Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/2479
Timestamp: 2020-02-22 23:33:04+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 350/1993
SENTENCIA 350/1993, de 22 de noviembre
ECLI:ES:TC:1993:350
La Sala Primera del Tribunal Constitucional compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Presidente; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 1.456/92, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don César de Frías Benito, en nombre y representación de don Fernando Más Pascual, asistido del Letrado don Martín García Arranz, contra la Sentencia del Juzgado de los Social núm. 13 de Madrid de 9 de octubre de 1990, y contra la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23 de septiembre de 1991. Han comparecido el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, y Quippo, S.A., representada por la Procuradora doña María del Coral Lorrio Alonso y defendida por el Letrado don Juan Carlos Barandiarán Espinosa de los Monteros y ha sido Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 6 de junio de 1992 y registrado en este Tribunal el 8 de junio siguiente, el Procurador de los Tribunales, don César Frías Benito, interpuso en nombre y representación de don Fernando Más Pascual, recurso de amparo contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid de 9 de octubre de 1990 y contra la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de septiembre de 1991 desestimatoria del recurso de suplicación interpuesto contra la que se acaba de mencionar, en reclamación por despido.
a) El actual recurrente en amparo presentó con fecha 27 de septiembre de 1989 papeleta de conciliación por despido ante el Servicio Administrativo de Mediación, Arbitraje y Conciliación (S.M.A.C.) contra la Empresa QUIPPO, S.A.
e) Devueltas las actuaciones, el Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid dictó nueva Sentencia, el 9 de octubre de 1990, en la que, estimando la excepción de caducidad del despido alegada de contrario, resolvió desestimar la pretensión del actor. En la misma se razona que desde la fecha de la ruptura de la relación laboral el 11 de septiembre, única que consta, hasta el 27 de septiembre de 1989 en que se presentó la papeleta de conciliación por el actor había pasado el plazo establecido legalmente.
4. Por providencia de la Sección Primera de la Sala Primera,
a) En cuanto al documento de identidad caducado y la privación de eficacia a la papeleta de conciliación, se afirma que para la extensión del acta de incomparecencia, por considerar no comprobada la identidad del compareciente, el Letrado conciliador tuvo en cuenta que la parte hoy actora se abstuvo de aducir la justa causa a que se refería el art. 53,II, de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980. La caducidad del D.N.I., lejos de ser ajena a la voluntad del Sr. Más Pascual, le es plenamente imputable como incumplimiento del deber de renovarlo [arts. 10 y 17 a) R.D. 96/1976]. Le es igualmente imputable el haber permitido que se extendiera un acta donde se le declaraba, sin más, como no comparecido, en vez de interesar que constara que de hecho había comparecido, aunque no debidamente identificado. En último extremo tal hecho podía recogerse en un acta notarial, que cabe levantar a instancia de cualquier interesado legítimo, como el Letrado del actor. Las consideraciones anteriores son suficientes para evidenciar que no es de aplicación a este caso la doctrina de la STC 164/1991, que consideró lesivo el derecho a la tutela judicial al dar un plazo de cinco minutos para aportar el D.N.I. olvidado en su vehículo. En este caso hay una norma expresa que tajantemente prescribe la inadmisión de los documentos de identidad caducados, en cuanto ello supone incumplimiento del deber de renovarlos tempestivamente; y, por otro lado, no se aprecia ningún esfuerzo, acreditado, del titular del documento en dejar establecida su identidad ante el Servicio administrativo de conciliación o, en general; de alegar justa causa a los efectos del art. 53, II, de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980.
b) Respecto a las supuestas lesiones del derecho a la tutela judicial efectiva, el Abogado del Estado manifiesta que no cabe reprochar a la STSJ de 23de septiembre de 1991 una interpretación y aplicación del art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores desfavorable al derecho fundamental del art. 24.1 C.E., en cuanto se resuelve en un reproche de falta de diligencia o pericia a la parte recurrente, que fue asistida de su Letrado en la conciliación. El primer reproche es el de acudir a la conciliación con un documento nacional caducado; hubiera sido posible instar su renovación en último extremo entre la fecha en que se notificó la citación para conciliación y el momento de ésta. El derecho fundamental del art. 24.1 C.E. no puede convertirse en razón para excusar o privar de efectos desfavorables al incumplimiento culpable de normas jurídicas. El segundo reproche es la falta de alegación de la causa justa prevista por el art. 53, II de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, ante el Letrado conciliador y en las posteriores actuaciones. Es obvio que la parte que se abstiene de levantar las cargas alegatorias que la incumben debe pechar con las consecuencias. Este doble reproche determina la proporcionalidad de la sanción; no interrupción del plazo de caducidad al tenerse por no presentada la papeleta de conciliación.
