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Timestamp: 2018-12-13 18:27:39+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2008-00641/38871 DE FEBRERO 8 DE 2017
SENTENCIA 2008-00641 DE 08 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR JUDICIAL. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA LEY 270 DE 1996, ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL LEGISLADOR CONSAGRÓ TRES HIPÓTESIS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA ACTIVIDAD DEL APARATO JUDICIAL: I) EL ERROR JURISDICCIONALII) LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTADY, III) EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN CUANTO A LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ERROR JURISDICCIONAL, ESTOS SE ENCUENTRAN DESCRITOS EN EL ARTÍCULO 67 PRECITADO A SABER: I) LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE LEY POR PARTE DEL AFECTADO, EXCEPTO EN LOS CASOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL IMPUTADO CUANDO ÉSTA SE PRODUZCA EN VIRTUD DE UNA PROVIDENCIA JUDICIAL YII) LA PROVIDENCIA CONTENTIVA DE ERROR DEBE ESTAR EN FIRME. RESPECTO DE DICHOS ELEMENTOS YA SE HA PRECISADO QUE, FRENTE AL PRIMERO, EL INTERESADO DEBIÓ AGOTAR LOS RECURSOS DE LEY, ESTOS SON LOS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL QUE TIENE A SU ALCANCE PARA EVITAR QUE EL PERJUICIO SE OCASIONE POR SU PROPIA NEGLIGENCIA Y NO POR EL ERROR JUDICIAL. EN CUANTO AL SEGUNDO ELEMENTO, “LA NORMA EXIGE QUE EL ERROR SE ENCUENTRE CONTENIDO EN UNA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE ESTÉ EN FIRME, ESTO ES, QUE HAYA PUESTO FIN DE MANERA NORMAL O ANORMAL AL PROCESO, LO CUAL TIENE PLENO SENTIDO YA QUE SI LA MISMA TODAVÍA PUEDE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DE LOS RECURSOS ORDINARIOS, NO SE CONFIGURA EL ERROR JUDICIAL”. ASÍ MISMO, LA PROVIDENCIA JUDICIAL DEBE SER CONTRARIA A DERECHO, “BIEN PORQUE SURJA DE UNA INADECUADA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS (ERROR DE HECHO), DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA NORMA QUE CORRESPONDE AL CASO CONCRETO O DE LA INDEBIDA APLICACIÓN DE LA MISMA (ERROR DE DERECHO)”.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ERROR EN LA PROVIDENCIA JUDICIAL, ERROR DEL JUEZ, RESPONSABILIDAD POR ERROR DEL JUEZ
Sentencia 2008-00641/38871 de febrero 8 de 2017
Radicación: 7300-12-33-1000-2008-00641-01 (38.871)
Actor: Organización Pajonales S.A.
Temas: Responsabilidad del Estado por error judicial - constituye carga argumentativa del demandante justificar por qué la decisión que se controvierte es contraria a derecho.
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: 1) Precisión de la causa petendi: se identificó que el error judicial por el cual se demandó indemnización está contenido en el auto fechado el 1º de febrero de 2006, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida; 2) El auto fechado el 1º de febrero de 2006 como providencia que sí es susceptible de contener un error judicial; 3) La competencia de la Sala; 4) El ejercicio oportuno de la acción; 5) Acerca de la responsabilidad del Estado por error judicial; 6) El caso concreto: 6.1. El daño: el pago de la condena impuesta por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida; 6.2. La imputabilidad del daño a la rama judicial: no se demostró en el proceso que el auto fechado el 1º de febrero de 2006 fuera una resolución judicial contraria a derecho; 7) La procedencia o no de la condena en costas.
1. Precisión de la causa petendi.
De conformidad con lo expuesto en la demanda, la parte actora solicitó que se condenara a la rama judicial por el error jurisdiccional en que incurrió el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, tras dictar en contra de la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A. una condena sin fundamento jurídico y probatorio, contenida en el auto fechado el 1º de febrero de 2006, decisión que fue confirmada en segunda instancia por el juzgado civil del circuito de ese lugar, mediante providencia de 12 de julio de ese año.
Se indicó en los hechos de la demanda que dicha condena puso fin a un incidente de liquidación de perjuicios promovido por los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález, tras resultar perjudicados por el decreto de unas medidas cautelares solicitadas por la mencionada empresa, con ocasión de un pleito ejecutivo que hubo entre ellos.
En este punto de la sentencia resulta importante aclarar que el incidente de liquidación de perjuicios cuya decisión impuso la condena que ahora se discute, es al que se refirió el Código de Procedimiento Civil en el artículo 510, literal B, relativo a las disposiciones generales de los procesos ejecutivos singulares. Así era el contenido de esa disposición normativa:
“TRÁMITE DE LAS EXCEPCIONES. De las excepciones formuladas con expresión de su fundamento fáctico, se dará traslado al ejecutante por diez días, mediante auto, para que se pronuncie sobre ellas, adjunte y pida las pruebas que pretenda hacer valer.
“Surtido el traslado, el juez convocará a la audiencia de que tratan los artículos 430 a 434 del Código de Procedimiento Civil, o a la contemplada en el artículo 439, si el asunto fuere de mínima cuantía.
“b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final el artículo 307;
“(...)” (negrilla y subraya por la Sala).
