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EL ECUADOR HA SIDO, ES Y SERÁ PAÍS AMAZÓNICO ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
A dministración del Sr. Don Clemente Yerovi Indaburu, Presidente Interino de la República.
QUITO, VIERNES 14 DE OCTUBRE DE 1966
Director: Dr. MIGUEL ÁNGEL ARBOLEDA NARANJO
Teléfono No. 2564
T iraje: 4.500 ejemplares.— Valor $ 0.50
Dcto. Pags.
037 Adhesión a la Convención Interna­
cional sobre la Eliminación de To­
das Formas de Discriminación Ra­
cial ……………………………………………. 1240
1286 Procédése a la adquisición de los bienes que pertenecieron al señor
Segundo Peña Romero 1258
1271 Derógase el Decreto No. 35 de 22 de
Agosto de 963 . 1258
1281 Exonérase del pago de impuestos a la celebración de una escritura de
compraventa …………………... 1259
1291 Exonérase de pago de intereses y multas a los contribuyentes que es-
tubieren adeudando al Fisco ….. 1259
1051-B Condecórase al señor Leslie
Wright Vallarino…………………………. 1260
7001 Determínase los sueldos y salarios
mínimos que deben percibir los tra­
bajadores de Equipos Camineros de
Pichincha 1260
CLEMENTE YEROVI INDABURU,
Presidente Interino de la República,
Que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su XX Período Ordinario de Se­siones, aprobó mediante Resolución núme­ro 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, una Convención Internacional sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discriminación Racial;
Que la vigencia de dicha Convención constituirá un valioso aporte al esfuerzo de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas por proteger y respetar los primor­diales derechos de la persona humana;
Que la República del Ecuador, como nor­ma de su política interna e internacional ha condenado siempre toda clase de discri­minación racial.
ARTICULO PRIMERO: Adherir a la Con­vención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra­cial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su XX Período Or­dinario de Sesiones, mediante Resolución número 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965;
ARTICULO SEGUNDO: Proceder al de-­
pósito del correspondiente Instrumento de
Adhesión, en la ciudad de Nueva York, se­
de de la Organización de las Naciones Uni-­
das, ante el Secretario General de la citada
Organización Mundial;
ARTICULO TERCERO: Encárguese de la ejecución del presente Decreto el señor Ministro de Relaciones Exteriores.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 15 días del mes dé septiembre de mil novecientos sesenta y seis.
f.) Clemente Yerovi Indaburu,
Presidente Interino de la República del Ecuador.
f.) Jorge Salvador Lara,
Ministro da Relaciones Exteriores.
Es Copia Auténtica, El Subsecretario General de Relaciones Ex­teriores,
f.) José Humazo González.
Núm. 40 — REGISTRO OFICIAL — OCTUBRE 4 — 1966
Presidente Interino de la República.
Por cuanto la Asamblea General de la Organización e las Naciones Unidas, en su XX Período Ordinario de Sesiones, apro­bó, mediante Resolución número 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, una Con­vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
Por cuanto la vigencia de dicha Conven­ción constituirá un valioso aporte al esfuer­zo de todos los Estados miembros de las Na­ciones Unidas por proteger y respetar los primordiales derechos de la persona huma­na;
- Por cuanto la República dial Ecuador co­mo norma de su política interna e interna­cional ha condenado siempre toda clase de discriminación racial;
Par cuanto el Gobierno Nacional resolvió la adhesión de la República del Ecuador a la citada Convención mediante Decreto nú­mero 1037, de 15 de septiembre de 1966.
Declara la adhesión de la República del Ecuador a la Convención Internacional so­bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en , su XX Período Ordinario. de Sesiones, mediante Resolución numero 1206 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.
Faculta al señor Ministro de RR.EE. del Ecuador doctor Jorge Salvador Lara para que efectúe el depósito de este Instrumen­to de Adhesión, en la Secretaría de las Na­ciones Unidas, en Nueva York, y para que suscriba el Acta respectiva.
Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 15 días del mes de septiembre de 1966.
