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Timestamp: 2018-01-20 01:44:34+00:00

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DECRETO LEGISLATIVO 9/1994, de 13 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña (Vigente hasta el 30 de Mayo de 2000).
Publicado en DOGC núm. 1926 de 27 de Julio de 1994
Vigencia desde 28 de Julio de 1994. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 1999 hasta 30 de Mayo de 2000
CAPITULO II. Los ingresos
CAPITULO III. Endeudamiento
CAPITULO IV. Las obligaciones
CAPITULO V. El Presupuesto de la Generalitat
SECCION PRIMERA. Contenido y aprobación
SECCION SEGUNDA. Régimen de los créditos presupuestarios de la Generalitat y entidades autónomas de carácter administrativo
SECCION TERCERA. Ejecución y liquidación
SECCION CUARTA. Normas complementarias referidas a las entidades reguladas por el Estatuto de la Empresa Pública Catalana
CAPITULO VI. La tesorería y los avales de la Generalitat
CAPITULO VII. La intervención y la contabilidad
SECCION PRIMERA. La intervención
SECCION SEGUNDA. La contabilidad
CAPITULO VIII. Responsabilidades
CAPITULO IX. Las subvenciones y las transferencias de la Generalidad de Cataluña
SECCION PRIMERA. Principios generales
SECCION SEGUNDA. De las bases reguladoras, las convocatorias y la concesión
SECCION TERCERA. Control
SECCION CUARTA. Del reconocimiento de la obligación, las revocaciones y los pagos
La disposición final 4 de la Ley 3/1992, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 1993, autorizó al Gobierno para que con el dictamen previo de la Comisión Jurídica Asesora, refundiera en un texto único la Ley 10/1982, de 12 de julio, de finanzas públicas de Catalunya y las disposiciones legales vigentes de carácter permanente en materia de gestión presupuestaria contenidas en las leyes de presupuestos posteriores a la entrada en vigor de la mencionada Ley de finanzas públicas.
Mediante la disposición final 4 de la Ley 16/1993, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 1994, fue ampliada esta autorización para incluir, en la refundición de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, las modificaciones introducidas de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, por la Ley 2/1985, de 14 de enero, del Instituto Catalán de Finanzas y por la Ley 33/1991, de 24 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Generalitat de Catalunya.
Asimismo, la mencionada disposición final 4 establece que la refundición debe incluir la regularización, la aclaración y la armonización de las disposiciones. En este sentido el texto refundido adecua especialmente las previsiones de la Ley de finanzas respecto de las empresas públicas a la regulación de la Ley 4/1985, del estatuto de la empresa pública catalana.
Se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, que se publica seguidamente.
Este Decreto legislativo entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE FINANZAS PUBLICAS DE CATALUNYA
Las finanzas de la Generalitat de Catalunya están reguladas por esta Ley y por las otras leyes que la desarrollen. Las normas de la Ley de Presupuesto constituirán la ejecución de sus preceptos, para cada ejercicio presupuestario.
1. Integra la Hacienda de la Generalitat el conjunto de los ingresos y de las obligaciones económico-financieras que le correspondan.
2. La administración financiera de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto anual y de unidad de caja, debe ser intervenida siguiendo las normas de esta Ley y deberá rendir cuentas a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña y al Tribunal de Cuentas del Estado, de acuerdo con las disposiciones que regulen las funciones de estos organismos.
3. Todos aquellos que manejen los caudales públicos serán responsables ante la Generalitat, en los términos legales, de los perjuicios que le puedan ocasionar.
1. Corresponde a la administración financiera de la Generalitat el cumplimiento de las obligaciones económicas de sus órganos, entidades autónomas y empresas públicas mediante la gestión y la aplicación de sus recursos a aquellas finalidades y a la ordenación de aquello que, en materia de política económica y financiera, sea de la competencia de la Generalitat.
2. Corresponderán, asimismo, a la administración financiera las funciones atribuidas a la Generalitat en materia de tutela financiera sobre las corporaciones locales de Catalunya y de ordenación y control de las instituciones financieras y de crédito que operen en el territorio catalán.
3. Las Juntas de Finanzas de la Generalitat resolverán las reclamaciones que se presenten respecto a los tributos y exacciones propias y aquellas otras que la ley determine.
1. Las entidades autónomas de la Generalitat pueden ser de tipo administrativo o de tipo comercial, industrial o financiero.
2. Son empresas de la Generalitat, a los efectos de esta Ley las sociedades civiles o mercantiles con participación mayoritaria de la Generalitat, de sus entidades autónomas o de las sociedades en que la Generalitat o las susodichas entidades tienen también participación mayoritaria en su capital social, así como aquellas entidades de derecho público sometidas a la Generalitat, con personalidad jurídica propia, que deban ajustarse su actividad al ordenamiento jurídico privado.
3. Son empresas vinculadas, a efectos de la presente Ley, las sociedades civiles o mercantiles que son gestoras de servicios públicos de los que es titular la Generalidad o las que han suscrito convenios con la misma, y en las que ésta tiene la facultad de designar todos o parte de los órganos de dirección o participa directa o indirectamente en las mismas, como mínimo, en un 5 por 100 del capital social.
4. Las sociedades de la Generalitat se regirán por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, excepto en las materias en que sea de aplicación la presente Ley.
Serán materia de ley del Parlamento de Catalunya las cuestiones financieras siguientes:
a) El presupuesto de la Generalitat y de sus entidades autónomas y sus modificaciones a través de la concesión de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
c) La emisión y la regulación de la deuda pública de la Generalitat y sus entidades autónomas, la concertación de operaciones de crédito y la prestación de avales.
d) La pérdida de la posición mayoritaria de la Generalitat y la disolución de las sociedades en que tenga participación mayoritaria la Generalitat; las adquisiciones a título oneroso de participaciones en las sociedades civiles y mercantiles cuando tengan por objeto acciones sin voto o bien cuando la participación en el capital no se corresponda con una congruente posición en las juntas o en la gestión de la entidad.
f) El régimen general y en especial en materia financiera de las entidades autónomas de la Generalitat.
g) El régimen de patrimonio y de la contratación de la Generalitat.
La Generalitat disfrutará, tanto en aquello que hace referencia a sus prerrogativas como a sus beneficios fiscales, del mismo tratamiento que la ley establece para el Estado.
Sus entidades autónomas disfrutarán de las prerrogativas y los beneficios fiscales que las leyes establezcan.
La Hacienda de la Generalitat está constituida por los ingresos siguientes:
-3 Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado por los impuestos directos e indirectos, incluidos los monopolios fiscales.
-4 El rendimiento de las tasas de la Generalitat, ya sean de creación propia, o bien a consecuencia de la transferencia de servicios del Estado.
-7 Cuando proceda, los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
-9 La emisión de deuda y el recurso al crédito.
-12 Las multas y las sanciones que imponga en el ámbito de sus competencias.
-13 Los rendimientos de los precios públicos.
Los ingresos de la Generalitat y de las entidades autónomas y empresas públicas de que dependen están destinados a satisfacer el conjunto de sus obligaciones respectivas, salvo que por ley se establezca la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas.
La administración de los ingresos de la hacienda de la Generalitat corresponde al Conseller d'Economia i Finances y la de las entidades autónomas a sus presidentes o directores, salvo que no tuvieran personalidad jurídica propia, en cuyo caso la administración correspondería también al Conseller d'Economia i Finances.
1. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de los ingresos de la Generalitat dependerán del Conseller d'Economia i Finances o de la correspondiente entidad autónoma, respecto a la gestión, la entrega o la aplicación y la rendición de las respectivas cuentas.
2. Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, las entidades o los particulares que conduzcan o custodien fondos o valores de naturaleza pública, en la cuantía y la forma que las disposiciones reglamentarias determinen.
3. Los rendimientos y los intereses atribuibles al patrimonio y a los caudales de la Generalitat, o de las entidades autónomas, por cualquier concepto, serán íntegramente reflejados en una cuenta específica del presupuesto respectivo. Se prohíbe la adscripción o la distribución de los saldos de la cuenta específica, de acuerdo con lo que establece el artículo 8 de esta ley.
1. La gestión, incluyendo todas las fases del procedimiento, de los tributos propios de la Generalitat y de los impuestos cedidos, y, si procede, de los impuestos del Estado recaudados en Catalunya y de los recargos sobre impuestos estatales, se ajustará a las disposiciones del Estatuto de Autonomía, a las leyes del Parlamento de Catalunya, a los reglamentos que apruebe el Gobierno y a las normas de desarrollo que sea autorizado a dictar el Conseller d'Economia i Finances, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Estado en todos los casos en que sea procedente. En el caso de los tributos cedidos se tendrá en cuenta, además, lo que disponga la ley de cesión.
2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances, organizar los servicios de gestión, recaudación, liquidación e inspección tributarias en aquello que corresponda a la Generalitat.
1. No podrán ser alienados, gravados ni arrendados los derechos de la hacienda de la Generalitat, excepto en los supuestos regulados por las leyes.
Tampoco se concederán excepciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los ingresos, excepto en los casos y en la forma que determinen las leyes.
2. Tan sólo por decreto acordado por el Gobierno se podrá transigir y someter a arbitraje en las contiendas que surjan sobre los derechos de la hacienda de la Generalitat.
1. Para efectuar la recaudación de los tributos y de los otros ingresos de derecho público, la administración financiera de la Generalitat disfrutará de las prerrogativas legalmente establecidas y actuará de acuerdo con los procedimientos administrativos correspondientes.
2. Las certificaciones de descubierto acreditativas de deudas tributarias y de precios públicos, entregadas por los funcionarios competentes según los reglamentos, serán títulos suficientes para iniciar la vía de apremio y tendrán la misma fuerza ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y los derechos de los deudores.
Número 2 del artículo 13 redactado por el artículo 22 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
3. Las deudas de la Generalitat no podrán ser exigidas por el procedimiento de apremio.
1. Las cantidades debidas a la hacienda de la Generalitat por los conceptos contemplados en este capítulo producirán intereses de demora desde el día siguiente de su vencimiento.
2. El interés de demora se determinará aplicando el tipo básico del Banco de España vigente el día en que venza el plazo señalado en el párrafo anterior, incrementado en un 25º%, salvo que la Ley de presupuestos establezca uno diferente.
1. Si las leyes reguladoras de los diferentes recursos financieros no lo disponen de otra forma, los derechos de la Generalitat al reconocimiento y la liquidación de los créditos a su favor prescribirán cuando cumplan cinco años desde la fecha en que puedan ejercitarlos. No podrá tampoco exigir el cobro pasados cinco años desde el reconocimiento o liquidación.
Número 1 del artículo 15 redactado por el artículo 23 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
2. Quedará sin efecto la prescripción en curso y deberá comenzar a contar de nuevo si el deudor reconociese la deuda o la Administración de la Generalitat le exigiese por escrito el pago.
El endeudamiento de la Generalitat adoptará, según proceda, una de las modalidades siguientes:
1. Las operaciones de crédito que la Generalitat concierte con personas físicas o jurídicas por un plazo de reembolso igual o inferior a un año tendrán por objeto atender necesidades transitorias de tesorería. Si estas operaciones de crédito exceden el 5 por ciento del Estado de Gastos del Presupuesto de la Generalitat del año corriente, deberá darse cuenta al Parlamento.
2. La Ley de presupuesto autorizará el límite máximo de estas operaciones y fijará las características, pero podrá delegar esta última potestad al Gobierno, quien la ejercerá a propuesta del conseller d'Economia i Finances.
1. Las operaciones de crédito que la Generalitat concierte con personas físicas o jurídicas por un plazo de reembolso superior a un año deberán cumplir los requisitos siguientes:
b) La cuantía de las anualidades, incluyendo los intereses y las amortizaciones, no ultrapasará el 25% de los ingresos corrientes de la hacienda de la Generalitat previstos en el presupuesto de cada año.
1. La creación y, si procede, la conversión de la deuda pública de la Generalitat, así como de cualquier otra apelación al crédito público, serán aprobadas por ley del Parlamento de Catalunya y autorizadas por el Estado. El Parlamento fijará el importe, las características y el destino a gastos de inversión del empréstito. No obstante, si el Parlamento no lo determinase, el tipo de interés estará establecido por el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances.
2. Asimismo, el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances, podrá acordar la conversión de deuda pública de la Generalitat para conseguir exclusivamente una mejor administración y siempre que no se altere ninguna condición esencial de las emisiones ni se perjudiquen los derechos económicos de los tenedores.
La concertación de operaciones de crédito, cuando los acreedores sean personas o entidades residentes en el extranjero, necesitará la autorización del Estado.
1. Las entidades autónomas administrativas de la Generalitat podrán utilizar el endeudamiento en cualquier modalidad.
2. La Ley de Presupuesto de la Generalitat, o, si procede, de Suplemento de crédito o de Crédito extraordinario, fijará el importe del endeudamiento, así como sus características y destino, pero podrá delegar estas últimas potestades en el Gobierno, que las ejercerá a propuesta del Conseller d'Economia i Finances y previo informe del Conseller a quien corresponda por razón de la adscripción administrativa de la entidad autónoma. La utilización realizada de la delegación será comunicada al Parlamento.
El producto del endeudamiento de toda clase se ingresará en la Tesorería de la Generalitat y se aplicará sin ninguna excepción al estado de ingresos del presupuesto de la Generalitat o del organismo autónomo administrativo. No obstante, las operaciones que venzan antes de un año y que tengan por finalidad cubrir necesidades transitorias de Tesorería se contabilizarán en la contabilidad de la Tesorería. En todo caso, los intereses y los gastos de formalización que generen se aplicarán al presupuesto.
1. Las obligaciones económicas de la Generalitat y de las entidades autónomas nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos y hechos que, según el derecho, los generen.
2. El pago de las obligaciones económicas de la Generalitat sólo será exigible cuando resulte de la ejecución del presupuesto, de sentencia judicial firme o de operaciones de tesorería.
3. Cuando las obligaciones económicas deriven de prestaciones o de servicios a la Generalitat, su pago no se podrá realizar mientras el acreedor no haya cumplido las obligaciones correlativas.
Las resoluciones judiciales que establezcan obligaciones a cargo de la Generalitat o de las entidades autónomas de carácter administrativo de Catalunya se cumplirán puntualmente. Si faltase en el presupuesto el crédito correspondiente, se solicitará del Parlamento un suplemento de crédito o un crédito extraordinario, dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución.
