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Timestamp: 2018-11-19 04:19:57+00:00

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Orden AEC/415/2018, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
Artículo 10 Resolución y notificación de la concesión
Artículo 11 Cuantía de la subvención y compatibilidad
Artículo 17 Pago y garantías
La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, conforme al Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, se configura como el órgano superior directamente responsable, bajo la dirección del titular del Departamento, de la formulación y ejecución de la política exterior en sus planteamientos y objetivos globales, así como en su concreción para las distintas áreas geográficas y temáticas, en el marco de las competencias que la Constitución y las leyes otorgan al Gobierno y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La normativa reguladora de estas subvenciones se ha ido modificando para adaptarse a las necesidades de gestión, y a los cambios organizativos y normativos. A partir del ejercicio 2016, la concesión de estas subvenciones ha estado regulada por la Orden AEC/991/2016, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. Dichas bases establecieron un marco homogeneizador para las diversas líneas de subvención que pudieran desarrollarse con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores mediante sus convocatorias puntuales.
En su aplicación se ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunas disposiciones recogidas en estas bases reguladoras, con el fin de permitir la adecuada gestión de las subvenciones. En concreto, se considera conveniente acometer una simplificación de la norma reguladora de modo que sean las sucesivas convocatorias las que establezcan los requisitos específicos que han de cumplir los beneficiarios, de las diversas líneas de subvención que pudieran desarrollarse con cargo al presupuesto de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores mediante convocatorias puntuales. Asimismo, se ha considerado conveniente clarificar algunos extremos relacionados con la instrucción del procedimiento a la luz de las últimas modificaciones realizadas en la estructura orgánica del Ministerio. La búsqueda de una mayor convergencia con las bases reguladoras de otras líneas de subvenciones que concede el Ministerio es otro de los objetivos perseguidos con esta orden ministerial.
Por todo ello, se considera preciso elaborar una orden ministerial que establezca las bases generales reguladoras para la concesión de las subvenciones que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
a) Promover la promoción y la protección de los derechos humanos y la cooperación de la sociedad civil en esta materia.
b) Fomentar el conocimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos.
g) Impulsar la formación práctica de la sociedad civil en las prioridades de la política exterior española mediante la realización de estancias de investigación u otras actividades.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones reguladas en la presente orden las personas físicas o jurídicas, sin ánimo de lucro, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en las que concurran las circunstancias previstas en estas bases reguladoras y en las respectivas convocatorias.
Las convocatorias de subvenciones establecerán los requisitos objetivos de carácter específico exigibles a los solicitantes para poder concurrir a las mismas.
Las convocatorias podrán establecer criterios de solvencia basados en la experiencia, trayectoria y capacidad de gestión de la entidad solicitante, así como las condiciones de viabilidad y los costes generales de funcionamiento del proyecto que presente.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará en la forma establecida en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título preliminar, capítulo III, sección 3.ª de su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Las subvenciones serán concedidas, de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación y, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, regulado en los artículos 23 al 27, ambos inclusive, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 58 al 64, ambos inclusive, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, pudiendo llevarse a cabo por convocatoria y procedimiento selectivo único o mediante convocatoria abierta con varios procedimientos selectivos a lo largo del año para una misma línea de subvenciones.
La convocatoria abierta, además de los requisitos generales establecidos en estas bases, deberá establecer el número de resoluciones sucesivas, y para cada una de ellas concretar los extremos que exige el artículo 59 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Cuando a la finalización de un periodo se hayan concedido subvenciones y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, la cantidad no aplicada podrá trasladarse a resoluciones de concesión posteriores. A tal efecto, y conforme a lo señalado en el artículo 59.5 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el criterio que se deberá seguir para la asignación de los fondos no empleados es el reparto del remanente a partes iguales entre el número de periodos restantes.
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará de oficio. La iniciación de oficio se realizará mediante convocatoria aprobada por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que desarrollará el procedimiento para la concesión de las subvenciones convocadas. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y, un extracto de la misma, en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Dichas convocatorias determinarán, además de los requisitos específicos de los beneficiarios y criterios de valoración específicos, los créditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondientes subvenciones y la cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles o, en su defecto, cuantía estimada de las subvenciones.
2. La presentación de las solicitudes por parte de los sujetos a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se realizará única y exclusivamente de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación https://sede.maec.gob.es/
3. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la convocatoria, no pudiendo ser inferior a quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
4. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, el órgano competente requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. En la convocatoria se podrá admitir la sustitución de la presentación de determinados documentos por una declaración responsable del solicitante. En este supuesto, el órgano instructor, con anterioridad a efectuar la propuesta de resolución de concesión de la subvención, deberá requerir la presentación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración en un plazo no superior a quince días hábiles.
