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Timestamp: 2019-09-22 02:05:05+00:00

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﻿ DECRETO 1558 DE 1998
DECRETO 1558 DE 04 DE AGOSTO DE 1998
CONTENIDO:SERVICIO PÚBLICO TERRESTRE COLECTIVO METROPOLITANO DE PASAJEROS. SE REGLAMENTA SU PRESTACIÓN.
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 170 DE 2001 ARTÍCULO 67 DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE
“Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre colectivo metropolitano, distrital y/o municipal de pasajeros”.
(Nota: Derogado por el Decreto 170 de 2001 artículo 67 del Ministerio de Transporte).
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 336 de 1996, la Ley 105 de 1993,
ART. 1º—El presente decreto tiene por objeto reglamentar la eficiente, segura y oportuna prestación de un servicio público de transporte terrestre colectivo de pasajeros en el ámbito municipal, bajo el cumplimiento de los criterios básicos y rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a la cual solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley, por los decretos reglamentarios y por los convenios internacionales.
ART. 3º—Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplicarán integralmente al modo de transporte terrestre automotor del radio de acción metropolitano, municipal y/o del Distrito Capital de Santafé de Bogotá de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 105 de 1993 y Ley 336 de 1996.
ART. 4º—Por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando uno o varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, basadas en los reglamentos del Gobierno Nacional.
ART. 5º—El Ministerio de Transporte tendrá las siguientes funciones en relación con el transporte público colectivo de pasajeros en el radio de acción metropolitano distrital y/o municipal.
a) Expedir las normas reglamentarias que por mandato del presente estatuto sean necesarias para su aplicación;
b) Asesorar a las autoridades metropolitanas municipales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá en materia de transporte;
c) Diseñar la ficha técnica de los documentos y formatos a utilizar para el ejercicio de sus funciones a fin de alimentar de manera unificada los sistemas de información;
d) Intervenir directamente en la fijación de políticas y realización de programas a desarrollar en materia de transporte masivo;
e) Recomendar a las autoridades competentes los programas de reposición, la diversificación del uso de combustible, la comodidad y seguridad del servicio y el uso de nuevas tecnologías en la industria automotriz, y
f) Decidir sobre la solicitud de revocatoria de los actos proferidos por las autoridades locales de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 de la Ley 336 de 1996.
ART. 6º—Para la interpretación y aplicación del presente decreto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
• Condiciones normales de demanda. Es la movilización regular de pasajeros en períodos no sujetos a factores que distorsionen los deseos de viaje de los usuarios tales como; períodos de vacaciones escolares, domingos y feriados.
• Corredor de transporte. Es el trayecto al cual concurren, en un período de tiempo, un número elevado de rutas de transporte público colectivo con diversos orígenes y destinos y que requiere de una operación coordinada entre ellas.
• Demanda existente de transporte. Es el número de pasajeros que necesitan movilizarse en una ruta y en un período determinado de tiempo.
• Demanda insatisfecha de movilización. En el número de pasajeros que no cuentan con servicio para satisfacer sus necesidades de movilización dentro de un sector geográfico determinado y corresponde a la diferencia entre la demanda total existente y la oferta total autorizada.
• Demanda promedio de transporte por hora. Es el indicador que representa el promedio de pasajeros/hora que se movilizan en los diferentes viajes, durante el período en estudio. Está dada por la relación entre el volumen total de pasajeros en todos los viajes del período y el intervalo de tiempo en horas de dicho período.
• Demanda promedio de transporte por viaje. Es el indicador que muestra cómo es el movimiento de pasajeros en promedio durante los viajes efectuados en un período típico. Está dada por el volumen total de pasajeros en todos los viajes del período, sobre el número de viajes en dicho período.
• Despacho. Es la salida de un vehículo de su terminal de transporte, en un horario autorizado.
• Determinación del número de habitantes. El número de habitantes, se establecerá teniendo en cuenta el último censo poblacional adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, haya sido o no adoptado por ley.
• Encuestas de origen – Destino. Es la toma de información para establecer cuantitativamente los deseos de los usuarios sobre el origen, destino, preferencia del nivel de servicio, clase de vehículo y asiduidad de sus viajes.
• Fluctuación temporal de la demanda. Es el comportamiento de los viajes a través del cambio de las características de ocupación en el tiempo y se identifica por las variables fluctuación mensual, diaria, horaria o de período.
• Frecuencias de despacho. Es el número de veces por unidad de tiempo en que se repite la salida de un vehículo en un tiempo determinado.
• Horario autorizado. Es la indicación de la hora en la cual se adjudica un despacho.
• Horarios disponibles. Son las horas de despacho establecidas por los estudios de demanda que no han sido autorizadas.
• Información primaria. Es aquélla que es obtenida directamente en campo, por medio de aforos, conteos, encuestas o rotación de demanda.
• Información secundaria. Conjunto de datos obtenidos a través de distintos estudios de tránsito, promedio diario, número de horarios atendidos desde los terminales de transporte, censo de población, desarrollo de la infraestructura vial como aporte o herramienta de consulta para el desarrollo del estudio. Esta toma de información constituye el soporte para la planeación y ejecución de la toma de información primaria.
• Modificación de horarios. Es el cambio de la hora de despacho asignada a una empresa, con la misma frecuencia, sin alterar el número de horarios asignados.
• Modificación de una ruta. Es modificación, alargamiento o reducción de una ruta existente sin alterar el origen y destino de la misma.
• Nivel de servicio. Son las condiciones de calidad en que la empresa presta el servicio de transporte, teniendo en cuenta las especificaciones, capacidad, disponibilidad y comodidad de los equipos, la accesibilidad de los usuarios a las respectivas rutas, régimen tarifario y demás circunstancias que previamente se consideren determinantes, tales como paraderos y terminales.
