Source: https://forocsyj.com/2020/04/16/coronavirus-y-derecho-xvi-la-medida-de-necesidad-relativa-a-la-suspension-de-los-plazos-administrativos/
Timestamp: 2020-08-15 04:06:54+00:00

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Coronavirus y Derecho (XVI): la medida de necesidad relativa a la suspensión de los plazos administrativos – Foro de Investigación CSYJ
La medida adoptada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en relación con las reglas procedimentales en esta situación de excepción, ha sido, precisamente, esta última; esto es, el acuerdo de suspensión automática de todos los plazos en los procedimientos administrativos (como se suspenden también los plazos procesales en el ámbito de la Administración de Justicia y los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones ejecutables ante las Administraciones públicas). En concreto, las previsiones sobre suspensión de plazos administrativos, que son en las que nos vamos a centrar en esta entrega, se recogen en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, rubricada “Suspensión de plazos administrativos”; disposición que ha sido modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que procede a dar una nueva redacción al apartado 4 y añade dos apartados nuevos –el 5 y el 6-.
1ª) Que se trate de procedimientos “estrechamente vinculados” con el estado de alarma. Esto es, no se aplicará la suspensión de plazos a todos aquellos procedimientos dirigidos a adoptar medidas vinculadas con la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en congruencia con la finalidad del Real Decreto 463/2020. En este sentido, en materia de contratación pública el art. 16.2 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas para responder al impacto económico del COVID-19 (según la redacción dada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo), prevé que “todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”, prevista en la Ley de Contratos del Sector Público (art. 121 de la Ley 19/2017, de 8 de noviembre).
2ª) Cuando se trate de procedimientos indispensables para proteger el interés general. Un ejemplo de en qué procedimientos puede concurrir ese interés general cuya protección requiere que no se suspendan los plazos administrativos nos lo ofrece la Resolución de 20 de marzo, de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto (BOE núm. 78, de 21 de marzo de 2020). Esta Resolución acuerda la reanudación de “todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha”.
3ª) Cuando se trate de procedimientos indispensables para el funcionamiento básico de los servicios públicos. De tal manera que todas aquellas licitaciones de las entidades del sector público que tengan por fin asegurar la normal prestación de los servicios básicos que necesitan los ciudadanos se desarrollan en el tiempo y forma legalmente previsto.
C) Quedan exceptuadas, en todo caso, de las reglas de la suspensión de plazos administrativos dos ámbitos concretos: la Seguridad Social (no siendo de aplicación estas reglas a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización –apartado 5 de la disposición adicional tercera-); y la administración de Hacienda (“no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias” -apartado 6 de la disposición adicional tercera-).
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