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Timestamp: 2017-09-22 02:38:07+00:00

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El BOE nuestro de cada día | Página 2
El Gobierno recorta de cinco a cuatro años las ayudas previas a la jubilación para afectados por EREs
Aprovecha una adaptación normativa para recortar el tiempo que abarca
Añade una nueva condición: tener dos años de antigüedad en la empresa
El pasado 10 de enero el Gobierno anunciaba, tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la aprobación de un Real Decreto para regular las ayudas previas a la jubilación para trabajadores afectados por EREs. Los objetivos a cumplir eran dos, según se dijo entonces: adaptarse a lo que estipula la Ley General de Subvenciones y reducir el “margen de discrecionalidad en su concesión”.
El primer aspecto es cierto: la norma que regula las subvenciones establece que deben concederse mediante una norma de rango legal y estas ayudas estaban reguladas, desde 1994, por una orden ministerial. El Gobierno no desarrolló, en cambio, el segundo aspecto: ¿qué margen de discrecionalidad se ha seguido hasta ahora a la hora de conceder o no estas ayudas, cuyos requisitos estaban marcados de forma muy clara en la orden vigente? Por lo tanto, no podemos saber si esta norma acaba con una discrecionalidad que ni siquiera sabemos si existía.
En todo caso, el Gobierno ha aprovechado la adaptación normativa -que sí era necesaria- para añadir un nuevo requisito y recortar estas ayudas, destinadas a quienes hayan sido despedidos a pocos años de su jubilación y no tengan ingresos laborales hasta entonces.
El Real Decreto, que hoy publica el BOE y mañana entra en vigor, establece que para acceder a esta subvención el solicitante deberá sumar dos años de antigüedad en la empresa de la que ha sido despedido, un criterio que no aparecía en la orden ministerial vigente hasta ahora. Y es que el coste lo asumen no sólo las administraciones públicas (40%), sino también las compañías que despiden (60%).
Además, desde 1994 estas ayudas se concedían como máximo durante los cinco años previos a la jubilación. Gracias a los cambios introducidos hoy, el tope temporal se reduce a cuatro años. El resto de condiciones y cuantías se mantienen: es necesario sumar la cotización suficiente para acceder a la jubilación a fecha de la solicitud y la cuantía de la ayuda es el resultado de calcular el 75% de la base de cotización de los últimos seis meses dividida entre siete. Estas subvenciones se actualizan, cada año, del mismo modo que se establece para las pensiones.
IVA, cotizaciones a autónomos y parches a los presupuestos, todo en un Real Decreto Ley con efectos retroactivos
Entra en vigor mañana e incluye medidas con efectos desde el 1 de enero
El propio preámbulo admite que el límite de sueldo a alcaldes y el impuesto de sociedades al 21% deberían haberse incluido en los presupuestos
Incluye el crédito extraordinario de 175 millones de euros para el Plan Pive 5
El BOE recoge hoy el Real Decreto Ley de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas, que entra en vigor mañana con carácter de urgencia, pese a que tendrá que ser refrendada en Las Cortes, y que incluye, pese a su variedad, la gran mayoría de las medidas anunciadas ayer en Consejo de Ministros.
Aunque el título se refiere a la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, los incentivos al mantenimiento y la creación de rutas aéreas y la obligación por parte de las compañías de permitir a los pasajeros residentes en las islas y Ceuta y Melilla acreditar su condición de forma telemática para acceder a descuentos, las medidas económicas que se nombran en la coletilla del título son las más relevantes.
Ya en el preámbulo se admite que dos de esas decisiones -el límite de sueldos para alcaldes y el impuesto de sociedades- tendrían que haberse incluido en los presupuestos generales del Estado para 2014. Como no fue así, se aprueban ahora en este real decreto ley, ya con el año en curso.
El tope salarial de los miembros de las corporaciones locales se ha establecido en un baremo vinculado a la población. Así, los alcaldes y concejales de los grandes municipios (más de 50.000 habitantes) no podrán cobrar más de 100.000 euros anuales. En los pequeños (de 1.000 a 5.000 habitantes) el salario máximo de los representantes municipales será de 40.000 euros. Además, el Gobierno prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014 el tipo del 21% -el mismo que el de la renta- para el impuesto de sociedades.
