Source: https://www.scribd.com/doc/116357233/113606132-Manual-Que-hacer-en-caso-de-desaparicion-forzada
Timestamp: 2016-09-27 04:51:41+00:00

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A exigir nuestro derecho a no ser detenido-desaparecido por el Estado Por la presentación con vida de los desaparecidos Juicio y castigo a los responsables
Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México, Comité Hasta Encontrarlos, Nacidos en la Tempestad. A.C
Agradecimientos A Silvano Cantú Martínez de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) A la Comisión de Mediación entre el gobierno federal y el PDPR-EPR (COMED)
Introducción...............................................................................9
Elementos para identificar una desaparición forzada ........12 1. ¿Qué es la desaparición forzada de personas?......................12 2. La desaparición forzada como crimen contra la humanidad de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo .............................................14 3. La desaparición forzada y sus efectos psicosociales ..............17 Impacto psicosocial de las desapariciones.............................18 Impacto socioeconómico de las desapariciones....................19 Cuestiones sobre la seguridad de las familias de los desaparecidos..........................................................19 Retos administrativos relacionados con el estatus de persona desaparecida ...................................................19 4. La desaparición forzada como un mecanismo de represión del Estado Mexicano .....................................20
Pasos a seguir ante una desaparición forzada......................23 5. Herramienta jurídica ante la desaparición forzada ...........23 6. Herramienta de derechos humanos ante la desaparición forzada ........................................................31 ¿Por qué es necesaria la documentación en los casos de desaparición forzada?...............................31 a) La relatoría de hechos .......................................................32 b) Entrevista a una víctima de violación a los derechos humanos (familiar o testigo del hecho) ............33 c) Llenar la Ficha de Desaparecido.......................................34
Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona.......................................................................34 Mecanismos de respuesta inmediata.....................................38 Acción urgente ......................................................................38 Cartas a la autoridad .............................................................38 7. Herramienta de denuncia pública (mediática)..................42 Boletín de prensa...................................................................42 Conferencia de prensa...........................................................43 Mecanismos para llamar al apoyo y solidaridad de otros grupos, organizaciones y personas solidarias.....43 Solicitud de apoyo .................................................................43 Solicitud de adhesión a un pronunciamiento .......................44 Declaración urgente..............................................................44 Campañas ..............................................................................45 8. Herramienta de la movilización (plan de acción).............45 9. Herramienta psicosocial......................................................45 10. Cómo recurrir a las instancias internacionales.................47 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .............................................................................47 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU .......................................................49 Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de una persona de la ONU .....................50 11. Formulario para acudir a instancias internacionales.......50 12. Algunos antecedentes históricos de la desaparición forzada...................................................55 Anexos ........................................................................................61
Ante la situación alarmante de violaciones a los derechos humanos y el incremento de casos de desapariciones forzadas en México, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas, decidimos emprender actividades conjuntas, lanzando una Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada de Personas, con la finalidad de exigir al Estado mexicano la presentación con vida de todas las personas desaparecidas del país y el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de este crimen contra la humanidad. En el marco de esta Campaña se presenta el Manual: ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, cuyo objetivo general es proveer de información a la sociedad para identificar esta grave violación a los derechos humanos y describir las herramientas jurídicas, de derechos humanos, mediáticas, psicosociales y políticas que pueden emplear los familiares, los abogados o las organizaciones de derechos humanos que se enfrentan ante este crimen contra la humanidad. Este Manual está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, si bien es cierto que históricamente el delito de la desaparición forzada surgió como un método para reprimir la lucha social, éste se ha extendido a otros sectores, por lo que cabe hablar de desapariciones políticas y civiles. Por consiguiente, consideramos que este manual puede ser de gran utilidad a cualquiera, tanto para prevenir que una detención arbitraria devenga en una desaparición, como para ayudar a los agraviados a tomar medidas inmediatas enca9
minadas a presionar al gobierno para que esclarezca el paradero de los detenidos-desaparecidos. El miedo a las represalias, el desconocimiento sobre la caracterización del delito de desaparición y la ausencia de instancias cercanas y confiables a las cuales acudir, han ocasionado que muchas familias opten por no denunciar sus casos, por lo que no hay una cifra aproximada del número total de desapariciones forzadas a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con los datos que manejan diversas organizaciones de derechos humanos, podría haber más de 1200 desaparecidos por razones políticas (desde 1968 a la fecha),1 y un número indeterminado, pero no menor a tres mil, de desaparecidos civiles.2 La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada es del 100%. Las más de seiscientas denuncias penales que se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición forzada han sido incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta. Es momento de tomar conciencia de la gravedad del problema y de buscar soluciones de fondo para contrarrestar el patrón estructural de violaciones graves a los derechos humanos e impunidad absoluta. Las medidas que propone este Manual poco pueden hacer contra la negligencia instituhttp://www.desaparecidos.org/mex/ Podría haber más de 600 casos tan sólo entre 2006 y mediados de 2008. Gloria Leticia Díaz, “El nuevo miedo: desaparecer”, Proceso, no. 1651, 22 de junio de 2008, p. 6-12.
cional y la falta de voluntad política de las autoridades para acabar, aclarar y juzgar las desapariciones, pero representan un apoyo indispensable para las víctimas. Confiamos en que el presente Manual llegue a las regiones del país que han sido especialmente afectadas por la violencia que desde hace décadas ejercen las corporaciones policíacas, militares, los grupos paramilitares y del crimen organizado. Es nuestro deseo que las personas que sufren en silencio las consecuencias de una desaparición forzada sepan que no están solas y que hay medidas que pueden y deben adoptar si se deciden a emprender la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Del mismo modo, esperamos que cualquier persona que lea este Manual, comprenda que la lucha contra la desaparición forzada está intrínsecamente relacionada con el saneamiento de las instituciones de la república, ya que no es posible la existencia de democracia y libertad mientras existan los desaparecidos.
Elementos para identificar una desaparición forzada de personas
1. ¿Qué es la desaparición forzada de personas? La definición legal más aceptada de la desaparición forzada en el derecho internacional humanitario es la que aparece en el preámbulo de la Declaración de Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 1992.
[…] desapariciones forzadas, es decir, que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley, […]3
En esta definición se pueden identificar tres elementos, que desglosamos para su análisis:4
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.47.133. Sp?OpenDocument 4 Este apartado fue tomado del manual: “Usar el derecho contra las desapariciones forzadas. Guía práctica para familiares de personas desaparecidas y ONGs”, Utrech, Aim for human rights, 2009, p. 20, versión digital en: http://www.ediec.org/es/biblioteca/item/id/520/
1. Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma. La detención o privación de libertad puede tomar muchas formas. Todas las situaciones de privación de libertad pueden conducir a la desaparición forzada. En algunos casos la persona que desaparece ya estaba detenida, a veces incluso por motivos legales. En muchos otros casos, la desaparición comienza al hacer prisionera a la persona fuera de un lugar oficial de detención. 2. Que la detención sea llevada a cabo por funcionarios gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento. El gobierno es el conjunto de los órganos directivos del Estado, por lo que las detenciones son realizadas por agentes estatales. Referirse al “Estado” como autor de las desapariciones forzadas puede sonar muy abstracto, pero esto se traduce en la inclusión de todas las personas y entidades cuyo funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del Estado. Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menudo son individuos o grupos contratados por el Estado, como soldados, policías o agentes de seguridad. También pueden ser otros actores que operan con instrucciones de las autoridades o instituciones del Estado, o que tienen la aprobación del mismo, como por ejemplo los miembros de las patrullas de autodefensa, las milicias privadas u otros grupos parapolicíacos y paramilitares que cometen crímenes siguiendo las instrucciones de autoridades o instituciones estatales. Sin embargo, cuando intervienen dichos actores en las desapariciones forzadas, es difícil probar la conexión entre el Estado y las personas que realmente ejecutaron la desaparición.
