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Timestamp: 2018-10-20 02:08:06+00:00

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PAU Historia junio 2009 Principado de Asturias
El pronunciamiento protagonizado en Sagunto por el
general Martínez Campos en diciembre de 1874 acabó con
el régimen republicano, vigente en España desde febrero
de 1873, y permitió el regreso al poder de la dinastía borbónica en la persona de Alfonso XII. De esta forma, se abría en
España una nueva etapa histórica conocida como la Restauración. El artífice del sistema político que caracterizó a este
período fue Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), un
político de amplia experiencia que había sido miembro de
la Unión Liberal de O’Donnell y que durante el Sexenio
Democrático encabezó la facción de los defensores de la
legitimidad borbónica encarnada en el hijo de Isabel II. En
diciembre de 1874, poco antes del pronunciamiento de
Martínez Campos, Cánovas había hecho firmar al príncipe
Alfonso el Manifiesto de Sandhurst (nombre de la academia
militar británica donde estudiaba el heredero al trono), un
documento en el que se trazaban las líneas básicas de su
programa político. El objetivo de Cánovas era dotar a la
monarquía restaurada de un sistema que permitiera
la alternancia pacífica en el Gobierno de dos grandes partidos de derecha e izquierda —sin sobrepasar los límites del
liberalismo moderado—, que no se marginaran entre sí ni
recurriesen a la insurrección o al pronunciamiento para
acceder al poder. Los partidos antimonárquicos, antiliberales o antinacionales quedaron, en un principio, excluidos
del sistema, al igual que las masas populares, ya que los
resultados electorales de los dos partidos gobernantes se
obtenían gracias a la manipulación y el fraude.
Una condición indispensable para la consolidación de este
sistema fue la pacificación del país. En el momento en que
Alfonso XII accedió al trono, estaban en curso la Tercera
Guerra Carlista (1872-1876) y la primera Guerra de Cuba
(1868-1878). La conclusión de ambos conflictos constituyó
un gran éxito para el Gobierno, entonces presidido por
Cánovas. Sin embargo, no se resolvieron los problemas que
los habían provocado. Los carlistas habían sido neutralizados como fuerza militar, pero la supresión de los fueros e
instituciones vascas (1876) fue una de las causas del posterior surgimiento de un nacionalismo reivindicativo. En
cuanto a la guerra de Cuba, la paz de El Zanjón de 1878
tuvo un carácter provisional; el conflicto rebrotó en 1895 y
concluyó con la independencia de la isla en 1898.
El edificio político canovista se sustentó en la Constitución
de 1876, en los partidos Conservador y Liberal y en el papel
arbitral del rey. Un elemento indispensable en este régimen
fue el fraude electoral, que se perpetuó gracias a la amplitud y fortaleza de un sistema de control social y político
conocido como caciquismo.
La Constitución de 1876 establecía un modelo de Estado
centralista en el que el catolicismo era la religión oficial. El
monarca, aunque compartía la soberanía con las Cortes,
tenía un poder hegemónico sobre ellas: poseía la potestad
ejecutiva (elegía el Gobierno, era el mando supremo del
Ejército) y legislativa (poder de veto, iniciativa legislativa). El
rey era el árbitro del sistema, ya que el Gobierno necesitaba
la doble confianza de la Corona y de las Cortes. La Constitución establecía un sistema bicameral. El Congreso era elegido por sufragio censitario (y desde 1890 sufragio general
masculino). Parte de los miembros del Senado eran designados por el rey y el resto por las corporaciones y los mayores contribuyentes mediante un sistema indirecto.
El juego de partidos de la Restauración se articuló en torno
a dos grandes formaciones: el Partido Liberal Conservador,
situado en la derecha moderada, y el Partido Liberal, llamado
inicialmente Partido Fusionista, que agrupaba a la izquierda
liberal. El primero fue dirigido por Cánovas hasta su muerte
en 1897 y, posteriormente, por Francisco Silvela. Agrupó a
liberales moderados, antiguos miembros de la Unión Liberal, ex progresistas y algunos tradicionalistas. El líder del
Partido Liberal fue Práxedes Mateo Sagasta, un político
veterano, al igual que Cánovas, que había dirigido el Partido
Constitucionalista durante el reinado de Amadeo I y era jefe
de Gobierno cuando tuvo lugar el pronunciamiento de
Sagunto. En el Partido Liberal se integraron antiguos progresistas y demócratas del Sexenio Democrático. Ni el Partido Liberal Conservador ni el Partido Liberal eran organizaciones de masas sino partidos de notables. Las diferencias
ideológicas entre ambos eran escasas y su composición
social e intereses, prácticamente idénticos. Su fortaleza no
dependía tanto de la cohesión interna de sus miembros
como de la influencia de su líder y de su capacidad para mantener unidas las distintas facciones del partido.
Hasta 1923, ambas fuerzas se alternaron en el poder, en lo
que se conoció como el turno de partidos, mecanismo que
en última instancia era activado por el monarca, no por la
voluntad popular. El turno de partidos se inauguró en 1881,
cuando Alfonso XII encomendó la formación de Gobierno a
Sagasta, en lugar de a Cánovas, y se oficializó tras la muerte
del rey en 1885. Su esposa, María Cristina de Habsburgo,
embarazada de quien sería Alfonso XIII, asumió la regencia.
Cánovas, presidente del Gobierno en aquel momento, acordó
con Sagasta cederle el poder durante los primeros años de
la regencia (Pacto de El Pardo).
