Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23740
Timestamp: 2018-01-16 15:14:49+00:00

Document:
Concepto 1150 de 2007 Secretaría Distrital de Hacienda
Concepto No. 1150
Para contestar cite este número
2007EE43495
2767/7-03-07
ALVARO JESÚS TORRES FORERO
CL 34 65 C 29 Medellín (Antioquia)
Referencia: Radicación 2007ER2820 del 15/01/07
Subtema: Exención Iglesia.
El consultante trae a colación lo establecido en el artículo XXIV del Concordato y el Protocolo Final firmado entre la República de Colombia y la Santa Sede, el 12 de julio de 1973; aprobado por la Ley 20 de 1974, con relación a la excepción de gravar los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, beneficio extendido a las demás iglesias por la sentencia C-27 de 1993 emitida por la Corte Constitucional
Para solicitar se exima a la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA del impuesto de participación en plusvalía por considerar que no son sujetos del mismo.
Ver el Concepto de la Secretaría Distrital de Hacienda 1102 de 2005
Nuestra labor en esta Subdirección se limita a la interpretación abstracta de las normas y en consecuencia no podemos dar respuesta a casos particulares, siendo competencia de las dependencias que tengan a su cargo resolver los distintos asuntos deducir su aplicación a casos particulares.
No obstante lo anterior, en cuanto a su consulta, tenemos que el artículo XXIV del Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede (Concordato), suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973 y aprobado por la Ley 20 de 1974, establece:
"CONCORDATO ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA SANTA SEDE
Las propiedades eclesiásticas podrán ser gravadas en la misma forma y extensión que las de los particulares. Sin embargo, en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios."(Subrayado fuera de texto).
La exención aquí definida se precisa respecto a la definición de "edificios" destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios, para lo cual conviene hacer referencia a la definición de este término:
"EDIFICIO: Obra o fábrica construida para habitación o para usos análogos; como casa, templo, teatro, etcétera."1
En virtud de los preceptos inmediatamente transcritos, en principio sólo los edificios de propiedad de la Iglesia Católica estaban cobijados por esta no sujeción, la que se extendió a las otras iglesias en virtud de lo expresado en la sentencia C-27 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, en la que se expresó:
"Estos inmuebles en cuanto respecta a la Iglesia Católica tendrán derecho a la exención tributaria en los términos del artículo XXIV concordatario, mas con el propósito de mantener la igualdad entre los distintos credos religiosos, ha de entenderse extendido tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre que reúnan los requisitos antes indicados".
La otra condición establecida en el concordato, fue que estos edificios fueran destinados a los fines allí enumerados (culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios) estarían exentos de los gravámenes relacionados con las edificaciones, entendiéndose como tales aquellas áreas construidas para habitación o usos análogos como lo define el Diccionario de la Real Academia, quedando los demás predios de propiedad de la Iglesia sujetos al gravamen, por lo que solamente se hablaría de una exención de la participación de plusvalía respecto a predios edificados y no para lotes.
Para lograr identificar el alcance de esta exclusión para la participación en la plusvalía definida en el Concordato, conviene extraer de los artículos 74 de la Ley 388 de 1997 y 3 Acuerdo 118 de 2003, el hecho generador del gravamen de participación en la plusvalía, lo que envolvería a los hechos gravados que se concreten sobre edificaciones y dejando de lado las que se refieran a actividades sobre lotes:
En efecto la norma de la Ley 388 dice:
ARTICULO 74. HECHOS GENERADORES. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía de que trata el artículo anterior, las decisiones administrativas que configuran acciones urbanísticas según lo establecido en el artículo 8º de esta ley, y que autorizan específicamente ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el respectivo Plan de Ordenamiento o en los instrumentos que lo desarrollen. Son hechos generadores los siguientes:
PARAGRAFO. Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por el Gobierno Nacional."
