Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920554.html
Timestamp: 2019-11-21 03:46:13+00:00

Document:
as201920554
Auto Supremo: 554/2019
Expediente: B-12-17-S.
Partes: Guisela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera c/ Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suarez.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 673 a 688 vta., interpuesto por Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suarez de Bruckner, contra el Auto de Vista Nº 345/2016 de 28 de diciembre cursante de fs. 664 a 666, pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, en el proceso de resolución de contrato, pago de capital e intereses más pago de daños y perjuicios seguido por Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera contra los recurrentes, la concesión a fs. 703 vta., el Auto Supremo de Admisión N° 297/2017–RA de 22 de marzo, el Auto de Acción de Amparo Constitucional N° 8 cursante de fs. 779 a 783, los antecedentes del proceso, y:
1. Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, mediante memorial de fs. 22 a 24 vta., inició proceso ordinario de resolución de contrato, pago de capital e intereses, más pago de daños y perjuicios, contra Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suarez de Bruckner, quienes contestaron negativamente a la demanda y reconvinieron con nulidad por simulación, interpretación de los contratos, nulidad parcial, disolución y rendición de cuentas; desarrollándose de esa manera el proceso hasta emitir Sentencia Nº 081/2016 de 08 de agosto, cursante de fs. 622 a 626, que declaró PROBADA la demanda de resolución de contrato, disponiendo en consecuencia que los demandados restituyan todas las sumas recibidas más el interés legal del 6% anual y no así el interés convencional por estar establecido de manera equívoca, es decir que ha sido modificado en el contrato; e IMPROBADA la demanda reconvencional en todas sus partes.
2. Decisión que permitió la apelación de Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suarez de Bruckner, mediante memorial de fs. 628 a 635, y en su mérito la Sala Civil Mixta del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió Auto de Vista Nº 345/2016 de 28 de diciembre cursante de fs. 664 a 666, que CONFIRMÓ la sentencia apelada; fundamentado en lo trascendental la falta de competencia alegada por los apelantes en el sentido de que el impartidor de justicia agroambiental sería el competente, al no haber sido objeto de excepción ni fundamentación en la contestación este extremo habría sido convalidado y por lo tanto precluido; que el juez A quo cumplió con su responsabilidad de encontrar y construir la verdad material sobre las intenciones axiológicas y teleológicas de la obra contractual; que las hipótesis labradas por la doctrina para hacer valer en un juicio un documento como si fuera de naturaleza simulada y haga mérito a una fe probatoria inter partes, debe tener como presupuesto sine quanon el respaldo de un contradocumento donde se haga constar idónea, efectiva y objetivamente tal circunstancia material, extremo que el documento acusado como simulado por los apelantes no cumple; que el no haber previsto en las cláusulas primera y segunda las pérdidas para el capitalista, son extremos que no provocarían la nulidad contractual, sencillamente por no estar catalogadas como tal en las hipótesis regladas en el art. 549 del CC, y menos introducida en el inciso 5) de dicho artículo; que el A quo no quebrantó el principio de congruencia, en virtud al cual no puede fallar más allá de lo pedido, pues al contrario se habría sometido a las pretensiones postuladas y demostradas por los justiciables.
3. En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suarez de Bruckner, por memorial que cursa de fs. 673 a 688 vta., interpusieron recurso de casación, el mismo que es objeto de análisis.
1. Acusaron que el Auto de Vista sería incongruente y carente de motivación, pues no se habría resuelto la apelación en la forma que fue planteada, lo que atentaría contra el debido proceso; en ese entendido refieren que el recurso de apelación versó sobre seis agravios, sin embargo la resolución de alzada no habría satisfecho las exigencias de los arts. 218.I en relación con el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, de esta manera, al no estar motivada la razón por la cual se confirmó la sentencia apelada y no pronunciarse sobre todos los agravios planteados, solicitan la nulidad de dicha resolución.
2. Denunciaron la nulidad del proceso por la incompetencia en razón de materia del juez civil para resolver la resolución de contrato de préstamo e inversión para compraventa de ganado vacuno; arguyendo en ese sentido que de la revisión exhaustiva de los documentos cursantes de fs. 4 y 6 de los cuales se pidió su resolución por incumplimiento, se advertiría que se está ante una cuestión netamente agraria, porque derivaría de la actividad agraria, pues el préstamo de inversión habría sido para la compraventa exclusiva de ganado vacuno, y según el art. 23 num. 8) de la Ley N° 3545, este caso sería competencia de los jueces agroambientales.
