Source: http://www.gomezdiez.com.ar/index.php/labor-en-el-senado/versiones-taquigraficas/2003
Timestamp: 2019-06-27 04:25:05+00:00

Document:
2003 - Versiones taquigráficas 2003
Versiones taquigráficas 2003
Ley 25.561 - Delegación de Facultades en el Poder Ejecutivo - 19/11/03
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Baglini. — Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Autoriza la interrupción, señor senador?
Sr. Gómez Diez. — Sí, señor presidente.
Sr. Gómez Diez. — Cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 básicamente hizo lo siguiente: en primer lugar, declaró la emergencia económica, financiera, cambiaria, etcétera; en segundo lugar, autorizó al Poder Ejecutivo a salir del régimen cambiario de la convertibilidad y, en tercer lugar, concedió al poder administrador facultades especiales, delegadas o "super poderes", que es la nueva terminología que se ha utilizado.
Han pasado casi dos años desde la sanción de esa ley y, si analizamos la realidad, podemos observar que la emergencia subsiste, desde el momento en que el país está en default, en cesación de pagos respecto de sus acreedores, y que se ha abandonado la convertibilidad y tenemos un nuevo régimen cambiario basado en la flotación con intervención del Banco Central.
En este contexto cabe preguntarnos si tiene sentido prorrogar la delegación de facultades al Poder Ejecutivo. Para nosotros la respuesta es negativa, porque creemos que la Argentina necesita encarrilarse por el camino de la normalidad. Necesitamos seguridad jurídica, certidumbre y, para ello, se requiere de un Congreso en funcionamiento.
Como bien señaló el señor senador Baglini, en los últimos meses la economía argentina ha tenido una recuperación significativa en base a la utilización de la capacidad productiva ya instalada en el país. Ahora necesitamos que nuestra Nación se encamine por un sendero de crecimiento de su capacidad productiva, para lo cual se requiere de inversiones, pero éstas vienen de la mano de la seguridad jurídica, del funcionamiento de las instituciones y de un Congreso legislando activamente.
Por lo tanto, señor presidente, porque creemos que un país necesita de un Congreso en funcionamiento, sancionando las leyes que la República requiere, votamos en contra de la prórroga de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, advirtiendo que esa prórroga es inconducente con lo que la Nación Argentina necesita en la actualidad.
Por otra parte, esta circunstancia que hoy estamos tratando se ve agravada por el hecho de que el presupuesto que vamos a abordar la próxima semana también contiene delegaciones de facultades absolutamente desusadas en ese tipo de normas.
Por eso, por un Congreso en funcionamiento, votaremos en contra de la prórroga de las facultades delegadas.
Otorgamiento de Jerarquía constitucional a la Convención Internacional sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad - Nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida - 20/08/03
Sr. Presidente. - Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: conforme lo adelantáramos ayer en la reunión de labor parlamentaria, vamos a votar en forma favorable el tratamiento sobre tablas de la cuestión sobre la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas.
En cuanto a la cuestión de la nulidad de las denominadas leyes de obediencia debida y punto final, en virtud de sus características y envergadura jurídica, consideramos que es necesario que exista dictamen de las comisiones a las que el tema pudiera ser girado, ya que es necesario estudiarlo y eventualmente recabar la opinión de juristas y constitucionalistas, ya que se trata de una cuestión controvertida y polémica que pone en juego la seguridad jurídica.
Esa es nuestra posición y la forma en que vamos a votar el tratamiento de los dos proyectos mencionados.
Sr. Presidente (López Arias).- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: el proyecto de ley que estamos considerando en este momento -que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados- tiene su origen en una iniciativa que planteara en dicha Cámara la diputada Patricia Walsh, quien concretamente propugnaba la declaración de nulidad de las denominadas leyes de obediencia debida y de punto final, que se sancionaran en 1986 y 1987, durante el gobierno de la Unión Cívica Radical de ese entonces, y también la declaración de nulidad de los indultos presidenciales que se otorgaron en 1989 y 1990, durante el gobierno del Partido Justicialista.
Luego de ingresado el proyecto de ley, la diputada Walsh presentó una nota pidiendo que se excluyeran del proyecto aquellos decretos de indulto que estaban referidos a ex integrantes de la "Organización Montoneros".
Finalmente, el criterio que prima en la Cámara de Diputados en una sesión especial es el de excluir totalmente los indultos y dejar subsistentes las dos leyes en lo que respecta a su declaración de nulidad.
Cada uno de nosotros puede tener la interpretación que crea pertinente de nuestro propio pasado y el juicio que considere conveniente respecto de la actuación de sucesivos gobiernos nacionales en lo que hace al tratamiento de ese pasado, el cual ha sido debatido en este Congreso en diversas ocasiones.
Ahora bien, para resolver la cuestión en torno a esta iniciativa que tiene sanción de la Cámara de Diputados, lo que debemos preguntarnos concretamente es si el Congreso tiene competencia para declarar la nulidad de sus propias leyes, dictadas mientras estaba vigente el estado de derecho. Esto significa -en términos jurídicos- preguntarnos si el Poder Legislativo tiene facultades de control de constitucionalidad una vez que las leyes han sido dictadas. Porque acá hay un control de constitucionalidad preventivo, que sí tiene el Poder Legislativo en el momento de sancionar la ley, examinando en el debate y el análisis de la ley la congruencia de su texto con la Constitución. Ese control preventivo lo puede ejercitar también el Poder Ejecutivo al momento de promulgar la ley. Así, si el Poder Ejecutivo aprecia que el texto sancionado por el Congreso es inconstitucional, ejercitará el derecho de veto que le otorga la Constitución.
¿Pero a quién le corresponde el control de constitucionalidad una vez que la ley está sancionada y promulgada? La respuesta a la pregunta está en el artículo 116 de la Constitución Nacional: el control de constitucionalidad, una vez que la ley está dictada, le corresponde al Poder Judicial. Y ese control de constitucionalidad que le corresponde a la Justicia es un control difuso y a la vez particular.
Cuando me refiero a que es difuso quiero significar que puede ejercitarlo cualquier juez y tribunal -no sólo el Tribunal supremo- que entiende en una causa determinada, declarando su inconstitucionalidad. En cambio, el control es particular porque en nuestro país no hay un control de constitucionalidad erga omnes, sino que éste se da en un caso concreto porque tiene que existir un proceso judicial que respete la garantía del debido proceso, escuchando a quienes se puedan beneficiar o perjudicar con una declaración de inconstitucionalidad, en la que se puedan producir las pruebas, las alegaciones del caso para que el juez, con posterioridad, resuelva. El juez posee las facultades necesarias para declarar la inaplicabilidad de una ley en un caso concreto, si es inconstitucional. De esta manera funciona nuestro sistema de control de constitucionalidad cuando la ley ya fue dictada.
El Poder Legislativo sólo tiene facultades para derogar una ley cuando ya ha sido sancionada y promulgada. Esto es lo que el Congreso Nacional hizo en 1998; es decir las derogó -como bien dijo un orador preopinante- porque las leyes se encontraban vigentes y a nadie se le había ocurrido plantear la nulidad.
Por lo tanto, queda claro que el control de constitucionalidad no puede ser ejercido por el Poder Legislativo una vez que la ley ya se encuentra dictada. Así, el control de constitucionalidad integra una zona de reserva que es propia y exclusiva del Poder Judicial.
Considero que es una verdadera lástima que hoy estemos tratando este proyecto de ley sobre tablas, sin contar con un dictamen de comisión. En caso de que se hubiera decidido su tratamiento en una comisión se podría haber convocado a juristas y constitucionalistas a los efectos de esclarecer debidamente este punto, sin caer en la inconstitucionalidad de declarar nulidades de leyes, que es un tema para el cual el Congreso no posee facultades porque, como dije anteriormente, no puede declarar la nulidad de sus propias leyes encontrándose vigente el estado de derecho.
Creo que estas declaraciones de nulidad acentúan la falta de seguridad jurídica que hoy existe en la Argentina. En este momento necesitamos recuperar la seguridad jurídica para que el país, en un clima de confianza y reglas de juego claras supere la crisis que vive y se encamine en el sendero de crecimiento y desarrollo que todos deseamos.
