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Timestamp: 2018-09-26 15:39:45+00:00

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﻿ Sentencia 1990-00659 de mayo 9 de 2014
SENTENCIA 1990-00659 DE 09 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD PARA EFECTOS PATRIMONIALES DE DECLARATORIA DE PATERNIDAD. CUANDO EL VENCIMIENTO DE TÉRMINOS PARA EXIGIR DERECHOS SUCESORALES SUPEDITADOS A LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD SEA AJENO A LA ACTUACIÓN DE QUIEN DEMANDA LA FILIACIÓN, ESTE NO PUEDE SUFRIR LOS EFECTOS DE LA CADUCIDAD, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 75 DE 1968. SI LA NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL PROCESO DE FILIACIÓN SE PRODUCE MÁS ALLÁ DE LOS DOS AÑOS DE LOS QUE HABLA LA NORMA, DEBIDO A LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL JUEZ O A MANIOBRAS DE LA CONTRAPARTE DEL ACCIONANTE, NO ES POSIBLE DECLARAR LA CADUCIDAD DE LOS EFECTOS CIVILES DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE RECONOZCA LA PATERNIDAD. EN CASO BAJO ESTUDIO, LA NOTIFICACIÓN FUERA DE TÉRMINOS RADICÓ EN LAS ACTUACIONES DE LAS PARTES AFECTADAS POR LA ACCIÓN, QUE ELUDIERON EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO, LUEGO NO ES DE RECIBO AFECTAR NEGATIVAMENTE A QUIEN ACTUÓ CON DILIGENCIA, EN ESTE CASO EL DEMANDANTEASÍ LAS COSAS, OPERA LA EXCEPCIÓN DE LA CADUCIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:NOTIFICACIÓN, DERECHO SUCESORAL, PATERNIDAD, DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CIVIL, PROCESO DE FILIACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:512 DE AGOSTO DE 2014, PÁG.1431
Sentencia 1990-00659 de mayo 9 de 2014
Radicación: 11001-31-10-013-1990-00659-01
Este derecho se puede ejercer, incluso, después de la muerte del presunto padre, en cuyo caso quien alegue ser su hijo tiene la facultad de interponer la respectiva acción judicial, no solo para que se declare el vínculo biológico sino, además, para que se le reconozcan sus derechos sucesorales. Este último evento, que se concreta a las consecuencias económicas de la declaración de estado civil, tiene una limitación legal, consistente en que la sentencia que declara la paternidad “no producirá efectos patrimoniales sino a favor o en contra de quienes hayan sido parte en el juicio, y únicamente cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción” (L. 75/68, art. 10, inc. 4º).
Dicha restricción significa una garantía en favor de los sucesores reconocidos y demás asignatarios para que sus derechos patrimoniales no queden indefinidamente a merced de acciones de filiación sorpresivas promovidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de las delebles consecuencias que el transcurso del tiempo deja sobre los medios de prueba. Ese fue, indudablemente, el objetivo del legislador al consagrar el mencionado término de caducidad, influido por la necesidad de “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho”, tal como quedó consignado en las actas del Senado de la República que recopilaron las discusiones previas a la aprobación de la Ley 75 de 1968 (Sentencia Nº 393 de 2 de octubre de 1992).
“No obstante, como el interés evidente que el legislador perseguía con tal medida no era solo el de que el derecho fuera ejercitado dentro de ese preciso término, sino también el de que los sucesores del difunto y su cónyuge conocieran oportunamente la existencia de esa pretensión y pudieran oponer en tiempo sus defensas, la ley, estatuyó que la ‘demanda’ debería ser notificada dentro del mismo perentorio término bienal...” (CSJ, SC de 19 de noviembre de 1976).
2. El mencionado término extintivo tradicionalmente ha sido entendido desde una perspectiva subjetivista, que impone al fallador la obligación de examinar si el retraso en la notificación del auto admisorio se debe o no a la negligencia del demandante, pues en esta materia no puede perderse de vista que el fin primordial del legislador fue evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, solo para hacer más difícil la defensa de los sucesores reconocidos.
