Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/nov/20181128-VI.html
Timestamp: 2019-10-19 04:21:02+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5165-VI, miércoles 28 de noviembre de 2018
Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT
Que reforma el artículo 9 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, suscrita por el diputado Ricardo Flores Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Que reforma los artículos 74, 76, 89 y 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Que adiciona diversos artículos al Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en el operativo instaurado el domingo 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y del tabulador de sueldos, según el perfil profesional de todos los trabajadores, para cumplir el artículo 127 de la CPEUM y en materia de remuneraciones de los servidores públicos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover acciones a fin de prevenir la generación de residuos y asegurar su gestión integral adecuada; y a las 32 entidades federativas, a garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a dar celeridad a la investigación sobre presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos adscritos la API de Manzanillo, Colima, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a liberar de inmediato los recursos del Fonden para los municipios nayaritas afectados por el paso del huracán Willa, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El reconocimiento de la cultura como derecho fundamental en México es a juicio de expertos, tardío y constituye uno de los grandes pendientes en la agenda de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión.
El 30 de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), con el objeto de reconocer que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Se establece como obligación del Estado mexicano la promoción de los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa y por último prevé que sea la ley secundaria la que determine los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Pese a lo anterior, las mexicanas y mexicanos tuvimos que esperar prácticamente una década para contar con una Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) que fue publicada en el DOF el 19 de junio de 2017, integrada por cinco títulos, 42 artículos y seis transitorios tiene por objeto sentar las bases de coordinación para el acceso de los bienes y servicios en esta materia así como una política cultural sustentada en acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales y mediante el establecimiento de acciones concretas vincular al sector cultural con los sectores educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y la sociedad civil organizada.
En este contexto, resulta oportuno reconocer que si bien con la expedición de la legislación secundaria en materia de cultura y derechos culturales, México dio un paso significativo por tratarse de una deuda histórica con una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; la LGCDC, resulta insuficiente si lo que se pretende es sentar las bases de una política de Estado acorde con las exigencias que demanda el siglo XXI, sin perder de vista -el presupuesto destinado a este rubro y el correspondiente para la dependencia encargada de conducir la política nacional- como una de las grandes críticas al citado ordenamiento.
Al respecto, es indispensable fortalecer uno de los mecanismos de coordinación, análisis y evaluación de las políticas públicas nacionales en materia de acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como para la promoción y respeto de los derechos culturales a nivel nacional, mejor conocido como Reunión Nacional de Cultura, previsto en el artículo 31 de la LGCDC.
La Reunión Nacional de Cultura (RNC), como mecanismo de coordinación, de acuerdo con el artículo 32 del citado ordenamiento, se lleva a cabo una vez al año para:
De acuerdo con los artículos 31 y 35 de la LGCDC, la RNC se integra por los titulares de las dependencias u organismos públicos de cultura de las entidades federativas y la federación y, en la misma pueden participar representantes de agrupaciones dedicadas a la creación, difusión o investigación de expresiones y manifestaciones de la cultura y de las organizaciones de la sociedad civil de conformidad con la agenda de trabajo y a invitación expresa.
Por lo anterior, se propone reformar el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objeto de que la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, forme parte de la Reunión Nacional de Cultura.
El Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018 (PECA), DOF 24 de abril de 2014, reconoce en el Capítulo I Diagnóstico:
Uno de los principales retos de la política cultural es mantenerse acorde al ritmo del cambio social y actualizada respecto de las nuevas y crecientes necesidades culturales de la población y de los requerimientos de las diferentes áreas de la producción y creación de la cultura. La respuesta a este reto no debe ser coyuntural, sino integral y prospectiva. Es decir, no debe limitarse a atender las situaciones de coyuntura y emergencia que se presentan en áreas específicas, sino a ofrecer soluciones de fondo y largo plazo, que miren no sólo hacia las áreas en cuestión sino al conjunto de los campos del desarrollo cultural.
Por otro lado, pese al notable avance que representa la reforma al artículo 4o. de la Constitución, que reconoce e incluye el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y los servicios que presta el Estado en la materia como un derecho humano fundamental, la actualización del marco jurídico del sector cultural con una visión integral y de conjunto sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes de la agenda cultural del país, dado que en los últimos años se ha limitado a legislación sobre materias específicas, y en algunos casos a reformas parciales de esas legislaciones.
Respecto a los objetivos del PECA 2014-2018, resulta relevante para efectos de la presente expresión legislativa el relativo a la infraestructura cultural de espacios y servicios:
La infraestructura cultural debe contar con espacios dignos, adecuados y multifuncionales, que permitan el desarrollo de actividades que promuevan y difundan la cultura en todo el país. El Subsector Cultura y Arte debe llevar a cabo una política sistemática y nacional para el aprovechamiento y, en su caso, ampliación de la infraestructura cultural propia, considerándose también apoyos para la construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y equipamiento de espacios culturales, bajo esquemas de cofinanciamiento y corresponsabilidad con las entidades federativas y municipios.
Se llevará a cabo un esfuerzo especial en el fortalecimiento y la consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, así como de las Salas de Lectura como medidas sustantivas de fomento a la lectura. Se debe fortalecer la infraestructura de distribución y comercialización de libros con el propósito de ampliar la cobertura territorial para facilitar el acceso a los materiales escritos a un mayor número de habitantes.
Se debe impulsar el diseño y desarrollo de nuevos modelos de acción cultural, particularmente para zonas marginadas, que promuevan una mayor oferta cultural y capacitación para el trabajo, y donde el Centro Cultural se convierta en un referente comunitario.
De igual forma, se deberá continuar capacitando y asesorando a los responsables de administrar los espacios culturales con el propósito de contar con mecanismos ágiles de operación y gestión, además de procurar un uso más intensivo de éstos.
3.1. Desarrollar y mejorar la infraestructura cultural
3.1.1. Apoyar la creación de nuevos espacios y fortalecer las condiciones de la infraestructura cultural existente
3.1.2. Mejorar la infraestructura de distribución y comercialización de libros
3.1.3. Fortalecer y mantener la infraestructura de servicio de los sitios patrimoniales
3.2. Fortalecer la infraestructura cultural de las entidades federativas y promover su mayor utilización
3.2.1. Diseñar modelos de acción cultural para zonas marginadas en espacios con oferta de sensibilización cultural y capacitación para el trabajo.
3.2.2. Apoyar la creación, recuperación, rehabilitación y mantenimiento de espacios en las entidades federativas.
3.2.3. Ampliar y mejorar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas
3.2.4. Capacitar y asesorar a los responsables de la operación y servicios de la infraestructura cultural
Retomando los desafíos contenidos en el PECA 20154-2018, que apuntan a visibilizar la cultura como un componente para el desarrollo social, se considera necesario ampliar el número de integrantes del único espacio de coordinación que tiene a su cargo, las directrices de política nacional en la materia y las de impacto cultural en comunidades y regiones que favorezcan la cohesión social, la solidaridad y la cooperación entre personas, en aras de garantizar la vinculación directa de este sector con la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
La relevancia de considerar a la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, como parte de la Reunión Nacional de Cultura obedece a la facultad constitucional prevista en el artículo 74, fracción IV que a la letra establece:
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, prevé:
4. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la administración pública federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia comisión. Si de las conclusiones se desprenden situaciones que por su importancia o trascendencia requieran la presencia en la Cámara del titular de la dependencia, la comisión podrá solicitar al presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que el Secretario del Despacho o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente comparezca ante el pleno. Asimismo, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 93 constitucional.
Por último, de acuerdo con el portal web https://www.eleconomista.com.mx del 12 de febrero de 2018, “la Secretaría de Cultura convocó a la primera Reunión Nacional de Cultura, en la que participaron los titulares de las 32 entidades federativas en la que se analizaron y discutieron los temas siguientes:
• México y su riqueza cultural;
• Desafíos de las instituciones estatales de cultura;
• Cultura, un derecho con libertad;
• Desarrollo cultural con sentido social;
• Recuperación del patrimonio cultural;
• Cultura y conocimiento, y
• México para el mundo.
