Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/SE-2015/se201500254.html
Timestamp: 2019-03-25 03:42:24+00:00

Document:
se201500254
SENTENCIA: 254/2015.
EXPEDIENTE Nº: 426/2009.
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo interpuesto por la Almacenera Boliviana ALBO S.A. contra la Resolución de 21 de abril de 2009 (RD 03-038-09) emitida por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia.
VISTOS EN SALA PLENA: Las demandas contencioso administrativas cursantes en las siguientes fojas: a) 397 a 408 (2º y 3º cuerpos); b) 350 a 361 (5º cuerpo); c) 366 a 377 (7º cuerpo); d) 371 a 382 (9º cuerpo); e)357 a 368 (11º y 12º cuerpos); f) 343 a 354 (14º cuerpo); g) 321 a 332 (16º cuerpo); h) 329 a 340 (18º cuerpo); e, i) 335 a 346 (20º cuerpo), mismas que fueron acumuladas mediante Auto Supremo Nº 120/2012 de 14 de mayo (fs. 490 del tercer cuerpo); las respuestas correspondientes; réplicas y dúplicas y los antecedentes procesales.
CONSIDERANDO I: Que la Almacenera Boliviana ALBO S.A., representada por Fernando Ríos España, interpone nueve demandas, cuyo contenido y argumentos son similares, con la diferencia que entre la prueba a que hacen referencia, mencionan a las primeras resoluciones sancionatorias, con diferentes números, emitidas en la misma fecha (12 de diciembre de 2006) y referidas a las 1) DUI 101 C-481, 2) DUI 101 C-484, 3) DUI 101 C-491, 4) DUI 101 C-490, 5) DUI 101 C-471, 6) DUI 101 C-480, 7) DUI 101 C-482, 8) DUI 101 C-473, y 9) DUI 101 C-489, demandas que como fundamento manifiestan lo siguiente:
Refiere que la entidad ahora demandante, suscribió con la Aduana Nacional el 29 de noviembre de 2002, la concesión de la administración de Depósitos Aduaneros en recintos aduaneros de algunas regiones del país, entre ellas, la que se encuentra en la ciudad de Sucre.
Indica que en fechas “11/08/2005, 16/08/2005 y 16/08/2005”, el administrador del recinto aduanero de la ciudad de Sucre, autorizó la salida de mercancía, que después de haber sido objeto de procesamiento por supuesto contrabando y concluidas todas las instancias, mereció la determinación fiscal de Sobreseimiento, ordenando la entrega inmediata de la mercancía a su propietario. Así la autoridad Fiscal notificó a la administración aduanera de la ciudad de Sucre dicha decisión, determinación que fue transmitida por el Administrador de Aduana Sucre al concesionario, emitiendo nota de instrucción para hacer efectiva la entrega de la mercancía a su propietario, misma que fue “acatada” por el concesionario a través de su gerencia, entregando la mercancía y permitiendo su salida del recinto. Sin embargo, fue notificado con el inicio de proceso administrativo por supuesta infracción a los “Art. 13 inc. h), 18, 72 inc. c) y 73 inc. z)” del Reglamento de Concesión, notificación realizada el 19 de diciembre de 2006, incumpliendo las tres etapas del proceso que son la iniciación, la tramitación y la conclusión, haciendo alusión a los arts. 80 al 84 de la Ley Nº 2341.
Señala que la notificación con la Resolución Sancionatoria es dirigida y realizada a la Gerente del Recinto ubicado en la ciudad de Sucre, y no a su representante legal como dispone el “contrato de concesión cláusula 34º”, refiriendo también al “Reglamento de concesión Art. 103º” y a la “Ley 2341 Art. 33 y Art. 37 del D.L. 27113”.
Manifiesta que el 4 de enero de 2007, mediante Recurso de Revocatoria solicitó a la Administración Aduanera su consideración, misma que pese a disponer la nulidad de la resolución sancionatoria, reinicia el proceso, incurriendo en las mismas irregularidades denunciadas.
Refiere que el 28 de febrero de 2007, “aplicando el relacionamiento” como mero formalismo, la Administración Aduanera pretendió haber cumplido con las etapas de iniciación y tramitación del procedimiento administrativo, concluyendo con la Resolución Sancionatoria de 26 de octubre de 2007, (notificada el 16 de enero de 2008), resolviendo imponer multa de “$US. 5000” por cada uno de los nueve despachos que considera irregulares. Indica que contra la referida Resolución Sancionatoria, el 30 de enero de 2008 planteó Recurso de Revocatoria, misma que no fue resuelta dentro del plazo legal de 10 días, previsto en el art. 94 del Reglamento de Concesión, por lo que en consideración al silencio administrativo, planteó Recurso Jerárquico el 28 de febrero de 2008.
