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Timestamp: 2019-11-17 02:16:33+00:00

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Discursos de Adolfo Suárez
Discurso La Reforma pronunciado el 9 de junio de 1976
«La reforma que el Gobierno propone y estas Cortes ya comenzaron, parte de la convicción de que la historia de nuestro sistema político es la historia de la institucionalización del cambio.
Ni está el mañana ni e ayer escrito.
(Grandes y prolongados aplausos.)
Promoción de la Ley para la Reforma Política pronunciado el 10 de septiembre de 1976
“Buenas noches. Me presento a todos ustedes para darles cuenta del Proyecto de Ley para la Reforma Política. Para decirles, sencillamente, cómo propone el Gobierno que sea nuestro futuro y para convocar a todo el pueblo español a una tarea de protagonismo y solidaridad.
Hablar de política para un presidente del Gobierno quiere decir intentar despejar incógnitas y clarificar los objetivos que perseguimos. A partir de hoy mismo, fecha en que el Consejo de Ministros ha acordado remitir al Consejo Nacional y, en su momento, a las Cortes el Proyecto de Ley para la Reforma Política, creemos haber llegado a la recta final de este proceso iniciado hace tiempo, del modo más racional y congruente con la sinceridad democrática: dar la palabra al pueblo español.
Se trata de acomodar nuestros esquemas legales a la realidad del país. En consecuencia; hemos procurado examinar con toda objetividad las demandas políticas que se producen desde la ciudadanía, y para ello hemos conectado con muchos de los grupos políticos más significativos que existen en España y que ofrecen alternativas estimables, sean de derecha, de centro o de izquierda, para escuchar con respeto sus puntos de vista.
Pero la opinión pide hechos, y con ellos queremos responder. Ha llegado el momento de clarificar la situación política, y el pueblo español debe legitimar con su voto a quienes, en virtud del nueva pluralismo surgido en España, aspiran a ser sus intérpretes y representantes. Reconocido en la declaración programática del Gobierno el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo, hay que conseguir que el pueblo hable cuanto antes. Con ello hacemos realidad el deseo expresado por Su Majestad el Rey ante las modificaciones constitucionales que contiene permitirán que las Cortes – compuestas por Congreso y Senado- sean elegidas por sufragio universal, directo
y secreto, lo antes posible y, en todo caso, antes de junio de 1977. De esta forma, el pueblo participa en la construcción de su propio futuro, puesto que se manifiesta, elige a sus representantes y son éstos los que toman decisiones sobre las cuestiones que afectan a la comunidad nacional.
El Gobierno está convencido de que las instituciones comprenderán la necesidad de esta reforma y respaldarán la apelación directa al pueblo al que esas mismas instituciones se deben y sirven. No puede existir ni existirá un vacío constitucional, ni mucho menos, un vacío de legalidad. No puede producirse ese vacío porque España es un Estado de Derecho que se basa en la primacía de la Ley.
Es, precisamente, la legalidad el asidero de que disponemos para garantizar las libertades públicas. La ausencia de normas lleva al arbitrismo y puede conducir a la anarquía. En el proyecto de ley que les anuncio no se pretende hacer borrón y cuenta nueva. Se modifican aspectos concretos para hacer viable el propósito de la Corona de que el pueblo español sea el dueño de sus destinos.
Cuando este pueblo haga oír su voz se podrán resolver otros grandes problemas políticos con la autoridad que da la representatividad electoral. Entonces se podrán abordar con rigor temas como la institucionalización de las regiones, dentro de la permanente unidad de España, la definitiva reforma sindical, la reforma fiscal, la relación del Gobierno con las Cámaras legislativas y aquellos que nos afectan no
sólo en la vida próxima y diaria, sino en cuanto al porvenir de nuestros hijos.
El Gobierno que presido no se plantea la vida política como un simple y, posiblemente, demagógico relevo de clases dirigentes. No sería ni serio ni responsable reducir a eso la gran operación de transformaciones que es preciso acometer.
El Gobierno trata de llegar más lejos: gobernar, con medidas a corto plazo, la transición de un sistema de legítima delegación de autoridad a otro de plena y responsable participación. Pero trata también de que España encuentre el clima suficientemente favorable para trazar una gran política de Estado en la que será precisa la colaboración de todos en la parcela de trabajo –por pequeño que parezca- de cada uno.
Hace poco más de dos meses, después de jurar mi cargo ante Su Majestad el Rey, me dirigía a los españoles en un breve mensaje. Les invitaba a iniciar juntos un camino de futuro, que ha de evitar caer en cualquiera de estas dos tensiones: el partir de cero haciendo tabla rasa de lo que constituye nuestra propia historia, y el entramado de nuestras mismas vidas, o el confiado “aquí no pasa nada”, que ignora la profunda transformación real que se está operando, en todos los niveles, en la sociedad española.
Los propósitos que anuncié aquel día siguen en pie. Sigue en pie, por tanto, la acuciante preocupación por los más graves problemas que a todos nos afectan. Una gran parte de la comunidad se sienta afectada cuando al regresar de las vacaciones se encuentran con nuevas alzas de precios; observa que hay millares de jóvenes que se incorporan cada año a la vida activa, sin posibilidad de encontrar siempre el puesto de trabajo adecuado; advierte que en general muchas empresas empiezan a estar descapitalizadas, o se enfrenta con la dificultad de encontrar en algunas zonas un adecuado puesto escolar para sus hijos…
Las preocupaciones más próximas son, sin duda, las que se refieren a nuestra vida diaria. Soy consciente, como lo es el conjunto del equipo gubernamental, de que nos hemos hecho cargo de dirigir una situación económica difícil. Que estas dificultades económicas les preocupan a ustedes muy legítimamente. Que la sufre todo el pueblo español y que son sentidas con más intensidad por quienes tienen
menores niveles de ingresos. Que, con toda razón, los españoles piden remedios eficaces. Y que estamos ante la circunstancia de coincidir la necesaria Transición política con la crisis económica, de modo que todas las soluciones son más costosas y algunas medidas, políticamente buenas, son económicamente desfavorables, o a la inversa.
Esta situación exige una mayor austeridad en todos los niveles públicos y privados y un máximo sentido de la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores, cuyos intereses deben coincidir básicamente en un momento en que lo fundamental es dinamizar nuestra economía, a través del impulso de la iniciativa privada y de la colaboración entre todos aquellos que participan en el proceso
Al Gobierno le habría gustado conducir la Transición política en una situación económica como la que disfrutábamos hace varios años, en plena expansión nacional e internacional. Pero acepta serenamente los datos de la realidad, y con ellos se propone sentar las bases para la construcción de nuestro futuro.
