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Timestamp: 2019-11-12 09:31:26+00:00

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﻿ Terrorismo: legislación de emergencia —legislación ordinaria; derecho internacional— derecho penal internacional
CONTENIDO:La lucha contra el terrorismo se halla dentro de las nuevas tendencias del derecho penal. Colombia no está ajena a dicho aspectopor tal razón, el objetivo de este artículo es realizar un desarrollo histórico de los medios de confrontación.
AUTOR:Augusto J. Ibáñez Guzmán
TEMAS GENÉRICOS:Derecho internacional humanitarioDerechos humanosCorte Penal InternacionalTerrorismo
REVISTA DERECHO PENAL N°:12, jul.-sep./2005, págs. 85-116
Terrorismo: legislación de emergencia —legislación ordinaria; derecho internacional— derecho penal internacional(*)
Profesor investigador de la Pontificia Universidad Javeriana
Miembro de la delegación de Colombia a la Precom, para el
establecimiento de la Corte Penal Internacional. Naciones Unidas. New York
La lucha contra el terrorismo se halla dentro de las nuevas tendencias del derecho penal. Colombia no está ajena a dicho aspecto; por tal razón, el objetivo de este artículo es realizar un desarrollo histórico de los medios de confrontación.
Derecho internacional humanitario; derechos humanos; Corte Penal Internacional; terrorismo; Estado social y democrático de derecho; derecho penal; bloque de constitucionalidad; Constitución.
Tanto en el ámbito interno —de legislaciones domésticas—, como en el internacional —coloquios, foros y trabajos de expertos— se está discutiendo con mucho énfasis el tema del “terrorismo” como: fenómeno, problema, situación, delito o crimen; como metodología de lucha o estructura de rango contracultural; como un modelo que se debe observar por ser un atentado al derecho internacional humanitario o a los derechos humanos; igualmente, como una estructura que se debe enfrentar conforme a los cánones de protección a la población civil; o, en fin, como un elemento que se ha de perseguir a manera de estructura delictiva común desde el contexto internacional, hasta llegar a la guerra preventiva. En suma, es un punto de reflexión y hasta de enfrentamiento político y, por consiguiente, jurídico.
Al respecto, cabe iniciar este artículo haciendo alusión a dos citas importantes:
“El primero que nos viene al encuentro por los siglos de crueles guerras de religión es el ideal de tolerancia. Si hoy existe la amenaza contra la paz del mundo, esta proviene, una vez más, del fanatismo, o sea de la creencia ciega en la propia verdad y en la fuerza capaz de imponerla”(1). Nunca antes ha sido tan verdadero este aserto. El fanatismo, viniere de donde viniere es la mayor amenaza para la democracia, para el futuro de la misma.
Pero, además, en la teorética de la comunicación, Habermas sostiene:
“La práctica de nuestra vida colectiva diaria descansa en un sólido pedestal de convicciones de trasfondo comunes, de supuestos culturales ya adquiridos y de expectativas recíprocas. La coordinación de la acción fluye a través de juegos de lenguaje habituales, a través de pretensiones de validez formuladas mutuamente y aceptadas, al menos implícitamente, en el espacio público de las razones. (...) Pero si la adopción mutua de perspectivas no se puede lograr por alguna razón, hablante y oyente se vuelven mutuamente lejos, ajenos e indiferentes a la redención de sus pretensiones. Este es el comienzo de una perturbación en la comunicación, una incomprensión o un engaño, de lo cual la versión ex-trema es el terrorismo.
Uno de los argumentos centrales que emergió de nuestro diálogo es precisamente que el terrorismo es una patología comunicativa que se alimenta de su propio impulso destructivo”(2).
Es sin duda una patología. En cuanto a esto, ¿existe tratamiento(3), remedio(4) o paliativos(5)? La respuesta es de interés.
De la Constitución Nacional de 1886 a la Constitución Política de 1991. Marco teórico.
El artículo 121 de la Constitución Nacional de 1886, ordenaba que:
“En caso de guerra exterior o de conmoción interior podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración el Gobierno tendrá, además de las facultades legales, las que la Constitución autoriza para tiempos de guerra o de perturbación del orden público y las que, conforme a las reglas aceptadas por el derecho de gentes, rigen para la guerra entre naciones (...)”.
La cláusula constitucional establecía una regulación para el momento de dificultad, de perturbación, de excepción. De ese modo, existía un sistema constitucional integralmente diseñado para la normal normalidad. Pero, ¿en qué consistía el “estado de conmoción interior”? Tal vez, una situación de perturbación del orden público. Y, así, ¿qué era lo que perturbaba el orden público, dentro de un “estado de normal normalidad”? La respuesta era maleable y como tal, cualquier situación podía ser interpretada como de “conmoción interior”. Razón de más para ejercer el poder por medio de artículos de excepción —estado de sitio y emergencia económica—, llegando a erigirse en norma general.
Se criticó entonces que, de esa manera, con un concepto maleable se reprodujese un contenido del “principio de legalidad”, de la legalidad pura, que llevó a su propia perversión y ruptura constitucional. Si una regulación, que manejaba lo excepcional como general, por medio de la figura del “estado de sitio”, era legal solo en razón del órgano que la producía, y esta se encontraba en fórmula de retroalimentarse en protección del establecimiento, se daba la posibilidad de aceptar que la misma legalidad —la que producía el “estado de sitio”— pudiera realizar cualquier reforma, incluida la de la Constitución, sin respeto a los preceptos que determinaban su reforma. Fueron normas de estado de sitio las que, aplicando conceptos de legalidad pura, dieron lugar a la derogación de la Constitución de 1886.
Se pasó del modelo de “Estado de derecho” al del “Estado social de derecho”, lo que implicó un cambio o, debió implicar un cambio en el fundamento del principio de legalidad.
Valga la pena precisar que desde antes de la reforma, se ilustraba, como límite a las facultades del estado de sitio, el “derecho de gentes”, pues se estaba, más que globalizando el derecho, haciendo distinción a una referencia internacional, tema que abordaremos posteriormente.
Se había creado todo el derecho y, por supuesto, se había regulado en materia penal para la normalidad. Las normas penales fueron entonces creadas de manera extraordinaria, es decir, por fuera del legislativo: en desarrollo de las facultades extraordinarias al ejecutivo (C.N., art. 76-12) o, por facultades del estado de sitio (C.N., art. 121). De esa manera, se protegió al establecimiento, al statu quo.
Empero, con el cambio surgen varios interrogantes, a saber: ¿será que el esquema del delito y el concepto del mismo, poseen, con el nuevo modelo de Estado, inferencia constitucional?; de tenerla, ¿cuál es el mecanismo o manifestación para alcanzar la coherencia?; ¿cuál es el estado de las ciencias y de las artes que coincida con fenómenos como los que estamos analizando?; ¿se debe reelaborar un derecho penal, un sistema penal?; de ser así, ¿con qué referente? y, ¿qué clase de fundamento lo enmarca ahora?
