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JURISPRUDENCIA SOBRE ASISTENCIA SANITARIA. BRAULIO GIRELA MOLINA Profesor Asociado de la Universidad de Granada - PDF
JURISPRUDENCIA SOBRE ASISTENCIA SANITARIA. BRAULIO GIRELA MOLINA Profesor Asociado de la Universidad de Granada
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1 JURISPRUDENCIA SOBRE ASISTENCIA SANITARIA BRAULIO GIRELA MOLINA Profesor Asociado de la Universidad de Granada SUMARIO: 1. Prestación Sanitaria 2. Reintegro de gastos médicos 3. Responsabilidad por mal funcionamiento de la Administración sanitaria 4. Gestión sanitaria. Personal al servicio de las Entidades Gestoras 1. Prestación Sanitaria - STS (Sala de lo Social), de 27 de marzo 2001, recurso de casación 1955/2000 (RJ2001/4116) La cuestión que se plantea en este recurso de casación versa sobre el alcance de la prestación de asistencia sanitaria complementaria consistente en el suministro de silla de ruedas eléctrica. Se trata de determinar, en concreto, si la lista de dolencias que dan derecho a tal prestación del Anexo III de la OM de 18 de enero de 1996, que menciona las lesiones medulares cervicales y las enfermedades neuromusculares degenerativas evolucionadas, es una lista cerrada, o si pueden considerarse también acreedores al suministro de la misma otros pacientes con limitaciones funcionales del aparato locomotor de efectos o secuelas equivalentes, como ocurre en el caso de la sentencia, cuyo origen es una reclamación de silla de ruedas eléctrica por parte de un enfermo de poliomielitis con secuelas de tetraparesia flácida, que impide impulsar una silla manual. La Sala estima que sí cabe extender por analogía la prestación solicitada a enfermedades que no son medulares o neuromusculares pero que producen los mismos efectos, ya que lo esencial en la protección de una situación de invalidez o minusvalía son las secuelas o consecuencias que producen las enfermedades y no éstas aisladamente consideradas. Se condena a la entidad gestora a abonar al actor la prestación ortopédica. - STS (Sala de lo Social), de 26 de junio de 2001, recurso de casación 3165/2000 (RJ2001/6837) Debe decidir la sentencia si la Mutua de Accidentes de Trabajo que cubrió el accidente de un trabajador, está obligada a satisfacer el importe de la renovación de una prótesis necesaria, siendo así que en el momento de la petición, el beneficiario es pensionista de jubilación. Es la Mutua la que a través del correspondiente documento de asociación tiene a su cargo la protección de las prestaciones por accidente de trabajo. La prestación de asistencia sanitaria comprende el suministro y renovación de los aparatos de prótesis y ortopedia que se consideran necesarios. Lo decisivo no es que el trabajador accidentado haya pasado a la condición de pensionista de incapacidad permanente o jubilación-, sino que la necesidad de la asistencia sanitaria continúe derivando de la lesión producida por el accidente (artículo 12 del Decreto 2766/1967: La asistencia sanitaria por accidente de trabajo o enfermedad profesional será prestada desde el momento en que se produzca el accidente o la enfermedad profesional y durante el tiempo que su estado patológico lo requiera). Una vez producido el accidente, las
2 prestaciones sanitarias derivadas del mismo se aplicarán mientras resulten necesarias, aunque el trabajador haya dejado de serlo para convertirse en pensionista. Por tanto, la Mutua debe abonar la prestación de asistencia sanitaria que se le reclama. - STS de 21 de noviembre de 2001 (El Derecho EDJ 2001/47912) Se debate en el recurso de casación unificador de doctrina si la Mutua de Accidentes de Trabajo que implanta a un trabajador accidentado una prótesis ortopédica fija durante la incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo, tiene o no derecho a reclamar el 30% de su importe a la Tesorería General de la Seguridad Social, una vez que aquel es declarado inválido permanente. La Sala desestima el recurso de casación declarando inexistente el derecho de la Mutua al reintegro pues la prótesis instalada durante la incapacidad temporal constituye una prestación de asistencia sanitaria y el accidentado habrá de servirse de las prótesis de un modo permanente y no sólo durante la incapacidad temporal. Que la prótesis se implante con vocación de temporalidad o de permanencia carece de toda relevancia para determinar su naturaleza prestacional y la entidad obligada a suministrarla a su exclusivo cargo. En uno y otro caso nos encontramos siempre ante una prestación de asistencia