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Timestamp: 2017-09-26 03:34:50+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 545/2011, AP - Valencia, Sec. 4, Rec 235/2011, 13-07-2011 | Iberley
Megia Carmona, Jose Manuel
Sentencia Penal Nº 545/2011, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 4, Rec 235/2011 de 13 de Julio de 2011
Sentencia Penal Nº 441/2008, AP - Valencia, Sec. 2, Rec 189/2008, 17-07-2008
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Ponente: Megia Carmona, Jose Manuel
Núm. Sentencia: 545/2011
Núm. Recurso: 235/2011
Núm. Cendoj: 46250370042011100267
APELACIÓN PENAL SENTENCIA 235/11
LO PENAL NUM. 11 DE VALENCIA CAUSA 90/11
JDO. INSTRUCCIÓN NUM. 2 DE MASSAMAGRELL DU 74/10
SENTENCIA NUMERO 545/11
D. ANTONIO FERRER GUTIERREZ
Dª MARIA JOSE JULIÁ IGUAL
En la ciudad de Valencia, a 13 de Julio de 2011.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, integrada por los Señores anotados al margen, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia de fecha 31/3/11 , pronunciada por el Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de lo Penal nº 11 de Valencia , en la causa DU del Juzgado de Instrucción nº 2 de Massamagrell, por delito de quebrantamiento de condena y faltas de lesiones y de amenazas.
Han sido partes en el recurso, como apelante Heraclio , representado por la Procuradora Sra. José Miguel Albiach Moreno y defendido por la Letrado D. José Antonio García Olmos y como apelado el Ministerio Fiscal, y ponente el Sr. Magistrado D. JOSE MANUEL MEGÍA CARMONA.
PRIMERO. - La Sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: " Se declara probado que: en fecha 18/06/10, por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Massamagrell, en sus Diligencias Previas 361/10 se dictó auto que prohibía a Heraclio aproximarse a Rebeca a una distancia de 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ésta; así como de comunicarse con ella por cualquier medio, hasta que la medida fuera modificada o dejada sin efecto mediante resolución posterior.
Dicha resolución fue notificada al acusado, el mismo día de su dictado 18/06/10 y fue advertido debidamente de la necesidad de observar lo dispuesto en la citada resolución y de las consecuencias legales derivadas de su incumplimiento.
Sin embargo, ha quedado probado que sobre las 18'00 horas del día 27 de Diciembre de 2010, Rebeca iba en compañía de Severiano , introduciéndose el Sr. Severiano en el locutorio "Bondal" de la Avda. Progreso nº 44 bajo de Massamagrell para efectuar unas compras, quedándose en la puerta Rebeca , momento en el que apareció sorpresivamente el acusado, Heraclio , -mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia-, e infringiendo la medida cautelar que le prohibía aproximarse a ella, se acercó a donde se encontraba, la miró y entró en el establecimiento dirigiéndose a Severiano diciéndole "hijo de puta, cabrón, te voy a rajar", saliendo los dos a la calle, enzarzándose en una pelea, en la que el acusado, con ánimo de menoscabar la integridad física de Severiano , se colocó una llave entre los dedos de la mano, y le golpeó reiteradamente en la cara, cayendo al suelo y golpeándole la cabeza contra el pavimento.
Como consecuencia de la violencia ejercida por el acusado, Severiano resultó con lesiones consistentes en: múltiples arañazos en cara, dos hematomas a nivel frontal. Necesitó, para su curación, de una primera asistencia facultativa de urgencias, habiendo invertido en alcanzar la estabilización lesional 7 días no impeditivos.
Sin embargo, no ha quedado debidamente probado que el día 27 de Diciembre de 2010 sobre las 16'00 horas, el acusado Heraclio se acercase al domicilio de Rebeca , sito en la AVENIDA000 nº NUM000 de Massamagrell, llamando insistentemente a la puerta para que ésta le abriera, sin que la misma accediera, teniendo que abandonar el lugar."
