Source: http://efedresio.foroactivo.com/t30-barreiro-y-el-caso-novo-carthago
Timestamp: 2018-03-18 07:28:35+00:00

Document:
Barreiro y el caso 'Novo Carthago'
Juan Antonio el Vie Abr 25, 2014 7:56 pm
El juez cree que Barreiro pudo cometer prevaricación al impulsar Novo Carthago
Ve indicios de que buscó «imponer su voluntad política» en los trámites para recalificar un espacio protegido del Mar Menor, y consulta al fiscal si debe declarar como imputada
25.04.14 - 01:06 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ | CARTAGENA
EN EL AUTO JUDICIAL
REGIDORA Y CONCEJAL DE URBANISMO
«Los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los responsables políticos en el Ayuntamiento eran la alcaldesa y Agustín Guillén»
AVANCE CON «CELERIDAD»
«En lugar de rechazar el proyecto, convocó el Pleno con celeridad el 4 de agosto de 2003 y votó a favor de la modificación»
¿PACTO A TRES BANDAS?
«Para reclasificar, Hansa tenía que contar con la complicidad de la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento»
A un mes de las elecciones europeas y a algo más de un año de las municipales y autonómicas, la dimensión política y judicial del 'caso Novo Carthago' subió ayer de nivel y ya alcanza lo nacional. En un auto que destacó por la amplitud de las medidas acordadas y la contundencia del tono, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que instruye la causa por la presunta autorización irregular de una urbanización de 10.000 viviendas junto al Mar Menor, Manuel Abadía, planteó la «necesidad» de tomar declaración como imputada a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Ésta es, además, desde 2008 diputada nacional del Partido Popular.
El juez encargado de la causa, que trascendió ya el ámbito autonómico al afectar a una promotora con sede en Alicante (Hansa Urbana) y a la antigua caja de ahorros líder en la zona de Levante, la CAM, ha hallado «indicios muy sólidos y consistentes» de que Barreiro pudo cometer un presunto delito de prevaricación continuada. Su conclusión se basa en la investigación realizada primero por la Fiscalía y luego por el propio TSJ en los últimos ocho años sobre la actuación de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Cartagena y la inmobiliaria.
Abadía entiende que la participación de la alcaldesa en el expediente administrativo, en cuanto a los trámites para modificar el Plan General del municipio y aprobar el plan parcial, pudo ser contraria a la ley al implicar el cambio de uso de un suelo protegido por sus valores naturales.
El proyecto, con dos hoteles y dos campos de golf (luego se eliminó uno) en el paraje de San Ginés de la Jara, afecta a una zona protegida del Trasvase Tajo-Segura, al paisaje del Mar Menor y al humedal de Lo Poyo. Hansa recibió al menos un préstamo de la CAM de 95 millones de euros.
Prescripción del «engaño»
Como marca la ley, el juez pide a la Fiscalía que, en 30 días, emita un informe y señale si ve conveniente tomar declaración a Barreiro como imputada. Le advierte de que hay riesgo de que los hechos prescriban pronto y le pide que señale qué órgano jurisdiccional sería competente para seguir con la causa. Barreiro es aforada de la Justicia por su cargo estatal. La citación correspondería al Supremo.
El citado magistrado de la Sala de Lo Penal del TSJ expone que sí ve «necesario» deducir testimonio a Barreiro porque cuando Hansa presentó de manera formal su proyecto urbanístico el 1 de julio de 2003 «en lugar de rechazarlo» por afectar a un espacio natural protegido, convocó un Pleno con «celeridad» el 4 de agosto de 2003. En él Barreiro votó a favor de la modificación puntual 113 del Plan General. PP y PSOE (salvo dos ediles socialistas que no acudieron) votaron a favor; Izquierda Unida, en contra; y Movimiento Ciudadano se abstuvo.
El juez recuerda el testimonio que dio ante él en octubre pasado el exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén, imputado ya por prevaricación (dictar resoluciones injustas a sabiendas). Apunta que quien era responsable de Urbanismo cuando se cambió el Plan General declaró que ante la propuesta de Hansa Urbana consultó solo a la alcaldesa si debía llevar el asunto al Pleno «y ésta lo autorizó».
Abadía concluye que «los indicios racionales de criminalidad apuntan a que los verdaderos responsables políticos de los hechos investigados, en el seno del Ayuntamiento de Cartagena, y que tenían un conocimiento pleno y detallado de los mismos, eran la alcaldesa y Agustín Guillén».
«Cualquiera que sea la narración fáctica de los hechos que constan en las actuaciones, los indicios racionales de criminalidad contra la alcaldesa de Cartagena, doña Pilar Barreiro, son muy sólidos y consistentes», señala la resolución. El magistrado ve una vulneración continuada de la ley desde que Barreiro convocó el Pleno del Ayuntamiento para el cambio de uso del suelo a urbanizable.
Según el juez, para «conseguir el propósito de reclasificar el espacio natural protegido, Hansa Urbana SA tenía que contar necesariamente con la complicidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, lo que consta en el registro de la sociedad mercantil Aifos».
Para alcanzar ese objetivo, añade, el 12 de junio de 2003 el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá (que tenía las competencias de medio ambiente y también está imputado), firmó una orden y la alcaldesa convocó el citado pleno; el recorrido se terminó «el 23 de marzo por la alcaldesa de Cartagena con la aprobación definitiva del proyecto de plan parcial».
El magistrado señala que Pilar Barreiro podría negar la existencia de un pacto entre la inmobiliaria Hansa Urbana, la Consejería y el Ayuntamiento para «crear un artificio legal o señuelo de reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en 2003» con el que «dar apariencia de legalidad» y «propiciar» que el Ayuntamiento recalificara el suelo «con engaño».
Pero aunque lo hiciera, advierte el instructor, los documentos apuntan a que «su actuación podría ser arbitraria de un modo clamoroso y palmario, pues convoca el Pleno del 4 de agosto de 2003 y aprueba el Avance de Modificación Puntual número 113 del Plan General [el 23 de marzo de 2005], cuando en modo alguno puede utilizarse la modificación puntual para cambiar la clasificación de suelo no urbanizable protegido». Al hacerlo, expone Abadía, Barreiro (que ha defendido siempre la «legalidad» del proceso aunque ayer no quiso hacer declaraciones) pudo vulnerar las leyes del Suelo y de Protección de la Naturaleza Estatal y Autonómica.
Presentación en La Manga
El magistrado apunta que ni Guillén, ni los funcionarios municipales Mónica Lavia ni Pascual Lozano, también imputados, «supieron contestar» a sus preguntas sobre la «afectación urbanística de espacios naturales». Y destaca que, a pesar de que Hansa presentó en público el proyecto el 12 de Junio de 2003 (fue en un hotel de La Manga y tuvieron una participación destacada el expresidente regional Valcárcel y el golfista Severiano Ballesteros), el edil dijo no saber por qué ni la Comunidad ni el Ayuntamiento emitieron «nota alguna respecto a que era suelo no urbanizable».
El juez añade que «en la declaración del imputado Rafael Galea, responsable de la promotora», le preguntó «si algún asistente al acto de presentación de Novo Carthago le puso objeción» y contestó que no.
Barreiro se escuda en técnicos y políticos
Diego Serrano el Sáb Abr 26, 2014 9:44 pm
Barreiro se escuda en técnicos y políticos a los que el juez de Novo Carthago cuestiona
La alcaldesa dice acoger «con serenidad» el auto que plantea imputarla por presunta prevaricación, y se apoya en funcionarios y en acuerdos de PP y PSOE
26.04.14 - 00:54 - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ / EDUARDO RIBELLES | CARTAGENA.
El juez sospecha que dos funcionarios justificaron la recalificación para poder «venderla políticamente»
Abadía cree que el Pleno impuso su «voluntad» pese a que «cualquiera podría percibir la injusticia»
«Tengo la seguridad y la tranquilidad que me da saber que el trámite se ha hecho con absoluto y profundo rigor por parte de todos los que han intervenido, y de acuerdo a la ley». Un día después de ofrecer el silencio como respuesta a la resolución judicial que plantea su posible imputación por un delito de prevaricación continuada en el 'caso Novo Carthago', la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional del PP Pilar Barreiro mostró toda su disposición a ofrecer su valoración de ese varapalo e incluso aseguró que ha acogido la noticia «con serenidad».
Sus palabras y su actitud ante los periodistas, a cuyas preguntas respondió con gesto sonriente en el Palacio Consistorial tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, contrastaron con su reacción del jueves.
Ese día comunicó a través de un portavoz que no iba a hacer «comentarios», salió del citado edificio municipal cabizbaja e hizo patente su enfado por la presencia de un fotógrafo de 'La Verdad'. Barreiro solo cambió el gesto y se mostró tranquila cuando un grupo de seis de sus concejales decidió arroparla caminando junto a ella, tras la oportuna consigna del concejal de Infraestructuras y Servicios, Francisco Espejo, de «hacer piña».
La primera edil defendió la legalidad de las decisiones municipales frente al auto del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) Manuel Abadía. Éste ve «indicios muy sólidos y consistentes» de criminalidad en la tramitación del plan para construir 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en un espacio protegido de San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor.
Según el juez, las investigaciones realizadas en los últimos ocho años por la Fiscalía y por él mismo permiten afirmar de manera provisional que Barreiro pudo haber tomado en dos ocasiones decisiones injustas sabiendo que lo eran.
Una fue cuando, una vez que la promotora inmobiliaria de Alicante Hansa Urbana presentó de manera formal su proyecto urbanístico el 1 de julio de 2003, «en lugar de rechazarlo» por afectar a una zona no urbanizable de protección especial, Barreiro convocó un Pleno con «celeridad» el 4 de agosto de 2003. En esa sesión (donde 23 ediles de PP y PSOE apoyaron la propuesta, Izquierda Unida la rechazó y Movimiento Ciudadano se abstuvo), la alcaldesa votó a favor de modificar el Plan General.
