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Timestamp: 2019-09-20 22:15:26+00:00

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Capítulo I - El recurso de casación en el fondo y los hechos del pleito
Nuestra legislación, siguiendo una tendencia del dere­cho moderno, estableció un recurso de carácter extraordinario, que se denomina casación en el fondo, con el objeto de invalidar sentencias, dictadas con infracción de ley.
Interpuesto un recurso de esta especie, la litis se cir­cunscribe a uno de los elementos que la compone: el derecho.
Los jueces que conocen de un pleito tienen facultades amplias para pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y de derecho que se ventilan en él; pero no ocurre lo mismo, ante la Corte de Casación. Ante ella, sólo pueden debatirse las infracciones de ley que contenga el fallo recurrido, de aquí que sea necesario determinar, con precisión, el límite que separa los hechos del derecho.
En la primera parte de este trabajo, estudiamos los he­chos del pleito; nos ocuparemos ahora, de las infracciones de ley, con lo que nos encontraremos en condiciones de hacer esa distinción.
En Francia, la organización y régimen de la Corte de Casación es materia de leyes especiales; el Código de procedimiento, sólo contiene algunas disposiciones de escasa im­portancia.
El decreto-ley de 27 de Noviembre - 1.° De Diciembre de 1970, artículo 3.°,establecía: 'la Corte de Casación invali­dará las sentencias que contengan una contravención expre­sa al texto de la ley'; pero esta redacción restrictiva fue abandonada por las leyes posteriores.
La constitución de 22 frim. año VIII, que fija las bases de la actual organización de la Corte de Casación, establece en el artículo 66: 'La Corte de Casación anula las sentencias en que han sido violadas las formas del pleito, o que contengan una contravención expresa al texto de la ley, y envía el proceso al tribunal que corresponda conocer de él'.
Por último, la ley de 20 de Abril de 1810, en su artículo 7.° establece: 'la justicia se administra soberanamente por las cortes de apelaciones; sus sentencias cuando están reves­tidas de las formas exigidas por la ley, bajo sanción de nu­lidad, sólo pueden ser invalidadas por contravención expre­sa a la ley.'.
Basándose en los términos restrictivos de estas dispo­siciones los antiguos jurisconsultos franceses, pretendieron aprisionar en un marco estrecho, las atribuciones de la cor­te de casación (I)
Joly de Fleury, en sus memorias presentadas al Consejo de los Partidos, insistió varias veces, en que la contravención debía ser 'clara y literal'. 'Si la contravención no es clara y literal, sostenía Tolozan, debe rechazarse el recurso, porque puede estimarse, que el juez no ha despreciado la ley, sino que ha pensado que no había llegado el caso de apli­carla'.
El eminente magistrado Henrion de Pansey, que era a la vez, un tratadista de nota, sostenía que para que procediera el recurso, era menester una contravención expresa a la ley. Esto, dice en su Tratado de la Autoridad Judicial, no puede ser objeto de dudas: La contravención es expresa, cuando la ley y la sentencia están en oposición diametral, y se destruyen respectivamente'.
Crepon (1), refutando la doctrina de estos antiguos ju­risconsultos, se expresa así: 'Contestamos a esta doctrina, haciendo presente que, en los casos de falsa aplicación o mala interpretación, la ley se viola en forma manifiesta. Una ley desnaturalizada es una ley desviada de su objeto, y la Corte de Casación ha sido instituída principalmente para asegurar la recta aplicación o interpretación de la ley, y ésta debe encontrarse, no sólo conforme con su texto, sino que también con su espíritu'.
Por su parte, Carré (2), agrega: La competencia de la Corte, se extiende, no sólo, hasta invalidar las sentencias opuestas a la letra de la ley, sino también, a las que aplican una disposición inaplicable o que se encuentren en oposición con su espíritu. En otros términos, la Corte debe invalidar las sentencias inapelables, tanto por falsa aplicación, como por mala interpretación de la ley. La falsa aplicación, como la mala interpretación, necesariamente constituyen una in­fracción de ley.
Los autores de las Pandectas Francesas, se expresan en términos más o menos parecidos:
709: Sin embargo, la Corte de Casación, no se encie­rra en la aplicación inflexible de esta regla. Ha sido instituída con el objeto de mantener la unidad de la jurispruden­cia; y no ha podido menos, de ensanchar en sus sentencias, la noción hasta entonces, demasiado limitada de la contra­vención a la ley. No juzga ya, como querían Joly de Fleur­y y Tolozan, que la contravención sea clara y literal, o co­mo quería Henrion de Pansey, que la sentencia se encuen­tre en oposición diametral con la ley. A ella le basta, que la contravención sea cierta, y que la disposición del fallo ata­cado esté en contradicción, no sólo, con su texto, sino aún con su espíritu. La falsa aplicación y la mala interpretación de la ley, bastan para dar margen a la casación.
Si hay un principio constante en esta materia, dicen Garconnet y César Bru (3), es que la falsa aplicación o la mala interpretación de la ley equivalen a una contraven­ción expresa de su texto, y nada efectivamente es más con­forme, a la noción misma de la casación, que la de someter todas las decisiones que, de una manera cualquiera, contra­vengan a la ley, a la censura de una Corte establecida en Francia, para asegurar una recta y uniforme aplicación del derecho.
En términos casi idénticos se expresan: Faye, Glasson et Tissier, Chenon, etc., que son las autoridades más eminen­tes en materia de casación.
En Italia, el artículo 517 N.° 3.° del C. P. C. dice que, procede el recurso:si la sentencia contiene violación o falsa aplicación de la ley.
Comentando esta disposición, Chiovenda (4) se expre­sa así: violación de ley, significa error en el juicio de derecho, esto es, negación o mal entendimiento de una norma abstracta de la ley existente, o afirmación de una norma inexistente.
La Ley de Enjuiciamiento Civil española es mas pre­cisa, sobre el particular, pues el artículo 1692 establece: habrá lugar al recurso por infracción de ley, cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes aplicables al caso del pleito.
Del examen que precede, se desprende que la doctrina y las legislaciones modernas tienden a dar a la expresión infracción de ley un significado amplio que comprende: la contravención al texto de la ley, la falsa aplicación y la mala interpretación de la ley.
Entre nosotros, el artículo 941 del Código de Procedi­miento Civil establece: El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencias pronunciadas con infracción de ley, siempre que la infracción haya influído sustancial­mente en lo dispositivo de la sentencia.
La historia fidedigna del establecimiento de la ley, nos demuestra que a las expresiones infracción de ley, que em­plea el artículo. 941, debe dársele el mismo alcance.
En efecto, en el proyecto de ley sobre recursos de ca­sación, redactado por don José Bernardo Lira, en cumplimiento del acuerdo tomado en la sesión 102 de la comisión redactora, se contenía la siguiente disposición:
Art. 3.° El recurso de casación en el fondo tiene lugar contra sentencia pronunciada con infracción de disposición expresa, de la ley sustantiva.
Puesto en discusión, este precepto, en la sesión N.° 164 de 9 de Noviembre de 1890, don Cosme Campillo, propuso que se suprimiera la palabra expresa, porque sería restrin­gir mucho el recurso y quitarle sus casos de más eficaz apli­cación, al referirlo sólo, a las infracciones de leyes expresa y no a los principios y reglas implícitas que de tanta impor­tancia son para el jurisconsulto y el juez. La supresión de esta palabra fué acordada por cuatro votos contra dos.
Por otra parte, la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema ha declarado en varias oportunidades, como tendremos ocasión de verlo en la última parte, que el recurso de casación en el fondo, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley procurando la unidad de la jurisprudencia.
De lo dicho se desprende que, las facultades de la Corte de Casación, se ejercen en tres casos:
1.° Cuando la sentencia recurrida, va contra el texto de la ley. Se produce esta infracción, dice Foignet (5), toda vez que la decisión atacada esté en oposición directa con el texto de la ley.
Henrion de Pansey, cuya opinión hemos citado en otra oportunidad, dice: La contravención es expresa toda vez que el fallo y la ley estén en oposición diametral y se destru­yan respectivamente.
En general los autores coinciden en estas definiciones (6).
Esta forma de infracción es poco frecuente. La injus­ticia, dice Lope Moreno, rara vez se presenta desnuda. La más de las veces procura envolverse en el manto de la razón, usando las vestiduras de la justicia.
Como ejemplo, podríamos indicar los siguientes: si la sentencia acepta una prueba que la ley rechaza o rechaza una prueba que la ley admite; si divide una confesión indi­visible; o admite la adquisición por prescripción de una ser­vidumbre que no es continúa ni aparente;
2.° Cuando aplica falsamente la ley. Se entiende por fal­sa aplicación de la ley, cuando se le da vigor en casos en que no debe tenerlo, o no se le da en los casos que deba tenerlo, por ejemplo: si se estableciera que las reglas de las instituciones contractuales se aplican a la donación de bienes por causa de matrimonio; si se exceptúa de las facultades de li­bre disposición, la remisión de deuda, etc.
La falsa aplicación, dice Chiovenda, es una forma de violación de la ley que se da ordinariamente cuando, aún en­tendiéndose rectamente una norma en sí misma, se la apli­ca a un hecho no regulado por ella, o se la aplica de manera de llegar a consecuencias jurídicas contrarias a las queridas por la ley.
La falsa aplicación de la ley, puede revestir dos formas: por extensión y por restricción.
Cabe advertir, que la falsa aplicación de la ley por extensión, lleva envuelta por regla general, una infracción de otra disposición legal; así si se aplican las reglas de la compraventa a un contrato de mutuo, se violan las reglas que rigen este último;
3. Cuando se interpreta mal la ley; esto es, cuando no se le da su verdadero sentido y alcance; por ejemplo, si se aceptara como legítimo contradictor para oponerse a la po­sesión efectiva que pide un heredero testamentario, a un he­redero ad-intestato no legitimario. Esa resolución, en nues­tro concepto, interpretaría mal el artículo 955 del Código de Procedimiento Civil.
