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Timestamp: 2019-08-22 11:10:46+00:00

Document:
STC 81/1985, 4 de Julio de 1985 - Jurisprudencia - VLEX 15034490
STC 81/1985, 4 de Julio de 1985
Número de Recurso: Recursos de Amparo nº 814 y 851/1983 (acumulados)
1. La situación de rebeldía supone un emplazamiento previo y válido -legal y constitucionalmente- y la no comparecencia por parte de los emplazados. Y justamente lo que constituye el fondo de la controversia es determinar si se omitió o no el emplazamiento personal y directo que procedía, a juicio de los actores, de acuerdo con el art. 24.1 de la C.E. En estas condiciones resulta claro que no puede exigírseles como requisito previo para formular la demanda de amparo que utilicen una vía que supone reconocer que se encontraban en situación de rebeldía. 2. El Tribunal ha declarado en múltiples ocasiones que es exigible el emplazamiento personal cuando los legitimados como parte demandada fueran conocidos e identificables a partir de los datos que figuran en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, en el expediente administrativo o en la demanda, y que, en estos supuestos, la falta de dicho emplazamiento supone una vulneración del art. 24.1 de la C.E. 3. La falta de emplazamiento personal es una infracción que sólo deviene lesión inconstitucional cuando, pese a haber mantenido el ciudadano una actitud diligente, se ve colocado en una situación de indefensión. Pero cuando tal diligencia no existe, la lesión tampoco. 4. El Tribunal ha señalado, asimismo, que es excesivo generalizar a las Administraciones Públicas la idea de que el conocimiento de los emplazamientos edictales, publicados en un periódico oficial, constituye una carga excesiva, al mismo nivel predicable de los ciudadanos, titulares de derechos e intereses legítimos, pues no son, obviamente, supuestos iguales ni pueden reclamar necesariamente la misma solución.
EN NOMBRE DE REY
En los recursos de amparo núms. 814/1983 y 851/1983, acumulados, formulados por el Procurador don José G. W., en nombre y representación, respectivamente, del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, y de don José M.ª Maestre Navarro, bajo la dirección del Letrado don José L. V. E., contra las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de 8 de noviembre de 1982 y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1983, y en los que han comparecido el Ministerio Fiscal y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, representado por el Procurador don Argimiro V. G. y con la dirección del Letrado don Santiago M. M., siendo Ponente el Magistrado don Rafael G. F. M., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en 7 de diciembre de 1983, el Procurador de los Tribunales don José G. W., en nombre del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, formula demanda de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de 8 de noviembre de 1982, por la que se anuló la Resolución de la Dirección General de la Energía de 3 de diciembre de 1980, y contra la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1983, por la que se desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la anterior por el Abogado del Estado. Por otrosí solicita la suspensión de los efectos de ambas sentencias.
Los antecedentes en que se fundamenta la demanda, según resulta de la misma y documentos acompañados, son los siguientes: a) Por Resolución de 22 de diciembre de 1979, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Alicante denegó la aprobación de un proyecto del centro de transformación situado entre la calle Trinidad y la avenida del Generalísimo, de la citada ciudad, firmado por el Perito industrial don José M. M. N.; b) el Colegio demandante recurrió contra dicha Resolución, dictándose la de 31 de julio de 1980, de la Dirección General de la Energía, por la que se acordó desestimarlo; c) formulado nuevo recurso contra la Resolución anterior por el citado Colegio, la propia Dirección acordó revocarla y acceder a las peticiones del solicitante del amparo; d) dicha Resolución fue recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, publicándose el correspondiente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 1 de agosto de 1981 (y no en la de Alicante, que es la sede del actor), con lo cual difícilmente pudo llegar a tener conocimiento de la existencia de un proceso en donde, paradójicamente, se estaban discutiendo las facultades profesionales de uno de sus colegiados; e) en 8 de noviembre de 1982 la mencionada Sala dictó Sentencia estimatoria del recurso, que fue apelada por el Abogado del Estado, compareciendo como parte apelada el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia, sin que el solicitante del amparo tuviera ocasión de personarse al desconocer la existencia del recurso y no ser llamado al mismo como parte interesada; f) el recurso de apelación fue desestimado por Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1983.
2. Por providencia de 26 de diciembre de 1983, la Sección Segunda de este Tribunal acordó tener por interpuesto recurso de amparo por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Alicante, y por personado y parte en nombre del mismo al Procurador don José G. W. y, a tenor de la dispuesto en el art. 85 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) en conexión con el art. 49, 2, b), de la misma Ley, conceder un plazo de diez días al solicitante del amparo para que dentro de dicho término presentase ante este Tribunal copia de la Sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Valencia en 8 de noviembre de 1982.
