Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A178-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 03:52:03+00:00

Document:
A178-07
Auto 178/07
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Causales de procedencia
CAMBIO DE JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Debe ser resuelto por Sala Plena
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Debe concurrir para el caso concreto una jurisprudencia en vigor
NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Procedencia si los vicios que se invocan implican una afectación ostensible, probada, significativa y trascendental al debido proceso
INCIDENTE DE NULIDAD-Casos en que puede promoverse por cambio de jurisprudencia
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por no existir desconocimiento de la jurisprudencia fijada por la Sala Plena
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006 presentada por Imer Martínez Gordillo.
Expediente T-1400910. Acción de tutela instaurada por Gustavo Montealegre Echeverri contra la Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Imer Gordillo contra la Sentencia T-1039 de 2006, proferida por la Sala Séptima de Revisión.
1. Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-1039 de 2006
El Sr. Gustavo Montealegre Echeverri fue elegido y ejerció como concejal del municipio de Palmira (Valle) para el período constitucional que inició el año dos mil uno (2001) y terminó el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil tres (2003). Finalizado el anterior mandato fue elegido por el concejo de la misma entidad territorial, el veintisiete (27) de febrero de 2004, personero municipal para el período 2004-2007 y tomó posesión del cargo el día primero (1) de marzo de 2004. En octubre del año 2004 la Procuraduría Regional del Valle del Cauca inició una investigación disciplinaria contra el ciudadano Montealegre Echeverri, por “[h]aberse posesionado según Acta No. 052 de febrero 27 de 2004 como Personero Municipal de Palmira, y haber ejercido como tal, para el período 2004 a 2007, encontrándose inhabilitado para ello, por haberse desempeñado hasta el 31 de diciembre de 2003 como Concejal de esa municipalidad, es decir, durante el año anterior a la elección de Personero efectuada el 9 de enero de 2004”[1].
A juicio del organismo de control el investigado había infringido con su conducta el literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, precepto que señala como causal de inhabilidad para ser elegido personero haber desempeñado cargo o empleo público en la administración central o descentralizada municipal o distrital en el año anterior a la elección[2].
Como resultado de la investigación disciplinaria, la Procuraduría Regional del Valle del Cauca, mediante Resolución 68 del veintiuno (21) de septiembre de dos mil cinco (2005), declaró responsable disciplinariamente, a título de dolo, al Sr. Montealegre por haber incurrido en falta gravísima al infringir el régimen de inhabilidades para la elección de personero y le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general de diez (10) años “para el ejercicio de función pública en cualquier cargo o función”. Apelado el anterior acto administrativo, fue confirmado por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública mediante providencia de diecinueve (19) de diciembre de dos mil cinco (2005). El Sr. Montealegre Echeverri solicitó la revocatoria directa de las decisiones proferidas en primera y segunda instancia, solicitud denegada por el Procurador General de la Nación mediante proveído de seis (6) de julio de 2006.
El conocimiento de la tutela correspondió en primera instancia a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga, la cual mediante sentencia del dieciocho (18) de abril de dos mil seis (2006), concedió el amparo solicitado. En primer lugar estimó el a quo que la tutela interpuesta era procedente porque existía la amenaza de un perjuicio irremediable para el solicitante. Luego al estudiar el fondo del asunto sostuvo inicialmente que la interpretación de la causal de inhabilidad del literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994 no había sido pacífica, pues la jurisprudencia contencioso administrativa había sostenido diversas posturas en cuanto al alcance de este precepto, razón por la cual concluyó que el Sr. Montealegre Echeverri no incurrió en una conducta dolosa desde el punto de vista disciplinario porque consultó diversos pareceres jurídicos los cuales coincidían en señalar que los ex concejales no estaban incursos en la causal de inhabilidad prevista en esa disposición.
Impugnado el fallo de primera instancia fue revocado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia de cinco (5) de junio de dos mil seis (2006). Aseveró el ad quem que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, razón por la cual no era procedente el amparo transitorio de los derechos fundamentales supuestamente conculcados, porque podía acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para debatir la legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos sancionadores, jurisdicción ante la cual además podía solicitar la suspensión provisional de los mismos.
2. La sentencia T-1039 de 2006.
Seleccionados los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia para su revisión, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional decidió el asunto sometido a su consideración mediante la sentencia T-1039 de 2006. En las consideraciones del fallo de revisión inicialmente se hizo referencia al marco jurisprudencial sobre el alcance del perjuicio irremediable y la procedencia de la acción de tutela transitoria. Sobre este extremo se concluyó:
“Esta caracterización del perjuicio irremediable, que gravita en torno a su inminencia, gravedad y urgencia, ha sido reiterada en numerosas oportunidades por distintas salas de revisión[3], sin embargo, como antes se sostuvo en cada caso concreto debe el juez de tutela ponderar si los anteriores elementos caracterizadores del perjuicio irremediable están presentes. En esa medida resulta relevante examinar algunos de los criterios interpretativos desarrollados por la jurisprudencia constitucional en torna a la figura en estudio:
- Se ha sostenido en distintas oportunidades que cuando la acción de tutela es interpuesta por un sujeto de especial protección constitucional, tales como madres cabeza de familia[4], mujeres trabajadoras embarazadas[5], discapacitados[6] o personas de la tercera edad[7], el concepto de perjuicio irremediable debe ser entendido en forma mucho más amplia “para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”[8], en estos casos debe tomar en consideración no solo las circunstancias personales del actor en el caso concreto, sino también “las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada”[9].
- Se ha afirmado que existe un perjuicio irremediable cuando se trata de derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado temporalmente por la Constitución, por ejemplo, el derecho a la representación política o el derecho a ser elegido miembro de corporaciones públicas, porque en estos casos “[c]ada día que pasa equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes votaron para elegir a una persona para que los represente en una corporación pública”[10].
- Del mismo modo se ha argumentado que la imposición de una sanción disciplinaria que conlleva la imposibilidad jurídica para el afectado de acceder al ejercicio de cargos públicos puede ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos eventos[11].
- También se ha deducido la existencia de un perjuicio irremediable en aquellos casos de afectación grave y evidente del derecho a la libertad individual cuando la persona privada de la libertad interpone la acción de tutela mientras está en trámite una acción de revisión[12].
De los criterios anteriores es posible inferir que la jurisprudencia constitucional, si bien ha sostenido de manera reiterada que al juez del caso concreto corresponde apreciar la existencia de un perjuicio irremediable, en todo caso ha ligado de manera reiterada este concepto al ejercicio de la acción de tutela por ciertos sujeto de características particulares –los sujetos de especial protección constitucional- o a la protección de ciertos derechos –tales como el derecho al ejercicio de cargos y funciones públicas o el derecho a la libertad personal-.
Luego la Sala de Revisión abordó el estudio del derecho al debido proceso administrativo y se pronunció específicamente sobre el alcance del principio de tipicidad y el ámbito de decisión del fallador en materia disciplinaria. Sobre este tópico sostuvo:
“…[l]o anterior no significa que el fallador en materia disciplinaria pueda actuar de manera discrecional en la adecuación típica de las conductas de los servidores públicos investigados a los tipos sancionadores porque en todo caso su actividad hermenéutica está sujeta a distintos límites derivados, por una parte, del contenido material de las disposiciones disciplinarias y por otra parte de los principios y reglas que rigen la interpretación de los preceptos jurídicos en las distintas modalidades del derecho sancionador, dentro de los cuales se destaca precisamente el principio que prohíbe la interpretación extensiva de los preceptos que configuran faltas disciplinarias, aspecto que será abordado a continuación con más profundidad.
Al respecto cabe introducir una precisión adicional, como antes se sostuvo, el carácter flexible del derecho disciplinario supone que las disposiciones que configuran las faltas disciplinarias se encuentran en distintos cuerpos normativos, por la tanto la interpretación de estas disposiciones debe regirse por las reglas interpretativas propias de cada disciplina jurídica”.
En esa medida, debido a que la sanción disciplinaria había sido impuesta por la trasgresión de una inhabilidad establecida en la Ley 136 de 1994 para la elección de los personeros municipales, la Sala de revisión consideró pertinente hacer referencia a la jurisprudencia en relación con la interpretación de las causales de inhabilidad y concluyó que:
“… en materia de interpretación de las causales de inhabilidades esta Corporación ha sostenido que para este caso está constitucionalmente prohibida su interpretación extensiva porque afecta el derecho fundamental al debido proceso, al igual que el principio de igualdad y el derecho de acceso a cargos y funciones públicas. Por lo tanto el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas”.
Finalmente examinó el caso concreto y al respecto sostuvo que la acción de tutela era procedente debido a que “.. el perjuicio que alega padecer el demandante llena las condiciones de ser (a) cierto e inminente, puesto que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino al resultado objetivo de la sanción impuesta por la Procuraduría consistente en la destitución del cargo de personero municipal y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante diez años (10) años; (b) grave, puesto que están en juego los derechos constitucionales fundamentales del Sr. Montealegre Echeverri a elegir y ser elegido y a desempeñar cargos públicos, derechos que son de extrema importancia dentro del régimen democrático colombiano y (c) es de urgente atención, puesto que es necesario e inaplazable prevenir o mitigar su ocurrencia antes que venza el término para el ejercicio del cargo para el cual fue elegido el actor”.
Paso luego a determinar si se había vulnerado el derecho al debido proceso administrativo del Sr. Montealegre Echeverri, extremo sobre el cual hizo las siguientes consideraciones:
“Acerca de la causal de inhabilidad por violación del literal b) del artículo 174 de la Ley 136 de 1994, porque el personero elegido se desempeño como concejal dentro del año inmediatamente anterior a su elección, precisa la Procuraduría que el cargo público es dignidad, en tanto que el empleo público es una categoría de especial vinculación de la administración pública definida en la ley; que así las cosas pese a que los concejales no tienen la calidad empleados públicos según el mandato del artículo 312 de la Constitución Política, concluye que si ejercen una dignidad o cargo; con apoyo en la jurisprudencia de la Sección sostiene que el concejo municipal hace parte de la administración central del municipio y por lo tanto el supuesto fáctico expresado por el demandante resulta coincidente con la norma invocada, que se impone la anterior hermenéutica en la medida que la referida inhabilidad busca que razones de amistad o de interés particular puedan afectar el juicio de los electores y que la elección se haga por razones ajenas al buen servicio o incluso desconociendo el derecho de igualdad de los candidatos …”[13]
Sin duda los concejos municipales son corporaciones públicas del nivel territorial municipal, pero ni constitucional[14] ni legalmente[15] se las ha definido como pertenecientes a la administración central o descentralizada municipal. En esa medida existe una laguna normativa en la materia que no puede ser colmado interpretativamente, al menos en materia sancionatoria, con una postura que amplíe una disposición legal que establece una inhabilidad, la cual a su vez sirve como fundamento para configurar una falta disciplinaria porque acoge una interpretación extensiva la cual como se ha sostenido de manera reiterada, resulta constitucionalmente prohibida en estos casos.
Los anteriores argumentos llevaron a que la Sala de Revisión revocara la sentencia de segunda instancia y confirmara la sentencia de primera instancia proferida por a Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga.
3. La solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006
El seis (06) de febrero de dos mil siete (2007) fue radicada en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006 presentada por Imer Martínez Gordillo quien afirma actuar en nombre propio y como tercero interviniente en el trámite de la acción de tutela que culminó con la expedición de la sentencia T-1039 de 2006.
El peticionario fundamenta la solicitud presentada en que la decisión proferida por la Sala Séptima de Revisión cambia la jurisprudencia constitucional, específicamente en lo relacionado con la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable contra actos administrativos sancionadores expedidos por la Procuraduría General de la Nación. Sostiene que en estos casos el mecanismo de protección de los derechos fundamentales se torna improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial, específicamente la posibilidad de solicitar la suspensión provisional del acto administrativo sancionador una vez se interponga la acción de nulidad y restablecimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Cita para apoyar su tesis los siguientes apartes de la sentencia T-1225 de 2004:
En cuanto a los mecanismos de defensa judicial considerados principales u ordinarios, es pertinente tener en cuenta que no todos tienen similares características, pues algunos son procesalmente más rápidos y eficaces que los demás. Así, por ejemplo, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando se ejerce ante la jurisdicción contencioso administrativa, bien puede ir acompañada de la solicitud de suspensión provisional del acto administrativo atacado.
