Source: http://www.elderecho.com/foro_legal/mercantil/Registro-Publico-Concursal-BOE-administracion_12_326685001.html
Timestamp: 2018-01-21 18:47:41+00:00

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El punto de partida del análisis se sitúa en esta ocasión en el nuevo régimen de publicidad introducido en la Ley Concursal ("LC") por el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica ("RDL 3/2009"). El eje central de ese nuevo régimen de publicidad está en el llamado Registro Público Concursal, de nueva creación, cuyo objeto es "dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, de todas aquellas resoluciones concursales que requieran serlo conforme a las disposiciones de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal" (disposición adicional tercera del RDL 3/2009). Desde esa perspectiva y para hacer efectiva la modificación, el artículo 6 del RDL 3/2009, bajo la rúbrica "publicidad del concurso", da una nueva redacción a determinados preceptos de la Ley Concursal, entre ellos el artículo 23. Por lo que ahora importa, el nuevo artículo 23 LC establece en su apartado 1 que la declaración de concurso se publicará mediante extracto y de forma gratuita en el Boletín Oficial del Estado ("BOE"); añade en su apartado 2 que el juez, de oficio o a instancia de parte, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que se considere imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso; y en los apartados 4 y 5 establece, respectivamente, que "las demás resoluciones que, conforme a esta Ley, deban ser publicadas por medio de edictos, lo serán en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado" y que "el auto de declaración del concurso así como el resto de resoluciones concursales que conforme a las disposiciones de esta Ley deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el Registro Público Concursal con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca". Se persigue, en definitiva, que el Registro Público Concursal pase a convertirse en el medio ordinario de publicidad general de los actos del concurso, sin perjuicio de medidas complementarias que se puedan acordar y sin perjuicio de determinados actos personales de comunicación o notificación que en la propia Ley Concursal se establecen.
Los artículos de la Ley Concursal incluidos en el artículo 6 del RDL 3/2009 no son los únicos relativos a la publicidad de los actos del concurso que han sido objeto de modificación. De forma paralela, el artículo 12 del RDL 3/2009 modifica otras disposiciones de la Ley que se agrupan bajo la rúbrica "normas procesales". Entre ellas se encuentran los artículos 95 y 96 LC, relativos a la comunicación de la presentación del informe de la administración concursal y al plazo para la presentación de la demanda incidental en impugnación del inventario y de la lista de acreedores. Como es bien conocido, la redacción originaria de estos dos preceptos había dado lugar a serios problemas prácticos relativos a la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo de diez días de impugnación del inventario y de la lista de acreedores. Se discutía, en efecto, si ese día era la fecha de publicación del último edicto establecido en el artículo 96.2 LC o el de recepción por cada interesado de la comunicación personal remitida por la administración concursal a que se refería el artículo 95.1 LC (los interesados se definían como los que "hayan sido excluidos, incluidos sin comunicación previa del crédito o por cuantía inferior o con calificación distinta de las pretendidas"). Muchas resoluciones judiciales se habían ocupado de esta cuestión y habían explicado las razones de la contradicción evidente que a este respecto existía en las dos normas que se acaban de enunciar, si bien las soluciones distaban de ser uniformes. No es éste el tema objeto de este comentario, por lo que bastará con hacer una remisión a esas resoluciones, de las que es ejemplo, por citar alguna de las más recientes que también, además, hacen referencia al problema ahora planteado, el Auto de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de febrero de 2011.
Con la finalidad de solucionar el problema, el artículo 12 del RDL 3/2009 introduce determinadas modificaciones en los artículos 95 y 96 LC. En primer lugar, se elimina el artículo 95.1 LC. En segundo lugar, se modifica el artículo 95.2 LC, cuya redacción queda de la siguiente manera: "la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del Juzgado". Y, finalmente, al artículo 96.1 LC se da la siguiente redacción: "las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás interesados el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior".
En la disposición adicional tercera del RDL 3/2009 se prevé que "reglamentariamente se desarrollará la estructura, contenido y el sistema de publicidad a través de este Registro y los procedimientos de inserción y acceso, bajo los principios siguientes", estableciéndose en la disposición transitoria segunda, bajo el encabezamiento "régimen de publicidad", que "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera".