3. Por escrito presentado en este Tribunal el día 20 de diciembre de 1983, don José M. M. N. interpuso recurso de amparo contra las sentencias antes citadas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
El señor M. sostiene ante este Tribunal la misma pretensión que el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Alicante, en base a idénticos fundamentos, con la precisión de que se considera no sólo interesado legítimo en el proceso contencioso-administrativo que se siguió, según él, enteramente a sus espaldas en las dos instancias, sino sujeto a cuyo favor derivaban derechos de las resoluciones administrativas impugnadas en dicho proceso y que le otorgaban la condición de codemandado junto a la Administración.
Además de solicitar de este Tribunal la declaración de «nulidad de las actuaciones judiciales relacionadas» en el recurso, el señor M. pide también, mediante «otrosí», la suspensión de la ejecución del fallo de las sentencias impugnadas por concurrir, a su juicio, las circunstancias previstas en el art. 56 de la LOTC.
4. Por providencia de 25 de enero de 1984, la Sección Segunda de este Tribunal acordó: a) Admitir a trámite la demanda de amparo formulada por don José M. M. N., sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes y por personado y parte, en representación del mismo, al Procurador señor G. W.; b) requerir al Tribunal Supremo y a la Audiencia Territorial de Valencia, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, para que en el plazo de diez días remitieran, respectivamente, testimonio de las actuaciones relativas a los recursos núms. 60.695/1982 y 394/1981, respectivamente, y emplazaran a quienes hubiesen sido partes en los mencionados procedimientos, con excepción del recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional; c) conceder al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 83 de la LOTC, un plazo común de diez días, para que dentro del mismo alegaran lo que estimaran pertinente en relación con la posible acumulación del recurso núm. 851/1983 al seguido con el núm. 814/1983.
5. Por providencia de 29 de febrero siguiente la propia Sección acordó: a) Tener por recibidos los escritos del Ministerio Fiscal y del Procurador señor G. W., evacuando el trámite conferido en la citada providencia de 25 de enero y, a tenor de lo dispuesto en el art. 83 de la LOTC, acordar la acumulación del recurso de amparo núm. 851/1983 al recurso seguido bajo el núm. 814/1983; b) tener por recibidas las actuaciones remitidas por el Tribunal Supremo y la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia; c) tener por recibidos los escritos del Abogado del Estado y del Procurador señor V. G., a quienes se les tiene por personados y parte, este último en nombre y representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia; d) dar vista de las actuaciones, a tenor de la dispuesto en el art. 52 de la LOTC, por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a los Procuradores señores G. W. y V. G. para que en el término concedido pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera; e) formar, de acuerdo con lo solicitado por los actores en sus respectivos escritos de interposición, la correspondiente pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión de la ejecución del acto recurrido.
Según el Ministerio Fiscal, acreditado que las partes fueron emplazadas edictalmente según la fórmula dispuesta en los arts. 60 y 64 de la LJ y no de modo personal y directo según es exigencia constitucional y queda establecido en la L.E.C., y resultando, por otra parte, que tanto el Colegio de Peritos de Alicante como el Perito industrial señor M. tienen la condición de parte demandada de acuerdo con el art. 29.1 b) de la LJ, ya que los dos tienen derechos derivados del acto impugnado ante la Audiencia de Valencia, estando uno y otro perfectamente identificados en las actuaciones, la aplicación de la doctrina repetidamente sentada por este Tribunal debe llevar a otorgar el amparo solicitado por haber resultado quebrantado el derecho fundamental alegado de indefensión.
7. El Abogado del Estado, por su parte, solicita igualmente de este Tribunal la estimación de los recursos de amparo y, en consecuencia, la anulación de las Sentencias impugnadas, ordenando la retroacción de las actuaciones al momento inmediato posterior al de la interposición del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, con emplazamiento personal al señor M. N. y al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, a efectos de que puedan comparecer en el proceso, respectivamente, como parte principal codemandada y como parte coadyuvante.
Para el Abogado del Estado la Resolución de la Dirección General de la Energía de 3 de diciembre de 1980 vino a reconocer la competencia del señor M. N., recurrente en amparo, como técnico autor del proyecto de un centro de transformación de energía eléctrica que con anterioridad había sido negada en vía administrativa por entenderse que la potencia proyectada excedía de sus atribuciones. Dado que dicha Resolución se dicta en virtud de los recursos administrativos interpuestos por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante. éste tiene un claro interés legítimo en defensa de los derechos de sus colegiados (en este caso, la facultad de formular y firmar proyectos relativos a industrias o instalaciones mecánicas, químicas o eléctricas a que se refiere el art. 1 del Real Decreto-ley de 13 de junio de 1977, con las condiciones que en el mismo se imponen).