Si el pago de las obligaciones de la Generalitat no fuese efectivo en el plazo de los tres meses siguientes a su reconocimiento o a la notificación de la resolución judicial, el acreedor tendrá derecho al cobro de intereses al tipo básico establecido por el Banco de España vigente el día de su reconocimiento, salvo que la Ley de presupuesto establezca uno diferente, desde que reclame por escrito el cumplimiento de la obligación hasta la fecha del pago.
Párrafo 2.º del artículo 25 introducido por el artículo 23 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
1. El derecho al reconocimiento o liquidación de las obligaciones y al pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas prescribirá al cabo de cinco años desde el nacimiento de las obligaciones o de su reconocimiento o liquidación, respectivamente.
Número 1 del artículo 26 redactado por el artículo 13 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
2. La exigencia de los acreedores legítimos o de su derechohabientes mediante la presentación de documentos justificativos de su derecho producirá el nuevo inicio del plazo de la prescripción.
1. El Presupuesto de la Generalitat de Catalunya constituye la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, podrán reconocer la Generalitat y las entidades autónomas, y de los derechos que podrán liquidarse durante el ejercicio correspondiente.
2. El Presupuesto de la Generalitat de Catalunya deberá aprobarse equilibrado entre el estado de ingresos y el estado de gastos.
1. El Presupuesto de la Generalitat incluirá la totalidad de sus gastos e ingresos, así como los de las entidades autónomas y empresas públicas.
a) Los estados de gastos de la Generalitat y sus entidades autónomas de carácter administrativo, con la debida especificación de los créditos necesarios para atender el cumplimiento de las obligaciones.
b) Los estados de ingresos de la Generalitat y de sus entidades autónomas de carácter administrativo, que comprenderán las estimaciones de diversos derechos económicos a reconocer y liquidar durante el ejercicio.
1. El Presupuesto de la Generalitat se ajustará, en cuanto a estructura, a la normativa que con carácter general se disponga para el sector público del Estado, y asumirá la adecuación el Conseller d'Economia i Finances.
3. Corresponderá al conseller d'Economia i Finances el desarrollo de la estructura presupuestaria de las entidades autónomas y de las empresas públicas, previa propuesta de los departamentos a los cuales esté adscritos.
El procedimiento de elaboración del Presupuesto de la Generalitat se ajustará a las normas siguientes:
-1 Los organismos superiores de la Generalitat y sus departamentos enviarán al Conseller d'Economia i Finances, antes del 1 de mayo de cada año, sus anteproyectos de los estados de gastos, debidamente ajustados a las leyes que sean de aplicación y a las directrices aprobadas por el Gobierno a propuesta del mencionado Conseller. Asimismo, entregarán los anteproyectos de los estados de ingresos y de gastos, y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de las entidades autónomas y empresas públicas formando un solo anteproyecto para cada uno, que comprenda todas sus actividades.
-2 El estado de ingresos del Presupuesto será elaborado por el Departamento de Economia i Finances.
-3 El Departamento de Economía y Finanzas, teniendo en cuenta los mencionados anteproyectos de gastos y la estimación de los ingresos, formulará el Proyecto de Ley del Presupuesto y lo someterá al acuerdo del Gobierno.
-4 Se adjuntará al Proyecto de Ley de presupuesto la siguiente documentación:
a) La cuenta consolidada de los proyectos relativos a la Generalitat y a sus entidades autónomas, distinguiendo separadamente las operaciones corrientes y las de capital, teniendo en cuenta la distribución sectorial y territorial de los gastos de inversión.
El Proyecto de ley del presupuesto de la Generalitat y la documentación anexa se remitirán al Parlamento de Catalunya antes del 10 de octubre de cada año, para su examen, enmienda y aprobación.
3. Además, el importe de los beneficios fiscales que afecten los tributos de la Generalitat se articulará y detallará de forma que sea posible consignarlo en el Presupuesto de la Generalitat.
Régimen de los créditos presupuestarios de la Generalitat y entidades autónomas de carácter administrativo
1. La autorización de gastos con un alcance plurianual se subordinará a los créditos que para cada ejercicio consigne el Presupuesto de la Generalitat.
Letra b) del número 2 del artículo 36 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 18 enero 2002).
3. El número de ejercicios a los cuales se podrán aplicar los gastos mencionados en los párrafos letras a) y b) del apartado anterior no será superior a cuatro. Asimismo, la parte de gasto correspondiente a los ejercicios futuros y la ampliación, cuando proceda, del número de anualidades será determinada por el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances.
Número 3 del artículo 36 redactado por el artículo 14 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Número 4 del artículo 36 introducido en su actual redacción por el artículo 14 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
4. Los compromisos mencionados en el párrafo segundo de este artículo serán objeto de contabilización independiente.
Número 5 del artículo 36 introducido por el artículo 14 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre). Su contenido literal se corresponde con el del anterior número 4.
2. No obstante, por acuerdo del Conseller d'Economia i Finances podrán incorporarse al estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente inmediato:
2. No obstante, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de expedición de sus ordenes de pago, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal al servicio de la Generalitat o las entidades autónomas.
3. No obstante, con autorización previa del Departament d'Economia i Finances, también podrá ser diferido el pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente, el importe del cual sea superior a 200 millones de pesetas, sin que en ningún caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, y se podrá distribuir libremente el resto hasta tres anualidades sucesivas.
1. Cuando se haya de efectuar a cargo del Presupuesto de la Generalitat algún gasto que no pueda aplazarse hasta el ejercicio siguiente, y para el cual no haya el crédito adecuado o bien el consignado sea insuficiente y no ampliable, el Conseller d'Economia i Finances, previos los informes de la Dirección General de Presupuestos y Tesoro, someterá al Gobierno el acuerdo de enviar al Parlamento el correspondiente proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario en el primer supuesto o de un suplemento de crédito en el segundo, y se incluirá, necesariamente, la propuesta de los recursos concretos que los han de financiar.
2. Cuando la necesidad de crédito extraordinario o suplementario se produjese en las entidades autónomas de la Generalitat y no significase un aumento en los créditos de ésta, la concesión de uno y otro corresponderá, previo informe del departamento donde sean adscritos justificando la necesidad y especificando el medio de financiación de mayor gasto, al Conseller d'Economia i Finances, si su importe no ultrapasa el 5 por ciento de los créditos consignados por la entidad autónoma a que haga referencia, y al Gobierno cuando excediendo el mencionado porcentaje, no signifique el 15 por ciento. Los mencionados porcentajes se aplicarán de forma acumulada en cada ejercicio presupuestario.
3. El Gobierno, en la forma que se determinará por reglamento, dará cuenta cada trimestre al Parlamento de los créditos extraordinarios y de los suplementos de credito a que se refiere el apartado anterior, documentalmente y con el mismo detalle, como mínimo, que el presupuesto respectivo.
1. El Gobierno, sólo en los supuestos que se indiquen y a propuesta del Conseller d'Economia i Finances, podrá acordar anticipos de tesorería para satisfacer pagos inaplazables, con el límite máximo en cada ejercicio del 2 por ciento de los créditos consignados por el presupuesto de que se trate:
a) Cuando una vez iniciada la tramitación de expedientes de concesión de crédito se haya emitido informe favorable del Departament d'Economia i Finances.
