Source: https://intranet.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw8&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC200410060096.CODI.%29
Timestamp: 2020-02-22 01:40:00+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 96, de 06/10/2004
Año 2004 VIII Legislatura Núm. 96
celebrada el miércoles, 6 de octubre de 2004
- Del señor Robles Orozco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre proyectos que tiene previsto realizar el Gobierno para hacer frente a la crisis humanitaria en Sudán. (Número de expediente 181/000188.) ...
- De la señora Torrado Rey (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre decisiones y medidas para dar respuesta a la grave crisis que atraviesa Sudán. (Número de expediente 181/000220.) ... (Página 2)
- Del señor Robles Orozco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre proyectos que piensa llevar a cabo el Gobierno en Mauritania.
(Número de expediente 181/000189.) ... (Página 7)
- Del mismo señor diputado, sobre proyectos del Gobierno para el edificio que antes albergaba el centro de formación de la cooperación en Cartagena de Indias. (Número de expediente 181/000190.) ... (Página 8)
- Del mismo señor diputado, sobre lugares en donde tiene el Gobierno previsto abrir nuevos centros culturales. (Número de expediente 181/000192.) ... (Página 11)
- Del mismo señor diputado, sobre los lugares en donde se van a abrir nuevas oficinas técnicas de cooperación. (Número de expediente 181/000193.) ... (Página 13)
- Del mismo señor diputado, sobre finalidad de la intención de la Secretaría de Estado de crear una línea destinada a la financiación de proyectos de identificación y formulación de los mismos. (Número de expediente 181/000196.) ... (Página 14)
- Del mismo señor diputado, sobre objetivo del reciente viaje de la secretaria de Estado, Leire Pajín, a la República de Haití. (Número de expediente 181/000198.) ... (Página 16)
- De la señora Sánchez Rubio (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre resultados de la visita de la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional a Haití, así como previsiones de cooperación con dicho país. (Número de expediente 181/000221.) ... (Página 16)
- Del señor Campuzano i Canadés [Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)], sobre la fecha prevista para la aprobación del estatuto de cooperante. (Número de expediente 181/000199.) ... (Página 21)
- Del señor Bedera Bravo (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre criterios básicos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional al Desarrollo para la mejora de la calidad de la ayuda oficial al desarrollo española. (Número de expediente 181/000222.) ...
- De la señora Monteserín Rodríguez (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre pautas fundamentales de coordinación de la estrategia de cooperación de España. (Número de expediente 181/000223.) ... (Página 24)
- Del señor Mateos Martín (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre los criterios básicos para la mejora de la coherencia de la ayuda oficial al desarrollo española. (Número de expediente 181/000225.) ...
- Del señor Madina Muñoz (Grupo Parlamentario Socialista del Congreso), sobre la gestión de la Agencia de Cooperación Internacional (AECI) en el año 2001. (Número de expediente 181/000228.) ... (Página 27)
- Por la que se insta al Gobierno a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000156.) ...
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PROYECTOS QUE TIENE PREVISTO REALIZAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE A LA CRISIS HUMANITARIA EN SUDÁN. (Número de expediente 181/000188.)
-DE LA SEÑORA TORRADO REY (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE DECISIONES Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA GRAVE CRISIS QUE ATRAVIESA SUDÁN. (Número de expediente 181/000220).
En primer lugar, querría dar la bienvenida al secretario general de la Agencia de Cooperación Internacional, don Juan Pablo de la Iglesia, que va a proceder a la contestación de las preguntas del orden del día.
una propuesta de modificación del orden del día que podríamos aprobar por asentimiento si a los portavoces de los grupos parlamentarios y a la Mesa les parece bien. Se trata de agrupar las preguntas primera y novena, de los grupos Popular y Socialista respectivamente, sobre Sudán y la agrupación también de la séptima y la décima, de los grupos Popular y Socialista, sobre Haití. En ese caso, procederíamos a que los dos portavoces, el del Grupo Popular y el del Grupo Socialista, hicieran sus preguntas y, posteriormente, el secretario general pudiera hacer una intervención única contestando a ambos portavoces, puesto que la formulación de la pregunta es prácticamente la misma. ¿Les parece bien? ¿No hay problema? ¿Se puede aceptar por asentimiento? (Asentimiento.) Gracias a todos.
Secretario general, bienvenido. Es la primera vez que usted comparece en esta Comisión y vamos a proceder de inmediato a debatir el orden del día.
Quiero decirles que tienen siete minutos y medio, tanto para formular la pregunta como para la réplica en el caso de que se dé, tanto para los grupos que preguntan como para el compareciente. Así que les ruego que se ciñan a los tiempos porque es un orden del día bastante largo que termina con una proposición no de ley; antes de proceder al debate de la misma haremos un pequeño receso para despedir al secretario general de la Agencia. Les ruego que sean ustedes disciplinados, concisos y eficientes para que no les tenga que llamar la atención respecto al tiempo.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el diputado Gonzalo Robles Orozco.
El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al secretario general de la AECI a esta Comisión y esperar y desear que a lo largo de esta legislatura tengamos la ocasión de compartir su comparecencia y otros actos por la trascendencia de su cargo y de su responsabilidad para el contenido de esta Comisión.
Dicho esto, voy a formular sin más la pregunta, que es una pregunta y una reflexión sobre algo que creo que en este momento está preocupando no sólo a la opinión pública española sino a la opinión pública internacional, como es de nuevo una de esas crisis políticas y humanitarias que sacuden cíclicamente al mundo. En este momento lo que está sucediendo en Sudán es de nuevo motivo de preocupación y debe ser, a mi juicio, también motivo de atención por los responsables políticos y por las diferentes administraciones que tienen capacidad para actuar en los dos frentes que se dan en este momento en Sudán: por una parte, un conflicto político que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que se ha recrudecido fruto de complicaciones presentes y de tendencias radicales, digamos, en la situación política del país y, por otra parte, como consecuencia de ello, la crisis humanitaria que se ha producido.
Creo que ambas cosas necesitan de nuestra atención y de nuestro esfuerzo, de lo que podemos hacer como Gobierno, como país, especialmente en lo urgente, que es la atención humanitaria, pero también en el frente político, sobre todo en un momento en que España es miembro rotatorio del Consejo de Seguridad y que acaba de tener la presidencia del Consejo durante el mes de septiembre. En ambos casos creo que se requeriría un esfuerzo adicional.
El ministro Moratinos ha estado hace poco en Sudán -hemos tenido la ocasión de acompañarle- y se han hecho algunas gestiones y se han dado también algunos pasos, indiscutiblemente, en el ámbito de la ayuda humanitaria. Pero a mí me gustaría que el secretario general nos ampliara esta información y nos contara no sólo lo que ya conocemos sino las previsiones de lo que debe hacer el Gobierno en ambos frentes. Tengo aquí un teletipo que dice precisamente que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores ha comprometido en Ginebra una ayuda en torno a un millón de euros adicionales para el ACNUR y vamos conociendo, quizás a salto de mata, algunas cuestiones. También sabemos que ha habido una petición a los gobiernos de las comunidades autónomas para que colaboren con la ayuda humanitaria y quizás es el momento de conocer en profundidad no ya las acciones sueltas o de emergencia, como hasta ahora, sino una planificación para ayudar política y humanitariamente a Sudán en algo que los que estuvimos hace unos días allí nos damos cuenta que, en todo caso, no va a tener una solución inmediata, fácil y que parece que se va a prolongar en el tiempo y que, por tanto, necesita, más allá de las acciones urgentes que ha habido, una acción planificada de medios, de recursos y de acción política.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Torrado.
La señora TORRADO REY: Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida al secretario general de la Agencia a esta Comisión, la cual está encantada de tenerle entre nosotros, así como de poder contar con él para que nos responda a las dudas que nos surjan durante nuestro trabajo. La verdad es que esta pregunta nace no sólo del Grupo Socialista, sino también del Grupo Popular ante una crisis humanitaria de unas proporciones terroríficas. Sabemos que dicha crisis viene desde hace tiempo. Desde su independencia de la dominación colonial británica y egipcia en el año 1956, la República de Sudán ya se encuentra inmersa en una guerra civil. Esto ha causado dos millones de víctimas mortales y ha provocado el desplazamiento de 4,3 millones de personas en los últimos 16 años. El motivo principal del conflicto es el enfrentamiento entre el régimen islamista del norte y el movimiento rebelde del Ejército Popular de Liberación de Sudán, establecido en el sur. Mientras que el régimen del norte, encabezado por Omar al-Bashir, que llega al poder el 30 de junio de 1989 mediante un golpe de Estado, pretende convertir el país en un Estado islámico, el Ejército de Liberación
lucha por la independencia del sur, que cuenta con una población mayoritariamente cristiana y multiétnica. La región del norte está económicamente más desarrollada, pero tiene pocas materias primas y recursos naturales, como por ejemplo el petróleo y el agua, cuyos yacimientos se encuentran principalmente en el centro del país, en una línea imaginaria entre el norte y el sur y por lo tanto disputadas por ambas partes.
Actualmente, Sudán es un país fragmentado, un campo de batallas múltiples, en donde grupos armados luchan entre sí. En Darfur, el conflicto se ha intensificado desde febrero de 2003 a raíz de los ataques llevados a cabo por el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad contras las fuerzas gubernamentales y las milicias. Como respuesta, una milicia conocida como Janjaweed, integrada por personas pertenecientes a grupos árabes nómadas, llevó a cabo ataques contra la población sedentaria, en el curso de los cuales mataron a civiles, destruyeron centenares de pueblos y dejaron a centenares de miles de personas sin hogar. El conflicto continuó a pesar del acuerdo de alto el fuego firmado en septiembre por el Gobierno sudanés y el Ejército de Liberación, y a pesar de la prórroga que tuvo lugar en octubre. Aviones del Gobierno llevaron a cabo bombardeos de casas en Darfur, que se cobraron la vida de decenas de miles de civiles, mientras que la milicia Janjaweed lanzó ataques contra pueblos, en el curso de los cuales mataron deliberadamente a civiles, quemaron casas y saquearon el ganado y los bienes. Como resultado, centenares de miles de personas se refugiaron en las poblaciones de la zona o al otro lado de la frontera, en Chad. Según el último informe de Amnistía Internacional, entre abril y diciembre de 2003 unas 600.000 personas que huían de los ataques de los grupos armados se refugiaron en Darfur o cruzaron la frontera con Chad y la población de Mukjar se amplió de 8.000 a 40.000 personas.
Las proporciones, como hemos dicho, de esta crisis son catastróficas. Hoy se estima que hay un millón de personas desplazadas por los ataques, la mayoría de las cuales viven desposeídas y con un temor constante a los ataques, con muy poca asistencia médica y con apenas alimentos, agua o abrigo. Un estudio nutricional de Médicos sin Fronteras realizado en las provincias de Wadi Saleh y Mukjar ha revelado que un 21,5 por ciento de los niños menores de cinco años en la zona ya padecían desnutrición aguda y lo peor es que aproximadamente un 5 por ciento de los niños menores de cinco años en las familias encuestadas había muerto en los últimos tres meses. Estos niveles de mortalidad sobrepasan con creces el umbral de la emergencia. La mayoría de los niños murieron víctimas del hambre, de la diarrea y de la malaria. Este estudio nos revela claramente la crisis actual y también indica que la situación se aboca a un franco deterioro y a menos que se tomen las medidas urgentes seguiremos viendo muertes por el camino. Los sistemas de agua, las cosechas y el ganado han sido saqueados o destruidos durante los ataques a los poblados y los campesinos, evidentemente, no han podido sembrar todavía, por lo que este año no habrá cosechas. Así las cosas, los habitantes de Darfur, debilitados por el hambre, son cada vez más vulnerables a padecer todo tipo de enfermedades y necesitan la asistencia de la comunidad internacional urgentemente.
Pues bien, señor secretario general, le hago esta pregunta con la intención de saber qué decisiones y qué medidas está tomando el Gobierno de España para que entre todos contribuyamos a paliar esta situación, puesto que están sufriendo y creo que debemos adoptar rápidamente medidas urgentes.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general de la Agencia. Como hemos acumulado las dos preguntas, tiene usted 15 minutos para contestar a ambos portavoces.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): En primer término, quiero agradecer esta llamada a comparecer para contestar a estas preguntas y manifestar desde el primer momento mi absoluta disponibilidad para comparecer ante ustedes y responder a sus preguntas o en cualquier otro formato, cuantas veces lo consideren oportuno o conveniente. Mi deseo, así como el de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, es mantener esa relación y actuar con la máxima transparencia, aprovechar todas las oportunidades de diálogo y fomentar que todas nuestras acciones respondan al fruto de un consenso profundo entre todos los grupos.
Dando respuesta a las preguntas, quiero señalar que el inicio de la cooperación española con Sudán en el contexto de la crisis humanitaria de la región de Darfur, al oeste del país, la cual, como ya se ha dicho, ha provocado más de 1.500.000 de desplazados internos y más de 200.000 refugiados sudaneses en el Chad, se remonta en realidad a mayo de este año. A partir de ese momento, en que España, compartiendo con la comunidad internacional su preocupación por la gravedad de la situación, decide sumarse al esfuerzo colectivo de la comunidad internacional y responder solidariamente para contribuir a aliviar esta crisis humanitaria, el Gobierno español comienza a tomar decisiones para hacer aportaciones canalizadas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La primera de ellas se hace en mayo, por un importe de 500.000 euros, al Programa Mundial de Alimentos, que recibiría posteriormente otra en el mes de julio de 400.000 euros. Con ellas el PMA presta apoyo directo en la compra de aceite vegetal y legumbres, atendiendo por lo tanto a las necesidades alimentarias de los refugiados.
Al mismo tiempo, se decide apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan en la zona. En primer lugar, el de Cruz Roja
Española, que recibe una aportación total de 780.386 euros desglosada en diversas acciones, siendo una de ellas para apoyar su organización logística general junto con la Media Luna Sudanesa de los dos campos de desplazados cercanos a la ciudad de Al Fashir, en los que la AECI contribuye a esta organización logística con una financiación de 338.000 euros. Además, también con la Cruz Roja, se dispone la presencia sobre el terreno de dos delegados bajo la coordinación del Comité internacional de la Cruz Roja, cuya financiación corre también a cargo de la AECI, por un importe de 60.656 y 61.730 euros respectivamente. Ambos se encuentran actualmente en la localidad de Al Fashir realizando labores de coordinación. Y a todo ello se añade una financiación complementaria adicional de 320.000 euros, concedidos en el marco de la estrategia plurianual para proyectos en esta área geográfica específica y para esta crisis. Por lo tanto, Cruz Roja Española recibe una financiación, como les decía hace un momento, de 780.386 euros. Además de Cruz Roja Española, Médicos sin Fronteras España trabaja en los campos de Zam Zam y Abu Shouk, fundamentalmente en apoyo de necesidades nutricionales, y cuenta con una subvención de la AECI de 300.000 euros. Por último, Intermón Oxfam, que trabaja en un proyecto de seguridad alimentaria con los refugiados en los campos de Tulum, Forchanay y Cunungu, cuenta también con una financiación de la AECI de 200.000 euros. Estas actuaciones, por lo tanto, ascienden en conjunto a 2.180.386 euros, a los que hay que sumar una nueva aportación de tres millones de euros adicionales que fue anunciada por el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación con ocasión de su reciente visita a la zona, en la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular participó, como recordaba hace un momento. La instrumentación de esta nueva aportación se hará a través de ACNUR, Unicef, el CICR y, si fuera todavía posible, de contribuciones adicionales complementarias a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo españolas que están en la zona. Todo esto, debo señalar, en un contexto en el que, como ustedes saben, Sudán no ha tenido nunca la consideración de país prioritario para la cooperación española, lo que implica la total falta de previsión en nuestro presupuesto para el año 2004 para ese país.
Además de estas acciones directas, las administraciones autonómicas, coordinadas por las gestiones de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, han hecho un gran esfuerzo para contribuir a la financiación de los proyectos que otras ONG y organismos multilaterales desarrollan en Darfur. Al día de hoy la Comunidad Autónoma de Andalucía ha hecho una contribución de 1.500.000 euros para Cruz Roja Española; Cataluña, 200.000 euros, 100.000 para Médicos sin Fronteras y otros 100.000 pendientes todavía de concretar contrapartidas; Galicia, 134.000 para la asociación España con ACNUR, la misma que ha recibido de la comunidad valenciana 88.000 euros, y Cantabria ha anunciado una contribución de 20.000 euros todavía pendientes de asignar. En resumen, la aportación del Gobierno a través de la AECI asciende en este momento a 5.180.386 euros, a los que hay que sumar 1.942.000 que proceden de las comunidades autónomas, lo que arroja un total de ayuda española al día de hoy a la crisis humanitaria de Darfur de 7.122.386 euros, en un contexto, les recuerdo, de no prioridad de Sudán en el marco de nuestra cooperación. España, por tanto, en su conjunto está siendo uno de los mayores donantes de fondos de la Unión Europea, según los datos de la propia oficina humanitaria de la Unión y cercano en importe a los que se encuentran en su entorno de nivel de participación.
En cuanto al aspecto político de la crisis, poco puedo añadir a lo que ya el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación ha señalado en esta Cámara, en el Pleno y en otros entornos, y podría resumirla simplemente en tres apartados. Primero, España es partidaria de una solución política de la crisis. Es esencial que se reanuden las negociaciones de Naivasha sobre el conflicto del sur y las negociaciones en Abuya en lo que concierne al conflicto de Darfur. España espera que todas las partes acudan a las negociaciones con un espíritu constructivo que permita culminar con la firma de acuerdos de paz globales. En segundo lugar, es necesario que los responsables de los crímenes de guerra y de las violaciones de derechos humanos sean puestos a disposición de la justicia, y con ese objetivo España ha apoyado la creación de una comisión internacional de investigación, como se recoge en la Resolución 1564, que identifique a los culpables y determine si ha habido o no genocidio. Y el tercer elemento desde nuestro punto de vista, sobre la crisis es que la Unión Africana debe tener el liderazgo en su resolución.
La comunidad internacional y la Unión Europea en particular están dispuestas a prestar el apoyo financiero y logístico que esta organización requiere con el fin de que pueda llevar a cabo sus funciones adecuadamente.
Esas son las líneas políticas en las que continuará nuestra actuación, particularmente en el Consejo de Seguridad y en los demás foros en los que esta crisis está siendo tratada.
La señora PRESIDENTA: Los portavoces del Grupo Popular y del Grupo Socialista, el señor Robles y la señora Torrado, pueden tener réplica. Al señor Robles le quedan tres minutos y medio y a la señora Torrado un minuto.
El señor ROBLES OROZCO: Intentaré ajustarme a este tiempo. En primer lugar, doy las gracias al secretario general por su información. Vuelvo a insistir en las dos vías que son fundamentales para la solución: es bueno actuar en la urgencia, en la emergencia, en la parte humanitaria, pero si no ponemos bien las bases, los cimientos de un arreglo que tiene que producirse,
nos volveremos a encontrar cíclicamente con esta situación.
Usted ha expresado que a partir de mayo ha sido cuando se ha empezado a canalizar la ayuda, y es evidente que ha sido así, como usted bien sabe, porque uno de los principales obstáculos que había era la imposibilidad de llegar, de acceder a Sudán, porque por parte del Gobierno de Sudán no había autorización, no había facilidad para que las organizaciones humanitarias pudieran hacerlo. Así se nos expresó, con esa claridad, por parte de las organizaciones humanitarias, las organizaciones que están trabajando sobre el terreno. Por tanto, esto nos dice dos cosas: las dificultades que han existido pueden volver a existir, y si no se ha podido hacer más es porque hay un Gobierno que bloquea esta situación.
