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Timestamp: 2019-04-23 22:25:55+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 235, de 13/11/2013
– Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
(Núm. exp. 621/000046)
Se abre la sesión a las dieciséis horas y doce minutos.
Buenas tardes, señorías. Comenzamos con el orden del día previsto, a las dieciséis horas y doce minutos.
En primer lugar, si les parece, vamos a someter a aprobación el acta de la reunión anterior, celebrada el día 4 de noviembre del presente año. Como entiendo que el acta ha sido entregada a sus señorías, se somete a su aprobación o a la posibilidad de hacer alguna salvedad.
¿Alguna observación al acta? (Denegaciones.)
El siguiente punto es dictaminar el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
A este proyecto de ley se presentaron, como es conocido, cuatro propuestas de veto y 269 enmiendas. Algunas de ellas han sido retiradas, otras, consensuadas, y otras se defenderán más tarde, como indicaremos.
Como es preceptivo, antes de ser sometidos a votación corresponde la previa defensa, y turno en contra, si hubiese, de los vetos presentados.
Los cuatro vetos son, por orden de presentación, en primer lugar, de los senadores Jesús Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto; de la senadora Ester Capella, también del Grupo Parlamentario Mixto; el número 3, presentado por el senador Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto; y el número 4 de los senadores Jordi Guillot y Joan Saura.
Si les parece bien, abriríamos un turno para la defensa de los vetos por tiempo de diez minutos para cada uno de ellos.
La ponencia, en la reunión celebrada en el día de hoy, ha adoptado los acuerdos que a continuación les comunico. Se incorporan por mayoría las enmiendas números 238 a 264 y 266 a 269, del Grupo Parlamentario Popular, siendo objeto de una corrección la enmienda 269. Asimismo, se incorpora por unanimidad la enmienda 218, del Grupo Parlamentario Socialista. Se incorporan por mayoría las enmiendas números 159, del Grupo Parlamentario Entesa, coincidente con la enmienda 230, del Grupo Parlamentario Socialista; la 160, del Grupo Parlamentario Entesa, coincidente con la enmienda 231, del Grupo Parlamentario Socialista; y la número 161, también de la Entesa, coincidente con la enmienda 232, del Grupo Parlamentario Socialista.
Asimismo, me comunican que por mayoría de la ponencia, reunida antes de esta comisión, se ha aceptado una transaccional sobre la base de la número 166, de Convergència i Unió, al artículo 3. b). Y también por mayoría de la ponencia, una modificación del artículo 5.4. Se incorporan por mayoría una serie de correcciones técnicas para subsanar distintos errores terminológicos y gramaticales que afectan a distintas disposiciones y artículos. Si tienen interés los puedo leer, aunque supongo que tendrán conocimiento de ellos. (La señora Vindel López pide la palabra.)
Doña Rosa Vindel, acláreme si no es así lo acordado en la ponencia.
La señora VINDEL LÓPEZ: Sí, señor presidente, pero me da la sensación de que falta por anunciar a la comisión que hemos retirado en la ponencia la enmienda 265, que fue incorporada esta mañana a la ponencia y que ahora, como digo, acabamos de retirar.
El señor PRESIDENTE: Sí, exacto. Está retirada, porque he leído que las enmiendas que se incorporaban eran las números 238 a 264 y 266 a 269.
La señora VINDEL LÓPEZ: Disculpe la intervención, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Está perfectamente entendido; por tanto, tenemos razón los dos. Está retirada esa enmienda.
Sin más, procedemos al debate de los vetos, como les decía, por orden de presentación.
Entiendo que la senadora Capella, del Grupo Mixto —y es una pregunta que hace esta Presidencia—, va a defender, además de su veto, el veto número 1, presentado por los senadores Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal, y el veto número 3, del senador Unamunzaga. ¿Es así?
La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, voy a dar por defendidos los tres.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Por lo tanto, tiene usted la palabra para defender su veto y comunicar —porque yo creo que debe comunicarse oficialmente— que da por defendidos esos vetos para que se puedan mantener.
Tiene usted la palabra, senadora Capella.
Para facilitarle el trámite, doy por defendidos los tres vetos presentados por los distintos senadores del Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: ¿Incluido el suyo?
La señora CAPELLA I FARRÉ: Incluido el mío.
El cuarto veto es de los senadores Guillot y Joan Saura, del Grupo de la Entesa. Entiendo que lo va a defender el senador Martí.
El señor MARTÍ JUFRESA: Sí, presidente.
También voy a dar por defendido este veto, puesto que pertenece a dos compañeros que lo defenderán en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Se dan por defendidos los cuatro vetos.
Existe la posibilidad de un turno en contra. (La señora Vindel López pide la palabra.)
La senadora Vindel tiene la palabra para el turno en contra.
Con la misma brevedad que mis colegas en la comisión, nos vamos a oponer a los cuatro vetos que se han dado por defendidos. No vamos a ahondar en los argumentos, lo que sí haremos y expondremos en el Pleno de la semana que viene. Tan solo diré que es una ley muy trabajada, tanto en el Congreso como aquí —aunque aquí con menos tiempo, como siempre—, que nos hemos reunido bastante, y que hemos cambiado muchas impresiones.
En el Grupo Popular entendemos que de lo que se trata no es de vetar esta ley sino de que eche a andar cuanto antes, y estos son los motivos que, muy brevemente, nos sirven para oponernos a los vetos.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Vindel. Muchísimas gracias por esa brevedad en el turno en contra.
Corresponde ahora el turno de portavoces en referencia exclusivamente a los vetos.
El señor BILDARRATZ SORRON: Puesto que todo va tan rápido, habrá que ser relativamente breve.
Nuestro grupo considera que esta es una ley muy importante, en el sentido de que en los últimos años la labor de la Administración y la relación de la Administración con la ciudadanía se han modificado de una manera importante, muy importante. Y este proyecto de ley viene a dar forma y a recoger precisamente de qué manera se profundiza en esa relación de la Administración, con todo lo que le rodea a esta y al ámbito institucional, con la ciudadanía.