Los mecanismos y referentes se encuentran sin duda entre: la modernidad y la postmodernidad; la aldea y la aldea global; el límite y el umbral; las formas y el contenido; la Nación y la participación; el individuo y la persona humana; la protección del statu quo y la protección del derecho sustancial. Son momentos de superlativa comparación, y en un todo, de reflexión, de construcción de los sistemas, de desconstrucción para la construcción.
Del derecho de gentes (1886), al bloque de constitucionalidad (1991)
La Constitución de 1886 hacía especial referencia al derecho de gentes —única referencia al derecho internacional—, como límite al estado de sitio (C.N., art. 121); figura que al parecer, es el antecedente normativo de los estados de excepción de la Constitución de 1991. Destacamos dicha expresión, pues como es conocido, el debate se ofrecía con respecto a las teorías dualistas y monistas(6). No obstante, por encima de la postura que se adopte, es premonitorio el pensamiento de Bobbio, cuando expresa, con respecto a las nuevas tendencias del poder político y el nuevo pacto social para la consecución de la paz, el texto que comentamos a continuación, pues allí se encuentra la respuesta a las teorías y enfoques referentes a las “aldeas” y a la globalización:
Pero es sorprendente, casi paradójico que, mientras se invoca un reforzamiento del poder político por encima de los Estados, se asista a un creciente debilitamiento del poder público al interior, salvo en los casos en que el poder militar ha tomado el dominio del poder político.
El neocontractualismo, es decir, la propuesta de un nuevo pacto social, global y no parcial, de pacificación general y de fundación de una nueva condición social, una verdadera y propia “nueva alianza”, nace, precisamente, de la constatación de la debilidad crónica que afecta al poder público en las sociedades económica y políticamente más desarrolladas, digámoslo, para usar un término común, de la creciente ingobernabilidad de las sociedades complejas.
La mayor dificultad que hoy debe afrontar el neocontractualismo depende del hecho de que los individuos detentadores, cada uno independientemente del otro, de una pequeña cuota del poder soberano, protagonistas del proceso continuo de legitimación y relegitimación de los órganos encargados de tomar las decisiones colectivas y, por tanto, definitivamente, últimos titulares del derecho de determinar las cláusulas del nuevo pacto, ya no se conforman con pedir a cambio de su obediencia la protección de las libertades fundamentales y de la propiedad adquirida mediante el intercambio —es la teoría del Estado mínimo de Nozick—, sino que solicitan que sea introducida en el pacto alguna cláusula que asegure una distribución equitativa de la riqueza, de manera que atenúe —si no elimine— las desigualdades de los puntos de partida —lo que explica el éxito del libro de Rawls, que pretende responder precisamente a estas preguntas—. Esta petición es tan profunda, difundida y general, que ha sido transferida del plano nacional al internacional(7).
Es bien indicativo que en la Constitución Nacional (1886) se realizase una referencia al derecho internacional en la regulación del “estado de sitio”, al poner como límite al mismo, el derecho de gentes. Nadie lo observó así, pese al compromiso que desde mucho tiempo atrás el Estado colombiano había adquirido(8). El “uso” y, en la práctica, “abuso” del “estado de sitio” fue una demostración de la poca o ninguna aplicación de los instrumentos internacionales. Empero, la historia constitucional colombiana siguió, así, su curso.
De igual forma, los compromisos internacionales siguieron vigentes, es más, se asumieron otros y muy importantes; el “cumplir y hacer cumplir”, es una cláusula de compromiso, una obligación internacional y, obviamente, una realidad política imperante en el nuevo orden político y de relaciones de poder, máxime cuando en la época actual del mundo y de la reciente historia constitucional, se tornan evidentes mediante el denominado “bloque de constitucionalidad”(9).
En consecuencia, los compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano —tratados o convenios que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción—, dejan de ser mero límite funcional al Presidente de la República, en un momento “excepcional” en el manejo del orden público al estilo del “estado de sitio” (1886), para convertirse en prevalentes en el orden interno y en instrumentos de interpretación de los derechos y deberes consagrados en la Carta —artículo 93 de la Constitución del 91 “bloque de constitucionalidad”—.
En suma, el “derecho de gentes” al estilo 1886 fue un límite funcional, mientras que los compromisos internacionales fueron un punto de partida del orden constitucional de la Constitución de 1991; el “derecho de gentes” se enfocó dentro de la problemática del “orden público”, la estabilidad institucional, y allí, seguramente, cabría la reflexión del terrorismo como fenómeno que perturba el orden público.
Mientras que los compromisos internacionales en el prisma de la Constitución de 1991, se enfocaron como un instrumento de interpretación de los derechos y deberes; el “derecho de gentes”, desde la perspectiva de 1886, trató de proteger la institucionalidad, el statu quo. Mientras que los compromisos internacionales, en la visión de 1991, apuntaron a la protección de los derechos y al Estado social de derecho; el “derecho de gentes”, de la postura de 1886, se orientó en el Estado de derecho. De allí que, la norma constitucional ordene: “ART. 93.—Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. (...)”.
La legislación excepcional y la legislación ordinaria en la Constitución Nacional de 1886
Aunque, como se dijo, la referencia al “derecho de gentes”, hecha en la Constitución de 1886, era un contacto con el derecho internacional, dicho contacto se dirigió, exclusivamente, a situaciones de orden público y el manejo que de él hiciera el Presidente de la República. Por esa vía, lo excepcional —como lo demostraremos—, y lo ordinario, perdieron su diferencia y alcance. La hipótesis se demuestra si se tiene en cuenta que la Constitución de 1886 se fundamentó en el paradigma del consenso —normal normalidad—, y para su demostración es necesario presentar los siguientes datos de interés:
Del punto de eclosión de una relación
Las siguientes son las notas de relación en la Constitución de 1886.
Por especial coincidencia, o casualidad, la creación del derecho penal se vinculó generalmente a la aplicación de dos preceptos constitucionales que, según los entendidos, constituían una sola norma jurídica, pero que la Corte decretó —si lo podemos llamar— como una separación de cuerpos, los cuales quedaron funcionando —y se dice bien, funcionando—, como dos posibilidades constitucionales de creación de la norma jurídica. Estamos hablando en el primer escenario del artículo 121 de la Constitución “estado de sitio” “con”, el desarrollo y aplicación del artículo 76-12 “facultades extraordinarias”; y, en el segundo acto en escena, por así decirlo, del artículo 121 “estado de sitio” “sin respecto”, al desarrollo y a la aplicación del artículo 76-12 “facultades extraordinarias”.
Por esta vía, que fue la que prevaleció, se introdujeron todas las regulaciones penales del siglo pasado hasta la Constitución de 1991.
