Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/c-662-96.htm
Timestamp: 2019-12-14 15:33:29+00:00

Document:
C-662-96
“Artículo 94. Procedimiento de registro. A partir del 1o de abril de 1996, para el registro de instrumentos públicos se presentará el formato de registro que para tal efecto elabore la Superintendencia de Notariado y Registro, debidamente diligenciado por el notario ante el cual se haya otorgado la escritura pública, donde consten los elementos básicos del negocio jurídico relevante para su inscripción.
A la copia notarial de la escritura con destino al registro se adjuntará el formato referido”.
Fundamenta la accionante su demanda, en que la Ley 190 de 1995 confirió facultades al Ejecutivo exclusivamente para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, pero con el precepto acusado el Gobierno en ejercicio de su función de legislador extraordinario excedió el límite de la facultad conferida, ya que no ejerció su función dentro del marco estricto de las precisas facultades delegadas, sino que “fue más allá, abusando en el desempeño de la responsabilidad confiada”. Y agrega que “no hubo la necesaria correspondencia entre la estipulación constitucional, la delegación legislativa y el ejercicio de la tarea confiada al Gobierno”.
Pero lo que hizo, señala, fue establecer un trámite más, este sí innecesario, consistente en el diligenciamiento de un formato de registro que para tal efecto elabore la Superintendencia de Notariado y Registro, donde consten los elementos básicos del negocio jurídico relevante para su inscripción, el cual constituye por sí solo un requisito adicional, que tiene además la condición de que debe ser diligenciado por el notario ante el cual se haya otorgado la escritura pública, “y los notarios no son parte de la administración pública, sino que son particulares que prestan un servicio público.”
En este sentido, expresa la demandante que el Presidente de la República mediante la actuación ejercida a través del artículo 94 del Decreto-Ley 2150 de 1995, no obedeció la ley ni veló por su estricto cumplimiento como era su deber en virtud de la estipulación del numeral 10 del artículo 189 de la Carta que le ordena “promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”.
Además, afirma que la Superintendencia de Notariado y Registro que es el organismo encargado por el precepto acusado para elaborar el formato de registro, mediante instrucción administrativa No. 013 del 21 de marzo de 1996, estableció que “su no inclusión -la del formato- constituye falta disciplinaria del Notario, mas no es motivo de devolución por parte de la Oficina de Registro, y no sustituye la función calificadora que estas cumplen”.
Al disponerlo así, considera que se establece “un trámite nuevo, adicional e innecesario, y además redundante, dispendioso y costoso, ya que demanda mayor tiempo, recursos y esfuerzos en su diligenciamiento para producir un efecto inútil, pues no sustituye la función calificadora que estas Oficinas de Registro cumplen.”
Así mismo, señala que la demandante incurre en un error de apreciación, cuando afirma que el legislador extraordinario excedió las facultades extraordinarias conferidas al Ejecutivo en el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, ya que si las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hacen parte de la administración pública, el Presidente actuó dentro del límite de aquellas al expedir el artículo 94 que reformó un procedimiento administrativo. Prueba de que dichas oficinas son parte de la administración pública, es la regulación legal de las mismas en los artículos 1, 59, 62, 65, 67 y 68 del Decreto 1250 de 1970. Así pues, considera que el concepto de administración pública a que se refiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, se extiende aún a los particulares que cumplen funciones administrativas, porque como lo ha expresado el Consejo de Estado, “lo que ha de definir una institución es la substancia”.
El Decreto-Ley 2150 de 1995 parcialmente acusado, fue expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias a él conferidas por el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan otras disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa”, el cual dispone en su primer inciso que:
“De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación de la presente ley expida normas con fuerza de ley para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la Administración Pública. En ejercicio de dichas facultades no podrá modificar códigos, ni leyes estatutarias u orgánicas” (negrillas y subrayas fuera de texto).
“10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje...”.
En relación con el ejercicio de las mencionadas facultades, ha precisado esta Corporación[1]:
“Las características de temporalidad y precisión que distinguen a las facultades extraordinarias, tienen como propósito fundamental evitar que el Gobierno abuse al hacer uso de ellas, en el sentido de prolongarlas indebidamente, o de rebasar el asunto o materia para el que fue investido, y es por ello que el Congreso tiene la obligación constitucional de señalar el término exacto por el cual se conceden las atribuciones, como el campo dentro del que ha de ejercer el Presidente de la República su actividad legislativa. Por tanto, es deber del Ejecutivo ceñirse estrictamente a los parámetros señalados por el legislador ordinario al conferirlas, pues el uso por fuera de tales límites configura la inexequibilidad de los ordenamientos legales que así se dicten, como es el caso materia de examen”.
Conforme al cargo esgrimido por la demandante, procede la Corte a examinar el contenido del precepto legal acusado, con el fin de determinar si se adecúa a “los estrictos y precisos límites” señalados por el Congreso en la ley de habilitación legislativa.
En efecto, el Gobierno Nacional, en desarrollo del mandato contenido en el artículo 83 de la ley habilitante, procedió a “reformar y suprimir” aquellos procedimientos y trámites de carácter administrativo existentes en la administración pública, considerados dispendiosos y engorrosos, que hacían nugatorio el ejercicio de los derechos y de las actividades de los particulares, para en su lugar adoptar otros que hicieran más viable y efectivo el acceso de las personas ante las entidades públicas, en desarrollo del precepto consagrado en el artículo 84 de la Carta Fundamental.
Por consiguiente, el Gobierno en la norma sub-examine, en ejercicio de la facultad legal de reformar dichos procedimientos, procedió a “modificar y corregir” el modo de hacer el registro de instrumentos públicos, previsto en el Capítulo IV del Decreto 2150 de 1970, lo que comprende las etapas de radicación, calificación, inscripción y constancia de ejecución del mismo.
En criterio de la Corporación, no puede desconocerse, como lo hace la demandante, que las oficinas de registro de instrumentos públicos son parte integrante de la administración pública, en razón de la función que las mismas cumplen. En este sentido, cabe señalar que el artículo 1o del Decreto 1250 de 1970 dispuso que “el registro de instrumentos públicos es un servicio del Estado que se prestará por funcionarios públicos”, razón por la cual su naturaleza es pública.
Así lo entendió el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil, cuando expresó en concepto No. 792 de 1996, que “el decreto 2150 de 1995 es aplicable a toda actividad concerniente a la administración pública, entendida en un sentido material u objetivo, esto es, a todos los organismos que realicen actos propiamente administrativos. Estos organismos constituyen la administración pública en sus niveles nacional, departamental, distrital o municipal, con inclusión de los organismos autónomos e independientes ya mencionados, salvo las excepciones previstas en los artículos 45 y 150 del decreto 2150 de 1995”.
[1] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. C-102 de 1994.

References: artículo 94
 artículo 189
 artículo 83
 artículo 94
 artículo 83
 artículo 83
 artículo 150
 artículo 83
 artículo 84
 artículo 1