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Timestamp: 2018-07-16 05:53:49+00:00

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Sofia Navarro Vargas
1 DOCUMENTOS DE TRABAJO Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires La reforma de los seguros sociales en la Argentina Por Osvaldo Giordano Facultad de Ciencias Sociales y Económicas Departamento de Economía Documento de Trabajo Nº 19 Septiembre de 2007
2 LA REFORMA DE LOS SEGUROS SOCIALES EN LA ARGENTINA Osvaldo Giordano * * Investigador del Departamento de Economía de la Universidad Católica Argentina y Director del Instituto para el Desarrollo Social (IDESA). Este trabajo fue realizado gracias al apoyo brindado por la Fundación MAPFRE Estudios 1
3 Resumen Durante la década del 90 se instrumentaron profundas transformaciones sobre la organización de los principales subsistemas que integran la seguridad social argentina. Estos procesos se dieron en el marco de un nivel elevado de descomposición acumulado a lo largo de varias décadas y tuvieron en su orientación varios rasgos comunes. Sin embargo, apenas se adentra en el análisis de los procesos de cada uno de los subsistemas, aparecen diferencias en las consecuencias y desencadenantes de las crisis, en los contextos políticos, mapas de intereses que condicionaban los cambios y en las estrategias aplicadas para el diseño e instrumentación de las reformas. El estudio describe y evalúa con similar metodología las reformas en los tres principales subsistemas que integran la seguridad social; esto es, previsión, salud y riesgos laborales. Este enfoque, a diferencia de los estudios que se centran en algunos de los subsistemas en particular, aporta elementos que enriquecen el entendimiento de las reformas, los factores que las condicionaron y sus logros y debilidades. Esta es una plataforma a partir de la cual es posible identificar temas críticos y recomendaciones de políticas de cara a los importantes desafíos pendientes. Abstract During the decade of the 90, the organization of the main subsystems that integrate the Argentine social security experienced deep transformations. The reforms of the various subsystems occurred after a process of several decades of decomposition and they had in its orientation several common characteristics. Nevertheless, as soon as we enter in the analysis of the processes in each one of the subsystems, these are differences in the consequences of the crises, in the political contexts, the map of interests that conditioned the changes and in the strategies applied for the design and instrumentation of the reforms. The study describes and evaluates with similar methodology the reforms in the three main subsystems that integrate the social security: pension, health and labor risks. The approach, unlike previous studies that are centered in some of the subsystems in particular, contributes to the understanding of the reforms, the factors that conditioned them, its benefits and its weaknesses. From this point on it is possible to identify critical issues and policy recommendations facing the pending challenges. 2
4 ÍNDICE Introducción...4 CAPITULO I. Descripción estilizada de la organización de los sistemas que integran la seguridad social y los factores asociados a sus crisis El sistema de riegos del trabajo El sistema previsional El sistema de seguros de salud Los desafíos que enfrentaban las reformas...44 CAPITULO II. Las reformas de los seguros sociales El contexto general de las reformas Las reformas al sistema de riesgos del trabajo Las reformas del sistema previsional Las reformas sobre el sistema de obras sociales Crisis, reformas y nuevas crisis CAPITULO III. Algunas de las principales lecciones Hacia la definición de una agenda para reformas de segunda generación Cambios graduales vs. reformas de shock Problemas trasversales vs. problemas específicos Prestaciones básicas vs. prestaciones integrales Prestaciones contributivas vs. prestaciones asistenciales Publico vs. privado Reflexiones Finales Bibliografía
5 INTRODUCCIÓN Solo con diferencias de matices, la reforma de los seguros sociales ocupa un espacio preponderante en la agenda de política de casi todos los países. Eso se explica, por un lado, porque la seguridad social es el principal mecanismo institucional de redistribución de ingresos y, consistente con ello, se deposita una gran confianza en torno a sus potencialidades como mecanismo de promoción de la equidad social. Por el otro, porque una serie de factores han inducido a un estado de crisis con características estructurales. La manifestación más visible y preocupante es que muchas de las expectativas son defraudadas de manera sistemática a pesar de la marcada tendencia a absorber una creciente magnitud de recursos. Las reformas de la seguridad social aspiran a lograr una mejor conciliación entre el objetivo de proveer un razonable nivel de protección social y las limitaciones de recursos que imponen las restricciones financieras. El objetivo resulta extremadamente desafiante dado el comportamiento adverso de las variables de contexto. Por un lado, la transición demografía y la dinámica epidemiológica. Por el otro, las turbulencias y fragmentaciones asociados a la globalización. Volatilidad de los empleos y envejecimiento de la población llevan a que las demandas por cobertura de las contingencias sociales aumente a una velocidad mucho mayor que las posibilidades financieras. Esto justifica la búsqueda de nuevas y más imaginativas formas organizativas que induzcan una administración más eficiente y equitativa de los recursos. En la Argentina, la tarea de transformar la organización de los seguros sociales respondía a razones similares pero más importantes. La crisis de la seguridad social fue paralela a la crisis del modelo de organización económica. Ambos estallaron a finales de la década de los 80 con la hiperinflación, luego de transitar un prolongado periodo de decadencia y degradación institucional como resultado de la mezcla de estilos políticos autoritarios con esquemas económicos altamente intervencionistas que promovían conductas rentísticas. Ambos sucumbieron como consecuencia de modalidades de gestión que mostraban gran despreocupación y hasta cierto desprecio por la eficiencia y cierta claudicación a que los impactos distributivos fueran determinados por feroces pujas distributivas. En otras palabras, la crisis de la seguridad social se insertaba en un problema más general de crisis institucional generalizada. Por eso, las reformas de la seguridad social formaron parte de un proceso más amplio y ambicioso de transformación de las instituciones económicas y sociales. Luego de la sección introductoria, el estudio incluye un primer capítulo destinado a describir de una manera minuciosa pero sintética la organización de los tres principales sistemas que integran la seguridad social argentina. Se incluye el sistema previsional, los seguros de riesgos de trabajo y los seguros de salud. No comprenden la totalidad de la seguridad social pero los componentes incluidos en la investigación tienen, en base a cualquiera de las variables relevantes que se tome como referencia, una amplia representatividad. Tratando de adoptar una estructura de presentación similar para cada uno de los sistemas se describen sus orígenes, los principales rasgos de su organización y una identificación de los síntomas y causas de la crisis. La principal conclusión es que en el proceso de descomposición de cada uno de los sistemas existen ciertas analogías, en el 4
