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Timestamp: 2017-04-23 10:16:50+00:00

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Notas de Competencia N.º 10 - Lexology
Notas de Competencia N.º 10
En el mes de diciembre del 2014 se ha publicado en el DOCE la Directiva 2014/104/UE relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. Se culmina de esta forma un proceso normativo en torno al derecho al pleno resarcimiento que tiene cualquier persona física o jurídica que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción del Derecho de la competencia, proceso que se inició con la doctrina jurisprudencial sobre el efecto directo de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o TFUE (SSTJUE de 30 de enero de 1974, as. BRT/Sabam, y de 20 de septiembre del 2001, as. Courage), se consagró legislativamente en el Reglamento (CE) 1/2003 (arts. 5 y 6) y se completó con la Recomendación de la CE de 11 de junio del 2013, sobre los principios comunes aplicables en los Estados miembros a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en caso de violaciones de los derechos reconocidos por la normativa de la Unión Europea, y la Comunicación de la CE de 13 de junio del 2013, sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por incumplimiento de los artículos 101 y 102 TFUE. 1. La finalidad de la directiva: el pleno resarcimiento del daño La directiva tiene por objeto el establecimiento de normas para garantizar que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia por parte de una empresa o una asociación de empresas pueda ejercer eficazmente su derecho a reclamar el pleno resarcimiento de dicho perjuicio y para coordinar la aplicación de la normativa sobre competencia por parte delas autoridades comunitarias y nacionales de la competencia y las normas sobre acciones de indemnización por daños y perjuicios ejercidas ante los órganos jurisdiccionales nacionales (art. 1). El pleno resarcimiento consiste en reinstaurar a la víctima en la situación en la que habría estado de no haberse cometido la infracción. Por tanto, dicho resarcimiento abarcará el derecho a una indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de los intereses (art. 3). El pleno resarcimiento de los daños y perjuicios podrá ser reclamado a los infractores por cualquier persona que los haya sufrido, con independencia de que se trate de un comprador directo (adquirió los bienes o servicios del infractor) o indirecto (adquirió los bienes o servicios de un operador económico que, a su vez, los adquirió del infractor). Ahora bien, el pleno resarcimiento no conllevará en ningún caso una sobrecompensación de los daños sufridos mediante indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo (arts. 3 y 12). Así pues, el autor de la práctica anticompetitiva contra el que se dirija la acción de daños podrá invocar en su defensa que el reclamante (comprador directo) ha repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste obtenido con la práctica ilegal sobre otras personas (compradores indirectos). La carga de la prueba de la repercusión recaerá en el infractor. Se consagra de este modo la teoría de la denominada passing on defence (art. 13), que operará de la siguiente forma: Si el que reclama es el comprador directo, la carga de la prueba de la repercusión corresponderá al infractor que la invoque en su defensa. Si el que reclama es el comprador indirecto, la carga de la prueba de la repercusión corresponderá al demandante, pero se presume su existencia si se demuestra: a) que el demandado ha efectuado una práctica anticompetitiva; b) que la citada práctica tuvo un sobrecoste para el comprador directo; y c) que adquirió los bienes o servicios al comprador directo (art. 14). El infractor podrá desvirtuar esta presunción probando que los costes no se repercutieron. 2. Normas sobre las pruebas La directiva establece con carácter general unas normas sobre la exhibición de pruebas en poder de los demandados y sobre el acceso a las pruebas que obran en un expediente administrativo sancionador incoado por una autoridad de competencia. Nuevas normas reguladoras de las acciones de daños por la realización de prácticas anticompetitivas en la Unión Europea Ricardo Alonso Soto Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo3 2.1. En cuanto a las primeras, referidas a la exhibición de pruebas en poder de los demandados, se reconoce la institución procesal del discovery al establecer que, en los procedimientos relativos a acciones por daños en la Unión Europea, los órganos jurisdiccionales nacionales podrán ordenar que la parte demandada o un tercero exhiban las pruebas pertinentes que tengan en su poder a solicitud de una parte demandante que haya presentado una motivación razonada que contenga hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente que sean suficientes para justificar la viabilidad de su acción (art. 5). Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales limiten la exhibición de las pruebas a lo que sea proporcionado en relación con el caso concreto. A la hora de determinar si la exhibición solicitada por la parte es proporcionada, los órganos jurisdiccionales nacionales tomarán en consideración los intereses legítimos de todas las partes y de todos los terceros interesados. Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán ordenar también la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo consideren pertinente en casos de acciones por daños, pero estarán obligados a adoptar medidas eficaces para protegerla. El interés de las empresas en evitar acciones por daños como consecuencia de una infracción del Derecho de la competencia no constituirá un interés que justifique esta protección. Por último, los órganos jurisdiccionales nacionales, cuando ordenen la exhibición de las pruebas, deberán respetar el secreto profesional en los términos establecidos por el Derecho comunitario europeo o por el Derecho nacional. 