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Timestamp: 2017-04-29 12:31:16+00:00

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09.1 Convenio 002 Alianza Veeduria Civisol y Carta de Solicitud
ScribdBrowseInterestsCareer & MoneyPersonal GrowthPolitics & Current AffairsScience & TechHealth & FitnessLifestyleEntertainmentBiographies & HistoryFictionBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin09.1 Convenio 002 Alianza Veeduria Civisol y Carta de SolicitudUploaded by CIVISOL : Fundación para el Cambio Sistémico0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCONVENIO DE COOPERACIÓN N o002 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA VEEDURÍA
DISTRITAL Y CIVISOL
Entre los suscritos, ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO, mayor de edad, vecina de esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía 51.994.622 de Bogotá, quien obra en nombre y representación de la VEEDURÍA DISTRITAL, en su condición de Veedora Distrital nombrada mediante el Decreto Distrital No. 065 de 2012, posesionada según Acta No. 040 de 17 de febrero de 2012 y debidamente facultada para contratar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4°., literal I, del Acuerdo 24 de 1993, quien para efectos del presente convenio se denominará LA VEEDURÍA, por una parte; y por la otra, ADRIANA RUIZ RESTREPO, mayor de edad, vecina de Cali e identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.836.163 de Cali, obrando en su condición de representante legal de la Fundación CIVISOL, entidad privada, sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número S0033256 del 18 de Noviembre de 2008, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá e identificada con el NIT 90252075-8, quien para efectos del presente convenio se denominará CIVISOL, hemos acordado suscribir el presente convenio de cooperación, previas las siguientes consideraciones: a) Que el artículo 118 del Estatuto Orgánico de Bogotá, Decreto Ley 1421 de1993 establece: "En el Distrito habrá una Veeduría Distrital, encargada de apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigilancia de la moral pública en la gestión administrativa, asi como a los funcionarios de control interno. Sin perjuicio de las funciones que la Constitución y las leyes asignan a otros organismos o entidades, la Veeduría verificará que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes, controlará que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes y pedirá a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanarlas irregularidades y deficiencias que encuentre." b) Que de acuerdo con el literal a) del Artículo 14 del Acuerdo 24 de 1993 corresponde a LA VEEDURÍA promover la organización comunitaria para ejercer el seguimiento, evaluación y control de diseño y ejecución de las políticas públicas y de los planes y programas que ejecute la administración, mediante la capacitación a los ciudadanos y el fortalecimiento de los escenarios y organizaciones ciudadanas, para el control social; c) Que el Plan de Desarrollo 2012-2016 Bogotá Humana, adoptado mediante Acuerdo Distrital 489 de 2012, contempla: Eje 1: "Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones", el cual tiene como propósito reducir las condiciones, económicas sociales y culturales que están en la base de la segregación económica, social, espacial y cultural de la ciudadanía bogotana, que contribuyen a la persistencia de las condiciones de desigualdad o que dan lugar a procesos de discriminación, d) Que en el Eje 3 del Plan, denominado "Una Bogotá que defiende y fortalece lo público", contempla como uno de los objetivos fundamentales, e de Recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del distrito capital. Combatir la corrupción a través de un trabajo coordinado y transparente entre instituciones y ciudadanía, fomentando la ética pública, promoviendo el control preventivo, la eficiencia en la gestión pública, ejercicios de control social, de rendición de cuentas, de conformación de veedurías ciudadanas, de pactos éticos entre la administración pública y el sector privado implementando mecanismos de comunicación e información, de supervisión a la contratación pública y su ejecución y seguimiento a la gestión de la administración pública. A su
CONVENIO DE COOPERACIÓN N o
002 DE 2012 SUSCRITO ENTRE LA VEEDURÍA
turno, el Artículo 38 del Plan contempla el Programa, Bogotá Transparente: Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente, con el objetivo de promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción con el de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público, donde el gobierno distrital, los entes de control, los servidores públicos, los contratistas, los interventores, el sector privado, las organizaciones sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, apliquen normas, cambios institucionales y comportamientos que favorezcan la probidad, la calidad de la gestión, la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad, e) Que la Veeduría Distrital formuló el Proyecto737 "Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo", que tiene dentro de sus metas, la de implementar 7 alianzas público privadas para el control social a la gestión pública, con el fin de articular, gremios, fundaciones, entidades públicas y privadas, academia, al ejercicio