De otra parte, niega que exista verdadera prejudicialidad nacida de la STSJ de 16 de mayo de 1990 sobre la STSJ de 23 de septiembre de 1991. Estas son sus razones: a) la cosa juzgada solo es predicable de las Sentencias de fondo que ha agotado las cuestiones del caso y eso no ocurre con la STST 16 de mayo de 1990, limitada a resolver el punto previo de la existencia o falta de conciliación intentada; b) una cosa es valorar los datos en presencia para denegar el acogimiento de la defensa procesal basada en que no se intentó la previa conciliación, y otra decidir cuáles deben ser las calidades precisas para que el intento de conciliación interrumpa el curso del plazo de caducidad del art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores. El mínimo que basta para no acoger aquella defensa previa puede no ser suficiente para reconocerle efecto interruptivo de la caducidad. Ambas cosas son compatibles: admitir que una comparecencia irregular baste para impedir que prospere la "excepción" de falta de conciliación; y, en cambio, no ser suficiente para atribuirle efecto interruptivo de la caducidad. En tal caso de comparecencia irregular, cabría entrar en el fondo del asunto si la demanda se presenta dentro de los veinte días hábiles desde que el despido se hubiera producido, una vez rechazada la "excepción" de falta de conciliación. Pero si la demanda se presenta después de aquel plazo, no podrá acogerse la falta de conciliación pues la acción habrá caducado.
8. El Ministerio Fiscal registró su escrito de alegaciones el 24 de febrero de 1993. Tras exponer brevemente los antecedentes fácticos de los que trae causa la presente demanda de amparo, y después de recoger la doctrina de este Tribunal aplicable al caso, señala que el Tribunal Superior de Justicia ha realizado en la Sentencia impugnada una interpretación que, por infundada y contradictoria debe considerarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva. La Sala del Tribunal Superior de Justicia declaró en una primera Sentencia de 16de mayo de 1990 que anulaba la recurrida y reponía las actuaciones al momento anterior a dictarse ésta porque estimaba que debía tenerse por cumplido el requisito previo de intento de conciliación, mientras que en su segunda Sentencia, ahora impugnada en amparo, elude nuevamente pronunciarse sobre el fondo precisamente porque estima que la presentación de la papeleta de conciliación no produjo plenamente sus efectos y no impidió que la acción caducara. Tal interpretación, además de dejar al actor en absoluta indefensión por cuanto, dado el desarrollo procesal habido, no pudo cumplir lo que ahora el Tribunal Superior de Justicia le exige, constituye una manera contradictoria, formalista e infundada de impedir a la parte el acceso al fondo del asunto, ya que, de un lado, se afirmó tener por cumplido el requisito conciliatorio y se le dijo al Juzgado que volviera a dictar Sentencia y, de otro, se niega tal cumplimiento del requisito y se reprocha a la parte actora no haber celebrado una conciliación que, según el propio criterio judicial, no le era imputable. E incluso esta manera de entender las cosas choca frontalmente con el sistema de interrupción del plazo de caducidad que señalaba antes la Ley de Procedimiento Laboral en su art. 52 (ahora, 65.1). Por todo ello, el Ministerio Fiscal interesa que se dicte Sentencia estimatoria.
9. La representación procesal del recurrente mediante escrito presentado el 24 de febrero de 1991, dio cumplimiento al trámite conferido, reiterando las alegaciones contenidas en la demanda de amparo.
1. La presente demanda de amparo va dirigida contra la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid, de 9 de octubre de 1990, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de septiembre de 1991, a las que imputa violación del art. 24.1 C.E. por no haber entrado a conocer del fondo del asunto. Siendo razones distintas las que han llevado a los dos órganos jurisdiccionales a sus pronunciamientos, el reproche de vulneración del derecho a la tutela judicial adquiere en cada caso entidad autónoma e independiente. Así, aunque el eje de este proceso sea la falta de una resolución de fondo, dos son los problemas que suscita el presente recurso de amparo, a saber: a) si la decisión adoptada por el Juzgado de lo Social de tener por caducada la acción, porque entre la fecha de recepción de la carta de despido el 11 de septiembre y la presentación de la papeleta de conciliación ante el S.M.A.C. el 27 de septiembre había transcurrido el plazo que previene el art. 59.3 E.T., ha vulnerado el derecho a la tutela judicial por apreciación errónea de la caducidad; b) si la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al estimar que el plazo desde la presentación de la papeleta hasta la celebración del acto no quedó interrumpido a consecuencia de la caducidad del documento nacional de identidad, teniendo por caducada la acción del despido, ha podido cometer violación del art. 24.1 C.E., toda vez que, habiendo declarado en una Sentencia anterior que se tenía por presentada la papeleta de conciliación y por cumplido el requisito previo exigido por el art. 50 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, anulando la Sentencia recurrida y ordenando la reposición de las actuaciones para que el Magistrado de instancia dictara una nueva Sentencia.