El Gobierno se encontró con tres tipos de necesidades que requieren tres tipos de acciones:
La primera es facilitar la Transición. La acometemos con la ley anunciada. Significa reconocer la voz del pueblo. Al hacerlo, estamos en condiciones de decir que no se permitirá un asalto a ese pueblo basado en el recurso a la violencia en la calle –sin tener en cuenta que la calle es patrimonio de todos-, ni mucho menos en el intento de atribuirse representaciones que no vengan directamente conferidas por
La segunda es solucionar los problemas económicos y sociales heredados y anular sus causas. En la medida en que estas causas sean políticas, se trata de buscar la necesaria clarificación. En la medida en que sean puramente económicas, hay soluciones. Por ello el Gobierno ha adoptado un conjunto escalonado de medidas a corto plazo para corregir de inmediato los más acuciantes desequilibrios económicos y sociales. Con las adoptadas y con otras más que en breve el Gobierno explicará, habremos sentado las bases imprescindibles para acometer una programación económica de largo alcance.
Tratamos de encauzar con justicia la vida económica y social, y en ello comprometemos nuestra autoridad. No queremos tapar huecos, sino dejar un país viable y ordenado para quienes nos sucedan. Pero no nos engañemos. Las resoluciones económicas ya acordadas por el Gabinete, que por sí mismas y en otros tiempos ya habrían generado un enérgico cambio de rumbo, no han tenido toda la virtualidad que de ellas cabría esperar. Y ello se debe, hay que reconocerlo con claridad para salir del círculo vicioso en que podemos caer, a la incidencia de la vida política en la económica. Mientras no se despejen las incógnitas políticas que gravitan sobre el país, no podrá existir reactivación ni estabilidad económica.
He ahí un punto más que nos demuestra la interrelación de los procesos económicos y políticos y una trascendental razón añadida, por la cual, al mismo tiempo que reordenamos la economía, tenemos que acometer con toda claridad, rapidez y firmeza, la importante operación de nuestra reforma política.
Nuestro compromiso es que la estabilidad alcanzada no se deteriore; que los niveles de renta y de seguridad y bienestar social no sufran merma. Que se mantenga el poder adquisitivo de las rentas salariales; que se respeten la iniciativa y la empresa privada y se reconozca su eficacia y su contribución a la expansión económica y social. Pero si son precisos sacrificios, tengan la seguridad de que serán los indispensables. Y algo más: que debe ser el conjunto de la comunidad nacional la que los supere con sentido de justicia y solidaridad para que para que sean compartidos por todos los sectores sociales.
La tercera es que, cuando la España de la Monarquía comienza a rendir sus frutos, las tareas de la reforma no harán que se olviden nuestros objetivos como nación.
Vamos a comenzar un gran debate nacional sobre nuestro futuro. De él se derivará la claridad que necesitamos para poder elegir con rigor y garantías. Ante España se abre un nuevo horizonte.
Como señaló SM el Rey, España es hoy una nación joven, en cuya población los dos tercios tienen menos de cuarenta años… «Ningún obstáculo se opondrá a que nuestra comunidad española siga adelante, trabajando por la creación de una sociedad cada vez más próspera, más justa y más auténticamente libre».
Esta convocatoria de la Corona es la gran misión para el futuro del pueblo español; se trata de la definición de una gran política de objetivos nacionales comunes, que no pueda ser rechazada con fundamento por ningún grupo, por ningún partido, por ninguna institución que participe de la esencia de esa comunidad de ideas e intereses que llamamos España.
Soy consciente de la dificultad de esa gran política de Estado al margen de los cambios de Gobierno, al margen de la diversidad de opiniones, al margen del ejercicio de opciones y alternativas pluralistas y distintas. No es lógico que cada Gabinete que llegue al poder cambie de objetivos, cuya consecución sólo se obtiene tras largos años de esfuerzos continuados.
Las grandes líneas de la política exterior; el proyecto de hacer una España más humana y personalizada, que responda a esquemas básicos de política educativa y cultural; la elevación del nivel de bienestar de los que todavía no han alcanzado un mínimo justo, y tantas otras cosas, no pueden quedar sometidas a alternativas circunstanciales.
No es presentable para un país necesitado de seguridad que la política educativa cambie cada pocos años; que la falta de claridad en política agraria lleve al desaliento a los hombres de nuestro campo; que la Administración se vea sometida a seísmos cada vez que hay un relevo en los puestos clave. No hay más política, señoras y señores, que la del esfuerzo común.
El país está vivo y es joven. Esa vitalidad y esa juventud son, qué duda cabe, conflictivas; pero son una fuente de riqueza que hay que aprovechar y canalizar.
España es, ante todo, un gran país de peso específico en el mundo, que no debe perder su camino y debe reforzar su sentido de la dignidad nacional.
Anteponer, en el tiempo que dure la construcción de nuestro nuevo horizonte, los intereses generales a los particulares. Quiero invitarles a una coincidencia en nuestro futuro nacional, montado sobre la base de la variedad de alternativas que ustedes mismos elegirán. Tenemos la convicción de que es posible un gran acuerdo para la democracia, para la paz, para encontrar definitivamente unas bases sólidas cimentadas en la aceptación de los verdaderos intereses nacionales, para nuestra convivencia y nuestra grandeza como nación.
El Gobierno está dispuesto a que un nuevo horizonte se consolide y para ello pide el apoyo y colaboración de toda la sociedad. El proceso de reforma se hará desde el imperio de la ley y con la firmeza necesaria para impedir el desorden. Pero nada es posible sin el respaldo de la comunidad nacional, de las instituciones, de los grupos, de los partidos, y de las fuerzas sociales. Ante ese pueblo, cuya politización es la simple pero soberana politización de querer decidir su futuro, y decidirlo en paz, en orden y seguridad, hemos querido comparecer hoy.
Y repetir, una vez más, que el futuro no está escrito, porque sólo el pueblo puede escribirlo. Para ello tiene la palabra. El Gobierno que presido ha preparado los instrumentas para que esa palabra pueda expresarse con autenticidad. Para garantizar en definitiva, su soberanía. La soberanía del pueblo español.
Discurso El Referendum sobre la reforma política pronunciado el 14 de diciembre de 1976
«Buenas noches, señoras y señores:
A los días de jurar mi cargo de presidente del Gobierno ante Su Majestad el Rey, prometí dedicar mi esfuerzo a un objetivo, que es el objetivo de la monarquía a la que servimos: darle al pueblo español el protagonismo que le corresponde. Han pasado cinco meses yo diría que cinco importantes meses, y ha llegado la hora: mañana son convocados a las urnas veintidós millones de españoles para decidir su futuro político. En la víspera de este acontecimiento, comparezco una vez más ante ustedes para explicar los criterios del Gobierno sobre temas que a todos interesan; dar cuenta de cada uno de nuestros pasos, y acudir a la opinión pública y a la consulta, porque el Gobierno de Su Majestad el Rey, que me honro en presidir, quiere gobernar asistido por la sociedad.
