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Timestamp: 2018-01-19 03:38:44+00:00

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RECONOCIMIENTO DE INTERESES - DEVOLUCION DE SOBRETASA DE IMPORENTA | MANUAL DEL CONTADOR - PLANEACION EMPRESARIAL
RECONOCIMIENTO DE INTERESES - DEVOLUCION DE SOBRETASA DE IMPORENTA
Enviado por admin en Dom, 06/26/2016 - 08:16
Magistrado sustanciador: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS
Bogotá, siete (7) de abril de dos mil quince (2015)
Número interno: 19139
La Sala decide, sin limitación[1], el recurso de apelación interpuesto por las partes, sobre la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución No. 630 - 0003 del 3 de octubre de 2008, expedida por la División de Recaudación de la Administración Especial de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, mediante la cual se rechazaron unos intereses.
Resolución No. 0684 - 0020 de 30 de julio de 2009, expedida Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución anterior.
Conforme con el alegato de las partes, planteado en el respectivo recurso de apelación, la Sala debe resolver en qué condiciones debió devolver la DIAN la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios del año 2005, que pagó el Banco Colpatria.
Por ser un caso análogo a varios ya decidido entre las mismas partes pero por las cuotas pagadas del impuesto al patrimonio del año 2004, la Sala resolverá el caso en los mismos términos previstos en la sentencia del 4 de febrero de 2016[2], de la que se extraen las siguientes conclusiones:
1. Sobre la naturaleza de las sentencias que declaran la existencia del régimen de estabilidad tributaria y, concretamente, de la sentencia del 7 de abril de 2008 que profirió el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial Transitoria de Decisión 4C
Sobre este particular, la sentencia del 4 de febrero de 2016 precisó lo siguiente:
La declaración del derecho al régimen de estabilidad tributaria comporta que los contribuyentes beneficiados gocen de ese régimen inmediatamente quede ejecutoriada la sentencia, en las condiciones previstas en la ley.
En consecuencia, los contribuyentes asumen la obligación de pagar la tarifa especial del impuesto de renta que se causó durante la vigencia del régimen de estabilidad tributaria [2 puntos porcentuales adicionales a la tarifa del régimen ordinario], y, correlativamente, adquieren el derecho a la devolución de los impuestos que en vigencia de ese régimen se hubieren creado [patrimonio, GMF y sobretasa del impuesto de renta] y, por supuesto, pagado, sin estar obligados a ello. Surge, entonces una obligación pecuniaria[3] a cargo del beneficiario del régimen de estabilidad tributaria y a favor del erario, y, correlativamente, una obligación pecuniaria a cargo del erario y en favor del contribuyente, obligaciones que corresponden a las que habrían nacido si se hubiera concedido el régimen de estabilidad tributaria en las condiciones que solicitaron los contribuyentes, esto es, por diez años, y no como lo aprobó la DIAN [menos de 10 años].
En ese entendido, para la Sala, de la sentencia que declara que el contribuyente goza del régimen de estabilidad tributaria se deriva un restablecimiento del derecho que se repara por equivalente, porque se concreta expresa o tácitamente en el reconocimiento de las obligaciones pecuniarias mutuas que se originan en ese régimen de estabilidad tributaria y en el reconocimiento de que esas obligaciones pueden extinguirse mediante el pago, la devolución e incluso la compensación u otro medio de extinguir este tipo de obligaciones.
El restablecimiento del derecho no puede entenderse concretado a lo pretendido en la demanda ni su reconocimiento puede condicionarse a si el juez ordenó expresamente la devolución, el pago o la compensación de las obligaciones pecuniarias mutuas. No debe perderse de vista que en el interregno de los 10 años de estabilidad tributaria se crearon nuevos impuestos que, al momento de interponerse las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho o de expedirse la sentencia que decidió el litigio, aún no existían.
En consecuencia, independientemente de que la sentencia que declara la existencia del régimen de estabilidad tributaria no haya dictado una orden de condena en concreto o en abstracto, lo cierto es que esas sentencias tienen un componente económico: el pago mutuo de obligaciones pecuniarias. Y el cumplimiento de esas obligaciones se materializa cuando se ejecuta la sentencia, en las mismas condiciones en que se ejecuta una sentencia condenatoria. De ahí que sea pertinente que esas sentencias se ejecuten siguiendo las reglas de los artículos 177 y 178 del C.C.A., como se explicará más adelante.
