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Timestamp: 2019-07-21 07:18:19+00:00

Document:
TRATAMIENTO DE PROYECTO EN COMISIONES UNIDAS.
PENALIZACIÓN DEL MALTRATO DE OBRA Y AMENAZA A FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA. Primer trámite constitucional.
PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO DE LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES AL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES. Primer trámite constitucional.
ENMIENDA A LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA MAYOR PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN PROYECTOS DE CONECTIVIDAD. Segundo trámite constitucional.
RESTITUCIÓN DE QUINQUENIO PENITENCIARIO A PERSONAL EN RETIRO DEL SERVICIO DE PRISIONES.
EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA COMUNA DE AISÉN.
ADELANTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO TÚNEL EN CUESTA DE CHACABUCO. Oficio
RECONOCIMIENTO A TRABAJADORES DE EMPRESA BELLAVISTA TOMÉ. Oficios.
ELECTRIFICACIÓN DEL SECTOR DEL PARQUE NACIONAL DE PETROHUÉ. Oficio.
ANTECEDENTES SOBRE ACTIVIDAD POLÍTICA CON RECURSOS PÚBLICOS EN LAGO TODOS LOS SANTOS. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN DE AUTORIZACIÓN PROVISORIA PARA INSTALAR PLANTA DE METROGAS EN PEÑALOLÉN. Oficio.
INSTALACIÓN DE OFICINA DEL SERNAC EN LOS ÁNGELES. Oficio.
PRÓRROGA DE VIGENCIA DE LEY N° 18.450, SOBRE FOMENTO AL RIEGO. MEDIDAS EN FAVOR DE REGANTES DE LA MACROZONA NORTE. Oficio.
ESTUDIO DE IMPACTO ARQUEOLÓGICO EN ZONA EL MAURO, REGIÓN DE COQUIMBO. Oficio
MEJORAMIENTO DE CONECTIVIDAD MARÍTIMA DE TIERRA DEL FUEGO. Oficio.
CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIO DE DALCAHUE. Oficios.
FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS ENTRE MELINKA Y QUELLÓN. Oficios.
Sesión 33ª, en jueves 7 de junio de 2007
(Ordinaria, de 10.39 a 13.03 horas)
Presidencia de los señores Walker Prieto, don Patricio, Díaz Díaz, don Marcelo, y Meza Moncada, don Fernando.
-	Tratamiento de proyecto en Comisiones Unidas	9
-	Penalización del maltrato de obra y amenaza a funcionarios de gendarmería. Primer trámite constitucional	10
-	Proyecto de acuerdo aprobatorio de la enmienda a la convención sobre prohibiciones o restricciones al empleo de ciertas armas convencionales. Primer trámite constitucional	22
-	Enmienda a ley general de Telecomunicaciones para mayor participación de empresas en proyectos de conectividad. Segundo trámite constitucional	26
-	Restitución de quinquenio penitenciario a personal en retiro del servicio de prisiones	30
-	Evaluación e implementación de medidas para la comuna de Aisén	31
-	Adelanto de construcción de segundo túnel en cuesta de Chacabuco. Oficio	33
-	Reconocimiento a trabajadores de empresa Bellavista Tomé. Oficios	34
-	Electrificación del sector del Parque Nacional de Petrohué. Oficio	35
-	Antecedentes sobre actividad política con recursos públicos en Lago Todos los Santos. Oficios	35
-	Información sobre aprobación de autorización provisoria para instalar planta de Metrogas en Peñalolén. Oficio	36
-	Instalación de oficina del Sernac en Los Ángeles. Oficio	37
-	Prórroga de vigencia de ley N° 18.450, sobre fomento al riego. Medidas en favor de regantes de la macrozona norte. Oficio	38
-	Estudio de impacto arqueológico en zona El Mauro, Región de Coquimbo. Oficio	38
-	Mejoramiento de conectividad marítima de Tierra del Fuego. Oficio	39
-	Construcción de consultorio de Dalcahue. Oficios	39
-	Fiscalización del transporte marítimo de pasajeros entre Melinka y Quellón. Oficios	40
1.	Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las observaciones formuladas por S. E. la Presidenta de la República al proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco. (boletín N° 3882-04)	41
2.	Oficio del H. Senado mediante el cual comunica que ha aprobado, con modificaciones, el proyecto con urgencia “simple”, que introduce modificaciones al decreto ley N° 3.472, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, Fogape. (boletín N° 4363-03)	41
3.	Moción de las diputadas señora Soto, doña Laura; Vidal, doña Ximena, y de los diputados señores Ceroni, Girardi, González, Jaramillo, Leal y Venegas, don Samuel, que modifica normas relativas a la muerte presunta. (boletín N° 5101-07)	42
4.	Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Becker, Bertolino, Monckeberg, don Cristián; Monckeberg, don Nicolás; Palma, Vargas y Verdugo, que modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de que se informen y publiquen en Internet las proposiciones que se aprueben en forma unánime. (boletín N° 5102-16)	44
5.	Moción de los diputados señores Arenas, Alvarado, Barros, Bobadilla, Estay, Lobos, Norambuena, Paya, Salaberry y Ulloa, que modifica el artículo 55 inciso segundo, de la ley de matrimonio civil, exigiendo que el acuerdo a que se hace alusión se reduzca a escritura pública o con escrito judicial, ambos con autorización del juez. (boletín N° 5104-18)	45
6.	Moción de los diputados señores Bauer, Correa, García-Huidobro, Estay, Forni, Masferrer, Norambuena, Recondo, Urrutia y Ward, que incorpora nueva agravante, en el Código Penal, para el robo en casas no habitadas. (boletín N° 5105-07)	46
7.	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados copia autorizada de la sentencia en acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad recaída en los siguientes roles:
a)	619-2006, respecto de artículos 559 y 560 N° 2 del Código Orgánico de Tribunales. (Oficio N° 1064),
b)	664-2006, respecto de diversos artículos del Código de Justicia Militar, del Código Orgánico de Tribunales, y de la Ley de Control de Armas N° 17.998. (Oficio N° 1099),
c)	660-INA, respecto del artículo 61 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. (Oficio N° 1074),
d)	621-2006, respecto del artículo 37 de la ley N° 20.000. (Oficio N° 1092)	47
-	Del Jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente por el cual informa que en la Comisión de Turismo el diputado señor Norambuena reemplazará en forma permanente a la diputada señora Turres, doña Marisol.
-	Diputado Ascencio, auditorias al Programa de Electrificación Rural.
-	Proyecto de Acuerdo 247, impuesto específico al uso de gas natural y licuado en los vehículos.
-	Diputado Delmastro, retén en Barrio las Ánimas y cambio a comisaría de subcomisaría Oscar Cristo.
-	Diputado García-Huidobro, facultades que se habría atribuido el Director Regional de la Conaf, de la Sexta Región.
-	Diputado García-Huidobro, fiscalización del RIL Adit72, de la División El Teniente de Codelco.
-	Diputado Espinosa don Fidel, regularización de títulos de dominio de colonos de Lagos Todos los Santos.
-	Diputada Sepúlveda doña Alejandra, inscritos para reprogramar sus deudas con Indap.
-	Diputado Monckeberg don Nicolás, cambio de uso de suelo solicitado por el Comité de Viviendas El Sauce, comuna de San Carlos.
-	Proyecto de Acuerdo 215, situación de exonerados por motivos políticos.
-	Diputado De Urresti , impacto ambiental de proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro.
Municipalidad de Melipilla:
-	Diputada Pascal, proyectos de agua potable y alcantarillado para zona de Pabellón, comuna de Melipilla, y sobre convenio con empresas privadas de alumbrado público.
-En Misión Oficial estuvieron ausentes los diputados señores René Alinco, Abel Jarpa, Iván Moreira, Eduardo Saffirio y Felipe Salaberry.-
Si le parece a la Sala, se accederá al archivo solicitado por la Comisión de Familia de los siguientes proyectos de ley:
1°. El que modifica la ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia, con el objeto de evitar la congestión que se produce en la atención de los usuarios;
2°. El que modifica la ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia, estableciendo que la notificación de las demandas se haga por receptores judiciales designados por turno, y
3°. El que modifica las normas de procedimiento de la ley N° 19.968, que creó los tribunales de familia y derogó el artículo 234 del Código Civil.
Recuerdo a los señores diputados que la Cámara ya se pronunció sobre estas materias al aprobar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, originado en mensaje, que introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968 y a otros cuerpos legales, contenido en el boletín N° 4438-07, el cual fue estudiado por las Comisiones unidas de Constitución y de Familia, y recoge todas las ideas planteadas en las mociones señaladas. Cabe agregar que dicho proyecto se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.
Señor Presidente , ayer, no menos de cuarenta dirigentes de los funcionarios de la Juntas Nacional de Jardines Infantiles nos solicitaron, al diputado Gabriel Silber , presidente de la Comisión de Educación , y a mí, en mi condición de presidente de la Comisión de Hacienda , conversar sobre el proyecto de ley -que ingresó ayer a tramitación- que concede incentivo económico vinculado a la evaluación integral de la calidad de la educación parvularia, que materializa el acuerdo al que llegaron el Gobierno y dichos funcionarios.
Solicito a la Sala, por su intermedio, señor Presidente , que el proyecto señalado sea tratado por las Comisiones unidas de Educación y de Hacienda para su pronto despacho. Si alguien se opone, pido que someta a votación la petición formulada
Tiene la palabra el diputado Julio Dittborn.
Señor Presidente, antes de pronunciarme, pido al diputado Ortiz que entregue los fundamentos de lo solicitado.
Tiene la palabra el diputado Ortiz.
Señor Presidente, mi solicitud está basada en lo siguiente:
Ayer, dirigentes de todas las regiones solicitaron la reunión que mencioné, para plantearnos que les interesa obtener su beneficio lo más rápido posible. En este momento, la Comisión de Educación tiene una agenda bastante intensa, especialmente por el estudio de la ley general de la educación, en cambio, en la Comisión de Hacienda estamos al día, y, como ha habido un acuerdo total entre el Gobierno y la asociación de funcionarios de la Junji, he formulado la petición con el fin de tramitar rápidamente ese proyecto.
Corresponde tratar, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, originado en mensaje, que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de Gendarmería en servicio.
-Mensaje, boletín Nº 4816-07, sesión 117ª, en 10 de enero de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 30ª, en 5 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 38.
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia paso a informar sobre el proyecto de ley que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de Gendarmería en servicio, que es muy simple de explicar, pero extraordinariamente importante por su contenido.
La iniciativa no contiene disposiciones de rango orgánico constitucional o que deban aprobarse con quórum calificado, ni tampoco que sean de competencia de la Comisión de Hacienda.
Se aprobó en general por unanimidad y no hubo artículos ni indicaciones rechazadas.
El mensaje destaca la importante función de Gendarmería de atender, vigilar y asistir a los detenidos y contribuir a su reinserción social. Asimismo, hace notar que esas funciones se sobrecargan como consecuencia de la gran demanda que tiene, de la necesidad de atender a una creciente población penal que, ya en el 2006, alcanzó a cuarenta mil internos, lo que obliga al personal de Gendarmería a cumplir agotadoras jornadas.
Además, hace presente que muchas de las personas que ingresan al sistema carcelario -como es de conocimiento público- son de muy difícil control, lo que se traduce en una permanente puesta a prueba de las capacidades y condiciones del sistema penitenciario para enfrentar los riesgos que las personas encargadas de la seguridad deben encarar a diario.
Entonces, se aprecia, en definitiva, que el personal de Gendarmería está expuesto permanentemente a riesgo, y también sus familias, a raíz de la vigilancia que deben mantener muchas veces sobre individuos peligrosos.
Pero aquí hay una situación que no es justa. En el Código de Justicia Militar hay disposiciones especiales aplicables a Carabineros, en el sentido de sancionar con penas más altas a quienes atenten en contra de ellos. Entonces, se trata de asimilar la situación que afecta a Gendarmería a la de Carabineros, para elevar las penas cuando se cometan delitos cuyas víctimas sean gendarmes; elevarlas en relación con aquellas que se aplican cuando el sujeto pasivo es una persona común y corriente. Se hace referencia a ciertos tipos de delitos: de lesiones y de amenaza.