3. Que después los funcionarios gubernamentales se nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley. La negativa u ocultación de información es un elemento sustancial del delito, por lo que no son válidas las declaraciones en torno a la posible muerte de la víctima, mientras no haya un esclarecimiento oficial de los hechos. 2. La desaparición forzada como crimen contra la humanidad de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo En el ámbito de los derechos humanos, la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo. Las desapariciones forzadas cometidas “de forma masiva y sistemática” están consideradas en todo el mundo como crímenes contra la humanidad, a los cuales se les aplican jurisdicciones y sanciones específicas. Sin embargo, determinar si ciertas desapariciones forzadas se consideran “un crimen contra la humanidad” o no depende de diferentes acuerdos (legales) y/o normativas de los tribunales o cortes.5 La desaparición forzada es uno de los delitos más complejos que puedan existir, ya que tiene un carácter múltiple, porque viola todos los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad. Como una desaparición crea condiciones en las cuales la persona detenida está totalmente a merced de las personas que le han detenido y se encuentra incomunicada, el derecho a las condiciones de detención adecuadas, el derecho a un juicio justo y el derecho a la representación legal tam5
bién se violan. Como en una desaparición los autores por lo general buscan obtener información de la víctima, ésta corre el peligro de ser torturada. Como una desaparición crea las condiciones y el riesgo para el detenido de ser asesinado sin que queden pruebas, las desapariciones forzadas también se consideran una violación del derecho a la vida. En muchos casos de desaparición, se niega la mera existencia de la persona, por lo que se puede deducir fácilmente que se violan fácilmente todos sus derechos. Recientemente el derecho a no estar sujeto a una desaparición forzada y el derecho a saber la verdad se han nombrado explícitamente en una convención como dos nuevos derechos humanos específicos. En resumen, la desaparición forzada viola los siguientes derechos humanos fundamentales: • el derecho a la integridad personal; • el derecho a no ser arbitrariamente privado de la libertad; • el derecho a ser protegido por la ley; • el derecho a ser reconocido como persona jurídica; • el derecho a no ser sometido a tortura o tratamiento cruel, inhumano o degradante; • el derecho a no ser desaparecido; • el derecho a la verdad; • el derecho a la vida La desaparición forzada en algunos casos también puede violar: • el derecho a la libertad de pensamiento y expresión; • el derecho de asociación; • el derecho a la libertad religiosa;
• los derechos de la familia y del niño; • la prohibición general de todas las formas de discriminación.6 La desaparición forzada y las violaciones que con ella se generan, constituyen delitos de carácter continuo o permanente, debido a que se consuman momento a momento, durante todo el tiempo que la víctima se encuentra desaparecida. Los delitos no finalizan hasta que la desaparición se aclara. La aclaración sólo se considera suficiente cuando la persona desaparecida es presentada viva o, en caso de muerte, sus restos se exhuman, se identifican y se devuelven a sus familiares. Por consiguiente, las desapariciones son casos del presente, sin importar que hayan ocurrido hace años o incluso décadas. Cuando se determina que una desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, se aplica el principio de imprescriptibilidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) estableció que el plazo para la prescripción del delito, en general, empieza a correr hasta que la víctima es encontrada, viva o muerta. Finalmente, la desaparición forzada es un fenómeno pluriofensivo, porque viola los derechos humanos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, que se convierten en víctimas indirectas. La jurisprudencia internacional considera que la angustia, la incertidumbre, el sufrimiento, el miedo y el estrés causados a los familiares por la desaparición de su ser querido constituyen una forma de tortura o tratos crueles e inhumanos, además de que se viola
6 “Una guía de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada”, p. 6, versión electrónica en: http://www.apdh-argentina.org.ar/relaciones_internacionales/2009/desaparicionforzada.pdf
su derecho a la vida familiar.7 Asimismo, el sentimiento de inseguridad que genera esta práctica tiene efectos devastadores en las sociedades en las que se practica.
3. La desaparición forzada y sus efectos psicosociales Desde el momento en que desaparece una persona, sus familiares están sometidos a un gran sufrimiento y a una variedad de dificultades prácticas. Mientras que para muchas familias la necesidad de verdad y justicia es su prioridad central y emplean la mayor parte de su tiempo presionando para que se investigue, otras familias necesitan una respuesta humanitaria mayor.8 Algunas de las dificultades que enfrentan las familias aparecen de forma inmediata, mientras que otras pueden tardar meses o incluso años en manifestarse. No todas las familias reaccionan igual ni priorizan sus necesidades de la misma forma. Depende mucho del estatus socioeconómico, cultural y político de la familia. El Estado está obligado a ofrecer asistencia humanitaria inmediata a las familias después de que se produzca una desaparición. No significa que al prestar esta asistencia el caso se cierre o se absuelva al Estado de su responsabilidad. Tampoco significa que el Estado reconozca simbólicamente que es culpable de las desapariciones. Sin embargo, no ofrecer estas medidas significará que el Estado no acata sus obligaciones.
7 Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coord. Noche y niebla. Por los caminos de la impunidad en México. Un estudio sobre tortura, desaparición forzada y justicia militar. México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C., 2009, p. 78. 8 Este apartado fue tomado del manual “Usar el derecho…”, op. cit. p. 113-114
Impacto psicosocial de las desapariciones Una desaparición forzada puede tener un impacto profundo y traumático en las familias y las comunidades. Muchos familiares de personas desaparecidas luchan con problemas psicológicos y de salud, como estrés, depresión, ansiedad, aumento de la tensión y problemas para dormir. Estos problemas pueden persistir durante un largo periodo y afectar al funcionamiento de un sistema familiar completo. La incertidumbre que causa la desaparición es permanente. No saber si el desaparecido está vivo o muerto genera una ambigüedad extremadamente angustiante. Ignorar el destino y estado del ser querido, provoca que los familiares presupongan que está siendo torturado. El deseo de liberarlo del sufrimiento ocasiona que se presentan ilusiones, ideas recurrentes de reencuentro donde los familiares creen, por ejemplo, que lo han visto entre la gente. Por otra parte, existe una alteración del proceso de duelo: no es posible el entierro del familiar pues no está muerto; no hay cuerpo para enterrar, pero tampoco la certeza de que está vivo. Hasta que no aparezca y se sepa de su paradero siempre se tendrá la esperanza de encontrarlo. El duelo inconcluso genera crisis emocionales y, como consecuencia,se generan bloqueos para desarrollar proyectos personales y se dificulta seguir con las actividades habituales del trabajo y del hogar. Es recomendable que se busque atención médica especializada y que se recurra a la ayuda psicológica o psiquiátrica. Con la desaparición se busca generar el aislamiento y el silenciamiento de aquellos relacionados con el desaparecido. Frecuentemente, los vecinos, los amigos y otros miembros de la comunidad evitan el contacto con los familiares de personas desaparecidas. Es altamente recomendable que las familias de los desaparecidos entablen comuni-
cación entre sí, a fin de que rompan el cerco social y tejan lazos de solidaridad.9 Impacto socioeconómico de las desapariciones Las desapariciones pueden causar una serie de problemas socioeconómicos en las familias. La persona desaparecida normalmente trabajaba y a menudo era la única persona de la familia con ingresos. La pérdida de su sueldo puede producir un impacto profundo e inmediato en las familias. Además de la pérdida de este sueldo, muchas familias no tienen acceso a las cuentas del banco y a las pensiones de la persona desaparecida debido a la falta de claridad de su estatus social. Las desapariciones también pueden suponer nuevos gastos para una familia. Es posible que tengan que emplear más tiempo y recursos en buscar a su ser querido. A esto se suma el alto costo de los servicios de un abogado. Ser familiar de alguien que ha desaparecido también puede causar un estigma que haga más difícil encontrar trabajo. Cuestiones sobre la seguridad de las familias de los desaparecidos Buscar a una persona desaparecida pone a los familiares y a los que trabajan con ellos en riesgo de convertirse en víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, por lo que, si es el caso, deberán acudir a instancias internacionales en busca de protección (véase apartado 11). Retos administrativos relacionados con el estatus de persona desaparecida El estatus legal ambiguo de la persona desaparecida puede crear problemas a las familias a la hora de realizar tareas ad9
http://www.laletraausente.com/d1texto.html
ministrativas como divorciarse, tramitar una pensión o una herencia. Se recomienda que las familias exijan a las autoridades que se les extienda un certificado de “Ausencia por desaparición” para poder realizar estos trámites.
4. La desaparición forzada como un mecanismo de represión del Estado Mexicano
Una de las principales dudas que aqueja a las víctimas de una desaparición es: ¿por qué las autoridades no siguieron un proceso legal contra los detenidos-desaparecidos, a quienes se les acusaba de haber cometido presuntas violaciones a la ley? La respuesta está en el contexto político y social: la desaparición forzada surgió como un método ilegal para desarticular la lucha social, para aniquilar a la insurgencia armada y para controlar a la población. La desaparición forzada se emplea de forma sistemática en los periodos de reactivación de los movimientos sociales y armados porque: • Evita el escándalo nacional e internacional que provocaría la aplicación masiva de la tortura y la pena de muerte a cientos o miles de personas por parte del Estado. • Aterroriza a la población e inhibe su toma de partido a favor de los llamados “subversivos”, “terroristas” o “delincuentes”. • Advierte a los opositores que se les aplicará una pena peor que la capital si no desisten de su lucha, lo cual puede minar su capacidad de respuesta. • Elimina a los líderes de forma tal que desorienta y desestructura a sus organizaciones, las cuales se ven ante el dilema de seguir reconociendo a sus dirigentes en cautiverio clandestino o reemplazarlos por otros nuevos.
