Source: https://psicolog.org/interpretacin-axiolgica-de-las-causas-de-exclusin-probatoria.html?page=2
Timestamp: 2019-08-18 03:06:42+00:00

Document:
Introducción - Interpretación axiológica de las causas de exclusión probatoria
El planteamiento de exclusiones probatorias en materia procesal penal permite que los sujetos en contienda eviten, a través de una resolución judicial, la incorporación de determinados medios o elementos probatorios ofrecidos por las partes en los actos preparatorios del juicio.
Puesto que la prueba es lo fundamental en todo proceso penal, la formulación de incidentes de objeción a las pruebas, a momento de la producción probatoria en el juicio oral, genera la posibilidad de impedir la judicialización de pruebas vulneratorias de derechos y garantías constitucionales, además de pruebas ilícitas, surgiendo la discusión de admitir o excluirse elementos probatorios tendentes al conocimiento de la verdad histórica del hecho, incluso bajo determinadas excepciones, lo propio que en el caso de pruebas que incumplen formalidades accesorias, ante cuya procedencia se ha observado a víctimas y fiscales “tirar la toalla” en tribunales, antes de la finalización del debate, al quedar imposibilitados de introducir las pruebas conducentes a generar la convicción suficiente.
Por lo mismo, si bien el tratamiento de la temática ensambla situaciones problémicas como la libertad probatoria, las prohibiciones o limitaciones referidas a la producción probatoria, la actividad probatoria durante el juicio y la valoración de la prueba, la presente investigación no se reduce a una lectura formal del Código de Procedimiento Penal (CPP), pretendiendo más bien ser un aporte en el tratamiento de las exclusiones probatorias a la luz del debido proceso, los principios fundamentales y los valores superiores de la Constitución.
La percepción nuestra de las exclusiones probatorias rebasa el mero calco de conceptos, procurando llenar un vacío que compatibilice la realidad y práctica efectivas de la producción probatoria en los juzgados y tribunales de sentencia del país con las necesidades urgentes de la administración de justicia y los fines principales del proceso penal.
En tiempos en que la interpretación de la ley se ha desarrollado ostensiblemente en el país dado que el Tribunal Constitucional ha establecido criterios sumamente enriquecedores en la comprensión del sistema procesal penal boliviano y la consolidación del juez como “creador del Derecho”, conviene realizar esfuerzos por teorizar propuestas que coadyuven al tratamiento jurídico de las exclusiones probatorias practicadas en la etapa del juicio oral.
En el entendido de que el debido proceso comprende un elenco de derechos y garantías judiciales entre los que resalta el derecho a la defensa, la pedagogía de implementación de la Ley Nº 1970 ha establecido que la admisión por el juez o tribunal de los medios de prueba tiene correspondencia con la licitud de los mismos, su apego a la ley en sentido amplio y al respeto de las formalidades.
En este orden de cosas Binder asegura que el defensor técnico del imputado tiene como función principal “...participar de los actos donde se produce la prueba y controlar su desarrollo, e interpretar la prueba y el Derecho conforme a las necesidades del imputado”1, rechazando que “...se sorprenda al imputado (...) mediante el ocultamiento de la prueba o mediante el retaceo de la información”2:
Por su parte Morales Vargas sostiene que a tiempo de la admisión, judicialización o incorporación a juicio, “...las observaciones de parte a la prueba de contrario deben de plantearse fundadamente a través del incidente de exclusión probatoria”, citando como motivos de exclusión la impertinencia, la violación de derecho o garantía en la obtención del elemento de prueba y la violación de procedimiento o formalidad del medio de prueba3:
Al respecto tanto el “Manual del Curso Dirección de Audiencia”4 como la “Guía de actuación para jueces, fiscales y abogados en el Juicio Oral”, refieren que “Una de las implicaciones que surge de la realización de juicios orales, es la posibilidad de objetar argumentos, pruebas y preguntas que se desarrollan en las audiencias judiciales. Esto consagra el carácter contradictorio del juicio y a la vez sustenta las garantías de defensa e inmediación”. “La objeción (léase exclusión probatoria) tiene como finalidad precautelar el debido proceso evitando que: El juicio se desvíe de su objeto principal; Se presente y/o admita prueba perjudicial para la parte que la presenta y los jueces se contaminen y adquieran prejuicios a partir de prueba no admisible”5.
El planteamiento de exclusiones probatorias deviene en incidentes que según el Art. 172 del CPP se relacionan con: 1. Los medios probatorios que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, en las Convenciones y Tratados internacionales vigentes, el CPP y otras leyes de la República, 2. La prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito y 3. Los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en el propio CPP.
Sin embargo, dada la inexistencia de criterios jurisprudenciales a nivel constitucional o legal que establezcan subreglas en torno al Art. 172 del Código de Procedimiento Penal y sus concordancias, dicho precepto legal resulta cuando menos insuficiente si de aplicarlo aislada, mecánica y literalmente se trata.
La cuestión no radica solamente en las causales de exclusión probatoria establecidas por ley, sino en identificar ciertos criterios rectores inherentes a la procedencia de cada una de dichas causales, en conformidad con los valores superiores que rigen el ordenamiento jurídico boliviano.
En ese contexto comenzamos formulando la siguiente situación problémica:
En el desarrollo del proceso penal, ¿Qué instrumentos normativos y/o criterios doctrinales pueden propiciar una óptima comprensión/aplicación de las causales de exclusión probatoria?
¿Qué relación existe entre las exclusiones probatorias y la concreción del valor superior justicia?
¿Qué formalidades esenciales prevé el propio Código de Procedimiento Penal en torno a los elementos probatorios?
Las situaciones problémicas anotadas nos llevan a identificar el siguiente problema científico de investigación:(En forma interrogativa)
¿Cómo fortalecer el valor superior justicia en el proceso penal a partir de la interpretación de las causas de exclusión probatoria?
Ref. Letra normal = causa
