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Timestamp: 2019-06-15 22:40:02+00:00

Document:
Nº 64-09 consejo superior del poder judicial - Página 5
Interino en el puesto: Lic. Andrés Grossi Castillo
Condición laboral: Propietario como Auxiliar Supernumerario en la Sección Asesoría Legal.
Vigencia del nombramiento: 31/07/09
* La licenciada Palma Elizondo se encuentra en período de prueba hasta el 01/07/09.
Estas ternas se conforman con la lista de elegibles de juez (a) 3 en materia Laboral.
El Consejo de la Judicatura, en sesión N° CJ-18-06, celebrada el 18 de julio de 2006, en su artículo XII, dispuso: “ ... 4) que en futuras ternas se incluya a un cuarto aspirante en calidad de suplente, en caso de que uno de los integrantes decline su participación...”
Asimismo, la máster Silvia Palma Elizondo, en su expresado carácter, en nota de 17 de junio en curso, solicitó lo siguiente:
Actualmente formo parte de la terna para el nombramiento del Juez o Jueza del Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Heredia, la cual fue remitida a la Secretaría mediante oficio SACJ-2024-2009, el día hoy. Es una plaza que me interesa muchísimo ya que implica para mí la oportunidad laboral y profesional que he estado esperando desde hace mucho tiempo. Durante más de quince años me he desempeñado como Jueza 1 y me he preocupado por cultivar las mejores herramientas de trabajo, en los diferentes despachos en los que he colaborado como administradora de justicia. Ello me ha implicado poner en práctica un gran compromiso con cada oficina, con mis colaboradores y buscar el más alto nivel de atención y servicio para los usuarios. Por eso, me he preocupado no tener atrasos en el circulante, en la medida en que eso ha sido posible. Además, he buscado una excelente relación con el personal de apoyo, para mantenerlos motivados y dispuestos a cumplir junto con mi persona, este cometido de justicia célere y de calidad, sin dejar de lado mi esfuerzo por dar un trato muy humano, tonto al expediente que encierra el conflicto de dos o más personas, como a los usuarios mismos en sus demandas de atención verbal y escrita (sea, dentro del expediente , frente al mostrador, vía telefónica o, en el estrado al momento de las audiencias). Este perfil profesional que muestro y mi conciencia sobre mi papel como juzgadora ha sido el cúmulo de las enseñanzas que me han brindado la experiencia, pero sobre todo, debido al estudio diario de doctrina, jurisprudencia y de la minuciosidad en los pormenores de cada caso en particular lo cual es parte de mi forma de vida. Ese esfuerzo lo he acompañado, de la mayor cantidad de capacitaciones que me ha sido posible obtener, principalmente en la Escuela Judicial y algunos cursos de los que he podido participar en la Universidad de Costa Rica.
No obstante todo lo dicho, aproximadamente desde el año 2004 me propuse como meta de mediano plazo ocupar el cargo de Jueza de Mayor Cuantía en la materia laboral, materia que he conocido por más de catorce años, sobre todo en despachos de Menor Cuantía. Ante tal expectativa, inicié un estudio más exhaustivo de la materia, para hacer el examen específico en esa área (en el cual obtuve una excelente calificación), realicé estudios de especialidad y maestría en la Universidad Nacional, donde también obtuve un excelente rendimiento, participé del Programa de Formación Básica para Jueces y Juezas de la Escuela Judicial, con una duración de año y medio en el cual igualmente rendí de manera excelente ( pese al exceso de trabajo extra- clase que el mismo exigía). Actualmente me sigo cultivando en la academia, siendo que he participado en algunos Congresos y frescos cursos del área laboral, en busca de una mejor capacitación desde la óptica formal, pero sobre todo, más práctica y humana frente al proceso. Participé en el V Congreso Panameño de Derecho Procesal, que se llevó a cabo en agosto del año recién pasado en Panamá y en el XI Congreso Centroamericano y del Caribe de Derecho del Trabajo, que también se realizó en ese país en octubre de 2008. Fui alumna en el Curso denominado “Descentralización Productiva y Responsabilidades Patronales en Materia de Seguridad Social”, impartido en la Universidad de Costa Rica durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, enero y febrero de 2009. Me desempeñé como Jueza de Trabajo de Mayor Cuantía, en una plaza extraordinaria del II Circuito Judicial de San José durante todo el año 2008 y parte del presente; todo lo cual me permite sentir que estoy preparada para aprovechar la oportunidad de ascenso profesional que ahora se me presenta en esa plaza que se ubica dentro de la provincia donde vivo (Heredia). No omito recordarles, que prácticamente todos estos 15 años los he laborado como jueza 1 en despachos alejados de mi domicilio permanente, pues he estado en Limón, Guanacaste, Puntarenas, Alajuela y San José.
