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Timestamp: 2018-01-21 02:25:56+00:00

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SENTENCIAS ANTERIORES - ÍNDICE CRONOLÓGICO 2013
CC SC 934 de 2013
El computo de la acción de anulabilidad del acto jurídico viciado por la fuerza debe contarse a partir de que esta situación haya cesado y no de la fecha del respectivo negocio. Código de Comercio; Art. 900 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 935 de 2013
Dentro de la conformación del Consejo Nacional de Discapacidad, así como en los Comités Territoriales - si existieran en la entidad territorial correspondiente- deberá haber un representante de las organizaciones con sordoceguera. Ley 1145 de 2007, "por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de Discapacidad y se dictan otras disposiciones": Art. 10 Literal d) y Art. 16 : CONDICIONALMENTE exequible
Las medidas de reparación consistentes en acceso preferente de las víctimas a subsidios de vivienda, programas de formación y empleo, y a la carrera administrativa en casos de empate, son exequibles en el entendido que tales prestaciones son adicionales y no podrán descontarse del monto de la indemnización administrativa o judicial a que tienen derecho las víctimas. Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Arts. 9 (parcial), 123, 124, 125, 127, 130 y 131
CC SC 839 de 2013
¿Se incurrió en una omisión legislativa relativa al no prever que la víctima pueda solicitar como el fiscal, la suspensión del poder adquisitivo de los bienes sujetos a registro, cuando existan motivos fundados para pensar que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente? En efecto, se configura en este caso una omisión legislativa relativa. Por las razones expuestas, la Corte procedió a declarar la exequibilidad condicionada, para incluir a la víctima de manera que tenga la misma posibilidad del Fiscal para solicitar la medida allí prevista. Ley 906 de 2004, por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal; Art. 101 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 838 de 2013
¿La declaración como desierto del recurso de apelación por no haberse cancelado por el recurrente, las expensas de copias del expediente dentro de los cinco días siguientes de admisión del recurso, desconoce sus derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia, el principio de gratuidad de la misma, y el derecho a la doble instancia? No es una sanción propiamente dicha, sino una consecuencia jurídica derivada del incumplimiento de una carga procesal y por ello, no se deben brindar todas las garantías del derecho a la defensa como si se tratara de una sanción impuesta por un juez en uso del ius puniendi que detenta el Estado. En esa medida, la Corte encontró que no había quebrantado el derecho a la defensa posterior, porque el apelante cuenta con el recurso de reposición para cuestionar dicha declaratoria. Sin embargo, al considerar que existe un déficit de protección en el derecho a la defensa previa, procedió a condicionar la exequibilidad bajo el entendido que como condición para la declaratoria de deserción del recurso, el despacho de segunda instancia requiera por el medio más expedito al apelante y a su abogado, a fin de enterarlos de la carga procesal que deben asumir. Código de Procedimiento Civil; Art. 358 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 837 de 2013
La exclusión de la prensa digital y escrita de los beneficios tributarios previstos en la Ley 98 de 1993 no configura una omisión legislativa relativa. Tampoco impide el ejercicio de las libertades de información de fundar medios masivos de comunicación y la libertad de empresa, ni el acceso de las personas a la cultura. Ley 98 de 1993, por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano; Arts. 2, 3 y 21 (parciales) : Exequibles
CC SC 836 de 2013
El establecimiento de un término de caducidad de la acción de responsabilidad fiscal no configura una vulneración del debido proceso. Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de las contralorías; Art. 9 : Exequible
CC SC 835 de 2013
El que la norma demandada permita a la Dirección Nacional de Derechos de Autor imponer cualquier medida cautelar inmediata que considere razonable para garantizar el adecuado ejercicio de sus funciones, desconoce abiertamente el principio de legalidad y el debido proceso. El legislador pasó por alto que toda actuación judicial o en su caso administrativa debe estar clara y expresamente señalada en la ley, sin dar lugar a indeterminaciones que afecten principios o valores superiores que, como en este caso, impide a los administrados conocer de antemano cuáles serán las eventuales actuaciones que desplegará la administración.. Ley 1493 de 2011, por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones; Art. 30 Lit d) : INEXEQUIBLE
CC SC 833 de 2013
La inclusión como ganancia ocasional de los activos omitidos y de los pasivos existentes en las declaraciones de renta y complementarios de 2012 y 2013 o en las correcciones de declaraciones tributarias desconoce los principios de igualdad, equidad y justicia tributaria. El régimen transitorio constituye una amnistía tributaria - La libertad de configuración del legislador para establecer amnistías y saneamientos tributarios es limitada, debido a que con ellas puede llegar a alterarse el reparto equitativo de las carga impositiva que deben soportar los ciudadanos. En consecuencia, para adoptar tales medidas es preciso acreditar, tanto en la exposición de motivos como en los debates parlamentarios, la existencia de circunstancias especiales que justifiquen su expedición, al igual que la idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de las medidas adoptadas. No es acertado sostener que por el hecho de que las declaraciones en las que se omitió incluir tales activos o se adicionaron pasivos inexistentes hayan quedado en firme, la administración quede privada de toda posibilidad de derivar consecuencias desfavorables para el contribuyente que ha faltado a este deber. De hecho, la opción de liquidar renta por comparación de patrimonios, prevista en el artículo 236 del Estatuto Tributario, constituye una medida de la que puede valerse la administración tributaria, más allá del término de firmeza de las declaraciones privadas, para gravar los incrementos patrimoniales no justificados, sobre la base de presumir que, en estos casos, el aumento patrimonial corresponde a rentas que el contribuyente omitió declarar en períodos anteriores. Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones; Art. 163 (Adic. al Art. 239-1 del ET)
CC SC 831 de 2013
Licencias temporales no remuneradas para los Concejales. Cosa juzgada inexequible. Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Art. 24
CC SC 830 de 2013
(i) ¿El establecimiento en la la Ley 1551 de 2012, de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra municipios, vulnera el principio de unidad de materia? No. (ii) ¿La expresión demandada del primer inciso del parágrafo transitorio del artículo 47, al prever que los procesos ejecutivos contra municipios, en curso en cualquier jurisdicción al momento de entrar en vigencia la ley, deberán suspenderse con el objeto de convocar a una audiencia de conciliación para promover un acuerdo de pago que de fin al proceso, vulnera los derechos laborales de los trabajadores y el derecho a acceder a la justicia? Si bien en la Sentencia C-533 de 2013 este tribunal no se pronuncia sobre la exequibilidad del inciso primero del parágrafo transitorio del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, su decisión sí tiene efecto, merced a la mencionada relación entre esta norma y las ya examinadas, en el caso sub judic. El condicionamiento del decisum de la Sentencia C-533 de 2012 implica que no procede la conciliación en materia de procesos ejecutivos laborales. Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 47 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 829 de 2013
Exequible la Ley 1591 de 2012, por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre Responsabilidad Internacional de daños causados por objetos espaciales", hecho en Washington, Londres y Moscú, el 29 de marzo de 1972
CC SC 828 de 2013
Exequible la Ley 1586 de 2012, por medio de la cual se aprueba el "Acuerdo de Cooperación en el ámbito del turismo entre la República de Colombia y la República Portuguesa", firmado en Lisboa, República Portuguesa, el 8 de enero de 2007 en Lisboa, República Portuguesa, el 8 de enero de 2007
CC SC 827 de 2013
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo, por falta de legitimación de los demandantes, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de las condenas penales que se les impuso y que aún cumplen., en relación con la demanda formulada contra los artículos 19 (parcial) y 35 (parcial) de la Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; por ausencia de legitimidad de los demandantes para presentar dicha acción, toda vez que el ejercicio de sus derechos políticos se encuentra suspendido en virtud de condena penal
CC SC 826 de 2013
¿La creación del Sistema de Gestión de Calidad no tiene fundamento constitucional y suplanta, yuxtapone o contradice el control interno y el control fiscal previstos en los artículos 267, 268 y 272 de la Carta Política, como también si desconoce el inciso segundo del artículo 209 superior? La creación e implementación de un sistema de control de calidad en las entidades estatales tiene fundamento en los principios consagrados en el artículo 209 de la constitución que orientan la administración pública y resulta acorde con las finalidades del estado social de derecho. Ley 872 de 2003, por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios; Arts. 1 y 2 : Exequibles
CC SC 824 de 2013
¿La creación por el legislador dentro de la planta global de la Contraloría General de la República, de dos cargos de director grado 03, cinco cargos de profesional universitario grado 02 y tres cargos asistenciales grado 04, con el carácter de cargos de libre nombramiento y remoción, desconoció los preceptos constitucionales que consagran el régimen de carrera administrativa como sistema preferente e igualitario de acceso a los cargos públicos? Para la Corte, las funciones que corresponden a estos cargos no justifican la excepción a la regla general de la carrera administrativa, toda vez que se encargan fundamentalmente de labores de ejecución, apoyo y asistencia profesional y técnica en cada uno de los campos asignados a dichas Unidades. Ninguno de esos servidores públicos tiene facultad para formular o adoptar políticas institucionales o imponer directrices misionales o la orientación de la entidad en tales materias o que exijan un nivel cualificado de confianza. Su tarea en relación con esas políticas se ubica es en el ámbito técnico y de ejecución de las mismas. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 128 ¿parcial? : INEXEQUIBLE. S.V
Exonerar del Gravamen a los Movimientos Financieros a las operaciones de factoring realizadas por carteras colectivas, patrimonios autónomos y entidades vigiladas por las Superintendencia Financiera y de Economía Solidaria, respectivamente, vulnera los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, referentes al derecho a la igualdad y al principio de equidad tributaria, por una parte, porque se excluye de la exención del GMF a las empresas, sociedades, entidades o personas que no se encuentran sometidas a la vigilancia de ninguna de las superintendencias señaladas en el artículo 132 de la Ley 1607 de 2012; y por otra, porque sin razón alguna se exceptúa de este beneficio tributario a otro tipo de instituciones financieras, distintas de las carteras colectivas y de los patrimonios autónomos, que también realizan operaciones de factoring y están sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. No hay lugar a disponer un efecto retroactivo de la decisión de inexequibilidad, toda vez que no observó que existiera la intención de defraudar los intereses de los contribuyentes o que el comportamiento de las autoridades que participaron en la expedición de la norma haya estado encaminado a infringir la Constitución de manera palmaria. Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones; Art. 132 Num. 21 (Modifica el Art. 879) : CONDICIONALMENTE exequible, y parcialmente INEXEQUIBLE