• Borra la identidad de los enemigos del Estado, tanto físicamente como en la memoria colectiva, a fin de ofrecer una fachada de “unidad nacional”. • Cancela el derecho a la sepultura y, por ende, evita que haya multitudes llorando por sus héroes, o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva. • Garantiza la impunidad del Estado, debido a que hace difícil la existencia de pruebas, testigos y huellas. • Permite responder fácilmente a la inquietud que deja la sustracción de una persona de su red social, difundiendo la idea de que no es ésta desaparecida porque sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. (“Por algo será”, “seguramente ella se lo buscó”, “se lo merece por andar de terrorista”, “es un enemigo de México”, “es un traidor a la patria”, etc.). Esto significa que en los hechos el gobierno parte de la presunción de culpabilidad, contraviniendo las garantías procesales en materia penal. • Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de que sus deudos están vivos, el gobierno los induce a no protestar para evitar el maltrato o ejecución de los detenidos. En caso contrario, es muy probable que se amenace a la familia con nuevas desapariciones. • Representa un castigo ejemplar y una tortura continua para estas familias, a las que se responsabiliza por no compartir o fomentar entre sus miembros supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares quedan atrapados en duelos inconclusos que, en la mayoría de los casos, los inhabilitan para protestar. El Estado se mueve en un plano de irrealidad contra el que aparentemente no se puede hacer nada y termina imponiendo una dictadura de olvido y silencio que tiene un
efecto funesto entre los familiares, amigos y compañeros de lucha de las víctimas. En el caso de las desapariciones forzadas en contra de personas que no está relacionadas con el movimiento social, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ejercen el terror contra la población civil como una forma de garantizar la hegemonía de los grupos de poder a los que representan. Aunque su objetivo primordial sea económico (la dominación territorial para realizar actividades lucrativas), el objetivo subyacente es la desmovilización y el control social, pues una sociedad desgarrada y paralizada por el miedo es permisiva ante la vulneración sistemática del Estado de derecho. Pese a todo, las víctimas no deben quedarse con la idea de que no es posible hacer nada contra el Estado. La experiencia de los comités contra la desaparición forzada en el mundo demuestra que es posible trabajar en la defensa integral de un desaparecido. Aquí presentamos algunas recomendaciones prácticas al respecto.
Pasos a seguir ante una desaparición forzada
Herramientas con las que cuentan los familiares y organizaciones sociales y de derechos humanos en caso de desaparición forzada Los familiares, abogados, colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos que se enfrentan a la desaparición forzada pueden hacer uso de una serie de herramientas jurídicas, de derechos humanos, mediáticas y psicosociales que pueden potenciar su lucha por la presentación con vida de los desaparecidos y por el castigo a los culpables de las desapariciones forzadas, las cuales describiremos en este capítulo.
5. Herramienta jurídica ante la desaparición forzada La herramienta jurídica es una de las más importantes en el caso de una desaparición forzada, pues mientras más rápido se emprendan acciones legales hay más probabilidades de que la víctima sea presentada con vida. Las medidas jurídicas indispensables ante un caso de desaparición forzada que tienen que llevar a cabo los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, los abogados y las organizaciones de derechos humanos y sociales son las siguientes:
Ante las instancias jurídicas nacionales Denuncia ante el Ministerio Público La denuncia marca el inicio del procedimiento penal, que inicia con la averiguación previa. Ésta es la parte del procedimiento penal que desarrolla el Ministerio Público. La averiguación previa es la parte del procedimiento penal en que la denuncia es presentada ante la autoridad investigadora (MP), la cual evalúa las pruebas que le son proporcionadas e investiga las acciones que llegan a su conocimiento para determinar si se ha cometido o no el delito de desaparición forzada. La función del Ministerio Público (MP) es representar a la sociedad en la persecución de los delitos. El procedimiento penal sigue las siguientes etapas: 1. Denuncia ante el MP. 2. El MP investiga con el apoyo de la policía de investigación. 3. MP manda la denuncia al juez penal, solicitándole orden de aprehensión. 4. El juez recibe la denuncia y revisa si cumple con los requisitos procesales y si los hechos se ajustan al tipo penal, determinando sobre la presunta responsabilidad del acusado. 5. El juez gira orden de aprehensión o desecha la solicitud por falta de pruebas. 6. Si se verifica la primera, la policía judicial pone a disposición del juez a la persona. 7. La policía judicial detiene a la persona. 8. El juez toma declaración preparatoria. 9. Después de analizar las pruebas, el juez dicta auto de formal prisión o auto de libertad. 10. Si se verifica la primera, se desahogan las pruebas de las partes ante el juez.
11. Se ofrecen las conclusiones de las partes. 12. El juez dicta sentencia, resolviendo sobre la culpabilidad o no del acusado. 13. Si la sentencia no es favorable para la víctima, la familia puede Apelar y luego meter el recurso del Amparo Indirecto. Si se cierra el caso y se da por agotada la instancia nacional, se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Amparo El amparo está diseñado de tal manera que no resulta efectivo en el caso de una desaparición forzada, pues según los artículos 117 y 17 de la Ley de Amparo,10 debe señalarse a la autoridad responsable, el lugar en que se privó de la libertad a la persona y ratificarse la demanda por la víctima físicamente presente. Lamentablemente, la autoridad responsable rara vez es una persona conocida, el lugar de la privación de la libertad suele ser incierto y la persona, toda vez que está desaparecida, está imposibilitada para presentarse a ratificar la demanda de juicio de amparo. Sin embargo, el
10 Artículo 117 de la Ley de Amparo: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. Artículo 17. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.
amparo se debe promover inmediatamente no contra la desaparición forzada sino por comparecencia, a nombre de la persona que presumimos está detenida-desaparecida. Para hacer un amparo no se necesita ser abogado, pero se sugiere la ayuda o asesoría de alguna persona que tenga conocimiento jurídico o de una organización de derechos humanos que cuente con un área jurídica. El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que en caso de ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, por ejemplo cuando la detención se da sin orden de aprehensión, cualquier persona puede solicitar un amparo por comparecencia señalando, necesariamente, un lugar determinado donde presumimos o suponemos se encuentra la persona detenida. Además, debemos solicitar con base en artículo 13711 de la Ley de Amparo que el juez requiera a las autoridades responsables a que lo presenten ante él. El juez dictará todas las providencias necesarias para que se requiera al quejoso –es decir a la persona incomunicada o detenidadesaparecida– con la finalidad de que ratifique él mismo la demanda de amparo. Si las autoridades acusadas de ser los autores de la desaparición forzada niegan tener a la víctima en su poder en el lugar donde los familiares presumen que se encuentra, el juez requerirá a quien promovió el amparo para que señale otro lugar donde presumiblemente se localiza el detenido-desaparecido. Cuando esto suceda es necesario que los familiares o la organización de derechos humanos que acompaña el caso digan que no hay otro lugar. Eso tendrá como consecuencia, según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, suspender el procedimiento. Le corresponderá, entonces, al MP ejercer la acción penal o no, y consignar ante el Juez.
11 El artículo señala que cuando haya temor fundado que las autoridades traten de burlar la orden del juez o de ocultarlo o trasladarlo a otro lugar el juez de distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes.
