Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/el/Resolucion/Show/4187
Timestamp: 2020-01-29 10:43:11+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 203/2000
SENTENCIA 203/2000, de 24 de julio
(BOE núm. 203, de 24 de Αυγούστου de 2000)
ECLI:ES:TC:2000:203
En el recurso de amparo núm. 2947/97 interpuesto por doña María Pilar Martínez Guirado, representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Carreras Egaña, y asistida por el Abogado don Javier López y García de la Serrana, contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de diciembre de 1996, y contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de mayo de 1997. Han sido partes, además del Ministerio Fiscal, el Servicio Andaluz de Salud, representado por el Letrado de sus servicios jurídicos don Juan Carreras Egaña. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en el Tribunal el 3 de julio de 1997, doña María Pilar Martínez Guirado, representada por el Procurador de los Tribunales don Luis Carreras Egaña, interpuso recurso de amparo contra la Resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS), de 2 de diciembre de 1996, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de mayo de 1997.
a) La recurrente que presta servicios, desde el día 8 de abril de 1991, en el Hospital General Básico de Baza (Granada) como facultativa interina especialista en psicología dio a luz un hijo, con fecha de 7 de septiembre de 1996. Con fecha de 7 de octubre del mismo año, solicitó excedencia para el cuidado de hijos menores de tres años, desde el día 6 de diciembre de 1996 hasta el día 4 de septiembre de 1997.
b) La resolución del Director Gerente del referido Hospital, de 8 de noviembre de 1996, concedió a la actora la excedencia para el cuidado de hijos regulada en el art. 29.4 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 4/1995, de 23 de marzo, de regulación del permiso parental y por maternidad, con efectividad desde el día 6 de diciembre de 1996 y por un período máximo de hasta el día 6 de septiembre de 1999, debiendo de presentar escrito de renuncia a la misma en caso de que deseara incorporarse al servicio antes de finalizar el plazo de concesión de dicha situación de excedencia. Al mismo tiempo, la referida Resolución le comunicaba que, durante el primer año, tendría derecho a reserva del puesto de trabajo.
c) Mediante nueva Resolución del Director Gerente del citado Hospital, de 29 de noviembre de 1996, notificada el 2 de diciembre de 1996, se dejó sin efecto la anterior de concesión de la situación de excedencia por cuidado de hijos, comunicando a la demandante que había de reincorporarse al trabajo al concluir la baja maternal de la que venía disfrutando, el día 6 de diciembre de 1996. La nueva Resolución se acordaba al haberse advertido error en la concesión a la actora de la excedencia por cuidado de hijos, "al no ser personal fijo de plantilla, y no habiendo iniciado el disfrute de la misma, en virtud de la posibilidad de rectificación de sus actos por las Administraciones Públicas, conforme al art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
d) Con fecha de 4 de enero de 1997, la recurrente formuló reclamación previa ante el SAS, Hospital General Básico de Baza, sin recibir respuesta y, con fecha de 17 de enero de 1997, interpuso demanda sobre tutela de derechos fundamentales por violación del art. 14 CE. La demanda solicitaba la nulidad de la referida Resolución del Director Gerente del Hospital General Básico de Baza (Granada), de 2 de diciembre de 1996, así como que se declarase el derecho de la actora a la excedencia para el cuidado de hijos. En la misma se alegaba que la negación de la excedencia para el cuidado de hijos suponía una clara discriminación y contravención del derecho a la igualdad, constituyendo la decisión en este sentido adoptada por el SAS una lesión del derecho de la demandante a no recibir un trato discriminatorio consagrado por el art. 14 CE frente al resto de sus compañeras en situaciones análogas a la suya y, en concreto, frente a doña María José Olmedo Guarnido, interina, facultativa psicóloga de la USMI de Almería, a la que le fue concedida excedencia por cuidado de hijos. Tras la presentación de la demanda se adicionó a esta comparación particular la de la pediatra del Centro de Salud de Loja (Granada), doña María José Santa-Olalla Fernández-Figares, a la que también se había concedido excedencia por cuidado de hijos.
e) La Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada, de 12 de febrero de 1997, estimó la demanda, declarando la nulidad radical de la Resolución del SAS, de 2 de diciembre de 1996, que denegó a la actora la excedencia para el cuidado de hijos menores de tres años, por vulnerar la prohibición de trato discriminatorio, y, en su lugar, declaró el derecho de la actora a disfrutar de la excedencia solicitada, condenando al organismo demandado a estar y pasar por esta declaración.