En lo que concierne a la sentencia del 7 de abril de 2008, la Sala aprecia que no condenó expresamente a la DIAN a devolver, entre otros, la sobretasa del impuesto de renta. Eso, por cuanto, esa sentencia infirmó la del 26 de noviembre de 2003, que profirió la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, para el mes de noviembre del 2003 no se había promulgado la Ley 863 de ese mismo año[4], que creó la sobretasa del impuesto sobre la renta por los años gravables 2004, 2005 y 2006. Por lo tanto, por sustracción de materia, el Banco no pidió la devolución de ese tributo. Si bien la sentencia del 7 de abril de 2008 pudo ordenar la devolución, la falta de esa orden no es óbice para que se entienda que esa sentencia restableció el derecho del Banco Colpatria a la situación jurídica en la que estaría si la Resolución 2085 de 2002 ― acto anulado en esa sentencia ― no se hubiera expedido.
En ese entendido, la sentencia del 7 de abril de 2008 no es solo una sentencia declarativa del derecho que tiene el Banco Colpatria desde el año gravable 2001 hasta el año 2010 al régimen de estabilidad tributaria sino también, constitutiva del derecho a la devolución de los impuestos creados y causados durante ese régimen de estabilidad, y pagados por la institución financiera. Y constitutiva del derecho al pago de los dos puntos porcentuales adicionales del impuesto sobre la renta a favor del erario.
2. Condiciones de la devolución de la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios por la vigencia 2005
Partiendo del presupuesto de que la sentencia del 7 de abril de 2008 que reconoció la existencia del régimen de estabilidad tributaria a favor del Banco Colpatria es una sentencia constitutiva del derecho a la devolución, en la sentencia del 4 de febrero de 2016 la Sala precisó que eran aplicables al caso concreto los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A. que regulan las condiciones de condenas a cargo del Estado.
La sentencia precisó:
Reconocimiento de intereses: El artículo 177 del C.C.A. regula la efectividad de las condenas contra las entidades públicas y el reconocimiento de intereses. Esta norma dispone que las cantidades líquidas reconocidas en sentencias que condenen a la nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero devengarán intereses comerciales y moratorios.
A su vez, el beneficiado con la condena, según el inciso sexto del artículo 177 del C.C.A. tiene un plazo de seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide la condena, para que acuda ante la entidad responsable a hacerla efectiva. Vencido ese plazo, cesa la causación de todo tipo de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud en debida forma.
En concordancia con esta disposición, el artículo 176 del C.C.A. prevé que las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia deben dictar, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.[5]
La interpretación armónica de los artículos 176 y 177 del C.C.A. indica que en el lapso que tienen la autoridades para disponer lo necesario para ejecutar la sentencia, esto es, en los 30 días, no se causa ningún interés.
De manera que para hacer efectivo el derecho a la devolución de impuestos derivado de una sentencia judicial como la que reconoce la existencia del régimen de estabilidad tributaria, las autoridades cuentan con un plazo para adoptar las medidas necesarias para devolver el dinero.
Ahora bien, si el contribuyente pide la ejecución de la sentencia, la autoridad tributaria no puede controvertir el derecho a la devolución, porque eso sería lo mismo que desacatar una orden judicial. Esa entidad, entonces, debe proceder, en los términos de ley, a devolver los impuestos que el contribuyente pagó en exceso, y liquidar y pagar los intereses comerciales y moratorios a que alude el artículo 177 del C.C.A.
En la sentencia C-188 del 29 de marzo de 1999[6] la Corte Constitucional precisó que los jueces pueden conceder a la administración plazos para pagar las condenas. En ese interregno, la entidad pública debe reconocer intereses comerciales. Los intereses moratorios, a su vez - dijo la Corte - se causan a partir del vencimiento de dicho plazo. Pero también afirmó que si el juez no le concedió a la entidad un plazo específico para pagar la condena, los intereses moratorios se causan, inmediatamente, a partir de la ejecutoria de la sentencia que ordenó la devolución. La Corte Constitucional hizo esta afirmación sin consideración al plazo previsto en el artículo 176 del C.C.A[7]. y, por lo tanto, para la Sala, en casos como estos de las sentencias que declaran la existencia del régimen de estabilidad tributaria debe entenderse que independientemente de que el juez no haya precisado ningún plazo para que se ejecute la sentencia, las autoridades cuentan con el plazo de treinta días (30) días a que alude el artículo 176 del C.C.A. En ese interregno, no se causan intereses.
Indexacción o intereses civiles del 6% del C.C.: Sea lo primero advertir que en el acápite referido al análisis del precedente judicial de la Sala se concluyó que no había un criterio unificado en cuanto a qué normas que regulan el reconocimiento de intereses, se deben aplicar a casos como el analizado.
Así, se precisó que en la sentencia del 26 de enero de 2006 [Exp. 16393] se rechazó expresamente la posibilidad de que se apliquen las normas de los Códigos Civil, Comercio y Contencioso Administrativo para definir los intereses que tendría que pagar la DIAN cuando mediante sentencia se reconoce el régimen de estabilidad tributaria, pues se concluyó que la norma aplicable al caso era el artículo 863 del E.T.
