Source: https://tc.vlex.es/vid/237-2000-s-156112
Timestamp: 2019-09-17 10:58:01+00:00

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STC 108/2002, 6 de Mayo de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 156112
STC 108/2002, 6 de Mayo de 2002
Recurso de amparo 237-2000. Promovido por don José A. S. y otros frente a la providencia de un Juzgado de Primera Instancia de Madrid que inadmitió su recurso de reposición, en ejecución de la Sentencia dictada en un litigio de mayor cuantía. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión rigorista y desproporcionada de recurso de reposición por no citar el precepto procesal infringido.
En el recurso de amparo núm. 237-2000, promovido por don José A. S., don Julio A. Q., don Antonio A. F., Arte, S.A., Aseinver, S.A., don Joaquín María A. C., don Jordi B. F., don Jorge B. G., don Mariano B. R., don Pablo B. S., doña Laura B. A., don Carlos Enrique B. V., don José Juan B. A., don Francisco Javier C. T., don Manuel Carlos C. R., don Juan C. A., don Javier L. C., don Francisco Javier D. B., doña María Dulce Nombre E. Y., don Luis F. R., doña Paloma F. F., don Vicente G. G., doña Ester G. P., don José G. R., doña Pilar G. L., doña María G. F., doña María Ángeles H. O., doña Emilia H. C., don Miguel I. L., don Miguel I. M., doña Ángeles las H. O., doña Rocío L. C., doña María Orfelina M. G., doña Luisa Carmen M. A., don José M. M., doña Gloria M. S., don Gabriel M. N., don Joaquín M. N., don José María M. N., doña María Teresa M. N., don Pablo M. N., don Francisco Javier M. M., don Ramón P. M., Ribersol, S.A., don José R. P., don Emilio S. B., doña María M. R., doña María Victoria I. M. y doña María Rosa I. M., representados por el Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de La Cadiniere y asistidos por el Letrado don José María Caparrós Albarracín, contra providencia de 2 de diciembre de 1999 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid, dictada en el juicio de mayor cuantía núm. 414/93. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la Compañía Española de Petróleos, S.A. (en adelante, CEPSA), representada por la Procuradora doña María Teresa de las Alas-Pumariño Larrañaga y bajo la dirección del Letrado don David Múgica Díaz. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 15 de enero de 2000, se interpuso el recurso de amparo que se deja mencionado en el encabezamiento y que se fundamenta en los siguientes hechos:
Los ahora recurrentes, en su condición de legítimos tenedores de 136 letras de cambio libradas por F.F. Investment Corp. y aceptadas por Unión Explosivos Río Tinto, S.A., promovieron un juicio de mayor cuantía contra la Sociedad ERTOIL, S.A., en reclamación del importe de dichas cambiales que ascendía en total a la cantidad de 588.000.000 pesetas, más los intereses y las costas.
Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, ésta formuló su contestación oponiéndose a la demanda y alegando diversas excepciones y, tras la oportuna tramitación, el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid (autos núm. 414/93) dictó Sentencia el 5 de septiembre de 1994 en la que desestimó la demanda con imposición de las costas procesales a los actores.
Firmes las Sentencias recaídas en el proceso, al declararse no haber lugar al recurso de casación que se interpuso, la parte demandada solicitó la tasación de costas, siendo aprobadas las de primera instancia, en la cantidad de 15.062.484 pesetas por Auto de 11 de enero de 1999 del Juzgado, y las de la segunda instancia, en la cantidad de 11.054.491 pesetas, por Auto de 8 de marzo de 1999 de la Sección Decimonovena de la Audiencia Provincial de Madrid, y las del recurso de casación, en la cantidad de 5.557.383 pesetas, por Auto de 5 de junio de 1998 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (recurso núm. 2779/95).
Con fecha de 17 de febrero de 1999 la demandada interesó que se requiriera de pago a los condenados a través de su representante procesal, al ser firme la tasación de costas relativa a la primera instancia, bajo apercibimiento de proceder a su exacción por la vía de apremio, y por providencia de 24 de febrero de 1999, notificada el día siguiente, se acordó requerir a la parte actora para que "en el término de 8 días haga efectivo el importe de la tasación de costas (15.062.484 pesetas), bajo apercibimiento de proceder a su cobro por la vía de apremio".