Por ello, deseo hacer constar los principios que inspiran la reforma política que mañana se somete a sanción popular. Se trata, en primer término, de modificar nuestras estructuras políticas con el único fin de acomodarlas a la realidad de España y al pluralismo existente en su base social. No nos mueve para ello ningún afán de gobernar con espectacularidad, ni ningún deseo de protagonismo. No servimos tampoco intereses de partido, por muy respetables que éstos sean para nosotros. Cuando el Gobierno se calificó a sí mismo de gestor de la transición política, estaba indicando un estilo, un procedimiento, pero también un servicio que se deriva de trabajar en equipo a favor de nuestro pueblo y de nuestro Rey.
Es evidente, señoras y señores, que todo ha cambiado en esta nación. Desapareció la excepcional figura de Franco. Surgió en la piel de España, en toda su riqueza, un pluralismo que tiene que ser aprovechado y canalizado para ser útil a la comunidad. Se están estructurando nuevas fuerzas sociales que deben tener oportunidad de someterse al contraste del voto popular para que puedan aportar su iniciativa al quehacer nacional. Y si esto es así: ¿hemos de asistir impasibles a esta profunda mutación de nuestras relaciones? ¿Es lícito que adoptemos la cómoda postura de contemplar el cambio sin procurarle los instrumentos jurídicos y políticos para que sea positivo y creador?
Pienso que no. Por supuesto que es obligación del Gobierno, porque así se lo encomienda la ley, porque así lo demandan ustedes y porque ése es el espíritu de la Corona, dar respuestas válidas a todos estos desafíos del momento histórico. Tenemos la seguridad de que en la España de hoy la integración plena de todos en la comunidad nacional no puede darse sin libertad política. El procedimiento para ello es esta ley para la Reforma, cuyo destino deben decidir mañana.
Mi comparecencia ante estas cámaras no es para pedir un voto gratuito a favor de la ley. Es, sobre todo, para pedir un voto en conciencia, un voto que haga posible que la Constitución española, los comportamientos políticos españoles, respondan a las exigencias actuales del país. No significa en absoluto, que ignoremos nuestro inmediato pasado. Significa que lo asumimos, pero que lo asumimos con responsabilidad. Significa que recogemos su herencia, pero la recogemos con la exigencia de perfeccionarla y acomodarla como cualquiera de nosotros hacemos en nuestras casas a las demandas actuales de la gran familia nacional. Significa, en definitiva, que hemos aceptado el compromiso de la reforma para engrandecer la legalidad, para hacer más sólida la legalidad y para crear una absoluta transparencia en los comportamientos públicos, puesto que pienso que nada de cuanto ocurre en España debe ser ajeno a ningún español.
Detrás de la ley que mañana se somete a votación no hay ningún secreto, ningún misterio, ningún pacto. Si ustedes me pidieran un nuevo resumen de sus objetivos, los condensaría en una sola frase: queremos que el pueblo español controle y dirija, por medio de sus representantes libre y democráticamente elegidos, los destinos de nuestra patria. Las próximas elecciones â€“si ustedes aprueban esta ley dirán quiénes son los depositarios de la confianza popular. Pero ahora mismo pienso que ni el Gobierno, ni las fuerzas políticas, ni ninguno de nosotros individualmente, podemos desprendernos de la obligación de hacer posible todo eso. Por ello, cuando les pedimos que mañana vayan a las urnas, que mañana voten, que mañana ejerzan la soberanía que la ley les otorga, no es por afán de ganar una batalla que no hemos planteado. Es únicamente porque creemos que nadie, salvo el pueblo en su conjunto, como dueño de sus destinos, tiene autoridad para dirigir el cambio. Si pedimos la presencia de todos en los colegios electorales, es por la convicción profunda de que el nuevo marco político que buscamos sólo será respetado si se basa en el consentimiento general de la nación, o dicho de otra forma: sólo disfrutaremos de seguridad política y de horizontes claros, si la reforma se asienta en la voluntad general.
El proceso político que está viviendo España es quizá único en la historia. Difícilmente se encuentran precedentes conocidos. Y si todo cambio político implica dificultades, lo que es excepcional implica dificultades excepcionales. El Gobierno es plenamente consciente de las graves dificultades que comporta conducir la transición política, pues en etapas como ésta se suelen generar, lógicamente, recelos e incomprensiones en los diferentes sectores de la sociedad, sean de centro, de derecha o izquierda. Es muy estrecho el camino por el que tiene que discurrir la acción del Gobierno en estas circunstancias y, por otra parte, normalmente está siempre erizado de dificultades, ya sean económicas, políticas o sociales.
Realizar un cambio que es verdadero, y hacerlo pacíficamente sin revoluciones y sin traumas, es una empresa merecedora de despertar las mayores ilusiones. En consecuencia, quiero asegurarles que el Gobierno que presido está firmemente decidido a continuar su andadura, porque espera encontrar el apoyo de la mayor parte del pueblo para conseguir que todos los españoles puedan seguir caminando hacia el futuro, no sólo sin sentirse heridos, sino con la frente alta y la conciencia limpia.
Conocemos nuestros objetivos. Somos conscientes de nuestro compromiso. Sabemos de la dificultad como he dicho antes de gobernar una situación de cambio, cuando la legislación está anclada en el puerto de salida y tenemos que llegar al puerto de destino de una democracia plena. Por todo ello, tenemos que conseguir un difícil equilibrio: el difícil equilibrio de conjugar la legítima autoridad del Estado y el prestigio de sus normas con los cambios sociales ya producidos y que son irreversibles. Yo estoy convencido de que, en estas circunstancias, el pueblo español reforzará su serena y digna decisión de votar por una España en paz y concordia, basada en la soberanía popular, porque sólo así se podrán esclarecer las situaciones de confusión. Así, una vez conocido lo que la ley de Reforma Política pretende, conviene quizá resaltar que el único riesgo insalvable para el país es volverse de espaldas al curso de la historia. Si todo cambio político implica dificultades y tensiones es conveniente saber que el Gobierno es absolutamente consciente de que preguntarle al pueblo español cómo quiere su porvenir es el único medio de construir un futuro sin riesgos.
Pedimos el sí para que la política esté en línea con la realidad del país. Pedimos el sí porque, frente a la imagen de la España diferente, queremos construir entre todos la España sin tópicos ni complejos. Pedimos el sí porque aspiramos a que cada español se sienta gestor en los compromisos y en las obligaciones, pero también en los beneficios de la tarea común. Pedimos el sí porque es necesario abrir las puertas a nuevos representantes legítimos que encaren, con la autoridad emanada de las urnas, las reformas que sean precisas. Pedimos el sí porque este país tiene derecho a instituciones emanadas de los deseos populares. Sólo me resta decir que, cuando como presidente del Gobierno de Su Majestad les invito a acudir a las urnas y solicito su voto afirmativo, no estoy pidiendo nada para mí. Sólo pido que, entre todos, con todos, hagamos posible que a este pueblo se le devuelva la confianza de sentirse capaz de gobernarse a sí mismo. Sólo pido que abramos una puerta a la posibilidad de que nuestra vida pública no dependa de quienes más se hacen oír, sino de quienes mejores soluciones aporten.
