Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-268417490
Timestamp: 2019-02-21 23:44:13+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 051/11 de Corte Constitucional, 4 de Febrero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 268417490
Actor: Julio David Perez LambraÑo
Demandado: Alcaldia de Monteria
Expediente: T-2650185
Educación. El accionante es una persona sordomuda, y se inscribió para obtener el título de normalista superior, solicita se ordene a la alcaldía de montería el nombramiento de un profesor interpreté para sordomudos, el municipio, se opuso a la solicitud alegando que, dentro de la planta de cargos de la secretaría de educación municipal no existe ninguno creado para intérprete oficial de la lengua de señas. La sala realiza reiteración de jurisprudencia sobre el derecho fundamental a la educación y a su goce efectivo, la especial protección del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad, el marco constitucional, el marco internacional, los desarrollos legales para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, el derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad, se estudian las deficiencias de la política actual de educación inclusiva que tornan insuficiente la garantía del derecho a la educación y perpetúan la exclusión de las personas con discapacidad auditiva severa, de lo aportado en el expediente se encuentra que los derechos fundamentales del actor están siendo vulnerados, sin embargo se advierte que no es la única persona que se encuentra en esta situación por lo que se decide impartir órdenes adecuadas para la protección del derecho a la educación del accionante que a la vez sean razonables en términos de utilización de recursos escasos, se decide inaplicar por inconstitucional el numeral 3 del artículo 9 del decreto 366 de 2009, se ordena al municipio adoptar las medidas presupuestales que garanticen al accionante y a los otros estudiantes sordos del municipio el acceso efectivo a la educación y a las ayudas previstas en el decreto 366 de 2009, para que tengan acceso a los apoyos requeridos para asegurar su inclusión, se exhorta al ministerio de educación nacional, para que examine la falencias detectadas en el decreto 366 de 2009, a fin de que se adopten correctivos para asegurar que la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad sea una realidad, para ello podrá acompañar técnicamente el proceso de ajuste y corrección de la oferta local en el municipio de montería con el fin de utilizar la experiencia como un proyecto piloto para mejorar las condiciones de la educación inclusiva en colombia.
T-051-11 Sentencia T-051/11 Sentencia T-051/11
Referencia: expediente T-2650185
Acción de tutela interpuesta por J.D.P.L. contra la Alcaldía de Montería.
dentro del proceso de revisión del fallo único de instancia emitido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería (Córdoba), en la acción de tutela instaurada por J.D.P.L. contra la alcaldía de Montería.
El ciudadano J.D.P.L. interpuso acción de tutela en contra del municipio de Montería, por considerar vulnerado su derecho fundamental a la educación. Para fundamentar su solicitud relató los siguientes:
1.4. Comenta que el 24 de abril de 2009 su padre envió carta de comunicación al Personero del municipio de Montería, informándole la necesidad del profesor intérprete para sordomudos en el plantel educativo N. Superior de Montería.
Contestación de la Alcaldía de Montería.
Agrega que la citada Ley 324 de 1996 crea normas a favor de la población sorda y establece que paulatinamente, tanto en la educación formal como en la no formal, se ofrecerá el apoyo técnico-pedagógico requerido para la integración de los estudiantes sordos en igualdad de condiciones. Expone que el Decreto reglamentario 2369 de 1997 establece que para asegurar el acceso y permanencia de los estudiantes sordos en instituciones de educación superior de carácter estatal se deben realizar las previsiones necesarias, como la inclusión de los servicios de interpretación en lengua de señas español y los apoyos y recursos necesarios atendiendo a los requerimientos particulares de los estudiantes sordos, como ayudas técnicas y tecnológicas especializadas.
De otra parte hace referencia al programa institucional que se maneja en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, la cual atiende a la población con limitaciones auditivas, por lo que considera que ha cumplido con lo establecido en la Constitución y la ley; es decir que estaría en la obligación de hacerlo si en la Institución Educativa Normal Superior en la que recibe clases el estudiante P.L., reportara un número superior a 10, tal y como lo señala el Decreto 366 de 2009.
El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería (Córdoba), mediante providencia del 22 de febrero de 2010, decidió no tutelar el derecho a la educación del joven P.L.. El nombrado juez, después de hacer referencia a jurisprudencia relacionada con el deber que tienen el Estado, la sociedad y la familia de garantizar y proteger los derechos de las personas que presentan limitaciones, concluyó:
En primer lugar, la obligación de asumir el costo de la educación especial requerida por las personas con limitaciones corresponde a la familia. Por tal razón, el accionante J.D.P.L. debe asumir el valor del intérprete requerido para traducir el aprendizaje recibido en la Institución educativa donde adelanta sus estudios, máxime cuando no se encuentra en el expediente prueba siquiera sumaria de la incapacidad económica de éste y su familia para cubrir su costo. Además, como lo informa la entidad accionada, no resulta viable que se realice la contratación de un intérprete para que resuelva las necesidades particulares del tutelante, porque en esto no consiste la obligación del Estado de brindar educación.
Pruebas aportadas al expediente.
- Fotocopia de la cédula del tutelante. (Folio 05).
- Fotocopias de escritos de petición presentados por el padre del accionante ante la Secretaría de Educación municipal de Montería y la Personería del mismo ente territorial. (Folios 06 y 07).
- Fotocopia de la solicitud presentada al municipio de Montería por parte de la Rectora de la Institución Educativa Normal Superior. (Folio 08).
- Fotocopia del escrito dirigido por el Personero del municipio de Montería al alcalde en el que pide que se brinde lo requerido por el accionante. (Folio 09).
- Fotocopia de la contestación dada por la alcaldía a la anterior solicitud. (Folio 10).
- Fotocopia de la constancia expedida por la Institución Educativa Normal Superior en la que acredita que el joven P.L. se encuentra matriculado en la entidad. (Folio 12).
PRIMERO.- ORDENAR que por Secretaría General de esta Corporación se solicite al Ministerio de Educación Nacional, a la Gobernación de Córdoba y a la Alcaldía del Municipio de Montería que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Auto, se sirva informar a este despacho cuáles son los programas oficiales y políticas que actualmente están enfocadas a garantizar el derecho a la educación de las personas con limitaciones auditivas en lo de su competencia.
SEGUNDO.- INVITAR a la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol) y a la Fundación para la Población Sorda y Vulnerable de Colombia y el Mundo (Fuscom) para que emitan su opinión sobre la demanda de la referencia y los temas que subyacen a la misma, para lo cual se les enviará copia de la misma por intermedio de la Secretaría General.
Por parte del Ministerio de Educación Nacional contestó el Subdirector de Acceso León D.C.Y., por la alcaldía de Montería la Secretaria de Educación Municipal L.T.M. y por parte de la gobernación de Córdoba la titular del ente territorial.
