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Timestamp: 2019-12-07 09:14:59+00:00

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Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero. – AL DÍA | ARGENTINA
Prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. en fecha anterior a la instrucción de las actuaciones sumariales por violación a la normativa sobre lavado de dinero.
Ed. Microjuris.com Argentina	en 30 marzo 2017
Partes: Banco Masventas S.A. c/ U.I.F. s/ CPen. – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25
Cita: MJ-JU-M-102581-AR | MJJ102581 | MJJ102581Sumario:
1.-Procede concluir que concluir que la potestad sancionatoria sobre ciertas operaciones reportadas como sospechosas estaba prescripta con anterioridad a la decisión de la U.I.F. de ordenar la instrucción de actuaciones sumariales, de citar a los imputados para ejercer su derecho de defensa y la comunicación de esta última directiva, en tanto el plazo bienal había ocurrido con anterioridad a dichos eventos, sin que se haya invocado la existencia de actos jurídicamente relevantes cumplidos con carácter previo a la instrucción del sumario o a la citación para presentar descargo, que sirvan indubitablemente para impulsar el trámite y estén direccionados a conducir a una conclusión válida respecto de la responsabilidad imputada.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016.-
VISTAS estas actuaciones caratuladas: “Banco Masventas S.A. c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25” y “De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”; y CONSIDERANDO:
I.- Los expedientes indicados serán examinados en forma conjunta atento a la conexidad decretada por la Sala III del Fuero y aceptada por este Tribunal (conf. fs. 93 y 103 de la causa N° 814/2014).
II.- A fin de entender acabadamente los sucesos involucrados en autos, refiérase que según se desprende del expediente administrativo U.I.F. N° 6.339/2011, el actual Banco Masventas S.A. (de ahora en más, Banco Masventas) llevó a cabo el 29/6/2007 un Reporte de Operación Sospechosa (R.O.S.) a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), respecto de una operación de cambio realizada el 17/4/2007 por el señor Hugo Omar Riera por la suma de $218.400; la que fue fiscalizada por la autoridad de aplicación en el marco de las actuaciones U.I.F. Nº 456/2006 (fs. 1/14).
A pedido de la U.I.F., el Banco Central de la República Argentina envió el listado del “Stock a Disposición” en relación al señor Riera, del que surgía que, entre el 21/3/2002 y el 27/9/2007, había realizado un total de 45 operaciones con el Banco Masventas por una suma total de $1.617.996 (fs. 21/27).
Por resolución U.I.F. Nº 236/2008 (del 7/8/2008), en tanto a entender de la autoridad de aplicación existían razones suficientes para calificar a las operaciones fiscalizadas como sospechosas del delito de lavado de dinero, se dispuso elevar el expediente en trámite al Ministerio Público Fiscal en los términos del artículo 19 de la ley 25.246 y extraer fotocopias para evaluar posibles incumplimientos de reportar (fs.28).
Recién el 7/9/2011, se certificaron las copias de las piezas que se estimaron pertinentes y se formó el expediente U.I.F. Nº 6.339/2011 (fs. 29/30).
Ese mismo día, se remitieron las actuaciones a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la U.I.F. (fs. 31), cuyo titular entendió que Banco Masventas no reportó 44 operaciones llevadas a cabo por el señor Riera en el período en cuestión (cuyo monto involucrado ascendía a la suma de $1.399.596, lo que representaba el 86,50% del total operado por aquel) y que se encontraba acreditada la falta de capacidad económica financiera del cliente para justificar su realización con Banco Masventas S.A., por lo que la entidad debió reportarlas (fs. 32/35).
Por resolución Nº 221/2011 (dictada el 29/11/2011) el presidente de la U.I.F. ordenó la instrucción de actuaciones sumariales tendientes a desilndar las responsabilidades del Banco Masventas y de las personas que actuaron como sus órganos o ejecutores, por haberse presuntamente incumplido la obligación de reportar las operaciones llevadas a cabo por el señor Riera en el período comprendido entre el 21/3/2002 y el 27/9/2007; cuyo monto involucrado alcanzaría la suma de $1.399.596, excluyendo la operación debidamente reportada (fs. 52/61).
Por resolución de fs. 69 y 224/225 (de fecha 27/12/2011 y 4/7/2012) se dispuso la citación de los sumariados.
