Source: https://www.slideshare.net/lnsincensura/monitoreo-libertad-de-expresin-informe-2011-fopea
Timestamp: 2017-12-12 14:37:21+00:00

Document:
Monitoreo Libertad de Expresión Argentina: Informe 2011 FOPEA
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1. MONITOREO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN en Argentina Informe 2011Este informe fue elaborado por Mónica Baumgratz, coordinadora del Monitoreo de Libertad de Expresiónde FOPEA. El desarrollo multimedia fue de Lukas Udstuen, pasante de la Universidad de Missouri(Estados Unidos), y contó con la colaboración especial de Agustín Tonet, del staff de FOPEA, de TeresitaRegueiro, voluntaria del Monitoreo de la LE de FOPEA, Judith Morales y Alejandro Tejero Vacas,pasantes de la Universidad del Salvador (Buenos Aires). 3 de mayo 2012 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 1
2. SUMARIO Sobre FOPEA 3	Autoridades y equipo de trabajo de FOPEA 3	Sobre el programa de Monitoreo de la Libertad de Expresión en la Argentina 4	Prólogo 6	Casos registrados por el Monitoreo durante 2011 8	Datos comparativos con años anteriores 13	Análisis y artículos de opinión sobre la Libertad de Expresión 17	La Libertad de Expresión en las Américas. Por Catalina Botero. Relatora Especial para Libertad de Expresión de la OEA 17	Las empresas periodísticas, ¿son David o Goliat?. Por Fernando J. Ruiz, vicepresidente de FOPEA 21	Fijar un límite a los reclamos de daños morales contra periodistas. Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Periodista - Abogado constitucionalista, especialista en Derecho a la Información 23	Las cuatro libertades. Por Norma Morandini, Senadora nacional por la provincia de Córdoba 25	Libertad de expresión: nuevas éticas de los nuevos escenarios. Por Adriana Amado. Dra. en Ciencias Sociales (FLACSO). Profesora e investigadora en la Universidad Nacional de La Matanza, de Buenos Aires. Presidente del Centro para la Información Ciudadana. 26	Hacia una Internet libre de censura. Por Eduardo Bertoni, ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo 30	Redes sociales y libertad de expresión. Por Sandra Crucianelli, periodista especializada en Periodismo de Investigación y Periodismo de Precisión. 33	El rol regional e internacional de FOPEA. Por Andrés D’Alessandro, Director Ejecutivo de FOPEA 35	Cómo trabaja el Comité para la Protección de los Periodistas. Por Carlos Lauría, Coordinador senior del programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 37	ANEXO A: Relato de casos monitoreados durante 2011 39	ANEXO B: Comunicados públicos 2011 109	Créditos de imágenes utilizadas en la versión digital del Informe 2011 141	Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 2
3. Sobre FOPEAEL ORIGEN DE FOPEAUn grupo de profesionales de medios y profesores de periodismo hemos resuelto impulsar la creación de unespacio de reflexión, de diálogo y de promoción de la calidad de la profesión periodística movilizados porel próximo 20° aniversario de la recuperación de la democracia y ante nuestra certeza de que la calidad delperiodismo es decisiva para la calidad de la democraciaFOPEA se ha planteado como misión contribuir a mejorar la calidad del periodismo a través de lacapacitación profesional, la elevación de los estándares éticos y la defensa de la libertad de expresión. Nonace para ocupar el espacio de otras asociaciones, entidades o sindicatos, sino para trabajar en conjunto contodas, sin ninguna exclusión.Una característica esencial será la estrecha relación entre los profesionales y los docentes de periodismo.Creemos que mediante esta asociación podemos contribuir a mejorar tanto la práctica profesional comotambién la enseñanza profesional, la que muchas veces está demasiado alejada de la experienciaperiodística real.Intentamos que el periodismo argentino, que tanto ha hecho en estos veinte años por mejorar la vidacomunitaria, también esté a la altura, en los próximos veinte, de lo que la sociedad necesita.Julio de 2003OBJETIVOS• Promover debates sobre las cuestiones más relevantes de la práctica periodística.• Promover las prácticas en defensa de la libertad de expresión y denunciar y trabajar contra lasrestricciones impuestas a este derecho básico de la democracia.• Promover el diálogo con todos los sectores involucrados en la profesión.• Promover el diálogo con todos los sectores sociales.Autoridades y equipo de trabajo de FOPEACOMISIÓN DIRECTIVAPresidente: Fabio Ladetto - Diario La Gaceta. TucumánVicepresidente: Fernando Ruiz - Universidad Austral. Ciudad A. de Buenos AiresSecretario: Gabriel Michi - Radio América. Ciudad A. de Buenos AiresProsecretario: Gabriel Bermúdez - Diario Clarín. Bahía Blanca. Buenos AiresVocales titulares: Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 3
4. Daniel Enz - Semanario Análisis. Paraná, Entre Ríos Stella Bin - Revista Pymes de Clarín. Ciudad A. de Buenos Aires Juan Carlos Simo - Diario La Voz del Interior. CórdobaVocales suplentes: Gastón Roitberg - Diario La Nación. Ciudad A. de Buenos Aires Paula Moreno Román - Radio FM Sol. Esquel. Chubut Alejandro Adolfo Costanzo - Canal Todo Noticias y Diario CuyoNoticias. MendozaTesorero: Juan Luis Buchet - Corresponsal Radio Francia Internacional y diario La Tribune. Ciudad A. de Buenos Aires.Protesorera: Gabriela Ensinck - Diario El Cronista. Ciudad A. de Buenos AiresÓrgano de Fiscalización: Titular: Alfredo Zacarías - Diario La República. Corrientes Suplente: Alicia Vergili – Radio América. Ciudad A. de Buenos AiresEQUIPO DE TRABAJO Andrés D´Alessandro - Director Ejecutivo Mónica Baumgratz - Responsable del Programa de Monitoreo de la Libertad de Expresión Miguel Julio Rodríguez Villafañe - Consultor especial honorario del Monitoreo de Libertad de Expresión Beatriz Pazos - Asistente Administrativa Agustín Tonet - Asistente Multimedia Melania Frizzo – Asistente de DirecciónSobre el programa de Monitoreo de la Libertad de Expresión en laArgentinaOBJETIVOS DEL PROGRAMA • Analizar e intervenir ante ataques a la libertad de expresión y asistir a quienes sean víctimas de diferentes tipos de censura • Establecer una red federal de periodistas que detecte e investigue casos de violaciones a la libertad de expresión • Elaborar un registro de los casos observados para identificar obstáculos sistemáticos al ejercicio de este derecho • Trabajar con otras organizaciones o individuos para formular iniciativas de orden público en el área de la libertad de la expresiónFUNDAMENTOS DEL PROYECTOEl programa tiene por fin detectar las más diversas limitaciones a la libertad de expresión, desde lasdirectas y evidentes (agresiones físicas, amenazas, etc.) así como las más sutiles. En tal sentido se observael creciente uso de fondos de publicidad oficial y privada para presionar y condicionar a los medios decomunicación y periodistas. Asimismo, nuestra organización es consciente de que muchos casos en los que Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 4
5. los periodistas que son víctimas de ataques a la libertad de expresión por parte de gobiernos, organizacioneso privados, no son difundidos precisamente por temor a represalias comerciales, laborales o físicas. Ayudara vencer esas barreras es un objetivo central del monitoreo.El programa es federal, busca atender casos que ocurren en las grandes ciudades y en los pueblos pequeños.FOPEA es miembro de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), reconocida redmundial que trabaja para defender y promover este derecho.EQUIPO DE TRABAJOCoordinación del Programa: Mónica BaumgratzConsultor especial honorario: Miguel Julio Rodríguez VillafañeSub Comisión especial para el Monitoreo de la Comisión Directiva de FOPEA: Juan Buchet, GabrielMichi y Juan Carlos Simo Durante el año 2011 la Comisión especial para el Monitoreo de la Comisión Directiva de FOPEA estuvo integrada por Gabriel Michi, Alicia Miller y Pablo Icardi.Red de corresponsales del programa:FOPEA está organizando una red de monitores en las provincias argentinas para que la acción seainmediata y efectiva. Durante el año 2011 fueron corresponsales los siguientes periodistas: • Catamarca: Alejandra Saravia (diario El Ancasti) • Córdoba: Juan Carlos Simo (diario La Voz del Interior) • Corrientes: Agustín Alfredo Zacarías (diario La República) • Chaco: Darío Díaz (diario Norte) • Chubut: Diego Pérez (FM Ciudad) • Entre Ríos: Fabián Magnotta (Radio Máxima, Agencia DyN) • Jujuy: Amalia Eizayaga • La Pampa: Gustavo Laurnagaray (diario La Arena) • La Rioja: Julio Aiub Morales (corresponsal diario Clarín) • Mendoza: Paola Bruno (diario Los Andes) y Felipe Acevedo (diario Los Andes) • Misiones: Norma Lunge (FM Integración y Canal 8 Centro TV) • Neuquén: Hugo Alonso (diario Río Negro) • Pcia. de Buenos Aires, Conurbano Oeste: Alejandro Suárez (diario Mi Ciudad, Florencio Varela) • Pcia. de Buenos Aires, Zona Norte: Lili Berardi (diario La Noticia 1, San Pedro) • Pcia. de Buenos Aires, Zona Sur: Sandra Crucianelli (Canal 7, Bahía Blanca) • Río Negro: Hugo Alonso (diario Río Negro) • Salta: Martín Rodriguez De La Vega (diario El Tribuno) • San Luis: Oscar Angel Flores (corresponsal diario Clarín) • Santa Cruz: Mariela Arias (corresponsal diario La Nación) • Santa Fe: Gastón Neffen (diario El Litoral) • Santiago del Estero: Julio Rodríguez (corresponsal diario Clarín) • Tucumán: Fernando Stanich (diario La Gaceta) • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Soledad de Marco (free lance) Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 5
