Source: https://ingenierosindustriales.es/que-es-el-consejo-general/portal-de-transparencia/real-decreto-13322000-de-7-de-julio/
Timestamp: 2019-12-11 00:33:33+00:00

Document:
CGCOII | REAL DECRETO 1332/2000, de 7 de julio
REAL DECRETO 1332/2000, de 7 de julio
REAL DECRETO 1332/2000, de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General. (BOE Nº 175 de 22 de julio de 2.000)
El Decreto de 3 de abril de 1949, con las modificaciones introducidas por los Decretos de 13 de mayo de 1959 y 14 de mayo de 1964, autorizó la constitución de los Colegios de Ingenieros Industriales y de su Consejo General. El Decreto 1932/1969, de 24 de agosto, derogó el Decreto citado de 9 de abril de 1949 y establece que los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y su Consejo General se regirán en lo sucesivo por las disposiciones que en él se establecen.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de este Decreto, por el Ministerio de Industria, a propuesta del Consejo General de Colegios, se aprobarán, si procediera, los Estatutos generales y sus modificaciones.
La Orden de 29 de septiembre de 1972 aprobó los Estatutos Generales de los citados Colegios, vigentes en la actualidad, con las modificaciones introducidas por disposiciones posteriores.
El tiempo transcurrido desde la aprobación de estos Estatutos y la promulgación, por una parte, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, que supuso un cambio de la normativa básicamente constituida por las disposiciones citadas, de la Constitución y de la Ley 74/1978, de 26 de diciembre, la cual se promulgó para adecuar el funcionamiento de los Colegios Profesionales al sistema democrático, y, por otra, la aprobación del Real Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, luego convertido en Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales, la cual introduce diversas modificaciones en los artículos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, y obliga en su disposición adicional a adaptar los Estatutos de todos los Colegios, hacen necesaria su adaptación a las normas vigentes.
En otro orden de cosas, la existencia de las Comunidades Autónomas, y la transferencia a éstas de las competencias correspondientes en materia de Colegios Profesionales, ha obligado a introducir cambios en la estructura colegial, limitando la regulación de estos Estatutos a aquellos aspectos básicos del ejercicio de la profesión.
El Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en su reunión del día 27 de marzo de 1998, ha tomado el acuerdo de remitir un proyecto de nuevos Estatutos, para su aprobación por el Gobierno, de conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Ciencia y Tecnología, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2000.
Se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General, cuyas constituciones se autorizaron por el Decreto de 9 de abril de 1949 y el Decreto 1932/1969, de 14 de julio, que figuran en el anexo de este Real Decreto.
Quedan derogados el Decreto 1932/1969, de 24 de julio, y la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 29 de septiembre de 1972, por la que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
Este Real Decreto y los Estatutos que se aprueban entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. Dado en Madrid a 7 de julio de 2000.
JUAN CARLOS R. La Ministra de Ciencia y Tecnología ANNA M. BIRULÉS I BERTRAN
Artículo1. Constitución y Funcionamiento
1.- Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, cuyas constituciones se autorizaron por el Decreto de 9 de abril de 1.949 y otras disposiciones concordantes y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, constituido al amparo de la misma disposición con el nombre de Consejo Superior, sustituido por el actual de Consejo General, por el Decreto 1932/69, de 24 de Julio, se regirán en lo sucesivo, desarrollando el artículo 36º de la Constitución Española, por la Ley de Colegios Profesionales, por la legislación relativa a Colegios Profesionales que aprueben las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivos territorios, por lo dispuesto en estos Estatutos Generales y por los Estatutos que aprueben los distintos Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
2.- El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, y los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales tienen personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus facultades respectivas, gozando del rango y preeminencia de las Corporaciones de Derecho Público a todos los efectos civiles y administrativos.
3.- La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios y del Consejo General deberán ser democráticos.
Artículo 2. Relación con la Administración.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, en todo lo que atañe a los contenidos de su profesión y a los aspectos institucionales y corporativos contemplados en las leyes, se relacionaran con la Administración General del Estado a través de los Departamentos Ministeriales que fueren pertinentes, y con las Administraciones Autonómicas a través de los Departamentos o Consejerías correspondientes.
Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales integrarán obligatoriamente a todos los Ingenieros Industriales en el ejercicio de su profesión, con título oficial reconocido por el Estado, procedentes de centros docentes creados o reconocidos por el Estado o por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias, ya fueren públicos o privados y a los Ingenieros Superiores con título extranjero homologado o reconocido oficialmente, a efectos profesionales, por el Estado Español al de Ingeniero Industrial. Asimismo, podrán integrar a otros Ingenieros de Segundo Ciclo cuyos títulos abarquen campos incluidos en la Ingeniería Industrial, siempre y cuando no exista un Colegio específico que agrupe a un colectivo determinado por su título de especialidad, y así se haya aprobado por el Consejo General, a propuesta de algún Colegio, para cada titulación y para cada centro docente, adoptándose el acuerdo por mayoría de dos tercios de los miembros del Pleno del Consejo General.