2.2. Con respecto al acceso a las pruebas que obran en un expediente administrativo sancionador incoado por una autoridad de competencia, se establece que los órganos jurisdiccionales nacionales podrán ordenar la exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia, respetando las normas y prácticas en materia de acceso público a los documentos contenidas en el Reglamento (CE) núm. 1049/2001 y las normas y prácticas del Derecho comunitario europeo o nacional sobre la protección de los documentos internos de las autoridades de la competencia y de la correspondencia entre las distintas autoridades de la competencia, teniendo siempre en cuenta la necesidad de preservar la eficacia de la aplicación pública del Derecho de la competencia (art. 6), en los siguientes términos: a) Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán ordenar la exhibición de las siguientes categorías de pruebas únicamente después de que una autoridad de competencia haya dado por concluido su procedimiento mediante la adopción de una resolución o de cualquier otra forma: 1) la información que fue preparada por una persona física o jurídica específicamente para un procedimiento de una autoridad de la competencia; 2) la información que las autoridades de la competencia han elaborado y que ha sido enviada a las partes en el curso de su procedimiento, y 3) las solicitudes de transacción que se hayan retirado. b) Los órganos jurisdiccionales nacionales no podrán en ningún caso ordenar a una parte o a un tercero la exhibición de cualquiera de las siguientes categorías de pruebas: 1) las declaraciones hechas en el marco de un programa de clemencia, y 2) las solicitudes de transacción. c) En las acciones por daños podrá ordenarse en todo momento la exhibición de pruebas que figuren en el expediente de una autoridad de la competencia y no se encuadren en ninguna de las categorías enumeradas en los apartados anteriores. d) Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales no requieran a las autoridades de competencia la exhibición de pruebas contenidas en los expedientes de éstas, salvo que ninguna parte o ningún tercero sea capaz, de forma razonable, de aportar dichas pruebas. e) Existen ciertos límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente por medio del acceso al expediente de una autoridad de la competencia: 1) las pruebas relativas a las declaraciones en un programa de clemencia o a las solicitudes de transacción no serán admisibles en las acciones por daños; 2) hasta que la autoridad de la competencia haya dado por concluido el procedimiento, las pruebas a las que se refiere el apartado a no se considerarán admisibles en las acciones por daños; 3) las citadas pruebas sólo podrán ser utilizadas en una acción por daños por dicha persona o por la persona física o jurídica que sea sucesora de sus derechos, incluida la persona que haya adquirido su reclamación. 2.3. Los órganos jurisdiccionales nacionales podrán imponer sanciones a las partes, terceros y sus febrero 2015 4 | Notas de Competencia representantes legales en los siguientes casos: a) incumplimiento o negativa a cumplir un requerimiento de exhibición de pruebas emitido por cualquier órgano jurisdiccional nacional; b) destrucción de pruebas pertinentes; c) incumplimiento o negativa a cumplir las obligaciones impuestas por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional destinada a proteger información confidencial; d) incumplimiento de los límites citados sobre el uso de pruebas. Los Estados miembros se asegurarán de que las sanciones que pueden imponer los órganos jurisdiccionales nacionales sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Entre ellas se incluirán, por lo que se refiere al comportamiento de una parte en un procedimiento de una acción por daños, la posibilidad de extraer conclusiones adversas, tales como presumir que la cuestión relevante ha quedado acreditada o desestimar reclamaciones y alegaciones total o parcialmente, así como la posibilidad de condenar en costas. 3. Efecto de las resoluciones de las autoridades nacionales de competencia Los Estados miembros velarán por que se considere que la constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una autoridad nacional de competencia o de un órgano jurisdiccional competente se considere irrefutable a los efectos de una acción por daños derivados de una práctica anticompetitiva ejercida ante un órgano jurisdiccional nacional (art. 9). 4. Plazos Los Estados miembros establecerán las normas aplicables a los plazos para ejercer las acciones de daños. Tales normas determinarán cuándo empieza a correr el plazo, su duración y las circunstancias en las que se interrumpe o suspende. Asimismo determinarán que el plazo de prescripción para el ejercicio de una acción por daños sea de al menos cinco años (art. 10). Los plazos no empezarán a correr antes de que haya cesado la infracción del Derecho de la competencia y el demandante tenga conocimiento, o haya podido razonablemente tener conocimiento, de: a) la conducta y el hecho de que sea constitutiva de una infracción del Derecho de la competencia; b) que la infracción del Derecho de la competencia le haya ocasionado un perjuicio, y c) la identidad del infractor. El plazo de prescripción se suspenderá o interrumpirá cuando una autoridad de competencia comience una investigación o incoe un procedimiento en relación con una infracción del Derecho de la competencia con la que esté relacionada la acción por daños. La suspensión terminará, como mínimo, un año después de que la resolución declarativa de la infracción sea firme o se dé por concluido el procedimiento de otra forma. 5. Responsabilidad conjunta y solidaria Las empresas que hayan infringido el Derecho de la competencia por medio de una misma conducta serán conjunta y solidariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, de modo que cada una de las empresas estará obligada a indemnizar plenamente por el perjuicio causado y la parte perjudicada tendrá derecho a exigir el pleno resarcimiento de cualquiera de ellas hasta que haya sido completamente indemnizada (art. 11). La norma considera, sin embargo, dos excepciones: a) la primera referida a las pequeñas o medianas empresas (pymes), consistente en limitar su responsabilidad a los daños causados a sus propios compradores directos e indirectos, siempre que su cuota de mercado sea inferior al 5 % y la aplicación de la norma general suponga una merma de su viabilidad económica y una pérdida de todo el valor de sus activos. La excepción no se aplicará, sin embargo, cuando la pyme hubiese dirigido la infracción o coaccionado a otras empresas para que participaran en la infracción, o hubiese sido condenada con anterioridad por una infracción del Derecho de la competencia; b) la segunda se aplica exclusivamente al beneficiario de clemencia, el cual sólo responderá frente a sus compradores o proveedores directos o indirectos y frente a otras partes perjudicadas cuando éstas no puedan obtener el pleno resarcimiento de las demás empresas que estuvieron implicadas en la misma infracción. Los Estados miembros procurarán que todo infractor pueda recuperar de cualquier otro infractor una contribución cuyo importe se fijará en función de su responsabilidad relativa por el perjuicio ocasionado por la infracción del Derecho de la competencia. El importe de la contribución de un infractor al que se haya concedido la dispensa en el pago de multas en el marco de un programa de clemencia no excederá de la cuantía del perjuicio que haya ocasionado a sus propios compradores o proveedores directos o indirectos. 