Letra cursiva = efecto
El objeto de estudio de la investigación queda identificado así como las causas de exclusión probatoria en el Art. 172 del código procesal penal boliviano.
Proponer criterios rectores de interpretación de las causas de exclusión probatoria contenidas en el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal para acrecentar el valor justicia en el proceso penal.
Asumiendo el paradigma socio crítico planteamos la siguiente idea a defender:
Una interpretación de las causas de exclusión probatoria ajena al excesivo formalismo optimizará la justicia en el proceso penal.
Abogados, fiscales y jueces de Tribunales y Juzgados de Sentencia Penal de la Capital (Oruro-Bolivia).
Método de estudio documental
Una indagación interpretativa y sistemática del Art. 172 del Código de Procedimiento Penal en concordancia con preceptos constitucionales e internacionales relacionados a partir de la doctrina y la comparación con las legislaciones de otros países sobre la materia.
La revisión documental nos permitirá construir una visión científica del objeto de estudio y textos de estudio a través de los aportes doctrinarios y científicos de los entendidos en la materia, para integrar los conocimientos preexistentes sobre el objeto de la investigación, con el objetivo de construir el marco teórico conceptual de la tesis.
Método vivencial, para aprovechar la experiencia personal que tiene el postulante.
Método de modelación, para obtener explicaciones sobre las normas jurídicas y opiniones sobre el tema de abogados, fiscales y jueces respecto de los factores condicionantes sobre el objeto de la investigación, en el caso, las exclusiones probatorias en el proceso penal, para luego realizar una propuesta de carácter normativo a través del proceso de abstracción del autor.
Método histórico-lógico, para, sobre la base de los acontecimientos, explicar el estado y la evolución del proceso relacionado con los incidentes de exclusiones probatorias en los Tribunales y Juzgados de Sentencia del Distrito de Judicial de Oruro.
Método comparativo, para comparar la legislación sobre las exclusiones probatorias en otros países en determinados contextos históricos.
Método sistémico, para efectuar una interpretación del Art. 172 del CPP a la luz de otros preceptos jurídicos relacionados
Se utilizarán dentro del marco teórico de la investigación y en las conclusiones para identificar la percepción de abogados, fiscales y jueces sobre las exclusiones probatorias.
Métodos inductivos y deductivos.
Como método empírico emplearé las encuestas y las entrevistas a jueces, fiscales y abogados conocedores del tema, cuyos datos serán objeto de una triangulación con fines de comparación y extracción de datos relevantes.
Los instrumentos a utilizarse dentro de la aplicación de este método son las fichas, entre las que se destacan las de bibliografía y las de contenido.
Prueba, exclusión probatoria, interpretación y valores
1. Rasgos diferenciales de la prueba en materia penal
La prueba penal requiere ciertas calidades exigentes para que la convicción formada a través de ella en torno a la búsqueda y al conocimiento de la verdad sirva de base fáctica a la sentencia, en vigor del respeto a la dignidad de quien está sometido a la justicia de los hombres 6.
1.1. Precisiones en torno a la prueba
Objeto de prueba, son los hechos principales o secundarios que interesan a la resolución judicial y exigen una comprobación. Conocido también como Thema Prabandum, son los hechos acusados, es la materialidad sobre la cual recae la actividad probatoria.7
1.2. Momentos de la actividad probatoria
1.3. Principios rectores de la prueba
1.3.1. Principio de libertad probatoria
1.3.2. Principio de comunidad de la prueba
Al decir de Morales Vargas puede ser alegado por cualquiera de las partes, independientemente de quien la tramitó hasta su judicialización. 8
1.4. La carga de la prueba en materia penal
2. Prueba prohibida y prueba ilícita
No obstante, la terminología utilizada tanto en la doctrina como en la jurisprudencia dista bastante de ser uniforme. Es frecuente que se empleen, indistintamente, términos como el de prueba prohibida o prohibiciones probatorias, prueba ilegalmente obtenida, prueba ilícita o ilícitamente obtenida, prueba ilegítimamente obtenida, prueba inconstitucional, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular o incluso de prueba clandestina.9
En suma, con la expresión “prueba ilícita”, al margen de discusiones doctrinales, quieren abarcarse la existencia de una lesión o menoscabo a una garantía constitucional que haya provocado la obtención de un medio de prueba, es decir que al obtener la prueba o que para conseguir el medio probatorio se viole o se haya violado un derecho fundamental, teniendo eso si, que ser necesariamente una garantía constitucional, de lo contrario su trato procesal varía, ya que saldría del concepto de prueba ilícita, sometiéndose a otra ponderación por parte del Juez o Tribunal pero, además, todas aquellas diligencias, medios probatorios y pruebas procesales en las que se debata o discuta aspectos constitucionales o infraconstitucionales que puedan determinar la irregularidad o invalidez de un concreto elemento probatorio, con sus correspondientes efectos en el proceso de que se trate.10
2.1. Prueba irregular
3. Actividad procesal defectuosa
3.1. Justificación ético moral de las exclusiones probatorias
No existe ningún tipo de ‘igualdad de armas’ entre la criminalidad y el Estado que la combate en el sentido de una permisión a los órganos estatales para utilizar todos los medios que se encuentren al alcance de los criminales.11
3.2. Teoría de los frutos del árbol envenenado
El primer caso donde la Corte aplicando dicha doctrina utiliza la expresión “fruit of the poisonous tree” es en el proceso “Nardote Vs. United States” en el año 1939, en el que se resolvió que debían excluirse de toda validez las pruebas que se conocieron a raíz de una grabación ala conversación del imputado que se había efectuado ilegalmente sin autorización judicial”12
Según Jauchén estos principios son en la actualidad prácticamente aplicados en todos los países que se rigen por un Estado de Derecho y respetuoso de las garantías constitucionales.13
3.3. Excepciones a las reglas de exclusión
3.3.1. Pruebas ilegales “In Bonam Partem”
3.3.2. Teoría de la fuente independiente
