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Timestamp: 2019-10-23 18:17:24+00:00

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Exp. N.º 01412-2007-PA/TC FFJJ 8-9 – Iuris Palestra
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El derecho fundamental al debido proceso y su correlato: La motivación de las resoluciones
8.- Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante y sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados.
9.- En reciente jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha precisado que “el fundamento principal por el que se habla de debido proceso administrativo encuentra su sustento en el hecho de que tanto la jurisdicción como la administración están indiscutiblemente vinculadas a la Constitución Política del Estado, de modo que si ésta resuelve asuntos de interés para los administrados, y lo hace a través de procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional” (STC 8495-2006-PA/TC).
Exp. N.º 01412-2007-PA/TC
En Lima, a los 11 días del mes de febrero de 2009, el Pleno del Tribunal Constitucional integrado por los Magistrados Mesía Ramírez, Vergara Gotelli, Beaumont Callirgos, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Álvarez Miranda que se agregan y los votos singulares de los magistrados Landa Arroyo y Beaumont Callirgos, que se anexa
Que con fecha 10 de septiembre de 2003 el recurrente interpone demanda constitucional de amparo contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que con fecha 5 de agosto de 2003 resolvieron no ratificarlo en el cargo de Vocal Superior Titular del Distrito Judicial de Lambayeque, pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución 323-2003-CNM de fecha 01 de agosto de 2003 a través de la cual se decidió no ratificar como magistrado al hoy demandante y se lo incorpore en el cargo que ostentaba hasta antes de la afectación a su derecho fundamental, asimismo peticiona se le reconozca los derechos inherentes al cargo, entre ellos los pensionarios, de antigüedad y los beneficios laborales y remunerativos dejados de percibir
Sostiene el demandante que por mandato constitucional fue convocado a pasar por el proceso de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos miembros, luego de efectuar la evaluación correspondiente, se reunieron en sesión reservada y secreta para decidir sobre su ratificación. Concluida la referida sesión los integrantes de la citada institución del Estado decidieron no ratificar en el cargo de juez superior al accionante, sin comunicarle las razones o motivos que llevaron a dichos funcionarios del Estado a tomar tal decisión, bastando con la simple publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la lista de magistrados no ratificados. Todo ello a juicio del demandante colisiona con el derecho fundamental al debido proceso en su vertiente de motivación de las resoluciones.
Evacuada la resolución de primera instancia el Juez acogiendo lo dispuesto en el precedente vinculante 3361-2004-PA/TC declaró infundada la demanda por considerar que en los procesos ratificatorios evacuados hasta antes de la emisión del presente precedente no es obli gatorio, para Consejo Nacional de la Magistratura en los procesos ratificatorios, motivar su resolución.
El A-quem confirmó la recurrida por idénticos fundamentos.
1.- Es ampliamente conocido que este Colegiado Constitucional a través de la STC 3361-2004-AA/TC había determinado como precedente vinculante que los criterios establecidos con anterioridad a la publicación de esta sentencia en el diario oficial “El Peruano” constituyen la interpretación vinculante en todos los casos relacionados con los procesos de evaluación y ratificación de magistrados efectuados por el Consejo Nacional de la Magistratura y, por ende, los jueces deben aplicar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en los términos en que estuvo vigente, toda vez que hasta antes de la dación del precedente al que se está haciendo referencia, la actuación del CNM tenía respaldo en la interpretación efectuada respecto de las facultades que a tal institución le correspondía a tenor del artículo 154.2 de la Constitución Política del Estado.
La Constitución como portadora de valores superiores
2.- La Constitución Política del Perú, como toda Constitución de un Estado, lleva consigo un conjunto de atributos normativos y de superioridad que determina la unidad del ordenamiento del Estado. Pero como la Constitución no es una norma de cualquier contenido, sino precisamente portadora de unos determinados valores materiales que tienen su soporte en el orden sustantivo que conforman los expresados valores, esta debe expresar una unidad que informe todo el ordenamiento jurídico. Estos valores están expresados en su gran mayoría en los derechos fundamentales contenidos en ella.
3.- En tal sentido, todo acto que esté orientado a menoscabar aquellos valores superiores contenidos en la Constitución, vengan estos de particulares o de parte del Estado están proscritos por la Constitución Política del Perú, pues atentarían contra aquel orden de los valores.