El artículo transcrito fue el que sirvió de fundamento al juzgado primero promiscuo municipal de Lérida a decretar, a través de auto fechado el 11 de julio de 2005, la terminación del proceso ejecutivo que la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A., adelantaba en contra de los señores Alexánder Machado y Juan Carlos Machado por pago total de la obligación y, como consecuencia, abrió la posibilidad de indemnizar los perjuicios que hubieren sufrido en desarrollo de la actuación ejecutiva.
De esta manera, el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida se pronunció en el auto proferido el 11 de julio de 2005:
“1. DECRÉTASE la terminación del presente proceso por pago total de la obligación, intereses y costas.
“2. DECRÉTASE el levantamiento de las medidas cautelares que fueron ordenadas en el asunto.
“3. HÁGASELE entrega a los demandados del título base de ejecución con las constancias respectivas sin necesidad de desglose.
“4. Comoquiera que en el presente proceso la parte demandada en la oportunidad pertinente presentó excepciones consistentes en pago total de la obligación, cobro de lo no debido y a su vez solicitó dar por terminado el proceso, levantar las medidas cautelares y condenar en costas y perjuicios y habiéndose corrido a los demandantes estos guardaron silencio, presentando posteriormente escrito de terminación del proceso por pago, sin que este hubiese sido coadyuvado, se procede a tener en cuenta la solicitud de los demandados y en consecuencia se ORDENA CONDENAR EN COSTAS Y PERJUICIOS a Desmontolima S.A.”(14) (mayúscula del original. Subraya y negrilla por la Sala).
El anterior pronunciamiento fue la decisión judicial que originó la interposición, ante el mismo juzgado, del incidente de liquidación de perjuicios que culminó a favor de tales personas y, que precisamente, terminó con la providencia que se dice contiene el error judicial, es decir, el auto fechado el 1º de febrero de 2006.
Cabe agregar que el trámite del referido incidente se llevó a cabo con lo dispuesto por el último inciso del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil(15), pues así lo ordenó el literal B del 510 del mismo Código arriba transcrito.
La caracterización que se acaba de hacer para identificar cuál fue el incidente de liquidación de perjuicios que culminó con la providencia que se dice contiene el error judicial, permite concluir que dicha actuación difiere con la que se adelanta como consecuencia de una condena en abstracto o in genere contenida en una sentencia que indica las bases para su posterior liquidación, trámite previsto por el artículo 172 del derogado Código Contencioso Administrativo para los procesos surtidos ante esta jurisdicción(16).
Para una mejor comprensión de la naturaleza del trámite incidental que terminó con la providencia que supuestamente contiene el error judicial, resulta pertinente recoger las consideraciones de la Corte Suprema de Justicia al respecto, así:
“En lo relativo a la liquidación del quantum del derecho reconocido, la disposición reguló la forma, oportunidad, trámite, consecuencias de su omisión y adscribió competencia exclusiva al juez del proceso donde se profiere. En especial, le fijó el deber de condenar in concreto, prohibiendo hacerlo in genere o in abstracto.
“Por esto, a partir de su vigencia, el 1º de junio de 1990, ‘la posibilidad de imponer condenas in genere desapareció del ordenamiento procesal vigente’ (Cas. civ. Sentencia de 6 de mayo de 1998, exp. 5.095), salvo en las expresas hipótesis normativas, taxativas, restrictivas y excepcionales (numerus clausus), cuando con los elementos probatorios del proceso, no está demostrada la ‘cantidad y valor determinado’ del derecho reconocido.
“Autoriza la condena in genere o in abstracto el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor, la ‘sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307’ (texto idéntico en las modificaciones de los artículos 1º, numeral 270 del Decreto 2282 de 1989; 51 de la Ley 794 de 2003 y 31 de la Ley 1395 de 2010), o sea, ‘por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada. y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se aplique lo dispuesto en el inciso segundo del siguiente artículo’, conforme al cual, ‘vencido dicho término, caducará el derecho y el juez rechazará de plano la liquidación que se le presente’ (se subraya, art. 308, CPC)”(17) (subraya por la Sala).
De manera que la providencia fechada el 1º de febrero de 2006, proferida por juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, se originó como consecuencia del incidente de liquidación de perjuicios regulado por el artículo 510, literal B, del Código de Procedimiento Civil, el cual es producto de que en un proceso ejecutivo prosperen las excepciones que proponga el ejecutado.
Ahora bien, en los hechos de la demanda también se hizo alusión a unas posibles irregularidades que se cometieron en el proceso ejecutivo que se adelantó para lograr el pago de la condena impuesta por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, a través de la providencia fechada el 1º de febrero de 2006.
Tales irregularidades, según los hechos expuestos, fueron las siguientes:
1) El decreto de unos embargos por valor de $ 227.100.000, los cuales excedieron el valor de la condena impuesta por la providencia proferida el 1º de febrero de 2006.
2) Que el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida expidió los oficios de embargo aun cuando no había ocurrido la ejecutoria de la providencia que accedió a las medidas cautelares solicitadas por los ejecutantes, celeridad procesal que se acusó de ser sospechosa de favorecer sus intereses.
En relación con los anteriores reproches, la Sala estima que si bien aparecen consignados en los hechos de la demanda de ellos no se intentó derivar responsabilidad para la rama judicial, como sí ocurrió con la condena contenida en el auto fechado el 1º de febrero de 2006, desfavorable a la empresa aquí demandante.