sanitaria que no puede mutar a prestación de invalidez, de contenido económico, por el hecho de que la prótesis deba acompañar al trabajador el resto de su vida. Y si su necesidad ha nacido como consecuencia del accidente de trabajo, será la mutua aseguradora del riesgo la que vendrá obligada a facilitarla, no solamente inicialmente durante la incapacidad temporal sino también renovarla oportunamente, tantas veces como sea preciso y cualquiera que sea el momento en que surja la necesidad de sustitución aunque el beneficiario haya pasado a ostentar la condición de inválido permanente o pensionista de jubilación. El derecho de las Mutuas al reintegro del 30% sólo existe en relación con prestaciones económicas, ya correspondan a pensiones, ya a otras prestaciones cuyo pago efectúan directamente a los beneficiarios. - STSJ de Galicia, de 29 de noviembre de 2001 (Recurso de Suplicación núm. 3780/1998)(AS 2001\4077) Principio de territorialidad: excepciones. Suscripción de convenio especial: desestimación para trabajador español residente en el extranjero. - Sentencia número 457 de la Audiencia Provincial de Granada de 29 de junio de 2002, recurso 101/2000. El tribunal ha condenado como autores de un delito continuado de falsedad en documentos oficiales, como medio para cometer otro de estafa cualificada, a un visitador médico, a un farmacéutico de una clínica privada y a un farmacéutico titular de oficina de farmacia. Se considera probado que los tres acusados idearon un plan destinado a facturar al Servicio Andaluz de Salud recetas aparentemente normales con precintos de medicamentos subvencionados sin que obedecieran a una prescripción real de los medicamentos. El visitador médico, en las visitas que realizaba a los médicos, les pedía recetas de pensionistas (sin aportación económica por el paciente), argumentando que las necesitaba para sus familiares. El facultativo procedía a consignar el medicamento que el visitador le indicaba, el sello y su firma; posteriormente se completaban las recetas con los datos de los pacientes que correspondían a personas fallecidas, inexistentes, no afiliadas o no pertenecientes al cupo del médico firmante. El farmacéutico de la clínica privada facilitaba los cupones precintos obtenidos de las compras de medicamentos de la clínica y finalmente el otro farmacéutico, titular de una oficina de farmacia terminaba la formalización de las recetas, estampando su sello y
3 firma y las remitía al Servicio Andaluz de Salud para su cobro, sin haber entregado a los beneficiarios los medicamentos. - STS, Sala Social, DM 26/I/2004 Ha reiterado que, para valorar una invalidez, las lesiones mayores absorben a las de menor entidad, es decir, se aplica el cálculo más alto para fijar la indemnización. El alto tribunal ha estudiado el caso de un trabajador que fue diagnosticado como enfermedad profesional de hipoacusia bilateral, pues presentaba el siguiente umbral auditivo: en frecuencias conversacionales de 25 db en el oído derecho y 25 db en el izquierdo; y a Hz, 40 db en el oído derecho y 40 db en el izquierdo. El reclamante pedía a la Administración que fuera declarado afecto de lesiones permanentes no invalidantes comprendidas en el epígrafe 9 del baremo oficial y subsidiariamente en el baremo 8 que figura en la orden de La sentencia razona que la aplicación del baremo 9 absorbe la cuantía indemnizatoria fijada en el baremo 8. En efecto, para el TS, "mantener lo contrario equivaldría a sostener, por ejemplo, a efectos de protección, la compatibilidad entre la incapacidad permanente parcial, total y absoluta derivada de unas mismas lesiones, lo que es manifiestamente irrazonable". - STS, Sala Social Diario, Médico 10/II/2004 La fecha del accidente determina qué mutua asegura el riesgo. "La mutua responsable del pago de las prestaciones derivada del accidente es la que aseguró el riesgo profesional en el momento en que ocurrió el accidente", según ha señalado. El caso estudiado es el de una de una trabajadora que en octubre de 2000 sufrió un accidente laboral consistente en una torsión de hombro derecho. Como consecuencia de este suceso la empleada inició un proceso de incapacidad temporal protegido por su mutua. Dos meses más tarde, tras una resonancia magnética, se le apreció "rotura completa del supraespinoso con atrofia muscular y rotura parcial del subescapultar". En enero de 2001 la trabajadora cambió de mutua y fue en ese año cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social la declaró en situación de invalidez. El TS señala que la cuestión en liza se