Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1194457
Timestamp: 2020-04-06 12:01:25+00:00

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Orden HAC/20/2020, de 20 de enero, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2020 (BOE de 21 de enero de 2020). Texto completo.
El principal objetivo de la política económica es consolidar un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y duradero, estableciendo como señas de identidad la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad.
Hacer compatibles los compromisos del Reino de España en materia de estabilidad financiera y el necesario reequilibrio del Estado del Bienestar después de los años de crisis es una prioridad del Gobierno. Como igualmente lo es la reorientación del modelo productivo, que tiene que aprovechar mejor las ventajas que aportan la digitalización y la transición justa para ganar competitividad y generar empleos dignos y de calidad.
La guía de acción de esta política es el Acuerdo programático del Gobierno progresista de coalición que contempla las medidas y actuaciones que van a permitir el crecimiento equilibrado, sostenible y solidario de nuestra economía, a la vez que situará a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, impulsando las reformas estructurales necesarias en ámbitos tan importantes como: educación, empleo, innovación, salud, bienestar y justicia social, igualdad de género, integración de la diversidad y sostenibilidad de los modelos de producción y consumo.
Dicho Acuerdo programático se alinea con las directrices de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas cuyo Plan de Acción, aprobado por el Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018, refleja el firme compromiso del Gobierno con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030 es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Es necesario cambiar nuestro modelo productivo; hacer una profunda transición ecológica de nuestra economía; asegurar que los beneficios del crecimiento económico redunden en mayor igualdad y prosperidad; y garantizar los derechos humanos y el estado social de derecho.
La identificación de cómo contribuyen los presupuestos públicos de cada departamento ministerial a la gestión orientada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una medida transformadora incluida en dicho Plan de Acción. Es por ello que los Presupuestos Generales del Estado deben incorporar esta nueva visión transversal y estratégica, para dar respuesta a los retos presentes y futuros de la sociedad española, especialmente en aquellos ámbitos que están y van a seguir marcando el devenir de la agenda social, económica y medioambiental de los próximos años.
En este sentido es indudable que otra referencia transversal del Presupuesto es el enfoque de género. La igualdad de género es un objetivo fundamental de las sociedades democráticas y un principio básico de nuestra Constitución . No solo es un elemento imprescindible para la cohesión social y el avance y consolidación de los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas, sino que también lo es para el crecimiento económico y el empleo. Y este mayor crecimiento y empleo tienen evidentes efectos fiscales positivos, ampliando, por un lado, las bases del sistema impositivo y de cotizaciones de Seguridad Social y, por el lado del gasto, permitiendo aumentar el rendimiento económico o social de determinados tipos de gasto.
La Administración Pública debe liderar los esfuerzos para conseguir una sociedad de plena igualdad. Y uno de los principales instrumentos para articular este liderazgo es el Presupuesto. En el ámbito de la administración central, desde 2008 se ha venido incorporando un Informe de Impacto de Género al Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Es el momento ahora de dar un paso más e introducir de manera integrada la perspectiva de género en los programas presupuestarios y, por ende, en las políticas públicas de gasto. Los dos objetivos últimos que se pretenden conseguir con ello son, por una parte, que el Presupuesto sea un instrumento potente para el análisis de la realidad en materia de igualdad y, en consecuencia, capaz de proporcionar información relevante para la toma decisiones en este ámbito clave de la agenda política y social. Por otra, que el Presupuesto sea un elemento protagonista del cambio cultural que se está impulsando en nuestra sociedad, contribuyendo a incorporar de manera natural la igualdad de género en procedimientos y rutinas de trabajo, comenzando en el ámbito interno de la Administración pero que también tienen su visibilidad y traslación hacia el resto de agentes económicos y sociales.
Es evidente que esta tarea es fruto de un largo proceso, cuya implantación gradual y sistemática en los Presupuestos Generales del Estado tiene como último propósito alcanzar la plena presupuestación con enfoque de género. Los Presupuestos Generales del Estado para 2020 representan el punto de inflexión de dicho proceso al incluir, por primera vez, un análisis de la Realidad, Representación y Resultados.