Los titulares de cultura coincidieron en que se privilegie la redistribución de presupuestos asignados por la Cámara de Diputados y la federación conforme a eficiencia y cumplimiento de metas. Se habló también de crear un nuevo tejido social privilegiando el vínculo entre cultura y comunidad.
Como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estoy convencido que esta legislatura está obligada a fortalecer el derecho de acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y los servicios que presta el Estado mexicano, como un derecho humano fundamental a partir de reformas a su ley reglamentaria que legitimen cada una de las asignaciones presupuestarias aprobadas por esta soberanía, que forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable soberanía.
Decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales
Artículo 35. En la Reunión Nacional de Cultura podrán participar representantes de agrupaciones dedicadas a la creación, difusión o investigación de expresiones y manifestaciones de la cultura, de las organizaciones de la sociedad civil y los integrantes de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, de conformidad con la agenda de trabajo y a invitación expresa.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 28 de noviembre de 2018.
Los suscritos, diputados federales a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
La política económica, que en nuestro país se ha implementado en las administraciones pasadas, ha atentado directamente contra el crecimiento económico y contra el bienestar de los habitantes. La libre movilidad de mercancías y capitales, de disciplina fiscal y altas tasas de interés, han incrementado el déficit de comercio exterior y la dependencia a la entrada de capitales. Ello ha provocado desempleo y subempleo, y fomentado la precariedad de los salarios mínimos y del resto de salarios, lo que ha acentuado la pobreza, la desigualdad en los ingresos y por lo tanto la delincuencia en el país.
Esta política económica ha relegado los objetivos de crecimiento económico, de empleo formal y de incremento salarial. La baja inflación, de la que tanto se han preciado pasadas administraciones, se ha sustentado en los bajos salarios mínimos a costa de deteriorar las condiciones de vida de los trabajadores y de frenar el crecimiento del mercado interno y la actividad económica.
Es decir, ha contravenido lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que
Y en particular, en el caso de los salarios, la misma Constitución establece también en el mismo artículo 123, en su numeral VI del apartado A- que:
Sin embargo, los salarios se han mantenido bajos para reducir las presiones salariales de los empleadores sobre las finanzas públicas, y así evitar caer en déficit fiscal y en mayor deuda pública. Se han fomentado las políticas anti-inflacionarias, que no impulsan el crecimiento económico, ni la generación de empleo, no mejoran los salarios mínimos, ni la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional; pero sí recrean la desigualdad del ingreso y el bajo crecimiento de la economía.
Y a pesar de ello, la baja inflación no ha incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores, puesto que los salarios se ajustan por debajo del índice de precios de la canasta básica, que crece por arriba del Índice Nacional del Precios al Consumidor (INPC). El salario mínimo mexicano es el más bajo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La Organización Internacional del Trabajo ha afirmado que en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.1
Los salarios mínimos están muy por debajo del nivel de bienestar establecido por el Coneval. Esta línea es un valor monetario, en un mes determinado, de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico. Para efectos de la medición se toma como referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en que se hace la medición, y se calcula para los ámbitos rural y urbano. Su definición busca establecer lo mínimo a lo que una persona debería tener acceso; y el ingreso de la mayoría de la población en este país no lo permite. Actualmente esta línea es de 3 mil 27.30 pesos, mientras que el salario mínimo es de 2 mil 686.14; por lo que esta iniciativa plantea basar el salario mínimo en la línea de bienestar urbana.
Se requiere aumentar el salario mínimo para reducir la desigualdad, asegurar un piso de ingreso digno y fortalecer la demanda interna. El aumento, aunque sea mínimo, representará un beneficio significativo para la mayor parte de la población que percibe su salario en función de mínimos; sobre todo considerando que el nivel de ingreso ha disminuido abismal y preocupantemente en la última década, y que el poder adquisitivo del salario mínimo cayó en 36 años un 72.8 por ciento.2
En la estructura salarial se ha incrementado el número de trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos, y se ha reducido el número de trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos, lo que evidencia la pauperización de la fuerza de trabajo.
Con estos elementos en la realidad nacional el nivel de vida se deteriora, y el poder adquisitivo y la demanda del mercado interno se restringen, lo que reproduce un círculo perverso del bajo crecimiento económico, el desempleo y subempleo. El crecimiento del producto interno bruto per cápita, de 1982 a la fecha, se ha mantenido por debajo de 0.5 por ciento promedio anual, perpetuando y aumentando los niveles de miseria, alejando la posibilidad de mejorar de las condiciones de vida de la mayoría de la población.
La reforma laboral del sexenio que está terminando redujo las prestaciones laborales y favoreció la contratación temporal con la intención de incorporar a jóvenes al mercado laboral, pero ese objetivo no se cumplió. El desempleo y subempleo continúan, y las condiciones laborales de los trabajadores se han deteriorado, lo que evidencia que la generación de empleo no se incrementa, reduciendo el costo laboral. Los bajos salarios mínimos (que son la pauta para la determinación del resto de los salarios de los trabajadores) mantienen contraída la demanda de los trabajadores, lo que frena el crecimiento económico, y la generación de empleo.
La apertura comercial redujo los salarios mínimos, dados los relativamente bajos niveles de productividad frente a nuestros principales socios comerciales; y por ello las empresas han descansado en la reducción de salarios para mejorar la competitividad a costa de disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores y la demanda interna. Las exportaciones manufactureras descansan en los bajos salarios mínimos para mejorar la competitividad, favoreciendo así a las empresas transnacionales exportadoras en el incremento de sus exportaciones. Sin embargo, debido al alto componente importado de las mercancías producidas en el país, este incremento de las exportaciones no se ha traducido en mayor crecimiento económico ni beneficio al conjunto de la economía. El empleo y los bajos salarios que generan no contrarrestan el desempleo ha ocasionado el crecimiento de las importaciones, lo que reduce el crecimiento económico.
Las ganancias de las empresas transnacionales no son reinvertidas en el país, sino transferidas al país de origen. El crecimiento de las exportaciones manufactureras, atenta sobre el crecimiento del mercado interno, y sobre la economía en su conjunto, debido a los bajos salarios mínimos existentes. No se justifica mantener bajos los salarios mínimos para mantener la estrategia de crecimiento de exportaciones, puesto que es evidente que no ha sido el país quien se ha favorecido de ella, sino las empresas transnacionales, a costa de afectar a los productores nacionales que crecen hacia el mercado interno, contraído por los bajos salarios.
Los bajos salarios mínimos, aunados a la privatización creciente de los servicios públicos, deterioran los niveles de vida de la mayoría de los trabajadores. Ello incrementa la pobreza y la desigualdad del ingreso, lo que atenta sobre el crecimiento de la demanda y desestimula el crecimiento de la inversión, por lo que se frena la actividad económica.
A pesar del crecimiento de la productividad por arriba de los salarios mínimos, lo cual reduce el costo laboral y da margen a las empresas para mejorar salarios, estas no lo hacen, se apropian de las ganancias -las cuales no reinvierten- por lo que no se incrementa la producción, ni la generación de empleo. Las ganancias se canalizan al sector financiero, y las grandes empresas canalizan sus excedentes a adquirir empresas públicas, o a invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Ello recrudece la desigualdad del ingreso, lo que continúa atentando sobre el crecimiento económico.
Las políticas sociales tampoco resuelven la desigualdad del ingreso. Los bajos salarios mínimos atentan contra la buena alimentación del trabajador y su familia, y contra los niveles de educación y capacitación para salir de los niveles de pobreza que enfrentan, lo que la perpetúa y aleja la posibilidad de alcanzar mejores condiciones de vida -y de que sus hijos no reproduzcan esa condición. La miseria y la desigualdad del ingreso no se combaten a través de políticas sociales, sino a través de la generación de empleo y del incremento de salarios mínimos, indispensable para mejorar las condiciones de vida, de alimentación educación y recreación de los sectores de bajos ingresos.
