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Timestamp: 2016-12-04 21:33:49+00:00

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COMITÉ CONTRA LA TORTURA RESPUESTAS POR ESCRITO DEL GOBIERNO DE CHILE…
COMITÉ CONTRA LA TORTURA RESPUESTAS POR ESCRITO DEL GOBIERNO DE CHILE* A LA LISTA DE CUESTIONES (CAT/C/CHL/Q/5) QUE DEBEN ABORDARSE AL EXAMINAR EL QUINTO INFORME PERIÓDICO DE CHILE (CAT/C/CHL/5) [16 de marzo de 2009]
dandavs
RESPUESTAS POR ESCRITO DEL GOBIERNO DE CHILE* A LA
LISTA DE CUESTIONES (CAT/C/CHL/Q/5) QUE DEBEN
ABORDARSE AL EXAMINAR EL QUINTO INFORME
PERIÓDICO DE CHILE (CAT/C/CHL/5)
[16 de marzo de 2009]
Convención contra
o Penas Crueles,
CAT/C/CHL/Q/5/Add.1
Con arreglo a la información transmitida a los Estados partes acerca de la tramitación de sus
informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a
los servicios de traducción de las Naciones Unidas.
GE.09-41360 (S) 010409 030409
[L]a definición de tortura contemplada en la legislación chilena no está totalmente
conforme con la definición establecida por el artículo 1 de la Convención, debido
principalmente a que dicha legislación limita las potenciales víctimas de tortura a
aquellas personas privadas de su libertad y el hecho de que se siga manteniendo la
prescripción de diez años […]. Aclaren si la tentativa de este delito está tipificada por
la legislación nacional vigente.
En los párrafos 51 a 53 de los informes periódicos tercero y cuarto de Chile
(CAT/C/39/Add.5) y los párrafos 79 y 80 del quinto informe periódico (CAT/C/CHL/5) se
explican en detalle los elementos que definen este delito en la legislación chilena. El Código
Penal chileno contempla el delito de tortura, con el nombre de "tormentos o apremios
ilegítimos". Las disposiciones legales que contemplan esta figura recogen la idea de perseguir y
castigar el uso de la violencia con el fin de doblegar la voluntad de la víctima. En los
artículos 150 A y 150 B, se contemplan diversas hipótesis relativas a los apremios ilegítimos en
las cuales, en el caso del artículo 150 A el sujeto activo del delito es un funcionario público,
mientras que en el artículo 150 B, el sujeto activo del delito es un particular.
Respecto a la observación del Comité relativa a que la definición de tortura no estaría
conforme con la definición establecida por el artículo 1 de la Convención, en la medida en que
"… limita las potenciales víctimas de tortura a aquellas personas privadas de su libertad…" cabe
señalar que se entiende que la conducta típica del delito de tortura consideraría siempre como
supuesto de punición la necesidad de que la víctima se encuentre privada de libertad; ello porque
en este caso existiría una primera premisa dada por la coacción aplicada sobre el sujeto pasivo, y
luego la intención de infligirle dolor, ya sea sin un fin determinado, como es en el caso de la
figura base del mencionado artículo 150 A, o de obtener alguna declaración o entregar
información, como lo señala el inciso tercero del mismo artículo.
Sin embargo, aun cuando la efectiva privación de libertad es un supuesto del tipo objetivo,
la norma chilena no se pronuncia respecto a si la privación de libertad debe ser en conformidad
al ordenamiento jurídico o bien puede ser una privación ilegítima; por lo tanto entendemos que
en este último caso siempre estaría conforme con lo establecido en el artículo 1 de la
Convención, en tanto siempre que la víctima se encuentre sometida a tortura estará en la
imposibilidad de disponer de su libertad.
Respecto a la observación del Comité relativa al hecho que "se siga manteniendo la
prescripción de diez años para el delito de tortura", cabe señalar que la figura en comento se
encuentra contenida en el Código Penal chileno, por lo cual se encuentra sujeta a las normas
sobre prescriptibilidad de este mismo cuerpo normativo. Sin embargo, existen iniciativas de
gobierno destinadas a insertar el delito de tortura en la normativa especial propia del ámbito de
competencia de la Corte Penal Internacional.
En cuanto a la tentativa, el delito de apremios ilegítimos se encuentra sometido a las
normas generales del Código Penal, en específico, al artículo 7 del Código Penal. En tal sentido,
todos los delitos que están sometidos al Código Penal se entiende que pueden ser objeto de
tentativa, lo que incluye a la tortura.
Sírvanse indicar si existe un registro nacional para recopilar información de los
tribunales nacionales sobre los casos de tortura y malos tratos ocurridos en el.
El ministerio público cuenta con un moderno sistema de información de datos llamado
Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), en donde se incorporan todos los datos de interés relativos a
las denuncias y querellas de delitos que ingresan al ministerio público, ya sea a instancias de las
policías (Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile); de la propia víctima; o
de los tribunales de justicia. Dentro de este sistema operativo de registro de información es
posible consultar diversos antecedentes del hecho delictual, los sujetos involucrados y las
diversas diligencias o actuaciones que se van desarrollando en el proceso. Respecto al delito de
tortura en particular, el ministerio público de Chile cuenta actualmente con un completo registro
que permite individualizar a las víctimas; imputados; testigos, fecha de ocurrencia de la tortura;
relación circunstanciada de los hechos; diligencias instruidas por nuestros fiscales; resoluciones
dictadas por los tribunales; contenido de las sentencias; etc.
Sin perjuicio de lo anterior, el poder judicial cuenta asimismo con un sistema de registro de
ingresos judiciales a las cuales tienen acceso todos los jueces de Chile y que administra la
Corporación Administrativa del poder judicial.
3 a) Cuándo y quién realiza el registro de la persona detenida, quién tiene acceso al
registro y cuánto tiempo transcurre antes de su presentación ante el juez.
El Código Procesal Penal establece normas claras respecto a quién puede detener, cuáles
son los derechos del detenido, y el procedimiento y plazos a cumplir para presentar a un detenido
frente a una autoridad judicial competente, en este caso, el juez de garantía.
Una persona puede ser detenida en los siguientes casos: por control de identidad, por
flagrancia y por orden judicial. En estos tres casos el registro es realizado por alguna de las
policías, es decir Carabineros o la Policía de Investigaciones.
10. En caso de que el sujeto sea puesto a disposición del tribunal, las policías deben entregar al
imputado a Gendarmería, la que efectúa un nuevo registro para constatar la integridad física del
detenido, y evitar el ingreso al tribunal con algún elemento prohibido.
11. Si se trata de un imputado en prisión preventiva o de un condenado a pena privativa de
libertad es Gendarmería quien realiza el traslado y pone a disposición del tribunal al interno,
debiendo previamente registrarlo.
12. El procedimiento de registro corporal y de vestimentas y paquetes que porte el detenido o
interno se efectúa manteniendo en todo momento la diferenciación de género (sexo) y de respeto
a la dignidad de las personas.
Sobre el acceso al registro de las personas detenidas hay que distinguir:
En los casos de control de identidad, en que resulte que el controlado porte algún
elemento prohibido por ley, podrá quedar detenido por flagrancia y, en ese caso, el
registro quedará en la carpeta fiscal para conocimiento del defensor o del juez,
cuando se le informa en audiencia. El contenido de la carpeta fiscal queda
restringido respecto de terceros ajenos a la causa.
En los casos de detención por flagrancia o por orden judicial ocurre la misma
situación, es decir, el contenido del registro queda dentro de la carpeta de
investigación fiscal y tienen acceso a él tanto la defensa como el juez, cuando se le
informa en audiencia.
14. El plazo máximo para que la persona detenida permanezca en un recinto policial antes de
ser puesta a disposición de un tribunal es de 24 horas posteriores a su detención. La brevedad de
este plazo posibilita que el juez de garantía controle rápidamente las circunstancias, la legalidad,
y el desarrollo del proceso de detención. En el supuesto que la detención se practique por una
situación de flagrancia, el agente policial debe informar al fiscal (ministerio público) en un plazo
máximo de 12 horas; sin embargo, el fiscal podrá dejar sin efecto la detención u ordenar que el
detenido sea conducido ante el juez dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado desde que
la detención se hubiere practicado.
Sírvanse indicar si la iniciativa legal para la creación del Instituto Nacional de
Derechos Humanos ha sido aprobada por el Congreso Nacional y si dicho Instituto
estaría conforme a los Principios de París.
15. La iniciativa legal que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos se encuentra en el
tercer trámite constitucional ante el Congreso Nacional. Desde el mes de julio de 2008 está en el
trámite de "Discusión ante la Comisión Mixta (diputados y senadores)". El Gobierno está
realizando un trabajo legislativo con el fin de lograr un acuerdo que permita aprobar en su último
trámite legislativo este proyecto de ley, el cual cumple con los Principios de París, sobre todo en
materia de autonomía, representatividad y facultades.
[Indiquen] si ya se ha formalizado la ratificación del Protocolo [Facultativo de la
Convención contra la Tortura] con el fin de garantizar su pronta entrada en vigor.
16. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes fue promulgado por el Gobierno el 14 de febrero de 20091 y
entró en vigor para Chile el 11 de enero de 2009.
Decreto Supremo Nº 340. Promulga el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes:
Santiago, 18 de diciembre de 2008.
Vistos: Los artículos 32, Nº 15, y 54, Nº 1, inciso primero, de la Constitución política de la
República. Considerando: que la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas adoptó, el 18 de diciembre de 2002, en Nueva York, el Protocolo Facultativo de la
Que dicho Protocolo Facultativo fue aprobado por el Congreso Nacional, según consta en
el oficio Nº 7699, de 15 de septiembre de 2008, de la honorable Cámara de Diputados,
Nº 39288, sábado 14 de febrero de 2009 (2619), pág. 7. Que con fecha 12 de diciembre
Sírvanse proporcionar información más detallada sobre la creación de la Comisión
Nacional sobre Prisión Política y Tortura […].
17. Esta información ya está detallada en los párrafos 12 a 14, 70 a 73, y 124 a 143 del quinto
informe periódico de Chile, así como en el texto del informe que emitió la Comisión Nacional
sobre Prisión Política y Tortura, cuya copia se remitió al Comité adjunta al informe de Chile.