6 sentido de que, más allá de los factores de contexto, su fracaso se asocia a esquemas organizativos muy en línea con las ideas intervencionistas y autoritarias que en general prevalecían en la organización económica y social. Posteriormente, el capítulo segundo está destinado a analizar las reformas introducidas a mediados de la década de los 90. Nuevamente se hace un análisis para cada sistema, tratando de presentar de manera sintética los ejes básicos de las transformaciones. Además se avanza sobre temas mas controvertidos como es el procurar plantear un balances de logros y fracasos y una interpretación de los factores político que condicionaron la orientación y profundidad de las reformas. Aunque existe una orientación parecida en los tres sistemas, las estrategias de instrumentación y profundidad de las reformas fueron muy diferentes. En este sentido, la gran variedad de situaciones la convierte en una experiencia extremadamente compleja y desafiante desde el punto de vista de su análisis y muy rica en términos de extraer lecciones. En está línea el capítulo tercero tiene por objetivo presentar una enumeración de los temas mas trascendentales que surgen del análisis de la experiencias acumuladas. La meta no es presentar un listado exhaustivo, sino abordar los temas que aparecen, en principio, como los más estratégicos. Esta selección asume como principal objetivo aportar insumos para reformas de segunda generación que en los tres casos aparecen como extremadamente pertinentes. Finalmente, se destina una sección de cierre para presentar unas breves reflexiones finales. En ella se pone énfasis en señalar que la transformación de los seguros sociales es un tema muy importante y complejo. En tal sentido, las reformas de los 90 no solo cambiaron la realidad de los seguros sociales en la Argentina sino que del análisis de los factores que condicionan sus éxitos y fracasos es posible tomar elementos que ayuden a mejorar la calidad de la agenda de política del futuro. 5
7 CAPITULO I. DESCRIPCIÓN ESTILIZADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS QUE INTEGRAN LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS FACTORES ASOCIADOS A SUS CRISIS 1. El sistema de riegos del trabajo Su conformación histórica. La conformación del sistema de riesgos del trabajo tiene muchos paralelismos y analogías con los procesos evolutivos observados en los países de mayor desarrollo. La génesis de una normativa especial para regular los siniestros que ocurren dentro del ámbito de las empresas está íntimamente vinculada con el proceso de industrialización y el impacto que este tiene en el crecimiento del empleo asalariado. Esto condiciona la época y las modalidades que se adoptan para su organización en la Argentina. La protección de los trabajadores estaba reglamentada en el ámbito del derecho civil como si se tratara de cualquier otro ciudadano. Esto implicaba que el trabajador tenía la posibilidad de percibir una reparación dineraria por el daño causado por un accidente o enfermedad profesional en la medida que pudiera demostrar la culpa o el dolo de de su empleador (Vasquez Vialard, 1996). Como era previsible, este mecanismo de protección contemplado en el derecho común resultaba poco práctico y eficaz frente a las especificidades implícitas en una relación de trabajo asalariado. Normas diseñadas con criterios generales, eran poco receptivas de las limitaciones y urgencias que enfrentaba los trabajadores, segmento integrado mayoritariamente por personas de bajo nivel de educación y escasos recursos. Lewis (1990) describe a los accidentes de trabajo de esa época como a un factor de inestabilidad social. En la mayoría de los casos el desenlace era una brusca pérdida de ingresos para el hogar. Muchas familias caían en total desprotección ya que, salvo el limitado accionar de unas pocas entidades de beneficencia, no se había institucionalizado mecanismos destinados a apoyar a las familias que sufrían las consecuencias de este tipo de contingencias. Algunas de estas entidades de beneficencias funcionaban como pequeños seguros de sociedades de socorro mutuos donde los mismos trabajadores hacían exiguos aportes quincenales para que el empleador llamara un médico en caso de accidente. Sin embargo, según datos oficiales de la época de la Dirección Nacional de Trabajo su cobertura era muy limitada. Implícitamente prevalecía la idea de que los accidentes se atribuían a la mala suerte y consecuentemente que los empleadores no se hacían responsables de las consecuencias. Estos fenómenos se daban en el marco de la aparición de nuevas dinámicas políticas. Dentro de ellas se destacan los primeros pasos hacia la conformación del movimiento sindical argentino 1. Así se generan las condiciones para que la Argentina fuera uno de los 1 El contexto económico y el importante influjo de inmigración europea de finales del siglo XIX hizo que el desarrollo del sindicalismo organizado en Argentina sea también bastante temprano. En 1902 ya se había constituido la Federación de Obreros Argentinos (FOA). La FOA rápidamente se dividió en dos entidades rivales, la Unión General de Trabajadores (UGT), de extracción socialista, y la Federación de Obreros de la Región Argentina (FORA), de extracción anarquista. Aunque el nivel de sindicalización era modesto se 6
8 países pioneros en Latinoamérica en la incorporación de mecanismos de protección laboral. Además de las condiciones internas, el proceso estuvo fuertemente influenciado por lo que ocurría en aquella época en los países europeos. Entre 1905 y 1915, el Congreso Nacional sancionó varias leyes en esta línea. Dentro de ellas se destacan la que imponían el descanso dominical y las que establecían la prohibición del empleo de menores de diez años y el trabajo nocturno de mujeres y menores (Lewis, 1990). En este contexto, no resulta sorprendente que se dieran los pasos para avanzar hacia la conformación de un instrumento mas moderno y eficaz para la gestión de los riesgos laborales. La concreción de esta iniciativa se produjo en 1915, con la sanción de la Ley La norma fue el resultado de un intenso debate sobre proyectos discutidos desde el año Siguiendo los criterios prevalecientes en la época, la ley incorporó un régimen de reparación especial alternativo al previsto en el derecho civil. Se estableció un esquema de responsabilidad individual en cabeza del empleador, justificado en la naturaleza del vínculo de subordinación que subyace en la relación de trabajo asalariado. La principal particularidad radica en que el empleador siempre es obligado a reparar el daño liberando al trabajador de la carga de demostrar la culpa o el dolo pero a través de un esquema tarifado de prestaciones. De esta forma, la lógica de esta ley especial es apartarse de los conceptos tradicionales de causalidad, responsabilidad y culpa del derecho civil, para poner en funcionamiento un esquema prestacional tarifado y automático. La reparación podría ser inferior a la que eventualmente surgiría de aplicar el derecho civil pero no está sujeta a demostrar la culpa del empleador en la generación del daño. El esquema implica una cobertura más amplia y espontánea con costos para las empresas más predecibles. En materia de prevención de los riesgos, la Ley dio origen a otras regulaciones reglamentarias donde se establecieron las condiciones de higiene y seguridad que debían cumplirse en los lugares de trabajo y mecanismos de fiscalización y sanción a los empleadores en caso de incumplimientos. Sin perjuicio de ello, este andamiaje regulatorio tuvo un desarrollo independiente, aislado y escasamente integrado al sistema de reparación de daños previstos en la Ley y todas las leyes y decretos modificatorios. La Ley de 1915 constituyo la base legal sobre la que se organizó el sistema de reparación de los daños causado por los accidentes y enfermedades profesionales en las siguientes 8 décadas. Sin perjuicio de ello, a lo largo del tiempo fue modificada en innumerables ocasiones 2. El último hito en este proceso fue la sanción, en 1991, de la Ley que rigió hasta mediados de 1996 cuando comenzó a operar la reforma establecida en la Ley o Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT). Los cambios legales previos a la sanción de la LRT conformaron un proceso aluvional, cuya principal particularidad es que no alteraron la filosofía básica original que incorporó la ley estima en aproximadamente los trabajadores afiliados a alguno de estos sindicatos, sobre un fuerza laboral industrial de trabajadores (Godio, 1973) su capacidad de influencia política no era baja. En 1901 se firmó el primer convenio colectivo de trabajadores de la industria, contemplando cláusulas como las que fijaban ocho horas de trabajo diario, la prohibición del trabajo a destajo, un salario mínimo y la que le otorga al sindicato socialista la exclusividad de la afiliación (Lewis, 1990). 2 Las normas más importantes que incorporaron cambios de sustancia en el sistema fueron las Leyes , , , , , , , , , y , y los Decretos-Leyes (normas emitidas por gobiernos militares de facto) 7.604/57, 7.606/57 y 4.834/58. 7
9 La Ley adopta el principio transaccional de liberar al trabajador de demostrar la culpa o dolo del empleador a cambio de pre-establecer las contingencias y el monto de las prestaciones. Las prestaciones eran tarifadas en función del salario del trabajador y se suministraban ante las contingencias de incapacidad permanente y muerte y bajo la modalidad de renta vitalicia 3. Esta forma de pago fue motivo de intensas controversias que terminaron al ser refrendado el suministro de prestaciones a través de rentas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1923 (UART, 2004). Por otro lado, la ley delega al Poder Ejecutivo la responsabilidad de identificar las enfermedades que se consideraban profesionales. De esta manera, el esquema contemplaba una definición genérica de los accidentes de trabajo y una taxativa de las enfermedades laborales a través de un listado. Si bien el criterio de apartarse de las normas del derecho común era adoptado en la época por varios países desarrollados, como Francia y Bélgica, un aditamento original en el caso argentino fue dar al trabajador la opción de recurrir a la vía civil renunciando así la protección de la ley especial (Facal, 2004). Entre los muchos cambios que experimentó la Ley 9.688, uno muy importante se remonta a 1940 cuando la Ley redefine el concepto de los siniestros cubierto por el régimen especial. Según esa norma se incluyen aquellos derivados de acciones no sólo en el ejercicio de la ocupación sino en el hecho y en ocasión del trabajo. Esto dio lugar a una corriente jurisprudencial que consideró como accidente laboral a los ocurridos en el trayecto del domicilio al lugar de trabajo y viceversa (accidente in itinere ). Con posterioridad, en 1960, la Ley incorpora formalmente el accidente in itinere dentro del concepto de accidente laboral (UART, 2004). Otro cambio que afecta aspectos medulares del sistema se dio en 1955, a través del Decreto-Ley 650. Por esta norma se limita el pago en forma de renta sólo para los casos de fallecimiento. En la medida que los desequilibrios fiscales motorizaban el proceso inflacionario, no mucho más tarde se establece que en el caso de fallecimiento el cobro en forma de renta sería optativo. Finalmente en 1971, con la Ley , se elimina el esquema de pago en forma de renta. Aun mas trascendentales son los impactos que se derivan del hecho de que en ámbitos judiciales se empieza a interpretar el concepto en ocasión del trabajo de una manera amplia. Esto dio pie para que el concepto de enfermedad profesional se ampliara considerablemente ya que pasaron a ser resarcible por el régimen especial ciertas dolencias que no tienen una relación directa con la actividad desarrollada dentro del ámbito de trabajo. Este criterio tuvo recepción legal en 1971 a través de la Ley A través de esta norma se establece que se considerará enfermedad profesional a toda aquella motivada por la ocupación del obrero. Con este cambio normativo se termina de incorporar el denominado criterio de la concausalidad, una particularidad del sistema argentino con alto impacto desde el punto de vista de su funcionamiento. Así pasan a ser cubiertas las denominadas enfermedades accidentes, entendiendo por tales a enfermedades ocasionadas no directamente por la tarea o el ambiente de trabajo sino por un proceso patológico que tiene algún tipo de asociación por el trabajo pero cuyo factor desencadenante es la predisposición del trabajador. 3 Se entendía que la responsabilidad de los patrones era depositar a nombre de la víctima o sus derechohabientes en la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones una suma de dinero para que dicho organismo pague mensualmente las rentas que correspondiera. 8