SEGUNDO .- El fallo de dicha sentencia apelada literalmente dice: "Que debo CONDENAR Y CONDENO a D. Heraclio como responsable directamente en concepto de autor de un delito de QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de NUEVE MESES DE PRISION E INHABILITACION ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERCHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA , por la FALTA DE LESIONES la pena de DOS MESES DE MULTA CON UNA CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS con la responsabilidad subsidiaria del artículo 53 CP Y POR LA FALTA DE AMENAZAS la pena de VEINTE DIAS DE MULTA CON CUOTA DIARIA DE SEIS EUROS , con la responsabilidad subsidiaria del artículo 53 CP ; así como al pago de las costas procesales causadas, y para el cumplimiento de la pena principal y responsabilidad subsidiaria que se impone en esta resolución, le abono todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, si no lo tuviera absorbido en otras."
TERCERO .- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación de Heraclio , se interpuso contra la misma recurso de apelación, el cual substancialmente fundó en los motivos expresados en su escrito de recurso.
CUARTO .- Recibidos el día 4 de Julio de 2011 y examinados los autos objeto de apelación, se estimó que no era necesaria la celebración de vista que se indica en el artículo 791 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que procedía dictar Sentencia sin más trámite, en virtud de lo dispuesto en el Art. 792 de la misma Ley señalándose para la deliberación y fallo el día 11 de Julio siguiente, tras lo cual se trajo la cuestión a la vista para dictar la resolución oportuna, tunándose la ponencia al Magistrado Sr. JOSE MANUEL MEGÍA CARMONA, que expresa las razones del Tribunal.
PRIMERO.- Se aceptan antecedentes de hecho y fundamentos de derecho de la resolución recurrida, que no se incurre en los defectos que le imputa la recurrente y por el contrario resuelve perfectamente la cuestión que se plante al juez a quo en esta causa.
SEGUNDO.- En el recurso se alega por la representación del interinamente condenado como motivos de recurso un error en la valoración de la prueba y, como segundo motivo una vulneración de preceptos constitucionales, entendiendo infringido el principio constitucional de inocencia, y legales sosteniendo que está indebidamente aplicado un precepto legal.
TERCERO.- En relación al primero de los motivos, cuando se argumenta en alzada por la vía que lo hace la parte recurrente, debe puntualizarse que si bien es cierto que el recurso de apelación permite la revisión de la valoración de la prueba efectuada por el Juez a quo, cierto es también que el hecho de que aquella tenga como base las pruebas practicadas a su presencia, garantizados los principios de oralidad, publicidad y contradicción, oídas acusación y defensa y las propias manifestaciones del acusado (artículos 24 de la CE, 229 de la LOPJ y 741 de la L.E.Crim) comporta que, en principio, dicha valoración deba ser respetada hecha excepción de que carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto solemne del Juicio Oral, lo que, como se dirá, no acaece en la sentencia objeto de apelación.
Y además, porque a la función del Tribunal llamado a la apelación no ha sido nunca realizar un "novum iudicium" sino valorar la corrección fáctica y jurídica del pronunciamiento judicial dictado en la primera instancia, lo que, en sede de configuración de los hechos que se entienden probados y atendido al principio de libre valoración de la prueba y a la inmediatez de la que goza el Juez de instancia y de la que se adolece en esta alzada, se concreta exclusivamente en ponderar si el juicio de valoración efectuado para determinar los hechos se sustenta sobre prueba de cargo practicada en Juicio y si la conclusión fáctica a la que se llega guarda relación lógica con aquella, debiendo respetarse en la segunda instancia (no modificar los hechos) la conclusión judicial acorde con tales exigencias.
