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Timestamp: 2017-06-25 19:08:51+00:00

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Las Comunidades Autónomas, ante la exclusión de las personas migrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria | Derecho a curar
Las Comunidades Autónomas, ante la exclusión de las personas migrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria
La reacción al Real decreto Ley 16/2012 en las Comunidades Autónomas (CCAA) ha sido muy diversa. Algunos Gobiernos autonómicos manifestaron, desde el principio, su oposición a dejar sin tarjetas sanitarias (y por extensión, sin acceso a la asistencia primaria de salud y la atención de especialistas) a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Hay Comunidades que han interpuesto recursos de inconstitucionalidad o han declarado que lo van a hacer y Gobiernos autonómicos que han manifestado que van seguir atendiendo a todas las personas en sus servicios de salud aunque falta por detallar de qué forma van a asegurar la atención. Por otro lado, existen regiones donde se buscan soluciones administrativas de mantener la cobertura sanitaria para todas las personas.
Situación de la Reforma Sanitaria por Comunidad:
Rojo – La CCAA está dispuesta a excluir los sin papeles y ha ejecutado o ejecutará la exclusión el 31 de agosto.
Naranja – La CCAA continuará atendido al colectivo de personas migrantes con alguna limitación o no se ha manifestado todavía sobre la exclusión.
Verde – La CCAA se opone frontalmente a la exclusión y ha recurrido la misma buscando fórmulas para seguir prestando cobertura sanitaria universal.
El aseguramiento y la financiación del sistema sanitario es, a grandes rasgos, competencia estatal, mientras la provisión de servicios es competencia autonómica. La exclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular ha generado divergencias entre Estado central y las Comunidades Autónomas. El resultado es un mapa con las diferentes posibilidades de acceso de las personas inmigrantes al sistema sanitario público elaborado a partir de las declaraciones de los responsables de Sanidad y de los anuncios y medidas anunciadas por las diferentes Administraciones Públicas.
Desde el principio, Andalucía se ha mostrado contraria a la reforma. Ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, por “fondo y forma”. La Junta de Andalucía rechaza el real decreto tanto por considerar que invade competencias autonómicas como porque atenta contra el derecho a la salud y el Estatuto de Autonomía Andaluz.
La Consejería de Salud y el Gobierno andaluz han manifestado su postura contraria a excluir a las personas inmigrantes en situación irregular aunque falta por concretar la fórmula administrativa que permita al Servicio Andaluz de Salud asegurar la atención universal.
El Estatuto de Autonomía de Aragón recoge en su artículo 14 que “todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”. El Gobierno de Aragón ha manifestado que ninguna persona se va a quedar sin atención pero ya se han detectado casos de personas inmigrantes a las que se les ha negado la expedición o renovación de la tarjeta sanitaria individual. Incluso, la Administración está solicitando a menores de 18 años y mujeres embarazadas un informe que certifique que carecen de recursos cuando la legislación no exige este documento. Las ONG que atienden a este colectivo han recibido testimonios de personas que han interrumpido el tratamiento cuando se les ha denegado la renovación de la tarjeta sanitaria. Subir al inicio
Asturias ha anunciado que atenderá a los inmigrantes irregulares a través del servicio público de salud aunque carezcan de tarjeta, incluidas consultas con especialistas, y les recetará medicamentos a través de ONG mientras no lo impida una normativa que desarrolle el decreto estatal que les excluye del sistema.
La Consejería de Sanidad ha explicado que creará un registro específico para quienes carezcan de tarjeta para facilitar la forma en la que se les podrá concertar citas, pasarles consulta o llevarles los historiales clínicos sin estar en el sistema.