En este orden de ideas, debemos también afirmar, en consecuencia, que aunque la competencia legislativa en materia penal la poseía el Congreso de la República, este cuerpo colegiado “delegó” en el Presidente de la República dicha potestad. Entonces, la creación de normas en la anterior Constitución, quedó a la sazón del Presidente de la República, por medio de las figuras de las “facultades extraordinarias” (C.N., art. 76-12), y el “estado de sitio” (C.N., art. 121).
De la “separación de cuerpos”
Habíamos anunciado que las figuras del “estado de sitio” y las “facultades extraordinarias”, constituían un mismo cuerpo normativo de interpretación y aplicación. No obstante, la Corte las separó, temática que se puede reflejar en el siguiente fragmento.
“Cuando desde el balcón del Palacio de San Carlos se declaró muerta la Constitución de 1863, por el presidente Rafael Núñez, el centro de las críticas que se formaban contra el estatuto de Rionegro radicaban, por una parte, en la impotencia para mantener el orden y, por otra, en el abuso que se había hecho del derecho de gentes contenido en el artículo 91 de la Constitución de 1863. El señor Caro, en particular, había desatado, en el curso de los años, numerosas cargas de caballería contra el abuso del ‘derecho de gentes’ en la Constitución Federal de 1863, y era de esperarse, al consagrarse la nueva Carta Política, que quedara abolido este concepto vago e impreciso para la época en que no se había codificado el derecho internacional humanitario.
Además, estaba de moda en todo el continente reglamentar, enmarcar, dentro de ciertos parámetros, las atribuciones al Presidente de la República, con ocasión de la perturbación del orden público, sometida a lo que nosotros conocemos con el nombre de “estado de sitio”. De esta suerte, el artículo 121 de la Constitución colombiana que está indisolublemente atado a la perturbación del orden público y a la declaratoria de estado de sitio, faculta al Presidente para legislar únicamente en caso de guerra o de conmociones interiores. Jamás, ni en la mente de los constituyentes de entonces ni en la de los comentaristas posteriores, se pensó que pudieran delegarse atribuciones del Congreso en el Presidente de la República, como se ha venido haciendo, al amparo del ordinal 12 del artículo 76 de la Constitución.
Todas las facultades que se le atribuyeron en el estatuto de 1886 al Presidente de la República se limitaban al estado de guerra, al estado de sitio, al estado excepcional de anormalidad, precedido por la ley máxima (...). El artículo en donde se habla de que el Presidente podrá ser investido de facultades extraordinarias, precisas, protempore, se refiere a la ley que reglamentaría el estado de sitio y de ahí, la necesidad de expedirla a la mayor brevedad, con toda clase de limitaciones (...).
Ocurre que, con ocasión de la guerra europea, en 1914, se hacía necesario dictar medidas económicas urgentes y se optó, súbitamente en el uso del artículo 76, por interpretarlo como la posibilidad de dictar leyes en cualquier tiempo, delegando en el ejecutivo las atribuciones del Congreso, enumerando en una serie de capítulos, el contenido de aquella primera ley llamada de facultades extraordinarias”(10).
Y, desde allí, por el camino del medio se optó por crear el derecho penal, sin respeto a los límites establecidos en la Constitución. En consecuencia, lo extraordinario y lo ordinario perdieron la frontera, y la referencia o contacto entre el derecho interno y el internacional quedó como simple enunciado.
Referencias especiales con el sistema penal
El modelo de Estado, conocido como “Estado social de derecho”, que consagra la Carta Política de 1991, constitucionalizó e internacionalizó el derecho penal tal como lo ha entendido la Corte Constitucional, cuando dijo a este respecto: “Primero, con la Constitución Política de 1991 explícitamente se ha constitucionalizado todo el derecho, ya que la Constitución es su hilo conductor, por el artículo 4.º que establece que esta es norma de normas, y no hay área jurídica inmune al derecho constitucional.
Por tanto, con la Carta Fundamental de 1991 se ha “constitucionalizado” el derecho penal en particular. Igualmente, con la misma Carta se ha internacionalizado el derecho penal a partir del ius cogens. Hubo pues un doble marco de constitucionalización del derecho penal en la nueva Constitución Política”(11).
En consecuencia, la norma y, en especial, el sistema penal posee una relación directa con el sistema internacional, y no propiamente por el fenómeno de orden público, como se predicaba en el anciano sistema. Ello implica una diferencia, como se verá: entre la normatividad extraordinaria o excepcional y la norma ordinaria; un manejo del fenómeno terrorista en doble marco, tanto en la legislación interna como en el plano internacional; y, la eclosión del “bloque de constitucionalidad”.
Con el sistema normativo en general
La protección a la persona humana y no la protección del establecimiento, es una premisa que se encuentra en el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, a los cuales hace referencia el marco constitucional, tales como: la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (L. 74/68); la Convención Americana de los Derechos Humanos (L. 16/72); la Convención sobre los Derechos del Niño (L. 12/91); la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (L. 35/61); la Convención contra la Tortura y los Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (L. 70/86); los convenios I, II y III de Ginebra y los protocolos adicionales I y II. Compromisos que son de imperativo cumplimiento, aun en los “estados de excepción”, como lo ordena el artículo 214 de la Constitución Política:
“Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones:
2. No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas de derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos (...)”.
Fuerza de aplicación y ámbito de interpretación
El valor que se atribuye a dichos tratados y convenios es de doble entendimiento y alcance, como surge de la lectura del artículo 93 de la Constitución Política, que ordena:
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”. Doble valor: los tratados y convenios internacionales prevalecen con respecto al orden interno y constituyen mecanismos de interpretación.
El “bloque de constitucionalidad”
Ya se ha dicho que la problemática de los derechos humanos encuentra especial hito en la exigibilidad y eficacia(12); ruta que está en decisión política de resolución, cuando se establecen políticas de reforzamiento y de persecución, desde la exigibilidad de la eficacia de las decisiones judiciales internacionales, hasta el compromiso de readecuar y anular los efectos vulneradores. A su turno, las relaciones entre derecho y derecho internacional han variado en concepto y contenido, hasta el punto de aceptar por medio del artículo 93 de la Constitución Política de 1991, que los instrumentos internacionales ratificados por Colombia son aplicables, y son instrumentos de interpretación en el derecho interno.
Aún más, pensamos que aun antes de que se produzca la ratificación de los tratados ya la situación interna se encontrará en punto de aceptación de sus mandatos, al ser considerados ellos, como “principios generales de derecho”. En fin, las plurimas relaciones y consecuencias entre el derecho interno y el derecho internacional, en el mundo actual, son bien demostrables y complejos, máxime en el estado de cosas que vive Colombia, pero aun sin relación con la situación concreta, son compromisos que han de ser atendidos y honrados por el Estado colombiano y por todas sus autoridades, así como lo establece los convenios de Ginebra, que “el Estado los ha de respetar y debe hacer respetar”.