En el supuesto de los Ingenieros Industriales con título homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o con título reconocido, a efectos profesionales, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, le será requerida la colegiación obligatoria en la circunstancia específica de ejercer la profesión de Ingeniero Industrial en territorio español.
La obligatoriedad de colegiación queda a salvo en el supuesto que proceda la colegiación en el Colegio Nacional de Ingenieros del ICAI.
Asimismo, quedan exceptuados del requisito de incorporación al correspondiente Colegio, los ingenieros industriales sometidos a régimen funcionarial que desarrollen sus actividades exclusivamente en el seno de las Administraciones Públicas.
1. Actualmente existen los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales que se relacionan en la disposición transitoria única de estos Estatutos.
2. Será posible la fusión, segregación y cambio de denominación de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales existentes en la actualidad, de acuerdo con la legislación del Estado y con la de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
3. Con las modificaciones que se produzcan se actualizará la relación de Colegios expuesta en la disposición transitoria única de estos Estatutos.
Capitulo II. De los fines, funciones y facultades de los Colegios.
Artículo 5. Fines, funciones y facultades de los Colegios.
1. Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales tendrán los fines propios de estos órganos corporativos profesionales y como finalidad última la tutela del correcto ejercicio de la profesión como garantía de los derechos de los ciudadanos. En particular, a título enunciativo y no limitativo, tendrán los siguientes fines esenciales:
Ordenar, en el ámbito de su competencia, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo General, el ejercicio de la profesión de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de la sociedad en general.
Ostentar en su ámbito la representación exclusiva de la profesión y la defensa de la misma de conformidad con lo que dispone el artículo 36° de la Constitución Española, las leyes de Colegios Profesionales del Estado y de las Comunidades Autónomas, el derecho comunitario y el ordenamiento jurídico, ante la Administración, instituciones, tribunales, entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales generales.
2. Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales tendrán las siguientes funciones:
Organizar y desarrollar, en su caso, la previsión social entre los Ingenieros Industriales colegiados. Si la Entidad, que con tal fin se cree, depende del Colegio, le corresponderá, en este aspecto, administrar los fondos que por el concepto de previsión social se recauden, independizándolos de aquellos otros ingresos que tenga el Colegio para otros fines.
Ejercer cuantas funciones les sean encomendadas por las distintas Administraciones Públicas y asesorar a Organismos del Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, personas o Entidades públicas o privadas y a sus mismos colegiados, emitiendo informes, elaborando estadísticas, resolviendo consultas o actuando en arbitrajes técnicos y económicos a instancia de las partes.
Velar para que ninguna persona realice actos propios de la profesión de Ingeniero Industrial sin poseer el correspondiente título académico o sin que pueda acreditar su pertenencia a un colegio.
Cooperar con la Administración de Justicia y demás Organismos Oficiales o particulares en la designación de Ingenieros Industriales que hayan de intervenir como peritos en los asuntos judiciales y otros, realizando informes, dictámenes, tasaciones u otras actividades profesionales, a cuyos efectos se facilitarán periódicamente a tales Organismos, listas de los colegiados, de conformidad con lo que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás leyes y reglamentos que las desarrollen y en consonancia con los ámbitos competenciales que hubieren sido transferidos a las Comunidades Autónomas.
Impulsar el desarrollo de actividades científicas, técnicas, económicas, sociales y culturales relacionadas con la profesión.
Informar en las modificaciones de la legislación vigente en cuanto se relaciona con la profesión de Ingeniero Industrial.
Recoger y encauzar las aspiraciones de la profesión, a cuyos efectos los Colegios elevarán al Consejo General, y éste a los centros oficiales correspondientes, cuantas sugerencias estimen oportunas en relación con la perfección y regulación de los servicios que puedan prestar los Ingenieros Industriales, tanto a las Corporaciones Oficiales como a las Entidades y particulares.
Impulsar la formación, principalmente técnica, de sus colegiados.
Fomentar y ayudar, por los procedimientos que en cada caso entiendan más pertinentes, a aquellas instituciones, oficiales o particulares, que traten de incrementar el desarrollo de la industria.
Mantener una colaboración institucional, sin que ello signifique participación vinculante, en la elaboración de los planes de estudio y estar al corriente de la actividad de los centros docentes en la formación de los alumnos de Ingeniería Industrial.
3. Para el cumplimiento de sus fines, los Colegios tendrán las siguientes facultades:
Ejercitar ante los Tribunales de Justicia las acciones procedentes contra quienes ejerzan la profesión de Ingeniero Industrial sin cumplir los requisitos legales necesarios a tal ejercicio.
Ejercer la potestad disciplinaria por las faltas que cometan los colegiados en el orden colegial y profesional.
Comparecer ante los Tribunales de Justicia en defensa de los colegiados o a requerimiento de entidades oficiales o particulares, siempre que se diriman cuestiones de interés profesional.
Visar los trabajos profesionales de los colegiados, de acuerdo con lo dispuesto en estos Estatutos Generales.
Establecer baremos de honorarios, que tendrán carácter meramente orientativo, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo General.
Participar en los Consejos u organismos consultivos de la Administración en materia de su competencia y estar representados en los Consejos Sociales y en los Patronatos Universitarios.
Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que por motivos profesionales se susciten entre los colegiados y resolver por laudo, a instancia de las partes interesadas, las discrepancias que puedan surgir sobre el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de los trabajos realizados por los colegiados en el ejercicio de la profesión.
Organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados, de carácter profesional, formativo, cultural y otros análogos, proveyendo a su sostenimiento económico mediante los medios necesarios.
Promover cuantas cuestiones consideren oportunas en orden a la fusión, segregación y disolución de los Colegios.
Organizar un servicio de información sobre puestos de trabajo apropiados a Ingenieros Industriales.
Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las leyes generales y especiales y los Estatutos de cada Colegio, así como los acuerdos y decisiones adoptadas por los órganos colegiales, en materia de su competencia.
Cualesquiera otras funciones que acuerde la Junta de Gobierno o la Junta General, siempre que guarden relación con la profesión y no se opongan a las disposiciones legales.
Artículo 6. Visado.
1. El visado colegial garantiza la identidad, la titulación y la habilitación del que suscribe el trabajo. Asimismo acredita la autentificación, el registro, la corrección formal de presentación de los documentos y que se ha contemplado la normativa aplicable, pero no sanciona el contenido del trabajo profesional ni su corrección técnica.
Igualmente deberá incluir aquellos aspectos que la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas encomienden a los Colegios, siempre dentro del ordenamiento del ejercicio de la profesión.
Los Colegios definirán el contenido administrativo del visado de cada tipo de trabajo, así como la cuota colegial correspondiente de acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo General a fin de armonizar el ejercicio de la profesión en todo el territorio del Estado.
2. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás condiciones contractuales, cuya determinación se deja al libre acuerdo de las partes.
3. Los documentos, firmados por Ingeniero Industrial, que deban de surtir efectos administrativos, habrán de ser visados por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del ámbito territorial de la Administración correspondiente.
A estos efectos, los colegiados habrán de someter previamente, al Colegio en donde obligatoriamente les corresponda estar colegiados, la documentación profesional que deba surtir efectos administrativos.
Cuando el visado de un trabajo deba hacerse en un Colegio distinto a aquel en que estuviera inscrito el Ingeniero firmante, éste deberá someterse a la normativa del Colegio en el que vise su trabajo.
En el caso de que el Colegio a que deba someterse el visado no sea coincidente con el de la colegiación obligatoria, le corresponderá a aquél percibir por el visado el 70 por 100 de la cuota de visado que tenga establecida y a éste, en concepto de reconocimiento de la firma y de conformidad con la habilitación de su colegiado, el 30 por 100 de la cuota de visado establecida por el tipo de trabajo, liquidando, cada Colegio directamente, la parte correspondiente.
4. Los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales podrán establecer visados de acreditación, en los que se garanticen aspectos técnicos de los trabajos, salvaguardando la libertad de proyectar de los colegiados.
Capitulo III. De los Recursos económicos de los Colegios.
Artículo 7. Recursos ordinarios.
Constituyen los recursos económicos ordinarios:
Los productos de bienes y derechos que correspondan en propiedad al Colegio.
Las cuotas de inscripción, en su caso, y las periódicas ordinarias, cuyas cuantías se fijarán por la Junta General, de acuerdo con las propuestas razonadas que, ponderando la situación económica, le sean presentadas por la Junta de Gobierno.
Las cuotas derivadas del visado de los trabajos realizados por los colegiados, que serán fijadas por la Junta General de cada Colegio en función del contenido del visado, de acuerdo con los criterios básicos que establezca el Consejo General.
Los derechos que corresponda percibir al Colegio por los servicios, certificaciones sobre documentos y firmas relativas a trabajos profesionales de cualquier naturaleza distintos a los que requieran visado.
Los beneficios que obtuvieran por publicaciones y otras actividades.
Artículo 8. Recursos extraordinarios.
Las subvenciones, donaciones, etc., que se les conceda por el Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Oficiales, Organismos internacionales, particulares y Entidades comerciales o industriales.
Los bienes, muebles o inmuebles, y derechos que por herencia, donación o cualquier otro título lucrativo u oneroso entren a formar parte del patrimonio de cada Colegio.
Las cantidades que por cualquier otro concepto no especificado puedan percibir los Colegios. Todos los recursos extraordinarios precisarán para ser percibidos la previa aprobación de la Junta General, excepto las subvenciones a que hace referencia el apartado a) de este artículo
Capitulo IV. De la colegiación y de los derechos y obligaciones de los colegiados.
