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Timestamp: 2019-03-26 20:12:04+00:00

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vivienda | El Valor de la Experiencia
COMPARTIENDO VIVIENDA Y NEGOCIO. ¿QUE ME DEDUZCO COMO GASTO?
Posted by fornellconsult in Fiscal and tagged with Experiencia, Fiscalistas, Fornell Consultors, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, vivienda 20/11/2013
Compartiendo vivienda y negocio.
¿Qué me puedo deducir como gasto?
FORNELL CONSULTORS LE PROPONE LA LECTURA DE ESTA CONSULTA VINCULANTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
V. Deducibilidad de los gastos relacionados con la parte de la vivienda de la consultante destinada al desarrollo de su actividad.
Del artículo 22 del RIRPF se desprende que la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas permite la afectación parcial de elementos patrimoniales divisibles, siempre que la parte afectada sea susceptible de un aprovechamiento separado e independiente del resto. Cumpliéndose esta condición, se podrá afectar la totalidad de la parte de la vivienda que se utilice para el desarrollo de la actividad económica ejercita exclusivamente por la consultante.
Esta afectación parcial supone que el contribuyente podrá deducirse los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, como pueden ser amortizaciones, IBI, tasa de basuras, comunidad de propietarios, seguro de esponsabilidad civil de la vivienda, etc., proporcionalmente a la parte de la vivienda afectada y a su porcentaje de titularidad en el inmueble referido.
En otro de los casos planteados por la consultante en el que ésta sería arrendataria de la vivienda, podría deducir el gasto correspondiente a las rentas satisfechas por el arrendamiento de la vivienda en proporción a la parte exclusivamente afectada a la actividad económica en relación con la totalidad de la misma.
En el caso de que se le repercutieran impuestos o gastos de comunidad, es decir, gastos que el arrendador debe hacer frente pero que repercute al arrendatario, podrá deducirlos pero proporcionalmente a la parte de la vivienda que esté afectada.
Ahora bien, con independencia del título que ostente sobre la referida vivienda habitual, los gastos derivados de los suministros (agua, luz, calefacción, teléfono, conexión a Internet, etc.) solamente serán deducibles cuando los mismos se destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la misma regla de prorrateo que se aplicará a los gastos derivados de la titularidad o del arrendamiento de la vivienda.
RECUERDEN QUE PARA CUALQUIER ACLARACION QUE PRECISE SOBRE EL TEMA, PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON NUESTROS FISCALISTAS.
LE ACOMPAÑAMOS EN SU NEGOCIO. EL VALOR DE LA EXPERIENCIA A SU DISPOSICIÓN.
COMUNIDADES DE VECINOS. NOVEDADES IMPORTANTES
Posted by fornellconsult in Finques Urbanes i Comunitats and tagged with ADMINISTRADORES DE FINCAS, COMUNIDADES, Fornell Consultors, Ley 8/2013, mayorías en las juntas, Memoria de Viabilidad Económica, regeneración y renovación urbanas, rehabilitación, vivienda 18/07/2013
Publicada la Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Entre otras medidas, se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
Desde Fornell Consultors esta semana le informamos de que con fecha 27 de junio de 2013 se ha publicado en el BOE la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Esta Ley, que entró en vigor el 28 de junio, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La regulación que contiene esta norma se enmarca en un contexto de crisis económica, cuya salida depende en gran medida (dado el peso del sector inmobiliario en dicha crisis) de la recuperación y reactivación (de cara sobre todo al empleo) del sector de la construcción. Dicha salida, en un contexto de improcedencia de políticas de expansión, tales como la generación de nueva ciudad y nuevas viviendas, sólo es posible actuando sobre el patrimonio inmobiliario y la edificación existente.
También se enmarca en la necesidad de operar, paralelamente, sobre el patrimonio inmobiliario existente a los efectos de contribuir al ahorro energético, con el relanzamiento de la industria de materiales, así como de la relativa a las restantes instalaciones y dotaciones de la edificación y de las tecnologías de energías renovables.
La Ley 8/2013 afecta, entre otras, a las siguientes leyes:
– Ley sobre Propiedad Horizontal
– Ley de Enjuiciamiento Civil.
– Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
– Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
– Real Decreto por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
– Texto refundido de la Ley de Suelo
– Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
– Real Decreto-ley 6/2012, de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
– Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito
– Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
– Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.
Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, encontrando nuevos ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación urbanas.
Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha contra la pobreza energética.