6. Cuantificación del perjuicio Los Estados miembros velarán por que ni la carga de la prueba ni los estándares de prueba necesarios para la cuantificación del perjuicio hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. Los Estados miembros procurarán que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados, con 5 arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los daños y perjuicios si se acredita que el demandante sufrió daños y perjuicios, pero resulte prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos sobre la base de las pruebas disponibles (art. 17). Las autoridades nacionales de la competencia podrán asesorar a un órgano jurisdiccional nacional sobre la determinación de la cuantía de los daños y perjuicios si éste lo solicita y dicha autoridad lo considera adecuado. Se presumirá que los cárteles causan daños y perjuicios, aunque sus partícipes tendrán derecho a rebatir esa presunción. 7. Solución extrajudicial de controversias 7.1. Efectos de la solución extrajudicial de controversias: La apertura de un procedimiento extrajudicial de solución de controversias producirá, con respecto a las partes que estén o estuvieren inmersas o representadas en él, la suspensión del plazo para ejercer una acción de daños. Sin perjuicio de la normativa nacional en materia de arbitraje, los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de una acción por daños puedan suspender el procedimiento durante un máximo de dos años en caso de que las partes estén intentando una vía de solución extrajudicial de la controversia relacionada con las pretensiones de dicha acción por daños (art. 18). Asimismo una autoridad de competencia podrá considerar como atenuante el hecho de que, antes de adoptar la decisión de imponer una multa, se haya abonado una indemnización como resultado de un acuerdo extrajudicial. 7.2. Efectos de los acuerdos extrajudiciales sobre las posteriores acciones por daños: Los Estados miembros velarán por que, tras un acuerdo extrajudicial, la reclamación de la parte perjudicada que participe en el acuerdo se reduzca en la parte proporcional que el coinfractor con quien se ha alcanzado el acuerdo tenga en el perjuicio que la infracción hubiere ocasionado a la parte perjudicada. Cualquier reclamación restante de la parte perjudicada que haya alcanzado un acuerdo extrajudicial, sólo podrá ejercerse contra los coinfractores con quienes no se haya alcanzado un acuerdo (art. 19). Los coinfractores con los que no se haya alcanzado un acuerdo no podrán exigir del infractor que hubiere participado en el acuerdo una contribución a la reclamación restante. Sin embargo, cuando los coinfractores que no hayan alcanzado un acuerdo extrajudicial no puedan pagar los daños y perjuicios correspondientes a la reclamación restante de la parte perjudicada que hubo alcanzado el acuerdo, ésta podrá exigir el citado resto. Al determinar el importe de la contribución que un coinfractor puede recuperar de cualquier otro coinfractor con arreglo a su responsabilidad relativa por el daño causado por la infracción del Derecho de la competencia, los órganos jurisdiccionales nacionales tendrán debidamente en cuenta los daños y perjuicios abonados en el contexto de un acuerdo extrajudicial previo en el que hubiere participado el coinfractor respectivo. 8. Transposición Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente directiva a más tardar el 27 de diciembre del 2016. Las disposiciones sustantivas de esta directiva no tendrán efecto retroactivo. Los Estados miembros se asegurarán de que ninguna medida nacional adoptada en virtud de la transposición y distinta de las previstas en aquélla se aplique a las acciones por daños ejercidas ante un órgano jurisdiccional nacional antes del 26 de diciembre del 2014.febrero 2015 6 | Notas de Competencia Noticias Mosaico La CNMC introduce en su web un portal especializado sobre la normativa sectorial española y comunitaria europea La CNMC ha incluido en su página web un nuevo espacio que recopila y facilita el acceso a la normativa española y comunitaria europea de competencia y de los siguientes sectores: energía, telecomunicaciones, audiovisual, postal, aeroportuario y transporte por ferrocarril. Puede consultarse en http://normativa.cnmc.es. La CNMC publica su Informe anual de ayudas públicas La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) ha publicado su Informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España en el año 2012. Mediante este informe, la CNMC hace una aproximación estadística al volumen de ayudas de Estado concedidas en nuestro país en el 2012, tomando como referencia la revisión efectuada por la Comisión Europea en su último marcador de ayudas de Estado publicado. Además, se incluyen en él las principales novedades normativas a nivel comunitario, las resoluciones más relevantes para España en esta materia y las principales actuaciones llevadas a cabo por la autoridad española de competencia relativas a este asunto. Entre las finalidades perseguidas por el informe destacan la de contribuir al mejor conocimiento de las ayudas públicas en nuestro país y la de constituir un instrumento útil para un mejor diseño y concesión de aquéllas por parte de los poderes públicos. En relación con la aproximación estadística hay que distinguir entre dos categorías de ayudas: a) las ayudas regulares, que son las que no estaban dirigidas a combatir la crisis financiera, las cuales alcanzaron la cifra de 3944 millones de euros, lo que equivale al 0,38 % del PIB, porcentaje que se sitúa por debajo del nivel de la Unión Europea, que está en el 0,52 % del PIB. Se mantiene así una trayectoria descendente respecto al 2011 en el que su importe fue de 4508 millones de euros, lo que representa un 0,42 % del PIB; b) las ayudas al sector financiero, en las que hay que computar: las medidas de recapitalización, que ascendieron a 40 418 millones de euros (3,85 % del PIB); el rescate de activos deteriorados, que supusieron 25 533 millones de euros (2,43 % del PIB); las garantías, que representaron un compromiso de gasto de 71 696 millones de euros (6,86 % del PIB), y el resto de las medidas de liquidez, que alcanzaron los 3475 millones de euros (0,33 % del PIB). De especial interés resulta el apartado relativo a las principales decisiones de la Comisión Europea relativas a ayudas concedidas por las Administraciones Públicas españolas en el 2013. El informe enumera separadamente las que no han sido cuestionadas por la Comisión (como el plan de extensión de la banda ancha de alta velocidad en