En este marco global un impulso fundamental a estas reformas se va a producir con la elaboración de las cuentas públicas del Estado para 2020 que, asimismo, deben coadyuvar a reforzar el compromiso de nuestro país con esta política fiscal sólida y sostenible, enmarcando una política económica proactiva y orientada a la sostenibilidad económica, medioambiental y social.
Por lo tanto, los Presupuestos Generales del Estado para 2020, que serán los primeros de esta legislatura, permitirán el establecimiento de una política económica que garantice la estabilidad a corto plazo, resolviendo los desequilibrios heredados y sentando las bases de un crecimiento sostenible y justo a medio y largo plazo.
De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el procedimiento por el que se regirá la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado se establecerá por orden del titular del Ministerio de Hacienda.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2020 se orientarán a la consecución de los objetivos de la política económica, social y medioambiental del Gobierno y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública aprobados por las Cortes Generales para el sector público estatal. Asimismo, el Presupuesto del Estado para 2020 deberá ajustarse al límite de gasto no financiero establecido por el Gobierno de forma coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto aprobados para dicho ejercicio en el Estado conforme a los artículos 12 y 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2020 tendrán en consideración las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea formuladas en el marco del Semestre europeo.
En la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2020 se priorizarán los siguientes criterios de asignación de los recursos que, por una parte, intensifican las líneas de actuaciones recogidas en el Acuerdo programático del Gobierno progresista de coalición y en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y, por otra, comienzan la incorporación de la perspectiva de género en los programas presupuestarios:
a) Alcanzar un sistema de justicia social que luche contra la desigualdad a través de mecanismos de redistribución de la riqueza, que garantice el acceso a una vivienda digna, potenciando la función social de la misma, que refuerce la sanidad pública y el sistema de atención a la dependencia mejorando los servicios sociales y sanitarios y que fortalezca la cohesión territorial mediante la inversión pública, combatiendo así el reto demográfico y luchando contra la despoblación existente en determinados territorios.
b) Promover un sistema de protección social que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones a través del acuerdo político y el diálogo social, y que apueste por la creación de empleo digno, estable y de calidad en una economía competitiva y sostenible, mediante la corrección de las deficiencias estructurales existentes, ratificando el compromiso con la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, a la vez que desarrolla una política social activa que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, impulse la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, el fomento de la igualdad y la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo, así como el apoyo a las empresas de la economía social.
c) Contribuir a la consecución de un modelo de crecimiento económico competitivo, sostenible e inclusivo, sustentado en la revolución tecnológica y digital y en la transición ecológica justa, a través del impulso de la inversión en I+D+i como motor de innovación económica, de la modernización del sistema productivo, de la transformación del tejido empresarial, de la industria y la cultura, del fortalecimiento a pequeñas y medianas empresas y autónomos, del impulso a la reindustrialización y el sector primario, de la digitalización del sector público, así como de la rehabilitación energética, de la protección de nuestra biodiversidad y de la lucha contra la contaminación y el cambio climático
d) Impulsar una educación con vocación de excelencia, como garantía de cohesión social y base de la igualdad de oportunidades, promoviendo la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida saludables, fomentando el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida, e impulsando una cultura de paz y no violencia, la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
e) Desarrollar y aplicar una política tributaria justa y progresiva, estableciendo mecanismos de redistribución de la riqueza, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y llevando a cabo procedimientos de evaluación y control del gasto público que permitan un uso eficiente de los recursos públicos.
f) Avanzar hacia un modelo de gobernanza moderno basado en los pilares de transparencia, apertura, diálogo y cooperación, responsabilidad y enfoque estratégico, de manera que se faciliten desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital, fomentando a su vez la comunicación con las Administraciones Territoriales como parte esencial del Estado y responsables de la prestación de gran parte de los servicios públicos fundamentales.