1. El órgano de instrucción del procedimiento será el Gabinete de la Secretaría de Estado de Estado de Asuntos Exteriores
2. El órgano colegiado competente para emitir el informe de evaluación será la Comisión de Valoración.
3. El órgano competente para la resolución del procedimiento será el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en virtud del artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la propuesta de concesión se formulará por el órgano instructor, previo informe de la Comisión de Valoración.
a) Presidente, con rango de Subdirector General y voto de calidad. Las convocatorias determinarán el Subdirector General concreto que ejercerá la presidencia.
b) Vicepresidente: el Director del Gabinete de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
c) Vocales: al menos cinco vocales, que serán funcionarios con un nivel mínimo equiparable a jefe de área o consejero técnico nivel 28. Las convocatorias determinarán, según el objeto concreto de las subvenciones, el número de vocales con que contará la Comisión de Valoración y las unidades del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación a las que pertenezcan.
d) Secretario: un funcionario adscrito al Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, con un nivel mínimo de jefe de servicio con nivel 26, que actuará con voz pero sin voto.
4. La Comisión de Valoración será atendida con los medios personales y materiales con los que cuenta actualmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Su funcionamiento no producirá incremento del número de efectivos, ni de las retribuciones, ni de otros gastos de personal.
2. Finalizada la fase de preevaluación, el órgano instructor remitirá los expedientes relativos a cada solicitud a la Comisión de Valoración.
3. La Comisión de Valoración podrá solicitar informes técnicos a unidades del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o de otros Departamentos o Administraciones Públicas que ayuden a determinar la idoneidad y solvencia de los solicitantes y/o propuestas. El análisis preliminar de las propuestas corresponderá a la Unidad cuyo titular preside la Comisión de Valoración.
4. La Comisión de Valoración, tras la comparación y análisis de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración fijados en el artículo siguiente, emitirá un informe de valoración dirigido al órgano instructor en el que se concretará el resultado de la evaluación y una prelación de las solicitudes.
5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será notificada a los interesados en la forma que determine la convocatoria y se concederá un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
6. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
7. Cuando en la propuesta de resolución provisional el importe de la subvención sea inferior al que figura en la solicitud presentada se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud durante el plazo de alegaciones para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable debiendo identificar, de entre las actuaciones propuestas, aquellas cuyo compromiso mantiene y que serán objeto de subvención.
8. Finalizado en su caso el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando su evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.
Sin perjuicio de los criterios de solvencia que pudieran requerirse conforme a lo dispuesto en el artículo 2 y los criterios de valoración específicos que puedan establecerse en la convocatoria, se establecen los criterios mínimos siguientes:
b) Formulación clara y precisa de los objetivos así como del plan general de actividades del solicitante y coincidencia de los mismos con las finalidades previstas en cada convocatoria y, en particular, con los fines y las prioridades de la política exterior española en la materia;
c) Calidad técnica, viabilidad e innovación del proyecto presentado o de la actividad realizada;
d) Alcance del proyecto o actividad, así como su impacto o visibilidad;
Cada uno de los criterios anteriores se puntuará del 0 al 5 de la siguiente manera: 0 = nulo, 1 = muy bajo, 2 = bajo, 3 = medio, 4 = alto y 5 = muy alto. Las convocatorias determinarán el peso relativo de cada uno de estos criterios en la valoración final.
2. La resolución habrá de ser motivada de acuerdo con lo que disponga la convocatoria, haciendo alusión a los criterios de valoración de las solicitudes, determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará tanto el otorgamiento de las subvenciones como la desestimación y la no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.
4. La resolución del procedimiento se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses a contar desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
La resolución deberá notificarse a los beneficiarios en los términos previstos en los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en un plazo de 10 días desde su aprobación.
5. El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.
3. La convocatoria podrá exigir un importe de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. En este caso, la aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá de ser acreditada en los términos previstos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembres.
5. La convocatoria podrá admitir la percepción de otras subvenciones procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, no supere el coste de la actividad subvencionada o implique una disminución del importe de la financiación propia exigida, en su caso, para cubrir la actividad subvencionada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Para que las subvenciones que se concedan a entidades empresariales en el ejercicio de actividades económicas estén sometidas al régimen de mínimis conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión Europea, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 TFUE, en ningún caso podrán superar el importe máximo total de ayuda de mínimis actualmente establecido en 200.000 euros durante un período de tres ejercicios fiscales para una misma empresa, ni individualmente, ni como resultado de la acumulación con otras ayudas de mínimis concedidas a la misma empresa.
4. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si están directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación y ejecución de la misma.
5. Las convocatorias podrán establecer como gasto subvencionable costes indirectos por estar asociados al desarrollo de la actividad. La fracción de costes indirectos que pueda imputarse lo establecerá cada convocatoria.
1. La realización de la actividad subvencionada es obligación personal del beneficiario sin otras excepciones que las establecidas en las presentes bases reguladoras, dentro de los límites y con los requisitos fijados en los artículos 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las convocatorias de subvenciones podrán establecer que el beneficiario concierte con terceros la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite máximo del 50% del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos.
Previa solicitud del beneficiario, cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores podrá autorizar de forma singular mediante resolución la subcontratación de hasta el 100% del importe de la actividad subvencionada.
3. En todo caso, cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la subvención o dicho importe sea superior a 60.000 euros, será necesaria la autorización previa mediante resolución del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, y la celebración del contrato por escrito.
Las convocatorias, en atención al objeto, condiciones y finalidad de la subvención, reflejarán las obligaciones del beneficiario a que se refiere el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, pudiendo establecer obligaciones singulares no previstas en el mismo. De modo especial establecerán las medidas de difusión que debe adoptar el beneficiario para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto y que siempre habrán de incorporar en los distintos soportes utilizados el logotipo oficial de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, con las características técnicas y la mención específica que se determine en la convocatoria.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario está obligado a presentar la justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención.
La justificación se realizará dentro de los seis meses siguientes a la finalización del ejercicio presupuestario. Este plazo podrá ampliarse previa autorización por el órgano concedente por un plazo suplementario no superior a un mes.
2. Con carácter general la justificación por el beneficiario adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto a la que se refiere el artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en original o fotocopia compulsada. La acreditación del pago se realizará mediante el original o fotocopia compulsada del documento que lo acredite. En los casos de gastos realizados en el extranjero, la compulsa de los justificantes deberá efectuarse en la correspondiente Misión Diplomática u Oficina Consular de España.
3. Las convocatorias de subvenciones podrán prever como modalidad de justificación la de cuenta justificativa con aportación de un informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La cuenta justificativa, acompañada del informe de auditor, incorporará, además de la memoria de actuación a la que se refiere el artículo 72.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, una memoria económica abreviada que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas.
En el supuesto del artículo 74.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la designación del auditor se realizará por el beneficiario. El gasto derivado de la revisión de la cuenta tendrá la condición de gasto subvencionable con el límite máximo del 10 % del importe de la ayuda.
El auditor deberá someterse a lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Para subvenciones por importe inferior a 60.000 euros, las convocatorias podrán establecer que la justificación se realice mediante la presentación de la cuenta justificativa simplificada regulada en el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La cuenta contendrá la información que exigen los apartados a), b) y c) y, en su caso, d), del apartado 2 del citado artículo.
5. Excepcionalmente, las convocatorias podrán establecer que la justificación sea mediante módulos cuando concurran los requisitos del artículo 76.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La concreción de los mismos y el informe técnico a que se refiere el artículo 76.1 c) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, podrá realizarse de forma diferenciada para cada convocatoria.
La justificación de la subvención se llevará a cabo mediante la presentación de la memoria de actuación y la memoria económica con el contenido previsto en el 78.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Además, cuando se considere que la información contenida en los estados contables no es suficiente, se podrá exigir la entrega de un informe complementario elaborado por el auditor de cuentas, concretándose el alcance de este informe complementario a llevar a cabo por el auditor respecto de la información contable que sirva de base para determinar la cuantía de la subvención. En este caso, la retribución adicional que corresponda percibir al auditor de cuentas tendrá la condición de gasto subvencionable hasta el límite del 1% del importe total de la subvención.
7. Si vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta justificativa o ésta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos previstos en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones que se establecen en el Capítulo II del Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo II del Título III del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:
Obtención de la subvención falseando u ocultando condiciones. 100 %
Incumplimiento total de los fines para los que se presentó la solicitud. 100 %
Incumplimiento de las medidas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 40 %
Incumplimiento de la obligación de justificación. 100 %
1. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que, en todo caso, se dará audiencia al interesado antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; así como en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Título IV del Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Queda derogada la Orden AEC/991/2016, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva que tengan por objeto actividades de interés para el desarrollo de la política exterior española en el ámbito de competencias de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores.
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente orden será aplicable la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y, supletoriamente, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

References: Artículo 10
 Resolución 

Artículo 11

Artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 59
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 14
 resolución 
 artículo 68
 resolución 
 resolución 
 artículo 10
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 30
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 30
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 75
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 37
 Real Decreto 
 artículo 17
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto