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Timestamp: 2018-09-22 17:39:28+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00816/0371-2017 DE NOVIEMBRE 9 DE 2017
SENTENCIA 2012-00816 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS FRAUDULENTOS EN PROCESOS LITIGIOSOS. SE ESTABLECIÓ QUE LA UTILIZACIÓN DE UN DOCUMENTO FRAUDULENTO, FALSO O APÓCRIFO DENTRO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, Y POR ELLO DESEMBOQUE EN EL RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO PENSIONAL, PERMITE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE QUE GOBIERNA LOS ACTOS DEL PETICIONARIO, HACIENDO VIABLE LA RECUPERACIÓN DE LOS DINEROS PAGADOS DE MANERA INDEBIDA. PARA EL CASO EN CONCRETO, EL JUEZ DEBERÁ VERIFICAR A LA LUZ DE LAS PRUEBAS REGULARMENTE APORTADAS AL PROCESO, SI LA ACTITUD DEL DEMANDADO EN SEDE GUBERNATIVA O PARA LOS EFECTOS DE LA CONSECUCIÓN DEL DERECHO, SE APARTA DE LOS POSTULADOS DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, Y SI SON DETERMINANTE FINAL DE LA ACTUACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN ADMINISTRATIVA, ACTO ADMINISTRATIVO, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, OBJETO DE LA CESIÓN DEL DERECHO LITIGIOSO, DERECHO LITIGIOSO, DERECHOS DEL PENSIONADO
Sentencia 2012-00816/0371-2017 de noviembre 9 de 2017
Rad.: 05001-23-33-000-2012-00816-02
Num. Interno: 0371-2017
Demandado: José Alcides Salazar González
Bogotá D.C, nueve de noviembre de dos mil diecisiete.
El Decreto 546 de 1971(4), en su artículo 6º estableció el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares, el cual expresó:
“Conforme a la jurisprudencia y normatividad ya citadas, el funcionario o empleado de la Rama Judicial o del Ministerio Público que cumpla los requisitos del Art. 6º del Decreto Ley 546/71 debe ser objeto del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta el salario más alto devengado en el último año, dentro del cual no sólo cabe el cómputo del salario básico sino los demás factores que haya percibido y tengan tal trascendencia, salvo los excluidos por mandato legal expreso.
Se precisa que se deben tener en cuenta los factores mensuales y también las no mensuales devengadas en el mes escogido que sean relevantes, sin que sea dable, por ejemplo, escoger el salario básico de un mes y otros factores de otro mes diferente. Además, cabe anotar que como quiera que ciertos conceptos se reconocen y pagan anualmente, para efectos de determinar la base de liquidación lo procedente es tomar las doceavas partes de éstos.” (Resaltado fuera de texto).
Así mismo, esta Sala en Sentencia del 14 de agosto del 2009(5), en cuanto a la bonificación por servicios prestados, estableció:
“Respecto del factor de bonificación por servicios esta Sección ha indicado que la misma se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual”(6).
Finalmente, la Sala en Sentencia del 23 de febrero de 2012, Radicado 1072-2011, con ponencia de la Doctora Bertha Lucia Ramírez de Páez, concluyó sobre la bonificación por servicios lo siguiente:
—La bonificación por servicios prestados constituye factor salarial para efectos pensionales.
—Se causa cada vez que el servidor cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial.
—El monto de la pensión de jubilación reconocida con el régimen especial de la Rama Judicial equivale al 75% de la asignación más alta devengada en el último año más todas las sumas que constituyan factor salarial como lo es la bonificación por servicios.
—El régimen especial permite la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año pero ello no quiere decir que su inclusión sea por el valor total porque el monto de la pensión se calcula en “mesadas(7)”.
—Una vez se determinan los factores salariales devengados en el último año se calcula el valor mensual de cada uno para así calcular el valor de la “mesada pensional”.
Además, dicha sentencia(8) reiteró que la inclusión de la bonificación por servicios en el IBL debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100% del valor percibido, así:
A idénticas conclusiones arribó la Corte Constitucional mediante la T-831 de 2012(9), la cual instó lo mencionado anteriormente así:
“En cuanto al valor de la bonificación —como factor salarial— a tener en cuenta para determinar el ingreso base de liquidación (IBL) de los servidores de la Rama Judicial o del Ministerio Público, a fin de calcular el valor de sus pensiones de jubilación, en reiteradas sentencias, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado, han interpretado que debe ser la doceava parte de su valor, dado que, según la normativa aplicable, la bonificación se paga una vez al año y a condición de que el servidor complete un año trabajado”. (Resaltado fuera del texto).
