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Timestamp: 2017-08-21 19:40:40+00:00

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Sentencia Civil Nº 338/2010, AP - La Rioja, Sec. 1, Rec 271/2009, 30-07-2010 | Iberley
Sentencia Civil Nº 338/2010, Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1, Rec 271/2009 de 30 de Julio de 2010
Sentencia Civil Nº 41/2012, AP - Jaen, Sec. 2, Rec 400/2011, 15-02-2012
Órden: Civil Fecha: 15/02/2012 Tribunal: Ap - Jaen Ponente: Garcia Perez, Maria Fernanda Num. Sentencia: 41/2012 Num. Recurso: 400/2011
Sentencia Civil Nº 28/2011, AP - Segovia, Sec. 1, Rec 27/2011, 17-02-2011
Órden: Civil Fecha: 17/02/2011 Tribunal: Ap - Segovia Ponente: Sainz De La Maza, Rafael De Los Reyes Num. Sentencia: 28/2011 Num. Recurso: 27/2011
Sentencia Civil Nº 32/2013, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 264/2012, 14-02-2013
Órden: Civil Fecha: 14/02/2013 Tribunal: Ap - Navarra Num. Sentencia: 32/2013 Num. Recurso: 264/2012
Sentencia Civil Nº 11/2013, AP - Barcelona, Sec. 4, Rec 517/2011, 15-01-2013
Órden: Civil Fecha: 15/01/2013 Tribunal: Ap - Barcelona Ponente: Riera Fiol, Amparo Num. Sentencia: 11/2013 Num. Recurso: 517/2011
Órden: Civil Fecha: 04/10/2013 Tribunal: Ap - Cantabria Ponente: Arroyo Garcia, Maria Jose Num. Sentencia: 464/2013 Num. Recurso: 465/2012
NOTA: En este contrato se establece un clausulado que tiende al favorecimiento de la postura del arrendatario frente a la del arrendador: - En caso de desistimiento del contrato el arrendatario no tiene que abonar indemnización alguna, sólo se est...
Órgano: Sg De Impuestos Sobre Las Personas Jurídicas Fecha: 22/07/2013
Núm. Resolución: V2442-13
Resolución de TEAF Bizkaia, 12659, 04-10-2011
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/03/2015
Núm. Resolución: 3680/2012/00/00
Ponente: Moreno Garcia, Ricardo
Núm. Sentencia: 338/2010
Núm. Cendoj: 26089370012010100657
SENTENCIA: 00338/2010
N.I.G.: 26089 37 1 2009 0100283
ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000271 /2009
Juzgado procedencia : JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de CALAHORRA
Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000033 /2008
S E N T E N C I A Nº 338 DE 2010
D. JOSE LUIS DIAZ ROLDAN
Dª BEATRIZ SAENZ DE JUBERA HIGUERO
En la ciudad de Logroño a treinta de julio de dos mil diez
VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 33/2008, procedentes del JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 3 de CALAHORRA, a los que ha correspondido el Rollo 271/2009, en los que aparece como parte apelante MARMOLES CIDARTE S.L., representado por la procuradora Dª ANA ROSA RAMIREZ MARIN, y asistido por el letrado D. MARIA TERESA ORTEGA MARRODAN, y como apelado D. Aureliano , representado por la procuradora Dª FRANCISCO JAVIER GARCIA APARICIO, y asistido por el letrado D. JOSE MARIA FERNANDEZ VELILLA HERNANDEZ, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. RICARDO MORENO GARCIA.
PRIMERO.- Que, con fecha 10 de marzo de 2009, se dictó sentencia por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Calahorra (f.- 228-233 ) en cuyo fallo se recogía: " estimando parcialmente en la demanda formulada por la representación procesal de D. Aureliano contra MARMOLES CIDARTE S.L, debo condenar y condeno a la bandada al demandante la suma de treinta y cinco mil trescientos tres euros con cuarenta y nueve céntimos ( 35.303,49.-euros). A ello deberán añadirse los intereses legales de dicha cantidad desde la interpelación judicial (9 de enero de 2008) hasta su completo pago, incrementados en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución. Se condena a MARMOLES CIDARTE S.L al abono de las costas procesales".