Otras dos de las decisiones que incluye esta norma potaje tienen efectos a 1 de enero de 2014, esto es, se aplican con efecto retroactivo. Ambas afectan a la cotización de los trabajadores. La primera aplica para 2014 la subida a la cotización de los autónomos que ya se aprobó en el Real Decreto del 21 de diciembre. Quienes hayan tenido diez o más trabajadores a su cargo durante 2013 y coticen por la base mínima deberán pasar a hacerlo al grupo 1 del regimen general, es decir, pasarán de pagar 261 euros al mes a 314.
La segunda reduce la cotización de los trabajadores temporales a tiempo parcial de un 9,30% (2013) a un 8,30% y los equipara a los temporales a tiempo completo. Eso sí, la carga de ese porcentaje que recae sobre el trabajador -un 1,60%- se mantiene, la reducción se aplica sólo a lo que paga el empresario.
Además, este Real Decreto Ley incluye un crédito extraordinario de 175 millones de euros para costear el Plan Pive 5, que se financiará a cargo de la deuda pública y la reducción del 21 al 10% del IVA a la importación y compra de obras de arte.
Los partidos se repartieron 13 millones de euros menos para su funcionamiento ordinario en 2013
Recibieron 52,842 millones, una cifra que en 2012 fue de 65, 8 millones
A esta cifra se suman 10,8 millones para gastos electorales y otras ayudas
La distribución se realiza teniendo en cuenta el número de escaños y de votos
El BOE publica hoy el reparto de subvenciones a partidos políticos para su funcionamiento ordinario durante el cuarto trimestre de 2013. Con esta disposición ya tenemos el total de las ayudas que recibieron las formaciones durante el año pasado, 52,8 millones de euros, una cifra mucho menor que la consignada en 2012: 65,8 millones.
La distribución se realiza de forma proporcional atendiendo a dos baremos: el número de diputados en el Congreso (1/3 de la valoración) y el número de votos conseguidos en las últimas elecciones generales (2/3). PP (más de 25 millones) y PSOE (más de 16) se repartieron, así, la mayoría del presupuesto, que se ha reducido porcentualmente igual para todas las formaciones políticas.
A estas subvenciones que reciben los partidos para su funcionamiento ordinario debemos sumar las ayudas para sufragar gastos electorales consignadas en los presupuestos de 2013, de 10,8 millones, además de aquellas destinadas a pagar gastos de seguridad, cuyo último reparto también recoge el BOE de hoy.
Además, las fundaciones vinculadas a partidos políticos recibieron en 2013 dos millones de euros del presupuesto de Cultura sólo para su funcionamiento y 900.000 euros de Cooperación Internacional para realizar proyectos de exportación de la democracia, entre otras subvenciones.
La tabla con los datos por trimestre y los totales.
El gráfico de ambos años.
La fuente, como siempre, el BOE: Primer trimestre 2013, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre, publicado hoy.
El Tribunal de Cuentas investiga un descubierto de 19.320 euros en las subvenciones que recibió el consejo de barrio de Gamonal
El Estado aumenta dos millones y medio la aportación pública a la Agencia Efe
El contrato de 2014 es de 38 millones de euros netos y en 2013 fue de 35,4
Pese a la subida, la cifra sigue siendo menor que la de 2009, 2010 y 2011
El Ministerio de Presidencia ha publicado hoy el contrato para el Servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público para 2014 por 38 millones de euros a la Agencia Efe. Esta adjudicación, que el Estado concede cada año a la empresa pública para completar sus ingresos comerciales, ha crecido dos millones y medio con respecto a 2013, que fue de 35,45 millones de euros netos.
Aunque la cifra se publica en el BOE, su presidente, José Antonio Vera, aseguró en una entrevista que el importe para 2013 era de 34 millones, una cifra distinta a la oficial. La empresa pública acumula deudas desde hace varios años y ha despedido a varios trabajadores para ajustar su coste.
Pese a la subida, la aportación del Estado publicada hoy, que no incluye impuestos, es mucho más baja que la agencia solía recibir en 2008 (40,89 millones), 2010 y 2011 (40,9 millones netos).
