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Timestamp: 2018-12-18 16:48:28+00:00

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Conocimiento histórico y justicia: el trabajo en el Archivo del Ejército Argentino (1) — Aletheia
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Conocimiento histórico y justicia: el trabajo en el Archivo del Ejército Argentino (1)
Aletheia, volumen 7, número 14, abril 2017 ISSN 1853-3701
Lavintman, López y Pankonin/ Artículos en PDF
Jazmín Lavintman*
Hernán F. López**
hfacundol@hotmail.com
Leandro N. Pankonin***
CONICET/UBA/UNGS
leandro_pankonin@yahoo.com.ar
El presente trabajo pretende dar cuenta de los procedimientos de investigación desarrollados por el Equipo de Relevamiento y Análisis de los archivos del Ejército Argentino-Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación. (Los equipos de Relevamiento de Ejército, Armada y Aérea, fueron conformados con el fin de colaborar activamente con los pedidos de documentación e información en casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la argentina.
El Equipo del Ejército trabaja como una unidad de búsqueda y análisis de documentos requeridos por la justicia en diferentes archivos, como el Archivo General del Ejército, el Servicio Histórico del Ejército y el Departamento de Archivo Intermedio del Archivo General de la Nación. Como resultado de la consulta a diferentes tipos documentales y su posterior relevamiento, se realiza un informe donde se sistematiza la información encontrada, se reconstruye el accionar represivo y la estructura orgánica de unidades del Ejército en un territorio determinado (zona, subzona, área, sub área).
A partir de esta experiencia pretendemos analizar las huellas burocráticas de la operatoria de esta Fuerza a fin de dar cuenta de la (existencia) explícita en nuestro país de un plan sistemático de aniquilación de un enemigo interno denominado subversión a través de diferentes instrumentos estatales de esos años.
Palabras clave: Archivo, Terrorismo de Estado, Represión, Ejército
En este trabajo pretendemos dar cuenta de los procedimientos de investigación desarrollados como Equipo de relevamiento y análisis de documentos del Ejército. Este equipo pertenece a la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Abarcaremos en estas páginas un recorte temporal desde el año 2010 a hasta la actualidad. Abordaremos la metodología de trabajo utilizada con documentos de archivo y brindaremos ejemplos de la información que se ha encontrado en los documentos a modo de ilustración de los alcances e importancia de los archivos.
El Equipo viene trabajado en diferentes archivos del Ejército como una unidad de relevamiento y análisis de documentos requeridos tanto por instituciones de la Administración Pública Nacional como por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de causas por crímenes de lesa humanidad. A través del uso de diferentes tipos documentales producidos por la misma fuerza, reconstruimos la operatoria represiva y sus registros, que se presentan de modo fragmentado. En los casos en que la justicia requiere la reconstrucción del accionar de la fuerza se enmarca en un recorte temporal y territorial (Zona, Subzona, Área). A partir de un relevamiento integral de la documentación referida a las unidades pertinentes se sistematizan los datos en un informe que “traduce” lo encontrado en los documentos en un corpus expositivo, para ser utilizado como insumo por las fiscalías en la reconstrucción de los hechos. Nos referimos con “traducción” a un informe final donde se plasma toda la información relevante de la documentación consultada, con especificaciones técnicas respecto al funcionamiento orgánico de la institución en el periodo estudiado y la inclusión de reglamentación de la Fuerza: directivas, órdenes y reglamentos permiten llegar a una comprensión mayor del funcionamiento de la Fuerza.
Respecto a qué datos se pueden recabar en los archivos, despejaremos el siguiente supuesto común: no obran en dichos fondos documentales fichas de entrada a Centros Clandestinos de Detención (CCD) ni información específica sobre detenidos/as desaparecidos/as. Los archivos de las Fuerzas con los que trabajamos son el reflejo de su funcionamiento administrativo, lo que nos permite conocer el registro cotidiano de la institución, sus misiones y funciones en una coyuntura determinada que, para el período estudiado, da cuenta de una tarea central: la “lucha contra la subversión” (en adelante LCS -tal como figura en los documentos de las Fuerzas-), así como de la represión en el contexto de Terrorismo de Estado.
Nuestro trabajo consta en reconstruir los lugares oscuros de la operatoria represiva de la Fuerza a través de sus propios documentos o inclusive, en muchos casos, a través de los propios faltantes de documentación: las fojas de legajos que no están o las calificaciones a oficiales que refieren a un reclamo que no está. El conocer y comprender el funcionamiento institucional y burocrático nos permite entender las series y los tipos documentales que las conforman, por lo tanto, conocer también los documentos que “deberían estar” y no se encuentran en los diferentes archivos. Como afirman Tiscornia y Sarrabayrouse Oliveira:
Fraguar, falsear, esconder, hacer desaparecer, cambiar versiones de los hechos es una vieja práctica de las fuerzas de seguridad y del sistema de castigo en la Argentina. Lo que no se sabe lo suficiente, porque pocos son quienes se toman el trabajo de investigarlo sistemáticamente, es que toda burocracia, por más brutal que sea, o justamente por ello, registra cada detalle de lo que hace (2004: 64-65).
