Source: http://venturagarceslopezibor.com/boletin/3-15/butlleti3.html
Timestamp: 2017-09-23 21:34:52+00:00

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Los socios de Ventura Garcés & López-Ibor logran, un año más, el reconocimiento jurídico como Best Lawyers Spain 2016
Los socios de Ventura Garcés & López-Ibor han sido seleccionados, un año más, como abogados de referencia en derecho de los negocios, según el prestigioso directorio jurídico Best Lawyers, que el pasado 28 de octubre publicó su ranking anual de mejores abogados en España.
Competition / Antitrust Law, Corporate and M&A Law, Environmental Law, European Union Law, Insurance Law, Intellectual Property Law, Labor and Employment Law, Litigation, Private Equity Law, Real Estate Law y Tax Law son las áreas donde destacan los profesionales de la firma según ‘Best Lawyers Spain 2016’. Un año más, Ventura Garcés & López-Ibor se posiciona como uno de los despachos de abogados con el ratio más elevado de socios recomendados por Best Lawyers en su análisis del sector jurídico español.
Este reconocimiento se suma a los éxitos conseguidos por Ventura Garcés & López- Ibor, a lo largo de este año, en otros directorios jurídicos internacionales de prestigio como Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 o IFLR 1000, entre otros.
· Novedades en la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria
· La reforma del Código Penal
· Prescripción de acciones personales
· Ley 2/2015 de desindexación de la economía española
· Consideración como “tiempo de trabajo” del tiempo que dedican los trabajadores a los desplazamientos diarios entre su domicilio y los centros del primer y último cliente que les asigna su empresario. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2015
· Nuevas escalas de gravamen y tipos de retención para 2015
· Novedades en la regulación de las operaciones vinculadas
· Novedades en el tratamiento contable y fiscal del inmovilizado intangible
Ventura Garcés & López-Ibor Abogados, empresa colaboradora en la campaña institucional “Ante las falsificaciones, no seas cómplice”
· “La nueva Ley de Patentes”, por Andrea Garcés
Novedades en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria
La Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria introduce novedades en diversos ámbitos afectando además a la modificación de varias leyes, entre ellas, la Ley Hipotecaria, el Código Civil y la Ley del Notariado. Dada la amplitud de tales reformas, iremos destacando a partir de este boletín y en próximas ediciones novedades que creemos importantes para nuestros clientes.
Empezamos con el mal llamado “Monitorio Notarial”, novedad que se introduce a través de una reforma de la Ley del Notariado operada a través de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.
¿Qué debe tenerse en cuenta al respecto?
Si bien los requerimientos notariales para reclamar deudas siempre han existido, hasta ahora no tenían carácter ejecutivo, sino que únicamente tenían como efecto la interrupción de la prescripción. Desde el 23 de julio de 2015 el requerimiento notarial para reclamar deudas por la vía del Art. 70 de la Ley del Notariado convierte un acta notarial sin oposición en un título ejecutivo.
Por tanto, el deudor que reciba un requerimiento notarial para pago de una deuda y ni pague ni se oponga en 20 días, podrá ver embargados sus bienes directamente.
Además, la ley permite que tales requerimientos se tengan por hechos también si se notifican en el domicilio laboral o a un familiar. Es aconsejable pues advertir a los empleados de las empresas (en especial recepcionistas) sobre dichos efectos, y sobre la importancia de informar de inmediato sobre la recepción de cualquier acta notarial.
Se excluyen de este sistema de reclamación determinado tipo de deudas relativas a la Administración, consumidores y alimentos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente.
En Ventura Garcés & López Ibor somos conscientes del daño económico y comercial que puede suponer para una empresa resultar imputada en un proceso penal. Por este motivo, hemos desarrollado unos específicos programas de compliance penal que cumplen con las máximas exigencias legislativas, con la finalidad de asesorar a nuestros clientes corporativos en el diseño e implantación de un sistema de prevención de delitos que les proteja frente los riesgos penales que afecten a la empresa, e impida, en último término, que puedan ser declarados responsables en un proceso penal.
El pasado 6 de octubre se publicó en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En dicha Ley, de carácter eminentemente procesal, entre otras cosas, se ha modificado el artículo 1964 del Código Civil en materia de prescripción, reduciendo el plazo de prescripción del ejercicio de las acciones personales que no tengan previsto un plazo especial, de quince a cinco años.
