Source: http://portal.protecturi.org/proyecto-de-resolucion-del-director-general-de-la-policia-sobre-ampliacion-de-plazos-de-entrada-en-vigor-de-ordenes-ministeriales/
Timestamp: 2019-03-18 17:32:16+00:00

Document:
Proyecto de Resolución del Director General de la Policía sobre ampliación de plazos de entrada en vigor de Órdenes Ministeriales | Protecturi | Asociación para la Protección del Patrimonio Histórico.
Proyecto de Resolución del Director General de la Policía sobre ampliación de plazos de entrada en vigor de Órdenes Ministeriales
El pasado 18 de febrero de 2011, en el Boletín Oficial del Estado nº 42, se publicaron las Órdenes Ministeriales INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, e INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, que entraron en vigor el día 18 de agosto de 2011.
En la Disposición transitoria única de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, se contempla un período de adaptación de dos años, para que los sistemas de alarma de las empresas de seguridad ya instalados se adecuen a las nuevas exigencias normativas. Igualmente, la Disposición adicional tercera y el párrafo segundo de la Disposición transitoria única de la Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, también contemplan un período de adaptación de dos años para que los establecimientos obligados a disponer de unidades de almacenamiento de seguridad cumplan lo previsto en dicha orden respecto a disponer de un sistema de captación y registro de imágenes. Este plazo de adecuación se cumple el día 18 de agosto de 2013.
Las órdenes ministeriales referidas son el fruto de un gran consenso general del sector de la seguridad privada y la Administración competente del Ministerio del Interior, en el mutuo convencimiento de la mejora para la seguridad que dichas normas comportan.
Desde la gestación de estas órdenes ministeriales hasta el momento actual, se han producido, como es notorio, importantes cambios socioeconómicos, tanto en la situación de las empresas de seguridad, que atraviesan por serias dificultades económicas y de mantenimiento de sus puestos de trabajo, como en el sector de los establecimientos obligados, y muy especialmente en el sector financiero, que resulta el principalmente obligado al cumplimiento de dichas medidas de seguridad.
La adversa situación descrita afecta directamente a los recursos de las empresas y entidades referidas, obligando a la necesaria contención de costes y a la propia reestructuración de la red de delegaciones de las empresas de seguridad y de las oficinas de las entidades financieras, especialmente como consecuencia de los procesos de fusión e integración de empresas y entidades, que en algunos casos alcanza al cierre de más del 50% de la red comercial y de establecimientos que resultaría afectada por las nuevas exigencias normativas de las órdenes ministeriales mencionadas.
Este proceso, en el caso de las entidades financieras, se encuentra, además, en fase de pleno desarrollo y definición, como consecuencia de los requerimientos impuestos en el plan de apoyo europeo al sector financiero. Baste decir que del total de las entidades financieras y de sus oficinas bancarias existentes en 2009, año de inicio de elaboración de dichas órdenes ministeriales, actualmente, después del profundo proceso de fusiones de entidades y de la drástica reducción de sus oficinas, se prevé que solo permanezcan en funcionamiento menos de la mitad de las mismas, sin que se conozca cuales de ellas se verán afectadas por esta circunstancia.
El periodo de adaptación de dos años para que las empresas de seguridad y los establecimientos obligados adecuen sus sistemas de seguridad a las medidas afectadas por dichas órdenes ministeriales, que se cumple el día 18 de agosto de 2013, no parece, en consecuencia, ni suficiente ni adecuado a la negativa evolución económica experimentada por el país desde su gestación hasta el momento actual.
Por otra parte, salvo los dos supuestos anteriores, que afectan exclusivamente a las empresas de seguridad y a las entidades financieras principalmente, el plazo general establecido por las órdenes ministeriales para la adecuación de sus sistemas de seguridad a las nuevas exigencias normativas es de diez años, plazo este notablemente más amplio y favorable que el otorgado a las entidades afectadas por las disposiciones adicionales a las que hace referencia la presente Resolución.
Esta de los diez años es, por tanto, una frontera temporal, de carácter general, que cabe utilizar como límite máximo de referencia para la adaptación de los sistemas de seguridad, y a la que conviene acercarse al objeto de reajustar la exigencia de adaptación de los sistemas en cumplimiento de lo dispuesto en las órdenes ministeriales.