La segunda resolución que cuestiona el juez es que el 23 de marzo de 2005 la alcaldesa firmó otro paso urbanístico: la aprobación definitiva del proyecto de plan parcial.
Abadía le ha pedido la Fiscalía que, en 30 días, emita un informe y señale si ve conveniente tomar declaración a Barreiro como imputada. Le advierte de que hay riesgo de que los hechos prescriban y le pide señalar qué órgano jurisdiccional sería competente para asumir la causa. Como Barreiro es aforada por su cargo estatal, la decisión final y el interrogatorio correspondería al Supremo.
No aclara si dimitiría
A pesar de este escenario judicial, que apunta a que Barreiro quiso «imponer su voluntad política» por encima de la ley en presunta «complicidad» con el consejero autonómico de Agricultura Antonio Cerdá, Barreiro insistió en que respetó las normas.
«La legalidad del procedimiento -aseguró la alcaldesa- no solo la dan los informes de los técnicos que están también en este proceso, sino esos acuerdos de comisión y de plenario donde se votó a favor por mayoría casi absoluta: 23 de los 27 concejales».
Barreiro admitió que el contenido del auto y la petición de un informe a la Fiscalía para evitar que el posible delito prescriba «no son una noticia agradable ni mucho menos». Y en cuanto a si la imputación puede impulsarla a apartarse de sus cargos, como le han exigido Izquierda Unida-Verdes y Socialistas por Cartagena (SPCT), Barreiro no aclaró qué postura política adoptaría ante los ciudadanos que la eligieron por quinta vez en 2011 para la Alcaldía y por segunda vez en 2011 para el Congreso de los Diputados. Aunque ninguna ley le impide continuar en sus puestos si es imputada, sino que se trata de una cuestión de moral pública, ciñó su decisión a una cuestión legal.
La alcaldesa contestó así: «Si finalmente se produce la imputación, que ojalá que no, tendré que ponerme en manos de asistencia letrada y tomaré las decisiones, en cada momento, con el consejo de esa asistencia».
Empresa ligada a la 'Malaya'
Ante lo ocurrido, Barreiro pidió comprensión y dio a entender que da por hecho que tendrá que declarar como imputada: «Comprenderán que esto no es sencillo; no se puede explicar en un momento. Tendrá que ser más adelante, con los documentos que certifican y avalan que todo se ha hecho bien, como estoy diciendo: de acuerdo a la ley, y con absoluto rigor. Así, al final, la verdad prevalecerá».
La doble apelación que hizo Barreiro al criterio de los funcionarios y a la decisión mayoritaria de los concejales de la corporación choca sin embargo con las primeras convicciones del TSJ sobre este caso y con la línea de investigación que sigue desde el principio y en la que quiere profundizar con nuevos interrogatorios y el análisis de documentos.
Respecto al primer aspecto, el juez trabaja con la tesis de que hubo un pacto entre Hansa, la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento para «dar apariencia de legalidad» a la recalificación y al resto de trámites para las obras (nunca iniciadas).
Y en un nuevo avance en sus pesquisas, que le llevaron ya a detectar una posible prevaricación por parte de técnicos de la administración regional que se habrían plegado a las órdenes del consejero Cerdá y del exconsejero Francisco Marqués, entre otras cosas por el presunto cobro de comisiones, ha puesto el foco en tres funcionarios municipales.
Además de los ya imputados Mónica Lavia, arquitecta, y Pascual Lozano, jefe del servicio jurídico de Urbanismo, el juez cita en su auto al ya exgerente de Urbanismo Jacinto Martínez Moncada. En su resolución, Abadía relata que en un registro en la sede de la inmobiliaria Aifos, vinculada a Hansa Urbana y cuyos responsables ya fueron investigados en la 'operación Malaya' de corrupción en Marbella, se encontró un manuscrito. Según éste, «tras una reunión con Jacinto Moncada, Mónica y Pascual van a tratar de enfocar la aprobación inicial como un acto debido a los cambios de la normativa urbanística y siempre en cumplimiento de la sentencia». El juez interpreta así esa frase: «Entiendo que por enfocar se refiere a vender pública o políticamente el proyecto».
Asimismo, el instructor advierte de que el aparente propósito de cumplir la sentencia «no es verdad», pues en ella (no se precisa cuál es la resolución) «solo se dice que antes de reclasificar hay que aprobar la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)».
El acta de esa reunión de técnicos municipales con personas ligadas a Hansa permite al juez apuntalar su impresión de que la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento iban de la mano para allanar el camino a la promotora. En el manuscrito «se dice que 'como cuestión positiva cabe destacar que el Ayuntamiento ya ha percibido el cambio de rumbo del Gobierno de Murcia apoyando el expediente; la documentación se ha analizado conjuntamente por ambas administraciones; y hay unidad de actuación».
Respecto a la actuación de los políticos del PP y el PSOE (cuyo portavoz municipal era el ahora diputado regional Antonio Martínez Bernal) al aprobar el cambio del Plan General, el juez no deja lugar a dudas. «No podían funcionarios y autoridades autonómicos y locales aprobar la modificación puntual, porque ello exigía una revisión del plan. Se saltaron la ley de modo manifiesto y clamoroso», según el magistrado. A su juicio, Novo Carthago «era un desarrollo tan extraordinario que podría percibirse por cualquiera como injusticia manifiesta» darle el visto bueno.
La UE y los 100.000 habitantes
El juez argumenta que «el suelo urbanizable con uso de residencia era mayor que el total que proponía el Plan General de Cartagena de 1987». Y cita «la contestación» que la Comunidad y el Ayuntamiento dieron en 2008 a la Comisión Europea, cuando ésta pidió información sobre el resort. En la respuesta «no se habla de 10.000 viviendas sino de 35.000 habitantes hasta un máximo puntual que puede llegar a los 100.000 habitantes».
Al votar a favor de la propuesta defendida por el concejal de Urbanismo Agustín Guillén (imputado por prevaricación), los concejales cometieron una «injusticia notoria». Según el juez, autorizar casas en una zona protegida por los valores paisajísticos del Mar Menor, el suelo agrícola asociado al Trasvase Tajo-Segura y la presencia del humedal de Lo Poyo fue habilitar una «vía para satisfacer intereses ilegítimos».
Aunque eso suponía «vulnerar flagrantemente» las leyes autonómicas y estatales, advierte, se impuso el «capricho o voluntad» política de la mayoría. En ella se escuda ahora Pilar Barreiro.
El ´Novo Carthago´, al Supremo
Juan Antonio el Dom Sep 28, 2014 8:28 pm
El juez instructor del caso Novo Carthago, el magistrado Manuel Abadía, ha decidido remitir al Tribunal Supremo las diligencias que venía instruyendo ante la negativa de la alcaldesa de Cartagena y diputada del Congreso, Pilar Barreiro, a declarar como imputada.
Al tratarse de un cargo público aforado, Abadía dictó ayer un auto en el que resuelve el envío de la investigación a la Sala Segunda del Supremo, a la que remitirá también una exposición razonada.
El magistrado había dado a Barreiro un plazo de 30 días desde el pasado 24 de junio para que declarara voluntariamente como imputada, «por ver indicios racionales de criminalidad» contra Barreiro «por un delito de prevaricación». Pero la alcaldesa «declinó esta posibilidad», según recoge el auto.
El caso Novo Carthago investiga la presunta corrupción urbanística al permitirse la recalificación, dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, del espacio protegido de Lo Poyo, en el Mar Menor, para la construcción de un complejo turístico de 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo. Este paisaje protegido tiene la declaración de las figuras LIC, ZEPA y ZEPIM.
El instructor también da cinco días de plazo al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre esta decisión, y sobre si el TSJ de Murcia sigue siendo o no competente en la causa. Se puede dar la circunstancia de que el Supremo decida quedarse sólo con la parte de la causa que afecta a la diputada aforada, o con toda.
La defensa, sorprendida
La defensa de la alcaldesa, que se queja de haberse enterado de la noticia por los medios de comunicación, ha mostrado su sorpresa por esta decisión del magistrado ya que se produce sin que el TSJRM se haya pronunciado contra el recurso de queja que planteó ante otra resolución del mismo instructor, que no aceptó su recurso contra la imputación de Barreiro.
El letrado, José Pardo Geijo, subraya que este auto «no hace sino confirmar que el derecho de defensa concedido» a Barreiro «está siendo meramente ilusorio». Indica que al no haberse aceptado las alegaciones en contra de la imputación se «confirma lo estéril que huviera resultado dicha comparecencia». Confía en que el Supremo «centre adecuadamente en términos jurídicos» el caso Novo Carthago y declare «la inexistencia de acto delictivo alguno por parte de Barreiro».
La defensa de la alcaldesa de Cartagena y diputada al Congreso, Pilar Barreiro, ha tachado de "falaces" las preguntas que el instructor del caso Novo Carthago, sobre presunta corrupción urbanística, hace en los interrogatorios, al considerar que "presupone algo que todavía no ha sido probado".
Estas afirmaciones se recogen en el recurso de queja, que deberá resolver la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) presentado contra el auto del magistrado en el que se invitaba a Barreiro a declarar de forma voluntaria en estas diligencias.
El recurso de apelación no fue admitido por el juez, al considerar que lo había presentado fuera de plazo, extremo del que discrepa la defensa, por lo que planteó el recurso de queja que la Sala aún no ha resuelto.
En este recurso, los letrados de la alcaldesa exponen que no tiene sentido que se le den treinta días para conocer el contenido de las diligencias y que no se admita un recurso presentado dentro de ese plazo.
Por otra parte, el juez instructor ha denegado un careo entre el expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel y la alcaldesa que había solicitado un abogado que ejerce la acción popular en este proceso, informa Efe.
El instructor indica que «no ha lugar, pues no existe manifestación contradictoria para acordar el careo», dado que Valcárcel «aún no ha declarado en este proceso», por lo que «no pueden existir manifestaciones contradictorias» con Barreiro.
Por su parte, IU-Verdes ha pedido la dimisión «inmediata» de la alcaldesa «para no seguir manchando el buen nombre del Ayuntamiento y de la ciudad de Cartagena».
Junto a la alcaldesa de Cartagena, otros altos cargos imputados en el caso Novo Carthago son el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, con el que se inició el proceso de recalificación urbanística cuando tenía también la cartera de Medio Ambiente; Francisco Marqués, que fue nombrado después consejero de Medio Ambiente y con el que culminó el proceso; y Joaquín Bascuñana, entonces consejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, y que ha sido el último cargo incorporado a la causa.
El proyecto era de la empresa Hansa Urbana, S.L., parcialmente participada por la CAM, y cuyo presidente, Rafael Galea, también está imputado. En total, ya hay 17 imputados en la causa.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2014/09/27/caso-novo-carthago-llega-supremo/592235.html
La Fiscalía informa a favor de que el Supremo investigue a Barreiro por 'Novo Carthago'
Juan Antonio el Sáb Nov 22, 2014 4:51 am
El Ministerio Público ve indicios de delito y pide a la Sala de lo Penal que designe a un instructor para investigar el papel de la alcaldesa de Cartagena y diputada en la recalificación urbanística
EP | MADRID 21 noviembre 2014 14:41
Así lo han señalado fuentes del alto tribunal que añaden que el Ministerio Público ha solicitado a la Sala de lo Penal que admita la causa por la condición de aforada de la alcaldesa y designe un instructor para la misma.
A finales del pasado mes de septiembre el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia Manuel Abadía elevó al Supremo una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, a comparecer voluntariamente en la causa.
En este asunto se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del resort 'Novo Carthago', que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
En la exposición elevada al alto tribunal, el magistrado de Murcia concretaba los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito.
En los fundamentos de la resolución se explicaba que habiéndose cumplido todos los trámites formales, y no habiendo comparecido voluntariamente Barreiro a prestar declaración como imputada ante el magistrado-instructor, procedía remitir la exposición razonada al Tribunal Supremo.
En estas diligencias se recoge la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
Además, están imputados el que fuera consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.
Bascuñana, la primera vez que fue citado a declarar por este asunto, se acogió a su derecho a no declarar, pendiente de un recurso de apelación que finalmente fue desestimado, por lo que permanece imputado en la causa. De hecho, un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia le apunta como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago.
Marchena, un juez-fiscal para la alcaldesa Barreiro
Juan Antonio el Sáb Nov 22, 2014 5:09 am
R. FERNÁNDEZ | MURCIA 21 noviembre 2014 16:27
Si el marchamo de conservador que acompaña a Manuel Marchena ha servido para tranquilizar en cierto modo a la alcaldesa Pilar Barreiro, así como al resto de los altos cargos públicos que la van a acompañar 'envueltos' en papel de oficio en su involuntaria e indeseada travesía por el Tribunal Supremo, es muy probable que hayan pecado de ingenuidad. Las etiquetas de conservador o progresista que con tanta ligereza se adjudican a magistrados y fiscales, en función casi siempre de la asociación a la que estén adscritos o del partido del que hayan procedido los votos que les han alzado a alguna nueva responsabilidad, raras veces acaban explicando el sentido de algunas resoluciones. Y menos en la jurisdicción penal, pues un delito es un delito, así sea el color del cristal con que se mire.
"Lo tengo por un hombre serio, riguroso y muy de fiar", afirmaba el Fiscal Superior de la Región, Manuel López Bernal, al ser interrogado acerca del nuevo ocupante de la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, un magistrado con el que, dejando a un lado las etiquetas, comparte no pocas cosas. No en vano, Manuel Marchena Gómez ,nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, procede de la Carrera Fiscal y durante unos años (1992-1994) estuvo destinado en la Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado, un órgano por el que tiempo atrás también pasó el propio López Bernal.
Con fama de dialogante y abierto, pero a la vez estricto en la aplicación de las leyes, este magistrado-fiscal, o fiscal-magistrado, tiene ahora en sus manos el futuro más inmediato del caso de supuesta corrupción urbanística más relevante que se ha instruido en la Región en toda su historia: 'Novo Carthago'. No puede ser considerado de otra manera un asunto que mantiene actualmente imputados a tres consejeros de los Gobiernos Valcárcel -Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, el actual delegado del Gobierno- y a media docena de segundos escalones de la Administración regional, además de un nutrido grupo de altos funcionarios y asesores. Y, por si eso era poco, que ya ha puesto la proa en dirección a quien durante dos décadas dirigió los destinos de la Región: el propio Ramón Luis Valcárcel.
Pero no ha sido ninguno de tan relevantes hombres públicos el que ha decidido que el 'caso Novo Carthago' acabe, siquiera de manera provisional, en el más alto órgano jurisdiccional español. Ha sido la condición de diputada nacional de Pilar Barreiro, y el aforamiento que ese cargo lleva aparejado, lo que ha llevado al magistrado instructor de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía, a abstenerse en favor del Supremo.
Dependerá de Manuel Marchena y de sus compañeros de Sala la decisión que determine si 'Novo Carthago' se instala definitivamente en Madrid o, al contrario, si le ponen el sello de vuelta por no apreciar indicios suficientes de que Barreiro prevaricara. Una hipotética decisión, ésta última, que sin duda vendría a aliviar a la alcaldesa de Cartagena, pero que volvería a poner al resto de los imputados, y a otros que pudieran llegar, en brazos del altamente inquisitivo Manuel Abadía.
Después de una década instalado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, primero como fiscal y a partir de 2007 como magistrado, es de imaginar que a este jurista con apellido de defensa central no le va a quitar un minuto de sueño tener bajo su responsabilidad un asunto como 'Novo Carthago'. Para quien ha tenido que lidiar en los últimos años con causas tan comprometidas y mediáticas como el 'caso Mari Luz', el 'caso Saqueo de Marbella', el 'caso Atutxa' y dirigir la instrucción de las diligencias abiertas contra el magistrado Baltasar Garzón por los cobros durante su estancia en Nueva York, la investigación abierta sobre la presunta recalificación ilegal de unos terrenos junto al Mar Menor debe ser poco más que una menudencia.
Por lo que se refiere a los asuntos con connotaciones políticas, por sus manos han pasado algunos antaño ilustres personajes, ahora caídos en desgracia por el peso de sus propios y vergonzantes actos, como el exministro y expresidente de Baleares, Jaume Matas, y el expresidente de la Diputación de Castellón y expresidente provincial del PP, Carlos Fabra. Ambos, hay que advertirlo, sin que ese paso por el Supremo les haya sido demasiado propicio.
La casualidad ha querido, además, que el 'caso Novo Carthago' haya venido a coincidir en su periplo por el Alto Tribunal con dos investigaciones de campanillas: el 'caso ERE', que tiene en capilla a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el 'caso Pokemon', por el que está siendo investigado el portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro.
Gran Cruz de San Raimundo
En ámbitos de la Justicia murciana se da por cierto que Marchena es "un magistrado de garantías". Algo que defienden de cualquier otro de los jueces de la Sala Segunda del Supremo y que explica que la decisión que se acabe adoptando sobre 'Novo Carthago', cualquiera que sea, no vaya a generar controversia alguna. "Se analizará en términos jurídicos, y a otra cosa, mariposa. Si se lo queda el Supremo, pues perfecto, y si se devuelve a Murcia se seguirá trabajando como hasta ahora", explicaba un destacado integrante de la Administración de Justicia de Murcia.
Lo que está claro es que, por muy relevante que pueda ser este asunto para la Región, no va a suponer un antes y un después en la carrera de Manuel Marchena. En su currículo, preñado de hitos y referencias a cual más brillante, destacan la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort -la condecoración de mayor rango en el ámbito judicial- y, por supuesto, su reciente elección por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con doce de los veinte votos emitidos, para presidir la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y si ser magistrado del Supremo equivale a alcanzar la cumbre de la Judicatura en España, presidir una de sus salas viene a ser lo que para un escalador completar los catorce ochomiles.
En el Alto Tribunal ha venido a coincidir ahora el ?caso ERE?, que tiene en capilla a Chaves y Griñán
http://www.laverdad.es/murcia/201411/21/marchena-juez-fiscal-para-20141121162003.html
La fiscal del Supremo ve indicios en Barreiro, a un paso ya de ser imputada
cuchillero el Dom Nov 23, 2014 7:47 am
El Ministerio Público considera que el Alto Tribunal debe asumir la investigación del 'caso Novo Carthago' en lo relativo a la diputada
RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA 22 noviembre 2014 00:55
Los zapatos de Pilar Barreiro están cada vez más cerca de resonar sobre los relucientes mármoles polícromos de la Galería de los Pasos Perdidos del Tribunal Supremo, entre sus imponentes columnas de estilo jónico y bajo la inquisitiva mirada de las pinturas de Alcalá Galiano que representan las virtudes de la Justicia.
