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Timestamp: 2019-05-20 22:55:40+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00367/1420-2012 DE JUNIO 15 DE 2017
SENTENCIA 2012-00367 DE 15 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA ESTÁN EXCLUIDOS EN EL CONTROL JUDICIAL. EL ALTO TRIBUNAL PRECISÓ QUE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA NO SON SUSCEPTIBLES DE CONTROL JURISDICCIONAL, DADO QUE SOLAMENTE LO SON AQUELLAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS QUE TIENEN COMO CAUSA UN PROCEDIMIENTO DE LA MISMA NATURALEZA Y LOS DENOMINADOS ACTOS DE TRÁMITE QUE IMPIDEN CONTINUAR EL RESPECTIVO PROCEDIMIENTO. DE IGUAL SE SEÑALÓ QUE, LOS ACTOS DE EJECUCIÓN EXPEDIDOS POR EL NOMINADOR, EN CUMPLIMIENTO DE LOS DE SOLICITUD DE DESTITUCIÓN QUE DICTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR SU INDISCUTIBLE CONEXIDAD CON ESTOS, SE IMPONE QUE AL SER DEMANDADOS AQUELLOS DEBA HACERSE CONJUNTAMENTE CON LOS QUE DICTA ESTE ÓRGANO DE CONTROL CON DICHA PETICIÓN – SANCIÓN, NO SOLO POR SER LOS QUE LOS ORIGINAN, PUES NO SE CONCIBE SU EXISTENCIA SIN SU CAUSA EFICIENTE, SINO POR LA NATURALEZA DE SU CONEXIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA AL EMPLEADO PÚBLICO, SANCIÓN DISCIPLINARIA, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE
Sentencia 2012-00367/1420-2012 de junio 15 de 2017
Exp.: 11001-03-25-000-2012-00367-00 (1420-2012)
Demandante: Pablo Javier Llantén
Tema: Sanción disciplinaria de suspensión por ocho (8) meses e inhabilidad especial por el mismo término
3.1. Competencia. Conforme a la preceptiva de los numerales 1º y 13 del artículo 128 del CCA y lo dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en autos de 4 de agosto de 2010(2) y 18 de mayo de 2011(3), este último complementario del primero, esta Colegiatura es competente para conocer en única instancia de las controversias como la presente, en las que se impugnan sanciones disciplinarias administrativas que impliquen retiro temporal del servicio o suspensiones en el ejercicio del cargo, con o sin cuantía, siempre y cuando se trate de decisiones proferidas por autoridades nacionales.
3.2.1. Acto administrativo de 5 de septiembre de 2011, dictado por el jefe de la oficina de control disciplinario interno del departamento de Policía Valle, mediante el cual sancionó al demandante, en su condición de patrullero, con suspensión e inhabilidad especial, por el término de ocho (8) meses (ff. 2 a 36).
3.2.2. Acto administrativo de 31 de octubre de 2011, proferido por el inspector delegado regional de Policía 4, a través del cual confirmó la decisión de primera instancia (ff. 37 a 61).
3.2.3. Resolución 4656 de 15 de diciembre de 2011, por medio de la cual el director general de la mencionada entidad ejecutó la citada sanción (ff. 92 y 93).
3. Problema jurídico. Se trata de establecer si los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas citadas en la demanda, con violación del debido proceso y el derecho de defensa.
3.1. Enjuiciamiento de los actos de ejecución de las sanciones disciplinarias. Sobre el punto la Sala ha reiterado que los actos de ejecución de la sanción disciplinaria no son susceptibles de control jurisdiccional, pues solamente lo son aquellas decisiones administrativas que tienen como causa un procedimiento de la misma naturaleza y los denominados actos de trámite que impiden continuar el respectivo procedimiento y si tan solo las decisiones referidas pueden demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, ello significa que los actos de ejecución de los pronunciamientos administrativos, o judiciales, están excluidos del aludido control, en la medida en que no contienen decisión definitiva de ninguna índole, toda vez que se profieren con el propósito de materializar o hacer efectivas las respectivas decisiones y solo cobran importancia cuando de contabilizar los términos de caducidad se trata.