“Partiendo de que nadie está obligado a lo imposible (ad imposibilia nemo tenetur), la Corte, meditando nuevamente sobre la inteligencia que debe darse al precepto comentado, llega a la conclusión de que, si ejercitado oportunamente el derecho de acción con la presentación de la demanda, la notificación del auto admisorio de esta, sin culpa posterior del demandante, se hace vencido el bienio a que la ley se refiere en la norma mencionada, entonces la sola presentación del libelo en tiempo tendría el efecto de impedir la caducidad de los efectos patrimoniales de la declaración de paternidad. Proceder de otro modo sería cohonestar el fraude premiando al demandado que se oculta o que intencionalmente estorba que se le notifique en tiempo el auto admisorio, posturas estas que atentan contra la lealtad procesal, o sería hacer responsable de la negligencia de los funcionarios judiciales al mismo demandante que ha realizado una normal actividad para que la notificación se lleve a cabo en oportunidad.
“Como la Ley 75 de 1968 ciertamente buscó mejorar la condición del hijo natural, so pretexto de una exégesis muy ceñida a la ley, cual ha sido la que hasta ahora venía pregonando la Corte, no se podría insistir en una interpretación que daña patentemente a quien fue el objeto de la complacencia del legislador.
“La inteligencia, pues, que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación” (SC de 19 de noviembre de 1976).
Bajo el mismo entendimiento, esta Sala expresó: “En verdad que analizando el alcance del inciso 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en providencias múltiples ha dicho la Corte que la inteligencia que debe darse al texto legal citado es la de que él se refiere al caso preciso en que los funcionarios respectivos o los demandados de ninguna manera han impedido o dificultado la normal notificación del auto admisorio de la demanda. Pero que cuando es palmario que no obstante la diligencia del demandante, y a pesar de haberse presentado en tiempo la demanda, la notificación no pudo realizarse oportunamente, ya sea porque los demandados se ocultan, se ausentan del lugar donde se adelanta el proceso o porque la eluden o la dificultan de alguna manera, entonces la notificación por fuera de tiempo no alcanza a generar la caducidad de los efectos patrimoniales, desde luego que en tales eventos esa tardanza tiene su génesis en actos u omisiones de los demandados o en desidia o morosidad culpable de los funcionarios que deben realizar la notificación” (CSJ SC 197 de 26 de agosto de 1985).
“Como es bien sabido la Ley 75 de 1968, al igual que las leyes 45 de 1936 y 29 de 1982, son estatutos que sin lugar a la menor duda tienden a levantar la condición de los hijos extramatrimoniales, constituyendo cada uno en su época y a manera de sucesivas etapas en un mismo proceso de evolución jurídica en materia de filiación natural, expresiones más o menos caracterizadas del principio de la libre investigación de la paternidad como verdadero postulado de derecho natural que es, en cuanto lo inspira en últimas la inexorable inclinación de los seres humanos a buscar y conocer a sus progenitores. De aquí, entonces, que en todos sus aspectos dichas leyes hayan de entenderse y aplicarse en armonía con esta orientación conceptual básica; por virtud de ellas ha quedado abolido en nuestro medio el privilegio inmoral de la paternidad irresponsable, luego la esencia de su contenido normativo que no puede nunca perderse de vista, es la de garantizar la completa efectividad de los derechos de los hijos extramatrimoniales sin subordinación a la voluntad del padre o de quienes lo suceden después de su muerte (se resalta).
“Pues bien, atendiendo precisamente a consideraciones de esta naturaleza y así lo subraya con evidente acierto el cargo en estudio, la doctrina jurisprudencial tiene señaladas de vieja data precisas pautas para la recta inteligencia del artículo 10, inciso cuarto, de la Ley 75 de 1968, declarando que cuando se trata de llevar a la práctica la restricción impuesta por dicho precepto para los eventos en que, fallecido el pretenso padre, el establecimiento mediante sentencia del vínculo paterno-filial extramatrimonial tiene por objeto preponderante derivar un parentesco que le otorgue al demandante vocación sucesoral, forzoso es no olvidar el genuino significado de la ley en este punto. Con la preclusión o caducidad allí consagrada no aspiró el legislador a nada distinto que a cerrarle el camino a la industria de los hijos artificiales favorecida por demandas sorpresivas y calculadamente tardías con el inequívoco designio de dificultar la defensa de los demandados; su intención no fue entonces, cual suele afirmarse a veces con cierto desenfado, introducir un disimulado cercenamiento a la efectividad práctica de las consecuencias económicas que se ordinario comporta una declaración judicial de paternidad natural, sino que apunta a reglamentar el ejercicio de la acción respectiva dentro de un contexto de razonable equilibrio, puesto que el claro fin perseguido por el texto legal en cuestión, al decir de la Corte, ‘... es el de que los herederos, frente a quienes por muerte del presunto padre deba ventilarse el proceso de investigación de la paternidad natural, sean citados a juicio, en cuanto sea posible, dentro de un término prudencial fijo, contado a partir de la defunción de aquel, lapso que la ley fijó en un bienio...’ (GJ T. CLV 1ª parte, pág. 393).