PRIMERO.- SOLICITAR al Ministerio de Educación Nacional y a la alcaldía del Municipio de Montería que en el término de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente Auto, precisen la información allegada a esta Corporación en lo de su competencia en cuanto a la siguiente afirmación realizada por el Ministerio referido:
Según reporte de matrícula del SIMAT a 30 de junio de 2010 en la Secretaría de Educación Municipal de Montería se atiende un total de 104 estudiantes con sordera profunda, de los cuales 84 están matriculados en la institución Sagrado Corazón de Jesús y 22 estudiantes en los siguientes establecimientos educativos: A.N., A.E., C. de Lleras, C.C., J.M.C., M.R., M., N. Superior, P.S. y P.B..
- ¿En qué forma están distribuidos los profesores intérpretes para atender los alumnos en situación de discapacidad a cargo de cada entidad?
- ¿Qué tipo de grado escolar cursan los estudiantes registrados con detalle de tiempo de escolaridad?
- ¿En qué ubicación quedan las instituciones referidas con detalle de institución y tiempo?
- ¿Cuántos profesores intérpretes están en la actualidad a cargo del número de estudiantes en situación de discapacidad que maneja cada ente territorial?
- ¿Cómo se distribuye la carga laboral de los profesores entre instituciones y los alumnos en situación de discapacidad?
- ¿En qué estado se encuentra el proceso de contratación de cinco (5) intérpretes en lengua de señas, y uno (1) en modelo lingüístico y cuál es la distribución de la carga laboral que se proyecta para ellos?
- ¿Si a la fecha no ha sido materializada la contratación para cuándo tiene presupuestado el municipio hacerlo?
- ¿Qué mecanismos paliativos o alternativos se están implementando mientras se completa la contratación?
SEGUNDO.- SOLICITAR a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la comunicación de este Auto, informe a esta Corporación si el señor J.D.P.L. es propietario de algún inmueble ubicado en dicho municipio o dentro del límite de su competencia. Por la Secretaría General de esta Corporación, líbrese el oficio correspondiente.
TERCERO.- REQUERIR al señor J.D.P.L., que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de este auto informe a este despacho, con los documentos y demás soportes probatorios que considere pertinentes, sobre los siguientes aspectos:
- ¿Cuál es su profesión u oficio?
- ¿Cuál es el valor de sus ingresos mensuales?
- ¿Cuál es la fuente de sus ingresos?
- ¿Cuántas personas dependen económicamente de usted?
- ¿Depende económicamente de alguien?
- ¿Cuál es el valor promedio de los gastos de su hogar?
- ¿Es propietario de algún inmueble o vehículo?
- De ser así ¿Cuál es el valor de cada uno de ellos?
- ¿Es declarante del impuesto de renta?
- De ser así ¿Cuál fue el valor a pagar por el año gravable 2008?
- ¿Cuál es el valor promedio mensual de los gastos personales?
El señor J.D.P.L. podrá ser ubicado en el Barrio () de la ciudad de Montería. Por la Secretaría General de esta Corporación, líbrese el oficio correspondiente.
SEXTO.- SUSPENDER el término para fallar el asunto de la referencia, hasta tanto se practiquen las pruebas y valoren los informes solicitados.
Considera que la normativa y la política de educación están inspiradas por el principio de inclusión y por el reconocimiento de la necesidad de actuar con miras a conseguir escuelas para todos esto es, instituciones que incluyan a todo el mundo, celebren las diferencias, respalden el aprendizaje y respondan a las necesidades de cada cual, para lograr la educación para todos y dotar a las escuelas de más eficacia educativa. Esto significa que se busca un cambio profundo porque hoy la escuela está organizada para una sociedad distinta, ya que antes estuvo estructurada como una escuela selectiva, excluyente y especializada para el caso de la atención a discapacidad y a la excepcionalidad. Actualmente la exigencia es otra, porque el gran desafío es hacer una escuela de calidad, que incluya a todos.
el Decreto 366 de 2009, asigna a través de documentos CONPES un veinte por ciento (20%) adicional a la tipología de cada entidad territorial, el cual está incluido dentro de la asignación por población atendida; para el municipio de Montería en el CONPES 122 (de 2009) la asignación fue de $59300.000 y en el CONPES 131(de 2010) fue de 76322.000. Es importante aclarar que estos recursos son complementarios a los asignados por SGP para la prestación del servicio educativo.
Con estos recursos, las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas deberán contratar en los establecimientos estatales de educación formal que reportan matrícula de población con estas condiciones, todos los servicios de apoyo pedagógico requeridos para ofrecerle educación de calidad. Por ello la Secretaría de Educación Municipal de Montería debe organizar la oferta educativa, de acuerdo con la condición de discapacidad de los estudiantes. Según reporte de matrícula del SIMAT a 30 de junio de 2010 en la Secretaría de Educación Municipal de Montería se atiende un total de 104 estudiantes con sordera profunda, de los cuales 84 están matriculados en la institución Sagrado Corazón de Jesús y 22 estudiantes en los siguientes establecimientos educativos: A.N., A.E., C. de Lleras, C.C., J.M.C., M.R., M., N. Superior, P.S. y P.B.. Para estos últimos, la SEM debe asignar el servicio de un intérprete itinerante que acompañe y apoye el proceso de formación de estos estudiantes con discapacidad auditiva, de acuerdo con los artículos, 5, 6 y 9 del Decreto 366 de 2009. Adicionalmente la SEM debe tener en cuenta que el personal de apoyo pedagógico, modelos lingüísticos y culturales, e intérpretes contratados para apoyar el proceso educativo de los estudiantes con discapacidad no son de exclusividad de una institución educativa sino que pueden y deben apoyar a las demás instituciones educativas del municipio que lo requieran como es el caso de la Escuela Normal Superior y las demás mencionadas anteriormente. Es importante definir esto claramente en los contratos que se hagan para ello.
Las condiciones en las que se debe prestar atención a las personas con discapacidad, en el país y por ende en Montería, son las establecidas en la normativa colombiana como la Ley 361 de 1996, 715 de 2007 el Decreto 366 de 2009 y en la Convención de la ONU por los derechos de las personas con discapacidad. La Secretaría de Educación de Montería debe atenerse a ella y atender las orientaciones pedagógicas y técnicas que dan el Ministerio de Educación y el de Protección Social y que pueden consultarse en los portales correspondientes.
3.2. En cumplimiento del cuestionario contenido en el Auto del 08 de septiembre de 2010, G.A.R.G., asesora de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional, expone brevemente que por expresa disposición de la Ley 715 de 2001 los municipios certificados tienen a su cargo el manejo del servicio educativo de la respectiva entidad territorial, y en ejercicio de dicha competencia tienen entre otras funciones a su cargo la de administrar las instituciones educativas, el personal docente y administrativo, realizar los concursos para ascenso y trasladar los docentes. Motivo por el que el formulario planteado por la Corte debe ser resuelto por el municipio de Montería.
Respuesta de la Gobernación de Córdoba.
