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Derecho Administrativo III - Examen - Casos Prácticos 2007 - Universidad Autónoma de Madrid - Docsity
colchonero 27 de junio de 2012
Derecho Administrativo III - Examen - Casos Prácticos 2007 - Universidad Autónoma de Madrid, Exámenes de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Casos Prácticos para el examen de Derecho Administrativo III del año 2007 - Universidad Autónoma de Madrid
Facultad de Derecho Departamento de Derecho Público y Filosofía Jurídica
Caso práctico nº 1: delimitación del derecho de propiedad frente a la expropiación forzosa.
Caso practico nº 2: expropiación forzosa, utilidad pública o interés social.
Caso práctico nº 3: expropiación forzosa, fijación del justiprecio. Caso práctico nº 4: expropiación forzosa, reversión.
Caso práctico nº 5: responsabilidad patrimonial de la Administración Caso práctico nº 6: supuestos de responsabilidad patrimonial.
Caso práctico nº 7: dominio público local
Caso práctico nº 8: aguas
Caso práctico nº 9: costas
1.) STC 37/1987, de 26 de marzo (función social de la propiedad en la delimitación de su contenido; Ley andaluza de reforma agraria )
2.) STC 48/2005, de 3 de marzo (expropiación legislativa para la ampliación de la sede del Parlamento de Canarias)
3. ) STS de 23 de marzo de 2007 (expropiación, utilidad pública, necesidad de ocupación)
4. )STS 22de noviembre de 2004 (expropiación, procedimiento, Jurado Provincial)
5. )STS 15de noviembre de 1994 (responsabilidad patrimonial, determinación de la cuantía indemnizatoria)
6. )STC 28/1997, de 13 de febrero ( responsabilidad del legislador)
7.) STC 227/1988, de 29 de noviembre ( Ley de aguas: FF JJ 7, 9, 11, 12, 14 y 15).
8.) STS 19de diciembre de 2001 (bienes públicos, recuperaciónposesoria de oficio)
9.) STSJ de la Comunidad Valenciana de 23 de mayo de 2004 ( actividades económicas de interés general)
Don Antonio A. A. es propietario de dos fincas en la provincia de Jaén, una situada en el municipio de Cortijos del Rey, dedicada a aprovechamientos cinegéticos, y otra, que no está explotada, en el municipio de Camarosa.
El día 22 de enero de 1999, el Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de
Andalucía, impone a don Antonio la obligación de cultivar “olivo real” (olea europea regia) en su finca de Cortijos del Rey, porque entiende que este cultivo es la explotación agrícola más adecuada para ese terreno. Por consiguiente, don Antonio A. A. tiene que abandonar los usos que hasta entonces venía desarrollando.
El 16 de febrero de 1999, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía,
declara “finca manifiestamente mejorable” la propiedad de don Antonio situada en Camarosa. El 19 de febrero se procede a la expropiación del derecho de uso de la misma, formalizándose el arrendamiento forzoso de la finca, por un plazo de doce años, a favor del Instituto Andaluz de Reforma Agraria. La titularidad de la finca se mantiene en manos de don Antonio.
El fundamento de ambas resoluciones se encuentra en la Ley 8/1984, de 3 de
julio, de Reforma Agraria, del Parlamento de Andalucía. Don Antonio A. A. recurre la resolución del Consejo de Gobierno y la
resolución del Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía por entender que ambas son contrarias al contenido esencial de los derechos constitucionales de propiedad y de libertad de empresa.
Resuelva las cuestiones que plantea el presente caso práctico teniendo en cuenta
el texto de los artículos de la Ley de Reforma Agraria Andaluza que se acompañan:
Ley 8/1984, de 3 de julio, de Reforma Agraria, del Parlamento de Andalucía:
Art. 1: Con la presente Ley, la
Comunidad Autónoma de Andalucía ejerce su poder normativo para la consecución del objetivo básico de la reforma agraria, en los términos del art. 12, apartado 3, número 11 del Estatuto de Autonomía.
Art. 2: La Administración Autónoma podrá para determinar a los efectos de esta Ley el cumplimiento de la función social de la propiedad rústica, cualquiera que sea su naturaleza pública o privada:
Art. 3: El incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad de la tierra, facultará a la Administración Autónoma para acordar la expropiación del dominio o del uso de la finca, imponer planes de mejora forzosa, y determinará la exacción del Impuesto sobre Tierras Infrautilizadas regulado en esta Ley.