Por las razones expuestas, voy a votar en contra de esta declaración de nulidad, porque francamente, además de inconstitucionalidad el Congreso se está arrogando facultades propias del Poder Judicial.
Modificación del reglamento del Honorable Senado de la Nación - 02/07/03
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que resulta muy positiva la iniciativa que estamos considerando tendiente a modificar el Reglamento de nuestro cuerpo y a poder reglamentar de una manera más acabada y prolija el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Creo que estas modificaciones al procedimiento van a significar una sensible mejora, en orden a la calidad de las designaciones que haga el Poder Ejecutivo con acuerdo de este Senado.
También es positivo el decreto que el 19 de junio dictó el Poder Ejecutivo nacional auto limitándose en esta materia. De manera tal que la conjunción armoniosa del decreto y de la modificación que se propicia al Reglamento evidentemente va a tener como resultado una mejora sustancial en la calidad de las designaciones para integrar nada menos que el más alto tribunal de Justicia de nuestro país.
No obstante, me parece conveniente precisar, con la misma prolijidad del decreto del Poder Ejecutivo nacional, el plazo de cada una de las etapas descriptas en la reforma que estamos introduciendo al Reglamento.
En efecto, el decreto del Poder ejecutivo habla por ejemplo de publicar edictos por tres días, de quince días para recibir observaciones y opiniones de las organizaciones y, luego, de quince días para elevar el pliego al Senado de la Nación.
En el caso de la modificación que se propicia al Reglamento de esta Cámara, se establece la publicación de edictos por dos días; un plazo de tres días para la evaluación de las impugnaciones y observaciones y el traslado de estas por tres días al interesado. Asimismo, se fija el plazo para la realización de la audiencia, pero no está descripto el lapso dentro del cual hay que realizar impugnaciones u observaciones. Y me parece que es prudente establecerlo, porque tiene que ser un plazo suficiente como para que, luego de publicados los edictos, las personas interesadas o las organizaciones de la comunidad puedan hacer llegar sus puntos de vista sobre este tema, sobre la designación que se propicia.
En el caso del decreto del Poder Ejecutivo se ha fijado para esto último un plazo de quince días, que creo que es prudente y que también se debería reflejar en la modificación al Reglamento del cuerpo que vamos a votar, para dejar perfectamente establecida de una manera simétrica a los tiempos que ha definido el Poder Ejecutivo en su decreto de autolimitación la secuencia de tiempo en el tratamiento de los pliegos dentro del Senado.
Considero también que en designaciones de esta envergadura y de estas características es conveniente el voto nominal. Coincido con lo que ha manifestado el senador preopinante en cuanto a la necesidad de que, luego de que sancionemos esta modificación al Reglamento, la respetemos. Esto lo digo, precisamente, porque en la sesión de hoy el Reglamento no ha sido respetado en los acuerdos que hemos dado.
Sr. Presidente (López Arias).- Señor senador: el senador Yoma le pide una interrupción. ¿La concede?
Sr. Gómez Díez.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (López Arias).- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma.- En realidad el artículo 22 del Reglamento ya prevé el plazo para presentar las impugnaciones y esto rige para todos los acuerdos que vaya a otorgar la Cámara. El artículo 22 dice que dentro de los dos días hábiles la Secretaría Parlamentaria dará a conocer los pedidos de acuerdo que han ingresado. El segundo párrafo dice que los ciudadanos podrán ejercer ese derecho dentro de los siete días hábiles siguientes. Es decir que este artículo prevé este plazo para todos los acuerdos.
Sr. Presidente (López Arias).- Senador Gómez Díez: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Gómez Diez.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias).- Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- El artículo 123 bis, en el apartado segundo, inciso b), establece que la publicación a través del Boletín Oficial y los diarios debe detallar el plazo para presentar las preguntas y las observaciones a las calidades y méritos del aspirante propuesto, con cita de la norma reglamentaria. Este plazo está debidamente contemplado en el dictamen de comisión.
Sr. Presidente (López Arias).- Señor senador Gómez Diez: la señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Presidente (López Arias).- Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.- Fijar el plazo de acuerdo a la propia Comisión de Acuerdos surge de la redacción del artículo. En realidad es de buena técnica, cuando se hace este tipo de cosas, no establecer números precisos porque muchas veces se necesita más o menos tiempo.
Además, cuando uno es miembro de la comisión percibe la cantidad de impugnaciones que puede tener cuando la cuestión toma estado público, porque normalmente nadie hace impugnaciones sobre un candidato que no ofrece mayores observaciones. En realidad, el plazo no está determinado pero no porque no lo haya. La comisión tiene la facultad de fijarlo. Esto es lo que surge de la propia lectura de la norma.
Sr. Presidente.- Continúe, señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez.- En todo caso acá debe haber una garantía de un plazo mínimo que tiene que ser suficiente como para que las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos puedan deducir cuáles van a ser sus observaciones. Por eso creo que en este aspecto es prudente fijar un plazo y como estamos reglamentando un procedimiento especial --que no es el del artículo 22--, me parece importante también que dentro del procedimiento especial esté el plazo mínimo para deducir observaciones o impugnaciones, como bien lo ha fijado el decreto del Poder Ejecutivo nacional.
En el caso de nuestro Reglamento podría ser un plazo mínimo de quince días, y si hubiera una designación extremadamente compleja o tal vez una multiplicidad de designaciones, se podría llegar a extenderlo. Pero, por lo menos, me parece interesante que quede un plazo mínimo establecido en el texto del Reglamento.
Respecto del tema de los magistrados inferiores, yo discrepo con lo establecido en el dictamen de comisión en el sentido de que la situación de ellos es distinta de la de los jueces de la Corte. ¿Por qué? Porque cuando se va a designar un juez de la Corte, el Poder Ejecutivo nacional elige un candidato, un nombre, de manera discrecional. No hay selección previa alguna. No se publican edictos para inscribirse como candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esto es el presidente el que tiene la iniciativa --de carácter discrecional-- de proponer un nombre que, con esta autolimitación que ha establecido el decreto, va a recibir observaciones o impugnaciones antes de ser remitido al Senado.
Distinto es el caso del Consejo de la Magistratura. En ese organismo se publican edictos y se inscriben a todas aquellas personas que están interesadas en ocupar esa vacante en la Justicia. A partir de allí, se hace la publicación en los diarios de circulación nacional y en las provincias, si la vacante es de algún distrito del interior del país. De hecho interesa también, precisamente, que la comunidad sepa que se llamó a concurso y que se puedan presentar profesionales del lugar. Es lo ideal para ocupar esa vacancia. Luego de que se han inscripto los interesados hay todo un procedimiento de evaluación de los antecedentes. Se presentan impugnaciones a los antecedentes y a la evaluación que ha hecho la comisión. Posteriormente, existe una prueba de oposición, que se califica con seudónimo para asegurar la absoluta objetividad de la calificación de la pruebas. Luego se resuelven todas las impugnaciones que se han presentado.
La verdad es que es que se trata de un procedimiento bastante prolífico en orden a la cantidad de impugnaciones que se generan.
A veces esto no se sabe, pero en ocasiones se cuestiona este mecanismo diciendo que es lento y engorroso. Y es lento y es engorroso porque hay calificación de antecedentes, prueba de oposición y se resuelven múltiples impugnaciones de todo tipo.
Luego hay una entrevista pública de la Comisión de Selección con todos los interesados que han rendido la prueba de oposición. A posteriori de eso se emite un dictamen con una propuesta de la Comisión de Selección, que va al plenario. En el plenario nuevamente hay una entrevista pública a las personas que han sido propuestas en la terna. Luego se vota y se constituye la terna. Hay que tener dos tercios para constituir terna. Luego la terna va al Poder Ejecutivo. Es decir, hay todo un mecanismo previo que ha fijado la Constitución y la ley que garantiza la selección, que garantiza la mayor objetividad posible en orden a los que van a la terna para la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Allí sí ya se trata de un acto discrecional: se elige a alguno de los candidatos que han sido propuestos en la terna. Esto, por supuesto, es discrecional, pero verdaderamente la terna es constituida con tantas garantías que cualquiera que sea elegido por lo menos ha cumplido con todas las pruebas de selección posibles para desempeñar la función judicial.
