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Timestamp: 2018-08-14 17:47:11+00:00

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por Andrés Fernández abril 6, 2017 abril 7, 2017 Bajo la Lupa, Columnistas, Especiales, Lecturas, Mundo, Opinión, Post
A partir de hoy inauguramos una nueva sección en MIX POLÍTICO. Bajo la lupa incluirá diversas opiniones, miradas, análisis profundos sobre la realidad. De ésta manera, buscará convertirse en una nueva puerta al mundo del debate político, social y cultural, mediante la voz autorizada de columnistas invitados. Así será Bajo la lupa: una invitación a la discusión con argumentos, al diálogo abierto sin prejuicios.
En esta primera entrega: Venezuela.
La Trocha – Adolfo Álvaro Martín
Desestabilización política en Venezuela – Margie Paola Bautista Silva
Venezuela: “Desacato” legislativo – Maximiliano König
Venezuela: Los riesgos de la Inmadurez – Rodrigo Durán Guzmán
La crisis venezolana en clave internacional: una mirada del sur, desde el sur – Agustina Gabriela Sánchez Rodriguez
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por Andrés Fernández abril 6, 2017 abril 6, 2017 Bajo la Lupa, Columnistas, Mundo, Post
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por Andrés Fernández abril 6, 2017 abril 6, 2017 Bajo la Lupa, Columnistas, Especiales, Mundo, Post
La década de 1980 marca para América latina un giro importante hacia la aplicación y estabilidad de la democracia como forma de un sistema político luego de una cuarta ola de democratización. Desde este entonces la democracia se ha vuelto un cambio político fundamental y en muchos casos una condición suficiente para que un Estado pueda mantenerse en una relación política con otros, además de que “es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas” (OEA, 2001). Sin embargo, la democracia en distintos momentos ha mostrado que es un sistema político vulnerable a cambios que la hacen inestable. Por esto, diferentes organizaciones y los mismos Estados han creado mecanismos para fortalecer y proteger la vida de la democracia alrededor del mundo.
En el caso de América Latina la última vez que la democracia se vio afectada fue con el “autogolpe” de Estado en Perú con Alberto Fujimori en 1992, lo que causo la instauración de una dictadura en éste país. Situación que sirvió como uno de los motivos para la creación de la carta democrática por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), estableciendo así parámetros para asegurar la estabilidad y durabilidad de la democracia en América Latina.
Ahora, quince años después de este “autogolpe de Estado”, vemos que nuevamente la democracia se ve quebrantada y con tendencia a ser desplazada por otro sistema político como podría ser una dictadura. Este es el caso de Venezuela, en donde el Tribunal Supremo de Justicia la semana pasada dejó a la Asamblea Nacional sin facultades para poder ejercer su poder legislativo construyendo así una hegemonía cerrada. Decisión que va en contra de una de las bases fundamentales de la democracia que consiste en la representación del pueblo y en la formación de consensos de la mayoría, además de evidenciar un claro impedimento al desarrollo y participación política de la oposición venezolana, eliminando así toda relación principal-agente.
Sin embargo, esta polémica decisión no es algo que se dio de un día para otro, sino que más bien fueron un conjunto de decisiones y acciones del presidente que llevaron a que hoy la democracia sea truncada en Venezuela. Como se puede ver en la carta democrática de la OEA la democracia tiene un conjunto de elementos y componentes que son necesarios y suficientes para que dicho sistema pueda permanecer vigente no solo en la región latinoamericana, sino en todo el mundo. Dichos elementos esenciales son:
“el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos” (OEA, 2011).
Además de otros como: la igualdad, la estabilidad institucional, accountability, y la legitimidad. Sin embargo, es importante conocer que no necesariamente todos estos elementos deben estar unidos para determinar que existe una democracia.
Pero en Venezuela cada uno de estos componentes democráticos se han visto que día a día podrían no existir, evidencia de eso son los dramas que viven los ciudadanos para conseguir alimento, para acceder a los mínimos necesarios del sistema de salud, las personas no tienen acceso a la información. No obstante, no existe el derecho a la libre asociación, la oposición es perseguida, limitando así mismo el fortalecimiento de los partidos políticos que sean distintos del gobernante. No hay plena seguridad en que las elecciones sean libres y justas. Por otra parte, es un gobierno que ha llevado al país a la pobreza y a la inequidad social debido a los problemas económicos que han enfrentado.