El funcionamiento del turno era el siguiente: el candidato a
presidir el Gobierno debía ser designado por el rey y contar
con una mayoría sólida en las Cortes. De no ser así, obtenía del
monarca el decreto de disolución de las Cortes y promovía
la celebración de elecciones. En este momento, se ponían
en marcha los mecanismos de falseamiento del voto a través de las redes de clientes o «amigos políticos» con que
contaban los partidos del turno: compra del voto o presión
a los electores y a los poderes locales, y manipulación de las
listas electorales y de los resultados. Estas prácticas recibieron la denominación de «pucherazo». El proceso se controlaba desde el Ministerio de la Gobernación a través del
«encasillado», procedimiento por el que se decidía, antes de
las elecciones, qué cargos debían corresponder al Gobierno
y cuáles a la oposición. Este sistema, conocido como caciquismo, fue más eficaz en las zonas rurales que en las urbanas, donde la opinión pública y los votos eran más difíciles
de controlar. El recurso a estas prácticas originó numerosas
críticas y el abstencionismo de sectores cada vez más amplios
Las oposiciones: republicanismo, nacionalismo,
En sus primeros años, el sistema político de la Restauración
se benefició de la debilidad de la oposición, compuesta por
los carlistas y un heterogéneo conjunto de formaciones
republicanas. En las décadas de 1880 y 1890 se desarrollaron
dos importantes movimientos políticos críticos con el régimen: el movimiento obrero y los nacionalismos periféricos.
Los carlistas, derrotados en 1876, se dividieron entre quienes se oponían a participar en el juego político del régimen
y los que creyeron más conveniente formar un partido político y luchar dentro de la legalidad. El primer grupo, conocido como corriente integrista, se enfrentó al pretendiente
carlista y fue expulsado del partido. Dirigido por Ramón
Nocedal, se caracterizó por ser profundamente intransigente con el liberalismo. En el otro lado del espectro político,
los republicanos ejercieron una gran influencia en los
núcleos urbanos, pero siguieron padeciendo la división que
les caracterizó durante el Sexenio Democrático entre los
seguidores de Salmerón, los radicales de Ruiz Zorrilla y
los federales de Pi i Margall. Los republicanos posibilistas,
encabezados por Emilio Castelar, optaron por colaborar con
el partido de Sagasta.
El movimiento obrero fue cobrando fuerza a medida que se
aproximaba el fin de siglo. Estaba dividido en dos grandes
tendencias, el anarquismo y el socialismo. El anarquismo se
oponía a la participación política y se escindió en varios
grupos: los catalanes, los andaluces, los partidarios de los
sindicatos legales y quienes practicaban el terrorismo individual. Las actividades de estos últimos provocaron una
durísima represión en Andalucía a raíz de los atentados de
la Mano Negra, y también en Cataluña (atentados en el Teatro del Liceo de Barcelona en 1893 y durante la procesión
del Corpus Christi en 1896, también en la capital catalana).
En 1897, Cánovas fue asesinado por un anarquista italiano. En
cuanto al socialismo, en 1879 tuvo lugar el nacimiento del
PSOE y en 1888 se constituyó la UGT. Débil inicialmente,
el socialismo se fue afianzando en las zonas en que se estaba
produciendo una industrialización acelerada (País Vasco) y
en los grandes núcleos urbanos (Madrid).
En el caso de los nacionalismos periféricos, los dos principales focos fueron Cataluña y el País Vasco. Un factor que
explica el surgimiento de estos movimientos fue la existencia de movimientos culturales que impulsaron la recuperación de las lenguas vernáculas y las costumbres autóctonas
(Renaixença en Cataluña y Rexurdimento en Galicia). Otras
causas de su aparición fueron la impopularidad con que
eran vistos en algunas regiones el proceso de centralización
política y el nacionalismo español impulsados por los
gobiernos liberales, y la reacción frente a las transformaciones sociales y económicas provocadas por la industrialización de finales del siglo XIX. Los contextos variaron de una
región a otra. En Cataluña, que gozaba de un mayor desarrollo industrial, las élites burguesas defendían el proteccionismo y sus intereses como productoras frente a las
medidas liberales adoptadas por los gobiernos de Madrid;
además, exigían un mayor peso de Cataluña en la gobernación del Estado. En el País Vasco, se produjo una rapidísima
industrialización en el último cuarto del siglo XIX y una llegada masiva de inmigrantes; desde algunos sectores esto
se vivió como una amenaza a las costumbres e instituciones vascas, y se sumó al trauma provocado por la supresión
de los fueros tras la conclusión de la Tercera Guerra carlista
(1876). En Cataluña, la formación del Centre Catalá de Valentí
Almirall (1882) y la Unión Catalanista (1891), la publicación
de las Bases de Manresa (1892) y la constitución de la Lliga
Regionalista (1901) marcaron el largo proceso de formación
del catalanismo político. En el País Vasco, Sabino Arana fundó
el Bizkai Buru Batzar en 1895, origen del Partido Nacionalista
Vasco (PNV).
También aparecieron regionalismos en Galicia y Valencia.
El regionalismo gallego surgió como una reacción contra el
atraso y la marginación de la región. Sus teóricos más
importantes fueron Alfredo Brañas y Manuel Martínez Murguía. Reivindicaron la descentralización administrativa y el
uso de la lengua gallega sin llegar a crear un partido unificado. El regionalismo valenciano, también tardío, no solo
rechazó el centralismo del Estado español, sino también el
nacionalismo catalán, que consideraba a los valencianos
parte de la misma comunidad lingüística y cultural. La asociación cultural y política valencianista más importante fue
Lo Rat Penat (1878).
A finales de siglo el sistema atravesó una crisis profunda,
tanto por la presión creciente que ejercían estas nuevas
fuerzas políticas como por la pérdida de las últimas colonias españolas. El desastre del 98 provocó el surgimiento
del regeneracionismo, un movimiento intelectual y crítico
que rechazaba el sistema de la Restauración por considerarlo una lacra para el progreso político de España. La oposición, sin embargo, no logró rentabilizar la derrota y los partidos dinásticos asumieron algunas de las reivindicaciones
del regeneracionismo en los primeros años del reinado de
Alfonso XIII (1902-1931).