La referida Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el 7 de octubre de 2015. En cuanto a la aplicación de esta modificación del plazo de prescripción a las relaciones jurídicas ya existentes y nacidas con anterioridad al 7 de octubre de 2015, la disposición transitoria quinta nos remite al artículo 1939 del Código Civil, del que resulta que la prescripción comenzada antes de la referida fecha de entrada en vigor (7 de octubre de 2015), se regirá por la regla anterior (15 años), con el límite de 5 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, es decir, hasta el 7 de octubre de 2020 en cualquier caso. Unos ejemplos prácticos:
· Relación jurídica nacida el 7 de octubre de 2000.- Prescribe el 7 de octubre de 2015 (prescrita).
· Relación jurídica nacida el 7 de octubre de 2003.- Prescribe el 7 de octubre de 2018.
· Relación jurídica nacida el 7 de octubre de 2013.- Prescribe el 7 de octubre de 2020.
No obstante, habrá que ir viendo cómo los tribunales se van pronunciando respecto a esta interpretación de la prescripción a las relaciones jurídicas nacidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta reforma.
Finalmente, debe tenerse en cuenta que la modificación de dicho plazo de prescripción del Código Civil español no afecta a los plazos de prescripción establecidos en el Código Civil catalán ni a los establecidos en el resto de compilaciones de derecho civil foral.
La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, tiene por objeto propiciar una mayor adecuación de los precios a la situación económica y reducir la inercia de la inflación. Para ello, introduce el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), cuyo cálculo será realizado por el Instituto Nacional de Estadística, con el fin de establecer una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de la competitividad frente a la zona euro. La tasa será igual al IPC Armonizado de la Unión Económica y Monetaria menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999. De esta forma se dejan de lado los índices de precios de consumo (IPC) hasta ahora utilizados, por generar una inflación más elevada y mayores costes económicos, deteriorando la competitividad.
Por lo que se refiere a los contratos de arrendamientos urbanos, la Disposición Final Primera de la Ley 2/2015 modifica el artículo 18.1 de la LAU relativo a la actualización de la renta, dejando establecida la actualización de la renta del siguiente modo:
1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos.
2. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del IGC a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al útlimo índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.
Además, la Ley 2/2015 establece unos límites al cálculo de la tasa de variación del IGC. Cuando sea negativa se considerará que el valor de revisión será cero, y cuando exceda el límite superior del objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo (dos por ciento), se considerará éste dos por ciento como valor de referencia para las revisiones.
Consideración como “tiempo de trabajo” del tiempo que dedican los trabajadores a los desplazamientos diarios entre su domicilio y los centros del primer y último cliente que les asigna su empresario. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 de septiembre de 2015
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 10 de septiembre de 2015, en respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional de España, interpreta el artículo 2.1 de la Directiva 2003/88/CE, y determina que el tiempo de desplazamiento de los trabajadores que carecen de centro de trabajo fijo o habitual, entre su domicilio y los centros de trabajo del primer y último cliente que les son asignados por el empresario, constituye “tiempo de trabajo.”
La Directiva 2003/38/CE, en su artículo 2, apartado primero, define “tiempo de trabajo” como “todo el periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales.”
Indica el Tribunal que si el empresario, antes de
su decisión de eliminar las oficinas provinciales, consideraba tiempo de trabajo el desplazamiento diario de sus trabajadores entre las oficinas provinciales y los centros del primer y último clientes, pero no el tiempo de desplazamiento desde su domicilio a las oficinas provinciales al comienzo y al final de la jornada, es porque consideraba que la tarea de “conducir el vehículo” desde una oficina provincial al primer y desde el último cliente a la mencionada oficina comercial formaba parte de las funciones y de la actividad de estos trabajadores.
Siendo consciente de que esta consideración llevaría a un incremento inevitable de costes empresariales, indica la Sentencia, la empresa afectada es libre para determinar la retribución del tiempo de trabajo domicilio-clientes, recordando, que el método de remuneración de los trabajadores debe remitirse a las disposiciones de Derecho nacional.
El 11 de julio de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 9/2015 de 10 de julio, mediante el cual se aprueban una serie de medidas urgentes de carácter económico y tributario, de las que destacamos las principales novedades a continuación.
Modificaciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
1. Se modifica la escala de gravamen general estatal y del ahorro, que serán aplicables desde 1 de enero de 2015, reduciendo entre 0,5 y 1 puntos porcentuales los tipos marginales correspondientes a cada uno de los tramos de las citadas escalas.
2. Se modifica la escala de retenciones para los trabajadores por cuenta ajena, quedando establecida como sigue:
El nuevo tipo de retención se aplicará a los primeros rendimientos del trabajo satisfechos a partir de 12 de julio. No obstante, los pagadores podrán optar por aplicar la nueva escala a partir de 1 de agosto.