El Código Civil, en sus artículos 19 a 24, da normas pre­cisas, para la interpretación de las leyes; si los tribunales se desentienden de ellas, interpretarían mal las leyes y sus fallos serían susceptibles de invalidarse por el recurso de casación.
Es nula la sentencia que, siendo claro el sentido de la ley, recurre a su historia fidedigna y desatiende su tenor li­teral, por infringir el artículo 19 del Código Civil', dice una sentencia de la Corte Suprema, publicada en la R. D.T. J., Tomno XX, pág. 437.
La mala interpretación de la ley, suele confundirse con la falsa aplicación; así, por ejemplo, al no darse a una ley su verdadero sentido y alcance puede dársele vigor, en casos que no debe tenerlo o quitárselos en casos en que debe te­nerlo.
Al ocuparnos del valor probatorio de los diversos me­dios, vimos que, en algunos casos se da margen a los jueces, para que apliquen su criterio con arreglo a la equidad, la sana crítica o su conciencia. Por ejemplo:
Art. 374. Los tribunales apreciarán la fuerza probato­ria de los testigos conforme a las reglas siguientes:
3.° Cuando las declaraciones de los testigos de una par­te sean contradictorias con los testigos de la otra, tendrán por cierto lo que declaren aquellos que siendo en menor nú­mero, parezca que dicen la verdad, por estar mejor instruídos de los hechos o por ser de mejor fama, más imparciales y ve­rídicos, o por hallarse más conformes en sus declaraciones con otras pruebas del proceso.
Art. 427. Los tribunales apreciarán el mérito proba­torio del dictamen de peritos en conformidad a las reglas de la sana crítica.
Art. 432. Para que pueda invalidarse con prueba testi­monial, una escritura pública, se requiere la concurrencia de cinco testigos. . . etc. 'Esta prueba, sin embargo, queda su­jeta a la calificación del tribunal, quien la apreciará según las reglas de la sana crítica'.
La doctrina uniforme de nuestros tratadistas, y la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, han establecido que estas disposiciones no son susceptibles de ser revi­sadas por la casación.
En nuestro concepto, no hay razón para denegar el re­curso. Desde luego, no se trata aquí, de hechos del pleito, si­no de leves reguladoras de la prueba, cuya infracción puede dar margen a la casación.
La apelación y la casación, se encuentran con respecto a las infracciones de leyes que influyen en lo dispositivo del fallo recurrido en una misma situación; y si se acepta la procedencia de la apelación, ¿por qué se rechaza la de ca­sación.
Sostienen algunos que no habiendo la ley indicado en qué consiste la equidad, la sana crítica, o la conciencia, las apreciaciones que hagan los jueces no pueden infringir estas disposiciones. Nosotros no aceptamos esta doctrina; creemos que, si bienes cierto, una contravención expresa al texto de la ley parece poco posible, puede interpretarse mal esas dis­posiciones, no dándoles su verdadero sentido y alcance.
No habiéndose indicado cuáles son las reglas de la sana crítica de la equidad o de la conciencia, debe recurrirse a la intención o espíritu de la ley, de conformidad con lo dis­puesto en el artículo 19 del Código Civil.Considerar que esas disposiciones no pueden ser infrin­gidas, implicaría circunscribir la casación a la contraven­ción expresa del texto de la ley.
Tratándose de recursos le queja, en contra de los tribu­nales del trabajo, por infracción del artículo 455 del Código del Trabajo, nuestra Corte Suprema, sentó una doctrina que, en nuestro concepto, puede también aplicarse a la casa­ción. Veamos algunas sentencias:
'Que en manera alguna, la ley ha querido, con entregar la apreciación de las pruebas a la conciencia, dejarlas al azar, al capricho o a la arbitrariedad. El concepto de la conciencia no es nuevo en las leyes y siempre ha tenido la acepción de una regla de bondad y de justicia y no de maldad o de abu­so...' (Sentencia publicada en 'El Mercurio' de 3 de Agosto de 1933).
'Que la apreciación en conciencia, si bien permite pres­cindir de las reglas sentadas por la ley para tener por cier­tos o no los hechos así estimados es facultad que no puede ejercitarse de un modo arbitrario, como aparece en el caso presente, por lo que corresponde a esta Corte, usando de sus atribuciones legales, corregir esta falta, dictando las medi­das convenientes para poner pronto remedio al mal que mo­tiva esta queja'. (Sentencia publicada en la R. D. J., Tomo 33, pág. 71).
'Que repugna a la conciencia que, con los mismos testi­gos, se demuestre el trabajo extraordinario de cuatro horas al día, durante dos años y cinco meses y de medio día de ca­da domingo en ese período de tiempo, y la sentencia le ha efectuado una considerable rebaja, tomando en cuenta, como dice el informe, las posibles licencias, faltas, feriados, en­fermedades que pudo sufrir el recurrente, etc., pero no con­sideró que era inverosímil que el demandante hubiese ido acumulando esa labor, sin haber intentado su cobro durante tanto tiempo, ni que las declaraciones de testigos sobre he­chos de pequeña importancia, se hace insegura y no convence cuando ha transcurrido mucho tiempo'. (Sentencia pu­blicada en la R. D. J. Tomo 33, pág. 297).
En estos casos la Corte Suprema acogió los recursos de queja por estimar que los tribunales del trabajo habían infringido la disposición que los autoriza para apreciar la prueba en conciencia.
Y si se estima infringida esa disposición en el caso de que con testigos se acredite una labor de varias horas extra­ordinarias diarias por espacio de algunos años, ¿no podría sostenerse, en un juicio civil, que repugna a la sana crítica, o a la razón natural, que se estime que digan la verdad, tes­tigos que declaran, con precisión matemática, sobre hechos de escasa importancia ocurridos varios años atrás?
Podría sostenerse que estos casos implicarían faltas o abusos susceptibles de ser remediados por la vía disciplina­ria de la queja. Pero, por sobre las dificultades inherentes a éstas, la justicia no siempre resulta de ese modo, ni creemos conveniente limitar los recursos de casación, para extender los de responsabilidad.
En nuestra legislación no existe disposición alguna que restrinja la procedencia de la casación en los casos de infrac­ción de ley que importen faltas o abusos susceptibles del recurso de queja, y si se tiene presente que la primera tiene su origen en la jurisdicción contenciosa y la segunda en la dis­ciplinaria, no creemos que sean incompatibles.
De no estimarse así, podría ocurrir que se desestimara un recurso de queja por no haber falta o abuso susceptible de ser subsanada por ese medio y debiera declararse firme un fallo, a pesar de haber sido dictado con infracción de ley, que influyera substancialmente en lo dispositivo de la sen­tencia.
El recurso de casación, tiene lugar en contra de senten­cias dictadas con infracción de ley y no puede por este me­dio, entrar a revisarse los hechos del pleito. Esta idea, sobre la que hemos insistido en más de una oportunidad, se encuentra consignada en nuestra legislación positiva en los ar­tículos 959 y 978 del Código de Procedimiento Civil.
'Art. 959. Cuando la Corte Suprema invalidare una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente sobre la cuestión mate­ria del juicio que haya sido objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos con el fallo recurrido, reprodu­ciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refiera a los puntos que hayan sido materia de recurso y la parte del fallo no afectada por éste''.
'Art. 978. En el recurso de casación en el fondo, no se podrán admitir ni decretar de oficio para mejor proveer pruebas de ninguna clase que tiendan a establecer o escla­recer los hechos controvertidos en el juicio en que hubiere recaído la sentencia recurrida'.
Estas disposiciones manifiestan claramente el pensa­miento del legislador sobre el particular: la casación en el fondo no es una instancia, no tiene por objeto enmendar los errores en que puedan haber incurrido los jueces al consta­tar la existencia de los hechos (errores de hecho).
Pero aquí surge una cuestión, ¿hasta dónde llegan las atribuciones de los jueces para establecer los hechos del plei­to y dónde empiezan las de la Corte de Casación? ¿Puede una Corte de Apelaciones alterar el mérito de los autos y de­cir que está probado lo que las hojas de un expediente dicen que no lo están?
'Nada más banal, en efecto, ni más cómodo para los jue­ces, dice Dalloz (7) que esta fórmula tan lacónica, 'consi­derando que resulta de los hechos y de las circunstancias que'. Con estas palabras mágicas se cree haber respondido a todo. Pero a medida que se avanza, se experimenta la ne­cesidad de darse cuenta de estas fórmulas que se recibían al principio como axiomas: la crítica se apodera de ellas y luego las distinciones se hacen necesarias.
'Así, se exigirá que los pretendidos hechos y circuns­tancias sean precisados y no solamente alegados'. La intención misma, ¿cuál ha sido su objeto? ¿ Cuál ha sido su límite? La sentencia deberá también declararlo. Pues si se trata sea de anular un contrato, sea de crear uno, es preciso que los términos de la convención escrita o verbal sean ciertos. La ley debe ser aplicada a esta convención. Por consiguiente, la convención debe ser conocida. De otro modo, ¿cómo podría la Corte de Casación llenar su misión legal?
'Esto nos lleva a la distinción entre el hecho y el dere­cho. El juez declarará el hecho; dirá lo que ha ocurrido; aplicará, en seguida, el derecho. En el primer caso su deci­sión será irrefragable; en el segundo, podrá ser fiscalizada por la Corte Suprema'.
La cita que precede, demuestra la importancia que tie­ne para la casación, la forma como se redacta la sentencia, y especialmente la manera como en ella se esclarezcan los hechos. Vimos en la primera parte de este trabajo, las normas que señala nuestro Código de Procedimiento sobre la manera que deben redactarse las sentencias.
Dijimos que, de conformidad con el artículo 193, las sen­tencias deben llevar las consideraciones de hechos y de de­recho que sirven de fundamento al fallo.
Agregamos también que, tratándose de tribunales cole­giados, el artículo 186 exige que en el acuerdo se observen una serie de reglas tendientes a establecer los hechos del pleito.
Desgraciadamente, esa disposición no siempre se cumple en la práctica. Las Cortes de apelación, tienen la tenden­cia a sustraerse a toda fiscalización, y mediante redacciones, más o menos artificiosas, evadir o disimular las cuestiones de derecho colocando a la Corte Suprema, en la imposibili­dad de cumplir su misión.