En otro pasaje del mismo trabajo, las autoras afirman que “la sangre de los asesinatos convertida en actuación burocrática crea rutinas y, las rutinas, inscripciones y marcas. Son estas las que van a permitir reconstruir” historias (2004: 70).
Para evidenciar nuestro trabajo expondremos, en primer lugar, la importancia y necesidad del acceso a la información de los archivos de las Fuerzas Armadas, la reconstrucción histórica del circuito represivo y la búsqueda de información sobre graves violaciones a los Derechos Humanos como una política pública de memoria. Para luego pasar a describir lo específico de nuestra tarea, los tipos documentales que analizamos, en qué clave los leemos, y cómo los ponemos en diálogo con otros tipos documentales.
Tal como afirma Bruno Groppo, un objetivo esencial de la memoria desde una perspectiva democrática es, permitir a la sociedad no sólo conocer su pasado hasta en sus aspectos más dolorosos, sino también y sobre todo de asumirlo, es decir, de reconocerlo como propio: tal es, en efecto, la condición indispensable para que una sociedad pueda superar los traumatismos del pasado y procurar que éste se convierta efectivamente en pasado: es así como una política de la memoria que apunte a conocer y a dar a conocer la verdad histórica puede convertirse en un instrumento importante de democratización de la sociedad (Groppo, 2002; 194,195).
Otro de los factores determinantes en dicho proceso de democratización de la sociedad, es el de justicia, lo que en la Argentina ha avanzado exponencialmente respecto a otros países de América Latina con atravesaron procesos dictatoriales similares. Desde 1985, con el juicio a los ex comandantes de la Junta militar, hasta la actualidad fueron fundamentales para la reconstrucción de los hechos los testimonios de los/las sobrevivientes al Terrorismo de Estado. Paralelamente, a partir de la apertura de distintos archivos como política de Estado, permitió que aquellos testimonios fuesen constatados y/o complementados por documentos del período, tanto en el caso particular del Ministerio de Defensa, como del Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina y la Cancillería (2), entre otros. Este trabajo integral de las diferentes instituciones estatales abriendo sus archivos e investigando sus documentos resultó una medida significativa enmarcada dentro de las políticas públicas de la memoria de la gestión kirchnerista, entre los años 2003-2015. En cambio, al asumir el gobierno nacional Mauricio Macri, muchos de estos equipos fueron desarticulados y otros sufrieron un proceso de vaciamiento, como ocurrió dentro de todo el campo de Derechos Humanos. En este sentido, la voluntad política resulta un factor esencial para poder sostener este tipo de políticas. No basta con el que el gobierno nacional se haya comprometido a sostener los juicios de lesa humanidad, hacen falta también medidas desde el Poder Ejecutivo que posibiliten y profundicen dicho proceso.
En el caso particular de nuestro Equipo de trabajo, y para la realización de la tarea, resulta fundamental que sea una política pública integral de memoria, verdad y justicia, en términos amplios y con engranaje dentro de diferentes repartos del Estado Nacional. Ya que garantiza: el derecho a la verdad, el acceso a la información a los archivos de las FFAA por parte de personal civil y la existencia de un equipo de trabajo interdisciplinario capacitado para analizarlo de manera integral y sistemática, debido a la magnitud de la documentación a abordar, el conocimiento específico sobre la institución y la capacitación en materia archivística.
El recorrido que permitió que un Equipo de relevamiento se instale en los Archivos de las Fuerzas como unidad de análisis y búsqueda de información sobre graves violaciones a los derechos humanos se remonta a enero de 2010. La entonces Sra. Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el Decreto Nº 4/2010, impulsado por el Ministerio de Defensa, que estableció la desclasificación de toda aquella información vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas, durante el período 1976 - 1983, así como toda información o documentación que más allá de exceder el período de referencia estuviera relacionada con ese accionar. Dos meses más tarde, el 26 de Marzo de 2010, mediante la resolución ministerial 308/10 a cargo de la Sra. Nilda Garré se resolvió la conformación de un Grupo de Trabajo para emprender la tarea de relevamiento y análisis de toda la documentación que pudiera resultar de valor histórico y/o judicial archivada y/o custodiada en dependencias de los Estados Mayores Generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Fue así que, a partir de las tareas de relevamiento de la documentación asentada en los Archivos de las FFAA se detectó que los acervos documentales no se encontraban organizados en función de criterios archivísticos ni existían medidas tendientes a conservar la materialidad de la documentación. Por ello se creó, a través de la Resolución Ministerial Nº 47/12, el Programa de Modernización del Sistema de Archivos del Área de la Defensa, con el objeto de diseñar, desarrollar e implementar un nuevo modelo de gestión archivística basado en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, en el ámbito de los Archivos de las Fuerzas Armadas.
