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Timestamp: 2020-08-03 12:39:29+00:00

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Administración de Rentas y Tributación Municipal | Impuestos | Justicia
Selección de Artículos sobre la Administración de Rentas y Tributación Municipal de la Revista Actualidad Gubernamental.
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y Tributación Municipal
¿Están preparados los Gobiernos Locales para la determinación, aprobación y cobranza de los Arbitrios Municipales para el año 2009?
Lic. Jose Luis Nunja Garcia*
¿Están preparados los Gobiernos Locales
para la determinacion, aprobacion y co-
branza de los Arbitrios Municipales para
el año 2009?
Actualidad Gubernamental, Nº 1 - Octubre
1. Autonomía Municipal y la rati cación de
las ordenanzas que aprueban tributos
2. El Gobierno Local y el ejercicio de su potes-
tad tributaria en los Arbitrios Municipales
3. De ciencias en la determinación de costos
4. Las proyecciones de recaudación de los
Arbitrios considerados, en los Presupuestos
Institucionales de Apertura (PIA) de las
5. Inadecuado manejo de los residuos sólidos
Las tasas por servicios públicos o arbitrios se calcularán dentro del último trimestre de cada ejercicio scal anterior a su aplicación, en función del costo efectivo del servicio a prestar y su mantenimiento, así como el bene cio individual prestado de manera real y/ o potencial (es decir entre los meses de octubre, noviembre y diciembre) y de- berán ser publicados a más tardar el 31 de Diciembre del ejercicio scal anterior al de su aplicación. Estando próximos a la llegada del último trimestre del año 2008 en la que se debe determinar y aprobar el monto de los arbi- trios municipales a cobrarse para el ejercicio
* Consultor Municipal Docente de INFOM Jefe del Área Presupuesto de Empresas Municipales y Descentraliza- dos de la MML.
2009 y, a pesar que la legislación vigente contempla un marco normativo que regula la aplicación de las tasas por parte de las municipalidades, estas vienen utilizando criterios que no resultan congruentes con la naturaleza del tributo. Los arbitrios municipales han sido y son uno de los tributos que mayor controver- sia ha generado en estos últimos años. La procedencia de su cobro, caracterización
y conformidad con nuestro ordenamiento
jurídico legal ha sido objeto de cuestiona-
miento por parte de los ciudadanos, autori-
dades locales y jurisdiccionales, habiéndose
sobre el particular, generando reiterados
pronunciamientos del propioTribunal Cons- titucional del Perú, al resolver las distintas
demandas de amparo y de inconstitucio- nalidad que se han interpuesto.
Esta realidad ha provocado que se analice
y discuta con detenimiento cuáles son las
limitaciones y alcances con que cuentan los gobiernos locales para crear, modi car, exone- rar y regular los arbitrios municipales, aspectos que han sido abordados en las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, los cuales debemos recordar y que son objeto de comentarios en este artículo.
El Estado debe contar con los recursos nece- sarios para poder cumplir con las funciones que le han sido asignadas. Una fuente de estos
recursos son los de tipo de tributario. De esta manera, el tributo es la obligación que nace,
o le es impuesta, por ley a los ciudadanos, y
que consiste en un pago de dinero que se debe realizar a favor del Estado. Existen diversas clasi caciones sobre los tipos de tributos. Así, por ejemplo, tenemos aquella que toma como criterio de distin- ción una actuación por parte del Estado y clasi ca a los tributos en vinculados y no vinculados. También es conocida otra clasi-
cación tripartita que clasi ca a los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, y que
más obedece a un desarrollo doctrinario que a un criterio objetivo de distinción, pero cuya adopción en las normas reviste de una importante trascendencia jurídica.
Si consideramos la primera clasi cación el arbitrio sería un tributo vinculado, ya que presupone una actuación estatal para su cobro. Con relación a la segunda clasi ca- ción el arbitrio está considerado como una tasa, y se entiende que se debe pagar a cambio de un servicio público que se recibe. Se discute sí el servicio debe ser efectivo o potencial, o ambos; y también si debe ser individualizable o no. Los Gobiernos Locales, son los únicos facul- tados por nuestra Constitución para crear arbitrios a través de Ordenanzas y dentro
de los límites jados por las leyes aprobadas por el Congreso. Es importante precisar que
la potestad tributaria que la Constitución le
otorga a los Gobiernos Locales con relación
a los arbitrios implica que estos puedan de-
terminar a los obligados al pago, su monto
o cuantía, periodicidad y otros elementos
constitutivos que acompañan a la obliga- ción tributaria.
También es importante tener en cuenta que los arbitrios se crean para financiar determinados servicios públicos. Por con- siguiente, el costo total que le demande
a una Municipalidad prestar tal servicio es
el que debe ser trasladado a la totalidad de los ciudadanos bene ciados con dicho servicio, convirtiéndose de esa manera en contribuyentes por este tributo.
Las Municipalidades, para efecto del referido traslado deberán recurrir a procedimientos
y mecanismos, asegurando una distribu-
ción equitativa y justa del costo total del servicio entre todos los contribuyentes de la jurisdicción territorial. En ese trabajo de distribución o reparto del costo, las
Municipalidades deberán hacer prevalecer los principios tributarios contemplados en
N° 1 - Octubre 2008
el artículo 74 de nuestra Constitución así como de los otros límites que están regu- lados en leyes especiales.
1. Autonomía Municipal y la rati- cación de las ordenanzas que aprueban tributos
Los gobiernos locales tienen potestad para crear y regular los arbitrios municipales. El Congreso de la República ni cualquier otro ente estatal cuenta con dicha facultad. Sin embargo, esta potestad debe ser ejercida dentro del marco de las leyes que el Con- greso apruebe. Y existen leyes que han establecido estos límites, uno de los cuales es el de la rati cación provincial. Conforme a la rati cación, que alcanza sólo
los gobiernos locales de los distritos, para
vigencia de las ordenanzas tributarias que
ellos aprueben, se requiere necesariamente para su vigencia de la rati cación por parte del Concejo Provincial a través de la emisión de un acuerdo. Esta disposición alcanza no sólo a los arbitrios municipales, sino a toda tasa municipal que ellos aprueben.
La anterior Ley Orgánica de Municipalidades aprobada por Ley Nº 23853 (año 1983), contempló la figura de la ratificación y ahora se encuentra también establecida en el artículo 40 de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 (año 2003), el cual establece en su tercer párrafo que“Las ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia”. Por consiguiente, se opta por otorgar a las municipalidades provinciales de un instru- mento que le permitan ejercer control sobre
las municipalidades distritales (orientado a
la creación de normas y a su aplicación).
Considerando que la gura de la rati cación podía ser concebida como un mecanismo de control, ninguna de las normas citadas ha regulado sus alcances, es decir, no se sabía que aspectos debían revisar los Concejos Provinciales o sobre cuales emitir pronunciamiento. Incluso no se precisaba sobre la posibilidad de realizar rati caciones parciales o modi car parte del contenido de las ordenanzas materia de rati cación, ni cuales eran la pautas y plazos que se debían seguir. De esta manera, era evidente que existía una falta de desarrollo normativo en el aspecto de la rati cación. Esta situación originó que algunos Conce- jos Provinciales emitieran ordenanzas que regularán de algún modo el proceso de rati cación en sus respectivas jurisdicciones. Sin embargo, aún existen algunas Munici- palidades Provinciales que no han emitido sus ordenanzas en tal sentido. Para tal efecto, se pueden consultar las Or- denanzas aprobadas y publicadas en el dia- rio o cial “El Peruano” por la Municipalidad Metropolitana de Lima N.º 126 (02/10/1997), Nº 211 (12/02/1999) y la vigente Nº 607
(24/03/2004), que regula el procedimiento de Rati cación de Ordenanzas Distritales para la provincia de Lima. También se debe señalar qué tanto en la anterior como en la vigente Ley Orgánica de Municipalidades se dispone que, para efectos de su vigencia, las normas tributarias que aprueben los gobiernos locales deben ser rati cadas, si era su ciente o bastaba la adopción del acuerdo de ratificación por parte del Concejo Provincial, o si era necesario que este fuera publicado, con la finalidad que se pueda determinar la fecha exacta de vigencia de las ordenanzas distritales rati cadas. Estas situaciones, como práctica común hasta hace unos pocos años, comenzaron a cambiar sustancialmente a raíz de la senten- cia del Tribunal Constitucional recaída en el
expediente Nº 007-2001/AI, emitida en ene-
ro de 2003. En ella, el Tribunal declaró fun-
dada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo, en contra de la Ordenanza de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho que declaraba
inaplicabilidad de la Ordenanza Nº 211 de
que regulaba el proceso de rati cación en
la provincia de Lima, señalando que, en un
Estado descentralizado como el peruano, los distintos niveles de gobierno debían apuntar a objetivos similares. Es en ese sentido, que la adopción de un mecanismo formal como la rati cación permitiría contar con una política tributaria integral y unifor- me, que guarde relación con el principio de igualdad recogido en el artículo 74 de la Constitución.
TEXTO ÚNICO ORDENADO L.T.M.
D. LEG. 952 MODIFICA L.T.M.
De 1994 al 31 de Diciembre de 2004
ARTÍCULO 69 L.T.M.
Las ordenanzas que aprueban montos se publican y rati can hasta el 30 de abril del respectivo ejercicio scal.
Las ordenanzas que aprueban montos se publican y rati can dentro del último trimestre del ejercicio anterior al de su aplicación.
En la sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente Nº 0041-2004- AI/TC (14/03/2005) como consecuencia de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la Defensoría del Pueblo contra las Ordenanzas que regularon los arbitrios municipales de la Municipalidad de Santiago de Surco durante el período 1996 a 2004. En dicha sentencia el Tribunal realiza un análisis más extenso sobre la rati - cación. Primero, se reitera en todo lo que ya había indicado anteriormente, pero agrega nuevas consideraciones. De esta manera, señala que la rati cación busca armonizar y racionalizar el sistema tributario municipal, evitando diferencias irracionales entre las distintas jurisdicciones municipales. Asimis- mo, ella resulta necesaria para garantizar un sistema tributario de mayor equidad. Lo más importante de esta sentencia es que vincula a la rati cación con el principio de legalidad. Dispone que en la evaluación que se haga de una norma tributaria distrital con la nalidad de determinar el respeto a dicho principio, se debe veri car no sólo que se haya utilizado el instrumento normativo idóneo, que en este caso es la ordenanza, sino que también se debe evaluar si se cumplió con todos los requisitos que exige la legislación para su validez y e cacia, resultando la rati- cación un requisito de validez de la misma; por consiguiente, la nalidad de la rati cación no es declarativa sino constitutiva, pues ella convalida la ordenanza distrital como norma exigible a los ciudadanos. En este aspecto, para que la ordenanza ratificada pueda surtir efectos y ser obligatoria para los contribuyentes, se requiere que tanto ella como el Acuerdo del Concejo Provincial que la rati ca sean publicados.
El Tribunal precisa que el plazo límite para
publicar el acuerdo de ratificación es el mismo que establece la Ley de Tributación Municipal para que las Municipalidades puedan publicar las ordenanzas que aprueban sus arbitrios con sus respectivos costos. Este plazo, que en la normatividad
anterior era el 30 de abril de cada año, en
la actualidad es el 31 de diciembre del año
anterior al de su aplicación, en virtud de la modi cación introducida a la Ley de Tribu-
tación Municipal, establecida por el Decreto Legislativo Nº 952 (03/02/2004). Los últimos criterios desarrollados por el Tribunal en el aspecto de la ratificación fueron establecidos en la sentencia emitida en el expediente Nº 0053-2004-PI/TC, en el proceso de inconstitucionalidad seguido por la Defensoría del Pueblo contra la Mu- nicipalidad de Mira ores por las ordenanzas que regularon sus arbitrios municipales entre los períodos 1997 a 2004. Desarrolla en dicha sentencia con mayor amplitud los fundamentos, por los cuales se considera que la rati cación en sí no afecta a la autonomía local. En esa orien- tación se a rma que en un estado unitario
y descentralizado como el peruano, la
autonomía municipal no puede oponerse
al principio de unidad, pues la autonomía
es considerada como parte del todo. No existiría ni podría existir ningún ente estatal que no esté relacionado o vinculado con los demás. Señala que la rati cación no afecta
la capacidad de gestión y autogobierno
del distrito, en la medida que será el propio distrito el que establezca el costo total del servicio y su distribución, puesto que la Municipalidad Provincial únicamente cons- tata que aquellos costos que se pretenden trasladar al contribuyente de una localidad
Área Administración de Rentas y Tributación Municipal
determinada se encuentren perfectamente sustentados.
2. El Gobierno Local y el ejercicio de su potestad tributaria en los Arbitrios Municipales
El artículo 74 de nuestra Constitución dis-
pone que el Estado, al ejercer su potestad tributaria, debe respetar los principios de
reserva de la ley, y, los de igualdad y res- peto de los derechos fundamentales de
Se discute en lo que se respecta al princi- pio de igualdad, cuáles son sus alcances y cual sería la relación con el recogido en el numeral 2 del artículo 2 de la Constitución, en el que se declara que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la Ley y que nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.
Analistas tributarios señalan que el principio de igualdad así entendido está más referido
a un aspecto negativo que positivo. No se
trata que todos paguen los tributos, sino más bien que nadie sea eximido del pago de los mismos y, que este no es el sentido del principio de igualdad recogido en el
artículo 74 de la Constitución, sino que, por
el contrario, este artículo trata de recoger el
principio de uniformidad que estuvo con- templado en la Constitución de 1979, el cual se encuentra relacionado con la capacidad contributiva. De esta manera, expresan que:
“igualdad tributaria quiere decir igualdad en condiciones iguales de capacidad con- tributiva”. Asimismo, este principio sería de tipo no jurídico, sino fundamentalmente económico y relacionado con la política scal que se debe adoptar para un sistema tributario equitativo y justo.
En las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, uno de los criterios más controvertidos sobre los arbitrios munici-
pales, se dio en la sentencia recaída en el expediente Nº 0918-2002-AA/TC, cuando
re riéndose al monto que por el arbitrio de
serenazgo debía pagar un contribuyente,
el Tribunal señaló que “si nos atenemos a la
nalidad del servicio (vigilancia del distrito para combatir la prostitución y la delincuen- cia), el mismo importa por igual a todos los habitantes del distrito y, todos, por ende, se bene cian por igual”. Es de observarse que
a partir de esta apreciación, se entendía
que en aplicación del principio de igualdad todos debían pagar lo mismo. Posteriormente, esta situación fue corregida
con la emisión de la sentencia recaída en el expediente Nº 0041-2004-AI/TC, a través de
la cual el Tribunal se pronunció por el em-
pleo de elementos de cuanti cación más adecuados para medir el uso del servicio que se le brinda a cada contribuyente. De esa forma, se establecieron parámetros o criterios que permiten diferenciar a grupos
de contribuyentes que reciben una similar
prestación efectiva o potencial del servicio, con la nalidad de atribuirles a cada uno de esos grupos una parte del costo total según
la intensidad del servicio que se les presta.