“Significa lo anterior, en síntesis, que el interés específico de la disposición tantas veces memorada no es tanto que, bajo amenaza de sanción consistente en caducidad automática, sea ejercitado el derecho dentro del plazo de dos años contados desde la fecha en que se produjo la muerte del presunto progenitor, sino más bien que los sucesores de este último y, si fuere el caso, también el cónyuge que le sobrevive, conozcan efectivamente dentro de ese término la existencia de la pretensión y queden en condiciones de oponerle una adecuada defensa, tomando oportunamente las precauciones necesarias para asegurar la prueba y disminuir así el riesgo de error al que, por efecto de aquella muerte, es natural que quede expuesta la labor de investigación de la paternidad reclamada. Y es por fuerza de esta ponderada apreciación que, en aras del sentido y alcance de protección a los hijos extramatrimoniales que tiene la Ley 75 de 1968 en su integridad, también la doctrina jurisprudencial viene sosteniendo que no procede declarar caducados los aludidos efectos patrimoniales cuando, a pesar de la normal diligencia observada por la parte actora, la notificación en debida forma del auto admisorio de la demanda, por ocultamiento intencional de los demandados o por escollos puestos por estos mismos o por los funcionarios competentes, no pudo llevarse a cabo dentro del término prefijado por la ley; es que en semejantes circunstancias la tesis contraria cae en el absurdo y de bulto entroniza una notoria injusticia...” (CSJ, SC 269 de 19 de julio de 1990) (se resalta).
“... la caducidad establecida en el último inciso del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, solo tiene operancia cuando el término bienal allí prefijado por el legislador transcurre sin que se notifique el auto admisorio de la demanda a los demandados, por negligencia o incuria del actor, pero resulta inaplicable cuando no obstante su actividad oportuna tal notificación no se realiza en el plazo allí señalado, por factores ajenos al actor, pues en tal hipótesis, la aplicación mecánica de la disposición legal teniendo en cuenta para el efecto una simple comparación de fechas, no resulta en el fondo sino la victoria de la exégesis de la norma, con desconocimiento absoluto de su contenido teleológico y sus finalidades sociales, con grave desmedro para los derechos de los asociados que, confiados en el proceso como mecanismo civilizado para asegurar la pacífica convivencia social, acuden a él para que se administre justicia en el caso concreto” (SC de 22 de febrero de 1995. Exp. 4455) (se resalta).
Idéntica postura adoptaron las sentencias de 6 de septiembre de 1995, Expediente 4608; 9 de octubre de 1995, Expediente 4524; 20 de septiembre de 2000, Expediente 5422. Esta última retomó los conceptos antes esbozados en el entendido que “esta interpretación no solamente aboga por la protección de los derechos de quien quiso amparar la Ley 75 de 1968 (el hijo extramatrimonial), sino por la tutela de principios tan caros al proceso, como lo son la lealtad y la buena fe procesal de las partes, hoy enaltecidos al rango de constitucionales” (se resalta).
4. En todo caso, la inclinación hacia un entendimiento objetivo del término de caducidad señalado en el numeral 4º del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, solo pudo surgir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 2282 de 1989, pues únicamente la modificación que este introdujo al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil llevó a algunos a pensar en la posibilidad de interpretar armónicamente ambas disposiciones a la luz de un nuevo enfoque caracterizado por la primacía del conteo irreflexivo de los términos.
