Source: https://es.scribd.com/doc/294930427/Fallo-Madorran-En-2007-la-Corte-habia-ratificado-la-estabilidad-total-del-empleo-en-el-Estado-con-este-fallo-que-advierte-que-los-agentes-publicos
Timestamp: 2018-09-21 10:01:59+00:00

Document:
Cargado por Cintia Vespa
En 2007, la Corte había ratificado la estabilidad total del empleo en el Estado con este fallo, que advierte que los agentes públicos "sólo pueden ser despedidos con justa causa"
Fallo Madorrán. En 2007, la Corte había ratificado...
Fallo Rincon de Los Artistas
Resumen Derecho Administrativo Argentino
Fallo Madorran CSJN
2017_04_PROCURACIONDENUNCIA.pdf
TEMARIO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 2017
Descargo de los abogados de De Vido
Presupuesto 2018 20170915 Final
Presentación Secundaria Del Futuro 26-06-1
Denuncia Contra Macri y Bullrich Por Enfrentamientos Frente Al Congreso
Precios Cuidados Enero2018.pdf
Acta Diputados
Posicionamiento Justicia Penal Juvenil2017
Acta votación en general Presupuesto
La Corte Declaro Aplicable El 2X1 en Un Caso de Lesa Humanidad
Declaración Política de Punta Cana v Cumbre CELAC 25.01.2017
M. 1488. XXXVI.
Madorrán, Marta Cristina c/ Administración
Nacional de Aduanas s/ reincorporación.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI), al revocar
la sentencia de primera instancia, declaró la inconstitucionalidad del art. 7º del convenio
colectivo de trabajo 56/92 “E”, aprobado por laudo 16/92, y ordenó a la Administración
Nacional de Aduanas (A.N.A.) que reincorpore a la actora y le abone salarios caídos desde el
27 de noviembre de 1996 hasta su efectiva reincorporación o, de no concretarse aquélla, hasta
el momento de su jubilación (fs. 321/329 y aclaratoria de fs. 330).
Para así decidir, el magistrado que votó en primer término –al que
adhirieron, con variantes, los demás jueces de la Sala– señaló que no se encontraba en
discusión la existencia de las situaciones, hechos y actos que determinaron que la demandada
considerara configurados los graves incumplimientos de la actora que determinaron su
despido, sino que las divergencias surgen al momento de evaluar tales hechos y conductas.
En tal sentido, consideró que aquélla no tenía responsabilidad por la
situación caótica en las que se encontraban los depósitos de la Aduana a su cargo, ya que ni
siquiera existían inventarios que permitieran ejercer un control razonable de las mercaderías,
y que esa situación no varió, ni podía variar, en el corto período en que estuvo al frente de los
depósitos, porque las autoridades no le asignaron importancia al tema ni adoptaron ninguna
medida de fondo para revertir ese estado de cosas.
En tales condiciones, estimó que la actora no hizo más que mantener
una situación que no estaba a su alcance modificar y que no se le atribuye ningún
incumplimiento puntual, ni se insinúa que haya intentado aprovecharse de esa realidad. Así,
descalificó el juicio de la A.N.A. de considerar como falta grave que no haya logrado revertir
la gravísima situación en que se encontraban los depósitos en el corto plazo que duró su
jefatura. Asimismo, consideró injustificado el despido, aun cuando se admitiera que la actora
faltó a alguna de sus obligaciones, porque la sanción fue intempestiva y sorpresiva, sin que se
le permitiera modificar su conducta laboral.
Respecto a las consecuencias jurídicas del despido injustificado,
señaló que el art. 7º convenio colectivo de trabajo 56/92 “E”, que rige al personal de la
A.N.A., en cuanto consagra la estabilidad impropia, es inválida, porque contradice
abiertamente el art. 14 bis de la Constitución Nacional, que de modo directo y en forma
operativa garantiza a todos los empleados públicos la estabilidad absoluta.
Contra dicho pronunciamiento, la A.N.A. interpuso el recurso
extraordinario de fs. 334/345, donde sostiene, en síntesis, la legitimidad del acto que dispuso
el despido de la actora con causa, por “pérdida de confianza”, ya que, de las constancias de la
instrucción sumarial, han quedado acreditados los hechos, que la conducta de aquélla
demuestra una manifiesta inobservancia de los deberes aduaneros a su cargo, máxime si se
tiene en cuenta su posición jerárquica, circunstancia que pudo facilitar la comisión de ilícitos
e irregularidades que, desde el punto de vista laboral, importan causa grave justificable del
Señala que la actora incumplió con los deberes que le impone el
convenio colectivo de trabajo, en especial, aquellos que se refieren a la prestación personal de
servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, a poner en conocimiento de la superioridad
todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio al Estado y a volcar todo su esfuerzo a
incrementar la recaudación y mejorar la prevención y represión de los ilícitos e infracciones
aduaneras (art. 5º, incs. a, q, y s). Ante esta situación –continúa–, aplicó las previsiones de los
arts. 1º, inc. 4º), y 5º del anexo I de la resolución 713/93 y la resolución 3276/96, modificada
por su similar 4038/96 (Reglamento Disciplinario), así como las del art. 7º del CCT 56/92
“E” y de la Ley de Contrato de Trabajo (art. 242).