Mañana, señoras y señores, gobiernan veintidós millones de españoles. Mañana comienza, si su voto es afirmativo, una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular. Pienso que entre todos vamos a hacer posible, con nuestro voto, que esta sociedad, tan castigada a veces por la historia, encuentre ahora, en un orden que margine a los extremismos, en una libertad que no ofrezca coartada para la violencia, una nueva oportunidad para la concordia, la normalidad y la paz civil. Vamos a servir a nuestros hijos y a las generaciones venideras, despejando el futuro de incógnitas incertidumbres. Vamos a crear una forma de gobierno estable, con el único procedimiento posible: que sean las mayorías quienes ejerzan el poder, con el respeto profundo y eficaz a las minorías. Vamos a abrirle la puerta al mandato del sentido común, con rigor, con realismo, pero también con ilusión, porque estoy firmemente convencido de que es posible la consolidación en paz de este gran pueblo que se llama España.
Ustedes tienen la palabra».
Discurso electoral "Puedo prometer y prometo" pronunciado el 13 de junio de 1977
“Buenas noches, señoras, señores: Vengo a hablarles de un nuevo horizonte para España. Vengo a solicitar su voto para hacerlo posible. Vengo, como candidato, a pedir su voto para la Unión de Centro Democrático.
No vengo con fáciles palabras a la conquista de votos fáciles. Sé muy bien –y lo demuestra la experiencia- que quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro.
Unión de Centro Democrático no se presenta a ofrecer utopías. Formamos un equipo de hombres con experiencia política y de Gobierno capaces de dirigir los intereses de la nación y de ser una vía segura a la democracia.
No procedo ni estoy ligado a ningún sector privilegiado. Y mis cuentas están claras, como pueden ustedes comprobar en la declaración de bienes que en 1965, al ser nombrado ministro en el primer Gobierno de la Monarquía, hice ante el notario de Madrid don José Luis Crespo Roméu.
El candidato que les habla procede del medio rural y sabe de las penalidades del hombre del campo, que sigue esperando una mano redentora. Soy una persona normal y he procurado gobernar desde la normalidad. Escuché a todos e intenté hacer posible que todos los grupos, cualquiera que fuese su ideología, pudieran trabajar por España desde la legalidad.
Acerté algunas veces, me habré equivocado en otras ocasiones. Pero pueden estar seguros de que nunca hubo improvisación en la tarea del Gobierno. Como españoles creo que podemos tener el orgullo de que en estos once meses España haya empezado a contar positivamente en el mundo actual y este mundo haya comenzado a contar con España.
Si ustedes desean mi sinceridad, les diré que aspiro a proseguir la tarea, porque tengo vocación política y para un político las dificultades de dirigir un país estáncompensadas por la satisfacción de trabajar por y para todos sus conciudadanos.
Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto, no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español, y pasado mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la Transición, en paz, construir la democracia desde la legalidad, y creemos que, con las lógicas deficiencias, lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes, y el miércoles pueden lograrlo.
No puedo asegurar que se arreglen rápidamente problemas que se vienen arrastrando desde hace muchos años, aunque la actual libertad de expresión los haga aparecer como nuevos. No puedo asegurarles nada de esto, porque somos un país con recursos limitados, con deficientes estructuras, con desigualdades irritantes y con una legislación que no se acomoda a la realidad de 1977.
Señoras y señores: Hoy como candidato solicito su voto. Lo solicito para las candidaturas al Congreso que Unión de Centro Democrático presenta en toda España y para los hombres y mujeres de Unión de Centro Democrático que aspiran al Senado.
Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática, capaz de dar respuestas realistas a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte.
Y para eso les pido su voto.
«Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. Señoras y señores Diputados, por designación de S. M. el Rey comparezco ante SS. SS. en un acto cuya significación y alcance se delimitan en el artículo 99 de nuestra Constitución. Me propongo, pues, en estricto cumplimiento del mandato constitucional, formular los principios programáticos básicos, trazar las coordenadas de actuación y fijar los objetivos y medidas fundamentales que perfilarán durante la presente Legislatura nuestra acción de Gobierno si la Cámara expresa su aprobación.
Primero. La necesidad de que todas las fuerzas políticas contribuyan al planteamiento y resolución de los grandes problemas nacionales desde su respectiva órbita ideológica y desde la responsabilidad que les corresponda en función de la posición que asuman en el sistema institucional. Segundo. El firme criterio de UCD como primera fuerza política de no pretender en modo alguno un papel exclusivo de cara al desarrollo de la Constitución, pero sí de hacer valer el imprescindible condicionamiento democrático de que semejante desarrollo sea afrontado básicamente desde los planteamientos contenidos en su programa electoral porque tal ha sido el mandato surgido de las urnas.
Pienso que estas precisiones iniciales pueden contribuir a centrar el enfoque que queremos dar a la gestión política durante la actual legislatura. Y hacerlo, además, como expresión de nuestra identidad política, nunca como negación de la identidad de los demás. Con estas palabras, por consiguiente, no sólo quiero señalar que el consenso ha terminado, sino expresar el reconocimiento que merece su importante contribución al proceso constitucional. Quizá el consenso ha producido decepciones en ciertos sectores. Y ello requiere que a la ingratitud de las incomprensiones demos la gratitud de la certeza de que la Historia juzgará el consenso constitucional como uno de los pilares básicos de la España moderna. Fue una solución excepcional para un momento igualmente excepcional de nuestra evolución política, una prueba de la madurez y responsabilidad de los partidos políticos a la hora de defender los verdaderos intereses del pueblo y del Estado.
Segunda. La realización de una política de defensa nacional en la que las Fuerzas Armadas constituyan por sí mismas un factor de disuasión determinante con capacidad de reacción inmediata, de respaldo de nuestra acción exterior y de defensa del ordenamiento constitucional. Tercera. La intensificación y ampliación de la acción destinada a garantizar en mayor medida la seguridad ciudadana y hacer más eficaz la lucha contra el terrorismo de toda índole.
Cuarta. La búsqueda permanente de un equilibrio social dinámico y de progreso que fortalezca y vitalice el Estado de Derecho y que confiera cada vez más contenido real a los grandes valores de libertad, igualdad y solidaridad entendidos, en definitiva, como expresiones distintas de la justicia. Quinta. El desarrollo de la Constitución, es decir, la concreta institucionalización legal de todas las dimensiones sustantivas del Estado Social y Democrático de Derecho como forma de organización política de una sociedad pluralista y libre concebida para hombres libres. Sexta. La distribución territorial del poder del Estado a través del proceso autonómico para consagrar legalmente la diversidad real de la comunidad española en el marco irrenunciable de la unidad nacional de España y bajo el imperio de la soberanía única del pueblo español.