España o la prórroga del régimen de garantías para entidades financieras); las que han merecido un juicio de carácter negativo, lo que puede ocasionar la devolución de la ayuda (como el sistema español de arrendamiento fiscal utilizado en la construcción de buques o las ayudas al despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas), y las que están siendo objeto de un procedimiento de investigación por plantear dudas (como los incentivos a las aerolíneas en los aeropuertos de Girona y de Reus y las ayudas a clubes de fútbol españoles como el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Valencia Club de Fútbol, Athletic Club de Bilbao, Elche Club de Fútbol, Club Atlético Osasuna y Hércules de Alicante Club de Fútbol). Finalmente, en relación con las actuaciones llevadas a cabo por la CNMC en materia de ayudas públicas, se recogen resúmenes de los informes que han analizado aspectos de esta naturaleza: el informe sobre el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, el informe sobre el proyecto de orden por la que se implanta un modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general, el informe sobre el anteproyecto de ley básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación y el informe sobre los proyectos de órdenes ministeriales para la compensación de costes subvencionables en el transporte de mercancías con origen o destino en Canarias. Buzón de colaboración con la CNMC en investigaciones sobre prácticas restrictivas de la competencia A la vista de la dificultad que presenta la detección de la existencia de prácticas anticompetitivas en el mercado, la CNMC ha establecido un «buzón de colaboración» utilizable por vía telefónica (número +34 91 536 90 69) o por correo electrónico (buzoncolaboracion@cnmc.es) por medio del cual las empresas o los ciudadanos pueden aportar información relevante sobre las citadas prácticas ilegales sin necesidad de presentar una denuncia formal.7 La CNMC publica el Informe sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado su Informe sobre el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial, una norma que reemplazará a la vigente Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. La CNMC considera que, aunque el anteproyecto resulta continuista con respecto a la regulación actual, producirá un importante impacto sobre la competitividad de la economía. Por otra parte, el informe contiene una serie de observaciones críticas, desde el punto de vista de la competencia y la regulación económica eficiente, acerca de la reserva de actividad de los profesionales. En referencia a la profesión de abogado, estima que, a diferencia de lo que ocurre con las actividades tradicionales de dirección y defensa jurídica en los procesos, las labores de asesoramiento jurídico podrían ser prestadas por graduados en derecho que no estuvieran colegiados o que no poseyeran la condición de abogados. En este sentido recomienda no extender la reserva de actividad indebidamente para no reducir injustificadamente la competencia. Con respecto a los procuradores de los tribunales, el anteproyecto mantiene una reserva de actividad a favor de este colectivo limitada a la representación de las partes en los procesos. Esta situación difiere de las posibilidades de representación directa de los ciudadanos y empresas, españolas y extranjeras, ante casi todas las Administraciones en la Unión Europea. La extensión de la posibilidad de que los ciudadanos y las empresas puedan actuar personalmente sin necesidad de ser representados por un procurador, existente en el ámbito de los procedimientos administrativos y en las relaciones con las Administraciones Públicas, permitiría reducir costes a empresas y particulares y favorecería la competencia y la eficiencia. En cuanto a la imposición de la colegiación obligatoria, el informe recomienda su supresión con carácter general o al menos para aquellos profesionales que prestan sus servicios exclusivamente para las Administraciones Públicas, para evitar la consolidación y la duplicidad de barreras jurídicas en el acceso y ejercicio de la profesión de abogados y procuradores. Además, la CNMC considera que sería favorable para la competencia que la nueva ley estableciese la posibilidad de que los abogados y los procuradores pudieran ejercer simultáneamente ambas profesiones. Por lo que respecta a los graduados sociales, el anteproyecto establece que puedan ejercer la representación y también la defensa en juicio, aunque sólo en los casos de jurisdicción social. La CNMC sugiere que se valoren, a partir de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, los motivos para no ampliar las facultades de los graduados sociales, en especial en lo referente a la representación, a otras jurisdicciones. Finalmente, respecto a las actuaciones de los órganos jurisdiccionales aplicando el Derecho comunitario europeo en materia de defensa de la competencia, por vía directa o de recurso frente a una resolución de la CNMC, el informe considera que la referencia a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) es adecuada pero insuficiente, porque olvida mencionar los artículos 107 y 108 de dicho tratado sobre ayudas de Estado, cuya aplicación en nuestro país corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa. La CNMC lanza una consulta pública sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa La CNMC ha acordado desarrollar una consulta pública sobre la economía colaborativa en razón de la repercusión social que están teniendo estas formas de prestación de servicios y formas de contratación e intercambio por medio de internet para conocer la opinión de los operadores económicos y personas interesadas. La consulta se desarrollará en dos fases. En la primera se analizarán las bases que justifican la regulación tradicional en dos de los sectores en los que el consumo colaborativo ha tenido mayor repercusión social: el transporte de viajeros en taxi o autobús y el del alojamiento hotelero. Asimismo, se proponen una serie de preguntas sobre la normativa vigente, su necesidad y los problemas que plantea. En la segunda fase se estudiarán los efectos sobre el mercado de los nuevos modelos de prestación de servicios y la necesidad y proporcionalidad de la regulación conforme a la nueva situación del mercado. Una vez finalizada la consulta, la CNMC publicará unas recomendaciones para lograr una regulación eficiente de la economía colaborativa que beneficie a la competencia y a los consumidores. La CNMC publica su Informe sobre posibles reservas de actividad en la actividad de evaluación de edificios prevista en la regulación urbanística La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, establece