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Timestamp: 2020-01-23 02:39:07+00:00

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Guia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos Normativos Guia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y Publicacion de Proyectos NormativosGuia Sobre La Calidad Normativa y | Democracia | Constitución
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Modulo 1m
Trabajo Legislacion Grupo 3
Representacion_Politica.docx
Guía sobre la calidad normativa y publicación de proyectos normativos
Guía sobre la calidad normativa y
Guía para asesores jurídicos del Estado
Director General de la Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico
CÉSAR ANTONIO ZARZOSA GONZALEZ
Abogado de la Dirección de Desarrollo Jurídico y Ordenamiento Jurídico
KARINA WENDY FLORES YATACO
CATHERINE MARGARET NAVARRO ACOSTA
Responsable de la revisión
CÉSAR JOHN BURGA RAMOS
2016 - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca del Perú Nº 2016 - 10978
Jr. Iquique Nº 046 - Breña
Abreviaturas............................................................................... 7
Presentación............................................................................... 9
POLÍTICA REGULATORIA Y CALIDAD NORMATIVA
1.1.	Antecedentes............................................................................. 11
1.2. ¿Qué es la política regulatoria?................................................. 13
1.3. ¿Qué es la calidad normativa o calidad regulatoria?................ 15
1.4. ¿Qué es el análisis de impacto regulatorio (RIA)?..................... 16
LA PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS
2.1. ¿Qué es la publicación (consulta pública) de los proyectos
normativos?............................................................................... 19
2.2. ¿Por qué resulta importante la publicación (consulta pública)
de los proyectos normativos? ................................................... 19
2.3. ¿Cuáles son los principios constitucionales que sustentan
la publicación de proyectos normativos? el principio de
transparencia y el principio de publicidad............................... 20
2.4. ¿Cuáles son los principios constitucionales que sustentan la
publicación de proyectos normativos? el principio democrático
y el derecho a la participación democrática ............................. 22
2.5. ¿Cuál es la base normativa? la Ley Nº 27444, Ley del
procedimiento administrativo general y la dación del Decreto
Supremo Nº 001-2009-JUS....................................................... 23
2.6. ¿Cuál es el régimen de publicación de los proyectos
normativos? Requisitos y excepciones ..................................... 25
2.6.1	Los requisitos para la publicación de Proyectos
normativos..................................................................... 25
2.6.2 Sobre las excepciones a la publicación de proyectos
normativos..................................................................... 28
2.7.	¿Cuál es el régimen de publicación de proyectos de reglamentos
técnicos?.................................................................................... 29
2.8. Experiencia nacional................................................................. 32
2.8.1 Organismos Reguladores............................................... 32
2.8.2 La experiencia del MINAM: Decreto Supremo Nº 002-
2009-MINAM................................................................. 34
2.9.	Experiencia comparada en consulta pública de proyectos
normativos................................................................................. 35
2.9.1 Caso Malasia................................................................. 35
2.9.2	Caso España ................................................................. 38
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................ 40
Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
publicación de Proyectos Normativos y difusión de Normas Legales
de Carácter General aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-
JUS.	................................................................................................... 42
Ibid.	Ibídem.
MINAM	Ministerio del Ambiente.
OSIPTEL	Organismo Supervisor de Inversión Privada en
RPPNDL Reglamento que establece disposiciones relativas a la
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión
de normas legales de carácter general.
SUNASS	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un organismo del Poder
Ejecutivo con personería jurídica de derecho público y es el ente rector
del Sector Justicia y Derechos Humanos.
En el marco de sus competencias y atribuciones establecidas en su
Ley de Organización y Funciones, tiene como función pública velar
porque la labor del Poder Ejecutivo se enmarque dentro del respeto
a la Constitución Política del Perú y a las normas legales vigentes.
Asimismo, orienta y asesora jurídicamente a las entidades que forman
parte de la Administración Pública con la finalidad de garantizar el
Estado Constitucional de Derecho. En esa línea, la Dirección General de
Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, tiene la función de realizar publicaciones que difundan los
criterios jurídicos idóneos para promover la aplicación coherente y el
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico.
Es por ello que el presente documento ha sido elaborado tomando en
cuenta la creciente necesidad de adoptar determinados estándares 9
mínimos al momento de elaborar y publicar las distintas normas que
producen las entidades del Poder Ejecutivo. Para ello, se ha tomado en
cuenta las pautas y criterios recomendados por la OCDE así como la
experiencia comparada de aquellos ordenamientos que presentan una
legislación más avanzada en la materia.
Igualmente, se ha tomado como referencia la normativa nacional
vigente respecto al proceso de publicación en la emisión de proyectos
normativos, considerándolo un instrumento importante de cumplir en el
proceso de la mejora de la calidad normativa. De este modo, la presente
Guía pretende orientar y describir de forma sencilla las pautas que las
unidades orgánicas del Poder Ejecutivo deben considerar en el proceso
de elaboración y emisión de los proyectos normativos, coadyuvando en
el ejercicio de sus funciones y acorde con los objetivos planteados por el
Es importante considerar que la mejora del proceso de producción
normativa contribuye a los fines de crecimiento y bienestar de la sociedad,
tomando en consideración su eficacia e impacto en ella. En efecto, la
mejora de la calidad normativa fortalece el principio de seguridad jurídica,
principio elemental para la institucionalidad en nuestro país; y facilita
transacciones jurídicas que gocen entre los agentes de credibilidad y
predictibilidad, necesarias para crear confianza en los agentes del
mercado. De otro lado, la democracia se fortalece con un proceso más
transparente y participativo, pues incluye la publicación previa de las
propuestas normativas que se elaboran, antes de su dación final.
Las funciones y objetivos señalados anteriormente han orientado
la elaboración de la «Guía sobre calidad normativa y publicación de
proyectos normativos». Su contenido ha sido redactado en un lenguaje
claro y sencillo, al alcance de los funcionarios y asesores jurídicos del
Por todo lo expresado, confiamos en que esta Guía contribuirá a mejorar
la calidad de las labores que realizan los funcionarios y asesores jurídicos
estatales en el proceso de producción y publicación de normas.
A partir de la segunda mitad del siglo XX, se observó en el mundo un
fenómeno de proliferación de regulaciones que si bien pretendían alcanzar
todo tipo de finalidades públicas, no siempre fueron garantía para el
logro de estas. Así, en la década de 1970, varios países empezaron a
cuestionar y evaluar si su acervo normativo había cumplido o continuaba
cumpliendo los fines para los que fueron aprobados1.
En este contexto, nace la Política Regulatoria como disciplina joven
que emergió con la ola desregulatoria de los 80 y 90 –siguientes a la
sobrerregulación vivida a lo largo del siglo XX– la cual marcó el inicio
para que los Gobiernos tomaran conciencia de que la sobrerregulación
era perjudicial para los negocios y sofocante para los emprendedores y
la innovación2.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -
OCDE3, la Política Regulatoria tiene como objetivo: que las regulaciones
coadyuven al crecimiento económico y desarrollo; al logro de objetivos
sociales más extensos como el bienestar social y la sostenibilidad
ambiental; así como fortalecer la primacía del orden jurídico,
proscribiendo, por ende, la arbitrariedad.4 Por ello, la aplicación de
una buena Política Regulatoria por parte de los países en desarrollo es
crucial para el bienestar de su población, en especial en tiempos de crisis
financiera y lento crecimiento económico, como el que se ha vivido a nivel
mundial a partir del 2007.
1	PINILLA, Rafael. Qué es y para qué sirve la evaluación de impacto regulatorio, pág. 7. Disponible
en: http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/
avaluacio_impacte_normatiu/castella_que_es_y_para_que_sirve.pdf
2	OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public
Interest, OCDE Publishing, pág. 8. Disponible en: http://www.OCDE-ilibrary.org/governance/
regulatory-policy-and-governance_9789264116573-en
3	Organismo internacional que agrupa a 34 países que representan alrededor del 80% del PBI global y
que busca que todos sus miembros mejoren su desempeño económico a través de la cooperación entre
países y el intercambio de las mejores prácticas del diseño y ejecución de políticas públicas.
4	OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public
En ese orden de ideas, la OCDE ha señalado que, en un primer momento,
las reformas regulatorias fueron asumidas como cambios anecdóticos,
bajo la idea de que era posible restaurar una estructura regulatoria
basada en el ideal de la intervención estatal por excepción. Sin embargo,
la evidencia demostró que dicho punto de vista era insostenible por lo
que dieron paso al establecimiento de prácticas de gobernanza y gestión
regulatoria permanentes. En tal sentido, la OCDE informa que hoy casi
todos los países han establecido –como política pública– instituciones
explícitas, herramientas y procesos de gobernanza para implementar
una Política Regulatoria5.
En este contexto, en diciembre de 2014, en la ciudad de Veracruz, México,
el Perú firmó los documentos para adoptar el “Programa País” de la
OCDE6. En consecuencia, el país asumió el compromiso de demostrar su
capacidad para generar importantes reformas en sus políticas públicas,
a fin de iniciar oportunamente las negociaciones de incorporación a la
Al respecto, el Acuerdo Nacional, al referirse al proceso de vinculación
entre el Perú y la OCDE, ha señalado lo siguiente:
“… los países admitidos en la OCDE son aquellos que comparten los
principios de la democracia plural basada en el Estado de Derecho,
el respeto por los derechos humanos, se adhieren a los principios
de una economía de mercado abierta y transparente, participan
activamente en las instancias y mecanismos de la organización y
se encuentran dispuestos a armonizar sus políticas públicas con los
estándares de la OCDE”7.