Lo anterior, que se ha dado poco a poco y que en el día a día se complejiza aún más, no sólo son muestras de los problemas de gobernabilidad a los que se ha enfrentado el presidente de este país, sino que cada problemática una enlazada con la otra son muestras de lo que se podría llamar “crónicas de una muerte anunciada para la democracia venezolana”, dado que al no cumplirse ninguno de los factores anteriores, la democracia puede tender a desaparecer al alterar de manera directa la democracia representativa, y aún más complejo con una limitación de los poderes, y la eliminación de la división tripartita de los mismos.
Pero esto no solo genera problemas al interior de Venezuela y en su relación política con otros Estados, sino que también provoca que los países hermanos enciendan sus alarmas para trabajar en pro del mantenimiento de la democracia. Este podría ser el caso de Colombia, país hermano y vecino de Venezuela con quien ha tenido en los últimos años varios problemas diplomáticos como por ejemplo los cierres de frontera por tiempos indefinidos, sin olvidar un intento de la guardia venezolana por tomar parte del territorio colombiano de la frontera de manera ilegal.
Dicha desestabilidad política podría aumentar el número de personas que desean salir de Venezuela y que desean migrar a Colombia buscando mejores oportunidades, aumentando de tal manera los índices de pobreza y desigualdad entre otros problemas sociales. No obstante, Colombia aumenta la protección de su territorio en áreas fronterizas con el fin de que hechos como el anteriormente mencionado no vuelva a suceder, y menos ahora que el poder legislativo está limitado. Por este motivo, el presidente Juan Manuel Santos y la canciller María Ángela Holguín han llamado al embajador de Colombia en Venezuela por un tiempo no definido para que informe de la situación política de este país. Adicionalmente a través de un discurso pasivo, democrático y más diplomático, el presidente colombiano ha dejado en evidencia la invitación a la negociación y a la solución inmediata y lo pacífica posible, minimizando así cualquier efecto negativo en las relaciones bilaterales entre los dos países.
De esta manera, el gobierno colombiano hace un llamado para que se haga efectiva la carta democrática en la OEA en Venezuela, imponiendo sanciones diplomáticas, de buenos oficios o incluso la suspensión parcial o total de dicha organización, por medio de acuerdos, o documentos de carácter vinculante que obliguen al presidente Maduro y al Tribunal a regresar las funciones del poder legislativo de manera inmediata.
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El último miércoles 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela decidió que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, debido a que el Poder Judicial le impuso la categoría de “desacato”, un estatus que se le aplica a la Cámara por el incumplimiento de varias sentencias.
En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, ha acusado al presidente del país, Nicolás Maduro, de dar un “golpe de Estado” por el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despoja a la sede legislativa sus poderes. El TSJ ha asumido las competencias de la Asamblea Nacional por considerarla en “desacato”. Borges ha descalificado esta sentencia al aclarar que el objetivo es “evitar el control del Parlamento al otorgamiento de contratos de exploraciones petroleras a empresas extranjeras”. Con respecto a este tema, el funcionario judicial, ha advertido a todas las compañías que accedan a estos contratos que se tratan de negocios jurídicos “nulos” porque se basan en una sentencia “nula” y que serán “desconocidos” cuando, haya un cambio de Gobierno en Venezuela.
Mientras tanto, el líder opositor Capriles ha explicado que el objetivo de esta resolución judicial es que Maduro pueda “concentrar todo el poder en sus manos” para “hacer las leyes que le dé la gana, endeudar al país como le dé la gana y perseguir a los venezolanos como le dé la gana”. El gobernador opositor ha denunciado un “Madurazo” y pidió a la OEA que convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente. “Lo que ocurrió en la madrugada de ayer no hay otra forma para calificarlo, en Venezuela (…) se materializó un golpe de Estado, usted no puede calificarlo de otra forma”, advirtió Capriles durante una rueda de prensa en Bogotá.
Volviendo al reciente episodio legislativo, el gobierno de Nicolás Maduro ha negado que se haya producido un golpe de Estado y ha anunciado que se tomarán acciones diplomáticas ante las injerencias de los gobiernos regionales. “Venezuela repudia los gobiernos de derechas que atentan contra el estado de derecho y el orden constitucional” ha puntualizado la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez.
