Source: https://www.scribd.com/document/185531795/Revision-Tutela-CorpTaurina-2013
Timestamp: 2017-10-17 13:32:36+00:00

Document:
F.ODR_IGO ESCOBAR GIL
Acción de tutela. Accioriante: Corporación Taurina de Bogotá. Accionado: Instituto Distrital de Recreación y Deporte y Alcaldía Mayor de Bogotá.
RODRIGO ESCOBAR GIL, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bogotá,
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19'357.551 de Bogotá, abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 32.510 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado judicial de la CORPORACIÓN TAURINA DE BOGOTÁ, con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Política formulo la presente acción de tutela contra el INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE, y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, para reclamar la protección inmediata de los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA vulnerados por el accionado, con base en los siguientes
1. El 25 de agosto de 1999 fue suscrito el contrato de arrendamiento No. 411 entre la Corporación Taurina de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, cuyo objeto consistía en la entrega, a título de arrendamiento, de la Plaza de Toros La Santamaría "por seis (6) fechas durante los meses de enero, febrero y marzo del 2000, fechas que serán determinadas por el arrendador a más tardar el día 15 de diciembre de 1999, en las cuales se organizarán 5 corridas de toros y una novillada con picadores", el cual fue prorrogado de común acuerdo hasta el 30 de marzo de 2015. 2. El 30 de diciembre de 2003, las partes suscrIieron otrosí aclaratorio, acordando modificar la denominación del contrato de arrendamiento por "contrato de mandato". 3. La suscripción del referido contrato por parte del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, se dio en ejercicio de las competencias asignadas a dicho establecimiento público mediante el Acuerdo Distrital 04 de 1978, que en su artículo 2° numeral 7° consagra corno función "Aaminist~ directa e indirectamente la Plaza de Toros de Santamaría fomentando 11:2:eL.sientacbn de espectáculos taurinos y culturales L promover la formación de nuevos exponentes nacionales artísticos y depóttivos".
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4. Asimismo, la Corporación Taurina de Bogotá es una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto consiste en "(...) la promoción del espectáculo taurino, el
mejoramiento de las condiciones de los animales, la cultura del espectáculo, su promoción, organización y manejo de l'os recursos que se obtengan con los espectáculos en los cuales participe la Corporación. "r
5. El contrato No. 411 de 1999, pese a su denominación de mandato, es un verdadero contrato estatal de acuerdo con el criterio orgánico contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, al haber sido celebrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, cuya naturaleza jurídica es de establecimiento público 2 , entidad estatal en los términos del artículo 2° de la mencionada normativa. Asimismo, la finalidad del referido contrato era la satisfacción del interés público, materializada en la realización de las funciones de fomento de las actividades taurinas y formación de toreros que le asisten al IDRD según el Acuerdo No. 4 de 1978, a través de la delegación de la administración de un bien de uso público, como es el caso de la Plaza de Toros La Santamaría. 6. Debe resaltarse que durante el lapso de vigencia del contrato estatal reseñado, las obligaciones a cargo de las partes fueron cumplidas a cabalidad. 7. En el transcurso del año, el Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO FRANCISO PETRO URREGO, manifestó públicamente a través de los medios de comunicación, su interés de prohibir las corridas de toros en el Distrito Capital y de desconocer el contrato No. 411 de 1999, celebrado con la Corporación Taurina de Bogotá, como se demuestra en los reportes de prensa que se adjuntan a la presente acción de tutela. Así, en la edición del 14 de enero de 2012 del diario El Tiempo, señaló :
"Todos los espectáculos, la cultura, el arte alrededor de la vida, bienvenidos, pero no lo que se con struyee a través de la muerte de
animales o de seres humanos" Igualmente, en la nota de prensa publicada el 22 de enero de 2012 en el diario El Tiempo y denominada "Toros: ¿habrá consulta?", el Alcalde Mayor de Bogotá, advirtió:
"La Plaza de toros es del Distrito. Tiene un contrato de arrendamiento
con la Corporación Taurina, bajo el cual hace las corridas de toros. Por sentencia la Corte ordenó ue no se cometan actos crueles en los espectáculos públicos. Esa orden debe cumplirse en Bogotá"
Según consta en el certificado de existencia y representación legal que se acompaña a la presente acción de tutela. 2 El artículo 1 0 del Acuerdo No. 4 de 1978 establece: "Artículo 1°.- Definición y Naturaleza. Créase el
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, como un establecimiento público, con Personería Jurídica, autonomía administrativa y Patrimonio independiente.
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8. Como materialización del interés prohibitivo de la Administración Distrital, el Director General (E) del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, actuando por fuera de su competencia, ordenó a la Corporación Taurina de Bogotá, mediante comunicación recibida el 26 de abril de 2012, "suspender la venta de abonos correspondientes a la temporada taurina del año 2013 y no programar las novilladas dentro del marco del festival de verano", modificando unilateralmente las obligaciones emanadas del contrato estatal, sin justificación fáctica o legal alguna. 9. Frente a esta decisión, la Corporación Taurina de Bogotá interpuso recurso de reposición ante la autoridad competente, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante la Resolución No. 196 de 22 de mayo de 2012, confirmándose la directriz impuesta por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. 10. El 17 de abril de 2012, por petición de la accionante, fue sostenida una reunión en el despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO FRANCICO PETRO URREGO, con funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte y miembros de la Corporación Taurina de Bogotá. En dicha reunión, la Administración Distrital planteó la necesidad de eliminar la muerte del toro en la presentación de espectáculos taurinos, como condición para continuar con la ejecución del contrato estatal No. 411 de 1999, justificando su posición en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666 de 2010. 11. Por cuanto la interpretación de lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-666/10 difería para las partes del contrato No. 411 de 1999, se acordó obtener un concepto emitido por un abogado constitucionalista de amplia experiencia y formación académica, cuya imparcialidad no fuese objeto de duda, para que dictaminara sobre los alcances del mencionado fallo y así concertar una nueva reunión. 12. Por la razón expuesta, la Corporación Taurina de Bogotá contactó al Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, abogado de la Universidad de los Andes y Magíster de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, investigador, consultor, conferencista y ex presidente de la Cor:e Constitucional, para que rindiera un concepto sobre los alcances de la sentencia C-666 de 2010, el cual fue puesto en conocimiento de la Administración Distrital, mediante remisión que del mismo hiciera la Corporación Taurina de Bogotá. 13. El 1° de junio de 2012 tuvo lugar una nueva reunión en el despacho del Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO FRANCICO PETRO URREGO, a la que además de funcionarios de la entidad accionada y miembros de la Corporación Taurina de Bogotá, asistió el Dr. Manuel José Cepeda, quien explicó su concepto manifestando que la sentencia C-666 de 2;010 no tenía el alcance atribuido por la Administración Distrital Central ni el por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, es decir, que no se prohibía en ella la muerte del toro, pues la
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competencia para establecer dicha regulación corres pondía exclusivamente al legislador. Ante esta situación, el señor Alcalde Mayor de Bogotá dio por terminada la reunión advirtiendo que las decisiones a tomar serían notificadas a la Corporación Taurina de Bogotá. 14. -Mediante Resolución No. 280 de 14 de junio de 2012, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en un acto atentatorio del principio de legalidad, y de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión artística que a la Corporación Taurina de Bogotá a sus miembros les asiste, dispuso la terminación unilateral del contrato estatal No. 411 de 1999, decisión que fue notificada a la entidad accionante, el día 25 de junio de 2012. 15. Dicho acto administrativo quedó en firme, porque no era susceptible de apelación, y mi representado no interpuso el recurso de reposición en tanto no es obligatorio para el agotamiento de la vía gubernativa. Asimismo, éste se consideró inocuo, teniendo en cuenta la posición radical adoptada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, y el Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO FRANCISO PETRO URRTGO frente a la negativa de continuar con la ejecución del contrato estatal No. 411 de 1999. 16. Finalmente, incluso con posterioridad a la terminación de contrato No. 411 de 1999, el Alcalde Mayor de Bogotá declaró ante Caracol Noticias el día 23 de julio de 2012, que la motivación de la terminación del contrato No. 411 de 1999, fue el hecho de que la Corporación Taurina de Bogotá no acatara la orden de eliminar la muerte del toro en las corridas, exigencia manifiestamente contraria a las disposiciones constitucionales, legales y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
1. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, al Decreto 2591 de 1991 y a la jurisprudencia constitucional, en general, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela son los siguientes: (i) legitimidad activa y pasiva; (ii) vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental; (iii) subsidiariedad; e (iv) inmediatez. En el presente caso se verifica el cumplimiento de los siguientes requisitos, así:
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De acuerdo con el artículo 86 constitucional toda persona tiene acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales afectados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los particulares, en los casos que determine la ley. De esta forma, la Corporación Taurina, en su calidad de persona jurídica, se encuentra legitimada por activa para ser parte en el presente proceso de tutela, al tiempo que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Distrital de Bogotá, al ser autoridades públicas, se encuentran legitimadas como parte pasiva del proceso de tutela que se promueve.
Vulneración o Amenaza de un Derecho Constitucional Fundamental.
Como se acreditará en acápites subsiguientes, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Distrital de Santa Marta, han vulnerado los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística y cultural de la Corporación Taurina de Bogotá.
De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, debiendo valorarse la existencia de dichos medios en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Si bien la Corte Constitucional ha establecido que por regla general las controversias contra actos administrativos no pueden encauzarse a través de la acción de tutela, en atención a la existencia de las acciones ante la jurisdicción contenciosa administrativa, también es cierto que dicha corporación ha precisado, de un lado, que si tales acciones no se revelan idóneas para atender con carácter urgente la afectación de los derechos invocados, la acción de tutela resultaría procedente; y, de otra parte, que en algunas circunstancias imponer al accionante el deber de acudir a los jueces administrativos para obtener la nulidad de un acto administrativo abiertamente ilegal y proferido con absoluto desconocimiento del derecho al debido proceso, supondría una inversión de la carga de la prueba sobre la legalidad de un acto administrativo o contrato estatal previo, lo cual no resulta constitucionalmente admisible. Pues bien, en el presente caso concurren las dos circunstancias que ha delineado la jurisprudencia constitucional para que el amparo de tutela proceda en relación con actos administrativos de manera preferente y sumara frente a las acciones judiciales propias de la jurisdicción contenciosa administrativa. En efecto, tal como pasa a revisarse, las acciones contractuales a las que pudiera acudir la Corporación Taurina de Bogotá no se revelan idóneas y eficaces para preservar los derechos fundamentales comprometidos y, en todo caso, la sola circunstancia de que el accionante tuviera que acudir a ellas
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implicaría un ilegítimo traslado de la carga de la prueba, toda vez que entre las partes existía un contrato estatal válidamente celebrado, el cual, sin el lleno de los requisitos legales, fue unilateralmente terminado, mediante acto revocatorio que evidentemente comporta una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante.
a. Procedencia de la acción de tutela merced a la falta de idoneidad de las acciones contractuales para amparar de forma oportuna e integral los derechos fundamentales vulnerados. En cuanto a lo primero, esto es, frente a la falta de idoneidad de las acciones judiciales alternativas a las que puede acudir la Corporación Taurina de Bogotá, resulta pertinente precisar, en primer lugar, que la acción adecuada, de acuerdo con el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo y la Ley 80 de 1993, es la de controversias contractuales, toda vez que el acto administrativo censurado se enmarca dentro de un contrato estatal debidamente celebrado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Corporación Taurina de Bogotá, circunstancia que de plano excluye la posibilidad de acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del Código Contencioso Administrativo, y que impide, no obstante la evidente y palmaria ilegalidad del acto cuestionado, acudir al expediente de la suspensión provisional. La falta de idoneidad y eficacia de la acción de controversias contractuales para atender de manera urgente e improrrogable la afectación de los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión artística y cultural, deriva de la dilación propia de tales procesos que no se compadece con la necesidad de proveer un amparo oportuno. Así, merced a la mora judicial imperante en nuestro sistema de administración de justicia, las controversias contractuales podrían resolverse en un término aproximado de diez años, lapso que de por sí deviene exorbitante para los casos en que la controversia jurídica se reduce a discutir los derechos patrimoniales de las partes, pero que desborda cualquier criterio de razonabilidad y proporcionalidad en casos que, como en el presente, se encuentran comprometidos derechos e intereses de raigambre constitucional fundamental. En efecto, si bien la violación de los derechos fundamentales invocados en la presente acción de tutela se origina en el marco de una relación contractual del Instituto Distrital de Recreación y Deporte con la Corporación Taurina de Bogotá, el problema jurídico no se contrae a una discusión contractual ni se reduce a una cuestión patrimonial, sino que comporta la grave afectación de derechos fundamentales que incluso trascienden a la figura misma del accionante para proyectarse a todo un sector de la población colombiana que encuentra amenazada su libertad de expresión cultural y artística así como afectada la posibilidad de preservar la manifestación cultural e histórica inherente a la tauromaquia. Así, vale la pena recordar que de acuerdo con la jurisprudencia y decisiones de los órganos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la libertad de BOGOTA: Calle 98 No. 8 - 28 Oficina 6oi Tel. (57 - 6913418 - 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 r.escobar@escobargil.com
expresión goza tanto de una dimensión individual corno de otra colectiva o social. De esta forma, en el ámbito que nos atañe, es pertinente precisar que la vulneración a la libertad de expresión artística y cultural que ha sido perpetrada por las autoridades accionadas, irradia sus lesivos efectos no sólo en la órbita individual del accionante, en la medida en que no sólo prohibe arbitrariamente el legítimo ejercicio de la tauromaquia como expresión artística del ser humano, sino que también afecta indebidamente la posibilidad de que en nuestra sociedad se promuevan, consoliden y arraiguen las manifestaciones históricas, artísticas y culturales propias de la tauromaquia. Según se desarrollará ampliamente en acápite posterior, en nuestro ordenamiento jurídico, por cuenta de la ley 916 de 2004 y en virtud de reiteradas providencias de la Corte Constitucional, se ha reconocido que la tauromaquia es una manifestación artística que hace parte del patrimonio cultural de la Nación y que corresponde a una tradición histórica de los pueblos iberoamericanos. Pues bien la preservación de esta tradición cultural e histórica se encuentra seriamente amenazada por el hecho de la irregular expedición de la Resolución No. 280 de 2012 con la que se revocó el contrato de mandato que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte había celebrado con la Corporación Taurina de Bogotá, situación que requiere de medidas urgentes e improrrogables toda vez que el paso del tiempo impacta negativamente el arraigo y expresión de las manifestaciones culturales e históricas protegidas constitucionalmente. La falta de idoneidad e ineficacia de las acciones contractuales ante la jurisdicción contenciosa administrativa se pone en evidencia por el hecho de que, al término de los diez años que en promedio toma la resolución de este tipo de controversias, la solución favorable que se profiriera a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, tendría un efecto exclusivamente resarcitorio en el plano económico, sin que en ese momento pudiera repararse la grave afectación que se habría irrogado a la libertad de expresión artística y cultural y al principio de conservación de las manifestaciones históricas y culturales que conforman el patrimonio cultural de la Nación, por el hecho de que la falta de práctica de tales actividades por un período tan prolongado conllevaría a su arbitraria supresión.
