Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-bg-fr.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-01-18 21:28:57+00:00

Document:
Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Bulgaria
La constitución de Bulgaria regula el derecho a un entorno saludable y favorable conforme a los criterios y las normas establecidos (artículo 55). La protección del medio ambiente también es un deber ciudadano. El ejercicio del derecho a un medio ambiente saludable y favorable es posible en conjunción con otros derechos constitucionales:
Art.41(2) de información:
libertad de expresión (artículo 39),
libertad de reunión (artículo 43),
derecho de asociación (Art.44(1)
Se garantiza a los ciudadanos el acceso a los tribunales para recurrir contra los actos administrativos (artículo 120 de la Constitución), salvo disposición legal en contrario. Este tipo de excepción jurídica no tiene cabida en el Derecho ambiental. Para llevar actos administrativos ante la justicia se requiere un interés jurídico.
Es posible la aplicación directa de todas las disposiciones constitucionales. El derecho a un medio ambiente saludable y favorable suele invocarse en relación con una norma previa, procesal o sustantiva.
Los acuerdos internacionales que han sido ratificados por el Parlamento y que están en vigor para Bulgaria se convierten en parte del ordenamiento jurídico interno tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dichos acuerdos tienen prioridad sobre la legislación nacional en caso de contradicción entre ellos.
Tanto los organismos administrativos como los tribunales aplican el Convenio de Aarhus directamente. Un pequeño número de resoluciones judiciales plantean dudas sobre la posibilidad de aplicar directamente el artículo 9, apartado 3, del Convenio de Aarhus.
El sistema judicial consiste en el Tribunal Supremo de Casación (TSC), el Tribunal Supremo Administrativo (TSA), los tribunales de apelación, los tribunales regionales, los tribunales militares y los tribunales de distrito (locales).
Justicia en materia civil es la siguiente:
Los tribunales de distrito como tribunales de primera instancia para los litigios de interés económico relativamente pequeño (menos de 12,500 EUR);
Los tribunales regionales que actúan como tribunales de primera instancia para litigios más importantes y como instancias de apelación para los fallos de los tribunales de distrito;
El SCC, que desempeña la función de instancia de casación para todos los fallos de apelación (con pocas excepciones).
El sistema judicial administrativo consta de:
28 tribunales administrativos, que tratan las apelaciones contra sentencias administrativas;
El Tribunal Supremo Administrativo también puede actuar como tribunal de primera instancia o como instancia de casación;
Los tribunales de distrito conocen de los recursos contra los actos administrativos que sancionan faltas. El recurso de casación contra la resolución de un tribunal de distrito es examinado en tal caso por una Sala de tres jueces del respectivo tribunal administrativo.
Los jueces son independientes. Aquellos que han ejercido durante más de cinco años no pueden ser destituidos de su cargo, a menos que concurran circunstancias extraordinarias.
El Consejo Supremo de la Magistratura (CSM) es la autoridad que nombra, asciende y destituye a los jueces. No existen tribunales especializados para resolver los asuntos de naturaleza ambiental. No obstante, en algunos tribunales administrativos los jueces están organizados en salas para que los asuntos sobre medio ambiente sean resueltos por un número limitado de los jueces de cada tribunal.
En Bulgaria no existe la posibilidad de buscar un foro de conveniencia. En los asuntos administrativos, las normas para definir el tribunal competente son estrictas y el demandante no puede elegir el tribunal al que se dirige. Existe una posibilidad de elección con respecto al nivel del tribunal competente para la alta administración en los asuntos de acceso a información ambiental. Una petición de este tipo de información dirigida a un ministerio podría ser contestada por el propio ministro o por su viceministro o su secretario, y el recurso contra la respuesta puede ser atendido por el TSA, en el primer caso, y por el Tribunal administrativo de la ciudad de Sofía en el segundo supuesto. En los asuntos de responsabilidad civil (incluida la responsabilidad ambiental), la persona que ha sufrido perjuicios puede dirigirse al tribunal del domicilio o residencia del demandado, o bien al tribunal del lugar donde se produjeron los hechos.
En materia administrativa está vigente un procedimiento de doble instancia judicial.
— el demandante tiene derecho a recurrir una decisión administrativa ante el tribunal administrativo y a recurrir la resolución del Tribunal de Primera Instancia
ante el TSA mediante un recurso de casación. En los procesos civiles, el demandante tiene el derecho procesal de dirigirse a dos instancias, concretamente a una instancia jurisdiccional y a una instancia de apelación.
Desde 2007, cuando un nuevo Código de procedimiento civil se adoptó, el acceso a la instancia de casación (TSC) fue limitado. El recurso de casación se interpondrá, La sentencia es inadmisible; La sentencia es incorrecto debido a una violación del Derecho sustantivo, a una infracción manifiesta de las normas del procedimiento judicial o a la ausencia de justificación.
Tanto en el procedimiento judicial administrativo como en el civil existe una solución extraordinaria para revocar el fallo de un tribunal.
En teoría, tras la anulación de una resolución administrativa, el Tribunal puede emitir un acto administrativo solamente si no hay elementos que se dejan al criterio de la administración. De existir esos elementos, el expediente debe ser devuelto a la administración y con instrucciones vinculantes del Tribunal sobre cómo aplicar la ley. En la práctica, los tribunales nunca proceden a expedir permisos ambientales. Acceso a la información en cuanto a recursos, después, se anula la denegación, el Tribunal no puede devolver la información requerida directamente al solicitante; en primer lugar porque habitualmente el Tribunal no disponga de la información y en segundo lugar porque los tribunales no están autorizados a comunicar la información directamente al solicitante.
Los asuntos relativos al medio ambiente son gestionados en virtud del procedimiento administrativo común; es decir, no existen normas judiciales específicas aplicables a asuntos ambientales. Es necesario subrayar que el acceso a la justicia para recurrir los permisos ambientales es un fenómeno relativamente reciente, puesto que hasta finales de los años 1990 la mayor parte de los procedimientos sobre permisos ni tan siquiera existían. Incluso las nociones más generales, como la de capacidad procesal, todavía están siendo desarrolladas up(1). El interés por acudir a los tribunales administrativos ha crecido de manera significativa en los últimos 5 o 6 años, y esos tribunales deben enfrentarse a varias situaciones nuevas.
Las características específicas de los procedimientos judiciales en materia ambiental pueden dividirse en tres grupos con respecto a:
La práctica de pruebas;
El alcance de la revisión.