Entre los proyectos realizados por los Equipos desde su creación, podemos mencionar el trabajo con el Informe Rattenbach y los fondos Malvinas: relevamiento de documentación, realización de fichas y sistematización de información, dando como resultado la “Guía de Relevamiento documental sobre el conflicto de Malvinas e Islas del Atlántico Sur” (2012). Por otro lado, el relevamiento y análisis del Fondo Secretaría General de la Fuerza Aérea y las Actas de la Junta Militar: relevamiento de documentación, sistematización en fichas y colaboración en la elaboración de herramientas de descripción (3). También la colaboración con el trabajo de la Comisión Nacional de Valores (2013-2014). A su vez, la compilación del libro “Relevamiento y Análisis documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas” (2015) realizado a partir de los informes de los tres Equipos de Relevamiento y Análisis desde el 2010 al 2015.
El Ejército, como institución organizada con misiones y funciones, archiva los procedimientos que le dan razón de ser a las prácticas que desarrolla. Cada militar del Ejército Argentino (EA) tiene un legajo personal que da cuenta de sus datos personales (nacimiento, matrimonio, hijos), así como su trayectoria dentro de la fuerza. Las fojas de calificación se alistan cronológicamente de un año militar a otro, desde el momento de alta, hasta la baja o retiro de cada suboficial u oficial. El ciclo 1976-1983 se intercala entre los años de revista sin fisuras, como parte de un capítulo inserto en una historia más larga: los que ingresaron a la fuerza previamente continúan durante esos años y seguirán revistando luego de 1983. A los usuales lugares de revista y cargos ocupado de los oficiales y suboficiales se suman menciones a operativos, comisiones a áreas, sanciones disciplinarias en el desarrollo de operativos. La burocracia registra regularmente la tarea cotidiana del personal y en el recorte histórico sobre el que trabajamos, segunda mitad de los años 70, aparecen las huellas de la operatoria represiva, tarea cotidiana a la cual estaba abocada la Fuerza.
Retomando el planteo de la especialista en archivística Antonia Heredia Herrera en su libro “Archivística General- Teoría y Práctica”
Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia (1991: 89).
A lo que agrega en otro pasaje que “para que exista un archivo es preciso que haya una institución con una función, con unas actividades que desarrollar”. De esta manera, podemos observar esas misiones y funciones a partir del relevamiento de diferentes documentos que irrumpen como la punta de un hilo que, si lo seguimos, nos conduce a la comprensión del funcionamiento del circuito represivo del Ejército.
El Ejército argentino fue configurando desde la segunda mitad del siglo XX una serie de presupuestos doctrinarios que se plasmaron en sus prácticas represivas de la década del setenta. Desde 1955 la doctrina antisubversiva francesa comienza a permear en las fuerzas armadas: la amenaza interna de la guerra revolucionaria, la población como objeto de represión y la faz clandestina de la misma. En la década siguiente fue la impronta de la Doctrina de la Seguridad Nacional estadounidense la que nutrió las bases ideológicas (y operativas) del Ejército: respuesta integral a la insurgencia, control directo de todos los resortes estatales, y una faz de acción cívica de la cual también dan cuenta nuestros documentos (Pontoriero, 2016). Durante el efímero gobierno justicialista se cimentó el consenso social para la represión estatal y paraestatal alcanzando esta última una operatividad que luego sería monopolizada por el ejército (Franco, 2012). A partir del mes de octubre de 1975, de acuerdo con lo establecido en la Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75, las Fuerzas Armadas asumieron el control operacional de la denominada “lucha contra la subversión” en todo el territorio nacional, siendo la fuerza Ejército la responsable primaria sobre esta. Contando para este fin con el apoyo de la Armada y la Fuerza Aérea (a su vez principales responsables en las jurisdicciones bajo su mando) y la subordinación de todas las fuerzas de seguridad federales y provinciales. En ese marco, el país fue dividido en cuatro zonas operacionales (Zonas 1, 2, 3 y 5, estructuradas cada una de ellas sobre las jurisdicciones preexistentes de los respectivos cuerpos de Ejército I, II, III y V), a las que posteriormente se agregó la Zona 4, dependiente del Comando de Institutos Militares, con asiento en la Guarnición militar de Campo de Mayo (4). En este esquema (en el que cada zona se dividía a su vez en subzonas, y estas en áreas y subáreas), cada jefatura o comando regional era “responsable” del accionar represivo bajo su jurisdicción. Lejos de estar configurado a partir de la improvisación, el terrorismo de Estado en nuestro país se nutrió de una vigorosa organización que premió a aquellos que asumieran las tareas con mayor tenacidad, y castigó a los que mostraran templanza en su proceder. La “Lucha Contra la Subversión” (LCS) fue un elemento meritorio dentro de la fuerza al menos desde principios de los años 70´. Contar con tal antecedente era motivo de ascenso, o bien de réplica por parte del personal en el caso de una sanción o de que un ascenso hubiera sido denegado. La burocracia de la Fuerza es espejo de una idea fuerza que va haciendo sentido, no de modo unívoco, sobre todo el cuerpo social.