El que la norma demandada establezca que el centro de arbitraje que no fuere competente, remitirá la demanda al que lo fuere, no hace referencia a una función de naturaleza jurisdiccional, sino a la competencia para realizar las labores de tipo administrativo. Ley 1563 de 2012, "por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones"; Art. 12 : Exequible
Fundadas las objeciones a los artículos 6 y 7 del Proyecto de Ley 39\09 Senado - 306\10 Cámara, "por medio de la cual se rinde homenaje a la vida, y obra del maestro de música vallenata Leandro Díaz" por cuanto la expropiación de la obra musical del maestro Leandro Díaz a quien tenga los derechos de autor de las mismas, por el ordenada no configura los motivos de utilidad pública o de interés social que exige el artículo 58 de la Constitución. Requisitos mínimos de las leyes que permiten u ordenan una expropiación
CC SC 758 de 2013
¿Vulneran el derecho a la igualdad y el derecho a la defensa la facultad discrecional otorgada al Comandante de la Fuerza para que en cualquier momento, por razones del servicio pueda retirar del servicio a los soldados profesionales, a solicitud de los Comandantes de la Unidad Operativa respectiva? Inepta demanda en relación con la violación al derecho a la igualdad. En relación al otro cargo, la Corte consideró que es una medida que tiene justificación constitucional en razón de los importantes fines establecidos en la Constitución a cargo de la institución militar, como lo son la soberanía nacional, la independencia, la integridad del territorio y el orden constitucional. A su juicio, se justifica la concesión de una herramienta jurídica que permita excluir del servicio a quien no tenga las calidades profesionales para el desempeño de tan delicada labor. Al mismo tiempo, advirtió la diferencia entre lo discrecional y lo arbitrario, toda vez que las decisiones discrecionales deben estar orientadas por la Constitución y las leyes que la desarrollan, por eso son susceptibles de control judicial. Con el propósito de garantizar de manera efectiva el derecho de defensa y el acceso a la justicia del soldado profesional que es excluido del servicio, la Corte condicionó su exequibilidad a que previo a la solicitud de desvinculación se valoren la hoja de vida y el motivo del retiro, en forma semejantes a los que realizan la junta asesora y los comités de evaluación respecto de los oficiales y suboficiales, toda vez que independientemente de las diferencias, no puede desconocerse el derecho de defensa que sería nugatorio sin dicha valoración. Decreto 1793 de 2000, por el cual se expide el Régimen de Carrera y estatuto del Personal de Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares; Art. 13 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 755 de 2013
¿Viola el derecho al debido proceso ordenar la remisión de los procesos de responsabilidad médica en trámite ante los jueces laborales a los jueces civiles competentes -en el estado en que se encuentren, en cuanto desconoce una manifestación específica del derecho a un juez natural? El legislador tiene amplia potestad para variar las competencias, incluidas las de procesos en curso (C-200 de 2002). Sin embargo, esa atribución no es absoluta y tiene ciertos límites. En estado de normalidad, ya superado el tránsito constitucional, y sin competencia constitucional especial y expresa, no puede asignarle a la rama ejecutiva la potestad de alterar la competencia (C-093 de 1993 y C-392 de 2000). No puede tampoco facultar a una autoridad, así sea de la rama judicial -como el Fiscal General-, para cambiar incesantemente la competencia en procesos en curso (C-873 de 2003). Tampoco está autorizado para, en el curso del proceso, trastocar la naturaleza del funcionario judicial (C-208 de 1993), trasferir la competencia a jueces ad hoc (caso Ivcher Bronstein vs. Perú Corte IDH,) o a una jurisdicción distinta a la ordinaria (SU-1184 de 2001). En general, puede decirse que a falta de justificación suficiente, no podría entonces alterar la competencia en procesos pendientes. La variación de la competencia debe, por tanto, perseguir un fin legítimo y ser adecuada para conseguirlo. En este caso, no se violó el derecho al debido proceso al variar la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica en curso, pues se persigue una finalidad legítima y la medida es adecuada. Ley 1564 de 2012 'Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones'; Art. 625 Num 8 : Exequible
CC SC 753 de 2013
¿Los artículos 19 de la Ley 1448 de 2011, 77 del Decreto Ley 4634 de 2011 y 80 del Decreto Ley 4634 de 2011, desconocen el derecho a la reparación de las víctimas al referirse a la sostenibilidad fiscal y a los límites impuestos por el presupuesto nacional como criterios para asegurar la continuidad y progresividad de la política pública en esta materia? La Corporación reiteró los lineamientos establecidos en la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y el alcance de la sostenibilidad fiscal, introducida mediante el artículo 334 de la Constitución mediante el Acto Legislativo 03 de 2011. Considerar que el derecho a la indemnización administrativa de las víctimas no puede ser restringido por razones presupuestales, supondría reconocer la existencia de un derecho a recibir montos ilimitados por parte del Estado en el marco de procesos administrativos, lo cual, además de ser inviable, iría en detrimento de los derechos de las víctimas, porque haría imposible repararlas a todas en condiciones de igualdad tal y como debería ser en este tipo de programas. Por ello, consideró que el sentido de las normas acusadas alude a la imperativa necesidad de que la política pública estatal de reparación a las víctimas sea viable y proporcional al número de víctimas y a la magnitud del daño sufrido por ellas, lo cual se ajusta a al parágrafo del artículo 334 y al artículo 366 de la Carta Política. Exequibles las normas demandadas
CC SC 752 de 2013
¿Excluir al desmovilizado del proceso de justicia y paz, por omitir entregar y denunciar todos los bienes obtenidos ilícitamente, desconoce la garantía de la proscripción de la responsabilidad objetiva al no valorar ni la entidad de la omisión, ni el factor subjetivo de la misma? En la medida que el ofrecimiento de bienes es un acto de plena responsabilidad del postulado y es parte de los compromisos adquiridos, este debe asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Ley 1592 de 2012, por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones; Art. 8 (parcial) (Adc. Art. 11D a la Ley 975 de 2005): Exequible. Art. 37: Inepta demanda
CC SC 751 de 2013
Demanda dirigida a atacar el desarrollo del procedimiento legislativo que culminó en la expedición de Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones. Exequible
CC SC 750 de 2013
Exequible Ley 1594 de 2012, aprobatoria del "Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la República de Colombia y la Confederación Suiza", hecho en Davos Suiza, el 28 de enero de 2011"
CC SC 749 de 2013
Exequible Ley 1582 de 2012, aprobatoria del "Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía", suscrito en Bogotá el 20 de septiembre de 2012
CC SC 742 de 2013
Cosa juzgada en relación con el artículo 31 de la Ley 1606 de 2012, "por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio del 1º de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014", declarada inexequible
CC SC 741 de 2013
La obligación impuesta al empleador sancionado por negarse o eludir iniciar las conservaciones de arreglo directo con los trabajadores, de consignar previamente el valor de la multa a favor del SENA, para poder interponer los recursos legales contra la respectiva sanción, no vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y en concreto, el derecho de defensa, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política. Código Sustantivo del Trabajo; Art. 433
CC SC 740 de 2013
Inexequible Acto Legislativo 2 de 2012, "por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia", por vicios de trámite
CC SC 700 de 2013
¿La exigencia de liquidación judicial de una sociedad conyugal anterior para poder declarar judicialmente la sociedad patrimonial de hecho, vulnera el principio de igualdad (art. 13 C.Po.) y la obligación constitucional de protección igualitaria a las familias formadas por vínculo matrimonial y las conformadas por vínculos de hecho (art. 42 C.Po.)? Si lo que se busca es impedir la multiplicidad de sociedades, la norma fue más allá de lo que era necesario para lograr la finalidad que se propuso y por ello, esta no ha de exigirse a nadie. En suma, si el objetivo era extirpar la eventual concurrencia de sociedades es suficiente que la sociedad conyugal haya llegado a su término para lo cual basta la disolución. Ley 54 de 1990, "por la cual se definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes"; 2 (Mod. por el Art. 1 de la Ley 979 de 2005) : "y liquidadas" : INEXEQUIBLE
CC SC 695 de 2013
¿El legislador al establecer como uno de los presupuestos para imponer una medida de aseguramiento, aquellos eventos en los cuales se pueda inferir razonablemente que el imputado no cumplirá la sentencia, desconoce el principio de libertad (art. 28 C.Po.), la presunción de inocencia (art. 29 C.Po.) y los requisitos constitucionales para imponer una medida de aseguramiento (art. 250.1 C.Po.)? La libertad no es un derecho absoluto e ilimitado, pues dentro de la potestad de configuración del legislador puede ser restringido preventivamente, por excepción y bajo los rigurosos principios constitucionales de necesidad y razonabilidad. Ley 906 de 2004, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal"; Art. 308 Num 3 (parcial) : Exequible
CC SC 692 de 2013
Exequible la Ley 1572 de agosto 2 de 2012, por medio de la cual se aprobó la "Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares"
CC SC 699 de 2013
¿Violó el artículo 22 de la norma demandada la reserva de ley estatutaria? Ni el artículo 22 ni el resto de la Ley 1551 de 2012 tienen por objeto regular de manera íntegra los derechos de la oposición política o de las minorías políticas. (ii) Establecer la posibilidad de que los concejales soliciten licencias no remuneradas de duración mínima de tres meses, sin que haya que justificar de ninguna manera su ausencia temporal del cargo, contradice abiertamente la prohibición constitucional, toda vez que no puede haber lugar a reemplazo temporal alguno de los concejales. Cosa distinta es que circunstancias especiales, puedan justificar la falta temporal de los concejales, como una enfermedad, calamidad familiar, fuerza mayor, etc. En esos eventos, se deberán aplicar las normas que regulan este tipo de faltas temporales de los servidores públicos, pero sin que en todo caso, el concejal pueda ser reemplazado durante dicha falta, toda vez que el artículo 134 de la Constitución proscribe esa posibilidad. Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 22 (Mod. Art. 28 de la Ley 136 de 1994) : Exequible. S.V; Art. 24 (parcial) : INEXEQUIBLE
CC SC 664 de 2013
CC SC 663 de 2013
Exequible la Ley 1588 de 2012, "por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre el Estatuto de los Apátridas", adoptada en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954 y la "Convención para reducir los casos de Apatridia ", adoptada en Nueva York, el 30 de agosto de 1961. El texto de la ley fue publicado en el Diario Oficial No. 48.619 de 19 de noviembre de 2012
CC SC 616 de 2013
Exequible la Ley 1595 de 2012, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189)", adoptado en Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011"
CC SC 615 de 2013
¿Los artículos demandados, en razón a que el Legislador consagró en estas nuevas disposiciones modificaciones, reformas y derogatorias en materia tributaria, constituiría una presunta invasión del ámbito de competencia de las entidades territoriales en materia tributaria, desconocería el principio de descentralización, y resultaría lesivo para los derechos económicos y para la autonomía de estas entidades? La contribución parafiscal cultural regulada en las normas demandadas no desconoce los derechos demandados. Ley 1493 de 2011, "por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones"; Arts. 7 a 14 y 37 : Exequibles
CC SC 614 de 2013
Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Ley 1592 de 2012, "por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 26 (Mod. Art. 25 de la Ley 975 de 2005) : Inepta demanda
CC SC 613 de 2013
¿Limitar la pensión familiar en el Régimen de Prima Media a las parejas de cónyuges o compañeros permanentes clasificados en los niveles 1 y 2 del SISBEN, implica un desconocimiento del principio de igualdad, al excluir a otras parejas que no están clasificados en esos niveles?; (ii) ¿estableció la ley un tratamiento diferenciado injustificado entre las parejas afiliadas al Régimen de Prima Media y las afiliadas al Régimen de Ahorro Individual, puesto que solamente a las primeras se les exige estar clasificadas en los niveles 1 y 2 para ser beneficiarias de la pensión familiar?; y (iii) ¿constituye un trato discriminatorio el que los beneficiarios de la pensión familiar en el RPM solamente puedan reclamar una mesada de un salario mínimo legal mensual, mientras que los titulares de la pensión de vejez en el mismo régimen tienen derecho a una mesada de mayor valor de conformidad con su ingreso base de liquidación? Los grupos que identifica el actor no son comparables, toda vez que en todos los casos existe un criterio importante de diferenciación. Si en gracia de discusión se admitiera que los colectivos a los que se refiere la demanda son comparables, en todo caso las medidas bajo estudio están justificadas. La Corte resalta la importancia de este tipo de decisiones dirigidas a la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones con equidad; sin embargo, recuerda que no es una labor acabada y que, a la luz del principio de progresividad y no regresión y las exigencias del derecho a la seguridad social, se debe seguir trabajando en brindar protección a los adultos mayores cuyo mínimo vital se encuentre en riesgo. Ley 1580 de 2012, "por la cual se crea la pensión familiar"; Art. 3, Lits. k) y m) (Adic. Art. 151C a la Ley 100 de 1993) : Exequibles
CC SC 612 de 2013
¿La inhabilidad, para ejercer al cargo de Registrador de Instrumentos Públicos, al abogado por haber sido sancionado disciplinariamente, resulta desproporcionada constitucionalmente? La Corte condiciona su exequibilidad a que se entienda que esa inhabilidad no cubre sanciones de multa o censura por faltas no graves impuestas de manera autónoma a los abogados, de acuerdo con la Ley 1123 de 2006. Ley 1579 de 2012, "por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos"; Art. 79 Lit. e) (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 581 de 2013
¿Resulta contrario a la Constitución el deber que se asigna a las autoridades para que al dar aplicación a esta ley observen los criterios de justicia transicional y sostenibilidad fiscal? La Corte encontró que los incisos acusados no implican una indebida limitación a los poderes y el campo de acción de los jueces administrativos ni de ninguna otra autoridad, quienes pese a los mandatos indicativos contenidos en estas normas, conservan la plenitud de sus facultades y la posibilidad de adoptar las decisiones que consideren pertinentes y necesarias para hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación integral. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Art. 9 Incs. 4 y 5 : Exequibles
CC SC 580 de 2013
Para la Corte, la naturaleza jurídica de la Autoridad Nacional de Televisión y la intervención del Ministro de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones en la Junta Nacional de Televisión, se ajustan a la Constitución Política. Ley 1507 de 2012, "por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones"; Art. 2 Par. y Art. 4 Lit. a) : Exequibles. Art. 19 : Inepta demanda
CC SC 579 de 2013
¿Los elementos de justicia transicional introducidos por el "Marco Jurídico para la Paz" son incompatibles con el pilar esencial que exige respetar, proteger y garantizar los derechos de la sociedad y de las víctimas; el cambio implicaba una sustitución de la Constitución o de alguno de sus ejes fundamentales? La Corte declaró EXEQUIBLE el inciso 4º. del artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2012, "por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" consideró necesario fijar parámetros de interpretación, para que estos sean observados por el Congreso de la República al expedir la Ley Estatutaria que desarrolle el "Marco Jurídico para la Paz"
CC SC 543 de 2013
Inembargabilidad de algunos recurso públicos. Inepta demanda contra el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 70 (parcial) de la Ley 1530 de 2012, y los numerales 1, 4 y el parágrafo del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012
CC SC 555 de 2013
¿Al establecer el legislador que en los contratos de concesión -y demás títulos habilitantes para prestar servicios de telecomunicaciones- la reversión sólo implica la devolución de las frecuencias radioeléctricas, desconoce el artículo 75 de la Carta, que consagra el carácter de bien público del espectro electromagnético, la igualdad en el acceso a su uso, la gestión y control del mismo a cargo del Estado, quien debe intervenir para evitar las prácticas monopolísticas? y (ii) ¿vulneran las normas demandadas el citado precepto constitucional, en tanto pueden ser interpretadas como una modificación de las cláusulas de reversión pactadas en los contratos de concesión para prestar el servicio de telecomunicaciones suscritos antes de su entrada en vigencia, en el sentido de establecer que solo revertirán al Estado las frecuencias radioeléctricas, con exclusión de los demás elementos y bienes directamente afectados a la prestación del servicio? La Corte consideró que no es inconstitucional la reversión tal como la establecen las normas demandadas; lo que resulta inconstitucional es su interpretación en el sentido de que ellas modifican las cláusulas de reversión pactadas antes de su entrada en vigencia. En consecuencia, como los contratos celebrados con antelación a la entrada en vigencia de las leyes 422 de 1998 y 1341 de 2009 suponían para el Estado el derecho de propiedad sobre los bienes empleados en la concesión, de hacerse extensiva las disposiciones acusadas a esas situaciones se estarían desconociendo los derechos referidos; y por ende, desconociendo la seguridad jurídica en detrimento del patrimonio estatal. Ley 422 de 1998, "por la cual se modifica parcialmente la Ley 37 de 1993, y se dictan otras disposiciones"; Art. 4 y Ley 1341 de 2009, "por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones"; Art. 68 : CONDICIONALMENTE exequibles
CC SC 532 de 2013
La provisión de los cargos de magistrados de justicia y paz mediante listas que se elaboren por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sin mediar un concurso público de méritos, desconoce abiertamente el mandato del artículo 125 de la Constitución. Pese a que esas listas se conforman por las personas que se hayan inscrito previamente con tal propósito, lo cierto es que dicha elaboración se hace discrecionalmente por la Sala Administrativa, sin someter a los aspirantes propiamente un concurso de méritos que permita seleccionar de manera objetiva y en igualdad de oportunidades, a quienes obtengan los mejores puntajes. Por consiguiente, la Corte procedió a excluir del ordenamiento, el aparte normativo del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012 que establecía la designación de los magistrados de justicia y paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de listas elaboradas directamente por la Sala Administrativa, de conformidad con el artículo 53 de la Ley 270 de 1996, que está previsto en la Constitución únicamente para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Ley 1592 de 2012 "Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones"; Art. 28 (parcial) (Mod. Art. 32 de la Ley 975 de 2005) : Apartes CONDICIONALMENTE exequibles y apartes INEXEQUIBLES
CC SC 528 de 2013
Con la imposición de un gravamen obligatorio establecido a cargo de las compañías aseguradoras que ofrezcan pólizas de seguros en determinados ramos, en los cuales operan los cuerpos de bomberos (hogar, incendios, terremotos, minas y petróleo o denominaciones registradas que tengan que ver con estos ramos), (i) ¿violó el legislador el principio de generalidad de los impuestos y la prohibición de decretar rentas nacionales con destinación específica, por destinarlo a la financiación, fortalecimiento y actualización del cuerpo de bomberos?; y (ii) ¿se desconocieron los principios de equidad, justicia y razonabilidad tributarias al establecer únicamente a un grupo económico como sujeto pasivo de un gravamen, con el que se busca financiar de manera específica, fortalecer y actualizar un servicio público con vocación de beneficiar a toda la colectividad, cuando este servicio además lo presta uno de los sectores a los que pertenece el grupo gravado y si es razonable suponer que este puede beneficiarse especialmente por el fortalecimiento y actualizaciones del mismo? La Corte estableció que el tributo destinado al Fondo Nacional de Bomberos no es un impuesto sino que técnicamente es una contribución parafiscal y por ende, no vulnera el principio de generalidad de los impuestos, ni la prohibición constitucional del establecimiento de rentas nacionales con destinación específica. El Tribunal precisó que el hecho de que la ordenación presupuestal de la cuota de bomberos se realiza mediante una cuenta especial del presupuesto de rentas, no altera su atributo de contribución parafiscal. Este hecho no determina la especie tributaria a la que pertenece el gravamen acusado, sino que tiene que ver con la forma y el orden con los que se elabora el presupuesto nacional y no con la naturaleza del tributo (sentencia C-546-97), cuyas sus características esenciales son obligatoriedad, singularidad y destinación sectorial. Ley 1575 de 2012 "por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia"; Art. 35 Num. 1 : Exequible
CC SC 527 de 2013
¿Vulnera el principio constitucional de buena fe, la disposición legal que autoriza demandar la revocación o simulación de los actos dispositivos celebrados por el deudor durante los 18 meses anteriores al inicio del proceso de insolvencia, que disminuyan su patrimonio en perjuicio de cualquiera de los acreedores, cuando no aparezca demostrado que el adquirente, arrendatario o comodatario obró de buena fe? Si bien la Corte reconoce que el artículo 74 de la Ley 1116 de 2006 en realidad invierte la carga probatoria, radicando en cabeza del adquirente, arrendatario o comodatario la obligación de demostrar las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los negocios impugnados, ello no ocurre porque necesariamente se presuma que su conducta fue indebida o fraudulenta sino porque en virtud de la carga dinámica de la prueba son ellos quienes están mejor posicionados para ilustrar al juez del concurso respecto de la conducta desplegada en torno a cada uno de los actos mercantiles desplegados, lo cual es compatible con la jurisprudencia constitucional decantada sobre el particular. En otras palabras, el legislador ha buscado proteger a quien actuó de buena fe, aún cuando le exige demostrar la manera como se llevó a cabo su negociación. Ley 1116 de 2006 "por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia"; Art. 74 Num. 1 : Exequible
CC SC 525 de 2013
En relación con la pensión a deportistas destacado de escasos recursos establecida en el artículo 148 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema general de seguridad social y se dictan otras disposiciones", la Corte se inhibe al considerar que este texto se encuentra tácitamente derogado por el artículo 45 de la Ley 181 1995
CC SC 534 de 2013
Inepta demanda contra el Decreto 4173 de 2011 "por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC, se fija su estructura y se señalan sus funciones"
CC SC 533 de 2013
