Source: https://vivabachajon.wordpress.com/informes/
Timestamp: 2018-07-21 21:25:55+00:00

Document:
Informes | ¡Juan Vázquez Guzmán Vive! ¡La Lucha de Bachajón Sigue!
El 9 de enero, el mal gobierno envio casi mil policias. El 11 de enero para que sean escuchados, decidieron de bloquear la caretera Ocosingo-Palenque, un eje muy transitado por las turistas en direccion de las ruinas mayas o por las cascadas. Policias atacaron y herieron 2 personas con balas reales. El 12 de enero una brigada internacional de apoyo se organizo con apoyo de los medios libres. Termino su discurso se termino con lemas “tierra y libertad”, “la lucha sigue. Otro companero tomo la palabra en tzeltal. Una traducion en espanol fue hecha por un companero voluntario. Comento la represion permanente que la comunidad sufre desde varios anos, y recuerdo el caminar de la organizacion desde el 2007. Hablo de los numerosos presos politicos, 6, de los despojos sucesivos, y pues la muerte del companero Juan Vazquez Guzman e otro lider de la organizacion. Pero aun la lucha sigue! Nunca renunciaron. Se solidarizaron con la lucha por la presentacion en vida de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y con los compas de Acteal
Su lema: “Democacia, Libertad y Justicia” Hoy se movilizan por la comunidad de San Sebastian Bachajon.
Luego vienen los compas de la ZAD (Zona A Defender) de Notre Dame des Landes, de Francia. Se presentaron bajo el nombre de Kamille. La primera companera agradecio a tod@s los participantes. Cuenta su lucha en contra del megaproyecto de aeropuerto, cerca de Nantes. A la vez se podia ver una carta para ubicarlos en el territorio frances. El proyecto esta impulsado por la multinacional Vinci, igual que por el gobierno Frances. Otra compa toma de nuevo el historico desde los anos 70. Fotos muestran la realidad del terreno. El proyecto no se mueve mucho hasta los anos 2000. Durante esta pausa fauna y flora pudo desarollarse. La biodiversidad es unica y fue impensable de construir un aeropuerto en esa zona. Habitantes de la zona decidieron de crear una asociacion de defensa. Ee proyecto toca a una quincena de granja. La mobilizacion aumento a partir de 2005. Marchas se hacen todos los veranos en la mera zona. Los medios libres al nivel frances y de europa difunden su lucha. La ocupa vuelve ser un nuevo medio de lucha. Nuevo ocupantes llegan y construyen cabanas en los arboles, organizan huertos colectivos, una panaderia…. La mayoria de los franceses ocupando la zona vienen del mundo de las ocupas, de los anarquistas los internacionales vienen de lucha de ocupa de bosque. Asi que pudieron compartir sus saberes y conocimientos.
“cuando vemos a los compas encapuchados de Bachajon haciendo sus baricadas nos vemos a nosotr@s mismos, aki y alla quieren destruir la tierra para el provecho de los ricos””les queremos decir que su lucha es nuestra lucha, y su resistencia es la nuestra tambien””llamamos a cada uno, con su forma de apoyar a la lucha del pueblo de San Sebastian Bachajon”
“Hubo rabia cuando nos despojaron, claro que hubo golpe cuando vinieron a despojarnos, es nuestra tierra, no vamos a permitir que la policia sigue aqui por eso hemos hecho un bloqueo.”
“Ustedes han visto en los medios de comunicacion que respondieron con armas, dos companeros resultaron heridos.”
los companeros BAEZLN aceptaron cuidar a nuestros comp@s en una clinica autonoma”
“Vamos a seguir luchando, exigiendo a que dejen libre las tierras donde estan las casas del mal gobierno sin el consentimiento del gobierno, seguiremos luchando con nuestro amparo.”
“Bien sabemos como los comp@s de Tila que aun que ganan jurídicamente el gobierno no le va a dar.”
Durante su estancia, miembros de la Caravana Sexta Internacional en Apoyo a San Sebastián Bachajón observaron y expusieron la absurda agresividad desplegada por las fuerzas del mal gobierno en su obsesión por cumplir con las órdenes de sus jefes – los que todo tienen y todo quieren – de despojar a las comunidades indígenas tseltales de sus tierras legitimas.
Represión y despojo de tierras en Chiapas
Las tierras pertenecientes a los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (Chilón, zona norte de Chiapas) son escenario en estos días de una lucha contra el despojo. Por un lado, ejidatarios (propietarios comunales de tierras) adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Por otro, el gobernador Manuel Velasco (Partido Verde) y la policía estatal y federal.
Por Marek Debors
En la madrugada del viernes 9 de enero, más de 600 efectivos policiales entraban a la fuerza y desalojaban la toma que mantenían los propietarios comunales de Bachajón desde el día 21 de diciembre. Ese día, coincidiendo con la apertura del Festival Mundial de las Resistencias, los ejidatarios tomaron el control del territorio que antecede a la caseta de peaje para la entrada del balneario, que les había sido arrebatado por la fuerza policial en 2011. El último episodio nos sitúa en el domingo 11 de enero, cuando, como respuesta, los ejidatarios volvieron a las tierras, bloqueando el paso de vehículos y la policía respondió con disparos de balas de goma y munición real. El último recuento es de dos ejidatarios heridos.
Un espejo del despojo
La lucha del capitalismo actual en México es contra el territorio de las comunidades indígenas, uno de los pocos espacios aún preservado de la lógica neoliberal, con economías de subsistencia y modos de vida ligados al conocimiento del entorno.
Las propuestas de la presidencia y los gobiernos estatales y municipales son: la reforma energética, infraestructuras que vulneran territorios históricos y tierras de propiedad comunal; así como proyectos extractivos vinculados a megaempresas extranjeras (entre ellas, la mina de oro más grande de Latinoamérica, a escasos kilómetros del lugar de la reciente matanza de estudiantes en Ayotzinapa). El pasado 9 de agosto se encontraban en La Realidad casi una treintena de pueblos indígenas mexicanos para compartir las luchas por la tierra en cada uno de sus lugares. En el Caracol 1 del EZLN, territorio de la Selva Lacandona, se oyó la voz de la lucha contra los proyectos ecoturísticos de la zona de Palenque, que incluyó el relato de los adherentes a la Sexta de Bachajón. Tras los últimos episodios, el Congreso Nacional Indígena (CNI), que aquella vez convocó la reunión, ahora muestra su solidaridad en un comunicado en el que concluyen: “De una vez les decimos que no vamos a parar en nuestra lucha por la vida”.
Esas siete hectáreas habían sido despojadas contra la voluntad de los propietarios comunales de Bachajón en 2011, y se construyó un peaje del gobierno vinculado con el municipio vecino y el ejido de Agua Azul. Este municipio indígena es, según el periódico “La Jornada, “uno de los más prósperos del país, y se caracteriza por su oficialismo”. El proyecto del gobierno federal es generar una “Reserva Especial de la Biosfera” ligada a un megaproyecto de construcción de una autopista privada, y varias instalaciones hoteleras. En su formulación, denuncian los ejidatarios y colectivos de derechos humanos, el Gobierno alteró las coordenadas del mapa para ampliar el terreno, despojando del territorio a los ejidatarios de Bachajón bajo la asesoría de Norton Consulting con el proyecto turístico “salvajamente neoliberal” de Mundo Maya (una especie de gran complejo turístico similar a los de Cancún y Los Cabos, Baja California).
La lucha que siguió cuenta con la persecución primero hacia “los que dirigen la lucha”. Siguen sin esclarecerse dos asesinatos: el de Juan Vázquez Guzmán, en 2013, y el de Juan Carlos Gómez Silvano, y la situación de varios presos políticos en cárceles del Estado de Chiapas.
Una de las ejidatarias presentes en la ocupación del territorio recuperado comentaba justo antes del desalojo del viernes: “Es necesario que todos estemos aquí, porque éstas son las tierras de todos, de los que son ahora nuestros papás y los que en un futuro nos vamos a quedar”. La lucha por la tierra es una forma de vida que no puede dejar de ser también una forma de lucha. Son como espejos que nos hacen ver cuál es la verdadera cara de los gobiernos y empresas, que conjuntamente agrandan las heridas de la tierra en México.
http://www.anred.org/spip.php?article9156
Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez remite a la SCJN amparo de San Sebastián Bachajón por el despojo de tierras
El Tribunal Colegiado revoca la sentencia del Juez Séptimo de Distrito José del Carmen Constantino Avendaño por considerarla incorrecta en la interpretación de la Ley de Amparo relativo a la figura de la representación sustituta, que en el caso del ejidatario Mariano Moreno Guzmán fundador de San Sebastián Bachajón se configura correctamente debido a que su acción jurídica busca defender los derechos colectivos de su pueblo ante la complicidad en que ha incurrido el Comisariado ejidal con los actos de despojo de las autoridades del gobierno federal y del Estado de Chiapas. Dichos actos de despojo dieron inicio el 2 de febrero de 2011 mediante un operativo policiaco de aproximadamente 800 elementos y que hasta la fecha lo mantienen bajo su custodia por medio del uso de la fuerza y sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, pero sí con el respaldo indebido del Comisariado ejidal.