En lo tocante a la práctica de pruebas, los tribunales habitualmente prefieren escuchar a peritos, y se permite a los testigos aportar pruebas ante el Tribunal. La autoridades judiciales no pueden instarse a sí mismas; este principio es válido tanto en materia administrativa como civil. No obstante si alguien inicia un procedimiento, especialmente si este es administrativo, los tribunales pueden actuar de oficio en varias situaciones. En los procedimientos administrativos, los tribunales pueden iniciar la práctica de pruebas. El alcance de la revisión de la resolución administrativa y de los fallos en primera instancia no está limitado por las demandas de las partes. En el marco de la Ley de enjuiciamiento civil, los tribunales tienen menos prerrogativas para actuar de oficio.
Existen dos categorías de casos cuando una solicitud de información ambiental ha sido denegada o contestada de manera errónea o inadecuada:
La primera categoría son las denegaciones comunes, cuando la solicitud no tiene un propósito específico.
La denegación es recurrible directamente ante un tribunal; ante el TSA (si la denegación fue emitida por un ministerio) o bien ante el Tribunal Administrativo (en todos los demás casos).
La segunda categoría está formada por las negativas a divulgar información ambiental solicitada porque es necesaria para participar en cualquiera de los procedimientos, reglamentados en la Ley de protección ambiental.
En estas situaciones y en un primer momento, el demandante puede dirigir su recurso a la autoridad administrativa superior, y con posterioridad someterlo a un tribunal (el objetivo es ofrecer a los demandantes una vía más rápida para obtener la información necesaria).
Las denegaciones en asuntos comunes deben incluir información de las normas de recurso, como así lo exige de manera explícita la Ley de acceso a la información pública. En cuanto a las denegaciones de la segunda categoría, deben contener el mismo tipo de información porque se les aplica una disposición general sobre el contenido de cualquier resolución administrativa.
Los recursos contra la denegación de una solicitud de información deben contener, como mínimo:
El nombre y la dirección del demandante;
El tribunal ante el cual se interpone el recurso;
La identificación del acto administrativo que se recurre;
La petición del demandante;
Una indicación de por qué el demandante considera la denegación ilícita.
Los recursos deben ser interpuestos a más tardar 14 días después de la recepción de la denegación. Las denegaciones tácitas pueden ser recurridas en un período de un mes tras la expiración del plazo para expedir el acto administrativo (la respuesta a la solicitud de información). Los recursos se dirigen al Tribunal a través de la autoridad competente; es decir, el recurso es presentado ante la autoridad que ha dictado la denegación.
Habitualmente los tribunales no tienen en su poder la información solicitada. Dado que tienen derecho a examinar la legalidad de los motivos de la denegación, en teoría los tribunales pueden pedir que la autoridad les facilite la información en cuestión. Esto no sucede a menudo en los asuntos relativos al acceso a la información ambiental.
Cuando los tribunales consideran que una denegación de una solicitud de información es ilícita, anulan la denegación (el acto administrativo) y ordenan a la autoridad administrativa que divulgue la información solicitada. El fallo del tribunal contiene indicaciones sobre cómo se debe aplicar el Derecho.
Todo procedimiento administrativo se divide en dos fases: administrativa y judicial. Los procedimientos de la primera fase pueden variar de conformidad con los requisitos de la legislación específica: agua, residuos u otro tipo de reglamentación ambiental. El procedimiento judicial es aplicable a todos los tipos de resoluciones administrativas y está reglamentado en el Código de procedimiento administrativo, que distingue tres tipos de resoluciones administrativas: Individual, general y normativa. Los procedimientos para recurrir pueden variar ligeramente según el tipo de resolución que se impugne judicialmente.
El código de procedimiento administrativo contempla un recurso ante el organismo administrativo superior. Dado que algunas autoridades (Consejo de Ministros, ministerios) no cuentan con una autoridad administrativa superior, sus resoluciones solamente pueden ser recurridas ante los tribunales. El organismo administrativo superior puede verificar si la administración subordinada ha aplicado correctamente su potestad discrecional. Las resoluciones en primera instancia pueden ser recurridas directamente ante los tribunales. No se deben agotar los recursos administrativos antes de pasar a la fase judicial.
Los tribunales pueden examinar la legalidad de las decisiones administrativas. No pueden ocuparse de cuestiones relacionadas con la potestad discrecional de la administración. Tanto la legalidad procesal como la legalidad sustantiva están sujetas al control de los tribunales. Controlar la legalidad procesal en la toma de decisiones ambientales no resulta diferente de hacerlo en otros procesos administrativos. Las cuestiones jurídicas de fon do en materia ambiental con frecuencia están estrechamente relacionadas con conclusiones técnicas y cálculos exactos. La aplicación lícita de nociones como «las mejores técnicas disponibles» o de requisitos como «identificar, describir y evaluar de forma apropiada los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre la fauna, la flora, el suelo, el agua, el aire, el paisaje...» presupone una comprensión profunda de muchos aspectos técnicos de la actividad permitida. Se supone que los jueces aplican el Derecho y escuchan las respuestas de los peritos a preguntas técnicas. En ocasiones, por ejemplo, en el ámbito de la planificación urbana y la legislación de permisos, los actos normativos regulan los pequeños detalles técnicos. En dichas situaciones, los tribunales designan peritos para contestar a las preguntas técnicas a pesar de que la evaluación «técnica» puede referirse a cuestiones jurídicas. Se entiende que los errores técnicos y de cálculo pueden ser revisados por el Tribunal.
Existen dos tipos de planes de ordenación territorial (POT): generales y detallados. Los planes generales no pueden ser recurridos ante los tribunales. Los planes detallados pueden ser recurridos, pero la legitimación procesal es muy limitada y, en ocasiones, ni siquiera los vecinos pueden recurrir judicialmente un plan pormenorizado. Se niega la capacidad procesal de las ONG con respecto a los planes de ordenación territorial. Los planes generales están sujetos a una evaluación ambiental estratégica (EAE); los planes detallados, a una evaluación de la necesidad de una EAE. La jurisprudencia no es unánime con respecto a la posibilidad de revisar el dictamen de la EAE; Otras decisiones que no pueden encontrar mar dictámenes de una EAE y, por lo tanto, reconocer legitimación a las ONG a recurrir los POT solamente sobre la base de la legitimación para recurrir ante los tribunales el dictamen. Las resoluciones del primer grupo parecen prevalecer y existe un problema de acceso a la justicia de los POT. La revisión judicial de los planes de ordenación territorial no es diferente de otros procedimientos de examen en cuanto a foros, normas probatorias y normas de la vista. Cuando juzgan recursos contra los POT, los tribunales tienden a abordar los aspectos técnicos espaciales de la planificación, mientras que las cuestiones ambientales no se consideran relacionadas sustantivamente el POT.
