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Timestamp: 2019-10-19 00:21:11+00:00

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﻿ Sentencia 16515 de diciembre 16 de 2001
SENTENCIA 16515 DE 16 DE DICIEMBRE DE 2001
CONTENIDO:EL EMPLEADOR NO RESPONDE CUANDO LA SITUACIÓN NO SE PUDO PREVER O IMPEDIR DE ACUERDO A LA SUBORDINACIÓN<. SE PRECISA QUE A PESAR DE LA EXISTENCIA DEL EMPLEADOR, POR SUBORDINACIÓN SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PERSONAS QUE TIENEN A SU VEZ EL PODER DE SUBORDINACIÓN SOBRE OTROS Y PUEDEN EN UN MOMENTO DADO COMPROMETER A LA EMPRESA MEDIANTE SUS ACTOS U OMISIONES CULPOSOS INHERENTES A SU FUNCIÓN. SE EXCLUYEN, CLARO ESTÁ, AQUELLOS COMPORTAMIENTOS QUE EL EMPLEADOR NO TENÍA MEDIO DE PREVER O IMPEDIR EMPLEANDO EL CUIDADO ORDINARIO Y LA AUTORIDAD COMPETENTE, EVENTO EN EL CUAL, SEGÚN LA INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL REITERADA DEL ARTÍCULO 2349 DEL CÓDIGO CIVIL, RECAERÁ TODA RESPONSABILIDAD DEL DAÑO SOBRE DICHOS CRIADOS O SIRVIENTES, Y NO SOBRE EL EMPLEADOR A QUIEN REPRESENTAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIDENTE DE TRABAJO, MUERTE DEL TRABAJADOR, EMPLEADOR, TRABAJADOR, RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADOR, INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRABAJO, SUBORDINACIÓN LABORAL
Sentencia 16515 de diciembre 16 de 2001
Radicación 16515
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Adriana María, María Mónica, Jhon Fredy Restrepo Patiño, y María Nohemí Patiño Toro, quien actúa en su propio nombre y en representación de su hijo menor de edad Arley Antonio Restrepo Patiño contra la sentencia del veintiocho (28) de noviembre de 2000, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso promovido por los recurrentes al Departamento de Antioquia.
Las personas naturales antes relacionadas demandaron al Departamento de Antioquia para que se declare que este es responsable por culpa en el accidente de trabajo acaecido el 30 de abril de 1996 y en el que falleció Pedro Antonio Restrepo Agudelo, y que como consecuencia de ello, se le condene a pagarles la indemnización ordinaria y total por los perjuicios que sufrieron, reclamándose los morales para los hijos mayores de edad, y para la esposa del señor Restrepo Agudelo y su hijo menor de edad, los morales y los materiales.
Como fundamento de tales pretensiones se expusieron: que Pedro Antonio Restrepo Agudelo y María Nohemí Patiño Toro contrajeron matrimonio por el rito católico el 31 de agosto de 1968; que los cónyuges procrearon cuatro hijos: Adriana María, Mónica María, Jhon Fredy y Arley Antonio Restrepo, que nacieron, en su orden, el 6 de mayo de 1969, el 16 de mayo de 1971, el 22 de agosto de 1974 y el 19 de febrero de 1984; que Pedro Antonio Restrepo Agudelo estuvo laboralmente vinculado al Departamento de Antioquia durante 18 años y 7 meses; que el contrato laboral terminó el 30 de abril de 1996, cuando el trabajador falleció en un accidente de trabajo; que el último cargo de este fue el de obrero en la planta de Bolombolo; que el ingeniero Álvaro Raúl Echeverry Jaramillo le ordenó a Pedro Antonio Restrepo Agudelo prestar servicio como ayudante de la motoniveladora que operaba el señor Joaquín Emilio Guerra, en el frente de Salgar el 30 de abril de 1996; que en cumplimiento de la orden impartida por su superior, el señor Restrepo Agudelo, el 30 de abril de 1996, a eso de las 7:30 de la mañana, se encontraba como ayudante a bordo de la motoniveladora, en la vereda la Chaquira de Salgar (Antioquia), cuando el conductor de la máquina la orilló para dar paso a otro vehículo, y al momento de frenar se deslizó por una barranca, desplomándose Pedro Antonio y cayéndole la cabina del aparato encima, lo cual le causó la muerte; que el trabajador fallecido estaba afiliado al ISS en lo que a riesgos profesionales se refiere.