Si bien el principio de igualdad permite atribuirles un costo igual a aquellos contri- buyentes que perciben una intensidad del
servicio similar, no todos los contribuyentes
se encuentran en condiciones económicas
para afrontar una misma carga tributaria. Por ejemplo, si nos limitásemos a asignar el costo del servicio de serenazgo en función
al servicio prestado, se observaría que las
zonas más deprimidas y con menos re- cursos económicos son a su vez las zonas que requieren de mayor prestación del
servicio; por tanto, les correspondería por dicho motivo una mayor participación en
Para que el principio de igualdad en tal sentido surta plenos efectos como tal, siempre deberá vincularse necesariamente con el principio de capacidad contributiva, a efectos de que se logre una mayor equidad en el traslado del costo de los servicios. Es decir, el principio de capacidad contributiva es inherente al principio de igualdad.
Ha sido usual, por otro lado, señalar que
la capacidad contributiva es un principio
únicamente aplicable a los impuestos, mas no así a las tasas, que deberían ser determi- nadas en función al servicio efectivamente prestado.
Sin embargo, nuestra Constitución al mo- mento de jar los principios que deberán ser respetados al momento de ejercer la potestad tributaria no ha hecho ninguna
distinción respecto de su aplicación según
el tipo de tributo que se trate; por lo tanto,
conforme a ella, resulta perfectamente factible que se exija la aplicación de dichos principios (igualdad y capacidad contribu- tiva) a los arbitrios municipales.
A través de la sentencia del expediente
N.º 0918-2002-AA/TC, el Tribunal Constitu- cional proscribió en un primer momento
el criterio de valor del predio por conside-
rar que su empleo suponía la aplicación del principio de capacidad contributiva
a las tasas por arbitrios municipales. Las
municipalidades durante varios años emplearon criterios que materializaron de alguna forma la aplicación del principio de capacidad contributiva, siendo el más usado y difundido de todos ellos el valor
del predio, parámetro objetivo que permitía asignar el costo del servicio en función a
la capacidad económica mínima con que
contaba un contribuyente para satisfacer el pago del tributo. Respecto de la aplicación de este criterio, la principal resistencia que se encontraba por parte de los contribu- yentes estaba relacionada con la creencia que el monto que les correspondía pagar por concepto de los arbitrios municipales
resultaban altos por el hecho de que se tomaba en cuenta el valor del predio. No obstante, ello no es del todo cierto en la
medida que los factores principales que
in uyen para que estos tributos sean altos o
no, lo constituyen en mayor medida el nivel de demanda que se tenga de los servicios que prestan los gobiernos locales, así como
la poca capacidad técnica y de gestión que
se demuestre en la prestación de los servi- cios, así como la falta de capacidad técnica de los gobiernos locales para estructurar los costos que le demanda la prestación de los servicios, originando que algunas veces en forma intencional o negligente,
se establezcan“costos”que no son reales, se
encuentran “in ados” o bien que no están
relacionados con la prestación misma del servicio.
Posteriormente, con oportunidad de las sentencias recaídas en los expedientes N.º 0041-2004-AI/TC y 00053-2004- PI/TC, el Tribunal Constitucional procedió a efectuar una reformulación de lo propuesto, validan- do la aplicación de la capacidad contribu-
excepcionalmente ser
utilizada como criterio de distribución de
tiva, la cual podría “
costos, dependiendo de las circunstancias económicas y sociales de cada municipio,
y si de esa manera se logra una mayor
equidad en la distribución, cuestión que debe sustentarse en la ordenanza que crea
arbitrio”. Es decir que, cuando se emplee
principio de capacidad contributiva para
determinación de los arbitrios, este no
deberá ser el criterio determinante o de ma- yor importancia, sino que, por el contrario, deberá ser empleado de manera residual, complementando de ese modo los otros criterios propuestos por el Tribunal para cada arbitrio.
Este cambio de criterio establecido por
el Tribunal Constitucional trajo algunas
dificultades para las Municipalidades y para los propios contribuyentes. La razón es sencilla, pues antes de las sentencias los municipios distribuían los costos totales que
le demandaba prestar los servicios entre todos sus contribuyentes, utilizando como elemento principal el valor de sus predios.
Por consiguiente, con la nalidad de evitar que dichos incrementos sean muy elevados,
el Tribunal señaló que la diferencia que se
dejará de percibir debía ser asumido por los
contribuyentes de mayor capacidad eco- nómica y en mayor medida por las propias municipalidades.
El Tribunal Constitucional en el Expediente
Nº 0018-2005-PI/TC (19/07/2006) que declara fundada la acción de inconstitucio- nalidad interpuesta contra la ordenanza que regula el régimen de arbitrios de la municipalidad de Ica precisa los criterios de validez material (parámetros mínimos para la distribución de costos), señalando que, si bien los parámetros interpretativos dados por el Tribunal Constitucional en el expediente 0053-2004-PI/TC resultan bases presuntas mínimas, estas no son rígidas, pues tampoco lo es la realidad social y económica de cada municipio.
De manera que será obligación de cada municipio sustentar técnicamente aque- llas otras fórmulas que, partiendo de la base dada por dicho Tribunal, incorporen otros criterios objetivos y razonables que, adaptados mejor a su realidad, logren una mayor justicia en la imposición.
Analistas tributarios señalan que los princi- pios de igualdad y capacidad contributiva se encuentran intimamente relacionado con el principio de no confiscatoriedad. Por tanto, la no confiscatoriedad, en sen- tido estricto, hace referencia antes que
a la violación del derecho de propiedad,
al fenómeno de la tributación excesiva, la misma que se mide en función preci- samente de la capacidad económica de los contribuyentes llamados a soportar el pago del tributo. El Tribunal Constitucio- nal en el expediente Nº 00053- 2004-PI/TC señaló que “en términos generales, la eva- luación de confiscatoriedad se manifiesta por la determinación del monto global del arbitrio sobre la base de montos sobrevaluados o, en el caso de montos no justificados, por la falta del informe técnico financiero que demuestre la deter- minación de costos”. Además de ello, señala que el arbitrio devendrá en con scatorio en aquellos casos en que, pese a estar previsto
y se exija su pago, no se preste el servicio. Se puede concluir de lo resuelto por el Tribunal Constitucional que la con scatoriedad tiene dos formas de constatación. La primera, de alcance general, está estrechamente relacio- nada con la cali cación y cuanti cación de los costos totales de cada uno de los rubros que se consideran para la prestación del arbitrio, de tal forma que podría considerarse
con scatorio al arbitrio a cobrar si a través del mismo se exigen costos no relacionados con los servicios que se presta, si estos son sobre- dimensionados o si pese a estar previsto, se opta por no prestar el servicio. La segunda,
si del examen individual efectuado a un
contribuyente se determina que el cobro exigido excede su capacidad de pago. Por último, en relación al principio de legalidad, denominado también principio de reserva de ley, se encuentra recogido
en el artículo 74 de la Constitución Política, habiendo sido recogido posteriormente en
la Norma IV del Título Preliminar del Código
Tributario. Entendido este como aquel
principio por el cual todas las instancias de gobierno, dentro del límite de sus compe- tencias, pueden crear, modi car o extinguir tributos siempre que dicha actividad se realice a través del instrumento legal idóneo para su regulación. El referido principio fue materia de análisis por parte del Tribunal Constitucional a partir de lo señalado en
la sentencia del expediente Nº 007-2001/
AA, a través de la cual se pronunció por la obligatoriedad de la rati cación de las ordenanzas. Posteriormente, las sentencias de los expediente N° 0041-2004- AI/TC y 00053-2004-PI/TC, el Tribunal desarrolló aún más el principio de legalidad al señalar
que si bien el artículo 74 de la Constitución reconoce facultad tributaria a los gobiernos locales para la creación de tasas y contribu- ciones, esta deberá desarrollarse dentro de la jurisdicción municipal y con los límites que establezca la ley.
Según la Ley de Tributación Municipal, con- forme lo dispone los artículos 69 y 69-A corres- ponderá que las municipalidades aprueben sus ordenanzas de arbitrios dentro del último trimestre del ejercicio anterior a su aplicación, procediendo a su publica- ción hasta el 31 de diciembre del mismo año en que materializó la aprobación de la ordenanza. Conforme lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, la obligación de publicación se hace extensiva también al informe técnico anexo a la ordenanza, el cual deberá explicar los costos efectivos que demanda el servicio según el número de contribuyentes, así como los criterios que
justi quen
los incrementos. Corresponderá
en el caso de las municipalidades distritales, conforme lo señala el artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que también se proceda a tramitarse la rati cación pro- vincial correspondiente, a efectos de que esta se alcance dentro del plazo máximo establecido en el artículo 69-A de la Ley de Tributación Municipal.
3. Deficiencias en la determina- ción de costos de Arbitrios Municipales
Sobre el particular la Defensoría del Pueblo en el informe Defensorial Nº 0044-2006/DP
(03/10/2006) se señala que han comprobado la subsistencia de algunas de ciencias en la información que presentan las ordenanzas de las municipalidades supervisadas. Así, obser- varon problemas con los rubros de gastos que integran las estructuras de costo:
• Rubros de gastos que no precisan los montos presupuestados;
• Generalidad en la determinación de algunos conceptos que integran las estructuras de costos, que no permiten identificar las actividades o procedi- mientos que involucran;
• Rubros de gastos que no corresponden por su naturaleza al tipo de costo asigna- do;
• Rubros de gastos semejantes en dis- tintos tipos de costos, sin explicación de las diferencias entre conceptos o las distintas actividades comprendidas por los mismos, entre otros. También en dicho informe dan cuenta de algunos casos en que no se ha diferenciado ni guardado una proporción razonable entre los costos directos, indirectos y jos. Así por ejemplo, han detectado costos indirectos que superan el límite del 10% respecto del costo total jado por la Municipalidad Metropolitana de Lima en su Directiva del SAT Nº 001-006-00000006 (02/10/2005). En algunos casos observan que los costos jos superan este límite, llegando a representar hasta el 50% o 60% del costo total del servicio y que las municipalidades que incurren en es- tos problemas declaran que subvencionan la parte del exceso al límite señalado.
D. LEG. 776, LEY DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 69° LTM
Los arbitrios se calcularán en función del costo efectivo del servicio.
Los arbitrios se calculan en función del costo del servicio y su mantenimiento, así como el bene cio individual prestado de manera real y/ o potencial.
Especial mención merece el Decreto de Alcaldía Nº 050 (18/10/2007) expedido por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la cual se establece el procedimiento anual que los órganos y dependencias de dicha municipalidad deberán seguir a efectos de realizar una correcta determinación de las tasas por concepto de los arbitrios municipales que se prestan en el ámbito del Cercado de Lima. Consideran que conforme a lo establecido en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00053-2004-PI/TC, en la cuantificación de los arbitrios municipales se deben distinguir dos momentos: pri- mero, la determinación del costo global; y, después, la distribución de este costo entre los contribuyentes. Así, para efectos de la determinación del costo global, se requiere que los órganos y áreas gestoras de los servicios municipales, determinen, en función a su mayor conocimiento y
experiencias sobre el tema, los compo- nentes o rubros que se requieren para la implementación o el mantenimiento de los servicios a prestarse en el año siguiente (tales como, mano de obra, materiales, insumos, maquinarias, entre otros), para tal efecto, considera:
• La precisión de las competencias, facul- tades y responsabilidades de las geren- cias municipales y el SAT que participan en el proceso de aprobación de las tasas por arbitrios municipales del Cercado de Lima, con la nalidad que sirva como un mecanismo de control previo de las pro- puestas de cuanti cación y distribución de los costos de los servicios; y
• La adopción de medidas pertinentes que permitan informar, a través de me- dios informáticos, visuales y de difusión, respecto del contenido del Informe Técnico que sustente el establecimiento de tasas por arbitrios.
¿Qué consideraciones deben tener los Gobiernos Locales para la aplicación de los Nuevos Valores Arancelarios vigentes para el año 2009, respecto al Impuesto Predial?
¿Qué consideraciones deben tener los
Gobiernos Locales para la aplicación de los
Nuevos Valores Arancelarios vigentes para
el año 2009, respecto al Impuesto Predial?
Actualidad Gubernamental, Nº 2 - Diciembre
Introducción de mejoras en la forma de
Expedición del Decreto Legislativo N° 952
publicado el 03-02-2004
Sujetos Pasivos del Impuesto en Calidad de
Ordenanza que apruebe el Cuadro de
Valorización de Otras Instalaciones
Valores Arancelarios no Publicados
Plazos a considerar para la presentación de
Emisión Mecanizada
Expedición de la Ordenanza que establezca
los montos por la tasa de emisión mecani-
zada de los tributos municipales
Carencia de Planos Básicos Arancelarios
Documentación Requerida a las Munici-
palidades por el Ministerio de Vivienda,
El Impuesto Predial es uno de los Impuestos de mayor importancia en la recaudación tributaria, representando aproximadamente el 68% del total de Impuestos, debido a que es un tributo de carácter territorial, por lo
que no habrá Municipalidad Provincial o Distrital que no tenga que recaudar dicho impuesto, pero a pesar de su trascendencia como fuente de recaudación, los niveles de efectividad en la aplicación del mismo en los últimos años han mostrado una tenden- cia decreciente.
El Poder Legislativo en el año 2003 mediante
Ley N° 28079, delegó al Poder Ejecutivo la fa-
cultad de legislar en materia tributaria, tanto
a tributos internos como aduaneros. Por lo
que en relación a los tributos municipales estaba dirigida a hacer más e ciente su recaudación, introduciendo algunos ajustes
normativos a n de simpli car su aplicación,
mejorando con ello la administración de los mismos, sobre todo en lo que respecta al
2. Introducción de mejoras en la forma de determinación del Impuesto Predial
A efectos de determinar la base imponible
del impuesto, la misma estaba constituida
por el valor total de los predios, aplicándose
los valores arancelarios de terrenos y valores
unitarios o ciales de edi cación vigentes al
31 de diciembre del año anterior, así como las tablas de depreciación por antigüedad
y estado de conservación que formulaba el
CONATA y publicaba el Ministerio de Vivien- da, Construcción y Saneamiento.
El hecho que el Ministerio de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento tenía que esperar hasta el 31 de diciembre de cada año para publicar las tablas de valores arancelarios de terrenos y valores unitarios de edi cación, impedía a las administraciones tributarias municipales poder contar oportunamente con toda la información para determinar la base imponible del impuesto, la cual resultaba necesaria no sólo para elaborar las declaraciones mecanizadas que serían
remitidas a los contribuyentes, sino también para plani car su recaudación. En dicho sen- tido se propuso que dicho sector establezca
al 31 de octubre de cada ejercicio, las tablas
de valores arancelarios y de edi cación, lo cual no sólo favorecería la automatización del cobro del impuesto, sino que mejoraría
la administración del mismo.