Artículo 9. Colegiación
1. Es requisito indispensable para ser admitido como colegiado: estar en posesión del título de Ingeniero Industrial, expedido de acuerdo con la legislación española o reconocido oficialmente con efectos profesionales en el territorio español; no estar inhabilitado para el ejercicio de la profesión ni encontrarse suspendido en el ejercicio profesional, ni haber sido objeto de expulsión de la organización colegial.
2. Es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, hallarse incorporado al Colegio en cuyo ámbito territorial se tenga el domicilio profesional único o principal, bastando con ello para ejercer la profesión en todo el territorio español.
Cuando un colegiado ejerza la profesión en un territorio distinto al de su colegiación, deberá comunicar, a través del Colegio al que pertenezca, a los Colegios distintos al de su inscripción, las actuaciones que vaya a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujeto a las competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad disciplinaria de estos últimos.
Actuar profesionalmente en el territorio de cualquier otro Colegio.
Participar en el uso y disfrute de los bienes del Colegio y de los servicios que éste tenga establecidos, siempre que no perjudiquen a los derechos de los demás colegiados.
Asistir a los actos corporativos y tomar parte en las votaciones y deliberaciones que en los Estatutos de cada Colegio se establezcan.
Llevar a cabo los proyectos, dictámenes, peritaciones, valoraciones u otros trabajos que sean solicitados al Colegio por entidades o particulares y que les correspondan por turno previamente establecido.
Recabar el amparo de la Junta de Gobierno cuando consideren lesionados o menoscabados sus derechos e intereses de profesional o de colegiado o los de la Corporación.
Poner en conocimiento de la Junta de Gobierno todos los hechos que puedan afectar a la profesión particular o colectivamente y que puedan determinar su intervención.
Todos aquellos que se derivan de los presentes Estatutos Generales así como de los Estatutos del Colegio al que pertenece.
Artículo 11. Obligaciones de carácter general.
Cumplir cuantas prescripciones contienen estos Estatutos Generales y los Estatutos del Colegio al que pertenecen, así como sus acuerdos válidamente adoptados.
Poner en conocimiento de los Colegios a quienes ejerzan como Ingeniero Industrial sin poseer el título que para ello les autoriza.
Pagar las cuotas y derechos que hayan sido aprobados para el sostenimiento de los Colegios y para el desarrollo de la previsión social y de los demás fines que se encomiendan a los mismos.
Aceptar el desempeño de los cargos que se les encomienden por los órganos de gobierno, salvo causa en contra que se considere justificada por la Junta de Gobierno.
Cumplir, con respecto a los órganos de gobierno de los Colegios y a los Ingenieros colegiados, los deberes de disciplina y armonía profesional.
Presentar al visado sus documentaciones profesionales, de acuerdo con los Estatutos Generales y los del Colegio que corresponda.
A petición propia, solicitada por escrito al Decano del Colegio, siempre que no se tengan obligaciones profesionales o corporativas pendientes de cumplimiento.
Por sanción disciplinaria, recaída a tenor de lo dispuesto en los presentes Estatutos Generales o en los del Colegio al que pertenezca.
Por incumplimiento de las obligaciones económicas contempladas en los Estatutos del Colegio, en los términos fijados en los mismos y en los acuerdos válidamente adoptados, previo el correspondiente expediente.
Capitulo V.- De la organización de los Colegios.
Capítulo VI.- Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, es el organismo superior en cuestiones de su competencia y coordinador de los mismos, y representará la profesión con carácter nacional e internacional. Tendrá la consideración de Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus facultades.
Informar de los proyectos de Ley o disposiciones de cualquier rango emanadas del Estado que se refieran a las condiciones generales de la función profesional entre las que figurarán el ámbito, los títulos oficiales requeridos y el régimen de incompatibilidades de la correspondiente profesión, así como cualesquiera otras normas que le afecten.
Establecer los criterios para la ordenación de la profesión en el ámbito de su competencia.
Representar en el ámbito internacional y de la Administración General del Estado la profesión de Ingeniero Industrial. Armonizar, conjuntamente con los Consejos Autonómicos, la representación derivada del ámbito competencial de las Comunidades Autónomas y velar para conseguir la mayor eficacia en las funciones de consulta preceptiva establecidas en las Leyes.
Elaborar y modificar los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y de su Consejo General, y aprobarlos por mayoría de dos tercios para su presentación al Gobierno, oyendo antes a los Colegios. Cualesquiera aprobaciones o modificaciones de estos Estatutos Generales requerirán, en cualquier caso, la aprobación definitiva del Gobierno a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología al efecto de su calificación de legalidad.
Adoptar las medidas necesarias para que los Colegios cumplan las resoluciones del propio Consejo General dictadas en materia de su competencia y que hayan sido tomadas con carácter vinculante.
