Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531799.html
Timestamp: 2019-03-19 23:05:30+00:00

Document:
as201531799
Auto Supremo Nº 799
Expediente: 272/2011-A
Demandante: Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A.
Demandada: Gerencia de Grandes Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 484 a 490, interpuesto por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, en representación de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., contra el Auto de Vista N° 238 de 25 de agosto de 2010 de fs. 479 a 481 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso Contencioso Tributario seguido por la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., contra la Gerencia Distrital de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN); la respuesta al mencionado recurso de fs. 494 a 498 vta.; el Auto N° 129 de 10 de junio de 2011 a fs. 499, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Que, tramitado el proceso contencioso tributario, el Juez Primero de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Santa Cruz, emitió Sentencia N° 34 de 22 de julio de 2009, cursante de fs. 448 a 453 vta., declarando improbada la demanda contenciosa tributaria de fs. 46 a 52 vta., en consecuencia firme y subsistente la Resolución Determinativa y se rechaza, la excepción perentoria de plazo vencido interpuesta por GRACO de Santa Cruz del SIN de fs. 422 a 424.
Mediante memorial de fs. 456 a 456 vta., la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A. a través de su representante, solicitó aclaración y complementación de la Sentencia que mediante Auto Definitivo Nº 121 de 28 de agosto de 2009 a fs. 457 y vta., se declaró no haber lugar.
Que, interpuesto el recurso de apelación por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, en representación de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., de fs. 459 a 464 vta., mediante Auto de Vista N° 238 de 25 de agosto de 2010 de fs. 479 a 481 vta., pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, confirmó en su integridad la Sentencia de fs. 448 a 453 vta., declarándola firme y subsistente la Resolución Determinativa impugnada.
Dicha resolución motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 484 a 490, interpuesto por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, en representación de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., exponiendo los siguientes agravios:
I.2.1. Recurso de casación en la forma
Señaló que, el Tribunal de alzada, no dio cumplimiento con los arts. 236 y 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), al no haberse pronunciado sobre todos los puntos apelados, en el memorial de apelación de fs. 459 a 465; Además que, intencionalmente se le habría notificado con el Auto de Vista, el día sábado 09 de abril de 2011 a horas 11:50, suprimiéndole su derecho de pedir la complementación sobre los puntos apelados.
Refiere que, el Tribunal de alzada, no pronunció sobre los puntos 1 y 2 del recurso de apelación interpuesto, además concedió más de lo pedido; aspectos que, según el recurrente, constituiría causal de casación en la forma prevista en el art. 254.4) del CPC.
I.2.2. Recurso de casación en el fondo
Refiere que, el Tribunal ad quem, en el punto 2 del último considerando, incurrió en violación y aplicación indebida del art. 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), al haber justificado la causa para la anulación de la notificación del A quo de fecha 24 de febrero de 2005, en base al art. 37 de LPA y los arts. 55, 56 y 62.g) de su reglamento y realizó el saneamiento del proceso administrativo, siendo que la norma citada en ninguna de sus partes refiere a la anulación del acto administrativo; por lo que, la anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005 sería ilegal.
Señalo que, no consideró que con el Auto de 8 de marzo de 2005, nunca se le notificó y que recién tuvo conocimiento el 28 de marzo de 2006, provocándose de esa forma una total indefensión a la empresa; asimismo, no se habría tomada en cuenta que la notificación de 24 de febrero de 2005 a fs.11, habría cumplido con el objeto de poner en conocimiento de la empresa el inicio de la fiscalización, no existiendo por lo tanto ningún vicio de nulidad que justifique la anulación de la referida notificación.
Alega que, la Orden de Verificación Externa Nº 00050V80056, contenida en el requerimiento Nº 069880, fue notificada a la empresa el 24 de febrero de 2005, a fecha a partir de la cual debió correr el plazo de 12 meses para la fiscalización conforme al art. 4.3) del Código Tributario (CT), debiendo haber concluido el 24 de febrero de 2006, conforme al art. 104.V) del CT; y al haber vencido el plazo perentorio fijado por ley, sin haberse emitido la Vista de Cargo, la Administración Tributaria, sólo se encontraría facultada para emitir la Resolución Determinativa, declarando la inexistencia de la deuda tributaria; siendo por lo tanto nula la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0056.008/2006 de 15 de marzo, así como la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 196/2006, por fundarse en una Vista de Cargo nula y el proveído de 20 de junio de 2006 a fs. 36, en previsión del art. 31 de la Constitución Política del Estado (CPE); por consiguiente, el Tribunal de alzada, al no haber declarado las nulidades antes señaladas, habría violado el art. 31 de la CPE, abrogado y 122 de la CPE vigente, así como los arts. 4.1) y 104.V y VI del CT; por lo que, la violación y aplicación indebida de la ley constituiría causal de casación en el fondo previsto en el art. 253.1) del CPC.
