Source: https://www.slideshare.net/jorgeopiac/auto-005-09
Timestamp: 2018-01-18 20:54:27+00:00

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Auto 005 09
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1. Auto 005/09 Referencia: Protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSABogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil nueve (2009)La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por losMagistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y RodrigoEscobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, haadoptado la presente providencia con el objeto de proteger los derechosfundamentales de las comunidades afro colombianas afectadas por eldesplazamiento forzado interno, en el marco de la superación del estado decosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004, y después dehaber convocado una sesión de información técnica el día 18 de octubre de2007, con la participación de los voceros de las organizaciones y los líderes delas comunidades afro descendientes desplazadas.I. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES DELA PRESENTE DECISION1. La necesidad de un enfoque diferencial que reconozca la diversidad delos desplazados afrodescendientes1. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró laexistencia de un estado de cosas inconstitucional en materia dedesplazamiento forzado interno en el país, e impartió varias órdenes complejasencaminadas a asegurar su superación y a avanzar en la garantía del goceefectivo de los derechos de los desplazados.2. Al resaltar las falencias de la política para proteger los derechos de lapoblación desplazada en la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucionalseñaló, entre otros factores, que no habían sido “reglamentadas las políticasque faciliten el acceso a la oferta institucional a los grupos desplazados ensituación de mayor debilidad, tales como (…) los grupos étnicos (…).”Igualmente destacó que “los sistemas de registro no son sensibles a la
2. 2identificación de necesidades específicas de los desplazados que pertenecen agrupos bajo un mayor nivel de vulnerabilidad, tales como (…) los gruposétnicos.”3. En esa misma sentencia, la Corte Constitucional manifestó que, entérminos generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadaslas circunstancias que rodean el desplazamiento, “quedan expuestas a un nivelmucho mayor de vulnerabilidad1, que implica una violación grave, masiva ysistemática de sus derechos fundamentales2 y, por lo mismo, amerita elotorgamiento de una especial atención por las autoridades: ‘las personasdesplazadas por la violencia se encuentran en un estado de debilidad que loshace merecedores de un tratamiento especial por parte del Estado’3.”4. Más adelante, al identificar los derechos constitucionales fundamentalesespecíficos que resultaban vulnerados por las situaciones de desplazamientoforzado, la Corte señaló expresamente los derechos de los miembros de los“grupos especialmente protegidos ‘en razón de las precarias condiciones quedeben afrontar las personas que son obligadas a desplazarse’4”, entre loscuales se cuentan las minorías étnicas y, en particular, la población afrocolombiana.5. La Corte precisó que la interpretación de los derechos de los sujetos deespecial protección constitucional que forman parte de la población1 Los motivos y las manifestaciones de esta vulnerabilidad acentuada han sido caracterizados por la Cortedesde diversas perspectivas. Así, por ejemplo, en la sentencia T-602 de 2003 se precisaron los efectos nocivosde los reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno dentro de los que se destacan “(i) lapérdida de la tierra y de la vivienda, (ii) el desempleo, (iii) la pérdida del hogar, (iv) la marginación, (v) elincremento de la enfermedad y de la mortalidad, (vi) la inseguridad alimentaria, (vii) la pérdida del acceso ala propiedad entre comuneros, y (viii) la desarticulación social.”, así como el empobrecimiento y el deterioroacelerado de las condiciones de vida. Por otra parte, en la sentencia T-721 de 2003 (i) se señaló que lavulnerabilidad de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y (ii) se explicó el alcance de lasrepercusiones psicológicas que surte el desplazamiento y se subrayó la necesidad de incorporar unaperspectiva de género en el tratamiento de este problema.2 Ver, entre otras, las sentencias T-419 de 2003, SU-1150 de 2000.3 Corte Constitucional, Sentencia SU-1150 de 2000, MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta tutela seacumulan tres demandas. La primera corresponde a un grupo de desplazados por la violencia estabacompuesto por 26 familias que habían ocupado un predio de alto riesgo de propiedad de CORVIDE y queiban a ser desalojados por las autoridades municipales de Medellín, sin que se les hubiera ofrecido atenciónhumanitaria y sin que existiera un plan de atención a la población desplazada. El segundo grupo estabacompuesto por una familia de desplazados que solicitaba ayuda a las autoridades de Cali para tener acceso alos beneficios de vivienda que se otorgaban a personas ubicadas en zonas de alto riesgo, pero a quienes se lesnegaba dicho auxilio con el argumento de que no estaba diseñado para atender población desplazada que sólopodían recibir ayuda de carácter temporal. El tercer grupo, también unifamiliar, interpuso la acción de tutelacontra la Red de Solidaridad, pues a pesar de haber firmado un acuerdo de reubicación voluntaria y habersetrasladado al municipio de Guayabal, la Red no había cumplido con la ayuda acordada para adelantarproyectos productivos y para obtener una solución de vivienda definitiva. La ayuda pactada para el proyectoproductivo fue finalmente entregada al actor por orden del juez de tutela, pero la ayuda para vivienda no se ledio porque estaba sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos.4 Ver, por ejemplo, las sentencias T-215 de 2002, MP: Jaime Córdoba Triviño, en donde la Corte tutela losderechos de 14 menores de edad a quienes se les niega el cupo para estudiar en el Colegio Sol de Oriente de laComuna Centro Oriental de Medellín, por razones de edad, ausencia de cupos disponibles e imposibilidad deasumir los costos generados; T-419 de 2003, MP: Alfredo Beltrán Sierra, donde la Corte concede el amparode los derechos a dos mujeres cabeza de familia desplazadas y a sus hijos, a quienes en un caso, no se le habíadado la ayuda humanitaria a la que tenían derecho, y en el otro, la ayuda humanitaria recibida resultabaclaramente insuficiente dadas las urgentes necesidades de la familia.
3. 3desplazada se debe realizar con arreglo a los Principios Rectores delDesplazamiento Forzado Nos. 2, 4 y 9, relativos a la protección especial que elEstado debe dispensar a ciertos grupos de desplazados.6. No obstante, y sin desconocer los avances efectuados en general porentidades gubernamentales para proteger a los desplazados, esta indicaciónpor parte del juez constitucional no se ha traducido, a la fecha, en accionesintegrales, concretas y especialmente diferenciadas orientadas a resolver lasituación crítica que enfrenta la población afro descendiente y que, entérminos generales, ha limitado el goce y ejercicio efectivo de todos susderechos individuales y colectivos.7. Según se constató en el Auto 218 de 2006, y según lo han reconocidoposteriormente diversas autoridades gubernamentales ante la CorteConstitucional - en particular durante la audiencia pública realizada en 18 deoctubre de 2007 ante esta Corporación -, a pesar de los avances alcanzados enla política de atención a la población desplazada, esta no ha incorporado unenfoque diferencial que valore debidamente las necesidades especiales de losdesplazados afrodescendientes.2. Competencia de la Corte Constitucional para hacer el seguimiento alcumplimiento de la sentencia T-025 de 2004.8. De conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, “el juez (…)mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido elderecho o eliminadas las causas de la amenaza.”5 La Sala Segunda deRevisión de la Corte Constitucional, en el marco del proceso de seguimientoal cumplimiento de las órdenes impartidas en la sentencia T-025 de 2004,mantiene su competencia para verificar que las autoridades adopten lasmedidas necesarias para asegurar el goce efectivo de los derechosfundamentales de las personas desplazadas en el país.9. El presupuesto fáctico de la presente decisión es el impactodesproporcionado, en términos cuantitativos y cualitativos del desplazamientoforzado interno sobre las comunidades afrocolombianas y en la protección desus derechos individuales y colectivos. El presupuesto jurídico de estaprovidencia es el carácter de sujetos de protección constitucional reforzadaque tienen estas comunidades por mandato de la Constitución Política y de lasobligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de DerechosHumanos y Derecho Internacional Humanitario.II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, DE DERECHOSHUMANOS Y DE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO DELA PROTECCIÓN PRIORITARIA QUE DEBEN RECIBIR LAS5 Sobre la competencia de la Corte Constitucional para dictar autos que aseguren que el cumplimiento de loordenado en una sentencia de tutela, siempre que ello sea necesario, ver, entre otros, los Autos 010 y 045 de2004, MP: Rodrigo Escobar Gil. Ver también la sentencia T-086 de 2003, MP: Manuel José Cepeda Espinosa.
4. 4COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES Y SUS MIEMBROSCOMO SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN, EN EL MARCO DELA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCION AL DESPLAZAMIENTOFORZADO INTERNO10. El punto de partida y el fundamento común de la presente providenciaes el carácter de sujetos de especial protección constitucional que tienen lascomunidades afro descendientes. Esta condición de sujetos de especialprotección impone a las autoridades estatales a todo nivel, respecto de lapoblación afro colombiana víctima de desplazamiento forzado, especialesdeberes de prevención, atención y salvaguarda de sus derechos individuales ycolectivos, a cuyo cumplimiento deben prestar particular diligencia. Talcarácter de sujetos de especial protección constitucional justifica, como seindicó en la sentencia T-025 de 2004, la adopción de medidas dediferenciación positiva, que atiendan a sus condiciones de especialvulnerabilidad e indefensión y propendan, a través de un trato preferente, pormaterializar el goce efectivo de sus derechos.11. El carácter de sujetos de especial protección constitucional tiene sufundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversasobligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos yDerecho Internacional Humanitario, que hacen parte del bloque deconstitucionalidad en virtud de lo dispuesto por el artículo 93 constitucional,como se precisa brevemente a continuación.1. Mandatos constitucionales específicos.12. El artículo 2 de la Constitución Política dispone que entre los finesesenciales del Estado se incluyen los de “servir a la comunidad”, “garantizar laefectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en laConstitución”, y “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un ordenjusto”. Acto seguido dispone el mismo mandato constitucional que lasautoridades estatales han sido instituidas “para proteger a todas las personasresidentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demásderechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes socialesdel Estado y de los particulares”. Más adelante, el artículo 5º Superior ordenaque “el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de losderechos inalienables de la persona”.13. Por su parte, distintos artículos constitucionales enfatizan en el amparoreforzado del que deben gozar no sólo las personas afrodescendientes comoindividuos, sino las comunidades a las que pertenecen. Es decir, que deacuerdo con la Constitución, hay una protección especial tanto individual,como colectiva, en relación con los afrodescendientes.14. Por un lado, del artículo 1° y 7° se deriva el reconocimiento yprotección de la identidad e integridad cultural y social de estas comunidades.