En las sentencias del 9 de julio [Exp. 15923] y 23 de julio [Exp. 16785], ambas de 2009, se concluyó que si bien era cierto que había que aplicar el artículo 863 del E.T., se consideró que también era procedente aplicar el artículo 1617 del C.C. para reconocer los intereses legales del 6% a efectos de compensar la desvalorización monetaria que se habría causado entre la fecha en que se pagó el impuesto no debido y la fecha en que se notificó el acto administrativo que negó la devolución. Esto, por razones de equidad.
La Sala unificó su criterio en la sentencia del 4 de febrero de 2016[8] y, para el efecto, precisó que, en casos como el analizado, no es procedente aplicar la tarifa del 6% anual prevista en el artículo 1617 del C.C.
La norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A. porque en el caso analizado se parte de la existencia de una sentencia que reconoce el régimen de estabilidad tributaria y esta sentencia tiene contenido económico pues ordena restablecer las obligaciones pecuniarias mutuas al estado en que se encontrarían si el régimen de estabilidad tributaria se hubiera reconocido desde un principio. Dado que el restablecimiento del régimen de estabilidad tributaria implica el pago de los dos puntos porcentuales del impuesto de renta, de una parte, y la devolución de los impuestos no debidos, de otra, la sentencia adquiere la condición de sentencia condenatoria y, por tanto, se rige por las leyes que gobiernan ese tipo de sentencias.
Así, el artículo 178 del C.C.A. dispone que la liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.
El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total.
Y una forma de reparar ese daño es por equivalente que, se reitera, tiene como finalidad, el reintegro del dinero actualizado a valor presente.[9]
El artículo 1617 del Código Civil, además, regula los intereses civiles que se deben reconocer en toda relación contractual de índole civil y, como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia, no tienen por objeto compensar la pérdida de la valorización monetaria ni incluyen per se esa desvalorización. Así lo precisó:
“Por supuesto que en frente de obligaciones de linaje civil y, puntualmente, en aquellos casos en que tan sólo se reconoce el denominado interés puro, como sucede con el interés legal civil (inc. 2 nral. 1 art. 1617 e inc. 2 art.2232 C.C.), nada obsta para que se disponga que el pago se realice incluyendo, además de dichos réditos, la corrección monetaria, pues en este evento la tasa en cuestión únicamente refleja el precio adeudado por el uso del dinero, sin miramiento a su poder adquisitivo (unicidad funcional) (Cfme: cas. civ. de 15 de junio de 1995, CCXXXIV, pág. 873). Al fin y al cabo, la metodología materia de comentario, esto es, la indexación indirecta a través de los intereses referidos a la tasa bancaria, sólo se aplica en los casos de responsabilidad contractual de origen mercantil”.[10]
Por lo tanto, la Sala considera que en casos como el analizado la norma que se debe aplicar es el artículo 178 del C.C.A.
En consecuencia, para la Sala, y para los efectos del caso concreto, la DIAN debía ajustar la suma objeto de devolución por el período comprendido entre la fecha en que el contribuyente pagó la sobretasa del impuesto de renta hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia constitutiva del derecho a la devolución. Y sobre ese capital se liquidan los intereses moratorios a que alude el artículo 177 del C.C.A. pero una vez vencidos los treinta días (30) a que alude el artículo 176 del C.C.A., esto es, los previstos para que cualquier autoridad dicte la resolución correspondiente en la que adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
En tal caso, la indexación de los pagos se hace conforme con la siguiente fórmula:
R = Impuesto pagado actualizado (lo que se busca)
Rh = Renta histórica (impuesto pagado)
Los intereses corrientes y moratorios del E.T. En casos como el analizado, tampoco es procedente restablecer el derecho mediante el reconocimiento de los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del E.T. puesto que no se dan los presupuestos para que se aplique esa norma. En efecto, el artículo 863 del E.T. parte del presupuesto de que el contribuyente presentó una petición de devolución de un saldo a favor, de un pago en exceso o un pago de lo no debido ante la administración y que la controversia sobre ese derecho se dirime ante la administración y la controla la jurisdicción.
Los anteriores casos difieren de la controversia por la declaratoria del régimen de estabilidad tributaria porque ésta no empieza a instancia de una petición de devolución de los impuestos derivados de ese régimen, sino del reconocimiento del régimen propiamente dicho y las consecuencias que esa decisión comporta.
De manera que, la sentencia que reconoce ese régimen, como se comentó, tiene un contenido económico pues de esa sentencia surgen obligaciones pecuniarias mutuas: la devolución del impuesto estabilizado y el pago del mayor impuesto de renta.