1. Los recurrentes acusaron la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 510 del Código Civil y arts. 365 y 366 del Código de Comercio, argumentando que los contratos suscritos evidencian la intención de las partes de constituir una sociedad accidental para la compra de ganado vacuno, que no debió realizarse una resolución de contrato sino una disolución por la naturaleza del contrato de sociedad accidental.
2. Sostienen error de hecho y derecho en la apreciación de las literales cursantes de fs. 4, 6, 54, 56 y 58 que según los recurrentes no fueron valoradas, analizadas y tasadas debidamente por el Tribunal de apelación, debido a que de su lectura versan solo sobre un negocio jurídico es decir solo un documento sería válido y el otro simulado porque los demandantes así los confeccionaron.
3. Denunciaron la interpretación errónea y aplicación indebida del art. 543 del Código Civil, referente a la simulación del contrato de 21 de marzo de 2012 con reconocimiento del 7 de mayo de 2012, por haberse planteado la misma problemática.
4. Expresaron interpretación errónea del art. 141 del Código de Comercio referente a la nulidad parcial de los contratos comerciales.
Por lo expuesto solicitan se emita Auto Supremo anulando obrados hasta el vicio más antiguo o en su defecto casando el Auto de Vista, declarándose improbada la demanda de resolución de contrato y probada la demanda reconvencional de nulidad por simulación, interpretación de contratos, nulidad parcial y disolución de sociedad.
Señalaron en cuanto a la supuesta competencia del juez agroambiental, que los recurrentes no cuestionaron la competencia del juez de la causa y más al contrario reconocieron la competencia del juez civil a tiempo de presentar su reconvención, y que su recurso en la forma y en el fondo son contrarios, porque si son incompetentes los jueces de instancia por qué se pide se declare probada la acción reconvencional.
Sobre la valoración de la prueba manifiesta que es atribución exclusiva de los jueces de instancia, a lo que los recurrentes inobservaron demostrar el error manifiesto incurrido, situación que impide al Tribunal de casación analizarlo pues afectaría el principio de legalidad, igualdad y debido proceso.
Añadieron que el Auto de Vista está motivado, fundamentado y es congruente con los agravios expuestos en la apelación, empero si se necesitaba mayor explicación debieron recurrir a la facultad de complementación y explicación del art. 226 del CPC.
Sobre la congruencia manifestaron que debieron exponer en forma clara y precisa cuál el agravio que no fue resuelto por el Tribunal de alzada y no simplemente señalar que no se pronunció sobre algunas pretensiones.
Manifestaron que realizaron un préstamo de dinero confiando que se les devolvería dentro los plazos acordados, siendo los recurrentes los responsables de los destinos que les dieron, sobre el cual nunca cuestionaron ni objetaron nada en razón a la confianza que depositaron en ellos y la promesa de devolverles el capital más los intereses prestados.
Concluyeron solicitando se declare infundado el recurso de casación planteado.
El Auto Supremo N° 12/2017 de 17 de enero 2017, ha orientado respecto al tema en sentido de que: “… se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica”.
III.2. Característica de la resolución de contrato.
El Auto Supremo N° 39/2018, acudiendo al Auto Supremo N° 61/2010, respecto a la resolución de contrato señaló: “La resolución del contrato por incumplimiento, presupone la existencia de un contrato bilateral, con prestaciones recíprocas. El fundamento para que proceda es precisamente el incumplimiento de la prestación debida por una de las partes, en virtud a ello, la parte que ha cumplido su prestación tiene el derecho de liberarse del contrato, sin perjuicio del resarcimiento del daño que el incumplimiento le hubiera ocasionado, por ello, la parte que incumple su obligación no puede pedir la resolución del contrato por esta causal…”.
En atención al recurso de casación interpuesto y lo señalado en el Auto Constitucional N° 8 emitido por el Tribunal de Garantías Constitucionales el 20 de diciembre de 2018, se emite la siguiente determinación, incidiendo que la situación competencial se la considerará en el agravio correspondiente.