2. Si el Parlamento de Catalunya no aprueba la ley de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito, el importe del anticipo de tesorería seria cancelado a cargo de los créditos correspondientes del respectivo departamento u órgano de la Generalitat, o entidad autónoma, la reducción de los cuales ocasione menos trastornos al servicio público.
El Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances, podrá acordar, en los supuestos de créditos para operaciones de capital, transferencias de créditos globales a los específicos de la misma naturaleza económica. Los estados de gasto del presupuesto indicarán los créditos globales a los cuales podrá ser aplicada la norma.
A propuesta de los respectivos departamentos, el Conseller d'Economia i Finances podrá acordar transferencias de crédito con las limitaciones siguientes:
a) No afectarán los créditos para gastos de personal ni los ampliables ni los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
c) No aumentarán creditos que mediante otras transferencias hayan sido reducidos.
Los consejeros de los diferentes Departamentos y los presidentes de las entidades autónomas de la Generalitat podrán redistribuir los créditos entre las diferentes partidas de un mismo concepto presupuestario, notificándolo al Conseller d'Economia i Finances, al cual le corresponderá la aprobación cuando se trate de conceptos de personal.
Podrán generar créditos dentro del estado de gastos del Presupuesto de la Generalitat los ingresos derivados de las operaciones siguientes:
a) Aportaciones de personas físicas o jurídicas, para financiar, juntamente con la Generalitat o sus entidades autónomas, gastos que por su naturaleza estén comprendidas dentro de los objetivos o finalidades de las entidades mencionadas.
b) Alienación de bienes de la Generalitat o de las entidades autónomas.
1. La "autorización" del gasto es el acto por el cual se acuerda la realización de un gasto a cargo de un crédito presupuestario determinado sin sobrepasar el importe pendiente de aplicación calculada de forma cierta o aproximada por exceso, reservando a tal fin la totalidad o una parte del crédito presupuestario disponible.
2. La "disposición" es el acto por el cual se acuerda o concierta, según los casos, después de los trámites legales que sean procedentes, la realización concreta de obras, la prestación de servicios o el suministro. Con la "disposición" queda formalizada la reserva del crédito por un importe y condiciones exactamente determinadas.
3. Se entiende por "obligación" la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles contra la Generalitat porque haya sido acreditada satisfactoriamente la prestación objeto de la "disposición".
4. Se entiende por "pago ordenado" la operación por la cual el ordenador expide, en relación con una obligación concreta, la orden de pago contra la tesorería de la Generalitat.
1. Corresponde a los órganos superiores de la Generalitat y a los consejeros de los departamentos, dentro de los límites del artículo 35, autorizar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Gobierno, así como efectuar la disposición y la liquidación del crédito exigible solicitando del Conseller d'Economia i Finances la ordenación de los pagos correspondientes.
2. Con la misma reserva legal, corresponden a los presidentes o directores de las entidades autónomas la autorización, la disposición, la liquidación y la ordenación de los pagos relativos a las entidades y empresas mencionadas.
1. Los pagos se ordenarán mediante las respectivas órdenes, que el ordenador librará a favor de los acreedores de la Generalitat.
La ordenación del pago puede efectuarse mediante la firma de una orden individual o de un resumen elaborado por medios informáticos y comprensivo de varias órdenes.
Párrafo 2º del número 1 del artículo 48 introducido por Ley [CATALUÑA] 2/1996, 2 abril, («D.O.G.C.» 10 abril), de autorizaciones presupuestarias y financieras.
2. Corresponde al conseller d'Economia i Finances la ordenación de los pagos, que podrá delegar de forma expresa con carácter general o singular.
3. No obstante, con el objeto de facilitar el servicio, se crearán las ordenaciones de pagos secundarias que se consideren necesarias y sus titulares serán nombrados por el conseller d'Economia i Finances.
4. Los servicios de las ordenaciones de pagos se acomodarán al reglamento que se apruebe a propuesta del Conseller d'Economia i Finances.
La expedición de las órdenes de pago a cargo del presupuesto de la Generalitat deberá ajustarse al plan que sobre la disposición de fondo de tesorería establezca el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances.
2. Las órdenes de pago que no puedan ir acompañadas de los documentos justificativos en el momento de su expedición tendrán el carácter de "a justificar", sin perjuicio de la aplicación que proceda a los créditos presupuestarios correspondientes.
1. El presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de ingresos y al pago de obligaciones, el día 30 de abril inmediato siguiente e irán a cargo de la Tesorería de la Generalitat los ingresos y pagos pendientes, según las respectivas contracciones de derechos y obligaciones.
3. Los ingresos que se efectúen una vez cerrado el presupuesto respectivo quedaran desafectados al destino específico que, dado el caso, les hubiera correspondido, sin perjuicio de su reconocimiento y nueva afectación a cargo del presupuesto del ejercicio en curso.
1. La estructura formal básica del programa de actuación de las empresas de la Generalitat estará establecida por el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances, y la desarrollará cada empresa de acuerdo con las características y necesidades propias.
2. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de los principios que informan los programas de actuación de las empresas de la Generalitat.
Los convenios que la Generalitat establezca con sus empresas públicas o vinculadas, o con otras que no dependan, pero disfruten de avales de la Generalitat o reciban subvenciones a cargo de sus presupuestos, incluirán en cualquier caso las cláusulas siguientes:
a) Hipótesis macroeconómicas y sectoriales que sirvan de base al convenio, indicando aquellas la modificación de las cuales pueda dar lugar a la cancelación del convenio.
e) Control de la Generalitat sobre la ejecución del convenio y la explotación económica posterior.
La tesorería y los avales de la Generalitat
1. Constituyen la tesorería de la Generalitat todos los recursos financieros, tanto para operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias, sean dinero, valores, créditos o productos del endeudamiento de la Generalitat y de las entidades autónomas.
c) Distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades dinerarias para la satisfacción puntual de las obligaciones de la Generalitat.
d) Responder de los avales contraídos por la Generalitat.
1. La Tesorería de la Generalitat situará los caudales de esta al Banco de España, y a las entidades de crédito y de ahorro que operen en Catalunya.
1. Los caudales de las entidades autónomas de la Generalitat se situarán en la Tesorería de la Generalitat contablemente diferenciados.
2. No obstante, las entidades autónomas, cuando convenga por razón de las operaciones que desarrollen o del lugar en que éstas se hayan de efectuar, podrán abrir y utilizar cuentas en las entidades de crédito y de ahorro de Catalunya, previa autorización del conseller d'Economia i Finances.
a) Con anticipos del Banco de España, si así se acordara mediante convenio con éste, de entidades de crédito o cajas de ahorro según acuerdo del Gobierno a propuesta del conseller d'Economia i Finances y siempre que la suma total no sea superior al doce por ciento de los créditos que para gastos autorice el Presupuesto de la Generalitat del mismo ejercicio, se han de cancelar éstos dentro del ejercicio presupuestario.
1. Las garantías de la Generalitat que no se concedan mediante una entidad autónoma de carácter financiero deberán revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería, que estará autorizado por el Gobierno a propuesta del Conseller d'Economia i Finances. Los acuerdos de autorización deberán ser publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Los avales prestados a cargo de la Tesorería reportarán a favor de esta la comisión que para cada operación determine el Gobierno, a propuesta del Conseller d'Economia i Finances.
