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Timestamp: 2017-03-26 07:16:26+00:00

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La iniciación de oficio del proceso penal | Iberley
La iniciación de oficio del proceso penal
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PRIMERO.- El recurso de apelación formulado por la defensa de Dª Gloria , cuestiona la condena impuesta afirmando en primer lugar que el Sr. Daniel no aportó ninguna prueba de las aceptadas en derecho al interponer su denuncia.Esta alegación no es atendible, puesto que lo esencial y determinante para una condena penal, no son los términos de la denuncia, ni los indicios que se aporten en ese momento inicial, sino los elementos de convicción de los cuales haya dispuesto el Juez o Tribunal e... Auto Penal Nº 2/2007, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 55/2006, 04-01-2007 Órden: Penal
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Auto Penal Nº 85/2005, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, 27-07-2005 Órden: Penal
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PRIMERO.- El artículo 405 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la responsabilidad penal de los Jueces y Magistrados por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de las funciones de su cargo se exigirá conforme a lo dispuesto en dicha Ley, cuyo artículo 406, al regular los modos de incoación del proceso para la exigencia de tal responsabilidad, dispone que habrá de instarse mediante querella, ya lo haga el Ministerio Fiscal , ya el perjudicado u ofendido, ya cualquier otro ... Sentencia Penal Nº 307/2015, AP - Valladolid, Sec. 4, Rec 749/2015, 30-09-2015 Órden: Penal
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Sin embargo, el proceso no sólo comienza de estos tres modos, sino que también se le da inicio desde el momento en que el juez toma conocimiento de la “notitia criminis”. La “notitia criminis” es el nombre bajo el cual se han venido a clasificar los diferentes medios a través de los cuales puede iniciarse el procedimiento penal. Por consiguiente, ya sea a t... El Ministerio Fiscal como acusador público Órden: Penal
Su posición en el proceso penal se ha visto fortalecida, con la atribución de mayores prerrogativas, principalmente en la fase de instrucción (no se limita a ejercer la acusación, sino que toma parte activa con carácter previo ... Partes del proceso penal Órden: Penal
Se puede definir la querella como una declaración por parte de una persona en virtud de la cual se pone en conocimiento de un órgano jurisdiccional la concurrencia de unos hechos determinados que pueden ser constitutivos de delito o falta. En la misma, se expresa la voluntad del querellante de pasar a formar parte, en el su... El acusador popular en el proceso penal Órden: Penal
Promueve la acción de la Justicia, en defensa de la legalidad y de los intereses generales, ante una posible vulneración del orden social (la vulneraci... Ver más documentos relacionados
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Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE] e... Escrito de renuncia de acción penal en delito perseguible a instancia de parte Fecha última revisión: 01/04/2016 NOTA: La renuncia de la acción civil o de la penal no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también correspondiere.
Don/ Doña [NOMBRE_PROCURADOR_CLIENTE], Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de Don/ Doña [NOMBRE_CLIENTE], con domicilio en esta ciudad... Querella por descubrimiento y revelación de secretos por profesional Fecha última revisión: 06/04/2016 NOTA: Según el art. 199.2 del Código Penal, "El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años". Para perseguir este delito es necesario, presentar denuncia por el agraviado, ya que es un delito semipúblico.
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN [JUZGAD... Modelo de querella Fecha última revisión: 05/04/2016 NOTA: Con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, la exención de la fianza de para la interposición de querella, además de aplicarse al ofendido y sus herederos o representantes legales, o al cónyuge o persona con análoga relación de afectividad en los delitos de homicidio u asesinato, se incluyen también a las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas siempre que e... Ver más documentos relacionados
2.- ¿Tendría derecho a la indemnización por despido improcedente? 3.- ¿Supone intimidación el hecho de que por la parte empresarial se ponga en conocimiento del trabajador la existencia de unos hechos graves, que podrían comportar una serie de consecuencias legales, laborales y penales, dándole la oportunidad de op... Análisis de las sentencias de AN 17/09/2014 y TJUE 22/05/2014 en relación con el salario a comisión durante las vacaciones Fecha última revisión: 19/04/2016 PLANTEAMIENTO
ResumenJubilada la hoy reclamante con carácter voluntario al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, Disposición Transi-toria Novena, lo fue como funcionaria del Cuerpo de Maestros, Grupo B, sin que el hecho de que una senten-cia le haya reconocido el derecho a ser integrada en el grupo A, de acuerdo con su titulación de licenciada y el artículo 25 de la Ley 30/1984, haya supuesto un cambio de Cuerpo, pues todos los servicios han sido reconocidos como prestados en el de Maestros. En cuanto a la p... Resolución No Vinculante de DGT, 1156-01, 11-06-2001 Órgano: Sg De Tributos
