Source: http://elmuertoquehabla.blogspot.com.uy/2011/06/
Timestamp: 2018-05-24 06:05:31+00:00

Document:
El Muerto |||: junio 2011
Las deudocracias en crisis
Egipto rechaza ayudas del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Mercado en el centro de El Cairo.
28.06.2011 · Olga Rodríguez
Tras el rechazo de Egipto a las ayudas del FMI, 67 agrupaciones de 12 países árabes denuncian que los organismos financieros internacionales promueven modelos de injusticia social y económica.
En España la revolución ha comenzado
El país latinoamericano llevó a cabo una existosa reestructuración de deuda en 2003
La deudocracia uruguaya,
Atentos al sobrecalentamiento en América Latina; Nicolás Eyzaguirre, Director, Departamento del Hemisferio Occidental, FMI Perspectivas económicas: Las Américas
Nuevo informe del FMI advierte sobre riesgos de sobrecalentamiento en América Latina
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No me pisen la culebra
¿Fuimos pa' atrás?
En mi falluta condición de Instructor de Vuelo (desempleado) metido a politólogo aficcionado,opino que la derecha se ha fortalecido y está más fuerte que nunca. Yo analizo con el menos común de los sentidos que es "el sentido común" como le palpitaba que era a Víctor Hugo (Pérez nó,el francés).-
Entiendo que no pega ni con cola que los bolchesocialatastupaspevepeces y afines,ahora estén culo y calzón con el capital,aunque el
Pepe aliente la utopía de humanizarlo y apele al buen corazón de empresarios y terratenientes pa' que abran la bolsa. Golpiá que te van a abrir. Ilusiones del viejo y de la vieja...
Los cuadros destacados de la derecha como el Pedro,el Cejita,el Qky y mi ilustre tocayo ,deben estar saltando en una pata que liquidaron la oposición y no solo la anularon,sino que la desmantelaron y se la metieron en el bolsillo.La maniobra de permitir que entraran al gallinero del gobierno dejándole la bolsa de maíz adentro pa' que la "administraran" fué brillante. Ya lo plantea Antoine de Saint-Èxupèry en "CIUDADELA".-
Ahí andan nuestros revolucionarios/marxistas sacándose los ojos X los carguitos y con el horizonte limitado X lo electoral.-
Integrar la murga no sólo exige tener un estómago fuerte - a pesar de la pitanza compensadora de las naúseas - sino es convertirse en cómplice conciente ,debiendo soportarse el esfuerzo de un histrionismo permanente y disponer de un agraciado piquito de oro para ejercer una permanente hipocresía mentirosa que los números porfiados desmienten.-
Mi reciente ocupación de preso jubilado, todavía no me capacita para estimar el lapso necesario para que la gilada caiga en la real. Tal vez sea necesario el detonante de la explosión de la crisis que inevitablemente va a sobrevenir cuando se desinfle el globo inflado con mentiras que la realidad enfría y lo hace caer.-
Claro que como el capitalismo hace girar al planeta cada vez más rápido,hace que los plazos y los períodos se acorten y ahora uno se sorprende que afloren espontáneamente movimientos,grupos y asociaciones que no se limitan a defender sólo intereses sino que abrigan sentimientos más elevados de patriotismo,dignidad y coherencia y no sólo limitados a banderías o ideologías políticas;simples ciudadanos que se sienten amenazos en la soberanía nacional o ven comprometido el futuro de su descendencia.-
Palabras de Mujica en Mercosur
Todas las medidas que plantea apuestan a la unidad latinoamericana, DENTRO DE ESTE SISTEMA.
Empresarios unios!
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Calientan un muerto
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Se discutirá hoy en Plenario de centros sociales
Clubes militares tomarán
medidas por desarchivos
Los clubes militares resuelven hoy las medidas a tomar frente a las manifestaciones de organizaciones de derechos humanos de acusar a 400 militares por delitos de lesa humanidad. De todas formas, consideran que es “más de lo mismo”.
El plenario de Clubes Sociales Militares resolverá hoy los mecanismos de defensa que tomará ante la situación que atraviesa, luego de que el gobierno anunciara la autorización para el desarchivo de causas amparadas dentro de la ley de Caducidad.
Desde los clubes sociales, que agrupan principalmente a militares retirados, hay gran preocupación por los ataques recibidos en los últimos meses. Si bien consideran también que es "más de lo mismo", los clubes manifestarán las acciones a tomar ante reclamos de grupos de ex presos y familiares de desaparecidos y la amenaza de demandar a 400 militares.
"Vamos a pensar bien la posición a tomar, yo estoy cansado ya de tanta cosa y todos los días surge algo nuevo. Está todo muy entreverado y se ha convertido en una situación tragicómica", expresó el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés, a Ultimas Noticias.
Hoy a las 11 de la mañana, el plenario se reunirá en el Club Naval y tomará una posición ante los anuncios tanto del gobierno como de asociaciones de derechos humanos que anunciaron denunciar a 400 militares a los que pudieron identificar.
Por otra parte, el presidente del Círculo Militar general (r) Ricardo Galarza, dijo a este medio que esta decisión del gobierno "es para darles satisfacción a deseos revanchistas".