La facultad de ejercer las acciones contencioso administrativas, acompañada de la posibilidad de solicitar que se decrete la suspensión provisional del acto impugnado, hace más cuidadoso y exigente el examen frente al evento de conceder la tutela como mecanismo transitorio, pues la persona interesada además de contar con un mecanismo de defensa judicial ordinario, tiene a su favor el derecho de formular una petición excepcional, eficaz y de pronta solución, como la de suspensión temporal del acto.”[16]
Sostiene que la tesis de la improcedencia de la tutela en éstos eventos había sido reiterada en las sentencias T-640 de 1996, T-533 de 1998 y T-127 de 2001. Finalmente asevera que la sala Segunda de Revisión en la sentencia T-954 de 2005 se ocupó de un caso idéntico y sostuvo que la acción de tutela era improcedente contra decisiones de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria debido a la existencia de otros medios de defensa judicial, tales como las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Plantea como segundo cargo el Sr. Martínez Gordillo que al momento de proferirse la sentencia T-1039 de 2006 existía un pronunciamiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la acción de nulidad y restablecimiento interpuesta por el Sr. Montealegre Echeverri contra la Procuraduría General de la Nación, mediante el cual se denegaba la suspensión provisional de los actos administrativos sancionadores. Alega entonces que al haberse pronunciado la jurisdicción competente la acción de tutela se tornaba improcedente, y que el fallo impugnado constituye una intromisión de la Sala de Revisión Séptima en las atribuciones de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, específicamente en la competencia del Juzgado 17 Administrativo de Circuito de Cali, el cual había denegado la suspensión provisional de las decisiones proferidas por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa.
Finalmente alega que la sentencia T-1039 de 2006 debe ser anulada porque imparte órdenes a autoridades públicas que no fueron vinculadas al proceso, pues la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito Judicial de Buga ordenó notificar el fallo de primera instancia al Ministerio de relaciones exteriores y al Instituto de Seguros Sociales, entidades que no habían sido vinculadas al proceso.
4. Intervención del Sr. Montealegre Echeverri y de la Procuraduría General de la nación.
Mediante auto de dieciséis (16) de marzo de dos mil siete (2007) se corrió traslado de la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Imer Martínez Gordillo al Sr. Montealegre Echeverri y a la Procuraduría General de la Nación, debido a que habían intervenido como demandante y demandado, respectivamente, en el proceso de tutela que culminó con la expedición de la sentencia de revisión T-1039 de 2006.
Mediante apoderada judicial la Procuraduría General de la Nación presentó un escrito en el cual coadyuva la solicitud de nulidad presentada por el Sr. Martínez Gordillo. Insiste en la supuesta vulneración por parte de la sentencia impugnada de distintos precedentes jurisprudenciales en cuanto a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable pues considera que en el caso concreto el demandante contaba con la vía contencioso administrativa para la protección de sus derechos fundamentales y que adicionalmente el perjuicio sufrido no tenía las características de ser inminente, urgente, grave e impostergable, razón por la cual no era procedente el amparo constitucional.
Por su parte la apoderada judicial del Sr. Montealegre Echeverri presentó a su vez un escrito en el cual solicita que continúe en firme la sentencia de revisión T-1039 de 2006. Sostiene que la solicitud de nulidad no tiene fundamento en las causales reconocidas por la jurisprudencia constitucional pues se basa exclusivamente en la inconformidad del solicitante con los criterios interpretativos empleados por la Sala Séptima de Revisión. Afirma que la sentencias con base en las cuales se formula el cargo de desconocimiento de la jurisprudencia constitucional son sentencias de salas de revisión razón por la cual no constituyen un precedente de sala plena que haya debido ser acogido por la Sala Séptima, adicionalmente considera que respecto de la procedencia de la tutela transitoria y de la configuración del perjuicio irremediable las circunstancias del caso son determinantes y en esa medida no pueden hacerse afirmaciones categóricas sobre la procedencia de la acción de tutela porque dependerá del caso concreto. Por último sostiene que afirmar la improcedencia de la acción de tutela respecto de sanciones disciplinarias adoptadas por la Procuraduría General de la Nación supondría defender que existe cierto tipo de actos que quedan excluidos del examen de la Corte Constitucional aun cuando resulten vulneradores de derechos fundamentales, postura insostenible en un ordenamiento jurídico que reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona.
2. La jurisprudencia respecto a la nulidad de las sentencias de la Corte; cuestiones previas al análisis de los cargos planteados en la solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha identificado los siguientes supuestos de nulidad contra sentencias proferidas por las Salas de Revisión:
(v) Cuando la Sala de Revisión desconoce la existencia de la cosa juzgada constitucional respecto de cierto asunto, caso en el cual lo que se presente de parte de ésta una extralimitación en el ejercicio de las competencias que le son atribuidas por la Constitución y la ley (...)”[17].
No cabe, entonces, entender el trámite de la solicitud de nulidad como una nueva instancia procesal, en la cual se reabran debates y discusiones ya culminados en relación con los hechos y la apreciación de las pruebas, sino tan sólo como un mecanismo encaminado a salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso. De allí el carácter excepcional que presenta y la carga que tiene el accionante de enmarcar adecuadamente su petición dentro de alguna de las causales reconocidas por la jurisprudencia constitucional, pues si la nulidad alegada no encuadra dentro de alguna de ellas, la naturaleza excepcional y extraordinaria que identifica este tipo de trámites debe conducir a la denegación de la solicitud impetrada.
En conclusión, para poder decretar la nulidad en cada caso en concreto es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[18].
Puesto que el recurrente fundamenta la solicitud de nulidad en un supuesto cambio de jurisprudencia por parte de la Sala de Revisión, es necesario detenerse en el alcance de esta causal.
Pues bien, la causal de “desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta[19]; (iii) como la posibilidad de la Sala Plena de obra como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
Finalmente, para poder decretar la nulidad de una sentencia es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[31].
Conforme a lo expuesto, si se hace alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para motivar la solicitud de impugnación de un fallo, será procedente sólo si el cambio consiste en la modificación de un precedente que se refiere a un problema jurídico concreto y no frente a cualquier argumento contenido en una decisión anterior que no fuera relevante para la decisión adoptada –obiter dicta-. De igual manera, le está vedado a la Sala Plena entrar a establecer, por vía del incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda instancia, si una determinada Sala de Revisión acertó al momento de deducir un determinado postulado interpretativo del texto constitucional por cuanto se estaría violando el principio de autonomía judicial.
Adicionalmente a las causales de procedencia, la jurisprudencia constitucional ha definido los requisitos de procedibilidad de las solicitudes de nulidad dirigidas contra sentencias proferidas por las salas de revisión de tutelas. Tales requisitos son esencialmente los siguientes:
a) La presentación oportuna de la solicitud constituye el primer requisito de procedibilidad del incidente de nulidad de una sentencia de tutela proferida por una sala de revisión. De conformidad con la jurisprudencia constitucional el término para proponer o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida por la Corte Constitucional es de tres (3) días contados a partir de la notificación de la misma[32].
b) En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de Revisión emita la sentencia correspondiente. En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente[33].
d) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, pues tiene que demostrar con base en argumentos serios y coherentes que la sentencia atacada vulnera el derecho al debido proceso. Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado por la Sala de Revisión carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia en el sentido de señalar de manera clara y expresa la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada[34].
La solicitud de nulidad presentada por el Sr. Imer Martínez Gordillo, se fundamenta en la causal de cambio de jurisprudencia por modificar la sentencia T-1039 de 2006 los precedentes jurisprudenciales en torno a la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter sancionador. Adicionalmente alega el peticionario que la sentencia impugnada desconoce un pronunciamiento emitido por el Juez 17 administrativo del Circuito de Cali en el cual se denegaba la suspensión provisional de las decisiones de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública contra el Sr. Montealegre Echeverri. Finalmente invoca como tercera causal de nulidad que la sentencia atacada imparte órdenes a autoridades públicas que no fueron vinculadas al trámite de la acción de tutela.
Empero, antes de abordar el estudio de las causales alegadas es preciso verificar si se cumplen los requisitos de procedibilidad de la solicitud de nulidad de una sentencia de revisión señalados en el acápite anterior de esta providencia.
Respecto de los requisitos de procedibilidad frente a la solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006 cabe señalar que esta decisión fue proferida el cinco (05) de diciembre de dos mil seis (2006) y comunicada al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga mediante oficio No. STB-061/2007 de fecha diecisiete (17) de enero de dos mil siete (2007), el Sr. Martínez Gordillo fue notificado de la anterior providencia el día dos (02) de febrero de dos mil siete (2007) e interpuso la solicitud de nulidad el seis (06) de los corrientes. De conformidad con los hechos relacionados anteriormente la solicitud de nulidad de la sentencia T-1039 de 2006 fue interpuesta de manera oportuna.
Por otra parte el Sr. Martínez Gordillo cuenta con legitimación activa para solicitar la nulidad de la sentencia en cuestión debido a su condición de tercero interviniente en el trámite de la acción de tutela.
Finalmente el escrito mediante el cual se solicita la nulidad del fallo de tutela proferido por la Sala Séptima de Revisión señala claramente cuales son las causales invocadas, a saber: (i) desconocimiento de la jurisprudencia, (ii) desconocimiento del pronunciamiento del Juzgado 17 administrativo del circuito de Cali, (iii) haber impartido la sentencia órdenes a autoridades no vinculadas al trámite del a acción de tutela.
Una vez verificados los requisitos de procedibilidad se abordará la cuestión de si la sentencia T-1039 de 2006 incurre en las causales de nulidad alegada. Sin embargo, aquí es necesario formular una precisión inicial de los distintos cargos que formula el demandante el único que se examinará de fondo es el relacionado con el desconocimiento de jurisprudencia, porque el segundo cargo formulado no constituye una causal de nulidad sino simplemente un conjunto de argumentos expresados en torno a la supuesta inconveniencia del fallo de revisión, pues no constituye causal de nulidad el que una sentencia proferida por una Sala de Revisión se pronuncie sobre asuntos que previamente habían sido objeto de examen por otra jurisdicción. Respecto de la tercera causal invocada encuentra esta Corporación que la sentencia T-1039 de 2006 se limitó a revocar el fallo de segunda instancia y a confirmar el fallo de primera instancia sin que hubiera impartido órdenes específicas que afecten a autoridades públicas no vinculadas en el trámite de la acción de tutela.
Ahora bien, para examinar la causal de cambio de jurisprudencia es pertinente trascribir in extenso las consideraciones consignadas en la sentencia T-1039 de 2006 en torno a la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable:
Así mismo, la disposición antes trascrita establece una excepción al carácter residual o subsidiario de la acción de tutela, precisamente cuando se acude a la garantía constitucional como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales, en esos casos no es necesario demostrar que el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o que éste no es tan idóneo o eficaz como la acción de tutela, sino que el actor debe acreditar el perjuicio irremediable, como ha sostenido esta Corporación “ese fue precisamente el requisito impuesto por el Constituyente y no puede ni la Corte, ni ningún otro juez, pasarlo inadvertido”[35].
Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el concepto de perjuicio irremediable no es susceptible de una definición legal o reglamentaria, porque se trata de un “concepto abierto” que debe ser precisado por el juez en cada caso concreto[36], y a su vez permite que al funcionario judicial “darle contenido y sentido a su tarea de protección efectiva de los derechos fundamentales y ser el punto de confluencia del derecho y la realidad, de cuya adecuada interrelación depende la justicia de su decisión”[37].
