Source: http://www.envio.org.ni/articulo/959
Timestamp: 2018-04-25 00:40:41+00:00

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Revista Envío - ¿Juego cerrado? Preguntas y contradicciones
¿Es posible una tercera fuerza que enfrente con visión estratégica y con honestidad el cortoplacismo electoralista que, entre otras razones, explica el pacto? ¿Qué nuevas contradicciones podrán impulsar esta iniciativa?¿En qué nuevos espacios podrá desarrollarse? ¿Y quiénes se decidirán a jugar este juego?
La mesa del juego está ya despejada. El pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán se consumó. En la noche del 17 de agosto se hicieron públicos los 33 acuerdos a los que llegaron el PLC y el FSLN, partidos controlados por ambos dirigentes. Todos los acuerdos significan ventajas para los dos partidos y especialmente para el círculo de los allegados de los dos caudillos firmantes. Todos los acuerdos apuntan a consolidar el bipartidismo. Más exactamente, el bicaudillismo. Nada ni nadie externo a los dos círculos de poder pudo detener el pacto ni modificar sus contenidos. Ni las críticas cualificadas al interior del FSLN ni las voces de alarma de sectores pensantes e influyentes de la opinión pública y de los sectores sociales. Ninguno de los acuerdos expresa preocupación por el interés nacional ni refleja siquiera un consenso en busca de gobernabilidad. Más bien, todos traducen las debilidades de ambos negociantes y la incapacidad de cada uno para imponer al otro sus intereses.
Amarres básicos y "bateo libre"
Mientras los acuerdos del pacto se convierten en leyes, y a la espera de que se desplieguen sus resultados más concretos: ¿quiénes serán los nuevos magistrados electorales? ¿quiénes los nuevos contralores? ¿cómo votará tal o cual diputado sobre tal o cual acuerdo? ¿cómo se configurará el cuadro electoral sin inhibidos?..., la consumación del pacto ha dejado una estela de preocupación, indignación y confusión notables. ¿Surgirá alguna iniciativa de todas estas frustraciones? Sobre todos los sentimientos predomina la pasividad, la impotencia y el escepticismo de una sociedad estresada. ¿Reaccionará? ¿Cuánto tiempo le tomará sanar para volver a poder jugar?
Entretanto, en las cúpulas el juego continúa. Como el pacto responde fundamentalmente a un electoralismo simplista y sólo quedaron amarradas unas cuantas cosas -las fundamentales para ese juego-, los negociantes del PLC y del FSLN parecen haber acordado "bateo libre" en otros muchos terrenos, especialmente en los espacios económicos hoy en disputa. Esto quedó demostrado inmediatamente después de consumarse y hacerse públicos los acuerdos.
Los acuerdos encaminados a establecer nuevas reglas del juego electoral -o a reformar las existentes- que resultaron del pacto son:
- Se aumentan de 5 a 7 los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE). El Presidente y Vicepresidente del CSE se elegirán cada año. Pueden ser reelectos y destituidos. Se limitan los poderes del Presidente del CSE.
- Se especifica que los actuales magistrados terminan su mandato en julio del año 2000 y no en julio del 2001. (Interpretando de esta manera el calendario y la ley, el FSLN consigue la "destitución" de la actual Presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya).
- Se trasladan las elecciones de octubre al segundo domingo de noviembre.
- Se eliminan las inhibiciones para candidaturas presidenciales por razones de nacionalidad. (De esta manera, los liberales pueden presentar como candidatos a varios de sus más importantes dirigentes, nacionalizados estadounidenses o de otros países).
- Se establece que las candidaturas a diputados se harán en listas cerradas o "planchas" confeccionadas por los partidos. (Este acuerdo es de particular interés para el FSLN. Le garantiza candidatos no "disidentes". El acuerdo cancela la posibilidad, más democrática, de elegir diputados nominalmente, más por su trayectoria personal que por el aval o unción de los partidos).
- Se establece una nueva fórmula de conteo de los residuos electorales, que ya no servirán para ser aplicados a las diputaciones nacionales.
- Se crean los Consejos Electorales Municipales. En su composición, al igual que en la de todos los Consejos Electorales Departamentales o en la de las Juntas Receptoras de Votos ocuparán siempre los cargos de presidente y vicepresidente, alternadamente, el PLC y el FSLN.
- Se determinarán y tipificarán los delitos electorales.
- Se establece que el financiamiento estatal se entregará a los partidos no antes sino después de las elecciones, y que el monto será proporcional al número de votos que obtengan.