Luego de realizadas las mesas temáticas entre funcionarios de la OCDE
y del Gobierno peruano, se establecieron las áreas que se incluirían
en el “Programa País” Perú, estando contemplado el tema referido a
Gobernanza Pública que incluye la Política Regulatoria8.
5	Íbid., pág. 18.
6	Al respecto, ver: http: //www.OCDE.org/centrodemexico/medios/el-peru-y-la-ocde-suscriben-acuerdos-
que-formalizan-el-establecimiento-del-programa-pais-para-el-peru.htm
7	Acuerdo Nacional. Sesión 113: Proceso de vinculación entre Perú y la OCDE fue presentada ante el
Foro del Acuerdo Nacional. Ayuda Memoria del Programa País - OCDE. Documento de Posición. Pág.
Disponible en: http://acuerdonacional.pe/wp-ontent/uploads/2015/02/AyudaM_Programa-Pais-
Peru-OCDE.pdf
8	CEPLAN. Perú: País OCDE. Disponible en: http://www.ceplan.gob.pe/sites/default/files/Documentos/
peru_2021_-_pais_ocde-_espanol_impresion_09-02-2015_final_0.pdf
En este sentido, se ha identificado que los principales aspectos del
problema regulatorio en el país son: un débil análisis legal y económico
en el proceso de formación de la propuesta normativa; ausencia de
evaluación del impacto socio económico; inexistencia de metodología
básica en la formación de la norma; carencia de mecanismos de
consolidación de información para determinar los efectos de las normas
a implementarse; un razonamiento legal obsoleto que no considera las
buenas prácticas internacionales de regulación normativa; la carencia
de un diseño normativo que asegure la aplicación eficiente y efectiva de
la ley; entre otros. En consecuencia, se evidencia una mala regulación
que implica altos costos para la sociedad9.
1.2	¿QUÉ ES LA POLÍTICA REGULATORIA?
La regulación es entendida como aquella intervención del Estado por
la cual se pretende normar el comportamiento de las personas y las
empresas, para prevenir la ocurrencia de actividades indeseables o
incentivar la producción de actividades deseables10.
En esa línea, el Presidente del Comité de Política Regulatoria -
Comisión de Productividad (Australia) de la OCDE ha señalado que 13
“...una buena regulación es fundamental para que nuestras economías
funcionen de manera eficiente y cumplan importantes objetivos sociales y
medioambientales. Sin embargo, lograr la buena regulación es una tarea
demandante que nunca termina”11.
Sin embargo, la experiencia de los operadores económicos, financieros,
inversionistas y ciudadanos ante entidades públicas, evidencia un serio
problema de regulación, que viene afectando negativamente los índices
de competitividad, incrementando los costos de transacción para los
agentes del mercado, creando incertidumbre en las reglas de juego
establecidas por el Estado y perjudicando la actividad pública y privada
9	Ministerio de Economía y Finanzas. “Mejora regulatoria”. Documentos de trabajo del Grupo de Trabajo
de Técnica Legislativa de fecha 16 de julio de 2014. pág 9.
10	BALWIN, Robert y otros. Understanding regulation: Theory, Strategy and Practice. Editorial Oxford
University Press, segunda edición, Reino Unido, 2012, pág. 3.
11	Gary Banks A O. Presidente del Comité de Política Regulatoria. Comisión de Productividad, Australia.
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE. “Recomendación del Consejo
sobre Política y Gobernanza Regulatoria”. 2012.
Disponible en: http://www.OCDE.org/gov/regulatory-policy/Recommendation%20with%20cover%
20SP.pdf
En este sentido, es necesario que el Perú cuente con una política
regulatoria y desarrolle una reforma que permita mejorar la Calidad
Regulatoria o Calidad Normativa de los organismos de decisión, para
obtener regulaciones correctamente analizadas y coherentes, producto
de un proceso normativo técnico y estructurado. De tal manera, que
los objetivos esperados de una regulación en particular se encuentren
determinados y alineados a las políticas nacionales que pretenden
coadyuvar a alcanzar.
De esta manera se ha señalado que la Política Regulatoria “…se dirige
a la necesidad permanente de asegurar que las regulaciones y la
infraestructura regulatoria estén justificadas, así como que sean de alta
calidad y lograr objetivos de política. Esta coadyuva a los hacedores de
políticas a alcanzar decisiones acerca de qué regular, para quién regular
y cómo regular. Como una parte integral de una efectiva gobernanza
pública, la Política Regulatoria también ayuda a formar las relaciones
entre el Estado, los ciudadanos, los negocios y la sociedad civil”12.
En la medida que toda regulación –entendida como intervención estatal en
la sociedad– se inspira en una política pública, la norma jurídica termina
14 siendo un instrumento para la consecución de los objetivos propuestos
en dicha política. Por ende, en línea con la Política Regulatoria, una
norma será de calidad cuando sea eficaz al establecer medios idóneos y
viables para la alcanzar los fines de una política pública, pero además
cuando dicha norma sea eficiente en el sentido de que suponga menos
cargas o costos para alcanzar dichos fines, sin provocar distorsiones
sobre otros intereses sociales13.
Dada la importancia para los países de contar con una Política Regulatoria,
en el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de jurisdicciones que, en
el marco de la OCDE, han adoptado de algun tipo de política regulatoria
12	OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public
13	MARCOS, Francisco. Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo. En: Revista de
la Administración Pública. Nº 179, 2009, pág. 340 – 341.
ADOPCIÓN DE UNA POLÍTICA REGULATORIA EXPLÍCITA
Explicit published
regulatory policy promoting
regulatory reform exists
Policy establishes reform
Policy sets out principles
of good regulation
Policy establishes
responsabilities for reform
0 5 10 15 20 25 30 31
Note: The sample includes 31 jurisdictions for 2008 and 2005. For 1998, 27 jurisdictions are included
as no data were available for the EU, Luxembourg, Poland and Slovak Republic.
Source: Question 1 a), ai), aii), aiii) 2008 OECD Indicators Questionnaire, Indicators of Regulatory
Management Systems, 2009 Report, OECD, Paris, available at www.oecd.org/regreform/indicators. 15
Fuente: OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving
the Public Interest, OCDE Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264116573-en
1.3	¿QUÉ ES LA CALIDAD NORMATIVA O CALIDAD REGULATORIA?
El objetivo de la Política Regulatoria es mejorar la Calidad Normativa o
Calidad Regulatoria con la finalidad de tener un proceso y un producto
normativo que coadyuve a los fines de crecimiento y bienestar de la
sociedad, tomando en consideración su eficacia e impacto en ella. De
esta manera, la OCDE ha definido la “Calidad Regulatoria” de la siguiente
“…la calidad regulatoria se trata de mejorar el desempeño, la
rentabilidad, y la calidad jurídica de las regulaciones y formalidades
administrativas. La noción de calidad regulatoria cubre el proceso,
es decir, las formas en que las regulaciones son desarrolladas y
ejecutadas, que debe seguir los principios claves de consulta,
transparencia, responsabilidad, y basado en evidencias. Además
del proceso, la noción de calidad regulatoria también cubre los
productos, es decir, regulaciones que son efectivas en alcanzar sus
objetivos, eficientes (que no imponen costos innecesarios), coherentes
(cuando son consideradas dentro de un régimen regulatorio completo)
y simples (cuando las regulaciones en sí mismas y las reglas para su
implementación son claras y fáciles de entender para los usuarios).
1.4	¿QUÉ ES EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO (RIA)15?
La Política Regulatoria tiene una serie de herramientas para el logro de
una mejor Calidad Regulatoria, las cuales deben ser aplicadas de manera
consistente. Precisamente, uno de dichos instrumentos es el denominado
Análisis de Impacto Regulatorio (RIA, por sus siglas en inglés)16.
En la doctrina, el RIA es definido como “un método de análisis de
política, cuyo objetivo es asistir a los hacedores de políticas en el diseño,
implementación y monitoreo de mejoras a sistemas regulatorios; mediante
la provisión de una metodología para evaluar las probables consecuencias
de la regulación propuesta, así como los efectos reales de regulaciones
vigentes (…) en términos de tres pilares de desarrollo sostenible, esto es,
económico, social y ambiental”17.
16 En tal sentido, se ha afirmado que el RIA busca “...mejorar la calidad
material de las normas, asegurando que se trata de normas necesarias,
adecuadas y proporcionadas para la consecución de objetivos que
socialmente se consideran plausibles. Se trata, en principio, de una
herramienta de evaluación de carácter aséptico, objetivo y neutro, ajena
al debate político que suele presidir la adopción de la norma…”18.
Según la OCDE19, pese a que existen diferencias en el propósito, alcances
y métodos de los sistemas de RIA entre los diferentes países, siempre se
siguen las mismas etapas en su aplicación:
14	OCDE (2015), OCDE Regulatory Policy Outlook 2015, OCDE Publishing, Paris. Disponible en: http://
www.OCDE-ilibrary.org/governance/OCDE-regulatory-policy-outlook-2015_ 9789264238770-en
15	También denominado EVALUACIÓN DE IMPACTO NORMATIVO (EIN) en la legislación española.
16	Otros instrumentos de la Política Regulatoria son la consideración de alternativas regulatorias,
simplificación administrativa, la garantía de transparencia regulatoria y la evaluación ex post de las
Cfr. OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the
Public Interest, OCDE Publishing, Pág., 23. Disponible en: http://www.OCDE-ilibrary.org/governance
/regulatory-policy-and-governance_9789264116573-en.
17	KIRKPATRICK, Colin y David PARKER. Regulatory impact assessment: an overview. En: Regulatory
Impact Assessment. Towards Better Regulation? (obra conjunta). London, pág. 1.
18	MARCOS, Francisco. Calidad de las normas jurídicas y estudios de impacto normativo. En: Revista de
la Administración Pública. Nº 179, 2009, pág. 343.
19	Cfr. OCDE (2015), Regulatory Policy in Perspective: A Reader’s Companion to the OCDE Regulatory
Policy Outlook 2015, OCDE Publishing, Paris, pág. 36 y 37.
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/9789264241800-en
ETAPAS DEL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO
•	Definición del problema. Consiste en la identificación
del problema que hace necesaria la acción del Estado, lo
cual también implica identificar el contexto y los objetivos
de la política pública detrás de dicha intervención. Estos
problemas, por lo general, pueden ser debido a fallas del
mercado (v.g. asimetrías informativas, externalidades
negativas, barreras burocráticas de acceso al mercado,
etc.) y fallas de la regulación (v.g. cuando existen normas
que generan barreras de acceso al mercado o no logran el
objetivo planeado).
•	Identificación de opciones regulatorias. En esta etapa
se identifica y define todas las opciones regulatorias
posibles, incluyendo la opción de “no regular” o “no
intervenir”. En esta etapa se analiza opciones como la
autorregulación por parte de los agentes, evitando de
esta manera el costo de la intervención del Estado.
•	Recolección de información. Esta es una fase crucial,
la cual puede implicar (además de la investigación
desde el escritorio) una variedad de métodos empíricos,
desde un teléfono y entrevistas “cara-a-cara” hasta la
distribución de cuestionarios, organización fuera de
línea y consultorías, cooperación entre autoridades
reguladoras, grupos locales, etc.
•	Evaluación de opciones alternas. Es llevada a través de
diferentes técnicas, siendo las más comunes el análisis
costo-efectividad, el análisis de costo-beneficio y análisis
de riesgos. Dependiendo de la información o datos
disponibles y de la profundidad en la aplicación del RIA,
la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, o en
todo caso, una mezcla de ambas.
•	Provisiones para monitoreo y evaluación. Ello con
el propósito de medir el éxito de la norma propuesta y
alimentar con información para el desarrollo de futuras
respuestas regulatorias.
•	Transparencia o consulta pública. Se debe incorporar
para que los ciudadanos, las empresas y la sociedad
en general tengan la oportunidad de participar en el
proceso regulatorio de tomas de decisiones por parte
de las entidades públicas. Esto permitirá proporcionar
información importante a los hacedores de políticas
sobre los costos y beneficios, así como la efectividad de
las propuestas regulatorias.
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL RIA
Definición Objetivos de la Contexto de la
Identificación Opciones normativas
Evaluación Costos Beneficios Otros
Consulta Involucrando a los agentes interesados
Diseño de la Mecanismos de aplicación, cumplimiento y
norma monitoreo o supervisión
Después de que el RIA es elaborado: ADOPCIÓN DE LA DECISIÓN
Fuente: OCDE (2008). Building an Institutional Framework for Regulatory Impact Analysis (RIA):
Guidance for Policy Makers. Disponible en: http://www.OCDE.org/gov/regulatory-policy/building
aninstitutionalframeworkforregulatoryimpactanalysisriaguidanceforpolicymakers.htm
El capítulo siguiente se centrará, precisamente, en desarrollar el último
punto del RIA concerniente a la publicación de proyectos normativos o
consulta pública de las regulaciones en el Perú, así como algunas buenas
prácticas internacionales, materia que es de competencia del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, por tratarse de un elemento esencial
en el proceso normativo.
LA PUBLICACIÓN (CONSULTA PÚBLICA) DE LOS PROYECTOS
2.1.	¿QUÉ ES LA PUBLICACIÓN (CONSULTA PÚBLICA) DE LOS
PROYECTOS NORMATIVOS?
Es un procedimiento bidireccional a través del cual el Estado busca y
recibe los puntos de vista de los ciudadanos, las empresas y la sociedad
en general respecto de propuestas de modificación de las políticas o
regulaciones que los afecta de manera directa o en las cuales podrían
tener un significativo interés20.
2.2.	¿POR QUÉ RESULTA IMPORTANTE LA PUBLICACIÓN (CONSULTA
PÚBLICA) DE LOS PROYECTOS NORMATIVOS?
Ventajas de la publicaciÓn de Proyectos
Normativos 19
	Permite a la Administración Pública obtener data e
información especializada de los grupos interesados en la
	Permite a la Administración Pública identificar de manera
más precisa a los diferentes afectados por la norma.
	Mejora la calidad normativa en la medida que reduce
el riesgo de consecuencias no estimadas por la
	Permite identificar mejores métodos de implementación.
	Legitima la regulación bajo consulta, toda vez que
compromete al público en el proceso normativo.
En atención a lo anterior, es importante reconocer los principios
constitucionales que sustentan claramente la necesidad y obligatoriedad
de contar con una exigencia de esta naturaleza, que sirvan como marco
normativo general referencial y justificatorio para este régimen.
20	Cfr. Regulatory Review Department Malaysia Productivity Corporation. Guideline on public consultation
procedures. Disponible en: http://www.mpc.gov.my/wp-content/uploads/2016/04/guidelinepublic
2.3.	¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE
SUSTENTAN LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS?
EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EL PRINCIPIO DE
Un primer aspecto importante de resaltar es la relación de la publicación
de proyectos normativos con el principio de transparencia. Es posible
afirmar que, en consonancia con la jurisprudencia constitucional, el
principio de transparencia se deriva de la comprensión de los alcances
del Estado democrático y social de Derecho y en la fórmula republicana
de gobierno previstos en los artículos 3, 43 y 45 de la Constitución Política
del Perú21, en donde el poder público delegado se ejerce orientado hacia
los intereses del pueblo soberano, vigilante de la forma en que se ejerce
dicho poder. La jurisprudencia ha subrayado que la puesta en práctica
de este principio coadyuva a combatir la corrupción en el Estado y, al
mismo tiempo, constituye una herramienta efectiva contra la impunidad
del poder permitiendo que los ciudadanos conocer y controlar la forma
en que este se ejerce22.
Por otra parte, también se puede mencionar que el principio de
20 publicidad que rige sobre la Administración Pública se desprende del
principio de transparencia23, dado que este se encargaría de impulsar y
orientar las distintas actividades del Estado24. Al respecto, el Tribunal
Constitucional ha señalado que el Estado debe regirse por la regla de
“máxima publicidad”25 y que mediante este principio se busca desterrar
21	Constitución Política del Perú
“Derechos Constitucionales. Númerus Apertus
Artículo 3.- La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la
Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en
los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de
Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno
Artículo 45.- El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y
responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen (....)”
22	Sentencia recaída en el Expediente Nº 00566-2010-PHD/TC, fundamentos jurídicos 5 y 6.
Asimismo la Sentencia recaída en el Expediente Nº 02814-2008-PHD/TC, fundamentos jurídicos 8 y
23	Sentencia recaída en el Expediente Nº 02814-2008-PHD/TC, fundamento jurídico 9.
24	Es importante mencionar que el principio de publicidad en específico también se encuentra
desarrollado en el ámbito de las leyes relacionadas a la actuación de la Administración Pública. Así,
por ejemplo se encuentra previsto como tal en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de
25	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 00937-2013-PHD/TC, fundamento jurídico 12; Sentencia,
recaída en el Expediente Nº 02814-2008-PHD/TC, fundamentos jurídicos 10 y 11; Sentencia, recaída
en el Expediente Nº 00566-2010-PHD/TC, fundamentos jurídicos 5 y 6.
la cultura del secretismo, de las entidades estatales, proporcionando la
mayor información de relevancia pública posible26.
Ahora bien, en relación directa con el principio de transparencia se
encuentran derechos como el acceso a la información pública y el
principio de responsabilidad o rendición de cuentas27, en la medida que
ambos son manifestaciones evidentes de una cultura de la transparencia
orientada al ciudadano; tanto para el ejercicio del derecho de los
particulares de solicitar información y acervo documentario de carácter
público, como para la previsión de consecuencias en el caso de los
funcionarios y servidores públicos a fin de que actúen en su práctica
diaria de conformidad con esta exigencia.
No obstante, como el propio Tribunal Constitucional ha señalado “el
principio de transparencia no agota aquí sus contenidos, en la medida en
que impone también una serie de obligaciones para los entes públicos no
solo con relación a la información, sino en la práctica de la gestión pública
en general [lo cual incluye el proceso normativo o toma de decisiones]”28.
Es por ello que el mandato de publicación de proyectos normativos del
Poder Ejecutivo es plenamente coherente con el principio de transparencia 21
y la regla de publicidad máxima, en la medida que es acorde con todas
las premisas enunciadas y que son rasgos característicos de un Estado
En efecto, contar con información oficial y con la debida antelación de
los propósitos normativos que tiene el Estado permite maximizar esta
denominada cultura de la transparencia que ha sido así denominada
por el Tribunal Constitucional29, al poner en conocimiento cuales son las
estrategias normativas que asume el Estado para afrontar determinadas
problemáticas. Este conocimiento previo, debidamente informado sobre
los planes del Estado en materia regulatoria, permite a los particulares y
la sociedad en general participar del Estado en un permanente proceso
comunicativo que posibilita nuevos aportes que redundan en la mejora
de los contenidos inicialmente propuestos, cuando así corresponda.