Desatendido el anterior requerimiento, la parte actora solicitó la exacción por la vía de apremio de las costas causadas y tasadas en las dos instancias y en el recurso de casación, por un total de 31.674.358 pesetas, lo que se acordó por la providencia de 11 de noviembre de 1999, notificada el 19 de noviembre, cuyo tenor literal es el siguiente:
Mediante escrito presentado el 24 de noviembre de 1999 los ahora recurrentes interpusieron contra la providencia de 11 de noviembre de 1999 recurso de reposición que se fundamentó en las siguientes alegaciones que se reproducen literalmente:
Por consiguiente, cada uno de los demandantes habrá de satisfacer la parte proporcional que le corresponda en dichas costas, de la misma manera que reclamaba la parte proporcional del total de la demanda, según consta en el hecho primero de la demanda, como se ha dicho en la anterior alegación.
El Juzgado, por providencia de 2 de diciembre de 1999, notificada el 20 de diciembre de 1999 acordó "no ha lugar a proveer el recurso de reposición que se interpone por la representación actora al no citarse la disposición infringida por la resolución que se impugna, conforme a lo prevenido en el art. 377 LEC, sin que contra el presente acuerdo quepa recurso alguno".
La demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE que, a juicio de los recurrentes, se ha producido porque la providencia recurrida inadmite el recurso de reposición por la falta de un requisito formal que causa indefensión, contraviniendo la jurisprudencia constitucional.
Por providencia de 26 de febrero de 2001, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso y, de conformidad con el art. 51 LOTC, requirió al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid para que remitiese testimonio de los autos del juicio de mayor cuantía núm. 414/93, interesando al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente, con excepción de los recurrente, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional en el plazo de diez días. Asimismo, se acordó formar la correspondiente pieza de suspensión, en la que se dictó el Auto de la Sala Primera de 7 de mayo de 2001 por el que se denegó la suspensión solicitada.
Por diligencia de ordenación de 18 de abril de 2001, se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, tener por parte a la Procuradora doña María-Teresa de Alas-Pumariño Larrañaga, en nombre de CEPSA (antes ERTOIL, S.A.) y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de veinte días pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
Por escrito registrado el 21 de mayo de 2001, el Fiscal presenta sus alegaciones en las que interesa la denegación del amparo. Tras exponer los antecedentes del caso y citar la doctrina constitucional sobre el art. 377 LEC, de la que transcribe la recogida en la STC 205/2000, considera que, en el presente caso, procede examinar la secuencia procesal para determinar si la aplicación del art. 377 de la antigua LEC se ha llevado a cabo por el Juez de forma desproporcionada o rigorista, o bien si el rechazo del recurso se ha hecho sin traspasar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre su interpretación. A tal efecto señala que, una vez terminado el pleito y hallándose éste en fase de ejecución, por el Juez se dicta la providencia de 11 de noviembre de 1999. El contenido de la misma se refiere al embargo de los bienes de los demandantes, perdedores en el pleito, en la forma y orden prevenidos en la Ley, comisionándose al correspondiente Agente judicial para que la lleve a cabo en la suma a que asciende la tasación de costas. Contra la citada providencia se recurre en reposición por la representación de los actores en escrito de 25 de noviembre de 1999. Afirma el Fiscal que leyendo el escrito de recurso se puede observar que no existe correspondencia alguna ni congruencia entre lo que allí se dice y el contenido de la providencia recurrida. Efectivamente, mientras la providencia solamente ordena el embargo de los obligados al pago, el recurso gira sobre la forma de distribución del pago de costas que, a su juicio, debe asumirse mancomunada y no solidariamente por cada uno de los deudores. Ello provoca la introducción por vía de recurso de un objeto procesal, que no se está debatiendo en ese momento. Solamente se está ejecutando una resolución, sin que se esté discutiendo la forma de distribución de las cantidades. El recurso carece, pues, de objeto.