- Se permitirá a los partidos recibir donaciones y financiamientos del extranjero, y se procurará establecer control sobre recursos ilícitos.
- Se procurará implementar ya el voto de los nicaragüenses en el exterior.
Fin de la suscripción popular
- Se eliminan las asociaciones de suscripción popular en las elecciones municipales. (Es éste uno de los acuerdos más cuestionados del pacto desde una perspectiva de ampliación de la democracia participativa y representativa. En Nicaragua, los datos venían mostrando una tendencia al incremento de los votos por las asociaciones de suscripción popular entre las elecciones del 90 y las del 96).
- Se establece que los partidos que decidan conformar una alianza electoral perderán sus personerías jurídicas si no alcanzan un determinado porcentaje de votos.
- Se establece que sólo se otorgará personería jurídica al partido que presente un número de firmas equivalente al 3% del último padrón electoral.
- Se establece que sólo pueden existir partidos nacionales. Sólo podrán ser regionales en la Costa Atlántica.
- Se reafirma la no-reelección en períodos consecutivos según lo establecido en la Constitución.
- Se considera dividir Managua en varios municipios (Esta división -absurda entre otras razones por el exceso de burocracia que generará- es objetivo de los liberales, en previsión de una derrota electoral en una Managua unida, con los negativos augurios que eso tendría sobre la elección presidencial).
- Se reduce el porcentaje necesario para ganar en la primera vuelta: en vez del 45% de los votos bastará el 40%. Se establece también que se puede ganar en primera vuelta con un 35%, siempre que el partido del segundo lugar obtenga el 30%. Si ningún partido cumple estas dos premisas habrá segunda vuelta.
Eliminar la segunda vuelta fue el acuerdo más buscado por el FSLN, en el entendido de que su voto cautivo -calculado en un 20-25% del electorado- le garantizaría una victoria si lograba también reducir a un 35% el porcentaje necesario para ganar. Fue precisamente con este objetivo que el FSLN inició las negociaciones, y con él justificaba públicamente el maratón de reuniones. "Daniel Ortega está dispuesto a cederlo todo si le eliminan la segunda vuelta", aseguró a envío hace siete meses el diputado José Cuadra, asesinado de forma atroz a mediados de agosto.
Pero la segunda vuelta no fue eliminada. Este y otros resultados muestran o bien la debilidad del FSLN en la mesa de negociaciones o bien la urgencia de privilegiar los "acuerdos económicos" del pacto, los que se han negociado por debajo de esa misma mesa. De hecho -y aunque no apareció así en los papeles que se publicaron al concluir las negociaciones-, ya es público uno de los principales logros del FSLN: la titulación -sin tener en cuenta sus millonarias deudas- de las más de 150 valiosas empresas "de los trabajadores", fundamentalmente agropecuarias, las del APT.
Estas empresas, surgidas del proceso de privatización de los 90 están hoy en la mira del sector empresarial del FSLN, activo impulsor del pacto. "Los únicos beneficiados con la legalización y con la condonación de las deudas serán los nuevos ricos del FSLN y del PLC. Ahora podrán comprar esas tierras a los trabajadores a precio de guate mojado... ¿No han estado ya comprándoles sus tierras a precios ridículos a los beneficiarios de la reforma agraria?", dijeron trabajadores del APT al concluir el pacto.
Como en el sistema solar
En una reunión con envío, el ex-Presidente del CSE, Mariano Fiallos, opinó que "las reformas acordadas a la Ley Electoral no son profundas -a pesar de que la Ley las necesita-, pues todas están orientadas a establecer prohibiciones y a otorgar permisos". Fiallos recordó que el bipartidismo es fruto de la cultura política anglosajona, que en Nicaragua fue impuesto en los años 20 por los interventores de los Estados Unidos, que fue mantenido por los Somoza de forma antidemocrática, pero que no necesariamente responde a nuestra cultura política. "Ahora, el pacto opta por el bipartidismo forzado", puntualizó.
Efectivamente, todos los acuerdos están enfocados a consolidar a los dos grandes partidos y a hacer girar en torno a ellos a los pequeños partidos que logren subsistir a los obstáculos que ambos ponen en su trayectoria. En su larga alocución televisada del 19 de julio, destinada a convencer a algún sector de la opinión pública -difícil de identificar- sobre la necesidad de negociar con el PLC para "modernizar" Nicaragua, Humberto Ortega lo explicó con una metáfora cósmica: "Desde que yo salí del ejército, me propuse ver cómo nos entendemos mejor todos. Y siempre he dicho que si las dos fuerzas principales no son capaces de entenderse, aquí vamos a ir a un caos. Yo pienso que aquí todas las fuerzas son importantes, pero también las fuerzas más pequeñas deben entender que hay que gravitar alredor de un eje, sin que eso sea indigno. Para que haya sistema solar tiene que haber sol. La tierra tiene que girar alrededor del sol, lo que no le quita mérito a la tierra."
