Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2005/A066-05.htm
Timestamp: 2017-11-21 10:03:59+00:00

Document:
A066-05
Auto 066/05
COSA JUZGADA ABSOLUTA-Regla general/COSA JUZGADA RELATIVA-Concepto
Como la regla general es la cosa juzgada absoluta, cuando se opte por la relativa se deberá dejar expresa constancia de ello. En otros términos, el proferimiento de fallos de constitucionalidad con efectos de cosa juzgada relativa debe ser manifiesto, al punto que se presume lo contrario si tal salvedad no se consigna. Por manera que si en un fallo de constitucionalidad, el juez de control consigna apenas algunas de las razones por las cuales considera que la norma respeta el ordenamiento superior, pero omite el análisis de argumentos posibles que podrían llevar a una conclusión distinta, se estaría de todos modos frente al caso de una cosa juzgada constitucional absoluta; a menos que -ex profeso- el tribunal reconozca el carácter relativo de los efectos de la sentencia y permita la interposición de nuevas demandas de inconstitucionalidad por cargos distintos.
Referencia: expediente D-5689
Recurso de Súplica interpuesto contra el Auto del 28 de febrero de 2005, dictado en el proceso de la referencia por el magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil.
Actora: Amparo Deyanira Cañón Ortegón
1° La ciudadana Amparo Deyanira Cañón demandó la inexequibilidad del parágrafo 1º, literal c) parcial del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.
2° El magistrado sustanciador en el proceso de la referencia, mediante Auto del 28 de febrero de los corrientes, rechazó la demanda presentada por considerar que respecto de la norma acusada operó el efecto de la cosa juzgada constitucional absoluta, visto que mediante Sentencia C-1024 de 2004, en la cual se acusó la norma atacada en la demanda de la referencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-506 de 2001, por encontrar que, materialmente, la norma analizada en la mencionada sentencia y los cargos presentados en dicha ocasión -en la cual se declaró la exequibilidad de la disposición- eran iguales a los que se planteaban en la nueva demanda.
3º Con fecha 7 de marzo de 2005, dentro del término legal previsto, la demandante radicó en la Secretaría General de la Corte, recurso de súplica en contra del Auto de rechazo del 28 de febrero de 2005.
A juicio de la actora, los efectos de la Sentencia C-506 de 2001 no pueden ser de cosa juzgada, puesto que no se analizó el cargo de vulneración del derecho a la igualdad en los términos planteados en su demanda y se obvió que en la Sentencia C-177 de 1998 se habían establecido consideraciones jurídicas que habrían implicado la inexequibilidad de la norma demandada, asunto que no se tuvo en cuenta en la Sentencia C-1024/03.
Mediante Sentencia C-1024 de 2004, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-506 de 2001 en los siguientes términos: “En relación con el siguiente aparte demandado del literal c) del parágrafo 1° del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, “siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”, ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-506 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la expresión acusada por un cargo idéntico al impetrado en esta oportunidad.” Por tanto, al estarse a lo resuelto en una norma materialmente idéntica que había sido declarada exequible le imprimió tal efecto jurídico a la norma acusada en la demanda de la referencia.
Conforme lo establece el artículo 243 de la Constitución Política, “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. La consecuencia directa de dicha preceptiva es que las demandas dirigidas contra normas de naturaleza legal, cuya constitucionalidad ya ha sido definida por la Corte, son inadmisibles. El fallo que el juez constitucional produce, respecto de un texto legal determinado, confiere al mismo una especie de “inmunidad” jurídica que impide volver a cuestionar, en sede jurisdiccional, su concordancia o desacuerdo con la Carta Fundamental.
Se ve en estos términos, cómo la norma del Decreto 2067 de 1991 reconoce que la regla general, el régimen básico, es el de la cosa juzgada absoluta, pues se presume que las normas acusadas han sido confrontadas con el texto íntegro de la Constitución[1].
Ahora bien, como se lee al final del texto, la norma citada permite a la Corte dar aplicación al inciso final del artículo 21 de dicho decreto. Tal inciso fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-113 de 1993 porque, a juicio del Tribunal, el Gobierno excedió las facultades reglamentarias conferidas por el artículo 23 transitorio de la Constitución, al regular aspectos vinculados a los fallos de constitucionalidad, cuando la norma transitoria sólo lo autorizaba a regular el procedimiento de tales juicios.
No obstante su retiro del ordenamiento jurídico, la Corte reconoció que en su contenido material, el inciso final del artículo 21 no era contrario a la Constitución Política, por lo que podía ser aplicado autónomamente por la Corte en ejercicio de sus funciones constitucionales. El texto del mencionado inciso confería la posibilidad a la Corte de relativizar los efectos de la cosa juzgada absoluta, según se lee a continuación:
"Excepcionalmente la Corte Constitucional podrá señalar de manera expresa que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de las disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia.”
En relación con la legitimidad de dicha alternativa, la Corte dijo en la sentencia que se cita:
“A lo anterior, cabría agregar que la declaración de inexequibilidad de este inciso, no obsta para que la Corte, en ejercicio de sus funciones propias, señale en la sentencia que los efectos de la cosa juzgada se aplican sólo respecto de las disposiciones constitucionales consideradas en la sentencia. Al fin y al cabo, sólo a la Corte compete determinar el contenido de sus sentencias.”
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993”
Los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia C-1024 de 2004 para motivar su decisión pueden sintetizarse en que la Sentencia C-506 de 2001 se había pronunciado sobre la constitucionalidad de una norma materialmente idéntica en la cual se había declarado exequible la disposición en virtud de que no desconocía el derecho a la igualdad toda vez que:
“Para la Corte, (...) sí existen elementos objetivos que establecen una diferencia de situación en relación con estos trabajadores y, la diferencia de trato que establece la norma atiende a esta circunstancia, sin que ello pueda considerase irrazonable o desproporcionado dentro del marco preciso en que se inscribe el derecho prestacional a la seguridad social al que se hizo referencia, así como de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
En consecuencia la Corte declarará la exequibilidad del literal c) del parágrafo 1º del artículo 33 de la ley 100 de 1993. ” (Sentencia C-506 de 2001)
Primero. Por las razones estudiadas, CONFIRMAR en todas sus partes el Auto del 28 de febrero de 2005, proferido por el despacho del magistrado ponente en el proceso D-5689, doctor Rodrigo Escobar Gil, mediante el cual se rechazó la demanda presentada por la ciudadana Amparo Deyanira Cañón Ortegón, en contra del artículo 33, parágrafo 1º, parcial, de la Ley 100 de 1993.
[1] Cfr. Sentencia C-492 de 2000

References: artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 243
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 33