Pues bien, tratándose de los actos de ejecución expedidos por el nominador, en cumplimiento de los de “solicitud de destitución” que dicte la Procuraduría General de la Nación, por su indiscutible conexidad con estos, se impone que al ser demandados aquellos deba hacerse conjuntamente con los que dicta la Procuraduría General de la Nación con dicha petición-sanción, no solo por ser los que los originan, pues no se concibe su existencia sin su causa eficiente, sino por la naturaleza de su conexidad.
En virtud de la incuestionable conexidad existente entre tales actos, en aras de propiciar una efectiva protección de los administrados, la Sala ha admitido que el término de caducidad sea uno solo para impugnar tanto el acto de ejecución de la sanción, como aquellos que imponen al funcionario la respectiva penalización por comisión de faltas disciplinarias, término que debe comenzar a contarse a partir de la notificación del acto de ejecución(4).
Así las cosas, la Sala se declarará inhibida frente a la aludida Resolución 4656 de 2011, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción impuesta al actor.
3.2. Violación del debido proceso. Estima el actor que los actos atacados fueron expedidos con ostensible violación de este, en la perspectiva legal de los principios de imparcialidad, interpretación de ley disciplinaria, oficiosidad, apreciación integral y valoración de las pruebas, representada en que descartadas por incongruentes las “[...] declaraciones de los afectados y testigos, como lo refirió el a-quo, dejando sin piso legal uno de los dos cargos formulados, no había razón alguna [...] para dar por ciertos muchos de los apartes de estas [...], porque ninguna prueba diferente a esta tuvo el suficiente soporte para demostrar algún tipo de responsabilidad” (ff. 106 y 107).
Indica que, a partir de lo expuesto se violó el debido proceso, por haber desconocido el contenido del artículo 9º del CDU, sobre presunción de inocencia, ya que ante la presencia de muchas dudas que favorecían sus intereses, esto es, que no se pudo obtener un dictamen preciso y concreto frente a la forma que se ocasionó la lesión en la cabeza del quejoso y el elemento causante, y que las declaraciones del quejoso y los testigos entorno a las lesiones sufridas al parecer por esquirlas de arma de fuego, faltó soporte.
Señala que también se infringió el mencionado derecho, por haber desconocido el artículo 20 de la Ley 734 de 2002, dado que nada se hizo para buscar la verdad material y simplemente ante la existencia de dudas se dio por hecho que las pruebas demostraban su responsabilidad.
Afirma que, igualmente, se desconoció el artículo 29 superior, toda vez que se ignoró el artículo 128 del estatuto disciplinario, imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba, porque no se averiguó la verdad real, habida cuenta que aun cuando las pruebas se mostraban dudosas, la autoridad disciplinaria las asumió como suficientes y determinantes.
Dice que, asimismo, se vulneró el artículo 142 de la aludida ley, pruebas para sancionar, comoquiera que ninguno de los elementos de convicción aportados conducen a la existencia de la falta, pues en el mismo acto de primera instancia se advierte que, en punto a uno de los cargos, los testimonios no fueron corroborados con las pruebas técnicas, en el caso de las lesiones por esquirlas causadas por arma de fuego. Del mismo modo, el dictamen médico no condujo a la certeza sobre la forma y objeto que aquellas se ocasionaron.
Anota que se pretermitieron los artículos 143 (numeral 3º), 144 y 147 del CDU, habida cuenta que al habérsele advertido al funcionario de conocimiento sobre la existencia de irregularidades sustanciales que afectaban el debido proceso, por lo cual le solicitó realizar una inspección al lugar de donde supuestamente impactó el disparo y oficiara a medicina legal para que certificara si las escoriaciones que sufrió el quejoso guardan correspondencia con las esquirlas recibidas por el proyectil, solo se practicó la primera prueba, pero sí se realizó una reconstrucción de hechos en la que se toman fotografías y se reciben declaraciones, es decir, se hace todo un montaje escénico. De ahí que se haya pedido la nulidad, sin obtener pronunciamiento.
Sobre el aserto según el cual el funcionario de primera instancia no tuvo en cuenta los testimonios rendidos, la Sala observa que a tal conclusión se arribó, dada la “incertidumbre” que crearon frente al primer cargo (f. 7), por el cual se absolvió al acusado (f. 33), pero ello, en nada les quita, en un análisis crítico, credibilidad en torno a la segunda imputación, pues, a diferencia de la anterior, se encontró que la versión del quejoso coincide con lo aseverado por los testigos presenciales, señores Luis Álvaro Hernández Bran y Juan Camilo Agredo Sánchez (ff. 7 y 8).