Procedente de la jurisprudencia norteamericana bajo la denominación de independant source propugna que, cuando con razonable grado de certeza sea dable establecer que a pesar de la ilegalidad el elemento probatorio se hubiera conocido lo mismo a través de una vertiente independiente, el mismo podía de todas maneras ser admitido en juicio.14
Blanca Pastor 15 dice que para considerar “contaminada” la actividad de recogida de una fuente de prueba por haberse basado en una información obtenida con vulneración de derechos fundamentales, se requiere que el segundo acto sea único y exclusivamente consecuencia del primero.
3.3.3. El hallazgo inevitable
Ej. La policía localizó un cadáver a raíz de la información suministrada por el imputado, declaración impugnada de ilegal por encontrarse el imputado sin abogado. Sin embargo durante el juicio la fiscalía probó que al momento de la declaración el lugar donde se hallaba el cadáver estaba siendo rastreado por la policía. En consecuencia se sostuvo que el descubrimiento de esa prueba era inevitable, no existiendo nexo de entidad suficiente entre la ilegalidad de la policía y la prueba, rechazando la aplicación de la regla de exclusión.16
Blanca Pastor dice al respecto que será ilegítima la incorporación al proceso de la información obtenida “cuando no pueda acreditarse que el investigador hubiera de todas formas realizado la actuación, en base a otros datos o razonamientos”.17
3.3.4. Personas dotadas de voluntad autónoma
Es relevante el grado de libertad del declarante para juzgar sobre la utilidad de sus manifestaciones, de modo que la exclusión requiere un vínculo más inmediato entre la ilegalidad y el testimonio que el exigido para descalificar la prueba material.18
3.3.5. Eficacia de la prueba ilícita para terceros
La doctrina de la eficacia de la prueba ilícita para terceros reconoce que las pruebas obtenidas directamente mediante la violación del derecho constitucional, pueden ser admitidas y declaradas útiles para condenar a los imputados no afectados por la violación del derecho fundamental. El fundamento está en la no identidad entre el titular del derecho fundamental afectado y el sujeto que se condena (tercero o coimputado), pues ello implica la desconexión entre la violación del derecho fundamental y la condena.19
3.3.6. Principio de proporcionalidad
En Estados Unidos y en Europa continental, en países como Alemania, la inadmisibilidad de la prueba ilícitamente obtenida se ve aminorada por la presencia del criterio de proporcionalidad (Verthaltnismassigkeitsprinzip), siempre con carácter excepcional y en casos extremadamente graves, equilibrando la contraposición de valores fundamentales que se encuentren en tensión, la eficiencia y éxito de la administración de justicia por un lado, la garantía del acusado a no ser condenado en base a pruebas ilícitas, por el otro. 20 La aplicación del principio de proporcionalidad, pese a dar admisibilidad a un medio de prueba inconstitucional, es el camino a seguir como medio de evitar peores desastres proporcionalmente mayores.
Esta doctrina tiene gran importancia en la actualidad, pues abre la vía para el aporte de prueba por particulares, como sería el caso que cita ROXIN “cuando una persona privada haya registrado en forma secreta en videocasete una conversación con el imputado sobre un incendio planeado, puede ser valorado como medio de prueba”21
3.3.7. Contaminación de las pruebas
Respecto de la contaminación las pruebas dice Eduardo de Urbano Castrillo que “Dados los intereses plurales que laten en la decisión de admitir o no un material probatorio viciado y que Schönke, cifra en definitiva, en elegir entre los derechos del ciudadanos o los intereses de la sociedad en la persecución y castigo del culpable aunque como dijera González-Cuellar “la salvaguarda de los derechos del individuo es, al mismo tiempo, tanto interés particular como de la comunidad constituida en Estado de Derecho”, las posturas absolutas y maximalistas en este tema se han ido decantando hacia posiciones más matizadas y más casuísticas tratando de hallar un equilibrio entre la disyuntiva apuntada que, como acabamos de ver, no es sino las dos caras de una misma cuestión: el derecho y ejercicio de la tutela judicial efectiva dentro de un Estado de Derecho”.22
3.3.8. La teoría del riesgo
En los casos Hoffa Vs. United States y Lewis Vs. United States, la jurisprudencia norteamericana introdujo esta doctrina del riesgo estableciendo la distinción “…entre o actos de una persona que se realizan en la seguridad constitucionalmente protegida contra intrusiones indeseadas en el ámbito del domicilio, de los realizados voluntariamente ante terceros en la errónea confianza de que éstos no revelarán su delito.23
3.3.9. Doctrina de la buena fe
3.3.10. La teoría de la destrucción de la mentira del imputado
3.4. El código procesal penal tipo para América Latina
3.4.1. Prohibiciones o limitaciones referidas a la producción de prueba
Las limitaciones relativas son aquellas que impiden verificar un objeto de prueba recurriendo a ciertos medios de prueba, o cuando se restringe la posibilidad de probar a determinados medios de prueba. 24. En este caso la ley prohíbe el uso de ciertos métodos, ya no el tema, como ocurre en el Código Tipo al prohibirse la tortura, los psicofármacos, "sueros de la verdad", la hipnosis, "los detectores de mentiras" etc. (Arts. 45, 148).
3.4.2. Limitaciones a la valoración de la prueba ilícita
La solución de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia es simple cuando estamos frente a elementos de prueba directamente viciados: éstos deben ser excluidos de la valoración con el objeto de no darles ninguna utilidad en la decisión final del asunto.25 No obstante ya se ha puesto de relieve que se trata de una solución teórica porque si bien estas pruebas no pueden ser utilizadas para fundamentar el fallo, en muchas ocasiones "han podido lograr el propósito, a veces perfectamente preconcebido, de transmitir una impresión al Juez que difícilmente puede ser borrada posteriormente de su inconsciente 26.
Frente a la prueba directamente ilícita, porque se transgredieron las limitaciones señaladas para su producción o práctica, Paulino Mora estima que no surgen dos intereses en conflicto entre, por un lado, un interés privado de la defensa, al lesionarse un derecho particular con la obtención de la prueba, y por otro un interés superior y público, en cuanto interesa a la colectividad la aplicación del Derecho Penal a quien cometió un hecho delictivo, supuesto que en su criterio es sólo aparente27.