Art. 6: Las competencias no expresamente asignadas a otros órganos o departamentos de la Administración Autónoma en materia de reforma agraria, corresponderán al Consejero de Agricultura y Pesca.
Art. 15: Para el cumplimiento de la función social de la propiedad y el adecuado ejercicio de la explotación agraria, la creación de una infraestructura adecuada a tal finalidad y la solución de
graves problemas sociales la Administración Autónoma andaluza podrá acordar:
1. La expropiación del dominio o del uso de acuerdo con esta Ley y en los supuestos regulados en la legislación general del Estado en la materia.
6. La asignación de las tierras públicas a particulares, según los criterios sociales que deben presidir la redistribución de la tierra.
7. La adquisición por compraventa de tierras, cuando sean convenientes a los fines de esta Ley.
Art. 20: 1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, podrá acordar la expropiación del dominio o del uso de una finca como sanción al incumplimiento de la función social de la propiedad de la tierra, de acuerdo con lo establecido en los siguientes números.
a) La declaración de finca manifiestamente mejorable, se hará por el Consejo de
Gobierno a propuesta del Consejero de Agricultura y Pesca, e implicará el reconocimiento del incumplimiento de la función social de la tierra, el interés social de la mejora del inmueble a efectos de la expropiación y la necesidad de ocupación del mismo, por el procedimiento de urgencia, con arreglo a la legislación general del Estado en la materia.
c) La expropiación consistirá en la privación singular del derecho de uso o disfrute mediante el arrendamiento forzoso o convenio forestal
forzoso con el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) en la finca afectada, de acuerdo con la legislación general del Estado en la materia. El arrendamiento forzoso tendrá una duración de doce años durante los cuales el IARA podrá acogerse a lo dispuesto en el párrafo precedente, sin perjuicio de las limitaciones establecidas para las fincas de reducida dimensión por la legislación general del Estado en la materia.
3. La actuación prevista en el apartado c) del número 2 del presente artículo, podrá acordarse para fincas singulares en Comarcas de Reforma Agraria.
La Generalidad de Cataluña convocó concurso público para la instalación y
construcción de Centros Recreativos Turísticos al amparo de la Ley 2/1989 del Parlamento de Cataluña.
Por Decreto del Gobierno de la Generalidad se adjudicó a la empresa «Anbusch
Companies, Inc.» la implantación de un parque temático de atracciones en el Municipio de Vila-seca. Y se declaró el interés social de la expropiación de los terrenos en los que se ubicaría el parque, con arreglo al proyecto presentado por la empresa Anbusch. Dicho proyecto suponía una inversión total de 270 millones de euros. El parque temático tendría una extensión de 1000 hectáreas, contaría con 39 actuaciones mecánicas y 8 locales de espectáculos. Se estimaba que se crearían dos mil quinientos puestos de trabajo, de los cuales 230 serían contratados indefinidos y el resto personal con contrato temporal. Además, se preveía que, en temporada alta, la afluencia de público rondara las 3.000 personas por día.
Doña Carmen C., propietaria de unos terrenos sobre los que se iba a construir el
parque, recurrió el Decreto de la Generalidad. Entiende que la Comunidad Autónoma de Cataluña no es competente para regular supuestos expropiatorios. Además, el Decreto vulnera su derecho de propiedad privada porque no tiene como base una obra o un servicio público. Los únicos beneficios que producirá el parque temático serán de tipo privado. Por otro lado, la construcción de un parque temático como el proyectado no significa una mejora turística en Vilaseca, municipio en el que la ocupación turística ha adquirido unas cifras muy importantes.
Resuelva los problemas jurídicos que se plantean en el siguiente caso práctico,
teniendo en cuenta el texto de la Ley 2/1989 del Parlamento de Cataluña, de 16 de febrero, que regula los Centros Recreativos Turísticos.
