Source: http://www.senado.gob.mx/consultoria/reciente_scjn.php
Timestamp: 2017-11-20 02:12:22+00:00

Document:
En sesión del 24 de agosto de 2017,la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que Ley Federal de Telecomunicaciones no resulta contraria a los Derechos Humanos al Debido Proceso y Seguridad Jurídica (345/2017).
Determinó que, no obstante, a que Ley Federal de Telecomunicaciones no establece las formas que deben observar las autoridades competentes al momento de notificar los requerimientos de la entrega de datos de tráfico a que se refiere su Artículo 44 fracción XIII, se destaca que dichos requisitos se encuentran regulados de manera supletoria en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
La legislación previene que como datos de tráfico se entenderá como toda la información derivada del proceso comunicativo a través de la cual se permite el rastreo e identificación del origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, con la restricción de que, al ser entregados a las autoridades competentes, colman la intención de aportar elementos para la investigación de delitos como extorsión, secuestro, amenazas o los relacionados con delincuencia organizada, entre otros.
La Sala determinó por cuanto hace a los requerimientos de entrega de datos de tráfico, en torno a las concesionarias de las redes públicas de telecomunicaciones, señaló que la notificación respectiva deberá cumplir con las formalidades establecidas y realizarse de manera personal, son comunes a la notificación de los actos administrativos en general.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 16 de agosto de 2017, resuelve que: “…corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones establecer la regulación tarifaria conforme a sus facultades constitucionales…” Amparo Indirecto en Revisión (1100/2015) [1]
La empresa Radiomovil Dipsa, SA de CV en el año 2015 promovió juicio de amparo, argumentando que el Artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión era inconstitucional, al considerar que: “…1) El Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT; y 2) Que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos…”
Al respecto Suprema Corte al ocuparse exclusivamente del primer argumento determinó lo siguiente: “…corresponderá al IFT –bajo el mandato constitucional de reconocer la asimetría– establecer la regulación tarifaria (la llamada “tarifa cero” o cualquier otra) que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales.”
Entre otros aspectos la sentencia determina que se reconoce la facultad legislativa en la materia al Congreso de la Unión; no así para los efectos de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas que la Constitución reservó al órgano regulador; cabe destacar que en la sentencia no se fija postura en lo relativo a que si es válido o no que haya una “tarifa cero”.
[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2017-08-17/versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20de%2016%20de%20agosto%20de%202017.pdf
Las Acciones de Inconstitucionalidad en comento fueron presentadas por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente y objetan la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017.
La ponencia en la Suprema Corte de Justicia se encuentra a cargo del Señor Ministro Javier Laynez Potisek.
Las Acciones de Inconstitucionalidad fueron listadas para su discusión por primera vez el 03 de agosto de 2017[1], sin embargo, se encuentran incorporadas dentro de los asuntos de los que se dará cuenta en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes 8 de agosto de 2017[2].
El Proyecto[3] resuelve el sobreseimiento de la Acción 15/2017 en lo relativo al referéndum y a la consulta popular, los cuales como figuras de representación de democracia directa, así como el sobreseimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 16/2017, en los artículos relativos al Cabildo de la Ciudad impugnados toda vez que ningún corresponde a la naturaleza electoral para efectos de la procedencia de la Acción.
El Proyecto dicta que se reconoce la validez del artículo 29, Apartado A, numeral 2, en la porción normativa que señala: “Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto.”, por cuanto hace a la elección de representantes, toda vez que a pesar de no señalar expresamente que el voto deberá ser directo en la Constitución local, la cualidad le es atribuida por la Constitución Federal.
Sin embargo, el Proyecto declara la invalidez de las porciones normativas de los artículos del Ordenamiento en comento relativos al número de diputados a elegirse por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, toda vez que establecen un sistema paritario que permite la sobrerrepresentación de un partido, lo que contraviene el sistema mixto con predominancia mayoritaria previsto en la Constitución Federal.
Asimismo, el Proyecto declara la invalidez del numeral 2 inciso D del artículo 27 puesto que al establecer causales de nulidad que no se vinculan con las condicionantes constitucionales de dolo, gravedad y determinación, incurre en una deficiente regulación normativa.
Finalmente, el Proyecto declara la invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 3, en la porción normativa que señala: “…para un solo periodo consecutivo.”, en virtud de que contraviene el mandato previsto por el Artículo 122 de la Constitución Federal que otorga la posibilidad de que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos.
[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-08-04/7%20de%20agosto%20de%202017.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.