Fundamentalmente y con variantes poco significativas, las soluciones que se han propuesto hasta ahora han sido tres. En primer término una posición conservadora concluye en que deben admitirse y valorarse las pruebas ilícitas, por ser irrelevantes el modo de obternerlas, y considerarse siempre superior el interés de la colectividad en que no se deje sin castigo una conducta delictiva por causa de un formalismo o tecnicismo procesal, aunque implique sacrificar los intereses del particular en el caso concreto.28
Una buena parte de la doctrina y la jurisprudencia mantienen una posición totalmente contraria, sea excluir de la valoración la prueba indirectamente ilícita. En efecto, la jurisprudencia norteamericana ha desarrollado la denominada tesis del fruto del árbol envenenado,29 lo que también se conoce como la regla de exclusión o la doctrina de la supresión,30 según la cual no puede aceptarse como válido que se utilicen pruebas directamente relacionadas con otros elementos de prueba ilícitos, para sustentar un posición contraria a la del imputado en el proceso penal. En tales supuestos deben excluirse o suprimirse todos y cada uno de los elementos de prueba que hubieren sido obtenidos como consecuencia de una violación de los derechos fundamentales del acusado, aunque la relación sea sólo indirecta. En otras palabras, si el acto regular no hubiere existido sin la inobservancia anterior de una regla esencial, el conocimiento adquirido con base en el acto viciado también comprende el acto regular, como efecto reflejo, directo y necesario, del acto irregular, es decir como fruto del árbol envenenado. Para ello debe recurrirse a lo que en doctrina se señala como la supresión mental hipotética. 31 Mentalmente se suprime el acto viciado y se examina si siempre se hubiera arribado al acto regular y por tanto, al conocimiento que dio origen al acto mediato. Si suprimida la irregularidad, es posible concluir que también se hubiera arribado al conocimiento que se cuestiona, el elemento de prueba obtenido se puede valorar, de lo contrario debe suprimirse. Se trata de establecer o descartar una relación de causa-efecto, en donde el acto viciado tendría que ser la causa del acto cuestionado para excluirlo.
"La razón de ser de esta regla de exclusión parece evidente: desde que se reformó el procedimiento inquisitivo y se aceptó, políticamente, que, a pesar de que el procedimiento penal sirve, principalmente, a la meta de averiguar la verdad objetiva, él constituye un método reglado -no libre- para arribar a ese fin, con lo que se excluyeron, absoluta o relativamente, algunas formas de investigar la verdad, debido a principios superiores que protegen la dignidad esencial del hombre el fin de arribar a la verdad histórica. ..no justifica los medios de investigación... La razón ética -el Estado no puede aprovecharse de lo que él mismo ha prohibido y utilitaria y correctiva -desalentar la utilización de métodos ilegales de investigación, fulminándose como ineficaces procesalmente, que postulan los tribunales para justificar la regla de exclusión, según se observó anteriormente, sólo son consecuencias beneficiosas de este modo de proceder 32
Desde luego, la regla de exclusión es sólo para la prueba que afecte al imputado, pues aquella que lo pueda favorecer puede ser utilizada aún cuando se hubiere practicado con inobservancia de las formalidades, 33aspecto que se desprende en forma clara del Código Tipo al disponer ya en el artículo primero que "la inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio", lo que equivale a señalar que si puede invocarse en su favor.
La jurisprudencia norteamericana ha aplicado la regla de la exclusión de las pruebas indirectamente viciadas lo mismo que la Argentina, aunque con mayores reservas.34
Una posición intermedia, frente a las dos tesis anteriores (que admiten o niegan la regla de exclusión de la prueba indirectamente viciada), la asumen algunos autores al afirmar que no es posible establecer reglas fijas para admitir o rechazar la prueba en general ilícita, sino que ello debe establecerse caso por caso, tomando en consideración muy diversos factores que deben analizarse en concreto, para poder llegar a alguna conclusión. Así por ejemplo, si un policía realiza un allanamiento sin autorización y decomisa un elemento de prueba, debe examinarse si el juez pudo haber autorizado ese acto, resultando irrelevante la conducta ilícita del funcionario policial.35
Esta posición intermedia es más cercana a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a la de los tribunales españoles e italianos en general. En los tribunales costarricenses no encontramos una posición claramente definida; sin embargo conviene destacar que la casación penal ha sostenido que si bien no es admisible tomar en consideración lo narrado por el acusado ante la policía judicial, estas declaraciones pueden tomarse en cuenta cuando logran tener sustento en otros elementos de prueba y no sólo en el dicho de los policías.36
3.5. Sistemas de regulación de la prueba ilícita
En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra se considera que las pruebas ilícitas no pueden incluirse en el acervo probatorio, y se consagran procedimientos específicos para excluirlas.37
En países como Alemania y Suiza, en los cuales no existe una regla general de exclusión en sentido estricto, ni un sistema de nulidades sino una potestad del juez para determinar en cada caso concreto cuándo una prueba obtenida con violación del derecho, ha de ser desestimada, utilizando un método de ponderación de múltiples factores jurídicamente relevantes.38
4.1. Constantes y tendencias
5. El art. 172 del código de procedimiento Penal boliviano. Marco Constitucional y Concordancias.
Según el Art. 172 del Código de Procedimiento Penal (CPP) boliviano son causas de exclusión probatoria:
Los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la CPE, Tratados vigentes, el Código y otras leyes.
La prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito.
Los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en el Código.
Con relación al precepto legal en análisis se identifica el siguiente marco constitucional:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece por su parte que:
5.1. Relación con el sistema procesal penal escandinavo
6. Implicancia de la política criminal vigente en Bolivia
7. Interpretación y Derecho Jurisprudencial
