Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2004/09/registro-oficial-24-de-septiembre-del-2004-suplemento
Timestamp: 2020-02-16 21:33:57+00:00

Document:
Registro Oficial. 24 de SEPTIEMBRE del 2004 Suplemento
Viernes, 24 de septiembre del 2004 - R. O. No. 428
790\n Precios Piso\n y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino de Franjas de Precios\n para el período abril del 2004 - marzo del 2005.
798 Dictamen 01-2004 de Incumplimiento\n por parte del Gobierno de Colombia de la Decisión 436\n y de la Resolución 630 de la Secretaría General.
799 Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios para la primera quincena de marzo\n del 2004, correspondientes a la Circular No 215 del 19 de febrero\n del 2004.
-\n Zona de Integración\n Fronteriza Perú - Bolivia.- Nota Reversal (GAB-SAA) RE\n No 6-7/35 y Nota Reversal GM-413/2003..
-\n Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza: Que regula el control de la\n contaminación ambiental por ruido..
Sucumbíos:\n Sustitutiva\n de la Empresa Provincial de Servicios Turísticos y Transporte\n Fluvial..\n \n
Precios Piso y Techo y Tablas Aduaneras del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para el período abril del 2004 -\n marzo del 2005
VISTAS: Las decisiones 371, 375, 383, 384, 392, 402, 403,\n 10, 411, 413, 422, 430, 432, 433,453, 465, 469, 470, 482. 495,\n 496, 497, 507, 512, 518, 520, 535, 569 y 570 de la Comisión\n de la Comunidad Andina; y las Resoluciones 683 y 772 de la Secretaría\n General;
CONSIDERANDO: Que la Decisión 371 de la Comisión\n del Acuerdo de Cartagena estableció el método para\n el cálculo de los Precios Piso y Techo y las Tablas Aduaneras\n del Sistema Andino de Franjas de Precios;
Que, de acuerdo con los artículos 19 y 21 de la referida\n Decisión, corresponde a la Secretaría General de\n la Comunidad Andina fijar mediante resolución dichos precios\n para cada producto marcador, adjuntando las tablas aduaneras\n correspondientes; y,
Que la Secretaría General realizó las consultas\n a que se refieren los artículos 19 y 21 de la citada decisión,
Artículo 1.- Fijar en los siguientes niveles los precios\n piso y techo de las franjas establecidas en la Decisión\n 371, para el período comprendido entre el 1 de abril del\n 2004 y el 31 de marzo del 2005, obtenidos con base en las series\n de precios históricos y demás parámetros\n que se especifican en el Anexo I de la presente resolución:
\n Piso CIF (USD/t)
\n Techo CIF (USD/t)
Aceite crudo de palma Aceite crudo de soya
\n 387
\n 403
\n 499
\n 497
\n 238
\n 263
\n 292
\n 195
\n 230
\n 1 244
\n 1 540
\n 136
\n 145
\n 1 952
\n 2 192
\n 129
\n 146
\n 221
\n 243
\n 168
\n 1 351
\n 1443
Artículo 2.- Establecer las tablas aduaneras a que\n se refiere el artículo 21 de la Decisión 371, las\n cuales se adjuntan como Anexo II a la presente resolución.
Artículo 3.- En cumplimiento del artículo 17\n del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la
\n Secretaría General, aprobado mediante Decisión\n 425 de la Comisión, comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días\n del mes de diciembre del año dos mil tres.
RICHARD HOWARD MOSS FERREIRA
\n Director General
\n Encargado de la Secretaría General
(Anexo 24SET1,28)
Dictamen 01-2004 de Incumplimiento por parte del Gobierno\n de Colombia de la Decisión 436 y de la Resolución\n 630 de la Secretaría General
VISTOS: El artículo 30 literal a) del Acuerdo de Cartagena,\n los artículos 4° y 23° del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión\n 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,\n la Decisión 436 de la Comisión de la Comunidad\n Andina y la Resolución 630 de la Secretaría General;\n y
CONSIDERANDO: Que con fecha 21 de abril del 2003, el apoderado\n de las sociedades Basf Química Colombiana S.A., Syngenta\n S.A., Compañía Agrícola Ltda. & Cía.\n S.C.A., Dupont de Colombia S.A. y Dow Agrosciences de Colombia\n S.A. denunció un posible incumplimiento por parte de la\n República de Colombia de varios artículos del Tratado\n de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,\n de la Decisión 436 de la Comisión y de la Resolución\n 630 de la Secretaría General;
Que en dicha comunicación el apoderado de dichas sociedades\n manifestó que el incumplimiento de la República\n de Colombia se originó al expedir el Ministerio de Agricultura\n y Desarrollo Rural de dicho País Miembro el Decreto 502\n del 2003 y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) la Resolución\n No 770, dado que dichas normas internas colombianas establecerían\n condiciones y requisitos diferentes a los contemplados por la\n norma andina para el registro de plaguicidas químicos\n de uso agrícola;
Que con fecha 23 de setiembre del 2003, la Secretaría\n General recibió la comunicación s/n, con toda la\n información y anexos correspondientes conforme a lo dispuesto\n en la Decisión 425 (Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General de la Comunidad Andina), del\n Apoderado de las empresas Barpen Internacional S.A., Syngenta\n S.A., Proficol S.A., Dow Agrosciences de Colombia S.A., Dupont\n de Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Basf Química\n Colombiana S.A. y Coljap S.A, mediante la cual denunció\n el incumplimiento por parte de la República de Colombia\n de los artículos 2 y 4 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la Decisión\n 436 y de la Resolución 630;
Que en la comunicación señalada en el párrafo\n anterior, el apoderado de dichas sociedades manifestó\n que el Gobierno de Colombia al expedir la Ley 822, las resoluciones\n 2899 del 2001 y 00770 del 2003 del ICA, el Decreto 459 del 2000\n y las resoluciones 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio de Salud,\n habría incurrido en incumplimiento objetivo de la Decisión\n 436 y de la Resolución 630, al adoptar y pretender aplicar\n -medidas innecesarias y contrarias a dichas normas comunitarias,\n y/o que impiden o dificultan su adecuada aplicación;
Que ambas denuncias fueron puestas en conocimiento del Gobierno\n de Colombia mediante Fax SG-F/0.5/1168/2003 del 22 de julio del\n 2003 y Fax SG-F/0.5/163 0/2003 del 3 de octubre del 2003; y al\n resto de Países Miembros mediante Fax No SG-X/0.5/1347/2003\n del 24 de octubre del 2003, respectivamente, notificando el inicio\n de la investigación;
Que en aplicación del principio de uso de los procedimientos\n y formalidades para lograr el cumplimiento de los objetivos de\n la norma y de racionalización de la actividad administrativa,\n contemplado en el artículo 5 de la Decisión 425\n (Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría\n General), la Secretaría General procedió a acumular\n ambas denuncias en un solo procedimiento de incumplimiento debido\n a su compatibilidad y evidente relación;
Que mediante Fax SG-F/0.5/1888/2003 del 13 de noviembre del\n 2003, la Secretaría General emitió la correspondiente\n nota de observaciones, en virtud de los artículos 23 y\n 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de\n la Comunidad Andina, comunicando que según las conductas\n antes descritas, el Gobierno de Colombia estaría incurriendo\n en un posible incumplimiento;
Asimismo, otorgó al Gobierno de Colombia un plazo no\n mayor de veinte (20) días calendario, a fin de formular\n sus descargos;
\n Que en ese sentido, la Secretaría General consideró\n de manera preliminar que el gobierno colombiano, al emitir el\n Decreto número 502 del 6 de marzo del 2003 del Ministerio\n de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, la Resolución\n No 770 del 27 de marzo del 2003 del Instituto Colombiano Agropecuario\n (ICA) y otras normas de derecho interno, podría estar\n vulnerando lo establecido en la normativa andina, en especial\n en relación con los siguientes aspectos:
i) -El límite de antigüedad de los ensayos de\n eficacia de los datos establecidos en el Manual Técnico\n contenido en la Resolución 630 y en el artículo\n 12, literal B), numeral 5 de la Resolución No 770. En\n ese sentido, la norma andina para los datos sobre aplicación\n del producto formulado establece que los ensayos de eficacia\n realizados en un país no podrán tener una antigüedad\n mayor a cinco (5) años; sin embargo la norma nacional\n colombiana señala que para los ensayos de eficacia deberán\n describirse los resultados que no tengan más de diez (10)\n años de realizados a la fecha de la solicitud, y se solicitará\n efectuar los ensayos cuando se haya reportado pérdida\n de la eficacia, cuando se hayan identificado riesgos adicionales\n que requieran una nueva evaluación de beneficios y cuando\n se quieran registrar nuevos usos;
ii) La exigencia de requisitos para el registro nacional de\n plaguicidas químicos de uso agrícola distintos\n a los previstos en la Decisión 436 y en el Manual Técnico\n Andino (Resolución 630 de la Secretaría General).\n La Decisión 436 establece la obligatoriedad del registro\n nacional de Plaguicidas químicos de uso agrícola\n a efectos de realizar actividades de fabricación, formulación,\n importación, exportación, envasado o distribución\n de un plaguicida químico de uso agrícola y entre\n los requisitos para el registro establece que la persona natural\n o jurídica deberá presentar a la Autoridad Competente\n una solicitud conforme al formato contenido en el Anexo 3a, adjuntando\n al mismo tiempo los datos aplicables a los requisitos técnicos\n señalados en el Anexo 2 de dicha Decisión, de acuerdo\n con lo establecido en el Manual Técnico. Dentro de los\n requisitos señalados en el Manual Técnico se encuentra\n que para los productos con ingrediente activo sin registro nacional\n la autoridad nacional competente solicitará el informe\n de estudio (IE) o Estudio (E) y para los productos con ingrediente\n activo con registro nacional la autoridad nacional competente\n solicitará el Informe Descriptivo (ID) y sólo para\n la Evaluación de Riesgo Ambiental se aceptará la\n información desarrollada con el ingrediente activo grado\n técnico. Contrariamente a ello, el Gobierno de Colombia\n a través del artículo 7 del Decreto 502 del 2003\n estaría estableciendo categorías para el registro\n de plaguicidas químicos de uso agrícola;
iii) La observancia del artículo 20 de la Decisión\n 436 en lo relativo a la prohibición de registro de formulaciones\n con el mismo nombre del producto, cuando tengan diferentes ingredientes\n activos; así como el registro de formulaciones prohibidas\n o ya registradas por otra persona natural o jurídica.\n La referida norma establece que no se podrán registrar\n formulaciones con el mismo nombre del producto, cuando tengan\n diferentes ingredientes activos. Asimismo no se podrán\n registrar formulaciones a un plaguicida prohibido o ya registrado\n por otra persona natural o jurídica, lo cual estaría\n siendo vulnerado por el artículo 22 de la Resolución\n No 770 del ICA, que amplía la aplicación de este\n supuesto a los "registros ya cancelados por alguna otra\n razón ";
1 "Artículo 7° Categorías. En los procedimientos\n que se establezcan para registrar plaguicidas químicos\n de uso agrícola la Autoridad Nacional Competente debe\n tener en cuenta las siguientes categorías:
1. Los plaguicidas químicos de uso agrícola\n formulados con base en un ingrediente activo grado técnico\n sin registro anterior en el país.
2. Los plaguicidas químicos de uso agrícola\n formulados con base en un ingrediente activo grado técnico\n con registro anterior en el país.
3. Los permisos para investigación, experimentación\n y emergencias fitosanitarias.
4. Los procedimientos para la reevaluación de los plaguicidas\n químicos de uso agrícola, registrados antes de\n entrar" en vigencia la Decisión 436 y para la evaluación\n post registro.".
iv) Adicionalmente, se consideró que ciertos dispositivos\n internos emitidos por el gobierno de Colombia podrían\n vulnerar la normativa andina al establecer definiciones, requisitos\n y procedimientos para el registro y control de plaguicidas químicos\n de uso agrícola, que ya se encuentran previstos en la\n Decisión 436 de la comisión y en la Resolución\n 630 de la Secretaría General;
\n Que con fecha 4 de diciembre del 2003, el gobierno de Colombia\n presentó sus descargos señalando que la expedición\n de la Resolución 770, el Decreto 502 y la Ley 822 del\n 2003 se ajustan a lo dispuesto en las normas comunitarias y no\n ha incurrido en ninguna actuación contraria al ordenamiento\n jurídico andino. Asimismo, explicó lo siguiente:
i) Con relación a la observación referente al\n contenido del numeral 5, literal b) del artículo 17 de\n la Resolución 770, consideraron necesario hacer compatible\n el término de los ensayos de eficacia de plaguicidas con\n registro anterior con el plazo previsto para la revaluación\n que se aplica a entidades con registro anterior y que es de diez\n (10)años;
ii) Respecto a la categorización contenida en el artículo\n 7 del Decreto 502 del 2003, no afecta por exceso ni por defecto\n lo previsto en la normativa andina, así como tampoco excede\n de las facultades reglamentarias otorgadas a los Países\n Miembros sobre la materia;
iii) El Decreto 459 del 2000, la Resolución 2899 del\n 2001 del ICA y las resoluciones 1550 y 1551 del 2001 del Ministerio\n de Salud, fueron emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia\n de la Decisión 436 por lo que dichas disposiciones en\n la actualidad no vienen siendo aplicadas en Colombia;
iv) La Ley 822 se expidió en concordancia con la Decisión\n 436 y la Resolución 630 y regula de manera concreta el\n trámite interno para el control de agroquímicos\n genéricos, el mismo que no se encuentra normado de manera\n específica por la normativa comunitaria;
Que por comunicación de fecha 13 de enero del 2004,\n el apoderado de las empresas Barpen Internacional S.A., Syngenta\n S.A., Proficol S.A., Dow Agrosciences de Colombia S.A., Dupont\n de Colombia S.A., Bayer Cropscience S.A., Basf Química\n Colombiana S.A. y Coljap S.A. señaló que el gobierno\n de Colombia ha incurrido en un incumplimiento flagrante a la\n Decisión 436 y la Resolución 630 al emitir la Resolución\n 3759 ICA del 2003 mediante la cual derogan la Resolución\n 770 ICA del 2003, la misma que fue materia de pronunciamiento\n en la nota de observaciones de la Secretaría General contra\n el gobierno de Colombia en el presente procedimiento de incumplimiento;
Que tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia, las normas\n del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina son de\n naturaleza supranacional, es decir, se aplican en todos los Países.\n Miembros de la Comunidad Andina de manera directa y preferente;\n en ese sentido, en caso de existir conflicto entre 'una ley nacional\n y una norma comunitaria, prima la norma comunitaria. Las normas\n comunitarias son de aplicación directa pues no necesitan\n ser incorporadas en las legislaciones nacionales de los Países\n Miembros; basta su publicación en la Gaceta Oficial del\n Acuerdo de Cartagena para que sean aplicables en todos los Países\n Miembros; y son de efecto inmediato porque generan derechos y\n obligaciones desde el momento mismo de su promulgación;
Que en efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina\n ha señalado que "El ordenamiento jurídico\n andino es autónomo y la aplicación de las normas\n comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos\n internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad\n o conformidad con ellas" (Sentencia del Proceso 89-AI-2000,\n publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No 722\n del 12 de octubre del 2001);
Que la Decisión 436 (Norma Andina para el Registro\n y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola)\n tiene como objetivo armonizar las normas de registro y control\n de plaguicidas químicos de uso agrícola en los\n Países Miembros a fin de garantizar las condiciones de\n su uso, comercialización y distribución. En ese\n sentido, su artículo 1 establece que "son objetivos\n de la presente Decisión:
Establecer requisitos y procedimientos armonizados para el\n registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola,\n orientar su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar\n daños a la salud y el ambiente en las condiciones autorizadas,\n y facilitar su comercio en la Subregión. ";
Que analizadas las denuncias presentadas y la respuesta del\n gobierno de Colombia, esta Secretaría General considera\n lo siguiente:
1. El Anexo 2 de la Decisión 436 establece los Requisitos\n Técnicos para el Registro o Revaluación de Plaguicidas\n Químicos de Uso Agrícola, los mismos que se encuentran\n definidos en la sección II, literal B) numeral 5.14 del\n Manual Técnico Andino. Entre los requisitos para la aplicación\n del producto formulado se establece que los ensayos de eficacia\n realizados en un País Miembro, según protocolo,\n no podrán tener una antigüedad mayor a cinco (5)\n años. En ese sentido, el artículo 12, literal B),\n numeral 5 de la Resolución 770 del ICA señala:\n "Para los numerales 5.7. a 5.13. seguir las indicaciones\n consignadas en el Manual Técnico página 35. Para\n los ensayos de eficacia, numeral 5.14, se describirán\n los resultados de los ensayos de eficacia, que no tengan más\n de 10 años de realizados a la fecha de la solicitud, y\n se solicitará efectuar los ensayos cuando se haya reportado\n pérdida de la eficacia, cuando se hayan identificado riesgos\n adicionales que requieran una nueva evaluación de beneficios\n y cuando se quieran registrar nuevos usos. ".
