Source: https://issuu.com/amnistiainternacionalargentina/docs/tortura
Timestamp: 2018-02-17 23:52:24+00:00

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Tortura by Amnistía Internacional Argentina - issuu
CAMPAÑA CONTRA LA TORTURA “Cada vez que se tortura atrasamos 200 años”
Tortura 2013 - AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional es un movimiento integrado por activistas de todo el mundo que trabajan en favor de los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno, ideología política y credo religioso. No apoya ni se opone a ningún gobierno o sistema político, ni tampoco apoya ni se opone a las opiniones de las víctimas cuyos derechos intenta proteger. Su único interés es la protección imparcial de los derechos humanos. Amnistía Internacional realiza labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra el derecho a la integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expresión y a no sufrir discriminación. En este contexto, Amnistía Internacional: •	Trabaja para obtener la libertad de los presos de conciencia, de las personas que han sido privadas de su libertad a causa de sus convicciones políticas, religiosas o por cualquier otro motivo de conciencia, o en razón de su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento u otras circunstancias, y que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso; •
Trabaja para garantizar el derecho de acceso a la justicia a todas las personas;
•	Trabaja para que los Estados cumplan con el deber de debida diligencia –prevenir, investigar, sancionar y reparar– a favor de las víctimas por violaciones a los derechos humanos; •	Trabaja para lograr que se lleve ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos; •
Trabaja para que se cumpla con el deber de juzgar con prontitud e imparcialidad;
•	Trabaja para desterrar la pena de muerte, la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el mundo; •	Se opone a los abusos cometidos por agentes no estatales en el caso de que los Estados hayan incumplido su deber de garantizar la protección efectiva; •	Presta ayuda a los solicitantes de asilo que corren el riesgo de ser devueltos a un país en el que pudieran estar expuestos a sufrir abusos graves contra sus derechos humanos; •	trabaja para que se protejan y garanticen los derechos económicos, sociales y culturales: derecho a la educación, salud, alimentación, vivienda, etc. •	Trabaja para proteger y garantizar los derechos de grupos vulnerables como pueblos originarios, migrantes, LGTB, mujeres, entre otros. •	Trabaja por la igualdad y no discriminación en cualquiera de sus formas. Amnistía Internacional también actúa: •	Colaborando con otras organizaciones no gubernamentales, las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales regionales; •	Procurando que se garantice el control sobre las relaciones internacionales militares, de seguridad y policiales con el fin de impedir abusos contra los derechos humanos; •
Organizando programas de educación y sensibilización en derechos humanos.
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II. LA TORTURA EN EL MUNDO
En el clima político actual, la tortura es ahora practicada con mayor asiduidad por gobiernos que niegan hacerlo, pero que a la par esgrimen una narrativa sobre la seguridad nacional y la “amenaza del terror”, real o percibida, para socavar los derechos humanos y justificar la expansión del poder del Estado, creando condiciones que permiten que la tortura se practique. Desde sus comienzos, Amnistía Internacional ha trabajado para desterrar y eliminar la tortura en el mundo. A través de sus 5 Campañas Globales (en 1972, 1984, 2000, 2004 y 2013) Amnistía ha ido combatiendo las múltiples manifestaciones de la tortura a lo largo de la historia. Cada una de estas campañas ha reflejado los motivos de preocupación del momento: la aprobación de una convención contra la tortura, la tortura de presos de conciencia, la “guerra contra el terror”, y el abuso de la seguridad nacional como justificación de la tortura, respectivamente. Por medio de estas campañas, Amnistía Internacional comienza a ser percibido como un líder internacional que se moviliza de manera persistente para poner fin a los abusos contra los derechos humanos, incluida la tortura. En 2013 Amnistía lanza una nueva Campaña a través de la cual se propone concientizar acerca de que vivimos en un mundo en el que hay gobiernos que torturan. La tortura es hoy tan brutal y deshumanizadora como lo ha sido siempre. Los gobiernos siguen torturando en nombre de la seguridad nacional, de la justicia, para intentar acallar la disidencia y reprimir libertades fundamentales. En 2012, 112 paises torturaron a sus ciudadanos. La propuesta de campaña “No más gobiernos que torturan” cambia de contexto –de la lucha antiterrorista a la seguridad nacional– para reflejar la realidad mundial actual. Mientras que el paradigma de la “guerra contra el terror” ya está en gran medida superado, los gobiernos siguen utilizando la seguridad nacional como excusa para abusar de su poder y limitar los derechos humanos. El uso de la tortura por un Estado contra su población simboliza este abuso. La lucha para poner fin a la tortura no ha terminado; en los dos últimos años se han recibido frecuentes informes de tortura de personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión a través de protestas legítimas y pacíficas. La tortura sigue envileciendo a personas de todo el mundo y los gobiernos siguen negando su uso. Vuelve a ser necesario sacar a la luz la tortura y hacer campaña para acabar con su uso.
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III. LA EVOLUCIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO III.1. La lucha por la prohibición absoluta de la tortura. Primer campaña de AI contra la Tortura (1972) Durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron grandes abusos de poder por parte del Estado, que se cometieron contra personas privadas de libertad y recluidas por agentes estatales. Los instrumentos internacionales de derechos humanos elaborados tras la guerra fueron concebidos para prevenir tales abusos, estableciendo obligaciones y prohibiciones absolutas, creando salvaguardias y disponiendo el derecho a un recurso efectivo. En la década de los sesenta y a principios de los setenta, como organización creada para luchar en favor de los presos de conciencia, Amnistía Internacional fue haciéndose cada vez más consciente del problema de la tortura, gracias a la información que recibía de presos y otras fuentes en distintas partes del mundo. El 10 de Diciembre de 1972, Día de los Derechos Humanos (el día fijado por la ONU para conmemorar la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos), Amnistía Internacional lanzó su primera campaña internacional contra la Tortura. Su informe sobre la tortura (Report on Torture), publicado al año siguiente, contenía información sobre torturas y malos tratos en más de 70 países y territorios durante el entre 1970 y mediados de 1973. Estaba claro que numerosos Estados estaban infringiendo abiertamente la prohibición de la tortura que habían defendido en 1948. Las víctimas cuyos casos se describían en el documento Report on Torture eran fundamentalmente presos a los que el Estado había privado de libertad por razones políticas; las torturas que habían sufrido constituían un método de represión política. En este contexto, Amnistía Internacional celebra en París su conferencia mundial en favor de la abolición de la tortura. En la conferencia se formulan numerosas recomendaciones y propuestas de acción para el futuro. La ONU aprueba por unanimidad una resolución que denuncia formalmente la tortura, inspirada en las ideas de Amnistía Internacional. Tras la información llegó la acción. En 1975, la Asamblea General de la ONU adoptó sin votación la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Declaración contra la Tortura), que establecía medidas detalladas que los gobiernos debían adoptar para impedir la tortura. Posteriormente se adoptaron instrumentos de la ONU que se ocupaban de la prohibición de la tortura en relación con las profesiones médica y policial1. En 1981, la Asamblea General creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, un fondo internacional para proporcionar asistencia humanitaria a las víctimas de tortura y a sus familias.
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III. LA EVOLUCIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO En los años posteriores nuevas organizaciones se suman al trabajo de lucha contra la tortura y Amnistía Internacional crea una Red de Acción Urgente en la que participaron miembros de todo el mundo para hacer llamamientos inmediatos en favor de personas que corrían peligro de ser torturadas2. Con los años, el concepto de tortura y malos tratos se fue ampliando y redefiniendo. Por ejemplo, las condiciones de detención, si eran lo suficientemente malas, podían constituir trato cruel, inhumano o degradante. En el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) se reconoció la experimentación médica o científica sin consentimiento como una forma de tortura o maltrato. El castigo corporal también se incluyó en esta prohibición, de conformidad con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU . En el año 1978, Amnistía Internacional es galardonada con el Premio de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus “extraordinarias aportaciones en el campo de los derechos humanos”. Un año después, en 1979 comienza el trabajo de Amnistía Internacional contra los homicidios políticos. La organización publica una primera lista de 2.665 casos de personas desaparecidas en Argentina tras el golpe militar de Jorge Rafael Videla. Es la primera vez que Amnistía Internacional trabaja sobre tantos casos en un solo país.
III.2. Una Convención contra la Tortura. Segunda campaña de AI contra la Tortura (1984) En los años ochenta, en diversos países se produjo un debilitamiento de los regímenes represivos y la sustitución de dictaduras militares por gobiernos civiles elegidos, a lo cual siguió el fin de la Guerra Fría. Al disminuir el uso de la tortura contra los presos políticos, diversos grupos de derechos humanos comenzaron a prestar más atención a las torturas y los malos tratos que sufrían presuntos delincuentes comunes y miembros de otros grupos. Al mismo tiempo se reconoció la importancia de la relación entre tortura y discriminación -discriminación contra las mujeres, los pobres, los grupos étnicos, raciales o de otro tipo, discriminación basada en la identidad sexual- y la necesidad de proporcionar protección especial a los grupos afectados, como los niños. Pese a las iniciativas y las conquistas, la tortura siguió existiendo. En 1984, Amnistía Internacional lanzó su segunda campaña contra la tortura con la publicación de “Tortura. Informe de Amnistía Internacional”, en el que se documentaban o se hacía referencia a informes de torturas y malos tratos en 98 países durante el periodo comprendido entre 1980 y mediados de 1983. De la divulgación y la denuncia, la campaña pasó a centrarse en la prevención.
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III. LA EVOLUCIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO Durante la campaña, Amnistía Internacional instó a los gobiernos a que aprobasen una convención contra la tortura y creasen un mecanismo de la ONU para intervenir en casos urgentes de tortura. El 10 de diciembre de 1984, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Convención contra la Tortura), tratado internacional que obliga a los Estados Partes a tomar medidas concretas para impedir e investigar los casos de tortura y establece la jurisdicción universal para el procesamiento de los presuntos torturadores. La Convención también prevé la creación de un Comité contra la Tortura para supervisar la aplicación de sus disposiciones. En 1985, la ONU decidió nombrar un Relator especial sobre la cuestión de la tortura; en la actualidad, el trabajo de este relator incluye el envío de llamamientos urgentes a gobiernos de países en los que, según la información recibida, hay alguien que corre peligro de sufrir torturas. Con el fin de la Guerra Fría aparecieron nuevos informes sobre el uso de la tortura contra civiles en conflictos armados: la violación de mujeres y niñas en la ex Yugoslavia, la amputación de miembros del cuerpo humano en Sierra Leona y otras atrocidades en distintos lugares. A menudo, los responsables no eran fuerzas gubernamentales, sino miembros de grupos de oposición o bandos no estatales de conflictos armados. Durante los años siguientes, la ONU aprobó numerosos instrumentos nuevos relativos a la prevención de la tortura y la creación de condiciones de detención humanas. Uno de los más importantes fue el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (Conjunto de Principios sobre Detención), que la Asamblea General aprobó en 1988. Otras novedades importantes fueron la creación de Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia, además de la creación, en 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que prevé el procesamiento penal internacional de las personas acusadas de actos constitutivos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, incluida la tortura (véase el capítulo 7). A nivel interamericano, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada por la Organización de los Estados Americanos en 1985, establece un sistema de jurisdicción universal en el continente americano. El Comité de Derechos Humanos afirmó en 1992 que la prohibición de la tortura y los malos tratos en virtud del artículo 7 del PIDCP «protege, en particular, a los niños, a los alumnos y a los pacientes de los establecimientos de enseñanza y las instituciones médicas»4 . Y cuando una persona es golpeada por la policía mientras permanece indefensa en el suelo, esta actitud también puede considerarse tortura o maltrato, aun cuando la víctima no haya sido puesta bajo custodia oficialmente.
III.3. La tortura de mano de actores no estatales. Tercera campaña de AI contra la Tortura (2000) Mediante la lucha de los movimientos de mujeres para abordar la violencia en el seno de la comunidad y la familia se planteó una nueva definición del concepto tortura y los malos tratos, que ya estaba cambiando. En estos casos, la responsabilidad no recaía en agentes del Estado, sino en particulares, pero el Estado faltaba con frecuencia a su deber de proporcionar protección, poner a los responsables a disposición judicial y ofrecer recursos efectivos, y esa negligencia era discriminatoria5. En 1992, el Comité de Derechos Humanos hizo referencia al deber que tienen los Estados Partes en el PIDCP de brindar a todo el mundo protección contra la tortura y los malos tratos «infligidos por personas que actúen [...] a título privado»6 . En la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, adoptada en 1992, y en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1993
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III. LA EVOLUCIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO se detallaron las medidas que los gobiernos deben tomar para eliminar la violencia contra las mujeres, incluida la tortura y los malos tratos. En la lucha contra la tortura han cambiado muchas cosas a lo largo de los años. La formulación del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en 1948 sigue siendo válida, pero la interpretación y la legislación aplicable han evolucionado. La tortura aún existe, pero está claro que es un problema mucho más amplio y complejo de lo que parecía entonces. En 1996, Amnistía Internacional convocó una Conferencia Internacional Sobre La Tortura en Estocolmo, en la que se reunieron expertos y defensores de los derechos humanos procedentes de todo el mundo. De la conferencia se desprendió un mensaje importante: dado que los gobiernos no habían cumplido con su deber de poner fin a la tortura, había llegado el momento de que las ONG unieran sus fuerzas y les pidieran responsabilidades. La conferencia marcó el inicio de un nuevo activismo y de la idea generalizada de que las ONG que luchan contra la tortura tienen metas comunes7. La tercera campaña internacional de Amnistía Internacional contra la tortura, que se inició en octubre de 2000, se concibió para reflejar estas nuevas ideas. Entre otras cosas, la campaña pretendía que aumentase la cooperación entre las ONG locales e internacionales para combatir la tortura. Asimismo ha intentado dar a conocer las formas en que los abusos por parte de particulares pueden constituir tortura o malos tratos, y la necesidad de que los Estados actúen con la debida diligencia a la hora de proteger a las personas contra la violencia en la comunidad y la familia.
