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Timestamp: 2020-01-17 17:17:55+00:00

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Cas 18729-2016 La Libertad | Debido al proceso | Derecho Constitucional
Se determina la no configuración de la infracción normativa del Artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, pues la sentencia recurrida cuenta con la debida motivación, y responde a la objetividad de lo actuado en autos, habiendo sido emitida en observancia de las garantías del debido proceso.
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Secretario De Sala - Suprema:CERRON BANDINI
ROSMARY FELICITA /Servicio Digital - Poder Judicial
Fecha: 07/03/2019 09:27:12,Razón: RESOLUCIÓN
CASACIÓN N° 18729 - 2016
Se determina la no configuración de la infracción normativa del
Artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Polí tica del
Estado, pues la sentencia recurrida cuenta con la debida
motivación, y responde a la objetividad de lo actuado en autos,
habiendo sido emitida en observancia de las garantías del
Lima, veintiocho de agosto del dos mil dieciocho.-
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.-
VISTA, Con el acompañado: la causa número dieciocho mil setecientos
veintinueve - dos mil dieciséis - La Libertad, en audiencia pública de la fecha;
y, luego de verificada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante Alvina Adela
Saldaña Rodríguez de Segura, con fecha tres de octubre del dos mil
dieciséis, de folios 215 a 219, contra de la sentencia de vista de fecha
veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, de fojas 192 a 198, que CONFIRMÓ
la sentencia apelada de fecha veinticinco de marzo del dos mil quince, de
folios 152 a 157 que declaró INFUNDADA la demanda interpuesta.
Mediante resolución de fecha diez de julio de dos mil diecisiete, a fojas 27 a
29 del cuaderno de casación, la Primera Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria ha declarado procedente el recurso de casación por la
causal de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 3 ) y 5) de la
Primero: La infracción normativa constituye un vicio de derecho en que
incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea pasible
de ser examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, conceptualiza a la
infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre
la Sala Superior al emitir una resolución que pone fin al proceso, dando
apertura a que la parte que se considere afectada pueda interponer el
Segundo: Mediante escrito de fojas 22 a 28, la actora interpone la presente
demanda contra la Oficina de Normalización Previsional con el objeto que se
declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 000081579-2012-
ONP/DPR.SC/19990 de fecha 03 de octubre de 2012, y se le otorgue
pensión de jubilación adelantada. Precisa contar con un total de 27 años y 10
meses ininterrumpidos de servicios prestados, labores desempeñadas para
sus ex empleadores: Cadena Envasadora por el periodo del 01 de julio de
1974 al 23 de octubre de 1976; empleador Herrera López Manuel, durante el
periodo desde el 13 de diciembre de 1976 al 31 de enero de 1985;
empleador Roldan Gómez Juan Nicanor (peluquería El Fígaro), durante el
periodo del 01 de marzo de 1985 al 15 de diciembre de 1998; y empleador
José Montoya Contadores Públicos Colegiados S.A.C, desde el 11 de enero
de 1999 al 15 de setiembre del 2001.
Tercero: Mediante sentencia de primera instancia de fecha 25 de marzo del
año 2015, obrante a folios 152 a 157, se declaró INFUNDADA la demanda
interpuesta. Al respecto se determinó que en cuanto al período del 01 de
julio de 1974 al 23 de octubre de 1976, empleador Cadena Envasadora San
Fernando, la demandante habría acreditado contar con 02 años, 03 meses y
23 días de aportaciones; respecto del período del 13 de diciembre de 1976 al
31 de enero de 1985, empleador Construcciones y Refacciones de Manuel
Herrera López, no se acreditó el periodo solicitado; en cuanto al período del
01 de marzo de 1985 al 15 de diciembre de 1998, empleador Juan Nicanor
Roldán Gómez, se acreditarían aportaciones por 13 años, 09 meses y 15
días; y en cuanto al período del 11 de enero de 1999 al 15 de setiembre de
2001, empleador José Montoya Contadores Públicos Colegiados S.A.C, no
se habría acreditado aportaciones; acreditando la actora, consecuentemente,
un total de 15 años, 03 meses y 08 días de aportaciones. Sin embargo, al no
contar con el mínimo de aportaciones requeridos para el otorgamiento de
pensión de jubilación adelantada, conforme solicita, se declaró INFUNDADA
Cuarto: Por sentencia de segunda instancia se CONFIRMÓ la sentencia
apelada. Al respecto se consideró que respecto al periodo del 13 de
diciembre de 1976 al 31 de enero de 1985, periodo laborado para el
empleador Construcciones y Refacciones de Manuel Herrera López, las
documentales obrante no generaría la suficiente convicción que permita
concluir que la actora prestó servicios para el referido empleador. Asimismo,
en cuanto al periodo 11 de enero de 1999 al 15 de setiembre de 2001,
laborado para el empleador José Montoya Contadores Públicos Colegiados
S.A.C, se concluyó que el certificado de trabajo presentado de fecha 23 de
octubre del año 2001, no acreditaría tales aportaciones, no habiéndose
acompañado ninguna otra documental que corrobore su contenido.
Quinto.- Que el debido proceso es un principio y derecho de la función
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución
Política del Estado, en concordancia con el artículo I del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, y el artículo 7° de la Ley O rgánica del Poder Judicial.
