Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-marzo-2016/
Timestamp: 2017-09-24 01:18:36+00:00

Document:
No se han publicado normas tributarias de interés general desde el 01 hasta el 15 de marzo de 2016
1.- La deducción del gasto por depreciación para fines del IR ¿se encuentra condicionada a que el costo del activo fijo esté sustentado en comprobante de pago?
De la lectura del INFORME N° 017-2016-SUNAT/5D0000 fluye lo siguiente:
1.- En virtud del Decreto Legislativo 1112 (publicado el 29.06.2012 y vigente a partir del 1.01.2013) se modificó el artículo 20 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). Dicho artículo define, entre otros, al término “costo de adquisición” al igual que “costo de construcción” en el contexto de la determinación de la Renta Bruta, definiciones necesarias para, a su vez, definir el concepto “costo computable” –el cual surge cuando de la enajenación de un bien del activo fijo se trata-, regulado también por el mencionado artículo 20 de la LIR. A su turno, la aludida modificación exige que la sustentación del costo computable repose en el respectivo comprobante de pago
2.- El artículo 41 de la LIR señala que las depreciaciones se calcularán sobre, entre otros, el “costo de adquisición” o “costo de construcción”, según sea el caso.
3.- SUNAT considera que de una interpretación sistemática de los artículos 41 y 20 de la LIR se puede afirmar que la depreciación ha de calcularse sobre el “costo de adquisición” o “costo de construcción” debidamente sustentado con comprobantes de pago.
4.- Así, SUNAT concluye que, tratándose de activos (fijos) que fueron adquiridos o construidos hasta el 31.12.2012, que hayan empezado a ser utilizados en la generación de rentas gravadas recién a partir del 0.01.2013, para la deducción de su depreciación tributaria se requiere, en general, que la sustentación de su costo de adquisición o construcción se efectúe con comprobante de pago.
2.- Servicio de Asistencia Técnica brindado por sujeto no domiciliado ¿la tasa del 15% se aplica sobre cada “entregable parcial” o sobre el contrato en conjunto?
Se le consultó a SUNAT si como consecuencia del servicio de asistencia técnica – consistente en la realización de un estudio de factibilidad o en un proyecto definitivo de ingeniería- prestado por un proveedor no domiciliado la tasa del 15% se aplicaba sobre el contrato en conjunto o sobre cada entregable parcial o “hito de facturación”
Mediante INFORME N° 018-2016-SUNAT/5D0000 la SUNAT concluyó como sigue:
En relación con el supuesto de un proveedor extranjero que celebra con una empresa peruana un contrato cuyo objeto es un servicio de ingeniería que califica como asistencia técnica para efectos del Impuesto a la Renta, consistente en la realización de un estudio de factibilidad o un proyecto definitivo de ingeniería, y en el cual se establece “hitos de facturación” determinados por entregables parciales (como, por ejemplo, los estudios iniciales a nivel de perfil), la tasa del Impuesto a la Renta de 15%, a que se refiere el inciso f) del artículo 56 de la LIR, es aplicable a toda retribución por dicho concepto
En rigor, fluye de la conclusión arribada por SUNAT que, por cada pago parcial que se efectúe a favor del no domiciliado en virtud a cada entregable, se aplicará la tasa del 15%
I.- El Impuesto Predial sobre predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana y de edificación ¿Se aplica la Ley de Tributación Municipal o la Ley 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones?
El Tribunal Fiscal, en virtud de la RTF 01292-7-2016 (05.03.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“A efecto de determinar el régimen del Impuesto Predial de los predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana y de edificación, resulta de aplicación lo dispuesto por la Ley de Tributación Municipal, no obstante para la determinación de la base imponible y la exigibilidad del impuesto por los incrementos del valor de los citados predios debe tenerse en consideración lo establecido en el artículo 31 de la Ley 29090, modificado por Ley 29476
En el caso de predios comprendidos en proyectos de habilitación urbana o de edificación que ya no están en ejecución de obras y que no cuentan con recepción o conformidad de obras, según corresponda o cuya licencia de habilitación o de edificación ya no está vigente, corresponde que, desde el primero de enero del año siguiente de producido alguno de los referidos hechos, se incremente la base imponible del Impuesto Predial, y por tanto, el monto de dicho impuesto, por los incrementos de valor”
Por consiguiente, siguiendo la línea interpretativa del Tribunal Fiscal, le asistirá el derecho a aquellos contribuyentes (empresas inmobiliarias) que realizaron el pago del Impuesto Predial en “exceso” evaluar la posibilidad de solicitar su devolución.