Otro antecedente se acaeció el 21 de marzo, cuando la AN había aprobado otro proyecto de acuerdo que viola la Constitución venezolana, en el que oficializó el respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA contra el país. “Yo como Jefe de Estado asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche, para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela”, indicó Maduro. Señaló la aplicación de las facultades en el artículo 323 de la Constitución venezolana, al considerar que lo que se juega en estos momentos es la estabilidad de la República, sus instituciones y la seguridad integral de la nación. “Esta es la instancia constitucional para dirimir soberanamente y solucionar, a través del diálogo y la Constitución, cualquier problema de alto calado que tenga que resolverse”.
La AN en múltiples oportunidades ha desconocido al Poder Ejecutivo convocando a “derrocar al Gobierno” de Venezuela. El dictamen del TSJ defiende la exigencia al parlamento a que abandone su posición de desacato, o en caso contrario el tribunal ocupará funciones del parlamento “hasta la superación del desacato”. Esta situación no constituiría un “golpe de Estado” ya que no hay golpe cuando ese factor político puede, por vías legales e institucionales, volver a funciones, como efectivamente podría hacer la Asamblea Nacional si opta por la vía institucional.
Mientras tanto la prensa internacional y la Secretaría General de la OEA continúan avalándola omitiendo estas maniobras ilegales. Entendemos que la reacción de la oposición en Venezuela, al declarar un “golpe de Estado” y una “disolución del parlamento” se inscribe dentro de una estrategia de la oposición de instalar el caos dentro del país.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó de “autogolpe de Estado” la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela: “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, sentenció el secretario general de la OEA en un comunicado. “Las dos sentencias del TSJ de despojar de las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional y de asumir el Poder Legislativo en forma completamente inconstitucional son los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”, agregó Almagro. Dicho funcionario, ha convocado a una nueva “reunión de urgencia” del Consejo Permanente de esa organización para decretar a Venezuela como Estado en incumplimiento.
El 14 de marzo último, el secretario general de la OEA había presentado un informe que describía la situación de crisis que se estaría viviendo en Venezuela, especialmente la “alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” en virtud del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. “Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. La democracia y los derechos humanos son valores que deben estar por encima de la política. La tarea que tenemos ante nosotros es apoyar a Venezuela y restaurar los derechos de su pueblo”, señala el informe. Cabe aclarar, que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana necesita de al menos 24 votos de la Asamblea, integrada por 35 países. Con Venezuela, son 18 países los que integran el bloque Alba-Petrocaribe y que históricamente han votado a favor de Venezuela en estas instancias. Si Venezuela fuese declarada como un país “no democrático”, se le despojaría de aval político que la inscribe en el sistema interamericano, abriendo la posibilidad de una apertura a que cualquier país, actúe discrecionalmente en materias que crean pertinente para “presionar” al Gobierno venezolano en favor de la “reinstauración democrática”.
En gran parte del informe, se emiten “recomendaciones”, como la realización de elecciones generales a la mayor brevedad posible, la apertura de un canal humanitario y la renovación de todos los poderes públicos, la liberación de políticos presos, entre otras exigencias. De lo que se intenta con estos comunicados, es instalar la idea de un “Estado fallido”, donde se exige una pronta resolución por vías extrapolíticas y excepcionales, a través de medidas de fuerza tanto en lo diplomático, político y financiero.
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por Andrés Fernández abril 6, 2017 abril 7, 2017 Bajo la Lupa, Columnistas, Especiales, Mundo, Opinión, Post
>Por Agustina Gabriela Sánchez Rodriguez*
Se evidencian innumerables violaciones al orden constitucional, al modelo de Estado que consagran las leyes así como a los derechos y garantías que amparan al ciudadano ante la acción abusiva del Estado, a sus representantes y a la comunidad internacional en su conjunto (Estados, Organizaciones). Lo cual configura finalmente una ruptura del orden democrático y constitucional acompañado por el desconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano esencial del Poder Legislativo, la instrumentación de los demás órganos del Poder Público Nacional por acción inconstitucional del Poder Ejecutivo dejando como consecuencia una profunda crisis que compromete la integridad del entramado social a causa del hambre, la escasez y la precariedad de los servicios públicos más esenciales. La comunidad Internacional en su mayoría así como la sociedad civil se han manifestado ante las flagrantes violaciones sistemáticas al Estado de Derecho, a los DDHH, las normativas legales, así como a los fueros y prerrogativas de los parlamentarios y a la democracia; violaciones accionadas por el régimen totalitario de Nicolás Maduro.