El Gobierno Balear y el IB Salut (servicio autonómico de salud) han manifestado que cumplirán las “circunstancias” del Gobierno central en relación a la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares. El presidente balear ha asegurado que la potestad para decidir si se cobrará a los inmigrantes irregulares por recibir asistencia sanitaria en España le corresponde al Ministerio de Sanidad. Mientras, las ONG han denunciado que ya están recibiendo casos de personas a los que se deniega a la atención primaria y a especialistas por carecer de permiso de residencia. Por su parte, la oposición ha declarado que la Conselleria de Salud ha dado instrucciones que avanzan en la aplicación de la normativa estatal, como bloquear la historia de salud de los inmigrantes para que solo tengan atención de urgencias. Subir al inicio
La consejera de Sanidad del Gobierno canario ha asegurado que “no va a permitir desigualdades” en la asistencia sanitaria pública que “se va a dar atención a todos los pacientes que tengan un proceso abierto, sean inmigrantes o no” y que todas las enfermedades que tengan relación con la salud pública, “han sido, son y seguirán siendo diagnosticadas, tratadas y controladas por el Servicio Canario de Salud”. La atención a los inmigrantes irregulares que tengan actualmente un proceso clínico abierto se mantendrá. Sin embargo, el Gobierno canario no ha especificado cómo se materializará la atención a personas sin permiso de residencia ni si ese acceso se mantendrá en las condiciones anterior al real decreto.
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria dejó de emitir nuevas tarjetas de asistencia sanitaria a las personas inmigrantes que se encuentren en situación irregular. Esto significa que no se reconoce el derecho a la asistencia a nuevos usuarios en esa situación, pero, de momento, no se suspende el derecho a quienes ya lo tenían reconocido. La medida venía recogida en una instrucción interna del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Aunque no dice expresamente que a los inmigrantes irregulares ya no se les tramita la tarjeta sanitaria, pero en el listado de personas que sí pueden acceder a ella a través de la categoría denominada “personas sin recursos” se exige a los extranjeros no comunitarios el permiso de residencia legal.
Castilla-La Mancha En esta región, las personas inmigrantes sin permiso de residencia no podrán acceder a la tarjeta sanitaria que da acceso a atención primaria, diagnóstico, especialistas, …etc. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reiterado que se garantizará la atención de urgencia y la asistencia sanitaria a menores de 18 años o mujeres embarazadas, pero no ha aclarado que sucederá con la atención sanitaria primaria para las personas inmigrantes sin permiso de residencia. Aunque se ha asegurado que la atención sanitaria se prestará “a quien lo necesite” no han concretado cómo se determinará esta necesidad. Subir al inicio
El Gobierno de Castilla y León no se ha manifestado sobre la medida.
Catalunya Catalunya manifestó que por una política de salud pública seguirá atendiendo a todas las personas que residen en el territorio. El conseller de Salud, Boi Ruiz, ha propuesto también la creación de una tarjeta sanitaria especial para los inmigrantes sin papeles que les garantice el acceso a la sanidad pero que no permita obtener la tarjeta sanitaria europea. La Generalitat catalana ha llegado a manifestar la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto.
Comunidad Valenciana La Generalitat valenciana se ha mostrado favorable a encontrar una fórmula para seguir prestando asistencia sanitaria normalizada a los inmigrantes en situación administrativa irregular. Se trataría de distribuirá una tarjeta sanitaria nueva “con carácter excepcional y transitorio”. Sin embargo, tras el anuncio, no ha habido más información sobre esta iniciativa autonómica. Subir al inicio
El consejero de Salud de la Junta de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha señalado que la exclusión de las personas inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria no se trata de una medida de “ahorro”, sino, más bien, de una forma de “poner orden” y “acabar con ciertos abusos” del sistema sanitario público. Desde la Junta de Extremadura aseguran que toda persona seguirá teniendo derecho a la asistencia sanitaria aunque esa asistencia conlleva la obligación del pago por parte de un tercero, que en este caso sería bien el país de origen, a través de los acuerdos bilaterales, o bien con algún convenio especial como el propuesto por el Real-Decreto 1192/2012 del 4 de agosto. El presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, ha afirmado que el cobro de una cuota a los inmigrantes irregulares por asistencia sanitaria “no es una cuestión de humanidad, sino de presupuesto”.
La Consellería de Sanidade gallega ha dicho que “está esperando” a que el Ministerio lleve a cabo el “desarrollo normativo” del futuro Real Decreto 16/2012 y no ha manifestado su posición al respecto. Sin embargo, las ONG que trabajan con inmigrantes han detectado casos de personas en situación administrativa irregular a las que se les está denegando la tarjeta sanitaria en virtud del real decreto incluso en circunstancias que reconoce el real decreto.