Se suele señalar que las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas con el incremento de salarios, sin embargo, éstas se verían beneficiadas porque incrementarían sus ventas gracias al aumento de demanda generada por el incremento de salarios. El incremento de salarios no restringe la generación de empleo, al contrario. Al pasar del salario mínimo al nivel de bienestar establecido por el Coneval, se mejoraría el poder adquisitivo de los que menos tienen, quienes consumen todo su ingreso, por lo que se incrementaría la demanda, la producción y el empleo.
Ante la desaceleración del comercio mundial y las políticas proteccionistas establecidas por Estados Unidos, México tiene que cambiar de estrategia de crecimiento y darle prioridad al mercado interno. Por eso se requieren mejores salarios mínimos y una mejor distribución del ingreso, para así incrementar la demanda y el mercado interno, el cual debe ser satisfecho con producción nacional y evitar presiones sobre el sector externo que puedan frenar el crecimiento económico.
No huelga mencionar que el incremento a los salarios mínimos debe acompañarse de una política que favorezca la inversión en los sectores industrial, agrícola y crediticio para incrementar la productividad. Ello permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan encarar el incremento salarial, así como aumentar la producción de bienes de consumo salarial a bajo costo, para así satisfacer el incremento en la demanda de bienes y evitar presiones inflacionarias y sobre las importaciones.
El salario mínimo como figura fue establecido en la constitución desde su promulgación en 1917, con ella se buscó establecer la obligación y el reconocimiento de los trabajadores a un ingreso suficiente para una vida digna. Después, para su fijación se integraron a los tres sectores de la economía, trabajadores, empresarios y gobierno, a fin de ser una práctica que busque el acuerdo entre los actores económicos para mantener la estabilidad económica. En este proceso la esencia del salario digno se perdió y se convirtió en un instrumento de fijación de precios.
Hoy considerarnos que la dinámica entre los actores económicos ha cambiado, también que ahora se reconoce a las personas y los derechos humanos como el centro del quehacer político y económico. En ese sentido es que se hace necesario recuperar la esencia del salario como aquel que satisface las necesidades de las familias para tener una vida digna y terminar con esa visión en la que el salario es solo un indicador económico más.
Por lo expuesto, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el inciso C del artículo 26 y el tercer párrafo del numeral VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
C. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social; de la fijación de la línea de bienestar y de, con base en ella, establecer anualmente el salario mínimo nacional, de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del numeral VI del inciso A del artículo 123 de esta constitución; así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.
Los salarios mínimos se fijarán, anualmente, de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Segundo. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecerá en un lapso de 30 días naturales a partir de la publicación del presente decreto la metodología para la determinación del salario mínimo nacional y el monto que corresponda para el año en curso.
Tercero. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos desaparecerá, sus bienes y todo activo material y propiedades pasarán a propiedad de la tesorería de la federación. Las deudas, asuntos administrativos y asuntos legales en trámite pasarán a ser responsabilidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la Republica.
1 Moreno-Brid, Juan y Stefanie Garry, El rezago del salario mínimo, Revista Nexos en línea, 1 de febrero de 2015.
https://iwww.nexos.com.mx/?p=24115
2 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013 - 2018. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 2013
http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5326559&fecha= 13112/2013
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro e1 28 de noviembre de 2018.
México por su ubicación geológica se encuentra en una región altamente sísmica, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico, mejor conocido como “Cinturón de Fuego”. Rodea casi totalmente el Pacifico, se extiende a lo largo de las costas de América del Sur, México y California hasta Alaska; después continúa por las islas Aleutianas, antes de dirigirse hacia el sur a través de Japón y las Indias orientales. La mayor parte de la energía sísmica se libera en esta región, libera entre 80 y 90 por ciento de la energía sísmica anual de la Tierra, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Nacional (SGN).
En la fuente citada se afirma que en este país todos los días se presentan sismos imperceptibles y de manera impredecible por lo menos una vez al año se registra uno de magnitud moderada y de intensidad mayor como los ocurridos el 7 y 19 de septiembre 2017 de magnitud 8.2 y 7.1 grados respectivamente.
A partir de los recientes sismos, las pérdidas humanas y los daños a miles de inmuebles en las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, la problemática de corrupción en materia de seguridad y calidad en la construcción de inmuebles para casa-habitación y escuelas salió a la luz y con ello, la falta de conocimiento de la mayoría de las mexicanos y mexicanas a la hora de comprar una propiedad y al momento de elegir el centro escolar público o privado.
El desafortunado caso de los 19 estudiantes de la escuela Enrique Rébsamen, quienes fallecieron como consecuencia del sismo del 19 de septiembre (19s) de 2017, pero a causa de la corrupción por parte de las autoridades escolares y de funcionarios de la delegación Tlalpan en materia de construcción y seguridad estructural del inmueble, es una prueba plena de ello.
La afectación a la infraestructura física educativa por los sismos del 7 y 19s, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue de casi 10 mil 700 escuelas dañadas.
Pese a las cifras reconocidas por la autoridad educativa federal, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), afirma en su portal web https://imco.org.mx, lo siguiente:
“A un año de los sismos de septiembre de 2017, las autoridades encargadas de la reconstrucción de escuelas no han podido garantizar la normalidad escolar. Reconocemos los avances en la atención a los daños en las escuelas, sin embargo, persisten preocupaciones importantes. No hay una base de datos confiable que consolide los padrones de escuelas afectadas y fuentes de fondeo para la reconstrucción. No existe información clara sobre los avances de obra y los recursos ejecutados. Finalmente, no sabemos cuántos niños y jóvenes no tienen acceso a educación, cuántos siguen en planteles temporales y cuántos han podido ya regresar a sus instalaciones.
A lo largo del último semestre, el Instituto Mexicano para la Competitividad ha trabajado con las autoridades educativas federales para poder consolidar, revisar y depurar los datos con inconsistencias y errores. A pesar de los esfuerzos por mejorar la información, no hay una sola entidad federativa que pueda proporcionar información confiable sobre el estado de sus escuelas . Los gobiernos locales tienen una responsabilidad principal en el desorden y la opacidad que aún prevalecen.
La diferencia es de 64 escuelas y mil 210 millones de pesos.
Una preocupación adicional es la falta de fechas de término de los trabajos de reconstrucción de escuelas. En las bases de datos disponibles no se incluyen fechas, montos finales de costo u origen de los recursos. Esta situación genera incertidumbre ante las declaraciones oficiales que anuncian conclusiones y avances importantes en la rehabilitación de escuelas. Secretaría de Educación Pública. (Comunicado 258.- Puso gobierno federal a disposición de las entidades federativas recursos por 18 mil 198 millones de pesos reconstrucción de inmuebles educativos dañados por los sismos).
El nuevo gobierno federal, así como los cinco estados (Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz), que cambian de gobierno local, heredan un gran reto en materia de reconstrucción de escuelas. A lo largo de los siguientes meses deberán buscar validar los datos existentes, entender las discrepancias entre distintas fuentes y auditar el destino de los recursos ya ejercidos.
El sector educativo debe invertir en un sistema de información que pueda generar datos y evidencia confiables desde la escuela hasta el gobierno federal para la toma de decisiones oportunas y eficaces . Aún hay miles de niños, jóvenes y maestros que no han podido regresar a clases en sus planteles a causa de la desorganización y malos flujos de información entre programas y autoridades.”
El sexto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo federal, páginas 26 y 29 versión ejecutiva, se da cuenta que la administración federal:
“Implementó una política de protección civil articulada en torno a cuatro ejes: planeación en el uso de los recursos disponibles; prevención para evitar riesgos y disminuir daños potenciales; cooperación con otros países y organizaciones internacionales; y coordinación entre gobierno, sociedad e instituciones para hacer frente a los desastres naturales. Para transitar de una política de protección civil esencialmente reactiva a una cada vez más preventiva , se fortalecieron las capacidades institucionales de respuesta oportuna y de gran escala. Además, se actualizó el Atlas Nacional de Riesgos con la información de los 32 atlas estatales y más de 372 mapas municipales de riesgos, además de escenarios sobre cambio climático y vulnerabilidad.