Tipificación del delito Es importante que los familiares, los abogados o la organización de derechos humanos insistan en que la denuncia ante el MP sea asentada por desaparición forzada y no por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro. No olvidar también que, si transcurre un año sin que se ratifique la demanda se tendrá por no puesta. Desgraciadamente, el delito de desaparición forzada, tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal no está adecuado a los estándares internacionales en la materia (véase anexo sobre tratados internacionales), debido a que sólo contempla a los servidores públicos y no a las terceras personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, lo cual permite a grupos paramilitares o similares cometer este delito impunemente. Autoría material e intelectual La denuncia por desaparición forzada es “contra quienes resulten responsables”, pero en este tipo de crímenes interviene una compleja estructura de mandos civiles y de las corporaciones policíacas y militares. Uno de los principales obstáculos en un juicio sobre desaparición forzada, así como en todo caso de violencia de Estado contra los particulares, es la visión predominante entre las autoridades investigadoras según la cual no puede aplicarse a estos casos la doctrina de la responsabilidad de mando en la forma como aparece en el derecho internacional. Aunado a este prejuicio procesal, se presenta la situación de falta de peritos capacitados y adecuados para esclarecer delitos de sistema, tales como analistas militares, historiadores y científicos políticos que complementen la investigación de los crímenes subyacentes en un campo tradicionalmente dominado por policías y fiscales, con una visión constreñida a aspectos de dogmática jurídica. Sin embargo,
la presentación de peritajes sobre el contexto de la desaparición forzada puede aportar muchos elementos de juicio al operador jurídico (el juez) para valorar la situación y determinar si cabe deslindar responsabilidades penales sobre cadenas de mando, aún cuando no hubiera posibilidad de determinar de manera específica a los autores materiales del delito. En ese sentido, es recomendable que cuando no haya elementos suficientes para determinar a la persona o personas que cometieron el ilícito, se demuestre la existencia de un patrón sistemático de violencia, cuando proceda, que conduzca a la identificación de una cadena de mando que permita la imputación del delito a personas concretas, requisito básico para construir la causa penal, recordando que no cabe denuncia ni acción penal alguna contra personas morales. Fuero militar Una gran mayoría de los casos de desaparición forzada de personas es cometida por elementos castrenses, los cuales se amparan en el fuero militar para no ser juzgados por tribunales civiles. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone un límite preciso a la extensión del fuero castrense:
Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. […]. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
No obstante, el Código de Justicia Militar ofrece una interpretación extensiva de la disciplina militar, permitiendo así que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la procuraduría castrense y juzgado por las autoridades del mismo ámbito. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoI DH) declaró nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), que pretendía justificar la aplicación extensiva del fuero militar a este tipo de casos, por ir en contra del objeto y fin del tratado.12 Sin embargo, ya que la reserva es un acto del Estado mexicano ante la Secretaría General de la OEA, ésta sigue teniendo vigencia jurídica en el ámbito nacional, aunque carezca de efectividad ante la CoIDH. De ahí que se deba invocar el párrafo 312 de la Sentencia del caso Rosendo Radilla en cada caso particular en que se funde la demanda por desaparición forzada en términos de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Denuncia o queja ante la Comisión Estatal o Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Los familiares de una víctima de desaparición forzada, de ser posible, junto con una organización de derechos humanos, deben presentarse ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos respectiva si presumen que fueron autoridades estatales o municipales quienes cometieron la desaparición,
Párrafo 312 de la Sentencia del caso Rosendo Radilla: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330
y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por tratarse de un delito del orden federal. Los datos de la CNDH son:
Comisión Nacional de Derechos Humanos Periférico Sur 3469, Colonia San Jerónimo Lídice, Delegación Magdalena Contreras México, Distrito Federal, C.P. 10200 Atención las 24 horas: 56 81 51 12 ó 56 81 81 25, extensiones 1123 y 1242. Fax 56 81 84 90. Teléfono de larga distancia gratuita: 01 800 715 2000. Sitio Web: http://www.cndh.org.mx/
Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) En los casos en los que se tienen los mínimos datos para suponer que la detención la llevaron a cabo agentes gubernamentales –término que incluye cualquier servidor– al mismo tiempo que se promueve el amparo ante instancias nacionales, se debe hacer una solicitud de medida precautoria a la CIDH con fundamento en el artículo 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece como excepción a los requisitos de admisibilidad la no existencia de un recurso eficaz contra el hecho que se reclama. Se debe explicar brevemente que uno de los requisitos del amparo por comparecencia de una persona es el señalar el lugar donde se encuentra (art. 117). De tal manera que si la Comisión pregunta sobre lo realizado en México, se le responde que ya se interpuso el amparo. En caso de que no se tenga conocimiento de la reacción de la CIDH, en cuanto el juez requiera que se señale otro lugar comunicarlo inmediatamente a la CIDH.
Es necesario que nuestra comunicación ante la CIDH: • No exceda las tres cuartillas y • esté lo mejor documentada posible, esto quiere decir que tenga datos concretos como día, hora, lugar y una relatoría de hechos clara y que no genere confusión. Además de las dos medidas antes mencionadas es necesario: • Enviar una comunicación al Relator Especial sobre la Tortura y • enviar una comunicación al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la CIDH. Ambas comunicaciones son con base en la información que se envío solicitando medidas precautorias.
6. Herramienta de derechos humanos ante la desaparición forzada La herramienta de los derechos humanos tiene como base fundamental la documentación, la cual consiste, en caso de una violación a los derechos humanos (como lo es la desaparición forzada) en reunir los datos necesarios para sistematizarlos, analizarlos y poder actuar de acuerdo a las posibilidades de respuesta que permiten los derechos humanos. ¿Por qué es necesaria la documentación en los casos de desaparición forzada? Porque los hechos suelen tener una temporalidad efímera (si no se registran se pierden con el paso del tiempo).
Porque esos mismos hechos pueden ocurrir en otros lugares (pero nadie lo sabrá a menos que se documente). Porque permite que la información llegue a más personas, la difunde. Porque una documentación bien hecha es fundamental para una denuncia penal y a futuro, puede abrir las posibilidades para llevar un caso ante instancias internacionales. Porque una vez que se ha sistematizado la información, esta puede ser utilizada para diversos ámbitos que no sólo contemplan el campo de los derechos humanos como lo es la denuncia pública, la lucha jurídica y la movilización social. La documentación de los casos de desaparición forzada es de vital importancia. Lo ideal es que una organización de derechos humanos sea quien realice esa labor pero, por lo general, los familiares se enfrentan a que no tienen el contacto con una organización de derechos humanos y ellos mismos deben aprender a documentar sus casos. Tres son los documentos básicos de la documentación que las organizaciones de derechos humanos, sociales o familiares de las víctimas pueden aprender para comenzar con la documentación de un caso de desaparición forzada. a) La relatoría de hechos La relatoría de hechos es lo primero que tenemos que hacer antes una desaparición forzada. Consiste en una narración breve, precisa y objetiva de los hechos que ocurrieron. La relatoría debe contener los siguientes datos: • Hora, fecha y lugar. • ¿Quién o quiénes son las víctimas? Datos concretos sobre la persona desaparecida: nombre completo, edad, rasgos físicos, altura, vestimenta, etc. • ¿Quién o quiénes son los victimarios? (no sólo referir al
sujeto o sujetos sino dar datos concretos, si se tienen, acerca de éstos: altura, vestimenta, rasgos físicos). • ¿Cómo? (no hay que perder de vista que para explicar cómo sucedieron los hechos, aunque debemos ser sumamente descriptivos, no debemos perder objetividad). Es importante que las relatorías se elaboren lo más inmediato posible con el objetivo de que no se pierdan datos importantes. Con una relatoría bien elaborada podemos nutrir cualquiera de las herramientas de derechos humanos de documentación que revisaremos a continuación. En el caso de desaparición forzada es necesario hacer relatorías de cuando se presenta la denuncia ante el MP, cuando se recurre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a las respectivas comisiones estatales de derechos humanos y en caso de amenazas u hostigamientos por parte del Estado a los familiares de las víctimas. b) Entrevista a familiares de una víctima de desaparición forzada o a testigos del hecho Cuando realizamos una entrevista debemos de tener en cuenta que los familiares o testigos se encontrarán en un estado de ánimo alterado, por lo que se recomienda establecer una relación de confianza, de comprensión y, de ser posible y necesario, sugerirle atención médica. La entrevista la podemos realizar a través de la recopilación de los datos con pluma y papel o mediante una grabadora. En ambos casos es necesario mantener una actitud madura, honesta y neutral para poder obtener una declaración precisa y veraz que nos permita fundamentar la denuncia para que ésta pueda ser defendible. En el compromiso de defender los derechos humanos debemos tener cuidado de no prometer a la persona afec-
tada la solución inmediata o crearle falsas expectativas sobre su caso, pero sí podemos invitarla a denunciarlo y a que, en forma conjunta, vigilemos el proceso de la denuncia hasta encontrar la solución favorable que restituya sus derechos humanos. c) Llenar la Ficha de Desaparecido Esta ficha, que a su vez es el Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o Involuntarias de la ONU, se debe llenar en cuanto se ha constatado que se está ante una desaparición forzada. Se puede acudir a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México a fin de pedir asesoría sobre cómo llenarla y enviarla.
Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona Importante: Los elementos marcados con (*) son obligatorios. Nota: Si desea que determinados datos de la presente información se consideren confidenciales, escriba la palabra “CONFIDENCIAL” junto a dichos datos. CASOS TRANSMITIDOS POR ORGANIZACIONES: Por favor, tenga en cuenta que si el caso lo transmite una organización, es necesario que dicha organización sea capaz de llevar el seguimiento del caso en el futuro, transmitiendo a la familia la información recibida del Gobierno y enviada por el Grupo de Trabajo, así como la información enviada por la familia al Grupo de Trabajo, hasta que se determine el destino o paradero de la persona. En este sentido, por favor, indique si la familia de la víctima ha dado su consentimiento expreso de que es su organización la que transmite el caso al Grupo de Trabajo en su
nombre y si su organización será capaz de llevar a cabo el seguimiento del caso entre la familia y el Grupo de Trabajo. *Consentimiento de la familia de la víctima dado expresamente a su organización para transmitir este caso: Sí _____ No_____ *Si el caso lo transmite una organización, podrá dicha organización llevar a cabo el seguimiento del caso, transmitiendo la información entre la familia y el Grupo de Trabajo: Sí______ No______ 1. Datos de la persona desaparecida: (a) Apellido (*): ________________________________________ (b) Nombre (*): ________________________________________ (c) Sexo: __ hombre __ mujer (d) Fecha de nacimiento: _______________________________ (e) Documento de identidad: ___________________________ Núm.: _________________________________________________ Fecha de expedición: ___________________________________ Lugar de expedición: ___________________________________ (f) Domicilio habitual: __________________________________ _______________________________________________________ (g) Indígena: __ sí __ no (h) Embarazada: __ sí __ no 2. Fecha en que tuvo lugar la desaparición (al menos, mes y año) (*): Fecha de la desaparición: _____________________ 3. Lugar en que la persona fue detenida o secuestrada o lugar en que la persona fue vista por última vez (*): Lugar (si es posible, indíquese la calle, ciudad, provincia u otra información relevante): _________________________________ ______________________________________________________ 4. Fuerzas (estatales o apoyadas por el Estado) a las que se considera responsables de la desaparición (*):
(a) Si se cree que los presuntos autores son agentes del Estado, por favor especifique (militar, policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, unidad a la que pertenecen, cargo y funciones, etc.) e indique por qué se cree que son responsables; sea lo más preciso posible: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ (b) Si no es posible identificar a los agentes del Estado que realizaron la detención o el secuestro, indique la razón por la que cree que se trata de agentes del Estado o personas vinculadas a ellos. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ (c) Si la detención o el secuestro tuvieron lugar en presencia de testigos, proporcione sus nombres. Si los testigos no desean dar sus nombres, indique si se trata de familiares, testigos circunstanciales, etc. Si existen pruebas, por favor especifíquelas: _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 5. Acciones llevadas a cabo por los familiares u otras personas para localizar a la persona (investigación con la policía, prisiones, comisión de derechos humanos, petición del habeas corpus, etc.) (*): (a) Indique si se han denunciado los hechos, cuándo, por quién, y ante qué órgano. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ (b) Otras medidas tomadas: _______________________________________________________
_______________________________________________________ _______________________________________________________ (c) Si no se pudo llevar a cabo ninguna acción, por favor, explique por qué: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6. Datos de la persona que proporciona la presente información (*): (a) Apellido: ___________________________________________ (b) Nombre: ___________________________________________ (c) Relación con la persona desaparecida: _________________ (d) Organización (si procede): ___________________________ (e) Dirección (teléfono, fax, e-mail): _______________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ (f) Por favor, indique si desea que los datos sobre su identidad sean considerados confidenciales: Sí_____ No_____ Información adicional sobre el caso: Por favor, añada cualquier información que pueda ser relevante y que no haya contestado en las preguntas anteriores. Si no pudo contestar a alguno de los elementos marcados con (*), por favor, indique por qué. ______________________________________________________ ______________________________________________________ Fecha: Firma del informante: Dirección para enviar los casos: E-mail: wgeid@ohchr.org Fax: 4122 917 9006, Atención: WGEID Dirección de correos: WGEID. OHCHR, Palais des Nations. 8-14 Avenue de la Paix. CH-1211 Geneva 10. Switzerland
Mecanismos de respuesta inmediata Los mecanismos de respuesta inmediata en el ámbito de los derechos humanos sirven para responder ante casos graves y urgentes de violaciones a los derechos humanos como lo es la desaparición forzada. Acción urgente Qué es una acción urgente La acción urgente (AU) es un mecanismo que multiplica la información, esto quiere decir que su efectividad consiste en aumentar la visibilidad y la presión que las personas pueden ejercer sobre las autoridades a través de esa visibilidad. Su objetivo principal es detener las violaciones graves que están ocurriendo y prevenir aquellas que pudieran desprenderse de éstas primeras. Una acción urgente es una petición que se envía a muchas personas, en la que se les solicita que se comuniquen con las autoridades competentes (es decir aquellas que están involucradas con las violaciones graves a los derechos humanos), para hacerles saber que están enterados de la situación, que los acontecimientos les preocupan y que si existiesen consecuencias graves la autoridad competente será la responsable. Además, es una forma de exigir que se garanticen los derechos humanos. Que formato tiene una acción urgente Una acción urgente debe contener los siguientes datos: • Encabezado • Título (que resuma las violaciones más graves). Para poder cumplir este requisito es necesario que se conozcan los derechos humanos violados.
• Número de registro creado por la organización. • Fecha en que se emite la AU. • Nombres y direcciones a quien envía la Acción Urgente. Es importante comprender que una acción urgente debe ir dirigida a las autoridades que aparecen como responsables de las violaciones a los derechos humanos, y a quienes, por tanto, compete tomar cartas en el asunto. Nunca se debe enviar una acción urgente a una autoridad a la que no le compete el asunto. También se debe enviar a los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales (incluidas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales) con el objetivo de que estén al tanto de los hechos, y en caso de ser posible, tomen cartas en el asunto. El nombre de la persona debe ir acompañado del cargo y del correo electrónico o dirección de ese funcionario. Para poder cumplir con este apartado es necesario que la organización que lleve el caso se haya dado a la tarea de generar los directorios necesarios para las acciones urgentes; estos directorios deben contemplar a las autoridades del país, y a las instituciones y organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, además deben de estar actualizándose constantemente. • Nombre y dirección de quien emite la acción urgente • Cuerpo de la denuncia • Relatoría de los hechos que implican las violaciones graves. A continuación se debe poner un resumen de la relatoría que explique los hechos ocurridos, estos van al principio ya que son los hechos que deseamos destacar. • Relatoría de antecedentes y contexto. En caso de que hubiera elementos que han ocurrido con anterio-
ridad y que son importantes para entender o dimensionar las violaciones a los derechos humanos que se han suscitado, es importante agregarlos en este apartado. • Fundamento legal nacional e internacional que consideramos para los hechos. Es importante que podamos identificar qué violaciones a los derechos humanos se han cometido o es posible que se cometan y su fundamento jurídico, este paso es opcional, pero le da fuerza a la denuncia. • Lista de peticiones a las autoridades competentes. En este aparatado se debe incluir una lista de las peticiones que se hacen a las autoridades competentes. Es muy importante considerar que dichas peticiones deben ser cosas que la autoridad esté en posibilidad de realizar y que se encuentren dentro del marco de los derechos humanos, de lo contrario la acción urgente pierde efectividad. • Firma. Se incluye el nombre de la organización que emite la AU y el cargo del responsable, así como su firma. En caso de que otras organizaciones apoyen con su firma, sólo se mencionarán las organizaciones. Otros aspectos de la acción urgente No debemos perder de vista que los elementos con los que se realiza una acción urgente deben ser datos corroborados y fehacientes, y que el lenguaje que utilicemos debe ser de derechos humanos, de lo contrario, este mecanismo en lugar de mostrarse como benéfico puede traernos problemas de descrédito o de efectividad en el objetivo que perseguimos. Es cierto que, las acciones urgentes, para ser atendidas, deben estar firmadas por organizaciones que hayan ganado cierto prestigio en la veracidad de sus datos,
por lo que es posible que en un inicio los familiares no puedan emitir sus propias acciones urgentes ellos solos, tendrían que buscar que ciertas organizaciones los respalden y los acompañen en el proceso de creación de acciones urgentes. Ahora bien, como hemos visto las acciones urgentes funcionan gracias a la multiplicación de la información, pero esto será imposible si la organización no cuenta con una amplia base de contactos a la cual dirigir la acción urgente, ya que entonces el mecanismo pasará desapercibido. Por último es necesario que sepamos que cuando mandamos una acción urgente lo que esperamos es que la gente que la reciba reenvíe esa AU a las autoridades y direcciones que hemos marcado en el documento. Existen dos maneras de responder a una acción urgente: • Pedir que la gente emita la carta a las autoridades vía e-mail, (por medio del reenvío de la acción urgente que les hemos hecho llegar). • Pedir que la gente emita la carta vía correo ordinario (cartas a la autoridad). Esta forma tiene mucho mayor impacto, pero tarda mucho más. Cartas a la autoridad Las cartas a la autoridad son una forma directa de comunicación, y por lo tanto sus efectos son mucho más contundentes. Para elaborar una carta a la autoridad debemos incluir los siguientes datos: • Fecha • Autoridad • Cargo • Fax • Presente
• Síntesis de los hechos • Relatoría de hechos completa • Derechos violados • Solicitud de resolución • Nombre y firma También es válido que la carta que enviemos a las autoridades sea una copia completa del formato de acción urgente de un caso. 7. Herramienta de denuncia pública (mediática) Visualizar los casos de desaparición forzada es de vital importancia para las organizaciones y familiares de las víctimas. Con la información de la documentación que nos brindó la relatoría, la entrevista o el llenado de la ficha de desparecido, se puede acceder a denunciar con mayor efectividad el caso de desaparición forzada ante la opinión pública, a través de los siguientes instrumentos: Boletín de prensa El boletín de prensa es una síntesis o un resumen sobre un caso de violación a los derechos humanos (ya sea específica o sistemática), en este caso de una desaparición forzada. Es un mecanismo de denuncia, ya que busca a través de la difusión y visualización amplia del caso, aumentar la presión sobre las autoridades por medio de la opinión pública. Los boletines de prensa, debido a sus objetivos concretos, son documentos que se elaboran para los medios de comunicación. Un boletín de prensa debe contener los siguientes datos: • Fecha • A quién se dirige
• Título • Síntesis de los hechos (Relatoría) • Hechos en los que se basan para afirmar lo antes dicho • Postura y o peticiones • Firma Para que los boletines de prensa puedan ser elaborados de manera adecuada las organizaciones o familiares de las víctimas deben contar con un directorio de medios de comunicación oficiales y alternativos, es decir, con una lista de periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, agencias de noticias y portales informativos de Internet a nivel local, regional, nacional e incluso internacional. Conferencia de prensa La conferencia de prensa es una reunión de diferentes medios de comunicación (oficiales y alternativos) a los que se les cita en un lugar específico con el objetivo de ampliar la información del boletín de prensa. Acompañar la emisión de un boletín de prensa de una rueda de prensa acrecienta, por mucho, la visibilidad del caso. Mecanismos para llamar al apoyo y solidaridad de otros grupos, organizaciones y personas solidarias También podemos instrumentar algunas herramientas que sirven para que otros sectores, grupos u organizaciones aporten y ayuden a llevar o difundir un caso de desaparición forzada. Solicitud de apoyo La solicitud de apoyo es una petición o una carta que busca que otras organizaciones den respaldo y apoyo. Existen organizaciones que, por su trabajo, tienen un peso político
importante, y en este sentido es que pueden colaborar para hacer más fuerte la denuncia por desaparición forzada. Para poder utilizar este mecanismo es necesario tener un directorio de las organizaciones sociales y grupos solidarios. Las solicitudes de apoyo también se pueden dirigir a algunas autoridades o en su defecto, a ciertos servidores públicos. Lo importante es que lo que solicitemos competa o esté dentro de las posibilidades de las personas a quienes nos dirigimos. Una solicitud de apoyo debe incluir: • Fecha • A quién se dirige • Motivos de la solicitud • Relatoría de las violaciones cometidas o por cometerse • Solicitudes concretas de acción • Firma Solicitud de adhesión a un pronunciamiento El objetivo de este formato es solicitar a un conjunto de organizaciones que se unan en torno al tema de desaparición forzada; dicha unión deberá plasmarse por medio de la firma de un pronunciamiento. En estos casos no existe un formato específico ya que el pronunciamiento puede variar de acuerdo a las circunstancias concretas. Declaración urgente Es una invitación a que una serie de grupos generen un proceso organizativo que haga frente o detenga hechos graves de violaciones de derechos humanos, como lo es una desaparición forzada. Este formato no es incluido dentro de los mecanismos de acción inmediata ya que tan sólo llama a reaccionar de manera urgente. El formato de este mecanismo también puede variar mucho de acuerdo a las circunstancias.
