Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1271
Timestamp: 2019-11-13 01:58:52+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 65/1989
SENTENCIA 65/1989, de 7 de abril
ECLI:ES:TC:1989:65
En el recurso de amparo núm. 248/1987, interpuesto por don Italo Oswaldo Nelli Scarso, representado por el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, y asistido del Letrado don A. Zabaleta Arias, contra Auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Las Palmas de 12 de febrero de 1987, dictado en el rollo de apelación núm. 358/1986, dimanante de autos de juicio ordinario de mayor cuantía núm. 26/1980 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Las Palmas. Han sido partes el Ministerio Fiscal y doña María del Carmen Fernández Iglesias, representada por el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodríguez y asistida por el Letrado don Luis Corujo Padrón, y Ponente el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito que tuvo entrada en el Registro General el 26 de febrero de 1987, el Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel, en nombre y representación de don Italo Oswaldo Nelli Scarso, interpone recurso de amparo contra Auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Las Palmas, de fecha 12 de febrero de 1987, dictado en el rollo de apelación núm. 358/1986, dimanante de los autos de juicio ordinario de mayor cuantía núm. 262/1980 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Las Palmas, por el que, dando lugar al recurso interpuesto, declaraba nula la comparecencia y consignación realizada por el promovente del amparo y doña Josefa Padilla Alemán, así como la subasta celebrada en dicho procedimiento el 28 de julio de 1986.
a) El 26 de febrero de 1980, doña María del Carmen Fernández Iglesias formuló demanda de juicio declarativo de mayor cuantía contra el promovente del amparo, don Italo Oswaldo Nelli Scarso, pidiendo la cesación de la copropiedad que ambos tenían sobre una vivienda y plaza de garaje, sita en el núm. 43 de la Avenida de las Escaleritas, de Las Palmas, y sobre una parcela de terreno ubicado en el pago de Vistavique, término municipal de Arucas e isla de Gran Canaria.
Recurrido dicho Auto, la Sala de lo Civil de la citada Audiencia, en el rollo de apelación núm. 337/1984, dictó nueva resolución de 9 de noviembre de 1984, estimando parcialmente el recurso y señalando que el señor Nelli Scarso había de ser reintegrado en la suma de 1.098.124,50 pesetas, y la señora Fernández Iglesias, en la suma de 660.804,50 pesetas, debiendo distribuirse entre ellos el resto del precio del remate a partes iguales.
c) Habiéndose valorado pericialmente la vivienda en 6.790.000 pesetas, y la parcela de terreno en 260.000 pesetas, los días 28 de abril y 21 de mayo de 1986 se celebraron primera y segunda subastas, que quedaron desiertas al no concurrir ningún postor. En la tercera subasta, que tuvo lugar el 18 de junio de 1986, don Francisco Genaro Bethencourt Acosta, único postor concurrente, se adjudicó la vivienda en 10.000 pesetas y la parcela de terreno en 1.000 pesetas. Ante tal contingencia, el Juzgado, mediante providencia de 18 de junio de 1986 -notificada al día siguiente hace saber a las panes el resultado de la subasta, y, conforme al art. 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (L.E.C.), se les comunica que tenían un plazo de nueve días para presentar persona que mejorase la postura de la tercera subasta e hiciera el depósito del 20 por 100 del tipo de la segunda subasta.
d) En el mismo día 1 de julio de 1986, en que vencía el plazo -pasadas las veinte horas-, el demandante de amparo se dirigió al Juzgado acompañado de la persona que iba a mejorar la postura, doña Josefa Padilla Alemán, y con el dinero del depósito. Al estar a esa hora cerrados el Juzgado de Primera Instancia y el de Guardia, sin que constara teléfono alguno al que llamar, el señor Nelli se dirigió a la pareja de la Guardia Civil de servicio en el edificio y a la Comisaría de Policía sin resultado alguno.
e) Al día siguiente, 2 de julio, se personó el recurrente en el Juzgado de Guardia y explicó a su titular lo acaecido el día anterior. Este comprobó personalmente la veracidad de lo expuesto por el señor Nelli y lo comunicó al titular del Juzgado de Primera Instancia núm. 1.