26	Sentencia recaída en el Expediente Nº 04912-2008-PHD/TC, fundamento jurídico 4.
27	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 00566-2010-PHD/TC, fundamento jurídico 6.
28	Ibíd., fundamento jurídico 5.
29	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 04912-2008-PHD/TC, fundamento jurídico 5.
En consecuencia, es evidente que un modelo o régimen que exige la
publicación previa de los proyectos normativos que aspiran a convertirse
en normas que regulen el accionar social y estatal, amplifica y satisface
de mejor manera los principios de transparencia y publicidad que un
modelo en donde no se cuente con dicha herramienta.
2.4.	¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE
EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO Y EL DERECHO A LA
Un segundo aspecto que sustenta el régimen de publicación de los
proyectos normativos, se encuentra relacionado con el principio
democrático y, en consecuencia, también puede ser comprendido en
relación con el derecho genérico a la participación en la vida la Nación
previsto en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
En efecto, según la jurisprudencia constitucional el principio democrático
no solo alude al reconocimiento de que toda competencia o atribución
de los poderes constituidos emana de la soberanía popular –con la
22 consecuente institución de un gobierno representativo y de un diseño
respetuoso de la separación de poderes–, sino también a la necesidad de
que ello se proyecte como una realidad constante en la vida social del
país, de manera tal que, a partir de la institucionalización de los cauces
respectivos, cada persona, individual o colectivamente considerada, goce
plenamente de la capacidad de participar de manera activa “en la vida
política, económica, social y cultural de la Nación”, según reconoce y
exige el artículo 2, inciso 17, de la Constitución30.
Ello implica, según el Tribunal Constitucional, que el principio democrático
se materializa a través de la participación directa, individual o colectiva,
de la persona como titular de una suma de derechos de dimensión tanto
subjetiva como institucional (derecho de voto, referéndum, iniciativa
legislativa, remoción, o revocación de autoridades, demanda de rendición
de cuentas, expresión, reunión, etc.), así como en su participación
asociada, a través de organizaciones políticas31. Todo ello, permite que
se constituya una plena comunidad democrática, con el involucramiento
y participación de todos sus miembros.
30	Sentencia recaída en el Expediente Nº 0030-2005-PI/TC, fundamento jurídico 22.
31	Ibid, fundamento jurídico 23.
En tal sentido, el establecimiento de un régimen de publicación
de proyectos normativos garantiza de manera efectiva un canal
institucional adicional para el real involucramiento de los particulares
a la democracia constitucional, configurando una vía alternativa a la
iniciativa legislativa, pues también a través del modelo de publicación
de proyectos de normas se puede participar en la formulación de normas
que el Ejecutivo realiza, apartando con críticas o introduciendo algunos
aportes, de ser el caso.
De este modo, los principios y derechos en mención permiten comprobar
fehacientemente la coherencia y trascendencia de un régimen de publicación
de proyectos normativos, y que, incluso, el marco constitucional existente
propicia la oportunidad de seguir mejorando dicho modelo, incorporando
nuevas pautas procedimentales, estándares y criterios que permitan
maximizar el cumplimiento de estos preceptos, satisfaciendo con creces
estos mandatos constitucionales.
2.5.	¿CUÁL ES LA BASE NORMATIVA? LA LEY Nº 27444, LEY DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL Y LA DACIÓN
DEL DECRETO SUPREMO Nº 001-2009-JUS
El artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, regula el principio de participación, por el cual
las entidades de la Administración Pública32 tienen el deber de posibilitar
la participación de los administrados en el proceso de decisiones
públicas que puedan afectarlos, tales como el ejercicio de la potestad
reglamentaria, por el cual mediante normas de alcance general se
crean procedimientos, requisitos, exigencias, etc. para el ejercicio de
las actividades económicas, sociales, culturales y otras de interés de los
administrados. En cumplimiento del referido principio, la Administración
32	Ley 27444.-
Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración
7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan
en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de
derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función
administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa
Pública debe garantizar la participación de los administradores
mediante un sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a
la información y la presentación de opinión, en el marco del proceso
de toma de decisiones públicas33.
Por su parte, el inciso 3 del artículo 13 de la Ley Nº 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que en el ejercicio de la potestad
reglamentaria del Presidente de la República (el Poder Ejecutivo), los
proyectos normativos deben publicarse en el portal electrónico respectivo
y por no menos de cinco (5) días calendario, para recibir aportes de la
ciudadanía, cuando así lo requiera la Ley.
En esa línea, mediante Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS, se aprobó
el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad,
de carácter general (en adelante, RPPNDNL)34. Dicho instrumento
normativo supone un paso importante en el objetivo de promover
prácticas adecuadas para la mejora de la calidad normativa, así como
para el fortalecimiento de las directrices que la impulsan, tales como
son los principios constitucionales de transparencia o el derecho a la
24 participación democrática.
Respecto de la publicación de proyectos normativos, el inciso 1 del
artículo 14 del RPPNDNL establece lo siguiente:
“Artículo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de
1.- Las entidades públicas dispondrán la publicación de los proyectos
de normas de carácter general que sean de su competencia en el Diario
Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier
otro medio, en un plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha
prevista para su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales.
33	Ley 27444.-
1.El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos
los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas
que afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean
excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus
representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier
sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de
34	Publicado el 15 de enero de 2009 en el diario oficial El Peruano.
Dichas entidades permitirán que las personas interesadas formulen
comentarios sobre las medidas propuestas.
En consecuencia, con la incorporación de la publicación de los proyectos
normativos antes de su dación, se entra a una nueva etapa en el proceso
normativo, en la medida que este factor puede resultar determinante en el
proceso mismo de reflexión y revisión de la producción normativa. Tanto
la Ley Nº 29158 como el RPPNDNL, establecen la obligación por parte de
las entidades del Poder Ejecutivo de publicar y recibir comentarios sobre
los proyectos normativos que emitan antes de su aprobación.
BASE NORMATIVA DE LA PREPUBLICACIÓN
Ley 27444, Ley del Procedimiento
Ley 29158, Ley Orgánica del Poder proyectos
Ejecutivo normativos 25
Decreto Supremo 001-2009-JUS
2.6.	¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE PUBLICACIÓN DE LOS PROYECTOS
NORMATIVOS? REQUISITOS Y EXCEPCIONES
2.6.1. Los requisitos para la publicación de proyectos normativos
Retomando el análisis del régimen de publicación de proyectos normativos
actualmente vigente en el ordenamiento nacional, es importante anotar
que el inciso 2 del artículo 14 del RPPNDL establece las características
que deben cumplir los proyectos normativos que son sometidos a
publicación, en los términos siguientes:
2.- La publicación de los proyectos de normas de carácter general
2.1.	Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el
proyecto de norma;
2.2. El documento que contiene el proyecto de norma y la
exposición de motivos, así como una descripción de los
temas que involucra;
2.4. Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir
los comentarios”.
 Referencia a la entidad pública bajo la cual se propone el
proyecto de norma; el proyecto normativo se encuentra a cargo de
una entidad que lo impulsa, la que debe hacerse responsable por su
publicación. Ello, además, con el objetivo de advertir si la entidad que
impulsa el proyecto normativo tiene competencia por la materia, en
estricto cumplimiento del principio de legalidad.
 Documentación debe contener el proyecto de norma y la
exposición de motivos, así como una descripción de los temas que
involucra; el archivo que se publica para acceso público debe contar
con un resumen o descripción de la temática que involucra a fin de que
26 los ciudadanos y la sociedad en general puedan identificar si el tema es
de su particular interés para su revisión. Cuando se hace referencia al
“proyecto de norma” se entiende al proyecto de Formula Normativa es
decir, aquella que contiene el articulado. Por otro lado, cuando se hace
alusión a la “exposición de motivos”, incluye además el análisis Costo
Beneficio y el análisis del Impacto en la Legislación, dado que un proyecto
normativo está conformado necesariamente por estas 4 secciones.35
 Plazo para la recepción de los comentarios; es importante que los
proyectos tengan un plazo para recibir los comentarios por parte de los
particulares y la sociedad en general, pues debe estar sujeto a una fecha
límite en la medida que debe continuar con su trámite correspondiente
para finalmente concluir en su dación. En ese sentido, resulta vital que
sea debatido y estudiado a tiempo, a fin de no generar entrampamientos
u obstrucciones, por lo cual se deberá fijar expresamente plazos.
Al respecto, en el Manual de Calidad Normativa de la Junta de Castilla y
León36, se ha señalado que:
35	Para mayor referencia ver, la Guía de Técnica Legislativa para elaboración de proyectos normativos
del Poder Ejecutivo, Tercera edición, Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima, 2016.
36	Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de os Servicios – Junta de Castilla y León.
Manual de Calidad Normativa. Disponible en: http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/
es/Plantilla100/1284151632602/_/_/_
La tipología y el tiempo dedicado a las consultas han de estar
lógicamente relacionado con la trascendencia de la norma (…) no
tiene la misma trascendencia pública, social y económica, un decreto
de organización interna de una consejería que una norma con rango
de ley que regule un sector de la actividad productiva.
 La entidad pública debe encargar a una persona la recepción de
los comentarios; conforme a este requisito, la publicación de proyectos
normativos no es una simple obligación que culmina con la publicación,
sino que se espera la recepción de comentarios y observaciones por
parte de los interesados, de modo que se realice un verídico proceso de
Así, al nombrar un responsable por parte de la entidad competente,
se está asignando responsabilidades para sistematizar los aportes que
merezca el proyecto materia de publicación, así como se deduce que es
la vía o canal a través del cual se pueden absolver los cuestionamientos
o canalizar las aportes realizado.
