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Timestamp: 2019-07-22 13:15:29+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 59
CREACIÓN DE SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
SUSTITUCIÓN DE LEYES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE CREACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO EN INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
INSTITUCIÓN DE 29 DE ABRIL COMO DÍA DE LOS SEWELLINOS Y LAS SEWELLINAS
NUEVA INHABILIDAD PARA INTEGRACIÓN DE DIRECTORIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS DEPORTIVAS PROFESIONALES
PARO INDEFINIDO EN EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA DE CHILE (ENAER)
PROYECTO DE ACUERDO DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑOR TUMA, SEÑORAS PÉREZ SAN MARTÍN Y RINCÓN Y SEÑORES FREI, GÓMEZ, LARRAÍN FERNÁNDEZ, ORPIS, PIZARRO, PROKURICA, SABAG, WALKER, DON IGNACIO Y ZALDÍVAR, CON EL QUE SE PIDE A S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA QUE FORMULE, EN EL PRESENTE TRÁMITE CONSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS (BOLETÍN Nº 8.132-26), UNA INDICACIÓN PARA DECLARAR LA EXENCIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE, POR EFECTO DE UNA INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA LEY, DESDE EL AÑO 2011 GRAVA LOS EXCEDENTES GENERADOS A PARTIR DE OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS CON SUS SOCIOS (S 1609-12)
Sesión 59ª, en miércoles 2 de octubre de 2013
(De 16:22 a 18:17)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones (8034-15) (se aprueba en general)..........................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior (8774-04) (se aprueba en general).............................................
Proyecto, en primer trámite constitucional, que sustituye las leyes N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (8907-03) (se aprueba en general)............................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (4426-07) (vuelve a la Comisión de Constitución para un segundo informe complementario).....................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y Sewellinas (8807-04) (se aprueba en general y en particular).........................................................................................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, en materia de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional (7505-07) (queda pendiente la resolución sobre la idea de legislar)......................................................
Petición de oficio (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.....................
Paro indefinido en Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER) (observaciones del Senador señor Gómez)
-Allende Bussi, Isabel
-Alvear Valenzuela, Soledad
-Bianchi Chelech, Carlos
-Cantero Ojeda, Carlos
-Chahuán Chahuán, Francisco
-Coloma Correa, Juan Antonio
-Espina Otero, Alberto
-García Ruminot, José
-Girardi Lavín, Guido
-Gómez Urrutia, José Antonio
-Horvath Kiss, Antonio
-Kuschel Silva, Carlos
-Larraín Fernández, Hernán
-Muñoz Aburto, Pedro
-Novoa Vásquez, Jovino
-Orpis Bouchon, Jaime
-Pérez San Martín, Lily
-Pérez Varela, Víctor
-Pizarro Soto, Jorge
-Prokurica Prokurica, Baldo
-Quintana Leal, Jaime
-Rincón González, Ximena
-Rossi Ciocca, Fulvio
-Ruiz-Esquide Jara, Mariano
-Sabag Castillo, Hosaín
-Tuma Zedan, Eugenio
-Uriarte Herrera, Gonzalo
-Walker Prieto, Ignacio
-Walker Prieto, Patricio
-Zaldívar Larraín, Andrés
Concurrió, además, la Ministra de Educación, señora Carolina Schmidt Zaldívar. Asimismo, se encontraba presente el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton Palma.
--Se abrió la sesión a las 16:22, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 53ª, ordinaria, en 4 de septiembre; 54ª, especial, y 55ª, ordinaria, ambas en 10 de septiembre; 56ª, ordinaria, en 11 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Tres de Su Excelencia el Presidente de la República, con los que retira y hace presente la urgencia, en el carácter de "suma", para el despacho de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04).
2.- El que modifica la Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros en materia de plantas (boletín Nº 8.662-05).
3.- El que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín N° 4.426-07).
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que aprobó el proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (boletín Nº 8.829-01).
De la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, recaído en el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al fortalecimiento de la regionalización del país (boletín N° 7.963-06) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles (boletín Nº 8.859-04) (con urgencia calificada de "suma").
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos sobre Protección y Restitución de Bienes Culturales", suscrito en Ciudad de México el 8 de julio de 2011 (boletín Nº 8.952-10).
De los Senadores señor Tuma, señoras Pérez San Martín y Rincón y señores Frei, Gómez, Larraín Fernández, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag, Ignacio Walker y Zaldívar, con el que se le pide a Su Excelencia el Presidente de la República que formule, en el actual trámite constitucional del proyecto que modifica la Ley General de Cooperativas (boletín Nº 8.132-26), una indicación para declarar la exención del impuesto a la renta que, por efecto de una interpretación administrativa de la ley, desde el año 2011 grava los excedentes generados a partir de operaciones de las cooperativas con sus socios (boletín Nº S 1.609-12).
El señor ALLIENDE (Prosecretario).- En este momento ha llegado a la Mesa un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que, por un lado, comunica su ausencia del territorio nacional, desde el 2 al 9 del mes en curso, en visita oficial a Tailandia para asistir a la Cumbre APEC-2013, y por otro, informa que durante su ausencia lo subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el señor Ministro titular del Interior y Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Fundamental.
El señor PIZARRO (Presidente).- Antes de iniciar el Orden del Día, quiero saludar a una delegación de alumnos de cuarto medio del Liceo Arturo Alessandri Palma, de Linares, que nos acompaña en las tribunas.
El señor PIZARRO (Presidente).- Saludo asimismo a los miembros del Club de Adulto Mayor de la comuna de El Bosque, de Santiago.
El señor PIZARRO (Presidente).- Solicito el asentimiento de Sus Señorías al objeto de extender hasta el 25 de noviembre, a las 12, el plazo para presentar indicaciones al proyecto que crea la Superintendencia de Educación Superior. El plazo anterior venció el lunes 30 de septiembre.
Se trata de un acuerdo adoptado ayer en la Comisión de Educación, durante una reunión celebrada con la Ministra señora Schmidt.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pido autorización para que ingrese al Hemiciclo el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton.
El señor TUMA.- Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Vivienda le solicitamos recabar la unanimidad requerida a los fines de extender hasta el 30 de noviembre el plazo para formular indicaciones al proyecto de ley que establece un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción.
El señor PIZARRO (Presidente).- Como el 30 de noviembre es sábado, les propongo fijar el lunes 25 de noviembre, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- En primer término, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8034-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 28ª, en 5 de junio de 2013.
Transportes y Telecomunicaciones: sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Sesiones 49ª, en 27 de agosto de 2013 (queda para segunda discusión); 53ª, en 4 de septiembre de 2013 (queda aplazada su votación).
El señor PIZARRO (Presidente).- En la sesión de 4 de septiembre último se solicitó aplazamiento de la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es. Por tanto, solo hay que votar.
El señor PIZARRO (Presidente).- Debo recordarles a Sus Señorías que este proyecto y los que siguen a continuación son de quórum especial.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto especialmente para los efectos de comentar esta iniciativa de ley, que a mi juicio es sobremanera importante.
La razón principal que sustenta a este proyecto es la concentración excesiva de competencias en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes.
Como bien se destaca en el mensaje, la SUBTEL tiene, además de la función de formular las normas y políticas sectoriales, la de fiscalizar el cumplimiento de dichas normas y la de sancionar su incumplimiento. Es decir, esa Subsecretaría está a cargo tanto de la fiscalización cuanto de la sanción de las mismas disposiciones que debe emitir (este debate lo hemos hecho varias veces, en el caso de otros organismos; por ejemplo, a propósito del Servicio de Impuestos Internos, que era juez y parte).
Por lo tanto, es indispensable crear la Superintendencia de Telecomunicaciones.
El mercado de las telecomunicaciones ha crecido dramáticamente en las últimas décadas. Con ello, ha aumentado la complejidad de la normativa regulatoria, así como la cantidad de entes regulados.
En tal contexto, resulta difícil mantener en un solo organismo prácticamente la totalidad de las funciones y atribuciones administrativas y públicas de telecomunicaciones. Y los conflictos de interés que se producen son demasiados como para obviarlos.
El proyecto de ley que nos ocupa fue objeto de varias enmiendas e indicaciones, algunas del Ejecutivo y otras de parlamentarios. Y creo que al final se perfeccionó su texto original.
En mi concepto, esta iniciativa es necesaria, pues, aparte contribuir a desconcentrar las actuales facultades de la referida Subsecretaría, posibilita que un órgano que represente al Estado defienda también los intereses de los consumidores en esta materia, los que, atendida la naturaleza de las telecomunicaciones, cada día son más importantes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les hago presente a Sus Señorías que para aprobar este proyecto, que es de quórum especial, se requieren 21 votos afirmativos.
Para fundamentar su voto, tiene la palabra el Senador señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta iniciativa crea la Superintendencia de Telecomunicaciones como servicio público funcionalmente descentralizado; dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio; sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Dicha Superintendencia tendrá como funciones las propias de un organismo estrictamente fiscalizador, resolutor y ejecutor de las normas dictadas por los órganos con competencias normativas de política pública.
El proyecto que nos ocupa se funda en el crecimiento explosivo del sector telecomunicaciones en los últimos años, especialmente a partir de la masificación de Internet y de la telefonía móvil. La cantidad de celulares en nuestro país ya sobrepasa el número de habitantes: según la Subsecretaría del ramo, la telefonía móvil cuenta con 24 millones de clientes.
Una situación de aquella índole requiere, lógicamente, la existencia de un organismo encargado de supervisar el funcionamiento del sector.
Se ha alcanzado tal volumen de conexiones que el mercado escapa a la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del accionar del Servicio Nacional del Consumidor.
Incluso, es factible pensar que el día de mañana la Superintendencia que se crea deberá dividirse en lo que respecta a telefonía móvil e Internet.
Creo que esa posibilidad, no muy remota, deberemos tenerla muy en cuenta durante la discusión particular, pues tarde o temprano requeriremos órganos fiscalizadores especializados para las comunicaciones mediante teléfonos móviles e Internet, pensando sobre todo en que ambas tecnologías son esenciales para el desarrollo del país, e incluso, para la permanente tarea de avanzar en la democratización de la economía y de la sociedad.
Del mismo modo, hay que distinguir la telefonía móvil de la fija, e Internet de la transmisión televisiva y radial de libre recepción y la que se efectúa por cable, pues todas ellas configuran realidades distintas, con exigencias también diferentes, pero tienden a sobreponerse unas con otras.
Por eso, apruebo la idea de legislar, anticipando que presentaré indicaciones durante la discusión particular.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, votaré a favor de este proyecto porque considero que va en la dirección correcta: separar la función normativa de la de fiscalización.