Por lo tanto, independientemente de que medie una petición de devolución a instancia de la expedición de la sentencia, lo cierto es que la devolución ya no es un asunto que debe ser controvertido sino, simple y llanamente, cumplido y, por lo tanto, en las condiciones que prevén los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
Valga advertir, además, que la Sala, mediante sentencias del 26 de noviembre de 2015 [Expedientes 20122 y 20021] [11] unificó el criterio referido a la forma en que se debía restablecer el derecho en aquellos casos en que se controvierte la devolución de saldos a favor, pagos en exceso o de lo no debido. Concretamente, precisó que la norma que se debe aplicar en tales eventos es el artículo 863 del E.T.
“2.13 En lo que tiene que ver con el restablecimiento del derecho por la devolución de pagos de lo no debido, o lo que es lo mismo, su reparación, la Sala advierte que conforme con el artículo 235 de la Ley 223 de 1995, en materia del impuesto de registro se deben aplicar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional, es decir, lo previsto en el artículo 863 del ordenamiento en cita.
2.13.1 La reparación, en ese caso, la fijó el legislador dentro de la libertad de configuración legislativa que le es propia, en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 863. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorios, en los siguientes casos:
2.13.2 Es decir, la reparación, en lo que compete a la obligación dineraria propiamente dicha, que subyace en la pretensión de devolución del pago de lo no debido a favor de la sociedad demandante, está fijada en forma clara por el legislador en el artículo 863 citado, lo que impone estarse a lo que dispone dicha norma.” (negrilla fuera de texto)
a. Hechos relacionados con el régimen de estabilidad tributaria
- El 21 de septiembre de 2000, el Banco Colpatria le manifestó a la DIAN su interés en suscribir un contrato de estabilidad tributaria.
- Habida cuenta de que la DIAN suscribió el contrato de estabilidad tributaria por un año, el Banco Colpatria insistió en la suscripción del contrato por un término de 10 años.
- El 22 de diciembre del año 2000, la DIAN resolvió desfavorablemente la petición formulada por el banco, mediante oficio 2717.
- El Banco interpretó que se había configurado a su favor el silencio administrativo positivo que le daba acceso al régimen de estabilidad tributaria por un periodo de 10 años y lo protocolizó mediante escritura pública 04369 del 28 de diciembre del año 2000.
- El 2 de abril de 2002, mediante Resolución 2805, la DIAN revocó el acto presunto ficto positivo.
- Contra la Resolución 2805 de 2002, el Banco interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
- El 7 de abril de 2008, la Sala Especial Transitoria de Decisión 4C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado anuló la Resolución 2805 de 2002 y, a título restablecimiento del derecho, reconoció el régimen de estabilidad tributaria a favor del Banco Colpatria.
b. Hechos relacionados con el impuesto solicitado en devolución
- El 19 de abril de 2006, Colpatria declaró el impuesto de renta y complementarios por el año gravable 2005. La declaración fue corregida el 18 de octubre del mismo año.
- Con fundamento en la sentencia del 7 de abril de 2008, el 4 de julio de ese año, el demandante pagó el incremento del impuesto sobre la renta correspondiente a los años gravables 2001 a 2007, según lo exigía el artículo 240-1 del E.T.
- La demandante le pidió a la DIAN la devolución del impuesto al patrimonio de los años gravables 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, la sobretasa del impuesto de renta de los períodos gravables 2003, 2004, 2005 y 2006 y el gravamen a los movimientos financieros (GMF) de los períodos de enero de 2001 a junio de 2008 por un valor de setenta mil trescientos noventa y dos millones novecientos diez y siete mil pesos moneda corriente ($70.392.917.000). También pidió “el reconocimiento y la devolución de los intereses de mora liquidados de conformidad con las normas tributarias, por el pago de lo no debido, por exigencia de la DIAN, desde el momento en que se efectuaron dichos pagos y hasta que se efectúe la devolución de las sumas referidas (…)”[12].
- La petición fue resuelta de manera separada por cada impuesto, cuota o período discutido. En lo que concierne a la sobretasa del impuesto a la renta y complementarios por el año gravable 2005, el 12 de septiembre de 2008, mediante la Resolución No. 608- 1256, la DIAN resolvió reconocer y devolver la suma solicitada como pago de lo no debido: $1.323.314.000, que fueron pagados por la demandante en cinco (5) cuotas los días 10 de febrero, 24 de abril, 9 de junio, 4 de agosto y 5 de octubre de 2006.
- En la parte resolutiva se le advirtió al demandante que el monto cuya devolución se ordenó podía reclamarse personalmente una vez cumplido un día hábil de notificada esta providencia.