De otro lado, teniendo en consideración que las municipalidades no contaban con un mecanismo que les permitiera valori- zar las instalaciones jas y permanentes de los predios, como serían las piscinas, cisternas de agua, cercos, entre otros, las mismas que también forman parte del valor total del predio, se propuso que sea el contribuyente quien determine su valor en base a la metodología aprobada en el
Reglamento Nacional de Tasaciones y de acuerdo a lo que establezca el reglamento y considerando una depreciación de acuerdo
a su antigüedad y estado de conservación,
valorización que estaría sujeta a scalización posterior por parte de la municipalidad
3. Expedición del Decreto Le- gislativo N° 952 publicado el
Al amparo de la facultad legislativa otorgada mediante Ley N° 28079, se expidió el Dec. Leg. N° 952, con la dación de dicho disposi-
tivo, se sustituyó entre otros, los artículos 8°
y 11° del Decreto Legislativo N° 776 Ley de
Tributación Municipal referidos al Impuesto Predial, considerando que para efectos de determinar el valor de los predios se apli-
carán los valores arancelarios de terrenos y valores unitarios o ciales de edi cación pero vigentes al 31 de octubre del año anterior
y concordando, sobre todo, entre ambos
artículos lo relacionado a las instalaciones
jas y permanentes que constituyan parte
Nº 2 - Diciembre 2008
InformeInform Especial
integrante de los predios, señalando en el Art. 8° que este se considera como parte del hecho imponible, así como en el Art. 11° que forma parte de la base imponible a efectos de determinar el Impuesto Predial. Para la debida aplicación del Impuesto Predial, es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:
a. Concepto del Impuesto Predial y su periodicidad
El Impuesto Predial es de periodicidad
anual y grava el valor de los predios urbanos y rústicos, de propiedad de personas naturales o jurídicas.
Para este efecto, se considera predios
a los terrenos incluyendo los terrenos
ganados al mar, a los ríos y a otros espe- jos de agua, así como las edi caciones
e instalaciones fijas y permanentes
que constituyan partes integrantes de
dichos predios, que no pudieran ser se- paradas sin alterar, deteriorar o destruir
la edi cación.
La recaudación, administración y fis- calización del impuesto corresponde
a la Municipalidad Distrital donde se
El Art. 2° de la Ley N° 27305, precisa que
no se consideran predios a las instalacio- nes portuarias jas y permanentes que se construyan sobre el mar, como los muelles y los canales de acceso, ni las vías terrestres de uso público.
Aún no se ha emitido el Reglamento
correspondiente, pero podría aplicarse en forma supletoria las disposiciones establecidas en el Reglamento del Impuesto al Valor del Patrimonio Pre- dial, aprobado por D.S. 148-83-EFC, en cuanto no se oponga ni contravenga
al Decreto Legislativo Nº 776 “Ley de
Tributación Municipal” y sus normas modi catorias.
b. Disposiciones del Reglamento Na- cional de Tasaciones del Perú
Con respecto al Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, se adjunta un cuadro que muestra los dispositivos emitidos desde el año 1999 hasta la fecha:
Vigencia para efectos del Impuesto Predial
Del año 1999 al año 2006
R.M. N° 469-99-MTC/15.04
R.M. N° 098-2006-Vivienda
Anexo de la R.M. N° 098-2006
R.M. N° 126-2007-Vivienda
El vigente Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú ha sido aprobado
por Resolución Ministerial Nº 126-2007- VIVIENDA y publicado en el Diario O cial “El Peruano” el 13-05-2007, este Regla- mento establece criterios, conceptos
y procedimientos técnicos, precisando
entre otros principalmente las de nicio-
c) Predios Urbanos
Se considera predios a los terrenos, así como a las edi caciones e instalaciones jas y permanentes que constituyan parte integrante de ellos y que no pudieran ser separadas, sin alterar, deteriorar o destruir la edi cación. (Art. II.A.01 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA) Terreno Urbano:
Considerase terreno urbano al que está situado en centro poblado y se destine a vivienda, comercio, industria o cualquier otro n urbano; así como los terrenos sin edi car, siempre que cuenten con los servicios generales propios del centro poblado y los que tengan terminadas y recibidas sus obras de habilitación urbana, estén o no habilitadas legalmente. (Art. II.A.02 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Edi caciones:
Se entiende por edi caciones a las construcciones o fábricas en general. (Art. II.A.03 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA) Obras complementarias e instalaciones jas
Son obras complementarias e instalaciones jas y permanentes todas las que se encuentran adhe- ridas físicamente al suelo o a la construcción, y no pueden ser separadas de estos sin destruir, deterio- rar, ni alterar el valor del predio porque son parte integrante y funcional de este, tales como cercos, instalaciones de bombeo, cisternas, tanques eleva- dos, instalaciones exteriores eléctricas y sanitarias, ascensores, instalaciones contra incendios, insta- laciones de aire acondicionado, piscinas, muros de contención, subestación eléctrica, pozos para agua o desagüe, pavimentos y pisos exteriores, zonas de estacionamiento, zonas de recreación, y otros que a juicio del perito valuador puedan ser cali cados como tales. (Art. II.A.04 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Valores Arancelarios o valores unitarios o - ciales por metro cuadrado:
Los valores arancelarios ovalores unitarios por me- tro cuadrado de terreno urbano, son aquellos que han sido determinados por el Ex Consejo Nacional de Tasaciones – CONATA, ahora Ministerio de Vi- vienda, Construcción y Saneamiento y aprobados
por los dispositivos legales correspondientes.
(Art. II.A.05 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Valuación del predio urbano:
La valuación del predio urbano consiste en la de- terminación del valor de todos sus componentes, en términos de terreno, edi caciones, obras com- plementarias, e instalaciones jas y permanentes.
A estos valores de los componentes físicos, si corres- ponden al estado de similar nuevo, se les aplicará, según los casos, los factores de depreciación por antigüedad y estado de conservación que están determinados en el presente reglamento. En el caso de una valuación reglamentaria se utilizarán los valores unitarios o ciales de terreno y de edi ca- ción aprobados por el dispositivo legal pertinente.
Cuando se trata de una valuación comercial se determinará en base a los valores obtenidos en el estudio de mercado con el método utilizado, además si los hubiere, se adicionará aquellos factores que se considere pertinentes, los mismos que deberán ser justi cados por el perito. (Art. II.A.06 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Valuación de las edificaciones principales, obras complementarias, e instalaciones jas y permanentes :
Las edi caciones con características o usos espe-
ciales,lasobrascomplementarias,lasinstalaciones
jas y permanentes, así como las construcciones inconclusas, se valuarán de acuerdo a los ele- mentos que la conforman; y las depreciaciones por antigüedad y estado de conservación serán estimadas por el perito, en concordancia con las características y vida útil de dichas obras. Para el caso de valuaciones reglamentarias se apli-
cará el factor de o cialización vigente conforme a
lo estipulado en el artículo II. A. 07.
(Art. II.D.32 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
de las obras com-
Valuación reglamentaria
plementarias e instalaciones jas y perma- nentes:
En el caso de la valuación reglamentaria de las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes, de estar ubicadas en una edi ca- ción techada e incluidas en los cuadros de valores unitarios o ciales de edi cación, se valorizará de conformidad a dichos cuadros, de no estar inclui- das en los cuadros mencionados o ser exteriores
a la edi cación techada se deberá efectuar los
correspondientes análisis de costos unitarios de
las partidas que conforman la obra o instalación, con precios a la fecha de los valores unitarios
o ciales de edi cación, exclusivamente al costo
directo real, es decir, sin tomar en cuenta gastos generales, dirección técnica, utilidad e impuestos;
y a este resultado, se le aplicará el factor de o - cialización aprobado por los dispositivos legales
correspondientes. Se llama factor de o cialización
a la cantidad por la que hay que multiplicar el
costo directo real de las obras complementarias e instalaciones jas y permanentes.
(Art. II.A.07 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
d) Predios Rústicos
Predio Rústico Para efectos de este reglamento se considera predio rústico a los terrenos ubicados en zona rural dedicados a uso agrícola, pecuario, forestal y de
protección y a los eriazos susceptibles de destinarse
a dichos usos que no hayan sido habilitados como
urbanos ni estén comprendidos dentro de los límites de expansión urbana.
Forman parte del predio rústico, la tierra, el agua y su ecosistema, así como las construcciones e insta- laciones jas y permanentes que existan en él. Los terrenos rústicos ubicados en zonas de expan- sión urbana e islas rústicas, se valuarán conforme a lo establecido en el Capítulo J del presente título. (Art. III .A.01 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA) Terrenos Eriazos
Se considera terrenos eriazos,
encuentran sin cultivar por falta o exceso de agua
y los terrenos improductivos y terrenos ribereños al
mar los ubicados a lo largo del litoral de la Repú- blica, en la franja de un 1 Km. medido a partir de la línea de la más alta marea. En ambos casos se entiende que estos terrenos estarán situados fuera del área urbana y que no se encuentran comprendidos en las zonas de expan- sión urbana señalados en los planes urbanos, o en los estudios urbanísticos debidamente aprobados por autoridad competente. Se debe exceptuar de esta clasi cación a los terre- nos de forestación y las lomas con pastos naturales dedicados a la ganadería. (Art. III .A.02 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Construcciones e instalaciones fijas y per- manentes Son las edi caciones en general, tales como vivien- das, depósitos, cobertizos, talleres, construcciones para bene cio de productos, plantas industriales, hospitales,camposrecreativos,vías,infraestructura de riego, etc. (Art. III .A.03 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
Valuación de las construcciones, obras com- plementarias e instalaciones:
La valuación de las construcciones, obras comple- mentarias, einstalaciones, comprende: descripción de materiales, distribución de ambientes, letrado, antigüedad, estado de conservación y usos. El procedimiento que debe seguirse es el señalado
en el título II, capítulo D referente a valuación de edi caciones oconstrucciones, obras complemen- tarias e instalaciones en predios urbanos, en lo que
le sea aplicable.
(Art. III. F. 37 de la R.M. Nº 126-2007-VIVIENDA)
4. Sujetos Pasivos del Impuesto en Calidad de Contribuyentes
Como lo señala el Código Tributario, Contri- buyente, es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. Responsable, es aquel que sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a este.
El Agente de retención o percepción es el su- jeto que por razón de su actividad, función
o posición contractual está en posibilidad
de retener o percibir tributos y entregarlos
al acreedor tributario.
En consecuencia, de acuerdo a lo señalado, Contribuyente, Responsable y Agente de Retención o Percepción son deudores tribu- tarios que equivale a sujetos pasivos.
Para el Impuesto Predial son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas
naturales o jurídicas propietarias de los predios, cualquiera sea su naturaleza. Excepcionalmente, se considera como sujetos pasivos del impuesto a los titulares de concesiones otorgadas al amparo del Decreto Supremo Nº 059 – 96 – PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que regula la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, sus normas modi catorias, ampliatorias y regla- mentarias, respecto de los predios que les
hubiesen entregado en concesión, durante
el tiempo de vigencia del contrato.
a) Propietarios no Identi cados
Cuando la existencia del propietario no pudiera ser determinada, son sujetos obligados al pago del impuesto, en calidad de responsables, los poseedores
o tenedores, a cualquier título, de los
predios afectos, sin perjuicio de su dere-
cho a reclamar el pago a los respectivos contribuyentes.
b) Condición de Contribuyente
Como se señala anteriormente Contri- buyente es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación tributaria. El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica con gurada al 1 de enero del año a que corresponde la obligación tributaria. Cuando se efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho.
Se de ne a la base imponible como la cifra neta que sirve de base para aplicar las tasas en el impuesto. La base impo- nible es la cantidad que ha de ser objeto del gravamen por liquidar, una vez depurada las exacciones y deducciones legalmente autorizadas. La base imponible para la determinación del impuesto predial, está constituida
de los predios del
contribuyente, ubicados en cada juris-
por el valor total
dicción distrital.
A efectos de determinar el valor total de
los predios, se aplicará los valores aran-
celarios de terrenos y valores unitarios o ciales de edi cación vigentes al 31 de octubre del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación, que formulaba el Ex Consejo Nacional de Tasaciones
- CONATA y ahora formula y aprueba
anualmente el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial. Las instalaciones jas y permanentes se- rán valorizadas por el contribuyente de
acuerdo a la metodología aprobada en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú y considerando una deprecia- ción de acuerdo a su antigüedad y esta- do de conservación. Dicha valorización está sujeta a scalización posterior por parte de la Municipalidad respectiva. En el caso de terrenos que no hayan sido considerados en los planos básicos arancelarios o ciales, el valor de los mismos será estimado por la Municipa-
lidad Distrital respectiva o, en defecto de ella, por el contribuyente, tomando en cuenta el valor arancelario más próximo
un terreno de iguales características.
Art. 1° de la Ley N° 26836 precisa que
la base imponible para el pago del Impuesto Predial correspondiente a los Terminales de Pasajeros, de Carga y de Servicios de los Aeropuertos de la Repú- blica, para efectos del pago del Impues- to Predial, está constituido por el valor
arancelario del terreno y valores unita- rios o ciales de edi cación vigentes al 31 de diciembre del año anterior y a las tablas de depreciación por antigüedad y estado de conservación aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda
y Construcción, ahora Ministerio de
Otra precisión importante es la relativa
a la base imponible para el pago del
Impuesto Predial correspondiente a las Pistas de Aterrizaje, Calles de Ro-
daje, Avenidas de Acceso, Plataforma de Aviones y los demás terrenos que conforman la propiedad del Aeropuerto no comprendidos anteriormente, está constituida únicamente por el valor correspondiente al predio rústico más próximo.
d) Valores Arancelarios de Terrenos y Valores Unitarios O ciales de Edi - cación
Es necesario aclarar que con la sus- titución de los artículos 8° y 11° del Dec. Leg. N° 776 señalada en el Dec.
Leg. N° 952, se aplicarán los valores arancelarios de terrenos y valores uni- tarios o ciales de edi cación vigentes al 31 de octubre del año anterior que formulaba el Ex Consejo Nacional de Tasaciones - CONATA y ahora formúla
y aprueba anualmente el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento mediante Resolución Ministerial, así como las 4 tablas de depreciación por antigüedad y estado de conser- vación según corresponda, las cuales están contenidas en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú que también son aprobadas por Resolución Ministerial del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
N° 2 - Diciembre 2008
Dispositivos de Aprobación de Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos y Rústicos y Valores Unitarios O ciales de Edi cación de la Costa, Sierra y Selva
Aprueba los Planos Básicos de Valores O ciales que contie- nen los Valores Arancelarios de Terrenos expresados en nuevos soles por metro cua- drado de las Áreas Urbanas de los Distritos comprendidos en todo el territorio de la República.
Aprueba los Planos Básicos de Valores O ciales que con- tienen los Valores Arancela- rios de Terrenos expresados en nuevos soles por metro cuadrado de las Áreas Urba- nas de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitu- cional del Callao.
Aprueba los Listados de Valores Unitarios Oficiales que contienen los Valores Arancelarios de Terrenos Urbanos de los Centros Po- blados Menores, ubicados en el territorio de la República.
Aprueba los Listados de Va- lores O ciales que contienen los Valores Arancelarios de los Terrenos Rústicos ubi- cados en el territorio de la República.
Aprueba los Valores Unitarios O ciales de Edi cación para las localidades de la Costa, Sierra y Selva, y la Metodología para la determinación de la Base Imponible de las Instala- ciones Fijas y Permanentes.