Por supuesto, atendida la forma como está creciendo el mercado de las telecomunicaciones, es necesaria la existencia de una Superintendencia que, dotada de medios y personal adecuados, fiscalice el cumplimiento de las normas respectivas.
En consecuencia, apruebo la idea de legislar.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, hoy estamos ad portas de aprobar un proyecto de ley muy relevante, que, básicamente, crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
¿Y por qué me parece tan importante? Porque, en el contexto de América Latina, Chile es, junto con Surinam, de los pocos países que no cuentan con una superintendencia de telecomunicaciones para los efectos de resguardar en forma adecuada y oportuna los derechos de los usuarios.
Adicionalmente, existe una creciente demanda por mejorar la calidad de los servicios. Y, a este respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones que se propone va en la dirección correcta.
Hay asuntos pendientes, los que en algún momento deberán ser materia de acuerdos. Por ejemplo, el relacionado con las plantas del nuevo organismo.
Para nosotros reviste gran significación contar con oficinas regionales dotadas de las facultades fiscalizadoras necesarias.
En el caso del control de emisiones electromagnéticas de las antenas de celulares, hoy día son escasos el número de equipos y la cantidad de personal indispensables para realizar una fiscalización oportuna y adecuada.
Por de pronto, haciendo una revisión en torno a la necesidad de establecer oficinas regionales con facultades fiscalizadoras, uno podría señalar que el proyecto que nos ocupa va en la dirección correcta.
Con ello quiero decir que mediante esta iniciativa estamos cumpliendo los estándares requeridos para velar apropiada y oportunamente por los derechos y las demandas de los usuarios.
La ley en proyecto se esperaba desde hacía mucho tiempo, pues la institucionalidad establecida en 1977 -mediante el decreto ley N° 1.762, que creó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transportes- había quedado obsoleta en varios aspectos.
Aquello ocurrió porque nuestro país ha avanzado bastante en materia de telecomunicaciones: telefonías fija y móvil, radiodifusión, televisión e Internet. Y eso hizo indispensable la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Por otra parte, se acoge mediante esta iniciativa la recomendación de la OCDE -organización a la que nuestro país pertenece- de modernizar todo el sistema de telecomunicaciones en lo relativo tanto a regulación cuanto a fiscalización.
Durante la discusión general, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que presido, recibió a múltiples actores relacionados con las diversas materias que aborda este proyecto. Y, pese a que muchos de ellos hicieron diversas acotaciones con el ánimo de mejorar varias de sus normas, todos estuvieron contestes en que se requiere su aprobación, dada la necesidad de implementarlo y hacerlo entrar en vigencia con prontitud.
Los aportes efectuados se analizarán debidamente durante la discusión particular, al igual que las indicaciones que formulen los señores Senadores y el Ejecutivo.
De otra parte, dimos nuestra venia para que los funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones estuvieran presentes a lo largo de la tramitación de esta iniciativa, ya que su aprobación incidirá directamente en sus condiciones laborales.
Es nuestro propósito que la ley en proyecto vele adecuadamente por los puestos de trabajo y por las condiciones laborales de quienes se desempeñan en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Por tanto, hoy aprobaremos esta iniciativa, que pone a tono nuestra legislación y recoge -lo manifesté antes- una recomendación hecha por la OCDE.
La señora ALLENDE.- En primer término, señor Presidente, anuncio mi voto afirmativo.
Considero necesario dar este paso. Para nosotros es importante contar con una Superintendencia de Telecomunicaciones. Vivimos en un mundo cada día más informatizado. Por tanto, para los usuarios es indispensable que haya un órgano capacitado para hacer seguimientos y fiscalizar mejor el servicio que se les otorga.
Chile es uno de los países con altísima tasa de usuarios en telefonía móvil.
Ojalá muchas otras personas accedan a Internet y a otras formas de comunicación, que en la actualidad resultan indispensables.
Cada día más, los servicios dicen: "Consulte la página web". O sea, le estamos señalando a nuestra ciudadanía que para obtener información, servicios -para qué hablar de los concursos o de los proveedores-, en fin, es necesario conectarse mediante el respectivo sitio web de Internet.
Por lo tanto, como lo habían recomendado los países de la OCDE, debía crearse la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Señor Presidente, quiero detenerme solo en un punto que me ha preocupado y que ojalá dé lugar a un compromiso nuestro, sumado al del señor Ministro y al del señor Subsecretario -este último se encuentra presente-, en el sentido de apoyar la creación de oficinas regionales. A mi juicio, todos hemos considerado que no es posible un centralismo que se traduzca en que las regiones simplemente no cuenten con un servicio que pasa a ser fundamental. No podemos pedirle a un ciudadano de Copiapó que viaje a Santiago para poder resolver un asunto importante que tenga que ver con el área de telecomunicaciones. Quisiera subrayar, entonces, la importancia de la palabra dada por dichas autoridades.
Lo que necesitamos es la voluntad de la Dirección de Presupuestos. Hoy día, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, me parece altamente conveniente que todos los parlamentarios de regiones nos comprometamos a apoyar la conveniencia de contar con dichas oficinas, las que, por lo demás, como ya señalé, cuentan con el visto bueno tanto del señor Ministro como del señor Subsecretario, quienes comprenden la importancia de que se pueda disponer de ese tipo de servicio. En consecuencia, espero que nuestros colegas que participan en la discusión en las Subcomisiones y que después lo harán en la Comisión Especial Mixta puedan aprobar la creación de tales entidades. Ello requiere recursos, desde luego, así como también la voluntad -repito- de la Dirección de Presupuestos.
Por mi parte, voy a votar a favor. Me parece muy importante, como país, que tengamos una Superintendencia de Telecomunicaciones.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 25 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Alvear, Pérez (doña Lily) y )Rincón y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y (don Ignacio)Zaldívar (don Andrés). (don Andrés)
El señor PIZARRO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se fijará el 2 de diciembre como plazo para la presentación de indicaciones.
El señor ATTON (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Sugiero el 20 de noviembre.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que pasa es que en esos últimos días vamos a estar metidos de lleno en la fase final del proyecto de Ley de Presupuestos. La fecha que he señalado es poco más de una semana después.
El señor ATTON (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Señor Presidente, la Comisión va a partir por recibir de nuevo a los distintos actores: a la industria, a los consumidores, por lo que el término hasta el 20 de noviembre será suficiente para la discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- No me ha comprendido, señor Subsecretario. Todos esos días estaremos constituidos en plenario, mañana y tarde, para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos antes del 30 de noviembre. Eso es lo que he planteado.
El señor ATTON (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Conforme, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Seguramente no se reunirán las Comisiones. ¿Para qué fijar una fecha que no nos permitirá cumplir?
Si no hay objeción, se determinará el 2 de diciembre como plazo para la presentación de indicaciones.
El señor ATTON (Subsecretario de Telecomunicaciones).- Bien.
El señor PIZARRO (Presidente).- Acordado.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que crea la Agencia Nacional de Acreditación y establece un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación superior, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La urgencia ha sido calificada de "suma" y se encuentra aplazada la votación.
Sesión 57ª, en 16 de septiembre de 2013 (queda aplazada la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como se hizo presente en la relación expuesta en la sesión de septiembre recién pasado en que se trató la iniciativa, los artículos 1°, 2°, 4° a 9° y 22 a 52, contenidos en el Artículo Primero; la letra a) del Artículo Segundo; el Artículo Tercero, y los artículos primero a octavo transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren 21 votos para su aprobación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Les ruego a los señores Senadores inscribirse para fundamentar su pronunciamiento.
Se tocarán los timbres para llamar a quienes se encuentran en las Subcomisiones de Presupuesto.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Ignacio Walker.
El señor WALKER (don Ignacio).- Mientras llegan nuestros colegas, señor Presidente, dado que la iniciativa requiere un quórum especial para ser acogida, solo quisiera consignar que la discusión ya se llevó a cabo en la sesión pasada.
Cabe recordar que en el Senado estamos viendo en este momento tres proyectos en materia de educación superior: uno relativo al financiamiento, otro atinente a la fiscalización y el que nos ocupa, tan importante como los anteriores, sobre acreditación. Lo menciono porque no pueden ser considerados separadamente. En el fondo, forman parte de un todo coherente que apunta a un nuevo sistema, tanto desde el punto de vista institucional como del financiamiento. Y ello responde, básicamente, a las demandas, las movilizaciones, las protestas verificadas especialmente desde 2011 en adelante.
Por lo tanto, el Congreso demuestra una capacidad de reacción para hacerse cargo justamente de aquello que es la médula de la reclamación, no solo estudiantil, sino también de la sociedad -en particular, de la clase media-, en el sentido de poder contar con una educación de calidad debidamente financiada, con una institucionalidad adecuada, no segregada, no generadora de segmentación y que permita satisfacer un gran anhelo de desarrollo humano, de progreso, de bienestar bien entendido, a fin de lograr movilidad social, de formar personas en valores, en conocimientos, en técnica.
Recordemos que más de la mitad de la matrícula de quienes ingresan hoy día a la educación superior no corresponde a la universidad, sino a centros de formación técnica, a institutos profesionales, y que este es un gran cambio en la sociedad chilena. Y, por lo tanto, si bien es cierto que se mira el vaso medio lleno, que es la cobertura, cabe observar que en ese nivel, entre otras cosas, hemos pasado de 240 mil alumnos, en los últimos veintitrés años, a un millón 100 mil. Hemos cuadruplicado la matrícula en la educación superior.
¿Cuál es el problema? El 80 por ciento del financiamiento de los estudios lo enfrentan las familias. Es una carga, una mochila, que recae sobre los propios alumnos y su grupo familiar.
El año pasado concretamos un avance importante, como Congreso, al permitir la reprogramación de deudas: 110 mil estudiantes morosos pudieron acogerse al sistema.
Más de 500 mil alumnos habían accedido al crédito con aval del Estado, y decenas de miles, al crédito Corfo. Toda esa mochila financiera que a veces pesa sobre las familias la hemos aliviado bajando la tasa de interés de 6 por ciento, en el primer caso, y de 9, en el segundo, a 2, y permitiendo que en el futuro se paguen los créditos con no más del 10 por ciento del ingreso que va a obtener un profesional o un técnico una vez que se acceda a un trabajo.
En algunas oportunidades vemos todo negativo, vemos puros fracasos. Aquí hay un intento del Gobierno y del Congreso, del Gobierno y de la Oposición, de tomar el toro por las astas y considerar cómo se puede solucionar, no solo algo tan importante como el financiamiento, sino también la institucionalidad.
Y, en ese contexto, el proyecto sobre acreditación justamente aspira a garantizar a los estudiantes y sus familias, con ocasión del ingreso a una institución de educación superior, universitaria o no, que esta entidad va a contar con los requisitos de calidad que se precisan para poder acceder, entre otras cosas, al financiamiento público. En consecuencia, estar o no acreditado es muy importante.
Lo que estamos votando aquí es la idea de legislar, y en la Comisión de Educación hay mucho trabajo por hacer, además del que ya realizamos, para mejorar un proyecto que ha sido muy criticado, y con mucha razón, porque la verdad es que presenta debilidades muy importantes. Pero esperamos que en la discusión particular podremos dar con un texto que permita garantizar calidad en el nivel de la educación superior y contar con un adecuado sistema de acreditación.
Por eso, la bancada de la Democracia Cristiana votará a favor.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Cantero.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, la Agencia Nacional de Acreditación se inserta en un sistema que busca garantizar calidad en la educación superior. Es una idea que en general responde en forma apropiada a los perfeccionamientos institucionales que el Estado debe asumir.
En una serie de áreas es posible visualizar reparos o inducir a correcciones en el planteamiento del Ejecutivo. El primer punto dice relación con qué se entiende por calidad, con la forma de abordar la temática y de establecer ciertos criterios que permitan arribar a definiciones consensuadas.
Otro aspecto que me parece interesante tener presente es que no existe una noción adecuada de los distintos tipos de educación superior. Se tiende a sobredimensionar la universitaria, pero, como sabemos, también están los centros de formación técnica y los institutos profesionales, entidades ambas con relación a las cuales se tiene que desplegar, a mi juicio, un esfuerzo muy particular, porque precisamente allí es donde el sistema presenta su talón de Aquiles. El rol de la universidad se halla sobredimensionado en forma grosera, en detrimento de la formación de técnicos.
Asimismo, estimo que valdría la pena hacer una reflexión acerca de un elemento de raigambre más profunda en la definición del concepto de "superintendencia" y de la tarea que esta debe cumplir. Pareciera aplicarse una perspectiva de orientación filosófica inadecuada, en mi opinión, porque se acentúa la formación del ser humano para el mundo del trabajo, cuando el individuo, en realidad, es algo más complejo, más profundo. La cuestión tiene que ver con la formación integral, con la entrega de competencias para la vida, para ser feliz, para buscar la realización personal. Me parece que en esta área el proyecto adolece de debilidades que sería interesante corregir.
En la discusión en la Comisión de Educación también manifesté observaciones en el sentido de que hasta ahora el Ministerio del ramo muestra una grave falencia, porque si bien es cierto que enfatiza su rol en el ámbito formal de la educación, ha sido incapaz de asumir la modernidad con la velocidad y profundidad que corresponden. Para decirlo claramente, en cuanto a la educación a distancia -el e-learning-, Internet y las redes sociales, se carece de normas y estándares apropiados para enfrentar el proceso educativo y vamos muy retrasados con relación a lo que ocurre en otros lugares del mundo.
En mi concepto, el Ministerio ha sido hasta ahora una traba para que el sistema educacional avance en estas materias con la velocidad que se requiere. Y he pedido que ello también sea explicitado en el tratamiento de las funciones, de tal manera que no solo contemos con la educación formal, cartesiana, analógica, que todos conocimos durante nuestra formación, sino que también se incorporen la experiencia digital y el mundo de la virtualidad, de las redes sociales y de Internet.
Como he dicho, el proyecto tiene que ser mejorado en una serie de ámbitos, pero, para que eso ocurra, primero hay que pronunciarse a favor de la idea de legislar. Anuncio mi voto en tal sentido, para que sea posible introducir las indicaciones tendientes a permitir esos perfeccionamientos.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la verdad es que obviamente necesitamos crear una nueva institucionalidad, habiéndose propuesto la Agencia Nacional de Acreditación, porque, como ya lo expliqué en la Sala en una sesión pasada, creo que fallamos en lo relativo a la fe pública. En mi opinión, muchas familias y estudiantes estimaron que había un mecanismo de acreditación medianamente razonable, y es probable que sobre esa base tuviera lugar el ingreso a la educación superior.
Lo cierto es que se demostró que el sistema no funcionaba y registraba una serie de conflictos de interés. El caso más dramático -a estas alturas, simbólico- fue el del cierre de la Universidad del Mar, uno de los hitos más reveladores de la tremenda crisis que afectaba a la educación superior y de que estábamos en presencia de instituciones que no cumplían con la ley. Ello incluso llevó a la destitución de un Ministro y al fracaso sistemático de una política que claramente demostró ser incapaz de fiscalizar y débil, y que permitió, en gran medida, que quienes trataban de hacer de la educación un negocio consiguieran su propósito. Me parece que todo lo ocurrido nos ha dado una lección.
El fracaso, además, se está pagando con creces, de acuerdo con los datos de que dispongo, porque el Consejo Nacional de Educación informó hace muy poco que se requieren 543 millones de pesos para examinar a los egresados de la Universidad del Mar, o sea, a quienes decidieron permanecer en ese plantel y que a fin de año deben concluir sus planes de estudio. Eso significa que el Estado tendrá que poner dinero para suplir un dolo de privados que defraudaron a miles de jóvenes y sus familias, lo que revela situaciones que no es posible que se repitan. Por eso es indispensable contar con una institucionalidad que ahora sí funcione.
Deseo reiterar lo que alguna vez manifesté en la Sala en el sentido de que, afortunadamente, casi la totalidad de los estudiantes de la Universidad del Mar en la Tercera Región pudieron matricularse en la Universidad de Atacama, gracias a la decisión del cuerpo directivo de esta última en orden a buscar todos los elementos posibles para compatibilizar y facilitar el traspaso, incluso considerando, con cierta emergencia, carreras que en ella no existían.
Lo anterior ha significado, por cierto, una mayor conciencia en la materia, de lo cual me alegro mucho, porque la idea es que tenga lugar una apertura al área de la salud. Ojalá algún día la Universidad de Atacama pueda formar médicos, enfermeras, kinesiólogos y profesionales que hacen tanta falta en la zona.
Volviendo al asunto en análisis, juzgo que aquello que se nos presenta se halla lejos todavía de cumplir con los estándares necesarios y lo que esperamos de la institucionalidad.
Para dar un solo ejemplo, no podemos dejar de pensar de manera crítica, en la regulación del proceso, que no es bueno que la acreditación sea aleatoria, salvo en el caso de las carreras de medicina y de pedagogía en educación básica, de pedagogía en educación media y de pedagogía en educación diferencial, así como también en educación parvularia, en las que obviamente será obligatoria. A mi juicio, es un aspecto bastante delicado. Finalmente no tendremos la certeza de si en verdad se cumple con lo requerido por un sistema de acreditación. Es algo que no nos hace bien. Es preciso regular mucho más.
Tampoco me gusta la composición del Consejo. Considero excesiva la cantidad de miembros que podría designar el Presidente de la República.
Creo que definitivamente el proyecto está muy verde. No cumple con los estándares que yo por lo menos estimo necesarios.
Me parece que debemos mejorar mucho más en materia de transparencia. Tenemos que disponer que se coloquen on-line todos los antecedentes que lleven a un proceso de acreditación: por ejemplo, los memorándums, las visitas inspectivas, los argumentos y razones que expresen cada uno de los consejeros, las pruebas entregadas. Además, no debe haber conflicto de intereses, como vimos en el pasado, o casos directos de corrupción, en lo que, evidentemente, fallamos en la fe pública de la gente. Y se debe incorporar la distinción entre institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades, porque a todos estos se les exigen los mismos estándares de acreditación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminó su tiempo, señora Senadora.
Puede continuar por un minuto más.
La señora ALLENDE.- En definitiva, hay numerosas falencias: la composición del nuevo organismo; los tiempos de acreditación; la falta de una mayor diferenciación entre licenciamiento y acreditación; la no consideración de distinciones, como acabo de señalar, entre los centros de formación técnica y las universidades; la acreditación de los posgrados, en fin.
Este proyecto, a mi juicio, deja bastante que desear, y debiera ser completamente sustituido por otro, pues, tal como está, a mí por lo menos me resulta imposible aprobarlo.
De ahí que vaya a abstenerme porque, en mi opinión, todavía está muy lejos de cumplir con aquello a lo que nosotros debiéramos comprometernos como país para que nunca más ocurran situaciones dramáticas como la de la Universidad del Mar, que yo mencioné como simbólica, pero que no constituye el único caso investigado o en que se ha llegado al cierre del establecimiento en cuestión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín, para fundamentar el voto.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, tal cual lo expresamos cuando se hizo la discusión previa a la votación, esta iniciativa presenta numerosas virtudes, en lo fundamental, en cuanto sigue una filosofía de acreditación que me parece correcta.
De tal modo, más que establecer estándares corporativos entre una institución y otra -lo que, al final, genera gran odiosidad, así como juicios probablemente subjetivos-, procura consagrar y asegurar la mantención de un piso mínimo de calidad en todas las entidades de educación superior, cualquiera que sea su origen, su historia, su naturaleza, su misión o su forma de enfocar el trabajo académico. Y esto, controlado no por la actual Comisión Nacional de Acreditación, que ha mostrado un desempeño bastante lamentable, sino por una Agencia Nacional de Acreditación conformada por cinco miembros.
La actual Comisión ha concluido de la peor manera posible, no solamente por lo problemático de la situación que afectó a la Universidad del Mar, donde se puso en evidencia que el sistema no funcionaba, sino también por quedar demostrado que la Comisión y el propio Ministerio de Educación, o no tenían las atribuciones para intervenir en circunstancias complejas y delicadas como las que ocurrieron con dicho plantel, o bien las usaban tras demasiado tiempo, lo que al final terminaba por dañar gravemente a los estudiantes.
Asimismo, hubo episodios de corrupción entre sus principales cabezas. No podemos olvidar la acusación que pesa sobre el último o uno de los últimos presidentes del referido organismo, quien se encuentra preso precisamente por haber utilizado su cargo para obtener dádivas y otro tipo de beneficios económicos a cambio de asegurar acreditación.
Por desgracia, esas situaciones de corrupción terminaron por desnaturalizar la labor que probablemente muchos efectuaron de muy buena fe en aquella Comisión y que en definitiva bloquearon su legitimidad.