Posteriormente el pliego viene al Senado, que es donde se le presta acuerdo.
De manera tal que si todo este trámite demora más de un año, verdaderamente no tiene sentido hacer más engorroso o dilatar más todo este procedimiento, que ya tiene una suficiente cantidad de garantías con las disposiciones de la Constitución y de la ley que están vigentes en este momento.
Acá se ha mencionado el caso de un subrogante de Catamarca que fue designado para cubrir interinamente una vacante producida en el Juzgado Federal de esa provincia. La Comisión de Selección nominó a un magistrado jubilado para cubrir interinamente esa función mientras se hacía el concurso --a juicio de la selección -- dentro de los magistrados jubilados disponibles en la zona.
Esto aparecía como lo más razonable. Pero no se trató de un magistrado que atravesó todo este proceso complejo de selección, sino simplemente de un juez jubilado que habitaba en la zona.
Quiero señalar que el magistrado de Salta a que se ha hecho referencia fue designado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado, antes de la constitución del Consejo de la Magistratura y de que estuviera vigente todo este mecanismo de selección.
Es por eso que considero que este ejemplo no es aplicable a lo que, en definitiva, tenemos que decidir en este momento.
En consecuencia, realmente pienso que daremos un paso importante en la modificación del Reglamento de este Senado.
El Poder Ejecutivo ha dado un paso importante a través del decreto de autolimitación. Además, se dispondrá de la recopilación de impugnaciones y observaciones que se formularán en la etapa de selección previa de antecedentes.
El origen de la propuesta siempre estará en manos del Poder Ejecutivo, y luego, antes del otorgamiento del acuerdo, se abrirá en el Senado una segunda instancia de observaciones e impugnaciones.
Por lo tanto, considero que es acertado avanzar en los cargos de jueces de la Corte Suprema. Pero francamente respecto de los magistrados inferiores, con las disposiciones constitucionales en cuanto al Consejo de la Magistratura --de constitución plural, ya que está integrado por representantes de los jueces, de los abogados, de las universidades, de las academias, del Congreso y del Poder Ejecutivo, o sea que es un ámbito muy plural y participativo--, más todo el mecanismo de selección que involucra la presencia de organizaciones no gubernamentales en las deliberaciones, la publicación de edictos y demás, creo que está suficientemente garantizada su selección.
Hay un número apreciable de vacantes que se van cubriendo por año en todo el país. Por eso, agregar más etapas a la designación de los magistrados inferiores no creo que sea necesario.
Y la verdad es que si se llegara a aplicar este mecanismo tendríamos que modificarlo al poco tiempo porque nos encontraríamos con un taponamiento en la Comisión de Acuerdos que dilataría innecesariamente la cobertura de las vacantes de los jueces inferiores.
Piensen ustedes que para que cubrirse los cargos de jueces inferiores tiene que haber previamente una vacancia.
Sr. Yoma. -- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Gómez Diez. -- Sí, señor senador.
Sr. Presidente (López Arias). -- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. -- Señor presidente: quiero decir dos cosas.
En primer lugar, se habla de que el proceso de selección se va a dilatar y a burocratizar enormemente. Pero estamos hablando de sólo veinte días. Ese sería el tiempo que llevaría todo el trámite de las impugnaciones y la posterior resolución.
¿Cuál sería la burocratización? En el Senado hubo pedidos de acuerdo que han durado mucho más tiempo, sin la existencia de la audiencia pública.
En segundo término, si no adoptamos este sistema también con los jueces inferiores, además de incumplir y establecer una distinción --que no la hace la Constitución, porque equipara a los jueces superiores e inferiores-- estaríamos discriminándolos. ¿Por qué? Porque a los jueces de la Corte les damos la posibilidad de presentarse, defenderse y responder a las impugnaciones. ¿Por qué no hacerlo con los miembros de los tribunales inferiores? ¿Por qué no darle esa misma posibilidad no solamente al ciudadano para que pueda impugnar sino también al propio magistrado para que pueda ejercer su defensa?
Sr. Presidente (López Arias). -- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Según la Constitución, la situación de los jueces de la Corte y de los jueces inferiores es distinta, porque también es diferente su jerarquía. Por eso en el caso de los jueces de la Corte se requieren los dos tercios de los votos de este Senado para que se preste el acuerdo respectivo y en el caso de los jueces inferiores sólo se exige mayoría simple.
Además, en el caso de los jueces de la Corte la iniciativa del nombre es del Poder Ejecutivo, cuando en el caso de los jueces inferiores se puede inscribir cualquier persona que reúna las condiciones para el cargo y quiera ocuparlo, teniendo simplemente que sujetarse a todo el procedimiento y rendir un examen escrito. No es esta la situación de los jueces de la Corte. Es decir que son dos casos distintos.
Además, con este procedimiento, el trámite en el Senado no demandará veinte días. Por eso también mociono en el sentido de que se establezca el plazo dentro del cual las organizaciones no gubernamentales y los ciudadanos podrán deducir observaciones. Y no se pueden poner plazos sumarísimos de dos días, porque de esa forma nadie podría presentar observaciones e impugnaciones.
Creo que en este tema hay que ser...
Sra. Ibarra. -- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). -- ¿Acepta la interrupción, señor senador?
Sr. Gómez Diez. -- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). -- Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. -- Con respecto al plazo quiero plantear que el artículo 22 al que hacemos referencia establece el tema de la publicación en Internet y en los dos diarios de mayor circulación.
Además, indica claramente que esto tiene que suceder con una antelación no menor a quince días, y es en ese plazo en el cual se presentan las preguntas y las observaciones para la audiencia pública. Es decir que, necesariamente, ese plazo tiene que ser menor a quince días.
Si hoy se publicara que la audiencia pública será dentro de veinte días quedaría claro que durante el transcurso de esos veinte días se recibirán las observaciones, las impugnaciones, y que luego se hará la audiencia.
Digo esto porque, si no, pareciera que hubiese un procedimiento de dilación. Leamos el artículo tal como lo estamos planteando, porque se trata de un procedimiento muy rápido, preciso, transparente y con publicidad que está generando la posibilidad de que el Senado no se convierta en un invitado de piedra en este punto.
Creo que es interesante esa propuesta que se planteó con respecto a los jueces inferiores, porque el trámite ante el Consejo de la Magistratura tiene una naturaleza absolutamente distinta del control político que ejerce un Senado, que está representando a las jurisdicciones locales pero, además, fue elegido por el pueblo; es un lugar distinto.
La verdad es que a través de la elección directa se produce un contacto estrecho de la gente con esta casa y la sitúa en un lugar de control y de participación importante.
Si el pliego llega tan puro, pues no tendrá observaciones e impugnaciones y la resolución habrá demorado sólo veinte días. Si por el contrario llegaran observaciones e impugnaciones dignas de ser atendidas y revisadas por los senadores, bienvenido sea que la decisión se demore veinte días para poder prestar atención a algo tan importante, porque un juez de primera instancia toma decisiones importantísimas sobre la vida, la libertad y los bienes de la gente.
Este es un aporte importante para el rol del Senado en esta cuestión, con lo cual el trámite no se dilata. Si el pliego viene puro esto no tardará más de veinte días, y si no viene puro, bienvenido sea que se demore un poco más y que miremos bien quién va a decidir sobre la vida y la libertad de la gente.
Sr. Maestro. -- Solicito una interrupción.
Sr. Presidente (López Arias). -- ¿Acepta la interrupción, señor senador Gómez Diez?
Sr. Presidente (López Arias). -- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Maestro.
Sr. Maestro. -- Yo no comparto el optimismo sobre la brevedad de los tiempos que han expresado los senadores preopinantes, porque lo que establece el artículo 22 bis es que hay que recibir el pliego del Poder Ejecutivo, establecer a través de la Secretaría Parlamentaria la publicación de edictos --incluso en el lugar de designación del juez, es decir, en el interior del país--, contratar la publicidad en el interior y publicar los edictos.
