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Timestamp: 2019-11-22 23:40:19+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 363, de 22/10/2014
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA JESÚS RUIZ RUIZ
Sesión celebrada el miércoles, 22 de octubre de 2014
– Moción por la que se insta al Gobierno a la reparación de los daños causados en la playa de La Cueva, en el municipio de San Sebastián de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por los temporales de mar acaecidos durante los primeros meses de 2014.
(Núm. exp. 661/000474)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para posibilitar la clausura del almacén de residuos radiactivos de media y baja actividad de El Cabril, en la provincia de Córdoba.
(Núm. exp. 661/000494)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la reparación de daños causados en la playa de La Cueva, la playa de La Caleta de Hermigua y el paseo marítimo de la playa de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por los temporales de mar acaecidos en los primeros meses del año 2014.
– Moción por la que se insta al Gobierno a concluir las obras del proyecto de reposición de infraestructuras hidráulicas en el barranco de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 661/000512)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas al objeto de prevenir nuevas introducciones de especies exóticas invasoras (EEI) en nuestro territorio y frenar la expansión de las que ya tenemos.
(Núm. exp. 661/000538)
– Moción por la que se insta al Gobierno a crear durante la presente Legislatura, en el seno de la Comisión de coordinación en materia de residuos, el grupo de trabajo para analizar la introducción generalizada y gradual de envases y embalajes reutilizables.
(Núm. exp. 661/000539)
– Moción por la que se insta al Gobierno a la redacción y ejecución de un proyecto para la rehabilitación de la playa de Alojera, en el término municipal de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife).
(Núm. exp. 661/000551)
– Proyecto de Ley de Parques Nacionales.
(Núm. exp. 621/000089)
Se abre la sesión a las diez horas y quince minutos.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en el día de hoy.
En primer lugar procede la aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior celebrada el día 18 de junio de este año 2014, que entiendo se da por aprobada.(Asentimiento).
Pasamos a continuación al debate de las mociones que figuran en el orden del día. Antes de iniciarlo, comunico a sus señorías que la votación se hará conjuntamente al finalizar el debate de todas ellas, no antes de las doce de la mañana.
La señora PRESIDENTA: La primera moción del orden del día se refiere a la reparación de daños causados en la Playa de la Cueva en el municipio de San Sebastián de la Gomera por los temporales de mar acaecidos en los primeros meses del 2014, con número de registro 661/000474. Conjuntamente, se va a debatir la que figura en tercer lugar en el orden del día, que tiene relación con la misma playa, también referida a las playas de la Caleta de Hermigua y al paseo marítimo de la playa de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera y producidos por los mismos temporales en los meses que acabo de señalar, esta con número de registro 661/000496. Ambas han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la su defensa, tiene la palabra el senador Medina.
El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, presidenta.
Buenos días señorías. No sé si procede plantear que se retire la primera porque, como bien ha dicho la señora presidenta, la tercera la incluye. No sé si procede que se retire a efectos de evitar después la votación.
La señora PRESIDENTA: Sí, si usted la quiere retirar e incluirla en la tercera.
El señor MEDINA TOMÉ: La retiramos y así nos centramos en la defensa de la número 3.
Traemos hoy aquí una moción que tiene que ver con los destrozos y los desperfectos ocasionados en 3 playas de la isla de La Gomera por el temporal marítimo que azotó determinadas zonas del país en los primeros meses del año 2014. Se vieron dañadas por este temporal las playas de la Cueva, en San Sebastián de la Gomera, el paseo marítimo, en Valle Gran Rey y la Caleta, en Hermigua.
El Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 2/2014, de 21 de febrero, que apareció publicado en el Boletín Oficial del día 22, por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños causados en los 2 primeros meses por tormentas de mar. El referido real decreto fue convalidado —si no me he equivocado al tomar nota— el 13 de marzo de 2014. El 1 de mayo, es decir, transcurridos algunos meses más, aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio del Interior 701/2014, de 25 de abril, en la que se determinan los municipios a los que le eran de aplicación las medidas previstas en el real decreto al que hice referencia con anterioridad. Sorpresivamente —y después diré por qué—, no aparece como beneficiario ningún municipio de las islas Canarias, y las islas Canarias, que se sepa, están en el Atlántico. No aparece, concretamente, ninguno de los 3 de La Gomera a los que me he referido.
En abril y mayo presentamos sendas mociones; la de abril es la que acabo de retirar y la de mayo es la que estamos ahora debatiendo. En ellas se instaba al Gobierno a que las referidas zonas fueran declaradas, tal y como recoge el real decreto ley, zonas de actuación especial, que se incluyeran como beneficiarios en la orden del Ministerio del Interior y que, consecuentemente, se procediera a reparar los daños causados en ellas.
A pesar del tiempo transcurrido y de que los organismos que estaban obligados tuvieran conocimiento de ello, lo cierto es que no se ha hecho absolutamente nada, no se ha reparado ningún desperfecto de las playas aludidas. He de decir que en Canarias organismos que puedan influir, decidir, informar, sobran; tenemos una Delegación del Gobierno que tiene 4 asesores, una Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife con técnicos especialistas en la materia, una Demarcación Provincial de Costas, con técnicos y responsables en la materia, una Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Gomera, con sus asesores y sus agentes, y sorprende un poco que hayan ocurrido desastres en algunas playas, es verdad que no comparables a otras del país, y que se diga que no se tiene conocimiento de estos asuntos. Eso es lo que se dice, y después procuraré demostrar que no es así. Digo que hay muy buena disposición, buena voluntad, como se diría ahora, buen rollo, pero poca efectividad. Muchas reuniones, muchas fotografías, pero al final nada de nada, y han sido los ayuntamientos afectados, San Sebastián, Valle Gran Rey y Hermigua, los que con sus escasos medios han posibilitado que estas playas de bastante uso en la isla de La Gomera fueran practicables y que este verano pudiésemos usarlas, porque si se llega a esperar a las actuaciones de la Demarcación de Costas en la zona, mejor hubiese sido cerrarlas. No se hizo así y es de agradecer insisto el esfuerzo de los ayuntamientos. He de decir para que conste que uno está gobernado por el Partido Socialista, otro por Socialistas por La Gomera y acuerdos con el Partido Popular y otro por el CCN, cuya senadora, a la que saludo, se ha incorporado al Grupo Popular en el Senado. Es decir, 3 ayuntamientos, gobernados por 3 colores políticos, han planteado al Gobierno de este país el mismo problema.
Mantener el texto de la moción tal y como se redactó y se propuso a esta Cámara en su momento la verdad es que no tendría mucho sentido. Por eso, señora presidenta, si me lo permite y procede, aprovecho también para justificar la autoenmienda que hemos presentado. Como no tiene ahora sentido, transcurrido casi un año de los acontecimientos estamos en octubre, mantener el texto de la moción, el Grupo Parlamentario Socialista ha creído conveniente hacer una modificación en la propuesta y no enfocarla tanto hacia el Real Decreto Ley 2/2014 ni a la orden del Ministerio del Interior, porque entendemos que es muy complicado modificarla e incluir en el listado de beneficiarios a las 3 playas. Pero si existiera —como creo que va a existir— voluntad de al menos intentar resolver los problemas, lo que planteamos en esta autoenmienda no es otra cosa que instar al Gobierno de España a que, de común acuerdo con los ayuntamientos afectados, convenien —y he de decir, señora presidenta, que hay aquí un baile de una i y una e; en el texto dice conviene, pero la intención era poner convenie del verbo conveniar, de llegar a acuerdos. Lo que estamos planteando es que se sienten el Gobierno de este país —me imagino yo que a través de la Delegación del Gobierno, de la Subdelegación del Gobierno, de la Dirección de la Administración General del Estado en la isla o de la Demarcación de Costas— para analizar el problema existente y las posibles soluciones, elaborar los proyectos pertinentes y ejecutar lo que se tendría que haber hecho con anterioridad. Esa es la idea de la enmienda. Yo confío y espero que esta Comisión no se niegue a que 2 administraciones se sienten a hablar. Espero que no nos neguemos, porque no estamos pidiendo otra cosa. No pedimos dinero, solo pedimos que se convenie, que se llegue a acuerdos. Espero que no se diga que no. Además, estando una canaria sentada ahí —que yo sé, y me consta, que ha trabajado igual o más que yo para buscar soluciones—, confío en que al final esta moción salga adelante.
La señora PRESIDENTA: Se ha presentado también una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la senadora Pons Vila para su defensa.
La señora PONS VILA: Gracias, señora presidenta.
Si no tiene inconveniente, seré yo quien le dé respuesta, aunque no sea canaria en este caso.
Nosotros simplemente presentamos también una enmienda de sustitución. Luego explicaré cuál es la posición del grupo respecto a lo que usted plantea. Esa enmienda de sustitución lo que viene a decir es que, tras analizar las actuaciones necesarias en las playas —nosotros no entramos a determinar quién
las tiene que analizar ni con quién, simplemente que se analicen las actuaciones necesarias—, se ejecuten siempre dependiendo de las disponibilidades presupuestarias que sean de su competencia.
Evidentemente, el Grupo Popular apoya que se puedan hacer las mejoras que sean necesarias siempre que haya disponibilidad presupuestaria para ello. Si usted tiene a bien aceptar esta enmienda, la moción tirará para delante.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el senador Medina Tomé.
El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señora presidenta.
Esta enmienda tiene 2 problemas serios. Yo estoy encantado de aceptarla, pero después le propondré una transaccional. El primer problema es a qué playas de La Gomera nos referimos, porque hay playas en La Gomera que no se vieron afectadas por el temporal, y aquí estamos hablando de playas afectadas por el temporal. En San Sebastián de La Gomera hay una playa que no se vio afectada. En playa de Santiago, municipio de Alajeró, hay playas que no se vieron afectadas. En Agulo hay una playa que no se vio afectada. En Valle Gran Rey hay otra playa que no se vio afectada. Luego no son todas las playas de La Gomera.
Segundo defecto —antes lo comentaba aquí con los compañeros—, yo no conozco en La Gomera ninguna playa que no sea competencia del Estado, no conozco ninguna playa privada. Es decir, cualquier actuación que se haga en las playas de La Gomera hasta donde yo sé, igual estoy equivocado necesita la autorización del competente en la materia, que es Costas. No hay playas que no sean de la competencia de la Dirección General de Costas en La Gomera. Si usted conoce alguna me la dice, porque igual estoy equivocado. La Playa de la Cueva es de su competencia; no el mantenimiento ni la limpieza, eso no, pero para hacer obras de la envergadura y de la naturaleza de la que estamos hablando, el competente tiene nombres y apellidos: Dirección General de Costas, o dirección comarcal o como se llame ahora. La playa de la Caleta en Hermigua: Costas; el paseo litoral de Valle Gran Rey: Costas.
Le voy a poner un ejemplo. El ayuntamiento de Hermigua, que quiso limpiar la playa de la Caleta para que se usara, necesitó machacar unas piedrecitas en la playa para adecentarla. ¿Sabe usted a quién le pidió permiso? Al titular, al competente, a Costas. Y, ¿sabe qué le dijo? Que no.
Primero, no se puede aceptar, porque no todas las playas de La Gomera están afectadas y, segundo, todas las playas son de competencia del Estado. Yo voy a proponer una transaccional, si procede, señora presidenta. Mantengamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y, como yo sé que preocupan los recursos, porque lo sé, pongamos al final: «..., siempre que las disposiciones presupuestarias lo permitan». Estaremos de acuerdo los dos.
No le puedo aceptar esta por las razones que le he dicho, porque es incoherente. Acépteme la transaccional, dependerá de los recursos presupuestarios pero, oiga, que se haga un esfuerzo, que la Dirección comarcal o provincial de Costas de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife haga un esfuerzo porque, si no, habría que cerrarla. Si no hay un duro no ya para hacer un muelle o un espigón, si no hay un duro para rehabilitar lo dañado, mejor sería cerrarla, pero si lo hay, que se pongan de acuerdo, que se sienten, que se convenie con los ayuntamientos, que yo sé que tienen voluntad, y que se resuelva el problema. Seguro que llegamos a un acuerdo. Eso es lo que le propongo, más no puedo hacer.
La señora PRESIDENTA: Podemos aceptar la enmienda transaccional pero tiene que tener la firma de todos los portavoces, o sea que a lo largo de la mañana se puede intentar, si así lo consideran.
¿Quieren utilizar el turno en contra? (Denegaciones).
Abrimos turno de portavoces. ¿Algún portavoz quiere intervenir? Tiene la palabra el senador Gregorio Medina en el turno de portavoces.