Aunque en el programa de UCD están claramente expuestos los criterios fundamentales sobre la Defensa Nacional y los objetivos que se pretenden alcanzar, querría afirmar en este momento nuestra decisión de cumplir dicho programa, limitándome ahora a subrayar los aspectos siguientes: Por su urgencia, el Gobierno concederá prioridad a la acción social, a la regulación de escalas y a la determinación del objetivo de fuerza conjunto. La acción social será mejorada y potenciada en todos sus aspectos, se completará la dotación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas -ISFAS-, de reciente creación, y el plan de viviendas, en el presupuesto pendiente de aprobación por las Cortes. La regulación de ascensos y escalas, ya iniciada, que remedie situaciones anómalas existentes, se plasmará en disposiciones que, en plazo breve, serán sometidas a la consideración de esta Cámara. Con ellas, respetando siempre derechos adquiridos, se tratará de lograr un rejuvenecimiento progresivo de los cuadros de mando y dar un esperanzador sentido de carrera a todos los escalones de los mismos. La determinación del objetivo de fuerza conjunto traerá consigo la adopción de la más idónea estructura orgánica, la potenciación de sus efectivos y el logro del factor disuasorio que han de constituir nuestras Fuerzas Armadas. La Junta de Jefes de Estado Mayor, el Gobierno y el Parlamento, cada uno en la esfera de sus respectivas competencias, serán responsables de la consecución de este objetivo.
Quiero destacar también, por su importancia, que en esta materia pretendemos conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: La adecuada cobertura de inversiones y gastos. El necesario plan de infraestructura, apoyo y sostenimiento. Una industria para las necesidades de la defensa que garantice el suministro necesario a nuestros Ejércitos y actúe como eficaz impulsor de la economía y la investigación nacionales.
En el momento de comparecer ante esta Cámara soy consciente de que al pueblo español no le inquieta únicamente la situación de crisis que vive el país o su prosperidad económica y social. Entiendo que, en esta hora, la paz ciudadana, la seguridad de las personas, el mantenimiento de un orden público que garantice el ejercicio de las libertades, es también en su ánimo cuestión prioritaria. Asegurar la tranquilidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, de nuestros domicilios y de nuestras familias, es un principio que insertamos como eje básico del programa del nuevo Gobierno. La democracia se basa en la libertad y la justicia como valores superiores realizados bajo el imperio de la ley entendida como expresión de la voluntad popular. Por tanto, el acatamiento de sus reglas y de sus leyes, aprobadas en el Parlamento, es una obligación de todos que el nuevo Gobierno hará cumplir del modo más enérgico e inexorable. Nuestra meta ha de ser, pues, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Pero para conseguir tal objetivo es preciso rodearle de todos los dispositivos necesarios para que nadie pueda poner en peligro su autoridad y estabilidad. El Estado de Derecho ha de ser, en efecto, capaz de prevenir y, en su caso, reprimir las agresiones que atenten contra sus fundamentos o contra la conveniencia de los ciudadanos.
Finalmente, hay que subrayar la gran rigidez en el sistema de relaciones laborales como contrapartida de la negación del derecho de huelga y de los derechos sindicales, rigidez incompatible con el normal funcionamiento de una economía moderna, flexible y progresiva y de una sociedad en proceso de integración en Europa y en la que la Democracia está institucionalizada y las libertades garantizadas. Hemos de afrontar así una situación en la que las dificultades actuales se ven considerablemente agravadas por la magnitud de los problemas anteriores ahora patentes; una situación también en la que el adverso contexto internacional condiciona estrechamente el marco real de posibilidades para superar la crisis.
Nuestro programa tiene como preocupación fundamental conseguir que se incremente progresivamente el nivel de empleo durante los cuatro años venideros. Ello exige una política en varias direcciones: Reducir la inflación a tasas compatibles con un crecimiento elevado y estable. Eliminar las trabas que obstaculizan la eficacia del sistema. Corregir las injusticias, contradicciones y anacronismos en el sistema económico-social. Apoyar decididamente el desarrollo de las regiones en las que el paro estructural tiene mayor incidencia. Reformar los sectores económicos afectados más gravemente por la crisis y potenciar otros estratégicamente necesarios.
Revitalización del ahorro y fomento de la inversión. No hay que ocultar la magnitud del esfuerzo que es preciso realizar y que se deberá hacer frente a las demandas de empleo derivados de: 1, el crecimiento de la población activa; 2, el trasvase previsible de población activa agrícola a otros sectores productivos, y 3, la reducción gradual del actual nivel de desempleo.
Para conseguir mejorar el nivel de empleo, la acción del Gobierno se orientará a los siguientes objetivos básicos: Crecimiento sostenido de la economía española a un ritmo lo más cercano posible a su tasa potencial de expansión. Este crecimiento, apoyado en la inversión y en las exportaciones, será el motor fundamental de la creación de puestos de trabajo y su consecución atraviesa por el logro de un entendimiento básico entre las distintas fuerzas sociales. Reducción paulatina de la edad de jubilación -una de las más elevadas de Europa-que permitirá, por un lado, un tratamiento justo que asegure una dignidad en la pensión de jubilación a los sectores de población que han dedicado su vida activa a la sociedad y, por otra parte, un mayor nivel de ocupación de las nuevas generaciones. Esfuerzo de escolarización de los jóvenes entre los catorce y los dieciséis años de edad, orientado especialmente hacia la formación profesional. De esta manera se obtendrá una mejor adecuación, tanto cualitativa como cuantitativa, de la oferta de trabajo a las demandas cambiantes de un sistema productivo en plena transformación.
En el campo del empleo, el Gobierno se propone actuar específicamente, a través, entre otras, de las siguientes acciones: Potenciación de la inversión privada creadora de puestos de trabajo especialmente a través de la pequeña y mediana empresa mediante una política monetaria y financiera adecuada y prioridad a la inversión pública dentro de los gastos del Estado. Realización de programas de empleo específicamente destinados a favorecer la colocación de los trabajadores en paro y de los jóvenes que acceden por primera vez al trabajo e iniciación de nuevas formas de contratación de trabajo a tiempo parcial. Estas medidas de fomento de la creación de puestos de trabajo irán, además, acompañadas de un conjunto de actuaciones encaminadas a atenuar las consecuencias sociales del desempleo. Se procederá a una nueva regulación del seguro de desempleo con arreglo a los siguientes principios: Mantenimiento de la prestación del seguro de desempleo más allá del tiempo inicialmente establecido en aquellas situaciones en que se justifique socialmente. Perfeccionamiento de los mecanismos de asignación de fondos para el desempleo temporal agrícola. Mejor coordinación y control de las prestaciones de desempleo a través del Instituto Nacional de Empleo. Proporcionalidad entre el tiempo trabajado y la recepción del subsidio. Lucha contra el fraude en la percepción del seguro de desempleo. Es preciso insistir que el elemento básico de una política económica que mejore el nivel de empleo consiste en acercar el crecimiento real de la economía española a su tasa potencial, para lo cual es necesario garantizar el respeto de los grandes equilibrios, tanto interno como externo, de la economía. De no ser así, los desequilibrios inducidos (inflación y balanza de pagos) anularían muy pronto los progresos realizados y arrancarían a la postre la esperanza de transformar nuestro país en una democracia progresiva y moderna. Esta política deberá instrumentarse mediante una política presupuestaria que allegue los recursos necesarios para hacer frente a las necesidades sociales que acompañan al crecimiento y mejore sustancialmente la calidad del gasto y, por su parte, la política monetaria deberá velar constantemente por el respeto de los grandes equilibrios, en particular el equilibrio interno de la economía, asegurando al mismo tiempo que la instrumentación cotidiana de la misma no introduzca bruscas modificaciones en las expectativas de los diferentes agentes económicos.