"Ven que se cierra una ventana y quieren llegar antes que eso se cierre", agregó Galarza respecto a los reclamos y protestas realizados en estos meses, debido a que en noviembre prescriben los delitos. "Se piensan que los militares somos tontos, nos dicen que matamos a Roberto Luzardo (fallecido en 1973 en el Hospital Militar luego de un enfrentamiento con militares) y le salvamos la vida a Raúl Sendic, el fundador del Movimiento Tupamaro. Parece que los militares no tenemos claro a quién dejar morir, lo que es absurdo; creo que este país ha perdido seriedad", agregó Galarza. A su vez, el presidente del Círculo Militar considera que "la ciudadanía está harta de esto, que ya es suficiente y la mayoría ve el tema con cierta indiferencia".
En tanto, el presidente del Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, Milton Cairoli, expreso a Subrayado que "ninguno de los militares que está detenido tendría que estarlo, pero realmente lo estábamos esperando". Por otra parte, respecto a la prescripción de los delitos, lo que ocurrirá el 1° de noviembre, integrantes de los grupos militares coinciden en que se están tomando decisiones desde el gobierno para dar "satisfacción a un sector de la sociedad sobre el tema". Galarza considera que "la ciudadanía está harta de esto, ya es suficiente y en la mayoría de la ciudadanía se ve con cierta indiferencia".
Desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda considera que los delitos no prescribirán debido a que hay un "principio de Derecho que defiende al impedido por justa causa y no corre el término. Por lo tanto, ese plazo no puede ser computado", según expresó a Subrayado. En base a esto, el director considera que al archivar la causa no se puede investigar, por lo que esos años no deben ser computados.
Tribunal de honor para ex comandante preso
El ex comandante de la Armada Juan Fernández Maggio, procesado con prisión por coautoría en un delito continuado de fraude por compras ficticias en la fuerza, deberá comparecer ante un tribunal de honor de las Fuerzas Armadas, ordenado este lunes por una resolución de la Presidencia, en acuerdo con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Según establece el documento oficial, el tribunal de honor "eventual" estará integrado por el vicealmirante retirado Francisco Pazos, el vicealmirante retirado Carlos Giani, y el almirante retirado Oscar Debali. El abogado del ex militar procesado, Amadeo Otati, dijo a Ultimas Noticias no tener conocimiento de la resolución presidencial. De todos modos, estima será un "trámite" su comparecencia en el tribunal, la cual "no tiene nada que ver con el proceso" penal que atraviesa desde 2010.
Juan Fernández Maggio -que se encuentra recluido en cárcel Central- fue procesado en agosto del año pasado por la jueza Graciela Gatti, junto a otros dos oficiales de la Armada (Pablo da Costa y Gerardo Feble), por las compras ficticias detectadas en la marina, bajo la imputación de "delito continuado de fraude". Por la misma causa Danilo Damonte fue procesado sin prisión bajo "caución juratoria", en calidad de autor de un delito "continuado de fraude".
La resolución de Gatti ordenó trabar embargo general de derechos y acciones respecto de los procesados por la suma de $ 11. 629.548.
Los imputados habrían simulado la compra de una grúa y un banco de pruebas por U$S 600.000.
De acuerdo al artículo 35 de la norma que regula el funcionamiento de los tribunales de honor en las Fuerzas Armadas, los mismos "se limitarán a juzgar solamente el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan, en las que actuarán como jueces de hecho, de acuerdo a la conciencia que se formen frente a la verdad depurada e inspirándose siempre en el sentimiento de honor y deber militar". El tribunal deberá determinar si Fernández Maggio queda habilitado o inhabilitado para continuar formando parte del cuadro de oficiales de las FF.AA.
La verdad ofende 6
LA VERDAD OFENDE (LVO) es un proyecto de comunicación alternativo e independiente. Un trabajo original de producción nacional llevado a cabo por un grupo de jóvenes.
EDITORIAL (1:43)
AGROTÓXICOS (5:33)
BUROCRACIA SINDICAL (5:43)
JUBILADOS (5:03)
URUGUAY NEOLIBERAL (6:41)
Si prescribe quedarán definitivamente impunes
Pancarta de inocencia
Mi amiga me cuenta que evitan que su nieto de 6 años vea informativos o tv, más que en dibujitos animados. Pero el 20 de mayo cuando los padres miraban la marcha del silencio, preguntó: "¿Porque llevan esas fotos?". "Porque son seres muy queridos que murieron", le respondieron. El niño, sin que se dieran cuenta, fue a la mesa de luz de mi amiga a buscar la foto de su abuelo, al que nunca llegó a conocer y se paró con ella frente a la pantalla. "No (quisieron explicarle), al Tata no lo mataron". El niño miró a su abuela. "Pero yo también lo quiero mucho, Lala", dijo. Los padres y la abuela, emocionados, hicieron silencio, esperanzados de que algún día lo comprenda. Mi amiga, me dice que ese día entendió de otra forma el valor de la memoria.
El pasado 6 de junio 2011, el abogado experto en derechos humanos Dr. Juan Errandonea, participó de una charla abierta en la Sede de Crysol donde se valoró los caminos posibles a seguir para eliminar la impunidad que pesa sobre los uruguayos.
Sabemos que no es lo mejor, pero se nos vienen los plazos encima y realmente corremos peligro, porque después que pase el 1º de noviembre, aunque la SCJ se exprese dentro de 1 o 2 años, no se puede hacer renacer el plazo de prescripción.
