Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831140.html
Timestamp: 2019-11-19 09:19:19+00:00

Document:
as201831140
Auto Supremo Nº 140
Expediente : 431/2017
Demandante : Gloria Helguero Velez
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 141 a 144, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 77/17 de 17 de abril de 2017, cursante de fs. 135 a 137, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso de reclamación seguido por Gloria Helguero Vélez contra la entidad en cuya representación se recurre; el Auto de fs. 147 que concedió el recurso, el Auto Supremo Nº 431-A de fs. 156 que admitió el recurso; los antecedentes del proceso, y;
La Comisión de Calificación de Rentas, en 8 de enero de 2008, emitió la Resolución Nº 0000159 (fs. 72-73), por la que resolvió la suspensión definitiva de la Renta Básica de Vejez otorgada a Gloria Helguero Vélez y otorgar, en sustitución, un pago global básico, así como proceder al descuento de lo indebidamente cobrado.
Ante el recurso de reclamación interpuesto por Gloria Helguero Vélez (fs. 79-81), la Comisión de Reclamación del SENASIR, mediante Resolución Nº 779/14 de 29 de septiembre (fs. 112 a 114), confirmó la Resolución Nº 0000159 de 8 de enero de 2008 cursante de fs. 72 a 73, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas, por encontrarse de acuerdo a los datos del expediente y normativa en vigencia.
En grado de apelación deducido por Gloria Helguero Vélez, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expidió el Auto de Vista Nº 77/17 de 17 de abril, cursante de fs. 135 a 137, revocando la Resolución Nº 779/14 de 29 de septiembre y disponiendo la restitución de la Renta Básica de Vejez, sin lugar al cobro de lo indebidamente pagado.
Por memorial de fs. 141 a 144, Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, interpone recurso de casación alegando:
1.- Que en el Auto de Vista impugnado no se consideran los datos y documentos en el marco de la norma legal vigente y aplicable, así como no considera que el SENASIR basa sus actuados dentro de los parámetros técnico, legales y administrativos, citando y transcribiendo el contenido del art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, inc. d) del art. 5 del D.S. N° 27066 de 6 de junio de 2003 y art. 9 del D.S. N° 27991, referidas a las facultades del SENASIR de revisar las prestaciones en dinero y en su caso suspender el pago de las mismas.
2.- Que el tribunal de alzada incurrió en violación de los arts. 23.1. y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por la Resolución Secretarial N° 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997, así como el punto 2.5. del Instructivo para la Calificación de Renta Única en Curso de Adquisición aprobado por la Resolución Administrativa N° 001 de 14 de enero de 1998, al no considerar tales presupuestos legales referidos al requisito de haber consolidado 180 cotizaciones para la otorgación de rentas en el Sistema de Reparto.
Que, asimismo, no consideró los informes del Área de Cuenta Individual de fs. 55, 56 y 58, la hoja de resumen de aportes y salario de 21 de diciembre de 2007 y el informe de la Comisión Revisora de Rentas de 21 de diciembre de 2007 en los que se certifica que la asegurada acumuló tan solo 149 cotizaciones y que, al no registrar aportes en la empresa Importaciones Representaciones Alex Valdivia y Cia. ALVAL por los periodos 09/67 a 10/72 no llegó a acreditar el mínimo de 180 cotizaciones para acceder a una Renta de Vejez, correspondiendo, en consecuencia, la suspensión de la renta señalada.
3.- Que en el Auto de Vista se incurre en errónea interpretación del art. 14 del D.S. 27543 de 31 de mayo de 2004, por limitarse a considerar la documentación presentada por la asegurada a fs. 1 consistente en un certificado de trabajo de la Empresa Importaciones Representaciones Alex Valdivia y Cia. ALVAL y no tomar en cuenta la nota SAR/183/08 de 5 de septiembre expedida por la Caja Nacional de Salud que certifica que no figura la Empresa Alex Valdivia y Cía. AVAL, al igual que el Informe de Cuenta Individual de 23 de septiembre de 2008 que certifica que Gloria Helguero Vélez no cuenta con AVC 04-07 (Alta y Baja del asegurado) de la mencionada empresa. Agrega que el certificado de fs. 1 solo hace referencia de manera general al periodo trabajado por la asegurada, sin mención de los aportes realizados.