La recepción de comentarios –y por ende, la figura del responsable– es
importante, toda vez que ello permitirá a las entidades públicas absolver 27
las observaciones formuladas frente a su proyecto normativo objeto
de consulta. Esta es la forma en que se materializa la posibilidad de
que las personas influyan en las decisiones públicas contenidas en un
dispositivo normativo.
Ahora bien, los comentarios y observaciones deben ser pertinentes, es
decir, referidos estrictamente a la fórmula normativa sometida a difusión,
y no a materias o aspectos que no están comprendidas en el proyecto
de regulación. En todo caso, si los administrados desean presentar
propuestas distintas a aquellas contenidas en el proyecto de fórmula
normativa, lo puede realizar en ejercicio de la gestión de intereses que
tiene como base constitucional el Derecho de Petición. Caso contrario se
paralizaría el proceso de normativo con comentarios y observaciones que
no están relacionadas con el proyecto normativo publicado.
REQUISITOS DE LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS
encuentra a cargo
pública encarga a Difusión Documentación
una persona de de proyectos
28 Plazo para
2.6.2 Sobre las excepciones a la publicación de proyectos normativos
Conforme se desprende de la normativa, el cumplimiento de la publicación
de los proyectos normativos de alcance general, al menos por parte del
Poder Ejecutivo, es de carácter obligatorio. Ello sin perjuicio de que la
práctica no necesariamente haya reflejado este mandato normativo, que
además debe darse cumpliendo rigurosamente los requisitos revisados
en el acápite anterior para la publicación de proyectos normativos.
No obstante, en el inciso 3 del artículo 14 del RPPNDNL se dispone dos
supuestos de excepción a la regla general:
i)	Las normas y decisiones elaboradas por el Poder Legislativo y el
Poder Judicial, así como los Decretos de Urgencia y los Decretos
Legislativos; y
ii)	Cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas, en el
proyecto de norma, considere que la publicación de la norma es
impracticable, innecesaria o contraría a la seguridad o al interés
A continuación, se analiza los dos casos exceptuados de la obligación de
publicar sus respectivos proyectos normativos:
 Sobre las normas y decisiones elaboradas por el Poder
Legislativo y el Poder Judicial, así como los Decretos de Urgencia
y los Decretos Legislativos; es comprensible la excepción de este
mecanismo para el caso de los decretos legislativos y los decretos
de urgencia, pues al ser normas especiales que dicta el Ejecutivo en
circunstancias apremiantes y sujetas a un plazo perentorio, releva
de mayor justificación su exclusión del trámite obligatorio propio de
las normas ordinarias.
En el caso de las normas emitidas por el Poder Legislativo y el
Poder Judicial, la excepción se sustenta en su configuración como
órganos constitucionales con autonomía e independientes respecto
de las regulaciones propuestas y diseñadas por el Poder Ejecutivo.
 Sobre el caso de las normas debidamente fundamentadas 29
en donde resulta impracticable, innecesaria o contraría a la
seguridad o al interés público su publicación; este segundo
supuesto no obedece a la naturaleza o tipología de algunas normas
de alcance general en particular (como en el primer supuesto), sino
que está referido al cumplimiento de ciertos criterios tales como
los de viabilidad, necesidad o su afectación al interés público y
seguridad nacional para determinar su exclusión del trámite de
publicación. En cualquier caso, la justificación adoptada, si bien
puede ser diversa, debe ser lo suficientemente clara y debe estar
expresamente contenida en la Exposición de Motivos que sustenta
la dación de la norma. Se entiende por lo demás que la justificación
debe ser suficiente porque en caso contrario, ante la consignación
de razones insuficientes o poco convincentes no se eximiría a la
entidad de la responsabilidad de no aplicar el mandato dispuesto
por el artículo 14 del RPPNDNL.
2.7.	¿CUÁL ES EL RÉGIMEN DE PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE
REGLAMENTOS TÉCNICOS?
Se define por Reglamento Técnico al documento en el que se establecen
las características de un producto o los procesos y métodos de producción
con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas
aplicables cuya observancia es obligatoria. También puede incluir
prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado
o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción,
o tratar exclusivamente de ellas.
Los Reglamentos Técnicos en su condición de medidas no arancelarias
(MNA) al comercio internacional pueden generar Obstáculos Técnicos
al Comercio (OTC); pero resultan necesarios cuando salvaguardan
“objetivos legítimos” ante un producto, bien o mercancía que representa
un riesgo a la moralidad pública, seguridad nacional, protección de la
vida o la salud humana, animal o vegetal, la defensa del consumidor y
la protección del medio ambiente, siempre que, tal medida no implique
proteccionismo comercial o establecimiento de barreras de acceso al
mercado local (BAM) o medidas no arancelarias (MNA) que restrinjan,
limiten o contravengan los compromisos multilaterales, regionales y
bilaterales asumidos por el Perú.
A manera de ejemplo, citamos los siguientes Reglamentos Técnicos
de obligatorio cumplimiento para los productos, bienes o mercancías
importadas o comercializadas en el territorio nacional: (i) Ley Nº 28405,
Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados y el Decreto
30 Supremo Nº 020-2005-PRODUCE que aprobó su reglamento, (ii) Decreto
Supremo Nº 017-2004-PRODUCE, Aprueban Reglamento Técnico sobre
Etiquetado de Calzado, (iii) Decreto Supremo Nº 018-2005-PRODUCE,
Aprueban Reglamento Técnico para Pilas y Baterías de Zinc-Carbón,
(iv) Decreto Supremo Nº 019-2005-PRODUCE, Aprueban Reglamento
Técnico para neumáticos de automóvil, camión ligero, buses y camiones,
Las disposiciones que conforman el espectro normativo que regula la
elaboración, aprobación, publicación, aplicación, implementación y
seguimiento de los Reglamentos Técnicos son las siguientes: (i) El
Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), (ii) La Decisión Nº 562 de la Comunidad
Andina (CAN), que dictó las Directrices para la elaboración, adopción
y aplicación de Reglamentos Técnicos en los países miembros de la
Comunidad Andina y a nivel comunitario, (iii) El Decreto Supremo Nº
149-2005-EF, que dictó disposiciones reglamentarias al Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio en el ámbito de bienes y al Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios, en el ámbito de servicios, de la
OMC, y, (iv) normas complementarias y conexas.
A la luz de lo expuesto, se puede resumir que la publicación de la norma
jurídica que aprueba un Reglamento Técnico (RT), debe seguir los
PROCESO DE PUBLICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS
(a cargo del Sector)
PREVIA A LA OMC
Y ENTRADA EN
 Mediante Resolución Ministerial del sector correspondiente, los
proyectos de Reglamentos Técnicos y las medidas adoptadas que
afecten el comercio de bienes y servicios deben publicarse en el
Diario Oficial El Peruano o en la página web del sector que los
elabore. Tratándose de publicación en la página web, la Resolución
Ministerial deberá indicar obligatoriamente el vínculo electrónico
 El proyecto de Reglamento Técnico debe permanecer en el vínculo
electrónico por lo menos 90 días calendario, contados desde la
publicación de la Resolución Ministerial del sector correspondiente
 Paralelamente y con antelación a la adopción del Reglamento
Técnico, el Perú a través del Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo −MINCETUR− efectúa la notificación a los otros países
miembros de la OMC y a los demás miembros de la CAN, a fin que
formulen sus comentarios y observaciones a tal medida37,
 El plazo entre la publicación en el Diario Oficial El Peruano del
Reglamento Técnico definitivo (así como las medidas adoptadas que
afecten al comercio de servicios) y su entrada en vigencia, debe ser
37	Respecto de los Acuerdos Comerciales Internacionales y Tratados de Libre Comercio suscritos por
el Perú, que se encuentre actualmente vigentes, deberán seguir las disposiciones que cada convenio
inferior a seis (6) meses, salvo cuando no sea factible cumplir los
objetivos legítimos perseguidos, y,
 Las entidades de la Administración Pública que aprueben
Reglamentos Técnicos, pondrán en conocimiento de la SUNAT, la
relación de productos sujetos a Reglamentos Técnicos.
Complementando lo anterior, en aras de garantizar la transparencia
y publicidad de los Reglamentos Técnicos, MINCETUR ha creado la
herramienta denominada “Portal de Reglamentos Técnicos Peruanos” 38
que es una base de datos de acceso público, que contiene de manera
referencial información de los Reglamentos Técnicos, expresados
en disposiciones legales tales como Decretos Supremos, Resolución
Ministerial, Resolución Directoral, Resolución Jefatural, Decreto
Legislativo u otras Resoluciones, emitidos por el Instituto Nacional de
Calidad (INACAL), Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio
de Ambiente (MINAM), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Ministerio del
Interior (MININTER), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
y Ministerio de la Producción (PRODUCE).
32 2.8.	EXPERIENCIA NACIONAL
Si bien en la experiencia nacional existen entidades del Estado que hacen
uso adecuado de la consulta como etapa fundamental del procedimiento
de generación normativa, en el presente apartado solo se tomará como
referencia a dos organismos reguladores: La Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento - SUNASS y el Organismo Supervisor de
Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL. Ademas, se tomará
como referencia la experiencia del Ministerio del Ambiente, organismo
que ha regulado los mecanismos de consulta aplicables a todo el sector
2.8.1 Organismos Reguladores
a)	SUNASS
En el caso de la SUNASS, existe un Sistema de Gestión del Proceso
Normativo39 a través del Manual de Elaboración de Proyectos Normativos,
en el que se establece un flujo que divide el procedimiento de generación
normativa en dos grandes etapas.