Ley 2/1989, de 16 de febrero, del Parlamento de Cataluña, que regula los Centros Recreativos Turísticos. El extraordinario incremento del turismo en Cataluña en los últimos años exige un esfuerzo por introducir nuevos elementos en la oferta que cualifiquen y mantengan esta demanda exigente de mejora y calidad. La política turística se ha de orientar a reestructurar la oferta actual, hacerla más atractiva y, al mismo tiempo, conseguir una mayor incidencia recualificadora sobre todo el conjunto. Con esta finalidad será necesario dar un apoyo especial a las nuevas modalidades que ofrece el mercado del ocio y del esparcimiento, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países, impulsar y racionalizar, en el ámbito de Cataluña, las grandes inversiones que por sus programas e innovación puedan tener efectos sociales beneficiosos y contribuyan a acreditar la imagen turística del país. Bajo estas premisas será necesario tener en cuenta aquellas inversiones que puedan considerarse de interés turístico y social por razón del incremento del nivel ocupacional de la oferta turística existente, la creación de puestos de trabajo, la potenciación internacional del sector y la mejora de su calidad para la prolongación de la temporada al incorporar, como un elemento atractivo actividades recreativas y deportivas que no dependen exclusivamente del período hábil de turismo originado por los usos de playa. Resumiendo, se trata de facilitar la creación de nuevas ofertas que son fundamentales para articular una política integral del tiempo de ocio en Cataluña. La instalación de unos centros turísticos recreativos de moderna concepción y tecnología es uno de los medios para conseguir aquellos objetivos prioritarios.[...] Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto ordenar la creación de los «Centros Recreativos Turísticos» que podrán instalarse en las zonas previstas en ésta, determinar las condiciones mínimas en cuanto a instalaciones, inversiones y servicios que deberán reunir los Centros citados y regular los beneficios de que puedan disfrutar. Artículo 2. Los Centros Recreativos Turísticos se configuran como área de gran extensión en las cuales se ubican, de forma integrada, las actividades propias de los parques temáticos de atracciones de carácter recreativo, cultural y de recreo y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros y residenciales, con sus servicios correspondientes, y deberán reunir los requisitos y características siguientes: a) Una inversión mínima inicial de 30.000 millones de pesetas, de la que al menos 15.000 millones han de corresponder al parque temático de atracciones. b) Una superficie mínima de quinientas hectáreas, de la que al menos ciento cincuenta hectáreas se asignarán al parque temático de atracciones y a sus estacionamientos y servicios complementarios. c) Un mínimo de veinte atracciones mecánicas y cinco locales para espectáculos, en el ámbito del parque temático de atracciones. d) La creación de un mínimo de mil quinientos puestos de trabajo en las actividades económicas ubicadas dentro del Centro, de las cuales ciento cincuenta, como mínimo, deberán ser fijos. e) La zona para usos hoteleros, residenciales y sus servicios no excederá del 30% de la superficie del Centro ni la densidad de viviendas residenciales referida a la superficie total del citado Centro será superior a tres viviendas por hectárea. f) La edificabilidad máxima para usos residenciales no sobrepasará el 0,06 m²/m² de la superficie total del Centro.
g) El área deportiva y de espacios libres no será inferior, en su conjunto, al 30% del total del ámbito del Centro. Artículo 3. 1. El Gobierno de la Generalidad convocará un concurso público para presentar solicitudes para la instalación y construcción de Centros Recreativos Turísticos. 2. Las solicitudes deberán presentarse en el Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, acompañadas de la documentación siguiente: a) Memoria justificativa del proyecto, análisis económico-financiero y resumen de sus características técnicas. b) Plano, con informe descriptivo de la ubicación y el perímetro propuestos para el emplazamiento del Centro, dada la división del territorio en zonas que prevé el artículo 12 de esta Ley. c) Programa de actuación y anteproyecto técnico, compuesto por los planos y su presupuesto. d) Actuaciones similares realizadas por la empresa solicitante en otros lugares y su capacidad empresarial y financiera. e) Relación de las obras públicas, la ejecución de las cuales se considera necesaria para la viabilidad del proyecto. f) Descripción de los beneficios solicitados. g) Un estudio del impacto sobre el medio ambiente. Artículo 4. 