Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1182836
Timestamp: 2019-01-18 16:54:32+00:00

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I La consideración del suministro eléctrico como servicio comercial que cumple funciones de interés general, justifica la intervención de los poderes públicos en la ordenación del sector eléctrico y la sujeción del mismo a obligaciones específicas de servicio público. La finalidad esencial de esa intervención pública es garantizar el derecho de los consumidores al suministro de energía eléctrica y la adecuación de éste a sus necesidades en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste.
II Conforme al régimen constitucional de distribución de competencias, corresponde al Estado el establecimiento de las bases de la ordenación del sector eléctrico, al amparo de sus competencias exclusivas sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13.ª de la CE) y sobre las bases del régimen minero y energético (artículo 149.1.25.ª de la CE). Las bases del sector eléctrico y, en particular, de la calidaddel suministro eléctrico, se encuentran reguladas en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que derogó la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que supuso el inicio del proceso de liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros, el establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía y la reducción de la intervención pública en la gestión del sistema. Esta norma atribuye expresamente al Estado, en su artículo 3.11, la competencia para “Establecer los requisitos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica.” Además de su plasmación legal, el carácter básico de la regulación de la calidad en el sistema eléctrico, dada la importancia de la necesaria garantía de calidad en el ordenado suministro de la energía eléctrica, ha sido ratificado de manera reiterada por el Tribunal Constitucional (SSTC 4/2013 -FJ. 2, 4 y 5-, 18/2011-FJ.8-, 148/2011, -FF. 6 y 8 in fine-).
Estos títulos competenciales deben integrarse con los títulos competenciales que, en materia de calidad del suministro eléctrico, han venido reconociendo, a su vez, los distintos Estatutos de Autonomía a favor de las Comunidades Autónomas. En el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 9.1.37 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, reformado mediante Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero , le corresponde la competencia exclusiva en materia de fijación de normas adicionales de garantía en la calidad del suministro y participación en los organismos estatales reguladores del sector energético, en los términos que establezca la legislación del Estado.
El ámbito de lo básico, desde la perspectiva material, incluye, según expone el Tribunal Constitucional en referida sentencia, las determinaciones que aseguran un mínimo común normativo en el sector material de que se trate y, con ello, una orientación unitaria y dotada de cierta estabilidad en todo aquello que el legislador considera en cada momento aspectos esenciales de dicho sector material (STC 223/2000 , de 21 de septiembre, FJ 6; con cita de las SSTC 1/1982 , de 28 de enero; 48/1988 , de 2 de marzo; 147/1991 , de 4 de julio, y 197/1996 , de 28 de noviembre).
Atendida la doctrina constitucional recogida en la STC 4/2013 , dos principios inspiran la normativa básica, cuya estructura no podría modificarse por las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias de desarrollo, ni en el ejercicio de las competencias exclusivas en materia de medidas complementarias de la calidad en el suministro.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre , del Sector Eléctrico, siguiendo los mismos términos que la anterior Ley 54/1997, de 27 de noviembre, ha establecido, con carácter básico, que la calidad del suministro eléctrico se determina por el conjunto de características, técnicas y de atención y relación con los consumidores o productores, exigibles a las empresas que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico. Y, en lo relativo a las características técnicas, que la calidad del suministro eléctrico se determina en función de la continuidad, el número y duración de las interrupciones, así como por la calidad del producto. Así mismo, con carácter básico y mediante el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre , el Estado ha fijado los indicadores individuales y colectivos, y valores objetivos para estos indicadores, teniendo en consideración la diferenciación de los valores de dichos indicadores por distintas zonas de calidad, las cuales, por sus características demográficas y tipología del consumo, deben disponer de valores diferenciados de los índices de calidad a conseguir.
III En Extremadura, conforme al marco establecido en la legislación básica, la materia se encuentra regulada por la Ley 2/2002, de 25 de abril , de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura, dictada en desarrollo de la entonces vigente Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que tiene como fin proteger a los consumidores y usuarios finales, y garantizar un suministro de energía eléctrica con la calidad adecuada en dicho territorio.
El Estado al considerar que algunas de las medidas contenidas en la Ley 2/2002, de 25 de abril , vulneraban el régimen constitucional de distribución de competencias y eran contrarias a la legislación básica estatal, interpuso el recurso de inconstitucionalidad número 4573- 2002, que fue parcialmente estimado mediante Sentencia del Tribunal Constitucional 4/2013, de 17 de enero.
IV Después de más de dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 2/2002, de 25 de abril , la garantía y calidad del suministro eléctrico en Extremadura, han mejorado significativamente hasta alcanzar valores próximos a la media nacional, a pesar de sus especiales peculiaridades geográficas, demográficas y económicas.
De igual modo, en estos municipios tampoco resulta efectiva la previsión recogida en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre , de que ningún municipio deberá superar el valor del percentil 80 del TIEPI durante más de dos años consecutivos, pues el hecho de que las incidencias se concentren en periodos concretos del año provoca que los índices de calidad de los municipios, individualmente considerados, se encuentren por debajo del citado percentil.