Así mismo, se afirma en el escrito demandador: que la comisión laboral que investigó el evento del 30 de abril de 1996, concluyó que se trató de un accidente trabajo; que este accidente fue culpa del empleador, pues no le dio al trabajador instrucciones para desempeñarse como ayudante de motoniveladora, ni le suministró instrumentos para su buen desempeño como ayudante, ni mucho menos le informó sobre los riesgos a los que se sometía como ayudante de motoniveladora; que el accidente igualmente sucedió por imprudencia o impericia del operario de la motoniveladora, que a pesar de observar la humedad del terreno, pues estaba lloviendo, maniobró de tal forma que ocasionó que la máquina se deslizara por la barranca; que sobre la forma como el accidente de trabajo sucedió, el Departamento informó al ISS a través del ingeniero Álvaro Echeverry Jaramillo; que el Departamento, en su secretaría de obras públicas, no había tomado ninguna medida preventiva para evitar esta clase de accidentes, pues no hizo una adecuada escogencia y vigilancia del operario de la motoniveladora, aparte de que no le dio una adecuada capacitación; que la única medida preventiva tomada por el Departamento para evitar esta clase de accidentes fue la de mantener los vehículos, como lo confesó el ingeniero Echeverry Jaramillo en su informe al ISS sobre el accidente de trabajo; que al momento de su muerte, el señor Restrepo Agudelo devengaba un salario promedio diario de $ 15.562,20, los que destinaba al sostenimiento del hogar que conformaba con su cónyuge y su hijo menor de edad Arley Antonio; que la esposa e hijos del trabajador fallecido han sufrido como consecuencia del accidente de trabajo en que su esposo y padre perdió la vida, graves y manifiestos perjuicios materiales y morales; que Pedro Antonio Restrepo Agudelo nació el 25 de noviembre de 1946 y María Nohemí Patiño Toro el 15 de agosto de 1947; que el 4 de febrero de 1999 se presentó la misma demanda, la cual fue rechazada por falta de agotamiento de la vía gubernativa; que el 30 de abril de 1999, agotaron la vía gubernativa, pero las peticiones que formularon no fueron respondidas (fls. 1 - 14).
La entidad territorial convocada al proceso al contestar la demanda sobre sus hechos manifestó: que eran ciertos los relativos al último cargo del esposo y padre de los demandantes, la afiliación de este a la ARP del ISS, el carácter laboral del accidente que padeció el occiso, la génesis del insuceso en la impericia e imprudencia del operario de la motoniveladora, y lo referente al informe patronal al ISS sobre el accidente laboral. Sobre los demás hechos expresó que se atiene a lo que se pruebe, o que no son ciertos, o que son apreciaciones personales del demandante o que no los comenta. Propuso las excepciones de prescripción, compensación, inexistencia de la obligación y pago (fls. 63 - 70).
El conflicto jurídico lo dirimió en primera instancia el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del veinte (20) de octubre de 2000, en la que absolvió al Departamento de todas las pretensiones de la demanda (fls. 188 - 199). Providencia que apelada por la parte demandante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a través de fallo del 28 de noviembre de 2000, la confirmó (fls. 211 - 225).
En sustento de su determinación el Tribunal argumentó: que con la contestación de la demanda (fl. 63), el documento de folio 131 y la prueba testimonial, está demostrado que Pedro Antonio Restrepo Agudelo laboró para el Departamento de Antioquia y murió en accidente de trabajo el 30 de abril de 1996; que el desarrollo del contrato de trabajo implica riesgos, como el accidente de trabajo, que genera para el empleador una responsabilidad de efectos indemnizatorios conforme al decreto 1295 de 1994 y al artículo 216 del CST, que son las normas aplicables al caso; que el artículo 216 del CST exige que la culpa del empleador en el accidente laboral debe ser comprobada, para que se le imponga el pago de la indemnización plena de perjuicios; que fue con base en esta norma que los demandantes procuran del departamento el pago de la indemnización plena de perjuicios, por lo que debe determinarse si se presentó la culpa leve que corresponde a los contratos que benefician a ambas partes, como el laboral, con fundamento en los artículos 63 y 1604 del Código Civil, y 22 del CST; que para el éxito de la pretensión indemnizatoria debe demostrarse el accidente de trabajo, el perjuicio padecido, la culpa del empleador y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre aquellos factores, conforme se desprende de los artículos 174 y 177 del CPC, 60, 61 y 145 del CPL y 1757 del Código Civil, en concordancia con el artículo 216 del CST y el Decreto 1295 de 1994; que el trabajador, como parte débil del contrato laboral, debe ser protegido, como se deduce de los artículos 25, 53, 215 y 234 superiores, en concordancia con los artículos 9º, 10, 11, 13, 16 y 17 del CST.
