Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2017-0680_ES.html
Timestamp: 2020-08-10 07:16:34+00:00

Document:
Ciclo relativo al documento : B8-0680/2017
– Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 24 de julio de 2017, al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a los elementos para una estrategia de la Unión Europea para Afganistán,
– Vistas las conclusiones del Consejo de 16 de octubre de 2017 sobre la Estrategia de la Unión para Afganistán,
– Visto el Plan de Acción Nacional para Afganistán basado en la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad,
– Vista la Resolución 2344 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la que se prorroga hasta el 17 de marzo de 2018 el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán,
– Vistos los informes periódicos del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación en Afganistán y sus repercusiones para la paz y la seguridad internacional,
– Visto el Proceso de Kabul para la Cooperación en materia de Paz y Seguridad,
– Vista la Acción conjunta para el futuro entre Afganistán y la UE sobre cuestiones relativas a la migración,
– Vistas las declaraciones del portavoz de la Unión Europea sobre los atentados terroristas en Afganistán,
– Vista la Conferencia de Bruselas sobre Afganistán,
– Visto el Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre la UE y Afganistán,
– Vistos el nombramiento del nuevo enviado especial de la Unión Europea a Afganistán y su primera visita al país,
– Vistas las cumbres de la OTAN de julio de 2016 y de junio de 2017,
A. Considerando que, a pesar de algunas mejoras, la situación en Afganistán sigue siendo crítica, con una situación de seguridad cada vez más precaria, una creciente presión de la insurgencia y el terrorismo, e importantes retos económicos y políticos; que esta fragilidad se ve exacerbada por la corrupción, la debilidad del Estado de Derecho y la gobernanza, las actividades económicas ilícitas y el conflicto armado en curso;
B. Considerando que la situación humanitaria sigue siendo muy inquietante, pues la población civil sufre particularmente; que el reciente informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) documenta el mayor número de víctimas desde 2009, con 11 318 víctimas civiles en 2016, mientras que desde enero a septiembre de 2017, las víctimas ascienden ya a 8 019; que han sido considerados responsables de estas muertes elementos antigubernamentales y fuerzas progubernamentales; que, a raíz de la intensificación del conflicto, se vieron desplazadas 600 000 personas en 2016 y más de 280 000 en 2017, la mayoría de ellas, menores de 18 años de edad;
C. Considerando que la situación de seguridad y la situación humanitaria, junto con la falta de perspectivas económicas, han provocado flujos migratorios irregulares, constituyendo los afganos el segundo mayor grupo de migrantes a la Unión en 2016; que la situación interna de Afganistán se ha visto empeorada por el retorno de más de un millón de refugiados afganos de Pakistán e Irán, y que ello está llevando al límite las capacidades del Gobierno y presionando aún más a la sociedad;
D. Considerando que la comunidad internacional ha reiterado su apoyo permanente a Afganistán en varias ocasiones: en la cumbre de la OTAN del 29 de junio de 2017, en la que aliados y socios renovaron su compromiso hasta finales de 2020 y varios aliados anunciaron el incremento de sus aportaciones de tropas a la misión de la OTAN «Apoyo Decidido», y en la Conferencia de Bruselas de octubre de 2016 sobre Afganistán, copresidida por la Unión Europea y el Gobierno de Afganistán, en la que la comunidad internacional garantizó el apoyo político continuado y comprometió 13 600 millones de ayuda financiera, incluidos 5 000 millones de la Unión Europea y sus Estados miembros, lo que hace a la Unión Europea en su conjunto el principal socio de cooperación para el desarrollo de Afganistán; que el Acuerdo de Cooperación sobre colaboración y desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, de febrero de 2017, confirma el compromiso de la Unión con el desarrollo de Afganistán;
E. Considerando que la situación de seguridad de Afganistán sigue muy volátil, pues el Gobierno y los talibanes continúan alternando en el control de distintos territorios y hay bajas en ambos lados; que no hay progresos tangibles hacia un proceso de paz entre el Gobierno y los talibanes;
F. Considerando que los talibanes han desencadenado recientemente una oleada de atentados suicidas en todo Afganistán dirigidos contra instalaciones de policía y públicas, que han causado al menos 74 víctimas mortales y varios cientos de heridos; que el uso indiscriminado e ilegal de dispositivos tácticos explosivos combinados, en particular por suicidas, es la causa principal de las víctimas civiles;
G. Considerando que las operaciones del Estado Islámico de Iraq y Levante - Provincia de Jorasán se mantienen limitadas principalmente a la parte oriental de Afganistán, aunque este grupo ha reivindicado la responsabilidad de varios atentados importantes en todo el país y podría consolidar su presencia en la provincia de Kunar y lograr restablecer la capacidad operativa en zonas de la provincia de Nangarhar;
