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Timestamp: 2020-08-03 15:46:00+00:00

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PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 097 del 09/09/2019
Opinión Jurídica : 097 - J del 09/09/2019
Cargo: Jefe de Área a.i. Comisiones Legislativas IV
Texto Opinión Jurídica 097
OJ-097-2019
Con aprobación del señor Procurador General de la República me refiero a su oficio AL-DCLEAMB-132-2018 del 6 de agosto de 2018, reasignada a esta oficina el 21 de junio de 2019, mediante el cual solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo para que condone las deudas al Organismo Auxiliar Cooperativo Agroindustrial Agroatirro, R.L.”, el cual se tramita bajo el número de expediente 20.742.
Con este proyecto de ley se pretende autorizar al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), para que condone las deudas al Organismo Auxiliar Cooperativo Agroindustrial Agroatirro R.L (Agroatirro, R.L), por la suma de ¢5.570.910.798,58, correspondiente al saldo por concepto de principal e intereses adeudados al 30 de noviembre del año 2017.
Asimismo, autoriza a INFOCOOP a condonar los intereses corrientes y moratorios pendientes de pago, así como los que se generen hasta que se apruebe y formalice la condonación de dicha deuda.
De acuerdo a la exposición de motivos, Agroatirro, R.L. resulta de gran ayuda en el desarrollo económico y social de los cantones de Turrialba y Jiménez en la Provincia de Cartago, por lo que, la condonación de esta deuda representaría, un ahorro anual entre el principal e intereses de cerca de ¢485 millones, que se destinarían a apoyar al productor y generar nuevos proyectos.
Dado ello, haremos unas observaciones generales y nos referiremos a la constitucionalidad del proyecto, advirtiendo que nos limitaremos a realizar las observaciones que ameriten alguna discusión de tipo jurídico o de técnica legislativa, dentro del ámbito competencial de este órgano asesor.
II. FOMENTO DEL COOPERATIVISMO
El artículo 64 de la Constitución Política prevé una obligación específica del Estado de fomentar la creación de cooperativas como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Señala dicho numeral:
A partir del anterior mandato constitucional, mediante la Ley N° 6756 del 5 de mayo de 1982 (última reforma integral a la Ley de Asociaciones Cooperativas), se declaró de conveniencia, utilidad pública y de interés social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cul­tural y democrático de los habitantes del país.
Además, dicha Ley creó el INFOCOOP como la institución del Estado encargada de fomentar la creación de cooperativas, la cual cuenta con personería jurídica propia, administrativa y funcional, señalando como su finalidad la siguiente:
“Artículo 155-El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INFOCOOP tiene como finalidad: fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el coope­rativismo en todos los niveles, propiciando las condiciones requeridas y los ele­mentos indispensables, a una mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de la actividad económico-social que simultáneamente contribuya a: crear mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del hombre costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional.”
Al respecto, mediante el dictamen C-490-2006 del 12 de diciembre de 2006 la Procuraduría General de la República señaló:
“El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo tiene como finalidad el incentivar al movimiento cooperativista en todos sus niveles, promoviendo la formación de asociaciones cooperativas, a las cuales debe darles asistencia técnica y financiera (artículo 155 de la Ley de Asociaciones Cooperativas), de forma de lograr una "mayor y más efectiva participación popular" en la actividad económica-social, así como mejores condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos. Es decir tiene una finalidad de clara orientación económica-social, cumpliendo con parte de los objetivos de la política estatal en el campo de la democratización económica- social”.
Conforme se aprecia, el INFOCOOP es la Institución Estatal responsable de fomentar y apoyar las cooperativas, y, como parte de sus fines, se encuentra el brindar servicios crediticios con condiciones favorables a las asociaciones cooperativas del país. Respecto a la potestad de asistencia financiera, el artículo 157 inciso d) de la Ley N° 6756 del 5 de mayo de 1982 señala:
Partiendo de lo indicado, procederemos a analizar el fondo del proyecto de ley.
III. SOBRE LA CONDONACIÓN DE DEUDAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO.
Conforme lo dispuesto en el artículo 821 del Código Civil, toda condonación de deudas constituye una suerte de liberalidad y tratándose de deudas contraídas con una entidad pública se trata de una forma de auxilio o subsidio, en cuyo caso, se encuentra sometido al principio constitucional de igualdad y a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En este segundo supuesto, a efectos de que la Administración Pública pueda condonar deudas, se requiere que una Ley previa la autorice, conforme el principio de legalidad consagrado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública.
Asimismo, la condonación de obligaciones en el Derecho Administrativo procede solamente en casos excepcionales, pues deberá existir un fin público legítimo, un motivo objetivo real y razonable, y siempre a condición de que la remisión tenga un alcance general (Opinión Jurídica OJ-80-2014 de 8 de agosto de 2014).