3. Los avales estarán documentados en la forma que se determinará por reglamento y estarán firmados por el Conseller d'Economia i Finances.
4. La Tesorería de la Generalitat responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses, si así fuese establecido, sólo en el caso que el deudor principal no cumpliese estas obligaciones.
1. La Generalitat podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las entidades de crédito legalmente establecidas a entidades autónomas, corporaciones locales y empresas públicas. El importe total de los avales a prestar en cada ejercicio se fijará en la correspondiente Ley del Presupuesto de la Generalitat.
2. El Departamento de Economia y Finanzas tramitará el correspondiente expediente para establecer la conveniencia del aval. La autorización corresponderá al Gobierno y la ejecución al Conseller d'Economia i Finances o a la autoridad en quien expresamente delegue.
3. La Intervención fiscalizará las actuaciones financiadas con creditos avalados por la Generalitat para conocer en cada momento la aplicación del crédito. Trimestralmente el conseller d'Economia i Finances rendirá cuentas ante la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto del Parlamento de todas las incidencias que se hayan producido en la concesión, reducción y cancelación de los avales, y, si procede, de los riesgos efectivos a que la Generalitat haya debido hacer frente directamente en el ejercicio de su función de avalador.
Las entidades autónomas administrativas podrán prestar avales dentro del límite máximo fijado con esta finalidad para cada ejercicio y entidad por la Ley de Presupuestos, siempre que la respectiva norma de creación los autorice a efectuar este tipo de operaciones y se trate de sociedades en que la Generalitat o sus entidades autónomas participen directamente o indirectamente en más de un 25% del capital social tengan la posibilidad de designar los órganos de dirección o participen en más de un 10% cuando sean titulares de servicios públicos. Deberán rendir cuentas al Departamento de Economia y Finanzas de cada uno de los avales que concedan.
Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Generalitat de los cuales pueda derivar derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondo o valores serán intervenidos de acuerdo con esta ley y con sus disposiciones complementarias o supletorias.
La intervención de la Generalitat con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetas a fiscalización tendrá las facultades siguientes:
b) Ser el centro directivo de la contabilidad pública atribuida a la Generalitat de Catalunya.
En el caso que la Intervención discrepase con el fondo o la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, formulará sus objeciones por escrito. Si la disconformidad se refiere al reconocimiento o a la liquidación de derechos a favor de la hacienda de la Generalitat, se hará en nota de objeción, y si subsiste la discrepancia, mediante el recurso o la reclamación que sea procedente.
1. La función interventora tiene como objeto controlar todos los actos, documentos y expedientes de la Generalitat que determinan el reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que derivan y la recaudación y aplicación de los caudales.
3. Las competencias atribuidas a la Intervención y a la función interventora serán ejercidas, en el ámbito territorial de la Generalitat de Catalunya, por el personal del cuerpo de interventores de la Generalitat.
No quedarán sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable, así como los de carácter periódico y de otros de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto inicial del acto o contrato del cual deriven, o sus modificaciones.
La Intervención General puede establecer que en los actos, los documentos o los expedientes de naturaleza igual o similar derivados de gastos de personal o de subvenciones que se determine la intervención se efectúe por muestreo, de acuerdo con las instrucciones que dicte la propia Intervención General.
Las disposiciones de los artículos 63 al 69 serán aplicables a la función interventora en las entidades autónomas de carácter administrativo dependientes de la Generalitat.
1. Las entidades públicas, las empresas sociedarias individuales y las personas que disfruten de subvenciones corrientes, prestamos, avales y otras ayudas de la Generalitat, o si procede, de las entidades autónomas y empresas públicas que dependan, serán objeto de control financiero mediante la forma de auditoría bajo la dirección de la Intervención General.
2. El control de carácter financiero en las entidades autónomas de tipo comercial, industrial y financiero y en las empresas públicas de la Generalitat, y en las que se refiere el párrafo anterior, se ha de ajustar al plan anual que para cada ejercicio económico ha de aprobar el Conseller d'Economia i Finances, a propuesta de la Intervención General.
3. Las entidades autónomas de tipo comercial, industrial y financiero y las empresas públicas de la Generalitat quedan sometidas al control financiero que ejerce la Intervención General de la Generalitat en los términos de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del Estatuto de la empresa pública catalana.
La Generalitat y las entidades autónomas y administrativas quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta ley.
2. Lo que dispone el párrafo anterior se aplica al uso de las transferencias corrientes o de capital independientemente de quienes sean los receptores.
Es competencia del conseller d'Economia i Finances la organización de la contabilidad pública al servicio de las finalidades siguientes:
a) Registrar la ejecución del Presupuesto de la Generalitat.
c) Reflejar las variaciones, la composición y la situación del patrimonio de la Generalitat, de las entidades autónomas, de las empresas públicas y de las empresas vinculadas a la Generalitat.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y la rendición de la Cuenta General de la Generalitat, así como de las otras cuentas, estados y documentos que deban ser elaborados o enviados a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas.
e) Facilitar los datos y otros antecedentes necesarios para la confección de las cuentas económicas del Sector Público de Catalunya y su consolidación posterior con las cuentas económicas del Sector Público del resto del Estado español.
La Intervención General de la Generalitat es el centro directivo de la contabilidad pública de Catalunya, a la que corresponde:
a) Someter a la decisión del conseller d'Economia i Finances el plan general de contabilidad a que se adaptarán las corporaciones, organismos y otras entidades incluidas en el Sector Público de Catalunya, según sus características o peculiaridades, con la debida coordinación y articulación en el plan general de contabilidad del Sector Público estatal.
d) Inspeccionar la contabilidad de las entidades autónomas y empresas públicas y dirigir las auditorías de las empresas vinculadas a la Generalitat, que deberán llevarse a cabo anualmente.
Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la Generalitat:
c) Recabar la presentación de las cuentas, estados y otros documentos sujetos a un examen crítico.
d) Centralizar la información deducida de la contabilidad de las Corporaciones, Organismos y Entidades que integren el Sector Público de Catalunya.
e) Elaborar las cuentas económicas del sector público de Catalunya de acuerdo con el sistema de cuentas nacionales seguido por el Estado; con distinción de los mismos subsectores que aquél.
f) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad existentes en todos los departamentos, entidades autónomas y empresas públicas de la Generalitat.
g) Coordinar la planificación contable de las empresas vinculadas a la Generalitat.
Las cuentas y la documentación que se deban rendir a la Sindicatura de Cuentas y al Tribunal de Cuentas se formarán y se cerrarán por períodos mensuales, excepto las correspondientes a las entidades autónomas, empresas públicas y empresas vinculadas a la Generalitat, que lo serán anualmente, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio.
La contabilidad pública queda sometida a verificación ordinaria o extraordinaria a cargo de funcionarios dependientes del interventor general de la Generalitat y de los que, dado el caso, designe la Sindicatura de Cuentas o el Tribunal de Cuentas.
El Conseller d'Economia i Finances remitirá al Parlamento, a título informativo y de estudio para la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto, y hará publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, trimestralmente y dentro del siguiente trimestre, el estado mensual de ejecución del presupuesto de la Generalitat y de sus modificaciones, así como los movimientos y la situación del Tesoro.