Por eso, es muy importante que la nueva Agencia establezca estándares en todas las instituciones de educación superior, cualquiera que sea su proyecto educativo, con el único propósito de asegurar un nivel mínimo de calidad en el trabajo que realizan.
Otro de los elementos relevantes es que se pone en una sola mano el licenciamiento -es decir, la posibilidad de que una institución se desempeñe en forma autónoma en la actividad de la educación superior- y la acreditación, esto es, la verificación del cumplimiento de los estándares de calidad instaurados para todas las entidades.
Al radicar ambas funciones en un mismo organismo, se asegura mayor coherencia en los objetivos que se persiguen. Por cierto, habrá que separarlas un poco, pues quizás en la iniciativa se observa cierta complejidad. Pero considero muy importante asegurar que los dos procesos se hallen en una misma mano, porque al final habrá igual criterio para evaluar. Además, el proyecto garantiza un seguimiento al plantel, que va a facilitar su control, y una manera segura de verificar el cumplimiento de los compromisos que se adopten en cada acreditación.
Adicionalmente, hoy en día existen acreditaciones de distinta duración, de entre uno y siete años, lo cual produce una situación francamente absurda. Ahora se plantea que exista un período de seis años -siempre se podrá revisar-, pero uno solo, de tal manera que el que no cumple, ¡no cumple!, aunque existirá una etapa provisional por alguna circunstancia excepcional.
Por otro lado, el examen que se realice a los planteles de educación superior será en su totalidad, no por parcialidades como ocurre hasta ahora, lo cual, obviamente, va en perjuicio de una evaluación más completa de cada institución. O sea, no solo se verá una parte, sino la globalidad, que es el enfoque que me parece más adecuado.
Finalmente, se propone que los establecimientos puedan optar por realizar su proceso de acreditación con una agencia pública de algún país que tenga un sistema de educación superior consolidado o, en el caso de naciones con sistemas de acreditación descentralizados, con una agencia privada supervisada por una organización de carácter nacional. Ello le dará más fluidez, mayor jerarquía y estándares internacionales al procedimiento.
Por supuesto, todo esto será controlado por el Ministerio de Educación, a través del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí, Su Señoría.
El señor LARRAÍN.- Se ha señalado que hay cuestiones que es necesario revisar en el proyecto. Y el Ejecutivo se ha comprometido a efectuar cambios en diversos ámbitos: composición del Consejo de la nueva Agencia; diversidad de los proyectos educativos -uno de los males que a veces tienen estas agencias es que al final buscan homogeneizar a todas las instituciones de educación superior, lo cual no puede ser un propósito-; asegurar que la acreditación se efectúe en los plazos previstos; establecer mayor diferenciación entre licenciamiento y acreditación; considerar las diferencias existentes entre las universidades y entre estas y los centros de formación técnica, y revisar la acreditación de los posgrados.
En suma, creo que estamos ante una buena iniciativa, que vamos a apoyar y que puede ser corregida mediante indicaciones durante la discusión particular.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag, para fundamentar su voto.
El señor SABAG.- Señor Presidente, el proyecto crea una institución encargada de supervigilar el sistema de acreditación de la educación superior, dentro del propósito general del Ejecutivo de garantizar la calidad de las carreras.
En tal sentido, la Agencia se hace cargo del crecimiento del sector, que alcanza en la actualidad a más de un millón cien mil estudiantes, y del aumento descontrolado de las instituciones que imparten carreras de nivel superior. Si bien se ha dado a miles de jóvenes acceso a oportunidades de desarrollo personal, la experiencia demuestra que en muchos casos ha habido centros de formación técnica, institutos y universidades que no han respondido a las expectativas y que incluso han llegado a la comisión de delitos.
Con tal fin, se propone fortalecer la institucionalidad acreditadora, fijar estándares comunes para todas las instituciones de educación superior, incluir el proceso de licenciamiento dentro de la acreditación, todo ello acompañado de superiores exigencias y una mayor cercanía de la Agencia con el desarrollo de las carreras, así como una acreditación con una duración única de seis años y una provisional, previa, por tres años.
También se propone que la acreditación se realice sobre la totalidad de los planteles en lugar de hacerse por partes, de modo que no existan áreas más débiles que otras. Y se da la posibilidad de que las instituciones de educación superior puedan acreditarse con alguna agencia pública de otro país que cuente con un sistema de educación superior consolidado, o con alguna agencia privada supervisada por una organización de carácter nacional, aunque estas agencias deberán cumplir una serie de requisitos establecidos en la ley y ser autorizadas por el Ministerio de Educación.
Por último, se crea un sistema de información pública con todas las decisiones adoptadas respecto a la acreditación de las instituciones de educación superior; se garantiza el acceso público a los informes, actas y estudios de los evaluadores y, una vez concluido y sancionado el proceso de acreditación, se obliga a todas las instituciones acreditadas de modo provisional a incluir esa situación en su publicidad.
Sin duda, este es un proyecto serio, que requiere ser aprobado en general para que pueda ser enriquecido durante la discusión en particular con el aporte de los parlamentarios. Porque en la Comisión hubo visiones críticas acerca de su contenido, en especial en lo referente al rol del Estado en el proceso de acreditación, a la necesidad de un mayor protagonismo de lo público y al deber de orientar el tipo de profesionales que precisa el país e incursionar en otras modalidades de educación superior y la capacitación permanente de los profesionales ya titulados.
De todos modos, el país ya ha sido testigo del intenso interés por la transformación de la educación superior, tarea en la que el sentido común y la responsabilidad obligan a agregar, como un factor de primera línea, la calidad de la educación que se entrega a los nuevos profesionales y la forma en que se la define.
Es importante destacar que durante la discusión en general de la iniciativa no solo se recibieron las opiniones de los principales rectores de universidades (públicas y privadas), institutos profesionales y centros de formación técnica, sino también de los Diputados que quisieron participar en el análisis. Sin embargo, no se recibieron los puntos de vista de los demás estamentos de la educación superior, es decir, de los docentes, estudiantes y trabajadores.
Naturalmente, voto a favor del proyecto en general, y espero que podamos entregar aportes en la discusión en particular.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en la sesión anterior en que se trató esta iniciativa y se pidió el aplazamiento de la votación, planteé algunas objeciones de forma.
Una es el hecho que se cree una Agencia. Porque, como señalé, el Diccionario de la lengua española define la palabra "agencia" como "Empresa destinada a gestionar asuntos ajenos". Y yo siento que la educación no puede ser algo ajeno, sino propio. Se trata de un derecho universal que responde a una necesidad pública y, desde ese punto de vista, debe recibir la primerísima atención del Estado.
Deseo centrarme en lo que algunos señores Senadores han planteado, en cuanto a los aspectos de la iniciativa legal que han generado discrepancia.
La totalidad de los invitados a la Comisión, naturalmente de distintas orientaciones -centros de estudios superiores e, incluso, instituciones estatales muy ligadas a esta materia, como es el caso del Consejo Nacional de Educación y la actual institución denominada "Comisión Nacional de Acreditación"-, manifestaron serios reparos. Y debo decir que pocas veces he visto que un proyecto de ley no tenga el apoyo de ningún sector, ¡de ningún sector!
Todo el mundo especializado en educación entiende que su texto debe ser mejorado, que es totalmente perfectible.
Dicho lo anterior, quiero plantear que, como sostuvo el Senador Cantero, aquí hay una materia absolutamente necesaria, sobre la cual es indispensable legislar.
Además -también lo mencionó la Senadora Isabel Allende-, en esto se halla comprometida la fe pública. Aquí se encuentran las bases mismas de las reglas del juego que permiten que un estudiante elija una universidad y determinada carrera. Por lo tanto, esas reglas del juego han de ser claras y conocidas y, obviamente, no se puede continuar operando de la manera como se ha hecho hasta hoy, con una institucionalidad fuertemente cuestionada.
Este sistema tiene diversos pecados de origen. No olvidemos que cuando se inició la discusión de estos temas, con posterioridad a 2006, a raíz del debate de la Ley General de Educación, en el marco de la ley N° 20.129, que estableció el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, hubo amigos de las bancas de enfrente, Senadores de la Derecha, que dijeron que no había que instituir un sistema de acreditación. O sea, que la acreditación no solo no debía ser obligatoria, sino tampoco voluntaria.
Por lo tanto, el paso que hoy día estamos dando en cuanto a la obligatoriedad me parece muy positivo. Sin embargo, no debe dejarse espacio para el azar, es decir, no es posible que este sistema sea aleatorio, y que solo las carreras de Medicina y de Pedagogía queden sujetas a una acreditación obligatoria, mientras que el resto se deje a la suerte o al lanzamiento de una moneda al aire. ¡Eso no puede ser! No corresponde dejar ningún espacio, porque se necesita mayor certidumbre, especialmente en la calidad de la educación.
Cabe destacar, una vez más, que este y no otro es el debate en lo atinente a la calidad en la educación. Muchas veces se saca a la luz el tema de la calidad como si fuera un comodín. Si surge un problema educacional y se produce una movilización estudiantil, también se habla sobre calidad.
Repito: este es el único tema vinculado directamente con la calidad. No tiene que ver con ella lo relativo al financiamiento -que corresponde a otro proyecto-, ni lo relativo a la Superintendencia de la Educación Superior, que busca eliminar el lucro.
¿Cómo se logra la calidad? Yo concuerdo con lo señalado por muchos señores Senadores, y entiendo a quienes han manifestado que se van a abstener, porque -insisto- hay aspectos que no pueden quedar al azar.
En tal sentido, yo diría que el número de miembros de la Agencia Nacional de Acreditación es lo menos problemático. Pero lo que sí tiene que contener esta institucionalidad es la distinción entre la variada naturaleza de los planteles de educación superior. Efectivamente, hay establecimientos que se dedican a la investigación, mientras que otros ofrecen carreras de tiza y pizarrón. Todos sabemos que hay universidades privadas que solo buscan quedarse con las becas que el Estado entrega a los alumnos. Y en esto hubo una gran discusión.
Por eso hoy día existen situaciones de corrupción, porque hay controladores de esas universidades muy inescrupulosos, que prefieren sobornar a quien se encuentra a cargo de esa institucionalidad y pagar algunos millones de dólares a cambio de acceder a los muchos millones de dólares que significan esas becas que están en juego, debido al crecimiento explosivo experimentado en los últimos 15 años por las matrículas de la educación superior.
Entonces, naturalmente, eso hay que cambiarlo.
Respecto al tema binario, en el sentido de que la universidad es mala o buena, esto es, de que aquí solo hay dos opciones, yo siento que la vida no es blanco o negro, sí o no. Porque, en este caso, claramente hay opciones intermedias. Y esta también fue una de las observaciones que se plantearon al proyecto.
