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Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/1977, de 4 enero, de fomento de producción forestal. TITULO IV. Otros auxilios y atenciones.
Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/1977, de 4 enero, de fomento de producción forestal.
Publicado en BOE núm. 139 de 12 de Junio de 1978
Vigencia desde 02 de Julio de 1978. Esta revisión vigente desde 26 de Junio de 1982
TITULO IV Otros auxilios y atenciones
CAPITULO PRIMERO Semillas y plantas de vivero
Con el fin de poder entregar a los propietarios de fundos, en las mejores condiciones de sanidad y con la debida garantía genética, las plantas y semillas necesarias, el Ministerio de Agricultura proveerá, provincial o regionalmente, los viveros suficientes para atender la demanda previsible.
Para el funcionamiento de tales viveros se habilitarán los correspondientes presupuestos anuales y se programarán en la medida en que los créditos lo permitan.
El precio de suministro de las plantas y semillas será el que se señale según se consigna en el artículo 34 de este Reglamento.
El producto de la venta de semillas y plantas se aplicará al presupuesto de ingresos del Estado o, en su caso, al presupuesto de recursos propios del ICONA.
A través de su organización provincial o regional, el Ministerio de Agricultura proveerá los medios adecuados, tanto en créditos como en personal técnico, para facilitar los estudios o proyectos de plantaciones u obras a realizar por los particulares o corporaciones que lo soliciten.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura dispondrá de la organización adecuada para el señalamiento, inventario y cuidado de árboles plus y formación de huertos-semilleros, que garanticen la calidad genética de sus semillas y plantas.
Cuando estas acciones hayan de afectar a montes de propiedad privada el propietario podrá optar entre establecer un convenio con la Administración, la venta voluntaria a la misma o la expropiación forzosa, con arreglo a la legislación vigente, de los árboles o parcelas a que se refiere dicha actuación.
CAPITULO II Actuaciones de la Administración
Se autoriza al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) para ejecutar todo tipo de trabajos forestales en régimen de prestación de servicios, mediante los correspondientes acuerdos con los propietarios de los terrenos, o con los titulares de derechos de uso o disfrute de cualquier clase sobre la propiedad forestal. Las actuaciones podrán realizarse tanto si se hacen a expensas de los interesados como si éstos se acogen a cualquiera de las ayudas que se consignan en este Reglamento.
Todos los gastos que requiera la prestación del servicio serán de cuenta del solicitante, sin que graven el presupuesto del ICONA ni siquiera en concepto de anticipo.
Los recursos y dotaciones que el ICONA utilizará para la realización de estos servicios deberán reflejarse en el presupuesto de explotación y capital a que hace referencia el capítulo II del título II de la Ley General Presupuestaria, de 4 de enero de 1977.
La prestación de estos servicios se solicitará de la Dirección del ICONA. mediante instancia presentada en cualquier oficina de este Organismo.
En todos los casos, se acompañará la documentación suficiente que acredite el derecho a solicitar la prestación del servicio, obligándose el peticionario a aportar la que el ICONA le exija como trámite previo a la aceptación.
Toda solicitud deberá ir acompañada del correspondiente proyecto, estudio o Memoria, y en ella se especificará si el servicio a realizar se refiere a la totalidad o sólo a una determinada parte de aquéllos. Cuando la importancia o la complejidad del mismo lo aconseje, el ICONA podrá exigir que sea proyecto, el cual habrá de ser suscrito por facultativo competente.
Aceptada por la Dirección del ICONA la prestación de un servicio, se suscribirá el pertinente contrato, lo que facultará al correspondiente Servicio Provincial para comenzar sus actuaciones siempre que, previamente, el interesado haya ingresado el importe del presupuesto o la parte convenida por escrito.
El Servicio Provincial que realice el trabajo rendirá al prestatario las oportunas cuentas justificativas, levantándose acta de la obra entregada.
El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza podrá concertar, respecto de fincas no acogidas al régimen de subvenciones y créditos descritos en el título III de este Reglamento, convenios que tengan por finalidad el fomento de la producción maderera.