Se activaron los protocolos de protección civil de los tres órdenes de gobierno para la atender la emergencia de los sismos 2017. El gobierno de la república respondió de manera inmediata con la activación del Comité Nacional de Emergencias. Con la participación de dependencias y entidades de la administración pública federal, así como un órgano autónomo —en coordinación con instituciones de la iniciativa privada y del sector social—, se administró y coordinó de manera consensuada el apoyo del gobierno de la república a las entidades federativas afectadas. Se puso en operación el Plan MX y más de 27 mil elementos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados –más de 18 mil 200 elementos militares y más de 8 mil 800 navales– que participaron en la remoción de escombros, activaron albergues, evacuaron personas a áreas seguras, proporcionaron consultas médicas y psicológicas, y transportaron y distribuyeron más de 7 mil 200 toneladas de víveres. Gracias a las labores inmediatas de atención a la emergencia, se rescató con vida a 69 personas de los escombros .
En materia de escuelas, la Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), ha coordinado con las autoridades educativas estatales, las actividades relacionadas con la atención de los daños causados a la infraestructura física educativa. Se conformó un listado de 19 mil 784 escuelas con daños, contándose con un financiamiento federal para su atención de 18 mil 347 millones de pesos de los cuales 9 mil 116 millones de pesos son del Fonden; 6 mil 731 millones de pesos son del programa Escuelas al Cien; 700 millones de pesos del Programa de la Reforma Educativa y 1 mil 800 millones de pesos de las aseguradoras.
Con excepción de la Ciudad de México, las entidades federativas reportan periódicamente a la SEP/Inifed sobre el estado de las obras de reconstrucción y rehabilitación de planteles y es su responsabilidad, a través de los institutos locales de la infraestructura física educativa, la ejecución de obras y administración de las distintas fuentes de financiamiento federal .
En la Ciudad de México, cuya rehabilitación de planteles se encuentra directamente a cargo del Inifed, mil 830 resultaron con afectaciones, mil 71 de éstos con daños menores; 750 con afectaciones de moderadas a severas y nueve con daños graves. Al mes de junio de 2018, mil 406 ya han sido concluidos, 417 se encuentran en proceso de rehabilitación y siete se encuentran con trabajos pendientes, en espera de la determinación que al efecto emitan el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y/o el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con motivo de su catalogación.
Como puede observarse, a menos de un mes de concluir el sexenio 2012-2018, las acciones mencionadas acreditan avances importantes en materia de reconstrucción de inmuebles, aún persisten desafíos significativos en materia de protección civil con enfoque preventivo que la LXIV Legislatura debe atender de manera prioritaria y máxime si se trata de la infraestructura física educativa.
Por lo anterior, considero necesario reformar el artículo 9 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa (LGIFE), con la finalidad de garantizar a los usuarios de servicios educativos la transparencia y acceso a la documentación que acredita que la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional cumple con los elementos de calidad estructural y técnica.
La Ley General de Educación (LGE) determina en los artículos 55 fracción II y 59 como uno de los requisitos para los solicitantes de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y aquellos que en los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables.
A partir del 7 de febrero de 2014 el Estado mexicano está obligado a garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de acceso a la información, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, así como su acceso gratuito entre otros principios y bases previstos en el artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
La citada reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información resulta relevante para efectos de la presente expresión legislativa, porque en ella se materializan los principios de universalidad y progresividad, contenidos en el artículo 1o. de la Ley Fundamental en vigor desde el 10 de junio de 2011.
Por su parte, la Ley Reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo de 2015, en el artículo 2 fracción V, establece que dicho ordenamiento tiene por objeto, sentar las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente, y en la fracción VII la promoción, fomento y difusión de la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información , la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada regió n. El artículo 4 del citado ordenamiento reconoce que el derecho humano a la información comprende no sólo solicitarla sino investigar, difundir, buscar y recibir información.
Por último el artículo 23 de la LGTAIP, obliga a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal.
En este orden de ideas, estoy convencido que la Ley General de Infraestructura Física Educativa (LGIFE) misma que determina los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; entre otras atribuciones, debe garantizar el derecho humano a la información a la luz de la reforma constitucional de 2014 y no sólo solicitarla sino también difundirla. Al respecto, resulta oportuno citar el texto íntegro del artículo 9 del citado ordenamiento, que a la letra dispone:
“Artículo 9. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deberán obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.
Los usuarios de los servicios educativos podrán solicitar los documentos que acrediten que la INFE cumple los elementos de calidad técnica.”
Como se confirma, el último párrafo del precepto referido reconoce el derecho de los usuarios de servicios educativos para solicitar los documentos necesarios que acrediten que la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de la infraestructura física educativa pública o privada cumple con los elementos de calidad técnica.
Sin embargo, a partir de entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el DOF el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Adicionalmente, la reforma constitucional al artículo 6o. publicada en el DOF el 11 de junio de 2013, reconoce como derecho fundamental de toda persona el libre acceso a información plural y oportuna, a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. De igual forma, a que toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
En esta tesitura, considero que la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, es uno de los ordenamientos legales que debe transparentar la información a partir de la publicidad de los documentos con los que se garantiza que un plantel educativo o instalación física cuenta con la calidad técnica necesaria para ser ocupada en su mayoría por niñas, niños y adolescentes, así como personal docente y administrativo que conforman el sistema educativo nacional.
La importancia de exhibir en un lugar visible del servicio educativo de los documentos que acreditan que la infraestructura física de una escuela pública o privada cumple con los elementos de calidad técnica, se debe a los razonamientos siguientes:
1. México se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad por el que se debe garantizar la seguridad y la integridad física de cada uno de los educandos que en su mayoría son niñas, niños y adolescentes.
2. Las Leyes Generales de Educación y de la Infraestructura Física Educativa, exigen de quienes prestan servicios educativos el cumplimiento de una serie de requisitos que sólo la autoridad y quienes prestan este tipo de servicios, los conocen.
3. Los padres, madres y tutores de los usuarios de servicios educativos en México, hasta antes del 19 de septiembre de 2017, no toman en cuenta o consideraban como requisito de elegibilidad para la escuela de sus hijos que ésta cuente con los elementos de calidad técnica en su infraestructura física, y que además tenga acceso a ellos sin necesidad de solicitarlos y esperar el plazo legal establecido de respuesta, tal y como lo establece la Ley General de la Infraestructura Física Educativa vigente:
“Artículo 9. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos deberán obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento y, en su caso, el certificado, para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.
No podemos perder de vista que con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 referida, las autoridades educativas y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa están obligados a prevenir las violaciones a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes respecto del acceso a la derecho a la educación y por ende, son responsables de la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes que asistan a una escuela que no publica en un lugar visible de la misma, que sus instalaciones cumplen con todos los elementos de calidad técnica.
En Acción Nacional estamos convencidos que en materia de protección civil pese a los grandes logros, nuestro país tiene aún desafíos de urgente atención como transitar de una conciencia de protección civil reactiva, a una cultura de protección civil preventiva y en este entendido, se propone reformar el último párrafo del artículo 9 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, con el objeto que cada una de las construcciones destinadas a las escuelas de nuestras hijas e hijos, publique de forma permanente en un lugar visible del plantel, los documentos que acreditan que la infraestructura física educativa cuenta con los elementos de calidad que exige el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.
La finalidad de la presente expresión legislativa, es garantizar la no repetición de los hechos acontecidos el 19 de septiembre de 2017, en el Colegio Enrique Rébsamen de la Ciudad de México, en la que fallecieron 19 niñas, niños y adolescentes y, 7 adultos a causa de la corrupción y falta de transparencia en materia de instalaciones educativas.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 9 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y último del artículo 9 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, para quedar como sigue:
“Artículo 9. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deberán obtenerse las licencias, avisos de funcionamiento y el certificado de calidad estructural para garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable.
Los documentos que acreditan que la INFE cumple los elementos de calidad técnica, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del inmueble.”