Las decisiones de examen de las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) están sujetas a revisión judicial. Las ONG gozan de capacidad procesal. Son pocas las resoluciones denegatorias de la capacidad procesal de las ONG no ambientales para recurrir las resoluciones de examen de las EIA. La revisión de las resoluciones de examen de las EIA no presenta características específicas con respecto al Foro, las normas probatorias, las normas de la vista y el alcance de la revisión judicial. De las resoluciones de examen conocen los tribunales administrativos en primera instancia.
El examen de las EIA es parte del procedimiento de EIA, que no concluye con una decisión separada. Por eso las decisiones de examen no son revisables por separado de las decisiones finales de las EIA. El procedimiento de EIA contiene normas detalladas sobre cómo se debe llevar a cabo el examen. Se ha intentado recurrir las decisiones finales sobre las EIA solamente sobre la base de errores procesales con respecto al examen. Habitualmente, los tribunales no aceptan estas alegaciones (la jurisprudencia administrativa requiere que el solicitante demuestre un vínculo causal entre el error procesal y la legalidad de la decisión final); solamente con esa condición los tribunales se ocupan de las violaciones procesales.
La jurisprudencia más abundante es la relacionada con las decisiones finales de EIA. También es posible recurrir otras autorizaciones (permisos en materia de agua y de gestión de residuos) ante los tribunales, si bien son pocas las resoluciones judiciales que se han adoptado sobre estos asuntos. Nunca se ha denegado a las ONG medioambientales de interés público la capacidad procesal para recurrir las decisiones finales de E IA. Esto no sucede con las ONG de interés privado: Algunos tribunales desestiman sus recursos alegando que proteger el medio ambiente es una causa pública, no privada, por lo que el artículo 9, apartado 2, del Convenio de Aarhus no es de aplicación a las ONG de interés privado. En los procedimientos de recurso contra las decisiones finales de EIA, los tribunales son más proclives a examinar las conclusiones técnicas y los cálculos del informe de EIA. Se observa estrictamente la legalidad en cuanto al procedimiento. Con el paso del tiempo los inversores y las autoridades han mejorado su cumplimiento de los requisitos procesales, y actualmente son raros los casos de negligencia procesal por su parte. En la mayoría de los casos se plantean cuestiones de fondo como motivos para el recurso. En Bulgaria el procedimiento de EIA habitualmente engloba otro procedimiento para evaluar la incidencia en las zonas Natura 2000. Una rápida visión de conjunto muestra que las cuestiones relacionadas con la protección de la naturaleza fueron en su mayor parte temas de fondo debatidos por las resoluciones judiciales sobre la EIA. En todos esos casos, el posible impacto en los hábitats fue analizado mediante declaraciones de expertos, es decir, el Tribunal sometió a revisión las conclusiones técnicas y los cálculos exactos del informe de EIA.
Para gozar de capacidad procesal no se requiere a las ONG ni a las personas físicas que hayan tomado parte en la fase de consulta pública o en la vista pública del procedimiento de EIA. Las ONG medioambientales de interés privado han intentado destacar su participación en la fase de consulta y de debate público del informe de EIA como prueba del interés existente para recurrir la decisión final de EIA, pero los tribunales nunca han aceptado ese argumento. Las ONG de interés público pueden recurrir una decisión final de EIA sin haber estado presentes en fases anteriores.
En Bulgaria, el permiso de EIA se considera un acto administrativo individual y el recurso contra dicha decisión (el permiso) tiene efecto suspensivo, es decir, el inversor no puede seguir adelante y obtener permisos posteriores, ya se trate de PCIC (prevención y control integrados de la contaminación) o de obras. En caso de necesidad urgente de obtener otros permisos o para iniciar las obras de construcción, las autoridades o los tribunales pueden solucionar dicha situación ordenando una ejecución preliminar de la decisión de EIA. Las autoridades han actuado así en varias propuestas de construcción de infraestructuras (vertederos, vías rápidas, pistas de esquí, etc.). Los requisitos jurídicos para administrar la ejecución preliminar son redactados de manera general y no pretenden abarcar solamente las decisiones ambientales o de EIA. Habitualmente las órdenes de ejecución preliminar están brevemente motivadas (de varias frases a no más de una página).
El procedimiento de permiso de PCIC en Bulgaria es independiente de la EIA. La autorización final de PCIC puede ser examinada por los tribunales. En la mayoría de los casos, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es la autoridad competente para expedir un permiso de PCIC, y los recursos contra sus decisiones son juzgados por el TSA. Las normas probatorias y las normas de la vista, así como el alcance de la revisión en los procedimientos judiciales de PCIC no se diferencian de otros procedimientos de recurso. Se han registrado pocos (no más de 7 u 8) casos de autorizaciones de PCIC recurridas ante los tribunales. Al menos la mitad fueron recurridas por inversores a los que se denegó la expedición del permiso de PCIC. Las ONG medioambientales están legitimadas para recurrir las decisiones de PCIC.
El enfoque de los tribunales en materia de PCIC es el mismo que en el caso de la de EIA. Se examina tanto la legalidad sustantiva como procesal. No existe suficiente jurisprudencia para llegar a una conclusión sobre los criterios en los asuntos que trascienden la decisión de PCIC, como las conclusiones esenciales y técnicas, los cálculos y la documentación de PCIC,
De manera semejante a otros procedimientos de autorización ambiental, en PCIC no se requiere la participación en las primeras fases para tener capacidad procesal para recurrir la decisión final de PCIC.
Al igual que la decisión de EIA, el permiso de PCIC es un acto administrativo y al que son aplicables las mismas normas con respecto a las medidas cautelares. No existen normas especiales aplicables a los procedimientos de PCIC en materia de medidas cautelares.
Se pueden iniciar procedimientos civiles contra particulares o contra personas jurídicas en el caso de que sus actos ilícitos hayan causado daños a una persona (física o jurídica). Estas demandas están contempladas explícitamente en la Ley de protección ambiental y en la Ley del agua.
Los requisitos para las mencionadas demandas son los siguientes:
a) un actividad ilícita;
b) contaminación ambientales (o del agua) o daños;
c) daños causados a una persona;
culpabilidad; d)
e) la existencia de un vínculo causal entre la actividad ilícita y los daños.
La demanda puede ser interpuesta por la persona que sufrió los daños, o bien por la autoridad estatal responsable o gestora del patrimonio dañado. El demandante puede pedir al Tribunal que ordene el cese de la actividad contaminante o que pague una compensación por los daños causados. En la práctica esta demanda no suele interponerse. Pese a que la ilegalidad de la actividad puede demostrarse fácilmente en el caso de que se realice sin el permiso necesario, los otros componentes de la demanda podrían ser más complicados de probar. En la mayoría de los casos resulta difícil, imposible incluso, diferenciar entre contaminación reciente y pretérita. Además, el procedimiento puede prolongarse durante dos o tres años.
Las demandas contra organismos estatales en materia ambiental pueden dividirse en tres grupos:
Demandas por actos ilícitos de las autoridades.
Demandas por omisiones ilícitas de las autoridades.
Demandas presentadas por los interesados contra órganos del poder ejecutivo por los daños causados por acciones u omisiones ilícitas.
Aunque los tres grupos de demandas deberían presentarse ante los tribunales administrativos, el último grupo en realidad está formado por demandas civiles. El primer y el segundo grupo de demandas se basan en una amplia gama de prerrogativas concedidas a las autoridades ambientales para detener las actividades ilícitas en curso realizadas por personas físicas o para evitar un peligro inminente de contaminación; Se denominan «medidas administrativas coercitivas» (CAM). Las cuales pueden ser preventivas o bien pretender el cese o la recuperación de la contaminación. Pueden ser recurridas ante los tribunales por cualquier persona que tenga interés en hacerlo. En caso de recurso, son de aplicación las normas comunes para recurrir un acto administrativo. Sin embargo, los recursos contra las medidas administrativas coercitivas no tienen efecto suspensivo.
En materia de responsabilidad ambiental existe una ley de responsabilidad en la prevención y la eliminación de daños ambientales. Las autoridades imponen dos tipos de medidas si se registran daños ambientales o una amenaza de dichos daños: medidas preventivas y remedios. Las autoridades competentes en virtud de esta ley son el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los directores de las inspecciones regionales de medio ambiente y agua y los directores de los parques nacionales. La ley contempla varios requisitos para que el público p resente una solicitud de acción en materia de responsabilidad ambiental, pero no son demasiado exigentes (el más importante es el requisito de proporcionar a la autoridad pruebas sobre el interés jurídico si la solicitud es presentada por una persona física). Las ONG no deben demostrar su interés jurídico. Al contrario de lo que se espera del público, los titulares de las instalaciones deben facilitar a las autoridades información explícita y específica relacionada con las medidas, los daños y las amenazas ambientales. También existen normas para el intercambio de información entre diferentes autoridades ambientales. En general, no hay condiciones especiales para el examen judicial del acto administrativo que ordena una medida o la deniega. Son de aplicación las normas comunes para el examen judicial de cualquier acto administrativo. El recurso contra una medida preventiva ordenada en virtud de la una Ley de responsabilidad ambiental no tiene efecto suspensivo. El objeto del examen es específico, porque el procedimiento para imponer una medida dispone unos requisitos especiales; por ejemplo, consultas, publicaciones, gestiones en caso de que el titular sea desconocido o bien que no esté en condiciones de aplicar las medidas necesarias. La ejecución del régimen de responsabilidad ambiental en virtud de la Ley se lleva a cabo bajo amenaza de multas o sanciones para quienes no actúen de conformidad con los requisitos jurídicos o con las medidas ordenadas. Las autoridades competentes que sancionan los delios cometidos son las mismas que imponen las medidas. Aparte de esto, la LRPRED contempla 3 medidas administrativas coercitivas: las autoridades competentes pueden ordenar la interrupción de la actividad o precintar una zona o prohibir o limitar el uso de una masa de agua. Los recursos judiciales contra las medidas administrativas coercitivas establecidas de la Ley se rigen por el régimen común. Es necesario mencionar que violar un precinto colocado para evitar el acceso de personas a unas instalaciones o a un objeto es un delito punible en virtud del Código Penal.
La legislación búlgara otorga capacidad procesal a las personas interesadas (ONG medioambientales y personas físicas) para recurrir ante los tribunales las medidas generales, como los planes de gestión de zonas protegidas, y asimismo los actos normativos (legislación secundaria promulgada por las autoridades ejecutivas).
El papel del Ombudsman (Defensor del Pueblo nacional): http://www.ombudsman.bg/
Sugiere soluciones para los problemas en las relaciones entre la administración y los ciudadanos, pero no puede revocar una las decisiones administrativas.
Tiene derecho a iniciar un procedimiento administrativo para expedir un acto administrativo.
No puede recurrir un asunto ante el Tribunal Constitucional;
En su lugar, puede sugerir a quienes pueden hacerlo qué cuestiones debe considerar el Tribunal Constitucional.
se considera parte del poder judicial, no del ejecutivo.
Goza de potestad discrecional para decidir si participa o no en las medidas administrativas.
Puede iniciar un procedimiento administrativo.
En materia penal, es la única autoridad que puede acusar a una persona de un delito (también ambiental).
El Derecho penal de Bulgaria no contempla la acusación privada.
Hasta ahora se ha facilitado una descripción del procedimiento de examen administrativo, de la función de Ministerio Fiscal, de las prerrogativas del Defensor del Pueblo y de las medidas administrativas coercitivas. Hay que añadir que el procedimiento administrativo común otorga a los interesados el derecho a recurrir ante los tribunales administrativos cualquier acto o cualquier inacción u omisión por parte de un organismo administrativo. En caso de un acto ilícito, el tribunal considerará si el acto en cuestión es o no conforme al Derecho. De no ser así, el Tribunal ordenará que la Administración interrumpa su comportamiento ilícito. En caso de omisión ilícita, el Tribunal decidirá si existe o no la obligación de actuar. Si el Tribunal estima el recurso, estipulará que la autoridad administrativa debe aplicar la ley no más tarde de una fecha concreta.
Autoridades locales con respecto
a determinadas decisiones del poder central
La adhesión a la UE (2007) y la transposición del Derecho comunitario multiplicaron el número de procedimientos administrativos en el marco del Derecho ambiental. La doctrina jurídica y la jurisprudencia todavía están en proceso de definir los criterios de la capacidad procesal en los distintos procedimientos administrativos ambientales. Los asuntos ambientales tramitados en los tribunales no son numerosos y algunas situaciones todavía no se han sometido a prueba. La doctrina jurídica de Bulgaria no diferencia entre los conceptos de vulneración de un derecho y de interés suficiente. El interés por participar en un procedimiento administrativo y por recurrir una decisión administrativa se considera en función de los hechos concretos. Al considerar el interés, la jurisprudencia supone la vulneración de derechos, aunque no siempre vincula el derecho afectado con la propiedad o el uso. Con respecto a las ONG, se aplica el mismo enfoque. Sin embargo, se reconoce la capacidad procesal de todas las ONG medioambientales, excepto las que persiguen fines privados, en el contexto de la EIA y la EAE. En los procedimientos de EIA y EAE puede participar cualquier persona. Se ha reconocido que las ONG medioambientales extranjeras tienen los mismos derechos que las ONG nacionales, como requiere el Convenio de Aarhus.