Dichos convenios se formalizarán mediante contratos administrativos suscritos por quienes ostenten la titularidad dominical de los terrenos y por el ICONA.
Las dotaciones necesarias para atender a los indicados convenios, así como los recursos procedentes del reintegro del costo de los trabajos, bien sea por compensación de la subvención a que hace referencia el artículo 51 de este Reglamento o bien por devolución efectiva de la parte contabilizada como anticipo, deberán reflejarse en el presupuesto de explotación y de capital del ICONA, tal como dispone el capítulo II del título II de la Ley General Presupuestaria.
La parte contabilizada como anticipo reintegrable debe devengar al menos, como interés, las siguientes tasas:
El cuatro por ciento anual para las plantaciones realizadas con chopo y eucalipto.
El uno por ciento anual para las plantaciones realizadas con todas las demás especies.
Último párrafo del artículo 49 redactado por el artículo único del R.D. 1404/1982, 30 abril, por el que se modifica el artículo 49 del Real Decreto 1279/1978, de 2 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento para la aplicación de la Ley 5/1977 de Fomento de la Producción Forestal («B.O.E.» 26 junio).Vigencia: 26 junio 1982
Los terrenos objeto del Convenio quedarán bajo la administración y tutela del ICONA, quien realizará con cargo a su presupuesto los trabajos relacionados en el artículo segundo, con excepción de los que se citan en su apartado cinco.
Del gasto que origine la realización de los trabajos, se contabilizará hasta un 50 por 100 en concepto de subvención y, el resto, como anticipo reintegrable.
Los gastos de dirección técnica, los de gestión administrativa y los de guardería, serán sufragados por el ICONA y no se reflejarán por consiguiente en la cuenta del Convenio.
Cuando se trate de montes catalogados de utilidad pública, además de los gastos citados, tampoco se reflejarán en dicha cuenta los que pueda realizar el ICONA en cumplimiento de sus fines sin que para ello precisare la existencia del Convenio.
Durante el plazo de vigencia del Convenio y hasta que tenga lugar la devolución del anticipo, el ICONA asumirá la posesión del vuelo que se cree, estableciéndose un derecho real de garantía sobre el mismo que, sin más requisitos que el contrato administrativo suscrito, será inscribible en el Registro de la Propiedad.
En todo convenio se establecerá con carácter permanente la proporción porcentual en que habrán de distribuirse entre el ICONA y el propietario del suelo los ingresos procedentes del vuelo creado.
A efectos de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria, el ICONA satisfará su total importe, que tendrá la consideración de anticipo y como tal se recogerá en la cuenta del Convenio.
Todo Convenio se establecerá por un plazo determinado, según los turnos previsibles para las especies que hayan de utilizarse.
El reintegro del anticipo se efectuará de una sola vez o por amortizaciones sucesivas y con cargo a la participación del ICONA en los aprovechamientos del vuelo creado a consecuencia del Convenio, sin que dicha participación pueda exceder del importe del anticipo reintegrable.
Transcurrido el citado plazo de duración, o antes, si el ICONA con su participación en los aprovechamientos hubiese cubierto su saldo acreedor, quedará automáticamente extinguido el Convenio, reintegrándose el suelo y las existencias que sustentare a la plena posesión de su propietario.
En caso contrario, se prorrogará el plazo de vigencia hasta que tal resarcimiento tenga lugar.
En cualquier momento, podrá cancelarse el Convenio previo abono al ICONA del saldo pendiente.
En caso de incendio, el ICONA procederá al aprovechamiento del vuelo existente en el terreno siniestrado, destinando el total importe que pudiera obtenerse a restaurar la masa arbórea mediante nueva repoblación, para cuyos efectos se abrirá una cuenta auxiliar temporal de ingresos y gastos.
Si una vez llevada a cabo dicha repoblación resultare un sobrante, se aplicará a amortizar la cuenta de anticipos del Convenio, que si quedase saldada, producirá la extinción automática de éste.
Si los ingresos en la cuenta auxiliar resultasen menores que el coste de la segunda repoblación, la diferencia será a cargo del ICONA, no incrementando la cuenta de anticipos reintegrables del Convenio.
