Source: https://grupoproassa.com/informacion-corporativa?qt-sidebar_tabs=2&page=6
Timestamp: 2019-11-20 09:34:27+00:00

Document:
Información corporativa | Page 7 | Proassa
Ignacio Sampere Villar – Departamento Laboral BDO ABOGADOS para Proassa Magazine
Desde hace décadas, la prestación, control y financiación de las bajas médicas de los trabajadores por cuenta ajena ha sido un problema, de muy difícil solución en el mercado laboral español, que necesita ingentes recursos económicos y personales para poder dar respuesta a la demanda de dichas prestaciones. En términos globales, el sistema español viene registrando mensualmente un promedio de más de 300.000 trabajadores que inician una baja médica, es decir, deduciendo de las bajas, las altas médicas, comportando un gasto anual en prestaciones próximo a siete mil millones de euros. Las bajas médicas laborales, ya sea por enfermedad común (es decir ajenas al trabajo) como por enfermedad o accidente profesional (consecuencia de la prestación laboral), se ven en continua tensión al confluir en las mismas derechos de naturaleza varia, incluso constitucional.
Estadísticas bajas médicas enero-septiembre 2015:
Según un informe reciente del Ministerio de Empleo, se puede concluir que aproximadamente el 40% de las bajas médicas revisadas son fraudulentas, o al menos no justificadas. Adicionalmente a ello, las estadísticas recientes confirman que el número de bajas médicas disminuyó en términos porcentuales, coincidiendo con la durísima crisis económica de los años 2008 a 2012, incrementándose de nuevo dicho ratio de IT al mejorar el contexto económico y la necesidad de las empresas de incrementar sus plantillas de empleados. Los citados datos estadísticos evidencian que el “absentismo”, es decir, la decisión del trabajador de solicitar su baja médica aunque se encuentre en situación de poder trabajar, tiene diversos componentes, incluso sociológicos, de muy difícil erradicación.
Implicación para la empresa:
Al trasladar dicha estadística a la empresa nos enfrentamos a un problema preocupante, por cuanto podría resultar, en situación límite, que de cada diez casos de baja médica, cuatro de ellos fuesen no justificados. En términos de coste laboral, ha de recordarse que la empresa es el eslabón que más pierde en toda la cadena del sistema de prestación económica por baja médica, por cuanto en una situación de IT de sus empleados, debe hacer frente a los siguientes costes:
Costes de cotización a la Seguridad Social del trabajador en IT.
Obligaciones impuestas por la mayor parte de los convenios colectivos sectoriales de complementar la prestación económica del sistema público, en cuantías que tienden a cubrir niveles retributivos próximos al 100% de los mínimos fijados por el convenio.
Compromisos adquiridos, en su caso, por la propia empresa de complementar hasta el 100% de la retribución pactada con el trabajador que ha pasado a la situación de IT.
Coste de sustitución del trabajador en situación de IT.
De la combinación de los anteriores costes, resulta que un trabajador en situación de IT comporta un coste totalmente improductivo para la empresa de entre un mínimo del 50% hasta el 80% de su coste laboral total en situación activa.
Ello comporta para cualquier compañía privada un drenaje muy importante de sus recursos, en un contexto de progresivo estrechamiento de los márgenes empresariales, a la vez que una merma en su capacidad de producción o de su prestación de servicios a terceros.
Para afrontar esta situación e intentar reducir el absentismo, la empresa no dispone de ningún mecanismo legal eficaz, y las varias reformas legales del mercado laboral de los últimos veinte años no han introducido ningún cambio significativo en esta materia.
A dichas limitaciones legales se une la escasa disponibilidad de la inspección de trabajo a colaborar con la empresa en esta materia, y los criterios muy restrictivos de la jurisdicción social a admitir situaciones de fraude por baja médica fingida de un trabajador, cuando dicho fraude es denunciado por la empresa. En este punto, señalar que el Tribunal Supremo ha venido declarando la improcedencia del despido en situación de baja médica cuando la empresa no ha conseguido acreditar el fraude de la situación de IT denunciada, con la advertencia de que alguna sentencia de dicho Tribunal ha declarado incluso la nulidad del despido cuando, en la investigación o denuncia de la baja médica contra el trabajador, la empresa ha vulnerado algún derecho fundamental de aquél.
