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Timestamp: 2020-01-21 21:34:43+00:00

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Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 de Julio de 1996, C. 51. XXIV - Jurisprudencia - VLEX 39659225
Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo c/ Santa Fe, P.. de s/ inconstitucionalidad.
S.C. C.51.XXIV.
La Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro previo demandó a la Provincia de Santa Fe a fin de obtener que se declare inconstitucional la Resolución N° 202, emitida por la Secretaría de Comercio Exterior de dicha Provincia, en cuanto, a su entender, reglamenta la actividad conocida como ahorro previo para fines determinados y similares.
Se basó para ello en los artículos 93 de la ley 11.672; 299, inciso 4° de la ley 19.550, 9° de la ley 22.315 y 4° de la ley 23.270, según los cuales la reglamentación y el contralor de esa actividad compete exclusivamente a la Inspección General de Justicia de la Nación y que fueron tenidos en cuenta por la Corte para declarar la inconstitucionalidad de una ley de la Provincia del Chubut en el precedente de Fallos: 314:1279.
Sostuvo que la Resolución N° 202 vulnera los artículos 7; 10; 11; 12; 14; 31; 67, incisos 11, 12, 16 y 28; 104; 105 y 108 de la Constitución Nacional por supeditar la operatoria de las sociedades administradoras en la provincia -contrariamente a las normas contenidas en las leyes federales citadas, sus reglamentaciones o las dictadas por el organismo de control- al cumplimiento de una serie de requisitos; esto es: inscribirse en organismos locales, constituir domicilio y un representante legal en la provincia, acreditar su constitución, presentar la nómina de sus representantes y su contrato social, como así también al prever
imposición de sanciones ante la falta de inscripción.
A fs. 106/109, se presentó la Inspección General de ticia, citada en la causa de acuerdo con lo dispuesto por art. 94 del Código Procesal.
En lo atinente a si la Resolución N° 202 fue dictapor el organismo provincial como autoridad de aplicación la ley 20.680, aclaró que no compete a la Inspección eral de Justicia juzgar sobre su acierto.
En segundo lugar, dijo que dicha resolución no iona el poder reglamentario federal pues los fines expreos en su "considerando" apuntan a la obtención de informan relevante para el interés del público, para el conocinto de los planes, empresas autorizadas, responsables y enciales consumidores o adherentes a los sistemas de rro, de tal forma que se orientan a la tutela indirecta público consumidor, subsumible en los fines genéricos de ley 20.680 y en la prosperidad y bienestar generales que anza la Constitución Nacional. Además, la presentación de declaración jurada (art. 1°, res. cit.) se encuentra vista por los arts. 2°, inc. "h" y 3° de esta ley.
Por lo tanto, estimó que la Resolución N° 202 no taculiza ni impide el ejercicio -a su criterio- de la petencia y atribuciones federales, que son de mayor ampli- , siendo claro que la Provincia no ha pretendido ogárselas ni fiscalizar aspectos inherentes al funcionanto de los sistemas de ahorro previo ni reglamentarlos en tido material.
Aclaró que distinta es la cuestión que suscita el régimen sancionatorio aludido en el art. 4°, cuya aplicación podría impedir la actividad en la provincia de entidades autorizadas por la Inspección General de Justicia, respecto de las cuales sería excluyente el poder regulatorio de ésta (art. 9, in fine de la ley 22.315).
Empero, a diferenciade lo ocurrido con normas dictadas por otras provincias que disponían la clausura inmediata de entidades, consideró que, atento a los términos genéricos del citado art. 4°, su inconstitucionalidad sólo podrá plantearse frente a una aplicación concreta que desplace atribuciones federales, sin perjuicio de los derechos que pudieren invocar los afectados.
Concluyó que, con tales alcances, dicho art. 4° contraviene los arts. 31 y 108 de la Constitución Nacional y el art. 9 de la ley 22.315.
La Provincia de Santa Fe contestó el traslado de la demanda a fs. 143/145.
