Source: http://politicaderecho.blogspot.com/2008/11/
Timestamp: 2019-04-25 02:24:00+00:00

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POLITICA Y DERECHO: noviembre 2008
Hay algo que me preocupa de ese fenómeno inasible y aéreo al que algunos llaman psicología social: La forma en que la mayoría de las personas evalúa los resultados de la Selección Nacional de Futbol. Al parecer, están convencidos de que somos mejores que el resto de los equipos de la Concacaf; que México es o fue un gigante en la zona; y por ello, cada derrota o empate es vivida como un fracaso excepcional.El problema de fondo es que ni la historia ni los resultados son capaces de apuntalar tan peregrina idea. No obstante, y a pesar de las evidencias, la premisa de la superioridad sigue sin sufrir demasiada mella. Como si la realidad no pudiese siquiera erosionar esa convicción cuasi religiosa.La sección Cancha realizó un más que pertinente ejercicio de memoria para recordarnos las vicisitudes de nuestra selección en los partidos eliminatorios de los campeonatos mundiales (21-11-2008). Guillermo Flores recuperó los resultados de la Tricolor ante los cinco rivales que tendrá que enfrentar México en el hexagonal de donde saldrán los tres equipos y medio para el Mundial del 2010. Pues bien, en toda la historia de los partidos eliminatorios, desde aquel que México perdió contra Estados Unidos por 4 a 2 en Roma, Italia, en 1934, la Selección mexicana tiene un saldo negativo contra los equipos que enfrentará el próximo año cuando los encuentros se han realizado fuera de nuestro País.De 33 partidos, México apenas ha ganado siete, empatado 12 y perdido 14. Son datos para centrar a cualquiera, para debilitar la convicción de una supuesta supremacía, para no perder contacto con ese entorno vaporoso al que solemos llamar realidad. Y sin embargo, seguimos evaluando a la selección como si se tratara de Alemania enfrentando a Andorra.Sigo plagiando a Guillermo Flores. Contra Estados Unidos, jugando en aquel país, desde 1957, sea en la primera o la tercera fase o en la ronda final, hemos perdido tres, empatado cuatro y ganado dos. (Nótese el plural que me incluye para no aparecer como antipatriota). Contra El Salvador ganamos uno y perdimos dos. Contra Honduras ganamos dos, empatamos tres y perdimos tres. Contra Costa Rica ganamos uno, empatamos cuatro y perdimos dos. Y contra la potencia del Caribe, Trinidad y Tobago, ganamos uno, empatamos uno y perdimos tres. Es decir, con todos y cada uno de ellos tenemos récord negativo cuando jugamos fuera de casa.Antes de que algún lector me reclame la trampa, me adelanto. En efecto, no estoy considerando los partidos jugados en nuestro País. En primer lugar porque no tengo a la mano la información y no la pienso buscar. Y en segundo, porque ya sabemos que en México sí obtenemos mejores resultados y es probable (casi seguro) que la balanza se incline a favor de la Selección Nacional.Pero lo que quiero subrayar, y para ello los resultados anteriores son suficientes, es que México nunca ha sido el mero mero, el gigante, el indestructible, el incontestable, sino un equipo entre otros, que en muchas ocasiones, gracias al esfuerzo y el talento de jugadores y entrenadores, ha logrado llegar al Mundial.Pero, si siempre sufrimos con los equipos de nuestra zona (y qué bueno que así sea, porque si nos elimináramos contra los sudamericanos, los europeos, los asiáticos o los africanos, las dificultades serían mayores), ¿de dónde surge la premisa (cuasi) inamovible de la superioridad? Avanzaré algunas respuestas tentativas:a) Creemos lo que queremos creer. Se trata de una premisa triste, pero constatable. Nuestras pasiones se imponen al deber racional, nuestros deseos sustituyen a las evidencias empíricas. En un mundo informe e inasible, contradictorio y antiestético, nuestras creencias -así sean irracionales- tienen más peso que los fenómenos que surgen de esa materia informe y difusa a la que sólo por flojera llamamos realidad. Nuestro credo nos forma y nos hace y por ello no podemos erosionarlo porque sería tanto como atentar contra nosotros mismos.b) Hacemos correlaciones insensatas. Es fácil constatar que en materia de futbol México tiene una liga profesional más fuerte e institucional; que sus jugadores están mejor pagados y desarrollan su labor en mejores condiciones; que los estadios son superiores y con mayor capacidad; y súmele usted. Todo ello es cierto (quizá con la salvedad de Estados Unidos). Pero de esos hechos no se desprende automáticamente que la Selección Nacional sea mejor que las de Centroamérica y el Caribe. Quizá debería serlo porque las condiciones parecen propicias. Pero que exista un entorno superior no quiere decir que mecánicamente los resultados vayan a ser venturosos. Las correlaciones deben ser más complejas y sutiles.c) El reforzamiento ambiental. Si usted sigue el futbol a través de la televisión, la radio y la prensa (como yo), sabrá que la tesis de la grandeza irrefutable de la Tricolor en la zona se repite como un dogma. El metro para medir el desempeño ya está construido. Si le gana, digamos, a Trinidad y Tobago, era una obligación; si pierde, dadas las expectativas construidas, se convierte en un desastre, en una catástrofe.El conjunto de voces (hay muchas muy respetables) han formado un coro (casi) uniforme que sin demasiada sofisticación recrea y reproduce la tesis de la superioridad. Lo hace de manera inercial, sin mala intención, sin dobles propósitos. Pero contribuye, aún sin quererlo, a edificar una ficción. Es parte del caldo de cultivo en el que se reproducen nuestras convicciones. Bueno, alguien me dirá, se trata sólo del futbol, no tiene tanta importancia. Y en efecto. No es para tanto. Pero me temo que esas pulsiones están presentes más allá del deporte (échele un ojo a lo que pasa en la política).
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 11:03 No hay comentarios:
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 14:33 No hay comentarios:
Es un mal presagio para los ciudadanos cuando políticos y autoridades empiezan a pregonar la firma de un nuevo "pacto" o "acuerdo" para atender algún problema social. En lugar de enfrentar la situación por medio de acciones concretas e indicadores precisos, este tipo de estrategias tiende a diluir la responsabilidad de los gobernantes y a llenar los huecos con discursos y promesas vacías. El escenario se torna aún más preocupante cuando el pacto respectivo se ufana de ser en pro de "la legalidad" o de alguna alocución similar, como si hiciera falta acordar lo que es de por sí una obligación del Estado.Han transcurrido casi 100 días desde la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en Palacio Nacional y las autoridades ya empiezan a celebrar su "cumplimiento" por medio de desplegados y pronunciamientos públicos. Sin embargo, la delincuencia organizada, la violencia y la corrupción siguen más presentes que nunca. Mientras el gobierno festeja, los ciudadanos seguimos sufriendo los estragos de una estrategia de seguridad pública errada y errática.El Instituto Federal Electoral (IFE) no quiere quedarse fuera de la moda de los "acuerdos" y en días recientes decidió emular la estrategia de Felipe Calderón de pactar el cumplimiento de la ley. Así tenemos el "Acuerdo por la legalidad y contra la injerencia del ilícito en el proceso electoral 2008-2009" que supuestamente busca blindar a los partidos políticos y candidatos de la intervención del narcotráfico. Pero al igual que el pacto signado en Palacio Nacional, el acuerdo propuesto por Leonardo Valdés está repleto de declaraciones generales y buenos deseos que no contemplan ningún plan de acción específico. "Mediante este acuerdo, expresamos nuestra firme voluntad para que los fenómenos y las redes vinculadas con el ilícito no interfieran en el proceso electoral federal, bajo ninguna modalidad y en ninguna de sus etapas", afirma el texto del eventual acuerdo, y añade: "los partidos políticos nos comprometemos a respetar todos y cada uno de los preceptos constitucionales, legales y normativos que el IFE disponga para la regulación de las precampañas y las campañas electorales". Faltaba más. Las medidas más concretas a que se comprometerían las partes firmantes del acuerdo revelan la existencia de graves problemas con el régimen de transparencia de los partidos políticos que difícilmente se resolverán por medio de un pacto de caballeros. Por ejemplo, los institutos políticos acordarían hacer públicas sus listas de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, así como toda la información financiera sobre las precampañas. También entregarían al IFE una lista completa de todos sus proveedores y prestadores de servicios y atenderían "de manera expedita y oportuna los requerimientos de información" de parte de la autoridad electoral. El hecho de que sea necesario pactar asuntos tan básicos en materia de transparencia refleja el grado de impunidad en que suelen operar los partidos, así como la evidente carencia de legitimidad y arrojo por parte de los consejeros electorales en su tarea de reguladores y árbitros electorales. Para ser justos, hay que señalar que el acuerdo refiere una idea sugerente: la propuesta de que todos los precandidatos y candidatos hagan pública una "declaración de posibles conflictos de interés". Esto sí que sería interesante si se cumpliera al pie de la letra. Formalmente, un conflicto de interés existe cuando una persona cuenta con vínculos económicos, políticos, o familiares que podrían influir negativamente en el desempeño de sus labores profesionales. Por ejemplo, un candidato a diputado federal que sea dueño de una red de gasolinerías o socio en un bufete de abogados que litiga contra el Estado, potencialmente podría tener conflictos de interés a la hora de ejercer su cargo público. Si a este tipo de vínculos se refiere el acuerdo, habría que darle la bienvenida a la iniciativa, ya que todos los ciudadanos efectivamente tenemos el derecho de saber sobre los vínculos de nuestros representantes populares.Sin embargo, no parece que la propuesta va en este sentido, pues un asunto que brilla por su ausencia es la más mínima mención a las empresas mercantiles o los medios de comunicación. Si bien la posible intervención futura del narcotráfico en las campañas presenta riesgos importantes, la participación ilegal de las principales empresas de radio y televisión y de los grandes empresarios desde ahora representa un verdadero peligro para la equidad de las elecciones de 2009. Con la prohibición de la compra de propaganda electoral, ha empezado a florecer un mercado negro de tratos informales entre gobernantes, futuros candidatos y medios de comunicación para promocionar ilegalmente algunas expresiones políticas. Así mismo, los partidos ya alistan formas "alternativas" para allegarse de financiamiento y apoyo del sector privado. Si el IFE realmente estuviera preocupado por defender el espacio público, ampliaría su mira más allá del narcotráfico para incluir estos otros actores que también atentan contra la legalidad electoral. Acciones firmes son más contundentes que mil palabras. En lugar de perder el tiempo firmando documentos, los políticos deberían abocarse a incluir a los partidos políticos como sujetos obligados plenos en la nueva Ley Federal de Transparencia, así como aprobar las reformas pendientes a la Ley Federal de Radio y Televisión y el Código Penal en materia electoral. De parte de la autoridad electoral, el combate a la impunidad es la mejor forma para incentivar el cumplimiento de la ley. Una investigación a fondo del cúmulo de irregularidades cometidas durante 2006 en materia de financiamiento y propaganda electoral, empezando con el caso del Consejo Coordinador Empresarial, sería la mejor manera de enviar un mensaje claro a los partidos de que los consejeros toman en serio su labor de garantes de la democracia mexicana.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:25 No hay comentarios:
El editorial del EL UNIVERSAL de hace unos días (10 de noviembre de 2008) no podía ser más elocuente: “La indefensión del consumidor”. La reflexión abordaba el caso de una empresa dedicada a tratamientos estéticos que de pronto y sin aviso previo decidió cerrar sus puertas, dejando varados a clientes, trabajadores y franquiciatarios. Los afectados suman varios miles de personas, las cuales están comenzando a promover los respectivos juicios civiles, penales y laborales. Es de esperarse que la PROFECO tome cartas en el asunto y disponga hasta donde sus facultades alcanzan algunas medidas preventivas aseguren a los clientes recuperar al menos una parte de los pagos adelantados que habían hecho a la empresa. Lo cierto es que el editorial pone sobre la mesa el fondo del problema: los consumidores estamos en buena medida indefensos frente a este tipo de actuaciones fraudulentas.