2º) El fallo de la CIDH, no le exige al Estado uruguayo que “debe anular la ley de caducidad”, lo que dice es que la ley no puede constituir un obstáculo para la investigación y el castigo de los responsables en el caso Gelman (Si Uruguay no cumpliera con la resolución de la CIDH la Corte comunicará a la asamblea de la OEA - Organización de Estados Americanos - que decidirá y hará efectivas las sanciones correspondientes)
Lo que está faltando y es muy necesario, es que los tres Poderes del Estado aparezcan alineados. No es bueno que se le cargue las culpas solamente a la SCJ, facilitando así el camino a la derecha, cuando hace apenas poco tiempo atrás hubo una importante señal de ésta, pronunciándose en tres oportunidades por la inconstitucionalidad de la ley, siendo un duro golpe para la oposición. Mientras el Poder Ejecutivo tomó una actitud de trámite, cuando se le consulta y excluye los casos de la ley; cuando el Parlamento estuvo un año apegado a la ley interpretativa y no ha logrado nada; el Poder Judicial ha tenido un avance, y el gobierno lo está dejando solo. Todas las señales políticas que le llegaron a la Corte desde el Ejecutivo y el Parlamento, no la alentaron en absoluto a dar otro paso hacia adelante.
No es un tema solamente jurídico, es un tema esencialmente político.
Al contrario, han pasado cosas terribles, desde el discurso del Presidente Mujica en Las Piedras u otro tipo de señales como la visita del mandatario a Dalmao en el hospital militar (Si bien Dalmao era alférez, 15 días antes de la muerte de Nibia Sabalsagaray quedó como sustituto del capitán S2 a cargo del batallón y firmó el parte falso de la víctima), o la señal que da E. Huidobro cuando dice que Dalmao “se comió un garrón” porque “los alférez no torturaban” cosa que no es cierto, está comprobado que si lo hacían. Estas son las señales que el poder político le manda al Poder Judicial.
Hay que dar vuelta lo que hizo Sanguinetti en el 86 con la ley de caducidad. Sanguinetti no hizo simplemente un trámite, metió todo el peso del gobierno, del Partido Colorado y del Partido Nacional con los que llegaron a un acuerdo, y con eso metió presión a la SCJ y consiguió que por 3 a 2 la Corte del año 88 declarara que la ley era constitucional. No es lo mismo para los jueces de la Corte resolver cuando hay determinada presión política, cuando no hay presión o cuando la presión viene en sentido contrario.
Alternativas para evitar la prescripción de delitos
Prescripción no aplica en todos los casos
La tortura es un crimen de lesa humanidad imprescriptible
De izquierda a derecha: Walter Pernas (moderador), Decano de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Alvaro Rico, Profsora
Clara Aldrighi, María Sodenbeguer (Argentina) y Mauro Tomasini (Serpaj).
Vista parcial de los asistentes en la jornada del viernes 24 de junio
Sara Waitman, Presidenta de la Asociación de ex presos políticos de
Córdoba de la República Argentina.
El periodista Roger Rodríguez
Lilián Celiberti, Universindo Rodríguez, periodista Luis Claudio Cunha
Y Jair Krishcke durante la presentación del libro “el secuestro”.
Ariel Silva de la Fundación Mario Benedetti (moderador), Dr. Pablo Chargonia,
Liliana Tojo de Cejil, Jair Krischke (Brasil) y Walter Cortazzo de la
Casa Bertold Brech durante la Mesa III que abordó el tema de la
Tortura como crimen de lesa humanidad imprescriptible.
Walter Cortazzo dando lectura a un trabajo enviado por el
Dr. Alejandro Artuccio para la mesa redonda.
Liliana Tojo de Cejil.
Jair Krischke de Brasil.
Maestro Mariano Soler, Psic. Enrico Irrazábal y Valentín Enseñat
de Hijos (Uruguay), integrantes del panel de la Mesa IV
“Educar en Memoria, fortalecer los Derechos”.
Diputado Hugo Gutiérrez Cháves de Chile
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Homenaje al Chito Facchinelli
Juan Rosendo Facchinelli nació en la Ciudad de Mercedes, tenía 32 años de edad, casado y padre de una hija. Era docente de secundaria (liceo 14) y estudiante de la Facultad de Arquitectura. Militaba en el MLN-T y se encargaba de diseñar y construir las “tatuceras” (escondites)
El 27 de junio de 1972 es detenido cuando salió de su casa y llevado al Batallón de Infantería Nº1 "Florida" en Montevideo. Muere de un traumatismo de cráneo encefálico aunque la versión oficial dijo “suicidio”. Tiempo después un enfermero militar declaró desde el exilio que la versión dada a la familia era falsa.
Su familia se entera de su muerte por el comunicado radial de las FFCC que decía que: “un subversivo llamado Facchinelli se había suicidado". Sale a buscar datos y deciden ir al Hospital Militar, allí estaba su cuerpo, su hermana es testigo de las condiciones en que se encontraba. La autopsia realizada por médicos de confianza de la familia atribuye la muerte a traumatismo de cráneo encefálico y la bóveda craneana fracturada desde la frente a la nuca, dejando la masa encefálica a la vista. Marcas de ataduras en muñecas y tobillos y quemaduras secuelas de la picana eléctrica. Sus ropas estaban sucias de grasa de automóvil, las medias estaban sucias de arena y sangre y con ambos talones deshechos. Van al Batallón Florida buscando una respuesta, les dicen que se suicidó arrojándose de una escalera. Ésta escalera no contaba más de metro y medio y unos pocos escalones.