38	Disponible en: http://consultasenlinea.mincetur.gob.pe/webRT/frmBuscador.aspx
39	Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, Elaboración de Proyectos Normativos,
Documento P01, tercera edición, diciembre 2015.
i)	Proyecto Normativo Inicial
El mismo que se encuentra marcado por la conformación de un
equipo de trabajo encargado de la elaboración de un proyecto
respaldado por un informe técnico; el mismo que es expuesto
ante el Consejo Directivo de la Entidad. Luego de ello, y tras la
aprobación del Consejo Directivo, este pasa a ser publicado bajo la
denominación de Proyecto Normativo Inicial.
ii)	Proyecto Normativo Final
Ante la publicación realizada se reciben los comentarios que serán
reunidos en una matriz que servirá de insumo para la elaboración
del Proyecto Normativo Final y el correspondiente Informe Técnico.
Documentos que son sustentados ante el Consejo Directivo para la
publicación validadora.
b)	OSIPTEL
En el caso de OSIPTEL se ha establecido de forma similar un
“Procedimiento de Emisión de Normas por el Consejo Directivo”.
A través de dicho procedimiento, el Proyecto de Norma que la Gerencia 33
involucrada elabore debe recibir comentarios internos siempre que el
Grupo de Trabajo no sea interdisciplinario; el proyecto de norma debe
ir acompañado de una exposición de motivos, una ayuda memoria, un
acuerdo o informe que lo sustente.
El siguiente paso es una evaluación de orden legal por la Gerencia de
Asesoría Legal y una posterior evaluación de la Gerencia General una vez
concedido el Visto Bueno por parte del Área Legal.
Luego del acuerdo del Consejo Directivo, previa aprobación de la
Gerencia General, el proyecto es publicado estableciendo un plazo para
la recepción de comentarios.
Recibidos los comentarios por la Gerencia Impulsora, estos son
consignados en una matriz que posteriormente será analizada para la
pertinencia en la incorporación o no de los comentarios a la Norma Final.
Finalmente, el proyecto final de la norma es remitido a la Gerencia Legal
para la evaluación de legalidad y, posteriormente, la continuación de los
pasos desarrollados en el párrafo anterior.40
40	OSIPTEL, Emisión de normas por el Consejo Directivo, Código P-PEN-01, 24 de junio de 2015.
2.8.2	La experiencia del MINAM: Decreto Supremo Nº 002-2009-
A través del Decreto Supremo 002-2009-MINAM41 se aprobó el Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, por la cual
se estableció, entre otros, los mecanismos y procesos de participación y
consulta ciudadana en los temas de contenido ambiental.
El Título IV del referido Reglamento regula los “Mecanismos de Participación
Ciudadana Ambiental”, señalando que los procesos ambientales que
requieren de participación ciudadana son los siguientes:
a) Elaboración y difusión de información ambiental.
b) Diseño y aplicación de políticas, normas e instrumentos de la gestión
ambiental, así como planes, programas y agendas ambientales.
c) Evaluación y ejecución de proyectos de inversión pública y privada,
así como de proyectos de manejo de los recursos naturales, en el
34 marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
d) Seguimiento, control y monitoreo ambiental, incluyendo las denuncias
por infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o
violación a los derechos ambientales y la vigilancia ciudadana.
e) Otros que definan las entidades del Sistema Nacional de Gestión
El referido Reglamento establece distintos mecanismos de consulta que
constituyen vehículos suficientes de participación, cuya importancia
radica en que estos tienen diferentes niveles y caracteres de participación.
Estos mecanismos con los siguientes:
a) Audiencias públicas.
b) Talleres participativos.
c) Encuestas de Opinión.
d) Buzones de Sugerencias.
41	Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de enero de 2009.
e) Comisiones Ambientales Regionales y Locales.
f) Grupos Técnicos.
g) Comités de Gestión.
EXPERIENCIA COMPARADA EN CONSULTA PÚBLICA DE
2.9.1. Caso Malasia
Este país ha demostrado ser uno de los más adelantados en lo que
corresponde a la Consulta Pública para la emisión de proyectos
normativos, tal es así que incluso en el 2014 publicaron la Guideline
On Public Consultation Procedures (Guía en línea de procedimientos
de consulta pública, en adelante Guía de Malasia), la cual contiene
una síntesis de información, principios guías, requerimientos claves y
ejemplos de casos prácticos para planear e implementar el ejercicio de la
consulta pública42. Es posible afirmar que la Guía de Malasia constituye
uno de los esfuerzos más importantes asumidos por un gobierno para
garantizar el adecuado desarrollo de participación pública –a través de 35
la consulta– en los distintos procedimientos normativos asumidos por el
La Guía de Malasia ha recogido una serie de principios que rigen la
consulta pública, los cuales son los siguientes43:
i)	Transparencia con accesibilidad: la ciudadanía debe tener
conocimiento del procedimiento de generación normativa y de las
ii)	Responsabilidad: supone establecer un marco de competencias
dentro de los órganos de las entidades que se vean inmersos en
los procesos de consulta, valorar y aceptar adecuadamente las
observaciones de los ciudadanos promoviendo la participación y los
canales necesarios para que sustenten las mismas.
iii)	Compromiso: toda política pública supone la asunción de un
compromiso transversal de todos sus funcionarios.
42	Regulatory Review Department of Malasya. (2014). Guideline On Public Consultation Procedures. P. vi.
Petaling Jaya: Malaysia Productivity Corporation.
43	Cfr. Regulatory Review Department of Malasya. (2014). Guideline On Public Consultation Procedures
(p. vi). Petaling Jaya: Malaysia Productivity Corporation.
iv)	Inclusión que es equitativa: la accesibilidad de todos los ciudadanos
debe estar garantizada.
v)	Oportuno e informativo: debe manejarse la información de forma
oportuna garantizando que todos los actores la conozcan, aspecto
que incidirá en generar participación a través de información.
vi)	Integridad y mutuo respeto: ambos aspectos deben ser los pilares
en la instauración de un procedimiento transparente, que a su vez
reconozca la diversidad de los actores buscando un equilibrio de
Otro aspecto interesante que se puede recoger de la Guía de Malasia es
respecto de la determinación de quiénes participan en dicho proceso; y, si
estos asumen algún tipo de obligación. Sobre ello se señala lo siguiente:
ACTORES INMERSOS EN EL PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN
ENTIDAD DEL DIRECTAMENTE
BASE COMPETENCIAL: SURGIMIENTO DE Resulta relevante
Es necesario que la entidad LA RELACIÓN: considerar este tipo
del Estado inmersa en el En el marco de un de actores desde
procedimiento posea dentro de procedimiento o las entidades del
sus facultades la generación de encontrándose como Estado. Toda vez que
normas; así como, el inicio de sujeto regulado en el resulta fundamental
procedimientos que permitan espectro competencial identificar aquellas
un nivel de participación y de facultades que que realmente gozan
ciudadana la entidad ejerce y con la “legitimidad”
desarrolla. e interés necesario
SON DE CONSIDERAR: SON DE asunto.
Entidades de la Administración CONSIDERAR:
Pública. Administrados.
QUÉ GARANTÍAS DEBEN QUÉ OPORTUNIDADES
OFRECER: DEBEN TENER:
	Conocimiento de los plazos 	Inducción y
y fases del procedimiento capacitación
para la garantía de previa de los
participación adecuada y a plazos y fases del
tiempo. procedimiento
	Adopción y análisis para la garantía
adecuado de las opiniones de participación
y comentarios ofrecidos. adecuada y a
	Necesaria sustentación tiempo.
técnico legal en el marco 	C a p a c i t a c i ó n
de un lenguaje sencillo y técnica y
directo. a d e c u a d a
	Reformulación y adecuación información
de los proyectos normativos respecto del
en atención del interés proyecto.
general y la disminución 	Vía de absolución
de efectos perjudiciales de consultas
respecto de terceros. previas a la
	Mapeo y evaluación de audiencia.
terceros participantes.
Corresponde agregar que, otro aspecto que aporta la Guía de Malasia44,
es respecto a los niveles de consulta que pueden darse en una realidad;
así esta establece el siguiente espectro:
NIVELES DE CONSULTA PÚBLICA
Nivel más Diálogo con Conversación Nivel de los Trabajar en
bajo, es solo aporte en bidireccional compromisos conjunto con
informar y análisis, con los de los los grupos
educar al opciones y grupos multigrupos interesados y
público en decisiones interesados para buscar el público
regulación para consejo e para
intercambiar innovaciones implementar
38 información, desde varios decisiones y
ideas y grupos regulaciones,
preocupaciones interesados si así lo
Fuente: Guía de Malasia
Como se puede apreciar, el Gobierno de Malasia ha hecho un gran
esfuerzo para la mejora en su calidad normativa, cuyo ejemplo del cual
debemos apuntar como objetivo a alcanzar, de esta manera podremos
contar con normas con la mayor tecnicidad posible y con la legitimidad
2.9.2. Caso España
En el Reino de España se puede encontrar como experiencia el Manual
de Calidad de Normativa del Gobierno de Castilla y León, en el cual al
desarrollar el principio de transparencia, se considera necesario estimular
la participación de los ciudadanos en la actividad pública en el marco de
la gobernanza de sociedades complejas45.