R. M. N° 683-2008- VIVIENDA
R. M. Nº 684-2008-VIVIENDA
R. M. Nº 687-2008-VIVIENDA del 30-10-2008
R. M. Nº 686-2008-VIVIENDA del 30-10-2008
R. M. N° 685-2008-VIVIENDA del 30-10-2008 y Anexo 02.
5. Ordenanza que apruebe el Cuadro de Valorización de Otras Instalaciones
685-2008-VIVIENDA de fecha 30-10-2008,
el Ministerio de Vivienda en Anexo 01 ha
aprobado los valores unitarios o ciales de edi cación para las localidades de la costa, sierra y selva vigentes para el ejercicio scal 2009, en dicha resolución, en Anexo 02, se señala que para la determinación del valor de las edificaciones con características especiales, las obras complementarias e instalaciones jas y permanentes, se debe- rán efectuar los correspondientes análisis de costos unitarios de cada una de las partidas que conforman la instalación, considerando exclusivamente su costo directo, no debien- do incluirse los gastos generales, utilidad e impuestos.
Es el caso que en muchas municipalidades
existe una gran y variada cantidad de edi-
caciones con características especiales,
obras complementarias e instalaciones jas
y permanentes como es el caso de cisternas,
cercos, piscinas, etc. Las Otras Instalaciones constituyen uno de los factores que se toman en conside- ración para obtener la valuación de los predios y forma parte de la base imponible que se utilizará para determinar el impuesto predial; en consecuencia, al no existir una norma que contemple su valorización, resulta necesario que la Administración Municipal disponga la expedición de la misma, mediante una Ordenanza. Para la elaboración de dicha Tabla que considera el
valor de las Otras instalaciones se tomará como metodología lo previsto en el Titulo II, Capítulo D y Artículo II.D.32 del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, vigente por R.M. N° 126-2007-VIVIENDA. Para el caso de valuaciones reglamentarias, se aplicará el factor de o cialización vigente conforme
a lo estipulado en el artículo II.A.07 del precitado Reglamento.
Es necesario que la Dirección de Desarro- llo Urbano o quien haga sus veces de la municipalidad, elabore el estudio técnico
y detallado que brinda el sustento de la
aplicación de la Tabla de Valores de Otras Instalaciones, el mismo que debe contar
con la validación de la Gerencia o Dirección de Administración Tributaria de su respecti- va municipalidad.
6. Valores Arancelarios no Publi- cados
Cuando en determinado ejercicio no se publique los aranceles de terrenos o los precios unitarios o ciales de construcción, por Decreto Supremo se actualizará el valor de la base imponible del año anterior como máximo en el mismo porcentaje en que se incremente la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
El impuesto se calcula aplicando a la base imponi- ble la escala progresiva acumulativa siguiente:
Hasta 15 Unidades Impositivas Tribu- tarias UIT
Más de 60 Unidades Impositivas Tribu- tarias UIT
Las Municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente a 0.6
% de la UIT vigente al 1 de enero del año
al que corresponde el impuesto.
8. Presentación de Declaraciones Juradas
presentar declaración jurada:
- Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipalidad establezca una prórroga.
- Cuando se efectúa cualquier transferen- cia de dominio de un predio o se trans- eran a un concesionario la posesión de los predios integrantes de una conce- sión efectuada al amparo del Decreto Supremo Nº 059-96 - PCM, Texto Único
Ordenado de las normas con rango de Ley que regulan la entrega en concesión
al sector privado de las obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos, sus normas modi catorias, ampliatorias
y reglamentarias, o cuando la posesión
de estos revierta al Estado, así como cuando el predio sufra modi caciones en sus características que sobrepasen al valor de cinco (5) UIT. En estos casos, la declaración jurada debe presentarse has-
ta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos.
- Cuando así lo determine la administra-
ción tributaria para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal n.
9. Plazos a considerar para la presentación de la Declaración Jurada
A n de tener en cuenta los plazos para la presentación de la Declaración Jurada, se debe uniformizar los criterios para consi- derar como fecha de producida las transfe- rencias las que consten como fecha cierta en los documentos siguientes:
Fecha de Transferencia a Considerarse
Contrato de Compra – Venta, Permuta, Contratos con Dación en Pago
La fecha de celebración del acuerdo que conste en el mento Privado.
La fecha que corresponde al Contrato Privado, documento que corre inserto y se transcribe en la Minuta. De no tener contrato privado, se considera la fecha de la Minuta.
La fecha en que se otorgue (expide) la Escritura Pública, sus- crita por todas las partes involucradas con toma de rma por el Notario.
Actualidad Gubernamental, Nº 3 - Enero
* Consultor Municipal Docente de INFOM Jefe del Área Presupuesto de Empresas Municipales y Descen- tralizados de la MML.
La fecha de celebración del acuerdo que conste en el Documento Privado.
fecha que corresponde al Contrato Privado, documento
que corre inserto y se transcribe en la Minuta.
De no tener contrato privado, se considera la fecha de
fecha en que se otorgue (expide) la Escritura Pública,
suscrita por todas las partes involucradas con toma de rma por el Notario.
División y Partición Extrajudicial
Sucesión con Testamento (Testada)
partir de la fecha de Inscripción de la Sucesión en el Registro de Testamentos
Sucesión sin Testamento (Intestada)
partir de la fecha de Inscripción de la Sucesión en el Registro de Declaratoria de Herederos.
Transferencias provenientes de Procesos Judiciales o Adjudica- ciones por Remate dentro de un proceso judicial o procedimiento de Ejecución Coactiva.
fecha de expedición de la Resolución Judicial o Ad-
ministrativa que ordena la entrega del bien a favor del adjudicatario.
En los Acuerdos de Fusión o Esci- sión de Sociedades.
fecha jada para la vigencia del Acuerdo de Fusión o
En los Aportes para la Constitución de Personas Jurídicas o Aportes
su Capital o Disolución de la Sociedad.
suscrita por todas las partes involucradas con toma de
rma por el Notario.
Contrato de transferencia de pro- piedad sobre bienes futuros
La fecha del Certi cado de Conformidad de Obra, o la establecida en Documento de fecha cierta.
Opción de Compra derivada de Contrato de Arrendamiento Fi- nanciero.
fecha de la Minuta donde conste la transferencia.
Demás actos mediante los cuales
fecha de su celebración que conste en el Documento
trans era propiedad.
Privado o Minuta.
Nº 3 - Enero 2009
InformesInform
10. Emisión Mecanizada
La Cuarta Disposición Final del Dec. Leg.
N° 776 , Ley de Tributación Municipal, faculta
a las municipalidades a cobrar por el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuestos y de recibos de pagos correspondientes, incluida su distribución a domicilio. La actualización de los valores de pre- dios por las Municipalidades, sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del artículo 14º del Dec. Leg Nº 776, y se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto. En tal sentido, las Municipalidades que brinden dichos servicios quedan facultados
a cobrar por ello no más del 0.4 % de la UIT
vigente al 1 de enero de cada ejercicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la obligación de presentación de declaracio- nes juradas.
11. Expedición de la Ordenanza queestablezcalosmontospor la tasa de emisión mecanizada de los tributos municipales
Las Municipalidades deben emitir la Or- denanza correspondiente, en la cual se establezca los montos por derecho de emisión de los tributos municipales co- rrespondientes a cada ejercicio, así como también las fechas de vencimiento para el pago de los mismos. Esta potestad que le ha sido otorgada a los Gobiernos Locales debe ser ejercida dentro del marco de las leyes que el Congreso apruebe. Y existen leyes que han estableci- do estos límites, uno de los cuales es el de la rati cación provincial.
Conforme a la rati cación, que alcanza sólo
ellos aprueben, se requiere necesariamente para su vigencia de la rati cación por parte del Concejo Provincial a través de la emisión de un Acuerdo. Esta disposición alcanza no
sólo a los arbitrios municipales, sino también
a toda tasa municipal que ellos aprueben.
En el artículo 40° de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 del año 2003, establece en su tercer párrafo que“Las Ordenanzas en materia tributaria expedidas por las municipalidades distritales deben ser ratificadas por las municipalidades provinciales de su circunscripción para su vigencia”.
12. Pago del Impuesto
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro
cuotas trimestrales. En este caso, la pri- mera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.
Pagos del Impuesto en el caso de transferencias
Tratándose de las transferencias, el trans- ferente deberá cancelar el íntegro del impuesto adeudado hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia.
El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital respec- tiva, en cuya jurisdicción se encuentren ubicados los predios materia del impues- to, estando a su cargo la administración del mismo.
El cinco por ciento (5%) del rendimiento del impuesto, se destina exclusivamente
a nanciar el desarrollo y mantenimiento
del catastro distrital, así como a las accio- nes que realice la administración tributaria,
destinados a reforzar su gestión y mejorar
Implementación del Catastro Distrital y Constitución del Fondo de Apoyo al Plan Catastral Distrital
Por un plazo de 2 años consecutivos, con- tado a partir del 1 de enero del año 2005, las municipalidades provinciales, en coordi- nación con las municipalidades distritales, desarrollarán actividades que permitan construir o actualizar el catastro distrital en los distritos de su jurisdicción. Mediante normas reglamentarias se estable- cerá, entre otras, las etapas y acciones que se deberán considerar para la construcción
y actualización del catastro distrital.
Asimismo, el“Fondo de Apoyo al Plan Catas- tral Distrital”debe constituirse en cada Mu- nicipalidad Provincial en cuya jurisdicción exista, al menos, una municipalidad distrital sin ningún plan catastral, el cual se destinará para desarrollar los planes para construir o actualizar el catastro distrital. Dicho Fondo se nanciará con los recursos que la municipalidad distrital destine del rendimiento del impuesto predial según lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 20° del Dec. Leg. N° 776 durante el
ejercicio 2005 y 2006, respectivamente
y será administrado por la Municipalidad
Provincial a cuya circunscripción pertenezca
el distrito para el cual se elaborará el plano
catastral. En caso que al 31 de diciembre de 2006, existieran saldos en el Fondo, los mismos serán transferidos a las municipalidades de manera proporcional al monto que han contribuido a dicha fecha. Hasta el momento, podemos a rmar que no se han dado casos concretos o resultados dedignos de que se halla implementado en alguna Municipalidad Provincial con respecto a las municipalidades distritales que la integran, lo dispuesto en las Dispo- siciones Transitorias y Finales del Dec. Leg. N° 952 del 03-02-2004 que modi có el Dec. Leg. N° 776.
13. Carencia de Planos Básicos Arancelarios Actualizados
Es una constante reclamación por parte de las Administraciones Tributarias de diferen- tes municipalidades, sobre todo de aquellas municipalidades distritales del interior del país, manifestando que la recaudación del Impuesto Predial está por debajo de su nivel potencial, debido a que los Planos Básicos Arancelarios no están actualizados puesto que no guran en ellos los valores arancela- rios de terrenos que ya están consolidados como zonas urbanas.
Esta situación es originada por la falta de gestión de los Gobiernos Locales, en tal sentido, es indispensable que las muni- cipalidades proporcionen a la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento quien ahora ejerce la función normativa del Ex CONATA, la cartografía de su jurisdicción con las áreas urbanas nuevas a efecto de que sean incorporados en los respectivos planos básicos arancelarios, así como también la información técnica necesaria para la actualización de los valores unitarios o ciales de terrenos urbanos.
14. Documentación Requerida a las Municipalidades por el Ministerio de Vivienda, Cons- trucción y Saneamiento
Mediante Decreto Supremo N° 035-86-VC del 24-12-1986 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento determina que las Municipalidades de Lima Me- tropolitana, del Callao y las Provincias de todo el Territorio Nacional deben remitir anualmente al Ex Consejo Nacional, de Tasaciones - CONATA, ahora Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los Planos Básicos de su jurisdicción, in- cluyendo las nuevas áreas urbanas de la ciudad, información que está señalada en los Anexos siguientes:
Anexo N° 01 - Documentación Requerida para la
Actualización de los Planos Básicos Arancelarios
El plano básico deberá ser proporcionado en forma digital (Autocad 2000), debiendo contener la siguiente información:
1. Plano Básico a escala de 1:5000, conteniendo la siguiente información:
A nivel de manzana georeferenciado en coordenadas U.T.M.; Nombre de vías: ave-
nidas, calles, jirones, pasajes, plazas, malecones y otros (en caso de vías sin nombre,
la autoridad respectiva designará un número o letra, Ejemplo: calle 1, calle A, etc); Número de cuadras en toda la extensión de la vía; Nombres y delimitación de nú- cleos urbanos: urbanizaciones, asentamientos humanos, cooperativas de vivienda, conjuntos habitacionales, asociaciones de vivienda, etc.
2. Plano Básico a escala de 1:5000, conteniendo información de las obras de infraestructura urbana por cada vía:
Redes de servicios de agua potable; Redes de servicio de alcantarillado; Redes de
servicio de energía eléctrica; Redes de servicio de línea telefónica; Calzadas de concreto; Calzada de asfalto; Veredas de concreto; Calzadas de empedrado; Calzadas de tierra; N° de Planos presentados. (Dichos servicios deben señalarse en el plano con una línea de color por cada uno
y en cada cuadra)
3. Plano Básico a escala de 1:5000, conteniendo la ubicación del equipamiento urbano de la localidad:
Relacionados a los locales de: Salud; Educación; Seguridad; Recreación; Financieras; Religiosos; Cultura; Comunicación; Transporte; y Hospedaje. Asimismo, deberán elaborar un listado conteniendo el número de hospitales, clínicas, colegios, etc. (según Anexo N° 02).
4. Plano Básico a escala de 1:5000, conteniendo la zoni cación vigente, debida- mente aprobada por Resolución de Concejo Municipal.
5. Plano con indicación con muestras fotográ cas.
Número de tomas fotográ cas. Asimismo, es necesario efectuar tomas de muestras fotográ cas de la localidad en todas sus zonas, debiendo apreciarse de obras de infraestructura urbana existentes (pistas, veredas, alumbrado público, etc), constando de 20 ó 30 muestras fotográ cas, las cuales se marcarán en el plano básico a escala 1/5000, indicándose con un número el lugar de la toma fotográ ca y con una echa la dirección de la toma, en caso de localidad que tiene de uno a dos Km 2 de urbanismo. Debe considerarse 6 tomas fotográ cas como mínimo por cada Km 2 de urbanismo existentes mayores de tres Km 2 . En el reverso de la muestra fotográ ca se indicará: nombre de la vía, nombre de la vía desde la cual se inicia la toma, nombre de la vía hasta la cual se referencia la toma fotográ ca.
Los Planos Manuales deben adjuntarse en copia ozalid legibles rmados por la autoridad
competente (Dirección de Desarrollo Urbano o equivalente).
La información digitalizada contenida en CD o diskettes, debe indicar el software utilizado,
con los planos ploteados contenidos en la misma, debidamente rmados por la autoridad
La citada información debe ser remitida a la Dirección Nacional de Urbanismo del Ministerio
Anexo N° 02 -Factor de Equipamiento
Por Tipo, Niveles y Cantidad Relacionados a: Educación; Salud; Seguridad; Comunicaciones; Recreación; Cultura; Religión; Instituciones Financieras; Transporte y Hospedaje. Problemas que puede originar a mediano plazo, la aprobación por parte de las municipalidades del Cuadro de Valores respecto a Otras Instalaciones.
Así tenemos por citar dos claros ejemplos: en la Provincia de Lima, entre otros, mediante Decreto de Alcaldía N° 016-2007 y Ordenanza N° 410-MSB publicados el 01 y 04 de enero de 2008, las Municipalidades Distritales de la Molina y de San Borja, respectivamente, aprobaron con distintas normas sus respectivos Cuadros de Valorización de Otras Instalaciones para el ejercicio 2008, una de ellas con un cuadro conteniendo 36 tipos de instalación y la otra con un listado de 64 descripciones, algunos de estos detalles coinciden en la descripción pero tienen valores distintos, podemos citar tres de ellos: Cisterna de Concreto S/. 484.24 vs S/. 501.11; Cerco de Ladrillo S/. 404.38 vs S/. 425.37; Cerco de Fierro S/. 366.54 vs S/. 278.31, respectivamente. Imaginemos, en el supuesto que las 1,832 municipalidades entre distritales y provin- ciales que existen en el país, aprobaran sus respectivos Cuadros de Valores de Otras Instalaciones, originaría innumerables problemas y quejas principalmente en cuanto
a la afectación de principios que disciplinan la actuación administrativa y tributaria,
vulnerando el derecho de los contribuyentes y por consiguiente, una sobrecarga de trabajo en Instituciones como el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial, la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas.
Entonces, es necesario prever la intervención oportuna de otras instancias del Estado como
la Defensoría del Pueblo en defensa de los intereses de los contribuyentes y del propio
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a n de que a nuestro entender sea está última la que elabore y apruebe los Cuadros de Valores respecto de Otras Instalaciones para las localidades de la Costa, Sierra y Selva.
El Impuesto de Alcabala de Enajenaciones
Dr. César Enrique Freyre Saona*
1. Impuesto de Alcabala en el Perú
2. Casos Prácticos para la aplicación y liqui-
dación del Impuesto de Alcabala
3. Plazo para pagar el Impuesto de Alcabala
El Impuesto de Alcabala grava las transferencias
de inmuebles, urbanos y rústicos, a título oneroso
o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad,
incluyendo las ventas con reserva de dominio. Los notarios y registradores públicos están obligados
a solicitar la constancia de haber cancelado el im-
puesto de alcabala, bajo responsabilidad. Es requisito
* Abogado Especialista y Consultor en Derecho Empresarial.
indispensable para formalizar mediante escritura pública la transferencia, así como para su inscripción en los registros públicos ¿Quién paga el Impuesto de Alcabala? Paga el Impues- to de Alcabala el comprador o adquiriente del predio. ¿Cómo está constituida la base imponible? La Base Imponible está determinada por el Valor de Transferencia o por el Valor del Autoavalúo teniendo en cuenta lo siguiente:
- A partir del 01 de marzo del año 2004 se consi- dera el Valor de Transferencia, el cual no podrá ser menor al valor del Autoavalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia, el cual debe ser ajustado por el Índice de Precios al por Mayor (IPM) para Lima Metropolitana, que determina el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
- El ajuste es aplicable para las transferencias que se realicen a partir del primero de febrero de cada año, para su determinación se tendrá en cuenta el Índice acumulado del ejercicio hasta el mes precedente a la fecha en que se produzca la transferencia. Las transferencias que se hayan efectuado desde el 1 de enero del 2004 al 29 de febrero del mismo año, consideran como Base Imponible el Valor del Autoavalúo del predio correspondiente al ejercicio en que se produce la transferencia. Hasta el ejercicio del año 2001 se permitía un monto de inafectación comprendido por tramos de las primeras 25 UIT del valor del inmueble calculado conforme al párrafo precedente, sin embargo a
partir del ejercicio 2002 mediante la Ley 27616 se elimina tal inafectación. Sin embargo desde el 18 de mayo del 2003 se permite un tramo de inafectación equivalente a 10 UIT del valor del inmueble. En la actualidad, la tasa del impuesto se aplicará sobre el Valor de Transferencia, el cual no podrá ser menor al Valor del Autoavalúo del Predio. ¿Cómo se debe liquidar y pagar el Impuesto de Alcabala? En principio, el Impuesto de Alcabala se constituye por el tres por ciento de la base imponible, que se aplica sobre el valor del autovalúo indexado o el precio de venta, el que fuere mayor. En la actualidad, ninguna operación de transferencia de inmuebles puede gurar con un valor inferior del autovalúo. Para el caso de donaciones o anticipos de legítima, se aplica como Valor de Transferencia, el Valor del Autovalúo indexado con el Índice de Precios al Consumidor para Lima Metropolitana. El impuesto constituye renta de la Municipalidad Distrital en cuya jurisdicción se encuentre ubica- do el inmueble materia de la transferencia. En el caso de Municipalidades Provinciales que tengan constituidos Fondos de Inversión Municipal, estas serán las acreedoras del impuesto y transferirán, bajo responsabilidad del titular de la entidad y dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al último día del mes que se recibe el pago, el 50% del impuesto a la Municipalidad Distrital donde se ubique el inmueble materia de transferencia y el 50% restante al Fondo de Inversión que corresponda.
N° 3 - Enero 2009
En el caso de Lima Metropolitana, el Servicio de Administración Tributaria, más conocido como SAT, cuenta con agencias recaudadoras en distintos puntos de la ciudad de Lima, donde cualquier contribuyente puede realizar la liquidación y pago de este impuesto. En la actualidad, el Servicio de Administración Tribu- taria-SAT ha implementado un sistema informático para liquidar y pagar el“Impuesto de Alcabala”en for- ma rápida y segura, desde cualquier notaría a liada al módulo de“NOTARIO-SAT”, sin necesidad de acudir a las agencias SAT o a los bancos autorizados. Gracias a la suscripción del Convenio Marco de Co- operación Técnica Interinstitucional con el Colegio de Notarios de Lima y el Servicio de Administración Tributaria – SAT, se ha desarrollado un sistema de pago útil y e ciente. Es así como se crea el módulo NOTARIO-SAT, página web ubicada en el extranet del SAT, que permite a las notarías a liadas efectuar liquidaciones y pagos del Impuesto de Alcabala, así como emitir estados de cuenta de los contribuyentes a cargo de esta Ad- ministración; todo ello sin necesidad de desplazarse hasta una Agencia - SAT. Resulta importante destacar que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, reconoció la e cacia y utilidad de módulo, al establecer mediante Directiva No 007-2005-SUNARP/SN de fecha 21 de diciembre del 2005 publicada en el Diario O cial “El Peruano”; que los documentos emitidos a través del módulo NOTARIO-SAT sirven para acreditar el pago de obligaciones tributarias ante la citada entidad.
Base legal: D. leg. Nº 776
2. Casos prácticos para la aplica- ción y liquidación del Impues- to de Alcabala
Como principio general, toda transferen- cia inmobiliaria, llámese compraventa, donación a título gratuito, permuta, adju- dicación como aporte de capital social y/u otras formas de traslación de dominio de la propiedad inmueble, se encuentra gravada con el Impuesto de Alcabala, con excepción del anticipo de legítima que se encuentra inafecta a dicho impuesto, además de las instituciones señaladas en el artículo 28º del Decreto Legislativo. Nº 776. En el caso de las empresas constructoras, la primera venta de inmuebles, la norma establece que el pago del Impuesto de Alcabala, es sobre el valor del terreno más no de la construcción, lo que trae a cola- ción, que conforme lo establece el artículo vigésimo quinto del Decreto Legislativo 776 modi cado por el Decreto Legislativo 952, segundo párrafo, el tramo de hasta 10 Unidades Impositivas Tributarias, se encuentran exoneradas del Impuesto de Alcabala y si consideramos que para el ejer- cicio económico 2008 la Unidad Impositiva Tributaria es de tres mil quinientos nuevos soles conforme a Decreto Supremo Nº 209- 2007-EF implica, que sobre este tramo, es decir, hasta treinta y cinco mil Nuevos Soles del precio de venta se encuentra inafecta la transferencia, aplicándose el tres por ciento sobre la diferencia. Si consideramos que en una edi cación multifamiliar, el terreno sobre el cual se ha construido la edi cación constituye bienes de propiedad común (Ley 27157) y que el
derecho de propiedad sobre este bien es determinado por el porcentaje de partici- pación obtenido por el área ocupada del departamento o condominio, con respecto al resto de la edificación, generalmente nunca llega a treinta y cinco mil Nuevos Soles y por ende, inafecta al pago del Im- puesto de Alcabala por efectos del tramo de exoneración. Se deberá tener presente que ninguna mi- nuta que contenga la compraventa de un bien inmueble podrá ser elevada a escritura pública por algún notario público, si antes no se ha acreditado el pago del Impuesto
Predial, o en su defecto, se acredite con una constancia de no adeudo del impuesto pre- dial expedido por el municipio pertinente.
El Impuesto debe cancelarse hasta el último
día hábil del mes calendario siguiente a la fecha de efectuada la transferencia.
Conforme lo establece el artículo vigésimo sexto del Decreto Legislativo 776, modi- cado por el Decreto Legislativo 952, el Impuesto de Alcabala se debe pagar dentro de los 30 días siguientes del mes en que se realiza la operación de venta, es decir, el último día del mes siguiente. Habría que preguntarse, ¿cuándo es que se considera que una operación de transferen- cia de propiedad se ha realizado? Hay actos preparatorios para concretar la compraventa, como es el caso de separa- ciones, arras (en cualquiera de sus moda- lidades) y las promesas de compraventa, pero que en realidad no perfeccionan la transferencia como si lo hace el contrato
de nitivo de compraventa que en forma
común se le conoce con el nombre de minuta de compraventa.
Para la Ley, la fecha colocada en la minuta de compraventa constituye el inicio de la obligación tributaria. Si por ejemplo, la mi- nuta tiene fecha 15 de octubre del año dos mil ocho, el plazo para pagar el Impuesto de Alcabala sería el 30 de noviembre del dos mil ocho. No hay que olvidar, que el Notario Público no podrá elevar la minuta a escritura pública si antes no se ha acreditado haber pagado el impuesto. Vencido el plazo señalado en la norma legal, implica que se puede pagar el Impuesto pero con un recargo por concepto de inte- reses, que son los establecidos por la misma autoridad recaudadora, es decir la SAT. Otros puntos de importancia, es el hecho de que las operaciones de compraventa pueden pactarse en moneda nacional o ex- tranjera, pero el impuesto siempre se paga en moneda nacional, bien sea en efectivo
o con tarjeta de crédito o débito, siempre
que dicha tarjeta sea VISA. El pago del Impuesto de Alcabala mediante el sistema de Tarjeta puede realizarlo el contribuyente (comprador) en las agencias de la SAT o en la notaría donde se elevará a escritura pública
la minuta de compraventa.
Miguel Agurto vende su propiedad a Justo Aguirre, por el precio de ciento cincuenta mil dolares norteamericanos y lo prime- ro que hacen es suscribir un contrato de
ARRAS, a n de rmar la compraventa de ni- tiva en un plazo de 30 días calendarios. A la
rma de las arras, el promitente comprador hace entrega de US$1,000.00
Conforme a nuestro ordenamiento legal, la rma del contrato de arras, por ser un contrato preparatorio, no constituye una transferencia si no la posibilidad de una operación futura, por lo cual, dicho con- trato aún no estaría afecto al Impuesto de Alcabala de Enajenaciones. Antes de vencerse los 30 días señalados en
el contrato de arras, se rma el contrato de
compraventa de nitiva (A este contrato se le conoce comúnmente como “minuta”), pactándose que el precio de venta será cancelado a la rma de la escritura pública que dicha minuta origine, la misma que será
dentro de los 60 días calendarios posteriores
a la fecha de la mencionada minuta.
Entonces surge la interrogante cuando se debe de pagar el impuesto, ya que la Ley establece que es “el último día hábil del mes siguiente en que se efectúa la transferencia” Si la minuta se rma el 25 de noviembre del 2008 (que es la fecha de la transferen- cia) consecuentemente el plazo máximo para pagar el impuesto de Alcabala sería el último día útil del mes de diciembre del 2008; pero el supuesto comprador tiene 60 días calendarios para cancelar el precio de venta, que vencería el 25 de enero del 2009 con lo cual se crearía un con icto, ya que el comprador estaría obligado a pagar el Im- puesto de Alcabala, antes de proceder a la cancelación del precio de venta pactado. En el presente caso, habría que convertir la moneda norteamericana a la moneda nacio- nal de acuerdo al cambio del día (el tipo de cambio es jado por la SAT) y al resultado, se
le deduce el equivalente a 10 Unidades Impo-
sitivas Tributarias, es decir, treinta y cinco mil
Nuevos Soles (UIT- S/3,500.00), aplicándose
el 3% sobre la diferencia.
Sucede que el supuesto vendedor, luego de haber rmado la minuta de compraventa de nitiva y luego que el supuesto compra- dor ha cumplido con pagar el Impuesto de
Alcabala, recibe una oferta por su propiedad de US $ 200,000.00 y decide no cumplir con
En este caso, al comprador le queda dos opciones, la primera, demandar al vendedor por otorgamiento de escritura e indemniza- ción por daños y perjuicios consignando el precio de venta o aceptar la resolución de
opta por la primera, no existe ningún pro-
blema con el impuesto pagado, pero si opta por la segunda, tendrá que acreditar ante la SAT que la compraventa ha sido resuelta de común acuerdo entre las partes y solicitar la devolución del impuesto pagado.
Acciones para Incrementar la Recaudación en las Administraciones Tributarias Municipales
CPC. Mario Vera Novoa*
Acciones para Incrementar la Recaudación
en las Administraciones Tributarias Muni-
Actualidad Gubernamental, Nº 4 - Febrero
1. Rediseño o reestructuración organizacional
2. Implementación del catastro municipal
3. Impulsar el área de cobranzas coactivas
4. Impulsar programas de scalización tribu-
5. Implementación de un adecuado sistema
6. Implementación de un adecuado sistema
de orientación al contribuyente
7. El cobro de los tributos creados por la Mu-
nicipalidad deben contar con la norma que
8. Elaboración de dispositivos que permitan
exibilizar el pago de los tributos y sancio-
nes tributarias y administrativas
Como lo señalamos en nuestro editorial anterior, la mayor parte de las Municipali- dades del país están atravesando por serios problemas económicos, por lo que sus obligaciones frente a terceros, así como la prestación de servicios a la comunidad, no pueden ser atendidos e cientemente por las di cultades en la captación de sus re- cursos, sean éstos de carácter administrativo o tributario. Señalamos también las di cul- tades más frecuentes que presentan para la recaudación de sus rentas: insu cientes acciones para crear la conciencia tributaria de los contribuyentes de su jurisdicción, excesos de bene cios tributarios, de ciente orientación a los contribuyentes, carencia
* Director de la revista Actualidad Gubernamental. Consultor Municipal
de documentos de gestión, ausencia de personal cali cado en materia tributaria, labores de scalización eventuales o inexis- tentes, incumplimiento del debido proceso que establece el Código Tributario en las acciones de recaudación y acotación de los
tributos municipales, carencia del directorio de contribuyentes y cuentas corrientes, desconocimiento de las normas legales vigentes y, fundamentalmente, la inadecua- da o inexistente organización del área de administración tributaria; sumando a esto
la pésima infraestructura de los locales de
atención a los contribuyentes, la carencia
de la o cina de cobranzas coactivas, la falta
de mecanismos para la elaboración del
catastro municipal, entre otras. Sin embargo, esta complejidad de proble-
mas podrían ser aliviados ejecutando 20 acciones básicas iniciales. Por razones de
espacio, en esta oportunidad plantearemos ocho de ellas:
1. Rediseño o reestructuración organizacional de la Adminis- tración Tributaria
Antes de establecer el rediseño o la rees- tructuración de la Administración Tributaria existente, es necesario realizar los análisis
y diagnósticos respectivos de la situación
en la que se encuentra. Después de ese exhaustivo examen, se puede tomar la decisión para organizar la recaudación de los ingresos municipales a través del órgano administrativo existente reformulado, esta- bleciendo una Gerencia, Dirección o una Jefatura o, de ameritar la situación, se puede plantear una reestructuración total. La estructura organizacional de la Admi- nistración Tributaria debe responder a la realidad económica y al número de con- tribuyentes de la localidad, de modo que pueda desarrollar sus funciones especí cas de programación, dirección, ejecución, con- trol y evaluación de los procesos de registro, acotación, recaudación y scalización de sus rentas, que le corresponde de conformidad
con la normatividad legal vigente. Asimis- mo, deberá contar con locales apropiados donde el contribuyente sea atendido con las comodidades del caso, orientación opor- tuna y actualizada de manera que pueda cumplir a cabalidad con sus obligaciones tributarias.