El Juzgado de lo Social parte en su razonamiento de la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional relativa al principio de igualdad garantizado por el art. 14 CE, citando concretamente los pronunciamientos de las SSTC 37/1982, de 16 de junio, y 43/1982, de 6 de julio, en los que el Tribunal Constitucional ha establecido que no hay derecho a la igualdad en la ilegalidad. A continuación, señala el Juzgado de lo Social que de los hechos probados se desprende que el caso de la demandante era sustancialmente igual al de la Sra. Santa-Olalla Fernández-Figares, que también presta servicios para el SAS y es interina, no aconteciendo lo mismo con doña María José Olmedo Guarnido, que cuenta con un nombramiento en propiedad, situación fáctica, se afirma, "que reconduce el tema, para ver si existe o no discriminación, al punto de partida, es decir, si existe alguna razón objetiva o legal que justifique la no aplicación de la excedencia por cuidado de hijos al personal interino". El Juzgado no comparte la argumentación del SAS para justificar que no hay discriminación, transcribiendo al respecto el contenido del precepto que regula la excedencia por cuidado de hijos (art. 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), y refiriéndose a que la Ley 4/1995, de 23 de marzo, cuya aplicación reclaman ambas partes, al igual que hizo al Ley 3/1989 de 3 de marzo, modificó el Estatuto de los Trabajadores y también el régimen correspondiente de la función pública, que es el que aquí interesa.
f) Interpuesto recurso de suplicación por el SAS, fue estimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Andalucía, de 20 de mayo de 1997. La Sala, dando por reproducida la doctrina del Tribunal Constitucional citada por la Sentencia de instancia, no comparte, sin embargo, el criterio por aquélla mantenido "y ello por una razón de carácter objetivo: la finalidad del contrato de interinidad, que no es otra que la suplencia temporal de una plaza para evitar que la vacante existente carezca de persona que la sirva, obviando así el principio que el servicio público sufriría de acaecer tal vacío servicial" (sic).
g) La recurrente preparó recurso de casación para la unificación de doctrina, comunicando a este Tribunal en su demanda de amparo su voluntad de desistir "al no existir otra sentencia en todo el territorio nacional que conociera de una situación idéntica a la actual", dictándose Auto por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 8 de octubre de 1997 (aportado por la recurrente junto con su escrito registrado en el Tribunal el 28 de noviembre de 1997), por el que se acordó poner fin al trámite del recurso de casación para la unificación de doctrina preparado por la recurrente, al no personarse la misma ni interponer dicho recurso
3. Con fecha 3 de julio de 1997 la Sra. Martínez Guirado interpuso recurso de amparo contra la Resolución del SAS, de 2 de diciembre de 1996, y la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de mayo de 1997, a las que imputa vulneración del principio de igualdad y no discriminación garantizado por el art. 14 CE, al haberle sido denegada por aquella Resolución, confirmada en suplicación por la Sentencia impugnada, la excedencia para el cuidado de hijos, con base en su condición de personal estatutario interino.
En segundo lugar, y desde una vertiente específica, censura la recurrente la discriminación que se le ha causado en relación con la Sra. Santa Olalla Fernández-Figares, pediatra interina en la Zona Básica de Salud de Loja, pues situaciones sustancialmente iguales tienen un trato jurídico diferente, sin responder a causas o condiciones que lo justifiquen. Por último, la recurrente alega que no existe norma alguna que impida al personal interino el disfrute de la excedencia por maternidad (sic, por cuidado de hijos), como sí ocurre en el caso de los permisos sin retribución de hasta tres meses [art. 11.1 A) 4.3 del Decreto 349/1996, de 16 de julio -BOJA núm.. 86 de 27 de julio].
4. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de enero de 1998, la representación procesal de la demandante de amparo informó que el día 5 de enero de 1998 le había sido notificada Resolución del Director Gerente del Hospital General Básico de Baza, de 2 de enero de 1998, en virtud de la cual, y en ejecución de la Sentencia de suplicación, firme al haberse puesto fin al recurso de casación para la unificación de doctrina, se le reclamaba su incorporación al trabajo a partir del día 15 de enero, reiterando, consiguientemente, su solicitud de suspensión de la resolución administrativa impugnada, así como la de dicha orden de reincorporación.
5. Mediante providencia de 13 de enero de 1998, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir atentamente al Juzgado de lo Social núm. 5 de Granada y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio de los autos 41/97 y del recurso de suplicación núm. 1064/97; y para la práctica de los emplazamientos pertinentes.
6. Mediante la citada providencia de 13 de enero de 1998, la Sección Segunda acordó igualmente que se formara la oportuna pieza separada de suspensión. Tramitado el incidente de suspensión, la Sala Primera de este Tribunal, por Auto de 11 de febrero de 1998, decidió no acceder a la petición de suspensión, al considerar que "aunque de acuerdo con su regulación legal la excedencia para el cuidado de hijos puede obtenerse con una duración máxima de tres años desde la fecha de nacimiento del hijo, de lo reflejado en los antecedentes resulta que la actual demandante de amparo solicitó el pase a dicha situación tan solo durante el período comprendido entre el 6 de diciembre de 1996 y el 4 de septiembre de 1997 (el que garantiza la reserva del puesto de trabajo desempeñado), con fecha obviamente ya cumplida, y que además, en virtud de la ejecución provisional de la Sentencia de instancia por resolución de 13 de marzo de 1997, y hasta la fecha en que se ha requerido su incorporación al trabajo (15 de enero de 1998), ha venido disfrutando de la situación de excedencia durante un período de tiempo aproximadamente igual al inicialmente solicitado, por todo lo cual hay que convenir con el Ministerio Fiscal en que la suspensión solicitada carece actualmente de objeto".
7. En el escrito registrado el 9 de febrero de 1998, el Letrado don Juan Carreras Egaña se personó en las actuaciones en nombre del SAS. Por providencia de 1 de junio de 1998, la Sección Segunda acordó tener a don Juan Carreras Egaña por personado y parte en nombre y representación del SAS y, asimismo, acordó acusar recibo de las actuaciones interesadas y dar vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
8. Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de junio de 1998, la representación actora formuló alegaciones, reiterando las ya vertidas en la demanda de amparo. Aduce, además, en relación fundamentalmente con el Auto de la Sala Primera de este Tribunal de 11 de febrero de 1998 que denegó la suspensión solicitada de la resolución administrativa impugnada, que el presente recurso de amparo no ha perdido su finalidad, subsistiendo su objeto, pese al disfrute por la demandante de determinado período del tiempo de excedencia para el cuidado de hijos, pero inferior al de tres años legalmente previsto.
9. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en su escrito de 26 de junio de 1998, solicitó la desestimación del recurso de amparo, al estimar que la resoluciones administrativa y judicial impugnadas no han vulnerado el art. 14 CE.
10. La representación del SAS, por escrito registrado el 7 de julio de 1998, formuló alegaciones, interesando la desestimación de la demanda de amparo. Entiende que en el presente supuesto, ni la Resolución del Director Gerente del Hospital de Baza, ni la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ambas impugnadas, han lesionado el art. 14 de la Constitución. Frente a la alegación de la recurrente de amparo, relativa a que el SAS ha vulnerado el art. 14 CE al haber revocado la excedencia para el cuidado de hijos, concedida inicialmente a la recurrente, por ser ésta privativa de los funcionarios pero no de los interinos, se afirma que tanto por el SAS como por la Sentencia de suplicación recurridas se ha realizado una interpretación del art. 29.4 de la Ley 30/1984 conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional. A este respecto, se argumenta que el citado precepto legal es de aplicación privativa a los funcionarios de carrera, pues su propia redacción, aunque no haga distinción alguna sobre el carácter de los funcionarios a quienes resulta de aplicación, claramente revela que sólo regula la situación administrativa de los funcionarios de carrera. Y, de otra parte, el Tribunal Constitucional, desde la STC 7/1984, viene sosteniendo que la igualdad y desigualdad entre estructuras que son creación del Derecho, cuales son los cuerpos o categorías funcionariales, caso de existir, son resultado de su configuración jurídica, que puede quedar delimitada por la presencia de muy diversos factores. Así, el legislador, haciendo uso de sus facultades de dar tratamiento diverso a las distintas categorías de funcionarios, en base a criterios objetivos y generales como son las múltiples diferencias legales entre ambos colectivos, ha decidido limitar la concesión de la excedencia para el cuidado de hijos a los funcionarios de carrera, excluyendo los que tienen una vinculación temporal.
11. Por providencia de 23 de junio de 1999, se señaló para la deliberación de la presente Sentencia el día 26 de junio, en el que se inició el trámite y que ha finalizado en el día de la fecha.