Señala que después de interponer el Recurso Jerárquico, recién el 07 de marzo de 2008 fue notificada con la Resolución del Recurso de Revocatoria de 18 de febrero de 2008, misma que dispuso la nulidad de la notificación practicada a su gerente “y nueva notificación al representante legal”. Arguye que la mencionada Resolución fue emitida fuera del plazo previsto en el art. 94 del Reglamento de Concesión, aspecto que fue expuesto mediante memorial de 12 de marzo de 2008, en el que mencionaron el rechazo a la referida nulidad, toda vez que se habrían cumplido las previsiones del art. 39 del DS Nº 27113 y Sentencias Constitucionales “Nº 137/2004-R y Nº 1845/2004-R”. Además indica que habrían dejado expresa constancia que dicha autoridad perdió competencia y que la mencionada Resolución de nulidad, carecía de licitud; y que también, al haber planteado Recurso Jerárquico, estaría a la espera de la Resolución correspondiente.
Refiere que el mencionado Recurso Jerárquico no tuvo Resolución dentro de plazo, por lo que en previsión del art. 120 del DS Nº 27113 y art. 17 de la Ley Nº 2341 concordante con el art. 38 de la Ley Nº 1990, se habría operado el silencio positivo favorable para la entidad ahora demandante. Asimismo manifiesta que pese a expresar su rechazo contra la R.A. de 18 de febrero de 2008, finalmente tuvo que impugnarlo.
Indica que el 02 de julio de 2008, planteó excepciones de prescripción y cosa juzgada al Directorio de la Aduana Nacional, arguyendo que aparentemente, con este segundo recurso jerárquico y el memorial de excepciones planteadas, las autoridades de dicha instancia, mediante resolución reconocieron que se incurrieron en omisiones de plazo, que generaron la preclusión de instancia y que se siguió un procedimiento viciado de nulidad, por lo que dispusieron la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, indicando proseguir nuevamente a partir del informe “AN-GECGR-UFICR Nº 493/2006 de 21.09.06”; y que respecto a las excepciones, niegan emitir respuesta fundada, amparando su silencio en la nulidad dispuesta, y considerando que es necesario resolver estas excepciones. Asimismo señala que omiten la aplicación del “Art. 59. II del DS Nº 27113”, toda vez que el silencio negativo en el Recurso de Revocatoria, goza de calidad de acto administrativo estable. Señala “este nuevo acto dilatorio innecesario e ilegal, por cuanto sólo correspondía emitir pronunciamiento en tiempo legal sobre el recurso jerárquico de fecha 28 de febrero de 2008”, y que el 08 de septiembre de 2008, solicitaron aclaración y complementación, misma que fue rechazada sin fundamentación legal.
Arguye que la instancia administrativa concluyó con silencio favorable al “recurrente”, y que los actos posteriores y paralelos emitidos sin competencia, de forma extemporánea, no surten efecto.
Señala que el 18 de septiembre de 2008, nuevamente son notificados con el inicio de “relacionamiento”, que fue respondida por la gerencia del recinto de Sucre el 02 de octubre de 2008.
Indica que el 30 de octubre de 2008, se notifican las Resoluciones Sancionatorias de los nueve casos. Asimismo señala que en esta ocasión las Resoluciones Sancionatorias dispusieron multa de “$US. 2.000” por cada caso. Refiere que el 13 de noviembre de 2008, mediante Recurso de Revocatoria solicitó nulidad de la Resolución Sancionatoria de “29/10/2008” y notificada el “30/10/08”, pretendiendo un doble proceso, cuando por los antecedentes, la vía administrativa concluyó con la interposición del Recurso Jerárquico de 28 de febrero de 2008, y el silencio administrativo positivo a favor de la entidad demandante.
Refiere que el 28 de noviembre de 2008, fue notificado con el rechazo del Recurso de Revocatoria, por lo que el 12 de diciembre de 2008, planteó Recurso Jerárquico. También señala que la Administración Aduanera emitió la Resolución de 21 de abril de 2009, notificada el 28 del mismo mes y año, misma que confirma parcialmente las Resoluciones Sancionatorias, que las califica de ilegales e ilegítimas, con el agregado de que esta vez, dispuso la modificación de la multa impuesta de “$us. 2.000” a “$us. 5000” en dos de los nueve casos y la modificación de la infracción como de la sanción de “$us. 2000” a “$US. 10.000” por cada caso, en siete de los nueve casos, indicando una supuesta reincidencia, argumentando que legalmente no tiene asidero. Señala que el 04 de mayo de 2009, solicitó explicación y complementación a las resoluciones emitidas el 21 de abril de 2009; y que el 08 de mayo de 2009 negaron lo solicitado, declarando improcedente la referida solicitud.
