Source: https://es.scribd.com/document/99085402/En-el-Camino-de-la-Igualdad
Timestamp: 2019-06-17 13:40:16+00:00

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Esta publicación es el resultado de la iniciativa del INADI de elaborar una publicación que contemple los avances en materia normativa nacional relativos al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación.
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Los derechos humanos y también sus deberes han tenido un historia paralela e íntimamente relacionada con las culturas y los distintos momentos y sistemas en los que el hombre ha convivido y también conformado
Culturas Final
Proyecto Cédula Escolar - NOTICIAUNO
4.3.2 Pensamiento
Dirección de Políticas contra la Discriminación Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Moreno 750, 1º piso. C.P. C1091AAP – Buenos Aires – República Argentina TE: (54-011) 4340-9400 – www.inadi.gob.ar Centro de denuncias: TE: 0800-999-2345
Director Responsable: Pedro Mouratian Director Editorial: Pablo Roma Editor de Investigación: Jorge Makarz Editora de Contenidos Parlamentarios: Andrea González Compiladores: Federico Montero y Vicente Russo Colaboradores de Programas y Proyectos: Carolina Atencio, Gisella Dohm, Martín Canevaro, Roxana Amendolaro Armado y edición: Silvia Appugliese, Sofía Rivero, Celeste Lazo Diseño: Jackie Miasnik
Imprenta: Gráfica Alsina
En el camino de la igualdad / dirigido por Pedro Mouratian 1ª ed. - Buenos Aires: INADI, 2011.
ISBN 978-987-2629-12-1
Interventor del Instituto Nacional Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
Coordinadora General de Programas y Proyectos, Capacitación e Investigación
Coordinador del Área de Redes de la Sociedad Civil
Dirección de Administración y Gestión
La iniciativa del INADI de elaborar una publicación que contemple los avances en materia normativa nacional relativos al derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, ha sido posible gracias a la colaboración de destacadas personalidades del ámbito académico y de la política; quienes se han comprometido con la siguiente publicación, ya sea concediéndonos una entrevista, elaborando diversos textos y/o ce- diéndonos material específico. A todos ellos y ellas queremos expresar las gracias y manifestar nuestro profundo reconocimiento por la colaboración prestada. Asimismo, un especial agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del organismo que han colaborado en la realización de esta publicación. Esta obra es el resultado de un proceso histórico iniciado en el año 2003 que implicó la consolidación de una política de derechos humanos centrada en lograr un país más plural, más democrático en donde to- das las personas podemos acceder en igualdad de condiciones al ejercicio de nuestros derechos. Con la intención manifiesta de afianzar el camino de la igualdad, las/os invita- mos a aunar esfuerzos y compromiso por un país que reconoce, acepta y promueve la diversidad entre sus habitantes.
Por Pedro Mouratian.
En los albores de la segunda década del S.XXI, vivimos en un mundo en el que conviven avances significativos y grandes deudas pendientes en la lucha contra la discri- minación, la xenofobia y el racismo. Las políticas que apuntan al reconocimiento social de la pluralidad y a la dignidad de la condición humana, crecen en legitimidad y desarrollo a partir de una nueva conciencia sobre la necesidad de la plena vigencia de los derechos humanos a nivel mundial. Es así que el mundo celebra este 2011, el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes, instituido por la ONU para impulsar el pleno disfrute de los derechos económicos, culturales, sociales, civiles y políticos de esas comunidades. Como contrapartida, los conflictos bélicos de naturaleza étnica, la emergencia de nuevas formas de discriminación, racismo y xenofobia, antisemitismo e islamofobia, la condición de los migrantes y refugiados, así como la persistencia de grandes desigualdades sociales son deudas que la comunidad internacional aún debe afrontar.
En Argentina y América del Sur estamos atravesando un período histórico en el que se avanza en un conjunto de reivindicaciones que parecían muy difíciles de al- canzar un tiempo atrás. Lo que está en juego es la reformulación tanto de un modelo de desarrollo como la reconstrucción de las relaciones entre el Estado y la sociedad, la reducción de las desigualdades sociales y el restablecimiento de criterios de justicia que las reformas neoliberales asociadas a una concepción estrecha y mercantilista de la globalización han traído a nuestros países. Por primera vez, desde el fin del ciclo de dictaduras en varios de los países del Cono Sur, se retoma el camino de consolidación y ampliación de la democracia, la participación política asociada a la plena vigencia de los derechos humanos y la reparación de la deuda social con grandes sectores de la población que han sido históricamente vulnerabilizados. Se trata de una tarea eminen- temente política que exige respuestas integrales capaces de atender las situaciones de desigualdad concreta, también en materia de políticas contra la discriminación. Como ha señalado el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki - Moon, en la reciente conmemoración del décimo aniversario de la declaración de Durban, la erradicación del racismo y la discriminación no sólo constituye un imperativo ético para la realización del principio de igualdad y una necesidad política para la ampliación de la democracia, sino que su persistencia es un obstáculo para un modelo de desarrollo que garantice la inclusión social.
En Argentina, el esfuerzo central que orienta las políticas del Estado Nacional ha sido el de atender el eje de demandas ciudadanas y corregir, a través de respuestas institucionales de carácter inclusivo, las zonas donde se reproduce, y por lo tanto persis-
ten, las desigualdades sociales estructurales. Asimismo, se enfrenta también el desafío de construir sociedades más diversas y plurales, en el que la dinámica de reconocimien- to de los grupos vulnerabilizados debe dejar atrás la visión dominante que, en décadas anteriores, había intentado subsumir bajo las formas de meras diferencias culturales las situaciones de marginalidad y la exclusión.
Desde el año 2003, con la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), pri- mero, y desde la asunción en 2007 de la actual Presidenta Cristina Fernández de Kir- chner, el afianzamiento de una política integral de Derechos Humanos (con la que se fortalecieron o impulsaron distintas políticas concretas en relación a la memoria históri- ca, la migración, el género, entre otras), la implementación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la aprobación del Matrimonio Igualitario (por mencionar tres avances, entre otros) constituyen ejemplos fundamentales del compromiso del Estado Nacional con las demandas sociales de distintos sectores por la plena vigencia y ampliación de sus derechos.
En este nuevo marco político e histórico, la Argentina tiene como horizonte la tarea de combatir la discriminación en todas sus formas, tanto a partir de los avances legales e institucionales como a través de la elaboración de políticas públicas antidis- criminatorias concretas. En base a los lineamientos de la Declaración y el Programa de Acción de la “Conferencia Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia” de Durban (Sudáfrica en 2001), el Estado Argentino asumió, en octubre de 2001, su compromiso de preparar un Plan Nacional contra la Discriminación cuyos objetivos coincidirían con la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia de Durban (mediante el “Memorandum de Entendimiento entre el Gobier- no Argentino y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sobre el Acuerdo Mutuo de Cooperación en el desarrollo y puesta en práctica de un Programa contra el Racismo en la República Argentina”). Posteriormente, en marzo de 2004 el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaron y adoptaron el Proyecto ARG/02/024 titulado “Plan Nacional contra la Discriminación”. Sobre dichas bases se iniciaron las actividades para la elaboración del documento titulado “Hacia Un Plan Nacional Contra La Discriminación - La Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas”, que incluyeron una gran convocatoria nacional de distintos sectores de la sociedad civil, grupos vulnerabilizados, universidades nacionales, comisiones parlamentarias con competencia en esta materia y las áreas de gobierno involucra- das. Como corolario de este proceso, el Decreto 1086 del 27 de septiembre del 2005 firmado por el ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) plasmó normativamente la voluntad política de constituir una política antidiscriminatoria nacional integral, con la aprobación del documento “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación” y en- comendando al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) la tarea de coordinar la ejecución de las propuestas allí diseñadas.
A diez años de la Conferencia de Durban de 2001, resulta oportuno promover el balance y el debate sobre las formas de instrumentación del progreso aportado por aque- lla Conferencia en la Argentina y Latinoamérica. El texto de aquel documento se enfocaba particularmente en la discriminación racial y la xenofobia, dando espacio a un conjunto de reclamos de la sociedad civil sobre esos ejes. Este instrumento se constituyó en la base para la discusión internacional de la discriminación y la promoción para que los Estados comenzaran a organizar e institucionalizar políticas contra la discriminación.
A partir del reconocimiento efectivo de todos los derechos fundamentales, de políticas activas y de un compromiso del Estado Nacional con la Memoria, la Verdad y la Justicia y la reparación de la deuda social con los sectores históricamente vulnerabili- zados, nuestro país se encuentra transitando el laborioso camino en pos de afianzar su compromiso de democratización de la sociedad argentina.
El informe que aquí se presenta “En el Camino de la Igualdad” da cuenta de los avances legislativos y políticos más significativos desde el año 2003, dirigidos a estable- cer un marco más amplio de inclusión, necesario para combatir en forma estructural las fuentes de la discriminación y construir una sociedad con mayores espacios de repre- sentación, reconocimiento y participación ciudadana.
I. Decreto 1602/2009. Asignación Universal por Hijo para Protección Social.
05/11/2009 - 16:14
Muchas gracias. Señores gobernadores; señores diputados; dirigentes socia- les; representantes de la iglesia; muy buenos días a todos y a todas: una primer aclara- ción, el inciso K no tuvo nada que ver, es que en la Ley de Asignaciones Familiares, ya lo van a ver, la modificación del inciso que seguía está determinado por el abecedario y cayó justo en K. Allí en el inciso K se fija la suma de 180 pesos al igual que para los trabajadores registrados en relación de dependencia, para los sectores vulnerables de nuestra Argentina, nuestros niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años con un con- cepto de universalización de la asignación básica familiar, que es en los instrumentos salariales el más redistributivo, el más justo, porque paga por cada uno de sus hijos. Pero que además tiene una historia. La historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban en el mercado laboral, porque tenían que pagar asignación a la mujer. ¿Qué se hizo entonces? Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo para defender a un grupo vulnerable en ese momento, las mujeres, y para acabar con las discriminaciones.
En este caso, la ampliación de la asignación familiar a los hijos de desocupados y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario mínimo, vital y móvil tiende de la misma manera no a competir en el mercado laboral quitando mano de obra, porque en definitiva lo que pasaba muchas veces con los planes sociales, y se quejaban del sector empresarial, es que no se conseguía mano de obra porque querían seguir con los planes sociales; acá, el que perciba la asignación familiar, cuando consi- ga trabajo o cuando consiga regularizar su situación, sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto que es lograr trabajo decente para todos los argentinos que es, no tengan dudas, el único instrumento para combatir y erradicar la pobreza. Las sociedades que han alcanzado desarrollo y crecimiento social, ha sido porque han podido generar puestos de trabajo muy bien remunerados y un sistema de seguridad social que ha cubierto a todos los sectores, y hacia eso vamos.
Hemos hecho mucho en estos años, hemos generado más de 5 millones de puestos de trabajo, hemos incorporado al Sistema Previsional Argentino más de 2 mi- llones de argentinos y argentinas que habían quedado a la vera del camino, no podían
jubilarse y estaban condenados a tener una vejez sin ningún tipo de protección. Hemos generado, y lo seguiremos haciendo, políticas absolutamente contra cíclicas en esta crisis pero al mismo tiempo políticas que vienen estructuralmente dirigidas a lograr un país con trabajo, con industrias, con valor agregado, con educación, con vivienda. Si yo les dijera que con esto terminamos la pobreza sería un ejercicio de hipocresía o de cinismo. El que piense que con esto erradica la pobreza está mintiendo, a sí mismo o mintiéndole a los demás y la verdad que ese nunca ha sido mi fuerte. Esto va a demandar también un gran aporte, porque a los casi 12.000 millones de pesos que se destinan desde el Ministerio de Desarrollo Social a políticas sociales fo- calizadas, más lo que se destina en la ANSES a los nuevos incorporados jubilados, esto significará 9.965 millones de pesos anuales más que se incorporan para los sectores más vulnerables. Bueno es decirlo también, por qué se puede hacer, por qué se puede finan- ciar. Porque también decidimos en algún momento que los recursos de los trabajadores deben servir a los trabajadores y a los que todavía no han conseguido trabajo. Si hubié- ramos dejado esos recursos en las manos de las administradoras de pensión, como es- taban, seguramente esos 9.965 millones hubieran sido para pagar comisiones, sueldos de ejecutivos y tal vez algunas otras cosas más. En este momento podemos hacerlo entonces a partir de un financiamiento genuino, que además alimenta la actividad económica y contribuye a la rueda precisamente de lograr más fondos, porque va a los sectores vulnerables que no tienen capacidad de ahorro y que por lo tanto consumen todo lo que reciben.
Obviamente que esto no puede ser para los hijos de aquellos que tenemos la inmensa suerte de poder darles a nuestros hijos todo lo que ellos merecen y todo lo que se les ocurre y tienen ganas. Los que tenemos dinero, no necesitamos asignaciones familiares, esto está muy claro. Pero además, bueno es saberlo también, a quienes pagamos Ganancias en la AFIP se nos descuenta el importe del salario familiar al final del año, porque yo escucho cada cosa por allí; será porque los que hablan estas cosas no conocen las normas im- positivas o no pagan Ganancias, o no las que deberían por lo menos, pero a quienes pa- gamos Ganancias se nos reconoce por cada hijo menor de 18 años un importe similar al salario y por lo tanto ya indirectamente también el que tiene dinero a partir del descuento que le hacen en Ganancias por ese hijo menor de 18 años, lo está percibiendo. Por eso hay una universalización del Sistema de la Asignación Básica en forma directa en este caso, o indirecta vía del pago de impuestos de los que más poder adquisitivo tienen en una sociedad.
Había muchísimos proyectos en el Parlamento argentino, pero realmente no encontrábamos en ninguno la fuente de financiamiento; había creaciones de impuestos donde se estimaba que un impuesto a los títulos y acciones podía demandar muchos fondos, hicimos los cálculos con el ministro de Economía, algunos no alcanzaban a 50
millones de pesos y el de los plazos fijos, si mal no recuerdo 441 millones de pesos, con además el problema de lo que significa en épocas de contracción económica y de cri- sis global generar creación de nuevos impuestos, algo absolutamente desaconsejado, porque se necesitan medidas contra cíclicas y no crear nuevos impuestos que, además, seguramente hubieran tenido el impacto negativo y podrían haber provocado que mu- chos retiraron sus fondos porque ustedes saben que los que sí tributan Impuesto a las Ganancias son las sociedades cuando tienen plazos fijos y son las personas físicas las que no lo hacen. Así que con el ministro de Economía estuvimos analizando muy a fondo todas las posibilidades y cuando establecimos esta fuente de financiamiento lo hicimos con la convicción de que precisamente los recursos de los trabajadores son los que deben también ayudar a sostener a los que todavía no han conseguido trabajo, porque tam- bién es la mejor defensa para el propio trabajador. Un régimen de pleno empleo crea condiciones laborales mejores para todos los trabajadores y permite además el control absoluto por parte de nuestro Parlamento acerca de este beneficio que va a llegar a los sectores vulnerables por la Comisión Bicameral de seguimiento de la Administración de los recursos de la ANSES, que está creada por ley y que la integran todos los partidos que tienen representación parlamentaria en nuestro Parlamento. Además también la ANSES estará a cargo del control, la vigilancia, la transpa- rencia en la asignación de este recurso que, reitero, no va a ser el fin de la pobreza pero confiamos, como decimos en los considerandos de este decreto, que vamos también a remitir para su control al Parlamento como corresponde, que puede constituir un paliati- vo para aquellos sectores que todavía no tienen la posibilidad de un trabajo decente. Pero que quede claro, el objetivo de este gobierno, el objetivo de esta Presidenta, va a seguir siendo pelear por el trabajo decente, por agregar valor a nuestros productos, por tener cada vez más industrias, más empresas, más comercios. También subordinamos la percepción de esta asignación familiar al hecho de que nues- tros chicos, nuestras niñas, vayan al colegio y cumplan con todos los planes de vacuna- ción y de control sanitario. A punto tal que por eso hemos ideado el sistema de que se cobre todos los meses el 80 por ciento de la asignación, se deposite ese 20 por ciento y esa suma total, que creo que alcanza algo así como 180, se paga en marzo cuando se inicia el ciclo lectivo correspondiente al acreditar que se ha cumplido con el ciclo lectivo anterior.
Siempre les he dicho que quiero ser una Presidenta que ayude a mejorar la redistribución del ingreso en la Argentina. Sé que es una tarea que no la puedo hacer sola, necesitamos de la colaboración de todos, de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, de todas las instituciones religiosas de todos los cultos, y sabemos que más allá de las diferencias, estoy absolutamente segura, vamos a poder
encontrar un punto de encuentro para dar respuesta a problemas estructurales no desde slogans, de desafíos, de insultos o descalificaciones, sino de ideas que puedan llevarse a la práctica. Hoy estamos frente a una de ellas, una propuesta que estamos llevando a la práctica.
A los que no nos acompañaron en el Congreso cuando decidimos que los re- cursos de los trabajadores volvieran a la administración del sector público les decimos, bueno, fíjense cómo podrían haber también ayudado para que esto hoy se pueda llevar adelante.
Por suerte tuvimos las voluntades, aún aquellas que no pertenecen a nuestro espacio político, que pudieron sobreponerse a eso de la oposición por la oposición misma, y apoyar algo que había sido largamente demandado por muchísimos sectores políticos y sociales de la República Argentina. Por eso no quiero dejar de decir antes de partir, en minutos más me voy a la her- mana República de Chile a visitar a otra compañera de género y compañera de cargo, que les agradezco infinitamente a todos aquellos legisladores y legisladoras que con su voto y su acompañamiento permitieron que esta realidad de llegar a los niños menores de 18 años cuyos padres no tienen trabajo o que están en la economía informal, hoy puedan acceder a esta asignación básica universal; un acto de estricta reparación, de justicia va a ser cuando su padre tenga un buen trabajo, un buen salario y una buena casa.
En muchos países de Latinoamérica, el fin de la hegemonía neoliberal repre- sentó un cambio sustantivo en lo que respecta al tipo y naturaleza de las políticas pú- blicas en materia social, marco en el cual subyace una nueva concepción de las polí- ticas sociales. La dinámica de la seguridad social y el desarrollo de políticas sociales post-convertibilidad que han sido llevadas adelante por el Estado argentino apuntan, en gran medida, a garantizar la educación y la atención sanitaria de todos los niños y niñas pertenecientes a los sectores más vulnerables. En este contexto, la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH), restablece un piso de igualdad para los niños en edad escolar independientemente de las condiciones laborales de los padres, y como política de corte universal garantiza derechos mínimos comunes irrenunciables, a la vez promueve mejores garantías de igualdad y no discriminación. Desde esta perspectiva, la AUH representa un nuevo enfoque en materia de políticas sociales, que revierte las pautas focalizadas de corte asistencialista, en el marco de un abordaje tendiente a ga- rantizar una base mínima de protección social.