18. En resumen: este organismo fue creado por iniciativa del ex Presidente de la República,
Ricardo Lagos Escobar, el 11 de noviembre de 20032; inició sus actividades a partir de la fecha
señalada; tuvo como mandato determinar el universo de quienes sufrieron privación de libertad y
torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990; este
mandato excluyó los actos de privación de libertad o tortura por razones políticas que tuvieron
como resultado o consecuencia directa el fallecimiento de la víctima, puesto que éstos fueron
considerados expresamente en el decreto que creó la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (Comisión Rettig) en 1990; emitió un extenso informe donde recogió el
testimonio de 35.868 personas residentes en Chile y el extranjero, de los cuales fueron
considerados admisibles 28.459, es decir la Comisión alcanzó la "convicción moral" del hecho
de haber sido detenidas por razones políticas, sin considerar el tiempo que duró su privación de
libertad; al concluir con su labor, propuso al Presidente de la República las condiciones,
características, formas y modos de las medidas de reparación, austeras y simbólicas, que podrán
otorgarse a las personas reconocidas en su calidad de prisioneros políticos o torturados, y que no
hubieren recibido a la fecha otro beneficio de carácter reparatorio derivado de tal calidad.
[S]írvase indicar si ya se ha establecido el Ministerio de Seguridad Pública que
supervisaría el campo de acción de los carabineros y la policía de investigaciones.
19. El proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública ha sido aprobado por el Senado.
Para reforzar su proceso tramitación legislativa el Gobierno decidió calificarlo con el carácter de
suma urgencia, lo que implica acelerar los tiempos legislativos que restan en la Cámara de
Diputados, debiendo ser ley este año.
Sírvase indicar en qué fase se encuentra la propuesta de ley en el Congreso para
declarar la nulidad del Decreto-ley de amnistía Nº 2191 y si el Estado parte ha
considerado declarar inconstitucional dicha ley o declarar su nulidad por ser
contraria al derecho internacional. ¿Se prevé declarar la inaplicabilidad de la
mencionada Ley de amnistía?
de 2008 se depositó ante el Secretario General de las Naciones Unidas el Instrumento de
Ratificación del Protocolo Facultativo y, en consecuencia, éste entrará en vigor para Chile
el 11 de enero de 2009. Decreto: Artículo único: Promúlguese el Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, adoptado el 18 de diciembre de 2002, en Nueva York, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas; cúmplase y publíquese copia autorizada de su texto en el
Decreto Supremo (Interior) Nº 1040, publicado en el Diario Oficial el 11 de noviembre
20. En materia del Decreto-ley de amnistía y de la imprescriptibilidad de los crímenes contra la
humanidad, un grupo de parlamentarios presentó al Senado un nuevo proyecto de ley. Esta
moción fue aprobada en general por la Comisión de Constitución del Senado en diciembre
de 2008. Actualmente se encuentra pendiente su discusión por la Sala del Senado. Esta moción
tiene por objeto interpretar el artículo 93 del Código Penal, excluyendo de las causales de
extinción de la responsabilidad penal, por amnistía, indulto o prescripción, a los crímenes y
simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra,
contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.
21. Es importante señalar también que un grupo de senadores, pertenecientes tanto a partidos
de oposición como de Gobierno, presentaron un proyecto de ley que tipifica en la legislación
chilena las figuras penales establecidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
en materia de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Este proyecto
cuenta con el consenso del Gobierno y de todas las bancadas parlamentarias presentes en el
Sírvanse proporcionar información más detallada sobre la constitución en enero
de 2006 de un grupo de trabajo constituido por los Ministerios de Justicia, Defensa y
Relaciones Exteriores, cuyo objetivo es estudiar la modificación de la justicia militar
[…]. Asimismo, proporcionen información sobre el contenido de la propuesta de
proyecto de ley sobre la reforma y procedimiento de la justicia militar.
22. La reforma a la jurisdicción penal militar ha estado a cargo de una comisión creada al alero
de cuatro Ministerios (Interior, Justicia, Defensa y Relaciones Exteriores) y con participación de
integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. A través de un esfuerzo colectivo,
se ha estado preparando un anteproyecto integral de reforma que contempla aspectos de la
orgánica del sistema, de la redefinición de los delitos militares y del ajuste de las reglas de
procedimiento a los estándares del debido proceso. Uno de los aspectos centrales de la nueva
normativa es reducir la competencia de los tribunales militares y circunscribirla a delitos
estrictamente castrenses, cometidos por uniformados. Se espera que dentro del primer semestre
del año en curso el anteproyecto sea divulgado ante la sociedad civil y que ingrese al Congreso
Nacional durante el segundo semestre del 2009.
Indicar en qué fase se encuentra el proyecto de ley que plantea la introducción de la
imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado.
Indicar si se ha invocado la Convención directamente ante los tribunales nacionales.
En caso afirmativo, dar ejemplos.
24. La Convención ha sido invocada directamente ante los tribunales nacionales en numerosas
querellas por los delitos de aplicación de tormentos y otros, interpuestas por sobrevivientes de
prisión política y tortura durante el régimen militar.
25. También ha sido citada en las siguientes resoluciones judiciales y en procesamientos por
torturas: procesos por torturas sustanciados por el Ministro Alejandro Solís, en los cuales ha
dictado auto de procesamiento en la "Causa rol Nº 2182-98, Villa Grimaldi-Torturas" y en la
"Causa rol Nº 2182-98, Tejas Verdes - Cuaderno Principal", por tormentos y aplicación de otros
delitos cometidos en perjuicio de sobrevivientes del Campamento de Detenidos de Tejas Verdes.
El Ministro Alejandro Solís Muñoz cita la Convención también para fundamentar la solicitud de
desafuero de Augusto Pinochet Ugarte por los delitos de torturas ocurridos en Villa Grimaldi.
26. La Convención contra la Tortura sirvió de fundamento jurídico para la condena dictada por
el Ministro en Visita Víctor Stenger, en la "Causa rol Nº 01-2003" del Primer Juzgado de Letras
de Linares; este fallo de fecha 16 de noviembre de 2006, fue confirmado por fallo de la Corte de
Apelaciones de Talca el 9 de octubre de 2008; ambas resoluciones se encuentran ejecutoriadas,
ya que en el mes de enero de 2009 se declararon inadmisibles, por extemporáneos, los recursos
de casación presentados por las defensas de los condenados. Esta es la primera condena a firme
por aplicación de tormentos respecto de víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura
También ha sido invocada la Convención en las siguientes causas:
Querella criminal por secuestro, aplicación de tormentos y otros delitos ocurridos en
la Academia de Guerra Aérea, "Causa rol Nº 1058-2001", sustanciada por el Ministro
de Fuero Juan Eduardo Fuentes Belmar que actualmente se encuentra en casación de
sentencia condenatoria;
Acumulación de varias querellas por víctimas sobrevivientes del recinto de
Londres 38, "Causa rol Nº 218", sustanciada por el Ministro de Fuero
Alejandro Solís;
Secuestro, torturas y otros delitos sufridos por doña Guacolda Rojas Pizarro en el
recinto de Villa Grimaldi, "Causa rol Nº 8079-2005", sustanciada por el Ministro de
Fuero Carlos Gajardo Galdames, actualmente en etapa de sumario;
Secuestro, aplicación de tormentos y otros delitos sufridos por doña
Beatriz Bataszew Contreras, en el recinto denominado "Venda Sexy", "Causa rol
Nº 37914-2004", sustanciada por el Ministro de Fuero Carlos Gajardo Galdames;
Torturas y otros delitos sufridos por don Juan Miguel Molina Manzor, "Causa rol
Nº 11061", sustanciada por el Ministro de Fuero Carlos Gajardo Galdames;
Torturas y otros delitos sufridos por ex prisioneros políticos de Temuco
(José Ponce Martínez y otros), "Causa rol Nº 113051", sustanciada por el Ministro en
Visita Extraordinaria Fernando Carreño.
Sírvase indicar cuál es el papel de la Comisión de Verdad y Reconciliación y de la
Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura en la identificación de aquellos
responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura.
28. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR)3 tuvo cuatro objetivos
fundamentales: a) establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de
violación a los derechos humanos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo
de 1990, sus antecedentes y circunstancias; b) reunir información que permitiera individualizar a
sus víctimas y establecer su suerte o paradero; c) recomendar las medidas de reparación y
reivindicación que estimara de justicia; y d) recomendar las medidas legales y administrativas
que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la ocurrencia de nuevos atropellos
graves a los derechos humanos.
29. El mismo decreto que dio origen a la CNVR, considerando el breve lapso que se estableció
para el cumplimiento de su labor, determinó que bajo la calificación de las más graves
violaciones a los derechos humanos quedaban comprendidas las desapariciones de personas
detenidas, las ejecuciones, las torturas con resultado de muerte cometidas por agentes del Estado
o personas al servicio de éste y los secuestros y atentados contra la vida cometidos por
particulares bajo pretextos políticos.
30. El decreto citado dispuso igualmente que si la CNVR en el ejercicio de sus funciones
recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a
disposición del tribunal que corresponda. De acuerdo con lo anterior, la identificación de los
responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas no correspondió a una
labor encargada a la CNVR, sino que se trata de una facultad radicada en los tribunales de
justicia, la que se lleva a cabo de acuerdo al debido proceso.
31. La CNVR dejó de tener existencia legal en febrero de 1991. Posteriormente, entre el 8 de
febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1996, funcionó la Corporación Nacional de Reparación
y Reconciliación que tuvo funciones y facultades similares a las de la CNVR, esto es, la
resolución de casos no conocidos por la CNVR y la revisión de casos no calificados por esta
última, siempre que constaran nuevos antecedentes.
32. En 1997, se creó el Programa Continuación Ley Nº 19123 o Programa de Derechos
Humanos del Ministerio del Interior4, que hasta el día de hoy actúa como parte interesada o
coadyuvante en los procesos judiciales tendientes a determinar el paradero y las circunstancias
de la desaparición o muerte de las personas detenidas desaparecidas y de aquellas que, no
obstante existir reconocimiento legal de su deceso, sus restos no han sido ubicados.
Creada mediante Decreto Supremo Nº 355 de 25 de abril de 1990.
Creado mediante Decreto Supremo Nº 1005 de 25 de abril de 1997.
33. Por su parte, la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (CNPP)5 se creó en el
año 2003, con el objeto exclusivo de determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten,
quiénes son las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por
actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de
septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
34. El decreto que dio origen a la CNPP estipula que ésta no podrá asumir funciones de
carácter jurisdiccional, por tanto, no podrá pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo
a la ley pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.
En relación a esta situación la ley que establece beneficios a favor de las personas calificadas por
la Comisión6, en su artículo 15 establece que: "Son secretos los documentos, testimonios y
antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura (...). El secreto establecido (...) se mantendrá durante el plazo de 50 años (...). Mientras
rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o
magistratura tendrá acceso" a tales antecedentes. La puso término a sus funciones el 30 de
Sírvanse informar sobre el estado de los procesos judiciales contra oficiales de
[Carabineros y Gendarmería].
