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Timestamp: 2019-10-16 02:43:33+00:00

Document:
BOE i notícies de l'11 de desembre de 2018
NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DE L’11 DE DESEMBRE DE 2018
Modificación del ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social
(BOE, 11-12-2018)
Artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada
Resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 22 de noviembre de 2018
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/index.php?d=298&s=3
RECULL DE PREMSA DE L’11 DE DESEMBRE DE 2018
Empleo garantiza los planes para jóvenes y parados de larga duración, aunque se prorroguen los PGE
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado este lunes que el plan de empleo juvenil, aprobado el viernes pasado, y el plan de parados de larga duración de más de 45 años, que está diseñando el Gobierno junto a los agentes sociales, seguirán adelante, aunque se prorroguen los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
No obstante, Valerio ha expresado su confianza en que se aprueben los Presupuestos para 2019 y no haya prórroga de las cuentas de 2018. "Todo el mundo está muy negativo, pero a varias fuerzas políticas les interesa que haya Presupuestos y, sobre todo, le interesa al país", ha dicho la ministra. En este sentido, Valerio ha afirmado que espera que los grupos parlamentarios "le echen cabeza" y den su respaldo a las cuentas públicas del próximo año.
En cualquier caso, haya o no nuevos Presupuestos, la ministra ha asegurado que el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá el 1 de enero a 900 euros mensuales ya que esta medida se aprobará vía Real Decreto Ley. En cuanto a la subida de las pensiones del próximo año, que irá ligada al IPC, la ministra ha señalado que va recogida en los Presupuestos de 2019, de forma que cuando se aprueben, se procederá a realizar la subida con efectos retroactivos. En caso de que las cuentas públicas de 2019 no salgan adelante, también se hará vía Real Decreto ley.
Por otro lado, y preguntada por qué mes se tomará de referencia para actualizar las pensiones de este año en función de los precios, la ministra ha señalado que "aún no está decidido" si se revisarán con el IPC interanual de noviembre o con el de diciembre, aunque el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dijo hace unas semanas que se haría con el de diciembre.
Cada décima tiene un coste de 128,6 millones de euros, según cálculos de Trabajo, por lo que, si se toma de referencia noviembre, como se hacía en el pasado, y se confirma el dato del INE, la desviación de una décima situaría el coste de la paga compensatoria en 128,6 millones de euros, a lo que habría que añadir una cantidad similar para consolidar en la nómina de los pensionistas dicha desviación.
(Cinco Días, 11-12-2018)
En tasa trimestral (tercer trimestre sobre segundo trimestre), el coste laboral por hora trabajada aumentó un 0,9% respecto al trimestre anterior en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, registrando su mayor crecimiento trimestral del año. Este resultado fue consecuencia de un incremento trimestral del coste salarial del 0,8%, inferior al que experimentaron los otros costes, que avanzaron un 1% entre julio y septiembre en la serie corregida.
(Expansión, 11-12-2018)
El presidente francés Emmanuel Macron ha salido de su silencio y ha presentado una batería de medidas para frenar las movilizaciones de los chalecos amarillos, cuyos efectos están dañando ya la economía gala. Macron, que se ha reunido este lunes con representantes de los empresarios y sindicatos para intentar buscar soluciones a la crisis que vive el país en las cuatro últimas semanas, comunicó que ha ordenado al Gobierno elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 100 euros al mes a partir de enero. En la actualidad se sitúa en los 1.498 euros brutos.
Las revueltas de los últimos han tenido una especial repercusión entre los comerciantes franceses. La cadena de grandes almacenes Printemps desveló que las protestas han provocado que sus ventas se hayan reducido entre un 25% y un 30% en las últimas cuatro semanas. Solo en la jornada del sábado, la asistencia a los centros comerciales se redujo en un 17%, según el Consejo Nacional de Centros Comerciales (CNCC).
(El País, 11-12-2018)
Cuenta atrás para imponer multas a las empresas morosas
Las sanciones para las empresas que no paguen las facturas comerciales a otras compañías están cada vez más cerca. El debate de la ponencia en el Congreso sobre la proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, inicialmente previsto para el jueves, se ha adelantado al martes y de allí saldrá directamente al Senado para iniciar una tramitación que culminará en una norma que prevé ver la luz, según fuentes cercanas a la negociación, a finales del primer trimestre de 2019.