Ciertamente, las pretensiones declarativas y condenatorias de la demanda, así como la manera de estimar su cuantía, reflejan que la responsabilidad de la rama judicial se quiso fundamentar únicamente en los yerros que cometió el juzgado primero municipal de Lérida cuando profirió el Auto del 1º de febrero de 2006.
De esta manera se indicó en la demanda:
“Se declare a la Nación (rama judicial) responsable por los perjuicios causados a la Desmontadora del Norte del Tolima S.A. Desmontolima S.A. (hoy Organización Pajonales S.A.) por error jurisdiccional en la actuación y decisión de condena del incidente de regulación de perjuicios contra la sociedad Desmontadora del Norte del Tolima S.A. por los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález ante el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida” (negrilla por la Sala).
“Se le condene a indemnizar los perjuicios ocasionados a dicha compañía en la suma de ciento treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 133.400.000) como capital por haber sido decretada en providencia de febrero 1º de 2006 más los intereses por veinte millones de pesos ($ 20.000.000) de intereses y otros costos asociados a la condena, para un total pagado de $ 153.400.000, más las actualizaciones y todas aquellas sumas que aparezcan probadas en el curso del proceso a la fechad (sic) de la sentencia.
“La presente acción para efectos de cuantía se sustenta en que el juez civil del circuito de Lérida ratificó la decisión del juez primero promiscuo de Lérida condenando a Desmontolima S.A., al pago de ciento treinta y tres millones cuatrocientos mil pesos ($ 133.400.000) como capital por haber sido decretada en providencia de febrero 1º de 2006 más veinte millones de pesos ($ 20.000.000) de intereses y otros costos asociados a la condena, para un total pagado de $ 153.400.000, valor este que debe ser ajustado con la sentencia con las actualizaciones y todas aquellas sumas que aparezcan probadas en el curso del proceso, con base en los soportes, liquidaciones y pruebas que obren dentro del acervo probatorio respectivo” (negrilla por la Sala).
En definitiva, la Sala se centrará en analizar si le cabe o no responsabilidad a la rama judicial por lo decidido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, a través de auto fechado el 1º de febrero de 2006, confirmado en segunda instancia por el juzgado civil del circuito de ese lugar, mediante providencia de 12 de julio de ese año.
2. El auto fechado el 1º de febrero de 2006 como providencia que sí es susceptible de contener un error judicial.
La Sala estima importante precisar que la decisión objeto de análisis es un auto, toda vez que así lo estableció el Código de Procedimiento Civil en el último inciso del artículo 307(18), relativo al aspecto procesal del incidente de liquidación que aquí se estudia y, que, tal como se indicó, estaba previsto por el artículo 510, literal B, de ese cuerpo normativo. Se reitera que este último enunciado remitió a aquel para efectos de las reglas procedimentales a seguir(19).
Añádase que el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil denominó las decisiones de los jueces como providencias. Estas, a su vez, las clasificó en autos o sentencias(20).
Por tales razones, cuando el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 se refirió al error judicial como un título de imputación de responsabilidad del Estado, el cual se concretaba “a través de una providencia contraria a la ley”, expedida por “una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso”, se concluye que la decisión fechada el 1º de febrero de 2006 se circunscribe a su ámbito de aplicación. De hecho, se trató de una providencia proferida por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida en el ejercicio de sus funciones, por mandato del literal B, del artículo 510 del Código de Procedimiento Civil, con el cual concluyó un trámite incidental.
Como antecedente, resulta adecuado mencionar que esta subsección ya ha resuelto demandas de reparación directa por errores judiciales contenidos en autos expedidos en procesos ejecutivos, de conocimiento de la jurisdicción civil. Por ejemplo, esta Sala, en sentencia fechada el 13 de junio de 2016, se expresó de la siguiente manera, aun cuando negó las pretensiones por no estar demostrado el error judicial:
“En el asunto sub examine, dado que los daños y perjuicios que dijo sufrir la actora se habrían materializado con la expedición de una providencia judicial, es obvio que dicha circunstancia se ubica dentro de los lineamientos de un error judicial y, por lo mismo, la Sala procederá a verificar, de conformidad con el material probatorio que obra en el plenario, si aquel se encuentra configurado o no en el presente caso.
“Como se anotó, la señora Martha Bautista Millán reclama una indemnización por los daños y perjuicios que dijo sufrir como consecuencia de un error judicial que se materializó con la expedición del Auto del 18 de noviembre de 2003, a través del cual el juzgado cuarto civil municipal de Bucaramanga dejó sin efecto el que profirió el 1º de octubre de ese mismo año, que ordenó la terminación del proceso ejecutivo seguido en su contra, providencia esta última que se encontraba ejecutoriada, circunstancia que revivió un proceso judicial ya terminado, en el que la secretaría del juzgado practicó una nueva liquidación del crédito por $ 50.141.148, que habrían sido pagados porla citada señora.
“En el presente asunto, la actora no demostró el error judicial alegado —error sí existió en la providencia del 1º de octubre de 2003, pero no en contra de la acá demandante— y menos aún que ella hubiera sufrido un daño antijurídico como consecuencia de la expedición del Auto del 18 de noviembre de 2003, a través del cual el juzgado cuarto civil municipal de Bucaramanga dejó sin efecto aquel otro, esto es, el del 1º de octubre de ese mismo año, que dio por terminado el proceso ejecutivo seguido contra la señora Martha Bautista Millán, de suerte que se confirmará la sentencia apelada”(21) (negrilla y subraya por la Sala).