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 28 de noviembre de 2018.
La que suscribe, diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II, del artículo 76, la fracción II, del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes
De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y dentro de las facultades exclusivas del titular del Ejecutivo según el artículo 89, el nombrar y remover a los funcionarios que integrarán su gabinete.
En este orden de ideas, las secretarías de estado son el brazo ejecutor de los asuntos de orden administrativo encomendados, por lo que los titulares de las secretarías llevan implícito en sus hombros la responsabilidad del sector de que se trate y junto al presidente son quienes toman las decisiones de mayor envergadura para el futuro de nuestro país.
Por consiguiente, una mala decisión en materia fiscal, educativa, salud, energética o telecomunicaciones puede representar una afectación incuantificable para algún sector o un retroceso devastador en la calidad de vida de la población o en las aspiraciones de nuestra niñez y juventud.
De ese tamaño es la trascendencia de las personas que acompañan al presidente de la República durante su mandato.
Dicho lo anterior, para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la libertad de la que goza el presidente de la República, de nombrar y remover libremente a quienes serán sus secretarios, no es un tema menor y el Poder Legislativo no puede ser un simple espectador de una de las decisiones de mayor relevancia al inicio de cada sexenio.
Si revisamos nuestra Constitución política y diversas leyes especializadas en algunas materias, podremos identificar que para ocupar la titularidad en muchas de las oficinas se exige una trayectoria de un determinado periodo de tiempo y un conocimiento especializado en algunas materias, incluso se solicita como edad mínima 35 años cumplidos el día de la designación, como se muestra a continuación:
En función de lo anterior, para Movimiento Ciudadano nada justifica que el gabinete que acompaña al presidente de la República esté exento del cumplimiento de la trayectoria, edad y conocimiento profundo en ciertas materias, como se le exige a quienes aspiran a ocupar la titularidad de los cargos enlistados en el recuadro que antecede.
Lo peor que le puede pasar a nuestro país, es privilegiar el compadrazgo en la toma de decisiones. Por lo que no podemos cometer el error al aceptar a improvisados que llegan a aprender a las secretarías o que permanecen en su encargo a pesar de la ineptitud mostrada. Tampoco debemos permitir que un día ocupen una secretaría y a los meses sean designados en otra, a pesar de que su trayectoria y experiencia nada tiene que ver con el nuevo encargo.
Si en verdad aspiramos a la gran transformación de esta nación, debemos empezar por garantizar la idoneidad de los perfiles que conformarán el gabinete del presidente.
Los problemas que enfrenta nuestro país han empantanado el progreso de México y sólo con el liderazgo de grandes personajes, estaremos en la posibilidad de encaminar a nuestra nación en la dirección correcta.
Movimiento Ciudadano exige perfiles sensibles a la problemática de cada uno de los sectores, por lo que la elección del gabinete debe regirse con nuevas reglas que eleven la calidad de los funcionarios públicos y que su trayectoria asegure un desempeño extraordinario al encabezar un sector.
Por consiguiente, proponemos las siguientes modificaciones a nuestra Constitución:
1. Facultar al Poder Legislativo federal para ratificar y remover a todos los secretarios de estado.
a) La Cámara de Diputados será responsable cuando llegue al Poder un partido político.
b) El Senado de la República asumirá dicha responsabilidad cuando se opte por un gobierno de coalición.
2. La ratificación o remoción será con el voto de las dos terceras (2/3) partes de los miembros presentes de la Cámara que corresponda y en los recesos, por la Comisión Permanente.
3. Si el Poder Legislativo no ratifica en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de la República.
4. Para ser secretario del despacho será necesario:
a) Tener treinta y cinco años cumplidos.
b) Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar.
c) Haberse desempeñado en forma destacada durante al menos diez años, en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias afines al objeto del encargo.
5. Se considera pertinente elevar la edad de 30 a 35 años para quien ocupe el cargo de secretario. El razonamiento es muy sencillo, consideramos que cinco años de experiencia sí pueden marcar la diferencia en la calidad de las decisiones que se tomen. La madurez y mayor experiencia pueden ser elementos insustituibles para un mejor manejo de los retos por enfrentar.
La ciudadanía está cansada de la curva de aprendizaje de todo el que llega a sobrellevar los problemas de las secretarías, salir en la foto con el presiente y vanagloriarse con el trabajo de los subordinados. Lo que necesitamos son liderazgos que revolucionen a los sectores, gente con un talento especial para atender situaciones de crisis, tomar decisiones eficientes y elegir los proyectos que nos encausen en un tren de alta velocidad a un México mejor.
Necesitamos reformar nuestra Constitución para que los representantes del pueblo tengamos la facultad de remover a quienes llegan al gobierno federal a estafar las arcas públicas. No es posible que en el México que vivimos, sólo se nos permita criticar el desempeño de los funcionarios públicos durante la glosa del informe de gobierno respecto al estado que guarda la administración pública federal. Vienen los secretarios, responden vagamente nuestros cuestionamientos y en ocasiones ignoran, y se van con la tranquilidad de que nadie los puede remover de su puesto.
Por esa razón, necesitamos aprobar esta reforma constitucional, para que los secretarios no se relajen en el cumplimiento de sus funciones y que a lo largo de los 6 años de gobierno, seamos testigos de verdaderos cambios que deriven en más y mejores oportunidades para el pueblo de México.
La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un puesto; es un eslabón insustituible de aptitudes, destrezas y de un conocimiento profundo que se demuestra con una trayectoria ejemplar y altamente reconocida.
Ese es el perfil que propone Movimiento Ciudadano para quienes acompañen al presidente de la República. Ese es el nivel que deseamos que tengan los próximos secretarios de estado. Si la gran transformación ha sido planteada para llevar a México a un nuevo horizonte, resulta indispensable colocar en la capitanía del barco a una tripulación preparada y con la mayor experiencia posible para realizar la travesía con la seguridad de que lleguemos a un puerto de éxito, en donde la sociedad sea la primera beneficiada.
Por lo antes expuesto, propongo la discusión y, en su caso, la aprobación del siguiente proyecto de:
Decreto que reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 76, la fracción II del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma la fracción III del artículo 74, la fracción II del artículo 76, la fracción II del artículo 89 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. Ratificar y remover el nombramiento que el presidente de la República haga de todos los secretarios de Estado, así como de los empleados superiores de Hacienda; salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los empleados superiores de Hacienda;
La ratificación o remoción se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara responsable y en los recesos por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas.
El plazo para la ratificación será improrrogable de 10 días naturales a partir de la presentación de la propuesta.
En caso de que se rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior.
Si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe directamente el presidente de la República.
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición.
II. Nombrar y remover libremente embajadores, cónsules generales y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.
Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta y cinco años cumplidos.
Contar con título profesional en las áreas afines al puesto a desempeñar.
Haberse desempeñado en forma destacada, durante al menos diez años en actividades profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con las materias afines al objeto del encargo.
Segundo . Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2018.
La suscrita, diputada federal María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, y las y los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, nos permitimos presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos al Reglamento de la Cámara de Diputados .
II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver
La presente iniciativa tiene como propósito institucionalizar y dar carácter permanente al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, como parte de los esfuerzos de asistencia, defensa y protección de connacionales migrantes que están de retorno temporal en el territorio nacional.
El planteamiento pretende que, por medio de la inclusión de manera explícita de este programa dentro del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de la definición de sus objetivos y de las instancias internas encargadas de operar este programa, se destinen recursos propios de la Cámara de Diputados para la operación continua y permanente del mismo.
III. Argumentos que la sustenten (Exposición de Motivos)
El fenómeno migratorio aqueja a nuestro país desde hace décadas; es uno de los factores que afecta sensiblemente a los mexicanos. Millones de personas han cambiado de residencia, de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar, pues en nuestro país no han encontrado esas oportunidades de crecimiento .
Las cifras son demoledoras: tan sólo la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos se calcula en casi 30 millones de personas. Esta cifra, según estudios de la ONU, sitúa a México como el principal emisor de migrantes en el mundo.