[2] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-08-07/8%20de%20agosto%20de%202017.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.
[3] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2017-08/AI%2015-2017%20Y%20ACUM%20ELECTORAL%20A%20SRIA%20GRAL%203%20de%20agosto%20de%202017%20FINAL_0.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.
LA SCJN DECLARA CLAUSURADO EL PRIMER PERÍODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos períodos de sesiones, mismos que se desarrollarán en los siguientes términos [1]:
El primero periodo, comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio.
El segundo periodo, comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.
[1]Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
LA PRIMERA SALA RESOLVIÓ EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6889/2016, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 90 Y 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En sesión del día 28 de junio de 2017, la Primera Sala de la SCJN, determinó la constitucionalidad de las fracciones II y IV del artículo 90 del referido ordenamiento y resolvió que no transgreden el principio de exacta aplicación de la ley.
La SCJN puntualizó que las porciones normativas impugnadas establecen los supuestos de prohibición para el registro de una marca, por lo que no constituyen violación al principio de legalidad por cuanto hace a la autoridad administrativa y su libertad de apreciación; por el contrario, generan seguridad jurídica al prever la protección a los consumidores y evita la competencia desleal.
Por cuanto hace al artículo 153 de la referida Ley, la Primera Sala determinó que dicho Artículo otorga certeza jurídica ante la pérdida del carácter distintivo de una marca en los medios comerciales y el uso generalizado por el público.
PLENO DE LA SCJN DETERMINA CONSTITUCIONALES LAS FACULTADES CONFERIDAS AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, RELATIVAS A LOS FORMATOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS.
En la sesión del 13 de junio de 2017 se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 70/2016, por la que se declara la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del Artículo Tercero Transitorio, párrafo sexto, del Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
Se precisó en relación con la facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar la información pública que deben contener las declaraciones que presentarán los servidores públicos, que la participación del Comité Coordinador en la elaboración de los formatos, busca hacer efectiva la participación ciudadana en la configuración de una herramienta importante para nuestro sistema democrático, fundamentado en el principio de rendición de cuentas y permite el acercamiento a la sociedad, con la finalidad de coadyuvar con el Sistema Nacional Anticorrupción.
En dicha sesión se concluyó que el principio de acceso a la información pública se encuentra íntimamente relacionado con la posibilidad de que, en un Estado democrático, los ciudadanos tengan una mayor participación en el ejercicio de la función pública; por lo que dicho principio se constituye como una herramienta ciudadana para el control y crítica de las funciones del Estado.
SEGUNDA SALA DE LA SCJN CONCEDE AMPARO A DERECHOHABIENTE VARÓN DEL IMSS, A EFECTO DE SER BENEFICIARIO DE PENSIÓN DE VIUDEZ, DETERMINANDO INCONSTITUCIONAL LA NEGATIVA DE ESTA PRESTACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO.
En sesión del 26 de abril de 2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal concedió la protección de la justicia federal a un varón que reclamó, a través de juicio de amparo, el otorgamiento de la pensión de viudez bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La Sala argumentó que no existe justificación para solicitar mayores requisitos a los hombres, por ejemplo: la exigencia de la comprobación de la dependencia económica, mismo que se estimaría violatorio del Artículo 4 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por motivos de distinción de género. [1]
Esta resolución está relacionada con los diversos criterios emitidos también por esa Segunda Sala, que declaran la inconstitucionalidad del mismo supuesto normativo, referente en el Artículo 152 de la abrogada Ley del Seguro Social, así como del Artículo 130 vigente. [2]
[1]. Art. 130 de la Ley del Seguro Social Vigente.
[2]. Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación.
PRIMERA SALA ANALIZARÁ SI LOS LEGISLADORES FEDERALES PUEDEN SER AL MISMO TIEMPO DIPUTADOS CONSTITUYENTES.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
La Corte podrá emitir diversos pronunciamientos relacionados con la interpretación de los artículos transitorios de la reforma política de la Ciudad de México.
ADMITE A TRÁMITE MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA LEY Y LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS.
Este miércoles 1° de febrero, admite a trámite la SCJN, las Controversias Constitucionales promovidas por el Titular del Ejecutivo de la Unión y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, en materia de Derechos de las Audiencias.

References: Artículo 44
 Artículo 131
 artículo 29
 artículo 27
 artículo 29
 Artículo 122
 ARTÍCULO 90
 artículo 90
 artículo 153
 Artículo 4
 resolución 
 Artículo 152
 Artículo 130