El señor MEDINA TOMÉ: Vuelvo a insistir en lo que dije antes, que estas cuestiones no tienen ningún tinte político. Es decir, las playas hay que limpiarlas, hay que mantenerlas y arreglarlas, gobierne Juan o Pedro, y en ese sentido el Estado tiene mucho que decir. Me consta que los ayuntamientos van a colaborar; es más, creo que incluso han enviado proyectos a la Dirección de costas de la provincia. Pero es que hay más, y lo digo a efectos de información de esta comisión. Yo me dirigí al Gobierno y le pedí razones por las que ninguna playa de La Gomera estaba incluida como beneficiaria en el Real Decreto Ley 2/2014 o en la orden del ministerio, y me respondieron que no tenían conocimiento. Falso. El
Ayuntamiento de Hermigua —lo tengo aquí, si quieren les paso copia—, el 23 de enero de 2014 se dirige a la ilustrísima señora directora de la Demarcación de Costas de Tenerife y le dice: Asunto, solicitud de reparación de desperfectos ocasionados en la playa y zonas recreativas en la Caleta de Hermigua, y empieza el escrito: Los temporales del mar... Esto fue el 23 de enero de 2014, y está en poder del Gobierno, porque la Demarcación de Costas —hasta donde yo sé— es un organismo del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación. ¿Por qué no se incluyó? ¿Por qué el Gobierno no ordenó a los inspectores, a los técnicos, a medio mundo que hay en Canarias que comprobaran si esto era verdad o no?
Segundo elemento, Valle Gran Rey. El litoral es un paseo que bordea la playa y que es clave para comunicar 2 barrios del municipio de Valle Gran Rey. Me llama mucho la atención, muchísimo, que ese problema esté sin resolver. Les voy a enseñar, si me lo permiten, la siguiente noticia: «El Ayuntamiento de Valle Gran Rey y el servicio de costas buscan soluciones para la avenida del litoral», fecha, 10 de abril del 2014, y una foto en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife en la que se ve al señor alcalde y a un aparejador municipal, a la señora responsable de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife y al señor asesor de la delegada del Gobierno; no estaba ni el subdelegado. Era el 10 de Abril, luego el Estado tenía conocimiento previo a dictar la orden de los desperfectos en la playa de La Gomera. Y le puedo enseñar otro escrito del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera: «San Sebastián de La Gomera solicita al Ministerio de Medio Ambiente que repare los daños de la playa de la Cueva», y fue en acuerdo plenario, luego tenía conocimiento el Estado. ¿Por qué no lo hizo? No lo sé. Pero da igual, vamos a buscar soluciones, y las soluciones tendrán que pasar por que la Demarcación de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife se siente con los alcaldes, con los ayuntamientos, lleguen a un acuerdo y estos problemas se resuelvan. Se arregle la Caleta, la playa de la Cueva y un paseo litoral, que, curiosamente, el propio Grupo Popular del ayuntamiento está exigiendo que se arregle y resulta que quien tiene la competencia y la potestad no lo hace. Creo que vale 80 000 euros el proyecto que ya tiene redactado el propio ayuntamiento. Por tanto, hagamos un esfuerzo para llegar a un acuerdo y que estas comisiones sean útiles. Propongo al Grupo Popular que acepte la propuesta que le he hecho antes, porque razones para quejarnos tenemos, y espero del Grupo Popular voluntad para que esto se resuelva.
Tiene la palabra la senadora Pons Vila.
Efectivamente, en la enmienda de sustitución que nosotros le presentamos no se da el nombre de las playas, pero es que las playas aparecen en su moción, y nos estamos refiriendo a ella, con lo cual, simplemente se trataba de volver a escribir los nombres de playa de la Cueva, playa de la Caleta y paseo marítimo de la playa de Valle Gran Rey. No lo hemos escrito, pero, evidentemente, estamos hablando de estas 3 playas, de ninguna otra, porque usted está hablando de estas 3 playas. El que presenta la moción es usted, no nosotros, con lo cual hablamos de las playas que usted nos indica. Que no se ponga en la enmienda no quiere decir que no hablemos de estas playas.
Usted ha dicho que no hay playas privadas. No, evidentemente. Nosotros hemos aprobado una modificación de la Ley de Costas en la que no hay ninguna playa privada, no hay ninguna playa en todo el litoral español y, evidentemente, no hay playas privadas en La Gomera. Ese no es el tema. Usted nos dice ahora que sí va a aceptar las disponibilidades presupuestarias, que son las que son, el presupuesto es el que es, y con efectos al presupuesto para 2015, en el que hay una partida de regeneración, se podría mirar. Entiendo que usted esté dispuesto a aceptarnos lo de las disponibilidades presupuestarias, pero, como usted se ha encargado de reiterar y de explicar muy bien, las costas y las playas son competencia del Estado, con lo cual no entiendo por qué tiene el ministerio que conveniar con los ayuntamientos las reparaciones que se tienen que hacer, porque la competencia es del propio ministerio —primero dice conviene, luego ha dicho que era convenie, y entiendo que convenie viene de hacer un convenio—. Y si la competencia es del Estado y nosotros le decimos que el Estado, tras analizar las actuaciones, sí ejecutará, en función de sus disponibilidades presupuestarias, no vemos la necesidad de firmar, o, en este caso, de que el Senado inste al Gobierno a firmar un convenio con los ayuntamientos, que usted se ha encargado muy bien de decir que no son competentes.
Si vamos al inicio —porque como ha pasado mucho tiempo y usted ha estado pasando enmiendas, cambiando y anulando, perdemos el hilo de esta moción—, por lo que ha explicado usted —yo no me lo
invento—, surge a raíz de los temporales que se produjeron y del real decreto del Gobierno para precisamente actuar sobre estos temporales.
En el propio real decreto habla de ciudades costeras del norte y noroeste peninsular, causando grandes daños en el litoral costero noroccidental desde Pontevedra a Guipúzcoa. El decreto inicial, al que usted se acoge para presentar esta moción, no hace ninguna referencia a Canarias, simplemente habla del litoral costero noroccidental de Pontevedra a Guipúzcoa. Posteriormente hubo una comparecencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, en la que también se le planteó esta cuestión y en la que no sé si usted o alguien de su grupo hizo referencia al litoral canario. El secretario de Estado dijo literalmente: «El resto de comunidades que no forman parte del litoral noroccidental no han sufrido daños especiales debido a los temporales de invierno 2013-2014 —eso no quiere decir que las playas no tengan problemas sino que hablamos de esos temporales concretos que no afectaron a La Gomera—. En general, las variaciones que se han producido en sus costas se deben considerar normalmente asociadas a temporales propios de esta época del año. Una vez se desarrollen los procesos naturales de recuperación de las playas durante la primavera, y dependiendo de la presentación o no de nuevos temporales durante este periodo, se analizará la necesidad de actuar en el reperfilado o regeneración de cada playa.» Con lo cual, eso es lo que se hará en el momento en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan. Lo dijo el secretario de Estado, y es la enmienda que le planteamos, pero no vemos necesidad alguna de firmar ningún convenio con los ayuntamientos porque, le repito, usted ha señalado muy bien que la competencia en la regeneración de playas es del Estado. Supongo que usted ha visto el proyecto de presupuestos para 2015 y que hay partida para la regeneración de playas. Simplemente instamos al Gobierno, en este caso, a que se estudie el estado de estas 3 playas —aunque no se diga en la enmienda de sustitución porque se hace referencia de ello en la moción— para que cuando las disponibilidades presupuestarias lo permitan y se vea la necesidad, esas playas sean regeneradas y puestas en condiciones, como pretendemos hacer en la mayor parte del litoral, porque una de las funciones que tienen la Dirección General de Costas y este ministerio es, precisamente, mantener en buenas condiciones todo el litoral español.
El señor MEDINA TOMÉ: ¿Me permite un minuto? Es que se ha faltado a la verdad.
La señora PRESIDENTA: El debate está terminado.
El señor MEDINA TOMÉ: Es que se ha falseado la realidad. Le pido por favor que lea el artículo 1 del Real Decreto Ley 2/2014. Por favor, le suplico que lo lea. Léalo.
La señora PONS VILA: Temporales de enero y febrero de 2014, tormentas de viento; fachada atlántica y costa cantábrica.
El señor MEDINA TOMÉ: Fachada atlántica. Es que las islas Canarias están en la fachada atlántica. (Rumores).
Pasamos al punto siguiente del orden del día.
El señor MEDINA TOMÉ: Entonces, ¿no se va a transaccionar? Es para saberlo.
La señora PRESIDENTA: Negócielo mientras estamos debatiendo el resto de mociones.
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día. Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para posibilitar la clausura del almacén de residuos radioactivos de media y baja actividad de El Cabril, en la provincia de Córdoba, con número de registro 661/000494, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de esta moción tiene la palabra su portavoz, el senador Durán Sánchez.
El señor DURÁN SÁNCHEZ: Muchas gracias, presidenta.
Ocho meses después de las últimas declaraciones del ministro aquí en el Senado sobre la realidad del cementerio —así es como lo llamamos en Andalucía, aunque realmente habría que tratarlo como lo que es: el centro de almacenamiento de residuos radioactivos de media, baja y muy baja intensidad— de El Cabril, quiero anticiparles que es una realidad aceptada por todos, pero créanme que no es, en absoluto, deseada en nuestra tierra.
Y para entender el sentimiento que ha generado tanto la declaración del ministro en su interpelación del Senado en una sesión de control como las del presidente de Enresa en unos desayunos en los que manifestó la posibilidad de ampliar al doble la capacidad de almacenamiento actual del centro; para que entiendan sus señorías el porqué de esta sensibilidad y el porqué de mi frase de inicio de que es una realidad aceptada pero en absoluto deseada en nuestra tierra, quiero retrotraerme al origen del almacenamiento, que se remota al año 1961 en una mina abandonada de uranio. Los depósitos y residuos procedentes de esas primeras pruebas de carácter radioactivo se fueron sucediendo —con nocturnidad y, créanme, sin conocimiento de la población ni de la inmensa mayoría de los poderes públicos de entonces— hasta el año 1976, y se fueron almacenando, insisto, con el total desconocimiento de todo el mundo. Tanto es así que en el año 1976, cuando se descubre que se están almacenando en aquella antigua mina todos esos residuos, se produce un gran cisma social y empiezan las primeras movilizaciones, movilizaciones que derivaron en una plataforma que dejó su actividad a principios del siglo XXI y que ahora, tras las declaraciones del presidente de Enresa, Francisco Gil, y del propio ministro, ha vuelto otra vez a reactivarse.
Es cierto que desde febrero, en que el ministro hace esas declaraciones, hasta la fecha, no ha habido ninguna comunicación de Enresa ni del ministerio sobre la voluntad que se manifestó en esta misma Cámara de hacer un estudio sobre su posible ampliación. Pero lo que sí hay es una voluntad inequívoca de los representantes del pueblo andaluz —manifestada en el Parlamento de Andalucía en distintas ocasiones y de forma reiterada con la presentación de proposiciones no de ley por el Partido Andalucista y por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía— de rechazar cualquier tipo de ampliación ciñéndose a la declaración de uso que autoriza la orden del año 2001, que establecía el volumen máximo de almacenamiento en 100 000 m3 para residuos de media y baja actividad y en 130 000 m3 para los de muy baja intensidad; todo ello guardado en las llamadas celdas de almacenamiento. En el caso de los residuos de media y baja intensidad, son 28 las celdas que tienen capacidad para ello, y en el caso de los de muy baja intensidad, son 4 celdas, las números 29, 30, 31 y 32. De hecho, se está construyendo la número 29 y se ha pedido la solicitud de autorización para construir las número 30. Hasta la número 32, un total de 130 000 m3, y 100 000 para los residuos de media y baja intensidad. La orden del año 2001 establecía la autorización para el almacenamiento de ese tipo de residuos en lo que creíamos era la vida útil que tenía El Cabril.
Todas las manifestaciones de los representantes del pueblo andaluz en el Parlamento de Andalucía y en distintos foros van en el sentido de que una vez que se haya colmatado —tanto por la capacidad volumétrica como por la capacidad de almacenaje de la actividad radioactiva— el centro de almacenamiento de El Cabril, este sea clausurado y sellado, y, por tanto, con todas las garantías, quede completamente sellado para su uso a lo largo del tiempo.
Esa es una realidad que debería contemplarse, por eso le pido a esta comisión que sea receptiva a la voluntad que tantas veces han manifestado los representantes del pueblo andaluz y que inste al Gobierno de España —como se dice en los acuerdos que presentamos en la moción— a dejar claro y nítido de una vez que cuando se colmate el centro de almacenamiento de El Cabril se procederá a su clausura y sellado y, por tanto, terminará definitivamente el almacenamiento de los residuos de media, baja y muy baja intensidad radiactiva que se hayan producido en todo el territorio español, después de haber estado tanto tiempo al servicio de España.
También solicitamos que, en el marco del Plan general de residuos radiactivos, se inste al Gobierno a que ya, con tiempo —porque según declaró el propio presidente de Enresa, la capacidad de almacenamiento está al 70%—, vayan pensando en la reubicación de nuevos emplazamientos. Eso sí, créanme que en Andalucía vamos a trabajar intensamente para que en el territorio andaluz no se vuelva a situar un centro de almacenamiento de residuos radiactivos. Somos conscientes de que hay que iniciar ya el procedimiento, e instamos al Gobierno a que ponga en marcha los mecanismos de nueva búsqueda
y, por lo tanto, de licitación de nuevos emplazamientos a efectos de que posteriormente, cuando pase el tiempo, no nos veamos en la tesitura de tener un conflicto aún mayor.
Hay 2 cuestiones que considero importantes y que además venían recogidas en la orden que regulaba el funcionamiento del centro de almacenamiento pero, desgraciadamente, no lo hemos visto en el ejercicio anterior ni en este en los Presupuestos Generales del Estado, ni tampoco en los de Enresa; ya tendremos ocasión de analizarlos con detenimiento cuando comparezcan los ministros de cada departamento para explicárnoslos-: los efectos económicos que esa orden regulaba para los municipios en los que estaba determinado el límite geográfico y su ubicación, que son Hornachuelos, Fuenteovejuna, Las Navas de la Concepción y Alanís; que se recuperen esos efectos económicos.
También instamos a que —como se ha hecho años anteriores por la propia Enresa desde su fundación— se sigan firmando y ampliando convenios de desarrollo socioeconómico para recuperar, si es posible, todos los efectos negativos que han tenido esos municipios —que, créanme, los han tenido— por haber alojado durante todos estos años —y los que quedan todavía hasta su colmatación— esta actividad, que no proporciona una buena publicidad para estos municipios y que, evidentemente, no es el mejor escaparate para ellos.
Creo que son 4 cuestiones perfectamente asumibles por todas sus señorías, y espero, de corazón, que esta comisión así lo crea conveniente.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra? (Pausa).
Abrimos el turno de portavoces.
Tiene la palabra nuevamente el senador Durán.
El señor DURÁN SÁNCHEZ: Creo que prácticamente he agotado todo el tiempo en la anterior intervención. Cierto es que me hubiera gustado contar con algún posicionamiento. Supongo que ahora, en el turno de portavoces, lo harán.
Créanme que cuando el presidente de Enresa hizo estas declaraciones el día 27 de enero de 2014, al principio todos creímos que había cometido un error en su declaración y que no se estaba refiriendo a que iba a duplicar 28 celdas mas, sino a que iba a poner en marcha la construcción de la celda 29, y creímos que fue un lapsus del propio presidente. Luego nos dimos cuenta de que, desgraciadamente, no era tal lapsus, al menos el ministro así lo refrendó en una pregunta que formuló el senador Mariscal Cifuentes aquí, en el Senado. Para Andalucía y para la zona en concreto no es plato de buen gusto el centro de almacenamiento. Insisto, no deja de ser una realidad aceptada pero jamás deseada, y tampoco es deseada por el entorno ni por la Comunidad Autónoma andaluza. Aquí tengo múltiples ejemplos de diputados del Partido Popular y de todas las fuerzas políticas que han manifestado de forma fehaciente y clara, con su voto pero también con sus manifestaciones, que una vez que se colmate el centro actual, con sus dimensiones actuales, tal cual recoge la orden de 2001, están de acuerdo en que hay que proceder a su sellado y, por tanto, a su clausura, evidentemente garantizando la vida que todavía le queda al almacenamiento de residuos. Hay una frase que no es mía, es de un diputado del Partido Popular en Andalucía; la traigo aquí porque creo que es elocuente, y además la suscribo al cien por cien: Andalucía ya ha sido bastante —yo diría suficientemente— solidaria con el resto de España.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la senadora Gil Morata.
La señora GIL MORATA: Buenos días señorías.
Me corresponde posicionar al Grupo Popular ante la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que se solicita la clausura y el sellado del centro de almacenamiento de residuos de media, baja y muy baja actividad de El Cabril. Este grupo parlamentario se va a posicionar en contra, y paso a argumentarlo.
En primer lugar, quería referirme al antecedente cronológico. Fue a partir del año 1961 —como bien ha comentado el señor Durán—, pero parece que el Partido Socialista posee cierta memoria selectiva para determinadas cuestiones. Es en 1975 cuando la Dirección General de Energía otorga a la Junta de Energía Nuclear permiso para la puesta en marcha del centro para albergar residuos radiactivos. La
instalación estuvo mas de catorce años a pleno rendimiento sin tener ninguna autorización para ello. En diciembre de 1982 entra el Gobierno socialista de Felipe González y no solo continúan con la actividad clandestina sino que, además, señor Durán, ustedes crean una empresa pública en el año 1986 para gestionar los mismos residuos: la actual Enresa. Quizá tenga memoria selectiva, pero seguro que recuerda mejor que yo que con fecha 23 de junio de 1987 y 25 de febrero de 1988 se aprueban por unanimidad en el Parlamento de Andalucía 2 resoluciones presentadas por Izquierda Unida Coalición por Andalucía y por el Partido Demócrata Popular, respectivamente. Ambas fueron burladas, pisoteadas y saltadas a la torera en la primera ocasión que el PSOE, la Junta de Andalucía y sus delegaciones provinciales, tuvieron oportunidad. En las 2 se proponía textualmente que se «elevara al Gobierno la negativa de esta Cámara a la ampliación de la actuales instalaciones de El Cabril y la oposición a que pudiera ser considerado o calificado como instalación permanente.» Señoría, le puedo sacar los diarios de sesiones de 23 de junio de 1987 y de 25 de febrero de 1988 y una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía y por el Partido Demócrata Popular dando instancia y ratificando los acuerdos que se adoptaron por la Cámara en la primera proposición no de ley presentada por Izquierda Unida. En esta fecha, señoría, recuerde, junio del año 1987 y febrero del año 1988. Le puedo facilitar también una pregunta parlamentaria del señor Hurtado —actualmente diputado del Congreso, anteriormente parlamentario andaluz— al Consejo de la Presidencia, al actual presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, en la que le decía que el criterio defendido por la Junta de Andalucía era considerar El Cabril como instalación provisional. Esto fue en septiembre de 1987. Pero en marzo de 1988 el Gobierno autoriza de forma definitiva a El Cabril como almacén de residuos, con un Gobierno socialista en la Junta de Andalucía y un Gobierno socialista en el Gobierno de la nación. Mientras que se votan por unanimidad en el Parlamento andaluz sendas resoluciones, ustedes en el Gobierno autorizan de forma definitiva, el 2 de marzo de 1988, a El Cabril para almacenar residuos radiactivos. Aquí tenemos el documento de prensa —no he sacado el Diario de Sesiones, pero lo podría haber hecho—.
A su vez, el 13 de enero de 1989, el Consejo de Ministros aprueba el segundo plan de residuos radiactivos, en el que se contempla el almacenamiento de 60 000 m3 en El Cabril, cejando ya, por supuesto, la búsqueda de otra localidad donde ubicar el segundo almacén previsto en el primer plan. Es en el año 1992, ustedes, Partido Socialista, sin objeciones del Gobierno socialista de España ni de la Junta de Andalucía, inauguran El Cabril I, la primera gran ampliación, con unas impresionantes instalaciones, dando lugar a lo que es actualmente el almacén de residuos radiactivos de media y baja actividad, y se le otorgan todas las licencias a esta instalación. Unos años después, Enresa solicita al Ayuntamiento de Hornachuelos licencia para ampliar El Cabril, lo que se aprueba, y se da traslado a la comisión de urbanismo de la Junta de Andalucía, formada en absoluta mayoría por delegados del Partido Socialista y afines, y presidida por el delegado de Obras Públicas, Luis Moreno, que fue futuro senador y alcalde de Baena, quien desoye cínicamente los acuerdos del Parlamento y aprueba la ampliación del cementerio nuclear. Comienza así la ampliación de El Cabril II. Por eso, sí y no. También en aquellos tiempos hubo hasta 2 resoluciones, aprobadas por unanimidad en el Parlamento contra la ampliación de El Cabril. También le dio el visto bueno a Enresa el Ayuntamiento de Hornachuelos por segunda vez en cuanto esta pidió permiso para su ampliación, y también la Junta, con mayoría absoluta del Partido Socialista, le regaló la licencia. En fin, poderoso caballero es don dinero. Ya en febrero del año 2006, y al amparo de la resolución de 14 de febrero de 2006, la Dirección General de Política Energética y Minas autoriza a Enresa la ejecución y montaje de la celda del almacenamiento de residuos de muy baja actividad, una vez más con el Gobierno de Rodríguez Zapatero —14 de marzo de 2006, BOE número 62, que también le puedo facilitar—. En fin, aquellos fueron los inicios imparables de lo que hoy conocemos como el cementerio nuclear de El Cabril.
Consideramos que la actuación que ustedes plantean con el cierre de esta instalación va en contra de la estrategia mantenida desde la primera edición de 1987 del Plan general de residuos radiactivos, creado y redactado por ustedes en el Gobierno, en el que se opta preferentemente por una única instalación centralizada para cada tipo de residuo radiactivo, en el caso de los de media y baja actividad, El Cabril, y en el caso de los de alta actividad, el almacén temporal centralizado. Textualmente la redacción de su exposición de motivos era la siguiente: «Por las ventajas de carácter estratégico, técnico, de racionalidad económica y de seguridad física que ofrece disponer de una instalación centralizada...». ¿Qué ha cambiado ahora, señor Durán? ¿Qué les ha ocurrido? Ahora ustedes no gobiernan. ¿Qué pretenden ahora? ¿Justificarse ante los cordobeses, cuando ustedes fueron los que autorizaron e inauguraron estas
instalaciones y concedieron todo tipo de licencias con sus respectivas bondades? Además, señor Durán, todos somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Titular del año 2009: «Juan Pablo Durán pone a Enresa como ejemplo de empresa medioambiental», Diario Córdoba.
Señor Durán, usted sabe que para dar cumplimiento a esta estrategia que han venido marcando ustedes desde el año 1987 en los diferentes planes generales de residuos radiactivos, en lo que se refiere a la gestión de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos de alta actividad, a instancias del Congreso de los Diputados, el 27 de abril del año 2006 se aprobó una proposición no de ley relativa al establecimiento de una comisión interministerial a la que se le encomendó el establecimiento de los criterios que debería cumplir el emplazamiento de un almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado y de residuos radiactivos de alta actividad —ATC—.
El 23 de diciembre de 2009, su Gobierno, el Partido Socialista, una vez más, puso en marcha una selección de estos emplazamientos, que culminó el 30 de diciembre de 2011 con la designación por parte del Gobierno del municipio de Villar de Cañas, Cuenca, como emplazamiento para esta instalación, que actualmente se encuentra en fase de autorización.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que en el supuesto de que se llevara a cabo la clausura de El Cabril, todo el emplazamiento tendría que estar sometido a los correspondientes planes de vigilancia radiológica y de control de acceso que estableciera el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que tendría la correspondiente repercusión económica adicional en el coste de la gestión de los residuos radiactivos, sin perjuicio de que no está previsto que la capacidad de almacenamiento en volumen autorizado se alcance durante la presente legislatura, por lo que se considera que no se puede instar al Gobierno a que se lleve a cabo esta situación.
En caso de que se clausurara El Cabril, habría que disponer previamente en España de otra instalación que pudiera gestionar de forma definitiva los residuos radiactivos de baja y media actividad que se generan en el país. No olvidemos que El Cabril es el único centro de almacenaje de residuos radiactivos de media y baja actividad en España.
En los primeros catorce años del Gobierno Socialista, de 1982 a 1996, ustedes justificaron la necesidad de estas instalaciones, creando y desarrollando este, y no otro, centro de residuos radiactivos que hoy es El Cabril; justificaron la necesidad de mantener El Cabril como único centro de almacenaje de residuos radiactivos para alojar los residuos generados por accidentes radiactivos —recordemos Acerinox—, residuos radiactivos provenientes de centros de investigación, residuos inevitables que generan nuestros hospitales y desechos generados por los desmantelamientos de centrales nucleares que se están produciendo en España.
En sus veintiún años de Gobierno socialista nunca cuestionaron lo que hoy plantean al Gobierno: la clausura de este centro. Es asombroso cómo el Partido Socialista saca su doble vara de medir cuando les interesa. Cuando ustedes gobiernan, todo les parece bien, pero cuando gobiernan otros, les culpan de lo que ustedes mismos hacen.
En cuanto a los planes económicos, los datos económicos y de plantilla de personal y de colaboradores que en la actualidad se encuentran trabajando en estas instalaciones son los siguientes: en plantilla de Enresa, El Cabril, 125 personas y profesionales, de los que 52 son del municipio de Peñarroya; 15, del municipio de Fuenteovejuna; 20, de Hornachuelos, y 25, de Córdoba. El resto, de Azuaga y del resto de la provincia. Del personal colaborador, contrata en el segundo cuatrimestre del año 2014 a 51 personas de vecinos de Peñarroya, 14 de Fuente Ovejuna, 27 de Hornachuelos, 16 de Córdoba y el resto, hasta 176, de Azuaga y del resto de la provincia.
En la actualidad, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 1989, posteriormente modificada por otras de 1994, 1998 y 2001, Enresa distribuye entre los municipios de la zona unas asignaciones económicas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del Plan general de residuos radiactivos. Estas asignaciones se financian mediante las tasas que pagan los titulares de las centrales nucleares. Desde 1989 la zona ha recibido por este concepto más de 98,2 millones de euros directamente de Enresa destinados a los municipios de Hornachuelos, Las Navas de la Concepción, Fuente Ovejuna y Alanís, que son los que están incluidos en la orden ministerial, pero, además, también han sido firmados convenios con los municipios de Peñarroya y Azuaga. En el caso de que se clausurara esta instalación, de acuerdo con dicha orden ministerial estas asignaciones dejarían de recibirse.