En efecto, basta la lectura del Acta que documenta el Juicio en relación con las conclusiones contenidas en la sentencia objeto de apelación de las que se dice son fruto de una errónea valoración de la prueba y con los argumentos en que se sustenta el recurso, para desprender que el aducido error es inexistente y obedece, exclusivamente, a una distinta -y aunque legitima, parcial- lectura de la prueba practicada en plenario, pues para que prospere un recurso por la vía del error valorativo se exige la acreditación del mismo, mediante la concurrencia de ciertos requisitos, que para la casación ha establecido el T.S en innumerables sentencia, a título de ejemplo las de 21 de Enero de 2001 y la de 13 de Febrero de 2001 , por cuanto, es evidente y consustancial al recurso de apelación, y a las instancias judiciales del proceso, que el motivo de error en la valoración de la prueba indica que el recurso no constituye un novum iudicium, sino una revisio prioris instantiae, pues la fundamentación fáctica del recurso tiene que centrarse en acreditar, de algún modo, que el juez de instancia erró en la valoración de la prueba, lo que después ha de constituir el núcleo de la sentencia revisoria, y no ha de tratarse, simplemente, de sustituir el criterio valorativo del Tribunal ad quo por el del ad quem, por cuanto estimar, apreciando el recurso, que el juez a quo cometió un error al valorar la prueba es algo sustancialmente distinto a realizar una nueva valoración probatoria partiendo de cero, que es lo propio de un sistema de apelación ilimitado y que daría pie a una espiral inagotable de nuevas declaraciones de hechos novedosas en las que, también, el Tribunal ad quem podría cometer un error que debería ser revisable. Y así hasta el infinito.
Por ello, con estas premisas y conociendo lo que desde siempre ha sido el recurso de apelación en nuestro derecho, ha de sentarse que el Tribunal de apelación puede revisar las alegaciones de error en la apreciación de la prueba, incluso contra sentencias absolutorias, siempre que se limite a ello, a la constatación del error, y en base a una alegación impugnatoria que establezca donde, a juicio del apelante, se equivoca el silogismo del Juez a quo.
CUARTO.- Así las cosas, no puede sostenerse que la juez a quo hubiese cometido un error en la valoración de la prueba.
En la línea de lo hasta aquí dicho, hay que recordar que en el Juicio practicado, donde todos los intervinientes en los hechos dan su versión, el Juez "a quo" tiene una posición privilegiada que le falta al Tribunal de apelación para discernir quién miente o quien dice toda la verdad y para encontrar, valorando todas las versiones, la verdad material. Por ello, visto el Juicio y el contenido del acta, este Tribunal entiende que la declaración de Hechos Probados que hace el Juez debe ser mantenida, pues el recurso se circunscribe a una particular interpretación de la manera en que se produjo el incidente del que trae causa este Juicio.
Según se desprende de la Constitución Española en su Art. 117.3 y el Art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , la valoración de la prueba corresponde al Juez (o Tribunal) sentenciador. Para comprender la función de valorar la prueba, resulta necesario referirnos al principio de inmediación.
El principio de inmediación es un elemento clave en la valoración de las pruebas, especialmente en las pruebas testificales o declaraciones de los denunciados o imputados y acarrea toda una serie de consecuencias. El Tribunal Supremo, respecto a la credibilidad de los testigos ha venido indicado desde hace años que "tales cuestiones dependen sustancialmente de la inmediación " ( STS, 15 de febrero de 1991 , 8 de julio de 1991 , 17 de marzo de 1997 , 21 de enero de 1997 ). La Audiencia Provincial de Valencia sigue el mismo criterio, baste señalar, las sentencias de 27-7-2000 , 29-7-2000 , 11-12-2001 , 21-4-2004 , 13-9-2004 , 23-9-2005 entre otras muchísimas.