En efecto, el primero de esos preceptos nunca se relacionó con el artículo 90 del estatuto adjetivo porque el texto original de este último solo aludía a la interrupción civil de la prescripción mediante la presentación de la demanda, sin referirse en modo alguno a una manera de impedir que operara la caducidad. El tenor literal de aquella disposición consagraba:
En caso contrario, solo se considerará interrumpida con la notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su curador ad litem” (se resalta).
“... se trata de un plazo de caducidad especial el consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, distinto del preceptuado en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, porque aquella caducidad, a diferencia de esta última, no se refiere a la acción ni a la pretensión de filiación, sino únicamente a sus consecuencias patrimoniales en caso de sentencia favorable a la filiación. Por esa razón desde la expedición del Código de Procedimiento Civil, se ha dispuesto que los efectos de la cosa juzgada en materia del estado civil, se sujeten a las reglas particulares consagradas en el Código Civil y leyes complementarias (...), lo que, por supuesto, ratifica precisamente dicho carácter especial (CSJ, SC de 6 de septiembre de 1995. Exp. 4608).
A partir de la sentencia de 4 de julio de 2002 se comenzó a relacionar el artículo 90 del ordenamiento procesal (modificado por el D. 2282/89) con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968; y solo en tanto la aludida reforma contempló:
“ART. 90.—La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado” (se resalta).
“... el propósito del legislador de 1989 no fue el de modificar los diferentes lapsos de prescripción y/o de caducidad que las leyes sustanciales tuvieran fijados para las diferentes materias que regulan, sino el de constituir un límite temporal dentro del cual debe efectuarse la notificación de la demanda al demandado, para que la presentación de ella interrumpa civilmente la prescripción o impida que opere la caducidad. Por ende, no resulta válido aseverar que, frente a los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de hijo extramatrimonial, la caducidad de que trata el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 es especial y, por ende, excluye la general del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que no puede ser tenida en cuenta.
“Así, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil no es tampoco una norma ajena y sin ninguna relación con el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, porque si bien es verdad, como lo argumenta la sentencia de la cual se aparta ahora la Sala, que la caducidad contemplada en el último de esos preceptos no está referida directamente a la acción ni a la pretensión de filiación extramatrimonial, también lo es que ella sí depende evidentemente y está determinada por la oportunidad con que se lleve al proceso judicial aquella pretensión antecedente, lo cual significa que los efectos patrimoniales de la misma no quedan sueltos sino, por el contrario, atados a la oportunidad de la acción de la que depende. De esta manera la previsión del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 constituye pues la regla general, consistente en que la declaración de filiación extramatrimonial carece de alcances patrimoniales si la correspondiente demanda se notifica al demandado después de los dos años siguientes al deceso del progenitor; y que el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil se erige como su única excepción, en tanto que la oportuna presentación de la demanda, esto es, la realizada dentro del mencionado término, impide la caducidad si el auto admisorio se entera al demandado en las condiciones que la misma norma estatuye, independientemente, como luego se precisará, que la notificación se surta o no dentro de esos dos años.
“Nada se opone, pues, a que una y otra disposición (CPC, art. 90 y L. 75/68, art. 10) se apliquen de manera conjunta y armónica, por cuanto la primera, sin prescindir del término previsto en la segunda, regula solo la forma y oportunidad como la demanda, presentada dentro de ese lapso, se ha de notificar al demandado, lo que traduce afirmar que, tratándose de los efectos patrimoniales derivados del reconocimiento de hijo extramatrimonial, la única caducidad existente es la establecida en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968 y que si bien el término de la misma puede llegar a suspenderse con la presentación de la demanda, eso solo sucede si la notificación de esta al demandado se produce dentro de los 120 días a que alude el primero de esos preceptos, pues de lo contrario corre sin obstáculo y se configura la caducidad, que impide el reconocimiento de los efectos patrimoniales a la filiación que se acceda (CSJ SC de 4 de julio de 2002, Exp. 6364).
5. Desde luego que la ‘interpretación por vía de doctrina’ que realizan los jueces en busca del verdadero sentido de la norma (C.C., art. 26) solo tiene eficacia a partir de la entrada en vigencia de la ley interpretada y nunca antes, del mismo modo en que las leyes interpretativas se entienden incorporadas a la ley que ellas se permiten aclarar.
