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Timestamp: 2019-10-22 08:15:50+00:00

Document:
LEG 1870\10
RCL 2005\934 Legislación
Real Decreto 515/2005, de 6 mayo
BOE 7 mayo 2005, núm. 109, [pág. 15660];
Establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad.
La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), del Código Penal, que entró en vigor el 25 de mayo de 1996, configuró un nuevo sistema de penas y medidas de seguridad. La reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre (RCL 2003, 2744 y RCL 2004, 695, 903), supone una revisión parcial de dicho sistema, de la que pueden destacarse, entre otros aspectos, la desaparición de la pena de arresto de fin de semana, la creación de la pena de localización permanente y la nueva regulación de la sustitución de las penas privativas de libertad y de la ejecución de las medidas de seguridad.
Por otro lado, y al amparo de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre (RCL 1979, 2382), General Penitenciaria, la Administración penitenciaria se encuentra obligada a hacer efectivo el cumplimiento de las penas en ejecución de las correspondientes resoluciones judiciales.
Para la ejecución de estas penas y medidas de seguridad es necesaria una instancia de coordinación entre los órganos judiciales penales, los servicios sociales y los sanitarios. El Código Penal, en el artículo 83.2 , establece que los servicios correspondientes de la Administración competente informarán al juez o tribunal sentenciador sobre la observancia de las reglas de conducta, remisión que se reitera en el artículo 105 del mismo Texto Legal. A su vez, el artículo 49.6 establece que los servicios sociales penitenciarios realizarán el seguimiento de la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, son los citados servicios sociales penitenciarios los que deben dar respuesta a la coordinación que ha de establecerse entre los órganos judiciales y los servicios comunitarios.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de mayo de 2005, dispongo:
b) Localización permanente: la pena privativa de libertad que obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el juez en la sentencia.
c) Servicios sociales penitenciarios: las unidades administrativas dependientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que tienen encomendado el cumplimiento del objetivo de acción social que la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, atribuye a la Administración penitenciaria o, en su caso, las correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos en materia de ejecución de la legislación penitenciaria.
d) Establecimientos penitenciarios: aquellos centros de la Administración penitenciaria destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad.
Artículo 3.Comunicación de la resolución judicial.
Artículo 4.Determinación de los puestos de trabajo.
1. El trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración estatal, autonómica o local que, a tal fin, podrán establecer los oportunos convenios entre sí o con entidades públicas o privadas que desarrollen actividades de utilidad pública, debiendo remitir mensualmente a la Administración Penitenciaria la relación de plazas disponibles en su territorio.
3. El penado podrá proponer un trabajo concreto que será valorado, en informe previo, por la Administración Penitenciaria. En este caso, la Administración Penitenciaria, tras analizar la propuesta ofrecida por el penado, emitirá un informe al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el que valorará la propuesta y, en especial, si cumple los requisitos establecidos en el Código Penal y en este real decreto, a fin de que adopte la decisión correspondiente.
Modificado por art. único.1 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Artículo 5.Entrevista y selección de trabajo.
1. Los servicios sociales penitenciarios, una vez recibidos el testimonio de la resolución y los particulares necesarios, entrevistarán al penado para conocer sus características personales, capacidad laboral y entorno social, personal y familiar, para determinar la actividad más adecuada. En esta entrevista se informará al penado de las distintas plazas existentes, con indicación expresa de su cometido y del horario en que debería realizarlo; así mismo, se escuchará la propuesta que el penado realice.
2. Tras la entrevista los servicios sociales penitenciarios elevarán la propuesta de cumplimiento de la pena al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación o rectificación.
3. Al citar los servicios sociales penitenciarios al penado para la comparecencia del apartado primero le advertirán de las consecuencias de su no comparecencia. En los supuestos de incomparecencia no justificada remitirán los testimonios oportunos al órgano sentenciador.
Modificado por art. único.2 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Artículo 6.Jornada, horario e indemnizaciones.
1. Cada jornada de trabajo tendrá una extensión máxima de ocho horas diarias. Para determinar la duración de la jornada y el plazo en el que deberán cumplirse, se tendrán en cuenta las cargas personales o familiares del penado, así como, en su caso, sus circunstancias laborales.