5. 5En el artículo 1° se hace énfasis en el carácter pluralista del Estadocolombiano, y en el artículo 7° se dice expresamente que “El Estado reconocey protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” Por el otro,en virtud de los artículos 13 y 70 Superiores se reconoce el derecho a laigualdad y a la no discriminación de la que deben gozar las comunidadesafrodescendientes y sus miembros. Puntualmente, el artículo 13 establece que:“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la mismaprotección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo,raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política ofilosófica”, y obliga al Estado a promover las condiciones para que la igualdadsea real y efectiva, así como a adoptar “medidas en favor de gruposdiscriminados o marginados”. El artículo 70, por su parte, reconoce que “lacultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, yobliga al Estado colombiano a “reconocer la igualdad y dignidad de todas lasque conviven en el país”.15. Ahora bien, la Constitución hace referencia explicita a las comunidadesafrodescendientes, en el artículo 55 transitorio. En dicha disposición se ordenaal Congreso, expedir “una ley que les reconozca a las comunidades negras quehan venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríosde la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales deproducción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá dedemarcar la misma ley (…)” y que establezca “mecanismos para la protecciónde la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para elfomento de su desarrollo económico y social.” Precisa este artículo, en elparágrafo 1°, que lo dispuesto “podrá aplicarse a otras zonas del país quepresenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previosestudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista”.16. En desarrollo de este mandato constitucional se expidió la Ley 70 de1993, que contempla diferentes disposiciones en favor de las comunidadesnegras, las cuales se definen como aquellas conformadas por “el conjunto defamilias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia,comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro dela relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidadque las distinguen de otros grupos étnicos” (art. 2, numeral 5).17. Entre muchas otras garantías, en esta Ley se reconoce la propiedadcolectiva de las comunidades negras (arts. 3 a 18), se contemplan mecanismospara asegurar los usos sobre la tierra y la protección de los recursos naturalessobre las áreas a las que se refiere la Ley (arts 19 a 25), así como la proteccióny participación de las comunidades negras frente a la explotación yexpropiación de recursos naturales no renovables (art. 26 a 31).18. De igual forma, la Ley contempla diferentes mecanismos para eldesarrollo de la identidad cultural de dichas comunidades, entre otros, “el
6. 6derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiracionesetnoculturales (art. 32); la obligación del Estado de sancionar y evitar “todoacto de intimidación, segregación, discriminación o racismo contra lascomunidades negras (…)” (art. 33); la exigencia de que se adopten “medidasque permitan a las comunidades negras conocer sus derechos y obligaciones,especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades económicas, a laeducación y la salud, a los servicios sociales y a los derechos que surjan de laConstitución y las Leyes” (art. 37); el derecho de disponer de “medios deformación técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condicionesde igualdad con los demás ciudadanos”, los cuales “deberán basarse en elentorno económico, las condiciones sociales y culturales y las necesidadesconcretas de las comunidades negras” (art. 38); el deber del Estado de apoyar“mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos organizativosde las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar suidentidad cultural” (art. 41).2. La protección reforzada de las comunidades afro colombianas y de sus miembros en la jurisprudencia de la Corte Constitucional19. La Corte Constitucional en diversas decisiones ha garantizado losderechos de los afrocolombianos. Por un lado, ha insistido en que en virtud delderecho a la igualdad y el principio de no discriminación, las diferenciacionesfundadas en la identidad étnica o el origen racial, que generan una exclusión orestricción en el acceso a beneficios o servicios a las personas que lasostentan, se presumen inconstitucionales6. Por otro lado, ha insistido en quedada la situación de histórica marginalidad y segregación que han afrontadolos afrocolombianos, éstos deben gozar de una especial protección por partedel Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 superior.76 Por ejemplo, en la sentencia T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández, la Corte Constitucionalconcedió la tutela a una mujer a quien se le había negado el acceso a una discoteca por motivos raciales, yreiteró que la identidad étnica o el origen racial se entienden como “criterios sospechosos” de diferenciación.En la sentencia T-375 de 2006. MP. Marco Gerardo Monroy Cabra, la Corte protegió el derecho a la igualdady a la educación de una aspirante a ingresar al programa de medicina de una universidad, a la que le habíasido negado el ingreso por su condición de afrodescendiente. En dicha decisión, la Corte recordó que envirtud del Convenio 169 de la OIT, que hace parte del bloque de constitucionalidad, existe un mandato clarode promoción del acceso a la educación de los miembros de las comunidades afrodescendientes, que no puedeser negado ni obstaculizado, por parte de las autoridades encargadas de la ejecución de programas quedesarrollen los propósitos educativos enunciados. En igual sentido, y reiterando lo anterior, la Corte en lasentencia T-586 de 2007. MP. Nilson Pinilla Pinilla, concedió la tutela por violación al derecho a la igualdady a la educación de una mujer afrocolombiana que aspiraba a ser beneficiaria de un cupo para minoríasétnicas en la Universidad del Tolima, pero que le fue negado con el argumento de que en la ciudad de Ibaguéno existían comunidades afrocolombianas. Por su parte en la sentencia T-422 de 1996, MP. EduardoCifuentes Muñoz, la Corte garantizó el derecho a la igualdad de un hombre afrocolombiano, y de lacomunidad negra residente en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, ante la renuencia delDirector del Servicio Educativo Distrital de Santa Marta de designar un representante de la comunidad negraante la Junta Distrital de Educación del Distrito de Santa Marta, de conformidad con el artículo 160 de la Ley115 de 1995.7 Ver, entre otras, las sentencias T-1095 de 2005. MP. Clara Inés Vargas Hernández, C-169 de 2001. MP.Carlos Gaviria Díaz y T-422 de 1996. MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En esta última decisión, en relacióncon el tratamiento especial que se debe brindar a los afrocolombianos, la Corte expresó: “La diferenciaciónpositiva correspondería al reconocimiento de la situación de marginación social de la que ha sido víctima lapoblación negra y que ha repercutido negativamente en el acceso a las oportunidades de desarrolloeconómico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido persecuciones y tratamientosinjustos en el pasado que explican su postración actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear
7. 720. Así mismo, la jurisprudencia de la Corte ha reconocido en diversasoportunidades el carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianasy ha resaltado la importancia de tal reconocimiento para asegurar su“adecuada inserción en la vida política y económica del país”8 Ha precisadola Corte que la definición de los miembros de las comunidadesafrodescendientes, no puede fundarse exclusivamente en criterios tales comoel ‘color’ de la piel, o la ubicación de los miembros en un lugar específico delterritorio, sino en “(i) un elemento ‘objetivo’, a saber, la existencia de rasgosculturales y sociales compartidos por los miembros del grupo, que lesdiferencien de los demás sectores sociales, y (ii) un elemento "subjetivo", estoes, la existencia de una identidad grupal que lleve a los individuos a asumirsecomo miembros de la colectividad en cuestión.”921. En tanto grupo étnico, en la jurisprudencia constitucional se ha insistidoen que las comunidades afrocolombianas son titulares de derechosconstitucionales fundamentales a la propiedad colectiva de sus territoriosancestrales, al uso, conservación y administración de sus recursos naturales, ya la realización de la consulta previa en caso de medidas que les afectendirecta y específicamente.10 En este sentido la Corte ha adoptado importantesdecisiones para garantizar a las comunidades afrodescendientes sus derechosconstitucionales. Así, entre otras, en la sentencia C-461 de 200811 condicionóla exequibilidad de la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el PlanNacional de Desarrollo 2006-2010, al “entendido de que se suspenderá laejecución de cada uno de los proyectos, programas o presupuestosplurianuales incluidos en la misma que tengan la potencialidad de incidirdirecta y específicamente sobre pueblos indígenas o comunidades étnicasafrodescendientes, hasta tanto se realice en forma integral y completa laconsulta previa especifica exigida por el bloque de constitucionalidad, deconformidad con las pautas trazadas para ello por la jurisprudenciaconstitucional. En la sentencia C-030 de 200812 este Tribunal declaróinconstitucional la Ley 102 de 2006 “Por la cual se expide la ley forestal”,porque en la discusión y aprobación de la misma no se había consultadopreviamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a pesar de quenuevas condiciones de vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo mismo,adquiere legitimidad constitucional.”8 Sentencia C-169 de 2001. MP. Carlos Gaviria Díaz. En esta decisión la Corte revisó la constitucionalidaddel proyecto de ley estatutaria N° 25-S/99 y 217-C/99 “por la cual se reglamenta el artículo 176 de laConstitución Política, en relación con la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos,las minorías políticas y los colombianos residentes en el exterior”.9 Ver, entre otras, las sentencias C-169 de 2001, MP: Carlos Gaviria Díaz; T-586 de 2007. MP Nilson PinillaPinilla y T-375 de 2006. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.10 Sentencia C-461 de 2008. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. A este respecto, en la sentencia T-549 de2006. MP. Jaime Araujo Rentaría, puntualmente se expresó: “Por consiguiente, no cabe duda en relacióncon que las comunidades negras reconocidas y protegidas especialmente por el propio Constituyente en elartículo 176 de la Constitución Nacional, lo mismo que en la ley 70 de 1993, expedida en cumplimiento delmandato contenido en el artículo 55 transitorio de la Carta Política, son titulares calificadas de una serie dederechos fundamentales, derivados directamente de la obligación estatal de respetar y garantizar ladiversidad étnica y cultural de la Nación”.11 MP. Manuel José Cepeda Espinosa.12 MP. Rodrigo Escobar Gil.