44	Regulatory Review Department of Malasya. (2014). Guideline On Public Consultation Procedures. P. 11.
45	Cfr. Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. Consejería de Administración
Autonómica del Gobierno de Castilla y León, MANUAL DE CALIDAD NORMATIVA Pág. 26.
En dicho Manual se señala que, para asegurar la participación de los
ciudadanos, las entidades deben estar dispuestas a abrir canales de
diálogo con las partes interesadas, de manera que se consiga que los
puntos de vista de todos sean adecuadamente conocidos, debiendo
asegurar el uso de diversos procedimientos de consulta disponibles.
Ahora bien, el Manual establece los siguientes pasos de la consulta:
PASOS DE LA CONSULTA
1. Proveer a los 2. Involucrar a los 3. Asegurar publicidad
interesados de grupos interesados. suficiente de la
documentos e ¿Quién será afectado existencia y desarrollo
información exhaustiva por la normativa de la consulta.
sobre el tema que se los y quiénes estarán
consulta. comprometidos en su
5. Las decisiones que 4. Proveer de una
se adopten, como respuesta adecuada a
última instancia, deben los interesados.
explicar de qué forma
se han tomado en
cuenta las preferencias
expresadas durante la
Fuente: Manual de Calidad Normativa – Gobierno de Castilla y León.
I.	LIBROS
•	BALWIN, Robert y otros. Understanding regulation: Theory, Strategy
and Practice. Editorial Oxford University Press, segunda edición,
•	Constitución Política del Perú, 1993.
•	Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Guía de Técnica
Legislativa para elaboración de proyectos normativos del Poder
Ejecutivo, tercera edición, Lima, 2016.
•	KIRKPATRICK, Colin y David PARKER. Regulatory impact assessment:
an overview. En: Regulatory Impact Assessment. Towards Better
Regulation? (obra conjunta). London.
40 •	Ministerio de Economía y Finanzas. “Mejora regulatoria”. Documentos
de trabajo del Grupo de Trabajo de Técnica Legislativa de fecha 16
II.	HEMEROGRAFÍA
•	MARCOS, Francisco. Calidad de las normas jurídicas y estudios
de impacto normativo. En: Revista de la Administración Pública. Nº
179, 2009.
III.	DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
•	Acuerdo Nacional. Sesión 113: Proceso de vinculación entre Perú
y la OCDE fue presentada ante el Foro del Acuerdo Nacional.
Ayuda Memoria del Programa País – OCDE. Recuperado de http://
acuerdonacional.pe/wp-ontent/uploads/2015/02/AyudaM_
Programa-Pais-Peru-OCDE.pdf
•	CEPLAN. Perú: País OCDE. Recuperado de http://www.ceplan.
gob.pe/sites/default/files/Documentos/peru_2021_-_pais_ocde-_
espanol_impresion_09-02-2015_final_0.pdf
•	Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de os
Servicios – Junta de Castilla y León. Manual de Calidad Normativa.
Recuperado de: http://www.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionPublica/
es/Plantilla 100/1284151632602/_/_/_
•	Gary Banks A O. Presidente del Comité de Política Regulatoria.
Comisión de Productividad, Australia. Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE. “Recomendación
del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria”. 2012.
Recuperado de: http://www.OCDE.org/gov/regulatory-policy/
Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf
•	OCDE (2011), Regulatory Policy and Governance: Supporting
Economic Growth and Serving the Public Interest, OCDE Publishing.
Recuperado de: http://www.OCDE-ilibrary.org/governance/regulatory
-policy-and-governance_9789264116573-en
•	OCDE (2015), OCDE Regulatory Policy Outlook 2015, OCDE Publishing,
Paris. Recuperado de: http://www.OCDE-ilibrary.org/governance/
OCDE-regulatory-policy-outlook-2015_9789264238770-en
•	OCDE (2015), Regulatory Policy in Perspective: A Reader’s Companion
to the OCDE Regulatory Policy Outlook 2015, OCDE Publishing, 41
Recuperado de: http://dx.doi.org/10.1787/9789264241800-en
•	PINILLA, Rafael. Qué es y para qué sirve la evaluación de impacto
regulatorio, pág. 7. Disponible en: http://presidencia.gencat.cat/
web/.content/ambits_actuacio/millora_regulacio_normativa/
•	Regulatory Review Department Malaysia Productivity Corporation.
Guideline on public consultation procedures. Recuperado en:
http://www.mpc.gov.my/wp-content/uploads/2016/04/
guidelinepublicconsultation.pdf
IV.	JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
•	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 00937-2013-PHD/TC.
•	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 02814-2008-PHD/TC.
•	Sentencia, recaída en el Expediente Nº 00566-2010-PHD/TC.
•	Sentencia recaída en el Expediente Nº 04912-2008-PHD/TC.
•	Sentencia recaída en el Expediente Nº 0030-2005-PI/TC
DECRETO SUPREMO Nº 001-2009-JUS
Que, la República del Perú y los Estados Unidos suscribieron el “Acuerdo
de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos”- APC Perú-EE.UU., el
12 de abril de 2006, el cual fue aprobado por el Congreso de la República
mediante Resolución Legislativa Nº 28766 del 28 de junio de 2006, y
ratificado por el Presidente de la República mediante Decreto Supremo
Nº 030-2006-RE, del 28 de junio de 2006;
42 Que, el Capítulo 19: Transparencia del APC Perú- EE.UU., establece que
las Partes se asegurarán de que sus leyes, reglamentos, procedimientos,
y resoluciones administrativas de aplicación general referidas a cualquier
asunto comprendido en el Acuerdo, se publiquen prontamente o de otra
forma sean puestos a disposición para conocimiento de las personas y
Que, asimismo, en el referido Capítulo 19: Transparencia del APC Perú-
EE.UU., las Partes se han comprometido a publicar por adelantado, en
la medida de lo posible, cualquier medida que se propongan adoptar, así
como a garantizar la difusión de las normas adoptadas y por adoptarse;
Que, dadas las obligaciones asumidas, se requiere que las disposiciones
relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión
de normas de carácter general, se incorporen en un solo instrumento a
efectos de facilitar su conocimiento, así como establecer los mecanismos
que garanticen el cumplimiento de dichas disposiciones, así como la
posibilidad de recibir comentarios de la ciudadanía;
Que, asimismo resulta necesario aprovechar las ventajas que la tecnología
de la información pone a disposición a efectos de hacer más accesible al
ciudadano el acervo normativo nacional;
Que, de acuerdo al inciso h) del artículo 6 del Decreto Ley Nº 25993, Ley
Orgánica del Sector Justicia, el Ministerio de Justicia tiene la función de
sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general y
promover el estudio y la difusión normativa jurídica de carácter general;
De conformidad con lo establecido en el Artículo 118 de la Constitución
Política del Perú, y a lo previsto en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del
Apruébase el Reglamento que establece disposiciones relativas a la
Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas
Legales de Carácter General.
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Justicia
y la Ministra de Comercio Exterior y Turismo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los catorce días del mes de enero 43
LA PUBLICIDAD, PUBLICACIÓN DE PROYECTOS NORMATIVOS Y
DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES DE CARÁCTER GENERAL
1.1 Regular la publicación obligatoria de las normas legales de carácter
general que conforman el ordenamiento jurídico nacional.
1.2 Regular la publicación de las normas legales de carácter general en
el Diario Oficial El Peruano, cuando una ley o norma reglamentaria
así lo disponga o también cuando se cumplan las condiciones y
alcances establecidos en el presente reglamento.
44 1.3 Fortalecer el aprovechamiento de las tecnologías de la información,
promoviendo el uso de los Portales Electrónicos, revistas
institucionales, y todos aquellos medios disponibles por parte de
las entidades públicas, para la oportuna y correcta difusión de las
normas legales de carácter general.
1.4 Promover la difusión permanente de las normas legales de carácter
1.5 Fomentar el oportuno cumplimiento de las directivas referidas a la
implementación e ingreso de información en el Portal del Estado y
en los Portales Electrónicos de las entidades públicas.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación del Reglamento
Salvo que se establezca algo diferente en el presente Reglamento, este
es aplicable a todas las entidades públicas indicadas en el artículo I del
Título Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General quienes conforme a la Constitución Política del Perú, las leyes
y reglamentos, aprueban normas legales de carácter general y de
Artículo 3.- Ordenamiento Jurídico Nacional
Para los fines del presente Reglamento, el ordenamiento jurídico nacional
constituye un sistema orgánico de normas legales de carácter general o
con efectos vinculantes, las que se integran según su propia jerarquía
normativa y efectos legales.
Artículo 4.- Alcance del concepto de las normas legales
Para efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, entiéndase por
norma legal de carácter general a aquella que crea, modifica, regula,
declare o extingue derechos u obligaciones de carácter general, de cuyo
texto se derive un mandato genérico, objetivo y obligatorio, vinculando a
la Administración Pública y a los administrados, sea para el cumplimiento
de una disposición o para la generación de una consecuencia jurídica.