35. En el párrafo 177 del quinto informe periódico de Chile, se indica que, de 138 casos de
reclamos en contra de carabineros, 4 de ellos fueron denunciados a tribunales. La situación
procesal de tales casos es la siguiente:
Causa rol Nº 213-2005, seguida ante la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, por
el presunto delito de violencias innecesarias, en el cual fue sometido a proceso un
sargento segundo de Carabineros, de dotación de la Segunda Comisaría Lebu,
dependiente de la Prefectura de Carabineros de Arauco. Esta causa fue sobreseída.
En el plano administrativo el mencionado sargento segundo fue sancionado
disciplinariamente con la medida consistente en "cuatro días de arresto, con
servicios". Lo anterior, por trasladar a un infractor de la Ley de alcoholes al cuartel,
sin constatar lesiones previamente en un establecimiento hospitalario, las cuales eran
visibles, lo que dio lugar a que fuera sindicado como autor material de aquéllas.
Causa rol Nº 434-2005, seguida ante la Fiscalía Militar de Osorno, por el presunto
delito de violencias innecesarias e incumplimiento de deberes militares, en la cual un
cabo primero de Carabineros fue condenado a la pena de tres años y un día de
presidio menor en su grado máximo, sentencia de primera instancia que se encuentra
en apelación ante la Corte Marcial. En lo administrativo fue desvinculado de la
institución por mala conducta.
Creada mediante Decreto Supremo Nº 1040 de 11 de noviembre de 2003.
Ley Nº 19992, publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2004.
Causa rol Nº 55-2005, seguida ante la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, por el
presunto delito de violencia innecesaria, con fecha 23 de julio de 2005, en la cual fue
sometido a proceso un funcionario del grado carabinero; este procesamiento fue
revocado por la Corte Marcial el 7 de diciembre de 2007. En lo administrativo el
inculpado fue sancionado con la medida disciplinaria consistente en "cuatro días de
arresto con servicios", por no observar el procedimiento establecido para la custodia
de detenidos.
Causa rol Nº 1619-2005, de la Fiscalía Militar de Rancagua, por el presunto delito de
violencia innecesaria causando lesiones leves, en el cual fue sometido a proceso un
cabo primero de Carabineros, quien en definitiva fue absuelto en sentencia de
primera instancia. En el plano administrativo fue sancionado con la medida
disciplinaria de "20 días de arresto, con servicios", porque encontrándose en servicio
de guardia, fue parte de una riña con una persona que concurrió a solicitar una
diligencia, producto de la cual ambos resultaron con lesiones leves.
36. Según lo informado por esta institución en su base de datos del personal, se
registran 19 procesos judiciales en contra de sus funcionarios por apremios ilegítimos, lesiones
y abuso contra particulares. Se encuentran pendientes 6 de ellos; 3 están con suspensión
condicional del procedimiento; 7 con sentencia absolutoria; y 3 con sentencia condenatoria.
Por favor informen al Comité si el Estado parte ha tomado medidas para poner fin al
régimen de incomunicación del detenido, judicialmente autorizado, que puede
prolongarse hasta por diez días.
37. La Constitución Política de la República asegura a todas las personas la libertad personal y
a la seguridad individual7. En consecuencia nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a
prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto.
Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o
detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de
autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público. Ninguna "… incomunicación
puede impedir que el funcionario encargado de la casa de detención visite al arrestado o
detenido, procesado o preso que se encuentre en ella...".
38. El nuevo Código Procesal Penal, con el objeto de garantizar este importante derecho a la
libertad personal y a la seguridad individual, y su relación con una eventual "incomunicación de
una persona en materia penal", señala, dentro de los derechos del imputado privado de libertad,
que éste siempre podrá "recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro medio,
salvo lo dispuesto en el artículo 151" del Código Procesal Penal8. El Código dispone que el
tribunal podrá, a petición del fiscal, restringir o prohibir las comunicaciones del detenido o preso
hasta por un máximo de diez días, cuando considerare que ello resulta necesario para el exitoso
Art. 19, Nº 7.
desarrollo de la investigación. En todo caso, esta facultad no podrá restringir el acceso del
imputado a su abogado ni al propio tribunal. Tampoco se podrá restringir su acceso a una
apropiada atención médica. El tribunal deberá instruir a la autoridad encargada del recinto en
que el imputado se encontrare acerca del modo de llevar a efecto la medida, que en ningún caso
podrá consistir en el encierro en celdas de castigo. Esta disposición se encuentra vigente.
Se reconoce también la libre comunicación del imputado con su defensor durante el juicio oral9.
Sírvanse proporcionar información actualizada sobre el estado de las investigaciones
de 27 militares que están procesados como autores, coautores y/o cómplices de 16
secuestros calificados, 13 homicidios calificados y 59 secuestros y homicidios
39. Corresponde al proceso denominado "Caravana de la Muerte", en particular de los
"Episodios Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Curicó, Cauquenes y Valdivia", que es
investigado por el Ministro de Fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio;
al 23 de febrero de 2009, este proceso continúa en estado de sumario. El detalle de víctimas
cuya situación se investiga y de los agentes que se encuentran procesados es el siguiente.
Episodio Antofagasta
Víctimas: Luis Eduardo Alaniz Álvarez, Mario del Carmen Arqueros Silva, Dinator Segundo Ávila
Rocco, Guillermo Nelson Cuello Álvarez, Marco Felipe De la Vega Rivera, Segundo Norton Flores
Antivilo, José Boeslindo García Berríos, Darío Armando Godoy Mansilla, Miguel Hernán Manríquez
Díaz, Danilo Alberto Moreno Acevedo, Washington Radomil Muñoz Donoso, Eugenio Ruiz-Tagle
Orrego, Héctor Mario Silva Iriarte y Alexis Alberto Valenzuela Flores.
1 (01) Arellano Stark, Sergio
(Procesado como autor de los 14 secuestros y homicidios calificados.)
2 (02) Arredondo González, Sergio
Coronel (ret.)
3 (03) Chiminelli Fullerton, Juan Viterbo
(Procesado como coautor de los 14 homicidios calificados.)
4 (04) De la Mahotiere González, Emilio Robert Ejército
(Procesado como cómplice de los 14 homicidios calificados.)
5 (05) Espinoza Bravo, Pedro Octavio
6 (06) Moren Brito, Marcelo Luis
7 (07) Ortiz Gutmann, Adrián Ricardo
8 (08) Polanco Gallardo, Luis Felipe
Mayor (ret.)
Episodio Calama
Autos de procesamientos por los secuestros con homicidios calificados de: Mario Arguellez Toro,
Jerónimo Jorge Carpanchai Choque, Carlos Alfredo Escobedo Caris, Luis Alberto Gahona Ochoa, Luis
Alberto Hernández Neira, Rolando Jorge Hoyos Salazar, Hernán Elizardo Moreno Villarroel, Milton
Alfredo Muñoz Muñoz, Carlos Alfonso Piñero Lucero, Fernando Roberto Ramírez Sánchez, Alejandro
Rodríguez Rodríguez, Roberto Segundo Rojas Alcayata y José Gregorio Saavedra González.
Autos de procesamientos por los secuestros calificados de: Carlos Berger Guralnik, Haroldo Ruperto
Cabrera Abarzúa, Bernardino Cayo Cayo, Daniel Jacinto Garrido Muñoz, Manuel Segundo Hidalgo
Rivas, Domingo Mamani López, David Ernesto Miranda Luna, Luis Alfonso Moreno Villarroel, Rosario
Aguid Muñoz Castillo, Víctor Alfredo Ortega Cuevas, Rafael Enrique Pineda Ibacache, Sergio Moisés
Ramírez Espinoza y Jorge Rubén Yueng Rojas. (Recalificados como homicidios calificados el 16 de
marzo de 2006, resolución dejada sin efecto el 6 de junio de 2006.)
Arellano Stark, Sergio
(Procesado como autor de 13 secuestros calificados y como autor de 13 secuestros y
homicidios calificados. La ampliación del auto de procesamiento por estos últimos delitos se
produjo el 1º de diciembre de 2000.)
Arredondo González, Sergio
Chiminelli Fullerton, Juan Viterbo
(Procesado como autor de 13 secuestros calificados y como autor de 13 homicidios
calificados.)
De la Mahotiere González, Emilio Robert Ejército
(Procesado como cómplice de 13 secuestros calificados y como cómplice de 13 homicidios
Espinoza Bravo, Pedro Octavio
(09) Fernández Larios, Armando
Capitán (ret.)
(Procesado como coautor de 13 secuestros calificados.)
10 (10) Langer Von Furstenberg, Carlos Max
Brigadier (ret.)
homicidios calificados.)
11 (11) Minoletti Arriagada, Carlos Humberto
Moren Brito, Marcelo Luis
12 (12) Núñez Manríquez, Hernán Rómulo
(Procesado como coautor de 26 secuestros calificados y homicidios calificados.)
Polanco Gallardo, Luis Felipe
(13) Rivera Desgroux, Eugenio
(14) Rojo Rojo, Jerónimo Tomás
(15) Santander Véliz, Víctor Ramón
Episodio Copiapó
Autos de procesamientos por los secuestros con homicidios calificados de: Winston Dwigth Cabello
Bravo, Agapito del Carmen Carvajal González, Fernando del Carmen Carvajal González, Manuel
Roberto Cortázar Hernández, Alfonso Ambrosio Gamboa Farías, Raúl del Carmen Guardia Olivares,
Raúl Leopoldo de Jesús Larravide López, Edwin Ricardo Mancilla Hess, Adolfo Mario Palleras
Norambuena, Pedro Emilio Pérez Flores, Jaime Iván Sierra Castillo, Atilio Ernesto Ugarte Gutiérrez y
Nector Leonelo Vicenti Cartagena.
Autos de procesamientos por los secuestros calificados de: Maguindo Antonio Castillo Andrade,
Ricardo Hugo García Posada y Benito de los Santos Tapia Tapia. (Recalificados como homicidios
calificados el 16 de marzo de 2006, resolución dejada sin efecto el 6 de junio de 2006).
(Procesado como autor de 3 secuestros calificados y como autor de 13 secuestros y
16 (16) Castillo Cruz, Fernando Raúl de Fátima Ejército
(Procesado como coautor de los secuestros calificados de Castillo, García y Tapia.)
17 (17) Díaz Araneda, Patricio Ramón Félix
(Procesado como autor de 3 secuestros calificados y como autor de 13 secuestros calificados.