g) Garantizar la seguridad, independencia y la libertad de las mujeres, así como la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres reforzando el compromiso adquirido mediante la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la lucha decidida contra este tipo de violencia, contribuyendo a la eliminación de la brecha salarial existente, al avance en la conciliación laboral y familiar y a la erradicación de la discriminación de cualquier tipo
h) Trabajar por la construcción de una Europa social y unida mediante una política migratoria responsable y solidaria, reforzando un espacio económico más sólido, justo, competitivo y sostenible y apostar por el fortalecimiento de la influencia de España en organismos e instancias internacionales, en un contexto cambiante que permita afrontar amenazas globales y defender los derechos humanos, la paz y la seguridad, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en todo el mundo.
4.º Del resto de entidades del sector público estatal a las que resulte de aplicación el régimen de especificaciones y de modificaciones regulado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre , General Presupuestaria o cuya normativa específica confiera a su presupuesto carácter limitativo.
De conformidad con el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse, se determinarán por el titular del Ministerio de Hacienda con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 1 de la presente Orden.
Con este fin se constituirá la Comisión de Políticas de Gasto que estará presidida por el titular del Ministerio de Hacienda y, en su ausencia, por el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, y estará integrada por los titulares de los departamentos ministeriales, o, en su ausencia, por los titulares de las subsecretarías de los departamentos.
Actuará como presidente de las Comisiones de Análisis de Programas el titular de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y, en su ausencia, el titular de la Dirección General de Presupuestos.
La Dirección General de Presupuestos elaborará los estados de gastos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020 teniendo en cuenta las orientaciones de política económica, el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado, las prioridades formuladas por la Comisión de Políticas de Gasto, las conclusiones resultantes, en su caso, de las Comisiones de Análisis de Programas y las propuestas remitidas por los distintos centros gestores.
La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos coordinará las propuestas de los centros directivos del Ministerio de Hacienda y de aquellos centros directivos de otros Departamentos Ministeriales con competencias en materia de ingresos para la realización de previsiones y estimaciones que han de ser tenidas en cuenta por la Dirección General de Presupuestos en la elaboración de los estados de ingresos del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Una vez elaborados los estados de gastos e ingresos, éstos se elevarán al titular del Ministerio de Hacienda, quien someterá al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Con los mismos criterios, la Dirección General de Presupuestos elaborará los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a partir de las propuestas remitidas por el Ministerio de Sanidad y por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, respectivamente. Formados ambos anteproyectos, la Dirección General de Presupuestos los enviará al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para su integración en el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones unirá los anteproyectos de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales a los del resto de las Entidades Gestoras, Tesorería General de la Seguridad Social, Gerencia de Informática de la Seguridad Social y Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para formar el anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que se remitirá al Ministerio de Hacienda para que los titulares de ambos Ministerios lo eleven conjuntamente al Gobierno para su aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
1.1 Estructura de programas. La asignación de recursos se efectuará dentro de una estructura de programas de gasto, que será adecuada a los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del presupuesto, y permitirá a los centros gestores agrupar los créditos presupuestarios atendiendo a los objetivos a conseguir.
1.2 Estructura orgánica. Las dotaciones consignadas en los programas de gasto se distribuirán por centros gestores, que son aquellas unidades orgánicas con diferenciación presupuestaria y responsabilidad en la gestión de los mismos.
1.3 Estructura económica. Los créditos incluidos en los estados de gastos del presupuesto se ordenarán según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos que se detalla en el anexo II de la presente Orden, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.
La creación de conceptos y subconceptos en los capítulos correspondientes a gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, gastos financieros e inversiones reales, que no figuren tipificados en el anexo II de la presente Orden, será aprobada por la Dirección General de Presupuestos a propuesta, en su caso, de los centros gestores interesados, y tendrán la consideración de no tipificados.
1.4 Estructura territorial. Los proyectos de inversión se detallarán en el anexo al Presupuesto, con su clasificación territorial por comunidades autónomas, ciudades con Estatuto de Autonomía propio y provincias, y la indicación del año en que se inicia el proyecto, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 37 apartado 2 letra d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
2.1 Estructura orgánica. La clasificación orgánica distinguirá los ingresos correspondientes al Estado, a la Seguridad Social y a cada uno de los organismos autónomos y restantes entidades del sector público administrativo estatal cuya normativa confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos.