Los Derechos Fundamentales como concreción de los valores superiores
4.- Consecuentemente, los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú, y que asumidos como decisión constitucional básica, han de informar todo nuestro ordenamiento jurídico.
5.- Así, los derechos fundamentales no son sólo derechos subjetivos de defensa del individuo frente al Estado, sino que representan al mismo tiempo un orden valorativo objetivo que, en tanto decisión básica jurídico-constitucional, vale para todos los ámbitos del derecho y proporciona directrices e impulsos para la legislación, la administración y la justicia.
6.- Teniendo en consideración los argumentos anteriormente expuestos podemos concluir que toda norma contenida en los Tratados Internaciones suscritos y ratificados por el Perú forman parte del derecho interno, lo cual ha sido recogido por el propio texto fundamental peruano en su artículo 55º y refrendado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 5854-2005-AA/TC “…los Tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, por pertenecer al ordenamiento jurídico interno, son derecho válido, eficaz y en consecuencia inmediatamente aplicable al interior de Estado”.
7.- Siguiendo esta línea argumentativa y complementando lo previsto en el artículo constitucional arriba citado, esto es el 55º, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú ha establecido que la interpretación de los derechos fundamentales se debe realizar en armonía o concordancia con las decisiones adoptadas por los Tribunal Internacional sobre derechos humanosconstituidos según tratados de los que el Perú es parte.
10.- Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración.
11.- En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria.
12.- Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.
13.- Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento.
14.- Al respecto el Tribunal Constitucional ha sido claro al señalar la doble eficacia del derecho a la motivación de las resoluciones administrativas, así en la STC 2192-2004-PA/TC ha previsto que “… En la medida en que la sanción administrativa supone la afectación de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal impuesta a la administración, sino también el derecho del administrado, a efectos de que este pueda hacer valer los recursos de impugnación que la ley le prevea, cuestionando o respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y precisión en el acto administrativo sancionador…”.
Un cambio necesario: Hacia una jurisprudencia eficaz que tutele los Derechos Fundamentales
15.- Como se ha expuesto en la parte introductoria de la presente resolución, existe un precedente vinculante de fecha 16/12/2005 que utilizando la técnica del overruling prospectivo estableció que los procesos de ratificación a los que son sometidos los Magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público por el Consejo Nacional de la Magistratura deberán ser motivados en la medida en que dichos procesos de ratificación se hayan realizado con posterioridad a la emisión del ya citado precedente, dejando sin protección jurídica-constitucional a aquellos magistrados a los cuales no se los ratificó en el cargo con una resolución carente de motivación.
16.- Dicha situación ha generado una distinción allí donde la ley no la ha formulado y ha traído como consecuencia un trato diferenciado en la aplicación de la ley, generando de este modo una afectación al derecho a la igualdad de aquellos magistrados que no fueron ratificados a través de resoluciones inmotivadas. Siendo honestos con nuestras convicciones, si bien reconocemos que esta técnica constituye un verdadero avance en el desarrollo jurídico por su firme contribución a la unificación jurisprudencial, no es menos cierto que su aplicación no debe estar orientada a constituirse en un elemento que imposibilite una efectiva protección y tutela de los derechos fundamentales.
17.- Que lo argumentado en el considerando precedente cobra mayor connotación si tenemos en cuenta que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el pedido formulado por un grupo de magistrados que se vieron perjudicados por la no ratificación inmotivada, ha señalado en el año 2006 que “…los procesos de evaluación y ratificación no contaron con las garantías de la tutela procesal efectiva, particularmente la exigencia de la resolución motivada, requisito que debe ser conservado a todo tipo de procedimiento…”. Todo ello como parte de una solución amistosa a la que se arribó con el Estado peruano. Es decir la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que existe vulneración a los derechos fundamentales de las personas que no fueron ratificadas en sus cargos de magistrados sin motivación alguna. Consecuentemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos requirió al Consejo Nacional de la Magistratura de nuestro país que rehabilite el título correspondiente a los jueces y fiscales que acudieron ante ella, y en la medida de ello se los reponga en el cargo de magistrados que ostentaban hasta antes de la no ratificación.
18.- Así, el CNM, acatando el acuerdo al que se arribó en la referida solución amistosa, resolvió dejar sin efecto los acuerdos adoptados por el Pleno de dicho organismo constitucional, contenidos en las resoluciones 019-2007-CNM de fecha 11 de enero de 2007; 123-2007-CNM y 124-2007-CNM, ambas del 20 de abril de 2007, quedando en consecuencia sin efecto las resoluciones que decidieron no ratificar a los magistrados del Poder Judicial.
