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Informe de admisibilidad galo roberto matute robles y familia
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IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD Competencia
INFORME No. 19/16
PETICIÓN 3546-02
GALO ROBERTO MATUTE ROBLES Y FAMILIA
Citar como: CIDH, Informe No. 19/16, Petición 3546-02. Admisibilidad. Galo Roberto Matute Robles y familia. Ecuador. 15 de abril de 2016.
El 16 de agosto de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Enry Salin Alcívar Zambrano (en adelante, “el peticionario”) contra la República del Ecuador (en adelante, “Ecuador” o “el Estado”), en representación de Galo Roberto Matute Robles (en adelante, “la presunta víctima” o “el Sr. Matute Robles”). El peticionario aduce la responsabilidad internacional del Estado en atención a que el 28 de febrero de 1990 la presunta víctima quedó parapléjica a raíz de dos impactos de bala presuntamente propinados por un agente de la policía en el contexto de una manifestación social. El peticionario alega además que las autoridades competentes no investigaron de oficio estos hechos ni repararon al Sr. Matute Robles.
El peticionario alega la violación por parte del Estado de los derechos consagrados en los artículos 4 (derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, “la Convención Americana” o “la Convención”), por los daños alegadamente sufridos por la presunta víctima y por la supuesta impunidad en la cual habrían quedado estos hechos. Por su parte, el Estado aduce que la petición no contiene hechos que constituyan violaciones a derechos establecidos en la Convención Americana; que los peticionarios pretenden que la CIDH actúe como una cuarta instancia; y que la petición no fue presentada dentro del plazo de seis meses establecido por la Convención. En suma, considera que la petición no cumple con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana y solicita a la Comisión que la declare inadmisible.
Sin prejuzgar sobre el fondo de la denuncia, tras analizar las posiciones de las partes y en cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión decide declarar el caso admisible a efectos del examen de los alegatos relativos a la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (a la vida), 5 (a la integridad personal), 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado. La Comisión decide además notificar esta decisión a las partes, publicarla e incluirla en su Informe Anual para la Asamblea General de la OEA.
La CIDH recibió la petición el 16 de agosto de 2002, y transmitió las partes pertinentes al Estado el 24 de abril de 2003, otorgándole un plazo de dos meses para someter sus observaciones, con base en el artículo 30.3 de su Reglamento entonces en vigor. El 17 de junio de 2003 se recibió la respuesta del Estado.
El peticionario presentó observaciones adicionales el 8 de septiembre de 2005 y el 3 de abril de 2006, las cuales fueron debidamente trasladadas al Estado. El 29 de noviembre de 2010 la CIDH solicitó información actualizada al peticionario. El 19 de enero de 2011 el peticionario envió una comunicación indicando que toda la información que pudo recopilar respecto de los hechos denunciados fue enviada con la petición original.
Por su parte, el Estado remitió observaciones adicionales el 24 de enero de 2006 y el 8 de abril de 2015 (el 4 de septiembre de 2009 y el 12 de septiembre de 2014 la CIDH envió al Estado reiteraciones de solicitud de información). Estas comunicaciones fueron debidamente trasladadas al peticionario.
En su comunicación del 15 de abril de 2015 el Estado solicita el archivo de la petición porque, a su entender, el peticionario no había presentado información desde abril de 2006. A este respecto, la Comisión observa que, mientras que el Reglamento actual implica que la inactividad procesal del peticionario que indica desinterés en el proceso puede ser una causal para el archivo, en el presente asunto el peticionario ha presentado varias comunicaciones confirmando su interés en el proceso.
Como ya se anotó, la CIDH envío al peticionario una solicitud de información actualizada el 29 de noviembre del 2010, a la que éste respondió el 19 de enero del 2011 refiriendo que no habían cambios relevantes en los hechos planteados y solicitando una pronta resolución del caso por parte de la CIDH. Cumpliéndose así con los preceptos arriba citados. Asimismo, la Comisión recuerda que en la tramitación de casos individuales, no existe el concepto de caducidad de instancia como una medida ipso jure, por el mero transcurso del tiempo1.
El peticionario denuncia que el 28 de febrero de 1990, en el contexto de un paro general de actividades en la ciudad de Jipijapa, se produjo una manifestación social en la que participó el Sr. Galo Roberto Matute Robles. En el curso de estos hechos, un grupo de personas, entre los que se encontraban el Sr. Matute Robles, se encontró frente a un grupo de policías, quienes luego de un intento de diálogo, habrían comenzado a disparar y lanzar bombas lacrimógenas contra los manifestantes. El Sr. Matute Robles señala que mientras corría para refugiarse fue alcanzado por dos proyectiles de bala, cayendo al suelo sin poder volver a levantarse, al mismo tiempo que se asfixiaba por los gases lacrimógenos. En ese momento fue auxiliado y trasladado a un centro médico de la localidad por personas particulares que se encontraban en el lugar de los hechos.
Posteriormente, el Sr. Matute Robles fue trasladado al Hospital “Luis Vernaza” de la ciudad de Guayaquil, donde habría sido dado de alta con el diagnóstico de “parálisis de las extremidades inferiores, con invalidez definitiva”, producto de los dos disparos de arma de fuego que habría recibido durante los incidentes. El Sr. Matute Robles aduce que esto le produjo daños graves a nivel personal y familiar, dado que sus padres sufrieron una severa afectación moral producto de la discapacidad que adquirió; y una importante afectación económica, debido a que tuvieron que hacerse cargo de todos los gastos asociados a su hospitalización y rehabilitación, y además, porque su futuro matrimonio se vio frustrado por su nueva condición. Al momento de la protesta el Sr. Matute Robles tenía 31 años de edad y estaba comenzando su vida profesional como ingeniero mecánico, quien a partir del daño sufrido ha tenido que vivir bajo el cuidado de sus padres.
A su vez, indica que su situación se vio agravada debido a que, no obstante el delito era perseguible de oficio, el Estado ecuatoriano no inició ninguna acción tendiente a individualizar y sancionar a los responsables. El peticionario alega que un parte o informe policial referente a este incidente, emitido por la policía local, desapareció de los archivos policiales y de la Comisaría Nacional de Policía del Cantón de Jipijapa, sin que se iniciara el correspondiente proceso penal. En atención a estos hechos el peticionario considera que se han vulnerado al Sr. Matute Robles las garantías al debido proceso, especialmente el derecho a tener el caso investigado y juzgado dentro de un plazo razonable, lo que a su juicio configura un cuadro de denegación de justicia.
El peticionario considera que el Estado ecuatoriano tenía la obligación de iniciar de oficio la investigación penal de los hechos y concluirla en el plazo de 60 días, según el artículo 231 del Código Penal; y que determinados los presuntos autores, cómplices y encubridores, se le daba la oportunidad de presentarse como parte procesal a través de la correspondiente acusación particular. Señala que fue un hecho público y notorio que el Sr. Matute Robles fue la víctima de mayor gravedad producto de la represión policial durante las manifestaciones, y que este hecho fue dado a conocer por los medios de comunicación, como por ejemplo “El Diario de Manabita”, del 1 de marzo de 1990, que en su primera página se refirió al caso del Sr. Matute Robles. Asimismo acompaña distintos recortes de prensa donde se relatan los hechos acontecidos durante ese día, y las lesiones sufridas por la presunta víctima y otros manifestantes.
Posteriormente, el 25 de octubre de 2000 el Sr. Matute Robles presentó una denuncia relativa a los hechos que lo damnificaron ante el Juzgado Quinto de lo Penal de Manabí, con sede en Jipijapa. Este juzgado mediante resolución del 16 de enero del 2001 consideró que la acción por el delito denunciado se encontraba prescrita de acuerdo al artículo 348 del Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha. Dicha sentencia fue apelada ante la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo. Mediante resolución dictada el 5 de abril de 2001, la Cuarta Sala rechazó el recurso por considerar que el recurrente “no [era] parte procesal en esta causa”, concluyendo que el juez de primera instancia no debió haber admitido el recurso de apelación interpuesto.
El peticionario señala que la presunta víctima interpuso posteriormente un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo, el cual fue rechazado. El tribunal consideró que el recurso idóneo no era el amparo, sino el recurso de casación y/o el recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia, dado que no existió acto administrativo que impugnar por inconstitucional. El tribunal indicó asimismo que según la legislación vigente al momento de interponer el recurso, no eran susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.
Esta resolución fue apelada ante la Primera Sala del Tribunal Constitucional, la cual rechazó la apelación por considerar que “no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa”; y que “el accionante no interpuso a tiempo su acción”, sino luego de diez años de ocurridos los hechos, lo que según el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal implicaba la prescripción de la acción penal. A su vez, el Tribunal Constitucional también señaló que si bien la acción penal se podía iniciar de oficio, una de las formas de iniciarla según el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal era la denuncia del ofendido.
De acuerdo con el peticionario, esta falta de actividad de los organismos de investigación demuestra que no se investigaron los hechos ocurridos el 28 de febrero de 1990 en perjuicio de la presunta víctima, y por tanto se configura la excepción establecida en el artículo 46.2.c de la Convención. Sin embargo, por otra parte, el peticionario considera que la decisión que agota los recursos internos es la dictada por el Tribunal Constitucional que se ejecutorió el 1 de marzo del 2002.
En atención a estas consideraciones, el peticionario alega que el Estado violó los derechos reconocidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento; y solicita que se indemnice por concepto de daño moral y perjuicios patrimoniales al Sr. Matute Robles y a sus padres.
Ecuador aduce que existió un proceso conforme a derecho que cumplió con las debidas garantías procesales, resuelto en primera instancia por el Quinto Juzgado Penal de Manabí el 11 de diciembre de 2000, y luego apelado y confirmado ante la Corte Superior de Justicia de Portoviejo el 5 de abril de 2001. Alega que el hecho de emitirse una sentencia desfavorable a las pretensiones del peticionario no implica una violación a los derechos consagrados en la Convención Americana, si dicha sentencia se ha producido luego de un juicio justo. Agrega que la Comisión debe declarar inadmisible una petición cuando no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por la Convención Americana.
El Estado señala que la Comisión, dada la naturaleza subsidiaria del Sistema Interamericano, y en virtud de la fórmula de “cuarta instancia”, no puede revisar las decisiones de los tribunales nacionales que actúen en la esfera de su competencia aplicando las debidas garantías judiciales, a menos que se haya cometido una violación de los derechos consagradas en la Convención Americana. Adicionalmente indica, citando los precedentes de la propia CIDH, que ésta no está llamada a determinar si el Estado cumplió su propia legislación, es decir la ley nacional, sino si el Estado cumplió las normas de derecho internacional, es decir sus obligaciones en el marco de la Convención Americana.
En este sentido, alega que el auto de prescripción emitido en el proceso promovido por el Sr. Matute Robles fue dictado conforme a derecho, ya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Código Penal el tiempo de prescripción para los delitos sancionados con reclusión es de diez años. Alega que los hechos ocurrieron el 28 de febrero de 1990 y los presuntos afectados presentaron la denuncia penal el 25 de octubre del 2000. Manifiesta que si no existe una denuncia o razón fundada, el Estado se ve impedido de cumplir con su obligación de prevenir, investigar y sancionar a los responsables de las alegadas violaciones.
Por otro lado, el Estado considera que la petición fue presentada en exceso del plazo de seis meses establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana, toda vez que la resolución judicial definitiva, que a su juicio agota los recursos internos, fue dictada el 5 de abril del 2001 por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, y la denuncia ante la Comisión Interamericana fue notificada al Estado el 24 de abril de 2003. Según el Estado, el recurso de amparo constitucional presentado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Portoviejo, rechazado el 25 de octubre de 2001, y la correspondiente apelación ante el Tribunal Constitucional, negativa que quedó ejecutoriada el 1 de marzo de 2002, se debió a que la acción carecía de fundamento jurídico, pues la norma constitucional de la época establecía que no eran susceptibles de acción de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.
En relación con la alegada violación al debido proceso y a la protección judicial, Ecuador indica que el peticionario tuvo a su disposición todos los recursos establecidos en la ley; que tuvo libre acceso al aparato jurisdiccional; y que en ningún momento se le impidió ejercer su derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones frente a los órganos competentes. En relación con la supuesta vulneración al derecho a ser oído dentro de un plazo razonable, el Estado señala que los plazos en que se desarrollaron los procesos internos están dentro de los límites de la razonabilidad establecidos por el Sistema Interamericano.
En conclusión, el Estado sostiene que la petición debería ser considerada inadmisible por no plantear hechos que constituyan una violación de derechos garantizados en la Convención Americana; ser una solicitud de cuarta instancia; y exceder el plazo reglamentario de presentación de una petición desde el agotamiento de los recursos internos, por lo que en función de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos solicita a la CIDH que así lo declare.
El peticionario se encuentra facultado, en principio, por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado ecuatoriano se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Ecuador es un Estado parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977, fecha en la que depositó su instrumento de ratificación. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición. Asimismo, la Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Ecuador, Estado Parte en dicho tratado.
El artículo 46.1.a de la Convención Americana exige el previo agotamiento de los recursos disponibles en la jurisdicción interna conforme a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, como requisito para la admisión de reclamos sobre la presunta violación de la Convención Americana. Este requisito tiene como objeto permitir que las autoridades nacionales conozcan sobre la supuesta violación de un derecho protegido y, de ser apropiado, solucionen la situación antes de que sea conocida por una instancia internacional.
Por su parte, el artículo 46.2 de la Convención prevé que el requisito de previo agotamiento de los recursos internos no resulta aplicable cuando (i) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; (ii) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos a la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; o (iii) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En el presente caso, el Estado sostiene que hubo agotamiento indebido de recursos ya que la denuncia ante el Juzgado Quinto de lo Penal de Manabí fue presentada luego de la prescripción del delito denunciado. Agrega que una de las formas de iniciar el proceso penal era a través de una denuncia, y que los familiares de la presunta víctima se abstuvieron de poner en conocimiento de las autoridades judiciales los hechos alegados, lo que impidió que el Estado cumpliera con su obligación de investigar y sancionar a los responsables de la violación alegada.
Por su parte, el peticionario indica que el Estado tenía la obligación de iniciar de oficio la investigación judicial y luego de esto, y de establecerse los presuntos responsables de los hechos, se le daba la oportunidad de presentarse como parte procesal a través de la correspondiente acusación particular. Señala que fue un hecho público y notorio que el Sr. Matute Robles fue la víctima de mayor gravedad de la represión policial ocurrida durante las referidas manifestaciones, y que esto fue dado a conocer, entre otras fuentes, por los medios de comunicación. Sobre esta base el peticionario alega la excepción contenida en el artículo 46.2.c de la Convención Americana, puesto que al momento de presentar la petición, y ya declarada la prescripción de los hechos denunciados por los tribunales de Ecuador, no se había iniciado ningún proceso de oficio por el Estado.
En vista de los hechos planteados por las partes, la Comisión observa que toda vez que se cometa un presunto delito perseguible de oficio el Estado tiene la obligación de promover e impulsar el proceso penal; y que en esos casos, éste constituye la vía idónea para esclarecer los hechos y, de ser apropiado, juzgar a los responsables, y establecer las sanciones penales correspondientes2. Como regla general, una investigación penal debe realizarse prontamente para proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba e incluso salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa3. En este sentido, y en vista de que los hechos alegados por los peticionarios constituyen delitos perseguibles de oficio, el proceso interno que debió ser agotado en el presente caso es la investigación en sede penal, la cual debió ser asumida e impulsada por el Estado.
Respecto del argumento sobre la alegada falta de actividad procesal del peticionario por no haber promovido por medio de una denuncia el inicio del proceso penal, la CIDH reitera lo establecido en varios de sus precedentes al respecto, en el sentido de que en los regímenes procesales en los que las víctimas o sus familiares pudieren tener legitimación para intervenir en procesos penales, su ejercicio no es obligatorio sino optativo, y no sustituye en modo alguno la actividad estatal. En otras palabras, el no haber hecho uso de esas figuras procesales accesorias o coadyuvantes en procesos penales cuyo impulso está a cargo del Estado no afecta al análisis del cumplimiento del requisito del previo agotamiento de los recursos internos4.
Asimismo, respecto al argumento del Estado en el sentido de que, como no se interpuso una denuncia las autoridades no tenían la obligación de realizar una investigación y proceso penal, a efectos de esta etapa de admisibilidad, la Comisión toma en cuenta los alegatos del peticionario en el sentido de que: la policía estuvo presente en el lugar de los hechos; la presunta víctima fue trasladada al Hospital Luis Vernaza, que presta servicios públicos; que la manifestación y las consecuencias respecto del Sr. Matute Robles y otras personas fueron cubiertas por varios medios de prensa; y se habría levantado un informe policial de los hechos que habría “desaparecido” de la comisaría de Jipijapa, Manabí. Estos elementos establecen que el Estado desde un principio tenía información sobre los hechos alegados.
Por lo tanto, la Comisión concluye que, al no haberse iniciado una investigación de oficio por parte del Estado respecto de los hechos en los que la presunta víctima habría recibido dos disparos alegadamente por parte de la policía, hechos que habrían sido de público conocimiento, se configura la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana.
El artículo 46.2 de la Convención Americana, por su naturaleza y objeto, es una norma con contenido autónomo vis a vis las normas sustantivas de la Convención. Por lo tanto, la determinación de si las excepciones a la regla del agotamiento de los recursos internos previstas en dicha norma resultan aplicables al caso en cuestión, debe llevarse a cabo de manera previa y separada del análisis del fondo del asunto, ya que depende de un estándar de apreciación distinto de aquél utilizado para determinar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Cabe aclarar que las causas y los efectos que han impedido el agotamiento de los recursos internos en el presente caso serán analizados, en lo pertinente, en el informe que adopte la Comisión sobre el fondo de la controversia, a fin de constatar si efectivamente configuran violaciones a la Convención5.
En el caso bajo análisis, la CIDH ha establecido la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos prevista en el artículo 46.2.c de la Convención Americana. A este respecto, la petición ante la CIDH fue recibida el 16 de agosto de 2002, y los alegados hechos materia de la misma comenzaron a partir del 28 de febrero de 1990 y sus efectos, en cuanto a los daños presuntamente sufridos y la denegación de justicia, han continuado hasta la fecha. Por lo tanto, en vista del contexto y las características del presente caso, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable, y por tanto cumple el requisito de admisibilidad referente al plazo de presentación.
A los efectos de la admisibilidad, la Comisión debe decidir si los hechos alegados pueden caracterizar una violación de derechos, según lo estipulado en el artículo 47(b) de la Convención Americana, o si la petición es "manifiestamente infundada" o es "evidente su total improcedencia", conforme al inciso (c) de dicho artículo. El criterio para analizar la admisibilidad difiere del utilizado para el análisis del fondo de la petición dado que la Comisión sólo realiza un análisis prima facie para determinar si los peticionarios establecen la aparente o posible violación de un derecho garantizado por la Convención Americana. Se trata de un análisis somero que no implica prejuzgar o emitir una opinión preliminar sobre el fondo del asunto.
El peticionario sostiene que en el contexto de una manifestación en la ciudad de Jipijapa, miembros de la policía dispararon a un grupo de personas, ocasionándole al Sr. Matute Robles una condición física que se diagnosticó como “parálisis de las extremidades inferiores con invalidez definitiva”; lo que a su parecer implicó una serie de perjuicios morales y económicos para la presunta víctima y sus padres. Asimismo, denuncia que el Estado no inició la correspondiente investigación de oficio.
Con respecto al alegato de cuarta instancia planteado por el Estado, la Comisión subraya que en el presente caso el peticionario alega que, producto de una lesión de arma de fuego producida por agentes de la policía de Ecuador, el Sr. Matute Robles quedó parapléjico, y que no hubo una investigación de oficio por parte del Estado relativa a estos hechos. Estos reclamos podrían caracterizar prima facie violaciones a derechos protegidos en la Convención, por lo que la CIDH no estaría actuando como una cuarta instancia.
Asimismo, la Comisión ha entendido que hay caracterización por violaciones al derecho a la vida cuando se ha puesto a una persona en una situación de riesgo de muerte6, por lo que la Comisión analizará en la etapa de fondo del presente caso la eventual aplicación del artículo 4 de la Convención Americana.
En vista de los elementos de hecho y de derecho presentados por las partes, y la naturaleza del asunto puesto bajo su conocimiento, la CIDH considera que, de ser probados, los hechos alegados podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, en concordancia con el artículo 1.1 de dicho tratado en perjuicio de Galo Roberto Matute Robles. La CIDH considera asimismo que los hechos alegados podrían además caracterizar una posible violación del artículo 5 de la Convención en atención al presunto sufrimiento y afectaciones sufridos por los padres de la presunta víctima Olivio Matute Hidalgo y Julia Adelaida Robles Pin con base en las heridas sufridas por su hijo y las consecuencias que se habrían extendido hasta la fecha.
Declarar admisible la presente petición en relación con los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 del mismo instrumento.
1  CIDH, Informe No. 33/98, Petición 10.545. Admisibilidad. Clemente Ayala Torres y otros, México, 15 de mayo de 1998,
párr. 22.
 CIDH, Informe No. 34/15, Petición 191-07 y otras. Admisibilidad. Álvaro Enrique Rodríguez y otros. Colombia. 22 de julio de 2015, párr. 244.
 CIDH, Informe No. 51/10, Petición 1166-05, Admisibilidad, Masacres del Tibú, Colombia, 18 de marzo de 2010, párr. 110.
 CIDH, Informe No. 31/15, Petición 10.522. Admisibilidad. Juan Fernando Porras Martínez. Colombia. 22 de julio de 2015, párr. 36.
 CIDH, Informe No. 48/15, Petición 79-06. Admisibilidad. Pueblo Yaqui. México. 28 de julio de 2015, párr. 56.
 CIDH, Informe No. 49/14, Petición 1196-07. Admisibilidad. Juan Carlos Martínez Gil, Colombia, 22 de julio de 2014, párr. 40.

References: artículo 1
 artículo 30
 resolución 
 artículo 231
 resolución 
 artículo 348
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 348
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 101
 artículo 46
 resolución 
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5