Después de hacer referencia al parágrafo II del art. 17 y parágrafo I del art. 21 de la Ley Nº 2341, y partes de los arts. 120, 62, 57, 26 y 28 del DS Nº 24113, pide se declare la pérdida de competencia y extinción del proceso administrativo, por vencimiento del plazo en su tramitación.
Subtitulando falta de tipicidad expresa y razonabilidad en la sanción, la entidad demandante, manifiesta que en los procesos mencionados, refieren “salida irregular de mercancía” y que ante el reclamo de falta de claridad, la Administración Aduanera indicó que se debió a haber permitido la salida sin la correspondiente autorización de la autoridad aduanera, por lo que demostraron documentalmente la autorización expresa de dicha autoridad para proceder a la entrega de la mercancía y correspondiente salida del recinto; por lo que ante ese respaldo, la Administración Aduanera pretendió sostener la tipificación indicando que se permitió la salida sin el respectivo registro de levante en el registro informático, aspecto que no se encuentra regulado ni previsto en norma legal o regulatoria, por lo que la autorización puede ser emitida por la autoridad aduanera de manera expresa, sin que tenga que ser necesariamente a través del sistema informático. Asimismo se refiere a casos similares en Santa Cruz y Potosí, donde no se les exigió esas formalidades. Por lo que los referidos nueve casos constituyen un “exceso” de la Administración Aduanera.
En el subtítulo que refiere silencio administrativo favorable al administrado y posteriores actos administrativos nulos, señala que ante la presentación de recursos legales en los plazos previstos en la Ley Nº 2341 y Reglamento de Concesión, operó el silencio administrativo denegatorio en cuanto a Recurso de Revocatoria planteado el 30 de enero de 2008 y el Recurso Jerárquico interpuesto el 28 de febrero de 2008; vencido el plazo legal para su resolución por parte de la Aduana, se cumplió lo previsto en “el Art 17 III y IV de la Ley 2341 concordante con el Art. 94º del Reglamento de Concesión que es la norma especial sobre la que se aplica lo estipulado en el 62º c) y l) y Art. 120 b) del DL Nº 27113”.
Indica que las pruebas demuestran que en todos estos procedimientos administrativos recurridos, están viciados de nulidades e ilegalidades, y que se encuentran extinguidos legalmente por vencimiento de plazo legal para su tramitación.
Subtitulando incongruencia en ilegal resolución y transgresión del derecho a la defensa, señala que la Administración Aduanera, únicamente debía emitir pronunciamiento respecto a la nulidad solicitada en atención al silencio administrativo, favorable al concesionario y la extemporaneidad de la resolución de la Gerencia Regional; y refiere que las autoridades de la instancia jerárquica, indicaron -lo que la entidad demandante califica como arbitraria e ilegal- la ratificación parcial de resoluciones que ya no eran “asunto” en los citados recursos y disponiendo la multa de “10.000 $US” en siete de los diez casos, arguyendo supuesta reiteración de infracción, habiendo transgredido el principio de congruencia, haciendo alusión a la interpretación de la SC Nº 0506/2005-R. Además, refiere que la Administración Aduanera modificó “arbitrariamente” la supuesta infracción del art. 86 del Reglamento de Concesión. Señala que modificar por tercera vez el monto de sanción, es incurrir en transgresión del principio de congruencia, que se pretende con un nuevo acto nulo afectar al concesionario, modificando “ARBITRARIAMENTE” las condiciones del proceso inicial, porque comenzó por aparente infracción al art. 86 del Reglamento de Concesión y pretende culminar con una resolución, “sancionando el Art. 89” del referido cuerpo de disposiciones legales, por aparente reincidencia, arguyendo que es imposible procesar, menos sancionar la reiteración de una infracción en tanto no exista una infracción previamente sancionada conforme lo dispone el “Art. 90 c)” del Reglamento de Concesión.
Por otra parte, también indica que la Administración Aduanera vulneró el principio de seguridad jurídica, misma que garantiza la estabilidad de actos firmes sin que el procesado esté en permanente incertidumbre. Observa que la “administración” pueda retrotraer los procesos cuantas veces considere pertinente para salvar inobservancias y omisiones propias en detrimento del administrado.