Eso, insisto, tiene que llevarnos a trabajar en la raíz del problema, y el problema está en un Gobierno radical, en un Gobierno que, por decirlo suavemente, está provocando de alguna manera parte de este conflicto. Sin entrar en la cuestión política, lo que es evidente es que también se nos dejó claro un mensaje por parte de las organizaciones humanitarias que están sobre el terreno, y es que sólo la presión política, la presión internacional, hará posible que se avance, aunque sea tímidamente. El ejemplo es que se pudo hacer a partir de mayo porque hubo esa presión política para ello. Esto quiere decir que, a pesar de los mensajes que en este momento puede estar queriendo dar el Gobierno de cierta apertura, la realidad que nos han podido contar choca con esta situación. Por tanto, aunque sólo sea de forma táctica, pienso que tenemos que creernos menos los mensajes de avance por parte del Gobierno y creernos más lo que nos están diciendo las organizaciones humanitarias.
Esto enlaza con nuestro papel en el Consejo de Seguridad. Es verdad que ha habido una resolución en el Consejo de Seguridad bajo nuestra Presidencia que abre esas posibilidades de continuar con la presión pero creo que es una ocasión desaprovechada de mayor presión. Es terrible cuando las noticias van desapareciendo de los medios de comunicación, porque eso significa que se puede recrudecer el problema y que los avances que se han producido pueden dar pasos atrás. Yo creo que tenemos que hacer entre todos que la parte política no desaparezca del problema, es decir, que la noticia no desaparezca, que no desaparezca de la agenda de las Naciones Unidas, que no desaparezca de nuestra agenda política, porque, si no, los avances pueden ser un retroceso en muy poco período de tiempo.
Por tanto, yo insto a que, además de la parte humanitaria, nos dediquemos a la cuestión de fondo, que es la cuestión política. España está hasta final de año en el Consejo de Seguridad y Naciones Unidas no puede inhibirse, como no parece que quiera hacerlo. Por tanto, tenemos que estar mucho más activos. Es bueno que la Unión Africana esté activa, es verdad que tiene que jugar un papel importante, pero también allí recibimos un mensaje claro, que es bueno que se impliquen otras partes, es decir, no exclusivamente la Unión Africana, porque puede ser positivo.
Hay partes que pueden aportar, partes que no pueden -todos sabemos de lo que estamos hablando-, pero, en conjunto, Naciones Unidas no puede abandonar o dejar en manos de otras organizaciones este papel que le es muy importante.
Al tema humanitario quiero dedicarle dos minutos más. Es importante el esfuerzo que se ha hecho, pero quiero decirle que hay que concretarlo.
Esos siete millones que usted nos anuncia no están, como usted sabe, realmente ejecutados. Lo que hay en este momento es un anuncio...
La señora PRESIDENTA: Señor Robles, le ruego vaya terminando.
El señor ROBLES OROZCO: Acabo. Simplemente quiero poner de manifiesto una vez más el esfuerzo que ha hecho en general la sociedad española; como vemos, parte de la ayuda que en este momento se ha canalizado desde España viene por las comunidades autónomas, y creo que en este caso hay que agradecer el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas para que esto sea así, y decir que de estos siete millones lo que ha ejecutado y tramitado el Gobierno de momento son 2.180.000, supongo que el resto vendrá con cargo al presupuesto de 2005, según lo que nos ha dicho el secretario general de la AECI.
En todo caso, yo creo que va a contar con la aceptación de toda la sociedad española, desde luego también con la nuestra, para atender en este momento una de las crisis humanitarias que más nos está preocupando.
Es decir, todo el esfuerzo que se pueda hacer bienvenido será, y yo le pido que no bajemos la presión política en esto.
La señora PRESIDENTA: ¿Señora Torrado, por el Grupo Socialista? (Denegaciones.)
Tiene la palabra, por tanto, el secretario general de la Agencia para responder a esta última intervención. Le quedan todavía seis minutos, puede usarlos o no, como usted desee.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Debo decir que comparto plenamente, y esa ha sido la interpretación y el análisis que ha hecho el Gobierno desde el principio, que esta es una crisis humanitaria que tiene una raíz política y hay que aplicarse a la solución de las raíces para poder solucionar las consecuencias. Por tanto, el Gobierno prestará en las líneas que he referido toda la atención al seguimiento de la crisis, sin dejar de otorgar una importancia fundamental al papel de las instituciones multilaterales africanas, que deben aprovechar estas situaciones para
fortalecer su capacidad de gestión y su consolidación sobre el terreno.
En cuanto a la parte humanitaria, no sé si he entendido bien lo que decía de las cantidades referidas a este año y al que viene, ejecutadas o no.
Todas las cifras que yo he dado, al menos en la parte que se refieren a la Administración del Estado, son del presupuesto de este año que si no se han ejecutado ha sido porque están en trámite, pero desde luego se ejecutarán este año de forma inmediata, tanto las que se han concedido a las organizaciones no gubernamentales a las que me he referido, como los tres millones anunciados por el ministro, que serán ejecutados porque corresponden, insisto, al presupuesto de este año. Aquí quería simplemente señalar que no podemos perder de vista, y SS.SS. lo saben bien porque conocen los presupuestos de la Agencia, el presupuesto de la Agencia y lo que significa este esfuerzo en términos del presupuesto de la Agencia para ayuda humanitaria. Tenemos un presupuesto anual reducido, que además ya en mayo estaba bastante exhausto por compromisos que se habían adquirido previamente. En ese contexto, esta ayuda por parte de la Administración del Estado para aliviar la crisis humanitaria en Sudán es realmente importante. Por supuesto vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos en todos los terrenos, pero particularmente en el de la coordinación de la solidaridad y la generosidad de las comunidades autónomas, y el objetivo es seguir canalizando esa ayuda a través, como usted decía y por las razones obvias logísticas que todos conocemos, de las organizaciones internacionales que trabajan en la zona y de las organizaciones no gubernamentales que están llevando el peso de la ejecución de esta labor solidaria.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PROYECTOS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO EN MAURITANIA.
(Número de expediente 181/000189.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día. Por el Grupo Popular tiene la palabra su portavoz.
El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario general, como sabe, la cooperación española tiene a través de sus planes directores anuales una serie de objetivos que son prioritarios, y entre ellos el Magreb lo ha sido y, a mi juicio, debería seguirlo siendo. En concreto se ha hecho un esfuerzo en algunos países, y es el caso de Mauritania, que yo creo que en los últimos años ha tenido un desarrollo importante en cuanto a cooperación. De hecho se creó la OTC, se puso en marcha la comisión mixta, está incluido como país prioritario, se han desarrollado proyectos importantes en educación de adultos, en pesca, en desarrollo rural, y nos parece que es bueno que planteemos nuevos objetivos, si es que nuestras capacidades presupuestarias y como país nos lo permiten, pero yo creo que es mucho mejor consolidar líneas de trabajo en zonas de especial interés estratégico para nuestro país. En ese sentido una de nuestras preocupaciones, en la medida en que hemos ido escuchando declaraciones del Gobierno sobre nuevas orientaciones, nuevas áreas de influencia, es la consolidación de determinados aspectos. Mauritania, a nuestro juicio, es un país que debe seguir siendo prioritario. Creo que ha habido un esfuerzo en los últimos años y me gustaría conocer cuáles son los proyectos y cuáles son a juicio del Gobierno los objetivos que se deben tener en este país.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): En efecto, Mauritania es país preferente de la cooperación española. Los sectores donde se ha desarrollado la cooperación están plenamente definidos y hay una línea de trabajo con Mauritania que hay que continuar. Todos somos plenamente conscientes de la importancia que el desarrollo de todos los países del Magreb tiene para la estabilidad, no sólo de España sino de toda el área del Mediterráneo y, por consiguiente, de Europa. Por otra parte, este Gobierno ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de incrementar la cooperación con los países menos avanzados y de dar un renovado protagonismo a nuestro compromiso con África. Todos estos elementos ciertamente confluyen en la consideración de Mauritania como un país prioritario, y a ello ha obedecido la firma del acta de la V Comisión Mixta hispano-mauritana de cooperación científico-técnica, cultural y educativa, que tuvo lugar en julio, que va a tener una vigencia de tres años y que contempla el siguiente programa de trabajo centrado en las áreas prioritarias que a continuación resumo.
En primer lugar, el área de educación, donde vamos a prestar un especial interés en los programas de alfabetización de adultos y de enseñanza del español. En el área de sanidad, en el ámbito del programa Vita, vamos a apoyar prioritariamente la gestión de hospitales y centros de salud básica. En el área de la energía y minas, siempre dentro de programa regional Azahar, vamos a intensificar la cooperación en proyectos de utilización sostenible del agua y de aplicación de energías renovables.
En el ámbito de la sociedad civil y apoyo a la descentralización, vamos a realizar proyectos con las alcaldías de refuerzo institucional. Otra área prioritaria será el medio ambiente, desarrollo rural y seguridad alimentaria, sector en el que vamos a intensificar los proyectos en áreas protegidas y en el refuerzo de capacidades en materia de seguridad alimentaria, a través fundamentalmente del apoyo a cooperativas agrícolas. Otro sector prioritario es el de la pesca, en el
que el acta de la comisión mixta hace hincapié en proyectos de revalorización de recursos pesqueros y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones dedicadas a la pesca artesanal, dentro del programa regional que ustedes conocen, Nauta, que incluye a otros países de la región. Finalmente, se abre la vía de la cooperación en el ámbito del desarrollo urbano con actividades en los barrios marginales, hábitat social y actividades generadoras de ingresos.
Este es un programa que refleja la amplitud y diversidad de los sectores en los que piensa trabajar en los próximos años la cooperación española, pero que al mismo tiempo se concentra en la lucha contra la pobreza, que constituye, como saben, el eje de la acción en cooperación internacional de este Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Señor Robles, tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Compruebo con satisfacción que se siguen las pautas que estaban previstas en los planes directores y en los planes de acción. Todos los proyectos que usted ha nombrado ya estaban en marcha y, por tanto, es bueno que tengan continuidad, por esta línea que le he dicho de consolidar el trabajo hecho.
Me gustaría resaltar también la importancia de consolidar este trabajo hecho en Mauritania en otra nueva dirección. Mauritania es uno de los países en donde se está haciendo un esfuerzo de modernidad en un aspecto que, a mi juicio, es fundamental y que es un reto en las sociedades islámicas y árabes, que es en el papel que juega la mujer. Mauritania está haciendo un esfuerzo para la incorporación y normalización en la vida social, pública y política de la mujer, y me gustaría hacer un llamamiento para que en las líneas de cooperación con Mauritania se incorpore de una forma muy activa, precisamente en todo lo que significa el desarrollo institucional y político, el apoyo a la incorporación de la mujer. Creo que es un factor de modernización y dinamización extraordinario y además importante precisamente en el mundo árabe y en la cultura islámica. Por tanto, nos satisface el resultado de la comisión mixta, que desarrolla los planes que estaban previstos y en la dirección que estaba prevista. Quiero hacer un llamamiento y una reflexión para que podamos impulsar muy activamente, desde todos los frentes que podamos, este esfuerzo que está haciendo Mauritania en el papel de la mujer.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general de la Agencia.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Efectivamente, Mauritania no va a dejar de ser prioritario, como he dicho, pero el hecho de que los proyectos que estén en marcha se continúen no debe llevar a la conclusión de que el tipo de cooperación que se va a desarrollar, tanto con Mauritania como con el resto de la región, va a ser exactamente el mismo. Hubiera sido irresponsable terminar con actuaciones bien encaminadas, y también lo hubiera sido alterar al ciclo normal de las comisiones mixtas con un país de la importancia de Mauritania, donde hay sectores que están claramente identificados y que desde luego van a continuar siendo objeto de atención.
Quería decir también que lo que nos proporciona el acta de la comisión mixta, tal y como ha sido firmada, es la flexibilidad suficiente para modular el acento en aquellos sectores en los que la cooperación va a incidir de una manera muy especial a partir de ahora, que son todos aquellos relacionados con la lucha contra la pobreza, con el cumplimiento del objetivo de ese 20 por ciento, al menos, dedicado a las necesidades sociales básicas y enmarcar todas las acciones en las cinco o seis líneas de estrategia que van a ser incorporadas al plan director. Es decir, el plan director, que será aprobado en su momento y del que esta Comisión tendrá, naturalmente, no sólo cumplida noticia, sino participación directa en su elaboración, fijará ese nuevo marco y nos hemos asegurado que en el acta de la comisión mixta existen los márgenes de flexibilidad para adaptar nuestras acciones a este nuevo contexto.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE PROYECTOS DEL GOBIERNO PARA EL EDIFICIO QUE ANTES ALBERGABA EL CENTRO DE FORMACIÓN DE LA COOPERACIÓN EN CARTAGENA DE INDIAS. (Número de expediente 181/000190.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3 del orden del día. Pregunta del Grupo Popular.
El señor ROBLES OROZCO: Esta es una pregunta meramente informativa, en donde no tengo más opinión que la de decirles que el centro de formación de Cartagena de Indias, que usted supongo que conoce perfectamente, ha jugado durante muchos años un papel fundamental en lo que son las estrategias de la cooperación y las estrategias políticas españolas en Iberoamérica, muy especialmente en la zona Caribe y andina. Es un centro que ha tenido una gran demanda y tan es así que en su momento el Gobierno decidió su ampliación. Este nuevo centro se ha inaugurado, si no recuerdo mal, en el primer trimestre y da indiscutiblemente unas nuevas posibilidades por la dimensión, por los medios técnicos materiales de que va a disponer y como era un centro en el que había una demanda creciente creo que va a ser extraordinariamente útil. El antiguo centro, que es el que ha jugado todo este papel
y que es propiedad del Estado, alberga también en este momento la Casa de España y el consulado y, como usted sabe, hay unas decisiones que tomar sobre la utilidad del centro, la finalidad de este centro y sobre la ubicación tanto del consulado como de la Casa de España.
Por todo esto, lo que me gustaría es saber cuáles son los planes del Gobierno no tanto con respecto al nuevo centro, sino sobre el destino que se va a dar al actual centro que es, como digo, al mismo tiempo, Casa de España y consulado español.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Veo que S.S. conoce bien la problemática que aqueja al centro de formación de Cartagena de Indias y que además ha visitado en el pasado cuando era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
Debo decirle, señoría, que esta es una de las pesadas herencias que el nuevo equipo ha recibido y que realmente no puede desligarse de la apresurada inauguración de la nueva sede del centro en el convento de Santo Domingo, a la que ha hecho referencia, inauguración que se produjo precisamente en febrero del año pasado. Este convento de Santo Domingo aún se encuentra, a pesar de haber sido inaugurado, sin alcanzar la total finalización de las obras. Esa apresurada inauguración, por cierto -y permítame el paréntesis-, supuso un incremento sustancial del coste respecto al presupuesto previsto en un principio.
Pues bien, lo cierto es que desde que se decidió restaurar el convento de Santo Domingo, en 1999, con el objetivo de convertirlo en nuevo centro de formación en Cartagena de Indias, no se formuló ninguna propuesta en relación con la antigua sede. Cuantas veces se planteó qué hacer con ella sólo se consiguió el silencio, y por aquella falta de previsión y de medidas hoy nos encontramos donde estamos. ¿Y dónde estamos? Estamos con una nueva sede, obviamente sobredimensionada para las necesidades reales de un centro de formación, que tiene que financiar, además de su plan de actividades y gastos, los que genera la antigua sede de la calle Don Sancho. Recordemos un poco, haciendo historia, que el edificio de la calle Don Sancho es propiedad del Estado español y ejercía su posesión el Instituto Español de Emigración, del Ministerio de Trabajo, quien cede en 1974 su uso al centro social Casa de España de Cartagena de Indias. Las penurias financieras de esta institución provocaron el deterioro del edificio, lo que puso en peligro incluso su habitabilidad.
Es en esas circunstancias, en 1989, cuando se procede a su restauración y se adscribe, en abril de 1992, al Ministerio de Asuntos Exteriores, para sede del centro de formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional, compartiendo el espacio con la mencionada Casa de España.
Posteriormente, en noviembre de 1999, se suscribe el convenio con la Archidiócesis de Cartagena por el que se acuerda la restauración del convento de Santo Domingo, en el marco de actuaciones del programa de preservación del patrimonio de la AECI, y su cesión temporal, por sólo veinticinco años, a la misma para albergar el centro de formación. Desde esa fecha hasta principios de este año en el que el centro realiza su traslado, parece que habría transcurrido suficiente tiempo para plantearse el futuro del edificio de la calle Don Sancho, en donde han venido conviviendo, no siempre en cordial entente, con la Casa de España.
Así el centro pasa a primeros de este año a su nueva sede y la Casa de España mantiene su ubicación en el antiguo edificio, sin que existiera ningún plan estructurado sobre su futuro. El consulado -viceconsulado honorario, por cierto- traslada también en ese momento sus oficinas a la nueva sede del centro de formación. Este es el escenario que hemos heredado. Estamos ante la necesidad de financiar, con fondos que deberían ser de ayuda oficial al desarrollo, el funcionamiento de una Casa de España, que ocupa un edificio, a su vez ahora también, sobredimensionado para las funciones que cumple. Sobre su futuro hay diversas opciones sobre la mesa. Se ha hablado de ceder el mismo al Ministerio colombiano de Cultura para instalar la sede de la exposición permanente del pintor cartagenero Enrique Grau. Se ha hablado también de la posibilidad de instalar allí las oficinas de alguna entidad internacional relacionada con el desarrollo, en particular el PNUD. Se ha hablado también de que sirva de sede a organismos públicos o privados con vinculación al sector educativo, universidades y/o fundaciones.
Las instrucciones que en este momento tiene la embajada a este respecto es que explore estas opciones, pero manteniendo como criterio fundamental preservar la propiedad española del inmueble y en este sentido nos proponemos pedir, en lo que se refiere a los aspectos de vinculación interna y, por tanto, de mantenimiento y gastos de mantenimiento, la desafectación del inmueble al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para que pase al ministerio al que debería corresponder en este caso, que es el de Trabajo y Asuntos Sociales.
En todo caso, las iniciativas que en este sentido emprenda la Agencia van a ser siempre realizadas, como no puede ser de otra manera, en estrecha colaboración con la Dirección General del Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: La verdad es que ya me gustaría a mí recibir herencias tan pesadas como esta. Yo abro un buzón para que se me entreguen herencias pesadas, lo que significaría que uno recibe
más de lo que tenía antes, con lo cual no solamente se mantiene ese edificio en propiedad del Estado, con todas las posibilidades que eso da al Estado de jugar en el sentido figurado de la palabra como elementos de compensación, de trueque, de aportación a la cooperación, a la colaboración política con otros gobiernos, con otras instituciones, sino que además recibe en funcionamiento, más o menos avanzado, pero le aseguro, porque yo mismo lo he visitado, bastante avanzado, un extraordinario edificio como es el convento de Santo Domingo. No solamente se abren unas nuevas posibilidades para el Gobierno español, para España y en su conjunto para lo que es desarrollar nuestra labor de formación cultural y política, sino que supone la recuperación en la ciudad de un edificio que, como usted bien sabe, estaba completamente abandonado, arruinado, lo que significa una aportación cultural a la ciudad de Cartagena de Indias; ha supuesto una escuela-taller que ha estado realizando su trabajo extraordinario y de formación durante todos estos años y además la cuestión de fondo: ese era un centro enormemente demandado, como usted sabe. Era el centro dentro de los centros españoles, tanto el de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, como el de Guatemala, en la ciudad de Antigua. Es el centro con overbooking permanentemente. Lo que ha pasado es que no se podían atender todas las necesidades de demanda de formación que había en el centro. Como usted sabe, las aulas eran pequeñas, los medios eran pequeños, a pesar de que el edificio era una belleza arquitectónica, pero era pequeño, y esa es la raíz por la que se hace. En todo caso, lo cierto es que en este momento en vez de tener uno, tenemos dos, tenemos más patrimonio, tenemos posibilidades de ampliar nuestra oferta de formación y toda nuestra acción política, que creo que es extraordinario para España, y me da la impresión de que ha jugado un papel en todas las épocas muy bueno y que realmente ha servido para lo que se estaba haciendo.
Cuando uno tiene un patrimonio, cuando uno tiene una opción, lo que tiene que hacer lógicamente es sacarle la máxima rentabilidad. Se trata no ya de poner imaginación, sino simplemente planificación sobre lo que es la acción del centro de formación y sacarle provecho a algo que es un patrimonio del Estado que, como usted ha dicho, puede tener múltiples utilidades, porque cuando uno pone sobre la mesa un patrimonio, evidentemente siempre obtiene ventajas. Yo creo que el resultado va a ser bueno para los objetivos que España tiene con el centro y de lo que se trata es de que se le encuentre a ese centro un uso que venga a compensar otras acciones. Insisto, cuando uno tiene, no existen problemas; lo malo es cuando uno no tiene nada que ofrecer. Pero cuando uno tiene cosas que ofrecer yo creo que eso va a ser positivo. Lo único que siento es no haber podido estar en la inauguración, espero que en alguna ocasión lo podamos ver. Tuve la suerte de ver en marcha lo que fueron las escuelas taller de restauración del convento de Santo Domingo y creo sinceramente que para la ciudad de Cartagena de Indias, para la escuela taller, para el futuro de la utilidad de ese centro, del que el Gobierno hará seguramente buen uso, va a ser algo extraordinario. Insisto, era una demanda que el centro español de Cartagena se había quedado claramente pequeño y era una oportunidad, como es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Antigua, que usted sabe que es un centro con unas posibilidades extraordinarias de formación.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): En mi calidad de secretario general de la Agencia lo que me preocupa es el rigor en la gestión. En este caso hay elementos muy preocupantes. En primer lugar, a pesar del tiempo transcurrido entre el inicio de una actuación y el momento en el que se produce el traslado del centro, no hay ninguna decisión tomada sobre el destino final del centro primitivo y además hay una relación progresivamente deteriorada con la institución que lo ocupa, que es la Casa de España. En segundo lugar, el traslado se hace de una forma, como he dicho, apresurada, con un incremento de gasto sustancial.
Pensemos que de un presupuesto de tres millones de dólares para la intervención, hay una desviación al final -y todavía no se ha terminado la obra- de 700.000 dólares. Es decir, la desviación por el apresuramiento de la terminación de las obras y por la gestión del proyecto refleja una gestión poco rigurosa. En tercer lugar, el resultado final es un doble sobredimensionamiento. El centro de Santo Domingo está sobredimensionado para las necesidades de un centro de formación en Cartagena de Indias. La Casa de España tal como está ahora está sobredimensionada para ser utilizada como Casa de España. Por tanto, el problema no es baladí, no es que tenemos simplemente, como dice S.S., más patrimonio que hacer, es que hay que buscar un plan para los patrimonios en una sobredimensión que no responde a los objetivos. No es el lugar ni el momento quizá -sí es el lugar, pero quizá no es el momento- de hablar de lo que todo esto implica en términos de la gestión del programa de patrimonio durante los últimos años. Va a ser necesario reorientarlo, porque al final las actuaciones en lo que pueden degenerar es en este tipo de resultados: actuaciones sobredimensionadas, desviaciones de gasto. Es decir, es absolutamente imprescindible volver a traer el rigor a la gestión de un programa tan importante y con una dotación presupuestaria tan sustancial como es el programa de patrimonio.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LUGARES EN DONDE TIENE EL GOBIERNO PREVISTO ABRIR NUEVOS CENTROS CULTURALES. (Número de expediente 181/000192.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4 del orden del día.
El señor ROBLES OROZCO: En esta pregunta de nuevo solicito información, porque en las comparecencias tanto del ministro como de la secretaria de Estado se esbozaron líneas muy generales, pero no se ha concretado y creíamos que este era un buen mecanismo para conocer más en detalle cuáles son los instrumentos que va a tener el Gobierno para desarrollar sus objetivos. Uno de los instrumentos que hemos tenido en el pasado ha sido la constitución de los centros culturales, que en este momento están en infinidad de lugares, como es en México, Salvador, Costa Rica, Santo Domingo, o en colaboración con otras instituciones locales, como es en el caso de Brasil, o con otras instituciones en Centroamérica. Por eso nos gustaría saber la previsión como instrumento de desarrollo de las políticas culturales de España. Es decir, cuál es la previsión del Gobierno en cuanto a la apertura de nuevos centros culturales.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Permítame S.S. que empiece por exponer sucintamente cuál son las líneas generales de nuestra política cultural internacional. La política cultural internacional que vamos a desarrollar se sustenta sobre cuatro principios fundamentales: la coordinación como herramienta para conseguir una política de cooperación cultural común del Gobierno en el exterior, y la concurrencia y complementariedad. Cuantos más agentes actúan más rica es la vida cultural y ello aportará mayor visibilidad para nuestra cultura en los contextos internacionales. Con los principios de coordianción y concurrencia queremos reforzar al máximo el trabajo conjunto entre los diversos actores culturales en el exterior, sobre todo queremos huir de cualquier tendencia de querer acaparar de forma unipersonal el protagonismo de la acción cultural exterior y devolver el sentido de proyecto de Estado y, por tanto, de proyecto común de todas las instancias gubernamentales, a la política cultural internacional. Otro principio que sustenta la nueva política cultural internacional es el de pluralidad como forma de aceptar la diferencia de las formas y expresiones culturales integrantes de nuestro patrimonio y diversidad cultural. Y el último principio es el de la integración con otros niveles de la Administración y de la sociedad civil, de forma que se perciba al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como una herramienta de la presencia en los escenarios internacionales. Con estos dos últimos principios de pluralidad e integración pretendemos también garantizar la transparencia y accesibilidad de todas nuestras actuaciones, ambas imprescindibles para uno de nuestros objetivos prioritarios: incorporar la dimensión de servicio público a nuestra actuación, a nuestros servicios; una dimensión de la que lamentablemente nos hemos alejado mucho en los últimos tiempos.
Por lo que respecta a las líneas estratégicas que instrumentarán la ejecución de nuestra política cultural internacional, éstas son las siguientes. En primer lugar, la promoción cultural en el exterior, manteniendo y potenciando una línea de proyección de la cultura española en el exterior por medio de un conjunto de programas y actuaciones que permitan mostrar la realidad cultural española en un mundo globalizado.
Se trata de ofrecer en el exterior una muestra de la plural realidad cultural española, enriquecida con el aporte de los ciudadanos de diversas procedencias culturales y geográficas, que han venido a transformar la realidad de la población española. La segunda línea estratégica será la de la cooperación cultural internacional, entendida como vehículo de intercambio y de enriquecimiento mutuo, que se traduce en la articulación de acciones compartidas, de soporte de flujos bidireccionales que permitan una mayor comprensión del otro y de las relaciones culturales entre diversas sociedades civiles. Entendemos la cooperación cultural como una relación equitativa e igualitaria en sus formas expresivas para un fin, que es el del enriquecimiento mutuo. Y en tercer lugar, la acción cultural para el desarrollo. Nos proponemos impulsar con rigor y con un incremento de medios adecuados las potencialidades de la acción cultural exterior como instrumento de cooperación al desarrollo, la lucha contra la pobreza y contra la exclusión social. La vida cultural aporta elementos a la gobernabilidad y a la cohesión social y contribuye al desarrollo socioeconómico en múltiples formas, entre ellas la creación de empresas, la creación de empleo, la comercialización de productos o el incentivo del turismo cultural. Este potencial puede y debe explotarse por las comunidades concernidas como una herramienta que contribuya a la creación de capital social en los procesos de desarrollo local, al bienestar social colectivo, al aumento de la renta, a la dignidad y a la defensa de las entidades colectivas amenazadas por la homogeneización resultante de la globalización y de las relaciones comerciales abusivas.
Las aportaciones de la acción cultural en la lucha contra la pobreza y en el fomento de la solidaridad son
de reconocida eficacia en la realidad contemporánea. Queremos fomentarlas a partir de la introducción de nuevos enfoques y de nuevas acciones en nuestra política cultural, que contribuyan a transformar en una realidad no muy lejana una alianza entre civilizaciones, alianza en la que las diferencias políticas y socioeconómicas se vean superadas por complicidades culturales basadas en la libertad y el respeto a la diferencia. Pues bien, es en este contexto general donde se enmarcan las previsiones de acción cultural y, por lo tanto, de apertura de nuevos centros culturales del Gobierno para el periodo 2005-2006, que se centran en tres localizaciones ordenadas por prioridad: Brasilia, Quito y Sao Paulo.
España tiene un importante plan de cooperación cultural con Brasil que SS.SS. conocen, plasmado en la comisión educativa y cultural de mayo de 2003, que se celebró junto con la Comisión mixta de Cooperación, y que se ha reiterado en el Plan de asociación estratégica suscrito entre ambos países en Santa Cruz de la Sierra. En este contexto se pretende sustituir progresivamente a corto plazo la Sociedad Cultural Brasil-España-SCBE-, instrumento actualmente poco adecuado para el desarrollo de la cooperación cultural, por instrumentos propios de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Este proceso se iniciará con la conversión en órgano exterior de la AECI del centro cultural Brasil-España de Brasilia, ahora gestionado por la citada sociedad. De ahí que esta localización sea la primera de las prioridades. Igualmente se contempla la apertura de un centro cultural de la AECI en Sao Paulo en el mismo periodo.
En relación con la construcción de un nuevo centro cultural en Quito, ocupa, como les decía, la segunda posición en las prioridades del Gobierno, aunque si no fuera por la previa existencia del centro cultural Brasil-España, ya en proceso de reconversión, seguramente ésta sería hoy la primera prioridad. La inclusión de Ecuador dentro de estas prioridades responde a la necesidad urgente y notoria de intensificar nuestras relaciones culturales con uno de los mayores emisores de población emigrante en nuestro país. Estas tres son, por tanto, las prioridades inmediatas a la hora de abrir nuevos centros culturales en el exterior.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene la palabra. Le recuerdo que tiene seis minutos.
El señor ROBLES OROZCO: Consumiré parte de esos seis minutos en decir algo que no pude decir en la anterior pregunta, y se refiere precisamente a las posibilidades que tiene ese centro de nuevo. Usted bien sabe que no he conocido un solo director -y he conocido unos cuantos- en el centro anterior de Cartagena que no se quejara precisamente de la falta de espacio y la existencia de lo que usted ha dicho, que ya estaba el viceconsulado allí y ya estaba la Casa de España allí compartiendo con el centro. Usted sabe bien -porque supongo que los técnicos de la Agencia se lo han dicho- que todos los años la demanda de utilización de ese centro era muy superior a las posibilidades de oferta. Por lo tanto, ese centro demandaba muchísimos más servicios. Ahora se trata de que si ustedes no paran la dinámica que había estos años, les aseguro que el centro tendrá una buena programación, insisto, si ustedes no deciden otra orientación.
Por lo tanto, la Casa de España estaba donde estaba, también estaba el viceconsulado, la falta de espacio era evidente y también existía falta de posibilidad de planificar todo lo que había. Insisto, ahora les toca a ustedes -la gerencia no es solamente lo bueno- decidir qué van a hacer con el centro. No me preocupa nada tener decidir cuando tengo sobre qué decidir, lo malo es decidir sobre lo que no se tiene. Por no profundizar en el tema, insisto, es una gran decisión sobre una restauración compleja y costosa, pero que ha sido extraordinaria, y no habrá nada más que verlo. Vuelvo a los centros culturales.
Estoy plenamente de acuerdo, señor secretario general, que la política cultural es un instrumento para el desarrollo, pero precisamente ustedes no siempre estaban de acuerdo, es decir, habrá que leerse o releerse algunas actas de algunas cosas que ustedes decían sobre la política cultural llevada a cabo como instrumento para el desarrollo. Nosotros hemos estado siempre de acuerdo con eso, creemos en eso y, por eso, también teníamos previsiones de abrir una serie de centros; previsiones que no solamente incluían a Quito, como usted ha dicho, sino también a La Paz, la ampliación del centro de México, así como hacer esfuerzos para la apertura de un centro que se abrió, como usted sabe muy bien, en La Habana.
Usted nos anuncia la reconversión de la sociedad Brasil-España, lógicamente ustedes tienen su criterio. Quizá sea oportuno estudiar la reforma de esa sociedad, pero no va a aportar mucho sobre lo que en este momento ya está haciéndose. Por lo tanto, los centros de Brasilia y Sao Paulo serán nuevas formas de gestionar ese tema, pero son centros en donde ya se están desarrollando actividades culturales españolas. La novedad que usted nos anuncia es la apertura del centro de Quito, pero, insisto, estaba prevista también la apertura del centro de La Paz, estaba prevista la ampliación del centro de México. Me gustaría que nos dijera qué acciones va a tomar el Gobierno para retomar la apertura del centro de La Habana, que es importante. Supongo que la mejora de las relaciones con el Gobierno de Cuba permitirán retomar la apertura del centro de La Habana.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario general, tiene usted muy poquito tiempo.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Procuraré no pasarme, señora presidenta.
Primero, en relación con la pregunta anterior. Insisto en mi preocupación por la gestión. Estoy de acuerdo en crecer, pero pasar de 2.000 metros cuadrados a 11.000 metros cuadrados me parece que es crecer con una cierta desmesura. De otra parte, tomar decisiones sin saber qué hacer con lo que se va dejando atrás me parece que es también una gestión inadecuada; es a lo que me refería.
Segundo, los centros culturales. Es absolutamente necesario reconvertir la acción de la sociedad a partir de la presencia del Instituto Cervantes y de sus planes de fortalecimiento en Brasil; hay que ordenar esa competencia y, por lo tanto, el mejor camino es reconvertir la sociedad.
Por otro lado, los centros a los que me he referido son los que están en el horizonte más inmediato. Naturalmente no se abandona ningún objetivo de crecimiento, de ampliación y de reconversión de los que necesitan ser hechos, pero, insisto, me he ceñido a lo que son las prioridades inmediatas y que ya están en curso de ejecución.
En cuanto a la última referencia que hacía al centro de La Habana, nada nos gustaría más que poder fortalecer nuestra acción cultural, pero, como usted sabe muy bien, es un juego en el que participamos dos y trabajamos activamente para que ese resultado se pueda dar de una forma rápida y progresiva.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE LOS LUGARES EN DONDE SE VAN A ABRIR NUEVAS OFICINAS TÉCNICAS DE COOPERACIÓN, ASÍ COMO PLAZOS PREVISTOS AL RESPECTO. (Número de expediente 181/000192.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 5 del orden del día. Tiene la palabra por el Grupo Popular, el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: De nuevo voy a utilizar un pequeño tiempo para pedirle un poco más de concreción. Insisto, la previsión del centro de La Paz era inmediata. Me gustaría, si nos lo puede ampliar, que nos dijera qué va a suceder con el centro de La Paz -entonces, ya supongo que me dice que sí, que se ampliará México-; simplemente que me concrete qué va a pasar con el centro que estaba previsto en La Paz.
La quinta pregunta, de nuevo, es simplemente una petición de información.
Igual que los centros culturales forman este instrumento para la cooperación, obviamente también las oficinas técnicas de cooperación -las OTC- lo son. Ha habido ya un gran desarrollo de las oficinas, tanto en Iberoamérica como en Africa, y ha habido también previsión de abrir nuevas oficinas técnicas. En este sentido me gustaría, si el Gobierno puede, que nos concretara cuál es la previsión de completar la red de oficinas técnicas.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Ustedes saben, y usted lo conoce, las líneas que van a informar la política de cooperación del Gobierno, pero yo querría resaltar en este momento al menos tres: una, la mayor atención a la cooperación multilateral; otra, la mayor atención a las necesidades del desarrollo del continente africano; y la tercera, la voluntad de iniciar nuestra acción con los países menos adelantados de Africa. Por ello, la primera previsión que hay de apertura de una oficina técnica de cooperación es en el continente africano, y para buscar la sinergia entre todas estas líneas, tenemos previsto abrirla en Addis Abeba. De hecho, en el presupuesto para el año que viene, que ha tenido ya entrada en esta Cámara, hemos previsto los fondos necesarios para poder proceder a lo largo del proximo año a esta apertura. Pondremos inmediatamente en marcha los trámites en cuanto se produzca la aprobación del presupuesto.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene la palabra.
El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario general, ¿sabe que, aparte de toda la red de Iberoamérica, que está completa, en Africa hay ya 10 oficinas técnicas? Exactamente en Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, Egipto, Senegal, Guinea Ecuatorial, Angola, Namibia y Mozambique.
Realmente no iniciamos nuestro trabajo en Africa en este periodo, no hemos descubierto Africa en este periodo, sino que ya había una fijación de objetivos y de prioridades para el norte de Africa y para Africa en su conjunto y se han dado pasos muy importantes. Existen un total de 10 oficinas; usted nos anuncia la apertura de una oficina como toda previsión para los próximos años en una zona geográfica en la que no ha sido tradicional nuestra cooperación. Nos parece muy bien, está en los objetivos del Gobierno, pero se suele decir que el que mucho abarca poco aprieta y convendría saber muy bien cuál es la dimensión que se puede abarcar y no pensar que lo pueden hacer todo. En todo caso, quiero resaltar que esta nueva definición que se hace ya parte de un trabajo; que en este momento hay 10 oficinas técnicas de cooperación en el continente africano. Hay 10 oficinas técnicas de cooperación, no una; hay 10 oficinas técnicas que han venido desarrollando un excelente trabajo y que precisamente han sido la base de nuestra entrada en el continente africano.
Usted nos ha abierto en este momento una nueva oficina, la de Addis Abeba, pero tengo que decirle que también estaba previsto abrir la oficina de Yakarta, oficina que iba a jugar un papel importante en el desarrollo de la estrategia en la zona Asia-Pacífico y sobre este extremo usted no ha hecho ninguna referencia. No sé si
se abandona ese objetivo en función de otros o si simplemente se pospone o se retrasa.
De todos modos, quiero resaltar el trabajo que ya se ha hecho en el continente africano, donde hay 10 OTC y decirle que había una previsión, la apertura de la oficina de Yakarta y me gustaría, si es posible, que nos explicara cuál es la situación de esta oficina.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Este Gobierno no tiene ninguna tentación de adanismo, de ignorar el continuum de la historia.
Efectivamente, ya hay una estructura de OTC, que se trata de complementar y ampliar de acuerdo con las nuevas directrices. Al mismo tiempo, tengo que decir que la ambición no está reñida con el realismo y que una buena gestión exige ser conscientes de lo que realmente se puede hacer y yo no querría hacer aquí, ante ustedes, una larga lista de propósitos, sino hablarles de realidades. La oficina en Addis Abeba responde a unos criterios de Gobierno y a la realidad, porque -naturalmente, si el Parlamento aprueba esa partida presupuestaria- habrá posibilidad de hacerla a corto plazo, por eso no he hablado de más ampliaciones. Es evidente que hay otros proyectos, que todavía no tienen reflejo en el presupuesto del año que viene, pero que están en la mente de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Hay un proyecto más inmediato que no he mencionado, el de dotar a la oficina de Haití, que estuvo sin dotar durante los últimos años -luego hablaremos de Haití-, y se ha demostrado la necesidad y la urgencia de hacerlo, y también existe, por supuesto, la necesidad de ampliar nuestra presencia en Asia. Existe, y lo conocemos bien, el proyecto de Yakarta, pero quizá hay otras áreas donde sería más urgente y más coherente con los planteamientos de la política de cooperación abrir una oficina, antes de hacerlo en Yakarta; tal vez Timor pueda ser uno de los lugares. En el proceso de reflexión en el que actualmente estamos inmersos, puesto que, como ustedes saben, se está elaborando el Plan Asia, en ese contexto, quizá sea más oportuno y congruente abrir una oficina en Timor que hacerlo en Yakarta. En cualquier caso, son decisiones, junto con otras, sobre las que se está reflexionando y que todavía no tienen el nivel de concreción que quería dar en mi respuesta a esta pregunta.
La señora PRESIDENTA: Señor Robles, tiene la palabra por cuatro minutos.
Disculpe, señor Robles, me había quedado en la pregunta anterior.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE FINALIDAD DE LA INTENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE CREAR UNA LÍNEA DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 181/000196.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Tiene la palabra, señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Casi me da un vuelco de alegría al pensar que usted me daba cuatro minutos de generosidad, pero ya veo que la generosidad se ha quedado pequeña.
En todo caso, retomando un tiempo para esa pregunta, quiero decirle que veo que, entre las previsiones del Gobierno, está retrasar Yakarta.
Tendremos ocasión de tratar de esto cuando hablemos de los objetivos de la cooperación española.
La siguiente pregunta enlaza con un objetivo que expresó la secretaria de Estado en su comparecencia, la idea de destinar financiación a proyectos de identificación y formulación de los mismos. Esto se dijo, digamos, de pasada, como es lógico en una comparecencia que marca todas las líneas generales, y a nosotros nos parece que es un cambio respecto a lo que se está haciendo en este momento. No entramos a valorarlo y simplemente nos gustaría que nos ampliara esa información, que nos dijera cuáles van a ser exactamente esas líneas para después, cuando tengamos una información más amplia, poder enjuiciarlo. Por tanto, si puede, nos gustaría que nos dijera cuáles son las finalidades, los objetivos que quiere cumplir la Agencia de Cooperación a través de los nuevos modelos de financiación.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Dentro del nuevo modelo de participación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en el logro de los objetivos de la cooperación española, cuyo marco global es la consecución de los objetivos del milenio, está contemplada la posibilidad de incorporar a la financiación de las diversas acciones de cooperación el conjunto del ciclo del proyecto, incluida, por supuesto, la identificación y la formulación de las mismas, y esto de forma mucho más trascendente en aquellas intervenciones de desarrollo que tengan un carácter plurianual. Quiero recordar que el modelo vigente sobre la financiación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, reflejado en la Ley de Bases de 31 de enero de 2001, ya fue cuestionado en
aspectos esenciales por la coordinadora de ONG mediante la abstención de sus representantes en el Consejo de Cooperación, que vio esa Ley de Bases el 22 de enero de 2001. Sin embargo, la falta de diálogo que caracterizaba a los anteriores responsables de la SECIPI impidió cualquier modificación. Posteriormente, y con la experiencia de más de tres años de trabajo con el modelo, tanto las ONG como destacados expertos han cuestionado el sistema por ineficaz, costoso y burocrático.
Si el objetivo de aquella reforma era conseguir una mejora en la calidad de la cooperación a través de las ONG, tenemos que decir que ésta ha fracasado, y no por la falta de voluntad ni el trabajo de miles de cooperantes, sino por la existencia de un modelo sumatorio de proyectos y de acciones ajenos a cualquier planificación compartida de los objetivos de la cooperación española y que ha transformado la financiación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo en la financiación finalista de organizaciones, introduciendo a la vez a gran parte de ellas en serias dificultades financieras, producto de un modelo rígido orientado hacia el control y no hacia los efectos e impactos en el desarrollo.
Uno de los problemas donde coinciden todos los actores es que la falta de financiación de las fases de identificación y formulación afecta a la calidad y al impacto de las actuaciones. Hoy por hoy, incluso en aquellas modalidades plurianuales como las estrategias y los programas, donde se reconoce la imputación del gasto de identificación, ésta se limita de tal forma que hace que las organizaciones no gubernamentales consuman a su cargo todo el periodo previo a la presentación de la propuesta de estrategia o programa. Sin embargo, estamos ante una cuestión clave, la identificación y formulación son fases determinantes del ciclo del proyecto para el impacto y el éxito de la intervención. Hoy, los complejos procesos participativos de identificación y formulación son sustituidos por una tarea de cumplimentación de formularios para poder participar con éxito en un proceso concurrencial, y el efecto inmediato de lo anterior es que en dichas convocatorias no concurren intervenciones adecuadamente diseñadas para su puesta en marcha, sino declaraciones de intenciones que buscan responder a las prioridades sectoriales y geográficas elegibles, con objeto de lograr la financiación pública. Nos encontramos así con un efecto indeseado de ejecución sobre la marcha, donde de facto coinciden todas las fases, la identificación, la formulación y la ejecución, lo que provoca un sistemático reajuste y reformulación, alejándose el proyecto del inicialmente propuesto y provocando un aluvión de carga administrativa que distancia a los ejecutores y a los gestores de los aspectos de fondo de la actuación.
Por otra parte, quiero resaltar que la importancia de la financiación de las fases de identificación y formulación es algo plenamente asumido en las prácticas de la cooperación internacional y por sus diversos organismos, tanto por las agencias nacionales de cooperación como por los organismos multilaterales. En los más importantes de todos ellos, la Unión Europea, el BIRD, la GTZ, ASDI, DANIDA, la secuencia entre misiones de identificación, equipos de proyecto y formulación del proyecto es en sí un procedimiento plenamente incorporado a la metodología de dichas organizaciones. Desde la Secretaría de Estado y desde la Agencia Española de Cooperación Internacional se ha reiterado que el compromiso de este Gobierno no es sólo de incremento del volumen de Ayuda Oficial al Desarrollo, sino que plenamente vinculado a ella se sitúa el incremento de la calidad de la ayuda como un objetivo de nuestro acción. Y dentro de ese objetivo nos encontramos con la necesidad de que aquella parte de la cooperación española que sea desarrollada por las ONG responda a los mismos parámetros de exigencia, lo que requiere planificación compartida de objetivos, rigor en la concesión de la financiación, evaluación del impacto y facilitación de todos los instrumentos necesarios a las ONG para el eficaz desarrollo de su actuación. Es en este contexto y en este marco en el que la financiación de las fases de identificación y formulación del ciclo en proyecto se convierte en un requisito de eficacia y calidad al que requerimos dar respuesta.
La señora PRESIDENTA: Señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario general, quizá sea una solicitud de información en la que nos estamos poniendo la venda antes de tiempo o estemos utilizando un mecanismo preventivo, porque en la misma línea de lo que usted ha dicho sobre la opinión de las ONG, otros hemos escuchado otras opiniones. Yo, por motivo del cargo -como usted ha mencionado-, he tenido que viajar mucho por Iberoamérica en los últimos años y he tenido muchos contactos con proyectos de desarrollo, muy especialmente en temas vinculados con la sustitución de cultivos. He conocido a mucha gente sobre el terreno que me ha hablado de experiencias anteriores, y recuerdo la primera de todas, hace ocho años, en la que cooperantes y técnicos sobre el terreno -no diré dónde para que no puedan ser identificados- me explicaban la necesidad de cambiar determinadas prácticas de los anteriores gobiernos en las que se producía un verdadero escándalo, es decir, lo que ellos llamaban amiguismo y turismo social, pues aparecía durante el verano un número determinado de gente a identificar proyectos y a hacer estudios que después no se hacían. Evidentemente, esto suponía, a juicio de mucha gente que estaba sobre el terreno, algo que había que cambiar. Insisto en que no se trata de hacer en este momento una labor preventiva innecesaria y ponerse la venda antes de tiempo, pero en este deseo que todos tenemos de diálogo sería bueno que se escucharan todas las experiencias, todas las opiniones y que formuláramos adecuadamente este proyecto. Usted sabe que aunque no se hace desde la agencia, sí se hace desde otros instrumentos de la cooperación en España.
Por ejemplo, los FAD están destinando una parte precisamente a la formulación e identificación de proyectos. No tenemos nada en contra de que pueda vincularse la identificación y el estudio del proyecto a su ejecución, incluso que pudieran establecerse algunos mecanismos para este tema. Quizá las experiencias de otros momentos y las opiniones de otra gente -que no son las mías, simplemente se las traslado porque no tengo esa experiencia- nos hacen pensar que hay que hacer bien las cosas, precisamente para que el deseo que tenemos de corregir esos instrumentos se pueda ejecutar en la mejor de las direcciones y para que la identificación y la formulación de los proyectos tengan aparejadas normalmente su ejecución o puesta en práctica.
En resumen, lo único que quiero trasladarle es mi inquietud por lo que escuché, por la preocupación expresada y por lo que debe ser, puesto que se va a aprovechar para reformular este tema, una buena concreción de cómo utilizar adecuadamente los recursos, que no son muchos y que, por tanto, hay que utilizar lo mejor posible. Siempre nos ha movido a todos el deseo -lógicamente, en cualquier época- de que la gestión de los recursos fuera la más adecuadas. En este caso, cuando se identifican deficiencias, está muy bien corregirlas, pero escuchemos a todos y escuchemos las experiencias para que no se produzcan situaciones indeseadas, porque probablemente cuando se diseñan no se piensa en los efectos secundarios que a veces se pueden producir. Solamente quería trasladarle esta inquietud y hacer una reflexión para que cuando ustedes hayan de reformular estas cuestiones tengan en cuenta opiniones que en algunos casos se producían. Insisto, no son las mías, sólo puedo trasladarlas, pero recuerdo aquellos comentarios, que supongo que tendrían alguna base.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Hay por lo menos tres razones de fondo para revisar el sistema de financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo que se canaliza a través de las ONG de desarrollo.
En primer lugar, la nueva Ley de subvenciones, que exige toda una adaptación del mecanismo. En segundo lugar, que el nuevo plan director va a fijar las nuevas estrategias, las nuevas zonas prioritarias, y por tanto, también el nuevo papel que este aspecto de la cooperación al desarrollo va a jugar en el futuro. Y en tercer lugar, por los propios méritos del sistema, que ha demostrado ser insuficiente e inadaptado. Es decir, estamos de acuerdo, señoría, en que es necesaria una corrección.
¿Con esto qué quiero decir? Que no hay ningún riesgo de que se haga con la falta de diálogo que ha caracterizado a modificaciones y decisiones en épocas anteriores. Es una decisión firme del Gobierno y desde luego de la Secretaría de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Agencia escuchar a todas las partes y tratar de recuperar el consenso y el diálogo como norma esencial de la actuación en ese ingrediente de nuestra política exterior que es la cooperación, y la cooperación hecha a través de las ONG. Por tanto, tenga la seguridad S.S. de que el diálogo es lo que va a caracterizar también este ejercicio de corrección de los sistemas de financiación, diálogo en el que por supuesto va a tener un papel destacado, como no puede ser de otra manera, la coordinadora de organizaciones, y las propias organizaciones que son las que van a ejecutar y conocen mejor que nadie las necesidades y los nuevos mecanismos a los que habrá que recurrir. Lo cierto es que ahora la ausencia de esta financiación no garantiza la articulación de estos proyectos en el conjunto de los objetivos de la cooperación española y supone una pesada carga para la gestión y la supervivencia financiera misma de las organizaciones. Se impone, por tanto, una corrección, la vamos a hacer y la haremos, desde luego, teniendo el diálogo como mecanismo y herramienta fundamental para llegar a una solución que atienda a todos los objetivos y que tenga en cuenta todas las opiniones.
-DEL SEÑOR ROBLES OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE OBJETIVO DEL RECIENTE VIAJE DE LA SECRETARIA DE ESTADO, LEIRE PAJÍN, A LA REPÚBLICA DE HAITÍ. (Número de expediente 181/000198.)
-DE LA SEÑORA SÁNCHEZ RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RESULTADOS DE LA VISITA DE LA SECRETARIA DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL A HAITÍ, ASÍ COMO PREVISIONES DE COOPERACIÓN CON DICHO PAÍS. (Número de expediente 181/000221.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a los puntos 7 y 10 del orden del día, que se tramitarán de forma conjunta, tal y como ha acordado la Comisión.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Señor secretario general, esta pregunta iba destinada a la secretaria de Estado. Yo hubiera preferido sinceramente que, puesto que ella fue la persona que hizo ese viaje y la responsable, hubiera sido ella la que respondiera, pero se decidió que fuera usted.
Hay otra pregunta del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que, incluso por coherencia, debería haber sido la secretaria de Estado la que respondiera. Al poco tiempo de haber sido nombrada secretaria de Estado se encontró con la situación de República Dominicana y Haití. Nos dio la impresión de
que la agilidad con la que se tenía que haber respondido a la República Dominicana no se aplicó y, por el contrario, nos da la impresión de que en la República de Haití lo que hubo fue -espero que así sea- un desconocimiento o una continuación de fórmulas que se tienen más en la oposición que en el Gobierno. Hicieron, a mi juicio, algo que chocó un poco, concretamente que para llevar cinco toneladas de ayuda humanitaria a Haití -es lo que se llevó en ese viaje, cinco toneladas y media- se fletó el avión que usa el jefe del Estado o el presidente del Gobierno para viajar, un Airbus 300, y además fueron en ese avión 30 periodistas.
Usted sabe que por cada persona que monta en el avión son 100 kilos menos de carga que se pueden llevar, es decir, no se pudieron cargar más de 3.000 toneladas porque fueron más de 30 periodistas. Lo normal es que habitualmente -como usted bien sabe, porque en el avión que acaba de ir de nuevo, el Airbus, solamente han ido dos personas- vayan menos personas, precisamente para poder llevar más carga que en la vez anterior. Por lo tanto, resulta un poco chocante que lo que debe primar en una situación de emergencia sea precisamente la ayuda humanitaria y no se pueda cargar en el avión porque van básicamente periodistas, puesto que en ese momento lo que se pretendía era escenificar la presencia de la secretaria de Estado, y se use además un avión que solamente moverlo cuesta, como usted bien sabe, bastantes millones de las antiguas pesetas.
Insisto en que esto es un poco chocante ante la situación de emergencia.
Esperemos que esta actuación que se puede tener nada más llegar y tomar posesión se corrija y no sea la tónica habitual mover esos aviones tan caros ni realizar ese esfuerzo de escenificación de la ayuda.
Evidentemente, después tiene que haber una continuidad. La crisis de Haití continúa. Sé que se ha seguido enviando ayuda humanitaria, sobre todo con motivo del nuevo huracán, en este caso ya sin la presencia de periodistas ni de la secretaria de Estado. Se ha mandado, no sé si ha sido un Hércules o un Antonov, y de nuevo el Airbus con ayuda humanitaria. En todo caso, quiero expresar que no nos parece lo más adecuado en un momento de situación humanitaria como esta sacrificar la carga que podía caber en el avión por llevar a periodistas o lo que sea en ese momento. No se trata de que sean o no periodistas, sino del hecho de tener que retirar carga. No sé si la tónica habitual será mover el avión del jefe del Estado para trasladar la ayuda humanitaria, pero estoy seguro de que se pueden alquilar aviones de carga que salen más barato.
En todo caso, lo importante es saber cuál es la continuación de estas actuaciones, porque hemos conocido todos el compromiso del Gobierno de mandar ayuda a Haití, ayuda que, por cierto, de momento se ha concretado básicamente en la presencia de policías y guardias civiles. La Guardia Civil, como usted bien sabe, es un cuerpo militar, y por tanto resultan chocantes varias cosas. Se ha criticado muchas veces la vinculación entre la ayuda humanitaria y la participación militar. Que yo sepa, en este momento en Haití hay militares, porque la Guardia Civil es militar; que yo sepa se han utilizado aviones del Ejército para trasladar la ayuda humanitaria, porque evidentemente esta ala pertenece al Ejército español, luego hay una vinculación. Aparte de la ayuda humanitaria que ha sido trasladada, lo que ha expresado recientemente el secretario general o el secretario de Estado es que la ayuda a Haití va a suponer exactamente 3 millones de euros con cargo a los créditos FAD, por cierto, mecanismo que ha sido también permanentemente criticado. Básicamente la ayuda estructural, la ayuda que no es la humanitaria, va a consistir en 3 millones de euros en créditos FAD durante los años 2005 y 2006. Si no me equivoco, porque hay unas cifras que me bailan, también se habla de 2,1 millones de euros, que se van a centrar básicamente en formación de policías y procesos electorales. Qué duda cabe que los procesos de refuerzo institucional son muy importantes, son fundamentales. Formar una policía que sea capaz de poner orden en el desarrollo institucional es importante, pero nos parece que después del esfuerzo propagandístico que se ha hecho de nuestra presencia en Haití es bastante escaso hablar solamente de créditos FAD y de formación de policías, cuando el país -ustedes lo han dicho y lo han escenificado- parece que tiene otras necesidades en el ámbito humanitario, sanitario y educativo. Insisto, es un poco chocante la crítica que se ha hecho tanto a los FAD como al vínculo entre la ayuda humanitaria y la presencia militar, cuando precisamente en Haití se están haciendo ambas cosas, el uso de los créditos FAD y el uso de la ayuda militar para poder llevar a cabo la presencia española en Haití.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señor secretario general, muchas gracias por su presencia hoy aquí en esta Comisión. No me gustaría empezar de esta forma, pero me ha parecido, señor Robles, de mal gusto su alusión a la forma de traslado, puesto que ya que ha conseguido tantísima información, debe saber también que en ese traslado había ayuda humanitaria para otros países. La misión era global, no solamente desde el punto de vista de la Secretaría de Estado de Cooperación, y con seguridad recibirá mayor amplitud en ese aspecto que usted ha destacado de un tema tan importante.
Evidentemente, la pregunta que usted hacía desde el Grupo Popular y la que formulábamos nosotros desde el Grupo Socialista no eran iguales. Las hemos agrupado, pero en realidad no eran iguales. Usted preguntaba por los objetivos, pero no se puede preguntar cuáles son los objetivos de un viaje de este tipo, después de las catástrofes sucesivas y de la situación de un país que es el más pobre del mundo según los datos que tenemos en este momento.
Como usted sabe, señor secretario general, en su comparecencia ante esta Comisión el pasado 16 de junio la secretaria de Estado expuso cuál había sido la intervención de la agencia de la que usted es secretario general en torno a las devastadoras consecuencias de las inundaciones en Haití y la República Dominicana de finales del mes de mayo. Han pasado poco más de cuatro meses y la situación se ha ido agravando en Haití. A esta situación de miseria y desastre se ha unido una nueva catástrofe en la última semana ocasionada por la tormenta tropical Jeanne, que ha dejado en Haití más de 2.000 cadáveres, miles de viviendas destruidas, 250.000 damnificados y muchedumbre de hambrientos que se unen a los ya existentes. Como ustedes comprenderán, el objetivo es evidente. Son catástrofes que han venido a agravar una situación de extrema pobreza que afecta al 80 por ciento de los casi 8 millones de habitantes de Haití, con un elevado índice de mortalidad infantil, una gran incidencia del sida, una esperanza de vida que no supera los 50 años y una renta per cápita de 361 dólares anuales. Estos y otros múltiples indicadores, como son la degradación medioambiental, la inestabilidad política, etcétera, nos sitúan ante el país con los niveles de desarrollo humano más bajos de América y uno de los más pobres del mundo, como comentaba anteriormente.
En su comparecencia, la secretaria de Estado nos expuso el compromiso del Gobierno de incrementar la ayuda oficial a los países con menos desarrollo hasta llegar al 20 por ciento de dicha ayuda, de incidir particularmente ante la pobreza severa, coordinándose la cooperación española con el grupo de Sao Paulo para promover una reflexión en torno a la lucha contra el hambre y la pobreza; compromiso que ha dejado patente en múltiples ocasiones el presidente del Gobierno, en concreto en el último discurso ante la 59 Asamblea de Naciones Unidas. Esta cooperación está en la línea de los principios del Comité de Ayuda al Desarrollo respecto a las acciones humanitarias que se encaminan a salvar vidas, aliviar el sufrimiento, acciones imparciales, sin discriminación entre las poblaciones afectadas, neutral en situaciones de conflicto armado e independiente, suponiendo la autonomía del objetivo humanitario respecto a los objetivos políticos, económicos, militares u otros que pueda haber en las áreas donde se ejecuta la acción humanitaria. Así de claro nos lo dejaba la secretaria de Estado, señora Pajín, en su comparecencia.