Los recurrentes no presentan alegaciones. Mediante escrito registrado el 21 de mayo de 2001 la representación procesal de CEPSA formula sus alegaciones en las que interesa la desestimación del amparo. Se alega, como cuestión previa la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables en la vía judicial, al no haber utilizado el recurso o incidente de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ, lo que infringiría el art. 44.1.a LOTC. En cuanto al fondo, se alega el abuso de derecho que representaba la utilización del recurso de reposición que se inadmitió, y que no perseguía otra finalidad que dilatar el procedimiento. En el presente caso, se trata, según la entidad comparecida, de utilizar la doctrina constitucional sobre el art. 377 LEC para obtener una nueva dilación del procedimiento. Para justificar que el recurso de reposición inadmitido a trámite no se trataba de un recurso de los llamados improcedentes, innecesarios y absurdos, se utiliza de contrario –—y se asienta como hecho— la falaz afirmación de que el Juzgado de Primera Instancia decide —por su cuenta— el carácter solidario, tanto de la reclamación, como de la condena y posterior responsabilidad por las costas del procedimiento, lo que provoca la "sorpresa" de los ahora recurrentes y les incita a plantear el recurso de reposición, donde se dice, faltando claramente a la verdad, que se había "reclamado mancomunadamente, como quedó establecido con claridad y precisión en el hecho primero de la demanda". El escenario que recrean los recurrentes es irreal y no concuerda con la realidad del procedimiento mantenida –—y creada— por los mismos desde la presentación de la demanda. La solidaridad fue establecida, voluntaria y claramente, por la parte demandante en todos sus escritos directores de la litis y, en especial, en el de demanda que originó el procedimiento, confirmando este extremo en todos los posteriores escritos y actuaciones procesales. En su encabezamiento y suplico se dice que se reclama "la cantidad de 588.000.000 pesetas" y que la demanda es presentada en representación de don José A. Serramia y otros cuarenta y ocho (evitamos repetir la cita de todos ellos) y se demanda en virtud de una acumulación de acciones ab initio, a la que voluntariamente han accedido los actores por su propia y exclusiva voluntad. Fueron los entonces demandantes quienes –—en un acto propio del que no pueden desdecirse— demandaron solidariamente a mis mandantes, como una sola parte, y los que deben responder, también solidariamente, de las consecuencias de dicho acto. Esta acumulación, que fundió sus peticiones en una, les relaciona y obliga en todo el procedimiento hasta su conclusión, les obliga (y a su vez permite) a que todas sus decisiones procesales sean entendidas y realizadas de manera unívoca y aceptadas de la misma manera. En virtud de la acumulación ab initio, el procedimiento se ventiló como un juicio de mayor cuantía, acceso que tendrían vedado todos los demandantes si hubiesen plantado sus pretensiones individualmente.
Esta acumulación permitió, además, a los demandantes don José A. S., don Miguel I. L., don Vicente G. G., don Luis F. R., don José G. R., don Mariano B. R., don Pablo B. S., doña Pilar G. L., don Francisco Javier K. H., doña María Orfelina M. G., entidad mercantil Ribersol, S.A., don José R. P., doña Gloria M. S., don Javier L. C., don Juan C. A., don Francisco Javier M. M., doña María Teresa M. N., doña Rocío L. C., don José María M. N., don Pablo M. N., doña Laura B. A., don Gabriel M. N., doña María E. L., don Joaquín M. N., doña Ester G. P., don Jordi B. F., don Jorge B. G. y don José Juan B. A., todos ellos titulares de un crédito de cuatro millones de pesetas, tener acceso al recurso de casación y todo ello en virtud de la mentada acumulación. Es evidente, por tanto, que nos encontramos ante lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado un litisconsorcio activo voluntario, producido por que se acumulan, ya en el propio escrito de demanda —por conexidad jurídica, no por necesidad procesal (aunque en este caso la actora se creó esta necesidad para plantearlo como juicio de mayor cuantía, para permitir el acceso a casación a muchos de los reclamantes)— acciones entre varios litigantes, sobre las bases de que las pretensiones de uno ayudan a los de los otros. Así, la acción es una sola, se manifestó en una voce en todo el procedimiento y la parte actora es una sola, no siendo separable, cuando así lo decide, la pretensión individual de sus integrantes, dado que el litisconsorcio activo voluntario, por su propia naturaleza, no es individual ni separable, siendo altamente revelador que todos y cada uno de los escritos presentados por la parte demandante, luego apelante, posteriormente, recurrente en casación y ahora recurrente en amparo, se han producido, bajo la misma dirección, en el mismo sentido y sin individualización alguna de sus pretensiones.
Se alega también que los recurrentes han obtenido, con posterioridad a la interposición del presente recurso de amparo, la tutela de su pretensión, ya que con fecha de 6 de septiembre de 2000 se interpuso un recurso de reposición contra la providencia de 24 de julio de 2000 por la que se ordenó proceder sin necesidad de previo requerimiento personal al embargo de uno de los actores, don Antonio A. F., recurso que fue resuelto por Auto de 16 de noviembre de 2000 en el que se da respuesta a la pretensión sobre si las costas reclamadas debían exigirse de forma solidaria o mancomunada, razonando el Juzgado que los actores actuaron conjuntamente como una sola parte procesal, al acudir libremente al litisconsorcio activo facultativo, por lo que asumieron de antemano la existencia de un grado de conexidad o identidad en la causa de pedir que justifica la reclamación solidaria de las costas procesales que les fueron impuestas, sin perjuicio del derecho de repetición previsto en el art. 1145 CC. De este modo, los recurrentes han obtenido una respuesta a su pretensión en la vía judicial, lo que hace que la queja carezca ya de contenido constitucional, citando en apoyo de esta solución la STC 222/2000, de 18 de septiembre.