Una testigo que estuvo detenida en esa unidad y presentó denuncia judicial contra tres capitanes y tres tenientes, recuerda que ese día un soldado comentó: "¡pa'! se les fue la mano y mataron a Facchinelli".
Juan es detenido y torturado en el Batallón Florida por los capitanes Luis Iván Aguirregaray, Carlos Calcaño Gorlero, Tabaré Camacho y los tenientes Grignoli, Armando Méndez y Sergio Caubarrere. Varios de estos oficiales están implicados en asesinatos y desapariciones de compañeros acá en Uruguay, en Argentina y Paraguay.
Muere producto de las brutales torturas a las que fue sometido. Sus verdugos sabían que él conocía la ubicación de los lugares donde se ocultaba lo que quedaba de la organización y hoy muchos compañeros lo recuerdan con respeto y reconocen que están vivos gracias a su comportamiento.
El sepelio se hizo en la ciudad de Mercedes con fuerte custodia militar de particular.
"NO CONSEGUIREMOS JAMÁS EL PROGRESO DE NUESTRA FELICIDAD SI LA MALDAD SE PERPETÚA AL ABRIGO DE LA INOCENCIA, LLEGADO ES EL TIEMPO EN QUE TRIUNFE LA VIRTUD Y QUE LOS PERVERSOS NO SE CONFUNDAN CON LOS BUENOS" José G. Artigas.
Poema del Cristo Olivera en homenaje al Chito Facchinelli
El Decreto anula actos administrativos basados en la Ley de Caducidad
Uruguay habilita investigaciones de crímenes de... door teleSUR_tv
El abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, en entrevista para teleSUR, analizó el significado de la revocación de los actos administrativos con base en la Ley de Caducidad. teleSUR
Sin derogar la caducidad, Uruguay busca justicia. El presidente uruguayo Pepe Mujica revocará esta semana con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores dictados al amparo de la Ley de Caducidad y que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura. Emitido por Visión Siete, noticiero de la TV Pública argentina, el lunes 27 de junio de 2011. http://www.tvpublica.com.ar
El Gobierno de Uruguay anulará mediante un decreto los actos administrativos de gestiones anteriores que impiden investigar los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura.
Leer más : http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_26075.html
Macarena Gelman conforme, pero no del todo
"HIJOS" No es todo lo que hay que hacer
Cada juez en cada asunto deberá estudiar el tema y fallar
Caducidad: Ejecutivo revoca sus actos y prevén choque jurídico
Revisionismo. Decisión oficial permitiría reabrir unos 80 casos, siempre que en ellos no se haya configurado "cosa juzgada" Militares critican la medida y la atribuyen a un "compromiso" | w Coronel llamó a "aumentar el grado de resistencia" | w Ley de Caducidad "se anula de hecho" según opinó Heber
P. MELÉNDREZ / D. ISGLEAS
El Poder Ejecutivo dará luz verde para que la Justicia retome unas 80 causas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura, revocando antiguas decisiones administrativas. Expertos señalan que se iniciará un fuerte debate jurídico.
La decisión del gobierno que encabeza el presidente José Mujica fue anunciada ayer -en coincidencia con el 38° aniversario del golpe de Estado de 1973- tras la reunión del Gabinete Social que tuvo lugar en la Torre Ejecutiva.
Mujica comunicó la decisión a los ministros al inicio del encuentro. Tras ello, no hubo comentarios al respecto ni del presidente ni de los secretarios de Estado, según relataron fuentes oficiales a El País.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, dijo que la decisión se tomó "por razones de legitimidad". Breccia indicó en conferencia de prensa que "el decreto solo revocará los actos del Poder Ejecutivo para excluirlos de la ley de Caducidad".
De esa forma, se dejarán sin efecto resoluciones de gobiernos anteriores que consideraron incluidas en la norma denuncias por hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985) y por lo que no prosperaron las investigaciones judiciales de esas causas.
En mayo, el Poder Ejecutivo accedió a un pedido de la viuda del militante comunista Álvaro Balbi, fallecido por torturas en 1975, y anuló un acto administrativo dictado en 1988 que declaró el caso comprendido dentro de la ley de Caducidad.
Breccia estimó que la decisión oficial de extender la posición adoptada en esa causa abarcará a "unos 80 casos", pero aclaró que la última palabra siempre la tendrán los jueces.
"El Poder Judicial será el encargado de determinar cómo continuarán las acciones para cada caso, así como determinar si corresponde o no desarchivar los expedientes", dijo Breccia.
Agregó que por esta vía el gobierno cumplirá con "un deber ético" y con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay a eliminar los obstáculos para que se puedan indagar los hechos de la dictadura.
El órgano de la OEA emitió esa resolución en febrero en el marco de una denuncia presentada por la desaparición de María Claudia García de Gelman, a cuya familia el Estado deberá resarcir económicamente.
Breccia indicó que el decreto se firmará "el jueves o viernes", para que familiares que estén en contra de la posición del Poder Ejecutivo puedan expresarlo. "Estimamos que no van a existir casos de ese tipo", dijo.
Ayer, la agrupación Hijos Uruguay, que reúne a hijos de desaparecidos, presentó una petición administrativa ante la Presidencia, solicitando, justamente, la revocación de sus anteriores resoluciones, tal como ocurrió en el caso Balbi.