Es con fundamento en lo anterior que me atrevo a pedirles el apoyo para ser elegida como Jueza de Trabajo del Juzgado de Mayor Cuantía de Heredia, donde continuaré profundizando el estudio y la práctica del derecho laboral público y privado, con muchos mayores retos de los que hasta ahora he afrontado de manera exitosa.
Adjunto a la presente, copia de los diferentes atestados a los que he hecho referencia. Además, para cualquier referencia de mi persona en el desempeño académico que he tenido en la Escuela Judicial, puede consultarse a las Licdas. Kattia Escalante Barboza y Ana Tristán Sánchez, funcionarias de ese Departamento.”
Por su parte, la licenciada Guiselle Gené Calderón, Jueza interina del Tribunal de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, en nota de 18 de junio en curso, manifestó lo siguiente:
“El día de hoy presenté una solicitud ante el Consejo de la Judicatura con el fin de interponer un recurso de Revisión formal, con revocatoria y apelación en subsidio contra el acuerdo N° SAC.J-2062-09 del día 17 de junio, cuyas copias se adjuntan.
En virtud de lo anterior, solicito muy respetuosamente no se tramiten los nombramientos de las plazas número 85298 y 92798, correspondientes al Juzgado de Trabajo de Heredia y Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, hasta que se conozca tal recuso.”
Se acordó: 1) Tomar nota de las comunicaciones anteriores. 2.) Reservar el conocimiento del nombramiento en propiedad de Juez 3 en el Juzgado de Trabajo de Heredia, hasta tanto el Consejo de la Judicatura resuelva los recursos de revisión, revocatoria y apelación interpuesto por la licenciada Giselle Gené Calderón contra el oficio N° SACJ-2024-09 de ese Órgano.
ARTÍCULO XIII (
Conoce este Consejo en apelación la resolución número 897 dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial a las catorce horas diez minutos del veintiuno de noviembre del dos mil ocho, dentro del procedimiento disciplinario número 08-000007-031-IJ, seguido contra Karen Thomas Smith, investigadora de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Limón, en la cual se declaró con lugar la causa disciplinaria, se calificó la falta como grave, y se le impuso a la denunciada un mes de suspensión sin goce de salario.
I.-Mediante resolución de las diez horas del veintiséis de diciembre del dos mil siete, dictada por la Jefatura de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Limón, y de las quince horas del veintiocho de marzo del dos mil ocho, dictada por la Inspección Judicial, se le dio traslado de cargos a la servidora, para que se manifestara respecto a los siguientes hechos: conducta irregular, incumplimiento de los deberes propios del cargo y desobediencia a la autoridad, por omitir informar a sus superiores (Jefatura del OIJ de Limón) que estaba inhabilitada para conducir vehículos, pues se le había suspendido su licencia de conducir, por un período de seis meses, requisito indispensable para ejercer el cargo de investigadora, así como para poder conducir vehículos oficiales con inhabilitación para ello; hacer caer en error a la encargada del equipo individual y credenciales oficiales al portar licencia de conducir cuando se encontraba suspendida y presentar ésta cuando se le revisó el equipo individual y sus credenciales durante los meses de agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2007; no entregar la licencia a la Dirección General de la Policía de Tránsito, conforme se ordenó en la sentencia número 07-000955-499-TB, con lo cual desobedeció lo resuelto en evidente irrespeto a la investidura jurídica del juez. Asimismo el hecho de no cumplir con los requisitos mínimos para el puesto de investigadora al tener suspendida la licencia en virtud de resolución firme de la autoridad jurisdiccional. Mediante ampliación de denuncia, se le atribuyó además incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo y en su vida privada que afectan el buen servicio y la imagen del Poder Judicial, al mantenerse ejerciendo su cargo y conduciendo los vehículos oficiales, con su licencia de conducir vencida desde el 18 de mayo del 2005, sin que a la fecha del oficio N° DG-0191-08, de la Dirección General de Educación Vial, del veintinueve de febrero último, haya renovado su licencia de conducir, requisito indispensable para la conducción de los vehículos oficiales, además de perder uno de los requisitos esenciales para el desempeño del cargo.