III.4. La guerra contra el terror, un aval para la tortura. Cuarta campaña de AI contra la Tortura (2004) En los últimos años una nueva ola de discusiones acerca de la tortura tuvo lugar tras los hechos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la legitimación de la tortura en la lucha contra el terrorismo de estado. Amnistía lanzó la cuarta campaña contra la tortura: “Contra el Terror, Justicia”, que se centró en la tortura como uno de los elementos clave en el contexto de la llamada “guerra contra el terror”, y a través de la campaña “Seguridad con Derechos Humanos”, su sucesora, AI se movilizó contra la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista, pero esta vez ampliando el enfoque circunscrito a la “guerra contra el terror” para adoptar otro más general. La idea detrás de la cuarta campaña es que la tortura: es cruel. es inhumana. Degrada a todas las personas. No más tortura ni malos tratos, en la “guerra contra el terror”. En ella se pidió a todos los gobiernos que hagan lo siguiente: poner fin a los abusos condenando y prohibiendo toda la tortura y otros malos tratos. investigar todas las denuncias sobre este tipo de abusos y procesar a cualquier funcionario que apruebe, consienta o cometa actos de tortura o malos tratos.8
Centro de detención, Mendoza, Argentina, 2009 Los Andes Online ©
Centro de detención, Mendoza, Argentina,2009 Los Andes Online ©
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III. LA EVOLUCIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO III.5. No más gobiernos que torturan: la seguridad nacional como aval para la tortura. Quinta campaña de AI contra la Tortura (2013) La propuesta de campaña “No más gobiernos que torturan” cambia de contexto –de la lucha antiterrorista a la seguridad nacional– para reflejar la realidad mundial actual. Mientras que el paradigma de la “guerra contra el terror” ya está en gran medida superado, los gobiernos siguen utilizando la seguridad nacional como excusa para abusar de su poder y socavar los derechos humanos. El uso de la tortura por un Estado contra su población simboliza este abuso. La lucha para poner fin a la tortura no ha terminado; en los dos últimos años se han recibido frecuentes informes de tortura de personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión a través de protestas legítimas y pacíficas. La tortura sigue envileciendo a personas de todo el mundo y los gobiernos siguen negando su uso. Vuelve a ser necesario sacar a la luz la tortura y hacer campaña para acabar con su uso.
IV. QUÉ ENTENDEMOS POR TORTURA El artículo 1.1 de la Convención contra la Tortura afirma: “1. A
«tortura » todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o los efectos de la presente
se entenderá por el término
sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
se considerarán torturas los
dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”
Un elemento fundamental de la definición de tortura señalado por la Convención es que se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión, o de castigarla, intimidarla o coaccionarla. La tortura puede causar daño físico –mediante golpes, rotura de huesos, desgarres musculares, castración, aplastamiento, cortes, descargas eléctricas, quemaduras, aplicación de temperaturas extremas, ingestión de productos químicos o elementos cortantes, baños con substancias químicas cáusticas, ahogamiento, violación. O bien daño psicológico, mediante el aislamiento, la humillación verbal o física, la manipulación de la información sobre el detenido o sus allegados, la mentira (p.ej. falsas informaciones sobre daños sufridos por amigos y familiares), la desorientación física y mental, o la simulación de torturas físicas o ejecuciones que contribuyan a la desmoralización. Con esto se pretende quebrar la autoestima y la resistencia moral de la persona. Si bien no siempre hay acuerdo sobre si una forma concreta de abuso supone tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante (maltrato). Sin embargo, el derecho internacional, incluido el derecho de los conflictos armados, prohíbe terminantemente todas las formas de tortura y otros malos tratos. La prohibición legal universal se basa en un consenso ético internacional de que la tortura y los malos tratos son prácticas repugnantes, detestables e inmorales9.
V. EL CARÁCTER ABSOLUTO DE LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA La prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es de carácter absoluto. Se aplica en todas las circunstancias y, en el marco del derecho internacional consuetudinario, a todos los Estados. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. El derecho internacional impone a los Estados las obligaciones específicas de prevenir la tortura y otros malos tratos, investigar los actos de tortura, llevar ante la justicia a los presuntos responsables y proporcionar reparación a las víctimas. Estas obligaciones se tratan en forma pormenorizada en otros instrumentos, entre ellos la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes10.
¿Cuándo está prohibida la tortura? SIEMPRE La tortura y los malos tratos están prohibidos en todo momento y en todas las circunstancias. Los intentos de justificar la utilización de la tortura en determinadas situaciones son inaceptables. La prohibición de la tortura y los malos tratos está expresada en términos absolutos, y no prevé ninguna excepción a la norma. En virtud del artículo 2.2 de la Convención contra la Tortura, “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. El artículo 3 de la Declaración contra la Tortura contiene el mismo principio con respecto a la tortura y los malos tratos, al igual que el artículo 5 del Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. En ocasiones se propone el argumento de que la tortura debe utilizarse como método de interrogatorio en determinadas circunstancias y en interés de un «bien mayor». Este argumento no puede prosperar y debe rechazarse. Según el derecho internacional, no existen circunstancias en las que se pueda infligir la tortura de forma legal11. LA TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS… *	son inadmisibles siempre, con independencia de quién sea el torturador y de lo que se sospeche que es la víctima *	están absolutamente prohibidos por el derecho internacional *	no son fiables como técnicas de Interrogatorio *	se propagan y, cuando se autorizan, jamás se recurre a ellos “sólo por una vez” *	corroen el Estado de derecho y menoscaban el sistema de justicia penal *
no nos proporcionan más seguridad …NO PUEDEN JUSTIFICARSE JAMÁS
VI. LA PERPETUACIÓN DE LA TORTURA EN EL MUNDO: UNA REALIDAD ACTUAL Muchos asocian la tortura con tiempos pasados –con los abusos cometidos en los gulags durante la Segunda Guerra Mundial, con las dictaduras latinoamericanas o, más recientemente, en el contexto de la “guerra contra el terror”– y dan por supuesto que la tortura es un problema de derechos humanos de un mundo y una época distintos. En el pasado, la noción tradicional y más extendida de tortura se ha centrado en el dolor y el sufrimiento infligidos a una persona bajo custodia del Estado. Pero esta visión de la tortura niega la protección frente a las numerosas y atroces formas de dolor y sufrimiento graves infligidos deliberadamente a otras personas en diferentes contextos–a menudo, mujeres, migrantes, niñas/os, personas aisladas en instituciones psiquiátricas, y otros miembros de grupos marginados– como afirmación del poder y el control del Estado o con su connivencia. La crueldad, las amenazas, los golpes, el uso de electricidad, las agresiones sexuales, el dolor atroz, para conseguir el sometimiento total de la víctima..., todas estas técnicas de tortura siguen utilizándose en la actualidad. Pese a que durante los últimos 60 años se intensificaron los esfuerzos para eliminarla, la tortura es aún una práctica muy extendida. En un estudio realizado por Amnistía Internacional sobre los expedientes de investigación pertenecientes al periodo comprendido entre 1997 y mediados de 2000 se concluyó que, durante esa época, la organización había recibido informes sobre tortura y malos tratos a manos de agentes del Estado en más de 150 países. Asimismo, los informes indicaban que en más de 80 se habían producido muertes como consecuencia de torturas. Más de diez años después, estos índices no bajaron. Sólo en 2012, la organización documentó casos específicos de tortura y malos tratos en al menos 112 países12. Estas cifras se refieren únicamente a la actuación de agentes del Estado, y en ellas no se incluyen los abusos por parte de particulares, de grupos políticos armados o de estas otras formas de tortura que mencionamos y que ilustraremos a continuación13. John Walker Lindh, bajo custodia de USA ©Rex Features
En el pasado, la noción tradicional y más extendida de tortura se ha centrado en el dolor y el sufrimiento infligidos a una persona bajo custodia del Estado. Pero esta visión de la tortura niega la protección frente a las numerosas y atroces formas de dolor y sufrimiento graves infligidos deliberadamente a otras personas en diferentes contextos Hacinamiento en una prisión brasileña ©AI