Creo que es un proyecto de ley que todavía se puede mejorar. Nosotros vamos a posicionarnos favorablemente —y lo anuncio así—, independientemente de que veamos que todavía se pueden hacer salvedades que pueden mejorar definitivamente este texto y que principalmente se refieren a dos ámbitos. El primero es el ámbito de las excepcionalidades. Entendemos que se puede profundizar en dicho ámbito porque todavía queda de manera demasiado amplia y discrecional de cara a la Administración y a todo el ámbito público. Y el segundo ámbito es ver de qué manera se puede mejorar la participación en el consejo de transparencia y buen gobierno. En ese sentido, entendemos que profundizar en la participación de la ciudadanía en todo lo relacionado con lo público y todo lo relacionado con la Administración es importante.
Como conclusión, insisto en que se ha hecho un trabajo importante, pero que todavía se puede mejorar. En ese sentido, pedimos del grupo mayoritario que de hoy hasta el Pleno todavía se atienda a las propuestas, a las peticiones de los diferentes grupos, porque, a fin de cuentas —y lo hemos podido visualizar en la ponencia—, todos los grupos hemos pretendido lo mismo, cual es mejorar. Yo creo que hay muy buenas propuestas por parte de todos los grupos aquí presentes y considero que es bueno ser receptivo. La colaboración y la participación de los diferentes grupos van a mejorar mucho este proyecto de ley. Apostemos por ello; nosotros también velaremos por lo mismo.
Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador Martí.
En la presente legislatura hemos discutido muchas leyes en esta Cámara; muchas no aportaban nada, otras, a nuestro parecer, estaban equivocadas, e incluso algunas nos han parecido altamente negativas. No es el caso de esta ley. También nosotros consideramos que esta es una ley importante, una ley necesaria, y aunque entendemos que es insuficiente, que no sería exactamente nuestra ley, pensamos que es mejor que haya ley a que no la haya en estos momentos. Por tanto, no vamos a poder apoyar las propuestas de veto porque entendemos que es bueno que esta ley pueda avanzar, aunque, insisto, no sea nuestra ley o sea una ley insuficiente, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Pero, aun así, vamos a abstenernos en las propuestas de veto para mostrar que creemos que es positivo que esta ley avance en su tramitación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí.
Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias.
Quiero manifestar también que no estamos de acuerdo en apoyar los vetos. Nosotros no hemos presentado ninguno. Estamos a favor de apoyar esta ley, aunque evidentemente tenga muchos aspectos que mejorar y creemos que se podrían haber recogido muchas más enmiendas de todos los grupos. En el Congreso así se ha hecho, y aquí podría haber habido más aceptación. Aun así, es una ley necesaria, esperada por la ciudadanía, y más en los momentos que estamos viviendo. Cualquier medida tendente a reforzar la confianza del ciudadano, su derecho al acceso a la transparencia de las administraciones, la valoramos positivamente. Quedan pendientes puntos tan importantes para nuestro grupo como la publicación de las balanzas fiscales, la creación de un registro general de lobbies, la eliminación de límites al derecho de acceso —en esto coincido con el portavoz del PNV— o la determinación del silencio positivo. Pero de momento más vale tener esta ley que no tenerla.
La ley —lo decía antes el senador Bildarratz— debe de ser una de las más importantes que se van a aprobar en esta legislatura y seguramente sea una de las más importantes del ordenamiento jurídico español, fundamentalmente porque intentará por lo menos cambiar la imagen que de la Administración y de las instituciones tienen muchos ciudadanos.
Hay que reconocer que cuando la ley entró en el Congreso era una ley insuficiente, cargada de carencias, llena de lagunas. Era una ley mala, y creo que entre todos la hemos mejorado. Para intentar mejorarla nosotros hemos planteado una batería de enmiendas de las que luego hablará mi compañero, el senador Antich.
Con respecto a los vetos, nosotros no hemos presentado ninguno, entendiendo que la presentación de los cuatro vetos existentes tiene sin duda la intención de mejorar la ley o de avanzarla en otros términos. Como digo, nosotros no hemos vetado la ley, aunque sí lo hubiéramos hecho si esta ley solo se hubiera referido al buen gobierno. Decía que no hemos vetado la ley y, por lo tanto, no votaremos a favor de los cuatro vetos presentados, porque si se aprobara alguno de ellos estaríamos en una situación peor
que en la que nos encontramos en estos momentos: no tendríamos ninguna ley y estaríamos volviendo a unos malos orígenes.
Yo estoy convencido de que el próximo Pleno del Senado, de esta Cámara, aprobará la ley que presenta el Gobierno, pero me da la impresión de que la va a aprobar con un escaso consenso, no con el total consenso que debería tener esta ley.
El Gobierno podría demostrar que cree en la transparencia y empezar ya a dar pasos en esta materia, por ejemplo, con la presencia en esta Cámara de los ministros en las comisiones informativas, que tantas veces pedimos los senadores, o también cambiando la forma de responder a los senadores y senadoras a las preguntas que se le hacen por escrito. Sería una buena imagen de ese cambio de transparencia del Gobierno.
El Grupo Socialista sigue teniendo voluntad de pacto, y para nosotros es fundamental que esta ley recoja dos elementos que hemos venido manteniendo durante toda la ponencia: la publicidad activa y la autonomía e independencia de este órgano. Pero repito que será mi compañero, el señor Antich, quien lo explique mucho mejor que yo.
Mi compañero en el Congreso cerró su intervención cuando votó en contra de esta ley diciendo que el futuro no está escrito, y yo quiero acabar igual, diciendo que el futuro no está escrito con respecto a la ley y que nos abstendremos en los cuatro vetos presentados.
Como habrán podido escuchar en todas las intervenciones, todos coincidimos en cuestiones bastantes sustanciales, la primera, en que esta es una ley totalmente necesaria. Quiero recordar a los miembros de la comisión que todos los países occidentales y de nuestro alrededor y también Estados Unidos tienen leyes de transparencia. Nosotros nos vamos a incorporar próximamente a ese grupo de países, aunque bien es cierto que nos incorporamos tarde.
Lo primero que tengo que hacer, señor presidente, es dar las gracias a los grupos que no han presentado veto pudiendo tener la oportunidad de hacerlo. Y les agradezco esa voluntad de pacto que, por cierto, mi grupo y yo hemos demostrado sobradamente a lo largo del día de hoy.