para los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de vivienda colectiva, la obligatoriedad de cumplimentar el informe de evaluación de edificios. Este informe podrá ser suscrito tanto por los técnicos facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas que pudieran existir en las comunidades autó- nomas, siempre que cuenten con dichos técnicos.febrero 2015 8 | Notas de Competencia El informe de la CNMC se centra en analizar una situación fáctica en virtud de la cual la Administración General del Estado estaría atribuyendo en exclusiva a los arquitectos y arquitectos técnicos la capacidad para realizar el mencionado informe. Frente a esta situación, el informe de la CNMC pretende valorar, desde la óptica de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente, si resulta procedente la interpretación efectuada de la figura del «técnico competente» para evaluar edificios. La CNMC señala al respecto que en la Ley 8/2013 se considera técnico facultativo competente a quien esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes que establece la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la elaboración del informe. Partiendo del hecho de que esta última ley no regula la actividad de evaluación de edificios, sino de la proyección o construcción de éstos, resulta que todos los que cuenten con el título profesional que dicha norma reseña (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico) podrían ejercer libremente esta actividad. Así pues, cualquier interpretación restrictiva a este respecto, como la que se ofrece en la web informativa del Ministerio de Fomento, suscita a la CNMC las siguientes consideraciones: a) La reserva para arquitectos y arquitectos técnicos de la actividad del informe de evaluación de edificios supone la atribución de la competencia exclusiva para la realización de dicho informe a una parte reducida del conjunto de los profesionales competentes para ello y constituye, por tanto, una restricción a la competencia efectiva en el mercado de los servicios profesionales. b) Tras la transposición en España de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, el establecimiento y el mantenimiento de reservas de actividad para ciertos profesionales ha de justificarse a partir de una razón imperiosa de interés general, a la luz de los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, y ello en la medida en que no se encuentren expresamente prohibidas. c) La referencia que se hace en la Ley 8/2013 a la Ley de Ordenación de la Edificación en materia de títulos habilitantes, en lo que respecta a la competencia para los informes de evaluación de edificios, no ha de entenderse como limitativa porque se trata de una actividad distinta de las tres categorías de actividades mencionadas en ella (redacción de proyectos, dirección de obras y dirección de ejecución de obras). d) No se debe considerar sin más que en la Ley 8/2013 se produce una identificación entre dichas actividades, la del proceso de edificación y la de los informes de evaluación de edificios, pues se trata de actividades profesionales distintas. Por el contrario, el informe de evaluación de edificios no tiene la naturaleza de proyecto de edificación (pues recae sobre una edificación ya ejecutada y terminada), por lo que no se puede asumir sin más que, para elaborarlo, se ha de contar con la misma titulación que se necesita para llevar a cabo cada tipo de proyecto de edificación en función del uso del inmueble, de forma que queden vedadas las actividades de cada tipo de evaluación según sea el proyecto de edificación que el título permite firmar. e) Adicionalmente, a nivel reglamentario, en el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, se emplea la expresión «técnico competente» para referirse a los profesionales que pueden llevar a cabo la actividad de evaluación de edificios, sin establecer discriminaciones entre ellos. f) Por último hay que señalar que las autoridades de competencia se han pronunciado en diversos informes sobre el mercado de servicios profesionales y las posibles reservas de actividad existentes y que la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo relativa a las competencias de las profesiones tituladas establece que la regla general sigue siendo la de rechazo de la reserva de actividad, porque frente al principio de exclusividad debe prevalecer el de libertad con idoneidad. Prácticas prohibidas Sanción a las empresas fabricantes y comercializadoras de palés La CNMC ha sancionado a veinticuatro empresas que operan en el mercado español de palés de madera de calidad controlada EUR/EPAL y a la Asociacion Calipal España (Calipal) por haber constituido un cártel para la fijación de precios y condiciones comerciales que estuvo operativo entre los años 2005 y 2011 y haberse intercambiado información sensible sobre cifras de producción y reparación entre los años 1988 y 2011. Les ha impuesto una multa de 4,73 millones de euros (Resolución de 22 de septiembre del 2014). Cárteles9 Prácticas colusorias La incoación del expediente sancionador se produjo a raíz de la información remitida por la Comisión Europea sobre supuestas conductas prohibidas por el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) llevadas a cabo en el mercado español de palés de madera de calidad controlada EUR/EPAL (que es un sello de calidad con reconocimiento y homologación en la Unión Europea). Se da la circunstancia de que las empresas imputadas tienen conjuntamente la totalidad de la producción de palés de madera de calidad controlada EUR/EPAL. Hay que destacar que en este caso se han acreditado actuaciones empresariales características de los cárteles, tales como la ocultación deliberada de los acuerdos ilícitos, la regularidad de los encuentros, las represalias contra las empresas incumplidoras de los acuerdos o las medidas adoptadas a efectos de salvaguardar, al menos aparentemente, el cumplimiento de la normativa de competencia. En cuanto a la asociación Calipal, ha quedado acreditado que tanto su presidente como sus órganos directivos y de gestión han desempeñado un papel fundamental en la creación, organización y funcionamiento de este cártel, por lo que ha sido considerada coautora de las citadas prácticas, en su condición de colaboradora necesaria. La resolución considera que este cártel ha tenido un carácter especialmente dañino, por una parte, porque las empresas implicadas aplicaron los acuerdos y mantuvieron las conductas colusorias durante un largo periodo de tiempo y, por otra, porque se han visto afectadas todas las empresas que necesitan utilizar los palés de madera para el transporte de sus mercancías. El cártel supuso una disminución de los