Source: http://bazica.org/inadmisibilidad-v2.html
Timestamp: 2019-04-25 16:39:59+00:00

Document:
INFORME No. 22/12
PETICIÓN 398-02
JOSÉ XAVIER GANDO CHICA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición el 5 de junio de 2002 presentada por Mario Antonio Viñales (en adelante “el peticionario”), en la cual se alega la responsabilidad de la República de Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) por la presunta violación de sus garantías procesales, entre ellas el retardo injustificado en el proceso penal seguido contra José Xavier Gando Chica (en adelante “la presunta víctima”) y por la orden no ejecutada de medida privativa de libertad que se mantiene en su contra desde mayo de 1997.
El peticionario sostiene que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la protección judicial consagrados en los artículos 5, 8, 17, 21, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) en relación con sus artículos 1.1 y 2. Por su parte, el Estado alega que los reclamos del peticionario son inadmisibles en vista de que se habría incumplido con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46.1.a) de la Convención Americana.
Tras analizar las posiciones de las partes y el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención, la Comisión decidió declarar la petición inadmisible por falta de agotamiento. La Comisión decidió igualmente notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
La petición fue registrada bajo el número 389-02 y el 9 de junio de 2005 se procedió a transmitir copia de las partes pertinentes al Estado, para sus observaciones. Tras la concesión de una prórroga, el Estado presentó su respuesta el 3 de octubre de 2005, la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones. El peticionario presentó sus observaciones el 5 de diciembre de 2005 las que fueron trasladadas al Estado para sus observaciones. Asimismo, el 9 de diciembre de 2005 el peticionario presentó información adicional la que fue trasladada al Estado para su conocimiento. El 3 de febrero de 2006 el Estado solicitó una prórroga y el 11 de mayo de 2006 presentó su respuesta, la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones.
El peticionario presentó su respuesta el 28 de agosto de 2006 y el 1˚ de noviembre de 2006 el Estado presentó sus observaciones. El 2 de febrero de 2007 el peticionario presentó su respuesta la que fue trasladada al Estado para sus observaciones. El 24 de septiembre de 2007 la Comisión reiteró al Estado su solicitud de información a requerimiento del peticionario.
El 17 de octubre de 2007 el Estado presentó su respuesta, la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones. El 9 de noviembre de 2007 y 28 de enero de 2008 el peticionario presentó información adicional la cual fue trasladada al Estado para su conocimiento y observaciones, respectivamente. El 12 de junio de 2008, el Estado presentó su respuesta la cual fue trasladada al peticionario para sus observaciones. Asimismo, la información adicional presentada por el peticionario el 19 de septiembre de 2008 y 7 de mayo de 2011 fue trasladada al Estado para su conocimiento. El 28 de octubre de 2008, el peticionario presentó su respuesta a las observaciones del Estado de 12 de junio de 2008, la que fue trasladada al Estado para su conocimiento.
Como antecedente, el peticionario indica que el Ministerio de Educación y Cultura (en adelante “el Ministerio”) habría conformado una Comisión Técnica para el estudio de una propuesta de contrato con el Estado (en adelante “la Comisión Técnica”) y ésta lo habría convocado a fin de que estudiara el marco de una propuesta presentada por la compañía colombiana “Promotora del Cambio S.A.” (en adelante “la compañía colombiana”).
Sostiene que en septiembre de 1996 el Estado ecuatoriano aceptó la propuesta de la compañía colombiana y en octubre de 1996 declaró en emergencia al sistema educativo. Asimismo, a través de decretos habría establecido la exoneración de procedimientos precontractuales para los programas del Ministerio y dicha exoneración habría aplicado al contrato con la compañía colombiana, el cual se habría celebrado en noviembre de 1996.
El peticionario señala que en marzo de 1997 el Estado inició un proceso penal por el delito de peculado contra el Ingeniero José Xavier Gando Chica, entre otras personas1, y que en mayo de 1997 dictó orden de detención en su contra. Alega que el delito que se le imputó se relaciona con su accionar como consultor externo para la elaboración de un documento interno que no era de carácter vinculante para la celebración del contrato entre el Estado y la compañía colombiana.