Dicho lo anterior, se considera que es procedente analizar, a la luz de la Ley 270 de 1996, si se configuró o no un error judicial en el auto proferido el 1º de febrero de 2006, por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida.
De conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso(22).
Por esa razón, la Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo del Tolima profirió el 27 de abril de 2010, toda vez que se trata de determinar una eventual responsabilidad del Estado por un error judicial que habría afectado a la empresa demandante.
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos público o cualquier otro motivo.
Como el auto proferido el 1º de febrero de 2006 por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida fue objeto de recurso de apelación, resuelto por el juzgado civil del circuito de ese lugar a través de auto fechado el 12 de julio de ese año, será la ejecutoria de esta última decisión el momento para contabilizar el término de caducidad, por cuanto a partir de ese instante la empresa demandante tuvo certeza de que tenía que pagar una suma de dinero a título de indemnización de perjuicios.
Según se desprende del expediente, el auto calendado el 12 de julio de 2006 se notificó por estado el 14 de ese mes y año, por lo que su ejecutoria ocurrió el 19(23). Como la demanda se formuló el 7 de mayo de 2007, se hizo dentro del término de caducidad.
5. Acerca de la responsabilidad del Estado por error judicial.
Respecto de dichos elementos ya esta corporación ha precisado que, frente al primero, el interesado debió agotar los recursos de ley, estos son los medios de defensa judicial que tiene a su alcance para evitar que el perjuicio se ocasione por su propia negligencia y no por el error judicial. Igualmente, tales recursos deben corresponder a los mecanismos idóneos respecto de la decisión cuestionada, es decir “aquellos que no sólo permiten el examen limitado de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que operan para los extraordinarios”(24).
En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”(25).
Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”(26).
6.1. El daño: el pago de la condena impuesta por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, a través del auto fechado el 1º de febrero de 2006.
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, está demostrado que la sociedad demandante se vio obligada a pagar, con ocasión de un incidente de liquidación de perjuicios adelantado en su contra por los señores Juan Carlos y Alexánder Machado Aranzález, la suma de $ 133.400.000, representada en la condena impuesta por el auto fechado el 1º de febrero de 2006, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, a título de indemnización de perjuicios(27).
Además, está demostrado que esa cantidad de dinero se pagó junto con los intereses causados, las costas y las agencias en derecho, para un total de $ 153.400.000(28). De hecho, obra en el expediente la copia auténtica del comprobante de consignación en el que se refleja la transacción a favor de las personas naturales beneficiadas con la decisión contenida en el auto fechado el 1º de febrero de 2006, efectuada por la empresa demandante.
Cabe precisar que la prueba del pago de la anterior suma de dinero se corresponde con la pretensión económica de la demanda, según la cual, debía indemnizarse a la sociedad actora en suma de $ 153.400.000, representada en el daño emergente.
Dicho esto, se concluye que la sociedad demandante demostró en el expediente el detrimento patrimonial que, en su criterio, soportó como consecuencia de una decisión judicial carente de pruebas y, por tanto, constitutiva de un error judicial. Por esta razón, se procederá a analizar si el auto fechado el 1º de febrero de 2006, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, contiene algún yerro para efectos de declarar o no la responsabilidad de la rama judicial.
6.2. La imputabilidad del daño a la rama judicial.
El análisis de la imputabilidad del daño implica verificar si se satisficieron los presupuestos necesarios para que se declare la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional. Estos son: que respecto de la providencia contentiva del error se hayan agotado los recursos de ley y, por ende, que se encuentre ejecutoriada. Así mismo, que sea contraria a derecho.
En lo que refiere a la interposición de los recursos ordinarios en contra del auto proferido el 1º de febrero de 2006, está demostrado en el expediente que la sociedad demandante formuló en su contra recurso de apelación(29), el cual fue resuelto por el juzgado civil del circuito de Lérida, a través de auto fechado el 12 de julio de ese año, en el sentido de confirmarlo en su integridad.
Dado que el auto censurado en la demanda fue objeto de apelación, su ejecutoria ocurrió una vez quedó en firme el que resolvió el recurso(30), lo que ocurrió el 19 de julio de 2006(31).
De esta manera, se encuentra demostrado en el proceso que el auto fechado el 1º de febrero de 2006 fue objeto de uno de los recursos ordinarios y que se encontraba ejecutoriado para cuando se interpuso la demanda el 7 de mayo de 2007.
Ahora, en lo que tiene que ver con que el auto que se acusa sea contrario a derecho, la Sala procede a exponer lo siguiente:
En el recurso de apelación presentado por la rama judicial se insistió en que la decisión del juzgado primero promiscuo municipal de Lérida de condenar a la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A. a pagar indemnización de perjuicios a los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález, se efectuó con fundamento en un análisis probatorio circunscrito en la interpretación del ordenamiento jurídico y, por ende, no arbitraria ni caprichosa, constitutiva de un error judicial.