6. PrólogoPor Fabio Ladetto, Presidente de FOPEA¿Cuánto representan poco más de 120 agresiones a periodistas en un país con 40 millones de habitantes?Mucho. Demasiado. Todo.La estadística suele estar llena de números y datos neutros, desnudos, a los que les falta la encarnadura delcontexto, de las explicaciones y del razonamiento íntimo oculto detrás de una cifra o de un porcentaje,como un ropaje que las viste para verlas en su integridad. Es entonces cuando se puede comprender lo quesignifican.Cada ataque, sin importar su intensidad ni el resultado específico, afecta a la sociedad en su conjunto. Semultiplica exponencialmente desde el uno (el objetivo puntual alcanzado) a una cifra impensable y muyvariable de posibles destinatarios indirectos.La búsqueda del agresor es que no se sepa algo, que no trascienda determinado hecho, que se asegure laimpunidad para sí o para otros. En el instante en que se escucha una amenaza o se trata de esquivar ungolpe, el objetivo está alcanzado: el periodista no puede cumplir con su función porque sus sentidos y suenergía están puestos en la búsqueda de recuperar su propia tranquilidad. Más aún cuando un medio se veimposibilitado de llegar a su público. Y en esto no hay una defensa de la empresa en tanto estructuracapitalista de acumulación de riqueza, sino en la labor de decenas de personas que ven cercenada suexpectativa de difundir hechos e ideas y de miles que no pueden acceder a esa noticia inédita (en tantoescrito y no publicado, y sus equivalentes en radio, televisión, Internet y cuanto soporte pueda crearse afuturo).Cada profesión tiene un mandato moral. El nuestro es buscar la verdad, tal como lo expresamos (y no porcasualidad) en el primer punto del Código de Ética que predicamos desde FOPEA. Para otra actividad serála Justicia, el ganar un campeonato deportivo, el descubrir un nuevo planeta, la conquista del poder, o lasanación del cuerpo o del alma. Ninguna está por encima o es más importante que la otra, pero ciertasausencias tienen consecuencias sociales más graves que las restantes, ya que si no se encuentra un médico oun juez, alguien lo reemplazará; pero si el periodista no puede difundir lo que sabe (y muchas veces, sólo loque él sabe y está dispuesto a contar), nadie se va a enterar.Ciertos vacíos son difíciles de llenar. El del silencio, por ejemplo. Lo no dicho, lo no difundido, lo noconocido no se reemplaza por el ruido, por la confusión, por el aturdimiento. El mensaje del golpe (real osimbólico, lo mismo da atento al resultado) es alcanzar, precisamente, el vacío. La nada. La no noticia.Del total de agresiones relevadas por el Programa de Libertad de Expresión de FOPEA, a través de sumonitoreo nacional, 23 han llegado al estatus de ataques graves por su envergadura. Que sean una quintaparte de todos los registrados es, en sí mismo, un dato alarmante, porque habla de la preparación del hechopara obtener el resultado ansiado, no de una reacción casual ni espasmódica de una persona ante unasituación desagradable. La maquinación de un operativo de silenciamiento requiere de una tácticadeterminada, sea para la comisión del delito como para la intervención de terceros (en los casos de 2011,intervino varias veces más de un poder del Estado).La sociedad ha subido lentamente los peldaños de su organización, desde la primitiva venganza por manopropia hasta la instauración de la Justicia como poder institucionalizado y autónomo. Ese proceso deabstracción llevó a que una persona cediese sus ansias de cobrarse por sí el daño que le habían causado,hasta admitir que todo delito era una agresión al conjunto, una ruptura del contrato social de convivenciaque afectaba (en diverso grado, es cierto) a un colectivo indeterminado y anónimo. De allí que se Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 6
7. instituyeron los tribunales y se tabularon las penas a los delitos, con la ilusión de reestablecer el equilibriodañado y no dejar librado a las sensaciones individuales lo sufrido.Buscamos que la sociedad tome conciencia acerca del significado de los ataques a los periodistas, desde elejemplo superior que deben dar sus autoridades electas, las que están sometidas al escrutinio público por supropia voluntad: ellas se postularon libremente para ocupar un cargo, y lo que hagan está expuesto alcontrol ciudadano. Este principio alcanza a quienes integran espacios de poder en un sentido amplio, en lasdiferentes instancias de interacción, ya que son actores centrales en la toma de decisiones públicas queafectan a todos.La incorporación del concepto de que cuando se logra evitar que se publique una nota, el agredido es lacomunidad porque se la privó de información, llevará también a aumentar los niveles de exigencia hasta lospropios periodistas, a quienes se les podrá reclamar que expulsen el fantasma de la autocensura, y a losdueños de medios, que no podrán exigir nunca más a sus empleados que una noticia se acomode a losintereses de anunciantes, públicos o privados, relativizando o falseando datos.Estas son las fronteras finales de la libertad de expresión. El camino es arduo y no sólo pasa por el ideal(casi utópico) de una sociedad sin agresiones físicas o verbales, sino por la mucho más tangible asunción delas responsabilidades individuales con un objetivo colectivo. Cada uno en su sitio y desde su lugar, paraconseguir el bien común. Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 7
8. Casos registrados por el Monitoreo durante 2011ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓNLa recopilación de los datos del Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA de manera cuantitativaofrece la opción de enriquecer el análisis cualitativo y la lectura de la historia de cada caso con lacuantificación de los otros casos ocurridos. En esta sección podrá acceder a gráficos ilustrativos de lasdiversas variables analizadas y de su comparación con años anteriores.Ataques por fechaNoviembre 17Agosto 12Septiembre 12Octubre 12Marzo 11Julio 11Abril 10Mayo 10Junio 9Febrero 7Diciembre 7Enero 4Total 122Ataques por ubicaciónCdad. A. de BuenosAires 24Capital provincial 42Localidad del interior 56Total 122 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 8
9. Ataques por distrito o provinciaC.A.B.A. 24Buenos Aires 17Salta 13Misiones 10Santa Fe 9Mendoza 6Río Negro 5San Luis 4San Juan 4Jujuy 4Chaco 4Córdoba 3Tucumán 2Santiago delEstero 2Santa Cruz 2Neuquén 2La Pampa 2Entre Ríos 2Corrientes 2Chubut 2La Rioja 1Formosa 1Catamarca 1Total 122Por tipo de ataqueAgresión física y/o psíquica 37Amenazas 20Atentado contra la propiedad, la emisión o la difusión 17Censura 12Hostigamiento judicial 9Hostigamiento 8Discriminación con pauta oficial 5Impedimento de cobertura 4Hostigamiento policial 3Amenaza de muerte 2Restricciones al acceso a la información 2Restricciones al acceso a la información. Impedimento de cobertura 2Legislación desfavorable 1 Total 122 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 9
10. Por tipo de ataque - Primera PartePor tipo de ataque – Segunda PartePor tipo de agresorDesconocido 23Otros. Sin caracterización 16Funcionario municipal 10Funcionario nacional 10Funcionario provincial 10Activistas. Manifestantes sindicales 8Fuerza pública. Personal Policial 7Propietario de medio 7Activistas. Militantes políticos 6Otros. Simpatizantes de fútbol 6Candidato político 4Dirigente deportivo 4Dirigente político social 3Empleado municipal 3Directivo de medio 2Justicia federal 2 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 10
11. Justicia provincial 2Personal de seguridad privado 2Fuerza pública. Gendarmería nacional 1Justicia nacional 1Poder Legislativo nacional 1Por tipo de agresor – Primera PartePor tipo de agresor – Segunda Parte Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 11
12. Por actividad del agredidoPeriodista de radio 41Empresa de medios 24Periodista de diario 20Periodista de diariodigital 12Periodista detelevisión 12Prensa en general 11Camarógrafo 8Reportero gráfico 6Instalaciones deradio y TV 4Propietario 3Equipo técnico 2Instalaciones deradio 2Periodista de agenciade noticias 2Periodista de revista 2Prensero 2Sitio web de medioaudiovisual 1Total general 152Por género del agredidoHombres (82 afectados) 82Mujeres (17 afectadas) 17Total 99CASOS FAVORABLES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓNEn 2011 se registraron 14 casos favorables a la libertad de expresión, cuyo detalle se puede ver en el AnexoA. Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 12
13. Datos comparativos con años anterioresPor año (de 2008 a 2011) 2008 2009 2010 2011 Enero (29 casos) 8 13 4 4 Febrero (51 casos) 21 12 11 7 Marzo (51 casos) 12 18 10 11 Abril (50 casos) 17 12 11 10 Mayo (45 casos) 16 14 5 10 Junio (37 casos) 6 8 14 9 Julio (43 casos) 10 13 9 11 Agosto (42 casos) 7 12 11 12 Septiembre (41 9 casos) 13 7 12 Octubre (35 casos) 5 10 8 12 Noviembre (54 11 casos) 15 11 17 Diciembre (30 8 casos) 7 8 7 Mes Total 2008 - 2011 Enero (29 casos) 29 Febrero (51 casos) 51 Marzo (51 casos) 51 Abril (50 casos) 50 Mayo (45 casos) 45 Junio (37 casos) 37 Julio (43 casos) 43 Agosto (42 casos) 42 Septiembre (41 casos) 41 Octubre (35 casos) 35 Noviembre (54 casos) 54 Diciembre (30 casos) 30 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 13
14. Por año (de 2008 a 2011) Acumulados 2008 2009 2010 2011Distrito 2008 - 2011C.A.B.A. 28 22 20 24 94Buenos Aires 22 24 10 17 73Salta 6 8 14 13 41Santa Fe 7 8 6 9 30Entre Ríos 10 10 3 2 25Misiones 2 6 6 10 24Córdoba 7 6 6 3 22Río Negro 3 7 6 5 21Mendoza 3 7 4 6 20Chaco 3 5 5 4 17La Pampa 7 1 5 2 15Jujuy 5 1 3 4 13San Luis 4 5 0 4 13Corrientes 3 7 0 2 12La Rioja 4 4 2 1 11Santa Cruz 1 1 7 2 11Ta. Del Fuego 5 4 2 0 11Neuquén 3 2 2 2 9San Juan 1 2 1 4 8Catamarca 0 2 4 1 7Chubut 2 2 1 2 7Sgo. del Estero 1 3 0 2 6Tucumán 2 2 0 2 6Formosa 1 1 2 1 5Relación entre distrito y año analizadoPrimera parte Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 14
15. Segunda parteTercera parte Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 15
16. Por tipo de ataque (de 2010 a 2011) TOTALataques 2010 2011 2010 - 2011Agresión física y/o psíquica 35 37 72Amenazas 29 22 51Atentado contra la propiedad, la emisión o la 29 17 46difusiónHostigamiento 25 20 45Impedimento de cobertura 14 4 18Censura 2 12 14Discriminación con pauta oficial 2 5 7Restricciones al acceso a la información 6 6Detención arbitraria 5 5Asesinato 1 1Legislación desfavorable 1 1Fallo desfavorable 1 1 Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 16
