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Publicado: abril 14, 2017 en JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL
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Publicado: julio 13, 2015 en ARCHIVOS ENVIADOS
Etiquetas:#ACCION, #APUNTES, #CADUCIDAD, #PRESCRIPCION
LA PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN GENERAL
Concepto de prescripción
Es el medio o manera por el cual, bajo ciertas condiciones, el tiempo modifica sustancialmente la relación jurídica. Podríamos decir que es el instituto jurídico en el cual inmanente esta el tiempo para crear o extinguir derechos y obligaciones.
La palabra prescripción viene del latín praescriptio compuesta con el prefijo prae – (pre-= adelante, antes) scriptus (escrito) y el sufijo – tio(-ciòn: acción y efecto). A su vez, Washington dos Santos define prescripción como: “acto o efecto de prescribir, perdida de la acción atribuida a un derecho que permanece así jurídicamente desprotegido debido a la inercia de un titular y en consecuencia del paso del tiempo”.
En un diccionario de ciencias políticas y jurídicas y sociales, Manuel Osorio define prescripción:
En derecho civil, comercial y administrativo, medio de adquirir un derecho o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina, y que es variable según se trate de bienes muebles o inmuebles y según también que posean o no de buena fe y con justo titulo. La prescripción llamase adquisitiva cuando sirve para adquirir un derecho. Y es liberatoria cuando impide el ejercicio de la acción para exigir el cumplimiento de una obligación. Estos plazos liberatorios son muy variables, conforme a la acción que se trate de ejercitar.[1]
El ilustre ponte de Miranda refiriéndose a la prescripción que es la “excepción que alguien tiene, contra el que no ejerció, durante cierto tiempo, que alguna regla jurídica fija, su pretensión o acción”.[2]
Lo primero que debemos tomar en cuenta para diferenciar la prescripción de la caducidad es saber a qué tipo de derecho afecta, ya que, mientras la prescripción afecta a los derechos subjetivos en general, la caducidad afecta a la acción como un muy particular derecho subjetivo.
Otra diferencia clara que debemos tomar en cuenta es que cuando se trata de prescripción, ése derecho prescrito no se extingue en su totalidad, ya que como bien lo afirma Licurgo Mourao:
Perder la acción, a nuestro entender, no significa, o no necesariamente significa perder el derecho. Así por ejemplo si un deudor no cumple con efectuar el pago de sus obligaciones, el acreedor dispone, de acuerdo a ley, de un plazo determinado para entablar la acción que conlleve al cumplimiento por parte de su deudor; pero sí, el acreedor no defiende su derecho, este va a prescribir. Sin embargo, su derecho no se extingue, y si el deudor posteriormente cumple con su compromiso, no podrá, bajo ningún argumento interponer acción de devolución de dicho pago por indebido, ya que el derecho de recibir del acreedor no habrá extinguido.[3]
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN EL DERECHO CIVIL
Nuestro derecho venezolano tiene la definición de prescripción en el Código Civil en el Artículo 1592 donde establece que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una oblación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Vemos entonces que en el Derecho Civil existe la prescripción adquisitiva como un medio de adquirir un derecho; y la prescripción extintiva, como un medio de liberarse de una obligación.
Para el presente trabajo, no reviste mayor importancia la prescripción adquisitiva o usucapión, la cual no estudiaremos a fondo, ya que lo que nos corresponde es la diferenciación entre la prescripción y la caducidad. Por tanto entre estos dos tipos de prescripciones que existen en el Derecho Civil, adquisitiva y extintiva, la que tiende a confundirse con la caducidad es la prescripción extintiva, ya que como hemos explicado antes, la caducidad al derecho de acción, mientras que la prescripción extintiva afecta a los derechos de crédito, causado por la inercia del acreedor. Por tanto pueden darse dos casos:
Que haya prescrito para el acreedor su derecho de crédito, y éste demande a su deudor, el cual podrá alegar que dicho derecho ya prescribió. Y en este caso el derecho de acción no habrá caducado, sino que en cambio la pretensión del mismo no es procedente por no existir el derecho que pretende reclamar. Ya que extingue la pretensión.