1. La presente demanda de amparo trae causa de la Resolución del Director Gerente del Hospital General Básico de Baza (Granada), notificada el 2 de diciembre de 1996, que dejó sin efecto su anterior Resolución de 8 de noviembre del mismo año, que había concedido a la demandante la situación de excedencia para el cuidado de hijos (conforme al art. 29.4 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado por la Ley 4/1995, de 23 de marzo), al haberse advertido error en aquella concesión inicial por no ser la demandante personal fijo de plantilla.
2. Antes de abordar el fondo de la cuestión planteada, procede examinar la alegación del Ministerio Fiscal relativa a la pérdida de objeto del presente proceso constitucional, toda vez que la recurrente habría obtenido ya la satisfacción de la pretensión formulada en su demanda de amparo por vía procesal distinta, en concreto a través de la ejecución provisional de la Sentencia de instancia estimatoria de su demanda, al haber ya disfrutado de la excedencia para el cuidado de hijo por un período de tiempo superior al solicitado (desde la Resolución de ejecución de 13 de marzo de 1997 y hasta el 15 de enero de 1998, fecha en que se le requirió por el SAS su incorporación al trabajo). La demandante, sin embargo, insiste, en su escrito de alegaciones, en la finalidad del presente recurso de amparo que, a su juicio, no habría desaparecido pese al disfrute de un determinado período de tiempo de excedencia de los tres años de duración máxima legalmente prevista, ya que, habiéndosele concedido inicialmente la excedencia solicitada por el período máximo legal, quedaría por dilucidar el derecho a disfrutar del año y medio que le restaría de excedencia sin derecho a reserva de plaza que, en su opinión, constituye también el objeto del presente recurso, considerando que la negativa del SAS ha vulnerado el principio de igualdad, causándole discriminación.
Sin embargo, en el presente caso, sin perjuicio de recordar, como dijimos en la STC 191/1999, de 25 de octubre, FJ 2, que "la mención a una satisfacción extraprocesal de la pretensión ... resulta improcedente ... porque difícilmente permite el lenguaje calificar como 'extraprocesal' la ejecución de una sentencia", hemos de rechazar la objeción opuesta por el Ministerio Fiscal y alcanzar la conclusión de que el proceso no se ha extinguido por carencia sobrevenida de objeto.
3. Procede, por tanto, abordar el fondo del presente recurso de amparo, dirigido, en primer lugar, a determinar si la denegación de la solicitud de la recurrente de acogerse al régimen de excedencia para el cuidado de hijos contemplado en el art. 29.4 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (modificado por la Ley 4/1995, de 23 de marzo) por ser personal facultativo interino ha conculcado su derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación que garantiza el art. 14 de la Constitución.
4. La excedencia para el cuidado de los hijos menores además de cooperar al efectivo cumplimiento del deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos, durante su minoría de edad (art. 39.3 CE), constituye, en efecto, un derecho atribuido por el legislador a trabajadores y empleados públicos en orden a hacer efectivo el mandato constitucional dirigido a los poderes públicos de garantizar el instituto de la familia (art. 39.1 CE).
5. En el presente caso, de acuerdo con la doctrina constitucional transcrita y acreditado el dato de que la recurrente, personal estatutario del SAS, equiparado a estos efectos a los funcionarios públicos, también se encontraba vinculada con la Administración en situación de interinidad por más de cinco años cuando solicitó la excedencia para el cuidado de hijos, hemos de estimar su pretensión, pues no resulta admisible, desde la perspectiva del art. 14 CE, fundar la denegación de un derecho con transcendencia constitucional (arts. 9.2 y 39.1 CE) exclusivamente en el carácter temporal y en la necesaria y urgente prestación del servicio propia de la situación de interinidad. Esta interpretación de la legalidad, atendiendo a las circunstancias destacadas, resulta, como ya hemos afirmado, en extremo formalista y no aporta una justificación objetiva y razonable desde la perspectiva del art. 14 CE., sin que tal resultado perturbe la facultad de la Administración de proceder a la cobertura reglamentaria de la plaza conforme a criterios organizativos generales.