limita a determinar la entidad responsable de las prestaciones derivadas de accidente de trabajo en el caso de que la mutua colaboradora en la fecha en que se produjo el accidente es distinta a la mutua del momento en que la trabajadora fue declarada en situación de invalidez. La sentencia explica que "la noción de hecho causante es fundamental para determinar el momento en que ha de entenderse causada la prestación a efectos de derecho transitorio". Es más, "la fecha del accidente es la única que cuenta, dado que éste es el riesgo del asegurado y, en consecuencia, "es la fecha de producción del accidente la que determina la aseguradora, aunque el efecto dañoso (la incapacidad o la muerte) aparezca con posterioridad". Para el TS, lo decisivo es que "cuando ocurre un accidente la póliza que asegura este riesgo esté vigente. Si es así, se aplicará la cobertura, aunque la invalidez se haya producido cuando la póliza ya no esté vigente". - STS, Diario Médico 20/II/2004 La pérdida auditiva que afecta a los dos oídos se indemniza doblemente por tratarse de secuelas independientes. El Tribunal Supremo ha entendido que las lesiones
4 permanentes no invalidantes derivadas de la actividad laboral deben indemnizarse de forma autónoma cuando se trata de daños independientes. La razón de esta interpretación reside en que "otorgar una sola indemnización produciría un efecto desprotector contrario al que inspira el sistema de Seguridad Social, pues quedaría sin indemnizar, sin justificación alguna, una de las lesiones que el trabajador ha sufrido consecuencia de su trabajo". El reclamante padecía "hipoacusia bilateral que afecta a frecuencias de hertzios con caídas de 35 decibelios en el oído derecho y de 40 en el izquierdo". La solución que ha ofrecido el alto tribunal en este caso supone separarse del criterio general recogido en la Ley General de la Seguridad Social: "Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que supongan una disminución de la capacidad física del trabajador, serán indemnizadas por una sola vez con las cantidades alzadas que se determinen en el baremo". La sentencia ha aplicado el apartado del baremo relativo a la hipoacusia, previsto para una única tara, "a la lesión de cada oído". - Sentencia Audiencia Provincial, sección nº1, de Pontevedra, Recurso de Apelación nº 254/2003, Fecha sentencia: 26/01/2004, Diario Médico 23/II/2004 Las prótesis de mama de aceite de soja -Trilucent- que salieron al mercado a mediados de los noventa no eran defectuosas en el momento de su puesta en circulación. Así lo ha entendido la sentencia, que ha entendido que en este supuesto -los daños ocasionados por la implantación de las prótesis- no se aplica la Ley 22/1994 de Productos Defectuosos. La sentencia ha aplicado el artículo 6 de esta ley, que exime de responsabilidad al fabricante o importador del producto "si prueban que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación no permitía apreciar la existencia del defecto". En efecto, según explica el fallo, que ha aceptado los argumentos del fabricante del producto y de la comercializadora, "se ha acreditado el certificado de calidad del producto, que obtuvo en el año 1994; es decir, cumplía los requisitos que exigía el estado de la ciencia" en el momento que comenzó a difundirse en el mercado. La Audiencia de Pontevedra ha estudiado la reclamación de una paciente que pedía la reparación de los daños sufridos por haberse sometido a una segunda intervención para la retirada de las prótesis mamarias, ya que eran defectuosas. La sentencia ha rechazado este argumento porque entiende que la paciente "no logra probar este hecho -que se trataba de un producto defectuoso-, ya que, como resulta de los documentos aportados -que son informes oficiales y públicos- la segunda intervención que se realizó a la paciente resultó aconsejada por el principio de precaución y no por haberse apreciado defectos en el producto". Esta apreciación es la que ha fundamentado, a su vez, el rechazo para reparar a la mujer el daño moral y las secuelas psíquicas y físicas causadas por haber tenido que someterse a dos intervenciones, una de implantación y otra de explantación. - Sentencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Recurso nº. 2325/2003, Fecha sentencia: 27 de enero de 2004, Diario Médico 24/II/2004 Ha reconocido que la baja por acoso laboral o mobbing es accidente de trabajo. El fallo afirma que la presión profesional que sufrió una médico radicaba en el comportamiento