Además de reconocer el Tribunal Colegiado la legal y legítima acción jurídica promovida por Mariano Moreno Guzmán, determina remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efecto de que ejerza su facultad de atracción para resolver el fondo del asunto planteado por el ejidatario Mariano Moreno Guzmán adherente a la Sexta Declaración.
Al respecto, el Tribunal Federal señala en su resolución los siguientes motivos para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción sobre el caso (se adjunta):
(…) el presente asunto podría revestir el carácter de ser un asunto trascendente e importante, puesto que, eventualmente, de llegar a considerarse que son ilegales los actos reclamados de las autoridades responsables, habría de pronunciarse en relación con las violaciones a derechos fundamentales, particularmente los derechos de los pueblos indígenas y la privación de sus tierras, bajo la premisa de que tal afectación obedece a razones de seguridad y de paz social de la zona donde se ordenó la construcción de una caseta de cobro y de un centro de respuesta a emergencias del instituto de Protección Civil del Estado de Chiapas.
De igual modo, la constitucionalidad de los actos reclamados derivada de una supuesta autorización del núcleo ejidal, respecto de la que el quejoso cuestiona su legalidad, porque señala que las autoridades efectuaron el desposeimiento de las tierras de uso común al núcleo ejidal, con la presencia de los elementos de seguridad pública, por parte de las autoridades responsables, por ende, es menester que ese alto tribunal se pronuncie respecto de hasta donde los pueblos indígenas tienen la disponibilidad de convalidar un acto de esa naturaleza.
Máxime que en la especie se alegan violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas a la propiedad y tenencia de sus tierras, protegidos por la constitución federal y los diversos instrumentos de carácter internacional cuya interpretación y aplicación requiere ser analizada en el caso concreto, dado el impacto que este representa en casos análogos en los cuales las autoridades del estado, bajo el esquema de implantar la paz social, afecta derechos sustantivos fundamentales de los núcleo ejidales.
Asimismo se plantean aspectos relevantes como la denegación y falta de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, el respeto a su derecho a la consulta, a otorgar el consentimiento libre previo e informado antes de la adopción de cualquier medida legislativa o administrativa de las autoridades que les afecte, derecho a la identidad cultural, protección, uso, posesión y disfrute de sus territorios, entre otros, reconocido por los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incorporados a partir de las reformas de diez de junio de dos mil once a nuestro sistema constitucional mexicano.
Además, es preocupación internacional, la solución de conflictos generados con motivo de la privación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales, así como la protección de los derechos humanos de estos frente al hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades del Estado y la recomendaciones para que el Estado Mexicano adopte todas las medidas de protección de estos, incluso se de un trato digno y preferente, aspectos que el quejoso aduce no han sido acatados por las autoridades responsables, federales y estatales.
No pasa inadvertido que en los últimos años se han originado, diversas reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas suscrita por el gobierno federal y una serie de acuerdos para la paz del Estado
Es también un hecho notorio, que en el estado de Chiapas, se han generado una serie de movimiento indígenas de orden militar, que han provocado conflictos en diversas zonas del estado, entre las que desde luego se encuentra la que ahora nos ocupa, puesto que en el mismo conflicto intervienen integrantes de “la otra campaña” parte del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, derivado de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Como se puede dilucidar de todo lo anteriormente reseñado, la resolución del presente asunto abriría la posibilidad de que se emitieran criterios orientadores respecto del alcance de los derechos de los pueblos indígenas y la afectación que podrían alcanzar por la implementación de proyectos gubernamentales, que puedan perjudicar los territorios de los mismos.
Aspectos que sin duda, constituyen elementos de relevancia para el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados por el quejoso, quien precisamente aduce la violación a derechos fundamentales relativos a la propiedad, posesión y disfrute de las tierras del ejido que representa.
Todo lo anterior, permite a este Tribunal Colegiado poner a consideración del máximo Tribunal del País, el ejercicio de la facultad de atracción; ello en virtud de que, por una parte se plantea un problema de índole jurídico, que se vincula a un problema de constitucionalidad, como lo es el relativo a si las autoridades del estado pueden despojar a los pueblos indígenas de sus tierras, bajo las premisas de buscar la paz social de los mismos.
Es de tener en cuenta que de proceder al estudio de esos argumentos, se hace necesario precisar el alcance y protección constitucional, de los actos y abstenciones de las autoridades que impliquen la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, los efectos en su caso y consecuencia de esas omisiones, el papel de los particulares en esas hipótesis como auxiliares equiparables a la autoridad responsable, aspectos todos éstos recién incorporados al orden constitucional, al tenor de la reforma constitucional publicada el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, y específicamente por cuanto hace al artículo 107 fracción I de la Ley Fundamental.
Asimismo, porque resulta de relevancia fijar el alcance de la reforma constitucional en materia de violación a derechos humanos, por parte de las autoridades del Estado, a fin de precisar la responsabilidad del estado por no acatar las medidas sociales, políticas y económicas para la solución del conflicto social y particularmente de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas que afrontan problemas en materia de seguridad pública, solución de conflictos entre pueblos, mediante los actos u omisiones en que éstos incurran, y la violación de esos derechos por particulares en términos de la reforma constitucional.
Por tanto con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso b) segundo párrafo de la Constitución Federal; 84 fracción III de la Ley de Amparo y 10 fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se determina poner a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ejercicio de la facultad de atracción en el conocimiento del recurso de revisión, por los motivos ya expresados.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando la petición de atracción realizada por el Tercer Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez. Dio inicio al expediente de Facultad de Atracción número 564/2014 y fue turnado para la elaboración del proyecto sobre atracción o no del asunto a la Ministra Margarita Luna Ramos. A continuación la información que arroja la página de la Suprema Corte.
El Tercer Tribunal Colegiado publicó el 22 de octubre el siguiente acuerdo dentro del Amparo en Revisión 224/2014 en el que informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió o dio trámite a la solicitud de Facultad de Atracción. A continuación copio el acuerdo de esa fecha:
SOLICITA A ESTE ALTO TRIBUNAL EJERZA SU FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER DEL AMPARO EN REVISIÓN 224/2014, PROMOVIDO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2013, DICTADA POR EL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS PRECISAR EL ALCANCE Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DE LOS ACTOS Y ABSTENCIONES DE LAS AUTORIDADES QUE IMPLIQUEN LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDÍGNES, LOS EFECTOS EN SU CASO Y CONSECUENCIA DE ESAS OMISIONES, EL PAPEL DE LOS PARTICULARES EN ESAS HIPÓTESIS COMO AUXILIARES EQUIPARABLES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE (LA ORDEN DE ENTREGA FÍSICA Y MATERIAL DE LA SUPERFICIE DE TIERRAS DE USO COMÚN DEL EJIDO, EN LAS QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SEÑALADAS ORDENARON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE COBRO Y DE UN CENTRO DE RESPUESTA Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y PARA LA PERMANENCIA DE ELEMNTEOS DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA)
JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (EXP. ORIGEN: J.A.-274/2011)
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO (EXP. ORIGEN: A.R.-224/2014)
El Tercer Tribunal Colegiado publicó el 22 de octubre el siguiente acuerdo dentro del Amparo en Revisión 224/2014 en el que informa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió o dio trámite a la solicitud de Facultad de Atracción.
A continuación la información que arroja la página de la Suprema Corte.
Tercer Tribunal Colegiado en Tuxtla Gutiérrez remite a SCJN amparo de San Sebastián Bachajón por despojo de su territorio‏
Información jurídica sobre el amparo de los compañeros de San Sebastián Bachajón (juicio 274/2011) interpuesto en contra del despojo de su territorio de 2 de febrero de 2011.
El Tribunal Colegiado revoca la sentencia del Juez Séptimo de Distrito José del Carmen Constantino Avendaño por considerarla incorrecta en la interpretación de la Ley de Amparo relativo a la figura de la representación sustituta, que en el caso del ejidatario Mariano Moreno Guzmán fundador de San Sebastián Bachajón se configura correctamente debido a que su acción jurídica busca defender los derechos colectivos de su pueblo ante la complicidad en que ha incurrido el Comisariado ejidal con los actos de despojo de las autoridades del gobierno federal y del Estado de Chiapas. Dichos actos de despojo dieron inicio el 2 de febrero de 2011 mediante un operativo policiaco de aproximadamente 800 elementos y que hasta la fecha lo mantienen bajo su custodia y control por medio del uso de la fuerza y sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios, pero sí con el respaldo indebido del Comisariado ejidal con la finalidad de la implementación de un mega proyecto turístico y con fines privatizadores.
Al respecto, el Tribunal Federal señala en su resolución los siguientes motivos para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza la facultad de atracción sobre el caso:
No pasa inadvertido que en los últimos años se han originado, diversas reformas constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas suscrita por el gobierno federal y una serie de acuerdos para la paz del Estado.