3. El tipo de retención para los rendimientos derivados de actividades profesionales queda fijado en un 15%, aplicable a partir de 12 de julio, con independencia de cual sea el nivel de ingresos del contribuyente. Además se rebaja al 7% el tipo de retención durante los tres primeros años de inicio de la actividad.
4. Se mantiene el 37% de retención sobre los rendimientos de trabajo que se perciban por la condición de administrador, hasta 31 de diciembre de 2015.
5. Los porcentajes de retención e ingresos a cuenta que estaban fijados en el 20% con anterioridad a 12 de julio, pasan al 19,5% a partir de dicha fecha. Se trata principalmente de las retenciones aplicadas sobre los rendimientos de capital inmobiliario, los rendimientos de capital mobiliario y las ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva.
El porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable, con carácter general, a las rentas sujetas al IS se rebaja del 20% al 19,5%, a partir del 12 de julio de 2015.
Modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
1. El tipo de gravamen general aplicable será del 19,5% cuando se trate de contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con el que exista un efectivo intercambio de información tributaria, manteniéndose el tipo general del 24% para el resto de casos.
2. Será aplicable el mismo tipo del 19,5% cuando se trate de dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de cualquier entidad, intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, así como ganancias patrimoniales.
3. El tipo de gravamen previsto sobre las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes que se trasfieran al extranjero pasará del 20% al 19,5%.
Finalmente, hay que señalar que el mismo día 11 de julio también fueron publicados en el BOE el Real Decreto 633/2015 por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, y el Real Decreto 634/2015 por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
El año pasado en noviembre se modificó el Impuesto sobre Sociedades pero aún estaba pendiente su desarrollo reglamentario, en particular en lo que se refiere a las operaciones vinculadas. Justo antes de las vacaciones estivales, el 11 de julio de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto 634/2015 por el que se aprueba el nuevo Reglamento.
Una vez que disponemos de las dos normas, consideramos conveniente resumir las principales modificaciones que se han introducido en el régimen fiscal de las operaciones vinculadas.
1. Ley del Impuesto Sobre Sociedades
Se reduce el perímetro de vinculación en la relación socio-sociedad, aumentando del 5% al 25% el porcentaje mínimo de participación, y desapareciendo el supuesto de vinculación entre una sociedad y los socios de otra cuando ambas formen parte del mismo grupo mercantil.
Las retribuciones de los administradores de una sociedad por el ejercicio de las funciones propias de su cargo dejan de tener la consideración de operación vinculada.
Se elimina la jerarquía de los métodos de valoración, admitiendo el uso del método más razonable en función de la naturaleza de la operación y el grado de comparabilidad.
Se mantiene la no obligación de documentar las operaciones realizadas con una misma persona o entidad vinculada, cuando su importe conjunto no supere 250.000 euros a valor de mercado.
Se reducen las sanciones por no documentar o documentar incorrectamente las operaciones vinculadas. Cuando no haya corrección valorativa se aplicará una sanción de 1.000 euros por cada dato omitido o falso (antes 1.500) y de 10.000 euros por cada conjunto de datos omitido o falso (antes 15.000). Cuando haya corrección valorativa la sanción continua siendo el 15% de su importe, pero se suprime el importe mínimo que existía anteriormente.
Se modifican las reglas específicas de valoración de operaciones de socios con sociedades profesionales; de estar en este caso, conviene que nos consulten para verificar que se encuentran en los parámetros legales.
Se introduce la opción de evitar el ajuste secundario a través de la restitución patrimonial entre las partes vinculadas.
2. Reglamento del Impuesto Sobre Sociedades
Se introduce la obligación de suministrar “información país por país” a los grupos con una cifra de negocios igual o superior a 750 millones de euros.
Se amplía y modifica la documentación exigida a las entidades y grupos con una cifra de negocios igual o superior a 45 millones de euros.
Se simplifica la documentación exigida a las entidades y grupos con una cifra de negocios inferior a 45 millones de euros, eliminando la obligación de disponer de la documentación relativa al grupo.
Se establece un modelo normalizado de documentación para las entidades y grupos con una cifra de negocios inferior a 10 millones de euros.
Se amplía y modifica el contenido de la documentación exigida a las operaciones realizadas con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales.
Se establecen nuevas reglas para realizar el análisis de comparabilidad.
El pasado 21 de julio se publicó en el BOE la Ley 22/2015 de Auditoría de Cuentas, introduciendo una serie de novedades en el tratamiento contable y fiscal del inmovilizado intangible, que afectan de forma específica al fondo de comercio.
En primer lugar, se modifica el apartado 4 del artículo 39 del Código de Comercio que pasa a considerar que todos los inmovilizados intangibles tienen vida útil definida, fijando un plazo máximo de amortización de 10 años cuando ésta no pueda ser estimada de forma fiable.