Es Copia Auténtica,
El Subsecretario General de Relaciones Ex­teriores,
f.) José Rumazo González,
Considerando que la Carta de las Nacio­nes Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad inherentes a todos los seres humanos y que todas los Esta-
dos Miembros se han comprometido a to­mar medidas conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización, para realizar uno de los propósitos de las Nacio­nes Unidas, que es el de promover y estimu­lar el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y da las libertadas funda­mentales de todos, sin distinción por moti­vos de raza, sexo, idioma o religión,
Considerando que la Declaración Univer­sal de Derechos Humanos proclama que to­dos los seres humanos nacen libres e igua­les en dignidad y derechos, que toda perso­ga tierna todos los derechos y libertades enunciados en la misma, sin distinción al­guna, en particular por motivos de raza, co­lor u origen nacional,
Considerando que todos los hombres son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de la ley contra toda discrimi­nación y contra toda incitación a la discri­minación,
Considerando que las Naciones Unidas han condenado colonialismo y todas las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañan, cualquiera que sea su forma y dondequiera que existan, y que la Declaración sobre la concesión de la inde­pendencia a los países y pueblos coloniales, de 4 de diciembre de 1960 resolución 1541 (XV) de la Asamblea General), ha afirma­do y solemnemente proclamado la necesidad de ponerles fin rápida e incondicional-mente,
Considerando que la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de to­das las formas de discriminación racial, de 20 de noviembre de 1963 resolución 1904 (XVIII) de la Asamblea General, afirma solemnemente la necesidad de eliminar rá­pidamente en todas las partes del mundo la discriminación racial en todas sus for­mas y manifestaciones y de asegurar la comprensión y el respeto de la dignidad de la persona humana,
Convencidos de que toda doctrina de su­perioridad basada en la diferenciación ra­cial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligro­sa, y de que nada en la teoría o en la prác­tica permite justificar en ninguna parte la discriminación racial,
Reafirmado que la discriminación entre seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico constituye, un obstáculo a las relaciones amistosas y pacíficas entre las naciones y puede perturbar la paz y la se­guridad entre les pueblos, así como la con­vivencia de las personas aun dentro del mismo estado,
Convencidos de que la existencia de ba­rreras raciales es incompatible con los idea­les de toda sociedad humana,
Alarmados por las manifestaciones de discriminación racial que todavía existen en algunas partes del mundo y por las po­líticas gubernamentales basadas en la superioridad o el odio racial, tales como las de apartheid, segregación o separación,
Resueltos a adoptar todas las j medidas necesarias para eliminar rápidamente la discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de promover el entendimiento entre las razas y edificar una comunidad internacional li­bre de todas las formas de segregación y discriminación raciales,
Teniendo presentes el Convenio relativo a la discriminación en materia de Empleo y ocupación aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en 1958 y la Con­vención relativa a la lucha contra las dis­criminaciones en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Organización de las Nacio­nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1960,
Deseando poner en práctica los princi­pios consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de to­das las formas de discriminación racial y con tal objeto asegurar que se adopten lo antes posible medidas practicas,
1. En la presente Convención la expre­
sión “discriminación racial” denotará toda
distinción, exclusión, restricción o prefe­
rencia basada en motivos de raza, color, li­
naje u origen nacional o étnico, que tenga
por objeto o por resultado anular o menos­
cabar el reconocimiento, goce o ejercicio en
condiciones de igualdad, de los derechos
humanos y libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pú-
2. Esta Convención, no se aplicará a las
distinciones, exclusiones, restricciones o
preferencias que haga un Estado parte en
la presente Convención entre ciudadanos y
3. Ninguna de las cláusulas de la pre­
senta Convención podrá interpretarse en
un sentido que afecte en modo alguno las
disposiciones legales de los Estados partes
sobre nacionalidad, ciudadanía o naturali­
zación, siempre que tales disposiciones no
establezcan discriminación contra ninguna
nacionalidad en particular.
Las medidas especiales adoptadas con
el fin exclusivo de asegurar el adecuado
progreso de ciertos grupos raciales o étni­
cos o de ciertas personas que requieran la
protección que pueda ser necesaria con ob­jeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los dere­chos humanos y de las libertades funda­mentales no se considerarán como medidas día discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al mante-nimiento de derechas distintos para los di­ferentes gropas raciales y que no se man­tengan en vigor después de alcanzados los objetivos para los cuale se tomaran.
1. Los Estados partes condenan la dis­
criminación racial y se comprometen a se­
guir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eli­
minar la discriminación racial en todas sus
formas y a promover el entendimiento en­
tre todas las razas y, con tal objeto:
a) Cada Estado parte se compromete a
no incurrir en ningún acto o práctica de
discriminación racial contra personas, gru­
pos de personas o instituciones y a velar
porque todas las autoridades públicas e ins­
tituciones públicas, nacionales y locales,
actúen en conformidad con esta Obligación;
b) Cada Estado parte se compromete a
no fomentar, defender o apoyar la discri­
minación racial practicada por cualesquie­
ra personas u organizaciones;
c) Cada Estado parte tomará medidas
efectivas para revisar las políticas guberna­
mentales nacionales y locales, y para en­
mendar, derogar o anular las leyes y las dis-
posicicnes reglamentarias que tengan como
consecuencia crear la discriminación racial
o perpetuarla donde ya exista;
d) Cada Estado parte prohibirá y hará
cesar, por .todos los medios apropiados, in­
cluso, si lo exigieren las circunstancias, me­
didas legislativas, la discriminación racial
practicada por personas, grupos u organi­
zaciones;
e) Cada Estado parte se compromete a
estimular, cuando fuere el caso, organiza­
ciones y movimientos multirraciales inte-
gracionistas y otros medios encaminados a
eliminar las barreras entre las razas, y a
desalentar todo lo que, tienda a fortalecer
la división racial ,
2. Los Estados partes tomarán, cuando
las circunstancias lo aconsejen, medidas
especiales y concretas, en las esferas social,
económica, cultural y en otras esferas, pa­
ra asegurar el adecuado desenvolvimiento
y protección de ciertos grupos raciales o de
personas pertenecientes a estos grupos, con
el fin de garantizar en condiciones de
igualdad el pleno disfrute por dichas per­
sonas de los derechos humanos y de las li­
bertades fundamentales. Esas medidas en
ningún caso podrán tener como consecuen-
Núm. 40 — REGISTRO OFICIAL
OCTUBRE 4 — 1966
cía el mantenimiento de derechos desigua­les o separados para los diversos grupos ra­ciales después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron.