En cuanto a la inconstitucionalidad declarada por el a quo, sostiene
que el personal de la A.N.A. se encuentra comprendido en el convenio colectivo recién citado,
aprobado por el laudo 16/92, y excluido del régimen de la ley 22.140 (cfr. art. 2º, inc. g), es
decir, que sus empleados están sujetos tanto a la L.C.T. como al régimen de las convenciones
colectivas (cfr. art. 2º, inc. a, de la ley 20.744), porque la ley 20.290 así lo dispuso.
Desde esta perspectiva, sustenta su constitucionalidad, con apoyo en
precedentes del fuero del trabajo.
A mi modo de ver, las críticas que formula la recurrente contra la
sentencia por haber descalificado sus razones para despedir con causa a la actora, no habilitan
la vía extraordinaria del art. 14 de la ley 48, porque constituyen discrepancias respecto de los
resuelto por los jueces de la causa sobre cuestiones de hecho y prueba.
En efecto, aquéllos examinaron las circunstancias fácticas en que la
actora desarrollaba sus tareas, así como sus posibilidades y la responsabilidad de la A.N.A.
para remediar esa situación –a la que calificaron como caótica– y, sobre tales bases fundaron
su decisión de considerar injustificado el despido, sin que se advierta en ello un supuesto de
Al respecto, cabe traer a colación aquella jurisprudencia que señala
que el recurso extraordinario no procede cuando se discute el alcance e interpretación que los
jueces de la causa hicieron de las cuestiones de hecho, prueba y de las normas de derecho
común y procesal atinentes a la solución de la litis, admitiéndose la vía excepcional sólo en
aquellos supuestos donde la sentencia configure un manifiesto apartamiento de las normas
conducentes a la solución del caso, de prueba relevante o de hechos acreditados en la causa
(cfr. dictamen de esta Procuración General del 25 de octubre de 2001, in re G. 975. L.XXXVI
– “Gibelli, Gonzalo c/ Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto
Quirno y otro”, a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió V.E. en su sentencia del 5de
Considero, en cambio, que el remedio federal es formalmente
admisible en cuanto cuestiona el fallo que dispuso reincorporar a la actora, al declarar
inconstitucional el art. 7º del convenio colectivo de trabajo 56/92 “E”, aprobado por el laudo
16/92, por estimarlo contrario a las garantías del art. 14 bis de la Constitución Nacional.
En tal sentido, entiendo que la controversia que se suscita en torno a
dicha disposición, que habilita a la A.N.A. a extinguir la relación de empleo del personal de
planta permanente sin invocación de causa, mediante el pago de la indemnización prevista en
el art. 245 de la L.C.T., sustituido por la ley 24.013, es sustancialmente idéntica a la que esta
Procuración General examinó en el dictamen del día de la fecha en la causa: R. 129.
L.XXXVII – “Ruiz, Emilio David c/ D.G.I. Dirección General Impositiva s/ despido”, a cuyos
términos y conclusiones cabe remitir brevitatis causae.
Por las razones ahí expuestas, considero que dicha norma, en cuanto
contempla de modo permanente la posibilidad de despedir empleados sin causa y con el sólo
requisito de una indemnización sustitutiva, atenta contra la garantía de la estabilidad del
empleado público, consagrada en el art. 14 nuevo de la Constitución Nacional (v., en especial,
Opino, por tanto, que, con el alcance indicado, el recurso
extraordinario es formalmente admisible y que corresponde confirmar la sentencia apelada.
1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que interesa, declaró nulo el despido de la actora, así como nulo e inconstitucional el art. 7
del convenio colectivo 56/92 "E" según el texto dispuesto por
el laudo 16/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de
la Nación, que regulaba la relación de empleo público que unía
Administración Nacional de Aduanas, a reincorporar a la actora. Sostuvo el a quo, que la "estabilidad consagrada por el
art. 14 bis de la Constitución Nacional en beneficio de los
empleados públicos [...] es la llamada absoluta (su violación
acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa
del empleado)"; que esta garantía tiene plena operatividad aun
cuando no exista norma alguna que la reglamente, y que los
"empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a
regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado,
inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se
aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los
trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así
de la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (art. 14 bis)" (fs. 324).
2°) Que contra dicha sentencia, la vencida interpuso
recurso extraordinario que, tal como se sigue de los fundamentos de la respectiva resolución, fue concedido correctamente en la medida en que ponía en juego la cuestión de constitucionalidad reseñada en el considerando anterior (art. 14.1
Sin embargo, no podría predicarse igual acierto de
dicha resolución, si se entendiera que también comprende a los
agravios contra las razones por las cuales el a quo evaluó
como injustificados los reproches que aquélla formuló a la
conducta de la actora como motivo del despido. Esta conclusión
se impone por cuanto, en esa hipótesis, serían de aplicación
las consideraciones expuestas por el señor Procurador General,
a las que corresponde remitir brevitatis causa, sobre la
inadmisibilidad del recurso extraordinario en este punto (fs.
375 vta./376, III).