En resumen, cuando se cometa un delito de lesiones y de amenaza, y el sujeto pasivo sea un gendarme, la pena será mayor.
El proyecto establece que el que matare a un miembro de Gendarmería de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Es decir, recibirá la misma pena del que comete parricidio, una de las sanciones más altas para el delito de homicidio, que va de quince años y un día a cuarenta años de presidio.
De igual forma, el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un miembro de Gendarmería de Chile que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado medio, si del resultado de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. Es decir, recibirá una pena que va de diez años y un día a quince años. Hoy, para un delito de esta naturaleza cometido en contra de cualquier persona, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo; en cambio, para el caso que nos convoca, la pena se eleva en un grado.
También se sancionará con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. Es decir, se establece una pena que podría llegar a diez años de presidio.
Se castigará con presidio menor en su grado medio a máximo, es decir, entre quinientos cuarenta y un días a cinco años, si se le causare lesiones menos graves.
Se sancionará con presidio menor en su grado mínimo, o multa de seis a once unidades tributarias mensuales, si las lesiones ocasionadas fueren leves.
Asimismo, se agrega un artículo 15 C, que señala: “Las penas establecidas en los artículos 395 y 396 del Código Penal, serán aumentadas en un grado cuando la víctima sea un funcionario de Gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones”. Esto está referido a lesiones corporales, como castraciones o mutilaciones.
También se agrega un artículo 15 D, que establece: “El que amenazare con armas de las comprendidas en el artículo 132 del Código Penal a uno o más de los integrantes de Gendarmería de Chile, con conocimiento de su calidad de miembro de esa institución, será castigado con presidio menor en su grado mínimo”.
En resumen, el proyecto establece sanciones para el maltrato de obra y amenazas a funcionarios de Gendarmería en servicio, legislación que ya existe para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, en razón de que también realizan labores de seguridad y de reinserción social.
Señor Presidente , el proyecto se hace cargo de una situación que está en el tapete y que cobra plena vigencia en los días presentes; es decir, está en la tribuna de los problemas. A algunos diputados nos llegó un ejemplar de la Revista de Gendarmería de Chile, donde se lee “Un nuevo impulso a Gendarmería de Chile”. Para salir de ese túnel, que lo ven muy oscuro, solicitan gestiones políticas, de distinta calidad y cantidad, para lograr lo que, como oportunidad laboral, muchos chilenos también tienen.
Deseo hacer un alto para destacar el trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la que no está “sujeta” al marketing, que integrantes de otras comisiones, por distintas razones, tienen o buscan. A esa Comisión muchas veces le falta tiempo para entregar ese espacio a la opinión pública y dar a conocer su trabajo. Hago este alcance, porque en este minuto sus integrantes no están presentes en la Sala, a pesar de que se está tratando uno de sus trabajos; pero no lo están, porque ya están insertos en el próximo proyecto. No pocas veces, algunos no están en el hemiciclo, pero sí en la Comisión. Es más, tampoco sabemos mucho de ellos en los comentarios periodísticos. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es una de las que merece el mayor respeto, por la calidad de sus integrantes y por la forma silenciosa de realizar su trabajo, una labor de tremenda importancia.
El proyecto establece, para los que atente contra funcionarios de Gendarmería, penas similares a las contempladas para a quienes maltraten de obra a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Es una iniciativa del Ejecutivo que busca, por la vía de endurecer las sanciones, mecanismos de protección para el personal de esta repartición, que día a día tiene que convivir con la población que se encuentra privada de libertad por la comisión de algún delito.
La eficacia de la medida de endurecer las penas para quienes maltraten de obra de esos funcionarios públicos no me convence totalmente. Las estadísticas demuestran que no siempre, a mayor pena, menor cantidad de delitos.
Quizás, la amenaza de endurecer las penas puede servir como factor disuasivo para algunos, pero no es una solución totalmente efectiva.
A través de reportajes de prensa y de televisión hemos conocido las condiciones en que viven y conviven gendarmes y reclusos. Además, la población penal ha aumentado en forma considerable, al extremo de llegar a ser un de los países que posee las mayores poblaciones penales de América Latina. ¡Qué desagradable y que impotencia se siente al no poder decir lo contrario!
La disminución de las agresiones, más que por la vía punitiva, se puede lograr por la vía administrativa, buscando mecanismos -no los tengo, pero sí los visualizo- que intervengan sobre los factores de riesgo.
En esta materia debemos actuar con mucha responsabilidad y con mucha tranquilidad. La construcción de nuevos y mejores recintos penitenciarios permitirá la rehabilitación de los reclusos y una adecuada seguridad para el personal que en ellos labora.
Sin embargo, no ha sido una tarea fácil. No me parece buena la planificación del emplazamiento de los nuevos recintos carcelarios, ya que los ubican cerca de poblaciones o en lugares con entornos espectaculares de las ciudades, como me ha tocado ver en Valdivia y en Puerto Montt. No obstante, se debe perseverar en su construcción, pero con una visión diferente para que estos recintos -que no son amigables- también mejoren la calidad de vida de quienes tienen que cuidar a los internos.
Las medidas administrativas mencionadas por el diputado Ceroni son una parte de la solución. Nos queda mucho por legislar en esta materia. En mi modesta opinión, esas medidas no disminuyen significativamente las agresiones y maltratos a estos funcionarios públicos. Debemos buscar fórmulas distintas; sin embargo, tenemos que apoyar el proyecto de ley por el momento especial que estamos viviendo, debido a los acontecimientos recientes.
Por lo tanto, anuncio nuestro apoyo a la iniciativa y aprovecho de agradecer una vez más el arduo y anónimo trabajo que realiza la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Señor Presidente , estas normas hacen justicia y dignifican el rol que cumple Gendarmería de Chile. Todos sabemos lo dura que es la vida profesional y familiar de las personas que están en contacto permanente y compartiendo prácticamente sus vidas con otras que, muchas veces por falta de oportunidades, han tomado el camino del delito, por lo que deben ser reprimidas, a pesar de que todos soñamos con que cambien algunas cosas en nuestro país y podamos ver en el futuro posibilidades reales de reinserción social para quienes han delinquido.
En este sentido, las labores preventivas de Carabineros son vitales; pero el trabajo de Gendarmería de Chile es tremendamente duro, como dije, pues significa lidiar diariamente con gente que ha tenido una formación que dista de la que tuvimos la mayoría de nosotros en cuanto a principios y valores, ya que se trata de personas para quienes los bienes ajenos y la vida de los demás no tienen el mismo valor que para la mayoría de los seres humanos.
Por lo tanto, reconocer que atentar contra la vida o la integridad física de gendarmes es un delito distinto que las agresiones que puede sufrir un ciudadano cualquiera, es concederles la dignidad que se merecen y entender la importancia de su trabajo.
Mayor trascendencia va a cobrar el trabajo de los gendarmes con la entrada en vigencia de las normas sobre responsabilidad penal juvenil, ya que muchos de estos funcionarios que laboran en distintas cárceles, serán destinados a resguardar el perímetro de los centros donde los jóvenes condenados cumplirán sus penas en régimen cerrado o semicerrado.
Al respecto, debo informar algo que ha sido planteado sin la importancia debida, cual es la falta de gendarmes, lo que es una constante en la actualidad, pero que va a ser patético en el futuro y puede desembocar en una crisis.
Me comentaba la diputada Ximena Valcarce , quien representa, entre otras comunas, a Arica, la desesperación que existe en los funcionarios de Gendarmería, porque dieciocho de ellos pasan a resguardar los centros de menores de esa ciudad, pero no se sabe exactamente qué va a pasar y cómo se va a cubrir la falta de personal que se producirá. He recibido, me imagino que también les han llegado a otros diputados, algunos e-mails de funcionarios de Gendarmería, mediante los cuales hacen presente estas necesidades. Sabemos que se trata de una institución jerarquizada, en la que el respeto a los reglamentos dificulta que los gendarmes puedan plantear sus reclamos gremiales y necesidades.
Por lo tanto, insisto en que el proyecto hace justicia a los miembros de este importante servicio del Estado y les da un mayor grado de protección. No obstante, aprovecho la oportunidad para recordar situaciones que la afectan, como la falta de personal y el bajo nivel de remuneraciones; también requieren más protección para la integridad síquica de su personal, ya que una cosa son los atentados contra la vida e integridad física de los funcionarios, y otra es lo difícil que resulta pasar muchos años en contacto con el delito y que esto no tenga algunas consecuencias en su relación familiar y en el desarrollo de otros aspectos de su vida.
Tengo confianza en que el ministro de Justicia se hará eco de este llamado
Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto, que espero sea aprobado hoy.
Tiene la palabra el diputado señor Maximiano Errázuriz.
Señor Presidente , estamos debatiendo un proyecto de ley que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de Gendarmería en servicio.
Me alegro mucho de que a los funcionarios de Gendarmería se les otorgue el mismo amparo y protección que actualmente se le da a Carabineros y a la Policía de Investigaciones.
¿Qué dice el artículo 1° del decreto que fija la ley orgánica de Gendarmería de Chile? Define a Gendarmería como un servicio del Ministerio de Justicia que tiene por finalidad atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por resolución de las autoridades competentes fueren detenidas o privadas de libertad, además de cumplir las demás funciones que le encomiende la ley.
Es un hecho público y notorio que en los recintos penitenciarios existe el 40 por ciento de hacinamiento. Algunos centros de detención preventiva, como el de Puente Alto, tienen 300 por ciento de hacinamiento. Más grave aún, hay muchos centros de detención preventiva que, debido a la falta de espacio, se han transformado en recintos penitenciarios ocupados por condenados. Estimo que el 75 por ciento de las personas privadas de libertad en ese centro están rematadas y condenadas, en circunstancias de que, como dije, se trata de un centro de detención preventiva.
¿Qué posibilidades tiene Gendarmería de rehabilitar a internos en esas condiciones? ¿Qué seguridad tienen sus funcionarios, que debe hacer turnos bajo enorme presión sicológica, de que no lo agredan o de que no le suceda algo?
Conversé con gendarmes del centro de detención preventiva de Puente Alto, que me dijeron que allí llegaban jóvenes cuyas edades fluctúan entre 16 y 18 años, y que han sido declarados con discernimiento. Si ellos intentan escapar ¿les disparan? Al fin y al cabo, Gendarmería es responsable de las consecuencias por no detener o no rehabilitarlos.
Hace dos años, presenté un proyecto para que las personas procesadas por delitos que no son de sangre tuvieran la posibilidad de colocarse voluntariamente un chip del tamaño de un grano de arroz en su piel. De esa forma podrían continuar trabajando, estudiando o desarrollando las actividades que hacían antes de delinquir. Para evitar su fuga serían monitoreados a través de un sistema satelital GPS.
De los 38 mil internos que existen en el país, más de 15 mil están procesados por delitos que no son de sangre. Su mantención cuesta 69 millones de pesos diarios.
Hace algún tiempo solicitamos un informe al Ministerio de Justicia, y éste nos envió un documento -una copia se la entregué al señor Presidente que tiene una propuesta parecida respecto de los pedófilos-, en el que se manifestaba que se aprobaba la proposición del chip. Esa sola medida significaría descongestionar las cárceles, con beneficio directo no sólo para los internos, sino también para los gendarmes.
Cuando se produce una fuga de reos se hace responsable a los gendarmes, pero no sabemos las sanciones que se les aplican, porque no se publicitan.
He asistido a actividades en el centro de detención preventiva de Puente Alto y en otras cárceles como la de Alto Hospicio y he sido testigo de la enorme vocación de servicio y entrega a la comunidad de los gendarmes. Es bueno tener presente que detrás de cada uno de ellos hay una familia.
Alguien dirá que el diputado Errázuriz cree que agravando las penas para quienes maltraten o maten a un gendarme los reclusos van a dejar de actuar así. No lo sé, pero parto de la base que el problema de fondo más allá de la agresión a los gendarmes es descongestionar las cárceles. Ojalá el actual ministro de Justicia pida ese informe que se realizó cuando estaba a cargo de esa cartera el ministro Luis Bates .