La inmediación de los actos de prueba no se proclama de forma solemne o explicita como principio en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente de 1882, pero son numerosos los preceptos que contienen normas en las que se refleja claramente la idea de este principio, tales como los Arts. 688 a 700, 702 a 721 y 723 a 725 , entre otros y más recientemente la LO 5/95 de Tribunal de Jurado en su Art. 46.5. El principio de inmediación que siempre ha estado informando nuestra centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal , ha sido reconocido como tal por la jurisprudencia desde antiguo, ha encontrado especial desarrollo tras la obligación constitucional de motivar las sentencias (Art. 120.3 CE ) y en los últimos años ha suscitado gran interés, especialmente tras la nueva doctrina del Tribunal Constitucional que empieza a proclamarse en la Sentencia del Pleno del TC 167/2002, de 18 de septiembre . El Tribunal Supremo, respecto a la credibilidad de los testigos ha venido indicado desde hace años que "tales cuestiones dependen sustancialmente de la inmediación " ( STS, 15 de febrero de 1991 , 8 de julio de 1991 , 17 de marzo de 1997 , 21 de enero de 1997 ).
Y como indica la sentencia 36/2008 de 25 de febrero de 2008 del Tribunal Constitucional "Constituye ya consolidada doctrina de este Tribunal, que parte de la Sentencia de Pleno 167/2002, de 18 de septiembre , FFJJ 9 a 11 , y es seguida en numerosas Sentencias posteriores (entre las últimas, SSTC 74/2006, de 13 de marzo ; 217/2006, de 3 de julio ; 196/2007, de 11 de septiembre ; 207/2007, de 24 de septiembre ), que el derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías (Art. 24.2 CE ) exige que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen, y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Por ello, hemos apreciado vulneración de este derecho fundamental en los supuestos en que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria que se sustenta en una diferente valoración de la credibilidad de testimonios (declaraciones de los acusados o declaraciones testificales), medios de prueba que, por su carácter personal, no podían ser valorados de nuevo sin el examen directo y personal de los acusados o los testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción".
La congruencia de los testimonios entre sí, el grado de coherencia con otras pruebas que existan y con otros hechos objetivamente comprobables, es decir, la apreciación conjunta de las pruebas, serán elementos fundamentales para dar mayor credibilidad a un testimonio que a otro. Y la inmediación resulta un elemento importantísimo para dilucidar la credibilidad de los testimonios, especialmente cuando existen graves divergencias.
El Tribunal Constitucional ha reiterado "que es consustancial a los principios de oralidad, inmediación y libre valoración de la prueba el examinar gestos de los intervinientes en la misma, tales como los de turbación o sorpresa, a través de los cuales el Juez o Tribunal de instancia fundar su íntima convicción acerca de la veracidad o mendacidad de la declaración de los intervinientes en la prueba, con respecto de los cuales el juzgador de instancia es dueño en su valoración" ( SSTC 55/1982 , 124/1983 , 140/1985 , 254/1988 , entre muchas otras).
Ante la existencia de declaraciones contradictorias, el Juez o Tribunal, que en el acto del Juicio Oral ha presenciado con inmediación las pruebas, se encuentra en una posición privilegiada para su valoración, y ello es especialmente relevante en el caso de que existan testimonios contradictorios.
El Tribunal "ad quem" se encuentra en una situación inferior a la del Juez "a quo" para la adecuada valoración de las pruebas que exigen inmediación, por lo que el criterio del Juez "a quo" resultará inamovible de no practicarse nuevas pruebas en apelación. El Juez sentenciador es quien de forma directa e "inmediata" puede observar las intransferibles sensaciones que derivan de las declaraciones y que se obtienen a partir de la congruencia o contradicciones en las que incurrió, de lo que el testigo dijo, de lo que calló, de sus gestos, de la rotundidad o dudas, de sus recuerdos manifestados de forma expresa por el propio declarante o a través de sus titubeos y vacilaciones, etc.
El Juez sentenciador, que ha tenido trato directo o "inmediato" con estos testigos, acusados o víctimas, puede percibir no solo lo que dicen, sino también sus reacciones, vacilaciones, olvidos, lagunas, dudas, inseguridades, contradicciones, capacidad de comprensión sobre lo que se les pregunta, etc. Por ello, tiene una posición privilegiada para valorar la credibilidad de dichos testimonios.