Sucede, sin embargo, que el desarrollo reglamentario a que se acaba de hacer referencia no se ha producido todavía. En este punto no puede dejar de denunciarse, a modo de inevitable excursus, que resulta incomprensible y de todo punto injustificable que el Registro Público Concursal (que, se recuerda, no es más que "un portal en Internet bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia") no sea todavía una realidad, cuando han pasado más de dos años y medio desde la aprobación del RDL 3/2009 y ha dado tiempo a sacar adelante una relevante reforma concursal adicional. Pero volvamos al tema que nos ocupa. Esa falta de desarrollo reglamentario afecta de manera singular a las modificaciones introducidas en los artículos 95 y 96 LC sobre el régimen de publicidad de la presentación del informe de la administración concursal y, con ello, sobre la determinación del día inicial de cómputo del plazo de diez días para la interposición del incidente de impugnación del inventario y la lista de acreedores.
Los problemas no inciden en las partes personadas, ya que respecto de éstas hay que entender que las modificaciones, al no guardar relación con el Registro Público Concursal, están en vigor y se aplican con normalidad. No sucede así respecto del resto de interesados. Para éstos, la actual redacción del artículo 95.2 LC prevé, como se ha visto, que la presentación del informe de la administración concursal se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. El plazo de diez días para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores se computará desde la última de esas publicaciones. Sucede, sin embargo, que no existiendo aún el desarrollo reglamentario del Registro Público Concursal, el precepto, según está redactado en la actualidad, quedaría reducido a la publicación en el tablón de anuncios, momento a partir del cual se computaría el plazo de diez días. Como ha dicho González Navarro, Blas Alberto, "Los aspectos procesales más relevantes de la reforma de la Ley Concursal de abril de 2009", en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 4/2009, "evidentemente, esta publicidad es del todo insuficiente y merecedora de reproches constitucionales, pues causaría indefensión y afectaría a la tutela judicial efectiva de los acreedores no personados". A esa objeción no obstaría que el artículo 95.3 LC establezca la posibilidad de que el juez, de oficio o a instancia de parte, acuerde cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible en medios oficiales o privados; pues se trata precisamente de eso, de una posibilidad o facultad del juez que puede utilizarse o no según los casos.
En realidad, el problema se ha de resolver realizando un ejercicio de interpretación de la disposición transitoria segunda del RDL 3/2009, que, recordemos, comienza de la siguiente manera: "el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 de este Real Decreto-ley entrará en vigor de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto previsto en la disposición adicional tercera". Según el texto de esta disposición, no parece ofrecer duda que, no habiéndose producido el desarrollo reglamentario preciso y con la excepción que el propio precepto contempla (especialmente, el artículo 23.1 LC), el régimen de publicidad previsto en el artículo 6 del RDL 3/2009 no se encuentra todavía en vigor, porque sólo lo hará "de acuerdo con lo que disponga el Real Decreto" de continua referencia. Es cierto, sin embargo, que las modificaciones introducidas en los artículos 95 y 96 LC no figuran en el artículo 6 del RDL 3/2009, sino en el artículo 12, al que no se hace referencia en la disposición transitoria segunda y que, por tanto, se encuentra en vigor según lo indicado en la disposición transitoria octava.2º: "la modificación del artículo 95 y la nueva redacción del apartado 1 del artículo 96 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, será de aplicación a los procedimientos concursales en los que no se haya presentado el informe de la administración concursal a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley", esto es, al día siguiente al de su publicación en el BOE (disposición final tercera). Así las cosas, cabría pensar que los actuales artículos 95 y 96 LC están en vigor en toda su extensión y sin excepciones y que, no existiendo desarrollo del Registro Público Concursal, la única consecuencia posible es entender que la forma de notificación a los no personados de la presentación del informe de la administración concursal es la publicación en el tablón de anuncios del juzgado, y ello con independencia de que la solución esté lejos de ser satisfactoria y pueda merecer serias y fundadas críticas desde la óptica del derecho a la tutela judicial efectiva de los interesados no personados en el procedimiento concursal.