5 de su jefe. La sentencia ha señalado que la baja por trastorno adaptativo con reacción mixta de ansiedad y depresión en el trabajo es mobbing y no incapacidad transitoria por enfermedad común. Al ser considerada como una contingencia profesional, el beneficio económico que se obtiene es mayor que si no lo fuese. El tribunal autonómico andaluz ha estudiado la reclamación que interpuso una médico especialista de área contra el Servicio Andaluz de Salud, en la que solicitaba que la incapacidad laboral que sufrió en marzo de 2002 se reconociese como accidente de trabajo. Según relata la sentencia, la reclamante fue nombrada por el SAS para prestar sus servicios en un centro periférico de especialidades de la capital granadina. Entre agosto y marzo de 2001 tenía el turno de tarde fijo de lunes a viernes. A finales de 2001 la facultativa envió varias cartas al gerente y al presidente de la junta facultativa del centro en las que se quejaba de la marginación laboral que venía sufriendo. Según un informe pericial, la médico fue diagnosticada de depresión, ansiedad y estrés laboral. El tribunal andaluz, que confirma la decisión que adoptó en su día el Juzgado de lo Social número 7 de Granada (ver DM del 5-VI-2003), subraya que "existió una presión laboral que motivó el proceso patológico de la médico". Es más, el gerente del centro remitió al jefe de servicio una carta en la que le requería que "organizase el servicio con criterios de calidad y equilibrio en la distribución de tareas entre los diferentes profesionales". En consecuencia, los magistrados andaluces subrayan que "la presión laboral provocó en la médico un aislamiento profesional que la imposibilitó para acceder a sus actividades investigadoras o formativas". La resolución judicial, señala que "la depresión de la reclamante, que motivó su baja y posterior proceso de incapacidad temporal, ha tenido como única causa el trabajo, por lo que es obvia la inequívoca relación de causalidad entre el trabajo y la dolencia". Son cada vez más las demandas que llegan a los tribunales de justicia por acoso laboral o mobbing. Sin duda alguna, se trata de un serio problema de salud laboral. El trabajador, sanitario o no, pretende demostrar que la patología que sufre está encuadrada dentro de este síndrome. Varios juzgados han reconocido al mobbing el carácter de accidente laboral y, en consecuencia, constituye un daño moral que debe ser indemnizado (ver DM del 29-X- 2001). Sin embargo, la mayoría de las decisiones judiciales subrayan que para que se declare el acoso profesional en el trabajo es necesario que exista una prueba pormenorizada y detellada. En efecto, el Juzgado de lo Social número 17 de Madrid rechazó la demanda de una FEA por mobbing porque no se probó que la patología que sufría estuviera relacionada con su entorno laboral. Otro juez de Madrid denegó la demanda a una enfermera porque apreció que fue su aptitud personal la que hizo que se considerase acoso laboral lo que no era (ver DM del 28-IV-2003). - STS, Sala de lo Social, Diario Médico 6/IV/2004 La póliza válida que cubre la incapacidad es la actual. Cuando una póliza cubre mejoras voluntarias en materia de incapacidad, la indemnización que debe ajustarse al caso planteado, es la pactada en el contrato de seguro que esté en vigor cuando se reconoce judicialmente la situación protegida y no la que estuviera prevista en la fecha en que se
6 produjo el accidente. El TS se ha decantado por esta solución en el caso de un profesional sanitario del Servicio Andaluz de Salud que -con motivo de un accidente laboral en fue declarado en situación de incapacidad permanente absoluta en una sentencia dictada en 2000 por el Tribunal Superior de Andalucía, reconociéndole una indemnización de euros. La Junta de Andalucía entendía que la indemnización debería haber sido de euros, cantidad recogida en una póliza suscrita en El TS mantiene que en el caso de las mejoras voluntarias debe estarse a lo reflejado en el contrato vigente. -STS de la Sala Social, Recurso nº: 008/8595/2002, Diario Médico 19/IV/2004 La trombosis sufrida pasando consulta es accidente de trabajo. Una nueva sentencia ha señalado que la trombosis venosa del sector ilíaco bilateral sufrida por un pediatra mientras pasaba consulta se considera accidente laboral, salvo prueba en contrario, según establece la Ley General de la Seguridad Social. Según declara probado el alto tribunal, el 18 de septiembre de 1998 el reclamante sufrió en su centro de trabajo un dolor en su pierna derecha, que presentaba edema. Días más tarde el médico acudió a urgencias presentando hinchazón, impotencia funcional y cianosis de ambos miembros inferiores. Allí se le realizó un TAC y se apreció imágenes compatibles con trombosis venosa del sector ilíaco bilateral y agenesia renal izquierda. El 21 de septiembre el pediatra fue dado de baja por la Seguridad Social por causa de accidente de trabajo. La sentencia explica que el artículo de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) dispone que "se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo". El supuesto en el que nos encontramos, según el alto tribunal, es el de "un trabajador por cuenta ajena que, hallándose prestando sus servicios, es decir, dentro de su horario de trabajo y en su lugar de desempeño, sufrió una trombosis venosa del sector ilíaco bilateral que derivó en una incapacidad permanente". El fallo señala que el problema que se plantea es si a esta circunstancia se le aplica la presunción del artículo de la LGSS. En este sentido, la resolución judicial explica que "si se tratara de un accidente de trabajo propio no habría problema alguno en aplicar aquella presunción y tampoco pasaría nada si no se utilizara en el caso de que al reclamante le hubiera derivado la situación de invalidez de una enfermedad que nada tuviera que ver con la realización de su trabajo". Pero lo cierto, según el TS, fue que "el médico sufrió una trombosis, o sea, una afección de naturaleza vascular que por su propia etiología tiene mucho que ver con el sedentarismo propio de la profesión médica y con la tensión que el trato con los pacientes durante horas le puede producir". La Sala llega a la conclusión de que "se trata de una enfermedad que, manifestada en el lugar y horario de trabajo, debe calificarse de enfermedad laboral y beneficiada también de la presunción de laboralidad del artículo de la LGSS". - TS, Sala de lo Social, 13/10/2003, recurso 008/1819/2002, Diario Médico 12/V/2004 Viene confirmando con numerosas sentencias que las afecciones cardiacas sufridas durante el tiempo y en el lugar del trabajo han de ser consideradas accidente de trabajo. Según considera probado el alto tribunal, el 17 de marzo de 2000 la reclamante inició un
7 proceso de incapacidad tras haber sufrido una taquicardia durante el trabajo. La petición de que se calificase como accidente fue desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y por el informe realizado por la Inspección de Trabajo. Con posterioridad fue rechazado por el Juzgado de lo Social número uno de Granada y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al coincidir en que no se podía calificar la taquicardia como accidente de trabajo. Para fundamentar su reclamación en el TS, la trabajadora presentó una sentencia dictada en octubre de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que reconoció que había accidente de trabajo en el caso de un proceso patológico iniciado con una crisis hipertensiva con edema agudo de pulmón mientras el reclamante conducía un camión. La magistrada ponente del fallo considera que hay una "completa identidad entre los hechos de la sentencia recurrida y los de la del País Vasco, pues dada la naturaleza de la afectación padecida se inserta entre las modalidades a las que la jurisprudencia viene confiriendo el carácter de accidente de trabajo en aplicación del artículo de la Ley General de la Seguridad Social". En consecuencia, es la Administración la que debería haber demostrado de forma inequívoca que no ha relación causal entre el trabajo y la enfermedad. "No es descartable una influencia de los factores laborales en la formación o desencadenamiento de una crisis de taquicardia como la sufrida por la demandante". - STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Diario Médico 18/V/2004 Ha decidido negar la inscripción registral de una instalación de radiodiagnóstico médico por incumplir los plazos legales impuestos para ello. El caso estudiado corresponde a un médico, propietario de un aparato de rayos X, que incumplió el plazo de inscripción registral que impuso el Real Decreto 1891/1991 sobre instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. Esta norma estableció un plazo de dos años -que posteriormente fue ampliado a cuatropara que los equipos de estas características cumplieran todos los requisitos de seguridad, pasaran de manera satisfactoria la inspección del Consejo de Seguridad Nuclear y fueran inscritos en un registro específico. El reclamante cumplió los requisitos previos el último mes del plazo de cuatro años y reclamó la inscripción dos meses después de que se cumpliera dicha fecha. Como no le fue concedida, acudió a los tribunales para tener en regla la instalación, encontrando el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que señaló en la sentencia que "la simple inobservancia de una formalidad temporal no puede desvanecer el contenido esencial de una documentación ajustada a las exigencias legales". El tribunal autonómico añadió que relegaba a un segundo plano el incumplimiento del plazo de inscripción al considerar que "no tiene la categoría de requisito formal y constitutivo". Estos argumentos han sido rechazados de plano por el TS, que considera que cambiar la imposibilidad de inscripción por una sanción pecuniaria como hace el tribunal canario supone arrogarse una potestad que corresponde al legislador, abriendo discrecionalmente un periodo de presentación indefinido donde el que tiene la potestad para hacer las normas estableció un plazo. El TS señala la improcedencia de la inscripción, señalando que la argumentación canaria sobre "la intrascendencia e irrelevancia del plazo (...) no sólo infringe los preceptos legales, sino que atenta contra los principios de seguridad jurídica e igualdad, así como contra los artículos 9.1 y de la Constitución". El fallo señala que en modo alguno deben devaluarse las exigencias temporales, pues
8 "cumplen diversos objetivos esenciales para el interés público", como son la ordenada tramitación de los procedimientos, garantizar la seguridad jurídica y asegurar la igualdad de trato. Además, el tribunal termina señalando que en este supuesto, por tratarse de aparatos sanitarios, el cumplimiento de plazos debe ser más riguroso como garantía para la sociedad de que la Administración verifica el adecuado funcionamiento de instalaciones que afectan a la salud. El Real Decreto 1891/1991 regula los requisitos, infracciones y sanciones que rigen la instalación y utilización de aparatos de rayos X con fines de diagnóstico médico. 2. Reintegro de gastos médicos - STS (Sala de lo Social), de 7 de junio de 2001, recurso de casación número 1505/2000 (RJ 2001/5499) La actora, pensionista de la Seguridad Social, tiene un hijo afectado de una parálisis espástica con tetraplejía, según informe médico del INSALUD en el que se justifica las sedestación pasiva y transporte, y prevención de deformidades. La actora adquirió una silla de ruedas formada por chasis y sistema modular con adaptaciones especiales por importe de pesetas y solicitó a la entidad gestora, la prestación de la citada silla de ruedas. Por resolución se concedió la prestación solicitada, por un importe de pesetas, de acuerdo con el catálogo general de especialidades de material ortoprotésico, punto 4.1 del Anexo RD 63/1995. Se debate en la sentencia si la actora tiene derecho a que se le abone por el INSALUD lo pagado por ella o si sólo tiene derecho a lo establecido en el catálogo referido. La Sala argumenta que en el ámbito de la Administración Pública, el contenido de la prestación ortoprotésica está determinado por aquellos artículos que expresamente se recojan en los catálogos que elaboren en desarrollo del RD 63/1995 y según el valor que figure en el mismo. Al hijo de la actora se le prescribió una silla de ruedas manual con adaptaciones a la misma, es decir la prevista en el apartado del anexo de la Orden Ministerial, y del Catálogo, sin que se pueda hablar que su invalidez aconseje otro tipo de vehículos ni que se le negase el valor de la silla según catálogo, y en consecuencia la resolución del INSALUD, que se combatió en la demanda, fue la establecida en esa regulación. - STS de 1 de octubre de 2001 (El Derecho EDJ 2001/35767) El TS estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Instituto Nacional de la Salud, declarando que los beneficiarios de la Seguridad Social no tienen derecho al reintegro de gastos por el traslado en taxi para acudir a consulta médica hospitalaria, cuando tal medio de transporte ha sido indicado en los correspondientes partes médicos por el facultativo que prescribió la consulta. El Tribunal, admitiendo que se ha cometido infracción del Anexo I 4.2.b) del Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de las Prestaciones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, se pronuncia diciendo que la prestación de transporte sanitario comprende el transporte especial de enfermos o accidentados cuando concurra alguna de las causas siguientes: imposibilidad física del interesado u otras causas médicas, que a juicio del facultativo, le impidan o incapaciten para la utilización del transporte ordinario, bien para desplazarse al centro sanitario o a su domicilio después de ser atendido, o razones de urgencia; la calificación de transporte sanitario sólo la tiene el realizado en ambulancias asistenciales y no asistenciales y en vehículo de