Así, el debido proceso tiene por función velar por el respeto irrestricto de los
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran,
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la
tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento regular en
el que se otorgue la oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el
derecho de defensa, y obtener una sentencia debidamente motivada. Dicha
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general, por lo que
constituye también un principio y un derecho del proceso contencioso
Sexto.- Que el Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales
consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Cons titución Política del
Estado, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos judiciales a
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones
que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia
activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate
judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela
judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia
omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e).
Sétimo.- En ese sentido, habrá una debida motivación de las resoluciones
judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo
pedido y lo resuelto y, por si misma, la resolución judicial exprese una
suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si ésta es breve o
concisa, pues de lo contrario se estaría vulnerando el debido proceso
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del
Estado, en concordancia con el artículo I del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, y el artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Del caso de autos:
Octavo.- Conforme se detalló en el considerando segundo, la demandante
solicita en los presentes autos el otorgamiento de pensión de jubilación
adelantada; quien alega la existencia de un total de 27 años y 10 meses
ininterrumpidos de servicios prestados.
Noveno.- Así, cabe preciar que respecto de su ex empleador Construcciones
y refacciones de Manuel Herrera López, se pretende acreditar el periodo del
13.12.1976 al 31.01.1985. Para ello la actora ha presentado como principal
medio probatorio el certificado de trabajo de fecha 13.04.1995, suscrito por
Manuel Herrera López, el mismo que obra a f.10. Sin embargo, de la
verificación del mismo se determina que la firma del suscribiente (Manuel
Herrera López) no coincide con la obrante en la ficha RENIEC del mismo
(véase f.14 del archivo 024 de CD); adicionado a ello, se consigna en el
referido certificado el número del Documento Nacional de Identidad de la
actora (DNI 17916480), pese a que dicha documental fue emitida en abril de
1995, fecha en la cual aún no se encontraba en vigencia el DNI como
documento de identificación, conforme a la Resolución Jefatural N°025-98-
IDENTIDAD de fecha 23.03.1998. Indicios por los cuales no corresponde
otorgarle mérito probatorio al certificado objeto de análisis, el mismo que,
según Informe Pericial Grafotecnico N°267-2012-DSO. SI, sería apócrifo (f.27
de exp. administrativo). Por ello, no corresponde el reconocimiento de las
aportaciones alegadas, al no obrar medios probatorios adicionales e idóneos
que permitan determinar la existencia de tales aportes.
Décimo.- Asimismo, respecto del empleador José Montoya Contadores
Públicos Colegiados Sociedad Civil, se pretende reconocer aportes por el
periodo del 11.01.1999 al 15.09.2001. Para dicho efecto se ha presentado el
certificado de trabajo de fecha 23.10.2001, de f.12, suscrito por José Carlos
Montoya Gómez; sin embargo, del simple cotejo de la firma obrante en dicho
certificado, con la que consta en la ficha RENIEC de f.151, se aprecia la falta
de coincidencia entre estas. Más aún si con fecha 16.12.2013 (f.109), José
Carlos Montoya Gómez presenta un escrito en el cual reconoce que el
certificado objeto de análisis no fue suscrito por él, sino por el contador de la
empresa; considerándose incluso que la firma de quien suscribe el referido
escrito, no presenta similitud alguna con la obrante en la ficha RENIEC antes
citada. Consideraciones por las cuales no corresponde otorgarle mérito
probatorio, al no verse corroborado, asimismo, por mayores medios de
Decimo primero.- Conforme a ello, de lo señalado en la sentencia de vista
se determina que la fundamentación expuesta contiene la suficiente
justificación fáctica de la decisión adoptada, toda vez que luego de la
actuación y valoración conjunta de los recaudos probatorios ha concluido
que, según su criterio y las normas aplicadas, correspondía confirmar la
sentencia apelada; habiendo determinado la instancia de mérito que los
medios probatorios obrantes no acreditan los años de aportación solicitados,
pues presentan contradicciones en su contenido, por lo cual no se habría
acreditado el mínimo de años de aportaciones requeridos para otorgar a la
actora pensión de jubilación adelantada conforme solicita.
Décimo segundo.- Se determina, consecuentemente, la no configuración de
la infracción normativa del Articulo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución
Política del Perú, pues la sentencia recurrida cuenta con la debida
motivación, y responde a la objetividad de lo actuado en autos, habiendo sido
emitida en observancia de las garantías del debido proceso; correspondiendo
ser declarado infundado el recurso de casación interpuesto.
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen del señor
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 397° del Código Procesal C ivil, modificado por Ley N°
29364; Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la
demandante Alvina Adela Saldaña Rodríguez de Segura, con fecha tres de
octubre del dos mil dieciséis, de folios 215 a 219, en consecuencia NO
CASARON la sentencia de vista de fecha veintiuno de marzo del dos mil
dieciséis, de fojas 192 a 198, que CONFIRMÓ la sentencia apelada de fecha
veinticinco de marzo del dos mil quince, de folios 152 a 157 la cual declaró
INFUNDADA la demanda interpuesta; DISPUSIERON la publicación del texto
de la presente sentencia en el Diario Oficial “El Peruano”, conforme a ley; en
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante Alvina
Adela Saldaña Rodríguez de Segura contra la Oficina de Normalización
Previsional - ONP; Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema
Rodríguez Chávez; y, los devolvieron.
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