De ahí que el sentenciador ad quem no estaba facultado para realizar una interpretación armónica de los artículos 10 de la Ley 75 de 1968 y 90 del estatuto adjetivo (antes de ser modificado por el D. 2282/89), ni mucho menos inferir de tal ecuación normativa un criterio objetivo que no se deduce de la ley que rige la controversia.
El auto admisorio de la demanda se notificó al demandante por estado de 20 de noviembre de 1989 (fl. 26).
El 12 de diciembre de 1989, el notificador se dirigió a la dirección señalada en el libelo, a fin de enterar a la demandada Fredesminda Cortés del auto admisorio. En dicha oportunidad el empleado judicial manifestó, bajo la gravedad del juramento, que se trasladó “al barrio Villa del Prado más exactamente a la carrera 50 A Nº 173-99, siendo informado por el portero que dicha señora reside en la carrera 50 A Nº 173-43 y que en el momento no se encontraba”, razón por la cual procedió a dejar con el portero la boleta de citación para que la convocada compareciera “el día trece de los corrientes a la hora de las nueve de la mañana”; ante lo cual el trabajador le impidió el acceso a la casa, pero se comprometió a entregársela tan pronto como llegara (fl. 28).
Nuevamente, el 16 de enero de 1990, el notificador informó bajo la gravedad del juramento que, con la debida autorización del secretario del juzgado, se trasladó a la carrera 50 A Nº 173-43 con el fin de notificar a los demandados, siendo atendido por el portero de dicha urbanización, quien afirmó “que dicha casa se encontraba sola”, por lo cual procedió a dejar de nuevo la boleta de citación, a fin de que los convocados comparecieran de inmediato al juzgado a recibir notificación (fl. 29).
El 26 de mayo de 1990 el notificador volvió a rendir informe bajo a gravedad del juramento, en el que consta que en esa fecha se trasladó a la carrera 50A Nº 173-43, “con el fin de notificar a la misma providencia a Fredesminda Cortés, siendo informado por el portero que atendió la oportunidad pasada, que la misma no se encontraba, pues había salido desde por la mañana y no había vuelto”, por lo que procedió a dejar boleta de citación “preguntándole seguidamente si le había entregado las boletas anteriores y quien en una manera un poco grosera” le contestó “que ‘lógico’ pues allí se entregaba a diario por ahí cada dos horas la correspondencia...”. De igual modo dejó constancia de que el portero “no quiso firmar la copia de recibido pues dijo no querer meterse en problemas” (fl. 43).
El 27 de noviembre de 1990 el Juzgado Trece de Familia de Bogotá avocó el conocimiento del proceso por competencia, luego de la entrada en vigencia de la especialidad de familia (fl. 49).
El 5 de febrero de 1991 el notificador, una vez más, se trasladó a la carrera 50A Nº 173-43, con el fin de notificar personalmente a Fredesminda Cortés Cortés, siendo atendido por el conserje de la urbanización, quien le informó “que la persona en mención se encontraba fuera de la ciudad”, por lo que procedió a dejar boleta de citación con la persona que lo atendió, quien “se negó a firmar copia, alegando que él no estaba autorizado para firmar nada” (fl. 52).
El 17 de abril de 1991, el notificador se dirigió a la carrera 50A Nº 173-99, sin poder realizar la notificación a la demandada Fredesminda Cortés “debido a que la dirección no existe” (fl. 36, cdno. 4 de excepciones proceso acumulado).
El 15 de mayo de 1991 el citador se dirigió a la carrera 50A Nº 173-43 con el fin de realizar la referida diligencia, en cuya oportunidad fue atendido “por una niña que dijo ser la hija de la señora”, ante lo cual procedió a fijar el aviso judicial y dejarle una copia (fl. 38, cdno. 4 de excepciones en el proceso acumulado).
El 28 de mayo de 1991, Fredesminda Cortés otorgó poder a su abogado para que contestara la demanda y formulara las respectivas excepciones, como en efecto este lo hizo, entre las cuales propuso la de “caducidad de los efectos patrimoniales” (fl. 44, cdno. 4).