En materia de Seguridad Social la acción del Gobierno se centrará en tres vertientes: Primera. Riguroso control y transparencia de los Presupuestos de la Seguridad Social con asunción gradual por los Presupuestos del Estado de un mayor porcentaje de la carga financiera que comporta la misma, hasta asumir un 20 por ciento en 1983. Segunda. Promover la participación de los beneficiarios en el control y vigilancia de las entidades que componen el sistema de la Seguridad Social, especialmente a través de los sindicatos y organizaciones de empresarios. Tercera. Mejorar la eficiencia de la Seguridad Social, introduciendo criterios de descentralización, potenciación de la medicina preventiva, mejora de la calidad de los servicios hospitalarios y acercamiento de la Sanidad a los beneficiarios, tanto en el mundo rural como en los barrios de las ciudades.
En los próximos años nuestra agricultura deberá hacer frente al desafío que representa la integración en la Comunidad Económica Europea, y de su respuesta dependerá en buena medida el futuro económico del país. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para: Dotar a la población agraria de un nivel de renta creciente y de un «status» social justo, reduciendo las desigualdades entre sectores y regiones. Dotar al medio rural de servicios de sanidad, educación, vías de comunicación, transportes, electrificación rural y, en general, equiparar servicios entre las comunidades rurales y las urbanas. Estabilizar la población joven en el campo, facilitando el acceso a la propiedad de los jóvenes agricultores, apoyando tanto las explotaciones familiares agrarias como las cooperativas o sociedades agrarias de transformación. Conseguir unas explotaciones rentables y una mejora en los circuitos de comercialización.
Se adoptarán las medidas para aplicar la política de vivienda aprobada en diciembre del pasado año, con objeto de que alcance unos niveles de construcción del orden de 300.000 viviendas anuales. Esta política se complementará con una serie de actuaciones de carácter urbanístico y fiscal que movilicen la oferta de suelo y recuperen para la colectividad las plusvalías que correspondan.
Los próximos cuatro años van a ser decisivos para la economía de nuestro país. Superado el impacto inicial de la crisis económica mundial y la fase de transición política, nuestra sociedad deberá acometer con energía la tarea de consolidar su posición entre las principales naciones industriales del mundo. Ello implicará cambios importantes en el comportamiento de los agentes económicos, que deberán concebir sus estrategias en un marco que con frecuencia superará el de nuestras fronteras. En un mundo incierto, nuestra gran oportunidad consiste en afianzar todos aquellos mecanismos que faciliten nuestra adaptación al cambio. Debemos incrementar la movilidad social, favoreciendo las iniciativas individuales y la asunción de riesgos, pues entiendo que, en el marco de la economía de mercado, definido por la Constitución, un empresario dinámico y progresivo es la mejor garantía para que la sociedad alcance cotas cada vez más altas de bienestar social y progreso. El Estado debe organizar un sistema eficaz que permita proteger a quienes sufren las consecuencias del cambio. Una sociedad en movimiento necesita asegurar constantemente un puente entre la innovación y la tradición, entre el futuro y el pasado. En el ámbito económico, la prosecución del proceso de reformas es la principal garantía de que nuestra sociedad avanzará con ilusión hacia el futuro haciendo compatibles mayores grados de libertad y seguridad para todos los ciudadanos. En la configuración de un orden social tienen también gran importancia aquellos aspectos que afectan decisivamente al desarrollo de la persona. Entre ellos se encuentra, como algo anterior al Estado mismo, la institución familiar. En efecto, los derechos y obligaciones que surgen de las relaciones de la familia podrán ser reconocidos y armonizados por el Estado, pero de ninguna manera encuentran su fundamento primero y excluyente en la organización estatal. Se trata básicamente de poner en juego los modos concretos mediante los cuales la familia pueda afrontar con éxito los profundos cambios en que, con ritmo cada vez más acelerado, tiene que moverse. En este punto, lo más adecuado es acertar a dar respuesta a las preguntas claves que una sociedad en cambio suscita. Pretendemos, pues, adecuar la regulación jurídica de esos derechos y obligaciones familiares a las exigencias del tiempo presente.
En la esfera educativa partimos del principio de que toda la sociedad ha de estar comprometida en el proceso educativo, que la enseñanza es un servicio básico a la comunidad en el que todos tienen el derecho y el deber de participar y que la elevación del nivel cultural de los españoles constituye objetivo fundamental para la construcción de una sociedad de hombres realmente libres. De conformidad con tales principios, los objetivos de nuestro programa, en síntesis. son los siguientes: Hacer efectivo el principio constitucional de que todos tienen derecho a la educación. Ello se traduce en una política tendente a: tender a la plena escolarización hasta los dieciséis años de edad en condiciones de garantizar una enseñanza de calidad; lograr la gratuidad efectiva de la enseñanza general básica; sentar las bases para extender la edad de la enseñanza obligatoria y gratuita hasta los dieciséis años; garantizar que sean los méritos, aptitudes y vocación y no la situación económica familiar de los escolares los criterios básicos para el acceso a los restantes niveles educativos mediante una política de expansión de becas y de mayor control en su concesión y aplicación. Defender la libertad de enseñanza concebida en un doble plano: por una parte, como reconocimiento a los grupos sociales y entidades privadas del derecho al libre establecimiento de centros docentes, libertad enmarcada en el respeto a los principios democráticos y en control de los resultados académicos que ha de ejercer la Administración pública. De otro lado, el derecho de los padres a elegir libremente la educación de sus hijos. Desde otra perspectiva, defendemos un modelo de centro educativo como el que rige en los países democráticos occidentales, es decir, participativo y concebido como una comunidad integrada por profesores, alumnos y padres, en la que a cada uno corresponda su papel específico y en la que la responsabilidad debe estar compartida. El Gobierno prestará especial atención a la formación del profesorado como factor esencial en el sistema educativo y le conferirá en todo momento una atención prioritaria procurando por todos los medios la significación profesional, social y económica que reclama la justa apreciación de su cometido en beneficio de la sociedad. El Gobierno, asimismo, tomará medidas concretas para intensificar la educación permanente como medio de realización personal y profesional, así como la educación especial, fijándose como objetivo una mayor escolarización de los niños deficientes en edad escolar. Finalmente, en cumplimiento de lo previsto en la Constitución, el Gobierno remitirá las normas legales precisas para configurar la autonomía de la Universidad.