II.-La autoridad de primera instancia tuvo como probados los siguientes hechos: 1) El Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica, en resolución de diez horas y once minutos del seis de agosto de dos mil siete, conforme a la boleta de citación número 2006-416611 del treinta de junio de dos mil siete, expedida contra la servidora Karen Jackelyn Thomas Smith, la declaró autora responsable de infringir la Ley de Tránsito en sus ordinales 129 e, 106 ch, 133 a, por lo que le impuso una multa de veinte mil colones, así como la suspensión de su licencia para conducir, por el término de seis meses (documental de folios 7 al 10).- 2) Al no ser recurrida la sentencia condenatoria, la misma adquirió firmeza el diez de agosto de dos mil siete (misma probanza anterior).- 3) La servidora Thomas Smith no cumplió con la condenatoria de suspensión de su licencia para conducir vehículos, siendo que el once de diciembre de dos mil siete, se le levantó la boleta de citación 2007-179034; asimismo condujo unidades de la institución como parte de sus labores de Investigadora del Organismo de Investigación Judicial, asignada a la Delegación en el Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, lo que obligó a su Jefatura a abrir proceso disciplinario (documental de folios 1 al 6 y del 11 al 13).- 4) Antes de la condenatoria de suspensión de la licencia para conducir, la servidora Thomas Smith, tenía su licencia vigente hasta el catorce de julio de dos mil diez (documental de folios 91 y 92).-Se agrega como hecho probado el siguiente: 5) La denunciada no informó a sus superiores acerca de la suspensión de su licencia de conducir; (véase traslado de cargos a folios 11 al 13).
III.-La comisión de relaciones laborales mediante resolución número 11-2009 de las ocho horas treinta minutos del veintisiete de marzo del dos mil nueve, estimó la falta como leve y recomendó modificar la sanción impuesta y sustituirla por una amonestación escrita.
IV.-En su escrito de apelación, la denunciada citó como agravios los siguientes: que el parte de tránsito que se menciona en la sentencia, corresponde a una infracción cometida con su vehículo particular, y ella no ha conducido ningún vehículo oficial durante el período de suspensión de su licencia de conducir, lo cual se comprueba con la revisión del libro de vehículos, en el cual no aparece ella como conductora durante el tiempo en que tuvo suspendida su licencia de conducir. Que era a ella como jefe del grupo a quien le correspondía designar a la persona que conduce determinado vehículo, y por eso no aparece su nombre como conductora de ninguno de los vehículos oficiales. Agregó además que no hubo pérdida de una de las condiciones para el ejercicio del cargo, sino que lo que se dio fue una suspensión de la licencia, la cual transcurrido un plazo se recupera. Continúa manifestando la apelante en su defensa que de haber infringido el reglamento al no comunicar la suspensión de su licencia, podría conllevar a una sanción como falta leve, y por lo menos a una amonestación, al no tener antecedentes disciplinarios. Por eso, solicitó que se revoque la sentencia y se declare sin lugar la queja, o si se considera que se cometió una falta, se le sancione con amonestación.
V.-La autoridad de primera instancia sancionó a la denunciada porque no cumplió con el extremo de la condenatoria que le suspendió la licencia, toda vez que el 11 de diciembre del 2007, (debe leerse 21 de octubre del 2007), se le levantó la boleta de citación número 179.034, cuando conducía el vehículo placas 695272, lo cual está resuelto conforme a derecho, pues todo servidor judicial tiene que comportarse correctamente, tanto en su vida laboral como en la privada, y es el más obligado a cumplir la ley y las resoluciones judiciales, pues deben dar buen ejemplo a los demás, de manera que si la denunciada tenía suspendida su licencia para conducir vehículos porque una autoridad judicial así lo dispuso, debió acatar esa orden. Se le sancionó además porque posteriormente condujo unidades de la institución como parte de sus labores de investigadora del Organismo de Investigación Judicial, teniendo suspendida su licencia. Sin embargo, este segundo hecho no ha sido demostrado en el proceso, y en ello tiene razón la denunciada cuando lo alega en sus agravios. La autoridad de instancia lo tiene por probado fundamentándose en la prueba documental de folios 1 al 10 y del 11 al 13. Pero la primera prueba es la sentencia dictada por el Juzgado de Tránsito del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica en el proceso número 07-601403-499 seguido contra la denunciada, que tuvo su origen en la boleta número 179034, pero según consta en la certificación de esa boleta que consta a folio 24, el día 21 de octubre del 2007, la denunciada no conducía un vehículo oficial sino uno particular, razón por la que ese hecho no puede tenerse por demostrado con esta prueba. Tampoco puede tenerse por probado con la documentación de folios 11 al 13, pues ésta constituye el auto de inicio y traslado de cargos que dictó la jefatura de la denunciada, el cual dio origen a este proceso, lo que tampoco constituye prueba para tener por probado que ella condujera vehículos oficiales durante el lapso que tuvo suspendida su licencia. Lo que sí está probado en el proceso, y en ello concuerda este Consejo con lo resuelto por el Tribunal, es el hecho de que la denunciada durante seis meses, por una conducta de su vida privada, no cumplió con uno de los requisitos establecidos para el cargo de Investigadora 1, que desempeña en la Delegación del Organismo de Investigación Judicial del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, con el agravante de que no informó a sus superiores sobre esa situación, tal y como consta en la prueba recabada de folios 11 al 13, de donde se desprende que no es sino hasta el veintiséis de diciembre del 2007 que se dicta el auto de traslado de cargos por parte de la jefatura, o sea varios meses después de la vigencia de la suspensión. En este sentido, es preciso señalar que la acción de ocultar la suspensión sufrida, de conformidad con el artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, constituye una falta grave, ya que omitió informar a su jefatura de una situación irregular, lo que no es compatible con el accionar que debe desplegar un servidor judicial, de quien se espera una conducta intachable en todas sus acciones, tanto en su ámbito laboral como en el personal. Por consiguiente la conducta analizada incluso, se puede interpretar como un acto que genera pérdida de confianza lo cual en atención al artículo 18 ibídem, que en lo que interesa señala: "Cuando la Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder Judicial, en su caso, tenga duda sobre la corrección de cualquier servidor judicial, de modo que se dé una pérdida de confianza, podrá separarlo de su cargo para el mejor servicio público….”, permite reprochar la acción endilgada. En consecuencia, resolvió bien el Tribunal al proceder a la suspensión de la servidora. Sin embargo, estima este Consejo que la sanción debe rebajarse a quince días, lo que se considera más acorde y proporcional con las faltas cometidas.