• Oferta de transporte. Es el número total de sillas kilómetro autorizadas a las empresas para ser ofrecidas a los usuarios, en un período de tiempo y en una ruta determinada.
• Plan de rodamiento. Es la programación de los vehículos necesarios para cubrir las rutas y los horarios autorizados a una empresa.
• Perfil de ocupación. Es el gráfico que muestra la movilización de pasajeros, tramo por tramo. Se puede obtener para un solo viaje o acumularlos para un período de tiempo determinado.
• Período pico. Corresponde a los períodos de tiempo en que los volúmenes de pasajeros transportados fueron máximos. Las condiciones particulares de la ciudad fijan el número de períodos picos en el día.
• Períodos típicos. Son lapsos de tiempo con características similares en cuanto a movilización de pasajeros y comportamiento de la demanda. Se caracterizan principalmente los períodos pico y los valle o entre picos.
• Período valle. Es el lapso de tiempo que, antes o después de los períodos pico, presenta una demanda de transporte significativamente inferior a la de aquéllos.
• Reestructuración de horarios. Es la modificación, incremento o disminución de los horarios autorizados en una ruta determinada.
• Rotación de demanda. Es la relación porcentual entre el número de pasajeros movilizados en cumplimiento de un horario en una ruta y la capacidad disponible de un vehículo.
• Ruta. Entiéndese por ruta para el servicio público de transporte el trayecto comprendido entre un origen y un destino, con un recorrido determinado y unas características en cuanto a horarios, frecuencias y demás aspectos operativos.
• Ruta radial. Es aquella que une una zona con el centro de las actividades urbanas y tiene dos terminales de despacho.
• Ruta circular. Es aquella cuyo itinerario es más o menos orbital a un área específica y tiene un solo terminal de despacho.
• Ruta metropolitana. Es aquella que une dos o más municipios que no hacen parte de un área metropolitana definida por la ley y que por su cercanía generan alto grado de influencia recíproca manteniendo relaciones económicas, sociales y físicas de conurbación y que por tanto requiere una decisión integral de transporte en cuanto a prestación de servicio y tarifa. Su determinación estará a cargo del Ministerio de Transporte.
• Sistema de rutas. Es el conjunto de rutas necesarias para satisfacer la demanda de transporte en un área urbana y/o metropolitana.
• Sistema de transporte. El conjunto de elementos físicos, técnicos, legales y administrativos necesarios para satisfacer la demanda de transporte en un área metropolitana, distrital y/o municipal.
• Subsistema de transporte. El conjunto de elementos físicos, técnicos y administrativos necesarios para satisfacer la demanda de transporte de una zona de un área urbana, metropolitana y/o distrital.
• Terminales. Son aquellas instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanente, con los equipos, órganos de administración e incorporación de servicios a los usuarios, a las empresas y a los equipos de transporte.
• Tiempo de recorrido. Es el que transcurre mientras un vehículo se desplaza del origen al destino de la ruta, incluyendo los tiempos invertidos en paradas.
ART. 7º—Para los efectos previstos en este decreto la actividad transportadora municipal se clasifica en:
a) Pasajeros. Es el traslado de personas al lugar a otro, y
b) Mixto. Es el traslado simultáneo de personas y bienes entre los centros de abastecimientos o mercado y diferentes sitios del área metropolitana, distrito o municipio con o sin sujeción a rutas y horarios.
a) Fronterizo. Es el que se presta dentro de aquellas zonas que han sido delimitadas como fronterizas por las autoridades de cada país, el cual se regirá conforme a los acuerdos, convenios, tratados y decisiones bilaterales o multilaterales;
b) Metropolitano. Es el que se presta entre municipios de un área metropolitana constituida por la ley, y
c) Distrital o municipal. Es el que se presta dentro de la jurisdicción de un distrito o municipio. Comprende las áreas urbana, suburbana y rural y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción.
Según la forma de contratación:
b) Colectivo. Es el que se presta con base en un contrato celebrado por separado entre la empresa y cada uno de los usuarios, para recorrer total o parcialmente una o más rutas, en frecuencias autorizadas, y
c) Especial. Es el que se presta a estudiantes y asalariados con base en un contrato celebrado entre la empresa dedicada a esta clase de servicio y un grupo específico de usuarios.
Según la prestación del servicio:
a) Regular. Cuando la autoridad competente le define previamente a la empresa habilitada las condiciones de prestación del servicio con base en determinadas rutas, frecuencias autorizadas y registradas, y
a) Básico. El que garantiza una cobertura mínima adecuada en el territorio metropolitano, distrital o municipal correspondiente, estableciendo frecuencias mínimas de acuerdo con la demanda, en términos de servicio y costo que lo hagan accesible a la mayoría de los usuarios, y
b) Lujo. El que ofrece a los usuarios servicios preferenciales de transporte, teniendo en cuenta especificaciones tales como capacidad, disponibilidad, seguridad, comodidad de los equipos, accesibilidad y condiciones socioeconómicas de los mismos.
ART. 8º—Autoridades. En la actividad transportadora terrestre automotor son autoridades competentes las siguientes:
• En la jurisdicción distrital y/o municipal. Las autoridades municipales, del Distrito Especial de Santafé de Bogotá o los organismos de transporte en los que aquéllos deleguen tal atribución.
• En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. El alcalde metropolitano. O por los alcaldes respectivos en forma conjunta de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la Ley 105 de 1993 y 57 de la Ley 336 de 1996.
El Ministerio de Transporte asumirá lo relacionado con la utilización de la infraestructura de transporte dentro de las áreas metropolitanas o entre ciudades que por su vecindad generen alto grado de influencia recíproca, cuando por la naturaleza y complejidad del asunto se requiera, para garantizar los derechos de los usuarios al servicio público.