En su discurso -que fue una loa a su pragmatismo político- Ortega hizo un resumen histórico de la lucha contra Somoza, en la que se ubicó permanentemente como protagonista indiscutible. envío tuvo la paciencia de contar las veces en las que el ex-General usó el pronombre yo y en las que conjugó el verbo correspondiente en primera persona. Fueron exactamente 339 veces. Suman casi mil otras alusiones personalistas sin pronombre ni verbos.
¿Serán un bumerang?
Mariano Fiallos considera que las reformas tienen como único objetivo asegurar victorias electorales en un marco bipartidista. Pero considera que podrían no garantizar estas metas. Recordó que muchas de las reformas pactadas ya fueron puestas a prueba en las elecciones regionales de la Costa Atlántica de marzo 97. Los resultados de aquellas elecciones -ganadas por el PLC- cuestionarían el argumento que más ha usado el FSLN para justificar el pacto ante sus bases: estar mejor situados electoralmente, e incluso garantizarse la victoria.
Recordó también Fiallos que las reformas hechas a la Ley Electoral en 1995 por los partidos pequeños -la Asamblea Nacional estaba fraccionada entonces en 19 bancadas- fueron diseñadas para que el control partidario que los partidos imponían a las estructuras técnicas del CSE les favoreciera en las elecciones. Pero los resultados electorales no les favorecieron.
Señas del pacto en la Constitución
Los acuerdos del pacto para reformas constitucionales están relacionados con algunos de los acuerdos sobre reformas electorales:
- Al suprimir las inhibiciones para las candidaturas de nicaragüenses que alguna vez renunciaron a su ciudadanía, se establece que la ciudadanía nicaragüense es irrenunciable, que nunca se pierde y nunca puede privarse a nadie de ella, por lo que se establece la doble nacionalidad con cualquier país.
- Se establece que el Presidente de la República al dejar su cargo pasa a ocupar automáticamente un escaño de diputado en la Asamblea Nacional. (Este ha sido el mecanismo hallado por el Presidente Alemán para continuar dirigiendo el partido, y eventualmente para continuar gobernando desde la Asamblea si ganara el PLC, sin tener que confrontar a la opinión pública violando el principio de la no reelección. Además, la diputación le garantiza inmunidad).
- Se establece votación calificada (dos tercios de la Asamblea) para suspenderle la inmunidad al Presidente de la República (Esto conviene tanto a Alemán, como a Ortega en el caso de que ganara las próximas elecciones. Ambos temen perder la inmunidad que los protege y ser llevados a los tribunales).
- Se contemplará modificar o suprimir el Preámbulo de la actual Constitución en la próxima Asamblea Constituyente. (Esto permite suponer que se contempla una Constituyente).
Constituyente en el horizonte
A las 24 horas de hacerse públicos los acuerdos del pacto, el Presidente Alemán expresó su propuesta: las elecciones presidenciales de noviembre del 2001 deberían ser sustituidas por elecciones para diputados a una Asamblea Nacional Constituyente, a la orden de la cual pondría él su cargo de Presidente. ¿Mecanismo para reelegirse y seguir gobernando? ¿Camino para regresar legalmente a un presidencialismo autoritario, entusiasmado tal vez por el "modelo venezolano", por los poderes absolutos que está viendo concentrarse en la Constituyente convocada por Hugo Chávez?
En principio, el FSLN expresó su rechazo a sustituir las elecciones presidenciales por la elección a una Constituyente. Pero, en final, podría aceptar este trueque, según vayan modelando su pragmatismo los vaivenes de la coyuntura.
De todas los acuerdos para reformas constitucionales, el que causó mayor indignación entre sandinistas y no sandinistas fue el de entregar una diputación a Alemán al margen del voto popular. Bayardo Arce, uno de los voceros del pacto, justificó esta concesión diciendo: "Así nos lo debe a nosotros". Daniel Ortega usó un argumento más "social": se la habían concedido para ahorrarle recursos al Estado, pues Alemán ya había dicho que competiría como candidato a diputado, y era seguro que en su campaña usaría recursos públicos... "Se trata de una aberración continental -fue el comentario del ex-diputado sandinista Danilo Aguirre-, es una diputación al estilo Pinochet, senador vitalicio por una imposición política."