Se responde con tal fallo a la demanda en la cual se pretendía, en esencia, que (f.-1-7) se condenará a la demandada MARMOLES CIDARTE S.L a satisfacer la cantidad que se acreditara por la reparación de los daños y perjuicios generados que se estimaban provisionalmente en 52.025,27 euros con los correspondientes intereses e imposición de la condena en costas, cantidad que se desglosaba en diversos conceptos que eran: daños por el importe global de la reparación; daños y perjuicios por el desistimiento unilateral del contrato; daños y perjuicios generados por la falta de entrega de la nave en las debidas condiciones de poder ser utilizada ; y gastos por acta notarial que informe pericial que se acompañaba a la demanda.
En la contestación a la demanda (96-102) se oponían a la misma.
Tras la celebración de la audiencia previa las cuestiones discutidas se recogen en el fundamento de derecho primero de la sentencia recurrida concretadas en la discrepancia sobre si existió desistimiento unilateral o una extinción de mutuo acuerdo del contrato; determinar si los desperfectos en el local son imputables a la parte demandada y cuál es el importe de los mismos y finalmente si la parte demandada debe abonar los gastos de acta notarial y el informe pericial.
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación procesal de MARMOLES CIDARTE S.L, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.
TERCERO.- En el recurso de apelación (f.- 238-248) se alegaba diversas consideraciones, para concluir interesando que previos los trámites legales se proceda a dictar la resolución que revoque la sentencia y se destine en su totalidad lo solicitado en el escrito inicial de demanda, o subsidiariamente sea reducida en el porcentaje que en la sala estime oportuna por la depreciación de un local tras una vida activa de 20 años
En la oposición presentada frente al recurso de apelación (f.- 251-254 ) se alegaban las razones que estimó oportunas frente a las alegaciones del recurso de apelación para concluir interesando que previos los trámites legales oportunos se dicte sentencia confirmando la dictada por el juzgado con expresa imposición de las costas a la parte apelante.
CUARTO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 22-7-2010.
QUINTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Siguiendo el orden establecido por la sentencia recurrida a la que hace frente al recurso de apelación procede examinar en primer lugar lo referente a la existencia de un desistimiento unilateral del contrato o bien de una extinción de mutuo acuerdo del mismo.
Consta en la causa contrato de alquiler de inmuebles para uso de negocio (f.-5-7 Doc nº 1 demanda) en virtud del cual se procedería por la parte arrendadora don Aureliano a arrendar MARMOLES CIDARTE S.L representado en dicho acto por don José María Ferrer García la nave industrial sita en la calle Pg Planaresano 48-2 de la localidad de Arnedo por un plazo de vigencia que comenzaba el cinco de abril del año 2002 por cuatro años y vencimiento el 4 de abril de 2006, si bien se preveía que después del vencimiento las partes podrían rescindir el contrato a los vencimientos anuales previa comunicación con una antelación mínima de dos meses.
No se contemplaba en el contrato la manera en la cual debería llevarse a cabo la devolución de las llaves así como tampoco la previa comunicación pero es un hecho reconocido por ambas partes que a principios del mes de septiembre del año 2007 son José María Ferrer García por vía telefónica manifestó su intención de desalojar la nave arrendada y días después, en la primera quincena a través de una tercera persona procedió a hacer entrega de un juego de llaves de la nave a la arrendadora la cual se apersonó en la nave el día 14 de septiembre y ante la existencia de diversos desperfectos de deseo dejar constancia de los mismos y acudió al notario Gonzalo Sánchez Casas para levantar hasta cosa que se realizó quedando constancia mediante una serie de fotografías (17-19).
Ante esta situación de entrega de las llaves por parte del arrendatario y por mediación de un intermediario al arrendador existe discrepancia sobre el significado que cabe darle de manera que la parte actora niega que de tal hecho puede deducirse la existencia de mutuo acuerdo para concluir la relación arrendaticia frente a lo que sostiene la parte demanda.