10 Otra cambio legal muy importante se dio a finales de la década de los 60 con la reforma al Código Civil (en particular, al artículo 1113). Por esta disposición se establece la responsabilidad extracontractual de tipo objetivo por el daño ocasionado con las cosas por el dueño o guardián de las mismas. Este nuevo concepto fue aplicado a la reparación de los accidentes de trabajo a través de un fallo judicial 4, a pesar de que estaba vigente al Ley La desarticulación alcanza un nivel extremo cuando se abre una segunda vía de reclamo fundados en el derecho civil a través de un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que establece la obligación del empleador del deber de dar seguridad al trabajador. Los efectos de esta disposición son potenciados en 1972 con la sanción de la Ley que estableció una normativa específica sobre higiene y seguridad. El resultado fue que se fijaron estándares mínimos de seguridad que muy pocas empresas respetaban y que el Estado convalidaba a través de controles muy débiles. Esto se ve potenciado en 1979 cuando, a través del Decreto 351, se impuso una nueva reglamentación de higiene y seguridad con un diseño aun mas apartado de la realidad tecnológica de la mayor parte del sector productivo argentino (UART, 2004). Con incumplimientos masivos de las normas de higiene y seguridad se generó un campo muy propicio para iniciar juicios civiles por responsabilidad contractual por violación del deber de seguridad establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, acción que era acumulable con la de acción extracontractual de tipo objetiva del artículo 1113 del Código Civil. Se daba una combinación paradójica ya que la jurisprudencia entendía como valido que los reclamos fundados en normas del derecho común fueran canalizadas en sede laboral aplicando los principios del derecho laboral (Sánchez, Giordano y Torres, 1990) 6. Evaluado en una perspectiva histórica, el cuerpo normativo creado a partir de 1915 fue en su momento un hito importante por su contribución al proceso de desarrollo social. Sin embargo, su capacidad para resolver la problemática implícita en la dinámica de los riesgos del trabajo se fue debilitando a lo largo del tiempo. Hay evidencias de que los sucesivos gobiernos mostraron falta de iniciativa para modernizar los instrumentos originalmente adoptados y especialmente tuvieron poca visión para adaptarlos a los cambios de contexto. En la medida que la inflación aumentaba y los indicadores laborales se deterioraban el agotamiento del sistema se fue profundizando. Ejemplos notables de la falta de reacción frente un contexto adverso fue la poca capacidad para adaptar el monto y la modalidad de pago de las prestaciones monetarias a entornos de alta inflación. Algo parecido ocurrió con la falta de actualización del Listado de Enfermedades. Mas aún, mientras la gran mayoría de los países fueron migrando hacia esquemas de cobertura por medio de seguros sociales, en la Argentina se mantuvo, hasta las últimas consecuencias, el antiguo y obsoleto criterio de estructurar el esquema bajo la lógica de la responsabilidad individual del empleador. La combinación de un contexto macroeconómico y sociolaboral adverso mas una actitud burocrática y conservadora desde el punto de vista de replantear las reglas de juego bajo las que se organizaba el sistema, fueron gestando la crisis del esquema pergeñado con la Ley Esto no se dio de manera inmediata, sino en la forma de un gradual pero inexorable 4 Alegre, Cornelio c/manufactura Algodonera Argentina / Plenario Nº 169 (Facal, 2004). 5 Juntamente con su decreto reglamentario 4.679/72. 6 Por ejemplo, in dubio pro operario, indiferencia de la concuasa, reagravación, presunción de la culpa del empleador. 9
11 proceso de degradación institucional. Frente a la ausencia de instrumentos de aplicación automática que condujeran a soluciones razonablemente equitativas función que debía cumplir la Ley 9.688, se impuso como vía para resolver los problemas surgidos de los siniestros de origen laboral el litigio dirimido en sede judicial. Esto se materializó abriendo dos grandes grietas en la Ley Por un lado, la indeterminación de las prestaciones debido a la posibilidad de eludir el esquema tarifado a través de la vía civil. Por otro lado, la indeterminación del ámbito de las contingencias cubiertas debido a la apertura de la definición de enfermedad profesional. En la medida que se comenzaron a aplicar intensamente en sede judicial definiciones ambiguas en la delimitación de las contingencias cubiertas y los montos de las indemnizaciones, la litigiosidad creció exponencialmente. Prueba de que el esquema previsto en la ley había sido superado por al realidad es que a fines de la década de los 70 se estimaba que el 90% de los reclamos judiciales se tramitaban por la vía de la justicia civil y sólo el restante 10% se hacía por la vía de la ley especial (UART, 2004) 7. En 1988 se produce el hito final de este proceso de decadencia institucional con la sanción de la Ley Manteniendo la arquitectura básica del régimen que ya cumplía 8 décadas, se duplicaron los topes de indemnizaciones, se introdujeron coeficientes de edad para que los accidentados jóvenes cobren más, se reguló de manera mas laxa la prescripción y se redefinió el concepto de enfermedad haciendo jugar la concausalidad de manera prácticamente ilimitada (UART, 2004). Los cambios legales exacerbaron la litigiosidad, ya que las interpretaciones judiciales comenzaron a ser favorables a tomar la indemnización de la ley especial como un piso para las reclamaciones de la vía civil. Indicios sobre los órdenes de magnitud que había adquirido el problema lo brindan las pérdidas acumuladas por el Instituto Nacional de Reaseguros (INDER) 8 originadas en pagos por siniestros de accidentes laborales de las compañías de seguro que explotaban esta rama. Aún cuando dichas pérdidas reflejan solo una parte menor del costo de la litigiosidad, ya que las pólizas de reaseguro sólo brindaban cobertura para los siniestros de mayor costo y sólo en la porción que superará cierto tope, el monto acumulado de pagos que realizaba el INDER llegaba a millones de dólares al año, mientras que el cobro de primas de la misma institución por dicho reaseguro no superaban en promedio los 315 millones de dólares anuales. Esta desproporción resulta más significativa cuando se tiene en cuenta que desde 1985 el INDER había suspendido la cobertura a un lista de empresas que presentaban una inusitada frecuencia siniestral con reclamos simultáneos sobre el mismo riesgo (UART, 2004) 9. 7 Cabe destacar que en la mayoría de los países europeos, que tradicionalmente fueron fuente de inspiración de las leyes sociales en Argentina, las posibilidades de plantear los reclamos por la vía civil son muy limitadas. Particularmente restrictivo son los casos de Alemania, Bélgica y Francia que contemplan esta posibilidad solo cuando existe intencionalidad del empleador en generar el daño (Santillán, 1995). En el caso de países limítrofes el panorama no es distinto. La posibilidad de reclamo en base a la norma civil se encuentra acotada al dolo o culpa en Brasil y Chile y dolo o culpa grave en Uruguay (Arancibia, Giordano y Torres, 2004). 8 El INDER era el ente estatal monopólico encargado del reaseguramiento compulsivo de las compañías de seguro que operaban en la Argentina. La desmonopolización y posterior liquidación se inició en Otro síntoma de que la crisis de litigiosidad era terminal lo constituían las demandas judiciales colectivas, es decir, grupos de trabajadores de un mismo establecimiento que hacían una demanda a su empleador por un mismo problema como por ejemplo hipoacusia, dolores de columna, artrosis, várices, etc. 10
12 En 1991, ya en la etapa terminal de una severa crisis que sufrió el país se sanciona la ley Si bien esta norma deroga la Ley y sus modificatorias, en la práctica mantiene su filosofía aunque procurando establecer un marco mínimo de racionalidad. Entre sus puntos más salientes y muy indicativos de la gravedad que el problema había alcanzado se destaca la definición explicita de que no se presume responsabilidad del empleador en la generación de las enfermedades profesionales sino que el trabajador debe demostrar la causalidad entre la tarea y/o el ambiente de trabajo y el origen o el agravamiento de la dolencia. Otra particularidad es que establece que en caso de concurrencia de factores causales externos y factores causales atribuibles al trabajo, sólo se indemnizará la incidencia de estos últimos. De esta forma, se trataba de evitar que cualquier enfermedad degenerativa se considere como profesional. También se estableció una instancia obligatoria administrativa de conciliación antes de recurrir a la justicia, como una forma de atenuar la presión de la litigiosidad. La aspiración de esta reforma no fue la necesaria transformación de la organización del sistema en función de las tendencias más modernas. Mas modestamente su meta era corregir los desvíos mas graves del viejo régimen e introducir paliativos transitorios en el marco de profundos cambios que se estaban produciendo en el contexto económico. En el Recuadro 1 se presenta de una manera esquematizada y simplificada los lineamientos mas importantes que describen la forma en que estaba organizado este sistema antes de las reformas. A diferencia del previsional y de salud, el sistema de riesgos del trabajo formaba parte de la legislación laboral. Es decir que no estaba organizado como un seguro social sino que se basaba en consideraba que la prevención y reparación de los daños era una de las obligaciones que contraía el empleador en la instancia de suscribir un contrato de trabajo. Recuadro 1. La organización del sistema de Riesgos del Trabajo antes de las reformas. Población cubierta. La cobertura, en teoría, era universal ya que la legislación era aplicable a todos los asalariados públicos y privados (salvo excepciones puntuales como el segmento del servicio doméstico). Prestaciones. Se resarcían los accidentes ocurridos dentro del ámbito de la empresa, los accidentes in itinere, las enfermedades profesionales y las enfermedades accidentes o también conocidas como concausales. La ley especial contemplaba un esquema de prestaciones monetarias tarifadas que cambió en varias ocasiones, pero que en general consistía en una suma de pago único cuyo monto era proporcional al porcentaje de incapacidad y el salario del trabajador. Sin embargo, el trabajador podía optar por recurrir en forma excluyente a la ley especial por la vía civil argumentando responsabilidad extracontractual de tipo objetivo (artículo del Código Civil) o por responsabilidad contractual en incumplimiento del deber de seguridad fijado por el artículo 79 de la Ley de Contrato de Trabajo. Gestión. Se basaba en un esquema mixto. En materia de prevención, el Estado era el responsable de fijar estándares mínimas de seguridad y controlar que las empresas las cumplieran. Para ello existía una norma específica (la ley de higiene y seguridad y su decreto reglamentario) y un área específica dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo (la Dirección de Higiene y Seguridad). A su vez, las provincias, con diferentes niveles de intensidad a lo largo del tiempo, tuvieron responsabilidades en el área de fiscalización. En materia de prestaciones el responsable era el empleador, que respondía con su patrimonio aunque estaba facultad a contratar un seguro de tipo comercial. En este ámbito, el rol del Estado se limitaba a controlar que se suministraran las prestaciones, gestionar un fondo de garantía para casos de insolvencia del empleador y el control general sobre las compañías de 11 seguro, especialmente en lo que hace a su solvencia financiera. Régimen financiero. No existía un régimen financiero propiamente dicho por no ser un
13 1.2. La crisis y sus impactos El crecimiento de la litigiosidad a un nivel que no tiene parangón en otros países estuvo asociado al largo y profundo proceso de degradación institucional. Esta fue la consecuencia de sostener, hasta sus últimas consecuencias, una organización obsoleta en contextos económicos y laborales crecientemente adversos. Mientras que en la mayoría de los países la gestión de los riesgos del trabajo no constituye un tema especialmente conflictivo en el desenvolvimiento de las relaciones laborales y se registraron avances importantes en favor de generar ambientes de trabajo más seguros, en la Argentina se convirtió en una temática extremadamente controvertida. Hay evidencias como para demostrar que el sistema de riesgos del trabajo tenía un decisivo impacto distorsivo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. Las manifestaciones más visibles de la crisis fueron la generación de una estructura de incentivos sobre las empresas contraria a promover la prevención, la reparación insuficiente y dimensionada con criterios arbitrarios y la exagerada expansión e imprevisibilidad de los costos laborales Pocos incentivos en favor de la prevención. En el marco de la crisis del sistema creado por la Ley reducir la siniestralidad no constituía un eje prioritario en la gestión de los recursos humanos. Una agenda sobrecargada de temas jurídicos dejaba poco espacio para las cuestiones relativas a la seguridad en los ambientes de trabajo. La principal consecuencia era que los responsables primarios de instrumentar medidas para mejorar las condiciones de seguridad las empresas eran guiados por una estructura de incentivos que inducía a dar prioridad a los aspectos jurídicos. La contrapartida era una menor atención a la calidad del medio ambiente de trabajo. Varios factores contribuían a que las empresas no asumieran conductas tendientes a minimizar los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Probablemente el más importantes es que la cantidad y el monto de las demandas por accidentes o enfermedades profesionales que soportaba un empleador tenían poca correlación con la inversión que realizaba para mejorar las condiciones de seguridad y medio ambiente de trabajo (ver Recuadro 2). Por otro lado, la normativa sobre higiene y seguridad y sus esquemas sancionatorios, tampoco eran percibidos por las empresas como un factor relevante para la 12
14 toma de decisiones. El Estado operaba bajo la lógica burocrática de emitir normas que no controlaba y, peor aún, se consideraban de imposible aplicación. De esta manera, la cultura del incumplimiento entre las empresas era legitimada por el Estado. La enorme brecha que existía entre lo que decían formalmente las normas y las prácticas de las empresas quedó contundentemente demostrado cuando una autoevaluación de todos los empleadores sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad realizado, aplicada justo antes de que comenzara a funcionar el nuevo sistema, indicó que sólo el 3% de los empleadores cumplía integralmente con la legislación y apenas una tercera parte de ellos cumplía con las normativas básica (Giordano, Torres y Bettiol, 1996). Recuadro 2. Prevenir siniestros o prevenir juicios? Las evidencias estadísticas sobre las consecuencias de la litigiosidad en el viejo sistema de reparación de los accidentes laborales no abundan. En UART (2004) se aportas algunos datos que aunque anecdóticos resultan testimoniales. Por ejemplo, se señala que en 1991 la Unión Industrial Argentina anunciaba que 8 de cada 10 empresas enfrentaba un juicio laboral por enfermedad o accidente de trabajo muchas de las cuales eran demandas colectivas sobre un mismo riesgo. Un caso paradigmático fue la empresa Swift Armour S.A. que recibió aproximadamente demandas por hipoacusia. En un relevamiento a cargo del Departamento de Accidentes de Trabajo del INDER se señala que demandas colectivas le costaron a este ente público aproximadamente 8 millones de dólares, más 1,2 millones de dólares de gastos de litigios. Bajo estas condiciones, los incentivos estaban profundamente distorsionados. La prioridad era prevenir y gestionar juicios (para lo cual la contratación de servicios jurídicos era clave). La inversión en prevención de accidentes y enfermedades laborales (incluyendo la contratación de servicios de ingeniería y medicina laboral) tenía baja rentabilidad. Estos fenómenos se potenciaban por que el Estado había abandonado sus responsabilidades en materia de prevención. En Vasilachis (1992) se documenta que un fenómeno recurrente era la concentración de un importante número de reclamos en un reducido número de empresas. A pesar de que las demandas se reiteraban, no se encuentra en las sentencias ninguna mención por parte del juez señalando la necesidad de que las empresas mejoren las condiciones de trabajo. Así se aporta otro ejemplo de cómo se había desnaturalizado el accionar del Estado ya que en lugar de asumir un compromiso concreto con el mejoramiento de los niveles de prevención dilapidaba recursos en actos meramente formales o en administrar la masiva litigiosidad. La despreocupación del Estado en materia de prevención se extendía a no cumplir otras funciones básicas como la recopilación y sistematización de información sobre siniestralidad. En este tema, también la Dirección de Higiene y Seguridad se limitaba a definir requisitos sobre periodicidad y contenidos de datos que debían entregar las empresas, pero con total carencia de sentido práctico y despreocupación por exigir su cumplimiento. En consecuencia, más allá de los actos formales, en la práctica prevalecía un total desconocimiento sobre la magnitud y características del fenómeno de la siniestralidad laboral. Otro factor que contribuía al retraso en materia de prevención era que las empresas que ofrecían seguros de accidente de trabajo no se caracterizaban por la especialización en este tipo de actividad ni mucho menos en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 13
15 profesionales. Bajo las reglas de juego imperantes, a los siniestros laborales se le asignaba el mismo tratamiento que a los demás, es decir que se investigaban sus causas en función del reconocimiento de la indemnización y no con el objetivo de prevenir su recurrencia. En otras palabras, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, no se desarrollaron entes de gestión especializados con capacidad para asesorar a sus clientes en la prevención de los riesgos laborales. 14
16 Prestaciones inadecuadas. El principal argumento a favor de aplicar las normas civiles, sustituyendo a las disposiciones del régimen especial, era permitir al trabajador acceder a montos indemnizatorios superiores. En Giordano, Torres y Dequino (1998) se presentan los resultados de un estudio cuantitativo realizado sobre un conjunto de juicios civiles donde se comparar el monto indemnizatorio determinado en las sentencias con el que hubiera correspondido si se aplicaran las tarifas prevista en la norma especial. El principal resultado es que, adecuadamente medidas las prestaciones en cada régimen, los fallos civiles no siempre contemplaban indemnizaciones de montos superiores. De todas formas, esto no es de aplicación uniforme a lo largo del tiempo ya que el intenso proceso inflacionario que experimentó el país hasta 1991 hizo que en muchos momentos el valor real de las prestaciones en el régimen especial fuera visiblemente insuficiente. Más allá de los aspectos cuantitativos, la principal debilidad del esquema basado en procedimientos litigiosos era que se llegaba a una resolución poco equitativa y racional de la problemática que enfrentaba un trabajador que sufre las consecuencias de un siniestro laboral. El aspecto más negativo es que la reparación quedaba supeditada a los tiempos que imponían los litigios y no a las necesidades del trabajador. Aunque la dispersión era muy grande, los tiempos promedios se ubicaban en el orden de los 4 a 5 años (UART, 2004). La falta de automaticidad ponía al trabajador en una situación de desventaja ya que quedaba a su cargo afrontar las consecuencias del siniestro mientras esperaba la resolución del reclamo. En caso de obtener un resarcimiento económico, que no siempre estaba garantizado dados los riesgos de que el empleador cayera en situación de insolvencia quedaba en sus manos la tarea de administrar convenientemente esta suma de dinero a lo largo del tiempo ya que no se contemplaban esquemas de suministro de prestaciones a través de rentas. Esto no era una tarea sencilla especialmente en una economía altamente inflacionaria y con bruscas turbulencias. Por otro lado, en el marco de los tiempos y la dinámica que imponen los procesos litigiosos no había cabida para las prestaciones en especie. En este contexto, la atención médica generalmente terminaba siendo suministrada por los seguros de salud (obras sociales) o por los hospitales públicos (teóricamente destinado a la población carenciada que no tiene la posibilidad de acceder a la cobertura de un seguro de salud). Esto implicaba un mecanismo espontáneo de subsidios cruzados en un marco de degradación en la calidad de los servicios médicos. Muchas veces implicaba la negación de servicios, como era el caso frecuente en intervenciones mas especializadas, como por ejemplo, la rehabilitación y recalificación. Por último, el monto de la reparación monetaria que recibía el trabajador era bastante menor al costo en que efectivamente incurría el empleador. La brecha se explica por los honorarios de letrados y peritos. En el Recuadro 3 se describe la desproporción de recursos que eran absorbidos por la intermediación y las fundadas sospechas de prácticas abusivas. 15