b. Procedencia de la acción de tutela por cuanto la remisión a las acciones judiciales ordinarias supondría un ilegítimo traslado de la carga de la prueba sobre la legalidad del contrato de mandato suscrito entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Corporación Taurina de Bogotá. La Corte Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que en los casos en que una entidad pública de forma arbitraria y caprichosa revoca un acto administrativo o termina unilateralmente un contrato estatal que goza de presunción de legalidad, no resulta proporcional que el particular afectado tenga que acudir a los medios ordinarios de defensa judicial por cuanto ello comportaría una inversión ilegítima de la carga de la prueba, merced a la circunstancia de que era la Administración Pública la llamada a
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acudir a la jurisdicción para dejar sin efectos los actos o contratos respecto de los cuales no concurría ninguna causa legal para extinguirlos. Así lo ha sostenido la Corte Constitucional: "Dicho de otro modo: la exigencia de acudir a la acción de nulidad invertiría la carga de la prueba en juicio relativa a la validez del acto administrativo de apertura de los folios de matrícula; como se vio, el legislador ha establecido a cargo de la administración la prueba de la ilegalidad de su propio acto, mediante la demanda del mismo; por eso, exigir a las sociedades demandantes incoar la acción de nulidad en contra de la resolución proferida por la registradora ad hoc, equivale radicar en cabeza suya la demostración de la legalidad de tal acto, a pesar de la presunción de tal legalidad establecida de ante mano por el mismo legislador. Esta inversión probatoria, como se dijo, resulta ser una carga desproporcionada sobre la efectividad del derecho al debido proceso (Énfasis agregado) En el mismo sentido, la Corte Constitucional agregó: "Igualmente, en los casos en que la administración revoca actos particulares y concretos en contra de un individuo, sin que medie su consentimiento, resulta evidente que el efectado no puede ser el llamado a ejercer las acciones correspondientes ante la jurisdicción contenciosa, porque eso significaría que los errores de la administración prevalecen sobre los derechos las arantías de los administrados. (...) En conclusión, la acción de tutela resulta ser el medio de defensa más eficaz en los casos en los que la administración, motu propio, ha decidido revocar actos que tienen el carácter de particular y concreto, pues a través de esta acción constitucional se evita que se siga ocasionando la lesión de derechos fundamentales, y obliga a la entidad correspondiente a agotar los mecanismos legales que le han sido dados para obtener la revocación o modificación de dichos actos". Según se desprende de la jurisprudencia constitucional, es dado acudir a la acción de tutela para cuestionar actos administrativos de los cuales se desprenda una grave violación de los derechos fundamentales del interesado, en los eventos en los que la entidad administrativa con abierto desconocimiento del principio de legalidad y con clara violación del derecho al debido proceso, expide un acto administrativo para dar por terminada una relación jurídica preexistente que goza de presunción de legalidad, de manera que no resulta razonable que el acci onante tenga que acudir a las acciones judiciales ordinarias, cuando la Administración Pública precisamente ha soslayado tales instancias judiciales para dar por terminada una relación contractual vigente. 3 Corte Constitucional, Sentencia T-465 de 2009.
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En el presente caso, entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Corporación Taurina de Bogotá se ha celebrado un contrato de mandato que guarda relación con la explotación de la plaza de toros de La Santamaría, sin que se haya presentado ninguna causa legal por la cual pudiera la entidad contratante proceder a terminar unilateralmente el contrato, como irregularmente procedió a hacerlo, por lo que no puede ahora trasladársele al contratista la carga de acudir a la jurisdicción ordinaria para enervar la legalidad de un acto, que precisamente se profirió irregularmente para dejar sin efectos un contrato estatal dotado de plena eficacia y validez jurídica. Por el contrario, lo que procedía con sujeción al principio de legalidad, era que la entidad contratante, ante la ausencia de una causa legal para la terminación del contrato de forma unilateral, promoviera las acciones judiciales pertinentes para procurar que un juez de la República decidiera sobre la procedencia de la extinción del contrato estatal. Conforme a lo anterior, se tiene que la presente acción de tutela está llamada a prosperar por virtud de la falta de idoneidad de los mecanismos ordinarios de defensa judicial y por la imposibilidad de trasladar al contratista la carga que tenía la entidad contratante de acudir a los jueces administrativos para solicitar la terminación del contrato de mandato, dada la imposibilidad jurídica de extinguir unilateralmente dicha relación jurídica.
(iv) Inmediatez.
La Corte Constitucional ha establecido que, dado el carácter inmediato de la protección que se deriva del ejercicio de la acción de tutela, resulta razonable, para efectos de su procedencia, exigir que sea promovida dentro de un término tal que permita que la intervención del Estado sea eficaz, en atención al hecho que la dilación en el ejercicio de la misma torna nugatorio el amparo. En el presente caso, la acción constitucional se formula dentro del mes siguiente al momento en que se revoca unilateralmente el contrato de mandato, a través de la Resolución No. 280 de 2012, de manera que satisface el requisito de inmediatez, por revelarse éste como un término razonable y breve para solicitar el amparo de los derechos trasgredidos.
2. VULNERACIÓN Y AMENAZA DE DERECHOS CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES CON MOTIVO DE LA EXPEDICIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 280 DE 2012,
En el presente documento se demostrará cómo la terminación irregular del contrato estatal No. 411 de 1999 configuró una violación flagrante de los derechos fundamentales debido proceso, a la libertad de expresión y particularmente, a la libertad
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de expresión artística que le asisten a la Corporación Taurina de Bogotá, garantías reconocidas por los artículos 29, 20 y 71 de la Carta Política y por los tratados internacionales sobre la materia. En efecto, tal y como se expondrá in extenso en los acápites posteriores, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte carecía de competencia para terminar unilateralmente el contrato estatal No. 411 de 1999. A su vez, dicha revocación se efectuó con violación del principio de legalidad y del procedimiento administrativo previsto por la Constitución, la ley y los reglamentos, y con extralimitación y abuso de poder por parte de la Administración Distrital en la regulación de la actividad taurina en la ciudad de Bogotá, vulnerándose así los principios de buena fe, imparcialidad y confianza legítima que deben regir las actuaciones de los funcionarios públicos. A continuación, se explicará con detalle la afectación de los derechos fundamentales a la libertad de expresión artística y al debido proceso que le asisten la Corporación Taurina de Bogotá, como resultado de la revocación irregular del contrato estatal No. 411 de 1999.
2.1. Vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá.
Con la terminación irregular y unilateral del Jontrato estatal No. 411 de 1999, se produjo el quebrantamiento del derecho fundamental a la libertad de expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá, garantía reconocida y protegida no sólo por las normas del texto constitucional, sino también por tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por Colombia. En efecto, esta garantía fundamental se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, normas integrantes del bloque de constitucionalidad. Así, el artículo 20 superior consagra el derecho fundamental a la libertad de expresión en los siguientes términos: "ARTICULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura." Asimismo, el numeral del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión, señalando en forma expresa que éste puede materializarse a través de expresiones artísticas: "Toda ersona tiene derecho a la libertad de Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea
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oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección." Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coinciden en que el derecho fundamental a la libertad de expresión tiene dos dimensiones inescindibles: una dimensión individual, referente al derecho con el que cuentan las personas naturales o jurídicas a manifestar su propio pensamiento, opiniones, o creaciones artísticas'', sin ningún tipo de obstáculo o censura, y otra colectiva, que implica el derecho de la comunidad a recibir y conocer las expresiones y pensamientos ajenos sin interferencias que las obstaculicen, en consonancia con los postulados de un régimen pluralista y democrático. Así, el mencionado Tribunal internacional ha establecido que ambas dimensiones del derecho fundamental a la libertad de expresión revisten igual importancia, por lo que deben ser protegidas por los Estados, con el fin de darles total efectividad: "Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todos a conocer opiniones, relatos y noticias vertidas por terceros. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia Este Tribunal ha afirmado que ambas dimensiones poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 13 de la Convención. "5 Tomando en consideración el bloque de constitucionalidad en materia de libertad de expresión, la Corte Constitucional ha definido este derecho en dos dimensiones: una negativa, que implica el derecho a no ser molestado o censurado por expresar las propias opiniones; y una positiva, que implica la capacidad de actuar del titular del derecho, como materialización de un ejercicio de autodeterminación 6 . Asimismo, dicha Corporación ha reconocido que su titularidad es universal, siendo las personas
jurídicas sujetos de amparo constitucional dei derecho a la libertad de expresión,
por cuanto la norma superior no estableció diferenciación alguna entre personas naturales y jurídicas, al consagrar esta garantía fundamental:
"La titularidad es universal, pues es definida por la expresión "toda
persona" empleada por el artículo 20 constitucional, el artículo 19 del
4 CIDH. Alegatos ante la Corte Interamericana en el caso 'La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Transcritos en: Corte I.D.H., Caso "La Última Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 61. b). 5 Corte Interamericana de Derechos Humanos , Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Sentencia de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) 6 Corte Constitucional, Sentencia C-442/1 1.
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PIDCP y el artículo 13 de la CADR ( ...) La Corte ha reconocido que las p ersonas jurídicas también son titulares de este derecho, especialmente ha reconocido la existencia de un derecho a la libertad de expresión en cabeza de los medios de comunicación (...) 7 Adicionalmente, la Corte Constitucional ha indicado que el ejercicio de la libertad de expresión involucra otros derechos fundamentales, que merecen especial protección por parte del juez constitucional, al resultar inescindibles del ejercicio de esta garantía superior. Así, señala con claridad, que las expresiones estéticas y artísticas deben ser protegidas, en consonancia con la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad de expresión: "Por otra parte, existen manifestaciones de la libertad de expresión que constituyen el ejercicio de otros derechos fundamentales, la cual por lo tanto es una condición necesaria para su ejercicio y ha de recibir especial protección en estos ámbitos particulares. Se trata, en resumen, de ocho tipos de discurso: (a) la correspondencia y demás formas de comunicación
privada, (b) los discursos estéticos, morales, emotivos o personales, manifestados a través de expresiones verbales, artísticas, o de conductas simbólicas o expresivas, sin perjuicio de la protección constitucional ilícita de la libre expresión artística; (c) la exposición de convicciones y
la objeción de conciencia; (d) el discurso religioso; (e) el discurso académico, investigativo y científico; (j) las expresiones realizadas en el curso de manifestaciones públicas pacíficas; (g) el discurso cívico o de participación ciudadana, y (h) el discurso de identidad, que expresa y refuerza la propia adscripción cultural y social."8 Asimismo, la libre expresión artística es reconocida y protegida, en forma explícita y particular, en el artículo 71 de la Constitución Política, norma que consagra la obligación del Estado de respetar el libre ejercicio de este derecho, y el fomento de las manifestaciones culturales en el territorio colombiano, en los siguientes términos: "Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades." En este mismo sentido, la Corte Constitucional ha enfatizado la importancia de la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad de expresión artística como consecuencia de la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión, que tal y como se indicó precedentemente, ha sido reconocido constitucionalmente a favor
lbíd. 8 Corte Constitucional, Sentencia C-442/l 1.