del control social, para contribuir a al mejoramiento de la transparencia y la probidad en la gestión pública distrital, f) Que CIVISOL es una entidad sin ánimo de lucro que busca el cambio sistémico, de-abajo-hacia-arriba, es decir, desde el civismo y la solidaridad de los ciudadanos hacia sus instituciones g) Que esta entidad cuenta con reconocida experiencia e idoneidad relacionada con la inclusión de los recicladores en los sistemas y servicios públicos de aseo, h) Que la representante legal de CIVISOL presentó a la VEEDURÍA, una propuesta de Alianza, la cual forma parte del presente, i) Que analizada la propuesta, LA VEEDURÍA consideró que se ajusta a los objetivos y metas propuestas en el Plan de Desarrollo, y a los fines de la Veeduría y de la ciudadanía, razón por la cual resulta pertinente la celebración de esta Alianza mediante la suscripción del presente este convenio, tendiente a compartir conocimiento sobre estas áreas, como parte de las alianzas estratégicas que la entidad desarrollará con esta organización y otros expertos, de tal forma que le permita contar con herramientas suficientes para ejercer una adecuada vigilancia y acompañamiento en la formulación y ejecución de la política pública de Bogotá en esta materia, j) Que CIVISOL ha declarado expresamente que no está actualmente ni estará en el futuro interesado en competir en procesos de adjudicación contractual de aseo, ni en apoyar la estructuración de concurso, contratos o licitaciones, ni tampoco de apoyar ofertas o propuestas de grupos de interés o potenciales proponentes de ofertas contractuales en los procesos de selección que se deriven de la formulación y ejecución de la política pública de Bogotá en el servicio público de aseo, k) Que las partes acuerdan celebrar el presente convenio que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO. Conformar una Alianza estratégica entre CIVISOL y LA VEEDURÍA, en el proceso de acompañamiento y veeduría a la formulación y ejecución de la política pública de aseo en Bogotá, que cuente con la participación de todos los actores involucrados: gobierno distrital, gobierno nacional, usuarios y beneficiarios del servicio, empresas interesadas en licitar y operadores actuales del sistema de aseo, recicladores informales de oficio y en pobreza organizados y no organizados, industrias de producción y sus bodegas acopiadoras de materia prima secundaria, recicladores informales de inversión e industria, y organizaciones ambientalistas entre otras organizaciones de la
DISTRITAL Y CIVISOL sociedad civil, en materia de la integralidad del sistema de aseo, la publicidad del servicio de saneamiento básico ambiental y la efectiva discriminación positiva para la inclusión y formalización de los recicladores en el sistema de higiene distrital en el marco de lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, desde el año 2003. SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A) DE CIVISOL: 1) Compartir conocimiento, experiencia, contactos y bases de datos relevantes a la Teoría de Cambio de Inclusión avanzada entre CIVISOL y los recicladores ante la Corte, la Jurisprudencia nacional y el derecho y prácticas de aseo, reciclaje y recicladores comparadas con miras a consolidar la Alianza y beneficiar la formulación de política pública de aseo para Bogotá. 2) Presentar sus valoraciones y conceptos para consideración de LA VEEDURÍA. Las partes declaran expresamente que los mismos están sujetos a los análisis de LA VEEDURÍA quien decidirá autónomamente y en consideración a sus propios análisis técnicos y jurídicos el uso que dará a los mismos, En todo caso, LA VEEDURÍA garantiza que de utilizarlas, así sea parcialmente, dará el crédito público a CIVISOL. 3) Guardar la confidencialidad sobre los documentos que LA VEEDURÍA señale tienen este carácter, hasta tanto sean de conocimiento público. Lo anterior no obsta para que una vez los documentos sean públicos, CIVISOL pueda ejercer las acciones jurídicas que considere conveniente en beneficio del interés público, situación que deberá ser informada previamente a LA VEEDURÍA. 4) Garantizar que no actuará en ningún caso como vocero o representante de LA VEEDURÍA ante los medios de comunicación ni ante ningún actor público o privado. 5) Poner a disposición de la Veeduría Distrital los conceptos, estudios, ideas u opiniones relacionados con el objeto de este convenio, que la representante legal de CIVISOL, directamente o a través de las firmas en que fuera o llegare a ser socia, produzca. B) DE LA VEEDURÍA: 1) Compartir información pertinente en el marco del convenio y brindar apoyo a CIVISOL para cumplir adecuadamente con el objeto del convenio; 2) Convocar a los entes públicos y privados y a los medios de comunicación para dar a conocer y divulgar la Alianza y los conceptos técnicos de CIVISOL que considere sean relevantes para efectos del cumplimiento de las obligaciones internacionales, la legislación Colombiana vigente y la jurisprudencia de las altas cortes sobre los mecanismos de inclusión de recicladores al modelo del servicio público de aseo 3) Guardar confidencialidad sobre los documentos que CIVISOL señale tienen este carácter hasta tanto sean de conocimiento público; 4) Garantizar que no actuará en ningún caso como vocero o representante de CIVISOL ante los medios de comunicación ni ante