Los Estados partes condenan especial­mente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdic­ción todas las prácticas en esta naturaleza.
Los Estados partes condenan toda la pro­paganda y todas las organizaciones que se inspiren sin ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promo­ver el odio racial y la discriminación ra­cial, cualquiera que sea su forma, y se com­prometen a tomar medidas inmediatas y positivas destinadas a eliminar toda inci­tación a tal discriminación o actos de tal discriminación y, con ese fin, teniendo de­bidamente en cuenta los principios incor­porados en la Declaración Universal de De­rechos, Humanos, así como los derechos ex­presamente anunciados en el artículo 5 de la presente Convención, tomarán, entre otras, las siguientes medidas:
a) Declaración como acto punible con­
forme ala ley toda difusión de ideas basa­
das en la superioridad o en el odio racial,
toda incitación a la discriminación racial
así como todo acto de violencias toda inci-
taición a cometer tal efecto, contra cual­
quier raza o grupo de personas de otro co­
lor u origen étnico, y toda asistencia a las
actividades racistas, incluida su financia­
b) Declararán ilegales y prohibirán las organizaciones, así como las actividades or­ganizadas de propaganda y toda otra acti­vidad de propaganda, que promuevan la discriminación racial e inciten a ella, y re­conocerán que la participación en tales organizaciones o en tales actividades cons­tituye un delito penado por la ley;
En conformidad con las obligaciones fun­damentales estipuladas en el artículo 2 dé­la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a
la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, par­ticular en el goce de los derechos siguientes:
a) El derecho a la igualdad de trata­
miento en los tribunal es y todos los demás
órganos que administran justicia;
b) El derecho a la seguridad personal
y a la protección del Estado contra todo
acto de violencia o atentado contra la inte­
gridad personal cometido por funcionarios
públicos o por cualquier individuo, grupo
o institución;
c) Los derechos políticos, en particular
el de tomar parte en elecciones, elegir y
ser elegido, por medio del sufragio univer­
sal e igual, el de participar en el Gobierno
y en la dirección de los asuntes públicos
en cualquier nivel, y el de acceso, en con
dicioneis de igualdad, a las funciones pú­
i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país; iii) El derecho, a una nacionalidad; iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; v) El derecho a ser propietario, indivi­dualmente y en asociación con otros; vi) El derecho a heredar; vii) El defecto a la libertad de pensa­miento, de conciencia y de religión; viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión; ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica;
i) El derecho al trabajo, a la libre elec­ción de trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección centra el desempleo, a igual salario por trabajo igual a una remuneración equita­tiva y satisfactoria;
iv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad .social y los servicios Reciales;
v) El derecho a la educación y la for­mación profesional;
vi) El derecho a participar, en condi­
ciones de igualdad, en las actividades cul­
turales;
f) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios destinados al uso público, tales como dos medios de transporte, hote­les, restaurantes, cafés, espectáculos y parques.
REGISTRO OFICIAL — OCTUBRE 4 — 1966
Los Estados partas asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su juris­dicción, protección y recursos efectivos, an­te lo tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanas y libertades fundamen­tales, así como: el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño de que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.
Las Estados partes se comprometen a to­mar medidas inmediatas y eficaces, espe­cialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduz­can a la discriminación racial y para pro­mover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Decla­ración Universal de Derechos Humanas, de la Declaración, de las Naciones Unidas so­bre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Convención.
1. Se constituirá un Comité para la E-
liminacion de la Discriminación Racial
(denominado en adelante el Comité) com­
puesto da dieciocho expertos de: gran pres­
tigio moral y reconocida imparcialidad, ele­
gidos por los Estados partes entre sus na­
cionales, los cuales ejercerán sus funciones
a título personal; en la constitución del
Comité se tendrá ten cuenta una distribu­
ción geográfica equitativa y la represen­
tación de las diferentes formas de civili­
zación, así como de los principales sistemas
2. Los miembros del Comité serán ele­
gidos en votación secreta de una lista de
personas designadas por lo Estados partes.
Cada uno de los Estados partes podrá de
signar una persona entre sus propios na­
3. La elección inicial se celebrará seis
mises después de la fecha de entrada en
vigor de la presente Convención. Al menos
tres meses antes de la fecha de cada elec­
ción, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados partes invitándoles a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas; las personas de­signadas de este modo, indicando los Es­tados partes que las han designado, y la comunicará a los Estados partes.