Concluyó solicitando que, el Tribunal Supremo de Justicia, anule las resoluciones recurridas y disponga se dicte nuevo Auto de Vista en previsión del art. 236 del CPC; alternativamente pidió casar la resolución recurrida y deliberando en el fondo declare probada su demanda en todas sus partes, con pleno efecto jurídico la notificación con la Orden de Verificación Externa 00050VE0056, contenida en el Requerimiento Nº 69880 relativa a los periodos de septiembre y octubre de 2003 y anulando el proveído de 8 de marzo de 2005 y su pretendida notificación de 9 de marzo de 2005, como la Vista de Cargo, la Resolución Determinativa y el Proveído de 20 de junio de 2006, con costas procesales.
El recurrente, denunció en la forma errores in procedendo que atañen a la nulidad del proceso, así como también reclamó en el fondo errores in iudicando, denunciando cuestiones que hacen al objeto mismo de la litis, por lo que, se resolverá en primer término, las cuestiones de forma, toda vez que de encontrar evidentes las denuncias al respecto, no será necesario ingresar a resolver las denuncias referidas al fondo mismo de la litis que fueron traídas ante éste Tribunal; aclarando además que, se responderá en conjunto los tres puntos referidos al recurso de casación en la forma, en razón a que todos ellos versan sobre el hecho de que no se hubiese pronunciado sobre todos los agravios expresados en apelación.
II.1.1. En relación al recurso de casación en la forma
Cuyo cuestionamiento está fundado principalmente en la falta de pronunciamiento por el Tribunal de alzada, sobre los puntos 1 y 2 del recurso de apelación interpuesto, no habiendo dado cumplimiento con los arts. 236 y 227 del CPC; además de haber concedido más de lo pedido, aspectos que según el recurrente, constituiría causal de casación en la forma prevista en el art. 254.4) del CPC, de modo que, conllevaría la nulidad de las resoluciones recurridas.
Sin embargo, es necesario precisar los aspectos cuestionados en la forma, también fueron recurridos de casación en el fondo del asunto; por lo que, independientemente de que este Tribunal se pronuncie en la forma como fue traído por la empresa recurrente, también nos pronunciaremos en el fondo en el que se acusa similar problema jurídico.
Inicialmente es necesario señalar que, la nulidad por la nulidad misma no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, de ahí que el Código de Procedimiento Civil, limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afecta el orden público, sin embargo, siempre como una decisión de última ratio.
En ese contexto, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del CPC, permiten el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe necesariamente ser concordada con el art. 251.I del mismo cuerpo legal, cuando dispone que: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.
Además, deben observarse principios procesales que atañen a la nulidad, en el caso concreto los que rigen en el procedimiento administrativo, como es el principio de legalidad establecido en el art. 4.g) de la LPA, principio que también es reconocido en la jurisdicción ordinaria, en el art. 251. I del CPC, aplicable por disposición remisiva de los arts. 214 y 297.II de la CT de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Código Tributario Boliviano (CTB) de 2 de agosto de 2003, a través del cual se establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley; por otra parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone la nulidad para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio"; cabe decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio; este precepto se encuentra íntimamente relacionado con el principio de finalidad, en virtud al cual, existirá declaratoria de nulidad si el acto procesal no ha podido cumplir con su finalidad específica, y en sentido contrario no procederá aquella si el acto procesal aunque defectuosamente realizado cumplió su finalidad [sobre este particular por ejemplo, en cuanto la finalidad de las notificaciones procesales, la Sentencia Constitucional (SC) 0757/2003-R de 4 de junio entre otras]; ii) por el Principio de Trascendencia, la nulidad para ser determinada debe superar el incumplimiento o desviación de la forma procesal, es decir, el efecto debe converger un daño o perjuicio ocasionado a una de las partes; dicho de otro modo no es admisible la nulidad por la nulidad misma, sino será la sanción excepcional, que se declara únicamente cuando el acto viciado acarreó un perjuicio cierto e irreparable que sólo pueda subsanarse mediante esa vía.