Por providencia de 30 de abril de 2002 se fijó para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 6 de mayo del mismo año.
Atendiendo a los términos en que se plantea la demanda, el presente recurso de amparo tiene por objeto determinar si la providencia de 2 de diciembre de 1999, por la que el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid acordó la inadmisión del recurso de reposición que los ahora demandantes interpusieron contra la providencia de 11 de noviembre de 1999 que acordó el embargo de sus bienes para cubrir el importe de la tasación de costas, vulneró o no su derecho a la tutela judicial efectiva.
Antes de entrar en el fondo de la queja planteada debemos examinar las causas de inadmisibilidad y pérdida de objeto de la demanda invocadas por la representación procesal de CEPSA, que considera que no se ha cumplido el requisito de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, al no haberse planteado el recurso o incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 LOPJ, por lo que, de conformidad con los art. 44.1.a y 50.1.a LOTC, procedería la inadmisión del recurso de amparo.
De otra parte, tampoco se puede admitir que el amparo haya perdido su objeto, pues el Auto de 16 de noviembre de 1999 dictado al resolver el recurso de reposición interpuesto por don Antonio A. F. contra la providencia de 24 de julio de 2000, carece de efectos respecto de los demás recurrentes. Ha de tenerse en cuenta que la providencia de 24 de julio de 2000 ordena el embargo de los bienes de este único recurrente, de modo que el recurso de reposición fue instado exclusivamente por él. Además, en el citado Auto se fundamenta la resolución del recurso en que la cuestión suscitada en el mismo había sido ya resuelta por las providencias de 11 de noviembre y de 2 de diciembre de 1999, ésta última recurrida en el presente amparo. Sólo a mayor abundamiento se razona en los términos aducidos por CEPSA en sus alegaciones.
Entrando ya en el análisis de fondo de la queja planteada, hemos de recordar que este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 CE, derecho que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión impeditiva del enjuiciamiento del fondo de la cuestión planteada, si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique aplicada razonablemente por el órgano judicial (SSTC 19/1981, de 8 de junio; 69/1984, de 11 de junio; 6/1986, de 21 de enero; 118/1987, de 8 de julio; 57/1988, de 5 de abril; 124/1988, de 23 de junio; 216/1989, de 21 de diciembre; 154/1992, de 19 de octubre ; 55/1995, de 6 de marzo; 104/1997, de 2 de junio; 108/2000, de 5 de mayo, entre otras muchas). En efecto, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente (STC 185/1987, de 18 de noviembre).
En concreto, y por lo que se refiere a las inadmisiones fundadas en el incumplimiento de la exigencia que imponía el derogado art. 377 LEC en la formulación de un recurso de reposición relativo a la cita expresa de la disposición de la Ley de enjuiciamiento civil infringida por la resolución recurrida, este Tribunal tuvo ocasión de declarar reiteradamente que no debía exigirse dicho requisito de un modo rígido y formalista, que desconociera la finalidad perseguida con él, por lo que, cuando a través del recurso de reposición lo que se impugnaba no era el incumplimiento de una norma de carácter procesal, sino la infracción de un precepto sustantivo que tuviera relación con el fondo de la cuestión debatida y no con el procedimiento seguido, no cabía exigir al recurrente que citase expresamente un precepto o disposición concreta de la Ley procesal; afirmar lo contrario significaría tanto como obligarle a citar imaginarias infracciones de preceptos procesales. Por consiguiente, cuando el recurso se fundaba exclusivamente en la infracción de preceptos sustantivos, no existía obligación alguna de citar normas procesales que no habían sido vulneradas, razón por la cual la inadmisión del recurso de reposición en estos casos con apoyo en el art. 377 LEC resultaba contraria al derecho a la tutela judicial efectiva, de la que forma parte el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, de cumplirse los requisitos y presupuestos establecidos por las leyes procesales (SSTC 69/1987, de 22 de mayo; 113/1988, de 9 de junio; 162/1990, de 22 de octubre; 213/1993, de 28 de junio; 172/1995, de 21 de diciembre; 194/1996, de 26 noviembre; 213/1999, de 29 de noviembre; 225/1999, de 13 de diciembre; 100/1999, de 31 de mayo; 205/2000, de 24 de julio; 233/2001, de 10 de diciembre; y 62/2002, de 11 de marzo, entre otras).
