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Timestamp: 2020-05-29 17:31:53+00:00

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garantias procesales - 4 | CENDOJ : Buscador del Sistema de Jurisprudencia
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ROJ: STS 539/2020 - ECLI:ES:TS:2020:539
Nº Recurso: 2422/2018
Resumen: Recuerda los criterios y requisitos para la adopción de la medida de injerencia por el juez en relación con los prepuestos que debe reunir el oficio policial. En este sentido, afirma que las exigencias del oficio policial se exige el control de: 1.- La suficiencia de la descripción de las actividades operativas. 2.- No puede exigirse que el oficio reúna "auténtica prueba de cargo". 3.- No pueden exigirse "actos de fe" en la investigación que da lugar al oficio policial. Asimismo, afirma que los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida.
ROJ: STS 508/2020 - ECLI:ES:TS:2020:508
Nº Recurso: 2809/2018
Resumen: El recurso de casación frente a pronunciamientos absolutorios. Límites a la revisión de sentencias absolutorias. El contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El recurso de casación por infracción de Ley, al amparo del artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por error en la apreciación de la prueba: requisitos de prosperabilidad. La doctrina del TEDH, del Tribunal Constitucional y de la Sala II ha establecido serias restricciones a la posibilidad de rectificar en vía de recurso sentencias absolutorias o de empeorar la situación del acusado condenado, cuando ello haya de apoyarse en una rectificación de aspectos fácticos, tanto objetivos como subjetivos. Pues en esos casos, si es precisa la valoración de pruebas personales, es necesario que éstas se practiquen en presencia del Tribunal que haya de valorarlas; y, en cualquier caso, es exigible que se otorgue al acusado la oportunidad de ser oído por el Tribunal que resuelve el recurso, pues este es el órgano jurisdiccional que puede acordar, por primera vez en la causa, su condena.
ROJ: STS 520/2020 - ECLI:ES:TS:2020:520
Nº Recurso: 10509/2019
Resumen: Se recurre en casación la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la pronunciada por la Audiencia Provincial, en el procedimiento del Tribunal del Jurado que condenaba a los recurrentes. Alegan la vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la falta de motivación. Se desestima. Se desestima igualmente el cuestionamiento de la individualización de la pena impuesta por una de las recurrentes.
ROJ: STS 594/2020 - ECLI:ES:TS:2020:594
Nº Recurso: 2188/2018
Resumen: El tipo penal del art. 467.2 requiere, como elementos integradores: a) que el sujeto activo sea un abogado o un procurador, esto es, se trata de un delito especial; b) desde el punto de vista de la dinámica comisiva, que se despliegue una acción u omisión, que en ambos casos derivará en un resultado; c) como elemento objetivo, que se perjudique de forma manifiesta los intereses que le fueren encomendados; y d) desde el plano de culpabilidad, un comportamiento doloso, en el que debe incluirse el dolo eventual, o bien un comportamiento culposo, en el que concurra "imprudencia grave". Debe acreditarse la existencia de un perjuicio manifiesto de los intereses encomendados al acusado, y que ese perjuicio se deriva de su acción u omisión. Los derechos a la tutela judicial sin indefensión, a ser informado de la acusación y a un proceso con todas las garantías que reconoce el art. 24 CE conducen a señalar que este precepto consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, de tal manera que nadie puede ser condenado si no se ha formulado contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera contradictoria, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse sobre los términos del debate tal y como hayan sido formulados por la acusación y la defensa. El Tribunal sentenciador no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas en concreto por las acusaciones, cualquiera que sea el tipo de procedimiento por el que se sustancie la causa.
ROJ: STS 648/2020 - ECLI:ES:TS:2020:648
Nº Recurso: 2697/2018
Resumen: El principio "in dubio pro reo", presuponiendo la previa existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal de instancia a quien compete su valoración la conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos. El principio "in dubio pro reo", se diferencia de la presunción de inocencia en que se dirige al Juzgador como norma de interpretación para establecer que en aquellos casos en los que a pesar de haberse realizado una actividad probatoria normal, tales pruebas dejasen duda en el ánimo del Juzgador, se incline a favor de la tesis que beneficie al acusado. La atipicidad del consumo compartido es aplicable cuando concurren cuatro circunstancias:que se trate de consumidores habituales o adictos que se agrupan para consumir la sustancia; el consumo de la misma debe llevarse a cabo "en lugar cerrado"; deberá circunscribirse el acto a un grupo reducido de adictos o drogodependientes y ser éstos identificables y determinados; no se incluyen en estos supuestos las cantidades que rebasen la droga necesaria para el consumo inmediato. La drogadicción es una atenuante funcional, es decir aplicable solo cuando el acusado ha actuado "a causa" de su grave adicción, condicionado o acuciado por ella para obtener la sustancia que necesita imperativamente.
ROJ: STS 593/2020 - ECLI:ES:TS:2020:593
Nº Recurso: 10453/2019
Resumen: El derecho a la defensa y asistencia de letrado comporta de forma esencial el que el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a quien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentar su propia defensa. También integra el derecho a que, cuando corresponda, le sea designado un letrado de oficio. El derecho a la tutela judicial efectiva, que tiene su asiento en el artículo 24.1 CE se refiere al derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una resolución fundada en Derecho. La tutela judicial exige que la totalidad de las fases del proceso se desarrollen sin mengua del derecho de defensa, y así la indefensión, para cuya prevención se configuran los demás derechos instrumentales contenidos en el artículo 24.2 CE. La indefensión consiste en un impedimento del derecho a alegar y demostrar en el proceso los propios derechos y, en su manifestación más trascendente, es la situación de que el órgano judicial impide a una parte en el proceso el ejercicio del derecho de defensa, privándola de su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos o para replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción.
ROJ: STS 489/2020 - ECLI:ES:TS:2020:489
Resumen: El ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión. Presupuestos de fondo: a) que sea pertinente, en el sentido de que tenga relación directa con lo que se decida en la causa; b) que sea necesaria, en el doble sentido de relevante y no redundante; c) que sea posible, en cuanto pueda practicarse en términos de racionalidad, sin tener que superar extraordinarias dificultades procesales; y d) que la falta de realización ocasione indefensión a la parte que la formuló y propuso como prueba. El tipo agravado previsto en el art. 432.2 del CP, en la redacción anterior a la reforma de 2015, exige la concurrencia conjunta de la especial gravedad de la cuantía y el entorpecimiento del servicio. Lo que la defensa reivindica es que todo informe de control llevado a cabo por expertos en contabilidad vaya precedido de una preprueba pericial dirigida a autentificar y adverar los documentos sobre los que aquélla va a realizarse, es manifiestamente inviable. Pensar que el dictamen pericial en una causa penal no puede tomar como punto de partida papeles, notas o documentos que no hayan sido previamente autentificados carece de sentido. La aproximación de los peritos a la mecánica comisiva que permitió la distracción no necesitaba fundarse en documentos compulsados. Basta esos documentos formen parte de las piezas de convicción.

References: artículo 849
in dubio
in dubio
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24