Campañas Una campaña es una articulación de todas las herramientas que hemos estudiado para hacer que confluyan de manera organizada y por un objetivo común. Las campañas pueden incluir: pega de carteles con la información y la fotografía del desaparecido, repartición de volantes, eventos de divulgación para hablar sobre el tema, actividades culturales para recaudar fondos, foros de denuncia, conferencias, conciertos, proyección de películas o documentales, festivales, entre otras acciones. 8. Herramienta de la movilización (plan de acción) Los familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos pueden realizar, en ejercicio del derecho a la manifestación y libertad de expresión, marchas, mítines, foros, huelgas de hambre y plantones para exigir la presentación con vida de los desparecidos. Las acciones tendrán mayor impacto si van enfocadas a lograr que, internacionalmente, se conozca que el Estado está aplicando la desaparición forzada de personas. Y para lograrlo es necesario que se establezcan lazos de solidaridad con la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad. Es importante que la organización o familiares de la víctima de desaparición forzada elaboren un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. 9. Herramienta psicosocial Las víctimas indirectas de la desaparición forzada tienen derecho a exigir al Estado una reparación integral del daño en los términos de la resolución aprobada por la Asamblea Ge-
neral de la Organización Naciones Unidas en diciembre del 2005, la cual lleva por nombre: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.13 De acuerdo con este documento, el Estado tiene la obligación de aplicar el sistema universal de los derechos humanos para garantizar a las víctimas el acceso equitativo y efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral, adecuada y rápida del daño. Esto se traduce en investigaciones que conduzcan al enjuiciamiento y castigo de los responsables, la restitución de las víctimas (su liberación) o el esclarecimiento de su paradero, y la toma de medidas encaminadas a garantizar la seguridad y el bienestar físico y psicológico de las familias afectadas. Entre estas medidas se encuentran: • la rehabilitación, que consiste en la atención médica y psicológica y el ofrecimiento de servicios jurídicos y sociales por parte del Estado; • la satisfacción, que debe incluir, entre otras cosas, la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según las prácticas culturales de la familia; la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; una disculpa pública por la responsabilidad
Por su importancia, recomendamos la lectura de este documento en su totalidad en la siguiente dirección: http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm
estatal en el crimen y la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas; • la indemnización, que ha de concederse de forma proporcional a la gravedad del daño, no para pagar un precio por el desaparecido, sino para reintegrarle a sus familiares el derecho de rehacer una vida digna y • el establecimiento de las garantías de no repetición de estos crímenes, creando las condiciones para que no vuelvan a suceder. Las obligaciones descritas también son contempladas en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada que, aún cuando no ha entrado en vigor, fue firmada por el Estado mexicano. Aunque frecuentemente no hay voluntad política por parte del gobierno para ejecutar estas medidas, se recomienda que las familias o las organizaciones de derechos humanos presenten cartas ante la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina de la Presidencia de la República en las que se exija su cumplimiento.
10. Cómo recurrir a las instancias internacionales La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Ante una desaparición forzada, los familiares de la víctima, su abogado o una organización de derechos humanos pueden presentar una denuncia de violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como también solicitar que ésta otorgue medidas cautelares a la víctima de desaparición forzada o a los familiares si éstos últimos están en una situación de inminente riesgo.
La CIDH, es una instancia que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene como mandato “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia”.14 México es un Estado miembro de la OEA y por lo tanto tiene obligaciones ante ella. Criterios de admisibilidad de la CIDH Los casos sólo se pueden abrir con la presentación por escrito, en donde el representante legal de las víctimas hace una declaración manifiestamente fundada de por qué la CIDH debería atender el caso. Es obligatoria la ayuda de un abogado calificado, dada la complejidad de los procedimientos. Es preciso que la organización o el abogado que lleven el caso demuestren ante la CIDH que cuentan con la autorización de la familia. Para que una petición o comunicación presentada sea admitida por la CIDH, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, se requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y d) que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.
http://www.corteidh.or.cr/denuncias_consultas.cfm
Las disposiciones de los incisos a y b. no se aplicarán cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. En caso de que desee presentar alguna denuncia ante la CIDH, los datos de la Comisión son:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de los Estados Americanos 1889 F Street, N.W. Washington D.C., 20006, Estados Unidos de América Fax: (202) 458 3992 E-mail: cidhoea@oas.org Sitio web: www.cidh.org
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado encabeza la OACDH y dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos.15 Es muy importante que los familiares de la víctima de desaparición forzada o la organización de derechos humanos que acompañe a los familiares comuniquen a la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México16 los hechos para que ésta pueda estar informada de lo sucedido. La dirección de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la UNO en México es la siguiente:
Alejandro Dumas No 165 Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo. C.P 11560, México D.F. Correo: oacnudh@ohchr.org
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de una persona de la ONU El Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona de la ONU es el mismo que se ha mencionado anteriormente como la ficha de desaparecido. Es importante que los familiares de la víctima de desaparición forzada o alguna organización de derechos humanos llenen y envíen el formulario para que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de una persona de la ONU pueda activar los mecanismos establecidos de antemano por dicha institución. 11. Formulario para acudir a instancias internacionales El formulario de denuncia ante la CIDH es el siguiente:
FOR M U L A R I O I. P ER SONA O G R U P O DE P E R SONA S QU E P R E S EN TAN L A P ETICIÓN SO B R E V IOL AC ION E S COM ETI DAS E N S U CONTR A (“V ÍCTI MA”) O COM ETIDAS E N CONTR A DE OTR A P ERSO N A O G R U P O D E P E R SO N A S ( “ P ET I C I O N A R I O ” )
http://www.hchr.org.mx/1_3acdhmex.htm
Nombre: ______________________________________________ E - mail: ______________________________________________ (En caso de tratarse de una entidad no gubernamental, incluir el nombre de su representante o representantes legales). Información de contacto: Dirección Postal: _______________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Teléfono: ______________________________________________ Fax: __________________________________________________ ¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad en reserva durante el procedimiento? Sí ____ No____ I I. E S TA D O (M I E M B R O D E L A O E A ) R E S P O N S A B L E P O R L A S VIO L ACION E S D E DE R ECH OS H U M AN OS A LEG A DAS P O R EL P ET I C I O N A R I O : ______________________________________________________ I II. H ECHO O S ITUACIÓN D EN U N CIADA Relate los hechos especificando el lugar y fecha de las violaciones a los derechos humanos alegadas por usted:________ ______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Pruebas disponibles: Señalar los documentos que acreditan las violaciones arriba denunciadas y que puedan ser remitidos a la Comisión, por ejemplo, piezas de expedientes judiciales, informes forenses, fotografías, filmaciones, etc. (No adjuntar originales sino copias. En principio no es necesaria que las copias sean certificadas por funcionario o notario público): _________________ ______________________________________________________
_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Identificar a los testigos de las violaciones arriba denunciadas. En caso de que hayan rendido declaración ante las autoridades judiciales, remitir copia del testimonio correspondiente o señalar si es posible remitirlo en el futuro: _________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Identificar a las personas y/o autoridades responsables por los hechos arriba denunciados: __________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ IV. D E R ECHOS H U MAN OS V IOL AD OS (E n cas o de se r po s i b l e , e s p ec i f i q u e l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n A m er i c a n a u o t r o s i n s t r u m e n t o s a p l i c a b l e s q u e c o ns i d e r e v i o l a d a s p o r c a u s a d e l o s h e c h o s a r r i b a d e t a l l a d o s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ V. N OM B R E Y DATOS D E L A P E R SON A O P E R SON AS AF ECTADA S POR L AS VIOL ACION E S A LOS DE R E CHOS H U M AN OS AR R I BA S EÑ AL A DA S , E N C A SO DE S E R DI STI NTOS A
LOS D E L A P E R S ON A O P E R SO N AS Q U E P R E S E N TA N L A P ET I C I Ó N ( v e r p u n t o I ) . Nombre: ______________________________________________ Información de contacto. Dirección Postal: _______________________________________ _______________________________________________________ Teléfono: ______________________________________________ Fax: __________________________________________________ En caso de que la víctima haya fallecido, identificar también a sus familiares cercanos: _________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ VI. R ECU R SOS J U DIC IALE S D EST I NAD OS A R EPA R AR L AS CON SEC U E NC IA S D E LOS H EC HOS DE N U NCIA DOS . Detalle las gestiones emprendidas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales o las autoridades administrativas del país responsable por los hechos denunciados. Señale si se ha visto impedido de iniciar o agotar este tipo de gestiones debido a que: (1) no existe en la legislación interna del Estado el debido proceso legal para la protección del derecho violado; (2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos; (3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________