1. El Gobierno de la Generalidad, previo informe de los Departamentos de Comercio, Consumo y Turismo, y de Política Territorial y Obras Públicas, y previa audiencia del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados por el proyecto de emplazamiento del Centro, resolverá, en su caso, por Decreto, las solicitudes presentadas, acordará la delimitación y aprobación del proyecto de un Centro Recreativo Turístico y declarará su interés turístico y social, estableciendo las garantías y medidas de control oportunas. 2. La resolución se dictará valorando conjuntamente los siguientes criterios: a) La idoneidad de la ubicación, de acuerdo con las finalidades de esta Ley. b) La calidad del Centro Recreativo y Turístico que se propone y la de sus instalaciones. c) La importancia de la inversión real. d) Los puestos de trabajo fijos y totales previstos en el Proyecto. e) La repercusión social de la instalación. f) La aportación de nuevas tecnologías. g) La mejora y conservación del paisaje que se contemple en el proyecto. h) Las mejores que represente para la oferta turística en Catalunya. i) La experiencia, solvencia y garantías de la sociedad promotora. j) La protección del equilibrio ecológico y del medio ambiente. 3. En cualquier caso, el Gobierno de la generalidad podrá declarar desierta la convocatoria. 4. Los derechos que se deriven tanto de la participación en la convocatoria como, si procede, del Decreto de aprobación y autorización de un Centro Recreativo Turístico no serán transmisibles antes de que se cumplan las finalidades a que, para cada ámbito, se refiere el artículo 6, apartado a), de esta Ley, excepto autorización expresa del Gobierno de la Generalidad.
Artículo 5. 1. Podrán presentar solicitudes las empresas que reúnan las condiciones establecidas en el acuerdo de la convocatoria, el cual deberá establecer el capital mínimo u otros requisitos de solvencia de las empresas que concurran y otras garantías pertinentes. 2. Si se formulara una oferta conjunta por varias empresas, la responsabilidad antes la Administración deberá ser solidaria, fueran cuales fueran las relaciones entre las empresas citadas y entre éstas y la Administración. Artículo 6. Los beneficios que se podrá otorgar al titular o titulares de la adjudicación del concurso para la instalación del Centro Recreativo Turístico serán los siguientes: a) Expropiación forzosa de bienes y derechos sobre los terrenos comprendidos dentro del perímetro del futuro Centro Recreativo Turístico e imposición de servidumbres de paso para vías de acceso, líneas de transportes de energía y canalizaciones de líquidos y gases. A tales efectos, los solicitantes tendrán el carácter de beneficiarios de la expropiación por causa de interés social, de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y su Reglamento del 26 de abril de 1957, llevando implícita la aprobación del proyecto la declaración de interés social de la expropiación, que se tramitará por el procedimiento de urgencia previsto en el artículo 52 de la Ley citada. La finalidad de la expropiación se entenderá cumplida, en los ámbitos hotelero, residencial y comercial, cuando se haya realizado íntegramente la urbanización del suelo de la fase o sector que corresponda y efectuado las cesiones previstas por esta Ley al Ayuntamiento y, en los otros ámbitos, cuando se hayan efectuado las obras e instalaciones previstas en el proyecto aprobado por el Gobierno de Generalidad. b) Estímulos que sean legalmente procedentes. c) Derecho de uso y disfrute de los bienes de dominio público, de acuerdo con las autorizaciones y concesiones que en cada supuesto sean preceptivas, de conformidad con la normativa vigente sobre el patrimonio de la Generalidad y otras cuando proceda.
Con objeto de modificar el trazado de la carretera estatal N-XXX, obra declarada
de utilidad pública, se estableció, por resolución del Subdelegado del Gobierno de T, la necesidad de ocupación de una finca de 3.310 metros cuadrados perteneciente a don Juan J.
El día 22 de mayo de 2005 don Juan J. dio su conformidad a la oferta de 49.733 euros, a razón de 15 euros por metro cuadrado, que le había manifestado la Dirección General de Carreteras. Dicha conformidad fue prestada en el Ayuntamiento de M, con la presencia del representante de dicha Administración, asistido por un perito.
El 12 de noviembre de 2005, la Dirección General de Carreteras decidió ampliar la expropiación al resto de la finca, 630 metros cuadrados más. La ampliación no es imprescindible para llevar a cabo la modificación del trazado de la carretera. Sin embargo, permitiría la construcción de una gasolinera con su correspondiente zona de descanso, en una zona que carece por completo de instalaciones de este tipo.