En cualquier caso, quedará automáticamente extinguida la cuenta auxiliar citada y, salvo en el de extinción del Convenio, se continuará con la original del mismo, pudiendo ser prorrogado a juicio del ICONA por otro período de tiempo que, como máximo, será igual al que se determine según el primer párrafo del artículo 56, y a contar desde la fecha de extinción de la cuenta auxiliar.
El Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza podrá realizar la siembra, plantación y demás trabajos de los contemplados en el artículo segundo de este Reglamento, sobre los terrenos de que disponga, directamente o mediante contratos de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y su Reglamento.
Las personas físicas o jurídicas enumeradas en el artículo tercero, interesadas en obtener una concesión administrativa para realizar la siembra o plantación y consiguiente aprovechamiento maderero de terrenos aptos a tales fines, podrán presentar ante el Ministerio de Agricultura los oportunos proyectos, siempre que dispongan al menos del 75 por 100 de los terrenos necesarios y que el 25 por 100 restante no esté ya a cargo directo de la Administración del Estado. Se exceptuarán los terrenos a que hace mención el artículo 325 del Reglamento de Montes.
El Ministerio de Agricultura, si considera que el proyecto reúne las condiciones suficientes, lo someterá a información pública durante un plazo no inferior a seis meses y resolverá sobre las alegaciones presentadas.
Si la resolución fuera favorable, procederá a la aprobación del proyecto y promoverá su declaración de Utilidad Pública o interés social.
Para la aprobación del proyecto y posterior concesión administrativa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) El interés público o social, especialmente cuando se contemple el aprovechamiento integral de los productos, mediante la creación o conexión con las correspondientes industrias transformadoras.
b) Que se resuelvan problemas de ordenación del territorio o se persiga la obtención de productos de los que el país sea deficitario o puedan ser objeto de exportación.
Declarada la Utilidad Pública o interés social del proyecto, se procederá a otorgar a favor del solicitante la correspondiente concesión administrativa. Los concesionarios tendrán la condición de beneficiarios a efectos de la expropiación forzosa.
Los bienes y derechos expropiados afectos a la concesión, se incorporarán al dominio público del Estado desde el momento de su ocupación y pago.
La concesión administrativa se otorgará por un plazo máximo de noventa y nueve años. Cuando el plazo de la concesión sea menor, podrá ser objeto de prórroga a su vencimiento, siempre que la Administración lo estime conveniente y se justifique su necesidad, pero, en este caso, la duración total de la concesión, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de los noventa y nueve años.
Serán de cargo del concesionario los gastos de adquisición de los terrenos, los de saneamiento de la propiedad y los inherentes a la realización de las obras y trabajos que den motivo a la concesión, incluidos los de infraestructura, auxiliares y complementarios vinculados a aquellos predios o derivados de los mismos. También serán de cargo del concesionario las indemnizaciones a terceros que se deriven del proceso, así como los gastos de conservación adecuada, explotación de la riqueza creada y aquellos otros que se acrediten en cada caso.
En el momento de caducar la concesión, revertirán al Estado los terrenos objeto de la expropiación, con cuantos bienes se asienten sobre los mismos.
El contrato de formalización de la concesión tendrá carácter administrativo
Las concesiones caducarán por vencimiento del plazo pactado y de los de sus posibles prórrogas, por incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en los pliegos de condiciones que las regulen, y por cualquiera de las consignadas en la Ley de Contratos del Estado.
CAPITULO III Zonas protectoras y áreas devastadas por incendios
Por Decreto, a propuesta del Ministerio de Agricultura, podrá declararse «zona protectora» un área territorial determinada cuando la misma se encuentre en alguno de los casos siguientes:
a) Estar situada en cabecera de cuenca hidrográfica o en cuenca alimentadora de embalse a la que se refiere la Ley de 19 de diciembre de 1951.
b) Que las especiales características de su infraestructura natural hagan aconsejable la creación, restauración, mejora y aprovechamiento de espacios silvo-pastorales para defender los intereses generales protegiendo las infraestructuras, construcciones, aprovechamientos y terrenos situados en cotas inferiores.