_______________________________________________________ _______________________________________________________ En caso de que los hechos denunciados involucren delitos de orden público (homicidio, torturas, etc.), señalar si se ha efectuado la investigación judicial correspondiente y su resultado o si se ha producido un retardo injustificado en alcanzar la decisión correspondiente: _______________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ En caso de que se hayan agotado los recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados, señalar la fecha en la cual la víctima fue notificada de la decisión final: _________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ VI I. IN DIC AR S I E L R ECL AMO CONTE N I DO EN S U P ETICIÓN H A S I D O P R E S E NTA D O A N TE E L COM ITÉ DE D E R EC HO S H U MA NOS DE L A S NACION ES U N I DAS U OT RO ÓRG ANO I NTE R NACIONAL D E S IM I L AR E S C AR ACTE RÍSTIC AS : ______ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Firma: ________________________________________________ Fecha: ______________________________________________17
http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/3-B-7-C.pdf
12. Algunos antecedentes históricos de la desaparición forzada Las desapariciones forzadas a gran escala fueron iniciadas por el régimen nazi de Alemania a partir de 1941, con la promulgación del decreto “Noche y niebla”, durante la Segunda Guerra Mundial. Como política de Estado, la desaparición forzada se aplicó en el contexto global de la guerra fría, en la segunda mitad del siglo XX. En América Latina, ante el auge de las organizaciones guerrilleras durante las décadas de los sesenta y setenta, Francia y Estados Unidos implementaron los modelos de la lucha antisubversiva o contrainsurgente la cual implicaba, entre otras cosas, el ejercicio sistemático de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas de seguridad contra los movimientos social y armado. El primer país en aplicar estos métodos fue Guatemala, seguido de México. A partir de 1964, con el surgimiento del primer brote guerrillero en el estado de Chihuahua, comenzó a aplicarse la doctrina contrainsurgente. De esta manera dio inicio un periodo oscuro de la historia mexicana reciente, caracterizado por las violaciones masivas a los derechos humanos, al cual se le conoce como la “guerra su cia”. Las primeras desapariciones forzadas conocidas se llevaron a cabo dentro de los movimientos campesino y estudiantil, a partir del año de 1968. Puesto que en aquellos años no existía la cultura de los derechos humanos, la mayoría de los casos no eran denunciados, al grado de que ni siquiera se conocen todos los nombres de los civiles que fueron heridos, asesinados o desaparecidos durante la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, episodio que se convirtió en el emblema del terrorismo de Estado. La indefensión jurídica de los ciudadanos ante el Estado autoritario llevó a muchos de ellos a formar organizaciones
armadas, las cuales fueron combatidas con mecanismos violatorios de la legalidad entonces vigente. Así, entre 1974 y 1978 se dio un incremento exponencial de los casos de desaparición forzada, los cuales definieron la esencia de la “guerra sucia”. El terror dejó de ser público y masivo, como en Tlatelolco, y se volvió clandestino y selectivo: se impusieron el silencio, el ocultamiento de la información, la negación de las detenciones de los luchadores sociales, el desvanecimiento de su identidad oficial y la invención de vidas paralelas, con el fin de desaparecerlos de la faz de la tierra sin informar nunca sobre su destino a nadie, para así desestructurar y desincentivar la lucha social. En el estado de Guerrero, donde surgieron las guerrillas encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, el terrorismo estatal cobró las dimensiones de un genocidio, con más de mil quinientas víctimas fatales.18 Sin embargo, también en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México y el Distrito Federal, hubo un número considerable de víctimas.19 Es muy importante señalar que una porción de ellas no pertenecía a ningún movimiento social o armado. Bastaba que una persona tuviera lazos de parentesco con luchadores sociales o que viviera cerca de la zona de operaciones de la guerrilla para ser detenida-desaparecida. De este modo, familias enteras fueron desaparecidas. Entre 1968 y 1982, el común denominador en las más de mil desapariciones fue que los ciudadanos, fueran o no culpables de infringir la ley, en lugar de ser sometidos al proceso penal correspondiente, eran detenidos sin orden de aprensión en sus casas, lugares de trabajo, centros de actividad política o en sus rutas de viaje, por agentes de al18 19
http://www.jornada.unam.mx/2002/11/18/012n1pol.php?origen=index.html http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/desap70s/graficas/fr_ graficas.htm
guna corporación policíaca o militar y eran llevados a cárceles clandestinas. Tanto el gobierno federal, responsable de la política de desapariciones, como sus sucesores, negaban permanentemente la detención arbitraria y la información sobre el paradero de la víctima, dando lugar a una complicidad transexenal. Al fincar responsabilidades jurídicas y recorrer la escala de mandos, todos los presidentes que han estado a la cabeza del ejecutivo pueden ser acusados de este delito, tanto por comisión (autoría intelectual) como por omisión o aquiescencia (falta de voluntad política para resolver los crímenes). El fin de la “guerra sucia” estuvo marcado por la disolución de los organismos especializados en la contrainsurgencia y, por consiguiente, por la disminución de las desapariciones forzadas. Sin embargo, la represión persistió bajo un nuevo patrón: en el transcurso de la década de los ochenta, hubo incontables ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales. Así, comparativamente en la década de los setenta, hubo más desapariciones forzadas, mientras que en la de los ochenta destacan las ejecuciones extrajudiciales. Las escasas desapariciones registradas entre 1983 y 1993 fueron resultado de conflictos locales, en los que el gobier no federal, si bien no intervino directamente, falló una vez más en su obligación de garantizar investigaciones imparciales y expeditas. Con el surgimiento de nuevas agrupaciones armadas en la década de los noventa, tales como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus desprendimientos, se reactivó la guerra contrainsurgente. No obstante, lo característico de este nuevo conflicto de baja intensidad es que el Estado paulatinamente ha sustituido la acción de confrontación de las corporaciones policíacas y militares con grupos paramilitares que actúan esporádicamente y mantienen una tensión per-
manente en las zonas de conflicto, con el objetivo de desgastar a las bases de apoyo de la guerrilla. En este contexto de desregulación de la guerra, se ha producido un número desconocido e incuantificable de desaparecidos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Aparentemente, el gobierno no es el responsable directo, sin embargo, al analizar el fenómeno se observa una conexión explícita entre tales desapariciones y la política de Estado en torno a la guerra. En la primera década del siglo XXI el gobierno federal trajo consigo la “guerra contra el narcotráfico”. De un modo semejante a como ocurre en la guerra contrainsurgente, el Estado mexicano ha fomentado la proliferación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, con una potencia de fuego notable, los cuales cumplen con la función de establecer el control territorial de ciertos cárteles o bien de la eliminación y neutralización de los grupos o personas que están en contra de las políticas económicas y de seguridad impulsadas desde el gobierno federal o desde los diferentes gobiernos estatales, como ocurre claramente en estados como Oaxaca. La responsabilidad del Estado mexicano tanto en las desapariciones forzadas como en las desapariciones perpetradas por la delincuencia es ineludible. En el primer caso ya sea porque el Estado ordenó al ejército o a la policía que ejecutaran la desaparición forzada, porque no hizo nada para evitarla y mantienen en la impunidad a los culpables o porque mandató a civiles para que éstos cometieran la desaparición forzada. En el segundo caso, porque no genera las condiciones estructurales para evitar que la delincuencia siga cometiendo desapariciones impunemente.20 En este
20 Al momento de redactar este Manual, se habían cuantificado más de tres mil “levantones”, que son en realidad detenciones arbitrarias. De las 28 mil ejecuciones registradas hasta el momento, hay una porción que podría estar relacionada también con desapariciones, sobre todo aquellos casos en los que las víctimas apa-
sentido el hecho de que desde el Estado se fomente la impunidad y un marco legal inadecuado para erradicar estas prácticas, condena al desamparo jurídico a las víctimas. Desgraciadamente, el sólo hecho de vivir en los territorios en disputa entre los cárteles de la droga, donde la presencia del ejército y de la policía está al orden del día o donde la lucha social se desarrolla, pone a los ciudadanos en peligro de ser víctimas de una detención-desaparición. De forma dolosa, las autoridades pretenden asociar a todas las víctimas con la delincuencia organizada como una estratagema para no desarrollar las indagaciones ministeriales, aún cuando el secuestro y la desaparición forzada son delitos federales que se deben perseguir de oficio. Esto se ha observado en los casos de las desapariciones sistemáticas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (a partir de 1993),21 los 38 trabajadores de PEMEX de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, desaparecidos en 2007,22 los once periodistas desaparecidos en los últimos diez años,23 el caso de los militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007 y los cientos de ciudadanos, trabajadores y profesionistas, desaparecidos en Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero en los últimos dos sexenios, por citar algunos. La lección histórica que nos dejan estos acontecimientos es que, ya sea que se trate de una guerra contrainsurgente o de una “contra la delincuencia”, la principal víctima siempre es la población civil. Por eso resulta de primera imporrecen desmembradas o en fosas clandestinas sin que se investigue su identidad ni a los autores materiales o intelectuales del crimen. 21 http://www.mujeresdejuarez.org/ 22 Rodríguez García, Arturo, “Las víctimas sindicalistas”, Proceso, no. 1651, 22 de junio de 2008, p. 12-13. 23 http://www.libertad-expresion.org.mx/informes/
tancia brindar a la ciudadanía información de calidad, que la oriente en la protección de sus derechos humanos fundamentales.