Que el derecho del acreedor no haya prescrito pero exista en la ley un plazo de caducidad de la acción. Y por tanto se extingue la acción y la pretensión.
Hay que tener claro que la caducidad se encuentra inmersa en el derecho adjetivo y la prescripción corresponde al derecho sustantivo.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL DERECHO PROCESAL CIVIL
La caducidad de la acción está establecida en nuestro Código de Procedimiento Civil como una de las cuestiones previas en el ordinal 10 del artículo 346 como:
Dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda, podrá el demandado en vez de contestarla promover las siguientes cuestiones previas:
10°. La caducidad de la acción establecida en la ley.
La caducidad de la acción establecida en la ley
Esto quiere decir que caduco el poder para hacer valer su pretensión porque culmino el tiempo establecido para ello por tal motivo el demandado puede alegar una cuestión previa. Arístides Rengel Romberg (2012). Afirma:
En materia de caducidad de la acción, la Corte Suprema ha deslindado claramente los efectos de la caducidad y los de la prescripción y considera que los de esta última constituye una defensa de fondo, más no así los de la caducidad, cuyo lapso es fatal y que la acción caduca, carece de existencia y no puede discutirse en debate judicial.[4]
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN EL DERECHO PENAL
Las instituciones de la prescripción y la caducidad afectan al Derecho Penal en el mismo sentido en el que esta afecta al Derecho Administrativo, ya que para el Derecho Penal, como es muy bien afirmado en Sentencia del Tribunal Primero de Juicio Sección Penal Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón (2010):
La Prescripción en el derecho Penal es la extinción de la responsabilidad por el Transcurso del lapso fijado por el legislador para perseguir el delito o la falta, incluso luego de quebrantada una condena; la prescripción es un límite que le impone el derecho Penal al Estado Perseguidor, porque a través del transcurso del tiempo, se pierden los medios probatorios, bien sea por el olvido de la sociedad del hecho delictivo, o por la falta de interés de las partes que dejan decaer la acción y la misma entra en un proceso de inacción, en el cual opera la prescripción por el paso del tiempo, decretándolo de oficio, cuando así se desprenda de las actas procesales. [5]
En éste punto también aduce Ossorio, M. (2006):
En Derecho Penal, se refiere la prescripción, a la extinción de la responsabilidad por el transcurso del lapso fijado por el legislador para perseguir el delito o la falta, incluso luego de quebrantada una condena.[6]
En tal sentido vemos que la prescripción afecta al poder perseguidor del Estado, al igual que afecta a la potestad de la Administración Pública de ejecutar forzosamente sus actos, como lo explicaremos infra. La prescripción por tanto no afecta a los individuos de la sociedad en materia penal, ya que no existe en este Derecho la posibilidad de obtener un derecho real, ni mucho menos perder un derecho de crédito. Por tanto como lo explica la sentencia deducida vemos que la prescripción opera en esta materia a favor de la seguridad jurídica de los particulares, para no darle el poder ilimitado al Estado de perseguir indefinidamente, sino que se le da un tiempo razonable para ello, ya que el paso del tiempo ha restaurado ese orden social. En el caso de delitos en los cuales es el afectado el que debe iniciar el procedimiento existe la caducidad de la acción, ya que en este caso sí existiría una caducidad propiamente dicha y ambas, tanto la prescripción como la caducidad están establecidas en el Artículo 108 del Código Penal Venezolano.
LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
La prescripción en el Derecho Administrativo afecta a la Potestad Sancionadora del Estado. En cambio la caducidad se ve en el ámbito de los procesos judiciales y como lo explicaremos en su oportunidad, en la jurisdicción contencioso administrativo, y afecta al poder[7] de acción del sujeto que lo ejerce.