V En atención a las concretas circunstancias expuestas, la fijación de normas adicionales de garantía en la calidad del suministro, encuentra justificación en este caso concreto, además, en el cumplimiento de los principios de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 y por la que se deroga la Directiva 2003/754/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, que establece el mandato a los estados miembros para que protejan a los ciudadanos europeos que se consideren vulnerables frente al servicio público esencial del suministro eléctrico, no considerando únicamente dicha vulnerabilidad desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista de su situación geográfica y en especial de aquellos ciudadanos que vivan o desarrollen su actividad en zonas alejadas (artículo 3.7).
El margen de desarrollo de las competencias autonómicas es mayor en estos casos en que una norma comunitaria establece una obligación o directriz y el Estado, con su legislación básica, no la haya desarrollado en absoluto o de forma suficiente. Sin duda, la exigencia de dar cumplimiento a este mandato europeo de garantizar los derechos de estos consumidores, a los que cabría calificar de “vulnerables geográficamente”, unida a la falta de un adecuado y suficiente desarrollo por parte de la normativa básica estatal, constituyen una fuente de legitimación adicional para que la Comunidad Autónoma extremeña pueda establecer una norma adicional de calidad de suministro eléctrico que permita revertir estas situaciones.
La falta de calidad en los términos señalados en esta norma, supondrá que las empresas distribuidoras deban presentar ante el órgano competente en materia de energía de la Junta de Extremadura medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones. Dichas medidas deberán quedar contempladas por las empresas distribuidoras en sus Planes de Inversión.
De esta forma, frente a otras posibles previsiones de inversión, las empresas deberán dar prioridad a aquellas medidas necesarias para subsanar la deficiente calidad de estos municipios rurales.
VI En último lugar, resulta necesario, también, modificar la ley para introducir dentro del régimen sancionador, la tipificación como infracciones de los supuestos de superación, en dos o más meses naturales consecutivos, de los valores mensuales máximos del TIEPI y NIEPI en los términos recogidos en esta ley, así como de falta de presentación de las medidas de actuación que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones o, en su caso, del incumplimiento de las medidas presentadas.
VII La extraordinaria y urgente necesidad constituye el presupuesto habilitante para acudir al instrumento jurídico del decreto-ley La extraordinaria necesidad se justifica precisamente y como se ha expuesto, en la existencia de determinados municipios extremeños de zonas rurales con una deficiente calidad en el suministro eléctrico, ocasionada principalmente por la inadecuada atención de las empresas distribuidoras que operan en esas zonas, ya que sus redes de distribución se han quedado obsoletas o son deficientes, y conforme a la legislación básica estatal actual, dichas empresas cumplirían con los valores de calidad zonal, no quedando obligadas a adoptar medidas para corregir dicha situación.
Es por ello por lo que se requiere modificar la Ley 2/2002, de 25 de abril , de protección de la calidad del suministro eléctrico de Extremadura, a fin de establecer la obligación a las empresas distribuidoras de adoptar medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones, cuando se superen los valores mensuales de calidad que introduce ahora la presente norma para las zonas rurales.
Por ello se requiere de una acción normativa eficaz en un plazo más breve que el requerido por la tramitación del procedimiento legislativo ordinario para modificar la Ley 2/2002, de 25 de abril , a fin de dar una respuesta inmediata a las necesidades que en este momento tiene la población, y evitarle los perjuicios que le ocasionarían una climatología adversa. Con el procedimiento ordinario, no se solucionaría la problemática expuesta, ya que las medidas no tendrían la inmediatez necesaria para poder ser aprobadas antes del próximo invierno.
En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 33 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta de la Consejera de Economía e Infraestructuras y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión de fecha 20 de noviembre de 2018, DISPONGO:
Artículo único. Modificación de la Ley 2/2002, de 25 de abril , de protección de la calidad del suministro eléctrico en Extremadura.
“6. Las empresas distribuidoras, para aquellos municipios cuyos valores mensuales de TIEPI y NIEPI superen, en dos o más meses naturales consecutivos, los valores máximos indicados en el presente apartado, según la zona a la que corresponda cada municipio, tendrán que presentar ante el órgano competente en materia de energía de la Junta de Extremadura, en un plazo de dos meses, medidas de actuación concretas y delimitadas en el tiempo que permitan la corrección de las causas que originen las interrupciones.
Los valores máximos indicados podrán ser actualizados mediante decreto de Consejo de Gobierno”.
“k) La no presentación de medidas de actuación de conformidad con lo indicado en el apartado 6 del artículo 9.
Se considerará que existe reiteración cuando no hayan transcurrido más de 12 meses entre el final de un periodo de incumplimiento de los valores mensuales indicados y el inicio del siguiente período de incumplimiento”.
“Artículo 18. Infracciones leves.
c) Todas las demás infracciones de preceptos de obligada observancia comprendidos en la presente ley y en sus normas de desarrollo que no constituyan infracción grave o muy grave”.

References: artículo 3
in fine
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 9