A partir de lo explicado hasta aquí pretendemos brindar ejemplos concretos de la información que se ha encontrado en documentos de archivo sobre el accionar represivo del Ejército. En este sentido, las citas incluidas fueron en su mayoría tomadas del libro “Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas 1976-1983” (2015) por el Ministerio de Defensa, donde se “desclasificaron” todos los informes de los Equipos de relevamiento y análisis de las tres fuerzas. Se publicaron solamente los nombres de las personas con condena firme o aquellas que se encontraban fallecidas, los otros se encuentran testados. Para el caso del sumario del Ex Archivo Histórico de Justicia Militar fue consultado en el Archivo General de la Nación - Departamento de Archivo intermedio, donde debido a la Ley de protección de datos personales –Ley 25326-, se permite la difusión de la información que allí consta con la condición que se disocie de las personas mencionadas. Es por ambas razones que en los ejemplos se van a encontrar ciertos nombres testados.
En el informe realizado para la causa sobre la Zona de Defensa IV, podemos observar en el legajo del fallecido Teniente Coronel Daniel Mario Márquez un reclamo en el cual resalta como antecedente relevante de su carrera militar haberse desempeñado como 2do Jefe del Área 400 (Zárate y Campana):
El ejercicio efectivo del mando en un Área de Operaciones exclusivamente organizada para la Lucha Contra la delincuencia terrorista, desempeñándome como 2do Jefe del área 400 (CAMPANA - ZÁRATE), desde junio de 1976 a Diciembre del mismo año; fue felicitado por mis superiores y relevado a fin de ese año por mi ascenso al grado de Coronel, expresándome entonces el Sr Cte IIMM [Comandante de Institutos Militares], General de División SANTIAGO OMAR RIVEROS, además de su satisfacción por mi actuación durante aquel periodo, su especial deseo que continuara al frente de dicha área; a lo que no accedió la superioridad” (AAVV, 2015: 155).
Esta fuente documental, junto con otras, nos muestra la trayectoria del personal y vislumbra el nivel institucional de la represión. Para el caso de la Sub Zona 21- Área 211 (Rosario), en una Junta Superior de Calificaciones de Oficiales (JSCO) del año 1976, el Comandante del 2do Cuerpo, General Leopoldo Fortunato Galtieri, agrega al respecto del Jefe del Destacamento de Inteligencia 121:
Respecto a la propuesta del Cnl Riveros quiero exponer las cualidades [del coronel]. Lo conozco personalmente y en situaciones muy difíciles. Además de lo que se dijo en la JCO 1979 respecto a su desempeño como Jefe II, lo he tenido como Jefe del Dest Icia [Jefe del Destacamento de Inteligencia] en Rosario en los tiempos más duros en la LCS. El equilibrio del Sr. Grl, la capacidad de resolución en el combate, el ejemplo personal dado en la LCS, no sé si debo hablar de esto estando los taquígrafos... (Se retiran los taquígrafos) (JCO 1979, en AAVV, 2015: 311).
Las Juntas de Calificación de Oficiales y Suboficiales, dependían orgánicamente de la Dirección General de Personal – Departamento Juntas de Calificación del Estado Mayor General del Ejército y se ocupaban de todo lo concerniente a los ascensos del personal militar. La primera instancia de calificación de oficiales la constituía la Junta de Calificación de Oficiales (JCO) y estaba presidida por un General de División al que acompañaban el conjunto de los Generales de Brigada del Cuerpo de Comando y una gran cantidad de Coroneles que funcionaban como auxiliares. La JCO se reunía anualmente para tratar los casos de oficiales de cada grado que por su antigüedad en el grado estaba en condiciones de ascender. Como resultado de las deliberaciones del Plenario, la Junta de Calificación otorgaba la clasificación, calificación y orden de mérito final para que el Comandante en Jefe del Ejército resolviera sobre los ascensos (“Resoluciones”) y se notificara a los causantes. El personal notificado tenía reglamentariamente la posibilidad de ejercer un reclamo a su clasificación, y lo hacía “promocionándose”, es decir, enumerando los logros de su trayectoria en la carrera militar. Estos logros buscaban que las juntas tengan en cuenta el reclamo y de esa manera poder solicitar el cambio de clasificación y ascender de grado. Por su parte, los reclamos eran tratados por la Junta Superior de Calificación de Oficiales (JSCO), presidida por el general de división más antiguo, un general de brigada como secretario y los generales de división restantes como vocales (AAVV. 2011: 41-42). Tanto las JCO, como las JSCO y los reclamos dan testimonio de la consideración de la “LCS” como elemento meritorio dentro de la fuerza en esa coyuntura.
En un informe realizado por el Equipo sobre el Destacamento de Inteligencia 141 (Córdoba), se encuentra el caso de un oficial de dicha unidad, a quien le otorgaron la siguiente calificación: “Felicitación por el alto grado de eficiencia alcanzado en la especialidad pese a ser recientemente egresado ha demostrado condiciones y deseos de superarse”. A su vez, tiene adjunto un reclamo en el que afirma:
[En Dest Icia 141] desempeñé tareas en la 1 Sec Ejec teniendo una destacada y continua participación en actividades especiales de icia [Inteligencia], conduciendo fracciones y combatiendo la subversión en forma permanente y continúa, llegando en algunos casos a tener más de cinco enfrentamientos diarios con el enemigo (...) ello se refleja en la felicitación asentado por el Jefe de Unidad en el informe 76/77 (AAVV. 2015: 299).
Otro tipo documental utilizado con frecuencia son los libros históricos. Todas las unidades tienen un Libro Histórico donde se asientan una serie de informaciones sobre la misma: organización, lista nominal del personal de los cuadros de la unidad, soldados conscriptos, resumen numérico del personal, altas y bajas, formaciones, visitas a la unidad, acción cívica y actividades desarrolladas por la unidad. Este documento resulta fundamental ya que permite identificar por año el personal que revistó en la unidad, además de agregar información relevante en los casos en los que figuran datos transparentes sobre Plana Mayor, modificaciones orgánicas dentro del organigrama y actividades vinculadas al Área dentro de la cual se mantuviera bajo órbita.
En el Libro Histórico del Grupo de Artillería Defensa Antiaérea 101 del año 1976, entre sus actividades, con fecha 29 de septiembre de ese año, describe:
Captura del Libro Histórico extraído de la publicación: Relevamiento y análisis documental de los Archivos de las Fuerzas Armadas: 1976-1983
Como puede observarse en el recorte figura un operativo realizado por el Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea el día 26 de septiembre de 1976, bajo las órdenes del comando de la Subzona Capital Federal. Figura información detallada como la dirección donde se realiza, donde se encontraba la Secretaría política Nacional de la Organización Político Militar Montoneros. Menciona la especificidad técnica del operativo así como los muertos, detenidos y las bajas de la Fuerza. Además especifica la cantidad de personal asignado del Ejército, la Gendarmería y Policía. Este documento arroja información importante sobre el accionar del Ejército así como información sobre las víctimas.
Tal como figura en el informe correspondiente al Comando Cuerpo de Ejército I – Subzona Capital Federal, del cual fue extraído este material, vale cruzar esta información con otros tipos documentales que agregan elementos. Un reclamo de 1983 de un Oficial retirado expresa:
Planifiqué, expuse y llevé a la ejecución una acción en 1976 ordenada, en la Zona de Liniers de la Capital Federal. En una finca de la calle Corro, ante la presencia en una reunión, de altos dirigentes de la BDT [Banda de Delincuentes Terroristas] MONTONEROS. Intervinieron casi la totalidad de la Gendarmería Nacional y Policía Federal (AAVV.2015:135).
Otro reclamo de un Oficial Retirado que revistaba en ese momento en el Destacamento de Inteligencia 141 (Córdoba) da cuenta de su participación en el mismo operativo al afirmar que:
En la actividad intelectual surge un hecho que por sus características fuera remarcado por el señor Jefe de Operaciones del Estado Mayor (…) referido a la destrucción de la secretaría política nacional de Montoneros el que tiene su inicio a raíz de un trabajo de investigación personal del suscripto, iniciado en esta jurisdicción para posteriormente trasladarse a Buenos Aires, donde con personal de dicha guarnición participó en la operación realizada en la finca de Yerbal y Corro de la Capital Federal, en la que se aniquila dicha secretaría (AAVV: 2015,135).
Este cruce de documentos nos permite reconstruir la trama de un hecho, como tantos otros que hemos analizado y aún podemos analizar, del que no hay testigos vivos que puedan dar cuenta del hecho, más allá de los ejecutores del operativo. Una vez más subrayamos la huella en la burocracia que permite la reconstrucción histórica sobre el accionar represivo clandestino.
Otro tipo documental que utilizamos en el trabajo de reconstrucción y que brinda elementos importantes sobre la operatoria represiva son las Actuaciones de Justicia Militar (AJM). Este trámite es iniciado por enfermedades, accidentes, deserciones y embargo de sueldo de personal ligado a los actos de servicio. En muchas casos nos ha permitido poner imágenes (testimoniado por la propia fuerza) a operativos desarrollados por el Ejército Argentino en los años del Terrorismo de Estado. En el plano administrativo, el circuito de trámite de una AJM concluye, entre otras cosas, en la resolución de si el hecho en cuestión tiene o no relación con los actos de servicio. El modo en el que los actos ligados a la LCS eran, en todos los casos, reconocidos como relacionados con el “acto de servicio” no deja duda sobre el hecho de que estas acciones eran parte de la operatoria regular de la fuerza como lo muestra el siguiente ejemplo. Una Actuación de Justicia Militar de un soldado conscripto perteneciente a la Compañía Comando (Ca Cdo) del Comando de Institutos Militares (Cdo IIMM), iniciada por un accidente que le había causado “Traumatismo de Cráneo” en el año 1977 revela que el accidente sufrido había sucedido cuando se desempeñaba en la “Sección Contra-subversión”:
Preguntado: ¿Cuándo y cómo ocurrió el accidente del que ha sido víctima?
Dijo: Que aproximadamente a mediados del mes de octubre de 1977, mientras se encontraba en la Sección Contra subversión, fue a cubrir el puesto de centinela en la comisaría de José C Paz, cuando en determinado momento perdió el pié, cayendo desde una altura de 4 metros.
Preguntado: Si se encontraba desempeñando un acto de servicio.
Dijo: Que si, por encontrarse en la sección Contra subversión.