Es evidente que, los tribunales de segundo grado, al constituirse en Órganos Judiciales de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tienen la facultad para analizar y resolver todos los fundamentos de los recursos de Alzada, apreciando y considerando en su conjunto la prueba acumulada al proceso, no pudiendo soslayar la resolución de la causa, si en el texto de los memoriales de apelación, constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser considerados y resueltos sin restricción alguna, otorgando a las partes una respuesta razonada y efectiva dentro de los límites que establece el art. 236 del CPC, pues de no ser así, se vulnera ciertamente una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que tiene como consecuencia la nulidad de obrados, conforme se desprende de los arts. 90 y 190 del CPC.
En el caso de autos y en virtud a lo señalado en el párrafo que precede, de la revisión del fallo recurrido en casación de fs. 484 a 490 y en contraste con el memorial de apelación de la Sentencia de primera instancia de fs. 459 a 465, se advierte que el fallo pronunciado en Alzada, respondió y se pronunció con respecto a todos los agravios llevados en apelación por la parte demandada, que fue desfavorecida en la Sentencia de primer grado; en consecuencia, no resulta procedente la nulidad de obrados impetrada en casación, bajo la causal contenida en el art. 254.4) del Adjetivo Civil, pues como quedó anotado, no se encuentra evidente una falta de pronunciamiento de los aspectos llevados ante el Tribunal de segunda instancia.
Lo concluido en el anterior párrafo, tiene su base en lo siguiente: Que la problemática principal es única en el proceso contencioso tributario que nos ocupa, pues se demanda no el fondo de la Resolución Determinativa No. 196/2006, sino, que se limita a solicitar la nulidad de todos los actos administrativos mediante los cuales se determinó el adeudo tributario, indicando que la administración tributaria procedió de oficio a anular un acto propio, siendo que la Compañía Industrial Azucarera, no pidió la nulidad de la notificación de la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0056 de esa manera el demandante adujo y pidió que se dejen sin efecto todos los actos mediante los cuales se determinaron los reparos y cargos al contribuyente y en consecuencia no pagar los adeudos al estado boliviano.
En ese sentido, en el recurso de apelación interpuesto por recurrente, se advierte en el punto 1 del mismo, que el demandante llevó como agravio la nulidad de la Sentencia por falta de jurisdicción y competencia del Juez, en sentido de que sólo el Poder Legislativo tendría la facultad de modificar los códigos, leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas y al encontrase derogados los arts. 280 a 282 del CT, por haber sido expulsados del ordenamiento jurídico, en lo que respectaría al procedimiento contencioso tributario, de conformidad al art. 300 de la Ley de Organización Judicial, por lo que el Juez carecería de jurisdicción y que sus actos sería nulos por disposición del art. 31 de la CPE abrogado y 122 de la actual Constitución y art. 30 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ); al respecto, de la lectura del Auto de Vista recurrido de fs. 479 a 481 vta., en su considerando cuarto punto 1, se advierte que, si bien el Ad quem, no se pronunció de forma ampulosa sobre el punto en cuestión; empero, se ha pronunciado con la debida fundamentación jurídica y motivación sobre el punto llevado como agravio por la parte demandante, de conformidad a los arts. 236 y 227 del CPC, dando respuesta integral en relación a la falta de jurisdicción y competencia del Juez a quo; por lo que, los actos administrativos impugnados, serían válidos de conformidad al art. 90 del CTB.