La decisión de ampliar la expropiación se le notifica al particular el día 21 de noviembre de 2005. Al mismo tiempo, se le pide que presente hoja de aprecio en relación con la totalidad de la finca expropiada.
Don Juan J. dirigió su hoja de aprecio a la Dirección General de Carreteras el día 9 de diciembre. En ella, sin alegar nada en contra de la ampliación de la expropiación, mantiene la valoración de 15 euros el metro cuadrado, que era la que ya se había acordado el día 22 de mayo.
La Dirección General de Carreteras, por su parte, notifica al particular el 17 de diciembre que valora el metro cuadrado de la finca en 13,20 euros. Además, la notificación establece que el valor de los 3.940 metros cuadrados de los que consta la totalidad de la finca expropiada, será establecido por el Jurado Provincial de Expropiación.
La Dirección General de Carreteras, al no haberse llegado a un acuerdo con don Juan J., envió el expediente administrativo al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de T. El jurado valora finalmente el metro cuadrado en 14,12 euros en relación con la totalidad de la finca.
Don Juan J. le pide que emita un informe sobre posibles irregularidades
cometidas en relación con la determinación del justiprecio, con vistas a recurrirlo ante los tribunales.
La Junta de Andalucía expropió en 1988 una finca de doña Elisa P. T., situada
en un pequeño municipio de la provincia de Cádiz, con el objeto de construir un silo destinado al depósito de granos para los vecinos, que había de integrarse en la Red Andaluza de Silos y Graneros.
Sólo una parte de la finca expropiada fue destinada finalmente para la
construcción del silo, que tuvo lugar en 1989. La otra parte de la antigua propiedad de doña Elisa no se destinó en aquel momento a finalidad pública alguna.
La modificación de las circunstancias socioeconómicas del municipio determinó
que el silo dejara de ser necesario para la población; y la Administración autonómica decidió en 2000 demolerlo y destinar la totalidad de los terrenos que habían sido expropiados a doña Elisa a la construcción de un colegio público, construcción a la que se procedió inmediatamente y que se concluyó en 2001. La decisión de cambiar la afectación del inmueble no fue notificada a su antigua propietaria, ni fue objeto de publicidad alguna. El municipio no contaba por entonces con Plan General de Ordenación Urbana.
En 2006 doña Elisa solicitó de la Administración autonómica la reversión de la
totalidad de su antigua finca. La reversión fue denegada por Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía, contra la que se interpuso recurso de alzada. Este recurso administrativo fue desestimado por Resolución notificada a doña Elisa el 25 de octubre de 2006.
La representación procesal de doña Elisa interpuso recurso contencioso-
administrativo el 26 de diciembre de 2006. Buena parte de la argumentación sobre la que descansaba la defensa de la
recurrente se basaba en que, dado que la expropiación de la finca había tenido lugar en 1988, no era aplicable al derecho de reversión en este caso la nueva regulación establecida por la redacción que dio a los arts. 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, sino la regulación originaria de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, conforme a la cual habría que estimar la solicitud de reversión formulada por doña Elisa.
La Letrada de la Comunidad Autónoma, por su parte, sostiene en sus escritos, en
síntesis, que por el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar la expropiación, ya no cabe pedir la reversión de los terrenos.
Resuelva las cuestiones jurídicas que plantea el presente caso práctico.
Comente Vd los distintos supuestos que figuran a continuación.
1.- En el transcurso de un partido de fútbol perteneciente a una competición oficial que se celebra en un campo municipal uno de los participantes se lesiona por causa del mal estado del terreno de juego. El afectado solicita dos años después indemnización en virtud de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.
2.- Como consecuencia de una persecución policial se produce un tiroteo que causa daños en los coches aparcados en la zona. Los afectados solicitan indemnización a la Administración que desestima dicha solicitud alegando que fue necesario realizar dichos disparos para cumplir adecuadamente las funciones atribuidas a los policías.
3.- Una explosión causada por un atentado terrorista determina importantes
daños en los edificios próximos y lesiones a algunos viandantes. Los afectados reclaman responsabilidad a la Administración por culpa in vigilando, en concurrencia con los causantes materiales de los daños citados.
4.- Como consecuencia de un altercado en una prisión fallece un recluso. Los
familiares de la víctima reclaman indemnización a la Administración por haberse producido el suceso en un establecimiento público.