La posible atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitiría el desarrollo de criterios jurisprudenciales que beneficien a las comunidades y pueblos indígenas del país. Los mantendremos informados del curso que tome el trámite de atracción del caso.
Ubicado en el noreste chiapaneco, el Ejido de San Sebastián Bachajón, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, mantiene desde hace años una fuerte lucha contra el despojo de su territorio. Distintos actores, entre los que se encuentran los gobiernos municipal, estatal y federal; empresas trasnacionales como Norton Consulting e incluso grupos paramilitares impulsan estrategias legales e ilegales para llevar a cabo lo que sería uno de los proyectos más ambiciosos de la región y que hace parte del Plan Puebla Panamá: el CIP (Centro Integralmente Planeado) Palenque, una red de infraestructura y servicios, a través de la cual se pretende conjuntar atractivos naturales y arqueológicos para un turismo de elite, convirtiendo a sus habitantes en la servidumbre neocolonial en sus propias comunidades.
Programa de Radio Sobre San Sebastián Bachajón 28 de marzo de 2014 [ 0.01 MB ] Hide Player | Play in Popup | Download (9)
http://komanilel.org/2014/03/31/programa-de-radio-y-compendio-de-informacion-para-comprender-con-mas-profundidad-la-situacion-en-san-sebastian-bachajon-chiapas/
Boletín Frayba: en Chiapas se agudiza el riesgo a defensores
“En Chiapas los intereses de los inversionistas, junto con el gobierno mexicano, insisten en concretar sus proyectos neoliberales, que constituyen el despojo territorial que violentan derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos a nivel internacional en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU”.
Juan Vázquez se destacó por impulsar y promover la defensa del territorio en la región de Agua Azul, abiertamente denunció el despojo que pretende concretar el Proyecto Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque, que forma parte del Plan Mesoamericano (antes Plan Puebla Panamá).
En ese contexto, mientras realizaba tareas en representación de la Comisión para la Defensa de la Tierra y el Territorio, fue asesinado (el 24 de abril de 2013) a las afueras de su propia casa ubicada en el poblado de Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.
*Abril de 2009: *detención masiva por la defensa del territorio, donde fueron tomados presos 8 Adherentes a la Sexta y un compañero Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional; el gobierno mexicano ordenó un operativo conjunto entre la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Policía Federal (PF), mientras los campesinos se replegaban, la policía ingresó a las tierras ejidales acusando a los detenidos de varios delitos, entre ellos el de cometer asaltos carreteros.
*02 de febrero de 2011:* Adherentes a la Sexta fueron golpeados y despojados por el grupo de “oficialistas” (militantes del Partido Revolucionario Institucional -PRI- y del Partido Verde Ecologista de México -PVEM-) y al día siguiente, el 3 de febrero, sobre la carretera federal a la altura de la entrada a las Cascadas de Agua Azul fueron detenidos 117 ejidatarios/as de SSB por elementos de la Policía Especializada de la Comandancia Regional Distrito Selva y Agentes de la Policía Especializada Comandancia Regional Zona Indígena, así como elementos del Grupo Táctico de la Policía Especializada, trasladados a la comandancia de policía de Pakalná y luego a la Fiscalía de Distrito Selva en Palenque. Las acusaciones, desproporcionadas, sostenían homicidio calificado, homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz, la integridad corporal, el patrimonio del Estado y daños.
*24 de diciembre del 2011:* la policía municipal de Bachajón detuvo a Juan Vázquez Guzmán, tras tenerlo un par de horas desaparecido, fue presentado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) del Municipio de Ocosingo pretendiéndole imputar el falso delito de homicidio, el cual no pudieron sostener y, horas más tarde, lo dejaron en libertad.
*17 de abril de 2013: *ejidatarios de San Sebastián Bachajón, Adherentes a la Sexta, denunciaron públicamente nuevas amenazas y política de continuidad por parte de autoridades oficiales del actual gobierno del Estado de Chiapas.
Para leer el Informe completo: http://www.sipaz.org/es/informes/102-informe-sipaz-vol-xvi-no-4-noviembre-de-2011/388-enfoque-ecoturismo-idesarrollo-con-o-sin-la-gente.html
En enero de este año, el gobierno mexicano nombró 2011 “el año del turismo” con “el fin de alinear a todos los sectores relacionados con esta actividad para que se pongan en marcha acciones que permitan que más turistas hagan de México su principal destino de viaje”. Mientras el incremento de la violencia desatada a raíz de la guerra declarada por Felipe Calderón en contra del narcotráfico ha causado una disminución del número de turistas en muchas partes del país, el estado de Chiapas sigue siendo un destino turístico importante. Las bellezas naturales y las riquezas culturales del estado hicieron que, en octubre pasado, San Cristóbal de Las Casas fuera el anfiteatro para la VIII Cumbre Internacional del Turismo de Aventura.
XIII Cumbre Internacional del Turismo de Aventura, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011
El turismo en general, y más específicamente el turismo alternativo y el turismo ecológico o ecoturismo, han sido promovidos como una excelente oportunidad para que las comunidades indígenas, campesinas, lejanas y marginadas puedan salir de la pobreza. El ecoturismo es visto por varios grupos conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa viable de desarrollo sostenible. Sin embargo, muchos pueblos no están convencidos de sus supuestos beneficios económicos y lo ven como posible pérdida de control sobre sus tierras y sus vidas. Por otro lado, también hay divisiones en las comunidades cuando parte de la población está a favor del proyecto ecoturístico mientras otra parte se resiste a su implementación. En este sentido un proyecto ecoturístico puede significar un impacto para la colectividad, ya que no necesariamente beneficia de manera igual y equitativa a toda la población implicada.
Los principios del turismo ecológico incluyen la necesidad de la conservación del área, la construcción de conciencia ambiental y cultural, y el respeto por los derechos humanos. Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general, el ecoturismo ecológico se combina con la idea de un turismo “ético“, lo que significa que se debería de tomar en cuenta el bienestar de las poblaciones locales. Eso se reflejaría en la estructura y el funcionamiento de las empresas o las cooperativas que se dedican a ofrecer el servicio ecoturístico. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) define el ecoturismo como “un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el bienestar de la población local”. Los principios mencionados deberían verse reflejados en la minimización de los impactos negativos para la comunidad que genera la actividad.
Argumentos a favor y en contra de los proyectos ecoturísticos
XIII Cumbre Internacional del Turismo de Aventura, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 © SIPAZ
Muchos proyectos ecoturísticos, como se pudo averiguar en la Cumbre en San Cristóbal, reciben financiamiento de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) bajo el Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI). Según la CDI el objetivo del programa es “contribuir al desarrollo de la población indígena, mediante la ejecución de acciones en materia de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el potencial existente en las regiones indígenas, otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encaminados a la revaloración, conservación y aprovechamiento sustentable de sus recursos y atractivos naturales, y de su patrimonio cultural, así como para coadyuvar a mejorar sus ingresos”.
Sin embargo, en un pronunciamiento en el marco de la conmemoración del ‘Día de la Raza’, el pasado 12 de octubre, varios grupos adherentes a La Otra Campaña (LOC) se pronunciaron en contra de esta forma de ‘desarrollo’. Acerca de la Cumbre que iniciaría unos días después mencionaron: “Reconocemos en esta iniciativa una nueva ofensiva en el concierto de agresiones y violaciones a los derechos colectivos y a la libre determinación de nuestros pueblos. Desde aquí decimos a los señores neoliberales que la tierra, el agua, los bosques, los centros culturales y ceremoniales no se venden, y serán defendidos y resguardados por hombres y mujeres dignos que abajo y a la izquierda resisten”.
El 17 de octubre, el presidente Felipe Calderón, el gobernador Juan Sabines Guerrero y la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Gloria Guevara, inauguraron la VIII Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en San Cristóbal de Las Casas. Según Shannon Stowell, presidente de la Asociación Internacional de Turismo de Aventura (ATTA, por sus siglas en inglés), asistieron más de 650 operadores turísticos de 54 países. Katya de la Vega, directora de la Comisión para el Desarrollo de Turismo Alternativo en Chiapas declaró que se invirtió más de 408 millones de pesos en el evento. Para llamar la atención sobre el hecho que Chiapas es uno de los estados líderes de la siembra de jatropha y palma africana para la producción de agrocombustibles (‘biodiesel‘), el transporte utilizado en la Cumbre operaba con Biodiesel Chiapas, “energía limpia que contribuye a la mitigación del cambio climático”, según la página web del evento.
Felipe Calderón, en su intervención, consideró que el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 fue un reflejo de la marginación padecida por sus integrantes. Era la primera vez en años que se refería al movimiento zapatista. Planteó que la opción para los grupos indígenas dueños de riquezas naturales es el turismo de aventura. En su intervención, el gobernador Juan Sabines destacó los proyectos de desarrollo sustentable y el ecoturismo promovidos por las comunidades indígenas. Manifestó que en la nueva Constitución de Chiapas se garantiza el respeto a la libre determinación de los pueblos originarios, quienes ahora tienen una oportunidad de mayor desarrollo al promover sus bellezas naturales.