Fué éste, el motivo que dió lugar a una de las reformas de la Ley 3,390. La deficiencia práctica, de las disposiciones dictadas sobre la forma como debían redactarse las senten­cias y la dificultad que encontraba la Corte Suprema para cumplir con el deber que le imponía el artículo 958 (hoy 959), dió origen al artículo 5.° de los transitorios de la refe­rida ley que dice: 'La Corte establecería, por medio de un auto acordado, la forma en que deben ser redactadas las sen­tencias definitivas, para dar cumplimiento a lo dispuesto de los artículos 193 y 958 del Código de Procedimiento Civil'.
Fácilmente se comprende, la importancia que se deriva de esta correlación de artículos, el artículo 193 que enumera los requisitos que deben llevar las sentencias definitivas, y el artículo 958 que dice que la Corte Suprema debe dictar la sentencia de reemplazo, en conformidad a la ley y al mérito de ciertos requisitos contenidos en esa sentencia.
'Este artículo, dijo don Eliodoro Yáñez (8), no sólo se refirió a disponer que la Corte Suprema estableciera por un auto acordado lo que la sentencia debía contener, sino que fue más allá, y determinó la forma en que la sentencia debe ser redactada, es decir, la forma que debe tener la materia­lidad del fallo, no se derogaban las disposiciones de los ar­tículos 186 y 193; se las dejaba subsistentes, pero se le decía a la Corte Suprema: 'tome el tribunal las medidas del caso, para que las sentencias se redacten en forma que permitan el ejercicio fácil y expedito del deber que le impone el ar­tículo 958 de fallar conforme al mérito de los autos y con arreglo a 1 a ley'.
Se trató de salvar la casación, facilitando el ejercicio de las facultades que la ley confiere a la Corte Suprema, evitando al mismo tiempo el error de crear una tercera ins­tancia.
La Corte Suprema, en uso de ésta facultad, dictó el auto acordado de 30 de Septiembre de 1920, al que nos referimos en la parte anterior y en el que se estableció, en lo que a nos­otros interesa, que, las sentencias definitivas debían conte­ner, las consideraciones de hecho que sirven de fundamento al fallo y agregó:
'5.° Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aque­llas respecto de las cuales haya versado la discusión;
'6.° En seguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sir­van para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso nece­sario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales;
'7.° Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes, para los fines consiguientes; y 10. Tanto respecto de las consideraciones de hecho co­mo las de derecho, el tribunal observará al consignarlas, el orden lógico que el encadenamiento de las proposiciones re­quiera y, al efecto, se observarán en cuanto pueda ser apli­cable a los tribunales unipersonales, lo dispuesto en el ar­tículo 186 del Código de Procedimiento Civil'.
Lo que quiso el tribunal al dictar el auto acordado fué que las sentencias se redactaran en forma de poder ejercer las facultades que le confiere el artículo 958, evitando el do­ble peligro, de sustraer los hechos a su conocimiento y revisión, o de incurrir en el defecto de establecer una tercera instancia.
'Pero la verdad, dijo don Eleodoro Yáñez (9), es que las Cortes dé Apelaciones han hecho en gran parte caso omiso de lo dispuesto en el citado auto acordado, y, han continuado en la tendencia de sustraer sus fallos a toda revisión, de re­dactar sentencias ambiguas, de dejar los hechos en la pe­numbra, de no precisarlos en la forma que allí se estableció y que el Código de Procedimiento Civil había querido.
'El Supremo Tribunal ha sido celoso, hay que decirlo, en el cumplimiento del auto acordado, y más de una vez ha anulado sentencias cuando ha visto que flagrantemente vio­laban lo que establecen sus disposiciones; pero me atrevo a creer, y perdóneseme esta presunción, que sólo una severi­dad excesiva, que sólo un control llevado hasta el último ex­tremo, podrá encauzar a nuestras Cortes de Apelaciones en el sentido de que sus fallos coinstituyan un amparo efectivo del derecho y la expresión verdadera de los antecedentes de la causa y de las disposiciones legales.
'De otro modo, continuaremos con sentencias vagas, in­decisas, con la apreciación más o menos vaga y complaciente de los hechos, y que colocan a la Corte Suprema en la duda de si va a constituirse en Tribunal de tercera instancia y a revisar los hechos de la causa para darles su verdadero al­cance y significación, o si debe declarar que no ha lugar al recurso de casación, porque los hechos no aparecen clara o suficientemente establecidos para dar lugar a él'.
Los artículos 941, 959 y 978, confieren a los jueces fa­cultades privativas para conocerle los hechos del pleito; pero esos artículos no son claros: no indican en qué consisten di­chas facultades privativas, ni fijan la línea que separan los hechos del derecho.
Parece que, al atribuirse el conocimiento de los hechos del pleito a los jueces y el derecho a la Corte de Casación, se hubiere indicado una idea de tal modo clara que es inne­cesaria toda explicación; sin embargo, es ésta una de las cuestiones más complejas de nuestro derecho procesal.
'La discordia ha provenido, dice don Tomás Ramírez Frías (10), de lo difícil que suele ser, el separar los hecho del derecho, o sea, de indicar el término preciso que distin­gue a aquellos de éste, habiéndose llegado a sostener que se­mejante distinción es una pura abstracción y que en la rea­lidad, es imposible separarlos.
'Sin ser cierto esto último, es preciso reconocer que, para ello, se requiere en la práctica un tino especial, que es muy fácil paralojizarse y que, según el concepto de unos y otros se forme, así es el resultado a que se arriba: la exageración en éste o en aquel sentido conduce, o a convertir la casación en el fondo en una nueva instancia del litigio, o a restringir de tal modo su esfera de acción, que prácticamen­te queda reducida casi a la impotencia'.
Capítulo II - Doctrina Francesa
A pesar de las dificultades del problema, la Doctrina Francesa ha distinguido tres puntos que requieren el examen de los jueces y que pueden servirnos de pauta para orientarnos en esta materia.
Los jueces que conocen de un litigio deben examinar:
1.° Si los hechos que sirven de base al proceso existen o no; 2.° En caso de estar establecida la existencia de estos hechos, qué calificación debe dárseles; y 3.° Una vez determinada la naturaleza del hecho y su calificación legal, qué consecuencias deben resultar de ahí, desde el punto de vista de la aplicación de la ley civil o penal.
Vamos a exponer con el apoyo de algunas autoridades, la forma cómo proponen su doctrina los autores franceses
Emilio Chénon (11) se expresa así:
'En cuanto al primer punto, esto es, el de la existencia de los hechos, es donde se han manifestado más las dudas de la Corte de Casación. En principio, los jueces son com­petentes para constatar soberanamente la existencia de los hechos, y sus fallos no pueden ser casados por error en su comprobación. Pero, este derecho, debe ser ejercido en con­formidad a la ley y a los medios de prueba que ella establece. Así, los tribunales no podrían constatar una paternidad le­gítima cuya investigación esté prohibida; no podrían admi­nistrar un hecho, fundándose en simples presunciones cuando no es permitida la prueba de testigo; o considerar como prin­cipio de prueba por escrito un acto que no emane de la per­sona en contra de quien se opone; o en fin, rehusar la fuer­za probatoria que la ley da a los instrumentos auténticos no redargüidos de falsos; o a documentos privados verificados y no contradichos, etc. En todos estos casos debe la senten­cia ser casada como violadora de los artículos 340, 1319, 1322, 1347 y 1353 del Código Civil'. Corresponden a los artículos 280, 284, 1700 y 1702 de nuestro Código Civil, excepto el que se refiere a las presunciones'.
'Pero, si el tribunal se conforma a la ley, adquiere su independencia completa. Cuando le es permitido resolver con el mérito de simples presunciones la apreciación de ellas queda entregada por completo a su prudencia (Art. 1533). A ese tribunal corresponde encontrar las presunciones gra­ves, precisas y concordantes, y si le han parecido tales, sería imposible pretende impugnar el fallo porque no lo son'.
'En realidad, no habiendo precisado la ley, qué hechos son necesarios para formar presunciones de esta especie, los jueces no pueden nunca violarla'.
'Se comprende que puede presentarse la hipótesis cuan­do la ley no sólo haya definido los caracteres legales de un hecho tomado en su conjunto, sino que además ha llevado su precaución hasta establecer los caracteres de sus diversos elementos. Entrando la apreciación legal de ellos a formar parte de la constatación de los hechos, ¿puede ser controlada por la Corte de Casación? La duda nace de que si la Corte lo hace se vería obligada a penetrar en el examen mismo de los hechos, y entonces, ¿en qué quedaría la distinción en­tre los hechos y el derecho?'.
'En 1883, en un asunto sobre difamación, el presidente Barris ensayó trazar un límite admitiendo que la Corte de Casación podía examinar si se hallaban reunidos los elemen­tos constitutivos de un hecho cuando la ley había definido y caracterizado estos elementos; y que no lo podían, cuando la ley nada había determinado al respecto'. 'Los jueces, dijo, son verdaderos jurados en la decisión de todo lo que no ha sido reglamentado por la ley'. La Corte siguió algún tiempo esta doctrina, pero terminó por abandonarla a causa de sus inconvenientes prácticos. Hoy día no tiene sistema precon­cebido, sino que resuelve según los casos y evita los fallos de principios.
'Acaso se podría, a pesar de las dificultades del problema, hacerse esta distinción: hay hechos que existen única­mente porque han sido materialmente establecidos; otros que no existen sino a condición de que los jueces añadan a la ve­rificación material, el atributo de cierto carácter moral; otros, en fin, en que entra además la calidad de cierto ca­rácter legal'.
'Apreciación material, apreciación moral y apreciación legal, he aquí tres grados que pueden encontrarse en la com­probación de la existencia de diversos hechos y, algunas ve­ces, de uno sólo'.
'Con respecto a los primeros, los tribunales son sin duda, soberanos. Así, pueden declarar, que un testamento ológrafo no ha sido escrito por la persona a quien se le atri­buye; que un terreno formado por las aguas de un río constituye un aluvión; que un deudor ha prestado o no las segu­ridades prometidas; que un muro en el cual se abre una ven­tana cuya supresión se demanda, está en la distancia legal; que un hijo muerto por su madre no es recién nacido, etc'.