Con estos argumentos, la demandante solicita se emita Resolución declarando probada la demanda, y en consecuencia se declare a) La inexistencia de comisión de infracción alguna por parte “del concesionario de Depósito Aduanero Almacenera Boliviana S.A.”; b) La extinción del proceso administrativo en todas sus instancias y “REVOCADOS todos los Actos Administrativos” que disponen la aplicación de multas por infracciones inexistentes; c) La nulidad de “las resoluciones” emitidas sobre el presente caso, en instancia de Revocatoria y Jerárquico por autoridades de la Aduana Nacional en la vía administrativa; y, d) “Condenación” en costas a la Aduana Nacional.
CONSIDERANDO II: Que corrida en traslado la demanda, se apersona Javier Otto R. Alba Braun en representación de la Aduana Nacional de Bolivia, quien contesta negativamente a las demandas: 1) fs. 461 a 467 del 3º cuerpo; 2) 414 a 420 del 5º cuerpo; 3) 429 a 435 del 7º cuerpo; 4) 433 a 439 del 10º cuerpo; 5) 420 a 426 del 12º cuerpo; 6) 388 a 394 del 14º cuerpo; 7) 385 a 391 del 16º cuerpo; 8) 394 a 400 del 18º cuerpo; y, 9) 398 a 404 del 20º cuerpo), cuyo contenido y argumentos similares, con la diferencia que en la contestación: a la primera demanda, hace referencia a la DUI- C-481; a la segunda demanda, hace referencia a la DUI- C-484; a la tercera demanda, hace referencia a la DUI- C-491; a la cuarta demanda, hace referencia a la DUI- C-490; a la quinta demanda, hace referencia a la DUI- C-471; a la sexta demanda, hace referencia a la DUI- C-480; a la séptima demanda, hace referencia a la DUI- C-482; a la octava demanda, hace referencia a la DUI- C-473; y a la novena demanda, hace referencia a la DUI- C-489; que en síntesis, señala lo siguiente:
Refiere que el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo, instituye que se considera acto administrativo, toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado; que es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo. Asimismo indica que la resolución ahora impugnada que es verdadero acto administrativo, puede emerger, no necesariamente de un informe que no constituye acto administrativo propiamente dicho, y que no obliga a la autoridad a resolver de acuerdo a éste.
Indica que en el Procedimiento Administrativo, “la Gerencia Regional Cochabamba” incurrió en omisión de plazo al dictar Resoluciones en ocasión de los sucesivos Recursos de Revocatoria interpuestos por el concesionario ALBO S.A., generando preclusión de la instancia y el silencio administrativo negativo, aspectos que no fueron considerados, continuando el procedimiento con reiteradas nulidades de actos y actuaciones administrativas, viciándolo de nulidad, por lo que la Resolución de Directorio RD 03-097—08 de 27 de agosto de 2008, resolvió anular obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo que la “Gerencia Regional Cochabamba”, en base al informe AN-GRCGR-UFIR-493/2006 de 21 de septiembre de 2006, prosiga el procedimiento administrativo.
Señala que el argumento de que correspondía declarar la nulidad de los actos administrativos, a partir de la resolución extemporánea emitida por la Gerencia Regional Cochabamba de 18 de febrero de 2008, y ratificar la aceptación del Recurso Jerárquico interpuesto el 28 de febrero de 2008 contra la Resolución Sancionatoria de 26 de octubre de 2007, debido al silencio administrativo positivo a favor del administrado, que al respecto corresponde señalar que se anuló obrados hasta el vicio más antiguo, quedando subsistentes las actuaciones anteriores y que no se operó el silencio administrativo positivo establecido en el art. 64 de la ley del Procedimiento Administrativo, por lo que el Directorio de la Aduana Nacional, debió asumir conocimiento ante la presentación del Recurso Jerárquico, no siendo evidente la pérdida de competencia, además que la propia empresa concesionaria ALBO S.A. lo reconoce tácitamente al presentar el recurso de revocatoria contra la resolución de 18 de febrero de 2008, aceptando la validez del mismo.
Asimismo indica que sin embargo, en aplicación de los incs. b), c) y d) del art. 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo y art. 52 del DS Nº 27113, la empresa “recurrente”, solicitó la nulidad de la Resolución Sancionatoria GRCGR-084/08 en virtud a que se dispuso una nulidad no solicitada por el recurrente, demorando con ello injustificadamente la sustanciación del proceso, al margen de haber sido emitida por una autoridad que perdió competencia. También manifesta que ante la presentación de un recurso jerárquico por parte de ALBO S.A., el Directorio de la Aduana Nacional, asumió conocimiento, puesto que ante el silencio administrativo, opera el silencio negativo.