En contraste con los discursos oficiales, la organización Otros Mundos Chiapas, en un comunicado, afirmó que: “el turismo tiene muchas afectaciones: […] afecta a las culturas locales que se les exigen ponerse al servicio del turismo; afecta por el gasto de millones de pesos en publicidad que podrían destinarse a escuelas y hospitales; afecta por la represión y militarización en contra de las comunidades que no quieren estas actividades y que luchan por defender su tierra y su territorio y que buscan alternativas reales de sobreviviencia”. De manera más general, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (CESMECA) denunció: “Veladamente, se pretende hacer creer, que las injusticias y las desigualdades sociales que padecen las comunidades, emergen del “autoaislamiento” que ellas mismas se imponen. Y que con este tipo de actividades turísticas se les incluirá en el “progreso”. La voz oficial ha señalado que, estas actividades económicas, se impulsan para combatir supuestamente la desigualdad y la pobreza, pero extrañamente se deja de tomar en cuenta la opinión y los derechos de los protagonistas principales, como los pueblos originarios de la zona. Es evidente que estamos frente a una clara muestra de un colonialismo moderno y de aventura”.
Ejemplos de impacto negativo de proyectos ecoturísticos
Cascadas ubicadas en las tierras recuperadas al lado de la comunidad zapatista de Bolom Ajaw, abril de 2010 © SIPAZ
La situación del centro turístico Agua Azul refleja varias de las consecuencias negativas del ecoturismo, tanto por la división de la población como por la militarización de la zona. Según consultores de turismo estadounidenses que ayudaron a desarrollar la estrategia estatal de turismo en Chiapas, “Agua Azul tiene el potencial para crear una de las experiencias ecoturísticas más destacadas en el hemisferio occidental”, como reporta un artículo en el Financial Times el 30 de septiembre de 2011. Un nuevo complejo turístico planeado en la zona consistiría en un hotel de primera clase, un lugar de retiro, una barra y un restaurante con vista a las cascadas. Según el artículo, los consultores también señalan que es necesario involucrar los terrenos alrededor de las cascadas para poder ofrecer suficiente espacio para el descanso y para mantener los paisajes naturales como parte de la belleza del complejo turístico. Por cierto, en la comunidad colindante zapatista de Bolom Ajaw hubo enfrentamientos a principios de 2010 entre la gente de la comunidad e integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC). La disputa fue las cascadas al lado de la comunidad ubicadas en tierras recuperadas por los zapatistas en 1994, que son de mucho interés para dicha explotación turística.
Los últimos años ha habido varios conflictos y enfrentamientos entre pobladores a favor y en contra de la explotación turística de la zona de Agua Azul. En 2008, adherentes de LOC de San Sebastián Bachajón instalaron una caseta de cobro aparte de la caseta oficial para generar recursos y sensibilizar a los y las turistas sobre la situación de conflicto en la zona debido a la inconformidad de parte de la población con la explotación turística de las cascadas. El 2 de febrero de este año, esta situación tensa -y la inconformidad de parte de la población sobre el uso de los recursos generados por la caseta de LOC- derivó en un enfrentamiento entre indígenas adherentes de LOC en contra de la explotación turística y un grupo priísta a favor, dejando un saldo de un muerto y varios heridos.
A partir del enfrentamiento la zona alrededor de Agua Azul ha sido fuertemente vigilada por la policía y militares, con un despliegue de cientos de efectivos. El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFC), Victor López, se refirió a esta fuerte militarización y la falta de consulta con la población durante una conferencia de prensa después de la liberación de los últimos últimos presos adherentes a LOC después del enfrentamiento. Mencionó que aún siguen “presos” de un “proceso unilateral, con la policía y el Ejército federal en sus tierras, y ante proyectos gubernamentales que no fueron consultados con los pobladores”.
En el intento de construir un complejo ecoturístico en esta zona se ve claramente la división de la población de la comunidad de Agua Azul. A un lado están las autoridades del ejido apoyados por el gobierno que apuestan por los empleos y los ingresos que el turismo podrían traer. Al otro lado está otra parte de la población que insiste en su derecho de mantener su forma de vivir, es decir a la libre determinación, y denuncia intimidación, violencia y abuso del sistema legal para quitarles sus tierras. El artículo en el Financial Times termina mencionando que para muchos “el ecoturismo implica una forma de armonía entre el turismo y el medioambiente”. Pero esta búsqueda pareciera dejar fuera a la población local de la ecuación.
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido nuevas informaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la liberación los Sres. Pedro García Álvaro(quien presenta discapacidad mental), Miguel Álvaro Deara, Pedro Hernández López,Miguel López Deara y Pedro López Gómez, y de la preocupación existente por la continuación de la detención y los actos de hostigamiento en contra del Sr. Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de los delitos de homicidio calificado, atentados contra la paz y la integridad corporal1, y contra patrimonio del estado y daños; del Sr. Domingo Pérez Álvaro, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra patrimonio del estado y daños; y de los Sres. Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, y del menor Mariano Demeza Silvano (de 17 años de edad) acusados de los delitos de atentados contra la paz y la integridad corporal, y contra el patrimonio del estado y daños. Todas estas personas son ejidatarios de San Sebastián Bachajón, en el municipio de Chilón, Estado de Chiapas (ver más adelante los antecedentes de la situación).
ordenar la liberación inmediata del joven Mariano Demeza Silvano, y de losSres. Jerónimo Guzmán Méndez, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán y Domingo García Gómez, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos ó, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarles sus derechos procesales en todo momento;
Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail:mission.mexico@ties.itu.int
Licenciando Jesús Zamora Castro, Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos,Secretaría de Gobernación E-mail: secretario@segob.gob.mx
• Gobierno del Estado mantiene presos a ejidatarios de San Sebastián Bachajón como medida de presión para el control territorial de la zona.
Además Jerónimo Guzmán, Juan Aguilar, Domingo Pérez y Domingo García se encontraban, el día 3 de febrero, a 100 metros de la caseta de cobro en la entrada de la cascada de Agua Azul en el ejido San Sebastián Bachajón, reunidos con los demás ejidatarios/as adherentes a La Otra Campaña (LOC), cuando en un operativo policiaco fueron detenidos junto con otros 112 ejidatarios sucesivamente puestos en libertad.
A las cuatro personas presas se suma, Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años) al cual se le imputaron los mismos delitos, (atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado) de los 112 ejidatarios detenidos el 3 de febrero todos puestos en libertad, por lo que consideramos que existe un castigo excesivo contra un menor de edad en violación del derecho de las niñas y los niños a la protección. Aunado a lo anterior a Mariano Demeza no se les proporcionó un traductor especializado y se le obligó a firmar una declaración donde se le imputaron delitos que nunca cometió.
– La libertad inmediata de los presos políticos, Gerónimo Guzmán Méndez, Juan AguilarGuzmán, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, de San Sebastián Bachajón recluidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No.17, ubicado en Playas de Catazajá, y de Mariano Demeza Silvano recluido en Villa Crisol, Berriozábal;
– Una investigación imparcial, inmediata, seria y exhaustiva para dar con los verdaderos autores materiales, del asesinato del Sr. Marcos García Moreno y las lesiones al Sr. Tomás Pérez Deara, que aún se encuentran en libertad; así como el involucramiento, como autor intelectual, del Secretario de Gobierno Noé Castañón León;
– Cese del hostigamiento a los Pueblos Indígenas de Chiapas, por parte del gobierno estatal, a través de distintas estrategias que buscan obligar a las comunidades y organizaciones a aceptar condiciones y proyectos gubernamentales a cambio de ceder el control de sus recursos naturales existentes en los Territorios ancestrales.
En Chiapas una de las betas de mayor riqueza para la inversión privada lo constituyen los proyectos ecoturísticos, algunos de ellos no han concretado sus planes debido a la resistencia civil y movilización ciudadana que se ha manifestado en defensa de sus recursos naturales y por la conservación de su Territorio; entre los proyectos más importantes, tan sólo en la zona de Agua Azul, están:
• La construcción de la autopista San Cristóbal – Palenque, el proyecto además contempla la creación de una presa hidroeléctrica en los ríos Agua Azul, Tulijá y Bascán, despojando las comunidades de sus recursos naturales más importantes.
• Otro es el proyecto nombrado Centro Integralmente Planeado – Palenque (CIPP) sosteniendo que éste “contribuirá a mejorar las condiciones de vida de la población regional, generando una importante derrama económica y nuevos empleos”.
Ambos proyectos, según lo documentado, han intentado apropiarse del territorio del Ejido de San Sebastian Bachajón (SSB) a través de distintas estrategias como desalojos forzados, la cooptación para la firma de “convenios” y “proyectos” de desarrollo, la ocupación policial y militar de la zona, la criminalización de defensores y la judicialización de acciones de defensa de derechos.