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de las personas naturales y jurídicas sin distinción alguna 9 , al indicar que todas las personas gozan del derecho de dar a conocer sus trabajos artísticos a través de los medios públicos de difusión: "En la segunda libertad ínsita en el derecho a la libre expresión del arte la de dar a conocer las obras creadas- toda persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los medios úblicos de difusión, para dar a conocer sus obras, así como tiene derecho la
comunidad a apreciarlas y a escoger libremente aquellas que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que dicha elección esté viciada por la previa imposición o censura que haga el Estado de determinada concepción estética." I ° (Subraya y negrilla fuera del texto) Ahora bien, tanto el legislador, con la expedición de la Ley 916 de 2004, como el juez constitucional, han reconocido a la tauromaquia como una expresión artística y cultural en Colombia. Así, la Corte Constitucional ha establecido que la tauromaquia es una manifestación artística que hace parte del patrimonio cultural de la Nación, al corresponder a una tradición histórica de los pueblos iberoamericanos, constituyendo un elemento identificador y diferenciador frente a otros pueblos y naciones: "De otro lado, la tauromaquia también ha sido categorizada como un espectáculo, Aunado a lo anterior, es claro que ambas manifestaciones de la tauromaquia como arte y espectáculo, pertenecen inescindiblemente al
concepto de cultura y, por lo mismo, pueden reconocersuor el legislador como expresiones artísticas y culturales del Estado y de quienes las practican. A juicio de esta Corporación, las corridas de toros y en general
los espectáculos taurinos, corresponden a una manifestación viva de la
tradición espiritual e histórica de los pueblos iberoamericanos, como lo es Colom bia, rte del patrimonio intangible de nuestra cultura, especialmente protegida por la Constitución (C.P. arts. 70
y 71), que como tal puede ser definida y regulada por el legislador."11 (Subraya y negrilla fuera del texto) Asimismo, ha sostenido la Corte que en el Estado Social de Derecho, como resultado de la protección de la diversidad cultural de la I\ ación, los grupos minoritarios gozan del derecho constitucional al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana (Preámbulo y C.P. art. 1°), pluralismo (C.P art. 1°) y protección de las minorías (C.P. arts. 1° y 7), así como en los derechos fundamentales a la identidad personal y al libre desarrollo de la personalidad (C.P. art. 16). Es por esta razón, que en los artículos 70, 71 y 150 superiores, se asigna al legislador la competencia de señalar qué actividades son consideradas como expresión artística y cuáles de ellas merecen un reconocimiento especial por parte del Estado12.
9 La Corte Constitucional en Sentencia C-442/11 reconoce que el derecho a la libertad de expresión es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela, a favor de las personas jurídicas. 10 Corte Constitucional, Sentencia T-104/96. 11 Corte Constitucional, Sentencia C-1192/05. 12 Ibídem.
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En efecto, como resultado del marco constitucional expuesto, la regulación de la tauromaquia se encuentra consagrada en la Ley 916 de 2004, norma de carácter imperativo y de obligatorio cumplimiento que en su artículo 1° establece que "los espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del ser humano". La Corte Constitucional se ha mani restado frente a esta definición, indicando que la misma se ajusta a los parámetros constitucionales dictados por las normas de la Carta Política y los tratados internacionales, por recaer en el margen de libre configuración normativa del legislador: "En el asunto sub--judice fue el legislador quien en ejercicio de su
atribución de configuración normativa definió a la actividad taurina como una "expresión artística". Esta calificación satisface el criterio
jurídico de razonabilidad, pues como manifestación de la diversidad y pluralismo de la sociedad, la tauromaquia, o en otra palabras, "el arte de
lidiar toros", ha sido reconocida a lo largo de la historia como una expresión artística y cultural de los pueblos iberoamericanos. Hoy en día a
pesar de que la actividad taurina es reprobada por un sector de la población, y en especial, por las asociaciones defensoras de animales, no puede desconocerse que la misma históricamente ha sido reconocida como
una expresión artística que manifiesta la diversidad cultural de un pueblo."13
A su vez, la Corporación Taurina de Bogotá es una organización sin ánimo de lucro, que propende por la promoción de la tauromaquia y de la cultura, de acuerdo con lo consagrado en sus estatutos y en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá: "El objeto exclusivo de la Corporación consiste en la promoción del espectáculo taurino, el mejoramiento de las condiciones de los animales, la cultura del espectáculo, su promoción, organización y manejo de los recursos que se obtengan con los espectáculos en los cuales participe la Corporación (..)" En efecto, en desarrollo de su objeto y en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión artística, la Corporación Taurina de Bogotá suscribió el contrato No. 411 de 1999 con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con el fin de tomar en arrendamiento la Plaza de Toros La Santamaría para la realización de espectáculos taurinos. El objeto del mencionado contrato, se transcribe a continuación: "EL ARRENDADOR entrega a título de arrendamiento, y así lo recibe LA ARRENDATARIA, la Plaza de Toros La Santamaría "por seis (6) fechas durante los meses de enero, febrero y marzo del 2000, fechas que serán determinadas por el arrendador a más tardar el día 15 de diciembre de
13 Corte Constitucional, Sentencia C-666/10. BOGOTA: Calle 98 No. 8 — 28 Oficina 6cot Tel. (57 -1) 6913418 — 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-mail: nescobar@escobargil.com
1999, en las cuales se organizarán 5 corridas de toros y una novillada con picadores". Posteriormente, la denominación del contrato fue cambiada mediante otrosí aclaratorio de fecha 30 de diciembre de 2003, documento en el que se indicó que "la gestión adelantada por la CORPORACIÓN TAURINA DE BOGOTÁ ha sido la de administrar la Plaza de Toros de Santamaría única y exclusivamente durante las temporadas taurinas, fomentando la presentación de espectáculos taurinos y culturales, y promover la formación de nuevos exponentes nacionales artísticos y deportivos, en
representación del INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE, desarrollando la función propia del Instituto, contenida en el artículo 2° numeral 7°, del Acuerdo 4 de 1978, configurándose un contrato de mandato (..)"
De lo anteriormente expuesto se puede decir que las partes contratantes, a saber, la Corporación Taurina de Bogotá, en ejercicio de su objeto, y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la ley, suscribieron el contrato estatal No. 411 con el fin de promover e incentivar la tauromaquia como manifestación artística y cultural de la Nación, en claro desarrollo de las disposiciones constitucionales y legales sobre la materia. Por ello, en tanto la Ley 916 de 2004 y la jurisprudencia constitucional coinciden en la definición de la tauromaquia como una expresión artística del ser humano, la limitación irregular al ejercicio de difusión de la misma a través de un escenario público, como es el caso de la Plaza de Toros La Santamaría, devino en un incuestionable quebrantamiento del derecho fundamental a la libertad de expresión, garantizado constitucionalmente. Así, la afectación del derecho fundamental a la libertad de expresión se presentó en las dos dimensiones que éste reviste, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: en una dimensión positiva, debido a la imposibilidad del accionante a ejercer la tauromaquia por razón de la terminación irregular y anticipada del contrato No. 411 de 1999, y en una dimensión negativa, al privarse del derecho a percibir esta manifestación artística y cultural, a quienes asisten a este tipo de espectáculos, situación que conlleva un acto de censura. Tal y como se desarrolló en el acápite de procedibilidad de la presente acción de tutela, la irregular terminación del contrato estatal No. 411 de 1999 no sólo generó una violación evidente del derecho fundamental al debido proceso, sino que afectó claramente el derecho fundamental a la libertad de expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá, situación que trasciende de la indemnización meramente económica que pudiese resultar de la irregular actuación administrativa cuestionada, por cuanto no sólo entraña la violación de un derecho fundamental que es de la esencia del Estado social, democrático y pluralista de derecho, sino que constituye una grave afectación a nuestra cultura, que es fundamento de la nacionalidad colombiana, según lo dispuesto en los artículos 7°, 70 y 71 de la Constitución Política.
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Siendo la entidad accionada una organización sin ánimo de lucro que propende por la promoción del espectáculo taurino, la terminación irregular del contrato estatal impide a ésta el ejercicio de su derecho constitucional y fundamental a la libre expresión artística protegido por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y los artículos 20 y 71 de la Constitución, debido a la inexistencia de otro tipo de escenarios en la ciudad que permitan el desarrollo de la tauromaquia. De esta forma, la terminación irregular del contrato estatal No. 411 de 1999 devino en la imposición de una medida de censura contra la libertad de expresión artística que le asiste a la Corporación Taurina de Bogotá, en el ejercicio de una actividad legítima, amparada por las normas legales y constitucionales, y reconocida por la Corte Constitucional como una tradición inherente a la cultura de un segmento de la población colombiana, situación vedada en el Estado colombiano. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la prohibición o la limitación a la difusión de cualquier idea, por razón de ser contraria a una ideología determinada o a la posición de las mayorías, entraña un acto de censura, violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística: "En un Estado como el que define la Constitución, en el que las personas son moralmente autónomas a nadie riede impedírsele difundir o tener acceso a las obras que quiera, de su contenido inmoral o antiestético. El hacerlo entrañaría un acto de censura, proscrito de nuestro ordenamiento constitucional y violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística. La censura consiste, precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la sola razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría de habitantes de una región o de todo el territorio colombiano. "14 (Subraya y negrilla fuera del texto) Finalmente, en virtud de los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima, la accionante tenía la expectativa de continuar desarrollando las labores de administración sobre la Plaza de Toros La Santamaría, y por ende, ejerciendo su derecho fundamental a la libre expresión artística a través de la programación de actividades taurinas, pues la última prórroga pactada hacía extensivo el plazo del contrato hasta el año 2015. Por tanto, con la irregular expedición de la Resolución No. 280 de 2012 se eliminó cualquier posibilidad de ejercicio de la actividad taurina en la ciudad de Bogotá, pues, amén de la Plaza de Toros La Santamaría, no existen escenarios públicos o privados idóneos, situación que no resulta imputable a la entidad accionante. En conclusión, la terminación unilateral del contrato estatal No. 411 de 1999 ocasionó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la entidad accionante, y consecuentemente, la imposibilidad del ejercicio de la tauromaquia en la ciudad de 14 Corte Constitucional, Sentencia T-104/96, o.p. cit. BOGOTA: Calle 98 No. 8 – 28 Oficina 6°1 Tel. (57 -1) 6913418 – 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-mail: r.escobar@escobargil.com
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Bogotá, constituyendo una afrenta al derecho fundamental a la libertad de expresión artística que se le asiste a la. Corporación Taurina de Bogotá.
2.2 Violación del derecho fundamental al debido proceso por extralimitación y abuso de poder de la Administración Distrital en la regulación de la actividad taurina en la ciudad de Bogotá. El principio de legalidad en el Estado Social de Derecho se erige como una garantía a favor de los ciudadanos, al exigir que las actuaciones de los funcionarios judiciales se ciñan estrictamente a la ley, con el fin de evitar abusos por parte de la Administración. De esta forma, la Constitución Política prevé en el artículo 4° la prevalencia de la Constitución en el ordenamiento jurídico colombiano, consagrando así el principio de legalidad, y en el artículo 6°, la responsabilidad de los funcionarios por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, la Corte Constitucional ha destacado la importancia del principio de legalidad y de la preservación de las competencias de los funcionarios judiciales de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley, señalando que "no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas" 15. A continuación se explicará brevemente la forma en que las entidades accionados extralimitaron las funciones que le han sido conferidas por la Constitución y la ley con la expedición de la Resolución No. 280 de 2012, generando así la violación de los derechos fundamentales al debido proceso y libertad de expresión artística que le asisten a la Corporación Taurina de Bogotá. En primer lugar, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá extralimitaron las funciones que la Constitución y la ley les asignaban, al justificar la irregular terminación del contrato estatal No. 411 de 1999, con base en una errónea interpretación de la Sentencia C-666/10, proferida por la Corte Constitucional. Así, la Administración Distrital dio un alcance equivocado al contenido de la providencia al sostener que su cumplimiento implicaba la prohibición del uso de escenarios de propiedad estatal para el desarrollo de espectáculos taurinos 16 , desconociendo que la facultad de expedir una regulación que "elimine o morigere" las conductas que considere crueles contra los animales le asiste exclusivamente al legislador.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-710 de 2001. 16 Señala la Resolución 280 de 2012 : "e) La Plaza de Toros al ser un bien de interés cultural del Distrito
Capital, cuya naturaleza es de un bien de uso público, no puede destinarse a "promover" o "fomentar" actividades que incluyan sufrimiento, dolor o muerte a los animales, en desarrollo de la sentencia C-666 de 2010."