En sus descargos, el gobierno de Colombia señaló\n que el referido artículo de la Resolución 770 hace\n referencia a plaguicidas químicos de uso agrícola\n formulados con base a un ingrediente activo grado técnico\n registrado con anterioridad en el país y que el plazo\n establecido se justifica en lo siguiente:
i) La rigurosidad de los protocolos de eficacia empleados\n en Colombia en la última década hacían innecesario\n repetir en un período más corto pruebas que no\n conllevaban al mejoramiento de datos;
ii) No existe evidencia científica que diferenciara\n la pérdida de eficacia entre los años 1 a 10 ó\n de 1 a 5, por cuanto el resultado de los estudios de campo no\n ha arrojado resultados negativos; y,
iii) La necesidad de armonizar el plazo mencionado con el\n señalado en el Manual Técnico Andino para efectos\n de revaluación de los Plaguicidas Químicos de Uso\n Agrícola con registro anterior. El artículo señalado\n contempla el supuesto de los ensayos de eficacia para productos\n con ingrediente activo con registro anterior en el país,\n en tanto que en el Anexo 2 de la Decisión 436 el supuesto\n de la antigüedad no mayor de 5 años se aplica a nuevas\n entidades químicas.
No obstante los argumentos del gobierno colombiano, la normativa\n andina es clara al establecer que dentro de los requisitos para\n el registro o revaluación de plaguicidas químicos\n de uso agrícola -en cuanto al producto formulado-, es\n necesario la presentación de un informe sobre los resultados\n de ensayos de eficacia realizados en el país con una antigüedad\n no mayor de cinco (5) años, tal cual lo establece tanto\n la Decisión 436 como por los protocolos del Manual Técnico\n Andino;
El requisito de presentación de los ensayos de eficacia\n no mayores de cinco (5) años es de aplicación para\n productos formulados entendiéndose como tales a "la\n preparación plaguicida en la forma en que se envasa y\n vende; contiene en general uno o más ingredientes activos\n más los aditivos; y puede requerir la dilución\n antes del uso" (Glosario, Anexo 1 de la Decisión\n 436). Al respecto, la normativa andina no hace distinción\n de la aplicación del referido requisito para supuestos\n de ensayo de eficacia de productos con ingrediente activo con\n registro anterior en el país o supuestos de aplicación\n a nuevas entidades químicas.
2. La Decisión 436 establece la obligatoriedad del\n registro nacional de plaguicidas químicos de uso agrícola\n a efectos de realizar actividades de fabricación, formulación,\n importación, exportación, envasado o distribución\n de un plaguicida químico de uso agrícola. Uno de\n los requisitos para el registro nacional es el siguiente:
"Artículo 18.- Para la obtención del Registro\n Nacional de un plaguicida químico de uso agrícola,\n la persona natural o jurídica presentará a la Autoridad\n Competente una solicitud conforme al formato que figura en el\n Anexo 3a, adjuntando al mismo los datos aplicables a los requisitos\n técnicos señalados en el Anexo 2 de la presente\n Decisión de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico.".
Dentro de los requisitos señalados en el Manual Técnico\n (y de conformidad con el Anexo 2 de la Decisión 436) tenemos\n que para los productos con ingrediente activo sin registro nacional,\n la Autoridad Nacional Competente solicitará el Informe\n de Estudio (IE) o Estudio (E), y para los productos con ingrediente\n activo con registro nacional la Autoridad Nacional Competente\n solicitará únicamente el Informe Descriptivo (ID).\n Sólo para la Evaluación de Riesgo Ambiental se\n presentará la información desarrollada con el ingrediente\n activo grado técnico. En ese sentido, el gobierno de Colombia\n a través del Decreto 502 del 2003 estaría estableciendo\n categorías para el registro de plaguicidas químicos\n de uso agrícola. En efecto, el artículo 7 del referido\n Decreto 502 señala lo siguiente:
"Artículo 7°. Categorías. En los procedimientos\n que se establezcan para registrar plaguicidas químicos\n de uso agrícola, la Autoridad Nacional Competente debe\n tener en cuenta las siguientes categorías:
\n 1. Los plaguicidas químicos de uso agrícola formulados\n con base en un ingrediente activo grado técnico sin registro\n anterior en el país.
4. Los procedimientos para la revaluación de los plaguicidas\n químicos de uso agrícola, registrados antes de\n entrar en vigencia la Decisión 436 y para la evaluación\n post registro. "
En sus descargos, el gobierno de Colombia señaló\n que la categorización contenida en el artículo\n 7 del Decreto 502 del 2003 no contraviene ni por defecto ni por\n exceso lo establecido en la normativa andina debido a las siguientes\n razones:
i) Los numerales 1 y 2 del artículo 7 del Decreto 502\n del 2003 se refieren a los Plaguicidas Químicos de Uso\n Agrícola formulados con base en un ingrediente activo\n grado técnico sin registro y con registro anterior en\n Colombia, respectivamente. Dicha especificación se encuentra\n en el pie de página de la sección 2 del Manual\n Técnico Andino;
ii) El numeral 3 del artículo 7 se refiere a los permisos\n de investigación, experimentación y emergencias\n fílosanitarias, los mismos que se encuentran regulados\n en los artículos 13, 14 y 15 de la Decisión 436;\n y,
iii) El numeral 4 del artículo 7 se encuentra relacionado\n con el procedimiento para revaluación contemplado en el\n artículo 55 de la Decisión 436.
De conformidad con el Anexo 1 de la Decisión 436 el\n ingrediente activo es "la sustancia química de acción\n plaguicida que constituye la parte biológicamente activa\n presente en una formulación", mientras que el ingrediente\n activo grado técnico "es aquel que contiene los elementos\n químicos y sus compuestos naturales o manufacturados,\n incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan\n inevitablemente del proceso de fabricación.". En\n ese Sentido, el artículo 7 del Decreto 502 del 2003 ha\n categorizado los requisitos técnicos exigidos por la normativa\n andina que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente\n para registrar plaguicidas químicos de uso agrícola\n y en ellos ha incluido los plaguicidas químicos de uso\n agrícola formulados con base en un ingrediente activo\n grado técnico con o sin registro anterior en el país,\n cuando la Decisión 436 y el Manual Técnico en el\n tema específico de registro se refieren a productos con\n ingrediente activo sin registro nacional y productos con ingrediente\n activo con registro nacional.
3. Por otra parte, la Secretaría General ha identificado\n que algunos artículos de normas internas colombianas,\n específicamente de la Ley 822 del 2003, el Decreto 459\n del 2000 y las resoluciones 1550 y 1551 del 2001 emitidas por\n el Ministerio de Salud, y la Resolución 2899 del 2001\n del ICA estarían vulnerando la normativa andina. Con relación\n a ello, el gobierno de Colombia señaló lo siguiente:
i) El Decreto 459 del 2000 y las Resoluciones 1550 y 1551\n del 2001 del Ministerio de Salud (actual Ministerio de la Protección\n Social) actualmente ya no son aplicadas debido a que fueron emitidas\n con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión\n 436;
ii) La Ley 822 del 10 de julio del 2003 entró en vigencia\n a partir del 16 de julio del 2003, y se expidió en concordancia\n con la normativa andina, de manera que la mayoría de sus\n artículos resultan ser transcripciones textuales de la\n Decisión 436 y del Manual Técnico Andino; y,
iii) La Decisión 436 en sus artículos 5, 8,\n 14, 17 y otros, permiten que los Países Miembros reglamenten\n aspectos no contemplados expresamente en la normativa andina\n en razón a los principios de coexistencia y complemento\n indispensable. Asimismo otorgan competencia a los Países\n Miembros a fin de adaptar su legislación y procedimientos,\n a lo establecido en las normas andinas. En, ese sentido a través\n de la Ley 822 del 2003 "se dictaron normas relacionadas\n con los agroquímicos genéricos y se estableció\n un trámite interno que ajusta los plazos a un procedimiento\n abreviado para los productos formulados con base en ingrediente\n activo grado técnico con registro anterior (genéricos),\n complementando y fijando el alcance de la Decisión".
En relación a la Ley 822 del 2003 emitida por el Congreso\n de Colombia, ésta tiene por objeto reglamentar el registro\n y control de "agroquímicos genéricos",\n aspecto que es contemplado en la Decisión 436 y Resolución\n 630, que establecen normas para el registro y control de todo\n plaguicida químico de uso agrícola en general.\n La norma interna colombiana regula el tema de agroquímicos\n genéricos de una manera más específica lo\n cual conforme a la doctrina del complemento indispensable no\n resulta contrario a la normativa andina;
Que el Tratado de Creación del Tribunal Andino establece\n en su artículo 4 que "los Países Miembros\n están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias\n para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el\n ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen,\n asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria\n a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.\n ". De ello se desprende que los Países Miembros tienen\n obligaciones de hacer y de no hacer, las mismas que se fundamentan\n en el principio de prevalencia del derecho comunitario sobre\n el derecho interno, tal como lo ha manifestado el Tribunal. Andino\n en reiterada jurisprudencia;
Que en virtud de los principios de supranacionalidad, prevalencia\n y aplicación directa, y la naturaleza de la normativa\n comunitaria, los Países Miembros tienen la obligación\n de no legislar en materias donde exista una norma andina de aplicación\n directa e inmediata, y sólo podrán reglamentar\n -dentro del marco normativo andino-, cuando existan materias\n que no hayan sido normadas por la legislación comunitaria,\n o vacíos legales de conformidad con el principio de complemento\n indispensable;
Que el Tribunal Andino en su Sentencia 10-IP-94 señaló\n que: "... El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación\n nacional, es empero excepcional y por lo tanto a él le\n son aplicables principios tales como el del complemento indispensable,\n según el cual no es posible la expedición de normas\n nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para\n la correcta aplicación de aquellas. Este régimen\n de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado\n en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica\n jurídica. Significa esto que para que tenga validez la\n legislación interna se requiere que verse sobre asuntos\n no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta\n obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico"',
Que al explicar la naturaleza y razón de las obligaciones\n en materia legislativa de los Países Miembros el Tribunal\n Andino expresó que "... no dejan espacio para que\n cada uno de los países emita disposiciones de derecho\n interno, so pretexto de que éstas viabilizan la aplicación\n en su territorio de las normas comunitarias. Sí tal facultad\n llegara a existir y cada País Miembro pudiera, de manera\n general y obligatoria plasmar en normas jurídicas de derecho\n interno sus criterios y particulares concepciones sobre la forma\n de aplicar las normas comunitarias y sobre el entendimiento que\n debe dársele a su contenido, no podríamos hablar\n de un ordenamiento jurídico común, sino de tantos\n ordenamientos cuantos Países Miembros existieran. El punto\n ha sido prolijamente tratado por el Tribunal en su jurisprudencia\n al abordar el tema del complemento mínimo indispensable\n para el desarrollo interno de la norma comunitaria" (Sentencia\n dictada en el expediente No 07-ÁI-99 del 12 de noviembre\n de 1999, publicada en la G.O.A.C. No 520 del 20 de diciembre\n del mismo año);
Que el Glosario del Anexo 1 de la Decisión 436 establece\n que la autoridad nacional competente en materia de registro de\n plaguicidas químicos de uso agrícola en los Países\n Miembros de la Comunidad Andina es el "organismo gubernamental\n encargado de expedir el Registro Nacional y coordinar o regular\n las acciones que se deriven de la presente Decisión"\n (el énfasis es de la Secretaría General). Asimismo,\n dicho Glosario define como "Legislación sobre plaguicidas"\n a "cualquier ley, reglamento o norma aplicados para regular\n toda actividad relacionada con los plaguicidas",
Que el inciso a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena\n obliga a la Secretaría General a velar por la aplicación\n del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman\n el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que conforme a lo establecido en el artículo 23 del\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo\n de Cartagena, cuando la Secretaría General considere que\n un País Miembro ha incurrido en incumplimiento de obligaciones\n emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina, le formulará sus observaciones\n por escrito. El País Miembro deberá contestarlas\n dentro de un plazo compatible con la urgencia del caso, que no\n excederá de dos (2) meses. Recibida la respuesta o vencido\n el plazo, la Secretaría General deberá emitir dictamen\n motivado; y,
Que de conformidad con lo previsto en los artículos\n 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la\n Secretaría General, se informa que contra la presente\n resolución procede recurso de reconsideración,\n dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a\n su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,
Artículo 1.- Dictaminar que el gobierno de Colombia\n ha incurrido en incumplimiento del ordenamiento jurídico\n andino, en especial de la Decisión 436 y de la Resolución\n 630 de la Secretaría General, en lo siguiente:
A) Al establecer mediante el artículo 12 literal B),\n numeral 5 de la Resolución 770 del Instituto Colombiano\n Agropecuario (ICÁ), entre los requisitos técnicos\n para el registro o revaluación de plaguicidas químicos\n de uso agrícola, un plazo de diez (10) años de\n antigüedad del informe de ensayo de eficacia referente al\n producto formulado, lo cual difiere con lo establecido en la\n normativa comunitaria; y,
b) Al establecer mediante el artículo 7 del Decreto\n 502 del 2003 categorías para el registro nacional de plaguicidas\n químicos de uso agrícola y señalar como\n requisito para el registro las formulaciones con base en un ingrediente\n activo grado técnico, modificando lo establecido en la\n normativa andina que se basa únicamente en el ingrediente\n activo.
Artículo 2.- De conformidad con lo establecido en el\n artículo 65 literal f) de la Decisión 425, se concede\n al gobierno de Colombia un plazo de veinte (20) días calendarios\n contados a partir de la fecha de publicación de la presente\n resolución para que ponga fin al incumplimiento dictaminado.
Artículo 3.- Comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución, la cual entrará\n en vigencia a partir de su fecha de publicación en la\n Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad d6 Lima, Perú, a los dieciséis\n días del mes de febrero del año dos mil cuatro.
No\n 799
Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios\n para la primera quincena de marzo del 2004, correspondientes\n a la Circular No 215 del 19 de febrero del 2004
VISTOS: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina, la Decisión 371 de la Comisión\n sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios, la Resolución\n 683 de la Secretaría General y el Reglamento de Procedimientos\n Administrativos de la Secretaría General, contenido en\n la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones\n Exteriores; y,
CONSIDERANDO: Que en cumplimiento de lo establecido en el\n artículo 22 de la Decisión 371, y para efectos\n de la aplicación de las Tablas Aduaneras publicadas en\n la Resolución. 683, o de efectuar los cálculos\n establecidos en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión\n 371, la Secretaría General debe comunicar quincenalmente\n a los Países Miembros los Precios de Referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios;
Que es necesario facilitar a las autoridades aduaneras nacionales\n la aplicación oportuna de los Precios de Referencia, evitando\n la necesidad de someter dichos precios a ratificación\n mediante disposiciones internas y publicación en diarios\n oficiales;
Que en virtud del artículo 1 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las resoluciones\n de la Secretaría General hacen parte del ordenamiento\n jurídico andino;
Que de acuerdo al artículo 4 del Tratado citado, los\n Países Miembros están obligados a adoptar las medidas\n que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas\n que conforman el ordenamiento jurídico, de la Comunidad\n Andina, y se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida\n alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún\n modo obstaculice su aplicación; y,
Que de Conformidad con lo establecido en los artículos\n 17, 37 y 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General, se señala que contra\n la presente resolución cabe interponer recurso de reconsideración\n dentro de los 45 días siguientes a su publicación\n en la Gaceta Oficial, así como acción de nulidad\n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro de\n los dos años siguientes a la fecha de su entrada en vigencia,
Artículo 1.- Se fijan los siguientes Precios de Referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios Correspondientes a la\n primera quincena de marzo del 2004:
\n 0203.29.00 Carne de cerdo 1363 (Un mil trescientos sesenta y\n tres)
\n 0207.14.00 Trozos de pollo 1004 (Un mil. cuatro)
\n 0402.21.19 Leche entera 1869 (Un mil ochocientos sesenta y nueve)
\n 1001.10.90 Trigo 186 (Ciento ochenta y seis)
\n 1003.00.90 Cebada 153 (Ciento cincuenta y tres)
\n 1005.90.11 Maíz amarillo 143 (Ciento sesenta y dos)
\n 1006.30.00 Arroz blanco 252 (Doscientos cincuenta y dos)
\n 1201.00.90 Soya en grano 341 (Trescientos cuarenta y uno)
\n 1507.10.00 Aceite crudo de soya 685 (Seiscientos ochenta y cinco)
\n 1511.10.00 Aceite crudo de palma 562 (Quinientos sesenta y dos)
\n 1701.11.90 Azúcar crudo 148 (Ciento cuarenta y ocho)
\n 1701.99.00 Azúcar blanco 228 (Doscientos veinte y ocho)
Artículo 2.- Los Precios de Referencia indicados en\n el artículo anterior, se aplicarán a las importaciones\n que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero\n y el quince de marzo del año dos mil cuatro.
Artículo 3.- Para la determinación de los derechos\n variables adicionales o las rebajas arancelarias que correspondan\n a los Precios de Referencia indicados en el artículo 1,\n se podrán utilizar las Tablas Aduaneras, publicadas en\n la Resolución 683 de la Secretaría General, o se\n efectuarán los cálculos que se establecen en los\n artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 3 71.
Artículo 4.- Comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución, la cual entrará\n en vigencia a partir de su fecha de publicación en la\n Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los diecinueve días\n del mes de febrero del año dos mil cuatro.
En cumplimiento del artículo\n 7 de la Decisión 501 "Zonas de-Integración\n Fronteriza (ZIF) en la Comunidad Andina", se publican a\n continuación las Notas canjeadas por las Cancillerías\n de Bolivia y Perú formalizando el establecimiento de la\n Zona de Integración Fronteriza Boliviano-Peruana.
\n En el número 88!8 de la Gaceta Oficial, de fecha 21 de\n enero del 2003, se publicaron las Notas canjeadas por las Cancillerías\n de Colombia, Ecuador y Perú, que dieron lugar al establecimiento\n de las Zonas de Integración Fronteriza entre Colombia\n y Ecuador, Colombia y Perú, y Ecuador y Perú.
Secretaría General de la Comunidad\n Andina
Zona de Integración Fronteriza\n Perú-Bolivia
Nota Reversal (GAB-SAA) RE No 6-7/35\n del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
Nota (GAB-SAA) RE No 6-7/35
\n Carlos Saavedra Bruno
\n Ministro de Relaciones Exteriores y Culto
\n La Paz.-
Tengo a honra dirigirme a Vuestra Excelencia a fin de referirme\n a la Decisión 501 de la Comunidad Andina, relativa a la\n Zonas de Integración Fronteriza (ZIF), así como\n a la Declaración Ministerial suscrita en La Paz, el 17\n de diciembre de 2001 y al Acta de la III Reunión de la\n Comisión - Binacional de Coordinación Política,\n Cooperación e Integración Perú - Bolivia,\n de 29 de noviembre del 2002, mediante las cuales se conviene\n la creación y establecimiento de una Zona de Integración\n Fronteriza entre ambos países y la ampliación de\n ésta, respectivamente.
Sobre el particular y de conformidad con los compromisos arriba\n señalados, la Zona de Integración Fronteriza Peruano\n - Boliviana estará comprendida, para el Perú, por\n los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua,\n Puno y Tacna; y para Bolivia, por los departamentos de La Paz,\n Oruro, Potosí, Pando y Beni.
Asimismo, deseo confirmar el acuerdo del Gobierno del Perú\n para que la Región Altiplánica y la Región\n Amazónica, sean las dos áreas de intervención\n para la implementación de la Zona de Integración\n Fronteriza en una primera fase, conforme fuera convenido en la\n Reunión de autoridades de Bolivia y Perú para el\n tratamiento de la Zona de Integración Fronteriza, celebrada\n en La Paz, el 25 y 26 de setiembre del 2002.
En este sentido, la presente y la Nota que con el mismo tenor\n tenga a bien hacerme llegar Vuestra Excelencia, constituirá\n un acuerdo entre nuestros dos países.
Nota Reversal GM-413/2003 del Ministerio de
\n Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia
\n Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
GM-413/2003
La Paz, 23 de julio del 2003
\n El Señor Allan Wagner
\n Ministro de Relaciones Exteriores de la
\n República del Perú
\n Lima.-
Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para referirme\n a su atenta Nota (GAB-SAA) RE No 6-7/35, de 23 de mayo del año\n en curso, relativa al ámbito geográfico que comprenderá\n la Zona de Integración Fronteriza entre Bolivia y el-Perú,\n de conformidad con la Decisión 501 de la Comunidad Andina.
Conforme con lo establecido en la Declaración Ministerial,\n suscrita en La Paz, el 17 de diciembre del 2001, y al Acta de\n la III Reunión de la Comisión Binacional de Coordinación\n Política, Cooperación e Integración Bolivia\n - Perú, de 29 de noviembre del 2002, la Zona de Integración\n Boliviano - Peruana, en lo que respecta a Bolivia, estará\n comprendido por los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí,\n Pando y Beni, y para el Perú, los departamentos de Arequipa,\n Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.
Asimismo, deseo expresarle la conformidad del Gobierno de\n Bolivia para que la región Altiplánica y la región\n Amazónica, en una primera fase, sean las dos áreas\n de intervención para la implementación de la Zona\n de Integración Fronteriza, conforme fuera convenido en\n la Reunión de autoridades de Bolivia y Perú para\n el tratamiento de la Zona de Integración Fronteriza, celebrada\n en La Paz, el 25 y 26 de septiembre del 2002.
Al respecto, me es grato manifestar a Vuestra Excelencia que\n el Gobierno de Bolivia expresa su conformidad para que las propuestas\n contenidas en su Nota de referencia, constituyan un Acuerdo entre\n nuestros dos gobiernos para el establecimiento de la Zona de\n Integración y Desarrollo Fronterizo Boliviano - Peruana.
Lic. Carlos Saavedra Bruno
\n TIWINTZA
\n MORONA SANTIAGO
Que, mediante Ley. No. 2002-86, publicada en el Suplemento\n del Registro Oficial No. 689 de 23 de octubre del 2002, se crea\n el cantón Tiwintza y en elecciones directas realizadas\n en el mes de marzo del 2003 se eligieron al Alcalde y 5 concejales\n como las primeras autoridades, que tomaron posesión el\n 1 de abril del presente año, por lo que en las primeras\n reuniones del Concejo del Gobierno Municipal del Cantón\n Tiwintza, establecen la necesidad de contar con todos los reglamentos\n e instructivos con la finalidad de establecer el Gobierno Municipal;
Que es obligación del Estado garantizar a todos los\n ecuatorianos vivir en un ambiente libre de contaminación;
Que es frecuente el uso indiscriminado y sin control de altoparlantes\n con volúmenes que sobrepasan los niveles de permisibilidad\n de ruido,
Que el Concejo Municipal está en la obligación\n de adoptar las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad\n ciudadana; y,
En uso de la facultad prevista en el Art. 64, numeral 1 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
\n Expide:
ORDENANZA QUE REGULA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN\n AMBIENTAL POR RUIDO
Art. 1.- Obligatoriedad.- Es obligación de todo ciudadano\n residente o transeúnte por el territorio cantonal, contribuir\n a eliminar fuentes de producción de ruidos, en niveles\n que sobrepasen los permitidos por normas internacionales.
Art. 2.- Prohibición.- Se prohíbe la utilización\n de bocinas o cometas neumáticas instaladas en vehículos,\n mientras circulen por los perímetros urbanos, el perifoneo\n de propaganda o anuncios con' la utilización de megáfonos,\n altoparlantes o instrumentos similares y la instalación\n en calles, plazas y demás lugares públicos, de\n equipos de amplificación de cualquier naturaleza, excepto\n de aquellos necesarios para desarrollar actos públicos\n o populares, debidamente autorizados.
Art. 3.- Instalaciones Adecuadas.- Toda persona natural o\n jurídica que ejecute actividades que exijan la utilización\n de instrumentos productores de ruido, como metalmecánica,\n cerrajerías, carpinterías y otras de igual naturaleza,\n deberán acondicionar los establecimientos, de manera adecuada\n que impida la propagación indiscriminada del ruido, que\n afecte al vecindario.
Art. 4.- Permiso.- Las personas que deseen ejecutar actividades\n de perifoneo en lugares públicos, deberán obtener\n el permiso correspondiente; la Municipalidad, de manera previa\n a otorgar el permiso, determinará los niveles de ruido\n y horario en los que se podrán ejecutar tales actividades.
Art. 5.- Control.- La Comisaría Municipal ejercerá\n el control de las emisiones de ruido, e impondrá a los\n infractores, las sanciones que se determinan en esta ordenanza,
Art. 6.- De las Sanciones.- Toda persona natural o jurídica\n que incumpla las disposiciones de esta ordenanza pagará\n una multa equivalente a cinco dólares americanos (5,00\n USD).
La reincidencia será sancionada con el cien por ciento\n de la multa impuesta la primera vez y la clausura del establecimiento\n o el retiro de los instrumentos causantes del ruido, según\n el caso,
Art. 7.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en\n vigencia, a partir de su fecha de promulgación efectuada\n por cualquiera de las formas previstas en el Art. 13,3 de la\n Ley de Régimen Municipal, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal del cantón\n Tiwintza, a los treinta y un días del mes de mayo del\n dos mil cuatro.
f.) Lic. Lorenzo Chinkim Juank, Alcalde del cantón\n Tiwintza. .
f.) Tec. Efrén Unup Saant, Secretario del Concejo.
SECRETARIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN TIWINTZA.
CERTIFICO: Que, la presente Ordenanza que Regula el Control\n de la Contaminación Ambiental por Ruido, fue conocida,\n discutida y aprobada en dos sesiones ordinarias del Gobierno\n Municipal del Cantón Tiwintza, la primera el veinte y\n ocho de mayo del dos mil cuatro y la segunda el treinta y uno\n de mayo del dos mil cuatro.
VICEALCALDE DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN TIWINTZA.-\n En la ciudad de Santiago, a los tres días del mes de junio\n del dos mil cuatro, las 14h00, de conformidad con lo que dispone\n el artículo 128 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, elévese en tres ejemplares la presente Ordenanza\n que Regula el Control de la Contaminación Ambiental por\n Ruido.
f.) Abg. Oswaldo Otacoma Mendoza, Vicealcalde del Gobierno\n Municipal.
\n ALCALDÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN TIWINTZA.-\n En la ciudad de Santiago a los quince días del mes de\n junio del dos mil cuatro, la presente ordenanza, suscrito por\n el señor Vicepresidente del Concejo y Secretario Municipal,\n una vez revisado la misma de conformidad con el Art. 72 numeral\n 31 y el Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal vigente, sanciono la Ordenanza que Regula el Control\n de la Contaminación Ambiental por Ruido.
f.) Abg. Oswaldo Otacoma Mendoza, Alcalde del Gobierno
Municipal del Cantón Tiwintza (E).
\n DE SUCUMBIOS
Que, en los últimos tiempos ha proliferado una serie\n de embarcaciones privadas que prestan servicios en los muelles\n del río Aguarico;
Que, es responsabilidad del Gobierno Provincial a través\n del Directorio de la Empresa Provincial de Servicios y Transporte\n Fluvial, normar este servicio, como lo señala la correspondiente\n ordenanza;
Que, es necesario administrar mecanismos correspondientes\n

References: Resolución 
 resolución 

Artículo 1

Artículo 2
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Artículo 3
 artículo 17
 artículo 30
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 artículo 5
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 artículo 7
 artículo 20
 artículo 22
 Resolución 
 artículo 17
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 artículo 1
 artículo 12
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 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 55
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 30
 artículo 23
 resolución 

Artículo 1
 artículo 12
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 artículo 7

Artículo 2
 artículo 65
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Artículo 3
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 4
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Artículo 2

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 artículo 1
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