(i) ¿Vulnera el derecho de acceso a la justicia, al establecer la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra los municipios -dejando de lado los derechos de carácter laboral-? Para la Corporación, es razonable exigir el agotamiento de la conciliación prejudicial en los procesos ejecutivos iniciados contra los municipios, en tanto la medida propende hacia fines legítimos e imperiosos, a través de un mecanismo que no está prohibido constitucionalmente y que es adecuado para alcanzar tales fines. (ii) ¿viola el principio de igualdad, al imponer a los deudores de los municipios una carga procesal (conciliación prejudicial) que no se impone a los demás deudores en los procesos ejecutivos? El criterio de diferenciación empleado por el legislador (que el titular del crédito sea un municipio) no es uno de aquellos criterios señalados por la Constitución Política como sospechosos de establecer un trato discriminatorio (vgr. sexo, raza, religión, origen familiar o nacional). No ocurre lo mismo, cuando se trata del cobro ejecutivo de créditos por acreencias laborales. En este caso, la Corte consideró que el legislador vulnera los derechos laborales y especialmente, el derecho a la igualdad de los trabajadores que tienen deudas del municipio, susceptibles de ser reclamadas mediante un proceso ejecutivo. Al respecto, reiteró lo dispuesto en la sentencia C-160-99, en cuanto la conciliación en materia laboral no se requiere cuando ya se posee un título ejecutivo de derecho cierto e indiscutible que no se puede renunciar ni negociar, como lo prevé el artículo 53 de la Constitución. Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Art. 47 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 531 de 2013
Inepta demanda contra el artículo 317 - Desistimiento tácito- de la Ley 1564 de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"
CC SC 530 de 2013
Inepta demanda contra el inciso octavo -prohibición de recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año- del Acto Legislativo 1 de 2005, por haberse configurado el fenómeno de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad
CC SC 529 de 2013
Cosa juzgada en relación con el artículo 1133 (parcial) del Código Civil declarado INEXEQUIBLE
CC SC 526 de 2013
Cosa juzgada en relación con el Decreto Ley 4171 de 2011, por el cual se crea, se determina la conformación y las funciones del Consejo Directivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), declarado INEXEQUIBLE
CC SC 514 de 2013
Inepta demanda contra el artículo 33 de la Ley 675 de 2001, "por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal", por carencia actual del objeto". Las personas jurídicas originadas en la propiedad horizontal tienen la calidad de no contribuyentes respecto de las actividades comprendidas dentro de su objeto social; por el contrario, los artículos 47 y 186 de la referida ley señalan algunas actividades que pese a estar comprendidas dentro de tal objeto, dan lugar a la calificación de contribuyente. Así ocurre con la explotación económica de bienes comunes en propiedades horizontales que no tienen un uso residencial, y con la prestación del servicio de parqueadero y de estacionamiento en zonas comunes. En tales circunstancias, teniendo en cuenta que la proposición jurídica demandada tiene hoy en día un contenido diverso al expuesto por el actor, tampoco es posible un pronunciamiento de fondo
CC SC 513 de 2013
La posibilidad de establecer como condición para ser beneficiario de una asignación testamentaria, el permanecer en estado de viudez, cuando se tengan hijos de un matrimonio anterior, desconoce el derecho de autonomía personal. Código Civil; Art. 1133 : INEXEQUIBLE
CC SC 512 de 2013
(i) ¿La posibilidad de aplicar el procedimiento verbal a las indagaciones preliminares que están en trámite, al momento de calificar su mérito y a los procesos de responsabilidad fiscal en los que no se haya proferido auto de imputación al entrar en vigencia la ley 1474 de 2011, vulnera el debido proceso y en particular, el principio de legalidad, según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa? La aplicación del procedimiento verbal en lugar del procedimiento ordinario no supone o implica menoscabo alguno para las garantías del procesado, pues en todo caso deben respetarse los principios y garantías reconocidos por ésta, por los tratados de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad y por la ley que lo regula. l procedimiento verbal puede aplicarse durante el transcurso del proceso, incluso a procesos que iniciaron su trámite conforme a otro procedimiento. Y esto es así, en razón de las reglas sobre aplicación en el tiempo de las leyes procesales. (ii) ¿prever presunciones de dolo y culpa grave para determinar el grado de culpabilidad, a efectos de establecer la responsabilidad fiscal, vulnera el debido proceso, en concreto, la presunción de inocencia, la presunción de buena fe y la regla de que solo las condenas judiciales definitivas tienen la calidad de antecedentes penales y convencionales? La mera existencia de una presunción en el contexto de estos procesos no vulnera per se el debido proceso, ya que de una parte su existencia busca dar seguridad a ciertos estados, situaciones o hechos relevantes y, de otra, busca proteger bienes jurídicos valiosos, conforme a la lógica y a la experiencia. Además, las presunciones pueden desvirtuarse por medio de pruebas idóneas, al controvertir los antecedentes o circunstancias que dan soporte a la presunción, o al controvertir la presunción misma, cuando se trata de una presunción iuris tantum. En cuanto a las presunciones de culpa previstas en los literales a y e del artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, la Corte consideró que exigen una calificación especial, como es la de "manifiesta". Y es que no cualquier error, imprecisión o confusión puede dar lugar a la presunción legal de culpa grave, sino sólo aquellos que sean manifiestos, es decir, evidentes y propios de un obrar descuidado o falto de diligencia. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 97 Par. 3o. y 118 : Exequibles
CC SC 473 de 2013
Inexequible el Decreto 4171 de 2011 "por el cual se crea, se determina la conformación y las funciones del Consejo Directivo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)"
CC SC 472 de 2013
¿Desconoce el derecho de asociación sindical y el derecho a la igualdad, que las reglas especiales de protección penal relativas a las causales de agravación de determinados delitos o a la extensión del término de prescripción de la acción penal para ellos, únicamente se apliquen cuando el delito afecte a miembros de organizaciones sindicales "legalmente reconocidas"? Las organizaciones sindicales son destinatarias de protección y reconocimiento desde el mismo momento de su fundación. Según la posición consolidada de esta Corporación la protección constitucional de los sindicatos se asegura con el reconocimiento de un derecho a conformarlos sin intervención estatal alguna (art. 39 primera frase CP y artículo 2 del Convenio 87 de la OIT) sin perjuicio de la función de publicidad que se adscribe a la inscripción a la que alude también el artículo 39 de la Carta al señalar que el reconocimiento jurídico de los sindicatos se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Ley 1309 de 2009 "por la cual se modifica la Ley 599 de 2000 relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los miembros de una organización sindical legalmente reconocida"; Título y Art. 3 (parciales) Ley 1426 de 2010 "por la cual se modifica la Ley 599 de 2000, relativa a las conductas punibles que atentan contra los bienes jurídicamente protegidos de los defensores de derechos humanos y periodistas"; Arts. 1, 2, 3 y 4 (parciales) Mod. los Arts. 83, 104, 170 y 347 (parcialmente) Ley 599 de 2000) : parcialmente INEXEQUIBLES
CC SC 471 de 2013
La Comisión Nacional del Servicio Civil, como órgano autónomo e independiente, tiene la competencia constitucional para administrar y vigilar los sistemas específicos de carrera y que solo en virtud de la exclusión que sobre alguna carrera haga la propia Constitución, la Comisión carecerá de tal competencia. Asignar la función de administración del sistema específico de carrera a cada Superintendencia, dejando a la Comisión Nacional de Servicio Civil solamente la vigilancia del sistema, contradice los artículos 125 y 130 de la Constitución. Decreto 775 de 2005 "por el cual se establece el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la Administración Pública Nacional"; Arts. 15 y 6, 14, 17, 20, 21, 28 y 48 (parciales) : INEXEQUIBLES. Arts. 10, 23, 32 y 37 : CONDICIONALMENTE exequibles. Art. 33 : Exequible
CC SC 470 de 2013
Acto Legislativo 5 de 2011. Inepta demanda respecto al cargo por desconocimiento del principio de separación de poderes
CC SC 462 de 2013
Los mecanismos enunciados en el parágrafo 3º del artículo 132 de la Ley 1448 de 2011, como formas posibles de indemnización administrativa, no se oponen a la Constitución. Sin embargo, de conformidad con lo señalado en la sentencia SU-254-13, que unificó los criterios referentes a la reparación, la Corte consideró que había que excluir cualquier entendimiento de la norma que llevara a confundir tales mecanismos con la indemnización administrativa. Por consiguiente, procedió a declarar la exequibilidad condicionada de los mismos, en el sentido de entender que se trata de mecanismos adicionales al monto de indemnización administrativa que debe pagarse en dinero. El inciso final del mismo parágrafo desconoce el principio que exige no confundir el deber de reparar con el deber de asistencia social en cumplimiento de los deberes constitucionales asignados al Estado. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 3º, 51, 60, 66 (incisos primero y segundo), 67 y 125 : Cosa juzgada. Art. 61, 66, 123 y 132 (parciales) : Inepta demanda. Art. 132 (parcial) CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE y aparte INEXEQUIBLE
CC SC 460 de 2013
Para la Corte el que el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego al que deben someterse las personas naturales que sean vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, deba ser anual y realizado sin ningún costo por las ARP y no deba ser asumido por el empleador no desconoce los principios constitucionales demandados. Ley 1539 de 2012 "por la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones"; Art. 1 (parcial) Exequible. S.V
La Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de varias medidas adoptadas en la Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones", por la presunta vulneración de: Principio de Progresividad (17 y 19); desconocimiento del alcance del principio pro homine (Art. 27); de los derechos de las víctimas a participar adecuadamente en los procesos judiciales (Art. 28 y 37 parciales); de la obligación de trato digno a las víctimas en causas penales e interrogatorios (Art. 37 parcial); de la obligación de adopción de medidas especiales en la práctica de testimonios (Art. 41 parcial); del derecho a la reparación integral en la regulación del incidente de reparación especial (Art. 46); del principio humanitario de imparcialidad y de la obligación de adoptar 'enfoque diferencial', en la entrega de la ayuda humanitaria a las víctimas, derivada de la exigencia de establecer necesidades inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante (Art. 47-Inc. 1o.); del principio de igualdad derivada de la restricción de entregar la ayuda humanitaria sólo una vez (Art. 47-Par. 3o.); del principio de igualdad en la entrega de la ayuda humanitaria de emergencia a la población desplazada conforme a la evaluación del grado de necesidad y urgencia (Art. 64); de la intimidad familiar derivada de la exigencia de la publicación de la admisión de la solicitud de restitución o formalización de tierras despojadas (Art. 86-lit. e.); del derecho al debido proceso en el trámite de las oposiciones a la solicitud de restitución. (Art. 88). Arts. 17, 27 28, 37, 41, 64 (parciales) : Exequibles. Arts. 46, 47, 88 (parciales) : CONDICIONALMENTE exequibles. Y Arts. 47, 86 (parciales) : INEXEQUIBLES