19.- Esto trae a colación lo que el propio Tribunal Constitucional ya ha expresado en la STC 2730-2006-AA/TC “… no alude a una relación de jerarquización formalizada entre los tribunales internacionales de derechos humanos y los tribunales internos, sino a una relación de cooperación en la interpretación pro homine de los derechos fundamentales. No puede olvidarse que el artículo 29.b de la Convención proscribe a todo tribunal, incluyendo a la propia Corte, “limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados”. Ello significa, por ejemplo, que los derechos reconocidos en el ordenamiento interno y la interpretación optimizadora que de ellos realice la jurisprudencia de este Tribunal, también es observada por la Corte.
Como bien señala Cecilia Medina “… las fuentes del derecho internacional se influyen recíprocamente, y éstas, a su vez, influyen y son influidas por las fuentes domésticas… La interpretación de las normas internacionales también puede beneficiarse de la jurisprudencia que se genere sobre el punto en los países parte del sistema, puesto que la aplicación de normas domésticas a casos particulares también puede dar alcance y contenido más precisos a las normas de derechos humanos. Mirando esto desde otro ángulo, el juez nacional, al interpretar una norma de derechos humanos nacional, también debe tener en consideración las normas internacionales y la jurisprudencia internacional…”
Los derechos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos y su respectiva interpretación por los tribunales internacionales, son, por así decirlo, un punto de partida, un referente “mínimo indispensable”, en cuyo desarrollo se encuentra expedita la facultad de los Estados de ampliar su ámbito normativo, sea sumando derechos “nuevos” inspirados en la dignidad humana, o acompañando a los ya previstos de manifestaciones que impliquen una garantía adicional en su eficacia, esto es, en la proyección del derecho jurídicamente reconocido a la realidad concreta…”.
20.- Es relevante para el caso en concreto señalar que una de las resoluciones que fue dejada sin efecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue la 323-2003-CNM, a través de la cual se decidió no ratificar al demandante. Lo paradójico o contradictorio está en que el Consejo Nacional de la Magistratura dejó sin efecto la resolución que se impugna a través del presente proceso de amparo, pero sólo en el extremo de aquellas personas que acudieron a la instancia internacional.
21.- La citada discriminación resulta intolerable desde la perspectiva actual del Estado Constitucional de Derecho, máxime si se tiene en cuenta las exigencias constitucionales a las que estamos sometidos cuando de interpretar los derechos fundamentales se trata, tal y conforme ya se ha señalado en el considerando 7 de la presente resolución.
22.- Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que sería contraproducente a la propia naturaleza de los procesos constitucionales y sus fines seguir esgrimiendo argumentos a favor del precedente constitucional en referencia, siendo por ello necesario variar el criterio en aras de una defensa efectiva de los derechos fundamentales invocados como vulnerados.
En consecuencia, con los argumentos esbozados a lo largo de la presente sentencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del Código Procesal Constitucional el Tribunal Constitucional, en atención a sus facultades
1.- Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, inaplicable a don Juan de Dios Lara Contreras la Resolución N.º 323-2003-CNM, de fecha 01 de agosto de 2003.
2.- ORDENAR su inmediata reincorporación en el cargo de Vocal Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reconociéndosele todos los derechos inherentes al cargo, sin incluir beneficios remunerativos dejados de percibir.
3.- DEJAR sin efecto el precedente vinculante establecido en la STC 3361-2007-AA/TC, y conforme a lo estipulado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, SENTAR como nuevo precedente lo siguiente:
Primero.- Todas las resoluciones evacuadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales deben ser motivadas, sin importar el tiempo en que se hayan emitido; este criterio deberá ser tenido como fundamento a tener obligatoriamente en cuenta por los jueces de toda la República como criterios de interpretación para la solución de casos análogos.
VERGARA GOTELI.I
EXP. 01412-2007-PA/TC
FUNDAMENTO DE VOTO DEL DOCTOR VERGARA GOTELLI
Con fecha 10 de setiembre de 2003 el recurrente interpone demanda constitucional de amparo contra los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de que se declare la nulidad de la Resolución N° 0323- 2003-CNM, de fecha 01 de agosto de 2003, mediante la que se decidió no ratificarlo como juez superior. Asimismo solicita que en consecuencia se le reincorpore en el cargo que ostentaba hasta antes de la afectación a su derecho fundamental, y se le reconozcan los derechos ingerentes al cargo.
