bonificaciones en servicios municipales (por ejemplo en el precio del aparcamiento en zonas reguladas cuyo precio varía en función de las características del vehículo, accesos a zonas urbanas restringidas en función del vehículo, etc.). Evidentemente, esas Administraciones no se van a quedar de brazos cruzados, reclamarán a quién y cómo consideren la devolución de los beneficios indebidamente recibidos.
Se habría cometido un fraude frente a los servicios y empresas de inspección técnica de vehículos, que al parecer, con los medios técnicos actuales son incapaces de detectar el incumplimiento de emisiones de los vehículos afectados, lo que a su vez implica que los resultados de las inspecciones son incorrectos y los sistemas de control insuficientes. Ello es muy grave, si tenemos en cuenta el contenido relativo a las emisiones que consta en la ficha técnica de cada vehículo sería falso y que llegado el plazo legal los vehículos diésel pasan una prueba específica de emisión de gases en cada ITV, prueba que implica un sobrecoste para los propietarios y que no detecta el fraude.
OTRAS MARCAS DE VEHÍCULOS, COMPETENCIA
En este momento no se habla aún de este punto, pero resulta incontestable que la actuación de VOLKSWAGEN es un acto vulnerador de las normas de competencia. Competencia desleal frente al resto de marcas, consistente en ofrecer al público modelos manipulados y publicitar unas características inexistentes o falsas, lo que unido a los beneficios fiscales de ciertos modelos les han situado en una posición de mercado más ventajosa y atrayente para los compradores. No es descartable que otras marcas ejerciten acciones contra VOLKSWAGEN, el daño existe y puede ser de magnitudes impensables.
Indudablemente, el sector del automóvil, en especial el de los vehículos diésel, se verá resentido por el fraude de VOLKSWAGEN, generándose desconfianza y caída de ventas para este tipo de motorización. A su vez, la propia red de concesionarios y talleres oficiales de VOLKSWAGEN —por lo general terceros ajenos al productor— se verá gravemente afectada, tanto por las reclamaciones directas que recibirán en su condición de “vendedor” como por la bajada de ventas y pérdida de imagen.
Daños al medio ambiente conocidos y consentidos por el fabricante, que afectan a la salud pública de la población con carácter general.
Esto son sólo pinceladas, pero el ámbito del caso excede de todo lo conocido hasta ahora en el sector de la automoción.
POSIBLES ACCIONES JURÍDICAS A EJERCITAR POR LOS AFECTADOS
Expuesto así el mapa provisional de afectados, las consultas que nos están llegando en estos primeros días vienen realizada principalmente los titulares particulares de los vehículos, lo que nos lleva a centrarnos con urgencia en este grupo que es el más débil de todos.
Los propietarios han adquirido, sin saberlo, unos vehículos “manipulados” por el fabricante y cuyas fichas técnicas no coindicen con las características reales. En definitiva han recibido del vendedor —del concesionario en el que adquirieron sus vehículos— un automóvil cuyas especificaciones esenciales (las emisiones de gases han de considerarse esenciales) no se corresponden con las contratadas y no de forma accidental o a causa de una avería de origen o sobrevenida, sino por una causa consciente y voluntaria introducida por el fabricante, que siguiendo una decisión empresarial ha utilizado medios técnicos (podríamos calificarlo de hardware y software malicioso) para burlar los controles y aparentar el cumplimiento de esas especificaciones.
En definitiva, las consecuencias jurídicas son diversas y se abre un amplio abanico de acciones judiciales para los propietarios.
Lo primero que debe tenerse claro es que existen dos figuras diferenciadas, el VENDEDOR, que es el concesionario que nos ha vendido el vehículo y el PRODUCTOR, que es quién importa o fabrica dicho vehículo. Cada adquirente tendrá su “vendedor” y el “productor” será en su caso VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA, S.A. (VW, AUDI, SKODA), o SEAT, S.A., —que al parecer ha utilizado motores afectados por el fraude en algunos modelos—.
Sin duda la ACCIÓN más contundente pasa por solicitar frente al vendedor la declaración de nulidad de la operación de compraventa por existir vicio en el consentimiento prestado en su día por el comprador —artículos 1.265 y ss. el Código Civil—
Podría valorarse la concurrencia de dolo y error en el vicio del consentimiento, pues dicha compra nunca se hubiera realizado de conocerse la manipulación técnica del vehículo por parte del fabricante con la indispensable intervención de su red de concesionarios vendedores.
La instalación de un dispositivo cuyo objeto es superar fraudulentamente los controles técnicos y el falseamiento de los datos de emisiones reales del motor integra el dolo, el engaño es su esencia. Esta vía jurídica, de ser estimada la nulidad, implicaría que ambas partes deberían reintegrarse recíprocamente las prestaciones para “regresar” al momento anterior a la compra, esto es el vendedor recuperará el vehículo y el comprador el precio. El problema estriba en valorar si los tribunales deducirán en estos casos alguna cantidad por el tiempo efectivo de utilización del vehículo. Pero habida cuenta de que estamos ante un fraude, con mala fe de la marca, es plausible, aunque no seguro, que los compradores pudieran recuperar el precio íntegro. Esta vía sería aplicable a todos los supuestos, independientemente de si estamos ante consumidores o no, e independientemente de la edad del vehículo.