También resulta útil estudiar lo consagrado en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978(10), disponiendo que además de la asignación básica mensual fijada por ley para cada empleo existen otros factores de salario los cuales se mencionan a continuación:
De acuerdo con lo anterior, es pacifica la jurisprudencia(11) en el sentido de asociar la noción de factor de salario al ingreso base de liquidación pensional, contemplando además, que aquellos causados anualmente, o en periodos distintos al mensual, deben ser fraccionados para su respectiva inclusión; caso de la bonificación por servicios prestados(12), que corresponde a una prestación que remunera la acumulación del tiempo de servicio del empleado, y que se causa cada vez que cumple un año de labores.
La jurisprudencia de ésta Corporación, así como de la Corte Constitucional ha considerado que el principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”(13). Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” (14).
En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas. Esta última característica opera como presunción legal que admite prueba en contrario(15).
Principio éste que además, no constituye un postulado absoluto, sino que tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía, entre otros(16). En este sentido, no es posible entender el principio de la buena fe de manera aislada y como un fin en sí mismo, por cuanto se debe concebir el ordenamiento jurídico no como una pura acumulación de preceptos concretos encerrados, o como una simple mescolanza de normas, sino como un sistema coherente, ordenado, según el principio de no contradicción(17).
Sin embargo, ella considera que no es viable disponer el reintegro de las mesadas pensionales que han sido pagadas a la señora (…), como se solicita en el escrito introductorio del proceso, en virtud del reconocimiento de pensión de jubilación por el acto administrativo acusado, pues de acuerdo con lo previsto en el artículo 136 del Código Contenciosos Administrativo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe, situación aplicable en el caso sub judice, ya que le correspondía a la parte actora probar debidamente que la demandada cuando solicitó la pensión actúo de mala fe y ello no ocurrió así”(18). Resaltado fuera del texto.
No obstante lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante la legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe de la demandante en la obtención de los reajustes pagados”.(19) (El resaltado es de la Sala)
“Por último como el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que “Los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”, igualmente deberá confirmarse en este sentido la decisión apelada, pues, el demandado está amparado por el principio de la buena fe, ya que no se afirmó, ni demostró que hubiera incurrido en actos dolosos y de mala fe para obtener la pensión de jubilación, por lo tanto no está obligado a devolver lo que ya le fue pagado por este concepto(20). (Resaltado fuera del texto).
Con lo anterior, los pagos efectuados por la Universidad tienen amparo legal, porque fueron recibidos de buena fe por el jubilado y en ese orden, se considera que mal puede ahora la demandante, alegar a su favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos dineros, que como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el principio de la buena fe”(21).
De acuerdo a lo anterior, tenemos que el principio de la buena fe, incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. Por ello, en tratándose de un error de la administración al concederse el derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero que fue recibido por una persona de buena fe(22).
Así mismo se confirmará la orden de reintegro de los dineros que hubiera percibido el demandado por concepto de la pensión de jubilación, dada la mala fe con que actuó en sede gubernativa, como quiera que de manera malintencionada presentó unas certificaciones que no corresponde a la verdad, para dolosamente hacerse acreedor a una prestación de la cual era consciente que no tenía derecho, los cuales quiso demostrar asaltando la buena fe de la administración. Este hecho, por sí solo, demuestra el torcido proceder del actor; por tal virtud, merece el condigno castigo de devolver las sumas que recibió sin tener derecho a ellas, debidamente actualizadas, como bien lo ordenó el a quo(23).” (Negrillas fuera de texto original).
• Nació el 3 de enero de 1952(24).
• Por medio de la Resolución 14121 del 31 de mayo de 2001(25) Cajanal, le reconoció la pensión de jubilación en una cuantía de $1.077.874.80 a partir del 28 de julio de 2000, considerando la prestación de sus servicios desde el 1 de enero de 1974al 27 de julio de 2000 al interior de la Fiscalía General de la Nación.
• Por medio de las Resoluciones 31467 del 27 de diciembre de 2004(26), 29389 del 23 de junio de 2006(27) y 2837 del 9 de diciembre de 2008(28), Cajanal le reliquidó su pensión con inclusión de nuevos factores, incrementándola finalmente a la suma de $2.210.468.00.
• Fue beneficiaria del fallo proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales del 3 de julio de 2008(29) que le tuteló sus derechos fundamentales de petición y debido proceso.