El Banco Masventas y los señores Freddy Ricardo De Singlau, José Humberto Dakak, Carlos Edmundo Dakak y Alejandro Marcelo Dakak, Jorge Alejandro López Truninger y Rufino Francisco Quiñones fueron notificados de la imputación formulada en su contra con fecha 29/12/2011, 14/7/2012 y 17/7/2012 (fs. 79 vuelta, 91 vuelta, 281 vuelta, 282 vuelta, 283 vuelta, 284 vuelta, 285 vuelta, 286 vuelta y 287).
Con fecha 28/2/2012, 15/5/2012 y 8/8/2012, se presentaron los sumariados y ejercieron su derecho de defensa.Vale destacar que, entre los argumentos planteados, solicitaron que se dispusiera el archivo de las actuaciones por prescripción de la acción desplegada en su contra (fs. 116/131 y 133/150, 158/161, 252/279).
Por resolución N° 545/2013 (del 26/11/2013; fs. 433/466) el presidente de la U.I.F. desestimó las defensas planteadas por los imputados, tuvo por configurada la conducta infraccional (falta de presentación del R.O.S. respecto de ciertas operaciones cambiarias llevadas a cabo por el señor Riera con el Banco Masventas) y, en consecuencia, aplicó:
*) al Banco Masventas una multa de $1.208.675, en consonancia con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 24 de la ley 25.246; y *) a los señores Freddy Ricardo De Singlau, Alejandro Marcelo Dakak, Carlos Edmundo Dakak, José Humberto Dakak, Jorge Alejandro Lopez Truninger y Rufino Francisco Quiñones (en su condición de directores de la entidad y, en el caso del primero de los nombrados, de oficial de cumplimiento) multa de $1.208.675, en consonancia con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 24 de la ley 25.246.
Para así decidir -en cuanto aquí importa referir-, el titular de la U.I.F. entendió que:
-el caso debía regirse según el plazo bienal de prescripción previsto en el inciso 5º del artículo 62 del Código Penal, cuyo cómputo debía iniciarse, en consonancia con el dictamen de la Procuración en el Tesoro de la Nación Nº 83/2008, a partir del momento en que el obligado modificó su conducta; es decir, cuando efectivamente cumplió con su deber de informar, dándole así la posibilidad a la U.I.F.de ejercer su misión en el caso concreto; -la obligación de reportar operaciones sospechosas era permanente, en tanto los sujetos obligados resultaban ser colaboradores esenciales en el sistema y esas mandas subsistían en cabeza de aquéllos mientras no cesaran en su inobservancia; -el incumplimiento en cuestión resultaba asimilable al delito permanente, ya que continuaba produciéndose hasta el momento en que el incumplidor informara a la U.I.F. la operación sospechosa; -la tesis defensiva según la cual la acción sancionatoria se encontraba prescripta devenía improcedente, en tanto dejaba en manos del obligado la administración o manejo del transcurso del tiempo para valerse de ello y, así, decidir en forma totalmente discrecional y unilateral si cumplir con las obligaciones que la ley le imponía o bien hacer caso omiso a su cumplimiento; -las operaciones en cuestión llegaron a conocimiento de la U.I.F. a raíz de la información suministrada por el B.C.R.A., lo que importaba un desconocimiento palmario de parte de los imputados acerca de los deberes establecidos a su cargo en las normas vigentes; -al tratarse de infracciones de tipo formal, la ausencia de intencionalidad no dispensaba a los sumariados de la comisión de la infracción; -si bien la resolución U.I.F. Nº 2/2002 establecía que no debían reportarse operaciones cuyo monto fuera inferior a la suma de $50.000, también requería al obligado que, al momento de identificar a los clientes ocasionales y requerirles información adicional, efectuara un análisis de las operaciones a fin de determinar si estaban vinculadas entre sí, aunque individualmente no superasen ese monto; -la conducta de los sumariados resultaba contradictoria, pues si bien reportaron una de las operaciones efectuadas por el señor Riera, no hicieron lo mismo con las restantes operaciones; -tampoco era un argumento defensivo atendible la ausencia de un resultado lesivo; -del juego armónico del inciso 1º del artículo 20 de la ley 25.246 y del capítulo V de la resolución U.I.F.Nº 2/2007 surgía en forma clara que la obligación de reportar operaciones sospechosas recaía sobre el sujeto obligado -persona jurídica- y la función del oficial de cumplimiento era la de analizar las operaciones inusuales y formular el referido reporte, previa decisión de la entidad; -resultaba congruente establecer que la responsabilidad por incumplimiento de aquel deber recayera sobre quien estaba obligado a cumplirlo, que en el caso no era otro que el Banco que ejecutaba la voluntad social por medio de su Directorio; y -en razón de los cargos que detentaban, los directores no podían alegar válidamente un desconocimiento de los hechos infraccionales.
Destáquese que el funcionario decisor excluyó del sumario 12 operaciones efectuadas por el señor Riera con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución U.I.F. Nº 2/2002 -que totalizaron la suma de $148.107- y las celebradas entre el 31/10/2002 y el 9/8/2005 -por un total de $42.814-; por manera que las operaciones alcanzadas por la decisión que se adoptaba eran únicamente las realizadas entre el 4/5/2007 y el 27/9/2007 que alcanzaban un total de $1.208.675.
III.- Si bien los sancionados solicitaron por separado la revisión judicial del acto (ver fs. 2/23 del expediente N° 813/2014 y fs. 2/27 del expediente N° 814/2014), formularon agravios en común, que pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) las acciones dirigidas a reprimir la omisión del deber de informar las operaciones en cuestión se encontraba prescripta, ya que entre el momento en que se verificaron las supuestas omisiones de efectuar el R.O.S.y la efectiva convocatoria a presentar los correspondientes descargos por ante la U.I.F., transcurrió el plazo de 2 años establecido en el inciso 5º del artículo 62 del Código Penal de la Nación que, ante la ausencia de una previsión normativa específica, ha de regir en la especie.
A fin de sustentar esta postura, explicaron que:
-el cómputo del plazo de prescripción debía iniciarse, con arreglo al artículo 63 del Código Penal de la Nación, a partir del momento en que se verificó el incumplimiento del deber de informar, -el curso de la prescripción fue interrumpido, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 67 del Código Penal de la Nación, con la notificación de la resolución que ordenó la apertura del sumario; y -según el momento en que fueron concretadas, el término legal para reportar las operaciones investigadas era de 48 horas (resolución U.I.F. Nº 2/2002) o bien de seis meses (resolución U.I.F. Nº 2/2007); plazos que, independientemente del término, debían contarse desde la fecha de realización de cada una de esas operaciones.
En función de ello, afirmaron que tomando como ejemplo la última de las transacciones -llevada a cabo el 27/9/2007- la consumación de la supuesta omisión de informar se verificó el 27/3/2008 (transcurridos los 6 meses para efectuar el reporte), fecha a partir de la cual comenzó a correr el plazo bienal de prescripción, habiéndose -por tantoextinguido la potestad sancionatoria de la U.I.F. el 27/3/2010, es decir, con anterioridad a la convocatoria de los sumariados, lo que acaeció el 29/12/2011 y el 17/7/2012; sin que en el ínterin hubieran sido llevados a cabo actos con efecto interruptivo del término en cuestión.b) si bien se trataba de infracciones formales, necesariamente debía acreditarse la verificación del elemento subjetivo de la conducta achacada (conformado por la voluntad de realización del tipo objetivo); c) no actuaron de mala fe ni intentaron ocultar información a la U.I.F., por lo que mal podían ser castigados como lo fueron; d) los reproches formulados carecían de entidad, en tanto no se produjo un resultado lesivo para el sistema; y e) al tiempo en que acaecieron los hechos por los que fueron castigados, no existía ninguna norma expresa que indicara un lineamiento conductual a seguir luego de la emisión de un R.O.S., de modo que resultaba manifiestamente arbitrario que se los sancionara por una conducta que no se encontraba delimitaba correctamente, dejando todo librado al seguimiento de las “buenas prácticas” bancarias.
Las seis personas físicas sancionadas -asimismo- sostuvieron que en tanto la ley aplicable a los hechos materia de análisis no permitía formularles reproches, en su condición de directos del Banco Masventas; lo que determinaba un cercenamiento del principio de legalidad, consagrado constitucionalmente.
En este sentido, indicaron que en los términos previstos en la ley 25.246, el único que pudo ser castigado por conductas como la examinada en autos resultaba ser el oficial de cumplimiento, que actuó como órgano ejecutor de la persona jurídica.
A ello, agregaron que, aún en el caso en que se examinara su responsabilidad, habría que ponderar y probar su participación en los hechos cuestionados y, luego, efectuar las graduaciones correspondientes en función de la diversa participación que hubieran tenido en relación a los hechos.