El caso, sin embargo, permite realizar un ejercicio de más largo alcance y preguntarnos si es racional un sistema jurídico que obliga a todas y cada una de las personas perjudicadas a promover el correspondiente juicio, contratando cientos de abogados para tal efecto. Una vez que los jueces reciban las demandas o los ministerios públicos las denuncias, procederán en cada caso a realizar las actuaciones correspondientes, notificarán a la empresa (o lo que quede de ella) y dictarán las resoluciones necesarias. Ahora bien, ¿no sería mejor que todos los afectados se pudieran reunir en un único procedimiento legal y promovieran entre todos una sola demanda que resolviera su problema? O todavía mejor: ¿no sería más correcto que uno de los afectados promoviera la demanda a nombre y representación del grupo o colectividad que sufrió el daño, de tal suerte que la sentencia beneficie a todos?
Por extraño que parezca, en México no tenemos reconocida a nivel constitucional la posibilidad de emprender litigios de carácter colectivo. Se trata de una forma de litigar que en docenas de países alrededor del mundo sirve para ahorrar miles de trámites y mucho dinero, además de que permite alcanzar soluciones más justas en casos relacionados con consumidores, medio ambiente, preservación del patrimonio histórico, regulación de uso de suelo, etcétera.
Para remediar este inaceptable retraso histórico, el pasado mes de febrero el Senador del PRI Jesús Murillo Karam propuso una reforma al artículo 17 de la Constitución que si es aprobada supondría un cambio de fondo en la protección de los derechos de todas las personas que vivimos en México. Lamentablemente la opinión pública no le ha puesto la atención que merece la iniciativa, pero se trata de un tema que cada día cobra mayor relevancia y que debería suscitar el mayor apoyo de todas las fuerzas políticas y de los medios de comunicación.
Si la “iniciativa Murillo” se aprobara México se estaría sumando a una poderosa corriente a nivel mundial que tiene por objeto hacer más accesible la justicia a grandes grupos sociales. Desafortunadamente no todas las personas tienen el dinero, el tiempo o los contactos suficientes para acceder a buenos servicios de asesoría jurídica. Frente a esta carencia países como Colombia, Brasil, España, Chile, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros muchos, han previsto en sus legislaciones la defensa colectiva de derechos, lo que ha permitido que sus ciudadanos puedan ver reparadas injusticias de carácter colectivo o difuso que de otra manera hubieran quedado impunes. En nuestro país destacados académicos como Eduardo Ferrer Mac-Gregor, investigador de la UNAM, han venido abogando desde hace años por la modernización de nuestros sistemas procesales a través del reconocimiento de los intereses jurídicos de grupo y de los juicios colectivos.
La mayor parte de la gente no le pone demasiada atención a estos esfuerzos hasta que es afectada por una calamidad como la de Neoskin de hace unos días o la de Publi XIII anteriormente, por citar solamente dos de los más conocidos atropellos recientes de derechos. Los medios de comunicación se dedican a los “grandes temas” de nuestra actualidad sin detenerse a pensar que en este tipo de reforma se pone en juego la calidad de vida de los ciudadanos, muchos de los cuales están hoy en día indefensos frente a la violación masiva de sus derechos.
El texto que propone Murillo no puede ser más sencillo, ni tampoco más elocuente. El artículo 17 de la Constitución debería incorporar un párrafo que dijera simplemente: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como las medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos”.
Ojalá que los legisladores federales tengan la visión y el sentido histórico para aprobar a la brevedad esta propuesta trascendental, que le puede cambiar la vida –literalmente- a millones de personas en nuestro país.
El reto de Gómez Mont.
Fernando Gómez Mont es, antes que político, un destacado abogado. Su experiencia en los litigios penales le permitirá advertir la importancia de acometer con seriedad la puesta en práctica de la gran reforma penal publicada apenas en junio de este año, cuya operación concreta depende en mucho del impulso que obtenga desde la Secretaría de Gobernación. Lo primero que tendrá que hacer es nombrar al sustituto de José Luis Santiago Vasconcelos al frente de la oficina del poder ejecutivo encargada de la implementación de la reforma.
Hay que velear conforme soplan los vientos, dicen los buenos capitanes. Y ante el huracán económico que se vive en Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón deberá pensar con cuidado cómo va a relacionarse con el gobierno de Barack Obama. Las circunstancias climáticas han cambiado y el paradigma mental del Presidente debe hacerlo también. Cambiando el cordaje, virando el timón, esquivando los escollos, empujando el buque bilateral en una dirección distinta. Porque los pesimistas se quejan del viento, los optimistas sugieren que amainará, pero sólo los realistas saben cómo ajustar las velas. A México le corresponde actuar con realismo y ello implicaría navegar más allá de la ruta convencional, definida por la búsqueda de un acuerdo migratorio hoy mismo. Entrañaría buscar nuevas formas de zarpar en busca de esa posibilidad y nuevas maneras de actuar en alta mar para obtenerlo.
Muchos han escrito ya sobre la agenda con Obama y sobre la imperiosa necesidad de que la inmigración ocupe un lugar central en ella. Incluso la canciller Espinosa afirma que “México pedirá al próximo Presidente de los Estados Unidos una reforma que reconozca las aportaciones de los migrantes”. Pero quienes asumen esta posición no parecen comprender el mar embravecido al que se enfrenta Obama o las prioridades para su tripulación. No parecen entender la tiranía de las circunstancias y la necesidad de resguardarse ante su impacto. Una de las reglas básicas para quienes saben velear es que un barco puede moverse casi en cualquier dirección, excepto contra el viento. Pues ahora el viento sopla en contra de una negociación migratoria bilateral, y no sólo sería contraproducente sino peligroso seguir insistiendo en su promoción.
Tan sólo hay que leer las noticias cotidianas en cualquier periódico estadouni- dense. Allí, en estadísticas y porcentajes, está el recuento de los daños. Allí, en números y cifras, está el impacto del huracán, la magnitud del maremoto, la velocidad del viento y la devastación que deja a su paso. La proporción de lanchas destruidas. La lista de empleos perdidos. La cantidad de carga perdida. La destrucción de riqueza acumulada. Ante los efectos del tsunami económico, es posible que aumente la insatisfacción social al norte de la frontera. Ante la falta de empleos, es probable que comience el “backlash” contra los inmigrantes mexicanos que compiten por obtenerlos. Como escribe Benjamin Friedman en The Moral Consequences of Economic Growth, la prosperidad vuelve a las sociedades más democráticas, más plurales, más incluyentes. Pero la escasez produce el efecto contrario. Lleva a la xenofobia, al racismo, a la condena de los “otros”, a los movimientos antiinmigrantes para expulsarlos.