5.- Un Ayuntamiento organiza para celebrar sus fiestas patronales un encierro
taurino. Unos espectadores del mismo desplazan las vallas de seguridad instaladas por el Ayuntamiento para poder ver mejor la salida del encierro. Cuando salen las vaquillas se produce en la mencionada zona un accidente que causa varios heridos, los cuales deciden reclamar indemnización a la Administración municipal.
6.- En el transcurso de una intervención quirúrgica en un hospital público,
fallece el paciente. Finalizado el proceso penal contra el responsable de la operación sin producirse condena alguna los herederos del fallecido plantean una reclamación indemnizatoria en virtud de responsabilidad ante la Administración, alegando que el hecho de que el médico actuara conforme a la lex artis no impide que prospere dicha reclamación ya que por imperativo constitucional la Administración responde también por funcionamiento normal de los servicios públicos.
7.- Una persona reclama daños como consecuencia de la anulación judicial de
una licencia de obras con posterior demolición de lo edificado conforme a la misma. La Administración opone que la licencia fue otorgada a partir de los datos incorrectos proporcionados con dolo por el propio reclamante. Comente.
8.- Una señora sufre lesiones al golpearse contra la pared de un edificio como
consecuencia de un fuerte golpe de mar cuando pasaba por un muro colateral al muro de contención de un paseo marítimo en un día de fuerte temporal. La policía municipal había cortado el tráfico en esa zona y había advertido a los viandantes que extremaran su precaución si circulaban por la acera opuesta al muro.
9.- Un alumno se ve obligado a repetir COU debido a un error en la
transcripción de una nota como suspenso en el Boletín de notas cuando en la
certificación oficial estaba aprobada por lo que reclama indemnización por los daños causados que identifica en los perjuicios derivados del retraso en relación con su ingreso en la Universidad.
10.- El cierre de la frontera con Gibraltar decretado por el Gobierno supuso para
determinados ciudadanos españoles residentes fuera de esta colonia la imposibilidad de seguir regentando sus negocios. Los afectados solicitan derecho a indemnización por las pérdidas sufridas y por el lucro cesante.
11.- La modificación del trazado de una carretera ante la imposibilidad de
ampliarla de otra forma determina la pérdida de clientela de un negocio de restauración. Su titular reclama indemnización.
12.- Las obras de una calle impiden la salida y entrada de vehículos en el local
de exposición de un concesionario de coches y con ello la continuación de la explotación del local para dicho uso comercial durante el período de su ejecución. El titular del establecimiento reclama indemnización al Ayuntamiento para compensar las pérdidas.
13. – Se producen daños a terceros como consecuencia de la explosión de
sustancias peligrosas negligentemente abandonadas en una obra pública que realiza un contratista para la Administración. Los afectados se preguntan ante quién deberán reclamar la indemnización que cubra los daños causados.
14.- La rotura de la presa de Tous causó importantes daños materiales y
personales a los habitantes de la zona. Los informes periciales concluyeron en que la presa había sido construida siguiendo los cánones técnicos adecuados, pero las compuertas no se abrieron en el momento adecuado. No obstante, se produjo en aquel momento un volumen y concentración de precipitaciones absolutamente excepcional tanto desde el punto de vista geográfico como temporal. Se plantea si los afectados pueden reclamar derecho a indemnización.
La noche del 22 de enero de 2006, Joaquín M. M. fue detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un robo con fuerza. Tras la detención fue entregado a la Policía Local e ingresado en los calabozos del Depósito Municipal de Detenidos del Ayuntamiento de Cangas de Nervión. Durante la madrugada, Joaquín provocó el incendió del colchón de la celda que ocupaba, lo que le produjo una serie de quemaduras que, finalmente, condujeron a su muerte.
Con motivo de este suceso fue incoado el correspondiente proceso penal por el Juzgado de Instrucción de Cangas de Nervión. Dichas actuaciones fueron archivadas definitivamente el 25 de octubre de 2006 al no apreciarse la concurrencia de responsabilidades penales.