Lo dicho, a entender de los directores denotaba la falta de motivación suficiente de la resolución impugnada; máxime si se tenía presente que no había sido analizado el descargo oportunamente presentado conjuntamente contra los cargos que les fueron formulados.
Finalmente, el señor Alejandro Marcelo Dakak destacó que no tenía ninguna función ejecutiva ni gerencial en el Banco Masventas, ocupando únicamente el cargo de director por seraccionista de la entidad, de origen familiar.
En definitiva, por un motivo u otro, los recurrentes solicitaron que se dejara sin efecto el acto sancionatorio, con costas.
IV.- El Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Unidad de Información Financiera se presentó en ambos expedientes, contestó los agravios esbozados por los recurrentes, requiriendo su rechazo; todo lo cual conllevaría a la confirmación de la resolución U.I.F. Nº 545/2013 (ver fs. 106/126 del expediente N° 813/2014 y fs. 145/172 del expediente N° 814/2014).
Corrida la pertinente vista, el señor fiscal general de Cámara se expidió a favor tanto de la competencia de esta Sala para entender en autos como respecto de la admisibilidad formal de los recursos judiciales intentados y entendió que debía dejarse sin efecto la resolución impugnada por haberse dictado estando prescripta la acción sancionatoria (ver fs. 141/145 del expediente N° 813/2014 y fs. 188/192 del expediente N° 814/2014).
En estas circunstancias, a fs. 146 del expediente N° 813/2014 y fs. 194 del expediente N° 814/2014 se declaró que las causas se encontraban en condiciones de ser resueltas.
V.- Recuérdese que por ley 25.246 (B.O. 10/05/2000), le fue encomendado a la U.I.F. el análisis, el tratamiento y la transmisión de determinada información con la intención de prevenir e impedir la comisión de los delitos vinculados al lavado de activos y a la financiación del terrorismo (conf. artículo 5º y 6º de la ley 25.246).
Por otro lado, se impuso a cargo de ciertos sujetos -conocidos como los “Sujetos Obligados”-, entre los que se encuentran las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y sus modificatorias (conf.inciso 1º del artículo 20 de la ley 25.246)- la obligación de, entro otros deberes, informar cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma; es decir, aquellas transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se tratase -como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a informar-, resultaran inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada; a cuyos efectos la propia U.I.F. establecería las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de tal obligación para cada categoría de obligado y tipo de actividad (ver inciso b) del artículo 21 de la referida ley).
En el Capítulo IV de la ley 25.246 fueron establecidas las sanciones a aplicar con motivo de las distintas trasgresiones al ordenamiento vigente en la materia. En lo que al caso atañe, vale recordar que según el artículo 24, la persona que actuara como órgano o ejecutor de una persona jurídica o bien la persona de existencia visible que incumpliera alguna de las obligaciones ante la U.I.F. sería sancionada con una multa de una a diez veces del valor total de los bienes u operaciones a los que refiriera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituyera un delito más grave (conf. su inciso 1º); y que idéntica sanción sería aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desempeñare el sujeto infractor (conf. su inciso 2º).
La Resolución U.I.F. Nº 2/2002 (B.O. 29/10/2002) -que aprobó la directiva sobre reglamentación de los incisos a) y b) del artículo 21º de la ley 25.246- estableció que, una vez detectados los hechos individualizados en los puntos 2.1 y 2.2 del capítulo V del Anexo I, tales situaciones debían informarse en un término no mayor a las 48 horas (conf.Anexo I, capítulo V, puntos 2, 2.1, 2.2 y 2.3).
El decreto Nº 290/2007 (B.O. 29/03/2007) -reglamentario de la ley 25.246- determinó el plazo máximo para reportar hechos u operaciones sospechosas del lavado de activos: 30 días a partir de la operación realizada o tentada.
La Resolución U.I.F. Nº 2/2007 (B.O. 15/06/2007), dispuso que, una vez detectados los hechos u operaciones que cada entidad considerara susceptibles de ser reportados de acuerdo al análisis realizado por la misma -período que, estableció, no debía superar los 6 meses desde la fecha de la operación-, ésta tenía que proceder a formular el reporte de operación sospechosa y que tal reporte debía cursarse a la U.I.F. en un término no mayor de 48 horas contados desde que la entidad tomara la decisión de efectuar el mencionado reporte (conf. Anexo I, capítulo IV, puntos 2, 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5).
VI.- Sentado ello, razones de orden lógico-jurídico imponen dar tratamiento en primer término al planteo de prescripción formulado, ya que su procedencia tornaría inoficioso el abordaje de los restantes argumentos planteados.
Su dilucidación exige la determinación del plazo aplicable y el momento a partir del cual ha de iniciarse su cómputo; cuestiones que fueron debatidas y resueltas por este Tribunal al pronunciarse en autos Nº 34.745/2015 caratulados: “Banco Macro S.A. c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, el 7/4/2016.
En esa oportunidad, en cuanto importa, se estableció que:
*) la ley 25.246 (B.O. 10/5/2000) en su Capítulo IV entitulado “Régimen Penal Administrativo”, no contenía disposiciones relativas a la prescripción de la acción sancionatoria, ni remitía a otro régimen jurídico a aplicar con carácter supletorio; vacío legal que fue paliado con el dictado de la ley 26.683 (B.O.21/6/2011); *) ante la ausencia de previsiones específicas en materia de prescripción al momento de ocurrencia de los hechos investigados (tal como acontece en el caso bajo examen), resultaba razonable integrar el señalado vacío legal con la disposición contenida en el inciso 5° del artículo 62 del Código Penal para los hechos reprimidos con multa, que prevé un plazo de prescripción de dos años; *) la falta analizada (omisión de formular el R.O.S., misma trasgresión que la aquí imputada), revestía carácter instantáneo; *) en tanto la normativa infringida obligaba a las entidades financieras a realizar un acto en un momento preciso o en un término fijo, la infracción quedaba consumada en el instante en que, por imperio de la ley, debió llevarse a cabo el acto omitido; y *) el plazo de prescripción debía computarse desde el momento en que quedó configurada la infracción.
VII.- Así las cosas, por aplicación de estos lineamientos y teniendo presente los términos dentro de los cuales debieron efectuarse los R.O.S. (anteriormente referidos), es posible concluir que la potestad sancionatoria sobre aquellas operaciones -que motivaran el dictado de la resolución recurrida- se encontraba prescripta con anterioridad a la decisión del presidente de la U.I.F. de ordenar la instrucción de actuaciones sumariales, de disponer la citación de los imputados para ejercer su derecho de defensa y la comunicación de esta última directiva.
Ciertamente, estos acontecimientos tuvieron lugar tras haberse consumido el plazo de dos años contado desde que se produjo el vencimiento para reportar la última de las operaciones investigadas.
*) las operaciones cuyo reporte fue omitido por el Banco Masventas y por las que fueron sancionados los recurrentes, tuvieron lugar entre el 4/5/2007 y el 27/9/2007; *) el plazo para reportar la última de estas operaciones (bajo la vigencia de la resolución U.I.F. Nº 2/2007) venció el 27/3/2008; y *) la resolución por la que el presidente de la U.I.F.ordenó la instrucción de sumario se dictó el 29/11/2011 y las providencias por la que se dispuso la citación de los sumariados datan del 27/12/2011 y del 4/7/2012, siendo los sujetos involucrados notificados de ello el 29/12/2011, el 14/7/2012 y el 17/7/2012.
Así las cosas, ya sea al ordenarse la instrucción de sumario, como al disponerse la citación de los imputados o bien cuando fueron notificados de ello, ya había transcurrido el plazo bienal de prescripción de la potestad sancionatoria de la U.I.F. para castigar los incumplimientos investigados en el marco del expediente U.I.F. Nº 6.339/2011; sin que la Administración haya invocado, la existencia de actos jurídicamente relevantes cumplidos con carácter previo a la instrucción del sumario -o, en el supuesto más favorable a los sumariados, la citación para presentar descargo-, que sirvan indubitablemente para impulsar el trámite y estén direccionados a conducir a una conclusión válida respecto de la responsabilidad imputada; y por tanto idóneos para interferir con el curso del plazo de prescripción.
Y, a lo dicho, agréguese que no cabe acordar efecto interruptivo a los actos cumplidos una vez consumido el plazo de prescripción. El transcurso del plazo prescriptivo es fatal e impide la prosecución de la causa, lo que hace que los actos posteriores no sirvan para purgarlo, ni puedan reavivar una acción ya fenecida. De ello se colige que, para atribuir eficacia interruptiva a un acto, éste debe ser indefectiblemente anterior al fenecimiento del plazo de prescripción (conf. Sala IV del Fuero, causa N° 30.005/2007 caratulada: “Toer, Ariel Esteban c/E.N. y/o responsable s/daños y perjuicios”, del 28/6/2012; y sus citas).
Por lo expuesto, corresponde declarar extinguida la potestad sancionatoria de la U.I.F.sobre los hechos examinados y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución impugnada.
VIII.- Vale destacar que igual temperamento fue seguido por esta Sala para resolver la causa Nº 57.204/2015 caratulada: “Intl Cibsa Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 – Art. 25”, el 11/8/2016 y, en forma conjunta, las causas N° 380/2016 y Nº 449/2016 caratuladas: “Banco de la Provincia de Buenos Aires c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25” y “Magnanini, Rafael y otros c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, el 20/9/2016.
Asimismo, indíquese que el criterio adoptado por este Tribunal va en consonancia con el seguido por las restantes Salas que integran esta Cámara para resolver en causas análogas (conf. -a título ilustrativo- Sala I del Fuero, en autos N° 10.763/2010 caratulados: “Banco de Galicia y Buenos Aires c/U.I.F. – Resol. 36/10”, del 24/5/2016; Sala III del Fuero, en autos Nº 29.059/2014 y Nº 29.057/2014 caratuladas:
“Banco Masventas S.A. c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25” y “De Singlau, Freddy Ricardo y otros c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25”, resueltas conjuntamente el 31/10/2016; Sala IV del Fuero, en autos N° 5.705/2013 caratulados: “H.S.B.C. c/U.I.F. – Resol. 239/12”, del 14/7/2015; y Sala V del Fuero, en autos N° 35.129/2010 caratulados: “Banco Masventas c/U.I.F. – Resol.168/2010”, del 15/12/2015).
IX.- Lo hasta aquí decidido torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios formulados por los recurrentes.
X.- Las costas de esta instancia judicial deben ser distribuidas por su orden, en atención a las particularidades del caso -que se desprenden de los considerandos anteriores- y a la naturaleza y complejidad de las cuestiones traídas a conocimiento de este Tribunal (conf. segunda parte del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
XI.- A fin de regular los honorarios por las tareas desarrolladas en el marco de las incidencias relativas a la oposición a la producción de la prueba ofrecida por los recurrentes -resueltas a fs. 136/140 del expediente Nº 813/2014 y a fs. 183/187 del expediente Nº 814/2014-, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, el monto de la sanciones aplicadas y el resultado obtenido; y, en atención al mérito, calidad, eficacia y extensión de las tareas realizadas, corresponde fijar los emolumentos del doctor Carlos Alejandro Nielsen Enemark en la suma de $4.300 y los de la doctora María José Fernández en la suma de $10.800 por su actuación como apoderado y patrocinante del Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – U.I.F., respectivamente (artículos 6, 7, 9, 14, 33 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala, in re: “Beccar Varela, Emilio – Lobos, Rafael Marcelo c/Colegio Públ.de Abog.”, del 16/7/1996).
Para el caso de que los profesionales no hubieran denunciado la calidad que invisten frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo hicieran.
Los emolumentos establecidos deberán ser abonados dentro de los diez (10) días de notificados (artículo 49 de la ley de arancel).
En caso de incumplimiento, los acreedores quedan facultados para solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ejecución; la que tramitará por ante primera instancia del Fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y entregadas a los interesados para el ingreso del respectivo incidente en la mesa de asignaciones de la Secretaría general de la Cámara.
Si vencidos los plazos mencionados los interesados no impulsaran el proceso en el término de diez (10) días hábiles, las actuaciones han de remitirse a sede administrativa sin más trámite.
1º) hacer lugar a los recursos interpuestos por el Banco Masventas y por los señores Freddy Ricardo De Singlau, Alejandro Marcelo Dakak, Carlos Edmundo Dakak, José Humberto Dakak, Jorge Alejandro Lopez Truninger y Rufino Francisco Quiñones y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución U.I.F. N° 545/2013; 2°) imponer las costas de esta instancia judicial por su orden; y 3º) regular los honorarios por las incidencias relativas a la oposición a la producción de prueba, conforme lo dispuesto en el considerando XI.-
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor fiscal general de Cámara y, oportunamente, devuélvase.
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 artículo 24
 artículo 24
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 artículo 20
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 artículo 63
 artículo 67
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 24
 Resolución 
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 62
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 68
 resolución