Así mismo, expresa el juzgador: que desde que comienza el desarrollo del contrato, el empleador tiene la obligación de instruir al trabajador sobre los riesgos que entraña su actividad, así como de entregarle adecuados elementos de protección y seguridad, lo cual se desprende de los artículos 56, 57-2, 348 y 352 del CST; que sobre dicho tema se ha expresado la Corte en la Sentencia 3985; que cuando no se cumple con aquellos imperativos y se produce el accidente del trabajador, el empleador debe responder si se le reclama la indemnización plena de perjuicios porque incurrió en culpa, la que debe ser demostrada como lo exige el artículo 216 del CST; que el artículo 9º del Decreto 1295 de 1994 define qué es accidente de trabajo.
De otra parte, también se sostiene en el fallo: que la síntesis de lo sucedido al señor Restrepo Agudelo se observa en el hecho sexto de la demanda, en la cual se explica por qué se atribuye al empleador la culpa en el accidente de trabajo; que en el hecho 10 de la misma el actor da por cierto lo informado por un ingeniero auxiliar del departamento demandado sobre cómo ocurrió el accidente; que los anteriores fueron los hechos que sirvieron de base a la demanda, pero al sustentarse el recurso de apelación, el abogado se arrepiente de lo que inicialmente indicó y presenta hechos nuevos, como cuando afirma que el accidente acaeció por falta de instrucción del occiso como ayudante, así como por carencia de información sobre los riesgos, inadecuada selección del conductor y embriaguez de este; que en la demostración del nexo causal fueron llamados a declarar Dilmer de Jesús Ospina Álvarez (fl. 14, cdno. 2), Luz Omaira Parra F. (fl. 24, cdno. 1), Álvaro R. Echeverry A. (fl. 26, cdno. 2), Leonel A. López A. (fl. 151, cdno. ppal.) y Joaquín Emilio Guerra, conductor, cuya declaración se observa a folio 17 del cuaderno 2; que de los testigos, solo presenciaron el accidente el conductor y Dilmer Ospina, que señalan que la máquina se “voltió”, pues al darle paso a otro vehículo se orilló y el terreno cedió, produciéndose su volcamiento y la muerte del ayudante; que este acto no engendra ninguna imprudencia del conductor y no necesitaba instrucción alguna por parte del empleador para ejecutar la maniobra que hizo; que, por ende, la muerte del asalariado no se debió a culpa de nadie; que el llevar al occiso en la cabina, junto con otro compañero, no genera culpa al departamento, pues ello es lo normal; que el conductor de la máquina era persona experimentada y su maniobrar estuvo dentro del ordenamiento legal; que la embriaguez del conductor de la motoniveladora no está demostrada, pues el solo dictamen de alcoholemia del folio 22 no es prueba de la embriaguez, toda vez que además se requiere un examen clínico, debido a que para llegar a este tema es menester abordar la conocida enfermedad de alcoholismo; que por lo anterior, la prueba de alcoholemia de folio 70 es insuficiente y que, adicionalmente, ninguno de los testigos aseguró que el conductor de la máquina estuviera embriagado y únicamente expresaron que estaba asustado por el percance; que la conclusión que se impone es que el departamento no tuvo ninguna culpa en el accidente o que, al menos, en el proceso la misma no se demostró; que lo sucedido obedeció a fuerza mayor y caso fortuito, como figuras eximentes de culpabilidad, que no favorecieron al conductor en el proceso penal, tal vez por falta de estudio del tema por parte del juzgador, acorde con el fallo de folios 107-142 del cuaderno 2; que en el asunto en cuestión el conductor actuó como debía; que los artículos 488 del CST y 151 del CPL, consagran la prescripción en materia laboral y la precisan en 3 años; que está demostrado que el accidente laboral ocurrió el 30 de abril de 1996, por lo que la acción debió intentarse a más tardar el 29 de abril de 1996, mientras el 30 de abril agotó la vía gubernativa (fl. 30), lo que indica que ya está prescrita la acción para los mayores de edad, no así para el menor, pues la prescripción para este está interrumpida conforme al artículo 2451 del Código Civil; que por todo lo anterior el primer fallo debe confirmarse.