Coordinar la información de los Colegios en relación con la actividad colegial, cuando se hallen implicados Colegios pertenecientes a diferentes Comunidades Autónomas.
Ejercer la potestad disciplinaria sobre los miembros del Consejo General, con ocasión de actos realizados en su condición de tales y sobre los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios siempre y cuando la Legislación Autonómica correspondiente no establezca en relación a los mismos otro régimen disciplinario.
Actuar como árbitro en los conflictos entre Colegios o entre miembros de distintos Colegios, siempre y cuando haya sumisión expresa a la jurisdicción del Consejo General.
Aprobar sus presupuestos y establecer el régimen y la cuantía de las cuotas que aportarán los Colegios, a tenor del número de Colegiados.
Desarrollar la labor necesaria para implantar cuantas mejoras o innovaciones sean de conveniencia para los Colegios y sus colegiados.
Defender el prestigio de la profesión y los derechos de los colegiados y, a fin de evitar el intrusismo, adoptar las medidas necesarias para hacer respetar las facultades conferidas a los Ingenieros Industriales.
Todas aquellas otras que se deriven de su naturaleza.
Los Organos de Gobierno del Consejo General serán el Pleno del mismo y la Junta de Decanos.
Serán miembros del Pleno, los Decanos de todos los Colegios y un representante de las Juntas Generales de los mismos por cada quinientos colegiados de cada uno o fracción, nombrado directamente por la Junta de Gobierno del Colegio correspondiente de entre todos los colegiados. Dichos miembros podrán delegar circunstancialmente su representación en otros miembros del Consejo General pertenecientes a la Junta de Gobierno de su Colegio, obteniendo el visto bueno del Decano del Colegio al que pertenezcan. El Decano podrá asumir la delegación de todos los representantes de su Colegio.
Los cargos del Consejo General serán, como mínimo: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Interventor y Tesorero. Todos ellos, salvo el Presidente, serán elegidos de entre los miembros del Consejo General por votación de sus componentes. Tendrán un mandato de cuatro años de duración y si, por cualquier circunstancia, alguno cesara, será sustituido por otro miembro del Consejo General hasta agotar el mandato del primero. El procedimiento para la destitución de los cargos se establecerá en el Reglamento de Régimen Interior del Consejo General.
Los miembros del Pleno del Consejo General, de la Junta de Decanos y de las Comisiones, lo son a título gratuito aunque no oneroso.
Artículo 34. Junta de Decanos.
La Junta de Decanos estará formada por los cargos del Consejo General y los Decanos de los Colegios.
Los cargos del Consejo General no podrán ser representados por otra persona, mientras que los Decanos podrán ser sustituidos por los respectivos Vicedecanos o, existiendo causa debidamente justificada, por otro miembro de la Junta de Gobierno.
A la Junta de Decanos le corresponde la dirección y administración del Consejo General, asumiendo todas las competencias de éste que no estén expresamente atribuidas al Pleno del Consejo General.
Su actuación estará regulada por los presentes Estatutos y por el Reglamento de Régimen Interior y quedará subordinada a los acuerdos tomados por el Pleno del Consejo General.
Artículo 35. El Presidente.
El Presidente del Consejo General será elegido por los Decanos de los Colegios de entre todos los miembros del Pleno, y su mandato tendrá una duración de cuatro años, pudiendo ser reelegido.
Corresponde al Presidente ostentar la representación máxima del Consejo General, estándole asignado el ejercicio de cuantos derechos y funciones le atribuyen la Ley de Colegios Profesionales, las leyes autonómicas sobre Colegios Profesionales y los presentes Estatutos, en todas las relaciones con los poderes públicos, Entidades, Corporaciones y particulares, tanto nacionales como internacionales.
También corresponde al Presidente ejecutar o dar las instrucciones oportunas para que se lleven a término los acuerdos que el Pleno del Consejo General o la Junta de Decanos adopten.
Convocará, constituirá y levantará las sesiones del Pleno del Consejo General, de la Junta de Decanos y de cuantas Comisiones presida; mantendrá el orden y el uso de la palabra y podrá decidir con voto de calidad los empates en las votaciones. Autorizará las actas y certificados que procedan y presidirá por sí o por delegación suya, cuantas Comisiones se designen, así como también cualquier reunión a la que asistiere.
Ordenará los movimientos de fondos de las cuentas abiertas a nombre del Consejo General, bien directamente o bien por apoderamiento a otras personas con poder especial al efecto, otorgado con arreglo a las leyes, con autorización del Interventor y el Tesorero.
El Presidente podrá nombrar, por acuerdo del Pleno del Consejo o de la Junta de Decanos, las Comisiones o grupos de trabajo que estime necesarios para el mejor desarrollo de las actividades propias del Consejo General. En caso de urgencia, podrá hacerlo directamente, y dará cuenta a la Junta de Decanos o al Pleno del Consejo General, según corresponda.