El licenciamiento y la acreditación no se pueden confundir en una sola institución, porque no son lo mismo. El licenciamiento, que permite la autonomía, es completamente distinto de la acreditación, que busca garantizar la calidad.
Por todo lo anterior, señor Presidente, nos parece que en la discusión en particular debemos darnos una oportunidad para profundizar y efectuar los cambios necesarios sobre esta materia. El proyecto fue mal concebido desde un comienzo; fue improvisado, al igual que el programa de Gobierno en materia de educación que conocimos ayer. La verdad es que este retrocede en bastantes aspectos. Es como si en Chile no hubiese pasado nada referente a educación durante los últimos 4 años.
Claramente, para los estudiantes que estuvieron movilizados, es casi una venganza el programa de la candidata que conocimos ayer, porque es absolutamente regresivo comparado con lo que este Gobierno y esta Secretaria de Estado han impulsado en lo referente a los cambios en la educación.
Voy a votar favorablemente, tal como lo hice en la Comisión, porque creo que la Ministra va a hacerse cargo -así lo manifestó en el órgano técnico, y existe un documento que lo avala- de realizar esas correcciones mediante la presentación de indicaciones, a fin de aprobar una iniciativa conforme a los tiempos y a la calidad, que es lo que hoy día importa.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos a favor y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron la señora Allende y los señores Girardi, Muñoz Aburto, Rossi y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde fijar plazo para formular indicaciones.
Siguiendo lo que hemos acordado, propongo el 2 de diciembre, a las 12.
El señor PROKURICA.- El 30 de noviembre, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Ese día es sábado, Su Señoría.
La señora ALLENDE.- Está bien el 2 de diciembre.
El señor PROKURICA.- Bueno.
--Se fija plazo para presentar indicaciones a la iniciativa hasta el lunes 2 de diciembre, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sustituye las leyes N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y N° 20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con informe de la Comisión de Economía y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8907-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 18ª, en 30 de abril de 2013.
Economía: sesión 58ª, en 1 de octubre de 2013.
-Mejorar la protección de los derechos de propiedad industrial, incorporando nuevos tipos de protección, como son las nuevas categorías de marcas, y reformulando las materias de exclusión de protección, ya sea de marcas o de patentes.
-Mejorar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial.
-Fortalecer las normas de observancia, debido a la necesidad de mecanismos idóneos y efectivos para asegurar el cumplimiento de las normas de propiedad industrial.
La Comisión discutió la iniciativa en general y en particular en virtud del acuerdo de la Sala de 31 de julio del año en curso, pero propone aprobarla solamente en general.
Asimismo, deja constancia de que el proyecto fue acogido en general y en particular por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores García, Novoa, Tuma y Zaldívar.
Cabe tener presente que los artículos 9°, inciso segundo, 14, 23, 28, 91, 196, 197, inciso segundo, 198, 200, 204, 291 y 328 a 331 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación requieren 21 votos favorables, y para el artículo 274, que es de quórum calificado, 19.
El texto que se propone aprobar se transcribe en la parte pertinente del informe de la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- En discusión general.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, procuraré ser sucinto, porque el proyecto es de mucha profundidad y consta de 336 artículos permanentes y 13 transitorios.
La propiedad industrial es un derecho protegido en la legislación.
En la Constitución Política de 1833 y luego en la de 1925, se estableció la protección de la denominada "propiedad industrial", que es equivalente a lo que podría llamarse "derecho de autor" en las creaciones culturales.
En esta iniciativa, el Gobierno plantea enmiendas que es importante materializar.
En Chile la protección de la propiedad industrial comienza en la Constitución de 1833; continúa en la de 1925, y posteriormente en otros cuerpos legales, como el DFL N° 291, de 1931. Más adelante, la Carta de 1980, en el artículo 19, inciso tercero del N° 25°, reitera esa protección, hoy en día esencial para el desarrollo del comercio, de la industria y de la creación en general, que está amparada por la propiedad intelectual.
En 1991 se dictaron la ley N° 19.039, sobre Propiedad Industrial, y en el decreto N° 236, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, su reglamento.
Posteriormente se dictaron nuevas leyes que han ido cambiando la normativa: en 2005, la N° 19.996, y en 2007, la N° 20.160, que modificó aquella para adaptarla a los tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Asociación Europea de Libre Comercio.
En 2008, la ley N° 20.254 creó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Toda esa legislación ha sido muy positiva y necesaria, especialmente para la apertura de Chile al comercio exterior, pero precisa ser puesta al día a fin de responder a los nuevos requerimientos. El texto en debate planteado por el Ejecutivo se orienta en ese sentido.
En la Comisión, después de analizarlo y de escuchar a diversos técnicos y ejecutivos del área, llegamos a la conclusión de que, para dar mayor agilidad a su despacho, era más lógico seguir el procedimiento común y someter al pronunciamiento de la Sala la idea de legislar. Es decir, todos concordamos en la conveniencia de aprobar primero el proyecto en general -seguramente Sus Señorías apoyarán dicho criterio-, por tratarse de una materia básica para el manejo de la economía y la protección de la creación intelectual, que se puede producir en el nivel industrial en distintas formas, y por hallarse constituido, repito, por 336 artículos permanentes y 13 transitorios.
Una vez aprobado en general por el Senado, la Comisión deberá abocarse a su debate en particular, revisando cada una de las disposiciones.
Lo que se pretende es sacar una ley muy completa, que cuente con su propia organicidad y que contenga todo lo que hemos recogido durante la historia legislativa en la materia, más la experiencia de nuestra incorporación al comercio internacional y el respeto que debemos tener hacia la legislación de otras naciones que participan en esos mercados.
Por las razones expuestas, la Comisión, por unanimidad, recomienda a la Sala aprobar en general el proyecto y fijar un plazo de a lo menos 30 días para formular indicaciones. Nosotros podríamos solicitar que se amplíe, dependiendo del desarrollo de la discusión en particular.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, conforme al procedimiento adoptado en las iniciativas anteriores, voy a proceder a abrir la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra, para fundamentar su voto, el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional vamos a aprobar la idea de legislar, porque el estatuto que regula la propiedad industrial tiene ya 20 años desde su instauración. Si bien es cierto que ha sufrido tres modificaciones, ellas han respondido principalmente a coyunturas derivadas de las obligaciones que Chile ha suscrito en tratados internacionales.
Nos asiste la convicción de que en este aspecto Chile requiere un sistema moderno y balanceado, el que, junto con promover la innovación, incentive la competencia, la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, en beneficio tanto de los titulares de derechos como de los usuarios de estas tecnologías.
El proyecto comprende tres ejes principales.
En primer lugar, busca fortalecer y mejorar el sistema de propiedad industrial, por ejemplo, mediante la regulación de nuevos tipos de marcas; introduce sistemas alternativos que faciliten la protección de diseños industriales y modelos de utilidad mediante sistemas de depósito e incorpora usos permitidos y excepciones a los derechos exclusivos, para favorecer y estimular la competencia, la innovación y el emprendimiento.
En segundo término, pretende mejorar los procedimientos de registro de los derechos de propiedad industrial, al simplificar los trámites, acortar plazos y otorgar facilidades a las pequeñas y medianas empresas y a los nuevos emprendedores. Hoy día, tramitaciones excesivamente dilatadas redundan en que los derechos de las partes no son oportunamente resguardados.
Y en tercer lugar, intenta fortalecer las normas de observancia, al incorporar mecanismos que aseguren el respeto a los derechos de propiedad industrial.
Votaremos favorablemente, porque se trata de modernizar, de poner al día, en conformidad con las exigencias internacionales, tanto el sistema de registro de propiedad industrial cuanto el de protección de propiedad industrial e intelectual.
Como expresó el colega señor Andrés Zaldívar, creemos que el Senado debe aprobar la idea de legislar, de manera que se puedan presentar indicaciones a la iniciativa para su análisis durante la discusión en particular.
Tengo la certeza de que este es un muy buen proyecto, sobre todo para estimular la investigación y los registros de propiedad industrial e intelectual y, de ese modo, proteger el trabajo de los investigadores; de quienes patenten productos nuevos y denominaciones, ya sea de origen o sistemas o frases de propaganda, en fin. En verdad, el ámbito de la propiedad intelectual es tremendamente amplio y parece de toda justicia ampararla y protegerla.
El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Comisión debatimos el proyecto en general y particular, pese a lo cual la solicitud a la Sala es pronunciarse solo respecto de la idea de legislar, por cuanto se trata de una normativa extensa, compleja y muy técnica, pero necesaria a efectos de perfeccionar nuestra institucionalidad registral de patentes industriales.
El contexto en el que se enmarca esta nueva Ley sobre Propiedad Industrial nos encuentra con un Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) bastante desarrollado.
Desde su creación en 2009, dicho Instituto ha venido impulsando grandes transformaciones y avances en materia de procesos internos, sistemas informáticos, capacitación de personal e infraestructura física y tecnológica. Durante estos años, se ha buscado dotar a Chile de una estructura normativa, de recursos humanos y políticas que incentiven la creatividad, la innovación, el emprendimiento y que faciliten aún más el acceso al conocimiento y a soluciones creativas.
El desarrollo económico de un país tiene que ver también con el instrumento con que cuenten los creadores para registrar apropiadamente sus nuevas invenciones. Y, por tanto, creo que una de las principales mejoras que podemos hacer es proponer una legislación acorde con los tiempos y no continuar con una normativa atrasada en más de 20 años.
El año 2012 se hizo un cambio total de la obsoleta plataforma informática del INAPI -valoro tal hecho- por un sistema moderno y robusto, implementado con el apoyo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.
El año pasado se digitalizaron más de 40 mil expedientes de marcas y más de 15 mil expedientes de patentes, cumpliendo así con una de las medidas de Impulso Competitivo del Ministerio de Economía. Se implementó además un área especial para estas tareas, que en la actualidad digitaliza el 100 por ciento de los documentos presentados al Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Por tanto, requerimos actualizar también, así como el INAPI se ha modernizado, la legislación pertinente y determinar las condiciones con que vamos a incentivar el desarrollo de las nuevas invenciones en patentes industriales.
En consecuencia, por tratarse de un proyecto muy complejo, sugiero que el plazo para presentar indicaciones no venza antes de la primera semana de diciembre, a fin de introducir algunos mejoramientos que fortalezcan de verdad a la industria mediante el patentamiento de todo tipo de productos.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se va a llamar a los señores Senadores que se encuentran en las Subcomisiones a objeto de que se pronuncien.
