Source: http://www.icamalaga.es/portalMalaga/printPortal.do?urlPagina=/S015006004006/1240900161761_es_ES.html
Timestamp: 2019-03-23 07:04:59+00:00

Document:
Real Decreto 936/01. Ejercicio permanente en España de la profesión de Abogado
Real Decreto 936/2001, de 3 agosto
MINISTERIO JUSTICIA BOE 4 agosto 2001, núm. 186, [pág. 28875]; rect. BOE 13 septiembre 2001 , núm. 220 [pág. 34367](castellano) BOE 1 octubre 2001, núm. 13-Suplemento [pág. 1114] (catalán); BOE 1 octubre 2001, núm. 15-Suplemento [pág. 2315] (catalán); BOE 1 octubre 2001, núm. 13-Suplemento [pág. 1114] (gallego); BOE 1 octubre 2001, núm. 15-Suplemento [pág. 2315] (gallego); ABOGADOS-UNION EUROPEA. Regula el ejercicio permanente en España de la profesión de abogado con título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea
La Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero (LCEur 1998\744), destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título, regula, de forma específica para los abogados, un nuevo sistema de libre establecimiento de profesionales en el ámbito de la Unión Europea, que persigue suprimir obstáculos a la libre circulación de personas y servicios entre los Estados miembros, por tratarse de uno de los objetivos básicos de la Comunidad en cuanto a la efectiva implantación de un mercado interior.
Por otro lado, la Directiva objeto de transposición prevé su coexistencia tanto con la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo (LCEur 1977\93), dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados, como con la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (LCEur 1989\52), relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, transpuesta a nuestro ordenamiento mediante el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre (RCL 1991\2783), desarrollado para la profesión de abogado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996. Ello supone que los abogados que ejerzan con su título profesional de origen en un Estado miembro de acogida podrán, en cualquier momento, solicitar el reconocimiento de su título, con objeto de acceder a la profesión de abogado en el Estado miembro de acogida amparándose en el sistema establecido por esta normativa.
Por lo demás, en aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, suscrito en Oporto el 2 de mayo de 1992, y ratificado por España el 26 de noviembre de 1993 (RCL 1994\943), resulta necesario extender el ámbito de aplicación de la norma a los distintos Estados signatarios del mismo.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.30RCL 1978\2836 de la Constitución Española (RCL 1978\2836; ApNDL 2875), y ha sido informado por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Consejo General del Poder Judicial.
2. Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, estando en posesión del título profesional de abogado obtenido en cualquiera de dichos Estados, tal y como aparece definido en, el artículo siguiente, pretendan ejercer de forma permanente sus actividades profesionales en España, por cuenta propia o ajena, en forma individual o en grupo. Igualmente serán de aplicación a los abogados con título español que se establezcan en dichos Estados para el ejercicio Permanente de su profesión las previsiones contenidas en el capítulo IV del presente Real Decreto.
Lo dispuesto en el presente Real Decreto se entiende, en todo caso, sin perjuicio de la posibilidad de acceder al ejercicio de la profesión de abogado en España de acuerdo con lo previsto en la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de abril de 1996(RCL 1996\1533).
El ejercicio ocasional en España de la profesión de abogado bajo el régimen de libre prestación de servicios se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo (RCL 1986\991, 1191), por el que se incorpora al ordenamiento interno la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados.
A los efectos de lo dispuesto en los capítulos IRCL 2001\1969, IIRCL 2001\1969 y IIIRCL 2001\1969 del presente Real Decreto, se entenderá por:
Islandia: Lögmaôur.
SECCIÓN 1ª. Inscripción en un Colegio de Abogados
a) Pasaporte, documento de identidad u otro documento acreditativo de poseer el interesado nacionalidad e un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
b) Certificación de inscripción ante la autoridad competente del Estado miembro de origen, acreditativa e ser el interesado un profesional en el sentido recogido en el artículo 2RCL 2001\1969 de este Real Decreto y expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de su presentación, con inclusión de la correspondiente información disciplinaria.