La ampliación del auto de procesamiento por estos últimos delitos se produjo el 20 de marzo
de 2006.)
Fernández Larios, Armando
(Procesado como autor de tres secuestros calificados.)
18 (18) Haag Blaschke, Óscar Ernesto
(Procesado como coautor de 16 secuestros calificados y homicidios calificados.)
19 (19) Herbstaed Gálvez, Edwin Reynaldo
20 (20) Marambio Molina, Marcelo Arnaldo
(Procesado como coautor de 13 secuestros calificados. Excluye los de Castillo, García y
Tapia.)
junio de1999
Ojeda Torrent, Waldo Antonio
Pastén Morales, Óscar Gonzalo
Rojas Hidalgo, Daniel
militar (ret.)
(Procesado como cómplice de los secuestros calificados de Castillo, García y Tapia.)
Yáñez Mora, Ricardo Fernando
Zúñiga Ormeño, Ramón Adolfo
Episodio La Serena
Víctimas: Óscar Gastón Aedo Herrera, Carlos Enrique Alcayaga Varela, José Eduardo Araya González,
Marcos Enrique Barrantes Alcayaga, Jorge Abel Contreras Godoy, Hipólito Pedro Cortés Álvarez, Óscar
Armando Cortés Cortés, Víctor Fernando Escobar Astudillo, Roberto Guzmán Santa Cruz, Jorge Mario
Jordán Domic, Manuel Jachadur Marcarian Jamett, Jorge Ovidio Osorio Zamora, Jorge Washington Peña
Hen, Mario Alberto Ramírez Sepúlveda y Gabriel Gonzalo Vergara Muñoz.
Ejército General (ret.)
(Procesado como autor de los 15 secuestros y homicidios calificados.)
Ejército Coronel (ret.)
(Procesado como coautor de los 15 homicidios calificados.)
De la Mahotiere González, Emilio Robert Ejército Coronel (ret.)
(Procesado como cómplice de los 15 homicidios calificados.)
Ejército Mayor (ret.)
Episodio Curicó
Víctimas: Francisco Lara Ruiz y Wagner Herid Salinas Muñoz.
(Procesado como autor de los dos homicidios calificados.)
26 (26) Corvalán Palma, César Alfonso
Ejército Teniente coronel (ret.) noviembre de 2006
(Procesado como coautor de ambos secuestros calificados y homicidios calificados.)
27 (27) Massouh Mehech, Carlos Enrique
Episodio Cauquenes
Víctimas: Claudio Arturo Manuel Lavín Loyola, Miguel Enrique Muñoz Flores, Manuel Benito Plaza
Arellano y Pablo Renán Vera Torres.
(Procesado como autor de los secuestros y homicidios calificados de Claudio Lavín y
Pablo Vera y como autor de los homicidios calificados de Miguel Muñoz y Manuel Plaza.)
(Procesado como coautor de los secuestros y homicidios calificados de Miguel Muñoz,
Manuel Plaza y Pablo Vera y como coautor del homicidio calificado de Claudio Lavín.
Este último auto de procesamiento fue dictado el 16 de marzo de 2006.)
(Procesado como coautor de los cuatro homicidios calificados.)
(Procesado como cómplice de los cuatro homicidios calificados.)
(Procesado como autor de los secuestros calificados de Miguel Muñoz, Manuel Plaza y
Pablo Vera.)
28 (28) López Tapia, Carlos José
Coronel (ret.) y marzo de 2004
prof. ejército
(Procesado como autor de los cuatro homicidios calificados.)
29 (29) Palomo Contreras, Antonio Alberto
(El auto de procesamiento de Arellano, Espinoza y Moren respecto de Pablo Torres fue
modificado el 21 de septiembre de 2000: de secuestro calificado a secuestro y homicidio
calificado. En la misma oportunidad se dictó el de Claudio Lavín. En tanto los autos de
procesamiento de los mismos agentes respecto de Miguel Muñoz y Manuel Plaza fueron
modificados en julio de 2003: de autores de secuestro calificado a autores de homicidio
calificado.)
Episodio Valdivia
Víctimas: Pedro Purísimo Barría Ordóñez, José René Barrientos Warner, Sergio Jaime Bravo Aguilera,
Santiago Segundo García Morales, Enrique del Carmen Guzmán Soto, Víctor Fernando Krauss Iturra,
Luis Hernán Pezo Jara, Víctor Eugenio Rudolph Reyes, Rudemir Saavedra Bahamóndez, Víctor Segundo
Saavedra Muñoz y Luis Mario Valenzuela Ferrada.
(Procesado como autor de los 11 homicidios calificados.)
(Procesado como coautor de los 11 homicidios calificados.)
(Procesado como cómplice de los 11 homicidios calificados.)
López Tapia, Carlos José
Palomo Contreras, Antonio Alberto
Proporcionar información actualizada del resultado de la sentencia absolutoria de
primera instancia por el caso "cuaderno caravana Arica" que ha sido apelada ante la
Corte de Apelaciones por los abogados de las víctimas.
40. En esta causa, que investigó los homicidios calificados de Manuel Francisco Donoso
Dañobeitía, Óscar Walter Pedro Ripoll Codoceo y Julio Gastón Valenzuela Bastías, se dictó,
el 12 de abril de 2006, sentencia absolutoria de primera instancia, por aplicación del Decreto-ley
de amnistía a favor de tres de los acusados, en tanto que un cuarto, Sergio Arellano Stark, fue
absuelto por falta de participación en los hechos. Apelada dicha sentencia, la Corte de
Apelaciones de Santiago, el 16 de agosto de 2007, confirmó la absolución de Arellano Stark y
condenó a diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, en calidad de coautores de
los tres homicidios calificados a René Iván Bravo Llanos, Luis Guillermo Carrera Bravo y
Odlanier Rafael Mena Salinas. Ante este fallo los condenados recurrieron de casación a la Corte
Suprema, tribunal que el 3 de diciembre de 2008 confirmó la sentencia de segunda instancia,
aunque rebajó a seis años de presidio mayor en su grado mínimo la pena de quienes habían sido
condenados. En el mes de enero de 2009, los tres condenados ingresaron a cumplir estas penas.
Sírvanse comentar si la enseñanza del Protocolo de Estambul está incluida en el
temario de capacitación del personal médico en la identificación de casos de tortura.
41. El Servicio Médico Legal es el órgano encargado, entre otras funciones, de asesorar
técnica y científicamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, en todo el territorio
nacional, en lo relativo a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias propias de su
ámbito. En particular, le corresponde realizar los peritajes medicolegales que le sean requeridos.
42. Durante el año 2008, el Servicio Medicolegal ha creado un área dentro de su Programa de
Derechos Humanos que tiene por objetivo la implementación del Protocolo de Estambul para el
tratamiento de casos de tortura. En dicho contexto, se han realizado una serie de actividades de
difusión de dicho Protocolo, contemplando al personal de todas las regiones de Chile que
realizan pericias de este tipo de casos. Entre dichas actividades se puede destacar la realización
de un seminario internacional sobre tortura y trauma, en el que participaron expertos en la
materia tanto de Chile como de otros países de Latinoamérica, incluyendo al Vicepresidente del
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, Sr. Víctor Rodríguez Rescia.
43. Para el presente año 2009, se ha planificado la continuación de las actividades de
implementación del Protocolo de Estambul a través de las capacitaciones correspondientes
asociadas al tema, para los peritos que intervienen en este tipo de casos a nivel nacional. Para la
concreción de dichos objetivos se ha implementado una mesa de trabajo multidisciplinaria, en la
que participan representantes de las diferentes unidades y departamentos que tienen relación con
la temática de la tortura en el Servicio Medicolegal.
¿Existen programas de capacitación para las fuerzas del orden locales (gendarmerías)
[…] y cualesquiera otros grupos de personas que puedan participar en la custodia, el
interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de
arresto, detención o prisión?
44. En esta institución, el desarrollo profesional destinado a obtener, actualizar y perfeccionar
los conocimientos, destrezas y aptitudes del personal, se expresa a través de sus procesos
educacionales de formación, perfeccionamiento, capacitación y especialización.
45. Permanentemente Carabineros de Chile revisa, actualiza y rediseña las mallas curriculares
de todos sus planteles de estudios, que reúnen materias vinculadas a la protección de los
derechos humanos de las personas, intentando satisfacer las exigencias del derecho internacional
de los derechos humanos. A partir del mes de marzo de 2009, época de inicio del período lectivo
de los planteles institucionales, esta adecuación implica nuevos contenidos.
46. Las materias se desarrollan progresivamente a partir de los aspectos generales del derecho
internacional, hasta abordar los detalles particulares de los derechos humanos en la función
policial. Los temas son tratados en aula de la manera más sencilla posible, considerando la
necesidad de vincular en todo momento los principios de los derechos humanos con la noción del
estado de derecho, de manera que estos preceptos puedan ser internalizados como sustanciales a
las tareas operativas y de gestión del mando policial.
47. Existe un contenido básico y común para el proceso de formación tanto de los oficiales
como de los suboficiales, con énfasis distintos en el proceso educacional de perfeccionamiento
de cada una de estas categorías funcionarias.
48. En atención al contexto de la actualización de los programas de las mallas curriculares, se
han incorporado materias para una mejor comprensión del fenómeno de la violencia contra la
mujer, así como para fortalecer una adecuada protección a otros sectores vulnerables de la
49. Tal como se ha señalado en anteriores informes periódicos de Chile, el año 1995 se
incorporó la asignatura de "Derechos humanos" en la Escuela de Investigaciones Policiales de
Chile, en el sexto semestre de formación. En la Academia Superior de Estudios Policiales,
plantel formador de los futuros jefes de la institución, la asignatura denominada "Derechos
humanos y deontología policial", se imparte desde 1998, también en un semestre académico.