En esta situación, en la que es previsible que se continúen produciendo numerosos cambios y cierres de la red comercial de las empresas de seguridad y de la red de oficinas bancarias, sin duda, parece prudente no abordar la obligada ejecución de nuevas instalaciones e inversiones, en dependencias y oficinas de futuro incierto, que no estén requeridas por la absoluta necesidad de dar solución a un problema de seguridad real.
Pero, además, es preciso tener en cuenta que los sistemas de seguridad actualmente instalados y en funcionamiento en las empresas de seguridad y en los establecimientos afectados, particularmente en las entidades bancarias, si bien tienen que evolucionar y mejorar su grado de fiabilidad y de seguridad, se han mostrado eficaces hasta el momento presente, sin que la situación de criminalidad asociada al tipo de delitos que dichos sistemas de seguridad tratan de prevenir, haya experimentado una evolución negativa que haga absolutamente imprescindible exigir su total y perentoria adaptación de un modo uniforme e indiscriminado, y sin tener en consideración el notable cambio de circunstancias producido durante los últimos años.
Por otra parte, el Ministro del Interior del Gobierno de la Nación, en su comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, anunció la elaboración de una nueva Ley de Seguridad Privada, en cuyas previsiones legales es de esperar que se incluyan nuevas exigencias de seguridad y posibles periodos transitorios distintos de adaptación a los contemplados actualmente en las citadas órdenes ministeriales para las empresas de seguridad y los establecimientos obligados.
En otro orden de cosas, igualmente, en las órdenes ministeriales INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, INT/316/2011, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, e INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, se contienen diferentes disposiciones adicionales en las que se establece la aplicación inmediata de la modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, sobre la materia, a las nuevas instalaciones de seguridad desde el momento mismo de su publicación por el organismo competente.
Teniendo en cuenta que el proceso de fabricación, certificación y acreditación de nuevos productos, al objeto de ser válidos y aptos para su comercialización, resulta largo y costoso, se hace imprescindible, para la mejor seguridad de fabricantes, laboratorios, organismos de control, empresas y usuarios de la seguridad, el establecimiento de un periodo minino de adaptación de estas normas y de unas reglas claras de exigibilidad por parte de los servicios policiales de control, cuestión esta importante que también se aborda en la presente Resolución.
En seguridad se busca la quietud de quienes pretenden atacarla, y para ello es necesaria la constante actividad de quienes tienen que defenderla. Por eso, el Ministerio del Interior, como autoridad competente y responsable del control, y las entidades del sector privado, como destinatarios y responsables directos de su protección, tienen que trabajar conjuntamente para tratar de elevar, de forma permanente, los niveles de seguridad en cada momento alcanzados.
Este espíritu de corresponsabilidad es el que alumbra la presente Resolución, tanto en el planteamiento de los problemas como en la propuesta de sus soluciones, en el marco de un compromiso común para la búsqueda de la mejor seguridad posible, lo que aconseja hacer una interpretación adecuada de la norma al momento actual y una prudente aplicación de las exigencias legales que conjugue la necesidad de su cumplimiento, por razones de seguridad, con la adversa e incierta coyuntura económica.
Por todo lo expuesto, se considera justificado que, a través de la presente Resolución, se tomen en consideración las razones expuestas y se proceda a establecer un plazo de dilación para su efectiva exigibilidad, por un tiempo determinado, que permita solventar las circunstancias excepcionales detectadas en espera de un cambio de la actual coyuntura adversa en el ámbito económico y de la derivada incertidumbre empresarial y bancaria, al tiempo que se favorece el avance en el cumplimiento progresivo de las exigencias legales mediante la mejora y perfeccionamiento de los sistemas de seguridad afectados por reformas o anormal funcionamiento, todo ello bajo el exhaustivo control de los servicios policiales competentes.
En consecuencia, y haciendo uso de las facultades de desarrollo normativo que me confieren las Disposiciones finales segundas de las órdenes INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, e INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, he dispuesto resolver lo siguiente respecto a moratoria y gradualidad de aplicación de las previsiones sobre plazos de adecuación de las referidas órdenes ministeriales en el ámbito de la seguridad privada:
Primero. Objeto, ámbito y finalidad.