Por todo lo expuesto, se acordó: Confirmar el acto administrativo impugnado, pero modificando la sanción a quince días de suspensión sin goce de salario. La jefatura comunicará al Departamento de Personal la fecha en que la sanción se hará efectiva.
Conoce este Consejo en apelación, acerca de la resolución de las catorce horas cincuenta minutos del treinta y uno de octubre del dos mil ocho, dictada dentro del procedimiento disciplinario seguido ante el Tribunal de la Inspección Judicial por la Dirección General del Organismo de Investigación Judicial contra Luis Fernando Fallas Piva, auxiliar de servicios generales de la Delegación Regional del Organismo de Investigación Judicial de Alajuela, en la que se sancionó a dicho servidor con revocatoria de su nombramiento.
I.-Mediante resoluciones de las ocho horas treinta y cinco minutos del siete de marzo del dos mil ocho, y de las quince horas cincuenta minutos del trece de mayo de ese mismo año, se concedió traslado al denunciado para que en el plazo de cinco días se refiriera a los siguientes hechos: “… que estando incapacitado para sus labores en el Poder Judicial recibiendo su salario completo, se ha dedicado a trabajar como expendedor de combustible en una Estación de Servicio; concretamente, que como consecuencia de un accidente laboral que usted sufrió el 3 de diciembre del 2002, cuyo diagnóstico fue "trauma directo de rodilla derecha, ruptura de menisco interno reparado más osteocondritis cóndilo femur interno", por parte del Instituto Nacional de Seguros a usted se le ha venido incapacitando por los siguientes períodos: 4/12/02 al 22/12/02, del 02/11/06 al 03/11/06, 30/11/06, del 09/01/07 al 10/01/07, del 22/01/07 al 23/01/07, 27/02/07, 15/03/07, 28/03/07, 13/04/07, 25/04/07, 30/04/07, del 02/05/07 al 11/07/07, del 17/07/07 al 29/09/07, 10/10/07, del 07/11/07 al 16/11/07, del 19/11/07 al 29/11/07 y el 24/12/07, para un total de 202 días de incapacidad otorgados. Además por enfermedad durante el año 2007 se incapacitó los días 3, 9 y 19 de enero, 5 de octubre y del 30 de noviembre al 7 de diciembre, para un total de 12 días. No obstante, estar incapacitado por los períodos y diagnóstico indicados; durante el período que va del 16 de setiembre al 6 de noviembre del 2007, usted laboró tiempo completo en la Estación de Servicio La Tropicana ubicada en Alajuela (Servicentro de Alajuela Sociedad Anónima) en el puesto de expendedor de combustible (pistero), percibiendo un salario mensual de ciento sesenta y cinco mil novecientos cinco colones (¢165.905); lo cual resulta contraproducente porque la incapacidad tiene como consecuencia lógica que el trabajador no debe laborar, sino guardar reposo y descansar para que logre recuperarse y pueda reincorporarse a su trabajo lo más pronto posible, sin sufrir ninguna reagravación.” "Concretamente, según informe de la Dirección Ejecutiva (oficio 2529-DE-2008 de 8 de abril de este año) usted reporta las siguientes incapacidades: del 30 de noviembre al 7 de diciembre del 2007; 24 y 31 de diciembre citado; del 1° al 8 de febrero del 2008 y del 24 al 31 de marzo recién pasado; todas por enfermedad, excepto la del 24 de diciembre que fue por riesgo de trabajo; y no obstante estar incapacitado en los períodos dichos, desde el 10 de diciembre del 2007 a la fecha usted ha laborado en las noches (con horario de las cinco de la tarde a media noche) para la cadena de restaurantes Pan E Vino, específicamente en el que está ubicado en el Mall Internacional Alajuela, desempeñándose inicialmente en el puesto de pilero (lavado de utensilios) y luego aprendiz de pastero. Dicha conducta resulta inconveniente y contraproducente, porque pone en riesgo la recuperación total de su salud así como su reincorporación inmediata al trabajo en el Poder Judicial en plenas condiciones físicas, y causa un perjuicio a esta institución estatal pues lesiona sus intereses de empleador al no poder contar con personal en plenitud de condiciones para trabajar, si se toma en cuenta que cualquier actividad que realice un trabajador durante su período de incapacidad, que ponga en riesgo su pronta recuperación, puede ser considerada como falta a las obligaciones que le impone el contrato de trabajo."
