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Timestamp: 2020-07-11 21:30:18+00:00

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﻿ Auto 2011-00265 de julio 11 de 2014
AUTO 2011-00265 DE 11 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:EL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SE RECORDÓ QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL HA CONSIDERADO QUE EL PRECEDENTE ES TODA DECISIÓN PREVIA ADOPTADA PRINCIPALMENTE POR ÓRGANOS DE CIERRE DE LAS DIFERENTES JURISDICCIONES QUE, POR ABORDAR UN PROBLEMA JURÍDICO ORIGINADO EN HECHOS IDÉNTICOS O SEMEJANTES DESDE UN PUNTO DE VISTA JURÍDICAMENTE RELEVANTE AL QUE DEBE RESOLVER EL JUEZ, DEBE SER TENIDO EN CUENTA COMO CONDICIÓN DE EFICACIA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD. EL ADECUADO MANEJO DE AQUEL CONLLEVA ENTONCES LA OBLIGACIÓN DE SEGUR EL CURSO DE DECISIÓN TRAZADO EN LA RATIO DECIDENDI DE UNA O VARIAS SENTENCIAS PREVIAS, SALVO SI EXISTEN RAZONES JURÍDICAS PARTICULARMENTE PODEROSAS QUE IMPONGAN MODIFICARLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
Auto 2011-00265 de julio 11 de 2014
Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil catorce (2014).
Ref.: Expediente 250002325000201100265 01.
Nº Interno: 0295-2013.
Actor: Fredy Geovanny Guzmán Bonilla
El apoderado judicial del señor Fredy Geovanny Guzmán Bonilla, mediante memorial visible de folios 553 a 566 solicitó se adicione, corrija y aclare la Sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por esta corporación, mediante la cual, la Sala confirmó el proveído impugnado que declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda y se inhibió para conocer de fondo las súplicas de la demanda incoada por el actor contra el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Dirección Distrital de Varones Anexo de Mujeres de Bogotá.
Estuvo encaminada a obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: del Oficio Nº 20103330253031 de 1 de julio y de la Resolución Nº 504 de 13 de septiembre ambos de 2010, proferidos por el Director de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá, que negaron la liquidación y pago de las acreencias laborales solicitadas por el actor.
Igualmente solicitó Inaplicar la Resolución Nº 029 de 15 de enero de 2010, expedida por la Secretaría Distrital de Gobierno Distrital, por medio de la cual se fijó de manera ilegal la jornada máxima laboral en 66 horas semanales, contrariando el inciso 1º del artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que estableció como jornada 44 horas semanales, y el Decreto 85 de 1986, que determinó la jornada legal para celadores.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: i) Liquidar y pagar: a) Cincuenta (50) horas extras mensuales diurnas laboradas en días ordinarios; b) Quince (15) días de salario básico como tiempo compensatorio por haber laborado mensualmente 360 horas (15 turnos mensuales de 24 horas de trabajo). c) Los descansos compensatorios, por haber laborado de manera ordinaria en días dominicales y festivos. ii) Reliquidar y cancelar: a) Los recargos nocturnos del 35% de días ordinarios, y los recargos diurnos y nocturnos del 200% y 235%; b) Las primas de servicio, vacaciones, navidad y sueldo de vacaciones, incluyendo los factores anteriormente mencionados; c) La diferencia en el auxilio de cesantías comprendido entre el 23 de junio de 2007 y la ejecutoria del Fallo, y de aquellos dineros que hayan sido consignados al Fondo al cual se encontraba afiliado; d) Dar cumplimiento a la Sentencia que ponga fin al Proceso Contencioso Administrativo de conformidad con lo previsto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo y e) Al pago de las costas y agencias en derecho.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “E”, mediante Sentencia de 19 de julio de 2012, declaró oficiosamente probada la excepción de inepta demanda y se inhibió de efectuar un pronunciamiento de fondo.
Argumentando que los actos demandados no son definitivos, pues se limitan a informarle al demandante que se está recaudando la información necesaria para resolver la solicitud asunto de debate, es decir, son de trámite y por eso no pueden ser sometidos a control jurisdiccional.