La atribución de funciones jurisdiccionales a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, en los procesos relacionados con los derechos de autor y conexos, no viola los mandatos de precisión temática y orgánica derivados del artículo 116 de la Constitución. Adicionalmente, constató que tal atribución no desconoce la prohibición de asignar a las autoridades administrativas, funciones para instruir sumarios o juzgar delitos, siempre y cuando la estructura y funcionamiento de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, garanticen los procedimientos de imparcialidad e independencia en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales asignadas. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 24 3b) : CONDICIONALMENTE exequible
Inepta demanda por presuntos vicios competenciales del constituyente derivado, por un cargo de sustitución de la Constitución, contra el artículo 2o. del Acto Legislativo 6 de 2011, "por el cual se reforma el numeral 4 del artículo 235, el artículo 250 y el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución Política". S.V
¿El Presidente de la República al cambiar la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, pasándolo del Ministerio de Salud al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desbordó el ámbito de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas con la Ley 1444 de 2011, artículo 18, literales d) y h)? Ya esta Corporación había determinado en la sentencia C-366-12, que el literal d) presenta un aparente nivel de generalidad, al prescribir que el Presidente de la República podrá "reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre estas y otras entidades y organismos del Estado", pero se trata de una facultad que debe estar vinculada a los propósitos y objetivos de la ley que la contiene. En este orden, la Corte Constitucional concluyó que el cambio realizado por el Gobierno al pasar el órgano asesor de la política de explotación, organización y control de la operación de los juegos de suerte y azar, al sector administrativo donde se encontraba el órgano ejecutor de la misma política (COLJUEGOS), es coherente con los propósitos y objetivos trazados con la Ley 1444 de 2011. Decreto 4144 de 2011, "por el cual se determina la adscripción del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar y se reasignan funciones"; Art. 1 : Exequible. Inepta demanda en relación con los Arts. 2 y 3
La atribución conferida al Consejo de Estado, para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional (art. 135), no vulnera las competencias asignadas por la Carta Política a dicha Corporación y a la Corte Constitucional, bajo el entendido de que a la Corte constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional, con contenido material de ley. ¿los efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional para las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad proferidas por el Consejo de Estado (art. 189), son equiparables con los que emanan de las decisiones de la Corte Constitucional? No es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al tribunal supremo de lo contencioso administrativo, que carece de la potestad otorgada expresamente por la Constitución, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Ley 1437 de 2011, "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo"; Art. 135 Inc. 2o. : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 189 Inc. 3o.: Exequible salvo la expresión "constitucional" declarada INEXEQUIBLE
CC SC 361 de 2013
Exequible la Ley 1519 de 2012 aprobatoria del "Convenio sobre distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite"
CC SC 360 de 2013
Exequible la Ley 1585 de 2012, aprobatoria de la "Resolución No. AG-14\2005" adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Madrid el 8 de septiembre de 2005; la "Resolución No. AG-13\2006", adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 17 de octubre de 2006; la "Resolución AG-10\2007", adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 23 de marzo de 2007 y de la "Resolución No. AG-7\2009", adoptada por la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica, en Tegucigalpa, el 29 de abril de 2009
CC SC 359 de 2013
Al no incluir entre la población beneficiaria con prioridad en el acceso a los proyectos de vivienda de interés social y de interés prioritario, al pueblo Rrom o Gitano y a las comunidades raizales, como grupo étnico y cultural de la Nación, incurrió el legislador en una omisión legislativa relativa, por tratamiento discriminatorio prohibido por el artículo 13 de la Constitución Política. Ley 1537 de 2012, "por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones"; Arts. 13 y 28 : CONDICIONALMENTE exequibles
Rentas exentas. Estatuto Tributario; Art. 207 Num. 7 (parcial) : Inepta demanda porque el accionante no logra demostrar que las categorías de fiscales y jueces sean completamente asimilables y que por ende debían estar los fiscales que actúan ante los jueces en el componente integral de la norma acusada
¿Incurrió el legislador, al regular en el artículo 3 de la Ley 1221 de 2008, en una omisión legislativa relativa, al no incluir dentro de los partícipes de la formulación de la política pública del fomento del teletrabajo, a los trabajadores, representados a través de los sindicatos? La formulación de una política pública de fomento al teletrabajo debe hacerse con la participación de las organizaciones sindicales. Tanto la Constitución como la jurisprudencia constitucional han establecido el derecho a la participación de los sectores que se ven directamente afectados con dicha política. Ley 1221 de 2008, "por la cual se establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones "; Art. 3 : CONDICIONALMENTE exequible. Art. 6 (parcial) : Inepta demanda
CC SC 336 de 2013
Inepta demanda contra el Acto Legislativo 6 de 2011, "por el cual se reforma el numeral 4 del artículo 235, el artículo 250 y el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución Política"
CC SC 335 de 2013
¿Al establecer como deber de las autoridades implementar medidas de fomento de sanción social, para quienes incurran en prácticas discriminatorias o actos de violencia en contra de las mujeres, vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídicas, al no determinarse los criterios para la imposición de dicha sanción y poner en peligro la convivencia pacífica de los ciudadanos al permitirse que las apliquen? Ley 1257 de 2008, "por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"; Art. 9 Un. 5 (parcial) : EXEQUIBLE
CC SC 334 de 2013
Es exequible la agravación de la pena aplicable a los delitos de concierto para delinquir y entrenamiento para actividades ilícitas en el evento de que sean cometidos por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del estado. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 342
CC SC 319 de 2013
La inexistencia de recursos contra las decisiones de trámite en la acción de cumplimiento, salvo la sentencia y el auto que deniega pruebas, no conllevan una restricción incompatible con el derecho de defensa, el acceso a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva. Ley 393 de 1997, por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política; Art. 16 (parcial) : Exequible
CC SC 313 de 2013
La posibilidad de efectuar pagos anticipados de créditos financieros en moneda nacional, sin ningún tipo de penalización se aplica también a los créditos adquiridos con anterioridad al 9 de julio de 2012. El carácter de situaciones jurídicas consolidadas se presentaría solo en aquellos eventos en los cuales ya se hizo el pago anticipado y se ha generado el derecho de hacer efectiva la sanción.Ley 1555 de 2012, por medio de la cual se permite a los consumidores financieros el pago anticipado en las operaciones de crédito y se dictan otras disposiciones; Art. 1 Par. (Adc. el Art. 5 de la ley 1328 de 2009) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 306 de 2013
Condicionar la entrega de la indemnización, a que se realice el registro de la sentencia de expropiación y del acta de entrega del bien expropiado, no desconoce el artículo 58 de la Constitución, que establece la indemnización previa al propietario del bien afectado con la expropiación. De esta forma, el particular afectado con la expropiación forzosa por motivos de utilidad política o interés social cuenta con la indemnización antes del acto traslaticio de dominio al demandante, conservando así el derecho de propiedad que protege la Carta Política hasta tanto se cumpla la tradición, formalizada no con la simple entrega del bien, sino a través del respectivo registro. Cosa distinta es el pago efectivo de la indemnización dispuesto a través de esa garantía, en cuyo caso si ocurren circunstancias gravosas para el particular expropiado, entre el momento de entrega del bien y dicho pago, habrá lugar al reconocimiento de una indemnización reparatoria que componga los daños y perjuicios ocasionados. Precisó que, aún cuando la Constitución no determina que la cancelación de la indemnización deba ser inmediata y de contado, corresponde al juez de la expropiación velar porque sea pronta, adecuada y justa, consultando tanto los intereses tanto de la comunidad como del afectado. Código de Procedimiento Civil; Art. 458 (parcial): Exequible
CC SC 305 de 2013
Las limitaciones e inhabilidades señaladas en las normas demandadas para desempeñarse como árbitro o secretario de tribunales de arbitramento en los que sea parte una entidad pública o de quien ejerce funciones administrativas, no configuran un desconocimiento de los derechos a la igualdad y al trabajo (Arts. 8 y 9). A sí mismo el deber de información a cargo de la persona que sea designada árbitro o secretario sobre las circunstancias que allí se enuncian, no desconocer el principio de buena fe. Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones; Arts. 8, 9 (parciales) y 15 : Exequibles
CC SC 304 de 2013
Inepta demanda en contra de la interpretación de los artículos 292 y 292-1 del Estatuto Tributario. Los requisitos de la demanda contra interpretaciones judiciales e interpretaciones de la Administración
CC SC 303 de 2013
(i) ¿Se lesiona el derecho de defensa cuando la imputación en contra de una persona, se formula sin que previamente tenga la posibilidad de pronunciarse integralmente sobre los cargos que se le imputan?; (ii) ¿el derecho de defensa comprende la facultad para obtener descuentos punitivos por el reconocimiento condicional de la responsabilidad penal?; (iii) ¿el principio de la justicia premial impone la necesidad de reconocer descuentos punitivos al reconocimiento condicional de la responsabilidad penal?; y (iv) ¿el reconocimiento condicionado de la responsabilidad penal debe ser equiparado, en términos punitivos, a la hipótesis del reconocimiento puro y simple de la responsabilidad? La forma en que está regulada la audiencia de imputación de cargos y las consecuencias de la aceptación condicional de responsabilidad penal, no vulneran los derechos al debido proceso y a la defensa. Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal; Arts. 288.3; 351; 356. y 367 (parciales) : Exequibles
CC SC 281 de 2013
No se pueden equiparar las reglas sobre prescripción de la acción penal con las reglas sobre prescripción, cuando esta se ha interrumpido en el proceso. Ley 599 de 2000, "por la cual se expide el Código Penal"; Art. 83 (parcial) y 86 : Fallo inhibitorio
CC SC 280 de 2013
Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Declara Inexequible un aparte del Art. 60; condicionalmente exequibles apartes de los Arts. 51, 60, 66; Exequibles los Art. 51, 60, 66, 67 (parciales) y 125. Inepta demanda sobre los Art. 123 y 132 (parciales). Concluye que esta es una ley de carácter especial, pues regula respecto de los sujetos y personas determinados en su artículo 3° un conjunto de temas que en la mayoría de los casos se encuentran también previstos, aunque de distinta forma, en leyes preexistentes, las cuales no son derogadas ni afectadas de ninguna otra manera por la expedición de esta norma; puntualizó que los contenidos específicos de su preceptiva no pueden ser cuestionados por la presunta infracción del principio de progresividad, pues el grado de protección antes alcanzado conforme a las leyes que regulan cada materia permanece vigente y no resulta menoscabado por efecto de esta norma
CC SC 279 de 2013