Esta caracterización del perjuicio irremediable, que gravita en torno a su inminencia, gravedad y urgencia, ha sido reiterada en numerosas oportunidades por distintas salas de revisión[38], sin embargo, como antes se sostuvo en cada caso concreto debe el juez de tutela ponderar si los anteriores elementos caracterizadores del perjuicio irremediable están presentes. En esa medida resulta relevante examinar algunos de los criterios interpretativos desarrollados por la jurisprudencia constitucional en torna a la figura en estudio:
- Se ha sostenido en distintas oportunidades que cuando la acción de tutela es interpuesta por un sujeto de especial protección constitucional, tales como madres cabeza de familia[39], mujeres trabajadoras embarazadas[40], discapacitados[41] o personas de la tercera edad[42], el concepto de perjuicio irremediable debe ser entendido en forma mucho más amplia “para así materializar, en el campo de la acción de tutela, la particular atención y protección que el Constituyente otorgó a estas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad”[43], en estos casos debe tomar en consideración no solo las circunstancias personales del actor en el caso concreto, sino también “las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada”[44].
- Se ha afirmado que existe un perjuicio irremediable cuando se trata de derechos fundamentales cuyo ejercicio está delimitado temporalmente por la Constitución, por ejemplo, el derecho a la representación política o el derecho a ser elegido miembro de corporaciones públicas, porque en estos casos “[c]ada día que pasa equivale a la imposibilidad absoluta de ejercer la representación de quienes votaron para elegir a una persona para que los represente en una corporación pública”[45].
- Del mismo modo se ha argumentado que la imposición de una sanción disciplinaria que conlleva la imposibilidad jurídica para el afectado de acceder al ejercicio de cargos públicos puede ocasionar un perjuicio irremediable en ciertos eventos[46].
- También se ha deducido la existencia de un perjuicio irremediable en aquellos casos de afectación grave y evidente del derecho a la libertad individual cuando la persona privada de la libertad interpone la acción de tutela mientras está en trámite una acción de revisión[47].
De la anterior exposición se concluye que la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1039 de 2006 no incurrió en la causal de nulidad de desconocimiento de la jurisprudencia fijada por Sala Plena sino que, por el contrario, hizo un examen sistemático de los precedentes en la materia que posteriormente la llevaría a concluir que en el caso concreto la tutela impetrada era procedente.
En efecto, a diferencia de lo que sostiene el solicitante no se puede predicar de manera absoluta la improcedencia de la tutela respecto de determinada categoría de actos administrativos –en este caso los actos que imponen sanciones disciplinarias emitidos por la Procuraduría General de la Nación- porque esta es una condición que debe ser evaluada en cada caso concreto, especialmente cuando el amparo constitucional se concede de manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable. Precisamente la tutela transitoria supone la existencia de otro medio de defensa judicial y es la apreciación de las circunstancias fácticas por parte del juez de conocimiento –la Sala Séptima de Revisión en la sentencia T-1039 de 2006- la relevante para determinar la gravedad e inminencia del daño iusfundamental y la necesidad de tomar medidas urgentes e impostergables para conjurarlo.
En esa medida no se pueden invocar como precedentes jurisprudenciales presuntamente trasgredidos fallos de otras salas de revisión que al apreciar circunstancias específicas de casos distintos en los cuales se impetró la tutela contra sanciones disciplinarias, encontraron que no se configuraba un perjuicio irremediable y por ende no procedía el amparo transitorio ante la existencia de otro medio de defensa judicial. Nótese además que la jurisprudencia que el solicitante reclama como presuntamente trasgredida no se invoca ningún fallo de sala plena, cuyo desconocimiento configura la causal de nulidad de desconocimiento de la jurisprudencia.