7.1. La Interpretación como herramienta esencial del Derecho
En todo caso la interpretación de las normas tiene por objeto determinar el sentido de la norma jurídica y precisar sus alcances para aplicarla al caso concreto. Se trata pues de la aplicación de una norma de carácter general a un caso concreto; y para ello es menester desentrañar el sentido, finalidad, propósito y alcances de la ley. 39
7.2. La Interpretación según el método empleado
Interpretación gramatical, como punto de partida que investiga el sentido de las palabras utilizando técnicas de la lingüística y la gramática, además de la sintaxis.
Interpretación histórica, en términos de averiguación de los antecedentes de la norma jurídica, los trabajos preliminares, proyectos, debates, exposición de motivos.
Interpretación sistemática, a partir del “…estudio de la norma en relación con las otras normas, sean pertenecientes al artículo en el que se inserta el precepto; al capítulo o título del que forma parte, así como a otras normas del ordenamiento jurídico de la nación”40
Interpretación lógica, con el análisis de las palabras en la norma jurídica tomando en cuenta el lenguaje técnico y su significado en ese ámbito.
Interpretación teleológica, en procura de descubrir el telos o la finalidad de la norma jurídica
Interpretación comparativa o de derecho comparado, a partir del análisis de las normas nacionales comparándolas con las extranjeras o las pertenecientes a un Tratado o Convención Internacional.
Interpretación conforme a la Constitución, que parte del principio de supremacía constitucional consagrada en el Art. 228 de la Constitución Política del Estado.
A partir de la concepción de la Constitución como norma jurídica, la idea de supremacía constitucional y la fuerza expansiva de la Constitución, corresponde destacar los siguientes concluye Durán Ribera que “…es ineludible confrontar el resultado de la interpretación con las normas, valores y principios de la norma constitucional, con la finalidad de que la interpretación efectuada, sea conforme a la Constitución”41
7.3. Derecho jurisprudencial
A tiempo de plantear la necesidad de una reingeniería de fuentes evitando repetir de manera dogmática que hay un arreglo preestablecido de fuentes que es natural y eterno, Diego Eduardo López Medina asegura que el Derecho Jurisprudencial tiene una importante característica, no desde el punto de vista de la sentencia, sino desde el punto de vista de acceso a la justicia del derecho judicial, que es interesantemente democrático 42.
8. Los valores superiores
Denominados Valores Supremos según Rivera Santibáñez “Son los ideales que una comunidad decide constituir como sus máximos objetivos a desarrollar por el ordenamiento jurídico, esto es, los fines a los cuales pretende llegar”43
Sostiene al respecto Valencia Alvarado que “La doctrina constitucional sostiene que el Derecho Constitucional contemporáneo incorpora valores ‘supraconstitucionales’, como la vida, la libertad, la dignidad de la persona y la justicia que se sobreponen incluso al poder constituyente, que no puede ignorarlos porque negaría su razón de ser”44
Diagnóstico del tratamiento de las exclusiones probatorias en el sistema procesal penal boliviano a partir de sus causas y efectos
1. Cuestiones recurrentes en la práctica procesal en el distrito Judicial de Oruro
En base a la encuesta practicada a profesionales del Derecho (Ver anexo Nº 1) en la práctica procesal en el Distrito Judicial de Oruro se identificaron los siguientes problemas recurrentes:
1.1. Acerca de los procedimientos para la obtención
1.1.1. Registros
El procedimiento establece:
Artículo 174 (Registro del lugar del hecho)
Artículo 187 (Locales públicos)
Para el registro en reparticiones estatales, locales comerciales, o aquellos destinados al esparcimiento público, se podrá prescindir de la orden judicial de allanamiento cuando exista autorización del propietario o responsable del mismo, salvo delito flagrante. En caso de negativa o imposibilidad material de conseguir el consentimiento, se solicitará la orden judicial de allanamiento y se podrá usar la fuerza pública para su cumplimiento.
Los problemas que se destacan son:
- La falta de un testigo hábil que presencie el registro y firme el acta.
- La falta de constancia de los motivos por los que se prescindió de la presencia del testigo.
- La inconcurrencia del fiscal y/o la falta de su firma en el acta, salvo en casos de urgencia.
1.1.2. Requisas
El procedimiento indica:
Artículo 175 (Requisa personal)
El fiscal podrá disponer requisas personales, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una o más personas ocultan entre sus pertenencias o lleven en el interior de su cuerpo o adherido a él, objetos relacionados con el delito.
Artículo 176 (Requisa de vehículos)
Se podrá realizar la requisa de un vehículo siempre que existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta en él objetos relacionados con el delito, siguiendo el procedimiento previsto para la requisa personal.
Entre los problemas que se destacan se encuentran:
La falta de advertencia de la sospecha al requisado.
La requisa por persona de sexo diferente y sin respeto al pudor del requisado.
La falta de firma del funcionario interviniente y del requisado.
La falta de orden fiscal y de un testigo hábil, excepto en delitos de narcotráfico.
La falta de constancia de los motivos que impidieron contar con la presencia del testigo o el requerimiento fiscal en delitos de narcotráfico.
1.1.3. Autopsia o necropsia
Artículo 178 (Autopsia o necropsia)
El fiscal ordenará la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura.
Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que la ordene de conformidad a los Artículos 307º y siguientes de este Código.
Al respecto, dado el carácter urgente de la autopsia consideramos no aconsejable la aplicación literal de las reglas de la pericia, Vgr. En casos de no haber sido habido el imputado o en casos de pluralidad de imputados.
La falta de designación y juramento del Médico Forense que ya fue designado y prestó juramento a momento de asumir el cargo tampoco viciaría de nulidad un protocolo de autopsia.
1.1.4. Inspección y reconstrucción
El procedimiento norma:
Artículo 179 (Inspección ocular y reconstrucción)
Los problemas destacados tienen que ver con:
La falta de advertencia al imputado en torno al carácter voluntario de su participación y a su derecho a abstenerse de efectuar declaración alguna.