Las múltiples manifestaciones de la tortura
VI.1. Tortura en cárceles y comisarías La mayor parte de las torturas y los malos tratos de los que tienen constancia las organizaciones de la sociedad civil lo sufren personas que están bajo la custodia de agentes del Estado, como cárceles y comisarías. La obligación que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de respetar la prohibición de la tortura y los malos tratos implica la obligación de impedir que sus agentes inflijan torturas o malos tratos. La mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos establecen la prohibición absoluta de la tortura. Asimismo, otros instrumentos de derechos humanos de la ONU y OEA –en particular en el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Principios relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y de Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas14– establecen directrices sobre el rol del Estado en relación con las personas privadas de libertad. Por lo demás, el Comité de la ONU contra la Tortura, el Relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también han tomado importantes decisiones y hecho recomendaciones. El derecho internacional de los derechos humanos establece que, en razón de la “relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado”15, este último se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de todas las personas que se hallen bajo su custodia16. En coincidencia con órganos de protección del sistema universal de derechos humanos17, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado el deber estatal de salvaguardar la salud y el bienestar de quienes se hallan en prisión, así como de garantizar “que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención”18. Las personas privadas de su libertad deben vivir en condiciones compatibles con su dignidad19, y es deber del Estado garantizar sus derechos a la vida y a la integridad20. En el informe anual de Amnistía Internacional de 200821, la organización señaló a Argentina como uno de los 81 países en los que se seguía practicando la tortura y los malos tratos en las cárceles del país. En su informe de 2012 la organización denunció los casos de tortura en la prisión de San Felipe, en la provincia de Mendoza, a partir de las imágenes que se divulgaron, tomadas con un teléfono móvil de dos presos a manos de unos guardias penitenciarios. Los presos Matías Tello y Andrés Yacante, de cuya implicación en la divulgación de las imágenes sospechaban los funcionarios penitenciarios, recibieron amenazas y fueron trasladados a la prisión de Almafuerte, donde afirmaron haber sido torturados. Al finalizar el año nadie había comparecido ante la justicia por estos actos22. En junio de 2012 tomaron estado público las torturas sufridas por dos detenidos en una comisaría de General Güemes, provincia de Salta, aplicadas por un grupo de efectivos de la División Drogas Peligrosas de la policía provincial. Hoy se encuentran procesados algunos de los policías involucrados23. Estos hechos evidencian la impostergable necesidad de avanzar en reformas estructurales de los sistemas penitenciarios y policiales del país y de implementar el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que fue aprobado y promulgado en enero de 201324 . La responsabilidad del Estado en lo que respecta a la integridad de las personas bajo su custodia no se limita a la obligación negativa de abstenerse de torturar o maltratar a dichas personas. Es por ello que además de casos de tortura y malos tratos en las cárceles, tanto a hombres como mujeres, en manos de agentes del Estado, el hacinamiento, las malas condiciones de seguridad, el deficiente acceso a la salud y la falta de nutrición, falta de acceso a agua potable, vestimenta y condiciones sanitarias adecuadas en los centros de detención son una realidad cotidiana en toda la región y en el mundo y pueden configurar supuestos de tortura y tratos inhumanos, crueles y degradantes. Cuando el Estado somete intencionalmente a una persona a condiciones de reclusión particularmente lesivas con un fin determinado ello puede llegar a constituir tortura25 .
Amnistía Internacional. “Contra la Tortura. Manual de Acción”, 2002. Índice ACT 40/001/2003s Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT40/001/2003/ es/5669334c-d760-11dd-b024-21932cd2170d/act400012003es.pdf
VI.2. Mujeres y tortura: la violencia sexual como una herramienta de tortura en el caso de las mujeres. La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer define esta violencia como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». La definición incluye «la violencia [...] perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra», así como «la violencia [...] que se produzca en la familia» y «dentro de la comunidad en general».26 La tortura que se inflige a la mujer tiene sus raíces en una cultura global que niega a la mujer los mismos derechos que el hombre y que legitima la apropiación violenta del cuerpo de la mujer para satisfacer deseos individuales o para alcanzar fines políticos. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha afirmado: El elemento más particularizado en la violencia contra las mujeres bajo custodia es la sexualización de la tortura. Aunque los aspectos físicos de la tortura tienen en cuenta la anatomía sexual de los hombres y de las mujeres, la violación y la amenaza de violación, y otras formas de violencia sexual, el acoso sexual, la concepción forzada, la prueba de virginidad, el aborto forzado, la prostitución forzada y el aborto provocado se utilizan más especialmente contra las mujeres detenidas27. Frecuentemente los autores de estos actos de violencia son agentes del Estado como policías, guardias penitenciarios o soldados. En otras ocasiones son miembros de grupos armados que se oponen al gobierno. Sin embargo, los autores de gran parte de la violencia que sufren las mujeres en su vida cotidiana son las personas con quienes comparten su vida, ya sea por ser miembros de su familia o de su comunidad, o por ser sus empleadores. El daño que inflige un ciudadano particular a una mujer puede ser tan grave como el que sufre una mujer torturada por agentes del Estado. Las repercusiones a largo plazo de los malos tratos reiterados en el hogar son física y psicológicamente devastadores. Dondequiera que se produzca, la violación traumatiza y lesiona a la mujer. Las consecuencias médicas abarcan trauma psicológico, lesiones, embarazos no deseados, infertilidad y enfermedades que hacen peligrar la vida. Muchos de los abusos que se infligen en el seno de la familia o de la comunidad son deliberados. Los autores de estos actos de tortura buscan intimidar a la mujer para que obedezca, o castigarla por haber supuestamente deshonrado a su familia con su desobediencia. Amnistía Internacional considera que los actos de violencia contra la mujer cometidos en el seno del hogar y de la comunidad constituyen tortura, por la que el Estado ha de responder, cuando son de la naturaleza y la gravedad contempladas en el concepto de tortura de las normas internacionales y cuando el Estado no ha cumplido su obligación de proporcionar una protección efectiva. Amnistía Internacional. “Cuerpos rotos, mentes destrozadas. Tortura y malos tratos a mujeres.”, 2001. Índice AI: ACT 40/001/2001. Disponible en: http://amnistiainternacional.org/publicaciones/22-cuerpos-rotosmentes-destrozadas-tortura-y-malos-tratos-a-mujeres.html
VI.3. Niños/as y tortura: tortura y malos tratos en institutos de menores de edad “Ningún niño [será] sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37.a) En el mundo, a millones de niños y niñas se les niega el derecho a la educación, el acceso a la vivienda o a la salud. Muchos son víctimas de violencia y abusos: torturas y asesinatos, reclutamiento ilegal y explotación laboral o sexual. Se calcula que, en todo el mundo, entre 100 y 150 millones de niños y niñas viven en la calle, y la cifra va en aumento. De ellos, entre el 5 y el 10 por ciento han huido de sus hogares o han sido abandonados por sus familias.28 Más de 1 millón de niños y niñas acusados de cometer un delito se encuentran en centros de detención en el mundo. Además, Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen continúan hoy en día condenando a muerte y ejecutando a personas que eran menores de edad cuando cometieron los delitos.29
ESPAÑA MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICOS
Más de 1,2 millones de niños y niñas todos los años son víctimas del tráfico de seres humanos con destino a la explotación laboral y sexual.30 Cada año, alrededor de 2 millones de niñas corren el riesgo de sufrir mutilación genital en diferentes países del mundo. En Kenia y Haití, miles de niñas son abusadas sexualmente, y en Guinea-Bissau, niños y niñas son esclavizados para trabajar en campos de algodón.31 La Observación General nº4 del Comité de Derechos del Niño hace una referencia específica a la protección por parte del Estado de los menores de edad que carecen de hogar o viven en establecimientos públicos. La violencia ejercida contra ellos en forma de castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes no es una situación que afecte en exclusiva a los menores que viven en establecimientos públicos, pero esta mención expresa en una Observación General del Comité les señala como un colectivo especialmente vulnerable a una forma de violencia que, tanto los diferentes órganos de supervisión de las Convenciones de Derechos Humanos, como los Tribunales Regionales de Derechos Humanos, han calificado de atentado a la integridad y dignidad de los menores y han advertido que incluso algunos de esos castigos pueden constituir formas de tortura.32 NO MÁSP ROCESAMIENTOS
NINGÚNN IÑO NI NIÑA SIN DERECHOS
INJUSTOSDE MENORES TURQUÍAE NV IRTUDD EL A Las Naciones Unidas han establecido la prohibición absoluta de “…todasENlas medidas disciplinarias que LEGISLACIÓNA NTITERRORISTA
constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en celda oscura y las penas de aislamiento o de celda solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental del menor. Estarán prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción de alimentos y la restricción o denegación de contacto con familiares. El trabajo será considerado siempre un instrumento de educación y un medio de promover el respeto del menor por sí mismo, como preparación para su reinserción en la comunidad, y nunca deberá imponerse a título de sanción disciplinaria. No deberá sancionarse a ningún menor más de una vez por la misma infracción disciplinaria. Deberán prohibirse las sanciones colectivas”.33
En el marco de una investigación sobre la situación en España, Amnistía ha podido comprobar que menores bajo la protección y cuidado del Estado pueden ser víctimas de palizas y abusos sexuales, ser sometidos a un tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, incomunicados, atados a sillas o camas con herrajes, amordazados, medicados sin la debida diligencia y contra su voluntad con graves consecuencias para su integridad física y psíquica y en contradicción con las obligaciones legales de España en materia de protección de menores34. Tanto el acoso verbal, las humillaciones y los registros corporales íntimos a menores, sin relación con el cuidado de su salud, constituyen un trato cruel, inhumano o degradante. Además, los abusos verbales y conducentes a un ambiente hostil, constituyen también tratos “inhumanos o degradantes”, tal y como señala el Comité de Derechos del Niño en la Observación General nº8 (2006), en cuyo punto número 11 se indica que hay formas de castigo35 que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y, por lo tanto, incompatibles con la Convención. “Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”36.
Demostración del método “bolsa mojada” © Leon Muller
Por lo demás, conforme el derecho internacional, es necesario que exista un procedimiento efectivo para denunciar a las autoridades del establecimiento ante la Justicia y se investiguen las irregularidades en la ejecución de la pena (torturas o penas inhumanas37 ). Es exigible asegurar que el adolescente denunciante conozca este derecho que le asiste38, cuente con la asistencia necesaria (familiares, asesores jurídicos o grupos humanitarios) para realizar el reclamo39y sea informado sin demora de la respuesta40.
Amnistía Internacional. “Turquía: Ningún niño ni niña sin derechos”, 2010. Índice AI: EUR 44/011/2010. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/EUR44/011/2010/es Amnistía Internacional. “España: Menores en centros de protección terapéuticos.”, 2009. Disponible en: MENORES EN CENTROS DE PROTECCIÓN TERAPÉUTICO.pdf / https://doc. es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SE PARADOR=&TITU=&INAI=EUR4110109&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SDOC=&*
Amnistía Internacional. “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores”, 2010. Índice AI: ACT 40/028/2000. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/ACT40/038/2000/es
VI.4. Migrantes y tortura: tortura en centros de detención de migrantes, en pasos fronterizos, en talleres de trabajo. Detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros Los flujos de migración humana han aumentado sustancialmente en las últimas décadas. En la actualidad, unos 230 millones de migrantes, casi el tres por ciento de la población mundial, viven fuera de su país de nacimiento. A pesar de la falta de estadísticas precisas y desagregadas, es de amplio conocimiento que esta cifra incluye a millones de niños, niñas y adolescentes, quienes han migrado tanto con sus familias como sin acompañantes41. Las razones por las que las personas migran son variadas y a menudo complejas. Algunas abandonan sus países escapando de situaciones de tortura persecución y conflicto armado. Otras personas migran para continuar su educación. Un tercer grupo de personas migran (como individuos o como familias) por razones económicas, es decir, en busca de empleo. Asimismo, los migrantes pueden detentar estatus regular o irregular, dependiendo de su ingreso por canales regulares o bien por su ingreso o permanencia sin autorización del Estado receptor42. La investigación y monitoreo sobre esta situación por parte de AI ha mostrado que tanto los migrantes irregulares como los regulares se enfrentan a graves violaciones de derechos humanos.
CULPABLES CONOCIDOS, VÍCTIMAS IGNORADAS TORTURA Y MALTRATOE N MÉXICO
©H auke Lorenz
Las principales violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes son: *	La explotación laboral; *
Abusos cometidos en el contexto de las políticas de control de la migración por parte de los Estados: detención, expulsión, interceptación en el mar, criminalización;
Violencia –malos tratos y torturas– a manos del Estado y de actores no estatales;
Discriminación y negación del acceso a edu	cación, salud y vivienda.
En este contexto, la criminalización de la condición de migración irregular y la detención arbitraria y/o automática de personas a las que se considera irregulares son algunas de las políticas gubernamentales más problemáticas en los países de destino o de tránsito. Estas leyes y políticas conducen, en algunos casos, a abusos directos contra los derechos humanos. Por ejemplo, en muchos países las autoridades imponen requisitos de presentación de informes a los proveedores de servicios para facilitar la identificación y detención de migrantes irregulares; esto puede tener como resultado la negación de servicios básicos, incluida la atención médica de urgencia.
Asimismo, se llevan adelante procesos de expulsión de migrantes, sin las garantías de un debido proceso, y muchas veces han implicado uso excesivo de la fuerza, en algunos casos con resultado de muerte de la persona afectada, tortura y otros malos tratos durante la detención o expulsión. En una investigación de AI sobre el flujo migratorio entre Estados Unidos y México, se constató que cada año, decenas de miles de hombres, mujeres, niños y niñas atraviesan México sin permiso legal, como migrantes irregulares. Más de nueve de cada diez proceden de Centroamérica, sobre todo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. La gran mayoría se dirigen a la frontera estadounidense con la esperanza de una nueva vida lejos de la pobreza que han dejado atrás. Su viaje es uno de los más peligrosos del mundo, ya que afrontan diversos abusos graves a manos de bandas delictivas organizadas, como secuestros, amenazas y agresiones43. En 2010, Amnistía Internacional publicó un informe en el que documentaba los constantes abusos contra migrantes y la impunidad de sus autores. La organización les pidió a los gobiernos federal y estatales que garanticen el acceso de las personas migrantes a la justicia y combatan las actividades de las bandas criminales y los funcionarios públicos implicados en abusos. En 2011, la organización documentó numerosos casos de personas migrantes centroamericanas que, al atravesar México, fueron víctimas de secuestros, tortura y violación, a menudo con la complicidad de funcionarios públicos. En febrero de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mexicana informó que 11.000 migrantes fueron secuestrados durante los seis meses anteriores a esa fecha.44
Amnistía Internacional. “Culpables conocidos, víctimas ignoradas. Tortura y maltrato en México.”, 2012. Índice AI: AMR 41/063/2012. Disponible en: www.amnesty.org/es/library/info/AMR41/063/2012/es Amnistía Internacional. “Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México.”, 2010. Índice AI: AMR 41/014/2010. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/AMR41/014/2010/es
MIGRANTESE NM OVIMIENTO EN MÉXICO
Tengo mi familia […] yo les hice una promesa a ellos que tengo quec umplírsela [...] Yo sé que es un camino bastante de sufrimiento pero al llegar allá todo se logra Migrante de El Salvador entrevistado en el albergue de migrantesd eT ierra Blanca, estado de Veracruz, junio de 2009.
y todo es mejor.