Ante dicho contexto, la empresa debe acudir a mecanismos indirectos para reducir el coste del absentismo por bajas médicas que no comporte vulneración del marco legal.
A nivel interno, la primera decisión que ha de implementar la empresa es evitar el complementar las prestaciones públicas en situaciones de IT, por encima de las obligaciones que fija el convenio colectivo que sea de aplicación. De hecho, el no complementar hasta el 100% de la retribución ordinaria del trabajador, en los casos de baja médica, se evidencia como una de las vías para reducir el “absentismo” por dicha causa, aunque dicha negativa de la empresa comporte la generación de tensiones con sus trabajadores. En línea con dicho mecanismo, los sistemas de incentivos económicos a favor de los trabajadores deben regular la ponderación negativa de las situaciones de IT, es decir, la reducción de la retribución variable directamente vinculada con los días de ausencia por baja médica, excluyéndose de dicha medida las situaciones de maternidad, paternidad o asimiladas.
A nivel de negociación de su convenio colectivo propio, o normativa interna, la empresa ha de evitar el pactar con la representación legal de los trabajadores la mejora de los complementos de bajas médicas que otorguen los convenios sectoriales. En este punto debe criticarse la cuasi generalización de la mayor parte de los convenios colectivos sectoriales en imponer a las empresas el pago a favor de sus trabajadores de complementos a las prestaciones públicas por situaciones de IT. Sin embargo, por la evolución durante décadas de nuestro mercado laboral, la mejora, por imposición de los convenios colectivos sectoriales, de las prestaciones públicas por IT con cargo al INSS y a las Mutuas no “admite vuelta atrás” y es, y seguirá siendo, parte del sistema de protección de los trabajadores en situación de baja médica.
Lo expuesto más arriba de forma resumida confirma que la reducción de los costes laborales derivados de las situaciones de bajas médicas es un capítulo en el que los sucesivos cambios legislativos sólo han ido dirigidos en favor de un mayor control por parte de las entidades públicas (INSS y Mutuas), pero sin incluir ningún mecanismo de apoyo en favor de las empresas en dicha labor de control o, al menos, de reducción del coste derivado de dichas situaciones, en parte por la desconfianza que el legislador social ha tenido siempre hacia las actuaciones de éstas en esta materia. Ello ha conducido a la situación actual en la que los departamentos de administración y de RR HH de las empresas disponen de muy escasos medios legales para afrontar internamente dichas situaciones, y cuando se decide aplicar las pocas soluciones que permite la normativa vigente, para reducir los costes laborales derivados de las bajas médicas, se genera una tensión interna en el equipo humano de la compañía.
Recomendación de BDO ABOGADOS:
Ante dichos límites de medios a favor de la empresa, nuestras recomendaciones, adicionales a las ya indicadas más arriba, es que por la empresa se afronten las situaciones de bajas médicas de los empleados como materia que debe ser objeto de control, con sujeción estricta a la normativa de aplicación y con el apoyo de los servicios que para tal fin prestan las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Pero igualmente debe la empresa asimilar que los costes derivados de las bajas médicas son contingencias derivadas de su propia actividad. En este punto señalar que, al igual que la mayor parte de las contingencias o riesgos que afectan a la actividad empresarial, los costes derivados de situaciones de baja médica pueden obtener coberturas de compañías de seguro especializadas en “bajas médicas”, de tal forma que, al contratar dichas pólizas, se externaliza dicho riesgo, en especial para casos de bajas médicas de larga duración. Entendemos que esta es una cobertura poco utilizada por las empresas que operan en España, en parte por desconocimiento, por lo que nos permitimos sugerir que se investiguen este tipo de aseguramiento como vía para aminorar los costes derivados de las situaciones de bajas médicas de sus empleados.
En julio de 2015 Grupo Proassa inició su “Estudio Salarial en la Distribución del Automóvil”, con la participación de un gran número de concesionarios de diferentes marcas, Comunidades Autónomas y variadas estructuras empresariales tanto por volumen de facturación como por número de empleados.
El informe final es un documento de más de 200 páginas, en el que podrás encontrar, al menos, 12 variables para cada uno de los 15 puestos analizados que pueden ser comparadas entre sí y con los propios datos de la empresa del responsable que accede al estudio.