ningún actor público o privado. C) CONJUNTAS: 1) Acordar el cronograma de trabajo para el desarrollo del presente convenio, en todo caso el cronograma o plan de trabajo iniciará por acopiar la información del sistema, el servicio y el modelo proyectado y todos los actores involucrados para luego procesarla dentro de la Alianza y luego intersectorialmente con los actores involucrados; 2 Informar oportunamente a la otra parte de oportunidades de participación y divulgación de la Alianza, sus análisis y esfuerzos de control preventivo y participativo y, en lo posible, 3) Adoptar las decisiones necesarias que garanticen el cumplimiento del objeto y obligaciones del convenio; 4) Definir de manera razonada y estratégica la invitación a otros Aliados por rondas de invitación. Los organismos de control nacional y los medios
de la opinión pública que quieran investigar y cubrir permanentemente el proceso serán los primeros invitados; 5, Asegurar que la remisión o divulgación de invitaciones y aceptaciones, comunicados, conceptos y solicitudes de pasantías sean y se reflejen como producto de la Alianza y por tanto sean creadas y distribuidas en piezas de comunicación con signos distintivos de ambos aliadas o en su defecto en aquellas ocasiones que no sea posible con mención textual de la Alianza de ambas partes. 6. Reportarle a la Corte Constitucional sobre sus preocupaciones y sugerencias en desarrollo y por extensión de la designación de CIVISOL como organización designada para hacer veeduría seguimiento a la implementación de la sentencia T-291-09, originalmente referida a un caso de Cali, fallo respecto del cual CIVISOL fuere solicitante por vía de un Amicus Curiae, y de las funciones de LA VEEDURÍA como ente de control preventivo a la gestión del Distrito. TERCERA: VIGENCIA. El presente convenio tendrá una duración de un (1) año contado a partir de la firma y será renovado si las partes lo consideran previa manifestación expresa en contrario, con un mes de anticipación a la fecha de su terminación. CUARTA: VALOR. El presente convenio no genera erogación presupuestal y no causa contraprestación económica o valor alguno entre las partes, Lo anterior no obsta para que las partes destinen y asignen los recursos humanos, técnicos, presupuéstales y administrativos necesarios para la ejecución del convenio, en su labor de coordinación del mismo, habida cuenta de que CIVISOL es una organización filantrópica y eminentemente de trabajo voluntario. QUINTA: SUPERVISIÓN. La supervisión y el control para establecer y garantizar el cabal cumplimiento del objeto del presente convenio, estará a cargo de la Veedora Distrital, o la persona designada por ella o por la Viceveedora Distrital o quien ella designe. SEXTA: SUSPENSIÓN DEL CONVENIO. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente evaluadas por quienes realicen la supervisión, se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del convenio mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo del convenio se compute el tiempo de la suspensión. SÉPTIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente convenio se terminará antes de su vencimiento en los siguientes casos: 1) Por el incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente convenio que imposibilite definitivamente la ejecución del mismo; 2) Por el mutuo acuerdo entre las partes; 3) Por fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible la continuación en la prestación de los servicios acordados en el presente convenio; DÉCIMA: EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. El presente convenio no genera, entre LA VEEDURÍA y CIVISOL, vínculo laboral alguno, en razón de que las partes ejecutarán el convenio con plena autonomía y con sus propios medios. DECIMA PRIMERA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente convenio la propuesta de CIVISOL, los documentos de existencia y representación legal de CIVISOL y su representante legal DÉCIMA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO. De conformidad con las normas aplicables vigentes, el presente convenio de Alianza se perfecciona con la firma de las partes. DÉCIMA TERCERA: PUBLICACIÓN. De conformidad con el artículo 223 del Decreto ley 19 de 2012, este convenio sólo requiere la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. En consecuencia, este contrato no requiere publicación en otro medio. DÉCIMA CUARTA: LUGAR DE
EJECUCIÓN. Sin perjuicio de su desarrollo por comunicaciones electrónica, el lugar de ejecución del presente Convenio será la ciudad de Bogotá Distrito Capital, en donde se firma en dos (2) ejemplares, uno para cada una de las partes, a los
1O SET. 2012
ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO Veedora Distrital
ADRIANA RUIZ RESTREPO Representante Legal CIVISOL
Proyectó: Luz Amparo Rivera Cortés Revisó. Ana Dolores Correa Camacho