Manifestó -en síntesis- que la Resolución N° 202/91 no fue dictada con el ánimo de entorpecer sino de coadyuvar con los organismos nacionales de control y de aplicar, en caso de incumplimiento, las sanciones de la ley 20.680, cuyo art. 3° establece que los gobiernos provinciales poseen atribuciones para requerir "declaraciones juradas", exigir presentación de libros, documentos y todo elemento relativo a la administración de los negocios.
Agregó que las exigencias cuestionadas sólo importan el control de cumplimiento, por parte de las quejo
, de los requisitos que les exigen las leyes 19.550 y 315 para funcionar como sociedades y entidades financie- .
Con relación al art. 4° de la citada resolución, aró que sólo persigue denunciar al organismo nacional petente las irregularidades o transgresiones a las normas ionales vigentes.
Declarada la causa de puro derecho a fs. 146 vta., ga a esta Procuración General con motivo de la Vista ferida a fs. 166 vta.
V.E. sigue siendo competente para entender en el lite, en virtud de lo dictaminado a fs. 35.
Si bien la parte actora funda su planteo en sosteque la resolución provincial impugnada le impone el plimiento de ciertos requisitos no exigidos por las normas carácter nacional que regulan su actuación y, por ende, habría invadido un área que compete exclusivamente a la pección General de Justicia, entiendo que no le asiste ón.
Para concluir de ese modo, me parece decisivo lo ifestado por este último organismo, contrariamente a lo rmado por los accionantes, en torno a que la Resolución N° de ninguna manera interfiere su esfera de control, pues se encuentra destinada a regular en sentido "material" la ratoria de los planes de ahorro, motivo que fue, cisamente, el que llevó a la Corte a declarar la inconstiionalidad de una ley de la Provincia del Chubut en el cedente de Fallos: 314:1279.
S.C. C.51.XXIV
No obstante creo oportuno poner de resalto que, entre otros argumentos, se expresó allí que el sometimiento de actividades como la analizada a la autoridad nacional se justifica y reconoce fundamento constitucional porque se vinculan con el régimen del dinero y del crédito así como con lo atinente al comercio interprovincial, actividades relacionadas, a su vez, con las atribuciones del Gobierno Federal para proveer lo conducente a la prosperidad del país y el bienestar general (art. 67, incs. 5°, 10, 12 y 16 de la Constitución Nacional). Ello explica la necesidad de sujetar las operaciones que implican la captación de dinero del público a un régimen uniforme en concordancia con los propósitos de las normas constitucionales citadas (ver cons. 3°).
Y, de acuerdo con lo expresado por la propia Inspección General de Justicia de la Nación, no me parece que esté encaminada a ese objetivo la exigencia prevista en la citada Resolución N° 202, consistente en la presentación de los siguientes documentos con carácter de declaración jurada: 1) comprobante de la Inscripción en la Inspección General de Justicia de la Nación; 2) autorización para funcionar en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, emitido por la Inspección de Justicia de la Nación o autoridad provincial delegada; 3) número de C.U.I.T. con comprobante de inscripción en la Dirección General Impositiva; 4) copia del contrato social autenticada; 5) número de inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio; 6) domicilio legal en la Provincia de Santa Fe y 7) representante legal en la Provincia de Santa Fe y su domicilio.
En efecto, los cinco primeros no comportan exigencia alguna adicional pues consisten tan sólo en acreditar en
ámbito provincial la obtención de autorizaciones y el plimiento de trámites ante autoridades nacionales, y los restantes, entiendo que hacen, más bien, a "los aspectos rictamente societarios" reservados al control local, pues Inspección General de Justicia controla específicamente la ividad de "interés general"; de manera tal que en nada se erfiere, ni se lesiona, por ende, el reparto de compecias previsto por la Constitución Nacional (conf. dictamen este Ministerio Público, emitido por la doctora M. ciela R. el 23 de octubre de 1990, in re L.33, XIII, "La Primera Alborada S.A. s/ denuncia").
Por último, aceptado que las atribuciones provinles aquí discutidas devienen de las disposiciones de la 20.680, la consiguiente aplicación de las sanciones allí vistas mal puede causar algún agravio basado en la invan de la esfera de competencia nacional.