'Corresponde igualmente a los tribunales la facultad de atribuir a los hechos establecidos cierto carácter moral; decidir, por ejemplo, si las injurias inferidas por un ma­rido a su mujer son lo suficientemente graves para motivar la separación de cuerpo; que determinados hechos importan reconciliación; que la voluntad del testador no ha sido li­bre; que un acto calificado como herencia de un ascendiente es en realidad una enajenación a título oneroso; que un ar­tículo de diario no es injurioso; que un acto constituye un principio de ejecución; que las circunstancias que han evi­tado su realización son o no independientes de la voluntad del agente, etc'.
'Al contrario, la apreciación legal de los hechos reco­nocidos materialmente por los jueces de la causa, debe, en nuestro concepto, caer siempre bajo la censura de la Corte de Casación, sea que la ley los haya o no definido expresa­mente. Así, la Corte, juzga con razón: que tiene el derecho de verificar si tal hecho, que una sentencia ha declarado que interrumpe una prescripción, debe realmente ser considerado como tal en los términos de los artículos 2243 y 2244 del Có­digo Civil; que puede investigar si en el caso se hallan reunidos los caracteres de las sustituciones prohibidas; o exa­minar si la cláusula litigiosa de un testamento contiene un legado a título singular o a título universal y si la voluntad de novar atribuída a la partes se halla en alguno de los tres casos que determina el artículo 271 del Código Civil para que haya novación. Ocurre lo mismo en materia penal, pues la Corte de Casación debe verificar si los hechos, tales como han sido comprobados, por los jueces del fondo, tienen los caracteres legales de crimen o de delito'.
'Para apreciar mejor esta materia veamos un ejemplo, bien frecuente, donde se encuentra a la vez esta triple apre­ciación material, moral y legal: el robo. Existe robo, en con­formidad al artículo 379 del Código Penal, cuando hay subs­tracción fraudulenta de la cosa de otro. Los jueces, deberán constatar, en primer término, si el inculpado ha tomado la cosa de otro, en segundo lugar, que esta aprensión ha sido fraudulenta, y en tercer lugar que constituye una substracción. En conformidad a los principios expuestos, nosotros diremos que el hecho material de la aprehensión y su carácter fraudulento son constatados soberanamente por los jueces, pero que la atribución del carácter legal de substrac­ción debe ser controlada por la Corte de Casación. Ella pue­de decir, por ejemplo, que los jueces se han equivocado al declarar que existía una substracción, en el hecho de que un individuo se haya negado a devolver una moneda que se le había entregado para que la examinara'.
'La palabra substracción envuelve un conjunto de ideas, que, si bien es cierto, la ley no ha definido, se suponen implícitamente reunidas en el empleo de este término'.
'Nosotros confesamos, que estas distinciones son bien sutiles; y que la misma Corte de Casación, no se ha mante­nido siempre dentro de sus justos límites. Ella ha ido más le­jos, y se ha aventurado, muchas veces, en el terreno de los hechos; pero en estos casos sus sentencias han sido contra­dictorias y su jurisprudencia, a menudo variable, manifies­ta aún a los ojos de los menos clarividentes, que ella se sien­te fuera de sus dominios; el procurador general Dupin, lo ha hecho notar varias veces. A él pertenece una frase que nosotros tomamos, por resumir perfectamente la teoría que acabamos de exponer: 'Para que la Corte Suprema pueda controlar los raciocinios que forman la sentencia, entregada a su censura, es necesario que la ley sea una de las premisas del soligismo'.
'Una vez determinados estos tres elementos será nece­sario calificar el hecho que en conjunto, constituye; y ésta calificación será la de robo'.
'En cuanto al segundo punto, esto es, en lo que a la calificación legal de los hechos se refiere, es necesario reco­nocer a la Corte de Casación toda libertad de criterio, por­que, en efecto, la calificación 'No es otra cosa que la relación de los hechos comprobados con la ley que les atribuye tal o cual consecuencia civil o penal, relación que siendo controvertida suscita igualmente una cuestión de derecho'.
'Así, por ejemplo, si la Corte de Apelaciones, después de haber establecido que concurren todos los elementos legales de una substitución prohibida o de un pacto sobre suce­sión futura declara que en derecho, la convención litigiosa no ofrece alguno de estos caracteres; sería imposible adm­itir que la Corte de Casación no pueda casar un fallo que vio­la tan abiertamente la ley; y para hacerlo, no tiene necesi­dad de entrar en la apreciación de los hechos, sino tomarlos tales como la Corte de Apelaciones los ha establecido y li­mitarse a examinar si la ley ha sido bien o mal aplicada. Lo mismo sucedería si un tribunal, que ha reconocido en una infracción penal todos los caracteres de un crimen, se abs­tuviese de remitir al inculpado a una Corte de Assises a pre­texto de que el hecho en cuestión, no debe ser calificado de crimen; o bien, si, establecido en el hecho que, un homicidio ha sido voluntario, lo juzgase como causado por impruden­cia. No puede ser dado a los tribunales substraerse así, so color de declaraciones de hecho a la alta vigilancia bajo la cual la ley ha querido colocarlos. De otro modo, la aplica­ción de las leyes se haría arbitraria y la unidad de la legis­lación tan trabajosamente adquirida se vería pronto com­prometida. Por eso, las tres Salas de la Corte de Casación no han trepidado jamás, en reconocer el derecho de casar las falsas calificaciones de los hechos que se han dado por com­probados. En cuanto al tercer punto, esto es, el que se refiere a los efectos jurídicos, no suscita nunca más que una simple cuestión de derecho del resorte de la Corte de Casación'.
Los jurisconsultos de las Pandectas Francesas (12), des­arrollan la doctrina en la siguiente forma:
' 794. La Corte de Casación, no se encierra en la apli­cación inflexible de esta regla. El objeto de su ilustración es mantener la unidad de la jurisprudencia; y no ha podido menos de ensanchar en sus sentencias la noción, hasta enton­ces demasiado limitada, de la contravención a la ley. No juz­ga ya, como querían Joly de Fleury y Tolozan, que la con­travención sea 'clara y literal', ni como quería Henrion de Pansey, que la sentencia esté en oposición diametral con la ley. A ella le basta que la contravención sea cierta y que la disposición del fallo atacado, esté en contradicción, no sólo con el texto, sino aún con su espíritu. La mala interpretación y la falsa aplicación de la ley, bastan para dar margen a la casación'.
'799. Pero en los casos de falsa aplicación de la ley, es necesario distinguir el error de hecho y el error de derecho. El error de derecho, que no es otra cosa que una contraven­ción a la ley, una falsa interpretación o una falsa aplicación de la ley abre las puertas a la casación'.
'801. El error de hecho, que no constituye una contra­vención a la ley, no puede ser objeto de un recurso de casación''.
'802. Con todo, una declaración de hecho puede también dar lugar a casación si es el resultado o consecuencia, de un error de derecho'.
'906. Pero, perteneciendo a la Corte de Casación resol­ver sobre la aplicación de la ley de los hechos de la causa, ¿cómo reconocerá el límite que separa el hecho del derecho? ¿Hasta dónde llega el poder de los jueces en materia de he­chos? ¿Dónde empiezan las atribuciones de la Corte de Ca­sación? En medio de las controversias de la doctrina y de la multiplicidad en los monumentos de la jurisprudencia es extremadamente difícil, indicar una regla precisa que sirva de guía'.
'907. Sin embargo, Mr Bonnier, cuya opinión es ade­más, adoptada por M. Chenon, distingue tres puntos fundamentales que reclaman el examen de los jueces, y que nos permiten llegar, a una solución más o menos aproximada del problema. Los jueces que conocen del pleito, según estos au­tores, deben averiguar:'
'1.° Si los hechos que sirven de base al proceso existen o no; 2.° En caso de estar establecida la existencia de estos hechos, qué calificación debe dárseles; y 3.° En fin, una vez, determinada la naturaleza de los hechos y su calificación le­gal, qué consecuencias deben resultar de ahí, bajo el punto de vista de la ley civil o penal'.
'908. Todo lo que corresponde a la calificación legal o de los hechos, todo lo concerniente a las consecuencias de esta calificación legal bajo el punto de vista de la aplicación de la ley es del dominio de la Corte de Casación'.
'909. Por el contrario, sobre la comprobación de la exis­tencia de los hechos, los tribunales del fondo tienen un po­der soberano. Pero es necesario que este poder de compro­bación, haya sido ejercido conforme a la ley y a los medios de prueba establecidos por ella, y si el juez se aparta de estas reglas, la vía de la casación quedaría expedita'.
'910. La jurisprudencia de la Corte de Casación ha consagrado esta distinción...'.
El distinguido jurisconsulto francés, M. E. Faye (13) desarrolla su doctrina en los siguientes términos:
'En los litigios, debátense cuestiones de hecho y de de­recho. El juez tiene que pronunciarse sobre la existencia o no existencia de los hechos alegados por una y otra parte, para apreciarlos desde el punto de vista del litigio, sean en sí mismo, sea según las circunstancias que los han acompañado, precedido o seguido, sea determinado su carácter legal; en seguida, para darles o restituirles la calificación que le atri­buye la ley, si hubiere lugar a ella; y, en fin, para hacerles producir las consecuencias jurídicas que de ella se deriven.
'Ninguna dificultad, en cuanto a la declaración de los jueces, sobre la existencia de los hechos en su materialidad; los magistrados no manifiestan en la sentencia que dictan, sino su conciencia, y no hay otras excepciones que las que señalaremos al fin de este capítulo y que conciernen a las menciones de los actos del procedimiento, la cosa juzgada, la materia imponible, la ley de patentes y el cumplimiento de ciertas formalidades destinadas a llevar los actos a cono­cimiento de tercera'.