En ese marco, los hechos ocurridos el pasado 2 de febrero del 2011 en la zona de Agua Azul , SSB, Municipio de Chilón, donde perdió la vida el Sr. Marcos García Moreno y resultó herido el Sr. Tomás Pérez Deara, además de haber sido detenidas 117 personas, de las cuales permanecen aún 10 personas presas, representa la operación de una estrategia más, ahora programada desde la oficina de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Chiapas.
La crisis actual en el ejido de SSB, es producto de una estrategia en la que se fueron generando las condiciones para enfrentar a las organizaciones de esta región, responde a un esquema ya conocido, como parte de las estrategias de contrainsurgencia desarrolladas desde 1994. Lo que se disputa en este conflicto, no es el control de una caseta de cobro para entrar a las Cascadas de Agua Azul, sino como evitar el empoderamiento de los pueblos indígenas de la región para ejercer su derecho a decidir qué necesitan como pueblos y cómo pueden cuidar, proteger y defender sus territorios.
En la aplicación de esta estrategia distintos actores han figurado en el diseño y operación de las etapas, de tal forma, este Centro de Derechos Humanos (Frayba) cuenta con testimonios recibidos que revelan que el Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas, Noé Castañón León, participó en el diseño del plan que contempló, en síntesis, confrontación entre actores de la zona, criminalización a los adherentes a La Otra Campaña (LOC), intervención de cuerpos policiacos, negociación institucional y entrega de la caseta de Agua Azul para continuar con la implementación del CIPP.
El CIPP ha sido trazado como parte de las estrategias 2007-2012 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que tomó nuevo enfoque tras la visita que realizó el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, el pasado 1º de febrero en donde recorrió las Rutas Turísticas 2011 del estado de Chiapas.
Por otra parte, los antecedentes denunciados por los ejidatarios de SSB, adherentes a LOC, confirman que la estrategia para concretar el despojo territorial implicó la actuación de funcionarios públicos de distintos niveles, mismos que incurrieron en distintas responsabilidades al involucrar a ejidatarios de SSB y pobladores de Agua Azul para crear las condiciones que le permitieran la administración de los recursos del banco de grava, la caseta de acceso al balneario de Agua Azul como paso necesario para el control económico y político de la zona.
Aunado a ello, el gobierno estatal rompió con un proceso de diálogo y arreglo comunitario que las partes en desacuerdo sostenían desde el 2010 para que fueran los mismos habitantes de la zona quienes administraran y preservaran los recursos naturales que han heredado de sus ancestros.
Como parte de las tareas de monitoreo y documentación que realiza el Frayba en cuanto el ejercicio de Derechos de los Pueblos indígenas que habitan en esa región, compartimos la siguiente información y valoraciones que dan cuenta de la estrategia de despojo territorial operada desde distintas dependencias del gobierno estatal, para la implementación de las estrategias de “desarrollo” impulsadas por el gobierno federal.
A quince años (Febrero de 1996) de la firma e incumplimiento oficial de los Acuerdos de San Andrés y a veinte años de que el gobierno mexicano ratificó el Convenio 169 de la OIT, los Pueblos indígenas en Chiapas están generando alternativas de vida desde su cosmovisión de Pueblos originarios, alternativas que van encaminadas de sus estructuras de organización social, jurídico, política y económica.
El territorio como elemento esencial de vida digna y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los Pueblos indígenas, son contrarios a los intereses comerciales que el gobierno federal y estatal han comprometido con la inversión privada. Proyectos que beneficiaran a inversionistas nacionales y extranjeros a costa de la pobreza y muerte de los pobladores de la región cuyas necesidades urgentes han aumentado por el abandono oficial.
Es claro para este Centro de Derechos Humanos que en la larga cadena de sucesos en la zona, el Estado no intervino para prevenir confrontaciones, sino que planeó la estrategia para el control territorial de la zona. Esto se confirma en los testimonios recabados, las denuncias reiteradas de los ejidatarios de LOC de SSB, el monitoreo y documentación permanentes de este Centro y el desenlace que hoy es de alta conflictividad y polarización en la zona.
La repetida estrategia de control social y territorial utilizada por los distintos niveles de gobierno, hoy es aplicada en el Ejido de San Sebastián Bachajón al minar el movimiento social, confrontar a los pobladores, distraer las energias y atención puesta en la defensa y ejercicio de Derechos, tomar rehenes (presos politícos) para condicionar la negociación, permitir la actuación de actores “neutrales” como el Consejo Estatal de Derechos Humanos y la implementación de “medidas” para militarizar una zona que de oficialmente representa un cumulo de intereses económicos, politicos y geoestrategicos.
Al cierre de este documento este Centro ha tenido conocimiento de que en distintas ocasiones, a través de operadores políticos del gobierno de Chiapas y del Consejo Estatal de Derechos Humanos, han condicionado la libertad de los 10 ejidatarios presos de SSB de LOC, ofreciéndoles alcanzar su libertad siempre y cuando “se sienten a la mesa de negociaciones y convenzan a su gente de no pelear el territorio, cancelar las movilizaciones y no aceptar los ofrecimientos del gobierno”.
Para leer el informe completo: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/110303_informe_territorio_bachajon.pdf
· Gobierno estatal mantiene detenidos a 10 ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña.
· Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
· Domingo Pérez Álvaro (forma parte de la Comisión de promoción)
· Pedro Hernández López (secretario del comisariado ejidal)
· Miguel López Deara (suplente del consejero ejidal)
· Domingo García Gómez (integrante del Comité de Defensa de Derechos)
· Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
· Pedro García Álvaro (con discapacidad mental)
· Jerónimo Guzmán Méndez (ejidatario)
· Pedro López Gómez (ejidatario)
· Miguel Álvaro Deara (ejidatario)
· Se garanticen los derechos humanos de las personas detenidas, particularmente el derecho a la presunción de inocencia, de protección judicial y garantías judiciales, así como el respeto al debido proceso legal.
Pedimos el envío de sus acciones urgentes.
• Graves violaciones al debido proceso y acceso a la justicia a presos indígenas, adherentes a la Otra Campaña.
• Detenidos afirman que no hubo extranjeros retenidos y que nunca hubo bloqueo carretero.
• Liberan a 107 personas y mantienen detenidos a 10 ejidatarios.
1. Mariano Demeza Silvano (menor de edad, tiene 17 años)
2. Domingo Pérez Álvaro (Forma parte de la Comisión de Promoción de La Otra Campaña)
3. Pedro Hernández López (Secretario del Comisariado ejidal, adherente a La Otra Campaña)
4. Miguel López Deara (Suplente del Consejero ejidal)
5. Domingo García Gómez (Integrante del Comité de Defensa de Derechos)
6. Juan Aguilar Guzmán (Principal cajero)
7. Pedro García Álvaro (con problemas de deficiencia mental, sin asistencia médica y legal)
8. Jerónimo Guzmán Méndez (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)
9. Pedro López Gómez ((Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)
10. Miguel Álvaro Deara (Ejidatario, adherente a La Otra Campaña)
Este Centro de Derechos Humanos condena las acciones del gobierno estatal al perseguir y criminalizar a los ejidatarios, adherentes de La Otra Campaña, toda vez que fueron estos últimos quienes fueron agredidos y despojados de la caseta de cobro por un grupo numeroso de ejidatarios, militantes del PRI, que de manera violenta tomaron el pasado 2 de febrero la caseta de cobro que hoy en día está bajo control de la Policía Estatal.
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En peligro la integridad física, la seguridad jurídica y la vida de los tseltales adherentes de La Otra Campaña del ejido San Sebastián Bachajón que ejercen sus derechos indígenas.
Caso MEX 240409.3
Seguimiento de Casos MEX 240409, 240409.1 y 240409.2
Liberaciones/ Alegaciones de tortura y otros malos tratos/ Preocupación por seguridad e integridad personal
El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido informaciones del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas, A. C”, organización miembro de la red SOS-Tortura de la OMCT, sobre la liberación de los Sres. Gerónimo Moreno Deara, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez, cinco indígenas tseltales adherentes de la Otra Campaña, del Ejido San Sebastián Bachajón, que permanecían detenidos en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados N° 14, conocido como “El Amate”[1]. La OMCT continúa manifestando su preocupación por la situación de los Sres. Antonio Gómez Saragos y Jerónimo Gómez Saragos quienes aún permanecen detenidos en el mismo penal.
De acuerdo con las informaciones, el 6 de julio de 2009 fueron puestos en libertad los Sres. Gerónimo Moreno Deara, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez, por la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante el desistimiento de la acción penal existente contra ellos.
La OMCT al manifestar su complacencia por la liberación de los Sres. Gerónimo Moreno Deara, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez, manifiesta su preocupación por la seguridad y por la situación jurídica de los Sres. Antonio Gómez Saragos y Jerónimo Gómez Saragos, quienes fueron detenidos durante los mismos operativos, según las denuncias ilegales, y quienes aún permanecen detenidos en el Amate, consecuentemente al Auto de Formal Prisión[2] dictado contra todos los detenidos anteriormente mencionados.