Más altos cargos para repartir
Otros acuerdos referidos a las instituciones estatales, que implican reformas constitucionales son:
-Ampliar de 12 a 16 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y establecer un nuevo alto cargo: los conjueces, suplentes de los magistrados.
- Colegiar la dirección de la Contraloría General de la República con cinco miembros, electos por la Asamblea Nacional. El Contralor y el Vicecontralor serán elegidos entre sus miembros para un año. Pueden ser reelectos.
El aumento de los cargos en las instituciones estatales es el sello inequívoco que permite caracterizar esta negociación como un pacto, ya que es característico de los pactos -tan abundantes en la historia política de Nicaragua- el incremento de altos cargos para así disponer de cuotas de poder para distribuir entre los grupos que pactan. En el caso de la Corte Suprema parece claro que en Nicaragua, el grave problema de la retardación de justicia -u otros males del sistema- no depende del número de magistrados en la cúpula, en la Corte Suprema, sino de la escasez de jueces y secretarios bien pagados en la base, en los juzgados.
Como resultado del pacto, la Contraloría General de la República tendrá una dirección colegiada. Este acuerdo es tal vez la concesión de mayor trascendencia negativa que el FSLN le hizo al Presidente Alemán, empeñado a fondo desde que llegó al poder en quitarse de encima el molesto ojo escrutador de la Contraloría, y especialmente el del Contralor Agustín Jarquín. Este "logro" de Alemán sólo lo explica la falta de voluntad política de la cúpula del FSLN de luchar contra la corrupción. Sea en la "oposición" o sea en un futuro gobierno, también se siente incómoda ante el ojo del ente fiscalizador.
Cuando empezó a saberse del pacto y de lo que sandinistas y liberales estaban acordando, se habló de que, además de la lógica prioritaria del trueque de la reelección de Alemán a cambio de la supresión de la segunda vuelta, otra de las lógicas de ambos caudillos era la de "cabeza por cabeza". Ortega pedía privada -y públicamente- la cabeza de Rosa Marina Zelaya, Presidenta del CSE, y Alemán pedía privada -y públicamente- la del Contralor Jarquín. El pacto recorta en un año el mandato de Zelaya y colegia la Contraloría. "Las diferentes instituciones, como los funcionarios en ellas, eran objeto de negociación. Un partido se focalizaba en un funcionario y el otro en otro y pretendían transarlos, como al final lo hicieron", reconoció Jarquín al consumarse el pacto.
Antes de que se consumara el pacto, Jarquín anunció que renunciaría a presidir la Contraloría si la colegiación desnaturalizaba su actual función fiscalizadora. También renunció a su inmunidad para acudir a los tribunales a responder por el "caso Parrales", en el cual el Presidente Alemán, desde abril, está comprometido, a fondo y personalmente, en manipular un error del Contralor para hacerlo aparecer ante la opinión pública como un delincuente merecedor de la cárcel. Mientras no se establezca claramente cómo será y cómo funcionará la nueva Contraloría colegiada, y hasta que no concluya de una u otra manera el juicio que involucra al Ejecutivo y a la Contraloría, la decisión fundamental de Jarquín y de su equipo ha sido la de continuar trabajando. Si una CGR autónoma del Ejecutivo -en Nicaragua tiene apenas tres años y medio de vida-, y si quienes la han presidido con eficacia y dignidad tienen ya sus días contados, la decisión más coherente es ésa: seguir trabajando. Investigar, señalar, controlar, resolver, descubrir, probar... Son todas formas de mostrarle a la población qué es lo que va a perder con la decisión tomada por los negociantes del pacto.
BANIC: privatización anulada
A finales de agosto, y en medio de la confusión dejada en el terreno de juego al consumarse el pacto, la CGR emitió una resolución tan esperable como osadamente inesperada: anuló la capitalización del Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (BANIC). Las ilegalidades y anomalías que atravesaron todo el proceso de capitalización de este banco estatal, detalladas en la resolución de la CGR, conducen al entorno más cercano del Presidente de la República. Sin duda, se trata de la resolución más significativa de las emitidas por la institución fiscalizadora después de que en febrero señalara el desmesurado incremento patrimonial del Presidente, acción que permanece congelada a la espera de que el Presidente cumpla la ley y declare a la Contraloría cómo aumentó su patrimonio.