Se considera, sin embargo, que no cabe realizar esa interpretación. Es cierto que el artículo 12 no aparece citado en la disposición transitoria segunda del RDL 3/2009, pero no es menos cierto que esa disposición se refiere en bloque al régimen de publicidad establecido en el RDL 3/2009. No en vano lleva por rúbrica la expresión "régimen de publicidad". De ese régimen forman parte no sólo los artículos de la Ley Concursal que de forma específica se modifican en el artículo 6 del RDL 3/2009 (bajo el título "publicidad del concurso"), sino también los demás preceptos de la Ley Concursal que se modifican en el RDL 3/2009 para introducir las necesarias adaptaciones resultantes de ese nuevo régimen de publicidad. Los artículos 95 y 96 LC son normas de naturaleza eminentemente procesal, en cuanto hacen referencia a las actuaciones procesales relativas a la comunicación del informe de la administración concursal y la determinación del plazo y demás cuestiones relativas a la impugnación del inventario y de la lista de acreedores. Ahora bien, en cuanto ahora importa, el artículo 95.2 LC contiene previsiones que igualmente forman parte del régimen de publicidad de los actos concursales; entre ellas la de publicación de la presentación del informe en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Esa previsión ha de entenderse necesariamente afectada por el régimen transitorio establecido en la disposición transitoria segunda del RDL 3/2009 y, en consecuencia, todavía no en vigor en tanto no se produzca el preceptivo desarrollo reglamentario. Siendo ello así, en cuanto se refiere a la comunicación de la presentación del informe a los no personados, no cabe entender sin más que la referencia al Registro Público Concursal no tiene vigencia y que, por ello, sólo queda la relativa a la publicación en el tablón de anuncios del juzgado. Parece más correcto entender que, mientras no se acometa el desarrollo reglamentario, mantiene su vigencia la anterior redacción del artículo 95.2 LC, que a día de hoy no se puede considerar contraria a lo dispuesto en el RDL 3/2009 (disposición derogatoria única). En esa redacción se dispone que la presentación del informe, además de publicarse en el tablón de anuncios, se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 LC, es decir, mediante su publicación en el BOE. Siendo ello así, se considera que la tesis más correcta es que mientras se desarrolle el Registro Público Concursal, la presentación del informe de la administración concursal debe comunicarse a las partes no personadas mediante su publicación en el BOE.
Así lo entiende la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid. Por ejemplo, en su Auto de 18 de julio de 2011 indica que "el sistema de publicidad por medio de este instrumento aún no ha entrado en vigor" y que "el régimen establecido en el ínterin... tal como se desprende del tenor literal de la disposición transitoria segunda (precepto que, a su vez, permite resolver las diferencias surgidas en la práctica forense respecto de la interpretación de la anterior redacción del artículo 23 de la Ley Concursal , en punto a si a la presentación del informe de la administración concursal había de dársele publicidad a través del Boletín Oficial del Estado o no), comporta la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado". En coincidentes términos, aunque sin pronunciarse de forma tan directa sobre la cuestión, en el Auto de 1 de abril de 2011, haciendo referencia a si la demanda incidental se había presentado o no dentro del plazo de diez días, puede leerse lo siguiente: "solo cabe el cómputo de diez días en relación a las partes personadas, desde la notificación de la presentación del informe y, en relación a los demás interesados, desde la publicación prevista en la nueva redacción del art. 95.2 LC. Tomando en consideración la fecha de publicación en el BOE (18 de diciembre de 2009), dada la falta de desarrollo del Registro Público Concursal, es evidente que la demanda se interpone en este caso fuera de plazo (el día 5 de febrero de 2010), como señala la resolución recurrida, lo que conlleva la desestimación del recurso" (en el mismo sentido, Auto de 3 de febrero de 2011).
Esta comunicación personal ha sido suprimida por el RDL 3/2009, reduciendo la comunicación personal a los que estén personados en el concurso, y relegando la comunicación general para el resto de interesados a una publicación en el Registro Público Concursal y al tablón de anuncios del Órgano Judicial lo que supone que ahora, en lo que hace a la publicidad de la presentación del informe, únicamente se notifique a quienes en efecto estén personados en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones, dejando el albur de la comunicación a dos sistemas de genérica referencia, el Registro Público concursal y el Tablón de anuncios, con la particularidad de que, al igual que ocurren con el resto de resoluciones judiciales que, conforme a la Ley Concursal, deban ser objeto de publicidad, y con la sola excepción de un extracto de la declaración de concurso, se han de insertar en el Registro Público Concursal –art 23-4 LC- con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca estando pendiente en la actualidad dicho desarrollo.