Exigir una reforma migratoria en este momento convertiría a los mexicanos en chivos expiatorios. Contribuiría a colocarles una etiqueta en la frente que dijera “vengan por mí”. Aumentaría el clima antiinmigrante que ha desencadenado el aumento en las redadas, el crecimiento de las deportaciones, el incremento en las sanciones para los empleadores, la introducción de 175 iniciativas antimigratorias en las legislaturas de los estados el año pasado.
Y pocas cosas le vendrían mejor al Partido Republicano que una causa con la cual pudiera unir a una base electoral desalentada. Uno de los principales peligros a los cuales se enfrenta la coalición liberal/progresista/internacionalista de Obama es el regreso del nacionalismo cultural y el proteccionismo económico. México no debe ayudar a revivirlos.
El equipo de Barack Obama sabe que el tema migratorio es demasiado candente como para ser abordado ahora. Su nuevo jefe de gabinete, Rahm Emanuel, ha dicho que la inmigración es “The third rail” -el riel que electrocuta a quien lo toque- de la política estadounidense y no dejará que su jefe se le acerque pronto. El año pasado, Emanuel declaró que “no hay manera de que una reforma migratoria comprehensiva vaya a ocurrir en un Congreso Demócrata, con un Senado Demócrata, en una presidencia Demócrata, en su primer periodo de gobierno”. Ante prioridades más urgentes, Obama probablemente aceptará el statu quo durante algún tiempo, quizás haciendo algunas concesiones en cuanto a las redadas y las sanciones a empleadores. Navegará cuidadosamente en un canal estrecho, sin encallar del lado de los que exigen asegurar la frontera primero, pero tampoco anclará del lado de quienes buscan asegurar la legalización primero. Atrancará las escotillas de su gobierno, en espera de tiempos económicos menos aciagos.
Esto no significa que el gobierno de México debe abandonar el barco de la inmigración. Pero sí necesita guiarlo con más inteligencia: disminuyendo las expectativas en vez de incrementarlas, sustituyendo el lenguaje de los derechos humanos por el de la recuperación económica compartida, construyendo coaliciones con grupos empresariales en vez de apostarle sólo al cabildeo en el Congreso, alejando al buque bilateral de las rocas en lugar de estrellarse contra ellas. Pero más importante aún: frente al clima crítico que se vive al norte de la frontera, México debe presentarse como parte de la solución y no como parte del problema. Para una gran porción de la sociedad estadounidense, el gobierno mexicano no es ni debe ser un interlocutor válido en el tema de una reforma migratoria. México es visto como un “free rider” que exige sin dar, reclama sin colaborar, critica sin conceder, denuncia sin proponer, distribuye guías para migrantes que cruzan la frontera, pero hace poco por resolver los problemas que generan para el sistema educativo y de salud del país que los recibe.
Como ha sugerido la periodista Rossana Fuentes Berain, es momento de pensar de otra manera sobre la relación México- Estados Unidos. De virar las velas. De demostrar que México sabe cómo soplan los nuevos tiempos y sabe cómo reaccionar frente a ellos. De centrar la atención en propuestas que podrían llevar -eventualmente- a los migrantes mexicanos a un buen puerto. De examinar, por ejemplo, el programa de salud que ha propuesto Obama y comprender que uno de sus principales retos es cubrir a latinos sin seguro médico. El gobierno mexicano podría proponer la creación de un fondo de salud -para clínicas y hospitales estadounidenses- administrado por los consulados. Podría, con pasos propositivos como ése, generar buena voluntad hoy para una discusión migratoria mañana. Porque los capitanes exitosos son aquellos que saben evaluar las condiciones del mar. Saben que hay pocas decisiones tan peligrosas como zarpar hacia una ruta reacia y con el viento en contra.
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Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:30 No hay comentarios:
LAS LUCES DESLUMBRANTES
CARLOS ARRELLANO GARCÍA
Desde hace décadas, entre las lecciones que recibía quien aprendía a manejar se incluía, en la conducción nocturna, el uso adecuado de las luces. Al respecto se le informaba que, no habiendo vehículo enfrente estaba en aptitud de usar las luces largas, pero en el momento que aparecía vehículo al frente, estaba obligado a poner las luces cortas o normales para evitar deslumbrar al manejador del vehículo frontal. Bajo estas reglas de conducción razonable pasaron muchos años. Sin duda que, bajo el imperio de la ley del cambio que rige en el mundo, con el tiempo todo se transforma y, en época reciente, han surgido novedades no agradables y sí dañinas con respecto a la conducción de vehículos en las horas de oscuridad, principalmente en las calles, muy abundantes de la Ciudad de México, y las personas que tienen necesidad de manejar sus vehículos en la oscuridad, muy temprano, antes de la aparición satisfactoria de la luz del sol o, en la noche, cuando ya las únicas luces son las artificiales y por el smog, raras veces hay luz de estrellas y luna, han encontrado una novedad no satisfactoria.Nos referimos a la existencia, cada vez mayor, de vehículos que han hecho adquisiciones, con pago de su respectivo costo, de ciertas luces muy modernas que se exceden en resplandor y, naturalmente, que deslumbran a los manejadores de vehículos con luces normales, tanto a los vehículos con esas luces que vienen de frente, los que vienen al lado y aun los que vienen atrás. El deslumbramiento se debe a que esas luces tienen una potencia extraordinaria. Han proliferado los negocios que se dedican a la venta de los aditamentos necesarios para las luces denominadas "xenón", y día con día, quienes tienen que manejar con oscuridad, desde bastante distancia se percatan de los vehículos renovados lumínicamente con luces deslumbrantes, lo que de ninguna manera puede ser visto con buenos ojos. Tal vez los manejadores dotados de luces "xenón" en sus vehículos no se dan cuenta de los perjuicios a terceros y del peligro que originan, mismo que puede tener como resultado una indeseable colisión de automotores en su propio perjuicio.Sabemos que el foco o bulbo del sistema "xenón" HID es un producto novedoso en iluminación para automóviles, que tiene como característica esencial proyectar hasta el trescientos por ciento de luz adicional sobre el área que se desea iluminar, en comparación con las lámparas tradicionales, y se supone que mejora la seguridad y el confort visual. Estimamos que esta suposición no es correcta pues se pone en peligro a otros automovilistas con luces normales y el propio manejador puede ser víctima de los excesos lumínicos. Al igual que muchos productos elaborados, actualmente el mercado se ha inundado de las luces "Xenón HID", procedentes de países diversos con variedad de marcas y, también, procedentes de China.Lo que se les ha olvidado a los usuarios de las luces deslumbrantes, como si no existiera, es el artículo 19, fracción III, del Reglamento de Tránsito Metropolitano, vigente en el Distrito Federal, que prohíbe instalar: "Faros deslumbrantes que pongan en riesgo la seguridad de conductores o peatones", y que la vida en sociedad obliga a la prevalencia del interés colectivo frente al interés individual y que, desde el antiguo Derecho Romano regía el principio: "Alter non laedere", que significa: no dañar a otro. Los vendedores de los elementos necesarios para intensificar tan exageradamente las luces de los vehículos no van a responder de las multas a que se hacen acreedores quienes han adoptado las referidas luces deslumbrantes. Por supuesto que las autoridades de tránsito no deben continuar indiferentes frente a un problema dañino y violador de la ley. Ya es tiempo de que impongan sanciones y comuniquen la existencia de esas incómodas infracciones.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:25 1 comentario:
La cédula profesional es un documento que otorga el Estado para que un profesionista se ostente como tal. Para obtener la cédula se requiere haber cursado una carrera universitaria y haber aprobado los exámenes correspondientes. No se trata de un asunto menor ni accesorio; al contrario, puede representar una diferencia sustantiva entre la vida y la muerte, entre la seguridad y la inseguridad y entre la satisfacción del interés público y el interés personal. Vayamos por partes.Primero. Todos en algún momento tenemos relación con profesionistas que la ley les exige su cédula como el médico, el dentista, el abogado, los profesores, los arquitectos, los ingenieros civiles y un largo etcétera. La sociedad parte de la premisa que estas personas que se presentan como profesionistas cuentan con su respectiva cédula profesional. De manera particular, la sociedad confía (o desconfía menos) de quien exhibe su cédula como prueba de su pericia. La estructura de opacidad del Estado mexicano hacía poco menos que imposible el escrutinio social de esta información que debe ser pública por el interés comunitario. Es precisamente por el valor social de esta figura que la ley castiga su incumplimiento de manera severa no sólo como una falta menor, sino como un delito. En efecto, el artículo 250 del Código Penal establece que se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien sin tener título profesional o autorización para ejercer una profesión reglamentada se atribuya el carácter de profesionista.Segundo. El Estado mexicano -Federación, estados y municipios- ha establecido la acreditación de la cédula profesional para ejercer distintos empleos y cargos públicos a fin de brindarle certeza mínima a los gobernados de que esos servidores públicos, por la naturaleza de sus funciones, deben tener conocimientos certificados. Tales son los casos, por ejemplo, de los jueces que necesariamente deben ser licenciados en derecho o los médicos de un hospital público que deben documentar esa condición e incluso los profesores en todas sus modalidades. En estos casos la violación a la ley, además de ser castigada penalmente es sancionada de acuerdo a la legislación de responsabilidades de servidores públicos. El problema por fortuna no es que esa conducta no se sancione. El reto reside en cómo la sociedad puede verificar la autenticidad de que su médico lo es realmente o el jefe de una obra en verdad es un ingeniero civil, tan sólo por citar dos casos cercanos a todos.Tercero. La Secretaría de Educación Pública ha puesto a disposición pública en su página de internet el denominado Registro Nacional de Profesionistas para comprobar la veracidad de la cédula profesional de quien se presente como profesionista. Es un buen principio, aunque sería todavía mejor que se pudiera buscar por nombre y apellidos. Gracias a este sistema, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) pudo cotejar, por ejemplo, la autenticidad de una cédula profesional que un solicitante había solicitado conforme a la ley de acceso para conocer además cuántas plazas tenía en el sistema educativo local. Corresponde a una persona que tiene una plaza de profesor cuyo nombre es Erasmo Amaro Acosta. Resulta que su cédula profesional que lo acredita como licenciado en educación media con número 2205180 no es la suya propia. Al ingresar al Registro Nacional de Profesionistas, el sistema informó que esa cédula corresponde a Nora Hilda Galván Balderas, como Licenciada en Enfermería. Y así se han detectado un número apreciable de casos que lastiman a la comunidad.Cuarto. Frente a esta circunstancia, que se puede suponer razonablemente que pasa en todo el país, el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, y el presidente del IMIPE, Eleael Acevedo, anunciaron el pasado miércoles 18 de noviembre, en el marco de la inauguración del IX Congreso Nacional de Derecho de la Información, hacer públicas todas las cédulas profesionales de los servidores públicos del Gobierno de esa entidad, que conforme a la ley deban acreditar la calidad de profesionista. De ese modo la sociedad podrá ver quién es quién y dar vida a mecanismos de participación ciudadana en el mejor interés público. Es un hecho inédito de rendición de cuentas que pone de relieve una de las múltiples aplicaciones de la transparencia que a todos nos impacta para combatir la corrupción. Habrá que ver qué estado sigue ese precedente morelense.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 16:23 2 comentarios:
Ayer se cumplieron 98 años del inicio de aquella Revolución que fue convocada como si se tratara de una cita para ir al teatro: “El día 20 de noviembre, desde las 6:00 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Los pueblos que estén retirados de las vías de comunicación lo harán desde la víspera” (Plan de San Luis firmado por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910).Se trató de una auténtica Revolución porque destruyó por completo al Estado y edificó uno nuevo. En su despliegue borró del mapa a los poderes constitucionales precedentes, incluyendo al Ejército federal y a no pocos poderes fácticos, para construir un nuevo tejido estatal, a través de una Constitución remodelada y labrando inéditas relaciones sociales.Pero la Revolución hoy es el pasado. Ni perpetua ni interrumpida. Ni patrimonio de una corriente política ni ordenadora de la vida pública del presente. Ni reinante ni traicionada. Se trata de un patrimonio de todos y de nadie. De un rosario de sucesos y accidentes que modelaron la historia y el perfil del País. El presente no podría explicarse sin ella, pero al futuro poco puede aportar.Su ideología es hoy una nebulosa imposible de asir. Por fortuna, nunca construyó un cuadro rígido de ideas y dictados, sino una constelación de referentes que podían orientarse en muy distintas direcciones. Cobijó “políticas públicas” de diferente signo que acabaron haciendo de esa corriente un gran paraguas que arropó a “derechas e izquierdas” hasta diluir su contorno. El pragmatismo de muchos de los gobiernos, que en su nombre condujeron al País, posibilitó virajes recurrentes, pero dinamitó la “identidad revolucionaria” (si es que algo así existió).No obstante, dos intensas pulsiones dieron vida a la Revolución: La democrática y la social. Y ello es quizá lo que se mantiene vivo. Ambas han tenido una historia oscilante y difícil.La pulsión democráticaLa consigna original “sufragio efectivo, no reelección” ilustra con claridad y elocuencia una de las aspiraciones fundadoras del movimiento armado. El voto ha sido burlado y es necesario establecer su vigencia. Además, es imprescindible poner límites al ejercicio del poder. No obstante, para que esa idea guía se hiciera realidad tuvo que pasar demasiado tiempo.Desde la “revolución maderista” hasta 1929 México vive la explosión de fuerzas políticas y sociales que estaban contenidas, excluidas. Primero a través de los ejércitos populares y luego o simultáneamente bajo un cúmulo de organizaciones agrarias, sindicales, partidistas, se expresan intereses, proyectos y ambiciones, sectoriales y “nacional-populares”. Son años de caudillos militares y “hombres fuertes regionales”, pero también de la multiplicación de ligas agrarias, agrupaciones gremiales y partidos políticos (municipales, estatales, nacionales). Esa diversidad emergente, sin embargo, se recrea en un escenario inestable, institucionalmente precario, sujeto a las fuertes y sangrientas pugnas que se derivan de un Ejército (sería mejor decir, varios ejércitos) triunfante, pero con muy distintas cabezas.No será sino con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929, luego del asesinato de Obregón, cuando esas corrientes centrífugas empezarán a ser centralizadas. En busca de un nuevo orden se construirá primero una organización que reúna a los revolucionarios, luego a “las masas organizadas” y finalmente a la “nación”. Por esa vía el pluralismo original acabará convirtiéndose en monopartidismo.Es hasta fines de los años setenta del siglo pasado cuando, acicateado por la irrupción de la disidencia en muy distintos campos, se inicia un complicado pero firme proceso de apertura y edificación de una trama normativa e institucional capaz de abrigar a la pluralidad política e ideológica que coexiste en México. Desmontar la perdurable pirámide autoritaria no resultó sencillo, pero sí obligatorio si se quería sintonizar la política institucional con los anhelos de una sociedad diversa y contradictoria, incapaz de identificarse con un solo referente político.La pulsión socialDesde el Plan de San Luis hasta la Constitución de 1917, pasando por el Plan de Ayala, la Ley del 6 de enero de 1915 o el decreto de Obregón sobre el salario mínimo, vibran las reivindicaciones sociales, la exigencia de igualdad no sólo formal, sino real.Esas aspiraciones encarnarán en las primeras organizaciones campesinas y su reclamo de reparto agrario, y en los nacientes sindicatos y su exigencia de regular las condiciones de trabajo a través de pactos entre patrones y trabajadores. Esa ola organizativa tendrá su punto más alto durante el sexenio del general Lázaro Cárdenas, y acompañará la política de profundas reformas impulsada por éste, pero también, al ser incorporada al partido oficial, acabará perdiendo fuerza e independencia. Se trata del momento estelar en el que la “cuestión social”, la aspiración de igualdad, da forma y sentido a la política. Sin embargo, no se convierte en una línea de acción perdurable.Noventa y ocho años después de iniciada la Revolución, México es un País cruzado por una profunda desigualdad y con enormes franjas de su población viviendo en condiciones de pobreza extrema. Esa fractura oceánica erosiona la cohesión social y da pie a ciudadanos de primera, segunda y tercera, generando la necesidad de volver a poner en el centro de la agenda nacional (si algo así existe) los temas de la exclusión, la discriminación y el abuso.Son las pretensiones democráticas y de equidad social las que no han perdido actualidad.
La acción criminal se puede llevar a cabo por medio del dolo o de la culpa siendo ésta, conforme a una acertada definición del Código Penal Federal en su versión primigenia de 1931, imprudencia que equivale a "imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado que cause igual daño que un delito intencional" (doloso). Por su parte la impericia es, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, falta de práctica, experiencia y habilidad en una ciencia o arte. Ahora bien, el Secretario de Comunicaciones y Transportes ha dado a conocer una serie de datos obtenidos en la "caja negra" y por demás perturbadores, a lo menos para quien gusta de pensar que no de imaginar, en relación con la tragedia del jet en que perdieron la vida el pasado día 4, entre otros, Juan Camilo Mouriño Terrazo y José Luis Santiago Vasconcelos. Helos aquí. El piloto de la aeronave sólo había cubierto el 2.2 por ciento de sus horas de vuelo al frente de un Learjet 45; una turbulencia de estela y la impericia de los pilotos son las "hipótesis" más sólidas de la causa del desastre; el piloto reveló desconocimiento de los instrumentos del Learjet; hubo deficiencias en el proceso de capacitación y certificación de los pilotos para operar la aeronave; el piloto se acercó demasiado a un Boeing 707 que lo antecedía para aterrizar y por lo tanto no pudo evitar la turbulencia de estela; el piloto y el copiloto estaban desorientados pues no sabían si volaban sobre Querétaro, Morelia, o las refinerías de Tula o Salamanca; por último y con base en un reporte de datos el piloto fue rechazado de un trabajo anterior porque no aprobó el examen psicomédico. ¿Quiere usted más? De nueva cuenta helo aquí. La responsabilidad de la conservación y mantenimiento del Learjet 45 está a cargo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Gobernación. Pregunta: ¿por qué esa Dirección no vigiló lo concerniente al mantenimiento de la aeronave y a la capacitación de los pilotos? ¿Imprevisión, negligencia, falta de reflexión o de cuidado, que causan igual daño que un delito doloso? El Apartado X del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación la obliga a hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Con fundamento en lo expuesto no me parece que en lo dicho por el Secretario de Comunicaciones y Transportes haya de ninguna manera una "hipótesis sólida" de lo acontecido. ¿Es posible que el encargado de la política interior del país viajara en esas condiciones? ¿Cómo viajará entonces el Presidente, apenas un escalafón político arriba del Secretario de Gobernación? ¿No acaso el gobierno debe poner el mayor esmero responsable en los viajes y desplazamientos de sus funcionarios que ostentan una representación social, popular, que no les pertenece, en especial tratándose de aquellos de primerísimo nivel? La irresponsabilidad (imprevisión, negligencia, falta de reflexión o de cuidado) de alguien o de algunos, que deriva en culpa criminal, propició la presencia, digamos, de la impericia de los pilotos. Y si esto sucede en las altas esferas del poder político, ¿qué no sucederá en otros espacios de la administración pública federal? ¿En manos de quién o de quiénes estamos? En tal virtud yo no veo, repito, que aquella hipótesis presentada por el Secretario Téllez sea sólida y en consecuencia subsiste a mi juicio la de un acto criminal. Así mismo ésta es por supuesto una hipótesis, nada más que todavía no descartada ni eliminada. Todo indica que las familias, los deudos, de Mouriño Terrazo y de Santiago Vasconcelos no pretenden ir más allá de la versión de un accidente, lo que es muy respetable. Pero hubo otras víctimas directas de la tragedia, aparte de que en rigor la sociedad mexicana lo es también. Y merece, merecemos (lo ha prometido el Presidente), el esclarecimiento transparente, razonado y razonable de los hechos en vez de una especie de acortamiento extraño, coincidente con declaraciones del embajador Tony Garza, del anunciado "por lo menos once meses de plazo".