Indica que en junio de 1998 el Fiscal General de la Nación resolvió abstenerse de acusar a la presunta víctima, “en vista de que no tuvo conocimiento de la intención dolosa de los autores del delito” (señala que el artículo 251 del Código Procesal Penal establece la necesidad de la acusación para la apertura de la etapa del plenario). Sin embargo, en agosto de 1998 la Corte Suprema de Justicia (en adelante ”CSJ”) habría declarado la apertura de la etapa de plenario respecto de unos miembros de la Comisión Técnica, entre los cuales se encontraba la presunta víctima, y sobreseyendo a otros.
El peticionario agrega que se inició el juicio por la presunta responsabilidad en el grado de complicidad y que se confirmó la orden de prisión preventiva2 y el embargo de bienes en su contra, a pesar de que los síndicos cómplices de encubrimiento no son sujetos a prisión preventiva3. Señala que todos los imputados interpusieron apelación ante la Segunda Sala de la Corte Suprema (en adelante “la Segunda Sala”) y que en abril de 2001 la Segunda Sala ratificó la decisión de apertura a plenario. Asimismo, la Segunda Sala, habría determinado que no existirían más recursos que oponer y habría devuelto la causa a la CSJ.
Indica que habría presentado solicitudes y pedidos a la CSJ que no habrían sido respondidos y que en junio de 2001 la Segunda Sala habría enviado el proceso al Presidente de la CSJ. Señala que en marzo de 2005 el Presidente de la CSJ habría dictado la nulidad del juicio levantando las órdenes de prisión a los acusados y revocando las medidas cautelares dictadas contra todos los acusados. Sin embargo, el levantamiento de las medidas ordenadas no se habría ejecutado y la Fiscal General Subrogante habría solicitado a la Presidencia de la CSJ que revocara la nulidad de este proceso y ésta habría accedido al pedido. El peticionario alega que no se habría emitido sentencia en su proceso penal, a pesar de que la duración máxima de un proceso según el Código Penal vigente era de seis meses.
Alega que la CSJ habría reconocido que los decretos ejecutivos (ver supra párr. 8) fueron los elementos de exoneración fraudulenta de los requisitos del contrato en cuestión. Asimismo, indica que la CSJ se ha referido al informe elaborado por el peticionario como un documento que sólo sirvió de soporte técnico. En ese sentido, el peticionario alega que el Estado violó su derecho de igualdad ante la ley, ya que la Segunda Sala sobreseyó a la Presidenta y a distintos miembros de la Comisión Técnica basándose, en todos los casos, en que el informe en cuestión era una “obligación legal” pero no habilitante.
El peticionario agrega que la presunta víctima habría perdido todos sus bienes y que tuvo que salir del país, lo cual causó un desarraigo en su vida familiar y profesional. Sostiene que el pedido de detención preventiva en contra de la presunta víctima se encuentra vigente desde mayo de 1997 por lo que se ha violado su plazo de caducidad e indica que “el proceso se encuentra suspenso por lo que disponía el artículo 254 IBIDEM4 y hasta cuando el imputado o los imputados se entreguen voluntariamente a la justicia o sean aprendidos (sic)”. Asimismo, alega que la presunta víctima “no puede regresar a Ecuador para hacer valer sus derechos sin que corra riesgo su integridad”.
Sobre el agotamiento de los recursos internos, el peticionario indica que los jueces no habrían respondido las solicitudes o pedidos de aclaraciones, ampliaciones, nulidad del auto de apertura del plenario y recursos presentados por la presunta víctima. Asimismo, alega que la legislación ecuatoriana no establece una acción para oponerse a una apertura a plenario sin acusación fiscal. Adicionalmente, sobre una eventual recusación sostiene que sería “ilógico pretender que se recuse sin existir ni siquiera acusación fiscal o algún tipo de sentencia por la cual recusar”5.
El peticionario indica que la vía civil (ver infra III B) no hace al fondo de las violaciones denunciadas y que no es un recurso para detener violaciones de derechos, sino un recurso meramente resarcitorio y consecuencia de la misma violación. Añade que no es “humanitario hablar de este recurso ya que las reparaciones a las víctimas de violaciones a los derechos humanos no se reduce exclusivamente a compensaciones en forma de indemnizaciones”. Asimismo, alega la inexistencia del debido proceso, dado que la única posibilidad de acceder a la justicia es en calidad de detenido; el impedimento de acceder a los recursos internos dada la amenaza de detención; y el retardo injustificado del proceso.