H. Considerando que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, Afganistán sigue siendo uno de los países más corruptos del mundo; que el grado de corrupción es particularmente preocupante, ya que oficiales corruptos de las fuerzas de seguridad nacionales venden armas directamente a los insurgentes y están desviándose fondos del sector humanitario, de manera que no llegan a los necesitados;
I. Considerando que uno de los principales motivos de preocupación sigue siendo el flujo permanente de armas que llegan a los talibanes y otros grupos terroristas, financiados por el cultivo de opio, el contrabando, secuestros y extorsión contra ONG y por ventas de minerales y objetos históricos antiguos, así como por el desvío de ayuda exterior que entra en el país;
J. Considerando que la superficie total dedicada al cultivo de adormidera aumento en un 10 % en 2016 con respecto al año anterior, mientras que la producción experimentó un incremento del 43 % y el valor de la economía ilícita de los opiáceos se estimó en 3 000 millones de dólares en 2016;
K. Considerando que la relación bilateral entre Afganistán y Pakistán ha mostrado indicios de mejora de la cooperación, ya que ambos países han dado pasos para mejorar las relaciones, estableciendo un mecanismo de control de crisis para comunicaciones de emergencia y un mecanismo de diálogo trilateral de nivel ministerial;
L. Considerando que la Comisión Electoral de Afganistán ha anunciado que el 7 de julio de 2018 será la fecha de las elecciones parlamentarias y municipales, y avanza en la preparación de las elecciones;
M. Considerando que la Comisión ha anunciado que se facilitarán a Afganistán otros 5 millones de euros de asistencia humanitaria, de manera que el total de la asistencia humanitaria de la Unión a Afganistán en 2017 ascenderá a 30,5 millones de euros; que, en total, la Unión aportará hasta 300 millones de financiación anuales hasta 2020, incluida la ayuda para el desarrollo;
N. Considerando que el reclutamiento y la utilización de menores por todos los bandos siguen suponiendo un grave problema, puesto que la UNAMA ha comprobado el reclutamiento y la utilización de 21 muchachos, 15 de ellos por elementos antigubernamentales, y ha recibido informes sobre el reclutamiento de 50 por el Estado Islámico de Iraq y Levante - Provincia de Jorasán, que están recibiendo formación religiosa y militar en la provincia de Ghor;
O. Considerando que los EE. UU. llevaron a cabo 2 568 ataques en Afganistán en 2017, que causaron, según informes, docenas de víctimas civiles;
P. Considerando que, el 20 de noviembre de 2017, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó la autorización de los jueces de la Corte para iniciar una investigación sobre presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en relación con el conflicto armado en la República Islámica de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003; que la fiscal también ha solicitado autorización para investigar presuntos crímenes que están vinculados con el conflicto armado en Afganistán, guardan una relación suficiente con la situación y han sido cometidos en el territorio de otros Estados Partes del Estatuto de Roma desde julio de 2002; que, habida cuenta de que Afganistán es un Estado Parte del Estatuto de Roma, la Corte puede ejercer su jurisdicción sobre todos los presuntos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad de los acusados; que la información disponible ofrece una base que razonablemente permite creer que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad pueden haber sido cometidos por partes activas en Afganistán;
1. Señala que, tras cerca de 40 años de conflicto armado y 16 años de intervención dirigida por los EE. UU. y la OTAN, Afganistán no ha logrado alcanzar la paz, la seguridad o el desarrollo sostenible; señala que, a pesar de los evidentes problemas, el país ha mejorado en varios ámbitos, como la calidad de la atención sanitaria y el acceso a ella, la enseñanza básica, el empoderamiento de las mujeres y la expectativa de vida;
2. Reitera su compromiso con la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad en Afganistán y con el apoyo del desarrollo sostenible del país, y se congratula de la adopción por el Consejo de la Estrategia de la Unión Europea para Afganistán como pilar de la futura acción de la Unión;
3. Transmite su más sincero pésame a las familias de las víctimas de los recientes atentados terroristas; reitera que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituye una de las amenazas más serias a la paz y la seguridad internacional; destaca la necesidad de poner a los autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de estos hechos a la disposición de la justicia, e insta a todos los Estados a que cooperen activamente con el Gobierno de Afganistán y todas las demás autoridades competentes a este respecto;