Ni que decir tiene que ha de recordarse la tasa de paro que tenemos en el Guadiato, y a usted se le llena la boca al dar ruedas de prensa. Pero con los datos que le diré ahora le puedo asegurar que, si se quisiera, se podría paliar la situación por parte de la Junta de Andalucía que es quien tiene las
competencias de empleo. Porque ¿sabe usted las cuantías que ha recibido la Junta de Andalucía? Pues también se lo voy a decir: directamente por Enresa en concepto de impuestos, la friolera de 41.229.045,17 euros y, a través del Estado, la Junta de Andalucía ha recibido 11.915.925,66 euros y ¿sabe lo que han recibido los municipios de la zona por parte de la Junta de Andalucía? Cero Zapatero ¿Dónde estaba la cuota de solidaridad de la Junta de Andalucía con los municipios de Fuente Ovejuna, Hornachuelos y Peñarroya? Le puedo decir que la Junta de Andalucía —como dijo un secretario general socialista cordobés— ha dejado tirados en la cuneta a los vecinos de Hornachuelos, Fuente Ovejuna y Peñarroya.
Gracias, señorías, gracias, señora presidenta.
(Núm. exp. 661/000512).
Seguimos con el orden del día. Toma en consideración de la moción por la que se insta al Gobierno a concluir las obras del proyecto de reposición de infraestructuras hidráulicas en el barranco del Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, Santa Cruz de Tenerife, número de registro 661/000512. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Medina Tomé.
Como he hecho anteriormente, si la señora presidenta me lo permite, voy a defender el espíritu de la moción y una enmienda presentada. Se me ha reprochado que cambiaba las mociones, las propuestas. Yo no tengo la culpa de que uno presente aquí una moción y se debata —afortunadamente no es este caso— un año después. Y si uno presenta una moción porque las circunstancias en ese momento son las que son, pasa el tiempo y, existiendo el problema de fondo, cambian las formas, creo que estoy en mi derecho de presentar cuantas enmiendas estime oportunas y eso no debe ser objeto de reproche por nadie. En cualquier caso, los reproches tendrían que hacerse al Reglamento o a cómo funcionamos en esta Cámara.
Dicho lo cual, paso a defender la moción que presentamos en su momento, las razones que nos movieron a hacerlo y a plantear ahora una enmienda con la que, siendo conscientes de la situación de la obra, se pretende ampliar el plazo de conclusión de la misma. La Dirección General de Aguas, organismo entonces dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, adjudicó esta obra en junio de 2011 a una empresa para que se ejecutara el proyecto de reposición de infraestructuras hidráulicas en el barranco de Valle Gran Rey, cercano al conflicto anterior, al paseo marítimo de Valle Gran Rey. Valle Gran Rey es el municipio de la isla de La Gomera de más proyección turística de la isla. El importe total del presupuesto base de licitación fue de 8 240 736,87 euros y el de adjudicación llegó a cerca de 7 millones. Sobre este proyecto y ante el retraso de las obras que se venía produciendo y ocasionando por muchos factores, el 16 de junio del 2013 pregunté al Gobierno cuál era el grado de ejecución del referido proyecto a junio de 2013, las razones que estaban motivando el retraso y, principalmente, porque tiene que ver con esta moción, cuál era el plazo previsto por el Gobierno para que las obras se concluyeran. Una obra que provocó y continúa provocando mucho debate en el municipio y que, si no se concluye, generará más problemas ya que el invierno está a la vuelta de la esquina. El 29 de julio de 2013 se recibe respuesta del Gobierno a la pregunta formulada y se me responde que la fecha prevista es el año 2014, a lo largo de ese año, si bien es verdad que no se establece ninguna fecha concreta. El 21 de mayo de 2014 presentamos esta moción, pero, a la vista de lo que estaba ocurriendo en el barranco y de que la obra estaba paralizada —uno está por allí con alguna frecuencia y sabe cómo va—, entendimos conveniente y necesario presentar una moción para llamar la atención y que el Gobierno nos explicara qué estaba pasando, cuáles eran las razones del retraso y, si no se podía acabar en 2014, se hiciera lo posible para que la obra se terminara cuanto antes. Efectivamente, uno es consciente de que ha habido problemas, y han sido de toda naturaleza. Me consta que el Gobierno esto se lo ha tomado en serio, como no puede ser de otra manera, y también me consta que ya ha dado pasos relevantes para concluir esta obra que, insisto, es muy importante en una zona como la de la que estamos hablando. ¿Qué hemos hecho? Pues lo de antes, en lugar de mantener una fecha, porque mas allá de septiembre de 2014 ya es
materialmente imposible, a la vista de que estamos en noviembre y de los últimos datos que conocemos, lo que le proponemos al Gobierno —y después daremos algún dato más si es que no lo conocen sus señorías en el Partido Popular, que me extrañaría que no conocieran los últimos datos— es que se hagan todos los esfuerzos posibles para que la obra se termine antes de que concluya el primer semestre de 2015. Porque es verdad que esta obra la adjudica y la financia el Estado, pero la responsabilidad en la dirección de obra recae en la comunidad autónoma y, conscientes —insisto— de los problemas, como la moción estaba presentada, hemos creído conveniente presentar una enmienda para ayudar todos y para que el Gobierno y la comunidad autónoma, que también aquí tiene que espabilarse un poco, sepan que los que ocupamos cargos públicos nos interesamos y estamos pendientes de las cosas para que se hagan cuando antes. Ahora le decimos al Gobierno: haga usted lo posible para que esta obra se concluya; ya no puede ser en el año 2014 como se me dice, sino que vamos a ver si la terminamos a lo largo del primer semestre, en mayo o junio del año 2015. Eso es lo que proponemos.
¿Algún grupo quiere realizar un turno en contra? (Pausa).
Tiene la palabra el senador Medina Tomé.
El señor MEDINA TOMÉ: He dicho que se tiene información y sé que el secretario de Estado ha adoptado determinadas resoluciones en este sentido y que ya se han comunicado las previsiones, pero también tengo que decir que aceptar la enmienda y la moción no va a producir ningún trauma a nadie, ni al Gobierno de España, ni al Gobierno de Canarias, ni al municipio ni a los ciudadanos de Valle Gran Rey, porque lo que estamos proponiendo es casi lo mismo que ha propuesto el secretario de Estado; es más, en la moción se es más generoso que en las previsiones que tiene el Gobierno para concluir esta obra. Y no quisiera pecar de vanidoso, pero es curioso que en los últimos días se hayan resuelto muchos problemas que estaban pendientes con esta obra, de lo cual me alegro y deberíamos de alegrarnos todos; porque si las cosas se están resolviendo significa que van por buen camino y creo que no pasaría nada si esta moción —que habrá que someterla a votación— se apoyara, aunque a veces uno pide cosas que son materialmente imposibles, pero la esperanza nos mantiene en que sea así.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Socas León.
La señora SOCAS LEÓN: Gracias, señora presidenta.
No puedo más que estar de acuerdo con el senador canario del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que todos nos preocupamos —y él no es el único— de estos temas y hacemos un seguimiento y estamos pendientes desde el Estado respecto a cómo va la ejecución de este proyecto, que, como bien señala en su título, se indica que es un proyecto de reposición de infraestructuras hidráulicas en el barranco de Valle Gran Rey, en el término municipal del mismo nombre, cuyo grado de ejecución es del 85,12%. Estas obras tienen un presupuesto actual de 7 715 854,15 euros, que, como bien ha dicho, han requerido una tramitación de un proyecto modificado que la comunidad autónoma solicitó en su momento sin tener un incremento presupuestario, pero a lo largo de esa modificación se ve que —por una serie de circunstancias ajenas a la misma— ha tenido que fijar unas nuevas fechas para su tramitación. Como también usted bien ha dicho, este proyecto está aprobado desde el 15 de octubre, es decir, recientemente, por lo que, en breve, se podrán contratar y concluir los trabajos. En este caso, no podemos votar a favor de la enmienda de sustitución que usted presenta para que las obras se concluyan no mas allá del mes de junio porque no podemos predecir que dicha conclusión de las obras se acerque a esa fecha; no somos adivinos pero sí que nos gustaría —y a mí, en particular como canaria— que esa fecha se cumpliera; mejor dicho, me encantaría que se terminaran las obras en abril, en mayo, o justamente antes de junio, pero, repito, no podemos predecirlo, con lo cual vamos a votar en contra de la enmienda de sustitución que usted propone. El expediente de las obras se incluye en el proyecto de inversión de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 bajo el epígrafe Actuaciones en cauces en Canarias y está dotado con 1 372 000 euros, de los cuales 1 046 000 corresponden a la obra del barranco Valle Gran Rey. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 se incluye el mismo
proyecto de inversión, la misma actuación en cauces en Canarias dotado con 965 000 euros, dotación que corresponde íntegramente a esta obra, la del barranco de Valle Gran Rey, y no hay más actuaciones previstas en este asunto.
Por todo lo anterior, creo que vamos a votar en contra de la moción presentada aunque, como canaria, espero y deseo que se concluya antes de junio de 2015.
(Núm. exp. 661/000538).
Continuamos con el orden del día: toma en consideración de la moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas al objeto de prevenir nuevas introducciones de especies exóticas invasoras en nuestro territorio y frenar la expansión de las que ya existen, con número de registro 661/000538, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el senador Elena Núñez.
El señor ELENA NÚÑEZ: La doy por defendida y expondré los motivos de su presentación en el turno de portavoces.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el senador Arrufat.
El señor ARRUFAT GASCÓN: Gracias, señora presidenta.
Hemos presentado una enmienda en la que, de los cuatro puntos incluidos en la moción propuesta, lo que planteamos es una adición al número 4 en el sentido de que las medidas que se consideren deberán perseguir la erradicación de especies problemáticas contemplando las dotaciones económicas pertinentes y siempre de acuerdo con los sectores económicos, en su caso, afectados. Señorías, cuando hablamos de instrumentar medidas de erradicación y la introducción de especies, hay una serie de temas fundamentales. Poco se puede conseguir con coordinar un acuerdo o un consenso entre administraciones porque eso supone la endogamia de mirarnos por dentro, y menos con estrategias de gestión y control y posible erradicación. Son temas condicionales, y hay voluntad para ocuparse de ellos, pero aun así no se traducen en nada, ni incluso en medidas para poner freno a nuevas entradas. Nosotros añadimos claramente dos temas fundamentales: uno es la erradicación de especies, con dotación económica. No decimos que sea de presupuestos del Estado ni decimos que sea de presupuestos de otras administraciones, pero habrá que poner recursos económicos —con voluntad no se consigue nada—. El otro punto no es menos importante: hay que contar con los sectores. En este sentido tenemos ejemplos candentes dado que afecta no solamente a la salud animal —como luego veremos— sino también a la salud humana y hay que ser conscientes de las realidades, porque no sirve decir: vamos a dejar que el visón funcione porque a los peleteros les interesa, pero no sabemos los riesgos que tenemos —luego hablaremos de esa cuestión en la intervención de grupos—. Miren, señorías, tenemos 3 ejemplos: el Pomacea canaliculata, el caracol manzana, los daños que está haciendo al arroz son terribles y los daños que se pueden hacer con el uso indebido de productos también pueden ser terribles. Por tanto, hay que tener en cuenta las consecuencias y poner dinero encima de la mesa y, repito, no digo que sea la Administración del Estado, habrá que ver quién, cómo y de qué manera y hablaremos también de que el que contamina paga; también habrá que incidir por esa vía, como nos demostrará la normativa comunitaria recientemente aprobada. Otro ejemplo es el caso de la avispa asesina. Las empresas melíferas tienen una invasión de la avispa asesina, y lo estamos viendo en el norte de España, desde el País Vasco en donde entró, pasando por toda la cornisa Cantábrica y llegando hasta Galicia; al resto de España tristemente a lo mejor llega, pero habrá que instrumentar medidas. Otro ejemplo es el mejillón cebra. Yo soy aragonés y si hoy tenemos el caracol manzana en el delta del Ebro, el mejillón cebra lo tenemos ya en las conducciones del río Ebro arriba, en el embalse de Mequinenza y todas estas zonas.
Por todas estas razones, nosotros como grupo entendemos que no solamente valen las voluntades; son importantes, pero tenemos que ir un poco más allá, sobre todo, tener acuerdo con la sociedad, con los sectores y buscar instrumentos de financiación en la medida que sea. Repito, no lo cargo todo a la Administración del Estado, sino buscar instrumentos por esa vía.
Tiene la palabra el senador Elena Núñez a los efectos de si se admite o no la enmienda.
El señor ELENA NUÑEZ: No vamos a admitir esta enmienda porque, entre otras cosas, lo que pretendemos con esta moción es concienciar a la sociedad y lo demostraré a lo largo de mi intervención. Creo que en este tema hay cuestiones más importantes que la dotación económica, porque en este momento ¿qué dotación económica hay? Usted ha hablado del mejillón, del caracol, y yo le podría hablar en Extremadura del camalote o jacinto de agua, en el cual llevamos invertido en la comunidad autónoma extremeña más de 20 millones de euros en los últimos 8 años, pero creo que esta moción lo que pretende es concienciar a la sociedad, concienciar también, en este caso, a las distintas administraciones y creo que todo camino empieza por un primer paso. Este es un paso muy importante y, por eso, vamos a votar en contra de la moción y creo que es muy relevante que concienciemos a la sociedad y a las adminsitraciones públicas de que tenemos que estar coordinados porque es un gran problema, una gran amenaza —como usted muy bien ha dicho— no solamente para la biodiversidad, sino también para la salud púbica y, concretamente, también causa muchos gastos económicos tanto a las distintas comunidades como al resto de la comunidad europea.