Hoy, Gendarmería tiene problemas mucho más graves que las amenazas o golpes en contra de los gendarmes. La situación laboral de esos funcionarios es tremenda. Hace muchos años, en la época del ministro Hugo Rosende , se me pidió un estudio sobre las materias que se le impartían a los futuros gendarmes en la escuela de gendarmería, y me di cuenta de que había un problema mucho más grave que, afortunadamente, ahora se ha solucionado. Hace unos pocos años había gendarmes que estaban contratados de acuerdo con lo dispuesto por el Código del Trabajo, otros eran funcionarios públicos, unos estaban en el INP y otros en las AFP. Cuando se producía un hecho de violencia en el interior de una cárcel, lo primero que hacía el alcaide era averiguar quienes estaban cotizando en AFP, porque ellos eran los que estaban más protegidos y, por eso, eran enviados a controlar el problema.
¡Qué pena que la preocupación por Gendarmería surja sólo cuando se presentan proyectos que sancionan el maltrato de obra, la amenaza o incluso la muerte de un gendarme!
Hoy, la Cámara de Diputados y el país en general está tomando conciencia del maltrato a los gendarmes y que, eventualmente, les puede causar la muerte. Ahora se discute un proyecto que sanciona el maltrato de obra y la amenaza a funcionarios de Gendarmería. Pero ojalá que sus autoridades, así como también los ministerios de Justicia y de Hacienda, y la Dirección de Presupuestos tomen conciencia de que, en primer lugar, es indispensable mejorar las remuneraciones de estos funcionarios que arriesgan día a día sus vidas para rehabilitar a los internos en recintos penitenciarios cuyo hacinamiento va desde 40 por ciento -que es el promedio nacional- a 300 por ciento, como es el caso del centro de detención preventiva de Puente Alto.
Estoy dispuesto a participar en una mesa de trabajo con la Asociación de Funcionarios de Gendarmería y el Ministerio de Justicia para conocer cuáles son los problemas que afectan hoy a Gendarmería.
Señor Presidente , si bien valoro el proyecto, pues va en el camino correcto, me habría gustado que el mensaje de su excelencia la Presidenta de la República hubiera estado destinado a aumentar la planta de funcionarios de Gendarmería más que a aumentar las penas para quienes los agreden física y verbalmente.
La falta de funcionarios de Gendarmería es tremenda. Hace unos días estuve en la llamada cárcel modelo de Cauquenes, que fue construida para albergar a 90 reclusos, pero hoy tiene una población penal de 150 internos. ¡Cárcel modelo! Se supone que no puede haber más de 90 reclusos, pero hay 150, es decir, de cárcel modelo pasó a ser de hacinamiento, como sucede con muchas cárceles del país.
A mi juicio, hay dos problemas principales. En primer lugar, faltan cárceles. Se ha dicho que se van a construir, pero no sucede. En la Séptima Región se ha prometido construir la cárcel de Panguilemo desde hace varios años. Se dice que se va a licitar su ejecución, pero hasta hoy no pasa nada. En esa región hay un problema de hacinamiento gigantesco. Se han entregado cárceles concesionadas, pero no se aumenta la cantidad de gendarmes, que continúan siendo los mismos. Es decir, el número de personas que debe vigilar cada funcionario va creciendo en forma gigantesca. La situación es preocupante porque después aparecen los sables, las cuchillas y otros elementos que hemos visto en la televisión cada vez que los gendarmes realizan allanamientos. Eso se produce porque hoy no hay capacidad humana para vigilar al gran número de internos que hay en las cárceles, y por más que trabajen sobre tiempo, los gendarmes no dan abasto para atender a toda la población penal que hoy existe en el país. Lo peor es que el problema va a aumentar, si no se incrementa la cantidad de gendarmes.
Por tanto, considero que si bien la iniciativa es buena, porque aumenta las penas para quienes maltratan a gendarmes -situación que se asimila a lo establecido para el personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones; sería bastante mejor un proyecto de ley para aumentar sustantivamente la cantidad de gendarmes. Me gustaría saber de dónde van a sacar gendarmes cuando se entreguen las próximas cárceles concesionadas. Me parece que de las actuales cárceles, lo que va a significar nuevamente un problema que se va a mantener en el tiempo. Mientras no tengamos una vigilancia adecuada y los recursos para ello, por ejemplo, un gendarme por cada cinco o diez reclusos -tengo entendido que hoy hay un gendarme por cada treinta o cuarenta-, no se va a solucionar el problema, porque lo que ocurre hoy es una locura. Es imposible controlar no sólo la fabricación de armas blanca que ocurre al interior de las cárceles, sino que además las visitas, las que transportan camufladamente distintos artefactos que se pueden convertir después en armas para provocar algún daño a los gendarmes.
Por eso, aun cuando voy a dar mi voto favorable al proyecto, porque creo que en algo ayuda, no veo que sea la solución, ya que pienso que ella va principalmente por un aumento en la planta de Gendarmería. Mientras eso no ocurra, veo muy difícil que se pueda controlar la situación que se vive en nuestras cárceles.
Tiene la palabra el diputado don Esteban Valenzuela.
Señor Presidente , he escuchado atentamente lo señalado por el diputado Urrutia y pienso que lo ideal sería que el proyecto vuelva a la Comisión. Ello, porque frente a cualquier problema la solución que se propone siempre es elevar las penas, como si eso fuera a producir un milagro.
Siempre hemos tenido conocimiento de que en las cárceles ocurren diversos problemas. Incluso, está el informe crítico de la Universidad Diego Portales y de organismos internacionales; a todos nos impactó lo que vimos en televisión sobre lo que sucede en la Penitenciaría de Santiago. Además, se ha dicho que, no obstante la buena infraestructura, la segregación en piezas individuales ha generado un deterioro, una suerte de castigo, incluso ha habido muchos suicidios. Ello demuestra que los problemas están latentes al interior del sistema carcelario.
Quiero dejar en claro que no se trata de pedir que un proyecto lo solucione todo, pero parece sensato que la Comisión de Constitución haga un examen más exhaustivo y global respecto de la eficacia de las medidas adoptadas al interior de los recintos penales, de los sistemas de vigilancia, de las medidas de reinserción, en lugar de seguir con lo que llamo un espejismo en cuanto a la elevación de las penas.
Por eso, pido -como lo plantearon otros colegas- que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, a fin de que realice un análisis más global de la situación.
Tiene la palabra la señora Denise Pascal.
Señor Presidente , he escuchado con atención a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, y sin ser una experta en temas constitucionales, pero sí de justicia, creo que el proyecto no soluciona el problema que hoy afecta a Gendarmería.
Pienso que la única solución posible al respecto es una mayor infraestructura carcelaria y un aumento de la planta de Gendarmería. De otra forma, podemos llegar incluso a instaurar nuevamente la pena capital, pero no vamos a solucionar el problema que ocurre al interior de los recintos carcelarios.
A mi juicio, el proyecto es una aberración. Según me explicaron mis colegas, hace un tiempo se planteó una iniciativa similar, respecto de Carabineros e Investigaciones. Pero si pensamos que de esa forma vamos a resolver los problemas, no vamos a llegar a una solución.
Con el aumento de las penas, en algunos casos de manera realmente preocupante respecto de las personas que ya están privadas de libertad y con altas penas, el proyecto busca un marco disuasivo; pero esa no es la forma de resolver los problemas carcelarios. Creo que la prevención no puede ser negativa, sino constructiva, positiva, porque como dije anteriormente, podemos llegar a la pena capital y no vamos a lograr una solución.
Como señaló el diputado Valenzuela , el proyecto debería volver a la Comisión de Constitución para ser analizado dentro de un marco más global y general, y el Ejecutivo realmente debería preocuparse de solucionar el problema de los gendarmes no por la vía del castigo. Al respecto habría que pensar, y lo digo con todo el respeto que le tengo a los gendarmes, que, a veces, también actúan en forma violenta en contra de los presos, sin embargo, por ello no van a recibir ningún castigo.
En un país que vive en democracia, la solución no está en el mayor castigo, sino en una fórmula efectiva para resolver los problemas a través de un sistema más general, entregando a Gendarmería las herramientas necesarias para cumplir con su rol, que no sólo consiste en vigilar y cuidar a los presos, sino de buscar una forma de reinsertarlos en la sociedad.
Pienso que iniciativas de este tipo no solucionan el problema. A mi juicio, la única solución es invertir en infraestructura para tener cárceles adecuadas y un aumento de su personal.
Por tanto, voy a votar en contra del proyecto.
Señor Presidente , el proyecto va en la dirección correcta, porque se trata de proteger a quienes tienen responsabilidades que les han sido entregadas por la ley y por la sociedad.
Me da la impresión de que esta iniciativa surgió, precisamente, de la situación ocurrida hace dos meses en la fiscalía de Rancagua, cuando los gendarmes, de alguna manera, fueron barridos por unos delincuentes que estaban absolutamente coordinados. Además, hace tres o cuatro años, sucedió un hecho similar con el capellán de la cárcel de Rancagua, padre Luis Escobar , quien fue baleado y prácticamente secuestrado mientras estaba diciendo misa al interior del recinto.
En ese sentido, el proyecto no sólo debe establecer un aumento de las penas respecto de quienes atacan a los funcionarios de Gendarmería, sino también de quienes colaboran al interior de las cárceles y laboran, porque, actualmente, en los recintos concesionados hay personal que no pertenece a Gendarmería y que también pueden sufrir agresiones.
Por lo tanto, junto al diputado Errázuriz , hemos presentado una indicación. No tenemos inconveniente de que el proyecto vuelva a la Comisión de Constitución con el objeto de hacer un análisis más profundo del tema, pero habría que incorporar a muchas personas que hoy no están bajo el mando de Gendarmería, pero se desempeñan o trabajan en los distintos recintos penitenciarios.
Por eso, es muy necesario no olvidar a las personas que colaboran en forma voluntaria con los internos como es el caso de los capellanes, y a quienes prestan servicios en las cárceles concesionadas que no son necesariamente funcionarios del Servicio de Gendarmería, pero que desarrollan actividades al interior de estos recintos.
-Con posterioridad, la Sala se pronunció de la siguiente manera sobre el proyecto:
En votación general el proyecto de ley que sanciona el maltrato de obra y amenaza a funcionarios de Gendarmería en servicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la negativa la diputada , señora Pascal Allende Denise.
Pacheco Rivas Clemira; Valenzuela Van Treek Esteban.
Por haber sido objeto de indicación, el proyecto debería volver a Comisión. Pero, diputados de todas las bancadas han solicitado votarla de inmediato.
Tiene la palabra el diputado Errázuriz.
Señor Presidente , sólo para precisar que la indicación tiene por objeto hacer extensiva la aplicación de la futura ley a aquellas personas que, sin ser gendarmes, trabajan en Gendarmería, como los sacerdotes y personal administrativo.
Pero, como la indicación no se ajusta al texto propuesto, quiero pedir que se autorice a la Secretaría para hacer las adecuaciones del caso.
Señor Presidente , de acuerdo al Reglamento, debe haber unanimidad para votar la indicación.
No, el Reglamento dispone que si dos tercios de los diputados presentes aceptan, la indicación se vota de inmediato.
Señor Presidente, usted tenía el acuerdo para eso.
Sí, pero después se pidió facultar a la Secretaría para cambiar el texto de la indicación.
Por lo tanto, en votación la posibilidad de eximir de segundo informe al proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 2 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Aguiló Melo Sergio; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Fuentealba Vildósola Renán; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Montes Cisternas Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl.
Muñoz D’Albora Adriana; Valenzuela Van Treek Esteban.
El señor Secretario dará lectura a la indicación.
La indicación es de los diputados Errázuriz y García-Huidobro y dice: Agrégase, a continuación de las palabras Gendarmería de Chile, en los artículos 15 A, 15 B, 15 C y 15 D del decreto ley N° 2859, de 1979, del Ministerio de Justicia, la expresión “o a cualquier persona que labore o colabore con los internos al interior del recinto penitenciario”.