En el ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, tratará de mantener la mayor armonía entre los Colegios, procurando que todo litigio entre los mismos se resuelva dentro de la organización colegial.
En caso de ausencia o enfermedad, será sustituido por el Vicepresidente.
Artículo 36. Funcionamiento.
1. Del Consejo General.
El Consejo General se regirá, además de por los presentes Estatutos, por un Reglamento de Régimen Interior, aprobado en reunión del Pleno expresamente convocada para este fin, y que regulará todas aquellas materias de su competencia en relación con los Colegios y la vida corporativa, en desarrollo de los presentes Estatutos Generales.
2. Del Pleno del Consejo General.
El Pleno del Consejo General se reunirá obligatoriamente por lo menos dos veces al año. En el primer trimestre, a fin de aprobar sus cuentas y la gestión del Presidente y de la Junta de Decanos, y en el último, con el fin de aprobar sus presupuestos.
Además de las reuniones ordinarias señaladas anteriormente, el Pleno del Consejo General celebrará reuniones extraordinarias cuando lo estime conveniente el Presidente, la Junta de Decanos, cuando lo soliciten tres Colegios, cuando lo pidan con sus firmas la mayoría de los colegiados de un solo Colegio ó cuando lo soliciten, también con sus firmas, la vigésima parte del total del colectivo colegiado.
Las convocatorias para las reuniones del Consejo General, tanto ordinarias como extraordinarias, deberán ir acompañadas del orden del día y de un extracto, lo más completo posible, del alcance de sus diversos puntos y se enviarán con quince días de anticipación a la fecha fijada. En caso de urgencia, el Presidente, o en su defecto el Vicepresidente, podrá acortar este plazo, indicándolo así en la citación correspondiente. En ningún caso podrán tomarse acuerdos sobre cuestiones no incluidas en el orden del día.
El Pleno del Consejo General quedará constituido, en primera convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros, presentes o representados, y, en segunda convocatoria, media hora después de la primera, cualquiera que fuese el número de asistentes. El Pleno del Consejo General adoptará sus acuerdos por mayoría de votos. Como máximo órgano de decisión del Consejo General, el Pleno del mismo fiscalizará el funcionamiento de la Junta de Decanos y de cuantas Comisiones sean creadas para fines específicos. Concretamente, se reservará la aprobación de las cuentas anuales, la formación y aprobación del Presupuesto, la aprobación de su Reglamento de Régimen Interior, la aprobación de los Estatutos de los Colegios según lo previsto en el artículo 14º y cuantos asuntos decida temporalmente impulsar y decidir por sí mismo.
Cuando el acuerdo a adoptar por el Pleno del Consejo General tenga por objeto proponer la modificación de los Estatutos Generales y la aprobación y/o modificación del Reglamento de Régimen Interior, se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes del número legal de miembros del Pleno del Consejo General, tanto en primera, como en segunda convocatoria.
3. De la Junta de Decanos.
La Junta de Decanos se reunirá obligatoriamente, por lo menos cuatro veces al año, preparando en dos de ellas las dos reuniones obligatorias del Pleno del Consejo General.
Las reuniones de la Junta de Decanos se convocarán con una antelación mínima de diez días, salvo en los casos en que el Presidente, o en su defecto, el Vicepresidente determine que la reunión tiene carácter de urgencia.
Siempre se convocará por escrito, incluyendo el orden del día y las circunstancias de la primera y segunda convocatoria, no pudiendo adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros de la misma y sea declarada la urgencia del asunto por mayoría de votos.
La Junta de Decanos se constituirá, en primera convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros y, en segunda convocatoria, media hora después, cualquiera que fuere el número de asistentes.
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos, teniendo en cuenta que los cargos del Consejo que no sean Decanos tienen un voto y que los Decanos tienen tantos votos como vocales en el Pleno del Consejo General tenga su Colegio, exceptuando los votos emitidos por los cargos que pertenezcan a su Colegio.
4. De la administración del Consejo General.
Podrá existir un Secretario Técnico al que se encomendara la ejecución de las funciones de dirección y administración que la Junta de Decanos estime convenientes. El Secretario Técnico será designado por la Junta de Decanos y su nombramiento refrendado por el Pleno del Consejo General. En lo necesario, se le otorgarán por el Pleno del Consejo General los poderes específicos con arreglo a las leyes.
Los recursos económicos del Consejo General serán los necesarios para cubrir su presupuesto anual, elaborado de acuerdo con sus fines estatutarios y procederán de los bienes y derechos que constituyan su patrimonio; de los bienes y derechos que por cualquier título reciba y de las aportaciones que los distintos colegios harán a dicho Consejo General.
Las aportaciones de los Colegios consistirán en una cuota a tenor de su número de colegiados, que será fijada por el Consejo General en sus presupuestos.
Para el pleno ejercicio de los derechos de cada Colegio, tanto en el Pleno como en la Junta de Decanos, será necesario estar al corriente de pago de las cuotas respectivas del Consejo General.