¿La exigencia de realizar una tasación anticipada de perjuicios que podrían estimarse durante el proceso, vulnera los derechos de acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la defensa, por constituir una carga desproporcionada, como quiera que requiere contar con los medios económicos y especiales para su determinación y de no hacerlo, se inadmitirá la demanda? El juramento estimatorio no es una determinación definitiva de lo reclamado, sino que existe un proceso para su contradicción y en especial, se le permite al juez ordenar pruebas de oficio para tasar el valor pretendido, si advierte que la estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar. Ley 1564 de 2012, "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones"; Art. 206 (parcial) : Exequible
CC SC 258 de 2013
Tope máximo de 25 salarios mínimos al régimen de pensiones de Congresistas y Magistrados. Para encontrarse cobijado por los beneficios consagrados en este régimen especial, no basta cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio, sino que además el Congresista o Magistrado debe haber tenido esa calidad con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. El ingreso base de liquidación (IBL) aplicables son aquellas previstas en el artículo 21 y en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100. Resulta inconstitucional, que el ingreso base de liquidación de esas pensiones tenga en cuenta lo recibido "por todo concepto". El Tribunal precisó que el incremento anual de las pensiones causadas al amparo del artículo 17 de la Ley 4 de 1992 debe someterse a las normas generales, y por tanto, declaró inexequible, el privilegio injustificado del aumento de conformidad con el salario mínimo. No puede hablarse de derechos adquiridos, cuando se ha actuado de mala fe o infringiendo el orden jurídico. La jurisprudencia y la doctrina han precisado, en relación con la mala fe, el abuso del derecho y el fraude a la ley, lo siguiente: (i) el abuso del derecho se refiere a "ciertas situaciones en las cuales las normas jurídicas son aplicadas de tal manera que se desvirtúa el objetivo jurídico que persigue la norma"; (ii) por su parte, el fraude a la ley se presenta "cuanto se aprovecha las opciones hermenéuticas que se desprenden de una regla, para fines o resultados no queridos (en tanto que incompatibles) por el ordenamiento jurídico". Ley 4 de 1992; Art. 17 : Parcialmente INEXEQUIBLE, el resto del artículo CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 257 de 2013
La extensión en el tiempo - de uno a dos años- de la prohibición de los ex servidores públicos para gestionar intereses privados- configura un exceso en la libertad de configuración del legislador? Si bien establece un régimen más estricto que el anterior, se enmarca dentro del grado de libertad de configuración que la Corte ha deferido al legislador en materia de prohibiciones e inhabilidades de los ex empleados del Estado y no tienen la envergadura para ser consideradas como manifiestamente desproporcionadas o irrazonables. (ii) ¿La inhabilidad para contratar, directa o indirectamente, a quienes hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado, viola el derecho a la personalidad jurídica, y es excesiva frente a los beneficios buscados? Reitera que el legislador goza en esta materia de una amplia libertad de configuración. Para la Corte es claro que esta prohibición no aplica respecto de aquellos tipos societarios en donde la forma de vinculación de los socios hace imposible un control directo y efectivo sobre su ingreso y sobre las calidades personales de los mismos. Esta hipótesis es distinta, se aclara, a la del ex servidor público que tiene la condición de directivo o representante legal de este tipo de sociedades y pretende en nombre de aquella contratar con la entidad a la cual estuvo vinculado y cuyo objeto tenga relación con las funciones públicas que desempeñó. Ley 1474 de 2011 "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Art. 3 Inc. 1o. (Mod Art. 22 Ley 734 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible; Art. 4 (Adic. al Art. 8 de la Ley 80 de 1993) : Exequible
La expresión comunidades negras contenida en la Ley 70 de 1993, la Ley 649 de 2001, y el Decreto 2374 de 1993, no implica discriminación de la población afrocolombiana, ni imponía la realización de una consulta previa a estas comunidades de las leyes en las que se incluye
La obligación de pagar los impuestos mediante instrumentos bancarios, para obtener la aceptación a partir de 2014, de los costos, pasivos, deducciones e impuestos descontables, no vulnera los principios de equidad tributaria y buena fe. Ley 1430 de 2010, "por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad"; Art. 26 (Adc. Art. 771-5 al ET): Exequible
CC SC 223 de 2013
Exequible la Ley 1570 de 2012, "por medio de la cual se aprueba el Convenio Interamericano sobre Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el 8 de junio de 1995 en Montrouis, República de Haití y el Protocolo de Modificaciones al Convenio Interamericano sobre el Permiso Internacional de Radioaficionado, adoptado el 10 de junio de 2003 en Santiago, República de Chile"
CC SC 222 de 2013
¿La conciliación extrajudicial en materia civil contraviene la facultad transitoria delegada a los particulares para administrar justicia? El actor confunde el ejercicio permanente de la actividad jurisdiccional por los particulares, prohibida por el artículo 116 superior, con la posibilidad de acudir en cualquier tiempo, ante particulares que ejerzan como conciliadores. Señaló que la disponibilidad de conciliadores no tiene que ver con el ejercicio permanente de la función jurisdiccional por particulares, sino que es una respuesta operativa y de efectividad del sistema para asegurar que sea posible acceder a la administración de justicia en todo tiempo. Aunque es posible que en un determinado asunto, una de las partes en conflicto se encuentre en situaciones de extrema pobreza o desigualdad manifiesta, la presente demanda no plantea cargo alguno al respecto, que pueda dar margen para que la Corte avoque esta problemática. Ley 640 de 2001, "por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones"; Art. 27 : Exequible
CC SC 221 de 2013
Exequible la Ley 1568 de 2012, "por medio de la cual se aprueba el "Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio" y el "Protocolo del convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en relación con los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio", hechos en Bogotá D. C., a los trece (13) días del mes de agosto de dos mil nueve (2009)"
CC SC 220 de 2013
Exequible la Ley 1569 de 2012, "por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, suscrito en Nueva York, Estados Unidos de América, el doce (12) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)"
CC SC 197 de 2013
Cosa juzgada en relación con la inexequibilidad parcial del art. 2 de la Ley 98 de 1993, "por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento del libro colombiano"
CC SC 196 de 2013
Inepta demanda y cosa juzgada contra el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, "por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios" (Mod. el Art. 170 Ley 136 de 1994)
CC SC 195 de 2013
Inepta demanda contra el artículo 128 (parcial) de la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
CC SC 194 de 2013
¿Durante el trámite de aprobación de la Ley 1482 de 2011 se vulneraron los principios de consecutividad e identidad flexible, al incluirse dentro del tipo penal de discriminación aquellas conductas contra minorías diferentes a la afrodescendiente, respecto de la cual se concibió originalmente el proyecto?; y ¿La Ley 1482 de 2011, en cuanto tipifica conductas encaminadas a proteger bienes jurídicos relacionados con la prohibición de discriminación a minorías, entre ellas las étnicas, debió ser sometida al procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas y afrodescendientes? Si bien el proyecto se concibió originalmente para la protección de la población afrodescendiente; desde el inicio del debate se planteó que el ámbito de regulación debería ser más amplio con el fin de proteger a minorías sociales tradicionalmente discriminadas. No requería consulta previa, toda vez que las conductas típicas que se adicionan al Código Penal buscan proteger a todos los individuos que puedan ser víctimas de discriminación, no solo por motivos de raza sino también por cuestiones religiosas, ideológicas, políticas, de origen nacional, étnico, cultural, sexo u orientación sexual, sin necesidad de que tengan vínculo con una determinada comunidad
CC SC 157 de 2013
¿La sanción establecida en el juramento estimatorio en el evento de que se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, vulnera el principio de buena fe, constituye una medida excesiva que desconoce el principio de proporcionalidad de la sanción y, por ende, viola el derecho a acceder a la administración y el derecho a un debido proceso? La Corte encontró que la sanción no es ni excesiva ni desproporcionada salvo cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de su obrar diligente, en cuyo caso no procede. Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso- Art. 206 Par. : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 156 de 2013
¿Se vulneró el principio de excepcionalidad en la atribución de funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas la norma demandada que confería al Ministerio de Justicia y del Derecho (y anteriormente al Ministerio del Interior y de Justicia) funciones jurisdiccionales para conocer los asuntos previamente asignados por la Ley 446 de 1998 a las superintendencias; la ley 1098 de 2006 a comisarios y defensores de familia; y en asuntos de insolvencia de personas naturales no comerciantes, regulados en la ley 1380 de 2010? Ese principio es imprescindible para asegurar la división de funciones de las ramas del poder público, el debido proceso, la imparcialidad de los jueces, y para evitar que esa asignación de funciones afecte el fortalecimiento institucional de la Administración de Justicia. INEXEQUIBLE aparte del numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), que subrogó el artículo 199 de la Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo)
Inepta demanda contra el artículo 45 (parcial) -no procedibilidad de medidas cautelares sobre los recursos del sistema general de participaciones ni sobre los del sistema general de regalías, ni de las rentas propias de destinación específica para el gasto social de los Municipios en los procesos contenciosos adelantados en su contra- de la Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios" por cuanto tiene como punto de partida una interpretación errada del alcance de la disposición acusada
Inepta demanda contra la expresión "o ha estado" del artículo 47 -Afinidad legítima- del Código Civil. Si bien la disposición objeto de cuestionamiento expreso en la demanda es el artículo 47 del Código Civil, en realidad la misma busca controvertir los diferentes regímenes de inhabilidades e impedimentos, así como aquellos enunciados jurídicos en los que están contenidas las prohibiciones para el desempeño de cargos y funciones públicas, al igual que en materia de contratación estatal, sin que sea procedente que esta Corte efectúe una integración normativa de todas aquellas disposiciones que regulan los asuntos mencionados
Requisitos para obtener a la pensión de invalidez. Inepta demanda en relación con el Art. 39 (parcial) de la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
