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Timestamp: 2020-02-28 10:04:12+00:00

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Sentencia nº 237-2012 de Tribunal Superior Administrativo de 21 de Noviembre de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 505806918
LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, de Jurisdicción Nacional, regularmente constituido en la sala donde acostumbra celebrar sus audiencias, sito en la calle J.S.R., No.1-A, esquina S.S., sector de Gazcue, con la presencia de sus jueces: FRINETTE PADILLA JIMÉNEZ, J.P.; M.I.H.G., J.; S.A.O., J.; asistidos de la infrascrita Secretaria General, ha dictado en sus atribuciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia que sigue:
CON MOTIVO DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO interpuesto por los señores LINCOLN CABRERA y F.A.C., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 71439-056 y 11436-056, domiciliados y residentes en la calle El Carmen No. 10 del Municipio de Las Guáranas, provincia de San Francisco de Macorís, respectivamente, quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al DR. SANTIAGO FRANCISCO JOSÉ MARTE, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 049-0004398-7, con estudio profesional abierto en el No. 1704, apartamento B-2, de la avenida R.B., sector Mirador Norte, Distrito Nacional, CONTRA la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y el ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NORTE.
ASI como la intervención voluntaria interpuesta por la razón social MARIZAN COMERCIAL, S. A. (MACOSA), compañía debidamente organizada de conformidad con las leyes de la República, con su asiento social ubicado en la calle 27 de Febrero No. 104, edificio M., debidamente representada por su presidente, señor J.M.F., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral Nos. 056-0086739-3, domiciliado y residente en la calle 27 de Febrero No. 104 y el señor EMILIANO BONILLA THEN, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 056-0077459-9, domiciliado y residente en la casa No. 52 de la calle Restauración, S.F. de Macorís, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales al LIC. M.U.V.T. y la DRA. A.S.C.M., dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 7777-4 y 17909-6, serie 56, con estudio profesional abierto en la calle J.R., apartamento 3, primer piso, del edificio J. de la Cruz, San Francisco de Macorís.
Mediante instancia de fecha veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), los señores LINCOLN CABRERA y F.A.C., interpuso un Recurso Contencioso Administrativo, por ante la Cámara de Cuentas de la República en funciones de Tribunal Superior Administrativo.
En fecha 25 de mayo del año 2005, fue recibida la instancia contentiva del Recurso Contencioso Administrativo, instrumentada por el LIC. S.F.J. M. actuando en representación de los señores LINCOLN CABRERA y F. A.C., contra la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y el ABOGADO DEL ESTADO ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NORTE;
Que la recurrente, alega en su instancia, entre otras cosas: "a) que con motivo de la instancia cursada por la sociedad "Comercial Marizan, S. A. (Macosa), por intermedio del L.. M.U.V.T. y Dra. A.S.C.M., mediante la cual el abogado del Estado del tribunal de Tierras del Departamento Norte emitió la Resolución No. 000816-2005, que otorgaba un plazo de 15 días a los impetrantes para abandonar voluntariamente la Parcela No. 33-35-B del D. C. 2 de San Francisco de Macorís; posteriormente el mismo Abogado del Estado del Departamento Norte otorgó mediante Telegrama No. 0972 de fecha 11 de mes de mayo del año 2005, auxilio de Fuerza Pública para proceder al desalojo de los impetrantes; b) que a consecuencia del recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución 0816-2005 (cit.), la Procuraduría General de la República, en su calidad de órgano válidamente apoderado para conocer de la impugnación de dicha resolución, ordenó la suspensión provisional de la misma, así como Telegrama 972 (cit.), hasta tanto se conociera el recurso Jerárquico; c) que en una forma insólita el Procurador General de la República instruyó, conoció y falló el Recurso Jerárquico interpuesto el 9 de mayo del año en curso emitiendo su Resolución No. 6601 de fecha 19 de mayo del año 2005; d) que los agravios cometidos por el Abogado del Estado al emitir la Resolución No. 000816-05 fueron los siguientes: a. en razón de que negó a los recurrentes la oportunidad de debatir sus argumentos y exponer las medidas sustentantes de su solicitud, ya que no ha celebrado ninguna vista para conocer de la instancia de reconsideración que se le ha sometido proponiendo resolver sin contención la suerte de la misma; b. que el abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras, solo tiene competencia para ejecutar las sentencias penales del tribunal de Tierras y las sentencias que ordenen que sean susceptibles de ejecución forzosa, en consecuencia, solo los Certificados de Títulos y las Constancias Anotadas de las mismas tienen fuerza ejecutoria y pueden dar lugar al desalojo de intrusos, en el caso de la especie, no existe ningún certificado de Título a nombre de los beneficiarios de la resolución No. 00816; y, c. entre las piezas fundamentales tomadas en consideración a los fines de evacuar la Resolución 00816 se encuentra la sentencia No. 1349 del 23 de septiembre del año 2003, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Francisco de Macorís, concediendo amparo a la Sra. A.R.R.R., quien había sido desalojada de una porción de terreno dentro de la parcela No. 1611 del D. C. 5 de...

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