La sentencia recurrida estima la pretensión de la parte actora negando que la decisión de desistimiento unilateral del contrato por el arrendatario con entrega de las llaves al arrendador suponga que por su aceptación exista una extinción de mutuo acuerdo del vínculo contractual, opinión que debe ser compartida por esta Sala.
Ello en primer lugar por cuanto que correspondía a la demandada acreditar el hecho extintivo de la obligación contraída, al amparo del artículo 217 de la LEC , esto es, probar que había sido de mutuo acuerdo y no unilateralmente su resolución, cosa que no ha ocurrido salvo la interpretación que la parte pretende del hecho de recoger el arrendador las llaves remitidas por el arrendatario.
En segundo lugar debe rechazarse la alegación de la parte demandada por cuanto, como señala la sentencia recurrida , no cabe dar tal interpretación al mero hecho de recoger las llaves que el entregaban y en tal sentido y como señala la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de Secc. 11 de 29-4-2010 en supuesto que presenta similitudes concluye que"...Naturalmente, el hecho de aceptar las llaves, en nada modifica ni significa directa o indiciariamente la invocada conformidad y consenso en la resolución unilateral del contrato llevada a cabo..." y ello es así por cuanto que el desalojo del local con la correlativa entrega de las llaves equivale a la entrega efectiva de la posesión pero no implica que de ello deba deducirse la voluntad del arrendador a una resolución contractual de mutuo acuerdo puesto que como indica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante Secc. 5ª de 10-3-2010 "...es aplicable el criterio del Tribunal Supremo contenido en sentencia de 30 de marzo de 2000 sobre el significado de la entrega de llaves en los contratos de arrendamiento, que prueba que quien las devuelve renuncia al contrato pero no que quien las recibe renuncia a cobrar las rentas por el tiempo de duración pactado. La recogida de llaves por el arrendador, se dice en la sentencia de esta Sección de 21 de mayo de 2008 siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo establecida en sentencia de 10 de octubre de 2007 , no implica aceptación de la resolución del contrato y la exoneración del pago de rentas ni renuncia a la indemnización de daños y perjuicios".
SEGUNDO.-. La siguiente cuestión viene dada por la existencia de unos desperfectos en la nave, no son objeto de discusión en cuanto a su real existencia, pero que por la parte demandada se imputa a una tercera persona que sería la mercantil Mármoles Cidacos S.L.
Interesa en este punto y siguiendo lo recogido en la sentencia recurrida lo tendencioso de la contestación a la reclamación sobre la base de tales argumentos y que pretende ampararse en la existencia de dos sociedades de personalidad jurídica diferenciada para rechazar la última la reparación de unos daños que se dan como ciertos y que se dice que ya existían en tiempos de la primera y así lo reconocen los testigos Sr. Norberto (juicio 15:59:43) y Sr. Roberto (16:04:22) cierto es que la contestación en correcta en cuanto a la existencia de dos personalidades jurídicas diferenciadas pero no lo es en cuanto al fondo y el resultado que cabe extraer de ello por lo que se dirá.
Es así que el contrato inicial fue alcanzado entre el demandante Sr. Aureliano con Mármoles Cidacos S.L representado por José María Ferrer García, con las mismas condiciones y en contrato prácticamente idéntico al que posteriormente se realizó entre el Sr. Aureliano y nuevamente José María Ferrer García esta vez en nombre de la mercantil Mármoles Citarte S.L. Entre ambos contratos se producen mínimas variaciones en cuanto a plazos e importe..