Precisa que la atención de los 1.044 estudiantes matriculados avalados por el Ministerio de Educación Nacional que finalmente quedaron registrados en la Base de Datos del SIMAT del Departamento de C. y que se encuentran en situación de discapacidad con necesidades educativas especiales referidas a sordera profunda, hipoacusia o baja visión, baja visión diagnóstica, ceguera, parálisis cerebral, lesión neuromuscular, autismo, deficiencia cognitiva (retardo mental), síndrome de Down múltiple, con capacidades o con talentos excepcionales, están siendo atendidos con formación docente y dotación a través de la inversión de los recursos adicionales del CONPES 122  2009 y CONPES 131-2010.
Deficiencia cognitiva(retardo mental)
T O T A L M A T R I C U L A D O S
5.1 La Secretaría de Educación Municipal, en cuanto a la pregunta de cuáles son los programas oficiales y políticas que actualmente están enfocados a garantizar el derecho a la educación de las personas con limitaciones, afirma que en desarrollo del programa Conectando Sentidos, celebró convenio con la Asociación Colombiana de Sordociegos (Surcoe), y recientemente inauguró un aula dotada de tecnología, para brindar el servicio principalmente a aquellas personas sordociegas y con discapacidad múltiple.
Comenta que el aula funciona en la Institución Educativa Nacional J.M.C. y tiene como objetivo garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  TIC; que a través de esta aula niños, jóvenes y adultos con discapacidades pueden estudiar, leer, navegar en internet y escuchar música. Adicionalmente precisa que se ofrece capacitación para el manejo de los equipos de tecnología especializados, tales como software educativo, línea braille, impresora braille, impresora en tinta, telelupa, all reader, escáner de texto, entre otros.
se encuentra en proceso de contratación la vinculación de cinco (5) interpretes en lengua de señas, y uno (1) en modelo lingüístico, persona con sordera instruido para enseñar), de los cuales uno de ellos va a estar permanentemente en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, teniendo en cuenta que es la única institución educativa que tiene el número de estudiantes requeridos por el Decreto 366 de 2009, para acceder al servicio, pues las otras Instituciones Educativas tienen matriculados a uno, dos o tres personas con esta clase de discapacidad, no obstante los cuatro (4) interpretes van a estar itinerantes en las Instituciones Educativas que han reportado 1 o más estudiantes con esta clase de discapacidad; la institución educativa en la que cursa grado 13 (último año de ciclo complementario) el estudiante JULIO PEREZ LAMBRAÑO, sólo reportó un número de tres (3) estudiantes con discapacidad.
5.2. A la solicitud de ampliación de información realizada por la Sala, la Secretaría de Educación Municipal contesta que la entidad ha organizado la oferta educativa para estudiantes con necesidades educativas especiales, siguiendo los lineamientos del artículo 9 numeral 3 del Decreto 366 de 2009 que organiza la oferta en un (1) intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula de mínimo diez (10) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en los niveles de básica secundaria y media.
KR. 1W #37-115
Barrio Policarpa Salavarrieta, diagonal 12 No. 3-142
Zona industrial, Calle 44 #2-23
Barrio La Granja, Transversal 5 # 22-40
Barrio La Julia, calle 22A No. 13-55
Respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Á.S.B., en calidad de director de asuntos jurídicos (e) del Ministerio de Relaciones Exteriores, informa que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Refiere que Colombia suscribió la precitada Convención el 30 de marzo de 2007, posteriormente aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 1346 de 2009 y declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-293/10.
Respuesta del accionante al requerimiento probatorio.
Julio D.P.L., dentro del término concedido por la Corte, allega a esta Corporación escrito por medio del cual responde las preguntas efectuadas y anexa el certificado de matrícula a septiembre de 2010 y copias de facturas de servicios públicos domiciliarios. La información suministrada por el accionante se pondrá de presente en el acápite correspondiente al análisis del caso concreto.
Respuesta de la Registraduría de Instrumentos Públicos de Montería.
B.A.M. registradora principal de Instrumentos Públicos de Montería, informa que una vez revisadas las bases de datos que lleva la oficina a su cargo, no se registra como propietario de bien inmueble alguno al joven J.D.P.L..
Respuesta del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis).
N.Á.C., L.C.M., A.C.A., M.F.D.R., P.A.C.H., como miembros del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis) de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, obrando en calidad de ciudadanos colombianos, intervienen en el proceso de la referencia con el fin de coadyuvar las pretensiones de la acción de tutela.
El derecho fundamental a la educación y a su goce efectivo. Reiteración de jurisprudencia.
() es indudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta Corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana.
3.2 De otra parte, conforme con lo estipulado en el artículo 67 de la Carta, el derecho fundamental a la educación posee la connotación de deber y servicio público, circunstancia por la cual la jurisprudencia constitucional le ha reconocido contenido prestacional. Como características de ello se encuentra: (i) la asequibilidad o disponibilidad del servicio, que se materializa en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso al sistema educativo e invertir en infraestructura para la prestación del servicio, entre otras; (ii) la accesibilidad, que implica la obligación del Estado de garantizar el ingreso y continuidad de todos en condiciones de igualdad al sistema aludido, la eliminación de todo tipo de discriminación en el mismo, y facilidades para acceder al servicio desde el punto de vista geográfico y económico; (iii) la adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adecue a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice continuidad en la prestación del servicio, y (iv) la aceptabilidad, la cual hace alusión a la calidad de la educación que debe impartirse.[5]
La especial protección del derecho a la educación de personas en situación de discapacidad.
La Carta Política enfatiza la protección constitucional reforzada que deben recibir las personas con discapacidad en varios de sus artículos. Así, el artículo 13, establece que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan norma de la que se deriva directamente una obligación de contenido positivo en cabeza de las autoridades, consistente en adoptar todas las medidas que sean necesarias para lograr una igualdad real de trato, condiciones, protección y oportunidades entre los asociados, no simplemente en términos formales o jurídicos.[8]
Por su parte, el artículo 47, señala la obligación del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Del mismo modo, el artículo 54 dispone que es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Aun cuando la terminología empleada en estas disposiciones no es homogénea ni consistente con las definiciones técnicas de los términos aplicables a las personas con discapacidad, estas disposiciones resaltan la voluntad inequívoca del Constituyente de eliminar, mediante actuaciones positivas del Estado y de la sociedad, la silenciosa y sutil marginación de las personas con cualquier tipo de discapacidad, que se encuentra arraigada en lo más profundo de las estructuras sociales, culturales y económicas predominantes en nuestro país, y es fundamentalmente contraria al principio de dignidad humana sobre el que se construye el Estado Social de Derecho.[9]
(...) para el Constituyente, la igualdad real sólo se alcanza si el Estado se quita el velo que le impide identificar las verdaderas circunstancias en las que se encuentran las personas a cuyo favor se consagra este derecho. Una vez revelado el panorama real, el Estado tiene la tarea de diseñar políticas públicas que permitan la superación de las barreras existentes para que las personas puedan incorporarse, en igualdad de condiciones, a la vida social, política, económica o cultural... el derecho a la igualdad en el Estado Social de Derecho, trasciende los imperativos clásicos de la igualdad ante la ley, y obliga al Estado a detenerse en las diferencias que de hecho existen entre las personas y los grupos de personas. Justamente, en consideración a las diferencias relevantes, deben diseñarse y ejecutarse políticas destinadas a alcanzar la verdadera igualdad. [10]
En materia de educación, el artículo 68 establece como obligaciones especiales del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales. Adicionalmente, como forma de materialización de ese reconocimiento y para que no quedase como una mera garantía retórica, el Constituyente determinó que las autoridades nacionales y territoriales destinasen obligatoriamente recursos a la educación de personas con necesidades básicas insatisfechas como acontece con las que se encuentran en situación de discapacidad.[11]
la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la vida social normal- que el impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana, que el impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible, y que el impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible.
la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que todos los seres humanos han nacido libres e iguales en dignidad y en derechos y, como las disposiciones del Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos) se aplican plenamente a todos los miembros de la sociedad, las personas con discapacidad tienen claramente derecho a toda la gama de derechos reconocidos en el Pacto. Además, en la medida en que se requiera un tratamiento especial, los Estados partes han de adoptar medidas apropiadas, en toda la medida que se lo permitan los recursos disponibles, para lograr que dichas personas procuren superar los inconvenientes, en términos del disfrute de los derechos especificados en el Pacto, derivados de su discapacidad. [18]
distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Adicionalmente, ordena a los Estados a tomar medidas no sólo para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad sino también para propiciar su plena integración en la sociedad.
[t]oda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa; en relación con la salud, el derecho de toda persona  a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y el compromiso de los Estados de adoptar medidas para, entre otras cosas, garantizar  la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
Artículo 13. 3. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:
El Protocolo de San Salvador estatuye además el derecho que tiene toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, para lo cual el Estado tiene la obligación de incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos generados por las necesidades de este grupo (literal c del artículo 18). (S. por fuera del texto original).
Las obligaciones frente a personas en situación de discapacidad adoptan un mayor grado de protección cuando se trata de un menor de edad.
Artículo 6. Educación.
La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en entornos integrados corresponde a las autoridades docentes en general. La educación de las personas con discapacidad debe constituir parte integrante de la planificación nacional de la enseñanza, la elaboración de planes de estudio y la organización escolar.
La educación en las escuelas regulares requiere la prestación de servicios de
Los grupos o asociaciones de padres y las organizaciones de personas con discapacidad deben participar en todos los niveles del proceso educativo.
En los Estados en que la enseñanza sea obligatoria, ésta debe impartirse a las niñas y los niños aquejados de todos los tipos y grados de discapacidad, incluidos los más graves.
Debido a las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y de las sordas y ciegas, tal vez sea más oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de las escuelas de instrucción general. Al principio sobre todo, habría que cuidar especialmente de que la instrucción tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la máxima autonomía. (S. por fuera del texto original).
El progreso y el desarrollo en lo social deben encaminarse igualmente al logro de los objetivos principales siguientes:
Artículo 11. c) La protección de los derechos y la garantía del bienestar de los niños, ancianos e impedidos; la protección de las personas física o mentalmente desfavorecidas; ()
Artículo 19 d) La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a permitirles en la mayor medida posibles ser miembros útiles a la sociedad entre éstas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades. (S. por fuera del texto original).
5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía posible.
El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar que lo substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas. (..)
El impedido debe ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante. (S. por fuera del texto original).
120. Los Estados Miembros deben adoptar políticas que reconozcan los derechos de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en la educación respecto a los demás. La educación de las personas con discapacidad debe efectuarse, en la medida de lo posible, dentro del sistema escolar general. La responsabilidad de su educación debe incumbir a las autoridades de educación, y las leyes relativas a educación obligatoria deben incluir a los niños de todos los tipos de deficiencia, incluidos los más gravemente discapacitados.
Los Estados Miembros deben dejar margen para una mayor flexibilidad en la aplicación a personas con discapacidad de cualquier reglamentación que afecte a la edad de admisión, a la promoción de una clase a otra y, cuando sea oportuno, a los procedimientos de examen.
Deben seguir criterios básicos en el establecimiento de servicios de educación para niños y adultos con discapacidad. Tales servicios deben ser:
Los Estados Miembros deben prever la participación de las personas con discapacidad en los programas de educación de adultos, con especial atención a las zonas rurales.
Cuando las instalaciones y servicios de los cursos ordinarios de educación de adultos no sean adecuados para satisfacer las necesidades de algunas personas con discapacidad, pueden ser necesarios cursos o centros de formación especiales hasta que se modifiquen los programas ordinarios. Los Estados Miembros deben ofrecer a las personas con discapacidad posibilidades de acceso al nivel universitario. (S. por fuera del texto original).
Esta Convención busca ampliar las obligaciones del Estado Colombiano en materia de protección a las personas en situación de discapacidad. Sobre el particular es conveniente tener en cuenta que se planteó como uno de los principales fines del instrumento promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.
Integración social y educativa. Por el cual esta población se incorpora al servicio público educativo del país, para recibir la atención que requiere, dentro de los servicios que regularmente se ofrecen, brindado los apoyos especiales de carácter pedagógico, terapéutico y tecnológico que sean necesarios.
Soporte específico. Por el cual esta población pueda recibir atención específica y en determinados casos, individual y calificada, dentro del servicio público educativo, según la naturaleza de la limitación o de la excepcionalidad y las propias condiciones de accesibilidad para efectos de la permanencia en el mismo y de su promoción personal, cultural y social.
R., de la Ley 361 de 1997 y los Decretos 2082 de 1996 y 366 de 2009, al igual que de las disposiciones antes citadas, se configura el marco normativo que regula el derecho a la educación de las personas con discapacidad o con talentos excepcionales y atribuye responsabilidades concretas a las diferentes entidades del Estado.
(iv) Desarrollar programas de formación de docentes y de otros agentes educadores con el fin de promover la inclusión de los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales en la educación formal y en el contexto social. (Artículo 3.4 del Decreto 366 de 2009).
(v) Coordinar y concertar con otros sectores, entidades, instituciones o programas especializados la prestación de los servicios, con el fin de garantizar a los estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, los apoyos y recursos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, terapéuticos, administrativos y financieros. (Artículo 3.8 del Decreto 366 de 2009).
El Estado ha asumido compromisos especiales con las personas con limitaciones auditivas, pues no sólo debe evitar las eventuales discriminaciones contra esa población, sino que además debe desarrollar políticas específicas, en materia educativa y laboral, que permitan su rehabilitación e integración social, de tal manera que puedan disfrutar de la vida en sociedad, y en especial puedan gozar de todos los derechos constitucionales.[44]
a la Directora del Centro Educativo Guadalupano La Salle, que a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a autorizar la matrícula para el curso de segundo primaria al niño J.S.Z.O. a partir de la iniciación del segundo semestre de 1999, bajo los siguientes parámetros:
Al menor se le deberá permitir ingresar como asistente al curso de segundo primaria en el citado establecimiento educativo para el resto de 1999, con los mismos derechos, deberes y obligaciones que los demás niños que hacen parte de dicho curso, salvo en lo referente a ser sometido a evaluaciones y calificaciones, en la medida en que al no haber cursado el primer semestre lectivo por razones ajenas a su voluntad, no es posible dar por aprobados o cumplidos los logros que se imponen para dicho grado. Lo anterior, con la salvedad de que eventualmente se considere por las directivas de ese Centro Educativo que el menor puede reunir los logros y exigencias para ingresar al curso superior, previas las evaluaciones correspondientes. En todo caso, para el año 2000, el colegio estará en la obligación de autorizar su matrícula para el mismo curso.
En la Sentencia T-620 de 1999 se estudió la situación de un niño que de acuerdo con valoración sicológica de "retardo en su desarrollo mental", su edad cronológica de 12 años, se contrastaba con la mental que era de 5 años. El infante estudió primero de primaria durante dos años en un colegio particular, del cual tuvo que ser retirado por razones económicas. Posteriormente, la madre intentó inscribir a su hijo en el grado primero en un colegio público, pero le informaron que no existía disponibilidad de cupos. La madre intentó de nuevo inscribirlo en el siguiente año lectivo, y de nuevo le negaron el cupo pero esta vez alegando que el manual de convivencia y el artículo 18 de la Ley 115 de 1994 establecen que la edad reglamentaria para iniciar el curso de primero de primaria es de 6 a 7 años.
ORDENAR a la regional Sucre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la comunicación de la presente providencia, coloque a disposición de la madre y del menor J.P.R., todos los instrumentos y mecanismos posibles que permitan una protección sicológica y nutricional al menor, así como para colaborar con la eficiente prestación del servicio público de educación especializada para el niño.[45]
Sin embargo, tiempo después se le informó que no se le podía otorgar un nombramiento como médico rural en razón de su incapacidad. Ante esta respuesta, el demandante buscó una plaza en el departamento de Arauca, el cual aceptó otorgarle la plaza, con la condición de que la Secretaría de Salud de Caldas asumiera los costos de su vinculación. La Secretaría de C. se negó a esta petición alegando que no tenía presupuesto para asumir el pago de su año rural. En esa sentencia se concedió el amparo ante el acto discriminatorio deprecado y se pronunció la Corte sobre la posibilidad de realizar ajustes en el manejo de las plazas para facilitar que el actor cumpliera con su servicio social obligatorio. Precisó que ello no implicaría una desmejora en el servicio ni un peligro para los pacientes, pues el actor no realizaría labores para las que estuviere impedido físicamente.[46]
En la Sentencia T-150 de 2002 la Corte Constitucional examinó la vulneración del derecho fundamental a la educación de una joven por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), S.B., al haberle negado la posibilidad de ingresar al programa formativo para el que había sido seleccionada de acuerdo con los exámenes de ingreso practicados por dicha entidad educativa, por tener la condición de invidente. La Corte determinó que los fines por los cuales se estableció la medida eran inadmisibles puesto que no corresponde a la entidad expresar opiniones sobre ámbitos que no guardan relación alguna con su función y mucho menos servirse de tales opiniones para justificar su negativa de matricular a una persona invidente para la realización de un programa académico.
ORDENAR a la Alcaldía municipal de Villavicencio que continúe cubriendo económicamente el costo que conlleve la atención en educación de A.L.H.S., de manera ininterrumpida, como beneficiario de los convenios que en adelante suscriba ese ente territorial para la prestación de la atención en educación de la población con discapacidad.
El derecho a la educación inclusiva de las personas en situación de discapacidad.
Desde hace varios años se ha empezado a apostar por un modelo de educación inclusiva alrededor de la discapacidad. Internacionalmente, las Declaraciones de Managua, Dakar y Salamanca, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, insisten en este modelo como la mejor vía para garantizar, en condiciones de igualdad, el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Para ilustrar, en su artículo 24 dice la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad: "Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida (...)".
En las últimas décadas este modelo educativo viene siendo cuestionado por varias razones. Básicamente se le critica a la educación segregada que termina por ubicar a la persona con discapacidad en un perverso paradigma de "normalidad/anormalidad" y, en consecuencia, a perpetuar la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad en todos los espacios de la vida social. Como las bases para generar mayor igualdad y respeto a la diferencia se dan en la primera infancia no permitir que los menores con discapacidad interactúen desde temprana edad con otros, termina por reproducir marginamientos y exclusiones en otros espacios de la vida.[55]
Si bien se reconoce que el modelo de enseñanza integrada ha sido un primer avance en la inclusión de personas con necesidades educativas especiales, también se le critica por ser un modelo limitado que continúa reforzando la idea de que las personas con discapacidad sólo pueden educarse mientras tengan procesos y aulas de aprendizaje diferentes de las personas sin discapacidad. Además de lo anterior, un punto central de la objeciones a este modelo educativo, radica en el hecho de que la integración parte de una concepción en la que la persona con necesidades educativas especiales es quien debe adaptarse a la escuela, y no a la escuela quien debe desarrollar transformaciones importantes para que sea ésta la que se adapte a la diversidad de sus alumnos. La experta en educación inclusiva de la Unesco, R.B. ilustra con claridad los reparos al modelo de educación integrada, en los siguientes términos:
En muchos países existe cierta confusión con el concepto de inclusión o educación inclusiva, ya que se está utilizando como sinónimo de integración de niños y niñas con discapacidad, u otros con necesidades educativas especiales, a la escuela común. Es decir, se está asimilando el movimiento de inclusión con el de integración cuando se trata de dos enfoques con una visión y foco distintos.
La preocupación de la integración ha estado más en transformar la educación especial, para apoyar los proceso de integración, que cambiar la cultura y práctica de las escuelas comunes para que sean capaces de atender la diversidad del alumnado, y eliminar los diferentes tipos de discriminación que tienen lugar al interior de ellas (...). Aunque en muchas escuelas se han producido procesos de cambio como consecuencia de la incorporación de alumnos con necesidades educativas especiales, el movimiento de la integración no ha logrado alterar los sistemas educativos de forma significativa. En general, se ha transferido el modelo de atención propio de la educación especial a las escuelas comunes, centrándose más en la atención individualizada de estos alumnos (programas individuales, estrategias y materiales diferenciados, etc.) que en modificar aquellos factores del contexto educativo y de la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje no sólo de los niños y jóvenes integrados, sino de todo el alumnado.
La situación anteriormente señalada nos muestra la persistencia de una visión individual de las dificultades de aprendizaje, en la que éstas se atribuyen solamente a variables del individuo (sus competencias, su origen social, el capital cultural de su familia, etc.), obviando la gran la gran influencia que tienen los entornos educativo, familiar y social en el desarrollo y aprendizaje de las personas (...).[56]
Ahora bien, la llamada educación inclusiva, que es la apuesta de diferentes instrumentos internacionales -y que además ha sido acogida por el Ministerio de Educación Nacional-, busca ampliar el espectro de inclusión de personas con necesidades educativas especiales, más allá del acceso a la escuela regular. La educación inclusiva persigue que no existan ambientes segregados, sino que todos los niños y niñas, independientemente de sus necesidades educativas, puedan estudiar y aprender juntos. P. lo pone de manera sencilla: "[lo que se debe entender por educación inclusiva] es simple: los menores van a la comunidad a su escuela y reciben instrucción en un ambiente de clase regular con compañeros sin discapacidad de su misma edad. Esta aproximación, de hecho es la más simple y natural para organizar la educación de los menores. Es además la única manera en que uno puede proveer educación a una población diversa en una forma en que se respete el complejo entramado de la sociedad en el siglo 21(...)".[57]
Deficiencias de la política actual de educación inclusiva que tornan insuficiente la garantía del derecho a la educación y perpetuán la exclusión de las personas con discapacidad auditiva severa.
El Ministerio de Educación, el Departamento de Córdoba y la Alcaldía de Montería resaltan como instrumento clave de la política de educación inclusiva para las personas con discapacidad auditiva severa el Decreto 366 de 2009, por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad en los establecimientos educativos estatales.
El Decreto 366 de 2009 establece como finalidad organizar el servicio de apoyo pedagógico para la oferta de educación inclusiva a los estudiantes que encuentran barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad (), matriculados en los establecimientos educativos estatales.[59]
En desarrollo de dicha finalidad, y en relación con la atención a estudiantes con discapacidad auditiva severa, el Decreto 366 de 2009 prevé en su artículo 5º, como apoyo para quienes sean usuarios de lenguaje de señas, los siguientes instrumentos: (i) en preescolar y básica primaria docentes bilingües y modelos lingüísticos y culturales; (ii) para los grados de secundaria y media se requiere, además el docente de castellano como segunda lengua, intérpretes de LSC, modelos lingüísticos y culturales, los apoyos técnicos, visuales y didácticos pertinentes. El papel de intérprete de lengua de señas colombiana es fundamental para que el proceso educativo sea realmente inclusivo, ya que dicha persona desempeña el papel de mediador comunicativo entre la comunidad sorda y la oyente y facilita el acceso a la información a las personas sordas en todos los espacios educativos y modalidades lingüísticas.
El citado decreto también señala que los estudiantes sordos usuarios de lengua castellana, que se encuentren adelantando estudios en preescolar, en educación básica o media, requieren docentes de nivel, de grado y de área con conocimiento en lectura labio-facial, estimulación auditiva y articulación, que les ofrezcan apoyo pedagógico cuando lo requieran, que conozcan sobre el manejo y cuidado de las ayudas auditivas y los equipos de frecuencia modulada correspondientes.[60]
(iii) Cuando la matrícula de estudiantes con discapacidad auditiva por institución sea menor de 10, la entidad territorial certificada asignará por lo menos una persona de apoyo pedagógico itinerante para aquellos establecimientos educativos ubicados en zonas urbanas y rurales de dicho municipio. En este último caso corresponde a la secretaría de educación de la entidad territorial certificada flexibilizar el parámetro de acuerdo con las condiciones de cada contexto, desarrollar programas en convenio intermunicipal, ofrecer formación sobre educación inclusiva a los docentes de grado y de área y vincular a las instituciones de educación superior y a las familias entre otros.
Según el Conpes Social Núm. 122, la Nación le asigna un porcentaje adicional equivalente a un 20% sobre los recursos transferidos para educación por población atendida, según la tipología de preescolar y primaria, y secundaria y media de la zona urbana a las entidades territoriales certificadas que atiendan población en condición de discapacidad (excepto baja visión y baja audición) con necesidades educativas especiales en establecimientos educativos oficiales. Este porcentaje se asignará con base en el reporte de la matrícula de estas poblaciones correspondiente a la vigencia anterior, caracterizada y registrada oportunamente en el Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media - SINEB - del Ministerio de Educación Nacional.[63]
Además de las provisiones anteriores, es importante recordar que desde 1994, la Ley 115, ley general de educación, prevé la obligación para el Estado de fomentar programas y experiencias para la formación de docentes idóneos, la posibilidad de definir los mecanismos de subsidio a las personas con limitaciones cuando provengan de familias de escasos recursos económicos, el desarrollo de programas de apoyo pedagógico y el establecimiento de aulas de apoyo especializadas que permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. Por su parte, la Ley 324 de 1996, por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda, estableció en su artículo 9o. que el Estado subsidiará a las personas sordas con el propósito de facilitarles la adquisición de dispositivos de apoyo, auxiliares electroacústicos y toda clase de elementos y equipos necesarios para el mejoramiento de su calidad de vida.
Más recientemente, la Ley 982 de 2005, por la cual se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas, instituyó en su artículo 14 la obligación para el Estado de facilitar a las personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas el acceso a todas las ayudas técnicas necesarias para mejorar su calidad de vida. En esta misma ley, el artículo 10 establece como obligación de las entidades territoriales, tomar medidas de planificación para garantizar el servicio de interpretación a los educandos sordos y sordociegos que se comunican en Lengua de Señas, en la educación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con el fin de que estos puedan tener acceso, permanencia y proyección en el sistema educativo.
7.3 En el expediente está sustentado que el joven J.D.P.L. está matriculado en la Institución Educativa Escuela Normal Superior.[68] D. mismo modo está probado que el papá del accionante, en compañía de otros padres de familia, ha solicitado a la Secretaría de Educación de Montería la provisión de un profesor intérprete para culminar los estudios de normalista de su hijo y que esa solicitud fue reiterada a la entidad tanto por el personero municipal de Montería como por la rectora de la Normal Superior en la que adelanta sus estudios. [69]
Conforme a lo preconcebido, y sin necesidad de mayores consideraciones la Sala encuentra configurada la vulneración del derecho a la educación del joven P.L. en el caso concreto ya que (i) está probado que padece sordomudez, por tanto es una persona en situación de discapacidad que por dicha condición goza de una especial protección constitucional; (ii) está demostrado que el accionante se encuentra matriculado en una institución educativa normalista y que tiene problemas para acceder los contenidos educativos en igualdad con sus compañeros; (iii) consta en el expediente que en varias ocasiones se le ha solicitado al municipio de Montería la vinculación de profesor interprete para sordomudo, no sólo para él sino para otros estudiantes que padecen su limitación; (iv) está sustentado en las pruebas allegadas en sede de revisión que el estudiante no puede asumir de forma particular el pago del profesor interprete de lengua de señas colombiana y que hacerlo pone en riesgo el mínimo vital de su núcleo familiar.