Con el objeto de dilucidar si la apelante tiene razón o no, resulta indispensable que se efectúe un análisis de las razones que fundamentaron la imposición de las condenas en contra de la sociedad demandante. Para ello, se estima pertinente transcribir la parte resolutiva del auto proferido el 1º de febrero de 2006, para contextualizar sobre qué decisiones fue que se interpuso esta demanda de reparación directa:
“1. DECLARAR a la compañía Desmontadora del Norte del Tolima S.A., ‘Desmontolima S.A.’, representada legalmente por su gerente general o quien haga sus veces, responsable de los perjuicios causados a los demandantes Juan Carlos y Alexánder Machado Aranzález, por estar probadas las actuaciones inexcusables en que incurrieron al continuar el adelantamiento del proceso ejecutivo de menor cuantía y mantener vigentes medidas cautelares sobre los bienes de los mismos, habiéndose probado que la obligación a su cargo ya estaba cancelada.
“2. DECLARAR que como consecuencia del punto anterior, Desmontolima S.A. debe cancelar a los demandantes:
“CIEN MILLONES DE PESOS ($ 100.000.000) correspondientes al perjuicio probado de no haber recibido por razón del mantenimiento de las medidas cautelares sobre sus bienes, aun cuando estaba satisfecha la obligación, el crédito que les fuera negado por Ceragro Ltda., en la suma individual de cincuenta millones de pesos a los hermanos Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález, respectivamente.
“TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 33.400.000) correspondientes al perjuicio causado a los demandantes quienes al no haber recibido el crédito solicitado, por razón del gravamen obrante sobre sus bienes, a pesar de estar cancelada la obligación con Desmontolima S.A., incurrieron en mora en el pago del vigente con Agroinsumos Aguachica Ltda., y como consecuencia les fue iniciado proceso ejecutivo en el que se les condenó al pago de estas sumas” (negrilla por la Sala).
Como la parte resolutiva se componía de dos condenas, una por valor de $ 100.000.000 y otra por $ 33.400.000, la Sala las abordará de manera independiente.
a) Respecto de la condena por $ 100.000.000, representada en dos créditos rechazados por la empresa Cer-Agro Ltda., cada uno por valor de $ 50.000.000, a favor de Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález:
Tras la lectura de las consideraciones expuestas por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida se concluye que fue una condena justificada y acorde con las pruebas que obraban en el expediente, las cuales fueron sometidas a contradicción de las partes, valoración probatoria que se hizo a la luz del ordenamiento jurídico vigente.
Expuso el juzgado en sus consideraciones que, con la formulación del incidente de liquidación de perjuicios, los mencionados señores aportaron unos documentos expedidos por la empresa Cer-Agro Ltda., en los cuales se señalaba que dos solicitudes de crédito por valor de $ 50.000.000 fueron rechazadas por cuanto las garantías ofrecidas por Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález eran objeto de unos embargos(32).
Consideró el juzgado que tales documentos demostraban que a los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález se les negaron unos créditos como consecuencia de los embargos decretados en desarrollo de la demanda ejecutiva, —interpuesta por la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A.— proceso que derivó en el trámite incidental objeto de discusión. Por cierto, así razonó el juzgador:
“En relación con la prueba de este perjuicio, es evidente que las certificaciones obrantes a folios 8 y 9 del cuaderno 5, claramente señalan que las solicitudes de créditos presentadas en abril 25 de 2005 fueron negadas porque las garantías anexadas en la documentación no cumplen con los requisitos de libre de gravámenes, por cuanto se encuentran afectados con embargo y se señala claramente el monto de las mismas, para un valor total de cien millones de pesos, moneda corriente.
“...para este despacho se convierten en prueba de los perjuicios causados en la suma reclamada en los numerales 2 y 3 del incidente y correspondiente a cien millones de pesos, que se solicitaron por el sistema de crédito pedido por los hermanos Machado Aranzález, en forma individual y les fue negado en mayo de 2005, por razón de los embargos inscritos sobre los bienes inmuebles presentados como garantía, aún a pesar que como se ha concluido por la prueba documental allegada, en ese momento no adeudaban ninguna suma a Desmotolima S.A., pues su acreencia había sido cancelada por el señor (...)” (se destaca).
Se destaca que en desarrollo del incidente la sociedad Desmontadora del Norte del Tolima S.A., tachó de falso el contenido de las certificaciones por medio de las cuales las mencionadas personas demostraron el perjuicio económico que habían soportado, producto de las medidas cautelares.
De hecho, la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A. aportó al incidente una carta suscrita por el gerente general de Cer-Agro Ltda., en la que se indicó que los escritos que su empresa había expedido indicando la razón por la cual negaron unos créditos a los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález, estaban elaborados en papelería que no pertenecía a la compañía y, así mismo, que fueron suscritas por personas que no tenían la autorización ni la competencia para evaluar créditos, ni representarla legalmente(33).
Además de lo anterior, en la carta suscrita por el gerente general de Cer-Agro Ltda. se afirmó que a los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález no se les había negado solicitud alguna de crédito, como consecuencia de embargos de bienes inmuebles producto de alguna demanda ejecutiva.
Es de anotar que está demostrado en el proceso que el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida desestimó el documento suscrito por el gerente de Cer-Agro Ltda. En efecto, calificó de extemporáneo el estadio procesal en el que Desmontadora del Norte del Tolima S.A. lo aportó al incidente con el objeto de debatir la autenticidad de las certificaciones allegadas por Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález con su formulación.