Es vital, también, que cuente con personal debidamente capacitado y con experiencia en el manejo tributario municipal. De igual modo, deberán contar con sus respectivos documentos de gestión actualizados: ROF, MOF, Manual de Procedimientos Adminis- trativos, Texto Único de Procedimientos Administrativos, Directivas y Documentos Tributarios, con las formalidades que las leyes respectivas exigen. En tal sentido, la Administración puede optar por los siguientes tipos de organi- zación:
a) Organizar la recaudación de sus rentas
a través de un órgano administrativo,
que puede ser una Gerencia, Dirección,
O cina de Rentas.
b) Efectuar la recaudación a través de un organismo público descentralizado con autonomía administrativa, nanciera y presupuestaria, al que se le viene de- nominando“Servicio de Administración Tributaria” - SAT.
c) Celebrar convenios de recaudación y gestión tributaria entre las Municipa- lidades Provinciales y Distritales o con los SAT, así como promover experiencias de recaudación conjunta entre varias Municipalidades Distritales, a n de bajar los costos de recaudación.
El artículo 79º de la LOM determina, entre otros, que corresponde a las Municipali- dades Provinciales la aprobación de los Planes de Acondicionamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, y a las Municipalida- des Distritales, la aprobación de los Planes
N° 4 - Febrero 2009
Urbano Distritales, así como la elaboración del Catastro Urbano Municipal. El artículo 17º de la R.M. Nº 156/2006-
VIVIENDA señala que el catastro, en forma general, puede ser urbano o rural, según el tipo de unidad de información territorial de la que tome los datos. Adicionalmente,
el catastro en general, o diferenciándolo
como urbano o rural, puede adquirir una
denominación complementaria, que espe-
ci que el tipo de dato catastrado o el uso
principal del dato: Catastro Urbano Predial, Catastro Rural de Recursos Naturales, Catas- tro Urbano Registral, Catastro Rural Agrícola, Catastro Rural de Bosques, Catastro Urbano de Monumentos Históricos, Catastro de Concesiones Mineras, Catastro de Áreas de Riesgo y Vulnerabilidad, etc.
El catastro es el registro o padrón o cial
donde constan todos los datos referentes
a propiedades inmuebles y otros datos
que son importantes por su naturaleza estadística y que sirven como base para
una serie de efectos administrativos, civiles
y especialmente de tipo tributario.
Las Municipalidades, en la medida de sus posibilidades económicas, y de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 20° del Decreto
Legislativo Nº 776 - Ley de Tributación Municipal, deben destinar el 5% (cinco por ciento) del rendimiento del Impuesto Pre-
dial, exclusivamente a nanciar el desarrollo
y mantenimiento del catastro distrital, así
como a las acciones que realice la adminis- tración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación.
Por otro lado, se debe veri car el cumpli- miento de lo señalado en las Disposiciones Transitorias y Finales del Decreto Legislativo Nº 952, que establece que en un plazo de 2 años consecutivos, contados a partir del 1 de enero del año 2005, las Municipalidades Provinciales, en coordinación con las Muni- cipalidades Distritales, deberán desarrollar actividades que permitan construir o actua- lizar el catastro distrital en los jurisdicciones de su competencia. También señala que debe crearse un “Fondo de Apoyo al Plan Catastral”en cada Municipalidad Provincial, en cuya jurisdicción exista, al menos, una Municipalidad Distrital sin ningún Plan Ca- tastral, el cual se destinará para desarrollar dichos planes. Este Fondo debería nan- ciarse con los recursos que la Municipalidad Distrital debe destinar del rendimiento del Impuesto Predial, según lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 20º de la
Ley de Tributación Municipal, durante el ejercicio 2005 y 2006, respectivamente; y que sería administrado por la Municipalidad
Provincial a cuya circunscripción pertenece
el distrito para el cual se elabora el Plano
Catastral. Agotadas las acciones señaladas, y de con- tar con recursos adicionales, sería de vital importancia que la Municipalidad contrate empresas dedicadas a este rubro o, en su defecto, celebre convenios con entidades del Estado dedicados a estos aspectos.
La Ley establece el marco legal de los actos de ejecución coactiva que ejercen los órga- nos de Gobierno Nacional, Regional y Local, en virtud de las facultades otorgadas por las leyes especí cas. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo.
Para ejercer esta facultad, las Municipalida- des cuentan con el marco legal establecido en la Ley Nº 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, modi cada por la Leyes Nºs. 28165 y 28892, su Reglamento, aprobado por el D.S. Nº 036-2001-EF, modi- cado por el D.S. Nº 069-2003-EF, así como las disposiciones establecidas en el Código Tributario. La designación del Ejecutor y Auxiliar Co- activo se efectuará mediante concurso pú- blico de méritos; tanto el Ejecutor Coactivo
y el Auxiliar ingresarán como funcionarios
nombrados o contratados, no implicando que sean cargos de con anza (Artículo 2º de la Ley Nº 27204).
Si la administración tributaria no tiene debi-
damente implementado o no se cuenta con el Área de Cobranzas Coactiva, no podrá ejercer los actos de coerción para obtener la cancelación de las deudas tributarias
o administrativas agotadas en la fase de
las cobranzas ordinarias que no han sido pagadas oportunamente. Generalmente, algunas Municipalidades no cuentan con esta Área de Cobranzas Coac- tiva, aduciendo que no tienen capacidad económica para sufragar las remuneraciones
del Ejecutor y Auxiliar Coactivo. Esta limita- ción puede ser superada aplicando las dis- posiciones establecidas en la Ley Nº 26979, modi cada por la Leyes Nº 28165 y 28892, respecto al “Encargo de Gestión”, mediante
la cual faculta a las entidades de la Adminis- tración Pública a celebrar convenios de en- cargos con el Banco de La Nación, así como con el órgano administrador de tributos de
la municipalidad provincial de la jurisdicción donde se encuentre la entidad respectiva,
a n de encargarles la tramitación de pro-
cedimientos de ejecución coactiva, dentro del marco dispuesto por el artículo 71° de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General. En conclusión, se puede establecer que las Municipalidades pueden implementar sus áreas de cobranzas coactivas en base al marco legal descrito o, en su defecto, pue- den celebrar convenios de cobranzas con el Banco de La Nación o la Municipalidad Provincial de su localidad.
4. Impulsar programas de scali- zación tributaria
La Fiscalización Tributaria Municipal es el conjunto de acciones de la Administración, tendientes a detectar el incumplimiento tributario para posibilitar la determinación
de tributos no pagados o no declarados, a efecto de proceder a su cobranza y a la apli- cación de sanciones. Esta acción contribuye a modi car la conducta evasora o morosa de la mayoría de contribuyentes, lográndo- se, de esta manera, mantener los niveles de cumplimiento de aquellos grupos de con- tribuyentes que son honestos y puntuales en sus obligaciones tributarias. La Fiscalización produce un aumento en la recaudación, pero tiene un costo relativamente elevado y, generalmente, representa sólo una parte o fracción de las recaudaciones totales.
Para iniciar cualquier programa de scali- zación tributaria a los contribuyentes de cada localidad, se debe, previamente, contar con la estructura organizacional que haya previsto el Área de Fiscalización Tributaria, infraestructura adecuada del local donde se atenderán a los contribuyentes noti ca- dos, contar con el personal debidamente cali cado y la logística correspondiente, equipo de procesamiento de datos con la capacidad su ciente de procesar la informa- ción con que se cuenta y la que se generará del proceso de scalización, entre otros. El Programa de Fiscalización, además de contar con lo señalado anteriormente, debe considerar los siguientes elementos:
1. naturaleza del proble-
El problema, generalmente, es que la Administración Tributaria no tiene conocimiento completo, sistemático y cuanti cable de las diversas manifes- taciones de evasión tributaria. Por ello ,resulta que la administración no puede plantear soluciones cuando desconoce su existencia. El estudio de las causas de la evasión, de las formas cómo se realizan, de los montos estimados de evasión, según sus formas y la manera de acceder a las informaciones necesarias para comba- tirlas, deben merecer una especial aten- ción en los programas de scalización.
2. Contar con los siguientes recursos
- Recursos materiales y nancieros.
- Recursos publicitarios.
- Capacidad de procesamiento de datos y suministro de información.
- Facultades legales.
3. Establecer qué tipo de scalización se va ejecutar Se debe establecer y plani car qué tipo de Fiscalización Tributaria pretendemos establecer; pudiendo ser selectiva, es decir, iniciando con un grupo de con- tribuyentes del universo existente para verificar su grado de cumplimiento, pudiendo optarse entre los criterios siguientes:
- Contribuyentes de mayor importan- cia scal.
- Contribuyentes de acuerdo a la acti- vidad económica que desarrollan.
- Contribuyentes de determinada ubicación geográ ca. Esta función debe ser permanente y sistemática, con el diseño y ejecución de un adecuado plan, con el apoyo del procesamiento automático de datos, que permita agilizar el cruce de información. Luego de haber efectuado el análisis de los recursos disponibles y haberse jado metas, se elaboran las acciones y con estas los planes y programas, estas acciones requieren de un orden de prioridades.
5. Implementación de un adecua- do sistema de procesamientos de datos
Toda Administración moderna tiene, como objetivo básico, el inducir al contribuyente al cumplimiento voluntario de sus obliga- ciones tributarias. Este objetivo no se puede alcanzar sino se crea en este el convenci- miento de que si no cumple con dichas obligaciones será sancionado y forzado a cumplirlas. Para tal efecto, la Administración debe contar con la información necesaria, permanente, con able y oportuna, que le permita cumplir con sus funciones básicas de Registro, Recaudación y Fiscalización. Dados los volúmenes de información a procesar, es necesario que la Administración Tributaria cuente con servicios de informáti- ca que operen los Programas de Rentas, de modo que les permitan, en el más breve plazo, procesar la información, elaborar su directorio de contribuyentes, establecer las cuentas corrientes de los mismos, elabora- ción de Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación para ejecutar su cobranza, emitir mecanizadamente las declaraciones juradas y recibos de pagos de los contribu- yentes, entre otras operaciones. Los responsables de la Administración Tributaria que carecen de un adecuado Sistema de Procesamiento de Datos debe- rían solicitar la adquisición de un software de rentas y catastro de acuerdo al número de sus contribuyentes y al volumen de sus operaciones. Actualmente, existen en el mercado peruano una gran variedad de estos software, los mismos que, en algu- nos casos, son instalados sin costo alguno para la Municipalidad como es el caso que brinda la ONG “Humanismo y Democracia – Techsoft - Escuela Mayor”.
Software Catastro.
Software Rentas.
INDE- Consultores
Software INFOSAT.
ICL Lima
Software Rentas –MUNIREN (Instalación Gratuita).
6. Implementación de un ade- cuado sistema de orientación al contribuyente
La orientación al contribuyente debe ser de
la mejor calidad y, como lo señalamos, el lo-
cal debe tener la infraestructura adecuada, con ambientes especialmente diseñados para la atención al contribuyente.
El artículo 84º del Código Tributario establece que la Administración Tributaria debe pro- porcionar orientación, información verbal, educación y asistencia al contribuyente.
En consecuencia, se debe cumplir con esta disposición dictando las medidas corres- pondientes para brindar este servicio gratui- to. En tal sentido, esta área será la encargada de programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades de asesoramiento en asuntos jurídicos tributarios de forma personalizada y telefónicamente. Se debe establecer que, bajo responsabili- dad, el personal que prestará sus servicios en esta dependencia deberá: absolver consultas de índole tributario, orientar y asesorar en forma verbal a los mismos en asuntos jurídicos tributarios, proporcionar a los contribuyentes la información tributaria que requieran para cumplir con sus obliga- ciones formales y sustanciales, confeccionar
y difundir los calendarios mensuales de
obligaciones tributarias, recopilar en forma ordenada los dispositivos legales que se
emitan al respecto, organizar y desarrollar seminarios sobre Legislación Tributaria Mu-
nicipal, difundir las normas legales vigentes respecto a la tributación municipal, elaborar
y difundir el cuadro mensual de reajustes,
recargos y sanciones. El número del personal que brindará este servicio debe estar acorde al número de
contribuyentes de la localidad y para cuyo efecto debe ser capacitado previamente
y premunidos de todos los dispositivos
legales que norman la administración de los tributos municipales.
Indudablemente, si se brinda una orienta- ción correcta y oportuna, los contribuyentes estarán en condiciones y en forma volunta- ria de cumplir con sus obligaciones frente a
7. El cobro de los tributos creados por la Municipalidad deben contar con la norma que los respalde
El numeral 4° del artículo 195° de la Cons-
titución Política del Perú precisa que los Gobiernos Locales pueden crear, modi car
y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme
a Ley. Del mismo modo, el segundo párrafo
del artículo 74° del mismo Texto Consti- tucional, modi cado por la Ley Nº 28390, señala que los gobiernos locales pueden crear, modi car y suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su juris- dicción, y con los límites que señala la Ley. El
Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la Ley
y los de igualdad y respeto de los derechos
fundamentales de la persona. Ningún tribu- to puede tener carácter con scatorio. La Norma II del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99 y sus modi catorias, prescribe que las tasas son los tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado, de un servicio público indi- vidualizado en el contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual, clasi cando las tasas en:
Arbitrios, Derechos y Licencias. Precisa que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no deben tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación.
La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, artículo 9° numeral 9, determina que el Con- cejo Municipal tiene atribuciones para crear, modi car, suprimir o exonerar de contribu- ciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a Ley. Del mismo modo, el Decreto Legislativo N° 952 ha precisado que conforme a lo establecido en
el numeral 4 del artículo 195° y por el artículo
74° de la Constitución Política del Perú, las Mu- nicipalidadescrean,modi canysuprimencon-
tribuciones o tasas, y otorgan exoneraciones, dentro de los límites que je la Ley y establece las siguientes normas generales:
a) La creación y modi cación de tasas y contribuciones se aprueban mediante Ordenanza con los límites establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades, y la Ley de Tributación Municipal.
b) Para la supresión de tasas y contribu-
ciones las Municipalidades no tienen ninguna limitación legal. Consecuentemente, para poder ejercer la potestad del cobro por estos servicios, es menester que la Municipalidad, como lo
señala el artículo 40° de la LOM, los apruebe mediante Ordenanza y las que se tratan de materia tributaria expedidas por las Municipalidades Distritales deben ser rati-
cadas por la Municipalidad Provincial de su circunscripción, para su vigencia. Además,
el artículo 44° de la misma norma establece
la obligatoriedad de ser publicadas en el Diario O cial“El Peruano”, en el diario encar- gado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción, en carteles municipales, en los portales electrónicos según cada caso. No surtirán efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el requisito de la publicación o difusión.