7.4 Si bien las consideraciones anteriores son suficientes para ordenar el amparo de los derechos del joven J.P.L., la Sala advierte que el análisis del presente caso no puede limitarse a la situación individual del accionante, más aún cuando de los informes requeridos en sede de revisión se advierte la puesta en peligro del derecho a la educación inclusiva no solo del accionante sino también de 103 estudiantes con discapacidad auditiva severa que requieren del profesor intérprete. Dado que en el presente caso es evidente la limitación de recursos, es necesario que se impartan órdenes adecuadas para la protección del derecho a la educación del accionante que a la vez sean razonables en términos de utilización de recursos escasos, dado que la solución que se plantee para resolver la problemática sometida a revisión irremediablemente repercutirá en el conjunto señalado.
Según el Ministerio de Educación Nacional, el reporte de matrícula a 30 de junio de 2010 en la Secretaría de Educación Municipal de Montería se atiende un total de 104 estudiantes con sordera profunda, de los cuales 84 están matriculados en la institución Sagrado Corazón de Jesús y 22 estudiantes en los siguientes establecimientos educativos: A.N., A.E., C. de Lleras, C.C., J.M.C., M.R., M., N. Superior, P.S. y P.B.. Para estos últimos, la SEM debe asignar el servicio de un intérprete itinerante que acompañe y apoye el proceso de formación de estos estudiantes con discapacidad auditiva, de acuerdo con los artículos, 5, 6 y 9 del Decreto 366 de 2009.[72] (Subrayado por fuera del texto original).
De otra parte, en materia de recursos económicos, la Secretaría de Educación del Municipio de Montería expone que lamentablemente la alcaldía no cuenta con el capital para prestar de forma individualizada el servicio de intérprete, ya que el programa institucional con profesor interprete de la lengua de señas lo presta por intermedio de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, la cual atiende a la población con limitaciones auditivas, por lo que considera que ha cumplido con lo establecido en la Constitución y la ley; es decir, que estaría en la obligación de hacerlo si en la Institución Educativa Normal Superior en la que recibe clases el señor P.L. reportara un número superior a 10, tal y como lo señala el Decreto 366 de 2009.
7.5 Sentado lo antedicho, vale puntualizar que el mandato de abstención que se deriva del primer inciso del artículo 13 constitucional, no se dirige exclusivamente a evitar que la administración adopte medidas, programas o políticas, abiertamente discriminatorias. No. Ya que concomitantemente, va encaminado a evitar que medidas, programas o políticas, así hubiesen sido adoptadas bajo el marco de presupuestos generales y abstractos, impacten desproporcionadamente a grupos marginados o discriminados o, en otras palabras, los ubique en una situación de mayor adversidad. En otras palabras, que la Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones directas actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas  las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo históricamente marginado o discriminado.
ARTÍCULO 9. ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA. La entidad territorial certificada organizará la oferta de acuerdo con la condición de discapacidad o de capacidad o talento excepcional que requiera servicio educativo y asignará el personal de apoyo pedagógico a los establecimientos educativos de acuerdo a la condición que presenten los estudiantes matriculados. Para ello, la entidad territorial certificada definirá el perfil requerido y el número de personas teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
Un (1) intérprete de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula de mínimo diez (10) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas en los niveles de básica secundaria y media. Subrayado por fuera del texto original.
Para la Sala resulta coherente la exigencia establecida por la norma en municipios o distritos grandes en los que existen un número alto de instituciones educativas para los niveles de básica secundaria y media vocacional, pero aplicado a casos límite como municipios pequeños o en sistemas educativos excepcionales como la educación normalista o similares, lo que pareciera un mínimo razonable en función del uso eficiente de los recursos públicos, no se adapta como se da en el caso sometido a revisión ante la imposibilidad de cumplirlos, lo que contraría la razón y fin de la norma, al desconocer implícitamente los derechos de la población en situación de discapacidad.
El valor normativo de la Carta Política trae aparejado dos fenómenos diversos: la derogatoria tácita de todas las disposiciones jurídicas de orden inferior que le sean contrarias y la inaplicación de aquellas manifiestamente incompatibles con el ordenamiento constitucional. En el primer caso, el juez verifica el sistema de fuentes aplicable a la controversia, señalando las normas relevantes, a su juicio, derogadas, sin necesidad de declaración judicial previa. Con todo, si percibe incompatibilidad entre las disposiciones de inferior rango y la Constitución, puede, en virtud de la primacía de la segunda y el perentorio mandato del artículo 4º de la Carta Política, inaplicar las normas cuya incompatibilidad sea manifiesta. [76]
Por todo lo argumentado, la Sala dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia inaplicar por inconstitucional el numeral 3 del artículo 9º del Decreto 366 de 2009, porque su uso, perpetúa la situación de marginación y exclusión que viven estudiantes como J.D.P.L. y demás personas en condición de sordomudez en el Municipio de Montería.
7.6 De otra parte, la Sala reconoce que el Municipio de Montería ha hecho algunos esfuerzos a favor de la población en situación de discapacidad como el programa Conectando Sentidos, por medio del cual dotó un aula de tecnología, para brindar el servicio de las personas sordociegas y con discapacidad múltiple con acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  TIC. Igualmente, tiene focalizado el acceso a la educación de las personas en condición de sordomudez en una institución educativa. A pesar de lo anterior y reiterando lo plasmado en el fundamento jurídico (6º) de las consideraciones de esta providencia, las deficiencias de la política actual en materia de educación inclusiva, tornan insuficiente la garantía integral del derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad.
En este sentido, la Corte Constitucional ha determinado excepcionalmente, la extensión de los efectos de los fallos de tutela a los no accionantes, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad y la supremacía de los derechos fundamentales. En palabras de la Sentencia SU-1023 de 2001:hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado. (Énfasis por fuera del texto original)
En armonía con ello, en la Sentencia SU-636 de 2003 la Corte recordó que: ha proferido numerosas sentencias en las cuales los efectos de las órdenes impartidas tienen un alcance mayor al meramente inter partes. Por ejemplo, la corte ha ordenado la adopción de programas, planes o políticas llamadas a beneficiar a personas diferentes a los accionantes y declarado estados de cosas inconstitucionales, lo cual conlleva órdenes que rebasan las partes en el caso concreto. [79]
SEGUNDO.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Montería (Córdoba), dentro del asunto de la referencia. En su lugar, CONCEDER el amparo del derecho fundamental a la educación inclusiva y a su goce efectivo solicitado por J.D.P.L..
TERCERO.- INAPLICAR por inconstitucional el numeral 3 del artículo 9º del Decreto 366 de 2009, porque su uso, perpetúa la situación de marginación y exclusión que viven estudiantes como J.D.P.L. y demás personas en condición de sordomudez en el Municipio de Montería.
[2] Guía No 34 de 2008 - Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento.
[14] Resolución 48/96, 20 de diciembre de 1993. Normas que recogen los estándares más altos en la materia, puesto que apelan al contenido de otros documentos como la Declaración de los derechos del Retrasado Mental y la Declaración de los Derechos de los Impedidos, pero, entre otros hechos, dejan de lado los problemas de orden semántico de dichas declaraciones.