50. En el párrafo 41 del quinto informe periódico de Chile, se comentó la creación y
competencia de la Brigada de Asuntos Especiales y de Derechos Humanos de la Policía de
Investigaciones que comenzó a operar en enero de 2005. El 29 de noviembre de 2007, se creó la
Jefatura Nacional de Delitos Contra Derechos Humanos, reemplazando a la mencionada Brigada,
con mayor rango institucional. Además de continuar cumpliendo con los requerimientos
judiciales derivados de los procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante el
régimen militar, a esta Jefatura le compete una labor más amplia al prestar colaboración a los
tribunales de justicia en aquellas investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos
actuales, que son asumidas por el sistema inquisitivo penal vigente. Esta Jefatura ha
implementado un Departamento de Educación y Difusión de Derechos Humanos, que durante el
año 2008, realizó las siguientes actividades académicas:
El 24, 25 y 26 de marzo se realizó el primer seminario de derechos humanos
"Una Mirada Sistémica", actividad en la que se materializó una plataforma teórica
que permitió capitalizar el conocimiento empírico de los policías del área de
Los días 17 y 18 de julio se llevó a cabo la primera Jornada de "Buenas Prácticas
Forenses", realizada en conjunto con el Servicio Medicolegal, en el marco de un
convenio existente entre ambas instituciones: en ella se generó una plataforma de
discusión para aunar criterios de procedimientos ante eventuales sitios de interés
criminalístico en materia de derechos humanos;
El día 19 de diciembre se recibió la visita del Vicepresidente del Subcomité para la
Prevención de la Tortura, Víctor Rodríguez Rescia, quien brindó la clase magistral
"Investigación policial y derechos humanos: eficacia policial con enfoque de
garantías";
Desde febrero personal del área de derechos humanos de la Policía de
Investigaciones se encuentra realizando el "Curso de formación y cultura en derechos
humanos para el Chile del Bicentenario", dictado por la Fundación Bicentenario;
Desde septiembre personal de esta área se encuentra participando en el "Diplomado
internacional de especialización en derechos económicos, sociales y culturales y
políticas públicas", impartido por la Fundación Henry Dunant, filial y representante
del College Universitaire Henry Dunant de Ginebra.
51. Tanto Gendarmería como el Servicio Nacional de Menores (SENAME) realizan
permanentemente cursos de actualización en materia de trato y dignidad de las personas
sometidas a su vigilancia. En Gendarmería se han realizado cursos de tolerancia y no
discriminación, enfoque de género y sobre la Ley de responsabilidad penal de los adolescentes.
Estos dos organismos realizan también cursos de capacitación sobre tratamiento de detenidos
enfocados a la reinserción social de las personas privadas de libertad. En total son más
de 1.300 funcionarios de Gendarmería de Chile que han participado en procesos de capacitación.
52. Por otro lado, durante el año 2009 se ejecutarán cuatro diplomados para los educadores de
trato directo de los centros privativos de libertad del SENAME, con altos estándares académicos;
las materias abordadas serán: intervención; metodologías de trabajo con adolescentes privados
de libertad; contención y prevención de situaciones de riesgo; y protección de los derechos de los
El Comité desearía recibir información sobre mecanismos nacionales de vigilancia a
todos los lugares de detención, que realicen visitas periódicas sin aviso previo a dichos
53. Según se señala en el párrafo 122 del quinto informe periódico de Chile, el Código
Orgánico de Tribunales (COT)10, regula de manera extensa y detallada los distintos mecanismos
de visita de cárcel que deben efectuar los miembros del poder judicial. Regula la visita semanal,
que obligatoriamente deben realizar los jueces el último día hábil de cada semana a los recintos
penales donde se encuentren detenidos o presos de su jurisdicción. Sin bien estas visitas son
avisadas previamente, cabe destacar que su periodicidad es semanal, y que el COT contempla la
posibilidad de que a dicha vista concurran los abogados de los internos y padres o guardadores,
en el caso de los menores.
54. El COT contempla además la obligación de los jueces de realizar visitas trimestrales y
dispone que la Corte de Apelaciones, a través de su presidente o de un ministro designado al
efecto, deben realizar al menos dos visitas anuales, durante las cuales, entre otras cosas, deben
revisar el estado de seguridad, orden e higiene de las unidades penales; si los procesados
cumplen sus condenas; y oírles sus reclamaciones. Es importante destacar que dicho cuerpo
normativo además contempla la posibilidad que los jueces puedan hacer vistas de cárcel sin
55. Sin perjuicio de las disposiciones legales antes citadas, Gendarmería, en el marco de sus
nuevas políticas de comunicación -en las cuales la apertura y transparencia juegan un rol
esencial- autorizó 378 visitas especiales y de prensa mayoritariamente nacional, durante el
año 2007 y 714 durante el año 2008.
Arts. 567 a 585.
56. A la custodia de jóvenes infractores que realiza el SENAME también se le aplican las
normas del COT antes mencionadas. Además existen las visitas semestrales que deben efectuar
los integrantes de las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros privativos de la
libertad, reguladas en el reglamento de la Ley sobre responsabilidad penal adolescente. Esta
comisión está conformada por miembros de la sociedad civil (universidades, miembros del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)) y representantes de quienes
intervienen en el sistema de justicia adolescente (jueces, fiscales y defensores); su función es
visitar semestralmente los centros de menores y evacuar informes que son enviados al Ministerio
de Justicia para su evaluación, además del envío de la correspondiente solicitud de las medidas
correctivas al SENAME.
Sírvanse informar si se han tomado medidas para poner fin a los controles e
inspecciones abusivos a los familiares de los detenidos en centros penitenciarios como
medidas de intimidación y castigo.
57. La administración penitenciaria ha ido incorporando elementos tecnológicos que permiten
realizar dichos registros de manera más eficiente minimizando el registro corporal de personas y
especies, como lo son por ejemplo las paletas detectoras de metales, arcos detectores de metales
y máquinas de rayos X. En la actualidad, más del 90% de las unidades penales cuentan con
elementos tecnológicos para efectuar el registro tanto corporal como de especies. Durante el
año 2008 se adquirieron 100 paletas detectoras de metal portátiles y 3 sistemas de rayos X. Para
el año 2009 está considerada la adquisición de 400 paletas y 4 arcos detectores de metal.
58. Todo esto, va en congruencia con lo dispuesto en el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios11, que establece que todos los visitantes y sus pertenencias serán registrados por
razones de seguridad, señalando además que el registro será realizado y dirigido por personal del
mismo sexo del visitante y que éste podrá ser manual, pero se propenderá a su reemplazo por
censores u otros aparatos no táctiles, respetando siempre la dignidad de la persona.
Sírvanse facilitar estadísticas sobre las denuncias presentadas contra funcionarios de
prisiones y de policía por actos de tortura cometidos en los establecimientos
penitenciarios así como los expedientes disciplinarios incoados y las sanciones
59. En el contexto de las actuaciones policiales existen procedimientos generados a raíz de
situaciones de violencias innecesarias o malos tratos, atentatorias de la dignidad de persona que
son recogidas en el ámbito disciplinario y en el jurisdiccional competente.
60. Durante los años 2006, 2007 y 2008, se registraron en el país 730 reclamos, relacionados
con procedimientos en donde la comunidad cuestionó el actuar del personal policial
considerando éste como abusivo o con mal trato. Todos estos reclamos fueron debidamente
investigados administrativamente. Esta información ha sido obtenida del denominado "panel de
reclamos" existente en el sistema informático institucional a nivel nacional, dependiente de la
Artículo 54, incisos 3 y 4, del Decreto Supremo Nº 518 de 1998, del Ministerio de Justicia.
Inspectoría General de Carabineros, el que comprende el total de reclamos, su clasificación y los
resultados de las investigaciones. La clasificación que fue definida para cada tipo de reclamo se
encuentra desarrollada desde la perspectiva del reclamante.
61. De los 730 reclamos señalados, un 52,5% (383) fueron clasificados como "agresión" y
un 47,5% (347) como "violencia innecesaria". Actualmente del total de 730 reclamos del
período de tres años mencionado, 52 continúan en estado de tramitación, habiendo sido
resueltas 678 investigaciones, las que arribaron a los siguientes resultados: un 78% (531) de las
investigaciones fueron desestimadas, en un 11% (78) de las investigaciones se estableció
responsabilidad por parte del personal, que significó la aplicación de medidas disciplinarias, en
un 9% (58), los reclamantes se desistieron de continuar con la investigación, y en un 2% (11) de
los casos, se aplicó un "llamado de atención u observación" al personal involucrado, que si bien
no constituye una medida disciplinaria y por ello no está considerado dentro del porcentaje de
personal sancionado, sí impacta en los procesos anuales de evaluación de desempeño de los
afectados (procesos calificatorios).
62. De acuerdo a lo anterior, en un 89% de los reclamos que fueron presentados por la
comunidad en contra del personal institucional y que a la fecha se encuentran finiquitados (678),
no se determinaron responsabilidades administrativas, debido a que las investigaciones fueron
desestimadas por los investigadores o los reclamantes se desistieron de continuar con la
63. En las 78 investigaciones en donde se estableció responsabilidad por parte del personal,
se aplicaron medidas disciplinarias a 98 integrantes de Carabineros. Las medidas
aplicadas conforme a su gravedad, de menor a mayor entidad, fueron: 17 amonestaciones
(16,18%); 39 reprensiones (38,24%); 41 sanciones correspondientes a días de arresto
(44,12%); 1 medida disciplinaria de expulsión de la institución por mala conducta (1,47%).
64. A continuación se entrega información recabada desde el departamento V (Asuntos
internos) de este cuerpo de policía, desde enero de 2008 hasta febrero de 2009. Ella se refiere a
investigaciones internas e investigaciones ordenadas por el ministerio público, en las cuales
aparecen involucrados funcionarios de esta institución.
65. En el año 2008 la Policía de Investigaciones realizó 25 investigaciones internas relativas a
las siguientes conductas: 10 agresiones, 8 apremios, 6 maltratos y 1 abuso. Por su lado el
ministerio público ordenó investigaciones por 22 casos de lesiones; 3 por abuso contra
particulares; 1 por agresión y 1 por tormento a detenidos.
66. Durante enero y febrero de 2009 esta policía ha realizado 2 investigaciones internas por
maltrato y 1 por agresión. El ministerio público ha ordenado en este mismo período 5
investigaciones por abusos contra particulares, 3 por lesiones, 1 por apremio y 1 por tormento.
67. Entre los años 2006 a 2008 se han instruido 60 sumarios internos por apremios ilegítimos
a internos; 63 por agresión a internos; y 9 por maltrato a internos, los que suman 132 durante
este período. Se ha terminado la investigación de 47 sumarios: 31 de ellos han sido
sobreseídos; 5 casos han sido absueltos; y en 11 se ha impuesto sanción. Las sanciones han
consistido en: multa en 8 casos; censura en 2 casos; y suspensión de empleo en 1 caso.
Sírvanse proporcionar información detallada sobre los avances de las iniciativas
destinadas a mejorar las condiciones de los establecimientos carcelarios que el
Gobierno ha puesto en marcha desde el año 2000 […].