No es este el momento de pueril desconocimiento de los derechos humanos, ni de inaceptable cuestionamiento de su existencia y efectividad; por el contrario, han de ser masificados y colocados como de conciencia pública, tal como lo sostienen Sánchez Freís y Jimena Quesada:
“Los derechos humanos son de todo ser humano —como los políticos lo son de todos los nacionales de cada Estado— pero, además, todos hemos de sentirnos implicados en su respeto. No solo por un supuesto “humanitarismo” solidario sino, incluso, por un sentido práctico y, hasta si se quiere, egoísta, que no pasa desapercibido a quienes viven la problemática de los derechos humanos.
Pensar en clave de derechos humanos es convencerse de que forman parte de la vida cotidiana de todos sin excepción, pues, consciente o inconscientemente, vivir en sociedad —y, especialmente, si se pretende democrática—, comporta vivir con los derechos del hombre que viene a ser ‘como el aire que estamos habituados a respirar’ sin darnos cuenta que nos falta (...). Así pues, los derechos humanos han de seguir avanzando peldaños en sus sistemas de protección pero, sobre todo, han de ir introduciéndose en la mentalidad de todas las capas sociales —y, principalmente, de las jóvenes generaciones— como la mejor garantía de su respeto “preventivo”.
Una política de fomento de dicho respeto no solo llevaría a evitar muchas de las violaciones puntuales o concretas que conocemos incluso en los países democráticos, sino también a contrarrestar los riesgos de involución a que toda comunidad política está expuesta”(13).
Conformación del “bloque de constitucionalidad”
A la sazón del artículo 93 de la Constitución Política, haremos una primera reflexión:
“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.
Entonces tenemos, el referente: los tratados y convenios internacionales. Que llevan a la discusión: de las teorías monistas y dualistas. De la exigibilidad en el campo interno. La forma: ratificados por el Congreso. Que lleva a preguntarnos por aquellos que no han sido ratificados y que, a pesar de ello, llevan implícito un compromiso en el campo internacional. El contenido: que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación aun en caso de estados de excepción. Que lleva, por una parte, a la pregunta sobre el contenido y alcance de dichos derechos. Y por otra, sobre la legitimidad de expedir normas penales o limitativas en dichos estados de excepción.
El alcance y vigencia: prevalecen en el orden interno. Permite una ecuación sobre la posible colisión con normas internas, que es problema de exequibilidad. Instrumento de interpretación: de los demás derechos consagrados en la Carta. Que considera otra posible colisión con el régimen interno, pero que se soluciona por su alcance y vigencia.
Contenido y alcance del denominado “bloque de constitucionalidad”
El debate que surge es: ¿cuál es el contenido y alcance del denominado “bloque de constitucionalidad”?
Según Cavelier, interpretando a la Corte Constitucional: son los principios y reglas extraconstitucionales, con pleno valor constitucional —Sentencia C-225 de 1995 sobre el Protocolo II de Ginebra—; normas incluidas en la Constitución; tratados de derechos humanos cuya limitación se prohíba durante los estados de excepción y con valor constitucional solamente para los acuerdos así circunscritos y no otros de derechos humanos.
La Convención sobre Plataforma Continental de 1958 sí forma parte del bloque de constitucionalidad latu sensu, porque es un tratado que se integra a la Constitución, por ser los tratados de límites que entran en la mención que de ellos hace el artículo 101 de aquella, y una ley ordinaria no puede contravenirlos —Sentencia C-191 de 1998—; tratados de límites de Colombia, pero solo con un valor intermedio entre la Constitución y las leyes ordinarias, o sea, que pueden ser violados o reformados por leyes posteriores, por cuanto tales tratados no ostentan rango constitucional —Sentencia C-400 de 1998—; en Sentencia C-582 de 1999 que tilda de curiosa, contradictoria e inconstitucional la aclaración a los elementos del bloque de constitucionalidad, así:
“La Corte concluye que el ‘Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio’ no constituye parámetro de constitucionalidad, como quiera que dentro del bloque de constitucionalidad no pueden incluirse convenios o tratados internacionales que regulen materias autorizadas expresamente en la Carta. Dicho de otro modo, no pueden considerarse parámetros de control constitucional los acuerdos, tratados o convenios de carácter económico, pues no existe disposición constitucional expresa que los incluya, ni son de aquellos que el artículo 93 de la Carta otorga un plus, ni son normas que la Carta disponga una supralegalidad”.
La Sentencia C-582 de 1999 que amplió la lista de tratados de rango semiconstitucional, con los protocolos I y II de Ginebra y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica, es decir, los artículos que el pacto dispone que no pueden suspenderse en los estados de excepción; la Sentencia de Tutela T-568 de 1999, que reconoce otros tratados de derechos humanos como pertenecientes al bloque de constitucionalidad, así: “... la Constitución de la OIT y los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical —tratado y convenios debidamente ratificados por el Congreso, que versan sobre derechos que no pueden ser suspendidos ni aun bajo los estados de excepción—; además, los artículos pertinentes a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Las leyes orgánicas y estatutarias pero solo en determinados campos, no explicando la Corte cuáles son —Sentencia C-358 de 1997—; las leyes orgánicas —Sentencia C-423 de 1995—; la Declaración Universal de los Derechos Humanos —Sentencia T-568 de 1999—; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Sentencia T-568 de 1999—; la ley estatutaria sobre los estados de excepción —Sentencia C-135 de 1996—; las reglas del derecho internacional humanitario —Sentencia C-135 de 1996—; los tratados de límites que afectan la actual delimitación constitucional y que necesitan de una reforma constitucional para entrar a formar parte del bloque de constitucionalidad —Sentencia C-1022 de 1999—; los tratados de protección de los bienes culturales durante un conflicto armado —Sentencia C-467 de 1997—(14).
No obstante lo dicho y referenciado, estamos con la importante postura ofrecida por Uprimny, cuando afirma:
“3.2.3. Normas integrantes del bloque y consideraciones finales. La anterior sistematización de las técnicas de reenvío debería permitir, a su vez, determinar con mayor claridad cuáles normas integran el bloque de constitucionalidad, tanto en sentido estricto como en sentido lato.
Así, conforme a esa dogmática, habría que concluir que hacen parte del bloque, en sentido estricto: (i) el preámbulo; (ii) el articulado constitucional; (iii) los tratados de límites ratificados por Colombia; (iv) los tratados de derecho humanitario; (v) los tratados ratificados por Colombia que reconocen derechos intangibles; (vi) los artículos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, cuando se trate de derechos reconocidos por la Carta; y (vii) la doctrina elaborada por los tribunales internacionales en relación con esas normas internacionales. Como es obvio, esta lista genérica incluye específicamente los convenios de la OIT y la doctrina elaborada por los órganos de control de esa organización internacional.
Y, de otro lado, para integrar el bloque en sentido lato, habría que agregar a las anteriores pautas normativas: (i) las leyes estatutarias y (ii) las leyes orgánicas, en lo pertinente.