En su resolución sobre el BANIC, la CGR puso en evidencia los hilos más gruesos y visibles de un complejo entramado de tráficos de influencias y discrecionalidades. Lo más grave es el involucramiento en la operación de capitalización de un banco con base en territorio de Estados Unidos, lo que permitió a la Contraloría solicitar de la Fiscal General de Estados Unidos, Janet Reno, una investigación que determine si la ilegalidad de la operación financiera violó no sólo las leyes nicaragüenses, sino también las leyes federales de Estados Unidos, muy sensibles ante operaciones de sus bancos en el exterior que pudieran estar vinculadas a dineros del narcotráfico, aspecto relevante de la política exterior estadounidense. ¿Participará el gobierno de Estados Unidos en el esclarecimiento de los hechos denunciados en Nicaragua? La respuesta a esta pregunta será fundamental.
Banco Mundial toma distancia
La "conexión USA" y la posición del Banco Mundial -que inmediatamente que la CGR publicó su resolución tomó distancia de la operación realizada en el BANIC, y que incluso facilitó información sobre el caso a la Contraloría- pusieron al gobierno liberal en una posición extremadamente delicada. El Contralor habló de "incomodidad" y de "malestar" en el Banco Mundial.
El Banco Mundial es la institución internacional que supervisa las reformas estructurales a las que se condiciona la obtención de créditos en los programas de ajuste que implementa en los países del Sur. La más importante de estas reformas es la privatización de los activos estatales. "Para el BM lo fundamental es que los procesos privatizadores se hagan de forma transparente y en base a criterios de mercado, y no con manejos oscuros y con criterios mafiosos, como la Contraloría está demostrando que se hizo en el BANIC, o como se pretendió hacer hace unos meses con ENITEL y la empresa miamense de telecomunicaciones de los Mas Canosa, proceso que también anuló la Contraloría", dijo a envío un economista independiente.
La "salida" del caso BANIC no es sencilla para el gobierno. Las preguntas que surgen de la resolución de la Contraloría envolverán al Ejecutivo y a varios de sus altos funcionarios ¿durante cuánto tiempo? Recién abierto el caso BANIC, se descubrió otro espinoso caso que revela el alto grado de irresponsabilidad que existe en el manejo legal de los bienes estatales: sobre siete propiedades de la empresa estatal de telecomunicaciones ENITEL -en proceso de privatización-, incluida su sede central, pesa una hipoteca por 100 millones de dólares a favor de la empresa constructura del consorcio Mas Canosa. De un escándalo en otro, cuesta entender las tramas de cada uno de ellos. Cuesta distinguir cuál es el mayor, cuál el menos lamentable para el futuro del país.
Nuevas leyes financieras
En las vísperas de la resolución de la CGR se habían creado otras contradicciones -también por motivos financieros- en el terreno del juego presidencial. El Presidente de la República había sorprendido, tanto a los banqueros privados como a sus aliados del FSLN, con un paquete de leyes financieras que envió a la Asamblea Nacional para su aprobación con trámite de urgencia.
Las leyes suprimen la autonomía de la Superintendencia de Bancos al ponerla bajo total control de la Presidencia, concentran más poder económico-financiero en la persona del Presidente del Banco Central, y establecen nuevas regulaciones sobre la banca privada y sobre todas las instituciones financieras, lo que supone cambios importantes en las actuales reglas de juego respecto a capitales iniciales, otorgamiento de créditos, aprobaciones de bancos, sustituciones de sus directivas, etc.
Los críticos de las leyes -banqueros, empresarios, políticos- hablaron de "dictadura financiera" y de una nueva ola de "terrorismo económico". "Es contradictorio -dijo William Báez, del INDE- que por un lado se busque colegiar a la Contraloría para que una persona no tenga todo el poder, y por otro se le otorguen poderes bancarios absolutos a Noel Ramírez, quien podrá revisar hasta las cuentas privadas de cualquier nicaragüense". Por su parte, la Subcontralora de la República, Claudia Frixione, se refirió al tema del sigilo bancario, que estaría en peligro cuando el Presidente Alemán aplique la ley y entregue la Superintendencia a Ramírez, quien es miembro del directorio ejecutivo del partido en el gobierno. "Al hacer de la Superintendencia una institución dócil y al ponerla en manos partidarias, el Presidente de la República podría pedir un informe privado de cualquier ciudadano que no comparta las políticas del gobierno."
¿Contra qué privilegios?
Si la pérdida total de autonomía de la Superintendencia de Bancos preocupa a los banqueros privados, también les inquietan otras disposiciones de las nuevas leyes. Entre ellas, la que limita al 10% el número de acciones que podrá tener cada socio de un banco, para así evitar situaciones tan riesgosas como la que llevó recientemente a la quiebra al BANCOSUR . O la disposición que establece límites a los montos de créditos que los bancos podrán otorgar a empresas vinculadas por lazos familiares con los directivos del banco.