“Solicito que en sentencia que haya de proferir la H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE CASE la sentencia recurrida y una vez convertida en Tribunal de instancia, profiera sentencia sustituta, en la forma como se indica al final de cada cargo”.
Contra la sentencia de segunda instancia, el censor presenta los siguientes tres cargos:
La acusa por interpretación errónea de los artículos 488 del CST y 151 del CPL, y por aplicación indebida del artículo 216 del CST.
Para el efecto argumenta: que se detecta fácilmente que el error de interpretación de los artículos 488 del CST y 151 del CPL radica en el día en el cual vence el término de prescripción, pues el accidente efectivamente sucedió el 30 de abril de 1996, y el 30 de abril de 1999, como tampoco se discute, se agotó la vía gubernativa, calenda en la que, a media noche, vencía el término de prescripción; que la forma como se computa el término de prescripción está consagrada en el artículo 67 del Código Civil (inc. 1º modificado C.P. y M., art 59); que de acuerdo con esta norma, el término de tres años debe tener, tanto en el primer como en el último día, un mismo día en los respectivos meses, es decir, el número 30, tanto de 1996 como de 1999, prescribiendo el derecho a la media noche del último día del plazo, razón por la cual la prescripción vencía el 30 de abril de 1999, y no el 29 de abril; que así las cosas, el ad quem debió recurrir al mandato del artículo 67 del Código Civil, para interpretar cabalmente los artículos citados, pues además así se lo impone el artículo 28 del Código Civil, a partir del hecho de que el legislador ya tenía definido cómo se cuenta el término de prescripción; que en lo referente a la aplicación del artículo 216 del CST, el Tribunal edificó su sentencia sobre tal norma, pero como el servidor fallecido, era trabajador oficial, según lo admite el propio sentenciador, dicha norma no le es aplicable a su caso, por así disponerlo los artículos 3º, 4º y 492 de aquel estatuto; que por todo lo anterior el cargo prospera y, en sede de instancia, la sentencia sustitutiva debe revocar, declarando que no se presentó prescripción frente a los mayores de edad, lo cual impone el estudio del segundo cargo.
Dice que la sentencia gravada es indirectamente violatoria de la ley sustancial, específicamente de los artículos 12-a) de la Ley 6ª de 1945, y 26, 28 y 29 del Decreto Reglamentario 2127 de 1945.
A juicio del censor, la anterior trasgresión normativa es consecuencia de la errónea apreciación de las siguientes pruebas: la sentencia proferida por el Juzgado penal del Circuito de Bolívar (Antioquia); el examen de alcoholemia realizado al señor Guevara Oquendo; la orden impartida por Álvaro Echeverry al occiso para que laborara como ayudante de motoniveladora; el informe patronal rendido al ISS sobre el accidente laboral.