En general, los criterios de capacidad procesal en los procedimientos horizontales (EIA y EAE) son más liberales que en los procedimientos sectoriales; por ejemplo, en los relacionados con el agua o los residuos.
En Bulgaria no existe la acción popular.
El Ministerio Fiscal puede participar en cualquier procedimiento administrativo ambiental, también en su segunda fase (judicial). El fiscal protege el interés público y su derecho de participación en los procedimientos administrativos es extenso. El Defensor del Pueblo puede incoar procedimientos para adoptar decisiones administrativas, pero no tiene derecho a recurrir las decisiones administrativas ante los tribunales, por lo que no participa en los procedimientos judiciales.
La ley exige la asistencia letrada en los tribunales, ni en procedimientos administrativos ni en los civiles. No obstante, presentar una demanda, y especialmente la defensa en los tribunales civiles, sin asesoramiento jurídico puede originar muchos problemas a las partes. El código de procedimiento civil (CPC) recientemente adoptado (2007) dispone unas normas muy estrictas con r especto a la práctica de pruebas y a la comparecencia ante los tribunales. El espíritu del nuevo CPC es muy distinto al del código anterior y exige una disciplina procesal mucho mayor. En virtud de las normas procesales administrativas, a diferencia del CPC, se supone que el juez desempeña un liderazgo en el análisis del asunto. En primer lugar, con respecto al alcance del examen jurídico, el Tribunal no está vinculado por los fundamentos de hecho y de Derecho declarados por el demandante. En segundo lugar, el Tribunal tiene la obligación jurídica de ayudar a las partes en un proceso a eliminar los errores formales de sus declaraciones. El juez indicará para qué alegaciones de hechos no se han proporcionado pruebas. No hacerlo es un error procesal y la resolución judicial podría ser revocada por una instancia superior solamente por ese motivo. En los procedimientos ambientales ante los tribunales administrativos parece darse otra situación: los hechos son numerosos, de diferente naturaleza y a menudo existen interpretaciones técnicas contradictorias, por lo que la frontera entre los requisitos jurídicos y los técnicos se difumina. Por este motivo, en numerosos asuntos los tribunales sugieren a las partes que sería más conveniente contratar a un abogado.
Generalmente, los abogados ambientalistas de interés público combinan su ejercicio habitual en otros campos jurídicos, como el derecho de sociedades, civil o administrativo, con el asesoramiento y los litigios en materia ambiental. Hace cinco o seis años, la mayor parte de los asuntos ambientales eran juzgados por los tribunales de Sofía. Recientemente esa tendencia ha cambiado, principalmente porque muchas EIA, EAE o recursos relacionados con la protección de la naturaleza son examinados por los tribunales administrativos locales. Las ONG medioambientales con experiencia en un determinado ámbito habitualmente conocen a abogados ambientalistas de interés público con los que pueden ponerse en contacto; así pues, es recomendable preguntar a dichas ONG.
La principal prueba en el procedimiento judicial administrativo es el «expediente administrativo», es decir, las pruebas practicadas por la autoridad administrativa con respecto a los hechos y circunstancias pertinentes para el acto administrativo. La autoridad administrativa disfruta de una amplia variedad de prerrogativas para la práctica de pruebas antes de adoptar un acto. Además de las pruebas recopiladas por la autoridad administrativa, el Tribunal puede, a petición de las partes en el procedimiento o de oficio, practicar pruebas adicionales. Así, el tribunal puede emplazar a testigos para que presten testimonio. Cualquier documento puede ser requerido y presentado ante el Tribunal. En esta fase del procedimiento también se recaba el dictamen de peritos.
El Tribunal tiene libertad para evaluar las pruebas practicadas. El código de procedimiento civil, que también es de aplicación a los procedimientos para recurrir los actos administrativos, indica explícitamente que el dictamen de los peritos no es vinculante para el Tribunal, lo que significa que este puede rechazarlo en su totalidad o en parte. Los documentos oficiales, esto es, los documentos expedidos por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, tienen fuerza vinculante con respecto a los hechos certificados en ellos. En cuanto a los documentos expedidos por particulares, son tenidos en cuenta únicamente si contienen pruebas que puedan ser utilizadas contra las reclamaciones de la persona que expidió el documento. Como norma, en los asuntos medioambientales de interés público los litigios se deciden con arreglo a los dictámenes de los peritos. En muchos asuntos los tribunales consideran la exhaustividad del expediente administrativo y, si no hay documentos que demuestren que se cumplieron determinados requisitos jurídicos, entenderán que dichos requisitos no fueron satisfechos.
Las partes pueden aportar nuevas pruebas ante el Tribunal. En todos los casos, las partes explicarán al tribunal qué nueva prueba se solicita y en relación con qué hechos y qué circunstancias. Los hechos y circunstancias deben ser pertinentes para las alegaciones de ilegalidad de la decisión administrativa. Habitualmente, el tribunal es proclive a reexaminar todos o una buena parte de los hechos establecidos por la autoridad administrativa. Esto significa que el demandante debe centrarse en algunas cuestiones clave cuando pida que se practiquen nuevas pruebas. El tribunal puede solicitar pruebas de oficio, merced a la prerrogativa judicial de comprobar la legalidad de una decisión, con independencia de las reclamaciones de las partes.
Se pueden solicitar pruebas, incluidos los dictámenes periciales, cuando se presenta el recurso, mediante una petición adicional al tribunal o durante la vista. El tribunal agradece que las pruebas sean solicitadas previamente, de manera que las otras partes puedan adoptar una posición y que el propio tribunal tenga tiempo suficiente para considerar la demanda. La parte que solicita el dictamen de un perito formula las preguntas que deben ser contestadas. El dictamen pericial debe estar preparado y ser presentado al tribunal como mínimo siete días antes de la vista judicial, de manera que las partes tengan tiempo suficiente para estudiarlo. El dictamen pericial, en tanto que prueba, debe ser recabado durante la vista judicial, donde se invita a las partes a formular preguntas. El tribunal solamente tolera preguntas relacionadas con el asunto sobre el que versa el dictamen pericial. El tribunal rehúsan los dictámenes periciales que no hayan sido recabados de la manera descrita anteriormente.