ART. 9º—El servicio de transporte público colectivo municipal de pasajeros será prestado por empresas de transporte legalmente constituidas y debidamente habilitadas.
Para los efectos aquí previstos se entiende por empresa de transporte la sociedad comercial o cooperativa conformada como unidad de explotación económica permanente con los equipos, instalaciones y órganos de administración adecuados para efectuar el traslado de un lugar a otro de personas.
Las empresas de transporte podrán conjuntamente conformar una sociedad comercial o cooperativa administradora u operadora de sistemas o subsistemas de transporte cuyo objeto sea operar total o parcialmente las rutas asignadas.
ART. 10.—Las sociedades interesadas en prestar el servicio público de transporte o constituidas para tal fin deberán solicitar y obtener por parte de la autoridad competente habilitación para operar como empresa de transporte.
ART. 11.—La solicitud de habilitación para el funcionamiento de empresas de transporte terrestre automotor del radio de acción metropolitano, distrital o municipal debe reunir las condiciones que más adelante se señalan y la misma se tramitará de acuerdo con las necesidades de servicio que identifique la autoridad competente.
La empresa solicitante no podrá prestar el servicio hasta tanto la autoridad otorgue la habilitación correspondiente. En caso de que las autoridades de control constaten la prestación del servicio sin autorización, ésta se le negará de plano.
PAR.—Entiéndese por empresas nuevas aquéllas cuya solicitud de habilitación para entrar a prestar el servicio por primera vez, se presenta con posterioridad a la promulgación del Decreto 91 de 1998.
ART. 12.—Además de los requisitos para la prestación del servicio la habilitación de la empresa de transporte terrestre automotor de pasajeros en el radio de acción metropolitano, distrital y/o municipal, estará sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos siguientes:
ART. 13.—Condiciones en materia de organización. La empresa deberá tener una estructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a optimizar la calidad de los servicios ofrecidos al usuario.
1. Nombre o razón social, anexando certificado de existencia y representación legal, expedido con una antelación máxima de treinta (30) días hábiles, indicando que dentro del objeto social desarrolla la industria del transporte.
2. Domicilio principal.
5. Relación de las instalaciones locativas en propiedad o en cualquier título de relación contractual, que tenga disponible para la operación de la empresa.
6. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, cuando la empresa esté obligado a tenerlo, o en su defecto por contador público, mediante la cual se establezca la existencia de los contratos de trabajo de los conductores.
7. Certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal cuando la empresa esté obligada a tenerlo o en su defecto por el contador público mediante la cual se establece la existencia de los contratos de vinculación del parque automotor a la empresa.
En todo caso, debe mantener en sus archivos para la verificación, la siguiente documentación:
1. Número de afiliación de la empresa a la Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, Empresa Promotora de Salud, EPS, y Fondo de Pensiones y Cesantías, de conformidad con las normas legales vigentes.
2. Manuales de funciones, procedimientos y sistemas de selección del recurso humano.
3. Reglamentos de trabajo e higiene y seguridad social, actualizados y aprobados por la autoridad competente.
5. Hoja de vida de conductores contratados por la empresa.
6. Copia de los contratos de trabajo celebrados entre los conductores y la empresa.
ART. 14.—Condiciones de carácter técnico. La empresa debe tener una infraestructura de recursos físicos y humanos que permita la prestación eficiente del servicio.
1. Presentar estructura organizacional de la empresa relacionando la preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, profesional, técnico y tecnológico contratado por la empresa.
2. Programas de capacitación a través del SENA o entidades especializadas cuyos contenidos sean aprobados por el Ministerio de Transporte, dirigido a los conductores de los equipos destinados a la prestación del servicio público de transporte, metropolitano, distrital y/o municipal.
3. Las empresas de transporte, harán mención de los avances tecnológicos que utilizarán para la prestación del servicio.
4. Demostrar que la empresa cuenta con el 3% de capacidad transportadora mínima de propiedad de la misma, incluyéndose dentro de éste los vehículos que estén bajo arrendamiento financiero. En ningún caso podrá ser inferior a un (1) vehículo.
En aquellas ciudades donde esté suspendido el ingreso por incremento de parque automotor no será exigible el cumplimiento de este requisito, hasta tanto se modifique la política adoptada al respecto.
Si la capacidad transportadora autorizada a la empresa se encuentre utilizada a su máximo solamente será exigible el cumplimiento de porcentaje de propiedad de la misma, cuando a la empresa le autoricen nuevos servicios.
Salvo la excepción consagrada en este decreto para las empresas canceladas, el modelo del parque automotor ofrecido por las empresas nuevas corresponderá, por lo menos al mismo año en que se solicite la habilitación.
7. Certificación suscrita por el representante legal en el cual se establezca la existencia de lugares adecuados para el despacho de los equipos.
PAR.—Las empresas nuevas podrán acreditarán el requisito señalado en el numeral 5 de este artículo, en un término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución que habilita la empresa y autoriza los servicios correspondientes.
ART. 15.—Condiciones en materia de seguridad. La empresa deberá contar con equipos en buen estado de operación, óptimas condiciones de calidad y comodidad, con programas de mantenimiento que le permitan una adecuada protección de los pasajeros.
Adicionalmente la empresa debe llevar y mantener en sus archivos para verificación, una ficha técnica por cada vehículo, que contenga entre otros, su identificación, fecha de revisión, taller responsable, reparaciones efectuadas, reportes, control y seguimiento.
Para efectos de registrar la información relacionada con la revisión y mantenimiento de los vehículos, el Ministerio de Transporte diseñará una ficha técnica la cual será diligenciada para cada automotor. Esta ficha no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras y hará parte de los documentos que deberá anexar el propietario o tenedor cuando se vincule a otra empresa de transporte.