En 2005 el peticionario también alegó que según el nuevo Código de Procedimiento Penal (en adelante “CPP”) vigente (desde 2002) los procesos penales por peculado no se suspenden y se sustancian aún en ausencia de los imputados, por lo que se debería dictar la nulidad del auto de llamamiento a plenario y la sentencia con los reos ausentes. Sostiene que el CPP sería aplicable al proceso dado que en su primera disposición transitoria se dispone que los procesos penales que estén tramitándose se seguirán sustanciando con el procedimiento anterior hasta su conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normas del debido proceso previstas en la Constitución. En este sentido, alega que la Constitución establece que nadie puede estar condenado sin sentencia y como la norma sobre la imposibilidad de la suspensión del proceso de peculado por ausencia del imputado favorece al reo, ésta debió ser aplicada al proceso seguido contra la presunta víctima.
El Estado alega que el reclamo del peticionario es inadmisible ya que no se han agotado los recursos previstos en la jurisdicción interna, según exige la Convención Americana. Al respecto, señala que el peticionario podía haber agotado el recurso de recusación para solicitar que se separe al juez que incurrió en demora del conocimiento de la causa, por no sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley (6 meses). Asimismo, alega que el peticionario no agotó el recurso de apelación contra el auto de apertura a plenario y que no agotó el recurso de indemnización en la vía civil para exigir los daños que se le habrían ocasionado a la presunta víctima a causa de la alegada prisión.
Sostiene que el reclamo del peticionario se debe a su inconformidad con la resolución de apertura a plenario dictada por el juez penal en su contra y que estaría utilizando a la Comisión como un tribunal de cuarta instancia. Agrega que la Comisión debe limitarse a verificar si se ha seguido un procedimiento justo y de acuerdo a los parámetros de la Convención Americana. Al respecto, señala que la Comisión ha establecido con anterioridad que “corresponde a los tribunales nacionales interpretar las leyes internas y la CIDH no tiene competencia para determinar cuál era la interpretación correcta de las normas locales, a menos que la interpretación misma constituya una violación de la Convención Americana”6.
Frente al alegato del peticionario sobre el llamamiento a plenario a pesar de la falta de acusación (ver supra III A), el Estado responde que la abstención de acusación fiscal no constituye una obligación jurídica para el juez penal que sustancia la causa. Asimismo, alegó que los criterios de valoración de las pruebas empleados por la CSJ para desestimar el dictamen fiscal y abrir la etapa del plenario en contra de la presunta víctima no puede ser revisado por la Comisión.
En lo relativo a la duración del proceso penal, el Estado alega que el juicio habría sido suspendido en la etapa del plenario, al encontrarse prófugo el principal implicado en éste proceso, Abdalá Bucaram. Finalmente, alega que el peticionario no señala el nexo causal entre los hechos de la presente petición y la supuesta violación de la Convención Americana.
El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado ecuatoriano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado Parte en dicho tratado.
El artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando:
Según ha establecido la Corte Interamericana, toda vez que un Estado alega la falta de agotamiento de los recursos internos por parte del peticionario, tiene la carga de demostrar que los recursos que no han sido agotados resultan “adecuados” para subsanar la violación alegada, vale decir que la función de esos recursos dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida.
En el presente caso el Estado alega que el peticionario no agotó la acción de recusación contra el juez que habría incurrido en violación y que no agotó el recurso de apelación respecto del auto de apertura del plenario sin acusación. Asimismo, alega que el peticionario tenía a disposición la vía civil para reclamar por los presuntos daños ocasionados. Por su parte, el peticionario responde que existe un retardo injustificado en su proceso penal. Alega que la vía civil no hace al fondo de las violaciones denunciadas y que es un recurso meramente resarcitorio y con respecto al recurso de recusación alega que es “ilógico pretender que se recuse sin existir ni siquiera acusación fiscal o algún tipo de sentencia por la cual recusar”.
Corresponde aclarar entonces cuáles son los recursos internos que deben ser agotados en la presente petición. La Corte Interamericana ha señalado que sólo deben ser agotados los recursos adecuados para subsanar las violaciones presuntamente cometidas. El que los recursos sean adecuados significa que
la función de esos recursos dentro del sistema de derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable7.
La Comisión observa que el objeto de la presente petición se refiere concretamente a los hechos relacionados y derivados de las alegadas violaciones al derecho a la libertad personal y al debido proceso penal contra José Xavier Gando Chica, las que incluyen la alegada detención preventiva prolongada y la violación al principio de presunción de inocencia, así como el retardo injustificado de proceso. Asimismo, la petición se refiere a posibles violaciones a la propiedad privada por el alegado embargo indebido de sus bienes.