La Segunda República (1931-1939) es el primer ensayo de
democracia de masas en la historia de España. Su desarrollo
suele dividirse en tres fases: Bienio Reformista (abril de 1931septiembre de 1933), Bienio Radical-cedista (octubre de
1933-febrero de 1936) y etapa de Gobierno del Frente Popular (febrero-julio de 1936).
Durante el Bienio Reformista se aprobó una nueva Constitución (diciembre de 1931), que configuraba un régimen
democrático, parlamentario, laico y descentralizado, en el que
se recogía la función social de la propiedad, y se impulsó un
importante paquete de reformas que afectaron a todos los
aspectos de la vida española —agricultura, trabajo, educación, Ejército, cuestión religiosa, organización territorial—.
La línea política que, con apoyo de socialistas, republicanos
de centro-izquierda y nacionalistas, siguió Manuel Azaña
(octubre de 1931-septiembre 1933), sustituto del primer
presidente del Gobierno provisional, Niceto Alcalá-Zamora,
encontró fuertes resistencias por parte de grandes propietarios, patronos, algunos elementos del Ejército y de la Iglesia, además de por un amplio sector de la sociedad conservadora y católica. Este sector, apenas representado en las
Cortes Constituyentes surgidas de las elecciones de junio
de 1931, acogió con alarma algunos episodios que afectaron a las relaciones del Gobierno provisional con la Iglesia
(quema de conventos en mayo de 1931, expulsión del primado de España, el cardenal Pedro Segura, un mes después) y la dirección adoptada por el nuevo régimen en lo
referente a la cuestión religiosa (aprobación en octubre de
ese año de los artículos 26 y 27 de la Constitución, que establecían una tajante separación entre la Iglesia y el Estado,
además de la legislación específica aprobada posteriormente a lo largo del primer bienio). El Gobierno de Azaña
también se enfrentó a una fuerte oposición de los anarquistas, que protagonizaron varios movimientos insurreccionales en 1932 y 1933.
La oposición republicana conservadora se concentró en
torno al Partido Radical de Lerroux, después de que este
abandonara el ejecutivo en diciembre de 1931. A lo largo
de 1932 y 1933 también se fueron configurando diferentes
formaciones políticas de la derecha antiliberal. Algunas
eran enemigas del sistema republicano; otras mantuvieron
una posición ambigua.
Entre las primeras figuraban Renovación Española (monárquicos alfonsinos), fundada el 1 de marzo de 1933, y Comunión Tradicionalista (carlistas). En octubre de ese mismo
año, José Antonio Primo de Rivera fundó Falange Española,
una formación de corte fascista que en febrero de 1934 se
fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista
(JONS), formando FE de las JONS. La derecha católica, por su
parte, decidió luchar desde dentro del régimen. Se aglutinó
en torno a Acción Popular (1932), núcleo del que surgió la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),
constituida en marzo de 1933. La CEDA se convirtió en un
partido de masas de la derecha posibilista o accidentalista
(con respecto al tipo de régimen), que pretendía reformar la
Constitución sin abolir la República. Su líder, José María Gil
Robles, era partidario de un régimen corporativo y autoritario (no liberal) y del restablecimiento del poder de la Iglesia.
La CEDA contaba con una organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP), que se acercó al fascismo en
los meses previos a la Guerra Civil.
En septiembre de 1933, tras la caída de Azaña, formaron
gobierno los radicales y se convocaron elecciones para
noviembre, los primeros comicios en la historia de España
en los que las mujeres ejercieron su derecho al voto. A las
elecciones acudió una derecha antiliberal más organizada,
que se presentó en coalición (Unión de Derechas y Agrarios). La agrupación dominante era la CEDA, pero también
incluía a monárquicos alfonsinos, carlistas, independientes
agrarios y a José Antonio Primo de Rivera (Falange). Los
comicios dieron un triunfo cómodo a las candidaturas de
centro derecha, con predominio de la CEDA y del Partido
Radical. El PSOE se convirtió en la tercera fuerza política,
pero quedó aislado debido al hundimiento de los republicanos de centro-izquierda.
Comenzó así el Bienio Radical-cedista (noviembre de 1933febrero de 1936). El período se caracterizó por la dificultad
para formar gobiernos estables (se sucedieron diez gabinetes ministeriales en poco más de dos años), debido a que la
CEDA no se declaró republicana y se mostró ambigua con
respecto al futuro del régimen. Por ello, hasta octubre de
1934 los gobiernos tuvieron un claro predominio radical.
Generalmente, estuvieron presididos por Lerroux, y respaldados por los votos de la CEDA, a la que se hicieron todo
tipo de concesiones. Además, los radicales tuvieron que
enfrentarse a su propia división interna, que había provocado la alianza con los cedistas. Diego Martínez Barrio, descontento con la derechización de Lerroux, retiró su confianza a este último; posteriormente formaría un nuevo partido
político, la Unión Republicana.
El objetivo de los Gobiernos de este bienio fue frenar o anular las medidas adoptadas durante los dos años anteriores.
La reforma agraria se paralizó casi por completo a partir de
1934, y la legislación laboral para el medio rural del socialista Largo Caballero fue suspendida o anulada. Los sindicatos
agrarios de la UGT organizaron una huelga general en junio
de 1934, pero fue un fracaso. El Gobierno aprovechó para
ejercer una brutal represión y desmantelar las organizaciones obreras en las zonas rurales.