UGT y CCOO deberán devolver más de 640.000 euros de subvenciones que tendrían que haberse concedido a otros sindicatos de enseñanza concertada
FSIE, USO y STES recibirán esa misma cantidad por fallos durante 4 años
Varias sentencias judiciales argumentan que el reparto fue erróneo
Se excluyó a STES de las ayudas por no ser un sindicato mayoritario
La Audiencia Nacional argumenta que todos los sindicatos tienen derecho a acceder a las subvenciones, no sólo los que tienen mayor representatividad
El reparto de ayudas para la acción sindical en la enseñanza concertada durante los años 2008, 2009, 2010 y 2011 fue erróneo, según han declarado varias sentencias judiciales. Para paliar los fallos de esas cuatro convocatorias, CCOO y UGT -los más beneficiados con la distribución inicial- deberán devolver al Estado más de 640.000 euros, que recibirán FSIE, USO y STES.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado hoy cuatro resoluciones con la nueva distribución para cada uno de los años (2008, 2009, 2010 y 2011) de las ayudas a los centros educativos privados sostenidos en parte o totalmente con fondos públicos. En ellas, aplica los fallos judiciales y subsana dos errores: por un lado, incluye al sindicato STES como beneficiario, que había sido excluido; por el otro, elimina del cálculo de la representatividad -clave para el reparto- los delegados pertenecientes a centros de educación especial.
La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza-Intersindical (STES) no recibió ni un euro de subvención en las cuatro convocatorias, otorgadas bajo gobierno socialista y reservadas sólo a los sindicatos con “mayor representatividad”. Esta exclusión, según la Audiencia Nacional va en contra de la libertad sindical.
Según la sentencia referida a las ayudas de 2008, el Gobierno puede limitar a los sindicatos mayoritarios el acceso a actos administrativos y de representatividad -como conferencias sectoriales o consejos escolares- pero no las subvenciones, que tienen que repartirse entre todos. En 2008, STES contaba con 238 delegados de 8.287 y estaba consolidada en Valencia, Baleares y Castilla y León.
Además de añadir un nuevo sindicato en el reparto, el quinto, el Ministerio ha tenido que excluir del cálculo a los delegados pertenecientes a centros de educación especial. La sentencia de la Audiencia Nacional ante un recurso de USOC argumenta que no pueden contabilizarse como delegados a efectos de las ayudas a los representantes de centros no educativos incluidos dentro del Convenio Colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, ya que no pertenecen al sector de la enseñanza, destinataria única de estas subvenciones.
Ante esta decisión el Gobierno argumentó que no era posible desagregar, dentro de la educación especial, a los delegados pertenecientes al ámbito propio de la enseñanza de aquellos que no lo eran -trabajadores de centros de día, laborales, ambulatorios…-. Una de las muchas sentencias que han forzado el nuevo reparto, referida a las ayudas de 2009 y del Tribunal Supremo, desmiente al Ejecutivo: las propias estadísticas del ministerio establecían que existen 297 centros específicos de educación especial dentro de la enseñanza concertada, así que sí podía haber desglosado a los representantes sindicales entre los que debían ser considerados para el reparto de las ayudas educativas y aquellos que no.
CCOO y UGT pagarán intereses de demora desde mañana viernes hasta que hagan efectivo el pago. FSIE, USO y STES recibirán las subvenciones de manos del Estado sumadas a los intereses contados desde que se aprobó la concesión inicial de cada año. Tanto el abogado del Estado como CCOO recurrieron, sin éxito, algunas de las sentencias.
El Constitucional avala que se utilice el esputo lanzado en la celda por un detenido para extraer su ADN
Rechaza el recurso de amparo de un condenado gracias a esa prueba
Su perfil identificativo había sido recogido tres años antes del delito
Considera que la prueba no vulneró el derecho a la intimidad
Argumenta que el lanzamiento del esputo fue un acto voluntario
La prueba se llevó a cabo sin resolución judicial y sin su conocimiento
Tres de los 11 magistrados del pleno, en contra de la sentencia
El Tribunal Constitucional ha publicado hoy en el BOE una sentencia, dictada el pasado 5 de diciembre, en la que rechaza el recurso de amparo presentado por un condenado al que se vinculó con el delito gracias a una prueba de ADN realizada a un esputo que lanzó en la celda durante su detención.
El condenado, según la sentencia de la Audiencia Nacional de 2005, colocó un artefacto explosivo en un cajero automático de Getxo tapado con una camiseta roja. La prenda fue hallada cerca del lugar de los hechos y, tras analizar el ADN impregnado en ella, se comparó con el perfil identificativo del condenado y resultó ser coincidente. La cuestión radica en que su ADN había sido recogido y analizado años antes, en 2002, cuando éste estaba detenido por otro delito vinculado a la violencia callejera y escupió en la celda.