En el presente caso, la providencia de 11 de noviembre de 1999 se limitó a decretar el embargo de los bienes de los demandantes en cantidad suficiente para cubrir el importe de las tasaciones de costas practicadas en el proceso, que ascendía a la suma de 31.674.358 pesetas, más otra cantidad de 2.000.000 de pesetas para intereses y costas.
A tal efecto, es obligado partir de la jurisprudencia más moderna de este Tribunal en torno a la eventual lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión al inadmitir un recurso de reposición en atención a lo previsto en el art. 377 LEC –—falta de cita del precepto procesal infringido— en su redacción previa a la Ley 1/2000. Como sostuvimos en la reciente STC 62/2002, de 11 de marzo (FJ 4), "importa a estos efectos discernir lo que es una cuestión procedimental de lo que constituyen problemas o cuestiones procesales propiamente dichas, con el fin de esclarecer la finalidad de la exigencia del controvertido requisito, partiendo de los antecedentes del precepto de la Ley de enjuiciamiento civil (en la versión anterior a la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero) en que tal exigencia se contiene, y de la línea emprendida por nuestra STC 225/1999, de 13 de diciembre", pues la exigencia del art. 377 LEC sólo tenía sentido cuando se recurren providencias que se constriñen a ordenar trámites procedimentales, es decir, respecto de las antiguamente denominadas providencias de mera tramitación.
En dicha Sentencia recordamos que "la redacción del art. 376 LEC, antes de su modificación por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, establecía en su primer párrafo que ‘Contra las providencias de mera tramitación que dicten los Jueces de primera instancia no se dará otro recurso que el de reposición, sin perjuicio del cual se llevará a efecto la providencia’. Era el segundo párrafo del precepto el que disponía: ‘Para que sea admisible este recurso deberá interponerse dentro del tercer día y citarse la disposición de esta Ley que haya sido infringida’. Finalmente, el último párrafo del indicado precepto determinaba la inadmisión del recurso (‘no haber lugar a proveer’) si se incumplían alguno de estos dos requisitos. Pues bien, la reforma operada por la citada Ley 34/1984 se refiere en el art. 376 tan sólo a las providencias, y prescribe en el art. 377 los dos indicados requisitos, con idéntica consecuencia de que su falta determina inadmisión de plano y sin ulterior recurso. Con ello, y aunque la redacción vigente aluda genéricamente a las providencias, sin especificar las de mera tramitación, se parte de que este tipo de resoluciones (art. 369 LEC y art. 245.1.a LOPJ) se constriñen a ordenar trámites procedimentales, tal como vienen dispuestos para los diversos procesos por concretas normas de dicha Ley de enjuiciar, y ello explica la exigencia de su cita concreta y expresa, pues solamente conociendo el Juez el trámite infringido, es decir, la violación procedimental cometida, podrá en su caso corregirla y seguir el trámite prescrito por la Ley, avanzando en el pleito conforme a lo en ella dispuesto."
Pues bien, de los términos y contenido de la providencia recurrida en reposición, de 11 de noviembre de 1999, no deriva su exclusivo y nítido carácter procedimental o de mera tramitación, pues aunque ordenaba la apertura de la vía de apremio ante la falta de cumplimiento voluntario del pago de las costas por los demandantes, no se limitaba a ello, sino que se refería a los destinatarios del embargo, a la forma y orden de ejecución del mismo, a su cuantía y a la fijación provisional de los intereses. En el contexto de lo resuelto en dicha providencia suscitaron los demandantes, en el recurso de reposición, la cuestión relativa a la forma de distribución del pago de las costas entre ellos, de forma mancomunada o solidaria, cuestión ésta cuya dilucidación excede lo meramente procedimental en el sentido delimitado anteriormente, de tal modo que su decisión no se vincula directamente a preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil.
Reconocer a los recurrentes su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Anular la providencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Madrid de 2 de diciembre de 1999, dictada en ejecución de costas del juicio de mayor cuantía núm. 414/93.
Retrotraer las actuaciones al momento procesal anterior al de dictarse tal providencia, a fin de por dicho Juzgado se proceda a tramitar el recurso de reposición interpuesto por los demandantes de amparo contra la providencia de 11 de noviembre de 1999.
SAP Las Palmas 52/2006, 8 de Febrero de 2006
STC 35/2005, 17 de Febrero de 2005
SAP Baleares 628/2003, 4 de Diciembre de 2003

References: resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
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