En general, se aplican las mismas normas para la práctica de pruebas que en los procesos medioambientales civiles. Sin embargo, los litigios civiles presentan peculiaridades. Se supone que las partes en el proceso proporcionan al Tribunal sus alegaciones con respecto a los hechos pertinentes y a las pruebas que respaldan esos hechos. El Tribunal no está autorizado a interferir y a guiar el comportamiento procesal de las partes. Solamente puede pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas solicitadas. Los plazos para la solicitud de pruebas son más breves, y en muchos casos excluyentes.
En los procedimientos judiciales administrativos, el recurso contra un acto administrativo individual tiene efecto suspensivo, salvo disposición legal en contrario. En el ámbito del Derecho ambiental no hay casos en los que se prive al recurso del efecto suspensivo, excepto en algunos supuestos contemplados por la legislación de ordenación territorial. La impugnación de los actos administrativos de naturaleza general (planes, programas) y de naturaleza normativa no detiene su aplicación. Dado que la mayor parte de los litigios judiciales administrativos consiste en impugnar actos administrativos individuales, habitualmente los recursos paralizan la ejecución de las decisiones administrativas.
Si el recurso tiene efecto suspensivo, los inversores pueden solicitar la ejecución preliminar de la Decisión y las autoridades administrativas pueden concederla.
El código de procedimiento administrativo enumera cinco condiciones para hacerlo:
1) cuando sea necesario para garantizar la vida o la salud de los ciudadanos;
2) para proteger intereses estatales o públicos de particular importancia;
3) para evitar un riesgo de traba o inejecución del acto administrativo;
4) cuando la demora en la ejecución pueda generar un daño significativo o irreparable;
5) a petición de alguna de las partes, como medida de protección de su interés particularmente importante.
En este último caso se requiere una garantía de daños. La orden que concede la ejecución preliminar puede ser recurrida ante los tribunales. El plazo para hacerlo es de tres días a partir de la fecha de publicación de la Decisión. Con independencia de lo sucedido durante la fase administrativa del procedimiento, el tribunal ante el cual se tramita el recurso puede ordenar la ejecución preliminar de la decisión administrativa bajo las cinco condiciones mencionadas. A diferencia de la autoridad administrativa, el Tribunal puede exigir una garantía, con independencia del motivo para conceder la ejecución preliminar, si existe un riesgo de perjuicio significativo o irreparable para alguna persona.
En el procedimiento judicial administrativo, el Tribunal, sea de primera instancia o de casación, a petición del demandante, puede detener la ejecución preliminar concedida por la autoridad administrativa; es decir, el tribunal puede dictar medidas cautelares. Hay dos condiciones para hacerlo. En primer lugar, debe existir un riesgo de que la ejecución preliminar pueda infligir un daño significativo o irreparable al demandante. En segundo lugar, la demanda debe fundamentarse en circunstancias nuevas, esto es, en circunstancias acaecidas con posterioridad a la concesión de la ejecución preliminar.
En los procedimientos judiciales civiles, el objetivo de la medida cautelar es garantizar que se ejecutará la resolución judicial. En las demandas ambientales civiles (demandas para obtener compensación por los daños ocasionados o para detener una actividad contaminante) prácticamente no caben las medidas cautelares. En teoría, el Tribunal de Primera Instancia puede ordenar una ejecución preliminar de su resolución, por ejemplo en una demanda para detener una actividad contaminante. Pero el Derecho estipula que la ejecución preliminar es inadmisible si la ejecución puede ocasionar un daño irreparable o un daño que no puede ser evaluado. Esta última condición puede ser un impedimento para obtener la ejecución preliminar en un litigio medioambiental civil.
Así pues, en general debido al reducido número de demandas civiles, al efecto suspensivo del recurso contra las resoluciones administrativas individuales y a las condiciones específicas para dictar medidas cautelares, la jurisprudencia ha tratado mayoritariamente los recursos contra la ejecución preliminar de actos administrativos. Con respecto a la última categoría de litigios, hay que señalar que habitualmente los motivos del Tribunal, al igual que los motivos de la autoridad administrativa, son sucintos. Finalmente, cuando los tribunales deben pronunciarse sobre las demandas de ejecución preliminar, habitualmente evitan considerar las cuestiones relativas a la legalidad de la resolución administrativa en su conjunto.
Todas las resoluciones judiciales, con respecto a la ejecución preliminar o a las medidas cautelares en los procedimientos judiciales administrativos, o en relación con las medidas cautelares y la ejecución preliminar en los procedimientos civiles, pueden ser recurridas ante un tribunal superior.
El demandante se enfrenta a tres categorías de costas.
Las tasas judiciales están fijadas por una tarifa adoptada por el poder ejecutivo.
La segunda categoría son los honorarios del abogado.
Estos honorarios no son fijos, cada abogado puede negociar el importe de sus honorarios. Un Reglamento aprobado por el Consejo Supremo del Colegio de Abogados establece los honorarios mínimos para cada tipo de servicio de un colegiado.
Los honorarios de los peritos (honorarios potenciales) designados por el Tribunal para emitir dictámenes especializados.
En los casos de impugnación de actos administrativos de naturaleza general y de actos administrativos normativos, es posible que se cobre una tasa reducida para publicar un anuncio de un asunto pendiente.
Las tasas judiciales en los litigios administrativos son bajas. Los ciudadanos y las ONG pagan una tasa de 5 EUR en el procedimiento judicial de primera instancia. En el caso de las empresas, esta tasa asciende a 25 EUR. En los litigios civiles, las tasas dependen del tipo de demanda. Si la reclamación es pecuniaria (por ejemplo, una demanda de compensación por daños), la tasa judiciales ascenderá al 4 % de la cantidad reclamada. Si la reclamación no puede ser evaluada (por ejemplo, una demanda para detener una actividad contaminante), el juez establece las tasas en cada caso. En los litigios civiles no se establece una diferencia entre tasas para ONG o ciudadanos y empresas comerciales. En los litigios civiles no se establece una diferencia entre tasas para ONG o ciudadanos y tasas para empresas.