Por lo demás, las manifestaciones realizadas por el portero del edifico —quien afirmó que la señora Fredesminda sí vivía en ese lugar y que le hizo entrega de las respectivas comunicaciones— confirman que la convocada estaba enterada de la existencia del proceso, no obstante lo cual evadió la diligencia de notificación personal (fls. 43 y 52).
Sin embargo, de los informes rendidos por el citador bajo la gravedad del juramento no se desprende de manera fehaciente, clara e inequívoca que la representante de los demandados se ocultó para no recibir la notificación, sino que esta “en el momento no se encontraba” (fl. 28); “que dicha casa se encontraba sola” (fl. 29); que “había salido desde por la mañana y no había vuelto” (fl. 43); “que la persona en mención se encontraba fuera de la ciudad” (fl. 52); por lo que en todas esas ocasiones procedió a dejarle la respectiva boleta de citación, sin que aquella compareciera al despacho a notificarse del auto admisorio de la demanda.
“Emplazamiento de persona que se oculta. Transcurridos cinco días desde cuando se suministró lo necesario para la notificación personal y realizadas las diligencias del caso, sin que ella se haya podido practicar, el juez, previo testimonio secretarial juramentado de todo ello y a solicitud de parte interesada, ordenará el emplazamiento de la persona a quien se ordenó citar, por medio de edicto con los datos y prevenciones exigidos en el artículo 318, que se fijará por el término de diez días y se incorporará al expediente” (se resalta).
En cambio, fue solo hasta el 15 de marzo de 1990 —es decir 4 meses después de dictado el proveído que admitió el libelo— que la abogada de la demandante solicitó realizar la respectiva corrección, a la que el despacho accedió en auto de 6 de abril de 1990 (fl. 38).
Pues bien, como quedó demostrado en la resolución del cargo que prosperó en casación, para la época en que se interpuso la demanda (sep. 15/89) aún no había entrado a regir el Decreto 2282 de 1989, cuya modificación al artículo 90 del Código de Procedimiento Civil permitió hacer una interpretación conjunta de ambas disposiciones, que repercutió en un nuevo enfoque sobre la forma en que se deben computar los términos en ellas consagrados.
Tales circunstancias deben ser examinadas por el juzgador a fin de poder determinar las razones por las cuales el auto admisorio de la demanda no pudo ser notificado a los demandados dentro del término de caducidad consagrado en la norma, pues solo de esa manera será posible establecer si hay lugar o no a declarar la extinción de los efectos patrimoniales derivados de la filiación.
Aceptar una conclusión contraria supondría no solo fomentar el fraude y los actos deshonestos de las partes mediante el otorgamiento de recompensas a quienes obran en contra de la buena fe y la lealtad procesal; sino —lo que es más grave— promover la discriminación y el trato desigual entre los hijos, en contravía del mandato establecido por el artículo 42 de la Constitución Política; toda vez que a los hijos extramatrimoniales no reconocidos se les aplicaría un término fatal de caducidad de dos años para reclamar su herencia, a pesar de haber actuado diligentemente, mientras que los sucesores reconocidos cuentan con una acción de petición de herencia que prescribe en diez años (C.C., art. 1326, reformado por el art. 12 de la L. 791/2002).
Memórese que el objetivo del legislador al estatuir un término de caducidad de los efectos patrimoniales derivados de la declaración de estado civil no fue desmejorar la situación del hijo extramatrimonial, sino “evitar frecuentes abusos que comprometen el ejercicio recto del derecho” por parte de personas inescrupulosas que, no teniendo la calidad de verdaderos hijos del causante, interponen tardíamente una demanda de filiación con el propósito de aprovecharse del deterioro que el paso del tiempo deja en los medios de prueba, y de esa manera hacer más difícil la defensa de los sucesores reconocidos (SC de 19 de noviembre de 1976).
3. Una vez resuelta la anterior situación, solo resta aclarar lo concerniente a la fecha a partir de la cual se deben reconocer los frutos que produjeron los bienes que hacen parte de la masa sucesoral, sin que haya lugar a pronunciarse sobre el porcentaje de la herencia que corresponde a cada asignatario, como tampoco sobre el monto de los frutos, porque tales cuestiones son de la exclusiva competencia del juez de la causa mortuoria, tal como ha sido aclarado por la jurisprudencia de esta Sala. “De otro modo, ha de repetirse, sería dar paso para que los interesados en una sucesión, según sus conveniencias, decidieran y eligieran el juez y el proceso a seguir en los asuntos atañederos a la transmisión de los bienes mortis causa” (SC, 5 Dic. 2002, Exp. 6229).