La OMCT señala con preocupación que contra todos los detenidos anteriormente mencionados se cometieron varias violaciones de los derechos humanos, entre otras, fueron sometidos a malos tratos y tortura con el fin de que firmaran una confesión y no se les proporcionó la asistencia de un traductor y defensor que conociera su lengua y su cultura, violando su derecho a la libertad, su integridad personal, su derecho a protección y sus garantías judiciales vulnerando lo previsto en la Constitución Federal de México, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14 – numerales 1, 2, 3. en particular 3. f.).
Además, según las denuncias, permanecieron en condiciones de detención lamentables e inhumanas, consignados en espera de sentencia, a la intemperie durante el día y por las noches en un cuarto en donde no había nada con que cubrirse, sin ninguna comodidad hasta que los familiares pudieron hacerles llegar cobijas. Por todos estos hechos fue presentada una apelación contra el auto de formal prisión la cual se encuentra pendiente de resolución ante la Segunda Sala Penal, en Tuxtla Gutiérrez.
La OMCT recuerda que México es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), los cuales prohíben la tortura y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante, y que, según el artículo 11 de la Convención Contra la Tortura: « Todo Estado Parte mantendrá sistemáticamente en examen (…) las disposiciones para la custodia y el tratamiento de las personas sometidas a cualquier forma de arresto, detención o prisión en cualquier territorio que esté bajo su jurisdicción, a fin de evitar todo caso de tortura». Además, la OMCT recuerda que el Artículo 9.1 del PIDCP estipula que « Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias ».
De otra parte, la OMCT recuerda al estado mexicano que según estos tratados internacionales, en particular el artículo 13 de la Convención contra la Tortura, las autoridades mexicanas están llamadas a considerar seriamente todas las alegaciones de malos tratos recibidos por las víctimas y a llevar a cabo una investigación profunda e independiente a este respecto.
La OMCT había recibido informaciones y había manifestado su preocupación por la seguridad y la integridad física y psicológica y también por las consecuencias que tendría el Auto de Formal Prisión dictado contra los Sres. Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno, y Miguel Vázquez Moreno, ocho indígenas tseltales de la Región de Agua Azul, que habían sido detenidos en operativos llevados a cabo en Chilón, durante los días 13 y 18 de abril de 2009, y que se encontraban en lamentables condiciones de detención, recluidos en El Amate, en el Estado de Chiapas.
Se había denunciado que los detenidos fueron forzados por los agentes policiales para que declararan que ellos eran asaltantes de la carretera y que portaban machetes y navajas, y fueron obligados mediante malos tratos y torturas a que pusieran sus huellas digitales en unas hojas (firmar una declaración), sin conocer el contenido de las mismas porque no saben leer ni escribir y además casi ninguno habla ni entiende bien el español. Además, a los detenidos les fueron infligidos golpes con puños y con pies (patadas) en varias partes del cuerpo, a uno de ellos le quebraron un diente (incisivo superior derecho) cuando en el momento de su detención un policía lo golpeó con el cañón de su pistola, durante su traslado varios policías se les sentaron encima de los cuerpos, y además a uno de ellos le pusieron una bolsa con agua en la cabeza, le vendaron los ojos y le pusieron un pañuelo mojado en la nariz.
Posteriormente, luego de permanecer en detención en situación de “arraigo” en Chiapa del Corzo, los detenidos habían sido trasladados el 1° de mayo de 2009 al penal de El Amate, consecuentemente a ser consignados ante el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez. El 8 de mayo de 2009, el Juzgado Segundo Penal con sede en Cintalapa de Figueroa, dictó Auto de Formal Prisión contra siete de las personas arriba mencionadas, bajo los cargos de robo con violencia y delincuencia organizada.
De otra parte, posteriormente, en fecha que no ha sido informada ahora, el Ministerio Público desistió la Acción Penal contra el octavo detenido, el Sr. Miguel Vásquez Moreno y en consecuencia el Juez Segundo ordenó su libertad argumentando que “no había elementos suficientes”
Según las denuncias, el 26 de mayo de 2009, los Sres. Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara y Alfredo Gómez Moreno fueron visitadas por sus familias en El Amate y pudieron comprobar que los detenidos eran sometidos a trabajos forzados día y noche, lo que ha generado un serio deterioro de su salud como dolores al momento de orinar y serios dolores de cintura y espalda, para cuyo tratamiento no han recibido ninguna atención médica.
tomar las medidas apropiadas y necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica incluyendo la atención médica adecuada y gratuita que requiera tanto el Sr. Antonio Gómez Saragos como el Sr. Jerónimo Gómez Saragos;
ordenar la liberación inmediata de los Sres. Antonio Gómez Saragos y Jerónimo Gómez Saragos, en caso de encontrarse detenidos en ausencia de cargos legales válidos o, en caso de que estos cargos existan, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y garantizarle a cada uno sus derechos procesales en todo momento;
llevar a cabo una investigación inmediata, completa, independiente, efectiva e imparcial en torno a todas las violaciones de los derechos humanos cometidas contra las personas arriba mencionadas, en particular sobre las alegaciones de tortura y/o malos tratos infligidas contra las mismas y que las conclusiones de esta investigación se hagan públicas, con el fin de identificar a los responsables llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
garantizar una adecuada reparación a los Sres. Antonio Gómez Saragos, Jerónimo Gómez Saragos, Gerónimo Moreno Deara, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Demeza Jiménez, y Miguel Vázquez Moreno, incluyendo una indemnización y una rehabilitación;
Ginebra, 16 de julio de 2009
[1] Ver Llamado Urgente OMCT MEX 240409, emitido el 24 de abril de 2009 y sus seguimientos: MEX 240409.1, emitido el 6 de mayo de 2009 y MEX 240409.2, emitido el 29 de mayo de 2009.
[2] El Auto de Formal Prisión es la determinación que hace el órgano jurisdiccional con el fin de vincular a una persona al proceso penal y convalidar la privación de su libertad. Si bien, de acuerdo con la Constitución y las Leyes Mexicanas el proceso penal tendría que durar solo un año, según las informaciones recibidas dicho termino no se cumple en la mayoría de los casos por lo cual una persona inocente puede pasar varios años en prisión antes de ser juzgada y/o absuelta.
Acción Urgente 09. Seguimiento.
Mayoría de ejidatarios de San Sebastián Bachajón rechazan acuerdo del gobierno del Estado, el municipio de Chilón y autoridades ejidales fraudulentas de la OPDDIC para administrar la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul.
Nuevas denuncias de agresiones por parte de miembros de la OPDDIC a ejidatarios de San Sebastián Bachajón. Persiste impunidad.
Al Centro Fray Bartolomé preocupa que el gobierno estatal fortalezca la impunidad y las agresiones de la OPDDIC por el control territorial en Agua Azul, avalando a autoridades ejidales fraudulentas.
El Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas, recibió de nueva cuenta una denuncia de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña, en el que rechazan el acuerdo sostenido entre falsos representantes del ejido, el gobierno municipio de Chilón y el gobierno del Estado de Chiapas, para administrar la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul.
Después de la Acción Urgente que hiciera este Centro el 1 de agosto pasado, por las amenazas y agresiones cometidas por miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos AC (OPDDIC), con la participación de autoridades estatales y municipales, el 6 de agosto es publicada una nota en el periódico Cuarto Poder, que señala:
“Luego de más de 30 días de la toma de la caseta de cobro en las cascadas de Agua Azul por
presuntos simpatizantes del EZLN, este lunes por la noche autoridades estatales, municipales y ejidatarios alcanzaron acuerdo para resolver el conflicto.
En asamblea, los afectados aceptaron la propuesta del Gobierno del Estado para que sea éste el que administre los recursos que se recaben por la entrada de esa zona turística, los cuales serán empleados en mejoras de la región, no permitiendo de esta forma la injerencia ajena o de algunos grupos.” (ver, http://noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?Mzc3MDM%3D)
Al respecto los ejidatarios denunciantes, que suman 1,876 de los 2,322 en el Ejido de San Sebastián Bachajón, según consta en la documentación legal que este Centro tiene, rechazan tal acuerdo dado que las nuevas autoridades ejidales son producto de un fraude orquestado por la OPDDIC y avalado por la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas, y dado que los ingresos de la caseta, que son administradas por las autoridades indígenas tradicionales, siempre han servido para el pago del impuesto predial.
Con tal acuerdo, señalan los denunciantes, el gobierno del estado de Chiapas avala a falsas
autoridades ejidales, y fortalece el control político de la OPDDIC en el municipio de Chilón y en particular en la región de las Cascadas de Agua Azul.
Cabe recordar que en torno a las Cascadas de Agua Azul se pretende desarrollar un corredor ecoarqueo-turístico de gran magnitud, denominado “Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul”, y que es en esta zona donde la OPDDIC ha llevado a cabo diversas agresiones a comunidades zapatistas y de ejidatarios de San Sebastián Bachajón, opositores de las autoridades ejidales fraudulentas (Cfr. Acción Urgente 9, del 1 de agosto de 08).