1. Una vez presentada la solicitud, acompañada de la documentación mencionada en el apartado 2 del artículo 5RCL 2001\1969, la Junta de Gobierno de dicho Colegio habrá de resolver motivadamente sobre la inscripción en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se considerará admitida.
2. Será aplicable a este procedimiento el régimen de recursos y revisión de actos establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
SECCIÓN 2ª. Estatuto del «Abogado inscrito»
1. Los abogados que ejerzan en España con su título profesional de origen estarán obligados a hacerlo con mención expresa de tal circunstancia, debiendo utilizarse en cualquier caso la denominación que corresponda de entre las recogidas en el párrafo a) del artículo 2RCL 2001\1969, quedando prohibida la utilización de la denominación «abogado» expresada en cualquiera de las lenguas oficiales de España.
3. Asimismo, cuando la regulación de la profesión en el país de origen implique limitaciones o especialidades en cuanto al ámbito de actividad del «abogado inscrito», deberá éste añadir también una mención de la organización profesional a la que pertenezca en dicho país y, en su caso, del órgano u órganos jurisdiccionales ante los que esté habilitado para ejercer.
4. Los «abogados inscritos» podrán ejercer en España tanto por cuenta propia, como en calidad de bogado por cuenta de otras personas físicas o jurídicas, en la medida en que así lo permita la normativa aplicable a los abogados ejercientes con título español.
SECCIÓN 3ª. Normas aplicables a los «abogados inscritos» en relación con el ejercicio en grupo de la profesión
d) Los «abogados inscritos» no podrán ejercer en España en calidad de miembros de su grupo, cuando el mismo incluya a personas ajenas a la profesión con quienes los abogados ejercientes con título español tengan prohibido ejercer en grupo. A estos efectos, se considerará que el grupo incluye a personas ajenas a la profesión cuando quienes no tengan la condición de abogado tal y como aparece definida en el párrafo a) del artículo 2RCL 2001\1969 de este Real Decreto, estén en posesión, total o parcialmente, del capital del grupo, utilicen la denominación con la que ejerce el mismo, o ejerzan el poder de decisión en el grupo de hecho o de derecho.
1. Los abogados que ejercen en España con su título profesional de origen, y que hayan formalizado su inscripción en un Colegio conforme a lo dispuesto en la sección 1ª del capítulo IIRCL 2001\1969 de este Real Decreto, podrán solicitar y obtener la integración en la profesión, sin necesidad de tramitar el procedimiento de reconocimiento de su título profesional regulado en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 30 de abril de 1996, por la que se desarrolla el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en lo que afecta a las profesiones de abogado y procurador, siempre y cuando acrediten una actividad efectiva y regular en España de una duración mínima de tres años, conforme al procedimiento y modalidades establecidas en los artículos siguientes.
1. En el supuesto de que el Colegio de Abogados dicte resolución denegatoria de la integración en la profesión, el interesado podrá seguir ejerciendo en España bajo su condición de «abogado inscrito», y le seguirán siendo de aplicación las especialidades y limitaciones establecidas en las secciones 2ªRCL 2001\1969 y 3ª del capítulo IIRCL 2001\1969 de este Real Decreto.
A estos efectos, cada Colegio establecerá los requisitos formales que hayan de cumplimentarse, incluyendo en su caso el abono de cuotas de colegiación, siempre y cuando no hubieran sido ya exigidas en su totalidad en la inscripción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5RCL 2001\1969 y 6RCL 2001\1969 de este Real Decreto.
1. Una vez adoptada por el Colegio la resolución que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19RCL 2001\1969, se dará traslado de la misma, en un plazo máximo de quince días, a la autoridad competente del Estado de origen del interesado, al Consejo General de la Abogacía Española y al Ministerio de Justicia.
La autoridad competente para certificar ante las autoridades de otros Estados miembros la condición de abogado en España, tal y como aparece definida en el párrafo a) del apartado 2 del artículo 1LCEur 1998\744 de la Directiva 98/5/CE, será el Colegio de Abogados en cuyo ámbito territorial tenga el interesado el domicilio profesional único o principal.
Disposición adicional única. Consejos de Colegios de Comunidad Autónoma

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 1