En votación el artículo con la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 2 abstenciones.
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Nogueira Fernández Claudia; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena.
Latorre Carmona Juan Carlos; Robles Pantoja Alberto.
En votación el artículo en los términos propuestos por la Comisión.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 5 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Cardemil Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto; Latorre Carmona Juan Carlos; Pascal Allende Denise; Valenzuela Van Treek Esteban.
Despachado el proyecto
Corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba la enmienda al artículo I de la Convención sobre prohibiciones o restricciones al empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Renán Fuentealba.
-Mensaje, boletín Nº 5024-10, sesión 22ª, en 8 de mayo de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 30ª, en 5 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 39.
Señor Presidente , en representación de la Comisión de Relaciones Exteriores paso a informar sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de la enmienda introducida al artículo I de la “Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”, adoptada por los Estados Parte en la Segunda Conferencia de Examen de la Convención, celebrada del 11 al 21 de diciembre de 2001.
Antes de entrar al fondo de la enmienda en trámite, debo señalar que ella no contiene normas de carácter orgánico constitucional ni de quórum calificado. Tampoco contiene normas que deban ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda.
El proyecto de acuerdo fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes, a saber: la señora Allende , doña Isabel , y los señores Álvarez-Salamanca, don Pedro Pablo ; Jarpa, don Carlos Abel ; Masferrer, don Juan ; Moreira, don Iván , y quien habla.
La Convención en vías de ser enmendada fue adoptada el 10 de octubre de 1980, en Ginebra, Suiza, en el marco de los deberes que tienen los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Como parte del derecho internacional humanitario, ella protege a la población civil, al personal sanitario, religioso, miembros de organizaciones humanitarias, por ejemplo, del Comité Internacional de la Cruz Roja, contra los efectos de conflictos armados internacionales, especialmente de daños superfluos o sufrimientos innecesarios, o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, especialmente de fragmentos de armas no localizables, del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, de armas incendiarias y del empleo de armas láser cegadoras.
Según lo precisa el mensaje, la Convención se aplica a aquellos conflictos de guerra declarada entre dos o más Partes, aunque ésta haya sido reconocida sólo por alguna de ellas; en caso de ocupación de la totalidad o parte del territorio de uno de los beligerantes y a los conflictos armados en que se lucha contra la dominación colonial, contra la ocupación extranjera o contra los regímenes racistas.
De esta Convención se han hecho parte 102 Estados, entre los que se encuentran los siguientes países latinoamericanos: Argentina, Bolivia , Brasil , Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras , México , Panamá , Paraguay , Perú, Uruguay y Venezuela. En cambio, la enmienda en trámite sólo ha sido ratificada por 50 Estados, y entre los latinoamericanos sólo lo han hecho Argentina, México , Panamá y Perú.
Al tenor del mensaje, el objeto central de la enmienda que se introduce a la Convención es ampliar su ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales. Para ello, en el artículo 1 se reemplaza la expresión “protección de las víctimas de la guerra” por “protección de las víctimas de los conflictos armados”.
Se excluyen del ámbito de la Convención las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como motines, actos esporádicos de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados.
La aplicación de la Convención es obligatoria ante un conflicto armado no internacional que surja en el territorio de una de las Altas Partes.
Tal aplicación no puede menoscabar, sin embargo, la soberanía del Estado o la responsabilidad que incumbe a su gobierno de mantener el orden público o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos. Tampoco podrá invocarse para justificar la intervención directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en cuyo territorio tenga lugar aquél ni será motivo para modificar su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa.
Durante el estudio de este proyecto de acuerdo, la Comisión escuchó al subsecretario de Guerra , señor Gonzalo García Pino , quien manifestó que esta Convención es muy flexible y permite restringir o prohibir nuevas armas convencionales producto de los avances tecnológicos, incluso, las empleadas en conflictos armados nacionales. Agregó que incorpora la filosofía del derecho internacional humanitario, que persigue evitar el uso de este tipo de armas contra la población civil y que los combatientes reciban el menor daño posible. Por ello, se impide, por ejemplo, el uso de armas convencionales como los rayos láser cegadores.
Aclaró que el instrumento en estudio se refiere a un tipo de conflictos en los que, constitucionalmente, las Fuerzas Armadas chilenas no tienen participación alguna, como son los conflictos armados internos. Precisó que ninguna de las armas que en virtud de la enmienda en trámite se prohíben, son usadas por nuestras Fuerzas Armadas, agregando que la participación de Chile en esta normativa permitirá prevenir y evitar que ellas lleguen a nuestra región.
Respondiendo a consultas de los señores diputados respecto al cumplimiento que Chile ha dado a sus compromisos de desminado, respondió que al respecto la Convención de Ottawa establece un ciclo que termina el 2012. Manifestó que estas obligaciones comprenden la de eliminar los stocks de minas antipersonales, lo que nuestro país ya ha cumplido, reservándose las cantidades permitidas para entrenar personal en la limpieza de campos minados.
Por último, señaló que no sólo corresponde eliminar las minas antipersonales, mediante la limpieza de los campos en los cuales éstas han sido sembradas, sino que también se debe certificar el hecho de que un campo está libre de ellas. Aseveró que se trata de una tarea difícil y que, en algunas oportunidades, existe un porcentaje de minas que no se descubren y, en consecuencia, no es posible extender tal certificación. Es, precisamente, por ello que estima que nuestro país se acogerá a la posibilidad que entrega la Convención de Ottawa, en orden a prorrogar por diez años más el cumplimiento de las obligaciones asumidas, fijándose nuestro país el desafío de estar libre de minas antipersonales para el 2016.
La Comisión escuchó también al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores , quien enfatizó que la enmienda en estudio se refiere a conflictos armados no convencionales, restringiendo y prohibiendo el uso de armas convencionales, especialmente nocivas o de efectos indiscriminados, lo que está totalmente en la línea de la política exterior chilena sobre la materia.
Sometido a votación el artículo único del proyecto de acuerdo, fue aprobado en la forma ya señalada, con modificaciones formales que, en lo principal, tienen por objeto precisar que el texto de la enmienda que se aprueba es el autenticado por el subsecretario de Relaciones Exteriores , según consta en la versión sometida a la consideración de la honorable Cámara.
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados es tremendamente importante en materia de Relaciones Exteriores.
El objetivo de la iniciativa es aprobar una enmienda a una convención o tratado internacional que rige en el orden interno como ley de la República, conforme lo dispuesto por el N° 15 del artículo 32 y el N° 1 del artículo 54 de la Constitución Política de la República.
De acuerdo con el mensaje, los conflictos en los que se aplica la Convención son aquellos casos de guerra declarada entre dos o más Partes, aunque la guerra haya sido reconocida por alguna de ellas y en caso de ocupación de la totalidad o parte del territorio de un beligerante, y la que dice relación con los conflictos armados en que se lucha contra la dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas.
El proyecto, en primer trámite constitucional, tiene por objeto aprobar la enmienda que se introduce a la Convención para ampliar su ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales. Para ello, se reemplaza en el artículo 1° la expresión “protección de las víctimas de la guerra” por “protección de las víctimas de los conflictos armados”.
El proyecto se inserta en la línea de las relaciones internacionales del país, por lo que, desde ya, anuncio el voto favorable de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Por lo demás, las modificaciones hacen referencia a un tipo de conflicto en el que no participan las Fuerzas Armadas chilenas y ninguna de las armas que en virtud de la enmienda en trámite se prohíben son usadas por ellas, por lo que no acarrearía problemas en eventuales operaciones de éstas en el exterior.
El derecho internacional humanitario es el cuerpo de normas internacionales de origen convencional o consuetudinario específicamente destinado para ser aplicado a los conflictos armados, internacionales o no, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o protege a las personas o a los bienes que puedan estar afectados por el conflicto.
Las normas estipuladas en los tratados de derecho internacional humanitario han de ser respetadas no sólo por los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también por grupos armados de oposición o cualquier otra parte en conflicto.
Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos de 1977 son los principales instrumentos de derecho humanitario.
La enmienda que consagra el proyecto forma parte del derecho internacional humanitario y su propósito es ampliar su ámbito de aplicación a los conflictos armados internacionales.
En los últimos años se han realizado numerosos esfuerzos para desarrollar y fortalecer esta Convención. Se han aprobado nuevas normas para ampliar su ámbito de aplicación a los conflictos internos y para mejorar sus disposiciones relativas a las minas antipersonales, armas trampa y residuos explosivos de guerra, como asimismo prohibir el empleo de armas láser cegadoras.
La enmienda señala expresamente que las normas de la Convención no pueden aplicarse en caso alguno para menoscabar la soberanía del Estado o la responsabilidad que incumbe a su Gobierno de mantener el orden público en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos; tampoco podrá invocarse para justificar la intervención directa o indirecta, sea cual fuere la razón, en un conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en cuyo territorio tenga lugar el conflicto, ni será motivo para modificar su estatuto jurídico ni la condición jurídica de un territorio en disputa.
Esta enmienda no hace sino fortalecer las normas de una Convención que persigue la loable finalidad de mitigar y, en lo posible, evitar el sufrimiento humano en una situación tan lamentable como lo es un conflicto armado, por la vía de prohibir o restringir el empleo de ciertas armas convencionales excesivamente dañinas, crueles o nocivas.
En el seno de la Comisión voté favorablemente el proyecto y procederé de la misma forma en la Sala. Insto a sus señorías a pronunciarse gustosos por la aprobación del proyecto, lo que significará que Chile, una vez más, se suma al derecho humanitario en el mundo internacional.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo que aprueba la enmienda al artículo 1 de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvo el diputado señor Cardemil Herrera Alberto
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley general de Telecomunicaciones, para ampliar la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Juan Carlos Latorre.
-Segundo informe de la Comisión de Obras Públicas, sesión 30ª, en 5 de junio de 2007. Documentos de la Cuenta Nº 34.
Señor Presidente , en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, paso a informar, en segundo trámite constitucional y segundo reglamentario, sobre el proyecto de ley, originado en una moción de los honorables senadores señores Antonio Horvath , Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar , que modifica la ley general de Telecomunicaciones, con el fin de ampliar la participación de las empresas en los proyectos de conectividad, fundamentalmente asociadas al mundo rural.
La iniciativa tiene la finalidad de permitir que puedan participar en los concursos para asignar proyectos de conectividad del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el mayor número de empresas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso del servicio de telecomunicaciones de que se trate, según los casos.
Hoy sólo pueden presentarse a concursos las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones, de servicios intermedios de telecomunicaciones que presten servicios telefónicos de larga distancia y las empresas permisionarias de servicio limitado de televisión a través de sociedades anónimas que puedan ser filiales de éstas, sujetas a las normas que rigen las sociedades anónimas abiertas y sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Se excluye de esta exigencia a los concesionarios de los servicios regulados por esta ley y a los de servicios abiertos o limitados de televisión, que exploten exclusivamente concesiones otorgadas de conformidad al título IV del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la ley N° 18.168.
Hago presente que este Fondo tiene una vigencia aproximada de diez años y se formó a partir de una modificación a la ley de Telecomunicaciones. Para este año dispone de aproximadamente 10 mil millones de pesos para distintos proyectos que permitan fortalecer la conectividad en el mundo rural.
La moción pretende ampliar la participación de las empresas en los proyectos de conectividad, simplificando al máximo las posibilidades de participación y cooperación de todas las empresas del sector privado, de manera de poder garantizar el acceso de todos los chilenos a la sociedad de la información y que este acceso sea sostenible en el tiempo.
Ese objetivo se logra con la sustitución del inciso segundo del artículo 28 F de la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, por el siguiente:
“Podrán presentarse al concurso las personas jurídicas que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios para ser titulares de la concesión o permiso del servicio de telecomunicaciones de que se trata, según los casos.”.
Cabe consignar que el proyecto, aprobado en primer trámite reglamentario por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, ya fue analizado por la Sala, donde se aprobó casi por unanimidad.