La falta de asistencia técnica del imputado en caso de que decidiere participar de la reconstrucción.
La falta de ofrecimiento oportuno de los testigos, peritos e intérpretes en el acto.
La falta de firma de los intervinientes o la falta de la constancia de los que no
quisieron o no pudieron hacerlo.
1.1.5. Allanamientos
El precepto aplicable dice:
Artículo 180 (Allanamiento de domicilio)
Cuando el registro deba participación obligatoria del fiscal.
Entre los problemas relacionados se tienen:
La falta de resolución fundada del juez y la participación obligatoria del fiscal.
La falta de mandamiento de allanamiento librado por el juez
La falta de requisitos esenciales que debe contener el mandamiento librado por el juez
La caducidad de la vigencia del mandamiento (96 Hrs. Según el último parágrafo del Art. 182 del CPP)
La inobservancia del procedimiento y las formalidades previstas expresamente por el Art. 183 del CPP, a saber:
Artículo 183 (Procedimiento y formalidades)
La resolución que disponga el allanamiento será puesta en conocimiento del que habite o se encuentre en posesión o custodia del lugar, que sea mayor de catorce años de edad, para que presencie el registro entregándole una copia del mandamiento. En ausencia de estas personas se fijará copia del mandamiento en la puerta del inmueble allanado.
1.1.6. Secuestros
Artículo 184 (Entrega de objetos y documentos. Secuestros)
Los objetos, instrumentos y demás piezas de convicción existentes serán recogidos, asegurados y sellados por la policía o el fiscal para su retención y conservación, dejándose constancia de este hecho en acta. Si por su naturaleza es imposible mantener los objetos en su forma primitiva, el fiscal dispondrá la mejor manera de conservarlos.
Todo aquél que tenga en su poder objetos o documentos de los señalados precedentemente estará obligado a presentarlos y entregarlos, cuando le sea requerido, a cuyo efecto podrán ser compelidos por la fuerza pública, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda.
Artículo 185 (Objetos no sometidos a secuestro)
No podrán secuestrarse los exámenes o diagnósticos médicos relacionados a deberes de secreto y reserva legalmente establecidos, ni las comunicaciones entre el imputado y su abogado defensor.
Artículo 186 (Procedimiento para el secuestro)
Regirá el procedimiento establecido para el registro. Los objetos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia en los depósitos de la Fiscalía o en los lugares especialmente destinados para estos efectos, bajo responsabilidad y a disposición del fiscal.
Artículo 188 (Secuestro y destrucción de sustancias controladas)
Las sustancias controladas ilícitas serán destruidas o extinguidas públicamente en un término máximo de seis días calendario siguientes a su secuestro, en presencia y bajo responsabilidad del fiscal encargado de la investigación; separando una muestra representativa que será puesta bajo custodia en los depósitos de la Fiscalía del Distrito, para su utilización como medio de prueba. Del secuestro y la destrucción o extinción se elaborará un acta circunstanciada que deberá ser incorporada al juicio por su lectura.
No se destruirán las sustancias controladas secuestradas que puedan ser utilizadas con fines lícitos, las que se sujetarán al régimen de incautación.
Entre los problemas identificados cabe destacar que el Art. 184 del CPP no contempla la posibilidad de la entrega voluntaria de documentos por privados a la policía o fiscalía, extremo este que, en caso de no constar en acta, puede ser suplido con certeza sobre la base de otros elementos de prueba.
De otro lado si bien en torno al procedimiento para el secuestro el Art. 186 del CPP se remite al procedimiento para el registro, dando a entender que se refiere al Registro del Lugar del Hecho (Art. 174 del CPP), legislaciones afines a la nuestra como la peruana, la venezolana y la nicaragüense, entre otras, emplean el término registro en lugar del término requisa, de modo tal que la normativa nuestra implica tomar en cuenta aquella sinonimia.
Para el caso del secuestro y destrucción de sustancias controladas la inexistencia de acta circunstanciada resulta un requisito de ineludible observancia por mandato del Art. 188 del CPP.
1.1.7. Incautación de correspondencia, documentos y papeles
Establece el procedimiento:
Artículo 190 (Incautación de correspondencia, documentos y papeles)
Siempre que se considere útil para la averiguación de la verdad, el juez o tribunal ordenará, por resolución fundamentada bajo pena de nulidad, la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados o públicos.
Artículo 191 (Apertura y examen)
Recibida la correspondencia, documentos o papeles, el juez o tribunal en presencia del fiscal procederá a su apertura y examen debiendo constar en acta. Si guardan relación con el proceso, ordenará el secuestro; caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá su entrega al destinatario o remitente o a su propietario.
1.1.8. Clausura de locales
Artículo 192 (Clausura de Locales)
El juez o tribunal ordenará, mediante resolución fundamentada por un término máximo de diez días, la clausura o aseguramiento de un local o la inmovilización de cosas muebles que por su naturaleza o dimensiones no puedan ser mantenidas en depósito, aplicando las reglas del secuestro.
Los problemas identificados al respecto son los identificados para el Art. 186 del CPP.
1.2. En cuanto a las clases de pruebas
1.2.1. Prueba testimonial
Entre los problemas relacionados con la exclusión probatoria en cuanto a los testigos se identificaron los siguientes:
Que el testigo no hubiere sido ofrecido oportunamente por la parte presentante, esto es, junto con la acusación pública; a tiempo de presentarse la acusación particular dentro del plazo de 10 días que establece el 1er. parágrafo del art. 340 del CPP, o, por el imputado, dentro de los 10 días siguientes a su notificación (2ª parte del Art. 340 del CPP).
Que el testigo, siendo cónyuge o conviviente o pariente del imputado hasta el cuarto grado o por adopción y por afinidad hasta el segundo grado, hubiere depuesto sin que se le hubiere informado por el juez de la facultad de abstención prevista por el Art. 196 del CPP.
1.2.2. Careo
Para impugnar la posibilidad del careo se presentan las siguientes posibilidades:
Los problemas relacionados con exclusiones probatorias son los mismos que los mencionados en cuanto a la prueba testimonial.