Por otra parte, en el recurso de apelación expresó como agravió o problemática central en el punto 2, en sentido de que el Juez, no habría justificado el motivo por el que debió anularse la notificación de 24 de febrero de 2005, por el Auto de 08 de marzo de 2005, notificada el 18 de marzo de 2005; por lo que, resultaría ilegal, errada y contradictoria, la convalidación innecesaria, injustificada y desconocida anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005; al respecto, el Auto de Vista recurrido, en el considerando cuarto punto 2, se pronunció con los debidos fundamentos jurídicos, aunque no de manera ampulosa; sin embargo, justificó plenamente la actuación del Juez de primera instancia, en sentido del motivo y la causa que habría tomado la administración tributaria a afectos de anular la notificación de 24 de febrero de 2005, en razón a los vicios en la notificación, en el marco del art. 37 de la LPA y arts. 55, 56 y 62.g) de su Reglamento; pero además, en función del art. 90 del CTB
Por lo señalado, éste Tribunal de casación no encuentra fundado el recurso de casación en la forma, planteado por la parte recurrente como errores in procedendo; por lo tanto, no es viable la nulidad de las resoluciones pretendida por la empresa recurrente, al no encontrarse evidencia de infracción de los derechos a la defensa y al debido proceso y menos se encuentra sustento en los principios de legalidad o especificidad y de transcendencia, principios sobre los cuales debe regir todo acto administrativo y jurisdiccional; puesto que, con la anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005, acaecida mediante el Auto de 08 de marzo de 2005 por la Administración Tributaria, no se produjo en la empresa contribuyente ningún daño y perjuicio, que sea cierto e irreparable y que sólo pueda subsanarse mediante esta vía, aspecto inexistente en el caso de autos, siendo que con la notificación de fecha 09 de marzo de 2005, con el Auto de anulación de la diligencia, se puso nuevamente a la empresa contribuyente a derecho, conforme se acredita por la diligencia de fs. 40, sin causarle agravio ni perjuicio en sus intereses; pero además, que la nueva notificación que según el recurrente también debe anularse, cumplió con la finalidad y objetivo de poner en conocimiento con el acto administrativo; por lo que, no existiendo motivos legales ni fundamentos jurídicos para anular el Auto de Vista recurrido, aunque en realidad, la parte recurrente no solicitó expresamente la nulidad de dicha resolución, sino la nulidad de la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0056.008/2006 de 15 de marzo, así como la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 196/2006, por fundarse en una Vista de Cargo nula y el proveído de 20 de junio de 2006 a fs. 36; sin embargo de ello, este Tribunal concluye, en sentido de que, el Tribunal de alzada, no violó ni infringió norma alguna al confirmar la sentencia de primer grado; por lo que obró conforme correctamente en el marco de las normativa señalada precedentemente.
II.1.2. En relación al recurso de casación en el fondo.
Del estudio y análisis del recurso de casación en el fondo, se advierte dos problemáticas cuestionadas por la empresa recurrente; una de ellas está referida:
Que, el Tribunal ad quem, en el punto 2 del último considerando, habría incurrido en violación y aplicación indebida del art. 37 de la LPA, al haber justificado la causa para la anulación de la notificación de fecha 24 de febrero de 2005, en base al art. 37 de LPA y los arts. 55, 56 y 62.g) de su reglamento y en sentido de haber saneado el proceso administrativo, siendo que la norma citada en ninguna de sus partes refiere a la anulación del acto administrativo; por lo que, la anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005 habría sido ilegal, innecesaria e injustificada y sin su conocimiento.
Al respecto, veamos nuevamente, si la determinación asumida por la Administración Tributaria, al anular la notificación de 24 de febrero de 2005 fue correcta o no, la misma que habría sido dado por bien hecho por el Juez de la causa y confirmada por el Tribunal de alzada; en relación al punto cuestionado y según los antecedentes del proceso, podemos señalar que, el art. 85 del CTB, establece en relación a las formas y medios de notificación mediante cédula lo siguiente: “I. Cuando el interesado o su representante no fuera encontrado en su domicilio, el funcionario de la Administración dejará aviso de visita a cualquier persona mayor de dieciocho (18) años que se encuentre en él, o en su defecto a un vecino del mismo, bajo apercibimiento de que será buscado nuevamente a hora determinada del día hábil siguiente. II. Si en esta ocasión tampoco pudiera ser habido, el funcionario bajo responsabilidad formulará representación jurada de las circunstancias y hechos anotados, en mérito de los cuales la autoridad de la respectiva Administración Tributaria instruirá se proceda a la notificación por cédula”.
Por su parte el art. 36. II) de la LPA, en relación a la anulabilidad de los actos establece: “No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”.
Por otra parte el art. 37.I) de la LPA, establece: “Los actos anulables pueden ser convalidados, saneados o rectificados por la misma autoridad administrativa que dictó el acto, subsanando los vicios de que adolezca”; norma que debe estar en concordancia con el art. 56 del DS Nº 27113 que reglamenta la LPA, señalando que: “La autoridad administrativa podrá sanear, convalidar o rectificar actos anulables, tomando en cuenta que: a) el saneamiento consistirá en la subsanación de los vicios que representan el acto…”.