No es la ley que hubiera hecho algún grupo; no, señorías. Tampoco es la ley del Gobierno ni la ley del Gobierno era tan mala como aquí se ha dicho. Era un proyecto de ley que era bueno y que se ha mejorado sustancialmente —como, por otra parte, es nuestra obligación— tanto en el trámite del Congreso como en el trámite del Senado. Antes de entrar en el Congreso, cuando era un anteproyecto, se colgó en Internet y hubo multitud de sugerencias; según mis notas, tuvo más de 80 000 visitas que al final se plasmaron en unas casi 3000 sugerencias al anteproyecto. Después hubo muchísimas comparecencias en el Congreso, con muchos expertos. La mayoría de la sugerencias que hicieron esos expertos en el Congreso se han visto reflejadas en el texto que se sometió a tramitación posteriormente, tanto en comisión como en Pleno en el Congreso, y además se aprobaron más de 90 enmiendas de todos los grupos parlamentarios en el Congreso; y cuando digo todos, digo todos y no excluyo a ninguno. Por tanto, el proyecto viene muy enriquecido. Por eso, y por defenderlo, nos oponemos a los vetos.
Señor presidente, señorías, estamos legislando sobre lo que no existe y estamos legislando de nuevo. Y eso es muy interesante, es muy gratificante, porque no se trata de reformar lo que hay sino de empezar a poner los cimientos. Tras todas las conversaciones que hemos tenido durante estos días, incluso en la ponencia de hoy, todos hemos llegado a la conclusión de que la Administración española y nuestra relación con ella como ciudadanos tiene que cambiar. Y esta ley es precisamente el medio para que cambie. Yo siempre he dicho que he visto con cierto asombro cómo la relación entre Administración y ciudadanos y ciudadanos y Administración es una relación de desconfianza, y de lo que se trata precisamente es de echar abajo esa sensación de desconfianza y distancia. También tenemos la inmensa suerte, señor presidente, señorías, de que las nuevas tecnologías nos brindan esa oportunidad, y poco prácticos seríamos y poca visión de futuro —ese que no está escrito— tendríamos si no la aprovecháramos.
Sinceramente, yo creo que mezclar unas cosas con otras, es decir, mezclar lo que pueden ser las líneas de la nueva Administración y nuestra nueva relación con la Administración del futuro no tiene nada que ver con una cuestión reglamentaria del Senado. Y si el debate va por ahí opino que sería una equivocación.
No me voy a entretener más. Ya tendremos oportunidad de cambiar más impresiones la semana que viene en el Pleno, pero, señor presidente, se puede deducir fácilmente de esta segunda y última intervención mía que, efectivamente, votaremos en contra de los vetos.
Procede la votación de los cuatro vetos presentados.
En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de veto número 1, presentada por los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometemos a votación la propuesta de veto número 2, de la senadora doña Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometemos a votación la propuesta de veto número 3, del senador Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.
Por último, sometemos a votación la propuesta de veto número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, de Entesa pel Progrés de Catalunya.
Pasamos al debate de las enmiendas presentadas, que no hayan sido acordadas por la ponencia.
Enmiendas 1 a 53, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Como anteriormente se han dado por defendidas las propuestas de veto de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, me gustaría que, a su vez, algún senador diera por defendidas dichas enmiendas puesto que es preceptivo para que no decaigan.
Doy por defendidas las enmiendas números 1 a 53, presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmiendas 62 a 70, del senador Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Igualmente, doy por defendidas las enmiendas 62 a 70, del Grupo Parlamentario Mixto.
En todo caso, serán ellos quienes defiendan sus enmiendas extensamente en el Pleno.
Enmiendas 54 a 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Bildarratz.
Defenderé brevemente estas 8 enmiendas.
Nuestra enmienda 55 propone la modificación del artículo 2.1.b. Se pretende conservar el siguiente texto: «b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.». Y que se elimine: «…así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.»
Esta modificación tiene como finalidad la de asegurar el carácter privado de las mutuas de accidentes de trabajo como asociaciones voluntarias de empresarios. En este sentido, excluiríamos cualquier equiparación con las administraciones públicas.
Las enmiendas 56, 57 y 58 son del mismo tenor y para su defensa utilizaré como base lo que ha dicho en el turno en contra de los vetos la senadora Vindel: intentar superar la desconfianza. Este proyecto de ley, a fin de cuentas, intenta eso mismo, superar la desconfianza que, en este momento, siente la ciudadanía hacia la Administración, con lo público y evitar que haya excepcionalidades tan grandes como las relativas al acceso a la información. Evidentemente, unas se pueden entender, pero otros casos, como los que se recogen en las enmiendas 56, 57 y 58, en sus letras h., i. y l., sobre protección del medioambiente, pediríamos que se considerasen. Así, en dos casos proponemos la supresión y, en el tercero, una modificación de la propia redacción, aunque no le damos tanta relevancia en tanto en cuanto se tenga en cuenta que ámbitos tan globales como la protección del medioambiente pueden fomentar lo contrario a lo que pretende este proyecto de ley. Por ello, creemos que es importante que cuidemos de estos puntos.
La enmienda número 59, al artículo 28.f., trata de un ámbito que entendemos que no corresponde a esta ley que, a fin de cuentas, tiene una serie de objetivos. Así, la referencia del artículo 28.f. se corresponde más con una serie de requerimientos como los de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este sentido, no entendemos que este precepto esté incluido en este proyecto de ley.
Hemos presentado las enmiendas 60 y 61 —esta última, por coherencia con la anterior— porque no entendemos que el artículo 28.k. pueda tener la misma categorización que la que figura en el artículo 28.f. —del que acabamos de hablar— calificando el incumplimiento de ambos apartados como muy grave. No comprendemos que pueda tener la misma gravedad el incumplimiento de una serie de obligaciones de publicación o de información, con el propio incumplimiento de la obligación, en este caso, de destinar íntegramente los ingresos obtenidos, etcétera. Así, creemos que lo que corresponde a la información ha de tener una categorización inferior en el alma coercitiva de este punto y, por ello, pedimos al grupo mayoritario que atienda nuestra enmienda.
Para la defensa de las enmiendas 71 a 155 y 157 a 165, ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Martí.
Voy a dar por defendidas las enmiendas 71 a 123, y me centraré en la defensa de las restantes enmiendas presentadas por mi grupo parlamentario.