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En efecto, la sentencia C-666 de 2010 examinó la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección de los Animales, norma en la que se exceptúa a las novilladas, corralejas, becerradas, entre otras actividades, de las sanciones por razón del ejercicio de tratos crueles sobre los animales. En la mencionada sentencia, la Corte Constitucional señaló que el deber de protección a los animales no tiene un carácter absoluto, pues el mismo se encuentra limitado por aquellas tradiciones y manifestaciones artísticas y culturales que deben ser igualmente protegidas en un sistema democrático y pluralista, razón por la cual, la excepción establecida por el legislador resultaba razonable. Así, indicó la Corte: "El primer punto que resalta la Sala es que las actividades contenidas en la, disposición demandada son entendidas como manifestaciones culturales así ha sido expresado de distintas formas, incluso en decisiones previas de esta Corporación. En este sentido, se concluyó en la sentencia C-1192 de 2005, respecto de las actividades taurinas: "(...)En el asunto sub-judice fue el legislador quien en ejercicio de su atribución de configuración normativa definió a la actividad taurina como una "expresión artística". (...)Por esta
razón se encuentra fundamento parar las mismas se incluyan entre las excepciones que consagra el artículo 7° de la ley 84 de 1989 al deber de protección animal que se consagra en la Constitución, pues éstas resultan
prácticas culturales, en cuanto bien protegido por el ordenamiento constitucional, que sirve de sustento a este tipo de manifestaciones dentro de la Nación colombiana. " 17 (Subraya y negrilla fuera del texto) En consecuencia, tomando en consideración el carácter de manifestación artística y cultural de las actividades previstas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989, reconocido por la ley y la jurisprudencia sobre la materia, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de la norma demandada. En efecto, en el numeral 1° de la parte resolutiva del la Sentencia C-666/10, se indica un mandato al legislador para que en una futura y eventual regulación "elimine o morigere" los actos que se puedan considerar crueles contra los animales, señalando: "Declarar EXEQUIBLE el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 "por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", en el entendido: 1) Que la excepción allí planteada permite, hasta determinación legislativa en contrario, si ello llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de entretenimiento y de expresión cultural con animales allí contenidas, siempre y cuando se entienda que estos deben, en todo caso, recibir protección especial contra el sufrimiento y el dolor durante el transcurso de esas actividades. En particular, la excepción del artículo 7 de la ley 84 de 1989 permite la continuación de expresiones humanas 17 Sentencia C-666 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto. BOGOTA: Calle 98 No. 8 – 28 Oficina 6c11 Tel. (57 -1) 6913418 – 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-rnail: r.escobar escobargil.com
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culturales y de entretenimiento con animales, siempre y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las conductas especialmente crueles contra ellos en un proceso de adecuación entre expresiones culturales y deberes de protección a la fauna. (..)" Asimismo, en la parte considerativa del fallo analizado, la Corte Constitucional estableció que era competencia exclusiva delle_Islador, la expedición de un cuerpo normativo que permita morigerar o eliminar el sufrimiento y dolor que sufren los animales empleados en este tipo de actividades, señalando que los detalles de los elementos normativos de dicha regulación, excedía el ámbito del juicio de constitucionalidad: "Con este propósito, dicha regulación deberá prever protección contra el sufrimiento y el dolor de los animales empleados en estas actividades y deberá propugnar porque en el futuro se eliminen las conductas especialmente crueles para con ellos. Excede el ámbito de la Corte
Constitucional el determinar al detalle los elementos normativos que debe incorporar dicha regulación, que cae dentro de la órbita exclusiva del legislador." (Subraya y negrilla fuera del texto)
Así, la exigencia de no dar muerte al toro, realizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá como condición para el normal desarrollo del Contrato No. 411 de 1999, deviene contraria a las normas constitucionales y legales, al apartarse de las disposiciones jurídicas que rigen la materia, y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que claramente estableció y reconoció el carácter artístico y cultural de las actividades taurinas, señalando que sólo el legislador es el llamado a modificar el ejercicio de este tipo de prácticas. Ahora bien, este marco normativo ya fue adoptado por el Congreso de la República, quien en ejercicio de las competencias otorgadas por los artículos 150, 70 y 71 de la Constitución Política, expidió el Reglamento Nacional Taurino o Ley 916/04, norma que ha sido declarada ajustada a la Carta. Política por la Corte Constitucional, concluyéndose inexorablemente, la existencia de una regulación jurídicamente vinculante para todas las autoridades públicas. Por . esta razón, no se encontraba facultado el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para dar por terminado el contrato estatal de mandato, pues a dicha entidad no le asiste la competencia de establecer el marco normativo de morigeración o eliminación de los tratos crueles ejercidos sobre los animales, en las actividades artísticas y culturales contempladas en el artículo 7° de la Ley 84 de 1989. Coincide en esta interpretación de la Sentencia C-666/10, el doctor Manuel José Cepeda, ex Presidente de la Corte Constitucional, quien conceptuó frente al alcance de la providencia mencionada, señalando que en ésta no se estableció una prohibición de la muerte del toro en el desarrollo de las corridas, puesto que la Corte partió del supuesto de que dicha actividad es de la esencia de este tipo de manifestaciones culturales, BOGOTA: Calle 98 No. 8 -- 28 Oficina 60i Tel. (57 - 6913418 – 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-mail: r.escobar@escobargil.com
reconociendo que la facultad de morigeración o eliminación del maltrato animal en la práctica taurina, compete exclusivamente al legislador:
"Por lo tanto, la sentencia no se ocupa de la forma en que se realiza una corrida de toros. Parte de la base de lile el animal muere al final de la
corrida y que esa es una de las excepciones a la prohibición del maltrato animal. Sin emba rgo, la Corte no se detiene a regular los detalles de yingúrimpete al legislador " 18 (Subraya y negrilla fuera del texto) Adicionalmente, debe resaltarse que el artículo 7° de la Ley 84 de 1989 fue declarado ajustado a la Constitución por la Sentencia C-666/10, lo que indica que es una norma jurídica de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, hasta determinación legislativa en contrario. En consecuencia, no le está permitido a la Administración Distrital, la limitación de la libertad de expresión artística que le asiste a la Corporación Taurina de Bogotá con la exigencia inconstitucional de no dar muerte al toro en las corridas, atentando claramente contra uno de los elementos esenciales de esta manifestación cultural, apartándose de la decisión de la Corte Constitucional sobre la materia, y fungiendo como legislador para el caso concreto. Por otra parte, la Administración Distrital desconoció el alcance de la Sentencia C666/10 y realizó una interpretación errónea de lo contenido en ella, al señalar que la Corte Constitucional prohibió que se pudieran destinar bienes de uso público para el desarrollo de este tipo de actividades, no obstante que la parte resolutiva del fallo preceptúa con claridad que la prohibición allí contemplada recae únicamente en la destinación de recursos públicos para la construcción de nuevas instalaciones destinadas a la realización exclusiva de este tipo de actividades. En efecto, el quinto condicionamiento realizado por la Corte Constitucional frente a la exequibilidad del artículo 7° de la Ley 84 de 1989, reza:
""Declarar EXEQUIBLE el artículo 7" de la Ley 84 de 1989 "por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia", en el entendido: (...) 5) que las autoridades municipales en ningí iyc~drán destinar dinero
público a la construcción de instalaciones para la realización exclusiva de estas actividades." Sin embargo, en el caso estudiado no se está exigiendo la construcción de una instalación para la realización exclusiva de actividades taurinas con recursos públicos, pues ello claramente se encuentra vedado a la luz de las normas constitucionales y legales. Así, únicamente fue solicitado por la Corporación Taurina de Bogotá, que se diera cumplimiento al acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, el cual está avalado por las normas legales y constitucionales pertinentes. Por ello, con la solicitud 18 CEPEDA, Manuel José. Concepto sobre el contenido y los alcances de la Sentencia C-666 de 2010, en especial sobre sus implicaciones para las corridas de toros, Bogotá, 2012. Folio 18. BOGOTA: Calle 98 No. 8 – 28 Oficina 601 Tel. (57 - 6913418 – 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-mail: r.escohar escobargilecom
de no dar muerte al toro para efectos de continuar con la ejecución del contrato de mandato, la Administración Distrital extralimitó las funciones que fueron asignadas, arrogándose irregularmente la cláusula general de competencia instituida a favor del órgano legislativo, y quebrantando el principio de legalidad y los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión artística que le asisten a la Corporación Taurina de Bogotá. En definitiva, la exigencia de no dar muerte al toro, elevada por las entidades accionadas, carece de asidero constitucional o legal alguno, por cuanto de las normas jurídicas vigentes, esto es, de la Ley 84 de 1989, de la Ley 916 de 2004 o Reglamento Nacional Taurino, y de la jurisprudencia constitucional sobre la materia se deduce que la tauromaquia es una manifestación artística y cultural que goza de protección constitucional, siendo el Congreso de la República el único órgano llamado a morigerar o eliminar las prácticas que tengan lugar en el desarrollo de este tipo de actividades.
2.3 Violación del derecho al debido proceso por falta de competencia de la Administración Distrital para revocar el contrato estatal No. 411 de 1999.
El artículo 29 de la Constitución Política, norma de carácter imperativo y superior, prevé el derecho fundamental al debido proceso, garantía básica e indisponible en todas las actuaciones judiciales y administrativas, que asiste a las personas naturales y jurídicas y que limita el actuar de las autoridades administrativas en aras de la salvaguarda de los derechos de los administrados. Este derecho fundamental comprende a su vez, el principio de legalidad, que se erige como una garantía a favor de los ciudadanos, al exigir que las actuaciones de los funcionarios administrativos se ciñan estrictamente a la ley, evitando abusos por parte de la Administración. La Corte Constitucional se ha referido a la importancia de la observancia del derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas, indicando que el mismo garantiza el correcto desarrollo de la función pública y la obtención de los fines del Estado, evitando posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la Administración, constituyendo un límite a la actividad desplegada por el Estado y un contrapeso a los privilegios y potestades que ésta ostenta en sus relaciones jurídicas: "Específicamente en materia administrativa, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso sé aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los
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derechos fundamentales de los asociados° "(Subraya y negrilla fuera del texto) Asimismo, el debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales, de suerte "que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley "20. Desde la perspectiva antes señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de legalidad con arreglo al cual toda competencia que ejerzan las autoridades públicas debe estar señalada previamente en la ley, así como las funciones y los trámites que les corresponde para adoptar una determinada decisión. En el caso estudiado, la Administración Distrital quebrantó el derecho fundamental al debido proceso de mi representada, al revocar el contrato estatal No. 411 de 1999, actuando por fuera de la competencia otorgada por la ley en el ejercicio de la potestad excepcional de terminación unilateral y desconociendo el régimen jurídico aplicable en el ejercicio de dicha prerrogativa. En primer lugar, debe destacarse que el contrato de mandato No. 411 de 1999 suscrito entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Corporación Taurina de Bogotá, es un contrato estatal, hecho reconocido y aceptado por las partes contratantes, superándose cualquier tipo de discusión sobre el particular. Asimismo, en virtud del inciso final del artículo 150 de la Constitución Política, el régimen especial aplicable a los contratos estatales, es el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o Ley 80 de 1993. En el artículo 13 de la mencionada normativa, se indica que los contratos estatales se regirán por las leyes civiles y comerciales de la materia, salvo en aquellos casos que se encuentren expresamente regulados en la Ley 80 de 1993. La mencionada previsión jurídica tiene razón de ser, pues si bien la Ley 80 de 1993 establece normas aplicables a los procedimientos de celebración, ejecución y liquidación de la contratación estatal y regula instituciones de carácter sustancial sobre la materia, no agota la totalidad del mundo jurídico contractual. Por tanto, en los aspectos de la contratación pública no regulados por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones de derecho público que regulan la materia, se aplican por vía de integración normativa, las disposiciones civiles y comerciales siempre que no sean incompatibles con aquellas. En efecto, si bien el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 admite la aplicación de las normas civiles y comerciales en materia de contratación estatal, claramente establece un criterio de prevalencia de las normas del. Estatuto de Contratación Estatal en caso de que éstas sean contrarias a las disposiciones del Código Civil o del Código de Comercio.
19 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-089/11. 20 Corte Constitucional, Sentencia T-917 de 2008.
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En el caso que nos ocupa, la entidad accionada incurrió en una actuación manifiestamente ilegal y por fuera de la competencia que le fuera asignada por la Constitución y la ley, al omitir las normas contenidas en la Ley 80 de 1993 que rigen la terminación unilateral de los contratos estatales, para en su lugar, aplicar erróneamente la legislación civil, en una afrenta clara del principio de legalidad y por lo tanto, del derecho fundamental al debido proceso, a pesar de que la misma Administración reconoció el carácter estatal del contrato No. 411 de 1999. En efecto, en la parte considerativa de la Resolución No. 280 de 2012 2 ', por medio de la cual se revocó el referido contrato estatal, manifestó la entidad accionada: "Que frente a la naturaleza jurídica del contrato 411 de 1999 se hace evidente que este pese a ser un contrato Estatal, al ser suscrito por una entidad estatal pública (e2Lest_eLeventoelipEpl, es por vía de la propia Ley 80 de 1993 que permite que se rija por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas en la citada Ley (...)" (Subraya y negrilla fuera del texto) De esta forma, la propia entidad accionada advirtió que en materia de contratación administrativa, sólo puede apelarse a la aplicación de la legislación civil y comercial en caso de que tales normas no contraríen otras de carácter especial y prevalente, como es el caso de la Ley 80 de 1993. Por tal razón, se hacía necesario verificar la existencia de una norma del Estatuto de Contratación Estatal que facultara a la entidad estatal a terminar unilateralmente el contrato No.411 de 1999, que fue lo que en términos reales constituyó la expedición de la Resolución No. 280 de 2012. En el caso estudiado, las normas civiles que regulan lo atinente a la revocación del mandato no pueden ser aplicadas en materia de contratación estatal para efectos de revocar el vínculo contractual, pues ello riñe con la legislación especial sobre la terminación unilateral de los contratos estatales, corno se explicará a continuación. En efecto, la Ley 80 de 1993 prevé en el numeral 2° del artículo 14, que en los contratos que tengan como objeto la explotación de bienes del Estad.o 22 - como es el caso del contrato No. 411 de 1999, por medio del cual se delegó la administración de un bien de uso público, a saber, la Plaza de Toros de la Santamaría, mediante la figura del mandato- se entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común. A su vez, en el artículo 17 de la referida normativa, se consagran las causales de terminación unilateral de los contratos estatales, potestad excepcional de la Administración y norma
21 Folio 2 del documento citado. 22 A/ respecto, ver la Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia 18 de marzo de 2010 M.P. Mauricio Fajardo, en la que el Consejo de Estado señala que la denominación de los contratos estatales puede no corresponder con la realidad del negocio jurídico celebrado, razón por la cual deberá atenderse a los elementos del acuerdo de voluntades para verificar la clase de contrato celebrado. En el caso estudiado, se había dado en arrendamiento el Estadio El Campin, un bien de propiedad de la Administración, sin embargo, debido a que los bienes de uso público no son susceptibles de arrendamiento por su carácter inembargable, inalienable e imprescriptible, se llegó a la conclusión que el negocio jurídico celebrado era un contrato de concesión, sobre el cual recaen las cláusulas excepcionales, así no hayan sido pactadas, en atención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.
