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Timestamp: 2018-07-18 14:43:07+00:00

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Sus Derechos: La seguridad social Española
CONCEPTO Y PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La Constitución española señala en su artículo 41 que "los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".
Doctrinalmente, puede definirse a la Seguridad Social como un sistema de medidas arbitradas por el estado para proteger a los ciudadanos, especialmente a los trabajadores por cuenta ajena frente a determinados riesgos consistentes fundamentalmente en una disminución de sus ingresos, en un aumento de sus gastos y en general frene a cualquier contingencia abarcada por su acción protectora.
Por su parte, la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo de 20 de Junio de1994, dice que "el Estado garantiza por medio de la Seguridad Social a las personas comprendidas en el campo de aplicación de ésta, por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la ley".
En cuanto a los principios de la Seguridad Social son las siguientes:
a) Universalidad de la protección. Así, el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social habla de "todos los españoles, cualesquiera que sea su sexo, estado civil y profesión", incluidos en los apartados previstos en la ley.
b) Uniformidad de la protección cubriendo riesgos de naturaleza individual y económica
c) Irrenunciabilidad de los derechos derivados de la seguridad Social. El artículo 3 de la Ley considera "nulo todo pacto por el cual el trabajador renuncia a los derechos que le confiere la presente ley".
d) Prohibición de inclusión múltiple obligatoria en otros sistemas de previsión, según lo previsto en el artículo 8.
e) Obligatoriedad de la afiliación como establece el artículo 12.
ESTRUCTURA Y AMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Según el artículo 9 de la Ley General de la Seguridad Social, el sistema de la Seguridad Social está integrado por los siguientes regímenes: a) el Régimen General que se regula en el Título II y b) los Regímenes Especiales a los que se refiere el artículo 10. Este último preceptos señala que se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y de lugar o por índole de los procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.
1. Por lo que se refiere al Régimen General, están obligatoriamente incluidos en él, los trabajadores por cuenta ajena o asimilados comprendidos en el artículo 7.1,a) de la Ley General de la Seguridad Social, es decir, los trabajadores por cuenta ajena en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de temporada o fijos, aún de trabajo discontinuo, e incluidos los trabajadores a domicilio.
El artículo 98 dice que no se incluyen en el régimen general los trabajadores que presten servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad, así como los incluidos en alguno de los Regímenes especiales de la Seguridad Social.
Dentro del Régimen General es preciso referirnos a los requisitos de la afiliación, el de alta y baja, así como la cotización y la recaudación.
La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria y única para la vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a la afiliación. La afiliación es, pues, el acto formal de inclusión del sujeto protegido en el campo de aplicación de la Seguridad Social. Es una obligación del empresario afiliar a los trabajadores que estén a su servicio. En caso de incumplimiento de esta obligación por el empresario, serán los propios trabajadores quienes soliciten su afiliación; a falta de dicha solicitud, puede efectuarse la afiliación de oficio por las Tesorerías Territoriales como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
En cuanto al Alta y a la Baja, los empresarios están obligados a comunicar a la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social las altas, bajas y demás variaciones de los trabajadores que ingresen o cesen en su servicio. En caso de incumplimiento de esta obligación por parte del empresario, se realizará el alta o la baja por el propio trabajador o incluso de oficio, según lo expuesto antes para la afiliación.
En definitiva, los actos de afiliación, alta y baja en la Seguridad Social, se consideran como resoluciones de reconocimiento o denegación de derechos adoptadas por las Tesorerías Territoriales de la Seguridad Social y que pueden recurrirse ante el Juzgado de lo Social.
En relación con la cotización de la Seguridad Social, apuntar que ésta se financia con aportaciones satisfechas por los sujetos de la relación laboral. La normativa reguladora de esta materia es el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2064/1995, de 22 de Diciembre, que aprueba el Reglamento sobre cotización y liquidación de otros derechos del sistema de la Seguridad Social, modificados ambos por el Real Decreto 1426/1997, de 15 de Septiembre, y por el real decreto 2032/1998, de 25 de Septiembre, el primero, y por el Real Decreto 1890/1999, de 10 de Diciembre, el segundo.
Hay que distinguir los sujetos obligados a cotizar y los sujetos responsables.
a) Están obligados a cotizar al Régimen General de la Seguridad Social, los trabajadores incluidos en su campo de aplicación y los empresarios por cuya cuenta trabajen los primeros. Una precisión importante es que en el régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la cotización corre a cargo exclusivamente de los empresarios.
b) Son sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar, los empresarios, los cuales deben ingresar sus propias aportaciones y las de sus trabajadores retenidas en sus nóminas.
La obligación de cotizar nace desde el comienzo de la prestación laboral, incluido el período de prueba; permanece mientras dura la actividad laboral, incluso en situaciones de incapacidad temporal, y se extingue cuando se comunica la baja del trabajador en el plazo de cinco días desde su cese.
El plazo para efectuar la cotización será dentro del mes siguiente al del devengo, por mensualidades vencidas y en un solo acto. La obligación de pago prescribe a los cinco años a partir de la fecha en que debieran ser ingresadas las cuotas.
Respecto de la recaudación, se lleva a efecto por la Tesorería General de la Seguridad Social a través de sus órganos de recaudación o colaboradores (entidades financieras, oficinas de Correos, agentes autorizados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y servicios del Ministerio de Economía y Hacienda.
Las cuotas se devengan por mensualidades vencidas y se ingresan dentro del mes natural siguiente al de su devengo. Las cuotas que se ingresen fuera del plazo reglamentario y antes de la expedición del certificado de descubierto, no llevan apremio pero sí recargo de mora. En los supuestos de dificultades transitorias de tesorería por parte de una empresa, es posible el aplazamiento o fraccionamiento del pago, siempre y cuando la empresa esté al corriente de pago. Sin embargo, no cabe el aplazamiento ni el fraccionamiento en los casos de cuotas relativas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y en los casos de aportaciones de los trabajadores. Caben también aplazamientos extraordinarios si concurren circunstancias excepcionales o razones de interés público. En todos los casos de aplazamiento es requisito imprescindible la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Por último, apuntar que la recaudación puede realizarse por la vía voluntaria y por la vía ejecutiva.
2. Regímenes Especiales de la Seguridad Social. Se consideran como tales los regímenes que encuadren a los grupos de trabajadores siguientes:
a) Trabajadores agrícolas, forestales y pecuarios, así como los titulares de pequeñas explotaciones que las cultivan directa y personalmente.
c) Trabajadores de las minas de carbón.
d) Trabajadores por cuenta propia o autónomos.
e) Funcionarios públicos civiles y militares.
f) Empleados de hogar.
g) Estudiantes.
h) Los demás grupos que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Como se expuso anteriormente, el artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social señala que los regímenes especiales se establecerán en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.
El citado artículo señala también en su apartado 5º que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, puede disponer la integración en el régimen general de cualquier régimen especial, a excepción de los que han de regirse por leyes específicas, que son el agrario, el del mar y el de los funcionarios.
LA ACCION PROTECTORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Es la forma, el modo, el método de organización de los mecanismos específicos de cobertura y de definición o determinación de las necesidades sociales protegidas. La acción protectora se ha formado a través de la evolución del concepto del riesgo social, concepto éste que ha venido delimitado siempre por los principios de individualidad, personalidad y economicista. Pues bien, ante un estado de necesidad originado por un riesgo, opera la acción protectora con medidas técnicas y económicas, a fin de eliminar dicho estado de necesidad, que puede consistir en un aumento de gastos, en una pérdida de ingresos, o en ambas cosas a la vez.
Las contingencias protegidas por el sistema de la Seguridad Social son las siguientes:
a) Relativas a la salud. El riesgo de su pérdida origina medidas de medicina preventiva y de seguridad e higiene en el trabajo. Su pérdida efectiva, da lugar a prestaciones de asistencia sanitaria y de recuperación, así como a prestaciones económicas, que dependerán del alcance y duración de la falta de salud, así como de la causa que la motivó.
b) Relativas a la edad. A partir de determinada edad, dentro del marco de la vejez, se puede acceder a prestaciones económicas de jubilación, y ser beneficiario de medidas de asistencia social: centros, residencias, hogares de la tercera edad, ayuda domiciliaria, etc.
c) Relativas a la situación laboral. La pérdida total o parcial del puesto de trabajo puede ser paliada con prestaciones y subsidios de desempleo.
d) Relativas a la situación familiar. Tener a cargo hijos menores o disminuidos psíquicos, da lugar a prestaciones y aportaciones económicas.
e) Relativas a situaciones de penuria económica. La carencia de medios y recursos indispensables para hacer frente a situaciones o estados de necesidad, puede dar lugar tanto a la asistencia sanitaria como a la concesión de auxilios económicos.
Se entiende por tales las medidas técnicas y económicas que pone en funcionamiento el sistema de la Seguridad Social para prever, reparar, ayudar y superar los estados de necesidad derivados de la actualización de ciertas contingencias.
Las prestaciones pueden ser:
- a nivel básico; a su vez se diferencian en económicas (suplen rentas o compensan gastos) y técnicas (con alcance recuperador o reparador). Ambas, tanto las económicas como las técnicas pueden ser contributivas y no contributivas.
- complementarias; aquí se incluyen los servicios sociales y la asistencia social.
Otra clasificación de las prestaciones es la que tiene en cuenta el criterio del riesgo que la ha causado. Así distinguimos:
- las prestaciones de asistencia sanitaria.
- las prestaciones por incapacidad temporal.
- las prestaciones por desempleo, tanto a nivel contributivo (puede ser total o parcial), como a nivel asistencial (subsidio general y especial).
- las prestaciones por jubilación. En este punto hay que citar la Ley 47/1998, de 23 de Diciembre, de reconocimiento de la jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social.
- las prestaciones por muerte y supervivencia.
- las prestaciones de protección a la familia.
Toda prestación de la Seguridad Social debe reunir dos notas: suponer una atribución efectiva de carácter patrimonial y ser individual.
LA GESTION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
La competencia en materia de Seguridad Social se atribuye al Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales y al de Sanidad y Consumo. La gestión corresponde a las Entidades de Derecho Público siguientes:
- el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que gestiona las prestaciones económicas
- el Instituto Nacional de la Salud, que gestiona los servicios sanitarios.
- el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, que gestiona servicios complementarios.
- el Instituto Social de la Marina.
Existen, por otro lado, unos servicios comunes de Tesorería y Gerencia informática, a fin de conseguir una mayor eficacia en la gestión.
En algunos casos concretos, la gestión de la Seguridad Social, se atribuye a Organismos Autónomos como el Instituto Nacional de Empleo y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Finalmente, colaborando con las Entidades Gestoras y con los servicios comunes, se encuentran las llamadas Entidades colaboradoras como las Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales y las propias empresas en relación con la asistencia sanitaria de sus trabajadores.
Etiquetas: Doctrina, Jurisprudencia, Laboral

References: artículo 41
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 artículo 7
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 7
 artículo 98
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 artículo 10