Además, en la audiencia de conciliación prejudicial de 4 de noviembre de 2010, la entidad demandada se pronunció sobre: i) La jornada laboral de 44 horas semanales-; ii) La base de horas mensuales para la liquidación de horas extras, esto es, de 220 horas; iii) Su límite máximo; iv) El reconocimiento de compensatorios, advirtiendo la entidad que del 1º al 25 de enero de 2010, liquidó una jornada de 44 horas laboradas en la semana, y a partir del 26 del mismo mes y año la misma fue liquidada en 66 horas de acuerdo con la Resolución Nº 029 de 15 de enero de 2010.
El accionante, actuó de forma apresurada pasando por alto el interés de la administración de atender sus peticiones, y debió esperar que existiera un pronunciamiento de fondo y definitivo sobre sus pretensiones, y así saber si era necesario o no demandar.
Ahora bien, si dado el caso, el actor consideraba que no existió pronunciamiento por parte de la Entidad, podía haber acusado el acto ficto negativo que surgió del silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo, como también el Oficio Nº 20103340433863 de 15 de octubre de 2010, a través del cual, se le reconocieron derechos laborales y que para la fecha en que interpuso la demanda, ya había sido notificado.
Como no se acusó el acto administrativo que modificó o extinguió una situación jurídica, ni que reconoció o negó algún derecho, es propio, declarar de oficio la excepción de inepta demanda.
LA SANTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Subsección mediante Sentencia de 31 de octubre de 2013, confirmó la Decisión de Primera Instancia que declaró de oficio probada la excepción de inepta demanda y se inhibió para efectuar un estudio de fondo respecto de las pretensiones, bajo los argumentos que se sintetizan a continuación:
El Oficio N° 20103330253031 de 1 de julio de 2010 del director de gestión humana de la Secretaría de Gobierno de Bogotá D.C, que confirmó la Resolución Nº 504 de 13 de septiembre 2010 de la misma Autoridad, no es un acto sujeto a control judicial.
Lo anterior por cuanto, el mencionado oficio señala que “La Secretaría Distrital de Gobierno actualmente se encuentra recopilando la información correspondiente a los turnos laborados por el señor Chacón y de acuerdo a ello entrar a liquidarle los emolumentos solicitados. En consecuencia, cuando la entidad cuente con la mencionada liquidación de su representado procederá a notificársela personalmente”.
Adicionalmente, se consideró que en el texto de aquella respuesta en los términos del artículo 47del Código Contencioso Administrativo, no se expresaba la procedencia de algún recurso, pues de conformidad con el artículo 49 de esa misma Codificación éstos no son viables para los actos de trámite.
La segunda petición del demandante de 13 de julio de 2010, que denominó “recurso de reposición”, la cual es similar a su solicitud inicial de liquidación y pago de acreencias laborales, no puede tenerse como ejercicio de la vía gubernativa, y la respuesta dada por la Administración Distrital de 13 de septiembre de 2010 debe ser considerada como una simple reiteración del Oficio N° 20103330253031 de 1 de julio de 2010, es decir, un acto de trámite que no modifica la situación jurídica del demandante ni impide la continuación del proceso de reconocimiento y liquidación de sus prestaciones.
Esto igualmente puede deducirse del contenido de la referida Resolución cuando señala que “no resulta valido entrar a revocar el oficio materia del recurso toda vez que en él se está diciendo que se están adelantando las gestiones necesarias para obtener la información que se requiere y de esta forma reconocerle las prestaciones a los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, mediante acto administrativo donde tendrá la oportunidad de ejercer los recursos de ley”.
Teniendo presente que las decisiones demandadas son actos administrativos de trámite, por cuanto no consolidaron situación jurídica alguna al actor, pues no resolvieron en forma definitiva la reclamación efectuada por aquél, éstos en los términos del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, no pueden ser sujetos de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, más aun cuando la administración antes de la radicación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho —en la audiencia de conciliación prejudicial—, le notificó al demandante la comunicación N° 20103340433863 de 15 de octubre de 2010, por medio de la cual le puso en conocimiento el acto de reconocimiento y liquidación de las acreencias laborales reclamadas.
Dado que en el libelo no se demandó el acto que liquidó las prestaciones del actor, y que le fuera puesto en conocimiento en la audiencia de conciliación prejudicial, ni tampoco se acusó la posible existencia de un acto administrativo negativo ficto ante la falta de pronunciamiento en tiempo de la Administración, el juez contencioso administrativo no tiene opción diferente a inhibirse para conocer el fondo del asunto por ineptitud de la demanda.