Después de la publicación de edictos hay que establecer una cantidad de días hábiles, que precisamente no pueden ser muy escasos, para que cualquier ciudadano o institución del interior del país, del lugar que corresponda --digo esto por si el juez a designar es federal--, pueda hacer llegar sus observaciones o impugnaciones.
El propio Reglamento que estamos por modificar establece que una vez recibidas todas esas observaciones o impugnaciones la Comisión de Acuerdos debe reunirse. Por lo tanto, hay que esperar el día de reunión de la comisión, la cual analizará en el término de tres días hábiles las impugnaciones. Y si determina que tienen entidad suficiente tendrá que dar traslado al interesado, que está en el interior del país. Hay todo un mecanismo complejo para hacerle llegar las observaciones, lograr que se notifique, que tenga tres días hábiles, a su vez, para contestarlas y para aportar la prueba que estime necesaria. Y a partir de allí --dice el dictamen-- se le notificará al interesado el día, la hora y el lugar en que se realizará la audiencia pública.
Se fija la fecha de realización de la audiencia pública, se realiza y a partir de allí la Comisión de Acuerdos debe producir el dictamen definitivo, que tampoco lo va a resolver ahí. Si la cuestión ha sido controvertida, seguramente habrá diversas posiciones dentro de la comisión, esto será consultado con los bloques y recién entonces se podrá tener resolución definitiva.
No nos hagamos ilusiones, porque hablando de días corridos --ya no de días hábiles-- creo que estaríamos por lo menos tres meses con cada uno de los pliegos de jueces federales.
Me parece que de los muchos argumentos que se están vertiendo para no incluir a los jueces inferiores, esta tampoco es una observación menor; no es tan rápido el procedimiento.
Sr. Presidente (López Arias). -- Los señores senadores que quieran hacer uso de la palabra serán anotados en su momento. De lo contrario, se consume el tiempo de quien está haciendo uso de la palabra.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: me pregunto qué es lo que hoy está cuestionado por la ciudadanía. ¿Está cuestionado el mecanismo de designación de los jueces inferiores? No. Yo no advierto, por lo menos, que hoy se cuestione este mecanismo. Lo que se cuestiona es el mecanismo de elección de los jueces de la Corte. ¿Por qué? Porque el mecanismo del Consejo de la Magistratura viene funcionando razonablemente bien. Incluso, ¿cuáles son las quejas que escuchamos? Que debería ser más rápido. ¿Y por qué no es más rápido? Porque se deducen quinientas impugnaciones por concurso, hay que resolverlas a cada momento y eso lleva tiempo.
Quienes integran la Comisión de Acuerdos y están presentes en este recinto saben cómo son las entrevistas con los interesados. Cuando se les hace la pregunta: "¿Cómo le fue en el Consejo de la Magistratura y qué opina usted del trámite en ese cuerpo?", en todas las contestaciones dicen que han tenido una carrera de obstáculos de más de un año antes de llegar a la Comisión de Acuerdos. Esta es la realidad.
La verdad es que la única satisfacción que uno siente cuando escucha en ese caso a los interesados es la que una vez escuché de alguien que decía: "Bueno, pasé por todo esto, pero ¿sabe qué?, al final, si no existiera el Consejo de la Magistratura yo no estaría sentado acá."
Esto tiene su origen en el hecho de que, para cubrir la vacante, hay una inscripción pública de interesados. Se inscriben todos los que están en condiciones y quieren hacerlo, y luego viene el procedimiento de selección.
En el caso de la Corte es distinto: la iniciativa la toma el Poder Ejecutivo que, entre los múltiples candidatos posibles, elige uno. Lo que queremos es que para ese candidato elegido por el Poder Ejecutivo exista transparencia, en orden a una suerte de consulta a la comunidad para poder recoger impresiones y observaciones, que luego le servirán al Poder Ejecutivo para mandar el pliego y a nosotros para decidir el acuerdo.
Por lo tanto, así como nosotros no estamos introduciendo dentro de este mecanismo a las fuerzas armadas o al personal del servicio exterior, ya que suponemos que son pedidos de acuerdos que han sido tamizados, porque hay una junta de calificaciones y todo un mecanismo previo que garantiza la selección, sin duda que está garantizada, por lo menos en todo lo humanamente posible, en el caso de los magistrados inferiores.
Por lo tanto, lo prudente es que acotemos esta modificación del Reglamento a los jueces de la Corte Suprema, con lo cual vamos a dar respuesta a lo que hoy la ciudadanía esta cuestionando y, en la medida de lo posible, vamos a agilizar la cobertura de los cargos de los magistrados inferiores.
Modificación de la ley de Entidades Financieras y Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central - 18/06/03
Sr. Presidente. - Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica la ley de entidades financieras, número 21.526, y la Carta Orgánica del Banco Central. Sr. Presidente. - Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez. Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: como bien lo señaló el señor miembro informante al comienzo de su exposición, básicamente, el proyecto en consideración consta de dos grandes capítulos. En primer lugar, se plantea la modificación de la ley 21.526 de entidades financieras. En general, estamos de acuerdo con las propuestas de modificación porque tienden a hacer más expeditivo el proceso de reestructuración de las entidades financieras. En cambio, no sucede lo mismo con el segundo capítulo de la iniciativa, que aborda las modificaciones a la ley 24.144 sobre Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. En ese caso, tenemos diversos reparos que formular y, en general, a nuestro juicio, es desaconsejable modificar el texto normativo. Voy a la primera cuestión. El proyecto de ley que estamos analizando fue remitido al Congreso el 22 de mayo, o sea, en las postrimerías, en las horas finales del anterior gobierno nacional. Y ese mismo día el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia que lleva el número 1262/03. A través de dicho decreto se crea una unidad de reestructuración de las entidades financieras, integrada por tres representantes del Ministerio de Economía y tres del Banco Central, con la peculiaridad de que durante el primer año, es decir, el lapso de tiempo durante el cual va a tener lugar la reestructuración de estas entidades, la unidad está presidida por el Ministerio de Economía, el cual tiene doble voto en caso de empate. Con lo cual está claro que, en el hipotético caso de una divergencia de criterio entre el Banco Central y el Ministerio de Economía, prima el criterio de este último. Si estamos legislando sobre la reestructuración de las entidades financieras, obviamente no tiene explicación que no tratemos el decreto 1262/03, ya sea para ratificarlo o rectificarlo, porque es exactamente la misma materia sobre la cual estamos legislando en este momento. Además, debe señalarse que este decreto es otro eslabón más de una larga cadena de abusos en materia de decretos de necesidad y urgencia, donde hemos visto que hasta universidades nacionales se crean por esa vía. Y, obviamente, en temas que manifiestamente no son urgentes, vale decir, que no reúnen ni por asomo el requisito constitucional de la emergencia. Este decreto de necesidad y urgencia establece que la unidad de reestructuración del sistema financiero tiene la siguiente competencia; dice su artículo 1º " Definir la estrategia de reestructuración del sistema financiero, así como el correspondiente plan de acción." Por otra parte, la Carta Orgánica del Banco Central, en su artículo 14 inciso g) dice: "Fijar políticas generales que hacen al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero, las que deberán ser observadas por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias." sea que hay una notoria superposición de competencias entre la Unidad y el Banco Central. Además, el artículo 3º de este decreto de necesidad y urgencia dice que la unidad de reestructuración lo tiene que autorizar al Banco Central para modificar los plazos de devolución de los redescuentos, que es de por sí una atribución de la entidad bancaria. A su vez, el inciso c) de este mismo artículo 3º dice que la unidad debe aprobar los planes de transformación y reorganización de las entidades financieras. Y el artículo 4º -como frutilla del postre- dice que, además, el Poder Ejecutivo puede asignarle a la unidad otras funciones adicionales, facultad que tiene rango de ley. Evidentemente, acá hay un manifiesto debilitamiento de la autonomía del Banco Central, que está establecida en su Carta Orgánica y, además, se abre la posibilidad de la existencia de criterios divergentes. ¿Qué pasa si el Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras, aprueba un plan de reestructuración que la unidad de