Tiene la palabra el Honorable señor Quintana para fundamentar el voto.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, el proyecto en debate es necesario para el país. Pero es complejo, ya que, según manifestaron algunos señores Senadores en la Comisión, abarca muchos ámbitos imprescindibles de abordar. Mas, sin lugar a dudas, el país entiende que no puede basar su matriz económica solo en la explotación de recursos naturales, minerales, commodities o celulosa, sino que también, como nación innovadora, en los productos creados por la inteligencia humana, sean bienes o servicios, que nos permitan -como se dice- ganarnos el pan en el contexto del mercado global. Bajo ese prisma, el texto propuesto resulta importante y fundamental.
Por otro lado, aparte de señalar que la apuesta por el futuro es lo que me motiva a apoyar esta iniciativa, creo que también debemos resguardar lo que ya tenemos.
Hay un campo especialmente sensible, denominado "patrimonio genético de las especies endógenas y de las prácticas tradicionales de nuestros pueblos originarios", que es preciso tomar en cuenta.
Dado que en la Comisión de Economía hay dos Senadores de la Región de La Araucanía, aparte de quien habla, espero que en el segundo trámite reglamentario no solo ellos -sé que lo harán, desde luego-, sino que todos los miembros de aquella tengan especial cuidado de considerar en el debate el patrimonio genético y los usos y las prácticas tradicionales, incluyendo, por ejemplo, la denominada "farmocopea mapuche", que da lugar a muchos problemas.
En definitiva, el tema de la propiedad industrial involucra muchos aspectos, los cuales deben abordarse pensando en avanzar hacia una sociedad que se diversifica en lo productivo. En ese sentido, voy a votar a favor de la normativa.
El señor TUMA.- ¿Me permite, Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Su Señoría ya fundamentó el voto.
¿Es un asunto reglamentario?
El señor PIZARRO (Presidente).- Aunque todavía estamos en votación, puede intervenir, señor Senador.
El señor TUMA.- Deseo aclarar algo respecto de la votación, señor Presidente.
La iniciativa tiene que ver con el registro de patentes industriales, en el que no caben las semillas.
Por tanto, esto no se relaciona con otras cosas que no sean patentes industriales.
El señor PIZARRO (Presidente).- Muchas gracias por la aclaración, señor Senador.
--Se aprueba en general el proyecto (22 votos favorables), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional exigido.
Votaron las señoras Allende, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- El Senador señor Tuma solicitó que el plazo de indicaciones se fije para la segunda semana del último mes del año.
Propongo el 9 de diciembre, a las 12.
El señor PIZARRO (Presidente).- Saludo a la delegación de adultos mayores de Lo Espejo, que nos visita esta tarde.
¡Muchas gracias, son ustedes muy gentiles!
Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4426-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 37ª, en 4 de agosto de 2009.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 66ª, en 10 de noviembre de 2010.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (segundo): sesión 36ª, en 2 de julio de 2013.
Sesiones 66ª, en 10 de noviembre de 2010 (se aprueba en general); 53ª, en 4 de septiembre de 2013 (queda para segunda discusión).
Hago presente que se ha pedido votación separada de algunas normas.
En la segunda discusión, tiene la palabra el Senador señor Orpis
Señor Presidente, como estamos en la discusión particular y el proyecto aborda un conjunto de materias, quiero referirme a un delicado problema que presenta el artículo 27, el cual señala: "Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias mensuales:". Y luego establece el catálogo de conductas sancionadas por lavado de dinero.
¿Cuál es el problema que surge?
El lavado de dinero siempre tiene un delito base: el tráfico de drogas o la conducta terrorista. Y la norma de la ley N° 19.913 dispone: "Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en este artículo," -es decir, lavado de dinero- "será también sancionado conforme a ésta.". O sea, de acuerdo a la actual legislación, la persona debe cumplir la pena asignada al delito base y, además, la del delito de lavado de dinero.
De ahí nace mi preocupación y diferencia con el texto que se sugiere, respecto del cual haré una propuesta luego de explicar el problema.
Aquí se cambia radicalmente el criterio con la disposición final que se propone, que señala: "En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b)" -es decir, el catálogo ya referido- "no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo".
En otras palabras, el tope de la pena del delito de lavado de dinero está determinado por la sanción del delito base.
Ahí radica mi preocupación.
En la práctica, con relación a los delitos de la Ley de Drogas, consignados en el catálogo, se produce una rebaja de pena respecto del lavado de activos. Lo mismo ocurre con los delitos terroristas, que son extremadamente graves.
Y ello sucede, señor Presidente, en una serie de otros delitos que contempla el aludido artículo 27, referidos al Código Penal y que son conductas sumamente delicadas.
En efecto, se rebaja la pena del delito de lavado de activos cuando el delito base es, por ejemplo, el secuestro simple (artículo 141); el abuso sexual de mayores de 14 años (artículo 366); la facilitación de la prostitución (artículo 367); el tráfico de migrantes simple (artículo 411 bis), el tráfico que pone en peligro la salud o la integridad física del migrante y el tráfico que pone en riesgo la vida del migrante; la estafa (artículo 468), y las estafas calificadas (artículo 470).
Señor Presidente, hay dos soluciones para abordar este asunto, considerando que el catálogo es mucho mayor.
Respecto de las otras normas que se propone incorporar, me parece razonable que exista proporcionalidad, porque se trata de delitos de carácter financiero. Pero, en relación con la Ley de Drogas, la Ley Antiterrorista y el listado de delitos que acabo de mencionar referido al Código Penal, no me parece adecuado que deba rebajarse la pena en el delito de lavado de activos.
Una primera solución sería derechamente votar en contra el inciso final del artículo 27 propuesto.
Y la segunda, incorporar al debate por unanimidad una indicación que tengo redactada. Dice lo siguiente: "Con excepción de los delitos que tiene asignada pena de crimen en virtud de la ley Nº 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes o en la ley 18.314, sobre conductas terroristas", más el catálogo del Código Penal que mencioné.
En el fondo, o se agrega a la propuesta de la Comisión la indicación que acabo de leer, o simplemente se rechaza la parte final de la norma.
No me parece adecuado aprobar una rebaja de pena en el delito de lavado de activos en función de las figuras penales ya aludidas.
Una tercera alternativa sería enviar la iniciativa de vuelta a la Comisión de Constitución para que revise definitivamente el catálogo y elimine esta disposición genérica que establece una rebaja de pena en el delito de lavado respecto de conductas extremadamente delicadas.
Señor Presidente, como se recordó, el proyecto que ahora debatimos en particular fue originado en una moción presentada por diversos Diputados, cuyo propósito original fue subsanar algunos vacíos de la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero.
Al mismo tiempo, se incorpora un conjunto de recomendaciones que organismos internacionales, tales como el GAFI y el GAFISUD, entes creados al amparo de la OCDE, han formulado al Gobierno de Chile para combatir el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
Tales instituciones nos hicieron presente que nuestro país se encuentra atrasado en el cumplimiento de esta normativa, que es clave en el combate contra el lavado de activos a nivel internacional.
Durante el estudio en particular en la Comisión, contamos con la presencia del ex Ministro del Interior señor Rodrigo Hinzpeter; del Subsecretario de Hacienda, señor Julio Ditborn; del Director de la Unidad de Análisis Financiero, señor Javier Cruz; del Director de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, don Mauricio Fernández; de la Jefa del Departamento de Derecho Internacional Multilateral de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, señora Alejandra Quezada.
También pedimos el apoyo de los abogados y profesores de Derecho señores Juan Domingo Acosta y Raúl Tavolari, quienes fueron muy importantes en la elaboración de indicaciones y modificaciones a los textos que finalmente fueron acogidos.
Todas las enmiendas, salvo una, fueron aprobadas por unanimidad.
Ellas buscan perfeccionar las normas penales y procesales penales que sancionan el lavado de activos.
Destacan las siguientes.
1.- Se refuerzan las facultades de la Unidad de Análisis Financiero para prevenir la utilización del sistema financiero por parte de quienes recolecten fondos para actividades terroristas.
2.- Se mejora el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago encargados de conocer las solicitudes presentadas por la Unidad de Análisis Financiero, relativas al levantamiento del secreto bancario.
3.- Se incrementa el listado de instituciones privadas que tienen la obligación de informar actos o transacciones sospechosas. Asimismo, se incluye a los órganos de la Administración Pública entre aquellas que deben informar ese tipo de operaciones.
4.- Se precisa la obligación de registro que tienen determinados organismos de toda transacción financiera que sobrepase los 10 mil dólares norteamericanos.
5.- Se otorga una competencia nueva a los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas para que puedan fiscalizar y sancionar los movimientos no informados de dinero en efectivo o de documentos al portador por sobre los topes mínimos de declaración.
Asimismo, el proyecto da cumplimiento a obligaciones internacionales suscritas por nuestro país, relativas a la persecución transfronteriza de las actividades de financiamiento del terrorismo.
En este sentido, el nuevo artículo 38 entrega una nueva facultad a la Unidad de Análisis Financiero, la que le permitirá solicitar a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que congele en Chile fondos o bienes provenientes de personas o entidades consideradas como terroristas por resolución expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta medida será comunicada en el más breve plazo al Ministerio Público para que se inicie la persecución penal que pueda corresponder.
En todo caso, estas facultades se ejercerán, por cierto, con respeto al Estado de Derecho y al debido proceso que rige en nuestro país.
Finalmente, se modifica la Ley General de Bancos y la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para garantizar la participación de la autoridad judicial en el levantamiento del secreto bancario cuando se trate de investigaciones emprendidas por el Ministerio Público en delitos de lavado de activos.
Ahora bien, ha surgido una inquietud, planteada recién por el Senador Orpis, respecto del artículo en el que se amplían los tipos penales dentro de esta normativa y que se asocian al tráfico ilícito de estupefacientes o a conductas terroristas.
El problema que observó debidamente Su Señoría estriba en que los delitos a que se refiere dicho precepto están sujetos a una cláusula, que dispone que la sanción a los responsables de tales conductas tiene un tope sobre el delito base.
La idea era extender esos delitos a otros, complementarios, menores, que, por lo mismo, son menos relevantes.
Sin embargo, se incurrió en un error, que advirtió el Senador Orpis: dicho tope, finalmente, no se aplicará a los delitos asociados, a los delitos base, sino -por así decirlo- a los delitos centrales: al tráfico ilícito de estupefacientes o a las conductas terroristas...
Le daré de un minuto adicional para que termine.