En esa oportunidad, se presentó una indicación, por lo que debió volver a Comisión. Allí, la indicación fue rechazada unánimemente por intentar en forma muy directa reponer el texto original, que sólo priorizaba a empresas cuyo origen y permanencia fuera muy local. Eso era exactamente lo que se estaba tratando de evitar con el proyecto, debido a que la experiencia había demostrado que las empresas sin respaldo financiero adecuado o con dificultades técnicas para llevar a cabo muchos de estos proyectos los habían dejado a medio camino o resueltos de manera distinta a la planteada en los contratos originales. En definitiva, la indicación fue tratada y rechazada por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
En mérito de las consideraciones anteriores, la Comisión recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley que figura en el informe.
Se trata de una iniciativa legal muy buena. Su redacción, que es bastante amplia, no establece limitaciones de ningún tipo a quienes puedan participar en los concursos o licitaciones de proyectos financiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Fue aprobada en la sesión celebrada el 15 de mayo, con la presencia de los honorables diputados señores Venegas, don Samuel ( Presidente ); Delmastro, don Roberto ; Espinoza, don Fidel ; García, don René Manuel ; Hales, don Patricio ; Hernández, don Javier ; Quintana, don Jaime ; Sabag, don Jorge , y Venegas, don Mario ; y con mi ausencia casual, pero dando mi anuencia para su aprobación.
En nombre de la Comisión, recomiendo a la Sala aprobar la iniciativa.
Señor Presidente , quiero formular una pregunta al diputado informante , quien ha entregado un muy buen informe.
Estoy de acuerdo con el rechazo de la indicación, ya que sin perjuicio de que uno siempre tiende a priorizar el acceso de las empresas regionales a este tipo de proyectos, la experiencia al respecto ha sido mala. Empresas pequeñas o sin respaldo terminaron por hacer un muy mal uso de estos recursos para las telecomunicaciones.
El Fondo tiene más o menos 7 mil millones de pesos. Estuve hace algunos días en Futaleufú, en la provincia de Palena, y vi que una empresa de telefonía celular, con su propio esfuerzo, estaba instalando una antena que costaba alrededor de 500 mil dólares, o sea, unos 250 millones de pesos. De esa manera, habría telefonía celular para todos los habitantes de esa localidad.
El alcalde de Alto Palena , comuna que está al lado de Futaleufú, me decía que todavía no tenían la posibilidad de contar con una antena, porque ninguna empresa se interesa por el alto monto de la inversión. Al respecto, el subsecretario respondió que el Gobierno trataría de llegar con fibra óptica a esos lugares. Si eso se materializa, sí se pueden instalar antenas. Pero necesitamos que alguna empresa disponga de esos recursos -de más o menos 250 millones de pesos- para instalar una antena tan costosa.
En el caso concreto de Palena, por ejemplo, donde falta una antena, ¿cualquier empresa telefónica podría postular con un proyecto para instalarla y obtener recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones?
La pregunta es superconcreta y la gente de Palena espera una respuesta.
Señor Presidente , en relación con la consulta del diputado Ascencio , en primer lugar, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones bordea los 10.000 millones de pesos para el presente año.
En segundo lugar, para Palena , sería un caso típico de un bien de uso público, por ende, necesario para la comunidad, y correspondería solucionarlo con recursos del Fondo, con financiamiento total o parcial, ya que la municipalidad no podría hacerlo.
En la actualidad, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones prioriza proyectos en el nivel regional. En consecuencia, el procedimiento a seguir es conocer los presentados en cada región y, de no estar incluidos, procurar que sean considerados para su financiamiento.
Debo hacer presente que en todas las regiones es posible que tales proyectos tengan respaldo financiero.
Además, me permito informarle al diputado Ascencio que ayer, como compensación a los recursos para el Transantiago, la mayoría de la Comisión, con el acuerdo del Ejecutivo , incluyó una indicación que permite que proyectos del área de las telecomunicaciones y otros relacionados con el desarrollo vial, saneamiento y agua potable rural -ésta es una gran noticia para ese sector- sean financiados con el mayor aporte que se hará.
Por eso, además de lo que significará la aprobación del proyecto, habrá respaldo adicional para proyectos como el que señaló el diputado Ascencio .
Corresponde votar en particular el proyecto, originado en moción, que modifica la ley general de Telecomunicaciones, ampliando la participación de las empresas en los proyectos de conectividad.
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Tuma Zedan Eugenio; Turres Figueroa Marisol; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Muhlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
Proyecto de acuerdo N° 355, de los diputados señores Chahuán, Sepúlveda, don Roberto; Monckeberg, don Cristián; Vargas, Palma, Arenas Y Masferrer, y de las diputadas señoras Rubilar, doña Karla; Herrera, doña Amelia, y Cristi, doña María Angélica, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que evalúe las medidas legales pertinentes a fin de disponer la restitución del beneficio de Quinquenio Penitenciario a los funcionarios jubilados del Servicio de Prisiones, con anterioridad a la dictación del decreto ley Nº 249, de 1974, cuyo artículo 30 derogó el derecho que tenían de percibir dicho beneficio, o, en su defecto, establezca una fórmula alternativa que permita repararles este daño previsional, que se arrastra por más de treinta años”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Roberto Sepúlveda.
Señor Presidente , el proyecto de acuerdo, al igual que otros similares presentados con anterioridad y aprobados por esta Sala, tiene por objeto reparar una injusticia previsional, en este caso causada a esforzados ex funcionarios del antiguo Servicio de Prisiones , cuyo sucesor legal es Gendarmería de Chile.
Nos referimos al denominado quinquenio penitenciario, establecido mediante del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1971, del Ministerio de Justicia, que instituyó dicho beneficio con carácter de imponible.
Sin embargo, en virtud de la dictación del decreto ley N° 249, de 5 de enero de 1974, que estableció la Escala Única de Sueldos para la Administración Pública, se derogó ese tipo de beneficios. Así, por lo demás, lo ha interpretado la Contraloría General de la República en sucesivos dictámenes emitidos a contar de esa fecha.
Es decir, se produjo una discriminación inaceptable, por cuanto los funcionarios de dicho servicio que jubilaron con anterioridad a enero de 1974 obtuvieron ese beneficio, pero los que se pensionaron con posterioridad a esa fecha, no lograron incorporarlo a su jubilación, pese a haber enterado las imposiciones correspondientes.
Para reparar esa injusticia, solicitamos a la señora Presidenta de la República que se sirva evaluar las medidas legales pertinentes, a fin de entregan ese beneficio a los ex servidores de dicha institución afectados por esa situación o, en su defecto, establecer alguna fórmula alternativa que repare ese daño previsional.
En consecuencia, llamo a los colegas a apoyar el proyecto de acuerdo.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Sergio Ojeda.
Señor Presidente , el daño previsional a que hace referencia el proyecto de acuerdo afecta a aproximadamente 10 mil integrantes del círculo de funcionarios de Gendarmería en retiro. Se trata de un perjuicio que vienen sufriendo desde 1974, cuando se desconoció su derecho al quinquenios penitenciario, establecido en 1971.
Mediante diferentes gestiones parlamentarias o extraparlamentarias, hemos apoyado a esos ex funcionarios, a fin de buscar la recuperación de dicho beneficio. Al respecto, en la Cámara se han presentado cuatro o cinco proyectos de acuerdo sobre la materia, pero hasta la fecha no se ha obtenido resultado alguno.
A mi juicio, la restitución de los quinquenios penitenciarios, beneficio que se derogó tras la dictación del decreto ley N° 249, de 1974, es un acto de toda justicia que reparará la arbitrariedad cometida en contra de esos ex funcionarios penitenciarios.
En consecuencia, en el proyecto de acuerdo pedimos que la Presidenta de la República se sirva estudiar las medidas legales pertinentes, a fin de disponer la restitución del quinquenio penitenciario a los funcionarios jubilados del Servicio de Prisiones o, en su defecto, establecer alguna fórmula alternativa que repare ese daño previsional que se arrastra por 33 años.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 22 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Por problemas en el sistema electrónico, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Goic Boroevic Carolina; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Urrutia Bonilla Ignacio y Von Muhlenbrock.
El señor Prosecretario va a dar lectura al proyecto de acuerdo N° 356.
Proyecto de acuerdo de los diputados señores Galilea, Rojas, Alvarado, Martínez, Alinco, Hales, Álvarez, Montes, Ascencio y Sule, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en virtud de lo establecido en la ley N.° 16.282 -que otorga amplias facultades para una mayor movilidad de los recursos públicos y disminuye trabas burocráticas-, disponga evaluar y, dentro de lo posible, implemente las siguientes medidas:
1.- Condone deudas de impuestos y contribuciones en la comuna de Aisén.
2.- Suspenda el cobro judicial y los remates derivados de deudas tributarias fiscal, territorial y de patentes.
3.- Exima, por un período no inferior a cinco años, del pago de contribuciones de bienes raíces, urbanos y rurales.
4.- Condone o reprograme deudas de los pescadores artesanales y de las Medianas y Pequeñas Empresas con BancoEstado, Corfo, Indap, Bienes Nacionales, Tesorería Regional de la República, entre otras entidades del Estado.
5.- Construya un hospital, dotándolo de la infraestructura necesaria, además de implementarlo con las especialidades básicas de Medicina, como Pediatría, Cirugía, Ginecología y .
6.- Ponga en marcha el anunciado “Plan Aisén”, que permitirá adquirir terrenos y urbanizarlos, destinando el 100% del subsidio a la construcción de una casa digna.
7.- Genere un Fondo de Reconstrucción de Vivienda, que permita reparar las más de ciento cincuenta casas afectadas.
8.- Incorpore a la comuna de Aisén en el “Plan Bicentenario”, que permita la construcción de espacios públicos, como la pavimentación de la costanera Rivera Sur y Simpson, de arterias turísticas en Rivera Sur, recuperando el edificio público y su plaza.
9.- Continúe con la construcción del camino Lago Riesco-Huemules, lo que permitiría tener un puerto alternativo hacia Quitralco -Puerto Bonito, contribuyendo a integrar una zona de alta importancia para el desarrollo de la industria acuícola, además de incorporar riquezas turísticas y forestales.
10.- Termine la construcción de los siete kilómetros que faltan del camino Valle Laguna, Lago Portales, Puerto Aisén, que es una alternativa de conectividad para Puerto Aisén con la capital regional.
11.- Drague el río Aisén, que actualmente se encuentra embancado, y que tiene una alta importancia para el desarrollo turístico e industrial de la comuna.
12.- Estudie, con la mayor brevedad, la entrega de un subsidio al transporte marítimo de carga y pasajeros, que permita bajar los costos y obtener más frecuencias.
13.- Dote de recursos humanos y financieros al Ministerio de Bienes Nacionales, para la entrega de títulos de dominio pendientes en la comuna de Aisén, especialmente en las localidades de Puerto Aguirre, Estero Copa y Caleta Andrade.
14.- Genere un Fondo de Bienes Nacionales para la compra de campos y predios inutilizados a fin de reponérselos a quienes -por derrumbes, inundaciones y cercanías a zonas de riesgo- los hayan perdido.
15.- Construya una piscina temperada y, de esta manera, prepare a la población laboral, que, en un alto porcentaje, no sabe nadar, a pesar de dedicarse a las actividades del mar.
16.- Proyecte un nuevo gimnasio para la comuna, por cuanto el actual recinto deportivo del Instituto Nacional de Deportes de Chile no cumple con la capacidad que el desarrollo de la comuna ha tenido, siendo su data de los años sesenta”.
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el honorable diputado señor Pablo Galilea.
Señor Presidente , previamente, quiero agradecer el hecho de que diputados de todas las bancadas hayan patrocinado este proyecto de acuerdo, cuyo objetivo fundamental es solicitar al Gobierno que evalúe e implemente una serie de medidas derivadas de inquietudes de la comunidad de Puerto Aisén -del seno del concejo, donde hay representantes de todos los partidos políticos- que fue afectada por el terremoto del 21 de abril, a propósito del decreto de zona afectada por catástrofe -sus fundamentos legales se contienen en la ley N° 16.282- que permite mayor movilidad de los recursos públicos y disminuye trabas burocráticas.
