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Timestamp: 2018-02-25 17:44:38+00:00

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Sentencia A.P. Madrid 154/2010, de 24 de febrero. Delito contra los derechos de los trabajadores. Seguridad. Protección - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 154/2010, de 24 de febrero
Delito contra los derechos de los trabajadores: Seguridad. Caída al vacío: Inexistencia de protección colectiva ni individual. Andamios: Inexistencia de protecciones laterales. Coordinadores de seguridad y jefes de obra: Responsabilidad. No facilitamiento de las medidas de seguridad para el trabajador que realiza su actividad en condiciones de especial riesgo para su salud e integridad.
En Madrid, a veinticuatro de febrero de dos mil diez
VISTO en segunda instancia, ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial de Madrid, el Juicio Oral nº 522/08, procedente del Juzgado de lo Penal nº 16 de Madrid, seguido por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Eutimio, Victoriano, Jesús Carlos, Alfredo y Calixto, venido a conocimiento de esta Sección en virtud de recurso de apelación que autoriza el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, interpuesto en tiempo y forma por las representaciones procesales de dicho acusados contra Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del expresado Juzgado con fecha 12 de junio de 2009. Habiendo sido parte en el presente recurso los apelantes y como apelado el Ministerio Fiscal, quien interesa la confirmación de la resolución recurrida.
Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada Doña Ana Mercedes del Molino Romera.
Primero.-Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 16 de Madrid, se dictó sentencia, de fecha 12 de junio de 2009, siendo su Fallo del tenor literal siguiente:
"Que debo absolver y absuelvo a Eutimio de los hechos de los que era objeto de acusación, dejando sin efecto cuantas medidas cautelares, personales o reales se hubieran adoptado y declarando de oficio una quinta parte de las costas procesales causadas en la instancia.
Que debo condenar y condeno a Victoriano, como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores (en su variante de delito contra la seguridad de los trabajadores), ya definido y con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión y seis meses de multa, a razón de seis euros diarios y con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el cargo de coordinador de seguridad por el tiempo de la condena y a pago de una quinta parte de las costas de esta instancia.
Que debo condenar y condeno a Jesús Carlos como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores (en su variante de delito contra la seguridad de los trabajadores), ya definido y con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión y seis meses de multa, a razón de seis euros diarios y con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el cargo de jefe de obra por el tiempo de la condena y a pago de una quinta parte de las costas de esta instancia.
Que debo condenar y condeno a Alfredo, como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores (en su variante de delito contra la seguridad de los trabajadores), ya definido y con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión y seis meses de multa, a razón de seis euros diarios y con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el cargo de administrador de empresas dedicadas a la construcción por el tiempo de la condena y a pago de una quinta parte de las costas de esta instancia.
Que debo condenar y condeno a Calixto, como autor criminalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores (en su variante de delito contra la seguridad de los trabajadores), ya definido y con la concurrencia de la atenuante simple de dilaciones indebidas, a la pena de un año de prisión y seis meses de multa, a razón de seis euros diarios y con responsabilidad personal subsidiaria legal en caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el caso de impago, la accesoria de inhabilitación especial para el cargo de encargado de obra por el tiempo de la condena y a pago de una quinta parte de las costas de esta instancia."
"Se declara expresamente probado que: Único.- En inspección de obra realizada por la Inspectora de Trabajo Violeta, alrededor de mediodía del 21 de julio de 2005, que la empresa constructoras Cofrensa, SL realizaba en la manzana RC-1 del APE 19.032, sita en la confluencia de las calles Villajimena, Villablanca y Ambroz de la localidad de Vicálvaro, consistente en la edificación de cuarenta y seis viviendas con locales, trasteros, garajes y piscina, comprobó: - Que el trabajador Leoncio, oficial 1ª de Estructuras Seasa, se encontraba realizando trabajos de estructura en la parte superior de la planta baja -suelo de la primera planta--, a una altura de 4,08 metros, colocando el entablado sobre las vigas, sobre el vacío y sin ninguna protección colectiva ni individual que evitasen su caída altura, tales como redes horizontales respecto de las primeras o arneses o cinturones de seguridad respecto de las segundas, medidas previstas en el plan de seguridad de la obra. - Que el trabajador Valentín, oficial 2ª de Seasa, estaba enconfrando un pilar en un castillete de hormigonado carente de cualquier protección frente a caídas en altura, estando a 2,50 metros del suelo, pese a existir otro castillete más grande y con las adecuadas medidas de protección en la obra. - Que el trabajador Jesus Miguel, oficial 1ª de Seasa, se encontraba trabajando subido a un andamio de cuatro metros de altura, sin que tuviera protección lateral y en el frente solo una barandilla de 0,90 metros.
El administrador de la mercantil constructora Cofrensa SL era el coacusado Eutimio, nombrando coordinador de seguridad al acusado Victoriano y jefe de obra al acusado Jesús Carlos, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales.
Los trabajos de cimentación de obra habían sido subcontratados, entre otras empresas, con la mercantil Estructuras Seasa, de la que era encargado general y administrador único el acusado Alfredo y encargado especial para dicha obra el también acusado Calixto, ambos hermanos, mayores de edad y sin antecedentes penales."
Segundo.-Contra dicha sentencia se interpusieron, en tiempo y forma, por la Procuradora Dª Asunción Sánchez González, en representación de Jesús Carlos, por el Procurador D. Francisco de Paula Martín Fernández, en representación de Alfredo y de Calixto, recursos de apelación, a los que se adhiere el Procurador D. Ignacio Aguilar Fernández, en representación de Victoriano, que basaron en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitidos a trámite dichos recursos, se dio traslado de los mismos a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.
Tercero.-En fecha 1 de febrero de 2010 tuvieron entrada en esta Sección los precedentes recursos, formándose el correspondiente rollo de apelación y se señaló día para la deliberación y resolución del recurso, fijándose la audiencia del día 22 de febrero de 2010, sin celebración de vista.
Primero.-La sentencia dictada en primera instancia es impugnada por la defensa de todos los condenados.
Vamos a examinar el recurso de apelación de cada uno de ellos por separado.
RECURSO DE Jesús Carlos.
Como primer motivo se cuestiona la valoración de las prueba realizadas por el Juez a quo, a juicio del apelante la sentencia no indica porqué no se toma en consideración la declaración de los trabajadores y se otorga plena credibilidad a la testigo Inspectora de Trabajo. Se indica así mismo en el recurso, que en los hechos probados no se recoge que en la obra existían todas las medidas de seguridad a disposición de los trabajadores, tanto individuales como colectivos, como tampoco que se hace referencia a la inexistencia de peligro en las tareas que se venían realizando.
Como segundo motivo se denuncia la improcedencia de la condena por no concurrir en el Sr. Jesús Carlos los requisitos del art. 316 del Código Penal.
Por último se demanda la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.
Con carácter general, y en relación a los distintos recursos planteados, hay que decir lo siguiente: la jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que, con carácter general cuando se imputa al Juzgador de instancia valoración errónea de la prueba, deberán de señalarse aquellos razonamientos, deducciones, e inferencias, que han sido realizadas por aquél, y que le han llevado a obtener las conclusiones que plasma en el "factum" de la sentencia, y que a juicio del apelante carecen de apoyatura fáctica, tanto por la falta de prueba directa, como por la insuficiencia de la prueba indiciaria practicada, así como la posible, vulneración de los derechos constitucionales, reflejados en el art. 24 de la C.E.
Así mismo, por parte del órgano "ad quem" deberá de tenerse presente que la inmediación de la que goza el Juzgador de instancia y de la que se carece en la segunda, coloca a aquél en una posición privilegiada a la hora de apreciar directamente las pruebas, y que rigiendo el principio consagrado en el artículo 741 de la L.E.Crim. (apreciación en conciencia de las pruebas), deberán de respetarse al máximo aquellas apreciaciones realizadas en la instancia derivadas de observación directa de los testimonios prestados por las partes y testigos, y por ello la cognitio de este órgano de Apelación se encuentra en cierta medida limitada a la revisión de la racionalidad de las conclusiones a las que ha llegado el Juez "a quo", sin que sea posible sustituirlas por otras postuladas por cualquiera de las partes, salvo que se aprecie el denunciado error valorativo.
Finalmente recordar, que sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio no sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el "Juez a quo", de acuerdo con las reglas de la lógica, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos por el Juzgado, haciendo hincapié en si tales inferencias lógicas han sido llevadas a cabo por el órgano judicial de forma absurda, irracional o arbitraria, es decir, si la valoración de la prueba ha sido hecha mediante un razonamiento que cabe calificar de incongruente o apoyado en fundamentos arbitrarios como aquellos que aplican criterios contrarios a los preceptos constitucionales. La sentencia dedica el Fundamento de Derecho Primero a analizar las pruebas practicadas en el plenario y concluye que de la valoración conjunta de todas ellas y en aplicación del art. 741 de la LECrim. Resulta acreditado que no se adoptaron las medidas de protección colectivas o al menos no constaban a la fecha de la realización de la inspección de trabajo, tales como la adopción de una línea de vida, de redes, para evitar caídas en altura y la inexistencia, en concreto en el andamio y en el castillete de medidas que protegiesen frente a cualquier distracción y caída del trabajador. Es decir, descarta la versión que proporcionan los trabajadores de la empresa contratista y de la subcontratista, por razones que, si bien efectivamente no se especifican resultan evidentes, estos trabajadores mantienen con los acusados vínculos de dependencia laboral, vinculación que no se da en el testimonio de la Inspectora Sra. Violeta, quien además no es propiamente un testigo, sino un técnico en la materia. Respecto de las manifestaciones que efectúa la Inspectora de Trabajo son consideradas como más veraces que las del resto de los testigos. No existe razón alguna, y desde luego los recurrentes no acreditan lo contrario, que evidencie que la misma proporcione ese testimonio, guiada por móviles inconfensables, se trata de un trabajador público que ninguna ventaja obtiene con esa forma de proceder. Estas condiciones no se dan en el testimonio del resto de los testigos. La Sra. Violeta reitera en el plenario lo que ya hizo constar en el acta que levanta con ocasión de la visita girada a la obra que se realizaba para la construcción de 46 viviendas con locales, trasteros, garajes y piscina sita en la confluencia de las calles Villajimena con Villablanca y C/ Ambroz en Vicalvaro (Madrid) el día 21, que promovía Metrovalia, siendo la constructora principal COFRENSA quien había subcontratado los trabajos de cimentación a la mercantil ESTRUCTURAS SEASA. Esta testigo dice que uno de los trabajadores, Leoncio, estaba realizando un entablado a 4 metros, distancia que se medio desde el suelo con el vacío sobre sus pies, sin ninguna protección, no tenía ni cinturón de seguridad ni tampoco medidas de seguridad colectiva no había redes, frente a posibles caídas frontales o laterales el peligro que corría este trabajador era grave de caída desde una altura de 4,08 metros.
Valentín estaba hormigonando una viga en castillete sin ninguna protección, estando a una altura del suelo a 2,50 metros y existía otro castillete con protección y más grande en la obra.
Jesus Miguel estaba en una plataforma en un andamio metálico a 4 metros que no disponía de ninguna protección en los laterales y en el frente tan solo una barandilla a 0,90 metros. Calificando de muy graves estas infracciones por el carácter del riesgo de caída en altura para la integridad física o salud de los trabajadores, y ausencia simultanea de medidas colectivas e individuales de protección unido a las necesidades de moviendo en el entorno que describe la testigo.
Por lo que se refiere a la denuncia de aplicación indebida del art. 316 del Código Penal El tipo del art, 316 del Código Penal, se trata de un delito especial propio, al contemplar como sujetos activos del mismo a quienes estuvieren legalmente obligados a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas. Nos hallamos ante la infracción de un deber específico centrado en las obligaciones que al empresario le impone, fundamentalmente, la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales.
También se tipifica el delito como un comportamiento omisivo, en cuanto que sanciona a quienes estando obligados a ello no faciliten los medios necesarios para garantizar la seguridad e higiene de los trabajadores. Y se trata además de una modalidad omisiva más bien impropia o de comisión por omisión, toda vez que el precepto hace referencia a un resultado de peligro concreto, plasmado en la expresión "peligro grave" para la vida, salud o integridad física de los trabajadores, resultado que ha de estar conectado jurídicamente a la conducta omisiva, de modo que el peligro grave se habría evitado, o cuando menos se habría podido evitar, en el caso de que el empresario hubiera facilitado los medios necesarios para garantizar la seguridad e higiene de los trabajadores.
Además, se trata de una norma penal en blanco, pues el comportamiento omisivo ha de ponerse en relación con la normativa extrapenal relativa a la prevención de los riesgos laborales, lo que significa que el precepto ha de ser complementado por las normas seguridad concernientes al caso, centradas en principio en la LPRL y las disposiciones que la desarrollan, sin cuya infracción no cabe incurrir en este delito de riesgo.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29/07/2000, en referencia al art. 316 Código Penal, dice que: "se trata de un tipo penal de estructura omisiva o más propiamente de infracción de un deber que protege la seguridad en el trabajo entendido como la ausencia de riesgo para la vida y la salud del trabajador dimanante de las condiciones materiales de la prestación del trabajo, bien jurídico autónomo y por tanto independiente de la efectiva lesión que en todo caso merecería calificación independiente, en el que el sujeto activo, los legalmente obligados, ocupan una posición semejante a la de garante (...)", finalmente, el elemento normativo del tipo se refiere a"... la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales..." lo que permite calificar el delito como tipo penal en blanco -en este sentido STS núm. 1360/98 de 12 de noviembre, de suerte que es la infracción de la normativa laboral la que completa el tipo, bien entendido que no bastaría cualquier infracción administrativa para dar vida al tipo penal, porque esta exige en adecuado nexo de causalidad que la norma de seguridad infringida debe poner en "peligro grave su vida, salud o integridad física" la que nos envía a infracciones graves de la normativa laboral que lleven consigo tal creación de grave riesgo. Otra concepción en la línea de bastar para la integración del tipo penal cualquier infracción de normas de seguridad, extendería indebidamente la respuesta penal en niveles incompatibles con el principio de mínima intervención y de seguridad jurídica.
Por otro lado, el art. 24 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la Coordinación de actividades empresariales, establece "1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 art. 18 de esta Ley.
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 art. 41 de esta ley serán también de aplicación, respecto de las operaciones contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa principal.
6. Las obligaciones previstas en este artículo serán desarrolladas reglamentariamente."
Por otro lado, hay que estar también a la norma concreta aplicable a la construcción, la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación así como la norma reglamentaria fundamental el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras, definiendo la construcción en su artículo 2.a) como "cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I, y en el que se incluyen los siguientes: excavación, movimiento de tierras, construcción, montaje y desmontaje de elementos prefabricados, acondicionamiento o instalaciones, transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, mantenimiento, conservación, trabajos de limpieza - pintura y limpieza, saneamiento".
A su vez, el art. 11 de este mismo Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, en su artículo 11, sobre Obligaciones de los contratistas y subcontratistas, establece que,
En definitiva, deben de concurrir los elementos esenciales y definidores del tipo penal básico objeto de acusación, y que la S.T.S. de 26/09/2001 cifra en:
Lo dicho supone que la acción típica de peligro se consuma por el mero hecho de no facilitar las medidas de seguridad para el trabajador que realiza su actividad en condiciones de especial riesgo para su salud e integridad; y ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda por el resultado lesivo concurrente.
Esta situación de peligro grave para la seguridad de los trabajadores concurre de manera manifiesta en este caso al tratarse de un trabajo en altura, en la que la caída al suelo de los trabajadores se representa como un peligro real.
Jesús Carlos, según él mismo admite, y así resulta de la prueba documental, era el Jefe de la Obra.
En esta materia se ha establecido un marco amplio para exigir responsabilidades penales a todos los que ostenten mando o dirección, técnicos o de ejecución y tanto se trate de mandos superiores como de intermedios y subalternos, están inexcusablemente obligados a cumplir y hacer cumplir cuantas prevenciones y cautelas establece la legislación de trabajo para evitar accidentes laborales y para preservar y tutelar la vida, integridad corporal y salud de los trabajadores. El Jefe de obra tiene una posición de garante respecto al cumplimiento de las normas de seguridad, impidiendo en todo caso que el trabajo se realice con omisión de las medidas de seguridad más elementales.
La sentencia aprecia la atenuante analógica de dilaciones indebidas, como atenuante simple, en atención al tiempo trascurrido desde la incoación de la causa, hasta el enjuiciamiento casi cuatro años y seis meses. Valora la complejidad de la causa, el número de imputados, impone la pena de prisión de un año y seis meses multa, valoración que compartimos plenamente.
Segundo.-RECURSO DE Victoriano.
Como primer motivo se denuncia omisión en los hechos probados. Infracción de la presunción de inocencia, pues no se relata en los hechos probados hecho delictivo alguno imputable a este recurrente, incurriéndose en un error, pues éste no es nombrado coordinador de seguridad por la mercantil Cofrensa, sino por la promotora Metrovialia.
A continuación se sostiene que se ha infringido, el art. 316 del Código Penal al aplicarse indebidamente, pues no se dan en la conducta del Sr. Victoriano los elementos del delito antes citado.
Damos por reproducido todo lo indicado en el apartado anterior de esta resolución, tanto en lo que se refiere a la presunción de inocencia, como a la valoración jurídica de los hechos.
Aun variando el empleador de hoy recurrente, que efectivamente no es la mercantil que Cofrensa, sino Metrovialia, lo cierto es que tal hecho en nada desdice lo que se indica en la sentencia que ahora se revisa.
En la declaración de hechos probados no se dice, que Victoriano sea trabajador de COFRENSA SL, sino lo que se dice, de conformidad con las pruebas practicadas es que este trabajador fue nombrado coordinador de seguridad por aquella. Nombramiento que se hizo en aplicación de la normativa laboral antes indicada.
Es precisamente de esa obligación de la que dimana la posición de garante de Victoriano, quien esta obligado a exigir al empleador el que facilite las medidas de seguridad, individuales y colectivas que son necesarias, y también esta obligado a exigir a los trabajadores que cumplan con esa misma obligación. Es la omisión de unas y otras lo que determina su responsabilidad penal.
Tercero.-RECURSO DE Alfredo Y Calixto.
Entiende esta parte que es incongruente que se absuelva a D. Eutimio y se condene al resto de las personas acusadas, cuando aquel era el máximo responsable de la obra. Se denuncia a continuación lo que se denomina error en la valoración de la prueba, pues los hechos declarados probados tienen como única base la actuación de la inspección y no el testimonio de los trabajadores, por ello se termina también en este caso denunciando la aplicación indebida del art. 316 del Código Penal.
Que haya sido absuelto Eutimio, no exime de responsabilidad penal al resto de los entonces acusados, hoy condenados.
El Estatuto de los Trabajadores hace recaer la responsabilidad de facilitar formación en materia de seguridad en el empresario y la LPRL, antes citada establece el que en el cumplimiento del deber de protección el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, admitiendo la norma antes citada que en cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad por lo tanto si bien hay una responsabilidad última del empresario, además también podrá recaer sobre los responsables del servicio de prevención de riesgos, o en su caso sobre la entidad especializada con la que se ha concertado el servicio. Lo que la ley ha querido subrayar es que tales delegaciones a personas o servicios de seguridad, propios o concertados, complementaran las acciones del empresario sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber.
En definitiva, tanto el administrador de la Empresa, como el Encargado de Obras, tenían la posibilidad práctica de evitar las situaciones de peligro que se describen en los hechos probados de esta resolución y, estando jurídicamente obligados a hacerlo, no lo han hecho y han sometido a los trabajadores a su servicio a realizar su trabajo en condiciones tales que han supuesto un riesgo para su integridad física y su salud y por ello son igualmente merecedores de responsabilidad penal.
DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Asunción Sánchez González en nombre y representación de Don Jesús Carlos, el formulado por el Procurador de los Tribunales D. Ignacio Aguilar Fernández en nombre y representación de Don Victoriano y también el que presenta Don Francisco de Paula Martín Fernández en nombre y representación de Don Alfredo y Don Calixto contra la sentencia dictada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 16 de Madrid de fecha 12 de junio de 2009 y a los que este procedimiento se contrae, y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Dª Ana Mercedes del Molino Romera, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

References: artículo 795
 resolución 
 resolución 
 artículo 741
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 11
 resolución