17 Recuadro 3. Quién capturaba los sobrecostos generados por la litigiosidad. Según estimaciones presentadas en UART (2004), en promedio, poco más del 50% del costo total de cada juicio se destinaba al resarcimiento del trabajador. Un 25% correspondía a los honorarios de los letrados demandantes, un 11% a los letrados demandados, un 9% a los costos periciales y un 2% a otros gastos administrativos del litigio. A esto hay que agregar el impacto del pacto de cuota litis. Aunque es difícil de verificar por tratarse de acuerdos informales, era frecuente que el trabajador pagara a su abogado una comisión del 20% sobre el monto indemnizatorio regulado por el juez. En Vasilachis (1992) se señala la alta concentración de juicios en un conjunto muy identificable de empresas y la tendencia judicial a fallar a favor de los demandantes. También destaca que la mayoría de los juicios laborales de la Capital Federal estaban concentrados en aproximadamente una veintena de grandes estudios jurídicos. Consistente con esto, el INDER, en 1985, decidió rescindir los contratos de reaseguros sobre pólizas de seguros de aproximadamente 65 empresas que presentaban una frecuencia inusual de reclamos simultáneos sobre un mismo riesgo (UART, 2004). Estas evidencias llevan a no descarta la hipótesis de que en algunos casos el fenómeno de la litigiosidad masiva estaba asociado y era motorizado por una red informal de relaciones dedicadas a generar, por mecanismo espurios, honorarios profesionales que finalmente eran financiados por el Estado a través de los quebrantos del INDER. Dentro de estas redes participaban abogados litigantes, peritos, ciertos sectores de la justicia y profesionales ligados a las empresas y compañías de seguro demandas. Los procedimientos litigiosos implicaban una elevada carga de inequidad ya que una misma continencia podía derivar en tratamientos totalmente diferentes. Quienes accedían a información y disponían de recursos económicos para litigar tenían muchas más probabilidades de recibir mejores prestaciones que quienes no estaban en condiciones de afrontar el juicio hasta sus últimas consecuencias. En este sentido, el trabajador que recurría a la protección de la ley especial tenía más certeza de cobro pero recibía un monto en concepto de reparación relativamente más bajo, especialmente en momentos de alta inflación y falta de actualización de las prestaciones. Quién optaba por la vía civil tenía que esperar el desenlace del juicio que generalmente implicaba montos mayores aunque muy variable ya que dependencia de criterios subjetivos (tanto en los mecanismos utilizados para evaluar la magnitud de daño como para darle un valor económico a este). Así, a idéntico siniestro, le podrían corresponder prestaciones muy diferentes. Bajo un esquema de responsabilidad individual del empleador, seguro voluntario y procesos litigiosos que duraban años, el acceso y nivel de las prestaciones también dependía mucho de la envergadura y solvencia de la empresa. En este sentido, los trabajadores de menores ingresos, mayoritariamente insertos en pequeñas empresas, eran los más discriminados desde el punto de vista de la reparación. Los puntos de mayor vulnerabilidad se daban en empresas que por el tipo de actividad que desarrollaban o su localización geográficamente estaban en las listas de excluidas de los seguros. Esto aumentaba las probabilidades de que las prestaciones no sean suministradas debido a una situación de insolvencia. 16
18 Existía la oferta, que muchos empleadores usaban, de seguros de tipo comercial para asumir riesgos de accidentes laborales. Esto, en principio, atenuaba las probabilidades de insolvencia. Sin embargo, el carácter voluntario de la contratación y especialmente la forma en que operan implicaba que una amplia masa de trabajadores quedaba expuesta a la sola capacidad del empleador para responder con su patrimonio al resarcimiento de los daños reclamados (ver Recuadro 4). Las probabilidades de desprotección para muchos trabajadores, especialmente de empresas más pequeñas, eran altas. El Fondo de Garantía, que había creado la Ley 9.688, disponía de financiamiento escaso e intermitente y operaba bajo mecanismos muy burocráticos dificultando el acceso especialmente cuando se trataba de reclamos originados en el interior del país Recuadro 4. Los limitados alcances de los seguros de accidentes de trabajo antes de la reforma. El alcance de la cobertura a través de la contratación de un seguro era limitado en cuanto a la población cubierta y a las reparaciones contempladas. Por una parte, el acceso a la cobertura a costos razonables no siempre era una posibilidad para todos los empleadores. Por otro lado, las pólizas frecuentemente cubrían solo un parte de riesgos. Por ejemplo, eran frecuentes las cláusulas que estableciera que el seguro operaba cuando la indemnización superaba cierto tope y las que fijaba la exclusión de todas o la mayoría de las enfermedades profesionales. Un problema muy serio de ausencia de cobertura se generaba con las listas de exclusión de empresas (ya sea por zona, actividad o directamente individualizando empresas) y las demandas colectivas. Estas últimas generan traumas financieros muy graves ya que generalmente quedan fuera de la cobertura de los seguros por estar fundadas en enfermedades o porque sus montos individuales eran relativamente bajo aunque en términos agregados implicaban una suma muy grande. El deterioro en la cobertura se acelera a mediados de los 80 cuando el INDER comienza a rechazar ciertos sectores de actividad, áreas geográficas y grupos de empresas. El proceso toma mayor fuerza a comienzos de los 90 cuando el INDER deja de operar. De esta manera, se puso en evidencia que a través del régimen de reaseguro estatal operaba un mecanismo de subsidio hacia las compañías de seguro que afrontaban riesgos sin un respaldo técnico que garantizara la viabilidad financiera de la operación. Así, durante el período , según datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), solamente la mitad de los empleadores con trabajadores en relación de dependencia contaban con algún tipo de cobertura contra riesgos del trabajo. Por otra parte, las coberturas generalmente estaban sujetas a franquicias, no incluían incapacidades temporarias y ciertas enfermedades profesionales. Tampoco se contemplaban las prestaciones dinerarias en forma de rentas, la rehabilitación y la recalificación profesional. 17
