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Timestamp: 2018-09-23 00:23:46+00:00

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La Ley de Justicia Fiscal, de 27 de agosto de 1936, creó el Tribunal Fiscal de la Federación, que continuaría siendo regulado por el Código Fiscal de la Federación, de 30 de diciembre de 1938. En ambos cuerpos, se determinó que dicho Tribunal, dictaría sus fallos en representación del Ejecutivo de la Unión, es decir, como un órgano de jurisdicción delegada; no obstante, también se estableció, que sería “independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de cualquier otra autoridad administrativa”.
Esto es, el Tribunal Fiscal de la Federación, nació sin una base constitucional.
Efectivamente, el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgó competencia a los Tribunales de la Federación, para conocer de las controversias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales. Sin embargo, no hacía mención expresa de la materia administrativa, por lo que se constituyó en el único apoyo constitucional para someter a los tribunales federales, los conflictos entre los particulares y la administración pública.
Con la adición a un segundo párrafo de la fracción I, del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el medio oficial de 30 de diciembre de 1946, se otorgó reconocimiento constitucional a los tribunales administrativos, respecto de la Administración Federal.
Esta reforma, 10 años después de la creación del Tribunal Fiscal de la Federación, tuvo la finalidad de someter las resoluciones de éste, a la Suprema Corte de Justicia, vía recurso de revisión.
Posteriormente, con la reforma total del artículo 104 constitucional, publicada el 25 de octubre de 1967, se establece que las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, pudiendo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito Federal y Territorios Federales, y los particulares.
Consecuentemente, primero, el Tribunal Fiscal de la Federación, encuentra su base constitucional, 31 años después de su creación; y, segundo, que por el contrario, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, nacerá con una base constitucional, 3 años, 5 meses después de la referida reforma.
Ahora bien, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de 10 de agosto de 1987, se derogaron los párrafos 2º, 3º y 4º de la fracción I del artículo 104 constitucional, referentes a la reforma previa; y se adicionó la fracción I-B, para establecer la facultad de los Tribunales de la Federación para conocer de los recursos de revisión contra las resoluciones de los Tribunales de lo contencioso-administrativo. Concomitantemente, se adicionó al artículo 73 constitucional, relativo las facultades del Congreso, una fracción, la XXIX-H, para facultar al Congreso para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, que diriman las controversias suscitadas entre la Administración Pública federal o del Distrito Federal y los particulares.
Con esta reforma, se logran dos objetivos, primero, se ubica correctamente la facultad de crear tribunales contencioso-administrativos, mediante ley federal, pues pasa del ámbito del poder judicial, al del poder legislativo; y segundo, se regula el recurso de revisión de las resoluciones definitivas de los tribunales administrativos, facultad que desde entonces, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito.
Mediante reforma publicada el 25 de octubre de 1993:
1º.- Se suprime del texto del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, la referencia al Distrito Federal.
2.- Se reformó el artículo 44 constitucional, para disponer que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.
3º.- Se reforma todo el artículo 122 constitucional, en cuya parte que nos interesa, dispuso la facultad del Congreso de la Unión para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que determinaría la distribución de atribuciones de los Poderes de la Unión y de los órganos de gobierno del Distrito Federal, los cuales serán la Asamblea de Representantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia; las bases para la integración, por medio de elección directa en cada demarcación territorial; que el Jefe del Distrito Federal será el titular de la administración pública de la entidad; y se faculta a la Asamblea para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, “que se encargará de la función jurisdiccional en el orden administrativo, que contará con plena autonomía para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares”.
Y finalmente, el texto vigente, mediante reforma publicada el 22 de agosto de 1996, se reforma todo el artículo 122, estructurándolo en 8 apartados: A, B, C, D, E, F, G y H.
En el apartado C, relativo al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, Base Quinta, previene la existencia de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública local del Distrito Federal.
Así, tras la narrada peregrinación, la base constitucional del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, es el artículo 122, Apartado C, Base Quinta; y las bases legales, el Estatuto del Distrito Federal, su Ley Orgánica, reformada mediante publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de 24 de julio de 2012 y su respectivo Reglamento Interior, publicado en la Gaceta del Distrito Federal, de 31 de agosto de 2011.

References: artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 44
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122