Normativa Ley 230/1963 Art 113Cuestión Cesión de datos de naturaleza tributaria.Descripción Ver cuestión planteada.Contestación Con carácter previo deben hacerse las siguientes consideraciones. En primer lugar, el artículo 113 de la Ley General Tributaria, declarado expresamente vigente por el apartado 3 de la disposición derogatoria única de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías establece lo siguiente:
"1. Los datos, informes o antecedentes ob... Resolución No Vinculante de DGT, 1155-01, 11-06-2001 Órgano: Sg De Tributos
CuestiónCesión de datos de naturaleza tributaria.DescripciónVer cuestión planteadaContestación Con carácter previo deben hacerse las siguientes consideraciones. En primer lugar, el artículo 113 de la Ley General Tributaria, declarado expresamente vigente por el apartado 3 de la disposición derogatoria única de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías establece lo siguiente:
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Estado: Redacción actual VIGENTEOrden: Penal La iniciación del proceso penal de oficio por el juez, está reservada a aquellos delitos clasificados por el Código Penal como de carácter público. Así pues, el juez que toma conocimiento de la “notitia criminis”, está obligado a poner en marcha una investigación penal sobre los hechos ocurridos (Art. 303 ,LECrim). Para que esto ocurra, no resulta necesario que la investigación hubiera sido propuesta a instancia de parte (tal y como ocurre en el supuesto de la denuncia y la querella) ni del Ministerio Fiscal.Este modo de iniciación del proceso, se configura como un medio distinto al de la denuncia y la querella, donde es el propio juez el que, tras tener conocimiento de los hechos por medios distintos, insta la apertura de una investigación penal sobre los mismos, los cuales son presuntamente constitutivos de delito o falta tipificados por el Código Penal. Por consiguiente, se trata del conocimiento de los hechos de modo directo por el juez o a través de información reservada. En este último supuesto, en caso de que la “notitia criminis” llegue al instructor a través de una información no oficial, nos encontramos ante lo que se denomina “conocimiento de oficio”. Como modos más relevantes de conocimiento directo de la “notitia crimnis” por el juez, cabe señalar:Difusión de la opinión de que se ha cometido un determinado delito por una persona (voz pública)Admisión por parte de la generalidad de las personas del lugar que se ha cometido un delito (notoriedad)Presencia del órgano judicial en el momento en que se comete el delito (flagrancia)Confidencia El hecho de que la iniciación del proceso penal pueda llevarse a cabo de oficio, no significa que el juez sea el que ejercite la acción penal, toda vez que en caso contrario, se estaría ante una vulneración del principio acusatorio. Este principio exige la concurrencia de una serie de requisitos:Que un acusador sostenga la acusación, el cual en ningún caso puede ser el juez.Esta es la causa en virtud de la cual nace el Ministerio Fiscal (acusador público). Además, así lo pone de manifiesto el 102.3 ,LECrim, que establece que prohíbe el ejercicio de la acción penal a los Jueces o Magistrados.De conformidad con el Art. 308 ,LECrim, en el mismo momento en que los Jueces de Instrucción o de Paz, en su caso, tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y dará, además, parte al Presidente de ésta de la formación del sumario, en relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias y de su autor, dentro de los dos días siguientes al que hubieren principiado a instruirle. Así pues, del precepto se deduce que, el órgano judicial que tenga conocimiento de la comisión de un delito, debe hacérselo saber de modo inmediato al Ministerio Fiscal, quien en su caso, ejercitará la acusación.En suma, las disposiciones de los Art. 308,Art. 106 ,LECrim, determinan la independencia entre el período de instrucción y el ejercicio de la acción penal. Asimismo, al tratarse de un delito de carácter público, el juez tiene la posibilidad de practicar aquellas diligencias que resulten necesarias para esclarecer los hechos e identificar a su autor. Sin embargo, la competencia del juez no puede extralimitarse, toda vez que el sistema acusatorio por el que se rige el Derecho procesal penal español, aunque suene reiterativo, impide que el juez ejercite la acción popular a la que se refiere el Art. 101 ,LECrim. De ahí que deba entrar en juego el Ministerio Fiscal, el cual llevará a cabo la acusación tras haberle sido comunicados los hechos por el juez de instrucción.No hay versiones para este comentarioIniciación del procesoQuerellaIniciación de oficioAcción penalInformación reservadaFlagranciaAcusación públicaComisionesAcción popular
Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.VIGENTEBoletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia Artículo 303Artículo 308Artículo 106Artículo 101ExtractoVocesDescargar documentoImprimir el documento×Voces No hay voces...

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 artículo 406
 artículo 25
 Resolución 
 artículo 113
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 artículo 113

Real decreto 
 Artículo 303