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Timestamp: 2020-01-28 03:23:47+00:00

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Lunes 21 de Diciembre de 2009 00:00	Fernando Martín Corroto
En su origen, el derecho de asociación, juntamente con el derecho de reunión, abre brecha en la reacción contra el poder absoluto, alcanzando su posterior reconocimiento y acceso a los textos constitucionales en el Derecho comparado. De aquí que nuestro Tribunal Constitucional, en Sentencia 115/1987, de 7 de julio, haya podido decir que "el derecho de asociación reconocido en las modernas constituciones supone la superación del recelo con que el Estado Liberal contempló el fenómeno asociativo; de ahí que, en su vertiente positiva garantice la posibilidad de los individuos de unirse para el logro de todos los fines de la vida humana, y de estructurarse y funcionar el grupo así formado, libre de toda indebida interferencia estatal".
Junto al Ordenamiento Constitucional, textos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, configuran al unísono el derecho de asociación con textos practicamente coincidentes, aún cuando ni aquel ni estos vengan a darnos un concepto del derecho en cuestión si bien, alguna norma, como la vieja Ley Francesa de 1 de Julio de 1.901 venga a darnos una pauta que, en esencia no está lejos del modo de entender las cosas el Tribunal Constitucional, dado que señala que "es el convenio por el cual dos o más personas ponen en común, de forma permanente, sus conocimientos o actividades con cualquier fin que no sea la obtención de beneficios".
La Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1999, de 14 de Junio, apunta en idéntica dirección puesto que define la asociación como una "unión o agrupación de personas estable y permanente, significándose con ello la voluntad de permanencia, al menos durante cierto tiempo, de esa agrupación para la consecución de los fines asociativos propuestos".
El carácter complejo del derecho de asociación, puesto de manifiesto con las posibilidades de subsunción de agrupaciones de índole específica, propone también el tema relativo al alcance del ámbito del derecho en que estamos moviéndonos. Y así la Sentencia del Tribunal Constitucional 23/1987, de 23 de Febrero, sin perjuicio de recordar como en determinados textos constitucionales, se otorga al concepto del derecho de asociación un significado amplio, (fines lucrativos), se pronuncia por la negativa, en tal orden de cosas, y esta es también, en principio y de forma general, la posición de nuestro derecho y de la nueva Ley de Asociaciones, artículo1.2º, al sostener que el Derecho de Asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en esta Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro, lo que no impide que las que lo tuvieren no sean asociaciones, sino que lo son de índole distinta, (sociedades mercantiles, ...), pero que precisamente, tanto por sus fines, como su elemento básico, tienen una significación distinta de aquella que, en su momento, asignábamos al movimiento asociativo como reacción frente al poder.
El anotado carácter nos llevara, al propio tiempo, a la necesidad de distinguir entre el bloque de principios y "contenido esencial", para utilizar términos de nuestra propia Constitución, artículo 53.1, que configuran el derecho de asociación y otros tratamientos particulares al fenómeno asociativo, de ciertas agrupaciones de índole personal. Y así, el Tribunal Constitucional tomó en consideración esta cuestión, entorno a la anterior Ley de Asociaciones de 1.964, de 24 de Diciembre, en su Sentencia 67/1985, al establecer que "que aparte de inspirarse en otros principios políticos, excluye de su ámbito de aplicación a las asociaciones reguladas por leyes especiales, es decir, que no cumple la función de desarrollar el derecho de asociación como género estableciendo una regulación que haya de respetarse por las leyes especiales que inciden en el derecho de asociación reconocido por el artículo 22 de la Constitución".
2.- LA NUEVA LEY 1/2002, de 22 de Marzo, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACION.-
Hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Asociaciones, el marco legal en el que se movían las Asociaciones, databa de 1.964 y 1.965, por lo que contenía artículos y disposiciones inconstitucionales que quedaron derogadas de forma implícita con la aprobación de la Constitución, pero no de una manera explícita, por lo que resultaba un marco un tanto ambiguo.
El 26 de Mayo de 2.002 entró en vigor la Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, que viene a sustituir la anticuada Ley de Asociaciones de 1.964, al Decreto 1440/1965 que complementaba dicha Ley, y a la Orden de 10 de Julio de 1.965, que regulaba el funcionamiento de los Registros de Asociaciones.
El Proyecto de Ley fue aprobado en el Pleno del 22 de Marzo de 2.002 en el Congreso con un total de 300 votos emitidos, votando a favor 192 Diputados, en contra 104, y se produjeron 4 abstenciones.
3.- LA LEY 1/2002 Y LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES.-
Es clara la Ley 1/2002 al establecer en su artículo 1.2º que "el derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto por la presente Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico"
Para después, en el apartado 3º del artículo 1, señalar que "se regirán por su legislación específica los partidos políticos; los sindicatos y las organizaciones empresariales; las iglesias, confesiones y comunidades religiosas; las federaciones deportivas; las asociaciones de consumidores y usuarios; así como cualesquiera otras reguladas por leyes especiales".