Abrimos turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, el senador Cazalis tiene la palabra.
El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on; buenos días, señora presidenta.
Me da un poco de pena que no se haya defendido la moción porque, así, nos tenemos que ceñir solamente a lo escrito y creo que tampoco hubiera estado de más que el grupo proponente explicara un poco de viva voz de qué se trata. Tampoco vamos a hacer de eso un casus belli. En esta moción se habla esencialmente —en la parte dispositiva sobre todo— de especies invasoras con repercusión económica directa y creo que, lo mismo que se habla en la parte expositiva, hay otras especies que tal vez no tienen una repercusión económica tan directa como puede ser en el caso de la avispa o el caracol, pero que suponen —como también se apunta al principio de la moción— la segunda amenaza para la biodiversidad —y esta es una Comisión de Medio Ambiente—, después, evidentemente, de la pérdida de los hábitats naturales. Por lo tanto, sí creo que a lo mejor no se tenía que haber centrado tanto la moción en aquellas especies que tienen repercusión económica —que es muy importante, por supuesto, y todos estamos de acuerdo— sino también incluir otras especies que yo creo que en una Comisión de Medio Ambiente hubiera sido más adecuado. Lo que sí ha sido y es necesario es regular la introducción de estas especies alóctonas y erradicarlas si son potencialmente invasivas; invasivas o, incluso, claramente invasivas y transformadoras del entorno y, para esto, creo que, aun con mayor o menor éxito, ya se lleva legislando veinticinco años a todos los niveles, tanto a nivel estatal como autonómico y también europeo. A nivel municipal creo que no, pero también puede que haya alguna otra experiencia. Por lo tanto, mínimamente quiero recordar que, existiendo ya una estrategia europea para las especies exóticas invasoras, la Ley 42/2007 del patrimonio natural en su artículo 61 ya hablaba de la necesidad de elaborar un catálogo, que se hizo en el Real Decreto 630/2013, es decir, antes de ayer; está el proyecto Daisie impulsado por la Comisión Europea. En fin, normativa existe, lo que habría que hacer, en todo caso, sería implementarla y para eso lo que hace falta son recursos y el Estado tiene que poner sus recursos porque, entre otras cosas, ni avispas ni caracoles entienden de fronteras; no hay avispas nacionalistas, las avispas son de todos, todavía. Por consiguiente, hay una parte que el Estado no puede obviar, no puede invitar a la ronda para que paguen las comunidades autónomas y paguen las entidades locales, lo que tiene que hacer es poner dinero, poner la financiación necesaria para atajar o intentar atajar este problema, por lo dicho, porque es un tema transnacional y el Gobierno tiene que poner dinero.
Desde nuestro punto de vista, analizado todo esto, la moción no aporta nada que no esté ya dicho o incluso regulado. Lo único que nos podía haber aportado, la única novedad hubiera sido que hubiera un compromiso de financiación por parte del Gobierno porque, para frenar la expansión, hay que poner dinero; para desarrollar estrategias de que se lleve un control y posible erradicación hay que poner dinero; para seguir impulsando campañas de divulgación, hay que poner dinero y, para poner freno a la entrada de nuevas especies, también hay que poner dinero y no puede ser que lo pongan solamente las comunidades autónomas o las entidades locales que —vuelvo a repetir— no sé si en esto tienen que estar. Pero también es evidente que tampoco se habla de financiar en esta moción, porque el propio Grupo Popular considera que la ejecución de lo solicitado en la moción no genera coste económico alguno. Por lo tanto, a nosotros no nos aporta nada especial. Estamos de acuerdo con todo lo que se dice, porque no podemos estar en contra, seríamos bárbaros si estuviéramos en contra, pero lo que creemos es que, en una oportunidad como esta, había que haber seguido o haber tomado un compromiso esencialmente financiero, que es lo que todos estamos esperando.
Por eso, nosotros, señora presidenta, señora futura ministra, nos vamos a abstener.
Muchas gracias. (Risas).
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Cazalis.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Arrufat.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular habla de concienciar a la sociedad. Si concienciamos a la sociedad restringiendo, eliminando especies de la lista de especies invasoras, difícilmente concienciamos a la sociedad. Hacemos la faena por detrás pero, por otro lado, estamos tolerando, con lo cual podemos concienciar a la sociedad, como decía antes, con consensos, con declaración de intenciones, pero no quitando algunas del listado de especies invasoras. Tenemos una normativa reciente —hacía referencia a ella el senador Cazalis—, el Real Decreto 630/2013, pero a lo largo de mi intervención yo voy a invitar al Gobierno a que aplique la normativa comunitaria, que se aprobó el 16 de abril de 2014. Estamos en una situación en la que hay que subir un poco el listón, no hay que poner barreras y palos en las ruedas en el sentido de eliminar especies que son invasoras, porque ahora veremos los riesgos que tienen algunas de ellas. Y, como se ha dicho, no solamente son temas económicos, sino que también son cuestiones relacionadas con la biodiversidad, que pueden generar daños ambientales y, como veremos, también daños humanos. Respecto a la permisividad de las especies como, por ejemplo, el visón americano, tengo que decir que si los peleteros tienen mucho interés, pues que importen las pieles y que las transformen. Hoy, países como Holanda, Alemania, Reino Unido, que están por delante de nosotros, no están autorizando granjas de visón americano. Esta es la realidad actual y luego —para los que somos profesionales en estos sectores— hay enfermedades animales como la toxoplasmosis, la artritis vírica, el botulismo, la neumonía hemorrágica y, sobre todo, la parvovirosis de la enfermedad aleutiana, que tiene riesgo de transmisión humana; no solamente pueden aparecer daños en especies animales con nuevas enfermedades sino que puede haber un riesgo de transmisión a la especie humana, que está demostrado perfectamente. Enfermedades aleutianas que producen daños a humanos y al visón europeo o a la nutria. Luego, si a esto añadimos que nuestro ministerio, gobierne quien gobierne, nuestras comunidades autónomas también, han puesto dinero durante años para salvar las especies autóctonas, se ha perdido mucho tiempo, pero se han gastado recursos y se puede demostrar, con toda la buena voluntad del mundo, preservando especies autóctonas como el cangrejo. Por tanto, si por un lado ponemos dinero para preservar autóctonas y, por otro, abrimos la gatera para que entren otras, poca faena hacemos. Habrá que ser restrictivos y exigentes con lo que pueda venir y habrá que poner algunos recursos, con lo cual —como decía antes—, si abrimos la gatera, la lista restrictiva disminuye y tenemos mucho más riesgo.
El último decreto que se aprobó fue de 2013 y desde el Grupo Socialista les invitamos a que pongan en marcha la adaptación a la normativa comunitaria, que hablamos del 16 de abril de 2014; resolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y no me voy a extender, porque ustedes lo pueden leer perfectamente, pero yo les voy a dar 4 pinceladas sobre este decreto: Deja la revisión abierta a cualquier reglamento, con lo cual se puede ampliar esa lista, no reducir, sino ampliar; hay que autorizar las entradas; hay que identificar las especies; habla de detección temprana y de erradicación rápida, o sea, que estamos en un nivel europeo, no nos miremos el
ombligo en casa, sino que vamos a otro nivel. Habla, por supuesto, de controles oficiales; de notificación y detección y habla de recuperación de costes. Diplomáticamente lo dice muy claro, recuperación de costes. Lo dice de manera muy diplomática pero se entiende: quien contamina, paga. Aquí cada uno tendrá que apechugar con lo suyo. Si yo tengo el capricho y dejo que se vaya un caracol manzana de un criadero que tengo, pues tengo que apechugar con el tema, efectivamente. Luego habrá que instrumentar medidas. También regula las sanciones y las infracciones.
En resumen, tenemos que aplicar una normativa —que no quiere decir que haya que perseguir a la gente— con los pies en el suelo porque sabemos las consecuencias que trae.
Hablamos de muy pocas especies y podríamos hablar de muchas más. Desde luego, tenemos que pensar en eliminar prebendas. No conseguimos nada con esa lista. Recientemente, en el último decreto, se redujeron las especies en plan de protección a algunos sectores —cinegéticos, piscícolas e incluso peleteros—. Por tanto, evidentemente, si no nos admiten la enmienda, nosotros no podemos votar a favor de la moción.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Elena Núñez.
El señor ELENA NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Una especie exótica o no nativa es un organismo que se ha introducido intencionalmente fuera de su entorno natural, se considera invasor si tiene efectos negativos sobre el entorno y, si se da, en este caso este tipo de invasión puede tener efectos devastadores para las especies que en este hábitat se encuentren.
La introducción de especies exóticas es —como usted muy bien decía— la segunda mayor amenaza de la biodiversidad después de la pérdida del hábitat, produciendo importantes afecciones tanto sobre la salud pública como sobre la economía. Cabe destacar que, de las 12 000 especies exóticas que se encuentran en el entorno europeo, entre el 10% y el 15% se han reproducido y extendido, teniendo graves problemas ambientales, económicos y sociales. Se estima que costará aproximadamente unos 12 000 millones de euros al año poner fin o intentar erradicar estas plagas.
El problema es de tal envergadura e importancia que se agrava en las últimas décadas con el aumento del comercio y del turismo —sobre lo que no se ha dicho mucho—.
Asimismo, el cambio climático —sobre el que tampoco se ha dicho nada— es un factor a tener en cuenta en la propagación de estas especies provocando que algunas áreas sean más favorables para la proliferación de determinadas especies invasoras. La directora ejecutiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente —y entro un poco en lo que decía el portavoz socialista sobre las disposiciones que se han dictado desde la Unión Europea— en 2013 señaló que, en muchas zonas, los ecosistemas están debilitados por la contaminación, el cambio climático y la fragmentación. Las especies exóticas invasoras aumentan su presión sobre el mundo natural y son extremadamente difíciles de restituir. En este sentido quiero señalar que de las 395 especies europeas nativas en peligro crítico de extinción, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 110 están en peligro a causa de las invasiones de especies exóticas.
Estamos ante un problema transnacional —como también decía el señor Cazalis— y, en este sentido, la Unión Europea —por eso yo discrepo algo con usted, no con el señor Cazalis, sino con el portavoz— tenía que tener mucha mayor implicación a la hora de elaborar estrategias para afrontar un problema que, de no tomar medidas urgentes —y lo repito, estoy seguro de que es un problema transnacional y la Unión Europea tenía que tener mayor implicación a la hora de elaborar estrategias para afrontar— para mitigar la proliferación de esta invasión silenciosa —como la determinan muchos de los ecologistas y muchos de los sectores que trabajan sobre esta materia—, tendremos en un futuro no muy lejano daños irreparables en nuestra biodiversidad. La Comisión Europea —y me voy no a la del 7 de octubre del 2014, como usted bien decía, sino a las propuestas que tuvo el 9 de septiembre del 2013 para elaborar una lista— en el 2013 sí tenía una lista cerrada de las 50 especies exóticas invasoras que más daño causaban en la Unión Europea —no era una lista abierta en el 2013— con vistas a vetar su entrada en territorio comunitario, proponiendo actuar en tres direcciones: en la prevención, en la alerta temprana y en la gestión de las especies ya establecidas —medidas que usted alababa—. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pidió a la Unión Europea que debía hacer más para evitar la entrada de especies invasoras. A juicio de este organismo —el número propuesto por la Comunidad Económica
Europea era 50 especies en un principio en el 2013— hacía muy poco para que se preservasen los objetivos de biodiversidad y algo que usted ha dicho también: que ese periodo que se establece ya en el 2014 —en el 2013 eran cinco años— de seis años para la revisión —que concretamente se volverá a revisar el 1 de junio del 2021— no garantiza —y esto sí que es muy importante— la flexibilidad requerida para una respuesta temprana a las nuevas amenazas, que era una de las direcciones de los tres pilares sobre los que se basaba la normativa comunitaria en este sentido. Usted me ponía como ejemplo el caracol manzana. Pues dese cuenta si en el caracol manzana tuviéramos que esperar seis años para una respuesta temprana. Si ya en el 2008 había aproximadamente unas 8 hectáreas infectadas, y tres o cuatro años después se han llegado a infectar por esta plaga más de 10 000 hectáreas de humedales, imagínense si le damos seis años, como pretende la normativa que usted alababa tanto hace un momento.
Creo que en España, en la actualidad, existen alrededor de 500 plantas invasoras y en torno a unas 100 especies animales —las más importantes, por los depredadores y por el daño que están haciendo a la biodiversidad, el mejillón zebra, el mapache, el caracol manzana, la llamada avispa asesina—. Creo sinceramente que tenemos aquí un problema y que hay que adoptar las medidas necesarias sobre coordinación eficaz entre las distintas administraciones para que se realice un estricto control de las mercancías susceptibles de introducir especies exóticas en España.