La implementación de la AUH ha representado un significativo avance en la re- ducción de la indigencia y la pobreza, contribuyendo a erradicar la desigualdad de de- rechos entre los niños, niñas y adolescentes independientemente de la condición salarial de los padres, sin renunciar a la apuesta por el trabajo como principal herramienta de inclusión social. Esta política pública central recupera el sentido de la inclusión social, no solamente desde la igualdad material que implica una ayuda social a través de la trans- ferencia de dinero, sino a través de un cuadro más general de restitución de derechos. Es importante destacar que la AUH promueve la escolarización – y la re-escolarización - en la educación pública y la extensión de controles de salud para los niños y niñas de mayor vulnerabilidad.
Con la implementación del Decreto 1602/09 en Octubre de 2009, se han pues- to en vigencia mayores estándares de igualdad y no discriminación, la generación de mecanismos de reconocimiento de los sectores excluidos como titulares de derecho y la posibilidad de tender nuevas articulaciones entre los derechos humanos, en particular los derechos a la igualdad, la participación, el acceso a la justicia - entre otros - y la formulación de políticas públicas inclusivas y antidiscriminatorias. La AUH se inscribe en un proceso de redistribución del ingreso que, desde 2003, ha reducido a la mitad la brecha entre los sectores que más y los que menos tienen, pasando del 53,9 por ciento al 22,6 por ciento. A partir de la implementación de la AUH, que alcanza con su cobertura a 3.684.441 personas, Argentina encabeza los estándares de igualdad en América Latina. Asimismo, esta política del estado Nacional se encuadra dentro de un amplio espectro de medidas político-económico orientadas a la protección de los trabajadores, de los jubilados, de las personas que aún están sin empleo y de los niños, niñas y adolescentes de menores recursos (Unicef Argentina).
Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en materia de igualdad para dar cumplimiento al rol del Estado como protector de los derechos de todos y todas, contribuye a reconstruir el lazo social sobre la base de criterios de igualdad y democracia, fomentando una cultura de respeto y ampliación de la ciudadanía. Desde Mayo 2011 se amplió la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las mujeres embarazadas desde la semana doce de gestación hasta el nacimiento o inte- rrupción del embarazo, a través de la Asignación por Embarazo para Protección Social.
Puntos centrales del Decreto 1602/2009
• Proteger a la familia en condiciones de vulnerabilidad social, y lograr la esco- larización, el control de la salud, la vacunación y la documentación de todos los menores de 18 años de edad (Artículo N° 5).
• Amplía la cobertura de las asignaciones familiares.
• Garantiza a todos los argentinos un piso mínimo de protección social.
• Implica una política de reconocimientos de derechos.
• Promueve mejores garantía de igualdad y no discriminación. (Artículo N°4)
• El reconocimiento de los sectores excluidos como titulares de derecho (Ar- tículo N°3).
• Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales
(Artículo N°1).
• Desde su implementación el monto se ajusta, garantizando de esta forma la
capacidad adquisitiva de los beneficiarios, elevando un piso más alto de protección social para los niños, niñas y adolescentes.
• Brinda cobertura a las mujeres embarazadas.
Cristina Fernández de Kirchner: “Para los sectores vulnerables de nuestra Ar- gentina, nuestros niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, con un concepto de universalización de la asignación básica familiar que es en los instrumentos salariales el más re-distributivo, el más justo porque paga por cada uno de sus hijos. Además tiene también una historia, la historia de las asignaciones familiares surge porque a nosotras las mujeres, como la mayoría de nosotras estaba a cargo de los hijos, no nos empleaban
en el mercado laboral, porque tenían que pagar una asignación a la mujer. Entonces se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discrimina- ción de la mujer, y así surge la historia de la asignación familiar por hijo, para defender a un grupo vulnerable, en muchos casos a las mujeres y para acabar con las discrimina- ciones. En este caso la ampliación de la Asignación Familiar a los hijos de los desocupa- dos y de sectores de la economía informal que perciban menos del salario Mínimo Vital y Móvil será complementando con nuestro proyecto de lograr trabajo decente para todos los argentinos.” (Cadena Nacional, 29/10/2009) “Hoy quiero anunciar que quiero extender esta Asignación Universal por Hijo a las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de embarazo, a partir de la duodécima semana de embarazo. Quiero decirles a mis compañeras de género que viendo las estadísticas hemos decidido a seguir apostando a la vida. Cuando hablamos de la evo- lución de la mortalidad materna que tiene que ver siempre con la inequidad de género, pero fundamentalmente con la injusticia social, la injusticia social sigue siendo el gran separador de derechos y el gran negador de derechos en la República Argentina. Las causas directas, las que tienen que ver con complicaciones explican más de la mitad de las muertes de las mujeres por aborto, superan las del aborto: el 21 por ciento son por el aborto y las directas son el 59 por ciento. Estamos apostando con esta Asignación Uni- versal por Hijo que significará inscribirse en el Plan Nacer y controlar a todas las madres con todos los controles médicos y a la criatura con las mismas condiciones. Estamos haciendo una muy fuerte apuesta a la vida y a uno de los objetivos que es descender la mortalidad infantil y descender la mortalidad materno infantil también. Estoy segura que lo vamos a poder lograr.” (Discurso en la apertura de las sesiones legislativas 2011).
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación entre 2003-2007): “La Asignación Universal es una herramienta de suma importancia, ya que brinda recursos a aquellas familias que no tienen trabajo o están dentro del mercado informal, y posibilita que estos chicos puedan acceder a salud y educación. (…) La asignación universal es la medida
más trascendental y superadora de la política social de esta gestión (
de una política aislada sino de una continuidad de medidas desde 2003.” (Página 12,
Alicia Kirchner (Ministra de Desarrollo Social): “La ley 26.061 sancionada en el año 2005 que protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que terminó con más de 100 años de patronato tuvo su corolario cuando se dictó el decreto que estable- ce el derecho a la Asignación Universal por Hijo, para la protección social. Esto se logró con una medida económica estructural: la eliminación de las AFJP y la recuperación de los aportes jubilatorios por parte del Estado. Contribuciones que durante años enrique- cieron los bolsillos de los especuladores financieros y que hoy permiten que el Anses pueda realizar préstamos de rápida recuperación y aplicarlos al desarrollo de la matriz productiva con la consecuente creación de empleo, que redundan en un aumento de los fondos jubilatorios.” (Diario Crítico, 10/04/2011).
Daniel Filmus (Senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires): “Los des- cuentos para los afiliados al PAMI y la ampliación de la Asignación Universal por Hijo son de neto carácter redistributivo. Ambas medidas mejoran la calidad de vida de los que más lo necesitan. (…) Lo más importante es que la Presidenta sigue manifestando
la voluntad, desde 2003 hasta la fecha, de que los beneficios por el crecimiento del país se tienen que distribuir entre todos y, principalmente, entre los que más lo necesitan.”
(Télam, 18/03/2011).
Carlos Tomada (Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social): “La medida está dirigida a los niños y adolescentes, el sector más vulnerable, quienes ahora tendrán la protección del Estado. (…) La asignación universal por hijo se inscribe en las políticas del Gobierno nacional que marcan un rumbo irrenunciable en la lucha por rescatar a millones de argentinos de la pobreza e incluir a todos en el crecimiento experimentado a partir de 2003.” (LV12, 03/11/2009). “También se ha logrado que una gran cantidad de niños y niñas que estaban excluidos, hoy puedan y deban asistir a clases como consecuencia de la Asignación
Universal por Hijo (AUH). La Pobreza también es un reconocimiento como resultado de la ampliación de la cobertura de la seguridad social a los mayores de 65 años y la puesta en marcha de la AUH hemos empezado a construir un piso de protección social. Este avance junto con el crecimiento del empleo registrado ha hecho retroceder la pobreza y mejorar la equidad en la distribución del ingreso de forma sistemática desde 2003.”
(Página 12, 07/11/2009).
Florencio Randazzo (Ministro del Interior): “Las bondades de la asignación
muestra que hay sensibilidad, que tenemos una presidenta con ideas y coraje para lle- varlas adelante y un gobierno nacional, provincial y municipal con capacidad de gestión.
[De lo que se trata es de] igualar para arriba con las asignaciones para achicar la brecha social, impactando en todas las familias.” (La Noticia 1, 17/12/2009).
Hugo Yasky (Docente y Secretario General de la CTA): “Hace unos días atrás nuestra Central anunció su voluntad de presentar, junto al Diputado Edgardo Depetri, un paquete de proyectos legislativos que configuran el llamado blindaje social. Y planteá- bamos como uno de los ejes centrales la implementación de una asignación universal por hijo. Por eso, entendemos que dentro de ese blindaje social está el anuncio que se acaba de hacer por parte de la Presidenta de la Nación. (…) La Asignación Universal por Hijo anunciada por la presidenta significa un avance trascendental y es parte de una lucha histórica de la CTA.” (suteba.org.ar, 29/10/2009) .
Hugo Moyano (CGT): “La Asignación Universal por Hijo es una conquista del pueblo argentino. Celebro estos aumentos porque siguen elevando los derechos so- ciales en la Argentina.” (En el marco del anunció de Cristina Fernández de Kirchner del aumento del 22.7 por ciento en la AUH. Página 12, 08/09/2011).
Agustín Rossi (Diputado Nacional por Santa Fe): “La AUH es un extraordinario avance en el reconocimiento de derechos, siendo los niños y jóvenes los sujetos in- volucrados, cuyo impacto en áreas sensibles de las familias con carencias materiales todavía no ha adquirido la relevancia que se merece en la consideración del espacio público.” (Página 12, 31/10/2009).
Juan Manuel Abal Medina (Secretario de Comunicación Pública de la República
Argentina): “Esta medida se encuentra en consonancia con los lineamientos generales de la política social implementada desde 2003, y significa un avance cualitativo en la lucha contra la pobreza y en la promoción del desarrollo humano. (…) La nueva concepción del gobierno en materia social apunta a ampliar las dimensiones de la pobreza, inclu- yendo entre sus componentes no sólo la carencia de recursos materiales sino también la falta de preparación y de capacidades de las personas. En aras de reconocer la mul- tidimensionalidad de los problemas sociales, es que esta medida apuesta a trascender el carácter meramente asistencial. Por ello, incluye entre sus objetivos fundamentales la escolarización, el control de la salud, la vacunación, y la documentación de todos los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad. (…) El Gobierno Nacional ha dispuesto una herramienta innovadora para nuestra historia y para la región: la Asigna- ción Básica Universal Familiar. Constituye una herramienta de claro signo redistributivo,
de carácter universal, y plenamente congruente y complementaria con la política central de este gobierno que es la de erradicar la pobreza a través de la creación de empleo.”
(“La asignación básica universal en Argentina: un nuevo paso hacia la inclusión social”, disponible en http://www.fondoespanapnud.org/).
Comisión Nacional de Justicia y Paz y Cáritas: “Establece una nueva igualdad de derechos que corrige fuertes inequidades y se avanza hacia un sistema de seguridad
social más justo. (
diálogo que se ha llevado a cabo en estos días mostró un sólido
consenso en avanzar hacia un ingreso universal a la niñez.” (Página 12, 29/10/2009).
II. Ley Nº 25.779. Nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Por Diana Conti 1
Diputada de la Nación por la Provincia de Buenos Aires.
Puede decirse que el movimiento nacional de derechos humanos fue el que sostuvo las banderas políticas de verdad, juicio y castigo en distintos tipos de expresio- nes políticas, en el Congreso Nacional se intentó - ya en época democrática - derogar las llamadas leyes de impunidad. La intención de derogar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, revestía un hecho simbólico de suma importancia, porque la impunidad es lo que genera absoluta discriminación e imposibilidad de otorgar y reconocer derechos de quienes fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado.
Néstor Kirchner, en aquel momento presidente, supo captar esta demanda po- pular que había crecido mayoritariamente, incluso en sectores sociales que eran reti- centes a mirar hacia atrás y hacer este reconocimiento. Tuvo el coraje de hacer de los derechos humanos una política de Estado, y el hito fundamental de esta política fue la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el Congreso Nacional. La nulidad de esas leyes es una medida de carácter excepcional del Con- greso Nacional, ya que no es función del mismo anular leyes, sino del Poder Judicial. Cristina Fernández de Kirchner, quien era Senadora en ese momento, fue quien oró en el Senado reivindicando esta medida como de absoluta necesidad, como también tuvo el coraje de renovar la Corte Suprema de Justicia. La declaración de nulidad de las leyes de la impunidad hecha por el Congreso Nacional, ante los planteos judiciales que se hicieron frente al Poder Judicial, generó que la Corte Suprema no cuestionara el hecho de que el Congreso avanzara en una facultad que reconocemos excesiva, y excluyente del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia.
La medida del Congreso Nacional no fue inocua, junto con ella se indicó al titular del Ministerio Publico que activara a los fiscales a impulsar los juicios; miles de tes- tigos que estaban invisibilizados fueron acompañados desde oficinas de protección de testigos y de víctimas. Fuimos aprendiendo la tarea de cómo llevar a estos testigos para que no tuvieran que estar viajando de un lado a otro para reproducir sus testimonios. Los juicios fueron floreciendo, como las mil flores que hoy han florecido en el espacio kirchnerista. Hoy, se están llevando adelante juicios con total derecho de defensa de los genocidas imputados, la caja de Pandora se abrió y la complicidad cívica con los militares también esta saliendo a la luz. Esto sigue generando resistencias pero tenemos un país donde la justicia encabeza. El Dr. Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema, ha dicho que los juicios no van a parar porque es lo que corresponde.
1- Texto elaborado en base a una entrevista que le realizamos a Diana Conti
Todo esto ha sido una lucha de varios años, hoy parece más fácil pero hubo tiempos duros, incluso en democracia acallada. Es importante el reconocimiento de or- ganizaciones tradicionales de derechos humanos, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo (las dos líneas de madres), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), familiares de detenidos y desparecidos, el movimiento por los derechos humanos, los ocho organismos tradicionales, mas los nuevos: hijos, hermanos y distintas agrupacio- nes que tienen por objeto primordial la lucha por las violaciones de los derechos huma- nos del pasado, porque el terrorismo de Estado no quede impune. Todas estas orga- nizaciones hoy adhieren al Gobierno Nacional en reconocimiento de que sus banderas fueron tomadas como política de Estado, y tanto Néstor Kirchner en su mandato, como hoy Cristina Fernández de Kirchner está dispuesta a trabajar junto con otros organismos por los derechos humanos fundamentales, por la no discriminación, a tener una vivienda digna, a tener educación, empleo que es el ordenador para todas las familias y la socie- dad Argentina; en conclusión buscar, como dice Cristina, esta Argentina con sentido de patria, con libertad y con igualdad.
Desde los inicios del mandato presidencial de Néstor Kirchner (Presidente de la Na- ción, periodo 2003-2007) se evidenció la voluntad para que la política de derechos humanos fuera uno de los ejes centrales de la gestión. Allí se constituyó el marco jurídico-político indis- pensable para que el Congreso Nacional dictara en 2003 la ley 25.779 de nulidad de las de las Leyes de Punto Final (23.492) y Obediencia Debida (23.521), norma –la primera de ellas, 25.779– sobre la cual, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su constitucionali- dad en 2005. En este sentido, debe tenerse en cuenta la propia renovación institucional del Tribunal Supremo desde 2003, que significó un salto de calidad institucional y una apertura, a partir de la nueva composición del tribunal, sobretodo en materia de derechos humanos.
De este modo, se abrió una etapa de reconstrucción presidida por una nueva voluntad política, con el objetivo de retomar la lucha contra la impunidad, la reconstrucción de la historia y la restitución de la identidad de las víctimas del crimen de ‘desaparición forzada’ durante el gobierno militar (1976-1983). Grupos defensores de los derechos hu- manos - entre otros, las Madres de Plaza de Mayo, la agrupación H.I.J.O.S y Abuelas de Plaza de Mayo - continúan en su reclamo de Memoria, Verdad y Justicia, encontrando un marco ampliado para denunciar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sus cómplices, instigadores y beneficiarios, a los fines de promover su enjuiciamiento.
Los avances en materia de normativas, que se inician en el 2003 a través de la declaración del Congreso de la Nación Argentina sobre la imprescriptibilidad de los críme- nes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, la confirmación de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en el 2005 y la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de sentencias de tribunales inferiores que habían dictado la inconstitucionalidad de los indultos otorgados por el gobierno de Menem (Presidente de la Nación, 1989-199) en 1990 (entre ellos, el Decreto 2741/90 a los ex miembros de las Juntas de Comandantes que habían sido condenados en el “Juicio a las Juntas” de 1985); todos ellos representan un acontecimiento histórico en el campo del reconocimiento de los derechos humanos y la búsqueda de justicia. A partir de la decisión del presidente Néstor Kirchner se retoman y profundizan, volviéndose política de Estado, las demandas por Memoria, Verdad y Justicia que fueran recogidas por los tribunales en los albores de la democracia, revirtiendo la política de impunidad que iniciara con las sanciones de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Puntos centrales de la Ley 25.779
Ley 25.779. Decláranse insanablemente nulas las Leyes Nros. 23.492 y 23.521. Sancionada: Agosto 21 de 2003.
Simón, Julio (Fallo de la C.S. del 14 de junio 2005 donde declara la inconstituciona-
lidad de las leyes de obediencia debida y punto final) Promulgada: Septiembre 2 de 2003.
• ARTICULO 1º - Decláranse insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521.
• ARTICULO 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
La sentencia resolvió: “Declarar, a todo evento, de ningún efecto las leyes 23.492 y 23.521 y a cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales pro- cedentes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por temas de lesa humanidad cometidos en el territorio de la Nación.” (Diario Judicial, 13/06/05).
Leyes de la Impunidad
Ley de Punto Final (Nº 23492)
Esta Ley fue sancionada el 23 de diciembre de 1986, y su contenido se puede resumir en los siguientes puntos:
• Se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido de- litos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.
• Fijó un plazo de 60 días para la extinción de las acciones penales por críme- nes cometidos en ocasión de la llamada “guerra sucia”.
Artículo. 1º - Se extinguirá la acción penal respecto de toda persona por su pre- sunta participación en cualquier grado, en los delitos del artículo 10 de la Ley Nº 23.049, que no estuviere prófugo, o declarado en rebeldía, o que no haya sido ordenada su citación a prestar declaración indagatoria, por tribunal competente, antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. En las mismas condiciones se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.
Artículo. 2°- Dentro del término establecido por el artículo precedente las Cá- maras Federales competentes podrán examinar el estado de las causas que tramitan ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a los electos del artículo l0, última parte de la ley 23.049. Las denuncias que se formulen en este término ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas deberán ser informadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a la Cámara Federal que
corresponda, quienes deberán examinarlas y en su caso abocares.
Ley de Obediencia Debida (Nº 23.531)
Esta ley fue promulgada el 4 de junio de 1987, en un contexto de fuertes presio- nes de los mandos militares sobre el poder civil, y su propósito principal era:
• Absolver a los militares de rango intermedio y menor, y suscitar el desproce- samiento de la mayoría de oficiales y suboficiales involucrados en la represión porque se consideró que obraban bajo subordinación a la autoridad superior.
• Crear la presunción irrebatible, a favor del personal militar que cometió crí- menes durante la “guerra sucia”, de haber actuado en virtud del deber de obediencia, eximiéndolos de responsabilidad penal.