También se suspendió el desarrollo autonómico. No se
transfirieron más competencias a la Generalitat, y cuando
esta aprobó una Ley de Contratos de Cultivo (1934), que
permitía el acceso a la propiedad, previo pago por parte de
los arrendatarios (los rabassaires), fue declarada inconstitucional. Los estatutos vasco y gallego no se tramitaron, lo
que sirvió para acercar las posturas del PNV (a pesar de su
catolicismo militante) y del Partido Galleguista a las de los
socialistas y republicanos de izquierda. Por otra parte, se
produjo una parálisis legislativa. Los intentos de emprender
nuevas reformas, como la del democristiano Manuel Giménez Fernández, sobre el campo, o la del liberal Joaquín Chapaprieta, sobre los impuestos, naufragaron por falta de apoyo. La mayoría parlamentaria de derechas impidió que
estos proyectos prosperaran. Tampoco se llegó a un acuerdo para revisar la Constitución ni se optó por una solución
autoritaria. No se produjo, en definitiva, una alternativa a la
política reformista del primer bienio.
En octubre de 1934 se produjo la entrada de tres ministros
de la CEDA en el Gobierno, lo que fue interpretado por los
socialistas como una entrega de la República a manos de
sus enemigos. El acontecimiento fue el detonante para el
estallido de una revolución que llevaba tiempo preparándose. El movimiento insurreccional contó con el apoyo de
la Generalitat, del PCE y de la CNT (esta última solo en Asturias) y se redujo a una huelga general política en las grandes ciudades. En algunos casos, el conflicto se prolongó
hasta una semana y se produjeron conatos de insurrección
armada de las milicias socialistas. Companys, por su parte,
proclamó el «estado catalán dentro de la República federal
española», pero no armó a los revolucionarios. Como consecuencia, se suspendió la autonomía de Cataluña y Companys fue encarcelado junto con los miembros de su
En Asturias, sin embargo, se produjo una revolución social.
Los mineros se adueñaron de la región durante dos semanas, colectivizaron los medios de producción y llegaron a
abolir el dinero. La región tuvo que ser literalmente conquistada por el Ejército, dirigido por el general Franco, al
que se incorporaron tropas coloniales (españolas e indígenas) de Marruecos.
La represión fue durísima. El episodio abrió una profunda
brecha en la sociedad española. La derecha antiliberal percibió estos hechos como la confirmación de que el movimiento obrero preparaba una revolución a la que los republicanos burgueses, demasiado débiles, no podían hacer
frente. Como, además, los partidos centristas republicanos
se negaron a ejercer la represión implacable que exigía la
CEDA, esta reafirmó su convicción de que la única salvación
estaba en el Ejército. La Iglesia interpretó el movimiento
asturiano como una insurrección anticatólica, ya que en ella
murieron más de treinta religiosos.
La indignación que provocó la represión y las voces que
solicitaban amnistía contribuyeron considerablemente a
acercar las posturas de las formaciones de centro-izquierda
(Izquierda Republicana, Unión Republicana). Azaña, convertido en un mártir político por la persecución de que había
sido objeto por parte del Gobierno, encabezó a lo largo de
1935 la reacción de los partidarios del régimen republicano.
En los últimos meses de ese año, se produjo el hundimiento
de los radicales, provocado por una serie de escándalos de
corrupción (straperlo, asunto Nombela). Ante esta situación,
Gil Robles exigió todos los poderes, y Alcalá-Zamora se
negó a dárselos; fue imposible constituir gabinetes que
duraran más de un trimestre. Finalmente, se encomendó
la formación de Gobierno a Manuel Portela Valladares
(diciembre de 1935). Las Cortes fueron disueltas y se convocaron elecciones para febrero de 1936.
En enero de 1936 se firmó el pacto del Frente Popular, suscrito por un amplio abanico de fuerzas de centro-izquierda
e izquierda: Izquierda Republicana, Unión Republicana,
PSOE, UGT, PCE, POUM y los sindicalistas contrarios a la FAI,
liderados por Ángel Pestaña. Aunque el nombre de Frente
Popular no aparecía en su programa fue adoptado por una
experiencia similar realizada en Francia y respondía a las
directrices marcadas en 1935 por la Internacional Comunista, en las que se recomendaba la formación de alianzas tácticas del movimiento obrero con la burguesía para combatir al fascismo.
El Frente Popular constituyó una plataforma electoral con
un programa mínimo y poco revolucionario: amnistía para
los represaliados por los sucesos de la Revolución de octubre de 1934, restablecimiento de la Constitución de 1931,
recuperación de la legislación del primer bienio y aceleración de las reformas agraria y educativa. En Cataluña, se
creó una formación similar, el Front d’Esquerres, liderada
por Esquerra Republicana y compuesta por organizaciones
nacionalistas, republicanas y obreras catalanas.
Los partidos de derecha se presentaron a las elecciones
divididos, lo que facilitó la victoria a los candidatos del Frente Popular, que obtuvieron más del 40 % de los votos en la
mayoría de las ciudades importantes. El partido que obtuvo
más diputados fue el PSOE, seguido por la CEDA e Izquierda
Republicana. El PCE consiguió quince escaños. El Partido
Radical, desacreditado tras su etapa de Gobierno, obtuvo
muy pocos diputados.
El impacto de esta victoria fue considerable, al igual que las
demostraciones masivas de júbilo popular. El traspaso de
poderes se produjo en medio de una gran tensión —Gil
Robles, Calvo Sotelo y Franco intentaron que el Gobierno
invalidara los resultados y declarara el estado de guerra— y
se hizo de forma precipitada. Azaña formó un gobierno
exclusivamente republicano; el PSOE, dividido entre su facción reformista, encabezada por Prieto, y el ala revolucionaria de Largo Caballero, no participó en el Gobierno.
En los meses siguientes, aumentó la conflictividad social. El
movimiento sindical lanzó una ofensiva —ocupaciones de
tierras, oleada huelguística en Madrid en mayo-julio— y se
desató una espiral de violencia protagonizada por los pistoleros falangistas y las milicias armadas izquierdistas. En
mayo las Cortes destituyeron al presidente de la República,
Niceto Alcalá-Zamora; le sustituyó Manuel Azaña, mientras
Santiago Casares Quiroga asumía la jefatura del Gobierno.