8. 8sus disposiciones afectaban directamente a estas comunidades.13 En lasentencia T-955 de 200314 la Corte tuteló los derechos fundamentales a ladiversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a laparticipación y a la subsistencia de las comunidades afrocolombianas de laCuenca del Río Cacarica, amenazados por la indiscriminada explotación forestalen el territorio colectivo de los accionantes. Por su parte, en la sentencia T-574de 199615, la Corte concedió la tutela a los miembros de una comunidadafrocolombiana, dedicada al oficio de la pesca, frente a la contaminacióngenerada por vertimientos de petróleo en el mar. En dicha providencia la Corteinsistió en que la explotación de los recursos naturales no puede hacerse endesmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades afroe indígenas.3. Obligaciones internacionales a favor de las comunidades afrodescendientes y de sus miembros22. Los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia deDerecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario, también obligan a las autoridades a adoptar un enfoque deprevención del desplazamiento forzado que sea lo suficientementediferenciado y específico como para incidir sobre las causas de fondo de estefenómeno y su impacto desproporcionado sobre las comunidadesafrodescendientes y sus miembros.23. En relación con las obligaciones internacionales aplicables, seencuentran tratados generales, como i) la Declaración Universal de losDerechos Humanos que enfatiza en que toda persona tiene los derechos ylibertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza,color (…) origen nacional o social” (Art. 2), y “todos tienen derecho a igualprotección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contratoda provocación a tal discriminación” (Art. 7); ii) el Pacto Internacional deDerechos Económicos Sociales y Culturales, que entre otras disposiciones,establece que “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas olingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías elderecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo,a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y aemplear su propio idioma. (Art. 26) 16 y iii) la Convención Americana sobre13 A este respecto, señaló la Corte: “En este caso, no obstante el carácter general de la ley -no dirigida aregular especialmente, en aplicación del Convenio 169 de la OIT, la situación de las comunidades indígenasy tribales-, de su contenido material se deriva la posibilidad de una afectación específica a talescomunidades, como quiera que sus previsiones recaen sobre un objeto -el bosque- que tiene particularrelevancia para las mismas y guarda una íntima e indisoluble relación con su modo de vida.A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Corte que la materia propia de la Ley 1021 de 2006 essusceptible de afectar directa y específicamente a las comunidades indígenas y tribales y que, porconsiguiente, previamente a su expedición debió surtirse el trámite de la consulta con dichos pueblos, en lostérminos del literal a) del artículo 6º del convenio 169 de la OIT.”14 MP. Álvaro Tafur Galvis.15 MP. Alejandro Martínez Caballero.16 Así mismo dispone el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que “ la libertad, la justicia yla paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la
9. 9Derechos Humanos, que reitera la obligación de los Estados Partes decomprometerse “a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y agarantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a sujurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color (…), origennacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condiciónsocial” (Ar. 1.) y el derecho de toda persona, “ sin discriminación, a igualprotección de la ley” (Art. 24).24. De igual forma, dentro instrumentos internacionales aplicables, mereceser resaltado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales,que hace parte del bloque de constitucionalidad. Dicho Convenio estableceuna serie de garantías y derechos de los pueblos indígenas y tribales, al igualque distintas obligaciones de los Estados para asegurarlos. Entre otras,consagra que “la conciencia de su identidad tribal deberá considerarse uncriterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican lasdisposiciones del presente Convenio; (Art.1)”; instituye la obligación de losgobiernos de “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participaciónde los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras aproteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de suintegridad”, tomando medidas que: “a) que aseguren a los miembros dedichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades quela legislación nacional otorga a los demás miembros de la población; b) quepromuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos yculturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, suscostumbres y tradiciones, y sus instituciones; c) que ayuden a los miembros delos pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas (…)” (Art.2).25. De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, lasobligaciones internacionales adquiridas por Colombia en virtud del Convenio169 de la OIT deben interpretarse en consonancia con lo dispuesto en losartículos 6 y 7 del mismo, los cuales “enfatizan en la necesidad de que, parala aplicación de las disposiciones del Convenio, se asegure la participaciónde las comunidades, se establezcan mecanismos adecuados de consulta, seadelanten procesos de cooperación y se respete, en todo caso, el derecho deestos pueblos a ‘… decidir sus propias prioridades en lo que atañe al procesode desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias,instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan dealguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propiodesarrollo económico, social y cultural’.17familia humana y de sus derechos iguales e inalienables”, los cuales “se derivan de la dignidad inherente a lapersona humana” (Preámbulo); que los Estados Partes “se compromete a respetar y a garantizar a todos losindividuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en elpresente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (Art. 2) y que“todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origennacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menorrequiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”. (Art. 25).17 Convenio 169, artículo 7.
10. 1026. Sumado a esto, el Convenio establece otros deberes de los Gobiernosfrente a las comunidades tribales, entre otros los de: (i) “consultar a lospueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular através de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidaslegislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente (…)”;(ii) asegurar “los medios para el pleno desarrollo de las instituciones einiciativas de esos pueblos (…)”; (iii) brindar “protección contra la violaciónde sus derechos (…) (Ar.12); (iv)“respetar la importancia especial que paralas culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste surelación con las tierras o territorios” (…) (Art. 13) y que exige, entre otrasacciones, que los Gobiernos “tomen las medidas que sean necesarias paradeterminar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente ygarantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.”(Art. 14); (v) adoptar “medidas especiales para garantizar a los trabajadorespertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia decontratación y condiciones de empleo” (Art. 20); (vi) poner a disposición delos mismos medios de formación profesional que consulte a sus intereses (Art.21 y 22); (vii) garantizar el acceso a servicios de salud adecuados (Art. 24 y25); y (viii) asegurar el derecho a la educación (Art.. 26), en condiciones quepermitan responder a “sus necesidades particulares (…) abarcar su historia,sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demásaspiraciones sociales, económicas y culturales (Art. 27).27. Adicionalmente, el Convenio 169 de la OIT consagra una serie dedisposiciones para garantizar el respeto de los territorios de los pueblosindígenas y tribales, y establece que en caso de que estos excepcionalmentesean trasladados se deberán, siempre que sea posible, adoptar las medidas paraque estos pueblos puedan regresar a sus tierras tradicionales “en cuanto dejende existir la causa que motivaron sus traslado y reubicación” y si el retornono es factible, “dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles,tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a losde las tierras que ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a susnecesidades y garantizar su desarrollo futuro (…)” (Art. 16).28. En todo caso, las autoridades están en la obligación de desplegar lasacciones necesarias para impedir “que personas extrañas a esos pueblospuedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de sudesconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse lapropiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos” (Art. 17) ydeberán prever “sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada enlas tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismaspor personas ajenas a ellos” (Art. 18)29. De otra parte, el Derecho Internacional Humanitario, cobijadirectamente a los miembros de las comunidades afrodescendientes. Demanera general, impone una obligación internacional al Estado colombiano de
11. 11atender las necesidades especiales de las víctimas del conflicto. Así mismo,los miembros de las comunidades afrodescendientes quedan cobijadas bajodos de los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, asaber, a) el principio de distinción –que prohíbe, entre otras, dirigir ataquescontra la población civil, la prohibición de utilizar métodos de combate oarmas de efectos indiscriminados, así y los actos destinados a sembrar terrorentre la población civil, que usualmente preceden y causan el desplazamiento,y en otras oportunidades tienen lugar después de que el desplazamiento hatenido lugar-, y b) el principio de trato humanitario –que cobija a losafrodescendientes, en tanto varias garantías fundamentales les sondirectamente aplicables a la situación de riesgo que padecen en virtud delconflicto armado interno.1830. Por su parte, de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internosde las Naciones Unidas, las cuales se basan en disposiciones pertinentes delDerecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de losDerechos Humanos, merece resaltarse, en función de la protección de losmiembros de las comunidades afrodescendientes, el Principio 4 según elcual: “1) Estos Principios se aplicarán sin distinción alguna de raza, color,sexo, idioma, religión o creencia, opinión política o de cualquier otra índole,origen nacional, étnico o social, condición jurídica o social, edad,discapacidad, posición económica, nacimiento o cualquier otro criteriosimilar”; el Principio 6° que prohíbe los desplazamientos arbitrariosincluyendo aquéllos “a) basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica"o prácticas similares cuyo objeto o resultad sea la alteración de lacomposición étnica, religiosa o racial de la población afectada”; y elPrincipio 9, de conformidad con el cual “los Estados tienen la obligaciónespecífica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos depueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos queexperimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular aella.”31. En síntesis, conforme a los instrumentos internacionales reseñados esclaro que el Estado tiene unos compromisos y deberes especiales frente a lascomunidades afro colombianas, que lo obligan no sólo a evitar eventuales18 Entre ellas (i) la prohibición de la discriminación en la aplicación del Derecho Internacional Humanitario,(ii) la prohibición del homicidio, (iii) la prohibición de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos ydegradantes -que es en sí misma una norma de ius cogens-, (iv) la prohibición de los castigos corporales y lossuplicios -norma de ius cogens como tal-, (v) la prohibición de las mutilaciones, de las experimentacionesmédicas o científicas u otras actuaciones médicas no requeridas por la persona afectada y contrarias a lasnormas médicas generalmente aceptadas -la cual de por sí es una norma de ius cogens-, (vi) la prohibición deviolencia sexual, de la prostitución forzada y de los atentados contra el pudor; (vii) la prohibición de laesclavitud y de la trata de esclavos -norma con rango propio de ius cogens-, (viii) la prohibición del trabajoforzado no retribuido o abusivo, (ix) la prohibición de las desapariciones forzadas, (x) la prohibición de laprivación arbitraria de la libertad, (xi) la obligación de respetar las garantías judiciales esenciales y por losprincipios de legalidad de los delitos y de las penas y de responsabilidad penal individual, (xii) la prohibiciónde los castigos colectivos, (xiii) la prohibición absoluta de los crímenes de lesa humanidad cometidos en elcurso de un conflicto armado –norma igualmente revestida del carácter autónomo de ius cogens-, y (xiv) laprohibición de los actos de terrorismo. En términos generales, ver la sentencia C-291 de 2007 (MP. ManuelJosé Cepeda Espinosa).