¿Por qué redujo la Cámara de Diputados el presupuesto a ejercerse en 2009 por el Poder Judicial de la Federación?Como se supo, el miércoles 12, la Cámara redujo ese presupuesto en la sensible suma de 5 mil 500 millones de pesos, o sea 14.5% menos de lo que se había aceptado originalmente.A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le recortaron 800 millones de pesos, y 5 mil millones al Consejo de la Judicatura Federal. El resto del ajuste lo pusieron los diputados a cargo del presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Como se sabe bien, el Ejecutivo federal anualmente le encarga a su secretario de Hacienda que formule un proyecto de presupuesto aplicable para el siguiente año, que en forma definitiva sólo puede ser acordado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ya que la Cámara de Senadores en estas cuestiones resulta ser un convidado de piedra.El titular de la Secretaría de Hacienda calcula el presupuesto que se requiere para las oficinas y servicios del propio Ejecutivo federal. Los requerimientos del Poder Legislativo son atendidos por una de sus cámaras (la de Diputados), aunque se aplique a ambas.Fundamento mis comentarios:El último párrafo del artículo 100 constitucional textualmente dice: "La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo (de la Judicatura Federal) lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 (que dispone que el Tribunal Federal Electoral propondrá su presupuesto al Presidente de la Suprema Corte, para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial). Los presupuestos así elaborados -continúa el artículo- serán remitidos por el presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación".Como puede advertirse, la Constitución Política que nos rige no dispone que el Ejecutivo federal sea el que determine cuál es el presupuesto conveniente para sí y también para el Poder Judicial, sino simplemente ordena que se asigne el presupuesto adecuado para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal y para el TEPJF, y son reunidos éstos bajo el procedimiento ordenado por la Constitución.El presidente de los dos primeros organismos los enviará y debe entenderse que directamente a la Cámara de Diputados (tal y como sí lo hace el Poder Ejecutivo Federal), y ésta aprobarlos o rechazarlos según su parecer.Nada dice la Constitución sobre cómo responsabilizar a la propia Cámara de Diputados para el caso que ponga en crisis económica a un Poder Federal, distinto a aquél al cual pertenece el Poder Legislativo, cuando que es una cuestión muy importante, pues si la Cámara de Diputados puede resolver a su gusto y placer lo que requieren los otros dos Poderes de la Unión, en realidad dicha cámara se convierte en el Estado mismo, ya que -vía la economía- puede influir en los otros dos Poderes (incluyendo a la Cámara de Senadores) de la Unión.La presión que con ello proyecta como bólido la Cámara de Diputados la convierte en Estado de Poder Absoluto e Irresponsable. Primera observación que me urgía plantear en este envío.La segunda se refiere a la razón por la cual estamos afrontando esta reducción tan notable. La explicación -bien conocida- es que el Ejecutivo federal y su secretario de Hacienda, cuando formularon su presupuesto, contemplaron un estado dado de la nación mexicana y de sus necesidades. Cuando realizaron su estimado, el país no estaba en crisis económica, y aparentemente el Ejecutivo y el secretario no "se olieron" que Estados Unidos y el mundo que ellos rigen estaba a punto de entrar en una crisis económica y financiera.Cuando ésta llegó al fin y los funcionarios no podían hacer nada para evitarlo se les ocurrió que, para no alarmar mucho a la población y causar una reacción de estampida, era menester hablar de la crisis como si se tratara de un "catarrito".Lo anterior fue tanto como decirle a los mexicanos: "No le tengas miedo al coco. Es un bromista que se puso una manta pintada para asustarnos. Pero en realidad no existe; no puede existir". Y cuando el coco se hizo presente, ya formulado su primer cálculo de necesidades nacionales para un paraíso soñado, se plantearon, en unión de la Cámara de Diputados: "¿Ahora a quién amolamos?"Cuando a un particular lo cesan, le reducen sus sueldos, o le falla el sistema de resoluciones tomadas antes de estos siniestros, lo primero que piensa es: "¿En qué puedo ahorrar?"Yo mismo pasé por esos tragos amargos y me planteaba: "La comida, el vestido, la renta y la educación de las niñas (así en mi caso) son gastos prioritarios que no deben tocarse. Habrá que ahorrar en lo no importante, en lo no trascendente, en lo que puede esperar".Y así fue como, ante todo, los diputados no sólo aseguraron sus dietas, sino que ¡las aumentaron! Focalizaron la mirada institucional, y fueron ante todo asegurando lo que para ellos es la categoría prioritaria: militares, marinos, policías, sus propios sueldos, y uno que otro "negocito" ("¿Entonces para qué llegamos si no vamos a beneficiarnos?").Pero eso es sólo la primera parte de la política que evitará el desastre. La segunda: ¿A quién le "bajamos" de aquello que nos pidieron?Ante todo le llegaron fuerte a sus "colegas senadores". Les redujeron 22% de sus recursos. A la Auditoría Superior de la Federación, que tanto los muele. Al Instituto Federal Electoral (al cabo nadie los quiere), y por supuesto al Poder Judicial de la Federación, al cual le hicieron "manita de puerco". ¡Ah! y 40 millones a los zongolicos.Conjeturo: Quizá lo hicieron por la gran cantidad de veces que les han invalidado sus leyes inconstitucionales, o por la constante y chocante recomendación de que lean la Constitución en sus descansos.En todas las empresas privadas, e igualmente en los institutos públicos, el grueso de los gastos lo constituyen los sueldos del personal. En el cálculo presupuestal de todos estos organismos lo primero que se plantea es cuánto ha subido el costo de la vida y en cuánto se ha devaluado la moneda corriente.Y establecido este acto de realismo humanitario se determina el porcentaje que es necesario aumentar en los sueldos de todo el personal. Con ello los empleados no ganan más: sólo mantienen el mismo salario.Pero lo que resulta más llamativo (por no decir deplorable) es el recorte al Consejo de la Judicatura.Ya he recordado que se presupuestan por separado las tres ramas que integran al Poder Judicial Federal. El presupuesto de la Suprema Corte toma principalmente en cuenta los sueldos de los ministros, los secretarios, el personal auxiliar, y los trabajadores de planta y de servicios.El mantenimiento y los servicios necesarios no resultan excesivamente elevados en la Corte. Contrariamente a lo que se cree, los ministros no tienen más viajes que los de sus vacaciones personales y familiares, que por cierto los cubren de su propio peculio. Quien viaja con relativa frecuencia es su presidente (que también lo es del Consejo de la Judicatura), porque debe tomar nota e inspeccionar a numerosos tribunales, juzgados, bibliotecas, y actividades diversas, en toda la República. La Corte o el Consejo de la Judicatura no cuentan con aviones propios: los viajes indispensables tienen el principal auxilio de las fuerzas militares del país.El Tribunal Federal Electoral (que por cierto el año entrante tendrá un continuo funcionamiento muy pesado) debe observarse y evaluarse bajo bases muy similares a las de la Corte Suprema.Pero el Consejo de la Judicatura debe atender a todos los jueces y magistrados (unitarios y colegiados) de la capital y de toda la República.Ante todo debe atender las necesidades de impartir justicia, que cada año aumenta en forma notable. Debe entenderse que la población crece anualmente (rebasamos los 100 millones) y por ello hay más y más conflictos planteados para resolver en justicia.Debe atender el continuo requerimiento de más juzgados, más tribunales, más personal (sobre todo profesional, que es el más caro), y más gastos. Casi todos los años la Suprema Corte debe complementar sus altos gastos y requerimientos (máquinas, asentamientos, papel, transporte, etcétera). Todo el dinero extra que se asigne al Consejo será consumido rápidamente por la renta o la compra de inmuebles para instalar juzgados y tribunales con dignidad.¿Por qué disminuir todos esos servicios fundamentales?Pero lo que más importa: ¿Qué categoría le conceden los diputados a la administración e impartición de justicia?¿Modesta? ¿Mediana? ¿Fundamental?Bueno, dejo de escribir sin saber por qué me repito a mí mismo unos dichos de los mexicanos: "¡Por eso estamos como estamos!" y "¡Lo peor está por llegar!"