Los honorarios de los peritos pueden variar en función del número de expertos, las preguntas formuladas y las resoluciones del juez de paz. Los honorarios de los peritos los fija el juez. Los litigios medioambientales a menudo requieren conocimientos técnicos específicos que son aportados por más de un perito, y el importe de los honorarios de los peritos pueden variar de 500 a 1 200 EUR. Algunos jueces pueden fijar los honorarios de un solo perito por debajo de 500 EUR. MOL: dictamen Aunque un gasto adicional, oficialmente no reconocido como tal por el Tribunal pueden ser necesarias si la ONG quiere verificar o a oponerse al dictamen pericial pruebas recogidas por el Tribunal de Justicia. En tales casos, habitualmente se contacta con otro perito al que se asigna la tarea de verificar la corrección del dictamen del perito anterior. Los honorarios de los abogados varían ampliamente. En los litigios administrativos es improbable que asciendan a más de 1 500 EUR. En los litigios civiles estimar estos honorarios es difícil.
El coste de las medidas cautelares es insignificante, no superior a 15 EUR. Un depósito o una garantía, en teoría, se podría pedir, aunque en los asuntos ambientales esta circunstancia nunca se ha dado. En los litigios relacionados con marcas registradas o con la propiedad industrial, según un estudio realizado entre 2004 y 2007, el importe de la garantía puede variar enormemente dependiendo de la estimación de los diferentes jueces.
El principio de «quien pierde, paga» es aplicado de manera estricta por los tribunales. En los litigios administrativos el demandante, si pierde el caso, está obligado a abonar los honorarios mínimos de no más de un abogado contratado por la otra Parte. No obstante, esta norma no siempre ha sido respetada, tampoco en los casos medioambientales de interés público, y los demandantes han sido obligados por el Tribunal a pagar los honorarios de la parte ganadora, que eran muy superiores a la tarifa mínima. En los litigios medioambientales de interés público no es posible modificar las costas ni aplicar con mayor suavidad el principio de «quien pierde, paga» a los demandantes/solicitantes. El único motivo para una posible reducción de los honorarios del abogado se recoge en el CPC, también aplicable a los litigios administrativos. El código señala que el Tribunal puede reducir los honorarios del abogado adeudados si su cuantía no se corresponde con la complejidad de hecho y de Derecho del asunto.
En materia ambiental, no existen exenciones de las costas procesales, derechos, tasas de solicitud o costes fiscales, con independencia del interés público implícito. En los litigios administrativos, los demandantes no están obligados a abonar los costes de las pruebas practicadas por el Tribunal, aunque las pruebas sean relativas a la reclamación del demandante.
Existe un mecanismo jurídico para la exención de las tasas judiciales de los demandantes que «no disponen de medios suficientes para pagar las tasas». La situación puede estar provocada por diferentes circunstancias (enfermedad, rentas bajas, edad, etc.) que deberán ser demostradas por la persona que solicita la exención. El Tribunal decide si dispensa o no al demandante de abonar las tasas judiciales. La Ley de justicia gratuita dispone una ayuda para los demandantes que cubre sus gastos de representación legal. El litigante debe encontrarse en una situación económica de necesidad. La decisión de conceder la justicia gratuita es adoptada por el Tribunal o bien por la oficina nacional de justicia gratuita. El mecanismo de la justicia gratuita es general y resulta improbable que los demandantes en los litigios medioambientales se beneficien de él. En los asuntos medioambientales no existen otros mecanismos especiales de asistencia jurídica aparte de los antes mencionados.
La ley no reglamenta la asistencia en interés público prestada por profesionales autónomos ni por gabinetes jurídicos. Por tanto, corresponde al bufete de abogados decidir bajo qué condiciones ofrece asistencia pro bono. La disponibilidad de estos servicios depende en gran medida del asunto de que se trate y de la motivación de la dirección del gabinete jurídico para implicarse en un determinado asunto.
No existen consultorios jurídicos que se ocupen de asuntos medioambientales.
Las ONG y los ciudadanos localizan a profesionales del Derecho que comparten los mismos objetivos de desarrollar actividades jurídicas de interés público. Algunos de ellos llevan muchos años prestando servicios jurídicos de interés público. En las regiones ricas en hábitats naturales, los abogados locales ayudan a ONG experimentadas, como la sociedad búlgara para la protección de las Aves, Balcanes verdes búlgaros, Fundación sociedad Balkani Wildife o biodiversidad en litigios en materia de medio ambiente. http://www.bspb.org/ http://www.greenbalkans.org/ http://www.bbf.biodiversity.bg/ http://balkani.org/ El programa de acceso a la información da acceso a numerosos litigios en materia de información ambiental. http://www.aip-bg.org/en/ Un grupo informal de abogados, Abogados verdes, dirección de correo electrónico: http://ecopravo.blogspot.com zeleniteadvokati@gmail.com) defiende una mayor transparencia y una mejor protección del interés público, especialmente en lo relativo a la protección de la naturaleza.
La norma general dispone que un acto administrativo individual se adoptará a más tardar entre 14 días y un mes después del inicio del procedimiento. No obstante, los procedimientos en materia ambiental son más complicados y pueden prolongarse desde varios meses hasta más de un año. Muchos procedimientos ambientales contemplan unos plazos específicos para comunicar una decisión, por ejemplo, la decisión de la EIA debe darse a conocer en un máximo de 45 días tras la reunión para el debate público del informe de la EIA.
Las autoridades administrativas con retrasos de tramitación pueden ser multadas por no respetar los plazos para comunicar las decisiones administrativas. En teoría, toda persona puede demandar al Gobierno por el retraso.
La legislación no fija plazos para los procedimientos judiciales en materia ambiental. Existen muchos plazos en las diversas fases del procedimiento judicial administrativo. Se aplica un plazo de tres días tras la recepción del recurso, en el cual el órgano administrativo enviará el expediente al Tribunal. Si una parte no puede comparecer ante el tribunal porque existe un obstáculo insuperable, la siguiente vista será fijada en un plazo de tres meses después de la última. Los plazos para los distintos actos de las partes en un procedimiento pueden ser fijados por ley o por el Tribunal. Habitualmente varían, aunque nunca superan los 14 días. Uno de los principios del proceso judicial administrativo afirma que el procedimiento debe ser rápido.
La duración de un procedimiento judicial ambiental puede variar en función del número de vistas, de sus etapas y del calendario de sesiones del Tribunal. La necesidad de la publicación en el Boletín del Estado puede añadir varios meses al proceso. Si un procedimiento tiene numerosas partes, se puede tardar más tiempo en informar a todas ellas acerca de una o de varias vistas. Habitualmente, la duración de un procedimiento judicial de primera instancia con dos o tres vistas es de 6 o 7 meses, aproximadamente. Si se celebran más de tres sesiones, el procedimiento puede durar entre 8 y 12 meses. Un recurso ante la segunda instancia puede prolongar el procedimiento entre 6 y 8 meses. El peor supuesto sería un proceso de primera instancia muy prolongado combinado con graves errores procesales por los que el Tribunal de segunda instancia devolvería el expediente de nuevo a decidirse por otro Juez, es decir, en este caso el procedimiento volvería a empezar desde el principio. De ser así, podrían transcurrir 2 o 3 años hasta que la resolución final del tribunal entrase en vigor. Un factor adicional de demora puede ser el hecho de que algunos tribunales o salas están sobrecargados y de que la fecha de la primera vista se fije para no antes de 6 o 9 meses después de la llegada del recurso al Tribunal. La duración media de un procedimiento judicial administrativo en materia ambiental sin ninguna de las complicaciones mencionadas anteriormente podría ser de entre 12 y 18 meses.