Careo entre un testigo y un imputado o careo entre imputados
Además de las condiciones precedentemente señaladas cabría la objeción probatoria al careo en caso de que no se hubiere advertido al imputado –por el juez– el derecho de abstención de declarar.
1.2.3. Prueba Pericial
Respecto del peritaje consignamos los siguientes problemas:
Que el perito no hubiere sido ofrecido oportunamente por la parte presentante, esto es, junto con la acusación pública; a tiempo de presentarse la acusación particular dentro del plazo de 10 días que establece el 1er. parágrafo del art. 340 del CPP, o, por el imputado, dentro de los 10 días siguientes a su notificación (2ª parte del Art. 340 del CPP).
Que el perito designado hubiere sido testigo del hecho objeto del proceso (Art. 208 del CPP) o se encuentre en el ámbito de abstención prevista por los Arts. 196 y 197 del CPP.
La falta de citación, aceptación y juramento del perito conforme al Art. 211 del CPP.
1.2.4. Prueba Documental
Los problemas destacados son:
La ilicitud en su obtención (1ª parte del Art. 216 del CPP)
1.2.5. Reconocimiento de personas
Entre los problemas de destacan:
La ausencia de defensa técnica del imputado
El incumplimiento del procedimiento establecido por el Art.219 del CPP.
1.2.6. Informes
De conformidad con el Art. 218 del CPP queda abierta la posibilidad de que el fiscal, juez o tribunal, requieran informes a cualquier persona o entidad pública o privada sobre datos que consten en sus registros.
1.3. Sobre el procedimiento
En el Código de Procedimiento Penal promulgado por D.L. Nº 10426 de 23 de agosto de 1972, vigente hasta antes de la promulgación de la Ley Nº 1970 (nuevo CPP), no contiene precepto legal referido a exclusiones probatorias.
Con relación a las pruebas se destacan, sin embargo, las siguientes normas relacionadas:
Art. 77 (Sometimiento a las reglas procesales) Los jueces, fiscales, los funcionarios auxiliares y todos los sujetos procesales, estarán sometidos a las normas establecidas en el presente Código.
Art. 149 (Causales de tacha) Se admitirán las siguientes causales de tacha contra los testigos:
La enemistad marcada entre el testigo y el querellante, el denunciante o el imputado.
La amistad íntima entre los mismos.
El interés directo a favor de la parte que lo presentare.
Tener juicio pendiente con una de las partes.
Art. 157 (Documentos) Se admitirá toda prueba documental con excepción de las cartas de particulares sustraídas del correo o de cualquier persona.
Art. 158 (Reconocimiento) El encausado no podrá ser obligado a reconocer documentos privados que obren en su contra, debiendo el juez, cuando sea presentado un documento de esta naturaleza, interrogarle si está dispuesto a declarar sobre la autenticidad del mismo, sin que su negativa le perjudique (…).
Art. 164 (Confesión) La confesión hará prueba contra el procesado cuando concurran las siguientes condiciones:
- Que se produzca ante el juez del plenario.
- Que el confesante se halle en pleno goce de sus facultades mentales.
- Que sea libre y espontánea (…)
1.3.2. En el código en vigencia
Carácter incidental de las objeciones probatorias en el actual CPP.
Partiendo de la noción de que los incidentes son mecanismos procesales de oposición a la prosecución de la causa en contrapartida a la acción, la formulación de una exclusión probatoria resulta un incidente cuyo trámite se encuentra previsto por los Arts. 314, 315 y 345 todos del CPP.
Trámite en juicio oral
Tomando en cuenta lo preceptuado por el Art. 345 del CPP en sentido de que “Todas las cuestiones incidentales deben tratarse en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo en sentencia”, una primera cuestión es determinar si el trámite de los incidentes de exclusión probatoria debe imprimirse en el momento previsto por el mencionado precepto legal, esto es, antes de la declaración del imputado y la presentación de la defensa o, con posterioridad, en el momento de la recepción de la prueba.
En la experiencia y práctica judicial en el Distrito de Oruro se ha hecho usual el trámite de los incidentes en cuestión en el momento de la producción probatoria propiamente dicha, esto es, se ha optado por un momento posterior al expresamente previsto por el Art. 345 del CPP, acaso en el entendido de que dichos planteamientos serían mejor atendidos una vez conocida la solicitud de parte de incorporación de determinadas pruebas. Sin embargo, siendo el Art. 345 del CPP claro y concreto, la interpretación sistemática, teleológica y en función de la celeridad procesal que debe caracterizar el debate propiamente dicho, amerita asumir que, en rigor, el trámite de estos incidentes debe imprimirse en el momento expresamente previsto por ley, conjuntamente los demás incidentes que pudieren existir.
Ahora bien, siendo toda objeción a las pruebas un planteamiento que por su naturaleza e importancia debe ser debatido o, en su caso, requiere la producción de prueba, no cabe duda que la norma legal a aplicarse en su trámite es el Art. 314 del CPP en lo que respecta a su proposición oral en el juicio, el ofrecimiento de prueba y el acompañamiento de la documentación correspondiente, salvo que el asunto fuere de puro derecho.
Por la interpretación del último parágrafo del mencionado artículo queda claro que el traslado deberá correrse en el acto a la otra parte a objeto de que conteste también oralmente, correspondiendo a su vez una resolución inmediata de parte del tribunal, admitiendo o rechazando el incidente.
Interpretando asimismo el Art. 315 del CPP conforme a las características del juicio oral, en caso de que el incidente fuere de puro derecho, o si no se ofreció o dispuso la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución en el acto, salvo que se dispusiera la producción de prueba en cuyo caso tuviere que declararse un receso diario en la audiencia, máximo hasta el día siguiente, toda vez que por la característica de concentración del juicio oral no correspondería una suspensión de audiencia, no prevista por el Art. 335 del CPP, menos convocar a otra audiencia, dentro de los cinco días a que se refiere el penúltimo parágrafo del mencionado Art. 315 del CPP.
En todo caso, queda clara la vigencia de la regla general contenida en la parte final del Art. 315 del CPP en sentido de que el rechazo de este tipo de incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.