6. Con independencia de lo anterior, no puede dejar de tenerse en cuenta que la realidad social subyacente a la cuestión debatida y a su trascendencia constitucional muestra, en palabras de la referida STC 240/1999, que "el no reconocimiento de la posibilidad de obtener esa excedencia por parte de los funcionarios interinos produce en la práctica unos perjuicios en el ámbito familiar y sobre todo laboral que afectan mayoritariamente a las mujeres que se hallan en situación de interinidad", pues "hoy por hoy son las mujeres las que de forma casi exclusiva solicitan este tipo de excedencias para el cuidado de los hijos" (FJ 5), por lo que "en la práctica, la denegación de las solicitudes como la aquí enjuiciada constituye un grave obstáculo para la conservación de un bien tan preciado como es la permanencia en el mercado laboral que afecta de hecho mayoritariamente a la mujeres perpetuándose así la clara situación de discriminación que tradicionalmente ha sufrido la mujer en el ámbito social y laboral (STC 166/1988, FJ 2)" (FJ 7). De ahí que la STC 240/1999 declarase que las resoluciones denegatorias de la excedencia para el cuidado de hijo vulneraban el derecho de la recurrente a no ser discriminada por razón de sexo.
7. Finalmente, y por el contrario, no puede tener favorable acogida el segundo motivo impugnatorio por lesión del art. 14 CE, articulado también por la demanda de amparo frente a la resolución administrativa y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia impugnadas, pues no puede apreciarse discriminación en relación con el supuesto trato diverso dado por la Administración en otros casos anteriores, denunciado por la recurrente de amparo. En el sentido ya indicado por el Ministerio Fiscal, hemos de recordar que de forma reiterada ha afirmado este Tribunal que, sin necesidad de determinar si lo que la recurrente identifica como precedentes lo fueron en realidad, es claro que la doctrina del precedente administrativo -esto es la invocación de la hipotética desigualdad resultante de la diferencia entre actos administrativos- no puede fundamentar una pretensión ante este Tribunal una vez que el acto supuestamente distinto a los que le precedieron ha sido enjuiciado, declarándose su validez por el Tribunal competente, pues la igualdad que la Constitución garantiza es la igualdad ante la Ley (SSTC 50/1986, de 23 de abril; 175/1987, de 4 de noviembre; 167/1995, de 20 de noviembre; 14/1999, de 22 de febrero).
Otorgar el amparo solicitado por doña María Pilar Martínez Guirado y, en su virtud:
1º Reconocer el derecho de la recurrente a la igualdad de trato (art. 14 CE).
2º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), de 20 de mayo de 1997, recaída en el recurso de suplicación núm. 1064/97.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2947-1997
Promovido por doña María Pilar Martínez Guirado respecto a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que confirmó la negativa del Servicio Andaluz de Salud a declararla en situación de excedencia voluntaria para el cuidado de un hijo.
-Aplica la doctrina de la STC 240/1999 [FFJJ 3-6].
-No puede apreciarse discriminación en relación con el supuesto trato diverso dado por la Administración en otros casos anteriores, pues la igualdad que la Constitución garantiza es la igualdad ante la Ley (SSTC 50/1986, 14/1999) [FJ 7].
-El proceso no se ha extinguido por carencia sobrevenida de objeto, aunque la demandante haya disfrutado de un período de excedencia superior al inicialmente solicitado, ya que las resoluciones recurridas mantienen sus efectos [FJ 2].
-La satisfacción extraprocesal de la pretensión, pese a no estar expresamente prevista en la LOTC, es uno de los supuestos de terminación del proceso de amparo (SSTC 32/1982, 69/1997) [FJ 2].
-El recurso de amparo, si bien tiene como finalidad esencial la protección constitucional de los derechos y libertades públicas, también responde al designio de defensa objetiva de la Constitución (SSTC 1/1981, 245/1991, 69/1997) [FJ 2].
Artículo 9.2, ff. 4, 5
Artículo 14 (discriminación por circunstancias personales o sociales), ff. 1 a 4, 7
Artículo 14 (igualdad en la ley), ff. 1 a 3, 5, 6
Artículo 39.1, ff. 4, 5
Artículo 29.4 (redactado por la Ley 4/1995, de 23 de marzo), ff. 1, 3
Defensa objetiva de la ConstituciónDefensa objetiva de la Constitución, f. 2
Discriminación indirectaDiscriminación indirecta, ff. 3, 6
Discriminación por razón de sexoDiscriminación por razón de sexo, ff. 3, 6
Excedencia voluntaria para el cuidado de hijosExcedencia voluntaria para el cuidado de hijos, ff. 3, 4, 6
Precedentes administrativosPrecedentes administrativos, f. 7

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Artículo 9

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 39

Artículo 29