Una vía alternativa sería la resolución del contrato por incumplimiento del vendedor al haberse entregado una cosa distinta (aliud pro alio) a la que se compraba. En síntesis se considera que el vehículo no se corresponde con el que compraba y ello da derecho a resolver la operación por incumplimiento de la parte vendedora. En estos casos, que se artículan al amparo del artículo 1.124 del Código Civil, los tribunales también suelen tener en consideración el tiempo de uso antes de la resolución, lo que podría implicar una disminución de la cantidad a recuperar por el comprador.
ACCIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
Al margen de las anteriores acciones de carácter civil puro, la normativa de consumidores y usuarios protege al consumidor ante las situaciones de “falta de conformidad” con el producto y ello durante la vigencia de los periodos legales de garantía —dos años desde la entrega—. Aunque esta normativa, como veremos, se ajusta bien a buena parte de la casuística, puede no ser recomendable o incluso resultar inaplicable según quién sea el titular y en función de la antigüedad del vehículo. Si el titular no es consumidor o usuario en los términos del artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en lo sucesivo TRLGCU) no podría ampararse en esta norma. Y si el vehículo ha superado los plazos de garantía legal, aun siendo consumidor/usuario podríamos no disponer de estas acciones, sin perjuicio de que pueda existir algún tipo de contrato de ampliación de garantía comercial que sí nos permita accionar.
Aun así, la falta de conformidad como definición es perfectamente aplicable al caso si acudimos a la situación descrita en el artículo 116.1 d) del TRLGCU, a cuyo tenor el producto no será conforme con el contrato cuando no “Presenten la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo que el consumidor y usuario pueda fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre las características concretas de los productos hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la publicidad o en el etiquetado. El vendedor no quedará obligado por tales declaraciones públicas si demuestra que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión, que dicha declaración había sido corregida en el momento de celebración del contrato o que dicha declaración no pudo influir en la decisión de comprar el producto”.
Lo expuesto permitiría solicitar frente a vendedor, según los casos, la reparación del producto o su sustitución. Y si la reparación no es posible, permitiría solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato. Todo ello en el marco de los artículos 119 a 122 del TRLGCU. Además el consumidor tendría derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la falta de conformidad, conforme al artículo 117 de la indicada normativa.
Las acciones de reparación y sustitución también pueden ejercitarse residualmente frente al productor o fabricante —al amparo del artículo 124 del TRLCU— y en este caso es indudable que aunque se trate de una acción calificada por la Jurisprudencia como “residual” el productor va a ser necesariamente sujeto pasivo de estas acciones pues está acreditado y públicamente reconocido que es el verdadero responsable. El artículo 124 se ajusta como un guante a la situación al indicar que “el productor responderá por la falta de conformidad cuando ésta se refiera al origen, identidad o idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.”
Por nuestra experiencia podemos prácticamente asegurar que en este caso la solicitud de “reparación” no es la opción adecuada. Suponemos que la vía de la “reparación” es la que va a tratar de ofrecer voluntariamente VOLKSWAGEN en la mayoría de los casos, pero actualmente ni siquiera la marca sabe si es posible, entendiéndose que para que la “reparación” fuera válida tendría que resultar que el vehículo, tras la intervención “reparatoria”, cumpliese con las características que debía tener en origen, esto es, cumplir con las emisiones sin perder ninguna otra característica. La lógica indica que ello es imposible, pues se antoja absurdo cometer tal fraude durante años si la solución técnica existe o es fácil. Además, desde nuestro punto de vista en el presente caso el concepto “reparación” no es aplicable, porque no estamos realmente ante una avería o defecto de fabricación, sino ante un sistema técnico instalado de forma maliciosa por el fabricante para enmascarar un producto y hacerla parecer otro distinto. Por tanto una cosa es “reparar” y otra eliminar un dispositivo fraudulento instalado de origen por el productor y adaptar después el vehículo para que sí cumpla la normativa. Es difícil asimilar ambos conceptos, no se puede “reparar” algo que está funcionando según la forma en la que ha sido diseñado por el fabricante.
Por tanto, si se eligiera la vía de seguir la normativa de consumidores y usuarios, posiblemente la mejor acción a ejercitar, al menos desde un punto de vista económico, sería la acción de sustitución, esto es, solicitar la sustitución del vehículo afectado por otro con las características que debió haber tenido el que se había adquirido y sin dispositivos fraudulentamente instalados de origen.
La última opción sería la resolución del contrato, que entra en juego cuando la reparación no es posible o habiendo sido realizada no ha resultado efectiva (como hemos dicho, en nuestra opinión aquí no podría hablarse de “reparación” posible como tal) o cuando la sustitución tampoco es suficiente.
En definitiva, la conclusión es que prácticamente todos los supuestos son reclamables, por una u otra vía, y en algunos casos el cliente afectado podrá optar por una vía que le interese más según su situación personal.
Prudencialmente podría esperarse a conocer qué postura u ofrecimientos va a realizar el Grupo VOLKSWAGEN (VW, AUDI, SKODA) y SEAT, pero en algunos casos en que el cliente quiera ampararse en la normativa de consumidores y usuarios y el plazo de extinción de las acciones esté cerca, la adopción de medidas es urgente.
En XCEPTIO ABOGADOS estamos a su disposición para asesorarle y defenderle tanto en vía extrajudicial como en vía judicial, somos especialistas en la materia.

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 116
 resolución 
 artículo 117
 artículo 124
 artículo 124
 resolución