Un informe de la Fiscalía del Alto Tribunal, suscrito por Illana Navia-Osorio, concluye que de las diligencias del 'caso Novo Carthago' se deducen indicios suficientes contra la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional por el PP, Pilar Barreiro, que justificarían que sea investigada por un presunto delito de prevaricación. Una circunstancia que parece abocar a que el máximo órgano jurisdiccional español asuma en su totalidad la causa 'Novo Carthago', debido a la condición de aforada de la parlamentaria popular.
Serán ahora los miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo quienes, a través de una resolución que se dictará previsiblemente en las próximas semanas, decidan si asumen la investigación sobre ese presunto caso de corrupción urbanística o si, al contrario, rechazan los argumentos apuntados por la Fiscalía y devuelven el asunto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.
Coincidencia con Abadía
El informe de la fiscal Illana Navia-Osorio viene a coincidir básicamente, según fuentes próximas a la investigación, con las conclusiones a las que llegó hace dos meses el magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Murcia, Manuel Abadía, y que dejó plasmadas en una Exposición Razonada que remitió al Tribunal Supremo. En ese escrito -cuyos fundamentos concretos no han trascendido, como tampoco si apunta a nuevos posibles implicados en la presunta trama de corrupción- venía a reiterar que existen múltiples datos que apuntan a que la primera edil cartagenera pudo cometer un presunto delito de prevaricación. Algo que el instructor viene manteniendo desde mayo pasado, cuando dictó un auto en el que sostenía que «existen indicios racionales de criminalidad muy sólidos y consistentes» contra Pilar Barreiro por su participación en la tramitación urbanística de Novo Carthago.
El magistrado considera que la recalificación supuestamente ilegal de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor, en los que la promotora Hansa Urbana pretendía edificar 10.000 viviendas, hoteles, centros de convenciones y campos de golf, no habría sido posible de no haber existido un aparente concierto de voluntades entre el Ayuntamiento de Cartagena y varias consejerías del Gobierno regional.
Ya forma parte del proceso
Pilar Barreiro forma parte de la investigación sobre Novo Carthago desde el pasado julio, cuando se personó en las diligencias atendiendo a la 'invitación' que el instructor le había hecho en ese sentido. Consciente el magistrado Abadía de que no podía tomarle declaración como imputada por encontrarse aforada, le ofreció tener conocimiento de las actuaciones y participar, a través de sus abogados, José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz, en las diligencias que se fueran practicando.
Igualmente le ofreció la posibilidad de declarar de forma voluntaria, aunque advirtiéndole de que tendría que ser en calidad de imputada. Un trance que Pilar Barreiro rechazó y por el que ahora, si el Supremo acaba asumiendo la causa, podría tener que pasar de manera forzosa.
El 'caso Novo Carthago' acumula ya una veintena de imputados, entre los que figuran varios altos funcionarios del Consistorio cartagenero y el exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén, además del consejero Antonio Cerdá y los exconsejeros Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana.
http://www.laverdad.es/murcia/201411/22/fiscal-supremo-indicios-barreiro-20141122005518-v.html#comments
Re: Barreiro y el caso 'Novo Carthago'
cuchillero el Dom Nov 23, 2014 7:52 am
La regidora calla, el PSOE dice que «es insostenible» e IU exige la dimisión
La Alcaldía resta valor al informe porque «es un paso procesal previsto», y avanza que Barreiro no hablará hasta que el Supremo se pronuncie E. RIBELLES | MURCIA 22 noviembre 2014 00:54
Silencio por respuesta al informe de la Fiscalía del Alto Tribunal. Un portavoz de la alcaldía cartagenera se limitó ayer a valorar que «es un paso procesal previsto», y añadió «que se esperará al pronunciamiento del Supremo para hacer alguna manifestación». Las mismas fuentes apuntaron «a las reiteradas manifestaciones» que la alcaldesa, Pilar Barreiro, ha realizado «sobre la tramitación administrativa de ese expediente», en alusión al proyecto Novo Carthago.
Más contundente fue en sus valoraciones el Partido Socialista, indicando que «la negativa de Barreiro a declarar ante la justicia ordinaria nos ha conducido al bochornoso espectáculo en el que nos hallamos inmersos los cartageneros».
«Barreiro -prosiguió el PSOE- ha antepuesto su interés personal y se ha escudado en su condición de aforada para no responder de forma voluntaria por el 'caso Novo Carthago'. Por lo que su situación como alcaldesa de Cartagena ya es insostenible». Los socialistas también criticaron que «a los cartageneros no se les olvida» que la regidora popular «no quiso dar explicaciones ante el Pleno y ante todos los ciudadanos». En esta línea, reprocharon a la actual alcadesa que «tampoco quiso colaborar ante la justicia y declarar voluntariamente. Se negó a renunciar a su aforamiento, fruto de su condición de diputada, cuando por lo que se le investiga, es por su gestión en este caso».
Los socialistas cartageneros finalizaron lamentando que «Pilar Barreiro ya no tiene credibilidad alguna para seguir al frente de la alcaldía. Y el Partido Popular, ya no puede seguir mirando hacia otro lado y debería tomar cartas en el asunto».
Recados para Valcárcel
Para Juan Luis Martínez Madrid, secretario general de Socialistas por Cartagena (SPCT), «se ha confirmado lo que era un secreto a voces, Pilar Barreiro tendrá que declarar en calidad de imputada ante el Tribunal Supremo, dada su condición de aforada por el caso Novo Carthago». Martínez Madrid también mandó un recado al PP regional: «Barreiro debe ser cesada por Valcárcel».
Izquierda Unida-Verdes se sumó a la petición unánime de «dimisión», porque, a juicio de esta formación, «son palmarias, claras y documentadas las pruebas irrefutables de la necesaria contribución de Barreiro en la práctica de una prevaricación administrativa, cuyo móvil queda pendiente de acreditar por parte del juez Marchena». Por ello, pidieron al presidente del PP, Ramón Luis Valcárcel, «medidas ejemplarizantes».
http://www.laverdad.es/murcia/201411/22/regidora-calla-psoe-dice-20141122005447-v.html
Los indicios contra la alcaldesa
cuchillero el Dom Nov 23, 2014 7:59 am
- Asistió a la presentación oficial del proyecto
El 12 de junio de 2003, la alcaldesa Pilar Barreiro fue una de las autoridades que asistieron a la presentación pública de la macrourbanización, pese a que en ese momento apenas se habían iniciado los complejos trámites que debía superar hasta lograr la recalificación de los terrenos.
- Ni una palabra sobre la protección
- Nadie advirtió de que no eran urbanizables
En sus resoluciones, el magistrado Manuel Abadía ha destacado que ningún cargo público hizo advertencia alguna en la presentación de Hansa Urbana, ni le hizo saber al promotor Rafael Galea, que el suelo en el que pretendía levantar 10.000 viviendas no era urbanizable.
- Un documento inculpatorio
- Un supuesto pacto recogido por Aifos
Un documento intervenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, durante un registro en la firma Aifos, apuntaba a la existencia de un concierto de voluntades entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena para recalificar el suelo.
- Impulsora de la tramitación
- Convocó el Pleno que aprobó la modificación
La alcaldesa convocó «con celeridad» el Pleno del 4 de agosto de 2003 en el que se aprobó la Modificación Puntual MP nº 113 del Plan General, «cuando en modo alguno puede utilizarse la MP para cambiar una clasificación de suelo no urbanizable protegido», recuerda en instructor.
- Declaraciones que la incriminan
- Cerdá y Guillén apuntan a la alcaldesa
En sus declaraciones como imputados, el consejero Antonio Cerdá y el exedil de Urbanismo, Agustín Guillén, apuntaron a la alcaldesa. Cerdá aseguró haber recibido una llamada del Ayuntamiento para reabrir el PORN del Mar Menor, y Guillén dijo que Barreiro autorizó a llevar el asunto al Pleno.
http://www.laverdad.es/murcia/201411/22/indicios-contra-alcaldesa-20141121225001.html
Diego Serrano el Mar Ene 27, 2015 5:32 am
El Supremo se declara competente para investigar a Barreiro por 'Novo Carthago'
El magistrado José Soriano Soriano será el encargado de realizar las pesquisas sobre la presunta implicación de la diputada y alcaldesa de Cartagena en la trama urbanística
El Tribunal Supremo investigará a la alcaldesa de Cartagena y diputada del PP Pilar Barreiro Álvarez en relación con el 'caso Novo Carthago', relativo a una posible corrupción urbanística.
En su auto de este lunes los magistrados de la Sala del alto tribunal afirman que tanto el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) como el fiscal han apreciado un posible delito de prevaricación en la conducta de la alcaldesa y diputada.
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201501/26/supremo-declara-competente-para-20150126145904.html#comments
Diego Serrano el Mar Ene 27, 2015 5:45 am
La alcaldesa solicita declarar voluntariamente ante el Tribunal
Pilar Barreiro asegura que la apertura del proceso le permitirá demostrar su «inocencia y el rigor legal y administrativo con el que se llevó a cabo la modificación del Plan General»
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, anunció que solicitará acudir a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, ya que tiene la "absoluta certeza" de que la investigación abierta reconocerá la "rigurosa legalidad" de los trámites seguidos por el Ayuntamiento de Cartagena en la modificación número 113 del Plan General de Ordenación Urbana, conocida como Novo Carthago.
Barreiro, que también es diputada, tomó esta decisión después de conocerse que el Tribunal Supremo se ha declarado competente para instruir y en su caso enjuiciarla por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso 'Novo Carthago'.
La alcaldesa y diputada nacional mostró su disposición absoluta a colaborar en la investigación, y anunció que se va a personar en la causa y va a solicitar al juez acudir a declarar voluntariamente.
http://www.laverdad.es/murcia/cartagena/201501/26/alcaldesa-solicita-declarar-voluntariamente-20150126173300.html
Juan Antonio el Mar Ene 27, 2015 9:40 pm
Barreiro cae en manos del Supremo
El Alto Tribunal investigará a la alcaldesa de Cartagena y diputada al apreciar indicios de prevaricación y deja el resto de la causa al Tribunal Superior de Murcia
Pilar Barreiro, alcaldesa del PP en Cartagena y diputada nacional, ya está en manos del Tribunal Supremo (TS). A un paso, mucho más que probable, de encontrarse imputada por un presunto delito de prevaricación. Cinco magistrados de la Sala Segunda o de lo Penal -Cándido Conde-Pumpido Tourón como ponente, además de Manuel Marchena, Joaquín Giménez, Alberto Jorge Barreiro y Antonio del Moral- han apreciado la existencia de indicios delictivos suficientes como para encausar -abrir un procedimiento- a Barreiro por su participación en la recalificación supuestamente ilegal de los terrenos de Novo Carthago, a orillas del Mar Menor, en los que la promotora Hansa Urbana iba a construir una macrourbanización. Como magistrado instructor ha sido designado José Ramón Soriano Soriano.
El Alto Tribunal ha asumido de esta forma la tesis del magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, quien el pasado octubre decidió remitir una Exposición Razonada al Supremo por considerar que existían datos incriminatorios suficientes como para imputar a la alcaldesa popular y que, por disfrutar ésta de un fuero especial como diputada, el órgano competente no era otro que el TS.
En el auto notificado ayer, la Sala respalda por completo esas tesis y advierte de que para asumir la investigación contra Barreiro basta con que se «consignen hechos que, según una voloración muy provisional, pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de la persona aforada». A tal respecto, la respuesta que los magistrados se dan a sí mismos es afirmativa.
La resolución recuerda, citando al magistrado murciano Manuel Abadía, que el objeto de la investigación se centra «en la anómala tramitación en la Comunidad Autónoma de Murcia del reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor. Una modificación legislativa que arranca «con la firma por el consejero Antonio Cerdá del reinicio de ese PORN, tramitado previa propuesta del director general Carlos Brugarolas, sin contar con los informes de los técnicos del Servicio de Protección de la Naturaleza y encomendando la tramitación a una asesora provisional, María Antonieta Fernández Cano». Una decisión administrativa que permitió que zonas de Novo Carthago destinadas a la agricultura intensiva pudieran acoger un campo de golf y un área recretativa.
A su vez, el Ayuntamiento de Cartagena inició de oficio la Modificación Puntual nº 113 del PGOU, «con el único fin de favorecer a Hansa Urbana», que pretendía levantar 10.000 viviendas en una zona de especial protección medioambiental.
El tribunal considera que la aprobación de esa modificación urbanística, que el instructor Abadía y el Fiscal consideran ilegal, fue «promovida por la alcaldesa, que es la aforada ante esta Sala». Una razón suficiente para que el TS haya asumido la investigación contra Barreiro, sobre la que ya advierte que «deberá ser oída, manifestando lo que estime procedente para su defensa». Una frase que apunta, sin apenas margen para la duda, a que se verá imputada.
El grueso sigue en Murcia
La resolución del Alto Tribunal tiene una segunda vertiente no menos importante, pues el resto del 'caso Novo Carthago', es decir, todo aquello que no afecta directamente a Pilar Barreiro, seguirá en manos del TSJ de Murcia y del magistrado Manuel Abadía. Una decisión que se justifica porque la tramitación del expediente urbanístico bien se puede escindir entre las medidas adoptadas por la Administración regional, por un lado, y el Consistorio cartagenero, por otro.
La recuperación del control de la investigación por parte de Abadía va a permitirle, previsiblemente, inculcar a las diligencias el elevado ritmo de tramitación que ya llevaban cuando decidió remitir la Exposición Razonada al Supremo.
Con la particularidad de que, desde hace casi cuatro meses, el TSJ está recibiendo informes de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Agencia Tributaria y de otros organismos sobre los imputados. Unos documentos de los que nada ha trascendido por estar bajo secreto, pero que ahora pueden llevar al magistrado a adoptar numerosas medidas y a ejecutar las decisiones que pueda tener pendientes.
En el 'caso Novo Carthago' están imputados tres consejeros de los gobiernos de Valcárcel, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, actual delegado del Gobierno, así como una veintena más de directores generales, altos funcionarios, asesores y hasta el promotor y dueño de Hansa Urbana, Rafael Galea.
Pilar Barreiro y el entonces concejal Agustín Guillén, también imputado por 'Novo Carthago', explicando en 2006 los usos que podrían darse a algunos terrenos situados junto al Mar Menor
http://www.laverdad.es/murcia/201501/27/barreiro-manos-supremo-20150127014627-v.html
Juan Antonio el Mar Ene 27, 2015 9:47 pm
ANSE pide a Garre anular la recalificación y ve a Valcárcel como máximo responsable
La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción abrió el 'caso Novo Carthago' hace diez años, registrará hoy una solicitud para que la Comunidad Autónoma anule de manera «urgente» la recalificación de suelo asociada al proyecto. El director del grupo ecologista, Pedro García, pedirá al presidente Alberto Garre que dicte un decreto con el que «se aparte de la senda de Valcárcel y opte por la prudencia y la sensatez».
García recordó que Valcárcel paró en 2006 el plan de Lo Poyo, lindero con Novo Carthago, por las presuntas conexiones con el 'caso Malaya', y «apostó» por el de Hansa. Y ello a pesar de que participaron los mismos empresarios, de que afecta al mismo espacio protegido, y de que prevé el doble de casas.
Sobre Barreiro, García dijo que «ha acompañado un proyecto disparatado en vez de pararle los pies al expresidente, máximo responsable político». A su juicio, «que Barreiro ha prevaricado lo demuestra que en el Plan General de 2012, por imposición de la Unión Europea, corrigió la recalificación del humedal, donde se iba a hacer un campo de golf, pero permitió a Hansa obtener edificabilidad por no poder ocuparlo».
http://www.laverdad.es/murcia/201501/27/anse-pide-garre-anular-20150127014542-v.html
Juan Antonio el Mar Ene 27, 2015 10:06 pm
Rechazó declarar en el TSJ, pero ahora afirma que lo hará 'voluntariamente'
El pasado septiembre, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que instruye el 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, ofreció a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, la posibilidad de acudir a declarar voluntariamente y, de esa forma, ofrecer explicaciones sobre su participación en la tramitación administrativa que permitió que unos terrenos junto al Mar Menor, que gozaban de especial protección ambiental, se convirtieran en urbanizables.
Al magistrado Abadía no le quedó otra opción que hacerle ese ofrecimiento, ya que no podía obligar a la alcaldesa a comparecer. Y ello debido a que, por su condición de diputada, disfruta de un fuero especial que impide que nadie pueda imputarla, salvo un juez del Tribunal Supremo.
Pilar Barreiro rechazó acudir al TSJ, lo que llevó al instructor a redactar una Exposición Razonada, dirigida al Supremo, en la que explicaba los indicios de delito que, en su opinión, justificaban que esta política del PP fuera llamada a declarar como imputada por un presunto delito de prevaricación.
Ayer, el Alto Tribunal notificó una resolución en la que acepta su competencia para investigar a Pilar Barreiro, lo que casi permite avanzar que ésta será citada como imputada en un plazo más o menos breve. La reacción de la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, consistió en emitir un comunicado en el que aseguraba que solicitará acudir a declarar voluntariamente ante el Supremo.
Tras conocer que el Alto Tribunal había aceptado investigar si incurrió en un presunto delito de prevaricación por la Modificación Puntual nº 113 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Barreiro aseguró tener «la absoluta certeza de que la investigación abierta reconocerá la rigurosa legalidad de los trámites seguidos por el Ayuntamiento de Cartagena». En su opinión, la apertura del procedimiento por parte del Tribunal Supremo le permitirá demostrar su «inocencia», así como «el rigor legal y administrativo con el que se llevó a cabo la modificación del mencionado plan».
Por último, la política popular insistió en mostrar su «disposición absoluta» a colaborar en la investigación y anunció también que se va a personar en la causa. Una manifestación, esta última, que no deja de sorprender por cuanto ya está personada en el 'caso Novo Carthago' desde el pasado septiembre.
La defensa de Barreiro está en manos del gabinete legal de José Pardo Geijo y Raúl Pardo-Geijo Ruiz.
http://www.laverdad.es/murcia/201501/27/rechazo-declarar-pero-ahora-20150127014541-v.html
Juan Antonio el Mar Ene 27, 2015 10:52 pm
Barreiro: «Seguiré siendo alcaldesa hasta mayo»
La alcaldesa de Cartagena asegura tener fuerzas para volver a presentarse como candidata en los próximos comicios
La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, en declaraciones previas al Pleno que se celebra esta mañana, anunció que seguirá ejerciendo como primera edil de la ciudad portuaria hasta el mes de mayo y dijo sentirse respaldada por el presidente regional del PP, Ramón Luis Varcárcel, y que tiene fuerzas para volver a ser candidata en mayo.
Barreiro reconoció no tener conocimiento por escrito del auto del Tribunal Supremo que la encausa por el 'caso Novo Carthago' pero aseguró que declarará con el asesoramiento de su abogado ante el alto tribunal. Y dijo sentirse con fuerzas puesto que, según afirmó, «lo único de lo que realmente se me acusa es de prevaricación administrativa». Los partidos de la oposición le reclaman que dimita.
La primera edil aseguró contar con el apoyo de los técnicos municipales ya que considera haber actuado en ese asunto con arreglo a los procedimientos reglados.