En mi anterior intervención decía que considerábamos que esta ley es necesaria y tiene un carácter muy importante en relación con nuestra democracia porque entendemos que, en este momento, una democracia moderna, un país que aspira realmente a aumentar su calidad democrática no puede contemplar la posibilidad de no tener regulada la transparencia, el buen gobierno y el acceso a la información pública.
La credibilidad de nuestras instituciones, de nuestras administraciones, el sentimiento de que la política la hacemos entre todos los ciudadanos y ciudadanas —que es la esencia del concepto de democracia— pasa hoy en día inevitablemente por garantizar esta transparencia, este buen gobierno y este acceso a la información pública.
Es urgente plasmar en una ley los derechos que los ciudadanos ya sienten que tienen sobre estas cuestiones. Además, estas prácticas previenen de manera muy eficaz la corrupción y, por tanto, se hace doblemente necesario en nuestro país disponer cuanto antes de los instrumentos que perfila una ley de transparencia, buen gobierno y acceso a la información pública. Aun así, como también he señalado antes, para mi grupo parlamentario esta ley es todavía insuficiente a pesar de sus mejoras —como se ha dicho—, a pesar de su acierto en términos de planteamiento y de corpus general, y lo es en dos cuestiones que, desde nuestro punto de vista, son todavía determinantes: la primera es su alcance. No conseguimos
entender por qué los contenidos de la información pública son tratados de manera distinta a los procedimientos administrativos habituales y ordinarios de las administraciones y las instituciones de nuestro Estado. El criterio básico y fundamental debe ser en todos los casos la publicidad activa. ¿Se pueden establecer reservas? Sin duda. ¿Se puede restringir la disponibilidad de algunas informaciones? Sin duda. Esto está en todas las leyes y cabe en el buen entendimiento de cualquier persona, pero no tiene ningún sentido invertir la carga de la prueba y hacer que para garantizar el acceso a una parte muy importante de la información pública sean los ciudadanos los que tengan que pedirla. Este aspecto es todavía claramente insuficiente y el alcance, por tanto, de la ley, se queda cualitativamente corto para estar a la altura de las expectativas de nuestra democracia.
La segunda cuestión que nos parece insuficiente es el grado de autoexigencia respecto a su propio cumplimiento, todo ello directamente relacionado con el ente que se crea, de manera imprescindible, de supervisión de la ley, que es el consejo nacional de transparencia. Nos parece que la independencia de su carácter, las funciones de su presidencia, los recursos y funciones en general, aunque han mejorado un poquito con algunas enmiendas aceptadas por parte de la ponencia y del grupo mayoritario, siguen siendo escasas, en términos de impulso, de supervisión; por ejemplo, no estamos de acuerdo con la composición del consejo y tampoco con su dependencia orgánica. Por ello, hemos presentado, juntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, una batería de enmiendas en esta dirección.
Quisiera profundizar en el primer aspecto de las enmiendas, al que me he referido. Para nosotros son básicas algunas enmiendas, en particular la enmienda referida al artículo 12, la relativa a que el tratamiento, en cuanto al derecho de acceso, de la información pública debe pasar a la categoría de publicidad activa y no a la de solicitud de información. Me gustaría leer lo que establece el artículo 13 para que se entienda mejor. El artículo 13 señala lo siguiente: «Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título —se refiere evidentemente a las administraciones públicas, aunque no solo— y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». No entendemos —y es lo que propone la enmienda al artículo 12— por qué los contenidos o documentos que hayan sido elaborados o adquiridos por estos sujetos no están, de entrada, puestos a disposición bajo la fórmula de la publicidad activa. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el fundamento? No conseguimos entenderlo y pensamos que lo único que va a hacer este proceso es entorpecer el propio ejercicio del acceso a la información pública y burocratizar en exceso. Todas las medidas que conllevan peticiones individualizadas son mucho más complicadas de gestionar porque, luego, hay que poner excepciones y cautelas mientras que, si se hace un tratamiento genérico, entendemos que es mucho mejor. Además, creemos que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder sin ninguna petición ni cortapisa a los contenidos y documentos que elaboran las administraciones públicas. Y si se considerara que tuviera que haber alguna restricción, se clasifica esta información como de acceso limitado, tal y como se hace en muchísimos países. En ese caso, sí habría que pedir, justificar y entrar en un debate sobre si tiene sentido o no; pero en la inmensa mayoría de estos contenidos o documentos creemos que no sería necesario.
Quiero hacer, brevemente, hincapié en otras cuestiones de este capítulo III que, para nosotros, como digo, se queda corto ya que no cumple con el alcance al que debería llegar esta ley.
En primer lugar, me referiré a la enmienda de supresión del artículo 17.3, en la que se pide que no haya necesidad alguna de motivar las solicitudes de acceso a la información, que si se configurara como nosotros lo pedimos podía llegar a tener algún sentido, pero, tal y como está ahora, carece de sentido alguno y sería altamente restrictivo. Este punto del artículo 17 es confuso, y pensamos que no decir nada en este caso redunda en beneficio de la ciudadanía y su acceso a la información.
La enmienda al artículo 18.2 —que muchísimas entidades que trabajan el tema de la transparencia en España han solicitado—, nosotros la hemos querido matizar, pero apoyándola en lo básico. El artículo 18 se refiere a las causas de inadmisión de la solicitud de acceso a la información, y señala que las informaciones que tengan carácter auxiliar o de apoyo, como las contenidas en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, son causa de inadmisión y no están sujetas a solicitud de acceso. Entendemos que es demasiado restrictivo; se puede entender que las notas, los borradores, las opiniones y los resúmenes no sean motivo de solicitud de información, pero nunca las comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas ya que muchas veces son el fundamento de la toma de decisiones por parte de
las administraciones. Por tanto, quería resaltar esta enmienda que me parece simbólica de hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad en la transparencia de nuestras instituciones públicas.
Para terminar, señor presidente, señorías, estamos llegando los últimos y tarde, y habría que intentar no llegar mal. Creo que no llegamos mal, pero ya que vamos los últimos, ya que, como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular muy acertadamente, es una ley ex novo que estamos creando, creemos que habría que copiar a los mejores, habría que copiar a los que más han hecho por la transparencia, a los que tienen acreditado las mejores leyes por organismos internacionales independientes, que avalan estos trabajos y, por consiguiente, habría que hacer todavía un esfuerzo en estos dos campos que hemos señalado para estar realmente a la altura de las expectativas y de lo que le corresponde a un país que llega el último, que es ponerse a la altura de los primeros.