17. Análisis y artículos de opinión sobre la Libertad de ExpresiónLa Libertad de Expresión en las Américas1Por Catalina Botero. Relatora Especial para Libertad de Expresión de la OEALas dos últimas décadas del Siglo XX las Américas estuvieron marcadas por el fin de las dictadurasmilitares, la decadencia de la cultura de la Guerra Fría y el surgimiento de nuevas esperanzasconstitucionales. Sin embargo, en ciertos campos aún persistía el legado jurídico y cultural de losregímenes autoritarios y su influencia había logrado permear algunos de los sistemas que habían mantenidoformas de gobierno democráticas.Así por ejemplo, a principios de los noventa, no era extraña la existencia de normas que consagraban lacensura previa estatal de libros, películas y obras de arte, como una forma de proteger la moral social, elorden público y las buenas costumbres. Los periodistas y los medios críticos tenían pocas garantías paraejercer su derecho a expresarse libremente cuando sus pensamientos u opiniones pudieran resultarofensivos o chocantes para quienes ejercían cargos públicos o para sectores poderosos o mayoritarios de lapoblación.Hace poco más de una década, las voces que sostenían que el delito de desacato era la única manera demantener la majestad, dignidad y legitimidad de las instituciones, no eran minoritarias. Entonces, primabala cultura del secreto, montada sobre una idea premoderna, según la cual, los órganos del Estado, por elsimple hecho de serlo, eran merecedores de toda la confianza y el respaldo de la población. Al panoramaanterior habría que sumarle otros legados nefastos de las doctrinas autoritarias, como leyes de prensadramáticamente restrictivas y la existencia de sistemas arbitrarios de asignación de bienes y recursospúblicos fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión, como la asignación de la publicidadoficial, las frecuencias de radio y televisión, o los subsidios para las artes y la cultura.Finalmente, uno de los más graves atentados contra la libertad de expresión se manifestó a través de laabsoluta impunidad que existía sobre los crímenes cometidos con el propósito de acallar una opinióndisidente. Crímenes sistemáticos cometidos en contra de jóvenes estudiantes, líderes obreros o campesinos,indígenas, periodistas, y todo el que se atreviera a pensar distinto o a reaccionar contra la arbitrariedad delEstado. Hace diez años, estas víctimas de la peor forma de censura, no ocupaban un lugar importante en laagenda hemisférica.El Siglo XX concluyó con una región mayoritariamente democratizada. Sin embargo, al menos en materiade libertad de expresión, faltaba mucho camino por recorrer. En este panorama marcado por una herenciajurídica y cultural autoritaria, pero también por la esperanza originada en el fin de la Guerra Fría y el nuevoimpulso de nuestras democracias constitucionales, fue creada la Relatoría Especial para la Libertad deExpresión de la CIDH. 1 Este artículo presenta un extracto del libro “Una Agenda Hemisférica para la Defensa de la Libertad deExpresión”. CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Una agenda hemisférica para la defensa de lalibertad de expresión. OEA/Ser.L/v/II/CIDH/RELE/INF.4/09. 25 de febrero de 2009. Párrs. 1-9, 13-14, 41, 45, 47, 55, 74,76, 77; 88 y 89, 101 y 104. Disponible en:http://www.cidh.org/pdf%20files/Un%20agenda%20Hemisferica%20espanol.pdf Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 17
18. En la actualidad, los avances en materia de libertad de expresión, aunque no son suficientes, sonimportantes: la libertad de expresión se encuentra consagrada en casi todos los textos constitucionales, y laslegislaciones y los programas gubernamentales han incorporado e implementado aspectos diversos de estederecho en los regímenes internos. En la mayoría de los Estados los mecanismos de censura directa sonvirtualmente inexistentes. Varios Estados han derogado los delitos de desacato y difamación en sus diversasmanifestaciones2; otros tantos, han incorporado o actualizado su legislación con el objetivo de garantizar elacceso a la información3. Pese a que la impunidad sigue siendo un problema grave, existen avancesimportantes en la materia4. En estos años también se ha logrado visibilizar aspectos novedosos de laproblemática de la libertad de expresión en la región, como las formas de censura indirecta (la asignacióndiscriminatoria de la publicidad oficial, la concentración de propiedad de los medios de comunicación,entre otros) y la autocensura. Por otro lado, un número importante de tribunales nacionales ha venidoincorporando los estándares internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión en sus decisiones5.Los avances mencionados se originan en el proceso de consolidación de nuestras democracias en estaúltima década, y en la vigorosa, activa y protagónica participación de la sociedad civil en la defensa ypromoción del derecho a la libertad de expresión. Pero estos avances también se deben al impulso que elsistema interamericano de protección de derechos humanos le ha dado a este derecho.El marco jurídico provisto por el sistema interamericano de protección de los derechos humanos seconsagra como el más garantista entre los diversos sistemas regionales existentes. La ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos en su artículo 13 da un altísimo valor a la libertad de expresión6. Asílo hacen también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –Artículo IV7, y laCarta Democrática Interamericana –Artículo 48. 2 Argentina, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros, handerogado el delito de desacato de su legislación civil. Argentina, El Salvador, México y Panamá, entre otros, handerogado la difamación criminal (o delitos similares) cuando se trata de expresiones sobre funcionarios públicos. 3 En los últimos años Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay,entre otros, aprobaron leyes sobre acceso a la información. 4 Al respecto, puede consultarse: CIDH. Informe especial sobre la situación de las investigaciones sobre elasesinato de periodistas por motivos que pudieran estar relacionados con la actividad periodística. OEA/Ser. L/V/II.131Doc. 35. 8 de marzo 2008. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/relatoria/section/Asesinato%20de%20Periodsitas.pdf.También pueden consultarse los informes del proyecto de impunidad disponibles en: http://www.impunidad.com/ 5 Al respecto pueden consultarse los informes anuales de la Relatoría Especial que recogen importantejurisprudencia comparada sobre aplicación interna de estándares internacionales. Disponibles en:http://www.cidh.oas.org/Relatoria/docListCat.asp?catID=24&lID=2. Especialmente, el capítulo V del informe anual 2009describe algunos de los más importantes avances en materia de incorporación interna (legislativa y judicial) de losestándares interamericanos sobre libertad de pensamiento y expresión durante 2009. 6 Dicho artículo prescribe que: 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Estederecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración defronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.// 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino aresponsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: (a) elrespeto a los derechos o a la reputación de los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o lasalud o la moral públicas. // 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como elabuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres yaparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación yla circulación de ideas y opiniones. // 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa conel exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio delo establecido en el inciso 2. // 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología delodio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contracualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 7 “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión delpensamiento por cualquier medio.” Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo IV. 8 “Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividadesgubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechossociales y la libertad de expresión y de prensa. // La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado ala autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de lasociedad son igualmente fundamentales para la democracia.” Carta Democrática Interamericana, Artículo 4. Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 18