Dichas medidas apuntan tanto a viviendas, a obras públicas, a la condonación de deudas de impuestos, etcétera, como asimismo a la implementación de recintos deportivos.
Por lo tanto, pido solidaridad con la gente de Aisén que hoy está afectada, angustiada, tiene una sensación de abandono y requiere de este tipo de soluciones. Ojalá pueda contar con el respaldo de toda la Corporación.
Para apoyar el proyecto, tiene la palabra el honorable diputado señor Gabriel Ascencio.
Señor Presidente , he contribuido con mi firma al patrocinio de este proyecto de acuerdo, porque si todas o alguna de esas medidas se adoptaran efectivamente, se iría en ayuda de los habitantes de Aisén. Me parece muy correcto lo que el diputado Galilea ha hecho. Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para que podamos, sin mayor dilación, aprobar este proyecto, de manera que sea despachado inmediatamente a la Presidenta de la República . Obviamente, con el voto favorable de todos los partidos de la Concertación y de los de la Alianza podemos aprobarlo, lo que representa un buen gesto o señal para la gente de Aisén.
Para impugnar el proyecto, ofrezco la palabra.
El primer turno corresponde al Comité del Partido Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el honorable diputado señor Marcelo Forni.
Señor Presidente , solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que se disponga el adelanto de la construcción del segundo túnel en Chacabuco para el segundo semestre del 2008, dado el impacto que generarán en la ruta 57, obras como la del puerto terrestre de Los Andes y el futuro casino en la comuna de Rinconada.
El incremento del tránsito en las rutas 57 y CH 60, como consecuencia del comercio internacional, particularmente mediante el corredor bioceánico, hacen necesario no sólo que tengamos cuatro pistas en la ruta CH 60, sino también un segundo túnel en Chacabuco. Esta ruta tiene una importancia estratégica para el país, pues permite el tránsito de personas y productos desde Chile hasta los principales países del cono sur.
A través del gobernador de Los Andes el Ejecutivo ya ha manifestado su decisión de realizar estas obras a comienzos del 2009; sin embargo, dado que hoy existen recursos y, además la Cámara está aprobando otros, es importante solicitar que se anticipen los estudios, a fin de que podamos iniciar estas obras el segundo semestre del próximo año.
La inversión de recursos en este tipo de proyectos es estrictamente necesaria; pero también es fundamental la rapidez con que se tomen las decisiones. En los últimos años, se han producido tasas de crecimiento de los flujos del orden de 8 por ciento y, hasta este momento, no se han considerado otros proyectos que van a seguir incrementando el tránsito terrestre, como el nuevo puerto terrestre, los tratados de libre comercio Apec y Mercosur, la transferencia de cargas y el nuevo casino en la comuna de Rinconada, que cada fin de semana atrae un flujo que se estima en cerca de mil vehículos diarios.
A ello hay que sumar importantes deficiencias de seguridad vial en los actuales accesos, considerando el trazado existente y sus pendientes.
En el valle del Aconcagua no tenemos buenas alternativas para este túnel, todos sabemos el estado en que se encuentra la cuesta de Chacabuco, que no brinda garantías de seguridad alguna, menos cuando parte importante del tránsito es de camiones.
Por eso, reitero al ministro de Obras Públicas que disponga el adelanto de la construcción de estas obras, por cuanto el actual túnel no cumple con las recomendaciones internacionales sobre seguridad, todas las cuales exigen y hacen ineludible separar los flujos en túneles con ese nivel y tránsito.
Sólo a modo de ejemplo quiero recordar que, en tres accidentes en túneles bidireccionales ocurridos en Europa, entre 1990 y 2001, fallecieron sesenta y seis personas, con más de veinticuatro meses de cierre para los túneles siniestrados. Ello nos obliga a tomar decisiones, sobre todo si se considera el tremendo daño económico que le puede producir al país.
Por último, pido que se realicen las evaluaciones correspondientes; que se incorpore el proyecto al sistema nacional de inversiones públicas y que se dé paso al proceso de ingeniería de detalle para materializar el inicio de las obras a partir del segundo semestre de 2008.
Nos gustaría que los vecinos del valle del Aconcagua tuvieran certeza de la fecha de inicio de esas obras.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados señores Renán Fuentealba , Rosauro Martínez , Gabriel Ascencio y de la bancada de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
Señor Presidente , el flagelo de la cesantía podría seguir siendo tema fundamental en la comuna de Tomé, donde llega a niveles alarmantes. La comuna tiene alrededor de 50 mil habitantes y una tasa de desempleo que bordea el 15 por ciento. Son cientos las familias que viven el drama de la cesantía y cientos son las que muchas veces ni siquiera tienen para alimentarse con lo más mínimo.
Otrora, Tomé estuvo muy ligado a la industria textil. Hoy, todas las fábricas han desaparecido, excepto la empresa Bellavista Tomé, que da trabajo a cientos de personas de la comuna. Lamentablemente, su subsistencia está amenazada y, por ende, también la fuente laboral de las familias tomecinas.
Hace seis meses, en un hecho, a lo mejor, histórico para Tomé e inédito para el país, los trabajadores de la empresa, después de negociar, accedieron a rebajar sus sueldos en 10 por ciento, para que la fábrica empresa siga subsistiendo y así mantener su fuente laboral. Lamentablemente, después de seis meses, la situación no ha mejorado. Se está a la espera de que la banca, particularmente el Banco del Estado, conceda los créditos que la empresa requiere -con urgencia-, para mantenerse en el mercado. Sin embargo, aún no hay respuesta y esa incertidumbre tiene a los trabajadores desesperados.
Desde esta tribuna deseo hacer un reconocimiento a esos trabajadores, por haber permitido que se les rebajaran los sueldos en 10 por ciento. No cualquier trabajador o dirigente sindical lo habría aceptado; sin embargo, ellos lo hicieron para mantener su fuente laboral.
Por eso, pido que se oficie a los dos sindicatos de la empresa Bellavista Tomé para hacerles llegar mi reconocimiento por el esfuerzo económico realizado y para incentivarlos a perseverar y a no claudicar en esa actitud de entrega para que la empresa salga adelante, porque será la única manera de mantener la fuente laboral.
La Mesa sugiere que también se envíe copia de su intervención al Banco del Estado.
Señor Presidente , deseo expresar mi satisfacción por la decisión que ayer adoptó el Consejo Regional de Los Lagos de entregar recursos para llevar adelante el proyecto de electrificación rural de Petrohue, en el Lago Todos los Santos. Este proyecto, largamente anhelado, acarreará beneficios sociales para mucha gente modesta que vive en el sector del Parque Nacional Petrohué, amén de consolidar un destino turístico muy importante para nuestra zona, al dotarlo con el servicio básico de la electricidad.
Pido que se envíe oficio a la Cofradía del Lago Todos los Santos, que siempre ha manifestado especial preocupación por el sector, para señalarle que estamos muy contentos porque el proyecto de electrificación se va a convertir en realidad en los próximos días.
Señor Presidente , hace un tiempo denuncié en esta Cámara y también en medios de comunicación un hecho arbitrario. Me refiero al concierto del grupo Inti Illimani que organizaron el gobierno regional de Los Lagos y el Sernatur regional, que se realizaría a los pies del volcán Osorno .
Toda la organización de ese evento tuvo carácter político. Recordemos que quienes invitaban a ese acto eran parlamentarios y dirigentes del Partido Socialista, con la finalidad obvia de hacer proselitismo; sin embargo, se difundió como actividad turística.
Para ese concierto se comprometieron recursos fiscales por 6 millones de pesos, que fueron aportados por el fondo cultural del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Acabo de recibir información de la directora regional de turismo de Los Lagos donde señala que, además, se gastaron 8 millones 180 mil pesos en el traslado de jóvenes al lugar del evento; lo que no se hizo a través de Chilecompra, sino que el servicio se contrató directamente con dos empresas de microbuses. ¡Ocho millones 180 mil pesos sólo para trasladar jóvenes al concierto que daría Inti Illimani a los pies del volcán Osorno , pero que terminó realizándose en el Lago Todos los Santos!
Asimismo, se gastaron 5 millones 373 mil pesos en la confección de un video de difusión turística, que es lo que justificaría el gasto, según los funcionarios que pagaron estos montos.
En definitiva, en ese concierto se gastaron recursos públicos ascendentes a 20 millones de pesos. Es decir, dineros de todos los chilenos, que estaban dirigidos a fomentar el turismo, se ocuparon en un concierto al que invitaban parlamentarios del Partido Socialista.
Por lo tanto, pido que se oficie al intendente regional y al director nacional de Sernatur para que informen la cantidad de videos que se confeccionaron de ese acto que le costó 20 millones de pesos al erario; la vía y costo de distribución, con indicación de las organizaciones destinatarias, chilenas o extranjeras.
Como es lamentable que los recursos destinados a la promoción turística se gasten en eventos de la naturaleza que he señalado, también solicito que copia de esta intervención se envíe al Contralor General de la República .
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la bancada de la Unión Demócrata Independiente y del diputado don Gabriel Ascencio .
Señor Presidente , la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados dedicó la sesión de ayer a conocer los argumentos de los vecinos, de los técnicos y de la municipalidad para oponerse a la construcción de la planta de Metrogas en la comuna de Peñalolén.
En verdad, cada día crece con más fuerza el sentimiento y la convicción de que la instalación de esa planta traerá graves consecuencias no sólo para los vecinos cercanos del lugar en que se ubicará, sino que también para el entorno de las comunas de Peñalolén y de La Reina, debido al tráfico de camiones de hasta 45 toneladas y de 16 metros de largo que transportará este explosivo gas -como señaló ayer el ejecutivo de Metrogas -, los cuales destruirán las calles, la mayoría estrechas y en sectores densamente poblados. Incluso, en la avenida José Arrieta existe mucho tráfico; los jueves y domingos se instala una feria a la que concurren miles de personas, por lo que un accidente o una explosión produciría graves consecuencias. Asimismo, la calle Talinay , por donde pasarían esos camiones para subir al cerro donde se instalará la planta, cruza la comuna de La Reina por un sector muy poblado, donde se han construido varios nuevos condominios que han sido ocupados por numerosos matrimonios jóvenes, familias a las cuales se le producirá un deterioro en su nivel de vida por el paso de 60 camiones al día por esta calle que ha costado más de 70 años pavimentar y que no fue calculada para soportar el alto tonelaje de esos camiones.
En lo que más se insistió ayer fue la sorpresa que causó a la comunidad, a los técnicos y a las autoridades -que representamos a la presidenta de la Corema y a los distintos seremis el peligro que presentaba para la comunidad y los problemas que provocará en las obras de vialidad- la aprobación de la SAP, solicitud de autorización provisoria, para la construcción de esta planta, que fue respaldada por todos los seremis, quienes no dieron ni siquiera un argumento para ello y se constató que no han ido al lugar en que se ubicará esta obra.
Por lo tanto hemos cuestionado el respeto a la participación ciudadana, porque los pobladores han asistido a todas las reuniones en que se trata esta materia, donde sus planteamientos y sugerencias son escuchados, pero no tomados en cuenta. Además, hemos cuestionado la institucionalidad de la Corema, porque creemos que los seremis no están realizando su labor técnica en este caso, a pesar de que estamos ante una situación gravísima por la construcción de esa planta, como ha ocurrido en otros graves problemas medioambientales que se han producido en el país, como la mortandad de cisnes en el río Cruces debido a los desechos de la empresa Celco .
Por lo tanto, solicito oficiar a la intendenta de la Región Metropolitana, que es la presidenta de la Corema en este caso, con el objeto de que nos responda por qué los seremis mantuvieron silencio y no dieron las razones para aprobar ese permiso provisorio para realizar ese proyecto de alta peligrosidad, que estará incrustado en una zona de preservación ecológica y que colocará 800 mil litros de gas propano arriba de la cabeza de miles de residentes del sector. Asimismo, deseamos saber si alguien presionó a los seremis para actuar de esa manera.
Como sabemos, los permisos provisorios en Chile son para siempre, por lo que no tenemos mucho optimismo de que se pueda mejorar o replantear la situación.