Refiere que en relación a la excepción de prescripción de la infracción y prescripción de la acción, en aplicación de lo previsto en el art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativo, habrían transcurrido más de dos años desde que la administración aduanera tuvo conocimiento del hecho hasta la notificación con la Resolución Sancionatoria de “29/10/2008”, -argumentando la autoridad demandada- que habida cuenta que el proceso tuvo carácter estrictamente administrativo, y que el art. 79 de la Ley referida, establece un plazo de dos años respecto a prescripción de las infracciones administrativas; que, desde la Declaración Única de Importación, 15 de agosto de 2005, hasta la emisión del informe AN-GRCGR-UFIR-493/2006 de 21 de septiembre de 2006, emitido por la Unidad de Fiscalización de la Gerencia Regional Cochabamba, que da inicio al relacionamiento para la imposición de sanciones, el plazo de dos años para que opere la prescripción del levante de la DUI-C-489, con fecha de levante, 15 de agosto de 2005, ha quedado interrumpido.
Señala que en cuanto a la excepción de cosa juzgada, la Resolución Nº 004/06-S de “23/01/2006”, emitida por el Fiscal del Distrito de Chuquisaca, ratificó el sobreseimiento dispuesto por el Fiscal de Materia por la presunta comisión del delito de contrabando a favor de los imputados, (en el proceso iniciado contra la empresa por autorizar la salida de mercancía sin verificar el correspondiente levante informático) por lo que no existe cosa juzgada en el presente caso. También indica que si bien existía autorización emitida por la “Administración de Sucre”, la Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento de Importación para el Consumo y el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduana, establece en el apartado B, Acápite 3, numeral 3.2., que el encargado de almacén, verificó en el sistema informático la autorización del levante de mercancías. Asimismo hace referencia a partes de los arts. 114 y 115 del DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000; argumentando que no es evidente la aseveración de la empresa “recurrente”, de que la Ley no define la forma de emisión del pase de salida por parte de la Aduana.
Señala que la Aduana Nacional emitió la Resolución RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprobó el Procedimiento de Importación para el Consumo y el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la Declaración Jurada del Valor en Aduana, refiriendo que éste contempla la autorización de levante en el sistema informático.
Refiere que el “Administrador de Aduana Interior Sucre”, al emitir autorización de salida de la mercancía mediante nota Cite AN-SUCCI 378/2005 de 16 de agosto de 2005, no observó las formalidades establecidas en la Resolución de Directorio Nº RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005. Asimismo señaló que el art. 89 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros establece que la segunda infracción en que incurra el concesionario a un mismo numeral del art. 86 y cuando se produzca en un mismo recinto, dentro del plazo de un año calendario de cometida la primera infracción, se considerará reincidencia, y que estará sujeta a una multa igual al doble de lo establecido en el art. 88. También indica que la citada disposición reglamentaria dispone que será considerada reincidencia, incurrir nuevamente en la misma falta, sin que la primera haya sido sancionada; y que en el presente caso, el Pase de Salida emitido por el Jefe de Almacén de ALBO S.A. y su correspondiente autorización mediante nota Cite AN-SUCCI 378/2005 de 16 de agosto de 2005 del Administrador de Aduana Interior Sucre, fueron los documentos que dieron lugar a la salida de las mercancías, sin verificar en el sistema informático la autorización del levante.
Señala que la Resolución Sancionatoria GRCGR-084/08 de 29 de octubre de 2008, estableció la infracción al numeral 23 del art. 86 del Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, mismo que refiere el incumplimiento por parte del Concesionario de la obligación de prestar el servicio en forma continua e ininterrumpida por causas atribuibles al Concesionario, situación que no es aplicable al presente caso, ya que la infracción está referida al numeral 33 del art. 86 del mencionado Reglamento.
Indica que el art. 68 de la Ley Nº 2341, impone a las autoridades que conozcan los recursos jerárquicos, el definir el fondo del “asunto en trámite” y en ningún caso disponer que la autoridad inferior dicte una nueva resolución; y, que en ese sentido, en aquellos procesos administrativos donde la instancia jerárquica advierta interpretaciones erróneas o aplicaciones indebidas de normas administrativas o reglamentarias, tiene plena competencia para definir y deliberar en el fondo el proceso sometido a su conocimiento.