Más preocupante resulta el hecho que el mayor número de migrantes se ubica en el rango de los 15 y los 24 años de edad, lo que significa que nuestro país está perdiendo a sus jóvenes ; circunstancia que ya empieza a provocar la escasez de mano de obra joven en algunas entidades federativas y, de continuar así, se agudizará en el futuro , pues según estudios recientes cada vez los jóvenes migran a una edad más temprana.
Mi estado, Guanajuato, una de las cuatro entidades federativas con mayor número de migrantes que van hacia Estados Unidos, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en número de paisanos que viven allá, según datos del Consejo Nacional de Población (Conapo).1 De agosto de 2009 a septiembre de 2014, de los 719 mil mexicanos que salieron del país para residir en otra nación, 66 mil lo hicieron desde Guanajuato, lo que equivale al 9.1 por ciento de ese fenómeno poblacional , esto de acuerdo a las cifras del Inegi.
El Conapo indica que en Guanajuato hay un millón 288 mil 400 viviendas que tienen uno o más miembros de la familia en la Unión Americana ; se tienen identificadas además micro regiones migratorias por municipios de dos o más entidades federativas, entre ellos, los que integran el corredor formado por los municipios de Pénjamo, Guanajuato; la Piedad, Michoacán; y La Barca, Jalisco.2
Lamentablemente, en muchas ocasiones, lejos de encontrar mejores y mayores oportunidades de crecimiento, los mexicanos encuentran en su destino maltrato, discriminación, vejaciones, deportaciones e incluso la muerte . Son de sobra conocidos los hechos trágicos donde migrantes han encontrado el fin de su vida al interior de tráileres abandonados en el desierto o en hechos violentos a manos del crimen organizado.
Según la Encuesta sobre Migración en la frontera norte de México,3 anualmente son deportados 49 mil guanajuatenses, particularmente desde California y Texas, aunque también hay gran cantidad de migrantes en Illinois, Atlanta, Florida, Lousiana y Arizona.
Por ello, no podemos alegrarnos cuando el gobierno reporta que los recursos económicos provenientes de mexicanos que trabajan en el exterior suman una cantidad cercana a los 25 mil millones de dólares ; pues si bien esas remesas operan como un factor clave para el equilibrio macroeconómico y contribuyen a la subsistencia de millones de hogares, es innegable que esos recursos tienen un triste origen : la necesidad que tuvieron millones de personas, de migrar hacia otros países porque aquí no encontraron las oportunidades para salir adelante.
Para la gran mayoría de migrantes mexicanos, su estadía en Estados Unidos no significa salir de la pobreza , pues dadas sus apremiantes necesidades aceptan salarios ínfimos, y su carácter de indocumentados y la falta de preparación académica y profesional les impide buscar mejores opciones labores. Mientras migrantes de otros países como Japón, Vietnam y Filipinas consiguen mejores empleos, nuestros jóvenes tienen como destino los trabajos mal remunerados en el campo, las industrias y los comercios.
A esto debe agregarse la serie de acciones y declaraciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales, con un claro sesgo racista y discriminatorio , han buscado criminalizar a los migrantes de toda nacionalidad, pero especialmente a los mexicanos, como parte de su estrategia de mantener movilizada a su base electoral y justificar diversas medidas encaminadas a endurecer su legislación antiinmigrante y así deportar a los connacionales que se encuentran en una situación legal vulnerable en el vecino país.
El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo ha sido, desde su creación en sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados del 28 de noviembre de 2000, el principal instrumento a través del cual la Cámara de Diputados ha intervenido en la defensa y protección de los derechos de los migrantes mexicanos en su trayecto de retorno a su lugar de origen , principalmente, frente a los abusos y maltratos por parte de las propias autoridades mexicanas.
Si bien, en su momento el programa Diputada Amiga, Diputado Amigo se pensó como una acción limitada en su temporalidad para los meses de diciembre y enero, que es cuando una gran parte de connacionales regresan a nuestro país en ocasión de las fiestas decembrinas, la situación de acoso y deportación que en los últimos años ha sufrido la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos ha llevado al retorno forzado o voluntario de un gran número de estos.
Algunas bondades que ha tenido la implementación de dicho programa y que fortalece la presentación de esta propuesta son las siguientes:
1. La participación de los legisladores en la supervisión de estos operativos fortalece la imagen de apoyo de los diputados hacia la comunidad en el exterior.
2. Provoca que los legisladores federales se alleguen de manera directa información respecto de las experiencias que sufren los connacionales y sus principales necesidades, de manera tal que pueda ser utilizada para elaborar las reformas legales necesarias.
3. Se supervisa y vigila el trato que se les da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada navideña, como se hace por ejemplo, con el programa Paisano.
4. La implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo representa un mecanismo para velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros connacionales.
5. Este programa representa un esfuerzo por contribuir en la atención y canalización de las quejas y denuncias de los paisanos hacia las autoridades correspondientes.
6. Generar un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes, en su tránsito hacia sus hogares, y propiciar un mejor trato hacia los paisanos.
7. Porque la crisis económica mundial provoca que se unan esfuerzos para generar mecanismos protectores de la integridad y de los bienes de nuestros connacionales.
8. Permite la distribución de material entre nuestros connacionales mediante los cuales se pueden difundir sus derechos.4
En este sentido, el Poder Legislativo debe sumar esfuerzos con el Ejecutivo en la defensa de los derechos de mexicanos deportados desde su reingreso al país, ya sea por los cruces fronterizos o en aeropuertos, hasta su llegada a sus lugares de destino.
De acuerdo con el informe 2016-2017 del programa, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 31 de marzo de 2017, se establecieron diversas estrategias para promocionar los objetivos de este programa, así como los diversos medios de contacto de forma que los usuarios pudieran no solo conocer de sus derechos como migrantes en retorno, sino también pudieran hacer del conocimiento de los diputados integrantes de este programa, de los abusos recurrentes de los que son objeto, principalmente por parte de funcionarios del Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como de otros riesgos a los que se enfrentan en su trayecto a sus lugares de destino dentro del territorio nacional.
Es de destacarse que al final de este informe, los connacionales que se comunicaron por medio de la lada 800, pidieron enfáticamente que el programa no fuera temporal, ni que se limitara a un determinado periodo del año .
Por todo lo anterior, es necesario fortalecer al programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, otorgarle recursos de manera permanente y ampliar su operación a todo el año, de forma que las diputadas y diputados estemos en contacto constante con nuestros paisanos que regresen a nuestro territorio, en especial, ante nuevas oleadas de deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
Lo constituyen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.
También fue precisado al inicio de este documento: Proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Reglamento de la Cámara de Diputados.
VI. Ordenamientos a modificar
Como lo indica el título referido, es el Reglamento de la Cámara de Diputados.
VII. Texto normativo propuesto
En mérito de lo anterior, someto a consideración de ese honorable pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:
Decreto que adiciona diversos artículos al Reglamento de la Cámara de Diputados
Artículo Único. se adiciona un Capítulo Séptimo al Título Octavo, denominado Del Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, que contiene los artículos 285, 286, 287, 288, 289, 290 y 291, recorriéndose en su orden el artículo subsecuente, del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:
Del Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo
1. El programa Diputada Amiga, Diputado Amigo es un programa público implementado por la Cámara de Diputados de manera permanente.
2. El objetivo general del programa es orientar y asistir en sus derechos humanos a las personas migrantes mexicanas residentes en el extranjero, a su ingreso y tránsito por territorio nacional, y a las y los connacionales deportados o que retornan de manera permanente al país.
1. Los objetivos específicos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo son los siguientes:
I. Coadyuvar a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas que visitan el país y velar por el respeto irrestricto de sus garantías individuales.
II. Orientar y asesorar a las personas migrantes mexicanas para que, durante su ingreso y tránsito por el país, cuenten con la información necesaria para realizar los trámites y procesos administrativos de manera ágil y apegada a la ley.
