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Timestamp: 2019-09-21 09:33:51+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 450 DE ENERO 20 DE 2017
RESOLUCIÓN 450 DE 20 DE ENERO DE 2017
CONTENIDO:SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. FIJA LAS TARIFAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL. DEROGA LA RESOLUCIÓN 126 DE 2013.
Que conforme al artículo 74 de la Ley 1579 de 2012, le corresponde al Superintendente de Notariado y Registro fijar las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral, así como su ajuste anual teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor, previo estudio que contendrá los costos y criterios de conveniencia que demandan;
Que con fundamento en la citada disposición se expidió la Resolución 126 de 2013, a través de la cual se fijan las tarifas por concepto del ejercicio de la función registral;
Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), mediante publicación en su página web, informó que el porcentaje de índice de precios al consumidor para el año 2016, fue de cinco punto setenta y cinco de 5.75% por ciento;
Que el director administrativo y financiero de la Superintendencia de Notariado y Registro realizó estudio económico para el cálculo de fijación de tarifas registrales, de las que trata la presente resolución;
Que la Superintendencia de Notariado y Registro avanza en la puesta en marcha de servicios virtuales alternos a los servicios presenciales que permitan fácil acceso, rápido y confiable a la información inmobiliaria del país y al pago de los derechos registrales, lo que requiere de la diversificación de los canales de atención y aplicación de tecnologías de información eficaces, soportadas en políticas de servicio al ciudadano y de Gobierno en línea;
Que además de la implementación de estos nuevos procesos tecnológicos y operativos para proveer a los colombianos de mayores alternativas en el eficaz ejercicio de sus derechos y obligaciones registrales, se hace necesario garantizar y dinamizar la administración de los recursos, bajo los principios de proporcionalidad, justicia, progresividad, capacidad contributiva y equidad, garantizando un orden económico social justo y el buen funcionamiento del servicio público registral;
a) La suma de diecinueve mil pesos ($ 19.000) por cada uno de los actos que por su naturaleza carezcan de cuantía en el documento de inscripción. Salvo los casos previstos en esta resolución, también deberá cancelarse la suma de diez mil pesos ($ 10.000) por cada folio de matrícula adicional donde deba inscribirse el documento;
≥ 10 SMMLV ≤ 150 SMMLV 4.71 X 1.000
>150 SMMLV ≤ 300 SMMLV 5.30 X 1.000
> 300 SMMLV ≤ 500 SMMLV 5.60 X 1.000
> 500 SMMLV 5.70 X 1.000
≤ (sic) mayor o igual que ≤ menor o igual que
Los actos o negocios jurídicos con cuantía inferior a 10 SMMLV tendrán una tarifa de treinta y cuatro mil pesos ($ 34.000).
Cuando la cuantía del acto consignado en el documento a registrar fuere inferior al avalúo catastral o al autoavalúo, los derechos registrales se liquidarán con base en estos últimos y pagarán las tarifas establecidas en la tabla de actos con cuantía;
c) La suma de diez mil pesos ($ 10.000) por cada folio de matrícula que deba abrirse;
d) La suma de diecinueve mil pesos ($ 19.000) por la inscripción o revocatoria de testamentos.
ART. 5º—Fideicomiso civil. En la inscripción de escrituras públicas que incluyen la transferencia de la propiedad inmueble a un tercero a título de fideicomiso, los derechos de registro se liquidarán con base en el valor estipulado en el acto y no se tendrá en cuenta lo previsto en el inciso 2º del literal b) del artículo 1º de la presente resolución. Cuando la propiedad se conserve en cabeza del constituyente, los derechos de registro se liquidarán como acto sin cuantía.
Las escrituras públicas de constitución de hipoteca originadas en la sustitución de garantía real, otorgadas entre las mismas partes y por el mismo crédito, de lo cual se dejará expresa constancia en el documento, se liquidarán como acto sin cuantía, siempre que en el mismo instrumento se cancele la hipoteca constituida sobre el inmueble objeto de sustitución esta última también se liquidará como acto sin cuantía.
ART. 8º—Actos sin cuantía. Se consideran actos sin cuantía para efectos de la liquidación de los derechos registrales, entre otros, la constitución o cancelación de: el comodato, el reglamento de propiedad horizontal, el régimen de copropiedad, la partición o división material, la liquidación de la comunidad, cesión obligatorio de zonas con destino a uso público, el englobe, el desenglobe, el loteo o reloteo, la constitución de la administración anticrética de la condición resolutoria expresa, del patrimonio de familia, de la afectación a vivienda familiar, del usufructo, de la dación en pago de que habla la Ley 633 de 2000, la cesión de posición contractual de fiduciario, la fusión, las escrituras que versen sobre corrección de errores, aclaraciones, adiciones y, en general, todos aquellos actos y negocios jurídicos que por su naturaleza carezcan de cuantía, salvo las situaciones especiales, previstas en la presente resolución.
ART. 9º—Cancelaciones. Salvo lo previsto para la cancelación y liberación de gravámenes hipotecarios y demás exenciones contempladas en esta resolución, la cancelación de inscripciones en el registro se liquidará como acto sin cuantía. En este último evento, además, se cobrará la suma de diez mil pesos ($ 10.000), por cada folio de matrícula adicional donde deba registrarse el documento. Este valor se recaudará inclusive, cuando se trate de la cancelación de inscripciones trasladadas de un predio de mayor extensión a los folios de matrícula segregados de este.
ART. 10.—Constancia de inscripción. La constancia de inscripción que de acuerdo con la ley debe reproducir el registrador sobre la copia auténtica o autenticada que del documento inscrito le presente el interesado, causará derechos por la suma de once mil doscientos pesos ($ 11.200). No causará derecho alguno la constancia de registro que se imponga en las copias de los documentos con destino al archivo de las oficinas de registro de instrumentos públicos y catastro.
a) De documentos almacenados en medio óptico o microfilmado, la suma de mil cien pesos ($ 1.100) por cada página reproducida;
a) Los certificados de tradición y libertad que se expiden en las oficinas de registro causarán derechos equivalentes a la suma de quince mil setecientos pesos ($ 15.700) cada uno;
b) Los certificados de tradición y libertad que correspondan a predios de mayor extensión, causarán derechos por la suma de treinta y cuatro mil pesos ($ 34.000) cada uno. Entiéndase por certificados de tradición y libertad que correspondan a predios de mayor extensión, los que superen ciento cincuenta (150) anotaciones registrales;
c) Los certificados de tradición que sean solicitados en los kioscos, CEPS (centros especializados de pagos) y supercades causarán derechos por la suma de quince mil setecientos pesos ($ 15.700);
d) Las certificaciones que según la ley corresponde expedir para adelantar los procesos de pertenencia o de adjudicación de bienes baldíos urbanos o rurales (carencias registrales), la suma de treinta y cuatro mil pesos ($ 34.000) cada uno;
e) Los certificados contentivos de ampliación a la tradición de un inmueble por un lapso superior a los veinte años, la suma de treinta y cuatro mil trescientos pesos ($ 34.300) cada uno.
a) La expedición por medios electrónicos de los certificados de tradición y libertad tendrán una reducción del 6% en relación con la tarifa establecida en el artículo anterior, es decir la suma de catorce mil ochocientos pesos ($ 14.800);
(Nota: Véase Resolución 6373 de 2017 artículo 1° de la Superintendencia de Notariado y Registro)
b)(Modificado).* Las constancias de índice nacional que requieran los particulares para obtener el número de matrícula inmobiliaria con base en el nombre, el número de identificación del propietario o la dirección del inmueble, cuyos datos reposen en los archivos de la respectiva oficina de registro de instrumentos públicos, expedidas por medios electrónicos tendrán un valor de diez mil pesos ($ 10.000).
*(Nota: Modificado el presente literal por la Resolución 1450 de 2017 artículo 1° de la Superintendencia de Notariado y Registro)
ART. 14.—Incentivo registral. La inscripción de aquellos títulos constitutivos de transferencia del dominio otorgado o ejecutoriado con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, causarán derechos registrales por valor de dieciocho mil seiscientos pesos ($ 18.600).
PAR.—Los certificados de mayor extensión asociados a las inscripciones de títulos constitutivos de transferencia del dominio otorgado o ejecutoriado con anterioridad al 31 de diciembre de 1990, causarán derechos registrales por valor de treinta y cuatro mil pesos ($ 34.000).
ART. 16.—Identificación de inmuebles con planos prediales catastrales. La inscripción de los documentos en los cuales se emplee el procedimiento de identificación predial previsto en el Decreto 2157 de 1995, causará derechos registrales por la suma de diez mil pesos ($ 10.000) siempre que:
b) Una entidad pública transfiera un bien raíz a título de subsidio de vivienda en especie, se constituya patrimonio de familia y/o afectación a vivienda.
PAR.—La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con ocasión del registro de estos documentos, causará derechos registrales por la suma de dos mil seiscientos pesos ($ 2.600).
No se causará derecho alguno cuando los actos administrativos de adjudicación de predios rurales expedidos por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), la Agencia Nacional de Tierras o la entidad pública que haga sus veces, sean radicados directamente por la entidad pública en las oficinas de registro de instrumentos públicos competente.
PAR.—Cuando los actos administrativos de adjudicación sean radicados por particulares, los registradores deberán exigir un acta de entrega proferida por la Agencia Nacional de Tierras o la entidad pública que haga sus veces, en la cual se establezca que dicha resolución de adjudicación de inmueble rural cumple con los estándares de formalidad y legalidad fijados dentro del plan de formalización.
ART. 19.—Transferencia de inmuebles UAF entre particulares. Sobre aquellos títulos de adquisición del derecho de dominio que se otorguen ante notario cuya cabida corresponda a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), mínima, según lo establecido en la normas agrarias para la adjudicación de baldíos, las transferencias de dominio que provengan de divisiones materiales, loteos, segregaciones o parcelaciones, fraccionamientos, actos que impliquen transferencia del derecho de dominio de más de un inmueble cuya cabida no exceda de lo establecido en las normas agrarias como Unidad Agrícola Familiar (UAF), causarán derechos registrales equivalentes al valor del negocio jurídico de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente resolución.
c) Los actos registrales de prohibición de trasferencia y derecho de preferencia con respecto a vivienda de interés prioritario (VIP), y de interés prioritario para ahorradores (VIPA);
d) La expedición del certificado de tradición y libertad solicitado con la inscripción de alguno de los títulos a que se refieren los literales a), b) y c) del presente artículo;
e) Cesión de bienes fiscales conforme a la Ley 1537 de 2012, artículo 35 los actos administrativos de cesión o transferencia a título gratuito de bienes fiscales, a otras entidades públicas o a particulares, en desarrollo de programas o proyectos de vivienda de interés social;
f) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación en que intervengan exclusivamente las entidades estatales, a excepción de las empresas de servicios públicos domiciliarios, las empresas industriales y comerciales del estado, y las sociedades de economía mixta las cuales asumirán el pago de los derechos de registro;
g) Cuando las solicitudes de certificación, de inscripción de documentos o su cancelación, así como la expedición de copias de los instrumentos que reposan en el archivo de la oficina de registro, provengan de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, los tribunales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, las superintendencias, la Dirección Nacional de Estupefacientes, los jueces penales, la policía judicial, los defensores de familia, los juzgados de familia en asuntos relacionados con menores, el personero municipal, los funcionarios de ejecuciones fiscales, o cualquier otro organismo que ejerza funciones similares, originadas en desarrollo de investigaciones que les corresponda adelantar, de intervención y toma de posesión de bienes, o que se requiera para aportar a procesos en que actúen en calidad de demandados o demandantes, independientemente de que afecten o beneficien a un particular, persona natural o jurídica;
h) Cuando los organismos y entidades de que trata el parágrafo de este artículo requieran certificados o copias de documentos o instrumentos públicos que reposen en los archivos de las oficinas de registro de instrumentos públicos, siempre que en dichos instrumentos la entidad solicitante figure como titular de un derecho real;
k) Cuando se trate de la inscripción de actos o contratos referidos a resguardos o reservas indígenas;
l) Cuanto se trate de la inscripción de actos de transferencia del derecho de dominio en favor de cabildos o comunidades indígenas.
PAR. 1º.—En los actos de inscripción, certificación o cancelación de documentos en que intervengan las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, los derechos registrales a su cargo se liquidarán con base en el porcentaje de participación de estas, el que se acreditará para tales efectos con el documento legal pertinente. Los particulares, personas naturales o jurídicas que contraten con estas empresas asumirán el pago por el excedente.
PAR. 2º.—Para los efectos de la presente resolución son entidades estatales, entre otras: la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, los distritos capital y especiales, las áreas metropolitanas, los territorios indígenas, las asociaciones de municipios, los municipios, los establecimientos públicos, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, la sociedad de activos especiales y las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.
ART. 24.—Vigencia y derogatoria. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y en la página web de la entidad, así mismo deroga la Resolución 126 de 2013 y todas las que le sean contrarias.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 74
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 35
 resolución 
 resolución 
 Resolución