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de carácter especial que debe ser aplicada prevalen:emane sobre las disposiciones civiles o comerciales, en los siguientes términos: "ARTÍCULO 17. DE LA TERMINACIÓN UNILATERAL. La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: lo. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. 2o. Por muerte o incapacidad fisica _permanente del contratista, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del contratista. 3o. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 4o. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. (...)" Por otro lado, el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 dispone que aquellos contratos estatales que sean susceptibles de ser declarados nulos, podrán ser terminados anticipadamente por la Administración, previendo así otra causal de terminación unilateral de los contratos. Sin embargo, en el caso estudiado tampoco se cumplen los supuestos fácticos contemplados por la norma jurídica: que claramente expresa que, amén de las causales de nulidad absoluta de los contratos en el derecho privado, sólo podrán ser terminados anticipadamente los contratos celebrados contra expresa prohibición legal o constitucional, o con violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o cuando los actos administrativos en que estén fundados sean declarados nulos. En efecto, el contrato No. 411 de 1999 se ajusta a las normas constitucionales y legales, y a la interpretación que de las mismas ha realizado la Corte Constitucional sobre el particular, sin embargo, ello se explicará en un próximo capítulo, para efectos de evitar repeticiones. Ahora bien, es importante destacar que la potestad de terminación unilateral que le asiste a la Administración Pública es de_ carácter excepcional. por cuanto la regla general en materia contractual se encuentra consagrada en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, normas que consagran el principio de lex contractus, que señala que los contratos son ley para las partes y, consecuentemente, la obligación que le asiste a éstas de ejecutarlos de buena fe. Por lo anterior, la entidad estatal sólo puede disponer la terminación unilateral y anticipada de los contratos estatales, por razón de las causales y motivos expresamente dispuestos por la ley. Asimismo, debe subrayarse que la facultad excepcional de terminación unilateral que le asiste a la Administración Pública, en atención al principio de legalidad, debe estar supeditada a aquellos supuestos de hecho previstos en la norma jurídica, de lo contrario, se configuraría una actuación arbitraria, ajena a las competencias legalmente
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conferidas por la Constitución y la ley, y violatoria del derecho fundamental al debido proceso. Tal interpretación ha sido desarrollada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, corporación que ha establecido la importancia del respeto del principio de legalidad en el ejercicio de esta facultad excepcional: "En lo atinente a la terminación unilateral del contrato, si bien la ley otorga a las entidades públicas la potestad de actuar en ejercicio de una facultad exorbitante, les_ jffliwitel cumplimiento de presupuestos de
forzosa aplicación c la vez restringe la medida a los eventos previstos en la misma. Efectivamente., para declarar la terminación unilateral se
requiere i) que la man ife stación de la voluntad de la administración se materialice en un acto administrativo, j'O que dicho acto debe ser el resultado de un análisis soportado en la realidad del contrato, es decir, debe estar debidamente motivado y iii) que la causal que se ale gue en la
decisión se encuentre enmarcada en los eventos que la ley ha dispuesto .) "23 (subrayado fuera de texto original)
De esta forma, en tanto que la Ley 80 de 1993 constituye un régimen jurídico de carácter especial en materia de contratación estatal, de acuerdo con el artículo 150 superior, y que expresamente regula las causales de terminación de los contratos estatales, no podrá darse aplicación a esta facultad excepcional de la Administración en situaciones que no se encuentren cobijadas en los supuestos fácticos del artículo 17 de la Ley 80 de 1993, por cuanto ello constituiría una evidente violación del derecho fundamental al debido proceso. En el caso planteado, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, al proferir la Resolución No. 280 de 2012 no hizo alusión a la ocurrencia de alguna de las mencionadas causales de terminación unilateral de los contratos estatales, razón por la cual el acto de "revocación", que realmente constituyó una terminación unilateral del contrato estatal, deviene a todas luces, inconstitucional y atentatorio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión artística. En conclusión, con la terminación unilateral del contrato No. 411 de 1999 se violó gravemente el derecho fundamental del debido proceso de mi representada al no configurarse ninguna de las causales o motivos establecidos en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 para que la Administración Distrital revocara el contrato y acudiera a las normas del Código Civil que regulan el mandato, desconociendo que el acuerdo de voluntades en cuestión es un verdadero contrato estatal, disciplinado por un régimen jurídico especial de derecho público contenido en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias, al haber sido celebrado válidamente por una entidad estatal, como es el IDRD, y para la ejecución de un objeto de interés público, como lo es el fomento de la presentación de espectáculos taurinos y culturales y la formación de nuevos exponentes nacionales artísticos y deportivos, en el marco del cumplimiento de sus obligaciones constitucional y legalmente impuestas. 23 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 06 de Abril de 2011 M.P. Ste/la Conto Díaz del Castillo.
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2.4 Vulneración del derecho fundamental al debido proceso y del principio de legalidad, por razón del desconocimiento de la normativa comercial que consagra la imposibilidad de revocar el mandato, si éste ha sido instituido a favor del mandatario. A pesar de que en el acápite anterior se desarrolló la imposibilidad de dar aplicación a la normativa privada para efectos de la terminación del contrato referenciado, lo cierto es que incluso si se apelara a ésta, sólo en gracia de discusión, la entidad estatal no se encontraría facultada para dar por terminad.° discrecional y unilateralmente, el contrato estatal de mandato No, 411 de 1999. Así, tal y como consta en el acuerdo de voluntades y como lo manifestó la entidad accionada en la parte considerativa de la Resolución No. 280 de 2012 24 , el contrato estatal de mandato celebrado por las partes se regía por las normas civiles y comerciales, salvo aquellas disposiciones que riñeran con lo establecido en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, la entidad accionada únicamente justificó la decisión de revocatoria en las normas del CódigESIvil, obviando las disposiciones que del Código de Comercio se derivan frente a la imposibilidad de revocar el mandato si éste ha sido celebrado también a favor del mandatario. En efecto, el artículo 1279 del Código de Comercio establece taxativamente que el mandato no podrá ser revocado unilateral y discrecionalmente por el mandante, en aquellos casos en que éste se haya conferido también en interés del mandatario:
"El mandante podrá revocar total o parcialmente el mandato a menos que
mandato se haya también en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa." En el presente caso, teniendo en consideración que el contrato No. 411 de 1999 es un contrato estatal, debe resaltarse que una característica esencial de este tipo de contratos es su carácter bilateral_ye implica el surgimiento de derechos obligaciones tanto para la entidad estatal como para el contratista, resultando no sólo del interés de las partes contratantes, sino también de toda la comunidad, por revestir un carácter de interés público. En efecto, del texto del artículo 3° de la Ley 80 de 1993 se infiere el carácter oneroso y bilateral de los contratos estatales, al establecerse que a través de la celebración de dichos acuerdos de voluntades, la entidad estatal busca el cumplimiento de los fines del Estado y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados: y a su vez, les contratistas, amén de la obtención de utilidades, colaboran en la consecución de los fines del Estado, cumpliendo una función social:
se haya pactado la irrevocabilidad o
24 Ver folio 2 párrafo 5 de la Resolución ?STO. 280 2012.
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27 RODRIGO ESCOBAR GIL
"Articulo 3°.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cum limiento de los fines effciente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el y cumplen una En es función social que, como tal, implica obligaciones." De lo anterior se deduce que la Administración Distrital no podía revocar unilateralmente el contrato No. 411 de 1999, por revestir especial interés tanto para la Corporación Taurina de Bogotá, en su calidad de mandataria, como para la sociedad, en atención a que el mismo legislador ha reconocido mediante la Ley 916 de 2004, que la actividad taurina es una expresión artística del ser humano. Así, del estudio del objeto y alcance del contrato se deduce claramente que el mandato que éste incorporaba fue conferido también en interés de la Corporación Taurina de Bogotá como mandataria, pues gracias a éste era posible el ejercicio de sus actividades en la Plaza de Toros La Santamaría, esto es, la ejecución de actividades taurinas. Evidencia de ello, es el plazo mismo del contrato de mandato, que fue prorrogado en el otrosí No. 6 hasta el año 2015, plazo que se establecía a favor de la Corporación Taurina de Bogotá para efectos de que ésta realizara los espectáculos taurinos en el escenario objeto de administración. En efecto, la cláusula segunda del contrato No. 411 de 1999, que posteriormente fue objeto de otrosís para efectos de prorrogar el plazo del mismo, dispuso: "Cláusula segunda. Vigencia. El término de duración del presente contrato, será desde el momento de su suscripción hasta el 31 de marzo del 2000, mes en el cual termina la_ Temporada Taurina. Parágrafo primero. No obstante lo anterior, las partes contratantes convienen en prorrogar el contrato por tres (3) años más, esto es, hasta la Temporada Taurina del año 2003 siempre y cuando LA ARRENDATARIA haya cumplido con sus obligaciones contractuales durante la temporada del año 2.000" Se demuestra entonces que las partes pactaron el plazo del contrato de acuerdo con
las fec taurina en la ciudad de Bogotá,
evidenciándose que el contrato de mandato fue pactado también a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, como mandataria. Igualmente, en la cláusula tercera del contrato estatal se estableció una remuneración a favor del mandante, de acuerdo con la venta de boletas de los espectáculos artísticos que realizaba la Corporación Taurina de Bogotá, situación que explica el beneficio que recibía la accionante por razón del ejercicio de su objeto en la Plaza de Toros la
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Santamaría, y el cual justificaba la remuneración que a su vez, recibía la Administración Distrital en el desarrollo del contrato de mandato. Así, teniendo en cuenta que la labor de administración efectuada por la Corporación Taurina de Bogotá sólo tenía lugar en las fechas programadas para las actividades taurinas, y a su vez, que la remuneración pagada a la Administración Distrital tenía como causa el beneficio recibido por razón del mandato conferido, es posible inferir que el mandato contenido en el contrato No. 411 de 1999, había sido instituido a favor de la accionante. Ahora bien, esta interpretación fue sostenida incluso por la Administración Distrital, quien mediante Memorando Interno de fecha 25 de enero de 2012 conceptuó que el contrato estatal de mandato No. 411 de 1999 no podía terminarse anticipadamente, por haber sido conferido a favor del mandatario y de los terceros que se benefician de los espectáculos taurinos, y por no existir justa causa alguna que evidenciara la necesidad de revocarlo. Así, señaló el Responsable del Área de apoyo a la contratación: "Para esta Dependencia es claro que si bien es cierto el mandato puede ser terminado por revocatoria del mismo, también es cierto que la legislación comercial estableció dos excepciones a esta regla, una de ellas la relacionada con que el mandato se haya conferido en interés del mandatario o de un tercero, en cuyo caso sólo podrá revocarse por justa causa, y en el caso que nos ocupa es clarou g_npk dicha condición , en el sentido ¡Irle el mandatario es úkcir_22Sgizoración Taurina de 11oLotc, itienimLnteiís&íro en el resente contrato así como terceras personas que se benefician y disfrutan de los espectáculos taurinos. Sin embargo, existiendo dicha excepción tampoco se podría dar por terminado el mandato, toda vez que no existe prueba que permita encuadrarlo en
al una de las *ustas causas establecidas en el Código de Comercio para poder darlo por terminado," (Subraya y negrilla fuera del texto)
A su vez, el artículo 1325 del Código de Comercio consagra las justas causas para dar por terminado el mandato, señalando: "Artículo 1325. justas causas para dar por terminado el mandato: Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial: 1)	Por parte del empresario a) El incumplimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato o en la ley. b) Cualquier acción u omisión del agente que afecte gravemente los intereses del empresario. c) La quiebra o insolvencia del agente y 4) La liquidación o terminación de actividades. ( ...)"
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Resulta claro que ninguno de los supuestos lácticos contemplados en la norma jurídica reseñada, concurren en el caso analizado, máxime cuando en la Resolución No. 280 de 2012, por medio de la cual se revocó con contrato No. 411 de 1999, la Administración Distrital no formuló ningún reparo frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales que le asistían a la Corporación Taurina de Bogotá, de lo que se deduce que no existió justa causa alguna que permitiese sustentar la decisión de terminar unilateralmente un contrato ajustado a la Constitución y a la ley. De esta forma, si se atiende a la interpretación esbozada por la Administración Distrital, la sujeción del contrato estatal No. 411 de 1999 a las normas del derecho privado, no puede predicarse exclusivamente de las normas del Código Civil, pues éstas deberán armonizarse con las disposiciones preceptuadas en el Código de Comercio que prohiben la revocación unilateral del mandato si éste ha sido conferido a favor de un tercero, en los eventos en que no medie justa causa, tal y como lo prevé el contrato estudiado y como se indicó en la Resolución No. 280 de 2012. Asimismo, el Consejo de Estado ha sostenido esta tesis, al indicar que el contrato de mandato no puede ser revocado discrecional y unilateralmente por el mandante, en caso de que éste haya sido conferido en interés del mandatario o de un tercero, sin que medie justa causa al respecto, de conformidad con las disposiciones en materia comercial: "Es así como el mencionado artículo 1279 del C. Co., establece la procedibilidad de la revocatoria del mandato, con dos excepciones: 1) Que se haya pactado la irrevocabilidad, o 2)_g_ve el mandato se haya conferido también en interés del mandatario o de un tercero . no obstante, la norma también establece que en todo caso, se podrá revocar el mandato por justa causa, lo que quiere decir que el mandarte podrá hacerlo mediante un acto unilateral suyo, luego de determinar él mismo, la justicia de la causa, decisión que sólo podrá discutirse judicialmente, en proceso que se instaure luego de consumada la revocación. También expresa el referido Código, que " ...En todos los casos de revocación abusiva del mandato", es decir, sin mediar justa causa, y existiendo o no pacto de no revocación o interés del mandatario o de un tercero, "...quedará obligado el mandante a pagar al mandatario su remuneración total y a indemnizar los perjuicios que le cause" (art. 1280), "...y no solamente a él sino al tercero, pa ,a completar la proposición que corresponde a las hipótesis del precepto anterior. Luego la revocación debe cumplirse, aunque se haya hecho abusivamente en todos los casos previstos, y el mandante deberá ser condenado a tarar los honorarios
estipulados o usuales, y a indemnizar los _Lneri siguiera pudo comprobar .gusta causa para desconocer la renuncia suya, o los intereses ajenos vinculados al negocio".