El 12 de julio fue asesinado el teniente de la Guardia de
Asalto José Castillo. Al día siguiente, compañeros de Castillo
secuestraron y asesinaron a José Calvo Sotelo, líder de la
extrema derecha. Cuatro días después, un sector del ejército dio un golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil
 El texto corresponde al bando emitido en Móstoles el 2
de mayo de 1808 llamando a la resistencia contra los
franceses tras tenerse noticia de que se había producido
una sublevación en Madrid ese mismo día. Pese a estar
redactado en primera persona del singular, el bando fue
firmado por los dos alcaldes de la localidad: Andrés
Torrejón, por el estamento nobiliario, y Simón Hernández, por el de los pecheros. Sus puntos principales son:
쐌 En su calidad de alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón
se dirige a los Justicias de otros pueblos, a quienes se
hace su llamamiento, sin especificar un destinatario
concreto y sin referirse a ninguna instancia de poder
쐌 Al tomar por la fuerza el control en Madrid y secuestrar al rey, los franceses han puesto al descubierto sus
verdaderas intenciones, ocultas hasta ese momento
por la falsa amistad: someter al pueblo español.
쐌 Ante tal situación de emergencia, y apelando al rey, a
la patria y a la lealtad y valentía del pueblo español,
se hace un llamamiento a la resistencia armada para
«escarmentar tanta perfidia» y acudir en socorro de
 El 2 de mayo de 1808 los alcaldes de Móstoles, una localidad situada al suroeste de Madrid, emitieron este bando llamando a la resistencia armada tras recibir la noticia de la sublevación del pueblo madrileño contra los
franceses, que había tenido lugar ese mismo día y supuso
el inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1814).
Se trata de una fuente histórica primaria de carácter
político. Firmaron el llamamiento los alcaldes de Móstoles, Andrés Torrejón (por el estamento de los nobles) y
Simón Hernández (por el de los pecheros, es decir, el
pueblo llano, que pagaba impuestos), aunque fue redactado por Juan Pérez Villamil y Paredes, auditor general y
secretario del Almirantazgo. Se hicieron dos versiones
del bando: una más corta («La Patria está en peligro.
Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles,
acudid a salvarla.»), destinada a ser expuesta en los
caminos, y otra más elaborada, analizada aquí, dirigida a
los alcaldes de los pueblos de Extremadura y Andalucía.
Se trata de la primera reacción ante la rebelión espontánea y popular del pueblo de Madrid contra la presencia
francesa, que se extendió por toda España durante el
mes de mayo, y podría decirse que es un reflejo del pensamiento de quienes participaron en ella.
El planteamiento político expuesto en el bando es sencillo
y contundente. Se sustenta en la conciencia que tienen
los autores y sus destinatarios de su condición de españoles y, como tales, de su lealtad al rey (Fernando VII) y a
la patria. Consecuencia de ello es la obligación de defenderlos por las armas de enemigos extranjeros. No se dan
argumentaciones políticas sofisticadas sobre las razones
de la guerra, sino que se sitúa a esta en términos de
lucha entre el bien (en posesión del pueblo español, leal
y valiente) y el mal (cuyo portador es el pérfido invasor
francés), y de reparación de la injusticia («escarmentar
tanta perfidia»). El texto es, por tanto, producto de una
reacción de urgencia frente a la sublevación que acababa
de producirse en Madrid.
La sublevación del dos de mayo estalló cuando Napoleón
estaba a punto de cerrar el cerco al que durante meses
había sometido a Godoy y a Carlos IV. En virtud de la
alianza entre Francia y España, el ejército francés penetró en 1807 en la Península con el pretexto de tomar
parte en la guerra con Portugal; meses después, quedó
claro que Napoleón, además, pretendía acabar con la
dinastía de los Borbones. El 23 de marzo de 1808 las tropas francesas entraron en Madrid, donde fueron bien
recibidas. Cuatro días antes, como consecuencia de la
conspiración de Aranjuez, Carlos IV había cedido el trono a su hijo Fernando VII, pero al retractarse de su decisión provocó una crisis dinástica en la que los franceses
intervinieron con la intención de imponer su propio
candidato. En abril, Fernando VII partió hacia Bayona
(Francia) para, con el arbitraje de Napoleón, solucionar el
conflicto que le enfrentaba a su padre. En lugar de eso,
el emperador francés obtuvo la renuncia al trono de
ambos (abdicaciones de Bayona, 5 y 6 de mayo). Antes
de partir, Fernando VII había nombrado una Junta
Suprema de Gobierno con la misión de gobernar en su
nombre. A lo largo del mes de abril, en Madrid se registraron constantes incidentes entre la población y las tropas francesas, que se habían convertido en el auténtico
poder político. El 2 de mayo, a la noticia de la salida de la
familia real y el rumor de que los franceses iban a deponer al rey, siguió una sublevación de las clases populares
madrileñas, que combatieron a los franceses en la Puerta
del Sol. En los enfrentamientos también participaron
soldados españoles, entre ellos los oficiales de Artillería
del cuartel de Monteleón. Las tropas de Napoleón llevaron a cabo una dura represión y fusilaron a un elevado
número de personas en las afueras de la ciudad. El eco
de la revuelta y la noticia de las abdicaciones de los
reyes (5 y 6 de mayo) recorrieron todos los rincones de
la Península y provocaron el inicio de la guerra. La primera reacción fue la de los alcaldes de Móstoles.
En el bando no se cita autoridad alguna que medie
entre los alcaldes y las altas instancias de la patria y el
rey, lo que es una muestra del vacío de poder existente
en España en aquel momento, aunque aún no se habían
producido las abdicaciones de Bayona. La Junta Suprema
de Gobierno nombrada por Fernando VII estaba a merced de las fuerzas francesas y quedó completamente
desacreditada tras los sucesos del 2 de mayo. Esto explica
el surgimiento en las semanas posteriores de instancias
de poder espontáneas, las juntas, compuestas por notables locales, las únicas referencias de autoridad existentes en aquel momento, y elegidas por el pueblo. Estas
juntas fueron el germen de un proceso revolucionario
que desembocó en la primera experiencia de poder
liberal en España, durante las Cortes de Cádiz, que se
celebraron entre 1810 y 1813.