12. 12discriminaciones, sino también a desarrollar acciones tendientes a garantizarque éstas comunidades y los individuos que las componen puedan gozar detodos los derechos constitucionales, individuales y colectivos, en igualdad decondiciones.III. CONOCIMIENTO ACTUAL SOBRE LA SITUACIÓN QUEENFRENTA LA POBLACIÓN AFRO COLOMBIANA DESPLAZADAY CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO DEL DESPLAZAMIENTOQUE LA AFECTASubregistro de la dimensión de la crisis humanitaria en el caso de lospueblos afro colombianos afectados por el desplazamiento forzado32. Existen numerosos cuestionamientos a las cifras oficiales sobre eldesplazamiento de la población afro colombiana por el alto subregistro que sepresenta en relación con esta población. Ello obedece a varias situacionesespecíficas: (i) esta población prefiere quedarse en su territorio como unaforma de resistencia al desplazamiento y al destierro; (ii) la existencia delfenómeno del confinamiento; y (iii) la ocurrencia de desplazamientos de cortaduración y de retornos sin condiciones de seguridad. Si bien estas situacionesfavorecen ese subregistro, los sistemas de información para la poblacióndesplazada también han fallado al incluir a los afrocolombianos comovíctimas de desplazamiento forzado,19 y por lo tanto, es muy difícil obtener unfiel relato de la magnitud del problema y de la crisis humanitaria que enfrentaesta población.2033. No obstante, las cifras del Registro Único de Población Desplazada(RUPD) de las Agencia Presidencial de Acción Social, muestran un aumentoen el número de afro colombianos desplazados cada año.21 Según estas cifrasen 2007 los afrocolombianos representaban 14% de la población desplazada,mientras que en el 2003 apenas alcanzaban el 6% de la población desplazadaregistrada.34. De acuerdo con el RUPD entre los años 1997 y 2007 se registró eldesplazamiento forzado de 140.26622 afro colombianos. En el Censo de 2005,4.311.757 personas de la población censada fueron reconocidas como afrocolombianas, es decir un 10% del total de población desplazada. Por su parte,en la II Encuesta Nacional de Verificación señala que el 16.6% de la19 Por ejemplo, hay solo una pregunta en el formulario de registro de Acción Social que tiene que ver conetnia y simplemente pregunta si la persona pertenece a una minoría étnica – sin dar la oportunidad paraestipular cual.20 Según los resultados del censo de 2005 efectuado por el DANE, si bien en todos los departamentos deColombia hay presencia de población afro colombiana, en los departamentos de San Andrés y Providencia,Bolívar, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, esa presencia es superior y oscila entre el 21 y el 74% de lapoblación; y en Nariño y Sucre, entre el 16 y el 20% de la población pertenece a dichas comunidades.http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/etnias.pdf21 Fecha de corte a 15 de diciembre de 2007.http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20nov%2030%20de%202007.htm22 Fecha a corte de diciembre de 2007.
13. 13población inscrita en el RUPD y el 17,8% de los no inscritos se reconocecomo afrocolombianos,23 lo cual muestra el mayor impacto deldesplazamiento sobre esta población.35. Según los registro oficiales, los departamentos más afectados por eldesplazamiento de los afro colombianos durante los años 1997 a 2007 fueronChocó, al presentar 24.127 desplazados, seguido de Valle de Cauca con22.119 desplazados, Nariño con 18.040, Antioquia con 14.142 y Bolívar con11.263. Del total de afro colombianos desplazados, 29.140 personas lohicieron en eventos de desplazamiento masivo y 111.126 lo hicieron de formaindividual.36. Existen estudios independientes que muestran una mayor magnitud deldesplazamiento de los afrocolombianos24 por ejemplo, AFRODES hizo unanálisis de las cifras del RUPD durante el período 1997-2007, con corte a 31de Septiembre del 2007, sobre los municipios de mayor significanciaafrocolombiana –esto es, municipios donde se encuentran los territoriosancestrales de comunidades negras en los que se han reconocido títuloscolectivos (50), municipios donde la población afro es mayoritaria (68), y losmunicipio con mayor concentración de población afrocolombiana de acuerdocon el censo de 2005 (100) - 294.842 personas fueron expulsadas de susterritorios colectivos, 416.566 de los municipios con población afromayoritaria, y 764.373 de los municipios de mayor concentración depoblación afro.25.Precariedad de la información para caracterizar a la población afrocolombiana afectada por el desplazamiento37. El gobierno no ha aportado información atinente a la caracterización dela población afrocolombiana desplazada. Sin embargo, organizaciones de lasociedad civil han elaborado estudios al respecto.38. La Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los PueblosAfro Colombianos – ECODESARROLLO - realizó una caracterización de lapoblación afrocolombiana desplazada.26 Este estudio hecho para el año 2005revela que el nivel de vida de los afrocolombianos se deterioró grandementedespués del desplazamiento.27 Antes del desplazamiento, el 60.1% teníavivienda propia y después del desplazamiento sólo era propietaria de su23 Comisión de Seguimiento, Séptimo Informe de Verificación sobre el Cumplimiento de Derechos de laPoblación en situación de desplazamiento, página 4024 AFRODES, CNOA, PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS - PCN y otras. Política pública conenfoque diferencial para la población afrocolombiana en situaciones de desplazamiento forzado oconfinamiento. Documento Marco. Julio 2008, pp.17-2825 AFRODES. Afrocolombianos en situación de desplazamiento forzado: análisis cuantitativos y cualitativos.Documento en elaboración. Bogotá, AFRODES, 2007.26 La muestra se aplicó en Bogota y en los departamentos de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre,Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle y Nariño en el 2005, entrevistando 17,043 personas.27 ECODESARROLLO. Caracterización de la población afrocolombiana desplazada lineamientos de políticade atención diferenciada. 2006, Bogota, D.C.
14. 14vivienda el 3.5%, mientras que el 33.1% vivía en arriendo. Antes, las“ocupaciones de hecho”, que se refieren a ocupación ilegal de predios, erandel 2.4 %, actualmente son del 10.6%. Además, antes del desplazamiento, el65.6% de la población afrocolombiana encuestada vivía principalmente encasa, el 19.2% en rancho o choza, el 1.9% en apartamento. Pero después deldesplazamiento, la población que vive principalmente en ranchos o chozas, esdel 33.4%, 32.7% en casas, 10.4% en piezas, 7.5% en cambuches y el 6.1%en apartamentos. Obviamente la calidad de la vivienda es mucho peor despuésdel desplazamiento. Tal como se señaló en el informe de caracterización,“estos datos muestran un cambio profundo en la tendencia de la vivienda, locual repercute indudablemente en la calidad de vida de los afro colombianosdesplazados”. La encuesta también demostró que 73.2% perdió sus bienes(casa, tierra, animales, maquinaria), el 74.2% su trabajo, el 58.6% sufrió algúntipo de lesión física, el 55.8% perdió a algún miembro del hogar, el 41.8% sevio separado de la familia.39. Antes del desplazamiento el 70.6% respondió tener trabajo, es decirproducía ingresos; el 60.1% tenía la vivienda totalmente pagada y en generalsus hijos e hijas estudiaban, lo que garantizaba una estabilidad física yemocional de la familia. Después del desplazamiento el 74.2% perdió eltrabajo y solo el 3.5% ha pagado totalmente la vivienda, manteniéndose en el3.2% las personas que trabajan. Usando estas cifras para medir calidad de vidaECODESARROLLO calculó que antes del desplazamiento 65.3% denecesidades hogareñas fueron satisfechas, mientras que después deldesplazamiento esta cifra bajo hasta el 38.8%, representando un 59% deterioroen la calidad de vida para los afro colombianos desplazados.2840. De acuerdo con el la II ENV 2008 realizada por la Comisión deSeguimiento, del total de personas de 12 años o más de edad, desplazadas eincluidas en el RUPD, un 46,4% se encontraba trabajando en la semanaanterior a la II ENV-2008, un 4,8% se declaraba como desocupada y un 48,6%como inactiva. Entre la población afrocolombiana, los niveles de actividad sonsimilares, cercanos al 51%, pero una mayor proporción se define comodesocupada. Esto es válido tanto para la población registrada como para la noregistrada.41. Según este informe de la Comisión de Seguimiento, se apreciandiferencias según género: la proporción de mujeres ocupadas es casi la mitadque la de los hombres, pero el desempleo no parece afectar particularmente alas mujeres como sucedía al analizar a toda la población desplazada. Los jefesde hogar tienen un mayor acceso al mercado laboral: 68.9% de los jefes de loshogares desplazados inscritos en el RUPD, declararon estar ocupados lasemana anterior a la II ENV-2008 (Cuando se analiza al conjunto de la PDregistrada este porcentaje es 72,2%).28 Ibíd., p.4.
15. 1542. Los porcentajes de ocupación para los cónyuges y para los otrosmiembros del hogar son, por supuesto, más bajas: 45% de los cónyuges y28,8% de lo otros miembros del hogar se encontraban ocupados entre lapoblación afrocolombiana RUPD. Comparado con el total de la poblaciónRUPD los cónyuges tienen, en los hogares afrocolombianos, una mayor tasade ocupación (42%) y los demás miembros del hogar una menor (31.4%).43. La inmensa mayoría de ocupados de la población desplazadaafrocolombiana inscrita en el RUPD o no inscrita, labora como trabajadorindependiente (60,5%) superando la proporción encontrada en el conjunto dehogares desplazados RUPD (55,4%). La proporción de empleados u obreros –de empresas privadas o del gobierno – (18,5%) es muy baja, mas baja que enel total de hogares RUPD que es 24%, en tanto que los trabajadoresdomésticos tienen una alta representación, 9,9% Esta estructura ocupacionalimpacta, como se verá más adelante, sobre los niveles de formalidad en elempleo, y los ingresos laborales de los trabajadores.44. Las diferencias de género son evidentes. Las mujeres ocupadas de lapoblación desplazada RUPD, son en su gran mayoría trabajadorasindependientes o empleadas domésticas, al punto que sólo algo más del 10%se desempeña como empleada y obrera, porcentaje bastante menor alencontrado para el total de desplazados RUPD.45. Para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD, se encuentraque 26% trabaja entre 40 y 48 horas por semana, es decir, en el rangoestipulado por el Código Sustantivo del Trabajo, proporción similar a la deltotal de trabajadores desplazados inscritos. Con jornadas inferiores a las 40horas se encontraba un 32% de los desplazados ocupados, mientras cerca del17% tenía jornadas superiores a 60 horas, cifra inferior al 20% encontradopara la población total desplazada RUPD.46. Existen diferencias por género: las mujeres tienden a tener jornadasmenos extensas que la legal en mayor proporción que los hombres (41% de lasmujeres trabajan menos de 40 horas por semana frente al 23% en el caso delos hombres). Esto puede indicar la mayor precariedad del empleo femenino.Los hombres, por su parte, realizan en un 20% de los casos, jornadasextenuantes, superiores a las 60 horas semanales.47. Las diferencias son marcadas entre trabajadores asalariados (obreros oempleados particulares o del gobierno y jornaleros y peones) y lostrabajadores independientes para la población desplazada afrocolombianainscrita en el RUPD. La jornada legal se cumple para un 31% de lostrabajadores asalariados y sólo en un 23,6% para los independientes. Ladistribución de la jornada de estos últimos ilustra las condiciones devulnerabilidad de los trabajadores.