Algo sobre lo que tampoco se ha hablado —y que es muy importante— es la regulación y el control del transporte de las aguas de lastre. Anualmente, unos 45 000 cargueros desplazan más de 10 000 millones de toneladas de agua de lastre por todo el mundo. Mire, valga un ejemplo: el estudio que realizaron científicos americanos, que hallaron 317 especies de organismos exóticos en el agua de lastre de un solo barco de mercancías japonés que estaba recalado en la costa del Pacífico de Estados Unidos —317 especies de organismos exóticos en un solo barco—.
Hemos dicho que entre las especies invasoras que debemos tener muy en cuenta se encuentra el mejillón zebra, especie en clara expansión por Andalucía, Cataluña, Castilla y León, La Rioja, Navarra, el País Vasco y la Comunidad Valenciana. Causa, como todos sabemos, grandes problemas a lo que son las infraestructuras anejas al agua, como puedan ser tuberías, embarcaciones, y, sobre todo, afectan negativamente al turismo porque en muchas playas aparecen gran cantidad de estos moluscos muertos. También es muy perjudicial para el abastecimiento de agua que es de naturaleza humana como puedan ser los distintos regadíos, así como para la producción eléctrica.
Otra especie a tener en cuenta es el mapache, como también se ha hablado por aquí. Esta especie se ha expandido por Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares y Madrid. Son una amenaza grave para las especies autóctonas, en concreto el zorro y otra serie de especies, y pueden transmitir —como también muy bien usted decía— enfermedades al ser humano, concretamente la rabia.
Otra especie que está causando graves problemas es el caracol manzana —ya se ha hablado aquí por los portavoces—. Es un molusco invasor que se come los tallos de arroz justo cuando están creciendo y que está causando graves problemas en las cosechas de cereal del delta del Ebro, perdiendo la siembra en muchos campos a consecuencia de esta plaga.
Creo que también se ha hablado de la avispa, de la avispa asesina —Vespa velutina— que entró en España a través de Francia —concretamente en el 2004—, por Irún, posteriormente se ha expandido por Navarra y en la actualidad también está causando graves problemas en Galicia y en Cataluña. Este tipo de avispas se alimenta de abejas autóctonas, por ello, el enjambre de abejas locales está en peligro y su pérdida afecta a la producción de miel. Pero yo creo que lo más importante de este tipo de avispa es la polinización, es decir, muchos vegetales no son polinizados. Y esto, por supuesto, lleva grandes costes económicos.
También la invasión afecta a la flora acuática y terrestre. En este sentido hay que destacar el jacinto de agua o camalote, siendo hoy una de las plantas que más amenaza a la biodiversidad acuática de la Península según el profesor García Murillo. Es lo que yo les decía a ustedes al principio: que sin concienciación civil y pública —repito, sin concienciación civil y pública— nuestros humedales podrían convertirse en alfombras kilométricas de lechos de jacintos de agua o camalotes. Extremadura, por el problema que tiene con el jacinto de agua, ya lleva invertidos —en este caso, la comunidad autónoma y con algunos programas europeos— más de 24 millones de euros en los últimos ocho años.
Debemos reconocer la invasión biológica como una de las mayores amenazas para nuestra diversidad autóctona, por lo que debemos seguir avanzando en el estudio y en la adopción de medidas más eficaces, al objeto de prevenir y frenar la expansión en nuestro territorio de las especies exóticas invasoras. Debemos impulsar los mecanismos necesarios para asegurar la coordinación, el acuerdo y el consenso
en la gestión entre las administraciones central, autonómica y local, con el fin de prevenir la introducción de las especies exóticas invasoras. Debemos seguir impulsando —y vuelvo a recalcar que es muy importante, porque no lo digo yo, lo dicen Ecologistas en Acción, lo dicen la mayoría de los expertos como el profesor García Murillo— campañas de divulgación, sensibilización y concienciación social para incrementar la percepción social del problema. Debemos seguir adoptando todas aquellas medidas que se consideren necesarias para poner freno a la entrada de nuevas especies exóticas.
Sinceramente, creo que es una moción poco política y, por eso, pido que nos apoyen. Como decía al principio, es un primer paso. Puedo coincidir con ustedes en que tenía que haber una dotación económica, pero podríamos entrar en temas competenciales —aunque ya sé que las costas son competencia del Estado—. Creo que es un primer paso y por eso les pido su apoyo a esta moción.
AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día.
Moción por la que se insta al Gobierno a crear durante la presente legislatura, en el seno de la Comisión de coordinación en materia de residuos, el grupo de trabajo para analizar la introducción generalizada y gradual de envases y embalajes reutilizables. Número de expediente 661/000539. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra para su presentación y defensa la senadora Pons Vila.
La señora PONS VILA: Gracias señora presidenta.
Para que el portavoz del Grupo Vasco no me riña, voy a intentar explicar un poco de qué va la moción, aunque supongo que se la han mirado todos.
En el programa electoral del Partido Popular del 2011, con el que ganamos las elecciones, en nuestro apartado de medioambiente hablábamos precisamente de que intentaríamos avanzar para tratar y gestionar de forma eficiente los residuos que se producen en España en la línea de lo establecido en la directiva marco de residuos y que fomentaríamos la responsabilidad ciudadana en el respeto al medioambiente, conservación de la naturaleza, preservación de la biodiversidad y cuidado de los animales. (Lo digo para contextualizar un poco los pasos que estamos dando.) Estaba en nuestro programa electoral.
El pasado 15 de octubre presentamos una moción en el Pleno mediante la cual instábamos al Gobierno a impulsar un nuevo plan estatal marco de gestión de residuos. Y dentro de esa estrategia, avanzamos un paso más y hoy presentamos esta moción en la Comisión de Medio Ambiente precisamente para, dentro del marco de los residuos en general, hablar de los envases y los embalajes. Pensamos que es un elemento imprescindible en la cadena de distribución, consideramos que hay que tomar de alguna manera medidas para que se estudie cómo podríamos llegar a reducirlos o a hacerlos menos contaminantes y creemos que es un tema que vale la pena impulsar. Por ello, lo que pedimos —en este caso al Gobierno—, dentro de lo que regula la Ley de residuos —Ley 22/2011—, del Partido Socialista, es precisamente —y queremos que se haga en esta legislatura porque pensamos que todavía tenemos tiempo— que en el seno de la Comisión de coordinación en materia de residuos, que ya está funcionando en otros temas, se cree un grupo de trabajo que analice la introducción generalizada y gradual de envases y embalajes reutilizables y fabricados con materias primas sostenibles, renovables y biodegradables, porque los diferentes impactos medioambientales y económicos que tienen pueden verse muy favorecidos si los estudiamos para intentar reducirlos. También pedimos que se desarrolle un plan de objetivos para la implantación de estos envases y embalajes sostenibles en la cadena de distribución comercial.
No somos partidarios, en este caso, de entrar a legislar o a marcar directamente qué es lo que se tiene que hacer, sino que consideramos —como dice precisamente la Ley de residuos— que lo más
adecuado y satisfactorio sería precisamente crear un equipo de trabajo con personas —no necesariamente políticos, evidentemente— que sean las que decidan y den pautas de lo que se considera más adecuado.
Consideramos, evidentemente, que es muy necesario avanzar en la prevención de los residuos empleando envases reutilizables, envases fácilmente reciclables tanto en el ámbito comercial industrial como en el campo doméstico. También vemos que este momento es el más adecuado para esto al estar pendiente la revisión de la normativa de la directiva y cumpliendo el artículo 18 de la directiva. Pensamos que se podrían abordar previsiones relativas al avance en la utilización de envases y dar precisamente cumplimiento a esa directiva antes de que sea obligatorio.
Creemos que sería el momento adecuado para llevar adelante la puesta en marcha del grupo de trabajo cuando hayan avanzado más los trabajos de otros grupos de trabajo en la Comisión de esiduos, así el nuevo grupo de trabajo estaría dotado de los suficientes recursos y medios, temporales y humanos, que permitan un adecuado funcionamiento. Queremos que sea en esta legislatura, pero primero tendrían que acabar otros grupos de trabajo que están en esta Comisión de residuos.
Espero que esta moción reciba el apoyo del resto de grupos.
A esta moción se han presentado enmiendas por los grupos Vasco, Catalán y Socialista.
Para la defensa de las mismas y, por orden de menor a mayor, tiene la palabra en primer lugar el senador Cazalis.
El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias señora presidenta. Voy a intentar ser muy breve.
Primero quiero felicitar al senador Elena por su exposición. Yo creo que la tenía que haber hecho antes, porque ha sido una exposición muy trabajada. Por eso me da pena que no se haya hecho cuando yo creo que se tenía que haber hecho. Pero no le voy a echar la bronca a la senadora Pons, que sí lo ha hecho.
Como ha dicho la senadora Pons, el 15 de octubre tuvimos una moción a cuenta de los residuos en esta Cámara y ahí yo anuncié —así se lo hice saber al senador Aparici— que nosotros entendíamos que había que hablar de la reducción de los residuos procedentes de embalaje. Por eso hemos presentado esta enmienda. Tal vez no sea la mejor enmienda del mundo, pero creemos que no solamente hay que hablar de que los embalajes sean biodegradables sino también de la reducción y de la racionalización de embalajes, porque no podemos... Yo siempre hablo del efecto mazapán, pero es que es así: un mazapán no puede venir siete veces envuelto, porque, por muy biodegradable que sea, estamos haciendo un pan como unas tortas. Por eso hemos metido esta enmienda, que esperemos —no creo— que perjudique en nada al espíritu de lo presentado en la moción, todo lo contrario, creemos que es precisamente esa comisión quien debe intentar poner unos criterios de racionalización y de reducción —no solo de racionalización— del uso de envases y embalajes.
Esperemos que el grupo mayoritario lo acepte.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo de Convergencia, el senador Maluquer.
El señor MALUQUER FERRER: Gracias presidenta. Buenos días a los miembros de la comisión. Voy a ser breve.
Reutilizable o inutilizable, esta es la cuestión diría yo. Este es el sentido de la enmienda que presentamos a la moción porque la Ley de residuos y suelos contaminados no cita en el caso de la creación del grupo de trabajo la palabra reutilizable, que es la que sugerimos en el primer punto de nuestra enmienda que se elimine. No solo por una cuestión técnica, que una moción no puede alterar un mandato de una ley —en todo caso puede instar al Gobierno a llevar a término determinadas acciones—, sino porque hay una base conceptual que pasa por aquello de que son las materias primas sostenibles, renovables y biodegradables, que yo entiendo que básicamente son aquellas que tienen un origen natural, procedentes de una fuente renovable, que se degradan y acaban integrándose en la naturaleza. En cambio, el concepto reutilizable se puede aplicar a cualquier materia no sostenible como, por ejemplo, a los plásticos, a las pinturas, a los aceites minerales, a los combustibles, a los metales peligrosos, etcétera.
Yo tengo una especial sensibilidad en este tema y quiero recordarles que esta disposición adicional de creación de este grupo de trabajo de seguimiento en esa Ley de residuos y suelos contaminados
—entiendo que el sector del embalaje está realmente concernido por el tema— fue una propuesta del Grupo de Convergència i Unió, de mi grupo, por lo tanto, entendemos que esta moción debe circunscribirse a lo que marca la ley.
Presentamos otra enmienda, al punto 2, que aporta algo más. Al margen de que estamos diciendo que no hace falta mencionar la palabra reutilizable, queríamos añadir que también hay que estudiar la posibilidad de reutilizar, e instábamos a que ese grupo pudiera estudiar los sistemas de devolución, de depósito y retorno de envases, donde sea factible y de forma voluntaria; en todo caso, que lo tengamos presente. Esto es lo que decía la enmienda que hemos acabado presentando.
Quiero mostrar mi predisposición a encontrar un texto que nos convenga a todos los grupos y al grupo que ha presentado la moción, el Grupo Popular.
No hay enmienda del Grupo Socialista a esta moción, ha sido un error que rectifico. Entiendo por el debate que no hay turno en contra, en principio, por tanto pasamos al turno de portavoces.
Perdón,tiene la palabra la senadora Pons Vila.
La señora PONS VILA: Gracias presidenta.
Inervengo para fijar la posición sobre las enmiendas que se han planteado, que, en este caso, no son en contra.
He de decirle al señor Cazalis en referencia a la enmienda que ha tratado, del Grupo Parlamentario Vasco, que sí. En un principio nosotros pensamos que es el grupo el que tiene que decidir en qué sentido va, y, evidentemente, hay que racionalizar y reducir el uso de envases. Pero, bueno, como la finalidad es llegar a una reducción de envases, que cuantos menos sean, mejor y será menos perjudicial para el medio ambiente, pues no está de más indicarles por dónde tiene que ir el trabajo de esa comisión. Por tanto, aceptamos que se haga hincapié en fomentar la racionalización y la reducción del uso de envases y embalajes.