Modificar normas actualmente en vigor, tanto para eliminar aquellos obstáculos que impiden hoy alcanzar los objetivos propuestos, como para adaptar los existentes a los nuevos.
Entre otras novedades, podemos destacar las siguientes:
La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios, que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios, demandada por el Estado a partir del Real Decreto-Ley 8/2011. Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler. El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de 50 años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios de conformidad con su propia regulación.
Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente para que acrediten la situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran existir en las Comunidades Autónomas, siempre que cuenten con dichos técnicos.
Habrá una “ficha” de cada edificio donde se tendrán en cuenta el aislamiento, eficiencia energética y la accesibilidad.
Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de la “Memoria de Viabilidad Económica” que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
Por tanto, las actuaciones de rehabilitación edificatoria, de regeneración y renovación urbanas incorporarán esta Memoria de Viabilidad Económica. Analizará modificaciones sobre el incremento de la edificabilidad o densidad, introducción de nuevos usos, posible utilización de suelo, vuelo y subsuelo. Incorporará al menos los siguientes contenidos:
a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos propuestos y de los existentes, con referencia a edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar.
b) Determinaciones económicas básicas, con estimación de la inversión e identificación de los sujetos responsables del costeamiento de las redes públicas.
c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que puede generar ingresos suficientes para costear la mayor parte de la transformación, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio de los particulares.
La Ley amplía las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas de viviendas, para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber legal de conservación, e introduce los instrumentos de gestión y los mecanismos de cooperación interadministrativa que tienen por objeto fortalecer el marco en el que las citadas actuaciones se desenvuelven. A ello se une la búsqueda de mecanismos que pretenden conseguir que la financiación para la rehabilitación sea más accesible y se encuentre más al alcance de los interesados. Se establecen además, otros mecanismos específicos para facilitar la financiación de estas actuaciones, entre los que destacan los convenios entre las Administraciones Públicas actuantes, los propietarios y demás sujetos que vayan a intervenir en la ejecución, que pueden incluir, desde la explotación conjunta del inmueble o partes del mismo, a determinados tipos de contratos o colaboración.
Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal. La reforma trata de evitar que los actuales regímenes de mayorías establecidos impidan la realización de las actuaciones previstas en la nueva Ley. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal.
En este sentido, podemos destacar el siguiente régimen de mayorías en las juntas:
a) Un tercio de propietarios más un tercio de cuotas:
ü Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicación.
ü Sistemas comunes o privativos, de aprovechamiento de energías renovables.
ü Infraestructuras necesarias para acceder a nuevos suministros energéticos colectivos.
ü Otros equipos o sistemas para mejorar la eficiencia energética o hídrica, de aprovechamiento privativo.
ü No tiene repercusión obligatoria.
b) Mayoría de propietarios, más la mayoría de cuotas:
ü Supresión de barreras arquitectónicas.
ü Establecimiento de los servicios de ascensor.
c) Tres quintos de propietarios más tres quintos de cuotas:
ü El establecimiento o supresión de los servicios de portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de interés general.
ü Arrendamiento de elementos comunes que no tengan asignado un uso específico.
ü Establecimiento o supresión de equipos o sistemas distintos de los de la letra a), que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica del inmueble.
ü División o agrupación de elementos
d) Sólo comunicación a la Junta:
ü La instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en la propia plaza.
ü Se exime de acuerdo en obras y actuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal, o solicitados por personas con discapacidad, o mayores de 70 años.
e) Unanimidad para los acuerdos no regulados expresamente, que impliquen la aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos.
f) Resto de acuerdos: Mayoría de propietarios, más la mayoría de cuotas. En segunda convocatoria, será suficiente con el voto a favor de la mayoría de los asistentes, que represente a la mayoría de cuotas de los presentes.
Se crea una excepción a la regla de considerar voto favorable en del ausente que no se oponga: cuando no se pueda repercutir el coste de los servicios a los que no hubieren votado expresamente a favor del acuerdo, o en los casos en los que la modificación o reforma se haga para aprovechamiento privativo.
La Junta también resolverá en de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar. Asimismo, podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico.