Algunos instrumentos jurídicos internacionales relacionados con los derechos humanos en general y el delito de desaparición forzada en particular, firmados por el Estado mexicano • Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948, firmada por México en 1948: http://www.un.org/es/documents/udhr/ • Convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional humanitario, adoptadas por la ONU en 1949, suscritas por México en 1952: http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/genevaconventions • Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por la ONU en 1968, en vigor desde 1970, ratificada por México en 2002: http://www2.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm • Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en 1969 por la Organización de Estados Americanos, entró en vigor en 1978 y fue ratificada por México hasta 1981: http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html • Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en 1994 por la Organización de Estados Americanos, entró en vigor en 1996, fue firmada por México en 2001 y ratificada en 2002, con reservas interpretativas para preservar el fuero militar y establecer la prescripción de los delitos del pasado: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en 1998 por la ONU, en vigor desde 2002, firmado por México en 2000 y ratificado en 2005: http://www.un.org/spanish/law/icc/ • Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, adoptada por la ONU en
2006 y firmada por México en 2007, sin entrar en vigor aún: http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-con vention.htm
Casos ganados El caso de Rosendo Radilla, líder comunitario detenido-desaparecido por el Estado mexicano en 1974, es el primer caso por desaparición forzada admitido por la CIDH y la CoIDH. La Corte emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano y lo emplazó a cumplir con la legalidad internacional. Aún cuando el Estado dista de acatar la sentencia, este es un logro simbólico de los comités de familiares de desaparecidos que llevan décadas de lucha. Por su importancia, recomendamos la lectura completa de la sentencia:http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330
Vocabulario Crimen continuo: Violación a la ley o a los derechos fundamentales que se prolonga en el tiempo, así como sus consecuencias. Crímenes de guerra: Crímenes de naturaleza serial o masiva que se cometen durante un conflicto armado, sea internacional o no. Crímenes de lesa humanidad: Actos inhumanos que causan graves sufrimientos o atentan contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.Por su naturaleza atroz, agravian a toda la humanidad en su conjunto. Criterios de admisibilidad: Requisitos establecidos por un órgano internacional para admitir alegaciones. Derechos humanos: Derechos inherentes a cada persona por el simple hecho de su condición humana. Se reflejan en documentos internacionales que reconocen y protegen a todos los individuos sin distinción. Derecho Internacional: Normas que rigen las interacciones y relaciones entre los Estados. Derecho Internacional Humanitario: Agrupación de las distintas normas, en su mayoría reflejadas en las Convenciones de Gi-
nebra en 1949 y los Protocolos adicionales de 1966 que tienen como objetivo principal la protección de los derechos humanos de los individuos en conflictos armados. Detenido-desaparecido: Persona detenida arbitrariamente por agentes del Estado o por grupos particulares con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. Ejecución extrajudicial: También llamadas arbitrarias o sumarias, son un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen. Estado de derecho: Sistema que asegura que cualquier forma de gobierno está sujeta a las leyes y que la justicia y la protección de las personas están garantizadas por su cumplimiento. Garantías de no repetición: Garantías que ofrece un gobierno de que un crimen determinado no se volverá a producir. Estas garantías son un modo de reparación del daño. Imprescriptibilidad: Dícese de la ausencia de vencimiento de un plazo tras la comisión de un delito, por lo que no hay obstáculos temporales para el ejercicio de la acción penal, para el enjuiciamiento, y la eventual condena. Indemnización: Compensación por lesiones o pérdidas que puedan medirse por el daño sufrido y por los cuales pueda establecerse un equivalente económico. Medidas precautorias: También llamadas provisionales o cautelares, son los acuerdos temporales para evitar daños irreparables a las víctimas o testigos o que los Estados necesitan llevar a cabo con urgencia antes de una decisión judicial. Medidas preventivas: Acciones, intervenciones o medidas que contribuyen a evitar que algo suceda. En el caso de las desapariciones forzadas, las medidas preventivas son aquellas dirigidas a impedir que las personas desaparezcan por la fuerza. Rehabilitación: Medidas dirigidas a la recuperación física y psicológica de las víctimas y su reinserción en la sociedad. En el caso de las desapariciones forzadas, la rehabilitación a menudo incluye medidas para restablecer la reputación de las personas desaparecidas. Reparación: Conjunto de medidas que se toman para beneficiar a las víctimas de daños o lesiones causados por crímenes o violaciones de derechos humanos. La reparación puede realizarse
de diferentes formas, y a menudo combina: compensación monetaria, satisfacción, restitución, garantías de no repetición y rehabilitación. Restitución: Acciones que benefician a las víctimas de crímenes y violaciones de los derechos humanos dirigidas a restablecer la situación de la víctima antes del crimen o violación. Satisfacción: Reparación que consiste en medidas no económicas dirigidas a restablecer la dignidad y la reputación de los desaparecidos y sus familiares. En algunos casos se puede obtener mediante una sentencia que condene la desaparición y se puede completar con una disculpa pública, el reconocimiento de culpabilidad, una conmemoración pública o un monumento. Tortura: es el acto de causar daño físico o psicológico intencionadamente, vinculado principalmente al dolor físico, que puede o no desembocar en la muerte de la víctima. El objetivo puede ser variado: obtener una confesión o información de la víctima o de una tercera persona, como venganza por un hecho cometido por la víctima o por una tercera persona, como preludio de una ejecución (en cuyo caso se habla de muerte-suplicio) o simplemente para el entretenimiento sádico del torturador. Víctima material: Persona directamente afectada por un crimen o una violación. En una desaparición forzada, la víctima material es la persona a la que se ha hecho desaparecer. Víctima indirecta: Persona indirectamente afectada por un crimen o una violación.
En el marco de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, se presenta el Manual: ¿Qué hacer en caso de desaparición forzada?, cuyo objetivo general es proveer de información a la sociedad para identificar esta grave violación a los derechos humanos y describir las herramientas jurídicas, de derechos humanos, mediáticas, psicosociales y políticas que pueden emplear los familiares, los abogados o las organizaciones de derechos humanos que se enfrentan ante este crimen contra la humanidad.
Sem b Lanzas 2012Tarjeta Informativac o m u n i c a d o 3Análisis de la iniciativa de FelipeMetodos Sharp DecryptedComunicado Oficial Del e5lnZócalo 150Carta a François Hollande con acuse de reciboElecciones México 2012_2Cifras Relevantes Del Proceso Electoral Federal 2011-2012Justificacion Legal Para Presenciar Conteos DistritalesFraude Aristoteles 2012KAPITOLIO-ReporteFinal1Carta Firma Ciudadanos PRO AMLO
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References: Artículo 117
 artículo 22
 Artículo 17
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 artículo 17
 artículo 13711
 artículo 18
 artículo 215
 artículo 13
 artículo 46
 resolución 
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