1. Acusaron que el Auto de Vista sería incongruente y carente de motivación, no habría resuelto la apelación de la forma que fue planteada, lo que atentaría contra el debido proceso; refieren que el recurso de apelación versó sobre seis agravios, sin embargo, la resolución de alzada no habría satisfecho las exigencias de los arts. 218.I en relación con el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, de esta manera al no estar motivada la razón por la cual se confirmó la sentencia apelada y no pronunciarse sobre todos los agravios planteados, solicitan la nulidad de dicha resolución.
El agravio propuesto se limita a cuestionar la determinación del Tribunal de alzada de incongruente y carente de motivación, empero, no establece en función a los agravios identificados, cuál la incongruencia que incurrió el Auto de Vista o cuál de los agravios no fue objeto de motivación. El cuestionamiento, más allá de enunciar los agravios fundados en la apelación, no concreta la incongruencia en que hubiere incurrido la resolución emitida o la ausencia de motivación de algún o algunos agravios, que hubiere afectado su derecho a la defensa, imprecisión que no puede ser considerada para asumir una decisión anulatoria de obrados como se sugiere; por lo cual no se verifica la existencia de infracción de los arts. 218.I en relación con el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil.
2. Solicitaron la nulidad del proceso por la incompetencia en razón de materia del juez civil para resolver resolución de contrato de préstamo e inversión para compraventa de ganado vacuno; arguyendo en ese sentido que de la revisión exhaustiva de los documentos de fs. 4 y 6 de los cuales se pidió su resolución por incumplimiento, se advertiría que se está ante una cuestión netamente agraria, porque derivaría de la misma, pues el préstamo de inversión habría sido para la compraventa exclusiva de ganado vacuno, y según el art. 23 num. 8) de la Ley Nº 3545, este caso sería competencia de los jueces agroambientales.
Para otorgar respuesta a este agravio, y además absolver lo resuelto por el Tribunal de garantías constitucionales mediante Auto Constitucional N° 8 de 20 de diciembre de 2018, se debe manifestar lo siguiente:
El art. 39.I de la Ley Nº 1715, disponía que: “I. Los jueces agrarios tienen competencia para: 5. Conocer las acciones para garantizar el ejercicio del derecho de propiedad agraria;7. Conocer interdictos de adquirir retener y recobrar la posesión de fundos agrarios; 8. Conocer otras acciones reales sobre la propiedad agraria; y, 9. Otros que le señalen las leyes”; sin embargo, el art. 23 de la Ley Nº 3545, sustituye los numerales 7 y 8 del Parágrafo I del art. 39, de la siguiente manera: “Se sustituye los numerales 7 y 8 del parágrafo I del Artículo 39 de la siguiente manera: 7. Conocer interdictos de adquirir, retener y recobrar la posesión de fundos agrarios, para otorgar tutela sobre la actividad agraria. 8. Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria”. Norma competencial que es concordante con el art. 152 de la Ley Nº 025, que preceptúa que las juezas y los jueces agroambientales tienen competencia para: “11. Conocer otras acciones personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agrarias o de naturaleza agroambiental”.
Siendo este el marco normativo, cabe distinguir las acciones reales, personales y mixtas que acentúa las normas en examen; así, las acciones personales permiten acudir al órgano jurisdiccional al acreedor para que el deudor cumpla una obligación emergente de un contrato, hecho ilícito, promesa unilateral, entre otros; en cambio las acciones reales reconocen al titular de un derecho real la facultad de activar la jurisdicción para la protección de ese derecho. Siendo las acciones mixtas una complejidad de ambas acciones descritas.
La composición normativa referida supra otorga competencia al juez agroambiental de conocer acciones reales, personales o mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria; en tal caso, cuando se trata de acciones reales el identificar la competencia agraria es preciso, por sujetarse al derecho real que se protege. Y respecto a las acciones personales, d ebemos verificar que la obligación que persigue su cumplimiento mediante el órgano jurisdiccional sea derivada de la propiedad, posesión o actividad agraria; entonces, debe analizarse si la obligación que pretende se tutele, nacida de una relación obligacional anterior, es derivada directamente de la propiedad, posesión o de una actividad agraria que une a los contendientes.
Ahora bien, el presente caso es una acción personal porque se pretende la tutela judicial de obligaciones emergentes de documentos signados por los demandados; obligación contractual que no emerge de la propiedad agraria o posesión agraria, así tampoco deriva de una actividad agraria, considerando que, del contenido discutido sobre los documentos, la obligación unilateral es referente a un préstamo de dinero, es decir una obligación pecuniaria, que directamente no es relativa a la situación agraria antes descrita, pues si el préstamo pudo estar o no destinado a un fin específico, la obligación que pretende se tutele es que se cumpla una obligación monetaria y no una obligación referida al tema agrario. Si bien la parte recurrente, bajo su criterio, entiende que son contratos de préstamo e inversión para compraventa de ganado vacuno, no se comparte y será explicado más adelante, empero aún se considere así, esa acción personal no está inmersa dentro la competencia agraria, porque las obligaciones de los contratantes no son de situación agraria, sino una controversia de socios en sociedad accidental que discuten sus obligaciones societarias, más allá del negocio en que estén inmersos, tanto así que los mismos recurrentes aluden en su postura a las normas que hacen al Código de Comercio.
En consecuencia, se puede establecer, y conforme lo dispuso el Tribunal de Garantías Constitucionales, que la presente causa no es de competencia agraria sino de índole ordinaria civil, por lo que la competencia de los Tribunales inferiores y de este Tribunal de casación está plenamente justificada, en el marco del art. 12 num. 2) del Código Procesal Civil.
Conforme lo desarrollado, no se verifica la existencia de agravio de forma que pueda merecer la nulidad de las determinaciones judiciales emitidas, debiendo desestimarse las denuncias expresadas.
Es necesario resolver de forma previa el agravio y luego considerar los restantes, porque es determinante para la definición del conflicto establecer la naturaleza de la relación obligacional de los contendientes.
Conforme antecedentes, se tiene a fs. 4 un documento privado nominado “Contrato de préstamo e inversión” de 21 de marzo de 2012, con reconocimiento de firmas de 7 de mayo de 2012, que cursa a fs. 3, que en su contenido Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner, señalan haber recibido la suma de Bs. 400.000,00 (cuatrocientos mil 00/100 bolivianos) y $us. 22.000,00 (veintidós mil 00/100 dólares americanos) de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, mediante depósito de la totalidad de ambos montos en las cuentas bancarias de los vendedores de ganado, en calidad de pago, según cronograma de pagos acordado, destinados exclusivamente a la adquisición y posterior venta de ganado vacuno; descrito en la cláusula primera, y en la cláusula segunda agregan que garantizan la entrega del préstamo y consiguiente inversión con la totalidad de sus bienes.
A fs. 6 se encuentra un documento privado nominado “Contrato de Préstamo e Inversión” de 15 de junio de 2012, con reconocimiento de firmas de 13 de julio de 2012, que cursa a fs. 5, en el que Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner, señalan haber recibido la suma de $us. 45.000,00 (cuarenta y cinco mil 00/100 dólares americanos) de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, mediante depósitos de la totalidad del monto señalado en la caja de ahorro en dólares N° 6052188729 y la caja de ahorro en bolivianos N° 6051097612, ambas del Banco Ganadero, según cronograma de depósitos acordados, destinados exclusivamente a la adquisición y posterior venta de ganado vacuno, así expresa la cláusula primera.
En el análisis de ambos documentos, no se puede considerar que estos sean contratos de asociación accidental, pues la idea básica del contrato es la existencia de dos o más voluntades para constituir, modificar o extinguir derechos de orden patrimonial, así también lo entiende el art. 365 del Código de Comercio que manifiesta que: “Por el contrato de asociación accidental o de cuentas en participación, dos o más personas toman interés en una o más operaciones determinadas y transitorias…”, ya que ambos documentos fueron realizados por Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner sin la participación de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, conforme se puede verificar de examen de esas literales. Entonces, ambos documentos de fs. 4 y 6, por sí no irradian la constitución de una sociedad accidental por la sola participación de los demandados. Y si se quiere entender a estos documentos como medios de prueba para acreditar la existencia de la asociación, en el marco de art. 366 del Código de Comercio, por la postura de negación de los actores respecto a la naturaleza de los documentos, no se tiene en obrados elementos de prueba que acrediten fehacientemente la constitución de una asociación que ligue directamente a los actores, más aun cuando los recurrentes no exigieron el análisis de pruebas en concreto en casación para establecer la existencia de la misma, pues se limitaron al examen de esos documentos. Es necesario añadir, que aún se titule esos documentos como “contrato de préstamo e inversión” y en su contenido se manifieste de una sociedad de compra y venta, empero, se debe considerar las obligaciones insertas en los mismos para determinar su tipicidad, en tal caso, solo se verifica la existencia de reconocer el recibo de dinero por parte de los demandantes en las sumas descritas y declarar una fecha de devolución del monto, que permite determinar su naturaleza de declaración unilateral de reconocimiento de deuda de ahí la expresión de “préstamo”; además, se debe considerar que un contrato de asociación accidental, en el marco del art. 365 del Código de Comercio, debe existir dos o más personas con interés en una o más operaciones determinadas y transitorias, a cumplirse mediante aportaciones comunes, características que no se recogen de esos documentos unilaterales, sino en realidad es una operación de préstamo de dinero con intereses superiores disfrazadas de utilidades.