reestructuración, a su vez, no lo comparte, lo desaprueba; con lo cual tenemos acá la posibilidad de dos órganos con idéntica competencia que, llegado el caso, pueden tener criterios divergentes, entorpeciéndose así el proceso de reestructuración de la banca? Ahora quisiera referirme brevemente a cinco observaciones puntuales a las modificaciones que se plantea introducir a la Carta Orgánica del Banco Central. En primer lugar, acá se modifica el artículo 14, donde se agrega un inciso q) por el cual se atribuye al Directorio del Banco Central la posibilidad de eximir -dice-, atenuar o reducir cargos. Vale decir que el Directorio del Banco Central va a tener, a partir de ahora, una facultad discrecional que es la de poder llegar a eliminar los cargos, que son las sanciones por las faltas que pueden cometer las entidades financieras, con lo cual pierde total transparencia y objetividad la gestión del Directorio en este aspecto. Lo que se necesita acá en materia de cargos -o sea, de sanciones- frente a incumplimientos de las entidades financieras es, precisamente, una regla fija: hay falta, en consecuencia, hay sanción. Además, esto hace a un principio constitucional como es el de la igualdad ante la ley. Realmente, esta disposición es muy preocupante, porque si queremos encarar con seriedad la reconstrucción de la Argentina debe ser en base al apego a la Constitución y a la ley: hay una falta, hay sanción; no hay falta, no hay sanción. Pero esto de que puede haber falta y, entonces, la autoridad de aplicación resolverá si aplica una sanción o no, es muy poco transparente y, además, va a generar un sinnúmero de presiones sobre el Directorio del Banco Central. La segunda observación se refiere al artículo 20. Debemos dejar en claro que la independencia del Banco Central ha sido establecida, precisamente, para separar todo lo que es la política monetaria de la política fiscal. Cuando se mezcla una con la otra empiezan los problemas; y en el pasado inmediato de la Argentina hemos tenido múltiples problemas de este tipo como para no aprender la lección. Acá se está modificando este artículo y se está estableciendo un aumento en los adelantos del Banco Central al Tesoro. Concretamente, ese incremento es del 12 por ciento de la base monetaria, que es una suma importante: son alrededor de 4.800 millones de pesos, o sea, casi 5 mil millones. Es una suma significativa. Imaginemos que aquí estamos diciendo que todo el dinero que queda en el corralón son 7 mil millones, por lo cual nos debemos dar cuenta de la magnitud de esta cifra. En reunión de comisión los funcionarios del Ministerio de Economía han dicho que la razón de esta modificación es para poder hacer frente a desfases que se producen en los pagos a organismos internacionales de crédito. Es decir, se pueden dar situaciones en las que haya que pagar una suma para cumplir una obligación y donde existe el compromiso de ese organismo internacional de crédito de devolver luego ese importe una vez que se ha demostrado voluntad de pago cumpliendo con la obligación. Frente a ello, hemos pedido en comisión que eso se explicite en el artículo; o sea, que eso será para el caso de que se genere necesidad de efectuar una erogación de tales características. Pero resulta que esa observación no ha sido recogida en el texto del proyecto, por cuanto no figura en el artículo 20 del dictamen de comisión. Acá, simplemente, figura la posibilidad de un aumento de los adelantos transitorios que, francamente, es una disposición que no nos parece saludable dentro de lo que debe ser una política de Estado permanente en cuanto a diferenciar la política monetaria de la fiscal. La tercera observación es la siguiente: el inciso a) del artículo 16 del proyecto de ley a partir de ahora le permite al Directorio del Banco Central otorgar asistencia por motivos de solvencia a las entidades financieras. Pero sucede que los redescuentos están hechos para atender problemas de iliquidez y no problemas de solvencia de las entidades En efecto, cuando las entidades financieras tienen problemas de solvencia el camino es otro: los accionistas tendrán que capitalizar esa entidad o, eventualmente, deberán recurrir a SEDESA que tiene facultad incluso para hacer aportes de capital. En definitiva, el dinero del Banco Central es de la gente y prestárselo a entidades con problemas de solvencia y que no tienen suficiente capacidad patrimonial no parece precisamente algo aconsejable. Cuarta observación. El artículo 16 en su inciso b) le permite al Directorio del Banco Central autorizar la integración de los requisitos de reserva -o sea, los encajes- con otros activos financieros distintos de los previstos en el artículo 28 de la ley. ¿Y qué dice el artículo 28 de la Carta Orgánica del Banco Central? Dice que la integración de los requisitos de reserva no podrá constituirse sino en dinero en efectivo o en depósitos vista en el Banco Central o en cuenta de divisas. Es decir, los encajes hay que hacerlos en efectivo, porque es el resguardo de liquidez que tiene la entidad financiera. Y, al respecto, ya vivimos la experiencia de Cavallo de constituir el encaje de los bancos con títulos públicos afectando la solvencia del sistema. Digámoslo también con claridad, cuando a principios del año pasado modificamos la Carta Orgánica del Banco Central salió un texto que posibilitaba tomar a cuenta de los encajes títulos públicos valuados a precio de mercado. Pero el Poder Ejecutivo observó ese artículo mediante el decreto de promulgación 248, en cuyos considerandos el anterior gobierno dijo que en atención al carácter de reserva de liquidez que presentan los encajes se estima razonable observar la posibilidad de su integración con títulos públicos valuados a precio de mercado en la proporción que fije el Banco Central de la República Argentina. Es decir, constituir con otros activos financieros los requisitos de reserva es una práctica que atenta contra la liquidez del sistema y el resguardo que deben tener los bancos frente a eventuales corridas. Vale decir, esta es claramente una norma que pone en juego la liquidez del sistema y representa además un riesgo para los ahorristas y depositantes, respecto de los cuales tenemos precisamente que recuperar su confianza para que los depósitos vuelvan a los bancos La quinta y última observación se refiere al tema de las cuasi monedas. El artículo que se inserta en el dictamen de comisión no presenta ninguna novedad, porque es lo que todos ya sabemos, lo que dice la Constitución y la ley: no se pueden emitir cuasi monedas. Digamos con franqueza: reiterar una prohibición es algo que carece mayormente de sentido. Si queremos hacer algo en serio, pongámosle una sanción a los que emiten cuasi monedas. Así, digamos que quienes emitan cuasi monedas, por ejemplo, estarán incursos en la figura penal del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, sí vamos a poder garantizar el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Aquí se hace una descripción de lo que debe entenderse por cuasi moneda, que francamente es muy pobre. En este sentido, la jurisprudencia ha sido mucho más certera en la descripción de las cuasi monedas; y esto es antiguo porque el tema de las cuasi monedas es un asunto viejo en nuestro país. Recuerdo que ya en 1907 Figueroa Alcorta tuvo que dictar un decreto intimando a las provincias que emitían cuasimonedas. Y, al respecto, en la jurisprudencia se encuentran varios casos. Por ejemplo, el que llegó a la Corte, "Viñales c/ Provincia de Jujuy", de 1927, que cuenta con una descripción mucho más clara de estos medios de pago, en donde se establece que: "La emisión de títulos realizada por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy... dadas las apariencias y caracteres extrínsecos de billete fiduciario con que han sido emitidos, determinados por la forma, dimensión, escaso valor representativo, tipo y colorido de impresión y demás características de dichos valores, visiblemente destinados a realizar funciones de medio circulante con actuación de papel moneda en el movimiento general de las transacciones de toda especie... es contraria a la Constitución Nacional". Esta es una definición mucho más completa de lo que son las cuasimonedas. Por todas estas razones que he tratado de resumir en sus aspectos más salientes, comparto como razonables las modificaciones a la ley de entidades financieras. Pero me parece que "tocar" la Carta Orgánica del Banco Central es francamente un camino desacertado, tanto porque hay aspectos que hacen a la independencia del Banco Central -que se le está debilitando- como muchos otros que entiendo que no cumplen precisamente con el objetivo que debemos lograr, que es hacer más sólido el sistema financiero y recuperar la confianza de los depositantes y ahorristas.
Informe del Señor Jefe de Gabinete de Ministros - 25/06/03
Sr. Gómez Diez. - Deseo formular cuatro breves inquietudes.