Para la defensa de las enmiendas números 166 a 203, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la senadora Rieradevall.
La enmienda número 166 ha sido transaccionada; por lo tanto, no vamos a comentarla.
En referencia a la enmienda número 167, por la que se pretende añadir un apartado sexto al artículo 5, el objetivo es obligar a la Administración General del Estado a publicar anualmente la información relativa a las diferencias en cada comunidad autónoma entre la inversión presupuestada por el Estado, incluyendo el sector público estatal, y la efectivamente realizada en todos los ámbitos de su competencia a los efectos de que se conozcan las estadísticas y las inversiones efectuadas.
Uno de los principios generales de la transparencia que debe aplicar la Administración General del Estado y que debe conocer cualquier ciudadano es cómo se vinculan las inversiones que el Estado realiza en los diferentes territorios. La recaudación de impuestos de cada territorio genera un conjunto de inversiones que debe fomentar el crecimiento en consonancia con su actividad económica, y los ciudadanos de cada uno de ellos deben conocer certeramente cuál es la inversión o el retorno que la Administración realiza en sus territorios. Por ello, el hecho de conocer esta inversión pública debe ser uno de los principios generales de esta ley como ejemplo de transparencia.
Por lo que se refiere a la enmienda número 168, pretendemos introducir una adición al artículo 7, en el sentido de puntualizar que la determinación del momento en que debe darse publicidad a los proyectos y las memorias corresponde a las propias comunidades autónomas a través del departamento responsable que ejerce su competencia.
La enmienda número 169 modifica el artículo 8.1.a., intentando evitar que se traspase el carácter básico, de lo que pueden constituir posiciones mínimas que permitan al legislador autonómico el ejercicio de sus competencias en la materia.
Mediante la enmienda 170 pretendemos la adición de una letra j. al artículo 8 para establecer la obligación de publicación de las balanzas fiscales bianualmente. El mayor ejercicio de transparencia en un modelo territorial compuesto es el hecho de establecer la obligación para que la Administración General del Estado publique las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas del Estado.
Destacamos también las enmiendas 173, 174 y 175, que proponen suprimir las letras h., i. y l. del apartado 1 del artículo 4. Consideramos que no deben ser excluidos los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, como tampoco la protección al medioambiente. Los motivos de denegación deben acotarse a los que sean expresamente determinados y lo suficientemente claros y necesarios para amparar determinados bienes jurídicos protegidos, conforme a lo que podría desprenderse del artículo 102 de la Constitución ya que, en caso contrario, estaríamos estableciendo un conjunto de restricciones que limitarían arbitrariamente el derecho de acceso.
Mediante la enmienda 176 modificaríamos el artículo 15.1 para delimitar el acceso a los datos que atañen únicamente al solicitante del acceso, con el fin de que, como a menudo en un expediente administrativo o documento constan datos de otras personas, el solicitante pueda acceder solamente a los que le atañen a él.
La enmienda de modificación del artículo 20.4 se encamina a establecer el silencio positivo, excepto cuando pudiese conllevar la revelación de datos de carácter personal, especialmente protegidos, o cuando una ley contemple una denegación. Consideramos que, dado el espíritu de la ley, el silencio
positivo hubiera sido muy valorado por el ciudadano y habría facilitado muchísimo su acceso a la información.
La enmienda 178 es de adición de un nuevo apartado al artículo 20. Se presenta para puntualizar que el procedimiento administrativo posterior que se derive del ejercicio del derecho de acceso a la información pública pueda ser objeto de regulación propia por aquellas comunidades que tengan competencia exclusiva en la materia.
En las enmiendas 180 a 191 proponemos suprimir las letras e., f., g., h., i., j., k., l., m., n., ñ. y o. del artículo 28. Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya prevé procedimientos disciplinarios para el incumplimiento de sus requerimientos, establecer un procedimiento sancionador nuevo podría duplicar la existencia de procedimientos sancionadores, vulnerando el principio non bis in idem.
En la enmienda 192 proponemos una adición al mismo artículo 28 para que, teniendo en cuenta que en ocasiones la causa del incumplimiento puede derivar de otra Administración que no ha cumplido a su vez con sus obligaciones, se considere que no ha existido infracción en aquellos supuestos en que se dé este caso.
En referencia a las letras a. y f. del artículo 29.1 planteamos la supresión de las mismas dado que estos supuestos se consideran poco precisos y de posible aplicación arbitraria.
Las enmiendas 195 y 196 consisten en la supresión de las letras a. y b. del apartado 3 del artículo 29. En el primer caso porque se trata de una vulneración del principio de seguridad jurídica en lo referido al principio de tipicidad en materia sancionadora, que exige que los mandatos sean claros, concretos, precisos e inteligibles, tal y como señala el Consejo de Estado. Asimismo, proponemos la modificación de la letra b. del apartado 3 del artículo 29, mediante la supresión de la expresión: «El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones», pues se considera que dicha expresión vulnera el principio de seguridad jurídica en lo referido al principio de tipicidad.
Mediante la enmienda 197 se suprime la destitución como una sanción por entender que no tiene buen encaje con la sistemática de este régimen sancionador de carácter administrativo.
En la enmienda 198 proponemos la adición de un nuevo apartado en la disposición adicional cuarta, para puntualizar que en todo caso las comunidades autónomas puedan atribuir las funciones que esta ley concede al consejo de transparencia y buen gobierno al órgano independiente que determinen.
La enmienda 199 contiene una nueva disposición adicional que establezca un registro general de intereses. Consideramos que se debe normalizar la relación de los grupos de interés, también conocidos como lobbies, y los poderes públicos a través de la ley de transparencia, con el ánimo de dotar de un marco regulatorio que ampare jurídicamente la creciente participación de estos grupos, de acuerdo, también, con el Libro Verde de la Unión Europea «Iniciativa por la Transparencia» y muy particularmente con el Registro de Transparencia de las instituciones europeas, que entró en vigor el mes de junio de 2011.