A la desgracia de la muerte tenía que seguir la desgracia de la especulación.Dice El Pequeño Larousse que por desgracia debemos entender un “suceso o acontecimiento funesto”, un “mal que constituye un perpetuo motivo de aflicción”. La muerte de todos aquellos que viajaban en el avión de la Secretaría de Gobernación o de los que por azar perdieron la vida al estar cerca de donde ocurrió el impacto es una desgracia: Un acontecimiento funesto que por supuesto deja una estela de desconsuelo, sobre todo entre los familiares, amigos y colaboradores de las víctimas. Pero la especulación que se desató después es para mí un “mal que se constituye en un perpetuo motivo de aflicción”. Se trata de una fórmula consagrada en los medios, de un recurso para llenar los silencios que se producen en las conversaciones, del mal arte de hacer a un lado la información para sustituirla por “cábalas”, en el sentido de conjeturar, suponer, sospechar (otra vez El Pequeño...).Esa especulación tiende a llenar el espacio de la opinión y a nublar el clima del debate y la información públicos. Sirve para medrar, para dar gato por liebre, para que el emisor destaque momentáneamente o sólo para jugar. Pero en todos los casos enturbia el ambiente y genera todo tipo de suposiciones... entre más descabelladas, parece, mejor. Es un resorte bien aceitado y un platillo que goza, para mi desconcierto, de enorme demanda.La especulación es una respuesta natural a la falta de información, a la opacidad. Y aunque por lo que alcanzo a ver, no es el caso, el solo hecho de que las pesquisas sólo puedan ofrecer resultados definitivos luego de largas semanas (quizá meses) sirve para lubricar con muy buen combustible la espiral de conjeturas. No obstante, en más de una ocasión y a pesar de que existe información vasta y cierta, la especulación se alimenta con facilidad. No es del todo cierto que la relación entre informar y especular sea de “suma cero”.Hay quien especula sólo para pasar el rato. Quien poseído de un cierto espíritu deportivo o lúdico, quiere ponerle un poco de pimienta a la plática. No le interesa demasiado el tema, sino tener un juguete para distraerse. Hay quien es una máquina de conjeturas porque las entiende como fórmulas para aparecer como más inteligente que el resto. Aquellos que “creen” las versiones oficiales suelen ser, a sus ojos, bobos, crédulos. Por el contrario, él es capaz de trascender esas versiones y construir otras donde siempre aparecen las “auténticas causas” de las cosas. Es una receta que no se puede erradicar porque a muchos les resulta redituable, pero también porque a otros más les es atractiva, hipnótica, sugerente.En su Diccionario de Mitología Universal, Arthur Cotterell nos presenta un dios que, con diminutos agregados de mi parte, resulta la ilustración viva de los especuladores. Se trata de Tonenili, “literalmente, regador de versiones. El dios de la lluvia de interpretaciones de los indios navajos de Arizona.Tonenili es un dios amigo de la diversión y de gastar bromas, que lleva siempre un jarro de agua y una canasta de conjeturas. En las danzas tribales, Tonenili es representado por un hombre enmascarado que hace un papel de payaso. También en los mitos Tonenili es el loco que baila sin cesar para demostrar su satisfacción por lo que está sucediendo” (Ariel, Barcelona, 1992. p. 270).Y en efecto, los especuladores tienen algo de bufones que le sirven a la corte de la opinión pública (lo que ésta sea) como distractores, ordenadores de juicios y prejuicios, animadores de los humores del respetable. Y si bien se encuentran a kilómetros de los auténticos locos, no poca satisfacción les acarrea lo que “está sucediendo”, ya que es la materia prima de su oficio.Hay otra característica del especulador: Su impunidad. Dado que las formas que adoptan sus dichos son casi siempre sibilinas, resulta prácticamente imposible demostrarle que no tiene (o tenía) razón. Antecede sus dichos con: “Se dice”, “trascendió”, “mi fuente es impecable, pero no la puedo hacer pública”. Relaciona nombres, lugares y fechas en un código personalísimo e inescrutable (salvo por él mismo). Explota de manera magistral los prejuicios ya instalados. Apantalla con supuesta información de primera mano que sólo él tiene.El último episodio de conjeturas desbocadas sería gracioso si no fuese patético. Luego de la trágica muerte del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, vimos, oímos y leímos listas completas de los nombres de sus posibles sucesores. Muchos comentaristas y reporteros, gracias a sus conocimientos del terreno y a sus dotes adivinatorias, adelantaron nombres y apellidos, significados explícitos y ocultos, características e intenciones (“si queda tal es que...”, “si nombran a aquel otro, uf...”). Pues bien, resultó que el nuevo secretario, Fernando Gómez Mont, jamás fue mencionado entre los posibles. Muchos otros fueron barajados, pero el “bueno” no.¿Alguno de los especuladores dirá que se equivocó? ¿El traspié suscitará algún sonrojo? Por supuesto que no. Es parte del juego –perverso- de humo y baratijas que se vende en el mercado y que encuentra compradores ávidos de novedades, de claves para entender lo que sucede, de guías para orientarse en un escenario confuso, profuso y difuso.El especulador ahora podrá decir: “El Presidente se sacó una carta de la manga”, “nadie lo esperaba” (que en buen español quiere decir: Ninguno de los especuladores lo esperaba), “se trató de una auténtica sorpresa”. Y todo ello es posible porque para el mundo de las conjeturas lo mismo vale la información dura y pura que la invención más descabellada.
TIERRA DEL MUCHO
Somos un país que ama las imprecisiones, el "más o menos", el "mucho"... Ante la falta de información confiable cualquier teoría se hace creíble y se alimenta el molino de la especulación. Entretanto, ignoramos asuntos tan prioritarios y graves como la creciente influencia del crimen organizado en los gobiernos municipales. Ya se ha especulado bastante sobre la muerte de Juan Camilo Mouriño y JoséSantiago Vasconcelos, entre otros. Tal vez fue un accidente, a lo mejor fue una ejecución; por ahora, lo único cierto es que, en la imaginación popular, la omnipotencia del Presidente ha sido sustituida por el poder del crimen organizado: se les considera capaces de colocar bombas o lanzar misiles, de interferir comunicaciones y enterarse de la hora en que se acerca un pequeño avión al aeropuerto internacional... Sería ridículo negar que es una hipótesis plausible como el que la información a nuestra disposición es insuficiente. Nadie, y eso incluye al jefe del Ejecutivo, pareciera tener un panorama preciso del tamaño del crimen organizado. Un año y siete meses después de llegar al cargo, Felipe Calderón confió a El País de España (15 de junio del 2008) que "cuando llegué a la presidencia, [el] alcance [del narco] era ya insostenible. Llegué al quirófano sabiendo que el paciente tenía una dolencia muy grave; pero al abrirlo nos dimos cuenta de que estaba invadido por muchas partes y había quesanarlo a como diera lugar". ¿Qué tan "invadido" estaba el paciente?, ¿tenía elt umor encapsulado o se había expandido por órganos, huesos y arterias? La guerra del narco ha ido liberando ríos de información que posibilitan una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Ya sabemos que el crimen organizado va imponiendo su ley a cabildos atenazados por un miedo causadopor la indefensión; los otros niveles de gobierno son incapaces de darles protección a ellos y a los ciudadanos. ¿Hasta dónde llega la infiltración? Aunquelas cifras son imprecisas, y de difícil verificación, es posible tener una idea aproximada. Edgardo Buscaglia es un especialista en crimen organizado que asesoró a la Organización de las Naciones Unidas; en declaraciones aparecidas en junio de este 2008 aseguró que entre el 50 y el 60 por ciento de los municipios del país padecían de algún tipo de infiltración. La afirmación parecía exagerada a algunos funcionarios; uno de ellos me comentó que se "trataba de las exageraciones de alguien deseoso de llamar la atención". El 25 de septiembre pasado un diputado del gobernante PAN, Gerardo Priego Tapia, respaldó la estimación al declarar que mil 400 municipios (el 57 por ciento del total) tenían ese problema. Imposible respaldar o refutar el número. Tal vez sean muchos, a lo mejor son pocos. Vivimos en el país del más o menos gobernado por una autoridad maromera. El 15 de julio, y como respuesta a las estimaciones hechas públicaspor Buscaglia, la Procuraduría General de la República (PGR) soltó uncomunicado asegurando que sólo 80 alcaldías eran controladas por el narcotráfico en todo el país. Muy, pero muy por debajo de lo dicho porBuscaglia. Pero el 28 de septiembre pasado, al corresponsal de El País en México, Pablo Ordaz, un funcionario de la PGR le mostró un documento en el cual se reconocía que 77 municipios michoacanos estaban sometidos a diferentes grados de asedio por el crimen organizado. Ante el desorden y el revoltijo de números algunos medios de comunicación se han lanzado a hacer sus propias estimaciones. Tres medios impresos (Reforma, El Universal y Emeequis) se pusieron a investigar (cada uno por su lado) cuántas autoridades municipales han sido amenazadas por el crimen organizado en ocho estados. Se trata, por supuesto, de cabildos que no habían caído todavía bajo la influencia de los cárteles. De los 849 municipios que tienen esas entidades, 205 estaban bajo asedio. Puede por tanto afirmarse que la intimidación de autoridades municipales está ala alza. Adelanto, como posible explicación, el exceso de capacidad instalada de cárteles sobrados de sicarios y deseosos de ampliar sus mercados y poder. Elinfluir o controlar gobiernos municipales les permite vender o traficar más droga,e xtorsionar a autoridades, recaudar contribuciones a empresas pomadosas o humildes tianguis, secuestrar y robar ciudadanos, traficar migrantes o prostituir amenores y adultos, vender discos piratas y todo lo que pueda generar utilidades. En otra ocasión abundaré sobre los efectos devastadores que ello tiene sobre lavida democrática. Lo anterior está generando una situación que afecta a todos los partidos en el poder. Parecería lógico que todas las fuerzas políticas, económicas y social estuvieran interés en llegar a algún tipo de entendimiento o acuerdo para enfrentaruna amenaza común. Hubo un avance en esa dirección y ya pronto conoceremos los avances logrados ahora que estamos cerca de que se cumpla el plazo de 100 días puesto por las autoridades. ¿Renunciarán quienes no cumplieron?C omo noviembre será el mes de la seguridad, es tiempo de abrir el abanico y proponer, para la inclusión en la agenda de nuestras angustias, asuntos ahora minimizados. Estarían las llamadas compañías de seguridad privada que actúan sin regulación alguna y se convierten en lastre en lugar de solución; parecería conveniente tomar en serio la propuesta de legalizar la mariguana hecha por Víctor Hugo Círigo desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; sería muy útil que la Secretaría de Salud dé señales de vida y entregue la versión definitiva de la Encuesta Nacional de Adicciones del 2008 (¿seguirán ahí o se habrán quedado dormidos?). Pero la tarea más urgente es que nuestros gobernantes mejoren y homogeneicenla calidad de la información que entregan. Les disgusta que se cuestione la verdad oficial, pero siguen instalados en el país del "mucho" o del "más o menos"de la imprecisión.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:59 No hay comentarios:
¿QUIÉN VA A CREER QUE FUE UN ACCIDENTE?