3°) Que surge de las constancias no controvertidas de
la causa, que la actora ingresó a trabajar a las órdenes de la
condición, sin interrupciones, hasta noviembre de 1996, oportunidad en fue despedida por ésta mediante la invocación del
incumplimiento de determinados deberes. También son ajenas al
debate las conclusiones del a quo relativas a que la actora
debe ser calificada como empleada pública, y a que el art. 7
del convenio colectivo, establecido por el laudo 16/92, sólo
prevé, de manera permanente, como consecuencia de la ruptura
injustificada del vínculo por la empleadora, el derecho de la
empleada a una indemnización en los términos de la Ley de
Síguese de ello, así como de lo indicado en el precedente considerando, que la única cuestión que debe ser resuelta en esta instancia, es la de establecer si la norma que
somete a la actora a un régimen como el últimamente reseñado,
resulta compatible o no con la estabilidad del empleado público que prescribe el art. 14 bis de la Constitución Nacional.
4°) Que la reforma de la Constitución Nacional producida en 1957, mediante la introducción del art. 14 bis, tuvo
1853-1860, a los aportes y experiencias que habían tenido
lugar, durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito de
lo que dio en llamarse el constitucionalismo social ("Aquino",
Fallos: 327:3753, 3770, 3788 y 3797).
el primer párrafo de la mencionada norma pone de manifiesto,
con toda elocuencia, que el objeto y el sujeto principalísimos
sobre los que operó la reforma fueron el universo del trabajo
y el trabajador. De tal suerte, bajo la luz del principio
protector ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la
protección de las leyes..."), asentaron su plaza en la cúspide
"inviolables" (Fallos 252:158, 161, considerando 3°) del trabajador, así como deberes ("inexcusables", ídem) de asegurarlos por parte del Congreso ("Aquino", cit. p. 3770; y "Milone", Fallos: 327:4607, 4617). Entre los primeros, corresponde
aislar, para la solución del presente litigio, la "protección
contra el despido arbitrario" y la "estabilidad del empleado
Esto último es así pues, si bien es cierto que el
art. 14 bis, comprende al trabajo "en sus diversas formas", lo
cual entraña tanto al que se desarrolla dentro del campo de la
actividad privada como de la pública, no lo es menos que los
explicación precisamente en distinguir entre los mentados
ámbitos, para los cuales se prevé un diferente grado de estabilidad en el empleo.
Redactora y Secretario de la Sub Comisión de Derechos Sociales
y Gremiales, en oportunidad de expresarse a propósito del
despacho propuesto por la mayoría, que auspiciaba los dos
"La estabilidad CsostuvoC, salvo pocas excepciones, está tipificada en el caso de los empleados públicos, ya que puede
ser considerada como un elemento natural de la relación entre
ellos y la administración. Esto por la naturaleza especial del
servicio y de la función pública, que es perenne y sujeta a
mínimas variaciones [...] En algunos países, donde la estabilidad está asegurada por ley, la cesantía del empleado público arbitrariamente dispuesta, es nula, no produce efecto
alguno; el empleado arbitrariamente alejado tiene el derecho
de reincorporarse a su puesto, aun cuando esto no sea del
agrado de sus superiores, los que deben acatar la decisión del
tribunal administrativo al que recurrió el empleado". Y acotó
seguidamente: "En el campo de las relaciones del derecho
privado, la situación es distinta. El poder discrecional, que
representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar
a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para
reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios desea
no utilizar más [...]" (Diario de sesiones de la Convención
Nacional Constituyente. Año 1957, Buenos Aires, Imprenta del
Congreso de la Nación, 1958, t. II, p. 1226). El distingo, por
lo demás, también fue puesto de manifiesto en cuanto se
arbitrario" resultaba el principio que había informado la
sanción de la ley 11.729, relativa a los trabajadores del
sector privado, por lo que se agregaba, mediante el proyecto
de reformas, la estabilidad del empleado público (convencional
Martella, ídem, t. II, p. 1243).
destacarlo,
eliminar, a juicio del constituyente, una práctica que merecía
su reprobación: "Siempre el empleado público ha estado sujeto
a las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno.
Ahora ya no podrá ningún partido político que conquiste el
gobierno disponer de los puestos administrativos como botín de
guerra. Entendemos que este principio constitucional entrará a
regir simultáneamente con la vigencia de las reformas y en
adelante ningún empleado público podrá ser dejado cesante sin
(convencional Peña, Diario de sesiones..., cit., t. II, p.
1254; v. asimismo: convencionales Martella y Mercado, J.A.,
ídem, t. II, ps. 1243 y 1337/1338, respectivamente).
Se trataba de la existencia, según lo observó esta
Corte, "de un claro interés público en la proscripción de la
arbitrariedad jerárquica o de la política partidaria en la
organización burocrática estatal" (Fallos:
261:361, 366,
considerando 11).
5°) Que el voto disidente de los jueces Aberastury y
Zavala Rodríguez en el caso Enrique c. Provincia de Santa Fe,
aporta a la cuestión otra concluyente perspectiva en línea con
la anterior. Señalaron, en tal sentido, que fue pensamiento
inspirador de la cláusula "proveer 'a la estabilidad efectiva
del empleado público' vinculada a la carrera administrativa,
que las leyes reglamentarias debían asegurar como necesario
desarrollo del principio. Tal concepción de la estabilidad
CprecisaronC no se compadece con la interpretación [...]
conforme a la cual no se habría establecido la garantía de
estabilidad en sentido propio, que excluye por principio, la
violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente
reincorporación, que posibilita retomar el curso de la carrera
por el agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que,
como se puso de manifiesto en la discusión [en la citada
Asamblea Constituyente], integra el concepto de estabilidad.
Si esto no hubiera sido así, a lo que ni el texto ni los antecedentes dan sustentación, habría sido suficiente el pasaje
anterior relativo a la protección contra el despido arbitrario, que no otra cosa es la estabilidad en sentido impropio"
(Fallos: 261:336, 347, considerando 6°; en igual sentido, voto
del juez Belluscio, en Romero de Martino c. Caja Nacional de
Ahorro y Seguro, Fallos: 307:539, 547, considerando 6°).
Parece incuestionable que este último razonamiento
tiene un peso sólo levantable mediante el quiebre de elementales pautas de exégesis normativa, pues requerirá concluir en
que la Constitución Nacional, nada menos que en la formulación
de derechos fundamentales, ha incurrido, en un mismo artículo
y no obstante el empleo de palabras diferentes y extrañas a la
sinonimia, en enunciados superfluos por repetitivos. Y ello,
incluso, a pesar de que, por un lado, dicha formulación es
constituyente, y, por el otro, la "excepcional significación,
dentro de las relaciones económico-sociales existentes en la
materias sobre las que versó el art. 14 bis "se les destinara
la parte más relevante de una reforma constitucional" (Fallos:
252:158, 163, considerando 7° y sus citas). Cabe preguntarse
derechos",
"concisas
"prolija
consagran principios trascendentes en materia laboral", los
"enunciados que tienen por sí solos clara definición", mentadas por el miembro informante de la Comisión Redactora, convencional Lavalle (Diario de sesiones..., cit. t. II, p.
1060)?. Luego, un método de exégesis que conduzca a restar
efecto útil a una expresa cláusula constitucional, o a va-
ciarla de contenido (Fallos: 304:1524, y otros), amén de poco
recomendable en lo general, resulta de imposible aplicación en
la cuestión sub examine.
Por lo contrario, si se produjera alguna duda en el
llamado a interpretar el art. 14 bis, sería entonces aconsejable recordar, además de lo que será expuesto infra (considerando 8°), la decisiva doctrina que asentó esta Corte en el
caso Berçaitz: "tiene categoría constitucional el siguiente
principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia
socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de
quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o
tienden a alcanzar el 'bienestar', esto es, las condiciones de
vida mediante las cuales es posible a la persona humana
desarrollarse conforme a su excelsa dignidad" (Fallos: 289:
430, 436; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 3°). No
fue por azar que este precedente se originó en el contexto de
los derechos sociales de la norma citada; tampoco es por ese
motivo que la justicia social se ha integrado expressis ver-
bis, en 1994, a la Constitución Nacional (art. 75.23; "Aquino", cit., p. 3777/3778).
6°) Que, en tales condiciones, bien podría sumarse un
sujeto y un objeto a los dos que han sido indicados antes como
tenidos en cuenta por el constituyente de 1957: el Estado, y
el normal y eficiente funcionamiento de sus instituciones. Las
reseñadas, indican que el propósito deliberado de los hombres
y mujeres reunidos en Santa Fe, consistió en poner a los
servidores del Estado al abrigo de la discrecionalidad de las
autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política.
Pero no fue asunto exclusivo tutelar la dignidad del agente
público frente a dichas situaciones, sino, también, tributar a
la realización de los fines para los cuales existen las
instituciones en las que aquéllos prestan sus servicios. Fue
visto, y con razón, que las mencionadas circunstancias y sus
deterioro de la función pública con notorio perjuicio de
quienes son sus destinatarios: los administrados (v. las
intervenciones de los convencionales Martella y Mercado, J.A.,
ya mencionados, y de Miró, Diario de sesiones..., cit., t. II,
ps. 1243, 1336 y 1337, y 1345, respectivamente).
7°) Que, con arreglo a lo antedicho, se puede advertir que la llamada estabilidad propia resulta el medio que
guarda la mejor correspondencia con los propósitos constitucionales últimamente recordados. Sustituir la reinstalación
que pretende el agente injustificada o incausadamente segregado por una indemnización, dejaría intacta la eventual repetición de las prácticas que la reforma de 1957 quiso evitar,
con sus notorios y contraproducentes efectos, e introduciría,
a la vez, una evidente carga sobre la bolsa estatal.
Dicha estabilidad, a su turno, concuerda con el art.
16 de la Constitución Nacional dado que, si ha sido respetada,
como es debido, la condición de idoneidad que exige esta
cláusula para la admisibilidad en los empleos, es razonable
pensar que el propio Estado estará interesado en continuar
teniendo a su disposición un agente salvo que, si de su
conducta se trata, medien razones justificadas de cese.
8°) Que sostener la estabilidad propia del empleado
público en las concretas circunstancias de esta causa, es
solución que concuerda con los principios y pautas de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
que, en buena medida implícitos en la Constitución histórica,
han sido expresamente incorporados a ésta por vía del art.
75.22, al dar jerarquía constitucional a los mayores instru-8-
mentos internacionales en la materia.
La aplicación de dichos principios y pautas, por lo
demás, se justifica plenamente desde el momento en que el art.
6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, en seguimiento de la Declaración Universal de
Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el "derecho a trabajar",
comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado
arbitrariamente de su empleo, tal como, por otro lado, surge
de los trabajos preparatorios del citado Pacto, el cual,
descarta (v. Craven, Matthew, The International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998,
ps. 197 y 293). Derecho al trabajo que, además de estar
también enunciado en la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado "inalienable
de todo ser humano" en palabras de la Convención sobre la
Mujer (art. 11.1.a; "Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3690). Incluso a la luz exclusiva de los ordenamientos nacionales, se
ha juzgado que el "derecho al trabajo" también se concreta en
el "derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo", es
decir, a no ser despedido "si no existe una justa causa"
(Tribunal Constitucional de España, sentencia 22/1981, del 2
de julio de 1981, Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1981, t. 2, ps. 76, 89, f.j. 8).
Luego, el decidido impulso hacia la progresividad en
la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen,
aludidos y muy especialmente del mencionado Pacto (art. 2.1;
"Aquino", cit., p. 3774/3777, y "Milone" cit., p. 4619), su-9-
mado al principio pro homine, connatural con estos documentos,
determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la
norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a
la persona humana. Y esta pauta se impone aun con mayor
intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna
principios, atribuciones o derechos constitucionales. Ya el
citado precedente Berçaitz, de 1974, tuvo oportunidad de
censurar toda exégesis restrictiva de los derechos sociales,
que contrariaba la jurisprudencia de la Corte, "concordante
con la doctrina universal": el "principio de favorabilidad"
(cit., p. 437; asimismo: Fallos: 293:26, 27, considerando 4°).
En el sub lite, se encuentran reunidas ambas condiciones, de acuerdo con las circunstancias fácticas de las que
se ha hecho mérito. En primer término, la estabilidad propia
puesta como contrapartida del ejercicio injustificado o incausado del poder de rescisión por parte de las autoridades,
responde acabadamente a la protección del derecho a la "estabilidad" y al trabajo del agente en ocasión de tamañas medidas. Y, al obrar de tal modo, tutela, paralelamente, la dignidad, atributo inherente a toda persona, además de centro
sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional (Fallos: 314:424, 441/442,
considerando 8°; "Aquino" cit., ps. 3777/3778) y del orden
Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo, primer
párrafo, y art. 1; y Pacto cit., Preámbulo, primer párrafo).
Dignidad y trabajo que, por lo pronto, se relacionan en términos naturalmente entrañables, según lo reconoce con claridad
el art. 14 bis de la Constitución Nacional y lo reitera el
art. 7.a.ii del mentado Pacto, así como ya lo habían hecho,
recordadas Declaración Americana y Universal de 1948, y la
Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada el 10 de mayo de 1944, que
asienta los principios que debieran inspirar la política de
sus Miembros: "todos los seres humanos [...] tienen derecho a
perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en
condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y
en igualdad de oportunidades" (II, a).
En segundo lugar, dicha tutela, además de atender a
los intereses legítimos de la propia Administración, con
arreglo a lo dicho en el considerando anterior, no implica las
tensiones a las que se ha hecho referencia, tal como será
expresado en el siguiente.
En cuanto a los efectos del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, es también oportuno agregar, finalmente,
dos circunstancias de no escaso relieve. Primeramente, atento
lo que ha sido señalado sobre la carrera del empleado público,
la relativa a que el citado Pacto contempla a ésta, "en
especial", como una de las condiciones de trabajo "equitativas
y satisfactorias" que los Estados Partes deben asegurar (art.
Seguidamente, la vinculada a que la reinstalación
prevista en el art. 14 bis para el sub lite, guarda singular
coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos,
tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de
los daños irrogados por violaciones de aquéllos reprochables a
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Baena Ricardo y otros [270 trabajadores] vs. Panamá, del
2 de febrero de 2001. En efecto, dicha sentencia, después de
reconocer las violaciones de derechos de las que habían sido
objeto los empleados públicos en ocasión de su despido por el
Estado demandado, y de asentar el principio de reparación
antes mencionado, condenó a este último, en primer lugar, a
restablecer en sus cargos a las aludidas víctimas (Serie C N°
72, párs. 202/203).
9°) Que, según lo anticipado precedentemente, el
significado reconocido a la "estabilidad del empleado público"
propia, no pone de manera alguna en conflicto el art. 14 bis
con los incs. 1 y 7 del art. 99 de la Constitución Nacional.
Según éstos el presidente de la Nación "es el jefe supremo de
la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la
administración general del país", y "por sí solo nombra y
remueve a [...] los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución".