Artículo. 1º - Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10 punto 1 de la ley Nº 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida.
Artículo. 2º - La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles.
Artículo 3º - La presente ley se aplicará de oficio. Dentro de los cinco (5) días de su entrada en vigencia, en todas las causas pendientes, cualquiera sea su estado pro- cesal, el tribunal ante el que se encontraren radicadas sin más trámite dictará, respecto del personal comprendido en el artículo 1º, primer párrafo, la providencia a que se refiere el artículo. 252 bis del Código de Justicia Militar o dejará sin efecto la citación a prestar declaración indagatoria, según correspondiere.
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación entre 2003-2007): “La Corte Supre- ma de nuestro país ha sacado un fallo que nos devuelve la fe en la justicia; ha decla- rado la inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que nos llenaban de vergüenza a los argentinos. Para todos aquellos que sufrieron los atroces tormentos, de ese feroz pasado, que generó aquella dictadura lamentable que sufri- mos los argentinos, para los hijos, los familiares, los hermanos, las madres de plaza de mayo y las abuelas, creo que hoy al menos se reconcilian con la justicia porque es un grito de aire fresco que la impunidad entra a terminar. Esto es muy importante porque
nos devuelve la fe en las instituciones y definitivamente coloca a todos los ciudadanos
ante la Ley. Cada uno de nosotros, en cada uno de los hechos que realiza siempre
tiene que estar frente a la ley, frente al derecho, frente a la convivencia democrática
y en defensa de la institucionalidad, y más que nada cuando se violan con la tortura
y la desaparición de personas, los derechos mínimos de cualquier ciudadano, este
tipo de fallos nos reconcilia nuevamente a los argentinos de saber que una sociedad
puede ser cada día más fuerte cuando hay justicia, cuando hay verdad y cuando no
hay impunidad. Realmente como presidente de los argentinos, considero un fallo muy
importante en el que se ha dictado en el día de hoy.” (Discurso en la puerta de Tribu-
nales, 14/06/05).
La Ley 25.779 que declara nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
generó una gran polémica que ha llevado a la Corte a pronunciarse sobre su constitu-
Frente al dictado de esta ley anulatoria, la Corte analizó cuáles eran las fa-
cultades del Congreso de la Nación para anular las leyes de impunidad, y finalmente,
qué efectos debía atribuírsele a la ley 25.779, de manera de no violentar la división de
poderes, principio de todo estado de derecho democrático.
Con distintos fundamentos el fallo de la Corte resolvió que la ley anulatoria no
afecta la división de poderes del Estado pues su sentido no es otro que el de formular
una declaración del Congreso sobre el tema, apta únicamente para producir un efecto
político simbólico, al no imponer a los jueces un modo de determinar los hechos ni de
interpretar o aplicar el derecho.
Dr. Juan Carlos Maqueda (Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Ar-
gentina) “El texto constitucional y su interpretación y acatamiento no son patrimonio
exclusivo del Poder Judicial cuando se trata de adecuar el ordenamiento jurídico in-
fraconstitucional al mandato constituyente.” (Síntesis del fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación que resuelve la inconstitucionalidad de las leyes del perdón.
Centro de Estudios Legales y sociales - CELS).
Dr. Eugenio Zaffaroni (Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación): “El
argumento que invocaba un estado de necesidad de los poderes nacionales al momento
de sancionar las leyes que se quieren anular, no puede conducir al Congreso a anular las
leyes de impunidad, ya que ello sembraría una inseguridad jurídica formidable que avala-
ría que ante cualquier vicio (error o ignorancia) la Legislatura pudiera anular sus propias
leyes. (…) Hoy las normas que obligan a la República en función del ejercicio que hizo de
su soberanía, le imponen que ejerza la jurisdicción, so pena de que ésta sea ejercida por
cualquier competencia del planeta. De ese modo, se pretende evitar una grave capitis de-
minutio [incapacidad o disminución de derecho] de la Argentina ante los demás estados
del globo. (
Colocando a sus habitantes en riesgo de ser sometidos a la jurisdicción
de cualquier Estado del planeta, y en definitiva, degradando a la propia Nación a un ente
estatal imperfecto.” (Síntesis del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
resuelve la inconstitucionalidad de las leyes del perdón - CELS - http://www.cels.org.ar).
La Dra. Carmen María Argibay (Ministra de la Corte Suprema de Justicia de
Argentina): “Tratándose de procesos penales por delitos de lesa humanidad, las per-
sonas imputadas no pueden oponerse a la investigación de la verdad y al juzgamiento
de los responsables a través de excepciones perentorias, salvo cuando el juicio sea
de imposible realización (muerte del acusado), o ya se haya dictado una sentencia de
absolución o condena (cosa juzgada). Sin embargo, los recurrentes no cuentan con
un derecho constitucional a cancelar la continuación del proceso por prescripción o
amnistía, en tanto no se trata de personas a quienes se las pretende juzgar por hechos
que ya han sido juzgados, sino que se trata de reasumir la pretensión punitiva en una
misma causa y expediente. En este sentido, se deberá estudiar cada caso en concreto
y determinar si efectivamente ha habido juzgamiento, o bien han sido “perdonados”
por las leyes en cuestión. (…) Al sancionar las leyes de Punto Final y Obediencia Debi-
da, el Estado argentino incumplió su obligación internacional de investigar y sancionar
penalmente las violaciones a los derechos humanos. La Ley N° 25.779 que declara
nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida generó una gran polémica que ha
llevado a la Corte a pronunciarse sobre su constitucionalidad.” (Síntesis del fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la inconstitucionalidad de las
leyes del perdón - CELS - http://www.cels.org.ar).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 28/92 con-
sideró que las leyes 23.492 y 23.521 resultaban violatorias del derecho a la protec-
ción judicial y a un proceso justo, en la medida en que de ellas derivó la paralización
y consiguiente impunidad de la investigación judicial. En consecuencia la Comisión
recomendó al gobierno argentino la adopción de todas aquellas medidas necesarias
para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de
derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. La tortura, las ejecuciones
sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibi-
das por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó que los Estados par-
tes han contraído la obligación general de proteger, de respetar y de garantizar cada
uno de los derechos de la Convención Americana con lo cual:
“Los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los de-
rechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es
posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos. (…) El Estado está en el deber jurídico de
prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar se-
riamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro
del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las
sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.” (Síntesis
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve la inconstituciona-
lidad de las leyes del perdón - CELS - http://www.cels.org.ar).
Abuelas de Plaza de Mayo: “El 14 de junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía Nros. 23.492 (Punto
Final) y 23.521 (Obediencia Debida) en una causa iniciada por “Abuelas de Plaza de
Mayo” para lograr la identificación y la restitución de Claudia Victoria Poblete, secuestra-
da junto con sus padres en el año 1977. Se trata de una de las decisiones más trascen-
dentes de la Corte Suprema de Justicia de los últimos años, producida en el marco de
un recambio de miembros del tribunal que comenzó a mediados del año 2003.” (Abuelas
de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar)
Amnistía Internacional y Comisión Internacional de Juristas: “Las leyes de Punto
Final y Obediencia Debida son incompatibles con las obligaciones internacionales de
Argentina de investigar, juzgar y castigar a los autores de dichas violaciones. Amnistía
Internacional considera que la justicia argentina debe dar curso a las investigaciones y
procesos penales por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante
el régimen militar evitando así que los autores de graves violaciones como son la tortura,
la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, se beneficien con la impunidad.”
(Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Juristas en relación a la nulidad de
las Leyes Nros. 23.492 y 23.521).
Estela de Carlotto (Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo):
“La derogación de las Leyes del Perdón que decidió la Corte Suprema de Justicia
permitirá continuar los procesos contra los represores de la última dictadura “en el
país” y no en el extranjero. (…) Los delitos de lesa humanidad no prescriben. (
derogación de las leyes es algo por lo que trabajamos las Abuelas y que se lo pedimos
a todos los presidentes. (
Nunca bajamos los brazos hasta que fuimos escuchadas
por el gobierno actual. (…) Lo que el presidente Néstor Kirchner nos dijo la primera vez
que nos vio es que quería reconstruir la justicia. La Corte fue renovada, el parlamento
declaró nulas estas leyes y ahora sólo faltaba que la Corte las declarara inconstitucio-
nales.” (Clarín, 14/06/2005).
Hebe de Bonafini (Fundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo):
“Néstor Kirchner tenía una concepción impresionante sobre qué significaban los de -
rechos humanos, y él los ponía al frente de todo: los derechos humanos del trabajo,
de los jubilados, de los niños, pero esencialmente los derechos humanos de la viola -
ción por el genocidio que se había cometido en la Argentina. (…) Desde el `proceda`,
para bajar la foto de Videla en adelante, Néstor fue el mejor compañero que tuvimos
las Madres, el mejor amigo y el excelente compañero de nuestros hijos.” (Télam,
05/09/11).
Paula Maroni (H.I.J.O.S): “Estamos con muchas esperanzas y muy ansiosos a
partir de la nulidad. Ahora se termina un camino, el de la impunidad. Queremos caminar
el de la Justicia, que es largo, porque son muchas causas: son 400 represores. Es un
largo camino a recorrer. Hay que empezar a hacer investigaciones, registrar quién fue el
que puso picana. Ahora vamos por ellos. Toda la agrupación va a estar enfocada hacia
los juicios. Vamos a trabajar todos por juicio y castigo. Es una nueva coyuntura.” (http://
www.hijos-capital.org.ar).
Horacio Verbitsky (Presidente del Centro de Estudios Sociales y Legales -
CELS): “El fallo culmina también con una serie de decisiones anteriores de la Corte, aun
con su conformación anterior, acerca de la primacía del derecho internacional de los
derechos humanos sobre la legislación interna y la imprescriptibilidad de este tipo de
delitos y la obligatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana. De este modo,
uno de los poderes del Estado concurre a apuntalar el edificio institucional, al que estas
leyes aberrantes le habían carcomido su pilar central: hasta ayer era posible castigar
todos los delitos, salvo los más graves. Esta reverencia indebida ante el poder de la
fuerza minó la confianza social en la justicia y fue el punto inicial del descrédito de las
instituciones, implacables con los débiles, dóciles ante los poderosos y volcadas a servir
las conveniencias de sus propios integrantes.” (Página 12, 16/05/05).
Por amplia mayoría el Parlamento declara “insanablemente nulas” las leyes de
Punto Final y Obediencia Debida. La Cámara aprobó por 43 votos a 7, y una abstención,
la nulidad de las leyes del perdón. El Senado también aprobó, por unanimidad, el proyecto
para elevar a rango constitucional la Convención de la ONU sobre imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad, a la que el Gobierno decidió adherir hace una se-
mana. La histórica decisión contó con el impulso de Néstor Kirchner, (El País, 14/06/2004).
En Chile, el fallo causó gran satisfacción y abrió la esperanza de que una medida
semejante pueda aplicarse en el país trasandino, donde rige una ley de amnistía de 1978,
impuesta por el ex dictador Augusto Pinochet y bajo la cual se ampara la gran mayoría de los
200 militares involucrados en violaciones de los derechos humanos.
En Uruguay, en lugar de reacciones por el fallo de la Corte argentina, los comentarios de diri-
gentes de izquierda y familiares de desaparecidos se focalizaban en la posibilidad de juzgar
en aquel país los casos que quedan fuera de la amnistía amplia votada en 1986 y refrendada
por votación popular en 1989, aunque no hay por el momento ningún intento de anular la ley
que benefició a militares y policías por los crímenes durante la última dictadura (1973-1985).
Amnistía Internacional: “La inconstitucionalidad del Punto Final y de la Obedien-
cia Debida sienta un importantísimo precedente jurídico internacional y envía un mensaje
muy claro a países como Chile y Uruguay, donde por diversos mecanismos, las leyes de
impunidad siguen vigentes. (…) Ahora se espera que todos los casos que están frente a la
Justicia [argentina] avancen, que las personas que se encuentran bajo una investigación
judicial, y pertenezcan a las Fuerzas Armadas todavía sean retiradas mientras esta inves-
tigación avanza.” (Amnistía Internacional).
III. Ley Nº 26.522. Servicios de Comunicación Audiovisual. Regulación. Y Decreto 1176/2009 “Fútbol para todos”
Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y Vicegobernador electo por la provincia de Buenos Aires para el período 2011-2015.
El 10 de Octubre de 2009 fue sancionada y promulgada la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual (Ley Nº 26.5229). La vocación democrática del pueblo argen-
tino se había materializado en una norma novedosa, moderna, ampliamente inclusiva y
fruto de una construcción profundamente participativa. Más de 24 foros y una infinidad
de reuniones, disertaciones, audiencias públicas y un enorme debate parlamentario die-
ron a la Ley 26.522 una densidad democrática histórica.
Y no podía ser de otra forma. La nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual surgió para reemplazar a la vieja Ley de Radiodifusión, en realidad Decre-
to - Ley Nº 22.2285, sancionada en 1980 por el Proceso de Reorganización Nacional,
altisonante nombre que adoptó la más sangrienta dictadura cívico-militar que asoló a
Con la firma de personajes que hoy solo encuentran espacio en el banquillo de
los acusados de crímenes de “lesa humanidad”, la vieja Ley de Radiodifusión, instauró
un marco regulatorio de exclusiones y silencios, donde la información era considerada
una mercancía y la tutela de la Libertad de Expresión, desprovista de todo amparo cons-
titucional, quedaba en manos de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia
A esta matriz autoritaria hay que sumarle lo acontecido durante los años `90,
donde la política derrotada por razones de mercado, facilitó, a través de decretos presi-
denciales, uno de los más enormes procesos de concentración mediática observados
Una ley restrictiva, con vocación de exclusión, la absoluta falta de reconocimiento
de la Libertad de Expresión como un derecho humano fundamental y la concepción mer-
cantilista de la información, en forma conjunta con una enorme concentración mediática
tornaban imprescindible una nueva ley, que no sólo implicara saldar esa deuda histórica
que la democracia argentina tenía para consigo misma, sino que además permitiera esta-
blecer las bases de un nuevo paradigma en la comunicación audiovisual.
Así, donde antes había excluidos, la nueva ley reconoció derechos, donde ha-
bía discursos hegemónicos, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual regula
en un marco de pluralidad, diversidad e inclusión. Una nueva ley que reconoció la na-
turaleza del derecho humano fundamental de la Libertad de Expresión y de acceso a la
El nuevo paradigma de la comunicación audiovisual en la Argentina se asienta
en el concepto más amplio de Libertad de Expresión. Tal como señalara la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5 de 1985: “(…) La libertad de
pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informacio-
nes e ideas de toda índole (
Esos términos establecen literalmente que quienes están
bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar
su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difun-
dir informaciones e ideas de toda índole. Por tanto, cuando se restringe ilegalmente la
libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está
siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de
donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter
especiales. Se ponen así de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión.
En efecto ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o
impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de
cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cual-
quier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.”
Es importante determinar que a la precitada noción de Libertad de Expresión
que comprende también el “derecho colectivo a recibir cualquier información y a co-
nocer la expresión del pensamiento ajeno”, debe necesariamente vinculársela con el
principio de diversidad cultural y derechos culturales, que como fuese expresado en la
Declararación Universal sobre Diversidad Cultural de la UNESCO “(…) son parte inte-
grante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependien-
tes.” (Artículo 5º).
Por su parte, la Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales, ratificada por nuestro país mediante Ley Nº 26.305, es-
tablece en su artículo 2º que: “Sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural
si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad
de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas
escojan sus expresiones culturales.”
Este es el concepto de Libertad de Expresión que prima en la nueva Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual. Como ejemplo basta analizar lo establecido en
el artículo 3º donde se expresan como los objetivos de los servicios audiovisuales: “La
promoción y garantía del libre ejercicio del derecho de toda persona a investigar, bus-
car, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas, sin censura, en el marco del
respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, conforme las obli-
gaciones emergentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás
tratados incorporados o que sean incorporados en el futuro a la Constitución Nacional;
(…) La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice
la alfabetización mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento
y las nuevas tecnologías; (…) La promoción de la expresión de la cultura popular y el
desarrollo cultural, educativo y social de la población; (…) El ejercicio del derecho de los
habitantes al acceso a la información pública; (…) La participación de los medios de co-
municación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de
comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno
de las ideas; (…) El fortalecimiento de acciones que contribuyan al desarrollo cultural,
artístico y educativo de las localidades donde se insertan; (…) El desarrollo equilibrado
de una industria nacional de contenidos que preserve y difunda el patrimonio cultural
y la diversidad de todas las regiones y culturas que integran la Nación;(…) El derecho
de acceso a la información y a los contenidos de las personas con discapacidad; (…)
La preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos
Indudablemente, una de las premisas fundantes del nuevo marco regulatorio
de la comunicación audiovisual en la Argentina es la vocación de incluir, no solo nue-
vas voces, sino además nuevos sujetos que acceden a la posibilidad de informarse,
educarse, entretenerse y comprender la realidad que los rodea, utilizando para ello las
La inclusión, como vocación primaria de la nueva Ley, implica la no discrimi-
nación. Y es importante detenerse en este punto para afirmar: la discriminación es una
forma de censura.
Discriminación que en el anterior marco normativo, sufrían por ejemplo quienes
por poseer alguna discapacidad se encontraban impedidos de acceder a la información
y al goce de los bienes culturales. El artículo 66 pretende eliminar esa forma de censura
al establecer que : “Las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción pro-
pia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales
y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación
visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de se-
ñas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoria-
les, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los
Pero también están las otras formas de discriminación y de censura. Una de
ellas es la discriminación de lo local, de la producción que representa y configura las
expresiones populares de cada región y de cada localidad.
Las industrias culturales locales avasalladas por la “importación” de productos
foráneos, en la lógica instaurada en los 90´ de concentración mediática y discurso único,
languidecieron y en muchos casos se extinguieron o quedaron relegadas a un espacio
de marginalidad, casi de “resistencia” frente a discursos y representaciones hegemó-
nicas. Basta como ejemplo la estigmatización sufrida por muchas expresiones de la
cultura popular. Lo popular era presentado como malo, vulgar, violento o primitivo, el
español se volvía cada vez más neutro y finalmente solo existía el pronóstico del tiempo y
los accidentes viales en el acotado universo que circunscribe la Avenida General Paz.
De este estado de situación dio cuenta el nuevo marco normativo, con medidas
concretas tales como la exigencia de producción local, y de producción independiente.
La incorporación de cuotas de pantalla de cine argentino. La regulación de las redes
para evitar que el espectro continuase inundado de repeticiones en cadena.
Otra de las formas de censura, basada en la discriminación por condiciones
económicas, era la imposibilidad de acceso a ciertos bienes culturales, de interés re-
levante para la sociedad. Tal como expresa la antes citada Convención Sobre la Pro-
tección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales: “Las “actividades,
bienes y servicios culturales” se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que,
considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas,
encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial
que puedan tener.”
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece expresamente la
garantía de “(…) acceso universal —a través de los servicios de comunicación audiovi-
sual— a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deporti-
vos, de encuentros futbolísticos u otro género o especialidad.” (Artículo 77).
