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BOE.es - Documento BOE-A-2012-6495
Documento BOE-A-2012-6495
Pleno. Sentencia 85/2012, de 18 de abril de 2012. Cuestión de inconstitucionalidad 1584-2005. Planteada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en relación con el artículo 35.7 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Derecho a la tutela judicial sin indefensión: STC 79/2012 (constitucionalidad del precepto legal que supedita la tramitación de recursos presentados por personas jurídicas con ánimo de lucro sujetas al impuesto sobre sociedades y que superen una determinada facturación anual al abono de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil).
«BOE» núm. 117, de 16 de mayo de 2012, páginas 173 a 179 (7 págs.)
BOE-A-2012-6495
c) Contra dicha Sentencia se alzaron en apelación el demandante y la entidad aseguradora Axa Aurora Ibérica, S.A., quien también impugnó el recurso de apelación del actor. Todo ello mediante escritos presentados ante el Juzgado, de fechas 13 de febrero y 2 de marzo de 2003. Trasladados los autos a la Audiencia, las partes comparecieron el 21 de mayo y el 3 de junio. Por providencia de 19 de julio de 2004, la Audiencia Provincial dio por recibidas las actuaciones y las partes por comparecidas, y requirió a la entidad apelante para que acreditase, en el plazo de cinco días, el ingreso de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil al tiempo de la interposición del recurso «sin que se admita, por extemporáneo, el ingreso posterior a la expiración del término del emplazamiento para la interposición, bajo apercibimiento de que no acreditándose el ingreso en los términos indicados se declarará indebidamente admitido el recurso y firme la sentencia apelada».
El recurso fue desestimado por Auto de 15 de diciembre de 2004, en el que se acordó completar la resolución impugnada «en el exclusivo sentido de concretar que el derecho constitucional que se entiende puede verse comprometido por la dicción del apartado 7.2 del artículo 35 de la Ley 5312002 es el de tutela efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE».
f) En escrito de 8 de noviembre de 2004, la sociedad Axa alegó que no cuestionaba la constitucionalidad «del artículo 7.2 de la Ley 35/2002», sino la falta de aplicación de las consecuencias jurídicas del art. 6 de la Orden 661/2003 en el presente caso.
A criterio de la Sala, es axiomático que no puede ser subsanado lo que no tiene existencia alguna; es decir, sólo puede ser subsanado aquello que es incompleto o insuficiente, no la falta absoluta de un presupuesto o un requisito legalmente establecidos como necesarios. Asimismo, señala que no obstante lo dispuesto en el art. 231 LEC, no existe en nuestro Derecho un «principio» según el cual cualquier falta de presupuestos procesales o incumplimiento de los requisitos procesales pueda ser subsanado. El derecho a la tutela judicial se satisface prioritariamente, no exclusivamente, mediante una resolución de fondo, que estime o desestime las pretensiones deducidas; así, también puede denegarse la decisión de fondo por concurrir una causa de inadmisión prevista por la ley (SSTC 114/1986, 213/1990 y 247/1991). La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone la subsanación de todos los actos subsanables, pero sin definir cuáles son éstos (arts. 11.3, 240 y 243 LOPJ). La STC 5/1988, de 21 de enero, declara que el art. 24.1 CE no consagra una regla general y absoluta a favor de la subsanación de los vicios o defectos procesales, regla que tampoco se contempla en el actual ordenamiento procesal; sin perjuicio de la tendencia, cada vez más acentuada, a favorecer la conservación de los actos procesales o la subsanación de los defectos susceptibles de reparación sin ruptura del proceso. La STC 162/1986, de 17 de diciembre, declara la doctrina general de la proporcionalidad para permitir la subsanación, desarrollada en la STC 39/1988, de 9 de marzo.
c) La Audiencia Provincial observa que la tasa prevista en el art. 35.7 de la Ley 53/2002 no es una figura completamente extraña a nuestra ordenación fiscal, pues los Decretos 1034/1959 y 1035/1959, de 18 de junio, regulaban unas tasas judiciales. Las cuales fueron suprimidas por la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, entre otras razones por estimarse contrarias al principio de gratuidad de la justicia (art. 119 CE), por ser «incompatibles con algunos principios tributarios vigentes» y porque la fórmula de gestión merecía el calificativo de «poco eficiente». Seguidamente se exponen los rasgos definitorios de la tasa, analizando su adecuación misma a la noción de tasa, los supuestos en lo que resulta exigible en el orden judicial civil, el devengo, la determinación de la base imponible y el modo de liquidación.