Varias razones concurren al respecto. La Constitución Nacional, de acuerdo con doctrina permanente y conocida
de esta Corte, debe ser entendida como un todo coherente, a
fin de que sus cláusulas no se excluyan o anulen recíprocamente. Su contenido ha de interpretarse de acuerdo al de las
demás. Por ende, resulta claro que no hace falta un mayor
esfuerzo hermenéutico para comprobar que el aludido conflicto
es sólo aparente. La remoción de un agente público no queda
fuera del resorte del presidente de la Nación por el hecho
que, al no hallarse justificadas las causas de la medida o al
no haberse invocado ninguna, sea la propia Constitución Nacional la que prevea la reinstalación del primero. La expresión "por sí solo", que también apunta a diferenciar determinados casos de nombramiento y remoción de otros no menos contenidos en el mismo art. 99.7, pero que requieren el acuerdo
del Senado, no confiere una atribución que pueda ser ejercitada con prescindencia de toda legalidad, especialmente cuando
aquéllas y éstos se encuentran alojados en el propio texto
constitucional. Tal como lo expresó el juez Boffi Boggero en
la disidencia que expuso en el ya recordado caso Enrique, las
aludidas facultades presidenciales "han de ser armonizadas con
el respeto a aquella estabilidad" (cit., p. 343, que reitera
su voto publicado en Fallos: 255:293, 300, considerando 8°; en
igual sentido, voto del juez Belluscio, en Romero de Martino,
cit., p. 548, considerando 7°). El presidente de la Nación,
añadió Boffi Boggero con cita de Joaquín V. González, no puede
ser arbitrario o injusto (ídem, p. 343).
Más aún; en el precedente Cuello, esta Corte tuvo
oportunidad de juzgar que la mencionada búsqueda de armonización entre los preceptos constitucionales, debe realizarse "ya
sean éstos los llamados individuales o atribuciones estatales"
255:293,
subrayarlo, fue precisamente con apoyo en ello que, en dicho
pronunciamiento, el Tribunal rechazó la inconstitucionalidad
6666/57
menoscababa los originarios incs. 1 y 10 del art. 86 de la
Constitución Nacional (análogos, en lo que interesa, a los
actuales y ya citados 1 y 7 del art. 99), por conferir al
Poder Judicial la atribución de imponer a la Administración la
obligación de reincorporar a un agente ilegalmente exonerado o
dejado cesante por ésta (ídem, p. 299, considerando 3°).
demandada, fundada en que la estabilidad del art. 14 bis no es
un derecho absoluto sino relativo, y siempre susceptible de
reglamentación por el legislador, nada aporta al sustento de
En cuanto al primer aspecto, debe señalarse, por un
lado, que considerar el derecho a la estabilidad de relativo,
tal como ocurre con otros derechos constitucionales, tiene
como finalidad esclarecer su contenido en términos generales,
a fin de advertir que éste no comprende, sin más, todo supuesto de separación del agente de su cargo. De no ser esto
así, debería entenderse, vgr., que el art. 14 bis protege
incluso a los agentes que fueran objeto de dicha medida por
causas razonables y justificadas de incumplimiento de sus
deberes, conclusión sin duda insostenible (v. Fallos: 270:69,
72, considerando 3°, y 275:544, 547, considerando 10). A ello
se suma, por el otro, que tampoco resulta dudoso que del carácter antes señalado no se sigue, necesariamente, que el art.
14 bis excluya la estabilidad propia. La norma, en suma, hace
acepción de situaciones y circunstancias, que el intérprete
corresponde que esta Corte se pronuncie pues, como órgano
jurisdiccional, su cometido debe circunscribirse a resolver la
precisa contienda llevada ante sus estrados.
Respecto del segundo tema, vale decir, la reglamentación de los derechos constitucionales, se impone un terminante señalamiento. Es sabido que la Constitución Nacional es
una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace
para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo
cuando, como en el sub examine, está en discusión un derecho
humano, y la "estabilidad del empleado público" expresada por
el art. 14 bis es cláusula operativa, según ya lo entendió
esta Corte: "en su recto sentido la norma proscribe la ruptura
administrativas" (Fallos: 269:230, 234, considerando 6°, y su
cita). Asimismo, los derechos constitucionales, retomando los
conceptos del párrafo anterior, tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución.
De lo contrario, debería admitirse otro resultado no menos
inadmisible y que, a la par, echaría por tierra el control de
constitucionalidad confiado a la magistratura judicial: que la
Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados
por el legislador, o que no resulta más que un promisorio
conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado
a la buena voluntad de este último. Todo ello explica que la
determinación de dicho contenido configure, precisamente, el
objeto de estudio del intérprete constitucional. Todo ello
constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra
finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le
reconozca la Constitución Nacional. Luego, es tan cierto que
reglamentación, como lo es que esta última está destinada a no
alterarlos (Constitución Nacional, art. 28), lo cual significa
conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto
cimero que los enunció y que manda asegurarlos. Es asunto de
legislar, sí, pero para garantizar "el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
(Constitución Nacional, art. 75.23; "Vizzoti", cit., p. 3688).
Estos principios, debe puntualizarse en la presente causa, son
aplicables, mutatis mutandi, a la reglamentación derivada del
régimen de convenciones colectivas. La Constitución Nacional
es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido
cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo cual
incluye, por ende, a la autonomía colectiva.
11) Que, en suma, la "estabilidad del empleado público" preceptuada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional significa, a juicio de esta Corte y dentro del contexto
en cuestión, que la actora no pudo válidamente ser segregada
razonable, de manera que su reclamo de reinstalación resulta
procedente. En consecuencia, debe ser confirmada la sentencia
apelada, en cuanto declara, para este litigio, nulo e inconstitucional el art. 7 del convenio colectivo 56/92 "E" según el
texto dispuesto por el laudo 16/92 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad de la Nación, por impedir que el art. 14 bis
produzca los mencionados efectos, y condena a la Administración Nacional de Aduanas a reincorporar a la actora, dando así
operatividad a esta última norma.
Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario interpuesto con los alcances indicados; se confirma la
sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio tratado, y
se imponen las costas de esta instancia a la demandada. Hágase
saber y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) - CARLOS S. FAYT ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA (según su
voto) - CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).
HIGHTON de NOLASCO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN
1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que interesa, declaró nulo e inconstitucional el art. 7° del Convenio Colectivo de Trabajo
56/92 "E" (en adelante "CCT"), según el texto dispuesto por el
laudo 16/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la
Nación. Asimismo, declaró la nulidad del despido de la actora
y ordenó su reincorporación y el pago de los salarios caídos
desde el 7 de abril de 1997 Cfecha en que se promovió la
demandaC hasta que dicha reincorporación se hiciera efectiva.
2°) Que para así decidir, el tribunal a quo sostuvo
que: (i) "[l]a estabilidad consagrada por el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional en beneficio de los empleados
públicos...es la llamada absoluta (su violación acarrea la
nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa del empleado); (ii) esta garantía tiene plena operatividad aun
cuando no exista norma alguna que la reglamente; (iii) ...los
empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a
por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de
la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional
(art. 14 bis)"; y (iv) "...la cláusula del convenio colectivo
inconstitucional por cuanto, al consagrar la estabilidad impropia, contradice abiertamente el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional..." (fs. 324).
3°) Que contra dicho pronunciamiento, la demandada
interpuso recurso extraordinario a fs. 334/345, en el que se
agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 7°
del CCT mencionado y del modo en que el tribunal a quo valoró
los hechos que dieron motivo al despido de la actora. La cámara concedió el recurso extraordinario en cuanto se encuentra
cuestionada la validez constitucional del citado convenio (fs.
366), sin que el recurrente interpusiera recurso de queja
respecto del segundo agravio mencionado. En consecuencia,
corresponde que este Tribunal se pronuncie únicamente respecto
de la cuestión constitucional planteada.
4°) Que en el sub lite no se encuentra controvertido
que la actora ingresó a trabajar en la Administración en 1970
bajo el régimen de estabilidad y que se desempeñó en tal
condición sin interrupciones hasta noviembre de 1996, oportunidad en la que fue despedida por ésta mediante la invocación
del incumplimiento de determinados deberes.
Por consiguiente, corresponde precisar los alcances
de la garantía de la estabilidad reconocida en el art. 14 bis
5°) Que, a tales fines, cabe señalar que la concepción de la estabilidad del empleado público introducida en el
texto del art. 14 bis de la Constitución implica la estabilidad en sentido propio que excluye, por principio, la cesantía
sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae
consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación. Si
esto no hubiere sido así, a lo que ni el texto constitucional
ni sus antecedentes dan sustento, habría sido suficiente el
pasaje anterior relativo a la "protección contra el despido
arbitrario", que no es otra cosa que la llamada estabilidad en
sentido impropio (disidencia de los doctores Aberastury y
Zavala Rodríguez en Fallos: 261:336, considerando 6° y voto del
juez Belluscio en Fallos: 307:539, 547, considerando 6°).
tiene un peso sólo levantable mediante el quiebre de elementales pautas de exégesis normativa, pues requerirá concluir
de derechos fundamentales, ha incurrido en un mismo artículo y
no obstante el empleo de palabras diferentes y extrañas a la
6°) Que en la disposición cuya constitucionalidad se
cuestiona (art. 7, inc. c, del CCT) se faculta a la Administración Nacional de Aduanas a extinguir la relación de
empleo sin invocación de causa y mediante el pago de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de
Trabajo (estabilidad impropia).
7°) Que, en este orden de ideas, corresponde a este
Tribunal decidir si la estabilidad propia de que gozaba la
actora pudo ser válidamente alterada por un convenio colectivo
posterior. En otras palabras, la cuestión a resolver radica en
terioridad al ingreso del empleado a la Administración puede
válidamente sustituir el régimen de estabilidad propia que
éste tenía al momento de su incorporación por el régimen de
estabilidad impropia que consagra la Ley de Contrato de Trabajo.
8°) Que para resolver esta cuestión, cabe recordar
Ctal como lo ha efectuado este Tribunal en reiteradas oportunidadesC que los principios, garantías y derechos reconocidos
por nuestra Constitución Nacional no son absolutos y están
sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14 y
28) (Fallos: 310:1045; 311:1132, entre muchos otros).
Sin embargo, al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no puede obrar con otra finalidad
que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca
la Constitución Nacional. Es sabido que nuestra Ley Fundamental es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el sub examine, está en discusión un derecho humano. Luego, es tan cierto que los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, como
lo es que esta última está destinada a no alterarlos (art. 28
mencionado), lo cual significa conferirles la extensión y
comprensión previstas en el texto cimero que los enunció y que
manda asegurarlos ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3688). Estos
principios, debe puntualizarse en la presente causa, son
es ley suprema y todo acto que se le oponga resulta inválido
cualquiera sea la fuente jurídica de donde provenga, lo cual
incluye, por ende, a los convenios colectivos de trabajo.