Capítulo VII.- Régimen de distinciones y jurisdicción disciplinaria
Artículo 38. Distinciones.
Con el fin de no perder espontaneidad, el régimen de distinciones y premios no se regula, pudiendo los Colegios y el Consejo General otorgar cuantos estimen convenientes.
El régimen de premios ha de respetar en todo caso que los miembros del Consejo General y los de las Juntas de Gobierno, de las Comisiones Permanentes y de las Comisiones Delegadas de los Colegios lo son a título gratuito.
Articulo 39. Responsabilidad disciplinaria.
Los Ingenieros Industriales están sujetos a responsabilidad disciplinaria en el caso de infracción de sus deberes colegiales o profesionales.
Los Colegios, por su Junta de Gobierno, o el Consejo General cuando se trate de sus miembros y con ocasión de actos realizados en su condición de tales o de los miembros de las Juntas de Gobierno de los Colegios, que no dependan a estos efectos de su oportuno Consejo Autonómico, instruirán expediente para enjuiciar todos aquellos actos de sus colegiados que estimen constituyen una infracción culpable de los deberes profesionales o colegiales, o que sean contrarios al prestigio de la profesión, al respeto debido a sus compañeros, así como la desobediencia de las órdenes recibidas de la Junta de Gobierno.
El expediente se iniciará por un acuerdo tomado por mayoría de los componentes del órgano rector correspondiente, quién designará de entre sus miembros el oportuno instructor, y en su caso, un Secretario, y se tramitará en la forma prevenida en el artículo 43 de estos Estatutos.
Artículo 40. Faltas sancionables.
La negligencia excusable en el cumplimiento de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos rectores del Colegio o del Consejo General.
Las faltas reiteradas de asistencia o de delegación de la misma, por causa no justificada, a las reuniones de la Junta de Gobierno o del Consejo General y la no aceptación injustificada del desempeño de los cargos corporativos que se le encomienden.
Los actos leves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la Junta de Gobierno o el Pleno del Consejo General, en su caso, le encomiende y, en general, los demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales ocasionados por un descuido excusable y circunstancial.
El incumplimiento doloso de preceptos estatutarios o de acuerdos de los órganos rectores de los Colegios o del Consejo General.
El incumplimiento de las obligaciones económicas de los Colegios con el Consejo General.
La desconsideración ofensiva grave a compañeros.
El encubrimiento de intrusismo profesional de un ingeniero no colegiado.
La realización de trabajos que por su índole atentan al prestigio de la profesión.
Los actos graves de indisciplina colegial, en especial en aquellas actividades que la Junta de Gobierno o el Pleno del Consejo General, en su caso, le encomiende y, en general, los demás casos de incumplimiento de los deberes profesionales o colegiales que no hayan sido ocasionados por un descuido excusable y circunstancial.
Hechos constitutivos de delito que afecten al decoro o a la ética profesional.
El encubrimiento de intrusismo profesional a quién no tenga título de Ingeniero Industrial.
4. Las faltas leves prescribirán a los seis meses; las faltas graves a los dos años y las faltas muy graves a los tres años. El plazo de prescripción de las faltas se contará desde la fecha de comisión de los hechos que las motivaron.
Las sanciones que podrán imponerse a los colegiados serán las siguientes:
Apercibimiento por oficio con anotación en el expediente personal.
Apercibimiento público, con anotación en el expediente personal.
Suspensión del ejercicio profesional hasta seis meses.
Suspensión del ejercicio del cargo hasta seis meses.
Suspensión o inhabilitación para cargos hasta dos años.
Suspensión del ejercicio profesional hasta dos años.
Expulsión del Colegio o, en su caso, del Consejo General.
Artículo 42. Rehabilitación y cancelación de antecedentes.
1. Los sancionados podrán pedir la cancelación de la nota de su expediente personal y, en su caso, la rehabilitación, en los siguientes plazos contados desde el cumplimiento de la sanción:
Si hubiese consistido en expulsión, el plazo será de cinco años.
2.– Los trámites de la cancelación de antecedentes y rehabilitación se llevarán a cabo de igual forma que para el enjuiciamiento y sanción de las faltas y con iguales recursos.
Artículo 43. Tramitación del expediente.
Todas las sanciones requieren la previa instrucción del expediente, con audiencia del interesado o interesados.
A dicho efecto, designado el Instructor, conforme a lo dispuesto en el artículo 39, y practicadas las pruebas y actuaciones que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, formulará, si procede, pliego de cargos en el que se expondrán, con claridad, los hechos imputados susceptibles de integrar falta sancionable, la falta o faltas tipificadas, supuestamente cometidas, las sanciones concretas que, en su caso, se pudieran imponer, así como la identidad del Instructor, y del Secretario, en su caso, y del órgano competente para imponer la sanción y la norma que atribuye tal competencia.