4. Por providencia de 7 de junio de 2005, la Sección Primera admitió a trámite la cuestión y dio traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, acordó publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado», lo que tuvo lugar en el ejemplar de 20 de junio de 2005.
1. El artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, creó la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo. Su apartado 7, que es objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, bajo el epígrafe de «autoliquidación y pago» dispuso lo siguiente:
«1. Los sujetos pasivos autoliquidarán esta tasa conforme al modelo oficial establecido por el Ministerio de Hacienda y procederán a su ingreso en el Tesoro Público con arreglo a lo dispuesto en la legislación tributaria general y en las normas reglamentarias de desarrollo de este artículo.
2. El justificante del pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, acompañará a todo escrito procesal mediante el que se realice el hecho imponible de este tributo, sin el cual el secretario judicial no dará curso al mismo, salvo que la omisión fuere subsanada en un plazo de diez días.»
El Auto de la Audiencia Provincial, en efecto, nada tiene que reprochar a la previsión legal de que los justiciables autoliquiden la tasa judicial ante el Ministerio de Hacienda en los términos previstos por la legislación tributaria y con arreglo a un formulario oficial, así como que la ingresen directamente en el Tesoro público. La duda de constitucionalidad se centra en el contenido del segundo párrafo, tal y como muestra el contenido del Auto, que limita a dicho precepto su razonamiento de inconstitucionalidad, por ser el relevante para la resolución del proceso a quo. Por añadidura, fue el art. 35.7, párrafo 2, el que fue puesto de manifiesto a las partes y al Ministerio Fiscal en el preceptivo trámite previo de alegaciones. Por consiguiente, en cumplimiento de lo previsto por el art. 163 CE y el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),tal y como han sido interpretados, entre otras muchas, por las SSTC 64/2003, de 27 de marzo, FJ 5; y 130/2009, de 1 de junio, FJ 2, limitaremos nuestro juicio de constitucionalidad al segundo párrafo del apartado 7 del artículo 35.
3. Una cuestión de inconstitucionalidad idéntica, suscitada por la misma Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en el curso de otro recurso de apelación civil del que estaba conociendo, ha sido desestimada por la Sentencia 79/2012, de este Pleno de 17 de abril de 2012, dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 1389-2005, siguiendo la doctrina establecida por la Sentencia 20/2012, de 16 de febrero (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 61, de 12 de marzo). En este proceso constitucional sólo queda alcanzar la misma conclusión sostenida entonces, apoyada en los mismos fundamentos, cuya reiteración resulta innecesaria dado que las Sentencias de este Tribunal Constitucional son publicadas oficialmente en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 164.1 CE y art. 86.2 LOTC; SSTC 164/1987, de 27 de octubre, FJ único; 132/1990, de 17 de julio, FJ único; o 387/1993, de 23 de diciembre, FJ único).
Dada en Madrid, a dieciocho de abril de dos mil doce.–Pascual Sala Sánchez.–Eugeni Gay Montalvo.–Javier Delgado Barrio.–Elisa Pérez Vera.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Firmado y rubricado.
DICTADA en la CUESTIÓN 1584/2005 (Ref. BOE-A-2005-10428).
DECLARA la DESESTIMACIÓN de la CUESTIÓN 1584/2005, en relación con el art. 35.7 párrafo 2 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).

References: artículo 35
 resolución 
 artículo 35
 artículo 7
 resolución 
 artículo 35
 resolución 
 artículo 35