NUESTRA AREA ESPECIALIZADA EN COMUNIDADES DE PROPIETARIOS Y VECINOS ESTÁ A SU DISPOSICIÓN
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REGULARIZACIÓN CATASTRO INMUEBLES
Posted by fornellconsult in Civil-Mercantil, Fiscal and tagged with amnistía catastral, Fornell Consultors, IBI, plusvalía, PROFESIONALES, regularización catastral, regularización de los valores catastrales, vivienda 28/06/2013
La Dirección General del Catastro activará un proceso extraordinario de regularización para localizar los inmuebles cuyos propietarios (particulares o empresas) no tributan por ellos o lo hacen de forma incompleta. Es lo que se denomina la “amnistía catastral” un proceso muy similar a la famosa amnistía fiscal y que además de evitar una multa de hasta 6.000 euros permitirá regularizar cientos de miles de inmuebles.
Estimado/a cliente/a i colaborador/a:
Una semana más Fornell Consultors con usted para acercarles a la actualidad y cambios legislativos que pueden cambiar y tener repercusión en sus empresas o en su vida particular y de familia. Hoy trataremos de la “amnistía catastral” y la regularización de los valores catastrales.
En España existen muchos inmuebles y alteraciones constructivas realizadas sin declarar al Catastro (por ejemplo, una caseta de campo que ha acabado convertida en vivienda, una ampliación de la casa, una habitación más en la terraza de su ático,…), miles y miles de metros cuadrados de viviendas, casetas y parcelas no declarados y que se podrán regularizar con el simple pago de una tasa de 60 euros. Es lo que se denomina la amnistía catastral, un proceso muy similar al de la famosa y polémica amnistía fiscal y que además de evitar una multa de hasta 6.000 euros permitirá regularizar cientos de miles de inmuebles.
Esta falta de declaración provoca que la recaudación obtenida en algunos impuestos sea inferior a la que debiera ser:
Este es el caso del IBI y de la plusvalía municipal, que se calculan exclusivamente a partir de los valores catastrales.
Y también afecta parcialmente a la recaudación de otros impuestos, como por ejemplo el IRPF. Los propietarios de un inmueble no alquilado o que no constituye su vivienda habitual deben imputarse una mayor renta de entre el 1,1% y el 2% de su valor catastral.
Procedimiento de regularización catastral 2013-2016
Para dar cumplimiento a la modificación, que con efectos desde 1 de enero de 2013, la Ley 16/2012 ha introducido en la Ley del Catastro Inmobiliario, la Dirección General del Catastro ha analizado la situación de los valores catastrales en los distintos municipios españoles, con el objeto de determinar el valor catastral vigente y el de mercado.
Con el objetivo de que afloren estas propiedades irregulares la Dirección General del Catastro activará un proceso extraordinario de regularización para localizar los inmuebles cuyos propietarios (particulares o empresas) no tributan por ellos o lo hacen de forma incompleta. Es lo que se denomina Procedimiento de regulación catastral 2013-2016 y que fue incluido por el Ministerio de Hacienda entre las medidas tributarias que el Gobierno impulsó a finales del pasado año para procurar el saneamiento de las cuentas públicas y combatir el fraude.
Tasa de regularización catastral
Para poner en marcha esta “amnistía catastral”, se ha creado la tasa de regularización catastral, tributo de carácter estatal, cuyo hecho imponible es la referida regularización y cuyos sujetos pasivos son las personas y entes que deban tener la condición de sujeto pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en el ejercicio en que se inicie la regularización. Se devengará con el inicio del procedimiento y su cuantía será de 60 euros por inmueble objeto del procedimiento.
Por tanto, si alguno de sus inmuebles no consta en el Catastro o sí consta, pero no ha declarado las alteraciones catastrales realizadas en él, podrá regularizar sus datos catastrales pagando una tasa de sólo 60 euros y sin tener que satisfacer sanciones por ello, y evitar así una multa de hasta 6.000 euros.
¿Cómo se realiza este proceso de regularización catastral?
El Catastro irá publicando en el BOE cuándo y en qué localidades se realizará esta regularización, de forma que todo el proceso haya acabado con anterioridad al 31-12-2016, si bien este plazo podrá ser ampliado.
El Catastro (una vez haya investigado los inmuebles) notificará los nuevos valores catastrales a los propietarios, junto a la tasa de los 60 euros.
El procedimiento se debe iniciar de oficio por acuerdo del órgano competente. La iniciación se ha de comunicar a los interesados, a quienes se concede un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones. Las actuaciones pueden entenderse con los titulares catastrales aunque no se trate de los obligados a realizar la declaración.