He de decir al senador del Grupo Convergéncia i Unió en relación con las enmiendas que una sí la aceptamos y la otra no. En el primer punto usted dice que eliminemos la palabra reutilizables. Nosotros seguimos pensando que hay que ir hacia envases reutilizables, pero sí aceptamos —y así lo dice la propia ley—, cuando se habla de la disposición adicional undécima del grupo de trabajo en esta Comisión de coordinación en materia de residuos y esa palabra no aparece, eliminarla de la moción, lo cual no quiere decir que los trabajos de la comisión no vayan en ese sentido si la comisión así lo considera. Es un poco la versión contraria a la del senador vasco. O sea, no queremos decir qué es lo que tiene que hacer la comisión, pero lo vamos a quitar de aquí porque estamos de acuerdo con usted en que sí, en que no lo refleja la ley.
En el punto 2 usted habla de que el plan debe analizar opciones para mejorar la reutilización y el reciclaje de residuos incluyendo el estudio de sistemas de retorno para aquellos envases donde sea factible para mejorar objetivos. Aquí sí que le vamos a decir que no porque eso ya no es una cuestión general, como dice el senador del Grupo Vasco, de reducir el uso de envases, sino que usted va a incluir precisamente un sistema —que es el de devolución y retorno— que ya fue tratado en otra ley, no precisamente en la Ley de residuos. Nosotros ya debatimos sobre este tema en una comisión —creo recordar— aquí, en la modificación de la Ley de residuos, y se vio como una opción más, pero huimos de esa polémica de que hay que implantar eso a toda costa. Por tanto, un poco en la línea de lo que le he intentado explicar antes, pensamos que el grupo de trabajo tiene que tener, dentro de unos límites, la mayor libertad posible. Por eso no vamos a aceptar dirigirles directamente hacia ese tipo de sistemas.
La señora PRESIDENTA: Ahora sí, turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.
El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señora presidenta, también brevemente.
Me alegro de que hayan aceptado nuestra enmienda. También entiendo en parte el argumento que da la senadora Pons, pero nosotros estamos instando al Gobierno a que cree una comisión de coordinación. Considero que es nuestro deber como representantes públicos decir a esta comisión por dónde creemos que deben ir las cosas que deben estudiar. Evidentemente, la parte técnica la hará la comisión, pero la
parte política la tenemos que hacer nosotros, y una vez que hacemos una moción en la que se insta a hacer una serie de cosas, nosotros entendíamos que también esta debe ser una de las líneas de trabajo. Por eso la hemos incluido.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Ruiz Santos.
El señor RUIZ SANTOS: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, en principio quiero anunciar que nuestro voto va a ser afirmativo, como no podía ser de otra manera, dado que es una cuestión que se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, en concreto en la ya aludida disposición adicional undécima de la Ley 28/2011, y que trae causa también, evidentemente, de ese apartado cuarto del artículo 13 de la misma ley. Por lo tanto, anunciamos que votaremos a favor. Además también quiero decir que compartimos el espíritu de las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco y por CiU. Pero, dicho eso, lo que no entendemos es el inicio de la intervención de la portavoz del Partido Popular, cuando dice que, cumpliendo con el programa electoral del Partido Popular con el que concurrió a las elecciones del 2011. No creo sinceramente que ese programa del Partido Popular dijera que tardaría tres años en instar a que se constituyera un grupo de trabajo que ya estaba preestablecido en una ley que ya estaba en vigor, porque, desde luego, si consideramos que todo el tiempo es bueno para trabajar, para hacer algo, hubiese sido mucho mejor haberlo constituido antes, que hubiesen trabajado precisamente y que hoy, por ejemplo, estuviéramos viendo esas conclusiones, esos objetivos o, como apuntaba el señor Cazalis, con la orientación política para la que estamos aquí, para poder haber trabajado en la materia con el que pretendía el espíritu de la ley y no tres años después instar a que se constituya en esta legislatura. Creo que eso no está en ningún programa electoral. Si tuviéramos que buscar algunas causas, nosotros podríamos decir cuáles son las que creemos, que son las nuestras. La portavoz del Partido Popular ha dicho que consideraba que primero había otras prioridades y que esta no era tal prioridad y que ahora es el momento oportuno, máxime cuando está el ordenamiento, la directiva aún no está concluida y podría eso alterar nuestro quehacer en esta comisión en lo que se pueda legislar. Nosotros entendemos que también puede haber otras causas. Quizá la más peregrina —pero que tampoco es baladí— es que a lo mejor el señor ministro ya no es el señor Arias Cañete y algunas cosas que estaban en el cajón ahora pueden salir, y que las prioridades que se tenían eran otras muy distintas. Me atrevo a decir que la prioridad del Partido Popular hasta este momento en materia medioambiental ha sido trabajar no tanto —al menos en la apariencia— para la protección del medioambiente, sino para muchos lobbies económicos, para muchos interesados y empresas que estaban interesadas en que se hicieran algunas cosas de las que sí que ha hecho el Partido Popular y no sé si en el espíritu de ese programa electoral con el que concurría a las elecciones del 2011. De ahí, por ejemplo, la reforma de la Ley de aguas o la reforma de la Ley de residuos, que se modificó apenas unos meses después de estar en vigor, o la reforma de la Ley de evaluación ambiental o las leyes sobre responsabilidad ambiental. La verdad es que han tenido mucho trabajo y se les habría no sé si olvidado, desde luego, esta cuestión de crear este grupo y, por eso, estas prisas, que, por cierto, se unen a esas prisas que tenían en el último Pleno también a la hora de generar ese plan marco de gestión de residuos que debatíamos en el pasado Pleno.
Desde luego, sí han tenido tiempo para acuñar términos en medio ambiente que vienen a alterar otros. Cuando todos entendíamos aquello de que quien contamina paga, ahora se está acuñando aquel de que se puede pagar para contaminar. Y, desde luego, algunas prácticas que podían haber ayudado mucho a lo que hoy traemos aquí sobre los envases y embalajes se han tirado ya prácticamente para atrás, como han podido ser los sistemas de depósito, devolución y retorno, y no ha ayudado mucho el quehacer legislativo del Partido Popular.
En cualquier caso, nuestro voto va a ser afirmativo. Y de la crítica también tenemos que sacar lo positivo y es que, por fin, vamos a tener ese grupo de trabajo que quizá sea lo importante, sobre todo si el Partido Popular realmente pone las luces largas en esta materia y vamos trabajando de una forma definitiva en la hoja de ruta 2050, que necesariamente tiene que estar encuadrada en una adaptación sobre un plan estratégico a medio y a largo plazo. De esta manera podíamos responder e incluso cumplir con una estrategia comunitaria establecida en esa hoja de ruta para el uso eficiente de los recursos. Ojalá también se haga lo mismo con las hojas de ruta 2050 para una economía baja en carbono y para la energía.
Aparte de todo lo que ya se ha dicho aquí sobre la necesidad de su creación, entendemos que al final también hay que tener algo más de luz sobre lo que está ocurriendo realmente en el sector. Quizá casi podíamos conciliar que los SIG —los sistemas integrados de gestión— no están dando quizá toda la información veraz y real de lo que está ocurriendo en estos momentos sobre la fabricación, sobre el destino y la comercialización de muchos de los productos, envases y demás, y no sabemos a veces cuál es el destino final. Por lo tanto, creo que es oportuno —extemporáneo quizá— y es bueno que, en estos momentos, estemos de acuerdo en ese grupo pero sobre todo que sea como dice en algún apartado la ley —con la participación y transparencia suficiente—, para que todos los agentes sociales puedan participar de él y aportar no solamente las empresas, sino también los agentes sociales. Estamos hablando también de grupos ecologistas, de organizaciones de consumidores y, por supuesto, de la parte científica y de la universidad, y en ese espíritu, por supuesto, apoyaremos esta moción.
Por el Grupo Popular, la senadora Pons Vila tiene la palabra.
La señora PRESIDENTA: Perdón, retrotraemos.
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el senador Maluquer.
El señor MALUQUER FERRER: Perdón, presidenta, por no haber estado atento cuando me ha dado la palabra, estaba mirando al señor Fidalgo.
Era para decir, sencillamente, que sí, que de acuerdo con la contestación de la senadora Pons en el sentido de que aceptaba la primera parte de mi enmienda relativa a suprimir la palabra «reutilizables» y la «y» para que quede recogida la aportación del Grupo Vasco, con lo que mi grupo estará de acuerdo. Quiero insistir un poco más en ello en el sentido de que supongo que en esta propuesta del Grupo Parlamentario Popular lo que se pretende no es reclamar la semana de prevención de residuos, sino tratar de dar sentido y ejecutividad a una Ley de residuos y suelos contaminados que está vigente y cuyo grupo de trabajo no avanza todo lo bien que cabría esperar. Por tanto, no estamos en esta semana de reutilización o de prevención de residuos en la que, por ejemplo, podríamos decir a los consumidores que no abran el agua del grifo, que consuman agua del grifo, que construyan cajas nido con materiales reutilizados, que vayan a comprar con sus bolsas reutilizables, o que vayan a observar el territorio y el paisaje etcétera—. Estamos en esto, en reducir la contaminación de los suelos e intentar que los residuos que producimos sean menos y biodegradables y, por lo tanto, sostenibles, porque nos puede ocurrir como a ese Colón inglés que hace unos años encontró una nueva isla en el Pacífico, entre California y Hawai, una magnífica isla de plástico que tiene un tamaño tres veces mayor que la Península Ibérica. Por tanto, reutilizable es una palabra que tenemos que ir desechando porque si no es biodegradable no es sostenible. Entiendo que debemos de concienciar a toda la ciudadanía para que lo tenga claro, porque aunque ahora se usan menos bolsas de plástico, se tiran menos, al menos en Cataluña nos hemos encontrado con que ahora se tiran bolsas reutilizables que han hecho todos los comercios y que son más contaminantes que las anteriores. En todo caso, celebramos este acuerdo y votaremos a favor.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pons.
Al senador del Grupo Vasco ya le he contestado. El senador del Grupo Catalán Convergència i Unió insiste en la palabra reutilizable. Puedo compartir su opinión, pero también creo que vale más que algo sea reutilizable a ir produciendo cada vez algo nuevo. Tiene su utilidad que algunas cosas puedan ser reutilizables. No estoy tan en contra de ese planteamiento, pero sí vamos a quitar la palabra.
Al portavoz del Grupo Socialista le contestaría con el refrán: nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, usted me puede hablar del programa, etcétera. Yo he intentado contextualizar el tema y las cosas se hacen cuando tocan o cuando, en este caso, el Gobierno, o el Grupo Popular que sostiene al Gobierno, consideran que es el momento adecuado. Ustedes tienen unas prioridades, nosotros hemos demostrado que teníamos otras. En este momento, consideramos que toca y que se puede plantear el tema.
Yo les he explicado que esa comisión de coordinación tiene otros grupos de trabajo que están desarrollando sus funciones y que se pretende que ese otro trabajo se realice cuando los otros hayan finalizado. Hay una temporalización que demuestra, yo creo, una cierta planificación aunque, repito, ustedes no compartan nuestra planificación. Es una cosa pensada y no, evidentemente, porque el ministro se haya ido a ser comisario europeo, cosa que —hay que recordar— a ustedes no les hizo mucha gracia porque ni siquiera lo apoyaron. Nosotros pensamos que no tiene nada que ver que el ministro se haya ido. Somos un partido, somos un Gobierno que, evidentemente, mantenemos nuestras prioridades sea quien sea el ministro de turno.
Evidentemente, quiero negar que estemos a merced de lobbies que sean los que nos impongan etcétera. Cuando usted ha hecho referencia a los derechos de emisión —que no tienen nada que ver con esto—, ha dicho que pagamos para contaminar; precisamente es al revés, una de las cosas que este Gobierno ha hecho es empezar a cumplir el Protocolo de Kioto y no pagamos para contaminar en España sino que tomamos medidas para que, precisamente, se reduzcan estas emisiones, o sea que ahí no estamos de acuerdo.
El tema de los sistemas de retorno y devolución creo que ya los hemos debatido. Supongo que en este grupo de trabajo que se organice también se debatirá, pero ahí ya no será un tema nuestro, será un tema técnico en el que creo que es mucho mejor que los políticos no intervengamos. Nosotros pedimos al Gobierno que cree ese equipo de trabajo, ahí acaba nuestra función y, a partir de ahí, los técnicos y el Gobierno serán los que decidirán en base a qué se tienen que minimizar en este caso los residuos de envases y embalajes.
Quiero agradecer que, aceptando alguna enmienda, esto pueda salir prácticamente con unanimidad, por lo menos de los grupos presentes y creo que es una buena noticia para el mundo de los residuos en este caso.
– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAYA DE ALOJERA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VALLEHERMOSO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
AUTOR. GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el orden del día. Última moción por la que se insta al Gobierno a la redacción y ejecución de un proyecto para la rehabilitación de la playa de Alojera, en el término municipal de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra el senador Medina Tomé.
El señor MEDINA TOMÉ: Gracias presidenta.
Señorías, esta es ya la última moción que hemos presentado, un conjunto de iniciativas que tienen que ver con actuaciones en el litoral de la isla de La Gomera. Esta es la última, por el momento, y hace referencia a una playa que es muy singular, que está situada al noroeste de la isla de La Gomera y que pertenece al municipio de Vallehermoso. Estamos hablando de una playa de 200 metros de largo y unos 40 de ancho —no muy grande—, de oleaje moderado y mezcla de arena negra, de grano medio y callados, predominando estos últimos. Está ubicada en un entorno más bien rústico, al lado de un viejo muelle que está actualmente abandonado, rodeada de impresionantes acantilados que se prolongan hasta el mar, es una de las playas más singulares de la isla.