68. En relación a lo señalado en el inciso a) del párrafo 120 del quinto informe periódico de
Chile se encuentran seis unidades plenamente operativas en distintas ciudades del país: Alto
Hospicio, La Serena, Santiago, Rancagua, Valdivia y Puerto Montt. Otras cuatro unidades se
encuentran en distintos grados de diseño y construcción, en las ciudades de Concepción,
Antofagasta, Santiago y Talca. Todas ellas, en su conjunto, suman al actual sistema
carcelario 16.000 plazas, lo que equivale al 34% de la población condenada e imputada.
69. En relación a lo señalado en el inciso b) del párrafo 120, es decir las cárceles construidas
mediante financiamiento estatal directo, a continuación se indica el año de término de las obras,
capacidad de diseño y superficie construida.
Año de puesta en marcha
Superficie construida (metros
Módulo máxima
Cauquenes seguridad Santiago
70. Estos recintos son conformados por módulos de reclusión con el fin de segmentar a la
población penal según su calidad procesal y compromiso delictual. Cada módulo está
conformado por un área de reclusión, celdas individuales, talleres, comedores, reposteros y patio
exclusivo para la población penal del módulo. En el caso del módulo de máxima seguridad de
Santiago, pasa a ser un módulo más de la Cárcel de Alta Seguridad de la capital del país,
compartiendo sus servicios de atención profesional y alimentación. El monto de la inversión de
las obras de construcción de los cuatro establecimientos penitenciarios señalados ascendió a la
suma de 27 millones de dólares de los EE.UU.
Sírvanse indicar qué medidas está tomando el Estado parte para reducir o acabar con
el fenómeno de hacinamiento en las cárceles, debido al continuo crecimiento de la
población penitenciaria.
Remitirse a respuesta anterior.
Sírvanse proporcionar información detallada sobre el desarrollo de una política de
construcción y privatización carcelaria. Asimismo, informen de cómo se dividen las
responsabilidades entre el sector público y el privado.
72. Durante el período 1990-1999 el Ministerio de Justicia invirtió en infraestructura
penitenciaria aproximadamente 135 millones de dólares con fondos sectoriales y regionales.
Por su parte, el organismo encargado de la administración de los recintos penitenciarios,
Gendarmería de Chile, también invirtió gran cantidad de recursos en reparaciones y ampliaciones
y construyó algunos recintos tales como los centros de educación y trabajo, y los centros de
73. El programa de inversión penitenciaria busca evitar el contagio criminógeno, dando
solución al problema de hacinamiento mediante una segmentación adecuada de la población
penal, que al mismo tiempo entregue a la población penal servicios básicos, incluyendo el
tratamiento orientado a la reinserción social eficaz y oportuna.
74. En el marco de una política de mejoramiento de la calidad de la reclusión de los internos,
el Ministerio de Justicia y Gendarmería impulsaron el Programa de Concesiones de
Infraestructura Penitenciaria, que contemplaba originalmente la construcción de diez cárceles
con la participación de capitales privados, aunque manteniendo siempre la administración en
manos del Estado. El instrumento jurídico que ha permitido materializar el modelo de
administración mixta es el contrato de concesión de obra pública, que es "el derecho que el
Estado entrega a particulares para la ejecución, conservación y explotación de una obra pública
fiscal, construida sobre bienes nacionales de uso público o fiscales, sujeto a un plazo
determinado, en que el pago de la inversión y costos operacionales son de cargo del
concesionario; lo que puede ser complementado por un sistema de aportes o pagos del Estado al
concesionario. A su vez, el privado percibe ingresos por la explotación del servicio de las
obras".
75. El privado realiza el diseño, construcción, equipamiento y operación prestando los
servicios definidos en el contrato de concesión y haciendo transferencia al Estado de las obras,
después del término del período de concesión. El Ministerio de Obras Públicas se constituye
como mandatario y licita, adjudica, administra y fiscaliza el contrato de concesión, siendo el
responsable de la relación con el privado. Gendarmería de Chile se encarga de la seguridad,
vigilancia y administración del penal.
76. En cuanto a los servicios que entrega el privado (concesionario) y que mejoran la
condición de reclusión de los internos, están los siguientes: mantención, reparación y reposición
de instalaciones críticas de cada establecimiento penitenciario; mantenimiento del equipamiento
estándar; mantención del equipamiento de seguridad; servicio penitenciario de alimentación para
los internos, los funcionarios de Gendarmería, y los lactantes hijos de internas, de hasta 2 años;
servicio de lavandería gratuita para los internos; mantención de condiciones normales de salud
de los internos, atención oportuna y campañas de prevención; aseo y control de plagas;
economato, que permite a los acceder a productos de primera necesidad; diseño, implementación
y monitoreo de programas de reinserción social orientados a lograr la rehabilitación de la
población penal.
77. El contrato de concesión es supervisado por una inspección fiscal a cargo del Ministerio de
Obras Públicas, que a su vez es asesorada por un equipo técnico cuyos servicios se licitan. Este
equipo se establece en cada penal de forma permanente y fiscaliza el cumplimiento del contrato
y los estándares exigidos en las bases de licitación. Semestralmente la inspección fiscal del
Ministerio de Obras Públicas entrega un informe de cumplimiento de indicadores y propone
multas en el caso que la empresa concesionaria no cumpla lo establecido en el contrato.
Sírvase indicar si el Estado parte ha otorgado especial protección a ciertos grupos
vulnerables al interior de los centros de privación de libertad, en particular los
adolescentes, las mujeres, los indígenas, los discapacitados, los ancianos, enfermos
mentales, los extranjeros (en particular inmigrantes en situación irregular), y los
portadores de VIH.
78. Entre los programas aplicables a los grupos vulnerables se destaca la existencia de políticas
institucionales en los siguientes ámbitos: sistemas de clasificación y segmentación; tratamiento
para el consumo problemático de drogas (comunidades terapéuticas); secciones juveniles en las
cuales permanecen los internos menores de 18 años sancionados por aplicación de la Ley de
responsabilidad penal de los adolescentes, de las cuales existen 32 en todo el país, que se regulan
por normas especiales tanto desde una perspectiva funcional como de intervención; y secciones
maternoinfantiles. Adicionalmente, cabe destacar la incorporación del enfoque de género en las
distintas actividades penitenciarias, con énfasis en la oferta programática.
79. De forma adicional a los programas institucionales, existen iniciativas locales dependiendo
del tipo de población y los recursos institucionales y extrainstitucionales disponibles: ellos están
orientados a grupos vulnerables como los ancianos, discapacitados y enfermos mentales,
privilegiando, de acuerdo a las posibilidades reales, el uso de espacios diferenciados en los
recintos penales, de manera tal que cuenten con las mejores condiciones posibles.
80. Entre las iniciativas legales para enfrentar el tratamiento de los enfermos mentales, se
encuentra un proyecto de ley destinado a atender las necesidades de un importante margen de la
población de imputados y condenados, que necesitan atención de salud mental ambulatoria, a
través de unidades de psiquiatría forense que funcionarían al interior de ciertos recintos penales.
81. La atención de salud mental en Gendarmería la efectúan los profesionales de salud general
y el equipo de salud mental formado por médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta, asistente social,
quienes se ubican en el Hospital Penitenciario de la Región Metropolitana, que actúa de
interconsultor para todo el país. Esta atención se complementa con la atención que se obtiene de
la coordinación con los Servicios de Salud Mental y Psiquiatría de la Red Pública Nacional del
82. Como resultado del trabajo de la Comisión Nacional de Psiquiatría Forense, el Ministerio
de Salud que la integra, para dar cumplimiento a lo requerido por el sector justicia, creó a fines
de la década pasada, al interior de los establecimientos de salud de la Red Pública Nacional,
algunos dispositivos de salud mental y psiquiatría denominadas Unidades Psiquiátricas Forenses
de Mediana Complejidad (UPFMC) y de Alta Complejidad (UPFAC). En la comunidad creó las
unidades de baja complejidad forense (Residencia Forense), en las cuales se incorporó a las
personas declaradas inimputables que habían sido sobreseídas penalmente, a quienes se les
aplicaba una medida de seguridad para realizar las intervenciones correspondientes, de acuerdo a
la complejidad del tratamiento médico que deben recibir. Antes de la implementación de estas
unidades, muchas de estas personas permanecían en el interior de los establecimientos
83. Con el propósito de evaluar la salud mental de los imputados, se han creado en ésta década,
al interior o bien como anexo de un hospital psiquiátrico u hospital base regional del Sistema
Público de Salud, las Unidades de Evaluación de Personas Imputadas (UEPI); a la fecha existen
dos en funcionamiento (Putaendo en la región de Valparaíso y Horwitz en la Región
84. En la actualidad se encuentra en tramitación el proyecto de ley que, entre otras materias,
crea las unidades de psiquiatría forense transitoria, que serán establecimientos de carácter
asistencial que dependerán del servicio de salud respectivo y que se encontrarán ubicadas al
interior de los recintos penitenciarios, para el solo efecto de contar con la custodia y resguardo
perimetral por parte de Gendarmería de Chile. Las funciones de las UPFT serán principalmente
realizar evaluaciones y emitir los informes periciales psiquiátricos que les ordene el juez de
garantía, tanto respecto de imputados internados provisionalmente, como de condenados;
asimismo prestarán atención médica ambulatoria de carácter psiquiátrico y psicológico en
general a la población penal que se encuentre privada de libertad en el recinto penitenciario
respectivo. Adicionalmente esto permitiría perfeccionar los mecanismos existentes para detectar
con certeza, los casos en que el procedimiento se está dirigiendo contra alguien que cometió el
delito en medio de un trastorno mental o que con posterioridad a él se vio afectado por éste,
diferenciándolos de casos de personas que, sin sufrir de trastornos mentales, se hacen pasar por
enfermos buscando eludir las medidas de prisión preventiva y una posible condena; la ocurrencia
de esta situación genera graves problemas y disfuncionalidades en el sistema de salud en el
ámbito psiquiátrico.
Población penal portadora de VIH/SIDA
85. Las personas portadoras de VIH/SIDA que están diagnosticadas, son controladas y reciben
atención y tratamiento médico de acuerdo a su condición de salud, a través del programa
nacional de VIH/SIDA que tiene el Área de Salud en Gendarmería, que lleva un seguimiento y
control de los pacientes.
86. Desde el año 2003 se encuentra vigente un convenio con la Comisión Nacional de SIDA
(CONASIDA), para efectuar un trabajo conjunto en la capacitación y prevención del VIH/SIDA
asegurando la atención integral a los privados de libertad. La referida atención está dirigida a la
pesquisa, el diagnóstico y la confirmación de esta enfermedad por el Instituto de Salud Pública
Nacional; luego se procede a la notificación, el ingreso al programa, la primera atención médica
con un especialista, exámenes de rutina y las evaluaciones médicas posteriores. Por su parte, los
internos que lo requieren tienen acceso al tratamiento antirretroviral.