Refiere que mediante Resolución de Directorio RD 03-038-39 de 21 de abril de 2009, se resolvió confirmar parcialmente la Resolución Administrativa AN-GRCGR-101/08 de 26 de noviembre de 2008, que rechazó el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la Resolución Sancionatoria GRCGR-084/08 de 29 de octubre de 2008 que sanciona al “Gestor” de Recinto de Aduana Interior Sucre ALBO S.A., por haber incurrido en la infracción prevista en los numerales 11 y 33 del art. 86 del Reglamento para la Concesión de Depósitos de Aduana con relación a los “artículos 13 inc. h), 18, 72 inc. c) y 73 inciso z)” del mencionado Reglamento y en relación a los arts. 114 y 115 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, al permitir la salida de la mercancía consignada en la Declaración Única de Importación C-489 de 15 de agosto de 2005, sin verificar en el sistema informático la autorización del levante de las mercancías; y que deliberando en el fondo, impuso a la empresa ALBO S.A., la multa de diez mil 00/100 Dólares Americanos, al haber incurrido en la reincidencia prevista en el art. 89 del referido Reglamento para la Concesión de Depósitos Aduaneros, ante el incumplimiento originado en la emisión del Pase de Salida correspondiente a la autorización efectuada mediante nota Cite AN-SUCCI 372/2005 de 15 de agosto de 2005.
Con estos argumentos, la autoridad demandada solicita se declare improbada la demanda y por consiguiente, firme y subsistente la Resolución Administrativa RD 03-038-09 de 21 de abril de 2009 dictada por el Directorio de la Aduana Nacional.
Corrida en traslado la respuesta, de fs. 408 a 412 fue formulada la réplica; y de fs. 419 a 420 la consiguiente dúplica, decretándose “autos” para sentencia en fs. 422.
CONSIDERANDO III: Que el proceso contencioso administrativo, constituye garantía formal en el que la autoridad jurisdiccional ejerce control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.
En este marco legal, los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil, establecen que la demanda se interpondrá ante la Corte Suprema de Justicia, ahora Tribunal Supremo de Justicia, y que el proceso será tramitado en la vía ordinaria de puro derecho, y conforme también se tiene previsto en los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014.
En consecuencia, se tiene reconocida la competencia de la Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena para la resolución de la controversia, tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo que reviste las características de un juicio de puro derecho, en el que el Tribunal analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, correspondiendo realizar el control judicial sobre los actos ejercidos por la Superintendencia Tributaria General.
El objeto de la controversia radica en determinar si evidentemente se operó o no el silencio administrativo positivo a favor del ahora demandante. Asimismo, si los actos de la autoridad demandada y de la Dirección de la Aduana Nacional, se encuentran viciados de nulidad. Por otra parte, si es evidente o no que por la resolución ahora impugnada, existe incongruencia y transgresión del derecho a la defensa, y si existió falta de tipicidad expresa y razonabilidad en la sanción.
De la revisión de antecedentes, se advierte según el orden cronológico de las resoluciones, lo siguiente:
Analizando lo resuelto por las autoridades administrativas, corresponde señalar que evidentemente, de conformidad al parágrafo III del art. 17 de la Ley Nº 2341, transcurrido el plazo previsto, sin que la Administración Pública hubiera dictado resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativo que corresponda, o en su caso jurisdiccional. Consiguientemente en el caso de autos, al no haberse resuelto el Recurso de Revocatoria interpuesto por la entidad demandante el 30 de enero de 2008, mediante memorial fechado 29 de enero de 2008 (fs. 141 del 1er cuerpo) quién deduciendo ser negativo en mérito a la disposición legal citada, obró correctamente al haber interpuesto el recurso jerárquico correspondiente para cada uno de los casos.
Asimismo, conforme se evidencia de antecedentes, que en los demás casos se obró de manera similar, es que la Resolución del Recurso de Revocatoria no fue notificada a la parte recurrente por la instancia que lo resolvió.
Quién emite una Resolución, se encuentra en la obligación de notificar con la misma, aspecto que no ocurrió en el caso de autos, habiendo sido notificada la Resolución que resuelve el Recurso de Revocatoria a la parte recurrente, por la instancia superior o jerárquica; también a tiempo de notificar con el simple decreto, en sentido que la parte “estese a la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-018/08” (fs. 131 del 1º cuerpo), notificado también con la resolución que resuelve el Recurso de Revocatoria (interpuesta por la entidad demandante mediante memorial recepcionado el 30 de enero de 2008, conforme se tiene en fs. 137 a 146 del primer cuerpo); es más, con el referido simple decreto fechado 28 de febrero de 2008, es notificada la parte recurrente después de varios días, es decir el 07 de marzo de ese año, conforme se observa a fs. 130 del primer cuerpo, aspecto que también ocurre en los demás casos, conforme se evidencia a fs. 122 del 4º cuerpo, fs. 126 del 6º cuerpo, fs. 130 del 8º cuerpo, fs. 125 del 10º cuerpo, fs. 130 del 13º cuerpo, fs. 122 del 17º cuerpo, y fs. 127 del 19º cuerpo.