4. Condena en los términos más firmes todos los atentados dirigidos contra civiles, trabajadores humanitarios, fuerzas afganas e internacionales, funcionarios diplomáticos y consulares y otros representantes de la comunidad internacional en Afganistán;
5. Observa con inquietud el significativo aumento de las víctimas civiles causadas por ataques aéreos de fuerzas progubernamentales y recuerda a todas las partes en conflicto su responsabilidad de proteger a los civiles durante las operaciones militares, de acuerdo con sus obligaciones derivadas del Derecho internacional humanitario y el Derecho internacional en materia de derechos humanos; destaca la necesidad de que se rindan cuentas por las violaciones del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos;
6. Señala la nueva estrategia de los EE. UU. en Afganistán, que prevé un aumento de tropas; destaca una vez más que el conflicto no tiene solución militar, pues la paz solamente puede alcanzarse mediante negociaciones directas entre el Gobierno y los talibanes, en el marco de un proceso integrador de paz y reconciliación dirigido por Afganistán y asumido por Afganistán; reitera su apoyo a todas las iniciativas en este sentido, como Proceso de Kabul para la Cooperación en materia de Paz y Seguridad, e insta a la Unión a que mantenga su compromiso a alto nivel; acoge con satisfacción el nombramiento del nuevo enviado especial de la Unión Europea a Afganistán y su primera visita al país;
7. Considera que las tropas de la OTAN deben atenerse estrictamente a su función de asesoramiento, con miras a su retirada tan pronto como lo permitan las circunstancias;
8. Es consciente de que un proceso de reconciliación necesitará un apoyo político real de todos los actores presentes en la región; pide a todas las partes interesadas de la región que cooperen constructivamente para promover un proceso de negociación auténtico encaminado a llegar a una solución duradera entre todas las partes en conflicto, y pide a la VP/AR que entable contacto con los socios y otras partes interesadas de todo el mundo y de la región, especialmente con la India y Pakistán, para promover un consenso internacional y regional en torno a este proceso; celebra, a este respecto, la Declaración conjunta de la 14.ª Cumbre India-UE, de 6 de octubre de 2017;
9. Destaca la importancia de descubrir y desmantelar las redes de financiación que utilizan los talibanes para hacer circular dinero, y poner fin de una vez por todas a las fuentes de financiación, las redes de contrabando y las actividades ilícitas que utilizan para financiar sus operaciones; pide que se refuerce la cooperación multilateral y regional en la lucha contra la financiación ilegal de grupos terroristas y que se cierren las rutas del contrabando;
10. Pide al Gobierno afgano que continúe aplicando la agenda de reformas acordada, en particular las leyes contra la corrupción, mejorando sus sistemas de trazabilidad de armas, promoviendo la rendición de cuentas y profundizando en la función de las estructuras locales de gobernanza, en particular allí donde se constate que los consejos tribales de ancianos trabajan con integridad y transparencia;
11. Acoge con satisfacción la convocatoria de elecciones para julio de 2018, pues podrían desempeñar un papel importante para la promoción del objetivo de la consolidación democrática en Afganistán; pide a las instituciones electorales que amplíen su alcance para llegar a todas las partes interesadas, a fin de adquirir apoyo público a las elecciones; pide un proceso de reforma electoral orientado a unas elecciones creíbles, integradoras y transparentes; pide a todas las partes implicadas que se abstengan de emplear una retórica incendiaria que pueda exacerbar las tensiones sociales y socavar el frágil consenso político representado por la Constitución; pide a todas las partes interesadas que velen por que pueda seguir manifestándose el disenso político pacíficamente y en el marco de los procesos constitucionales y democráticos del país;
12. Destaca el papel creciente de las mujeres para desactivar conflictos y prevenir la radicalización en sus comunidades, así como su tradicional papel pacificador en Afganistán; se congratula del aumento de la representación de las mujeres en el Alto Consejo de Afganistán para la Paz y de la nueva estrategia del Consejo, que reconoce el papel fundamental y activo de las mujeres; pide a la Unión que siga apoyando a Afganistán en la aplicación del plan de acción para la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros programas pertinentes; pide que se incorpore la ley sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres al Derecho penal;