Los grupos parlamentarios ultimaban a primera hora de la tarde de ayer los retoques a una proposición que ya ha pasado la fase de enmiendas y cuya principal novedad es la creación de un régimen sancionador para aquellas compañías que no paguen las facturas a los proveedores en los 30 días que marca la ley. Ese régimen, según la norma impulsada y redactada por Ciudadanos, establece un catálogo de multas (leves, graves y muy graves), que pueden llegar a los 819.780 euros en el peor de los casos.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y uno de los principales impulsores de la norma, aclara que hay un consenso fundamental entre Ciudadanos y PSOE y que las conversaciones tratan de recabar apoyos, algo que da prácticamente por hecho (en principio Podemos y PP también apoyan con matices la proposición) para que salga adelante con mayoría absoluta. Si hay consenso en la ponencia, al texto solo le quedarán dos hitos: pasar por el Senado y el Congreso para convertirse en ley.
El primer gran eje de la norma será la creación de un Observatorio Estatal de Morosidad, adscrito a Hacienda, que hará informes periódicos sobre la evolución de los pagos entre empresas. La principal novedad del citado organismo y la diferencia con respecto a los informes que hace Hacienda en la actualidad radica en que los estudios y propuestas que redacte “considerarán de forma especial la situación de vulnerabilidad de pymes y autónomos ante el riesgo de sufrir retrasos en los pagos o impagos y la indefensión ante dichas prácticas”. Esa era una de las quejas más habituales entre las empresas de tamaño más reducido, que denunciaban que las empresas más grandes les imponían plazos de cobro por encima de lo que marcaba la ley si querían seguir manteniendo la relación comercial, lo que les situaba en una clara situación de indefensión.
El segundo eje de la norma será el régimen sancionador con tres tipos de faltas: leves, graves o muy graves. Entre los supuestos que acarrean faltas leves se encuentran “pactar plazos de pago que excluyan las vacaciones” o “incumplir la norma cuando la infracción cometida no esté catalogada como grave o muy grave”. En este caso, las sanciones van desde los 60 a los 2.045 euros. En el apartado de las sanciones graves se recogen, entre otros, “exceder en 20 días el plazo de pago legal”, “pactar cláusulas sobre el comienzo del cómputo de la fecha de pago o sobre las consecuencias de la demora” o “pactar la renuncia al derecho a la indemnización por retrasos en el pago”. Las sanciones graves acarrean multas desde 2.046 a 40.985 euros.
El capítulo más conflictivo de la norma abarca las sanciones más graves para aquellas empresas que paguen con más de sesenta días de retrasos las facturas a proveedores, que falsifiquen facturas o albaranes aparejados a una operación comercial “que no permita determinar el cumplimiento de los plazos de pago”, o falseen en la información en la memoria de sus cuentas anuales. Las sanciones podrían rozar los 820.000 euros y en caso de reincidencia podrían ocasionar la imposibilidad de contratar con la administración pública o de recibir subvenciones.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) vuelve a ver signos de ralentización de la economía española, cuyo indicador es un mes más el que más baja entre los grandes países de la eurozona. Para España, el indicador compuesto avanzado -que señala por anticipado inflexiones en el ciclo económico- cayó 25 centésimas en octubre, como el mes precedente, y se quedó en 98,91 puntos, netamente por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo, anunció hoy la OCDE en un comunicado.
Se trata del décimo retroceso mensual consecutivo y más pronunciado que los constatados en ese mismo mes en Francia (17 centésimas a 99,22 puntos), Italia (10 centésimas a 99,61 puntos) y Alemania (9 centésimas a 99,84 puntos).Sí que hubo descensos más intensos en otros miembros de la zona euro, como Irlanda (33 centésimas a 97,93 puntos), Grecia (33 centésimas a 98,68 puntos), Finlandia (35 centésimas a 99,37 puntos) y Estonia (50 centésimas a 97,96 puntos).El indicador de la eurozona como conjunto, que lleva once meses a la baja, descendió en octubre 15 centésimas hasta 99,48 puntos.