Así se advierte, que es la instancia jerárquica, la que también notificó a la entidad ahora demandante, con la resolución del recurso de revocatoria referida, la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-018/08 de 18 de febrero de 2008.
Consiguientemente, se advierte que la entidad demandante, se sometió a un nuevo procedimiento en mérito a la resolución del recurso de revocatoria, que observa la entidad demandante, la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-018/08 de 18 de febrero de 2008 (fs. 132 de 1º cuerpo), aspectos similares que ocurren en los demás casos: la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-022/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 124 de 4º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-021/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 128 de 6º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-020/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 132 de 8º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-023/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 127 de 10º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-016/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 132 de 13º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-019/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 122 de 15º cuerpo); Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-017/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 124 de 17º cuerpo); y la Resolución Administrativa Nº AN-GRCGR-015/08 fechada 18 de febrero de 2008 (fs. 129 de 19º cuerpo).
Al respecto, la SCP Nº 0197/2015-S1, de 26 de febrero de 2015, en la parte subtitulada “III.1.Sobre los actos consentidos” señaló: “Este Tribunal, en la SC 0148/2010-R 17 de mayo, al respecto del acto consentido señaló que: ”Si bien toda persona, sea física o jurídica es titular de derechos fundamentales, los cuáles no pueden ser renunciados como tales, no obstante, si puede renunciarse a los instrumentos procesales o mecanismos protectores del ejercicio de esos derechos. Lo cual puede ser de manera clara y expresa o a través de actos o medios que implican el consentimiento de los mismos, adoptando una actitud pasiva y por ende la renuncia a los mecanismos de protección jurídica…”. Por otra parte, en la Jurisprudencia Ordinaria emanada por este Tribunal Supremo de Justicia, se tiene la Sentencia Nº 239/2013 de 05 de julio, que señala: “…debemos considerar también el principio de convalidación, entendido éste, según Palacio, como regla general: ‘la irregularidad de un acto procesal es susceptible de convalidarse mediante el consentimiento de la parte a quien ella perjudica…’(Derecho Procesal Civil. T.IV, p. 162.)…”; por lo que al recurrir posteriores actos administrativos, ALBO S.A., no puede invocar los supuestos efectos del silencio administrativo del recurso planteado la primera vez, no solo porque el silencio administrativo no es positivo, sino negativo, conforme lo señala el art. 125 del DS Nº 27113 de 23 de julio de 2003, Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo, sino porque en los hechos, fue precisamente eso lo que hizo, es decir, ante dicho silencio administrativo, hizo uso de su derecho a la impugnación, por ende, mal puede invocar una lesión a algún derecho respecto a este aspecto formal.
Por otra parte, respecto a la actuación de la autoridad demandada, en cuanto a la resolución de Recurso Jerárquico ahora impugnada, que de acuerdo a antecedentes, en relación a las nueve demandas planteadas, se trata de la: 1) Resolución Nº RD 03-035-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 1º cuerpo); 2) Resolución Nº RD 03-037-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 3º cuerpo); 3) Resolución Nº RD 03-040-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 5º cuerpo); 4) Resolución Nº RD 03-039-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 7º y 8º cuerpos); 5) Resolución Nº RD 03-032-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 10º cuerpo); 6) Resolución Nº RD 03-034-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 12º cuerpo); 7) Resolución Nº RD 03-036-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 10 a 18 del 14º cuerpo); 8) Resolución Nº RD 03-033-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 12 a 20 del 16º cuerpo); y 9)Resolución Nº RD 03-038-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 22 a 20 del 18º cuerpo); corresponde considerar lo señalado por la Jurisprudencia constitucional, que a través de la SCP 0979/2013 de 27 de junio de 2013, indicó: “en virtud del principio de prohibición de reformar en perjuicio (reformatio in pejus), previsto en el art. 400 del CPP, ‘cuando la resolución sólo haya sido impugnada por el imputado o su defensor no podrá ser modificada en su perjuicio”. Al respecto, de la revisión de antecedentes se evidencia incluso del mismo contenido de las referidas Resoluciones, que fue la entidad ahora demandante, la única que planteó Recurso Jerárquico, consiguientemente, al no haber sido planteado Recurso Jerárquico por parte de la Administración Tributaria, no correspondía agravar la situación del recurrente, como sucedió al aplicar la sanción impuesta mediante las Resoluciones Administrativas Nºs: 1) CGCGR-085/08 de 29 de octubre de 2008; 2) CGCGR-088/08 de 29 de octubre de 2008; 3) CGCGR-087/08 de 29 de octubre de 2008; 4) CGCGR-081/08 de 29 de octubre de 2008; 5) CGCGR-086/08 de 29 de octubre de 2008; 6) CGCGR-080/08 de 29 de octubre de 2008; 7) CGCGR-082/08 de 29 de octubre de 2008; 8) CGCGR-083/08 de 29 de octubre de 2008; y 9) CGCGR-084/08 de 29 de octubre de 2008.