- Mediante la Resolución No. 630- 0003 del 3 de octubre de 2008, la División de Recaudación de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá negó la solicitud de reconocimiento y devolución de actualizaciones e intereses.
- El 3 de diciembre de 2008, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución No. 630- 0003 del 3 de octubre de 2008.
- El 30 de julio de 2009, mediante la Resolución No. 684 - 0020, notificada el 12 de agosto de 2009, la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de los Grandes Contribuyentes de Bogotá resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No. 630 - 0003 del 3 de octubre de 2008 y confirmó el acto recurrido.
c. Naturaleza de los actos administrativos demandados
Son demandables las resoluciones que decidieron la petición de reconocimiento de la actualización monetaria y de los intereses moratorios, pues, en la medida en que los negaron, crearon una situación jurídica nueva. Estas resoluciones son objeto de la presente litis[13].
d. La sentencia apelada
En la sentencia del 16 de diciembre de 2010, el a quo anuló las Resoluciones 630-003 del 3 de octubre de 2008 y 684-0020 del 30 de julio de 2009. El Tribunal consideró inaceptable el hecho de que la DIAN no le reconociera al Banco Colpatria intereses por el detrimento patrimonial sufrido y, por lo tanto, condenó a esa entidad a pagar los intereses legales del 6%, que liquidó en cuantía de $636.543.441 y los intereses moratorios por el término de 12 días en una tasa del 7%, que liquidó en cuantía de $12.342.109, para un total de $648.885.550.
e. De la devolución de la sobretasa del impuesto sobre la renta del año gravable 2005. De si es procedente liquidar indexación, intereses legales, corrientes o moratorios a favor del Banco Colpatria.
Ø Indexación del capital
La Sala reitera que, en virtud de la sentencia del 7 de abril de 2008, que profirió la Sala Especial Transitoria de Decisión 4C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, surgió el derecho del Banco Colpatria a la devolución de la sobretasa del impuesto de renta y complementarios causada por el año 2005, a partir de la ejecutoria de esa sentencia [18 de junio de 2008]. El derecho a la devolución no es objeto de controversia por parte de la DIAN.
Se controvierte si era pertinente que el Tribunal condenara a la DIAN a liquidar y pagar los intereses legales y moratorios a que aluden el artículo 1617 del Código Civil y 863 del Estatuto Tributario.
La demandante alegó que lo procedente era que se le reconocieran los intereses corrientes y moratorios del artículo 863 E.T.
La DIAN alegó, en cambio, que no procede ninguno de los tipos de interés señalados, porque el Banco no pidió en la demanda el reconocimiento de intereses legales. Por eso, cuestionó como “ultra petita” el fallo del a quo. La DIAN también pidió que se reiterara la sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que precisó que no es procedente aplicar las normas del Código Civil[14] cuando se trata de liquidar intereses.
De otra parte, la DIAN alegó que aceptó devolver el impuesto y que, precisamente, por eso, resolvió la petición dentro del término legal. Que, por tanto, no hay lugar a condenar a la DIAN al pago de intereses moratorios del artículo 863 E.T.
La Sala, en esta oportunidad, revoca la condena impuesta por el a quo a la DIAN, en cuanto ordenó pagar el interés legal del 6%.
Conforme con lo expuesto en la parte considerativa de la sentencia, debe entenderse que, en virtud del restablecimiento del derecho derivado de la sentencia del 7 de abril de 2008, que profirió la Sala Transitoria 4C del Consejo de Estado, la DIAN debió devolver la sobretasa del impuesto de renta debidamente indexada, esto, es, en los términos del artículo 178 del Decreto 01 de 1984.
Y aunque la DIAN tiene la razón en cuanto a que en las pretensiones de la demanda el Banco Colpatria siempre pretendió el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 863 E.T., mas no los intereses legales, no se viola el principio de congruencia ni se incurre en la expedición de un fallo ultra petita, por el hecho de definir el restablecimiento del derecho en las condiciones que conforme con la ley corresponde.
En ese contexto, la Sala considera que son nulas las resoluciones que negaron el reconocimiento de intereses moratorios, esto es, las Resoluciones No. 630-003 del 3 de octubre de 2008 y 684-0020 del 30 de julio de 2009. Por lo tanto, a título de restablecimiento del derecho, ordenará el reconocimiento de la indexación en las condiciones que a continuación se precisan.