Santiago de Cali, Agosto 22 de 2012 Señora ADRIANA CÓRDOBA ALVARADO Veedora Distrital de Bogotá Bogotá D.C. Apreciada Veedora, De manera indirecta a través de su fundadora o directa ya como organización constituida, CIVISOL ha estado construyendo el derecho de los recicladores de Colombia desde hace diez años. La teoría de cambio en que se ha basado este proceso pivota sobre nuestro compromiso de reactivar el contrato social para quienes más lo necesitan. CIVISOL ha decidido usar el derecho como estrategia de reducción de pobreza para empoderar jurídicamente a quienes han quedado atrapados en trampas de pobreza para desarmarlas y a la cultura para comunicar ampliamente sobre los cambios de comportamientos y valores que se necesitan. Desde el 2003 los recicladores han estado asesorados directamente por CIVISOL o indirectamente y al inicio del proceso por la fundadora de Civisol en la estrategia de inclusión y cambio 1. En el caso de Bogotá 2003 se pidió a la Corte Constitucional la dignificación y formalización del trabajo reciclador en las ya existentes pero atomizadas rutas de reciclaje a través de una acción afirmativa de inclusión en la privatización del aseo. Es decir una oportunidad de inclusión por vía de la contratación de privatización de aseo. Años después al evidenciar que las autoridades hacían caso omiso de la regla jurisprudencial de inclusión afirmativa, y sobre todo que surgía, además, nueva competencia en recicladores de capital e industria en el nicho tradicional y de subsistencia de los recicladores en pobreza y de oficio – coincidente o no con un comparendo ambiental que sancionaba el reciclaje de oficio- CIVISOL decidió escanear casos para avanzar un caso de litigio estratégico. El caso surgió, y ya para instancia de revisión, en la ciudad de Cali y se ocasionaba con el cierre del basurero de navarro, el desplazamiento del más de 1000 recicladores del sitio y la nueva contratación de aseo de la SSPD interviniendo a EMSIRVA sin solución alguna de inclusión de recicladores. Decidimos en una sola acción estratégica e integrada prevenir tanto la creación de lo que llamamos el “empobrecimiento legal de los pobres” de la Ley 1259-09 como la desconsideración y desacato de plano de la jurisprudencia de inclusión del 2003. A sabiendas que cultural y tradicionalmente la única solución concebible en Colombia para quienes nacen sin capital es asalariarse, y que con la actores de gran capital y prominencia se podría monopolizar la recolección transporte y aprovechamiento de la basura reciclable y subordinar o tercerizar a unos cuantos recicladores solamente como aparentes solución ( y daod que aún no hay un sistema de reciclaje formal en el país en la práctica – solo en la teoría del 1713- 2002) CIVISOL entró al caso para girar completamente la fallida estrategia de tutelas por derechos laborales y enderezarla enteramente hacia el derecho al desarrollo, concretamente del derecho al empresarismo 2 y al modo de vida, y al mínimo vital en el marco de la creación formal del reciclaje y su
Ver centro de documentación de CIVISOL sobre la Teoría de Cambio para una Política Pública de Aseo Incluyente en estos 10 años y el litigio estratégico para avanzar su construcción jurisprudencial aquí : http://scr.bi/Uncg9T y el Centro de Documentación del proceso de implementación de la Sentencia T-291-09 en Cali, aquí : http://bit.ly/p6VVnq 2 Aunque este derecho que en ingles se denomina “right to livelihood y entrepreneurship” no está consagrado formalmente como tal. CIVISOL lo estructuró a partir de argumentación combinada en torno al derecho al mínimo vital, a la libertad de asociación o incorporación con fines lucrativos y solidarios, a la participación en la vida económica del país o el desarrollo
privatización pero para recicladores organizados como empresarios autónomos y solidarios. Asi que la misma acción afirmativa del 2003 se afinó para los recicladores de oficio y en pobreza, argumentando y evidenciando su condición de empresarios de aseo cuenta-propistas o cooperados, y a sabeindas de la dificultad de crear empleo municipal a gran escala o forzar la creación de empleo en el sector privado. Se buscaba entonces un cambio sistémico, concretamente de inclusión de los recicladores como nuevos empresarios operadores de una segunda y nueva ruta de reciclaje en la política pública municipal de aseo en Colombia. Política que debía reflejarse en la dimensión ambiental, social y operativa en los pliegos de condiciones que concretizan la práctica del funcionamiento del sistema integral y servicio público de aseo. Aunque fue con la sentencia T-724-03 en Bogotá que pedimos la acción afirmativa de inclusión, fue en el caso para sentencia T-291-09 en Cali con el que se terminó de concretar y afianzar ésta. Ocurre que en los últimos tres años, en ningún lugar del país ha sido posible implementar las órdenes de la Corte en su sentido estricto y mucho menos garantizar el goce efectivo de los derechos de los recicladores informales, de oficio y en pobreza. No ha sido posible encontrar voluntad política por más que hayamos intentado con Jorge Ivan Ospina, Samuel Moreno y aún seguimos intentando con la Administración del Alcalde Petro y ahora parece habrá buenos vientos con la Administración Guerrero en Cali. En los últimos años, los Autos 091/10, 268/10, 189/10, 298/10 y 355/10 y los Autos Auto 180/11, 183/11, 189/11 y 250/11 dan cuenta de los desacatos declarados en Bogotá y los Reportes de Veeduría 1/2009 2/2009, 3/2009, 4/2009, 5/2009 y 6/2011 de CIVISOL sobre la no – implementación del fallo en el caso de Cali y sin respuesta alguna de la Corte, nos permiten concluir que se está presentando mala-administración o incapacidad técnica de formular política pública incluyente en un proceso participativo y transparente, corrupción obstaculizadora de procesos públicos, técnicos y justos o la resistencia cultural a entender que la pobreza no es una limitación de capacidades humanas sino una restricción de oportunidades para la generación de recursos propios. Además de la feria de contratistas para para foros, cursos, afiches y turismo de ONGs en la naciente pseudo-industria del desarrollo. Peor aún so pretexto de la inclusión de los recicladores y la acción afirmativa, diversos actores públicos y privados han hecho de esta oportunidad histórica e innovadora a nivel mundial una oportunidad de contratación pública o bien han facilitado o tolerado la suplantación de recicladores por personas que no ejercen ese oficio para su subsistencia y la creación ficticia y acelerada de organizaciones que aparentan ser solidarias y por ende redistributivas cuando en realidad sirven de parapetos de otros intereses particulares que ya no solo buscan aprovecharse de los recicladores en pobreza para instrumentalizarlos a través de trabajo indecente sino hasta forzarse adentro de la acción afirmativa que CIVISOL buscó con y para ellos. Sin contar con que, un reciclaje asistémico, desintegrado y sin infraestructura de servicio público no solo impide la trazabilidad de la ruta de los residuos residenciales inorgánicos y asegurar su eliminación técnica sino que recursos públicos serían cedidos o abandonados al aprovechamiento y enriquecimiento de particulares que no están en pobreza ni merecen una acción afirmativa del Estado. Al detectar estos riesgos y justo para poder impedir los variados y complejos daños y detrimentos que se concretarían al adjudicarse los contratos definidos por los pliegos de la pasada licitación LP 01/11, quien suscribe esta carta quiso intervenir directamente como abogada para alertar y frenar los riesgos de negligencia y
incluyente y el deber de corrección de pobreza que deriva para las autoridades del Estado Social de Derecho, basados en la hipótesis doctoral (PantheonAssas,2000) de la fundadora de Civisol sobre la pobreza estructural como consecuencia de la indisponibilidad real en sociedad de organizaciones o personas jurídicas eficaces para mujeres y hombres nacidos o atrapados en circunstancias de pobreza socioeconómica.
corrupción pública y privada avizorados en lo ambiental, económico, social y operativo. Este ejercicio de representar la miríada de intereses afectados por el mal diseño de un sistema que debe ser integral y un servicio residencial que debe ser público y con una acción que solo debía afirmar a los recicladores en pobreza para su operación solidaria fue interesante pero realmente agotadora 3. Desde la diversidad de actores públicos, pasando por la pluralidad de interesados, la extensión y detalle de los pliegos, la complejidad técnica de la materia de saneamiento básico y su regulación, hasta lo especializado del derecho constitucional para el desarrollo, la asimetría que existe en el acceso a foro público entre un ciudadano y el gobierno es prácticamente prohibitiva del control y la participación. Si a esto se suma la gran velocidad con que las autoridades quieren cursar y atravesar el proceso licitatorio para rápidamente concretar la adjudicación y dejar configurados derechos que hagan efecto teflón a tutelas y repelan generalmente acciones contencioso-administrativas, explican porque para la nueva licitación se ha buscado una crear una iniciativa colectiva transparente y especializada para impulsar y velar por el nuevo proceso de aseo de Bogotá. En efecto, luego de lograr frenar los graves riegos que contenía la Licitación pasada en la Corte, y dado que no se pudo lograr alertar, prevenir ni enderezar la licitación a la transparencia, y objetividad y alineamiento con otros valores constitucionales superiores dentro de las observaciones a pliegos, en esta ocasión se quiso impulsar, sin mucha suerte tampoco, una iniciativa colectiva y plural transparente e intersectorial para que mucho antes de la licitación, esto es desde la deliberación y formulación coherente de la política pública de aseo, se haga participación abierta y simultánea y de todos los interesados. Como ya sabe esta iniciativa propuesta por la firma RRA no fue posible a pesar de las mucha respuestas positivas orales que después nunca contestaron ni concretaron por escrito 4 y en cambio se dio inicio a un proceso atomizado de reforma y seguramente de participación que imaginamos existe con algunos interesados de afectos y preferencia de las múltiples autoridades involucradas en este proceso hoy en día. Ante el decaimiento de la iniciativa de crear una instancia civil tensina e intersectorial para la acción de reflexión, participación y coherencia en las decisiones públicas, CIVISOL toma ahora el relevo ya no para impulsar una instancia plural de reflexión técnica sino para hacer control preventivo a la gestión pública, antes siquiera de que inicie la licitación o equivalente y buscando prevenir riesgos sociales, ambientales, operativos y económicos. Máxime cuando la responsabilidad expresa de reformar de manera incluyente recae ya no solo en la entidad territorial del Distrito sino también en el Ejecutivo Nacional representado por la Comisión de regulación y Saneamiento 5 y por extensión a la SSPD, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo, el DNP y demás entidades con asiento en la CRA.
Ver las actuaciones participativas y preventivas del primer semestre aquí: http://scr.bi/NHTwmJ y las de contradicción y defensa judicial aquí: http://scr.bi/PVxTdc Ver las nueve alertas para control preventivo que buscaban enmendar el curso y evitar llegar a instancias judiciales y efectos ulteriores como el Auto 275 de 2011 y prorrogas contractuales para asegurar el servicio entre otras complejas y costosas consecuencias aquí: http://scr.bi/nXFNAH y en detalle para Bogotá http://scr.bi/oWUnyl que fue contestado reenviando a la UAESP !. Los videos de alerta, algunos de los cuales fueron divulgados por La Silla Vacía en http://bit.ly/mUOGpH se pueden ver en su totalidad aquí : http://bit.ly/N8GjSp 4 Ver los intentos frustrados de crear una única instancia intersectorial de análisis y deliberación participativa para la reforma articulada y coherente de la Política Pública de Aseo (Auto 275) y proyectar su implementación organizada por parte de Estado y Sociedad Civil en: http://scr.bi/UnppzL 5 Sobre el rol de la CRA en la política pública de aseo del distrito ver los documentos (relativos a la licitación pasada que justo ahora se debe corregir) http://scr.bi/qW5obu, y http://scr.bi/TRyeQr, http://scr.bi/SdZiOE así como el exhorto de la Corte Constitucional a la CRA en el Auto 275 de 2011 en la parte resolutoria del fallo.
En la actualidad tenemos entendido que se están reformando los Decretos 891 de 2002, Decreto 1713 de 2002, la metodología tarifaria de aseo de la CRA, y cursa un proyecto de ley de aprovechamiento en el Congreso. Así mismo están por definirse los modos de implementación de las nuevas Areas de Servicio Exclusivo de Aseo otorgables por la Nación / Minvivienda y su coherencia e impacto en el sistema integral de aseo de Bogotá entre otras ciudades del país, el rol e impacto de obras y proyectos de aseo con financiación internacional y nacional que recaen y comprometen sobre el sistema de higiene y salud pública de la capital del país por vía de residuos inorgánicos, así como el alcance y control manejo del fondo de la UAESP en donde se reciben las economías que están obligados a crear los operadores y se deben devolver a los usuarios, sin dejar atrás el limbo sobre la responsabilidad en la extensión de contratos a operadores actuales posiblemente por la incapacidad de articular posiciones de nación-distrito para proyectar y asegurar su pronta operación, y sobre todo el mantenimiento, profundización e instrumentalización de la pobreza de los recicladores, a la cual desde hace ya 3 años se dio y dijo la solución en derecho. Esta situación actual, más una reforma mal estudiada y proyectada para el futuro resultará en la muy negativa afectación de todos los habitantes de Bogotá por casi una década al comprometer su salud publica y el ambienta sano, sin contar con el empobrecimiento de los verdaderos recicladores vulnerables y en pobreza por vía del poder de recicladores de inversión o recicladores de pobreza impostada. Por esta razón y dado que la veeduría distrital fue la única entidad pública que desde el primer momento respondió afirmativamente a la idea de crear un proceso transparente y colectivo de información y deliberación sobre el sistema integra de aseo distrital y del servicio público residencial de recolección de residuos, es que ahora CIVISOL, como entidad sin fines de lucro que busca el cambio sistémico, de-abajo-hacia-arriba, es decir, desde el civismo y la solidaridad de los ciudadanos hacia sus instituciones, quiere iniciar con la Veeduría Distrital una alianza, una unión temporal de Veeduría Especializada en Política Publica de Aseo para vela preventivamente sobre la reforma del sistema integral y servicio público de aseo de Bogotá y la vulnerabilidad de la población que va a ser efectivamente afirmada y la sostenibilidad de la solución para asegurar en el tiempo el goce efectivo de sus derechos. Proponemos que esta Veeduría consorciada, una vez este aceptada, consolidada y operativa, se acompañe en lo pertinente por órganos de control preventivo nacional, así como unidades de investigacion de medios de comunicación o en su defecto periodistas que conozcan y quieran hacer seguimiento permanente para eduinformar a la opinión pública sobre sus derechos y deberes en materia saneamiento y la reforma que se va a opera sobre y entorno a ellos. Esta Alianza naturalmente se propone sin perjuicio del ejercicio de funciones propias de la veeduría distrital y de CIVISOL sobre la veeduría o seguimiento a la implementación del fallo