Ambas disposiciones afectan seriamente a todos los bancos privados de Nicaragua, que -como los del resto de América Latina- responden al obsoleto perfil de una banca oligárquica, al servicio de grupos familiares que concentran poder económico y poder político desde hace siglos.
Ambas disposiciones de las nuevas leyes -como también la disposición de regular favorablemente las actividades de las intermediarias de microcréditos como Nitlapán- son muy positivas porque buscan democratizar el poder financiero.
Tenía pues cierta base el Presidente Alemán cuando respondió molesto a los banqueros que criticaban las leyes, las que calificó como "revolucionarias". Alemán acusó a los banqueros de haber establecido en estos años un "monopolio privilegiado" utilizando el ahorro nacional para favorecer con créditos sólo a sus amigos, olvidando a los campesinos y a los pobres.
Pocos días después, todo lo descubierto en el caso BANIC vino a poner en evidencia la demagogia de sus argumentos. La investigación de la Contraloría demostraba que, para competir con los "privilegios oligárquicos", el gobierno liberal había usado el BANIC para capitalizar privilegiadamente a altos funcionarios del círculo presidencial. Y así como los allegados al gobierno de Violeta de Chamorro hicieron botín del estatal BANADES, los allegados al gobierno de Arnoldo Alemán habían hecho botín del BANIC.
En esta ocasión se repitieron los argumentos oficiales que en 1997 precedieron a la aprobación de la nueva Ley Tributaria. Tras el discurso presidencial anti-oligárquico y de defensa cerrada "de las clases medias que también tienen derechos", se esconde la concepción del Estado-botín, que Alemán comparte con la oligarquía tradicional.
Sin democracia y sin mercado
Los banqueros y el sector pactista del FSLN no esperaban las leyes financieras. El gobierno no esperaba lo del BANIC. Y los organismos multilaterales -los que diseñan y monitorean la marcha de la economía nicaragüense- no contaban con ninguna de estas dos crisis. Aunque parezca increíble, aspectos fundamentales de las nuevas leyes financieras no obtuvieron el consenso del Banco Mundial y del BID.
El Banco Mundial trabaja por establecer en todos los países del Sur sólidas democracias de mercado que favorezcan a los capitales globalizados. En Nicaragua, esta institución multilateral se encuentra con un país que apenas conoce la democracia y las leyes del mercado, y con un gobierno que se apropia del discurso democratizador y modernizante de la tecnocracia que habla de globalización y de Estado de derecho, pero que después aplica la vieja ley del embudo: lo ancho para mí y para vos lo agudo...
Después de la crisis asiática
No sólo tratan los organismos multilaterales de establecer la lógica de un mercado más transparente y democrático. También han venido analizando la crisis financiera en los países asiáticos -aquellos a los que se llamaba "tigres"- y han concluido que el derrumbe se debió a una regulación muy laxa -nula o escasa- de sus sistemas financieros. A partir de esta conclusión recorren ahora todos los países del Sur insistiendo en una receta, que no es totalmente nueva. Lo nuevo es el acento que están poniendo hoy en ella: es necesario apretar los controles sobre la banca privada en todos los países en desarrollo.
Los multilaterales siempre han considerado que Nicaragua tiene una banca frágil por ser relativamente nueva -apenas inicia en 1991-, y porque ha tenido una regulación muy benigna, establecida así precisamente para hacer crecer con rapidez a tantos nuevos bancos. Ahora, tener firmemente controlada a esa banca ya crecida es condicionalidad número uno del Banco Mundial y del BID. La estrategia del BM/BID debe desarrollarse en dos etapas: en la primera buscan instituciones nacionales fuertes. En la segunda, buscarán la autonomía de esas instituciones. Desde este punto de vista, concentrar las funciones del Banco Central y las de la Superintendencia -como propone la nueva ley- podía responder al diseño que buscan establecer.
Autoritariamente osados
Este marco conceptual fue aprovechado por el gobierno liberal para suprimir de la nueva ley la autonomía de la Superintendencia de Bancos, institución que fue creada como entidad autónoma en 1991, aún antes de que se reinstalara en el país la banca privada, precisamente como garantía de la transparencia y control del proceso, y precisamente como condición de los organismos multilaterales para avalarlo.
La nueva ley de la Superintendencia no obtuvo el aval del Banco Mundial. Sin embargo, el gobierno -Noel Ramírez- la envió sin ese consenso a la Asamblea Nacional, originando un conflicto de compleja conclusión. Una señal más del estilo de la osadía autoritaria del actual gobierno. Sin embargo, el cúmulo de contradicciones que Arnoldo Alemán ha ido generando con todos los sectores económicos que no son los de su círculo de poder no le permitirá pasar estas leyes tal como fueron concebidas y tendrá que flexibilizarlas. En esta zona de "bateo libre", ¿quién ganará?