Cronología de la inestabilidad:
El TSJ es el órgano máximo del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela. En el año 2015 el mismo fue reorganizado de forma irregular por la Asamblea Nacional saliente, designando nuevos magistrados de manera inconstitucional y violando el derecho de participación ciudadana. En su desempeño, el TSJ ha desmantelado el estado de derecho, subordinándose al Poder Ejecutivo.
2015: En la víspera de los comicios parlamentarios, el presidente Nicolás Maduro, aseguró que “…la revolución bolivariana respetará los resultados electorales que emanasen de la voluntad popular …”
Los venezolanos votaron para elegir a los 167 diputados de la nueva Asamblea Nacional para el periodo legislativo 2016-2021. 113 diputados por personas, 51 por listas partidarias y 3 diputados indígenas que, según lo previsto deberían jurar el 5 de enero de 2016 sus cargos en la nueva Asamblea.
La oposición al gobierno consiguió una inédita mayoría de 112 diputados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) comunicó que el número de escaños a favor de la oposición ascendió a 109 y que el chavismo consiguió 55. La oposición confirmó que los 3 representantes indígenas forman parte de la alianza. Frente a este escenario Maduro aclaró que el principal enemigo es “la derecha fascista contrarrevolucionaria que ha obtenido un éxito electoral”.
Luego de meses de detención se condena al opositor Leopoldo López a casi 14 años de prisión por participar en protestas contra el presidente Maduro, en el año 2014.
La alianza opositora MUD (Mesa de la Unidad Democrática) denunció un “golpe judicial”, luego de que el TSJ recibiera un recurso introducido por el oficialismo contra la proclamación de 22 diputados electos recientemente. Uno de los denunciantes fue el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles.
Las rectoras del Consejo Nacional Electoral, tomaron la decisión carente de fundamentos sólidos e inconstitucionalmente arrebatarle el derecho al recurso de revocación al pueblo venezolano consagrado en la Constitución, comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación.
La oposición convocó al Ejercito a que ayude a garantizar el respeto al resultado de las elecciones, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenara suspende de forma “preventiva e inmediata” a varios diputados electos.
2016: Los diputados opositores votaron por el dirigente socialdemócrata Henry Ramos Allup para presidir la nueva Asamblea Nacional venezolana. La coalición opositora MUD informó que tras la votación se conformó la directiva de la Asamblea con Ramos a la presidencia.
El nuevo presidente de la Asamblea Nacional confirmó que algunos de los partidos de la MUD tomarían medidas para adelantar el fin del Gobierno de Maduro, el cual terminaría oficialmente en 2019. Se decidiría la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del gobierno de Maduro, según Ramos Allup.
3 legisladores electos por la región de Amazonas, cuyas reclamaciones habían sido suspendidas de forma “preventiva” por el TSJ, juraron su cargo. El mismo declaró en “desacato” al nuevo Parlamento, de mayoría opositora, debido a que asumieron sus puestos 112 representantes de la MUD, pese a que 3 de ellos (Amazonas) se encontraban suspendidos tras una denuncia interpuesta por el oficialismo.
La Asamblea Nacional aprobó una moción que exhorta al Gobierno a cumplir con las resoluciones de los organismos internacionales (de los cuales Venezuela forma parte) que piden el respeto a los DDHH de los dirigentes opositores presos. La resolución fue aprobada por la mayoría opositora, sin apoyo alguno del oficialismo.
El gobierno decretó “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución, incluyendo medidas para atacar la evasión fiscal, acelerar la importación y distribución de alimentos, bienes de consumo primarios y medicinas. La AN rechaza dicho decreto al considerarlo insatisfactorio y declara una “crisis humanitaria de salud” en el país, ocasionada por la escasez de medicinas y deterioro de instituciones sanitarias.
La liste de irregularidades, marchas y contra-marchas de la política contemporánea venezolana, podría proyectarse hasta el punto de llenar bibliotecas enteras, pero no se podría terminar este apartado sin hacer referencia al fallido referendo revocatorio.
Una de las posibles salidas a la crisis venezolana, tal como fue pensada por alguno de sus protagonistas, consistió en conocer la voluntad ciudadana a través de un referéndum, que, ante una elección esquiva para el ejecutivo, suponía nada menos que la cesantía de las autoridades y el llamado inmediato a elecciones.