T-291-09 asignada por la Corte Constitucional. Así mismo nada en esta Alianza impide que, dado el caso, y llegado el lamentable momento -que sinceramente esperamos que con esta Alianza resulte completamente innecesario- de tener que atajar otra vez inminentes riesgos o indicios corrupción o daños por negligencia en el marco del proceso licitatorio y/o equivalente o en su defecto en las Cortes y todo con miras a asegurar juego limpio y competencia en franca lid entre licitantes, quien funge como directora de Civisol (en Civisol absolutamente todos los miembros trabajan por voluntariado en el tiempo que pueden contribuir) , decida, en el ejercicio de su profesión abogar o litigar contra las decisiones de la Administración Nacional o Local para impedir o frenar los riesgos sociales, ambientales, económicos y operativos que detecte.. En todo caso esta eventualidad se expresara por escrito y pondrá fin a la labor de control preventivo a la gestión pública de Civisol para evitar duplicidades y confusiones.
Con base en todo lo anterior, proponemos a la Veeduría Distrital que la Alianza se oriente y desarrolle conforme a los siguientes principios: 1. La Veeduría de la Administración del Distrito Capital es una de las partes de esta Alianza y se hace parte de ésta en su condición de autoridad pública para el control preventivo de los riesgos de desvío de la constitución, la ley y la moralidad administrativa, así como promotor institucional de la promoción de la función de control a la gestión pública o veeduría ciudadana. La organización CIVISOL: Fundacion para el Cambio Sistémico, es la otra parte de esta Alianza y entra en ésta, de una parte, en su condición de organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, culto o proselitismo político ni actividad empresarial directa, indirecta o conexa con el oficio reciclador o con la actividad de aprovechamiento de residuos, ni es tampoco contratista estatal para la interpuesta ejecución de deberes, órdenes, tareas o responsabilidades del Estado en esta materia. De otra parte, entra también en esta Alianza en su condición de responsable de la teoría de cambio avanzada por vía de abogacía para la reforma y litigio estratégico sobre formalización de los recicladores de los últimos diez años, cristalizada en los argumentos que constan en el escrito de tutela del 2003 y el amicus curiae para el 2009 principalmente, y acogidos y desarrollados por la Corte Constitucional en las sentencias T-724 y T-291 respectivamente, así como su rol, por invitación expresa de la Corte, a participar en la reforma de la política pública de aseo municipal para hacerla socialmente incluyente de los recicladores (Orden Octava Sentencia T-291-09) y a hacer seguimiento a la implementación efectiva del fallo y mantener la defensa de los intereses de los recicladores como grupo ocupacional informal y en pobreza (Orden Decimosegunda Sentencia T-291-09) El marco de acción y proyección de esta Alianza está dado por (i) el principio del Estado Social de Derecho de la Constitución Política de Colombia y la Constitución Política de Colombia especialmente en lo concerniente a discriminación positiva y saneamiento ambiental (ii) las Sentencias C-741-03, T-724-03, T291-09, C-793-09 (iv) los autos de los años 2010, 2011 y 2012 que han buscado proteger en la practica el sentido del fallo y corregir sus desviaciones y riesgos por mal aplicación, (iv) en lo conforme al marco constitucional anterior y relevante, el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1450 de 2011, el Plan Distrital de Desarrollo Acuerdo 489 de 2012 y la Ley 1466 de 2011 que corrige los efectos del comparendo ambiental. Esta Alianza tiene por propósito unir esfuerzos Estado-Sociedad Civil, unir a la Veeduría Distrital y su autoridad de control preventivo y capacidad de alcance e investigacion de la gestión pública distrital de una parte, con CIVISOL y su conocimiento especializado y experiencia de una década en un tema de innovación jurídica en materia de reducción de pobreza por política pública en materia de aseo para efectos de asegurar preventivamente que no ocurra negligencia o corrupción en el proceso de reforma del servicio público municipal de aseo de Bogotá, como piloto nacional y con especial atención a que el sistema de aseo sea efectiva integral que el servicio de recolección y eliminación de residuos en la ciudad sea efectivamente público, que los esquemas de prestación de servició por concesión a particulares
