Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-108-2012-ap-tenerife-sec-2-rec-223-2011-05-03-2012-10685151
Timestamp: 2018-02-25 01:43:01+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 108/2012, AP - Tenerife, Sec. 2, Rec 223/2011, 05-03-2012 | Iberley
Sentencia Penal Nº 108/2012, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 2, Rec 223/2011 de 05 de Marzo de 2012
Auto Penal Nº 746/2017, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 26/2017, 27-04-2017
Órden: Penal Fecha: 27/04/2017 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Soriano Soriano, Jose Ramon Num. Sentencia: 746/2017 Num. Recurso: 26/2017
Sentencia Penal Nº 185/2013, AP - Gipuzkoa, Sec. 1, Rec 1042/2013, 14-06-2013
Órden: Penal Fecha: 14/06/2013 Tribunal: Ap - Gipuzkoa Ponente: Hoyos Moreno, Jorge Juan Num. Sentencia: 185/2013 Num. Recurso: 1042/2013
Sentencia Penal AP - Barcelona, Sec. 7, Rec 116/2013, 04-06-2013
Órden: Penal Fecha: 04/06/2013 Tribunal: Ap - Barcelona Num. Recurso: 116/2013
Sentencia Penal Nº 168/2011, AP - Pontevedra, Sec. 4, Rec 34/2011, 20-10-2011
Órden: Penal Fecha: 20/10/2011 Tribunal: Ap - Pontevedra Ponente: Navares Villar, Maria Cristina Num. Sentencia: 168/2011 Num. Recurso: 34/2011
Sentencia Penal Nº 804/2014, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 580/2014, 25-07-2014
Órden: Penal Fecha: 25/07/2014 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Sanchez Trujillano, Jose Luis Num. Sentencia: 804/2014 Num. Recurso: 580/2014
Núm. Sentencia: 108/2012
Núm. Recurso: 223/2011
Núm. Cendoj: 38038370022012100094
D. JOAQUIN LUIS ASTOR LANDETE
Da. FRANCISCA SORIANO VELA (Ponente)
D. ULISES HERNANDEZ PLASENCIA
Santa Cruz de Tenerife, 5 de marzo de 2012.
Visto, en nombre de S.M. el Rey, ante esta Audiencia Provincial, al Rollo de apelación no 223/11 de la causa no 26/2008, seguida por los trámites del Procedimiento Abreviado en el Juzgado de lo Penal no 2, habiendo sido partes, de la una y como apelante D. Conrado representado por el Procurador de los Tribunales Da Ma Candelaria Rodríguez Delgado y defendido por la Letrado Da María Soledad Suárez Cruz, ejercitando la acción pública el Ministerio Fiscal y Ponente la Iltma. Sra. Da FRANCISCA SORIANO VELA.
PRIMERO.- Por el Juez de Instancia, con fecha 11 de enero de 2011, se dictó sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que debo CONDENAR y CONDENO a Conrado como autor responsable de un delito de atentado del artículo 550 y 551 del Código Penal en concurso ideal con una delito de lesiones del artículo 147.1 del Código Penal , concurriendo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal , a las penas de un ano de prisión con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de atentado y a las penas de seis meses de prisión con la accesoria de suspensión del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el delito de lesiones, debiendo indemnizar al agente de la Jefatura de Policía Local de San Cristóbal de la Laguna no NUM000 en la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y DOS (8.645,52) EUROS en concepto de responsabilidad civil, condenando asimismo al acusado al pago de las costas procesales causadas en esta instancia."
"Sobre las 2,50 horas del día 18 de septiembre de 2004, el agente de la Jefatura de Policía Local de San Cristóbal de la Laguna no NUM000 quien se hallaba en el ejercicio de sus funciones debidamente uniformado, se personó en la calle Dr. Zamenhoff, en San Cristóbal de la Laguna, tras ser requerido por varias personas dado que al parecer Conrado se encontraba realizando amenazas con una navaja; este agente se dirigió a Conrado quien en un momento dado, con ánimo de menoscabar la integridad física del agente y con total desprecio por la autoridad que aquel representaba, le golpeó fuertemente en la mano izquierda, cayendo ambos al suelo tras mantener un forcejeo y una vez en el suelo y con idéntico ánimo, Conrado le propinó al agente una patada en la boca, escapando momento después del lugar a la carrera. Momentos después, el acusado Conrado tropezó y cayó al suelo, circunstancia que fue aprovechada por los agentes NUM001 y NUM002 del mismo cuerpo policial, que se encontraban en la zona y que habían sido debidamente avisados de los hechos, para proceder a la detención del acusado quien se mostró agresivo en todo momento.
A consecuencia de la acción del acusado, el agente de la Jefatura de Policía Local de San Cristóbal de la Laguna no NUM000 sufrió lesiones consistentes en fractura-luxación de IFD 5o dedo de la mano izquierda y contusión con erosión en el labio inferior, lesiones para cuya sanación ha precisado de 129 días durante los cuales ha estado impedido para el desarrollo de sus ocupaciones habituales, habiendo estado 2 días hospitalizado. Para su sanación precisó además de una primera asistencia facultativa, intervención quirúrgica consistente en el reanclaje del tendón extensor, inmovilización con agujas de Kirschner y reposición del fragmento óseo, además de precisar de analgésicos, antiinflamatorios, rehabilitación y fisioterapia, restándole como secuela anquilosis de articulación interfalángica distal del 5o dedo de la mano izquierda."
TERCERO.- Se aceptan los hechos declarados probados de la sentencia, los que damos por reproducidos.
CUARTO.- Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación de D. Conrado admitido el cual, se elevaron las actuaciones a éste Tribunal y dado el correspondiente trámite al recurso, se senaló día para la deliberación, votación y fallo, solicitándose por el recurrente la absolución y subsidiariamente se aplique la atenuante de dilaciones indebidas al delito de atentado, reduciendo la pena (a seis de prisión) y por el Ministerio Fiscal la desestimación del recurso.
PRIMERO.- Recurre la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número dos de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 11 de enero de 2011 , D. Conrado , recurso que se fundamenta en dos motivos: a) error en la apreciación de las pruebas y b) no aplicar la atenuante de dilaciones indebidas al delito de atentado.
Se aduce que existen versiones contradictorias entre lo manifestado por el Agente Policial y el acusado, y que el referido testigo manifestó que intentó agarrar al acusado por la espalda y éste para huir se gira sobre su propio cuerpo, lo que provocó la lesión del dedo menique del agente, por lo que el acusado no tuvo intención de lesionara sino la voluntad de huir del lugar. El propio médico forense declaró en la vista oral que la lesión del Agente era compatible con una caída.
Entiende el apelante que no concurre el elemento subjetivo del delito, siendo necesario que la prueba de cargo se refiera tanto a los elementos objetivos como subjetivos. Por lo que solicita la absolución o subsidiariamente se aplique la atenuante de dilaciones indebidas al delito de atentado.
Respecto al primero de los motivos articulados en el presente recurso, error en la apreciación de las pruebas, hay que significar que el Juez de instancia ha contado con la declaración de la víctima , y el Tribunal Supremo de forma reiterada ha senalado que se trata de un "status" especial y, aunque su declaración no puede encuadrarse en el concepto genuino de la prueba testifical, pues puede constituirse en parte acusadora, lo que excluye su naturaleza de prueba personal de tercero ( SSTS 11 de julio de 1990 ; 18 de Diciembre de 1991 ; 28 de Octubre de 1992 ) presenta un valor de legítima actividad probatoria, y ello, aunque sea único su testimonio, al no existir en el proceso penal el sistema legal o tasado de valoración de la prueba ( SSTS 21 de Enero de 1988 ; 28 de Septiembre de 1998 y SSTC 201/1989 ; 173/1990 y 229/1991 ).
Asimismo y respecto a tal testimonio el Tribunal Constitucional ha declarado que en ausencia de otros testimonios, la declaración del perjudicado practicada normalmente en el juicio oral con las necesarias garantías procesales, tiene la consideración de prueba testifical, y como tal, puede constituir válidamente prueba de cargo, en la que puede basarse la convicción del juez para la determinación de los hechos del caso (SSTC 229/1991, de 28 de noviembre y 201/1989, de 30 de noviembre ).
Testimonio al que la Juzgadora " a quo " da total credibilidad, a través de la privilegiada posición que la inmediación le confiere reuniendo los requisitos que la Jurisprudencia ha establecido: ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud del testimonio y persistencia en la incriminación.
En cuanto al primero de tales requisitos, acusado y denunciante no se conocían, por lo que ningún ánimo de resentimiento o venganza se constata. Su testimonio ha venido además corroborado con datos objetivos de carácter periférico, al haberse objetivado las lesiones sufridas, según partes médicos e informes médico-forenses.
Además, ha existido una persistencia en la incriminación, prolongada en el tiempo reiteradamente expresada y expuesta sin ambigüedades ni contradicciones.
El Juez "a quo" desde la privilegiada posición que la inmediación le confiere llega a una convicción, que se comparte por la Sala. Contando además con las declaraciones de otros Agentes de la Policía.
Por lo que la determinación pues de los hechos que se han declarado probados, lo ha sido en base al material probatorio senalado, y tras su valoración por el órgano de instancia. Y la valoración de la credibilidad de los que ante el Juez declaran es una cuestión que depende esencialmente de su percepción, y que dificilmente puede ser revisada por éste órgano " ad quem ", que no ha podido ver ni escuchar sus declaraciones.