Como conclusión, el bando de los alcaldes de Móstoles
refleja uno de los rasgos dominantes en la Guerra de la
Independencia, el espíritu de resistencia de las capas
populares españolas frente a los invasores franceses,
que explica factores importantes en el desarrollo del
conflicto, como la dura resistencia que ofrecieron algunas ciudades frente a las tropas napoleónicas (Gerona,
Zaragoza) y el surgimiento de la guerrilla.
 Tras la Guerra de la Convención (1793-1795), la monarquía española retornó a la alianza con Francia. Este acercamiento, promovido por Godoy, se plasmó en los tratados de san Ildefonso, firmados en 1796 y 1800, que
convirtieron a España en un satélite del estado francés.
También debilitaron su posición, ya que provocaron el
bloqueo marítimo por parte de los británicos (1796) y
condujeron a la batalla de Trafalgar (1805), en la que la
flota hispanofrancesa fue aniquilada. En 1807, Napoleón
decidió la invasión de Portugal, aliado del Reino Unido,
para lo que firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau,
que permitía al emperador francés utilizar España como
territorio de paso y situar sus tropas en lugares estratégicos de la Península. Pero el objetivo de Napoleón no
solo era Portugal, sino el trono español, y desde la posición de fuerza alcanzada aprovechó la crisis dinástica
que provocó la abdicación de Carlos IV y el acceso al trono de Fernando VII (conspiración de Aranjuez, marzo de
1808) para desplazar a ambos e imponer su candidato:
su hermano, José Bonaparte. Con esta maniobra, el
emperador francés pretendía conseguir un control más
férreo de la Península Ibérica en su política de bloqueo
continental, dirigida contra el Reino Unido, y eliminar
una rama de los Borbones —que podía ser utilizada por
los legitimistas franceses— en beneficio de la dinastía
que él mismo estaba formando con los miembros de su
propia familia. Napoleón alcanzó sus objetivos, pero al
hacerlo provocó la oleada de sublevaciones de mayo de
1808 y el inicio de la Guerra de la Independencia.
 La Guerra de la Independencia enfrentó a España y
Francia entre 1808 y 1814. Fue provocada por la ocupación militar de la Península Ibérica por parte de los ejércitos de Napoleón para imponer por la fuerza a José I,
hermano del emperador, como nuevo rey español frente a
Fernando VII. La pretensión francesa provocó la insurrección del 2 de mayo de 1808 en Madrid, a la que siguió
una oleada de rebeliones en todo el reino que marcaron
el inicio del conflicto.
Desde un punto de vista político, la Guerra de la Independencia enfrentó al monarca impuesto por Napoleón,
José I —quien, con el apoyo de los afrancesados, trató
de establecer un régimen autoritario en el que se reconocían algunos derechos individuales y libertades económicas—, contra unas instituciones (juntas) que no acataban la autoridad del nuevo monarca, sino que se
mostraban partidarias de Fernando VII. Estas instituciones
habían surgido como consecuencia del vacío de poder
provocado por la ausencia del monarca y su legitimidad
residía en la rebelión popular de mayo. Las juntas se organizaron en juntas supremas provinciales y, más adelante,
en una Junta Suprema Central (septiembre de 1808). Posteriormente, se convocaron las Cortes en Cádiz (18101813). Con las medidas aprobadas en dichas Cortes se
implantó el primer régimen de corte liberal en España.
Desde la perspectiva militar, tres factores resultaron decisivos en el desarrollo de la guerra: la presencia de un
contingente militar británico, dirigido por el duque de
Wellington, que operó desde Portugal en coordinación
con las fuerzas españolas; el surgimiento de las guerrillas,
formaciones armadas irregulares que hostigaron a las
tropas francesas y obstaculizaron sus líneas de comunicación; y la situación bélica en el resto del continente,
especialmente desde 1812 con el inicio de la campaña
de Rusia, que obligó a Napoleón a retraer recursos de la
Península. La guerra se desarrolló en tres etapas:
쐌 Mayo-octubre de 1808. En este período el ejército
francés fue incapaz de dominar la Península. Numerosas ciudades (Zaragoza, Gerona) se rebelaron y fueron
sitiadas. Las tropas francesas que invadían Andalucía
sufrieron una aplastante derrota en Bailén (Jaén, julio
de 1808) y las destacadas en Portugal se rindieron
frente a los británicos. Estas derrotas obligaron a los
invasores a replegarse hacia el País Vasco.
쐌 Octubre de 1808-julio de 1812. Inmediatamente se
produjo la reacción francesa, pese a lo cual se mantuvieron importantes centros de resistencia; los más
importantes fueron Lisboa y Cádiz. Durante esta etapa se incrementó la actividad de las guerrillas.
쐌 Julio de 1812-1814. En esta fase tuvo lugar una gran
ofensiva de los aliados, que culminó con la expulsión
del suelo peninsular de las tropas francesas. Fueron
decisivas las batallas de Arapiles (Salamanca, julio de
1812), Vitoria (1813) y San Marcial (Guipúzcoa, 1813).
El 11 de diciembre de 1813 tuvo lugar la firma del Tratado de Valençay, por el cual Napoleón reconoció a
Fernando VII como rey de España. En 1814 los últimos
soldados franceses abandonaban la Península.