4.- Que al margen de la indebida aplicación del art. 14 del D.S. N° 27543, el Tribunal de Alzada interpreta erróneamente el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, por no considerar que el mismo sustenta la potestad de revisión de rentas de oficio o a denuncia de un tercero, como parte de la responsabilidad administrativa del SENASIR y que, conforme al art. 4.c) del D.S. N° 26189 de 18 de mayo de 2001, cuenta con la facultad de exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, por incidir en el empobrecimiento del Estado, desestabilizando el sistema financiero de la Seguridad Social.
5.- Que se interpreta de manera superficial el art. 45 de la Constitución Política del Estado al no considerar que el SENASIR como entidad desconcentrada del Ministerio de Economía y Finanzas, forma parte activa del Estado Boliviano y, por ende, se encuentra llamado a defender los intereses de todos los bolivianos con arreglo al art. 67.II de la misma norma fundamental, esto es, otorgar las prestaciones “conforme a ley”.
Finalmente señala como normas transgredidas y mal aplicadas, los arts. 45, 67 y 180 de la CPE; art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, art. 5.d) del D.S. N° 27066 de 6 de junio de 2003; art. 9 del D.S. 27991 de 28 de enero de 2006; art. 14 del D.S. N° 27543 de 31 de mayo de 2004; arts. 23 y 27 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición; punto 2.5. del Instructivo para la Calificación de Renta Única en curso de Adquisición; art. 4.c) del D.S. N° 26189 de 18 de mayo de 2001, Ley N° 2197 de 9 de mayo de 2001, modificatorio del art. 57.III de la Ley N° 1732; art. 1 de la R.M. N° 1361 de 4 de diciembre de 1997,; art. 8 del D.S. 23215, en concordancia con los arts. 42 y 43 de la Ley N° 1178 y; Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010.
Concluyó solicitando que el Tribunal Supremo de Justicia, case el Auto de Vista Nº 77/17 y se confirme la Resolución Nº 779/14 de 29 de septiembre expedida por la Comisión de Reclamación del SENASIR.
De la revisión de los antecedentes contenidos en el expediente, el Auto de Vista impugnado y el escrito recursivo, se advierte que la controversia traída a juicio casatorio, se circunscribe a establecer si en el caso presente corresponde la suspensión de la Renta Básica de Vejez otorgada a Gloria Helguero Vélez y la correspondiente devolución de lo indebidamente pagado, así como expedir pronunciamiento sobre las facultades del SENASIR para dicho cometido y si en tal propósito el tribunal de apelación incurrió en las infracciones legales acusadas en el recurso; a cuyo efecto se tienen las siguientes conclusiones de orden legal:
1. Consideraciones previas.-
El art. 45 de la CPE establece:
“Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos”.
En concordancia con lo establecido en el art. 109.I de la supra norma citada señala:
“ Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección".
La Sentencia Constitucional Nº 55/2013 de 11 de enero, estableció sobre la jubilación el siguiente criterio:
“…el art. 45 referido a los derechos a la seguridad social, inmerso en el Capítulo Quinto de la Primera Parte denominado Derechos Sociales y Económicos, en la Sección II, dispone que todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social, agregando a continuación que ésta se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia, y tanto su dirección como su administración corresponde al Estado, con control y participación social. En el parágrafo IV determina que el Estado garantiza el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo”.
Asimismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su art. 25.1. establece:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad…” .
También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica:
“Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos", y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: “Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.
De lo citado precedentemente se advierte que el derecho a la renta de vejez, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas de los recursos necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio y que, al ser convenios internacionales, son de aplicación plena por el Estado Boliviano.
De igual manera, debe tomarse en cuenta que conforme el art. 180.I de la CPE, la jurisdicción ordinaria encuentra como fundamento a la verdad material, principio procesal que además se encuentra estipulado en el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), por el cual, se obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, de la forma como ocurrieron y en estricto cumplimiento de las garantías procesales, es decir que se debe dar prevalencia a la verdad y la realidad de los hechos.
Sobre el tema, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1138/2004-R de 21 de julio estableció:
“El principio de seguridad jurídica refuerza esta idea, al garantizarle al ciudadano que la actividad judicial procurará, en todo caso y por encima de toda consideración, garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material o verdaderamente eficaz no una aplicación formal y mecánica de la ley, por el contrario, lograr que las consecuencias mismas de una decisión judicial debe significar una efectiva materialización de los principios, valores y derechos constitucionales…”.