El Comité de Renovación Nacional ha cedido cuatro minutos al diputado señor Juan Lobos .
Señor Presidente , solicito oficiar al ministro de Economía , con el objeto de que estudie la factibilidad técnica de dotar a la ciudad de Los Ángeles de una oficina permanente del Sernac.
En efecto, está de más decir lo relevante que es para los ciudadanos de mi distrito contar con un servicio de esa naturaleza, ya que el actual funcionamiento del Sernac en esa ciudad no cumple con una defensa adecuada, oportuna y competente de los derechos de los consumidores de la zona que represento.
Solicito al ministro de Economía realizar sus mayores esfuerzos con el fin de dotar a Los Ángeles con un servicio de esa naturaleza, ya que es de conocimiento público la importancia y la evolución del concepto de defensa de los derechos de los consumidores en Chile, y mi distrito no escapa a esa realidad.
Por lo tanto, una decisión de esta naturaleza no sólo será útil para los consumidores de mi zona, sino que además es necesaria, porque en las condiciones actuales, ellos se encuentran imposibilitados de reclamar o de consultar de manera oportuna sobre materias que le competen a ese servicio, por lo que sus derechos se ven afectados. Hoy día hacen sus presentaciones en una oficina que funciona dos horas al día, la cual las remite a Concepción, por lo que deben viajar permanentemente a esa ciudad, que se encuentra muy distante, lo que significa un costo que afecta a sus bolsillos.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
Señor Presidente , el pasado 24 de mayo en la ciudad de Salamanca se llevó a cabo una reunión de los regantes de la zona macronorte, que abarca desde la Primera hasta la Quinta regiones.
En dicha reunión, las asociaciones de regantes, juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, etcétera, hicieron planteamientos a la autoridad con respecto a la ley N° 18.450, sobre fomento de inversión privada en obras de riego y drenaje.
En primer lugar, las juntas de vigilancia del río Choapa, del embalse de los ríos Cogotí y Combarbalá, señalaron la necesidad de que la vigencia de esa ley, que rige hasta el 31 de diciembre de 2009, se prorrogue hasta 2014.
Esta ley ha sido muy útil para la región de Coquimbo, pues ha permitido tecnificar el riego intrapredial y, además, ha facilitado la construcción de infraestructura de distribución de aguas como el revestimiento de los canales, la construcción de minirrepresas, etcétera. En consecuencia, es del todo justificada su prórroga hasta el año 2014.
En segundo lugar, los regantes hicieron presente a la autoridad correspondiente la necesidad de aumentar los presupuestos anuales concursables, a fin de mejorar cada vez más la infraestructura de riego.
En tercer lugar, me hago eco y respaldo su petición de concursos zonificados o especiales para la zona norte, centro y sur del país. Ellos piden que participen los regantes de las respectivas zonas, pues hoy los concursos son de carácter nacional y en ellos las asociaciones de modestos regantes de la Cuarta Región no pueden competir con sus similares de las zonas centro y sur del país.
Por último, solicitan aumentar el subsidio para las asociaciones de pequeños y medianos regantes y también la realización de concursos especiales para las zonas bajo influencia de los embalses.
Por todo lo anterior, pido que se oficie al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego haciéndole presente los planteamientos formulados.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión de los diputados presentes en la Sala.
Por otra parte, pido que se oficie al presidente de la Comisión de Monumentos Nacionales de la Región de Coquimbo para que envíe el estudio de impacto arqueológico de la zona de El Mauro, realizado en 2005 por la empresa minera Los Pelambres .
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic.
Señor Presidente , es necesario mejorar la conectividad marítima de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Hoy, la barcaza Melinka realiza ese servicio a través del Estrecho de Magallanes, desde Tres Puentes hacia bahía Chilota, en la isla de Tierra del Fuego. Dicho servicio cuenta con un subsidio estatal, porque no se trata de un tramo en que el flujo de pasajeros signifique un atractivo para un inversionista privado. El Estado debe concurrir con recursos para asegurar que los habitantes de Porvenir y las demás comunas de Tierra del Fuego puedan trasladarse a Punta Arenas y al resto del país.
Se han realizado numerosas gestiones por parte de la comunidad de Porvenir para mejorar el servicio que presta esta barcaza. Se busca contar con un medio de transporte más rápido, más seguro y de mejor calidad. Sin embargo, las respuestas distan mucho de lo que se requiere. Hace unas semanas, el subsecretario de Obras Públicas anunció en Porvenir un aumento de doce millones de pesos en el subsidio, es decir, se aumenta de 108 millones a 120 millones. En la práctica, ello no significa ninguna diferencia respecto al servicio que hoy se entrega.
Hemos discutido en la semana la posibilidad de que las regiones cuenten con más recursos, sobre todo, para mejorar la conectividad marítima y terrestre.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que se evalúe la posibilidad de que el Estado se haga parte en la adquisición de la barcaza y el mejoramiento de toda la infraestructura de apoyo para proveer el servicio, pensando que después ésta sea concesionada y operada por un privado.
Me parece que en casos como el señalado es donde se debe garantizar a la población la conectividad y la posibilidad de trasladarse. Por ello, el Estado debe asumir su rol subsidiario en forma más decidida.
Además, existen los recursos para ese fin, por lo que no veo por qué no podemos avanzar en trazar las líneas, evaluar las alternativas y, ojalá, materializar esta obra lo antes posible. Los habitantes de Porvenir y de todas las comunas de Tierra del Fuego se merecen un transporte seguro, rápido y un trato digno como todos los ciudadanos del país.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con la adhesión del diputado Gabriel Ascencio y de quien preside.
Señor Presidente , el Gobierno pretende hacer una inversión importante en la comuna de Dalcahue. Se trata de más de 600 millones de pesos para ampliar casi en un ciento por ciento el actual consultorio que atiende a los habitantes de dicha comuna.
Lamentablemente, esta inversión no se ha podido llevar a cabo porque quienes pueden ayudar a conseguir el terreno necesario para esta ampliación no lo han hecho.
El alcalde de Dalcahue , señor Juan Alberto Pérez , ha denunciado que el Servicio de Registro Civil e Identificación no quiere reubicarse.
Cerca del consultorio de Dalcahue se ubica un edificio que alberga a diversos servicios públicos, entre ellos Indap y Bienes Nacionales, así como la Federación de Pescadores y el Comité de Discapacitados. Todos ellos han aceptado ser reubicados en otros lugares, porque entienden lo que significa la construcción del consultorio para los habitantes de esa comuna. Lamentablemente, el único servicio público que no ha aceptado ser reubicado es el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Por lo tanto, es importante que sus autoridades nacionales y locales entiendan que este proyecto es de extraordinaria relevancia para esa comuna, y que de no poder ejecutarse, se perderán los fondos que el Gobierno regional ya dispuso para esa obra.
A raíz de ello, pido que se oficie a los ministros de Justicia , del Interior, al director nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación , señor Guillermo Arenas , y al intendente de la Décima Región para que intervengan a favor de obtener una resolución favorable del Servicio de Registro Civil e Identificación, para que esa oficina sea reubicada en otro lugar y así construir el nuevo consultorio de Dalcahue, que sus habitantes tanto requieren.
Asimismo, solicito que se envíe copia de esta intervención al alcalde de Dalcahue.
Señor Presidente , quiero hacer presente mi preocupación por las condiciones en que los habitantes de la isla de Melinka viajan en su comunicación permanente con Quellón.
Allí existen dos barcazas pequeñas que navegan entre ocho y diez horas diarias, en un mar tempestuoso, con alto oleaje, con vientos, lluvia y mucho frío, las cuales transportan entre doscientos y trescientos pasajeros. Eso me preocupa mucho, porque un día va a ocurrir un accidente y vamos a ser noticia nacional y mundial; pero nadie quiere eso, sino que un problema de esa naturaleza se resuelva. Hoy esa gente viaja en condiciones indignas, hacinada.
Hace pocos días, Ramón Agüero , director de una radio de Quellón, tuvo que realizar ese viaje, y me dijo que era algo casi imposible, porque la gente estaba apelotonada al interior de la barcaza y, además, tenía que sufrir el temporal que azota al pasar por el golfo que une Melinka con Quellón. Incluso, hace pocos días, los marinos intentaron cursar un parte, pero finalmente no lo lograron.
Por tanto, pido oficiar, en mi nombre, a los ministros del Interior y de Transportes , con el objeto de que ordenen la realización de un estudio acerca del servicio de transporte entre Melinka y Quellón . Asimismo, a la subsecretaria de Marina , a fin de que ordene la más amplia fiscalización, a fin de que se tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar una tragedia en dicho tramo.
Además, pido enviar copia de mi intervención a los alcaldes de Quellón y de Melinka.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de la diputada señora Marta Isasi y de quien preside.
“Valparaíso, 6 de junio de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha aprobado las observaciones formuladas por Su Excelencia la Presidenta de la República al proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco, correspondiente al Boletín N° 3882-04.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.758, de 18 de abril de 2007.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley, de esa Honorable Cámara, que introduce modificaciones al decreto ley N° 3.472, de 1980, que creó el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), correspondiente al Boletín Nº 4363-03, con las siguientes modificaciones:
Literal iii)
Ha suprimido sus oraciones finales, desde donde dice “El Administrador, con acuerdo…” hasta “… a la garantía del Fondo”, y el punto seguido (.) que las antecede.
Ha incorporado un artículo transitorio, nuevo, del siguiente tenor:
“Artículo transitorio.- Facúltase a la Presidenta de la República para que, a más tardar el 31 de diciembre de 2007, mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio de Hacienda, destine recursos adicionales al patrimonio del Fondo por un monto total de hasta 30.000.000 de dólares, moneda de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional, en la medida que el monto de las obligaciones garantizadas por el Fondo exceda nueve veces su patrimonio, considerándose en éste el aporte fiscal a que se refiere el número 2), letra a), del artículo único de la presente ley.”.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 6.395, de 4 de octubre de 2006.
Moción de las diputadas señora Soto, doña Laura ; Vidal , doña Ximena , y de los diputados señores Ceroni , Girardi , González , Jaramillo , Leal y Venegas, don Samuel.
Modifica normas relativas a la muerte presunta. (boletín N° 5101-07)
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65, de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados
1.	Que, en la actual sociedad de la información, la tecnología y el constante movimiento social, cultural, jurídico y comercial, impone sobre el ordenamiento jurídico, la necesidad de dar una respuesta eficaz y eficiente a las diversas situaciones que constantemente se presentan en la vida social. Una de estas situaciones y tal vez, una de las de mayor trascendencia jurídica, es la muerte de las personas. Si bien es cierto, actualmente dicho hecho jurídico, no requiere establecer principios conforme a los cuales deba ser determinada, ya que la ciencia ha avanzado lo suficiente como para otorgar certezas respecto de su ocurrencia, ello no ocurre en las hipótesis de desaparecimiento de personas, pues en estos casos la certeza médica o científica, es reemplazada por la certeza jurídica.
2.	Que, es precisamente esta búsqueda de certeza jurídica la que ha impulsado a gran parte de las legislaciones a regular la situación jurídica del ausente o el desaparecido, según las diversas hipótesis del caso. En este sentido, nuestro propio ordenamiento jurídico consagra la declaración de muerte presunta, como el mecanismo eficaz, en casos de larga ausencia o desaparecimiento de personas, para otorgar seguridad jurídica a situaciones, tales como el matrimonio, la apertura de la sucesión, y la consiguiente situación de los bienes y deudas del desaparecido, entre otras.
3.	Que, no obstante, lo anterior y la prodigiosa regulación que hace nuestro Código Civil relativos a la muerte presunta, en sus artículos 81 a 94, no podemos desconocer que la realidad social a la época de promulgación de éste, es completamente diferente a la reinante. En este sentido, al momento de promulgación del referido Código, era impensable el tráfico marítimo y aéreo actual, eran desconocidos dispositivos tecnológicos, tales como el sonar, navegadores satelitales, dispositivos de radar, etc., que actualmente gobiernan la navegación de las naves y aeronaves, lo que traía como consecuencia incertidumbre respecto a ubicación, dirección, estado y condiciones de las mismas. De ahí, la necesidad de establecer largos plazos otorgar la legitimación activa para solicitar la declaración de muerte presunta en casos de episodios bélicos, catástrofes, accidentes, sismos o naufragios.