Por lo tanto, la Ley 1/2002 está excluyendo de su ámbito de aplicación a las Asociaciones de Profesionales y Empresariales, dado que las mismas, se rigen por la Ley 19/1977, de 1 de Abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical, y por el Real Decreto 873/1977, de 22 de Abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977.
4.- Asociaciones Empresariales y Profesionales.-
Existe gran discusión en cuanto a si el asociacionismo empresarial y profesional goza de la cobertura del derecho de libertad sindical o, por el contrario, si el mismo debe situarse dentro del derecho general de asociaciones, quedando restringida la libertad sindical a los trabajadores asalariados y asimilados.
En cualquier caso, se reconoce a los profesionales y empresarios el derecho a asociarse para la defensa de sus intereses, siempre que en su actuación sigan procedimientos democráticos, artículo 52 de la Constitución. Así mismo, el artículo 4 de la Ley 19/1977, establece que las asociaciones profesionales y empresariales podrán constituir Federaciones y Confederaciones.
En cuanto a la legislación aplicable a las Asociaciones Empresariales y Profesionales, ya hemos expuesto que les son de aplicación la Ley 19/1977 y el Real Decreto 873/1977. No obstante ser ambas normas preconstitucionales, con la entrada en vigor de la Ley 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical, en su Disposición derogatoria, se estableció que quedaría derogadas la citada Ley 19/1977 y el Real Decreto 873/1977, en todo en cuanto se opusiera a la Ley 11/1985, de Libertad Sindical, y permaneciendo vigente la regulación que contienen dichas normas referidas a las Asociaciones Profesionales y, en particular, a las Asociaciones Empresariales cuya libertad de sindicación se reconoce a efectos de lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Constitución y de los Convenios Internacionales suscritos por España.
5.- Asociaciones Empresariales y Profesionales: Derecho a la Libertad Sindical o Derecho de Asociación.-
El artículo 22 de nuestra Carta Magna reconoce el derecho de asociación, siendo este Derecho uno de los elementos estructurales básicos del Estado Social y Democrático de Derecho, en tanto que es un derecho subjetivo al ser un derecho de libertad frente a posibles "interferencias de los poderes públicos". Este derecho de asociación se manifiesta en tres dimensiones o facetas complementarias: la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; la libertad de no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; y, finalmente, la libertad de organización y funcionamientos internos sin injerencias públicas. Además, según la Sentencia del Tribunal Constitucional 56/1995, existe una cuarta dimensión del derecho de asociación, esta vez inter privatos, que garantiza un haz de facultades a los asociados considerados individualmente frente a las asociaciones a las que pertenecen.
Del otro lado, la Constitución en su artículo 28.1 reconoce el derecho de todos los españoles a sindicarse libremente. Y así, el citado derecho comprende, en la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, no solo el derecho de los trabajadores de organizarse sindicalmente, y que sean esas organizaciones sindicales las que ejerzan aquellas actividades de defensa y protección de los derechos de los trabajadores, sino además la formación de asociaciones empresariales, que como se recoge en el artículo 7 de la Constitución, junto con los sindicatos, "contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios"
Ahora bien, extendiendo lo preceptuado por el artículo 7 para las asociaciones empresariales, el artículo 52 de la Constitución establece que "la ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".
En resumen, se reconoce por la Constitución la posibilidad de crear organizaciones profesionales y empresariales que busquen la defensa de sus intereses "propios", pero claro, ahora viene la disyuntiva estas organizaciones ¿se deben enmarcar dentro del derecho general de asociación o dentro del derecho de libre sindicación?.
En relación con este asunto, el artículo 3.1. de la Ley 11/1985, de 2 de Agosto, de Libertad Sindical, establece que "los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio [...] podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de su legislación específica". Por lo tanto, aclara la cuestión para los trabajadores autónomos sin trabajadores a su cargo, estableciendo que se les atribuirían parte de los derechos establecidos en el artículo 2 de la citada Ley Orgánica, dado que podrían afiliarse a sindicatos pero no constituirlos, todo ello sin perjuicio de poder crear asociaciones para la tutela de sus intereses. Esta cuestión pudiera dar algún problema dado que la prohibición de fundar sindicatos por trabajadores por cuenta propia, por considerarse que la libertad sindical, interpretada según Convenios internacionales como el 141 de la OIT sobre las organizaciones de trabajadores rurales, corresponde a todos. Ante tal disyuntiva, el Tribunal Constitucional se pronunció en su Sentencia 98/1985, de 39 de Julio, estableciendo que "mientras en determinados ordenamientos se estima que la libertad sindical recogida en el texto constitucional abarca igualmente a todos los trabajadores, el Proyecto de Ley impugnado ha seguido un criterio estricto al respecto, excluyéndolos expresamente de sus previsiones. El problema consiste en el alcance de la referencia a "todos los trabajadores" del artículo 1 del Proyecto de LOLS, pues la no inclusión de los trabajadores por cuenta propia en los titulares del derecho a sindicarse libremente para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales, solo es coherente con la libertad sindical si los trabajadores autónomos no son trabajadores a estos efectos. Porque si lo fuesen, deberían tener no solo el derecho a afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo expuesto en el Proyecto, que aquí se les reconoce, sino también el de crearlos libremente sobre la base de los artículos 7 y 28 de la Constitución, que en cambio se les niega".