Los eventos de interés relevante para la sociedad no podrán nuevamente que-
dar presos de derechos de exclusividad. Se democratizan los contenidos y se prohíben
las barreras económicas para su acceso.
Otras de las barreras artificialmente impuestas por la ley de la dictadura es en
relación al acceso a los servicios de comunicación audiovisual. Tal como expresara la
Corte Interamericana de Derechos Humanos “(…) la libertad de expresión no se agota
en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende ade-
más, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el
pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. Cuando la Convención
proclama que la libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir
informaciones e ideas “por cualquier
procedimiento”, está subrayando que la expre-
sión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma
medida, un límite al derecho de expresarse libremente.” (Opinión Consultiva Nº 5 de
El reconocimiento de los estado provinciales y municipales como actores de
la comunicación, las facilidades para el acceso a frecuencias de pueblos originarios, la
previsión de emisoras universitarias y de las comunidades educativas y la incorporación
de prestadores sin fines de lucro con la reserva del 33% del espectro para este sector
históricamente discriminado, pusieron fin a esta arbitraria e injusta exclusión.
Recorriendo en paralelo el camino de la eliminación de barreras de acceso a
los servicios de comunicación audiovisual, se encuentra en la nueva Ley un fuerte con-
tenido antimonopólico y de desconcentración, a los fines de asegurar la pluralidad de
discursos y de diversidad de fuentes de acceso a la información.
En este sentido, debe señalarse lo expresado por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
cuando estableció en el Principio 12 que: “Los monopolios u oligopolios en la propiedad
y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas
por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.”
Finalmente, y dejando indudablemente aspectos sin analizar, en una ley de
enormes alcances, en honor a la extensión del presente documento, es relevante señalar
que la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, además cuenta con aspectos
regulatorios que, en conjunción con otros regímenes legales, permiten la más amplia
difusión de ideas. El mejor ejemplo de ello, es la democratización de la publicidad elec-
toral, fruto de la Reciente Reforma Política.
La Política es la expresión organizada de un pueblo que se expresa cultural-
mente. Hacer lugar en condiciones de igualdad a todas las expresiones políticas del
país, eliminando las barreras económicas a la libre difusión de ideas políticas, es una
nueva fortaleza y una nueva libertad de la democracia Argentina. Es un nuevo espacio
de la expresión cultural del pueblo. Expresión decisiva en la sociedad, porque es a tra-
vés de ella donde los pueblos deciden sus destinos.
Leopoldo Marechal supo decir que ”(…) el hombre nace para conocer: (…)
nace para tomar conciencia de un mundo externo y a la vez conciencia de sí mismo; o,
con más exactitud, para tomar conciencia de sí mismo en su relación con el mundo de
afuera.” Los Servicios de comunicación audiovisual son algunas de las herramientas que
la tecnología ha puesto en manos del hombre para acceder a este conocimiento de sí
mismo y de su mundo. No por literario es menos cierto este concepto. La democracia Ar-
gentina requería una norma nueva que reconociera la naturaleza del hombre como actor
de la comunicación. Una ley que pusiera su eje en la comunicación como derecho hu-
mano y no como mera actividad comercial. Que permitiera el acto de toma de conciencia
que es parte de la naturaleza del hombre, llamado al conocimiento y la expresión.
Qué hacer, cómo hacerlo y los nuevos modos de comunicación derivados de
las tecnologías novedosas son el camino por recorrer en un país que luego de muchísi-
mos años de silencios finalmente le quita el corset a la comunicación. El proceso de dis-
cusión, sanción e implementación de la Ley de Servicios de comunicación audiovisual,
ha dado inicio a nuevos debates, ha explicitado debates censurados, pero por sobre
todo ha planteado un desafío enorme, el desafío de la pluralidad y la inclusión.
La Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual reformula el marco
que rige el funcionamiento de los medios radiales y televisivos en la República Argenti-
na, con el objetivo de garantizar el derecho a la información, la libertad de expresión y
la pluralidad de voces. Fue sancionada por el Congreso de la Nación y promulgada por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 10 de octubre de 2009. La nueva Ley
reemplaza a la ley de Radiodifusión 22.285, que había sido promulgada en 1980 por
la última dictadura militar y se había mantenido vigente desde entonces. La nueva nor-
mativa actualiza el campo de la comunicación mediante la incorporación de las nuevas
tecnologías y brinda la apertura necesaria para permitir la emergencia de nuevos acto-
res. Se fortalece y amplifica el espacio público como instancia de debate democrático a
partir de la pluralidad de distintas expresiones políticas, sociales y culturales.
A partir del trabajo sostenido de organizaciones civiles, trabajadores de la co-
municación, radios universitarias, Universidades Nacionales y entidades sin fines de
lucro, reunidos en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática” se instaló en el
centro de la escena pública la necesidad de promover la diversidad y el pluralismo en
los servicios de comunicación audiovisual. Con la iniciativa del gobierno nacional, el
proceso de elaboración de la ley fue una construcción colectiva y federal, en la que se
reflejó un amplio conjunto de sectores que también serán beneficiarios de ella: no sólo
aquellos especialistas de la comunicación, sino también intelectuales, organizaciones
de derechos humanos, cooperativas, pueblos originarios, actores, directores de cine y
La sanción de la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual ofre-
ce un fuerte ejemplo de una política diseñada para la mayor democratización de este
aspecto crucial de la sociedad argentina sometida a una muy amplia discusión y parti-
cipación de la sociedad civil con antelación a su tratamiento parlamentario. Ese involu-
cramiento activo no sólo permitió mejorar algunos aspectos del proyecto inicial, sino que
otorgó una fuerte legitimidad a lo que en definitiva aprobaron los órganos legislativos.
Una política que ha ganado el consenso amplio de sectores de la población considera-
dos relevantes a esos efectos, con mayor participación del Estado y de las organizacio-
nes de la sociedad civil, hizo posible que sectores amplios de la sociedad se apropiaran
simbólicamente de la reforma dotando a la iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner
de una mayor base de legitimidad.
La implementación de una nueva reglamentación de la difusión de la comunica-
ción, tiene como objetivo principal ampliar el acceso a la información y la comunicación,
garantizando una plena representación democrática en el marco de un salto tecnológi-
co-comunicacional, no sólo por la vía de una legislación antimonopólica en el terreno de
los servicios audiovisuales, sino también a través de la promoción y profundización de la
participación democrática de la ciudadanía.
La definición de Comunicación Audiovisual está planteada recogiendo las pre-
ocupaciones a la Ronda de Doha y la Conferencia Ministerial de la OMC, donde se ha
exigido que los servicios históricos de radiodifusión sonora y televisiva se excluyan de la
liberalización en el marco de la Ronda de negociación relativa al AGCS (Acuerdo Gene-
ral sobre Comercio de Servicios). En el mismo orden de ideas, en tanto nuestro país ha
ratificado la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversi-
dad de las Expresiones Culturales (2007), donde se afirma, en el artículo N° 3, “que las
actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cul-
tural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente
no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial” dichas circunstancias toman
un valor preponderante.
Por lo tanto, cuando algunos enfoques ahora en boga llaman la atención sobre
el papel de los medios de comunicación en la construcción social de la realidad, su
poder concreto que ejercen en la sociedad y el establecimiento de las “reglas del juego”
a nivel político, las políticas por la descentralización de los medios audiovisuales deben
ser inscriptas en ese marco. Como bien se ha observado, muchos países de América
Latina pasan hoy por un momento de reformas estructurales orientadas a contrarrestar
los desajustes institucionales provocados en la pasada década de los noventa y en la
generación de condiciones y contextos que permitan elaborar políticas públicas y de
estrategias de desarrollo e inclusión social.
Decreto 1176/2009 “Fútbol para todos”
En función de esta concepción, y caracterizando al fútbol como bien cultural,
Cristina Fernández de Kirchner firmó (en Agosto de 2009) el convenio por el cual el Go-
bierno garantiza la transmisión gratuita de los partidos de fútbol de primera y segunda
división. Con la implementación del programa “Fútbol para Todos” se pone fin a los
desequilibrios, desigualdades y concentración excesiva de las prácticas monopólicas
permitiendo el acceso libre y gratuito por televisión abierta en todo el territorio de la
Argentina. Con el diseño y la implementación de políticas públicas de esta naturaleza
se fortalece la promoción de la igualdad de oportunidades para el acceso de todos los
segmentos de la sociedad a las expresiones culturales.
En este sentido Cristina Fernández de Kirchner señaló: “las corporaciones eco-
nómicas o culturales no se tienen que volver monopólicas. Cuando se vuelven monopóli-
cas pretenden adueñarse de la vida y del patrimonio de los argentinos. (…) La democra-
cia aún está incompleta si no podemos garantizarle el acceso de bienes fundamentales
a cada uno de los ciudadanos. El derecho al deporte, a la recreación es uno de ellos.”
(Página 12, 20/08/09)
Esta iniciativa se complementó con una serie de medidas: la adopción de la nor-
ma brasileña-japonesa de televisión digital, que significó una decisión estratégica de una
alianza con Brasil y tiñó la región al punto de que se empezó a formular la idea de platafor-
mas digitales de medios, que cambian el ecosistema mediático. También se incorporaron
nuevas tecnologías y se ha comenzado con un proceso de inversión. Estas nuevas formas
de politización sentaron las bases que permitieron la visibilización de demandas larga-
mente postergadas. El acceso a la televisión digital y la des-mercantilización del fútbol
resultan verdaderas situaciones de ciudadanización en términos sociales, económicos y
culturales, consagrando nuevas formas de inclusión, igualdad y expandiendo un conjunto
de derechos por parte de los sectores mayoritarios de la población. Es así como este fútbol
hipermediatizado por los medios hegemónicos, este “deporte espectáculo”, deja de ser
concebido como un entretenimiento y por lo tanto un lucro, para ser interpretado y recono-
cido como una práctica cultural. En suma, dentro del paradigma de la “democratización
de los medios de comunicación audiovisual”, el principio de igualdad de oportunidades
se interpreta en el sentido de garantizar para todos los sectores sociales el acceso libre y
gratuito a los consumos de bienes culturales.
Como resultado de este nuevo paradigma se inauguró un nuevo ciclo de políticas
signado por el regreso del Estado y de la política en el centro de una escena antes ideoló-
gicamente ocupada por la lógica del mercado. La centralidad que ha tenido la política por
la igualdad en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner también
le ha dado un nuevo ímpetu y una visión integral al desarrollo de las políticas sociales. Este
giro político implicó también la emergencia de una nueva problemática: “la recuperación
del fútbol para todos” es decir la estructuración de un nuevo orden en lo que respecta a
la organización y administración del fútbol. Puesto que este deporte se erige como un im-
portante fenómeno social, un tema que constituye una serie de problemáticas propias del
actual escenario sociocultural y político del país.
Es parte de nuestro sentido común señalar que el fútbol es un importante elemento
cohesionador para la sociedad Argentina. La importancia que poseen los clubes deportivos
(amateurs y profesionales) como espacio de sociabilidad y de construcción de ciudadanía
y comunidad es innegable. El punto es dar cuenta de que la vigencia de la nueva adminis-
tración de la televisación del fútbol, significa un ejemplo de cómo los derechos comunes de
ciudadanías contribuyen a la integración cultural, paso sustancial para la profundización del
proceso de la igualación de derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Puntos centrales de la Ley 26.522
• Toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informacio-
nes, opiniones e ideas, sin censura previa, a través de la radio y la televisión, en el marco
del respeto al Estado de derecho democrático y los derechos humanos.
• La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la
cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter
esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se
• Se garantizará la independencia de los medios de comunicación. La ley de-
berá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los comunicadores o
empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones, línea informativa o
editorial, en el marco del respeto al estado de derecho democrático y los derechos hu-
• Evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La
propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas an-
timonopólicas por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia,
al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la
cultura y a la información de los ciudadanos, (Artículo N° 1).
• La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se con-
sidera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo so-
ciocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de
expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación
de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de
gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de
lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las
plataformas de transmisión disponibles, (Artículo N°3).
• El público tendrá derecho a acceder a una información plural, así como a la
diversidad cultural. Para ello se deberá garantizar la indemnidad intelectual y estética de
los trabajadores de la comunicación y de todos aquellos que participan en la producción
• Quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan benefi-
cios por la transmisión de programas y/o publicidad velarán por el cumplimiento de lo dis-
puesto por las leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 —Ley Nacional de lucha
contra el Alcoholismo—, 25.280, por la que se aprueba la Convención Interamericana para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapaci-
dad, 25.926, sobre pautas para la difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 —Ley
de protección integral para prevenir, sancionar, y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales— y 26.061, sobre protec-
ción integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como de sus normas
complementarias y/o modificatorias y de las normas que se dicten para la protección de la
salud y de protección ante conductas discriminatorias, (Artículo 71).
• Accesibilidad. Las emisiones de televisión abierta, la señal local de produc-
ción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos,
culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de
comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption),
lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapaci-
dades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para
acceder a los contenidos. La reglamentación determinará las condiciones progresivas
de su implementación, (Artículo 66).
• Estimula la producción propia y la de terceros a partir de la implementación
de cuotas de pantalla.
Cristina Fernández de Kirchner: “Este proyecto es de todos los que queremos
vivir en una sociedad más democrática. (…) El derecho a la libertad de expresión, el de-
recho a la información es propiedad de cada uno de los ciudadanos de nuestro bendito
país que son los verdaderos propietarios de ese derecho. La libertad de expresión no
puede convertirse en libertad de extorsión porque ese derecho a la información significa
el derecho a toda la información sin ocultamiento de una parte, sin distorsión ni manipu-
lación de esa información.” (Télam, 27/08/2009).
“Con esta ley venimos a garantizar la pluralidad informativa, venimos defender
que todas las voces sean escuchadas, las que nos gustan y las que no nos gustan; con
esta ley venimos a dar un salto en la calidad institucional que no es de forma, sino con
contenidos concretos como se debe hacer. (…) Este proyecto no es de un gobierno, no
es de un partido, es de todos los argentinos y es de la sociedad y es en nombre también
de los 118 periodistas detenidos-desparecidos en la dictadura que con su vida dieron
testimonio del verdadero ejercicio de la libertad de prensa.” (Página 12, 29/08/2009).
“Este es un acuerdo donde el Gobierno viabiliza un derecho que merecía nues-
tro pueblo, para acceder gratuitamente por la televisión abierta a ver eventos que hacen
a la cultura popular y la pasión de los argentinos.” (El Argentino, 25/02/2011).
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación entre 2003-2007): “La ley de medios
terminó con la dictadura mediática (…) Mejorar la calidad institucional es que haya más
cristalinidad y mayor democracia. Y para que haya más cristalinidad y más democracia,
tienen que terminarse definitivamente en la Argentina la concentración monopólica y
mediática que trabaja solamente para unos pocos intereses. Democráticamente nuestra
presidenta, toma como base para presentar al Congreso la Ley de Servicios y Comuni-
cación Audiovisual que trabajaban organizaciones sociales con distintos signos ideoló-
gicos pero que todos buscaban pluralidad para que todas las voces puedan hablar y no
solamente aquellos que concentran los intereses y los medios para defender esos inte-
reses. Sancionada esa ley para la democracia esperamos con ansiedad la decisión de la
Corte Suprema de Justicia para garantizar una plena libertad de expresión para que to-
das las voces sean todas iguales y plurales, para que todos los argentinos, desde el más
humilde hasta el más grande puedan expresarse.” (Audiovisual Télam, 08/06/2010).
Amado Boudou: “Lo más importante es la igualdad de oportunidades. Garan-
tizar el acceso a la televisión digital y al fútbol para todos es fomentar la igualdad en la
Argentina en el acceso a los consumos culturales.” (Prensa Argentina, 30/09/2011).
Gabriel Mariotto (Titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual - AFSCA): “Con la participación de la ciudadanía es imposible volver atrás,
cuando se conocen los derechos que traen consigo la justicia social, es difícil que las
corporaciones puedan volver a un estado anterior. (…) Si quieren volver a los términos
del monopolio y la ley de la dictadura que lo hagan, pero les va a costar mucho más
porque hay mucho debate y participación. Esto que empezó siendo un anhelo teórico
terminó en un hecho concreto, y hoy forma parte de una organización política como es la
Corriente de Comunicación Nacional y Popular. (…) Todos queremos una ley moderna y
estaremos en cada rincón de la Argentina para escuchar las voces del pueblo. Sin ir más
lejos queremos lograr más competencia con abaratamiento de los servicios, más trabajo
para nuestros músicos, artistas, técnicos, más y diversos emisores.” (7º Foro de Consulta
por una Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Mar del Plata, 17/04/2009).
“La nueva tecnología es una gran oportunidad para democratizar. Pero si no hay una ley
que democratice, la incorporación de nuevas tecnologías puede servir para concentrar.
La nueva ley llego en un momento importantísimo, tanto para revertir el concepto censor
de la ley de la dictadura, sino para regular y democratizar las nuevas tecnologías.” (Pren-
sa Argentina, Radio Rivadavia, 14/03/2010).
Agustín Rossi (Diputado Nacional por Santa Fe): “Hoy estamos sancionando
una ley fundamentalmente antimonopólica. Esta ley busca la construcción de ciudada-
nía, que los argentinos sean más ciudadanos al momento de poder escuchar una mayor
cantidad de voces. Esta norma busca darle mayor categoría de ciudadano al argentino,
que no tenga solamente una comunicación en un determinado sentido, que la comu-
nicación no sea siempre direccionada. (…) Necesitamos muchas voces. En realidad,
hay muchas voces, pero no todas se escuchan de la misma manera. Y no es que no
se escuchan de la misma manera porque algunas sean más inteligentes y otras menos
inteligentes, sino porque suenan distinto. Algunas tienen más amplificador que otras.”
(Discurso en la sesión por ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).
Víctor Hugo Morales (periodista): “La ley de Servicios de Comunicación me pa-
rece que está muy bien, que satisface plenamente aquella necesidad que todos hemos
proclamado desde hace muchos años de que era imprescindible una nueva ley de ra-
diodifusión. La actual ley de radiodifusión sancionada durante la última dictadura militar
ha ido ambientando, a través de sucesivos errores de los gobiernos, la conformación de
multimedios que considero que son una de las maneras de agredir la libertad de pren-
sa.” (Télam, 04/09/2009).
“Es un hecho muy positivo. Hoy, millones de personas acceden al fútbol sin
tener que pagar y los clubes cobran más. Se trata de un hecho profundamente democrá-
tico que permite que un deporte tan caro al sentir nacional llegue a sectores que estaban
postergados. Gracias a Fútbol para Todos se sacó el fútbol de las manos de la mafia que
ganaba muchísimo dinero a costa de los clubes y los que podían pagar diversos abonos
de cable. Creo que se está formando una consciencia de este derecho a la información
que le haría bastante difícil desarmar Fútbol para Todos a cualquier otro gobierno en el
futuro. También me parece inteligente el hecho de que lo que se les paga a los clubes
salga de la publicidad del Estado Nacional que en lugar de diseminarse en muchos
medios se concentra en Canal 7.” (Miradas al Sur, 10/07/2011).