En ese sentido, invocó el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil(34), de lo cual concluyó que la audiencia de interrogatorio de parte no era la oportunidad procesal para aportar al proceso un documento para tachar de falsos otros que fueron allegados con la formulación del incidente, pues se debió hacer cuando se corrió traslado de este.
No obstante lo anterior, se percata la Sala de que el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida llevó a cabo averiguaciones que le permitieron concluir acerca de la autenticidad de los documentos presentados por los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález(35).
Producto de las averiguaciones, el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida logró establecer que el membrete de las certificaciones allegadas con el incidente sí pertenecía a la empresa Cer-Agro Ltda. y que, además, fueron suscritas por una persona que sí trabajaba para la sucursal de Lérida, por lo que cualquier afirmación extemporánea con el objeto de cuestionar su contenido carecía de fuerza vinculante(36).
Dicho todo lo anterior, la Sala concluye que la condena por valor de $ 100.000.000, proferida en contra de la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A., equivalente al valor de los créditos negados por Cer-Agro Ltda., tuvo como fundamento la valoración del contenido de unas certificaciones proferidas por esta empresa, el cual fue objeto de un ejercicio de contradicción para concluir acerca de su autenticidad y, por tanto, del perjuicio económico en cabeza de los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález.
Como consecuencia, no se trató de una decisión constitutiva de error judicial, dado que no se detectó algún error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba documental que soportó la condena que en este acápite se analiza.
Se deduce entonces que lo pretendido en esta demanda de reparación, respecto de la condena por la suma de $ 100.000.000, era reabrir del debate probatorio clausurado en segunda instancia por el juzgado civil del circuito de Lérida, que confirmó la condena impuesta por el juzgado primero promiscuo municipal de ese lugar, a través de auto fechado el 1º de febrero de 2006.
Añádase que no se comparten las consideraciones tenidas en cuenta por el Tribunal Administrativo del Tolima para haber declarado la responsabilidad de la rama judicial, por proferir la condena en mención en contra de la sociedad Desmontadora del Norte del Tolima S.A. El a quo centró su argumentación en las incertidumbres que había respecto del uso que los mencionados señores le darían al crédito que les negó Cer-Agro Ltda., de suerte que era imposible reconocer, a título de indemnización de perjuicios, el 100% de su importe.
Lo relevante en los hechos que se analizan, cosa que llevó a cabo el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, era la incidencia de la vigencia de unas medidas cautelares practicadas sobre su patrimonio y que no tenían por qué soportar —dada la inexistencia de una deuda—, respecto de la imposibilidad de acceder a unos créditos. Pero de modo alguno en qué se lo gastarían.
La anterior afirmación, por cuanto así se planteó en las pretensiones indemnizatorias del incidente de liquidación, en las que se pidió el reconocimiento y pago de $ 50.000.000 para los señores Alexánder y Juan Carlos Machado Aranzález, para cada uno, equivalente a los créditos negados por Cer-Agro Ltda., por la existencia de los embargos decretados. Es decir, se circunscribieron al motivo del rechazo, pero no a su destinación como circunstancia que hubiere incidido en su no aprobación.
Así las cosas, como no se observa error judicial en cabeza de la rama judicial por haber proferido la mencionada condena, se impone revocar la decisión de primera instancia que así lo declaró.
b) En el incidente de liquidación de perjuicios también se condenó a la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A. a pagar indemnización en cuantía de $ 33.400.000, representados en un cobro ejecutivo que hiciera el juzgado primero promiscuo municipal de Ibirico en contra el señor Alexánder Machado Aranzález, promovido por la empresa Agroinsumos Aguachica Ltda.
Según lo expuesto por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, en el auto fechado el 1º de febrero de 2006, el cobro ejecutivo del que fue objeto el señor Alexánder Machado Aranzález se originó en el no pago de una deuda con cargo a unos créditos que le negara el sistema financiero, con fundamento en que los inmuebles ofrecidos en garantía se encontraban embargados con ocasión del proceso ejecutivo adelantado por la mencionada compañía y que dio origen a la formulación del incidente.
Adicionó el juzgado que del análisis de la prueba testimonial y documental que obraba en el expediente, las cuales no fueron cuestionadas por la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A., se podía inferir la relación entre los embargos y la imposibilidad de obtener financiación para pagar la deuda que tenía con la sociedad Agroinsumos Aguachica Ltda., por valor de $ 33.400.000, lo cual devino en su cobro ejecutivo por parte del juzgado primero promiscuo municipal de lbirico.
En efecto, así razonó el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida para conceder esa suma de dinero, a título de indemnización de perjuicios:
“Sobre la existencia de este proceso [se refiere al ejecutivo adelantado por el juzgado primero promiscuo municipal de Ibirico] obra la prueba aportada en documentos visibles a folios 10 a 18 del cuaderno 5 y en los mismos se da cuenta, en efecto, del cobro por la vía ejecutiva, del valor de insumos suministrados para el cultivo de arroz. En el mismo se señala que Alexánder Machado Aranzález tenía obligaciones pendientes de pago con la citada empresa [refiere a Agroinsumos Aguachica Ltda.] desde 2003, pero había ido cubriendo las mismas; contaba a la sazón con un saldo insoluto por valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS a 2 de junio de 2005; este saldo se encontraba representado para el cobro en un cheque correspondiente a la cuenta corriente del demandante, proveniente del Banco de Bogotá de Lérida que, como se explicó en antelación, fue impago por carencia de fondos, en julio de 2005.