2. Programa de reposición con que contará la empresa, precisando las condiciones administrativas, técnicas y financieras que permitan el democrático acceso a los mismos.
3. Relación de los servicios complementarios que ofrecerá al equipo.
4. Mecanismos de protección básicos exigidos por las disposiciones legales vigentes para los pasajeros y el medio ambiente.
5. Descripción de los planes de contingencia para resolver imprevistos.
6. Contar con los fondos de responsabilidad civil y presentar pólizas obligatorias vigentes.
ART. 16.—Condiciones de carácter financiero y origen de los recursos. La empresa debe tener la suficiente solvencia y disponibilidad de fondos para desarrollar su objeto social en forma eficiente y segura frente a sus propios compromisos y a los adquiridos con terceros.
Con el fin de verificar su cumplimiento, debe adjuntar con los siguientes documentos:
1. Estados financieros básicos certificados de los dos últimos años, que cumplan de manera estricta con las disposiciones contables legales vigentes. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial.
4. Teniendo en cuenta el último censo poblacional adelantado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (esté o no adoptado por la ley) la empresa deberá tener un capital pagado o patrimonio líquido no inferior a los siguientes montos.
• Para distritos o municipios de más de 1.800.000 habitantes = 1200 SMMLV.
• Para distritos o municipios entre 900.001 y 1.800.000 habitantes = 900 SMMLV.
• Para distritos o municipios entre 400.001 y 900.000 habitantes = 700 SMMLV.
• Para distritos o municipios entre 100.001 y 400.000 habitantes = 500 SMMLV.
• Para distritos o municipios de menos de 100.001 habitantes = 300 SMMLV.
El salario mínimo mensual legal vigente al que se hace referencia en el presente numeral, corresponde al vigente al momento de cumplir con el requisito.
ART. 17.—La empresa de transporte deberá tomar por cuenta propia o por cuenta del pasajero, un seguro que cubra a las personas contra los riesgos inherentes al transporte.
Hasta tanto el Gobierno Nacional expida el decreto reglamentario que fije los requisitos, condiciones, amparos y cuantías del seguro y sin perjuicio de los exigidos por ley, las empresas en funcionamiento podrán continuar con los fondos de responsabilidad civil conformados con anterioridad a la vigencia de esta disposición, con los cuales responderán frente a terceros hasta por un monto de (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes por riesgo.
Para amparar riesgos de valor superior deberán suscribir las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual siguientes:
ART. 18.—La autoridad competente verificará dentro de un término no superior a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud el cumplimiento de los requisitos exigidos y decidirá sobre ella.
La habilitación se concederá o negará mediante resolución motivada. En la resolución que concede la habilitación se especificarán las características de las empresas y del servicio a prestar. Se otorgará con la misma denominación invocada por los interesados desde el inicio de la actuación administrativa y cualquier modificación o cambio de aquella solo podrá hacerse con permiso previo de la autoridad competente y para el efecto deberá llevarse un registro de los nombres y distintivos de la empresa.
ART. 19.—Las empresas deberán tener permanentemente a disposición de la autoridad competente las estadísticas, libros y demás documentos que permitan verificar la información suministrada.
ART. 20.—La habilitación tendrá vigencia indefinida, mientras subsistan las condiciones exigidas para su otorgamiento.
La autoridad competente, de oficio o a petición de parte, podrá en cualquier tiempo, verificar el cumplimiento de los mismos.
ART. 21.—La habilitación es intransferible a cualquier título. En consecuencia los beneficiarios de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera, implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesorales.
ART. 22.—La autorización de rutas y horarios, frecuencias de despacho, sistemas o subsistemas de transporte se hará únicamente con arreglo a lo dispuesto en la presente disposición.
ART. 23.—El permiso es esencialmente revocable e intransferible y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas.
ART. 24.—La prestación del servicio básico de transporte será autorizada mediante la expedición de un permiso o la celebración de un contrato de concesión u operación donde se garantice la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas.
ART. 25.—La autoridad competente adelantará los estudios técnicos que determinen la demanda existente o potencial, con el fin de adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades básicas de movilización en el territorio de su jurisdicción y garantizar la eficiencia del sistema, en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad para los usuarios.
No podrá ordenarse la apertura de un concurso ni otorgarse permiso de operación, sin que previamente se haya comprobado la existencia de una demanda insatisfecha de movilización de pasajeros.
ART. 26.—Disposición general. En el concurso público podrán participar todas las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte, con el lleno de los requisitos establecidos en los términos de referencia que previamente fije la autoridad competente. En todo caso será supuesto necesario establecer dentro de los factores a evaluar, las condiciones de organización, técnicas y operativas de la empresa.
ART. 27.—Los estudios de oferta y demanda para los servicios básicos deben contener las siguientes etapas:
1. Toma de información secundaria, que recoja los datos sobre regulación, oferta y demanda existente de transporte, características socioeconómicas y demás aspectos operacionales del servicio, aplicada a la ruta objeto de estudio. Esta servirá de base para la toma de información primaria.
Toma de información primaria, mediante la realización del censo vehicular y de las encuestas origen-destino, actividades éstas que se realizarán como mínimo durante tres (3) días consecutivos, en condiciones normales de demanda.
2. Procesamiento y análisis sobre los comportamientos y tendencias en la utilización del servicio público de transporte.
En esta etapa se determinan las características de la oferta y demanda existentes e involucra el número de pasajeros movilizados entre un origen-destino en promedio diario, la clase de vehículo, niveles de servicio ofrecidos y porcentaje de utilización de los vehículos.
ART. 28.—Determinación de la demanda potencial. La demanda potencial se obtendrá a través de la aplicación de modelos estadísticos que proyecten un comportamiento, teniendo como base las matrices origen-destino de la demanda existente.