En el caso presente, la Administración Tributaría, observó sus propios actos en la notificación, como fue con el segundo aviso de visita cursante a fs. 14 en la que efectivamente el notificador de la Administración Tributaria, no consignó la hora determinada de vista (día hábil siguiente) tal como establece el art. 85 del CTB; en ese sentido, y a efectos de no generar a futuro vicios procesales en la notificación, con la facultad prevista en la normativa antes señalada procedió a anular la notificación, mediante Auto de 8 de marzo de 2005 de fs. 39 a 40 de obrados, con el fin de sanear el defecto de forma existente, por cuanto el acto carecía de los requisitos formales indispensables para alcanzar su finnalidad, en desmedro del notificado (empresa recurrente) que en cierta medida pudo generar indefensión de sus intereses, disponiendo en consecuencia se proceda a una nueva notificación con el inicio de la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0056, al contribuyente; por lo que, la determinación de la Administración Tributaria asumida, fue en ejercicio y uso de sus facultades establecidas en el art. 62 del DS Nº 27113 y siendo evidente el incumplimiento de los requisitos esenciales que se produjo en la notificación efectuada el 24 de febrero de 2005, debido a que en el segundo aviso de visita no se consignó datos elementales como la fijación de hora en la que el contribuyente fue buscado y con el objetivo de que a futuro no se generen nulidades en la notificación por ese hecho u omisión de forma; en ese sentido, la administración tributaria, en el marco de lo establecido por el art. 37 de la LPA y del art. 90 del CTB, mediante Auto de 08 de marzo de 2005 de fs. 39 a 40, resolvió correctamente anular la notificación de inicio de la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0056 y del Requerimiento de Documentación F-4003 Nº 69880, efectuada mediante cédula el 24 de febrero de 2005, acto que además según el art. 56 del DS Nº 27113 le faculta a la Administración Tributaria, para poder revisar y enmendar sus propios actos, disponiendo en consecuencia, se notifique nuevamente con los mismos actuados administrativos al contribuyente Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A., diligencia que se habría efectuado el 18 de marzo de 2005 en conformidad art. 85 del CTB; por ello, la empresa recurrente no puede alegar desconocimiento de la notificación de fecha 18 de marzo de 2005 con el inicio de la fiscalización de la Orden de Verificación Externa y el Requerimiento de Información Nº 73017, puesto que la mencionada empresa azucarera, fue notificado con dichos actuados en secretaría de conformidad al art. 90 del CTB, conforme consta por la diligencia a fs. 40; es más, de no haber sido de esa manera; es decir, de no haber tenido conocimiento, cómo pudo haber presentado los descargos exigidos el 31 de marzo de 2005, 26 de abril de 2005 y 15 de agosto de 2005, conforme constan por las actas de fs. 85 a 89; lo que equivale a decir, que la empresa tuvo conocimiento de la anulación y además de la nueva notificación efectuada por la Administración Tributaria con el inicio de la fiscalización de la Orden de Verificación Externa y el requerimiento de Información Nº 73017, conforme consta a fs. 40 de obrados; por lo que, la empresa contribuyente estuvo a derecho.
En ese sentido y entrando al análisis del segundo punto cuestionado, que tiene mucha relación con el punto anterior, en sentido de que la empresa recurrente nunca tuvo conocimiento del Auto anulatorio de 08 de marzo de 2005 y que se le habría causado una total indefensión con la anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005; dicha aseveración no es cierta ni evidente; puesto que, conforme consta por la diligencia a fs. 40, la empresa recurrente como ya señalamos precedentemente en el anterior punto, fue notificada de conformidad al art. 90 del CTB; lo que significa que conforme a los principios administrativos señalados precedentemente, como los de legalidad o especificidad, trascendencia y el de finalidad, al contribuyente no se le causó ninguna indefensión o perjuicio en la tramitación administrativa efectuada por la Administración Tributaria, y menos existe una trascendencia irreparable que sólo pueda subsanarse mediante esta vía; es más, no se entiende cómo pudo habérsele causado indefensión, cuando el objetivo de la notificación y/o citación fue hacer conocer a la parte recurrente, de un acto administrativo y/o judicial para poner a derecho y en conocimiento de la misma, sobre una determinada actuación procesal administrativa en este caso, como fue con la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0056 y el Requerimiento de Información Nº 73017, hecho que sucedió con la notificación efectuada en secretaría, que cumplió con su objetivo y finalidad; por lo que, no es cierto ni evidente, el hecho de que la empresa recurrente no habría tenido conocimiento de dicho acto como erróneamente cuestionó, siendo así, cómo explicamos la presentación de documento como los señalados en las acta de fs. 85 a 89; es más, la empresa recurrente en su interés legítimo de defensa, mediante memorial de 16 de junio de 2006 cursante de fs. 34 a 35 vta., manifestó que, habiendo sido notificado con la RD GGSC-DTJC Nº 196/2006 de 8 de junio de 2006, solicitó complementación y aclaración de la misma, mereciendo el proveído de 20 de junio de 2006, resolución con la que fue notificado el 28 de junio de 2006 de conformidad al art. 90 del TCB; sin embargo, el contribuyente contra dicha resolución determinativa, no utilizó los recursos administrativos que le otorgan los arts. 131 y 143 del CTB; de donde se advierte que en ningún momento se le generó indefensión a la empresa contribuyente.