Por otra parte, hemos de recordar que el acta del juicio oral -que examina el Tribunal de apelación- por bien redactada que pudiera llegar a estar, y resulta difícil que en la misma pueda consignarse todos los matices que aporta la observación directa del Juez que ha presenciado el Juicio. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que sea el Juez que ha estado presente en las declaraciones de los testigos, peritos, o acusado, el que valore dichos testimonios ofrece más garantías que la valoración efectuada por quien no ha estado presente, pues en este último caso no existe inmediación. Íntimamente relacionado con lo anterior, si bien en un proceso de Jurado donde se acentúa aun más la importancia del Juicio Oral, el Tribunal Supremo en su sentencia 1077/2000, de 24 de octubre y a indicó: "El Tribunal de Apelación extravasa su función de control cuando realiza una nueva valoración -legalmente inadmisible- de una actividad probatoria que no ha percibido directamente".
Para que pudiera revocarse la sentencia dictada por el Juez sentenciador resultaría necesario que se alegue, y sobre todo que se demuestre, una grave discordancia entre lo revelado por el conjunto de pruebas practicadas y los fundamentos de la sentencia o que se pudiera verificar una incongruencia palmaria entre lo manifestado en el acta y la fundamentación.
QUINTO .- En el caso de autos pretende el recurrente que se modifique la valoración de las pruebas realizada por el juzgador y sustituir esta valoración por otra que le parece más adecuada a los intereses particulares de la defensa, pero este Tribunal ni ha visto ni ha oído al acusado ni a los testigos, por lo que difícilmente puede prosperar este motivo de recurso.
No puede entenderse que por haberse acogido el recurrente a su derecho a no declarar y que la mujer, ex compañera del anterior hiciese lo mismo por razón de relación similar al matrimonio, no existe aprueba del delito de quebrantamiento, que es por el que se sostiene el recurso.
Declaró el acompañante de la mujer, Severiano , al que el acusado agredió como esta sobradadamente acreditado y sostuvo que la mujer estaba a la entrada del local, por lo que necesariamente debió ser vista por el recurrente, que sin motivo alguno o explicación estaba en una localidad distinta a la de su residencia y en las cercanías de la persona a la que tenia prohibido aproximarse.
Por lo que no puede entenderse que la Juez a quo, en la valoración de la prueba hubiese incurrido en error o deducción o inducción prohibida en contra del reo, por lo que no puede entenderse que se hubiese producido una infracción al principio constitucional de inocencia, motivo que choca con el anterior, por mas que sea usual que se aleguen ambos, pues si hay prueba erróneamente valorada, al decir del recurrente, se esta afirmando que existe prueba valida y la infracción constitucional que nos ocupa solo se produce en supuestos de absoluta falta de prueba, que no es lo que aquí acaece.
La presunción es algo iuris tantum que puede ser vencido a través de una prueba de cargo suficiente legal y producida con respeto al derecho de defensa, tal que ha sucedido en el caso que nos ocupa, por lo que este motivo debe ser también desestimado y por ello el recurso en su integridad y la resolución recurrida confirmada, imponiendo las costas a los apelantes.
VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general aplicación.
Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. José Miguel Albiach Moreno en nombre y representación de Heraclio , contra la Sentencia número 124, de fecha 31/3/2011 , dictada en el Procedimiento Abreviado número 90/11 del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia y, en consecuencia, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha Sentencia, condenando al apelante al pago de las costas en esta alzada.
Notifíquese esta resolución a las partes y tras la práctica de las demás diligencias pertinentes, devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, acompañándolos de testimonio literal de la misma para su conocimiento, ejecución y cumplimiento.
Así, por esta nuestra sentencia, contra lo que no cabe recurso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 791
 resolución 
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