Conocimos en esa comparecencia la situación económica con la que su agencia se encontró para hacer frente a situaciones de ayuda humanitaria y de emergencia -creo recordar que era un 0,5 por ciento de la ayuda oficial total, cuando el promedio de la Ayuda Oficial al Desarrollo de los países de los miembros del CAD para la ayuda humanitaria está en torno al 7 por ciento-; la necesidad de plantear respuestas en función de las necesidades reales, evaluando por tanto los daños, coordinando las respuestas, coordinándose con los países receptores y con los que trabajan en la zona; la necesidad, igualmente, de incrementar el esfuerzo de nuestro país respecto a la cooperación con Haití, que también es una herencia de cooperación de 300.000 euros anuales, que era lo que hasta ahora se estaba aportando a la cooperación con Haití. En este marco de abordaje global, que incluye la cooperación policial y las misiones de estabilización de Naciones Unidas, y con vistas a la Conferencia de Donantes de Haití, que tuvo lugar los pasados días 19 y 20 de julio en Washington, la secretaria de Estado de Cooperación efectuó una visita a Haití el pasado 11 de julio. En dicha visita mantuvo entrevistas con el presidente de la República y el primer ministro, así como con las ONG de desarrollo que desempeñan su labor en la zona.
Ante esta situación, descrita y conocida de primera mano por la señora Pajín, lo que imagino que sería el objetivo fundamental, y tras las entrevistas mantenidas, queríamos preguntarle: ¿Cuáles han sido los resultados de la visita de la secretaria de Estado para la Cooperación Internacional a Haití, así como las previsiones de cooperación de España con dicho país?
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Sobre la parte de la pregunta del portavoz del Grupo Popular, que vuelve a traer a colación lo relativo a la agilidad o no de la respuesta a la emergencia en la República Dominicana, me remito a lo que ya en esta sala y en otros foros ha dicho la secretaria de Estado aclarando sobradamente lo infundado de esas críticas.
Por lo que se refiere al viaje a Haití, sinceramente me sorprenden las afirmaciones porque la información que manejan es incorrecta. En ese avión no viajó carga humanitaria para Haití, sí viajó para Nicaragua. El avión siguió su curso hasta Nicaragua para entregar la carga que estaba prevista, que era la que era porque la habían pedido así las autoridades nicaragüenses, y tuve el honroso cometido de hacer entrega de esa carga al vicepresidente de la República de Nicaragua como manifestación de la solidaridad del pueblo español. No se cargó más o menos porque había más o menos capacidad de carga, no era destinada a Haití y no determinó para nada la atención a Nicaragua el viaje a Haití. Lo siento, pero la información es incorrecta y, por lo tanto, las conclusiones que de ella saca lo son también.
La secretaria de Estado de Cooperación Internacional viajó a Haití, efectivamente, los días 11 y 12 de julio, cuando Haití estaba lanzando un llamamiento desesperado a la comunidad internacional por encontrarse en una situación catastrófica, provocada tanto por el conflicto político de los meses anteriores como por los efectos devastadores de las lluvias torrenciales que habían asolado la región suroriental del país. La cooperación española se fija como objetivo fundamental la
lucha contra la pobreza y en ese contexto se enmarca la voluntad de intensificar nuestra cooperación con el país más pobre de todo el hemisferio occidental, uno de los 25 más pobres del mundo, de acuerdo con el índice de desarrollo del PNUD, e injustamente abandonado hasta ahora por la cooperación española.
Desde el punto de vista geográfico, por otra parte, Haití se encuentra enclavado en una región prioritaria de la cooperación española, como es América Latina, pero hasta la fecha no había sido considerado prioritario y las circunstancias aconsejan que pongamos fin de una vez a esa anomalía. Entre las prioridades de nuestra cooperación al desarrollo se encuentra la de atender las situaciones de emergencia, y Haití, como saben, vive, lamentablemente, catástrofes recurrentes, con una situación de partida extraordinariamente difícil.
Por último, todos los informes, tanto de la OEA como de Naciones Unidas y nuestra propia evaluación, señalan que el origen de la actual terrible situación humanitaria que vive el pueblo de Haití se encuentra en la fragilidad de su sistema democrático, haciéndose imperioso reconstruir la democracia haitiana desde el punto de vista institucional, político y social, siendo ésta también, y de nuevo, una de las prioridades de nuestra cooperación. Todas ellas eran razones que aconsejaban una mayor atención por parte de la cooperación española, y teniendo en mente la inminencia de la Conferencia Internacional de Donantes con Haití, que estaba convocada para los días 20 y 21 de julio, determinó, como digo, la oportunidad temporal del viaje de la secretaria de Estado unas semanas antes con objeto de mantener contactos con las autoridades haitianas para identificar el contenido de un programa de cooperación con Haití y preparar la posición de España con vistas a dicha Conferencia de Donantes.
El objetivo inmediato del viaje se vio altamente satisfecho, pues la secretaria de Estado se entrevistó con el presidente de la República, los ministros de Exteriores, Salud, Agricultura y Planificación y tuvo la oportunidad de identificar conjuntamente con ellos las necesidades del Estado, en el marco de nuestra estrategia de asociación de evitar imponer a esa o a cualquier sociedad criterios de cooperación ajenos a sus necesidades percibidas y reales y logrando, por lo tanto, una mejor aceptación de la cooperación en términos de eficacia y visibilidad.
Celebró también una reunión conjunta con los principales donantes multilaterales y bilaterales, lo que permitió encajar nuestro programa de cooperación en el marco general que la Conferencia de Donantes iba a representar y aprovechando por lo tanto las sinergias de ese planteamiento. Por último, mantuvo también contactos con las ONG españolas con presencia en el país, en la búsqueda de una más eficiente coordinación de esfuerzos y recursos. Como resultado de este viaje, en la Conferencia Internacional de Donantes que tuvo lugar en Washington el 19 y 20 de julio el Gobierno pudo, de forma fundada y con criterios de primera mano, anunciar su compromiso de poner en marcha un programa de cooperación con Haití y comprometió los recursos que se destinarían al mismo durante el trienio 2004-2006, que serán, como mínimo, 6.400.000 euros. En este punto tampoco es correcta su información.
Así, se está elaborando en este momento un programa de cooperación de España con Haití que dentro del tiempo de que dispongo le resumo brevemente, distinguiendo tres aspectos esenciales. El primero son las dificultades que plantea el marco formal en que desarrollar el programa.
La ausencia de ratificación o, cuando menos, de publicación de esa ratificación por parte de las autoridades de Haití del acuerdo de cooperación entre nuestros dos países dificulta la puesta en marcha de una comisión mixta. La situación en la que se encuentra el Gobierno haitiano y su incapacidad para resolver en breve plazo consultas de esta naturaleza aconsejan abrir un compás de espera por un tiempo prudencial para confirmar si efectivamente se produjo la ratificación y publicación y consecuentemente se puede llevar adelante una primera comisión mixta.
Pero entre tanto, con el fin de obviar este obstáculo si fuera necesario, estamos en contacto con el PNUD para concluir un acuerdo PNUD-AECI de forma que podamos canalizar a través de esa vía nuestra cooperación con Haití. El PNUD nos ha transmitido su interés y su conformidad con esta propuesta, en el caso de que formalmente le sea planteada, si fuera esa la necesidad. Ambas posibilidades, por otra parte, no se autoexcluyen, sino que en una primera etapa puede ser eficiente gestionar parte de nuestros recursos a través del PNUD y no a través de las instituciones haitianas. Este es uno de los temas que está en estudio en el marco de la elaboración del programa de definición.
En cuanto al contenido del programa, tal y como fue anunciado en Washington, nuestro programa va a actuar en el ámbito de la gobernabilidad y en sectores críticos, como la seguridad alimentaria, la salud, la educación, actividades productivas como la pesca artesanal y en el genérico y no menos importante en ese país de gestión y prevención de catástrofes naturales. En este momento estamos procediendo a la priorización y calendarización de las intervenciones, para lo cual estamos en contacto permanente tanto con las autoridades de Haití como con los otros donantes, con el fin de adaptar el calendario de nuestra intervención al calendario general, que se está elaborando entre donantes y Gobierno de Haití, para la consecución de los objetivos identificados en el marco de cooperación previsto en Washington.
En concreto, nuestras prioridades irán por las siguientes líneas: en primer lugar, el fortalecimiento del Estado a través del fortalecimiento del Ministerio de Planificación. Ha sido esta la petición expresa de las autoridades haitianas, y no descartamos identificar áreas en otros ministerios, en particular en Administraciones Públicas, porque podrían llegar a ponerse en marcha programas de formación de funcionarios, pero
la primera prioridad la constituiría el fortalecimiento del Ministerio de Planificación, que será el encargado de gestionar la cooperación internacional. En el ámbito de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial ha manifestado su disponibilidad para colaborar en los ámbitos en los que el PNUD ha identificado como más inmediatos y urgentes, como son en particular el acceso a la justicia en el país. Nos proponemos también apoyar el proceso electoral. El calendario para el proceso electoral está teniendo algunos retrasos y PNUD y OEA parecen haber llegado ya a un acuerdo para repartirse las competencias en el apoyo a este proceso. Estamos en contacto con ambos autores y hemos comprometido nuestra asistencia técnica para colaborar en el ámbito electoral por un periodo mínimo de cuatro meses. En materia de agua y saneamiento, la Agencia de Cooperación ha ofrecido al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que va a instrumentar el crédito FAD concedido a Haití, la realización de una única misión de identificación para coordinar los programas de ambas financiaciones. Esta misión está pendiente de desarrollarse en las próximas semanas, y el programa se complementaría con una línea de acción para la conservación de cuencas, con repercusión en la prevención de catástrofes, que obtendría financiación de la AECI a través de un programa con el PNUD y el PNUMA. Como complemento al programa de seguridad alimentaria está previsto que a lo largo de las próximas semanas pongamos en marcha una misión de identificación conjunta en esta área que llevaremos a cabo tanto directamente como con el apoyo de FAO y el Programa Mundial de Alimentos. El ámbito de la salud también es un área prioritaria, aunque a corto plazo el objetivo de la misión de identificación será dotar de instrumentos a las ONG que actúan en la materia y a las comunidades autónomas, con el fin de invitarles a sumarse y presentar iniciativas de cooperación con Haití en este terreno.
Hay un último elemento que me interesa resaltar en el plano del diseño de nuestro programa de cooperación con Haití, que es la voluntad de establecer una coordinación con países latinoamericanos interesados para actuar de forma conjunta. España comparte con estos países el interés político de llevar a cabo un proceso de coordinación y la posibilidad de emprender una intervención conjunta con un triple objeto: dar respuesta a la apuesta latinoamericana de las nuevas autoridades haitianas, reforzar la vertiente de cooperación de nuestra presencia en la isla para no ceñirla exclusivamente a la de la misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití y para que esta no sea contemplada como la única manifestación de solidaridad internacional y, finalmente, fortalecer en una derivada interesante las cooperaciones horizontales con los países iberoamericanos dentro y fuera del esquema de las cumbres iberoamericanas que se fijó en Bariloche. En tal sentido, con ocasión de la reunión de donantes de Haití de los días 22 y 23 de septiembre, hemos invitado a responsables de cooperación de México, Chile, Argentina y Brasil a una reunión de coordinación para presentarles las líneas de nuestro programa y considerar qué partes de este programa o qué otras iniciativas podríamos desarrollar conjuntamente. Por último, para ejecutar toda esta acción vamos a tomar de la forma más inmediata posible medidas para fortalecer la Oficina Técnica de Cooperación de España en Puerto Príncipe, a través, entre otras cosas, del nombramiento de un coordinador general residente, nombramiento que lleva ya varios años pendiente.
La señora PRESIDENTA: Señor Robles, tiene la palabra. Le recuerdo que tiene sólo dos minutos y medio para que se organice.
El señor ROBLES OROZCO: Creo que me sobra tiempo, señora presidenta.
Secretario general, la información de la que disponemos es la que se ha dado públicamente. No la consigo de otra manera. Usted dice que la información que yo tengo está equivocada, y yo leo simplemente los teletipos que ha hecho públicos el Gobierno y que dicen: El Gobierno destinará 3 millones de euros a proyectos de reconstrucción en Haití.
Usted nos dice ahora que son 6 millones. Le agradecemos mucho la información. Para eso están estas comisiones, para que ustedes puedan completar la información. Pero este teletipo dice en su cabecera que el Gobierno destinara 3 millones a Haití y que han sido aprobados con cargo a los créditos FAD. Yo no puedo más que hablar de lo que ustedes han dicho públicamente a través de sus órganos de comunicación. Por lo tanto, si ahora usted nos lo complementa, encantados de que así sea, pero no hay más información que la que sale públicamente desde la secretaría de comunicación, supongo, de cada órgano.
En ese mismo orden de cosas, cuando la secretaria de Estado viajó a Haití la primera vez, creo que es la única, cuando se hizo el primer envío comunitario, el teletipo decía que la secretaria de Estado había llevado la ayuda humanitaria y que se había desplazado allí. Por lo tanto, si iba o no a Nicaragua será un tema que ustedes tendrán que aclarar, porque de lo que nos acabamos de enterar es de que la secretaria de Estado no llevó la ayuda humanitaria, sino que fue a otro viaje que era político, para lo cual no sé si es necesario hacer ese desplazamiento. Tampoco es muy normal que la secretaria de Estado viaje en el avión del Jefe del Estado.
En todo caso, la pregunta sería si estaba previsto destinar cinco toneladas de ayuda a Nicaragua trasladando ese avión o, por el contrario, se trasladó en ese avión porque la secretaria de Estado iba a ir a Haití.
En fin, no se trata de hacer en este momento polémica sobre este asunto.
Simplemente quiero decir que no parece que fuera lo más adecuado en ese momento de ayuda humanitaria trasladar un aparato de comunicación cuando lo prioritario era atender la ayuda humanitaria. Usted nos dice que la ayuda humanitaria no era
para Haití, sino para Nicaragua. Muy bien, así es. En todo caso, como se ha visto después, se ha seguido llevando ayuda humanitaria. No quiero polemizar sobre este asunto, que no me parece lo fundamental, pero en todo caso quiero decirle que no fue lo que se trasladó. Lo que se trasladó en los medios de comunicación fue que la ayuda humanitaria era transportada por la secretaria de Estado.
Dicho esto, lo importante es que en este momento, si se ha decidido por el Gobierno, como así ha sido, esta ayuda, se le dé continuidad y coherencia. Usted nos ha ampliado hoy esta información, tendremos, por tanto, ocasión de conocer el desarrollo de los programas, que es lo que puede ayudar a Haití a salir de la situación secular de pobreza, y estaremos encantados de que esos proyectos den resultados por el bien de ese país extraordinariamente pobre de América Latina. (La señora Sánchez Rubio pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Robles. Le ruego que se ciña a su tiempo.
El señor ROBLES OROZCO: Tenemos cronómetros distintos. Tenemos que ajustarlos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señoría, el cronómetro no es el mío, es el de la Cámara.
Señor secretario general, tiene la palabra. Le recuerdo que tiene sólo tres minutos.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Debo decir que cuando hablaba de la información incorrecta me refería a la que S.S. había mencionado respecto a dónde iba la carga, cuál era su composición y por qué se había ido. Todas las consecuencias de esa información, que, como digo, era incorrecta, puesto que a donde iba la carga era a Nicaragua, estaban, por tanto, mal fundamentadas.
En cuanto a la necesidad de coherencia y continuidad, ciertamente la decisión del Gobierno es prestar a Haití una atención prioritaria por la situación en la que se encuentra y hacer un esfuerzo, junto con el resto de países de la comunidad iberoamericana y con los donantes internacionales, para tratar de aliviar la situación largo tiempo abandonada y huérfana de la cooperación internacional de Haití. Ese es el empeño, a ese objetivo responden las cantidades que vamos a aportar en los próximos años e insisto en que siempre será en el contexto de la continuidad del proceso, del fortalecimiento de nuestra presencia bilateral y multilateral junto con los organismo internacionales y con los países iberoamericanos en la región.
La señora PRESIDENTA: Señora Sánchez Rubio, no le he dado la palabra porque había consumido usted su tiempo en la primera parte de la intervención. Lamento no habérselo dicho, discúlpeme.
-DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALALÁN DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DEL COOPERANTE. (Número de expediente 181/000199.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 8 del orden del día.
Por el grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor secretario general, usted conoce perfectamente, y además ha sido un compromiso formulado de manera explícita por el Gobierno, que aún tenemos pendiente el desarrollo de un aspecto importante de la Ley de Cooperación al Desarrollo, como es la aprobación del denominado estatuto del cooperante. A mi grupo le gustaría saber cuándo tiene previsto el Gobierno enviar a esta Cámara el correspondiente proyecto de ley, tal y como esta Cámara mandató también al Gobierno en la anterior legislatura.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Su señoría entenderá que es poco lo que yo puedo añadir a lo que sobre este tema en concreto han dicho ya en esta Cámara y en esta misma Comisión tanto el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación como la secretaria de Estado de Cooperación Internacional. Por lo tanto, me limitaré a hacer tres comentarios. El primero es que este, como usted resalta, no es un tema nuevo de este Gobierno. Desde hace años, tanto desde las ONG como desde las propias administraciones se ha tratado de ofrecer un marco jurídico y laboral a nuestros cooperantes de forma supletoria, ya que ni el Estatuto de los Trabajadores ni el marco tradicional laboral les concede garantías jurídicas y laborales. Desde la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional, a pesar de lo que en ella se expresa, hasta el momento los gobiernos anteriores no han podido o no han sido capaces de elaborarlo y ponerlo en marcha dando cumplimiento al mandato legislativo. Este Gobierno asume con carácter urgente la responsabilidad de presentar y hacer aprobar este estatuto del cooperante.
Un segundo elemento que querría subrayar, como han hecho tanto el ministro como la secretaría de Estado, es que tan importante es la urgencia como el consenso en la elaboración de un instrumento tan relevante
para regular la presencia de nuestros cooperantes en el exterior.
Consideramos que es absolutamente imprescindible establecer los mecanismos de diálogo, tanto con las ONG en el marco privilegiado del Consejo de cooperación como con las distintas fuerzas políticas, para llegar a una norma que recoja el consenso de todas -y subrayo todas- las fuerzas políticas y su apoyo al citado estatuto del cooperante. A esto le damos tanta importancia como a la necesidad de abordar, sin prisa pero sin pausa, el cumplimiento de este mandato legislativo.