Nos tenemos que referir a dos de los artículos cuya interpretación ha generado más "polémica" desde la entrada en vigor de la Ley Concursal. Se trata de los artículos 95 y 96 en cuanto al plazo de impugnación del informe de la administración concursal. Recordemos, en primer lugar, la importancia que tiene dicho plazo ya que, conforme a lo dispuesto en el artículo 97, los interesados que no impugnen el informe en plazo pierden el derecho a hacerlo. El plazo que existe para ello reviste, por tal motivo, una relevancia especial para los interesados en el procedimiento concursal.
La redacción actual, tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, establece, en el artículo 96, que las partes personadas podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores en el plazo de diez días desde que se les hubiera notificado y, para los interesados no personados, "el plazo de diez días se computará desde la última publicación de las previstas en el artículo anterior". El artículo anterior, el 95 en su apartado 2, dispone que la presentación del informe de la administración concursal "se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado".
Recordemos, aunque sea alejarnos un poco del tema planteado, que la redacción anterior de estos preceptos planteó diversos problemas de interpretación debido a que el apartado primero del artículo 95, preveía que la administración concursal, de forma simultánea a la presentación de su informe, notificara personalmente a los acreedores cuyo crédito hubiera sido calificado o incluido por un importe diferente o excluido (esto es, aquellos acreedores cuyos créditos hubieran tenido un tratamiento peor en el informe). Esto planteó que varios acreedores sostuvieran ante los tribunales que el plazo para la impugnación del informe empezaba desde dicha comunicación personal – y no desde las publicaciones que preveía el artículo 95.2, con remisión al artículo 23. Si bien alguna resolución admitió que el dies a quo del plazo para los acreedores a los que se les comunicaba personalmente era el de tal comunicación (auto del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo- autos 331/2005, de 14 de julio de 2005 – Anuario de Derecho Concursal número 9, página 352); la mayor parte de las resoluciones que se dictaron al respecto rechazaban que pudieran existir dos plazos diferentes para impugnar el informe. Además uno de ellos (el de la comunicación personal), no podía ser controlado por el juez, lo que dificultaba enormemente la tramitación de un procedimiento con múltiples interesados (por todas las resoluciones al respecto, citamos el reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid – sección 28ª – de 12 de mayo de 2011, incidente concursal número 493/2007 del concurso necesario 329/2006).
Pero no fue esta la única polémica planteada puesto que la remisión que realizaba el artículo 95 a la publicidad establecida en el artículo 23 también fue objeto de interpretación diversa por nuestros tribunales. Así en algunas resoluciones – como en el Auto del Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 14 de julio de 2005, antes citado – se consideraba que la remisión general al artículo 23, en la medida en que este artículo establecía un sistema de publicidad diferente para la declaración de concurso (en el BOE y un diario de gran circulación) y para las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento (según lo que decidiera en cada momento el Juez) permitían concluir que "no existe, al día de hoy, otro mandato normativo para la publicidad general que haya de darse a la presentación del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria que la referida exclusivamente a su publicación mediante edictos insertados en el tablón de anuncios del juzgado". Por el contrario otras resoluciones, como la SAP de Pontevedra de 25 de junio de 2007, consideraban que "ante la falta de tal regulación reglamentaria no queda otra posibilidad que entender la remisión al art.23 como una remisión a las medidas de publicidad previstas para la ley", esto es, en el BOE y un diario. Y dicha resolución añadía que como el artículo 95.2 se refería a que la comunicación se realizaría por dos medios (i) conforme a lo previsto en el artículo 23 y (ii) mediante la publicación en el tablón de anuncios del Juzgado, debía concluirse "que no se satisface la publicidad con la mera fijación del edicto en el citado tablón de anuncios, sino que además ha de acudirse a los medios de publicidad del art.23".
El artículo 95.2 en su redacción actual también prevé dos medios de "comunicación", mediante la publicación en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado. Además utiliza la conjunción copulativa "y", lo que indica que debe publicarse en ambos medios. Ahora bien, el citado Registro, al que se refiere el artículo 198 de la Ley, nunca hasta la fecha ha sido creado, tal y como se preveía. Por esta falta de desarrollo reglamentario, se plantea la cuestión de si para la comunicación general de la presentación del informe es suficiente la publicación en el tablón del Juzgado o es necesaria también la publicación en el BOE (publicación que, además será gratuita, cuando lo acuerde el Juez del concurso, según la reforma introducida por el Real Decreto-ley 3/09).