16. 1648. El porcentaje de trabajadores desplazados afrocolombianos ocupadosque trabajan como empleados, obreros o jornaleros, con contrato laboralescrito a término indefinido es más bajo (6%) que para la poblacióndesplazada total (6,9%). Un 6,4% entre los afrocolombianos inscritos en elRUPD tiene contrato escrito a término fijo, y un 8,8% entre los no inscritos,cifras que son superiores a la de la población desplazada en general.49. Para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD, el porcentaje deobreros, empleados o jornaleros que no tienen afiliación a ninguno de los tresriesgos, salud, vejez y accidente o enfermedad profesional es de 82,4%, másalto para las mujeres (88,3%) que para los hombres (82,4%). Estos porcentajesson más altos que para el conjunto de la población desplazada RUPD: paratotal, 80,6%, para hombres, 79,3% y 82,7% para mujeres. La situación de losdesplazados afrocolombianos, a este respecto, es, entonces más precaria quepara el total de desplazados. La situación de los ocupados como obreros yempleados de la poblacion desplazada afrocolombiana no inscrita en el RUPDes mejor que la inscrita, principalmente por el mayor nivel de afiliación a unaEPS.50. Por tamaño de empresa y como consecuencia de la alta proporión detrabajadores independientes, se encuentra que más de la mitad de losocupados afrocolombianos inscritos en el RUPD trabaja solo y apenas menosde 10% trabaja en empresas de más de 10 trabajadores. La proporción demujeres que trabaja sola (76,7%) es muy superior a la de los hombres (41,1%),denotando el alto grado de informalidad y aislamiento laboral, proporción quees más elevada en el caso de las mujeres ocupadas deplazadas no inscritas enel RUPD, como se observa en el Cuadro 55.51. El sitio de trabajo más frecuente para la población ocupadaafrocolombiana inscrita en el RUPD marca clara diferencias de género. Paralos hombres, el sitio más frecuente es el campo, área rural, mar o río que sepresenta en 31.0% de los casos (más alto que en la población RUPD total,27,4% de los casos). Le siguen la calle, kiosco o caseta (en el 16,1%% de loscasos, sitio de trabajo de los trabajadores ambulantes, las obras enconstrucción, con 18,7%% (superior al 15,2% de la población RUPD total) yel local de la empresa o patrono en13.6% de los casos (era de 17,3% eneltotal). Las mujeres, por su parte, trabajan principalmente en viviendasdiferentes a la que habitan (43,6%), lo cual no es de extrañar dado el alto pesodel trabajo como empleado doméstico, seguida por la propia vivienda (19,7%)(donde se desarrollan gran parte de las actividades informales, pequeñosnegocios, pequeñas empresas).52. Solamente el 11.4% de la población afrocolombiana inscrita en elRUPD percibe un salario mínimo mensual o más y 21,8% menos de un cuartode salario mínimo. Este porcentaje es claramente más alto entre los hombres(14,9%) que entre las mujeres (5,3%), mostrando la mayor vulnerabilidad deestas últimas en el mercado laboral.
17. 1753. Cuando se analiza la información por posición ocupacional, seencuentra que entre los asalariados (obreros, empleados y jornaleros) de lapoblación inscrita en el RUPD, el 17% alcanza o supera el salario mínimo,mientras que entre los trabajadores independientes sólo lo logra el 6,4%. Parala población afrocolombiana estos porcentajes sólo alcanzan 12,8% en el casode asalariados y del 6,5% de independientes.54. La situación mejora levemente cuando se consideran los ingresostotales29: el porcentaje de ocupados afrocolombianos que tiene un ingresomensual superior o igual al salario mínimo mensual llega hasta un 12,8%(para el total de trabajadores desplazados inscritos en el RUPD). Laproporción de hombres que iguala o supera el salario mínimo es del 20,6%(más elevado que para el total de desplazados hombres) y la de mujeres el7,9%, para el mismo grupo de población desplazada55. De los hogares inscritos en el RUPD, 96,5% se encuentra bajo la líneade pobreza y 78,4% bajo la línea de indigencia. Para los hogaresafrocolombianos no inscritos los niveles llegan a 97,8% en pobreza y 79.9%en indigencia. Cuando se mide por ingresos laborales, se destaca un menornivel de hogares en indigencia en los hogares afrocolombianos. Cuando seconsideran no solo los ingresos laborales, sino todos los ingresos del hogar, lasituación es menos crítica. Aún así, 96,1% de los hogares afrocolombianosRUPD y 97,5% de los no inscritos están en situación de pobreza. 76% en lapoblación RUPD y 78,5% en la no RUPD en situación de indigencia.Particularidades del desplazamiento, el confinamiento y la resistencia delos pueblos afrocolombianos56. La dimensión del desplazamiento forzado para las comunidadesafrocolombianas ha tenido una manifestación diferente que trasciende ladefinición adoptada en la Ley 387 de 1997, ya que, dada la estrecha relaciónque establecen las comunidades afro descendientes con sus territorios,predominan formas de desplazamientos intraurbanos e intraveredales de cortaduración que rara vez son registrados, y es frecuente la ocurrencia defenómenos de resistencia y confinamiento.57. Varios de los informes presentados a la Corte Constitucional dan cuentade estos fenómenos ocasionados por la persistencia de la violencia en laszonas habitadas por la población afrocolombiana. Para citar tan solo unejemplo, en el informe realizado por la organización Proceso de ComunidadesNegras - PCN en el año 2007 sobre la situación del conflicto urbano en29 Los ingresos totales incluyen además de los ingresos laborales, los siguientes. Para los asalariados,subsidios de alimentación, transporte y familiar; alimentos, transporte o vivienda recibidos como parte depago por el trabajo. Y para todos los ocupados, ingresos recibidos por otros trabajos o negocios realizadosademás de la actividad principal; los ingresos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, cesantías,intereses a las cesantía, cuotas alimentarias, arriendo de propiedades y los recibidos como ayudas en dineropor parte de personas u hogares
18. 18Buenaventura, se hace una relación de algunas de las característicasprincipales de ese enfrentamiento. De acuerdo con el informe, ladesmovilización de las estructuras paramilitares que ejercían dominio enBuenaventura comenzó en 2004, pero tal desmovilización no se llevó a caboíntegramente ni acabó completamente con la presencia paramilitar en la zona,por lo que integrantes de tales grupos continúan amenazando a la población.30Por otra parte, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianasresaltó en el informe remitido a la Corte Constitucional el 13 de septiembre de2007, que en la zona hay intensos enfrentamientos entre los gruposparamilitares y las milicias urbanas de las FARC.3158. Según el representante de las comunidades afro de Buenaventura, “lamayor parte de los barrios de Buenaventura están en zonas de estero y deampliación portuaria. El conflicto comunitario se presenta en los barrios deestas zonas y genera desplazamientos interbarriales que no son registrados.Los habitantes están aterrorizados por la situación urbana, salen de losbarrios en los que van a construir el complejo portuario y pesquero. Por lotanto no creen que el conflicto sea exclusivamente por el control de las rutasdel narcotráfico.”32 En la zona urbana de Buenaventura, la situación en cifrases expresada de la siguiente manera: “[e]n el 2006 fueron asesinadas 485personas. El puerto fue la ciudad más violenta del país, con una tasa de 138homicidios por cada cien mil habitantes. También se presentaron 38atentados terroristas. Cerca de tres mil hombres de la Policía y la Infanteríavigilan la ciudad. (…) Las autoridades calculan que el 40% de los homicidiosse originan en vendettas entre narcotraficantes, el 25% en el conflictoarmado, 7% en venganzas personales, 6% en la delincuencia común y el 1%en operativos de la Fuerza Pública. El 10% restante está por establecer”.33Las víctimas son personas conocidas y próximas a los habitantes de lacomunidad. Dice el informe que “[a]hora, en la ciudad, no hay nadie que noconozca una víctima de la guerra. En dos años, allí han asesinado 797personas, en la misma cantidad de muertes que dejaría la caída de cuatroBoeings con el cupo completo. (…) Ahora, al caminar por Buenaventura, elrastro de la guerra está por ahí, en cualquier parte. Todos conocen a unavíctima, un herido, una viuda, un huérfano, un policía mutilado, un negociocerrado, un sufrimiento inconcluso”.3459. En las zonas rurales de Buenaventura, la realización de fumigaciones yla ocurrencia de masacres han generado desplazamientos hacia el interior del30 Proceso de Comunidades Negras, PCN. La situación de los afrocolombianos: Síntesis del Informe a laComisión Interamericana de Derechos Humanos, marzo 200631 ACNUR, AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Lineamiento para la construcción de unapolítica pública de atención diferenciadas a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento yconfinamiento, Documento Borrador, Bogotá, Julio de 2007, pp. 25-2632 Sesión técnica del 18 de octubre de 2007. En esta misma sesión el representante de ASCOBA solicitó lainstalación de una comisión de justicia, verdad, retorno y reparación para víctimas de esta situación. Comisiónnacional de seguimiento para hacer efectivas las decisiones que se adopten, y para no repetición de estoscrímenes de lesa humanidad.33 Proceso de Comunidades Negras - PCN, Informe sobre la situación de violencia en Buenaventura, 2007.34 Proceso de Comunidades Negras - PCN, Informe sobre la situación de violencia en Buenaventura, 2007.
19. 19país. En la zona rural, el informe del Proceso de Comunidades Negras - PCNexpone que en 2006 bajó el número de ataques de grupos paramilitares, peroaumentaron las operaciones del ejército contra las FARC y el ELN, todo locual “causó restricciones del flujo de alimentos por parte de las FARC a lapoblación y la suspensión de toda actividad productiva, por temor de servíctima de aquel fuego cruzado”.3560. Según el informe anual de la Oficina en Colombia de la AltaComisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2006,“persiste la vulnerabilidad de las personas desplazadas y de muchascomunidades en riesgo de ataques o desplazamiento, así como de las que seencuentran bloqueadas (…) Los grupos étnicos, en particular (…) losafrocolombianas, han padecido ejecuciones extrajudiciales y homicidios,amenazas, detenciones arbitrarias y actos de violencia sexual atribuidos a losgrupos armados ilegales y, en ocasiones, a miembros de la Fuerza Pública.”36Esta preocupación fue reiterada en el informe de 2007, en los siguientestérminos: “[los] grupos étnicos, en particular la población (…) afrocolombianas, enfrentan una situación de alta vulnerabilidad por el conflicto armado interno. Se atribuyen a las FARC-EP, a grupos paramilitares y a paramilitares desmovilizados, casos de homicidios en persona protegida, amenazas, estigmatizaciones, desplazamiento forzado, toma de rehenes, reclutamiento forzado, ataques contra la población civil, restricciones al paso de alimentos, medicamentos, combustible y personas, y accidente y muertes a causa de minas antipersonal. Por su parte, a la fuerza pública se han atribuido casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y señalamientos contra miembros de comunidades (…) afrodescendientes, acusándolos de ser miembros de la guerrilla. Se registraron denuncias según las cuales la fuerza pública impuso restricciones a la circulación de bienes y personas y ocupó bienes civiles como casas y escuelas.”3761. Los anteriores párrafos evidencian la gravedad de la situación queenfrentan las comunidades afrocolombianas y las particularidades deldesplazamiento que los afecta: (i) los altísimos índices de la violencia rural yurbana asociada a una lucha por el control territorial, (ii) la persistencia delconflicto armado en los territorios ancestrales que habitan losafrocolombianos; (ii) el apego de la población afrocolombiana a sus35 “Informe situación Buenaventura. Comportamiento del conflicto en Buenaventura”, PROCESO DECOMUNIDADES NEGRAS - PCN, 2007. En términos comparativos, las cifras que propone el informe sonlas siguientes: “Realizando un análisis comparativo, se puede plantear que la tendencia de asesinatos ymasacres en los años 2004 y 2005, disminuyeron, aunque manteniéndose por encima de los cuatrocientos. Enel año de 2006, se volvió a disparar, y muestra una tabla en la cual aparece que en los años 2000 a 2006, sepresentaron en orden cronológico las siguientes cantidades de asesinatos: 559, 534, 455, 467, 428, 443 y 592,respectivamente.36 Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Oficina en Colombia de la AltaComisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006 E/CN.4/2006/9, 20 enero de 2006, Párr.84.37 Informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, Oficina en Colombia de la AltaComisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, IV período de sesiones, Tema 2 del programaprovisional, A/HRC/4/48, 5 marzo de 2007, Anexo 2, Párr. 11.