LA SOLICITUD DE ADICIÓN, CORRECCIÓN Y ACLARACIÓN
El apoderado del demandante solicitó se analizara puntualmente el tema del debido agotamiento de vía gubernativa en el presente caso, pues se desconoció que en la diligencia de notificación personal quedó expresamente claro que contra el oficio demandado procedía el recurso de reposición, al igual que tampoco se tuvo en cuenta que en la Resolución Nº 504 demandada, la administración declaró agotada la vía gubernativa de manera expresa.
Advirtió que los actos demandados no son actos de trámite, y que sí se cumplió debidamente con el agotamiento de la vía gubernativa, máxime cuando en casos análogos el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así lo ha aceptado, revocando autos de rechazo y Sentencias de Juzgados que niegan pretensiones.
No se analizó debidamente la realidad procesal, perjudicando gravemente al actor, cuando la Subsección A, en Sentencia del 21 de noviembre de 2013, consejero ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, expediente 0267-2013, en un proceso análogo y casi idéntico al presente, dispuso: “revocar el fallo inhibitorio y conceder parcialmente las pretensiones”, por lo que, se debe revocar la Sentencia de Primera Instancia y conceder total o parcialmente las pretensiones dando alcance a los principios constitucionales de igualdad, prevalencia del derecho sustancial, debido proceso y acceso a la administración de justicia.
En virtud de las razones expuestas, la Sala procederá a analizar las inconformidades del impugnante, con base en las siguientes
Una vez proferida la sentencia judicial se agota la competencia funcional del Juez que la expidió, de manera que ella adquiere intangibilidad frente a ese funcionario, a menos que dentro del término de ejecutoria se presente aclaración, adición o corrección de errores aritméticos o de otro orden en los casos contemplados en la ley.
De conformidad con lo establecido en los artículos 309 a 311 del Código de Procedimiento Civil, es viable la aclaración, corrección o adición de la sentencia por auto complementario, siempre que la solicitud haya sido presentada dentro del término de ejecutoria y cuando exista una frase que ofrezca motivo de duda, un error puramente aritmético o no se haya resuelto uno de los extremos de la Litis. El tenor literal de las normas en comento es el siguiente:
“ART. 309.—Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que fa pronunció. Con todo, dentro del término de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, podrán aclararse en auto complementario los conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella.
Si la corrección se hiciere luego de terminado el proceso, el auto se notificará en la forma indicada' en los numerales 1° y 2° del artículo del artículo 320.
Los autos sólo podrán adicionarse de oficio dentro del término de ejecutoria, o a solicitud de parte presentada en el mismo término
En virtud de la normativa citada, la Sala procederá a determinar si las inconformidades invocadas por el actor, conllevan a efectuar la aclaración, adición y/o corrección de la Sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por esta corporación.
Del agotamiento de vía gubernativa y del desconocimiento del precedente.
En este punto encuentra la Sala que el argumento central mediante el cual se edifica la solicitud de aclaración, corrección y adición de la sentencia proferida por esta Subsección, es el desconocimiento del precedente jurisprudencial, esto es, por un lado, el contenido en Providencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que han revocado autos de rechazo o sentencias de juzgados administrativos en donde se negaban las pretensiones, bajo el argumento de ser viable el análisis de fondo por haberse presentado un debido agotamiento de la vía gubernativa; y por otro, el precedente contenido en la Sentencia del 21 de noviembre de 2013, consejero ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Sección Segunda, Subsección A, expediente 0267-2013, que en un asunto idéntico a éste, revocó la decisión inhibitoria y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, considera que en la resolución demandada, la entidad dejó en claro que quedaba agotada la vía gubernativa.
De entrada, observa la Sala que ninguna de las figuras procesales a las que ha hecho referencia el apoderado de la parte actora en el escrito objeto de pronunciamiento, se presenta en el sub lite, pues el invocar de manera insistente los mismos argumentos que le sirvieron de soporte al recurso de apelación, ahora tendiente a obtener un pronunciamiento a su favor, no constituyen por sí solos ni aclaración, ni corrección, ni adición de sentencia.
Contrario a lo dicho por la Sala, insiste el demandante que sí agotó en debida forma la vía gubernativa respecto a la reclamación laboral impetrada el día 24 de junio de 2010, resuelta mediante Oficio Nº 20103330253031 de 1 de julio del citado año, decisión contra la que interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por la Resolución Nº 504 de 13 de septiembre de 2010, ambos actos proferidos por el director de gestión humana de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá.