El TC considera que no se vulneró el derecho a la intimidad personal, ya que sólo se analizó el ADN codificante de la saliva, aquel que permite identificarle pero no extraer otras conclusiones como enfermedades o relaciones familiares, por ejemplo. Además, la sentencia argumenta que tampoco se vulneró el derecho a a no colaborar ya que, pese a que el detenido no dió su consentimiento para la recogida de la muestra, el escupitajo fue un acto voluntario.
El texto añade que, aunque la prueba se llevó a cabo sin resolución judicial, la prueba fue proporcionada. Tres de los 11 magistrados presentes en el pleno han emitido votos particulares en contra de esta decisión. Para Adela Asúa, en una argumentación al que se suma Luis Ignacio Ortega, no existieron razones de peso suficientes para saltarse la obligación de contar con una resolución judicial para el tratamiento de la muestra. El otro voto particular, firmado por Andrés Ollero, critica que la base de datos en la que se guardó durante años el ADN del condenado imcumpla los principios constitucionales.
El demandante de amparo llegó al Tribunal Constitucional después de que el Supremo rechazara su recurso. Se da la circunstancia de que, en una sentencia anterior, el TS sí tumbó una condena similar en la que se utilizó como prueba el ADN recogido del mismo esputo. El TC considera que no se incumplió su derecho a la igualdad jurídica, ya que este precepto sólo se aplica a sentencias recaídas sobre dos individuos distintos y, en este caso, el condenado -y su saliva- era el mismo.
Publica dos contratos para la vigilancia de diversos edificios del ministerio
Miguel Ángel Ramírez, condenado a tres años, fue indultado en octubre
A Miguel Ángel Ramírez Alonso, propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas, el BOE no hace más que traerle buenas noticias. El 21 de noviembre el boletín oficial recogía su indulto, que evitaba su paso por prisión tras haber sido condenado a tres años y un día por realizar obras ilegales en territorio protegido. Sólo unas semanas después, una de las empresas de su grupo –Seguridad Integral Canaria– recibe dos contratos del Ministerio de Defensa que suman más de 700.000 euros.
Ambos contratos incluyen la seguridad de ciertos edificios dependientes de Defensa durante tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2014. El primero, adjudicado por 360.248 euros, incluye la seguridad privada en centros como el complejo de Arturo Soria, en Madrid, y varias residencias militares, entre muchos otros.
El segundo, por el que el ministerio abonará a la empresa 351.926 euros, está destinado a costear la seguridad privada de las subdelegaciones de Defensa en varias provincias.
No es la primera vez que Seguridad Integral Canaria, en plena expansión en la península, se lleva un contrato de estas características. En julio resultó adjudicataria de parte de la seguridad en el metro de Madrid, como publicó Ángel Calleja en 20 minutos.
El Ministerio de Defensa ha confiado a la seguridad privada, en los últimos tiempos, la protección de varios de sus edificios. Así, hace un año adjudicó la seguridad de diez hospitales militares por tres millones de euros.
El Gobierno recorta un 37,5% las ayudas estatales para libros de texto antes de eliminarlas de forma definitiva
Es la última vez que el Estado transfiere esta partida a las CCAA
Publica el reparto de estas subvenciones entre comunidades autónomas
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado hoy el reparto entre comunidades autónomas de la aportación estatal de 2013 a las ayudas de libros de texto y materiales didácticos. En total, destinará a estas subvenciones 20 millones de euros. En la convocatoria anterior esta cifra era mucho mayor: 32 millones, lo que supone un tijeretazo del 37,5%.
De los 20 millones destinados en los presupuestos de 2013, 1.440.390 van directamente a los centros gestionados por el Ministerio en Ceuta y Melilla. El resto, 18.559.610 euros, se reparte entre las comunicades autónomas atendiendo a dos criterios: la tasa de riesgo de pobreza que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el número de alumnos matriculados.
El recorte va a más en el próximo año: como apunta Elena Alfaro, éste es el último reparto a las comunidades autónomas de una partida destinada a sufragar las ayudas a libros. Los presupuestos de 2014 no incluyen transferencias a las comunidades autónomas y sólo incluyen 1.440.000 euros para esta subvención, destinadas a los centros dependientes del ministerio en Ceuta y Melillla.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 estiman que unos 600.000 alumnos se beneficiarán de estas ayudas, que de media suponen 34,21 euros por persona. En la convocatoria de 2012, aunque la cuantía media por estudiante era la misma, el número de beneficiarios era mucho mayor: más de 900.000.
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