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Timestamp: 2019-06-19 07:04:54+00:00

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Sinopsis artículo 161 - Constitución Española
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Sinopsis artículo 161
Concordancias: Artículos 9.1, 53, 162, 163, 164, 165.
En este artículo se enumeran las funciones del Tribunal Constitucional, sin llegar a agotarlas, desde el momento en que también se establece una cláusula residual que le otorga el conocimiento de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
El único precedente en nuestro derecho histórico es el artículo 121 de la Constitución de 1931 en el que se regulaban las atribuciones del Tribunal de Garantías Constitucionales estableciendo que tendría competencia para conocer de: a) el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, b) el recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades, c) los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las Regiones autónomas y los de éstas entre sí, y d) el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de República. En realidad esta norma era una recepción bastante temprana del fenómeno entonces en boga, y estudiado entre nosotros entre otros por Cruz Villalón, del establecimiento en Europa de instituciones dedicadas al control de constitucionalidad de las leyes, realidad ésta que tuvo su inicio con la asunción de dicha competencia por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir de la famosa decisión Marbury v. Madison (1803).
No es posible resumir, evidentemente, en pocas líneas la gran variedad y riqueza de soluciones que en el derecho comparado se dan en la actualidad respecto a la regulación de un fenómeno como el de los Tribunales Constitucionales bastante extendido a lo largo y ancho del planeta. En todo caso cabe resaltar que prácticamente siempre tienen atribuidos dichos órganos el control de la constitucionalidad de las leyes, como sucede, por poner ejemplos de nuestro contexto europeo, en Italia (art 134 de su Constitución), Alemania (art. 93 de la Ley Fundamental de Bonn) y Francia (art. 61 de la Constitución). Menos frecuente es su faceta de protector último de los derechos fundamentales mediante un recurso específico similar al del amparo en España, que no existe, por ejemplo, en Italia y en Francia, pero sí en Alemania (art 93 de la Ley Fundamental de Bonn). En los Estados compuestos cuenta con una gran tradición el que a estos Tribunales se les atribuyan las competencias necesarias para dirimir los conflictos entre los diferentes componentes de los mismos -Regiones, Estados federados- y el Estado central o de aquéllas entre sí (por ejemplo, arts. 134 Constitución italiana y 93 Ley Fundamental de Bonn.). Algunos Tribunales tienen atribuido, además, el llamado juicio político contra las altas autoridades del Estado (Italia) o la acusación contra los jueces (Alemania) y se dan casos en los que también se les conceden competencias para controlar la regularidad de procesos electorales (Francia).
En cuanto a las vicisitudes en la elaboración del precepto que analizamos, no demuestran cambios radicales desde el primer Anteproyecto Constitucional (BOC de 5 de enero de 1978), que ya contenía una lista de materias similar a la actual, si bien la misma fue objeto de diferentes precisiones terminológicas y de diversos cambios de detalle. La Comisión Mixta Congreso-Senado acabó puliendo definitivamente el texto, del que puede decirse que en sus decisiones fundamentales permaneció inalterado, aunque no conviene perder de vista la introducción en el Anexo al Informe de la Ponencia Constitucional (BOC de 17 de abril de 1978) del que ahora es su párrafo segundo.
Esta lista se ha sido modificada en tres ocasiones desde su redacción original. La primera, en relación con la supresión del recurso previo de inconstitucionalidad contra los proyectos de ley orgánica y de Estatutos de Autonomía que se produjo mediante la LO 4/1985, de 7 de junio; la segunda, con la introducción del conflicto en defensa de la autonomía local, mediante la LO 7/1999, de 21 de abril; finalmente, la tercera, con la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los Proyectos de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía o de su modificación, mediante la LO 12/2015, de 22 de septiembre.
Aunque pareciera razonable que fuera en la propia LOTC donde se recogieran todas las competencias del Tribunal Constitucional, lo cierto es que hay una pluralidad de leyes que o atribuyen nuevas competencias al Tribunal Constitucional o explicitan la posibilidad de interponer recursos de amparo. Estas leyes son las siguientes:
- LO 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, cuyo art. 8 dispone que los conflictos que se susciten sobre las competencias y atribuciones del mismo serán resueltos por el Tribunal Constitucional.
- LO 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa legislativa popular, cuyo art. 6 prevé un recurso de amparo contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de no admitir la proposición de ley presentada por la Comisión Promotora.
- LO 8/1984, de 26 de diciembre, por la que se regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se deroga el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, cuyo art. 1 prevé un recurso de amparo contra las resoluciones judiciales recaídas en los recurso interpuestos contra las decisiones del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia que, en la actualidad y habiendo desaparecido el servicio militar obligatorio ha perdido su virtualidad.
- LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuyos arts. 49.3, 49.4 y 114.2, regulan los recursos de amparo electorales.
- LO 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, en cuyo art. 20 se señala que contra las sentencias del Tribunal de Conflictos cabe recurso de amparo cuando proceda.