Parte el actor de la anterior afirmación, para cuestionar el error en que según él incurrió la Subsección B en la Sentencia de 31 de octubre de 2013, pues considera que se desconoció que en el adverso del folio 36 del expediente aparece la diligencia de notificación personal en donde quedó expresamente claro que contra el oficio demandado procedía el recurso de reposición, al igual que tampoco se tuvo en cuenta que en la Resolución Nº 504 demandada, la administración declaró agotada la vía gubernativa de manera expresa.
Al respecto, considera la Sala que los planteamientos previamente reseñados por el actor constituyen más argumentos de fondo que ya fueron debatidos en la correspondiente instancia y estudiados en la Sentencia, sin que con ellos se demuestre que se configuró alguna de las hipótesis planteadas en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, esto es, que se presentó alguna frase que ofrezca motivo de duda, o un error puramente aritmético o que no se haya resuelto alguno de los extremos de la litis.
Sin embargo, aun cuando ya se agotó el debate no solo en primera sino en segunda instancia, considera la Sala que la Sentencia de 31 de octubre de 2013, fue clara al establecer, en primer lugar, que en el texto del oficio cuestionado no se expresa la procedencia de algún recurso, y que visto el folio 36 adverso, como lo indica ahora el actor, solo se encuentra un sello poco legible de notificación personal del cual no se deduce la procedencia de recurso alguno; en segundo lugar, la Resolución Nº 504 demandada, —en la cual la administración declaró agotada la vía gubernativa de manera expresa—, según lo dicho por el apoderado del actor, tampoco se deduce que dicha afirmación esté contenida en el citado acto, por el contrario, tal y como se dijo en la providencia cuestionada: “no puede tenerse como ejercicio de la vía gubernativa”.
Lo anterior indica, que no son argumentos que ahora sorprendan a la Sala, y que como consecuencia de ello se dejaron de estudiar, sino que por el contrario constituyen precisiones que fueron objeto de pronunciamiento por la misma, demostrando que es simplemente la reiteración de las apreciaciones hechas por el actor y que ya fueron desarrolladas en las consideraciones que sirvieron de soporte a la Sentencia proferida por esta corporación.
Adicionalmente, el argumento central que sirvió de base para confirmar la decisión de primera instancia, fue precisamente que los actos cuestionados eran de trámite por cuanto no modificaban la situación jurídica del actor, ni impedían la continuación del proceso de reconocimiento y liquidación de sus acreencias laborales, “dado que no resolvieron en forma definitiva la reclamación efectuada por aquél, éstos, en los términos del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, no pueden ser sujetos de control de legalidad por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, más aun cuando, la Administración antes de la radicación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, —en la audiencia de conciliación prejudicial—, le notificó al demandante la comunicación Nº 20103340433863 de 15 de octubre de 2010, por medio de la cual le puso en conocimiento el acto de reconocimiento y liquidación de las acreencias laborales reclamadas proferido por la directora de gestión humana de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Bogotá D.C.”.
Así mismo, llama la atención de la Sala que el demandante insista en los argumentos plantados en las instancias, tratando de salvar el libelo introductorio, más aun las pretensiones contenidas en éste, cuando pudo haber corregido la demanda, y cuestionar los actos que le fueron notificados en la Audiencia de Conciliación, y que sí constituían los actos a demandar en la presente contención.
Sobre el particular, en el presente asunto se configuró la excepción de inepta demanda por no ser los actos demandados los definitivos, sino simplemente de trámite al quedar en suspenso la respuesta a la recopilación de una información y a la liquidación de las prestaciones sociales que tuvieron un pronunciamiento definitivo mediante el Oficio Nº 20103340433863 de 15 de octubre de 2010, a través del cual se le reconocieron derechos laborales y que para la fecha en que interpuso la demanda, ya había sido notificado.
Al respecto se concluyó:
“Así las cosas, el libelo no cumplió con el presupuesto mínimo procesal para trabar la litis relacionado con los requisitos exigidos por la ley para presentar la demanda, entre ellos la precisa individualización del acto demandado incluyendo aquellos que lo confirmen o modifiquen como consecuencia del agotamiento de la vía gubernativa(1), y de igual forma no se allegó con la demanda la copia “hábil” del acto que debía ser acusado(2), con las constancias de su publicación notificación y ejecución; presupuestos cuyo incumplimiento genera la inadmisión de la demanda y el posterior rechazo de la misma, si no se corrige en tiempo.