En lo tocante a la restitución de frutos y derecho a mejoras, el tratamiento al poseedor de buena fe vencido en el juicio, cambia fundamentalmente a partir de la notificación de la demanda, según se vio anteriormente. Esto se explica porque si el poseedor ha resistido a la demanda después de conocer los títulos y razones invocados por el reivindicador, ya no podrá alegar que subsiste su honrada creencia de hallarse poseyendo como dueño, y aun cuando en realidad pudiera afirmar que tenía motivos serios para seguir considerándose como legítimo propietario durante el curso del juicio, los efectos declarativos de la sentencia que reconoce el derecho del actor y niega la oposición del reo, dejan sin base tal alegación pues el fallo retrotrae la situación jurídica de las partes al momento de la demanda” (CSJ Sent. 3 de junio de 1954. G.J. LXXVII, pág. 768) (resaltados fuera del texto original).
“La devolución de frutos como parte de las prestaciones mutuas entre reivindicante y poseedor vencido tiene su fundamento legal en sanas razones lógicas y de equidad. Es justo que, limitando el análisis al caso de poseedores de buena fe, como en forma tácita catalogan al demandado los fallos de instancia, el reivindicador triunfante tenga derecho a los frutos del bien de su propiedad no solo a partir de la restitución sino desde el momento de entablar la litis. Así lo prescribe el artículo 964 del Código Civil” (Sentencia de 1º de julio de 1971. G.J. CXXXIX, pág. 10).
4. Como el a quo en el punto 9.5 de la parte resolutiva del fallo ordenó el reconocimiento de frutos pero sin indicar el momento a partir del cual estos se deben pagar a la demandante, es preciso pronunciarse al respecto aunque ninguna de las partes lo hubiera solicitado, pues es la propia ley la que impone al juez la obligación de resolver este preciso asunto; por lo que no podría tildarse de inconsonante un fallo que los reconozca ex officio. No es posible, en tales condiciones, omitir la revisión de este extremo del litigio porque la restitución de los frutos —se reitera— es una consecuencia necesaria que debe decretarse en la forma y términos indicados en la norma.
1. CONFIRMAR los numerales 9.2, 9.4 y 9.6 de la parte resolutiva de la sentencia proferida en este proceso el 26 de julio de 2006 por el Juzgado Trece de Familia de Bogotá D.C.
2. MODIFICAR el ordinal 9.1 del fallo impugnado, en el sentido de declarar infundada la excepción de caducidad de los efectos patrimoniales derivados del estado civil, formulada por Jaime, Oscar, Jair Gustavo, Clara Yazmín, Carmenza del Rocío Cortés Cortés, y Ángela Patricia Cortés Marín. La aludida excepción prospera únicamente a favor de Omar René Cortés Cañón.
3. REVOCAR el numeral 9.3 de la providencia recurrida y, en su lugar, declarar que la filiación extramatrimonial produce efectos patrimoniales en contra de los herederos Jaime, Oscar, Jair Gustavo, Clara Jazmín, Carmenza del Rocío Cortés Cortés, y Ángela Patricia Cortés Marín.
4. ADICIONAR el punto 9.5 de la parte resolutiva de la sentencia apelada, teniendo en cuenta la declaración que se realizó en el precedente numeral, y bajo el entendido de que los frutos naturales y civiles que produjeron los bienes que fueron materia del juicio sucesorio se deben reconocer a favor de la actora a partir del momento en que cada uno de los convocados se notificó del auto admisorio de la demanda.
5. MODIFICAR el acápite 9.7 de la parte resolutiva del fallo impugnado, en el sentido de condenar a los demandados al pago de la totalidad de las costas causadas en la primera instancia, comoquiera que la decisión sobre el estado civil les resultó adversa.

References: ARTÍCULO 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 318
 resolución 
 artículo 90
 artículo 42
 artículo 964