En cuanto al agotamiento de los recursos internos, ante el dictamen de la CSJ de apertura a plenario por peculado contra la presunta víctima (de 6 de agosto de 1998), la defensa presentó apelación ante la Segunda Sala, la cual, el 10 de abril de 2001 ratificó la decisión apelada y dictó el sobreseimiento de la causa respecto de algunos imputados. El 29 de marzo de 2005 la CSJ habría dictado la nulidad del juicio levantando las órdenes de prisión a los acusados, revocando y dejando sin efecto las medidas cautelares personales y reales dictadas contra todos los acusados, órdenes que no se habrían ejecutado. La Fiscal General habría solicitado a la CSJ que revoque dicha nulidad y ésta habría accedido al pedido. Transcurridos más de trece años no se habría dictado sentencia respecto de la presunta víctima.
La Comisión nota que el proceso penal por peculado seguido contra la presunta víctima y otras personas8 cuenta con dos instancias siendo la primera ante la CSJ y la segunda, ante su Segunda Sala. En relación con el alegato del Estado respecto a la falta de agotamiento de la apelación contra el auto de apertura a plenario, la Comisión nota que la defensa del peticionario habría apelado dicha decisión, por lo que la Segunda Sala ratificó el auto de apertura a plenario. Sin embargo, de la información presentada por el peticionario se desprende que por aplicación del artículo 254 del CPP9 el juicio plenario se habría suspendido en vista de que el principal implicado se encontraba prófugo. Asimismo, la Comisión nota que la presunta víctima también se encuentra fuera del país10 por lo que en aplicación del mencionado artículo del CPP, su proceso penal se encontraría suspendido.
Ante los alegatos del peticionario sobre (i) la inexistencia del debido proceso, dado que la única posibilidad de acceder a la justicia es en calidad de detenido y (ii) el impedimento de acceder a los recursos internos dada la amenaza de detención, la regla es que el peticionario debe acudir y agotar los recursos que el derecho interno le ofrece para solucionar las alegadas violaciones al debido proceso11. No ha quedado demostrado a lo largo del procedimiento que al peticionario se le haya negado el acceso al recurso o que haya sido impedido de agotarlo, en vista de que no ha comparecido a juicio12. La Comisión considera que en el presente caso las excepciones previstas en el artículo 46.2 a) y b) de la Convención Americana no son aplicables.
Asimismo, mientras que el peticionario alega una demora indebida para justificar la aplicación de una excepción a la regla del agotamiento previo de los recursos internos, la Comisión observa que la demora en la presente petición se debe a la suspensión decretada en vista de que el principal implicado y la presunta víctima se encuentran prófugos. En vista de esto, la Comisión considera que la demora en el proceso penal en la presente petición no resulta atribuible al Estado13. Por lo tanto, la Comisión no encuentra que en esta petición proceda la excepción de retardo injustificado, establecida en el artículo 46.2.c) de la Convención Americana.
Respecto del alegato del peticionario en relación a la aplicación de la norma de no suspensión del proceso por peculado establecida en el CPP de 200214, como norma más favorable al reo, la Comisión nota que el peticionario no habría interpuesto recursos internos para intentar plantear dicha solicitud a nivel interno, por lo que considera que no se cumple con el requisito de agotamiento para este extremo de la petición.
Con respecto a la alegada falta de agotamiento del recurso de recusación y a la vía civil, esta Comisión considera que dichos recursos no resultan aplicables al presente caso. Al respecto, reitera que la demora por la que se podría eventualmente recusar a un juez, no es atribuible a las autoridades judiciales sino a la falta de presencia física del imputado en el proceso.
La Comisión se abstiene, por sustracción de materia, de examinar los demás requisitos de admisibilidad previstos en la Convención Americana15.
Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, la Comisión considera que la petición es inadmisible de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Convención Americana, y en consecuencia,
Declarar inadmisible la presente petición conforme al artículo 46.1.a) de la Convención Americana.
1 El peticionario nombra adicionalmente a: Abdalá Bucaram Ortiz, ex Presidente de la República; Sandra Correa, ex Ministra de Educación y Cultura; y los miembros de la Comisión Técnica.
2 El peticionario no indica si la presunta víctima estuvo efectivamente detenido, sin embargo alega la detención preventiva prolongada por el dictamen de la orden de detención.