ART. 29.—Análisis de oferta. La oferta resultante del estudio de campo, deberá ser contrastada con la oferta legalmente autorizada, para verificar las reales condiciones de operación en una ruta.
ART. 30.—Determinación de la disponibilidad de servicios. La disponibilidad de servicios se establece dividiendo la demanda total insatisfecha por la capacidad total del vehículo definido para atender la ruta.
Una vez determinada la disponibilidad la autoridad competente, dentro de los dos (2) meses siguientes deberá ordenar la apertura del concurso.
ART. 31.—Determinadas las necesidades de nuevos servicios de movilización, la autoridad competente ordenará la apertura del concurso de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 de la Ley 336 de 1996 y dentro de los siguientes términos:
1. La resolución de apertura debe estar precedida del estudio mencionado anteriormente y de la elaboración de los términos de referencia.
2. Los términos de referencia, establecerán, entre otros, los aspectos relativos al objeto del concurso, requisitos que deberán llenar los proponentes, plazo del concurso, las rutas, sistemas de rutas o áreas de operación disponibles, horarios a servir, clase y número de vehículos, nivel de servicio, reglas y criterios para la evaluación de las propuestas y el otorgamiento del permiso, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección, término para comenzar a prestar el servicio, su regulación jurídica, derechos y obligaciones de los adjudicatarios y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas y claras.
3. La evaluación de las propuestas se hará en forma integral y comparativa, teniendo en cuenta entre otros, los siguientes factores básicos de escogencia con un puntaje total de mil 1.000 puntos distribuidos así:
a) Condiciones en materia de organización: 100 puntos;
b) Condiciones de carácter técnico: 400 puntos;
c) Condiciones de seguridad: 400 puntos, y
d) Condiciones financieras: 100 puntos.
La autoridad competente podrá dentro del mismo rango establecer subfactores de calificación y su respectivo valor.
En todo caso se incluirá como criterios de adjudicación normas que garanticen la competencia y eviten el monopolio.
PAR.—Se señalará en los términos de referencia los puntajes concretos para la evaluación, el nivel de servicio exigido, las condiciones socioeconómicas de la zona a servir, las características de la infraestructura vial de la ruta o área de operación, así como las demás circunstancias que se consideren necesarias para la prestación óptima del servicio.
4. Los términos de referencia exigirán la constitución de una póliza de seriedad de la propuesta expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia e indicarán su vigencia, la cual no podrá ser inferior al término del concurso y noventa (90) días más. El valor asegurado será el equivalente al producto de la tarifa correspondiente para la ruta que se concursa, por la capacidad transportadora total del vehículo requerido, por el número total de horarios concursados, por el plazo del concurso, así:
G= T x C x ND x P
ND = Número de horarios concursados
5. Dentro de los diez (10) días siguientes a la apertura del concurso, se publicarán avisos por una sola vez, simultáneamente en dos (2) periódicos de amplia circulación local, el día martes, en un tamaño no inferior a 1/12 de página.
ART. 33.—Cuando las circunstancias así lo aconsejen, la autoridad competente podrá abrir licitación pública para que el servicio público de transporte se preste mediante la celebración de un contrato de concesión de conformidad con lo perpetuado en el artículo 21 de la Ley 336 de 1996. En tal caso los proponentes podrán presentarse en las diversas modalidades de asociación con otra u otras empresas de transporte habilitadas. Para el efecto, indicarán con precisión si pretenden organizarse como sistema de transporte. En estos casos deberán adjuntar a la propuesta un documento en que los interesados expresen claramente su intención de formar parte de la asociación propuesta. Así mismo deberán presentar los documentos que acrediten los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
La concesión se sujetará a lo reglado para ella en la Ley 80 de 1993, o en la norma que la modifique o adicione.
Del servicio de lujo
ART. 34.—La autoridad metropolitana distrital o municipal correspondiente definirá las condiciones de servicio del nivel de lujo que requiera en su jurisdicción y someterá su adjudicación a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión.
Para los efectos aquí previstos tendrá en cuenta las especificaciones, capacidad, disponibilidad, seguridad y comodidad de los equipos y su uso por los discapacitados, la accesibilidad de los usuarios al servicio, el recorrido, duración y frecuencias de despacho, las condiciones socioeconómicas de los usuarios, paraderos, terminales y los demás que determine.
Modificación de ruta, reestructuración de horarios, cambio de clase de vehículo y cambio de nivel de servicio
ART. 36.—La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios así lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.
ART. 37.—Se podrá autorizar el cambio en clase de vehículo en una o más rutas, siempre que:
1. Se cambie por otro de mayor capacidad, buscando el uso racional de equipos y la utilización de vehículos de transporte masivo.
2. Se realice con la debida equivalencia en sillas ofrecidas.
3. No genere mayores cambios en las frecuencias autorizadas.
4. El cambio debe ser con vehículos último modelo o en su defecto que no cuenten con una edad superior a tres (3) años.
Una vez recibida y estudiada la solicitud, la autoridad competente resolverá dentro de los treinta (30) días siguientes, teniendo en cuenta el reajuste de la capacidad transportadora, cuando fuere del caso.
ART. 38.—Las empresas podrán solicitar el cambio de nivel de servicio, siempre y cuando se mantenga dentro de la misma ruta el servicio básico de transporte. La autoridad correspondiente de acuerdo con las necesidades de su territorio fijará en cada caso las condiciones de servicio.
Sistemas, subsistemas de transporte
ART. 39.—Cuando dos o más empresas conformen sociedades comerciales administradoras y operadoras de sistemas o subsistemas de transporte terrestre automotor para servir las rutas asignadas previamente a ellas, podrán entrar a servirlas con la aprobación de la habilitación a la nueva sociedad.