Ambas sociedades Mármoles Cidacos S.L y Mármoles Cidarte S.L, que comparten además del mismo objeto social los mismos socios, que son los dos hermanos, vinieron a ocupar la mismas instalaciones sin interrupción e incluso simultáneamente puesto que constituida Mármoles Cidarte y con comienzo de actividades el 31-12-2001 (Registro Mercantil f.- 120) y sin haberse realizado la redacción y firma del nuevo contrato que se hizo el 5-4-2002 ya contaba con tal domicilio social y desarrollo de actividad al igual que Mármoles Cidacos, sin que se resolviera el contrato con esta que por otra parte no consta si se ha llegado a disolver, y hasta tal punto se produce esta confusión entre ambas que la fianza prestada por Mármoles Cidacos al inicio de su arrendamiento en el año 1998 del mismo local sirvió, sin modificación alguna, para seguir Mármoles Cidarte en el local a partir de la firma del contrato 5-4-2002, en esencia es lo que el demandante manifestó "eran los mismos y había confianza" y los daños estaban pero como debían repararlos se siguió igualmente con la nueva en la confianza e idea de que iban a repararlos.
Por lo tanto el hilo temporal que se observa es el del inicio de la ocupación del local por Mármoles Cidacos el 1-3-1998, comienzo de actividades por Mármoles Cidarte el 31-12-2001 en el mismo local que es el domicilio social de ambas, y realización de nuevo contrato esta vez con Mármoles Cidarte el 5-4-2002 con abandono del local por parte de esta en la primera quincena de septiembre de 2007.
En ambos contratos se recoge idéntico contenido y así en el de 5-4-2002 consta la cláusula 8ª en la que se indica lo siguiente "8ª .- Conservación del local: Se entrega el local en normales condiciones de uso. Ya conocidas por el arrendatario. Por lo que la parte arrendataria queda comprometida a devolverlo, al finalizar el arriendo, en las mismas condiciones, debiendo abonar el importe de los desperfectos que ocasionase a terceros. La conservación, reparación y reposición de las instalaciones, que por el normal uso de las mismas deban realizarse serán por cuenta de la parte arrendataria"(f.-5-7 y 117-118) Cláusulas 8ª y 6ª respectivamente) asumiendo la situación en que se encontraba que era la ya deteriorada cuya reparación les correspondía en virtud del primer contrato de arrendamiento y asumiendo por lo tanto la obligación de reparación que persistía.
TERCERO.- El tercer aspecto sería la determinación del montante indemnizatorio que atienda conceptos tales como daños existentes, lucro cesante, y gastos de preparación del proceso.
A) Daños ocasionados.- Respecto de los daños ocasionados se aportó por la parte demandante informe pericial (f.-27-57) dentro del cual se van desgranando los distintos elementos que se observaba dañados para concluir estimando una valoración de los daños que alcanzaba la cantidad de 37.561 € que más el IVA correspondiente dejaban el total de los daños estimados en la cantidad de 43.570, 76 € (f.-33).
Frente a tales gastos se realizó un informe pericial judicial (f.-193-222) dentro del cual se van señalando los conceptos añosos que se observan siguiendo el mismo orden que se había realizado en el informe pericial la parte demandante (así se manifestó por el perito de parte Sr. Marco Antonio (10:13:00) y de esta manera se recogen los siguientes conceptos: "...acumulación de polvo de mármol y derivados, viruta y retales diversos de cortes. Herramienta propia de la actividad del arrendatario, con un compresor y una máquina que corte en húmedo. Excoriaciones, en tiras y cortes en solera de hormigón, debido a la realización de trabajos de corte con disco y coronas. Mal estado de la instalación eléctrica debido a la acumulación de polvo en magnetotérmicos e interruptores de control de potencia. Rotura de cuatro pantallas de luminarias, no pudiéndose apreciar el estado de los fluorescentes. Restos de chimeneas construidas en desuso. En planta primera, se han atrevido a los paramentos muestras de mármol con un ligante que hace que al retirar la muestra, se desprenda en el enlucido y la pintura. Desperfectos en la carpintería interior por uso anormal de las mismas. Se han realizado obras para la ampliación de la puerta de entrada de vehículos al inmueble, con un deficiente anclaje a los muros."
Se aportan fotografías de los distintos conceptos y se realiza una valoración económica, que sin contemplar los posibles vicios o desperfectos ocultos, hacen un montante total, IVA incluido, que asciende a la cantidad de 29.644,29 €.
Incluso existe una tercera valoración esta vez realizada por la parte demandada que es la del al bañil Sr. Baldomero el cual se ratifica en la valoración realizada (109-110) de valor notablemente inferior el cual manifiesta que siguió los conceptos del informe d e parte y sobre tales conceptos aplicó sus precios, (16:07:16) ciertamente sin verificar los conceptos en la propia nave que no visitó (16:08:07).
En el presente supuesto la juez de instancia ha optado por una valoración concreta y excluyendo al del albañil y la de parte ha valorado como más correcta la pericial elegida que es la realizada por el perito judicial según los artículos 1242 y 1243 CC, y 348 de la LEC, pues, la doctrina de las SSTS de 11-10-94 y 2-10-97 , indica que no está obligada la juez "a quo" a sujetarse al dictamen pericial, porque no es más que uno de los medios de prueba o elementos de juicio, pudiendo escoger entre los informes técnicos practicados el que considere más objetivo y mejor fundado y si bien es cierto que en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil , no se otorga preeminencia alguna al informe pericial del perito nombrado a los efectos del artículos 339 y siguientes de la citada Ley , frente a los informes de parte, a los efectos del artículo 336 , pues ambos se han de valorar conforme a las reglas de la sana crítica, tal y como establece el artículo 348 , la juez ha fundamentado el criterio por el cual opta por la elección de la valoración realizada por el perito judicial el cual y si bien con discrepancia de valoración y de no inclusión de algún concepto, en lo esencial viene a seguir las mismas líneas generales que el de parte demandante, por lo que y el supuesto, pues tal como señala la Sentencia de esta Sala de 10-5-2010 en supuesto como el presente en el que obren dictámenes contradictorios "...el Juez puede optar sobre aquel que estime más convincente u objetivo, es decir, que ofrezcan una mayor aproximación a la realidad de los hechos (SSTS 9-2- y 19-2-1987, 6-3-1989 ) cosa que se ha realizado en la sentencia recurrida en la que se ha justificado al razón de ser de tal opción" .
Por finalizar este apartado debe señalarse, tal y como hace la sentencia recurrida, que obra en poder del arrendador la cantidad de 1202,02 euros en concepto de fianza, procediendo a realizar la compensación (art. 1195 CC ) con el total debido por este concepto que en definitiva se fija en la cantidad de 28.442,97.-euros .
B) Lucro cesante.- Otro concepto indemnizatorio que se reclama por la parte actora es el lucro cesante por las ganancias dejadas de obtener por el hecho de no poder disponer de la nave está la reparación de los desperfectos. Se alega por la parte demandada que en caso de atender sus pretensiones se produciría un supuesto de enriquecimiento injusto por cuanto señala no puede pedirse la renta pendiente hasta la finalización del contrato y además el concepto de lucro cesante.
Debe estimarse el criterio seguido por la juez de instancia en cuanto que la necesaria realización de los trabajos que vienen obligados para la restitución de la nave al estado de servir a su destino natural exigen que la misma no pueda dedicarse a su alquiler durante el tiempo que duren tales trabajos.
De igual manera debe rechazarse la alegación de la demandada en cuanto que no cabe confundir dos conceptos que son diferentes por un lado el tiempo por el cual la nave no va a poder ser colocada en el mercado para su alquiler (bien pudo haberlo sido desde el día siguiente al que se entregaron las llaves) por razón de los trabajos de rehabilitación que se están realizando a causa del mal estado en el que el arrendatario dejó la nave y que tienen un origen extracontractual y por otro la indemnización pendiente de recibir por el arrendador en virtud del contrato suscrito y en atención a su contenido por las mensualidades pendientes de pago hasta su finalización y que en virtud de la obligación contractual asumida por los arrendatarios debe ser satisfecha con independencia del tiempo que se tarde en restituir la nave al estado adecuado para servir a su finalidad.