4.- Los miembros del Comité serán ele­
gidos en una reunión de los Estados partes
que será convocada por el Secretario Gene­
ral y se celebrará en la Sede de las Nacio­
nes Unidas. En esta reunión, para lo cual
temarán quorum dos tercios de los Esta­
dos partes, se considerarán elegidos para
el Comité los candidatos que obtengan el
mayor número de votos la mayoría abs-
soluta de los votos de los representantes de
los Estados partes presentes y votantes.
5.- a) Los miembros del Comité serán
elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de nueve de los miembros elegi­
dos en la primera elección expirará al cabo
de dos años; inmediatamente después de la
primera elección el presidente del Comité
designará por sorteo los nombres de esos
nueve miembros.
b) Para cubrir las vacantes imprevis­tas, el Estado- parta cuyo Experto haya ce­sado en sus funciones como miembro del Comité, designará, entre sus nacionales a otro experto, a reserva de la aprobación del Comité.
c) Los Estados partes sufragarán los
gastos de los miembros del Comité mien
tras éstos desempeñen sus funciones.
1. Los Estados partes se comprometen
a presentar al Secretario General de las
Naciones Unidas, para su examen por el
Comité, un informe sobre las medidas le­
gislativas, judiciales, administrativas o de
otra índole que hayan adoptada y que sir­
van para hacer efectivas las disposiciones
de la presente Convención: a) dentro del
plazo de un año a partir de la entrada en
vigor de la Convención para al Estado de
que se trate; y b) en lo sucesivo, cada dos
años y cuando el Comité lo solicite.
El Comité puede solicitar más informa­ción a los Estados, partes.
2. Comité informará cada año, por
conducto del Secretario General, a la A-
samblea General de las Naciones Unidas
sobre sus actividades y podrá hacer suge­
rencias y recomendaciones de carácter ge­
neral basadas en el examen de los informes
y de los datos transmitidos por dos Estados
partes. Estas sugerencias y recamendacío-
nes de carácter general se comunicarán a
la Asamblea General, junto con las obser­
vaciones de los Estados partes, si las hu­
El Comité aprobará su propio regla­
El Comité elegirá su Mesa por un pe­
riodo de dos años.
El Secretario General de las Nacio­
nes Unidas facilitará al Comité los servi­
cios de Secretaria.
Las reuniones del Comité se celebra­
ran normalmente en la Sede de las Nacio­
Si un Estado parte considera que otro
Estado parte: no cumple las dispocisiones de la presente Convención, podrá señalar
el asunto a la atención del Comité. El Co­
mité transmitirá la comunicación corres-
pondiente al Estado parte interesada den-
tro de los tres meses, el Estado que recibe
la comunicación presentará al Comité ex­
plicaciones o declaraciones por escrito para
aclarar la cuestión y exponer qué medida
correctiva hubiere, en su caso, adoptado.
Si el asunto no se resuelve a satisfac­
ción de ambas partas, mediante negociacio­
nes bilaterales o algún otro procedimiento
adecuado, en un plazo de seis meses a par­
tir del momento en que el Estado destina­
tario deciba la comunicación inicial, cual­
quiera de los Estados tendrá derecho a so-
meter nuevamente el asunto al Comité me­
diante notificación al Comité y al otro Es­
El Comité conocerá de un asunto
que se le someta, de acuerdo con el párra­
fo 2 del presente artículo, cuando se haya
cerciorado de que se han interpuesto y ago­
tado todos los recursos de jurisdicción in-
terna, de conformidad, con tos principios
del derecho internacional generalmente ad­
mitidos. No se aplicará esta regla cuando
la substanciación de los mencionados re­
cursos se prolongue injustificadamente.
4 En todo asunto que se someta, el Co­mité podrá pedir a los Estados partes in­teresados que faciliten cualquier otra in­formación pertinente.
5. Cuando el Comité entienda en cual­
quier asunto derivado del presente artículo,
los Estados partes interesados podrán en­
viar un representante que participará sin
derecho a voto en los trabajos del Comité
mientras se examine el asunto.
a) Una vez que el Comité haya ob­tenido y estudiado toda la información que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación (de­nominada en adelante la Comisión), inte­grada por cinco personas que podrán o no
Ser miembros del Comité. Los miembros de; la Comisión serán designados con el consentimiento pleno y unánime de las partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados inte­resados a fin de llagar a una solución amis­tosa del asunto, basada in el respeto a la presente Convención.
b) Si, transcurridos tres meses, los Es­
tados partes en la controversia no llegan
a un acuerdo, sobre la totalidad o parte de
los miembros de la Comisión, los miembros
sobre los que no haya habido acuerdo en­
tre los Estados partes en la controversia
serán elegidos por el Comité, de entre sus
propios miembros por voto secreto y por
Los miembros de la Comisión ejerce-
rán sus funciones a título personal. No de­
berán ser nacionales de los Estados partes
en la controversia, ni tampoco de un Esta-
que no sea parte en la presente Con­vención.