쐌 Numerosas pérdidas demográficas. Se calcula que
murieron unos 200 000 franceses y unos 500 000 españoles. A las muertes ocasionadas por los enfrentamientos armados hay que sumar las producidas por las
represalias, la dureza de la vida diaria durante el conflicto (hambruna en Madrid en 1812) y las epidemias
(tifus, cólera, fiebre amarilla…), cuya difusión se vio
facilitada por la situación de guerra.
쐌 Grandes pérdidas materiales: edificios destruidos,
especialmente, en las ciudades sitiadas como Zaragoza y Gerona o bombardeadas, como San Sebastián;
campos arrasados y cosechas perdidas por los episodios bélicos y los saqueos de ambos bandos; talleres
paralizados por la falta de materias primas y operarios
(que luchaban en la contienda)…
쐌 Difusión de nuevas formas de lucha como la guerrilla,
que sería empleada en conflictos posteriores, como la
Guerra de Secesión Americana y la Segunda Guerra
쐌 Fin del entramado institucional del Antiguo Régimen
en España, por obra de las Cortes de Cádiz, aunque a su
regreso Fernando VII intentó restablecer la situación
anterior a 1812, anulando todas las disposiciones de las
Cortes gaditanas y reinstaurando un régimen de corte
absolutista (decreto del 4 de mayo de 1814).
 Los puntos principales de la resolución sometida al IV
Congreso del Movimiento Europeo de Múnich (celebrado los días 7 y 8 de junio de 1962) por los delegados
españoles son los siguientes:
쐌 Es requisito indispensable para la integración en
Europa, en cualquiera de sus modalidades (asociación
o adhesión), que los países aspirantes se rijan por instituciones democráticas.
쐌 Los criterios que se toman como referencia para definir un Estado como democrático proceden de la Convención Europea de los Derechos del Hombre y de
la Carta Social Europea, aprobadas bajo los auspicios
del Consejo de Europa en 1950 y 1961 respectivamente. La primera, una réplica de la Declaración emitida
por la ONU en 1948, protege los derechos humanos y
las libertades fundamentales; la segunda traslada
esos derechos al ámbito del trabajo.
쐌 España no cumple los requisitos indicados en el punto anterior. Para que así sea debe instaurarse en ella
un régimen democrático y representativo en el que
se garanticen los derechos de la persona humana
(libertad personal y de expresión, supresión de la censura) y el ejercicio de las libertades sindicales (incluido el derecho de huelga), y se reconozcan los derechos de la oposición (legalización de los partidos
políticos y otras corrientes de opinión).
쐌 Por tanto, España no debería «ingresar en Europa»
mientras se mantenga vigente el régimen de Franco.
Se deduce de lo expuesto que los firmantes de la resolución se oponen al sistema político surgido de la
sublevación militar del 18 de julio de 1936 y defienden la instauración de una forma de gobierno democrática y de respeto a los derechos humanos en España.
 El texto, una fuente primaria de carácter histórico-político, es parte de la resolución presentada por la delegación española que asistió al IV Congreso del Movimiento
Europeo celebrado en Múnich los días 7 y 8 de junio de
1962. Dicha delegación estaba integrada por una amplia
representación de los partidos democráticos que en
esa época se oponían al régimen de Franco: monárquicos, democratacristianos, republicanos, socialdemócratas, socialistas y nacionalistas vascos y catalanes; el PCE
no acudió a la reunión. Meses antes de la celebración
del Congreso, el régimen de Franco había solicitado a
la CEE el inicio de conversaciones de asociación. Para la
oposición al franquismo, el Congreso constituía una
excelente oportunidad de presentar un frente unido y
denunciar la naturaleza autoritaria del régimen franquista —que había logrado un cierto grado de aceptación internacional en la década de 1950— en uno de los
foros desde los que se estaba impulsando el proceso de
integración europea sobre bases democráticas.
En el texto convergen las trayectorias históricas del
europeísmo, de parte de la oposición democrática al
franquismo y del propio régimen del 18 de julio. El Movimiento Europeo surgió en Europa tras la celebración del
Congreso de La Haya (1948) y fue consecuencia de las
iniciativas de diferentes personalidades —entre las que
desempeñó un papel relevante Winston Churchill—
para impulsar un proceso de integración política que
impidiese la repetición en el Viejo Continente de episodios catastróficos como las dos guerras mundiales. El
primer gran logro del Movimiento Europeo fue la constitución del Consejo de Europa (1949) —que aprobó
la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la
Carta Social Europea, a las que se acogen los delegados
españoles en su resolución, y que no fueron aprobadas
en España hasta la instauración de la democracia—. En
los años siguientes, prosiguió el proceso de construcción europea. Uno de sus frutos fue la firma de los Tratados de Roma, por los que se constituyó la Comunidad
Económica Europea (CEE, 1957).
En 1949 se constituyó en el exilio un Consejo Federal
Español del Movimiento Europeo encabezado por Salvador de Madariaga. En el interior de España, también
surgieron grupos europeístas. Uno de ellos fue la Asociación Española de Cooperación Europea (AECE), dirigida por José María Gil Robles. Precisamente Madariaga
(republicano) y Gil Robles (monárquico juanista) fueron
las personalidades más importantes de la delegación
española presente en el IV Congreso del Movimiento
Europeo. La participación de ambos, además de la
amplitud de la representación y del hecho de que los
reunidos procediesen tanto del exilio como del interior,
fue interpretada por los asistentes como un signo de
reconciliación entre quienes habían participado en bandos opuestos en la Guerra Civil y se oponían al régimen
del 18 de julio desde diferentes posiciones. Hasta ese
momento, la actividad de la oposición democrática al
franquismo se había caracterizado por la debilidad y la
división. Los republicanos en el exilio, muy desunidos,
habían intentado mantener ciertas instituciones republicanas, que se fueron debilitando progresivamente.
Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, reivindicaba la
transición hacia una monarquía constitucional, aunque
acordó con Franco que su hijo Juan Carlos fuese educado en España bajo los principios del Movimiento, lo cual
implicaba que se convertiría en sucesor del propio Franco. En las reuniones previas a la aprobación de la resolución presentada en el IV Congreso del Movimiento Europeo, se obviaron las diferencias sobre el tipo de régimen
que debería implantarse en España (monarquía o república) y se puso el acento en las coincidencias, que se
basaban, como se aprecia en el texto, en el apoyo al proceso de integración europea sobre bases democráticas
y de respeto a los derechos humanos, y en la necesidad
de instaurar en España un sistema político de estas
características (instituciones auténticamente democráticas, garantía de los derechos de la persona humana,
reconocimiento de las libertades sindicales y del derecho de huelga, legalización de los partidos políticos).
El régimen de Franco, por su parte, había logrado normalizar, en cierta medida, sus relaciones diplomáticas a
lo largo de la década de 1950. El proceso se inició en
1953 con la firma de un Concordato con la Santa Sede y
una serie de pactos militares con Estados Unidos. Dos
años después, España fue admitida en la ONU y en 1958
ingresó en diferentes organizaciones económicas internacionales (Organización Europea de Cooperación Económica, OECE; Fondo Monetario Internacional, FMI). En
1960 se designó el primer embajador en la CEE y a principios de 1962 el Gobierno español solicitó el inicio de
conversaciones de asociación con esta organización.
Ante la iniciativa de los delegados españoles en el IV
Congreso del Movimiento Europeo, los representantes
de Franco presionaron con éxito para que la resolución
no fuese recogida por la Mesa de la Asamblea. Finalmente, la resolución fue leída y refrendada simbólicamente
con aplausos, pero no fue incluida en las conclusiones
del Congreso. Se trataba de un mero gesto de simpatía.
La diplomacia franquista, por tanto, logró neutralizar en
buena medida el efecto político de la resolución.
La reunión de Múnich es uno de los primeros episodios
de oposición al franquismo en la década de 1960. Sin
embargo, no tuvo consecuencias importantes en la evolución política del régimen de Franco, aunque sí provocó
un ajuste en la correlación de fuerzas entre los partidarios
del inmovilismo (falangistas) y quienes favorecían una
línea más aperturista. Tampoco influyó en el desarrollo
de la oposición al régimen en el interior de España, ya
que esta transcurrió por otros cauces, en torno a los
movimientos obrero y estudiantil y con una fuerte presencia de los comunistas y las organizaciones sindicales.
La reacción del Gobierno de Franco, reprimiendo a los
participantes y despreciando la iniciativa, perjudicó
a sus propios intereses y retrasó el inicio de las conversaciones con la CEE.
 La razón fundamental por la que el franquismo no pudo
lograr que España se integrara en la CEE fue que se trataba de un régimen dictatorial, que incumplía los principios en los que se inspiraba la construcción europea. La
reacción represiva del Gobierno de Franco contra los
asistentes al IV Congreso del Movimiento Europeo que
pertenecían a la oposición del interior, a quienes encarceló o confinó en Canarias, supuso un freno en el intento de aproximación a Europa emprendida por el franquismo al solicitar el inicio de conversaciones de
asociación a principios de 1962. El Gobierno español
requirió sin resultado a la CEE en otras dos ocasiones el
inicio de las negociaciones. Finalmente, la CEE accedió
en 1964 a abrir conversaciones exploratorias que condujeron a la firma de un acuerdo preferencial —no de
asociación como se había solicitado—, que entró en
vigor en 1970 y se redujo a una serie de concesiones
arancelarias en productos manufacturados. Las ventajas
obtenidas en agricultura fueron simbólicas. Desde
entonces, las relaciones con la CEE quedaron congeladas hasta la instauración de la democracia en España.
 En 1962 habían tenido lugar una serie de huelgas en el
campo andaluz y en el sector minero asturiano que obligaron a las autoridades a realizar algunas concesiones
(subida del salario mínimo). A ello se sumó, en junio, la
resolución de la delegación española en el IV Congreso
del Movimiento Europeo celebrado en Múnich. El hecho
de que estuviese apoyada por un amplio abanico de
fuerzas políticas moderadas y aceptadas en Europa, además de afectar a la posición diplomática del régimen,
podía llegar a erosionar el apoyo de las clases medias
al franquismo. Debido a esto, la reacción del Gobierno
de Franco no se hizo esperar. Impulsó una campaña de
prensa en la que se calificó la reunión de Múnich de «contubernio» y convocó manifestaciones de reafirmación y
repulsa a las injerencias extranjeras. Además, suspendió
el artículo 14 del Fuero de los Españoles, que reconocía
el derecho de los ciudadanos a fijar su residencia en
territorio nacional, y encarceló o deportó a Canarias a
los participantes en el Congreso que regresaron a España. Sin embargo, Franco se dio cuenta inmediatamente
de que la reacción del Gobierno ante la reunión de
Múnich había perjudicado su política de apertura al
exterior, de gran importancia para él y su régimen. Por
esta razón, un mes después de la celebración del IV Congreso del Movimiento Europeo, el 10 de julio, Franco
remodeló su Gobierno. Reforzó a los tecnócratas y prescindió del responsable de la campaña periodística desatada contra el encuentro de Múnich, el falangista Gabriel
Arias-Salgado, ministro de Información y Turismo; y lo
sustituyó por Manuel Fraga. El cambio de Gobierno fue
presentado como un paso hacia la democratización y la
integración europea; de esta forma, se intentaba neutralizar los posibles efectos del «contubernio» en el interior
de España, prácticamente nulos, y corregir de cara a
Europa el daño provocado por la primera reacción del
8. Manifiesto del Frente Popular Los partidos republicanos Izquierda
ULTRANACIONALISTAS temas
+ Fundación Partido Liberal. 16 de julio de 1848.
el costo de los partidos minoritarios en el congreso del estado de

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 

resolución 
 artículo 14