incorporaren la afirmativa y fortalecer en cambio la trasparencia, objetividad, diligencia y conformidad constitucional de la próxima reforma de aseo para Bogotá. Adicionalmente la Alianza buscara velar por la coherencia interna y externa de la sobreviniente política pública en el Distrito-Nación, garantizar la implementación sostenible y más favorable en término de ingresos netos para mínimo vital de los recicladores entre otros derechos que deberán poder gozar efectivamente. 5. En caso de que la Alianza tenga la oportunidad de abrir su función no solo a control preventivo sino a asesoramiento y/o construcción de política pública incluyente, automáticamente la Alianza se expandirá y girará para desarrollarse conforme a la iniciativa original de RRA como una instancia civil técnica e intersectorial. La Duración de esta Alianza es desde el momento en que la suscriban las partes hasta el momento en que se inicie la estructuración de pliegos y/o cualquier esquema de operación de aseo con reciclaje formal y que implique reserva y confidencialidad con miras a estructurar un concurso para la adjudicación de contratos estatales. A partir de este momento y en caso de que no se haya podido prevenir ni mitigar los riesgos de corrupción, inoperancia o empobrecimiento, la veeduría procederá en sus funciones orgánicas y de manera separada y el equipo de Civisol decidirá si continua o no su control a la gestión pública en lo que reste de oportunidad para hacerlo o si bien se hace a un lado para el ejercicio profesional de abogacía y litigio a nombre propio o de uno o más interesados en el concurso y/o la adjudicación de contratos. Una vez se consolide la Alianza y para efectos de ampliar veeduría o para convertir la Alianza en la originalmente proyectada ICTI, dado el caso de que concurran nuevos esfuerzos y recursos se procederá por rondas de invitación a la Alianza ya creada y consolidada, en términos que se expresaran y aceptaran de manera escrita y sujeta a los términos originales de la Alianza que contiene este documento. Para efectos de reuniones que den voz a los interesados, particularmente a los recicladores de oficio, los ambientalistas y la ciudadanía en general, sin perjuicio de otras reuniones que invite y convoque esta Alianza, la Veeduría facilitará la Casa de Control social. CIVISOL asegurara subir toda la información del proceso de construcción de los recicladores y compilará adicionalmente las acciones de defensa abogacía y litigio que de manera conexa se relacionen con el tema para el uso de la veeduría y la ciudadanía en general 8. Nada de esta Alianza de buena voluntad podrá impedir, retardar, excusar, desviar o restringir las funciones públicas estatales de la Veeduría Distrital ni limitar, desautorizar, restringir o abusar de los objetivos públicos ciudadanos de la organización privada. Las comunicaciones de la Alianza llevaran el logo de las dos entidades con una breve explicación de la iniciativa y se explicitara el esfuerzo conjunto en las comunicaciones orales. La Alianza invitará a los medios que permanentemente han acompañado el proceso, dando preferencia a aquellos que tengan o
inicien un trabajo permanente de seguimiento también y afín de informar responsablemente sobre un proceso que es de innovación y gran complejidad en lo jurídico, en lo técnico, económico, político y social. Una vez hayan se hayan acordado y firmado los términos de esta Alianza se establecerá su plan de acción de veeduría y control preventivo estratégico. Por tratarse de un servicio público de rango constitucional y así esta Alianza surja para velar por la gestión de la admón. distrital en la creación del modelo de aseo incluyente, la alianza incluirá en su veeduría las acciones que sean, coordinadas, decididas, determinadas,
autorizadas, proyectadas, o en cualquier forma alineadas con normas y actos del congreso o el ejecutivo nacional. En estos casos siempre extenderá copia a la Contraloría y la Procuraduría en función preventiva y periódicamente remitirá copia de esta documentación a la Corte Constitucional
10. En caso de disenso cada entidad actuar conforme a su criterio y para ello solo remitirá comunicaciones con su logo solamente, en caso de disenso reiterado cualquiera de las partes puede solicitar la disolución de la alianza. La versión aprobada y firmada de este documento es pública y se entenderá siempre como una alianza del estado y la sociedad civil por el bien común.
CIVISOL: Fundacion para el Cambio Sistémico Adriana Ruiz-Restrepo
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