Cabe recordar aquí que precisamente en torno a la existencia del perjuicio irremediable esta Corporación ha reconocido un amplio margen de apreciación a las salas de revisión. Así, por ejemplo, en el Auto 276 de 2001 se manifestó:
Ahora bien, la Sala Séptima de Revisión examinó de manera cuidadosa las circunstancias fácticas del caso que culminó con la imposición de una sanción disciplinaria al Sr. Montealegre Echeverri configuraba un perjuicio irremediable precisamente por la grave afectación de sus derechos políticos tanto por la imposibilidad de ejercer el cargo público para el cual fue elegido como por la sanción de inhabilidad de diez años aparejada a la destitución, y por tal razón confirmó la decisión del juez de primera instancia que concedió el amparo transitorio.
Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T-1039 de 2006 proferida por la Sala Séptima de Revisión.
[3] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Por ejemplo en la sentencia T-1316 de 2001 se definen las características del perjuicio irremediable en los siguientes términos:
“En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”
“La jurisprudencia de esta Corte ha señalado que para efectos de esta disposición, únicamente se considerará que un perjuicio es irremediable cuando, de conformidad con las circunstancias del caso particular, sea (a) cierto e inminente –esto es, que no se deba a meras conjeturas o especulaciones, sino a una apreciación razonable de hechos ciertos-, (b) grave, desde el punto de vista del bien o interés jurídico que lesionaría, y de la importancia de dicho bien o interés para el afectado, y (c) de urgente atención, en el sentido de que sea necesaria e inaplazable su prevención o mitigación para evitar que se consume un daño antijurídico en forma irreparable”.
[4] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-719 de 2003, T-804 de 2005.
[5] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-992 y T-1244 de 2005.
[6] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-1128 y T- 1268 de 2005, T-491 de 2006.
[7] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-605 de 2005.
[8] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-719 de 2003.
[9] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-1316 de 2001.
[10] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-778 de 2005.
[11] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-143 de 2003 y T-1093 de 2004.
[12] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-659 de 2005.
[13] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Procuraduría Regional del Valle del cauca, Resolución 68 de septiembre 21 de 2005(Cuaderno 1 folios 72 y 73).
[14] [Cita sentencia T-1039 de 2007] El inciso final del artículo 115 constitucional hace menciona de manera expresa a las alcaldías y gobernaciones como pertenecientes a la rama ejecutiva del poder público pero no hace alusión a los concejos. Por su parte el artículo 312 constitucional define a los concejos municipales como corporaciones administrativas de elección popular sin incluirlas dentro de la administración municipal.
[15] [Cita sentencia T-1039 de 2007] El artículo 39 de la Ley 489 de 1998 consigna:
[16] El aparte citado corresponde realmente a la sentencia SU-544 de 2001.
[17] Auto 162 de 2003.
[18] Auto 031 A de 2002
[30] Sentencia T-292/06.
[32] Sobre el plazo para interponer la solicitud de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el Auto 163A de 2003:
[33] Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede encontrarse en los Autos del 13 de febrero de 2002 y del 20 de febrero del mismo año.
[34] Cfr. Autos 162/03, A-146A/03, A-029A y A031A de 2002, A-256/01, A-208/06. Ver también los autos 232/01, 053/01, 082/00, 050/00, 074/99, 013/99, 026ª/98, 022/98, 053/97, 033/95 y 008/93.
[35] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-1316 de 2001.
[36] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Eso sostuvo esta Corporación en la sentencia C-531 de 1993 mediante la cual declaró la inexequibilidad del inciso segundo del numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, precepto que definía el perjuicio irremediable como aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
[37] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia C-531 de 1993.
[38] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Por ejemplo en la sentencia T-1316 de 2001 se definen las características del perjuicio irremediable en los siguientes términos:
[39] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-719 de 2003, T-804 de 2005.
[40] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencias T-992 y T-1244 de 2005.
[41] Sentencias T-1128 y T- 1268 de 2005, T-491 de 2006.
[42] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-605 de 2005.
[43] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-719 de 2003.
[44] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-1316 de 2001.
[45] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-778 de 2005.
[46] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-143 de 2003 y T-1093 de 2004.
[47] [Cita sentencia T-1039 de 2007] Sentencia T-659 de 2005.

References: artículo 174
 Resolución 
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 312
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 115
 artículo 312
 artículo 39
 artículo 6