III. Realizar actividades de apoyo e información a las personas migrantes mexicanas, en tránsito o en su retorno al país, en cruces o puentes fronterizos, lugares para la deportación, aduanas, terminales de autobuses, aeropuertos internacionales, puestos de revisión carreteros y casetas de cobro en el interior de la república mexicana.
IV. Asistir y asesorar a las y los mexicanos deportados o repatriados, velar por su protección e integridad física y patrimonial y coadyuvar para otorgarles un trato digno en el país.
V. Recibir y dar seguimiento a las quejas y denuncias que presenten las personas migrantes mexicanas en tránsito o en retorno permanente relacionadas con actos de corrupción, maltrato, extorsión y hostigamiento, ejercidas por cualquier autoridad.
VI. Vincularse con dependencias de los tres niveles de gobierno, congresos locales, personas morales, organizaciones sociales y no gubernamentales y entidades académicas para la eficaz implementación del programa, y la incorporación de mejores prácticas en la atención a migrantes en retorno.
VII. Ejercer la diplomacia parlamentaria, en términos de este reglamento, para coadyuvar con los gobiernos de naciones vecinas en la gestión adecuada de los procesos de retorno y repatriación de migrantes.
VIII. Coadyuvar en la sensibilización de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil sobre los derechos y las contribuciones de las personas migrantes deportadas y repatriadas.
IX. Llevar a cabo visitas a albergues de migrantes para ofrecer información a las personas migrantes mexicanas sobre sus derechos.
X. Los demás que se consideren necesarios.
1. La operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo estará a cargo de las Comisiones de Asuntos Migratorios, Asuntos Frontera Norte, Asuntos Frontera Sur y Relaciones Exteriores de la Cámara y todos aquellos diputados interesados.
2. Podrán participar como coadyuvantes del programa legisladoras y legisladores de la Cámara de Senadores y de los congresos locales de las treinta y dos entidades federativas del país.
3. Para desarrollar las labores del programa habrá un área técnica-administrativa especializada.
1. Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la Cámara de Diputados podrá suscribir acuerdos de coordinación y colaboración con dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales; congresos locales, organizaciones sociales y no gubernamentales y entidades académicas.
1. Para el cumplimiento de los objetivos del programa, la Cámara deberá elaborar un plan de difusión del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, bajo los siguientes criterios:
I. Deberá observar lo establecido en la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, en materia de Comunicación Social.
II. La difusión se realizará a través del Canal del Congreso y otros medios de comunicación nacionales e internacionales, y redes sociales.
III. Dicho plan deberá contener cuando menos la ubicación, los teléfonos de contacto, perfiles de redes sociales y demás información institucional propios del programa, así como las principales actividades que lleva a cabo.
1. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados otorgará anualmente los recursos necesarios para la operación y cumplimiento de los objetivos del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, los cuales serán fiscalizados de conformidad con los procedimientos contendidos en este Reglamento.
1. Los legisladores y las legisladoras que participen en alguna de las actividades del programa tendrán la responsabilidad de rendir un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad.
2. Los informes a que hace referencia el numeral anterior serán dirigidos a la Junta y se publicarán en la Gaceta.
Segundo. Las Comisiones responsables de la operación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo emitirán los lineamientos necesarios en un plazo de 60 días contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a efecto de poner en marcha el programa.
1 Angón, Carmen; Destaca Guanajuato por su alta migración, AM 40, 10 de marzo de 2014; https://www.am.com.mx/leon/local/destaca-guanajuato-por-su-alta-migraci on-91568.html
3 Consultable en https://www.colef.mx/emif/
4 Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, Consultable en http://www.diputados.gob.mx/diputadaamiga_diputadoamigo/programa.html
Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica)
Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
El pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, un contingente policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera situada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, casi en los linderos con el municipio y el poblado citados.
En razón a que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policíaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.
Sin embargo, en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que fueron encontrando sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos tanto a vehículos como a puestos de comercios ambulantes y las puertas de varios inmuebles, sin razón alguna más que la impunidad y la ira desmedida, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en las redes sociales.
De acuerdo a la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública, tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, hasta con el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos.
Tales acciones generaron el rechazo colectivo de los pobladores, lo que condujo a que éstos se movilizaran y los enfrentaran, provocando el bloqueo de algunas vialidades importantes como la autopista México-Pachuca y la presencia de encapuchados que empezaron a vandalizar y a cometer latrocinios, lo que fue impedido por los propios habitantes de San Juan Ixhuatepec.
Ante tal estado de cosas, los pobladores han manifestado sus exigencias a través de un pliego petitorio de 11 puntos, donde requieren entre algunos puntos fundamentales, tanto la destitución del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la identificación de los responsables del operativo y las causas que lo justificaron. Asimismo, demandan el puntual esclarecimiento de los hechos y el necesario deslinde de responsabilidades, tanto del operativo como de los actos vandálicos que se detonaron en consecuencia, así como la impartición de justicia pronta y expedita para determinar también la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los agraviados y a los detenidos de manera injusta e ilegal.
De igual forma, para imposibilitar el que haya represalias hacia los afectados, se está exigiendo que se garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes de San Juanico mediante la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con
Único. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.
1 https://www.eluniversal.com.mx/col umna/hector-de-mauleon/nacion/en-san-juan-ixhuatepec-hubo-mano-negra
2 https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/un-policia-disparo-directamen te-a-mi-esposa-y-mi-sobrino-testimonio-de-san-juan-ixhuatepec/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2018.
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes
El desarrollo integral de las personas tiene que ver con la existencia de condiciones adecuadas en su día a día, como su vivienda, trabajo, vida cultural y ambiental. La base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, tiene que ser con la aplicación de las normas; pues son los derechos que posibilitan a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado.
Por ello, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pero a su vez constituyen uno de los grandes desafíos para los derechos humanos. Durante los últimos años el interés ha sido promover, garantizar y proteger esta gama de derechos, implementando estrategias y políticas necesarias para asegurarlos.
De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplió su razonamiento y precisó que la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos”.
Los cambios sociales y del sistema político mexicano en los últimos años han seguido un camino de consolidación democrática para el país, lo cual se ha reflejado en nuestra normatividad.
Por ello, no podemos dejar de lado el grave problema por el que actualmente atraviesan los profesionales de la salud, pues existe una profunda discrepancia en el tabulador que actualmente se maneja dentro de las Secretarías de Salud estatal y federal; y la remuneración que obtiene por sus funciones y grados académicos. En el en muchas ocasiones les asignan un salario inferior del que les corresponde de acuerdo a ley.
Como claro ejemplo, tenemos, al Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, cuyo único objetivo es tener certidumbre laboral y respeto a su profesionalización. Pues, estos profesionales de salud, son perfiles calificados, que cuentan con títulos de licenciatura, y cédula, y en muchos casos con nivel de posgrado; pero incongruentemente les asignan áreas laborales inferiores como técnicos y muchas veces hasta los ubica como auxiliares de laboratorio, para asignar salarios realmente dolosos e indignantes a los profesionales de la química.
Debido a esto, es necesario llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su ley reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Con el firme propósito de mejorar la forma de organización del trabajo para garantizar el pleno desarrollo profesional.
Como legisladores es nuestro deber promover y garantizar, el irrestricto respeto a nuestra ley; de tal modo que esto permita visibilizarse en mejorar la profesionalización y condiciones de los trabajadores al servicio del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en acuerdo con las representaciones sindicales, se lleve a cabo una reingeniería integral de procesos y al tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su Ley Reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Son muchos los avances alcanzados en materia de regulación de residuos sólidos urbanos; actualmente contamos con una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuyo objeto es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano, propiciando el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; además de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.
En dicha legislación, atendiendo a su carácter de Ley General, se señalan las competencias de los diferentes órdenes de gobierno, en donde el objetivo común es reducir los impactos negativos contra el ambiente provocados por una deficiente gestión integral de los residuos, así como para incentivar la participación de las industrias y sociedad en general, para llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacernos responsables de los residuos que generamos.