Esa es la realidad, todos, y el todos incluye al mismo Presidente Felipe Calderón, al momento de conocer la noticia
Junto con la noticia del avionazo, que el pasado martes 4 de noviembre segó la vida del Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; el ex titular de la Subsecretaria de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos y otras 12 personas más, se esparció la idea del atentado en su contra; las dos iban juntas, eran pareja indisoluble. Y es que como respondió Samuel González Ruiz, consultor internacional y ex titular del órgano que precedió a la SIEDO, a Carmen Aristegui:"?Si esto fue atentado o no, da exactamente lo mismo... Las condiciones para que ocurra un atentado siguen ahí. No ha cambiado nada. Si el gobierno mexicano no logra revertir las actuales condiciones, tendríamos que pensar que si éste no fue un atentado, habrá un atentado". Esa es la realidad, todos, y el todos incluye al mismo Presidente Felipe Calderón, al momento de conocer la noticia, de inmediato pensamos en un atentado. Algunos lo hicimos en función de que en el avión volaba también Santiago Vasconcelos, quien había perseguido durante más de una década al crimen organizado; otros, por la presencia del Secretario de Gobernación, instancia que a pesar de su desmantelamiento en los últimos sexenios sigue siendo de principal importancia; y, otros más, por la cercanía de Mouriño con el presidente Calderón. Pero cualquiera que fuese la razón, la asociación era inevitable. Tres horas después del accidente abordé un taxi en la Ciudad de México, el conductor, que ni radio traía en el automóvil y se había enterado del evento por las versiones de sus pasajeros, de inmediato me dio la noticia de la tragedia y también concluyó: "?los mataron, es mucha coincidencia que hayan ido los dos juntos". Al día siguiente, como a las 10:00 horas, abordé otro taxi, el tema nuevamente fue inmediato, el conductor también me trasmite el sentir de sus pasajeros, sólo que en esta ocasión se trata de un conocedor del tema: un piloto de la mayor aerolínea mexicana. El taxista me narra, que entre sus clientes habituales se encuentra este piloto, al que justamente había recogido temprano en la mañana para llevarlo al aeropuerto capitalino, y que este también había sentenciado tajante: "fue atentado". De acuerdo a la explicación del piloto, las aeronaves, y, desde luego, los Learjet 45 no son la excepción, están preparadas para volar con un solo motor e, incluso, de ser el caso, para planear si fallan ambos motores. Y, de acuerdo al taxista, el piloto le había señalado que por el lugar del avionazo, de haber sido una falla mecánica que afectara a ambos motores, hubieran logrado llegar hasta la pista, pues la distancia ya era menor. El taxista abundaba en precisiones sobre la ruta que siguieron San Luis-Querétaro-DF y transmitía comentarios que seguramente le hizo el piloto, pues eran precisos, como el que es la ruta habitual de aproximación al aeropuerto capitalino y que en caso de haber ido al aeropuerto de Toluca, hubiese seguido un camino distinto, por Cuernavaca. En fin, suficientes elementos para dejar constancia que no inventaba y simplemente repetía lo que el piloto le había dicho. Pero a pesar de lo cuidado de los mensajes de Felipe Calderón, para no adelantar un juicio sobre si fue accidente o atentado, hay oraciones que traslucen sus dudas: "El Gobierno Federal a mi cargo, en coordinación con las instancias competentes, realizará todas las investigaciones necesarias, a fin de averiguar a fondo las causas que originaron esta tragedia? Estaremos informando a ustedes y a toda la Nación a medida en que avancen las investigaciones del caso?", dijo el mismo martes, dos horas después del avionazo. Y dos días después, durante el homenaje que les rindieron en el Campo Marte, nuevamente señaló: "Los lamentables acontecimientos del 4 de noviembre se esclarecerán a fondo. Por ello, el Gobierno Federal, en coordinación con las instancias competentes, está llevando a cabo todas las investigaciones necesarias para averiguar las causas que originaron esta terrible tragedia. En esta delicada tarea, contamos con el apoyo de los mejores expertos del mundo y de las agencias nacionales e internacionales especializadas y más calificadas. "Como Presidente de la República, y como amigo y compañero del licenciado Mouriño y de sus colaboradores, soy el primer interesado en que surja la verdad y se esclarezcan las causas de estos hechos." Lo mismo sucedió con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien reiteradamente viene descartando el atentado. Al día siguiente del avionazo, el miércoles 5 de noviembre, al informar sobre los avances de las investigaciones señaló: "Quisiera enfatizar que hasta el momento no se han detectado indicios que permitan formular hipótesis diferentes a la de un accidente, pero se investigará hasta agotar todas las posibilidades." Y luego repitió exactamente lo mismo. Y el viernes 7 de noviembre, tras los informes de la Procuraduría General de la República, enfatizó: "Lo que quisiera comentar y enfatizar en palabras muy llanas, es que la Procuraduría General de la República, a través del licenciado Nájera, nos está informando en este momento que después de los exámenes periciales que se llevaron a cabo, no se encontraron ningún rastro o no se encontró rastro alguno de ninguna sustancia explosiva, es decir, que no hubo ninguna explosión causada en el avión que cayó". Y más adelante a pregunta expresa de Roberto González, reportero de La Jornada, responde claramente: "La información que estamos proporcionando en este momento refuerza la hipótesis, quisiera comentarlo en esos términos, la información que se presenta en este momento refuerza la hipótesis de que la caída del avión fue un accidente". El mismo miércoles por la mañana, al abordar el avión que me trasladaría de la Ciudad de México a Monterrey, me encuentro como compañero de vuelo con Manuel Bartlett, ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid, y le pregunto: "Tú que sabes de esto, ¿qué crees que pasó? ¿Accidente o atentado? Y su respuesta fue inmediata: "Qué importa, nadie creerá que fue un accidente". Las respuestas de los dos ex funcionarios, uno en el ámbito de la seguridad y otro en Gobernación, dibujan con precisión lo grave de la situación: por un lado, existen las condiciones para que se pueda atentar, inclusive contra un funcionario de ese nivel; del otro, existen las condiciones para que la ciudadanía piense que efectivamente fue una atentado, aunque en realidad no haya sido así. Pero las condiciones están tan presentes, en ambos sentidos, que el mismo presidente y los secretarios involucrados lo consideran una posibilidad viable, como se percibe en sus declaraciones. Urge desmontar dichas condiciones en ambos ámbitos y los dos son igualmente graves y complicados. En el ámbito de las condiciones para el atentado, lo más grave es que la sola consideración de que es factible un atentado a esos niveles muestra la vulnerabilidad del Estado y la población; pero en el ámbito de las percepciones, lo preocupante es que el terreno es fértil para que cualquier rumor cobre carta de naturalización. El avionazo refuerza la necesidad de combatir al crimen organizado, pues sus alcances están minando los cimientos de México, pero su combate no puede limitarse a la batalla frontal y la utilización de la fuerza bruta, requiere una buena dosis de inteligencia estratégica y participación social.
Publicado por ISRAEL ALBERTO HERNÁNDEZ en 13:20 No hay comentarios:
LO DIJIMOS LA SEMANA PASADA
JULIAN GÛITRON FUENTEVILLA
El éxito del XV Congreso Internacional de Derecho Familiar, cuyo lema fue "La familia es para siempre", cuya autora es Susana Roig de Güitrón, rebasó las proyecciones que el comité organizador había plasmado, en atención a la calidad intelectual de los conferenciantes magistrales, a la de los ponentes; al interés de los congresistas y a la acuciosa preparación que los participantes extranjeros pusieron en la elaboración de sus respectivos trabajos.