El expediente se debe poner de manifiesto a los interesados para la presentación de las alegaciones durante un plazo de 15 días desde la fecha de la notificación. Si una vez transcurrido este plazo, los interesados no han formulado alegaciones, la propuesta de regularización se convierte en definitiva y se procede al cierre y archivo del expediente, entendiéndose dictado y notificado el correspondiente acuerdo de alteración contenido en la propuesta de regularización desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo.
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa es de 6 meses desde que se notifique a los interesados el acuerdo de iniciación o la propuesta de regularización. l vencimiento del plazo máximo de resolución determina la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
Si una vez iniciado el proceso de regularización en su localidad, no le notifican, también podrá solicitar por escrito a su ayuntamiento que le regularicen sin sanciones.
Es importante señalar que los efectos derivados de dicha regularización serán desde el momento en que se realizó el acto, hecho o negocio por el que se originó la incorporación o modificación. Una circunstancia que obligará a la regularización tributaria por los años no prescritos y cuya liquidación corresponderá al municipio. Atención. La regularización tiene efectos desde la fecha en la que se alteró la finca. Por lo tanto, en teoría, el Ayuntamiento podrá liquidarle los importes que pagó de menos en los recibos del IBI de los últimos cuatro años.
En cualquier caso, la regularización le servirá para poner al día su propiedad, evitando futuras incidencias, sobre todo en caso de que decida vender su inmueble.
IMPORTANTE: Si su vivienda presenta alguna de las circunstancias que puedan dar lugar a esta posible regularización, consulte con nuestro despacho.
Estudio previo de la situación, cálculo del aumento catastral y posible cuota de liquidación de los cuatro años de efecto retroactivo.
CONFIE EN NUESTROS PROFESIONALES
Posted by fornellconsult in Civil-Mercantil and tagged with Abogados, divorciado, Fornell Consultors, mayoría de edad, sentencia, Tribunal Supremo, vivienda 30/05/2012
El Tribunal Supremo devuelve a un padre divorciado el uso de la vivienda tras cumplir los hijos 18 años
El Tribunal Supremo ha rechazado atribuir el uso de la vivienda familiar tras un divorcio a los hijos del matrimonio cuando éstos sean mayores de edad, ya que el derecho al disfrute del domicilio se extingue legalmente al cumplir los 18 años (alcanzar la mayoría de edad).
Esta sentencia abre la puerta a que los hijos mayores de edad no usen la vivienda tras un divorcio, aunque no tengan independencia económica.
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de fecha 30 de marzo de 2012, por la cual deniega la atribución del uso de la vivienda familiar tras un divorcio a las hijas mayores de edad y a su madre.
En este sentido, el Tribunal Supremo anula una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que atribuyó el uso del domicilio familiar a la ex mujer de un divorciado y a sus hijas hasta que éstas, que ya eran mayores de edad, alcanzaran la independencia económica.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aplica la jurisprudencia al respecto en este recurso de un divorciado y dicta esta sentencia donde establece que “no constituye un interés digno de protección” el derecho de la mujer a convivir con sus hijas mayores, pues las razones para atribuirle el uso de la vivienda “deberían haber estado fundadas en su propia necesidad e interés”, y no en el de sus hijas ya mayores.
Atención. La sentencia establece que el padre debe seguir prestando en concepto de alimentos para cada una de las hijas, si bien le corresponde a él el uso de la vivienda, donde puede convivir con ellas si así lo cree oportuno.
¿Argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo?
Las hijas del matrimonio no ostentan la titularidad del derecho de uso respecto a la vivienda que fue domicilio habitual, sobre la base de los siguientes argumentos:
1º La vivienda se ha atribuido a las hijas mayores de edad sin limitación de plazo.
2º Si bien la vivienda que constituyó el domicilio conyugal podría haberse atribuido al cónyuge, las razones deberían haber estado fundadas en su propia necesidad e interés, debidamente probado, no en el de las hijas mayores que el Código Civil no tutela.
3º No constituye un interés digno de protección la convivencia de la madre con sus hijas mayores, ya que éstas no tienen derecho a ocupar la vivienda que fue domicilio habitual durante el matrimonio de sus padres.
4º En el supuesto de que las hijas necesitaran alimentos, incluyendo la vivienda, el obligado a prestarlos puede efectuar la elección que le ofrece el Código Civil y decidir proporcionarlos “manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a ellos”.
ABOGADOS EN FORNELL CONSULTORS – EXPERTOS EN DERECHO CIVIL Y MATRIMONIAL.
PAGUE MENOS EN EL IMPUESTO DE LA RENTA!