La enmienda 200 presenta la adición de una nueva disposición adicional para establecer un mecanismo de publicidad sobre el grado de cumplimiento de las iniciativas respaldadas por la Cámara. De esta manera el Gobierno debería comparecer ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados al inicio de cada periodo de sesiones, previa remisión del informe correspondiente, para informar sobre el grado de cumplimento de las iniciativas que hayan contado con el apoyo de la Cámara.
El objetivo de la enmienda 202 es evitar que, como consecuencia de normas estatales, se deban asumir compromisos de gasto o reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las disponibilidades presupuestarias de las administraciones territoriales distintas de la Administración General del Estado, disponiendo que en el plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley el Gobierno debería impulsar la revisión y, en su caso, modificación de las disposiciones estatales contenidas en el ordenamiento jurídico que supongan para cualquiera de las administraciones territoriales distintas a la Administración General del Estado compromisos de gasto o reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las disponibilidades presupuestarias de dichas administraciones y que pongan en peligro la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.
Finalmente, la enmienda 203, de modificación de la disposición final sexta, propone el objetivo de acotar el ámbito de la legislación básica en materia de transparencia por lo que al título competencial se refiere.
Mediante la presentación de estas enmiendas pretendemos mejorar el texto, para las que pedimos un voto favorable.
A continuación, para la defensa de las enmiendas 204 a 211 y 213 a 237 del Grupo Parlamentario Socialista —con la excepción de las que señalamos antes, que ya han sido incorporadas—, tiene la palabra el señor Antich.
Mi intención es aunar el turno de defensa de las enmiendas con el correspondiente a la fijación de posición.
Tal y como han manifestado distintos senadores intervinientes, se trata de una ley muy importante. Sin duda, no supone una varita mágica que lo vaya a arreglar todo, pero sí un instrumento extraordinario para mejorar el funcionamiento de las instituciones, de la política y para combatir asuntos muy actuales en estos momentos como la corrupción —a mayor transparencia, más dificultad para los corruptos—, así como su acercamiento a la ciudadanía y, así, facilitar el que puedan participar e involucrarse, como digo, en aquellos asuntos que se tratan desde las instituciones e, incluso, desde la política.
También se ha señalado que durante el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados se ha avanzado de manera muy relevante. La ley ha cambiado mucho. Por ejemplo, respecto a los sujetos a quienes les es aplicable —partidos políticos, sindicatos, etcétera—, la ley ha mejorado, y también lo ha hecho en otro aspecto relevante: en ser mucho más respetuosa con las variadas competencias de los distintos niveles institucionales. En este sentido se ha dado un paso hacia delante. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo realizado por parte de todos los grupos parlamentarios y la disposición que en todo momento ha tenido el Ministerio de la Presidencia. Mi grupo también ha participado en este trabajo dando su visión a través de la presentación de 67 enmiendas en el Congreso y 33 en el Senado. Por lo tanto, quiero valorar el diálogo habido en relación con esta ley, que hay que reconocer que podemos tratarlo como un caso especial.
Quiero reconocer también el esfuerzo que se ha hecho aquí, en el Senado, si bien desde nuestro punto de vista no es suficiente de acuerdo con las enmiendas que hemos presentado. Nuestra idea es que la ley se pudiera reforzar en toda una serie de aspectos, y quiero hacer un pequeño resumen.
Entre otros temas, cabe citar la necesidad de reforzar la publicidad activa en cuanto, por ejemplo, a altos cargos, contratos, puestos de trabajo, participaciones en el capital de sociedades mercantiles, bonificaciones fiscales del impuesto sobre sociedades, enajenaciones de inmuebles públicos, negocios jurídicos, urbanismo, campañas de publicidad, mejora del portal de transparencia, y en relación con las sanciones, la falta de estas. Por lo tanto, uno de los núcleos importantes de las enmiendas que de momento no han sido admitidas por la mayoría irían dirigidas a reforzar la publicidad activa de las instituciones.
Otro apartado importante se refiere al presidente del consejo de transparencia y a su composición. En cuanto al presidente del consejo de transparencia, desde nuestro punto de vista tendría que ser refrendado también por el Senado, no solo por el Congreso, y por una mayoría cualificada de tres quintos y no por simple mayoría absoluta, lo que implicaría un mayor esfuerzo de consenso por parte de todos los grupos políticos y una mayor garantía de independencia.
Además, también proponemos otra composición del consejo de manera que sea más independiente de las administraciones públicas. Creemos que además de que la ley, de alguna forma, haga un mandato al Senado y al Congreso para que se adecuen a esta ley, también lo tendría que hacer respecto de los demás órganos constitucionales. También creemos que la ley, tal y como se ha esgrimido por parte de otros intervinientes, tendría que promover la regulación de las organizaciones representativas de interés.
Por otra parte, si realmente se modificara la Constitución, estaríamos de acuerdo en que este derecho que desarrolla la Ley de transparencia fuera un derecho fundamental, lo que no puede ser en estos momentos debido a que no viene detallado en la Constitución. Nos gustaría que se pudiera dar un paso que demostrara esta voluntad, y un paso que demostrara esta voluntad es que los recursos contencioso-administrativos que se deriven de la Ley de transparencia puedan ser tramitados por el procedimiento especial que ampara los derechos fundamentales.
En cuanto al buen gobierno, creemos que no es lógico que hagamos una ley que trate del buen gobierno y que no inspiren a este buen gobierno principios como la rendición de cuentas, la gobernanza o la evaluación de políticas públicas. Creemos que estos principios debieran quedar fijados como principios de este buen gobierno, y en estos momentos no lo detalla así la ley.
Finalmente, creemos que en las comunidades autónomas donde hay lengua cooficial se tiene que hacer un esfuerzo para que los documentos se faciliten en la lengua que pida el ciudadano demandante sin perjuicio de valorar muy positivamente que se nos haya aceptado una enmienda por parte de la mayoría en relación con que los distintos demandantes puedan dirigirse en la lengua cooficial para pedir la información.
Cuando mi compañero ha intervenido en el turno de los vetos, ha recordado una frase del diputado señor Serrano señalando que el futuro no estaba escrito, y lo decía en el sentido de que aún quedaban más trámites. Nosotros, en principio, vamos a votar en contra del informe de la ponencia, pero sí estamos dispuestos a seguir trabajando para intentar mejorar la ley. Cuando decíamos que el futuro no estaba escrito era porque vamos a seguir manteniendo las enmiendas porque hasta el día del Pleno hay tiempo para ir adoptando posiciones por parte de los distintos grupos a fin de conseguir acuerdos para poder mejorar el texto de la ley.