Dado que en el libelo no se demandó el acto que liquidó las prestaciones del actor, que le fuera puesto en conocimiento en la audiencia de conciliación prejudicial y ni siquiera se acusó la posible existencia de un acto administrativo negativo ficto ante la falta de pronunciamiento en tiempo de la administración, el juez contencioso administrativo no tiene opción diferente a inhibirse para conocer de fondo del asunto por ineptitud de la demanda”.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es posible concluir que no le asiste razón al apoderado del demandante al pretender bajos las razones que ya fueron estudiadas, aclarar, corregir o adicionar la sentencia.
Frente al desconocimiento del precedente, el señor Guzmán Bonilla, insistió en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en reiterados pronunciamientos recovó autos de rechazo de la acción, como sentencias que negaron pretensiones, sin que los hubiera tenido en cuenta ahora en el sub lite, al igual que la Sentencia de la Sección Segunda Subsección A, consejero ponente Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones(3) que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad(4). El adecuado manejo del aquél conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del antecedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.
Al respecto, encuentra la Sala, que el presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial, tal y como ya se expuso, no constituye un argumento que conlleve a la configuración de alguna de las figuras procesales citadas por el actor tendientes a demostrar que se incurrió en un error aritmético, o que alguna frase ofreció duda, o que no se resolvió un extremo de la litis, sino que corresponde más a argumentos destinados a replantear su inconformidad en torno a las decisiones cuestionadas.
La decisión que se pretende aclarar, adicionar y corregir, es del 31 de octubre de 2013, fecha para la cual la Sentencia a la que hace referencia el actor no existía, pues fue proferida por la Subsección A de esta corporación, el 21 de noviembre de 2013(5), es decir con posterioridad lo que de entrada indica que no puede entenderse como desconocimiento del precedente para el presente asunto.
Adicionalmente, las variaciones jurisprudenciales no pueden revivir discusiones que quedaron consolidadas bajo las normas y criterios interpretativos vigentes para el momento en que se presentaron.
Siendo consecuentes con lo anterior, la Sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por esta Subsección, atendió el criterio jurisprudencial que se encontraba vigente al momento en que se expidió, esto es, la Sentencia del 18 de Julio de 2013, consejera ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicación 250002325000201100350-01 actor, Francisco Chacón Chacón, demandado: Distrito Capital, Secretaría de Gobierno-Dirección de la Cárcel Distrital de Varones Anexo de Mujeres de Bogotá, la que en un caso muy similar, se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que por inepta demanda se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las súplicas de la demanda.
Finalmente, frente al argumento relacionado con que el tribunal de instancia, en otras oportunidades y en casos similares, revocó autos y sentencias que negaban pretensiones, no son planteamientos que deriven un estudio al respecto, pues, por un lado, no se tiene conocimiento que en situaciones idénticas a las planteadas en el sub lite, el a quo hubiera tomado decisiones diferentes., y por otro, si ello se llegare a probar, no sería un argumento que se enmarcara dentro de alguna de las hipótesis planteadas en los artículos 309, 310 y 311 del Código de Procedimiento Civil.
En virtud de las razones expuestas, las figuras de aclaración, corrección o adición de sentencia, no pueden constituir el soporte legal para que se modifique el sentido de una decisión acusada.
En estas condiciones no es viable acceder a la aclaración, adición y corrección de la sentencia solicitada por el actor.
NIÉGASE la solicitud de aclaración, corrección y adición de la Sentencia de 31 de octubre de 2013, proferida por esta Subsección, formulada por el señor Fredy Giovanny Guzmán Bonilla, por las razones expuestas en parte motiva de esta providencia.
La Sala discutió y aprobó la presente providencia en sesión de la fecha.
3 Precedente vertical.
4 Concretamente, y de conformidad con lo establecido en las sentencias T-292/2006, C-836/2001 y SU-047/97, el precedente constituye la regla de decisión contenida en la ratio decidendi.
5 C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 40
 Resolución 
 artículo 47
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 135
 Resolución 
 artículo 320
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 267
 Resolución 
 artículo 135