Esta ingeniería política comienza a trazarse en la mesa de la asamblea nacional resultante del revés electoral oficialista de finales de 2015, donde los nucleados en torno al PSUV se vieron en una posición electoral incontestable.
La MUD, pensó en traducir tal grado de desaprobación en una iniciativa real, con consecuencias prácticas tangibles. Así se comienza con el llamado a referéndum: cabe recordar que para activar el mismo se precisaban 200.000 firmas (1% del padrón electoral), pero en muy poco tiempo se juntaron casi dos millones. Ya la oposición en octubre de 2015 se alistaba para acceder al último requerimiento legal: el consentimiento del 20% de las personas habilitadas para votar, margen que además estaba totalmente al alcance de la oposición.
Así mismo, en una jugada que reconfigura los medios de poder empleados por los actores, la Comisión Nacional Electoral (un virtual cuarto poder, controlado en su mayoría por el oficialismo) suspende hasta nueva orden el proceso revocatorio en cierne, seguido por una lluvia de amparos judiciales en algunas regiones venezolanas: vale recordar que un referéndum esquivo a Maduro, habría supuesto su dimisión y consecutivo llamado a elecciones, el oficialismo demostró nuevamente su falta de voluntad absoluta en dejar le poder. Es así como termina la historia de una solución.
En el ámbito internacional la Organización de Estados Americanos (OEA) debatió y aplicó la Carta Democrática Interamericana, (procedimiento que nuevamente es objeto de debate su aplicación) instrumento jurídico de la organización creado para salvaguardar la democracia, contempla desde gestiones diplomáticas en su artículo 20, hasta la suspensión de un miembro, garantías y reincorporación en artículos 21 y 22 respectivamente. Lo cual no implica no aplica expulsión, sino que el miembro en cuestión debe de continuar con el cumplimiento de sus obligaciones particularmente en materia de DDHH.
Se ha recurrido a la salida de la no democracia con democracia, medios diplomáticos y buenos oficios. Jamás se ha contemplado una intervención militar, ni injerencias en asuntos internos por parte de ningún Estado, pero cuando todo se quiebra hay que presionar. “De una dictadura se sale con elecciones” sostiene el secretario general de la OEA, excanciller uruguayo, Luis Almagro y por eso exige a Maduro que convoque a la mayor brevedad comicios generales, libres y con observación internacional. La presión internacional es parte de las reglas del juego, de los mecanismos que favorecen a garantizar los compromisos asumidos por cada Estado ante los organismos internacionales, con el objetivo de asegurar la convivencia pacífica de toda la comunidad internacional.
Hay derechos y principios fundamentales que trascienden fronteras e ideologías que hay que defender, proteger y garantizar; porque detrás hay pueblos, seres humanos, vidas. Entre tantas reuniones en diversos órganos, incontables veces, compuestas por Estados preocupados por la situación de nuestra hermana Venezuela, ha sido tema relevante y de suma consideración.
No se trata de complots imperialistas, ni recreaciones históricas de los hechos ocurridos en la década de los 50′ y un sin fin de teorías expuestas por los representantes del gobierno venezolano ante todos los organismos de los cuales y de conformidad con el Derecho Internacional Público, es miembro. Se trata de ejercer presión a través de mecanismos jurídicos, diplomáticos y pacíficos que son básicos para la resolución de conflictos en el Derecho Internacional, con el objetivo de garantizar el respeto de las libertades, los DDHH y la democracia. La situación en la actualidad se ha vuelto insostenible hasta para el propio gobierno al cual se le están agotando los recursos, no se pueden seguir primando lo político por encima de lo jurídico.
América Latina ha sido muy favorable al diálogo, mediación y a todos los esfuerzos posibles, ya sea individualmente cada país o a nivel MERCOSUR. Se han respetado plazos para que el gobierno venezolano cumpla con todos sus compromisos asumidos en todas las materias en todos los ámbitos.
No sería adecuado mantener neutralidad ante semejante gravedad. La tarea no es sencilla y menos en el contexto inestable en el cual se encuentran algunos países de nuestra América Latina, pero como decía Simón …”Más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía”.
* Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República del Uruguay, especialista en Geopolítica y Geoestratégia de Uruguay y su Región por el Centro de Altos Estudios Nacionales, Colegio de Defensa de Uruguay.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 323
 artículo 20
 resolución 
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 artículo 20
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