En tercer lugar, quería señalar que, entre tanto, todas las embajadas y todas las oficinas técnicas de cooperación tienen instrucciones expresas de prestar la ayuda necesaria a nuestros cooperantes, a las organizaciones no gubernamentales para las que trabajan, pero también a los que cooperan a partir de acciones concretas de desarrollo de empresas o fundaciones, algunas veces en regiones de alto riesgo. El Gobierno no olvida que, además de la responsabilidad de regular este ámbito, tiene la inexcusable obligación y deber de garantizarles un marco de actuación lo más seguro posible, dotarles de la seguridad jurídica que necesitan para desarrollar su acción, dotarles de la seguridad laboral en el desempeño de sus funciones y, en todo caso, de la protección diplomática y consular necesaria.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor secretario general, me preocupa que a estas alturas se afirme que todavía se nos puede decir poco sobre esta materia. Uno tiene cierta sensación de oír discursos ya repetidos en la pasada legislatura. A mi grupo le gustaría escuchar del Gobierno un compromiso concreto de cuándo tiene previsto traer a esta Cámara el proyecto de ley, en cumplimiento de una ley que se viene incumpliendo por parte de los gobiernos españoles y de cumplimiento de resoluciones parlamentarias aprobadas en esta Cámara de manera muy explícita. Si el Gobierno vuelve a escudarse en el consenso como fórmula para retrasar sin fecha concreta la aprobación del estatuto del cooperante, no va a ser tan sólo un incumplimiento de la ley, no va a ser tan sólo un incumplimiento de mandatos parlamentarios explícitos, sino un grave error que repercute en la inseguridad de todo tipo que continúa padeciendo en España el sector de los cooperantes. Mi grupo encarece al Gobierno de manera explícita que no convierta el consenso en excusa para no legislar aquello sobre lo que tiene obligación de legislar. Si profundizamos en ese concepto del consenso, sería bueno que el Gobierno aclarase también a la Cámara, a la opinión pública y al sector, si entiende que posiciones que mantienen agentes que no son los principales afectados por esa regulación, como pueden ser los legítimos representantes de los trabajadores, los legítimos representantes de los empresarios, son hoy quienes impiden que el Gobierno apruebe este estatuto. Por otro lado, desde la perspectiva de las necesidades del sector de la cooperación al desarrollo, existe un cierto consenso. He tenido ocasión de mantener reuniones con los grupos de trabajo que en el marco de la coordinadora de ONG del desarrollo se impulsaron en la pasada legislatura, y el sector a quien van a afectar esas cuestiones, sí había alcanzado un consenso.
Quizá al Gobierno anterior le faltó el valor político de aceptar que en esta cuestión debería quedar mal con otros agentes que legítimamente tienen opiniones, pero que no representan los principales intereses en juego en esta cuestión. Mi grupo le pide al Gobierno que aclare esta materia pero, sobre todo, que ese cumplimiento legal y político se produzca de manera inmediata. Le anuncio ya que si en la próxima reunión de esta Comisión continuamos sin estatuto del cooperante, mi grupo le volverá a formular una pregunta oral a usted o a la señora Leire Pajín, para recordarles esta cuestión. Nos parece que más excusas ya no pueden existir.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Quiero asegurarle a S.S. que el Gobierno no busca en absoluto excusas y que ha dado sobradas muestras de la prioridad que da a esta cuestión y de la urgencia con que quiere abordar la elaboración del estatuto del cooperante. El compromiso del Gobierno no puede estar en duda. Lo único que nos parece razonable pedir es un poco de comprensión para que lo que no se ha hecho en los últimos seis años, no haya que hacerlo deprisa y corriendo en los primeros seis días. Estamos seguros de que contaremos con su colaboración, su espíritu constructivo y la de su grupo para, en base a ese consenso que nos parece fundamental y que no es una excusa sino un ingrediente esencial del estatuto, dar cumplimiento a este objetivo que compartimos con su grupo y con los actores de la cooperación internacional.
-DEL SEÑOR BEDERA BRAVO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE CRITERIOS BÁSICOS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO ESPAÑOLA. (Número de expediente 181/000222.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 11º del orden del día. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bedera Bravo.
El señor BEDERA BRAVO: Señor secretario general, bienvenido a esta Comisión. Esperamos tenerle con cierta regularidad y agradecemos la disposición que acaba de manifestarnos porque es mucho el interés de la ciudadanía por conocer el funcionamiento de lo que podemos llamar el buque insignia de la cooperación española que usted representa aquí hoy, y en esta Comisión estamos obligados a hacernos eco de ese interés ciudadano.
Señor secretario general, España ha sido tradicionalmente un país solidario con los pueblos más desfavorecidos. Me consta que es voluntad del actual Gobierno profundizar en ese empeño, no sólo por cumplir compromisos internacionales como los adquiridos en Barcelona y Monterrey a los que, dicho sea de paso, dio poco aliento el Gobierno anterior, sino por una irrenunciable vocación de lucha contra la pobreza que tiene en los objetivos de desarrollo del milenio su expresión más acabada y en el 2015 su horizonte de cumplimiento. Para alcanzar dichas metas en su país debe hacer de la ayuda oficial al desarrollo uno de los ejes de su política internacional. Este es el verdadero liderazgo que debemos asumir y por el que merece la pena esforzarse, lejos de veleidades intervencionistas ajenas a la legalidad internacional. Para hacer posible lo anterior, esto pasa por una doble mejora. En cantidad, incrementando las partidas destinadas a la AOD hasta alcanzar, si es posible, el 0,4 por ciento al final de la legislatura, pero también debe mejorarse la calidad de nuestra ayuda para ser más eficaces. Necesitamos optimizar los recursos, tanto humanos como materiales, destinados a este fin.
Señor secretario general, en nuestra opinión, deben desterrarse actuaciones como las denunciadas por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las subvenciones de AOD gestionadas por la AECI para el año 2001, el último que se ha fiscalizado. Además de conculcar los requisitos de publicidad, información y concurrencia en la concesión de ayudas, el Tribunal señala que para realizar tareas de gestión propias de la Agencia, la AECI contrató en el pasado a empresas consultoras que ofrecen habitualmente sus servicios a las ONG del ámbito de la cooperación, con el consiguiente riesgo de falta de objetividad en su funcionamiento. Señor De la Iglesia, si no confiamos en nuestros propios funcionarios, vamos a hacer poco creíble nuestro interés por la ayuda al desarrollo. Si el problema es de falta de personal, habrá que dotar a la Agencia de los recursos humanos necesarios para poder cumplir sus objetivos. Si éstos son suficientes, habrá que confiar a su pericia y a su profesionalidad la realización del análisis y valoración de la solicitud de subvención o la revisión de la documentación rendida por las entidades beneficiarias de las ayudas. De igual modo resulta difícil mejorar los mecanismos de calidad cuando se ha seguido una política de sospecha y enfrentamiento con las ONG y, en general, con los actores de la cooperación o cuando se trata de controlar a los órganos consultivos o de participación social.
Un cambio de criterios en la distribución geográfica de la AOD y una diferente distribución sectorial también ayudarían a mejorar la calidad de nuestra ayuda al desarrollo. Hace falta también una estrategia general que atraviese transversalmente tanto la acción del Gobierno como las acciones desarrolladas por los agentes de la cooperación, poniendo punto final a una política acumulativa de acciones aisladas, que desconozco si obedecieron en el pasado a razones de turismo social, pero que en el mejor de los casos han puesto de relieve una política de cooperación al desarrollo errática. En este sentido, me congratulo del anuncio que acaba de hacer de que van a impulsarse políticas de coordinación.
En definitiva, señor secretario general, desde el Grupo Socialista pensamos que debe abandonarse la herencia utilitarista e insolidaria mantenida por el anterior Gobierno en la ayuda oficial al desarrollo, en la que primaba la promoción de criterios económicos y comerciales y sustituirlos por otros que apuesten por una ayuda al desarrollo humanitaria, solidaria y, por supuesto, de calidad. Por esta última razón, desde el Grupo Socialista le preguntamos por los criterios básicos de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional al Desarrollo para la mejora de la calidad de la ayuda oficial al desarrollo española.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): La propia secretaria de Estado de Cooperación Internacional, en su comparecencia ante esta Comisión el pasado día 16 de junio, hizo una amplia exposición sobre los objetivos, en concreto en el terreno de la mejora de la calidad y los criterios o instrumentos para lograrlo. Pero no está de más, efectivamente, citarlos de nuevos, aunque sea de forma necesariamente más escueta.
El primero de ellos es la planificación. La planificación que debe concretarse en el plan director, es su elemento básico, y también en los planes anuales, los planes país y las estrategias sectoriales. En este momento estamos en pleno proceso de elaboración del plan director 2005-2008, con la colaboración de un equipo de primer nivel formado por responsables y técnicos de la Administración, la universidad, la empresa y la sociedad civil. Dicho plan se regirá por los consensos que se han alcanzado en los últimos años en la comunidad internacional: el logro de los objetivos del milenio centrados en la reducción de la pobreza, la igualdad de género y el cuidado medioambiental; por otra parte, la confianza en que la ayuda funciona mejor cuando apoya una estrategia de desarrollo concebida y liderada
por el Gobierno nacional en colaboración con su sociedad civil, una estrategia -como se ha expresado con fortuna- basada en una asociación para el desarrollo. En cuanto contemos con el plan director procederemos a abordar la elaboración de los programas de los planes país y las estrategias sectoriales en los países y sectores que finalmente se definan como prioridades en el plan.
El segundo de los pilares será, como dijo la secretaria de Estado, la coordinación de los distintos agentes del sistema español de cooperación a varios niveles: en el seno de la Administración, entre la Administración central y las comunidades autónomas y entes locales, entre el Estado y la sociedad civil. Para ello contaremos con los principales organismos de participación y coordinación que contempla nuestra Ley de Cooperación, como son el Consejo de Cooperación, que ha sido recientemente reformado como SS.SS. saben, la comisión interterritorial y la comisión interministerial, ambas habiendo tenido ya su primera reunión.
El tercero de los aspectos importantes atañe a los agentes de la cooperación, los responsables de ejecutar los fondos de la ayuda oficial al desarrollo y los mecanismos o instrumentos de los que dispone. En la AECI, como S.S. indicaba, la situación que nos hemos encontrado al comenzar nuestro mandato es la de una institución desbordada, con una relación de puestos de trabajo totalmente inadecuada a las circunstancias actuales, con un tratamiento muy heterogéneo de esas situaciones; y tal vez en el exterior es donde la débil estructura administrativa se resiente más de las carencias de un esquema inadecuado de trabajo, dada la precariedad laboral del personal que dirige las OTC que no ha encontrado solución en los ocho años precedentes. El propio CAD -no podemos dejar de resaltarlo-, en el examen hecho a España en el año 2002, puso de manifiesto en sus recomendaciones estas debilidades y exhortó al Gobierno a corregirlas. Para encontrar una solución a todo ello está en marcha una reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional que tendrá como objetivos conseguir la simplificación y mejora de los procedimientos administrativos de gestión de recursos, la mejora de los sistemas de reclutamiento de personal y su adaptación a las nuevas necesidades de la cooperación española. Es evidente que necesitamos una agencia de desarrollo internacional digna de tal nombre, que cuente con la agilidad y flexibilidad necesarias para la ejecución eficaz de la AOD, que cuente con nuevos instrumentos que otorguen el necesario protagonismo a los países receptores en su propio e indelegable proceso de desarrollo.
A este respecto quería referirme a cuáles son, a nuestro juicio, los instrumentos por los que deberíamos canalizar -tenemos pensado canalizarlo- el aumento previsto de los recursos.
En primer lugar, la cooperación multilateral, de acuerdo con la filosofía multilateralista que impulsa el Gobierno. Debemos aumentar las contribuciones voluntarias a determinadas instituciones internacionales de desarrollo, tanto financieras como no financieras. En segundo lugar, debemos poner en marcha nuevos instrumentos de cooperación, que hoy son moneda corriente en la cooperación internacional, como los programas de ayuda sectorial, la ayuda directa a presupuestos o los fondos comunes de donantes, entre otros. En tercer lugar, debemos hacer un esfuerzo importante en la ayuda humanitaria y de emergencia, donde estamos muy lejos de la homologación con el promedio de lo que destinan otros países del CAD a estas necesidades. En cuarto lugar, tenemos que mantener -y nos proponemos hacerlo- una posición muy activa en los procesos de renegociación, condonación y conversión de deuda. Todo ello marca las líneas de especialización que deberá tener en cuenta la nueva estructura de la Agencia.
Finalmente, en este contexto de mejora de la calidad, vamos a revisar también, en un marco de diálogo y consenso, en el consejo de cooperación y en diálogo con las organizaciones y con todos los actores -como he tenido oportunidad de decir hoy mismo en esta Comisión-, las convocatorias de subvención existentes. A pesar de que es bien conocida la importancia de la formulación de los proyectos, las convocatorias sólo contemplan la fase de ejecución. Es obvio que el sistema actual tiene disfunciones y lagunas que hay que corregir. Estamos estudiando ya, entre otras medidas que mejoren las convocatorias, la posibilidad de apoyar la identificación y formulación de los proyectos y programas de desarrollo y estamos trabajando activamente en la revisión, a la luz de los nuevos criterios, de la convocatoria de ONG. Por último, un quinto elemento de mejora de la calidad que quiero mencionar es el que cierra el proceso en toda actuación de cooperación, que es el de la evaluación. Tenemos que reforzar este eslabón por sus efectos en el aprendizaje de todos los que participaron en el mismo de cara a sus nuevas actuaciones y como una guía principal para la toma de decisiones acerca de qué tipo de acciones merece la pena mantener o fomentar por la eficacia y el impacto que consiguen y cuáles otras, por el contrario, conviene abandonar; evaluaciones que además han de ser, como pretende serlo toda la política de cooperación del Gobierno, transparentes e independientes y alcanzar a toda actuación importante ejecutada con fondos de la ayuda oficial al desarrollo.
-DE LA SEÑORA MONTESERÍN RODRÍGUEZ, MARÍA VIRTUDES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PAUTAS FUNDAMENTALES DE COORDINACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA. (Número de expediente 181/000223.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el punto 12.º del orden del día.
La señora Montón Giménez sustituye a la señora Monteserín.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: El programa electoral con el que el Partido Socialista se presentó a las elecciones marcaba como principio rector de la cooperación al desarrollo la coordinación de todos los actores que intervienen en dicha cooperación. En las diferentes administraciones son muchos los recursos que se destinan a la ayuda al desarrollo; es necesario ir avanzando y que esta aportación cada vez sea mayor, pero, tan importante como esto que los recursos y esfuerzos ya existentes se optimicen al máximo y sólo conseguiremos esta optimización con una buena coordinación entre las administraciones públicas. España, que fue un país muy centralizado, se ha convertido en los últimos años en uno de los Estados más descentralizados del mundo. La descentralización de la mayoría de los procesos gubernamentales exigió la implementación de un nuevo modelo de relaciones intergubernamentales; un modelo basado en la coordinación y la colaboración. En el caso de la cooperación al desarrollo este modelo no es diferente, es necesario. En general, tanto la Unión Europea, las ONG mismas, pero también las instituciones del Estado ha identificado, programado y ejecutado su cooperación de manera aislada y, aunque en parte se han conseguido logros positivos, no podemos olvidar que las consecuencias de esos procedimientos dispersos y poco coordinados son en muchos casos una gestión de los recursos poco racionalizada y optimizada, un menor impacto de las intervenciones de cooperación, una comunicación institucional dispersa y a veces contradictoria, una competencia disfrazada entre actores para ganar espacios de interlocución e incidencia, un relativo incumplimiento del principio de complementariedad entre la cooperación del Estado, de las comunidades autónomas y la Administración local, y una multiplicidad y a veces duplicidad de intervenciones y esfuerzos en un mismo territorio o sector de cooperación.
La coordinación y diálogo del Estado con las comunidades autónomas y ayuntamientos deben conseguir el establecimiento de un marco ordenado de actuación de la cooperación española en todos sus ámbitos. La participación en las estrategias globales que marcan nuestros compromisos internacionales tiene que tener en cuenta que el diálogo y colaboración entre administraciones son acciones que, por un lado generan potencialidades de nuestras actuaciones y, por otro, integran y promocionan la solidaridad ciudadana de todos los ámbitos. Por ello, en nombre de mi grupo, quisiera saber las pautas fundamentales de coordinación de la estrategia de cooperación de España.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Querría hacer una reflexión previa antes de hablar de coordinación. Como SS.SS. saben, el nuevo Gobierno tiene la firme voluntad de hacer del consenso su principal instrumento de diseño y ejecución de la política de cooperación al desarrollo. Este consenso se está logrando a través de la participación activa de los distintos agentes de cooperación, en particular las ONG de desarrollo, pero también de los demás actores sociales y empresariales y el mundo universitario mediante su colaboración en las tareas llamadas a desarrollar en esta etapa.
Pues bien, como saben SS.SS., tres son los principales organismos de participación y coordinación que contempla nuestra Ley de Cooperación: el consejo de cooperación, la comisión interterritorial y la comisión interministerial. Precisamente como fruto de ese diálogo al que hacía referencia con las instituciones que integran el consejo de cooperación, la coordinadora de organizaciones no gubernamentales de desarrollo de España, los sindicatos mayoritarios, la CEOE, las universidades y las organizaciones de derechos humanos que participan en él, dicho consejo aprobó recientemente su nueva composición por unanimidad. Todos los miembros han sido elegidos por sus respectivas organizaciones y el Gobierno ya no se reserva ninguno de esos nombramientos. Ahora sí se puede hablar de un consejo verdaderamente representativo de las instituciones integrantes y no de un órgano dócil, menos plural y más favorable a los planteamientos del Gobierno, como había sido configurado por el anterior Ejecutivo. También es nuestro objetivo lograr un diálogo fluido y una estrecha colaboración con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hemos mantenido ya una primera reunión de la comisión interterritorial en la que se ha acordado la posibilidad de que las comunidades autónomas y los entes locales participen en las comisiones mixtas de cooperación con determinados países en el caso en que la importancia de su cooperación con los mismos así lo justifique. Así ha sido el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, que ha estado presente en la firma de la comisión mixta con Cabo Verde el pasado 29 de septiembre. Igualmente participó en la elaboración del acta de la comisión mixta con Mauritania. También estamos avanzando en la coordinación con los demás departamentos ministeriales con responsabilidades en la gestión de AOD a través de la comisión interministerial, que también ha celebrado ya una primera reunión, y por medio de otros canales informales de comunicación con objeto de analizar conjuntamente los pasos que debemos dar para que toda la ayuda oficial al desarrollo española sea cada vez más eficaz en la lucha contra la pobreza y en la promoción del desarrollo humano sostenible. Pero, más allá del nivel nacional, la voluntad de coordinación se extiende también a los demás donantes, particularmente
con nuestros socios europeos. Desde el Gobierno entendemos que existe una sola política de desarrollo, aquella que tiene como objetivo la lucha contra la pobreza con independencia de que el origen de la ayuda se encuentre en organismos multilaterales, en la Unión Europea o en la cooperación bilateral. El objetivo es el mismo y los esfuerzos se deben coordinar en la inteligencia de sacar el mejor resultado para los beneficiarios. Numerosos estudios demuestran lo costoso que es para el país receptor la interlocución con decenas de donantes y agencias de cooperación que realizan centenares o miles de proyectos descoordinados entre sí en la búsqueda muchas veces de protagonismos que sólo sirven para engrandecer la imagen del donante, pero poco para mejorar el impacto y la eficacia de la ayuda que se presta. Afortunadamente, nuestra pertenencia a la Unión Europea, los mecanismos de coordinación de nuestras políticas de ayuda y, por otra parte, los esfuerzos del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE en su campaña para la armonización y las buenas políticas -esfuerzos que reconocemos y apoyamos-, así como los nuevos esquemas que suponen las estrategias de reducción de la pobreza impulsadas por el Banco Mundial son avances con los que ya contamos y que señalan el camino que hay que seguir e impulsar.
Debo decir a este respecto que es voluntad firme del Gobierno tener una mayor presencia y participación en esos foros internacionales a los que en el pasado no se acudía. Como muestra de este cambio quiero mencionar que próximamente, en apenas dos semanas, asistiré en Ottawa a la conferencia internacional sobre Good humanitarian donorship, continuación de la de Estocolmo del año pasado en la que tuvimos una representación inadecuada. De la misma forma, estamos gestionando nuestra participación en el llamado grupo consultivo de asistencia a los pobres, dependiente del Banco Mundial, en el que no participamos, y que es seguramente el organismo más importante de coordinación de donantes en materia de un instrumento en el que somos, por otra parte, punteros en términos de cantidad como es el de los microcréditos.
-DEL SEÑOR MATEOS MARTÍN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LOS CRITERIOS BÁSICOS PARA LA MEJORA DE LA COHERENCIA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO ESPAÑOLA. (Número de expediente 181/000225.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 13.º del orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mateos Martín.