Por ello resulta evidente, a juicio del representante de la Administración, que la anulación en vía contencioso-administrativa de la meritada Resolución, sin el obligado emplazamiento personal y directo de los ahora recurrentes, origina una situación de indefensión, contraria al art. 24. 1 de la Constitución, que debe solucionarse de acuerdo con la ya consolidada doctrina sobre casos idénticos al presente del Tribunal Constitucional, establecida en sus Sentencias núm. 9/1981 (con expresa referencia en ella -fundamento jurídico sexto- a emplazamiento personal, siempre que resulte factible «incluso de los coadyuvantes», posición procesal ésta, de parte demandada accesoria o adhesiva, que técnicamente es la que corresponde al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales) y otras posteriores que se citan y, exponiéndolo en los mismos términos de la Sentencia 117/1983 (fundamento jurídico cuarto), que ha de convenirse que «es prácticamente imposible imaginar un supuesto en el que resulte más claramente identificada y conocida la persona a cuyo favor derivan derechos del propio acto impugnado y que, además, ha sido parte en el procedimiento administrativo que precedió a su emanación», pues, en efecto, la resolución anulada por las Sentencias objeto de este recurso reconocía la competencia profesional del señor M. N. para la formulación de un proyecto determinado y había sido dictada en virtud de los recursos interpuestos en vía administrativa por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante.
a) El recurso de amparo ha sido presentado fuera de plazo por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, dado su conocimiento de la Sentencia impugnada de la Audiencia Territorial de Valencia, a lo largo de 1983, y de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1983, a finales de dicho mes; alegación que aplica también el recurso de amparo del señor M. N., por entender que no puede pretender utilizar, cuando le conviene, un supuesto desconocimiento de los hechos que, si existiera, será porque su Colegio no le ha tenido bien informado.
e) La necesaria valoración de los derechos constitucionales en conflicto -derecho a la tutela judicial de los actores y derecho a obtener justicia «sin dilaciones indebidas» por quien obtuvo Sentencias favorables en el contencioso- conduce en este caso a la desestimación del recurso, dado que los actores no han actuado con la diligencia que es exigible; el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia manifiesta en este sentido -por vía de reconvención- que es titular del derecho a obtener justicia sin dilaciones indebidas.
f) Además de lo expuesto -que le es aplicable en su mayor parte-, el recurso del Perito señor M. N. no puede tampoco ser estimado, y ello porque no intervino para nada en la vía administrativa, y aceptó su representación por el Colegio, siendo contrario a la buena fe revisar ahora estas situaciones aceptadas; y, asimismo, porque lo debatido en el contencioso no han sido los derechos del señor M. sino una cuestión de atribuciones profesionales; finalmente, señala que el interesado no es el señor M. N. sino el particular al que dicho Perito hizo el proyecto, entablando una relación profesional de estricto carácter privado que en su día le sería retribuida.
a) La representación de cada uno de los demandantes -Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante y señor M. N.- ha aportado con su demanda una serie de documentos entre los que se encuentran los siguientes, no objetados por la representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia:
En primer lugar, fotocopia de la Resolución del Director general de la Energía de 30 de julio de 1980, por la que acordó desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Enrique C. G., en representación del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, contra resolución de la Delegación Provincial del Ministerio de Alicante.
b) La representación del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante presenta fotocopia del escrito de fecha 16 de noviembre de 1983 dirigido por el Decano de dicho Colegio -don Enrique C. G.- al Director general de lo Contencioso del Estado, con la súplica de que se sirva ordenar la interposición del recurso extraordinario de revisión contra la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de fecha 7 de octubre de 1983. A dicha petición acompañó escrito de comentarios a la Sentencia -también aportado en fotocopia-. Este escrito, de fecha 15 de noviembre de 1983, firmado por el propio Decano, consta de 17 páginas a doble espacio y se titula «Comentarios a la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 7 de octubre de 1983 (apelación núm. 60.695/1982-Sala Tercera)».
1. En el presente recurso se han suscitado dos tipos de cuestiones; siguiendo un orden lógico, hemos de examinar en primer lugar las relativas a la existencia de causas de inadmisión del recurso, que en esta fase procesal serían de desestimación; y, en segundo término, la referente a la violación del art. 24. 1 de la Constitución, que se habría producido por no haberse emplazado de modo personal y directo en el proceso contencioso-administrativo a los solicitantes del amparo.
Las resoluciones objeto de impugnación son la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia de 8 de noviembre de 1982, y de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 1983. Por ello, dado que el recurso de amparo sólo puede interponerse una vez haya agotado la vía judicial procedente (art. 43.1 de la LOTC), el plazo de veinte días ha de contarse a partir de la notificación de la última resolución recaída y, cuando ésta no se ha notificado, a partir de la fecha del conocimiento completo de la misma por parte de quien solicite el amparo.
Las consideraciones anteriores, unidas al principio pro actione, y al carácter antiformalista de la jurisprudencia del Tribunal, nos llevan e estimar que no existe la causa de inadmisión, que en esta fase sería de desestimación, prevista en el art. 50.1 a) de la LOTC, en cuanto a la demanda formulada por el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante. Sin que, por otra parte, la alegación de que tal causa exista respecto de la demanda formulada por el señor M. N. tenga un fundamento apoyado en prueba alguna, ya que se basa en la mera estimación subjetiva de que el mencionado Colegio debió poner en conocimiento del señor M. la existencia de la Sentencia del Tribunal Supremo, en fecha anterior a la de veinte días hábiles a la presentación de su demanda en 20 de diciembre de 1983.
b) En relación al derecho de acceso a la justicia, el Tribunal ha puesto de relieve que el art. 24.1 de la Constitución contiene un mandato implícito al legislador -y al intérprete- consistente en promover la defensa, en la medida de lo posible, mediante la correspondiente contradicción. Lo que conduce a establecer el emplazamiento personal a los que puedan comparecer como demandado -e incluso coadyuvantes-, siempre que ello sea factible, como puede ser cuando sean conocidos e identificables a partir de los datos que se deduzcan del escrito de interposición del recurso contencioso o del expediente (Sentencia núm. 9/1981, de 31 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de abril, FJ 6). En esta línea de razonamiento, y sin perjuicio de precisiones ulteriores, el Tribunal ha afirmado, con relación a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que el emplazamiento por edictos en el «Boletín Oficial del Estado» (o en el de la provincia cuando se trata de recursos ante las Audiencias) no garantiza en medida suficiente la defensa de quienes están legitimados para comparecer, como demandados, en procesos que inciden directamente en sus derechos e intereses (Sentencia núm. 63/1982, de 20 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 17 de noviembre, FJ 3). A partir de estas Sentencias, el Tribunal ha declarado en múltiples ocasiones que es exigible el emplazamiento personal cuando los legitimados como parte demandada fueran conocidos e identificables a partir de los datos que figuran en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, en el expediente administrativo, o en la demanda, y que, en estos supuestos, la falta de dicho emplazamiento supone una vulneración del art. 24.1 de la Constitución; ello, con las precisiones que exponemos a continuación.
4. La doctrina expuesta nos permite ya entrar en el examen de si el art. 24.1 de la Constitución ha quedado vulnerado por las resoluciones impugnadas. A cuyo efecto -dado que son dos los recursos acumulados- hemos de distinguir entre el formulado por el Perito señor M. N. y el interpuesto por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Alicante.
a) En cuanto al amparo solicitado por el señor M. N., resulta de los documentos aportados por los demandantes [antecedente 12 a)], que conoció el primitivo acto administrativo de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Alicante, y se lo comunicó al Colegio de Peritos Industriales de Alicante -que fue quien interpuso el recurso de alzada contra el mismo-; el señor M. N. no actuó en la vía administrativa, como recurrente, en defensa de los derechos e intereses legítimos que creyera le correspondían, y se desinteresó personalmente de la legalidad o ilegalidad del primitivo acto administrativo, por lo que, desde la perspectiva constitucional, a la que hemos de circunscribirnos, no ha mantenido una actitud diligente en defensa de tales derechos e intereses. Al no haber existido esta actitud de diligencia, la falta de emplazamiento personal no puede calificarse como una vulneración del art. 24.1 de la Constitución, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, por lo que procede la desestimación de este recurso.
Este es el caso aquí planteado en el que, según resulta de los documentos aportados por el propio Colegio demandante [antecedente 12 a)], la interposición del recurso contencioso-administrativo formulado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Valencia contra la Resolución de 3 de diciembre de 1980 de la Dirección General de la Energía fue anunciado mediante edicto publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 1 de agosto de 1981, para que sirviera de emplazamiento -según dice el edicto- a las personas que, con arreglo al art. 29.1 b) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estaban legitimadas como parte demandada, y a los que quisieran coadyuvar con la Administración.
SAN, 1 de Febrero de 2011
STSJ Navarra , 7 de Mayo de 2004
STSJ Cataluña 7713, 7 de Junio de 2005
ATC 327/2006, 25 de Septiembre de 2006

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