Al documento que estará disponible a primeros de mayo en www.grupoproassa.com , se puede acceder a través del área privada de nuestra web.
Si deseas ampliar información o conocer cómo acceder al estudio puedes contactar con grupoproassa@grupoproassa.com
En el año 2011 empezamos a recibir consultas de varias asociaciones de concesionarios de vehículos preguntando por las implicaciones que tenía para los concesionarios la legislación de blanqueo de capitales.
En ese momento estaba en vigor la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (“LPBC”) pero no existía aún su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de 2014).
Las consultan surgieron como consecuencia de numerosas campañas agresivas realizadas por empresas de formación y consultoras, quienes bombardeaban, tanto a concesionarios, como a sus asociaciones, con avisos de que existían novedades legislativas sobre blanqueo de capitales que afectaba a los concesionarios de automóviles, advirtiéndoles de que, en caso de incumplimiento, se arriesgaban a enfrentarse a elevadas sanciones económicas. Este proceder hizo que los concesionarios recurrieran a sus asociaciones para que les confirmaran la veracidad de dicha información y les proporcionaran asesoramiento al respecto.
Dichas empresas basaban sus criterios al considerar a los concesionarios de vehículos como sujetos obligados al cumplimiento de la LPBC en virtud de su artículo 2.1. k), esto es, en tanto que “personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos”.
La consecuencia de dicha interpretación implicaba para los concesionarios cumplir con numerosas obligaciones tales como: inscripción en el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y nombramiento de representante ante el mismo, cumplimiento de procedimientos y documentación específicas, formación de sus empleados, examen Anual Externo, etc.
A pesar de contestar a las consultas que nos hicieron las asociaciones, aclarando y advirtiendo que la mayoría de las obligaciones a las que se referían las advertencias recibidas por los asociados no eran de obligado cumplimiento para ellos, hemos seguido recibiendo consultas sobre el mismo tema hasta hoy.
Nuestro asesoramiento, hasta mediados de 2012, consistía básicamente en indicar que los concesionarios de vehículos solamente estaban sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones (las contenidas en los artículos 3, 12, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 de la LPBC) en determinados supuestos y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 38 de la LPBC:
“Artículo 38. Comercio de bienes
Las personas físicas o jurídicas que comercien profesionalmente con bienes quedarán sujetas a las obligaciones establecidas en los artículos 3, 17, 18, 19, 21, 24 y 25 respecto de las transacciones en que los cobros o pagos se efectúen con los medios de pago a que se refiere el artículo 34.2 de esta Ley y por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación. (…)”
Es decir, serían los concesionarios sujetos obligados al cumplimiento de ciertas obligaciones solamente respecto de las transacciones por importe superior a 15.000 euros, ya se realicen en una o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación y siempre que se ejecuten con los siguientes medios de pago (a los que se refiere el artículo 34.2 de la LPBC):
Salvo en las operaciones en las que se dieran dichas características (medios de pago específicos y por importe superior a 15.000 euros) los concesionarios no podían considerarse sujetos obligados al cumplimiento de la LPBC.
En el supuesto de que en una o varias operaciones de los concesionarios se dieran las citadas características, las obligaciones que debían cumplir de conformidad con la LPBC eran básicamente, las siguientes: i) Identificación formal: identificar y comprobar la identidad de los clientes, ii) Examen especial (art. 17), iii) Comunicación por indicio (art. 18), iv) Abstención de ejecución (art. 19), v) Colaboración con la Comisión y órganos de apoyo (art. 21), vi) Prohibición de revelación (art. 24) y vii) Conservación de documentos (art. 25).
Dado que muchas de las campañas de publicidad procedían de las más importantes consultoras de España y ello generaba dudas en los afectados, sugerí realizar una consulta escrita al SEPBLAC para poder zanjar el asunto.
La consulta que preparamos fue presentada en el SEPBLAC el 2 de julio de 2012 y firmada por dos asociaciones de concesionarios (la “Agrupación Nacional de Concesionarios Renault” y la “Asociación de Concesionarios Españoles de Volkswagen, Audi y Skoda”) y recibió respuesta escrita el 23 de enero de 2013.