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Es claro entonces, que quien confiere el mandato, puede así mismo dejarlo sin efectos, es decir revocarlo, obviamente con la carga de asumir las consecuencias de dicha decisión. 25 De la jurisprudencia del Consejo de Estado se deduce que la revocación unilateral del mandato cuando éste ha sido conferido a favor del mandatario o de un tercero, constituye un acto abusivo, implicando la obligación del mandante de indemnizar al mandatario, el monto de los perjuicios que dicha decisión irregular genere. Sin embargo, tal y como se ha explicitado, con la presente acción de tutela no se pretende reclamar un mero derecho económico dr el contrario se reclama la rotección de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión artística, vulnerados por la Administración Distrital por razón de la revocación del contrato No. 411 de 1999, lo cual generó una clara afectación a las tradiciones, costumbres y valores de un sector de la Nación colombiana. En conclusión, con la revocación del contrato estatal de mandato, la Administración Distrital vulneró no sólo las disposiciones de la Ley 80 de 1993 sobre la procedencia de la terminación unilateral de los contratos estatales, sino también la legislación comercial sobre la materia, g enerando una afectación clara a los derechos fundamentales al debido proceso y al ejercicio libre de las expresiones artísticas protegidas por el Estado social, democrático y pluralista de Derecho.
2.5 Vulneración del derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del procedimiento administrativo previsto por la Constitución, la ley y los reglamentos, en la terminación unilateral del contrato No. 411 de 1999. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha sido clara en señalar que el artículo 29 de la Carta Política consagra el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales y administrativas. Sobre el particular, dicha corporación ha indicado que esta garantía comprende un grupo de cautelas de orden sustantivo y de procedimiento sin presencia de las cuales no resultaría factible asegurar la vigencia del Estado social de derecho ni proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas26. El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales, de suerte "que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los procedimientos señalados en la ley " 27. De este modo, las autoridades sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema normativo y, en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir las decisiones adoptadas y
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, C,P, Ramiro Saavedra Becerra, 4 de diciembre de 2.008. Rad. No. 1996-02923-01(15937) 26 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-909 de 2009, M.1) Mauricio González Cuervo. 27 Corte Constitucional, Sentencia T-917 de 2008.
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CONSUITORES
estarán informadas respecto del m mento en que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad. A este tenor, la garantía del debido proceso en actuaciones administrativas incluye también la efectividad de los principios que informan el ejercicio de la función pública como los son los de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad". La Corte Constitucional ha insistido, entonces, en que la garantía del debido proceso va más allá del ámbito judicial y comprende asimismo "el modo de producción de los actos administrativos". Su meta principal consiste en procurar la satisfacción del interés general "mediante la adopción de decisiones por parte de quienes ejercen funciones administrativas". En suma, la Corporación ha definido el debido proceso administrativo como: "(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa (ii) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal. El objeto de esta garantía superior es (i) procurar el ordenado funcionamiento de la administración, (II) la validez de sus actuaciones, y (in) salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados "28. La jurisprudencia constitucional ha establecido que la protección del derecho fundamental al debido proceso se predica de cualquier actuación judicial o administrativa, exigiendo, en virtud del principio de legalidad, la existencia de un procedimiento previamente establecido por la ley, con el fin de garantizar un límite al ejercicio del poder del Estado: "La jurisprudencia constitucional ha insistido en que para el desarrollo de cualquier actuación judicial o admiWstrativa„ la garantía del debido proceso exige (i) la existencia de un procedimiento previamente
tal constituye un desarrollo garantizando un límite al poder del Estado, en especial, respecto del iuspuniendi, de manera que se deban establecido en la le' de manera que este lerecho fun
respetar las formas propias de cada juicio y la garantía de todos los derechos fundamentales, preservando por tanto "valor material de la justicia" en armonía con los artículos 1° y 2' Superiores."2-2 Asimismo, en el Código Contencioso Administrativo vigente para la fecha de expedición de la Resolución 280 de 2012, se prevé un procedimiento general para el cumplimiento de las funciones administrativas, el cual deberá ser observado también en materia de contratación estatal, salvo que existan normas de carácter especial que deban ser aplicables al caso concreto, so pena de ser declaradas nulas. Así, en los artículos 14, 28, 34, y 35 de la mencionada normativa, se especifican aspectos inherentes a la
28 Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 1992. 29 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-089/11.
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salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso de los administrados, garantizándose, por ejemplo, la facultad de solicitar pruebas, de allegar informes, la comunicación del inicio de la actuación administrativa a los particulares interesados, y la necesidad de motivar los actos administrativos que resuelvan una situación jurídica en el marco de una actuación administrativa, procedimiento que no fue cumplido por la Administración Distrital en la revocación del contrato estatal No. 411 de 1999. En el caso estudiado, la Administración Distrital vulneró el procedimiento previamente dispuesto en la Constitución, la ley y el manual de contratación de la entidad con respecto a la terminación unilateral de los contratos estatales, quebrantando así el derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta Política, y los principios constitucionales de buena fe y confianza legítima, establecidos en el artículo 83 superior. Así, en ejercicio de las competencias que le fueron asignadas legalmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte adoptó mediante Resolución 024 de 2010, el Manual de Contratación de la entidad, acto administrativo de obligatorio cumplimiento para sus funcionarios, y que desarrolla los procedimientos a efectuar en materia de contratación administrativa. En efecto, en el artículo 17 del mencionado acto administrativo se prevé el procedimiento a seguir para el caso de la terminación anticipada de los contratos suscritos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, indicándose que el supervisor deberá identificar la necesidad de efectuar la teiminación anticipada del contrato, para posteriormente solicitar a la autoridad delegataria o al Director General, el trámite que corresponda, enviando la solicitud correspondiente: "Artículo décimo séptimo. Adiciones', prórrogas, modificaciones, suspensiones L terminaciones das. Durante la ejecución del contrato pueden presentarse situaciones que afectan los aspectos contractuales inicialmente previstos y pactados entre las partes. En dichos casos, el supervisor deberá identificar la necesidad y solicitar a la autoridad delegataria o el (la) Director (a) General, de manera oportuna, el trámite que corresponda, para lo cual enviará la solicitud correspondiente."(..) "En caso de terminaciones anticipadas, deberá soportarse la solicitud con
la justi ración legad fáetica ^rue da origen a la decisión recibido lo
anterior se elaborará el documento respectivo para la firma de la Autoridad DeleRataria o el (la) Director (a) General"
De lo anteriormente expuesto se colige que debe existir un documento previo al acto administrativo en el que se termine anticipadamente el contrato estatal, en cual el supervisor identifique la necesidad de terminar el contrato, argumentando las razones fácticas y jurídicas que sustenten la decisión, para efectos de dar cumplimiento al procedimiento establecido en el manual de contratación de la entidad estatal. En tanto que en el trámite del procedimiento seguido para la terminación anticipada del contrato No. 411 de 1999 no se profirió el documento exigido por el manual de contratación, la
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-11 RODRIGO ESCOBAR GIL
entidad accionada vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la Corporación Taurina de Bogotá. Así, la solicitud con la justificación legal y fáctica para la terminación del contrato, constituye un documento previo e indispensable para la adopción de la medida, con el fin de preservar los derechos del contratista, y evitar así que una decisión tan trascendente, como es el caso de la terminación anticipada de un contrato estatal, sea resultado de la discrecionalidad y arbitrio de un funcionario judicial. Por tal razón, se hace necesario un estudio meticuloso, fáctico y jurídico de la adopción de dicha medida, el cual debe constar en el documento exigido por el artículo 17 del manual de contratación. Ahora bien, en el caso estudiado no sólo se pretermitió el documento previo requerido por el manual de contratación, sino que existe un memorando de fecha 25 de enero de 2012, en el que el Área responsable de apoye a la contratación analiza la procedencia jurídica de la terminación anticipada del contrato No. 411, informando al Director encartado del IDRD ue de acuerdo con la normativa vi ente no resultaba posible dar por terminado el contrato celebrado con la Corporación Taurina de Bogotá, situación que fue descrita en el acápite anterior, al cual nos remitimos para evitar repeticiones. Adicionalmente, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte quebrantó la garantía consagrada en el artículo 18 del manual de contratación de la entidad, norma que desarrolla el artículo 29 de la Constitución Política y las garantías contenidas en el Código Contencioso Administrativo, en el que se prevé el procedimiento para el ejercicio de las facultades excepcionales, con el fin de garantizar el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a los contratistas, señalando: "Artículo décimo octavo. El debido proceso en la contratación. Para efecto de garantizar el debido proceso y en especial el derecho de defensa en la imposición de sanciones y el ejercicio de facultades excepcionales se observarán las siguientes regias: 1. La actuación administrativa, para imposición de sanciones o el ejercicio de facultades excepcionales, se iniciará previo informe del interventor o supervisor, mediante el envío a la dirección registrada de una comunicación suscrita por la autoridad delegataria dirigida al contratista y su garante manifestando las inconformidades y convocándolo a una audiencia de descargos frente a los motivos del incumplimiento.
2. En la fecha y hora determinada por el IDRD se realizará la audiencia
presidida por la autoridad delegataria en la que el contratista y su garante podrán intervenir para ejercer su derecho de defensa. Culminada la
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ONS;) LTORES
intervención será suspendida la audiencia para que el IDRD examine los argumentos y pruebas presentados por el contratista y su garante. 3. En la fecha y hora que determine el IDRD se reanudará la audiencia para comunicar al contratista y su garante la decisión correspondiente. En caso de no imponerse sanciones o que el IDRD tome la decisión de no ejercer facultades excepcionales, así se le informará al contratista y su garante mediante comunicación escrita. En el evento en que se determine lo contrario, se expedirá el correspondiente acto administrativo que será notificado personalmente en la audiencia o mediante la aplicación de las reglas contenidas en el Código Contencioso Administrativo." En el caso estudiado, la Corporación Taurina de Bogotá jamás fue convocada a la audiencia requerida en la norma transcrita, cuya finalidad expresa es la preservación del derecho fundamental al debido proceso y el ejercicio pleno del derecho de defensa por parte del contratista, lo que evidencia el quebrantamiento de las garantías constitucionales de mi representada. Así, se infiere que el procedimiento surtido para la expedición de la Resolución 280 de 2012 violó las normas obligatorias contenidas en la Constitución, la ley y en el manual de contratación de la entidad, quebrantándose así el derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, es importante resaltar que la facultad excepcional de terminación unilateral de los contratos estatales con la que cuenta el Estado, y que permite adoptar decisiones ajenas al derecho privado en procura de la satisfacción del interés general y de la adecuada y eficiente prestación de los servicios públicos, debe ajustarse a las normas legales y reglamentarias pertinentes con el fin de prevenir abusos en su ejercicio. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido sobre el carácter reglado de la terminación unilateral, expresando: "Es de anotar que la terminación unilateral, como facultad exorbitante que concede la lfy a las entidades públicas. es una potestad reglada que sólefirocede en casos excepcionales,, lo que se impone la manifestación expresa de los motivos que dieron lugar al acto que pone fin anticipadamente al contrato. Si bien el interés público o general reclama el uso de este tipo de medidas extraordinarias su interpretación, ha dicho la Sala, es restrictiva por corresponder a reglas de excepción. 30 (Subraya y negrilla fuera del texto). En conclusión, la falta de observancia de las normas procedimentales en materia de terminación anticipada y de terminación unilateral del contrato estatal previstas en el ordenamiento jurídico, ocasionaron el evidente quebrantamiento de los derechos al debido proceso y a la defensa de la Corporación Taurina de Bogotá, y consecuentemente, la vulneración de su derecho fundamental al libre ejercicio de la
30 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia de 06 de Abril de 2011 M.P. Stel a Conto Díaz del Castillo.
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expresión artística, situación que trasciende de una mera discusión económica, por comprometer el ejercicio de derechos fundamentales y constitucionalmente protegidos.
2.6 Violación del derecho fundamental al debido proceso por la extralimitación de funciones y violación de los principios de imparcialidad, buena fe y confianza legítima por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del principio de imparcialidad para efectos de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso administrativo, indicando que la protección de éste debe tener lugar durante el desarrollo de todas sus etapas, desde su iniciación, hasta su culminación, con el fin de que las actuaciones judiciales y administrativas se adelanten de manera neutral, sin prejuicios ni posturas previas que puedan afectar la sana crítica al momento de adoptar la decisión.31 En efecto, de acuerdo con el artículo 209 de la Carta Política, la función pública debe ejercerse con sujeción al principio de imparcialidad, de manera que la legitimidad de las decisiones judiciales o administrativas descansa en la neutralidad del órgano encargado de aplicar la ley, lo que significa que dicha garantía se erige en el atributo que debe tener un servidor público. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: "La imparcialidad de los órganos de la administración al pronunciar decisiones definitivas que afectan los derechos de las personas, en cuanto aplican el derecho al igual que los jueces, no obstante admitirse por la doctrina administrativa el interés de la administración en la solución del conflicto, según lo demanden los intereses públicos o sociales, comporta
para aquéllos la asunción de una conducta recta ausente de todo juicio previo o prevenido, acerca del sentido en que debe adoptirse la decisión". (Énfasis agregado).