Estando de acuerdo con la ponencia respecto a que es necesario realizar un cambio de criterio que garantice la defensa efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, considero que es pertinente realizar algunas precisiones teniendo en cuenta sobre todo que en casos anteriores me he pronunciado sobre temas que tienen relación al caso en análisis.
Respecto a que se declare la nulidad de la Resolución N° 323-2003-CNM debo señalar que si bien se configura la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones, no puede soslayarse que debe de haber una consecuencia lógica de dicha nulidad, es decir debe llevarse a cabo un nuevo proceso administrativo con todas las garantías del debido proceso, lo que obviamente implica que la resolución que se emita en dicho proceso estará debidamente motivada.
Respecto a la solicitud de reincorporación es necesario señalar que en los votos que emití en los casos N° 05156-2006-AA/TC y 04596-2006-AA/TC (casos de Walde Jáuregui y Loza Zea) señalé que “No hay justificación para que declarada la nulidad se restrinja la vuelta del Juez Supremo a su puesto de trabajo, consecuencia inmediata e insoslayable de la decisión de este Colegiado que además el demandante expresamente propone en su demanda (…). La sanción de nulidad implica la inexistencia de todo lo invalidado y la consecuencia natural de ponerse las cosas al estado anterior. La intervención de este Supremo Tribunal es específica y limitada, por lo que no le corresponde, fuera de la absolución del grado en la forma y en los alcances propios de su determinación, dictar medidas -aunque provisorias- que no están en sus facultades.” En tal sentido considero que si este colegiado ha declarado la nulidad de la Resolución N° 0323-2003-CNM, las cosas deben reponerse al estado inmediatamente anterior a la vulneración de su derecho, es decir al estado en ejercicio del cargo que el demandante venía ostentando
En este sentido la demanda debe ser estimada debiéndose declarar la inaplicabilidad de la resolución cuestionada y en consecuencia reincorporarse al recurrente en el cargo que venía ostentando, teniendo el órgano emplazado la facultades amplias para emitir nueva resolución que, evidentemente cumpla el requisito de la debida motivación.
Por lo expuesto mi voto es porque se declare FUNDADA la demanda de amparo propuesta por el recurrente y en consecuencia ordenar al órgano emplazado se lleve a cabo un nuevo proceso administrativo conforme a lo señalado por este colegiado. Asimismo debe reponerse las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho del demandante, es decir la situación inmediatamente anterior a la emisión de la resolución vulneratoria, la que resulta ser la reincorporación del demandante en el cargo que venía ostentando.
Sin perjuicio del respeto que me merecen las opiniones de mis demás colegas y, al no compartir, el punto 2 de la parte resolutiva, de la sentencia emitida, por mayoría, por el Pleno del Tribunal Constitucional, emito el siguiente fundamento de voto:
Código de derecho laboral vol. I
Código de derecho laboral vol. II
Constitución y procesos constitucionales
1. CONSTRUCCIÓN CIVIL
1. PRINCIPIOS DE LA RELACIÓN LABORAL
1.1 Régimen laboral público
1.2 Régimen especial laboral de contratación administrativa de servicios
2.1. PROTECCIÓN CONTRA ACTOS DISCRIMINATORIOS EN EL ACCESO AL EMPLEO Y OTRAS ETAPAS DEL CONTRATO
2.1.1. Concurso
2.1.2 Nombramiento
2.10.1 Planillas
2.10.2 Seguridad y salud
2.10.3 Reglamento Interno de Trabajo
2.11. PROTECCIONES ESPECIFICAS A COLECTIVOS
2.11.1 Derechos de la madre trabajadora: Previsión y Protección
2.11.2 Derechos del padre trabajador
2.11.3 Derechos del trabajador Discapacitado
2.11.4 Hostigamiento Sexual contra el trabajador
2.2. REGULACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
2.2.1 Jornada y horario de trabajo
2.2.2 Descansos remunerados
2.3. REQUISITOS DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO ACTO JURIDICO
2.3.1 Remuneración
2.3.2 Escalas remunerativas
2.3.4 Asignación familiar
2.3.8 Asignación especial para el personal que realice funciones de investigación en los institutos, organismos y centros de investigación del estado