El señor jefe de Gabinete ha hecho mención al plan de obras públicas a ejecutar por el actual gobierno nacional y, en forma particular, ha hecho hincapié en la terminación de unidades habitacionales que están inconclusas a lo largo y a lo ancho del país. Seguramente ello se ha debido a que en este aspecto se han desviado de su finalidad original recursos del FONAVI que han terminado financiando gastos corrientes de las diferentes jurisdicciones provinciales. Creo que esta es una tarea muy importante porque, como se ha hecho mención, permitiría finalizar 20 mil viviendas.
Pero en esta línea de terminar lo inconcluso, quisiera pedirle al señor jefe de Gabinete que se considere de manera especial la terminación de diversas obras viales que, a lo largo y a lo ancho del país, hay abandonadas por la Dirección Nacional de Vialidad y que, con un esfuerzo relativamente reducido frente a la magnitud de la inversión general para esas obras, pueden terminarse con un notable beneficio para las diversas producciones regionales. Se trata de obras de infraestructura que, en general, facilitan el transporte de mercaderías y de la producción de nuestras provincias.
A título de ejemplo, quiero mencionar el caso en la ruta 34 en el tramo Antilla-Rosario de la Frontera, jurisdicción de la provincia de Salta, que posibilitaría acortar distancia hacia las principales concentraciones urbanas del sur de nuestro país, transportando nuestra producción regional. Creo que sería muy importante poder terminar esas obras para que puedan ser inauguradas y prestar servicio.
La segunda cuestión está referida al tema del PAMI. Comparto la inquietud que aquí ha expuesto el senador Baglini. En un término récord de cuarenta y ocho horas el Congreso sancionó el proyecto de ley que había requerido el Poder Ejecutivo nacional. Pero creo que todos queremos conocer, más allá de la coyuntura, la política de fondo respecto del PAMI, que defina en su momento -si es que todavía no la ha definido- el Estado nacional, puesto que creo que muchos tenemos la sensación de que estamos frente a un modelo prestacional agotado. Entonces es bueno definir en esto el rumbo que se va a seguir.
La tercera cuestión está relacionada con nuestras economías regionales. En este sentido, quiero pedirle al señor jefe de Gabinete que le transmita al ministro de Trabajo de la Nación la inquietud que existe en muchas provincias, en orden a la reunión de las comisiones paritarias regionales de trabajo rural para poder definir las condiciones del mismo y actualizar todo lo que se refiere a remuneraciones, considerando las diversas particularidades regionales. Evidentemente, no todas las regiones tienen las mismas necesidades: es distinto lo que pasa en la Pampa Húmeda de lo que ocurre en el Norte o en la Mesopotamia.
Y como tenemos noticias de que se están tomando medidas que comprenden a todo el país, desconociendo estas diferentes características de las economías regionales, es que consideramos importante que estas comisiones paritarias regionales se puedan reunir.
La cuarta y última cuestión está relacionada con la visita del director gerente del Fondo Monetario. Creo que sería muy importante que el señor jefe de Gabinete nos pudiera ilustrar acerca del contenido de las conversaciones; básicamente, del resultado de las mismas y de los pasos inmediatos que va a dar el gobierno nacional; pasos que, sin duda, todos miramos con mucha expectativa. Porque aquí también va a ser necesario tomar decisiones relacionadas con la elaboración del presupuesto nacional para el año próximo. Dada la altura del año hay que comenzar a elaborarlo y a definirlo para luego remitirlo al Congreso de la Nación.
Modificación de la ley 19101 - Promoción de Oficiales al grado superior - 04/06/03
Sr. Presidente (Gioja). -- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Pido que por Secretaría se lea el texto del artículo tal como ha sido propuesto, para luego solicitar una pequeña modificación, sobre la cual he estado hablando con la presidenta de la Comisión y con el autor de la moción, el señor senador Yoma.
Sr. Presidente (Gioja). -- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). --(Lee:) "El requisito del tiempo mínimo en el grado no será exigible respecto de los oficiales superiores que sean nombrados para ocupar los cargos de jefe del Estado Mayor del Ejército, jefe del Estado Mayor General de la Armada y jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea."
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: la modificación de la que estábamos hablando con los senadores Fernández de Kirchner y Yoma, consistiría --al objeto de una mayor precisión-- en agregar a continuación del requisito de tiempo mínimo la expresión "para ser promovido al grado inmediato superior". Luego continuaría el texto del artículo tal como estaba redactado.
De esa forma le daríamos mayor precisión a la expresión "tiempo mínimo", ya que se aclara que es para ser promovido al grado inmediato subsiguiente.
Sr. Presidente (Gioja). -- Consideraremos esa modificación cuando entremos al tratamiento en particular.
Homenaje a la Constitución Nacional - 17/05/03
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente: desde el Interbloque Federal queremos agradecer y destacar la presencia en este recinto de las autoridades de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, los doctores Hernández, Dalla Vía y García Lema. La Asociación es verdaderamente una entidad que prestigia a nuestro país y que reúne a todos los estudiosos del derecho constitucional.
Rendir homenaje a la Constitución de 1853 es hacerlo respecto de la generación que organizó la Patria y la República. Hace ciento cincuenta años se redactó nuestra Constitución que tuvo, principalmente, tres grandes fuentes: el proyecto de constitución que había elaborado Juan Bautista Alberdi, el trabajo de comisión que tuvo como redactor a José Benjamín Gorostiaga y el modelo de la Constitución de los Estados Unidos que era la gran democracia federada de su tiempo.
Los constituyentes, al igual que hoy nosotros, pensaban que la Argentina era un gran país, que tenía todas las condiciones para tener un destino promisorio. Creían con acierto que había que dejar atrás un pasado de violencia y de desorganización, que había que organizar el estado de derecho como requisito para generar el crecimiento y así lo hicieron. Establecieron los derechos de los ciudadanos, organizaron el gobierno y, además --esta es una característica peculiar de nuestra Constitución--, establecieron también un programa en base al cual la Argentina creció y se desarrolló.
Dicho programa fue muy claro, abierto y representó un gran acierto que le posibilitó al país crecer durante décadas; y estaba basado en ideas muy explícitas que figuran en la Constitución. Es decir, para un país vacío se fomentaba la inmigración y para un país extenso, los ferrocarriles y las vías de comunicación. Por otra parte, propiciaba la educación para todos: el progreso venía de su mano y, además, era lo que iba a traer convivencia y paz al país, así como la industrialización --según dice el texto constitucional-- y las inversiones, que eran el modo de financiar el progreso, el desarrollo y el crecimiento, en el lenguaje de nuestros días.
Bajo este gran molde de la racionalidad de su tiempo, la Argentina creció. Sesenta años después --en el centenario de la Revolución de Mayo, en 1910-- el producto bruto interno de nuestro país era más del 40 por ciento del de América latina; hoy, es el 9 por ciento.
Digo esto porque considero que en estos tiempos difíciles de la vida de la Patria es cuando uno fundamentalmente tiene que volver a las raíces, a nuestros propios orígenes, a nuestra historia y tomar el ejemplo y la lección de esta generación, que tuvo una extraordinaria lucidez en el momento de organizar la Nación.
Tenemos la gran responsabilidad de reconstruir en la Argentina el espacio de la racionalidad, la misma que le permitió algún día crecer y ser un gran país. Debemos construir el molde de la racionalidad del Siglo XXI.
La Argentina es un país en el que, si somos capaces de garantizar la seguridad jurídica, el respeto irrestricto de la Constitución y de la ley, asegurar una institucionalidad seria y firme, demostrar que las instituciones están por encima de los hombres, garantizar la seguridad personal, una Justicia independiente y eficaz en proteger los derechos de los ciudadanos, si somos capaces de recuperar para la vida pública los valores de la austeridad, de la ejemplaridad, de la transparencia y podemos construir instituciones económicas sólidas, que perdimos hace décadas y fueron en su momento también la base de períodos de prosperidad --como reglas sencillas que hoy imperan en los países exitosos del mundo: el equilibrio presupuestario, la prolijidad en el manejo de las cuentas públicas y políticas monetarias sanas--, con estas condiciones, la Argentina tiene que crecer.