PARTICIPACIÓN DE MAESTROS EMÉRITOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y OTRAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIORFERNANDO FLORES GARCÍA Continuando con la programación establecida para el viernes 31 de octubre, participaron los profesores eméritos de la UNAM, Dr. Fernando Flores García y el Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra; el primero destacó la trascendencia del catedrático en la enseñanza del Derecho; hizo aportaciones y recuerdos de los más de sesenta años que tiene de enseñar, dejando muy satisfechos a sus interlocutores y, sobre todo, porque como siempre, con la maestría que lo caracteriza, el Dr. Flores García destacó los valores de la enseñanza-aprendizaje, y subrayó que el binomio alumno-maestro ha sido fundamental para lograr que la Universidad Nacional Autónoma de México ocupe el primer lugar en la actualidad en Iberoamérica y el 52 a nivel internacional.Asimismo, evocó la egregia figura y los pensamientos del paradigma del Derecho Procesal, Piero Calamandrei. Terminó su extraordinaria conferencia enfatizando su credo, el cual enfatizó señalando: "Creo en la justicia; creo en el Derecho; creo en mis alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM"; al terminar recibió una impresionante ovación del auditorio, que con más de 700 personas abarrotaba el lugar. JORGE MARIO MAGALLÓN IBARRA También Profesor Emérito de la UNAM, el Dr. Magallón Ibarra, que al igual que el Dr. Flores García, fueron y siguen siendo maestros destacadísimos del suscrito, puso énfasis en el tema de la violencia familiar; externó su preocupación para que ésta pueda erradicarse con las leyes adecuadas a la realidad social mexicana. Alentó a todos los estudiosos, a los licenciados, a los maestros, a los doctores, a los investigadores de esta materia, a que aporten sus luces para encontrar la solución jurídica a este mal.El público estuvo muy receptivo a sus opiniones, argumentos y mensaje, y recibió de parte de éste el reconocimiento a su trayectoria, capacidad y a lo brillante de su exposición, que se basó en un caso práctico, lo que hizo más real y dramática su intervención. JULIÁN GÜITRÓN FUENTEVILLA Quien escribe estas líneas, maestro emérito de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de Chiapas, tuvo el agrado de hablar sobre un tema vigente, trascendente, que preocupa a todos los mexicanos y que durante siglos ha existido en nuestro país; se trata del Derecho Familiar Indígena. La conferencia magistral destacó datos y cifras tan importantes como que en México, según información de Geografía y Estadística y del Consejo Nacional de Población, de los ciento seis millones de habitantes, el porcentaje de pueblos indígenas está entre 10 y 15 por ciento, distribuidos en todo el país; estamos hablando entre doce y trece millones.El propósito de esta investigación fue aportar los elementos para crear el Derecho Familiar Indígena mexicano, basado en los usos y costumbres, los hábitos, el compadrazgo, en la organización familiar, en el tequio, en todas las figuras creadas para que el Derecho Familiar Indígena sea una realidad. Hemos propuesto que parte de las normas derivadas de éstas se incorporen y conviertan en Derecho Familiar positivo vigente en México, incorporando las disposiciones de aquél, por su contenido ético, moral y de solidaridad que contienen. JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA Quien fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, a quien nos hemos referido ya en otras ocasiones en este espacio periodístico por su destacada labor, le tocó exponer sobre la Mediación en el Derecho Familiar, subrayando su importancia y, sobre todo, que éste es el medio idóneo, el más eficaz para que personas con determinadas conflictos puedan resolverlos a través de esta figura. Asimismo, destacó que existen en el Distrito Federal los centros adecuadamente establecidos para realizar estas conciliaciones y justo es decirlo, se debió a su presidencia el desarrollo de estos espacios donde, entre otras circunstancias, pueden convivir las personas con sus familias. La mediación es tan importante que debe ocupar un lugar especial frente a la problemática planteada, aceptando en sus diferentes afirmaciones que debe proyectarse de forma definitiva y que esté adecuadamente regulada en las leyes, porque permitirá que la familia, sobre todo los hijos, no sean tan lastimados en los casos de un divorcio conflictivo. FRANCOIS CHABASAl Profesor Emérito de la Universidad de París XII, Francia, le tocó hablar sobre la responsabilidad de los niños y de los padres, subrayando cuestiones tan trascendentes como la separación que debe haber entre la responsabilidad de unos y de otros, para no continuar como hasta ahora, que cuando los menores cometen faltas, son eludidas por fallas en las leyes y que deben fincarse y deslindarse la responsabilidad de los niños y sus progenitores. JOEL CHIRINO CASTILLO Distinguido profesor de la UNAM y reconocido notario público, disertó sobre la sociedad conyugal y su disolución. Hizo hincapié en los aspectos más importantes y trascendentes de esta figura, destacando que los cónyuges deben llegar a una solución pacífica, sin que implique un problema, para que al decidir disolver el vínculo matrimonial, éste no se convierta en un vía crucis para ellos.Subrayó la importancia de los notarios públicos que, al modificarse la ley, pudieran llegar a tener acceso a estas hipótesis para participar de manera positiva en la disolución de esta figura y terminar con sus graves efectos. AÍDA KEMELMAJER DE CARLUCCI De Argentina, la doctora Kemelmajer, ministra de la Corte Suprema de Mendoza, Argentina y distinguida profesora de la Universidad de Cuyo, habló sobre la guarda compartida y una visión comparativa, es decir, aplicó el método comparativo para llegar a algunas conclusiones importantes de este fenómeno, diferenciando la guarda de la custodia y sobre todo, con un enfoque novedoso al tradicional. HILDA PÉREZ CARBAJAL Doctora y maestra de la Facultad de Derecho de la UNAM, se dedicó a analizar la problemática que surge para cumplir con las cargas de las pensiones alimenticias, ponderando los criterios que se han establecido para fijar el monto de aquéllas. Puso énfasis en las cuestiones prácticas debidas a su trayectoria como proyectista del Tribunal en esta materia, e hizo aportaciones muy interesantes a la misma. DOCTORES HONORIS CAUSA La Universidad Interamericana de Morelos, cuya rectoría es ejercida por el contador público José Alberto Pérez Apaez y la Junta de Gobierno de la persona que preside el suscrito, junto con los miembros de esta institución, decidieron en forma unánime otorgar los reconocimientos e insignias del doctorado honoris causa a distinguidas personalidades nacionales y extranjeras, atendiendo a sus méritos académicos, científicos y en especial a la gran labor que han desempeñado a favor del Derecho Familiar. Esta ceremonia resultó muy emotiva; el grado otorgado a las personalidades fueron un broche de oro a las actividades realizadas durante los cinco días que duró el congreso que concluyó el viernes 31 de octubre por la noche. MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Con la plena convicción del papel histórico que tiene nuestromáximo Tribunal en la actualidad, sobre todo porque ha logrado una verdadera aplicación del Derecho, atendiendo a los más altos fines de esta disciplina jurídica, los ministros de la Primera Sala, la Dra. Olga Sánchez Cordero de García Villegas, el Dr. Sergio A. Valls Hernández y el Dr. José Ramón Cossío Díaz, recibieron entre otros, el grado Honoris Causa, otorgado por la institución mencionada.Consistió en investir a todos los homenajeados con la toga, la museta y el birrete con las ínfulas respectivas y con los colores distintivos de la Universidad Interamericana, azul marino con filos verde bandera, así como conferir la venera con el escudo de la Universidad citada, de manos del suscrito, presidente de la Junta de Gobierno de esta institución y del rector Pérez Apaez. Igualmente se les entregó como constancia de este acontecimiento un diploma elaborado artesanalmente en cuero, a todos los recipiendarios. PROFESORES EMÉRITOS DE LA UNAM La Universidad Interamericana de Morelos se ha visto honrada con la aceptación que no sólo los ministros de la Suprema Corte de la Nación hicieron del grado Honoris Causa, sino que también en la misma ceremonia fueron galardonados los maestros eméritos Dr. Néstor de Buen Lozano, Dr. Fernando Flores García, Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra y en ausencia por cuestiones de salud, el querido Dr. Rolando Tamayo y Salmorán, quien esperamos pronto se recupere. Como ustedes se podrán imaginar, distinguidos lectores, laceremonia de clausura, a cargo del ministro José Ramón Cossío Díaz, estuvo llena de emoción y alegría, porque con la misma se estaba coronando una semana de apasionada entrega, intercambio de conocimientos y reflexiones, todos a favor de la familia, a nivel nacional e internacional. INFORMACIÓN GENERAL En la próxima entrega nos referiremos a otros aspectos del programa tanto en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por las tardes, cuanto en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por las mañanas, durante la semana que duró el XV Congreso Internacional de Derecho Familiar, del 27 al 31 de octubre del presente año.Asimismo, narraremos la actuación de los más de cien extranjeros y ciento cincuenta nacionales que participaron en las mesas de trabajo con el temario propuesto por el comité organizador.SEDE DEL 2010Queremos comunicar a nuestros distinguidos lectores, que por la trascendencia del Derecho Familiar, se ha otorgado la próxima sede, para el XVI Congreso Internacional de Derecho Familiar, en el año 2010 a la Universidad más antigua de América que es la de Santo Domingo en la República Dominicana, la cual en ese mismo año conmemorará cuatrocientos setenta años de su fundación. (CONTINUARÁ)
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 artículo 17
 artículo 19
 artículo 250
 artículo 100
 artículo 99