En el terreno gubernamental el juego va mejor. En los índices macroeconómicos el desempeño del gobierno liberal ha sido bueno. Esto significa un buen expediente ante los organismos internacionales (¿base para la osadía?). El país ha sido admitido a la iniciativa para los países pobres altamente endeudados (HIPC), y aunque el significado en la economía real de la cancelación del 80% de la deuda externa no tenga efectos relevantes, la entrada de Nicaragua en la iniciativa mejorará aún más su expediente internacional.
En otros índices -los más sensibles para la población- algo se está aliviando la dureza de la crisis para algunos sectores. Y esto significa un mejor expediente político interno. Es cierto que el deterioro del salario real es tremendo, y que el alza de las tarifas de los servicios públicos mantiene en ascuas a la población de Managua. Pero también es verdad que es algo menor el desempleo -especialmente en la construcción, eje de la reactivación económica urbana-, y han empezado a fluir millones de dólares de la ayuda acordada en Estocolmo -el año próximo fluirán más-, lo que permite al gobierno inyectar recursos en programas sociales y visibles.
En agosto, y según la última encuesta de la CID-Gallup, la opinión favorabe al gobierno fuera de Managua, en las zonas rurales, se elevó a un 40%. Tiene lógica. Se están mejorando caminos en zonas de montaña, se están instalando puestos de salud en algunos lugares, se está subsidiando ganado e insumos agrícolas a los campesinos más pobres, se están reparando escuelas, se está subsidiando a maestros rurales para aumentarles por esta vía el salario... Se aprecian mejoras en bastantes lugares. Más que durante el gobierno Chamorro. Son mejoras relativas. Puntuales. Parciales. Son gotas. Pero gota a gota se llenan los baldes.
Hay más desarrollo en más zonas. El problema es que, aunque eso tapa o alivia algunos -o muchos- problemas, no se trata de un desarrollo sostenible. La economía de Nicaragua es insostenible. El déficit comercial del país (importaciones/exportaciones) no deja de crecer cada año. Lo que está sosteniendo al país es la ayuda externa y las remesas familiares de cientos de miles de emigrantes.
Las remesas de los nicaragüenses que se fueron a Estados Unidos o a Costa Rica -se calcula que ha emigrado un 20% de la población nacional- superan ya con creces los ingresos por exportaciones. La CEPAL calculó que en 1998 el monto de las remesas fue de 800 millones de dólares, no incluyendo en esta cantidad las miles de toneladas de "remesas en especie" -calzado, ropa, electrodomésticos y otros productos- que ingresan anualmente en el país y que tanto alivian la vida de tantos.
Remesas: estabilidad social
La bomba social capaz de desestabilizar al gobierno, demostrando lo inviable por insostenible de su modelo económico, ya no está en Nicaragua, emigró. Las remesas son el mecanismo de compensación social más eficaz para hacer gobernable a Nicaragua. Y como ya no sólo emigran los managuas, sino que se va gente de todas las zonas del país, los dólares de los emigrantes llegan hasta el último rincón, y también en las zonas rurales el dinero de las remesas empieza a traducirse en ciertas mejoras en la calidad de vida de las familias.
Es un desarrollo no sostenible. Decir esto es decir una verdad estructural, que toca el largo plazo. Pero esas verdades no movilizan. Nicaragua está envuelta en una espiral de cortoplacismo. El cortoplacismo de gobernantes y gobernados -unos cegados por su empeño de hacer dinero pronto y otros empeñados en sobrevivir un día más- no permite ni pensar ni actuar con criterios de largo plazo.
Municipales: gran oportunidad
Se sabía que el gobierno liberal quería obtener de la cúpula del FSLN en el pacto el acuerdo de juntar las elecciones municipales (octubre 2000) con las presidenciales (octubre 2001). El Presidente Alemán lo sugirió abiertamente, argumentando con los excesivos gastos, insoportables para un país tan pobre. Algunos dirigentes del FSLN le hicieron coro. Finalmente, todo indicaría que, al menos en esta ocasión, y a menos que ocurran acontecimientos imprevisibles, las dos convocatorias electorales no se juntarán. Sólo se acordó trasladarlas de fines de octubre a mediados de noviembre, por si viene otro Mitch...