Ricardo Forster (Integrante de Carta Abierta): “Lo que la ley viene a hacer es a
despejar un cierto camino, es decir, a abrir la posibilidad de otras intervenciones para
eliminar la lógica monopólica unidireccional que en realidad lo que viene a coartar es la
libertad porque se hablan mucho y sobre todo las corporaciones mediática en publici-
dades cuasi terroristas. (…) Una declaración clave incluso en las Naciones Unidas es
que la comunicación es también un derecho humano esencial. Eso explica la relación
entre comunicación y espacios públicos, sociedad civil, que es lo que la ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual fundamentalmente también intenta blanquear. No sólo la
desmonopolización y romper la agenda corporativa, sino abrir el juego a otros factores
decisivos de la vida social, cultural, económica y política argentina como son todos esos
actores que integran el espacio de la sociedad civil y por supuesto en el campo del Es-
tado, por ejemplo, no son otros que las universidades públicas.” (Gaceta bicentenario,
29/09/2009).
Tristán Bauer (Presidente de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Es-
tado - RTA SE): “El Estado ya no es más el Estado bobo, al servicio de las empresas,
sin tecnología. Y la televisión pública ya no está más al servicio del dinero, los culos y
las tetas. Es un Estado al servicio de una televisión digna para nuestro pueblo y en el
lugar que le corresponde. De ahí todas estas cuestiones por las que ahora nos vienen a
atacar, pero como siempre avanzaremos y como siempre vamos a triunfar. (…) Definiti-
vamente la nueva ley y las nuevas tecnologías favorecerán un mapa de medios muchí-
simo más democrático, que es el que los argentinos nos merecemos.” (Radio Nacional,
15/03/2010).
Sandra Russo (Periodista): “La Ley de Medios viene a traer horizontalidad entre
emisor y receptor. Y eso achica las diferencias entre los que tenemos el trabajo profesio-
nal en los medios y cualquier ciudadano que pierde el miedo y se pone a hacer circular
la información. Esa es la única manera que tenemos de defender una nueva ciudadanía,
la de los receptores activos, que puedan “competir” con los comunicadores profesiona-
les. Es perder el miedo al uso de la palabra, el miedo al error, porque estamos pensando
todos juntos. Porque mientras tengamos falta de información, la democracia corre pe-
ligro.” (En las Jornadas “Política y Medios en el marco de la nueva ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual”, 12/09/2010).
Horacio González (Director de la Biblioteca Nacional): “La Ley de medios, que
parece una ley cuya importancia consiste en reformular los medios de comunicación,
pero que sin embargo, es mucho más importante aún: reformula la vida política misma
y el uso mismo de la palabra política. Y una comunidad que reformula el uso de la pala-
bra, se encontrará con nuevos artistas, nuevos locutores, nuevos periodistas, encontrará
nuevas formas de la política.” (Página 12, 13/09/2009).
Martín Sabbattella (Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires): “La
ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue fruto de un proceso de intensa par-
ticipación y discusión con los distintos actores sociales, políticos y culturales que for-
man parte de la comunicación en nuestro país, y luego tuvo un largo e intenso debate
en ambas cámaras, adonde se generaron importantes aportes a la norma. (…) Sería
muy importante que la reglamentación de la ley se realice de acuerdo al proceso de
elaboración participativa de normas, previsto en el decreto vigente de Acceso a la
Información Pública, de manera de garantizar el aporte de expertos, trabajadores,
profesionales, académicos e integrantes de organizaciones. Creo que en esta etapa
política actual estamos más cerca de que se democratice la palabra en nuestro país.”
(http://www.martinsabbatella.com.ar, 24/06/2011).
María Seoane (Titular de Radio Nacional): “La radio ha crecido no solamente por-
que existe un Estado que comprende la necesidad de reformularse en función del interés
colectivo, sino porque hay una dirección política en el Estado. El destino de Radio Nacional
es siempre el destino del Estado. Si el Estado es jaqueado y liquidado, Radio Nacional es
jaqueada y liquidada. Hoy hay una dirección en RTA -Radio y Televisión Argentina- con Tris-
tán Bauer, y un directorio creado por la nueva Ley de Medios de la democracia, que cree
que se puede hacer periodismo y buena comunicación con calidad desde lo público. (…)
Vaticino que desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia y de la técnica, la Ley de
Servicios Audiovisuales es imparable. Hoy la apropiación del sentido, de los contenidos, por
parte de las corporaciones mediáticas, actúa de la misma forma en que actuó el feudalismo
con la burguesía, y su final también es imparable. El proceso ya está en marcha. Con la
nueva Ley de Medios, la democratización de la palabra es irreversible, y ya llegó. Cuando se
ponen palos en la rueda de la ley sólo se trata de ganar tiempo y dinero. Como lo hicieron los
sectores más concentrados durante 30 años de neoliberalismo en el país. Con la muerte de
los argentinos, con la destrucción del Estado y del país, ganaron 30 años de tiempo y mucha
plata. No hacemos mal en decir que el futuro ya llegó.” (Tiempo Argentino, 14/11/2010).
Federico Luppi (Actor): “Cuando nos planteamos en este momento tan tre-
mendo de nuestra historia algo que, es cierto, esta ley excede las condiciones del
metalenguaje comunicacional, va más allá de si un artículo más, un artículo menos, si
tendremos más o menos monopolios, más o menos pistas informáticas, más o menos
telefónicas, o más estructuras mediáticas para informarnos mejor. Creo que tiene que
ver, no quiero parecer tremendista pero lo digo, tiene que ver con la supervivencia de
la Argentina como país. Tiene que ver con esta posibilidad, seguramente utópica, de
poder discutir, disentir, hablar, contrastar, antagonizar.” (En el marco de la discusión
sobre la nueva Ley de Medios, Centro Cultural de la Cooperación, Diciembre 2009).
Florencia Peña (Actriz): “Que salga esta ley me parece algo esencial para
los argentinos, porque creo que es una ley que se viene pujando desde hace muchos
años. Me parece que ya era tiempo de que se sancionara una ley, sobre todo en este
momento en que la información está tan monopolizada y es necesario que se abran
nuevas fuentes de trabajo.” (Argentina.ar, 28/09/2009).
Eduardo Anguita (Escritor, periodista y Director de Miradas al Sur): “Un nuevo
ordenamiento de los medios de comunicación audiovisuales permite imaginar un país
diferente. (…) La nueva ley cambiará el sistema de medios actual, porque las coope-
rativas en el interior del país podrán tener sus propias radios, sus propias redes de
televisión por cable. También las universidades y los sindicatos. Me imagino, también,
a espacios de organizaciones sociales y territoriales que luchan por dignidad, tenien-
do medios de comunicación y creo que es un país distinto.” (radionacional.com.ar
14/11/2010).
Octavio Getino (Director de Cine, narrador e investigador de los medios de
comunicación) “El tratamiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
constituye un hecho casi histórico para este país, donde la mayor parte de la legisla-
ción referida al campo de la cultura fueron hechas por las diferentes dictaduras milita-
res.” (www.argentina.ar, 01/10/2009).
En cuanto a Uruguay, también está en desarrollo un proceso similar al que se pro-
dujo en nuestro país, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) planea elevar el
proyecto de ley de medios al Consejo de Ministros. El texto de la iniciativa está en plena
elaboración por parte del actual director nacional de telecomunicaciones, Gustavo Gómez.
La iniciativa, denominada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
incluye varias innovaciones.
En primer lugar, una de las medidas será la inclusión de una “cuota pantalla”
en busca de fomentar los contenidos nacionales en las grillas y disminuir el peso de
La normativa exigirá a los dueños de los medios que un porcentaje del tiem-
po de emisión sea destinado a programación nacional como un modo de preservar
y difundir la cultura y los valores del país. El argumento manejado es que se trata de
recursos estatales que son concedidos a privados para hacer negocios. Por eso el
Estado tiene derecho a reclamar una contraprestación.
La concentración de canales y ondas de radio en pocas manos será otro de
los elementos en los que el proyecto introducirá varios cambios. Las telecomunicacio-
nes tienen tres actores: estatal, privado y cooperativo. Hasta ahora predominó lo vincu-
lado a lo comercial según el diagnóstico oficial y por eso habrá un intento por “ordenar”
el panorama. En este sentido, el proyecto de ley establecerá que “al menos” un tercio
de las adjudicaciones será destinado a medios cooperativos sin fines de lucro.
En la distribución actual del espectro televisivo es donde aparece la con-
centración mayor de señales en pocas manos, según el diagnóstico oficial. Por eso
el proyecto de ley intentará que haya una distribución más equitativa para garantizar
que todas las voces tengan presencia en los medios de comunicación. Uno de los
problemas existentes, según el gobierno, es que muchas veces los verdaderos dueños
de algunos medios son representados por testaferros. Esta modalidad será prohibida
para que en las concesiones solo aparezca el nombre de quien realmente dirigirá el
medio. (http://www.elobservador.com.uy, 27/09/2011).
Además de las medidas ya decididas, hay otras que están sobre la mesa, aún
en evaluación. Se trata, justamente, de las acciones más polémicas. Una de ellas es la
posibilidad de cobrar un canon a aquellos privados que tengan en su poder una onda
estatal. Esos fondos serían destinados al fomento de la industria nacional.
Esa medida aparece en el informe final del comité técnico integrado por todas las par-
tes que estudió la forma de instrumentar una ley de medios.
Aprobar en forma urgente una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
para consolidar algunos avances del decreto proyectado, y así integrar las enormes
lagunas que existen y desarrollar los restantes principios para una comunicación demo-
crática que el decreto por su naturaleza no puede incorporar.
Volver a convocar a la brevedad el Comité Técnico Consultivo de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual para retomar la elaboración de un proyecto
de ley cuyo borrador, en base a los aportes de la Dinatel y del CTC, debe ser apor -
tado por la propia Dinatel.
Aspectos del decreto proyectado a destacar:
• La Coalición quiere subrayar el avance que supone el contenido del pro -
yecto de decreto que pretende regular la asignación de espectro para la TDT para
Uruguay y la región, en virtud de que se realiza, mayormente, bajo estándares de
transparencia, pluralismo, diversidad, y libertad de expresión.
• En ese sentido el decreto contempla los siguientes principios presentados
oportunamente por la Coalición para una Comunicación Democrática: principio 3
(el espectro es un bien público); principio 4 (Convivencia equitativa de tres tipos de
medios de comunicación); principio 7 (diversidad y pluralidad); y principio 14 (asig -
nación por concurso y prestación gratuita del servicio). (ver documento 16 Principios
para una Comunicación Democrática)
• La Coalición destaca especialmente el avance que supone establecer tres
sectores en la comunicación audiovisual (público, privado-comercial y social-comu -
nitario) en equilibrio en cuanto a la cantidad de espectro asignado a cada uno de
• La Coalición aprueba y celebra el establecimiento del pago de un precio o
canon por el uso de un bien público a todos los operadores de televisión, cuyo des -
tino exclusivo será el fomento de la producción audiovisual de televisión. Se trataba
de una grave omisión del Estado uruguayo que ha permitido una extracción de fon -
dos a los ciudadanos a través de la pauta publicitaria y una acumulación de capital
y de concentración de la riqueza en manos de un pequeño grupo de empresas de
comunicación, a expensas del uso de un bien público. No obstante apoyar este pre -
cio o canon, la Coalición quiere llamar la atención sobre el bajo monto establecido
para el pago del mismo (un 1 por ciento máximo frente a precios que oscilan entre 5
por ciento y 10 por ciento en buena parte del mundo). También advierte la necesidad
de una reglamentación transparente y participativa de dicho fondo, que asegure un
porcentaje de los mismos para la producción audiovisual en el sector comunitario,
que por ser el más nuevo y sin fines de lucro, es el que enfrenta mayores desafíos
para producir contenidos.
• Destacamos la importancia de la creación del Foro consultivo de TV di -
gital, para la implementación y el despliegue de la TV digital abierta y gratuita, con
la participación de los actores involucrados, la academia y la sociedad civil. (http://
www.apc-suramerica.net, 18/10/2011).
El gobierno de Dilma Rousseff, plantea la creación de una nueva ley de medios
de comunicación, que tendrá como objetivo reglamentar esta área y la que tiene detrac-
tores en los medios informativos más poderosos del país. La presidenta realizó dicha
declaración en el marco de la inauguración del 4to Congreso del gobernante Partido de
En esta misma línea los dirigentes representativos de los trabajadores, apoya-
ron esta moción argumentando que es necesaria una ley de prensa que regule el sector
y de esta forma evitar que grupos económicos “amenacen a la democracia”.
Rui Falcao (Presidente del Partido de los Trabajadores): “La inexistencia de
una Ley de Prensa, la no reglamentación de artículos de la Constitución que tratan de
la propiedad cruzada de medios, el dominio mediático de algunos grupos económicos,
afectan la democracia y crean un clima de imposición de una única versión para Brasil.”
(La Nación 05/09/2011).
La ley que trae reticencia dentro de las empresas de comunicación más po-
derosos del país, y ha criticado duramente al Gobieno de Dilma Rousseff, por lo que el
secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, expresó que no permitirá que el
gobierno sea nombrado como autoritario por quienes objetan reglamentar al sector de
La ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, una de las personas
más cercanas a Rousseff, defendió el proyecto argumentando que todas las naciones
tienen un marco regulatorio de prensa y Brasil esta carente de esta ley: “La libertad de
prensa debe mantenerse a cualquier precio, aunque no hay contradicción entre este
principio y la reglamentación.” (http://www.elvinculodigital.com, 04/09/2011).
“La inexistencia de una Ley de Prensa, la falta de reglamentación de los ar-
tículos de la Constitución que tratan de la propiedad cruzada de los medios, la falta
de respeto a los derechos humanos presentes en la prensa, el dominio mediático de
ciertos grupos económicos que mutilan la democracia, silencian voces y marginalizan
multitudes, crean un clima de imposición de una única versión para Brasil.” (Texto pre-
liminar del documento que defiende la creación de un mecanismo regulador promueva
la democratización de los medios de comunicación. En el marco del 4to Congreso del
gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil.)
IV. Ley N° 25.871. Ley de Migraciones. Nuevo régimen legal.
Migración y discriminación: la nueva ley en perspectiva histórica (2004).
Por el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni
La Constitución y la legislación migratoria
Nuestra Constitución Nacional es generosa en cuanto a los derechos que re-
conoce y a su incuestionable vigencia para todos los seres humanos: fue sancionada
para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Juan
Bautista Alberdi en las Bases había señalado que la Argentina era un desierto, apenas
poblado por ochocientos mil habitantes. Y se preguntaba: ¿Cuál es la constitución que
mejor conviene al desierto? La que sirve para hacerlo desaparecer; la que sirve para
hacer que el desierto deje de serlo en el menor tiempo posible y se convierta en un país
Pese a que más de un siglo y medio después, en términos relativos de pobla-
ción mundial, grandes extensiones de nuestro territorio siguen siendo desiertos en el
sentido alberdiano, los gobiernos no fueron fieles a la generosidad de la Constitución
en todos estos años. Un largo collar de aberraciones legislativas y de hechos no menos
lamentables y dolorosos jalona nuestra historia, desde la tristemente célebre ley de
residencia hasta la recientemente archivada ley de facto de la dictadura en materia
La situación anterior a la ley 25.871
La sanción de la ley 25.871 marca un hito en esta historia llena de sombras y
significa el restablecimiento de la compatibilidad legal con la directiva constitucional.
Al amparo del acto de poder dictatorial que, en forma poco justificable, sobrevivió dos
décadas de gobiernos constitucionales, se cometieron las peores atrocidades, alimen-
tadas por prejuicios y racismo.
La radicación en el país demandaba un trámite casi imposible de cumplimen-
tar, caro, engorroso y sometido a los antojadizos impulsos de funcionarios permanente-
mente cambiantes. Esto provocó que en unos años tuviésemos una masa poblacional
no identificada, toda vez que era imposible impedir el ingreso al país, dada la formi-
dable extensión de nuestras fronteras y su inevitable fragilidad, y pese a las reiteradas
amnistías que incluso se retacearon en los últimos años.
Esto generó un serio problema de seguridad, pues para ningún país es sa-
ludable tener un porcentaje de población sin identificación. Además, esta población sin
identificar, vulgar y despectivamente llamada indocumentada, se hallaba en una gravísima
situación de vulnerabilidad, pues su condición ilegal le impedía trabajar y requerir los de-
rechos que la Constitución y las leyes consagran para todos los habitantes.
Esa vulnerabilidad los expuso a todo género de explotaciones, desde la laboral
hasta la sexual. El delito de reducción a servidumbre, que era entre nosotros casi una es-
peculación académica de laboratorio, se convirtió en una realidad y se procesó y condenó
por éste en nuestros tribunales. Miles de mujeres llegaron desde el Caribe, seguramente
no en forma espontánea, y ejercieron la prostitución en el país en tiempos de convertibili-
dad, en algunas ocasiones con sus documentos retenidos por los explotadores.
Cuando aparecían los innegables signos de deterioro social resultante de una
política económica destinada a desmantelar la Nación y a degradar al estado, encubierta
con slogans gastados y los negociados presagiaban la catástrofe que unos años más tar-
de se precipitaría sobre toda la sociedad, la propaganda oficial señalaba a los vulnerables
indocumentados y a los inmigrantes como chivos expiatorios responsables del aumento
del desempleo. Pese a los clarísimos ribetes racistas, esa propaganda no dejó de cose-
char adeptos en un sector siempre dispuesto a estas aberraciones. En tanto la ley Videla
seguía vigente, contribuyendo a agravar la situación, dificultando o impidiendo la solución
al problema y ofreciendo la base legal para la práctica de estas truculentas maniobras
políticas, tan sucias como groseras e inmorales.
En la gestión que culminó con la crisis de diciembre de 2001, la situación no cam-
bió sustancialmente. En alguna medida, las cosas empeoraron, dada la errática y poco
atinada conducción del ente migratorio, que entró en conflicto frecuente con otros entes de
derechos humanos del propio gobierno. Se pretendió –y de hecho se negó- la instrucción
elemental a los niños inmigrantes. Aunque se logró la sanción de una ley que disponía la
obligatoriedad de la inscripción en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, su efectiva
vigencia fue dudosa. Por fortuna, el art. 7º de la ley 25.871 pone fin a la cuestión en todo
el país. Se pretendió excluir del territorio a personas especiales, cuando toda su familia
estaba radicada o incluso había adoptado nuestra ciudadanía. El art. 10º de la ley 25.871
recoge esta triste experiencia y la resuelve expresamente. Se pretendió negar atención
hospitalaria en razón de la irregularidad migratoria; el art. 8º de la ley 25.871 los pone a
resguardo de semejante maldad.
En este estado se llegó a la crisis de diciembre de 2001 y así pasó la transición
parlamentaria hasta que, finalmente, se culminó una larga tarea, iniciada varios años antes
y sostenida firmemente por algunos legisladores, apoyados por colectividades, por orga-
nizaciones no gubernamentales, por la Iglesia y por otros credos, cuyo empeño deberá
destacarse siempre que se reconstruya esta historia que, por ahora tiene final feliz, aunque
sus capítulos sean más bien opacos y tristes en cuanto a la generosidad de la sociedad ar-
gentina y de muchos de sus dirigentes y a su propia conciencia en materia poblacional.