Así mismo, el censor endilga al Tribunal falta de apreciación de las siguientes pruebas: croquis sobre los hechos; la inspección ocular al sitio de los hechos realizada por la Fiscalía; la confesión de la demandada al hecho noveno de la demanda; la respuesta al oficio 2036, visible a folio 94; los manuales de funciones del obrero (fl. 95), del operador de máquina (fl. 97) y de auxiliar de ingeniería (fls. 100 y 101); la hoja de vida de Joaquín Emilio Guerra; la respuesta al oficio 3204 del 13 de octubre de 2000 (fl. 178),
Sostiene el censor: que existe error de hecho en la apreciación de la prueba legalmente aportada al proceso, como la sentencia del Juzgado Penal del circuito de Ciudad Bolívar, que condena al trabajador del departamento de Antioquia, causante de la muerte de Pedro Antonio Agudelo Restrepo en accidente de trabajo, frente a lo cual el Tribunal afirmó que lo sucedido obedeció a fuerza mayor o caso fortuito, figuras que no favorecieron al conductor en el proceso penal, tal vez por falta de estudio del tema por el juzgador, lo cual no se compadece con el rigor del fallo penal, que consta de 10 capítulos magistralmente sustentados; que el Juez penal concluyó que no es cierto el incidente presentado con otro vehículo, el cual es referido por el conductor; que como resultado del análisis de la inspección judicial realizada por la fiscalía, el juzgador penal concluyó que la vía del accidente era transitable, de buena visibilidad, amplia como para que transiten con comodidad dos automotores, sin obstáculos y sin negativos en las márgenes; que con fundamento en prueba testimonial que examinó, el fallador penal afirmó que el conductor de la máquina estaba bajo los efectos del alcohol el día del siniestro; que el mismo juez en lo penal analizó la previsibilidad del volcamiento y el hundimiento, y determinó que el conductor de la máquina violó normas del Código Nacional de Tránsito; que el Tribunal alteró la objetividad de la sentencia penal, que por sí sola vale para dictar sentencia a favor de la parte actora, con base en el principio de unidad del ordenamiento jurídico; que el ad quem no apreció el folio 6 del cuaderno 2 del expediente, que contiene el croquis levantado en el momento de los hechos, así como la inspección judicial de folios 44 a 47 ibídem, que indica que en la vía caben dos vehículos y que el lugar no presenta las circunstancias dramáticas que relata el conductor y que da por ciertas el Tribunal; que este también analizó con error el examen de alcoholemia de folio 22, que es un verdadero dictamen, con todos los elementos para ser tenido en cuenta; que igualmente existe apreciación errónea de la orden dada al fallecido por su superior, en el sentido de laborar como ayudante de motoniveladora, como también del informe sobre accidente de trabajo, pues en la primera de las pruebas se observa que ninguna instrucción se le dio al trabajador, ni se le informó de los riesgos que corría, mientras la segunda solo demuestra el hecho del accidente, pero nada más, debido a que nadie puede hacerse su propia prueba; que el juzgador ordinario no apreció la respuesta al oficio 2036, ni los manuales de funciones de folios 95, 97 y 100-101, así como la hoja de vida de Joaquín Emilio Guerra, pruebas que demuestran que el trabajador malogrado no tenía como función ser ayudante de motoniveladora, tarea nueva que requería instrucciones e información de riesgos, pues lo mínimo que se le debió comunicar es que el aparato era industrial y no podía viajar en él; que esas probanzas también demuestran que el conductor no reunía los requisitos para ese cargo, lo cual se corrobora con el estudio de su hoja de vida; que el ad quem tampoco apreció la confesión de la demandada al responder el hecho noveno del gestor, la cual reúne todos los requisitos legales, en la que se reconoce que el accidente ocurrió por imprudencia e impericia del operador de la motoniveladora, lo cual es suficiente para la prosperidad de las pretensiones de la actora, y que por lo anterior ese ataque debe prosperar; que “(...) una vez convertida la H. Corte en sede de instancia, si se acogió el cargo anterior a este, debe revocar integralmente la sentencia y acoger todas y cada una de las pretensiones de la demanda, pero en el evento, que no haya prosperado el cargo anterior a este, debe revocar parcialmente la sentencia, acogiendo las pretensiones a nombre del menor de edad (...), para quien según la sentencia impugnada no operó la prescripción”.
Dice que acusa el segundo fallo por interpretación errónea de los artículos 488 del CST y 151 del CPL, así como por ser violatoria, por la vía indirecta, de los artículos 12-a) de la Ley 6ª de 1945, 26, 28 y 29 del Decreto 2127 de 1945.
Así mismo, el censor endilga al Tribunal falta de apreciación de las siguientes pruebas: croquis sobre los hechos; la inspección ocular al sitio de los hechos, realizada por la fiscalía; la confesión de la demandada al hecho noveno de la demanda; la respuesta al oficio 2036, visible a folio 94; el manual de funciones de obrero (fl. 95); el manual de funciones de operador de máquina (fl. 97), y de auxiliar de ingeniería (fls. 100 y 101); la hoja de vida de Joaquín Emilio Guerra; la respuesta al oficio 3204 del 13 de octubre de 2000 (fl. 178).
Dice que, como acotación previa, reconoce que el cargo mezcla las vías directa e indirecta, que han venido siendo consideradas incompatibles, pero que atendiendo a que el ataque debe ser completo, y a que en la sentencia gravada el Tribunal al tiempo habló jurídica y probatoriamente, necesariamente debe actuar de esa manera, la cual considera avalada por la Sentencia 5707 del 20 de septiembre de 2000, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte.