El perito judicial en el acto del juicio, tal como se indica en la sentencia recurrida, viene a señalar un plazo de duración de realización de tales trabajos de entre 1 y 3 meses. Opta ante tal margen temporal la juez de instancia por el grado medio, que se considera ajustado, de dos meses por realización de tales obras pero se discrepa del contenido de la sentencia en la apreciación de la existencia de lucro cesante durante tal período de tiempo de reparación.
El lucro cesante trata de obtener la reparación de la pérdida de ganancias dejadas de percibir, y debe ser probada su existencia ("al menos razonable" STS 30-6-1993 y 21-10-1996 y al menos también "aplicando criterios de probabilidad de acuerdo con el curso normal de los acontecimientos", STS 16-6-1993 y 15-7-1998 ), pues el lucro no puede ser dudoso o incierto, de ahí que se deban rechazar las ganancias contingentes o fundadas en meras esperanzas, o expectativas sin sustento real (STS 2-10-1999 ), sin que nada se haya conseguido dar como probado en la sentencia recurrida sobre la real existencia de un contrato de arrendamiento que no se hubiera podido llevar a cabo precisamente por razón del deteriorado estado en el que quedó la nave y las necesarias reparaciones. En atención a lo cual debe rechazarse este apartado indemnizatorio.
C) Gastos notariales e informe de parte.- Respecto a los gastos de acta notarial en el informe pericial aportados por la parte actora al procedimiento y que son ahora reclamados son excluidos en la sentencia del juzgado que se plantee cuestión alguna sobre su exclusión.
CUARTO.- Respecto de las costas procesales, y de conformidad con lo establecido en el art. y 398-2 LEC en tanto que se ha producido una estimación parcial no procede la imposición a las partes de las causadas en esta instancia.
Respecto de la imposición de costas por temeridad y mala fe que se hace en la sentencia recurrida en aplicación del art. 394-2 Ley de Enjuiciamiento Civil cabe indicar que no se explica en la sentencia recurrida las razones en que se basa para apreciar la "temeridad o mala fe" de la cual en la sentencia la única referencia que se puede extraer es en el examen de la alegación que realizó la parte demandada de la existencia de las dos sociedades mercantiles con diferente personalidad jurídica y que en base a esa diferente personalidad jurídica pretendía eludir su responsabilidad, cuando es exigencia reiterada que el Juez debe razonar debidamente, apreciando y señalando las circunstancias excepcionales que conducen a tal determinación para que tal libertad de apreciación no haga quebrar el principio general.
Es por ello que no se considera que concurra la mala fe que se aprecia en la sentencia recurrida por el mero hecho de tal alegación por lo que debe seguirse el criterio general de imposición de costas en primera instancia al excluirse esta aplicación excepcional.
En atención a lo anterior y siguiendo la sentencia recurrida al haberse producido una estimación parcial de la demanda, y ello tanto por cuanto que en la sentencia recurrida se había desechado alguna de las peticiones realizadas y en esta instancia se rechaza otra ( petición por lucro cesante) procede en aplicación del art. 394-2 Ley de Enjuiciamiento Civil que cada parte atienda a las suyas y las comunes por mitad.
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ramírez, en nombre y representación de Mármoles Citarte S.L , contra la sentencia de fecha 10-3-09 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de los de Calahorra , en juicio ordinario en el mismo seguido al nº 33 /2008, de que dimana el Rollo de Apelación nº 271/2009, debemos revocarla parcialmente a los meros efectos de eliminar de la misma el concepto indemnizatorio correspondiente a lucro cesante que en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se imponía y que queda sin efecto, y en cuanto a las costas, al establecer que las causadas en primera instancia corresponderán a cada parte las originadas a su instancia y las comunes por mitad, y en cuanto a las de apelación no procede hacer imposición de las costas, siguiendo el mismo régimen indicado.
Con expresa imposición de las costas causadas a la parte apelante.
Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .
PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrado/s que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 217
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 336
 artículo 348
 resolución 
 artículo 248