Un breve resumen del contenido de dicha respuesta fue posteriormente publicado en la página web del SEPBLAC en el apartado “Preguntas Frecuentes” y dice así:
“¿Son sujetos obligados los concesionarios de automóviles?
Un concesionario de automóviles u otros medios de transporte puede ser sujeto obligado respecto a la compraventa del bien o respecto a su financiación, en el caso de que intermedie en la misma.
En cuanto a la compraventa de vehículos, será sujeto obligado cuando realice cobros o pagos en efectivo, u otros medios de pago previstos en el artículo 34.2, por importe superior a 15.000 euros*, ya sea en una o en varias operaciones en las que parezca existir algún tipo de relación. El artículo 38 de la Ley 10/2010 determina las obligaciones – no todas – que tienen estos sujetos obligados.
* En relación con este artículo hay que tener presente que el día 19 de noviembre de 2012 entró en vigor la limitación a los pagos en efectivo prevista en el artículo 7 de la Ley 7/2012.
En el caso de que un concesionario intermedie en la financiación de la compraventa del automóvil que vende no es sujeto obligado, pero sí lo sería si intermedia en la concesión de préstamos o créditos para financiar operaciones distintas a las anteriores.”
La respuesta confirmó nuestra interpretación de que los concesionarios de vehículos no pueden ser considerados sujetos obligados en virtud de lo alegado por las empresas de formación y consultoras referidas, es decir, por ser “personas dedicadas profesionalmente a la intermediación en la concesión de préstamos o créditos” (artículo 2.1 k de la LPBC), si bien sí podrían serlo – en aquel momento y antes del 19 de noviembre de 2012 – en las operaciones de venta de vehículos que realizasen y en las que concurrieran las circunstancias del mencionado artículo 38 de la LPBC.
A pesar de ello, sorprendentemente nos siguieron llegando nuevas consultas sobre la aplicación de la LPBC e incluso de su posterior Reglamento de desarrollo (Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo de 2014). Fuimos hasta advertidos por los ofertantes de cursos de formación de que nuestra “mala interpretación de la Ley nos haría ser responsables de futuras sanciones de los asociados”.
Debe tenerse en cuenta que en la respuesta de la página web del SEPBLAC se puede observar la inclusión de un asterisco haciendo referencia a la entrada en vigor de la limitación de los medios de pago en efectivo establecida en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
Se trata de la llamada “Ley Antifraude”. El asterisco fue incluido posteriormente al envío de la respuesta del SEPBLAC debido a la existencia de una nueva norma.
Como ya asesoramos cuando entró en vigor el artículo 7 de la Ley Antifraude (19 de noviembre de 2012), desde ese momento existe una prohibición de pago en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera (artículo 7 de dicha Ley).
A efectos del cálculo se deben sumar los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o la prestación de servicios.
Se entiende por “efectivo” los medios de pago referidos en el artículo 34.2 de la LPBC detallados más arriba.
Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, en contestación a la pregunta formulada en el título del presente artículo: “¿ES EL CONCESIONARIO “SUJETO OBLIGADO” AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES?” Se puede concluir que, desde la entrada en vigor del artículo 7 de la Ley Antifraude, los concesionarios no pueden ser considerados sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales y su Reglamento de desarrollo, en virtud del artículo 38 de la LPBC, toda vez que existe una prohibición de no aceptar dinero en efectivo en operaciones de importe igual o superior a 2.500 euros, por lo que no serán sujetos obligados en operaciones en efectivo por importe superior a 15.000 euros.
Así ha sido confirmado recientemente por escrito el SEPBLAC y es nuestro deseo aclararlo para zanjar cualquier duda al respecto.
Marta Caicoya Jaquete
Qvadrigas Abogados
El próximo 10 de mayo, Martín J. Romero, especialista en marketing, estrategia corporativa y gestión de la reputación, presentará en la sede del IE Business School en Madrid, su libro “Cambio de época en el concesionario de vehículos”.
Aunque su lectura podría estar recomendada para cualquier profesional de una pequeña o mediana empresa, por el carácter global de los cambios sociales y comerciales que estamos viviendo, Martin J. Romero dirige sus líneas especialmente a todos los profesionales que desempeñan su actividad en cualquier área del sector de la automoción.