Para el efecto, escinde la acusación en sus componentes directa e indirecta, y aduce en cuanto a la primera, que el error de interpretación jurídica que le imputa al ad quem radica básicamente en el día de vencimiento del término de prescripción, pues el ad quem no entendió la forma como se cuenta el mismo, al tenor del artículo 67 del Código Civil (inciso 1º. Modificado C.P. y M., art. 59), según el cual en el caso, el término en el primero y último día debe tener el número treinta, prescribiendo a la media noche del último día del plazo, es decir, del 30 de abril de 1999 y no, como lo afirma el Tribunal, el 29 de abril, puesto que además dicho juzgador se debió atener a la regla de interpretación que contiene el artículo 28 del Código Civil.
Y en cuanto al ataque por la vía indirecta, argumentó: que existe un yerro en la apreciación de las pruebas legalmente aportadas al proceso, como la sentencia penal de folios 107 a 140, a la que el ad quem atribuye falta de estudio, con lo cual alteró la objetividad de dicha prueba, error que se demuestra con la lectura de la misma, que contiene diez capítulos magistralmente sustentados, en los cuales está demostrado: que no se presentó incidente alguno con otro vehículo; que el terreno era transitable, amplio, de buena visibilidad y sin negativos en la vía; que el conductor de la máquina había bebido licor en la noche anterior; que el hundimiento y volcamiento eran previsibles; que el señor Guerra cometió varias infracciones tránsito.
Además, argumenta el recurrente: que el Tribunal no apreció el croquis de folio 6 del cuaderno 2, así como la diligencia de inspección judicial de folios 44 a 47, que informan que la vía del insuceso es de 6 y 6,50 mts, lo suficientemente ancha para que transiten dos vehículos sin necesidad de orillarse demasiado, y que en ella no existían las dramáticas características a las que se refiere el conductor y que tiene por ciertas el Tribunal; que también apreció con error este juzgador, el examen de alcoholemia de folio 22, pues cercenó su contenido, que lo convierte en un verdadero dictamen, que cumple todos los requisitos legales; que como lo afirmó en el cargo anterior, el Tribunal apreció erróneamente la orden de trabajo impartida al demandante, el informe del accidente de trabajo rendido al ISS por el empleador; que además el ad quem no apreció los folios 94, 95, 97, 100, 101 y 178, que demuestran que el cargo del occiso no incluía el de ayudante de motoniveladora, así como que el conductor Guerra no cumplía los requisitos para manejar dicha máquina; que el Tribunal no apreció la confesión del departamento al contestar el hecho noveno de la demanda, ni lo expresado en la respuesta a folios 64 - 69, que cumple todos los requisitos para el efecto, donde admite la imprudencia y la impericia del operario de la motoniveladora.
Finalmente el censor dice que el cargo es próspero “y la sentencia debe ser CASADA, y una vez convertida la H. Corte en sede de instancia, debe revocar totalmente la sentencia del Tribunal y acoger todas las pretensiones de la demanda”.
Aunque el censor encauza la acusación a través de tres cargos dirigidos por vías distintas, la Sala los examinará en conjunto porque a la postre persiguen el mismo objetivo, como es quebrar la sentencia porque no se concluyó que estaba demostrada la culpa del ente territorial demandado en el accidente de trabajo en el que murió Pedro Antonio Restrepo Agudelo; como también debido a que esencialmente tienen igual proposición jurídica y, ante todo, están afectados por la misma falencia de orden técnico, que incide en la totalidad de la demanda que sustenta el recurso extraordinario.
Así se afirma, porque estudiado el alcance de la impugnación formulado por el recurrente, que lo propone inicialmente en procura de que se case la sentencia recurrida, y lo singulariza al final de cada cargo, se tiene que con respecto a la función de ad quem que eventualmente debe desempeñar la Sala, tal elemento de la demanda extraordinaria es deficiente, por cuanto si se analizan uno a uno los ataques, a primera vista se constata que ninguna indicación se hace a la Corte sobre cómo debe proceder en relación con la sentencia de primera instancia, esto es, si debe revocarla, modificarla o confirmarla.