Posted by fornellconsult in Fiscal, Laboral and tagged with Actividades económicas, ahorro, deducciones, Fornell, Fornell Consultors, rendimientos del trabajo, vivienda 09/11/2011
Desde FORNELL CONSULTORS hoy les proponemos, como continuidad a la publicación de la semana pasada, más medidas de ahorro para Vd. para el 2011. En este caso, para aplicar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Queda muy poco para terminar el año…. Aún está a tiempo.
RECOMENDACIONES DE NUESTROS EXPERTOS:
Rendimientos del trabajo: si vamos a recibir una percepción variable a final de año o, en todo caso, de cara al año que viene, hay que plantearse si nos interesa que nuestro pagador nos satisfaga parte del sueldo o de los complementos mediante alguna de las retribuciones en especie que no tributan.
Recuerde que existen supuestos en los que las rentas del trabajo pueden hallarse exentas hasta determinados límites tasados por ley, (por ejemplo, los llamados cheques transporte satisfechos por las empresas por desplazamientos de sus empleados en transporte público, hasta 1.500 € /año por trabajador; los llamados tickets restaurante, hasta 9 €/diarios
o incluso las rentas del trabajo correspondientes a servicios transnacionales, hasta 60.100 €/año). En todos estos casos, conviene asesorarse bien sobre su aplicabilidad a su caso concreto así como acerca del cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
Tenga, asimismo, en cuenta que la cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplica la reducción del 40%, en el caso de retribuciones del trabajo plurianuales, se sujeta al límite de 300.000,00 Euros.
Operaciones vinculadas: no podemos perder de vista la obligatoriedad de la valoración a valor normal de mercado de las operaciones vinculadas. Es preciso detectar las operaciones vinculadas en las que sea parte la persona física -alquiler de local a sociedad, préstamos socio-sociedad, retribuciones de consejeros, administradores o familiares, etc.
Rendimientos del capital inmobiliario: para diferir el pago del IRPF conviene, en caso de que se vayan a obtener rendimientos positivos del alquiler, anticipar a 2011 los gastos que tengamos que realizar próximamente en el inmueble, siempre observando los criterios de imputación temporal establecidos por el artículo 14 de la Ley 35/2006, de 28 de Noviembre del IRPF.
Recuerde que en el caso de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto se reduce en un 60%, (100% si el arrendatario tiene entre 18 y 30 años de edad).
Actividades económicas: los empresarios y profesionales pueden aplicar los incentivos del Impuesto sobre Sociedades y, en su caso, los previstos para empresas de reducida dimensión. Además de los gastos deducibles según el Impuesto sobre Sociedades, debemos considerar las primas de los seguros de enfermedad satisfechos por el empresario para su propia cobertura y la de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él, hasta un límite de 500,00 € por persona y año.
Si determina los rendimientos netos estimación objetiva, por módulos, puede ser el momento de comparar este sistema con el de estimación directa y, en su caso, renunciar a módulos en el mes de diciembre de 2011 para cambiarse en 2012. Si olvida ejercitar la renuncia expresa podrá hacerlo al presentar el pago fraccionado del primer trimestre utilizando el modelo de pago fraccionado de estimación directa.
Recuerde que si tributa en estimación directa y con efectos desde 1 de Enero de 2011, podrá aplicar el régimen fiscal de libertad de amortización para las inversiones nuevas de Activo Fijo que se afecten a actividades económicas, para los elementos puestos a su disposición dentro de los años 2011 a 2015, sin que se condicione este incentivo fiscal al mantenimiento de empleo.
Finalmente, tenga en cuenta que en el período impositivo 2011 todavía es aplicable la reducción del 20% del rendimiento neto positivo declarado de las actividades económicas, cuando la plantilla media no sea inferior a la unidad y a la plantilla media del período impositivo 2008 y en las que: (i) la cifra de negocios sea inferior a 5 millones de €; y, (ii) la plantilla media sea inferior a 25 trabajadores. El límite de esta reducción es el 50% del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio al conjunto de trabajadores.
Dividendos: es el momento de planificar y optimizar los rendimientos obtenidos por la sociedad, reduciendo las reservas acumuladas, y distribuyendo los resultados a favor de los socios aprovechando la exención de los primeros 1.500,00 €.
Recuerde que la renta del ahorro tributa al 19% para los primeros 6.000,00 € y el 21% para lo que exceda de estos 6.000,00 €.