Asimismo, aquellos casos en los cuales se encuentre en trámite una impugnación (proceso contencioso tributario), a nivel administrativo (ante la Municipalidad que corresponda), la instancia respectiva habrá de resolver acorde con el presente criterio vinculante.
I.- La “excesiva” contratación de servicios para un mismo fin ¿el desembolso por ello puede suponer un gasto no deducible para fines del IR?
De la lectura de la RTF 05212-5-2012 se desprende que, si bien es cierto una empresa “A” puede contratar a otra empresa “B” para que esta última le brinde un servicio específico (como podría ser el de gerenciamiento, financiero u otro de distinta índole), manteniendo la primera (empresa “A”) relación contractual con otras empresas y deduciendo por ello gastos por “servicios prestados por terceros”, no deja de ser menos cierto que, a los efectos de estar en correspondencia con el “principio de causalidad” de los gastos, resulta atendible que la empresa “A” acredite la necesidad que tenía de contratar a una empresa “B” con la finalidad de que ésta le brinde los mismos servicios para los cuales ya había (la empresa “A”) contratado a otras personas jurídicas (o naturales, según el caso).
En efecto, de no poder acreditar “A” dicha necesidad (de incurrir en ese otro “gasto” al contratar a “B”) no se cumpliría con acreditar la razonabilidad y normalidad del gasto que exige la LIR. Es por tal razón que, en el caso en controversia, el Tribunal Fiscal desconoció el gasto incurrido por “A”.
I.- ENTRA EN VIGENCIA LICENCIA POR MATERNIDAD POR 98 DÍAS
Mediante D.S. Nº 002-2016-TR , publicado el 09 de marzo de 2016, se ha dispuesto adecuar las normas reglamentarias que regulan el descanso por maternidad y el pago del subsidio por maternidad a las disposiciones de la Ley 30367, Ley que protege a la madre trabajadora del despido arbitrario y prolonga su período de descanso.
En ese sentido, se ha modificado el Reglamento de la Ley 26644, Ley que precisa el goce del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante, aprobado por D. S Nº 005-2011-TR y el Reglamento de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado por D.S. Nº 009-97-SA.
En sínteses, a partir del día siguiente de la publicación del D.S. Nº 002-2016-TR entra en vigencia el nuevo período del descanso pre y post natal, extendiéndose de 90 a 98 días.
I.- OPCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE AFILIARSE A UNA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE MANERA DIRECTA
En el portal web del Congreso de la República se ha publicado el Proyecto de Ley Nº 5114/2015-2, que busca modifica el art. 5 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
El proyecto establece que los trabajadores podrán afiliarse directamente a la Federación de rama de actividad a la que pertenecen o, de no existir ésta, a la Confederación Sindical de su opción.
Según el proyecto, con esta propuesta se busca promover la sindicación directa de los trabajadores; es decir, el derecho de afiliación a un sindicato ya no se limitaría a nivel de empresa (norma vigente), sino de las organizaciones sindicales que los trabajadores estimen convenientes, lo cual es conforme con el Convenio Nº 87 de la OIT.
Cabe mencionar que el texto vigente del art. 5 citado establece que los sindicatos pueden ser: i) de empresa, ii) de actividad, iii) de gremio o iv) de oficio.
I.- DESPIDO: CASO EN QUE LAS FALTAS GRAVES IMPUTADAS AL TRABAJADOR NO SE ACREDITARON
De la Sentencia Casatoria, Cas. 7145-2014-Arequipa, publicada el 01 de febrero del 2016,se desprende que el trabajador alegó que había sido objeto de un despido fraudulento, por lo que solicitó la reposición de su puesto de trabajo, en el cargo de profesor. El empleador (entidad educativa) señaló que el trabajador había incurrido en faltas graves previstas en el art. 25, incs. a) (quebrantamiento de la buena fe laboral) y f) (actos de violencia, injuria, indiciplina) de la LPLC, toda vez que:
– La carta presentada como descargo de la carta de pre-aviso era falsificada y adulterada, puesto que había utilizado a terceras personas (padres de familia del colegio) para fabricar una prueba ilícita. En ese sentido, consideró que había cometido delito contra la fe pública (Código Penal, art. 427).