El señor MATEOS MARTÍN: Señorías, el presidente del Gobierno dijo -y si se me permite lo leeré literalmente-: Quiero ser el presidente del Gobierno que saque a España del trío de las Azores y la integre en el quinteto de la alianza contra el hambre. El hambre es la más mortífera arma de destrucción masiva y acabar con ella no es una utopía.
El presidente del Gobierno tenía razón cuando expresó estas palabras. El hambre y la pobreza extrema que padecen 1.200 millones de personas en todo el planeta suponen la amenaza más grave para la estabilidad mundial.
Las miserias y las desigualdades crecientes están en la raíz de la desesperación y la frustración que alimentan algunos de los principales problemas de nuestra sociedad como son los conflictos armados, las inmigraciones forzadas o el terrorismo internacional. El principal mérito de la alianza contra el hambre está en colocar el problema de la pobreza extrema entre las prioridades de la agenda internacional. Esto es ser coherentes con los problemas que aquejan a la humanidad. España no puede quedarse al margen. Para ello debemos tomar en consideración algunos aspectos. El primero es un compromiso real de incremento de la ayuda oficial al desarrollo en la que el Partido Popular no cree. El Partido Popular cree que la cooperación son solamente exposiciones. Como decía, el Partido Popular no cree en la ayuda al desarrollo y los datos son bastantes objetivos. En el año 1996, la ayuda oficial al desarrollo de España suponía el 0,28 por ciento del producto interior bruto. En el año 2003, la ayuda oficial al desarrollo de España supone el 0,23 por ciento del producto interior bruto. El PSOE contempla en su programa llegar al 0,5 del PIB al finalizar la legislatura y al 0,7 en la siguiente. Ese es un compromiso y una diferencia sustancial con lo anterior. En segundo lugar, se deben mejorar los criterios de coordinación, de coherencia y de complementariedad.
Por todo ello, señor secretario general, le pregunto: ¿cuáles son los criterios básicos para la mejora de la coherencia de la ayuda oficial al desarrollo?
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Durante los últimos años las evaluaciones de la política de cooperación española que ha realizado el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE han señalado con reiteración su falta de coherencia.
Este Gobierno se toma en serio el Comité de Ayuda al Desarrollo y se propone dar coherencia a todas las políticas nacionales con impacto externo en la reducción global de la pobreza. Es evidente que carece de sentido tratar de ayudar a los países pobres con una mano y dificultar su desarrollo con la otra. Lo que sucede cuando se ponen excesivas trabas a la entrada de esos productos de exportación a nuestros mercados es que se les ahoga con el pago del servicio de la deuda externa o se esquilman sus recursos naturales sin dejar
apenas beneficios, mientras, eso sí, se defiende conceptualmente la teoría del desarrollo humano sostenible.
Como ha expuesto el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en este mismo foro, el Gobierno tiene la firme voluntad de superar la política tradicional de ayuda y diseñar una verdadera política de desarrollo internacional, y ello a un doble nivel. Tenemos que contribuir a mejorar las reglas del juego de la economía internacional, que es el objetivo 8 del programa del milenio. La reducción de la pobreza exige políticas coherentes en la cooperación para el desarrollo, pero exige también coherencia en las políticas con impacto externo de cada Gobierno miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo, evitando contradicciones evidentes que debiliten los esfuerzos en aras de la reducción de la pobreza. En la era de la globalización es más evidente que nunca que las decisiones de los gobiernos de determinados países y regiones afectan a todo el planeta y no sólo a la ciudadanía que gobiernan. Así, los aranceles agrícolas y manufactureros y las subvenciones a la agricultura de los países industrializados se estima que provocan unas pérdidas anuales a los países en desarrollo de superior magnitud a los flujos anuales de ayuda oficial. Al mismo tiempo que el Gobierno hará una defensa vigorosa de los intereses de nuestra agricultura sostenible, España trabajará estrechamente con nuestros socios europeos para reducir las trabas a la entrada de determinados productos en nuestros mercados y especialmente para reducir las subvenciones a los productos de exportación. Asimismo, propondremos modificar algunas reglas que protegen la propiedad intelectual, particularmente las que dificultan el acceso a medicamentos esenciales a los enfermos del Tercer Mundo.
Por último, para acelerar el alivio de la deuda externa de los países de menores rentas y altamente endeudados, cuyo servicio reduce el gasto en salud o educación en todos ellos, defenderemos la aplicación decidida de la iniciativa de lucha contra la pobreza de países altamente endeudados para reducir la deuda externa de los países que se encuentran en situación más crítica. Aquí es obligada una mención especial a los operadores económicos españoles por su fuerte presencia económica en algunas regiones en desarrollo, en particular en América Latina, donde España se ha convertido en el segundo mayor inversor y en algunos países, como Argentina, en el primero. El papel que éstos pueden jugar en una estrategia general a medio y largo plazo para profundizar en la vía del desarrollo es notable. Este Gobierno apelará a la responsabilidad social de las empresas españolas en su apuesta por la internacionalización y en que, a través de su compromiso con los resultados en el medio y largo plazo, beneficien a la población mediante la creación de empleo y de mejores condiciones en los puestos de trabajo.
Por último, para alcanzar una verdadera política de desarrollo internacional tenemos que apoyar la mejora de las políticas públicas en los países en desarrollo y la asistencia técnica en materia de fortalecimiento institucional. Según datos de la CEPAL, en América Latina, en 2003, la pobreza afectaba a un 44 por ciento de la población, es decir 225 millones de personas, y en siete países la proporción de pobres supera el 50 por ciento de la población. Sin duda, estas elevadas cifras de pobreza en una región de desarrollo intermedio están relacionadas con los elevados niveles de desigualdad que se registran en buena parte de los países de la región. De los 18 países de América Latina, 17 pueden ser considerados como sumamente desiguales. Como ha señalado el BID, si la renta en América Latina estuviera distribuida como en el sureste asiático la pobreza sería la quinta parte de lo que es hoy.
Estos altos niveles de desigualdad y exclusión son, además, un lastre para el crecimiento económico. Una población marginada es una población cuya contribución potencial a la creación de riqueza de un país queda desaprovechada. La corrección de estas situaciones corresponde, en primer lugar, a quien tiene en esos países responsabilidad de Gobierno, sin embargo tiene un impacto en la gobernabilidad que requiere atención de los países donantes.
Como ha destacado el informe del desarrollo humano 2002, para que las políticas y las instituciones políticas promuevan el desarrollo y protejan la libertad y la dignidad de todas las personas es preciso ampliar la democracia. Semejante profundización exige concentrarse en el fortalecimiento de las instituciones democráticas que constituyen la base necesaria para lograr aquel objetivo más amplio. Nuestro país, que tiene una reciente experiencia no solamente en transición política sino también económica, es un interlocutor privilegiado de estos países para apoyar la realización de reformas que resultan idóneas e imprescindibles para el desarrollo, como la judicial, la que atañe a la descentralización de la Administración del Estado, la fiscal y presupuestaria o la sanitaria. En esta área debemos conceder una atención prioritaria a estas acciones e incluirla como un elemento de coherencia del conjunto de la política de cooperación española.
Convendrán conmigo en que se trata de una empresa complicada, pero que vamos a perseguir con tesón, por honestidad y porque es una exigencia de toda la comunidad de donantes.
-DEL SEÑOR MADINA MUÑOZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL CONGRESO), SOBRE LA VALORACIÓN DEL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) EN EL AÑO 2001. (Número de expediente 181/000228.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 14.º del orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señor Laiglesia. Estoy encantado de que esté aquí, porque esta es también su casa y su Comisión. Estoy doblemente encantado por intervenir el último en esta sesión técnico-política de control a su institución, siendo el portavoz del Grupo Socialista en esta Comisión.
Como habrá podido ver, los niveles de identificación de todos los diputados y diputadas socialistas que trabajan en esta Comisión son elevados, y todos ellos, en el periodo previo a esta comparecencia, me han trasladado su deseo de participar activamente en la interpelación al secretario general de la Agencia, ya que consideran importante esta comparecencia. Todos ellos comparten asimismo una misma sensibilidad hacia la acción del Gobierno en esta materia que nos ocupa y comprenden igual de bien cuál es el sentido de nuestra solidaridad internacional.
Pero no voy a echar más flores, porque lo tenemos relativamente fácil, porque hemos recogido las mejores intenciones de los diputados y las diputadas socialistas que nos precedieron en la legislatura anterior en esta Comisión de Cooperación Internacional. Cuando preparaba esto, recordaba a Daniel Innerarity, que decía que la política es el arte de saber convivir con la frustración. Uno podría pensar en un día en el que tuviera la mente un poco clara que el señor Innerarity se podría haber inspirado para decir estas cosas en los diputados y diputadas de la oposición, que en la anterior legislatura se dieron constantemente contra un muro en este mismo sitio en el que hoy estamos y en el que usted comparece, que es la Comisión de Cooperación Internacional, en aquellos tiempos en los que -por recordar una canción de los Planetas- era como si a España hubiera vuelto otra vez la canción protesta. Si uno escucha la canción entera, en un disco maravilloso, escuchará una frase que dice que la canción protesta, ella sola, no puede cambiar el mundo. Esas esencias y esas intenciones tienen que contagiar la acción de gobierno hoy y tienen que contagiar la acción del grupo que hoy apoya principalmente al Gobierno en esta Cámara, el Grupo Socialista, en esta materia de la cooperación internacional al desarrollo, materia que nos duele por dentro. Como decía, esto es sencillo y fácil, porque de ellos aprendimos -fundamentalmente por algunas conversaciones y por las intervenciones que hemos encontrado en el "Diario de Sesiones" del pasado periodo político- que la solidaridad española se tiene que regir por varios criterios, uno de ellos el de cantidad, es evidente, pero también por la calidad, la coordinación, la coherencia y la capacidad de generar suficiencia en el trabajo. Hay que pelear en el Gobierno para generar recursos que permitan a la Agencia Española de Cooperación Internacional gestionar por ella misma todos los instrumentos con los que cuenta. Hay que dejarse el alma, si se cree en la cooperación internacional. Hoy podemos dar fe de que esta pelea está sucediendo y los hechos nos dicen que en el pasado no sucedió.
Existe otro elemento sobre el que debe pivotar y es la transparencia, una maravillosa palabra, señor De Laiglesia, que seguro que comparte conmigo.
Por todo eso pienso, aun siendo muy nuevo, siendo esta mi primera legislatura y no habiendo estando en los debates anteriores, en el período político previo -ya me hubiera gustado-, que no le hubiera venido mal al anterior secretario de Estado de Cooperación haber pasado más tiempo aquí, haber venido más veces aquí, porque sólo vino seis veces -si no recuerdo mal- en toda la legislatura. No le hubiera venido nada mal venir aquí, escuchar a los grupos de la oposición y después salir a la calle y escuchar al resto de los actores de la cooperación española, a la gente que cree en la materia, a la gente que la lleva día a día, a la gente a la que le duele y sufre cuando las cosas no salen bien y a la gente que sabe de cooperación internacional al desarrollo. Esa gente a la que en multitud de ocasiones, como por ejemplo el otro día en Nueva York, se le remueve algo por dentro cuando escucha al presidente del Gobierno hablar de las cosas de las que habló; gente con una experiencia larga en el trabajo para el desarrollo -experiencia es un término últimamente de moda- y gente que se mueve desde las convicciones profundas en el combate contra el hambre.
Leyendo el informe del Tribunal de Cuentas lo tenemos que decir bien claro: experiencia y convicciones; más leires pajines que tengan claro todos los criterios de los que hemos estado hablando. Cuando a uno le llega a la mesa el informe del Tribunal de Cuentas se pone un poco triste -eso sí que tengo que decírselo, señor De Laiglesia- porque no es grato leer las cosas que el informe del propio Tribunal de Cuentas expone. Por dar una visión rápida y después una más pormenorizada, el informe nos indica que aparentemente está bien documentado. No acostumbra este organismo a decir cosas que no estén bien documentadas. Además, como ciudadano de la calle tengo que decir que aparentemente estaba bien documentado, entre otras cosas, porque nadie lo contestó, nadie dijo nada, nadie de la anterior Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nadie del anterior Gobierno en términos generales, tampoco ningún parlamentario del grupo que anteriormente apoyaba al Gobierno y que ante el silencio de otros podía haber intervenido, y es una pena. La verdad es que es una pena fundamentalmente porque nos quedamos con las ganas de escuchar lo que los anteriores responsables de Gobierno, los anteriores políticos que llevaban la Cooperación Internacional, hubieran tenido que decir. Un amigo me decía que quizás tanto silencio ya esté diciendo cosas, pero a veces es bueno para quien tiene dudas escuchar palabras que le abran un pequeño camino entre tanto lío como el Tribunal de Cuentas nos mostraba sobre la gestión del anterior período político en esta materia. He
hojeado algunas intervenciones del Partido Popular en esta Cámara, concretamente en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El otro día le decía a una compañera de mi grupo, que me disculpara, porque la sorpresa es grande al ver que todo sonaba realmente diferente a las cosas que después el informe del Tribunal de Cuentas nos exponía. Las intervenciones parlamentarias iban por un lado y la gestión de la Agencia iba por otro. Esto de coherencia dice bastante poco.
En términos generales, por resumir un poco lo que otros grupos han dicho -señora presidenta, en un minuto como mucho termino-, se percibe una ausencia de relevancia de la cooperación en el anterior Gobierno. Ese es un dato evidente y después esta realidad se convirtió en una especie de preludio a los perversos efectos de la privatización de la solidaridad, porque el informe decía, entre otras cosas, de que se habían privatizado instrumentos de la AECI a través del contrato de determinadas consultoras, y cuando eso ocurre uno entiende otras cosas que sucedieron después. Por ello hoy, que el nuevo Gobierno prioriza ya la dimensión pública de la gestión de la cooperación internacional y de los instrumentos generales de nuestra solidaridad internacional, hemos aprendido todo lo que no se debe hacer desde el punto de vista de la gestión, y eso nos lo llevamos y se queda con nosotros para nuestro trabajo aquí, en el grupo, y para el trabajo seguro de la Secretaría.
La señora PRESIDENTA: Vaya acabando, señor Madina.
El señor MADINA MUÑOZ: Quince segundos, señora presidenta.
Por todo ello, tras los aprendizajes, tras las tristezas y algunas dudas tengo una pregunta que hacerle, señor secretario general de la Agencia, y es la siguiente: ¿Cuál es la valoración que usted hace del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la AECI en el año 2001?
Muchas gracias y disculpe mi intervención tan larga.
La señora PRESIDENTA: Antes he dado también un poco más de tiempo al Grupo Parlamentario Popular.
Señor secretario general, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (De Laiglesia y González de Peredo): Efectivamente, las informaciones que han llegado a la Agencia respecto al informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica de la Agencia en el año 2001 son enormemente preocupantes. Déjenme decir que, al día de hoy, no conocemos oficialmente el informe final sino sólo en la fase de alegación, pero hasta donde sabemos, lo que se desprende de sus conclusiones presenta una coincidencia prácticamente total en el diagnóstico que desde años de venía haciendo en esta misma Comisión a propósito de la gestión de la AECI y de sus debilidades. Yo debo decir que en la AECI nos preocupa, y mucho, el impacto enormemente negativo que esto tiene en la opinión pública. Que el ciudadano piense que el dinero que pone en manos de la Administración para ser dedicado a labores de ayuda oficial al desarrollo -uno de los más nobles destinos del dinero del ciudadano y de la acción de la Administración- no sea gestionado con transparencia, no llegue a las necesidades para las que se había dirigido y no haya confianza en los gestores, no solamente es negativo en el contexto de la valoración de la cooperación al desarrollo, sino injusto con quienes no son responsables de esta gestión y ponen, en cambio, su esfuerzo y sus capacidades al servicio de la cooperación al desarrollo.
Es, por lo tanto, en ese primer análisis, con una gran preocupación como acogemos los resultados del informe del Tribunal de Cuentas, por su impacto en la opinión pública y el descrédito que para las instituciones puedan representar.
Como digo, no lo conocemos oficialmente en su versión final, pero entiendo que hay tres ejes sobre los que pivotan sus recomendaciones y también debo decir que son tres ejes que he podido corroborar personalmente en estos meses al frente de la Agencia, que son fundamentalmente los siguientes. Primero, no se puede privatizar la gestión de actuaciones propias de la Administración, como se ha venido haciendo. Las labores propias de la Administración y del control del dinero público deben ser hechas por funcionarios. Segundo, hay que fortalecer los mecanismos de control y evaluación de los proyectos, velando por la aplicación de los fondos a los objetivos para los que fueron entregados. Esto, lamentablemente, no se ha hecho como debía haberse hecho en el pasado. Y por último, hay que modificar la normativa de las subvenciones para facilitar la concurrencia y la transparencia en la gestión. En un ámbito normativo particularmente complicado y por supuesto informado en toda su regulación por la necesidad del control del gasto, hay que lograr el equilibrio que permita la concurrencia, la transparencia y la flexibilidad en la gestión que sean compatibles con el rigor y la aplicación de los fondos a las finalidades que estaban previstas.
Nos parece que es absolutamente trascendente y urgente corregir esta situación porque ello va a afectar, como digo, no sólo a un mejor funcionamiento de la Agencia, sino que va a tener su adecuada repercusión en la confianza que debemos generar en la opinión pública para evitar que el deterioro de la imagen haga perder la atención por la solidaridad que tanto caracteriza a la sociedad española. Yo puedo asegurarle, señoría, que este compromiso de reformas lo estamos poniendo ya en práctica, en la medida en que hemos podido en este tiempo, con medidas concretas. La primera, la organización de un seminario sobre gestión de
fondos públicos, sobre gestión de subvenciones, que en colaboración con la Inspección General de la Administración del Estado vamos a celebrar a fines de este mes, pero que va a estar orientado no solamente a los funcionarios de la Agencia sino también a quienes se ocupan de la gestión económica en las organizaciones no gubernamentales. De manera que, por la vía de la unificación de criterios y de conocer los aspectos técnicos más oscuros de la ley, podamos avanzar en el camino de la transparencia y de la eficacia. En segundo lugar, y como he dicho hoy mismo en respuesta a una pregunta anterior, la Agencia ha puesto en marcha, a través de la constitución de un grupo de trabajo, el proceso de reforma de la Agencia, donde entra, naturalmente y de una manera prioritaria, el fin del mecanismo de privatización de servicios y la búsqueda de soluciones en la línea de lo que la inspección exige, que es que funciones que deben ser hechas por funcionarios, no se privaticen por una u otra vía. Y en tercer lugar, también debo decirle, señoría, que en exámenes preliminares que hemos hecho de algunas actuaciones concretas hemos encontrado razones que aconsejaban pedir intervención externa para controlar algunos proyectos y programas. En consecuencia, hemos pedido la intervención de la Inspección General de la Administración del Estado para revisar algunas actuaciones que en el examen preliminar que nosotros hemos llevado a cabo hemos encontrado que nos ofrecían dudas suficientes como para pedir esta intervención.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario general, por las explicaciones exhaustivas que nos ha dado. Esta es su Comisión -no hay que decírselo-, esta es su casa, y entre todos hemos de caminar hacia una ayuda más coordinada, de más calidad y sobre todo más eficaz para los más desfavorecidos.
Finalizamos aquí el primer tramo de la Comisión para continuar con la discusión de la proposición no de ley, dentro de 10 minutos. (Pausa.)
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/000156.)
Pasamos al punto decimoquinto del orden del día, debate y votación de la siguiente proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La presenta el Grupo Vasco (Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco). Su portavoz, don Aitor Esteban, tiene la palabra.
Tiene diez minutos S.S. para defenderla.
El señor ESTEBAN BRAVO: Intentaré no agotarlos.
Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Vasco es ciertamente una vieja reivindicación entre las ONG que trabajan en materia de derechos y de mejora de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas y de las propias organizaciones indígenas. El convenio, de hecho, se ha convertido en el punto de referencia legal a nivel internacional, en el punto de partida de numerosos documentos, declaraciones y acuerdos, tanto de organizaciones internacionales como nacionales, incluso de muchas estrategias de países donantes.