Planes de pensiones: sus aportaciones reducen la base imponible con carácter general, hasta 10.000,00 € con el límite del 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, percibidos individualmente en el ejercicio y, para partícipes de más de 50 años de edad, 12.500,00 € con el límite del 50%.
Recordar que para las prestaciones en forma de capital de Planes de Pensiones y demás instrumentos de previsión social, la reducción del 40% se mantiene para la parte de la prestación que corresponda a aportaciones efectuadas hasta 31 de diciembre de 2006.
Exención por reinversión en vivienda habitual: podrá excluir de gravamen la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de su vivienda habitual, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual.
Ganancias y pérdidas patrimoniales: si ha vendido en el ejercicio bienes o derechos con ganancia, debe ver si le interesa vender algún activo que tenga en pérdidas para ahorrar en el IRPF -compensándolas con las plusvalías- el 19% o 21% de dichas pérdidas.
Si está próximo a cumplir 65 años y piensa transmitir la vivienda habitual con plusvalía, le interesa esperar a cumplir dicha edad para vender; de esta forma, la ganancia no tributará, ahorrándose el 19% o 21% de la misma.
Tenga presente que desde el 7 de julio de 2011, se declaran exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de acciones o participaciones con valor de adquisición que, en conjunto, no excedan de 25.000 €/año ni de 75.000 €/entidad durante el período que va desde la constitución de la entidad hasta los 3 años siguientes, siempre que se cumplan una serie de requisitos y condiciones, entre otros:
(i) La inversión deberá efectuarse directamente por la persona física mediante la suscripción de acciones o participaciones en entidades que desarrollen una actividad económica;
(ii) el tiempo de permanencia de los valores en el patrimonio del contribuyente sea superior a tres e inferior a diez años;
(iii) las entidades deberán de revestir la forma de Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral;
(iv) no estar admitida a cotización;
(v) el importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 200.000€ en los periodos impositivos en los que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.
Deducción por obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas (400,00 €): En caso de contribuyentes cuya base imponible sea igual o inferior a 8.000,00 € anuales, la cantidad deducible será de 400,00 € anuales. Cuando la base imponible esté comprendida entre 8.000,01 y 12.000,00 € anuales, la deducción será de 400,00 € menos el resultado de multiplicar por 0,1 la diferencia entre la base imponible y 8.000,00 € anuales.
Deducción por vivienda habitual: no satisfaga más de 9.040,00 € al año por la adquisición de la vivienda, recibos de préstamo -capital e intereses- y cuenta ahorro vivienda. Desde 1 de Enero de 2011, esta deducción sólo es aplicable a contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 €. En caso de contribuyentes con rentas inferiores a 24.107,20 € pero superiores a 17.707,20 €, la deducción se reduce en forma proporcional.
No obstante, los contribuyentes que hubiesen adquirido su vivienda habitual antes de 31 de Diciembre de 2010, pueden continuar con las deducciones previstas en la normativa vigente hasta entonces.
Tenga presente la deducción -para las cantidades satisfechas a partir del 14 de abril de 2010 y hasta el 7 de mayo de 2011– del 10% para obras de mejora en la vivienda habitual para contribuyentes, con base imponible inferior a 53.007,20 € anuales.
Desde el 7 de mayo de 2011, se amplía el objeto de deducción a cualquier vivienda que sea propiedad del contribuyente o en el edificio en el que ésta se encuentre y se incrementa:
(i) el límite de renta (base imponible) para poder aplicar la deducción a 71.007,2€;
(ii) el porcentaje de deducción del 10 al 20%; y,
(iii) el límite máximo de base de deducción anual por contribuyente de 4.000 € a 6.750€.
Conviene que tenga en cuenta que el tipo de obras que dan derecho a esta deducción están tasadas por ley y se refieren a obras de mejora de la eficiencia energética, de la accesibilidad y obras de instalación de infraestructuras para el acceso a Internet y la TDT.
Deducción por alquiler: podrá deducirse el 10,05% de las cantidades satisfechas por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 € anuales.
Al igual que para la deducción por vivienda habitual, en caso de que los contribuyentes tengan rentas inferiores a 24.107,20 € pero superiores a 17.707,20 €, la deducción se reduce en forma proporcional.
Deducciones según residencia: es muy importante que no se olvide de verificar las deducciones que le ofrece la normativa aplicable en función de la Comunidad Autónoma de la que Ud. sea residente fiscal.
CONSULTE CON NUESTROS PROFESIONALES. ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN.

References: artículo 22
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14