Dicho de otro modo, si nosotros aprobáramos la norma tal cual viene redactada, estaríamos limitando o rebajando las penas aplicables a los delitos "grandes", por llamarlos de alguna manera. Me refiero a los de lavado de activos en función de delitos establecidos en la ley Nº 20.000, de drogas, o en la ley Nº 18.314, sobre conductas terroristas.
Me parece que debemos corregir esa situación.
Una fórmula es hacerlo directamente con una indicación como la siguiente: "Con excepción de los delitos que tiene asignada pena de crimen en virtud de la ley Nº 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes o en la ley 18.314, sobre conductas terroristas, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a esta ley".
¿Qué significaría eso? Que en los otros delitos asociados el techo es igual al que tiene el delito base...
Dispone de un último minuto adicional.
Pero, en el caso de los delitos de lavado de dinero, tráfico de drogas y conductas terroristas, se mantendrían las penas asignadas en sus respectivas leyes. Con eso se resolvería el problema central.
Como digo, los otros delitos asociados, que son menores (ilícitos de aduanas y otros originados en distintas circunstancias), no tendrían su penalidad original, sino la que impone la norma propuesta.
Otra fórmula es seguir algunos de los caminos planteados por el Senador Orpis.
Me parece que el Senado debe pronunciarse sobre el particular.
Señor Presidente, quiero sumarme al planteamiento que formuló el Senador Orpis en cuanto a los efectos indeseados que puede conllevar el proyecto. Lo importante es redactar de buena manera el referido tipo penal, si efectivamente se pretende efectuar una modificación al respecto.
Adicionalmente, deseo hacer presente otro problema que, a mi juicio, puede generar una declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. Advierto sobre el punto pues lo peor sería, luego de detectar un vicio en la tramitación de la iniciativa, no dejar constancia debidamente de ello en la Sala.
Antes daré una pequeña explicación.
Este es un proyecto muy especial. Se originó en una moción parlamentaria que ingresó al Congreso Nacional el año 2006. Su objetivo preciso -ahí están sus fundamentos- fue subsanar una situación que motivó una declaración de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional respecto de ciertas normas de una iniciativa anterior sobre investigaciones criminales de lavado de dinero.
¿Qué ocurrió con dicho proyecto, el cual fue aprobado por el Parlamento? Que, por un defecto de forma (no haber sido acogidos con quórum de ley orgánica constitucional), el referido Tribunal declaró inconstitucionales los artículos 2º y 3º.
En esos términos, un conjunto de parlamentarios -creo que con buen criterio- replanteó el mismo texto que fue declarado inconstitucional -insisto: el objeto exclusivo del proyecto apuntaba a ver cómo se levantaba el secreto bancario de las cuentas corrientes para los efectos de investigar el lavado de dinero-; o sea, se reprodujo exactamente lo que fue aprobado en su oportunidad en ambas ramas del Congreso y que luego fue declarado inconstitucional en virtud de un problema de quórum.
¿Qué buscaban esos parlamentarios? Que dichas disposiciones fuesen acogidas con los quórums correspondientes a fin de sanear ese defecto y, por tanto, legislar en el sentido adecuado.
Sin embargo, señor Presidente, ocurrió una cosa muy extraña: por la vía de las indicaciones -también lo hizo el Ejecutivo-, se incorporaron materias que nada tienen que ver con el levantamiento del secreto bancario para investigar el lavado de activos: normas vinculadas al financiamiento del terrorismo; nuevas atribuciones para fiscalizar bolsas de valores y bolsas de productos, incluyendo en estas medidas de control a las organizaciones deportivas profesionales -por nombrar algunos de los ejemplos más claros-, o la obligación de reportar a la Unidad de Análisis Financiero las cooperativas de ahorro y crédito.
Es decir, a propósito de un proyecto cuya idea matriz era superprecisa -la reitero: autorizar el levantamiento del secreto bancario en la investigación de lavado de activos-, y donde se buscaba reponer dos artículos que en su momento fueron rechazados por el Tribunal Constitucional por no cumplir el quórum respectivo, se plantean enmiendas que no guardan relación con la finalidad esencial de la iniciativa que nos ocupa y que, incluso -como muy bien describió el Senador Orpis-, terminan debilitando la forma de combatir determinados delitos vinculados al lavado de dinero.
Señor Presidente, no sé si estoy muy equivocado, pero me parece que sería un récord que el Tribunal Constitucional declare nuevamente inconstitucional el proyecto de ley, ahora no por un problema de quórum, sino por alejarse de la idea matriz.
Es muy importante lo que estamos tratando. Nosotros no nos pronunciamos por indicaciones sobre cualquier cosa. Estas deben guardar relación con las ideas matrices de la iniciativa. Aquí hay muchos Senadores que han presidido esta Corporación en distintas ocasiones y lo saben.
Alguien podría decir: "Es que la Cámara de Diputados en su momento no reparó en ello". Es posible. Pero ello no impide que yo deje constancia de que aquí subyace una inconstitucionalidad galopante, por cuanto la idea matriz del proyecto no concuerda con su forma final.
No se trata de un tema de buena o mala fe y tampoco de un problema de mérito, sino de que ciertas disposiciones han sido objetadas en razón de un vicio de procedimiento.
Entonces, señor Presidente, me sumo a la solicitud que formuló el Senador Orpis para que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución a fin de analizar el asunto que ha expuesto.
También me gustaría que en esa oportunidad dicho órgano técnico revisara detenidamente lo que yo he planteado. No vaya a ser cosa que, por una forma equivocada, caigamos por segunda vez en la declaración de inconstitucionalidad respecto de una iniciativa que tiene un objetivo importante: investigar el lavado de activos.
Por todas esas razones, adhiero a la sugerencia del Senador Orpis, con el agregado de que la Comisión de Constitución también revise lo relativo a las normas que no concuerdan con las ideas matrices de la iniciativa.
¿Me permite plantear una cuestión reglamentaria, señor Presidente?
Después de que haga uso de la palabra el señor Senador.
Es que deberíamos suspender el debate si el proyecto va a volver a la Comisión.
Puede hacer uso de la palabra, Honorable señor Andrés Zaldívar.
Señor Presidente, también me sumo al planteamiento que ha formulado el Senador Orpis, pues creo que no es materia de la Sala entrar a hacer el trabajo que le corresponde a una Comisión. Lo lógico es que el proyecto vuelva a dicha instancia para que analice la observación que se ha planteado.
De hecho, yo quiero agregar otro tema.
Si bien no me gustaría que la Comisión de Hacienda tuviera más trabajo, estimo que la Secretaría debería revisar bien ciertos aspectos de la iniciativa que, en mi opinión, son de competencia de aquella. En efecto, se modifica la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques; la Ley General de Bancos; la ley Nº 19.913, que creó la Unidad de Análisis Financiero, y se establecen multas y otras obligaciones que sería adecuado que dicho órgano estudiara. De lo contrario, podríamos incurrir en infracción al no darle carácter obligatorio al informe de la Comisión de Hacienda cuando se trata de materias propias de su ámbito.
Por lo tanto, sin perjuicio de la obligatoriedad de ese procedimiento -no quisiera que la Comisión de Hacienda tuviera más trabajo del que ya tenemos-, me parecería adecuado analizar el proyecto desde ya, a fin de evitar la infracción a la norma reglamentaria.
En consecuencia, concuerdo con que la iniciativa debe volver a la Comisión de Constitución a efectos de que estudie el asunto que planteó el Senador Orpis -le encuentro toda la razón a Su Señoría-, para que después retorne a la Sala.
Adicionalmente, pido a la Secretaría que revise si corresponde que el proyecto vaya también a la Comisión de Hacienda con el objeto de analizar las materias que le son pertinentes.
Entiendo que todos los señores Senadores que han intervenido concuerdan en la necesidad de revisar el tema al cual se ha hecho mención.
Sugiero que tomemos el acuerdo de devolver el proyecto a la Comisión de Constitución y que se le fije como plazo la próxima semana -la urgencia vence el 17 del presente mes- para que esté en condiciones de retornar a la Sala.
¿Habría acuerdo en proceder de la manera indicada?
Conforme. Será solo para analizar una cosa muy puntual, señor Presidente.
--El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución para un segundo informe complementario.
Según lo acordado recién por la Sala, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y las Sewellinas, con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8807-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Cantero, García-Huidobro, Quintana y Walker, don Ignacio):
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 32ª, en 18 de junio de 2013.
El objetivo de la iniciativa es establecer, como lo señala su título, el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y las Sewellinas.
La Comisión de Educación discutió este proyecto en general y en particular, por tratarse de aquellos de artículo único, y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Von Baer y señores Quintana y Walker (don Ignacio).
El texto que se propone aprobar se consigna en la parte pertinente del informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Antes de iniciar la votación del proyecto, quiero saludar a las visitas que nos acompañan en las tribunas, integrantes del club cultural Amulén y del club del adulto mayor Abriendo Caminos, de San Miguel.
En votación el proyecto que instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y Sewellinas.
--Se aprueba en general el proyecto (12 votos a favor); por no haberse formulado indicaciones, se aprueba también en particular, y queda despachado en este trámite.
Votaron la señora Allende y los señores Chahuán, Coloma, Gómez, Larraín (don Hernán), Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
El señor PIZARRO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción del Senador señor Escalona, en materia de inhabilidades para integrar el directorio de una sociedad deportiva profesional, con informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (7505-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Escalona):
En primer trámite, sesión 90ª, en 1 de marzo de 2011.
Hacienda: sesión 34ª, en 19 de junio de 2013.
El señor PIZARRO (Presidente).- Puede fundamentar el voto, Su Señoría.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo no integraba la Comisión de Hacienda cuando se despachó este proyecto. Pero de su sola lectura se desprende cuál es la intencionalidad de su autor: declarar una inhabilidad. ¿Para quiénes? Para los que "integren los órganos de administración, ejecución y control de una corporación, fundación u otra persona jurídica sin fines de lucro, con la que se establezcan relaciones comerciales o de lucro".
Personalmente, no puedo precisar el alcance, porque es muy general. Y su autor -quien no está en la Sala- debió haber tenido alguna intencionalidad para establecer esa inhabilidad. Pero yo realmente no conozco el fondo, la razón de ser de la iniciativa.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, en nombre del Comité Demócrata Cristiano, pido segunda discusión.
El señor TUMA.- Sí, señor Presidente.
El señor CHAHUÁN.- Segunda discusión.
El señor NOVOA.- Ya está en votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Es que estamos en votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- O aplazamiento de la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Nos encontramos en votación, señor Senador.