La solución, a mi juicio, pasa por acudir a lo dispuesto en el apartado segundo del art.23 que permite al juez acordar cualquier otra publicidad que considere imprescindible para la efectiva difusión de los "actos" del concurso. Así no se podría exigir al juez que acordara la publicación en el BOE de la presentación del informe, pero sí podría acordarla si considerase que tal publicidad permite la efectiva difusión de los actos del concurso. De esta forma, en atención a las concretas circunstancias del procedimiento, el juez podría acordar la publicidad que considerase más conveniente (imaginemos un concurso, por ejemplo, en el que un gran número de los acreedores estuvieran personados, la publicidad adicional no tendría sentido). Cierto que el término "imprescindible" reduce la discrecionalidad del juez para acordar tal publicación, pero mientras no exista el Registro Público Concursal, nada impide acordarla y defender que dicha publicación en el BOE es imprescindible para la efectiva difusión del informe de la administración concursal, sobre todo si se trata de un concurso con un gran número de acreedores.
La redacción del vigente articulo 95.2 LC es tributaria del citado Real Decreto-Ley 3/2009. Dispone que "la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado". A tenor del referido precepto la noticia consistente en que la Administración concursal ha presentado al Juzgado el Informe del concurso al que se refiere el Título IV de la Ley Concursal debe ponerse de manifiesto tanto a través del Registro Público Concursal como en el tablón de anuncios del Juzgado.
Sin embargo, la publicidad que debía darse a la resolución que tiene por presentado el Informe del concurso no estaba tal clara en la redacción originaria del artículo 95.2 LC. Disponía dicho precepto que "la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se comunicará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23 y se publicará en el tablón de anuncios del juzgado". De acuerdo con el tenor de dicho artículo, la publicidad de "la presentación al Juez del Informe de la Administración concursal" debía cumplimentarse a través de dos vías, por un lado, según lo dispuesto en el artículo 23 LC, y por otro, mediante la inserción del correspondiente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado.
La comunicación que debía realizarse "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23" (texto derogado del artículo 95.2 LC) se anudaba a la otra publicación que debía llevarse a cabo en el tablón de anuncios, con la conjunción copulativa "y". Por tanto, no podía considerarse que la publicidad de la presentación del Informe del concurso, que se debía llevar a cabo en el tablón de anuncios del Juzgado del concurso, agotara la publicidad que obligatoriamente imponía el artículo 95.2 LC. Además de la publicidad a través del tablón de anuncios del Juzgado, debía realizarse la "comunicación" a la que se refería tal precepto cuando se remitía al artículo 23 LC.
La publicidad a llevar a cabo "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23" debía entenderse referida al Boletín Oficial del Estado. Así se desprende de los siguientes factores: a) el objeto de la publicación lo era –lo sigue siendo- la resolución judicial por la que se tiene por presentado el Informe referido en el artículo 75 LC; b) el artículo 95.1 LC contemplaba la comunicación personal a determinados grupos de acreedores; y c) el artículo 95.2 LC contemplaba –y lo sigue haciendo- una comunicación en el tablón de anuncios. Por tanto, la remisión que en dicho precepto se hacía al artículo 23 LC tenía que ser para referirse a una forma general de publicidad. Precisamente porque en el artículo 95.1 LC se contemplaba un modo de comunicación personal, la "comunicación" a la que se debía querer referir el artículo 95.2 LC debía ser una publicidad general, esto es, destinada a todo aquel a quien pudiera interesar.
Las dudas sobre cuál debía ser el alcance de la publicidad regulada en el texto del artículo 95.2 LC anterior a la reforma, dio lugar a que el legislador –al convalidar el Real Decreto-Ley 3/2009- considerase necesario suprimir las remisiones que se hacían a otros preceptos, e insertar de manera directa en el texto del precepto las previsiones sobre publicidad respecto de la resolución teniendo por presentado el Informe previsto en el artículo 75 LC. Como hemos visto, la redacción actual del artículo 95.2 LC establece que "la presentación al juez del informe de la administración concursal y de la documentación complementaria se notificará a quienes se hayan personado en el concurso en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y se publicará en el Registro Público Concursal y en el tablón de anuncios del juzgado".

References: artículo 6
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 96
 artículo 95
 artículo 12
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 95
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 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 95
 artículo 96
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 97
 artículo 96
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 23
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 artículo 95
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 95
 artículo 198
 resolución 
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 23
 resolución 
 artículo 75
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 23
 artículo 95
 artículo 95
 artículo 95
 resolución 
 artículo 75
 artículo 95