Los ejidatarios adherentes a La Otra Campaña, además denuncian las siguientes agresiones que han ocurrido recientemente:
• El 11 de julio fue golpeado el ejidatario José Guillen Díaz de la comunidad Huacabil, Chilón, por Manuel Sánchez Deara e Hilario Sánchez Guillen, miembros de la OPDDIC de la comunidad Contajtic del mismo municipio;
• El 16 de julio, Juan Gómez Álvaro, de la ranchería Mukenal, Chilón, fue sacado de su casa de manera violenta, robándole mercancías y dinero en efectivo. Los agresores son: Sebastián Álvaro Pérez, Domingo Álvaro Pérez, Sebastián Guzmán Hernández, Esteban Gómez Demeza, Sebastián Saragos López, Santiago Morales Hernández y Sebastián Álvaro Estrada.
• La esposa de Juan Gómez Álvaro, Micaela Morales Hernández, sufrió un intento de violación el 7 de agosto, por las mimas personas que agredieron a su esposo el 16 de julio (señaladas en el párrafo anterior). De acuerdo a las denuncias, los agresores se trasladan en una camioneta Nissan, tipo Estaquitas, color rojo con redilas blancas, con placas CX09248, presuntamente robada.
• El 27 de julio en la comunidad de Bispuilja, Chilón, fue golpeado en el momento que anunciaba por el altavoz de la comunidad la convocatoria a una asamblea de ejidatarios adherentes a La Otra Campaña. Los agresores Domingo Pérez López, Armando, Pedro, Pascual y Melchorio del mismo apellido, Pascual Pérez Demesa, Domingo Pérez Jiménez, Pascual Pérez Cruz, Pascual Pérez Gómez, Francisco Gómez Jiménez, Juana López Cruz, Julia Pérez López, Guadalupe Pérez López, Jerónima Pérez López, Tomasína Pérez López, Manuela Jiménez Álvaro y Marcela Pérez Jiménez, portaban palos, piedras, machetes y palas. Estas personas han sido denunciadas con anterioridad por amenazas y agresiones en contra de la comunidad, entre ellas la quema de una casa, por la que existe presuntamente una averiguación previa, pero permanece impune.
• El 30 de julio, Juan Álvaro Jiménez de Ba’ Mobal, Chilón, fue agredido con machete causándole una herida grave en la nuca. El agresor, Domingo Morales Álvaro, es miembro de la OPDDIC de la ranchería Ba’Mobal Te’e del mismo municipio.
A este Centro le preocupa, que de ser cierto (dado que no existe comunicado oficial), el gobierno del Estado de Chiapas acuerde con las falsas autoridades ejidales y las autoridades municipales, ambos de la OPDDIC, en contra de la voluntad de la mayoría de los ejidatarios, administrar la caseta de ingreso a las Cascadas de Agua Azul a pesar de las agresiones de este grupo y de sus corruptelas, en complicidad con autoridades. Con esta acción, estaría fortaleciendo el control territorial de la OPDDIC en la región de Agua Azul, límite de los municipios de Chilón y el poblado del mismo nombre en el municipio de Tumbalá, controlado por miembros de la misma organización priista y que también son responsables de ataques perpetrados, junto con la Policía Estatal Preventiva (PEP) en contra de
las comunidades zapatistas de Bolom Ajaw y Betel Yochib, entre otras.
Con este acuerdo el Gobierno del Estado no sólo avala a falsas autoridades sino que se vuelve
participe de la disputa violenta de la OPDDIC por el control territorial en torno a las Cascadas de Agua Azul, al mismo tiempo que desarrolla su Plan Integralmente Planificado con el concurso de diversas dependencias federales, incluida la Secretaría de Turismo.
Debido a lo anterior, seguimos solicitando acciones urgentes dirigidas a las autoridades estatales, exigiendo:
• Que se establezcan las medidas precautorias a fin de evitar agresiones del grupo de la OPDDIC en el ejido de San Sebastián Bachajón, particularmente a la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul.
• Que se establezcan medidas precautorias a fin de evitar agresiones en contra de los miembros de la Misión Jesuita de Bachajón, acordadas con ellos de manera previa.
• Que se investiguen y en su caso se castiguen los actos de complicidad o permisividad de
funcionarios estatales y municipales, en las acciones violentas de la OPDDIC, entre ellos, al
agente del Ministerio Público del estado, Jorge López Pérez, al delegado de gobierno en la región, Felipe Hernández, al Sexto Regidor del Municipio de Chilón, Antonio Jiménez García, y al presidente municipal de Chilón, Antonio Moreno López.
• Que el gobierno del estado se retracte y se abstenga de realizar cualquier acuerdo con las
autoridades ejidales mientras sigan impugnadas, y que se respete la voluntad de los ejidatarios.
La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) tiene como antecedente al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) a finales de los años 90, promovidos, entre otros, por Pedro Chulín Jiménez, miembro del Partido Revolucionario Institucional.
Esta organización es responsable en los últimos años de múltiples agresiones en complicidad y participación de policías estatales, en contra de comunidades zapatistas y de otras filiaciones, opositoras al PRI, entre ellas las perpetradas en la región de las Cascadas de Agua Azul.
En Chilón las agresiones se han recrudecido a raíz de que la OPDDIC gana después de 9 años, en 2007, la presidencia municipal, bajo las siglas del PRI, debido a la división en dos partidos, PRD y Convergencia, del grupo político opositor representado por Yomblej.
El 9 de marzo de 2007 se celebra la asamblea general del ejido San Sebastián Bachajón que se
encentra en el municipio de Chilón, para elegir a las nuevas autoridades ejidales. Con el apoyo y posteriormente con el aval de las autoridades agrarias y de la Secretaría de Gobierno, en la región, la OPDDIC promueve un fraude, introduciendo a la asamblea a personas que no son miembros del ejido para que emitieran su voto, con lo que toma el control del Ejido lo que conforma un bloque opositor mayoritario de ejidatarios, identificándose como adherentes a la Otra Campaña (1,876, de los 2,322
ejidatarios). La impugnación de la elección es entorpecida por las autoridades agrarias.
El 4 de julio del 2007, las falsas autoridades del ejido, con miembros de la OPDDIC, desalojan la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul, dejando gravemente heridos a los ejidatarios que la 4 custodiaban. Tradicionalmente esta caseta es administrada por las autoridades indígenas que representan las tres zonas en que se divide el ejido y los recursos son utilizados para el pago del impuesto predial del ejido. Las nuevas autoridades traicionan la tradición y son acusadas de un manejo indebido de los recursos.
El 18 de junio de 2008, los ejidatarios de La Otra Campaña retoman la caseta, desalojando a los miembros de la OPDDIC que la custodiaban.
El 16 de julio de 2008, hay un intento armado de retomar la caseta por la OPDDIC encabezados por el Sexto Regidor del Municipio de Chilón, Sr. Antonio Jiménez García, que fue repelido por los ejidatarios. A raíz de estos hechos la OPDDIC realiza una amenaza escrita en contra de los adherentes a La Otra Campaña del ejido y de los agentes de pastoral de la Misión Jesuita de Bachajón, además de acusar penalmente a quienes repelieron el ataque armado.
a 01 de agosto de 2008
Acción Urgente No. 09
Integrantes de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) amenazan con desalojar y agredir a ejidatarios de San Sebastián Bachajón, Chiapas.
• Temor de ataque armado/enfrentamiento por el control de la caseta de acceso al Área Natural Protegida de las Cascadas de Agua Azul.
• Temor por los agentes de pastoral de la Misión Jesuita de Bachajón.
Este Centro de Derechos Humanos ha recibido una denuncia de amenazas en contra indígenas tseltales ejidatarios de San Sebastián Bachajón, del municipio de Chilón, Chiapas, adherentes a La Otra Campaña, por parte de la OPDDIC, según la cual:
“ACTUALMENTE EXISTE UNA CIERTA INCONFORMIDAD EN CONTRA DE NOSOTROS, COMO AMENAZA DE MUERTE DE SECUESTRO DE QUEMAR LAS CASAS VIOLACIÓN DE NUESTRA FAMILIA PREFABRICANDO DELITO A DIFERENTES INSTANCIAS DEL GOBIERNO EXIGIENDO A CIERTAS
AUTORIDADES DEL GOBIERNO PARA DESALOJARNOS, INICIANDO AVERIGUACIÓN PREVIA EN MINISTERIOS PUBLICOS EN BACHAJÓN, YAJALÓN Y TILA, OCOSINGO”.