En tal sentido, se deben publicar obligatoriamente en el Diario Oficial El
Peruano: (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS
1. La Constitución Política del Perú y sus modificatorias;
2. Las Leyes, las Resoluciones Legislativas, los Decretos Legislativos,
los Decretos de Urgencia, los Tratados aprobados por el Congreso y
los Reglamentos del Congreso;
3. Los Decretos Supremos; 45
4. Los Tratados aprobados por el Presidente de la República;
5. Las Resoluciones Supremas;
6. Las Resoluciones Ministeriales;
7. Las Resoluciones Administrativas que aprueban Reglamentos,
Directivas, cuando sean de ámbito general, siempre que sean dictadas
en ejercicio de las facultades previstas en sus leyes de creación o
normas complementarias, conforme a ley; (*) RECTIFICADO POR
8. Las Resoluciones de los organismos constitucionalmente autónomos,
las resoluciones de carácter jurisdiccional, las Resoluciones de
los Tribunales Judiciales y Administrativos, cuando constituyan
precedente de observancia obligatoria o sean de carácter general,
cuya publicación sea así declarada expresamente en la propia
Resolución, conforme al ordenamiento jurídico aplicable para la
entidad emisora, en cada caso;
9. Las normas de carácter general emitidas por los Gobiernos Locales
y Gobiernos Regionales, conforme a ley. (*) RECTIFICADO POR FE
En el caso de las Resoluciones Supremas y Resoluciones Ministeriales
y en general, las resoluciones administrativas indicadas en el presente
artículo, no serán materia de publicación obligatoria en el Diario Oficial El
Peruano, cuando resuelvan un procedimiento administrativo específico,
salvo disposición de norma legal expresa que disponga su publicación.
Artículo 5.- Capacitación de Operadores
El Ministerio de Justicia proporcionará asistencia técnica a los
funcionarios encargados de recibir los comentarios y a aquellos
responsables de la publicación de las normas legales, mediante cursos,
talleres o conferencias o a través de manuales en los que se establezcan
pautas para realizar sus labores.
Artículo 6.- Del funcionario responsable de la publicación de las
La publicación de las normas estará a cargo de un funcionario designado
para tales efectos por el titular de la entidad emisora. El cumplimiento
de dichas funciones estará sujeto a las responsabilidades establecidas
46 Capítulo II
De la publicidad de las normas legales
La publicación oficial de las normas legales de carácter general es esencial
para su entrada en vigencia. Las entidades emisoras son responsables
de disponer su publicación en los términos y condiciones establecidas en
el presente Reglamento, y normas complementarias.
Aquellas normas legales que no sean publicadas oficialmente, no tienen
eficacia ni validez.
Artículo 8.- Publicación Oficial de las normas legales
La publicación oficial de las normas legales de carácter general se realiza
en el Diario Oficial El Peruano, con las excepciones previstas en la ley.(*)
CONCORDANCIAS:	D.S. Nº 014-2012-JUS, Art. 2
(Publicación obligatoria de reglamentos
Artículo 9.- Publicación de normas legales con anexos
En el caso de la publicación de normas legales que tengan anexos, se
publicará en el Diario Oficial El Peruano solamente la correspondiente
norma aprobatoria, disponiéndose en la misma que el Anexo se publicará
mediante el Portal Electrónico de la entidad emisora en la misma fecha
de la publicación oficial, bajo responsabilidad. Esta disposición será
aplicable para aquellos casos en que una norma apruebe otra clase de
instrumentos que constituyan anexos de la misma. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 014-
2012-JUS, publicado el 29 agosto 2012, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 9.- Publicación de normas legales con anexos.-
9.1 En el caso de la publicación de normas legales que tengan
anexos conteniendo gráficos, estadísticas, formatos, formularios,
flujogramas, mapas o similares de carácter meramente ilustrativo,
dichos anexos se publicarán en el Portal Electrónico de la entidad
emisora en la misma fecha de la publicación en el Diario Oficial “El
Peruano” de la norma aprobatoria, bajo responsabilidad.
9.2 La entidad emisora remitirá a la Dirección General de Desarrollo
y Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de la
publicación de la norma legal en el diario oficial, copia autenticada
y el archivo electrónico del anexo o anexos respectivos, los que
servirán de soporte documental del Sistema Peruano de Información
Jurídica - SPIJ, que es la edición oficial de la legislación nacional en
soporte electrónico.”
Artículo 10.- Publicación de otros actos de la Administración Pública
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del presente Reglamento,
se deben publicar obligatoriamente, otras disposiciones legales, tales
como resoluciones administrativas o similares de interés general y de
observancia obligatoria cuando:
1. su contenido proporcione información relevante y sea de interés
para los usuarios de los servicios que presta la Administración
2. su difusión permita establecer mecanismos de transparencia en la
gestión pública, así como control y participación ciudadana,
3. su contenido se relacione con la aprobación de documentos de
4. su contenido se relacione con información oficial procesada por las
entidades rectoras de determinada función administrativa,
5. se trate de nombramiento o designación de funcionarios públicos,
6. se trate de otorgamiento de autorizaciones o permisos especiales a
7. su naturaleza jurídica determine su conocimiento y difusión general.
Artículo 11.- Texto en formato electrónico
El funcionario responsable de la edición del Diario Oficial El Peruano
remitirá al funcionario responsable del Portal del Estado Peruano y
al Ministerio de Justicia el texto de las normas legales en formato
electrónico, en la misma fecha que disponga su publicación.
Artículo 12.- Publicación a cargo del solicitante
48 Los actos o resoluciones administrativas, cuyo contenido sea
esencialmente informativo, podrán ser publicados en el Diario Oficial El
Peruano, cuando la difusión se justifique por razones de la actividad o
acción a realizarse. En estos casos, el costo y trámite de su publicación
será de cargo y cuenta del solicitante, conforme a la normatividad
sectorial de la entidad emisora.
De la difusión de las normas legales
Artículo 13.- Medios de difusión
Las entidades públicas difundirán las normas legales de carácter
general que sean de su competencia, a través de sus respectivos Portales
Electrónicos, revistas institucionales y en general todos aquellos medios
que hagan posible la difusión colectiva.
Artículo 14.- Difusión de los proyectos de normas legales de carácter
1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas
dispondrán la publicación de los proyectos de normas de carácter
general que sean de su competencia en el Diario Oficial El Peruano,
en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un
plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para
su entrada en vigencia, salvo casos excepcionales. Dichas entidades
permitirán que las personas interesadas formulen comentarios
sobre las medidas propuestas.
2.2.	El documento que contiene el proyecto de norma y la exposición
de motivos, así como una descripción de los temas que involucra;
2.3.	Plazo para la recepción de los comentarios;
2.4.	Persona dentro de la entidad pública encargada de recibir los
3.- Se exceptúa de la aplicación del presente artículo:
3.1.	Las normas y decisiones elaboradas por el Poder Legislativo
y el Poder Judicial, así como los Decretos de Urgencia y los
3.2.	Cuando la entidad por razones debidamente fundamentadas,
en el proyecto de norma, considere que la prepublicación de la
norma es impracticable, innecesaria o contraría a la seguridad
o al interés público;
Artículo 15.- Edición oficial de normas legales
El Ministerio de Justicia promoverá la difusión de las normas legales
de carácter general mediante ediciones oficiales de textos, a través de
medios impresos, electrónicos u otros similares.
Primera.- Gratuidad de la publicación oficial
Las normas legales y actos de la Administración Pública, a que se
refieren los artículos 4 y 10 del presente Reglamento, serán publicados
gratuitamente, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 018-
97-PCM, que precisa el régimen de gratuidad de las publicaciones que se
realicen en el Diario Oficial El Peruano. (*)
(*) Disposición sustituida por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 015-
2009-JUS, publicada el 15 octubre 2009, cuyo texto es el siguiente:
“Primera.- Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Para efectos de la publicación de las normas legales y actos de
la Administración Pública señalados en los artículos 4 y 10 del
presente Reglamento, se les aplicará las disposiciones establecidas
por el Decreto Supremo Nº 018-97-PCM, el cual mantiene su plena
Segunda.- Adecuación para la difusión normativa
Las entidades públicas implementarán los mecanismos relativos a la
difusión normativa, conforme a lo establecido en el presente Reglamento.
Tercera.- Pago de gastos de publicaciones
En aquellos casos en que la publicación de una norma legal tenga un
determinado costo por tal concepto y ésta sea aprobada por la entidad
sectorial correspondiente, la entidad pública promotora de su aprobación
asumirá obligatoriamente el pago de la publicación en el Diario Oficial
Cuarta.- Difusión a través del Portal del Estado Peruano
El Portal del Estado Peruano publicará las normas legales de carácter
general que conforman el ordenamiento jurídico nacional, para cuyo
efecto el Ministerio de Justicia prestará el apoyo correspondiente en
todo lo relacionado con la sistematización legislativa. Asimismo, se
publicarán las normas legales de carácter general de aquellas entidades
públicas que a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento,
no cuenten con su propio Portal Electrónico.
Quinta.- Publicidad excepcional de otros actos administrativos
Los actos administrativos, actos de administración interna y resoluciones
administrativas que vinculan a sus órganos, funcionarios o servidores,
con o sin vínculo laboral vigente, no requieren de publicación obligatoria,
salvo los casos de notificación subsidiaria previstos por la Ley del
Sexta.- Difusión de información específica
Todas aquellas actuaciones administrativas, comunicaciones y avisos
que en general deban difundirse para conocimiento general, conforme
a norma legal expresa se publicarán en el Boletín del Diario Oficial El
Peruano y en otros diarios de acreditada circulación, cuando corresponda.
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References: Artículo 3

Artículo 45
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13

artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
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 Decisión Nº 
 Resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución

 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
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Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9
 Artículo 1

Artículo 10
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Artículo 11

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Artículo 13

Artículo 14
 artículo 2

Artículo 15
 Artículo 1