La Comisión elegirá su propio Pre
sídente y aprobará su propio reglamento.
Las reuniones de la Comisión se ce-
labrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro lugar
conveniente que la Comisión decida.
La Secretaría prevista en el párrafo
3 del artículo 10 prestará también servicios,
a la Comisión cuando una controversia en-
tre Estados partes motive su establecí-
6. Los Estados partes en la controversia
compartirán por igual todos los gastos de
las miembros da la Comisión, da acuerdo;
con una estimación que hará el Secretario
General de las Naciones Unidas. i
El Secretario General podrá pagar en
caso necesario, los gastos de los miembros
de la Comisión, antes de que los Estados
partes en la controversia sufraguen los gas­
tos de acuerdo con el párrafo 6 del presen-
te artículo.
La información obtenida y estudiada
por el Comité se facilitará a la Comisión,
y éstas podrá pedir a los Estados interesa
dos que faciliten cualquier otra informa
ción pertinente.
Cuando, la Comisión haya examinado
detenidamente el asunto, preparará y pre
sentará al Presidente del Comité un infor
me en el que figuren sus conclusiones so
bre todas las cuestiones de hecho pertinen
tes al asunto planteado entre las partes y
las recomendaciones que la Comisión con
sídere apropiados para la solución amistosa
El Presidente del Cormité transmitirá
el informe de la Comisión a cada uno de
Los Estados partes asegurarán a todas las personas que se hallen bajo su juris­dicción, protección y recursos electivos, an­te lo tribunales nacionales competentes y otras instituciones del Estado, contra todo acto de discriminación racial que, contraviniendo la presente Convención, viole sus derechos humanas y libertades fundamén­talas, así como el derecho a pedir a esos tribunales satisfacción o reparación justa y adecuada por todo daño da que puedan ser víctimas como consecuencia de tal discriminación.
Las Estados partes se comprometen a to­mar medidas inmediatas y eficaces, espe­cialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduz­can a la discriminación racial y para pro­mover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupas raciales o étnicos, así como para propagar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Decla­ración Universal de Derechas Humanos, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial y de la presente Con­vención.
liminaciión de la Discriminación Racial
puesto de dieciocho expertos, de gran pres­
Comité se tendrá en cuenta una distribu­
zación, así como de líos principales sistemas
Cada uno de los Estados partes podrá de-
3. La elección inicial se cielebrará seis
meses después de la fecha de entrada en
ción el Secretario General de las Naciones
Unidas dirigirá una carta a los Estados
partes invitándoles a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas de­signadas de este modo, indicando, los Es­tados partes que las han designado, y la comunicará a los Estados partes,
4. Los miembros del Comité serán ele­
formarán quorum dos tercios de los Esta­
mayor número, da votos y la mayoría abs-
5. a) Los miembros del Comité serán
de dos años; inmediatamente después ele la
designará pon sorteo los nombres da esos
b) Para cubrir las vacantes imprevis­tas, el Estado parte cuyo Experto haya ce­sado en sus funciones como miembro del Comité, designará, entre sus nacionales a Otro experto, a reserva de la aprobación del Comité.
6. Los Esrados partes sufragarán los
gastos de los miembros del Comité míen
tras estíos desempeñen sus funciones.
1. Los Estados partes ,se comprometen
otra índole que hayan adoptado, y que sir­
de la presente, Convención: a) dentro del
vigor de la Convención para el Estado de
El Comité puede solicitar más informa­ción a los Estados partes.
2. El Comité informará cada año, por
y de los datos transmitidos por los Estados
partes. Estas sugerencias y recomendacio-
vaciones de los Estados partes, si las hu-
El Comité eligirá su Mesa por un pe­
ríodo de dos años.
El Secretario General da las Nacio­
1. Si un Estado parte considera que otro
Estado parte no cumple las dispocisiones
de la presente Convención, podrá señalar
el asunto a la atención del Comité. El Co-
pondiente al Estado pate interesado den­
2. Si el asunto no se resuelve a satisfac­
ción de ambas partes, mediante negociacio­
adecuado, en un plazo de seis mesas a par­
tir del momento en que el Estadio destina-
tario reciba la comunicación inicial, cual­
quiera de los Estados tendrá derecho a so­
diante notificación al Comité y al otro Es
3. El Comité conocerá de un asunto
que se le someta, de acuerdo don el párra­
terna, de conformidad con los principios
4. En todo asunto que se someta, el Co­
mité podrá pedir a los Estados partes in-
teresados que faciliten cualquier otra in­
formación pertinente.
quier asunto derivado del presente articulo,,
1. a) Una vez que el Comité haya obtenido y estudiado toda la información que estime necesaria, el Presidente nombrará una Comisión Especial de Conciliación (de­nominada en adelante la Comisión), inte­grada por cinco personas que podrán o no
ser miembros del Comité. Los miembros de la Comisión serán designados con el con­sentimiento pleno y unánime de las partes en la controversia y sus buenos oficios se pondrán a disposición de los Estados inte­resados a fin de llagar a una solución amis­tosa del asunto, basada en el respeto a la presente Convención.
b) Si, transcurridos tres meses, los Es­tados partes en la controversia no llegan a un acuerdo; sobre la totalidad o parte de los miembros de la Comisión, los miembros sobre los que no haya habido acuerdo en­tre los Estados partes en la controversia serán elegidos por el Comité, de entre sus propios miembros por voto secreto y por mayoría de dos tercios.