En mérito a lo expuesto, la autoridad demandada al incrementar la sanción sin que haya sido impugnada por la Administración Aduanera, no se ajustó a derecho, ya que en el caso de autos, al tratarse de ámbito sancionatorio, se aplica el principio de non reformatio in peius, conforme lo estipulado en el art. 400 del CPP.
Asimismo corresponde considerar, que el art 114 del DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000, establece que el levante de las mercancías es el acto por el cual la Administración Aduanera autoriza al consignatario a retirar, directamente o a través de su Despachante de Aduana, la mercancía que ha sido objeto de despacho aduanero. Además de indicar que el levante de las mercancías sólo podrá efectuarse una vez que se hayan cumplido todas las formalidades aduaneras, incluyendo el pago de tributos aduaneros o la constitución de garantía por el pago de los tributos aduaneros de importación diferidos o suspendidos, según corresponda, y la aplicación del sistema selectivo o aleatorio; y por otra parte, el art. 115 del referido DS Nº 25870, señala que el responsable del depósito aduanero o de zona franca, sólo podrá entregar la mercancía al consignatario o su representante que presente la declaración de mercancías con la autorización de levante; indicando además, que cuando las leyes exijan la colocación de sellos, estampillas, timbres fijos, fajas u otros distintivos para acreditar el pago de tributos aduaneros o permitir su libre circulación en el país, las mercancías sólo podrán retirarse de los depósitos aduaneros o zonas francas una vez cumplida dicha formalidad. Consiguientemente, de las normas referidas se advierte que no existe la orden de que el “levante” motivo de la sanción por parte de la Administración Tributaria, sea necesariamente por medio informático.
Asimismo, si bien es cierto que la Resolución de Directorio RD 01-031-05 de 19 de diciembre de 2005, que aprueba el Procedimiento del Régimen de Importación para el Consumo – GNN-M01 Versión 02, y el Instructivo sobre Aspectos Relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Jurada el Valor en Aduana GNN-M01 versión 02, que en el apartado B, Acápite 3, numeral 3.2., establece que el encargado de almacén, verifica en el sistema informático la autorización del levante de mercancías; sin embargo, no es menos cierto, que existiendo en antecedentes la disposición que la misma autoridad demandada refirió en su contestación, en sentido que la Resolución Nº 004/06-S de “23/01/2006” emitida por el Fiscal del Distrito de Chuquisaca, ratificó el sobreseimiento dispuesto por el Fiscal de Materia por la presunta comisión del delito de contrabando a favor de los imputados, es que en mérito a la verdad material, en la que se constata que no existió perjuicio contra el Estado, y tan solamente, una exigencia formal, que no se encuentra estipulada en el DS Nº 25870 de 11 de agosto de 2000; correspondía entonces a la autoridad demandada, aplicar lo previsto en el art. 200 num. 1 de la Ley Nº 2492 que indica que los recursos administrativos responderán, además de los principios descritos en el art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 2341 de 23 de abril de 2002, a los siguientes, señalando en parte pertinente del num. 1, Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos.
Consiguientemente, la autoridad demandada, no ajustó a derecho su decisión.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, impartiendo justicia en nombre del pueblo boliviano, en el ejercicio de la atribución conferida en los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil y arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADAS las demandas planteadas, y deja sin efecto las siguientes determinaciones: 1) Resolución Nº RD 03-035-09 de 21 de abril de 2009; 2) Resolución Nº RD 03-037-09 de 21 de abril de 2009; 3) Resolución Nº RD 03-040-09 de 21 de abril de 2009; 4) Resolución Nº RD 03-039-09 de 21 de abril de 2009; 5) Resolución Nº RD 03-032-09 de 21 de abril de 2009; 6) Resolución Nº RD 03-034-09 de 21 de abril de 2009; 7) Resolución Nº RD 03-036-09 de 21 de abril de 2009; 8) Resolución Nº RD 03-033-09 de 21 de abril de 2009; y, 9) Resolución Nº RD 03-038-09 de 21 de abril de 2009 (fs. 22 a 20 del 18º cuerpo) emitidas por el Directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, quedando firmes y subsistentes las Resoluciones que fueron objeto de impugnación en los Recursos Jerárquicos que ameritaron las Resoluciones citadas precedentemente.

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