19. La Corte Interamericana emitió, a lo largo de esta década, catorce sentencias hito9 que marcaron, cada unadentro de su ámbito específico, avances sustantivos sobre el alcance de la libertad de expresión, mientrasque la CIDH, aparte del impulso original dado a los casos resueltos por la Corte Interamericana, adoptó laDeclaración de Principios sobre Libertad de Expresión10 y publicó importantes informes de fondo que nosólo han puesto a la región a tono con los desarrollos jurídicos que se han dado a nivel mundial, sino que enmuchos casos, han impulsado dichos desarrollos. A su turno la Relatoría Especial ha publicado al menos 14informes en los que ha desarrollado temas importantes como: estándares interamericanos sobre libertad deexpresión, acceso a la información, radiodifusión, desafíos hemisféricos, protesta social, procesoselectorales, concentración de medios, desacato y difamación, discursos de odio, publicidad oficial, ylibertad de expresión y pobreza.No obstante los avances alcanzados, la región enfrenta una serie de importantes desafíos. En primer lugar,la protección de periodistas y lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra comunicadoresen el ejercicio de su profesión. En segundo lugar, la descriminalización de la expresión y proporcionalidadde las sanciones ulteriores. En tercer lugar, el acceso a la información y hábeas data. En cuarto lugar, lacensura directa e indirecta. Finalmente, el pluralismo y diversidad en el debate público y el procesocomunicativo.En relación con la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidoscontra comunicadores en el ejercicio de su profesión, la Relatoría Especial ha observado que frente a loscrímenes y agresiones contra periodistas las investigaciones iniciadas son, en su gran mayoría,excesivamente lentas y cuentan con serias deficiencias en su desarrollo, hasta el punto que no permitir elesclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables, ni la reparación a las víctimas. Esterepresenta uno de los problemas más graves en materia de libertad de expresión que existen en elcontinente, tanto por la gravedad de sus efectos, como por el potencial que tienen, este tipo de prácticas,para expandirse rápidamente. Cabe resaltar que como lo ha señalado de manera consistente lajurisprudencia regional y los más importantes estudios sobre el tema, el asesinato, secuestro, tortura odesaparición de periodistas es la más radical, violenta y efectiva forma de censura11. 9 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001.Serie C No. 73; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74; Caso Herrera Ulloa.Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie CNo. 111; Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135; Caso Claude Reyes y otros.Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151; Caso Kimel. Sentencia de 2 de mayo de 2008. Serie C No.177; Caso Tristán Donoso. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193; Caso Ríos y otros Sentencia de 28 deenero de 2009. Serie C No. 194; Caso Perozo y otros. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195; Caso UsónRamírez. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207; Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia.Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil.Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219; Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Sentencia de 29de noviembre de 2011. Serie C No. 238. Existen otros casos en los que la Corte ha hecho importantes pronunciamientossobre el alcance del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, pese a que los problemas jurídicos centralesversaban sobre la afectación de derechos distintos al consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana, a saber:Corte IDH. Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141; Caso Myrna Mack Chang.Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo ContenciosoAdministrativo”). Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. 10 La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión fue aprobada por la CIDH en octubre de 2000durante su 108º período ordinario de sesiones. 11 Al respecto, importantes organizaciones vinculadas con la defensa del derecho a la libertad de expresión hanpodido constatar en la práctica lo que es fácil intuir en la teoría: que la muerte de un periodista le envía a toda lacomunidad el claro mensaje de que hay temas que resultan muy peligroso discutir y que la mejor manera de salvar lavida es dejar de investigar y callar. Lo que ha sido demostrado es que ese mensaje es ciertamente muy efectivo y originaprocesos silenciosos y generalizados de autocensura que es muy difícil advertir y contrarrestar. De otra parte, está claroque la impunidad de estos crímenes incentiva a los criminales a seguirlos cometiendo. Artículo 19. Libertad de Prensa enMéxico: La sombra de la impunidad y la violencia. Agosto de 2008. Disponible en:http://www.article19.org/pdfs/publications/mexico-la-sombra-de-la-impunidad-y-la-violencia.pdf. En el mismo sentido sepueden consultar Crímenes contra Periodistas. Proyecto Impunidad en: http://www.impunidad.com; y Campaña Globalcontra la Impunidad en: http://www.cpj.org/campaigns/impunity/ Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 19
20. Asimismo, respecto de la necesidad de eliminar las normas que criminalizan la expresión y deimpulsar la proporcionalidad de las sanciones ulteriores es necesario tomar en cuenta que el uso de losmedios coercitivos del Estado para imponer una visión única del mundo o desalentar una deliberaciónvigorosa y abierta sobre todos los asuntos de relevancia pública, resulta incompatible con los principios queorientan los regímenes democráticos y, en particular, con el derecho a la libertad de expresión consagradoen el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, algunos temas que preocupanparticularmente a la Relatoría Especial, son: (i) la existencia de leyes penales de desacato, injuria ycalumnia, particularmente cuando se aplican para procesar penalmente a quienes han hecho valoracionescríticas sobre asuntos de interés público o sobre personas que tienen relevancia pública; (ii) el uso de lalegislación penal para proteger la “honra” o “reputación” de ideas o instituciones; (iii) los intentos deaplicar tipos penales como “terrorismo” o “traición a la patria” a quienes se han limitado a expresar odifundir ideas u opiniones distintas a las sostenidas por las autoridades públicas; y (iv) la criminalizaciónde la protesta social.Por otra parte, la eliminación de la censura directa o indirecta ha sido un tema en el cual la RelatoríaEspecial ha trabajado de manera particularmente intensa. En el caso de la censura directa, ha impulsadocasos como “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros)12, que han permitido sentar las basespara la erradicación plena de la censura previa en la región, ha escrito distintos informes y ha realizadopronunciamientos que han servido para promover decididamente la regla establecida en el artículo 13.2 dela Convención Americana, que prohíbe la censura previa13.En cuanto a la llamada censura indirecta, la Relatoría Especial ha advertido, en distintos informes, sobresu existencia y las distintas manifestaciones que puede adquirir, ha resaltado que las “violaciones indirectasson con frecuencia obstrucciones oscuras, impuestas silenciosamente, [que] no dan lugar a investigacionesni merecen una censura generalizada, como ocurre con otras violaciones más directas”14. La RelatoríaEspecial ha identificado como algunas de las posibles formas de censura indirecta: la asignación arbitrariade recursos públicos, como publicidad oficial, frecuencias o subsidios; la utilización arbitraria de losmecanismos de regulación y fiscalización; la creación de un ambiente de intimidación que inhibe laexpresión disidente; la autorización explícita o tácita de las barreras impuestas por particulares para impedirel libre flujo de las ideas y, en particular, de aquellas que resultan molestas o incómodas al poder político oeconómico.En relación con el derecho de acceso a la información y al hábeas data, el Estado tiene la obligacióninternacional de suministrar al público información y establecer mecanismos ágiles y eficientes de acceso ala información que sea solicitada15. Dado que se trata de una de las formas protegidas del derecho a lalibertad de expresión, las restricciones al derecho de acceso deben respetar los mismos criterios que se usanpara evaluar cualquier otra restricción de este derecho. El reto de la Relatoría Especial frente a este desafíoimplica, inter alia, seguir promoviendo la promulgación de leyes de acceso en los Estados que aún no 12 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“ (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. 13 Así por ejemplo, en su Informe Anual 2002, la Relatoría señaló: “La interdicción de la censura previa, con laexcepción que prevé el párrafo 4 del artículo 13, es absoluta. Esta prohibición existe únicamente en la ConvenciónAmericana. La Convención Europea y el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos no contienen disposiciones similares.Constituye una indicación de la importancia asignada por quienes redactaron la Convención a la necesidad de expresar yrecibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones e ideas, el hecho de que no se prevea ninguna otraexcepción a esta norma”. CIDH. Informe Anual 2002. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad deExpresión. Capítulo III. Párr. 21. 14 CIDH Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. CapítuloV. Párrafo 1. 15 Cfr. Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 deseptiembre de 2006. Serie C No. 151. Véase también, Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos enel caso de Claude Reyes y otros v. Chile. Transcritos en la sentencia del 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151;Comité Jurídico Interamericano. Principios sobre el derecho de acceso a la información. (CJI/Res. 147 – LXXIII-0/08, 7 deagosto de 2008). Declaraciones Conjuntas de 1999, 2004 y 2006 de los Relatores Especiales para la Libertad deExpresión de la ONU, la OEA y la OSCE. Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 20
