Source: http://bazica.org/d-estado-de-cumplimiento-de-las-recomendaciones-de-la-cidh-v2.html?page=7
Timestamp: 2020-02-25 09:17:21+00:00

Document:
Caso 12.310, Informe No. 25/09 Sebastião Camargo Filho (Brasil)
Caso 12.440, Informe No. 26/09 Wallace de Almeida (Brasil)
En el Informe No. 33/04 del 11 de marzo de 2004, la Comisión concluyó que: a) el Estado brasileño era responsable de la violación al derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 7, 5, 4, 19 en perjuicio de Jailton Neri da Fonseca, y de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1(1) en perjuicio de sus familiares; y que b) el Estado violó su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención Americana, y violó también la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención.
El Estado presentó información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH el 22 de diciembre de 2010. Los peticionarios hicieron lo propio el 23 de diciembre de 2010.
En lo relativo a las recomendaciones No. 1 y 3 supra, tal como se indicó en el Informe Anual 2009 de la CIDH, ambas partes coincidieron que fueron cumplidas.
Respecto a las recomendaciones relacionadas con las medidas de no repetición (No. 4, 5 y 6 supra), ambas partes informaron que el 8 de diciembre de 2010 se celebró una reunión para tratar el cumplimiento de dichas recomendaciones, con la participación de los peticionarios, de representantes de la Secretaría de Acción Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Indicaron asimismo que fue programada una nueva reunión para enero de 2011 a efectos de tratar el tema de la implementación de las propuestas presentadas por los peticionarios.
Ninguna de las partes hizo referencia específica a la recomendación No. 2 supra.
Por ello, la CIDH concluye que las recomendaciones han sido parcialmente cumplidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 66/06 de fecha 21 de octubre de 2006, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación de los derechos a la igualdad ante la ley, a la protección judicial y a las garantías judiciales, consagrados, respectivamente, en los artículos 24, 25 y 8 de la Convención Americana, en perjuicio de Simone André Diniz. Asimismo, la Comisión determinó que el Estado había violado el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 de la Convención, en violación también de la obligación que le impone el artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos consagrados en dicho instrumento.
La Comisión formuló al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
El Estado presentó información sobre el cumplimiento de las referidas recomendaciones el 22 de diciembre de 2010. Los peticionarios hicieron lo propio el 23 de diciembre de 2010.
En relación con las recomendaciones No. 1, 2 y 4 supra, como se señaló en el Informe Anual 2009, ambas partes coincidieron que estas recomendaciones fueron cumplidas. Asimismo, en dicho Informe la CIDH observó que, según información de los peticionarios, ni la víctima ni ellos estuvieron presentes en la ceremonia de reconocimiento público de responsabilidad, debido que no habrían sido invitados a dicho evento.
Respecto de la recomendación No. 3 supra, el Estado se limita a afirmar que aún no logró encontrar la vía adecuada para cumplirla. Por su parte, los peticionarios indican que la víctima aprobó el examen de admisión a la Universidad de Guarulhos en 2009, y que la fecha límite de inscripción el 21 de diciembre de 2009. Manifiestan que en ese entonces el Estado señaló que, además del examen de admisión, la víctima debía cumplir con otros requisitos del Programa Universidad para Todos. El Estado les habría indicado que consultaría al Ministerio de Educación para averiguar cuáles eran dichos requisitos. Señalan los peticionarios que hasta la fecha no fueron informados sobre los mencionados requisitos, por lo cual la víctima perdió el lugar en la universidad debido al vencimiento del plazo de inscripción.
Sobre la recomendación No. 5 supra, ambas partes informaron respecto a la aprobación del Estatuto de la Igualdad Racial por medio de la Ley No. 12.288 el 20 de julio de 2010. Señaló el Estado que dicho Estatuto trata diversos temas y que prevé expresamente la adopción de medidas, programas y políticas de acción afirmativa. Los peticionarios, por su parte, observaron que si bien dicho Estatuto conlleva algunos avances, está compuesto en su gran mayoría por normas que deben ser reglamentadas, por lo cual su eficacia no es inmediata. Asimismo, critican que el establecimiento de cuotas para afrodescendientes en partidos políticos, universidades, empresas y medios de comunicación --una de las principales reivindicaciones del movimiento afro-descendiente-- quedó fuera del Estatuto. Los peticionarios indican además que quedaron fuera las políticas de salud específicas para la población afro-descendiente, la necesidad de reparar la esclavitud y su clasificación como crimen imprescriptible contra la humanidad.
En lo relativo a la recomendación No. 6 supra, el Estado manifestó que, a raíz de la solicitud de revisión del caso presentada por la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de São Paulo determinó que para que se desarchive la averiguación policial es necesario que se verifique la existencia de prueba nueva. En tal sentido, el Estado considera que promovió las medidas existentes tendientes a obtener el desarchivo del caso. Los peticionarios reiteraron que la averiguación policial se encuentra archivada.
Respecto de las recomendaciones No. 7 y 9 supra, el Estado se remitió a lo ya indicado en el Informe Anual 2009 de la CIDH, en cuya oportunidad señaló que ya se incluyeron cursos de derechos humanos, diversidad étnico-racial e igualdad racial en las academias de la Policía Civil y de la Policía Militar de São Paulo, así como listó una serie de seminarios realizados por la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de São Paulo en 2007 y 2008, destinados a funcionarios de justicia, y miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo. Los peticionarios indicaron que dichos eventos se limitaron al estado de São Paulo, y que la información brindada por el Estado no incluye medidas respecto a los operadores de justicia, tales como los Ministerios Públicos, las Defensorías Públicas y los Tribunales de Justicia estaduales y federales. Enfatizaron además que tales medidas deben ser elaboradas en consulta con los peticionarios.
Respecto de la recomendación No. 8 supra, el Estado se remitió a lo ya señalado en el Informe Anual 2009 de la CIDH en cuya oportunidad indicó que ya existe un documento de esa naturaleza desde 2006, contra la publicidad discriminatoria, resultante del Seminario “Una reflexión sobre el rol de la publicidad en la diseminación y la lucha contra la discriminación”, realizado por la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de São Paulo. Los peticionarios reiteraron que no participaron en encuentro alguno con organismos de la prensa brasileña, y que están aún a la espera de ser contactados por representantes del Estado brasileño.
En lo concerniente a la recomendación No. 10 supra, el Estado reiteró que se creó una Comisaría de Delitos Raciales e Intolerancia en el estado de São Paulo, y se refirió además a la cooperación entre la Procuraduría General de Justicia y la Ouvidoria de Policía de São Paulo dirigida a establecer una cooperación sistemática en casos de denuncias relativas a derechos humanos. Por su parte, los peticionarios indicaron que no hay información sobre la creación de comisarías especializadas en los demás estados del país.
Sobre la recomendación No. 11 supra, el Estado reiteró que fue creada una Procuraduría de Derechos Humanos en São Paulo y que si bien su actuación no se limita específicamente al tema del racismo, el Grupo de Actuación Especial de Inclusión Social de dicha Procuraduría ha actuada en forma efectiva a través de acciones judiciales en el combate a todas las formas de discriminación de los afro-brasileños. Por su parte, los peticionarios indicaron que la problemática de la discriminación racial, al ser sistémica y agravar otras violaciones a los derechos humanos, requiere un tratamiento específico. En tal sentido, mencionaron que el Núcleo Especializado en el Combate a la Discriminación, el Racismo y los Prejuicios fue creado hace dos años en el ámbito de la Defensoría Pública; y que solamente en 2010 dicha institución atendió 64 víctimas de prejuicio racial. De acuerdo a los peticionarios, ello revela la necesidad que también en el ámbito del Ministerio Público haya una especialización en la prevención y el combate a la discriminación racial.
Respecto de la recomendación No. 12 supra, el Estado reiteró que fue integralmente cumplida. Los peticionarios no se han pronunciado al respecto.
Por tanto, la Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas han sido parcialmente cumplidas. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando los puntos pendientes.
En el Informe No. 35/08 de fecha 18 de julio de 2008, la CIDH concluyó que el Estado brasileño era responsable de la violación en perjuicio del señor Antonio Ferreira Braga los derechos a la integridad física, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, garantizados por los artículos 5, 7, 8(1) y 25 de la Convención Americana, en concordancia con las obligaciones generales que imponen el artículo 1(1) de la misma, e incumplió con la obligación de prevenir y sancionar todo acto de tortura cometido en su territorio, contemplada en los artículos 1, 6, 7 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura.
Ni el Estado ni los peticionarios presentaron información respecto al cumplimiento de las mencionadas recomendaciones de la CIDH hasta la fecha. Por tanto, la Comisión concluye que las recomendaciones reseñadas están pendientes de cumplimiento.
En el informe No. 15/09 de 19 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño incumplió su obligación de garantizar el derecho a la vida de Sebastião Camargo Filho, prevista en el artículo 4 de la Convención Americana, al no prevenir la muerte de la víctima, a pesar de conocer el riesgo inminente que corrían los trabajadores asentados en las haciendas Boa Sorte y Santo Ângelo, así como al dejar de investigar los hechos debidamente y sancionar a los responsables. Asimismo, la CIDH estableció que el Estado brasileño es responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial, de conformidad con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, por la falta de debida diligencia en el proceso de investigación y recolección de evidencia, sin la cual los procesos judiciales no pueden llevarse adelante. Finalmente, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado incumplió la obligación general establecida en el artículo 1(1) del mismo instrumento.
Con fundamento en el análisis y las conclusiones del Informe 25/09, la Comisión Interamericana recomendó al Estado brasileño:
1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad material e intelectual por el asesinato de Sebastião Camargo Filho.
2. Reparar plenamente a los familiares de Sebastião Camargo Filho, que incluya tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe.
3. Adoptar con carácter prioritario una política global de erradicación de la violencia rural, que contemple medidas de prevención y protección de comunidades en riesgo y el fortalecimiento de las medidas de protección destinadas a líderes de movimientos que trabajan por la distribución equitativa de la propiedad rural.
4. Adoptar las medidas efectivas destinadas a desmantelar los grupos armados ilegales que actúan en los conflictos relacionados con la distribución de la tierra.
5. Adoptar una política pública de lucha contra la impunidad de violaciones de derechos humanos de las personas involucradas en conflictos agrarios y que luchan por una distribución equitativa de la tierra.
El 20 de enero de 2011 la CIDH remitió sendas comunicaciones al Estado y a los peticionarios, en las que les solicitó información referente a medidas de cumplimiento de las referidas recomendaciones. Dicho plazo transcurrió sin que las partes presentaran la información requerida.
Con base en la información disponible, la Comisión Interamericana considera que está pendiente el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado.
En el informe No. 26/09 de 20 de marzo de 2009 la CIDH concluyó que el Estado brasileño es responsable por la muerte de Wallace de Almeida, un joven negro, pobre y residente de una zona marginal, que fue herido por agentes de la policía y luego falleció desangrado sin haber sido auxiliado por dichos agentes; que la cuestión racial tanto como social, fue un ingrediente en este caso; que la investigación sobre el caso fue paupérrima; que no se cumplió con la diligencia debida, incluso hasta la fecha de aprobación del informe seguía paralizada e inconclusa, sin que se hubiera podido sindicar a responsable alguno por la comisión de los hechos.
Como consecuencia de tales hechos, la Comisión Interamericana constató la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial consagrados, respectivamente, en los artículos 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana. La responsabilidad estatal por violación a los artículos 4, 5 y 24 de la Convención Americana tiene como perjudicado a Wallace de Almeida, mientras que en lo concerniente a las violaciones a los artículos 8 y 25, en concordancia con el artículo 1(1) de la Convención Americana, los perjudicados son sus familiares. La Comisión Interamericana determina igualmente que se violaron las obligaciones impuestas por la Convención Americana en su artículo 1(1) de respetar y garantizar los derechos en ella consagrados; en su artículo 2, que establece el deber de adoptar disposiciones de derecho interno con el objeto de hacer efectivos los derechos contenidos en dicho cuerpo; y en su artículo 28, relativa a la obligación tanto del Estado Federal como del estado de Río de Janeiro, de cumplir las disposiciones contenidas en la Convención Americana.
Con fundamento en su análisis y las conclusiones del presente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formula al Estado brasileño las siguientes recomendaciones:
1. Realizar una investigación completa, imparcial y efectiva de los hechos, por órganos judiciales independientes del fuero policial civil/militar, con el objeto de establecer y sancionar la responsabilidad respecto a los hechos relacionados con el asesinato de Wallace de Almeida, y los impedimentos que vedaron se lleve a cabo tanto una investigación como un juzgamiento efectivos.
2. Reparar plenamente a los familiares de Wallace de Almeida, incluyendo tanto el aspecto moral como el material, por las violaciones de derechos humanos determinadas en el presente informe, y en particular;
3. Adoptar e instrumentar las medidas necesarias para una efectiva implementación del artículo 10 del Código Procesal Penal Brasileño.
4. Adoptar e instrumentar medidas adecuadas dirigidas a los funcionarios de justicia y de la policía, a fin de evitar acciones que impliquen discriminación racial en los operativos policiales, en las investigaciones, en el proceso o en la condena penal.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 10