2. Los miembros de la Comisión ejerce­rán sus funciones a título personal. No de­berán ser nacionales de los Estados partes en la controversia, ni tampoco de un Estado que no sea parte en la presente Con­vención.
4. Las reuniones de la Comisión se ce­
lebrarán normalmente en la Seda de las
5. La Secretaría prevista en el párrafo
3 del artículo 10 prestará también servicios
a la Comisión cuando una controversia en­
tre Estados partes motive su estableci­
las miembros de la Comisión, da acuerdo
Genaral de las Naciones Unidas.
7. El Secretario General podrá pagar en
caso necesario, los gastos da los miembros
de la Comisión, antes de qua los Estados
partes en la controversia sufraguen los cos­
y éstas podrá pedir a los Estados interesa­
dos que faciliten cualquier otrá informa­
1. Cuando la Comisión haya examinado
detenidamente el asunto, preparará y pre-
bre todas las cuestiones de hecho pertinen­
las recomendaciones que la Comisión con­
sidera apropiadas para la solución amistosa
2. El Presidente del Comité transmitirá
el informe de la Comisión a cada uno de los
Núm. 40 — REGISTRO OFICIAL — OCTUBRE 4
Estados partes en la controversia. Dentro de tres meses, dichos Estados notificarán al Presidente del Comité si aceptan o no las recomendaciones contenidas en el infor­me de la Comisión.
3. Transcurrido el plazo previsto en el párrafo 2 del presente artículo, el Presiden­te del Comité comunicará el informe de la Comisión y las declaraciones a los Estados partes interesados a los demás Estados par­tes de la presente Convención
1. Todo Estado podrá declarar en cual­
quier momento que recemoce la competen-
cia del Comité para recibir y Examinar co
municaciones de personas o grupos de per­
sonas comprendidas dentro da su jurisdicción, que aleguen ser víctimas de violaciones, por parte de ese Estado, de cualquiera de los dere­
chos estipulados en la presente Convención,
El Comité no recibirá ninguna comunica
cíón referente, a un Estado parte que no
hubiere hecho tal declaración.
2. Todo Estado parte que hiciere una
declaración conforme al párrafo 1 del pre­
sente artículo podrá establecer o designar
un órgano, dentro de su ordenamiento ju­
rídico nacional, que será competente para
recibir y examinar peticiones de personas
o grupos de personas comprendidas dentro
de su jurisdicción, que elagaren ser vícti­
mas de violaciones de cualquiera da los de­
rechos estipulados en la presente Conven­
ción y hubieren agotado lo demás recur­
sos locales disponibles.
3. La declaración que se hiciere en vir­
tud del párrafo 1 del presente artículo y el
nombre de cualquier órgano establecido o
designado con arreglo al párrafo 2 del pre­
sente, artículo serán depositados, por el Es­
tado parte interesado, en poder de Secre­
tario General de las Naciones Unidas, quien
remitirá copias de los mismos a los demás
Estados partes. Toda declaración podrá
retirarse en cualquier momento mediante
notificaron dirigida al Secretaria General,
pero dicha notificación no surtirá efectos
con respecto a las comunicaciones que el Comité tenga pendientes.
4. El órgano establecido o designado de
conformidad con el párrafo 2 del presente
artículo llevará un registro de las peticio­
nes y depositará anualmente, por los con­
ductos pertinentes, copias certificadas del
registro en poder del Secretario General,
en el entendimiento de que el contenido
de las mismas no se dará a conocer públi­
5. En caso de que no obtuviera repara­
ción satisfactoria del órgano establecido o
designado con arreglo al párrafo 2 del pre-
sente articulo, el peticionario tendrá dere­
cho a comunicar el asunto al Comité den-
tro de los seis meses.
6. a) El Comité señalará confincial-
mente toda comunicación que se le remita
a la atención del Estado parte contra quien
se alegare una violación de cualquier dis­
posición de la presente Convención, pero
la identidad de las personas o grupos de
personas interesadas no se revelará sin su
consentimiento expreso. El Comité no acep­
tará comunicaciones anónimas.
b) Dentro de los tres meses, él Estado que reciba la comunicación, presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito para aclarar la cuestión y exponer qué medida correctiva, si la hubiere, ha adoptado.