Diego Serrano el Sáb Feb 07, 2015 7:30 am
El juez de 'Novo Carthago' cita a declarar al yerno de Valcárcel como testigo
El magistrado Manuel Abadía le convoca este domingo a las 12.30 horas bajo multa de 5.000 euros si no comparece
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) que instruye el caso Novo Carthago de presunta corrupción urbanística reactiva la causa y cita a las 12:30 horas del domingo como testigo a F.P.J., yerno del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel. La resolución, notificada esta tarde por Manuel Abadía al fiscal y las defensas, cita también para ese mismo día, igualmente como testigo, al empresario Javier M.J., a continuación del anterior.
En medios de la defensa ha causado sorpresa que se cite para un día festivo y con tanta premura a estos testigos, a los que se apercibe de que de no comparecer, se les puede imponer una multa de hasta 5.000 euros. Aunque en un principio pensaron que podían tratarse de un error, las mismas fuentes explicaron que la fecha es correcta, por lo que se proponen presentar un recurso para que se elija otro momento posterior.
Aunque en la resolución del instructor no se indican los motivos de la citación, al tratarse de testigos, fuentes cercanas al caso creen que la convocatoria para el yerno del actual vicepresidente del Parlamento Europeo trata de que F.P.J. informe sobre algunos de los regalos que supuestamente recibió con motivo de su boda, uno de los cuales procedía del también imputado en esta causa Rafael Galea, presidente de la inmobiliaria Hansa Urbana.
Sobre este extremo, Galea presentó un recurso el pasado octubre en el que señalaba que la factura por importe de 3.879 euros por la que el instructor se había interesado en un escrito dirigido a El Corte Inglés correspondía a jamones y quesos comprados para los tradicionales regalos de Navidad a los colaboradores de la empresa. Añadía que en ningún momento esa suma se correspondía con ningún regalo hecho con motivo del enlace matrimonial de la hija de Valcárcel con quien ahora es citado por el juez como testigo.
Esa inmobiliaria de Caja Mediterráneo promovía la urbanización de viviendas, hoteles de lujo y campos de golf en terrenos próximos al Mar Menor parcialmente protegidos por su valor ambiental que dio origen y nombre al caso.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/06/juez-novo-carthago-cita-20150206200546.html
cuchillero el Sáb Feb 07, 2015 8:23 pm
El TSJ cita a un jefe del despacho que contrató a la hija mayor de Valcárcel
El magistrado Abadía reactiva el 'caso Novo Carthago' y profundiza en las relaciones personales entre el expresidente de la Comunidad y el promotor Rafael Galea
Manuel Abadía se ha puesto en marcha. El magistrado ha reactivado la instrucción del 'caso Novo Carthago' y lo ha hecho con paso decidido, poniendo de manifiesto que no ha dejado caer en saco roto el dato de que un despacho vinculado al constructor Rafael Galea tuvo contratada, a lo largo de los años 2006 y 2007, a la hija mayor del entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel. Una circunstancia que incide en la posible existencia de relaciones personales entre el actual vicepresidente popular del Parlamento Europeo y el promotor de Novo Carthago, quien obtuvo autorización -de manera supuestamente irregular- para levantar una macrourbanización en unos terrenos protegidos a orillas del Mar Menor.
Con el fin de abundar en esa línea y esclarecer las razones por las cuales María del Rosario Valcárcel entró a trabajar en la sociedad SYJEQ SL, el magistrado citó ayer a declarar al representante legal de esa firma, Javier M.J.. Su comparecencia, en calidad de testigo, ha sido fijada para este mismo domingo.
La contratación se prolongó durante 2006 y 2007, los dos años posteriores a la aprobación definitiva del proyecto Novo Carthago. Este despacho, radicado en Jerez de la Frontera (Cádiz) y con otra sede en Sevilla, tenía como cliente más destacado en esos momentos a Rafael Galea. Tanto es así que en 2005 la promotora Hansa Urbana aportó a esa mercantil 414.000 euros, lo que supuso el 43% de todos sus ingresos. Un dato que permite intuir hasta qué extremo era importante la relación del despacho SYJEQ SL con Rafael Galea (nacido en Sevilla, pero vinculado empresarialmente a Jerez), lo que abre la posibilidad -y en esa línea apuntaba un informe de la Agencia Tributaria remitido al TSJ el pasado septiembre- a que el constructor mediara en la contratación de la hija de Valcárcel. Los ingresos totales de la mayor de los vástagos del entonces presidente regional ascendieron a unos 44.500 euros.
En el mismo sentido -la indagación en los posibles vínculos personales- hay que interpretar la citación del yerno de Valcárcel, esto es, el esposo de su hija mayor, también citado ayer como testigo. Es previsible que, en este caso, el instructor de 'Novo Carthago' lo interrogue acerca del regalo de bodas que les hizo Galea, quien fue invitado a su boda.
No en vano, el magistrado ya envió un oficio en septiembre a un centro comercial de Murcia para conocer las razones de un pago realizado por Hansa Urbana, por importe de 3.857 euros, en 2007; es decir, el mismo año en que tuvo lugar el enlace matrimonial. También requirió a ese establecimiento para que, en el caso de que la pareja hubiera tenido allí una lista de bodas, le remitiera la documentación existente sobre los regalos que hubiera podido adquirir Rafael Galea.
El instructor investiga desde hace meses si los tres consejeros de los Gobiernos de Valcárcel que permanecen imputados -Cerdá, Marqués y Bascuñana- pudieron recibir indicaciones para sacar adelante la urbanización, pese a tratarse de unos terrenos protegidos.
Valcárcel respondió anoche en Lorca con un «nos parece muy bien», al ser preguntado por los periodistas acerca de la citación de su yerno. Y remarcó que el marido de su hija solo ha sido llamado a declarar «como testigo, lo cual no supone una implicación, ni hay sospechas, ni tan siquiera es una acusación».
El magistrado Abadía. / F. M.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/07/cita-jefe-despacho-contrato-20150207011050-v.html
Baladre el Mar Feb 10, 2015 7:12 am
El yerno de Valcárcel dice al juez que no recuerda cómo pagó su viaje de novios
Fulgencio P. J. declara que el promotor de Novo Carthago no fue invitado a su boda, aunque sí su esposa por deseo expreso de la pareja
El yerno de Ramón Luis Valcárcel, Fulgencio P. J., declaró ayer ante el magistrado Manuel Abadía que pagó de su bolsillo el viaje de novios que realizó en octubre de 2007 a Australia y Nueva Zelanda, aunque no recuerda cuánto le costó ni si lo abonó en efectivo o mediante transferencia bancaria. Así lo expresó en su comparecencia por la mañana en calidad de testigo en el marco de las diligencias que se siguen sobre el 'caso Novo Carthago', en el que está imputado el constructor Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, promotora de la macrourbanización que se iba a construir en terrenos protegidos de Lo Poyo, en el Mar Menor.
María del Rosario Valcárcel, hija mayor del expresidente de la Comunidad Autónoma, estuvo trabajando en la sociedad Syjeq SL, vinculada a Galea. El juez instructor preguntó al yerno de Valcárcel sobre su boda con María del Rosario, celebrada el 7 de octubre de 2007, yendo directamente al asunto del viaje de novios.
El juez le hizo seis preguntas relacionadas con este asunto, intentando conocer las posibles vinculaciones entre Galea, Valcárcel y los regalos de boda que podría haber recibido la pareja del empresario sevillano. Preguntado sobre el nombre y domicilio de la agencia que le organizó el viaje, y el nombre y apellidos de la persona que trató con él, Fulgencio P. J., insistió en que el viaje lo compró él personalmente en la agencia Diseño Tour de Murcia, emplazada cerca de la iglesia de San León Magno, en el complejo Princesa, y que le atendió una persona llamada Ginés, sin recordar los apellidos. Abadía reiteró entonces que si conocía cuánto costó el viaje completo de boda y cómo fue pagado, a lo que el testigo respondió que no recordaba ni el precio completo ni si fue en efectivo o transferencia, pero sí que lo pagó él directamente.
El instructor requirió más detalles concretos sobre la luna de miel, e incluso llegó a preguntarle de qué aeropuerto partió para hacer el viaje de boda -salieron desde Madrid- y qué vuelo tomó. Abadía pidió al testigo que precisara qué modelo de avión fue, señalándole si fue un «Airbus, Boeing, DC 10, Jumbo o McDonald Douglas», así como «la compañía aérea en la que voló y la localidad en la que aterrizó el vuelo». Fulgencio P. J. respondió que aterrizaron en Londres, y no recordaba ni la compañía ni el tipo de avión, ya que alegó que habían transcurrido ocho años. En Londres hicieron escala, y el viaje continuó a Australia y Nueva Zelanda, sin aportar tampoco los hoteles donde estuvieron.
Sobre los regalos de boda que le hicieron Rafael Galea Expósito y su hijo, Rafael Galea García, el marido de la hija mayor de Valcárcel apuntó que no recordaba los regalos porque asistieron más de 400 invitados al enlace. En este punto intervino el letrado Juan Francisco Pérez Avilés, en representación de IU-Verdes, quien preguntó al testigo si Galea fue invitado personalmente por él al enlace, a lo que replicó que Galea no estuvo invitado a la boda, aunque sí su señora, que fue invitada personalmente por los novios. Fulgencio P. J. afirmó que sus suegros le sugirieron algunos invitados, como suele ser habitual, e hizo constar que la lista la confeccionaron tanto el declarante como su esposa, sin recordar qué regalo le hizo.
Galea sí admitió en noviembre de 2013, en su declaración ante el juez Abadía, haber sido invitado por Valcárcel al enlace. La empresa Hansa realizó un pago en El Corte Inglés en 2007, el año de la boda, por importe de 3.857 euros, cantidad que según la empresa gastó en la compra de jamones y quesos como regalo de Navidad a clientes.