Según la tesis jurídica mayoritaria, los delitos cometidos por militares en la dictadura prescribirán el 1° de noviembre. Desde entonces, ya no podría haber más procesamientos.
"COSA JUZGADA". La opción de que el Poder Ejecutivo dejara sin efecto antiguos actos administrativos que ampararon hechos de la dictadura en la ley de Caducidad fue planteada meses atrás por el abogado constitucionalista Martín Risso.
El experto hizo la propuesta durante la discusión del proyecto interpretativo de la Caducidad impulsado por el Frente Amplio, que naufragó en la Cámara de Diputados cuando Víctor Semproni se negó a votarlo.
Risso dijo ayer a El País que con esta iniciativa el Poder Ejecutivo "cumple con su parte" para acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero resta lo relativo a los jueces, que "tendrán que evaluar caso a caso y podrán reabrir los expedientes donde no haya cosa juzgada", dijo.
Así, las denuncias que en 1988 tuvieron sentencias de la Suprema Corte de Justicia declarando constitucional la ley de Caducidad, podrán reabrirse solo para aclarar los hechos, pero no para castigar a los responsables. En cambio, sí podrán retomarse las causas que se clausuraron con una simple resolución del juez.
Risso -para quien lo correcto es que el Poder Ejecutivo emita una resolución y no un decreto para revocar sus actos administrativos, tal como lo anunció Breccia- dijo que el tema generará una "amplia discusión jurídica" por su complejidad y las interpretaciones que puede generar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, el abogado Pablo Chargoñia, representante de la viuda de Álvaro Balbi y de Hijos Uruguay, opinó que la posición del Poder Ejecutivo "obligaría a los jueces a desarchivar los casos de oficio".
Chargoñia dijo a El País que en cumplimiento de la sentencia internacional, los jueces no deberían aplicar las normas relativas a la prescripción de los delitos ni los criterios de cosa juzgada. De esa forma, indicó, el Poder Judicial también estaría acatando el fallo.
"NO ES POSIBLE". Por su parte, el constitucionalista y ex senador colorado Ruben Correa Freitas, dijo a El País que el Poder Ejecutivo "no puede revocar actos administrativos que generaron derechos adquiridos".
Y, en tal caso, los afectados podrán recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), por lo que Correa Freitas estimó que se generará una "larga batalla jurídica".
Correa Freitas sostuvo que, con la situación tal como está planteada, es de prever que los militares retirados que se sientan "afectados" presentarán una "andanada" de recursos ante el TCA contra la decisión del Poder Ejecutivo.
En tanto, un experto en derecho administrativo opinó que habrá un fuerte debate jurídico que "no será sencillo", debido a que hay dos posiciones doctrinarias: una sostiene que el Poder Ejecutivo debe revocar sus actos ilegítimos, y otra señala que esas resoluciones, a pesar de ser ilegales, no pueden reverse si generaron derechos para los involucrados.
Militares: "No es legal; se viola la cosa juzgada"
Los centros sociales militares recibieron con rechazo aunque sin sorpresa el anuncio del Poder Ejecutivo en cuanto a la revocación de unos 80 actos administrativos mediante los cuales gobiernos anteriores ampararon denuncias en la ley de Caducidad.
El presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, dijo -en base a la opinión de varios juristas, como el experto en derecho administrativo Augusto Durán Martínez- que la medida que anunció ayer el Poder Ejecutivo "no se puede hacer porque es cosa juzgada".
El militar dijo, en declaraciones a El País digital, que la iniciativa debe ser el producto de "algún compromiso" asumido por el gobierno que preside José Mujica.
Cedrez señaló que más allá del anuncio oficial, espera que la medida no se materialice. "No estoy de acuerdo con nada que retrotraiga las cosas que ya fueron juzgadas; no estoy de acuerdo con nada que mire al pasado", insistió.
Por su parte, el presidente del Círculo Militar, general (r) Ricardo Galarza, expresó que la medida planteada por el Poder Ejecutivo demuestra "un claro afán de revanchismo que lleva a reiterar una y otra vez por distintos caminos soluciones que violan la cosa juzgada".
Galarza compartió la visión de Cedrez en cuanto a la existencia de "presiones". "Hay que responder a la tribuna", dijo el militar retirado y acotó: "es más de lo mismo, no me sorprende".
En tanto, el coronel (r) José Araújo, vocero del Foro Concordia y Libertad (agrupación que reúne a varias promociones de oficiales de las tres armas), llamó a "incrementar el grado de respuesta y resistencia" frente a la decisión presidencial de anular los actos administrativos relacionados con la ley de Caducidad.
"El gobierno está sublevado, se convirtió en sedicioso. Esto amerita que se aumente el nivel de resistencia", dijo Araújo a El País. Mañana habrá un plenario de todos los clubes militares donde se analizará el tema.
PRESCRIPCIÓN. En tanto, la fiscal Mirtha Guianze dijo ayer en radio El Espectador que "sería deseable" que el Parlamento apruebe una ley que elimine la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura, que operará el 1° de noviembre.
Guianze entiende que se trata de ilícitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben, pero la jurisprudencia ha señalado que se trata de delitos comunes.
A su vez, el gobierno pidió al Ministerio de Defensa y a la Suprema Corte de Justicia la apertura de los archivos que contienen las fichas clínicas y judiciales de detenidos durante la dictadura.