VI.5. LGTB: Torturas, detenciones ilegales y malos tratos con componente racista, especialmente a ciudadanos extranjeros Diversos relatores especiales de la ONU han apuntado a la existencia generalizada de violencia contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales por parte de particulares y de agentes estatales45. Sus informes han llamado la atención sobre la relación entre discriminación y vulnerabilidad a la violencia, y han destacado la impunidad de la que habitualmente gozan los responsables. En todo el mundo persisten graves abusos, incluida la violencia en razón del género que equivale a tortura y malos tratos, por parte de la policía contra lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Los abusos denunciados van desde la utilización de un lenguaje insultante, sexualmente explícito, amenazas hasta las palizas continuadas y la violación. Algunas denuncias se refieren al uso de fuerza excesiva durante la detención. Otras muestran que las propias víctimas de un delito, si son lesbianas, gays, bisexuales o personas transgénero, corren riesgo de sufrir abusos a manos de los funcionarios que deberían ayudarles. El factor común a todas ellas es que la razón de los abusos se halla en la reacción policial ante su orientación sexual o identidad de género. Ya en el año 2000 Amnistía Internacional documentó un caso en Argentina, el de Vanessa Lorena Ledesma, transexual, detenida en Córdoba, el 11 de febrero del 2000 durante un altercado en un bar. Falleció cinco días después. Un informe policial afirmaba que había muerto a consecuencia de un “paro cardiaco”. Sin embargo, una autopsia reveló que el cuerpo tenía señales de tortura, incluidas hematomas graves. Los informes indican que en la comisaría la incomunicaron y la separaron de los demás detenidos, no para protegerla, sino para que los demás detenidos no tuvieran que compartir celda con una persona «enferma», en alusión a que era portadora del VIH46 . Las personas transgénero con frecuencia tienen que salvar un número considerable de obstáculos para realizar sus derechos humanos. En la mayoría de las jurisdicciones sus derechos humanos no están reconocidos o protegidos por la ley. Ello, unido a prejuicios culturales perniciosos, hace que las personas transgénero sean sometidas sistemáticamente a algunas de las formas más duras de discriminación y que se les nieguen sus derechos económicos, sociales y culturales. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organismo que vigila la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha emitido declaraciones contundentes en relación con los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Ha instado a los Estados a abolir las leyes que criminalizan la homosexualidad y a incluir una prohibición expresa de la discriminación basada en la orientación sexual en sus constituciones u otras normas fundamentales. Asimismo, ha declarado que las cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que prohíben la discriminación en razón del «sexo» también incluyen la discriminación en razón de la «orientación sexual».47 Asimismo, diversos relatores especiales de la ONU48 también han apuntado a la existencia generalizada de violencia contra gays, lesbianas, bisexuales y transexuales por parte de particulares y de agentes estatales. Sus informes han llamado la atención sobre la relación entre discriminación y vulnerabilidad a la violencia, y han destacado la impunidad de la que habitualmente disfrutan los responsables.
Amnistía Internacional. “Stonewall. Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra LGBT en Estados Unidos” Índice AI: AMR 51/001/2006. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/AMR51/001/2006/es Amnistía Internacional. “Crímenes de odio, conspiración de silencio. Tortura y malos tratos basados en la identidad sexual.” Índice AI: ACT 40/016/2001. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/ACT40/016/2001/es
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VI.6 Salud mental, discapacidad y tortura: Torturas y malos tratos en centros de salud mental La obligación del Estado de prohibir la tortura se aplica no solo a funcionarios públicos – por ejemplo los encargados de hacer cumplir la ley– sino a otros como médicos, profesionales de la salud, trabajadores sociales, incluidos los que trabajan en hospitales privados, y en otras instituciones y centros de detención. Los pacientes en los centros de atención de la salud dependen de los profesionales sanitarios que les prestan servicios. La tortura presupone una ‘situación de impotencia’, en que la víctima está bajo el control absoluto de otra persona. Una de esas situaciones, además de la privación de libertad en cárceles u otros lugares, es la privación de la capacidad jurídica, que ocurre cuando una persona se ve despojada de su posibilidad de tomar decisiones y ésta se asigna a terceros. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Son personas desatendidas o ingresadas en instituciones de atención psiquiátrica y social, pabellones psiquiátricos, campamentos de oración, internados seglares y religiosos en que se ofrecen terapias, campamentos de entrenamiento, centros residenciales privados de tratamiento o centros de curación por medios tradicionales49. Los tratamientos médicos de carácter invasivo e irreversible, en caso de que carezcan de finalidad terapéutica, pueden constituir tortura y malos tratos si se aplican o administran sin el consentimiento libre e informado del paciente. El carácter discriminatorio de las intervenciones psiquiátricas forzadas, cuando se realizan en personas con discapacidad psicosocial, pueden constituir casos de tortura, pese a las manifestaciones de “buenas intenciones” que puedan formular profesionales de la medicina. De acuerdo con el Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura de 201350, se siguen cometiendo en entornos de atención de la salud abusos graves contra personas con discapacidad psicosocial o intelectual, como el abandono, el maltrato mental y físico, la inmovilización de estas personas, los tratamientos forzados, y la violencia sexual. El relator señaló que “la atención médica que pueda causar sufrimiento sin justificación alguna, puede considerarse como trato o castigo cruel, inhumano y degradante, y si hay participación del Estado e intención específica, es tortura”. Asimismo, el titular del mandato declaró que la privación de libertad basada en la existencia de una discapacidad podría infligir también una pena o un sufrimiento graves a la persona, con lo que entraría en el ámbito de aplicación de la Convención contra la Tortura. En 1991 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 46/119 que establece una serie de principios para la protección de las personas con discapacidad mental y el mejoramiento de la atención a la salud mental y señala las condiciones y recursos con que deben contar las instituciones psiquiátricas que pueden ayudar en la definición de las condiciones de los centros de salud mental y en los tratamientos que se llevan a cabo en ellos. En una investigación impulsada por AI en España en centros de protección terapéutico para menores de edad se constató que castigos expresamente prohibidos en la normativa internacional siguen siendo una práctica aceptada e incluso defendida como parte de una férrea disciplina. La organización pudo comprobar que menores bajo la protección y cuidado del Estado han sido víctimas de palizas y abusos sexuales, ser sometidos a un tratamiento cruel y degradante, ser encerrados en celdas de aislamiento, incomunicados, atados a sillas o camas con herrajes, amordazados, medicados sin la debida diligencia y contra su voluntad con graves consecuencias para su integridad física y psíquica y en contradicción con las obligaciones legales de España en materia de protección de menores51 .