El Tribunal tiene un plazo de 30 días, a partir de la última sesión, para comunicar su resolución. En la mayoría de los casos se respeta este plazo.
No se contemplan sanciones contra el tribunal que comunicado una resolución con retraso. Se considera que el plazo de 30 días no es vinculante y que no respetarlo no acarrea ninguna consecuencia jurídica. Si un juez comunica sus resoluciones con retraso de manera reiterada, ese comportamiento puede ser denunciado ante la inspección del Consejo Supremo de la Magistratura de la República de Bulgaria.
Habitualmente, las decisiones ambientales son impugnadas directamente ante los tribunales. Esto se debe en parte al hecho de que las decisiones de algunas autoridades (por ejemplo, las decisiones ministeriales) no pueden ser recurridas ante una instancia administrativa superior porque tal instancia no existe. Recientemente, de manera especial en los asuntos de EIA y de EAE, las ONG han comenzado a recurrir las decisiones en primer lugar ante el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, responsable de las inspecciones regionales de medio ambiente y agua, y, en segundo lugar, ante los tribunales.
Existen diversas fuentes de información sobre el acceso a la justicia en materia ambiental. En los sitios web de casi todos los tribunales administrativos podemos encontrar información sobre el procedimiento judicial administrativo, implantado también en el proceso de autorización ambiental. En algunos sitios web podemos encontrar textos legislativos. En otros se proporcionan explicaciones breves sobre el acceso a la justicia. En los sitios web del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y de las inspecciones regionales de medio ambiente y Agua se ofrece información sobre las decisiones individuales que se han adoptado y sobre las autoridades antes las que es posible recurrir estas decisiones. http://www3.moew.government.bg/ En el sitio web del Tribunal Supremo Administrativo encontramos una versión electrónica de todas las resoluciones adoptadas en los últimos 10 o 12 años. http://www.sac.government.bg/
En Bulgaria se practica la resolución alternativa de litigios, que está reglamentada por la Ley de mediación. Sin embargo, los litigios judiciales administrativos de tipo ambiental no pueden estar sujetos a un procedimiento de mediación. Desde 2007, el Código de procedimiento administrativo ha introducido la solución de un litigio ante el Tribunal como un modo de mejorar la eficiencia de los procedimientos judiciales administrativos. No se han anunciado públicamente soluciones de ese tipo en materia ambiental.
No suele recurrirse a la mediación en materia de medio ambiente. En algunos asuntos de interés público el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha organizado reuniones para aclarar las posturas de las partes.
La lengua oficial del procedimiento en Bulgaria es el búlgaro. Las personas que no hablen o no entiendan la lengua búlgara deberán organizar su defensa de tal manera que sus intereses no se vean perjudicados. Si una persona quiere utilizar otra lengua diferente del búlgaro en el procedimiento judicial, el Tribunal designará un traductor. Esto es válido para los procedimientos judiciales tanto administrativos como civiles. La traducción será pagada por la parte que la necesita, excepto cuando el Derecho nacional o un tratado internacional dispongan lo contrario, como la Ley sobre asilo y refugiados. El presupuesto estatal no cubre la traducción de la legislación ambiental.
El país de origen de la persona no influye en absoluto en sus derechos, otorgados en virtud de la legislación nacional o de los tratados internacionales. Una vez una persona es aceptada como parte en un procedimiento, la ley garantiza que podrá disfrutar de los mismos derechos que las otras partes de ese mismo procedimiento.
Bulgaria es parte del Convenio de Espoo relativo a las EIA en el contexto transfronterizo. La legislación nacional secundaria contempla normas para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades de Bulgaria que se derivan del Convenio de Espoo. Cuando la parte de origen es otro país, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua es la autoridad responsable de llevar a cabo las tareas relacionadas con el Convenio: Es el órgano que declara la intención de Bulgaria como parte interesada de participar o no en un procedimiento de EIA llevado a cabo por la autoridad competente de la parte de origen. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua es responsable del flujo de información desde la parte de origen hasta el público interesado en Bulgaria, de manera que el público pueda participar en el proceso de adopción de decisiones.
En un contexto transfronterizo, la noción de «público interesado» no difiere de la misma noción en un contexto nacional. La definición jurídica de «público interesado» fue transpuesta en la legislación nacional de Bulgaria desde la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus). Todos los países vecinos de Bulgaria, excepto Turquía, son Partes del Convenio de Aarhus. Esto garantiza en gran medida un tratamiento equitativo de los ciudadanos y las ONG extranjeros ante los tribunales búlgaros, y viceversa.
Cuando Bulgaria es el país de origen aplica el mismo criterio para garantizar la capacidad procesal a sus nacionales que a los nacionales de otros países vecinos que son las partes en la Convención de Aarhus, así. Esto se deriva del artículo 3 CE, apartado 9, del Convenio de Aarhus. La pregunta de si las ONG y los ciudadanos del país afectado pueden solicitar medidas cautelares y medidas provisionales es muy interesante porque presupone que la jurisprudencia de Bulgaria tiene una respuesta clara a la cuestión de si el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus puede ser aplicado directamente o no. Este debate no ha tenido lugar en bulgariayet. En general, los ciudadanos de Bulgaria no tienen la opción de elegir los tribunales competentes de los diferentes países en materia ambiental. En materia administrativa, la norma es clara: el poder judicial de Bulgaria verifica la legalidad de las decisiones adoptadas por las autoridades búlgaras. En materia civil, y especialmente en lo relativo a la responsabilidad ambiental, es posible elegir el tribunal competente porque, habitualmente, en la responsabilidad civil tanto el tribunal del lugar donde se produjeron los daños como el tribunal del lugar donde tiene su domicilio el demandado son competentes para juzgar el asunto.
(1) Por ejemplo, distintos jueces o salas del Tribunal Administrativo adoptan posturas diferentes sobre el interés de una ONG de interés privado para recurrir una decisión de EIA.

References: artículo 9
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