Preguntado: Si dio cuenta y a quién del accidente
Dijo: Que al caer fue asistido por el Cap [capitán] xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (5) y el Sarg [sargento] xxxxxxxxxxxxxxxxxxx quienes en ese momento se encontraban en el lugar, siendo trasladado de inmediato a la enfermería del instituto, siendo atendido en la misma, sin recordar el nombre del médico que lo atendió (AAVV, 2015:70).
Otro elemento sobre el que echa luz este tipo documental es la descripción de los hechos que ofician de contexto de un accidente que ha dado lugar a que se labre una AJM. Por ejemplo, una actuación de marzo de 1977 hallada en el legajo de un suboficial, por entonces cabo y hoy retirado, quien concurre en comisión con el Regimiento de Infantería Aerotransportada 2 al Operativo Independencia, había sido elaborada en función del siguiente hecho:
El 06/01/76 el suboficial junto a seis S/C [soldados conscriptos] que formaban parte del Equipo “B” de la FT [Fuerza de Taréas] “San Miguel” recibió la orden de hacer una emboscada alrededor de 20km de la localidad de León Rouges (Dpto. Monteros). El objetivo era cerrar vías de escapes a subversivos con la consigna de permanecer en silencio y abrir fuego a cualquier persona que se acercara sin acatar la voz de alto o no diese la señal de reconocimiento. A las 5.30hs del día siguiente se oyeron ruidos, pide dos veces reconocimiento y como no se obtuvo respuesta disparo hiriendo mortalmente al S/C 54 [soldado conscripto clase 54], quien pertenecía a la misma unidad (AAVV, 2015:228).
Por último, presentamos un fondo muy utilizado por los tres equipos, de carácter público y donde hemos encontrado información cualitativamente relevante. El Fondo del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA) está asentado en el Archivo General de la Nación (AGN), y según su descripción homónima, fue el máximo tribunal militar en tiempos de paz. Se creó con la sanción del Código de Justicia Militar de 1895 y fue derogado por Resolución del Ministerio de Defensa 240/2009. A partir de dicha derogación se creó el Archivo Histórico de la Justicia Militar, que fue anulado por Resolución 1419/2010 cuando se decidió transferir la documentación al Archivo General de la Nación. El Consejo era el único archivo de justicia militar, al que cada Fuerza remitía las causas que constituían un antecedente judicial por originarse en delitos o faltas graves. Es un fondo basto, con sumarios que fueron realizadas a personal de Ejército, Marina, Aeronáutica y Gendarmería ante una infracción al Código de Justicia Militar, elevados a juzgados de instrucción militar por fuerza, así como casos que llegaron hasta el Consejo supremo de las Fuerzas Armadas.
En el informe realizado sobre el Área 212, en el apartado sobre “operativos antisubversivos” figura el sumario iniciado por una ciudadana de Santa Fe que el 14/08/1980, afirmó que:
[Fui] arrojada desde la terraza hacia la calle Aristóbulo del Valle, aclarando que previamente es llevada por sus agresores hacia otro techo, de una vecina, y desde ahí arrojada al vacío. Cuando cae la declarante es nuevamente apuntada por un policía de uniforme color caqui, perteneciente a la dotación, por lo que escucha hablar, de la comisaría de la policía provincial, ubicada a dos cuadras del lugar de su detención (…). Interrogándola sobre su presencia en la casa y amenazándola que peor la iba a pasar cuando llegara a destino. Ingresan a casa en las afueras. Más tarde es atada con cadenas sobre una cama, quedando sus piernas colgando, y sus brazos con cadenas largas que se sujetan al respaldo de la cama. (...) sus aprehensores decían en voz alta que tenían que desprenderse de ella, o matándola o haciéndola aparecer en alguna seccional puesto que ellos todavía no tenían montados campos de concentración como en otras provincias o en Rosario. (...) De estos hombres y de los interrogatorios era responsable un mayor de apellido xxxx (Sumario 85461, DAI-AGN).
Los sumarios asentados en el ex-AHJM muestran en muchos casos testimonios tanto de civiles como de miembros de la fuerza, los operativos que tenían como consecuencia el secuestro y desaparición de personas. En esta misma dirección, citamos otro sumario que nos permite dar cuenta del destino de los desaparecidos. En una declaración del 9 de marzo de 1984, realizada ante la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- Comisión Formosa-, un ciudadano (que denominaremos ingeniero), encarcelado para 1977 en la Unidad 10- Cárcel de Encausados (Formosa)- por causa de defraudación, expresa haber presenciado quema de cadáveres (6), a manos de una comisión del ejército formada por soldados, en los hornos carboníferos del Centro Forestal Pirané, perteneciente a Fabricaciones Militares, donde trabajaba como Jefe de Mantenimiento y Obras Civiles. Declara:
[Ingeniero] (…) fue entre el mes de enero y abril del año 1977 cuando ingresaban continuamente, casi a la media tarde, camiones del Ejército, camionetas y camiones de Gendarmería Nacional. En una oportunidad, cerca de la laguna llamada La Pelada, donde había un horno metálico, presencié la quema por parte de soldados del ejército de seis cadáveres sexo masculino y un cadáver sexo femenino, era una chica rubia que me llamo mucho la atención por el cabello que tenía, de 25 a 26 años, y la arrojaron dentro del horno y lo quemaron.