Recientemente, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha declarado “no partidario de disminuir la asistencia sanitaria” a los inmigrantes sin permiso de residencia y ha señalado que esperará a “ver bien” el texto definitivo de la orden del Ministerio de Sanidad sobre el cobro a los sin papeles para analizar con “qué resquicio legal” cuenta su comunidad autónoma.
El Gobierno riojano (Partido Popular) no se ha manifestado sobre la aplicación o no de la exclusión de las personas migrantes sin permiso de residencia. Sí lo ha hecho Partido Popular a través de la senadora y portavoz de Sanidad del PP en La Rioja, Francisca Mendiola, ha defendido la reforma como «necesaria» para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y ha afirmado que los “extranjeros que residan en situación irregular, no van a quedar desasistidos, porque la nueva normativa asegura que recibirán siempre asistencia sanitaria en casos de urgencia”.
La Comunidad de Madrid llegó a iniciar la aplicación de la exclusión de las personas inmigrantes sin permiso de residencia de la atención sanitaria aunque, posteriormente, rectificó y aclaró que no se dejaría sin asistencia antes del 31 de agosto “a los que ya tuvieran acceso”.
En un primer momento, la Consejería de Sanidad de Madrid elaboró y distribuyó una circular a los centros de salud que especificaba que “no deben iniciarse” las “solicitudes nuevas” ni renovaciones de tarjetas sanitarias de personas “sin recursos” que “carecen de NIE”. Posteriormente, la misma Consejería emitió una aclaración que reconocía que los usuarios mantendría el derecho a atención sanitaria hasta el 31 de agosto aunque no tuvieran la tarjeta “de forma física, ya que se les puede citar en el sistema informático Cibeles”. Recientemente, el consejero de Salud madrileño ha manifestado que mantendría la atención a los enfermos crónicos.
Navarra anunció pocos días después de la aprobación del real decreto que aplicaría el mismo a las personas inmigrantes empadronadas después del 30 de abril. Es decir, mantendría la tarjeta sanitaria a aquellas personas empadronadas antes de esa fecha, pero para quienes llegaron a la comunidad a partir de ese día se le solicitará el permiso de residencia para la obtención de la tarjeta sanitaria. Sin embargo, no ha elaborado hasta la fecha un reglamento que concrete este anuncio y ya se han producido exclusiones del sistema sanitario en base al decreto estatal. Respecto a la posibilidad de cobrar por la asistencia a través de convenios especiales lanzada por el Gobierno central, el Ejecutivo de Navarra ha afirmado que está estudiando si aplica o no en la Comunidad Foral el cobro de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.
Euskadi El Gobierno del País Vasco ha manifestado que mantendrá la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación administrativa irregular en las mismas condiciones que antes de la reforma planteada por el Gobierno central. El viceconsejero de Sanidad ha asegurado que el marco legal con el que está dotado el País Vasco resulta suficiente para dar soporte legal a la atención a inmigrantes que se quedarán sin atención sanitaria no urgente a partir de septiembre. El Gobierno autónomo tiene intención de presentar a finales de agosto al Constitucional las alegaciones a la suspensión cautelar por cinco meses del decreto que el Gobierno vasco aprobó para dejar sin efecto los recortes tras el conflicto de competencia interpuesto por el Gobierno central a la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el Decreto 114/2012, de 26 de junio.
Región de Murcia El Gobierno de Murcia ha afirmado que aplicará la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin permiso de residencia. Se estima que en la reforma puede dejar sin tarjeta a más de 33.000 personas en la región. En los últimos días, la consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios ha apostado por plantear un método para seguir atendiendo a enfermos crónicos. La consejera de Sanidad citó expresamente a las personas con sida, cáncer e insuficiencia renal. “No se pueden dejar a mitad porque salga una normativa, habrá que continuar y habrá que acabar con ellos”, ha asegurado. Subir al inicio
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