Por otro lado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de buena fe, consagrado en el artículo 83 de ia Constitución Política, se erige en pilar fundamental del sistema jurídico, que sujeta a los particulares y a las autoridades públicas a comportarse de acuerdo a principios de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad'''. Dicha Corporación ha sostenido, igualmente, que la aplicación del principio de buena fe no se ve limitada al nacimiento de las relaciones jurídicas, toda vez que su ámbito se extiende al desarrollo de las mismas e inclusive hasta su extinción. De esta forma, las autoridades en el curso de tales relaciones deben adecuar su comportamiento a los mandatos de honestidad y lealtad y responder a las expectativas que sus actuaciones previas generan en los asociados. Así lo dijo la Corte Constitucional: "A su vez, el principio de la buena fe proscribe el venire contra factum propium, por lo que a nadie le es permitido ir en contra de sus
31 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-762 de 2009. 32 Corte Constitucional, Sentencia T-099 de 2009 ; M.P. Clara Inés Vargas Hernández. BOGOTA: Calle 98 No. 8 – 28 Oficien,_ 6c11 Tel. (57 -1) 6913418 – 6913416 Telefax. (51-7) 6913426 E-mail: neseobar .seobargil.eom
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propios actos; en esa medida, la buena e ifliplica que a futuro se mantengan las conductas que en un inicio se desarrollaron, 3, , a cuyo respeto se sujetan en gran manera "la seriedad del procedimiento, la credibilidad de las partes y el efecto vinculante de los actos" "3. En el caso estudiado, se evidencia que la Alcaldía Mayor de Bogotá ha quebrantado el principio de imparcialidad, y ha actuado con desviación de poder, al imponer su posición moral y subjetiva frente a las corridas de toros para efectos de desconocer las obligaciones contractuales de la Administración Distrital, afectando así el interés público y social, por razón de opiniones meramente personales que no pueden trascender a la esfera de lo público, quebrantando garantías esenciales del Estado Social de Derecho, como son los principios de legalidad, buena fe y confianza legítima en la Administración Pública. En efecto, la actividad desplegada por el Alcalde Mayor de Bogotá se encauzó desde un principio, a desconocer el contrato No. 411 de 1999, lo que finalmente repercutió en la terminación unilateral y discrecional de éste, sin la existencia de un estudio jurídico serio que permitiera colegir dicha conclusión, y desconociendo la obligatoriedad del acuerdo de voluntades celebrado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Corporación Taurina de Bogotá. Así, los anuncios del Alcalde Mayor de Bogotá frente a la desaprobación de la actividad taurina, fueron objeto de publicación en varios medios de comunicación nacional desde principios de este año. Verbigracia, en la edición del 14 de enero de 2012 del diario El Tiempo, señaló el señor GUSTAVO FRANCISO PETRO URREGO: "Todos los espectáculos, la cultura, el arte alrededor de la vida, bienvenidos, pero no lo que se construye a través de la muerte de animales o de seres humanos" Así, se evidencia claramente la falta de imparcialidad del señor Alcalde Mayor de Bogotá en su aseveración, que constituye un juicio de valor marcadamente prohibicionista, desconociendo que la actividad taurina se encuentra regulada en la Ley 916 de 2004, y comparándola con espectáculos construidos "a través de la muerte de seres humanos", de los cuales no se tiene siquiera conocimiento, y mucho menos, pueden ser equiparables en modo alguno con la tauromaquia. Claramente, este tipo de afirmaciones por parte de un funcionario público. resultan contrarias a los principios de legalidad, imparcialidad y buena. fe, pues sitúan su actuar por fuera del marco constitucional y legal que definen a la actividad taurina como una expresión artística del ser humano. Igualmente, en la nota de prensa publicada el 22 de enero de 2012 en el diario El Tiempo y denominada "Toros: ¿habrá consulta?" el Alcalde Mayor de Bogotá, advirtió:
" Corte Constitucional, Sentencia T-923 de 2010 ; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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con la Corporación Taurina, bajo el cual hace las corridas de toros. Por sentencia la Corte ordenó que no se cometan actos crueles en los espectáculos públi cos. Esa orden debe cumplirse en Bogotá" Sobre el particular debe advertirse que la orden contenida en la Sentencia C-666/10 no corresponde con lo referido por el Alcalde Mayor de Bogotá, por cuanto la Corte Constitucional declaró exequible la norma que exceptúa a las corridas de toros del régimen sancionatori.o previsto en el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, estableciendo que es el legislador el único facultado para expedir el eventual marco regulatorio de morigeración o eliminación de los tratos crueles sobre los animales, situación que ha sido explicada con mayor detenimiento en acápites anteriores. Adicionalmente, en entrevista rendida ante Noticias Caracol el día 23 de julio de 2012 34 , el Alcalde Mayor de Bogotá enfatizó en que desde principios de este año, se había exigido la eliminación de la muerte del toro en el espectáculo taurino para efectos de continuar con el contrato No. 411 de 1999, lo que demuestra la falta de imparcialidad del funcionario en la decisión de la revocación del mismo, y el desconocimiento de la ley y la jurisprudencia constitucional sobre la materia:
"A la Corporación Taurina st__Leci Irodesde principios de este año que de
acuerdo a la Sentencia de la Corte Constitucional queríamos ausencia de muerte Ltlesan/ .J:gjrteLesoectáculo, y ellos dijeron que no podían, que necesitaban matar el toro en la plaza porque en eso consistía ese tipo de
espectáculos. Yo sé que en buena parte de los lugares donde se presentan espectáculos taurinos se ha eliminado la _figura de la sangre y de la muerte, sin embargo ellos no quisieron, y en la medida en que tenemos un contrato de mandato (...) pues les exigirnos que o se hacía eso se eliminaba la
muerte, o se acababa el contrato se acabó el contrato" Así, de las declaraciones rendidas por el Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO FRANCISO PETRO URREGO, ante diversos medios de comunicación nacionales, se puede inferir que desde un principio tomó la decisión de desconocer el contrato y las obligaciones que del mismo se derivaban a cargo de la Administración Distrital, quebrantando los principios de buena fe y confianza legítima que deben regir las actuaciones de los funcionarios públicos en materia de contratación estatal, por razón de su posición parcial frente a las corridas de toros. Ahora bien, debe resaltarse que estas declaraciones fueron dadas incluso antes de que se realizara un análisis jurídico preliminar de la viabilidad de revocar el contrato estatal No. 411 de 1999. Para ilustrar este punto se advierte que, tal y como se indicó en acápites precedentes, existe un memorando inrerno del IDRD de fecha 25 de enero de 34 Puede observarse en línea en la dirección http:ilwvvw.noticiasearacol .comínacion/video-270898p_etro-cartel-de-la-contratacion-de-bogota-eumplio- su-cometido
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2012, en el que se establece que de acuerdo con la legislación comercial, no es posible revocar unilateralmente el mandato que ha sido instituido a favor del mandatario o de un tercero, a menos de que medie justa causa; lo que indica que desde un principio el contrato fue desconocido, aún cuando no se habían adelantado los estudios jurídicos necesarios para deteiminar dicha conclusión. Asimismo, la posición radical del Alcalde fue reiterada en las reuniones celebradas con la Corporación Taurina de Bogotá y los funcionarios del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, evidenciándose así la falta de imparcialidad en su obrar, y la incidencia de dicha situación en la revocación del contrato No. 411 de 1999. En conclusión, el actuar del Alcalde Mayor de Bogotá previo y determinante para la expedición de la Resolución No. 280 de 2012, por medio de la cual se revocó el contrato estatal No. 411 de 1999, fue contrario a los principios de imparcialidad, buena fe y confianza legítima, situación que evidencia una violación flagrante al derecho fundamental al debido proceso de la Corporación Taurina de Bogotá. Por lo anteriormente impuesto, resulta imperioso que el juez constitucional conceda el amparo solicitado, con el fin de salvaguardar ios derechos fundamentales al debido proceso y libertad de expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá, transgredidos por la entidad accionada por razón de la irregular y discrecional terminación del Contrato estatal de mandato No. 411 de 1999.
HL PRETENSIONES Conforme a los hechos relatados y a los fundamentos de derecho desarrollados en el presente escrito, solicito que se TUTELEN los derechos fundamentales al debido proceso y libertad de expresión artística de la Corporación Taurina de Bogotá y que, en consecuencia se ORDENE A LOS ACCIONADOS DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 280 de 2012 "Por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999" y el acto administrativo contenido en el oficio 20121010062061 de fecha 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y la programación de novilladas en el marco del Festival de Verano.
IV, SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL En virtud de lo dispuesto en el . artículo 7' del Decreto 2591 de 1991, solicito que, mientras se resuelve la presente acción de tutela, se suspendan provisionalmente la Resolución No. 280 de 2012 y el acto administrativo contenido en el oficio 20121010062061 de fecha 26 de abril de 2012, proferidos por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, por cuanto su ejecución representaría un perjuicio grave, urgente e irremediable para el accionante.
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La medida provisional que se solicita, tiene como fin garantizar que el fallo del juez constitucional pueda satisfacer sus fines constitucionales, esto es, garantizar la efectiva protección de los derechos fundamentales conculcados, de manera que se impida la extralimitación de las funciones que le han sido asignadas a la Administración Distrital, quien omitió las disposiciones jurídicas vigentes que revelan la vigencia y legalidad del contrato estatal de mandato No. 411 de 2012.
V. PRUEB AS A la presente demanda se acompañan los siguientes documentos, en copia simple, para que sean valorados como pruebas: 1. Resolución No. 280 de 2012, proferida por el Instituto Distrital de Recreación y Turismo. 2. Contrato No. 411 de 1999, suscrito entre el Instituto Distrital de Recreación y Turismo y la Corporación Taurina de Bogotá. 3. Otrosí aclaratorio del contrato No. 411 de 1999. 4. Prórrogas al contrato No. 411 de 1999. 5. Acuerdo Distrital 04 de 1978, por medio del cual se crea el Instituto Distrital de Recreación y Deportes IDRD. 6. Notas de prensa que dan muestra del interés del Alcalde Mayor de Bogotá, señor GUSTAVO PETRO URREGO, en la teiminación del contrato estatal No. 411 de 1999, y en la prohibición de las corridas de toros en la ciudad de Bogotá. 7. Cartas enviadas el 16 de enero y 12 de marzo de 2012 por parte de la Corporación Taurina a la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el fin de iniciar conversaciones sobre el desarrollo de las corridas de toros en Bogotá, debido a las declaraciones formuladas por el Acalde en los medios de comunicación. 8. Cartas de fechas 24 de enero de 2012 y 18 de mayo de 2012, mediante las cuales la Alcaldía Mayor de Bogotá acepta la solicitud de diálogo iniciada por la Corporación Taurina, y convoca a reuniones. 9. Memorando interno del IDRD de fecha 25 de enero de 2012, en el que se señala la imposibilidad de dar por terminado el contrato No. 411 de 1999. 10. Comunicación del IDRD notificada el 26 de abril de 2012, Rad. 2012 1010062061, mediante la cual se solicitó la suspensión de la venta de abonos y la programación de novilladas en el Festival de Verano. 11. Recurso de reposición presentado por la Corporación Taurina de Bogotá contra el acto administrativo contenido en el oficio con Rad. 2012 1010062061. 12. Resolución 196 del 22 de mayo de 2012 a través de la cual el IDRD resuelve el recurso de reposición formulado contra el oficio de fecha 26 de abril de 2012, confirmándose la instrucción contenida en éste. 13. Concepto rendido por el Dr. Manuel José Cepeda Espinosa sobre los alcances de la sentencia C-666 de 2010. 14. Oficio mediante el cual la Corporación Taurina de Bogotá pone en conocimiento del Distrito el concepto del. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
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15. Resolución 024 de 2010 mediante la cual se adopta el manual de contratación del IDRD. 16. Oficio dirigido al IDRD con Rad 2012 2100154302 de fecha 29 de junio de 2012, en el que se señala que no se interpondrá recurso de reposición contra las decisiones de la Administración Distrital. 17. Estatutos de la Corporación Taurina de Bogotá. 18. CD en el que consta la entrevista rendida por el Alcalde Mayor de Bogotá ante Caracol Noticias el día 23 de julio de 2012.
VI. ANEXOS Me permito anexar a la presente demanda los siguientes documentos: 1. Poder conferido por el accionante al abogado Rodrigo Escobar Gil. 2. Certificado de Existencia y Representación Legal de la Corporación Taurina de Bogotá. 3. Los documentos referidos en el acápite de pruebas.. 4. Copia de la demanda y sus anexos para el traslado a los accionados. 5. Copia de la demanda para el archivo del juzgado.
VIL COMPETENCIA El señor Juez es competente para conocer de la presente acción de tutela conforme con lo dispuesto en el inciso tercero del numeral primero del Decreto 1382 de 2000, que es del siguiente tenor: "A los jueces municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden Distrita o municipal y contra particulares".
VIII„ JURAMENTO
Manifiesto, bajo la gravedad de juramento, que la Corporación Taurina de Bogotá no ha presentado otra acción de tutela en relación con los mismos hechos y derechos ni contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte ni contra la Alcaldía Mayor de Bogotá.
IX, NOTIFICACIONES Al accionante, Corporación Taurina de Bogotá, en la Calle 70 A No. 6 - 24 de la
ciudad de Bogotá, teléfonos 313 22
313 22 54.
Al apoderado del accionante, Rodrigo Escobar Gil, en la Calle 98 No. 8 – 28,
Oficina 601 de la ciudad de Bogotá D.C, teléfonos 691 34 18 y 691 34 16.
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Al accionado, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, en la Calle 63 No. 47 —
06, teléfono 660 54 00. Del Señor Juez,
C.C. 19'357.551 de Bogotá T.P. 32.510 del C.S.J.
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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUNICIPAL
Bogotá D.C., Ocho (08) de Agosto de dos mil doce (2012). Referencia: Acción de tutela de Corporación Taurina de Bogotá contra el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Rad. No. 2012-01053.