Por lo que, se considera que los documentos de fs. 4 y 6 son reconocimientos unilaterales de deuda de parte de Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner a favor de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, el primero por la suma de Bs. 400.000,00 (cuatrocientos mil 00/100 bolivianos) y $us. 22.000,00 (veintidós mil 00/100 dólares americanos), y el segundo por $us. 45.000,00 (cuarenta y cinco mil 00/100 dólares americanos), así se determinó por los Tribunales de instancia de manera adecuada en su interpretación.
En función a lo explicado, también es necesario establecer que este reconocimiento unilateral de deuda contiene obligación única de devolver el capital prestado más intereses a favor de los acreedores (obligación unilateral), por lo cual, no existe obligaciones recíprocas que pudiesen colegir una resolución de contrato en el marco del art. 568 del Código Civil, que fue determinado por el Ad quem. El reclamo de los recurrentes no podía aplicarse una resolución de contrato sino una disolución por la existencia de la asociación accidental; sin embargo, habiéndose determinado que ese documento no expresa la constitución de una sociedad accidental no es exequible considerar una posible disolución como inadecuadamente pretenden los recurrentes, aunque debemos apreciar que, aun lo errado del argumento casatorio, no debió haberse otorgado una declaración de resolución de contrato sobre una declaración unilateral de reconocimiento de deuda, por lo cual se debe desestimar esa pretensión. Lo que no perjudica u obstaculiza la pretensión de que los demandados devuelvan el capital y los intereses establecidos en los referidos documentos que fue tutelado favorablemente en sentencia al establecer en su parte dispositiva: “debiendo restituir los demandados todas las sumas recibidas, más el interés legal del 6% anual, no así el interés convencional por estar establecido de manera equivoca”, obligación que no nace como efecto de la resolución impropiamente acogida sino que es una obligación de los deudores para con los acreedores emergente de los documentos de 21 de marzo y 15 de junio ambos de 2012, debiendo cumplirse esa obligación, como se estableció en sentencia y confirmó el Auto de Vista, en ejecución de sentencia descontándose los pagos que se acrediten efectivamente.
Por lo manifestado no se evidencia que exista infracción a los art. 510 del Código Civil y 365 y 366 del Código de Comercio, aunque se debe revertir la decisión de resolución de contrato por no ser acorde al art. 568 del Código Civil.
2. Acusó error de hecho y derecho en la apreciación de las literales cursantes de fs. 4, 6, 54, 56 y 58 que, según los recurrentes, no fueron valoradas, analizadas y tasadas debidamente el Tribunal de apelación, debido a que de su lectura versan solo sobre un negocio jurídico es decir solo un documento sería válido y el otro simulado porque los demandantes así los confeccionaron.
Para iniciar el examen, debemos señalar que, conforme a la doctrina legal adoptada por este Tribunal de casación, el error de hecho surge cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.
Conforme lo descrito, no existe error de derecho en las literales a fs. 4, 6, 54, 56 y 58 porque no se considera que los juzgadores hubieran otorgado tasación legal distinta a la predeterminada en ley y no existe carga recursiva que establezca tal disconformidad de manera concreta.
En relación al error de hecho, debemos establecer que la literal a fs. 4 se encuentra legalizada a fs. 56, la literal a fs. 6 su legalizada está a fs. 58, por lo cual, en adelante solo nos referiremos como literales de fs. 4 y 6 y no respecto a las otras. En el examen, podemos encontrar, conforme se analizó supra, que las literales de fs. 4 a 6, por contener la declaración solo de Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner no contemplan la constitución de una sociedad accidental y se considera como reconocimientos unilaterales de deuda de parte de Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner a favor de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, el primero por la suma de Bs. 400.000,00 (cuatrocientos mil 00/100 bolivianos) y $us. 22.000,00 (veintidós mil 00/100 dólares americanos), y el segundo por $us. 45.000,00 (cuarenta y cinco mil 00/100 dólares americanos). En tal caso, podemos observar que en ambos documentos la declaración del dinero recibido es distinta, lo que hace distinguir que se trata del reconocimiento de distintas obligaciones, no encontrando error de hecho en la apreciación de las obligaciones advertidas correctamente por los jueces de instancia.
Los recurrentes puntualizan la existencia de un tercer documento de 21 de marzo de 2012, cursante a fs. 54, en la que, también, Joar Bruckner Velarde y Silvia Eugenia Villavicencio Suárez de Bruckner, señalan haber recibido la suma de Bs. 300.000,00 y $us. 22.000,00 de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera; por lo que, en consideración a este documento, plantean la tesis de la existencia de simulación del documento a fs. 4, sin embargo, olvida la parte recurrente que este documento, al igual que los otros, no tiene la participación de Guísela Martínez Campos y Fermín Urape Cabrera, por lo cual resulta ilógico que se plantee la simulación de una declaración unilateral establecida por los mismos recurrentes, ya que al no ser un contrato concurrente en voluntades no se puede subsumir a lo establecido en el art. 543 del Código Civil; además, aquel documento fue presentado en proceso por la parte recurrente que fue negada en su conocimiento por los actores, lo que hace que no sea considerado en la instancia, que resulta adecuado por la naturaleza de estos documentos ya que son creados por una voluntad unilateral a favor de otra, empero si la persona a quien a su favor se declaró no lo tiene en su poder ese documento resultaría no exigible; por ello se entiende que el documento a fs. 4, base de la demanda, estaba en poder de los actores lo que hace exigible esa declaración de deuda. Los recurrentes enfatizan que los actores con conocimiento de leyes confeccionaron estos documentos, empero se debe considerar que aún lo hubieran realizado ellos, los que reconocen esa deuda son los demandados, no siendo comprensible una posible situación de ligereza o falta de previsión de personas con grado de estudios universitarios, por lo cual, si los recurrentes consideran que el documento verdadero es del 21 de marzo de 2012 con reconocimiento de la misma fecha, por qué entregaron el otro documento de 21 de marzo de 2012 a los demandantes, pues si no tenía valor no debieron realizar la entrega del mismo y debieron conceder solo el anterior; lo cual hace insostenible una posible simulación en los términos que se planteó. El razonamiento expresado, allana también el agravio de interpretación errónea y aplicación indebida del art. 543 del Código Civil referente a la simulación del contrato de 21 de marzo de 2012 con reconocimiento del 7 de mayo de 2012, por haberse planteado la misma problemática.
Cabe acotar, por último, que las confesiones que señalan los recurrentes de que solo se les depositó Bs. 129.054,00 no concuerda con el contenido de los memoriales de fs. 71 y vta., 383 vta., a 384, 401 vta., a 402, aludidos en el recurso, por cuanto en ellos se expresa, mediante un cuadro, que por el documento de 21 de marzo de 2012 se efectuó un depósito de Bs. 552.771,20 que equivale a Bs. 400.000,00 y $us. 22.000,00. Por lo que, no es evidente un error de hecho en la apreciación de los memoriales de los actores que supuestamente expresarían confesiones espontáneas, que señalan los recurrentes, sino al contrario, los actores en aquellos memoriales confirman los montos adeudados.
3. En relación a la denuncia de interpretación errónea del art. 141 del Código de Comercio, referente a la nulidad parcial de los contratos comerciales; cabe referir en atención al análisis anterior y habiendo determinado que los documentos a fs. 4 y 6 no corresponden a contratos de asociación accidental, existe sustracción de materia del agravio fundado, siendo insustancial analizar si es posible nulificar parcialmente un contrato comercial por no corresponder a la controversia.
Por lo manifestado, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 345/2016 de 28 de diciembre, cursante de fs. 664 a 666, en lo que respecta a la declaración de resolución de contrato, manteniendo incólume las demás determinaciones, conforme se detalló en la fundamentación de la presente decisión. Sin costas y costos.

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 Artículo 39
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