En efecto, estos como aquel concuerdan, en lo esencial, en que de un momento a otro “[...] el patrullero Llantén sacó el casco y le pegó a DUDLEY en la cabeza [...]”, lo que articula, en lo que toca con la lesión, con las declaraciones de los señores Jhon Jairo Pérez Soto y Jhon Jairo López Vidal (ff. 8 y 9).
En esta “[...] concatenación probatoria también se suma [...] [para] demostrar el suceso de la agresión recibida el (sic) [por] el señor DUDLEY TASCÓN de parte del patrullero LLANTÉN [...]”, el dictamen médico legal que acredita el “golpe [...] como edema y que al ser palpado se percata de un hematoma [...] otorgándole al paciente una excusa (sic) quince (15) días de incapacidad” (f. 9).
Se detecta, por otra parte, que respecto de la segunda lesión, la del mentón, el quejoso señala que se originó cuando recibió el golpe en su cabeza con el casco, lo que le ocasionó un desplome súbito, “[...] aterrizando en su barbilla donde la superficie del suelo le causó la respectiva laceración en esa parte del cuerpo”.
La decisión inicial también revela que, ante la solicitud del acusado, el médico que emitió el dictamen, para absolver el cuestionario “allegado por las partes y el despacho”, respondió que el golpe recibido por el afectado fue causado con objeto contundente, producido por el piso o por un casco de motociclista, lo que llevó al despacho a concluir que fue este el objeto contundente, puesto que “así lo dibujan las probanzas”.
Este ejercicio, resultado, por cierto, de profundizar en el aludido dictamen, pone de presente, por un lado, que se hizo un análisis conjunto de los elementos de convicción, entre ellos las declaraciones, con un grado admisible de razonabilidad y, por otro, desvirtúa la afirmación del actor en el sentido de que la autoridad disciplinaria no buscó la verdad y no hizo una apreciación probatoria integral. Además, esta condujo a demostrar, con certeza, la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad del sujeto disciplinable, sin que, por ende, exista la duda razonable proclamada por el actor, ni parcialidad en la decisión.
Dicha conclusión se armoniza con la valoración realizada por el funcionario de primera instancia acerca de las declaraciones de los uniformados que apoyaron el incidente con el quejoso, las cuales no “aporta [n] [certeza] [...], pues estos solo se limitan en demostrar que apoyaron el procedimiento [...]” (ff. 11 y 12).
Cabe precisar que lo planteado por el demandante en torno a las esquirlas es ajeno al debate, en tanto que nada tiene que ver con el cargo por el cual fue sancionado, motivo por el cual la prueba la inspección al sitio donde al parecer impactó el disparo, carece de relevancia jurídica, y el hecho aducido por el sancionado en el sentido de que no haya constancia del ingreso al hospital del lugar, no desvirtúa el acervo probatorio examinado.
Se observa, en otra óptica, que, a diferencia de lo que sostiene el actor, sí hubo pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad impetrada por él, según auto de 14 de enero de 2011, en el que se motivó la razón por la cual no procedía tal decisión (ff. 360 a 366 del c. 3). En esa medida, la glosa revisada no reviste fundamento.
Por las anteriores consideraciones, la Sala mantendrá incólume los actos administrativos acusados, pues los cargos que les fueron imputados no lograron desvirtuar la presunción de legalidad de que están investidos, razón suficiente para negar las súplicas de la demanda.
1º Declárase inhibida respecto de la Resolución 4656 de 15 de diciembre de 2011, dictada por el director de la Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva.
2º Niegánse las pretensiones de la demanda.
3º Reconócese personería al abogado Belfide Garrido Bermúdez, con cédula de ciudadanía 11.799.998 y tarjeta profesional 202.112 del CSJ, como apoderado de la demandada, en los términos del poder visible en el folio 261.
4º En firme esta providencia, archívense las diligencias, previas las constancias y anotaciones que sean menester.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 4 de agosto de 2010, radicación 2010-00163-00 (1203-10), M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto de 18 de mayo de 2011, radicación 2010-00020-00 (0145-10), M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
4 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de septiembre de 2007, radicación 25000-23-25-000-1999-03741-01 (7392-05), actor William Gildardo Pacheco Granados, M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado.

References: artículo 128
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 29
 artículo 128
 artículo 142
 Resolución