Al menos en esta ocasión las elecciones serán separadas, porque los negociantes podrían reformar la Constitución modificando los períodos de las autoridades, para que del 2000 en adelante se celebren siempre juntas todas las elecciones en una sola jornada. Por otra parte, en un país como Nicaragua hay que contar siempre con lo imprevisible...
No queda claro si fue la oposición del grupo Ortega a juntar las elecciones lo que decidió el mantenerlas separadas. O si es precisamente el carácter eminentemente electoralista del pacto lo que convenció a ambos grupos a aceptar el "test" de las municipales antes de las presidenciales: el test del 2000 les puede servir de buen indicador para afinar muchas de las decisiones que tienen que tomar para el 2001.
Sea cual sea la razón, el que ambas elecciones hayan quedado separadas resulta positivo. Las próximas elecciones municipales son tal vez la gran ocasión -¿la última oportunidad?- para organizar eficazmente las preocupaciones, las indignaciones y las críticas que generó el pacto pero que no lograron frenarlo. Victorias electorales de dirigentes locales -sean sandinistas, liberales, de otros partidos, o sin partido- opuestos a la "filosofía" bicaudillista, cortoplacista y proclive a la corrupción que promovió el pacto sería lo más alentador que pudiera ocurrir en el país para empezar a abrir "otro" juego.
No será ésta una jugada fácil. Los dos partidos pactistas se cuidarán muy mucho de imponer a candidatos alineados, de uno u otro modo, a su filosofía. Ante esta presión de los jugadores más fuertes, ¿es posible pensar en alianzas sólidas entre el resto de partidos, promoviendo juntos auténticos liderazgos locales -disidentes de los dos grandes, con o sin partido- con el objetivo de consolidar en el terreno esa necesaria tercera fuerza que a nivel nacional parece tan lejana aún?
El pacto ha alterado las reglas del juego electoral para dificultar -¿cancelar?- esta posibilidad, al anular la opción de la suscripción popular en las elecciones municipales. Todos los candidatos deberán pertenecer o deberán afiliarse o deberán ser respaldados por un partido político. En esa cancha de juego, ahora acotada, ¿será posible la unidad, la responsabilidad y la visión estratégica que supere éste y otros límites?
No dependerá sólo ni principalmente de los partidos políticos el superarlos. Dependerá de la sociedad civil local, de su organización, de su capacidad de presionar a los partidos políticos proponiéndoles líderes y programas. Dependerá de su capacidad visionaria y de cómo sepa jugar. El ambiente enrarecido fomentado por el pacto, y el desgaste ético de los dos grupos que negociaron, propician el despertar de la sociedad civil a nivel local.
Es la primera vez en la historia más reciente de Nicaragua -¿la última?- en que los ciudadanos acuden a votar únicamente por quienes les representarán en los gobiernos municipales. Esto permite un voto más consciente, más informado, más decidido en contraste con realidades concretas y cercanas, sin la confusión que busca crear la avalancha de imágenes publicitarias que dominan la elección nacional.
Las elecciones municipales pondrán a prueba las fortalezas, las debilidades y la representatividad de todos los grupos organizados de la sociedad civil en los municipios del país. En más de la mitad de esos municipios la mayoría de la población vive en condición de extrema pobreza -un gran número en un interminable post-Mitch-, la que según un último informe del PNUD evoluciona aceleradamente hacia la pobreza crónica.
Hay quienes afirman que las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua están muy atomizadas, tienden al clientelismo, son excesivamente dependientes de la cooperación externa y no tienen una posición política clara. Hay quienes ripostan a este análisis afirmando que se trata de una visión ya superada y, sobre todo, que se hace desde una óptica nacional demasiado centrada en lo que ocurre en Managua. Pero Managua no es Nicaragua.
¿Las elecciones municipales servirán para mostrar esa "otra" sociedad civil que ciertamente está surgiendo más allá de Managua? Tal vez sea muy pronto para saberlo. Tal vez sea muy corto un año, el lapso de tiempo que nos separa de los comicios municipales. Tal vez primero hay que renunciar al cortoplacismo y a ese culto a las imágenes y a las apariencias impactantes -y efímeras- que nos impone la cultura actual y que nos llevan a buscar éxitos inmediatos para hoy, sin haber sacado lecciones de los profundos fracasos de ayer.
Tal vez para que la tercera fuerza -la que rompa el sucio juego bicaudillista- deje de ser un mito necesita de gente dispuesta a enlodarse durante mucho tiempo en la cruda realidad nacional, promoviendo procesos educativos y organizativos en la base, gente dispuesta a empezar de cero, y dispuesta a esperar resultados dentro de cinco, diez o muchos más años.

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