“Aunado a la documentación proveniente del juzgado mediante la cual se demuestra la existencia del proceso ejecutivo, tales documentos y las declaraciones de Hernando Lozano y Alejandro Machado, son unívocas en corroborar la existencia de cultivos de arroz en la Jagua de Ibirico, para el mantenimiento de los cuales la casa comercial Agroinsumos de Aguachica Ltda. otorgó créditos que fueron cubriéndose, pero quedaron saldos insolutos a diciembre de 2004, razón por la que en junio de 2005 se hizo efectivo el cheque dado en garantía de pago, por el valor posteriormente cobrado en el ejecutivo.
“Tales situaciones enmarcadas dentro del lapso de tiempo señalado por la prueba documental y testimonial recibida, que no fuera desvertebrada por la parte demandada, llevan a esta instancia a la certeza de que también deben reconocerse las sumas reclamadas en este acápite” (negrilla por la Sala).
En relación con el razonamiento para condenar al pago de esa suma de dinero, la Sala considera que no se trató de una decisión que adoleciera de una apreciación probatoria, pues hubo una referencia a las documentales y testimoniales que obraban en el expediente.
Resultaba importante que en esta acción de reparación directa se demostrara porqué el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida incurrió en una valoración incorrecta de los testimonios y la prueba documental y, así mismo, porqué era inadmisible la conclusión según la cual “tales situaciones enmarcadas dentro del lapso de tiempo señalado por la prueba documental y testimonial recibida, que no fuera desvertebrada por la parte demandada, llevan a esta instancia a la certeza de que también deben reconocerse las sumas reclamadas en este acápite”.
De hecho, el único cuestionamiento consignado en la demanda en contra de la condena por concepto de $ 33.400.000, fue el siguiente:
“Adicionalmente el error judicial se evidencia por el hecho según el cual si los actores en el proceso objeto de esta demanda, necesitaban el dinero para cultivar, indicaban que ello se requería con el producto de los créditos que también pagarían para la obligación contraída con anterioridad y que les era exigible a través del juzgado primero promiscuo municipal de Ibirico, Cesar”(37).
Como puede verse, la sociedad demandante no señaló el porqué las pruebas testimoniales y documentales en que se basó el juzgado de conocimiento impedían concluir como lo hizo y que se tradujo en la condena por valor de $ 33.400.000.
Dicho de otro modo, la parte actora no cumplió con su deber de demostrar que la posición recogida en la providencia acusada, en punto a la condena por $ 33.400.000, carecía de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no hubiere expuesto una interpretación razonada de las normas jurídicas o porque hubiere adolecido de una apreciación probatoria debidamente sustentada(38).
Así las cosas, no puede la Sala de oficio entrar a efectuar una nueva valoración de los testimonios y de los documentos que como pruebas soportaron dicha condena, toda vez que sería reabrir un debate clausurado en virtud de la cosa juzgada que, en todo caso, gozó del examen del juez de segunda instancia, quien lo confirmó a través de providencia proferida el 12 de julio de 2006, por el juzgado civil del circuito de Lérida.
Corolario de lo expuesto, la Sala debe revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones de la demanda interpuesta por la sociedad Organización Pajonales S.A., comoquiera que no aparece probado en el expediente el error judiciaI en que habría incurrido el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, tras condenar a la Desmontadora del Norte del Tolima S.A. a pagar indemnización de perjuicios en virtud de un incidente de liquidación de perjuicios, decisión que fue confirmada en segunda instancia por un juzgado civil del circuito de ese municipio.
REVOCAR la sentencia proferida el 27 de abril de 2010 por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en su lugar, se dispone:
(14) La copia auténtica del auto proferido el 11 de julio de 2005 por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, obra en el folio 49 del cuaderno 4.
(15) Último inciso del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil: “Cuando la condena en perjuicios se haga por auto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se aplique lo dispuesto en el inciso segundo del siguiente artículo 308. Dicho auto es apelable en el efecto diferido”.
(16) “ART. 172.—Condenas en abstracto. Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente: Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil.
(17) Corte Suprema de Justicia. Sala de casación civil. Sentencia fechada el 28 de abril de 2011. M.P. William Namén Vargas, exp. 41001-3103-004-2005-00054-01.
(18) El último inciso del artículo 307 señalaba que la providencia que decidía el incidente de liquidación de perjuicio previsto por el artículo 510, literal B, del Código de Procedimiento Civil, era un auto:“(...)
“Cuando la condena en perjuicios se haga por auto, se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta días siguientes a la ejecutoria de aquél o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso, so pena de que se aplique lo dispuesto en el inciso segundo del siguiente artículo 308. Dicho auto es apelable en el efecto diferido” (negrilla por la Sala).
(19) Artículo 510, literal B, del Código de Procedimiento Civil:
“b) La sentencia de excepciones totalmente favorable al demandado pone fin al proceso; en ella se ordenará el desembargo de los bienes perseguidos y se condenará al ejecutante a pagar las costas y los perjuicios que aquel haya sufrido con ocasión de las medidas cautelares y del proceso. La liquidación de los perjuicios se hará como dispone el inciso final del artículo 307” (negrilla y subraya por la Sala).