'Este poder está subordinado, sin embargo, a la condi­ción expresa de que los jueces no se hayan fundado, para formar sú convicción, sino sobre pruebas legalmente autori­zadas, y de que no hayan desconocido la fuerza probatoria que la ley atribuye imperativamente a ciertos actos y a cier­tos hechos. No se puede tener como comprobado el hecho cuya existencia ha sido establecida mediante la violación de un texto legislativo'.
'Si hay contradicción entre las partes, los jueces no pueden proceder por afirmación, deben hacer conocer los elementos de prueba a que hayan recurrido para que la Cor­te pueda verificar la legalidad de ellos'.
Los jueces no pueden invertir el peso de la prueba, con violación del artículo 1315, que obliga al que se pretende acreedor a probar la existencia de su crédito, y al deudor justificar su liberación; ni admitir la prueba testimonial fuera de los casos en que la ley la autoriza'.
Faye, considera que, la constatación de la existencia de los hechos, escapa a la censura de la Corte de Casación.
Veamos ahora lo que opina respecto de la apreciación de los hechos y que él denomina el carácter de los hechos.
'Los jueces, no sólo son soberanos, para constatar la existencia de los hechos en su materialidad, sino, además, para apreciarlos de una manera general, sea en sí mismo, sea relacionándolo con las circunstancias que lo han acom­pañado, precedido o seguido (carácter material)'.
'EL carácter de un hecho, no sólo depende de las circunstancias materiales de que se ve rodeado; a menudo el juez, debe hacer de él, una apreciación moral, con el fin de averiguar el móvil que se persiguió con su ejecución cuál es su valor en relación con otros hechos análogos. Esta apre­ciación, al igual que la constatación de la existencia de los hechos, de la que no puede ser separado, escapa al control de la Corte de Casación'.
'Así es, como los tribunales, en pleno ejercicio de sus facultades soberanas, declaran':
'Que los contratantes han estado de buena fe; que ha habido error, fuerza o dolo; que la quiebra ha sido fortuita, culpable o fraudulenta. La soberanía de los jueces, en lo que a la apreciación de los hechos se refiere, no tiene más límite que el interés de la ley, único que puede ser invocado delan­te de la Corte de Casación. De lo que resulta entonces, que, este tribunal, sólo controla la apreciación de los hechos cuan­do la ley ha indicado las condiciones que debe reunir un he­cho para que produzca un efecto determinado. La existencia de estas condiciones debe ser constatada y constituye el ca­rácter legal del hecho. El legislador al indicar las condicio­nes que debe reunir el hecho, para que, en conformidad a la ley, produzca un efecto determinado, necesariamente ha de­bido limitar el poder de apreciaciones de los tribunales'.
'Es así como la Corte de Casación, controla los hechos para constatar si de la sentencia recurrida resulta: que exis­te una novación tal como la ha definido el artículo 1271 del Código Civil; que se ha verificado una compensación en los términos del artículo 1289 del Código Civil; que se en­cuentra en algunos de los casos de subrogación admitidos por el artículo 1251 del Código Civil'.
Como se ve, para Faye, al igual que para Chenon y los autores de las Pandectas, la apreciación de los hechos puede­ comprender tres aspectos: material, moral y legal.
Los jueces son soberanos, en conformidad a la Doctri­na Francesa, para fijar el carácter material y moral de los hechos, en cambio el carácter legal cae bajo el control de la Corte de Casación.
Examinemos ahora en conformidad al texto de Faye, los otros dos puntos de la doctrina francesa:
Calificación legal. 'Parece evidente la necesidad de un control de la Corte de Casación, en lo que se refiere a la calificación legal de los hechos, es decir, a la denominación atribuída por la ley a los actos y particularmente de los contratos, de conformidad con los elementos que lo constituyen.
'La calificación adoptada por los contratantes, debe, evidentemente, ser tomada en cuenta, pero únicamente con el objeto de averiguar la intención de las partes'.
Consecuencia jurídica. Para Faye al igual que para los otros autores citados, es algo que no admite discusión, que este punto suscita igualmente puras cuestiones de derecho.
La doctrina desarrollada por Faye, puede resumirse en la pregunta que se formula el mismo autor:
'Estando constatada la existencia de los hechos en con­formidad a los medios de prueba legalmente autorizados, ¿sacaron los jueces, deducciones o inducciones contrarias a la ley, sea desde el punto de vista del carácter de los hechos, sea desde el junto de vista de calificación que se les ha dado, o en cuanto a las consecuencias jurídicas derivadas de su existencia?'.
'Sólo procede la Casación, concluye Faye, cuando en la apreciación, calificación o efectos jurídicos, se ha violado una ley'.
Glasson y Tissier (14), exponen la doctrina en los si­guientes términos: 'La Corte de Casación no conoce de los hechos del pleito; las causales que se invocan ante ella, deben ser causales de derecho; la Casación no es una ter­cera instancia. La distinción del hecho y del derecho es esen­cial. El error de hecho no puede dar margen a la casación, La Corte debe aceptar los hechos en los mismos términos que han sido establecidos y apreciados por los jueces. Estos tie­nen facultades soberanas para establecer y apreciar los he­chos y para fijan los términos de los actos de que conocen.
'Consecuencia de este principio, es que las causales nue­vas, compuestas de hecho y derecho, no son aceptables. Esta es una regla aplicada con frecuencia por la Corte de Casa­ción; los fallos sobre el particular son numerosos'.
'En principio, las causales invocadas deben resultar del examen de las sentencias y de sus calidades, no correspon­diendo a la Corte examinar de nuevo el proceso. Si los he­chos invocados no resultan de la sentencia y de las calida­des, debe rechazarse el recurso'.
'El poder soberano de los jueces, se extiende, no sólo a la constatación de los hechos, sino también, a lo que se de­nomina el 'carácter moral'. Según la jurisprudencia de la Corte de Casación, los tribunales son soberanos para deter­minar, si una injuria es lo suficientemente grave para moti­var el divorcio, si un acto es fraudulento, si existiere buena o mala fe, si las presunciones son graves, precisas y con­cordantes, si los hechos alegados son o no impertinentes. La distinción entre la apreciación legal y moral, no siempre es fácil'.
'La Corte de Casación, considera como existentes los hechos que constatan y aprecian los jueces; en principio, és­tos gozan de facultades soberanas; pero esto debe entender­se con la condición de que ellos hayan formado su convicción por los medios legales, y que no hayan desconocido el valor probatorio que la ley atribuye a ciertos actos. La infracción de las leyes reguladoras de la prueba, da margen al recurso de casación'.
'La Corte de Casación controla, además, la aplicación de la ley a los hechos y a los actos; en consecuencia, revisa los fallos en lo que a la calificación, caracteres legales, y con­secuencias jurídicas de los hechos establecidos por los jue­ces, se refiere. Por ejemplo, la Corte de Casación, se reser­va la facultad de examinar si un hecho reviste el carácter jurídico de falta; si constituye una ratificación o aquies­cencia tácita; si tiene el carácter de confesión judicial; si constituye un principio de prueba por escrito; si un acto ca­lificado como liberalidad, es en realidad a título oneroso; o bien, la Corte de Casación aprecia, si un acto reviste o no los caracteres de novación; si constituye una aceptación de sucesión; si una posesión reúne los requisitos para la pres­cripción; si un legado es a título universal o singular; si un acto tiene o no el carácter de mercantil; si las maniobras ilí­citas tiene el carácter de dolo; si hay litis pendencia, cosa juzgada, contrato judicial, cuestión prejudicial, etc'.
'En todos estos casos, los jueces constatan y aprecian soberanamente los hechos en que se fundan; pero la Corte de Casación ejerce su control sobre el carácter legal y la califi­cación de esos hechos'.
'En términos generales, corresponde a la Corte de Ca­sación, controlar las consecuencias jurídicas, que los jueces han derivado de los hechos establecidos; ella debe verificar si se han sacado o rehusado admitir las consecuencias que procedan en derecho. Por ejemplo, si resulta de los hechos establecidos por los jueces que una convención reúne sobre la cosa y el precio las características de la compraventa, no podrían los jueces rehusar de pronunciar la resolución del contrato por falta de pago en la época'.
La doctrina Española que se desprende de la Ley de En­juiciamiento Civil de 1851, que sirvió de fundamento a nues­tra legislación, es igual a la francesa:
'¿Puede el Tribunal Supremo, dicen Manresa y Reus (15), deliberar y juzgar sobre la apreciación de los hechos; o habrá de atenerse a la calificación que de ellos haya hecho el Tribunal a quo ? He aquí una de las cuestiones más impor­tantes que la nueva ley no ha decidido expresamente'.
'Este silencio sobre este punto, que guardó también el real decreto de 1838, no ha sido obstáculo para que el Tribu­nal Supremo haya fijado su jurisprudencia conforme a la doctrina más aceptable. El Tribunal, al decidir su casación, no juzga sobre la certeza de los hechos, ni de consiguiente sobre el valor de las pruebas: esto lo verifica; como debe ve­rificarlo, para dictar su fallo sobre el fondo de la cuestión, cuando ha sido casada la ejecutoria; de modo que, por regla en general, en la primera decisión, se atempera a la califi­cación hecha por el Tribunal a quo'.
'Mas, no por esto se abstiene de examinar los hechos; como el derecho es la consecuencia del hecho, los examina para ver si en la aplicación del derecho se ha infringido la ley. También los examina, como es de necesidad para ver si la apreciación que de ellos ha hecho la Audiencia, está ajus­tada a la ley, cuando el recurso se funda en la violación de la ley sobre este punto. En una palabra, al decidir en casa­ción el Tribunal Supremo, sólo examina y aprecia los hechos, en cuanto es necesario para determinar si se ha cometido o no la infracción de la ley en que se funda el recurso'. 'Lo expuesto se deduce de la doctrina consignada por el mismo Tribunal Supremo, en varias de sus sentencias de casación. También lo vemos confirmado por el ilustre señor Marquéz de Gerona en un importante escrito publicado re­cientemente (nos referimos al folleto titulado: Examen del Recurso de Casación en España). La circunstancia de ha­ber contribuido a establecer esta jurisprudencia, como Presidente que ha sido de la Sala Primera de este Tribunal Su­premo, da también autoridad a sus palabras, que creemos muy conveniente transcribirlas. Dice así este distinguido ju­risconsulto':
'La Sala Primera admite y declara la Casación, donde quiera que encuentre infringida una ley expresa, aún cuando la ley sea reguladora de la prueba legal de los hechos'.