Conforme a lo expuesto, el valor superior “justicia” obliga a la autoridad jurisdiccional -en la tarea de administrar justicia- procurar la realización de la “justicia material” como el objetivo axiológico y final para el que fueron creadas el conjunto de instituciones” (Sentencia Constitucional Nº 0818/2007-R de 6 de diciembre).
2. Sobre la suspensión de la Renta de Vejez y consiguiente devolución de lo indebidamente pagado.-
Conforme al art. 477 del RCSS, "Las prestaciones en dinero concedidas podrán ser objeto de revisión, de oficio o a denuncia, a causa de errores de cálculo o de falsedad de los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto a las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, caso en el que la Caja exigirá la devolución total de las cantidades indebidamente entregadas".
De la segunda parte de dicha norma, se colige que a efectos de proceder a la devolución de los montos que supuestamente fueron cobrados indebidamente por el rentista, es menester determinar primeramente que los cálculos de las prestaciones que se le otorgaron, fueron realizados en base a documentación, datos o declaraciones fraudulentas proporcionadas por el asegurado, única situación en que procede la devolución de las prestaciones indebidamente recibidas, surtiendo además efectos retroactivos, aspecto que no se observa en el caso de autos, porque de los antecedentes del expediente, se advierte que por Resolución Nº 007587 de 12 de junio de 2001, la Comisión de Calificación de Renta de la Dirección de Pensiones, resolvió otorgar en favor de la asegurada Renta Básica de Vejez, equivalente al 34% de su promedio salarial, al haber acreditado 207 cotizaciones; empero mediante el Informe de la Comisión Revisora de Rentas en Curso de Pago de 21 de diciembre de 2007 se contabilizo únicamente 149 aportes para el Régimen Básico debido a que el periodo 09/67 a 10/72 no figuraría en planillas, por lo que la Comisión de Calificación de Rentas emitió la Resolución Nº 0000159 de 8 de enero de 2008, resolviendo la suspensión definitiva de la Renta Básica de Vejez y la recuperación de lo indebidamente cobrado por la derechohabiente.
De la revisión de los antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que si bien vía revisión de prestaciones se detectó un cálculo aparentemente erróneo en la calificación de la renta de vejez, empero, el SENASIR no aportó elementos suficientes que acredite que este error sea atribuible a la rentista o que se hubiese originado en la información proporcionada por ésta cuando solicitó se le conceda su renta única de vejez, máxime si se advierte que, la titular de la renta, en cuanto a los periodos observados, adjuntó no sólo la literal de fs. 1 consistente en certificado de tiempo de servicios expedida por el empleador, que por sí sola resulta suficiente para acreditar el tiempo de servicios en la Empresa Importadora Alex Valdivia y Cía. “ALVAL”, sino también el informe de fs. 3 expedido por la Sección Cuenta Individual del Fondo de Pensiones Básicas que certifica que la asegurada cotizó para el Seguro de Vejez en la misma empresa desde el 09/67 al 10/72, documentos auténticos y públicos, que tienen todo el valor probatorio que le asigna el art. 1289 del CC, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que, no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Sobre lo anterior expuesto, esto es, sobre el tratamiento extraordinario para la certificación de aportes al Sistema de Reparto, el DS Nº 27543 en su art. 14, señala:
“En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”.
En concordancia con lo anterior en su art. 18 dispone:
“…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”.
A su vez, el art. 16, de la misma norma señala:
“…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo".
Conforme se advierte de las normas transcritas, el propósito del legislador se encuentra orientado a otorgar mayor facilidad a los asegurados para acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR, tal cual también se tiene regulado en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), según el cual, cuando por algunos periodos de tiempo, no existieran planillas en archivos del SENASIR, se complemente la verificación de aportes con otros documentos como los finiquitos, certificados de trabajo, avisos de afiliación y de baja del trabajador, etc., norma que debe ser aplicada conforme lo previsto por los arts. 13, 15, 16, 17 y 18 del Decreto Supremo mencionado, así como lo señalado por el art. 83 del MPRCPA.