2.2 Estructura económica. Los recursos incluidos en los estados de ingresos del presupuesto se ordenarán, según su naturaleza económica, con arreglo a la clasificación por capítulos, artículos, conceptos y subconceptos, que se adjunta como anexo III a la presente Orden, y se agruparán separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras.
3.1 De la Seguridad Social. La Seguridad Social presentará su presupuesto en el marco del procedimiento previsto en el artículo 36 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con arreglo a su estructura orgánica y acompañado, a efectos de su presentación integrada, de un documento de equivalencias entre la estructura por programas de su presupuesto y la definida con carácter general en el apartado 1.1 anterior, que quedará recogido en la Sección 60 de los presupuestos del Estado.
3.2 De las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles estatales, las fundaciones del sector público estatal y del resto de entidades del artículo 2.2.b).1.º de la presente Orden. Los presupuestos de carácter estimativo de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y fundaciones del sector público estatal comprenderán los presupuestos de explotación y de capital, elaborados de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en los términos que establezca la Dirección General de Presupuestos.
3.3 De los consorcios, las universidades públicas no transferidas, los fondos sin personalidad jurídica y de las restantes entidades de derecho público del sector público administrativo estatal con presupuesto estimativo del artículo 2.2.b).2.º de la presente Orden.
Todos los documentos a cumplimentar por los centros gestores deberán ser remitidos a la Dirección General de Presupuestos a través de las oficinas presupuestarias. Dichas oficinas, durante todo el proceso, coordinarán y tramitarán la información elaborada por los mencionados centros, así como la que se reciba del Ministerio de Hacienda y que afecte a los mismos.
Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero de 2020.
Asimismo los centros gestores remitirán a la Dirección General de Fondos Europeos, antes del 27 de febrero de 2020, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.
Los documentos contenidos en el anexo IV de la presente Orden relativos a los Fondos de Compensación Interterritorial, que cumplimenten las distintas comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía propio afectadas, se remitirán por éstas a la Dirección General de Fondos Europeos antes del 20 de febrero de 2020.
El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 remitirán a la Dirección General de Presupuestos las propuestas de presupuestos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, respectivamente, de acuerdo con la documentación que a tal efecto se establezca por dicha Dirección General, antes del 20 de febrero de 2020.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitirá, por los medios electrónicos y los sistemas informáticos mencionados en la disposición final segunda, al Ministerio de Hacienda las cifras del anteproyecto de presupuesto de la Seguridad Social con la estructura de programas del presupuesto del Estado, que constituyen el documento de equivalencias a que se refiere el apartado 3.1 del artículo 6 de la presente Orden, a través de la Sección 60, antes del 27 de febrero de 2020.
Asimismo, remitirá en términos de la Sección 60 el Anexo de inversiones a que se refiere el artículo 37 , apartado 2 , letra d) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las entidades del artículo 2.2.b).1.º de la presente Orden, cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan o en su caso, al que estén adscritas, antes del 27 de febrero de 2020, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, acompañados de la memoria explicativa de sus contenidos y la ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019.
Las entidades comprendidas en este apartado que deban elaborar programa de actuación plurianual conforme al artículo 65 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los remitirán conjuntamente con sus presupuestos de explotación y de capital. Estos programas reflejarán los datos económico-financieros provisionales correspondientes los ejercicios 2020, 2021 y 2022, según las líneas estratégicas y objetivos definidos para cada entidad.
Asimismo las entidades incluidas en el presente apartado, remitirán a la Dirección General de Fondos Europeos, antes del 27 de febrero de 2020, una relación de los proyectos de inversión y otras partidas de gasto que sean susceptibles de ser financiados con fondos de la Unión Europea.