1. La cuenta general de la Generalitat se formará con los documentos siguientes:
a) Cuenta de la administración general de la Generalitat.
2. Se unirán a la cuenta general de la Generalitat las cuentas generales de las diputaciones provinciales.
3. La Sindicatura de Cuentas unirá a la cuenta general de la Generalitat las cuentas de las entidades autónomas de carácter comercial, industrial o financiero o análogo, los de las empresas públicas y los de los otros entes de derecho público, que no sean entidades autónomas de carácter administrativo, los presupuestos de los cuales son aprobados por el Parlamento.
4. También se acompañará cualquier otro estado que se determine por reglamento, y los que reflejen el movimiento y la situación de los avales concedidos por la Generalitat.
La cuenta de la administración general de la Generalitat comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería efectuadas durante el ejercicio y constará de los puntos siguientes:
Primero. La liquidación del presupuesto, dividida en tres partes:
a) Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos y en sus modificaciones, al cual se unirá una copia de las leyes, las disposiciones, y los acuerdos en virtud de los cuales se hayan producido aquellas.
Segundo. Un estado demostrativo de la evolución y la situación de los valores a cobrar y de las obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores.
Tercero. La cuenta general de Tesorería que ponga de manifiesto la situación de la Tesorería y las operaciones realizadas por aquel durante el ejercicio, con distinción de las que correspondan al Presupuesto vigente y a los anteriores.
Cuarto. Un estado relativo a la evolución y a la situación de los anticipos de Tesorería a que hace referencia el artículo 40.1 de esta Ley.
Quinto. La cuenta general de deuda pública, y en general, del endeudamiento de la Generalitat.
c) La variación de los activos y pasivos de la hacienda de la Generalitat, derivada de las operaciones corrientes y de capital.
Séptimo. Un estado demostrativo de la evolución y la situación de las inversiones con especificación de su incidencia comarcal.
Octavo. Una memoria justificativa de los costos y los rendimientos de los servicios públicos, y del grado de cumplimiento de los objetivos programados en este sentido.
Noveno. Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros de acuerdo con la autorización contenida en el artículo 36 de esta Ley, con indicación de los ejercicios en los cuales se haya de imputar.
Décimo. Un estado que refleje la evolución y la situación de los recursos locales e institucionales administrados por las finanzas de la Generalitat.
La cuenta general de la Generalitat estará formada por la Intervención General de la Generalitat con las cuentas que los diferentes cuentadantes deban rendir a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas.
1. Los titulares de cargos políticos y los funcionarios al servicio de la Generalitat o de las entidades autónomas o empresas públicas que dolosamente o culpablemente intervengan en acciones u omisiones que ocasionen perjuicio económico a la hacienda de la Generalitat, quedarán sometidos a la responsabilidad civil, penal o disciplinaria que corresponda, de acuerdo con las leyes. La responsabilidad penal y la disciplinaria serán compatibles entre ellas y con la civil.
2. Estarán especialmente sujetos a la obligación de indemnizar la hacienda de la Generalitat los interventores, el tesorero y el ordenador de pagos responsables de engaño o culpa inexcusable que no hubieran salvado su actuación mediante impugnación por escrito sobre la improcedencia o ilegalidad del acto, documento o expediente.
4. Cuando los superiores de los presuntos responsables o el ordenador de pagos, respectivamente, tengan noticia de un abastecimiento, malversación, daño o perjuicio a la hacienda de la Generalitat, o si hubiera transcurrido el plazo señalado por el artículo 50.3 de esta Ley sin haberse justificado las órdenes de pago a las cuales se refiere, instruirán las oportunas diligencias previas y adoptarán con el mismo carácter las medidas necesarias para asegurar los derechos de la hacienda de la Generalitat.
Constituyen acciones y omisiones de las que resultará la obligación de indemnizar la Hacienda de la Generalitat:
a) Incurrir en abastecimiento o malversación afectando el haber de la Generalitat.
b) Administrar los derechos económicos de la hacienda de la Generalitat incumpliendo las disposiciones reguladoras de su gestión, liquidación e inspección y recaudación e ingreso en el Tesoro.
g) Cualquiera de los otros actos u omisiones que constituyan incumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de otra normativa aplicable a la administración y contabilidad de la hacienda de la Generalitat.
2. El acuerdo de incoación del expediente, la resolución de éste y el nombramiento del juez instructor corresponderán al Gobierno cuando se trate de titulares de cargos políticos de la Generalitat, y al Conseller d'Economia i Finances en los demás casos. El expediente se tramitará, en cualquier caso, con audiencia de los interesados.
3. La resolución correspondiente se tendrá que pronunciar sobre los daños y los perjuicios causados a los derechos económicos de la hacienda de la Generalitat, y los responsables tendrán la obligación de indemnizar en la cuantía y el plazo que se señale.
1. Los daños y perjuicios determinados por la resolución del expediente a la cual se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos económicos de la Hacienda de la Generalitat. En su caso se procederá al cobro por vía de apremio.
2. La hacienda de la Generalitat tiene derecho al interés previsto por el artículo 14 de esta Ley sobre el importe de los daños y perjuicios desde el día que estos se hayan producido.
3. Cuando a causa de la insolvencia del deudor o deudora de la Generalitat derive la acción hacia los responsables subsidiarios, el interés se contará desde la fecha en que éstos serán requeridos con esta finalidad.
1. Se considera subvención toda ayuda que comporte una disposición de fondos públicos acordada por la Generalidad o sus entidades autónomas a cargo de sus presupuestos, que tenga por objeto una entrega dineraria entre los distintos órganos y unidades de la Administración pública de la Generalidad, o de éstos a otras entidades públicas o privadas y particulares, y que cumpla los siguientes requisitos:
3. Cuando la subvención o la transferencia se realice en especies, debe regirse por lo establecido en la Ley 11/1981, de patrimonio de la Generalidad. Sin embargo, es aplicable lo establecido en este capítulo en el supuesto de que la finalidad de la subvención implique su ejecución por la propia administración, y a cargo de sus créditos presupuestarios destinados a transferencias o subvenciones.
Número 4 del artículo 87 introducido por el número 1 del artículo 15 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. Lo dispuesto en este capítulo es aplicable a las subvenciones que tramite la Administración de la Generalidad, sus entidades autónomas y otros entes públicos que dependen de la misma, así como, y siempre que estén financiadas con aportación del presupuesto de cualquiera de los anteriores, a las tramitadas por empresas públicas, consorcios y otros entes con participación mayoritaria de la Generalidad.
2. El régimen económico financiero de las subvenciones es el establecido en la presente Ley, las leyes especiales aprobadas por el Parlamento y las respectivas leyes de presupuestos de la Generalidad, y son aplicables supletoriamente las normas de derecho administrativo y, en su defecto, las del derecho privado. No obstante, respecto a las líneas de subvenciones financiadas con fondos comunitarios y gestionadas por la Generalidad de Cataluña, prevalece la normativa de la Unión Europea.
3. A las transferencias les es aplicable el mismo régimen económico y financiero que a las subvenciones, en todo aquello que no derive del carácter finalista de las mismas.
Número 3 del artículo 88 redactado por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Número 4 del artículo 88 introducido por el número 2 del artículo 15 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
1. La concesión de las subvenciones debe sujetarse a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, y deben ajustarse a la normativa de la Unión Europea y a las directrices emanadas de su Comisión en materia de ayudas públicas a empresas.
2. La publicidad no es preceptiva:
Número 2 del artículo 90 redactado por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
a) El ente concedente es el órgano que otorga la subvención, dentro del ámbito de su competencia, una vez establecida la consignación presupuestaría con esta finalidad.
d) La forma en que el beneficiario o la entidad colaboradora deben justificar el cumplimiento de la finalidad para la cual se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos, y, el plazo para su realización.
Letra e) del número 2 del artículo 92 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Letra f) del número 2 del artículo 92 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Letra g) del número 2 del artículo 92 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
i) En el supuesto de subvenciones superiores a 1.000.000 de pesetas o el importe que se fije en la respectiva Ley de presupuestos, la obligaciòn del beneficiario de aportar certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto estatales como autonómicas y de la Seguridad Social, y a declarar expresamente que no tiene contraída deuda alguna con la Administración de la Generalidad y sus entidades autónomas.
Letra i) del número 2 del artículo 92 suprimida por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
3. Cuando los proyectos de bases reguladoras se refieran a supuestos fijados en la legislación de la Unión Europea, debe seguirse el procedimiento establecido por la normativa estatal, salvo lo establecido en el artículo 88,2.
Número 3 del artículo 92 suprimido por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
4. Las bases reguladoras deben someterse a informe del servicio jurídico de la intervención delegada del ente concedente, ser aprobadas por orden del correspondiente consejero o consejera, o del órgano competente, en los supuestos especificados en las letras b), c) y d) del artículo 93 de la presente Ley, y publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
5. Las convocatorias de subvenciones deben concretar como mínimo:
c) El objeto, las condiciones, la finalidad de la subvención y los criterios de valorización de la petición, los requisitos para su solicitud, los documentos y la información que deben adjuntarse a la solicitud y el plazo para su presentación.
Letra c) del número 5 del artículo 92 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
d) Los órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento y plazo para su conclusión.
Letra f) del número 5 del artículo 92 introducida por el número 1 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
6. Todas las convocatorias públicas de subvenciones deben incluir, entre los requisitos exigidos a las empresas, la justificación de que el solicitante cumple la cuota de reserva para la integración social de los minusválidos, establecida en la legislación vigente.
7. Con carácter previo a la publicación de la convocatoria debe autorizarse el gasto derivado de la línea de ayudas convocada. En caso de que en la convocatoria se comprometan fondos públicos de ejercicios presupuestarios futuros, la autorización del gasto corresponde al Gobierno. En la convocatoria debe adjuntarse el certificado de la intervención que acredite que se ha efectuado la correspondiente reserva de crédito.
1. (sic) Son órganos competentes para la concesión de las subvenciones:
a) En los departamentos de la Generalidad, el consejero o consejera titular, o el órgano correspondiente que determine la convocatoria.
b) En las entidades autónomas de naturaleza administrativa, sus presidentes o directores, y los consejos de administración en las demás entidades autónomas, sin perjuicio de la facultad de delegación en los gerentes.
c) En los demás entes, los órganos rectores de acuerdo con lo establecido en sus leyes de creación o normativa especifica, sin perjuicio de la posible delegación en los gerentes o figuras análogas.
d) El Comisionado para Universidades e Investigación, en relación a las subvenciones en materia de universidades e investigación.
Primera. El procedimiento de concesión debe ser el de concurso; la resolución que ponga fin al mismo debe ser motivada y contener como mínimo: A partir de: 30 mayo 2000 Párrafo introductorio de la regla primera del artículo 94 redactado por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
a) La identificación de la persona o personas solicitantes a quienes concede la subvención.
b) El importe y, si procede, el porcentaje subvencionado del presupuesto de la actividad o proyecto singular y especifico presentado por la persona solicitante, si el objeto de la subvención es de tal naturaleza.
c) La justificación como condición, en el caso de que se autoricen anticipos, de la ejecución del objeto de la subvención.
d) En el caso de que se autoricen anticipos, la forma y cuantía de las garantías que, si procede, debe presentar el beneficiario de la subvención.
Segunda. Si desde la fecha del plazo de presentación de solicitudes y antes de la firma de la resolución de la concesión han transcurrido más de seis meses, la persona o personas solicitantes deben actualizar los justificantes presentados.
Regla segunda del artículo 94 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Tercera. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso puede ser de una cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Cuarta. Excepcionalmente, si, de acuerdo con el informe del secretario o secretaria general del departamento u órgano asimilado en la estructura de las entidades autónomas, se acredita la imposibilidad de promover la concurrencia pública por las especificidades del subvencionado o de las actividades a desarrollar, se pueden conceder directamente por resolución del correspondiente consejero o consejera o por acuerdo del Gobierno, si el importe es superior a 50.000.000 de pesetas o lo determinado en la ley de presupuestos, y a instancia de parte, subvenciones innominadas o genéricas. La resolución de concesión que se debe firmar, una vez que la persona beneficiaria haya aportado las certificaciones a las que se refiere el artículo 92.2.i), debe concretar el objeto, el plazo y la forma de justificación de la aplicación del fondo, la posibilidad de anticipos, las garantías, en su caso, y la obligación de suministrar información a efectos de control.
Regla cuarta del artículo 94 redactada por el número 3 del artículo 15 de la Ley [CATALUÑA] 15/2000, de 29 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 30 diciembre).
Quinta. En el supuesto de subvenciones nominativas, la resolución de la concesión debe contener los mismos puntos de la regla cuarta en lo que se refiere a las resoluciones de las subvenciones y los mismos requisitos para su concesión.
Sexta. Excepcionalmente, la concesión se puede producir mediante acuerdos, pactos, convenios y contratos con entidades de derecho público o privado, si estos medios son más eficientes para lograr los objetivos fijados, y son exigibles los mismos requisitos establecidos en este capítulo.
Séptima. Las entidades concedentes, salvo que se traten de subvenciones nominativas deben publicar trimestralmente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la relación de todas las subvenciones concedidas en cada período, con expresión de la entidad beneficiaria, la cantidad concedida, las finalidades de la subvención y el crédito presupuestario al que se han imputado.
Regla séptima del artículo 94 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Octava. Las subvenciones que concedan los departamentos con carácter compensador de las cargas por operaciones financieras formalizadas por los perceptores pueden ser entregadas por su importe total al Instituto Catalán de Finanzas o al Instituto Catalán de Crédito Agrario, según la materia, para que procedan al pago periódico de estas subvenciones en los correspondientes ejercicios o a la amortización parcial del capital pendiente de las operaciones con subvención asociada.
b) Acreditar ante la entidad concedente o, si procede, la entidad colaboradora lo que determina la letra a, y cumplir con los requisitos y condiciones que determinen la concesión o el disfrute de la subvención, mediante los justificantes del gasto o la actividad que han de cubrir el importe financiado, o, si la subvención consiste en un porcentaje del coste de la actividad o inversión, el correspondiente coste total.