- LO 1/2010 de 19 de febrero, de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, que añade la Disposición Adicional Quinta de la propia LOTC para atribuir al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En cuanto al parámetro de control, ha sido el art. 28.1 LOTC, a través del denominado "bloque de la constitucionalidad", el que lo ha precisado: "Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades Autónomas, el Tribunal considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes Comunidades Autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas." Ahora bien, no es infrecuente que el propio Tribunal Constitucional haya añadido como parámetro de control de la constitucionalidad los reglamentos parlamentarios y, en determinada medida, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por España.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 48 LOTC, tras su reforma mediante LO 6/2007, el conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones. Todo ello salvo avocación al Pleno. Los plazos para interponerlos van desde los dos días (amparo electoral) a tres meses (amparo frente a actos de las Cámaras), pasando por los veinte días más habituales en los amparos frente a actos del Gobierno o del Poder Judicial. La fase de admisión de los mismos se ha convertido en un verdadero filtro que sólo superan un porcentaje pequeño de los presentados y en la que mediante Auto o providencia una Sección del Tribunal decide sumariamente sobre la concurrencia de los requisitos necesarios para que el amparo pueda prosperar. Uno de los requisitos más importantes, que intenta proteger el carácter subsidiario del recurso ante el Tribunal Constitucional, es del agotamiento de la vía judicial previa que, con la única excepción del amparo frente a actos parlamentarios, se exige ineludiblemente. También tiene especial importancia la potestad del Tribunal de suspender los efectos del acto recurrido, potestad que se usa con mucha prudencia para no lesionar los intereses de terceros y el bien jurídico de la firmeza de las resoluciones, sobre todo las judiciales.
Es importante destacar la modificación que la LO 6/2007 introdujo en el artículo 50 LOTC, en cuyo apartado 1 b), se establece un nuevo requisito para la admisibilidad del recurso de amparo: que "el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales." Con este nuevo requisito, el Tribunal cuenta con una posibilidad, semejante al writ of certiorari norteamericano, a la hora de determinar la admisión o no de los asuntos.
Los conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y entre éstas entre sí son una atribución lógica en un Tribunal Constitucional de un Estado compuesto, como es el español, y este órgano ha desarrollado una labor importantísima, a través de ellos, para ir perfilando las decisiones básicas del constituyente, de manera que no puede entenderse nuestro Estado autonómico sin tener presente la jurisprudencia constitucional en esta materias. El Tribunal aparece aquí como protector de la forma de Estado desde el punto de vista territorial y de la autonomía política de las Comunidades Autónomas.
La LOTC, haciendo uso de la delegación contenida en el art. 161.1 d) CE, atribuye al TC la resolución de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Se trata de defender atribuciones propias frente a su ejercicio por parte de otros órganos. Mediante esta competencia se intenta garantizar jurídicamente la división de poderes. De acuerdo con el art. 59.3 LOTC este conflicto puede oponer al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado, o el Consejo General del Poder Judicial, o a cualquiera de ellos entre sí. Además, hay que recordar que, como ya sabemos, la LO del Tribunal de Cuentas atribuye a éste la capacidad de plantear conflictos, lo que ha provocado muchas dudas en la doctrina. No caben los conflictos por omisión y las decisiones que pueden ser objeto de los mismos son en principio actos o normas con rango inferior a la ley. Es una función que no se usa muy habitualmente, pero que no por ello deja de gozar de una gran trascendencia. Hasta ahora ha habido dos Sentencias del TC resolviendo conflictos: la 45/1986, de 17 de abril, que se ocupó de una controversia entre el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso y el Senado; y la 234/2000, de 3 de octubre, en la que el TC dirimió un conflicto entre el Gobierno y el Senado. En el momento en que se escriben estas líneas, el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el conflicto planteado por el Congreso de los Diputados contra el Gobierno en relación con la posibilidad de controlar por parte del parlamento al Gobierno en funciones.
El control preventivo de constitucionalidad se limita en España, frente a lo que ocurre en otros países, como Francia, en los que no es la excepción sino la regla, al de los tratados internacionales, regulado en los arts. 95 CE y 78 LOTC. Estas fuentes se controlan así dada su especial posición en el sistema jurídico. Nos hallamos ante un supuesto de consulta vinculante en el que, a requerimiento del Gobierno o de las Cámaras, el TC formula una "Declaración", que no Sentencia, en la que decide sobre la compatibilidad del tratado en cuestión con la norma constitucional. Hasta ahora, este mecanismo solamente se ha usado en dos ocasiones, dando lugar a la Declaración del Tribunal de 1 de julio de 1992 sobre el Tratado de Unión Europea (Tratado de Maastricht), tras la cual se abordó la única reforma de la que ha sido objeto nuestra Constitución, y a la Declaración del Pleno del Tribunal Constitucional de 13 de diciembre de 2004, acerca de la constitucionalidad del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004.
Finalmente, como decíamos, una nueva competencia ha sido atribuida al Tribunal Constitucional cual es la introducida por la LO 1/2010 de 19 de febrero que añade la Disposición Adicional Quinta a su Ley Orgánica para atribuir al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos contra las Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Esta reforma fue recurrida a través de varios recursos de inconstitucionalidad y, finalmente, el Tribunal Constitucional ha declarado su constitucionalidad en la STC 118/2016.
En cuanto a la bibliografía cabe citar los trabajos de Aragón Reyes, Fernández Farreres, Garrido, Requejo, entre ogtros

References: artículo 161
 artículo 161
 artículo 161
 artículo 121
 artículo 45
 artículo 48
 artículo 50
 resolución