Pero esto no era la primera vez que sucedía, sino que en otras oportunidades llegaban los camiones, desalojaban el área de producción donde estaban trabajando los obreros y realizaban la quema de cadáveres, según los comentarios que había eran excesivos, algunos decía 50, 60, 80, 70, pero mayormente el promedio debía andar entre 70 y 75 cadáveres
[Preguntado]- ¿Cómo se enteró?
[Ingeniero]- Por las quejas, porque al salir el personal que estaba trabajando, los obreros se quejaban porque trabajaban por producción, entonces se quejaban diciendo que el Ejército estaba parando la producción por estas anomalías. Mayormente presenciaban los encargados de hornos, los encargados de retirar el carbón.
[Preguntado]- Hay alguna comunicación que haya hecho con algún personal?
[Ingeniero]- No sé, no se olvide que dentro del área de Fabricaciones Militares mayormente se tenía una tela adhesiva en la boca, los nombres no me acuerdo, pero no tengo ningún inconveniente en reconocerlos o hablar con ellos. (…) En ese momento estaba controlando la producción de la batería n° 4, que es donde está el horno metálico. El ejército no pedía permiso, entraba con armas largas, en ese momento sí porque tenía un distintivo de la camioneta y pasé. En ese momento yo acuso fehacientemente la quema que yo he visto personalmente de 6 cadáveres masculinos y un cadáver femenino. Yo acuso eso porque es lo que he visto, pero le puedo asegurar que hay más de 70, porque hoy entraba el ejército, mañana gendarmería, y lo sabía el señor [acusado] (Sumario Nº 87884, AGN-DAI, fs 5-6).
Respecto al acusado por el ingeniero, en el mismo sumario consta que declaró, ante el Poder Judicial de la Nación el día 30 de julio de 1986, que ocupó el cargo Administrador del Establecimiento Centro Forestal Pirané -Dirección General de Fabricaciones Militares desde julio de 1974 hasta comienzos de 1981, afirmando:
Que la función del Centro Forestal hera [era] producir carbón para Altos Hornos Zapla, se contaba fácilmente con doscientos hornos de carbón, de fabricación convencional de ladrillo; se les ofreció un nuevo sistema que consistía en un horno de hierro que aceleraba el proceso de carbonización. Lo hizo traer a prueba de Roque Sáenz Peña de la firma fabricante “Lepomet”. Se hicieron varias pruebas, no dando resultados por lo que no se utilizó más y la firma propietaria tampoco lo retiró. Que primero estaba en la Batería N° 1, luego no recuerda si fue trasladado a otra batería (Sumario 87884. AGN-DAI, Foja 48).
El ingeniero denunció haber sido perseguido y hallarse preso para entonces (1984) por motivo de su denuncia. En ambos sumarios citados se intentó ejemplificar de manera clara el potencial de dicho fondo. En el marco de nuestro trabajo ambos sumarios formaron parte de la descripción del circuito operativo de un territorio determinado sistematizado en un informe que fue enviado, oportunamente, a la fiscalía que investiga estos hechos.
A modo de conclusión queremos subrayar que todos estos tipos documentales, puestos en interacción y diálogo a partir de nuestro trabajo como investigadores/as nos permiten reconstruir sucesos, registrados por la Fuerza en su devenir burocrático, ligados a su historia institucional en un momento determinado.
La magnitud del material a trabajar requiere de equipos interdisciplinarios abocados a su procesamiento y análisis. Paradójicamente, en el caso del Archivo del Ejército, las distintas competencias del equipo (Antropología, Ciencias Políticas, Historia, Sociología) se encuentran encauzadas por detrás de una finalidad concreta: elaborar un texto expositivo explicativo que presente pruebas documentales a la Justicia. Lejos de entender esto como una limitación, el enmarcarse dentro del discurso legal nos obliga a una constante reflexión acerca de los métodos y alcances de nuestros saberes. Pero como lo señalara Carlo Ginzburg para la Historia, entendemos que las Ciencias Sociales y la Justicia poseen un mismo elemento, este es la verificación de los hechos por medio de pruebas. (Ginzburg. 1993: 111). Estas pruebas permiten no sólo la reconstrucción histórica del país en el marco trágico del Terrorismo de Estado, sino que fundamentalmente aportan evidencias documentales en los juicios de Lesa Humanidad.
El terrorismo de Estado fue meticuloso en su plan criminal e intentó la misma rigurosidad a la hora de borrar las evidencias de su proceder. La lectura oblicua de los grupos interdisciplinarios permite indagar en una masa de textos que los perpetradores no imaginaron que también podían resultar elocuentes de su accionar criminal. Frente a una institución que pretendió arrasar primero con personas y luego con sus propios archivos, estas series documentales nos permiten intentar llenar un vacío. No se trata de la pretensión vana de recuperar lo que ya resulta imposible, sino la de aportar evidencias para que ese vacío tenga sentido para la justicia.