A través de un lenguaje claro y sencillo muestra las transformaciones que han experimentado el mercado, los hábitos del consumidor, la forma de vender y la de competir, para ofrecer las claves de la adaptación al nuevo entorno que permitan acercarse al lugar en el que se encuentra el cliente.
El acto que se articulará entorno a una mesa redonda con el cambio y el futuro del concesionario del sector del automóvil como tema central, contará con la presencia de Gerardo Pérez Jiménez presidente de la Agrupacion Nacional de Concesionarios Renault, vicepresidente de Faconauto y autor del prólogo del libro, Javier de Ulacia, Director de la División de Auto de Cetelem España, Grupo BNP Paribas, Ricardo Conesa, Director del Programa Avanzado en Dirección de Empresas del Automóvil y Juan Cano Director General de Grupo Proassa.
Cuándo: Martes, 10 de mayo a las 19:00h
Dónde: Aula E-108, C/María de Molina, 4, Madrid
Evento gratuito, plazas limitadas hasta completar aforo. Realiza tu inscripción aquí.
Toda la información respecto al contenido del libro puede encontrarse en su web oficial www.cambiodeepoca.com
Grupo Proassa inaugura su sexta línea de negocio, la energía, tras su nuevo acuerdo con Nobe
Grupo Proassa ha firmado un acuerdo con Nobe, comercializadora eléctrica orientada al mercado profesional. Con esta iniciativa se pone en marcha algo más que un acuerdo, se dan los primeros pasos para la creación de una central de compras de energía para el gran consumidor, con el objetivo de proporcionar además de los mejores precios, asesoramiento y las mejores estrategias en energía.
Lejos de una colaboración estática en cuanto a precios, esta alianza dinámica pretende dar respaldo a las necesidades reales de los clientes que pronto conocerán los servicios enfocados a su energía.
Sergio Rello, Director de Nobe y Juan Cano, Director General de Proassa.
Grupo Proassa y AECP Servicom firman un acuerdo de colaboración para la comercialización de productos y servicios a su red
Grupo Proassa y AECP Servicom, filial comercial de la Asociación Española de Concesionarios Peugeot, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de ofrecer nuevos servicios o productos con mayores ventajas a sus asociados.
El acuerdo abre nuevos cauces de colaboración para ambas partes, orientándose, principalmente, a la búsqueda, desarrollo y comercialización de nuevos servicios de forma conjunta. Al formar un colectivo más amplio, juntos podremos conseguir las mejores condiciones en productos y herramientas para optimizar la gestión de los concesionarios.
Esta acción se enmarca dentro de las que Grupo Proassa viene poniendo en marcha de forma constante con diferentes asociaciones y organizaciones del sector para que estas ofrezcan los mejores servicios a sus asociados.
Agustí García, Presidente de la Asociación Española de Concesionarios Peugeot y Juan Cano, Director General de Proassa.
Richard Vaughan nos adelanta, en primicia, las claves de su ponencia en el XXV Congreso de Faconauto
Los días 8 y 9 de marzo se celebra en Sevilla el “XXV Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción” organizado por Faconauto con la colaboración de Grupo Proassa en los workshops. Precisamente nuestra colaboración en la organización de los workshops nos ha permitido acercarnos a uno de los ponentes protagonistas, Richard Vaughan, empresario de éxito y presidente del Grupo Vaughan. Con él hemos hablado sobre su ponencia, que está pensada para lanzar el mensaje “de un optimista de éxito, haciendo una llamada de atención sobre la inutilidad práctica del pesimismo y de las actitudes negativas en un siglo XXI, en el que la necesidad ya no es madre de la invención, sino la imaginación junto con las actitudes positivas y hasta candorosas” ha declarado.
En este sentido, Vaughan asegura que “el éxito profesional y la felicidad personal están íntimamente relacionados con las actitudes que uno decida adoptar ante de la vida, ante las personas y ante los acontecimientos”. En su opinión, “España es un país que, por motivos históricos comprensibles, tiende a caer en actitudes negativas y en prejuicios que conducen al fracaso” y añade que “desde tiempo inmemorial, ni España ni los españoles han podido aprovechar el claro potencial que tienen para triunfar”
La ponencia de Vaughan en los workshops del congreso de Faconauto tendrá lugar el martes 8 de marzo.