87. El número de personas que están en conflicto con la justicia y privadas de libertad que
viven con VIH/SIDA, al cierre del año 2008, era de 163 internos, de los cuales 13 son de sexo
femenino. De los internos que viven con esta enfermedad, 102 reciben terapia antirretroviral,
según protocolos establecidos por la CONASIDA y sólo 4 de ellos han abandonado su
Sírvanse informar: si el Estado parte ha tomado medidas para remediar las
supuestas faltas disciplinarias y las supuestas falencias en seguridad que salieron a la
luz tras el motín ocurrido en el Centro de Rehabilitación Conductual de SENAME
"Tiempo de Crecer", que terminó con las vidas de diez adolescentes, en octubre
de 2007, en Puerto Montt; si se han tomado medidas preventivas para evitar este tipo
de incidentes; si se ha llevado a cabo la investigación de las causas que dieron origen a
este incidente.
Investigación de los hechos ocurridos
88. El 22 de octubre de 2007, el SENAME ordenó instruir un sumario administrativo tendiente
a investigar y determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de este servicio en los
hechos ocurridos. Posteriormente, el 11 de enero de 2008, la Dirección Nacional del SENAME
reabrió el sumario administrativo y se designó nuevo fiscal investigador. Actualmente este
sumario se encuentra en proceso de notificación de cargos que se formularon a determinados
funcionarios del SENAME por infracción a distintas normativas: Estatuto Administrativo; Ley
orgánica del SENAME; y Ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes
por infracciones a la Ley penal, que en su artículo 2 señala que: "En todas las actuaciones
judiciales o administrativas relativas a los procedimientos, sanciones y medidas aplicables a los
adolescentes infractores de la Ley penal, se deberá tener en consideración el interés superior del
adolescente, que se expresa en el reconocimiento y respeto de sus derechos. En la aplicación de
la presente ley, las autoridades tendrán en consideración todos los derechos y garantías que les
son reconocidos en la Constitución, en las leyes, en la Convención sobre los Derechos del Niño y
en los demás instrumentos internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes".
Medidas adoptadas en materia de infraestructura y seguridad
Mejoramiento de la infraestructura, que incorporó la construcción de nuevas
dependencias, lo que permitió contar con mayores espacios para los(as) adolescentes
ingresados por medidas cautelares o por haber sido sancionados.
Instalación de un nuevo sistema de tecnovigilancia que reemplaza al anterior.
Reforzamiento del Plan de Emergencia de este centro de rehabilitación, otorgando
mayor exactitud a las coordinaciones con otros organismos como Bomberos y
Gendarmería de Chile con quien, acorde al protocolo firmado, se formalizaron
rondas preventivas al interior del centro a fin de evitar situaciones de conflicto.
Dicho Plan es elaborado por el equipo directivo del centro, en base a las
orientaciones y asesorías de la Unidad de Prevención de Riesgo de la Dirección
Nacional del SENAME y se renueva anualmente.
Reiteración de instrucciones internas, que dicen relación con las estrategias de
anticipación respecto de contingencias12.
Adecuación de los procedimientos de manejo de conflictos críticos, los cuales
establecen tanto procedimientos comunes como especializados para la intervención
Fortalecimiento de la rutina diaria, aumentando las horas de escuela, talleres
prelaborales y actividades deportivas y recreativas.
Realización de adecuaciones de la normativa relativa a probabilidades de motines,
desórdenes u otra situación peculiar que se pueda producir al interior de los centros13.
Medidas adoptadas en materia de reforzamiento de personal
Cambio de director del centro a raíz de los hechos ocurridos;
Contratación de nueve educadores de trato directo;
Contratación de diez nuevos profesionales, durante el año 2008, lo que ha permitido
contar con un equipo interdisciplinario para la atención y aplicación del modelo
socioeducativo al interior del sistema del centro, es decir cautelar privativo de
libertad y cumplimiento en régimen cerrado.
El Comité desearía información sobre el número de procesos judiciales por tortura
iniciados contra oficiales de Carabineros y de Gendarmería.
Remitirse a la respuesta del párrafo 14.
El Comité desearía información sobre el alcance en la práctica, al parecer existente,
que los tribunales requieren informes médicos como prueba de las alegaciones de
92. Esta afirmación no es correcta pues ello involucraría un sistema de valoración de las
pruebas distinta al adoptado por el Código Procesal Penal chileno, que corresponde al de sana
crítica, es decir que los tribunales "... apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán
contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos
científicamente afianzados"14.
Contenidas en el memorándum Nº 40.
Reguladas por la Resolución Nº 312/b de julio de 2007.
93. En primer lugar, el tribunal jamás puede exigir "pruebas médicas" para acreditar o no un
determinado delito, pues el encargado de investigar los hechos constitutivos de delito es el
ministerio público y, en tal sentido, es él quien determina los medios de prueba que utilizará en
el juicio oral para probar los hechos de su acusación fiscal. En segundo lugar, las facultades y
obligaciones de los tribunales con competencia en lo penal son muy claras en esta materia; estos
tribunales tienen la facultad de valorar libremente cualquier prueba que pueda servir para
acreditar un delito de tortura (no sólo informes médicos), siempre que no se abuse de esa libertad
dejando de lado las máximas de la experiencia, la lógica y los conocimientos científicos
indiscutidos. Si otras pruebas distintas no son contradictorias con estos principios, es
perfectamente posible que un tribunal condene a un imputado como autor del delito de tortura,
aun cuando no existan certificados médicos de por medio, y ello, claro está, sin perjuicio de las
dificultades probatorias que ello podría acarrear al ministerio público al acreditar los hechos.
94. En consecuencia, los "exámenes médicos" sólo facilitan la prueba utilizada por el
ministerio público para acreditar los hechos de la acusación fiscal, pero, en caso alguno, limitan
la utilización de otros medios probatorios de los cuales pueda valerse para probar el delito.
Los tribunales de Chile, en caso alguno, pueden exigir determinadas pruebas pues ya no poseen
facultades de instrucción, y su competencia sólo los limita a fallar según la valoración que ellos
hagan libremente de la prueba rendida en juicio oral.
Sírvanse proporcionar información sobre casos decididos por las autoridades chilenas
a víctimas de tortura. ¿En cuántos casos se otorgó indemnización y qué cantidades
fueron concedidas? En particular, el Comité desearía información sobre
compensación a víctimas reconocidas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política
y Tortura (Comisión Valech).
95. La información relativa a todas las formas de compensación otorgada a las víctimas
reconocidas por la Comisión Valech se encuentra detallada en lo párrafos 138 a 143 del quinto
informe periódico de Chile; el detalle específico de los montos de la reparación económica se
señala en el inciso b) del párrafo141 del informe.
96. El texto completo del informe final de la Comisión está publicado en el sitio
www.comisiontortura.cl, y ahí hay un detalle de todas las medidas recomendadas para la
reparación de las victimas calificadas por la Comisión.
Sírvanse comentar la presunta práctica de detener a prisioneros en celdas de
aislamiento como forma de castigo sin que sean respetados los procedimientos
adecuados y por períodos prolongados de hasta 15 días.
97. El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios establece qué conductas son
constitutivas de faltas, las sanciones y el procedimiento de aplicación. La sanción de internación
en celda solitaria sólo es aplicable en caso de falta grave y no puede exceder a diez días de
duración. Este reglamento dispone también las condiciones de aplicación de dicha medida que
son las siguientes: los internados en celdas solitarias deben ser conducidos a un lugar al aire
libre, previamente determinado por el jefe de la unidad penitenciaria, a lo menos, durante una
hora diaria, a fin de que si lo desean puedan realizar ejercicio físico; deben ser visitados
diariamente por el jefe del establecimiento, el médico o paramédico y si el afectado lo pidiera, el
Ministro de su religión, quienes deberán dejar constancia escrita, si los internos han sido objeto
de castigos corporales o no se hubiere dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en el
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; el médico o paramédico deberá pronunciarse
sobre la necesidad de poner término o modificar la medida, por razones de salud física o mental,
lo que informará por escrito al alcaide; los internos recluidos en celda solitaria no pueden recibir
paquetes, salvo artículos de higiene y limpieza, que no importen riesgo para su seguridad o
integridad, además de los medicamentos autorizados por el médico del establecimiento.
98. Esta sanción no se aplica a mujeres embarazadas y hasta seis meses después del término
del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieren hijos consigo.
Sírvanse informar sobre las medidas que se están tomando para remediar las
presuntas deficiencias graves en las condiciones carcelarias tales como la falta de
acceso a servicios médicos básicos, una higiene deficiente e insalubre y una
alimentación insuficiente y de mala calidad.
Medidas para subsanar las presuntas deficiencias en alimentación, tanto en calidad
99. Gendarmería de Chile ha puesto en marcha una serie de mediadas para mejorar las
condiciones sanitarias en la manipulación higiénica de los alimentos y en la planificación
alimentaria, con el propósito de utilizar de manera óptima los recursos disponibles y lograr de
esta forma una alimentación adecuada en calidad y cantidad: la existencia de una nutricionista
responsable de la planificación alimentaria y supervisión de la correcta manipulación de los
alimentos, salvo en la regiones de Aysén y Atacama; la realización, en el 2008, del primer
encuentro de encargados de ranchos regionales, con el objeto de mejorar los sistemas de
información, registros, programación alimentaria y buena utilización de recursos
presupuestarios; la realización para el 2009 del primer encuentro de nutricionistas y encargados
regionales de rancho, con el objetivo de aunar criterios técnicos, mejorar el trabajo en equipo y
lograr una buena utilización de los recursos humanos, materiales y económicos; la existencia de
un nutricionista coordinador nacional; la elaboración de una serie de manuales relativos a higiene
100. El valor de la ración diaria de alimento por interno fluctúa entre 1,2 y 12,6 dólares (valor
en Isla de Pascua). En las secciones juveniles, se incrementó el valor de esta ración, con la
finalidad de entregar una mejor colación a los jóvenes.
Acceso a servicios médicos
101. La atención de salud para los internos se realiza en las enfermerías de los establecimientos
penitenciarios, siendo un total de 92 a lo largo del país; además existe un Hospital Penitenciario
de referencia nacional ubicado en la Región Metropolitana.