21. cuentan con este tipo de normas, promover que los marcos jurídicos respeten los estándares internacionalese impulsar su adecuada implementación.Finalmente, el pluralismo y la diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión, alude la situación deaquellas personas sistemáticamente excluidas del debate público, las que integran los grupos socialestradicionalmente marginados, discriminados o que se encuentran en estado de indefensión. Para afrontar eldéficit de protección de la libertad de expresión de los grupos marginados y la insuficiente información delas sociedades, la Relatoría Especial entiende que resulta necesario insistir en la necesidad de aplicar leyesantimonopólicas para evitar la concentración en la propiedad y en el control de los medios decomunicación; y lograr que la asignación de frecuencias y licencias de todo el espectro radioeléctrico, y enespecial del nuevo dividendo digital, respete la obligación de inclusión que le impone a los Estados elmarco jurídico interamericano, de forma que se fomente, de manera decisiva, el pluralismo y la diversidaden el debate público.Las empresas periodísticas, ¿son David o Goliat?Por Fernando J. Ruiz. Vicepresidente de FOPEANo es un debate nuevo ni es solamente argentino. Lleva más de un siglo, viaja por el mundo y resurge enforma cíclica.En la calle hay dos concepciones de la libertad periodística, que son antagónicas.Hay una concepción que dice que el gran peligro del periodismo es el Estado, ese poder burocrático-organizativo que puede usar la ley a discreción y que si no le alcanza seguro puede usar algo más. ElEstado muchas veces no quiere críticas, ni testigos, ni curiosos, y entonces silencia, oculta, manipula,intimida y castiga de múltiples maneras –burdas o sofisticadas- al periodismo. Para esta concepción, lalibertad periodística se potencia en la medida que el escenario no estatal es fuerte, incluso podría habermedios estatales en ese escenario, pero siempre con una intervención estatal mínima en los contenidos.Aquí el Estado es Goliat y los medios son David.Una regla de oro es evidente: cuando las democracias son menos desarrolladas, los estados son más opacos.Y, por lo tanto, el trato a los medios es menos profesional y más sectario. Sabemos que ningún Estado delmundo se siente feliz con el periodismo.La otra concepción es perfectamente inversa a la anterior. En ella, el mercado es precisamente el que anulala libertad periodística, porque sería el espacio en el que un grupo de privilegiados expropia “la libertad deopinión” del pueblo, a través de sus poderosos medios. Por lo tanto, el Estado sería el gran liberador de lalibertad de prensa pues tiene el poder necesario para destruir la rosca de los dueños de los medios y abrirlas canillas de las palabras y de las imágenes a la ciudadanía. En esta concepción, los medios son Goliat yel Estado es David.Estas concepciones rivales quedaron bien expuestas en la discusión que se dio por la visita de la SociedadInteramericana de Prensa (SIP) a nuestro país, en mayo del 2011. La SIP denunció al Estado argentino porla cooptación de medios con la publicidad oficial, la intimidación a los medios críticos y la falta deacatamiento a fallos judiciales favorables al periodismo. Por su parte, el gobierno mandó una carta a la SIPen la que dice: “el grupo empresarial Clarín, formado por capitales argentinos y extranjeros y socio devuestra organización, se ha constituido en el mayor obstáculo para lograr una vigencia plena de la libertadde expresión en nuestro país”. Para luego agregar: “la existencia de un mercado de la comunicacióndominado por pocos grupos empresariales tiende a promover la formación de una opinión pública Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 21
22. uniformada y un poder político subordinado, además de obturar el desarrollo de la libre expresión de ideasy difusión de informaciones”.Otro duelo entre ambas posiciones fue la reciente sanción de la ley sobre papel prensa. Para algunos, laintervención minuciosa del secretario Guillermo Moreno en la oferta y demanda del mercado será unagarantía de libertad de expresión; para otros será uno de los peores escenarios posibles para la libertadperiodística.Es evidente que el gobierno nacional no tiene una vocación especial por la libertad periodística. Ya desdeque los Kirchner gobernaban Santa Cruz, su relación con los medios era puramente instrumental. Susdeclaraciones suelen ser cuestionadoras de la actividad y de la profesión. Pero, en general, la clase políticatiene una actitud similar y es difícil encontrar a alguien en el sector político genuinamente interesado en eldesarrollo periodístico. Un reciente trabajo sobre publicidad oficial en todo el país, elaborado por MartínBecerra para Poder Ciudadano, demuestra que en la mayoría de las provincias la doctrina mediáticakirchnerista es la política estándar. Confiamos en que un cambio de actitud a nivel nacional, generaríatambién cambios en los otros niveles de gobierno.Entonces, de acuerdo con el prisma que se use, el diagnóstico sobre la libertad de prensa en Argentina esmuy diferente. Nuestra vocación como FOPEA no es buscar posiciones que nos pongan a resguardocómodo del incendiario debate político, sino defender lo más genuinamente posible la libertad y desarrollode los periodistas.Por eso, desde el monitoreo se pretende tener un acercamiento menos rotundo y simplificador. Nuestraexperiencia después de analizar durante años la situación, provincia por provincia, es que cualquier actorpuede convertirse en el enemigo del desarrollo periodístico. Por ello, tratamos de evitar declaracionesgrandilocuentes y nos limitamos a señalar cualquier cruce de la línea roja, sea quién sea el que la cruce.Para esto, nuestra obsesión en estos tiempos de discusión popular sobre la libertad de prensa es laprofesionalidad y precisión de nuestros monitores. Creemos que el servicio de FOPEA en estos momentoses hacer periodismo sobre la libertad de expresión, es decir, investigar, verificar y difundir, sin anteojerasideológicas.Uno de los puntos claves de esta discusión es el estatus de la empresa periodística. Aquí es donde nosacusan algunos de no defender suficientemente al periodismo, y otros de salir a cubrir los intereses deempresas de lucro. Para una de las concepciones expuestas, la empresa periodística es la plataformanecesaria que debe sustentar al periodismo profesional, y cuanto más fuerte sea más potencial de calidadtendrá. Para la otra concepción, la empresa periodística es una trampa contra la libertad de expresión puessu carácter de empresa bloquea toda posibilidad de colocarse al servicio del bien común.En nuestro monitoreo del 2011 hemos registrado tanto agresiones de la empresa periodística, comoagresiones a la empresa periodística.En total, hubo seis casos de censura interna registrados por el monitoreo, de los cuáles algunos no fueronfehacientemente probados, pero sirvieron para generar el alerta y la discusión necesarias. Sin duda haymucha más censura interna en el periodismo argentino, pero es difícil su registro. En esos casos se dependede la voluntad del periodista, o de que el caso tome estado público y por lo tanto se haga posible laintervención de FOPEA sin poner en riesgo la continuidad laboral del periodista afectado. Si a este tema sele saca todo prejuicio previo, será posible poder distinguir más finamente entre línea editorial –al que todomedio tiene derecho-, criterio periodístico –idem-, y censura interna, que es lo que debemos visibilizar.Desde el monitoreo lo estamos intentando, pero no es fácil. Nosotros también estamos cargados deprejuicios.Por otra parte, durante el 2011 registramos treinta y un casos de agresiones a la empresa periodística. Paraalgunos, muchas de esas agresiones son “liberadoras” de la libertad periodística, pero si están en nuestromonitoreo es que nosotros pensamos lo opuesto. Es evidente que un discurso hostil desde los distintosniveles del poder político contribuye a estos efectos. Por supuesto, el principal agresor es “desconocido”, Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 22
23. luego hay dos de grupos gremiales (bloqueo de plantas en Buenos Aires y en Córdoba), y la mayoríarestante son provenientes del Estado, tanto a nivel nacional, provincial como municipal.A FOPEA no le preocupa aparecer defendiendo empresarios periodísticos si esto implica defender lalibertad de expresión, pero tampoco quiere ser usada en puras peleas de intereses. Por eso se intenta evaluaral máximo posible la pertinencia de la acción del monitoreo en cada caso. No podemos asegurar quesiempre hayamos actuado en forma correcta. Hay también un aprendizaje de nuestro monitoreo.Fijar un límite a los reclamos de daños morales contra periodistasPor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Periodista - Abogado constitucionalista, especialista en Derecho ala Información. Consultor especial honorario del Monitoreo de la Libertad de Expresión de Fopea.Luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado argentino, en elcaso del periodista Eduardo Kimel, en el año 2009, se dictó la Ley 26.551. Esta norma terminó con lafigura de calumnias e injurias como delito penal, para expresiones referidas a asuntos de interés público olas que no sean asertivas y para los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asuntode interés público.Esto fue un nuevo gran avance para el periodismo libre e independiente en Argentina, tal como, en 1993,también había sido el dictado de la Ley 24.198, que eliminó el delito de desacato.La protección a la reputación de las personas ha quedaba garantizada a través de sanciones civiles y lagarantía del derecho de rectificación o respuesta.Sin embargo, a los efectos del aseguramiento de los daños morales a las personas es importante fijarcriterios claros y previsibles, para evitar que, con el pretexto de resarcimientos de ese tipo de daños, sepuedan deducir demandas por abultados montos, buscando fundamentalmente frenar o anular a la prensa,más que una reparación adecuada. Ello opera como una “verdadera censura previa”, que ataca al derechohumano a la información y genera incertidumbre e inestabilidad a los periodistas.Repárese que demandas por daños y perjuicios morales, por grandes sumas de dinero, operan con efectosinhibidores para los informadores. La mayoría de estos no tienen salarios significativos y en muchos deellos están desocupados y cobran magros montos por las colaboraciones que efectúan. En ese contexto, enmuchos casos, resulta efectivo para algunos demandar a periodistas y embargarles sus bienes. Total, sidespués se pierde el juicio, luego de por lo menos 4 a 6 años de litigio y desgaste al periodista, las costaspara el demandante perdidoso pueden ser insignificantes, al lado de la intranquilidad que hizo vivir alperiodista, ya que pagará sólo honorarios y costas resultantes. Además, con ello logró, tal vez, detenerinvestigaciones y simultáneamente enviar un mensaje paralizador a otros que quisieran entrar a tratar eltema.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho en la problemática, que “es evidente que el quantumdel resarcimiento, si bien constituye un factor disuasivo de las conductas ilícitas, también puedeconvertirse, en caso de exceso, en factor de debilitamiento del desempeño de la prensa responsable. En estesentido, el monto no debe ser simbólico ni ínfimo, pero tampoco debe entrañar un enriquecimiento sincausa del reclamante”, (caso “Menem, Carlos Saúl c/ Editorial Perfil S.A. y otros s/ daños y perjuicios-sumario”, sentencia de fecha 25/09/2001, Fallos: 324:2895).Pero lo cierto es que, más allá del criterio orientador sentado por la Corte, éste no alcanza si elresarcimiento moral queda siempre sometido al criterio discrecional de la justicia. La Corte Interamericana Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 23