Este último órgano, mediante comparecencia que lleva fecha de 1 de julio, admitió la presentación como mejor postor de doña Josefa Padilla Alemán, y el depósito que consignó de 1.100.000 pesetas. A continuación, con fecha 2 de julio, el propio Juzgado de Primera Instancia extiende la siguiente diligencia:
«Que la anterior comparecencia se efectuó el día de la fecha, si bien se ha materializado en autos con fecha del 1, último del término de nueve días.» Y a continuación, en la propia diligencia, se aclara así lo sucedido en los siguientes términos: «Don Italo Oswaldo Nelli compareció el día de ayer, en horas de la tarde, en el Juzgado de Guardia, presentando a la otra compareciente como mejor postor y a efectos de efectuar el depósito, no pudiendo verificarlo por encontrarse cerrado y no existir en la puerta del mismo teléfono al que llamar en tal caso, sin que obtuviera respuesta positiva a tal efecto de la Guardia Civil de servicio en el edificio ni de la Comisaria de Policía, a las que se dirigió a tal fin, hechos que comprobados por el Magistrado-Juez de Guardia los ha puesto en conocimiento personalmente al titular de este Juzgado.»
Con fecha 15 de julio de 1986, el Juzgado dicta providencia teniendo por efectuado dentro del término el depósito realizado por doña Josefa Padilla Alemán y, ratificando integramente la diligencia del 2 de julio, acordó celebrar nueva subasta.
La nueva subasta se celebró el 28 de julio de 1986, y en ella don Francisco Genaro Bethencourt Acosta es nuevamente adjudicatario de los bienes en las sumas de 1.191.000 pesetas la vivienda y 170.000 pesetas la parcela de terreno.
f) La representación procesal de la parte actora en el proceso civil interpone recurso de reposición contra la mencionada providencia de 15 de julio de 1986, en que se tuvo por efectuado el depósito de doña Josefa Padilla Alemán, siendo desestimado por Auto de 30 de julio del mismo año.
Contra dicho Auto la misma representación interpuso recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Las Palmas, que formó el rollo de apelación 358/1986. Una vez celebrada la vista de la apelación, mediante diligencia para mejor proveer, el Tribunal solicitó confesión judicial del apelado y dirigió exhorto al Magistrado-Juez de Guardia, titular del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Las Palmas a fin de que informase si en horas del día 1 de julio de 1986 el señor Nelli compareció en dicho Juzgado a fin de presentar a doña Josefa Padilla Alemán y constituir el correspondiente deposito en horas posteriores a su cierre.
Después de que el Juez exhortado realizase las pertinentes averiguaciones e informase en sentido positivo, la Sala de lo Civil de la Audiencia, con fecha 12 de febrero de 1987, dictó Auto estimando el recurso de apelación y declarando nula la comparecencia y consignación realizada por el promovente del amparo y doña Josefa Padilla Alemán, así como la licitación prevista y celebrada el 28 de julio de 1986.
3. Por providencia de 11 de marzo de 1987, la Sección acuerda admitir a tramite la demanda de amparo formualda por don Italo Oswaldo Nelli Scarso y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir atentamente a la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Las Palmas y al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de dicha capital para que en el plazo de diez días remitan, respectivamente, testimonio del rollo de apelación núm. 358/1986 y autos de juicio ordinario de mayor cuantía núm. 262/1980; interesando al propio tiempo el emplazamiento de quienes fueron parte en los mencionados procedimientos, con excepción del recurrente, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en el proceso constitucional. Asimismo, conforme solicitó la parte actora, la Sección acuerda formar la correspondiente pieza separada para la sustanciación del incidente de suspensión de la ejecución del Auto recurrido.
4. Con fecha 29 de abril de 1987 se presenta escrito del Procurador de los Tribunales don Saturnino Estévez Rodriguez, en el que, atendiendo al emplazamiento realizado, solicita sea tenido por personado y parte en el recurso de amparo en nombre y representación de doña Maria del Carmen Fernández Iglesias. 5. Por providencia de 16 de septiembre de 1987 la Sección acuerda tener por recibidas las actuaciones remitidas por la Audiencia Territorial de Las Palmas y por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de dicha capital, tener por personado y parte, en nombre y representación de doña Carmen Fernández Iglesias, al Procurador de los Tribunales señor Estévez Rodriguez; y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 de la LOTC, dar vista de las actuaciones por un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores Reynolds de Miguel y Estévez Rodriguez para que dentro de dicho término puedan presentar las alegaciones que a su derecho convengan.