Así mismo, hemos tenido conocimiento de un documento amenazante sin firma, pero que está siendo repartido en días recientes por miembros de dicha organización, en las inmediaciones del Área Natural Protegida de Las Cascadas de Agua Azul, señalando que:
“EL PASADO 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE VIVIÓ UN MOMENTO CRITICO EN LAS CASCADAS DE AGUA AZUL EN DONDE EL GRUPO DE SECUESTRADORES, MALEANTES, PANDILLEROS, ASALTANTE, RESPRESENTADOS POR JUAN ÁLVARO MORENO, SEBASTIÁN GÓMEZ MORALES, MANUEL HERNÁNDEZ CRUZ, MANUEL SILVANO ESTRADA, CARMEN AGUILAR GÓMEZ, JERÓNIMO SOLVANO ZARAGOS Y DIZQUE ABOGADITO JUAN GÓMEZ GUZMÁN ALEAS EL “WIXIL” MISMOS QUE TIENEN RETENIDO LA CASETA DE COBRO DE LAS CASCADAS DE AGUA AZUL, PERSONAS MISMAS QUE SON MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN YOMBLEJ PERO SE HACEN PASAR POR SUPUESTOS ZAPATISTAS CUANDO EN REALIDAD NO LO SON GOLPEARON, SECUESTRARON, TORTURARON A LOS EJIDATARIOS Y VIOLARON A MUJERES QUE SON POBLADORES DE SAN SEBASTIÁN BACHAJON, DEJANDO A DECENAS DE HERIDOS EN AQUEL LUGAR CONOCIDO COMO LAS CASCADAS DE AGUA AZUL, PERO NOS DA MUCHA TRISTEZA Y CORAJE, QUE DESPUÉS DE ESTE ACONTECIMIENTO EL GOBIERNO DEL ESTADO NO HA TOMADO CARTAS EN EL ASUNTO LO HAN DEJADO IMPUNE, ES POR ELLO DAMOS A CONOCER AL PUBLICO EN GENERAL PARA QUE NOS APOYEN A EXIGIRLE AL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, PARA DARLE SOLUCIÓN A ESTE CONFLICTO AGRARIO QUE SE ESTA VIVIENDO EN SAN SEBASTIÁN BACHAJÓN, POR QUE NO QUEREMOS QUE SE VUELVA A REPETIR LO QUE SUCEDIÓ EL 06 DE MAYO
DE AÑO 1996, EL CASO LLAMADO CHINCHULINES EN DONDE HUBIERON DECENAS DE MUERTOS Y ASAS QUEMADAS, ES POR ELLO TAMIÉN COMUNICAMOS A TODOS LOS TURISTAS TOMEN SUS PRECAUCIONES.”
El temor de una agresión violenta se fundamenta en las agresiones del 16 de julio pasado, cometidos por miembros de la OPDDIC en contra de ejidatarios de San Sebastián Bachajón, adherentes a La Otra Campaña (no de Yomblej, quien se ha deslindado de esta acusación), mismos que ahora son señalados como “secuestradores, maleantes, pandilleros, asaltantes”.
De acuerdo a testimonios de victimas, testigos y otras fuentes de alta confiabilidad, lo sucedido el día referido fue que, aproximadamente a las 15:00 horas, se presentaron un grupo de miembros de la OPDDIC a bordo de diferentes carros con el fin de ocupar la caseta de acceso a Agua Azul, de manera agresiva, y realizando disparos al aire con pistolas calibre .22, encabezados por el Sexto Regidor del Municipio de Chilón, Sr. Antonio Jiménez García.
El regidor fue detenido junto con Amilcar Vilchis Estrada quien portaba una credencial que lo acreditaba como miembro de la Policía Estatal Preventiva (PEP) destacamentazo en Yajalón, y que habría llegado a bordo de la patrulla 044 de la misma corporación, evidenciando la complicidad de funcionarios en los hechos. El despojo fue frustrado y posteriormente ambos fueron entregados a la PEP.
Adicionalmente, tememos por la seguridad de los agentes de pastoral de la Misión Jesuita de
Bachajón, dado que dicha amenaza señala: “SABEMOS TAMBIÉN QUE ESTA CREACIÓN DE VANDALISMO, DELINCUENCIA ORGANIZADA, ESTÁN PATROCINADOS POR EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS INDÍGENAS (CEDIAC) CON RESIDENCIA
COLECIO DE LOS JESUITAS EN BACHAJÓN SAN JERÓNIMO Y LOS SACERDOTES DE LA IGLESIA DE BACHAJÓN.”
Cabe destacar que la mención que se hace a los hechos de 1996, fortalece de manera sutil la
amenaza. En aquella ocasión “Los Chinchulines”, grupo de corte paramilitar, concertaron un ataque a la población de Bachajón para perseguir y agredir a los opositores del PRI y particularmente a los agentes de pastoral de la Misión Jesuita.
A este Centro de Derechos Humanos le preocupa que la OPDDIC realice nuevas agresiones
violentas, debido a los antecedentes y a la evidente vinculación y protección que existe entre este grupo y funcionarios del gobierno estatal y municipal de Chilón. La caseta de entrada al Área Natural Protegida de Las Cascadas de Agua Azul, colinda precisamente con el espacio que ha sido escenario de agresiones violentas de la propia OPDDIC, en contra de comunidades zapatistas asentadas en la zona. Es una región que disputa la OPDDIC por el control de los ingresos provenientes del turismo y en la que se pretende desarrollar un corredor turístico dentro del denominado Centro Integralmente
Planificado Palenque-Agua Azul, impulsado por el gobierno federal y estatal (Cfr. Capitulo 1 del Balance Anual 2007, de este Centro de Derechos Humanos, en línea).
Los ingresos recibidos en la caseta de entrada a las Cascadas de Agua Azul, han sido utilizados tradicionalmente para el pago del impuesto predial del Ejido San Sebastián Bachajón, y han estado bajo el control y administración de las autoridades tradicionales indígenas de las tres zonas que conforman el ejido. La OPDDIC pretende, con la toma de la caseta, despojar al Ejido de este ingreso económico y controlar la región de Agua Azul, en la disputa por los presuntos beneficios derivados de la inversión turística.
Este Centro ha documentado diversas acciones de agresión e impunidad que han sido posibles gracias a la protección y apoyo político que les brindan las autoridades y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estatal, que han configurado un patrón preocupante. Entre el recuento de acciones están las agresiones armadas por miembros de la OPDDIC contra pobladores de Bayulubmax el 10 de agosto de 2007; el intento de encarcelamiento a partir de la fabricación delitos en contra de sus opositores de Bachajón y Chilón, que han sido operadas con la responsabilidad del anterior Fiscal del Ministerio Público de Bachajón Lic. Jorge López Pérez con la intervención del Delegado de Gobierno
Felipe Hernández, quien ha encubierto la fabricación de delitos por parte del Ministerio Público y ha hecho omisión ante solicitudes de intervención de personas amenazadas (expedientes 199/2007, 42/2008, 000360/IN92/2007, 404/IN92/2007, 87/2007, 245/2005, entre otros); y las agresiones y hostigamientos de miembros de la OPDDIC acompañados de elementos de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Estatal de Caminos, como en los casos de Bolom Ajaw (21 de feb. de 2008) y Betel Yochib (1 de feb. de 2008), en la misma región.
El delegado de Gobierno Felipe Hernández, ha sido acusado de avalar junto con funcionarios de la Procuraduría Agraria, la elección fraudulenta de las autoridades del Ejido de San Sebastián Bachajón, del 18 de mayo de 2007. En esa ocasión la OPDDIC movilizó a miembros de su organización de otros ejidos, entre ellos San Juan y Ocosingo, para que votaran en la asamblea ejidal. De esta manera la OPDDIC obtuvo la mayoría a pesar de la queja de los ejidatarios por tal acto violatorio de los reglamentos internos del ejido y de la ley agraria, obteniendo la representación ejidal.
David Gómez Hernández, asesor jurídico de esta organización y operador político del Comité Estatal del PRI, llevó la defensa de los miembros de la OPDDIC responsables de la agresión armada en julio del año pasado en Bayulubmax y quien en su defensa alegó que los zapatistas son personas que son delincuentes y que están en contra del orden y la paz social, discurso característico del oficialismo contrainsurgente de finales de los 90. David Gómez Hernández fue señalado como responsable de desmantelar la escena del crimen en la Masacre de Acteal, siendo Subprocurador de Justicia Indígena en 1997, en el gobierno de Julio Cesar Ruiz Ferro.
Adicionalmente, se presume la complicidad del presidente municipal de Chilón, el C.P. Antonio Moreno López, del PRI, quien prometió durante su campaña electoral el desalojo de las tierras recuperadas por el EZLN. La participación del Sexto Regidor del Ayuntamiento en las agresiones armadas del día 16 de julio, demuestra esa participación.
Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos solicita el envió de llamados urgentes a las autoridades del Estado, solicitando:
agente del ministerio publico del estado, Jorge López Pérez, al delegado de gobierno en la región, Felipe Hernández, al Sexto Regidor del Municipio de Chilón, Antonio Jiménez García, y al presidente municipal de Chilón, Antonio Moreno Lopez.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 107
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 Artículo 9
 artículo 13