24. de Derechos Humanos sostuvo, que “La necesidad de proteger los derechos a la honra y a la reputación, asícomo otros derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión,requiere la debida observancia de los límites fijados a este respecto por la propia Convención. Estos debenresponder a un criterio de estricta proporcionalidad”, (caso “Kimel vs. Argentina”, sentencia de fecha02/05/08, párrafo 56).El principio de proporcionalidad, también denominado como “Principio de intervención mínima”, buscaque las restricciones o sanciones al derecho a la libertad de expresión no solo sean necesarias, sinoproporcionales. O sea, guarden una relación debida entre el daño infringido y la sanción o responsabilidadimpuesta. En definitiva, en este aspecto, el beneficio que tendría la sociedad en la limitación a la libertad deexpresión, deber ser más grande que los condicionantes que se ponen al mencionado derecho.Atento a lo referido, es que hace tiempo propugno la necesidad que se vuelva previsible la determinaciónde los montos indemnizatorios por daños morales que se demanden a periodistas.Como principio, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado en el caso “Kimel”, que“una sentencia declaratoria de la existencia de violación constituye, por si misma, una forma dereparación”.Si aún así, la sentencia y su publicación fueren insuficientes para superar la mortificación moral, esnecesario prever pautas predecibles y objetivas de cuantificación de los montos a resarcir por los dañosinmateriales que se hubieren causado.En ese aspecto, y como una salida interesante en este tema, hay que resaltar lo dispuesto por la “Ley deResponsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en elDistrito Federal”, de México, del año 2006.En la norma se establece que, respecto a los perjuicios inmateriales, “La reparación del daño comprende lapublicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formatodonde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que constituyeron la afectación al patrimonio moral”,(art. 39). Se agrega luego en la ley, que “En los casos en que no se pudiere resarcir el daño en términos delartículo 39 se fijará indemnización tomando en cuenta la mayor o menor divulgación que el acto ilícitohubiere tenido, las condiciones personales de la víctima y las demás circunstancias del caso, en ningún casoel monto por indemnización deberá exceder de trescientos cincuenta días de salario mínimo general vigenteen el Distrito Federal… ”, (art. 41).En la norma también se hace la salvedad, en el artículo 33, que “Los servidores públicos tendrán limitadosu derecho al honor, a la vida privada y a su propia imagen como consecuencia del ejercicio de susfunciones sometidas al escrutinio público”, por lo que, en este aspecto, el art. 41 antes referido, concluyesosteniendo que: “En los casos de los sujetos contemplados en el artículo 33 de esta ley el Juez podrá,dependiendo las características especiales del caso, disminuir hasta en un setenta por ciento la cantidadmáxima establecida”.Para que se tenga una pauta de referencia, el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal es depesos mexicanos 62,33 por día. Si esta cantidad la multiplicamos por 350 que es el máximo fijado por laley de indemnización por daño moral, nos da el monto de 21.815,50 pesos mexicanos. Todo lo que equivalea una sanción en moneda argentina, que no podría superar, más o menos, depende el cambio, los $ 7.357 enconcepto de daño moral.No se trata de buscar indemnidad periodística pero si previsibilidad económica para brindar el servicio,siempre riesgoso en lo físico como en lo económico, de trabajar para una información al servicio de todos.Entiendo que habrá que trabajar para que en Argentina, se pueda reformar el Código Civil y lograr quehaya pautas predecibles y razonables en materia de resarcimientos de daños morales, con motivo delaccionar periodístico. En ello se garantizará, debidamente, el derecho humano a la Libertad de Expresión. Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 24
25. Las cuatro libertadesPor Norma Morandini. Senadora nacional por la provincia de CórdobaLibertad para decir, para rezar, para vivir sin necesidades y para vivir sin miedo. Esas fueron las cuatrolibertades a las que se aferró el mundo occidental tras los horrores del nazismo y la Segunda GuerraMundial. Una bella utopía, institucionalizada más tarde en la Declaración Universal de los Derechos delHombre. Corría 1948, y en el debate en torno al artículo 19, que consagró el derecho a la libertad deexpresión y a la opinión, se identificó a esa libertad como uno de los componentes esenciales de aquellaDeclaración.Sin embargo, ya se insinuaban las tensiones de la Guerra Fría y la interpretación acerca de la libertad deexpresión se coló en los debates. Los soviéticos proponían la censura y que los medios estuvieranadministrados por el Estado. Decían que una libertad “ilimitada” podía incitar al fascismo y el Estado sepresentaba como garante de una distribución igualitaria de los recursos. Finalmente triunfó la vigorosaconcepción defendida por Eleonora Roosevelt, la libertad sin restricciones, a no ser la responsabilidadinherente al ejercicio de esa libertad, como puede ser la protección de la infancia. Una tradición que han idofortaleciendo numerosos tratados internacionales de derechos humanos y lleva a que en los tribunalesinternacionales no se acepten los argumentos políticos de ningún país para justificar las restricciones a lalibertad de expresión.Han pasado más de 60 años y, a contramano de esa tradición universal, la Argentina conserva laconcepción política de ver a la sociedad como a niños a los que se debe tutelar. Se antepone el poder a lalibertad, a la que se sigue viendo como un valor burgués. El poder es el que distribuye la justicia y otorga lalibertad. La censura directa de los regímenes militares y la tentación de control de la opinión públicadelatan esa concepción autoritaria: “Salvar al pueblo” de los enemigos de turno.De modo que nuestra tradición política es ajena a la cultura de derechos humanos. Pero si la locura delnazismo dejó como dolorosa enseñanza que los países que restringieron la libertad son los que estimularonla violencia, y hubo un especial cuidado en construir una cultura de convivencia democrática, en nuestropaís estrenamos la democracia denunciando las violaciones pero no construimos una cultura de respeto a lalibertad ajena. Es decir: la convivencia democrática.Dejamos en los tribunales el castigo al terrorismo de Estado, pero no desarmamos la cultura políticaautoritaria que sustentó la tragedia. Dominados por las emergencias económicas, ninguno de los gobiernosdemocráticos priorizó una educación universal de respeto y tolerancia. Si no, cómo explicar que a treintaaños de la democratización y seis décadas después de aquella Declaración, en la Argentina se viva comonatural la injerencia del Estado en la distribución de la pauta oficial y ahora el papel. Como si se tratara deuna pelea del Gobierno con una empresa con nombre propio y no el mayor atentado a los fundamentos quesostienen el sistema democrático.El insumo de la prensa es la libertad. El papel o Internet son sólo vehículos de la prensa y esresponsabilidad de los gobernantes garantizar esa libertad, cuya única limitación se llama“responsabilidad”. Una palabra escasa en el debate público, dominado por la lógica guerrera de amigo yenemigo. Por eso, cuando está en juego la libertad, lo que atemoriza es la injerencia del Estado. Buenejemplo es la reacción mundial ante la ley SOPA, con la que, en nombre de combatir la pirateríaelectrónica, el gobierno de los Estados Unidos podría controlar la libertad que corre suelta por Internet.En la Argentina, ni siquiera incorporamos como valor una obviedad del sistema democrático: la prensa, porsu misma definición, no sirve al poder sino a la ciudadanía. Los periodistas no son empleados públicos, son Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 25