El racismo argentino y los inmigrantes
No es posible desvincular la historia de la inmigración y su regulación legal de
la historia del racismo, que siempre le ha brindado discursos para legitimarla. La glo-
balización propugna hoy la libre circulación de todo, menos de los seres humanos. Los
países ricos no quieren verse invadidos por personas de los países pobres, al menos en
mayor medida de la necesaria para cubrir sus necesidades de mano de obra en rubros
que sus nacionales no quieren desempeñar y para equilibrar sus poblaciones, tenden-
cialmente envejecidas, con gravísimas perspectivas de descalabro de sus sistemas de
Los argentinos, especialmente después de la crisis de diciembre de 2001,
aceleraron una tenue emigración a Europa, en particular a España, como es compren-
sible por la facilidad idiomática. Pese a los convenios celebrados por nuestro país con
España hace décadas, que permitieron la radicación masiva de españoles en la Argen-
tina, hoy el gobierno español se niega a reconocer la reciprocidad y, de este modo,
nuestros connacionales sufren las mismas dificultades a que la llamada ley Videla so-
metió en nuestro país a los inmigrantes de nuestra región latinoamericana e incluso del
propio MERCOSUR.
Pero ni la experiencia ni la memoria bastan para contener al racismo, especial-
mente cuando se trata de cuestiones migratorias. Nada de esto debe extrañar, en un
país donde el racismo comenzó contra nosotros mismos, mediante la estigmatización
del gaucho o mestizo, como producto del cruce de una raza que no había superado la
edad media con otra paleolítica, al decir de uno de los discursos fundadores. Nuestra
oligarquía de fines del siglo XIX condenó como inferior biológico al gaucho e idealizó
al inmigrante europeo, pero sólo hasta que éste llegó al país. Cuando llegaron los eu-
ropeos, fueron sometidos a un programa de homogeneización mediante la escolaridad
y el servicio militar obligatorio para sus hijos, condicionantes de ruptura con todos los
vínculos originarios de pertenencia cultural de los padres. Pero el socialismo, el anar-
quismo y el sindicalismo debían ser combatidos y, por ello, la llamada ley de residencia
–proyectada por Miguel Cané- permitía su expulsión o su prohibición de ingreso sin
recurso judicial. Los gringos degenerados debían ser eliminados.
La vinculación del racismo con la política migratoria no es un patrimonio de
los argentinos ni mucho menos. Es sabido que el racismo biologista fue la base de la
política migratoria de los Estados Unidos entre las dos guerras mundiales, elogiada por
Hitler en Mein Kampf, donde consideraba a este país como el único que llevaba a cabo
una política científica en este orden.
Es verdad que la llamada ley Videla y las aberraciones resueltas por autorida-
des nacionales a su amparo no eran abiertamente racistas, pero eso obedecía a que
todos tienen conciencia de que el discurso racista se halla desprestigiado y no a que
esos comportamientos no tengan por telón de fondo argumentos de este corte. Prueba
de ello es que la directa apelación al racismo por parte de publicaciones de propagan-
da paraoficial hace pocos años no provocaron la reacción oficial y pública que hubiese
de esperarse si tales discursos merecían una sincera condena en el fuero interno de
gobernantes y sociedad.
Lo cierto es que, entre nosotros, los hijos de los inmigrantes, descalificados
por el racismo de la oligarquía espantada ante el sindicalismo, el socialismo y el anar-
quismo, practicaron el más despiadado racismo cuando, en los tardíos cuarenta, se
produjo la concentración urbana en Buenos Aires. Nuestra memoria es demasiado frá-
gil, pues el racismo que se esgrimió contra los inmigrantes y que sostuvo las decisiones
amparadas por la ley Videla, contaba con beneplácito o indiferencia de una buena
parte de los nietos de los otros estigmatizados como gringos degenerados y de los
hijos de los que ayer motejaron como cabecitas negras. Esto prueba, una vez más, que
el marginado o excluido no pierde oportunidad de subirse al carro de la inclusión, en
cuanto se le ofrece la posibilidad, a costa de excluir o estigmatizar al nuevo indefenso
que llega. No se trata de que la memoria sea frágil, sino de la caída en la red que teje la
araña venenosa del racismo, que incorpora al discriminado de ayer para excluir al chivo
expiatorio de hoy.
La ley 25.871 pone fin -y esperamos que definitivamente- a un capítulo de-
masiado prolongado de la historia más triste que puede tener un país de población
mayoritariamente transportada: el de la negación de su propia formación y esencia,
mediante el racismo y la política migratoria discriminatoria. Con esta ley volvemos a la
Constitución Nacional, al espíritu alberdiano, a la línea de la Argentina universal, en su
pensamiento y en su realidad poblacional. Nuestra riqueza espiritual estuvo dada por
esa apertura. No en vano la redujeron y hasta cancelaron los episodios genocidas, ma-
terializando su ideología racista en la vieja ley Videla, como último eslabón de esta pe-
nosa cadena. Cabe felicitarnos de que la sanción de esta ley no haya hallado mayores
resistencias ni haya desatado las iras de los resabios de tiempos opacos y genocidas.
El pobre Alberdi, que casi toda su vida fue un emigrado -y al que nuestro gobierno le
estafó sus sueldos por sus servicios- pese a los desengaños que le hemos dado, en
este momento debe sonreírnos desde la historia.
En el marco de un proceso latinoamericano que apuesta por la democracia, la
diversidad y la inclusión, los países reunidos en el MERCOSUR han asumido el desafío
de profundizar la integración regional en materia económica, cultural y simbólica. Re-
chazado el camino del paradigma neoliberal y en el marco de una nueva generación
de políticas migratorias, análogo con el giro político de la región, el gobierno de Néstor
Kirchner sancionó la Ley de Migraciones N°25.871. Hasta el 2003, Argentina se regía
mediante una ley restrictiva sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael
La ley fue sancionada en diciembre de 2003, promulgada en enero de 2004 y
finalmente reglamentada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El proyecto
de ley que comenzó a discutirse en 2002 y que fue sancionado en 2004, fue impulsado
y redactado por el Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe, Rubén Giustiniani,
y se concretó gracias a la iniciativa de Néstor Kirchner para que por primera vez la Ar-
gentina tuviera una ley de migraciones que reconozca y respete los derechos humanos
Al quedar atrás la ley de la dictadura, las migraciones dejaron de ser conside-
radas como políticas en materia de seguridad y pasaron a entenderse como políticas
públicas orientadas al bienestar social y al acceso a derechos de las personas migran-
tes, en igualdad de condiciones con los nacionales argentinos.
De esta manera se puso fin a una importante deuda de la democracia con las
personas que eligen a nuestro país como lugar de residencia. A partir de este nuevo
marco normativo se inició una política de gestión migratoria de vanguardia que alcan-
zó su máxima expresión con el lanzamiento del programa de regularización “Patria
Grande”, cuya implementación apuntó a solucionar de raíz la situación de los inmigran-
tes irregulares en el territorio argentino. Finalizada la aplicación de este programa, se
continuó la política de regularización migratoria a través del criterio de nacionalidad.
En suma, mediante la implementación de estas políticas, la República Argentina lleva
regularizada la situación migratoria de más de un millón de migrantes.
Este nuevo paradigma ha permitido otorgar un sustento legal a la situación de
los migrantes en Argentina para evitar prácticas discriminatorias, contribuyendo a la in-
tegración en la sociedad argentina de las personas migrantes, haciéndolos titulares de
los mismos derechos y garantías que los habitantes argentinos y facilitando el acceso a
los bienes y servicios públicos en igualdad de condiciones.
Con esta nueva manera de gestión migratoria, desde una perspectiva social y
en clave de derechos humanos, se pretende erradicar el prejuicio xenófobo y el ideario
racista que se mantuvo instalado por años en la Argentina que afirma que los migrantes
son los responsables de nuestras privaciones. Lejos de esta prenoción racista, esta
nueva “Patria Grande” sienta las bases para promover la integración regional con los
países del Cono Sur desde una perspectiva social e inclusiva.
Puntos centrales de la Ley 25.871
• La concepción del derecho a migrar como esencial e inalienable de la perso-
na y su garantía sobre la base de los principios de igualdad y universalidad.
• El criterio de nacionalidad como criterio de otorgamiento de residencia para
los países del MERCOSUR.
• El derecho a la reunificación familiar.
• El reconocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas,
sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes.
• El cambio de la antigua lógica del control policial de los extranjeros irregula-
res, concebidos como amenaza a la seguridad nacional, las prácticas de obstaculiza-
ción de trámites de residencia y la discriminación a los inmigrantes limítrofes; por una
que privilegia la implementación de programas de regularización, que otorga un trato
diferenciado a los inmigrantes procedentes de la región y que ubica al proceso de inte-
gración MERCOSUR en un lugar privilegiado.
• La consideración explícita de actos discriminatorios como todos los actos u
omisiones determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica o caracteres físicos, que
arbitrariamente impidan, obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconoci-
dos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes.
Cristina Fernández de Kirchner: “Una política migratoria está vinculada direc-
tamente a la vigencia de los Derechos Humanos. La nueva ley de la democracia que se
sancionara por nuestro parlamento en 2004, se trata de un decreto que sigue colocando
a Argentina a la vanguardia en materia de políticas de ese tipo.” (Télam, 04/05/2010).
“Todos somos hijos o nietos de algún inmigrante. Hay que hacernos eco de nuestra
propia historia y de la identidad del país. Hay que integrar a los inmigrantes en lugar de
discriminarlos. Es preciso oponernos a la subordinación cultural que dicta leyes contra-
rias a los inmigrantes.” (Página 12, 03/05/2010).
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación entre 2003-2007): “Apostamos, en el
marco del MERCOSUR, a que todo ciudadano empiece a sentir a cada nación como su
propio país. (…) Los inmigrantes no deben tener miedo de tomar contacto con institu-
ciones oficiales. (…) [Para terminar] con los procedimientos de coimas para obtener los
papeles con rapidez. (…) Es uno de los temas más graves entre los países que buscan
su integración, porque las migraciones, en las últimas décadas, se fueron convirtiendo
en mercancía barata y los inmigrantes fueron utilizados por empresarios sin ningún
escrúpulo para obtener beneficios rentables, violando los derechos humanos.” (Página
12, 15/05/2010).
“Como Argentina es un país que está abierto al mundo tiene que haber una po-
lítica migratoria clara y concreta que vele por la integración de las personas y sus dere-
chos humanos, con las mismas posibilidades y las mismas visiones que tienen el resto
de los argentinos. Este es un tema que nos preocupó desde el primer día: que todas
las fuerzas de seguridad tenga su eje en el ser humano. Apostamos a esta política mi-
gratoria, apostamos a que sea una política de integración, apostamos a que realmente,
en el marco del MERCOSUR, cada persona sienta que Argentina es su país y que cada
persona no tenga miedo de tener contacto con las instituciones oficiales, apostamos a
que se termine definitivamente los procesos de discriminación en las tramitaciones para
los papeles. Todo se hará tal cual marca la ley, pero la ley en sentido de integrar, la ley
en sentido de dar posibilidades, la ley cuyo sentido es ubicar en el centro al ser huma-
no, la ley que evite el abuso y respete a los hombres que vienen a trabajar, estudiar e
investigar en cada ámbito del país.” (Dirección Nacional de Migraciones en relación a
la paradigmática transformación operada por el Gobierno de Néstor Kirchner).
Florencio Randazzo (Ministro del Interior): “Una nueva Ley había sido sancio-
nada en el año 2004 que regulaba las migraciones para nuestro país. Hoy hemos regla-
mentado esa Ley, que es muy importante porque le quita discrecionalidad al funciona-
rio para la concesión de la residencia legal.” (Argentina – Portal público de noticias de
la República Argentina, www.argentina.ar, 04/05/2010).
“La aplicación de esta ley es importante para que los inmigrantes que vengan
a la Argentina, que vengan a trabajar a la Argentina, tengan la posibilidad de gozar de
todos los derechos, pero también de todas las obligaciones como todos los argenti-
nos.” (Sala de prensa, 06/06/2010).
“Esta reglamentación venía siendo demandada desde hace cuatro años. Esta
es una Ley concebida en otros parámetros respecto a los de la ley de la dictadura sobre
temas migratorios. Por ejemplo, la visión del inmigrante que atentaba contra la seguri-
dad nacional o que dificultaba la posibilidad de trabajo de los argentinos; temas que no
estaban en la tradición migratoria argentina. Esta reglamentación representa el mejor
espíritu de la Argentina en la materia.” (Salón de los Escudos de Casa Rosada el acto
de presentación del proyecto de reglamentación de la Ley de Migraciones N° 25.871).
Dr. Martín Arias Duval (Director Nacional de Migraciones): “Esta es la ley que
rige la política migratoria que tiene la concepción y la convicción de que los procesos de
integración no se pueden agotar en meras relaciones económicas, la economía tiene que
estar al servicio de la persona, y en ese sentido, la política argentina toma como centrali-
dad a la persona humana. Por eso la ley dice expresamente que el derecho a migrar tiene
que ser un derecho humano.” (En el marco de la celebración de los “20 años del MERCO-
SUR” en Rosario, 21/03/2011).
Agustín Rossi (Diputado Nacional por Santa Fe): “Decimos con orgullo, que he-
mos podido implementar en su total magnitud y en todo su espíritu, la reforma de la Ley
de Migraciones que ha permitido tener una ley claramente progresista en nuestro país.
En ese marco es en el que tenemos que avanzar, no solamente dejar de lado el discurso
xenófobo, sino decir que los ciudadanos extranjeros que vienen a Argentina a trabajar lo
que hacen es aumentar el producto bruto del país, su trabajo significa la posibilidad de
que el país siga creciendo y desarrollándose.” (En el marco de la Celebración por 20 años
del Mercosur en Rosario, 28/03/2011).
Philippe Lavanchy (Ex representante regional de ACNUR para las Américas): “Es
evidente la predisposición del gobierno Argentino para avanzar rápidamente en imple-
mentar la ley general de reconocimiento y protección al inmigrante, como así también, de
seguir encontrando nuevas maneras de apoyar a la población refugiada en su proceso en
inserción en la sociedad.” (www.acnur.org, 07/05/2010).
Horacio Verbitsky (Presidente del CELS): “El decreto reglamentario consolida
una política de no discriminación hacia los inmigrantes e incorpora el derecho humano
a migrar, acceder a la justicia, la educación y la salud, prohíbe expulsiones sin el debido
control judicial y restringe al mínimo los casos en que es posible la detención de migrantes
que ya se encuentren en el país.” (Página 12, 09/05/2010).
Pablo Ceriani (Abogado del CELS): “La derogación de la ‘ley Videla’ es una de las
grandes deudas de la democracia argentina porque da lugar a que se detenga y expulse
gente por una simple falta administrativa, como es no presentar algún certificado, sin la
intervención de ningún juez.” (Página 12, 09/05/2010).
Eduardo Domenech (investigador del Centro de Estudios Avanzados de la UNC
e integrante del Grupo de Trabajo “Migración y Cultura” del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales - CLACSO): “La derogación de la Ley Videla constituye uno de los logros
políticos más importantes en la historia de las migraciones del país. Y la aprobación de la
nueva ley, al introducir la perspectiva de los derechos humanos, la noción de ciudadanía
comunitaria y del pluralismo cultural, significa un vuelco decisivo en materia de políticas
migratorias. Este proceso se relaciona con tendencias regionales e internacionales. La
ruptura más importante tiene que ver con la introducción de la noción de los derechos
humanos. También, en un contexto de integración subregional, con la idea de ciudadanía
comunitaria.” (http://www.cecopal.org/ S/F).
Rubén Giustiniani (Senador Nacional por la Provincia de Santa Fe): “Después de
cinco años de espera, es fundamental que se reglamente esta ley tan importante para los
derechos humanos y para los procesos de integración regional en nuestro país.” (Parla-
mentario, 03/05/2010).
Susana Novick (CONICET-IIGG): “El actual gobierno argentino ha mostrado una
gran coherencia en su política migratoria: en junio del 2004, y mediante la ley 25.902, se
aprueba el acuerdo sobre residencia de ciudadanos de los Estados partes del MERCO-
SUR; En septiembre del 2004, se decreta una amnistía para inmigrantes extra MERCOSUR.
(…) Los contenidos de la nueva ley evidencian una perspectiva del fenómeno migratorio
radicalmente diferente a la que sustentaba la normativa anterior. Se asocia la migración
al desarrollo, se trata de disminuir el control social sobre los movimientos de personas y,
quizás lo más relevante, se considera el derecho de migrar como un derecho esencial e
inalienable, basado en la igualdad y en la universalidad.” (CEPAL - SERIE Seminarios y
conferencias: “Gobernabilidad migratoria e integración: caminos y encrucijadas”).
Gerardo Halpern (Investigador UBA y CONICET, autor de Etnicidad, inmigración
y política): “Durante el gobierno de Néstor Kirchner se sancionó la nueva ley de migracio-
nes, lo que puso fin a la vergonzosa y vergonzante ley de la dictadura. La primera nor-
mativa en la región que considera la migración como parte de los derechos humanos; la
primera en la Argentina que protege la igualdad de los migrantes y su derecho al acceso
a la ciudadanía social. (…) En contraste con los criterios del neoliberalismo su gestión se
inició con una reclamada mirada social: derogó los decretos retrógrados que habían regu-
lado la cuestión migratoria desde mediados de los ’90, como la imposibilidad de cambio
de categoría del migrante y las órdenes de expulsión. Además, extendió la residencia
temporaria de los inmigrantes hasta que entrara en vigencia el Acuerdo sobre Residencia
de los ciudadanos del MERCOSUR.” (Página 12, 01/11/2010).
Evo Morales (Presidente del Gobierno Plurinacional de Bolivia): “Para mis her-
manos y hermanas que viven en Buenos Aires, Kirchner creó el programa Patria Grande,
del cual más de medio millón de bolivianas y bolivianos se beneficiaron, obteniendo su
documentación para trabajar dignamente en la Argentina.” (Argentina – Portal público de
noticias de la República Argentina, www.argentina.ar, 09/11/2010).
Brunson McKinley (Director Organización Internacional para las Migraciones -
OIM): “Es un ejemplo mundial.” (Infobae, 09/11/2010).
Directorio de la Organización Internacional para las Migraciones: “La ley y su
reglamentación constituyen un avance significativo en materia de derechos humanos
de los y las migrantes. La reglamentación era una deuda pendiente que finalmente está
saldada. Los avances de esta ley respecto a la anterior son significativos: se reconoce
el derecho a migrar como esencial e inalienable de la persona; se garantiza el derecho
a la educación y a la salud, sin importar la situación migratoria y se exige a los docentes
y médicos no ya denunciar la irregularidad sino la obligación a ayudar a los inmigrantes
a regularizar su situación. Pero además, la ley y su reglamentación garantizan el efectivo
control judicial respecto de la razonabilidad y legalidad de cualquier medida dictada a
su respecto por la autoridad de aplicación. Estos son sólo algunos de los tantos avances
en materia de garantía de los derechos humanos de los migrantes que establece la ley
y que a partir de la reglamentación otorga mayores herramientas a los funcionarios para
garantizar esos derechos.” (Agencia de la ONU para los refugiados, 02/05/2010).