Ello es así, a mi modo de ver, toda vez que el er sancionatorio de la Provincia sólo puede referirse al umplimiento de los requisitos que hacen a su órbita de petencia; vale decir, a la falta de presentación de las laraciones juradas aludidas, pero nunca al incumplimiento los trámites ante autoridades nacionales que dichas declaiones tienden a acreditar pues, en caso de comprobar la oridad local alguna falta de esta índole -como ella misma resó- deberá limitarse a ponerla en conocimiento de la oridad nacional competente para reprimirla.
Lo hasta aquí expuesto es suficiente, desde mi punto de vista, para rechazar la demanda en todas sus partes.
C. 51. XXIV.
Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo c/ Santa Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad.
Buenos Aires, 2 de julio de 1996.
Vistos los autos: "Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo c/ Santa Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad", de los que Resulta:
I) A fs. 28/34 se presenta la Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo e inicia demanda contra la Provincia de Santa Fe a fin de que se declare la inconstitucionalidad de normas provinciales. Pide la citación como tercero de la Inspección General de Justicia de la Nación.
Hace referencia a las operaciones que desarrollan las sociedades de capitalización y ahorro previo y a las facultades de las autoridades federales para reglar la materia, y destaca que están fiscalizadas en todo el ámbito del territorio nacional por la Inspección General de Justicia de la Nación. Ese organismo fue creado para cumplir, entre otras, esas funciones y así lo ha reconocido la Corte Suprema en los precedentes que cita.
En cuanto al perjuicio sufrido por la actora, que la lleva a plantear esta acción de inconstitucionalidad, radica en los términos de la resolución 202 dictada por la Secretaría de Comercio Exterior de la Provincia de Santa Fe, que reglamenta en su territorio el funcionamiento de las sociedades de ahorro previo y exige requisitos incompatibles con el régimen federal como son la inscripción en registros locales, constituir domicilio en la provincia, disponer de un representante, acreditar su constitución, la nómina de
- sus directivos y su contrato social.
Tal pretensión contraría el art. 67, inc. 12 del erior texto constitucional y otras disposiciones de la Ley damental, como asimismo lo dispuesto por el art. 9 inc. b) la ley 22.315, el art. 299 inc. 4 de la ley 19.550 y el . 93 de la ley 11.672.
II) A fs. 38 se adhiere a la demanda la sociedad El n Inversor S.A.
III) A fs. 45 hace lo mismo Reunos S.A.
IV) A fs. 51, 59, 67, 74, 80, 85, 90, 103, distinempresas dedicadas a la actividad de ahorro previo adhiea la demanda.
V) A fs. 106/109 se presenta la Inspección General Justicia.
Sostiene que la resolución impugnada no lesiona el er reglamentario federal, como se desprende de sus consiandos, en los cuales se expresa que los fines perseguidos ntan a la obtención de información relevante para el intedel público, para el conocimiento de los planes de las resas autorizadas, responsables y potenciales consumidores dherentes a los sistemas de ahorro de tal forma que se entan a la tutela indirecta del público consumidor, obivos que se subsumen en los propósitos de la ley 20.680 y ncipios constitucionales afines. De tal manera no advierte ión alguna a la competencia y atribuciones federales.
Hace referencia a lo dispuesto en el art. 4 de la olución impugnada y sostiene que dado sus alcances sólo ría un planteamiento al respecto de mediar una aplicación creta que desplace facultades nacionales. En este último
Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo c/ Santa Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad. caso, la norma vendría opuesta a los arts. 31 y 108 del anterior texto de la Constitución Nacional y art. 9 de la ley 22.315.
VI) A fs. 143/145 contesta la demanda la Provincia de Santa Fe. Sostiene que la resolución 202/91 no fue dictada para contradecir la legislación y autoridad nacionales sino para colaborar con su sistema de control y aplicar, en caso de incumplimiento, las sanciones de la ley 20.680 que dispone en su art. 3° que los gobiernos provinciales tienen atribuciones para requerir declaraciones juradas, exigir presentación de libros, documentos y todo otro elemento relativo a la administración de las sociedades. En suma -agrega- no se trata sino de velar por el acatamiento de los requisitos exigidos en las leyes 19.550 y 22.315. En cuanto al art. 4° de la resolución citada, precisa que sólo tiene como propósito denunciar al organismo nacional las transgresiones a las normas vigentes.