El mismo precepto introduce la presunción que la vida útil del fondo de comercio es de 10 años, admitiendo prueba en contrario. Recordemos que hasta ahora el fondo de comercio no se amortizaba, únicamente se deterioraba si había perdido valor.
A resultas de esta modificación, se establece que el importe de la reserva por fondo de comercio existente a 1 de enero de 2016 se reclasificará a reservas voluntarias, siendo disponible en la parte que supere el importe del fondo de comercio registrado en el activo.
En segundo lugar, se modifica el apartado 2 del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para introducir la deducción de la amortización del fondo de comercio con el límite anual de la veinteava parte de su importe, es decir, un 5% anual.
La amortización del resto del inmovilizado intangible será deducible en función de su vida útil, excepto que ésta no pueda ser estimada de manera fiable en cuyo caso será deducible un 5% anual, igual que para el fondo de comercio.
En resumen, las novedades introducidas en la ley de Auditoría de Cuentas, en relación a la amortización del inmovilizado intangible son las siguientes:
Inmovilizado intangible Contabilidad Fiscalidad
Fondo de comercio Se amortiza en 10 años, salvo prueba en contra. Deducible un 5% anual.
Resto Amortización según vida útil. Si ésta no puede ser estimada con fiabilidad, se amortiza en 10 años. Deducción vida útil. Si ésta no puede ser estimada con fiabilidad, deducible un 5% anual.
Estas novedades serán aplicables a partir de 1 de enero de 2016.
Bajo el lema “Ante las falsificaciones, no seas cómplice”, Ventura Garcés & López-Ibor ha colaborado en la campaña de sensiblización contra las falsificaciones, promovida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA).
La campaña utiliza mensajes y consecuencias concretas derivadas del consumo de productos falsificados, como por ejemplo, la pérdida de
Campaña pormovida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA).
puestos de trabajo y cierre de empresas, la financiación de mafias y grupos de delincuencia y el peligro para la salud y seguridad de los consumidores.
El pasado 25 de julio fue publicada en el BOE la Ley 24/2015 de Patentes, cuya entrada en vigor ha sido establecida para el 1 de abril de 2017.
Este amplio plazo de vacatio legis, poco habitual en los últimos años -en los que lo más corriente es que una ley entre en vigor al día siguiente de su publicación-, viene dada por la complejidad que supone el desarrollo y aplicación de la nueva Ley al contener la misma cambios sustanciales respecto de la actual regulación de las patentes, con el fin de adaptarse a los cambios sufridos en la regulación internacional y europea.
Los grandes objetivos de la nueva regulación son el de simplificar y agilizar el sistema de protección de los derechos de exclusiva que protege las innovaciones, y el de construir un sistema de concesión de patentes sólidas, mediante la exigencia del examen previo de novedad y actividad inventiva de la innovación que desea ampararse con el registro de la patente.
Así, frente al actual sistema en que el solicitante puede optar por tramitar la patente con examen previo o sin él, con la nueva Ley únicamente podrán patentarse las innovaciones susceptibles de aplicación industrial que superen el examen previo de novedad y actividad inventiva. Esta circunstancia redundará sin duda en una mayor seguridad jurídica para todos los agentes que participan en el mercado, evitando así la obtención de patentes anulables que falsean la competencia y que imponen la carga de acudir a la vía judicial para destruir su presunción de validez.
En cuanto a los modelos de utilidad, a los que se exige un menor grado de actividad inventiva que a las patentes, desaparece el requisito actual de novedad nacional, que se sustituye por el de novedad absoluta.
Toda vez que en la tramitación de los modelos de utilidad no se exige el examen sustantivo previo,
la nueva regulación impone al titular la aportación del informe sobre el estado de la técnica para poder ejercitar acciones de defensa de su derecho, incidiendo este requisito de nuevo en la obtención de títulos sólidos que generan una mayor seguridad jurídica en el mercado.
Finalmente, además de importantes cambios procedimentales que plantean a día de hoy grandes incógnitas en cuanto su aplicación práctica, es importante mencionar que la nueva Ley de Patentes establece que los emprendedores personas físicas y pequeñas y medianas empresas, contarán con una reducción del 50% de las tasas a satisfacer por la tramitación y mantenimiento de sus registros.
- Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona.
- Licenciada en Filología Española por la Universidadde Barcelona.
- Diplomada en Derecho Tributario por el Colegio de Economistas de Barcelona.
- Responsable de la Secretaría del Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (A.I.P.P.I.).

References: artículo 1964
 artículo 1939
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 12