Este listado normativo corresponde, con algunas variaciones, a la sistematización hecha por la propia Corte en algunas de sus sentencias(15). Por ello considero que, a pesar de ciertas vacilaciones que son naturales debido a la complejidad del tema, la jurisprudencia de la Corte sobre bloque de constitucionalidad ha sido no solo fecunda, sino mucho más consistente de lo que plantean sus críticos. La propuesta dogmática que he adelantado pretende tan solo sistematizar el trabajo de la Corte Constitucional sobre el tema, reducir los riesgos que de todos tiene la categoría, y hacerla más manejable por los operadores jurídicos.
El reto es, entonces, seguir avanzando no solo en esta sistematización doctrinaria, que es necesaria por razones de seguridad jurídica, sino también en el uso creativo de este concepto, que ha contribuido significativamente al desarrollo de una cultura de los derechos humanos en la práctica judicial. Y es que aunque es indudable que Colombia enfrenta hoy una muy dura y aguda crisis de derechos humanos, que conduce a muchos al pesimismo, al menos en este campo de la práctica judicial ha habido avances importantes; gracias a figuras como el bloque de constitucionalidad, estamos hoy muy lejos de esas épocas, no tan lejanas, en que resultaba estrambótico que alguien citara una norma internacional de derechos humanos en una controversial judicial”(16).
Sin duda el “bloque de constitucionalidad”, con la trascendencia que hemos anotado, que deviene del artículo 93 de la Carta, constituye el marco de presentación de los acuerdos especiales y también de los acuerdos operativos, como se demostrará.
El “bloque de constitucionalidad” y los elementos señalados por la Corte Constitucional, con respecto al Derecho Internacional Humanitario (DIH)
Ante las muchas discusiones, algunas ya mencionadas, sobre el monismo y dualismo y sobre la prevalencia de los tratados, etc., los dilemas se resuelven por la protección a unos bienes jurídicos, ahora de reconocimiento y tutela internacional: el reconocimiento de la barbarie y su persecución; la protección de la víctima ante los atentados y la barbarie trascienden el marco nacional, territorial y la legislación doméstica; el daño, la vulneración y la violación que desafían la imaginación, como un teatro dantesco de imposición y totalitarismo, que niega y lesiona el concepto de “humanidad”; en fin, es la protección de los derechos humanos y la sanción a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, las que resuelven a favor de la justicia global, los dilemas y las posturas de independencia y autodeterminación a ultranza.
En Colombia se resolvió el dilema por medio del denominado “bloque de constitucionalidad”, concepto que implica que los tratados internacionales que consagran y protegen derechos humanos, serán de aplicación inmediata y medio rector de interpretación. Tales aspectos se han recogido en decisiones de la Corte Constitucional, con carácter ergaomnes, destacándose los siguientes aspectos:
La obligatoriedad del Derecho Internacional Humanitario como norma de tutela universal
“En síntesis, los principios del Derecho Internacional Humanitario plasmados en los convenios de Ginebra y en sus dos protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del iuscogens o derecho consuetudinario de los pueblos. En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario.
No de su eventual codificación como normas de derecho internacional, como se analizará con algún detalle más adelante. De ahí que su respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos principios.
El Derecho Internacional Humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo”(17).
La aceptación de la justicia global frente a los atentados
“8. El respeto del Derecho Internacional Humanitario es un asunto que interesa a la comunidad internacional como tal, como lo demuestra la creación, el 17 de noviembre de 1993, en La Haya, de un tribunal internacional para juzgar los crímenes cometidos en la guerra civil en la antigua Yugoslavia. En efecto, la Corte de La Haya se encargará de juzgar a través de este tribunal, integrado por once magistrados de diferentes países, a quienes hayan ordenado o cometido crímenes de guerra o violaciones al Derecho Internacional Humanitario desde 1991 en ese territorio”(18).
La imperatividad y aplicabilidad en Colombia, sin respecto a la ratificación del tratado
“10. En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214, numeral 2.º, de la Constitución dispone que ‘en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario’. Esto significa que, como ya lo señaló esta corporación, en Colombia no solo el Derecho Internacional Humanitario es válido en todo tiempo, sino que, además, opera una incorporación automática del mismo al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre el iuscogens”(19).
En el concepto y alcance de la soberanía, en la protección de la persona humana
“Esto significa que se sustituye la idea clásica de una soberanía estatal sin límites, propia de los regímenes absolutistas, según la cual el príncipe o soberano no está atado por ninguna ley —principslegibussolutusest—, por una concepción relativa de la misma, según la cual las atribuciones del gobernante encuentran límites en los derechos de las personas (...). En efecto, esta concepción corresponde más a la idea de un Estado social de derecho fundado en la soberanía del pueblo y en la primacía de los derechos inalienables de la persona (C.P., arts. 1.º, 3.º y 5.º)”(20).
Así las cosas, el “bloque de constitucionalidad” está constituido, además, por las normas que consagran derechos fundamentales e impiden su limitación: convenios y normas estatutarias.
La “aceptación” y ratificación por el Estado colombiano del Tratado de Roma que establece la Corte Penal Internacional
De una parte, tenemos la reforma constitucional que lo permite:
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia —Incisos 3.º y 4.º adicionados por el artículo 1.º del Acto Legislativo n.º 2 del 2001—. El nuevo texto es el siguiente:
El desarrollo ofrecido mediante la Ley 742 del 5 de junio del 2002 “por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)”.
Sentencia C-578 del 2002. Revisión de la Ley 742 del 5 de junio del 2002. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. De especial interés para nuestro escrito, es lo siguiente:
“El derecho internacional y el desarrollo de un core delicta iuris gentium.
Otro de los aspectos sobresalientes de la construcción del consenso de la comunidad internacional para la protección de los valores de la dignidad humana y de repudio a la barbarie, es el reconocimiento de un conjunto de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario como crímenes internacionales, cuya sanción interesa a toda la comunidad de naciones por constituir un core delicta iuris gentium, es decir, el cuerpo fundamental de “graves crímenes” cuya comisión afecta a toda la humanidad y ofende la conciencia y el derecho de todas las naciones (...).
Colombia hace parte de ese consenso internacional para la lucha contra la impunidad frente a las más graves violaciones a los derechos humanos. Ese compromiso de Colombia se refleja en el hecho de ser parte de los principales instrumentos internacionales que recogen el consenso internacional en esta materia y que han servido de base para la creación de la Corte Penal Internacional.
A saber: i) Convención para la Prevención y Represión del Genocidio de 1948, aprobada por la Ley 28 de 1959; ii) Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Ley 22 de 1981; iii) Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada como legislación interna por la Ley 76 de 1986; iv) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo, aprobado por la Ley 74 de 1968; v) Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley 16 de 1972; vi) Los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, incorporados a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 5.ª de 1960: Convenio I, para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio II, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio III, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; Convenio IV, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; vii) Protocolo I, adicional a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 11 de 1992; viii) Protocolo II, adicional a los cuatro convenios de Ginebra de 1949, aprobado como legislación interna por la Ley 171 de 1994; ix) Convención sobre la Represión y Castigo del Apartheid, aprobada por la Ley 26 de 1987; x) Convención Americana contra la Desaparición Forzada, incorporada a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 707 de 1994”.