• Que se le reliquidó su pensión en cuantía de $2.769.653.oo en cumplimiento de la sentencia de tutela antes mencionada, a través la UGM 25347 del 12 de enero de 2012(30).
Al respecto, el literal c) del numeral 1º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(31), dispone que:
(…).” (negrillas fuera de texto original).
Expresamente, consagra el legislador que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, no habrá lugar a la recuperación de las prestaciones pagadas a particulares de buena fe; ello, guardando correspondencia con lo que venía dispuesto en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984(32), y principalmente con la presunción contenida en el canon 83 de la Constitución Política.
Es pertinente aclarar, que en algunas ocasiones la sección segunda de esta Corporación(33), ha encontrado pruebas o elementos de juicio a partir de los cuales, se desvirtuó la presunción de buena fe que cobija al pensionado demandado, como cuando existe claridad sobre el uso fraudulento de un documento o su producción por tales medios, o cuando existe inducción al error de la Administración de parte del peticionario.
CONFÍRMASE CON MODIFICACIÓN la Sentencia proferida el 24 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo de Antioquia - Sala Primera de Oralidad, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra José Alcides Salazar González, respecto de los actos que le reliquidaron su pensión incluyendo el 100% de la bonificación por servicios; excepto el numeral QUINTO, que se REVOCA, y en su lugar la Sala se abstiene de condenar en costas al vencido, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
4. “Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad. 25000-23-25-000-2005-03346-01(1508-08) de 14 de agosto de 2009.
6. Acogiendo la tesis, señalada en la Sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 8 de febrero de 2007 Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla, Radicación número: 25000-23-25-000-2003-06486-01(1306-06), Ver también la Sentencia de 6 de agosto de 2008, proferida por la Subsección B de esta Sección, con ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-12846-01(0640-08).
7. Porción de dinero u otra cosa que se da o paga todos los meses (Real Academia Española).
8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Rad. 52001-23-31-000-2009-00288-01 (1072-11) de 23 de febrero del 2012.
9. Corte Constitucional. T-831 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 22 de noviembre de 2012.
10. “Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de cargos para los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, se fija la escala de remuneración correspondiente a dichos cargos, y se dictan otras disposiciones”.
11. En este sentido, recientemente la Sala en las Sentencias del 2 de marzo de 2017, Exp. 1170-2016 y 2407-2016, del 16 de marzo de 2017, Exp. 0620-2016; y del 18 de mayo de 2017, Exp. 4274-2016, todas con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12. Ver Decreto 1042 de 1978 y Decreto 247 de 1997.
13. Ver Sentencia T-475 de 1992.
15. Ver Sentencia C-071 de 2004
16. Ver Sentencia de la Sección Segunda, Subsección “B”, con ponencia del Consejero Jesús María Lemos Bustamante, de 8 de mayo de 2008, dentro del proceso radicado con el 0949- 2006.
17. Zagrebelsky, Gustavo. La Ley y su Justicia. Madrid 2008. Traducción Editorial Trotta 2014.Pagina 205.
18. Sentencia de 2 de marzo de 2000. Expediente 12.971. M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda
19. Sentencia de 17 de mayo de 2007. Exp. 3287-05. M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
20. Sentencia de 21 de junio de 2007. Expediente: 0950-06. M.P: Ana Margarita Olaya Forero.
21. Sentencia de 6 de marzo de 2008. Expediente 0488-07. M.P: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
22. En este sentido, se pronunció recientemente la Sala en las Sentencias del 17 de noviembre de 2016, Exp. 2677-15, Consejero Ponente: César Palomino Cortés, y del 29 de junio de 2017, Exp. 4321-2016, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23. Sentencia del 25 de abril de 2002, Sección Segunda, Subsección A, Exp. 1783-01, Consejera Ponente: Ana Margarita Olaya Forero.
24. Ver cédula de ciudadanía, folio 16.
25. Folios 83 a 86.
26. Folios 112 a 116.
27. Folios 146 a 149.
28. Folios 217 a 221.
29. Folios 259 a 291.
30. Folios 413 a 421.
31. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
32. Código Contencioso Administrativo
33. Las citadas en el acápite del principio de la buena fe, y recientemente, la Sentencia del 17 de octubre de 2017, Exp. 4729-2016, con ponencia de Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34. Sentencia del 19 de enero de 2015, Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

References: artículo 6
 artículo 12
 artículo 83
 artículo 136
 artículo 136
 Resolución 
 artículo 164
 artículo 136