ART. 40.—La autoridad competente fijará la capacidad transportadora mínima y máxima con la cual la empresa debe prestar los servicios autorizados.
La capacidad transportadora mínima es el número de vehículos requeridos y exigidos para la adecuada prestación de los servicios.
El parque automotor mínimo y máximo se establecerá únicamente de conformidad con los servicios autorizados. La capacidad transportadora máxima equivale a la capacidad mínima fijada, incrementada en un veinte por ciento (20%) para reserva, con el fin de atender los requerimientos de mantenimiento y los imprevistos.
PAR.—El parque automotor no podrá estar por fuera de los límites de la capacidad transportadora máxima y mínima fijada a la empresa.
ART. 41.—Para determinar la capacidad transportadora mínima la autoridad competente tendrá en cuenta para cada clase de vehículo y nivel de servicio las rutas y horarios autorizados, la topografía por donde transitan los vehículos y los tiempos de operación.
ART. 42.—Las empresas que prestan el servicio público de transporte colectivo de pasajeros en áreas metropolitanas o en ciudades de más de 200.000 habitantes no podrán vincular bajo ninguna forma contractual vehículos de más de (5) años de edad.
(Nota: Adicionado por el Decreto 2361 de 1998 artículo 4º del Ministerio de Transporte).
ART. 43.—Mediante el contrato de vinculación, el propietario o el tenedor de un vehículo, lo sujeta a la prestación del servicio público de transporte, a través de una empresa habilitada.
La vinculación puede acreditarse con equipo por arrendamiento, por administración o por afiliación.
ART. 44.—La empresa y el propietario o el tenedor de un vehículo, celebrarán el correspondiente contrato de vinculación.
La vinculación hará solidariamente responsable a la empresa y al propietario o al tenedor del vehículo del cumplimiento de las obligaciones que surjan de la operación del servicio.
ART. 45.—Entiéndese por vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público terrestre automotor de pasajeros y mixto por carretera, la adición de una unidad de parque automotor de dicha empresa. Se formaliza con la suscripción del contrato entre el propietario del vehículo y la empresa, y se legaliza ante las autoridades competentes con la expedición de la tarjeta de operación.
ART. 46.—Entiéndese por desvinculación de un vehículo de una empresa de transporte la disminución de una unidad de parque automotor. La desvinculación se formalizará con la comprobación de la terminación del contrato de vinculación y se legaliza ante la autoridad competente con la cancelación de la tarjeta de operación.
La empresa y el propietario o tenedor del vehículo, en forma conjunta, informarán a la autoridad competente la desvinculación del vehículo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a su ocurrencia.
ART. 47.—Cuando entre las partes surjan discrepancias sobre el contrato de vinculación, entre tanto quien tenga la función de administrar justicia resuelva el asunto, la empresa y el propietario o el tenedor del vehículo tienen la obligación de continuar operando en la misma forma en que lo venían haciendo.
ART. 48.—En el evento de pérdida o destrucción del vehículo, su propietario o tenedor tendrá derecho a reponerlo por otro, bajo el mismo contrato de vinculación dentro del término de un (1) año contado a partir de la fecha en que ocurrió el hecho. Si el contrato de vinculación vence antes de este término, se entenderá prorrogado hasta el cumplimiento del año.
ART. 49.—En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los propietarios o tenedores de vehículos, por concepto de la vinculación o por la expedición de paz y salvo para efectos de desvinculación.
ART. 50.—Para efectos del cambio de empresa, el propietario o tenedor del vehículo debe acreditar los siguientes requisitos:
1. Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa a la que se vinculará el vehículo.
7. Copia al carbón de la consignación por pago de los derechos correspondientes.
8. Certificado de existencia de capacidad transportadora.
ART. 51.—La tarjeta de operación es el documento que acredita a los vehículos automotores para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados y/o registrados.
ART. 52.—La autoridad competente expedirá la tarjeta de operación únicamente a los vehículos vinculados a las empresas de transporte habilitadas, de acuerdo con la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas.
ART. 53.—La tarjeta de operación se expedirá por el término de dos (2) años y podrá modificarse o cancelarse si cambian las condiciones exigidas a la empresa para el otorgamiento de la habilitación o del permiso para prestar el servicio.
ART. 54.—La tarjeta de operación contendrá, al menos, los siguientes datos:
a) De la empresa. Razón social, sede y radio de acción;
ART. 55.—Para obtener la tarjeta de operación se presentarán los siguientes documentos:
a) Solicitud suscrita por el representante legal de la empresa, a la que se debe adjuntar la relación de los vehículos clasificados por clase y por nivel de servicio, indicando los datos establecidos en el literal b) del artículo anterior, para cada uno de ellos;
b) Fotocopia auténtica de los contratos de vinculación de los vehículos que no son de propiedad de la empresa;
c) Fotocopia auténtica de la licencia de tránsito;
d) Constancia de revisión técnico - mecánica, y
e) Recibo de pago de los derechos que se causen por concepto de la expedición de la tarjeta de operación.
Para solicitar duplicado en caso de pérdida, será necesario adjuntar copia auténtica de la denuncia respectiva y la tarjeta de operación que se expida no podrá tener una vigencia superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.
ART. 56.—Es obligación de la empresa de transporte tramitar la obtención de la tarjeta de operación de los vehículos vinculados a la misma y entregarla oportunamente a los propietarios. De igual forma, la empresa deberá solicitar la renovación de las tarjetas de operación por lo menos con tres (3) meses de anticipación a la fecha de vencimiento.
ART. 57.—El conductor del vehículo deberá portar el original de la tarjeta de operación y presentarla a la autoridad competente que la solicite.
ART. 58.—Las autoridades de tránsito y transporte solo podrán retener la tarjeta de operación en caso de vencimiento de la misma y deberá ser remitida a la autoridad de transporte competente para efectos de iniciar la respectiva investigación.
ART. 59.—Las empresas podrán celebrar convenios de colaboración empresarial, consorcio, asociación o fusión entre ellas, siempre y cuando se tienda a la racionalización del uso del equipo automotor y a la mejor prestación del servicio autorizado o registrado.
PAR.—En caso de disolución de la conformación del sistema de transporte o unión empresarial, cada empresa podrá continuar prestando la ruta o servicio que tenía autorizado con anterioridad, siempre que mantenga las condiciones que dieron origen a la adjudicación inicial.
ART. 60.—Las empresas de economía solidaria, se entenderá que cumplen con los porcentajes de propiedad de vehículos que se establecen para cada modalidad, acreditando que un número de los mismos no menor al exigido, pertenece en propiedad a los cooperados. Salvo lo previsto en este artículo deberán cumplir los demás requisitos exigidos en el presente decreto.
ART. 61.—De conformidad con el artículo 75 de la Ley 79 de 1988, las autoridades de transporte estimularán la constitución de cooperativas que tengan por objeto el servicio público de transporte automotor, las cuales tendrán prelación en la asignación de rutas, horarios y capacidad transportadora, siempre y cuando estén en igualdad de condiciones con los demás interesados en la prestación del servicio.
ART. 62.—La autoridad competente solo podrá expedir permisos especiales y transitorios a las empresas legalmente habilitadas en los siguientes eventos:
1. Para satisfacer el surgimiento de precisas y ocasionales demandas de transporte.
2. Cuando se paralice el servicio de transporte por razones de inmovilización de equipos, fuerza mayor, caso fortuito, o factores perturbadores del orden público que impidan la normal prestación del servicio.
Superadas las situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su vigencia y la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones y requisitos exigidos.
Disposiciones especiales de servicio
ART. 63.—Para satisfacer demandas de transporte entre las veintidós (22:00) horas y las 05:00 horas, se podrán diseñar y autorizar corredores nocturnos complementarios de transporte con vehículos provenientes de las distintas empresas de transporte. La autoridad competente someterá su otorgamiento a la expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión según el caso.
ART. 64.—Los vehículos particulares que con fundamento en el Decreto 555 de 1991 fueron autorizados para prestar el servicio público de transporte regular en zonas periféricas, podrán continuar operando siempre que a juicio de la autoridad municipal competente se requiera su permanencia para cubrir precisas necesidades de servicio en sectores que no atiende el servicio regular de transporte.
En iguales circunstancias la autoridad correspondiente podrá reglamentar las condiciones mínimas de operación de estos vehículos únicamente hasta por el término máximo de (5) cinco años contados a partir de la expedición de esta disposición. En todo caso será condición indispensable que se garantice la seguridad de los usuarios.
ART. 65.—La autoridad competente podrá autorizar hasta por el término de (60) días hábiles a los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa cuya habilitación haya sido cancelada, para seguir prestando el servicio público de transporte en las rutas autorizadas y servidas por la empresa.
ART. 66.—En un término improrrogable de noventa (90) días hábiles, un mínimo del 80% de los propietarios de los vehículos vinculados a una empresa cuya habilitación se cancele, podrán constituirse como empresa de transporte y solicitar habilitación para operar los mismos servicios autorizados a tal empresa, sin que se adelante el procedimiento necesario para la adjudicación.
Del transporte en las zonas de frontera
ART. 67.—En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 289 de la Constitución Política, los departamentos limítrofes podrán, en coordinación con los municipios de su jurisdicción limítrofes con otros países, adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino, de similar nivel, programas de cooperación, coordinación e integración dirigidos a solucionar problemas comunes de transporte e infraestructura de transporte.
ART. 68.—Son obligaciones de las empresas:
1. Mantener un sistema adecuado de mantenimiento preventivo de los vehículos.
2. Cumplir con las rutas y horarios autorizados.
3. Contratar el personal de conductores.
4. Portar la razón social y distintivos que permitan identificar los vehículos a ella vinculados.
5. Tramitar, obtener y suministrar la tarjeta de operación para los vehículos al servicio de la empresa.
6. Contar con los fondos de responsabilidad civil y mantener vigentes las pólizas exigidas.
7. Las demás exigidas por la ley o por los reglamentos.
ART. 69.—Son obligaciones de los propietarios de vehículos de servicio público:
1. Suministrar a la empresa oportunamente la totalidad de requisitos exigidos para la obtención de la tarjeta de operación.
2. Suprimir los emblemas y distintivos que porta el vehículo, correspondientes a la empresa de la cual se encuentra desvinculado.
3. Dar cumplimiento a los planes de rodamiento de la empresa.
ART. 70.—Abandono de rutas. Hay abandono de rutas, cuando se disminuye injustificadamente el servicio o no se entra a prestarlo una vez autorizado dentro de los dos (2) meses siguientes, o dentro del plazo señalado en el acto administrativo correspondiente. En este caso se procederá a revocar el permiso.
ART. 71.—Cuando se compruebe que la empresa de transporte dejó de servir una ruta autorizada, la autoridad revocará de plano el permiso y procederá a concederlo a otra empresa que así lo solicite y cumpla con los requisitos exigidos.
ART. 72.—Vacancia de rutas. Cuando una empresa considere que no está en capacidad de servir total o parcialmente los servicios autorizados así lo manifestará ante la autoridad competente solicitando que se decrete la vacancia de los mismos.
ART. 73.—Serán sancionadas por la autoridad metropolitana, distrital y/o municipal competente de acuerdo con las disposiciones señaladas en este decreto, la empresa de transporte público colectivo municipal de pasajeros y quienes desarrollen la actividad transportadora de servicio público sin sujeción a las normas legales.
Las sanciones para los infractores serán las siguientes:
ART. 74.—La amonestación será escrita y consistirá en la exigencia perentoria al sujeto para que adopte las medidas tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio que ha generado su conducta.
ART. 75.—(Nulo).* Las multas procederán en los siguientes casos:
Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la amonestación será sancionado hasta con cinco (5) SMMLV.
En la graduación de la sanción se tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, las circunstancias que rodearon la misma, los antecedentes de la empresa y su incidencia en la prestación del servicio público de transporte.
*(Nota: Se declara la nulidad del presente artículo por el Consejo de Estado en Sección Primera, Expediente 2003-00388 de 2009, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno)
ART. 76.—(Nulo).* Sanciones a las empresas de servicio público. Será sancionada con multa la empresa de servicio público de transporte de pasajeros que incurra en las siguientes infracciones:
6. Prestar el servicio en vehículos que no tengan la puerta o puertas de seguridad y/o salidas de emergencia. Cincuenta (50) SMMLV.
7. Expedir para los vehículos carta de aceptación de la empresa sin contar con la capacidad transportadora disponible. Cincuenta (50) SMMLV.
12. Utilizar conductores no contratados directamente por la empresa. Cien (100) SMMLV
13. Permitir la operación de los vehículos sin las necesarias condiciones de seguridad. Cincuenta (50) SMMLV.
18. Carecer de programas de mantenimiento mecánico preventivo para los vehículos. Cien (100) SMMLV.
19. Cuando no lleve la ficha técnica de revisión y mantenimiento para cada uno de sus vehículos. Cincuenta (50) SMMLV.
ART. 77.—Sanciones a personas que presten el servicio público de transporte sin autorización. Será sancionada con multa de (700) salarios mínimos mensuales legales vigentes la persona que sin autorización destine un vehículo de servicio particular al servicio público de transporte municipal de pasajeros.
PAR.—Si vencido el término de ejecutoria, el infractor no ha cancelado el valor de la multa, la autoridad competente enviará al organismo de tránsito donde se encuentra matriculado el vehículo copia de la providencia para que se inscriba en el registro y se cargue a expensas del infractor.
ART. 78.—Sanciones a propietarios de vehículos de servicio público. Será sancionado con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes el propietario de un vehículo de servicio público colectivo municipal de pasajeros que incurra en las siguientes infracciones:
1. No suministrar a la empresa oportunamente la totalidad de los documentos para la obtención de la tarjeta de operación.
2. No suprimir los emblemas y distintivos que porta el vehículo correspondientes a la empresa de la cual se encuentra desvinculado.
3. No dar cumplimiento a los planes de rodamiento de la empresa.
ART. 79.—La suspensión de la habilitación se establecerá por el término de tres (3) meses y procederá en los casos previstos en el artículo 47 de la Ley 336 de 1996.
ART. 80.—La cancelación de la habilitación de las empresas procederá en los casos determinados en el artículo 48 de la Ley 336 de 1996.
ART. 81.—La inmovilización o retención de los vehículos procederá en los eventos señalados en el artículo 49 de la Ley 336 de 1996.
PAR.—La autoridad competente reglamentará el procedimiento a seguir para la inmovilización o retención de los vehículos.
ART. 82.—La reincidencia dentro de los tres (3) años siguientes a la ejecutoria de una sanción, se multará con el doble del monto establecido para la respectiva conducta, sin exceder la cuantía máxima de setecientos (700) SMMLV.
ART. 83.—Procedimiento. Cuando se tenga conocimiento de la comisión de una infracción a las normas de transporte, la autoridad competente abrirá investigación en forma inmediata mediante resolución motivada contra la cual no cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:
1. Relación de las pruebas aportadas o allegadas que demuestren la existencia de los hechos:
3. Traslado por un término no inferior a 10 días ni superior a 30 días al presunto infractor para que por escrito responda a los cargos formulados y solicite las pruebas que considere pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Presentados los descargos y practicadas las pruebas solicitadas que fueren pertinentes y conducentes, se adoptará la decisión mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se someterá a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el Código Contencioso Administrativo.
PAR.—En todos aquellos casos en que la sanción de suspensión o cancelación de las habilitaciones, licencias, registros o permisos puedan afectar gravemente la prestación del servicio público de transporte en detrimento, de la comunidad se preferirá, por una sola vez, la imposición de la multa.
ART. 84.—Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa solo serán concedidos previo depósito de su valor o garantizando en forma idónea el cumplimiento de la obligación.
La sanción no podrá imponerse pasados tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho que dio origen a la apertura de la investigación.
ART. 85.—Transcurridos cinco (5) años de estar en firme el acto administrativo que imponga una sanción y la administración no realice los actos que le correspondan para ejecutarla esta prescribirá.
Disposición final –régimen de transición–
ART. 86.—(Modificado).* Las empresas que a la fecha de entrar en vigencia del presente decreto tengan licencia de funcionamiento para prestar el servicio público de transporte contarán con 18 meses para acogerse a esta reglamentación.
ART. 87.—Las actuaciones administrativas iniciadas, los términos que hubieren empezado a correr y los recursos interpuestos, continuarán su trámite y se regirán por las disposiciones vigentes en el momento de su radicación.
ART. 88.—El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga en su totalidad los decretos 1787 de 1990, 555 de 1991, 439 de 1992, Resolución 1228 de 1991 y los decretos 091 de 1998 y 388 de 1998 en lo concerniente a esta modalidad y las demás disposiciones que le sean contrarias.

References: ARTÍCULO 67
 artículo 67
 artículo 189
 artículo 60
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 75
 artículo 289
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 Resolución