Ni que decir tiene que en todo lo que afecta a la cultura, como en lo que se refiere a los demás aspectos a los que he aludido en este discurso programático, el Gobierno asumirá plenamente los objetivos y propósitos expresados en el programa electoral de UCD. El artículo 1º de la Constitución instaura un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y a partir de esta proclamación todo el texto constitucional es en gran medida, en sí mismo, un verdadero programa legislativo destinado a transformar de raíz no sólo la mayor parte de las leyes que integran nuestro ordenamiento jurídico, sino sus fundamentos mismos.
Por consiguiente, las garantías a que se refiere el apartado 2º del artículo 53 de la Constitución están provisionalmente establecidas y queda pendiente de elaboración definitiva el procedimiento a que se refiere dicho precepto, mediante un proyecto de ley de próxima remisión a esta Cámara que deberá coordinarse con las reformas de las leyes procesales a fin de lograr una justicia más rápida y eficaz. La actividad protectora de los derechos fundamentales quedará completada desde otra perspectiva mediante la regulación legal del Defensor del Pueblo, que, como alto comisionado de las Cortes Generales, podrá supervisar la actividad. de la Administración pública y podrá dar cuenta al poder legislativo de los posibles abusos que en el ejercicio de su alta misión pueda llegar a detectar.
Asimismo, el Gobierno remitirá a la Cámara los siguientes proyectos de ley: El de libertad religiosa. El Estatuto de la Radiotelevisión de titularidad estatal para garantizar el acceso a estos medios de comunicación social de los Grupos sociales y políticos más significativos y su control parlamentario. Para asegurar la autenticidad del régimen de libertades que la Constitución establece y para respaldar el orden de convivencia, el Gobierno presentará también proyectos de ley sobre el poder judicial y el Ministerio fiscal, así como el Tribunal Constitucional. En el marco de una concepción de la justicia como poder del Estado es preciso, además de elaborar las leyes previstas en la Constitución, llevar a cabo una modernización y puesta a punto de la actual organización judicial, el Gobierno, en consecuencia, se propone: Remitir una Ley Orgánica del Poder Judicial que garantice la realización efectiva de los principios constitucionales de independencia, inamovilidad, responsabilidad y sujeción al imperio de la ley. Remitir el proyecto de ley regulador del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, concebido como órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y de velar por la independencia de los Tribunales. Modificar en profundidad las leyes procesales, civiles y penales con objeto de conseguir mayor simplicidad y menor formalismo en las actuaciones judiciales y una justicia más rápida, menos costosa y accesible a todos los que necesitan de ella. Establecer una nueva organización del personal al servicio del poder judicial, según criterios de racionalidad y eficacia; una distribución legal de funciones y competencias entre los diversos cuerpos y órganos más acorde con la realidad y con las necesidades actuales, una mayor exigencia de dedicación y responsabilidad con absoluta transparencia en el ejercicio de la función y un nivel de retribución adecuado a esa exigencia y a la dignidad de la propia función. Poner en marcha un Plan general de instalaciones y medios materiales de la Administración de Justicia. Pero la garantía suprema del régimen de libertades y del esquema de valores que la Constitución consagra, encarna y se actualiza en el Tribunal Constitucional, que está llamado a desempeñar -y así lo asumimos- un papel primordial en la configuración y funcionamiento de todo el sistema democrático. El Gobierno remitirá por ello en breve plazo a esta Cámara el proyecto de ley sobre el Tribunal Constitucional para garantizar ampliamente el control de la constitucionalidad de las leyes, el amparo de los derechos y libertades fundamentales y la solución de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. La Ley Orgánica que lo regule asegurará su independencia de los demás órganos constitucionales y su sola sumisión a la Constitución. Por último, y desde otra perspectiva, el Gobierno, para proteger el orden de libre convivencia, enviará al Congreso de los Diputados un proyecto de Código Penal que exprese y respalde la necesaria reprobación social de todas aquellas conductas que vulneren o ignoren los valores de la persona y las exigencias mismas de la convivencia. El nuevo Código Penal garantizará el principio del efectivo cumplimiento de las penas terminando con la disolvente disociación entre penas nominales -las impuestas- y penas reales -las cumplidas-, todo ello sin perjuicio de un progresivo y moderno sistema penitenciario articulado a través de una Ley General Penitenciaria, capaz de ofrecer oportunidades reales de rehabilitación y orientado a una eficaz preparación del recluso para la ulterior vida en libertad.
En lo que se refiere a la Administración pública será preciso actuar legislativamente sobre varios ejes: Primero. Actualizar la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, para plasmar y desarrollar operativamente los principios de legalidad en la actuación administrativa, de jerarquía normativa, de publicidad de las normas, de responsabilidad administrativa del Estado y de sus autoridades y funcionarios y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Segundo. Reformar la Ley de Procedimiento Administrativo para simplificar y hacer más eficaz el régimen de recursos, así como para asegurar la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten y el principio de publicidad de los archivos y registros administrativos, salvo los supuestos excluidos por la propia Constitución. Y tercero. Regular la función pública mediante un Estatuto que regule el acceso al funcionariado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a la sindicación, el sistema de incompatibilidades a que han de quedar sujetos, su plena profesionalización, las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y un régimen retributivo justo y diferenciado que se acompañe con la existencia de una auténtica carrera administrativa.
En suma, todo ello supone una auténtica y profunda reforma de la Administración Pública, que se impone no sólo por virtud de mandato constitucional, sino también por la necesidad de articular la Administración Pública, que demanda un Estado moderno, una Administración Pública en la que los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación no sean bienintencionados propósitos legales desvirtuados por múltiples mecanismos indirectos o por el anquilosamiento de la rutina. Por último, la Administración Pública Local, en sus esferas provincial y municipal, sufrirá también profunda reforma. El principio de autonomía de la vida local que la Constitución garantiza, exige nuevas normas reguladoras de su funcionamiento, de su régimen jurídico, económico y financiero y de su capacidad de decidir en el ámbito que le es propio sin controles legales artificiosos ejercidos desde la Administración Central o desde las futuras Comunidades Autónomas, en cuyos Estatutos de Autonomía habrá de dedicarse particular atención también a la vida pública local no sólo para evitar su asfixia por un nuevo centralismo, sino, por el contrario, para potenciar su desarrollo en una vía de autenticidad.