II.-La autoridad de primera instancia tuvo por demostrados los siguientes hechos: 1- El servidor Luis Fallas Piva fue incapacitado para sus labores en el Poder Judicial, recibiendo su salario completo, como consecuencia de un accidente laboral que sufrió el tres de diciembre del dos mil dos, cuyo diagnóstico fue "trauma directo de rodilla derecha, ruptura de menisco interno reparado más osteocondritis cóndilo femur interno", por parte del Instituto Nacional de Seguros, por los siguientes períodos: 4/12/02 al 22/12/02, del 02/11/06 al 03/11/06, 30/11/06, del 09/01/07 al 10/01/07, del 22/01/07 al 23/01/07, 27/02/07, 15/03/07, 28/03/07, 13/04/07, 25/04/07, 30/04/07, del 02/05/07 al 11/07/07, del 17/07/07 al 29/09/07, 10/10/07, del 07/11/07 al 16/11/07, del 19/11/07 al 29/11/07 y el 24/12/07 (Informe de investigación de folio 1 al 11, folios 13, 14, 17, 19, 20, 22 del 35 al 38 y 43). 2- Además por enfermedad durante el año dos mil siete se incapacitó los días tres, nueve y diecinueve de enero, cinco de octubre y del treinta de noviembre al siete de diciembre, para un total de doce días (folios 13,14, 21 y 22). 3- No obstante estar incapacitado por los períodos y diagnóstico indicados, durante el período que va del dieciséis de setiembre al seis de noviembre del dos mil siete, laboró tiempo completo en la Estación de Servicio La Tropicana ubicada en Alajuela (Servicentro de Alajuela Sociedad Anónima) en el puesto de expendedor de combustible (pistero), percibiendo un salario mensual de ciento sesenta y cinco mil novecientos cinco colones (¢165.905). ( Informe de investigación de folios 1 al 11 y folios 21 y 22 y del 23 al 37). 4- El servidor Luis Fallas Piva reporta las siguientes incapacidades: del treinta de noviembre al siete de diciembre del dos mil siete; veinticuatro al treinta y uno de diciembre citado; del primero al ocho de febrero del dos mil ocho y del veinticuatro al treinta y uno de marzo de ese mismo; todas por enfermedad, excepto la del veinticuatro de diciembre que fue por riesgo de trabajo. ( folio 82 ). 5- Desde el diez de diciembre del dos mil siete a mayo del dos mil ocho, Luis Fallas Piva ha laborado en las noches (con horario de las cinco de la tarde a media noche) para la cadena de restaurantes Pane E Vino, bajo la denominación de Bienes Inmobiliarias Costa Real S.A, específicamente en el que está ubicado en el Mall Internacional Alajuela, desempeñándose inicialmente en el puesto de pilero (lavado de utensilios) y luego aprendiz de pastero (Contrato y expediente personal de labores que constan del folio 52 al 58 , y del 61 al 81 y declaración de Tony Eduardo Barboza Valverde). 6- El servidor Luis Fernando Vargas Piva laboró en un segundo trabajo en treinta y seis días a pesar de estar incapacitado. (Informe de investigación de folios 1 al 11 y de folios 52 al 57 y declaración de Tony Eduardo Barboza Valverde).
III.-La Comisión de Relaciones Laborales, mediante resolución de las ocho horas treinta minutos del veintisiete de marzo del dos mil nueve, recomendó modificar la sanción impuesta al servidor, a un mes de suspensión sin goce de salario.