No obstante aunque la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba corresponden en principio al Juez de instancia, el recurso de apelación otorga plenas facultades al Juez o Tribunal Superior supraordenado "ad quem" para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un "novum iuditium" ( SSTC 124/83 , 54/85 , 145/87 , 194/90 , 120/94 y 157/95 , entre otras).
El Supremo intérprete del texto Constitucional estima que nada se ha de oponer a una resolución que, a partir de una discrepante valoración de la prueba, llega a una conclusión distinta a la alcanzada en primera instancia ( STC 43/1997 , pues tanto "por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma como por lo que se refiere a la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba "el Juez ad quem" se halla en idéntica situación que el Juez a quo" (STC 172/1997 ), fundamento jurídico 4o y asimismo, SSTC 102/1994 , 120/1994 , 272/1994 , 157/1995 , 176/1995 ) y en su consecuencia, "puede valorar las pruebas practicadas en primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo".
Ahora bien, el principio de inmediación impone que haya de dar como verídicos los hechos que ha declarado probados en la Sentencia apelada, salvo que exista manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba, o los hechos probados resulten incompletos o contradictorios en sí mismos o hayan sido desvirtuados por alguna prueba que se haya practicado en la segunda instancia, lo que no acontece en el presente caso, no se ha acreditado que el Juez "a quo" haya incurrido en error, ni arbitrariedad al valorar la prueba, su inferencia no ha sido absurda, ni contraria a las reglas del criterio humano ( artículo 9.3 CE y 1253 del Código Civil ).
El Juez "a quo" contó con el testimonio de la víctima y de testigos, quién relató lo sucedido, corroborados con datos objetivos de carácter periférico, parte de lesiones e informe del médico forense y, a través de la inmediación llega a una convicción, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , por lo que existió prueba de cargo, válidamente obtenida de claro signo incriminatorio apta y suficiente para enervar la presunción de inocencia.
Constituye doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la de que la presunción de inocencia, además de constituir un principio o criterio informador del ordenamiento procesal penal, es ante todo un derecho fundamental en cuya virtud una persona acusada de una infracción no puede ser considerada culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, siendo sólo admisible y lícita esta condena cuando haya mediado una actividad probatoria que, practicada con la observancia de las garantías procesales y libremente valorada por los tribunales penales, puede entenderse de cargo ( SSTC 137/1998 ).
Ahora bien, hay que senalar que el principio de presunción de inocencia opera sobre la ausencia de pruebas legitimamente obtenidas que permitan inferir la participación del individuo en el hecho criminal que se le imputa, no sobre la valoración de las existentes que efectúen los Juzgadores de instancia y menos aún sobre si las tenidas en cuenta por éstos para formar su convicción pueden estar contradichas por otras de igual clase o entidad ( STC 11.3.93 Y SSTS 12.2.93 , 31.1.94 , 1.2.94 , 23.4.94 , 23.12.95 , 23.5.96 Y 24.9.96 , entre otras), teniendo que reiterar que el principio de libre apreciación del material probatorio que compete al juez "a quo", como consecuencia de la oralidad e inmediación que rigen en el proceso penal.
Concurren pues los elementos objetivos y subjetivos. En cuanto a los objetivos: a) El carácter de autoridad, agente de la misma o funcionario público en el sujeto pasivo. b) que se halle el sujeto pasivo en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas, c) un acto típico, constituido por el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave.
Y los subjetivos consisten en a) conocimiento por parte del sujeto activo de la cualidad y actividad del sujeto pasivo y b) elemento subjetivo del injusto, integrado por el dolo de ofender, denigrar o desconocer el principio de autoridad, que va ínsito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido.
Y en el presente caso el acusado no solamente produjo la lesión en el dedo del Agente Policial (fractura luxación) sino que estando en el suelo le propinó una patada en la boca.
Por lo que tales hechos sin lugar a dudas dan vivencia a la infracción penal.
Igual suerte desestimatoria deberá correr la petición de que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas al delito de atentado la que si se aplicó al delito de lesiones.
La sentencia aplica como simple la citada circunstancia atenuante, y la aplica tanto al delito de lesiones como al de atentado, cuya pena oscila entre uno a tres anos de prisión.
Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por D. Conrado contra la sentencia, de fecha 11 de enero de 2011, dictada por el Juzgado de lo Penal número dos de Santa Cruz de Tenerife , la que confirmamos, declarando las costas procesales de ésta segunda instancia de oficio.

References: artículo 550
 artículo 147
 artículo 21
 resolución 
 artículo 9
 artículo 741