Fuera de la moneda única, el Reino Unido -en pleno debate sobre el acuerdo con la UE para el Brexit- vio su indicador caer 19 centésimas hasta 98,79 puntos. En su caso, la caída se prolonga ya más de un año. El organismo también percibe signos de ralentización de la economía estadounidense, como los viene señalando desde hace meses para la zona euro, para el Reino Unido o para Canadá. Para Estados Unidos, el indicador compuesto avanzado cayó 11 centésimas en octubre y quedó en 99,72 puntos, por debajo del nivel 100 que marca la media de largo plazo, precisó la OCDE en un comunicado. Se trató de la séptima baja mensual consecutiva de Estados Unidos y la más pronunciada de todas ellas.
Londres pospone la votación del Brexit ante el amplio rechazo del Parlamento
La primera ministra británica, Theresa May, decidió este lunes posponer la votación del Brexit prevista para el martes en el Parlamento de Westminster, ante la evidente y “significativa” derrota a la que se enfrentaba. La noticia se produjo apenas unas horas después de que la Justicia europea dictara que Reino Unido puede revocar el Brexit unilateralmente, aunque el posible aplazamiento se venía mencionando desde el fin de semana. May rehusó concretar la nueva fecha de la votación, pero según medios británicos, el plazo límite sería el 21 de enero.
Ante una decisión que añade incertidumbre a los mercados, la libra volvió a hundirse hasta mínimos de 20 meses. A cierre de los mercados europeos, perdía 1,3% frente al dólar y al euro, aunque llegó a caer un 1,8%. La patronal británica alertó de que el país puede sumarse en una “crisis nacional” si no hay pronto un acuerdo y sostuvo que el aplazamiento del Ejecutivo supone “un revés” para las empresas del país. El Ibex también se vio contagiado por las dudas del Brexit, y cedió un 1,76% hasta los 8.660 puntos, marcando mínimos de dos años.
La premier llevaba semanas intentando conseguir el respaldo de los Comunes al acuerdo de salida sellado con Bruselas a mediados de noviembre. Pero a menos de 24 horas para que se celebrara la votación, la aritmética parlamentaria seguía sin salir: May sabía que no conseguiría el apoyo de al menos 320 diputados, ya que ni siquiera el conjunto de la bancada tory (315 asientos) la respaldaba.
El rechazo de la mayoría de grupos –ya evidente desde el pasado mes– se amplificó la semana pasada después de que el propio fiscal general del país revelara lo que ya muchos sospechaban: que el acuerdo de salvaguarda alcanzado para la frontera norirlandesa vincularía de manera indefinida a Reino Unido con la UE. Por eso, la líder británica reconoció este lunes la “profunda preocupación” de muchos de los Comunes sobre este punto, y aseguró que pedirá “garantías adicionales” a Bruselas este jueves, coincidiendo con la celebración de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció que ese mismo día convocará una reunión sobre el Brexit, pero volvió a insistir en que el acuerdo –incluida la salvaguarda– no es renegociable, aunque ofreció su ayudar para lograr la ratificación del lado británico.
Ante las risas, abucheos y duras críticas de la oposición, la líder sostuvo que su Gobierno buscará fórmulas para asegurar que la solución para Irlanda del Norte tenga “legitimidad democrática” y no vincule al país de forma indefinida a la UE hasta cerrar un nuevo tratado comercial. No obstante, insistió en que “no cabe acuerdo posible sin algún tipo de salvaguarda” que evite una frontera física en la región.
El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, denunció que el Gobierno haya “perdido el control de los acontecimientos”, y amenazó con presentar una moción de censura si May vuelve de Bruselas “sin cambios significativos”. El aplazamiento de la votación sumada a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE hace que la posibilidad de que finalmente se dé marcha atrás y no haya Brexit gane peso. JP Morgan, entre otros, ya lo sitúa como el segundo escenario más factible, con un 40% de probabilidad frente al 50% de una salida pautada.
El tribunal de la UE sentenció este lunes que Londres puede retractarse del Brexit sin necesidad del acuerdo de los Veintisiete y decidir in extremis no consumar el divorcio. Tendría hasta el 29 de marzo para comunicar por escrito al Consejo Europeo su decisión.
Retomando el dictamen preliminar del abogado general emitido la semana pasada, Luxemburgo sostuvo que la revocación refleja una “decisión soberana” de querer conservar el estatus de Estado miembro. Subrayó, además, que forzar la salida por unanimidad iría contra el objetivo de los tratados de “crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”, y supondría convertir “un derecho unilateral soberano en un derecho condicional”. El tribunal añadió que la salida de la UE solo puede ser ratificada si se respetan las reglas constitucionales de Reino Unido, esto es, contando con la aprobación del Parlamento británico.
La sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegal la cesión masiva de los datos de los abogados y procuradores a la Agencia Tributaria (AEAT) es una nueva victoria de la abogacía frente a las pretensiones de Hacienda de fiscalizar de forma global a la profesión. La resolución, dictada hace unas semanas, reprocha que el requerimiento de información no se dirija a profesionales concretos, sino que busque una captación a través de una solicitud genérica (la de los abogados y procuradores participantes en todos los procesos judiciales de 2014, 2015 y 2016).
Los datos de los abogados son, desde hace años, un oscuro objeto de deseo de la Agencia Tributaria. De hecho, la del Supremo no es la primera resolución que frena u objeta un requerimiento global de información.
En 2013, la Agencia Española de Protección de Datos emitió un informe contrario a la solicitud del organismo de que los colegios le remitieran los informes o dictámenes referentes a minutas de sus colegiados, como consecuencia de los procedimientos de jura de cuentas, reclamaciones judiciales o extrajudiciales o referentes a determinación de costas procesales.
Según el texto, si de dichos informes o dictámenes "no pudiera determinarse la cuantía real de los emolumentos percibidos por el profesional [...] tales datos carecen de trascendencia tributaria" y, por lo tanto, no existe legitimación para su comunicación a Hacienda. Es decir, si de lo solicitado no puede desprenderse lo "efectivamente ingresado" por el letrado, no hay amparo legal para la cesión de dichos datos.
El artículo 94.1 de la Ley General Tributaria determina que los colegios (entre otros organismos) están obligados a suministrar a la AEAT "cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe esta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos".
En otro lado de la balanza aparece, sin embargo, la resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) el pasado mes de septiembre, que avaló el requerimiento de información a los colegios relativo a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012. Según el texto, la individualización que exige Ley General Tributaria se refiere "a la entidad a la que se dirige el requerimiento y no tanto a los datos a la misma solicitados". De dichos datos solo se necesita "que estén especificados y conocidos por la requerida".
El número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España en el tercer trimestre del año fue de 11.547, lo que supone un ligero descenso del 0,3% en tasa interanual, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A tenor del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, la caída obedece al fuerte retroceso del 16,2% en los desahucios consecuencia de ejecuciones o embargos (3.404), en tanto que los lanzamientos fruto de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que en el trimestre anterior provocaron un repunte del total, continúan al alza al subir un 7,9% (7.518).
Los datos revelan además que el número de lanzamientos solicitados entre julio y septiembre fue de 13.446, un 4,7% más que respecto al mismo periodo del año anterior. Con todo, como recuerda el CGPJ en nota de prensa, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado a los servicios comunes de notificaciones y embargos no supone que éste haya sido ya ejecutado. Por comunidades autónomas, Cataluña, con 2.531 (el 21,9% del total nacional) registró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el trimestre, seguida por Andalucía, con 1.894; Comunidad Valenciana, con 1.575; y Madrid, con 1.238.
Estos cuatro territorios acumularon el 62,7% del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2018. Atendiendo únicamente a los lanzamientos consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es vinculados al alquiler, volvió a encabezar la clasificación Cataluña, con 1.738, el 23,1% del total, seguida también en esta ocasión por Andalucía (1.034); Madrid (1.010) y Comunidad Valenciana (632).
En cuanto a los desahucios por ejecuciones hipotecarias, encabezan la lista Andalucía (744), Comunidad Valenciana (632), y Cataluña (589). El informe destaca igualmente el incremento de las ejecuciones hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, presentadas en este mismo periodo, cuando despuntó un 14,4% hasta las 6.315.
Un aumento que se observa en Cataluña, donde han oscilado del 63,6 % de Lleida hasta el 144,4% de Tarragona, siendo la subida media del 109,1%. Como sucediera con los desahucios, es precisamente Cataluña con 1.639 -el 20,3% del total- la Comunidad Autónoma más afectada por los embargos, junto a Andalucía (1.114), Comunidad Valenciana (1.108), Madrid (387), y Murcia (370).

References: Artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
e contrario
 artículo 94
 resolución