IV.-En su escrito de apelación, el denunciado expuso como agravios los siguientes: la resolución recurrida carece de fundamentación fáctica, parte de premisas erróneas e interpretaciones subjetivas. Considera que hay error en la valoración de la prueba y que se analizan parcialmente elementos probatorios. Que el Tribunal de la Inspección se conformó con relacionar hechos acusados, pero no hace una relación de hechos probados, de manera que se puede cuestionar que dichos hechos no encuadran en la sanción. Que se afirma que él tenía un segundo trabajo, pero no se tiene como probado el supuesto horario en que él labora. Tampoco se indica qué parte del contrato es el que incumple. Continúa manifestando el apelante que no es cierto que él aceptara cargo alguno, sino que los rechazó categóricamente, en especial haber causado un perjuicio al Poder Judicial, ya que en el contrato de trabajo que ha mantenido con este poder, no se estipula que tenga prohibición alguna de realizar labores u oficios fuera del horario laboral por el cual fue contratado. Que al no fundamentar el Tribunal la cláusula que ha quebrantado, se genera un fallo inválido por falta de fundamentación. Que cuando se califica la falta y se define la sanción a aplicar, no se conoce tampoco cuál hecho probado permite extraer que ha realizado una falta funcional dentro del horario al cual está obligado. Que la falta en virtud de la cual se le revoca el nombramiento, no se ajusta a los hechos probados, y so pretexto de una norma (artículo 2 de la ley 7897),no se puede estimar que la conducta sea típica de la sanción aplicada. Que con base en lo expuesto solicita que por carecer de fundamentación, se anule la resolución apelada, y que si se considera que la conducta acusada se verifica, subsidiariamente pide que se le imponga una sanción acorde a lo establecido, y que estima en un mes de suspensión.
V.-El apelante no tiene razón en sus agravios. Los hechos acusados, fueron probados, y son los mismos que se citan en el considerando de hechos probados de la resolución apelada, y sí encuadran en la sanción impuesta. Tales hechos fueron ampliamente analizados en el considerando de fondo de la sentencia y en ellos se basó el Tribunal para imponer la suspensión, de manera que no es cierto que el fallo carezca de fundamentación, y por eso no procede la petición del apelante para que se anule la sentencia. No tiene tampoco razón al criticar la resolución porque en ella se afirma que él tenía un segundo trabajo, pero no se tiene como probado el supuesto horario en que él laboraba, ya que no se le denuncia por tener este segundo trabajo, sino por trabajar estando incapacitado, y ese hecho fue demostrado en el proceso, resultando innecesario que se indique el horario que tenía. Alega además que tampoco se indica qué parte del contrato es el que incumple, en lo cual tampoco tiene razón, pues no se le atribuye ninguna falta relativa a su contrato de trabajo, sino a los principios que rigen la incapacidad para laborar. A lo que aduce en cuanto a que no se estipula que tenga prohibición alguna de realizar labores u oficios fuera del horario laboral por el cual fue contratado, se le remite a lo dicho líneas atrás, ya que la denuncia no se interpuso porque él aceptara otro trabajo, sino por trabajar estando incapacitado. Entrando al fondo del asunto, y recapitulando, tenemos que la presente denuncia se interpuso contra el servidor Fallas Piva por haber laborado durante el período que va del 16 de setiembre al 6 de noviembre del 2007, tiempo durante el cual estaba incapacitado para trabajar. Se le atribuye también que inició a laborar desde el 10 de diciembre del 2007 y hasta el 11 de abril del 2008, en el Restaurante Pane e Vino ubicado en el Mall Internacional de Alajuela, con un horario de las diecisiete horas a las veinticuatro, no obstante estar incapacitado para desempeñar sus labores en el Poder Judicial. En el proceso quedó debidamente demostrado que efectivamente el denunciado estuvo incapacitado durante los períodos que van del 15 de setiembre al 29 de ese mes; el 5 de octubre, el 10 de octubre, del 7 al 16 de noviembre; del 19 al 29 de noviembre; del 30 de noviembre al 7 de diciembre, el 24 y el 31 de diciembre, fechas todas del 2007, y luego del 1 al 8 de febrero, y del 24 de marzo al 31 de ese mes, del 2008. Quedó demostrado también que durante esas fechas trabajó en la estación de servicio La Tropicana, situada en Alajuela, y luego en el Restaurante Pane e Vino, situado en el Mall Internacional de Alajuela, las cuales son razones suficientes para acoger la presente denuncia, pues como bien lo dice la autoridad de instancia, esa práctica riñe con los principios de lealtad y buena fe que deben regir entre las partes contratantes, y este Consejo estima que es contraria a lo establecido en el artículo 10, del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 7082 del 03 de diciembre de 1996, que dispone: “…Incapacidad: Período de reposo ordenado por los médicos u odontólogos de la Caja o médicos autorizados por ésta, al asegurado directo activo que no esté en posibilidad