Primera cuota, fecha de pago (10-02-2006)
DEUDA A CARGO DE LA DIAN A FAVOR DE COLPATRIA
INDEXACCIÓN DE LA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2005 - PRIMERA CUOTA
Sobretasa impuesto sobre la renta y complementarios
Fecha final - Indice.18-06-2008
Fecha inicial – Índice 10-02-06
$ 329.785.000
$ 381.523.000
Indexación debida
$ 51.738.000
Segunda cuota, fecha de pago (24-04-2006)
INDEXACIÓN DE LA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2005- SEGUNDA CUOTA
Fecha inicial – Índice 24-04-06
$ 347.735.000
$ 397.702.000
$ 49.967.000
Tercera cuota, fecha de pago (09-06-2006)
INDEXACIÓN DE LA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2005 - TERCERA CUOTA
Fecha inicial – Índice 09-06-06
$ 298.058.000
$ 338.742.000
$ 40.684.000
Cuarta cuota, fecha de pago (04-08-2006)
INDEXACIÓN DE LA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2005- CUARTA CUOTA
Fecha inicial – Índice 04-08-06
$ 248.382.000
$ 280.025.000
$ 31.643.000
Quinta cuota, fecha de pago (05-10-2006)
INDEXACIÓN DE LA SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS AÑO 2005- QUINTA CUOTA
Fecha inicial – Índice 05-10-06
$ 99.353.000
$ 111.853.000
Total indexación: $186.532.000
Ø Intereses de mora del artículo 177 del Decreto 01 de 1984.
A partir de la sentencia del 7 de abril de 2008 (Sala Transitoria 4C del Consejo de Estado), la DIAN adquirió la obligación de devolver la sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 2005. Por lo tanto, el Banco Colpatria tiene derecho a que se le reconozca el interés por mora, pero no con fundamento en el artículo 863 del E.T., sino con fundamento en artículo 177 del Decreto 01 de 1984, habida cuenta de que el fallo que reconoció el derecho del Banco Colpatria al régimen de estabilidad tributaria es una sentencia constitutiva que tiene, además, el componente económico derivado del restablecimiento del derecho: el pago de obligaciones pecuniarias mutuas.
El artículo 177 del Decreto 01 de 1984 exige reconocer intereses comerciales. Tales intereses están previstos en el artículo 884 del Código de Comercio, así:
“Artículo 884. Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.
En consecuencia, la Sala condenará a la DIAN a que liquide y pague los intereses moratorios previstos en el artículo 884 del C.Co.
Ahora bien, esos intereses solo se causan, se reitera, a partir de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, porque ese es el plazo que el artículo 176 del C.C.A. le concede a la administración para disponer de lo necesario para ejecutar la sentencia. En concreto, los intereses se causan desde el 1 de agosto de 2008.
En el expediente consta que el Banco Colpatria radicó la petición de devolución el 31 de julio de 2008. Por disposición del artículo 855 del E.T.[15], la DIAN tiene un plazo de treinta (30) días para resolver la petición, so pena de incurrir en intereses de mora del artículo 863 del E.T., si no está en discusión el monto a devolver y no se ordena la devolución.
En el caso concreto, como se precisó, nunca estuvo en discusión el monto a devolver. Por eso, para la Sala, la norma aplicable al caso concreto es el artículo 176 del C.C.A. y no el artículo 855 del E.T.
De manera que, independientemente de que la demandante haya interpuesto la petición de devolución el 31 de julio de 2008, es menester precisar que ya para esa fecha la DIAN tenía la obligación de tomar las medidas pertinentes para establecer el monto del capital que le debía devolver al Banco Colpatria. Por tanto, el plazo para tomar esas medidas vencieron el 31 de julio de 2008 y, por tanto, a partir del primero de agosto empezaron a causarse en su contra y a favor del Banco Colpatria los intereses moratorios a que alude el artículo 177 del C.C.A., esto es, los comerciales moratorios previstos en el artículo 884 del Código de Comercio[16], causados sobre el capital [sobretasa del impuesto a la renta 2005], debidamente indexada.
Ahora bien, los intereses moratorios se causaron hasta que efectivamente se devolvió la sobretasa del impuesto a la renta 2005. En el caso concreto la devolución ocurrió el día hábil siguiente a la notificación de la Resolución 608 1256 del 12 de septiembre de 2008. Habida cuenta de que la fecha de notificación de esa Resolución no consta en los antecedentes administrativos remitidos por la DIAN, la liquidación de intereses de mora se hará hasta el 13 de septiembre de 2008, día siguiente a la fecha de expedición de la resolución.
Por consiguiente, las pautas para liquidar los intereses comerciales moratorios conforme con los artículos 176 y 177 del C.C.A. son las siguientes:
Sobretasa del impuesto sobre la renta y complementarios año 2005.