V. PERSPECTIVA INTEGRAL DE GÉNERO
Por Juliana Di Tullio 2
La Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW fue un puntapié inicial
para todo lo que vino posteriormente en cuanto a sanción de leyes relacionadas con
conquistas de derechos de las mujeres (quienes representan más de la mitad de la
población) y que implicó una mejora en la sociedad en su conjunto.
Varios presidentes fueron protagonistas del proceso de ratificación del Proto-
colo Facultativo de la CEDAW, hasta Néstor Kirchner, Fernando De La Rua y Eduardo
Duhalde habían enviado el proyecto de ley al Senado de la Nación pero con una res-
tricción o enmienda. El Protocolo Facultativo de la CEDAW no admite enmiendas, por lo
tanto lo que se hizo fue incluir una salvedad que denominaron “declaración interpreta-
tiva”, y se le pidió al Senado de la Nación y a la Cámara de Diputados que ratificara el
Protocolo pero incluyendo esa declaración interpretativa. La misma expresaba que en
Argentina los derechos sexuales y reproductivos no contemplaban bajo ningún punto
de vista al aborto o la despenalización del aborto, y que el país estaba comprometido
con los derechos del niño por nacer.
En el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, me convocan para encabezar
el Área de la Mujer de la Cancillería, allí uno de mis primeros proyectos fue iniciar el
camino para la Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Una vez que tuve
la aprobación de todos los ministerios y ministros del gabinete, hablé con Néstor Kirch-
ner quien inmediatamente acordó la necesidad de enviar ese instrumento al Congreso
Nacional sin ningún tipo de declaración interpretativa, ni enmienda. Se acordó que se
ingresara por la Cámara de Senadores, en ese momento Cristina Fernández de Kirch-
ner era Senadora de la Nación y fue una de las impulsoras junto con Alicia Kirchner,
finalmente se ratificó en el Senado y el año siguiente en la Cámara de Diputados.
Que la Argentina haya ratificado esa Convención y que hoy tenga rango constitu-
cional, significa que a partir de la Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, las
mujeres de la Argentina tienen derecho, una vez agotadas todas las instancias internas, a
hacer una denuncia ante el Comité por violación a cualquiera de sus derechos.
Al cumplirse 10 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se aprobara
la Plataforma de Acción de Beijing, se realizó un evento en Mar del Plata donde asistieron
mujeres y organizaciones sociales de todo el país; para esa ocasión se contó con la presen-
cia de Louise Arbour, quien en ese momento ocupaba el cargo de Alto Comisionado para
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Arbour se entrevistó con Néstor Kirchner
y le preguntó sobre la ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, ya que en aquel
2- Texto elaborado en base a una entrevista que le realizamos a Juliana Di Tullio
momento la Argentina lo único que no tenía ratificado en términos de derechos humanos
era aquel Protocolo; el ex presidente respondió que el proyecto ya había sido enviado al
Senado de la Nación, y mencionó que estaba presente la Senadora Cristina Fernández de
Kirchner, quien como miembro del Senado se comprometía a ratificar dicho Protocolo. El
Alto Comisionado felicitó al ex presidente, afirmando que no había un solo instrumento que
la Argentina le debiera a su pueblo. Se fue muy satisfecha de encontrarse con un país que
no tenía miedo a ningún instrumento que tenga que ver con la garantía de los derechos
La Ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW tiene que ver con la visión
que tenía el ex presidente acerca de los derechos de la población en general, y de las
mujeres en particular. Antes de proceso electoral del 2003 Néstor Kirchner me encargó
que elaborara las políticas de género para el futuro gobierno, que se incluirían en la plata-
forma política que presentábamos a elección en el 2003. Cuando hablamos de la política
de género con el ex presidente y con Cristina Fernández de Kirchner se evidenciaba una
conciencia enorme en las líneas a seguir, lo que se notó en términos de políticas puras y
en términos de sanciones legislativas.
Hemos tenido en la agenda de género un significativo adelanto, es muy importan-
te la conquista de derechos para la sociedad en general y para las mujeres en particular.
Lo que se hace es construir una mejor sociedad para todos y todas. Por mi parte en el caso
de la ratificación del Protocolo tuve un doble rol, primero como embajadora de ese pro-
yecto y segundo como Diputada de la Nación me tocó votar la sanción definitiva. El trabajo
legislativo que significó conseguir votos para que se aprobara la ratificación no fue fácil, en
un país donde todavía hay un poder histórico conservador que siempre tiene estrategias
efectivas y concretas para avanzar en términos de derechos, con esto me estoy refiriendo
a la Iglesia Católica. Nos hemos enfrentado en la ratificación del Protocolo Facultativo de
la CEDAW, en el proyecto de ley de Ligaduras de Trompas y Vasectomía, en el proyecto
de ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, en el proyecto de Matrimonio Iguali-
tario, básicamente en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos. El
Protocolo fue uno de esos momentos álgidos donde la Iglesia Católica mostró su poder en
Seguido a esto vino el tratamiento de la ley de Ligaduras de Trompas y Vasectomía, un
proyecto interesante porque tiene que ver con el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable. Dicho programa establece la distribución gratuita de métodos
anticonceptivos para que cualquier hombre y mujer tenga derecho a decidir cuál será el
tamaño de su familia, y que método anticonceptivo usar, además de ejercer su sexualidad
de forma placentera y plena. Fue la primera vez en el Congreso Nacional - por lo menos
en la Cámara de Diputados - que la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable se
utilizó como argumento para la media sanción de la ley de Ligaduras de Trompas y Va-
sectomía, se generó un debate muy interesante sobre el derecho que tienen las mujeres
centralmente (que son las que más recurren a esta práctica) a tener una sexualidad pla-
centera, donde el placer en la sexualidad y en el ejercicio como derecho fue uno de los
mas grandes argumentos.
En cuanto a la sanción de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas, fue
una ley que vino a aportar cambios significativos, ya que no sólo tiene que ver con la mejora
educativa de los niños y niñas, sino que tiene grandes lineamientos para construir una so-
ciedad mucho más equitativa en términos de género. Una materia como educación sexual
es muy importante ya que uno de los temas fundamentales es la prevención de abuso en la
niñez, una de las cuestiones fundamentales es educar en términos de mi cuerpo es mío y
nadie tiene derecho a tocarlo sin mi consentimiento. Un acercamiento sexual entre un varón
y una mujer tiene que ver con el acuerdo absoluto, donde no puede haber ninguna duda
sobre ese acuerdo, donde no tiene que haber ejercicio de poder de uno sobre otro.
Hay dos pilares fundamentales en la ley de Educación Sexual Integral, uno es
evitar discriminación en término de género y de poder, y el otro tiene que ver con prevenir
abusos en niñas, niños y adolescentes. Fue un proyecto discutido, debatido y resistido
en la Cámara de Diputados de la Nación, centralmente por lo que tiene que ver con los
complejos educativos que imparten o no este tipo de educación. La iglesia católica en-
tendía que la educación sexual tendría que impartirse solamente en escuelas públicas,
y no en escuelas de pertenencia religiosa. La materia Educación Sexual Integral ha sido
construida por el Ministerio de Educación y de Salud de la Nación, por un equipo que
tuvo en cuenta todas las visiones filosóficas, políticas y religiosas de la Argentina. No hay
posibilidad de que una institución diga que tiene una objeción de conciencia. Cuando la
sociedad avanza en la conquista de un derecho siempre hay alguna fuente de poder que
intenta retrazar esa conquista.
Este tipo de políticas públicas evidencian sus resultados luego de un período de
tiempo, los veremos reflejados en la siguiente generación, es un proceso social y segura-
mente habrá que realizar ajustes.
Otro ejemplo de ello es la Ley 26.364 para Prevenir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, donde hay que ajustar o modificar algunos puntos. Cuando asumí en el año 2003,
como responsable del Área de la Mujer de la Cancillería, no se conocía la problemática de
trata, y la Argentina era un país de tránsito. La trata de personas es la forma más aberrante
de esclavitud del siglo XXI, además es un delito que tiene características trasnacionales.
En el mundo se reconocen tres negocios importantes para la delincuencia: el primero es
el trafico de drogas, el segundo de mujeres, niños y niñas, y el tercero el de armas. Lo que
representa que para la instancia delictiva el ser humano tiene un valor de intercambio, re-
presenta una mercancía.
El Estado argentino comienza a tomar conciencia de esta problemática, primero
se reconoce como país de tránsito, por lo que decide tomar recaudos y comienza modifi-
cando la Ley de Migraciones. Esta es la primera toma de conciencia por parte del Estado,
en el año 2004, y en segunda instancia programa una política de Estado en términos no
solo de prevención, erradicación o sanción para este tipo de delito, sino también de aten-
ción a las victimas que se rescatan, que desde que la sanción de la ley ha sido más de dos
En concordancia con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,
esta el del Plan Nacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, donde el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación y el Concejo Coordinador de Políticas Sociales
realizaron una gran labor en su armado. Fueron parte del proceso de reglamentación
de la Ley junto con todas las organizaciones sociales que forman parte del movimiento
de mujeres en Argentina, todos los ministerios y secretarías que tienen ingerencia en el
tema, los medios de comunicación, etc.
Este es un tema que se debe seguir trabajando, porque hay que tipificar el de-
lito de violencia, hay que tenerlo en el código penal. La aplicación de la política pública
se ve con el tiempo, no son cuestiones inmediatas. Si tuviéramos hoy tipificado el delito
de violencia contra las mujeres o de femicidio se vería inmediatamente esta cuestión,
ya que los hombres acusados de matar a sus parejas, ex parejas, novia, ex novia, o es-
posa o ex esposa, no serían condenados por homicidio agravado por el vínculo, serían
condenados por femicidio. Son dos situaciones legales diferentes, además de sincerar
una situación que viene sesgándose hace tiempo en la Argentina, y en la mayoría de los
países que no tienen esta norma.
El efecto positivo en la construcción de una sociedad más justa se ve con el
tiempo, no es un proceso inmediato, es un proceso transformador de cuestiones ligadas
a lo cultural que están extremadamente arraigadas en nuestra cultura y en nuestro país,
y modificarlas a través de políticas públicas es lo adecuado, pero es lento. Lo importante
es que estamos avanzando en una dirección que es la correcta.
Acompañando a la Ley de Erradicación, Sanción y Prevención de Violencia con-
tra las Mujeres, la más reciente de las sanciones definitivas fue la de Imprescriptibilidad
de los Delitos de Abuso Sexual. Fue una ley que la Cámara de Diputados votó varias
veces, porque se perdió su estado parlamentario al no ser tratada cuando correspon-
día. Esta ley se aprobó en el año 2011, y es mal llamada Ley de Imprescriptibilidad de
Delitos de Abuso Sexual, dado que lo que establece es que a partir de que cumplen la
mayoría de edad, los niños y niñas que fueron víctimas de abuso sexual tienen diez años
más para realizar la denuncia. Tiene que ver con dejar atrás la impunidad de los abusos,
donde la mayoría de los casos en un enorme porcentaje - entre un 80 o 90 por ciento de
las víctimas de abuso sexual - son en la niñez, por lo general no se lo cuentan a nadie, ya
que el ejercicio de poder es enorme, y recién cuando son mayores de edad denuncian en
forma social a su abusador. Lo hacían de forma social porque no existía la posibilidad de
hacerlo legalmente, dado que era un delito prescripto, entonces lo que se consideró es la
realidad de la víctima, que cuando es menor de edad no realiza la denuncia. Por lo tanto
se estableció que a partir de la mayoría de edad, tienen diez años más para denunciar
a su abusador o abusadora sin ninguna restricción en el Código. Esta ley también repre-
senta una forma de prevenir futuros abusos.
La conjunción de la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Imprescriptibi-
lidad de los Delitos de Abuso Sexual y la Ley de Violencia contra las Mujeres, crean un
contexto que tiende a erradicar un flagelo que está instalado en nuestro país por cuestio-
nes culturales que están basadas en lo patriarcal y en el abuso del poder. Todas estas
políticas de Estado tienden a mejorar nuestra sociedad, a hacerla más justa e igualitaria.
Que la agenda de género tenga correlato en el parlamento, no está escindida de
esa visión de Estado que han tenido tanto Néstor Kirchner, como Cristina Fernández de
Kirchner, están englobadas en la misma visión de construir una sociedad más igualitaria
basada en el respeto irrestricto de los Derechos.
No hay una cuestión de mirar hacia una porción de la población, sino que se vin-
cula con una idea integral, y ésta postura la tiene no solamente el Estado argentino, sino
también el Sistema de Naciones Unidas, la OEA, el resto de los Estados. Desde ya que
hay que especificar cuando uno está tratando de pugnar por un derecho, de lo contrario
no hubiera habido ni ley de voto femenino, ni tampoco leyes de para los trabajadores.
También hay que particularizar para ver cómo se avanza, dónde está enquistadas las
mayorías de las dificultades que una sociedad tiene en términos de discriminación y de
violencia. Todo este paquete de leyes tiene que ver con esta cosmovisión, que involucra
al Estado y a un proyecto político específico.
No es casual, que sea importantísima la representación en la Cámara de Dipu-
tados y Diputadas que tenemos las mujeres, en términos del concierto de las naciones
somos uno de los parlamentos con mayor representación femenina. Aun que no todas
representan la agenda de género o tienen una visión estratégica sobre la conquista de
derechos de una porción de la población; eso a estas mujeres les parece un tema menor
o tienen otras prioridades. Si no hay una visión política de Estado, es muy difícil que se
pueda avanzar en términos de agenda de género, en este sentido los dos últimos presi-
dentes, Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner después, han sido dos
estadistas que pensaron y piensan en la construcción y reconstrucción de una sociedad
El Decreto para Erradicar la Difusión de Mensajes e Imágenes sobre Explotación
Sexual es parte de lo mismo, hay como en la mayoría de los avances en la agenda de
género, una resistencia de quienes ejercen la doble moral, y esa resistencia tiene que ver
con intereses ideológicos, filosóficos, religiosos y con los negocios. Una vez más, se ve
a la mujer como un objeto, comerciada y contribuyendo a un mercado institucionalizado.
La visión de la Presidenta - que se observa en su discurso el día que firma el decreto
de eliminación del Rubro 59 - es la visión de una estadista que ve cómo se construye y
cómo se reconstruye una sociedad más igualitaria, enmarcada en la visión política de un
proyecto político global. Lo cual va más allá de la política y la visión particular, porque la
perspectiva de Estado se funda en un proyecto político concreto.
V. 1. Ley Nº 26.485. Nueva Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Desde el año 2003 se llevaron adelante un conjunto de políticas públicas des-
tinadas a avanzar de manera sustantiva en la promoción de los derechos humanos,
teniendo como propósito la reformulación del rol del Estado como generador de nuevas
estrategias y abordajes de algunas temáticas que habían sido invisibilizadas en las
últimas décadas. Es en este sentido que los derechos de las mujeres han visto un avan-
ce significativo, ya que se han implementado políticas públicas estatales orientadas a
mejorar algunos aspectos fundamentales de sus vidas. Así se emprendió un trabajo
interinstitucional en busca de reducir las brechas existentes entre los derechos entre
La tendencia hacia la “ampliación de derechos” significa otorgar dignidad a
las mujeres cuyos derechos se encuentran vulnerados. Esto constituye un paso funda-
mental para alcanzar mayores niveles de autonomía de las mujeres y, en definitiva, la
construcción de una sociedad con crecientes niveles de pluralidad e igualdad en todos
Si bien resta trabajo y cuentas pendientes para alcanzar una igualdad real en
el acceso a los derechos de todos y todas, no puede dejar de destacarse el esfuerzo y
el compromiso demostrado a través de la sanción de leyes tendientes a la lucha contra
la discriminación hacia las mujeres.
En este sentido se inscribe la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y su reglamentación. La nue-
va legislación viene a dar sentido a los derechos consagrados en otras legislaciones
como: la Ley Nº 26.130 para las Intervenciones de Contracepción Quirúrgica, la Ley Nº
26.171 de aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Ley Nº 26.150 de crea-
ción Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la Ley Nº 26.472 de Ejecución de
la Pena Privativa de la Libertad (que contempla el supuesto de Prisión Domiciliaria para
Madres con hijos menores de cinco años) y la Ley Nº 25.929 de Derechos de Padres e
Hijos durante el proceso de Nacimiento (Ley de Parto Humanizado).
Puntos centrales de la Ley 26.485
Promulgada: 01 de Abril de 2009
• El objeto de la misma es el de promover y garantizar la eliminación de la
discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida; el derecho de
las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, entre otros.
• Amplia los derechos de las mujeres que deben ser protegidos, ya recono-
cidos por instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados
por Argentina; como lo son el de vivir una vida sin violencias y sin discriminaciones, la
salud, la educación y la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial; el respeto por su dignidad, a tomar decisiones sobre su vida
reproductiva; a que sea respetada su intimidad, la libertad de creencias y de pensa-
miento; entre otros.
• Esta norma contiene una mirada superadora de la violencia hacia las muje-
res ya que la entiende como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o
indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación des-
igual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también las perpetradas desde el Estado o por sus
• En su articulado, define de manera ampliatoria los tipos de violencias, siendo
está no sólo física sino también psicológica, sexual, reproductiva, obstétrica, econó-
mica y simbólica sufrida tanto en el ámbito familiar, como en el institucional, laboral o
• Se insta a los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial,
a trabajar transversalmente en políticas públicas dando asistencia en forma integral y
oportuna a las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia.
• El organismo encargado de implementar las políticas públicas, conforme lo
dispone la ley, es el Consejo Nacional de las Mujeres.
• Se creó el Observatorio de violencia hacia las Mujeres, destinado al monito-
reo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la
Cristina Fernández de Kirchner: “Hemos dado un paso más en las garantías y
restitución de derechos. (…) Creo que es una batalla cultural [que] no sólo tiene que ver
con el hecho de ser mujer, sino que esta mujer hace cosas que ponen nerviosos a algunos
y algunas. (…) Si hiciera lo que quiere el establishment sería una intelectual fantástica. Son
los riesgos de ser mujer y además una mujer que va para adelante para que la sociedad
progrese.” (Terra, 19/07/2010).
Alicia Kirchner (presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales):
“Transformar la realidad no es fácil pero es hermoso. Y uno cambia la realidad con utopías
y las mujeres argentinas tenemos las utopías para orientar proyectos de vida, por eso no
vamos a ceder ni un solo paso en la garantía de los derechos de cada mujer de cada
punto del territorio.” (http://www.econoblog.com.ar, 27/07/2010).
Juliana Di Tulio (Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires): “Es muy
importante que disponga que deben asignarse partidas presupuestarias para su imple-
mentación.” (Página 12, 12/03/2009).