El pliego de cargos se notificará a los interesados, concediéndose un plazo de quince días hábiles para que puedan contestarlo.
Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo para hacerlo, el Instructor formulará propuesta de resolución que se notificará a los interesados para que en el plazo de quince días hábiles puedan alegar cuanto consideren conveniente a su defensa.
La propuesta de resolución se remitirá al órgano rector que acordó la instrucción del expediente para que adopte la resolución que proceda, que deberá ser tomada por mayoría absoluta. La resolución definitiva que se adopte deberá ser en todo caso motivada y deberá indicar claramente los medios de impugnación de que pueden disponer los interesados.
Contra las sanciones impuestas por las Juntas de Gobierno procederá recurso de alzada ante el Consejo Autonómico o quien legalmente le sustituyera o, en caso de no estar este constituido, ante el Consejo General, que podrá interponerse en el plazo de un mes, y en el supuesto de efectuarse la referida interposición ante la correspondiente Junta de Gobierno, ésta última deberá remitir, en el plazo de diez días, el recurso al Consejo competente, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. Su resolución agotará la vía corporativa, quedando expedita la jurisdicción contencioso-administrativa, previa interposición, en su caso, del recurso potestativo de reposición.
Las sanciones impuestas por el Consejo General ponen fin a la vía administrativa, y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, bien directamente o previa interposición del recurso potestativo de reposición.
Capítulo VIII.- De los Consejos Autonómicos.
Artículo 45. Consejos Autonómicos.
1. Los Consejos Autonómicos de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales agrupan a los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales incluidos en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma, y tendrán la naturaleza jurídica que les otorgue la legislación de la correspondiente Comunidad Autónoma que determine su creación. En una Comunidad Autónoma no podrá existir más de un Consejo Autonómico.
2. Los fines y funciones de los Consejos Autonómicos serán los que en cada caso establezca la legislación de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como los que establezcan sus propios Estatutos.
Capítulo IX.- Disposiciones complementarias.
Los Colegios podrán disolverse cuando lo acuerden las tres cuartas partes de los colegiados por votación directa en Junta General extraordinaria, convocada especialmente para este objeto, salvo lo dispuesto en los respectivos Estatutos, de acuerdo con la legislación vigente y previa audiencia del Consejo General.
1. La relación de Colegios existentes en la actualidad es la siguiente:
Colegio de Álava. Capitalidad: Vitoria. Ámbito territorial: provincia de Álava.
Colegio de Andalucía Occidental. Capitalidad: Sevilla. Ámbito territorial: provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.
Colegio de Andalucía Oriental. Capitalidad: Granada. Ámbito territorial: provincias de Almería, Granada, Jaén y Málaga.
Colegio de Aragón y La Rioja. Capitalidad: Zaragoza. Ámbito territorial: provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza y Comunidad Autónoma de La Rioja.
Colegio de Asturias y León. Capitalidad: Oviedo. Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Asturias y provincia de León.
Colegio de Illes Balears. Capitalidad: Palma de Mallorca. Ámbito territorial: Illes Balears.
Colegio de Burgos y Palencia. Capitalidad: Burgos. Ámbito territorial: provincias de Burgos y Palencia.
Colegio de Canarias. Capitalidad: Compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Ámbito territorial: provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife.
Colegio de Cantabria. Capitalidad: Santander. Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Cantabria.
Colegio de Cataluña. Capitalidad: Barcelona. Ámbito territorial: provincias de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.
Colegio de la Comunidad Valenciana y Albacete. Capitalidad: Valencia. Ámbito territorial: provincias de Albacete, Alicante, Castellón de la Plana y Valencia.
Colegio de Extremadura. Capitalidad: Compartida entre Badajoz y Cáceres. Ámbito territorial: provincias de Badajoz y Cáceres.
Colegio de Galicia. Capitalidad: A Coruña. Ámbito territorial: provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Colegio de Guipúzcoa. Capitalidad: San Sebastián. Ámbito territorial: provincia de Guipúzcoa.
Colegio de Madrid. Capitalidad: Madrid. Ámbito territorial: provincias de Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Colegio de Navarra. Capitalidad: Pamplona. Ámbito territorial: Comunidad Autónoma de Navarra.
Colegio de la Región de Murcia. Capitalidad: Murcia. Ámbito territorial: Región de Murcia.
Colegio de Vizcaya. Capitalidad: Bilbao. Ámbito territorial: provincia de Vizcaya.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 de esta disposición transitoria será de aplicación en tanto en cuanto las Comunidades Autónomas no dispongan otra cosa en sus respectivos ámbitos territoriales.

References: REAL DECRETO 

REAL DECRETO 

REAL DECRETO 
 artículo 8
 artículo 6
 Real Decreto 

Artículo1
 artículo 36

Artículo 2

Artículo 5
 artículo 36

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 14

Artículo 38
 artículo 43

Artículo 40

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 39
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 45