Ahora bien, ha sido criterio de este órgano asesor que, el principio de igualdad contenido en el artículo 33 de la Constitución Política constituiría un obstáculo insalvable para que la Ley otorgue condonaciones individualizadas, tratándose de deudas a favor del Estado (OJ-89-2016 de 5 de agosto de 2016).
En este mismo sentido, conviene citar lo indicar en el voto de la Sala Constitucional N.° 2581-1999 de las 11:18 horas del 9 de abril de 1999:
“Es decir, si bien está obligado a dar a la condonación alcances generales y el principio de igualdad de ninguna forma le impide -pero tampoco lo obliga a- decretarla en forma exageradamente amplia -como sería respecto de toda obligación tributaria en cualquier tiempo anterior al de la vigencia de la ley-, que sería el otro extremo, probablemente por razones de oportunidad y conveniencia inherentes al papel que juegan los tributos en el sostenimiento de las cargas públicas, nunca llegue a estipularse una dispensa tan radical. En todo caso, un juicio político de esta naturaleza es perfectamente compatible con las características de la función legislativa y escapa a la ponderación de este Tribunal. Aún así, es necesario el examen de constitucionalidad, bajo el entendido de que la barrera que el Poder Legislativo escoja interponer entre quienes se verán beneficiados con la condonación y quienes queden fuera de su alcance debe ser objetiva y razonable; y de que la previsión plural en sí misma no garantiza el derecho a la igualdad. La distinción en categorías o grupos puede también aparejar una discriminación, de modo que, como se dijo, cabe agregar aquí el estudio de la razonabilidad de la diferencia que la ley establece entre los destinatarios de la norma y quienes quedaron fuera de su alcance.” (Ver también el voto N.° 6589-2006 de las 12:28 horas del 12 de mayo de 2006) (El resaltado no pertenece al original)
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Ley que condone deudas debe tener alcances generales y garantizar el principio de igualdad.
En el caso en concreto tenemos que, el proyecto de ley en estudio pretende autorizar al INFOCOOP para que condone una deuda específica e individualizada, sea al Organismo Auxiliar Cooperativo Agroindustrial Agroatirro, R.L., por un monto de ¢5.570.910.798,58 correspondiente al saldo del principal e intereses adeudados al 30 de noviembre del año 2017. Además, la condonación comprende los intereses corrientes y moratorios pendientes de pago, así como los que se generen hasta que se apruebe y formalice la condonación de la deuda.
En este sentido, debe insistirse en que, si bien el Legislador puede autorizar a la condonación de deudas, dentro de los parámetros que ya fueron señalados, lo cierto es que dicha autorización debe ser conforme con el principio de igualdad y debe responder a criterios objetivos y razonables.
En efecto, tal y como lo ha explicado la Sala Constitucional en su sentencia N.°2581-1999, ya citada, el principio de igualdad impide que el legislador pueda autorizar o establecer el perdón de las deudas de una persona específica e individualizada.
Adicionalmente, es claro que el principio de razonabilidad requiere que la Ley de condonación establezca los parámetros objetivos, bajo los cuales la administración determinaría a cuáles personas se les puede condonar la deuda y que justificarían además la razón por la que otras personas quedarían excluidas de ese perdón de deudas, lo cual se echa de menos en el texto del proyecto de ley.
En consecuencia, el proyecto carece de parámetros objetivos que exige el principio de razonabilidad para poder justificar, racionalmente, la causa del por qué se estaría condonando una deuda específica y la justificación de la razón por la que otras personas deudoras quedarían excluidas de ese perdón de deudas, contraviniendo de esta forma el principio constitucional de la igualdad.
A partir de lo dicho, es criterio de este órgano técnico que, el proyecto de Ley presenta dudas de constitucionalidad y por tal motivo la discusión final deberá plantearse ante la Sala Constitucional.
Conviene emitir una última observación respecto al financiamiento de INFOCOOP, el cual proviene en su gran mayoría de ingresos del erario público, tal y como se indica en el artículo 178 de la Ley N° 6756:
i) Las multas, impuestos y recaudaciones provenientes de esta ley;”
A partir de lo dicho, el patrimonio de INFOCOOP proviene en su gran mayoría de fondos públicos, de allí la importancia de que los señores diputados valoren la pertinencia de condonar esta deuda de poco más de ¢5.000 millones de colones más intereses corrientes y moratorios, esto debido al impacto negativo que podría representar en el presupuesto del INFOCOOP, lo cual perjudicaría para el cumplimiento de sus fines encomendados por Ley.

References: artículo 64
 artículo 157
 artículo 821
 artículo 11
 artículo 33
 artículo 178