Rechazo opositor a idea del gobierno
Los partidos de la oposición reaccionaron en su mayoría con rechazo, por motivos políticos y jurídicos, al anuncio del Poder Ejecutivo de revocar los actos administrativos de gobiernos anteriores que invocaron la ley de Caducidad.
El Directorio del Partido Nacional analizó el tema ayer pero no fijó posición. A título personal, su presidente Luis Alberto Heber comentó a El País que "por la vía de los hechos se anula la ley" de Caducidad. "El tema va a traer enfrentamientos. No conviene que se disfrace la opinión del pueblo" con una decisión de este tipo, sostuvo Heber.
Más en un análisis jurídico que político, el senador Jorge Larrañaga, de Alianza Nacional, calificó de "inconstitucional" la decisión del gobierno. "El Poder Ejecutivo no puede hacerlo. Está incurriendo en una grave equivocación jurídica porque no puede invocar la ilegitimidad por inconstitucionalidad, porque debe ejecutar la ley; y en este caso concreto, más allá de los pronunciamientos, no dedujo la acción de inconstitucionalidad y no puede invocar en un solo decreto la inconstitucionalidad al barrer", indicó el senador.
Recordó que en 1986, el catedrático Horacio Cassinelli Muñoz, "un notorio hombre de izquierda", le respondió así al constitucionalista José Korzeniak.
sin efecto. El presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres, mostró una visión distinta al considerar que la revocación "es algo posible" y por eso no le parece "mal". De todos modos, dijo que como la decisión sobre los casos será del juez de cada causa, "en los hechos es imposible saber qué efecto concreto tendrá".
"Lo más probable es que el expediente, en la mayor parte de los casos, ya sea cosa juzgada" y por eso la revocación no tendrá efecto, dijo a El País.
Desde el Partido Colorado, el senador Ope Pasquet se mostró contrario a la solución planteada. "Hubo dos pronunciamientos populares que ratificaron la ley de amnistía, porque así llama a la caducidad la comisión de la OEA. Si no se pudo desconocer esos pronunciamientos populares por una ley, menos admisible es que se pretenda desconocer por un decreto", analizó Pasquet.
"Esto no se puede resolver así porque si no lo hubieran hecho de entrada evitándose todo el problema con la ley de anulación", añadió.
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Aratirí: El mal rayo que nos va a partir (parte 3)
O: una historia de generosidades
Aratirí en guaraní significa relámpago
La expresión “ara” quiere decir “cielo” y “tirí” significa “fisura”; por tanto, el término quiere decir “fisura del cielo”, o relámpago en guaraní. Se tomó ese nombre porque es una zona que tiene mucho hierro y, a su vez, allí caen muchos relámpagos.
1)Pramod Agarwal; tal es el nombre de quien Fernando Puntigliano, actual gerifalte de Aratirí sindica como propietario de la empresa.
200 millones de indios están hambrientos
Siendo el mayor exportador de productos agrícolas, la India se enfrenta cada día más con el problema del hambre. Los últimos ensayos del UNICEF y el Instituto de Investigación para la Política Internacional de Alimentos (IFPRI por sus siglas en inglés), demuestran que la situación en uno de los estados indios, Madhya Pradesh, es comparable a países africanos como Etiopía y Chad.
En su totalidad, la India tiene a más personas que sufren de hambre que cualquier otro país del mundo: son cerca de 200 millones. Y el problema es sistémico y poco tiene que ver con el impacto del temporal de lluvias que viven las regiones centrales y norteñas estos días. La mayoría de los datos referidos asciende a la estadística de 2008.
Los investigadores estadounidenses medían ésta en base a tres indicadores: número de personas que sufren un déficit de calorías, malnutrición infantil y tasas de mortalidad infantil. Lógicamente las evaluaciones de este grupo se centran en la situación del niño en la sociedad, que es el eslabón más indefenso ante la amenaza. Y su primera conclusión es que cerca del 60% de los menores en el estado de Madhya Pradesh sufren desnutrición.
“Pese a años de robusto crecimiento económico, la India obtuvo peores cifras que casi 25 estados del África subsahariana y todos los estados del sur de Asia con excepción de Bangladesh", señala el estudio. Sus autores atribuyen el abismal récord en primer lugar al inadecuado acceso a alimentos, además de dominantes pobres prácticas de alimentación y deficiente cuidado infantil que son una peculiaridad de la sociedad subdesarrollada.
Junto a eso, el primer factor, el denominado 'inadecuado acceso' apela a las ineficaces políticas económica, social y de transporte. El programa de repartimiento de las reservas de cereales entre los sectores más pobres de la sociedad, sí, existe, pero conforme a la opinión, casi unánime, de los ciudadanos no sirve de nada por culpa de la corrupción y la burocracia que impiden que aquellos fondos lleguen a sus destinatarios.
Las últimas lluvias han empeorado la situación. Según opinan varios expertos dentro del país, los existentes sistemas de almacenaje —que por supuesto, no son elevadores airados modernos— dejaron mojarse aproximadamente a 10 millones de toneladas de arroz y trigo (una sexta parte te todas las reservas). Ese hecho comprende que un volumen suficiente para alimentar a 140 millones de personas durante un mes, se convertirá en basura en el mismo plazo de tiempo.