3 Alega también que en caso de que en el proceso se demostrara algún grado de complicidad, el artículo 47 del Código Penal establece que tales delitos deberán ser reprimidos con la mitad de la pena que les correspondería a los autores. Indica que para su caso, dicha ley prescribe una pena de cuatro a ocho años para los autores, por lo que las penas para los cómplices serían de dos a cuatro años.
4 Código de Procedimiento Penal ecuatoriano de 1983. (L. 134-PCL. RO 511: 10-jun-1983).
5 En la información del expediente consta que la presunta víctima interpuso un recurso de apelación ante la Segunda Sala contra la decisión de apertura a plenario y que ésta ratificó la decisión en abril de 2001; sin embargo, respecto del agotamiento de recursos internos el peticionario no indica qué recursos, solicitudes o pedidos de aclaración presentó, ante qué autoridad o en qué fechas. Por otra parte, sobre la recusación manifiesta que presentó ante la CSJ seis escritos y peticiones que no han sido resueltos, ni se habrían fijado audiencias para que empiece a contar el plazo de ley para interponer la recusación.
6 En sustento de su argumento el Estado cita: CIDH Informe No. 120/01 Petición 122/01 (Atanasio Franco Cano), 10 de octubre de 2001, párr. 4.
7 Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, párr. 63. Cfr. CIDH. Informe No. 57/00, Caso 12.050, La Granja Ituango, Colombia, 2 de octubre de 2000.
8 En el cual un ex-Presidente de la República es el principal implicado.
9 Artículo 254.- Suspensión del auto de apertura a plenario.- Si al tiempo de dictar el auto de apertura del plenario el sindicado estuviere prófugo, el Juez, ordenará la suspensión de la etapa del plenario hasta que el encausado sea aprehendido o se presentare voluntariamente.
10 La información aportada por el peticionario no indica en qué fecha la presunta víctima habría salido de Ecuador.
11 CIDH. Informe No. 18/02 Petición 12.274, César Verduga Vélez, Ecuador, 27 de febrero de 2002, párr. 29. Cfr. Informe No. 82/98, Caso 11.703, Gustavo A. Gómez López, párr. 21. Informe No. 93/01, Petición 12.259, Alberto Dahik Garzozi, párr. 30. Informe No. 43/99, Caso. 11.688, Alan García Pérez, Perú, párr. 18.
12 CIDH. Informe No. 18/02 Petición 12.274, César Verduga Vélez, Ecuador, 27 de febrero de 2002, párr. 29.
13 Cfr. CIDH. Informe de Inadmisibilidad No. 18/02, Petición 12.274, César Verduga Vélez, Ecuador, 27 de febrero de 2002, párr. 29 e Informe de Admisibilidad No. 97/09, Petición 84-07, Allan R. Brewer Carías, Venezuela, 8 de septiembre de 2009, párr. 87 (admitido tomando en cuenta la pendencia de un recurso judicial y la situación de provisionalidad de los jueces).
14 Art. 233.- Suspensión.- Si al tiempo de dictar el auto de llamamiento a juicio, el acusado estuviere prófugo, el juez después de dictado dicho auto, ordenará la suspensión de la etapa del juicio hasta que el encausado sea aprehendido o se presentare voluntariamente, excepto en los procesos penales por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
Art. 234.- Suspensión y continuación.- Si fueren varios los encausados, y unos estuvieren prófugos y otros presentes, se suspenderá la sustanciación para los primeros y continuará respecto de los segundos.
15 CIDH, Informe No. 135/09, Petición 291-05, Jaime Salinas Sedó (Perú), 12 de noviembre de 2009; Informe No. 42/09, Petición 443-03, David José Ríos Martínez (Perú), 27 de marzo de 2009; Informe No. 87/05, Petición 4580/02, Ricardo Antonio Cisco Ferrer (Perú), 24 de octubre de 2005; Informe No. 73/99, Ejido "Ojo de Agua", Caso 11.701 (México), 4 de mayo de 1999; Informe No. 24/99, Caso 11.812, Ramón Hernández Berríos y otros (México), de 9 de marzo de 1999; e Informe No. 82/98, Caso 11.703, Gustavo Gómez López (Venezuela), 28 de septiembre de 1998, entre otros.

References: artículo 46
 artículo 251
 artículo 254
 resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 254
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 Artículo 254