El Grupo Parlamentario Popular también tiene derecho a defender sus enmiendas, independientemente de que hayan sido incorporadas.
Senadora Nevado, tiene la palabra.
La señora NEVADO DEL CAMPO: Las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular han quedado incorporadas al informe de la ponencia, por lo que nosotros lo que íbamos a hacer es intervenir en el turno en contra de las enmiendas presentadas y que se mantienen por los diferentes grupos parlamentarios, evidentemente, si le parece bien al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Por eso he dicho yo que aun estando incorporadas, tenía derecho a defenderlas. No obstante, renuncia a ello, por lo que comenzamos ya con el turno en contra.
¿Hay algún turno en contra más de alguna de las enmiendas? (Denegaciones.)
Siendo así, tiene la palabra la señora Nevado en turno en contra.
La señora NEVADO DEL CAMPO: En primer lugar, quiero agradecer tanto el tono como la forma que han utilizado todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios a la hora de referirse a la ley, porque creo que aquí hay unanimidad de todos y cada uno de nosotros en que esta es una ley muy relevante, probablemente una de las leyes más fundamentales de la presente legislatura y lo importante es que esta ley vea la luz cuanto antes.
Recogiendo las palabras que ya expresara la vicepresidenta del Gobierno, también la Ley de transparencia y del buen gobierno, en estos momentos, es una ley inaplazable.
Creo que se ha trabajado mucho, que se ha trabajado bien, que la ley ha llegado al Senado ciertamente muy mejorada desde el texto inicial, pero una vez que ha llegado al trámite de la Cámara Alta, ha sido también muy mejorada, porque de las 261 enmiendas que se han presentado, la inmensa mayoría tenían un carácter meramente técnico y aquí también hemos conseguido admitir enmiendas de casi todos los grupos. Evidentemente, hay que seguir trabajando hasta el Pleno, porque cuanto mayor consenso alcancemos en esta ley creo que mejor será para los ciudadanos. Además, es una oportunidad para poder cambiar las cosas, y creo que en el ambiente también se respira que la intención de todos es dar luz verde a este proyecto y cuanto antes.
Tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo Parlamentario Socialista dejan encima de la mesa ese recorrido. Nosotros cogemos ese guante y vamos a seguir trabajando hasta el último día para conseguir el mayor consenso posible.
No voy a ir enmienda por enmienda, como ha hecho algún grupo, como el Grupo Catalán Convergència i Unió, porque creo que las enmiendas que se mantienen fundamentalmente están basadas en criterios de posicionamiento ante un mismo texto. Hablan fundamentalmente de cinco aspectos que creo que podemos resumir y agrupar. Están aquellas dirigidas a la tramitación como ley orgánica, en las que no voy a entrar especialmente puesto que los grupos que las sostienen no las han defendido en comisión y solo se ha hecho una somera referencia por parte del grupo de Entesa. Es una cuestión de nuestra propia Constitución. El derecho está recogido en el artículo 105.b), como sus señorías saben muy bien. Por lo tanto, en el título IV y no en la Sección 1.ª del título I, que es la que regula los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Igualmente compartimos, junto con el señor Antich, que si el derecho hubiera estado en la Sección 1.ª, el Grupo Parlamentario Popular también habría defendido que el trámite hubiera sido el de la ley orgánica, a fin de que el procedimiento sumario, que después se prevé en la ley administrativa para la defensa de este derecho, fuera el procedimiento rápido que dé respuesta a los ciudadanos ante una petición al amparo de esta Ley de transparencia y buen gobierno.
En cuanto al criterio del silencio positivo, creemos que hay unanimidad absoluta en casi todo el derecho comparado y en la Unión Europea. Todos los textos de nuestro entorno jurídico prevén el silencio positivo, y nosotros consideramos que es prudente arbitrar esta fórmula dentro del ámbito de la regulación española. Y por no extenderme en los argumentos, si el debate se suscita en el Pleno, el Grupo Parlamentario Popular estará encantado en ampliarlos.
En cuanto a los límites del derecho de acceso, hay que manifestar que aún podemos tener recorrido en cuanto a las posiciones que ha marcado el Grupo Parlamentario Vasco relativas al medio ambiente y otras, pero entendemos que la ley tiene que recoger necesariamente algunos límites que tampoco extralimitan los de las leyes de transparencia y buen gobierno de nuestro entorno jurídico. En consecuencia, las leyes internacionales avalan que el contenido de nuestra ley en este aspecto es muy similar. Por lo tanto, entendemos que la regulación que se propone es correcta. En ese sentido tampoco vamos a hacer mayor hincapié en este trámite. Creemos que algunas de las enmiendas destinadas, por ejemplo, a facilitar notas, opiniones o borradores, no recogen en definitiva ninguna posición oficial. En consecuencia consideramos que hay que confiar en la ley. Las comunidades autónomas también tienen sus propias leyes de transparencia, y aquellas que no la tienen — son cuatro en este momento — pueden desarrollar con mayor amplitud este aspecto tomando como base la ley nacional. De este modo, con este posicionamiento cumplimos también con los requisitos de las leyes de nuestro entorno. Por tanto, en este trámite nos manifestamos en contra de las enmiendas en los términos en que han sido planteadas.
Como decía, consideramos que esta es una ley en la que hay que confiar. Es una ley nueva que llega tarde, no por culpa del Grupo Parlamentario Popular, porque ya en la anterior legislatura intentó que se aprobara una ley de transparencia y de buen gobierno cuando gobernaba el Partido Socialista. No fue posible y, por lo tanto, en esa responsabilidad que ahora tenemos al frente al Gobierno se ha llevado a las Cortes Generales una ley que dé respuesta a los ciudadanos en un momento muy delicado. Esta ley supone un cambio radical muy oportuno en este momento, al que uno se puede sumar o no.
Nosotros agradecemos enormemente el posicionamiento del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, porque creemos que tenemos que trasladar confianza a la ciudadanía respecto a que hay distintas formas de actuar en las administraciones, en las instituciones, en las organizaciones, en las entidades privadas, siempre y cuando perciban dinero público. Esta ley es una oportunidad para decirle a la ciudadanía que queremos hacer las cosas de forma distinta porque es una demanda.