El señor PROKURICA.- Ya no se puede.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se abrió la votación.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Bueno.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hagamos lo siguiente: votemos el proyecto en general y que vuelva a la Comisión para que se establezcan claramente sus alcances.
Senador señor Tuma, ¿quería fundamentar su voto?
El señor QUINTANA.- ¡Pelotearlo!
El señor PIZARRO (Presidente).- ¡A propósito de sociedades deportivas!
El señor TUMA.- Señor Presidente, deseaba solicitar segunda discusión. Pero Su Señoría ya me adelantó que se había iniciado la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- Efectivamente. La votación se encuentra abierta. Si no tenemos votos, debemos levantar la sesión, por falta de quórum.
El señor NOVOA.- Hay quórum.
El señor PIZARRO (Presidente).- Sí. Lo que pasa es que estoy llamando a votar y nadie emite su voto
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Aprobemos la iniciativa en general y que vuelva a la Comisión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Hay quórum. Si no votan Sus Señorías, me veo obligado a levantar la sesión.
Muy bien. Nadie está obligado a lo imposible. Vamos a...
El señor COLOMA.- Está en votación, señor Presidente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pero llega un momento en que hay que cerrarla. Están los Senadores acá. No los puedo obligar a que voten.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 4 votos en contra, 3 a favor, 6 abstenciones y un pareo.
Votaron por la negativa los señores Coloma, Novoa, Orpis y Pérez Varela.
Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los señores Pizarro y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Chahuán, García, Gómez, Prokurica, Quintana y Tuma.
El señor LABBÉ (Secretario General).- De consiguiente, reglamentariamente, habría que repetir la votación, por cuanto las abstenciones influyen en el resultado.
El señor COLOMA.- Repitámosla.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, una consulta de Reglamento.
Si se mantienen las abstenciones, ¿la votación queda para la próxima sesión?
El señor GARCÍA.- ¿Cómo se podría hacer para que ello ocurriera?
La señora RINCÓN.- Repitiendo la misma votación.
El señor TUMA.- Señor Presidente, reitero la petición de segunda discusión. Ya no estamos en votación, y esta segunda votación podría quedar para segunda discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Lo que sucede, señor Senador, es que nos encontramos en el proceso de votación. Lo que no se ha definido es su resultado, aprobación o rechazo.
Para que se pueda postergar el asunto tendría que producirse un empate, y hasta el momento hay trece votos.
Y si en la segunda votación no se reúnen los votos para alcanzar el quórum necesario, corresponde dar por rechazado el proyecto y levantar la sesión.
El señor CANTERO.- ¿Puede agregar mi voto, señor Presidente?
El señor PIZARRO (Presidente).- Tendríamos que dividirnos los votos para que el resultado sea siete a siete.
El señor COLOMA.- Repitamos la votación, entonces.
El señor PIZARRO (Presidente).- Eso haremos.
Reglamentariamente, si Sus Señorías quieren postergar la votación para una sesión próxima, habría que producir un empate. Eso sugiero, a efectos de que la iniciativa vuelva a la Sala en la siguiente sesión ordinaria y no que sea rechazada ahora.
El señor COLOMA.- Pero que cada uno se pronuncie como quiera.
El señor PIZARRO (Presidente).- Está bien.
Soy consciente de que quienes se hallan en contra votarán en consecuencia, como es natural.
El señor GÓMEZ.- ¡Repartámonos los votos...!
El señor COLOMA.- ¡Eso es el duopolio...!
--Queda pendiente la discusión general sobre el proyecto hasta la próxima sesión ordinaria (7 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende y Rincón y los señores Cantero, Gómez, Pizarro, Tuma y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Coloma, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Quintana.
Se abstuvieron los señores Chahuán y García.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Senadores, les sugiero que dejemos el Orden del Día hasta acá y entremos a la hora de Incidentes, porque algunos colegas me han manifestado su intención de intervenir en esa instancia.
El señor ORPIS.- Pero podríamos ver también el proyecto signado con el número 15 de la tabla.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, me quiero sumar a lo planteado por el Senador Orpis. Efectivamente, se trata de un proyecto de mucha urgencia, que habilita a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia.
Hemos sostenido un sinfín de reuniones con juntas de vecinos, a efectos de que dispongan de las condiciones mínimas para efectuar dicho trámite, que hoy día lo realizan los municipios. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo del Gobierno.
Por lo tanto, propongo que resolvamos este proyecto rápidamente.
El señor PIZARRO (Presidente).- Señores Comités, íbamos a tomar el acuerdo de poner término al Orden del Día. Lo que está solicitando el Senador Chahuán es colocar...
El señor CHAHUÁN.- Sin discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).-... en votación el proyecto signado con el número 15 de la tabla, en segundo trámite constitucional, cuyo objetivo es habilitar a las juntas de vecinos para otorgar certificados de residencia.
Hay quórum para tales efectos y se trata de una iniciativa que viene aprobada por unanimidad.
El señor CHAHUÁN.- Despachémosla sin debate.
El señor ORPIS.- Solo que se realice la votación.
El señor PIZARRO (Presidente).- No hay acuerdo para tratar ahora el proyecto.
En consecuencia, doy por concluido el Orden del Día y entramos a la hora de Incidentes.
El señor ORPIS.- Veamos el proyecto, señor Presidente, sin demora.
El señor PIZARRO (Presidente).- No me ha entendido, señor Senador, existe la petición de un Comité de terminar el Orden del Día y de tratar el mencionado proyecto en la próxima sesión.
El señor CHAHUÁN.- Okay.
El señor PIZARRO (Presidente).- Pasamos a la hora de Incidentes.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se le dará curso en la forma reglamentaria.
A los señores Ministro de Energía y Superintendente de Electricidad y Combustibles, solicitándoles verificar EVENTUAL CONTAMINACIÓN DE COMBUSTIBLE CON AGUA EN SERVICENTROS DE PUERTO CHACABUCO Y PUERTO AYSÉN.
El señor PIZARRO (Presidente).- En Incidentes, los Comités Partido Demócrata Cristiano y Partido por la Democracia cedieron sus tiempos al Comité Partido Radical Social Demócrata.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero informar que hoy una de las empresas del Estado: ENAER, se encuentra en paro indefinido, a consecuencia de una denominada "política" destinada a terminar con las empresas estatales.
La Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile está teniendo dificultades debido a la cesación del contrato de algunos de sus trabajadores, quienes han sido despedidos, y a que se están externalizando funciones relevantes dentro del ámbito de la aviación. Hablamos de una empresa que se ha especializado en tales materias.
No obstante que la ley establece criterios claros respecto a su creación y por qué fue creada, hoy día sus trabajadores se hallan en este paro porque no han logrado ningún acuerdo con el Gobierno sobre su situación.
Es por eso que quería mencionar este tema.
Y quiero decirles, por lo menos de nuestra parte, que así como se eliminó a EMAZA, lo cual consideramos que fue un error -y lo seguimos estimando de ese modo-, se continúan terminando las empresas del Estado.
No se puede transformar todo en entes privados. No es admisible que actividades esenciales, en este caso incluso vinculadas con materias de seguridad, acaben siendo privatizadas y que las empresas del Estado sean cesadas en sus funciones.
La normativa aprobada acá que discontinuó a EMAZA ha significado, al final, ir reduciendo las capacidades que el Estado posee para intervenir en un mercado muy irregular, muy poco simétrico, y donde resulta necesario que existan estas empresas estatales.
Por las razones expuestas, deseaba hacer mención al paro, que se muestra bastante conflictivo, producido en la empresa ENAER.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Unión Demócrata Independiente, Partido Renovación Nacional, Independientes, Partido MAS y Partido Socialista, ningún señor Senador interviene.
Hasta el año 2011 el Servicio de Impuestos Internos interpretó administrativamente una disposición de la Ley General de Cooperativas, en' un sentido favorable al contribuyente asociado a una cooperativa, conforme al cual los excedentes derivados de las operaciones realizadas por las cooperativas se encontraban exentos del impuesto a la renta.
Dicha interpretación cambió diametralmente en Junio del año 2011, cuando el Director del Servicio, a la sazón Julio Pereira, a través del Oficio N° 1397, decidió que las referidas operaciones sí quedaban gravadas con el impuesto a la renta, por la vía del Impuesto Global Complementario.
Este cambio de criterio, más allá de las implicancias que ha tenido por los contribuyentes que han debido reliquidar sus impuestos retroactivamente, genera un marco regulatorio totalmente adverso a la finalidad expresada por el Gobierno en el Congreso, en orden a promover el cooperativismo como forma de asociatividad.
Por ello es que vemos, en el marco del tratamiento del proyecto de ley, que modifica la Ley General de Cooperativas (Boletín N° 8.132-26), que entre otras plantea la necesidad de precisar ciertas normas poco claras, un espacio muy propicio para establecer, bajo el principio de seguridad jurídica, con absoluta certeza, cuál será el tratamiento tributario de la remesas que reciban los asociados de las cooperativas, que en nuestra opinión debiera ser la exención.
Si bien es cierto, que desde el punto de vista de las competencias sectoriales el proyecto en actual tramitación corresponde al Ministerio de Economía, no vemos inconveniente en que sea objeto de indicaciones relacionadas con la cartera de Hacienda, si consideramos que hay normas que, de igual forma, deberán ser conocidas por la Comisión de Hacienda.
Por su parte una indicación en el sentido propuesto no se aleja de las ideas matrices, dentro de las cuales se plantea la necesidad de incentivar la eficiencia económica y la sustentabilidad financiera del sistema.
POR TANTO, los senadores que suscriben vienen en someter a la consideración del Senado el siguiente:
PROYECTO DE ACUERDO Por el cual se acuerda:
Que por tratarse de materias de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, se le solicite el envío de una indicación al proyecto de ley Boletín N° 8.132-26, que perfecciona la ley general de cooperativas, donde se establezca, con claridad, la exención del impuesto a la renta de las operaciones entre las cooperativas y sus asociados”
(Fdo.): Eugenio Tuma Zedán, Senador.- Lily Pérez San Martín, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador.- José Antonio Gómez Urrutia, Senador.- Hernán Larraín Fernández, Senador.- Jaime Orpis Bouchon, Senador.- Jorge Pizarro Soto, Senador.- Baldo Prokurica Prokurica, Senador.- Hosaín Sabag Castillo, Senador.- Ignacio Walker Prieto, Senador.- Andrés Zaldívar Larraín, Senador.

References: resolución 
 artículo 29
 artículo 274
 artículo 19
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 38
 resolución 
in fine