En contraste y con lo que se evidencia de que la censura no tiene claro cuáles son las funciones de la Corporación como juez de casación y, cuáles tiene circunstancialmente como Tribunal, en la demanda extraordinaria se propone que una vez casada la sentencia del ad quem, la Sala también la revoque, pedimento que no se atiene a la naturaleza del recurso extraordinario, sino que es propio del trámite de las instancias, pudiéndose hacer a la Corte, pero en relación con la sentencia de primer grado, una vez ha determinado, como juez en casación, anular, total o parcialmente, la providencia que puso fin al debate en segunda instancia.
La grave e insubsanable deficiencia de orden técnico que se le increpa a la demanda de casación es de esta manera evidente: A folio 8 del cuaderno de la Corte, el recurrente, al rematar el primer ataque afirma: “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL CARGO ES PRÓSPERO y la sentencia debe ser CASADA y actuando como Tribunal de Instancia, en sentencia sustitutiva, revoque, declarando que no se presentó la prescripción frente a los mayores de edad”. Para la Corporación es claro que el censor impetra la revocatoria es de la sentencia de segundo grado, pues mientras en la de primera instancia, se declaró la prescripción de la acción para la totalidad de los demandantes (fl. 198), es en la sentencia recurrida que el juzgador la limita a los accionantes mayores de edad y excluye de sus efectos al menor de edad (fls. 224 - 225). E igual predicamento es aplicable a lo que depreca el impugnante al final del segundo ataque, cuando expresa: “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL CARGO ES PRÓSPERO y la sentencia debe ser casada, y una vez convertida la H. CORTE en sede de instancia, si se acogió el cargo anterior a este, debe revocar integralmente la sentencia (...), pero en el evento, que no haya prosperado el cargo anterior a este, debe revocar parcialmente la sentencia, acogiendo las pretensiones a favor del menor de edad (...), para quien según la sentencia impugnada no operó la prescripción”.
Sin embargo, si alguna duda se alberga en torno a la existencia del yerro que se le apunta al alcance de la impugnación, el final del tercer cargo la despeja totalmente. Dice el acusador: “POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL CARGO ES PRÓSPERO y la sentencia debe ser CASADA, y una vez convertida la H. Corte en sede de instancia, debe revocar totalmente la sentencia del Tribunal y acoger las pretensiones de la demanda”.
Como, según se ha visto, el censor no compuso el alcance de la impugnación en la forma que técnicamente corresponde, ello será suficiente para desestimar la totalidad de la acusación.
Empero, hace notar la Sala que así se tuviera por bien estructurado el alcance de la impugnación, de todas maneras esta no podría salir avante, por las siguientes razones:
1. El censor no controvierte todos los fundamentos de orden probatorio sobre los cuales el Tribunal construyó su fallo. Así se dice, pues a folio 219 del expediente se observa que al descender el Tribunal al análisis de la culpa que se le imputa al empleador en el accidente de trabajo que causó la muerte de Pedro Antonio Restrepo Agudelo, valoró la demanda ordinaria, específicamente su hecho décimo, para decir que en este, la parte actora “da por cierto el informe presentado por el Ingeniero Auxiliar del Departamento (...)” “(...) Fueron los hechos anteriores, los que sirvieron de estructura a la demanda, y el fundamento para implorar la indemnización (...)” (fl. 219); así mismo, apreció los testimonios de Joaquín Emilio Guerra, conductor de la motoniveladora accidentada, y Dilmer de Jesús Ospina Álvarez, pasajero de ella junto al occiso el día del accidente, declaraciones a las que otorgó gran importancia en el forjamiento de su convicción, y que dieron pábulo a que coligiera que: “Como puede observarse la prueba directa solo señala que la máquina se volteó porque al darle paso a otro carro se orilló, el terreno no pudo con el aparato y cedió para volcarse y matar al ayudante. Indudablemente que este acto no engendra ninguna imprudencia del conductor y no necesitaba de instrucción alguna por parte del empleador, pues es normal que un conductor para dar paso a un automotor se tenga que orillar: Luego la muerte del asalariado no se debió a culpa de nadie (...)” (fl. 220).