· Primera cuota
ESTADO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE INTERESES COMERCIALES MORATORIOS DEBIDOS POR LA DIAN AL BANCO COLPATRIA DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2008 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (ARTÍCULOS 177 DEL D. 01 DE 1984 Y 844 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.)SOBRETASA DEL IMPORRENTA 2005
Capital indexado
DIAS DE MORA
Interés del período
381.523.000
$ 14.842.000
397.702.000
$ 15.471.000
338.742.000
$ 13.177.000
280.025.000
$ 10.893.000
111.853.000
Ø Intereses de mora del artículo 177 del Decreto 01 de 1984. Segundo corte
Ahora bien, dado que el 13 de septiembre de 2008 se hizo efectiva la devolución de la sobretasa, quedando un remanente de $186.532.000, sobre esta suma se causan intereses de mora desde el 14 de septiembre de 2008 y hasta que efectivamente se paguen.
Ø Monto que le corresponde pagar a la DIAN a favor del Banco Colpatria
Corolario de lo dicho, se tiene que la DIAN le debe al Banco Colpatria los siguientes conceptos, que en la parte resolutiva se ordenará devolver:
Indexación de la sobretasa del impuesto sobre la renta del año 2005
$ 186.532.000
Intereses de mora de la sobretasa del impuesto sobre la renta del año 2005
$ 58.734.000
$ 245.266.000
Como corolario de lo expuesto, la Sala confirma la nulidad de los actos administrativos demandados, pero modificará el restablecimiento del derecho acorde con lo anteriormente expuesto.
PRIMERO: CONFÍRMASE el numeral primero de la sentencia del 16 de diciembre de 2010, corregida por auto del 15 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el Banco Colpatria contra la DIAN, que anuló la Resolución 630-003 del 3 de octubre de 2008, que rechazó la petición de reconocimiento de intereses a favor del Banco Colpatria, y la 684-0020 del 30 de julio de 2009 que la confirmó [sobretasa del impuesto sobre la renta del año gravable 2005].
SEGUNDO. MODIFÍCASE el numeral segundo de la sentencia del 16 de diciembre de 2010. Por lo tanto, el restablecimiento del derecho quedará así:
SEGUNDO: ORDÉNASE a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN pagar al BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A., las siguientes sumas de dinero:
ORDÉNASE a la U.A.E. DIAN a pagar al Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A. los intereses moratorios que se causen sobre $186.532.000 desde el 14 de septiembre de 2008 y hasta que efectivamente se paguen. Esto, sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar.
TERCERO. En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia de objeto de este recurso.
[1] De conformidad con el artículo 357 del C.P.C. cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
[2] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Magistrado sustanciador: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Bogotá, cuatro (4) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 25000232700020090023301, 25000232700020090023501, 25000232700020090027801, 25000232700020090027501 (Acumulados). Número interno: 18551 – 18962 – 19045. DEMANDANTE: BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA. S.A. DEMANDADOS: U.A.E. DIAN
[3] El maestro Fernando Hinestrona las define así: “…se denomina a aquellas obligaciones cuya prestación consiste en dar-entregar (transferir ) una cantidad de unidades monetarias…”.
El autor explica que “Se sigue hablando de “dar” una suma de dinero, no obstante que el pago de las obligaciones pecuniarias, en especial las de cantidades abultadas, raramente se hace en billetes y monedas, sino, de ordinario, por medio de cheques, remesas, abonos en cuenta, transferencias electrónicas, por razones de comodidad, pero, ante todo, de seguridad.”
Fernando Hinestrosa Daza. Tratado de las Obligaciones. Concepto, estructura, viscisitudes. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. 15 de marzo de 2002. Bogotá-Colombia. Página 146
[4] Diario Oficial No. 45.415 de 29 de diciembre de 2003
[5] El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 [CPACA] dispuso que “…Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código…Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud…”
[6] Que declaró EXEQUIBLE el inciso último del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984), excepto las expresiones "durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria" y "después de este término", que declaró INEXEQUIBLES, precisó: “Es entendido que, en las dos normas sobre cuya constitucionalidad resuelve la Corte, el momento en el cual principia a aplicarse el interés de mora depende del plazo con que cuente la entidad pública obligada, para efectuar el pago. Así, en el caso de la conciliación, se pagarán intereses comerciales durante el término que en ella se haya pactado y, vencido éste, a partir del primer día de retardo, se pagarán intereses de mora. En cuanto al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, a menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria”.
[7] ARTICULO 176. EJECUCION. Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento.