incentivos de las empresas partícipes para competir y afectó negativamente a las empresas competidoras ajenas a él, a sus clientes y, en última instancia, al consumidor final. Sanción a Telefónica Móviles por imposición de determinados compromisos de permanencia para el sector empresarial La CNMC ha sancionado a Telefónica Móviles con una multa de 25,78 millones de euros por incluir en sus contratos denominados «Contrato Premium Especial Pyme» determinados compromisos de permanencia que tienen efectos restrictivos sobre la competencia (Resolución de 29 de octubre del 2014). Estos compromisos de permanencia, vigentes desde el 2006, estaban vinculados a descuentos sobre las tarifas y tenían una duración inicial de doce, dieciocho o veinticuatro meses. La permanencia se prorrogaba automáticamente y las penalizaciones aumentaban cuanto más se acercaba el fin del periodo de permanencia. Los citados compromisos son restrictivos de la competencia porque limitan injustificadamente la capacidad de los clientes para cambiar de operador e incrementan los costes en los que tienen que incurrir los competidores de Telefónica para arrebatarles los clientes, de modo que con esta práctica se estaría excluyendo del mercado minorista de servicios móviles en el segmento empresarial a otros operadores, como los operadores virtuales. Para fijar la sanción, la CNMC ha atendido a la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa responsable, el alcance y la duración de la infracción, los efectos sobre los consumidores y otros operadores y los beneficios ilícitos obtenidos. Sanción a las empresas de recuperación de papel y cartón La CNMC ha impuesto multas por un total de 3,83 millones de euros a la Unión de Empresas de Recuperación, S. L. (Uder), y a trece empresas dedicadas a la actividad de recuperación y comercialización de papel y cartón por haber actuado de forma concertada en el mercado español fijando precios, repartiéndose el mercado y compartiendo recursos e información comercial estratégica (Resolución de 6 de noviembre del 2014). La resolución declara probado que las empresas sancionadas fijaron una estrategia única de actuación en los mercados afectados. En el caso del mercado de recuperación de residuos de papel y cartón, los acuerdos consistieron en fijación de precios, reparto de clientes y servicios prestados y pactos de no competencia entre los socios. En cuanto al mercado de comercialización de papel y cartón recuperado, los acuerdos tuvieron por objeto la fijación conjunta de los precios y de las cantidades suministradas y el intercambio de información comercial sensible. Todas estas prácticas quedaron recogidas en protocolos de actuación, que fueron firmados por los socios de Uder. febrero 2015 10 | Notas de Competencia La CNMC multa a la Sociedad General de Autores de España con 3,1 millones de euros por la gestión de los derechos de autor en los conciertos La CNMC ha impuesto una multa de 3,1 millones de euros a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) por considerar que ha abusado de su posición de dominio en el mercado de gestión de los derechos de comunicación pública de la propiedad intelectual de los autores de obras musicales que se explotaban en los conciertos musicales celebrados en España. La resolución considera que el elevado nivel de tarifas que aplica la SGAE en las licencias relativas a los derechos de comunicación pública de autor de obras musicales en conciertos en España tiene efectos abusivos sobre los promotores de conciertos, al servirse de su posición de dominio para cobrarles tarifas muy superiores a las aplicadas en otros países europeos, de forma que los promotores se ven obligados a abonar tarifas más elevadas de las que corresponderían si éstas se fijaran a un nivel competitivo (Resolución de 6 de noviembre del 2014). Terminación convencional La CNMC resuelve el expediente sancionador Orona/Excelsior mediante el procedimiento de terminación convencional La CNMC ha resuelto la terminación convencional del expediente sancionador Orona/Excelsior tras la aceptación de una serie de compromisos presentados por las dos empresas expedientadas. Las dos empresas de fabricantes de ascensores fueron denunciadas por la empresa distribuidora Elevators Parts, S. L., por llevar a cabo una posible conducta anticompetitiva consistente en la negativa de aquéllos a suministrar a revendedores piezas originales de repuesto de ascensores. Los compromisos propuestos por Orona y Excelsior suponen, en primer lugar, la obligación de suministrar repuestos originales de ascensores a empresas mantenedoras y a empresas exclusivamente revendedoras en las mismas condiciones de precio, plazo de entrega o cualquier otro parámetro y sin exigir al peticionario que aporte información relativa a aspectos no técnicos de la pieza, como la ubicación del ascensor o el cliente final; en segundo lugar, la obligación de comunicar a los revendedores las nuevas condiciones en que se produce el suministro de estas piezas. Además, obligan a remitir información periódica a la Dirección de Competencia sobre la aplicación de los dos compromisos anteriormente citados para poder efectuar un seguimiento de ellos. La CNMC considera que los revendedores multimarca (mayoristas) dinamizan la competencia y proporcionan un valor añadido en el mercado de mantenimiento de los ascensores, ya que permiten solventar determinados problemas porque ofrecen plazos de entrega más rápidos, facilidades en el pago de las piezas o servicios de atención de averías más eficaces. Estas circunstancias, en último término, suponen un beneficio para los consumidores. La terminación convencional de un expediente sancionador permite finalizar el proceso a partir de una serie de compromisos que el presunto infractor ofrece voluntariamente. Estos compromisos facilitan un restablecimiento rápido de las condiciones de competencia que habían vulnerado las conductas restrictivas detectadas y que ponían en riesgo el bienestar de los consumidores y el interés público. La ventaja de este procedimiento es la eficacia administrativa, dado que se facilita un uso más adecuado de los recursos de la CNMC. Control de concentraciones Durante este periodo se han notificado veinticuatro operaciones de concentración cuyo desglose por la modalidad de la operación sería el siguiente: diecinueve operaciones de control exclusivo, cuatro operaciones de adquisición de activos y una operación de control conjunto. De estas operaciones, veintidós han sido aprobadas en primera fase y dos han pasado a segunda fase, de las cuales una (Schibsted/Milanuncios) ha sido autorizada con condiciones y la otra (Telefonica/DTS) está pendiente de autorización. Autorizada