(i) ¿La atribución otorgada al Consejo para citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos domiciliarios en los términos del Num. 12 del Art. 32, viola el artículo 370 de la Carta? La Constitución no reserva toda la función de control sobre las entidades prestadoras de servicios domiciliarios en cabeza del Presidente de la República y la Superintendencia de Servicios Domiciliarios. Esa función se la adjudica directamente al "Estado" (CP art. 365). Al contrario, esta competencia es desarrollo de una norma constitucional que autoriza a los concejos para hacer control político sobre la administración municipal (CP art. 312); es un instrumento para cumplir con las demás funciones que la Constitución les asigna a los concejos (CP art. 313); es al mismo tiempo una implicación del modelo de democracia participativa contemplado en la Carta (CP arts. 1, 2 y 40); y finalmente no interfiere en el ámbito protegido por el artículo 370 Superior, el cual establece una facultad de control administrativo, mientras que la norma acusada se refiere a una modalidad de control político. (ii) ¿ La facultad otorgada al alcalde de imponer multas convertibles en arresto, desconoce el principio de estricta legalidad en materia de sanciones? Inexequible por falta de certeza en torno a ejes fundamentales de toda norma sancionatoria, como son: (i) los sujetos destinatarios, (ii) el contenido normativo (qué se prohíbe o sanciona), (iii) a través de cuál procedimiento se impone la sanción, y (iv) cómo se dosifica esta última. Ley 1551 de 2012, "por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios"; Art. 18 Num. 12 (Mod el Art. 32 de la Ley 136 de 1994) : Exequible. Art. 29 Lit. d) Num 9 (Mod. el Art. 91 de la Ley 136 de 1994) : INEXEQUIBLE
Exequible el Acto Legislativo 5 de 2011, respecto de los cargos por presuntos vicios procedimentales, y respecto del cargo por sustitución de la Constitución
(1) ¿la orden de que la elección de los personeros municipales y distritales se sujete a un concurso de méritos vulnera el principio democrático, las competencias constitucionales de los concejos, y el procedimiento constitucional de elección? A la luz del artículo 125 de la Carta Política, tal como ha sido interpretado por esta Corporación, la elección de servidores públicos que no son de carrera puede estar precedida del concurso, incluso cuando el órgano al que le corresponde tal designación es de elección popular. No vulnera el artículo 313-8 de la Constitución, por cuanto esa norma solamente señala la competencia de los concejos municipales, pero no fijó ningún procedimiento para escogencia y designación de aquellos servidores, lo que bien podía definir el Legislador. (ii) ¿La orden de que dichos concursos sean diseñados y ejecutados por la Procuraduría General de la Nación, desconoce las competencias constitucionales de los concejos y la autonomía de las entidades territoriales? En efecto, como el concurso es la fase medular del proceso de designación de funcionarios y tiene carácter vinculante, su realización por una autoridad diferente a los concejos municipales desconoce la facultad constitucional de escogencia de personero y conduce a un vaciamiento de su competencia. A juicio de la Corte, tales concursos deben ser llevados a cabo por los concejos, para lo cual pueden contar con el apoyo técnico y organizacional de otras entidades e instituciones especializadas. L as reglas jurisprudenciales que ha fijado esta Corporación, en virtud de las cuales es constitucionalmente admisible que la elección de un servidor público se disgregue entre dos entidades, una de las cuales realiza el concurso y otra adopta la decisión de designación, no es aplicable a los servidores públicos de las entidades territoriales que no son de carrera, y cuya elección ha sido atribuida por la Carta Política a un solo órgano. Ley 1551 de 2012, "por medio de la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los Municipios"; Art. 35 (Mod. el Art. 170 de la Ley 136 de 1994). Concurso de méritos : Exequible. El que los mismos sean realizados por el Procurador : INEXEQUIBLE
CC SC 102 de 2013
Inepta demanda contra el inciso 3o. del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones "
CC SC 101 de 2013
¿La clasificación del cargo de "Procurador Judicial" como de libre nombramiento y remoción, desconoció el artículo 280 de la Constitución, en su condición de agentes del Ministerio Público que actúan ante jueces y tribunales cuyos cargos han sido definidos por el legislador -Ley 270 de 1996- como de carrera? Deber constitucional de extensión de los derechos de carrera de los funcionarios judiciales a los procuradores judiciales. Entre los "derechos" objeto de homologación, que no tienen por objeto ni la remuneración ni las prestaciones, se encuentra el de pertenencia a un régimen de carrera. Reiteró la línea jurisprudencial sostenida sobre cuáles son los criterios que debe tener en cuenta el legislador para clasificar un cargo, por excepción como de libre nombramiento y remoción, entre otros, su pertenencia al nivel directivo de una entidad, la atribución para diseñar políticas y el alto grado de confianza o manejo que lleva consigo esas funciones de dirección; criterios que no se aprecian en el caso concreto de la norma acusada. Decreto 262 de 2000, "por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos" Art. 182 "Procurador Judicial" : INEXEQUIBLE
CC SC 100 de 2013
(i) Inconstitucional la creación legal -en el artículo 44 de la ley 1551 de 2012- de los territorios diversos y fronterizos, en tanto constituyen una entidad territorial diferente de aquellas señaladas en la Constitución. (ii) Inconstitucional, por desconocer la prohibición de revestir de facultades extraordinarias para la expedición de códigos prevista en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución, el artículo 49 de la ley 1551 que le concede al Presidente de la República la facultad de sistematizar, armonizar e integrar en un solo cuerpo las disposiciones vigentes para la organización y el funcionamiento de los municipios. (ii) ¿Autorizar a las Juntas de Acción Comunal celebrar convenios de solidaridad con entes territoriales del orden departamental, desconoce el principio de unidad de materia? Las juntas de acción comunal son un escenario de participación y gestión marcadamente local y, en esa medida, establecer disposiciones que inciden en sus actividades se vincula con el objeto de la ley. Así mismo, la participación de los Departamentos en los convenios de solidaridad con las Juntas de Acción Comunal, se relaciona con importantes funciones que cumplen tales entidades territoriales respecto de los municipios, en el marco de principios constitucionales de coordinación y concurrencia. (iv) ¿Desconoce la autonomía de las entidades territoriales, la atribución conferida al Presidente de la República y a los Gobernadores -en el artículo 31 de la ley 1551 de 2012-, para aceptar la renuncia o para autorizar las licencias o permisos del alcalde mayor del Distrito Capital y de los alcaldes municipales, según el caso? Esa disposición ha sido expedida con fundamento en lo dispuesto en el artículo 293 de la Constitución que le asigna al legislador la competencia para adoptar el régimen de las faltas absolutas y temporales de los ciudadanos elegidos popularmente así como para disciplinar el desempeño de sus funciones. Adicionalmente la atribución conferida no es extraña al sistema de relaciones entre los diferentes niveles territoriales definido en la Constitución. (v) ¿La exigencia de postgrado, para aquellos abogados que pretendan ocupar el cargo de personero en los municipios de categoría especial, primera o segunda vulnera el derecho a la igualdad? La norma demandada (i) impone requisitos diferentes para ser personero en atención a la diversidad de supuestos objeto de regulación y, en particular, a la complejidad que puede tener el cumplimiento de las funciones en atención a la categoría del municipio; (ii) es manifestación de la competencia prevista en el artículo 320 de la Constitución y (iii) la jurisprudencia ha reconocido la constitucionalidad de tal tipo de medidas (C-223 de 1995 y C-1067 de 2001). Ley 1551 de 2012, "por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"; Arts. 6, 31, 35 : Exequibles. Arts. 44 y 49 : INEXEQUIBLES
CC SC 99 de 2013
(i) ¿El contrato de transacción previsto en el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011 es una limitación al derecho de acceso a la justicia? Resulta razonable ya que la víctima puede decidir, de manera libre e informada, si acepta la transacción, sin que ello afecte la posibilidad de recibir la indemnización administrativa. Sin embargo, en el caso de los daños causados por crímenes de lesa humanidad que sean atribuibles a agentes del Estado, no podrá entenderse que la indemnización administrativa se produce en el marco de un contrato de transacción, pudiéndose descontar de la reparación que se reconozca por vía judicial a cargo del Estado, los valores pagados por concepto de reparación administrativa. (ii) ¿El que los procesos de restitución de tierras se definan en única instancia, vulnera el debido proceso y el acceso a la administración de justicia? El proceso judicial de restitución de tierras es una excepción constitucional al principio de doble instancia. (iii) En cuanto a la demanda al art. 88 no encuentra la Corte que se desconozca el derecho a la igualdad de las víctimas que no son representadas. Ley 1448 de 2011, "por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones"; Arts. 79 y 88 (parciales) : Exequibles. Art. 32 (parcial) : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 98 de 2013
¿Al establecer la norma demandada que "el régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo receptor" y que "a partir de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora", afecta los derechos de los trabajadores que adquirieron mientras trabajaron para el DAS? La protección de los derechos de los servidores inscritos en carrera administrativa, en virtud de la estabilidad laboral, no pueden ir más allá de la incorporación, reincorporación o la indemnización, toda vez que el Estado no puede garantizar la vigencia de un régimen de una entidad, que en virtud de la supresión ya no existe. El respeto de los derechos adquiridos en los procesos de reestructuración de entidades. La estabilidad laboral de los empleados de carrera no es absoluto. Decreto 4057 de 2011, "por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones"; Art. 7 (parcial) : Exequible. S.V
CC SC 97 de 2013
¿Las reformas introducidas en las normas acusadas al régimen de vigilancia y control sobre los operadores de información de la Planilla PILA, en cabeza de la Superintendencia Financiera, excedieron las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la Republica por el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011? Tales regulaciones no implican una extralimitación de las facultades, toda vez que dicho régimen de vigilancia y control se inscribe en el conjunto de disposiciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, propósitos que orientan la ley habilitante, en desarrollo de una política antitrámites. Decreto 19 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Arts. 73 a 76 : Exequibles
CC SC 96 de 2013
Inepta demanda contra el Art. 52 (parcial) del Decreto 1791 de 2000, "por el cual se modifican las normas de carrera del personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional". Para el actor los efectos conferidos al restablecer en sus funciones al personal de la Policía Nacional producto de un proceso penal, también deben predicarse de las sentencias proferidas en virtud de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, para este Tribunal no se cumplieron los requisitos exigidos en una demanda de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa. S.V
CC SC 85 de 2013
Cosa juzgada en relación con el aparte acusado del artículo 15 de la ley 1527 de 2012, "por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones", declarado INEXEQUIBLE
CC SC 84 de 2013