2. La ejecución de esta pena estará regida por un principio de flexibilidad para hacer compatible, en la medida de lo posible, el normal desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. A tal efecto, cuando concurra una causa justificada, podrá autorizarse por el juez de vigilancia penitenciaria el cumplimiento de la pena de forma partida, en el mismo o diferentes días.
3. La realización del trabajo no será retribuida.
4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad en el tráfico podrá cumplirse mediante la realización de talleres de actividades en materia de seguridad vial organizados por las autoridades correspondientes. Dichos talleres constarán de una fase formativa y otra de realización de actividades de utilidad pública.
Ap. 3 modificado por art. único.3 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Ap. 4 añadido por art. único.3 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Artículo 7.Seguimiento y control.
1. Durante el cumplimiento de la condena, el penado deberá seguir las instrucciones que reciba del Juez de Vigilancia Penitenciaria y de los servicios sociales competentes y las directrices de la entidad para la que preste el trabajo.
2. Los servicios correspondientes de la Administración que haya facilitado el trabajo informarán periódicamente a los servicios sociales penitenciarios de la actividad que va siendo desarrollada por el penado y de las incidencias relevantes durante el desarrollo del plan de ejecución, así como de la finalización del mismo.
3. En el supuesto de sustitución regulado en el artículo 88.1 del Código Penal, si se le impusiera, junto a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, la obligación de seguir un programa específico de reeducación y tratamiento psicológico, los servicios sociales penitenciarios remitirán al penado al centro, institución o servicio específico para la realización de dicho programa, de forma compatible con el cumplimiento de la pena, y realizarán el pertinente seguimiento del programa del que informarán oportunamente al juez de vigilancia penitenciaria.
Ap. 1 modificado por art. único.4 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Ap. 2 modificado por art. único.4 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Artículo 8.Incidencias durante el cumplimiento.
Artículo 9.Información general y particular.
1. La Administración penitenciaria facilitará, con carácter general y periódico, a las autoridades judiciales y fiscales y a los colegios de abogados, y, singularmente cuando así se reclamen por estas para un penado en concreto, información relativa a esta pena, su forma de ejecución y trabajo disponible.
2. Esta información también se transmitirá a todas aquellas personas, previa solicitud de estas, que se encuentren en situación procesal susceptible de que se les aplique esta pena, así como a sus letrados.
Artículo 10.Informe final.
Artículo 11.Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.
1. La protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajos en beneficio de la comunidad se efectuará de acuerdo con lo establecido en la normativa que resulte de aplicación.
Del cumplimiento de la pena de localización permanente
Artículo 12.Comunicación de la resolución judicial.
Artículo 13.Definición del plan de ejecución.
1. El plan de ejecución, realizado por el establecimiento penitenciario, deberá contener, al menos, los siguientes extremos:
a) Datos de identificación del penado, domicilio o residencia y, en su caso, trabajo y ocupación.
b) Datos penales: falta por la que se le condena y número de días de duración de la localización permanente.
c) Lugar de cumplimiento: domicilio u otro lugar con indicación de población o término municipal.
d) Indicación expresa de si lo va a cumplir de forma continuada o no continuada y si lo realizará los sábados y domingos.
e) Indicación de los medios de control de penas telemáticos o de otra naturaleza.
3. El plan de ejecución será elevado al juez o tribunal sentenciador para su aprobación o rectificación.
Artículo 14.Seguimiento y control.
1. En el caso de que se establezca el control por medios telemáticos que requieran de instalación en el domicilio del penado o en el lugar que se designe, se solicitará la conformidad de sus titulares.
2. En el caso de que la conformidad a que se refiere el apartado anterior no fuera prestada, los servicios sociales penitenciarios lo comunicarán de inmediato al juez o tribunal sentenciador, elevarán la propuesta de modificación del plan de ejecución y señalarán otro medio de control, para su aprobación.
3. Una vez instalado el sistema de control, se procederá al seguimiento del cumplimiento de la pena y se comunicará al juez o tribunal sentenciador cualquier circunstancia que implique el incumplimiento de la pena.
Artículo 15.Informe final.
De la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad
Artículo 16.Comunicación de la resolución judicial.
Recibido el testimonio de la resolución judicial que determine las condiciones de cumplimiento de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de libertad, así como los particulares necesarios, cuando se impongan algunos deberes u obligaciones previstos en el artículo 83.1.5º y 6º del Código Penal o la condición de tratamiento y demás requisitos previstos en su artículo 87, los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.