A pesar de contar con una legislación especializada en la materia, el problema no disminuye; para darnos una idea de la dimensión de la problemática sirven de sustento los datos del informe del Banco Mundial: What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management , el cual señala que la producción de residuos ha ido en aumento, desde los 3.5 millones de toneladas diarias en 2010 a cerca de 6 millones proyectados para 2025.
Resaltando que a las diferentes ciudades del mundo se les sumarán unos mil 400 millones de personas en 2025, mismos que producirán aproximadamente 1.42 kilogramos de basura urbana al día, más del doble de los 0.64 kilogramos promedio producidos actualmente, lo que significa que en los próximos 10 años pasarán de generarse 680 millones a 2,200 millones de toneladas de residuos en las ciudades al año.
Respecto al estado actual, los países que más residuos generan son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aportando el 44 por ciento de la generación total de residuos a nivel mundial; contrastando, Medio Oriente, África Subsahariana y Asia sur son las regiones que menos aportan a la generación de nuevos residuos con menos del 18 por ciento entre las tres regiones.
Nuestro país no experimenta una situación diferente, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015, señalan que se generan poco más de 53 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que equivale aproximadamente a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el estadio de futbol más grande del país;1 lo que significa que una persona produce 1.2 kilogramos de dichos residuos al día.
Ante esta situación, sigue predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos el cual consiste en recolectar y disponer dichos residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de éstos en rellenos sanitarios es de menos del 5 por ciento.2
Sin duda, una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles. Por lo que hace a las afectaciones ambientales, actualmente se están utilizando espacios limpios como tiraderos a cielo abierto para lo cual ha sido necesaria la inversión de más de 10 millones de pesos para sanear alrededor de 1,603 de estos tiraderos; asimismo, ha quedado evidenciada la disminución de la biodiversidad debido a la degradación ambiental, utilizado aproximadamente 61 mil 253 millones de pesos para su restauración.
No menos importantes son los impactos en la salud humana, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que al año se destinan alrededor de 26 mil 427 millones de pesos para la atención de pacientes con algún tipo de cáncer relacionado a la contaminación por residuos. Sin dejar de mencionar las 150 mil defunciones prematuras a nivel global por contaminación de ozono; así como diversas enfermedades como paros cardiacos, derrames, enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica, asma y enfisema.
Lo anterior en sí representa un panorama grave y urgente de atender, sin embargo, no se puede omitir señalar las afectaciones financieras derivadas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, en donde uno de los sectores más afectados es la producción agrícola, sin dejar de mencionar la nula recaudación fiscal debido a la existencia de mercados informales de compra y venta de materiales, en donde se han dejado de recaudar más de 5 mil millones de pesos al año.
De todo lo anterior es que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de la participación de los diferentes sectores de la población; incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.
Hoy contamos con dicha legislación, pero no ha sido ejecutada de manera eficiente, existen entidades en las que persisten los problemas en la prestación del servicio de recolección, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos lo que resulta en un foco de infección y propagación de fauna nociva.
Al respecto, datos de la Semarnat refieren que, de las 32 entidades federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89 por ciento de los residuos son recolectados sin que hayan sido separados.
Son pocos los estados y municipios en donde los esquemas de separación de residuos resultan exitosos, por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales asociados a esta actividad.
En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente el 1.31 por ciento del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole el 4.24 por ciento de los residuos recibidos en los centros de acopio y el 4.07 por ciento de la actividad informal; por lo que únicamente se recupera el 9.63 por ciento del 40 por ciento de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje, según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (2012).
Para el caso específico de México, el 79 por ciento de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovecharlos al máximo, lo que representa una importante área de oportunidad.
Sin duda, el tema de manejo integral de los residuos sólidos urbanos representa un reto para cualquier administración, no obstante, no se trata sólo de diseñar un marco jurídico que, si bien es indispensable, lo cierto es que su ejecución es lo más importante.
En este sentido, se considera impostergable hacer un llamado para que se diseñen e implementen los planes y acciones que consideren pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las autoridades federales, locales o municipales, encargados del correcto manejo y destino final de los residuos sólidos, lo que sin duda contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de saneamiento y protección al ambiente.
Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
1 Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura. Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf
2 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urban os-rsu
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre de 2018.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez y Jesús Carlos Vidal Peniche.
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
En días pasados se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga un presunto caso de corrupción que habría sido cometido por funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV (API), relativo a la asignación irregular de un contrato de cesión de derechos en favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles.
El Órgano Interno de Control de la API de Manzanillo dio cuenta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que la asignación directa APIMAN01-035/18 no cumplió con los requisitos legales. Dicho contrato concede los derechos de una superficie de agua de 159 mil metros cuadrados, para la construcción y operación de una terminal portuaria para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón por 20 años con posibilidad de prórroga.
El 7 de septiembre pasado se celebró reunión del Consejo de Administración de la API, durante la cual los funcionarios implicados intentaron que dicho Consejo aprobara la referida asignación directa, lo que no ocurrió en virtud de que, tanto el titular del Órgano Interno de Control como los miembros del Consejo, se percataron que la asignación no se encontraba apegada a la normatividad, ya que presentaba imprecisiones en su contenido y redacción, así como en la documentación exhibida.
A pesar de ello, los funcionarios de la API involucrados suscribieron el contrato de cesión de derechos y le dieron trámite.
Ante tal situación, el Órgano Interno de Control de la API dio inicio a una investigación y determinó que existían irregularidades en la asignación directa en cuestión, por cual notificó a su homóloga en la SCT y se presentó la denuncia correspondiente ante la SFP, que ya investiga los hechos.
Los funcionarios de la API involucrados en el asunto son el director general adjunto de la API, Ovidio Noval Nicolau; el director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, Ricardo Martínez Suárez; así como el director general de Puertos de la SCT, Alejandro Hernández Cervantes.
Ante tales hechos, es necesario exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que agilice la investigación y, en su caso, deslinde responsabilidades e imponga las sanciones que en derecho correspondan. Así también, a que en ejercicio de sus atribuciones y de ser el caso, interponga las denuncias penales por hechos probablemente constitutivos de delito que se desprendan de sus investigaciones.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de sus atribuciones, deslinde responsabilidades y, en su caso, imponga las sanciones que correspondan y denuncie ante el Ministerio Público los hechos probablemente constitutivos de delito que se desprendan de su investigación.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2018.
Diputado y diputadas: Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez.
El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Los pasados días 23 y 24 de octubre del presente año, nuestro país sufrió de graves desastres naturales por el paso del huracán Willa, que afectó los municipios de Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Del Nayar y Ruiz del estado de Nayarit, afectando 40 mil hogares dañados dejando a más de 180 mil damnificados por las intensas lluvias que desbordaron los ríos San Pedro y Acaponeta, la Secretaría de Gobernación realizó la Declaratoria de Desastre Natural a estos municipios.
El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.1
Además, se dañaron más de miles de hectáreas para uso agrícola y también se registró la pérdida de más de 30 mil cabezas de ganado afectando la economía de la región y de sus pobladores.
Fue un hecho notorio el paso del huracán Willa y el desastre natural que ocasionó a los mexicanos y sus propiedades por ello, se debe de agilizar la entrega de bienes materiales necesario para la protección de la vida y de necesidades más apremiantes.
Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a liberar de inmediato los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a los municipios afectados del estado de Nayarit por el paso del huracán Willa, dada la declaratoria de emergencia emitida en dicha entidad, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
1 Secretaría de Gobernación, Fonden, 2016.
https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de -desastres-naturales-fonden
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de noviembre de 2018.

References: artículo 35
 artículo 9
 artículo 127
 artículo 4
 artículo 73
 artículo 31
 artículo 32
 artículo 35
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 35

Artículo 35
 artículo 71
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 26
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 71
 artículo 55
 artículo 74
 artículo 76
 artículo 89
 artículo 91
 artículo 80
 artículo 89
 artículo 74
 artículo 76
 artículo 89
 artículo 91
 artículo 74
 artículo 76
 artículo 89
 artículo 91
 artículo 76

Artículo 91
 artículo 134
 resolución 
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 6