– Había creado un ambiente de inseguridad en el colegio (centro de trabajo), pues había comentado a sus alumnos y padres de familia que iba a ser despedido.
– Había cometido actos de indisciplina que afectaban la imagen del colegio, tales como por ejemplo, desplazarse descalzo por las instalaciones.
– Existían informes y quejas de sus compañeros que señalaban que se negaba a cumplir con sus obligaciones, lo que generaba un clima negativo para el desarrollo de las actividades educativas.
La Corte Suprema declaró fundado el recurso presentado por el trabajador, toda vez que no existían pruebas de las faltas imputadas. Se fundamentó en las razones siguientes:
– El empleador no había sustentado objetivamente que la carta de descargo había sido falsificada o adulterada.
– Se había incurrido en generalidades e imprecisiones respecto de las faltas imputadas de los compañeros de trabajo. Ello en razón de que no se había detallado el tipo de informe presentado en contra del trabajador ni las personas que lo suscribieron.
Asimismo en la carta de pre-aviso no se habían adjuntado los informes y quejas supuestamente presentados en contra del trabajador.
– Con relación a que el trabajador se desplazaba descalzo por las instalaciones, se constató que en las cartas de pre-aviso y de despido no se había adjuntado ninguna prueba que acreditara lo dicho
Si bien durante el proceso judicial el empleador presentó un video, dicha prueba no podía ser valorada, puesto que i) recortaba el derecho de defensa del trabajador y ii) las imágenes del video sólo mostraban a aquél caminando descalzo en un jardín sin advertirse la presencia de terceras personas (padres de familia), lo cual no constituía un comportamiento que afectaba la imagen de la institución.
II.- CONDICIONES PARA APLICACIÓN DEL IUS VARIANDI
De acuerdo con la Res. 174-2015-SUNAFIL/IL con fecha 25 de mayo del 2014:
– El empleador para ejercer el ius variandi o facultad directriz no requiere correr traslado previo al trabajador, ni otorgarle la oportunidad de formular descargo respecto del ejercicio de dicha facultad.
El art. 9 de la LPCL establece como límite la razonabilidad de la medida y las necesidades del centro de trabajo. En ese sentido, en el marco de una fiscalización laboral, los inspectores deben limitarse a analizar si la aplicación delius variandifue razonable o no. Es decir, no deben establecer límites o requisitos respecto de la aplicación de esa facultad.
En el caso la SUNAFIL concluyó que no se había podido determinar la razonabilidad de la medida adoptada por el empleador, consistente en el cambio del puesto de trabajo del trabajador por su falta de diligencia. Se sustentó en que la resolución apelada no había realizado un análisis comparativo de los puestos desempeñados por el trabajador, antes y después del cambio, ni determinado la necesidad del centro de trabajo de aplicar la medida.
III.- BONOS DE PRODUCCIÓN OTORGADOS DE MANERA REGULAR AL TRABAJADOR
Según la Res. 370-2015-SUNAFIL/IL de fecha 08 de setiembre del 2015:
– Si el empleador otorga a los trabajadores bonificaciones en función al cumplimiento de metas o resultados, dichas bonificaciones tendrán carácter remunerativo si cumplen el requisito de regularidad establecido en el art. 16 de la LCTS, según el cual “tratándose de remuneraciones complementarias, de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando menos tres meses en cada periodo de seis”.
– La omisión del pago de dichos montos no solo acarrea la falta de pago íntegro de la remuneración, sino, además, el cálculo indebido de la remuneración computable para efectos de los beneficios sociales (CTS, vacaciones, gratificaciones).
La SUNAFIL señaló que el pago efectuado a un grupo de trabajadores bajo la denominación de “bono de producción” tenía carácter remunerativo, toda vez que su otorgamiento no se debió a indicadores de producción, sino a una decisión unilateral del empleador. Además, precisó que dicho pago había cumplido con el requisito de regularidad establecido en el art. 16 de la LCTS para efectos del cálculo de la CTS, en tanto había sido otorgado por un periodo mayor a tres meses.

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 41
 artículo 56
 artículo 31
 resolución