Efectivamente, así expresado, y teniendo en cuenta el contenido de la decisión en cita, es necesario reconocer que ya no existe duda sobre la existencia del derecho penal internacional, y la ponderación y reforzamiento del “bloque de constitucionalidad”.
De la conexión entre derecho internacional y derecho interno. El cumplimiento del compromiso internacional, precisión del “bloque de constitucionalidad” y el derecho penal internacional
Ya se ha insinuado que el manejo del orden público corresponde al Ejecutivo. Se realiza con instrumentos de policía, es decir, mediante el sistema de libertades públicas preventivas, de suerte que cuando ellas sean insuficientes, se pueda echar mano a mecanismos extraordinarios como son los “estados de excepción”. De esta forma, en situaciones de disturbio o de tensión interna, como pueden ser motines, revueltas, insubordinaciones u otros actos aislados y esporádicos de violencia o similares, tienen ese doble manejo.
Entonces, en caso de estado de guerra exterior, se faculta para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra, y procurar el restablecimiento de la normalidad (C.N., art. 212); en caso de grave perturbación del orden público, que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, se tendrán las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos (C.N., art. 213); y, para sobrevenir hechos distintos de los anteriores que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, se faculta exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos (C.N., art. 215).
Todo lo anterior, por cuanto se está en una situación de “anormal anormalidad”, según se predica en la Constitución Política de 1991. Pero, se debe resaltar todo ello dentro del marco de las potestades, facultades y medios de policía, que supone una situación excepcional y pasajera.
Son mecanismos o instrumentos jurídicos y políticos en procura de solucionar lo excepcional. Pero, cuando lo excepcional se torna en permanente, la situación es otra, sin que la fórmula política reemplace a los instrumentos jurídicos mencionados, haciendo maleable el contexto jurídico por medio de un cuestionable juego de palabras.
No obstante, esto es posible que suceda, especialmente cuando se trata de enfrentar la crisis haciendo uso del expediente de los opuestos, por ejemplo: conflicto no internacional v. delincuencia común; terrorismo v. convenios de Ginebra o el Derecho Internacional Humanitario; terrorismo v. rebeldes.
“Conflicto no internacional” v. “delincuencia común”
Se afirma, con razón, que en el manejo de un conflicto existe una situación de lenguaje. Ello es cierto. Pero que el lenguaje no se convierta en un juego de palabras en donde estas, se llenen por lo que se desea como fin político. Técnicamente el contenido es preciso. Veamos:
Los convenios de Ginebra —(i) Convenio para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en combate; (ii) Convenio para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; (iii) Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra; y, (iv) Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra—, constituyen una recomposición del derecho de gentes, que buscan un alivio a la situación de conflicto. Sí, alivio, mas no solución al hecho de la guerra, pues, por ser esta un hecho, ponerle fin no es posible mediante normas; por tal razón, de lo que se trata es de disminuir sus efectos.
En dichos convenios existe, como es sabido, una cláusula común, el artículo tercero, denominado entonces el tercero común, que apunta a los conflictos no internacionales. Pero, ¿en qué consiste y cuándo se presenta un conflicto no internacional? Siguiendo a Jean Pictet y los comentarios al Protocolo II(21), tenemos que la conceptualización es dificultosa y tiende, de una parte, a que los gobiernos no acepten su existencia y, de otra, a crear mecanismos o referencias para su declaratoria, señalamiento por alguien de su existencia o, criterios de conveniencia para su configuración.
Existe un conflicto no internacional, cuando sus características son de internacional, pero en el territorio de un Estado parte, lo que lleva a crear un umbral inferior y también uno superior: el umbral superior, constituido por los conflictos internacionales, de los cuales se ocupa el Protocolo I —en cambio aquí, en los conflictos no internacionales, agregamos, las partes están en desigualdad, una de ellas, no es gobierno establecido— y, un umbral inferior, que lo constituyen los disturbios y tensiones internas. Elementos: las partes que se enfrentan v.gr., pueden ser fuerzas armadas gubernamentales y disidentes o, las primeras, frente a insurrectos organizados. Un mando responsable, que no implica una organización “tradicional” militar, sino una suficiente para llevar a cabo operaciones militares calificadas, y con la posibilidad de imponer una disciplina.
Un control del territorio, sin que implique una especial cantidad del mismo o una permanencia, solo un control “tal” que le permita servir el protocolo y realizar las operaciones. El carácter sostenido y concertado de las operaciones militares está lejos de coincidir con lo permanente —duración— o esporádico pero, eso sí, está unido a la forma de ser organizado, ordenado y preparado y a la capacidad de aplicar el Protocolo, lo que no indica que se aplique sino que se tenga la capacidad, ya que se posee la estructura para hacerlo.
Ante la postura de rechazo a la existencia de un “conflicto no internacional”, por temor a que el Estado pierda su capacidad de manejo del “orden público”, se ha de contestar que tal diseño es simplemente una consecuencia del poder del lenguaje ambivalente y que, por supuesto, resulta ser un temor infundado, pues el protocolo autoriza y permite que el Gobierno mantenga y restablezca la ley y el orden, y defienda la unidad nacional y la integridad territorial por todos lo medios legítimos (art. 3.º).
Los conflictos, sean “internacionales” o “no internacionales” son evidentes, existen, sin que para ello se requiera de una manifestación estatal o de gobierno, pues el conflicto es un hecho y no requiere de manera alguna de una declaración.
En consecuencia, el contacto derecho internacional-derecho interno es inevitable en la época actual del mundo, máxime cuando ese “mundo” se encuentra en “conflicto”.
“Terrorismo v. convenios de Ginebra o el Derecho Internacional Humanitario”, “terrorismo v. rebeldes”
El fenómeno del terrorismo, que tanto estudio ha resistido, tiene un correlato en el derecho interno con el delito de terrorismo —“actos de terrorismo” artículo 144; “terrorismo” artículo 343 de la Ley 599 del 2000, Código Penal— y figuras afines. Sin embargo, en el ámbito internacional, la descripción típica no ha corrido con especial suerte, como tampoco la que pueda corresponder, en su momento, al crimen de agresión; razón por la cual, una política criminal frente a tales delitos se repite, en dicho nivel es, por decir lo menos, imposible: esto es, como que el instrumento jurídico que enmarcaría el comportamiento aún no existe; en pocas palabras, el delito de terrorismo como “tal” no se ha desarrollado.