Cuando se trate de «zona protectora» situada en cuenca alimentadora de embalse que, por estar desarbolada o deficientemente arbolada, deba repoblarse forestalmente, se procederá como sigue:
a) Si se trata de embalse construido por el Ministerio de Obras Públicas, será de aplicación lo establecido en los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 6.º de la Ley de 19 de diciembre de 1951.
b) Si se trata de embalse construido por entidades o particulares, será de aplicación lo previsto en el párrafo 2.º del artículo 9.º de la referida Ley.
En el caso b) del artículo 69, si la zona protectora tiene carácter hidrológico-forestal, de acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 342, 343, 344, 345 y 346 de su Reglamento.
En los casos restantes, el expediente de declaración de «zona protectora» se iniciará por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, bien por su propia iniciativa, con el informe de las Entidades Locales afectadas, bien por iniciativa de las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Cabildos Insulares y otras Corporaciones Locales interesadas.
En la sustanciación de los expedientes a que se refiere el artículo anterior, se observarán los trámites siguientes:
Con quince días al menos de anticipación, la Jefatura Provincial del ICONA anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia y remitirá a los Alcaldes para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de posible declaración de «zona protectora» definida en la Ley 5/1977, de 4 de enero, el término o términos municipales en que se hayan de efectuar los reconocimientos previos necesarios, a fin de que los propietarios de terrenos, o sus legítimos representantes, puedan asistir y expresar cuanto convenga a su derecho.
b) Confeccionada la relación de predios y propietarios afectados, se les notificará individualmente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, remitiéndose a los Alcaldes, para su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, copia del anuncio, concediéndose un plazo de quince días para que los interesados puedan presentar las alegaciones pertinentes.
c) Cumplido el trámite anterior, se remitirá el expediente, con el correspondiente informe y propuesta de resolución, a la Dirección del ICONA, que, previo informe de la Asesoría Jurídica, lo someterá a la consideración del Ministerio de Agricultura, a fin de que, si procede, lo eleve al Consejo de Ministros.
d) En el Decreto de aprobación se delimitará la «zona protectora» por términos municipales completos y se determinará la orientación a seguir en relación con la utilización de los recursos naturales renovables, las acciones que deban acometerse, las líneas de actuación de los Organismos a los que corresponda la gestión de la zona y las obligaciones de los titulares de la propiedad de los predios afectados.
e) La inclusión de un monte en «zona protectora» constituye acto impugnable por el propietario ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Declarada una zona protectora, el ICONA procederá a elaborar un plan comarcal de protección, en el cual se hará constar su perímetro, características de las fincas en que sea obligatoria su plantación, ordenación o mejora, y los plazos máximos en que los particulares habrán de cumplir las obligaciones que se les imponen.
Los predios afectados por la declaración a que se refieren los artículos anteriores tendrán el carácter de montes protectores y sus titulares estarán obligados, como mínimo, a:
a) Repoblarlos, si ello procediese, de acuerdo con los planes reglamentariamente aprobados, bien a su cargo o con las ayudas previstas en la Ley 5/1977, de 4 de enero, y en este Reglamento.
b) Ordenar sus aprovechamientos y mejoras con sujeción a los planes técnicos que redacte la Administración.
Los planes comarcales tendrán por finalidad esencial la persistencia del monte y su normal restauración en el menor tiempo posible. Por consiguiente, en estos predios, el aspecto económico de los aprovechamientos quedará subordinado al tratamiento selvícola que en cada caso sea más adecuado para la finalidad protectora.
Dichos planes comarcales se pondrán de manifiesto a los propietarios afectados en las oficinas del Servicio Provincial del ICONA durante un plazo de quince días, a fin de que, en los quince días siguientes, puedan presentar las alegaciones pertinentes.
Transcurrido este último plazo, los planes comarcales, debidamente informados, y acompañados de los alegatos formulados, se elevarán a la superioridad para la resolución procedente.
Aprobado el plan comarcal, si en los plazos que se establezcan para la zona en cuestión los propietarios no cumplieran las obligaciones derivadas de la declaración, el ICONA estará facultado, si se trata de montes de utilidad pública, para establecer un convenio forzoso en el cual la financiación de los trabajos y su ejecución correrían a cargo del ICONA.