'La Sala no admite ni declara la casación donde la ley deja al arbitrio o discreción de los tribunales, la apreciación de las pruebas sobre el hecho mismo.
'La Sala se abstiene cuidadosamente de juzgar sobre los hechos comprobados únicamente por testigos; hechos cuya calificación queda hoy más encomendada a la sana crí­tica de nuestros jueces y tribunales. No habiendo ley civil que regule casuísticamente su criterio, tampoco puede exis­tir infracción alguna de esta clase en su sentencia'.
La Sala admite y declara la casación por infracción o mala inteligencia notoria de cláusula expresa y terminante, o sea por violación de la ley del contrato, según la terminología francesa.
'La admite, asimismo, cuando hay error, no en la apre­ciación de la prueba, sino en la calificación del acto o del hecho a que se refiere en sus relaciones con la misma ley; como v.gr., cuando una audiencia declara la existencia de un contrato de arrendamiento sobre hechos o partes, a que la ley atribuye el carácter de usufructo'.
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española, en su artículo 1692, N.° 7.°, dispone:
'Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal':
'7.° Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, o error de hecho, si este último resalta de documentos o actos auténticos, que demuestren la equivocación evidente del juzgador'.
Comentando esta disposición, dice el señor Manresa (16).
'El Tribunal sentenciador es soberano para la aprecia­ción de las pruebas como se deduce de la ley y tiene decla­rado el Tribunal Supremo en multitud de sentencias. Pero al hacer la apreciación puede incurrir en error de hecho o de derecho, y justo es que en tal caso se conceda por ese motivo el recurso de casación'.
'Para fundar el recurso en error de hecho, es requisito indispensable, que tal error resulte comprobado con documentos o actos auténticos, presentados oportunamente en el pleito, y citados en el recurso, que demuestren la equivocación evidente del juzgador, pero si no obran en los autos o si no los precisa el recurrente, no pueden tomarse en consideración '.
Más preciso es López Moreno (17), que (en su obra 'Principios Fundamentales del Procedimiento Civil y Criminal') se expresa así:
'En tesis general, los recursos de casación no pueden ni deben fundarse nunca en cuestiones de hecho, es decir, en materia de prueba'.
'La apreciación de las pruebas es de la exclusiva competencia de la Sala Sentenciadora. De no ser así, el recurso de casación vendría a convertirse en una tercera instancia, sin las garantías consiguientes al procedimiento de apelación ante los Tribunales superiores'.
'Los hechos, pues, deben admitirse tales como el Tribunal de apelación definitivamente los aceptó y consideró probados'.
'Pero puede suceder que el tribunal haya infringido manifiestamente las leyes de la lógica y aun del sentido común en la apreciación de las pruebas; cabe también que por error o malicia se consideren probados hechos que no lo fueron, o se omitieran o dejaran de consignarse como probados otros que plenamente lo fueron, o bien aparezcan los resultados notoriamente cambiados, o desfigurados o aún falseados. ¿Por qué no conceder en tales casos al Tribunal Supremo la facultad de conocer de los hechos para restablecerlos en su realidad?'.
'Rara vez la injusticia se presenta desnuda. Las más de las veces procura envolverse en el manto de la razón, usando las vestiduras de la Justicia. Esos vestidos se los prestan siempre los hechos probados. ¿ Qué demanda justa no puede por tal medio rechazarse? ¿A qué demandado no puede ab­solverse? ¿Qué pueden aprovechar la claridad de la ley y la recta aplicación de ella al hecho, si el hecho resulta cons­ciente o inconscientemente falsificado?'.
'Diráse que las sentencias en que se altera la resultan­cia de los hechos, son sentencias manifiestamente injustas, contra las cuales pueden emplearse otros recursos'.
'Pero sobre las dificultades propias de éstos, no siem­pre la injusticia resulta de este modo, ni es conveniente limitar los recursos de casación, para extender los de respon­sabilidad, ni con ello ganarían mucho los prestigios de la justicia, la autoridad de los fallos, ni los intereses de los li­tigantes'.
Capítulo III - La doctrina chilena
Los tratadistas chilenos, al menos los que nosotros co­nocemos, estiman que nuestra legislación, sigue en todas sus partes la doctrina francesa.
Don Luis Claro Solar (18) se expresa así:
'En todo litigio hay que distinguir tres puntos, que son ­fundamentales; los jueces deben resolver: 1.° Si los hechos que sirven de base al proceso existen o no; 2.° establecida la existencia de los hechos, qué calificación debe dárseles; 3.° Por último, determinada su existencia y hecha su califi­cación legal, qué consecuencias deben resultar de ellos desde el punto de vista de la aplicación de la ley'.
'Los Tribunales de primera y segunda instancia, tiene evidentemente un poder absoluto para apreciar los antece­dentes y pruebas suministradas por las partes para resolver si los hechos existen o no. Esta es la materia misma del juicio que debe decidirse en dos instancias y sobre la cual debe pronunciarse en definitiva la Corte de Apelaciones, cuya misión es precisamente rever la errónea apreciación que ha podido hacer el juez de primera instancia. El recurso de ca­sación ha sido establecido para asegurar el respeto a la ley; no es un tercer grado de jurisdicción. La Corte Suprema saldría de sus atribuciones entrando a conocer del proceso y a someterlo a su apreciación para decidir sobre los hechos establecidos por el fallo inapelable del tribunal de Alzada'.
Más adelante, refiriéndose a la apreciación de los hechos, dice
'La apreciación jurídica del hecho entra en el campo de la legislación, se refiere a la aplicación de la ley, y por lo mismo debe quedar sometida al dominio superior de la Corte Suprema, encargada de velar por la correcta observancia e inteligencia de las leyes. Si la calificación de la naturaleza jurídica de un contrato, fuera uno de tantos hechos del plei­to dejados a la decisión soberana de las Cortes de Apelaciones, no se obtendría por una parte la unidad de la jurisprudencia, que es uno de los principales objetivos del recurso de casación y por otra parte, se abriría a las Cortes una ancha puerta para sustraer sus fallos a la revisión, dándoles la facultad de escapar a la aplicación de la ley correspon­diente con una simple calificación de la naturaleza jurídica del acto, por contraria que ella fuera a los preceptos legales'.
Y en otra parte del mismo trabajo, refiriéndose a la ca­lificación y efectos jurídicos agrega:
'Pero cosa bien distinta es la calificación que deba ha­cerse de los hechos que se dan por probados, para el efecto de determinar la ley que deba aplicársele y las consecuen­cias que deban resultar de esa aplicación. Todo lo que toca a la calificación legal de los hechos y todo lo que se refiera a la consecuencia de esta calificación legal, bajo el punto de vista de la aplicación de la ley, entra forzosamente en el do­minio de la Corte de Casación, porque corresponde al terreno del derecho cuya tuición le esta especialmente confiada'.
Y en otro artículo (19), publicado también en la 'Revis­ta de Derecho', agrega:
'Los hechos quedan, pues, entregados exclusivamente a la apreciación de los jueces de la causa. Nuestro Código de Procedimiento ha sido en este sentido excepcionalmente es­tricto consignando al efecto las disposiciones de los artícu­los 958 y 977 (hoy día 959 y 978), que invoca el fallo de la Corte Suprema'.
En apoyo de esta tesis, recurre a la historia de la ley, y después de reproducir las actas de la comisión redactora del proyecto Lira y del proyecto del recurso de casación, que la Comisión envió separadamente al Gobierno, reprodu­ce las actas del proyecto de 1893, Sesión N.°..., en los si­guientes términos:
'El señor Vergara agrega que la legislación española ha reaccionado a este respecto y el Código de Enjuiciamien­to Criminal, de 14 de Septiembre de 1882, consigna una dis­posición que podría adoptarse en reemplazo del artículo en estudio, y es la siguiente':
'Si la Sala casa la resolución objeto del recurso, dicta­rá a continuación, pero separadamente, la sentencia que pro­ceda, aceptando los fundamentos de hecho y los de derecho de la sentencia casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia del recurso y la parte del fallo con éste compatible, reemplazando la parte casada con la que corres­ponda según las disposiciones legales en que haya fundado la casación'.
'En este artículo, que es en todo análogo a la indicación hecha por el señor Presidente en la última reunión, se armo­niza mejor con la naturaleza de este recurso, como lo obser­vó el señor Valdés. La casación en el fondo tiene por objeto enmendar los errores de derecho y uniformar la jurisprudencia en la aplicación de las leyes, y para conseguirlo no es necesario que el tribunal revisor se pronuncie de nuevo so­bre hechos cuya apreciación corresponde únicamente al tri­bunal que dictó la sentencia materia del recurso'.
'Aceptada en general esta idea, se resolvió reemplazar el artículo 930 del proyecto por el que sigue':
'Art. 930. Cuando la Corte Suprema invalidare una sen­tencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, sobre la cuestión materia del juicio, la sentencia que corresponde conforme a la ley y al mérito de los hechos, tales como se han dado por estable­cidos en el fallo recurrido'.
Sin entrar, por ahora, a refutar la doctrina que susten­ta el señor Claro Solar sobre la apreciación de los hechos, me limitaré a hacer presente que la reproducción del acta citada no está conforme con el texto de ella; las expresiones 'aprobada en general esta idea', vienen en el acta auténtica, en la siguiente forma, 'aprobada en general la idea de este artículo'; en consecuencia, lo que se aprobó fué la idea del Código de Procedimiento Penal Español, y no la idea del último señor que habló en la sesión.