El acercamiento de la Administración a los ciudadanos como condición de eficacia y abaratamiento de los costes de la gestión administrativa. La desburocratización de las diferentes instancias de decisión y la atribución a la gestión municipal, provincial y regional de los niveles de responsabilidad que mejor se ajusten a las conveniencias del interés ciudadano. La participación del pueblo en las instituciones públicas a todos los niveles. Al propio tiempo expresábamos la convicción de que la implantación racional del sistema autonómico previsto en la Constitución contribuiría a alcanzar los siguientes objetivos: A) Fortalecer la unidad profunda e irreversible de la Nación española; B) Mejorar los niveles de integración social; C), Fomentar la transparencia y el grado de eficacia de la organización política y administrativa, y D) Enriquecer la capacidad creadora de un pueblo cuya diversidad cultural le otorga su mayor potencial para acometer grandes proyectos colectivos. Y en este plano, concluíamos asumiendo el proceso autonómico sin prejuicios ni reticencias desde el estricto cumplimiento de las previsiones constitucionales. Conviene ahora profundizar en esta perspectiva programática sin perder nunca de vista la trascendencia y la delicadeza del problema; problema profundo de raíz histórica que resurge recurrentemente cuantas veces se ha abierto en España un período de libertad. Resolver la vieja cuestión de la estructura territorial del Estado español exige un previo análisis en profundidad. No es éste, quizá, el momento para ello. Baste decir ahora que es imprescindible admitir abiertamente dos postulados básicos: en primer término que España, como realidad histórica y presente, es una Nación que se vertebra en una diversidad real de pueblos. Asumir esta realidad, asumir a España como realmente es constituye el primer elemento de un planteamiento adecuado. Y en segundo lugar, que el Estado centralista experimenta en todos los países avanzados una aguda crisis por su creciente incapacidad para administrar racionalmente desde un único centro de decisión los asuntos de millones de personas que hoy reclaman del Estado la garantía de su seguridad en todos los órdenes de la vida. Es una delicada herencia la que recibimos y es que nuestro Estado, el Estado español, ha sufrido un doble proceso de centralización. De una parte, la centralización inherente a la formación del moderno Estado industrial e intervencionista. De otro lado, la centralización exigida por la prolongada vigencia de un sistema político de concentración de poder. La coincidencia temporal, en nuestro país, de ambos procesos de centralización han dado lugar a la existencia de un aparato estatal desconectado de la auténtica realidad española, escasamente funcional, excesivamente rígida e incapaz de atender adecuadamente las demandas sociales.
Resulta innegable que la realidad misma se encarga a veces de imponernos prioridades y urgencias. Urgente y prioritariamente las atenderemos, pero sin perder nunca de vista los límites que no cabe sobrepasar. Nuestro comportamiento en este orden de cosas se inspirará en los siguientes criterios: Respeto estricto de las previsiones constitucionales, valorado, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Aceptación de ritmos distintos en el acceso a la autonomía en función de circunstancias históricas, sociológicas y materiales, ajustando el contenido de inmediato de los estatutos de pronta tramitación a las posibilidades lógicas de desarrollo y aplicación de la Constitución. Permítanme, Señorías, que incluya en este punto de mi intervención un breve, pero sentido mensaje de esperanza para el pueblo vasco. Queremos y esperamos sinceramente que la acción del Gobierno y del Parlamento puedan contribuir decisivamente al propósito, creo que por todos compartido, de pacificación del País Vasco, y a expresar nuestra voluntad de entendimiento de sus problemas. Y nos vamos a atener a este propósito con ánimo de concordia, porque es necesario en verdad superar ciento cincuenta años de inadecuada comprensión de la realidad vascongada, Es preciso, a tal fin, que sepamos mirar hacia el futuro, esforzarnos por conocernos y respetarnos y plantear con sentido de la responsabilidad soluciones viables y suficientes. Y a ello trataremos de contribuir desde el Gobierno, convencidos como estamos de que dentro de la irrenunciable unidad de España, y en el marco de la Constitución, cabe encontrar para el País Vasco unas fórmulas de autogobierno que vengan a satisfacer una vieja aspiración y respeten la tradición y el espíritu de libertad que ha presidido la historia de un pueblo que ha de encontrar en la solidaridad con los demás pueblos de España la justa garantía de sus derechos. Gradualismo, rigor y responsabilidad en la conducción general del proceso autonómico y, en especial, en la transferencia de competencias mediante leyes orgánicas sucesivas, asegurando la efectividad del principio de solidaridad para que en ningún caso se agudicen las diferencias interregionales.
En este orden de cosas, asumimos como propósitos concretos, que trasciendan el mero alcance institucional del proceso autonómico, los siguientes: La formulación de planes específicos de ámbito regional para las zonas más deprimidas de nuestro país.
La regionalización de ciertos capítulos de la inversión pública -en especial la construcción de viviendas y de las obras públicas de carácter local- como dimensión imprescindible de una política económica ágil y con capacidad de respuesta a las necesidades de ocupación de mano de obra. La adecuación de la política fiscal y de gasto público a las necesidades de financiación previstas en el artículo 157 de la Constitución. La inmediata creación del Fondo de Compensación previsto en el artículo 158, 2, de la Constitución, con vistas a corregir los desequilibrios económicos interregionales y a hacer efectivo el principio de solidaridad entre todos los españoles. Porque, en suma, o la configuración autonómica del Estado sirve también a este propósito de justicia y de solidaridad, o habremos frustrado una oportunidad histórica en la que centran sus esperanzas muchos millones de españoles, con el riesgo, nada despreciable, de perjudicar gravemente la estabilidad del propio sistema democrático.
Señoras y señores Diputados, señor Presidente, solicito la confianza de la Cámara».
Discurso de aceptación del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1996
Ese consenso se ciñe a muy pocas cosas y esenciales cuestiones. Tal vez solamente a una: la voluntad firme y profunda de convivir en libertad. Y eso más que una idea es a veces una «creencia», o al menos funciona como tal. Ortega señalaba que a las ideas las sostenemos nosotros pero que las «creencias» son las que nos sostienen a nosotros. Y desde ellas vivimos en común, es decir, convivimos.
La convivencia democrática se basa en «creencias». Por tanto, también creemos en los derechos humanos. Creemos en la libertad, en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad. Creemos en la democracia y en el Estado de derecho.
En España estas «creencias» se hicieron tangibles en la transición política. Hoy son la coincidencia básica que se fundamenta en el pacto que nos constituye como Estado social y democrático de derecho.
La transición fue, sobre todo, a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y compresión del «distinto», del «diferente», «del otro español», que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo sino mi complementario, el que completa mi propio «yo» como ciudadano y como español, y con el que tengo necesariamente que convivir porque sólo en esa convivencia él y yo podemos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias y realizar nuestras propias ideas. Creo que nadie, en política democrática posee la verdad absoluta. La verdad siempre implica una búsqueda esforzada que tenemos que llevar a cabo en común, desde el acuerdo de convivir y trabajar juntos. A esta convivencia libre y pacífica, a esa concordia, nos impulsa como necesidad no solamente el pasado histórico, sino el presente y el futuro. Esa concordia está fundada en realidades comunes económicas, sociales y políticas que, a mi juicio, son indiscutibles.
Discursos de Adolfo Suárez was last modified: septiembre 14th, 2019 by David Pérez Pol

References: artículo 99
 resolución 
 artículo 1
 artículo 53
 artículo 157
 artículo 158