4.	Que, actualmente, la gran movilidad de las personas, la existencia de nuevas tecnologías, y la prontitud del acceso a la información, en casos como los recién citados, traen como consecuencia que los plazos que regula actualmente el Código Civil, en el artículo 81, respecto de las circunstancias extraordinarias de desaparecimiento de personas, no se ajustan a los criterios conforme a los cuales es posible determinar, actualmente, el acaecimiento de acontecimientos extraordinarios que motiven la desaparición de personas.
5.	Que, tomando en cuenta lo antes dicho, ya legislaciones como la española se han hecho eco de la necesidad de adaptar los plazos en los casos de operaciones armadas, naufragios o desaparición por inmersión, y accidentes aeronáuticos, reduciéndolos a 2 años desde el fin de la guerra, 3 meses desde la comprobación del naufragio y 3 meses desde la comprobación del siniestro en caso de accidente aéreo, respectivamente.[1]
6.	Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar, como fundamento de la necesidad de revisitar los plazos establecidos en nuestro Código, que ya nuestro legislador introdujo modificaciones en la norma, con ocasión de la dictación de la ley 6.162 del 28 de enero de 1938, que redujo los plazos de prescripción, y de la dictación de la ley Nº 17.775, del 03 de octubre de 1972, que redujo los plazos en ciertas hipótesis de desaparecimiento, sin perjuicio de las modificaciones introducidas por la ley Nº 18.776, del 16 de enero de 1989.
7.	Que, la presente iniciativa no sólo tiene respaldo a nivel comparado, sino que en nuestro propio derecho se ha planteado la iniciativa de modificar la actual normativa con el objeto de disminuir los plazos respecto de las naves desaparecidas que participen del carácter de pesca artesanal y los trabajadores de ribera que hubieran desaparecido en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, si bien, el referido proyecto (Boletín 4580-07), da cuenta de la necesidad de una revisión de las normas que rigen la muerte presunta, se aleja de los propósitos del presente, al ser el proyecto sometido a discusión de mayor extensión, al buscar una reducción general de los plazos, en los casos extraordinarios a que hace referencia el artículo 81 del Código Civil.
8.	Que, sin perjuicio de las razones que justifican la modificaciones que el presente proyecto propone, es también necesario tomar en consideración los conflictos que ha supuesto hasta ahora la aplicación de esta institución, por la actuación dolosa de ciertas personas que han pretendido ver en esta institución la posibilidad de apropiarse de bienes ajenos, ocultando su conocimiento de la muerte o existencia del ausente. Pues, si bien, el artículo 94 del Código Civil contempla la posibilidad de rescindir el decreto de posesión definitiva de los bienes del desaparecido en caso que reapareciere, y le da a la actuación de aquel que oculta dicha existencia, el carácter de mala fe, esta calificación no se constituye como un resguardo adecuado para la protección de la situación patrimonial de ausente o desaparecido. Es por eso, que quienes suscriben, creen firmemente, en la necesidad de establecer un mecanismo adecuado para brindar protección al ausente en esta situación.
9.	Que, por lo anterior, con la reducción de los plazos que se proponen, se plantea dotar de mayor publicidad al proceso, con el objeto de que a las publicaciones, de citación del desaparecido, que ya son obligatorias, tenga un efectivo acceso el destinatario de ellas (el ausente y todo aquel que pueda brindar noticias de su paradero, así como los que tuvieren derechos comprometidos), conjuntamente, con el establecimiento de una sanción respecto de aquel que oculte la existencia del desaparecido, imponiéndosele, no sólo la obligación de restituir los bienes que haya recibido con ocasión del decreto de posesión, sino que, además, haciéndolo responsable de los productos de dichos bienes, y lo obtenido con tales productos.
1.	Modifíquese el artículo 81 en la siguiente forma:
A)	Incorpórese en el número 2, a continuación de las palabras “periódico oficial”, la frase: “, “y en un periódico de circulación nacional”.
B)	Incorpórese en el número 5, a continuación de las palabras “periódico oficial”, la frase “y en un periódico de circulación nacional”.
C)	Sustitúyase en el número 7, la expresión “cinco años”, por “3 años”.
D)	Sustitúyase en el número 8, la expresión “seis meses”', por “tres meses”.
E)	Sustitúyase en el número 9, la expresión “un año”, por “seis meses”.
2.	Incorpórese al numeral 6 del artículo 94, a continuación de las palabras “mala fe”, lo siguiente: “, y hará responsables a los partícipes en los términos del artículo 2317, sin perjuicio de las restituciones que se impongan al poseedor en conformidad a los artículos 904”.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto ; Chahuán , Becker , Bertolino , Monckeberg , don Cristián ; Monckeberg, don Nicolás ; Palma , Vargas y Verdugo.
Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de que se informen y publiquen en internet las proposiciones que se aprueben en forma unánime. (boletín N° 5102-16)
El artículo 143 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que define las votaciones, dispone en su inciso cuarto que “las votaciones públicas deberán ser informadas y publicadas diariamente a través del sitio en internet”.
Consideramos absolutamente acertada dicha disposición, por cuanto se aviene plenamente con el principio de transparencia que debe regir nuestros actos legislativos, permitiendo que la ciudadanía esté permanentemente informada de la forma en que han votado sus representantes, en las diversas materias que se encuentran sometidas al debate parlamentario.
No obstante lo expuesto precedentemente, es del caso señalar que no ocurre lo mismo cuando una determinada proposición es aprobada en forma unánime, como se contempla en el inciso segundo del artículo 147 del mismo texto reglamentario, que establece: “En las votaciones públicas, cuando el Presidente declare cerrado el debate o cuando deba tomarse votación inmediata, se dará por aprobada la proposición si ningún diputado se opone”.
En este tipo de situaciones, como no se produce votación, no se deja registro en el sistema electrónico de la aprobación unánime, lo que impide a los electores, tener conocimiento de la forma en que se votó la materia sujeta al debate.
Para solucionar esta omisión, consideramos que debe introducirse una modificación al referido artículo 147, de manera que se deje igualmente constancia de que un proyecto de ley o de acuerdo, fue aprobado en forma unánime por los diputados presentes en la Sala.
En mérito a las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS:
Artículo único: Modifícase el artículo 147 del Reglamento de la Cámara de Diputados, agregándose a continuación del punto final de su inciso segundo, la siguiente oración:
“En estos casos, dichas aprobaciones también se informarán y publicarán diariamente a través del sitio en internet”.
Moción de los diputados señores Arenas, Alvarado , Barros , Bobadilla , Estay , Lobos, Norambuena , Paya , Salaberry y Ulloa .
Modifica el artículo 55 inciso segundo, de la ley de Matrimonio Civil, exigiendo que el acuerdo a que se hace alusión se reduzca a escritura pública o con escrito judicial, ambos con autorización del juez. (boletín N° 5104-18)
Que, el acuerdo a lo prescrito en el artículo 55, inciso 2° de la ley de Matrimonio Civil exige como requisito mínimo para alcanzar el divorcio de mutuo acuerdo, el cumplimiento de una serie de requisitos que van en beneficio exclusivo de los hijos del matrimonio.
Asimismo, el artículo antes citado de la ley, también se preocupa de las relaciones mutuas entre los cónyuges que hayan tenido lugar durante la vigencia del matrimonio, debiendo como requisito previo al divorcio de común acuerdo, regular de forma total y suficiente este aspecto.
El presente proyecto de ley pretende clarificar la forma en que deberá formalizarse este acuerdo, pudiendo, indistintamente y con el mismo valor jurídico, realizarse a través de escritura pública como, a su vez, en un escrito judicial, que para tal efecto confeccione un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en donde se señalen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la ley, siempre requiriendo autorización judicial del acuerdo.
Con lo anterior, se agiliza y se protege de manera efectiva a los involucrados en un juicio de divorcio, persiguiendo el objetivo fundamental de resguardar los intereses de los hijos del matrimonio, sobretodo en los casos en que son menores de edad, como asimismo de los cónyuges que han decido poner fin al vínculo matrimonial.
Es por lo anterior, que venimos en presentar a consideración de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de ley:
ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo 55 inciso 2°, de la ley de Matrimonio Civil agregando después del primer punto seguido del respectivo inciso, lo siguiente: “Dicho acuerdo deberá reducirse a escritura pública, o bien en un escrito presentado, con patrocinio de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, al juzgado de familia respectivo solicitando la, autorización judicial del mismo.”
Moción de los diputados señores Bauer , Correa, García-Huidobro , Estay , Forni , Masferrer , Norambuena , Recondo , Urrutia y Ward.
Agrega nuevo agravante, en el Código Penal, para el robo en casas no habitadas. (boletín N° 5105-07)
1.	Se ha vuelto común que los delincuentes realicen ciertas marcas en casas particulares como una forma de conocer el movimiento existente en ella.
2.	Esta situación ha generado un gran temor en la comunidad, porque son muchas las familias que se han visto afectadas por estas especies de graffitis en las paredes exteriores de sus casas, lo que implica generar un grado de miedo por ser atacados por delincuentes.
3.	Al recorrer cualquier barrio del país, indica que el grado de impunidad con que actúan quienes llevan acabo estos hechos, les ha llevado a rayar un alto porcentaje de inmuebles particulares.
4.	El sostenido amento de la delincuencia en el país, y la agresividad con que se realiza estos actos, hace necesario tomar medidas urgentes en esta materia.
5.	Los delincuentes hacen de las suyas, muchas veces llegan a asesinar al interior de un domicilio, y las penas no se condicen con el brutal acto realizado.
6.	Por ello, el hecho de marcar las casas es un tema que recobra cada vez mayor connotación en el país, sin que las autoridades tomen conciencia de la gravedad de los hechos
Artículo único: Agrégase un nuevo numeral cuarto al artículo 442 del Código Penal, de la siguiente forma:
“4°. Haber pintado, rayado o marcado con signos o garabatos, la propiedad con objeto de ingresar a robar en ella”.
?Santiago, 22 de mayo de 2007
Oficio Nº 1064
Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional, con fecha 17 de mayo de 2007, sobre acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, Rol Nº 619-2006, respecto de los artículos 229 y 560 Nº 2, del Código Orgánico de Tribunales, en la causa Rol Nº 53.015, del Juzgado de Letras de Parral , actualmente pendiente de tramitación ante la Corte de Apelaciones de Talca bajo el Rol Nº 28/2005.
“Santiago, 1º de junio de 2007
Oficio Nº 1099
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia, dictada por el Tribunal Constitucional con fecha 30 de mayo de 2007, en la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de diversos artículos del Código de Justicia Militar; del Código Orgánico de Tribunales, y de la ley de Control de Armas Nº 17.998, Rol Nº 664-2006 que inciden en la causa Rol Nº 897-1991.
?Santiago, 24 de mayo de 2007
Oficio Nº 1074
Tengo el honor de poner en conocimiento a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, con fecha 22 de mayo de 2007, sobre el requerimiento de inaplicabilidad, Rol Nº 660-INA respecto del artículo 61 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, que incide en la causa Rol 730 ante el Tribunal Regional Electoral de Tarapacá, sobre incapacidad temporal para ejercer el cargo de alcalde, caratulada “ Flavio Rossi y otro, contra Jorge Soria Quiroga ”.
?Santiago, 30 de mayo de 2007
Oficio Nº 1092
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. copia autorizada de la sentencia dictada con fecha 29 de mayo del presente año, dictada por el Tribunal Constitucional en los autos Rol 621-2006, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 37, de la ley Nº 20.000, que incide en la causa RIT Nº 4797-2006, RUC 0600554666-2 del Juzgado de Garantía de Arica .

References: artículo 55
 artículo 61
 artículo 37
 artículo 234
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 132
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 32
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 28
 artículo 30
 resolución 
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 94
 artículo 81
 artículo 94
 artículo 2317
 artículo 143
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 147
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 55
 artículo 442
 artículo 61
 artículo 37