El letrado Avilés también le preguntó si su esposa trabajaba en 2006 y 2007, pero el juez la rechazó por improcedente. Fulgencio señaló que él si vivía en Murcia en 2006, pero no así su entonces novia, que vivía en Sevilla. También se le inquirió que dijera si conocía la empresa Syjeq SL, indicando que no la conoce; tampoco conoce las empresas Concursal Tributario y Jurídico SL, ni a Francisco M. J., el otro testigo citado ayer.
En la comparecencia estuvieron presentes el letrado de Anse, Ginés Ruiz; los letrados Manuel Pino y Aurelio Llanes, por parte de Antonio Cerdá, consejero de Agricultura e imputado en el caso [al igual que el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana]; la abogada Ana Ruiz Pérez, defensora del exedil de Urbanismo de Cartagena Agustín Guillén; y Raúl Pardo-Geijo, letrado de la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. El juez Abadía solicitó la declaración de Barreiro, aunque ésta se negó a declarar como imputada; el Supremo ya se ha declarado competente para investigar su implicación al ser diputada.
El juez acabe citará a declarar en los próximos días al vendedor de la agencia donde se compró el viaje.
Fulgencio P. J. llegó al Palacio de Justicia en moto y sin abogado. / N. GARCÍA / AGM
http://www.laverdad.es/murcia/201502/09/yerno-valcarcel-dice-juez-20150209004025-v.html
Juan Antonio el Mar Feb 10, 2015 9:28 pm
Investigan a la asesora de Cerdá por presunto cohecho de 177.000 euros
El magistrado Abadía abre otra vía al indagar en la adquisición de una propiedad del empresario Juan Gracia por parte de una sociedad de la CAM
María Antonieta Fernández Cano, la asesora jurídica eventual del consejero Antonio Cerdá cuyos informes fueron supuestamente decisivos para que saliera adelante el proyecto urbanístico Novo Carthago, ya se encuentra formalmente imputada por un presunto delito de cohecho. El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, dictó ayer un auto en el que le atribuye haber recibido la cantidad de 177.298 euros, como mínimo, «por su actuación para calificar como urbanizable un paraje natural protegido»; esto es, los terrenos adquiridos por la sociedad Hansa Urbana junto al Mar Menor, en los que pretendía construir diez mil viviendas, un campo de golf, centro de convenciones...
En la resolución del magistrado Abadía, notificada ayer a todas las partes del 'caso Novo Carthago', se pone de manifiesto que María Antonieta Fernández Cano fue la funcionaria que el actual consejero de Agricultura, el también imputado Antonio Cerdá, «se llevó a la Consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó de las gestiones y reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor». En concreto, habría redactado los informes jurídicos que permitieron, a la postre, que terrenos que eran fruto de una especial protección ambiental, acabaran pudiendo acoger un campo de golf y edificaciones.
Los informes remitidos por Hacienda al TSJ demostrarían, según reseña el magistrado instructor, que su sueldo en la Comunidad Autónoma «no alcanzaban para los pagos que ella tenía que realizar para abonar los intereses y amortizaciones de préstamos» que tenía pendientes, «por lo que para hacerles frente realizaba ella misma ingresos en efectivo en sus cuentas».
María Antonieta ofreció ya en su día dos versiones contradictorias sobre el origen de ese dinero
La suma de los ingresos en metálico que María Antonieta Fernández realizó en sus cuentas entre los años 2002 y 2011 asciende, según el juez, a 177.298 euros, «casi treinta millones de pesetas que recibió, como mínimo, por su actuación para calificar como urbanizable un espacio natural protegido».
Abadía también deja constancia en su auto de que «el dinero recibido por tal acción lo aflora en cantidades muy superiores los años de la recalificación, pues desde 2002 a 2006 hace ingresos en metálico ella misma en su cuenta por importes de 130.297 euros».
La exasesora ya declaró en su día sobre esos ingresos y ofreció dos versiones contradictorias sobre el origen de ese dinero, ninguna de las cuales convenció al magistrado. Ahora, este jueves, tendrá oportunidad de volver a explicarse.
En el auto notificado ayer, el instructor desvela que ha abierto una nueva línea de investigación, al haber requerido a un notario de San Pedro del Pinatar para que le envíe una escritura que, en el año 2009, firmaron una sociedad de la extinta CAM, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI) y la constructora Urbincosta, propiedad del empresario de San Javier Juan Gracia. Nada más ha trascendido sobre el bien inmobiliario que transfirió Juan Gracia a esa mercantil, ni su relación exacta con el 'caso Novo Carthago' o con sus imputados.
María Antonieta Fernández. / V. V. / AGM
http://www.laverdad.es/murcia/201502/10/investigan-asesora-cerda-presunto-20150210020750-v.html
Juan Antonio el Mar Feb 10, 2015 9:40 pm
Insta a la agencia de viajes a aportar el expediente del viaje de bodas de la hija de Valcárcel
El instructor del 'caso Novo Carthago', Manuel Abadía, requirió ayer al director o a un representante de la agencia de viajes Diseño Tours para que, «de forma inmediata, aporte el expediente completo, incluido extras, del viaje de novios contratado por Fulgencio P.J. y María Rosario Valcárcel Cruz», la hija mayor del expresidente Ramón Luis Valcárcel.
El magistrado aclara que ese viaje se refiere al realizado «en octubre de 2007, desde Madrid, con escala en Londres, con destino a Australia y Nueva Zelanda», y requiere a la agencia para que indique «quién pagó y si fue en efectivo o por transferencia». Esta investigación se dirige a tratar de comprobar las supuestas relaciones personales entre Ramón Luis Valcárcel y el promotor de la urbanización Novo Carthago, Rafael Galea. Abadía también ha citado a declarar para este jueves al empleado de la agencia de viajes que atendió a la pareja y al representante del despacho SYJEQ de Sevilla en el que trabajó Mª Rosario Valcárcel.
Juan Antonio el Mar Feb 10, 2015 10:40 pm
El juez imputa por cohecho a una asesora de Cerdá
Solicita a una agencia el expediente completo del viaje de novios de la hija de Valcárcel
El magistrado instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía, ha retomado con ganas la investigación.
Si el pasado domingo tomaba declaración, en calidad de testigo, al yerno del expresidente Valcárcel, este lunes hizo público un auto en el que imputa el delito de cohecho a María Antonieta Fernández Cano, «la funcionaria regional que el consejero Antonio Cerdá se llevó a la Consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó de las gestiones y redacción del reinicio del PORN de 12 de junio de 2003».
En el auto, Abadía señala que esta funcionaria ingresó, entre 2002 y 2011, la cantidad de 177.298 euros «por su actuación para calificar como urbanizable un paraje natural protegido, observándose que el dinero recibido por tal acción lo aflora en cantidades muy superiores los años de la recalificación, pues del año 2002 al 2006 hace ingresos en metálico ella misma en su cuenta por importe de 130.297 euros».
Además, el magistrado ha solicitado a las entidades financieras correspondientes las cuentas bancarias del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y de otros imputados en la causa como Antonio Alvarado, José María Bernabé, Manuel Alfonso Guerrero y Luis M. Romera. Da un plazo de diez días y advierte a los bancos de que, en caso de que no atiendan su petición, «podrían incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial».
Por otra parte, en el mismo auto, Abadía ha fijado para el jueves a las 18.45 horas la declaración de Javier Méndez Juanes, el dueño del despacho de abogados de Sevilla que supuestamente habría contratado a la hija de Valcárcel. Estaba previsto que declarara ayer, pero al final no lo hizo.
En otra providencia fechada ayer, Abadía ha reclamado a la agencia de viajes Diseño Tours que aporte al juzgado el expediente completo del viaje de novios de la hija de Valcárcel en octubre de 2007, detallando quién lo pagó y los hoteles y extras que la pareja disfrutó en su luna de miel. El juez tomará declaración como testigo el próximo 12 de febrero al empleado de la agencia que realizó las gestiones para el viaje.
María Antonieta Fernández Cano
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/10/juez-imputa-cohecho-asesora-cerda/624297.html
Nora el Miér Feb 11, 2015 8:32 pm
El juez de 'Novo Carthago' investiga las cuentas de la hija mayor de Valcárcel
Abadía pretende confirmar si la transferencia de 17.600 euros del viaje de bodas salió de las cuentas de la pareja o si tiene cualquier otro origen
El magistrado Manuel Abadía no se da por satisfecho. El instructor del 'caso Novo Carthago' de presunta corrupción urbanística ha requerido a Cajamurcia -ahora BMN- para que informe de cuál es el origen de una transferencia de 17.600 euros, que sirvió en septiembre de 2007 para pagar el viaje de bodas de la hija mayor del expresidente Ramón Luis Valcárcel, María del Rosario, y de su esposo, Fulgencio P.J.. El ingreso se realizó a una cuenta de la agencia de viajes Diseño Tours, tal como ha comprobado el magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
El instructor solicita información sobre la cuenta de la que salió ese dinero y su titular. Además reclama de la entidad bancaria que facilite un extracto de todos los movimientos bancarios que se registraran en las cuentas de la pareja a lo largo de 2007. Para llevar a cabo esa diligencia ha designado a un inspector de Hacienda, en funciones de auxilio judicial.
Los requerimientos de Manuel Abadía se dirigen a comprobar si el viaje de novios de la hija mayor de Valcárcel y su marido, que efectuaron a Australia y Nueva Zelanda, fue costeado por la pareja o si pudo tratarse de un regalo de bodas, hipotéticamente realizado por el promotor de la urbanización Novo Carthago, Rafael Galea. El magistrado empezó hace meses a rastrear esa pista, como lo demuestra el hecho de que instara a un centro comercial a informar si este matrimonio tuvo allí la lista de bodas, así como a señalar qué regalos fueron pagados por el empresario Rafael Galea.