7. a) El Comité examinará las comuni­
caciones teniendo en cuenta todos los datos
puestos a su disposición por el Estado par­
te interesado y por el peticionario. El Co­
mité no examinará ninguna comunicación
de un peticionario sin antes cerciorarse de
que dicho peticionario ha adoptado todos
los recursos internos disponibles. Sin em­
bargo, no se aplicará esta regla cuando la
substanciación da los mencionados recur­
sos se prolongue injustificadamente.
b) El Comité presentará al Estado par­te interesado y al peticionario sus sugeren­cias y recomendaciones, si las hubiere.
8. El Comité incluirá en a informe
anual un resumen de tales comunicaciones
y, cuando proceda, un resumen de las ex-
plicaciones y declaraciones de los Estados
parte interesados, así como de sus propias
9. El Comité será competente para de­
sempeñar las funciones previstas en este
artículo sólo cuando diez Estados partes en
la presente Convención, por lo menos, és-
tuvierén obligados por declaraciones pre-
sentadas de conformidad con el párrafo 1
1. En tanto no se alcancen los objetivos de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales que figuran en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 4 de di­ciembre de 1960, las disposiciones de la pre­sente Convención no limitarán de manera alguna el derecho de petición concedido a esos pueblos por otros instrumentos inter­nacionales o por las Naciones Unidas y sus organismos especializados. 2. a) El Comité constituido en virtud del párrafo 1 del artículo 8 de la presente Con­vención recibirá copia de las peticiones de los órganos da las Naciones Unidas que en­tienden de asuntos directamente relaciona­dos con los principios y objetivos de la pre-
senté Convención, y comunicará a dichos órganos, sobre dichas peticiones, sus opiniones y recomendaciones, al considerar las peticiones presentadas por los habitantes los territorios bajo administración fiduciaria o no autónomos, y de cualesquiera otros territorios a lo cuales se aplique la resolución 1541 (XV) de la Asamblea General, relativas a asuntos tratados en la presente Convención y sometidos a examen de los mencionadas órganos.
b) El Comité recibirá de los órganos competentes de las Naciones Unidas copia de los informes sobre las medidas legisla­tivas, judiciales, administrativas o de otra índole que, en relación directa con les prin­cipios y objetivos de esta Convención, ha­yan aplicado las Potencias administradoras en los territorios mencionados en el ante­rior inciso a) y comunicará sus opiniones y recomendaciones a ésos órganos.
El Comité incluirá en su informe a la
Asamblea General un resumen de las peti­
ciones e informes que haya recibido de los
órganos de las Naciones Unidas y las opi­
niones y recomendaciones que les haya co­
municado acerca de tales peticionas e in­
El Comité pedira al Secretario Gene­
ral de las Naciones Unidas toda la infor­
mación disponible que guarde relación con
los objetivos de la presente Convención y
que se refiera a les territorios mencionados
en el inciso a) del párrafo 2 del presente
Las disposiciones de la presente Conven­ción relativas al arreglo de controversias o denuncias regirán sin perjuicio de otros procedimientos para solucionar las contro­versias o denuncias en materia de discriminación establecidos en los instrumentos constitucionales de las Naciones Unidas y sus organismos internacionales o en con­venciones aprobadas por ellos, y no impe­dirán que los Estados partes recurran a otros procedimientos para resolver una controversia, de conformidad con convenios internacionales generales o especiales que estén en vigor entre ellos.
1. La presente Convención estará abier­ta a la firma todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas o miembros de al­gún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente Convención.
2. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratifi­cación se depositarán en poder del Secre­tario General de las Naciones Unidas.
La presente Convención quedará
abierta a la adhesión de cualquiera de los
Estados mencionados en el párrafo del
artículo 17 supra.
Los instrumentos de adhesión se de
positarán en poder del Secretario General
1. La presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el vigésimo
séptimo instrumento de ratificación de ad­
hesión en poder del Secretario General de
2. Para cada Estado que ratifique la pre­
sente Convención o se adhiera a ella des­
pués de haber sido depositado el vigésimo
séptimo instrumento de ratificación o de
adhesión, la Convención entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que
tal Estado haya depositado su instrumen­
to de ratificación o de adhesión.
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados que sean o lleguen a ser partes en la presente Convención los textos de las re­servas formuladas por los Estados en el mo­mento de, la ratificación o de la adhesión. Todo Estado que tenga objeciones a una reserva notificará al Secretario General que no la acepta, y esta notificación deberá ha­cerse dentro de los noventa días siguientes a la fecha de la comunicación del Secreta­rio General.
No se aceptará ninguna reserva in­
compatible con el objeto y el propósito de
la presente Convención, ni se permitirá
ninguna reserva que pueda inhibir el fun­
cionamiento de cualquiera de los órganos
establecidos: en virtud de la presente Con­
vención, Se considerará que una reserva
es incompatible e Inhibitoria si, por lo me­
nos, las dos terceras partes de los Estados
partes en la Convención formulan objeciones
Toda reserva podrá ser retirada en
cualquier momento, enviándose para ello
una notificación al Secretario General. Es­
ta notificación surtirá efecto en la fecha de
Todo Estado parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación dirigida al Secretaré General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secre­tario General haya recibido la notificación.