Artículo 17.Elaboración del plan de intervención y seguimiento.
Artículo 18.Remisión al centro o servicio específico.
Artículo 19.Seguimiento y control.
Artículo 20.Informes.
1. Los servicios sociales penitenciarios informarán al juez o tribunal sentenciador sobre la observancia de las reglas de conducta impuestas cuando así lo solicite o con la frecuencia que este determine, y, en todo caso, conforme al Código Penal, cada tres meses.
2. En todo caso informarán cuando las circunstancias personales del penado se modifiquen, cuando se produzca cualquier incumplimiento de las reglas de conducta impuestas y cuando se cumplan las obligaciones impuestas.
Del cumplimiento de determinadas medidas de seguridad
Artículo 21.Comunicación de la resolución judicial.
1. Recibido el testimonio de la resolución judicial que acuerde las medidas de seguridad, así como los particulares necesarios, los servicios sociales penitenciarios del lugar donde el penado tenga fijada su residencia, en el ámbito de sus competencias, realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo su cumplimiento.
2. No obstante, cuando el juez o tribunal sentenciador acuerde la imposición de una medida de seguridad de internamiento en un establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria, se estará a lo dispuesto en los artículos 183 a 191 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (RCL 1996, 521, 1522).
3. Lo dispuesto en el apartado anterior es también aplicable a los casos en los que el juez de vigilancia penitenciaria imponga una medida de seguridad de internamiento al amparo de lo previsto en el artículo 60 del Código Penal. En todo caso, y además, se dispondrán los medios necesarios para el cumplimiento efectivo de las garantías de asistencia médicas dispuestas judicialmente.
Artículo 22.Elaboración del plan de intervención y seguimiento.
Artículo 23.Remisión al centro o servicio específico.
Artículo 24.Seguimiento y control.
Artículo 25.Informes.
1. Los servicios sociales penitenciarios informarán al juez de vigilancia penitenciaria sobre la observancia de las medidas de seguridad impuestas, cuando así lo solicite o con la frecuencia que este determine, y, en todo caso, conforme al Código Penal, anualmente.
2. En todo caso informarán cuando las circunstancias personales del penado se modifiquen, cuando la evolución del tratamiento lo aconseje, cuando se produzca cualquier incumplimiento de la medida de seguridad impuesta y cuando finalice su plazo de ejecución.
Artículo 26.Órganos penitenciarios competentes.
1. Los servicios sociales penitenciarios donde el penado tenga fijada su residencia recibirán las resoluciones judiciales, así como los particulares necesarios.
2. No obstante, en el caso de la pena de localización permanente, dicha comunicación se efectuará al establecimiento penitenciario correspondiente al lugar donde el penado tenga fijada su residencia.
Artículo 27.Coordinación en casos de penas o medidas de seguridad impuestas por juzgados de violencia sobre la mujer.
En los casos en los que alguna de las penas o medidas previstas en este real decreto sean impuestas por hechos relacionados con la violencia de género, al objeto de garantizar la protección de las víctimas, los servicios sociales penitenciarios coordinarán sus actuaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
Modificado por art. único.5 de Real Decreto 1849/2009, de 4 diciembre (RCL 2009, 2394).
Artículo 28.Informes requeridos por autoridades judiciales y por el Ministerio Fiscal.
2. Estos mismos informes podrán ser solicitados por el Ministerio Fiscal en el curso de sus diligencias o investigaciones.
Artículo 29.Traslados de expedientes.
Artículo 30.Certificaciones de cumplimiento.
Artículo 31.Comisión técnica de apoyo y seguimiento.
1. La Administración penitenciaria podrá crear una comisión técnica de apoyo y seguimiento, conformada por personal de los servicios sociales penitenciarios y de los servicios centrales, para que realice funciones de información, propuesta y apoyo técnico en aquellas tareas de implementación del sistema de ejecución de las penas desarrolladas en este Real Decreto.
1. Queda derogado expresamente el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril (RCL 1996, 1617, 2150), por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arrestos de fin de semana.
Disposición final primera.Modificación del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (RCL 1996, 521, 1522)
«e) Un trabajador social, que haya intervenido en las propuestas sobre las que se delibere».
Disposición final segunda.Desarrollo normativo

References: Real Decreto 
 artículo 83
 artículo 105
 artículo 49

Artículo 3
 resolución 

Artículo 4
 Real Decreto 

Artículo 5
 resolución 
 Real Decreto 

Artículo 6
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 7
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 resolución 

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 83
 artículo 87

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 60

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
 real decreto 
 Real Decreto 

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
 Real Decreto 
 Real Decreto