Por último en relación a que la Orden de Verificación Externa Nº 0005OV80056, contenida en el requerimiento Nº 069880, fue notificada a la empresa recurrente el 24 de febrero de 2005, fecha a partir de la cual debió correr el plazo de 12 meses para la fiscalización conforme al art. 4.3) del CT, debiendo haber concluido el 24 de febrero de 2006, conforme al art. 104.V) del CT; y al haber vencido el plazo perentorio fijado por ley, sin haberse emitido la Vista de Cargo, la Administración Tributaria, sólo se encontraría facultada para emitir la Resolución Determinativa, declarando la inexistencia de la deuda tributaria; siendo por lo tanto nula la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0056.008/2006 de 15 de marzo, así como la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 196/2006, por fundarse en una Vista de Cargo nula y el proveído de 20 de junio de 2006 de fs. 36, en previsión del art. 31 de la CPE.
Al respecto, siendo que en el caso presente, no se impugna el fondo de la Resolución Determinativa Nº 196/2006, sino aspecto de forma en relación a la nulidad de los actos administrativos emergentes de la originaria nulidad con la nueva notificación de la Orden de Verificación Externa Nº 0005OVE0056 y el Requerimiento de Información Nº 73017, lo que también según el recurrente generaría la nulidad la Vista de Cargo Nº 7906-0005OVE0056.008/2006 de 15 de marzo de 2006, así como la Resolución Determinativa GGSC-DTJC Nº 196/2006, por fundarse en una Vista de Cargo nula y el proveído de 20 de junio de 2006 a fs. 36, en previsión del art. 31 de la CPE; en ese sentido, como ya señalamos en los puntos anteriores puntos de manera fundamentada y motivada en derecho, en relación a la validez legal de la anulación de la notificación de 24 de febrero de 2005, que en realidad es la génesis de la problemática principal planteada en el caso de autos; por consiguiente, los demás actos administrativos de la entidad tributaria posteriores al Auto de 8 de marzo de 2005, son legales y apegados a derecho; puesto que la anulación de oficio de la notificación de 24 de febrero de 2005, con la Orden de Verificación se efectúo en el marco de las atribuciones y competencias que tiene la entidad tributaria conforme al art. 37 de la LPA, y en consecuencia la notificación con el auto de 8 de marzo de 2005, que anuló la diligencia, fue correctamente notificada al contribuyente el 09 de marzo de 2005 en conformidad del art. 90 del CTB.
Consiguiente, se establece que, el Tribunal de alzada, al confirmar la Sentencia de primer grado, no ha violado el art. 31 de la CPE abrogado y 122 de la CPE vigente, así como los arts. 4.1) y 104.V y VI del CT; por lo que, lo cuestionado erradamente por la parte recurrente, en sentido de haberse violado, interpretado erróneamente o aplicado indebidamente la ley, no es cierto ni evidente; en consecuencia, tal aspecto no constituye causal de casación en el fondo previsto en el art. 253.1) del CPC.
Por lo señalado, se establece que, el Tribunal de alzada, al confirmar la Sentencia de primera instancia, obró correctamente; por lo que, no son evidentes las infracciones acusadas en el recurso de casación en la forma como en el fondo; por lo que, corresponde resolver el mismo aplicando los arts. 271.2) y 273 del CPC, por mandato de la norma permisiva contenida en los arts. 214 y 297.II del CT y 74.2 del TCB.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 484 a 490, interpuesto por Ramón Aurelio Gutiérrez Sosa, en representación de la Compañía Industrial Azucarera San Aurelio S.A.; en consecuencia, se declara firme y subsistente el Auto de Vista recurrido; con costas.

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