No obstante, en aras de la protección a la “población civil”, los convenios de Ginebra, sus protocolos y los cometarios de ellos, incluyen el rechazo y desaprobación al fenómeno del terrorismo producido por las partes, léase bien, por todas las “partes del conflicto”. Así tenemos, que en el convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, al lado de los castigos colectivos, se tiene expresa prohibición con respecto a toda medida de intimidación o terrorismo; en el Protocolo II, título II “trato humano”, artículo 4.º “garantías fundamentales”, se prohíben de manera categórica, entre otros actos, el atentado contra la vida, la integridad física o mental, las mutilaciones, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, y las amenazas de cometer dichos hechos.
De igual forma, prohibición, en el caso del acto terrorista que se repite en el artículo 13, pues “quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil”. Con especial puntualidad se afirma, por el comentarista del documento internacional, que “cubre no solo los actos dirigidos contra las personas, sino también los actos contra instalaciones —aéreas, por ejemplo— y que puedan provocar incidentalmente víctimas.
Cabe destacar que los actos o las amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil constituyen una forma particular de terrorismo y son objeto de una prohibición específica en el artículo 13 (protección de la población civil), párrafo 2”(22). Y se agrega: “Los ataques destinados a sembrar el terror son una forma de ataque particularmente condenable. Se ha tratado desde hace tiempo de prohibir este tipo de ataques, cuya práctica es corriente y que infligen sufrimientos particularmente crueles a la población civil”(23).
Así las cosas, con las ventajas políticas y jurídicas antes plasmadas, entre otras, la prohibición a las partes en el conflicto de realizar actos terroristas y, por supuesto, el riesgo de su condena social y jurídica tanto en el ámbito interno como en sede internacional, es incuestionable el tratamiento realizado por el Derecho Internacional Humanitario y, a su vez, por la Corte Penal Internacional. En este fragmento se pasa de la franja de derecho internacional, al del derecho penal internacional que consiste en un “... conjunto de todas las normas de derecho internacional que establecen consecuencias jurídico penales.
Se trata de una combinación de principios de derecho penal y de derecho internacional. La idea central de la responsabilidad individual y de la reprochabilidad de una determinada conducta —macrocriminal— proviene del derecho penal, mientras que las clásicas figuras penales —de Núremberg—, en su calidad de normas internacionales, se deben clasificar formalmente como derecho internacional, sometiendo de este modo la conducta en cuestión a una punibilidad autónoma de derecho internacional —principio de la responsabilidad penal directa del individuo según el derecho internacional—”(24).
En consecuencia, el dilema(25) “terrorismo v. convenios de Ginebra o el Derecho Internacional Humanitario”, “terrorismo v. rebeldes”, es una impostura. Otra cosa es que se desee o se quiera una política de protección o the responsability to protect(26), cuya observación se realiza por medio de la “guerra preventiva”.
(*) El presente escrito tiene su génesis en el simposio “Terrorismo: Retos del Siglo XXI”, auspiciado por el Ministerio del Interior y de Justicia; el PNUD; Naciones Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito; y, la Corporación Excelencia en la Justicia, Bogotá: 2004.
(1) Bobbio, N. El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica, México: 1996, p. 47.
(2) Borradori, G. La filosofía en una época de terror. Diálogo con Jügen Habermas y Jacques Derrida. Taurus, Bogotá: 2003, pp. 104, 105.
(3) “Tratamiento. 1. m. Trato (acción y efecto de tratar). 2. m. Título de cortesía que se da a una persona; p. ej., usted, señoría, excelencia, etc. 3. m. U. como vocativo coloquial para aludir a la categoría social, edad, sexo u otras cualidades de alguien; p. ej., ¡Señor!, ¡Caballero!, ¡Señora! 4. m. Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad. 5. m. Modo de trabajar ciertas materias para su transformación. 6. m. Ant. tratado (ajuste). ~ de la información. 1. m. Inform. Aplicación sistemática de uno o varios programas sobre un conjunto de datos para utilizar la información que contienen. ~ de textos. 1. m. Proceso de composición y manipulación de textos en una computadora. ~ impersonal. 1. m. Aquel que se da a alguien en tercera persona, eludiendo el de merced, señoría, etc. Apear el ~ a alguien. 1. fr. Prescindir del tratamiento que formalmente le corresponde. Dar ~ a alguien. 1. fr. Hablarle o escribirle con la forma que le corresponde”. DRAE, C.D.
(4) “Remedio. —Del lat. remedium—. 1. m. Medio que se toma para reparar un daño o inconveniente. 2. m. Enmienda o corrección. 3. m. Recurso, auxilio o refugio. 4. m. Aquello que sirve para producir un cambio favorable en las enfermedades. 5. m. En las monedas, diferencia consentida entre su ley y la ley oficial de ellas. 6. m. Der. Recurso contra una resolución judicial. El remedio de la apelación. 7. m. Filip. Préstamo (dinero que se solicita). ~ casero. 1. m. El que se aplica tradicionalmente a los enfermos, como cataplasmas, tisanas, etc., sin necesidad de llamar al médico. ~ heroico. 1. m. El de acción muy enérgica, que solo se aplica en casos extremos. 2. m. Medida extraordinaria tomada en circunstancias graves. No haber más ~. 1. fr. Haber precisión o necesidad de hacer o de sufrir algo. No haber para un ~. 1. fr. coloq. No tener para un remedio. No haber ~. 1. fr. No haber más remedio. No quedar, o no encontrar, algo para un ~. 1. frs. coloqs. Ser imposible o muy difícil encontrarlo. No tener para un ~. 1. fr. coloq. Carecer absolutamente de todo. No tener ~. 1. fr. No haber más remedio. 2. fr. Dicho de una persona: ser incorregible. Poner ~ a algo. 1. fr. Arreglarlo o evitar su continuación. Qué ~. 1. loc. interj. Expresa resignación para aceptar algo que no ofrece alternativa. Ser el ~ peor que la enfermedad. 1. fr. Ser lo propuesto más perjudicial para evitar un daño que el daño mismo. Sin ~. 1. loc. adv. Inevitable o necesariamente. V. agua de ~”. DRAE, C.D.
(5) “Paliativo, va (de paliar). 1. adj. Que mitiga, suaviza o atenúa. Se dice especialmente de los remedios que se aplican a las enfermedades incurables para mitigar su violencia y refrenar su rapidez. U. t. c. s. m. 2. adj. paliatorio. U. m. c. s.”. DRAE, C.D.
(6) Seara Vásquez, M. Derecho internacional público. Porrúa, 15.ª ed., México: 1994, pp. 41 y 42. “Dentro de ellas encontramos a Triepel y a Anzilotti.
Triepel —Volkerrecht Und Landesrecht— descubre entre ambos sistemas, internacional e interno, una opción doble, basada en la diferencia de relaciones sociales que rige, y la diferencia de fuentes jurídicas.
a) Diferencia de relaciones sociales: el derecho interno será el conjunto de normas jurídicas establecidas en el interior de una comunidad y destinadas a reglamentar las relaciones entre sujetos que están sometidos al legislador; mientras que el derecho internacional está destinado a regular las relaciones entre los Estados, y solamente entre Estados plenamente iguales.
b) Diferencia de fuente jurídica: en el derecho interno, la fuente jurídica es la voluntad del Estado exclusivamente, y en el derecho internacional será la voluntad común de varios o de numerosos Estados.