1. La presente Resolución tiene por objeto establecer los criterios de aplicación de las disposiciones de las órdenes ministeriales contenidas en su ámbito de aplicación, de conformidad con el punto siguiente de este apartado, en relación al plazo de adecuación de dos años de los sistemas de seguridad de las empresas de seguridad y de los establecimientos afectados, a las nuevas exigencias normativas de dichas órdenes ministeriales, así como establecer las reglas de aplicación de la modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, en materia de seguridad privada.
2. La presente Resolución resulta de aplicación a los sistemas de seguridad de las empresas y establecimientos afectados por el apartado a) de la Disposición transitoria única de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, por la que se contempla un período de adaptación de dos años para que los sistemas de alarma de las empresas de seguridad ya instalados se adecuen a las nuevas exigencias normativas, y la Disposición adicional tercera y el párrafo segundo de la Disposición transitoria única de la Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, que contemplan un período de adaptación de dos años para que los establecimientos obligados a disponer de unidades de almacenamiento de seguridad cumplan lo previsto en dicha orden respecto a disponer de un sistema de captación y registro de imágenes que permita, a la central de alarmas, la verificación de las señales que pudieran producirse.
Igualmente, la presente Resolución resulta de aplicación con respecto a los criterios de exigibilidad contenidos en las Disposiciones adicionales tercera, segunda y octava de las órdenes INT/314/2011, INT/316/2011 e INT/317/2011, sobre empresas, alarmas y medidas de seguridad, respectivamente.
3. La presente Resolución tiene por finalidad conseguir conjugar adecuadamente las nuevas exigencias de seguridad establecidas en las órdenes ministeriales referidas en el punto anterior, a la actual situación coyuntural de adversidad económica e incertidumbre empresarial, mediante la fijación de unos criterios prudenciales de aplicación consistentes en el establecimiento de una moratoria y de su exigencia gradual y progresiva a través del control de los servicios policiales competentes.
Segundo. Moratoria y gradualidad de aplicación.
1. Los plazos de adecuación de dos años para los sistemas de seguridad afectados por la Disposición transitoria única de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, y la Disposición adicional tercera y el párrafo segundo de la Disposición transitoria única de la Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada, se dilatarán, en su exigibilidad de cumplimiento, a la espera de lo que pueda establecerse al respecto en la futura nueva Ley de Seguridad Privada actualmente en tramitación.
2. El plazo máximo para la exigencia del cumplimiento de ejecución y adaptación de dichos sistemas de seguridad será, en todo caso, el plazo general de cinco años, contados a partir del día 18 de agosto de 2013, fecha en la que se cumplen los dos años de adecuación fijados por las referidas disposiciones adicionales de dichas órdenes ministeriales, salvo que la futura nueva Ley de Seguridad Privada o su posible normativa de desarrollo dispusieran otra cosa al respecto.
3. La exigencia inexcusable de adaptación de los sistemas de seguridad a las previsiones contenidas en las referidas disposiciones adicionales de dichas órdenes ministeriales, se realizará gradualmente atendiendo a los siguientes criterios operativos de seguridad:
a)	Los sistemas de alarma instalados en las empresas de seguridad, se adecuarán, de forma inmediata, a las exigencias normativas contempladas en las disposiciones de las órdenes ministeriales de referencia, cuando se produzcan reformas o modificaciones que afecten al sistema de seguridad, o se produzca una intervención policial por la comunicación de una alarma no real.
b)	La instalación de un sistema de captación y registro de imágenes en los establecimientos obligados a disponer de unidades de almacenamiento de seguridad, será inmediatamente exigida siempre que se produzcan reformas o modificaciones que afecten al sistema de seguridad, o se produzcan ataques contra los referidos establecimientos.
Tercero. Actuaciones de adaptación y control.
1. Por las empresas y establecimientos afectados al cumplimiento obligatorio de las previsiones normativas contempladas en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, se procurará la progresiva y rápida adaptación de sus sistemas de seguridad a la nuevas exigencias normativas en el menor plazo posible, y siempre respetando, en todo caso, los criterios de aplicación establecidos en esta Resolución.