2. El reproche que se imputa a la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid es fundado, pues, en efecto, hubo error patente en el cómputo del plazo de caducidad. A cualquiera le alcanza que, entre los días 11 de septiembre de 1989 y el 27 de septiembre de 1989, median menos de veinte días hábiles que es el plazo de caducidad previsto en el art. 59.3 E.T. y el art. 97 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980. Un error semejante en la estimación del cómputo del plazo tiene trascendencia constitucional en la medida en que impide obtener una resolución sobre el fondo, lo que es considerado lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva (por todas,
3. En cuanto a la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de negar eficacia interruptiva de la caducidad a la presentación de la papeleta de conciliación al tener por incomparecido al actor a causa de la caducidad de su documento nacional de identidad, ha de determinarse si constituye un razonamiento que pueda tildarse de arbitrario, o desfavorable para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
Al respeto debe tenerse presente la constante jurisprudencia de este Tribunal, según la cual, aun cuando el contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva consiste en obtener una resolución de fondo, también es conforme a sus exigencias la que acuerde la inadmisión fundada en la concurrencia de una causa legal que se oponga a la sustanciación de la pretensión, ya que ésta ha de ejecutarse dentro de los cauces legalmente previstos (SSTC 93/1984, 97/1986. 103/1986, 121/1987). Ahora bien, tampoco debe olvidarse que la propia naturaleza del derecho fundamental cuyo respeto aquí se cuestiona exige que la interpretación de estos requisitos legales se realice de forma más favorable a la eficacia del derecho; ello supone, entre otras cosas, que ha de haber proporcionalidad entre la causa legal de inadmisión y el resultado al que conduce, en concreto, la falta de una resolución de fondo (SSTC 90/1983, 216/1989 y 164/1991).
4. En el caso presente, el rechazo de la acción ejercitada por el recurrente de amparo tuvo como motivo el transcurso del plazo de veinte días hábiles, previsto en el art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores para interponer la acción contra el despido, que no quedó interrumpido por la celebración del acto de conciliación, como en principio era esperable a tenor del art. 52 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, por haber acudido el actor con el documento nacional de identidad caducado y no tenerle por comparecido el Letrado conciliador. Para la estimación de la excepción de caducidad el Tribunal ha tenido también en cuenta que el actor no intentó acreditar impedimento o defecto alguno, ni su causalidad para justificarlo, a efectos de lo prevenido en el art. 53 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980, que establecen que "cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliación no compareciese el solicitante, ni alegase justa causa, se tendrá por no presentada la papeleta, archivándose todo lo actuado".
Dado, por tanto, su carácter instrumental, su incumplimiento no puede determinar la consecuencia de tener por incomparecido sin previamente haber dado oportunidad de ser reparado, puesto que se estaría aplicando una causa legal de manera incompatible con la obligación de procurar la mayor efectividad del derecho -la tutela judicial a la que obligan, tanto el art. 24.1 C.E. como el art. 11.3 de la L.O.P.J-, constituyendo éste último la cláusula genérica en la que puede apoyarse el trámite de subsanación, cuando se carece de una específica previsión (SSTC 2/1989 y 93/1991).
Cuestión distinta es que el actor tuviera caducado su documento nacional de identidad, algo que es, ciertamente, imputable a su falta de diligencia en la renovación puntual del mismo, pero se trata de un defecto administrativo que no puede convertirse en motivo para negar cualquier virtualidad a su presencia el día señalado, pues el hecho cierto es que no dejó de acudir al acto de conciliación .
De lo anteriormente expuesto se desprende, pues, que la formalidad del precepto fue respetada por el actor, pues, atendiendo a la citación que se le cursó para la celebración, el actor compareció. Sin embargo, la interpretación realizada, tanto por el Letrado conciliador como por el Tribunal Superior en su segunda Sentencia, resulta absolutamente desproporcionada, pues desdeñando la efectiva presencia del actor, solo tuvo en cuenta la caducidad del D.N.I. que, al margen del valor que a tal efecto pueda tener el documento caducado, no es el único medio de acreditar la identidad de la persona. Se produjo así una lesión a la tutela judicial efectiva, pues al justificar la inadmisión en una interpretación que no es la más favorable al ejercicio del derecho fundamental, el Tribunal privó indebidamente al recurrente en amparo de resolver la acción por él ejercitada.