De acuerdo con esto, el derecho internacional y el interno no son solamente ramas distintas del derecho, sino también sistemas jurídicos diferentes. Son dos círculos de íntimo contacto, pero que no se superponen jamás, y puesto que ambos no están destinados a reglamentar las mismas relaciones, es imposible que haya una concurrencia entre las fuentes de los dos sistemas jurídicos.
Anzilotti sostiene que, aunque puede haber cierta relación entre el derecho interno y el derecho internacional —en los casos de los llamados “reenvío receptivo o material” y “reenvío no receptivo o formal”—, se trata de dos órdenes separados. No pueden existir normas internacionales emanadas de las normas internas o viceversa, ni influir unas sobre otras en su respectivo valor obligatorio, por eso es imposible que haya conflicto entre derecho internacional y el interno”.
(7) Bobbio, N. El futuro de la democracia. Política y derecho. Fondo de Cultura Económica, 1.ª reimpresión de la 2.ª ed., Bogotá: 1997, pp. 164 y 165.
(8) Cfr. Samper, J. M.ª. Derecho público interno. Temis, Bogotá: 1982, pp. 397 y 498 - 500.
(9) Salvamento de voto a la Sentencia C-582 de 1999 de la Corte Constitucional. En nuestro entorno no ha sido pacífica la postura, en reciente decisión la Corte Constitucional se refirió a ello, de la siguiente manera: “Aunque compartimos la decisión adoptada por la Sala Plena en la sentencia de la referencia, nos permitimos aclarar el voto en cuanto a que discrepamos de algunas de las afirmaciones que se hacen en la parte motiva de la misma, ya que parece acoger la llamada teoría monista constitucionalista, que, en el orden doméstico, sostiene la prevalencia del derecho interno sobre los tratados internacionales perfeccionados. A nuestro juicio, esta posición, que la jurisprudencia de esta Corte ha venido sosteniendo en algunos pronunciamientos como en la Sentencia C-400 de 1998, constituye una errónea interpretación del artículo 4.º de la Constitución Política y no se compadece con el artículo 9.º de la misma, con base en el cual puede llegarse a la posición contraria.
Esta posición, por cierto, ha sido la aceptada por toda la tradición jurídica colombiana, tanto en la jurisprudencia —Cfr., al respecto, entre otras, las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 6 de julio de 1914, de 26 de julio de 1971, de 10 de septiembre de 1971 y de 11 de septiembre de 1983— como en la doctrina, además de ser la recogida por la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales hecha en Viena el 21 de marzo de 1986, aprobada mediante la Ley 406 del 24 de octubre de 1997, y declarada exequible por esta corporación.
En efecto, ponemos de presente que el artículo 27 de dicha convención, que consagra la doctrina del monismo internacionalista, fue declarado exequible en el entendido de que esta norma no excluye el control judicial de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados, pero no expresó ningún condicionamiento en cuanto a su contenido mismo, que impone el deber de los Estados de supeditar su legislación interna a los tratados internacionales”.
(10) López Michelsen, A. La Constitución de 1886 a prueba. En: Revista Derecho Penal y Criminología, n.º 36. Universidad Externado de Colombia, Bogotá: 1988, pp. 187 y 188. Ver, Antecedentes de la Constitución de Colombia 1886.Complemento a la historia extensa de Colombia. Academia Colombiana de Historia. Plaza y Janés/Historia, pp. 121 y ss.; Samper, J. M.ª. Derecho público interno. Temis, Bogotá: 1982, pp. 393 y ss.; 498 y ss.
(11) Corte Constitucional, Sentencia C-127, marzo 30 de 1993.
(12) Cfr., entre otros, Pérez Luño, A. Derechos humanos y constitucionalismo en la actualidad: ¿continuidad o cambio de paradigma? En: Derechos Humanos y Constitucionalismo ante el Tercer Milenio. Marcial Pons, Madrid: 1996, pp. 11 y ss.
(13) Sánchez Ferriz, R.; Jimena Quesada, L. La enseñanza de los derechos humanos. Ariel, Barcelona, pp. 45 y 46.
(14) Véase y cfr. Cavelier. Universitas. Véase, Colombia y el derecho internacional de los derechos humanos. V. I. Obligaciones convencionales de Colombia en materia de derechos humanos. V. II. Obligaciones convencionales de Colombia en materia de Derecho Internacional Humanitario. Compiladores: Quintero B. M.; Torres G. F. Coordinador del Proyecto: Quintana Aranguren, J. Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, Universidad Externado de Colombia, Bogotá: 1994. En el mismo sentido, véase, Pacheco Gómez, M. Los derechos humanos. Documentos básicos. Editorial Jurídica de Chile, 3.ª ed., Chile: 2000.
(15) Véase, por ejemplo, la Sentencia C-582 de 1999.
(16) Uprimny, R. El bloque de constitucionalidad en Colombia. Un análisis jurisprudencial y un ensayo de sistematización doctrinal. En: Compilación de Jurisprudencia y Doctrina Nacional e Internacional. V. I. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pp. 151-152.
(17) Sentencia C-574 de 1992, magistrado ponente: Ciro Angarita Barón.
(18) Sentencia C-225 de 1995, magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero, sobre la revisión de constitucionalidad de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994. Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional —Protocolo II—”, suscrito en Ginebra el 8 de junio de 1977.
(19) Sentencia C-574 de 1992, magistrado ponente: Ciro Angarita Barón.
(20) Sentencia C-225 de 1995.
(21) www.cicr.org/Web/spa.
(22) www.cicr.org/Web/spa, apartado d) - Los actos de terrorismo. 4538.
(23) ibídem, 4785.
(24) Ambos, K. La construcción de una parte general del derecho penal internacional. En: Temas Actuales del Derecho Penal Internacional. Contribuciones de América Latina, Alemania y España. Kai Ambos/Ezequiel Malarino/Jan Woischnik (editores). IBCCRIM, la Georg-August-Universität-Göttigen —facultad de derecho— y Konrad —Adenauer-Stiftung—, p. 13.
(25) “Dilema. (del lat. dilemma, y este del gr. de dos, y , premisa). 1. m. Argumento formado de dos proposiciones contrarias disyuntivamente, con tal artificio que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrado lo que se intenta probar. 2. m. Duda, disyuntiva”. DRAE.
(26) ICISS. The responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty. December: 2001.

References: artículo 121
 artículo 121
 artículo 76
 artículo 121
 artículo 76
 artículo 91
 artículo 121
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 4
 artículo 214
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 101
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 214
 artículo 1
 artículo 144
 artículo 343
 artículo 4
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 27