Análisis del Artículo 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA)
El Artículo 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos se encuentra en el capítulo III; Del Procedimiento en Caso de Prescripción y aduce que:
Las acciones provenientes de los actos administrativos creadores de obligaciones a cargo de los administrados, prescribirán en el término de cinco (5) años, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes.
La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código Civil.
La norma transcrita, se refiere a los actos administrativos que crean obligaciones para los administrados, sin especificar qué tipo de obligaciones se trata, y en ese sentido vemos que puede ser cualquier tipo de obligación. Y la posibilidad de ejecutar forzosamente esas obligaciones por parte de la Administración, dice la norma, prescriben a los cinco años, es decir, vemos aquí establecido un caso en el que la prescripción afecta a la Potestad Sancionadora del Estado. En este sentido los comentarios de Licurgo Mourão:
Prescripción de acuerdo a Elody Nassar significa “extinción de la iniciativa de punir”, como resultado de la inercia, durante cierto lapso de tiempo, del Poder Público en la persecución de la infracción o en la ejecución de la sanción.
La prescripción alcanza a la pretensión punitiva del Estado, y es el tiempo esa muralla que se eleva contra el poder de castigar, de sancionar al administrado, al agente público, al empleado que incurre en los ilícitos administrativos relacionados en las leyes y los reglamentos [8]
Ese lapso de prescripción comienza a correr desde que acto administrativo cobra eficacia, es decir cuando es notificado al administrado en la forma en la que lo establece el Artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En la redacción del Artículo 70 objeto de análisis existe para nosotros un erros que mal podría llevarnos a una confusión entre caducidad y prescripción; cuando la norma establece que “Las acciones (…) prescribirán” cuando las acciones no están sujetas a prescripción sino a caducidad, y lo que prescriben son los derechos. En este punto para nosotros la acción primeramente es un poder perteneciente a la categoría de los derechos subjetivos, y al ejercer ésta acción ante el juez, le exigimos que nos satisfaga el objeto de nuestra pretensión, el cual resulta ser otro derecho subjetivo, un bien de la vida. Es importante tener clara esta distinción, ya que cuando la acción caduca, ese poder, ese derecho, se pierde totalmente, y ya no existe otra forma de obtener el objeto de nuestra pretensión. En cambio la prescripción no extingue el derecho, sino que lo convierte en una obligación natural, si el obligado la cumple, ya no tendrá posibilidad de solicitar el regreso de lo que haya prestado. Como hemos visto el Artículo 70 se refiere a la prescripción de la acción de la Administración, pero no debe entenderse así, ya que la administración mal podría tener que dirigirse a los Tribunales para que estos dicten una sentencia en la cual se obligue al administrado al cumplimiento de su propio acto administrativo si la Administración cuenta con la posibilidad de realizar la ejecución forzosa de los actos administrativos, así como lo establecen los Artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; y en ese caso lo que prescribe no es una acción (la cual no existe) sino el efecto del acto administrativo, es decir, prescribe la obligación (tesis romanista).
El aparte único del Artículo en comento establece que “La interrupción y suspensión de los plazos de prescripción se rigen por el Código Civil”, pero si nos vamos a los Artículos del Código Civil que rigen la interrupción y la suspensión de la prescripción, los cuales son, para la interrupción, del Artículo 1967 al 1974, y para la interrupción del Artículo 1964 al 1966, vemos que no son posibles de aplicar en materia de actos administrativos, ya que por ejemplo el caso de interrupción natural (Artículo 1968 del Código Civil) no es posible aplicarlo en relación a los actos administrativos que establecen obligaciones a los administrados, ya que no hay posibilidad material para que la Administración deje de poseer las facultades de obligar forzosamente al administrado a realizar el cumplimiento de la obligación, además de ello porque el Artículo 1968 del Código Civil establece la interrupción de la prescripción adquisitiva (meramente materia civil) y no la extintiva que es al tipo de prescripción que se puede catalogar en el Artículo 70 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que como sabemos cuando un derecho de crédito prescribe en el Derecho Civil, no corre la prescripción adquisitiva de ese deudor, sino la prescripción extintiva causado por la inactividad del acreedor. Otro ejemplo a la imposibilidad de aplicación de las disposiciones del Código Civil sobre interrupción y suspensión de la prescripción en materia de los actos administrativos sería el caso del Artículo 1964, en el cual vemos que la norma se refiere a los estados y capacidades de las personas y vemos que en algunos casos no puede correr la prescripción (adquisitiva), debido al estado o capacidad de dos personas, no cual no es posible ver en el Derecho Administrativo.