2.4.1 Contratación de extranjeros
2.4.1 Licencias y permisos
2.4.2 Protecciones específicas a colectivos
2.4.2. Contratación de menores de edad o adolescentes
2.4.3 Seguridad y salud en el trabajo
2.5. EXCLUSIONES DEL ÁMBITO DEL DERECHO DEL TRABAJO
2.6. INTERMEDIACIÓN LABORAL
2.7. TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS
2.8. DETERMINACIÓN DE LA PRESTACIÓN PERSONAL: TIEMPO DE TRABAJO
2.9.1 Remuneraciones
2.9.2 Asignación familiar
2.9.3 Gratificaciones legales
2.9.4. Compensación por tiempo de servicios
2.9.5. Participación en las Utilidades
3. TRABAJADORES DEL HOGAR
3.1 Convenios (ratificados) y recomendaciones de la OIT
3.2 Normas nacionales
4. ESTIBADORES PORTUARIOS
4.1 Sistema administrativo de gestión de recursos humanos
4.2 Cuerpo de gerentes públicos
4.3 Normas de capacitación y rendimiento para el sector público
4.4 Contratación de personal altamente calificado
4.5 Reorganización de los gobiernos regionales y locales
5. FUTBOLISTAS PROFESIONALES
8.1.1 Normas generales del sector
8.1.10 Remuneración de los internos de medicina humana y odontologíá
8.1.2 Régimen de trabajo del médico cirujano
8.1.3 Régimen de trabajo del enfermero
8.1.4 Régimen de trabajo de la obstetriz
8.1.5 Régimen de trabajo del cirujano dentista
8.1.6 Régimen de trabajo del químico farmaceútico
8.1.7 Régimen de trabajo del psicólogo
8.1.8 Régimen de trabajo del profesional de la salud tecnólogo médico
8.1.9 Régimen de trabajo del biólogo
8.2.1 Normas generales del sector
8.2.2 Régimen de trabajo del profesor de educación básica
8.2.3 Régimen de trabajo del profesor universitario
8.2.4 Régimen de los trabajadores administrativos del sector educación
8.3 Sector servicio diplomático
8.4 Sector penitenciario
Acceso a expedientes judiciales
Acceso a la justicia internacional
Actividades de exploración y explotación de hidrocarburos
Acuerdo del trabajador para rebaja
Acumulativas en el sector minero
Afectacion directa
Agotamiento de vía previa
Alcances de la inmunidad en el tiempo
Alcances e interpretación
ANR y CONAFU
Antejuicio al Presidente
Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE)
Anulación de proceso anterior
AOE y Principio Precautorio
Aplicable a conflictos armados internos
Aplicación a procesos constitucional
Aplicación en sede administrativa
Aplicación en todo tipo de sede
Arbitrariedad de corte de agua
Asegurado facultativo independiente
Asimilación a contratación indefinida
Asociación obligatoria
Atípica de trabajo (sector minero)
Atribuciones taxativas
Ausencia de regulacion
Auto de apertura de instrucción
Autoridad competente para limitarlo
Autoridad de las sentencias del TC
Beneficio por reinversión en educación de universidades
Bonificaciones extraordinarias
Cambio de Precedente en relación a las Resoluciones del CNM
Carácter cultural de espectáculos taurinos
Cese por edad
Clases de acciones técnicas
Claúsula penal en contratos
COMO DERECHO
Como derecho constitucional
Como dialogo intercultural
Como elemento de integración
Como libertad preferida
COMO SERVICIO PUBLICO
Como servicio público
Competencia concesión minera
Competencia para aprobar demarcación en disputa
Concepto constitucional de propiedad
Concepto en el ámbito laboral
Concepto jurisprudente grupo de Empresa
Conceptos remunerativos para su cálculos
Condiciones para ejercer
Conducta moral intachable
Conflicto con la buena reputación
CONSECUENCIAS NO PATRIMONIALES
CONSECUENCIAS PATRIMONIALES
Consideraciones sobre el territorio
Constitucionalidad de sistema mixto de acceso
Contenido constitucionalmente protegido
Contenido no esencial
Contrato para servicio específico
Contrato temporal de obra
Control de actuación
Control de parte del TC
Convenio colectivo articulado
Correos electrónicos de trabajador
Criterio de conciencia
Criterios para su aplicación
Criterios sustanciales
De Confiaza
De transexual
Deber del Estado de protegerlos
Deber del Estrado de garantizar la educación universitaria
Defensa obstruccionista
Deficiencias de la motivación
Deja sin efecto precedente control difuso administrativo
Delegación de facultades al Poder Ejecutivo
Demanda contra entidad pública o privada
Derecho a la defensa letrada
Derecho a la educación universitaria