Voy a leer textualmente la moción porque quiero que, para la posteridad, conste en el Diario de Sesiones esta playa. Hasta principios de la década de los noventa y año tras año, en la época estival, la playa de Alojera se cubría en su práctica totalidad de un manto de arena negra de grano medio-fino del que disfrutaban no solo los vecinos de la zona, sino también quienes la visitaban. Por el contrario, en época invernal, los fuertes temporales de mar que afectan a la zona norte y noroeste de la isla hacían que el material depositado fuera arrastrado hacia la parte sumergida de la playa. En el periodo 1989-1990 se comete un error en esta playa. Digo un error, visto lo que ha sucedido después. Por parte de la Dirección General de Costas del entonces Ministerio de Medio Ambiente se ejecutó el proyecto: Dique de defensa en la playa de Alojera, obra de regeneración de playa. El mencionado dique de defensa se construyó
entonces, y así se justificó, al objeto, se decía, de estabilizar la playa. Sin embargo, lejos de producirse la referida estabilización, la dinámica litoral se ha visto fuertemente alterada, habiéndose modificado el transporte de material sólido desde y hacia el litoral y, desde entontes y hasta el día de hoy, cada vez hay menos arena y los temporales marítimos de los inviernos dejan cada vez más callados. El deterioro de la playa es considerable sin que se vislumbre mejoría alguna. Por su historia, su ubicación y sus singularidades, la playa de Alojera merece ser rehabilitada y recuperada no solo para el uso y disfrute de los vecinos de la zona, sino también para los muchos visitantes de fuera y de dentro de La Gomera que, huyendo del mundanal ruido, eligen Alojera en busca de la paz y tranquilidad que el pueblo y su playa ofrecen.
Por ello, en su momento, en julio de este año, presentamos una moción —que es la que consta en el expediente— pero transcurrido el tiempo y, como dijimos antes, siendo conocedor de las gestiones que en estos momentos se están produciendo entre el Ayuntamiento de Vallehermoso, su alcalde, que se llama don Jaime Noda, y la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, hemos modificado la misma introduciendo un sutil concepto. Antes he escuchado aquí que cómo era posible que se propusieran convenios entre el Gobierno de España, el Ministerio de Agricultura, con los ayuntamientos si el competente en la materia era el Estado. Así al menos lo he interpretado yo. ¿Cómo se puede cuestionar que eso no es posible? Por favor, los convenios entre las administraciones son posibles, son efectivos y, a veces, son hasta necesarios. Igual resulta que yo estoy equivocado y no hay ningún convenio pero he buscado el último, de 22 de octubre de 2014: El Gobierno destinará 1,66 millones para ampliar el paseo marítimo de Mojácar. El ministerio firma con el Ayuntamiento de Mojácar un convenio para desarrollar una actuación en un paseo marítimo que es competencia del Estado y nadie se rasga las vestiduras aquí. La inversión contemplada en la publicación del BOE se corresponde al convenio de colaboración que se firmó hace unos meses entre el ayuntamiento y el Ministerio de Agricultura para la ejecución de las actuaciones denominadas: desglosado primer proyecto, paseo marítimo, segunda fase. Es decir, la posibilidad de conveniar existe y lo que hemos introducido en esta moción es esa posibilidad, dado que los técnicos de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife conocen el problema y hay voluntad del ayuntamiento por colaborar. Lo que planteamos en esta moción es que se llegue a un acuerdo también y, como después faltarían los recursos, se acuda al Gobierno a ver si es posible que este proyecto salga adelante, se mejore esta playa y se recupere para el uso normal.
Esa es la moción que presentamos y para la que pedimos —como en las anteriores— el voto favorable de esta comisión. Aunque después lo diré, a medida que avanza la misma pierde uno las esperanzas de que algún logro consigamos hoy, al menos por parte del Grupo Parlamentario Socialista que, mientras ha apoyado una moción del Grupo Popular y nos vamos a abstener en otra, siendo conscientes de la importancia que tienen las iniciativas, nos estamos viendo derrotados. No hay manera de que el Grupo Parlamentario Popular reconsidere su posición y nos vote alguna a favor. Hasta el último minuto vamos a esperar.
¿Algún grupo quiere utilizar el turno en contra?
La señora SOCAS LEÓN. Yo utilizaré el turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: Pasamos al turno de portavoces.
Vuelve a tener la palabra el senador Medina.
El señor MEDINA TOMÉ: Poco más me queda que decir, pero sin ánimo de ofender, de reabrir un debate ni de acusar a nadie, a mí me ha sorprendido, en serio, la actitud de rechazo ipso facto del Grupo Popular. La contestación que se trae es no. Si es una moción del Grupo Socialista, hay un no de entrada y después se dan argumentos que a veces ni son racionales —ahora verán por qué lo digo— ni se corresponden con la realidad porque estamos hablando de mociones cuyas actuaciones hay que hacerlas sí o sí. ¿Para qué queremos playas ni parques ni montes si no somos capaces de aportar lo que necesitan esas infraestructuras, esos espacios para que la gente los disfrute? ¿Para qué? Antes en una de las mociones que he presentado, que tenía que ver con el barranco de Valle Gran Rey, yo pensaba que el Grupo Parlamentario Popular tenía más conocimiento que yo de lo que voy a decir a continuación y
propuse como moción que se votara favorablemente que el Gobierno aceptara que la conclusión de la obra llegara hasta junio. Eso fue lo que propuse y desde el Grupo Parlamentario Popular se me respondió más o menos lo siguiente: Es materialmente imposible dar una fecha porque es un riesgo —algo así—. Yo oí esa expresión y dije: entonces, el secretario de Estado de Medio Ambiente es un temerario porque tengo la resolución del secretario de Estado de Medio Ambiente de esa obra y dice: Asunto: modificado número uno del proyecto de reposición de infraestructuras hidráulicas en el barranco de Valle Gran Rey. La jefa del área de contratación y gestión, doña equis. Punto primero, aprobar definitivamente…, etcétera. Punto segundo, que fue lo que me llevó a proponer la moción...
La señora PRESIDENTA: Por favor, señor Medina, hay que atenerse a la moción en la que estamos.
El señor MEDINA TOMÉ: Termino señora presidenta, gracias. Acabo ya. Punto segundo: Ampliar el plazo de ejecución de las obras fijando como fecha de terminación el 15 de mayo de 2015. El secretario de Estado da una fecha y a mí se me dice aquí que es imposible darla.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Socas León.
La señora SOCAS LEÓN: Muchas gracias presidenta.
Quiero contestarle al senador sobre el tema del Ayuntamiento de Mojácar. Me comentan que precisamente hubo un convenio porque el ayuntamiento pone una buena parte, la mitad exactamente, del presupuesto de la obra; entonces, quería aclararle el tema.
Señoría, el Gobierno del Partido Popular siempre ha mostrado un interés especial con Canarias y su costa y como muestra de este interés el secretario de Estado de Medio Ambiente en su comparecencia en esta misma comisión describió para la isla de La Gomera las actuaciones más importantes, como son el proyecto de ampliación de playas y acondicionamiento de la avenida de playa Santiago en el término municipal de Alajeró y que el proyecto está aprobado definitivamente con un presupuesto base de licitación de 956 648 euros.
Aparte de este proyecto está el de acondicionamiento de la playa de Valle Gran Rey, que es un proyecto que está pendiente de aprobación definitiva y de obtención de terrenos necesarios para su ejecución y cuyo objeto es la recuperación para el uso público de la franja comprendida entre el hotel Gran Rey y el núcleo de La Calera donde el nuevo paseo marítimo contempla un paseo de borde dotado de accesos cómodos y seguros para la playa, con un presupuesto de base de licitación de 6 441 979,41 euros.
Otro proyecto es el tratamiento integral de la playa de Santiago en el término municipal de San Sebastián de la Gomera con un presupuesto base de licitación de 7 414 809,60 euros, a lo que hay que añadir el coste de expropiaciones que se estima en 2,7 millones de euros. Otro proyecto destacado en la isla es el acondicionamiento del sendero litoral Puerto Trigo en el término municipal de Vallehermoso donde el objeto es rehabilitar el sendero que discurre desde la carretera de la playa de Alojera hasta la playa de Puerto Trigo y hay un presupuesto base de licitación de 161 596,86 euros e igualmente pendiente de aprobación definitiva.
El siguiente proyecto, el proyecto básico de paseos litorales y acceso al mar en la zona conocida como Callado de la Moza y el Guirre en el término municipal de Valle Gran Rey, es un proyecto pendiente de aprobación y en trámite de información pública y oficial. El objeto de este proyecto es recuperar el acceso al litoral de la zona conocida como Callado de la Moza y el Guirre liberando, a su vez, la zona de tránsito de las ocupaciones existentes y acondicionándolas para el tránsito peatonal con un presupuesto base de 581 175 euros. La actuación denominada tratamiento integral de playas de Vallehermoso fue realizada con cargo al contrato de mantenimiento y conservación de la costa y se retiraron grandes bolos de la playa que procedieron a machacarlos y luego vertiendo el material obtenido sobre la playa consiguiendo así mejorar las condiciones de baño de la misma.
El proyecto denominado: Ampliación de playa y acondicionamiento de avenida de playa Santiago, en Alajeró, fue aprobado definitivamente en marzo de 2011 no habiendo realizado ninguna otra actuación hasta la fecha.
Como verá, toda relación de obras y de actuaciones que se han hecho y se piensan realizar por parte del Estado en Canarias merecen una valoración positiva como expresó el secretario de Estado de Medio
Ambiente en su momento en comisión. Por lo tanto, hay una especial sensibilidad por el valor medioambiental que tienen estas actuaciones en la isla de La Gomera. También se comprometió el secretario de Estado a irlos encajando conforme se vaya abriendo hueco presupuestariamente hablando porque, como se sabe, se están realizando obras importantes que conllevan un considerable esfuerzo que pasa por priorizar actuaciones y, a veces, impide realizarlas en el mismo momento aunque sean necesarias o convenientes. Por eso, la enmienda de sustitución no altera el posicionamiento del Partido Popular, aunque reconozco que después de oír al senador Medina no puedo sino estar de acuerdo con que en la costa de La Gomera existe un punto negro que en este caso es la regeneración artificial de la playa de Alojera, que espero y deseo se redacte el proyecto lo antes posible.
Por eso, señoría, el Grupo Popular va a votar en contra de esta moción y se rechaza —no por falta de sensibilidad, porque como he dicho antes el Estado tiene una especial sensibilidad con Canarias—, sino porque en estos momentos las restricciones presupuestarias hacen que se prioricen las actuaciones a realizar, entendiendo que el orden de priorización deben ser actuaciones destinadas a proteger a las personas y a los bienes, luego las destinadas a combatir la erosión, de marcado carácter ambiental y luego las necesarias para el uso y disfrute del litoral.
Vamos a proceder a la votación de las mociones de acuerdo con el orden que tienen en la convocatoria. La primera de las mociones ha sido retirada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Si les parece, por parte de la letrada comprobamos las asistencias para la votación.
Votamos la segunda moción, relativa al almacén de El Cabril.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 14.
Votamos la moción número tres presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, entendiendo que votamos el texto de la enmienda de sustitución que ha realizado el propio grupo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 15.
Votamos la siguiente moción relativa al barranco de Valle Gran Rey en la isla de La Gomera también con el texto de sustitución que ha propuesto el mismo Grupo Socialista.
Votamos la moción de Grupo Parlamentario Popular relativa a especies exóticas invasoras:
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA:. Queda aceptada.
Votamos a continuación la moción, también del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la creación del grupo de trabajo en el seno de la Comisión de la coordinación, con las enmiendas aceptadas del Grupo Parlamentario Vasco y del Grupo Catalán Convergència i Unió, es decir, una transaccional. Como está firmada por todos ¿se entiende aprobada por unanimidad? (Asentimiento). Se aprueba por unanimidad.
Última moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa al término municipal de Vallehermoso:
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,8; en contra,15.
– PROYECTO DE LEY DE PARQUES NACIONALES
La señora PRESIDENTA: Siguiendo el orden del día, procede a continuación designar la ponencia que debe informar el Proyecto de Ley de parques nacionales.
Según nos han hecho llegar los portavoces, en principio se entiende que por el Grupo Parlamentario Vasco, senador Cazalis Eiguren; por el Grupo Mixto, el senador Quintero Castañeda ; por el Grupo Entesa Pel Progrés de Catalunya, el senador Saura Laporta; por el Grupo Catalán Convergència i Unió, el senador Maluquer Ferrer; por el Grupo Parlamentario Socialista, los senadores Fidalgo Areda y Medina Tomé, y por el Grupo Parlamentario Popular el senador Aparici Moya y las senadoras Pons Vila y Leyte Coello. Por tanto, queda aprobada y designada la ponencia para este proyecto de ley.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 61
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 13
 resolución