Si a los efectos de la LOLS se consideran trabajadores, tanto a aquellos que lo sean de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas, es lógico que quienes trabajen por su cuenta, sin sujeción a relación alguna de las descritas, no lo sean genuinamente. Pero ello no impide que puedan, según el mencionado artículo 3.1, defender sus intereses singulares mediante la capacidad que tienen de constituir asociaciones.
Por lo tanto, según el Tribunal Constitucional, en la mencionada Sentencia 98/1985, establece que "el problema viene a ser el del encauzamiento de la libertad asociativa de los trabajadores por cuenta propia. Porque la limitación que vemos establecida en el Proyecto de Ley Sindical recae en rigor sobre la organización del sistema de defensa de los respectivos intereses, afectando a la forma de tutelarlos, y no al trabajador. Si se parte de la idea válida de que el sindicato, en cuanto sujeto de la libertad de sindicación, se justifica primordialmente por el ejercicio de la actividad sindical, y que esta se caracteriza por la existencia de otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios y frente a la que se ejercita, siendo su expresión una serie de derechos como los de huelga, de negociación colectiva y de conflicto, que no podría ejercer un sindicato de trabajadores autónomos, no hay motivo para considerar carente de fundamento razonable una regulación que en último término orienta el derecho de los trabajadores autónomos para defender sus intereses o hacia su integración en sindicatos de trabajadores o, como hemos visto, hacia la constitución de "asociaciones al amparo de la legislación específica" reconociéndoles un derecho que también deriva directamente de la Constitución, artículo 22, y está dotado de igual grado de protección y de idéntica autonomía que el derecho de asociación sindical".
En resumen, el Tribunal Constitucional entiende que la libertad sindical comprende, exclusivamente, la sindicación de trabajadores, pero no la empresarial, cuya cobertura constitucional se encuentra encuadrada dentro del genérico derecho de libertad de asociación.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, ha señalado todo lo contrario, en su Sentencia de fecha 31 de Enero de 1.984, establece que la libertad sindical, según la Constitución, comprende no solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a los empresarios y a los trabajadores autónomos, y que el texto constitucional se refiere, al configurar tal derecho, tanto a los sindicatos de trabajadores como a las asociaciones empresariales. Por lo tanto, encuadra a las asociaciones empresariales y profesionales dentro del derecho fundamental a la libertad sindical.
6.- Diferencias entre Asociaciones Empresariales y Profesionales.-
El enunciado de la Disposición derogatoria Primera de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, pone claramente de manifiesto que las asociaciones empresariales son una especie del género de las asociaciones profesionales, y que los conceptos legales respectivos no tienen la misma extensión para una y otra figura.
Este es el planteamiento que también realiza la Constitución, que reserva a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales un papel destacado en el Título Preliminar, artículo 7, y que menciona en lugar aparte a las organizaciones profesionales, dentro del Capítulo III "De los principios rectores de la política social y económica" del Título I, artículo 52.
La diferencia específica de las asociaciones empresariales dentro de las asociaciones profesionales de empresarios radica en el campo en que aquellas actúan y en los medios de acción que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. Así las asociaciones empresariales han de estar proyectadas para intervenir en las relaciones laborales, contribuyendo, como dice el artículo 7 de la Constitución, en paralelo con los sindicatos a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los medios típicos mediante los que se encauza la actividad de las asociaciones empresariales son la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos, el diálogo social y la participación institucional en los organismos públicos de las Administraciones laborales.
La conceptualización de los Vendedores de Prensa como autónomos o pequeñas empresas, da lugar a que las Asociaciones y Federaciones que les aglutinan, a fecha de hoy y con la reserva de las discrepancias habidas entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional en la materia, se encuadren dentro de la regulación contenida en la Ley 19/1977, de 1 de Abril, sobre Regulación del Derecho de Asociación Sindical, y por el Real Decreto 873/1977, de 22 de Abril, sobre depósito de los estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977. Así lo viene reconociendo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con el registro y depósito de los Estatutos de las Asociaciones y Federaciones de Vendedores de Prensa como Asociaciones y Federaciones de Profesionales, y así se deberá continuar realizando hasta que se regule de forma expresa la situación mediante norma legal al efecto.
D. Fernando Martin Corroto
Letrado Confederación Vendedores de Prensa (Covepres).

References: artículo1
 artículo 53
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 52
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 52
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 52
 artículo 7
 Real Decreto