Derecho a la jornada de trabajo
Derecho a la promoción o ascenso
Derecho a la recusación de los jueces
Derecho a usar el idioma propio
Derecho al descanso vacacional
Derecho constitucional concretizado
Derecho de configuración legal
Derecho difuso
Derecho relacional
Derechos progresivos o programáticos
Desafiliación AFP
Desnaturalización de contrato a tiempo parcial
Desnaturalización de contrato de obra
Desnaturalización de contrato por necesidades del mercado
Despedido por su actividad sindical
DESPIDO POR REPRESALIA
Devengados e intereses
Diferencia con autarquía
Diferencia con autarquía y principio de unidad del Estado
Diferencia con conceptos remunerativos
Diferencia con la pensión
Diferencia con la solicitud de un derecho
Diferencia con libertad de información
Diferencia con soberanía
Dimensión Objetiva
Dimensión prestacional
Documento de fecha cierta
E inmunidad parlamentaria
Efectos cancelatorios
Efectos por su consumo
El pago de remuneración sólo es exigible por servicios prestados
El vínculo laboral de carácter permanente
Elementos y presunción
En la ratificación de jueces
En la relación laboral
En los establecimientos penitenciarios
En material económica
En regímenes de Excepción
Entidades del Estado depositarias
Evaluación parcial de desempeño
Exclusión de asociados
Exclusión por demandar
Exhortación al Poder Ejecutivo
Exigibilidad entre privados
Facultad exclusiva del empleador
Falta por incumplir precedentes
Finalidad constitucional
Fines del proceso educativo
Fuerza normativa
Fundamentación legal en la motivación
Garantía en sede administrativa
Garantía en todo tipo de sede
Garantía institucional de la universidad
I. Trabajadores autónomos
Igualdad en la aplicación de la ley y criterio judicial
II. REGÍMENES LABORALES ESPECIALES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA
III. LEY QUE ESTABLECE PLAZO PRESCRIPTORIO
Improcedencia de embargo
INALIENABILIDAD E INVIOLABILIDAD MARITIMA
Inconstitucionalidad del adjetivo "político"
Incorporación como asociado
Información a cargo de un privado
Información cierta, completa y clara
Información positiva y negativa
Información sobre domicilio y ocupación laboral
Información sobre montos de deudas
Inicio y fin del cómputo del plazo
Internamiento médico
Irrenunciabilidad de beneficios sociales
IV. CRÉDITOS LABORALES
IX. PROCESAL LABORAL
La "Constitución Ecológica"
La causa temporal debe ser explicada
Legitimidad de su intervención
Ley de regulación
Límitación
Limitación al derecho de defender
Límites a actividades económicas
Límites a labor docente universitaria
Límites a su determinación
Límites a su ejercicio
LIMITES A SU FUNCIÓN
Límites al dato negativo
Límites al ejercicio del derecho de huelga
Límites derivados del derecho a la intimidad
Límites, bancarización e ITF
Materia no delegable al Poder Ejecutivo
Materias reguladas
No existencia de información solicitada
No implica un derecho de veto
No previstas legalmente ni aceptadas por el trabajador
No suspensión de servicios por falta de pago de pensión
No tiene iniciativa de gasto
Normas de ejecución penal
Normas que lo integran
Ocho horas y razonabilidad
Órgano competente para resolverlas
Otros factores prohibidos
PAPEL DE LA EMPRESA PRIVADA
PAPEL INSTITUCIONAL DEL ESTADO
Pensión mínima Ley 23098
Pérdida de la legitimidad punitiva
Perspectiva material
Por concepto de vivienda
POR RAMA DE ACTIVIDAD
Por razón de edad en el servicio diplomático
Por trabajo efectivamente presentado
Posición del TC respecto al inicio de la concepción
Potestad presidencial
Potestad sancionadora del Congreso
Presencia de crucifijo y biblia
Presupuestos habilitantes
Principio constitucional penitenciario
Principio de inmediatez en la comisión de delito doloso
Principio de legalidad o taxatividad
Principio de publicidad de normas
Principios del proceso educativo
Principios que fundamentan su empleo
Principios que lo resuelven
Principios regla de alcance específico
Principios regla de alcance general
Prohibición de pertenecer a partidos
Propiedad pública y privada
Protección adecuada contra despido arbitrario
Protección desde la concepción
Protección por el hábeas data
Publicidad de base de datos de requisitoria judicial