[15] Resolución 2542, del 11 de diciembre de 1969. En la Parte III, Artículo 19 literal d), puntualmente se establece: La institución de medidas apropiadas para la rehabilitación de personas mental o físicamente impedidas, especialmente los niños y los jóvenes, a permitirles en la mayor medida posibles ser miembros útiles a la sociedad entre éstas medidas deben figurar la provisión de tratamiento y prótesis y otros aparatos técnicos, los servicios de educación, orientación profesional y social, formación y colocación selectiva y la demás ayuda necesaria y la creación de condiciones sociales en las que los impedidos sean objeto de discriminación debida a sus incapacidades.
[18] También precisó que la obligación de los Estados Partes está en el caso de un grupo tan vulnerable y desfavorecido, la obligación de adoptar medidas positivas para reducir las desventajas estructurales y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas. Esto significa en la casi totalidad de los casos que se necesitarán recursos adicionales para esa finalidad, y que se requerirá la adopción de una extensa gama de medidas elaboradas especialmente.
[30] "Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva."
[31] Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. (Con la salvedad de su no ratificación, en los términos de la cita 22 de esta providencia).
[39] Según el artículo 14 del Decreto 2082 de 1996, Las aulas de apoyo especializadas se conciben como un conjunto de servicios, estrategias y recursos que ofrecen las instituciones educativas para brindar los soportes indicados en el inciso 3º del artículo 2º de este decreto que permitan la atención integral de los educandos con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. Están previstas en el artículo 48 de la Ley 115 de 1992.
[41] En efecto, el Ministerio de Educación Nacional, en julio de 2006, publicó el documento denominado Orientaciones para la atención educativa a estudiantes con capacidades o talentos excepcionales, en el que además de caracterizar a esta población, establece un procedimiento para su identificación y propone alternativas educativas, presenta las condiciones políticas, económicas y culturales requeridas para viabilizar una educación en, con y para la diversidad, con base en las cuales, más recientemente, la entidad, por Decreto 366 de febrero 9 de 2009, reglamentó la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
[47] La Corte Constitucional ha protegido el derecho fundamental a la educación de personas en situación de discapacidad, entre otros, en: (a) la Sentencia T-884 de 2006, concerniente a una persona con discapacidad auditiva por hipoacusia sensorial que no pudo ingresar al SENA a cursar un programa de mantenimiento de hardware; (b ) la Sentencia T-886 de 2006, de una persona con discapacidad, al suspenderse, intempestivamente, el subsidio de educación otorgado por una entidad que entró en proceso de liquidación; (c) de la T-984 de 2007, de una persona mayor de edad con afectación de sus facultades cognoscitivas, cuya pretensión era el desembolso de un subsidio económico por el cual recibía el servicio de educación de parte de un plantel educativo especial de carácter informal; (d) la Sentencia T-282 de 2008 relativo al caso de la renovación de un convenio administrativo mediante el cual se le brindaba a una niña terapias cognitivas que la autoridad se negaba a realizar por estar en vigencia la ley de garantías; (e) la T-515 de 2009, relativa a un soldado que padecía disminución de su capacidad laboral en 95.16% producto de acciones militares y que se le negaba la continuidad en la prestación de una beca educativa en el ejercito.
[51] En la sentencia T-595 de 2002 la Corte sostuvo: No poder garantizar de manera instantánea el contenido prestacional del derecho es entendible por las razones expuestas; pero carecer de un programa que de forma razonable y adecuada conduzca a garantizar los derechos en cuestión es inadmisible constitucionalmente. El carácter progresivo de la prestación no puede ser invocado para justificar la inacción continuada, ni mucho menos absoluta, del Estado. Precisamente por el hecho de tratarse de garantías que suponen el diseño e implementación de una política pública, el no haber comenzado siquiera a elaborar un plan es una violación de la Carta Política que exige al Estado no sólo discutir o diseñar una política de integración social [para discapacitados], sino adelantarla.
[54] Como lo señala K.T., quien fuera relatora de Naciones Unidas para el derecho a la educación, normalmente los países pasan por tres etapas fundamentales para avanzar hacia el pleno ejercicio del derecho a la educación: (i) La primera consiste en conceder el derecho a la educación a todos aquellos que, por diferentes causas, están excluidos (pueblos indígenas, personas con discapacidad, comunidades nómadas, etc), pero con opciones segregadas en escuelas especiales o programas diferenciados para dichos colectivos que se incorporan a la educación. (ii) La segunda etapa enfrenta el problema de la segregación educativa promoviendo la integración en las escuelas para todos. En los procesos de integración los colectivos que se incorporan se tienen que adaptar a la escolarización disponible, independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. El sistema educativo mantiene el status quo y son los alumnos quienes se tienen que adaptar a la escuela y no ésta a los alumnos. (iii) La tercera etapa que exige la adaptación de la enseñanza a la diversidad de necesidades educativas del alumnado, que son fruto de su procedencia social y cultural y de sus características individuales en cuanto a motivaciones, capacidades e intereses. Desde esta perspectiva, ya no son los grupos admitidos quienes se tienen que adaptar a la escolarización y enseñanza disponible, sino que éstas se adaptan a sus necesidades para facilitar su plena participación y aprendizaje. Esta es la aspiración del movimiento de la inclusión. K.T.. Contenido y vigencia del derecho a la educación. Cuadernos pedagógicos. Citado en la Publicación digital de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2006. Vol. 4 Núm. 3.
[55] Como lo pone de presente G.P., destacado educador en materia de inclusión de alumnos discapacitados en entornos educativos, los niños que han estudiado en escuelas segregadas, por ejemplo, tienen mayor probabilidad de ser apartados como adultos en áreas de trabajo, programas recreativos, e instituciones.PORTER, G.. Disability and education: towards an inclusive approach. (Working Paper).Prepared for the Inter-American Development Bank.
[56] B.R.. La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la educación y la escuela de hoy. Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad Eficacia y Cambio en Educación, 2006. Vol. 4 Núm. 3.
[58] S., el artículo 24 de la antedicha Convención modula relevantes apartes relacionados con la protección del derecho a la educación inclusiva en lo relativo a:
[63] Según lo que reportó el Ministerio de Educación, para el municipio de Montería en el CONPES 122 (de 2009) la asignación fue de $59300.000 y en el CONPES 131(de 2010) fue de 76322.000.
[73] Sobre el particular, la Sentencia T-291 de 2009, precisó: () la Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones directas actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas  las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado.
[75] ART. 4º La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades.
[78] Claramente, la entidad en sede de revisión, informó: en la actualidad no hay profesores intérpretes vinculados para atender el número de estudiantes en situación de discapacidad que se encuentran matriculados en el municipio de Montería. Folio 68 del cuaderno de Revisión.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - nº 7611122030002002-05834-01 de 27 de Septiembre de 2002
Sentencia nº 25000 de Consejo de Estado - Sala Plena, de 11 de Diciembre de 2008
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 69723 de 3 de Octubre de 2013

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