Después de escuchar a los grupos parlamentarios de la oposición, yo estoy convencida de que a la izquierda le hubiera encantado hacer esta ley y que son conscientes de que llegamos tarde, pero alguna responsabilidad tienen. Ahora están a tiempo de sumarse a este proyecto y ser protagonistas de ese cambio, de ese compromiso que nos demandan los ciudadanos, realizar un gesto sincero, y dar un paso firme para luchar, como han señalado, contra esa corrupción que dejaban encima de la mesa, porque hay una forma distinta de hacer las cosas y tenemos el compromiso de hacerlo. Será la única manera de recuperar la confianza que hemos perdido porque esta ley nos va a permitir ejercer nuestras responsabilidades con lupa, con la lupa de los ciudadanos, y con el espejo de los ciudadanos en el que nos vamos a mirar, y ellos se van a mirar en esa labor de transparencia.
Este es el espíritu de la ley y por eso les pedimos su apoyo. Agradecemos las enmiendas porque la han mejorado sustancialmente, y ello redunda en la calidad de esta ley al ofrecer una mejor respuesta con esa forma distinta de gestionar los asuntos públicos. Para eso se crea también el consejo de transparencia, porque si no hubiéramos recogido en la ley dicho consejo, no garantizaríamos en absoluto el cumplimiento de esas obligaciones de publicidad activa contenidas en la ley, que se podrán ampliar a través del desarrollo de la misma o en otras leyes de transparencia autonómicas. El hecho de que el presidente se elija por mayoría absoluta responde a los criterios de numerosas leyes que recogen la elección de otros miembros como, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, que ha dado una respuesta muy satisfactoria a nuestro marco jurídico. Yo creo que contar con ese amplio respaldo parlamentario de la mayoría absoluta garantiza la pluralidad en la elección del presidente. No olvidemos nunca que el poder emana del pueblo y, por lo tanto, ahí está reflejado. Creemos que solo el defensor del
pueblo recoge esa mayoría cualificada de los tres quintos porque tiene un tratamiento constitucional muy diferente de comisionado de las Cortes. Por lo tanto, entendemos que tenemos que seguir respetando la figura del defensor del pueblo en los términos constitucionales previstos, y no dotar al presidente del consejo de esa mayoría reforzada que no responde a esa necesidad.
Por último y muy brevemente, quiero hacer referencia a algunas enmiendas relativas a la materia de infracciones. Respecto a las infracciones, lo que tenemos que hacer en no llegar a ellas. Tienen que estar en la ley como una garantía de cumplimiento, para que aquel que se salte la ley tenga una consecuencia, pero no hay que tener miedo a fracasar, no hay que tener miedo a la sanción. Entendemos que la regulación en materia de infracciones y del buen gobierno es necesaria porque desgraciadamente muchas veces nos saltamos el espíritu de la ley, las obligaciones que nos impone la ley a los administradores públicos y, en este caso, a instituciones tan importantes como las previstas en la misma. Si hay algún alcalde hoy aquí, —probablemente sí, y muchos de nosotros hemos ejercido o ejercemos responsabilidades en otros ámbitos, en el local, en el provincial o en el regional— entenderá muy bien que la ley —por eso no apoyamos la enmienda del Grupo Catalán Convergència i Unió— tiene que evitar, de una vez por todas, que haya comportamientos tales como gastarse dinero público sin crédito, suscribir convenios sin informes favorables, etcétera. Y todo esto lo regula el apartado del buen gobierno de la ley que estamos debatiendo, de modo que tengamos la obligación de rendir cuentas, que tengamos que justificar las desviaciones, porque esas prácticas hasta ahora han estado prácticamente impunes. Y ya era hora de que una ley lo recogiera de forma expresa, para que cuando uno llega a los Gobiernos al menos tenga un margen de maniobra, o que cuando uno se salta estos trámites, tenga una respuesta amparada por un texto legal porque la situación es insostenible. Por lo tanto, entendemos que esta ley es una garantía para la sociedad, pero, sobre todo, señorías, es una garantía para la estabilidad institucional. Por eso, entiendan que nuestro voto en contra de las enmiendas que han quedado pendientes no tiene otro sentido más que esta ley entre en vigor cuanto antes, que la Ley de transparencia vea la luz cuanto antes, que empiece a funcionar para cambiar la mentalidad tanto de los ciudadanos como de los políticos que nos dedicamos al noble ejercicio de lo público.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nevado.
Antes de abrir un turno de portavoces, creo que tienen conocimiento de ello los portavoces de los distintos grupos, quiero indicar que al amparo de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de este Senado se pueden presentar correcciones. En este caso concreto se ha presentado una corrección al artículo 8.1, letra h) del presente proyecto de ley, y hace referencia a las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales. Ponía:»… así como de los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, en los términos previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril». Pues bien, lo que se somete a la incorporación del dictamen es eliminar la referencia a los miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, puesto que, como bien es conocido por sus señorías, se debe adaptar a la Sentencia 103/2013, de 25 de abril, del Tribunal Constitucional que declaró nulo un apartado en el que se decía que podían incorporarse estos miembros no electos en la Junta de Gobierno Local. Creo que tienen conocimiento de ello sus señorías, por lo tanto, se incorpora al informe de la ponencia.
Hay derecho a un turno de portavoces, si alguno de los grupos quiere hacer uso del mismo en relación con las enmiendas defendidas y con el turno en contra. Si no es el caso, pasaríamos directamente a la votación del informe de la ponencia.
¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones.)
Se somete a votación directamente el informe de la ponencia, con las incorporaciones que hemos ido comentando en el transcurso de esta tarde, incluida esta última y con la transaccional que los distintos grupos han negociado con carácter previo también a esta comisión.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el informe de la ponencia que pasa a constituir el dictamen de la comisión que se elevará al próximo Pleno de este Senado.
Para finalizar queda, y antes de agradecer a sus señorías su presencia y su trabajo, designar a la persona que presentará el dictamen ante el Pleno.
La señora VINDEL LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Popular propone al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Muy amable.
¿Hay alguna otra propuesta? (Denegaciones.)
Muchísimas gracias por su presencia y por su trabajo.
Eran las diecisiete horas y veinticinco minutos.

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