Por eso, al cumplirse el sesquicentenario de la Constitución de 1853, tan significativo por cierto, quisiera que el ejemplo de la generación que organizó a la Patria nos ilumine a todos, para poder reencontrarnos en el camino de la racionalidad que algún día hizo grande a esta Nación. (Aplausos).
Tratamiento del pedido de exclusión del Senado de la Nación de Luis Barrionuevo - 26/03/03
Sr. Presidente (López Arias). -- Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. -- Señor presidente, señores senadores: el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales trata con absoluta precisión y objetividad los sucesos acontecidos en la provincia de Catamarca. Analiza en detalle la prueba y establece la conexión existente entre los dichos y las amenazas formuladas por el senador Barrionuevo y los hechos que luego motivaron la suspensión del acto eleccionario en esa provincia, en un dictamen prolijo y concluyente que trata exhaustivamente todo los aspectos de esta cuestión.
Claramente el senador Barrionuevo no reúne el requisito de residencia que señala la Constitución de la provincia de Catamarca. Pero el senador Barrionuevo, en lugar de actuar como en su momento lo hizo el doctor Ramón Castillo --ex presidente de la Nación y distinguido comercialista, que rechaza la posibilidad de su candidatura a gobernador de su provincia por no reunir el requisito constitucional de residencia, como bien se describe en el dictamen--, diseña y ejecuta toda una estrategia destinada a impedir el acto electoral en la provincia de Catamarca.
Y para esto actúa concretamente en tres frentes diferentes. En el aspecto partidario, él dijo con claridad que si no llegaba él, no llegaba nadie. Dijo luego: "Se acabaron los traidores y voy a ser el primero en expulsarlos". Mensaje clarísimo, acá no hay boleta electoral. El Tribunal Electoral en la provincia de Catamarca había oficializado todas las candidaturas, excepto, lógicamente, la candidatura a gobernador. ¿Por qué? Porque mediaba la inhabilidad constitucional. Entonces, oficializa todas las candidaturas, hace la observación en el cargo de gobernador, intima a que se reemplace el candidato y el candidato no es reemplazado. En consecuencia, no hay presentación de boleta en legal forma. ¿Por qué? Porque la estrategia era clara.
Sr. Cafiero. -- Faltaba el fallo de la Corte.
Sr. Gómez Diez. -- Le concedo una interrupción, senador.
Sr. Presidente (López Arias). -- ¡Por favor, diríjanse a la Presidencia!
Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. -- Usted omite decir que al momento de la elección había una apelación no sólo ante el Supremo Tribunal de Catamarca sino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no estaba resuelta; ergo, no estaba inhabilitado el senador Barrionuevo para ser candidato. Esta es la verdad jurídica.
Sr. Gómez Diez. -- Continúo en el uso de la palabra porque en parte de mi explicación voy a tratar el tema judicial, sin duda.
Entonces, está claro el tema. Dentro de lo que es el frente partidario la estrategia es la no presentación de boletas del Partido Justicialista.
En el aspecto judicial al cual se acaba de referir el senador Cafiero es clara también la estrategia. Se trata de enmarañar la elección en todos los frentes: en el Tribunal Electoral de la provincia, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta en el Juzgado Federal. Pero también --digámoslo con claridad-- esta no es una cuestión que admita duda alguna. Doce constituciones de provincia tienen el requisito de residencia. Es un requisito habitual el de la residencia. La mayor parte de las constituciones provinciales lo tienen. Es un requisito razonable. No está en juego acá ninguna disposición de la Constitución Nacional. En consecuencia, este no es un caso federal.
En consecuencia, esta estrategia de enmarañar la elección en materia judicial lógicamente no funciona ni va a funcionar. No existe la menor posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falle de una manera distinta. Este es un tema de derecho público provincial. Acá no está en juego ningún artículo de la Constitución Nacional que habilite la jurisdicción federal.
El que sí merece un párrafo es el doctor Ricardo Antonio Moreno, juez federal ad hoc en la provincia de Catamarca, cuyo proceder es realmente insólito. Este doctor Moreno firma una solicitada de apoyo al senador Barrionuevo y luego interviene en el tema de las elecciones de Catamarca sin excusarse, cuando además lo debería haber hecho por razones de parentesco con el vicepresidente del Partido Justicialista de esa provincia.
El tercer frente de esta estrategia del senador Barrionuevo es el comunicacional: o sea, salir con el tema de que se está proscribiendo al Partido Justicialista y, entonces, todo lo que pasó se justifica porque hay una proscripción. Pero ocurre que acá no hay ninguna proscripción. El dictamen es clarísimo en este punto. El senador Barrionuevo desarrolla toda esta estrategia partiendo de la base de que es posible torcer las disposiciones de la Constitución de la provincia de Catamarca y hacerse una a su medida, sin requisito de residencia.
¡Y para qué hablar de todo este espectáculo dantesco de urnas quemadas, destruidas, amenazas a votantes, quemas de cubiertas y alguna bomba Molotov por ahí! Ahora bien, si uno quiere resumir esto en dos líneas puede decir que había novecientas urnas. De esas novecientas urnas, trescientos treinta terminan destruidas o robadas y doscientos veinte con destrucción parcial. En consecuencia, el 60 por ciento de las urnas están robadas, o tienen destrucción total o parcial. Esto es lo que pasó en Catamarca.
Ahora bien; tenemos la responsabilidad de tratar este dictamen de comisión que, me permito señalar, está firmado por señoras senadoras y señores senadores de diferentes sectores políticos, lo cual es positivo en el sentido de que esto habla de una coincidencia en un tema de carácter institucional, más allá del origen político de cada uno.
El dictamen en mayoría está firmado por integrantes de las bancadas justicialista, radical, del Frente Grande y de los partidos provinciales, todo lo cual demuestra que esta clase de temas deben ser tratados de esta manera, más allá del origen de la camiseta partidaria de cada uno. Además, eso no es lo que está en juego. Las que sí están en juego, en definitiva, son las instituciones de la República, sobre todo en un momento muy particular y muy difícil, con una fuerte crisis de representatividad.
Más allá de los aparatos y del clientelismo al orden del día en un país empobrecido, acá hay un gran divorcio entre la dirigencia y la sociedad. Un divorcio que nosotros debemos zanjar. Y, en nuestro caso, en nuestro carácter de senadores de la Nación, lo debemos hacer dando a la sociedad un mensaje muy claro. El mensaje de que el Senado que nosotros integramos, electo por primera vez en su historia por el voto popular, no es el viejo Senado; es un cuerpo distinto.
Si uno quisiera poner un ejemplo paradigmático, les diría que este no es el Senado de Cantarero, ex senador con el cual algunos colegas han compartido la banca. Yo también tuve ocasión de compartir una banca con Cantarero: fue en la Cámara de Diputados de mi provincia, en el momento en que aparecieron las cintas magnetofónicas que contenían las conversaciones telefónicas entre el entonces diputado Cantarero, el presidente de la Corte de Justicia de mi provincia y un juez de la Corte en momentos en que allí se manejaban juicios por sumas de dinero. ¿Saben cómo terminó esa historia? Fue también la historia de la corporación política, con un bloque justicialista actuando corporativamente.
Esa actitud fue la que permitió que algún día el contador Cantarero llegara a esta misma sala. Esa misma actitud fue la que hizo que quien fuera presidente de la Corte de Justicia hoy ocupe un prominente cargo en mi provincia y el otro juez de la Corte, el doctor Restom Abraham, apareciera un día asesinado en su domicilio.
Esa es la Argentina que hay que dejar atrás, y eso corresponde a nuestra responsabilidad.
Es un tiempo difícil, de profundos descreimientos y desesperanzas en la sociedad argentina.
¿Qué mensaje les vamos a mandar a nuestros compatriotas? ¿Qué mensaje les vamos a dar a los jóvenes?
Digámoslo con franqueza: cuántas veces, en el ejercicio de nuestra actividad política, hablamos con los jóvenes. ¡Cuánta indiferencia por la política! Por qué no decirlo: con cuánto desprecio miran la actividad política.