Y el artículo 3º del Acuerdo 118 de 2003 de manera concordante establece:
"Acuerdo 118 de 2003
Artículo 3. Hechos generadores. Constituyen hechos generadores de la participación en la plusvalía derivada de la acción urbanística de Bogotá Distrito Capital, las autorizaciones específicas ya sea a destinar el inmueble a un uso más rentable, o bien a incrementar el aprovechamiento del suelo permitiendo una mayor área edificada, de acuerdo con lo que se estatuya formalmente en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen, en los siguientes casos:
Parágrafo Primero. En el plan de ordenamiento territorial o en los instrumentos que lo desarrollen se especificarán y delimitarán las zonas o subzonas beneficiarias de una o varias de las acciones urbanísticas contempladas en este artículo, las cuales serán tenidas en cuenta, sea en conjunto o cada una por separado, para determinar el efecto de la plusvalía o los derechos adicionales de construcción y desarrollo, cuando fuere del caso."
Los siguientes elementos se considera que hacen parte integrante del hecho generador:
1. Decisión General.- Decisión Administrativa que permite que al predio se le pueda dar un uso más rentable o que permite un mejor aprovechamiento del mismo con lo cual se incrementa su valor por metro cuadrado. Está dado por el contenido del Plan de Ordenamiento Territorial o por los instrumentos que lo desarrollen. En forma enunciativa, la misma ley señaló decisiones de carácter general implícitos en el hecho generador a saber:
La incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
El establecimiento o modificación del régimen de zonificación de usos del suelo.
2. Acción Urbanística.- La decisión administrativa debe configurar necesariamente una acción urbanística en los términos del artículo 8º de la Ley 388 de 1997, acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo desarrollen.
3. Autorización específica.- Que la decisión administrativa se concrete en una autorización específica al propietario del predio para destinarlo a un uso más rentable o a darle un mejor aprovechamiento. Esta autorización específica se da única y exclusivamente cuando se obtiene la licencia de urbanización o construcción o cuando se obtiene el certificado de derechos de construcción. Por esta razón, el artículo 8º del Decreto 84 de 2004, establece que la declaración y pago de la participación en plusvalía será exigible en esos eventos.
Vemos que el elemento crítico disparador del gravamen de participación en la plusvalía es la autorización específica, esto es la Licencia de urbanismo o construcción.
Las decisiones generales plasmadas en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los instrumentos que lo desarrollen no constituyen todavía autorización específica que configure el nacimiento de la obligación tributaria.
Obviamente que la autorización específica solamente podrá expedirse bajo el supuesto de la existencia de la decisión general constitutiva de una acción urbanística, pero el tributo solo será exigible en el momento en que aquella se profiera.
Conforme lo anterior, el beneficio tributario2 objeto de estudio no aplica para:
1. Para predios urbanizables no urbanizados
2. Para predios urbanizados no edificados.
Por esta razón esta no sujeción, sólo sería aplicable con relación a decisiones administrativas con relación a predios construidos destinados para los usos definidos en el concordato. Lo anterior implica analizar cuales son las modalidades de las licencias de construcción; para establecer para que eventos aplica la exclusión objeto de consulta.
El artículo 7º del Decreto 546 de 2006, establece:
Conforme las definiciones de modalidades de licencias de construcción la exención aquí estudiada no aplicaría para la expedición de una licencia de construcción de obra nueva, ni para la adecuación porque implica cambio de uso, ni para la restauración cuando implique cambio de uso, para la demolición cuando esta sea total, porque implica derribar totalmente la construcción y ya no estaría construido, en caso de que sea parcial si. Así, sólo se configuraría para la expedición de licencias de construcción de ampliación, de restauración si no se cambia el uso, de demolición parcial, reforzamiento estructural y cerramiento.
En conclusión para que opere la exclusión para la participación en la plusvalía para los predios de propiedad de la iglesia católica y las otras reconocidas por el Estado, destinados al culto, las curias diocesanas, las casas episcopales y curales y los seminarios; se debe expedir una licencia de construcción para la ampliación, para la restauración cuando no implique cambio de uso, para la demolición parcial, reforzamiento estructural y cerramiento, en los demás casos serán sujetos del tributo.
1 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua Española, Tomo I, Ed. Espasa Calpe, Madrid 1992, Pág. 790
2 Para las licencias de urbanismo no aplica la exclusión objeto de consulta, por cuanto estas se expiden para la adecuación de terrenos sin construir.

References: artículo 8
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7