Ahora bien, considerando que los aportes realizados por el trabajador en ejercicio de su actividad laboral, tiene, entre sus fines, el de garantizar una renta que le permita una vejez digna, no resulta jurídica ni moralmente admisible que cuando pretendan acceder a ejercer su derecho se les restrinja u obstaculice el acceso al mismo y, siendo así, no corresponde, en el caso concreto, omitir consideración de los periodos extrañados por el SENASIR en los cuales la asegurada cotizó efectivamente por esos periodos trabajados; no pudiendo ir en contra de la normativa legal vigente, que a título de resguardar los intereses económicos del Estado Plurinacional de Bolivia, procedan injustamente a no calificar de manera correcta las renta de la asegurada que por ley le corresponde.
2. Sobre las facultades del SENASIR para recuperar lo indebidamente pagado.-
Sobre el particular y de la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el Tribunal de apelación, no incurrió en desconocimiento de la facultad que tiene el SENASIR para proceder a la revisión, de oficio o a denuncia, de las rentas en curso de pago y adquisición conforme disponen los arts. 477 del RCSS, 4.c) del DS Nº 26189, 5 del DS Nº 27066 y 9 del DS Nº 27991, sino que consideró que la concesión de la renta única de vejez a Gloria Helguero Vélez, no obedeció a actos o trámites fraudulentos o indebidos de ésta, ergo, mal podría atribuírsele responsabilidad alguna a la asegurada sobre lo percibido. Consiguientemente, en el Auto de Vista recurrido no existió trasgresión a las normas aludidas precedentemente por la entidad recurrente.
2. Sobre el daño económico al Estado.-
Por otro lado, llama la atención sobremanera que la entidad recurrente, alegue encontrarse protegiendo los recursos del Estado ante un eventual daño económico, cuando en puridad, todos sus actos, desde la Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas hasta la interposición del recurso de casación pueden calificarse como ostensibles actos en dirección contraria.
En efecto, debe tenerse presente que conforme a la CPE y las leyes de desarrollo, el Tribunal de Casación, tiene la finalidad política de, entre otros, uniformar la jurisprudencia en el marco de los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la Ley, bajo la égida que si la ley es igual para todos, la interpretación que se haga de ellas debe conservar la misma télesis; dicho de otro modo, ante la eventualidad de que sobre una determinada norma existan múltiples interpretaciones, el Tribunal de Casación establecerá de manera definitiva cuál la interpretación correcta, de tal modo que la aplicación de ésta interpretación por parte de las autoridades administrativas y judiciales al momento de dirimir algún derecho subjetivo controvertido gobernado por tal dispositivo legal, supondrá una “interpretación uniforme”.
Ahora bien, en el marco de la específica competencia de uniformar la jurisprudencia o de uniformar la interpretación de la Ley, éste Tribunal ha expedido gran cantidad de resoluciones en casos idénticos al presente, señalando, tal cual acontece en la presente Resolución, cuáles son los parámetros legales que deben cumplirse en casos semejantes, cuál la interpretación que debe asumirse sobre las leyes aplicables en casos como el presente, aspecto que sin embargo, el SENASIR ha preferido soslayar deliberadamente e insistir en actos como los que dieron origen a la presente causa que, sin considerar que éste Tribunal ha establecido reiteradamente que tales actos no resultan jurídicamente válidos, dejándolos sin efecto de manera reiterada.
Así entonces, el SENASIR eroga recursos del Estado, no sólo en reiterar las Resoluciones semejantes en la Comisión de Reclamación a sabiendas que el órgano judicial la dejará sin efecto, así como eroga tales gastos en recursos humanos y administrativos para confirmar en grado de Reclamación aquellas resoluciones a pesar de conocer de antemano que el Tribunal de Apelación la dejará sin efecto, así como eroga recursos del Estado al emplear el tiempo laboral del personal a sueldo para interponer los múltiples recursos de casación a sabiendas que, como ocurre en el presente caso, resultará inútil. Es más, al propiciar los recursos de apelación con tales actos y al interponer recursos de casación sobre los mismos casos, pone en movimiento todo el aparato judicial con el despliegue del costo económico que ello supone, conociendo de antemano el resultado negativo. Aspectos que deben ser analizados en el SENASIR de manera responsable.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Auto de Vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 271. 2) y 273 del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con atribución conferida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 141 a 144, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros en su condición de Director General Ejecutivo a.i. del SENASIR, contra el Auto de Vista Nº 77/17 de 17 de abril de 2017, cursante de fs. 135 a 137.

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 Artículo 14
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