De otro lado, la violación constitucional por lo general se produce durante la fase de investigación del delito o búsqueda de las fuentes de prueba (etapa preparatoria), sin embargo, también se puede presentar en el juicio oral, cuando se le interroga al acusado, sin que previamente se le haya comunicado por qué se le acusa, o cuando se le toma la declaración a un testigo sin poner en su conocimiento que por su grado de parentesco no se encontraba obligado a declarar. Lo importante es que reparemos que se viola un derecho fundamental individual o procesal, para obtener la prueba. Es decir, la ilicitud se presenta durante la obtención de la fuente de prueba.
Objeciones probatorias en la etapa preparatoria del juicio
Inicialmente cabe dejar establecido que en la etapa preparatoria no existen pruebas propiamente dichas sino actos de investigación.45
Esquematizamos las diferencias principales entre los actos de investigación y los actos de prueba del modo siguiente:
Están dirigidos a averiguar o descubrir algo que se desconoce, para fundar resoluciones referidas a excepciones, medidas cautelares, etc.
Están dirigidos a determinar la convicción del juzgador para determinar la existencia del hecho y la participación del acusado
Tienen lugar en la etapa preparatoria del juicio
Tienen lugar en el juicio oral
Pueden realizarse sin contradicción
La contradicción es una condición indispensable
El 3er. parágrafo del Art. 280 del CPP establece al respecto que:
“Las actuaciones registradas en el cuaderno no tendrán valor probatorio por sí mismas para fundar la condena del acusado, con excepción de los elementos de prueba que este Código autoriza introducir al juicio por su lectura”.
De lo expuesto se colige que si bien en etapa preparatoria no es posible la formulación ni el trámite de exclusión probatoria alguna, puesto que en etapa preparatoria no existen pruebas propiamente dichas, la objeción de ciertos actos de investigación que eventualmente se convierten en actos de prueba, es posible a través de incidentes de nulidad por defecto absoluto.
Este criterio se adopta del análisis de la S.C. Nº 406/2007-R entre cuyos fundamentos se tiene:
En ese sentido, la SC 0103/2004-R de 21 de enero, señaló: “(…) el nuevo sistema de investigación no tiene carácter probatorio, esto es, que todos los actos que durante él se desarrollen, y que de algún modo pueden contribuir al esclarecimiento del caso, sólo tienen un valor informativo para quienes llevan adelante la persecución, pero no se constituirán en elementos de prueba susceptibles de ser valorados en la sentencia, en tanto no sean producidos en el juicio oral, en las formas que el Código de Procedimiento Penal establece, salvo las excepciones previstas por el art. 333 incs. 1) y 3) del CPP, entre las que puede encontrarse la prueba pericial, cuando ha sido solicitada por el fiscal o cualquiera de las partes, y ha sido recibida conforme a las reglas del anticipo de prueba (art. 307 del CPP). Así por ejemplo, la declaración de un testigo ante el Ministerio Público le permite a los fiscales contar con información importante para formar su convicción acerca del caso y para recopilar nuevos antecedentes respecto del mismo, pero esa declaración no tienen ningún valor probatorio mientras el testigo no comparezca al juicio oral y la preste nuevamente en conformidad a las reglas que regulan tal etapa del procedimiento” (Las negrillas son nuestras).
2. Inexistencia de Jurisprudencia Constitucional relacionada con las exclusiones probatorias
Entre la jurisprudencia constitucional relacionada con las exclusiones probatorias en su obiter dicta citamos las sentencias constitucionales siguientes:
Nº 0253/02; Nº 0207/04; Nº 0193/05; Nº 0306/05; Nº 1603/05 y Nº 0406/2007.
En la doctrina legal aplicable de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con las exclusiones probatorias en el proceso penal encontramos:
A.S. Nº 0257/06, de 1º de agosto y A.S. Nº 0411/06, de 20 de octubre.
Sin embargo, hasta donde el autor consultó, en la jurisprudencia constitucional y la doctrina legal aplicable, no existen sentencias constitucionales ni autos supremos con ratio decidendi sobre las causas de exclusión probatoria, consiguientemente no se hallan sub reglas en torno al Art. 172 del Código de Procedimiento Penal.
Esta ausencia puede verificarse en los trabajos de reciente publicación denominados “Sistematización de la jurisprudencia constitucional y precedentes obligatorios en derecho procesal penal”, tomos I y II, elaborados por el Tribunal Constitucional de Bolivia y la Cooperación Técnica Alemana – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal.46
3. Análisis de la realidad
A manera de diagnóstico en la presente investigación se realizó una encuesta aplicada a abogados, fiscales y jueces para medir su comprensión, análisis y opinión en casos concretos relacionados con causales de exclusión probatoria en general.
De un total aproximado de 700 abogados en actual ejercicio libre de la profesión inscritos en el Colegio Departamental de Abogados de Oruro47 se identificó como una muestra al azar un número de 60 abogados, encuestándose a un total de 58 ( lo que representó un porcentaje del 8,2%). Se encuestó, además, a 10 fiscales (de un total de 16 en el Distrito), a 2 Vocales de Salas Penales de la Corte Superior del Distrito, de un total de 4 (50%), a 2 Jueces Técnicos de Tribunal de Sentencia de la Capital y a 2 Jueces de Sentencia de la Capital, de un número de 6 (75%), teniendo un total de 74 encuestados.
La aplicación de este instrumento se realizó en base a preguntas abiertas y cerradas en torno a casos de medios o elementos de prueba relacionados con las causales de exclusión probatoria.
Se diferencian los resultados obtenidos según la función profesional que se desempeña.
Del total de 58 abogados encuestados se identificó que un 34% de los casos de exclusiones probatorias por ellos mencionados tuvo que ver con la vulneración de derechos y garantías, un 20% de casos se refirió a prueba obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito, frente a un 46% de casos con inobservancia de formalidades previstas en el Código de Procedimiento Penal.

References: resolución 
e contrario
 resolución 

Artículo 174

Artículo 187

Artículo 175

Artículo 176

Artículo 178

Artículo 179

Artículo 180
 resolución 

Artículo 183
 resolución 

Artículo 184

Artículo 185

Artículo 186

Artículo 188

Artículo 190
 resolución 

Artículo 191

Artículo 192
 resolución 
 resolución 
 resolución