Razonabilidad en la motivación
Reconocimiento constitucional expreso
Reconocimiento en tratados internacionales
Reducción de categoría y rebaja
Referéndum no cabe en materia presupuestaria
Reglados y discrecionales
Reglas para acreditar periodos de aportaciones
Relación con actuación inmediata
Relación con derechos humanos
Relación con dignidad y libertad
Relación con el derecho a la igualdad
Relación con el derecho a la pensión
Relación con el derecho a la salud
Relación con el derecho a la verdad
Relación con el derecho a la vida
Relación con el derecho de asociación
Relación con el derecho de defensa
Relación con el derecho de petición
Relación con el derecho de propiedad
Relación con el Derecho penal
Relación con el Estado democrático
Relación con el informe oral
Relación con el Poder Judicial y el Ministerio Público
Relación con el principio de colaboración de poderes
Relación con el secreto bancario
Relación con el TC
Relación con la actuación inmediata de la sentencia estimatoria
Relación con la detención judicial
Relación con la dignidad
Relación con la dignidad humana
Relación con la función jurisdiccional y derecho a la pensión
Relación con la jurisprudencia del TC
Relación con la libertad de información
Relación con la libertad personal
Relación con la producción económica
Relación con la prolongación de detención preventiva
Relación con la seguridad ciudadana
Relación con la vida privada
Relación con las libertades de información y expresión
Relación con libertades comunicativas
Relación con los cobros indebidos
Relación con los contratos-ley
Relacion con los demas derechos
Relación con soberanía popular
Relaciones amorosas entre cadetes
Remuneración como derecho fundamental
Respecto a los métodos anticonceptivos
Respeto de los derechos fundamentalels
Responsabilidad solidaria por vinculación económica
Resposición de dirigente sindical
Restricción de horario de venta
Restricciones en las vías públicas
Rigen principios penales
Rol de los medios de comunicación social
Servicio específico
Simulación en la suscripción de Convenios
Sistema Deportivo Nacional
Sucesivo bajo diversas modalidades
Sujeto a modalidad
Sujeto a modalidad de un trabajador que laboró como permanente
Supuestos de son taxativos
Suspensión por proceso penal
Teoría conflictivista y ponderación
Teoría de la caducidad
Teoría de la revisión
Teorías sobre el inicio de la vida
Término de comparación
TERRITORIO INALIENABLE
Test de competencia
Teste de igualdad
Tiempo y medios adecuados para la defensa
Tipos a efectos de su suplencia
Titularidad colectiva
Titularidad de personas jurídicas
Trabajador despedido por discapacidad
Trabajadora despedida por embarazada
Tratos inhumanos y degradantes
Tutela por el hábeas corpus
Uso del idioma propio ante autoridades
Uso proporcional de la fuerza
V. NORMAS APLICABLES A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
V. NORMAS SOBRE ÉTICA E INCOMPATIBILIDADES
Validez de la evaluación de trabajadores públicos
Vehículos usados lo afectan
VI. NORMAS PRESUPUESTALES Y NORMAS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, DISCIPLINA Y CALIDAD DEL GASTO
VI. RELACIONES COLECTIVAS EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
Vía de transito público
Vía idónea es el contencioso tributario
Vicio del procedimiento
VII. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL SISTEMA LABORAL PÚBLICO
VIII. INSPECCIÓN DE TRABAJO
Vinculatoriedad a los poderes públicos
Vulneración por efecto de la AOE
Y certificado de trabajo
Y concepto jurídico indeterminado
Y debido procedimiento administrativo
Y educación universitaria
Y expropiación
Y leyes especiales
Y libertad sindical y de huelga
Y persona humana
Y plazo razonable de prisión preventiva
Y procedimiento legislativo
Y proceso de amparo
Y prolongación de prisión preventiva
Y recurso de casación
Y transporte aéreo
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Exp. N.º 1387-2009-PA/TC FJ 8 Exp. N.º 8495-2006-PA/TC FFJJ 31-34

References: artículo 139
 Resolución 
 resolución 
 artículo 154
 artículo 55
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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 RESOLUCIÓN