Caducidad en los recursos administrativos:
Como ya se ha explicado antes, se habla de caducidad de las acciones en los procedimientos judiciales, y esta se da por el incumplimiento de la carga que tiene una de las partes; en el Derecho Administrativo es igual la situación en materia de los recursos administrativos, ya que al no ejercer oportunamente el administrado un recurso administrativo éste caducara por el paso del tiempo y su incumplimiento, además de ello se habla de caducidad; porque no se tiene aquí un derecho de crédito para que se pueda hablar de prescripción extintiva, y además porque al operar esa caducidad, ese derecho se extingue totalmente y ya no hay posibilidad para hacer valer el derecho.
Caducidad en el recurso de reconsideración:
El Artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dispone:
El recurso de reconsideración procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y deberá ser interpuesto dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto que se impugna, por ante el funcionario que lo dicto. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso, decidirá dentro de los (15) días siguientes al recibo del mismo. Contra esta decisión no puede interponerse de nuevo dicho recurso.
Como podemos ver, en este caso existen dos tipos de caducidad, uno para el administrado, el cual debe ejercer el recurso de reconsideración dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto, si pasan esos 15 días, el administrado ya no podrá ejercer dicho recurso. El otro tipo de caducidad que se presenta es el de los 15 días que tiene la Administración para decidir sobre la reconsideración (Si no se trata de la máxima autoridad Administrativa como el Ministerio), puede pasar dos cosas, primero, que el administrado espere a que la Administración decida así hayan concurrido más de los 15 días, en cuyo caso caducaría para el administrado la posibilidad de ejercer el recurso jerárquico (caducidad que explicaremos seguidamente), o en segundo lugar, como dice el autor José Peña Solís (1990) “por disposición de la ley el interesado puede convenir en una especie de caducidad, dándole el valor de silencio rechazo a la demora de la Administración en decidir”
Caducidad en el recurso jerárquico:
El Artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dispone:
El recurso jerárquico procederá cuando el órgano inferior decida no modificar el acto de que es autor en la forma solicitada en el recurso de reconsideración. El interesado podrá, dentro de los quince (15 días siguientes a la decisión a la cual se refiere el párrafo anterior, interponer el recurso jerárquico directamente para ante el Ministro.
Caducidad en el recurso de revisión:
El recurso extraordinario de revisión solo puede ser ejercido dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la sentencia según el Artículo 98 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Caducidad en materia contencioso administrativa
Las acciones de nulidad caducarán conforme a las reglas siguientes:
Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de treinta días continuos.
En el caso de vías de hecho y recursos por abstención, en el lapso de ciento ochenta días continuos, contados a partir de la materialización de aquellas o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso.
Como se puede observar de la norma transcrita, notamos que en la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, incluye en un mismo Artículo todas las caducidades que se pueden originar, dependiendo de los distintos tipos de actos que se impugnan, y ya no hay que remitir esa regulación a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
MATERIAL ENVIADO POR :
Estudiante de 4to año de Derecho en la Universidad Católica del Táchira.
Ricardochh22@gmail.com https://aportesdederecho.wordpress.com/

References: Artículo 1592
 artículo 346
 Artículo 108
 Artículo 70
 Artículo 70
 Artículo 73
 Artículo 70
 Artículo 70
 Artículo 1967
 Artículo 1964
 Artículo 1968
 Artículo 70
 Artículo 1964
 Artículo 94
 Artículo 9
 Artículo 98