En un comentario de un señor R. C., que aparece tam­bién en el mismo tomo de la 'Revista de Derecho' (20), encontramos desarrollada la misma doctrina. Dice este comen­tario en su parte pertinente:
'Conforme a la doctrina, para que se anule una senten­cia por vicio de fondo, preciso es que exista quebrantamiento de una ley expresa. El Tribunal de Casación no tiene de­recho de reponer un mal juicio, una mala apreciación, un Mal Jugé, como dicen los franceses. En doctrina, aunque pa­rezca evidente que los jueces del fondo se han equivocado en la apreciación de los hechos, esa apreciación se sustrae al conocimiento y reforma del Tribunal Supremo, y, por con­siguiente, se mantiene soberana. En otros términos, la Corte de Casación no puede casar una sentencia por error de hecho sino solamente por un error de derecho'.
Don Tomás Ramírez Frías (21) después de exponer la doctrina francesa, tal como la desarrollan los autores de las Pandectas, agrega:
'Tal es la doctrina que desarrollan los autores de las Pandectas Francesas, treinta y seis jurisconsultos y magistrados eminentes, entre los cuales se cuentan Riviere, Colmet de Santerre, Guillouard, Ruben de Couder, E. Villey, Fabreguetes, Barbier y otros'.
'Añadamos que, casi en idénticos términos, la exponen los redactores de otra no menos interesante obra de Derecho análoga: el 'Repertoire General Alphabétique de Droit Francais', otros veintiocho ilustres profesores y jueces co­mo Bathie, Bufnoir, Dareste, Demante, Garsonnet, Laurent, Larrombiere, Ch. Lyon-Caen, Lebr, etc., y que, con la misma sustancia, la explica también M. Crépon en su libro '.`Le Pouvoir en Cassation', Tomos II - III'.
'Podemos, pues, concluir que la anterior es la doctrina universalmente aceptada en Francia sobre esta materia'.
' Pero, a nuestro juicio, ella no es solamente la doctrina francesa sino que es la doctrina única e inamovible sobre este punto; porque no puede concebirse otra más rigorosamente científica dentro del actual concepto de la casación en el fondo'.
Doctrina francesa, siguiendo de cerca a los autores Bonnier, Don Eliodoro Yáñez (22), después de comentar la doc-­ Chenon, Faye y Crepon, cuyas opiniones hemos reproducido en otra parte, se expresa así:
'Los redactores de nuestro Código, conocedores como debe suponerse, de las perplejidades de la jurisprudencia y de la doctrina francesa, consignaron preceptos que nos per­miten tener sobre esta materia una doctrina propia bien de­finida y que concuerda, satisfactorio es decirlo, con los co­mentadores franceses que mejor han meditado sobre estas materias'.
El Ministro don Mariano Fontecilla V. (23), con más sentido práctico, expone la doctrina en los siguientes términos:
'El recurso de casación en el fondo se concede exclusi­vamente por infracción de ley, es un verdadero homenaje a ella; jamás constituye una tercera instancia. Puede decirse que existe por el sólo interés público, circunscrito a las cues­tiones de derecho que presente el recurrente, y, una vez for­mulado, ni él mismo puede introducirle modificaciones; así que se ejercita por el órgano de este interés privado, el cual se beneficia consecuencialmente'.
'Para fallarlo no se pueden admitir, ni decretar de ofi­cio, pruebas de ninguna clase que tienda a esclarecer o es­tablecer los hechos controvertidos; y cuando se invalide una sentencia por medio de este recurso, la que se dicta en su reemplazo debe conformase al mérito de los hechos tales co­mo se han dado por establecidos en el fallo recurrido'.
'No le es permitido, entonces, a la Corte de Casación en el Fondo, entrar a pronunciarse sobre la conformidad de las sentencias con el mérito del proceso, ni si se han extendido a puntos no sometidos a juicio expresamente, todo lo cual de suyo, importaría una simple cuestión de hecho; consecuente con estos principios, reiteradamente se rechazan los recursos fundados en posible infracción del artículo 167 del Código de Procedimiento Civil; y por otra parte se acogen casaciones en la forma por falta de establecimiento de todos los hechos necesarios para poder dictar la sentencia del reemplazo, su­poniendo el fondo apreciado en otra manera'.
'De lo expuesto se deduce que se revisa únicamente, si con los antecedentes de hecho sentados por los jueces, se le ha dado correcta aplicación al derecho; escapa, pues, todo lo que no importa o pueda encuadrarse en una precisa infrac­ción de ley'.
'Por eliminación, serán hechos inamovibles, aquellos que para su establecimiento se vería obligado el tribunal de casación a violar alguno de esos principios, o precisado a entrar a revisar con criterio propio lo que es de simple apre­ciación estimativa; los hechos, en general, pueden establecer­se por un ignorante en el derecho'.
'Se comprende lo difícil que es formular una defini­ción exacta al respecto, fuera de lo que fluye de lo ya enunciado; y seguiremos más bien presentando algunos aspectos prácticos'.
'La ley extranjera está asimilada a una simple cuestión de hecho en que el juez de la causa es soberano para su in­terpretación, salvo cuando estando obligado a aplicarlo, no lo hace, pues así habría infringido la ley chilena que se le ordenaba; o bien cuando la ley extranjera está incorporada al derecho nacional, de acuerdo con los principios del Dere­cho Internacional'.
'Nunca podrá prosperar un recurso de Casación en el Fondo, fundado en preceptos que facultan para fallar en conciencia. Se rechazan constantemente los fundados en dis­posiciones que emplean palabras que no son imperativas sino que importan otorgar facultades discrecionales; puesto que en ningún caso se transmiten esas facultades al Tribunal de Casación en el Fondo. Es improcedente la casación en que se suponen infringidos principios de derecho; y cuando se, trata de interpretar la voluntad o intención de los contratan­tes o las cláusulas de un testamento'.
'Tampoco sería revisable una mala aplicación de la costumbre en los casos en que la ley se remite a ella, y sólo sería procedente si obligados a aplicarla los jueces se desen­tienden de ese precepto'.
'Para que se logre la revisión de los hechos se requiere que se hayan infringido las leyes reguladoras de la prueba, es decir, las que importen preceptos sustantivos; pero evitan­do lo que pueda significar invasión de atribuciones al apre­ciar estimativamente esa misma prueba. Así, por ejemplo, procedería una Casación de Fondo, si el tribunal hubiese apreciado una prueba que la ley rechaza en sí, por ser legal­mente nula, o le diese valor probatorio a un acto o hecho que la ley no lo considere tal, o haya rechazado una prueba que la ley admita; siempre, por cierto, que se pueda sostener y evidenciar que esa infracción ha influido de una manera substancial en lo dispositivo del fallo; de otro modo, si se hubiese incurrido en alguno de esos vicios, sería procedente la Casación en la Forma'.
'También se pueden suponer hechos establecidos en la sentencia, aceptados y reconocidos por las partes; y sin em­bargo, que obliguen a aplicar el derecho en distinta forma de lo que los litigantes pretendieron; por ejemplo: si se tra­ta de interpretar las cláusulas de un testamento, y estuvie­ren de acuerdo los contendores en la forma como se celebró el acto,- la cual suponemos que no reúna ninguna de las so­lemnidades esenciales y deja, por consiguiente, de ser tal,- ­aunque no se hubiese discutido su validez, hubiese acuerdo para estimarlo testamento y lo hubiesen llevado a pleito sólo para interpretar alguna de sus cláusulas, de nada servirían todos esos hechos si apareciendo de manifiesto un motivo de nulidad absoluta no la hubiese declarado el juez aún sin pe­tición de parte. Por todo lo cual serían susceptibles de casa­ción en el fondo esos fallos'.
'Sin embargo, si por otra parte, los jueces sentenciado­res hubiesen dado por confesos y aceptados hechos propia­mente tales, a pesar de que fuese una falsedad lo consignado por los tribunales, no podría enmendarse por este recurso; el cual no es para remediar injusticias en el concepto amplio de la palabra, sino para defender la recta aplicación de la ley positiva chilena, para que el Poder Judicial no invada atri­buciones de otros poderes; repetimos, es para enmendar erro­res de derecho, mas no los errores de hecho; representa más bien una cuestión académica en que el sujeto pasa a segundo término, y se revisa la conformidad de la sentencia con el derecho v no con el mérito de autos'.
'La Corte Suprema ha sido muy celosa en la aplicación de estos principios que representan la mayor garantía de que el recurso de Casación en el Fondo no puede llegar ja­más a ser una tercera instancia, y que se ha implantado para revisar si se vulnera el derecho al aplicarlo sobre los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recu­rrido.
Don José Florencio Infante en su obra 'Causales de Casación de Fondo en materia Civil.', Pág. 180 y siguiente desarrolla también la doctrina francesa siguiendo muy de cerca el texto de Faye. La misma tesis sustenta don Héctor Ríos Carvallo, en su obra 'Los hechos del Pleito ante la Doctrina y la Jurisprudencia de la Corte de Casación y el infrascrito, en su obra, ' Causales del Recurso de Casación en el Fondo en materia civil'(24).
Evidentemente, la doctrina francesa, ha servido de base a nuestra legislación, como a casi todas las legislaciones mo­dernas; pero, no creernos que pueda aplicarse en Chile, en los términos que la formulan los jurisconsultos franceses, porque las disposiciones de nuestro Código de Procedimien­to Civil, no son iguales a las que rigen en Francia.
Nuestra legislación, en esta materia tiene dos diferen­cias fundamentales: a) En Francia, la Corte de Casación, no dicta las sentencias de reemplazo sino que envia el proceso a la Corte respectiva para que dicte dicha sentencia; entre nos­otros, la Corte Suprema debe dictar a continuación y sin nue­va vista, la sentencia que reemplace a la invalidada (Art. 959); y b) en Francia no hay como en Chile, una disposi­ción que obliga a dictar la sentencia de reemplazo, conforme 'al mérito de los hechos establecidos de el fallo recurrido'.
Habiendo entre ambas legislaciones diferencias substan­ciales creemos que la doctrina francesa, debe aplicarse entre nosotros con las modalidades que ofrece nuestro derecho Procesal.
Los artículos 941, 959 y 978 del Código de Procedimiento Civil Chileno, son más amplios que las disposiciones que rigen en Francia, lo que nos permite tener una doctrina propia que, en líneas generales, concuerda con la de los tratadis­tas franceses; pero que en nuestro concepto, tiene un poco más extensión.