7. Con fecha 17 de octubre de 1987 se presenta escrito de alegaciones en nombre del demandante, remitiéndose a las contenidas en los fundamentos jurídicos de su escrito de interposición del recurso de amparo y reiterando la solicitud de Sentencia en los términos que en el mismo tenía interesado. 8. La representación de doña María del Carmen Fernández Iglesias, con fecha 21 de octubre de 1987, presenta escrito en el que, si bien entiende que son básicamente ciertos los hechos que se contienen en el escrito de demanda de amparo, destaca que el acta de 1 de julio de 1986 faltó a la verdad al dar fe de que la comparecencia del recurrente de doña Josefa Padilla Alemán se produjo «dentro del término que le había sido conferido», por lo que tuvo que ponerlo en conocimiento del Presidente de la Audiencia Territorial, cuya intervención dio origen a la diligencia de 2 de julio de 1986. Después de resumir la doctrina de este Tribunal interpretativa del derecho contemplado en el art 24.1 de la Constitución, sostiene que el Auto impugnado no vulnera dicho derecho fundamental, sino que, por el contrario, en el procedimiento judicial de mayor cuantía núm. 262/80 del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Las Palmas el recurrente ha ejercitado con la mayor libertad y amplitud el denominado «derecho a la jurisdicción», hasta el punto de que por razón de recursos e incidentes diversos aún no se ha podido finalizar dicho procedimiento. El derecho conferido al recurrente por el art. 1.506 de la L.E.C. debe ejercitarse necesariamente dentro del término de nueve días y sólo es imputable a la negligencia del demandante de amparo el haber acudido a su ejercicio pasadas las veinte horas del último día del término. Finalmente, señala que la resolución judicial recurrida razona en Derecho que la actuación del recurrente al presentar persona que mejorase la postura y efectuase el depósito prevenido en el art. 1.506 L.E.C. se produjo de forma extemporánea, conforme al art. 182.2 LOPJ, siendo esta una cuestión jurídica no susceptible de revisión en el ámbito de la jurisdicción de este Tribunal Constitucional.
1. La pretensión de amparo formulada en la demanda que da origen al presente recurso se fundamenta en la infracción del art. 24.1 de la Constitución que se atribuye al Auto impugnado de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de fecha 12 de febrero de 1987, dictado en el rollo de apelación núm. 358/86. En este sentido se argumenta que dicha resolución, al estimar la alzada interpuesta en su día contra el Auto previo del Juzgado de Primera Instancia y declarar nula por extemporánea la comparecencia y consignación realizadas por el actor y doña Josefa Padilla Alemán, dejando sin efecto consecuentemente la licitación celebrada el 28 de julio de 1986, ha realizado una interpretación excesivamente formalista de los arts. 1.506 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 182.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que contradice el derecho a la tutela judicial e interdicción de la indefensión consagrados por el mencionado precepto constitucional, que obliga a entender las leyes en el sentido más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.
Número y fecha BOE [Núm, 93 ] 19/04/1989 Corrección1
Tipo y número de registro Recurso de amparo 248-1987
Fecha de resolución 07/04/1989
Contra Auto de la Sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Las Palmas dictado en autos de juicio ordinario de mayor cuantía y declarando nula la comparecencia y consignación realizada por el promoviente de amparo, así como la subasta celebrada en dicho procedimiento.
Constituye reiterada doctrina de este Tribunal que el cómputo de los plazos procesales es cuestión de mera legalidad ordinaria, atribuida, como principio, a los órganos judiciales en el ejercicio de la exclusiva jurisdicción que les atribuye el art. 117.3 C.E. No obstante, el tema adquiere dimensión constitucional y es susceptible, por tanto, de residenciarse en la correspondiente vía de amparo, cuando la decisión judicial suponga la inadmisión de un proceso o de un recurso, o la pérdida de algún trámite u oportunidad procesal prevista en el ordenamiento jurídico para hacer valer los propios derechos o intereses de parte con entidad suficiente para considerar que su omisión es determinante de indefenslón, siempre que tal decisión haya sido adoptada con base en un cómputo en el que sea apreciable error patente, fundamentación insuficiente, irrazonable o arbitraria o se haya utilizado un criterio interpretativo desfavorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial. [F.J. 2]
Si bien es cierto que las actuaciones judiciales han de practicarse bajo sanción de nulidad (art. 256 L.E.C.), en las horas hábiles comprendidas entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde (art. 182 LOPJ), dicha exigencia no se proyecta directamente sobre los actos de parte, sino sobre las actuaciones judiciales que proceda realizar a las que afecten dichos preceptos, sin que en ningún caso puedan reducir el plazo legal otorgado a las partes para la defensa de sus derechos. [F.J. 3]
Artículo 256, f. 3
Artículo 1500, f. 1
Artículo 117.3, f.2
Artículo 182, ff. 1, 3
Artículo 185.1, f. 3
Cómputo de plazos erróneo imputable al órgano judicialCómputo de plazos erróneo imputable al órgano judicial, ff. 2, 3
Plazos procesalesPlazos procesales, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 256

Artículo 1500

Artículo 117

Artículo 182

Artículo 185