Frente a los renovados discursos impugnadores, que buscan extrañas aritméticas para equiparar la violencia estatal con la producida por las organizaciones armadas en los setenta, la minuciosidad en la reconstrucción de la planificación represiva permite evidenciar su verdadera magnitud y por tanto sus diferencias. El trabajo en los archivos, la materialidad del documento elaborado por las Fuerzas Armadas, nos parece remitir a una especie de ademán metodológico arcaico, decimonónico, pero que paradójicamente nos permite renovar nuestros aportes a la justicia y al conocimiento histórico. Si los testimonios orales resultaron la pieza fundamental para establecer una memoria acerca del terror y a su vez poner a disposición de la justicia a muchos represores, el documento de archivo nos permite completar muchas de las lagunas de nuestra reconstrucción histórica y confirma lo que diversas víctimas trataron de reconstruir con sus palabras.
1) Una primera versión de este trabajo fue presentada en el IX Seminario Internacional de Políticas de la Memoria, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en noviembre de 2016. Agradecemos los comentarios y sugerencias que nos permitieron enriquecer este nuevo texto.
2) Tanto el equipo del Banco Central como el del Ministerio de Seguridad no continúan trabajando en los archivos en la actualidad.
3) Los documentos de los citados fondos se encuentran, parcialmente, disponibles online: http://www.AAVV.gob.ar/archivosAbiertos/index.php
4) Establecida en la Orden Parcial del Ejército 405/76 “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión”, fechada el 21 de mayo de 1976.
5) Las tachaduras corresponden a los nombres y apellidos de miembros de las Fuerzas Armadas que al no estar fallecidos o condenados la ley de protección de datos personales impide su publicación tratándose de información confidencial (Ley 25.326, del 4 de octubre de 2000).
6) Si bien no es tema de este trabajo, con respecto a los métodos utilizados por la dictadura para destruir los cuerpos de los desaparecidos y de esa manera la evidencia de sus crímenes ver: CRENZEL, Emilio (2005) Cartas a Videla: una exploración sobre el miedo, el terror y la memoria. Telar: Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Vol. 2, Nº. 2-3, 2005, págs. 41-57
AA. VV. 2011. Instructivo para la consulta de acervos documentales de las FFAA. Buenos Aires: Ministerio de Defensa de la Nación
AA. VV. 2015. Relevamiento y análisis documental de los archivos de las FFAA: 1976-1983. Buenos Aires, Ministerio de Defensa de la Nación.
FRANCO, Marina. 2012. Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y “subversión”, 1973-1976, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
GUINZBURG, Carlo. 1993. El juez y el historiador. Consideraciones al margen del caso Sofri. Madrid: Muchnik
GROPPO Bruno. 2002. Las políticas de la memoria [en línea]. Sociohistórica, (11-12). Disponible en: http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.3067/pr.3067.pdf
HEREDIA HERRERA, Antonia. 1990. Archivística General- Teoría y Práctica. Sevilla: Servicio de publicaciones de la diputación de Sevilla.
TISCORNIA, Sofía y SARRABAYROUSE OLIVEIRA, María José. 2004. “Sobre la banalidad del mal, la violencia vernácula y las reconstrucciones de la historia”. En: TISCORNIA, Sofía (comp.); Burocracias y violencia. Estudios de antropología jurídica. Buenos Aires: Antropofagia.
PONTORIERO. Esteban. 2016. “De la guerra (contrainsurgente): la formación de la doctrina antisubversiva del Ejército argentino (1955-1976)” en ÁGUILA, Gabriela; GARAÑO, Santiago; SCATIZZA, Pablo (coord.). Represión estatal y violencia paraestatal en la historia reciente argentina: Nuevos abordajes a 40 años del golpe de Estado. La Plata, Universidad Nacional de La Plata, 2016.
- Directiva del Comandante General del Ejército Nº 404/75
- Orden Parcial del Ejército 405/76 “Reestructuración de jurisdicciones y adecuación orgánica para intensificar las operaciones contra la subversión”, fechada el 21 de mayo de 1976.
- Sumario 85461, Departamento de Archivo Intermedio- Archivo General de la Nación.
- Sumario 87884, Departamento de Archivo Intermedio- Archivo General de la Nación.
* Jazmín Lavintman es profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Derechos Humanos (UBA). Miembro del Equipo de Investigación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos (FFyL-UBA). Miembro Equipo de relevamiento y análisis documental de las FFAA- Ejército- de la Dirección Nacional de DDHH y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación.
** Hernán F. López es profesor y Licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en Estudios Clásicos (UBA). Miembro del Equipo de Investigación de la Cátedra Libre de Derechos Humanos (FFyL UBA). Miembro Equipo de relevamiento y análisis documental de las FFAA- Ejército- de la Dirección Nacional de DDHH y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación.
*** Leandro N. Pankonin es profesor y Licenciado en Antropología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestrando en la Universidad Nacional de San Martín (IDAES/UNSaM). Becario doctoral del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Fue miembro del Equipo de relevamiento y análisis documental de las FFAA- Ejército- de la Dirección Nacional de DDHH y derecho internacional humanitario del Ministerio de Defensa de la Nación.

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