9 transporte colectivo. Por consiguiente, solamente se concede derecho a que los gastos de transporte sean satisfechos por los servicios de la Seguridad Social cuando se realiza en los medios propios del transporte especial sanitario, no incluyendo referencia alguna al transporte realizado por medios de locomoción ordinarios (taxi) cuyo coste no es objeto de cobertura por el sistema de Seguridad Social. - STS de 31 de octubre de 2001 (El Derecho EDJ 2001/49341) El TS en recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del Instituto Nacional de la Salud, declara la nulidad de lo actuado desde que se admitió a trámite el recurso de suplicación, en reclamación de cantidad en concepto de reintegro de gastos por la diferencia entre lo pagado por adquisición de prótesis sanitaria por un beneficiario de la Seguridad Social y lo reintegrado por dicha entidad gestora, al ser la diferencia reclamada inferior a 1803 euros. Argumenta el TS que el pleito no versa sobre reconocimiento o denegación de la prestación (apartado c) del artículo 189 LPL) en que procedería la suplicación, ni la cuestión afecta a gran número de beneficiarios de la Seguridad Social, que es la única circunstancia que con la cuantía reclamada daría acceso al recurso de suplicación (apartado b) del artículo 189 LPL). Se está ante un problema exclusivamente de cuantía que se rige por lo dispuesto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 189 LPL que exige la cuantía mínima antes señalada. - STS de 6 de noviembre de 2001 (El Derecho EDJ 2001/49356) La cuestión que se debate en el recurso de casación para la unificación de doctrina, consiste en determinar quien debe ser condenado al abono del reintegro de gastos por internamiento psiquiátrico de un beneficiario de la Seguridad Social, si el Servicio Gallego de Salud o el Instituto Social de la Marina, teniendo en cuenta la fecha en que se prestó la asistencia, la fecha de efectos del traspaso de funciones y servicios de este último organismo a la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, la doctrina del TS respecto al Real Decreto 1679/1990, sobre el traspaso de funciones del Instituto Nacional de la Salud ( el traspaso, al afectar al conjunto de bienes, derechos y obligaciones, en relación con las funciones objeto de la transferencia, supone una sucesión patrimonial, que afecta no sólo a la parte activa del patrimonio bienes y derechos-, sino a la pasiva obligaciones, con independencia de la fecha de constitución ) y el Real Decreto 212/1996 sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las funciones y servicios de la Seguridad Social encomendada al Instituto Social de la Marina (le es aplicable la doctrina anteriormente referida del TS, con la única excepción que se refiere a los compromisos por los gastos derivados de sentencias judiciales firmes por actuaciones anteriores al traspaso). El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el Servicio Gallego de Salud, pues no se está ante un gasto por actuaciones procesales iniciadas antes de la fecha de efectos de la transferencia. En todo caso, y con independencia de lo anterior, dice la Sala, dicha disposición lo que establece es una facultad de la Comunidad Autónoma para poder reclamar a la Administración del Estado lo pagado por ella, en dicho supuesto; es una norma que regula las relaciones entre la Comunidad Autónoma y la Administración del Estado, no entre el beneficiario de la Seguridad Social, que reclama la prestación y el ente gestor. En esta misma línea, véanse en repertorio Aranzadi las sentencias del TS cuyas referencias son: RJ2001/3175, RJ2001/5501, RJ2001/5502, RJ2001/5919, RJ2001/5924, RJ2001/5927, RJ2001/5929, RJ2001/6318, RJ2001/6319, RJ2001/6320, RJ2001/3746, RJ2001/6332, RJ2001/6838, RJ2001/6841, RJ2001/6992, RJ2001/6995, RJ2001/7009, RJ2001/7077, RJ2001/7306, RJ2001/7315, RJ2001/7434, RJ2001/7468,
Roj: STS 8229/2009 - ECLI:ES:TS:2009:8229 Id Cendoj: 28079140012009100974 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 4426/2008 Nº de Resolución: Procedimiento: SOCIAL

References: artículo 6
 resolución 
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 Real Decreto 
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 resolución 
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 artículo 189
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