El 18 de abril de 2007, los padres de Joaquín presentan en el Ayuntamiento de Cangas de Nervión una reclamación de 240.404,84 € como indemnización por la muerte de su único hijo, alegándose que la falta de vigilancia y control permitió la muerte de aquél al incendiarse el colchón de la celda que ocupaba. En concreto, consideran que se omitió la obligación del registro y retirada de aquellos efectos que pudieron resultar peligrosos, entre los cuales estaba el mechero a gas hallado luego cerca del cadáver.
En consecuencia, consideran los reclamantes que se produjo una evidente incidencia del anormal funcionamiento de un servicio público del que es titular el Ayuntamiento demandado -el Depósito Municipal de Detenidos-, invocando para ello la disposición final quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Esta reclamación fue desestimada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento el día 24 de mayo de 2007 por considerar que en este caso no concurren los requisitos para reconocer la existencia una responsabilidad patrimonial de la Administración. En primer lugar, afirma la inexistencia de nexo causal entre la actuación del personal del Ayuntamiento y la muerte del detenido, ya que ese nexo queda roto por la evidente voluntad suicida del fallecido. Por otra parte, no se descuidaron las obligaciones inherentes a la función de custodia, como la apertura y cierre del calabozo, permitir la visita del padre del detenido (que pudo proporcionarle el mechero que sirvió a Joaquín para provocar el incendio) y llevarle la cena. Por último, alega el Ayuntamiento el carácter extemporáneo de la reclamación de la indemnización.
Frente a esta decisión del Ayuntamiento, los padres del fallecido interpusieron recurso contencioso-administrativo el 24 julio de 2007, reiterando los argumentos esgrimidos en vía administrativa y defendiendo el cumplimiento de los requisitos procesales legalmente exigidos.
En la contestación a la demanda, el Ayuntamiento reitera sus anteriores argumentos y, además, afirma que la Jurisdicción Contencioso-administrativa no es la competente puesto que, en todo caso, a quienes resultan imputables los acontecimientos es a los empleados del Depósito Municipal de Detenidos. En consecuencia, este tipo de reclamaciones, una vez descartada la Jurisdicción Penal, se deben dirigir frente a estos empleados y ante la Jurisdicción Civil.
Mediante acuerdo de 6 de mayo de 2006, el Ayuntamiento de Peñaranda acordó
proceder a iniciar expediente de investigación a los efectos de determinar la titularidad de la finca conocida como “La Pradera”, sita en ese término municipal. Finalizado tal expediente, se llegó a la conclusión de que el inmueble en cuestión era un bien de dominio público pues durante más de treinta años, había venido estando adscrito a usos públicos, en concreto, como recinto ferial y campo de fútbol, lo que vino a ser constatado en el recientemente aprobado planeamiento urbanístico.
Desde 1999, y ante la pasividad administrativa, don Carmelo G.S. había
venido utilizando estos terrenos con un fin ganadero. Concretamente, había construido un pequeño establo donde recogía a su rebaño, además de aprovechar los pastos de la finca.
Con fecha de 25 de octubre de 2006, el Ayuntamiento de Peñaranda
acordó iniciar el correspondiente expediente de deslinde de la finca y proceder, consecuentemente a la recuperación de oficio de los terrenos ocupados por don Carmelo.
Contra este acuerdo fue interpuesto recurso contencioso-administrativo
por el señor Carmelo G.S. Entre sus alegaciones se afirmaba lo siguiente: a) los terrenos de la finca “La Pradera” no son bienes demaniales, pues no ha existido ningún acto formal de afectación al demanio municipal; b) que no cabe hablar de una afectación presunta, en la medida en que los usos públicos a los que se han venido destinando estos terrenos sólo se han producido de forma temporal, pero no constante (fiestas municipales, partidos del equipo de fútbol) y porque, a pesar de la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico, éste todavía no ha sido objeto de ejecución; c) el deslinde realizado incluye los terrenos en los que se construyó el establo cuando éstos ni afectan a las actividades municipales mencionadas y, además, puede decirse que han sido adquiridos por don Carmelo por el transcurso del tiempo; d) subsidiariamente alega que, aún admitiendo que esta finca sea de dominio público, el desarrollo prolongado en el tiempo de su actividad y la ocupación de los terrenos durante más de veinte años le confiere el derecho a usar privativamente estos terrenos y, por tanto, el derecho a que se le otorgue la correspondiente concesión administrativa.