Si se trata de predios privados, el propietario podrá optar entre el convenio o la venta voluntaria al ICONA en el precio que de mutuo acuerdo establezcan. Si no acepta ninguna de ambas soluciones, se procederá a la expropiación forzosa, de acuerdo con la Ley de 16 de diciembre de 1954.
En los supuestos de cambio de cultivo, limitaciones de los derechos de uso y disfrute o cualesquiera otros cuya reparación quede asumida en vías de convenio o expropiación, se reconocerá a los particulares afectados el derecho a las indemnizaciones que legalmente puedan corresponderles.
En los casos de transmisión a título oneroso de un predio situado en zona declarada protectora y sujeto a convenio, consorcio o contrato con el ICONA, este Organismo gozará del derecho de preferente adquisición, que habrá de ejercer conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Patrimonio Forestal del Estado y disposiciones complementarias.
Los beneficios de la Ley y del presente Reglamento serán de aplicación, con carácter prioritario, a los montes afectados por los incendios, la restauración de cuya riqueza forestal está prevista en la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, y en el Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre.
CAPITULO IV Expropiaciones
Cuando el Ministerio de Agricultura, por su propia iniciativa o a instancia de las Corporaciones Locales o de los propietarios directamente interesados, estime que, por las características de una determinada zona o comarca forestal, fuera aconsejable la realización de una red de vías de saca y servicio, redactará el proyecto de la misma por medio del Servicio Provincial correspondiente.
Si la realización de la red de vías llevara consigo la necesidad de proceder a la expropiación de determinados terrenos o derechos, una vez redactado el proyecto se someterá a información pública.
La aprobación del proyecto por el Consejo de Ministros a propuesta de 1 de Agricultura, llevará implícito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa, y el 32 de la Ley 5/1977, de Fomento de Producción Forestal, el carácter de utilidad pública a los efectos de expropiación, pudiendo además, si fuera necesario, adoptarse el trámite de urgencia.
Las obras de construcción y conservación serán ejecutadas por la Administración, y se financiarán en la forma que se especifique en la aprobación del proyecto.
CAPITULO V Arrendamientos rústicos
El propietario de un predio forestal que tuviese arrendado el disfrute de rozas de leñas bajas o de pastos y desease iniciar trabajos de plantación forestal o un aprovechamiento más intensivo del arbolado, tendrá derecho a exigir, ante la autoridad judicial competente, la resolución del contrato de arrendamiento, con las condiciones siguientes:
a) Que el Ministerio de Agricultura haya aprobado el proyecto de plantación o explotación intensiva, con indicación expresa del plazo de ejecución, y reconocido la necesidad de resolver aquel contrato.
b) Que el propietario del predio satisfaga al arrendatario una indemnización, estimada por el propio Ministerio y fijada en definitiva por el Juez, cuyo tope máximo no podrá exceder de seis veces el importe de la renta anual estipulada.
De no ejecutarse los trabajos previstos en el proyecto aprobado y en los plazos que allí se señalen, quedarán sin efectividad la resolución del contrato, además de obligar al propietario a las indemnizaciones que correspondan.
CAPITULO VI Fondo de Compensación de Incendios Forestales
El Estado podrá subvencionar las primas del seguro correspondiente al Fondo de Compensación de Incendios Forestales, atendiendo con preferencia al componente de las mismas que cubre los accidentes de personas y los gastos por trabajos de extinción.
La cuantía de la subvención deberá fijarse cada año por el Gobierno a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y Agricultura, previo informe de la Junta de Gobierno del Fondo de Compensación de Incendios Forestales, a cuyo efecto el ICONA interesará el aludido informe para que pueda tener aplicación en su presupuesto.

References: Real Decreto 
 artículo 34
 artículo 51
 artículo 49
 artículo 49
 Real Decreto 
 artículo 56
 artículo 325
 resolución 
 artículo 9
 artículo 69
 artículo 58
 resolución 
 artículo 17
 artículo 10
 resolución 
 resolución