26. empleados del público. Las redacciones están llenas de hombres y mujeres que creen en lo que hacen yejercen el periodismo con responsabilidad. Ellos recorren los tribunales, caminan los ministerios, indaganen los números de la economía, transitan por las calles o los pasillos del Congreso. Eso hacen losperiodistas por los ciudadanos. Ejercer el periodismo con autonomía siempre fue riesgoso en nuestro país.Como lo prueban los asesinatos de Rodolfo Walsh y José Luis Cabezas, en los que se simbolizan tantosotros. Sin embargo, no veo a muchas personas dispuestas a reconocer a esos periodistas. No ignoro lapromiscuidad, en el pasado, de la política con el periodismo, pero esa no es ni debe ser una justificaciónpara lo que sucede hoy: el control sobre la opinión pública.Nunca antes en la democracia los periodistas han tenido menos acceso a la información pública, y eloficialismo se niega a aprobar los proyectos que duermen anestesiados por las mayorías parlamentarias. ElGobierno decide qué se debe informar y nadie parece dispuesto a romper ese muro informativo. La falta deinformación favorece el chisme y los trascendidos, que hieren la credibilidad del periodismo. Institucionesde prestigio de nuestro país se callan por temor a represalias. Sin que se advierta que la libertad deexpresión vale tanto para los médicos de un sanatorio como para los científicos pagados por el Estado.Vivimos la paradoja de que cada vez tenemos menos información pública y cada vez más las agenciasgubernamentales tienen más datos sobre los ciudadanos.Ceñidos al guión oficial, no vemos a muchos dispuestos a ejercer ese derecho a decir. Y, ya se sabe, cuandose vive con miedo, florece la hipocresía. Decir lo que se piensa, lejos de ser un derecho y una honestidadpersonal, se ha convertido en un acto de coraje.Si se defienden los derechos humanos, no se puede estimular el “odio nacional”, como condena el Pacto deSan José de Costa Rica, porque la democracia es el antídoto a la guerra, y una cultura de derechoshumanos, el instrumento legal y político para combatir el racismo, la intolerancia y la discriminación.Esos son los principios que sustentan la cultura política democrática. A no ser que se utilicen losprocedimientos de la democracia para atentar contra la democracia. En ese caso, vamos configurando unrégimen de apariencia democrática pero sin demócratas dispuestos a defender el derecho a decir, a orar, avivir sin hambre y sin miedo.Publicado en el diario La Nación (18 de febrero de 2012)Libertad de expresión: nuevas éticas de los nuevos escenariosExtractado de La palabra empeñada. Investigaciones sobre medios y comunicación pública en Argentina(2010). Actualizado a 2012.Por Adriana Amado. Dra. en Ciencias Sociales (FLACSO). Profesora e investigadora en la UniversidadNacional de La Matanza, de Buenos Aires. Presidente del Centro para la Información Ciudadana(Facebook/inf.ciudadana). Entre sus publicaciones académicas cuenta siete obras colectivas como editora ytres libros de su autoría. La última es La palabra empeñada. Investigaciones sobre medios y comunicaciónpública en Argentina (2010), de donde se ha extractado este fragmento.El periodismo argentino está atravesando una coyuntura de cambios estructurales del negocio y del marcolegal. Dos fuertes polémicas públicas llevaron al periodismo al centro del debate: en estos años la Ley deServicios de comunicación audiovisual, sancionada en setiembre de 2009, y el falso dilema periodismoprofesional vs. militante, que plantea formas de ejercer la profesión en función de la adscripción ideológicao relación contractual del periodista. La intensa discusión sobre el marco legal y la pluralidad del espaciopúblico no necesariamente fue registrada por la opinión pública como un aumento de libertad para losmedios. Antes bien, pareciera lo contrario. Las descalificaciones recíprocas de actores públicos y Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 26
27. periodistas terminan provocando escepticismo en la opinión pública, como muestran varias encuestas deopinión.En el ejercicio de la libertad, el marco legal es una parte importante. Pero su ejercicio depende en granmedida del condicionamiento social percibido en determinados momentos. De Weber para acá, sabemosque “en el curso normal de la vida social, la autoridad del Estado obtiene su respaldo por métodos másmoderados, más difusos y en conjunto menos transparentes: mediante la difusión de formas simbólicasconcebidas para cultivar y sostener la confianza en la legitimidad del poder político” (Thompson, 2001:140). De ahí que el clima social de confianza sea un factor central para la libertad de expresión.Un estudio que sistematizó los Informes Anuales de la Rele desde el primero en 1998 hasta 2008, muestraque Argentina ocupa el puesto 7º y Brasil el 9° en cantidad de denuncias entre los 32 países (Bertoni, 2009:13 y ss.). En esos once años, los diez primeros países en denuncias concentran el 73% de los casos pero laposición de cada uno de ellos varía mucho en función del tipo de agresiones denunciadas. Las agresionesdirectas ubican a Colombia, México y Perú entre los primeros puestos. Pero no puede obviarse que lapropia Relatoría está planteando dar prioridad a categorías que conformarían, al decir de la relatoraCatalina Botero, las “nuevas agendas” (Baumgratz, 2010: 52).Si se toman entonces las categorías Censura, Uso abusivo del poder público, Pluralismo y Acceso a lainformación, se constata que esos son los problemas principales para países como Venezuela, Argentina yBrasil. Para estos países estas cuatro categorías representan un cuarto del total de las denuncias presentadasen los once años, en tanto que para Colombia, apenas el 5%. Por caso, en el informe global los casosargentinos representan el 6% del total, pero el porcentaje de denuncias se duplica en los ítems uso abusivodel poder público y acceso informativo (Amado, 2011: 124). El caso del pluralismo, que ha sido uno de losejes que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual venía a subsanar, no parece haber sido objeto dedenuncias en esos años.Tabla: Casos reportados Informes Anuales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de CIDH,1998-2008 (Amado, 2011) Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 27
28. Total % de % de Censura Uso Pluralism Acceso casos por casos del categorías (1) abusivo o y informaci país país sobre (1, 2, 3, 4) poder diversidad ón el total sobre público (3) (4) casos del (2) país1º Colombia 265 15% 5% 7 7 0 02º Perú 254 14% 13% 16 9 0 93º México 250 14% 10% 7 9 5 54º Venezuela 234 13% 24% 18 22 3 125º Cuba 164 9% 12% 1 13 0 56º Haití 141 8% 3% 3 1 0 07º Argentina 136 8% 26% 9 12 1 13 % del total 10% 14% 5% 24%8º Guatemala 128 7% 16% 0 2 10 89° Brasil 106 6% 27% 24 3 1 1 % del total 27% 4% 5% 2%10º Bolivia 89 5% 15% 5 6 0 2 Total 10 1767 73% 14% 90 84 20 55 países Total LA 2408 100% 134 113 28 99Como recuerda Manuel Castells, “Los gobiernos suelen combinar varias estrategias: el control políticosobre los medios públicos (…); la presión sobre sus propietarios; la legislación que permite el controlgubernamental sobre todo tipo de comunicación y, si todo lo demás falla, la intimidación de periodistas obloggers” (Castells, 2009: 353). Esto significa que son restricciones a la tarea periodística tanto el marcojurídico de los medios como cuestiones que van más allá de las políticas públicas, y que están másrelacionadas con la ética de la información. Los aspectos aquí involucrados serían el acceso a lainformación, pero también la accesibilidad el periodismo a las fuentes y a ámbitos privilegiados deinformación; la forma en que maneja el financiamiento, entre otros.Mucha información, poca confianzaEl análisis de situación de localidades pequeñas muestra que no solo desde las políticas públicas es que elEstado puede favorecer a unos medios en detrimento de otros. De hecho, el sistema de medios estáconfigurado de una manera tal que sería muy difícil pensar en cambios drásticos, aun cuando sesancionaran las tan necesarias (y demoradas) leyes de acceso a la información y de regulación de lapublicidad oficial.No puede obviarse que con los actores tradicionales conviven nuevos medios y medios que cambiaron sueconomía por la de loteo de espacios que llenan productoras que tiene a su cargo la explotación comercial yperiodística. Las nuevas señales también compiten por los mismos anunciantes que el resto de los actores,tanto públicos como privados. Esto ha propiciado un nuevo sistema que se llama de “auspicios” paradistinguirlo de las pautas publicitarias tradicionales, establecidas por parámetros de llegada de los vehículos Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 28
29. publicitarios. Los auspicios son administrados generalmente por el área de prensa, por lo que sus crecientespresupuestos no pueden ser detectados con la pauta oficial. Muchos beneficiarios son periodistas de mediosprincipales y que tienen su emprendimiento complementario en una radio o un canal de cable. De estamanera, es común que un periodista especializado en economía en un diario tenga su programa de cableauspiciado por los bancos que suelen ser sus fuentes. O el periodista que cubre Casa de gobierno para undiario principal, reciba un auspicio directo para su programa radial. O gobiernos provinciales quepromocionan su gestión en medios de Capital, con lo que la pauta de la comunicación de gobierno no sejustifica por su llegada a los ciudadanos a los que debería estar dirigida. Y así.Es difícil establecer cuánto condiciona la información que el periodista da del anunciante. Hace unos añosla investigación de María O’Donnell demostraba que existía un profuso “reparto ‘minorista’ de avisos (porlo general auspicios) que distribuían en centenares de programas periodísticos de radio y televisión” (2007,51). Como resultante del sistema se han fortalecido los intermediarios de periodistas, que presentan encarpetas que despliegan el portafolio de “periodistas independientes”, donde abiertamente se ofrecen“servicios” accesorios al auspicio como difusión de prensa garantizada para los anunciantes.El ingente caudal de dinero que los gobiernos, en sus distintos estamentos, destinan a los medios los hancolocado entre los principales anunciantes del país, con lo cual ya no están exentos de los mecanismos depresión indirecta y de cooptación que siempre se le acusó a los grandes auspiciantes (Becerra, 2011). Elfinanciamiento involucra no sólo a grandes medios, sino a periodistas en particular. Sólo en Buenos Aireshay más de veinte medios que funcionan con el esquema de alquiler de sus espacios a productorasperiodísticas que gestionan su producción (Diarios sobre diarios, 2010). Y muchas de ellas superan amedios consolidados en facturación. Como analiza Martín Becerra, “la economía del loteo o del subalquilerpredominante en las radios argentinas morigera el control del dueño de la emisora sobre los contenidos quepropala. La programación cristaliza un puzzle que en los