Con estas gestiones tratar de determinar hasta qué punto existían relaciones personales entre Valcárcel y el promotor de Novo Carthago.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/11/juez-novo-carthago-investiga-20150211012156-v.html
Juan Antonio el Vie Feb 13, 2015 12:05 pm
«Cuando la contraté no sabía que era hija de Valcárcel»
El instructor del caso 'Novo Carthago' interroga en calidad de testigo al administrador de la consultoría, vinculada con Hansa Urbana, en la que estuvo trabajando la hija mayor del expresidente de la Comunidad
«Cuando la contraté no sabía que era la hija de Valcárcel». Así se manifestó este jueves Javier Méndez, socio de Quiroga, despacho de abogados de Sevilla del que dependía SYJEQ S.L., empresa de consultoría en la que estuvo trabajando «durante dos años» una hija del expresidente de la Comunidad. Méndez fue interrogado esta tarde en calidad de testigo por el magistrado Manuel Abadía, instructor del caso 'Novo Carthago', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística.
El administrador de SYJEQ asegura que la chica llegó a la firma a través de una tía de ésta y que sólo se enteró de su parentesco con el presidente del PP regional mucho más tarde, a través de su propia hija. «No sabía ni lo que cobraba», apostilló. Reconoció, además, que su despacho hacía trabajos para la empresa de Rafael Galea, presidente de la inmobiliaria Hansa Urbana, investigada dentro de la presunta trama, aunque desvinculó la contratación de la joven de esta relación y negó conocer al constructor. Méndez especificó que del contrato se ocupó uno de los socios de su empresa, por lo que desconoce si se le ofreció el trabajo por su currículo o tras una entrevista personal.
El testigo confirmó que el 40 por ciento del volumen de negocio de su consultoría correspondía a trabajos prestados a Hansa Urbana, pero añadió que esto solo ocurrió un año. También restó importancia a este dato al comentar que esta consultoría y otras del mismo grupo cuentan con clientes con grandes volúmenes de negocio. «No soy Paquirrín», señaló Méndez, a la salida del Palacio de Justicia de Murcia, ante la presencia de numerosos medios interesados en su declaración.
También acudió a declarar esta tarde ante Abadía, en este caso en calidad de imputada por un presunto delito de cohecho, Maria Antonieta Fernández, exasesora del consejero de Agricultura y Agua de Murcia, Antonio Cerdá, que se acogió a su derecho a no prestar declaración.
El magistrado Manuel Abadía señaló en un auto que esta imputada «fue la funcionaria que Cerdá se llevó a la consejería como asesora jurídica eventual y la que se encargó en junio de 2003 del reinicio del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales» del Mar Menor.
Añade que Fernández ingresó en sus cuentas bancarias entre 2002 y 2011 más de 177.000 euros, que considera necesario investigar por si procedieran de fondos recibidos por su actuación «para calificar como urbanizable un paraje natural protegido».
Asimismo, hoy estaba citado a declarar también el director de la empresa que gestionó el viaje de bodas de la hija de Valcárcel a Australia y Nueva Zelanda en 2007, pero el instructor anuló la comparecencia porque el testigo había entregado antes un informe en el que se indica que el pago de la factura se hizo por transferencia bancaria.
Su llamamiento había sido acordado por el juez después de que el yerno de Valcárcel, Fulgencio P., asegurara el pasado domingo al declarar como testigo que ese viaje lo pagó él, aunque por los años transcurridos no podía recordar si lo había abonado en efectivo o por transferencia.
http://www.laverdad.es/murcia/201502/12/cuando-contrate-sabia-hija-20150212205338.html
Diego Serrano el Vie Feb 13, 2015 9:31 pm
La asesora de Cerdá se acoge al derecho de no declarar
El magistrado Manuel Abadía había citado en la tarde de ayer a la funcionaria regional María Antonieta Fernández, asesora del consejero Antonio Cerdá, a quien ha imputado recientemente el delito de cohecho. La imputada se acogió a su derecho de no declarar y abandonó el Palacio de Justicia a la carrera junto a su abogado sin hacer declaraciones a los medios de comunicación. En un auto reciente, Abadía señala que esta funcionaria, a quien encargaron redactar el PORN del Mar Menor que abría la puerta a Novo Carthago, «ingresó, entre 2002 y 2011, la cantidad de 177.298 euros por su actuación para calificar como urbanizable un paraje protegidos».
Diego Serrano el Vie Feb 13, 2015 9:41 pm
Javier Méndez: ´No sabía que era la hija de Valcárcel cuando la contraté´
Un socio del despacho de abogados de Sevilla donde trabajó Rosario Valcárcel Cruz declara ante el instructor de Novo Carthago que Rafael Galea, promotor de la urbanización, no medió en la contratación - La firma jurídica había realizado trabajos para la promotora Hansa Urbana
«¿Ustedes saben cómo se llama el presidente de Asturias? Pues yo no sabía quién era el presidente de la Región de Murcia cuando su hija comenzó a trabajar con nosotros». Así lo declaró a los medios de comunicación el economista Javier Méndez, socio fundador de la firma SYJEQ, filial del grupo 'Quiroga Estudio Legal y Fiscal', donde trabajó durante dos años Rosario Valcárcel Cruz, hija del expresidente de la Comunidad. Méndez declaró ayer en calidad de testigo ante el magistrado instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía, que trata de averiguar si detrás de esta contratación está la mano de Rafael Galea, responsable de la empresa Hansa Urbana, promotora de la urbanización en unos terrenos parcialmente protegidos situados en el entorno del Mar Menor.
Méndez compareció en la tarde de ayer y señaló ante el juez que no conoce a Rafael Galea ni le suena el nombre de Hansa Urbana, a pesar de que desde su despacho ha realizado trabajos para la promotora inmobiliaria.
El economista aclaró que no participó en la selección de Rosario Valcárcel como empleada de la empresa, aunque sí admitió que una tía suya –hermana de Ramón Luis Valcárcel– que vive en el barrio de los Remedios de Sevilla, donde tiene la sede la empresa, intercedió por ella. Aún así, Méndez dijo que la eligieron «por su currículum», trabajó durante dos años como abogada «y llegaba a las nueve de la mañana y se iba a las diez de la noche». Dejó su trabajo porque, según Méndez, quería volver a Murcia para casarse. En actitud más distendida con los medios de comunicación, tras finalizar su comparecencia judicial, reveló que incluso a la hija de Valcárcel «le robaron una bicicleta» en el tiempo que estuvo trabajando en la capital andaluza.
En el momento en el que comenzó a trabajar, Javier Méndez aseguró que desconocía que su empleada –en el despacho trabajaban 13 persona– era hija del presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, pese a que Valcárcel en las citadas fechas llevaba ya once años consecutivos en el cargo. Se enteró tiempo después, «porque me lo comunicó mi hija».
«Se está haciendo un caso donde no lo hay. Incluso hay un informe de la Agencia Tributaria en esa causa que se hizo sin consultarnos», explicó Méndez, en referencia al estudio que realizó la inspección de Hacienda para el instructor, indagando en la relación entre Rafael Galea y Valcárcel en el que se reveló que la hija del expresidente había sido contratada por este despacho de abogados, que a su vez había realizado importantes trabajos para empresas del promotor de Novo Carthago. Abadía, además, está investigando los regalos de boda que Rosario Valcárcel Cruz (quien no está imputada en la causa) y su esposo recibieron con motivo del enlace, en el año 2007. El yerno del expresidente declaró el pasado domingo y dijo que el viaje de novios lo había pagado él, aunque no recuerda qué cantidad le costó ni cómo realizó el pago. El magistrado ha solicitado el expediente a la agencia de viajes Diseño Tours. En principio, estaba prevista la comparecencia, también en calidad de testigo, de empleado de esta agencia que realizó los trámites para la luna de miel de la pareja en Australia y Nueva Zelanda. Finalmente, el magistrado Abadía decidió en la mañana de ayer suspender la declaración.
En la declaración de Méndez estaba presente el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, quien no fue el domingo a escuchar al yerno de Valcárcel. «No ha dicho mucha cosa, solo que eran seis socios los que crearon el despacho y que una tía de la hija de Valcárcel medió para la contratación», afirmó el fiscal a la salida del juzgado.
El instructor de Novo Carthago mantiene que solo «una autoridad superior» pudo poner de acuerdo a tres consejerías del Gobierno regional y al ayuntamiento de Cartagena para que el proyecto urbanístico de Novo Carthago (viviendas, campos de golf y hoteles de lujo) superara todos los trámites legales y administrativos pertinentes. Y sospecha que esa autoridad superior no podía ser otra ser que el entonces jefe del Ejecutivo regional. Por tanto, con estas declaraciones y las investigaciones de la Agencia Tributaria, Abadía indaga sobre si Valcárcel y su familia pudieron recibir prebendas de Galea a cambio de darle facilidades a su proyecto.
Hasta ahora no ha probado nada y, por el momento, el vicepresidente del Parlamento Europeo no figura en la lista de imputados, donde sí están Joaquín Bascuñana, Antonio Cerdá, Francisco Marqués y Pilar Barreiro.
http://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2015/02/13/sabia-hija-valcarcel-contrate/625165.html
Diego Serrano el Miér Feb 18, 2015 10:01 pm
Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana. / I. Sánchez / agm
Las compraventas de fincas en Torreguil se produjeron en 2004 y 2005, en pleno proceso de recalificación del suelo de Novo Carthago

References: resolución 
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