Silvia Augsburger (Diputada Nacional por la Provincia de Santa Fe - 2005 -2009):
“Esta ley reconoce por primera vez en nuestra normativa el hecho de que se ejerce violen-
cia contra las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Vivimos en una sociedad donde el
hecho de nacer mujer congela las oportunidades de igualdad de trato en relación con los
varones.” (Página 12, 12/03/2009).
Marita Perceval (Sub-secretaria de Promoción de DD.HH y Senadora Nacional
por la Provincia de Mendoza durante el período 2003-2009): “No tenemos una política
integral en el Ejecutivo. Las acciones que hay están desarticuladas. Las mujeres son des-
alentadas a denunciar en las comisarías. Esta ley no es sancionatoria, no crea nuevos tipos
penales, sino que define los principios y derechos exigibles para el desarrollo de políticas
públicas para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos.”
(Página 12, 03/12/2009).
Susana Chiarotti (Integrante del Comité de Expertas de Seguimiento de la Con-
vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres,
conocida como Convención de Belem do Pará): “Es un paso adelante muy importante, era
un asignatura pendiente de la Argentina. (…) Es una ley que necesitábamos las mujeres
hace años.” (Página 12, 12/03/2009).
Gastón Chillier (Director Ejecutivo-CELS) y Andrea Pochak, (Directora Adjunta-
CELS): “Tanto en el ámbito internacional como local, las mujeres son, en una mayoría
abrumadora, víctimas de violencia familiar y sexual, de trata de personas con fines de
explotación sexual, de prostitución forzada y de acoso sexual; además, tienen mayores
dificultades para acceder al empleo y a puestos de decisión y, en términos generales,
perciben salarios un 30 por ciento inferiores a los de los varones. (…) Ante este panorama,
el reconocimiento expreso del impacto diferenciado que tiene el ejercicio de la violencia
por razones de género implica un adelanto significativo de la ley.” (Infobae, 15/04/2009).
Dra. Perla Prigoshin (Titular de la comisión para elaborar las sanciones contra
las diferentes formas de violencia de género): “La legislación reglamentada avanza so-
bre la anterior ley a nivel nacional que protegía a las mujeres de la violencia doméstica y
avanza sobre la violencia física, psicológica, sexual, simbólica y económica y patrimonial,
que le pone letra al reclamo de igual salario por igual tarea.” (http://ningunamujermas.
wordpress.com, 22/07/2010).
CEDAW: “El Comité destacó como aspectos positivos las medidas legislativas
específicas adoptadas y los programas y las políticas sociales instaurados desde 2004,
en particular en los ámbitos de la reducción de la pobreza, la concesión de derechos de
pensión y otras medidas de seguridad social que han mejorado la condición jurídica y
social de la mujer y su acceso a la educación. También la sanción de la ley Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la de Prevención y Sanción
de la Trata de Personas, y el establecimiento de la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.” (Observaciones finales del Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer, Naciones Unidas, 16/08/2010).
V. 2. Ley N° 26.364. Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas. Y Decreto 936/2011. Para
erradicar la difusión de mensajes e imágenes sobre explotación sexual.
La República Argentina ratificó en el año 2002, el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que com-
Con el objeto de cumplir con los compromisos internacionales asumidos en
materia de trata de personas, la República Argentina promulgó, el 29 de abril del año
2008, la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
A partir de la nueva legislación nuestro país comenzó la implementación de
una nueva política en materia de lucha contra la trata de personas, a través de la inte-
gración de tres perspectivas: la prevención del delito de Trata de Personas, la tipifica-
ción penal y el rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito.
En este orden de cosas, con la sanción de la Ley se creó por Resolución del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina de Rescate y Acom-
pañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, como
autoridad competente en la materia. Además se ha conformado dentro de las Fuerzas
de Seguridad Nacionales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria) y de las policías provinciales, divisiones específicas para prevenir y
actuar sobre el delito.
Es dable señalar que, conforme los datos aportados por la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas,
desde la promulgación de la ley y hasta el 30 de septiembre de 2011 se han rescatado
de las redes de trata un total de 1.349 personas.
Puntos centrales de la Ley 26.364
• Tipificación del delito de trata de personas.
• Competencia de la Justicia Federal en la instrucción de los delitos contra la
libertad individual (entre los cuales se incluye a la trata de personas).
• No punibilidad de las víctimas de trata por la comisión de delitos cometidos
mientras fuera víctima de trata.
• Inclusión de un capítulo completo dedicado a los derechos de las víctimas
(atención médica, psicológica y jurídica gratuita entre otros).
Decreto 932/2011
Con fecha 6 de julio del 2011 se publicó en Boletín Oficial el Decreto N°
936/2011 mediante el cual se prohíbe la publicación de avisos que promuevan la oferta
sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al
comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de
Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de
Para el efectivo cumplimiento de la nueva reglamentación, se creó, como au-
toridad de aplicación del Decreto, la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual, dentro de la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos
La decisión presidencial de prohibir la publicación de avisos que promuevan
la oferta sexual fue reconocida como modelo internacional de prevención y combate a
las redes de trata de personas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el
IV Período de Sesiones del Grupo de Trabajo de Trata de Personas celebrada en Viena
en octubre de 2011, emitió una recomendación para que los 193 Estados miembros
modifiquen sus legislaciones siguiendo las prerrogativas del Decreto 936.
La Organización de Naciones Unidas ya había recogido en el año 2010 la pro-
puesta de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil de penalizar a
los clientes, usuarios o consumidores de Trata de Personas.
La promulgación de legislación y la ejecución de políticas públicas compro-
metidas con la materia, sumado a los reconocimientos internacionales dan cuenta del
compromiso asumido por la República Argentina en el repudio y en el combate a este
Cristina Fernández de Kirchner: “Es un deber de la sociedad y el Estado luchar
contra este delito. (…) Hemos dado un gigantesco paso contra la doble moral y la hipo-
cresía que rige en algunos sectores. El rubro 59 le deja pingües ganancias a los diarios
que hacen negocios con esta oferta. No se puede desde las tapas pedir al Gobierno que
luche contra la trata de personas y después en las páginas comerciales publicar avisos.
(…) El decreto prohíbe la publicación de avisos de oferta sexual y crea una oficina de
monitoreo para que el Ministerio de Justicia junto al Consejo de la Mujer pueda articular
una eficaz tarea en la luchar contra la trata. (…) Jamás vamos a condenar a ninguna
mujer porque nadie elige la vida que tiene. No creo que nadie pueda tirar la primera
piedra. Que nadie dude a quiénes queremos perseguir con esta medida. (…) Este es un
instrumento más en la lucha que tenemos contra la trata de personas porque la libertad
es un derecho humano inalienable e imprescriptible.” (argentina.ar, 06/07/2011).
“Sin la existencia de los clientes que pagan para poder acceder a personas que
están sometidas a esclavitud sería imposible que esto sucediera.“ (Jornada sobre Trata
de Personas, 26/03/2009).
Julio Alak (Ministro de Justicia y Derechos Humanos): “Ya en 2010 el mismo
grupo de trabajo había recogido la propuesta formulada por Argentina y Brasil de pe-
nalizar a los clientes, usuarios o consumidores de la trata de personas, sea para fines
sexuales o laborales, uno de los crímenes más aberrantes y repugnantes a la condición
humana.” (argentina.ar, 17/10/2011).
Juan Martín Mena (Subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia):
“Van dos años en que la Argentina lidera el Grupo. El año pasado llevamos al MERCO-
SUR la penalización del cliente como una medida efectiva para desalentar la demanda y
logramos unanimidad. Este año, llevamos el decreto presidencial, demostramos que se
estaba implementando con éxito y volvimos a demostrar que la Argentina se ubica a la
vanguardia en la implementación de políticas públicas en materia de trata de personas.”
(Diario El Argentino, 17/10/2011).
Zaida Gatti (Supervisora de la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Vícti-
mas de Trata de Personas): “El máximo éxito de la Oficina es el incremento de rescates,
que no está relacionado con que ahora hay más trata que antes, sino con que se logró
concientizar a la población. Por ejemplo, en que la chica que está en el prostíbulo de al
lado de mi casa puede estar esclavizada.” (Diario El Argentino, 20/09/2011).
Adela Segarra (Diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires): “Es intere-
sante seguir planteando el tema y generar el debate para concientizar a la sociedad de
que detrás de estas ofertas hay un delito, que es la Trata de Personas. Por ello, nuestra
responsabilidad es tratar de buscar una norma que limite, restrinja y sancione pero tam-
bién instalar la problemática”. (www.adelasegarra.com.ar, 14/06/2011).
María Elena Naddeo (Diputada por la Ciudad de Buenos Aires): “Es imprescin-
dible frenar esta permanente mercantilización del cuerpo de mujeres y adolescentes.
Difundir la idea de que el que promueve la venta de sexo es parte de un engranaje delic-
tivo, lindante con una forma de esclavitud moderna -compra y venta de seres humanos
- y con el delito de trata de personas” (El Diario 24, 11/06/2011).
Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organiza-
da Transnacional la trata de personas es:
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de per-
sonas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al
rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o
a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación
incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explota-
ción sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la
esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. (Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, www.proteja.org).
V. 3. Ley N° 26.150. Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
La Ley Nº 26.510 de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006
y recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En su espíritu,
propone una cultura democrática y plural que promueva la participación y la accesi-
bilidad a la información, la comunicación y la educación. A través de su efectivo cum-
plimiento busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes
para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño
en lo que refiere a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de
VIH-sida y de salud reproductiva en los programas escolares.
En el mismo sentido, la educación sexual constituye una oportunidad para
que las instituciones educativas, en articulación con otros actores / organizaciones,
promuevan estrategias de abordaje para la prevención de situaciones que vulneren
los derechos de los niños, niñas y adolescentes como es el caso de la violencia, el
abuso y el maltrato, e implemente medidas para su protección.
A partir de esta Ley, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual
Integral bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Nación, y se determinó que
todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación sexual
integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
En la norma, se define a la “educación sexual integral” como aquella que arti-
cula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
En este escenario, el Programa de Educación Sexual Integral, implementó una
política pública tendiente a promover saberes y habilidades relativos a la toma de deci-
siones concientes y críticas en relación con el cuidado del propio cuerpo, las relaciones
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos.
Puntos centrales de la Ley 26.150
• Recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públi-
cos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la CABA y
niño, niña o adolescente desarrolla plenamente su subjetividad reconociendo sus dere-
chos y responsabilidades y respetando y reconociendo los derechos y responsabilida-
des de las otras personas.
• Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas
• Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y
actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral.
• Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual
y reproductiva en particular.
• Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
Néstor Kirchner (Presidente de la Nación, período 2003-2007): “También está
la ley de Educación Sexual, que es muy importante, porque es tener una madurez y una
responsabilidad extraordinaria hacia la sociedad argentina y que tiene que ser tomada
como tal, como un claro sentido de la construcción de los vínculos sociales que son fun-
damentales en esta Ley que creo que ha sido un paso superador muy importante.” (En el
Acto de Entrega de Distinciones “Maestro Ilustre 2007” a educadores de todo el país).
Alberto Sileoni (Ministro de Educación): “Pensamos que la educación sexual no
debe estar anclada a la mera genitalidad, desalentamos las relaciones sexuales tempra-
nas de nuestros hijos y Argentina tiene un debut sexual demasiado temprano. Hablamos
de respeto por nuestro propio cuerpo y por el cuerpo del otro. Decimos que la sexuali-
dad no habla de lo que tenemos, sino de lo que somos. Tiene que ver con la esencia de
nuestro ser y por lo tanto en la escuela no puede haber silencio pedagógico, respecto de
la discriminación por materia sexual. Porque va directamente a la esencia de la persona.
Nosotros somos docentes, no podemos tolerar la falta de respeto, la discriminación por
razones religiosas o razones sexuales. La escuela no puede mirar para otro lado cuando
estas cosas ocurren.” (Congreso Provincial de Educación Sexual Integral).
Mabel Bianco (Presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer
- FEIM): “El número creciente de niñas víctimas de abusos sexuales crece en el país y
junto a ello los embarazos producto de esas violaciones y el pedido de madres, padres
y las niñas de interrumpir los embarazos forzados. Pero detrás de esos casos está la
ausencia de la educación sexual integral que permitiría enseñar a niñas y niños a distin-
guir y denunciar el abuso sexual y a los maestros saber cómo actuar en estos casos.”
(Página 12, 12/08/2011).
Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE): “Estamos conven-
cidos de que la educación sexual es la mejor herramienta para disminuir la cantidad de
embarazos adolescentes, prevenir las enfermedades de transmisión sexual y VIH/sida
y, fundamentalmente, situaciones de violencia y abuso sexual”. Aunque no se trata sólo
de espantar demonios, sino de convocar al goce: “También, para aprender a disfrutar y
cuidar el propio cuerpo”. (Página 12, 12/08/2011).
Mara Brawer (Subsecretaria de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Nación): “Quizás no llegó a las aulas de la manera que queremos. Pero
hay provincias que no hacían nada y que ahora hacen congresos, gremios que realizan
seminarios y el ministerio reparte seis millones de ejemplares de la revista Educación
Sexual Integral para charlar en familia, que nos la sacan de las manos.” (Página 12.
23/06/2011).
María Elena Naddeo (Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires) “Si queremos
una sociedad igualitaria, tenemos que trabajar los estereotipos de género, la diversi-
dad sexual, los modelos estéticos que nos vende el mercado, que todos los chicos y
chicas puedan acceder a métodos de anticoncepción y no sólo quienes tienen dinero
para adquirirlos. Es la escuela el lugar donde se da la justicia pedagógica.” (Página 12.
06/07/2011).
María José Lubertino (Presidenta del Instituto Nacional contra la Discrimina-
ción, la Xenofobia y el Racismo (INADI)-Septiembre de 2006 y Diciembre de 2009- ac-
tual Diputada por la Ciudad de Buenos Aires):“Este nuevo programa implica empezar a
hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y los principios básicos que tienen
que ver con la paridad entre mujeres y varones. Implica congeniar la autonomía de las
mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, e implica también romper con prejuicios
que, obviamente, son culturalmente construidos.” (Salud Femenina S/F).
Roberto Baradel (Secretario General del SUTEBA): “Cambios que tienen que
ver con el tema de la educación sexual en las escuelas a partir del primer año, vincula-
da al espacio de construcción de la ciudadanía, con política y con trabajo nos parecen
muy importantes, la implementación de los profesores tutores en el primer año para
articular el pasaje de la escuela primaria a la secundaria con los chicos también es muy
bueno, así como de la escuela secundaria con la universidad en el último año. Creemos
que es una muy buena noticia que requiere una inversión mucho mayor de la que hoy
se está haciendo en educación.” (http://www.suteba.org.ar).
Gustavo Galli (Director de una escuela secundaria de La Matanza): “En ciertos
sectores de nuestra sociedad pareciera que lo que no se dice, lo que no se ve, lo que
no se escucha no sucede. En las escuelas, sin embargo, acompañamos situaciones de
padres y madres de 14 o 15 años, pibas y pibes abusados, enfermedades de transmi-
sión sexual, noviazgos violentos, familias violentas, etc. Aunque nos llamen a silencio,
esto sí acontece. No podemos llamarnos educadores mientras pibes y pibas sigan pa-
deciendo el silencio que oprime, que ciega, que enmudece.” (Página 12, 06/07/2011).
V. 4. Ley N° 26.171. Ratificación de Protocolo facultativo del Convenio sobre Eliminación de Todas
En Noviembre de 2006, la Argentina ratificó plenamente (Ley 26.171) el Pro-
tocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW) que había ratificado de forma parcial en el año 2000.
La CEDAW es el instrumento contra la discriminación hacia las mujeres previsto por las
Naciones Unidas (ONU) desde 1979, un importante elemento largamente reclamado por
el movimiento de mujeres. Vale recordar que, si bien el proyecto de ratificación plena lle-
gó al Congreso argentino en el año 1999, su aprobación tuvo que vencer un largo debate
en el que la acción de grupos de presión fueron la barrera que tuvieron que enfrentar las
organizaciones de mujeres que impulsaron la ratificación de dicho Protocolo Facultativo.
El Protocolo, que garantiza el cumplimiento de los derechos contemplados en
la Convención, crea dos mecanismos para la mejor protección internacional de los de-
rechos de las mujeres. Uno es el instrumento de quejas individuales que habilita a que
las mujeres que son víctimas de una violación de los derechos consagrados en la Con-
vención de la CEDAW puedan acudir al comité u órgano que monitorea el cumplimiento
de ese tratado, después de agotar los recursos judiciales en el país. El otro mecanismo
le da competencia al Comité para investigar situaciones de violaciones graves y siste-
máticas de los derechos de las mujeres.
La elaboración de políticas a partir de la orientación de la Convención y el
Protocolo CEDAW, que muchos valoran como el tratado de derechos humanos más im-
portante para la protección de las mujeres, es un reto determinante para la construcción
de una sociedad más igualitaria y libre de discriminación.
Puntos centrales de la Ley Nº 26.171
• Permite elevar ante una instancia internacional los casos de discriminación
contra la mujer, a través de una persona o grupo de personas que aleguen ser víctimas
de la violación de los derechos.
• Coloca especial énfasis en establecer medidas para modificar los roles
sexuales y estereotipos (Artículo 5)
• Establece medidas contra el tráfico y la explotación sexual de mujeres (Artículo 6)
• Establece un mecanismo de exigibilidad de los derechos a:
• Participación igualitaria en la vida pública y política (art. 7).
• Participación igualitaria a nivel internacional (art.8).
• Igualdad de derechos de nacionalidad (art.9).
• Igualdad de derechos a la educación (art.10).
• Igualdad de derechos al trabajo y empleo, con especial consideración a la
maternidad (art.11).
• Igualdad de acceso a los servicios de salud y a la planificación familiar
(art.12).Igualdad de acceso a beneficios económicos y sociales (art.13).
• Igualdad de las mujeres rurales (art.14).
• Igualdad ante la ley (art.15).
• Igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares (art.16).
por la Provincia de Mendoza durante el período 2003-2009): “El protocolo abre la po-
sibilidad de presentar allí denuncias, que se llaman comunicaciones de casos particu-
lares. Pero además, hay un artículo en el Protocolo Facultativo, el octavo, sobre el cual
quiero poner especial énfasis, que tiene una dimensión todavía no bien percibida por
las mujeres. Dice textualmente ese artículo: Si el Comité recibe información fidedigna
que revele violaciones graves o sistemáticas por el Estado parte de los derechos hu-
manos enunciados de la Convención, el Comité invitará a este Estado parte a colaborar
con el examen de la información y a esos efectos a presentar observaciones sobre
dicha información.” (http://www.iidh.ed.cr 29/11/2007).
María José Lubertino (Legisladora por la Ciudad de Buenos Aires): “Argentina
ha hecho grandes avances en la situación de la mujer en la post crisis, las nuevas leyes
de salud reproductiva, anticoncepción quirúrgica, educación sexual, ratificación del
protocolo de la CEDAW, reglamentación de la ley de cupo sindical, significan un avan-
ce muy claro en el plano normativo. Aun resta un importante trabajo en la implementa-
ción de esa normativa. Uno de los desafíos para dicha implementación es

References: artículo 10
 artículo 10

Artículo 3
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 66
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 Resolución