20. 20territorios, lo cual genera una mayor resistencia a la expulsión, confinamiento,y desplazamientos intraurbanos o de corta duración que no son registrados.62. Según la II ENV 2008 realizada por la Comisión de Seguimiento, el16,6% de la población desplazada se reconoce como tal, con porcentajes quevan del 16,1% para el grupo de desplazados inscritos en el RUPD al 17,8%para los no inscritos. Comparando estas cifras con los resultados del Censo de2005, señalarían que cerca de la mitad de la población afrocolombiana ha sidoafectada por el desplazamiento forzado interno.63. El 84,7% de los grupos familiares afrocolombianos incluidos en elRUPD ha sufrido un desplazamiento. 13,7% ha sufrido dos desplazamiento y1,6% tres o más. En promedio, este grupo de población ha sufrido 1,2desplazamientos. Comparados con con el conjunto de la poblacion desplazadaincluida en el RUPD, los grupos afrocolombianos han tenido másdesplazamientos, ya el 86,2% se ha desplazado una vez, el 12% dos veces y el1,8% tres veces o más.64. El periodo 2000-2002 registra los más altos niveles de expulsión depoblación en general, al concentrar 44,8% del total de grupos familiaresdesplazados incluidos en el RUPD (para el total dedesplazados RUPD elporcentaje era 43,9%). Sin embargo, el período 2003-2008, registra 38.8% delos desplazamientos para la población afrocolombiana inscrita en el RUPD y54,8% para la no inscrita. Buena parte de estos desplazamientos, para lapoblación no inscrita se dieron en 2008, lo cual puede estar mostrandoproblemas con el registro de la población en el RUPD65. Entre los motivos que causaron el desplazamiento de los gruposfamiliares incluidos en RUPD, sobresalen las amenazas directas como laprincipal causa, llegando a abarcar el 37,2% de los desplazamientos (la cifraes 43,7% para el total de desplazados RUPD), seguidos por los asesinatosfamiliares (12,4% para afro, 11,0% para total), las masacres (11,9 para afro,11,7% para total), los combates (11,7 para afro 10,5%) para total, losasesinatos de vecinos o amigos (8,7% para afro, 7,4% para total), lasamenazas indirectas (8,7% para afro, 6,5% para total) y el asesinato de vecinosy amigos (9,3% para afro, 7,4% para total) . De manera que losafrocolombianos han sufrido en mayor proporción las causas más violentas dedesplazamiento. El patrón observado para el total de desplazados RUPD por elcual las amenazas directas como principal motivo de desplazamiento durantetodo el periodo analizado, aumentan su incidencia en los últimos años, semantiene para la población afrocolombiana y llega a ser la causa principal en42,8% de los casos en el período2005 en adelante. Entre la poblaciónafrocolombiana desplazada no inscrita enel RUPD sobre sale el peso de losCombates, como causa de desplazamiento.66. A la pregunta ¿a quién atribuye su primer desplazamiento?, el 39% delos grupos familiares desplazados de afrocolombianos incluidos en el RUPD
21. 21señalaron a los grupos paramilitares (el porcentaje para la poblacióndesplazada RUPD Total fue 32,6%; el 18,9% a la guerrilla de las FARC(24,8%, para el total RUPD); el 14,6% a un grupo guerrillero no identificado(similar al total RUPD), 11,8% no saben y el 12% a la acción de más de unactor. De manera que los grupos familiares desplazados de afrocolombianosidentifican en mayor proporción a los grupos paramilitares como presuntosautores del desplazamiento. Hasta 2004, estos grupos eran responsablespresuntos de más del 40% del desplazamiento de afrocolombianos, tanto enlos hogares que hoy están inscritos en el RUPD como en los que no estáninscritos. De 2005 en adelante, continúan siendo el principal actor, pero suimportancia baja, al tiempo que aumenta la de la guerrilla de las FARC, que seconvierte en el presunto causante principal entre los grupos familiares noinscritos en el RUPD.IV. FACTORES TRANSVERSALES QUE INCIDEN EN ELDESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA: LAEXCLUSIÓN ESTRUCTURAL, LAS PRESIONES GENERADAS PORPROCESOS MINEROS Y AGRICOLAS Y LA DEFICIENTEPROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS TERRITORIOS COLECTIVOSDE LOS AFROCOLOMBIANOS67. En la documentación remitida a la Corte Constitucional por las distintasorganizaciones que participaron en la sesión del 18 de octubre de 2007, seresaltan tres factores transversales que contribuyen a que la poblaciónafrodescendiente sea una de las más afectadas por el fenómeno deldesplazamiento forzado. Estos factores son (i) una exclusión estructural de lapoblación afrocolombiana que la coloca en situación de mayor marginación yvulnerabilidad; (ii) la existencia de procesos mineros y agrícolas en ciertasregiones que impone fuertes tensiones sobre sus territorios ancestrales y queha favorecido su despojo;38 y (iii) la deficiente protección jurídica einstitucional de los territorios colectivos de los afro colombianos, lo cual haestimulado la presencia de actores armados que amenazan a la poblaciónafrodescendiente para abandonar sus territorios.68. El primer factor transversal se observa en los mayores niveles depobreza e inequidad en los departamentos y municipios con alta poblaciónafrocolombiana. De conformidad con el Censo General 2005 la poblaciónafrocolombiana es uno de los sectores sociales con mayor vulnerabilidad en elpaís: el 80% con necesidades básicas insatisfechas, el 60% en situación depobreza crítica y la esperanza de vida es solo de 55 años.38 Ver entre otros, AFRODES, CNOA y otros. Insumos para Política Pública de prevención y atención aldesplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana; Planeta Paz (2004) Ponencia“Economías extractivas, Inequidad y exclusión”. En foro sobre el Pacifico, Cali. Citado en PCN, 2007;ACNUR, AFRODES y Conferencia Nacional Afrocolombiana. Lineamientos para la construcción de unapolítica pública de atención diferenciadas a la población afrocolombiana en situación de desplazamiento yconfinamiento, Documento Borrador, Bogotá, Julio de 2007, pp. 25-26
22. 2269. El documento CONPES 3310 de 2004 sobre acción afirmativa para lapoblación afrocolombiana mostró que el 79 % de los municipios con unapoblación de alta porcentaje afrocolombiana sufren los más bajos niveles dedesarrollo: De acuerdo a los resultados de la ECV [Encuesta de Calidad de Vida] el total de la población afrocolombiana es de 3.448.389 que representa el 8% del total de población del país. Está concentrada principalmente en la región Pacífica con un 41%, seguido por el Valle con el 28%, Atlántica con un 22%, y 1% en San Andrés y Providencia. Con respecto a la participación de la población afrocolombiana de cada región, en San Andrés representa el 47%, Pacífica 40%, Valle 22% y Atlántica 8% (…).72% de la población afrocolombiana se encuentra en los niveles 1 y 2 del SISBEN en contraste con el 54% en el resto del país (…). En materia de educación, la población afrocolombiana se encuentra en situación de desventaja en secundaria debido a que la cobertura para afro colombianos es de 62%, frente al 75% para el resto. A su vez, solamente el 14% de los afro colombianos ingresan a la educación superior, porcentaje inferior al de la población no afro (26%). Comparado a escala regional, la menor tasa de cobertura en secundaria y en superior la presenta la región Pacífica (…). En materia de Salud la situación para la población afro es más crítica que la del resto de población, presentando mayores porcentajes de población no asegurada (51% afrocolombiana versus 35% resto), y menor población afiliada al régimen subsidiado y contributivo con un 21% y un 25% para la población afrocolombiana, respectivamente, frente a un 23% y 36% del resto de la población (…), sin embargo, la focalización de los subsidios ha favorecido a la población afro dado que la población afro afiliada a los niveles 1 y 2 de SISBEN asciende a 10.9%, siendo superior a la población no afro que corresponde al 8.2%. En lo que corresponde a vivienda propia se evidencia que los afro colombianos tienen tasas de vivienda propia mayores que los no afro, 62% y de 55%, respectivamente. Sin embargo, al estudiar las características de las viviendas propias de los afro colombianos, se encontró que éstas tienen materiales de paredes y pisos más precarios y están ubicadas en estratos más bajos. (…) Los 68 municipios con población mayoritariamente afrocolombiana de acuerdo con el DANE, cuentan con un total de 1.957.077 personas lo cual representa el 4.3% de la población total del país. Así mismo, cuentan con un alto porcentaje de ruralidad; mientras en el total nacional la población rural representa el 28%, en estos municipios alcanza el 52%. En el sector educación, en términos comparativos, por cada 10 mil habitantes existen en el país 1.749 niños matriculados, mientras que en los municipios con población negra o afrocolombiana dicha cifra alcanza los 2.465 niños matriculados. (…) En el sector agua potable y saneamiento básico los resultados en coberturas urbanas de acueducto y alcantarillado señalan un mínimo avance en el mejoramiento de las mismas. En el comparativo con el promedio nacional se
23. 23observa un importante rezago de los municipios con población negra oafrocolombiana que presentan diferencias en materia de cobertura en el año 2001de aproximadamente el 22% y el 35% en acueducto y alcantarilladorespectivamente.(…)El índice de desarrollo municipal, establece que el indicador de desarrollopromedio de los 67 municipios con población negra o afrocolombiana para 2002se situó en 30.6, el cual es inferior al promedio nacional en 7.5 puntos. A su vez,los promedios de los indicadores sociales y financieros de estos 67 municipiosson inferiores al promedio del país, evidenciando mayor pobreza y necesidadessociales. El porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas en lascabeceras de estos 67 municipios, es superior en 19 puntos porcentuales alpromedio de los 1098 municipios del país, el cual se ubica en 40%. A su vez, lascoberturas en los servicios básicos domiciliarios son menores a las coberturasnacionales y el recaudo tributario por habitante es en promedio la mitad delrecaudo por habitante nacional. Estas cifras reflejan las menores condicionessociales y económicas de estos municipios de población negra.El menor indicador de desarrollo representa altos niveles de población connecesidades básicas insatisfechas, bajas coberturas en servicios públicosdomiciliarios, tasas de analfabetismos superiores al promedio nacional, bajosniveles de tributación por habitante y alta dependencia financiera de lastransferencias, entre otros aspectos. Sin embargo, existen diferencias dedesarrollo, según el grupo del cual se esté hablando. En efecto, el 79% de losmunicipios con población negra o afrocolombiana están en los grupos dedesarrollo más bajo, es decir niveles 1, 2 y 3. Para estos municipios, el indicadorpromedio de desarrollo oscila entre 22 y 34 puntos, el cual es muy inferior al deotros municipios que tienen mejores condiciones sociales y financieras, talescomo Tauramena (Casanare), Castilla la Nueva (Meta), Sabaneta, Envigado(Antioquia), Tocancipá (Cundinamarca), Yumbo (Valle), Aguazul (Casanare) yotras 20 ciudades grandes, cuyos indicadores se encuentran entre 60 y 70 puntos.A su vez, para los municipios con población negra o afrocolombiana de losgrupos 1, 2 y 3, el porcentaje de población promedio en NBI para las cabecerasvaría entre 85 y 47%, mientras que para el resto de grupos de municipios, elporcentaje de población pobre por NBI oscila entre el 38 y 30%. Ello significaque a medida que se acerca al nivel de desarrollo más alto existe menospoblación con necesidades básicas insatisfechas.Para el caso rural, la pobreza medida por el NBI es más alta para todos losmunicipios con población negra o afrocolombiana, pero más crítica en losmunicipios ubicados en los grupos 1, 2 y 3, que son la mayoría. En conclusión,las cifras evidencian que la población afrocolombiana de 15. Para este caso, setomó la información correspondiente a 67 municipios (sin contar Belén deBajirá), agrupados según el indicador de desarrollo. Cabe precisar que ningunode estos 67 municipios se encuentra en los grupos siete u ocho 29 las zonasrurales es mucho más pobre que la que habita en las zonas urbanas, conpromedios de NBI inferiores al promedio nacional, el cual, como se mencionóanteriormente, es alrededor del 40%.En relación con el problema de hacinamiento, los datos confirman que para losgrupos 1, 2, y 3, de los municipios con población negra o afrocolombianahabitan en un cuarto dos personas, mientras que para los demás municipios el
24. 24 promedio está por debajo de 2. Estos valores están cercanos al promedio nacional. De otro lado, el promedio de analfabetismo en los municipios de población negra alcanza el 23.4%, es decir, 7 puntos por encima del promedio nacional. A su vez, para los grupos 1 a 3 de población afrocolombiana, la tasa de analfabetismo se encuentra entre 33% 20%, muy superior al de los municipios de categorías de mayor desarrollo (11%). En cuanto a las finanzas públicas locales, la inversión municipal por persona en los municipios del grupo 1 es $117 mil, es decir, entre 1.3 y 1.6 veces más alta que la inversión por habitante del resto de municipios de población negra o afrocolombiana. Sin embargo, para el agregado de los 57 municipios, el recaudo por habitante es apenas la mitad del recaudo nacional, lo cual refleja menores condiciones económicas y financieras de estos municipios. ║ Tanto los municipios de población negra o afrocolombiana del grupo 1 como los de los grupos 2 y 3 evidencian mayor dependencia de las transferencias nacionales, lo cual se expresa en que en promedio por cada $100 que perciben en total estos municipios, entre $85 y $67 son recursos del Sistema General de Participaciones, de manera que la importancia de las rentas propias para financiar el desarrollo es mínima y en la mayoría de los casos inferior al promedio nacional (67%). En efecto, la tributación municipal por habitante de los municipios del grupo 1 es casi $14500, es decir, apenas una sexta parte de la tributación de los municipios del grupo 6 y apenas el 40% del promedio 39 nacional.70. En relación con el segundo factor transversal, en el documento enviadoa la Corte Constitucional por CODHES, AFRODES y otras organizaciones depoblación afrocolombiana, así como en las intervenciones realizadas porvarios representantes de las comunidades afro que participaron en la sesióntécnica del 18 de octubre de 2007,40 se resalta como uno de los factores que hacontribuido a aumentar la violencia contra el pueblo afro colombiano en suterritorio, las presiones legales e ilegales para promover patrones de desarrolloimpulsados por la visión de productividad que caracteriza en las regionescorrespondientes al modelo económico mayoritario y desconoce modelos deproducción propios de las comunidades afrocolombianas, que favorecen elautoabastecimiento y promueven la protección de la diversidad cultural ybiológica de sus territorios.4139 CONPES 3310. Política de Acción Afirmativa Para la Población Negra o Afrocolombiana. Bogota,CONPES, 2004.40 Así lo sostuvieron por ejemplo los representantes legales del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, deASCOBA y de COCOMACIA durante la sesión técnica del 18 de octubre de 2007.41 CODHES, CNOA, AFRODES, ASOMUJER, TRABAJO PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS -PCN, CIMARRON y COOPDICON. “Insumos para Política Pública de prevención y atención aldesplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008 dice: “Las causasdel destierro de los afrocolombianos son mucho más profundas que el conflicto armado y el conflicto por losrecursos; las raíces del desplazamiento están basadas en las políticas de desarrollo del Estado, laglobalización y el desconocimiento y desaparición de las visiones alternativas de desarrollo que existen en elpaís.[Por ejemplo] bajo la nueva Ley de Desarrollo Rural estas costumbres no son vistas como legítimasporque no son productivas. La Ley de Desarrollo Rural da derechos iguales a los proyectos de desarrollocomo a los derechos territoriales de los afrocolombianos e indígenas – por lo tanto facilitando el ingreso demegaproyectos como el cultivo de palma africana -, creando como consecuencia desplazamiento y otrasviolaciones de los derechos de estas comunidades.”
25. 2571. Como consecuencia de ello, según los intervinientes ha aumentado lapresencia de megaproyectos agrícolas (monocultivos) o de explotación mineraen zonas históricamente habitadas por la población afrocolombiana y sobreterritorios ancestrales. Esta situación ha favorecido la venta de prediosubicados en zonas que aún no han sido objeto de titulación colectiva y conello, el surgimiento de las amenazas por la presencia de actores armados queintimidan a la población afro con el fin de que abandonen sus territorios,42 locual ha dado lugar a la dinámica de desplazamiento, confinamiento yresistencia que enfrenta la población afro colombiana.43 A esta presión, sesuma la ejercida por la economía del narcotráfico, que tiene una estrecharelación con las actividades y enfrentamientos entre grupos armados ilegaleslo que ha provocado una dinámica en los territorios afrocolombianos a travésde la cual se generan desplazamientos y confinamientos, particularmente en elPacífico colombiano.4442 En el documento “Plan de Acción en el marco de la situación de Crisis por la que atraviesan,” elaboradopor COCOMACIA y remitido a la Corte Constitucional con ocasión de la sesión técnica sobre desplazamientode la población afrocolombiana dice lo siguiente: “Las comunidades Afrocolombianas en el Medio Atrato“En los últimos años, los municipios de esta región han sufrido intensamente los efectos del escalonamiento yla degradación del conflicto armado. Los grupos armados ilegales que operan en la región se han enfrentadopor el control del territorio y por supuesto del río Atrato, importante vía de comunicación entre el Chocó yAntioquia, por donde se moviliza la población y se transportan los productos. Por su localización estratégica,el río facilita además el tráfico de armas y de drogas para financiar la guerra. ║ A la situación generada porla agudización del conflicto en el Medio Atrato en los últimos años, se suman antiguos problemasestructurales relacionados con la ausencia del Estado que se hace evidente en la falta de servicios públicos,atención en salud, educación, vivienda y transporte para la población. La falta de respaldo a lascomunidades que resisten en su territorio, así como a aquellas que retornan o intentan estabilizarse en lazona, la falta de apoyo en todos estos procesos, tanto en lo político, como en el control de los gruposarmados ilegales por parte de la fuerza pública, ha permitido que se vulneren los derechos de lascomunidades. ║ Una de las consecuencias del recrudecimiento y la degradación del conflicto armado desde1997, ha sido el desplazamiento forzado de muchas comunidades del Medio Atrato, entre las que seencuentran: Las Mercedes, las comunidades del río Munguidó, las ocho comunidades de Neguá en elMunicipio de Quibdó, Mesopotamia, la Isla de los Palacios, Pueblo Nuevo, San Martín, la comunidad deCarrillo y las comunidades del río Bojayá, en el Municipio de Bojayá y las comunidades del río Buey y lascomunidades de Bebará en el Municipio del Medio Atrato. ║ La presencia guerrillera y paramilitar en laszonas, y comunidades ha generado el señalamiento de sus habitantes como colaboradores o simpatizantes dealguno de los grupos armados, razón por lo cual en los últimos años, muchas personas han sido asesinadas uobligadas a desplazarse, por el sólo hecho de proceder del lugar donde predomina alguno de éstos grupos.”43 Según el análisis de las cifras del Sistema de Información de Población Desplazada de la Subdirección deAcción Social realizado por AFRODES, el fenómeno del desplazamiento que afecta a la población afro se daprincipalmente en los territorios de titulación colectiva.44 A la presión del narcotráfico se suman los graves efectos que tienen las fumigaciones sobre los territoriosde las comunidades afrocolombianas. En Satinga, Nariño, por ejemplo los Consejos Comunitarios hanadvertido repetitivamente sobre el impacto de las fumigaciones en La Tola, Iscuandé Mosquera y Satingasobre los cultivos de pancoger, pero dicen no haber recibido ayuda del Estado para enfrentar los problemasalimenticios que están sufriendo. Otro ejemplo claro del grave impacto de las fumigaciones es en El Charco.El desplazamiento masivo en El Charco en marzo 2007 es de 1.730 familias (más de 8.500 personas). Estas sedesplazaron ante la avanzada del Batallón de la Infantería de Marina No. 10 con el objetivo de recuperar losterritorios que habían sido tomados por el Frente 29 de las FARC. Antes del desplazamiento hubo tresfumigaciones en la región, destruyendo todos los cultivos de las comunidades y causando aun másdesplazamiento por la falta de comida. Además, esto agravó la situación para la gente que decidió quedarse ensu territorio en resistencia, porque sus cultivos fueron destruidos y no recibieron ayuda de emergencia delEstado, y los diferentes grupos armados no permitieron subir comida de otras organizaciones a estascomunidades. También, hubo otras fumigaciones después del desplazamiento y cuando la gente regresó a suterritorio no tenía comida para sostenerse. Además, algunas personas fueron hospitalizadas por lasfumigaciones. OCHA y Consejo Noruego para Refugiados. Situación de la Población AfrocolombianaDesplazada del Litoral Pacífico. El Caso del Municipio de El Charco- Nariño