El juego de las matrioskas
Un proyecto de mina de hierro a cielo abierto a gran escala en el centro del país, de cuyos impactos no existen aún evaluaciones oficiales, es negociado por el gobierno uruguayo, aparentemente, con una empresa familiar india que, en realidad, es la fachada de un gran operador del mercado mundial de materias primas
La empresa Aratirí, filial uruguaya de Zamin Ferrous, promete invertir 2.000 millones de dólares y crear 1.500 empleos con una mina de hierro a cielo abierto sobre unas 10.000 hectáreas en la zona de Valentines. Su intención es exportar 18 millones de toneladas anuales de hierro a China pero, antes de evaluar lo que significaría para el país un proyecto de este porte, es de rigor saber quiénes son sus promotores.
Zamin Ferrous (ZF) se presenta como una firma multinacional registrada en Jersey, con oficinas en Londres, San Pablo (Brasil), Montevideo y Zug (Suiza) que opera en América del Sur. De su presidente Pramod Agarwal se mencionan sus “30 años de experiencia en el comercio internacional de materias primas” y haber sido presidente de Gerald Metals (GM), un importante grupo comercial de Estados Unidos.
Pero Agarwal presidió GM solo por tres meses en 2003 y renunció por un conflicto de intereses. Para otros accionistas, esa condición era incompatible con la presidencia paralela de Texuna International, con sede en Hong Kong. Fundada por Agarwal en 1981, Texuna lidera un grupo comercial en la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que reúne a 10 de las 15 repúblicas de la extinta Unión Soviética.
De hecho, la trayectoria empresarial de Agarwal se forjó en Texuna que se convirtió, en poco tiempo, en una gran red de empresas operando en el comercio de materias primas entre Asia, la CEI, Europa y EE.UU. Las mayores multinacionales se han apoyado en Texuna para entrar en los mercados de las ex repúblicas soviéticas, “lucrativos, pero a menudo complicados”, según las fuentes especializadas.
El directorio de Zamin se completa con el Director de Operaciones, Tony Cau (ex BHP Billiton), el Director de Finanzas, Robert Dix (ex KPMG), el Director Corporativo, Martin Kannengieser (ex Merrill Lynch y Lehman Brothers), el Gerente de Proyectos, Michael Holmes (ex SNC-Lavalin), el Director Comercial, Patrick Lynch (Texuna Tech), y el Director Nacional (country manager), Fernando Puntigliano, ingeniero uruguayo y ex-director de la Administración Nacional de Puertos en nuestro país.
“En los últimos cuatro años he creado una compañía que podrá ser un socio y proveedor respetable de la industria acerera. En Zamin Ferrous tenemos un equipo verdaderamente de clase mundial capaz de operar, desarrollar e identificar minas de hierro, manganeso y carbón a gran escala”, escribió Agarwal en 2009. Su objetivo claro es América del Sur pero, por alguna razón, usa una fachada.
El sitio Web de Zamin Ferrous posee lo mínimo necesario para brindar una imagen pública de las características y actividades de la empresa. El perfil de los países donde tiene proyectos en curso, Brasil y Uruguay, es copiado del World Factbook de la CIA, al que denomina "El libro de las verdades del mundo". Una vez vendido el proyecto Bamin, en Brasil, Valentines ha pasado a ser su apuesta principal.
Por ejemplo, insisten con que Zamin es una empresa de capitales indios (*), aunque hoy en día la nacionalidad del presidente no indica nada sobre el origen del capital de una sociedad de inversores registrada en Inglaterra y, mucho menos, conociendo la trayectoria de su fundador. Y agregan que es una empresa familiar, que quiere asociarse con los uruguayos y que va a explotar la mina de Valentines.
Chulepín reiteró que Zamin “pertenece a una familia india que, en este aspecto de la minería, está empezando. Tiene varios proyectos a nivel latinoamericano, pero todos a nivel de prospección y exploración. Sin embargo, tiene intenciones de seguir en el proyecto Aratirí en toda la cadena. Esta familia es nueva en esta parte del proyecto, pero no en la minería, porque se dedicaba antes al comercio de minerales.”
Para la ejecutiva de Aratirí, es ventajoso que Zamin sea una empresa familiar por que: “mucha gente, principalmente en el gobierno, ha valorado el tamaño y el hecho de que sea una empresa familiar, porque no son las grandes corporaciones, Rio Tinto, etc.” Y agregó: “Para el gobierno uruguayo, lo acerca más a poder manejar esto”.
Si es así sería preocupante, porque la historia de que Zamin es una empresa familiar de la India no parece ser real y no tiene ninguna relevancia para evaluar un proyecto como el anunciado, que está jugando con las reglas del mercado financiero internacional. Si por este lado no significa beneficios, por otro lado, el estar tratando con alguien de poca experiencia en esta actividad industrial, resultaría además peligroso.
H. CH. – En general, no es el inversor exactamente el que debe tener los antecedentes, sí las empresas que se contratan para desarrollar los proyectos. En este momento, estamos desarrollando el proyecto de factibilidad y ya tenemos empresas muy reconocidas a nivel internacional que están ayudando en ese desarrollo, en esa planificación de cómo se haría, grandes empresas que tienen mucha experiencia.
V. B. – ¿Ustedes se proponen hacer un ‘ensemble’ de empresas?
H. CH. – No, es una sola empresa que subcontratará a otras… Se tercerizan tareas, pero una empresa lidera.
Una empresa de extracción de minerales en gran escala debe invertir capital en sus actividades – investigación y desarrollo tecnológico, laboratorios químicos y físicos, medios de transporte e instalaciones industriales, tierras, yacimientos, etc. -, pero ‘una empresa familiar’ no puede pasar, de un año para otro, a comandar una explotación minera de gran porte y 20 años de duración en base a subcontrataciones.