la operación de concentración Schibsted España/Milanuncios aunque subordinada al cumplimiento de compromisos La CNMC ha resuelto autorizar con condiciones la operación de concentración consistente en la adquisición por parte de Schibsted España S. L. U. del control exclusivo del negocio de anuncios clasificados on line desarrollado por Milanuncios S. L. U. por medio de «milanuncios.com», Abuso de posición dominante11 excluyendo la actividad de anuncios clasificados on line de relaciones personales desarrollada por Milanuncios (Resolución de 20 de noviembre del 2014). La operación de concentración notificada afecta a los siguientes mercados relacionados con el sector de los anuncios clasificados on line de acceso libre y gratuito por parte de los potenciales interesados, en el que operan ambas empresas: a) mercado de plataformas de anuncios de carácter horizontal o general, que abarca todos aquellos portales que ofrecen espacio para anuncios de compra y venta de todo tipo de productos, excluidos los portales que tienen una especialización vertical significativa; b) mercado de plataformas de anuncios para motor, en el que se incluyen todos aquellos portales que ofrecen espacio para los anuncios de compra y venta de vehículos de motor y sus piezas de recambio; c) mercado de plataformas de anuncios para el sector inmobiliario, que comprende todos aquellos portales que ofrecen espacios para los anuncios de compra, venta y alquiler de viviendas y oficinas; d) mercado de plataformas de anuncios para empleo y formación, que engloba todos aquellos portales que ofrecen espacios para los anuncios de oferta y demanda de empleo y cursos de formación. El análisis en primera fase reveló que la operación de concentración notificada era susceptible de tener efectos sobre la competencia en los mercados citados, entre los que destaca la eliminación de Milanuncios como principal competidor en el mercado español de plataformas de anuncios clasificados on line de acceso libre y gratuito por parte de los potenciales interesados en los anuncios, sin que existan otras opciones compet¡tivas de importancia, especialmente en el mercado más amplio para el conjunto de plataformas horizontales y verticales, en el mercado de plataformas horizontales y en el mercado de plataformas de anuncios clasificados on line de motor. Asimismo, el aumento del tamaño del adquirente en términos de anuncios y visitas puede reforzar los efectos de red en los mercados considerados e incrementar las barreras a la expansión por parte de terceros operadores. Existe además el riesgo significativo de que, tras la operación de concentración, Schibsted endurezca las condiciones comerciales para la publicación de anuncios en «milanuncios.com» por parte de los profesionales, perjudicando significativamente a los clientes que venían anunciándose en este portal, que normalmente no disponen de capacidad económica suficiente para efectuar grandes inversiones en publicidad. Finalmente, la CNMC ha resuelto autorizar la operación de concentración subordinándola al cumplimiento por parte de Schibsted del compromiso de firmar un acuerdo de licencia con una tercera empresa competidora para otorgarle la explotación en exclusiva de los anuncios clasificados on line publicados en la sección del motor del portal «milanuncios.com», dado el solapamiento que se produce con un negocio similar preexistente de la empresa adquirente. En ejecución del citado compromiso, Schibsted ha firmado un acuerdo de licencia con el portal Autocasión (grupo Vocento). La CNMC abre la segunda fase del análisis de la operación de concentración Telefónica/DTS El Consejo de la CNMC ha acordado, a propuesta de la Dirección de Competencia, el comienzo de la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones en relación con la operación Telefónica/DTS, a la vista de los posibles obstáculos existentes para el mantenimiento de la competencia efectiva en distintos mercados relacionados con la televisión de pago, los contenidos audiovisuales y los servicios de comunicaciones electrónicas (Resolución de 12 de noviembre del 2014). La operación de concentración notificada consiste en la adquisición por parte de Telefónica del control exclusivo de DTS, mediante la compra a Prisa de su participación en esa empresa, de modo que Telefónica pasará a disponer del 100 % del capital social de DTS1 . Como consecuencia de esta operación, DTS dejaría de ser el principal competidor de Telefónica en el mercado español de televisión de pago, así como en el de la adquisición de contenidos audiovisuales. Telefónica pasaría a disponer de una cuota de mercado, tanto en términos de clientes como de ingresos, que podría darle una posición competitiva que no admitiría réplica en los mercados citados. Adicionalmente, tras la operación de concentración, los servicios de televisión de pago de DTS podrían pasar a empaquetarse con los servicios de comunicaciones electrónicas de Telefónica y ésta podría dejar de ofrecer algunos de sus canales de televisión de pago de DTS a terceros competidores que ahora los adquieren. Por último, el mayor vigor de Telefónica en los mercados de referencia tras la operación de concentración podría reforzar la posición de este operador en los mercados de comunicaciones electrónicas fijas y móviles. En efecto, este reforzamiento podría verse propiciado por la creciente importancia de las ofertas convergentes que incluyen servicios de telecomunicaciones y televisión de pago y por el carácter estratégico que tienen los contenidos audiovisuales en la captación de clientes en las redes de nueva generación fijas (fibra óptica) y móviles (4G) que está desplegando Telefónica.febrero 2015 12 | Notas de Competencia La Comisión Europea multa con más de 19 millones de euros a varios fabricantes de sobres. Las compañías Bong (Suecia), Mayer-Kovert (Alemania), Tompla (España), GPV y Hamelin (Francia) han sido multadas con un total de 19 485 000 euros por su participación en un cártel desde octubre del 2003 hasta abril del 2008. El cártel consistió en coordinar las respuestas a licitaciones convocadas por los clientes más importantes a nivel europeo, acordar subidas de precios e intercambiar información comercial sensible. De conformidad con la comunicación de clemencia del 2006 de la Comisión, las multas impuestas a todas las empresas, a excepción de la sueca Bong, fueron reducidas por cooperar en la investigación. Así, Tompla obtuvo una reducción del 50 %, Hamelin del 25 % y Mayer-Kuvert y GPV del 10 % cada una. Además, según la comunicación del 2008 sobre procedimientos de transacción, todas las empresas se beneficiaron de una reducción adicional del 10 % al haber reconocido su participación