(20) Artículo 302 del Código de Procedimiento Civil:
“Clases de providencias. Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.
“Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión.
“Son autos todas las demás providencias, de trámite o interlocutorias”.
(21) Consejo de Estado. Sección tercera. Subsección A. Sentencia proferida el 13 de junio de 2016, exp. 68001-23-31-000-2005-03058-01 (40215). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
(22) Sobre este tema consultar el auto proferido por la Sala plena de lo contencioso administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros.
(23) Los tres días hábiles siguientes a la notificación por estado fueron el 17, 18 y 19 de julio de 2006.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, subsección B, Sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(26) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección tercera, Sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16.594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(27) Entre los folios 297 y 323 del cuaderno de pruebas 1 obra la copia auténtica del auto fechado el 1º de febrero de 2006, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida.
(28) En el folio 972 del cuaderno de pruebas 3 obra la copia auténtica del recibo de consignación a por valor de $ 153.400.000, efectuada por la empresa demandante.
(29) En los folios 325-329 del cuaderno de pruebas 1 obra el recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante contra el auto proferido el 1º de febrero de 2006, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida.
(30) Acerca de la ejecutoria de las providencias:
“Modificado por el artículo 34, Ley 794 de 2003 Ejecutoria. Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva.
(31) La notificación por estado de la providencia ocurrió el 14 de julio de 2006. Los tres días de ejecutoria fueron el 17, 18 y 19 de ese mes.
(32) En los folios 573 y 574 del cuaderno de pruebas 3 obran las certificaciones expedidas por la empresa Cer-Agro Ltda.
(33) En el folio 418 del cuaderno de pruebas 3 obra la copia auténtica de la carta suscrita por el gerente de Cer-Agro Ltda., calidad que está demostrada por el certificado de existencia y representación visible en los folios 419-420 del mismo cuaderno.
(34) “ART. 289.—PROCEDENCIA DE LA TACHA DE FALSEDAD. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a ésta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente en que haya sido aportado en audiencia o diligencia.
“No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión, o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica” (negrilla por la Sala).
(35) En el folio 429 del cuaderno de pruebas 3 obra un auto fechado el 16 de noviembre de 2005, proferido por el juzgado primero promiscuo municipal de Lérida, por medio del cual se requirió a la empresa Cer-Agro Ltda. que informara que tipo de papelería utilizaba; así mismo que certificara el estatus laboral de quienes habían suscrito los documentos que estaba cuestionando la empresa Desmontadora del Norte del Tolima S.A.
(36) De esta manera razonó el juzgado de conocimiento para concluir acerca de la autenticidad de las certificaciones aportadas con el incidente de liquidación de perjuicios:
“No obstante, precisamente a petición de la parte demandante se procuró establecer la veracidad de las afirmaciones hechas por el señor suplente del gerente general de la entidad demandada en torno al contenido de la citada certificación concluyéndose que la muestra de papelería membretada remitida al juzgado y que se usaba para la época de la expedición de la certificación atacada es coincidente en todo con la aquí presentada.
“De otra parte la manifestación del señor gerente de la firma Cer-Agro en torno a quienes firmaron la certificación no tenían autorización ni competencia para el otorgamiento de créditos, a pesar de admitir que al menos uno de ellos laboraba en efecto para los meses de abril a mayo de 2005 en su oficina sucursal de Lérida, no pasa de ser una simple afirmación que al ser emitida en esta etapa del proceso, no repercute sobre su autenticidad que ya se ha tornado inobjetable y que para este despacho se convierte en prueba de los perjuicios causados en los numerales 2 y 3 del incidente y correspondiente a CIEN MILLONES DE PESOS, que se solicitaron por el sistema de crédito pedido por los hermanos Machado Aranzález en forma individual y les fue negado en mayo de 2005, por razón de los embargos inscritos sobre los bienes inmuebles presentados como garantía, aun a pesar que como se ha conocido por la prueba documental allegada, en ese momento no adeudaban ninguna suma de Desmotolima S.A. pues su acreencia había sido cancelada por el señor (...) desde el mes de marzo de ese año”.
(37) Folio 19 del cuaderno principal.
(38) Acerca de la configuración del error judicial, así se ha pronunciado la subsección b de la sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia fechada el 24 de julio de 2012, proferida dentro del expediente 22.581, M.P. Danilo Rojas Betancourth:
“Por ello, para que se configure el error jurisdiccional, el demandante debe demostrar que en el caso concreto el juez no cumplió con la carga argumentativa de justificar que su respuesta era la única correcta. Esto implica demostrar que la posición recogida en la sentencia acusada de verdad carece de una justificación jurídicamente atendible, bien porque no ofrece una interpretación razonada de las normas jurídicas, o porque adolece de una apreciación probatoria debidamente sustentada por el juez de conocimiento”.

References: ARTÍCULO 67
 resolución 
 artículo 510
 artículo 439
 artículo 307
 artículo 307
 artículo 172
 artículo 510
 artículo 307
 artículo 510
 artículo 307
 artículo 510
 artículo 302
 artículo 66
 artículo 510
 artículo 73
 artículo 136
 artículo 289
 artículo 307
 artículo 308
 artículo 56
 artículo 307
 artículo 510
 artículo 308
 Artículo 510
 artículo 307
 Artículo 302
 artículo 34