Fernando Puntigliano desempeña en Zamin las funciones de "country manager", una tarea que las empresas internacionales prefieren dejar en manos de una persona oriunda del lugar, no tanto por necesidades técnicas como políticas. Sobre todo en la etapa de factibilidad del proyecto, les aporta el conocimiento de los hábitos locales y se encarga de las relaciones con la administración y los políticos.
En suma, la afirmación de Zamin de que gerenciará la mina en Valentines es poco consistente con la experiencia en el sector, no condice con la breve trayectoria de esta empresa ni con los antecedentes de su creador. Zamin se comporta, más bien, como unas empresas llamadas “junior” que proliferan en la minería de hoy.
Las “junior”; ventajas y riesgos
En los últimos 20 años, el crecimiento acelerado de la industria metalífera, que exige suministros acordes y reservas que lo sostengan, habilitó la proliferación de pequeñas empresas, de corta duración, expertas en la prospección y exploración de minerales. Estas empresas “junior” (jóvenes) se dedican a descubrir y a vender yacimientos a las empresas mayores, asumiendo riesgos que las más establecidas evitan.
Las “junior” operan en una zona de capital de riesgo. Si tienen suerte y consiguen un buen proyecto pueden ganar, pero en caso contrario pierden lo que puede ser grave para aquellas que no disponen de mucho capital. Entre estas empresas, algunas se dedican solamente a la exploración y buscan luego acuerdos con las empresas que explotarán los yacimientos. Otras buscan las ganancias rápidas y prestan atención primordial a la especulación en el mercado de “commodities” minerales.
Una investigación internacional sobre las perspectivas de la minería (**) preparada para la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo, en 2002, constató que si bien existían empresas intermedias y “junior” comprometidas con los mejores estándares de desempeño social y ambiental, la mayoría de estas empresas ponía el acento en sus habilidades para encontrar yacimientos y consideraba que el desarrollo sustentable era un “asunto de las grandes empresas”.
Entre las “junior” hay empresas que apuntan más hacia el comercio y la especulación bursátil y también existen empresas subcapitalizadas sometidas a una fuerte presión para tener éxito. Es en estos casos que, con “una capacidad limitada para hacer frente a fallas u otros sucesos imprevistos, sus operaciones tienen un gran riesgo de generar situaciones ambientales y sociales negativas”, advierte el estudio aludido.
“La clave de la estrategia de Zamin – dice en una presentación – es su comprobada capacidad de asociarse con los gobiernos regionales y federales para desarrollar activos, soluciones logísticas y una infraestructura claramente definida”.
El propósito es “identificar grandes activos que requieran de una gran infraestructura y que por ende, otras compañías mineras hayan ignorado en el pasado debido a condiciones menos favorables para el mercado de hierro, manganeso, aleaciones de hierro y carbón que las que actualmente existen y que se espera continúen en las próximas décadas”, explica más adelante la misma presentación de Zamin.
Aquí están las “ventanas” a que aludía Chulepín, generadas por el alza vertiginosa del precio del hierro en el mercado internacional. Entre enero de 1986 y enero de 2011, la tonelada métrica seca pasó de 26,26 a 179,63 centavos de dólar, multiplicándose casi siete veces. Esto hace rentables hoy los yacimientos uruguayos, pero implica un serio riesgo, porque es simple resultado de la especulación financiera. Ya se habla de que China tiene exceso de stock y que “la burbuja del hierro” puede estallar.
El presidente de Zamin, Pramod Agarwal, es presentado por diversos medios, inclusive por el Financial Times, como un exitoso comerciante de metales y ex presidente del grupo estadounidense Gerald Metals, pero su rápida carrera y sus principales activos se encuentran en el mercado euroasiático de materias primas, operando sobre todo con repúblicas de la extinta Unión Soviética.
Queda claro a su vez que Zamin no haría las inversiones mayores. Afirma que busca “asociarse con las principales empresas acereras”, o sea, una colocación anticipada de la producción. Y tampoco se hará cargo de las obras complementarias requeridas, para lo cual buscará, según sus palabras, “establecer acuerdos innovadores para la construcción de infraestructura que permitan minimizar los requerimientos financieros”. Es decir, que lo paguen los gobiernos de los países sede.
Una carta pública firmada por Agarwal dice:
¿Dónde está la “fuerza a largo plazo”? ¿Adónde fueron a parar las “fuertes raíces”? Todo indica que el único compromiso de largo plazo de Agarwal es con la rentabilidad de las inversiones, cuanto mayor y más rápido mejor. Negocios son negocios, no hay duda, así es hoy el sistema financiero internacional. Pero, con estas empresas, ¿se puede comprometer el desarrollo productivo y el bienestar de un pueblo?
(*) Sin tener oficinas ni proyectos en la India, Zamin Ferrous figuró como una de las empresas “indias” que homenajeó con una cena a la delegación oficial uruguaya de visita recientemente en aquel país.
(**) Abriendo Brecha, informe del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMSD), es la más amplia investigación hasta la fecha sobre el rol de los minerales y la minería en una perspectiva de desarrollo sustentable. Fue publicado por el IIED de Londres y el IDRC de Canadá en 2002.
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References: resolución 
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 artículo 35
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