de trabajar por pérdida temporal de las facultades o aptitudes para el desempeño de las labores habituales u otras compatibles con ésta. El documento respectivo justifica la inasistencia del asegurado a su trabajo, a la vez lo habilita para el cobro de subsidios; su contenido se presume verdadero “iuris tantum”. (Así reformado el párrafo anterior mediante sesión N° 8061 del 30 de mayo del 2006), y a lo establecido en el artículo 2 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades y Licencias a los Beneficiarios del Seguro de Salud, N° 7897 del 14 de octubre de 2004, el cual dice: “…El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en Ciencias Médicas tratante autorizado por la Caja y el trabajador (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación de la salud del trabajador (a) y su reincorporación al trabajo, pero no genera necesariamente el derecho a obtener el pago de un subsidio o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el Reglamento del Seguro de Salud. El trabajador (a) incapacitado queda inhabilitado legalmente para el desempeño de sus labores y para realizar otras actividades que sean remuneradas o que vayan en contra de los principios de lealtad y buena fe a los cuales se obliga con su patrono; así como aquellos actos que puedan constituir falta de respeto hacia el empleador o competencia desleal” . Además de estos artículos, la resolución apelada se fundamenta en la cita de jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte, en la cual se desarrolla amplia y acertadamente el punto en cuestión, cuyo contenido es compartido por este Consejo, y que resulta innecesario repetir aquí, debiendo entonces concluirse en que el acto administrativo impugnado ha de confirmarse en cuanto declaró con lugar la denuncia, pero debe modificarse en cuanto a la sanción impuesta, pues a criterio de este órgano colegiado, la falta cometida por el denunciado califica como grave y no como gravísima, por lo que aplicando los principios de racionalidad y proporcionalidad, la sanción de revocatoria de nombramiento ha de cambiarse por una suspensión de un mes.
Por todo lo expuesto, se acordó: Rechazar la nulidad invocada y confirmar el acto administrativo impugnado en cuanto declaró con lugar la queja, pero modificando la calificación de la falta a grave y la sanción impuesta a un mes de suspensión sin goce de salario.
Conoce el Consejo Superior, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Daniel Durán Artavia, Juez Civil de Menor Cuantía de Puntarenas, contra la resolución Nº 843-2008 de las 14 horas 10 minutos del 27 de octubre de 2008, dictada por el Tribunal de la Inspección Judicial, que declara con lugar la queja disciplinaria seguida en su contra, bajo el expediente Nº 06-001046, que califica la falta cometida como gravísima y le impone la corrección disciplinaria de revocatoria de nombramiento.
El recurrente solicitó la intervención de la Comisión de Relaciones Laborales, órgano que mediante resolución 06-2009 de las 8 horas 30 minutos del 27 de febrero de 2009, recomendó en razón a la prescripción de la potestad sancionadora, revocar la resolución emitida por el Tribunal de la Inspección Judicial, declarar sin lugar la queja y ordenar el archivo del expediente. (Folio 217 a 220)
I.- En resolución de las dieciséis horas veintidós minutos del dieciocho de diciembre del dos mil seis, se le dio traslado de cargos al servidor Durán Artavia para que se manifestara en relación con los siguientes hechos, donde se le acusó: “...A) Conducta irregular. B) Consignar datos falsos en los informes mensuales de labores alterando los informes estadísticos del despacho. C) Atraso en el dictado de sentencias. Lo anterior conforme se describe a continuación: 1- Que el expediente 05-300027-0432-LA, que es un ordinario laboral de Mario Viera Suárez contra Monge Herrera Internacional S.A., le fue pasado para fallar, en fecha veinte de junio del año en curso, mismo que vencía el veintisiete de ese mismo mes, al cual según el libro de número consecutivo de sentencias laborales, se le asignó el número de sentencia ochenta y dos, y aparece como fallado el veinte de setiembre de dos mil seis. 2- El expediente 05-300060-0432-LA, que es ordinario laboral de Alba Iris Marín Delgado contra Fernando Ulloa Campos, le fue pasado para fallar, en fecha tres de julio de dos mil seis, mismo que vencía el diez de ese mismo mes; según el libro de número consecutivo de sentencias laborales, este expediente tiene asignado el número de sentencia ochenta y cuatro, y aparece como fallado el veintiocho de setiembre de dos mil seis. 3- El expediente 06-300145-0432-LA, que es Infracción Laboral accionada por el Ministerio de Trabajo contra Mary Méndez Jiménez, le fue pasado para fallar en fecha ocho de setiembre del presente año, el cual vencía el dieciocho de ese mismo mes; según el libro de número consecutivo de sentencias laborales, este expediente tiene asignado el número de sentencia ochenta y cinco, y aparece como fallado el veintiocho de setiembre de dos mil seis. 4- El expediente 05-300122-0432-LA, que es un ordinario