Mas a pesar de la trascendencia que el Tribunal otorgó a lo afirmado por los accionantes en el hecho diez de aquella pieza del proceso, así como a los testimonios mencionados, el examen de cada uno de los cargos permite constatar que el recurrente ninguna objeción plantea a la forma como el Tribunal reflexionó el contenido del hecho décimo del gestor y los testimonios en comento, lo cual es también suficiente para no estimar el ataque, pues se sabe que es carga ineludible de quien acude al recurso extraordinario desquiciar todos los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos del proveído que se cuestiona, pues este no puede ser anulado si uno solo de ellos permanece indemne, atendida la presunción de legalidad y acierto que tienen los fallos judiciales.
2. En lo que concierne con la calificación de la responsabilidad del empleador en el accidente laboral en el que falleció Restrepo Agudelo, la acusación, particularmente en los dos últimos cargos, hace recaer el mayor peso en la conducta que le atribuye a Joaquín Emilio Guerra, trabajador del departamento demandado, que conducía la máquina involucrada en los insucesos que se examinan.
Empero, más allá de que el susodicho operario de la máquina hubiera libado licor el día anterior, o que hubiese obrado imprudentemente en su conducción, como se lo reprocha el recurrente, tal hipotética conducta impropia no desata automática e inexorablemente la responsabilidad del departamento demandado en el accidente laboral, conforme puede colegirse de la parte final del artículo 2349 del Código Civil, debido a que el empleador, en las circunstancias analizadas, echando mano del cuidado ordinario y la autoridad pertinente, no tenía medio de prever o impedir aquella, por lo que la responsabilidad jurídica recaería únicamente en el operario del vehículo.
En torno a la separación de las responsabilidades del empleador y sus dependientes en el acaecimiento de un accidente laboral, conviene recordar la forma como se pronunció la Corte en su fallo 7885 del 10 de noviembre de 1995, en el que manifestó:
“(...) cuando una unidad de explotación económica está constituida por una persona jurídica, esta ordinariamente integra una agrupación organizada a través de canales o jerarquías, por donde fluye el poder de dirección empresarial, conformados por personas naturales ligadas por diversos vínculos que colaboran e interactúan para un fin determinado. De manera que a pesar de la existencia del empleador estas personas tienen a su vez el poder de subordinación sobre otros y pueden en un momento dado comprometer a la empresa mediante sus actos u omisiones culposos inherentes a su función. Se excluyen, claro está, aquellos comportamientos que el empleador “no tenía medio de prever o impedir empleando el cuidado ordinario y la autoridad competente“, evento en el cual, según la interpretación jurisprudencial reiterada del artículo 2349 del Código Civil, “recaerá toda responsabilidad del daño sobre dichos criados o sirvientes“, y no sobre el empleador a quien representan”.
Por tanto, si como lo afirma el recurrente, la conducta del operario de la motoniveladora en la que viajaba el occiso Restrepo Agudelo, fue determinante en el accidente que le costó la vida a este, ello no apareja, a priori, responsabilidad del ente demandado, como parece comprenderlo el atacante, y a su vez implica que el fallo penal que por homicidio culposo se profirió contra Joaquín Emilio Guerra ninguna incidencia tiene para la decisión de la controversia.
Finalmente, a título de precisión doctrinaria, es de anotar que de conformidad con el artículo 67 del Código Civil (modificado por el artículo 59 del C.P. y M.), si el accidente laboral génesis de la controversia se presentó el 30 de abril de 1996, el término de prescripción al que aluden los artículos 488 del CST y 151 del CPL, vencía el 30 de abril de 1999, pues según lo dispone el segundo inciso de la primera norma “el primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 o 31 días, y el plazo de un año de 365 o 366 días, según los casos”.
Empero, el aludido desacierto en nada incide para la decisión del recurso, ya que la jurisprudencia tiene dicho que solo es pertinente estudiar las excepciones de fondo, como es la de prescripción, cuando se da por demostrado el derecho pretendido, lo que en este asunto no ocurrió.
Aunque el recurso extraordinario se pierde, no se impondrán costas pues no hubo réplica.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2000, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en el juicio promovido por Adriana María, María Mónica, Jhon Fredy Restrepo Patiño, y María Nohemí Patiño Toro, quien actúa en su propio nombre y en representación de su hijo menor de edad Arley Antonio Restrepo Patiño, al departamento de Antioquia.

References: ARTÍCULO 2349
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 9
 artículo 2451
 artículo 216
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 216
 artículo 67
 artículo 28
 artículo 2349
 artículo 2349
 artículo 67
 artículo 59