) Que en su demanda los actores plantean la inconstitucionalidad de la resolución 202 de la Secretaría de Comercio Exterior de la provincia demandada por entender que su alcance invade atribuciones propias de un órgano de carácter federal como lo es la Inspección General de Justicia de la Nación e invoca como antecedente favorable a su pretensión la sentencia dictada por el Tribunal en el caso publicado en Fallos: 314:1279.
) Que si bien en ese precedente se sostuvo que
- el sometimiento a la autoridad nacional de las actividavinculadas con los sistemas de ahorro previo encuentra damento constitucional por cuanto se vincula con el régidel dinero y del crédito así como con lo atinente al cocio interprovincial, materias que hacen a las atribuciones gobierno federal para proveer a la prosperidad del país y bienestar general, no se advierte en la especie, tal como pone de resalto el dictamen del señor P. General y admite la propia Inspección General de Justicia, que la tada resolución contraríe esas prerrogativas.
En tal sentido, cabe señalar que no surge de su to que produzca interferencia en la esfera de control prode este organismo nacional y que justifique la aplicación la doctrina establecida en ese precedente. En efecto, como desprende de los requisitos enumerados en su art. 1°, las gencias allí contenidas tienden a acreditar en el ámbito vincial la obtención de autorizaciones y el cumplimiento trámites ante la autoridad nacional (incs. 1 a 5) y a ectos de carácter societario (incs. 6 y 7) reservados a la ita de competencia provincial, que por su especificidad, controvierten el control sobre la actividad de "interés eral" que es ejercido por la autoridad nacional.
Cabe señalar por lo demás, y como se destaca en el tamen del señor Procurador General, que las atribuciones vinciales cuestionadas reconocen como fundamento la ley 680 (ver copia a fs. 24). En ese sentido, la aplicación de ciones a que alude el art. 4° de la resolución 202 sólo de referirse al incumplimiento de los recaudos que hacen a órbita de competencia provincial, esto es, a la omi
Cámara Argentina de Sociedades de Ahorro Previo c/ Santa Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad. sión de presentar las declaraciones juradas que exige su art. 1° pero no al incumplimiento de los trámites ante las autoridades nacionales que se tiende a acreditar con las susodichas declaraciones pues, en caso de comprobar la autoridad local faltas de esa naturaleza, deberá limitarse a ponerlas en conocimiento de aquélla.
Teniendo en cuenta la labor desarrollada en el principal y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6°, incs. b, c, y d; 9°, 11, 37 y 38 de la ley 21.839, se regulan los honorarios de los doctores A.R.G.A. y M.C.T.S., en conjunto, en la suma de doscientos cincuenta pesos ($ 250); los del doctor R.C.A.J. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor M.A.G. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor J.A.R.K. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor M.P.S. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor L.O.B. en la de ciento diez pesos ($ 110); los de los doctores S.F.B. y M.A.M., en conjunto, en la de ciento diez pesos ($ 110); los de la doctora A.E.R. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor H.E.B. en la de ciento diez pesos ($ 110); los del doctor G.R. de Rosa en la de ciento diez pesos ($ 110), por el patrocinio y representación de Caypsa S.A. de Ahorro para Fines Determinados y en la de ciento diez pesos ($ 110), por el patrocinio y representación de Ahorrogar S.A. de Ahorro para Fines Determinados;
- los de la doctora M.N.P. en la de mil pesos 1.000); los de la doctora S.G.P. en la de trocientos pesos ($ 400); los del doctor H.E. si en la de mil cuatrocientos pesos ($ 1.400) y los de las toras L.R. y T.Q., en conjunto, en de cuatrocientos pesos ($ 400). N. y, rtunamente, archívese. JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE ONNOR -AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ANTONIO BOGGIANO - LLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT - ADOLFO ROBERTO QUEZ.

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