2. Cuando las empresas y establecimientos cuenten con varias delegaciones o sucursales afectadas por el cumplimiento obligatorio de las previsiones normativas contempladas en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, realizarán una planificación programada que comprenderá, en todo caso, un volumen mínimo anual de las actuaciones de adaptación de los sistemas de seguridad de sus respectivas sedes o locales a las referidas exigencias normativas.
3. La programación anual de actuaciones referida en el apartado anterior, cuyo plazo máximo de ejecución concluirá, en todo caso, el día 18 de agosto de 2018, se encontrará a disposición de los servicios policiales competentes, para su supervisión general y control de su cumplimiento efectivo.
4. En el control policial que se realice sobre el cumplimiento de las disposiciones adicionales de las órdenes ministeriales incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, se tendrá en cuenta lo dispuesto, a este respecto, en esta Resolución, en relación con la moratoria y gradualidad de aplicación de las mismas, y la progresiva adecuación de los sistemas de seguridad por parte de las empresas y establecimientos afectados.
5. En los supuestos contemplados en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, relativos a la obligada adaptación de los sistemas de seguridad por reforma o mal funcionamiento, los servicios policiales competentes comprobarán que, en el plazo inexcusable de treinta días, se ha dado inicio a la adaptación de dichos sistemas de seguridad a las nuevas exigencias normativas, debiendo los responsables de las empresas o establecimientos afectados, comunicar, a dichos servicios policiales, la finalización de la adaptación emprendida tan pronto como esta se produzca.
6. Siempre que por los servicios policiales competentes se detecte, en sus actuaciones de control, el incumplimiento de lo dispuesto en las órdenes ministeriales o de lo establecido, a este respecto, en la presente Resolución, se procederá a su denuncia para la correspondiente sanción.
7. Por los servicios policiales competentes en cada caso, se comprobará que las medidas de seguridad obligatorias se adaptan a las exigencias normativas, siempre que se produzca un hecho delictivo relacionado con dichas medidas de seguridad.
Cuarto. Exigibilidad de Normas UNE o UNE-EN.
1. La aplicación inmediata de la modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, prevista en la Disposición adicional tercera de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de seguridad, Disposición adicional segunda de la Orden INT/316/2011, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma, y Disposición adicional octava de la Orden INT/317/1011, sobre medidas de seguridad privada, afectará exclusivamente a las nuevas instalaciones o reformas realizadas con posterioridad a la fecha de su publicación por el organismo competente para ello.
2. La modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, entrará en vigor de conformidad al plazo específico que en cada Norma UNE o UNE-EN se establezca.
3. En todo caso, la exigibilidad de aplicación de la modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, a las nuevas instalaciones o reformas, no podrá ser inferior a los treinta meses posteriores a su fecha de publicación.
4. Desde la fecha de publicación de la modificación o aprobación de cualquier Norma UNE o UNE-EN, hasta la fecha específica o mínima de entrada en vigor y exigibilidad, será admisible la instalación y uso de los productos existentes y fabricados conforme a la anterior normativa, sin que requieran de su posterior adaptación a la nueva normativa.
5. La adaptación de los sistemas de seguridad instalados con anterioridad a la entrada en vigor de las órdenes ministeriales, así como las nuevas instalaciones o las reformas de los sistemas de seguridad, se realizarán de conformidad con las Normas UNE o UNE-EN vigentes en cada momento, sin que requieran de adaptación ulterior a otras nuevas Normas UNE o UNE-EN posteriormente vigentes.
Quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan o contradigan a lo dispuesto en la presente Resolución.
Esta Resolución se dicta al amparo de la competencia de desarrollo normativo que se confiere al Director General de la Policía en las siguientes disposiciones legales:
•	Disposición final segunda de la Orden INT/314/2011, sobre empresas de seguridad.
•	Disposición final segunda de la Orden INT/316/2011, sobre funcionamiento de los sistemas de alarmas.
•	Disposición final segunda de la Orden INT/317/2011, sobre medidas de seguridad privada.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución