Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/400
Timestamp: 2019-10-21 10:54:13+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 20/1985
SENTENCIA 20/1985, de 14 de febrero
ECLI:ES:TC:1985:20
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 687/1983, promovido por el Defensor del Pueblo, contra el inciso «más representativas, de conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores...», contenido en el capítulo 04, art. 48, concepto 483, del anexo 111, sección 19 (Trabajo y Seguridad Social), servicio 01, de la Ley 9/198 3, de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 14 de julio. Ha sido parte el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y Ponente el Magistrado don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quien expresa el parecer del Tribunal.
a) El Defensor del Pueblo parte de que el principio de igualdad -art. 14 de la Constitución- y la libertad sindical -art. 28.1 -, que estima vulnerados, no sólo son nociones inseparables sino términos recíprocamente referibles, citando en apoyo de esta tesis las Sentencias del Tribunal Constitucional 65/1982 y 23/1983.
e) En cuanto a la primera cuestión formulada, el Defensor del Pueblo se refiere a los supuestos en que es posible otorgar a las organizaciones sindicales «más representativas» determinados privilegios o ventajas, sin que ello produzca discriminación en relación con las demás organizaciones sindicales. Después de aludir a la Sentencia 52/1982 del Tribunal Constitucional, y a diversas decisiones del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, sostiene que no hay ninguna conexión lógica (de causa a efecto) entre la finalidad de la disposición adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores y la finalidad de la subvención; que la concesión de una subvención económica a favor de determinadas Centrales Sindicales, y no a otras, incide frontalmente en el derecho de libertad sindical, en cuanto canaliza, predispone, estimula y promueve la elección por parte del trabajador de aquellas Centrales Sindicales que por gozar de un apoyo financiero están en condiciones de ofrecer mejores prestaciones asistenciales y servicios de defensa; y, por último, que la concesión por los poderes públicos de ventajas o privilegios a unos sindicatos en detrimento de otros, siempre que sobrepase los supuestos de una prioridad en materia de representación, afecta a la libertad sindical y, desde luego, en ninguna norma o texto de la OIT, ni del Comité de Libertad Sindical, se justifica la concesión de ventajas económicas a unos sindicatos en contra de otros que ejercen legítimamente sus funciones.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco Rubio Llorente
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 687-1983
Fecha de resolución 14/02/1985
Promovido por el Defensor del Pueblo contra el inciso "más representativas, de conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 8/1980 de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores...", contenido en el capítulo 04, art. 48, concepto 483, del anexo III, Sección 19 (Trabajo y Seguridad Social), Servicio 01, de la ley 9/1983 de 13 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 1983. Voto particular
Reiterando lo establecido en las SSTC 23/1983, de 25 de marzo, y 99/1983, de 16 de noviembre, ha de afirmarse que cualquier actuación del Estado en relación a los Sindicatos ha de respetar la libertad sindical, y por ello el Tribunal ya ha indicado que la libertad sindical comprende el derecho a que la Administración Pública no se injiera o interfiera en la actividad de las organizaciones sindicales, y el derecho de éstas a no ser discriminadas por parte de la Administración de modo arbitrario o irrazonable.
El derecho a la libertad sindical comprende el derecho de las organizaciones sindicales a no ser tratadas de forma discriminatoria por los poderes públicos, discriminación que se produce cuando la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable, que debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida.
La defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores se atribuye por la Constitución a todos los Sindicatos sin distinción; por lo que corresponde a los órganos del Estado demandados en el procedimiento constitucional la carga de ofrecer la justificación que posee el diferente trato legal.
Como ya ha afirmado el Tribunal, la libertad de sindicación y de afiliación que reconoce el art. 28.1 de la C.E., ha de protegerse tanto frente a los actos que directamente atentan contra ella, por medio de coacción, mandato imperativo o imposición de obligación, como en lo que se refiere a las más larvadas violaciones indirectas que puedan existir en aquellos casos que se produce una presión para que los trabajadores adopten una actitud, que, al nacer de una presión, deja de ser libre.
Sección 19, servicio 01, capítulo 04, artículo 48 concepto 483 (anula parcialmente)
Artículo 7, passim
Artículo 28.1, passim
Artículo 75.5, ff. 3, 4
Sección 19, servicio 01, capítulo 04, artículo 48 concepto 483, VP
Principio de legalidadPrincipio de legalidad, VP
Leyes de presupuestos generales del EstadoLeyes de presupuestos generales del Estado, VP
Reserva de leyReserva de ley, VP
Subvenciones a sindicatosSubvenciones a sindicatos, VP
Subvenciones estatalesSubvenciones estatales, ff. 1, 2, 3, 4, VP
Subvenciones públicasSubvenciones públicas, ff. 1, 2, 3, 4, VP

References: resolución 
 artículo 48

Artículo 7

Artículo 28

Artículo 75
 artículo 48