102. Los profesionales de salud contratados para la atención de salud de los internos
son: 60 médicos cirujanos; 51 cirujanos dentistas; 2 químicos farmacéuticos; 37 enfermeras(os)
universitarios; 10 matronas; 6 tecnólogos médicos; 3 kinesiólogos; 206 técnicos
paramédicos; 2 psicólogos; 1 químico; 6 asistentes dentales; todos los cuales están distribuidos
en las diferentes regiones del país. En atención a lo señalado, se cuenta con 2.486 horas
semanales para personal médico, odontológico y químico farmacéutico.
103. En febrero de 2008, en el marco de la Ley sobre responsabilidad penal adolescente,
se contrató a médicos, odontólogos, matronas, kinesiólogos, técnicos paramédicos
(3 matronas, 1 kinesiólogo y 42 técnicos paramédicos), para cubrir la atención de los
adolescentes privados de libertad a cargo de Gendarmería de Chile. Esto implicó
adicionar 385 horas semanales.
104. La atención de salud proporcionada se complementa con las interconsultas a los
establecimientos de la Red Pública del Ministerio de Salud, con los cuales se ha establecido una
buena coordinación para la atención de los usuarios del sistema penitenciario.
105. Desde el año 2004 se está aplicando -al menos al 20% de la población condenada a nivel
nacional- el examen de salud preventivo del adulto, actividad que es validada por el Ministerio
de Salud, el cual procura pesquisar las patologías crónicas más prevalentes en la población
chilena. En el año 2008 se examinaron 7.688 internos.
106. Durante el año 2008, al 92% de los internos ingresados a un recinto penitenciario se les
realizó un chequeo primario de salud, por personal de enfermería del recinto. El chequeo se
lleva a cabo al momento del ingreso al penal o dentro de las siguientes 48 horas en los lugares
donde existe déficit de recurso humano sanitario. Esta actividad se monitorea mensualmente por
el Sistema de Información para la Gestión del Área Médica Institucional. En este mismo año el
número total de atenciones de salud entregadas a la población penal a nivel nacional fue
de 806.615, lo que proyecta proporcionalmente 15 atenciones por privado de libertad. También
en este año se realizaron 29.064 primeras consultas, lo que entrega un 56% de cobertura médica.
Según ciertas informaciones, distintos centros penitenciarios en Chile exhibirían casos
de golpizas por parte de funcionarios de Gendarmería de Chile, con puños, bototos,
palos y sables. Sírvase comentar.
107. El Estado de Chile, incluidos los órganos encargados de la operación penitenciaria, son
contrarios a toda forma de atentado contra los derechos humanos de cualquier persona, incluidos
los reclusos. Es por dicha razón que tanto las autoridades como cualquier funcionario público
tienen la obligación de dar a conocer este tipo de irregularidades recurriendo a los mecanismos
que se señalan a continuación.
108. De conformidad a lo establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, los
miembros de Gendarmería de Chile están obligados a denunciar todos los delitos que
presenciaren o llegaren a su conocimiento. Una vez conocido el hecho de que algún funcionario
de Gendarmería estuviese involucrado en hechos que revisten características de delito en el
ejercicio de sus funciones, se elabora el respectivo parte de denuncia y es remitido al ministerio
público, para su conocimiento y posterior investigación.
109. Paralelamente con el procedimiento judicial, se remiten los antecedentes a la autoridad
penitenciaria que corresponda a fin de instruir el respectivo sumario administrativo para
determinar si hubo responsabilidad administrativa en los hechos.
Sírvanse indicar si la aplicación de la Ley antiterrorista Nº 18314 ha afectado a
algunas garantías legales y prácticas en materia de derechos humanos.
110. La aplicación en Chile de la Ley antiterrorista, al menos desde la entrada en vigencia del
nuevo Código Procesal Penal, no ha perturbado las garantías procesales que, en todo caso, son
observadas en todo momento por los tribunales de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal
de Chile, garantes, los primeros, del respeto total y absoluto de las garantías procesales que la
Constitución política de Chile y los tratados internacionales les conceden a los imputados que
son formalizados, investigados o acusados en aplicación de esta norma.
Sírvanse informar qué medidas ha tomado el Estado parte para que se incluya una
visión de género en la legislación que prohíbe la tortura. Indique también qué
medidas efectivas se han tomado para prevenir actos de violencia sexual. Sírvase
proporcionar estadísticas sobre el número de investigaciones, y sobre sus resultados.
111. En Chile se encuentra vigente la Ley sobre violencia intrafamiliar, la cual incorpora
novedosas figuras de protección que, en la práctica, han sido recurrentemente utilizadas por
mujeres víctimas de maltrato o actos degradantes, incluidos actos de tortura. En este entendido,
pueden constituir actos de violencia intrafamiliar conductas perpetradas por un imputado que,
para la visión de algunos, pueden ser constitutivas de "actos propiamente degradantes", y en tal
sentido, junto con perseguirse por delito de tortura al imputado, eventualmente la víctima
"mujer" puede ser titular de los diversos métodos de protección consagrados en esta ley que
aunque no hace diferencias de sexo, fue pensada fundamentalmente para las víctimas "mujeres".
Ello, claro está, sin perjuicio de las medidas de protección autónomas de las cuales pueda
disponer el ministerio público.
112. Con el fin de enfrentar la violencia sexual en los años 1999 y 2004 se introdujeron
importantes cambios en los delitos sexuales en Chile15. En la primera de estas leyes, se
establecieron como potenciales víctimas del delito de violación al hombre y a la mujer,
reemplazándose el verbo rector del tipo penal yacer por el de acceso carnal y definiendo más
claramente las cavidades corporales cuya penetración constituiría violación. Esto significó un
cambio radical en la forma de investigar estos delitos y de dar mayor protección a los bienes
jurídicos que se ven vulnerados, especialmente en el caso de las mujeres, dada la existencia de
una mayor tasa de incidencia. Además, se reformuló el delito de abusos deshonestos que pasa a
denominarse abuso sexual, lo cual también tuvo incidencia en el abordaje y tratamiento de esta
clase de delitos.
Leyes Nº 19617 de 1999, y Nº 19927 de 2004.
113. La segunda ley aumentó de 12 a 14 años la edad para consentir libremente la realización de
actos sexuales e incrementó las penas en los delitos de la violación, estupro, abuso sexual, entre
otros. También se crearon nuevas figuras delictivas como la adquisición o almacenamiento de
material pornográfico infantil, el hacer presenciar a un menor de 14 años espectáculos
pornográficos y el abuso sexual calificado. Estableció también nuevas penas y generó nuevas
herramientas investigativas.
114. Respecto a la investigación de los delitos sexuales, dada la importancia y complejidad de
esta clase de delitos, y como una forma de estimular investigaciones de calidad, la Fiscalía
Nacional del ministerio público -a través de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y
Violentos- ha dispuesto la designación de fiscales especializados, los que reciben periódicamente
capacitación. Actualmente existen 157 fiscales especializados en todo Chile. También se cuenta
en cada fiscalía regional del país con un abogado asesor en estas materias.
115. El ministerio público cuenta con una División Nacional de Atención a Víctimas y Testigos
(DAVT), que tiene por objeto velar por el cumplimiento de las funciones de protección y
atención a víctimas y testigos del proceso penal. Cada fiscalía regional cuenta con una Unidad
Regional de Atención a las Víctimas y Testigos (URAVIT), que tienen por objeto el
cumplimiento operativo de dichas tareas, bajo la supervisión técnica y asesoría de la División
116. Las URAVIT han focalizado su intervención en las víctimas más vulnerables, dentro de
ellas, las mujeres y niños que han sufrido violencia sexual. La intervención especializada de los
profesionales de las unidades (psicólogos y trabajadores sociales) incluye la acogida y
orientación; el acompañamiento cuando se evalúa necesario en las diligencias que tengan gran
impacto en las víctimas (peritajes ginecológicos, reconocimientos, declaraciones, etc.); la
derivación a la red pública o privada para el tratamiento reparatorio; la evaluación permanente
del riesgo; y la implementación de medidas de protección (mejoramiento de condiciones de
seguridad de las viviendas, alarmas personales, entrega de teléfonos celulares, derivación a casas
de acogida, reubicación, etc.); o la solicitud de estas medidas para que el Fiscal las tome (rondas
de carabineros, llamado prioritario) o las solicite al tribunal de garantía (cautelares).
Medidas para prevenir actos de violencia sexual
117. Entre otras se realizan:
Trabajos de información y sensibilización a la población, que se desarrollan a través
de acciones comunicacionales en medios, distribución de material informativo,
entrega de cartillas, etc.;
Acciones de capacitación a funcionarias y funcionarios de los diferentes sectores
Talleres de información a organizaciones sociales, estudiantiles, otras;
Trabajos en red con la Policía de Investigaciones, Carabineros, ministerio público,
Ministerio de Salud y otros.
Estadísticas sobre investigaciones
118. De acuerdo al Sistema de Apoyo a Fiscales (Boletín Estadístico 2008), del ministerio
público, los delitos ingresados por categoría de delito por 100.000 habitantes, entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre de 2008, alcanzan la suma de 1.249.434. De ellos, según lo indica el cuadro
siguiente, 18.291 corresponden a delitos sexuales.
Categoría de delito
Robos no violentos
Otros delitos contra la propiedad
Contra la libertad e intimidad de las personas
Delitos Ley de tránsito
Delitos Ley de drogas
Delitos funcionarios
Delitos de leyes especiales
Delitos ingresados
190.611
159.559
1.249.434
Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos
Sexuales 2008, realizada por el Ministerio del Interior
119. Esta encuesta señala que: el 7% de los niños(as) y adolescentes ha sufrido algún tipo de
abuso de tipo sexual durante su vida; el 12,8% de las niñas y el 3,3% de los niños ha sufrido
algún abuso sexual; el 29% de los abusos sexuales son de tipo intrafamiliar (tíos, padrastros,
primos, abuelos y padres); el 56% de los abusos se producen entre los 8 y los 12 años; el 9,2% de
las mujeres ha sufrido algún delito sexual fuera de la pareja (después de los 15 años).
Sírvase indicar si el Código Penal prevé alguna tipificación para los funcionarios
públicos que en el ejercicio de sus funciones conozcan hechos de tortura sin
denunciarlos.
120. El Estatuto Administrativo, que es la ley que regula a todos los funcionarios públicos,
establece la obligación de denunciar ante el ministerio público o ante la policía los crímenes o
simples delitos de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo16.
Artículo 61 k) del Estatuto Administrativo, Ley Nº 18834.
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References: artículo 1
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 93

resolución 
 artículo 15
 artículo 151
 resolución 
 resolución 

Artículo 54
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 175

Artículo 61