Nuestro Derecho, parece distinguir, entre lo que los ju­risconsultos franceses denominan error de hecho y mal fallo.
El error de hecho, o sea el error en el establecimiento de los hechos, es inamovible ante la Corte de Casación. Esto se desprende de los artículos 959 y 978, que dicen:
'Art. 959. Cuando la Corte Suprema invalidare una sentencia por casación en el fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista pero separadamente, sobre la cuestión mate­ria del juicio que haya sido 'objeto del recurso, la sentencia que crea conforme a la ley, y al mérito de los hechos tales co­mo se ha dado por establecidos en el fallo recurrido. . .'.
'Art. 978. En el recurso de Casación en el Fondo, no se podrá admitir ni decretar de oficio para mejor proveer, pruebas de ninguna clase que tiendan a establecer o esclarecer los hechos controvertidos en el juicio en que hubiere re­caído la sentencia recurrida'.
Estos dos artículos son precisos: el error en el estableci­miento de los hechos es inamovible ante la Corte dé Casación.
El mal fallo, o sea el que resulta de la mala apreciación de los hechos establecidos en el proceso, puede, en ciertos ca­sos, ser revisado por la Corte de Casación. Es aquí, en mi concepto, donde nuestra legislación se aparta de la France­sa; en Francia, como hemos dicho, no hay una disposición como la del artículo 959, que obligue a la Corte Suprema a dictar 'la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito de los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido'.
De conformidad con este precepto, lo que hay inamovi­ble, son los 'hechos establecidos' y no el mérito de dichos hechos. Esto se desprende de los términos en que está re­dactada dicha disposición: la palabra establecidos está en plural y en consecuencia concuerda con hechos, y no con el mérito.
De atenernos al texto gramatical de esa disposición, tendríamos que la Corte de Casación, siempre tendría facultades para revisar el mérito de los hechos, o sea, las apreciaciones que hagan los jueces de los hechos establecidos en el proceso.
Pero como el recurso de casación, procede sólo en con­tra de sentencias dictadas con infracción de ley, la facultad de la Corte Suprema de revisar el mérito de los hechos se restringe mucho.
Para comprender el alcance de esta disposición, es útil recurrir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
En el primer proyecto, redactado por el señor José Ber­nardo Lira, se decía:
'Art. 800. Invalidada una sentencia por la causa expre­sada en el N.° 1.° del artículo 791, (infracción de ley), el Tri­bunal que hubiere declarado la casación dictará a continua­ción, pero separadamente, sobre la cuestión, materia del jui­cio, la sentencia: que crea conforme al mérito del proceso'.
Revisado este artículo en la sesión N.° 93, de 12 de Agos­to, de 1897, se modificó en esta forma:
'Cuando el Tribunal invalidare una sentencia por Ca­sación en el Fondo dictará acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente sobre la cuestión materia del juicio, la sentencia que crea conforme al mérito del proceso.
En esta misma forma fué aprobada en la revisión que se hizo, con el objeto de enviar separadamente el proyecto de casación.
Y en el proyecto presentado por el Gobierno en el año 1893 se consignaba en la misma forma, sin más modificación que la de poner Corte Suprema en lugar de Tribunal.
En contra de este sistema (el que concede al Tribunal de Casación facultad para dictar la sentencia de reemplazo con­forme al mérito del proceso), se reaccionó en el seno de la Comisión Mixta encargada de, revisar el proyecto de 1893, aprobándose en general la idea del Código de Procedimiento Penal Español que dice:
'Si la Sala casa la resolución objeto del recurso, dicta­rá a continuación, pero separadamente, la sentencia que pro­ceda, aceptando los fundamentos de hecho r los de derecho de la sentencia casada que no se refieran a los puntos que hayan sido materia de recurso y la parte del fallo con éste compatible reemplazando la parte casada con la que corres­ponda según las disposiciones leales en que Lava fundado la casación'.
Aceptada en general la idea de este artículo (que cir­cunscribe casación alas causales del recurso), se acordó dis­poner que la Corte Suprema dictara la sentencia que crea conforme a la ley y al mérito dé los hechos establecidos, re­dactándose la disposición en los siguientes términos:
'Art. 930: Cuando la Corte Suprema invalidare una sentencia por Casación en el Fondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, por separadamente, sobre la cuestión ma­teria del juicio, la sentencia que corresponda conforme a la ley y al mérito de los hechos, tales como se han dado por esta­blecidos en el fallo recurrido'.
Esta, redacción fue adoptada después en la forma que aparece en el artículo 958 del Código de ¡Procedimiento Civil, modificado por la Ley N° 3,390, que dice:
'art. 958 (959). cuando la Corte Suprema invalidare una sentencia por Casación en el rondo, dictará acto continuo y sin nueva vista, por separadamente sobré la cuestión materia del juicio qué haya sido objeto de recurso, la senten­cia qué crea conforme a la ley y al mérito dé los hechos tales como se han dado por establecidos en el fallo recurrido, re­produciendo los fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieran a los puntos que hayan sido mate­ria del recurso y la parte del fallo no afectada por éste '.
Como se ve, la Comisión Revisora del Proyecto de 1893, reaccionó contra el sistema amplio de los proyectos primi­tivos y acordó circunscribir la Casación a las causales del recurso.
Debiendo la casación circunscribirse a las causales del recurso, y la Corte Suprema dictar. la sentencia que rea conforme al mérito de los hechos tiene que llegarse a la con­clusión a que nosotros, queremos llegar: la Corte de Casa­ción, tiene facultad para revisar la apreciación de los he­chos que hagan los jueces (el mérito de los hechos), para el efecto de pesquisar las infracciones de derecho en que se fun­da el recurso.
En esta materia, en nuestro concepto, las disposiciones de nuestro Código de Procedimiento, son un poco más am­plias que las disposiciones francesas.
En Francia, la doctrina acepta que sólo se puede revi­sar la apreciación de los hechos cuando la ley, ha. indicado las condiciones que debe reunir para que produzca un efecto determinado (carácter legal del hecho).
Entre nosotros, de conformidad con el articulo 959 del Código de Procedimiento Civil, puede revisarse el mérito de los hechos, para buscar las infracciones de derecho en que se funda el recurso, aun cuando la ley, no haya indicado las condiciones que deba reunir el hecho para, que produzca un efecto determinado.
El error, la fuerza y el dolo, implican una apreciación de los hechos que, de conformidad con la doctrina francesa, no puede ser revisada por la Corte de Casación, y que, de conformidad con la doctrina chilena, sí.
La mayor parte de los, jurisconsultos franceses estiman, que determinar-si un hecho es fortuito, culpable o fraudu­lento, es una cuestión que entra en las facultades privativas que tienen los jueces para apreciar los hechos; en conformi­dad a la doctrina chilena, evidentemente queda sujeto al con­trol de la Corte de Casación.
En lo que respecta al carácter legal de los hechos, la ca­lificación y los efectos jurídicos, son cuestiones que envuel­ven puros problemas de derecho que caen de lleno hijo el control de la Corte de Casación. En esta materia, nuestra doctrina no ofrece, modalidades especiales, y se rige por las mismas normas que ya estudiamos al tratar de la doctrina francesa.
Las citas que preceden han sido tomadas de la obra de CREPON, Le pouvoir de cassation. volver
Leyes de la Competencia, pág. volver
GARCONNET ET CESAR BRU, - Traite de Procedure, pág. volver
CHIOVENDA, José.- Derecho Procesal Civil volver
FOIGNET, R.- Procedure Civil, pág. 389. volver
Vease FAYE, Obra citada, pág. 126. GARCONNET, ob. citada, pág. 654, etc. volver
DALLOZ,- Repertoire de Legislation. volver
ELIODORO YAÑEZ.- Del reconocimiento de los hijos naturales conforme a la Ley XI de Toro'. Alegato pronunciado ante la Excma: Corte Suprema; pág. 96. volver
Alegato citado, pág. 98. volver
Op. citada, pág. 6. volver
E. CHENON.- Orígenes, condiciones y efectos de la Casación. volver
Pandectas Francesas, Tomo XIV, pág. 617 Y siguientes. volver
FAYE.- La Corte de Casación, Cap. VII. Hacemos presente que en esta cita no nos ajustamos al orden literal del texto, sino que la hemos arreglado al método general, que hemos adoptado para exponer la doctrina francesa. volver
GLASSON ET TISSIER.- Traire de Procedure Civil. volver
MANRESA Y REUSS.- Comentarios a la ley de Enjuiciamiento Civil Española. volver
NANRESA Y NAVARRO,- Ley de Enjuiciamiento Civil. volver
LOPEZ MORENO.- Op. citada, págs. 301-302, Tomo II. volver
Artículo publicado al pie de la sentencia, 'Revista Derecho y Jurisprudencia', Tomo I, pág. volver
Comentarios publicados al pie de la sentencia Dávila con Gonzalez, Tomo I, pág. 219. volver
Artículo publicado al pie de la sentencia Miranda con Miranda. 'Revista Derecho y Jurisprudencia'', Tomo I, pág. 61. volver
TOMÁS RAMíREZ F.- Obra citada, pág. II. volver
HELIODORO YAÑEZ.- Alegato citado, pág. 116. volver
MARIANO FONTECILLA.- Los hechos del pleito ante la jurisprudencia de la Corte de Casación, pág. 3 y siguientes. volver
Las obras del señor Infante, Rios y Quintana, han sido presentadas como tesis para optar al título de licenciado; y no se encuentran impresas, excepto la del señor Infante volver

References: artículo 3
 artículo 66
 artículo 7
 artículo 517
 artículo 1692
 artículo 941
 artículo 955
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 455
 resolución 
 artículo 193
 artículo 186
 artículo 958
 artículo 5
 artículo 193
 artículo 958
 artículo 958
 artículo 271
 artículo 379
 artículo 1315
 artículo 1271
 artículo 1289
 artículo 1251
 resolución 
 real decreto 
 artículo 1692
 resolución 
 artículo 930
 artículo 167
 artículo 959
 artículo 791
 resolución 
 artículo 958
 resolución