Desde 1 de julio de 2015 es de aplicación la reforma del Código Penal (L.O. 1/2015), que hace necesario que las empresas adopten e implanten un modelo de prevención de delitos como requisito para poder evitar posibles responsabilidades penales de la empresa, los administradores y los directivos.
Por todo ello, para los ejercicios cerrados con posteridad a dicha fecha y, en particular, para el cerrado a 31 de diciembre de 2015, los administradores deberán asegurar la debida acreditación y documentación de sus responsabilidades para evitar la responsabilidad penal y patrimonial a nivel personal y de la empresa.
Estos deberes formales requieren la elaboración de un Modelo de Prevención de Delitos, adaptado a la actividad y estructura organizativa del concesionario, y acreditar formalmente los deberes y responsabilidades de los administradores y directivos.
Queremos destacar que el nuevo marco de responsabilidad exige un deber de control y vigilancia por parte de la entidad y de sus administradores. Por todo ello, actualmente y ante cualquier proceso de investigación penal en la empresa, será necesario acreditar este deber. Recientemente se ha podido ver cómo en los últimos procesos penales mediáticos de empresa en España, tales como el caso Volkswagen, Air Europa, Convergencia y Proveedores, Fútbol Club Barcelona, se ha requerido e imputado posible responsabilidad a las empresas y a sus administradores / altos ejecutivos.
¿Qué consideraciones han de tener en cuenta los concesionarios de automoción?
La actividad de los Concesionarios de Automoción requiere un proyecto adaptado y personalizado a sus particularidades y a los riesgos específicos de la actividad comercial, de taller y de vehículos usados.
Adicionalmente, es especialmente crítico definir y aportar elementos de protección jurídica para las posibles responsabilidades indirectas generadas por los proveedores del concesionario; en especial, por los Fabricantes / Marca y por las entidades de financiación de vehículos.
Para los concesionarios esta medida de prevención es crítica, puesto que la relación final con el cliente y la formalización de la venta del vehículo legalmente la efectúa el concesionario. Por todo ello, deberá incorporar elementos de prevención y protección jurídica por posibles delitos realizados por otros para evitar el “contagio” de la responsabilidad penal.
Asimismo, en algunos concesionarios que disponen de diferentes sociedades y, en algunos casos alguna sociedad “holding” o patrimonial, igualmente deberá analizarse los elementos de defensa y prevención para proteger las posibles responsabilidades del conjunto de sociedades y en particular de la patrimonial del grupo y de sus administradores.
¿Qué implicaciones tiene en la actividad?
En cuanto a las implicaciones en la operativa del concesionario, el nuevo marco de responsabilidad penal hace necesario que los concesionarios incorporen elementos de control y prueba en cuanto a la gestión de la financiación, los cobros en efectivo, las facturas y cargos a empresas.
Asimismo, recordamos que, como cualquier empresa, los concesionarios deberán de realizar y acreditar formalmente a nivel de empresa y administradores la implementación y comunicación a nivel interno del Programa y medidas de prevención de delitos que el Código Penal establece como requisito para evitar posibles responsabilidades penales, en aquellos tipos delictuales que son de aplicación a las empresas.
Dada la actual situación y los procesos penales abiertos en este nuevo marco normativo a nivel general y, en particular, en el sector de automoción, es necesario adoptar medidas urgentes por parte de los concesionarios, todo ello reforzado por la alta importancia y responsabilidad en realizar y acreditar para este 2015 estos nuevos deberes y obligaciones tanto por las empresas de los concesionarios como por los administradores y accionistas de las mismas para prevenir la responsabilidad y proteger el patrimonio empresarial y personal.
Por todo ello, Grupo Proassa ha alcanzado un acuerdo con Apemar, Servicios Profesionales para Redes, S.L. partner de Bonet Consulting, firma líder a nivel institucional y operativo en esta materia, que ha confeccionado un programa soporte específico enfocado a la actividad de los concesionarios. Si quiere informarse sobre las condiciones puede contactar con grupoproassa@grupoproassa.com.
Formación Modular: Inicio a partir del 23 de abril.
AP/ Cursos E-Learning 2019

References: artículo 2
 artículo 38
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 7
 artículo 38
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 34
 artículo 7
 artículo 38