6. A mayor abundamiento se ha de estimar que ha habido, además, infracción del derecho a la inmutabilidad de los efectos de la Sentencia firme. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la Sentencia ahora impugnada no respetó la previa Sentencia del mismo Tribunal, de 16 de mayo de 1990, en la que se tuvo al actor por comparecido y con ello por cumplido el requisito previo exigido por el art. 50 de la Ley de Procedimiento Laboral de 1980 de intento de celebración del acto, lo que determinó la anulación de la Sentencia recurrida y la reposición de actuaciones para que el Juzgado de lo Social volviera a dictar una nueva Sentencia resolviendo sobre el fondo. Pues bien, al revisar el Tribunal su anterior decisión judicial, se ha producido una vulneración del efecto prejudicial de dicha Sentencia, pues, en lugar de partir de lo resuelto en la misma -validez del acto de conciliación celebrado- se ha vuelto a someter esa misma cuestión a un nuevo examen, privando así de eficacia a algo que se había declarado con firmeza (STC 207/1989). Y a ello no cabe oponer -como hace el Abogado del Estado- un distinto alcance de la res iudicata en las dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia, pues, afirmada en la primera Sentencia, la comparecencia y el cumplimiento del requisito previo del intento de conciliación, no es procedente estimar que dicha declaración no hubiera decidido sobre un efecto que el propio legislador vincula a ella en el art. 59.3 del Estatuto de los Trabajadores, cual es la interrupción del plazo de caducidad. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no tener por comparecido al actor al acto de conciliación y acordar, en consecuencia, la caducidad de la acción de despido infringió, por tanto, la certeza y seguridad jurídica inherentes a la cosa juzgada material que reconoce el art. 24.1 C.E.
Otorgar el amparo solicitado por don Fernando Más Pascual y en su consecuencia:
1º. Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 23 de septiembre de 1991, dictada en el recurso de suplicación núm. 2.739-M/91, y de la Sentencia que fue objeto de dicho recurso, dictada por el Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid, de fecha 9 de octubre de 1990.
2º. Reconocer el derecho del recurrente en amparo a que su demanda no sea rechazada por incomparecencia del mismo al acto de conciliación ante el S.M.A.C.
3º. Restablecer al actor en la integridad de su derecho a cuyo efecto, con retroacción de todas las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse por el Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid la Sentencia anulada, de fecha 9 de octubre de 1990, dicte una nueva Sentencia sobre el fondo de la acción de despido ejercitada en los términos que estime procedentes.
Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro Cruz Villalón.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 1456-1992
Fecha de resolución 22/11/1993
Contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid y de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid, desestimatoria esta última del recurso de suplicación interpuesto contra la anterior, en reclamación por despido.
Dado el carácter instrumental del requisito exigido para acreditar la personalidad del compareciente al acto de conciliación, su incumplimiento no puede determinar la consecuencia de tenerlo por incomparecido sin previamente haber dado oportunidad de ser reparado, puesto que se estaría aplicando una causa legal de manera incompatible con la obligación de procurar la mayor efectividad del derecho -la tutela judicial a la que obligan, tanto el art. 24.1 C.E. como el art. 11.3 de la L.O.P.J-, constituyendo este último la cláusula genérica en la que puede apoyarse el trámite de subsanación, cuando se carece de una específica previsión. (SSTC 2/1989 y 93/1991) [F.J. 4].
Habiendo respetado el recurrente la exigencia del art. 58 L.P.L. (1980), pues, atendiendo a la citación que se le cursó para la celebración, el actor compareció, sin embargo, la interpretación realizada, tanto por el Letrado conciliador como por el Tribunal Superior en su segunda Sentencia, resulta absolutamente desproporcionada, pues desdeñando la efectiva presencia del actor, solo tuvo en cuenta la caducidad del D.N.I. que, al margen del valor que a tal efecto pueda tener el documento caducado, no es el único medio de acreditar la identidad de la persona. Se produjo así una lesión a la tutela judicial efectiva, pues al justificar la inadmisión en una interpretación que no es la más favorable al ejercicio del derecho fundamental, el Tribunal privó indebidamente al recurrente en amparo de resolver la acción por él ejercitada [F.J. 5].
Al revisar el Tribunal su anterior decisión judicial, se ha producido una vulneración del efecto prejudicial de dicha Sentencia, pues, en lugar de partir de lo resuelto en la misma -validez del acto de conciliación celebrado- se ha vuelto a someter esa misma cuestión a un nuevo examen, privando así de eficacia a algo que se había declarado con firmeza (STC 207/1989) [F.J. 6].
Artículo 59.3, ff. 1, 2, 4, 6
Artículo 50, ff. 1, 6
Documento Nacional de IdentidadDocumento Nacional de Identidad, f. 4
Comparecencia en acto de conciliaciónComparecencia en acto de conciliación, f. 4
Efecto interruptivo de la caducidad de la acción de despidoEfecto interruptivo de la caducidad de la acción de despido, f. 3

References: e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 59

Artículo 50