Resuelva todas las cuestiones jurídicas que se plantean en el presente
El Consejo de Ministros, con base en el art. 58 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y oído el Organismo de Cuenca, acordó por Real Decreto, que fueran aplicadas las medidas previstas en el art. 171 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico para atender a la situación de emergencia originada por la sobreexplotación del acuífero X. El mencionado Real Decreto declaró adicionalmente suspendidas temporalmente las extracciones de aguas subterráneas con destino a regadíos dentro del perímetro designado.
Durante el período de vigencia del Real Decreto, don Enrique H.I.
procedió, sin título alguno, a realizar una nueva captación dentro del perímetro establecido. Ante tal acción el Organismo de Cuenca procedió a comunicarle la ilegalidad de su acto y la obligatoriedad de que procediera a concluir con la misma; aparte de ello, la Confederación Hidrográfica procedió a iniciar el correspondiente expediente sancionador. Frente al primero de los actos procedió, don Enrique, a interponer recurso contencioso-administrativo fundado en la ilegalidad del reglamento del que la resolución traía causa.
A este respecto don Enrique basó la ilegalidad del reglamento en dos
argumentos: 1º) la propiedad de las aguas captadas le corresponde a él con base en la Ley de Aguas de 1879; 2º) que a la vista de la nueva ley de aguas su propiedad no podía verse afectada por la normativa relativa a sobreexplotación de acuíferos, puesto que la captación que había llevado a cabo se realizó respecto de aguas subterráneas a las que no se les aplica el régimen jurídico previsto en la Disposición Transitoria 3ª LA, ya que se trata de aguas con un período de renovación tan lento que podría decirse que se trata de aguas fósiles y, por lo tanto, no demaniales.
Subsidiariamente alegó la incompetencia de la Administración hidráulica
estatal para llevar a cabo las acciones realizadas, pues, al tratarse de aguas fósiles la competencia corresponde a la Administración autonómica, en su caso. Además, de considerar como correcta la competencia estatal, afirma que se ha seguido el procedimiento equivocado, pues, al no haberse probado la existencia de una situación de emergencia, el procedimiento a seguir no era el previsto en el art. 58 LA, sino, el establecido en el art. 56 LA. Finalmente, afirmó que de admitir la legalidad del reglamento hubiera sido preciso que la limitación de aprovechamientos hubiera venido acompañada de la correspondiente indemnización.
Resuelva todas las cuestiones jurídicas planteadas en el supuesto de
El 20 de mayo de 2004, por Orden del Ministerio de Medio Ambiente, se otorga a don Jaime M. M. el correspondiente título administrativo que le confiere el aprovechamiento de una parcela de 90 metros cuadrados de terrenos situados en la playa de Las Canteras, en el municipio de Rotero. Este espacio se dedica a una explotación de un quiosco desmontable de servicio de comida y bebida y un merendero. Dicha explotación se otorga por un plazo de seis años.
Tras el fallecimiento de don Jaime M. M., continúa la explotación su hermano, don Adrián M. M.
El 14 de febrero de 2007, el Ministerio, unilateralmente, decide dejar sin efecto el título administrativo otorgado a D. Adrián por considerar que el quiosco en cuestión supone un obstáculo para la utilización de la playa para actividades de mayor interés. Además, implica un menoscabo del uso público ya que, con el transcurso del tiempo, el quiosco ha ocupado un espacio mayor del inicialmente previsto para la instalación de una terraza con mesas y sillas, lo que constituye causa de caducidad del título administrativo.
Frente a esta decisión, don Adrián interpone recurso contencioso-administrativo por considerar que el acuerdo del Ministerio de Medio Ambiente es un rescate. Entiende que tiene derecho a recibir una compensación ya que se ha producido un vencimiento anticipado del título que tenía reconocido por seis años. Además, considera que se ha vulnerado el trámite esencial del dictamen del Consejo de Estado. Por último, la extralimitación en la ocupación de los terrenos inicialmente concedidos había sido consentida por la Administración, al percibir el pago continuado del canon.
Resuélvanse los problemas jurídicos que plantea el presente caso práctico.
No viene la resolución de ningún caso. Decepcionante.
albert-perez
Pues es igual me.parece bien
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 artículo 12
 Artículo 4
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 artículo 6

Artículo 5
 Artículo 6
 artículo 52
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 Real Decreto 
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