9°) Que, conforme con lo expuesto, el art. 7, inc. c,
del CCT, al consagrar la estabilidad impropia, altera en el
caso concreto la sustancia del régimen del estabilidad propia
desnaturaliza.
consecuencia, debe ser confirmada la sentencia apelada en
cuanto declara inconstitucional la mencionada disposición y
condena a la Administración Nacional de Aduanas a reincorporar
10) Que, no obstante lo señalado, es preciso destacar que lo aquí resuelto no resulta aplicable sin más a todos
los empleados de la Administración Pública Nacional. La solución de cada caso está condicionada por la naturaleza de la
vinculación del empleado con la Administración y requiere, en
consecuencia, el examen de la forma de incorporación del
agente, de la normativa aplicable y de la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación.
Por ello, y habiendo dictaminado el señor Procurador
General de la Nación, se declara admisible el recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado, se confirma
la sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio tratado, y se imponen las costas de esta instancia a la demandada.
Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ELENA I. HIGHTON de
1°) Que la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en lo que al caso interesa, declaró nulo
el despido de la actora, así como nulo e inconstitucional el
artículo 7 del convenio colectivo de trabajo 56/92 "E", según
el texto dispuesto por el laudo arbitral 16/92 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que regulaba la
relación de empleo público que unía a las partes. En consecuencia, condenó a la demandada a reincorporar a la actora.
2°) Para así decidir, el tribunal sostuvo que "la
estabilidad consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en beneficio de los empleados públicos [...] es
la llamada absoluta (su violación acarrea la nulidad de la
cesantía y la reincorporación forzosa del empleado)"; que esta
garantía tiene plena operatividad aun cuando no exista norma
alguna que la reglamente, y que los "empleados públicos no
dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado, por lo que serán
inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las
leyes que dispongan que a aquéllos se aplicará el régimen de
estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados,
por cuanto se los estaría privando así de la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (art. 14 bis)"
(fs. 324).
3°) Que contra el pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario federal que, tal como surge
de los fundamentos de la resolución de fs. 366, fue correctamente concedido en la medida en que se encuentra en juego la
cuestión constitucional reseñada en el considerando anterior
(art. 14.1, ley 48).
En lo que respecta a las críticas que la recurrente
formula a la sentencia por haber descalificado sus razones
para despedir con causa a la actora son de aplicación las
consideraciones expuestas por el señor Procurador General
acerca de que las cuestiones fácticas del caso no habilitan la
vía extraordinaria del artículo 14 de la ley 48 (fs. 375/ 376,
acápite III).
4°) Que en lo atinente al agravio federal traído a
consideración de este Tribunal resultan aplicables los fundamentos expuestos en los votos de los jueces Aberastury y Zavala Rodríguez en Fallos: 261:336, y del juez Belluscio en
Fallos: 307:539, en el sentido de que la concepción de la
estabilidad del empleado público introducida en el texto del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional no se compadece
con la interpretación conforme a la cual no se habría establecido la garantía de estabilidad en sentido propio, que
excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y
debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de
ésta y la consiguiente reincorporación, posibilitando retomar
el curso de la carrera por el agente separado ilegalmente,
derecho a la carrera que integra el concepto de estabilidad.
Y, asimismo, que no es óbice a lo anterior que el derecho a la
estabilidad, como todos los demás que consagra nuestra Carta
Magna, no sea absoluto, pueda ser limitado por las leyes que
lo reglamentan y deba compaginarse con las demás cláusulas
Ejecutivo que establece la Constitución Nacional. Pues esas
reglamentaciones, que pueden atender al origen y regularidad
de las designaciones, períodos razonables de prueba, causas
sistematicen la carrera administrativa, no pueden desnaturalizar la efectiva aplicación de la estabilidad transformando
el derecho a ser reincorporado en caso de cesantía injustificada, que es de principio y posibilita retomar el curso de
aquélla, en un mero derecho indemnizatorio que, por ser de
carácter sustitutivo, debe estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva. En particular, la estabilidad
del empleado público es armonizable con las facultades atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo, pues entendida
ella como un todo coherente y armónico, dichas facultades
deben ser ejercitadas con respeto de la estabilidad, ya que si
los derechos y garantías deben ser ejercidos conforme a las
leyes que los reglamentan tampoco son absolutas las potestades
Procurador General de la Nación, se declara admisible Ccon los
alcances indicadosC el recurso extraordinario interpuesto,
se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia del
agravio tratado. Con costas de esta instancia a la demandada.
Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY.
Recurso extraordinario interpuesto por la AFIP, representada por el Dr. Ricardo L.
Traslado contestado por María Cristina Madorrán, representada por el Dr. Juan M.
Sciutto Klot, patrocinada por el Dr. Enrique C. Barreira
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional del Trabajo N° 61
Documents Similar To Fallo Madorrán. En 2007, la Corte había ratificado la estabilidad total del empleo en el Estado con este fallo, que advierte que los agentes públicos "sólo pueden ser despedidos con justa causa
Flor Arrietto
Julio Alejandro Zeballos
More From Cintia Vespa

References: resolución 
 resolución 
in dubio
 artículo 14
 artículo 14

artículo 7
 artículo 14
 resolución 
 artículo 14

artículo 14