Letra b) del artículo 95 redactada por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
1. La Intervención General de la Generalidad, de acuerdo con la normativa aplicable y, en particular con lo dispuesto en el artículo 71, y de acuerdo con los planes de control aprobados por el consejero o consejera del Departamento de Economía y Finanzas, a propuesta de la Intervención General de la Generalidad, debe controlar las subvenciones públicas afectadas por la presente Ley para asegurar el cumplimiento de sus fines y de las disposiciones legales aplicables a las finanzas de la Generalidad.
Párrafo 2.º del número 1 del artículo 97 introducido por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Número 1 del artículo 97 redactado por el número 4 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
2. El control debe afectar a las entidades colaboradoras, los beneficiarios y las terceras personas relacionados con el objeto de la subvención y quedan obligados a facilitar el ejercicio de las funciones que corresponden a la Intervención General, y, en particular, debe afectar:
c) El acceso a locales o al domicilio de la persona beneficiaria, previa autorización de la misma, o, en su defecto, de la del órgano judicial competente.
Número 2 del artículo 97 redactado por el número 5 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
Número 2 bis del artículo 97 introducido por el número 5 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre).
3. Si, como consecuencia de los controles practicados, la Intervención General acredita que la persona beneficiaria ha incurrido en uno de los supuestos indicados en el artículo 99, debe elevar informe al órgano concedente y proponer que se inicie el procedimiento de revocación al objeto de obtener el reintegro total o parcial de la subvención; puede proponer al órgano concedente o a la Tesorería la adopción de la medida cautelar establecida en el artículo 98.2. Una vez efectuada la propuesta, el órgano concedente debe iniciar el expediente correspondiente de revocación y reintegro, del que debe formar parte el informe mencionado, salvo que, por el hecho de discrepar del mismo o de la propuesta, se acoja al procedimiento establecido en el artículo 67.
Número 3 del artículo 97 redactado por el número 6 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 18 enero 2002).
4. De conformidad con el artículo 18.1 del texto refundido de la Ley general presupuestaría, con los reglamentos de la Unión Europea número 2064/97 y 4045/89 y con las otras normas aplicables, corresponde, en el ámbito de Cataluña, a la Intervención General de la Generalidad la elaboración y ejecución de los planes de control sobre beneficiarios de ayudas financiadas total o parcialmente con fondos comunitarios.
Número 5 del artículo 97 introducido por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Número 1 del artículo 98 redactado por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
2. Una vez acordado el inicio del procedimiento de revocación, o con carácter previo en el supuesto que indica el artículo 97.3, como medida cautelar, la Tesorería puede adoptar, a propuesta del órgano concedente o de la Intervención General, la retención de las cantidades pendientes de abonar al perceptor, sin ultrapasar, en ningún caso, el importe que fijen la propuesta o resolución de inicio del expediente, con los intereses de demora devengados hasta aquel momento. La imposición de éstos debe acordarse por resolución motivada, que debe notificarse a la persona beneficiaria, con indicación de los recursos pertinentes, siendo aplicable el siguiente régimen jurídico:
c) Debe mantenerse hasta que se dicte la resolución que pone fin al expediente de revocación, y no puede ultrapasar el periodo máximo que se fije para su tramitación. En el caso de prórroga del procedimiento de revocación, debe mantenerse la medida para un plazo equivalente.
d) Debe levantarse en el caso de que la resolución que se dicte sea contraria a la revocación, que desaparezcan las circunstancias que la originaron o, en el caso del artículo 97.3, que haya transcurrido un mes desde la retención sin que se dicte la resolución de inicio del expediente. También debe levantarse si la persona beneficiaria propone la sustitución por una garantía que se considere suficiente.
Número 3 del artículo 98 introducido por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
1. (sic) Son causas de revocación:
c) El incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida, total o parcialmente al haber destinado las cantidades percibidas a finalidades distintas.
d) El incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
Letra d) del artículo 99 redactada por el número 7 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 18 enero 2002).
e) En el supuesto indicado en el artículo 94.3, por el exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.
1. Si el órgano concedente, como consecuencia de su actuación de comprobación, o en el caso del artículo 97.3, acredita que se ha producido alguna de las causas de revocación, debe iniciar la tramitación del expediente oportuno, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) El plazo para concluir el expediente es de seis meses, a contar desde la fecha en que se notifique la resolución de inicio del expediente, que debe ser dictada por el órgano que firmó la resolución de concesión. Puede prorrogarse, excepcionalmente y con motivación, y de acuerdo con lo determinado en las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, este plazo por un período no superior a tres meses.
b) El procedimiento se resuelve de acuerdo con lo determinado en las no, más reguladoras del procedimiento administrativo común, y en todo caso debe reconocerse a las personas interesadas el derecho a efectuar alegaciones, proponer medios de prueba, y el preceptivo trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución que ponga fin al expediente.
3. Los beneficiarios, personas físicas o jurídicas, deben responder directamente de las cantidades a devolver; en cuanto a las personas jurídicas, son responsables de las mismas los administradores que votaron favorablemente los acuerdos que son causa del incumplimiento, no se opusieron o los consintieron, y, en el caso de que se hayan disuelto, de las obligaciones pendientes. La responsabilidad es solidaria para los socios o participes en el caso de disolución o de liquidación y hasta el límite de la cuota de liquidación.
Número 3 del artículo 100 redactado por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Número 4 del artículo 100 introducido por el artículo 24 de la Ley [CATALUÑA] 4/2000, 26 mayo, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 29 mayo).
Sección 5.ª del Capítulo IX introducida por el número 8 del artículo 25 de la Ley [CATALUÑA] 21/2001, 28 diciembre, de medidas fiscales y administrativas («D.O.G.C.» 31 diciembre; corrección de erratas «D.O.G.C.» 18 enero 2002).
Mientras el Parlamento de Catalunya no promulgue las normas correspondientes y el Gobierno de la Generalitat no dicte las disposiciones reglamentarias, regirán las normas y disposiciones análogas del Estado, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del Estatuto, en todo aquello que no estén en contradicción con las leyes y los reglamentos catalanes.

References: artículo 8
 artículo 13
 artículo 22
 artículo 15
 artículo 23
 resolución 
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 36
 artículo 24
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 36
 artículo 14
 artículo 35
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 36
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 87
 artículo 15
 artículo 88
 artículo 24
 artículo 88
 artículo 15
 artículo 90
 artículo 24
 artículo 92
 artículo 24
 artículo 92
 artículo 24
 artículo 92
 artículo 24
 artículo 92
 artículo 24
 artículo 88
 artículo 92
 artículo 24
 artículo 93
 artículo 92
 artículo 24
 resolución 
 artículo 92
 artículo 25
 resolución 
 artículo 94
 artículo 24
 resolución 
 artículo 94
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 92
 artículo 94
 artículo 15
 resolución 
 artículo 94
 artículo 24
 artículo 95
 artículo 24
 artículo 71
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 97
 artículo 25
 artículo 97
 artículo 25
 artículo 97
 artículo 25
 artículo 99
 artículo 98
 artículo 67
 artículo 97
 artículo 25
 artículo 18
 artículo 97
 artículo 24
 artículo 98
 artículo 24
 artículo 97
 resolución 
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 artículo 97
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 artículo 98
 artículo 24
 artículo 99
 artículo 25
 artículo 94
 artículo 97
 resolución 
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 artículo 100
 artículo 24
 artículo 100
 artículo 24
 artículo 25