(1) ¿Las prohibiciones consagradas en el numeral 4) del artículo 11 y el artículo 133 de la Ley 1474 de 2011, son contrarios a los principios de identidad flexible y consecutividad? Desde la presentación del proyecto de ley, el propósito fue combatir el fenómeno de la corrupción en todas sus manifestaciones, para lo cual propuso medidas administrativas, penales y disciplinarias para sancionar actos corrupción públicos y privados. (2) ¿La conducta penal establecida en el artículo 22 respeta el principio de estricta legalidad? Tanto el sujeto como la conducta están claramente definidos en la norma. Sin embargo, observó que no toda omisión en el cumplimiento de los mecanismos de control para prevenir el fraude tipifican la conducta, porque el tipo penal descrito contienen además un elemento subjetivo: tal conducta debe realizarse "con el fin de ocultar o encubrir un acto de corrupción". Se trata por lo tanto de una conducta dolosa, que requiere de un incumplimiento voluntario, no de uno que haya sido fruto de un error o culpa. (3) ¿Trasladar la responsabilidad de una persona jurídica a su representante legal o a los miembros de la junta directiva vulnera el debido proceso? No es válido trasladar la responsabilidad de una persona jurídica a su representante legal o a los miembros de la junta directiva, habida consideración que la responsabilidad penal y disciplinaria es siempre subjetiva. En ese sentido, condicionó la exequibilidad del precepto a que se entienda que la falta le fuere imputable al representante legal o miembro de la junta directiva por el incumplimiento de los deberes funcionales. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Arts. 11 Num 4, 133 (Mod Art. 106 de la Ley 1438 de 2011), 22 (Adc. Art. 325B a la Ley 599 de 2000). Art. 44 Inc. Final (Mod. el Art. 53 de la Ley 734 de 2002) : CONDICIONALMENTE exequible. S.V
CC SC 69 de 2013
Cosa juzgada en relación con la Ley 1520 de 2012, por medio de la cual se implementan los compromisos adquiridos en virtud del "Acuerdo de Promoción Comercial" suscrito entre Colombia y los Estados Unidos de América y su "Protocolo Modificatorio, en el marco de la política de comercio exterior e integración económica", declarada INEXEQUIBLE
CC SC 68 de 2013
¿Para la expedición de la Ley 1530 de 2012 se debió adelantar la consulta previa de las comunidades indígenas? La Corporación verificó que las entidades gubernamentales cumplieron con su obligación constitucional de someter a consideración de las comunidades tradicionales el proyecto de ley de regalías, acorde con el principio de la buena fe y de manera libre e informada, con el propósito de que estas pudieran participar e intervenir activamente en la redacción final de su articulado, al tiempo que constató la renuencia a participar y la decisión autónoma por parte de los pueblos indígenas de apartarse del proceso. Para este Tribunal, no cabe duda que el Gobierno Nacional esta obligado a propiciar espacios efectivos y razonables de participación en los asuntos que afectan directamente a las comunidades indígenas, y en ciertos eventos deben contar con su consentimiento. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo o el mismo se frustra por la decisión autónoma de dichos pueblos, no existe razón para frenar el proceso legislativo en asuntos que a la vez son de interés general, como ocurre con las regalías, y en las que el Constituyente impuso obligaciones concretas de actuación con el fin de realizar precisos objetivos constitucionales. (2) ¿Desconoció el artículo 156 de la Ley 1530 de 2012 los artículos 58, 360 y 361 de la Constitución? El margen de comercialización no es un aspecto que haya sido objeto de determinación por las normas constitucionales, por lo que se trata de una materia sobre la cual el Congreso tiene una potestad de configuración amplia. No tiene aplicación retroactiva. Con todo, habida consideración del precedente señalado en la sentencia C-055-12, la destinación a la Nación del 50% de esos recursos, incluidos en el rubro de recaudos a favor de la Agencia Nacional e Hidrocarburos, debe tener las mismas limitaciones que los recursos provenientes de las regalías, en virtud de la aplicación de los principios constitucionales de equidad y solidaridad. Ley 1530 de 2012, "por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías"; Art. 156 : CONDICIONALMENTE exequible
CC SC 66 de 2013
¿Los objetivos buscados por la Ley 361 de 1997, de lograr la "normalización social plena" y la "normalización" del entorno familiar en que se desenvuelven las personas en situación de discapacidad, vulneran la dignidad humana y los derechos de igualdad y autonomía personal? Para la Corte, la noción de normalización no desconoce los derechos de igualdad y autonomía de las personas en situación de discapacidad, sino que se expresa como una acción que implica obligaciones de los demás frente a un sujeto que tradicionalmente se ha tratado de manera discriminatoria. En este sentido, cuando la ley establece el objetivo de lograr la normalización familiar y social plena, no alude a un criterio diferenciador de las personas en situación de discapacidad, sino por el contrario, a un factor de inclusión que debe ser propiciado desde la sociedad y la familia, para la participación integral del individuo sin barreras en la vida social y familiar. Ley 361 de 1997, "por el cual se establecen mecanismo de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"; Art. 3 (parcial) : Condicionalmente exequible; Art. 36 (parcial) : Exequible
CC SC 55 de 2013
Inepta demanda contra el artículo 135 -Competencia de conciliación- de Ley 1438 de 2011, "por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
CC SC 54 de 2013
¿El que los colegios públicos y privados del departamento del Cesar, a nivel de la Educación Básica Primaria; obligatoriamente deban crear la cátedra Valores y Talentos Vallenatos "Consuelo Araujonoquera", viola los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de las comunidades negras de ese departamento, en cuanto dicha cátedra no representa la identidad cultural propia de aquellas comunidades del departamento? La cátedra valores y talentos vallenatos en todos los colegios del departamento del Cesar, como una forma de fomento de esta expresión cultural, es constitucional. Se trata de una medida que busca alcanzar un fin legítimo, fijado textualmente en la Constitución. No obstante, para la Corte, la imposición de dicha cátedra de manera obligatoria, desconoce abiertamente el artículo 70 de la Constitución que reconoce la cultura en sus diversas manifestaciones, como fundamento de la nacionalidad, a la vez que la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país, por lo que no se puede privilegiar la enseñanza de una sola manifestación cultural que no es exclusiva de una región. Por lo expuesto, la Corte procedió a retirar del ordenamiento jurídico, la expresión "de obligatorio cumplimiento" contenida en el literal c) del artículo 3º de la Ley 739 de 2002, que se declaró inexequible; al mismo tiempo que declaró exequible el resto de la disposición acusada, condicionada a que se entienda en el sentido indicado anteriormente; es decir, que la mencionada cátedra no es obligatoria, sino que debe ser una opción para los colegios, estudiantes y los padres de familia que quieran que sus hijos menores tomen esa asignatura
CC SC 53 de 2013
¿Excedió el Presidente de la República las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por la Ley 1444 de 2011, al modificar la naturaleza jurídica de Findeter S.A., toda vez que la misma habría sido establecida en una ley orgánica (EOSF)? ¿Por la misma razón, se estarían desconociendo los artículos 113 y 114 de la Constitución, que consagran la separación de funciones entre las distintas Ramas y órganos del poder? El EOSF no es una Ley Orgánica, sino un Decreto de compilación. La materia regulada por el artículo 268 del Decreto 663 de 1993 (naturaleza jurídica de Findeter), incorporó el contenido propio de la ley ordinaria (Ley 57 de 1989, artículo 1º), por lo cual el Gobierno estaba facultado para modificarla mediante el ejercicio de facultades extraordinarias (art. 150.10 C.P.). Decreto 4167 de 2011, "por el cual se cambia la naturaleza jurídica de la Financiera de Desarrollo Territorial S. A. (Findeter) y se dictan otras disposiciones"
(i) La supresión o sustitución del deber de publicar en medios escritos y otros sistemas electrónicos, hace parte de la potestad extraordinaria, pues en aras de la eficacia, la economía y la celeridad, se puede ordenar la supresión del uso de medios escritos de publicidad, privilegiando el uso de medios electrónicos. (ii) Ordenar en materia tributaria, aduanera y cambiaria, la notificación en la página web de la DIAN, cuando se ha acudido a otros mecanismos de ubicación del interesado y han resultado éstos infructuosos, no constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa. (iii) Encuentra la Corte admisible que se surta la notificación en la web cuando la notificación por correo, resulte devuelta "por cualquier razón",siempre y cuando se entienda que ésta no releva a la Administración de las eventuales consecuencias que pudiesen generarse, cuando la devolución del correo, estriba en una causa imputable al órgano estata. (iv) No desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y, el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato en publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad. (v) En cuanto a la supresión de un mecanismo electrónico de publicidad de la actividad contractual, estima la Corte, que se trata de una modificación en el sistema de publicidad de los contratos; la publicidad se preserva. Decreto 019 de 2012, "por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública"; Arts. 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 : Exequibles. Inepta demanda y fallo inhibitorio sobre los mismos artículos por otros cargos
Por desconocer el principio de unidad de materia fue declarado INEXEQUIBLE el aparte del artículo 15 de la Ley 1527 de 2012, "por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones" que derogaba el artículo 8° numeral 2 del Decreto-ley 1172 de 1980, el parágrafo 4° del artículo 127-1 del Estatuto Tributario, y el parágrafo 4o. del artículo 89 de la Ley 223 de 1995
¿La modificación a los artículos 360 y 361 de la Constitución Política sustituye los principios de descentralización y autonomía de las entidades territoriales? Esta modificación no desvirtúa en nada el núcleo esencial de la descentralización territorial, en la medida en que solamente efectúa ajustes en materia de administración, destinación y control de las regalías, con el fin de desarrollar de manera efectiva los principios y postulados consagrados en la Constitución de 1991, con la participación de los entes territoriales en las regalías y su destinación a actividades relacionadas con el desarrollo regional. Si bien es cierto que el acto legislativo introduce reformas que varían la distribución y destinación de las regalías, también lo es que la premisa de la que parte el demandante no es correcta, puesto que no es exacto que los recursos derivados de las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables sean de propiedad exclusiva de las entidades territoriales. En este punto, observó que es claro que tales recursos son del Estado globalmente considerado y que en las nuevas reglas establecidas por el constituyente se conservó la participación de las entidades territoriales en los recursos de las regalías y su destinación a fines de orden regional, así como advirtió, que las regalías no son la única fuente de recursos de que disponen los entes locales, de manera que la afectación que se produce en estos ingresos no resulta desproporcionada. Acto Legislativo 5 de 2011, "por el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones" : Exequible

References: artículo 236
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 209
 artículo 209
 artículo 132
 artículo 58
 artículo 334
 artículo 334
 artículo 366
 artículo 31
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 134
 artículo 1
 artículo 22
 artículo 195
 artículo 70
 artículo 594
 artículo 75
 artículo 125
 artículo 28
 artículo 53
 artículo 74
 artículo 148
 artículo 45
 artículo 53
 artículo 317
 artículo 1133
 artículo 33
 artículo 118
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 132
 artículo 116
 artículo 2
 artículo 235
 artículo 250
 artículo 251
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 235
 artículo 250
 artículo 251
 artículo 87
 artículo 58
 artículo 3
 artículo 21
 artículo 36
 artículo 17
 artículo 116
 artículo 35
 artículo 128
 artículo 24
 artículo 199
 artículo 45
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 370
 artículo 370
 artículo 125
 artículo 313
 artículo 280
 artículo 44
 artículo 150
 artículo 49
 artículo 31
 artículo 293
 artículo 320
 artículo 132
 artículo 75
 artículo 15
 artículo 11
 artículo 133
 artículo 22
 artículo 156
 artículo 135
 artículo 70
 artículo 3
 artículo 268
 artículo 1
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 127
 artículo 89