Cumplido el trámite de rigor procede el despacho a proferir la sentencia que en derecho corresponda para culminar la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES El Abogado Rodrigo Escobar Gil actuando en calidad de apoderado judicial de la Corporación Taurina de Bogotá, solicitó el amparo de los derechos fundamentales del debido proceso, y libertad de expresión artística, que considera conculcados por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Se fundamenta la acción en los supuestos de hecho que así se compendian:
Acción Constitucional No. 2012-01053
1°. Aduce que el día 25 de Agosto de 1999 fue suscrito contrato de „--arrendamiento No. 411 entre la Corporación Taurina de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, cuyo objeto consistía en la entrega, a título de arrendamiento, de la Plaza de Toros Santamaría.
2°. Manifiesta que el día 30 de diciembre de 2003, las partes suscribieron otrosí aclaratorio, acordando modificar la denominación del contrato de arrendamiento por "contrato de mandato". 3°. Afirma que el contrato No. 411 de 1999, pese a su denominación de mandato, es un verdadero contrato estatal de acuerdo con el criterio orgánico contemplado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la haber sido celebrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, cuya naturaleza jurídica es de establecimiento público, entidad estatal en los términos del artículo 2° de la mencionada normativa. (Sic)
4°. Que en el transcurso del año el Alcalde Mayor de Bogotá, manifestó públicamente a través de los medios de comunicación, su interés de prohibir las corridas de toros en el Distrito Capital y de desconocer el contrato 411 de 1999. 5°. Expresa que frente a esa decisión la Corporación Taurina de Bogotá interpuso recurso de reposición ante la autoridad competente, el cual fue resuelto desfavorablemente mediante Resolución No. 196 de 22 de Mayo de 2012, confirmándose la directriz interpuesta por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
5.1°. La Parte accionante informa que miembros de la Corporación mencionada, sostuvieron una reunión con el Alcalde Mayor de Bogotá Gustavo Petro, junto con funcionarios del IDRD, en la que la administración distrital planteó la necesidad de eliminar la muerte del toro en la presentación del espectáculos taurinos, como condición para continuar con la ejecución del contrato estatal 411 de 1999, tesis basada en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C- 666 de 2010. 6°. Que mediante Resolución No. 280 de 14 de Junio de 2012, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte "en un acto atentatorio del principio de legalidad y de los derechos fundamentales al debido proceso y a la libertad de expresión artística que a la Corporación Taurina de Bogotá" dispuso la terminación unilateral del contrato estatal No. 411 de 1999.
De lo anteriormente expuesto, solicita a este Despacho que se ordene a las accionadas dejar sin efectos la Resolución No. 280 de 2012, "por medio de la cual se revoca el contrato No. 411 de 1999 y el Acto Administrativo contenido en el oficio 20121010062061 de fecha 26 de abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y la programación de novillas en el marco del Festival de verano.
Admitida la solicitud, se ordenó notificar a las accionadas, y se ordenó vincular mediante auto del veintiséis (26) de Julio de 2012 a las entidad: SECRETARIA DE GOBIERNO, de la misma manera se le informó para que se pronunciara sobre los hechos aducidos
por la demandante, de la misma manera se le advirtió las 7: consecuencias que le conducirían no rendir el informe solicitado. 1°. El INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE guardó silencio en el terminó de traslado. 2°. LA SECRETARIA DE GOBIERNO vinculada al presente asunto, manifestó en su contestación lo siguiente: 2.1°. Afirma que nos encontramos frente a una controversia contractual originada en el contrato 411 de 1999 suscrito entre el accionante y la accionada respecto del cual la Secretaria Distrital de Gobierno, no fue parte.
2.2°. Que teniendo en cuenta que la Secretaria Distrital de Gobierno no representa judicial, ni extrajudicialmente al Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- solicita a este Despacho sea desvinculado de la presente acción. 3°. El MINISTERIO PÚBLICO, mediante agente especial designado por el Procurador General de la Nación, solicita a este Despacho se acceda al amparo solicitado por las siguientes razones: 3.1°. Que la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos; sin embargo arguye que procederá el amparo transitorio contra las actuaciones administrativas, cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable, caso en el cual el Juez Constitucional podrá suspender la aplicación del acto administrativo, mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
3.2°. Afirma que uno de los perjuicios irremediables trascendentales es la tradición, cultura y costumbre de la tauromaquia, la cual se encuentra protegida por la Ley 916 de 2004.
3.3°. Aduce que otro perjuicio es el objeto único que desarrolla la Corporación Taurina de Bogotá; y al esperar varios años a que la autoridad judicial defina el tema, los corporados y demás personas que trabajan en dicha corporación, se verían abocados a abandonar esa actividad.
3.4°. Arguye que si la Corporación Taurina, no recibe en el interregno, recursos por la ejecución del contrato, y al ser su único objeto, lo más probable es que se vea sumida a su liquidación, convirtiéndose esto, en un perjuicio irremediable.
1°. La Constitución Nacional en su artículo 86 dotó a todos los asociados de un mecanismo mediante el cual pueden solicitar y obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, disponiendo en su inciso 2° que la protección consistirá en una orden para que, respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. 2°. Los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, identifican el objeto de la tutela, buscando con ella garantizar o amparar derechos de rango constitucional fundamental, siendo procedente contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los precisos eventos señalados por el mismo legislador, que haya violado o amenace violar alguno de tales derechos. Por ello, esta acción ha sido concebida por el constituyente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que impliquen la transgresión de derechos fundamentales, respecto de los cuales el sistema jurídico no tenga previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a fin de lograr su adecuada protección. En el presente caso el gestor de la acción anuncia como vulnerados los derechos fundamentales del DEBIDO PROCESO, Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA, frente a lo anterior
encontramos lo siguiente;
3°. En jurisprudencia constitucional de la Corte, para que un derecho tenga la calidad de fundamental debe reunir unos requisitos esenciales y para su identificación existen unos criterios que los ponen en evidencia. De los primeros se citan entre otros su conexión directa con los principios constitucionales, la necesidad de ser aplicación directa del texto constitucional y núcleo esencial no susceptible de interpretación por corresponder a un catálogo de derechos anteriores al derecho positivo. Respecto de los criterios de distinción tenemos entre otros su consagración expresa como derecho fundamental, su remisión igualmente expresa o conexión directa con derechos expresamente consagrados o el carácter de derecho inherente a la persona. "El derecho al debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a la administración pública o ante los
jueces, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. El incumplimiento de las normas legales que rigen cada proceso administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo." (C-339 de 1996).
4°. Con relación del DEBIDO PROCESO, el Art. 29 de la Constitución nacional, dice. "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas...". Según la sentencia T-455/05 de la consideración del debido proceso administrativo como derecho fundamental se desprenden las siguientes garantías: "...i) la necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) de conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, iii) ante la autoridad competente; iv) con pleno respeto de las formas propias de la actuación administrativa previstas en el ordenamiento jurídico; y) en acatamiento del principio de presunción de inocencia; vi) de garantía efectiva de los derechos a ser oídos, a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, a impugnar las decisiones que contra ellos se profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso." (Negrilla fuera del texto). Frente al derecho antes esgrimido, una vez revisados los medios probatorios allegados, el tutelante no aporta prueba mediante la cual se acredite la vulneración por parte de la Alcaldía y el Instituto; contrario sensu, de los documentos aportados por el accionante a la presente Acción Constitucional se observa que el
pasado 12 de Julio de 2012, el Honorable Tribunal Administrativo ,; de Cundinamarca Sección Primera Subsección A, mediante sentencia resolvió el Recurso de Apelación -Acción Popular- contra la sentencia de primera instancia de fecha 03 de Abril de 2009 así:
"1. Ordénese a la Instituto Distrital de Recreación para que dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente fallo, de por terminado el contrato 411 de 1999 con sus prorrogas, suscrito con la Corporación Taurina de Bogotá, en el evento que aún el mismo siga vigente
5°. Frente a la procedencia de ejecutar mediante una acción de tutela la nulidad de la resolución No. 280 de 14 de Junio de 2012, por medio de la cual se revoca el contrato No. 411 de 1999, y el Acto Administrativo contenido en el oficio 20121010062061 de fecha 26 de Abril de 2012, por medio del cual se suspendió la venta de abonos y la programación de novillas en el marco de Festival de Verano, máxime que como lo menciona la accionada en su contestación, que el acto administrativo mencionado se encuentra en firme y no era suceptible de apelación. 6°. Dado que contra los actos administrativos que vulneran un
derecho fundamental particular, procede normalmente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 CCA.) y que al emplear dicha vía, el interesado puede solicitar la
suspensión provisional del acto, la Corte ha considerado que "no le es dable al juez de tutela entrar, mediante una decisión judicial, a revivir los tés reinos para interponer recursos que en su momento no fueron utilizados, o revivir los términos de caducidad establecidos para ejercer las acciones judiciales procedentes, pues la acción de tutela no es un mecanismo judicial, alterno, supletivo,
concomitante o una tercera instancia, a la cual se pueda acudir para remediar aquellas actuaciones judiciales dejadas de hacer por la negligencia o mera liberalidad del particular, como tampoco para reemplazar al juez ordinario al que eventualmente le corresponda dirimir detei minado asunto en virtud del ejercicio de la acción judicial correspondiente." (Negrilla y subrayado fuera el Texto).
7°. En efecto, el amparo consagrado en el Artículo 86 del Constitución Política, conforme se ha reiterado hasta donde más, no es un mecanismo capaz de reemplazar las actuaciones rituales preestablecidas, como que tampoco las desplaza, sino que se trata, por el contrario y en razón de su naturaleza misma, de una actuación residual, precisamente cuando quiera que los afectados estén desprovistos de cualquier otro medio de defensa judicial. Ciertamente, el Artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, limitó el radio de acción de la Tutela, al ocuparse de la improcedencia de la misma, así:
"1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. ".
En el presente asunto, mal puede reclamarse protección tutelar, cuando quiera que no es la Tutela el medio idóneo para tales propósitos, pues, se reitera, el amparo constitucional en estudio no está instituido para desplazar las actuaciones judiciales aplicables a cada caso en particular, máxime que el accionante cuenta con la oportunidad de defenderse y hacer valer sus derechos, esto es acudiendo a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que mal podría entrometerse el Juez Constitucional en esa actuación, Admitir lo contrario sería tanto como deslegitimar las actuaciones rituales consagradas por el legislador a través de los diferentes procedimientos, como rnitir que el Juez de Tutela desplace a los Jueces también, pe' Naturales, lo que en modo alguno se puede así concebir.
De lo meramente expuesto se desprende que la accionante puede recurrir a las vías contencioso administrativas establecidas por la ley para obtener la protección de sus derechos.
En referencia al caso que nos ocupa, se esta hablando de un contrato que realizó la Corporación Taurina de Bogotá con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, cuyo objeto consistía en la entrega, a título de arrendamiento, la Plaza de Toros Santamaría; debe tenerse en cuenta que el Juez de tutela no puede recopilar las pruebas necesarias para declarar la terminación de un contrato o la continuidad del mismo, dado al corto tiempo que posee para resolver tal controversia, es por esa razón que el Juez natural podrá probar el cumplimiento o incumplimiento de dicho contrato.
Valgan las consideraciones precedentes para concluir que el amparo solicitado por la Corporación Taurina de Bogotá deberá
':denegarse. Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado Cincuenta y Siete Civil Municipal de Bogotá., administrando justicia en nombre de la República y por mandato de la Constitución;
RESUELVE PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la Corporación Taurina de Bogotá contra Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: Notifíquese esta determinación a las partes por el medio más expedito. TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, remítanse las diligencias a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión. Ofíciese.
GIOVANN PINZÓN TÉLLEZ JÚEZ
CMF-AGO-08
PR-OPANCOI.FR412/Venión
1111111#1111111111111111111111/1111
ILARN I 3,16,11X1.7
11111i1111111111 R B 6261453 04C
Caneo Certificado
Remitente (DEN) JUZGADO CI NCUENTA Y S11:7 Afea: Oficina Asesora Jurídica nadicador NU IRA CORTES
Radicado No 2072-210-079467-2 Fecha y ficha: 17/08/2012 18: / 5:46
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REPÚBLICA DE ...... Instituto Di:to.T el: 6605400 - www.idrd.gov.co tal de R ecreación y el RAMA JUDICIAL DEL'2.4.› JUZGADO CINCUENTA Y SIETE CIVIL MUMCIPAL CALLE 14 NO. 7-36 PISO 18 BOGOTA D. C
5:0;:,73 7'7'
SESIWZ. (ES) (A) INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTE CALLE 63 No. 47 — 06 CIUDAD TEL No. 01338 / 2012	ACCIÓN DE TUTELA No. 2012 - 01053
Ala. na=
COMUNICO A USTED QUE POR AUTO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE DOS MIL DOCE, 1.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD VISTA A FOLIO 299 Y CONFORME AL ARTÍCULO 310 DEL C. DE P.C., ESTE DESPACHO DISPONE CORREGIR EL FALLO DE TUTELA DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2012, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL JUZ9fADO INCURRIÓ EN UN ERROR MECANOGRÁFICO EN EL NUMERAL 1° DEL ACÁPITE DEL TRAMITE PROCESAL, POR LO TANTO SE ACLARA QUE EL ACCIONADO ,INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE DIO CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL, LA CUAL SE TUVO EN CUENTA EN SU MOMENTO, LUEGO ELLO NO INCIDE EN LA DECISIÓN FINAL DE LA SENTENCIA., 2.- SE CONCEDE LA IMPUGNACIÓN Y SE ORDENÓ REMITIR LA ACCIÓN DE TUTELA NO. 2012 — 01053 DE CORPORACION TAURINA D BOGOTÁ CONTRA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ.
AS CASTELLANOS RIO
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 artículo 86
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 artículo 19
 artículo 20
 artículo 13
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 artículo 20
 artículo 19
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 artículo 7
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 artículo 7
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 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
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 artículo 17
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 artículo 1279
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 artículo 83
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 artículo 17
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 artículo 29
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 artículo 83
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