Creo que es importante reseñar que el convenio huye de definiciones políticas y, aunque, por ejemplo, menciona -yo creo que es la forma más clara de explicar a lo que me refiero- la palabra pueblos con referencia a las poblaciones o sociedades indígenas, señala expresamente que no existe ningún tipo de conexión con el derecho internacional en el uso de este término en el propio convenio. Pero lo que el convenio intenta proteger en cuanto a los pueblos indígenas son otras circunstancias, otras áreas, aparte de reivindicaciones políticas que no entrarían, insisto, dentro de su texto, como el derecho, por ejemplo, a definir las propias prioridades de desarrollo por parte de los pueblos indígenas.
Todos coincidiremos en que las políticas hechas desde organismos e instituciones, sin contar con la opinión de los propios afectados, son políticas que en muchos casos han llevado a objetivos no deseados o a empeorar muchas de las situaciones. Coincidiremos en que es bastante lógico que las propias poblaciones afectadas por determinadas políticas puedan opinar sobre esas propuestas que se hacen. También se provee la participación en el establecimiento, ejecución y evaluación de planes de todo tipo que les afectan, no sólo de desarrollo. Se reconocen sus derechos de propiedad comunal y de posesión, derechos a demarcación de territorios, el propio reconocimiento legal como pueblo dentro del marco legal de cada una de las naciones en las que están enmarcadas y se reconocen sus culturas y sus formas de vida teniendo derecho a mantenerlas, si es que así lo desean. Esto (quiero subrayarlo) no quiere decir que lo que el convenio pretenda sea hacer una foto fija, queriendo petrificar lo que es la cultura de estas sociedades, sino que al mismo tiempo el convenio lo que subraya (es algo en lo que coinciden todas las organizaciones indígenas) es su derecho a cambiar como cualquier otro pueblo, como sucede con cualquier otra sociedad, pero siempre con los ritmos, con las velocidades que la propia sociedad desee y acuerde. Es importante reseñar que muchos países de América Latina han ratificado este convenio, pero también podría sorprender en el ámbito de España que es un país que no tiene poblaciones indígenas reconocidas como tal con esa categoría dentro de su territorio; sin embargo,
hay otros países como Austria y los Países Bajos que sí lo han ratificado.
La verdad es que no sólo tiene un valor simbólico, sino que también podría ser una circunstancia importante porque serviría para informar las políticas que desde la propia Administración del Estado deberían ser aplicadas con respecto a la cooperación con los pueblos indígenas. La verdad es que España tiene una relación indudable muy especial con América Latina, que es quizá uno de los ámbitos geográficos en los que mayores poblaciones de este tipo existen. Por tanto, su simbolismo es verdaderamente reseñable.
Sería un error contemplar el hecho indígena como algo retrógrado, como algo contrario a la democracia, a los derechos humanos, a la propia igualdad; la igualdad nadie la pone en duda, pero tampoco nadie debería poner en duda la igualdad en la diferencia. Quizá lo retrógrado sería pensar que instituciones y organismos ajenos a una sociedad evidentemente diferente en sus formas de vida sabrán mejor que los propios ciudadanos pertenecientes a esa sociedad (indígenas o tribales, pero al fin y al cabo ciudadanos) lo que a éstos les conviene. Antes el secretario general de la AECI, a la respuesta número 6 del orden del día, manifestaba que la política del Gobierno persigue defender las identidades amenazadas por la globalización y las estrategias comerciales abusivas (así lo ha dicho literalmente), y que lo que buscan sus complicidades culturales basadas en el respeto a la diferencia. En este sentido las manifestaciones de un alto representante gubernamental coinciden con la propuesta que se hace desde mi grupo parlamentario a esta Comisión. Por otra parte, entiendo que la propia secretaria de Estado en su comparecencia, respondiendo a preguntas que hizo mi grupo, señaló el desarrollo de un plan específico en este ámbito enfocado al mundo indígena. Creo que la aprobación de este convenio sería algo por una parte simbólico pero por otra importante, significativo por ser precisamente el Estado español quien lo ratifique, y serviría de complemento excelente para las políticas que ya se ha apuntado que se desean desarrollar desde el propio ministerio.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Madina. Tiene también diez minutos.
El señor MADINA MUÑOZ: Más que utilizar el tiempo para la defensa de la enmienda, que es sencilla, porque el Grupo Socialista comparte la esencia de la propuesta del Grupo Nacionalista Vasco, deseo aclarar que estamos proponiendo sólo una variación, quitando única y exclusivamente dos palabras para que no todo sea tan inmediato, porque a veces la inmediatez no invita a nada positivo y las cosas se pueden hacer sin tener que realizarlas ya. Repito que que más allá de la explicación de la enmienda que, como digo, sólo propone que no sea inmediata la instancia que esta proposición no de ley hace al Gobierno, quisiera explicar cuál es la posición en la que el Grupo Socialista se apoya para decir sí y compartir principalmente la proposición no de ley que presenta el Grupo Nacionalista Vasco.
Dicha proposición coincide con una de las prioridades de la política de cooperación al desarrollo, porque la cooperación española con los pueblos indígenas tiene su origen en la década de los años ochenta, una década positiva para la gestión del Gobierno desde el Grupo Socialista, y por tanto, compartimos la esencia de la propuesta cuando se constituyó como una línea específica del programa de trabajo que se estableció por la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario del descubrimiento de América. España ha venido asumiendo y reconociendo la necesidad de prestar una atención específica a los pueblos y a las poblaciones indígenas, como se puso de manifiesto en diferentes momentos y ocasiones, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea, y en concreto respecto a la región iberoamericana que nos ocupa con la ratificación del Convenio constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe (es su nombre técnico), del que, como todas SS.SS. saben, España es uno de los Estados fundadores. Teniendo en cuenta todo ello y siguiendo el ejemplo de otras agencias de cooperación internacional de otros Estados de la Unión Europea, en el año 1997 la Agencia Española de Cooperación Internacional definió lo que se denominó una estrategia española de cooperación con los pueblos indígenas para orientar sus actuaciones respecto a las poblaciones indígenas y sus comunidades.
Esta estrategia tiene varias orientaciones. La primera de ellas es el fracaso de las concepciones paternalistas que da después paso a otro enfoque, orientado a aspectos no sólo económicos sino también socioculturales, que enfatizaba los propios potenciales e ideas de desarrollo que los pueblos indígenas tienen y sienten y su participación directa en la planificación y ejecución de los proyectos orientados a conseguir mejorar de una manera sostenible la situación socioeconómica de sus comunidades. En segundo lugar, comprende las reivindicaciones indígenas respecto a la necesidad de redefinir los propios conceptos de cooperación y de desarrollo, que incluyen, como digo, una serie de aspectos vinculados a los sistemas de valores propios y al ideal de sus respectivos modos de vida. En tercer lugar, comprende la especificidad de las culturas indígenas. En cuarto lugar, su habilidad para manejar adecuadamente el medio ambiente y conservarlo, algo que es fundamental desde el punto de vista de cualquier estrategia de cooperación al desarrollo que se precie como tal en el conjunto del planeta y también en Latinoamérica y en las zonas o los países que especialmente cuentan dentro de sus fronteras con poblamientos, pueblos y comunidades indígenas. En quinto lugar, destaca la necesidad de que la cooperación para el desarrollo
apoye los procesos de cambios estructurales que en los niveles nacional y regional están llevando a cabo los Estados iberoamericanos a favor de su población indígena. En sexto lugar, destaca la visualización de la relación directa que existe entre la consolidación de los Estados democráticos y pluriculturales con la participación de las comunidades indígenas en su construcción económica y social, para que no queden fundamentalmente al margen.
Además de todo esto existen también otros cuatro aspectos de singular importancia que justifican la definición de una estrategia específica de la cooperación española con los pueblos indígenas, como el carácter de población especialmente vulnerable que presenta la mayoría de estos poblamientos y de estas comunidades. Existe el compromiso firme de la cooperación al desarrollo española a favor de la gobernabilidad, el buen gobierno, especialmente en los países de América Latina, que como todo el mundo y SS.SS. también saben, forma parte de la agenda española de prioridades de la cooperación internacional al desarrollo. También destaca la especial relación que la mayoría de los pueblos indígenas tienen con el medio ambiente, como señalaba antes, y el valor de sus conocimientos tradicionales para la conservación de la biodiversidad. Ya podrían aprender algo de esto en otras zonas, en todos aquellos Estados que no cumplen, por ejemplo, con cláusulas importantes de derecho internacional relacionadas con el medio ambiente. Destaca la importancia de la conservación de la diversidad cultural como patrimonio que la humanidad ha heredado y debe legar a las generaciones futuras, tal y como recomienda el informe sobre desarrollo humano del PNUD en 2004. Por todo ello, tenemos la total seguridad de que el Gobierno comparte también este convenio 269 de la OIT, porque es el instrumento de derecho internacional más avanzado en esta materia. Es muy importante señalar que el convenio utiliza el término de pueblos y no de poblaciones, reconociendo una entidad colectiva autónoma, pero señalando también (esta es la importancia que quería destacar) que tal reconocimiento no implica el del derecho a la libre determinación; lo señala concretamente el artículo 1.3 de dicho convenio para tranquilidad de quienes hayan tenido dudas. El Convenio número 169 regula también las pautas que deben seguir las políticas de cooperación para el desarrollo destinadas a estos pueblos y a estas comunidades, teniendo en cuenta su especificidad cultural y sus propias formas de organización política y de organización social. En esta línea establece que corresponde a los pueblos indígenas decir cuáles son sus propias prioridades en materia de desarrollo y participar directamente en los planes y programas nacionales y regionales que les afecten. Esto se llama coordinación y también está en la agenda de la política de cooperación internacional al desarrollo del actual Gobierno y de la actual Secretaría de Estado de Cooperación. La opinión sobre la proposición no de ley para ratificación del Convenio 169 de la OIT que presenta el Grupo Nacionalista Vasco a nosotros nos parece positiva por todo ello, porque la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para la ratificación del convenio supondría para la cooperación española un claro avance en la construcción de la futura estrategia de cooperación internacional con los pueblos indígenas, y porque tenemos el convencimiento y la seguridad de que este convenio puede resultar un instrumento útil y coherente con las prioridades que estarán no sólo en el debate, sino en la ejecución del próximo plan director.
La señora PRESIDENTA: ¿Turno de palabra para la fijación de posición respecto a la proposición no de ley? (Pausa.) Tiene la palabra el portavoz de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo quiere felicitar la iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) por la que se insta al Gobierno a la ratificación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Nos parece una iniciativa importante, digna y necesaria y nos sorprende que hasta ahora España no haya procedido a su ratificación. Además forma parte de la deuda histórica que tiene España con aquellos pueblos que fueron colonizados a partir de 1492 y que hoy buena parte de su situación está directamente relacionada con las políticas que España impulsó en aquellos países durante décadas, como otros países en otros espacios coloniales ni más ni menos. En todo caso han condenado a millones de personas a la desaparición de sus culturas y al mantenimiento de desigualdades sociales más que evidentes. España, como antigua potencia colonial de buena parte de los países de América Latina, tiene una evidente responsabilidad. Además estamos frente a una cuestión emergente porque forma parte de la agenda política de buena parte de los países latinoamericanos con una importante presencia indígena. Gran parte de los movimientos políticos que se han producido en los últimos tiempos en diversos países, desde Méjico hasta Venezuela o Ecuador, tienen que ver con la cuestión indígena y son síntoma de las profundas desigualdades sociales del continente latinoamericano. El secretario general de la Agencia hacía una reivindicación contra la pobreza en América Latina y hablaba de más de 200 millones de pobres en dicha población. Esa concentración de la pobreza en la población indígena es más que evidente.
La pobreza en la población indígena es absolutamente dramática, lo que explica buena parte de esos cambios políticos en muchos de estos países con importante presencia de población indígena. Es lo que Manuel Castells define como el poder de la identidad en el contexto de este mundo global, la fuerza de la identidad como elemento estructurador de las comunidades, de los pueblos y de las personas.
Estas dos referencias: esa desigualdad social profunda de los países de América Latina, que convierte en
víctimas de la pobreza a la población indígena, y la emergencia del poder de la identidad son lo que justifican una posición y una política activa de España en esta materia, que pasa también por la ratificación de este convenio, que debe formar parte de una política que ha de dar visibilidad a la cuestión indígena, que ha de dar voz y poder a los pueblos indígenas. Son razones que justifican que España se adhiera a este documento. Es bueno recordar que hoy dos Estados de Europa (Noruega fuera de la Unión, pero Holanda en la Unión) han ratificado ya este instrumento. No deja de ser significativo que precisamente dos de los Estados más avanzados en políticas de cooperación internacional al desarrollo hayan asumido este planteamiento. Por tanto, seguramente junto con la ratificación del convenio España debería también impulsar una política en el seno de la Unión Europea para que otros miembros de la Unión procediesen también a su ratificación.
Me parece que el señor Esteban ha abierto con esta iniciativa una línea de trabajo muy interesante para esta Comisión. En todo caso, siempre va a contar con el apoyo de Convergència i Unió.
La señora PRESIDENTA: Por el Partido Popular, tiene la palabra su portavoz el señor Robles.
El señor ROBLES OROZCO: Nuestro grupo tiene dificultad para fijar una posición clara sobre este asunto, y precisamente por ello nos va a ser difícil apoyar esta iniciativa mientras no tengamos una información más exhaustiva. España no tiene una población indígena, por tanto, parece ser que no estamos directamente afectados por este convenio, pero sí tiene unas relaciones especiales con países iberoamericanos donde sí existe una población indígena. Por tanto, aunque lo que hagamos con ese tratado no tenga una implicación directa sobre nuestro territorio, sobre nuestro país, la posición de España sí afecta nuestras relaciones con los países iberoamericanos especialmente. Existen pueblos, como los aymaras, que están asentados sobre diferentes países; por tanto, esa realidad afecta obviamente a países con los que tenemos estrechas relaciones políticas.
Si no está coordinada adecuadamente la posición de España con nuestros países hermanos de Iberoamérica, se podría condicionar o malinterpretar nuestras posiciones. El fondo de la cuestión, que es todo lo que son las políticas activas a favor de la población indígena, es obvio que lo compartimos. Durante ocho años se ha demostrado con hechos; ha habido una política activa de apoyo a todo lo que significan los derechos, el desarrollo, la cultura, y quizá el tema del fondo indígena es el elemento más característico. No hay que explayarse demasiado en explicar el compromiso en compartir los objetivos, pero sí hemos de manifestar nuestra falta de información suficiente. Sí tenemos noticias de que ha habido informes en su día del Ministerio de Asuntos Exteriores al Ministerio de Trabajo con algún tipo de reparos. Me gustaría (lo digo a la Presidencia y al letrado, no sé si es al amparo del artículo 40 ó 44 del Reglamento) pedir que se remita a esta Comisión todos los informes que en su día se emitieron que nos permitan tener un criterio de cuáles son las razones por las que en este momento no se ha suscrito.
En todo caso, hay que destacar que este es un convenio del año 1989, y es muy sorprendente el escasísimo número de países que lo ha firmado; creo que en total son 17 los que han firmado el convenio. Por tanto, de antemano nos asalta la duda al saber que desde el año 1989 hasta ahora solamente han sido 17 países, y curiosamente dentro de la Unión Europea han sido países que no tienen ningún tipo de vínculo histórico con países donde sí hay población indígena. No se firman los mismos acuerdos cuando no existen esos vínculos históricos y políticos que, en el caso de España, cuando sí los tiene. Lo que el Gobierno español haga me imagino que tendrá otras implicaciones distintas y sé que por lo menos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores ha habido en su momento reparos que hicieron que esto no se firmara. Me gustaría solicitar que se recaben y se envíen a la Comisión todos los informes históricos que se han ido haciendo sobre esta cuestión para que podamos fijar nuestra posición, porque es muy importante hacer siempre las cosas con transparencia y con verdad.
Por cierto, ya que no he podido intervenir antes, voy a decir que la verdad siempre tiene que estar por encima de todo y que no hay peor mentira que las verdades a medias. Por eso, lo peor que puede haber es leer las cosas a medias por ejemplo, cuando se habla del informe de 2001; cuando se habla de determinados argumentos hay que leérselos todos.
Cuando se habla de un informe de 2001...
La señora PRESIDENTA: Perdóneme, señoría, estamos debatiendo una proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor ROBLES OROZCO: Lo sé, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: No podemos remitirnos a la última de las preguntas cuando ha finalizado esa parte de la sesión de esta Comisión.
El señor ROBLES OROZCO: Señora presidenta, estoy en el uso de la palabra y tengo derecho a usar los argumentos que crea convenientes para justificar mi posición (Rumores.) Yo no estoy haciendo más que usar argumentos que sirven para justificar la verdad que debe presidir siempre nuestros debates; simplemente lo estoy haciendo a título ilustrativo; no estoy entrando en el debate de la cuestión, pero lo digo a título ilustrativo.
Me parece que hablar de un informe del año 2001, que ha sido subsanado en gran medida, que aborda única y exclusivamente cuestiones administrativas, que por
supuesto no ha sido remitido a la Fiscalía, que no hay irregularidades de ningún tipo...La señora PRESIDENTA: Señoría, le voy a recordar que el artículo 103 del Reglamento mantiene que los diputados deben ceñirse a la cuestión sobre la que se está debatiendo no a cuestiones anteriores. Si usted quiere plantear alguna otra pregunta hágalo, que sea calificada y que entre en Comisión. Por tanto, le ruego que vuelva a la proposición no de ley que estamos debatiendo.
El señor ROBLES OROZCO: Vuelvo a la proposición no de ley y vuelvo, sobre todo, a intentar que nos ajustemos siempre a la verdad y a la transparencia; para ajustarse a la transparencia y a la verdad, también hay que hacerlo a la limpieza en todo momento, señoría. Por tanto, si queremos ese diálogo y ese consenso del que tanto se habla, que todo el mundo haga honor a principios que son básicos para poder obtener el consenso y el diálogo. No se fundamentan los consensos ni los diálogos sobre la falta de la verdad, la manipulación de los informes y diciendo las cosas a medias. Es muy importante para el futuro de esta Comisión saber qué clima se quiere generar y si se quiere hacer honor a la verdad o no se quiere hacer honor a la verdad y se quiere manipular los hechos.
Vuelvo a la cuestión de la proposición no de ley. Para nosotros es importante, señora presidenta, conocer los informes que fueron manejados por los diferentes ministerios. Si no tenemos los informes, es decir, si no tenemos toda la información, tenemos una cierta curiosidad por saber por qué desde el año 1989 España no ha firmado este convenio, por qué hay sólo 17 países que lo han firmado y por qué no es lo mismo Noruega que España en una relación con pueblos y con países que históricamente tienen otras relaciones con nosotros. Mientras no sea así, no podremos dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: No era el artículo 103 del Reglamento sino el 102.
Para manifestar su aceptación o rechazo de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Quiero manifestar que vamos a aceptar la enmienda de modificación propuesta por el Grupo Socialista, porque pretendíamos con esta iniciativa que se iniciaran los trámites. Por lo manifestado por el portavoz socialista entendemos que en un plazo razonable de tiempo se iniciará esa tramitación que culminará en su momento, una vez finalizados los trámites, en esta Cámara. Simplemente a modo de información, si me permite, intervendría diez segundos porque se ha suscitado la cuestión de los aymara. Quiero decir que tanto Perú como Bolivia han ratificado el listado de países, porque son cien poblaciones indígenas y son precisamente los de América Latina los que más relaciones tienen con España; son: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Fidji, Guatemala, Honduras, Méjico, Noruega, Países Bajos, Paraguay, Perú y Venezuela.
La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de la proposición no de ley presentada por el Grupo Nacionalista Vasco.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 103
 artículo 103