Amnistía Internacional. “Si vuelvo, ¡me mato! – España, Menores en centro de protección terapéuticos.”, 2009. Disponible en: / https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=110&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&TITU=&INAI=EUR4110109&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SD OC=&*=
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VII. AMNISTÍA INTERNACIONAL EN LA LUCHA CONTRA LA TORTURA: EJEMPLOS VII.1. La amenaza “terrorista” como excusa Estados Unidos, Iraq, Afganistán Lituania o Reino Unido han utilizado la excusa de la amenaza “terrorista” para desobedecer el derecho internacional y cometer violaciones de derechos humanos. Pero son muchos más los países que reprimen la disidencia pacífica, torturan a quienes han sido detenidos por motivos de seguridad, someten a personas a reclusión sin cargos ni juicio por tiempo indefinido y a desaparición forzada, y cometen abusos de muy diversa índole, todo ello en nombre de la seguridad.
Un ejemplo especialmente llamativo es Turquía donde miles de menores, algunos de sólo 12 años, han sido enjuiciados en virtud de la legislación antiterrorista, solamente por su presunta participación en manifestaciones que el gobierno consideró que apoyaban el “terrorismo”. El gobierno enmendó en julio de 2010 esta legislación, pero Amnistía Internacional continúa alerta para evitar que los menores sean juzgados como adultos. En muchos lugares más se han registrado numerosos casos de detención administrativa, detención en régimen de incomunicación, detención secreta y desaparición forzada. Cuando a la detención se añaden el hermetismo o el aislamiento del mundo exterior, las personas detenidas están gravemente expuestas al riesgo de sufrir tortura, vejaciones y otros malos tratos. Las víctimas de desaparición forzada suelen ser torturadas y, con demasiada frecuencia, matadas en secreto. Sus familiares no tienen forma de saber si sus seres queridos están vivos o muertos, y esa incertidumbre constituye trato cruel, inhumano y degradante.
VII.2. Represión de disidencia en Norte de África y Oriente Próximo Si el año 2001 quedó marcado por los terribles atentados de Nueva York y Washington, diez años después, el 2011, probablemente se recordará por las revueltas y manifestaciones que se han extendido por varios países del Norte de África y Oriente Próximo. Las protestas de la llamada “primavera árabe” dieron voz a millones de personas que, hartas de los terribles abusos perpetrados por sus gobiernos, salieron a la calle en Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahréin, Marruecos o Yemen para exigir, de forma pacífica en su mayoría que se respetaran sus derechos y su dignidad. La respuesta de los Gobiernos fue la represión. En Siria, por ejemplo, varios miles de personas continúan detenidas en régimen de incomunicación y, dado que el gobierno aplica la tortura de manera sistemática desde hace muchos años, corren peligro de ser torturadas. Y en Bahréin, la ley del estado de excepción se ha empleado para detener sin orden judicial y recluir en régimen de incomunicación a manifestantes y activistas políticos durante las protestas, así como para juzgar a civiles ante tribunales militares. Hay mucha preocupación por la seguridad de las personas detenidas, especialmente tras varias denuncias de muertes bajo custodia. Al no tener acceso a abogados ni a visitas de familiares, se dan las condiciones propicias para que se cometan torturas y otros graves abusos.
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VII.3. Garantías diplomáticas En los últimos años, países como España, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Suecia han transferido detenidos a países cuyos gobiernos se sabe que utilizan la tortura –incluso de manera sistemática o generalizada– apoyándose en promesas formuladas por dichos gobiernos de que no torturarán a los detenidos. En realidad, estas llamadas “garantías diplomáticas” y otros acuerdos semejantes no son dignos de crédito y se utilizan para eludir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados. Otros lugares como China, Brasil, México o Israel, Costa de Marfil o la República Democrática del Congo ni siquiera precisan de una excusa para aplicar la tortura. Hacen uso de la brutalidad policial, las detenciones arbitrarias, la tortura y otras formas de malos tratos, para reprimir y castigar la disidencia, la libertad de expresión y de conciencia o para silenciar a quienes defienden los derechos humanos.
Amnistía Internacional. “Amnistía Internacional denuncia casos de tortura y malos tratos en más de 98 países” 26/06/2011. Disponible en: http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/amnistia-internacionaldenuncia-casos-de-tortura-y-malos-tratos-en-mas-de-98-paises/
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Citas 1 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado en 1979, y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de la salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, adoptados en 1982. 2 Entre las nuevas ONG estaba la que en la actualidad se conoce como Asociación para la Prevención de la Tortura, que fue creada en 1977, inicialmente con el objetivo de promover la creación de un sistema internacional de visitas a lugares de detención como medida preventiva contra la tortura . En 1986 se creó la Organización Mundial contra la Tortura, para facilitar la actuación de las ONG nacionales en el ámbito internacional. A comienzos de la década de los ochenta se habían creado centros que proporcionaban cuidados médicos y psicosociales a víctimas de tortura en países en los que existía ésta, como Argentina, Chile y Uruguay, así como en países receptores de refugiados, como Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Suecia. 3 Observación General 7 sobre el artículo 7 del PIDCP, adoptada en 1982, párr. 2. 4 Observación General 20 sobre el artículo 7 del PIDCP, párr. 5, 5 Tal y como apuntó el Comité de Derechos Humanos, «la desigualdad que padecen las mujeres en el mundo en el disfrute de sus derechos está profundamente arraigada en la tradición, la historia y la cultura, incluso en las actitudes religiosas» (Observación General 28 sobre el artículo 3 del PIDCP, párrafo 5). La Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer afirma que «la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer» y «uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre» (preámbulo, párrafo 4). 6 Observación General 20, párr. 2. 7 Véase Informe de la Conferencia Internacional sobre la Tortura (Estocolmo, 4-6 de octubre) de Amnistía Internacional (Índice AI: ACT 40/05/97/s). 8 Amnistía Internacional, “Terror y contraterror. La defensa de nuestros derechos humanos.” Índice AI: ACT 40/009/2006. Disponible en: http://www.amnesty.org/es/library/info/ACT40/009/2006/es 9 Amnistía Internacional, “Es cruel. Es inhumano. Degrada a todas las personas. No más torturas ni malos tratos en la “Guerra contra el Terror””. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/ACT40/010/2005/es 10 Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en su Resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984; entró en vigor el 26 de junio de 1987. 11 Amnistía Internacional, “Manual de acción contra la tortura”, 2003. Índice AI: ACT 40/001/2003/. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/ACT40/001/2003/es 12 Informe Anual 2013 Amnistía Internacional El estado de los Derechos Humanos en el Mundo. 13 Amnistía Internacional, “Manual de acción contra la tortura”, 2003. Índice AI: ACT 40/001/2003/. Disponible en: http://amnesty.org/es/library/info/ACT40/001/2003/es
14 Resolución AG 43/73 “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, 7 de diciembre de 1988; Resolución AG 45/111 “Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos”, 14 de diciembre de 1990; Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, ECOSOC, resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; Resolución AG 3452 (XXX) “Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”- 9 de diciembre de 1975; Principios relativos a la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y de Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) (1999) 15 Cf. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 152. 16 Cf. Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 60; Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, párr. 130; Corte IDH, Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr.198.
