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Timestamp: 2019-03-26 05:11:22+00:00

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TC admite hábeas corpus de extranjera que brindó declaración policial sin presencia de abogado | Legis.pe
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Fundamento destacado: 9. Siendo ello así, lo que correspondería es declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso constitucional y ordenar al juez de primera instancia que admita a trámite la demanda, con el fin de no afectar el derecho de defensa de la entidad demandada; o también cabría ingresar de inmediato a expedir una sentencia de fondo, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal. Sin embargo, ambas alternativas no se adecuan a las singularidades del presente caso, dada la ausencia de defensa de la emplazada y la necesidad de otorgar una pronta respuesta acorde con los derechos de ambas partes procesales, razón por que es necesario optar por una medida alternativa y excepcional, similar a las adoptadas en los autos recaídos en los expedientes 2988-2009-PA/TC y 4978-2013-PAJ/TC, a fin de evitar un posible daño irreparable de los derechos invocados producto de una respuesta judicial tardía.
El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Vanessa Madelaine Abril Angulo contra la resolución de fojas 52, de fecha 18 de marzo de 2015, expedida por la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente in limine la demanda de habeas corpus de autos; y,
1. Con fecha 5 de setiembre de 2014, doña Vanessa Madelaine Abril Angulo interpone demanda de hábeas corpus contra la Superintendencia Nacional de Migraciones. Alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, de defensa y a la libertad de tránsito. Solicita la nulidad de la Resolución de Superintendencia 00000432-2014-MIGRACIONES, de fecha 22 de agosto de 2014.
2. Refiere que mediante la resolución administrativa en cuestión se vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que se le canceló la condición de residente que mantenía en el Perú por ser ciudadana extranjera y, en consecuencia, se dispuso su salida e impedimento de ingreso al territorio nacional, sin que existieran fundamentos que justificaran la decisión adoptada en el sentido antes expuesto. Manifiesta que con fecha 21 de agosto de 2014 fue detenida de manera arbitraria, ya que no se presentaban los presupuestos que sustentaran tal medida. Denuncia que en el momento en que brindó su declaración en sede policial como durante el trámite de la investigación policial no se le permitió contar con la asistencia de un abogado defensor, y que por ello no estuvo en condiciones de ejercer válidamente su derecho a la defensa.
3. El Quincuagésimo Quinto Juzgado Penal de Lima, con fecha 9 de setiembre de 2014, declaró improcedente in limine la demanda por considerar que los hechos y el petitorio de la demanda no estaban referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Agregó que no se vulneraron los derechos que invocó la recurrente en razón de que la entidad administrativa emplazada actuó conforme a ley al cancelarle la condición de residente que mantenía en el país.
4. La Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución 642, de fecha 18 de marzo de 2015, y el voto dirimente de fecha 15 de mayo de 2015, confirmó la apelada por similares fundamentos.
5. El Tribunal Constitucional ha declarado que el contenido constitucionalmente protegido del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Dicho derecho tiene una doble dimisión: una material, referida al derecho del imputado o demandado de ejercer su propia defensa desde el mismo instante en que toma conocimiento de que se le atribuye la comisión de determinado hecho delictivo, y otra formal, que supone el derecho a una defensa técnica, esto es, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso.
6. Este Tribunal ha establecido, respecto al derecho a la libertad de tránsito, que “La facultad de libre tránsito comporta el ejercicio del atributo ius movendi et ambulanti. Es decir, supone la posibilidad de desplazarse autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee” (Expediente 2876-2005-PHC/TC). De igual manera, ha precisado que el derecho al libre tránsito es un elemento conformante de la libertad y una condición indispensable para el desarrollo de la persona; y que esta facultad de desplazamiento se manifiesta a través del uso de las vías de naturaleza pública o de las vías privadas de uso público, derecho que puede ser ejercido de modo individual y de manera física o a través de la utilización de herramientas tales como vehículos motorizados, locomotores, entre otros.
7. En la demanda se cuestiona que durante la investigación policial que concluyó con la emisión del Atestado Policial 349-2014-DIRESI-DIRSEG-PNP/DIVEXT-IE, de fecha 22 de agosto de 2014, no se le permitió contar con la asistencia de un abogado defensor y que por ello no estuvo en condiciones de ejercer válidamente su derecho a la defensa durante el desarrollo de dicha investigación, en mérito a la cual se emitió la resolución administrativa cuya nulidad se solicita, toda vez que esta vulnera su derecho a la libertad de tránsito.
8. De lo expresado, se advierte que los temas sobre los que versa el presente proceso resultan de indudable relevancia constitucional, por lo que no ha debido rechazarse in limine la demanda, toda vez que como ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades, el uso de esta facultad constituye una alternativa a la que sólo cabe acudir cuando no exista ningún margen de duda sobre la carencia de elementos que generen verosimilitud respecto de la amenaza o vulneración de un derecho fundamental, lo que, como se ha visto, no ocurre en el caso de autos.
9. Siendo ello así, lo que correspondería es declarar la nulidad de todo lo actuado en el presente proceso constitucional y ordenar al juez de primera instancia que admita a trámite la demanda, con el fin de no afectar el derecho de defensa de la entidad demandada; o también cabría ingresar de inmediato a expedir una sentencia de fondo, atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal. Sin embargo, ambas alternativas no se adecuan a las singularidades del presente caso, dada la ausencia de defensa de la emplazada y la necesidad de otorgar una pronta respuesta acorde con los derechos de ambas partes procesales, razón por que es necesario optar por una medida alternativa y excepcional, similar a las adoptadas en los autos recaídos en los expedientes 2988-2009-PA/TC y 4978-20 13-PAJTC, a fin de evitar un posible daño irreparable de los derechos invocados producto de una respuesta judicial tardía.
10. En tal sentido, este Tribunal opta por admitir a trámite la demanda de hábeas corpus ante esta instancia, procediendo a otorgar el derecho de defensa respectivo a la Superintendencia Nacional de Migraciones, previa notificación de la demanda, sus anexos y el recurso de agravio constitucional, confiriéndole un plazo de cinco días hábiles para que alegue lo que juzgue conveniente. Ejercidos sus derechos de defensa o vencido el plazo para ello, y previa vista de la causa, esta quedara expedita para su resolución definitiva.
1. ADMITIR A TRÁMITE la demanda de hábeas corpus y, en consecuencia, se dispone conferir a la Superintendencia Nacional de Migraciones un plazo de cinco días hábiles para que, en ejercicio de su derecho de defensa, alegue lo que juzgue conveniente.
2. Ejercido el derecho de defensa por parte de la emplazada o vencido el plazo para ello, y previa vista de la causa, esta quedará expedita para su resolución definitiva.
TC: Acreditación de domicilio con declaración jurada solo es aplicable en...
Tania Pereyra Villar - diciembre 4, 2017

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