y su responsabilidad en el cártel. BREVES POR SECTORES (UNIÓN EUROPEA) Competencia Concentraciones Derivados del papel Telecomunicaciones La Comisión Europea abre la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones con respecto a la propuesta de adquisición de Jazztel por Orange. La investigación preliminar de la Comisión sobre la propuesta de adquisición de Jazztel por Orange ha mostrado que la transacción puede tener efectos negativos sobre la competencia ya que reducirá el número de proveedores de servicios de telecomunicación fijos en España de tres a dos y podrá disminuir los incentivos de la entidad resultante de la transacción para ejercer presión competitiva sobre Telefónica y Vodafone en el mercado de acceso a internet por línea fija. Tomando ello como base, la Comisión ha decidido abrir la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones y llevar a cabo una investigación exhaustiva que incluirá el análisis del impacto de la transacción en el despliegue de la fibra hasta el hogar (FttH, por sus siglas en inglés). El 13 de noviembre del 2014, Orange presentó una serie de compromisos para hacer frente a estas preocupaciones; sin embargo, la Comisión no los consideró suficientes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado a la Comisión la remisión del expediente. La Comisión Europea aprueba la adquisición de WhatsApp por Facebook. Facebook Messenger (servicio ofrecido por Facebook) y WhatsApp ofrecen aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. La investigación de la Comisión se centró en tres aspectos: a) servicios de comunicación para consumidores, donde la investigación ha mostrado que las partes no son competidores cercanos y cada aplicación es usada de manera diferente e incluso simultánea; b) servicios de redes sociales, donde la base de usuarios de WhatsApp se solapa en gran medida con la de Facebook, por lo que las ganancias de esta última en nuevos miembros a raíz de la integración de la primera serán limitados, y c) servicios de publicidad on line. La Comisión ha concluido que, aunque se introdujese publicidad en WhatsApp o se utilizasen sus datos con fines publicitarios, aún quedarían numerosos proveedores de estas actividades en el mercado. En consecuencia, ha decidido autorizar la operación. Jurisprudencia Telecomunicaciones El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia sobre la negativa de la Comisión Europea a abrir una investigación tras recibir una denuncia. En el 2009, Si.mobil telekomunikacijske stortive, operadora móvil eslovena del grupo Telekom Austria, presentó ante la Comisión Europea una denuncia contra Mobitel por prácticas anticompetitivas en los mercados minorista y mayorista de telefonía móvil. La Comisión decidió no admitir esta denuncia por dos motivos: a) la autoridad eslovena de competencia ya estaba investigando las mismas 13 prácticas en el sector de la telefonía móvil a nivel minorista, y b) no existía interés europeo en grado suficiente para continuar investigando las supuestas prácticas en el mercado mayorista de acceso a la red móvil. Esta decisión fue recurrida por Si.mobil ante el Tribunal General de la Unión Europea, que ha confirmado la postura de la Comisión. El tribunal ha indicado que, con arreglo al Reglamento 1/2003, la Comisión puede no admitir una denuncia si una autoridad de competencia nacional ya está investigando el asunto, siempre y cuando se trate de la misma práctica anticompetitiva. Finalmente, el tribunal también ha reconocido que la denuncia relacionada con el mercado mayorista no tendría sino una incidencia marginal en el funcionamiento del mercado interior, por lo que el rechazo de la denuncia por la Comisión estaba justificado. Fiscalidad Materiales de construcción El Tribunal General de la Unión Europea anula las decisiones de la Comisión relativas al régimen fiscal español de compra de acciones en empresas extranjeras. Este régimen fiscal permitía a las empresas españolas deducir de su base imponible, en forma de amortización, el fondo de comercio resultante de la adquisición de una participación de al menos el 5 % en una sociedad extranjera, siempre que dicha participación se poseyese de manera ininterrumpida durante al menos un año. A raíz de la denuncia de un operador privado, la Comisión abrió una investigación formal en el 2007 que concluyó con dos decisiones que declararon este régimen incompatible con el mercado interior y ordenaron a España que recuperase las ayudas concedidas. Dicha decisión fue recurrida ante el Tribunal General de la Unión Europea por el Banco Santander, Autogrill y Santusa, cuyas pretensiones han sido estimadas. Según el tribunal, la Comisión no ha demostrado que las disposiciones controvertidas se aplicaran de forma selectiva a determinadas empresas, es decir, que se concediera una ventaja a ciertas compañías frente a otras en similares circunstancias, siendo la selectividad uno de los criterios acumulativos que permiten calificar una medida como ayuda de Estado. Así, el régimen fiscal español no se dirigiría a ninguna categoría particular de empresas o de producciones, sino a una categoría de operaciones económicas. Sobre esta base, el Tribunal ha anulado las decisiones de la Comisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reduce la multa impuesta a Guardian por su participación en el cártel del vidrio plano. En el 2007 la Comisión Europea multó a cuatro fabricantes de vidrio plano por su participación en un cártel. De entre ellos, Guardian Industries, que recibió la multa más elevada (148 millones de euros), recurrió la decisión de la Comisión ante el Tribunal General de la Unión Europea, que desestimó sus pretensiones. Guardian apeló esta sentencia en casación ante el Tribunal de Justicia, argumentando que el Tribunal General obvió el principio de no discriminación al no aceptar que, a la hora de determinar el importe de las multas, no procede distinguir entre las ventas externas y las internas. Y ello porque la parte del volumen de negocios global procedente de la venta de los productos objeto de la infracción refleja la importancia económica de aquélla y el peso relativo de la empresa en dicha infracción. El Tribunal de Justicia ha reconocido que la exclusión de las ventas internas llevó a reducir el peso relativo en la infracción de Saint-Gobain (sociedad integrada verticalmente) y a incrementar correlativamente el de Guardian (sociedad que no está integrada verticalmente). Sobre la base de lo anterior, el Tribunal de Justicia ha reducido la multa impuesta a Guardian de 148 a 103,6 millones de euros.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 101
 resolución 
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