8. Elaboración de dispositivos que permitan exibilizar el pago de
lostributosysancionestributa-
rias y administrativas
Dentro de estos dispositivos propuestos, es necesario que la administración tributaria cuente con los siguientes documentos:
a) Gradualidad a las multas tributarias El artículo 166° del Código Tributario modi cado por el D. Leg. Nº 953 deter- mina que la Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de deter- minar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la citada facultad discrecio- nal, la Administración Tributaria también puede aplicar gradualmente las sancio- nes, en las formas y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se encuentra facultada para jar, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o criterios que correspondan así como para determinar tramos menores al monto de la sanción establecidas en las normas respectivas. De acuerdo a la normatividad aludida,
la Municipalidad, mediante Ordenanza,
puede establecer el Régimen de Gra- dualidad de Sanciones aplicables a los deudores tributarios sancionados por infracciones contempladas en el artículo 176° del CódigoTributario, que compren- den las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. Estableciéndose para este efecto rebajas hasta en un 90%, de manera que la Administración Municipal pueda aplicar sanciones acordes a la realidad y capacidad económica de sus contribuyentes.
b) Canje de deudas tributarias por bienes
Debido a la de ciente administración de los tributos municipales, la recesión eco- nómica y la falta de capacidad de pago por los contribuyentes hacen que en la Municipalidad se registren numerosas deudas.
A n de aliviar esta situación, la Munici-
palidad puede establecer políticas tribu- tarias en las que determine que el pago de estos tributos se pueda efectuar con bienes y/o servicios por parte de los deudores, para cuyo efecto deberá emitir la correspondiente Ordenanza y Directiva que norme el proceso de can-
je, teniendo como base legal lo prescrito
en el Decreto Supremo N° 135-99-EF
– Texto Único Ordenado del Código
Tributario, artículo 32º, que señala que
los Gobiernos Locales, mediante Orde- nanza Municipal, podrán disponer que
el pago de sus tasas y contribuciones se
realice en especies los mismas que serán valuadas, según el valor de mercado en
la fecha que se efectúen.
Excepcionalmente, tratándose de im- puestos municipales, podrán disponer el pago en especie a través de bienes
inmuebles, debidamente inscritos en
Registros Públicos, libre de gravámenes
y desocupados, siendo el valor de los
mismos el valor de autoavalúo del bien
o el valor de tasación comercial del bien
efectuado por el Consejo Nacional de Tasaciones, el que resulte mayor. Se considerará como bien inmueble los bienes susceptibles de inscripción en el Registro de Predios a cargo de la Super- intendencia Nacional de los Registros Públicos.
c) Texto Único de Procedimientos Admi-
Para la elaboración del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad en el cual se deben establecer todos los procedimientos de
la Administración Tributaria a n de que
tengan validez legal. El marco que lo regula es el siguiente:
• Ley Nº 27444 - Ley del Procedimien- to Administrativo General Título II - Capítulo I.
• Ley Nº 29060 - Ley del Silencio Ad- ministrativo.
• Resolución Jefatural Nº 087-95- INAP-DTSA, que aprueba la Direc- tiva Nº 001-95- INAP-DTSA. Pautas metodológicas para la jación de costos de los procedimientos admi- nistrativos.
• R.M. Nº 293-2006-PCM - Establecen procedimiento para el ingreso y publicación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos en el portal de servicios al ciudadano y empresas.
• D.S. Nº 032-2006-PCM - Crean el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE- La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros ha elaborado el “Manual Metodológico para la elaboración del Texto Único de Procedimientos Administrativos –TUPA”,
con el objetivo de orientar a las enti- dades en la preparación y aprobación de su TUPA, para garantizar el cumpli- miento de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General
y las normas complementarias a ella.
d) Ordenanza que establezca los importes
de arbitrios de limpieza pública, parques
y jardines públicos y serenazgo.
La estructura de una Ordenanza que apruebe el régimen de los Arbitrios Municipales deberá indicar: el número que corresponda a la Ordenanza y fecha de la sesión de Concejo en que fue aprobada, sustento legal, ámbito de aplicación; deberá establecer quiénes
son los contribuyentes de los arbitrios y
la condición de los mismos con relación
al arbitrio; demostrar técnicamente el costo del servicio, de nir por qué se
establece el Arbitrio; de nir qué es un predio y su uso; establecer la periodi- cidad del cálculo del arbitrio; señalar el vencimiento del pago; determinar quiénes estarán inafectos al pago de los arbitrios; indicar los criterios que se han utilizado para la determinación de cada uno de los arbitrios, explicar el uso del rendimiento del Arbitrio; el informe técnico deberá contener el sustento de los cálculos de la tasa a cobrar en base al costo efectivo del servicio a prestar, el costo anual del servicio deberá ser demostrado con la estructura corres- pondiente.
Ordenanza que je montos por derecho de emisión y distribución de declara- ción jurada, hojas de liquidación de impuestos, fechas de pago e impuesto mínimo Para fijar estos derechos se deberá aprobar la Ordenanza correspondiente con las formalidades establecidas en la LOM, artículos 40º y 42º, último párrafo del artículo 14º del Decreto Supremo Nº 156-2004-EF - Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, que señala que la actualización de los valores de predios por la Municipalidad, sustitu- ye la obligación de presentar anualmen- te la declaración jurada, hasta el último día del mes de febrero, salvo que la Municipalidad establezca una prórroga, y la Cuarta Disposición Final de la norma acotada anteriormente, que establece que las Municipalidades que brinden el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de impuesto y recibos de pago corres- pondientes, incluida su distribución a domicilio, quedan facultadas a cobrar por dichos servicios no más del 0.4% de la UIT vigente al 1 de enero de cada servicio, en cuyo caso esta valorización sustituye la obligación de presentación de declaraciones juradas.
que je la tasa de Interés
Moratorio aplicable a los Tributos Mu- nicipales Para fijar estos derechos se deberá aprobar la Ordenanza correspondiente con las formalidades establecidas en la LOM, artículos 40º y 42º, tomando como fundamento el artículo 33º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo Nº 135-99-EF y sus normas modi catorias que establece que en los casos de los tributos administrados por los Gobiernos Locales, la Tasa de Interés Moratorio – TIM, será jada por Ordenanza Municipal, la misma que no podrá ser mayor a la que establezca la SUNAT, así como también la Resolución de Superintendencia Nº 032-2003/ SUNAT, en la que se señaló la tasa de interés moratorio en 1.5% mensual.
Actualidad Gubernamental, Nº 5 - Marzo
1. ¿A quiénes afecta este Impuesto?
2. ¿Cómo se clasi can los vehículos?
3. ¿Cómo se define a que categoría pertenecen los
4. ¿Cómo se determina la base imponible del Impuesto?
5. ¿Cómo se identi ca al vehículo en la Tabla?
6. ¿Cómo se determina el valor del vehículo?
7. ¿En qué casos hay obligación de presentar Declara-
ción Jurada?
8. ¿En qué consiste la declaración mecanizada?
9. ¿Con qué documentos se acredita la presentación de
las declaraciones juradas?
10. ¿Cuál es la tasa del impuesto?
11. ¿Cuál es la forma de pago del Impuesto?
12. ¿Cuáles son las sanciones por no presentar las decla-
raciones juradas?
13. ¿Qué entidades o personas se encuentran inafectas
al pago del Impuesto?
14. ¿Cuál es el procedimiento para la formalización de los
actos jurídicos?
15. ¿A cargo de quién está la administración del impuesto?
16. ¿En el caso del robo de un vehículo procede la inafec-
tación o exoneración al pago?
Este impuesto fue creado mediante la Ley N° 23724 (Art. 19°) el año 1983, con la denominación de Impuesto al Patrimonio Automotriz. Fue reglamentanda por el D.S. N° 154-EF-84 y modi cado por el D.S. N° 278-84-EF. La administración del mismo estuvo a cargo del Gobierno Central. En el año 1985 se emite el Decreto Legislativo N° 362-85 disponiendo que la administración del Impuesto pase a cargo de las Muni- cipalidades Provinciales. Posteriormente, con la dación del D.S. N° 157-EF-84, Ley N° 24966, D.S. N° 99-EF-89 y D.S. N° 052-EF-92, se modi can y precisan algunos artículos para su mejor administración. Finalmente, mediante el Decreto Legislativo N° 776 del 31-12-1993 y sus modi catorias, se esta- blece la normatividad respecto, al tributo. Originalmente, se le denominó Impuesto
* Director de la revista Actualidad Gubernamental. Consultor Municipal.
al Patrimonio Automotriz, luego, Impuesto
a la Propiedad Vehicular y, nalmente, al
expedirse la Ley Nº 27616 y el Decreto Le-
gislativo Nº 952, se le denomina “Impuesto
al Patrimonio Vehicular”.
1. ¿A quiénes afecta este Impues- to?
El artículo 30° del Decreto Legislativo N°
776, Ley de Tributación Municipal, hasta
antes de su modi cación determina que el Impuesto al Patrimonio Vehicular, gravaba
sólo la propiedad de los vehículos auto-
móviles, camionetas y station wagon con
una antigüedad no mayor de tres (3) años,
fabricados en el país o importados. La Ley
N° 27616, publicada el 19-12-2001, modi ca este artículo, incluyendo en la afectación del
impuesto a los propietarios de camiones,
buses y ómnibuses; además establece que
el plazo a computarse será en relación a su
primera inscripción en el Registro Vehicular,
quedando sin efecto el año de fabricación
o de importación del vehículo.
Consecuentemente, la norma vigente establece: “El Impuesto al Patrimonio Ve- hícular de periocididad anual afecta a los propietarios de vehículos automóviles, ca- mionetas, station wagon, camiones, buses y ómnibuses con una antigüedad no mayor de tres (3) años”. Este plazo se computa en
relación a la primera inscripción del vehículo en el Registro de Propiedad Vehicular. El Registro de Propiedad Vehicular se re ere a
Públicos SUNARP.
2. ¿Cómo se clasi can los vehícu- los?
La de nición de automóvil y camioneta la encontramos en la Ley Nº 27616 y Art.3° D.S. N° 22-94-EF. Camioneta Pick-UP en el D.S. N° 034-2001-MTC, Reglamento Nacio- nal de Vehículos. Camioneta Panel en la R.M. N° 074- 2002-EF/15 - Tabla de Valores Referenciales. Station Wagon, en la Ley Nº 27616 y Art.3º del D.S. Nº 22-94-EF. Camión, Bus/Ómnibus, en la Ley Nº 27616 y R.M. N°
012-2007-EF/15 y Resolución Ministerial Nº 008-2009-EF/15.
Vehículo automotor para el transpor- te de personas, hasta (6) asientos y, excepcionalmente, hasta (9) asientos considerados como los de la catego- ría A1, A2, A3, A4 y C.
Vehículo automotor para el transpor- te de personas y de carga cuyo peso bruto vehicular es hasta 4,000 kg. Considerados como los de categoría B1.1, B1.2, B1.3, y B1.4.
Vehículo Automotor de cabina simple
doble, con caja posterior destinada
para el transporte de carga liviana y con un peso bruto vehicular que no exceda los 4,000 Kg.
Vehículo automotor con carrocería cerrada para el transporte de carga liviana y con un peso bruto vehicular que no exceda los 4,000 Kg.
Vehículo Automotor para el transpor-
de personas de hasta 17 asientos y
cuyo peso bruto vehicular no exceda los 4,000 Kg.
Vehículo Automotor derivado del automóvil que al rebatir los asientos posteriores permite ser utilizados para el transporte de carga liviana, considerado de las categorías. A1, A2, A3, A4 y C
Vehículo automotor para el transpor- te de mercancías con un peso bruto vehicular igual o mayor a 4,000 Kgs. Puede incluir una carrocería o estruc- tura portante.
Vehículo automotor para el transpor- te de personas con un peso bruto vehicular que exceda a 4,000 Kg. Se considera incluso a los vehículos ar- ticulados, especialmente, construidos para el transporte de pasajeros.
3. ¿Cómo se de ne a que catego- ría pertenecen los vehículos?
En la la Tabla de Valores Referenciales que publica anualmente el Ministerio de Econo-
N° 5 - Marzo 2009
mía y Finanzas se puede ubicar las marcas, modelos y la categoría a que pertenecen los vehículos, así como su valor expresado en nuevos soles. Los vehículos según su categoría se cla- si can:
De más de 1050 cc.
Hasta 1500 cc.
De más de 1500 cc.
Hasta 2000 cc.
De más de 2000 cc.
Vehículos con tracción en las 4 ruedas con un peso vehícular inferior a:
Los 2,500 Kg, cuando usan motor a ga- solina
Los 2,700 Kg, cuando usan motor diesel
La base imponible en general, está referida al valor numérico sobre el cual se aplicará la alícuota (tasa) del Impuesto. En el caso del Impuesto al Patrimonio Vehicular, ésta la constituye: el valor de adquisición del vehículo, el valor de la importación o la del ingreso al patrimonio. La norma establece que estos valores, en ningún caso, podrán ser menores a la Tabla Referencial que, anualmente, aprueba el Ministerio de Eco- nomía y Finanzas. De acuerdo a las estadísticas publicadas, el Impuesto calculado en base a los Valores Referenciales en la mayoría de los casos supera al 100% del valor de mercado de los vehículos, lo que perjudica a los propie- tarios de automóviles, camionetas, station wagon, buses y ómnibuses. Alrededor del 70% el impuesto es pagado en base al valor referencial jado por el MEF y sólo el 30% en base a las facturas o precio real de venta, por lo que, en algunos casos, el valor o cial para gravar los vehículos llega al doble y hasta el triple del precio comercial, variando en los diferentes modelos y años de fabrica- ción. En tal sentido, consideramos que el Congreso debe revisar la Ley de Tributación Municipal, a n de que el impuesto a los vehículos se pague sobre su valor real de mercado y no sobre valores excesivos, que perjudican a los propietarios, sean ellos personas naturales o jurídicas. Para el presente ejercicio (2009), el MEF ha publicado la Resolución Ministerial Nº 008- 2009-EF/15, que aprueba la Tabla de Valores Referenciales de Vehículos para aquéllos fabricados entre los años 2006 y 2008 para efecto de determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular, por el ejercicio 2009. Para los vehículos fabricados con anterioridad al año 2006, la Resolución establece que se deberá multiplicar el valor de los vehículos señalados para el año 2008, por el factor indicado para el año a que corresponde su fabricación, contenido en la siguiente tabla:
1999 y años anteriores
Para efecto de la identi cación del modelo del vehículo en la Tabla de Valores Refe- renciales, el contribuyente y/o la Adminis- tración Tributaria Municipal, de ser el caso, podrá tomar en consideración, además de la información contenida en la tarjeta de
propiedad o tarjeta de identi cación vehi- cular, la señalada en la Declaración Única de Aduanas (DUA) y/o el comprobante de pago y/o contrato de compra-venta, a efectos de identi car las características del vehículo a que hace referencia la Tabla de Valores Referenciales.