26. 2672. En Tumaco, por ejemplo, grupos locales de derechos humanosinformaron sobre la presencia de largo tiempo de grupos de seguridad privadaque han sido usados para presionar a la gente a vender o salir de su tierra parafavorecer la expansión de la industria de la palma aceitera. Durante la sesióntécnica del 18 de octubre de 2007, un líder afrocolombiano de la regiónmanifestó lo siguiente: “Los grupos armados al margen de la ley amenazan ala gente, dándoles solamente tres días para salir de su territorio – es unaapropiación a la fuerza, aun si les pagan, todavía es desplazamiento porqueno les dan opción.”45 Los miembros de la comunidad que no venden suterritorio han sido objeto de amenazas constantes y se les ha negado suacceso al río o a la calle. Muchas veces estas personas no habían sidoreconocidas como desplazados por Acción Social porque vendieron su tierra– aunque lo hicieron, según afirman, contra su voluntad y a precios muybajos. “Entre 1992 y 2004 cinco líderes afrocolombianos que estabanluchando por los derechos territoriales fueron asesinados y muchos otrosfueron desplazados. El martes 24 de Junio de 2008 Felipe Landazury, elSecretario del Consejo Comunitario de Bajo Mira y Frontera, fue asesinadopor los paramilitares. Esta comunidad se ha opuesto al cultivo de coca ypalma africana en su territorio.”4673. Según el documento presentado por AFRODES y otras organizacionesde población afrocolombiana el INCODER reconoció que “en la actualidadvarias empresas palmeras están trabajando ilegalmente en el territorio tituladode los afrocolombianos en Tumaco: (i) Palmeiras S.A. y Palmas OleaginosasSalamanca estuvieron trabajando ilegalmente en entre 800 y 1.500 hectáreasdel territorio titulado al Consejo Comunitario de Alta Mira y Frontera; (iii)Palmas Oleaginosas Salamanca y Palmas de Tumaco han expandido susplantaciones de palma sin consulta en la tierra colectiva del ConsejoComunitario del Bajo Mira y Frontera; (iii) Astorga esta trabajando sinpermiso en el territorio colectivo del Consejo Comunitario del Río Rosario.”47A pesar de esto, no se han adoptado medidas efectivas para la restitución delos territorios colectivos.74. En el mismo informe se señala que en Guapi, Cauca, “se presenta otroejemplo de clara violación de la Ley 70 de 1993 que prohíbe a personas queno forman parte de la comunidad afrocolombiana adquirir tierra que estétitulada y que establece que las tierras de los grupos étnicos son inalienables,imprescriptibles e inembargables. La empresa privada Salamanca estállevando a cabo un proyecto de palma en el Consejo Comunitario de BajoGuapi. Según se denunció en la sesión técnica del 18 de octubre de 2007, losmiembros de la Junta Directiva del Consejo fueron corrompidos y por lo tanto45 Sesión técnica del 18 de octubre de 2007, Intervención del Representante de la Mesa Municipal dePoblación Desplazada de Tumaco.46 CODHES, CNOA, AFRODES, ASOMUJER, Proceso de Comunidades Negras - PCN, CIMARRON yCOOPDICON. “Insumos para Política Pública de prevención y atención al desplazamiento forzado yconfinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 2347 CODHES, CNOA, AFRODES y otros, “Insumos para Política Pública de prevención y atención aldesplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, páginas 23-24
27. 27firmaron el acuerdo con la empresa para hacer un proyecto de palma demodelo de alianza estratégica sin haber hecho una consulta previa real con lacomunidad. Este acuerdo permite cultivar palma africana en 15,000 hectáreasdel territorio del Consejo y el contrato da el usufructo de esta tierra a laempresa por un tiempo de hasta 30 años.” 4875. En el Informe de la Procuraduría, se señala que el representante delConsejo Mayor de la Cuenca de Cacarica firmó con una empresa privada doscontratos de alianza estratégica por 50 años para la siembra de frutas yhortalizas sobre territorios colectivos, que no fueron consultados con lacomunidad.4976. Según AFRODES, la expansión de la actividad de las empresas minerastambién han causado desplazamiento entre los afrocolombianos e impactadonegativamente la forma de vida de los mineros artesanales. “La SociedadKhedada esta abriendo una mina de oro en el Sur de Bolívar en losMunicipios de Santa Rosa del Sur y Simití sin haber hecho una consultaprevia con estas comunidades. La gente que se opone a éste proyecto ha sidoamenazada y se ha denunciado que las Águilas Negras tienen alta presenciaen el área y que la seguridad para las comunidades es muy precaria, ypodrían llegar a haber masacres y desplazamientos masivos.” 5077. En el Informe de AFRODES sobre la situación de Buenaventura,presentado el 18 de octubre de 2007 ante la Corte Constitucional, el gobiernomunicipal sin consultar a la comunidad afrocolombiana “está planificando laimplementación de varios megaproyectos que tendrán un fuerte impacto enlas comunidades de afro de esta ciudad, causando aún mas desarraigo. Laszonas que han sido designadas para megaproyectos son actualmente las másconflictivas, por ejemplo, los barrios de bajamar Viento Libre, Lleras yAlfonso López han sido designados para la creación de un malecónturístico.51 La Pastoral Afrocolombiana afirmó que “el objetivo de la violenciaes sacar a la gente de su tierra, y por lo tanto, crear un espacio para losmegaproyectos. La gente que vive en Bajamar lleva alrededor de 300 añosallá, pero a pesar de esto el gobierno no la ha consultado sobre los planesque tiene para demoler las casas para crear el malecón turístico. La genteteme que se les traslade, lo que va a cambiar su vida completamente, porqueviven del mar, son pescadores artesanales. Además en este momento sus casasson grandes, para acomodar las familias numerosas que tienen y temen deque este no sea el caso si los trasladan.”5248 Ibídem49 Informe de la PGN “sobre la atención diferenciada a que tienen derecho las comunidades afro desplazadas”,p. 450 CODHES, CNOA, AFRODES y otros, “Insumos para Política Pública de prevención y atención aldesplazamiento forzado y confinamiento de la Población Afrocolombiana” Agosto de 2008, página 2551 AFRODES, Informe “Situación Buenaventura. Comportamiento del conflicto en Buenaventura”, 18 deoctubre de 200752 Informe para la Corte Constitucional, agosto de 2007
28. 2878. Según la intervención del representante de ASCOBA durante la sesióntécnica del 18 de octubre de 2007, en la zona del Bajo Atrato (Carmen delDarién, Belén de Bajirá y Riosucio) “hay más de 5200 personas desplazadas,más de 1500 familias, en total condición de abandono por las entidadesestatales competentes. Los desplazamientos se presentan desde el año 1996por incursiones de las AUC y presencia de las FARC. En 1996, sedesplazaron más de 15000 personas a Pajarando, Turbo - Urabá Antioqueñoy a otras ciudades. Se hizo una concertación con el Estado en el año 2000como resultado de la cual se llevó a cabo un proceso de retorno coordinadopor Comunidades de Paz. Sin embargo, al regresar las comunidadesencontraron sus poblados destruidos, y sus territorios ocupados porposeedores de mala fe y sembrados de palma. A raíz de esa situación ha sidoasesinados 25 líderes de comunidades afrocolombianas. A pesar de tratarsede comunidades desplazadas hace más de 13 años, todavía no hay unaestrategia de retorno o reubicación que les permita reactivar su vidaeconómica, social y cultural. Pareciera que la política para la zona es nopermitir el retorno, para evitar que ejerzan autonomía y control territorial através de los consejos comunitarios, para implementar macabramenteproyecto de palma aceitera.”79. En cuanto al tercer factor, a pesar de que los territorios étnicos tienen elcarácter de inembargables, imprescriptibles e inalienables, estas garantíasconstitucionales no han sido aplicadas adecuadamente para impedir lasviolaciones de los derechos de las comunidades afrocolombianas, lo cual hafacilitado las ventas ilegales y el despojo de territorios colectivos y laexpulsión de territorios ancestrales que están en proceso de titulacióncolectiva. Tampoco se han implementado instrumentos específicosencaminados a la efectiva restitución material y a garantizar el goce efectivode los derechos territoriales de esos grupos vulnerables, ni se han destinadorecursos suficientes para el saneamiento y delimitación de esos territorios.80. En general, las comunidades afro colombianas que participaron en lasesión técnica del 18 de octubre de 2007, señalaron de manera reiterada que (i)la formulación de políticas y la intervención institucional a favor de losafrocolombianos hasta ahora no han tenido en cuenta sus particularidadesculturales y por el contrario han contribuido a procesos de negación y pérdidade la identidad cultural; (ii) no existe voluntad política del Estado y susinstituciones para el respeto de los derechos adquiridos de las comunidadesafrocolombianas; (iii) hay una ausencia de mecanismos que sirvan real yefectivamente para la protección de sus derechos colectivos; y (iv) lascomunidades afro colombianas hasta ahora han sido excluidas y/o subrepresentadas en los procesos de toma de decisiones, ocasionando la violaciónsistemática de su derecho a participar.81. En el Informe de ACNUR de 2007, se señaló lo siguiente en relacióncon esta problemática:
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References: artículo 27
 artículo 93
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 70
 artículo 55
 artículo 13
 artículo 160
 artículo 176
 artículo 55
 artículo 6
 artículo 7