laboral de Juan Carlos Mena Arias contra Peko Internacional S.A., le fue pasado para fallo en fecha veintinueve de junio de dos mil seis y vencía el seis de julio del mismo año, en el libro de número consecutivo de sentencias laborales, este expediente tiene asignado el número de sentencia ochenta y tres, y aparece como fallado en fecha veinte de setiembre del presente año. Estos cuatro expedientes a pesar de tener asignado el número de sentencia, de que aparecen como fallados en el libro de sentencias y de haber sido contabilizados con sentencias dictadas en el informe de labores del despacho correspondiente al mes de setiembre de dos mil seis, a la fecha del informe de investigación que da inicio al presente proceso disciplinario, dichas sentencias no existen, nunca fueron dictadas por usted. 5- En el mes setiembre de este año, registró un total de doce sentencias dictadas, menos cinco conciliaciones que aparecen registradas en dicho informe, para un total aparentemente de siete sentencias dictadas en ese mes, pues si se restan las cuatro sentencias que no existen, las únicas sentencias realmente dictadas por usted son tres y no siete como consignó en el informe mensual, por lo que los datos contenidos en ese informe no corresponden a la realidad. 6- El expediente 04-300348-0418-LA, que es un ordinario laboral de Carlos Alberto Contreras Monge contra Roberto Campos Alfaro, le fue pasado para fallar, en fecha dieciséis de enero de dos mil seis, mismo que vencía el veinte de ese mismo mes; según el libro de número consecutivo de sentencias laborales, este expediente tiene asignado el número de sentencia veintidós, aparece como fallado el treinta de marzo de dos mil seis, y contabilizado en el informe mensual de labores de ese mismo mes; sin embargo, dicho expediente no fue fallado en la fecha anteriormente mencionada (30-03-06), sino hasta el veintiuno de julio de dos mil seis y notificado el veintiséis de ese mismo mes. 7- El expediente 05-300151-0432-LA, que es una Infracción a las Leyes de Trabajo, del Ministerio de Trabajo contra Lorena García García, le fue pasado para fallo, en fecha dieciséis de enero de dos mil seis y vencía el veinte de ese mismo mes; según el libro de número consecutivo de sentencias laborales, este expediente tiene asignado el número de sentencia veintiuno, aparece como fallado el treinta de marzo de dos mil seis, y contabilizado en el informe mensual de labores de ese mismo mes; sin embargo, dicho expediente no fue fallado en la fecha anteriormente mencionada (30-03-06), sino hasta el diecinueve de julio de ese mismo año y notificado el veintiséis de ese mismo mes. 8- En el informe de labores del mes de marzo del presente año, reportó ocho sentencias laborales dictadas, esto contabilizando las dos mencionadas anteriormente correspondientes a los expedientes 04-300348-0418-LA y 05-300151-0432-LA, por lo que en realidad fueron seis y no ocho las sentencias dictadas en ese mes. 9- Por último, el expediente 05-100729-0432-CI, que es un ejecutivo simple de Sara Quesada Gómez contra Jimmy Castro Ríos y otro, le fue pasado para fallo en fecha dieciséis de enero de dos mil seis y vencía el veinte de ese mismo mes, según el libro de número consecutivo de sentencias civiles, este expediente tiene asignado el número de sentencia nueve, aparece como fallado el veintinueve de marzo de dos mil seis y contabilizado en el informe mensual de labores de ese mismo mes; sin embargo, dicho expediente no fue fallado en la fecha anteriormente mencionada (29-03-06), sino hasta el veinticuatro de abril de ese mismo año y notificado el diecisiete de mayo de ese mismo año. 10- Que en el informe de labores del mes de marzo de dos mil seis también consignó datos falsos en materia civil, ya que en la casilla de sentencias dictadas aparecen dieciocho, contabilizando seis incidentes, es decir que restándole los incidentes, quedan un total de doce sentencias dictadas en el mes de marzo, cifra a la cual se le debe restar la sentencia anteriormente mencionada (expediente 05-100729-0432- CI), que en realidad la dictó el veinticuatro de abril, por lo que no son doce las sentencias dictadas en el mes de marzo; sino once. 11- Además del atraso en la tramitación de los expedientes antes mencionados, también se le atribuye un atraso en la tramitación de los que a continuación se detallan:
Fecha de pase al Juez
Fecha en que venció
Fecha en que fue fallado
Fecha en que fue entregado al Notificador
Fecha en que fue devuelto por el Notificador
05-100926-0432-CI
05-100919-0432-CI
05-100950-0132-CI
06-100008-0432-CI
05-100567-0642-CI
05-100-675-0432-CI
05-100668-0432-CI
05-100471-0432-CI
05-100949-0432-CI
No consta, pero las notificaciones se realizaron 16 y 17 de mayo del 2006
05-100608-0432-CI
05-100838-0432-CI
05-100856-0432-CI
05-100734-0432-CI
06-100153-0432-CI
05-100840-0432-CI
05-100143-0432-LA
05-300007-0432-LA
05-300135-0432-LA
05-300161-0432-LA

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 194
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 2
 resolución 
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