Las entidades del artículo 2.2.b).2.º de la presente Orden, cumplimentarán y remitirán a la Dirección General de Presupuestos, a través de la oficina presupuestaria del departamento ministerial del que dependan y antes del 27 de febrero de 2020, sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital, que se incorporarán al anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, así como una memoria explicativa de sus contenidos y la ejecución de los presupuestos de los ejercicios 2018 y 2019.
El presupuesto de la UNED aprobado por el Consejo Social, o en su defecto el proyecto de presupuesto aprobado por su Consejo de Gobierno, se unirá a los presupuestos de sus Centros Asociados al objeto de su incorporación de forma agregada o consolidada en los Presupuestos Generales del Estado.
Toda la documentación anteriormente referida, junto con los estados financieros complementarios, se ajustará a los formatos que se detallen en la Resolución que al efecto establezca la Dirección General de Presupuestos.
Además, los consorcios participados por el Estado o con representación estatal en sus órganos de gobierno, tomando como referencia la fecha de 1 de enero de 2020, informarán sobre cuál es su Administración Pública de adscripción en aplicación de los criterios definidos en el apartado 2 del artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Ministerios deberán remitir a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, antes del 27 de febrero de 2020, exclusivamente por medios electrónicos, las propuestas de normas de contenido presupuestario cuya inclusión en el articulado del anteproyecto de la Ley de Presupuestos consideren procedente, acompañadas de una memoria explicativa de la conexión del articulado propuesto con las habilitaciones de gasto, las previsiones de ingreso o la política económica del Gobierno, cuantificando, en su caso, el efecto de la norma propuesta sobre las cifras de ingresos o gastos que se han de presupuestar.
El Informe de Impacto de Género estará constituido por tres capítulos principales referidos a la Realidad, Representación y Recursos - Resultados.
El apartado de Realidad se realizará en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, trabajando en los indicadores más relevantes con el propósito de realizar un diagnóstico de la realidad de género en la sociedad española. El segundo apartado, relativo a la Representación, analizará la situación y representación de mujeres y hombres en la Administración General del Estado. Por último, el apartado de Recursos - Resultados estará constituido por los informes que los departamentos ministeriales remitan a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 20 de febrero de 2020 analizando el impacto de género de sus programas de gasto, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado.
Para la elaboración del Informe de Impacto de Género se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Igualdad, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y de la Dirección General de Costes de Personal para conformar la redacción final del Informe del Impacto de Género, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
7. Informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.
Los departamentos ministeriales que se establezcan al efecto remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 20 de febrero de 2020 un informe analizando el impacto de sus programas de gasto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, en los términos que se establezcan por la citada Secretaría de Estado.
Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio competente en materia de la infancia, de la adolescencia y de la familia, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Dirección General de Presupuestos para conformar la redacción final del Informe del impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
8. Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Los departamentos ministeriales remitirán a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos antes del 20 de febrero de 2020 un informe analizando la contribución de los programas de gasto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los términos que se establezcan al efecto por la citada Secretaría de Estado.
Dichos informes constituirán la base para la formulación por parte de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Informe de alineamiento de los Presupuestos Generales del Estado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, a cuyos efectos se constituirá un grupo de trabajo integrado por representantes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de la Dirección General de Presupuestos y del Gabinete de la Ministra de Hacienda, para conformar la redacción final del Informe, que acompañará al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Quedan derogadas la Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, y cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden.
Disposición final tercera. Remisión de las cuentas anuales e informes de auditoría correspondientes al ejercicio 2018.
Las entidades a que se hace referencia en los apartados 3 y 4 del artículo 7 de esta Orden remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 20 de febrero de 2020, y por los medios electrónicos mencionados en la disposición final segunda, copia de las cuentas anuales y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2018. Igual obligación incumbe a las entidades gestoras de los fondos sin personalidad jurídica del sector público estatal.
d) Desarrollar la metodología sobre alineamiento de programas de gasto con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

References: artículo 36
 artículo 36
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 36
 artículo 2
 artículo 64
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 37
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 120
 artículo 7