13. Insiste en que los jóvenes son el futuro del país, y está extremadamente preocupado por los informes sobre reclutamiento de niños por los talibanes, su formación en madrasas y su despliegue en diversas operaciones militares, incluida la producción y la instalación de dispositivos explosivos improvisados; recuerda a todas las partes que incluir menores de 18 años en las fuerzas armadas enviadas a zonas de guerra conculca el Derecho internacional aplicable en Afganistán y, en los casos en los que se implica a menores de 15 años, se trata de un crimen de guerra de acuerdo con el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y con el Estatuto de Roma; pide al Gobierno que tome todas las medidas viables para prevenir estos reclutamientos y tales misiones, en particular la adopción de las medidas legislativas necesarias para prohibir y penalizar estas prácticas, y que tome todas las medidas viables para garantizar protección y cuidados a los niños afectados por el conflicto armado; pide al Gobierno que redacte y adopte una ley general relativa a los niños y un plan de acción para la protección de la infancia;
14. Lamenta que, a pesar de tratarse de un acuerdo de facto con un tercero que ofrece un marco claro para la cooperación sobre el retorno forzoso y la readmisión en Afganistán, la Acción conjunta para el futuro entre Afganistán y la UE sobre cuestiones relativas a la migración no haya sido presentada al Parlamento para su aprobación, y lamenta asimismo que el Parlamento no haya sido informado ni consultado en ninguna fase del procedimiento; pide a la Comisión que respete los procedimientos establecidos en los Tratados y que informe plenamente, consulte y haga participar al Parlamento en lo relativo al acuerdo sobre la Acción conjunta para el futuro; pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen que la cooperación en el ámbito de la migración con los países de origen de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados respete plenamente las obligaciones contraídas en virtud del Derecho internacional y de la Unión sobre derechos humanos y refugiados y no contribuya directa ni indirectamente a violaciones de los derechos humanos;
15. Destaca la importancia de las iniciativas de lucha contra la radicalización, desradicalización y desarme, desmovilización y reinserción, y de la movilización de las comunidades locales y la sociedad civil para contrarrestar el extremismo violento, y pide a la OTAN y la Unión Europea que apoyen estas iniciativas; cree en la importancia de los pequeños proyectos locales para entablar contacto con religiosos locales, desarrollar mensajes locales contra el extremismo y establecer el diálogo a través de las comunidades, y prevenir de este modo la radicalización en una fase temprana;
16. Destaca la importancia de la cultura y la educación para desarrollar la cohesión nacional, y lamenta que más de 3,5 millones de menores en edad escolar (un tercio del total, en su mayoría niñas) no estuvieran escolarizados al inicio del curso en marzo; considera que la introducción de la construcción de la paz, la resolución de conflictos y la mediación en los programas de estudios podría empoderar a los jóvenes afganos y, al aportar capacidades prácticas para identificar fuentes de conflicto y pericia para reducir tensiones y negociar soluciones pacíficas, proporcionaría a la nueva generación una oportunidad para escapar de los ciclos de violencia;
17. Pide al Gobierno afgano que se dedique seriamente y en el marco de una estrategia organizada a defender el Estado de Derecho, garantizando la justicia y concediendo prioridad a las medidas de protección de los derechos de los ciudadanos; pide a la comunidad internacional en su conjunto que apoye a Afganistán para que cumpla sus compromisos de reforma del sistema judicial, entre otras vías, desarrollando un proceso nacional de justicia transicional dirigido contra la impunidad; pide que mejore la coordinación entre los sistemas estatal y tribal de resolución de controversias; expresa su convencimiento de una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas y una mayor participación ciudadana en el proceso legislativo y judicial podrían ayudar a hacer el sistema más justo y más transparente;
18. Expresa su convencimiento de que la resiliencia de las sociedades, como la del desarrollo humano, depende en último extremo de la capacidad del sistema para garantizar las perspectivas económicas de la población, en particular las de los jóvenes; apoya la aplicación del Marco para la Paz y el Desarrollo Nacional de Afganistán, así como el refuerzo del sector privado, la agricultura y la explotación y la gestión sostenibles de los recursos naturales;
19. Toma nota de la solicitud de la fiscal de la CPI de autorización para investigar presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes en conflicto en Afganistán desde mayo de 2003; pide que, de concederse esta autorización, se lleve a cabo una investigación justa, transparente, objetiva e independiente, con el objetivo de que rindan cuentas los responsables de estos crímenes independientemente de quiénes sean, garantizando así la igualdad ante la ley y evitando que vuelvan a producirse crímenes como estos;
20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Afganistán.

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