[9] En la sentencia de casación N° 133 de 21 de noviembre de 2007, La Corte Suprema de Justicia hizo las siguientes precisiones sobre el reconocimiento del ajuste del capital:
“(…) resulta oportuno recordar que el proceso inflacionario, común en las economías modernas, consistente en el alza sostenida del nivel general de los precios de los bienes y servicios de la comunidad, tiene como efecto inmediato la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, por lo que surge la imperiosa necesidad de reconocer la corrección monetaria de ciertas obligaciones afectadas por el referido fenómeno, en aras de atenuar sus evidentes secuelas nocivas, particularmente, la abrogación del contenido conmutativo de las prestaciones. Justamente, como de restablecer el equilibrio se trata, esta institución no se justifica per se, sino en cuanto se aplique -rigiendo el nominalismo- a remediar situaciones manifiestamente injustas e inequitativas. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, habida cuenta que en todos aquellos casos en los cuales ha inferido la necesidad de concederla `ha acudido (…), explícita o implícitamente, a fundamentar tal reconocimiento, en la equidad, entendida ésta, en acatamiento de lo previsto por el artículo 230 de la Constitución Política Colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretación judicial que permite ahondar en las normas jurídicas en búsqueda de la ‘justicia del caso en concreto’, de modo que, en esos eventos, la equidad ha sido la herramienta que le ha permitido a esta Corporación desentrañar el sentido de las distintas normas sustanciales, pero sin llegar a desdeñarlas pretextando aplicar sus propias apreciaciones (…) De ahí que, en las diversas hipótesis en las cuales ha tenido que condenar al pago de la corrección monetaria, la Corte, de la mano de la equidad, ha profundizado en el contenido de las normas que gobiernan algunos casos particulares, hasta advertir en ellos un sentido que, sin quebrantar los principios que gobiernan el ordenamiento colombiano en la materia, consulten con criterios de justicia y conveniencia y conduzcan a la solución de los graves problemas que en esas específicas ocasiones produce el fenómeno de la depreciación monetaria´, sentencia del 29 de noviembre de 1999, expediente No.5035. (…) Por supuesto que junto con la equidad concurren otros principios que igualmente justifican, en su caso, la corrección monetaria, tales como la buena fe, la indemnización plena, la teoría de la causa, la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales. Por tanto, su fundamento no puede ubicarse exclusivamente en la necesidad de reparar un daño, punto en el cual hay que recordar que, como lo ha decantado la jurisprudencia “la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía´ (sentencia del 29 de noviembre de 1999, expediente No.5035”).
[10] Cfr. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrada Ponente. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA. Bogotá, D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil nueve. Ref: Exp. N° 1300131030051995-11208-01.
[11] CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Sentencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Magistrado Ponente: JORGE OCTAVIO RAMIREZ RAMIREZ. Radicación: 050012331000-2001-04303-01. No. Interno 20122. Demandante: CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. Demandado: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
___________Sentencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015). Magistrada Ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. Radicación: 050012331000200506730 01.Número interno: 20021. Demandante: SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A. Demandado: MUNICIPIO DE MEDELLÍN.
[12] Folios 2 a 15 del anexo No. 1 del expediente.
[13] Estos actos no son susceptibles de control judicial, conforme lo reiteró el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Auto del 26 de septiembre de 2013. Expediente 68001-23-33-000-2013-00296-01 (20212). M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez: “(…) únicamente las decisiones de la Administración producto de la conclusión de un procedimiento administrativo o los actos que hacen imposible la continuación de esa actuación, son susceptibles de control de legalidad por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que, dicho de otra manera, significa que “los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones”[13].
No obstante, esta Corporación ha admitido que si el supuesto “acto de ejecución” excede, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer el medio de control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica diferente y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo susceptible del control de legalidad[13], (…)
[14] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencias del 26 de enero y 9 de julio de 2009. Expedientes 16393 y 15923.
[15] “Estatuto Tributario. Artículo 855. Término para efectuar la devolución. La Administración de impuestos deberá devolver, previa las compensaciones a que haya lugar, los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de al solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma.
[16] ARTÍCULO 884. <LIMITE DE INTERESES Y SANCIÓN POR EXCESO>. <Artículo modificado por el Artículo111 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 176
 resolución 
 artículo 177
 artículo 176
 artículo 176
 artículo 863
 artículo 863
 artículo 1617
 artículo 1617
 artículo 178
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 artículo 1617
 artículo 178
 artículo 177
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 resolución 
 artículo 863
 artículo 863
 artículo 863
 artículo 235
 artículo 863
 artículo 863
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 240
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1617
 artículo 863
 artículo 863
 artículo 178
 artículo 863
 artículo 177
 artículo 863
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 884
 artículo 72
 artículo 884
 artículo 176
 artículo 855
 artículo 863
 artículo 176
 artículo 855
 artículo 177
 artículo 884
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 177
 Resolución 
 artículo 357
 artículo 192
 artículo 177
 artículo 177
 resolución 
 artículo 230
 Artículo 855
 ARTÍCULO 884
 Artículo111
 artículo 72