Toda controversia entre dos o más Esta­dos partes con respecto a la interpretación o a la aplicación de la presente Convención, que no se resuelva mediante negociaciones o mediante los procedimientos que se establecen expresamente en ella, será sometida a la decisión de a Corte Internacional de Justicia a instancia de cualquiera de las partes en la controversia, a menos que és­tas convengan en otro modo de solucionarla.
Todo Estado parte podrá formular en
cualquier tiempo una demanda de revisión
de la presente Convención por medio de
notificación escrita dirigida al Secretario,
Unidas decidirá sobre las medidas que de­
ban tomarse, si hubiere lugar, respecto a
El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos les Estados mencionados en el párrafo 1 del artículo 7 supra:
Las firmas, ratificaciones y adhesio­
nes conformes con le depuesto en les ar­
tículos 17 y 18;
La fecha en que entre en vigor la
presente Convención, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 19;
Las comunicaciones y declaraciones
recibidas en virtud á los artículos 14,
20 y 23;
Las denuncias recibidas en virtud
del artículo 21.
La presente Convención, cuyos textos
en chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente autétitcos, será depositada en
los archivos ele las Naciones Unidas.
nes Unidas enviará copias certificadas de
la presente Convección a todos los Estados
pertenecientes a cualquiera de las catego­
rías mencionadas en el párrafo 1 del ar­
tículo 17 supra.
EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, de­bidamente autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado la pre­sente Convención, la cual ha sido abierta a la firma en Nueva York, el séptimo día del mes de marzo del mil novecientos se­senta y seis.
Es copia del original.— Certifico.— El- Subsecretario de Relaciones Exteriores.
f.) José Rumazo González
Que en virtud de los acuerdos celebrados en­tre los Gobiernos del Ecuador y los Estados Uni­das de Norte América, fueron ocupados con ins­talaciones para la Defensa Continental los terrenos de propiedad del señor Leopoldo Segundo Peña Romero, ubicados en el Cantón Salinas, Provincia del Guayas;
Que como no es posible la devolución de los indicados terrenos por cuanto son necesarios, para el funcionamiento de dependencias milita­res, es obligación del Gobierno del Ecuador, en virtud de los mismos acuerdos, arreglar lo refe­rente a los derechos que los particulares ten­gan sobre ellos;
Que con este objeto, mediante Decreto Ejecu­tivo No. 959. de 23 de Mayo de 1952, se autorizó al Ministerio de Defensa Nacional la adquisición y pago de los expresados terrenos de los here­deros del señor Peña Romero, terrenos que tie­nen una superficie total de 65.000 metros cua­drados, por el precio de cuatrocientos quince mil sucres ($ 415.000,00), incluyendo el valor de la casa y el cerramiento que existían al momento de la ocupación;
Que dicho Decretó Ejecutivo no pudo llevarse a efecto por falta de fondos suficiente en la correspondientes Partida Presupuestaria;
Que por Decreto Ejecutivo No. 1394-C, de 9 dé Agosto de 1957, se ordenó el pago a favor del señor Octavio Peña Dávila, co-heredero del se­ñor Leopoldo Peña Romero, de la cantidad de cincuenta y un mil ochocientos setenta y cinco sucres ($ 51.875,00), valor de su cuota en el nom­brado terreno;
Que los herederos impagos cedieron sus dere­chos en los terrenos ocupados por el Gobierno al señor Ángel Cuesta Bahamonde, como apa­rece de las escrituras celebradas en la ciudad de Guayaquil el 2 de Marzo de 1949, ante el Notario Manuel Emilio Calle, el 26 de Septiembre de 1952, el 23 de Octubre de 1952 y el 30 de Diciembre de 1952, ante el Notario Juan de Dios Morales Arauco, entre el señor Ángel Cuesta Bahamonde por una parte y Olga Peña de Re­yes, Julia América Peña, Roberto Peña y Bolívar Peña, respectivamente;
Que el señor Ángel Cuesta Bahamonde falle­ció el 22 de Diciembre de 1957, de modo que el derecho a recibir el precio de los terrenos ocu podos tienen ahora los herederos de dicho señor;
Que tanto el señor Contralor General de la Nación y el señor Ministro de Finanzas, así co­mo el señor Procurador General de la Nación han emitdo dictamen favorable al respecto, como consta de los oficos Nos. 18008-DJ, de 14 de Septiembre, CP-66-5369, de 4 de Octubre y 740, de 6 de Octubre del año en curso, en su orden;
A pedido del Ministerio de Defensa Nacio­nal; y,
En uso de las facultades de que se halla investido

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 10
 resolución 
 artículo 8
 resolución 

artículo 17
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 21