6. ¿Cómo se determina del vehículo?
Para determinar el valor del vehículo, el mismo que constituye la base imponible para el cálculo del impuesto, dependerá de la modalidad de adquisición y de la apli- cación de la Tabla de Valores Referenciales que aprueba anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas:
Modalidad de Adquisic.
Valor original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio. Valor que en ningún caso será menor a la Tabla Referencial que anualmente aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas, considerando un valor de ajuste por anti- güedad del vehículo.
Vehículos adquiridos en re- mate público o adjudicación de pago
Se considerará como valor de adquisición el monto pagado en el remate o el valor de adjudicación según sea el caso, incluidos los impuestos que afecten la venta o importación de dichos vehículos.
Vehículos adquiridos en mo- neda extranjera
Dicho valor será convertido a moneda nacional, aplicando el tipo de cambio pro- medio ponderado venta, publicado por la Superintendencia de Banca y Seguros, correspondiente al último día del mes en que fue adquirido el vehículo. El valor determinado será comparado con el valor asignado al vehículo afecto en la Tabla de Valores Referenciales que aprueba anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, debiendo considerar como base imponible para la determinación del impuesto el que resulte mayor de ellos.
En el caso que el propietario no cuente con los documentos que acrediten el valor de ad- quisición del vehículo afecto
Se deberá tomar en cuenta el valor correspondiente al vehículo afecto jado en la Tabla de Valores Referenciales que aprueba anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas.
Vehículos adquiridos a título gratuito
Se deberá considerar como valor de ingreso al patrimonio el que hubiera corres- pondido al causante o donante al momento de la transmisión.
7. ¿En qué casos hay obligación de presentar presentar Decla- ración Jurada?
Los sujetos del Impuesto deberán presen- tar ante la Municipalidad Provincial donde
se encuentre ubicado su domicilio una declaración jurada, según los formularios que para tal efecto deberá proporcionar la Municipalidad respectiva, considerando los siguientes casos:
La declaración jurada deberá presentarse hasta el último día hábil del mes siguien-
de producido tal hecho, estando obligado el transferente a cancelar la integri-
dad del impuesto adeudado que le corresponde dentro del mismo plazo.
Adquisiciones de vehículos nuevos que se realicen en el transcurso del año
adquiriente deberá presentar una declaración jurada dentro de los 30 días
calendarios posteriores a la fecha de adquisición, la cual tendrá efectos tributarios
partir del ejercicio siguiente de aquél en que se ha adquirido el vehículo.
Adquisición de vehículos usados
El vendedor debe presentar una declaración jurada de descargo hasta el último día hábil del mes siguiente de producidos los hechos y el comprador deberá presentar su declaración jurada de inscripción hasta el último día hábil del mes de febrero del año siguiente de producidos los hechos.
Bienes de propiedad de suce- siones indivisas
La declaración jurada será presentada por el albacea o representante legal y a falta de éstos, por los herederos.
Destrucción o siniestro del vehiculo
La declaración jurada rectificatoria será presentada dentro de los 60 días posteriores de ocurrida la destrucción o siniestro o cualquier hecho que dismi- nuya el valor del vehículo afecto en más del 50%, el que deberá ser acreditado fehacientemente ante la Municipalidad Provincial respectiva. La mencionada declaración tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente de aquél en que fuera presentada.
Cuando lo disponga la Admi- nistración Tributaria
Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad de contribuyentes y dentro del plazo que determine para tal n.
La fecha de presentación de la declaración jurada será hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año, salvo que la Municipalidad establezca una prórroga.
Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio, el transferente deberá cance- lar la integridad del impuesto adeudado que le corresponde hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia.
En el supuesto que algún acto inscrito en
Registro de Propiedad Vehicular originase
cambio o inicio de una partida registral
referida a un mismo vehículo (cambio de placa del vehículo), dicho acto deberá ser puesto en conocimiento de la Adminis- tración Tributaria Municipal mediante la declaración modi catoria correspondiente,
n de evitar la doble determinación de
Las Municipalidades que estén en condicio- nes de aplicar la Tabla de Valores Referencia- les a los vehículos afectos, pueden sustituir, con la emisión mecanizada, la obligación de presentar la declaración jurada anual, no pudiendo cobrar por dicho servicio monto superior al equivalente del 0.4 % de la UIT, por cada documento emitido. En ese supuesto, los contribuyentes ya no tendrian la obligación de presentar la de- claración jurada anualmente y se entenderá como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el pago al contado del impuesto (últi- mo día hábil del mes de febrero).
9. ¿Con qué documentos se acre- dita la presentación de las declaraciones juradas?
Las declaraciones juradas deberán según
deben estar acompañada de los
Original y copia simple del documento sustentatorio de adquisición:
Compra: Boleta de Venta, Factura o Contrato de Compra Venta. Donación: Escritura Pública de Donación. Remate: Acta Judicial del Remate. Importación: Póliza de Importación. Fusión: Escritura Pública de Fusión. Original y copia simple del documento
de identidad del propietario. Copia Simple de un recibo de servicios
(agua, luz, teléfono). Original y copia simple de la tarjeta de
propiedad (en el caso de tenerla). En el caso de representación de una persona natural deberá acompañar:
- Poder debidamente rmado por el representante legal, legalizado ante el Notario o Fedatario.
- Original y copia del documento de identidad de la persona que realiza el trámite.
6) En el caso de persona jurídica:
- Poder debidamente rmado por el representante legal y legalizado ante el Notario o el Fedatario.
- Escritura Pública de la Constitución de la Empresa, última cha RUC o Minuta de Constitución de la Em- presa.
- Original y copia del documento de identidad del representante legal.
10.¿Cuál es la tasa del impues- to?
La tasa del Impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo, resultado de comparar el valor de adquisición del mismo
y el valor de la tabla referencial publicada
por el Ministerio de Economía y Finanzas. En ningún caso el impuesto será menor al 1.5 de la UIT vigente al 1 de enero del año al que corresponde el impuesto. Para el presente ejercicio el monto mínimo a pagar por concepto del Iimpuesto al Patrimonio Vehicular es de S/. 53.25.
contado, hasta el último día hábil del
mes de febrero de cada año, salvo que
En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante
y deberá pagarse hasta el último día
hábil del mes de febrero. Las cuotas
restantes serán pagadas hasta el último día hábil de los meses de mayo, agosto,
y noviembre, debiendo ser reajustadas
de acuerdo a la variación acumulada del Indice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.
12. ¿Cuáles son las sanciones por
no presentar las declaraciones
juradas?
Los obligados a la presentación de decla- raciones juradas y al pago del impuesto, que incumplan con estas obligaciones
tributarias, la Administración, de acuerdo
a lo establecido en el Código Tributario,
podrá aplicar las siguientes sanciones, respectivamente:
Por la omisión o el incumplimiento de la presentación de la declaración jurada, multas para personas jurídicas y perso- nas naturales que están contempladas en el Código Tributario. En los casos que las Municipalidades tengan aprobados mediante ordenanza el Régimen de Gradualidad de Sanciones (gradualidad de sanción establecida en el Art. 166° del Código Tributario), podrán cobrar montos inferiores a los establecidos en la norma de la referencia.
Por no haber cumplido con pagar el impuesto dentro de los plazos estable- cidos, se procederá a actualizar la deuda de acuerdo a lo señalado en el artículo 33° del Código Tributario aplicando el interés moratorio diario, tasa que será - jada a través de la Ordenanza Municipal respectiva, la misma que no podrá ser superior a la que establezca la SUNAT.
incumplimiento del pago dentro de los
plazos establecidos dará lugar también al inicio de la cobranza coactiva de la deuda y el Ejecutor Coactivo, dentro de
sus facultades, podrá o ciar a la Dirección de Seguridad Vial de la Policía Nacional la captura del vehículo para ser internado en
el depósito municipal.
13. ¿Qué entidades o personas se
encuentran inafectas al pago del Impuesto?
La inafectación es cuando el tributo no se encuentra dentro del ámbito de la ley. En cambio, la exoneración es un beneficio
tributario establecido por ley, en que el obligado al pago es liberado por un período
determinado. Respecto al Impuesto al Patri- monio Vehicular, la norma establece que se encuentran inafectos al pago , la propiedad vehicular de las siguientes entidades:
d) Cuerpo General de Bomberos Volunta- rios del Perú.
e) Universidades, centros educativos con- forme a la Constitución.
f ) Los vehículos de propiedad de personas jurídicas que no formen parte de su activo jo.
g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de tres (3) años, de propiedad de personas jurídicas o naturales debidamente autorizadas por la entidad competente para prestar ser- vicio de transporte público masivo. La inafectación permanecerá vigente por el tiempo de duración de la autorización correspondiente.
Con relación al inciso f ), el D.S. N° 278-84-EF determina que para otorgarse la inafec- tación a los vehículos de propiedad de empresas cuyo giro es la comercialización de vehículos, deben ser estos adquiridos para venderse. El Tribunal Constitucional, en su Resolución EXP. N.° 01769-2007-PA/ TC, resuelve que para determinar la aplica- ción de la inafectación al pago del IPV, se requiere la presentación de documentos que demuestren el tratamiento contable otorgado al activo, a n de determinar si es de naturaleza ja o, en caso contrario, si corresponde la inafectación. Con relación al inciso g), la inafectación permanecerá vigente por el tiempo de du- ración de la autorización correspondiente
y dentro de los años de antigüedad com-
putados a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular de
Públicos- SUNARP.
14. ¿Cuál es el procedimiento para la formalización de los actos jurídicos?
Para la formalización de los actos, la norma establece que éstos se efectuarán con la intervención de los Registradores y Notarios Públicos, quienes deberán requerir que se acredite el pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular en los casos que se trans eran los bienes gravados para la inscripción o forma- lización de actos jurídicos. La exigencia de la acreditación del pago se limita al pago del ejercicio scal en que se efectúo el acto que se pretende inscribir o formalizar, aún cuando los períodos de vencimiento no se hubieran producido.
15. ¿A cargo de quién esta la ad- ministración del impuesto?
La Administración del impuesto corres- ponde a las Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipa- lidad Provincial.
domicilio para efectos tri-
butarios:
En el caso de personas naturales o jurídi- cas registradas ante SUNAT, el domicilio señalado en el RUC (Registro Único de Contribuyentes). En el caso de personas naturales no regis- tradas ante SUNAT, el domicilio consignado
en el DNI (Documento Nacional de Identi- cación).
16.¿En el caso del robo de un ve- hículo procede la inafectación o exoneración al pago?
El Tribunal Fiscal en diversas Resoluciones emitidas ha resuelto que el robo de un vehí- culo no extingue el derecho de propiedad, por lo que no se extingue la obligación de pago del Impuesto al Patrimonio Vehicular por cuanto la Ley de Tributación Municipal no contempla exoneración alguna para los contribuyentes que hayan sufrido el robo de sus vehículos (RTF: 10673-5-2007, 10108-5-2007, 10102-5-2007). Para los casos de destrucción, siniestro o cualquier otro hecho que disminuya el valor del vehículo afecto en más del 50%, el que deberá ser acreditado fehacientemente ante la Municipalidad Provincial respecti- va, el contribuyente podrá presentar una declaración recti catoria dentro de los 60 días posteriores de ocurridos los hechos, la misma que tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente de aquél en que fuera presentada.
La Resolución N° 10673-5-2007 emitida por el Tribunal Fiscal resuelve con rmar lo resuelto por el SAT, respecto que declaró improcedente la solicitud de exoneración del pago de las cuotas de los años 2002 y 2003 del Impuesto al Patrimonio Vehicular solicitada por el contribuyente por haber sufrido el robo de su vehículo. Al respecto, el TF, dentro de los argumentos que sostiene para resolver este caso, considera:
- Que la Administración (SAT) señala que el robo del vehículo no extingue el derecho de propiedad del agraviado, ya que no puede sostenerse que por
tal ilicito penal se trans rió el derecho de propiedad sobre el citado bien, pues en el caso que éste fuese encontrado, el propietario tiene derecho de exigir
le sea reinvidicado.
- Que los artículos 30° y 31° de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por Decreto Legislativo N° 776, modi cada por la Ley N° 27616, señala que el Im- puesto al Patrimonio Vehicular grava la propiedad de los vehículos , auto- móviles, camionetas, station wagons, camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres años, computándose dicho plazo a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular, siendo sujetos
pasivos en calidad de contribuyentes los propietarios de los vehículos con arreglo
a la situación jurídica con gurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria.
- Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 968° del Código Civil y con el criterio establecido por este Tribunal en
la Resolución N°03152-3-2002 de 18 de junio 2002, el robo de un vehículo no extingue el derecho de propiedad del agraviado.
- Que la Ley de Tributación Municipal ci- tada no contempla exoneración alguna respecto al Patrimonio Vehicular para los sujetos que hayan sufrido el robo de sus vehiculos por tanto el pedido de la recurrente carece de sustento.
Frente a esta controversia la Defensoría del Contribuyente y del Administrado del SAT, mediante informe N° 081-082-00000002, ha emitido recomendaciones para establecer nuevos criterios para el cobro al Impuesto al Patrimonio Vehicular a propietarios de vehículos robados; en tal sentido, reco- mienda a las Gerencias respectivas del Servicio de Administración Tributaria, la elaboración de un dispositivo legal, en el marco del artículo 11º del Reglamento del Impuesto al Patrimonio Vehicular, a efectos que los contribuyentes propietarios de vehículos robados, con escasa probabilidad de recuperar el bien y que no cuenten con un seguro contra robos, puedan realizar el descargo correspondiente y evitar el pago del impuesto.
Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria señala que ha emitió el 15 de junio del 2005 la Circular Nº 001-008- 00000009, la misma que ha sido actualizada el 08 de marzo del 2006 mediante la Cir- cular N° 001-008-00000011, estableciendo disposiciones relativas a la aplicación del impuesto al patrimonio vehicular en caso de robo de vehículos.
Entre las principales disposiciones, esta- blece que no se determinará deuda por Impuesto al Patrimonio Vehicular cuando se haya producido el hurto o robo del vehícu- lo, a partir del ejercicio siguiente al hurto o robo, por haber desaparecido el bien de la esfera del patrimonio de su propietario.
Para este efecto establece que los contribu- yentes deberán presentar de los siguientes documentos:
• Declaración Jurada recti catoria dentro de los 90 días calendario posteriores de ocurrido el hurto o robo, la misma que tendrá efectos tributarios a partir del ejercicio siguiente al hurto o robo.
• Se deberá de adjuntar a la presente declaración jurada recti catoria, como medios probatorios y bajo sanción de tenerse por no recibido, los siguientes documentos:

References: artículo 74
 artículo 40
 artículo 74

ARTÍCULO 69
 artículo 74
 artículo 2

artículo 74
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 40
 artículo 69

ARTÍCULO 69
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 artículo 14
 artículo 40
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 artículo 28
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 artículo 79
 artículo 17
 artículo 20
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 artículo 71
 artículo 84
 artículo 195
 artículo 74
 artículo 9
 artículo 195
 artículo
74
 artículo 40
 artículo 44
 artículo 166
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 artículo 176
 artículo 32
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 artículo 14
 artículo 33
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 artículo 30
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 artículo 33
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 artículo 968
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 artículo 11