19 Las distorsiones sobre el mercado laboral. La lógica litigiosa sobre la que se estructuraba el sistema tenía asociado un impacto altamente distorsivo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo (Sánchez, Giordano y Torres, 1990). La gran incertidumbre jurídica no solo implicaba costos altos sino, lo más perniciosos, de magnitudes inciertas. Prueba de ello es que los seguros además de ser lo suficientemente caros como para superar las posibilidades de las empresas financieramente más débiles solo cubrían parte del riesgo y eran muy selectivos en cuanto al tipo de empresa. Cuando el Estado dejo de subsidiar el sistema a través de las pérdidas del INDER el problema se hizo mas visible. Quienes más sufrían las consecuencias eran las empresas medianas y pequeñas, donde en no pocos casos el proceso judicial podía llegar a provocar la quiebra del empleador. El sistema condicionaba las políticas de recursos humanos de las empresas constituyéndose en uno de los factores que explicaban la débil capacidad de generación de empleos. Entre las empresas más pequeñas se agregaban incentivos a operar en la informalidad, estimulando tanto la contratación de los trabajadores sin cumplir con la normativa laboral y a operar con niveles de solvencia financiera muy baja. De esta manera, se desalentaban posibles juicios. Las empresas más grandes, que por su nivel de visibilidad no podían apelar a la informalidad, extremaban los recaudos al momento de la contratación. Pagar salarios mas bajos, apelar al uso intensivo de horas extraordinarias y sesgar las decisiones hacia la incorporación de tecnologías mano de obra intensiva eran las estrategias mas frecuentes para convivir con las distorsiones del sistema. Otra consecuencia negativa fue la segmentación del mercado de trabajo. En la medida que se masificaban las demandas por enfermedades más propias del envejecimiento de las personas que provocadas por la actividad laboral, las políticas de reclutamiento de personal comenzaron a ser altamente discriminatorias. Una persona que no tenía ninguna dificultad física que afectara su normal desempeño laboral, pero sufría alguna dolencia que podría en el futuro justificar una demanda era automáticamente rechazada. Los exámenes preocupaciones aunque en la lógica del sistema los eximía al empleador y al asegurador de toda responsabilidad por las secuelas incapacitantes en la medida que hayan sido notificadas al trabajador por escrito y visados por la autoridad de aplicación en la práctica era el instrumento utilizado para detectar las personas que eran discriminadas. 18
20 2. El sistema previsional Su conformación histórica. El sistema previsional argentino es uno de los más antiguos de América del Sur. Si bien los primeros antecedentes se remontan a fines del siglo XIX 10, es a partir de 1904 con la sanción de la Ley que se institucionaliza, por primera vez, un mecanismo de naturaleza contributiva para brindar cobertura a las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Esta primera norma era de aplicación para el acotado ámbito de los empleados de la Administración Publica Central. Durante los siguientes 40 años, la dinámica de expansión de la cobertura fue lenta, heterogénea y muy ligada al poder de negociación que acumulaban los diferentes segmentos de la fuerza de trabajo. Esto explica que el proceso no siguiera una lógica sistémica sino que fue el fruto de la creación, de manera dispersa y anárquica, de una gran cantidad de cajas previsionales. Así, se crearon las cajas jubilatorias para los trabajadores ferroviarios (1915); para los empleados de las empresas de servicios públicos de luz, gas, telégrafo, teléfono y tranvías (1921); para los trabajadores bancarios (1922); para los trabajadores de la marina mercante y los trabajadores gráficos y periodistas (1939) y; para empleados de comercio (1944); entre otras. De todas formas, hacia mediados de la década del 40, se estimaba que apenas el 7% de la población activa estaba protegida por los beneficios del sistema previsional (Alonso, 2000; Rofman, 2003; Salomón, 2003). Desde fines de la década del 40 y durante la década del 50, en el marco del advenimiento y auge del peronismo, se produce una gran expansión del sistema, tendiendo a universalizar su cobertura. Hitos en este proceso son la incorporación de los obreros industriales (1946); los trabajadores rurales, autónomos y profesionales (1954) y; las trabajadores domésticas (1956). Hacia mediados de los 50 ya estaba cubierta legalmente no tanto en la práctica la totalidad de la población activa. En este marco, en el año 1954 se crea el Instituto Nacional de Previsión Social con el objetivo declarado de avanzar hacia la constitución de un sistema, en lugar del heterogéneo y desarticulado esquema compuestos por una gran cantidad de cajas previsionales. Sin embargo, el impacto más relevante estuvo relacionado con la organización de los mecanismos de financiamiento. Hasta este momento, en general, las cajas previsionales operaban bajo la lógica de la capitalización colectiva. Es decir que el acceso y monto del beneficio estaba directamente relacionado con los aportes realizados durante la vida activa y la edad del retiro. Esto implicaba que los fondos acumulados respaldaban los compromisos futuros asumidos con los aportantes. A mediados de la década del 50, en paralelo con el esfuerzo de unificación de las distintas cajas, comienza a prevalecer la lógica de los sistemas de reparto. Esto no se materializó con un acto explicito sino a través de cambios en el régimen de prestaciones que llevaba a que el sistema se comprometía a pagar beneficios que eran proporcionales al salario en los últimos años de actividad y no una suma derivada de la cantidad de aportes realizados durante toda la vida activa. Las 10 En 1867 la provincia de Santa Fe sanciona la primera ley jubilatoria para los servidores del Estado provincial. Entre 1877 y 1903 se dictan otras leyes para determinados grupos como los miembros de la Corte Suprema y Jueces de la Nación, militares y docentes estatales, todos financiados con rentas generales (FAISS, 2000). 19

References: artículo 1113
 artículo 1113
in dubio
 artículo 79
 resolución 
 resolución