Qué triste espectáculo lo que vemos porque, en definitiva, en democracia, las cosas sólo se cambian votando. Entonces, cuánto necesitamos de la participación de todos y de la participación de estos jóvenes.
Hoy la responsabilidad es nuestra; es nuestra responsabilidad mandarle un mensaje claro a la sociedad, a esos jóvenes. Esta no es una cuestión de forma de ser, de que se actúe arriesgadamente, al límite, o de un exceso. No puede nunca ser un exceso evitar una elección. Tampoco creo que sea un acto indómito no respetar la Constitución en un punto tan claro como este.
Creo, señores senadores, que tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos en las vísperas y faltan algo más de treinta días para las elecciones generales. Van a ser elecciones reñidas; vamos a tener votaciones parejas. La elección se va a definir en una segunda vuelta electoral. El mensaje de que todos acatamos las reglas de juego debe ser claro, porque van a ser tiempos inciertos. Hay que definir también los mecanismos de la segunda vuelta, que no están claros. Cuidemos pues, entre todos, las instituciones de la República y demostremos claramente que este primer Senado de la historia electo por el voto popular, por el voto de la gente, es un Senado distinto.
Pedido de exclusión del Senado de la Nación de Luis Barrionuevo - 06/03/03
Sr. Gómez Diez. - Señor presidente: presenté un proyecto de resolución junto con los señores senadorse Walter y Sapag, pidiendo la exclusión del senador Barrionuevo de este cuerpo, por considerar que se encuentra incurso en el artículo 66 de la Constitución Nacional, que prevé la separación del cuerpo por causales de indignidad.
El señor senador Barrionuevo ha violado la Constitución de la Nación, la Constitución de la provincia de Catamarca y las leyes de la República.
El manifestó con claridad que si no podía ser candidato en la provincia de Catamarca, nadie iba a poder votar. Y consumó su amenaza.
Se obstaculizó el comicio y se robaron e incendiaron urnas en un espectáculo dantesco que enlutó a la República toda.
Cuando decimos que violó la Constitución Nacional, señalo con claridad que nuestra Carta Magna, en sus artículos 5E y 122, establece que cada provincia se dicta su propia Constitución, y que el gobierno nacional garantiza que cada una de ellas se rija por sus propias instituciones.
La Constitución de la provincia de Catamarca establece en el artículo 131, inciso 5), que para ser candidato a gobernador se necesita una residencia inmediata de cuatro años en la provincia para los nativos de ella, y de diez años para los que no lo fueren.
Cabe preguntarnos si esta disposición constitucional es una rareza entre las provincias argentinas, o es una cláusula común a diversas Constituciones de nuestro Estado federal.
Doce Constituciones provinciales establecen requisitos de residencia para los ciudadanos nativos de ella. Establecen estos requisitos las Constituciones de Salta, Catamarca, San Luis, Córdoba, Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja, La Pampa, San Juan, Santiago del Estero y Neuquén.
El requisito de la residencia es pues una cláusula habitual en el derecho público provincial, y conlleva un ejercicio razonable de las facultades y de las autonomías que tienen cada una de las provincias argentinas.
Y está claro que en nuestro país no existen Constituciones "a medida". Cada uno de nosotros debe acatar la Constitución de la Nación y la Constitución de cada provincia.
Además, se han violado las leyes de la República. Los actos que se han cometido claramente encuadran en el delito de sedición que está contemplado en el Código Penal de nuestra República en los artículos 229 y 230.
En una circunstancia difícil de la vida de la Argentina, a nuestro juicio, el mensaje que debe partir del Senado tiene que ser claro y contundente. Si cada uno de los argentinos está obligado a respetar la Constitución y la ley, ¡cuánto más está obligado quien tiene el honor de ser senador de la Nación!
Yo sé, sin duda, que en una sociedad en crisis, donde hay una suerte de anomia instalada en muchos compatriotas, en reiteradas ocasiones se tiende a mirar a la Constitución y a la ley no como una regla de convivencia sino como un obstáculo a sortear o a eludir. Pero la Argentina sólo puede encarar su reconstrucción siendo un país previsible, un país con certidumbre, una Nación con reglas claras. Y la certidumbre y las reglas comienzan por la Constitución y siguen en el respeto a la ley.
Recién, cuando escuchaba a un senador preopinante, me preguntaba lo siguiente: ¿es Catamarca una sociedad peculiar? ¿Es Catamarca, entre las provincias argentinas, el reflejo de algo especial de características feudales? ¿Es Catamarca Macondo? ¿O hay muchos Macondos dentro de nuestra realidad? ¿Por qué no preguntarnos si la decadencia en la cual está la República no se ha trasladado también al terreno de las instituciones? Esto necesita de una reflexión profunda por parte de todos, porque no son las antinomias del pasado, no son los viejos fantasmas. Tal vez -diría- si lo fueran sería mucho más sencillo aventarlos. Creo que nos pasa, lamentablemente, algo más. Y en esto no quiero volver a los viejos tiempos, sino a nuestra historia más reciente, a nuestra propia historia, la que hemos visto sentados desde estas mismas bancas. No olvidemos que en diciembre de 2001, a pocos días de haber nosotros jurado, el ex presidente Fernando de la Rúa renunciaba a su cargo. Sin duda podrá haber opiniones diversas, podremos hacer distintas consideraciones acerca de la eficacia de su gestión de gobierno, podremos rememorar a aquellos ahorristas que hacían sonar sus cacerolas, pero no nos olvidemos que acá hubo violencia, que salieron los violentos a la calle. El Congreso estuvo rodeado por la violencia. No olvidemos que las puertas de acceso a este Palacio fueron violentadas una madrugada, que se incendiaron muebles, que este edificio estuvo en riesgo. No lo olvidemos, porque es nuestra responsabilidad mantener las instituciones en pie.
No olvidemos que acá, en estas bancas, faltan senadores. Por ejemplo, falta el senador por la minoría nada menos que por la Capital Federal, porque las instituciones de la República han sido incapaces en un año y medio de determinar quién debe ocupar esa banca.
No olvidemos que un gobernador de provincia recientemente electo en su cargo por el voto popular duró en el ejercicio de su función veintitrés días y que este fin de semana pedía protección, a través de los medios de comunicación social, porque teme por su seguridad.
No olvidemos que la democracia se defiende todos los días; y que frente a todos estos sucesos todos tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar su calidad.
No olvidemos que vivimos una fragmentación inédita en la política argentina, que estallaron 60 años de bipartidismo, que fuerzas políticas importantes de la Argentina no han podido ejercitar la democracia interna porque no se aceptan las reglas de juego de la democracia. Y, señores senadores: ¿si no hay aceptación de las reglas de juego de la democracia interna, se aceptarán las reglas de juego del próximo comicio dentro de 50 días? Pueden ser elecciones reñidas las de la República. Si no hay aceptación de las reglas de juego, si no hay respeto de la Constitución y de la ley, sin duda que nos esperan días muy difíciles.
Por eso, con absoluta honestidad, creo que no es tiempo de tibiezas. Quien tenga una actitud tibia terminará siendo cómplice de la situación que se ha vivido en Catamarca y que muchos queremos evitar en la República.
No olvidemos que millones de argentinos siguen diciendo "que se vayan todos".
Por eso, señor presidente, creo que es tiempo de entender el estado de ánimo de la gente; es tiempo de cambiar; es tiempo de no esconder bajo la alfombra los problemas; es tiempo de actuar. Esa es nuestra responsabilidad. Que Dios nos ilumine en el ejercicio de esa responsabilidad, porque si no, sin duda, vamos a vivir días muy aciagos en la República.
Pero está claro: el ejercicio de la responsabilidad que nos corresponde en este tiempo difícil comienza mirando la realidad y escuchando a la gente; algo que ha perdido una gran parte de la dirigencia de la Argentina y que se debe recuperar por el bien de la República.
Copyright © 2019 Ricardo Gómez Diez - Diseño - ColmenaBav

References: artículo 116
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 123
 artículo 22
 artículo 22
 resolución 
 artículo 22
 resolución 
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 28
 artículo 28
 resolución 
 artículo 66
 artículo 131