hechos responde más a terceros actores(anunciantes, productoras sin vínculo societario con la emisora) que al beneficiario de una licencia,dificultando su dominio sobre las voces que se emiten por ‘su’ radio” (citado en Amado, 2010, 46). Pero lomás grave es la transformación que ello implica para la tarea periodística, como destaca el citado informede Diarios sobre diarios: “no sólo el periodista debe conseguir sus propios anunciantes para tener unprograma de radio, sino que incluso los profesionales que trabajen en la producción del programa tambiéntienen que obtener “sponsors”, o resignarse a trabajar gratis. La degradación de la tarea periodística es unarealidad en muchos rincones de nuestro país”.Muchos políticos y empresarios han reconocido haber recibido llamados de productoras que sutil oabiertamente relacionaban la aparición en los programas con los auspicios. Pautas importantes paraprogramas de escasa audiencia se explican generalmente por el hecho de que están protagonizados porperiodistas que suelen tener presencia en medios importantes. Se asume que el auspicio es una cortesía que“aceita” la relación con el periodista (O’Donnell , 2007, 110), y podría facilitar el contacto en el medioprincipal en el que trabaja. De parte de los medios, se hace la vista gorda a los emprendimientos accesoriosde sus periodistas, que de alguna manera los exime de pagar sueldos de exclusividad. Incluso algunosfavorecieron el proceso de personalización del periodista, permitiendo firmas en los diarios aun parapasantes.Todas estas condiciones en las que se desarrolla la tarea periodística tienen efectos en el campoperiodístico. Cada vez es más corriente ver al periodista desarrollando su actividad en forma autónoma,despegándose de la clásica relación contractual con el medio que ha sido reemplazada en gran medida porcontratos de explotación de espacios publicitarios que administran los periodistas y sus productoras. Elriesgo mayor es que, al carecer de respaldo editorial de un medio y al depender de manera más directa delfinanciamiento de un anunciante en particular, el periodista queda más expuesto a las presiones de aquellosde los que depende su sustento.Los medios han sido responsables de buena parte de estas transformaciones de las que, en alguna medida,han sido beneficiarios. Buena parte tiene a sus colaboradores en distintos grados de precarización laboral y,justificándose en los apremios financieros, han institucionalizado prácticas contrarias al periodismo decalidad (pagar por la publicación de información, priorizar información de sus anunciantes, no publicar loque podría comprometerlos). El poder ha sido partícipe necesario de estas transgresiones por acción o por Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 29
30. omisión. Lo cierto es que no puede hablarse de plena libertad de comunicación en la medida en que losmensajes públicos carezcan de legitimidad, porque el ciudadano no solo tiene que recibir información, sinoconfiar en ella. Este sistema propagandístico propició un escenario inestable: muchos medios con muchosmensajes pero poca información confiable. No puede hablarse de la pérdida de lectores sin tener en cuentaestas nuevas circunstancias y sin estar dispuesto a discutir con franqueza las nuevas éticas que demandahoy el sistema de información pública.Notas:Amado, A. (2011). Los compromisos del periodista y del investigador académico. In R. Christofoletti & F. J. Karam (Eds.), Jornalismo Investigativo e Pesquisa Científica: Fronteiras (pp. 119-128). Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, Editora Insular.Amado, A. (Ed.). (2010). La palabra empeñada. Investigaciones sobre medios y comunicación pública en Argentina (p. 200). Buenos Aires: Centro de Competencia en Comunicación, Fundación F. Ebert. En http://www.c3fes.net/docs/palabraempenadaarg.pdfBaumgratz Mónica (2010). “Nuevas libertades para nuevas expresiones”, en Amado (2010)Becerra, M. (2011). Quid pro quo. La publicidad oficial en la Argentina y sus múltiples facetas. Society (pp. 1-36). Buenos Aires. En http://poderciudadano.org/wp/wp- content/uploads/2011/12/InformeFinalPublicidadOficiaArgentina20111.pdfBertoni Eduardo (2009). “La situación de la libertad de expresión en las Américas”. Buenos Aires, Universidad de Palermo, Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información, en http://www.alianzaregional.net/site/images/stories/situacion_eduardo_bertoni.pdfCastells, M. (2009). Comunicación y poder. Barcelona: Alianza.Diario sobre diarios. (2010, octubre 2). “El loteo periodístico se enfrenta al dilema: cambia o sobrevive”.Diario sobre diarios. En http://www.diariosobrediarios.com.ar/eldsd/zonadura/2010/diciembre/zd-2-diciembre-2010.htmO’Donnell María (2007). Propaganda K. Buenos Aires, Planeta.Thompson John (2001). El escándalo político. Barcelona, Paidós.Hacia una Internet libre de censuraRecomendaciones para América LatinaPor Eduardo Bertoni (en Twiter @ebertoni). Fue Relator Especial para la Libertad de Expresión de laComisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es Director del Centro de Estudios en Libertadde Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Facultad de Derecho e la Universidad de Palermo,Buenos Aires.El 12 y 13 de septiembre de 2011, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a laInformación (CELE) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo organizó el taller regionalLibertad de expresión e Internet: aspectos regulatorios en América Latina, que se realizó en la Facultad deDerecho de la Universidad de Palermo. Este taller se llevó a cabo en el marco del proyecto Libertad deexpresión e Internet de esa entidad, que se propone explorar, en relación con los temas enumerados a Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 30
31. continuación, el impacto de la legislación y las decisiones judiciales y políticas de los Estadoslatinoamericanos sobre libertad de expresión e Internet:Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISPs): formas en que se impone laresponsabilidad a los ISPs.Filtrado de contenido: exploración de las regulaciones y políticas sobre filtrado de contenido en Internet.Retención y protección de datos personales: regulación y políticas relacionadas con la retención yprotección de datos personales.Difamación y jurisdicción: difamación en línea y el problema del turismo de difamación (libel tourism).El grupo de participantes incluyó a profesores, académicos y especialistas en Derecho y regulación deInternet de distintos países latinoamericanos; entre ellos, Brasil, Chile, Perú, Colombia, Uruguay, PuertoRico y la Argentina. Los participantes locales constituyeron una muestra de la comunidad jurídica quereunió a profesores, abogados, representantes del Poder Judicial y de organizaciones no gubernamentales.(…)Las recomendaciones y conclusiones que se detallan a continuación, para cada uno de los temas tratados,han sido elaboradas por el CELE y son el fruto de las cuestiones analizadas que tuvieron lugar durante eltaller y de los estudios que el CELE llevó adelante durante la ejecución del proyecto mencionadopreviamente (1). Durante 2012, el CELE lanzó la Iniciativa Libertad de Expresión en Internet –iLEI. Unade las actividades previstas será la discusión de estas recomendaciones con funcionarios, activistas yacadémicos de distintos páises de América Latina. a) Responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet (ISPs) e intermediarios• Existe escasa y fragmentaria regulación sobre el tema de responsabilidad de intermediarios en AméricaLatina.• Es conveniente que el tema de la responsabilidad de los intermediarios sea regulado de forma específica,de modo que garantice que los ISP y otros intermediarios no sean responsables por los contenidos deterceros, cuando no controlen estos, ni tengan un conocimiento efectivo de su ilicitud.• Resulta recomendable que las normas no sean ambiguas. Cuando estas no son claras, ante el temor a serconsiderados responsables, se pueden crear incentivos a intermediarios a retirar contenidos por decisiónpropia, lo que potencialmente afectaría los derechos de libertad de expresión.• Una regulación específica del tema requiere una ponderación de los derechos e intereses en juego en cadaámbito en el que se puede generar algún tipo de responsabilidad de los intermediarios, como puede ser elárea de difamación, de pornografía infantil o de propiedad intelectual. Un acercamiento general que intentecubrir todos estos espacios, sin atender las particularidades de cada contexto –el bien jurídico tutelado asícomo los intereses de expresión en juego–, podría ser inadecuado.• Para que exista responsabilidad de tipo penal de los intermediarios, si ello es admisible, es imperativo quecualquier regulación de esta índole cumpla con los principios fundamentales que rigen el derecho penal.• Al regular la responsabilidad civil de los intermediarios, debe quedar claro que las actividades mediante eluso de Internet no pueden considerarse actividades riesgosas.• Pueden establecerse eximentes de responsabilidad de los intermediarios vinculados con los modelos denotificación y baja de contenido (notice and take down). Sin embargo, al implementarse estascircunstancias eximentes, debe considerarse la posibilidad de que las notificaciones sean judiciales; que senotifique también al creador del contenido que se quisiera bajar y que se procure, en todos los casos, llevara cabo procesos judiciales sencillos y expeditos.• Es conveniente estudiar la imposición de responsabilidad a intermediarios por la baja de contenidos quepudieran hacer de manera arbitraria, discriminatoria y sin debido proceso.b) Retención y protección de datos personales Informe 2011 – Monitoreo de la Libertad de Expresión. FOPEA 31

References: artículo 13
 Artículo 4
 artículo 13
 Artículo 19
 artículo 13
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 artículo 33
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