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17 Cf. Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 21. El trato humano de las personas privadas de su libertad, HRI/ GEN/1/Rev.7 at 176, 44º período de sesiones (1992), párr. 3; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General Nº 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 34; Observación General Nº 15, El derecho al agua, E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003, párr. 16; CIDH, Caso Oscar Elías Biscet y otros, Caso 12.476, Informe Nº 67/06, 21 de Octubre de 2006, párrs. 155 a 158, 264 y 265. 18 Cf. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, cit., párr. 159; Caso Yvon Neptune Vs. Haití, cit., párr. 130, Caso Vélez Loor v. Panamá, cit., párr. 198. En similar sentido, la regla 13 de las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establecen que no se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad. 19 Cf. Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay, cit., párr. 159. 20 Cf. Corte IDH, Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, cit. párr. 60; Caso Walter Bulacio Vs. Argentina, cit., párr. 126 y 138; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94., párr. 165. 21 Amnistía Internacional, Informe 2008: el estado de los derechos humanos en el mundo”, Capítulo Argentina, 2008. 22 Amnistía Internacional, Informe 2012: el estado de los derechos humanos en el mundo”, Capítulo Argentina, 2012. 23 Amnistía Internacional, Informe 2013: el estado de los derechos humanos en el mundo”, Capítulo Argentina, 2013. 24 Ley 26.827, Creación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, promulgada de hecho el 7 de enero de 2013; Ver Boletín Oficial No. 32.560, 11 de enero de 2013. 25 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 64, 31 diciembre 2011 26 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Organización de las Naciones Unidas, 1979. 27 ONU, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, E/ CN.4/1998/54, del 26 de enero de 1988, párr. 130. 28 Amnistía Internacional, “Activistas de Amnistía Internacional se movilizan en varias ciudades contra las violaciones de derechos humanos a menores”, 2009. Disponible en http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/activistas-de-amnistia-internacional-se-movilizan-en-varias-ciudades-contra-las-violaciones-de-dere/ 29 Ídem, Amnistía Internacional, “Activistas de Amnistía Internacional se movilizan en varias ciudades contra las violaciones de derechos humanos a menores” 2009. 30 Amnistía Internacional, “Activistas de Amnistía Internacional se movilizan en varias ciudades contra las violaciones de derechos humanos a menores”, 2009. 31 Amnistía Internacional, “Activistas de Amnistía Internacional se movilizan en varias ciudades contra las violaciones de derechos humanos a menores”, 2009. 32 Amnistía Internacional, “Si vuelvo, ¡me mato! – España, Menores en centro de protección terapéuticos”, 2009, https://doc. es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=Por ejemplo, el propio Comité Contra la Tortura; el Relator Especial, Nigel S. Rodley, en su informe “Cuestión de los Derechos Humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, y en particular: la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (E/CN.4/1997/7); el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General nº13 sobre el Derecho a la Educación; la Comisión de Derechos Humanos en su Resolución 2000/43; así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Ver análisis en profundidad de la cuestión en el Informe de Amnistía Internacional de 2000: “Un escándalo oculto, una vergüenza secreta. Tortura y malos tratos a menores” (Índice AI: ACT4002800). 33 CDN, arts. 19 y 37; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Resolución 45/113, 14 de diciembre de 1990: Regla 67; Reglas de Beijing para la Administración de la Justicia de Menores: Regla 17.3; Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil-Directrices de Riad: Directriz 54; Directrices de Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal, Resolución 1997/30 del Consejo Económico y Social , ONU: Directriz 18.
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34 Amnistía Internacional, “Si vuelvo, ¡me mato! – España, Menores en centro de protección terapéuticos”, 2009, https://doc. es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=35 Comité de Derechos del Niño en la Observación General nº8 sobre el Derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, párr.11. El Comité ha definido al “castigo ‘corporal’ o ‘físico’ como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos, se trata de pegar a los niños (‘manotazos’, ‘bofetadas’, ‘palizas’), con la mano o con algún objeto (azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc.). Pero también puede consistir en, por ejemplo, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante. Además, hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes, y por lo tanto, incompatibles con la Convención. Entre éstas se cuentan, por ejemplo, los castigos en que se menosprecia, se humilla, se denigra, se convierte en chivo expiatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza al niño”. 36 Comité de los Derechos del Niño, Observación General nº 8 (2006), 42º periodo de sesiones, Ginebra, del 15 de mayo a 2 de junio de 2006, párrafo 11. 37 Reglas de las Naciones Unidos para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas 75 y 76. 38 Reglas de las Naciones Unidos para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas 24 y 25. 39 Reglas de las Naciones Unidos para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Regla 78. 40 Reglas de las Naciones Unidos para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Regla 76. 41 Ver Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, 2009 y Yaqub / UNICEF, 2009). 42 Amnistía Internacional examinó cómo y por qué las personas migran, y diversos abusos a los que se enfrentan, en Vivir en las sombras. Una introducción a los derechos humanos de las personas migrantes (Índice: POL 33/006/2006), diciembre de 2006. 43 Amnistía Internacional, “Se encuentran 500 migrantes en condiciones penosas”, México, 18/05/2011. Disponible en http:// www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/se-encuentran-500-migrantes-en-condiciones-penosas/. En su investigación AI dio cuenta de las regulares acusaciones contra la policía municipal mexicana de entregar personas migrantes a bandas criminales, que las someten a tortura para conseguir números de teléfono de familiares suyos en Estados Unidos o en Centroamérica, a los que se obliga a su vez a pagar por ellas para que no las asesinen, las hagan desaparecer o las mutilen. 44 Amnistía Internacional, “Las autoridades siguen sin proteger a las personas migrantes”, México, 15/12/2011. Disponible en http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/las-autoridades-siguen-sin-proteger-a-las-personas-migrantes/ 45 Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, A/56/156, párr. 21; Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, E/CN.4/1997/47, párr. 8; Informe de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/9, párrs. 48-50; Informe de la representante especial del secretario general sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos a la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/94, párr. 89.g. 65 Véase Un escándalo oculto; “Nacidos libres e iguales. Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos”, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf 46 Amnistía Internacional Argentina, “Muerte de una travesti bajo custodia”, 2000, Índice AI: AMR 13/004/2000/s, Disponible en http://amnesty.org/es/library/info/AMR13/004/2000/es. 47 Amnistía Internacional, “Stonewall. Seguir exigiendo respeto. Abusos policiales contra LGBT en Estados Unidos”, 2006, http:// amnesty.org/es/library/info/AMR51/001/2006/es. 48 Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura, A/56/156, párr. 21; Informe de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer, E/CN.4/1997/47, párr. 8; Informe de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/9, párrs. 48-50; Informe de la representante especial del secretario general sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos a la 57 sesión de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.4/2001/94, párr. 89.g. 65 Véase Un escándalo oculto; “Nacidos libres e iguales. Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos”, Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2012, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/BornFreeAndEqualLowRes_SP.pdf
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49 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial Juan E. Méndez sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1 de febrero de 2013, A/HRC/22/53, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf 50 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe del Relator Especial Juan E. Méndez sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1 de febrero de 2013, A/HRC/22/53, http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ RegularSession/Session22/A-HRC-22-53_sp.pdf 51 Amnistía Internacional, “Si vuelvo, ¡me mato! – España, Menores en centro de protección terapéuticos”, 2009, https://doc. es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERLST&DOCS=1-10&BASE=SIAI&SORT=-FPUB&SEPARADOR=&TITU=&INAI=EUR411 0109&AUTO=&TPRI=&DESC=&TDOC=&SDOC=&*=
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