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Timestamp: 2019-01-20 21:56:15+00:00

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﻿ Sentencia T-68 de febrero 4 de 2010
SENTENCIA T-68 DE 04 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:EL DESALOJO FORZOSO EN EL CASO DE LOS DESPLAZADOS. ESTAS OCUPACIONES TIENEN JUSTIFICACIÓN JURÍDICA EN RAZÓN A LA SITUACIÓN EXTREMA QUE VIVE DICHA POBLACIÓN Y DEBIDO A LA PRECARIA ATENCIÓN POR PARTE DEL ESTADO Y DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS EN LA ATENCIÓN A ESTA PROBLEMÁTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA, BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD, AUTORIDAD PÚBLICA, DERECHOS FUNDAMENTALES, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, POBLACIÓN DESPLAZADA, LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO, ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
Sentencia T-68 de febrero 4 de 2010
Sentencia T-068 de 2010
Ref.: Expediente T-2.249.911
Acción de Tutela instaurada por Nidia Rosario Chaguendo Palechor contra la alcaldía municipal de Fusagasugá.
La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Ignacio Pretelt Chaljub —quien la preside—, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente de las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
Las señora Nidia Rosario Chaguendo Palechor, mujer de origen indígena y madre embarazada y don Víctor Manuel Ome Rivera, su suegro y persona mayor de 80 años, mediante acción de tutela, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, a los derechos de los niños y de las niñas, de los indígenas y de los ancianos en situación y condiciones de desplazamiento y otros vulnerados por la alcaldía municipal de Fusagasugá al ordenar querella de lanzamiento para desalojarlos de la casa Nº 6 manzana D y de la casa Nº 13, manzana C ocupadas por ellos irregularmente.
Sustenta su solicitud en los siguienteshechos y argumentos de derecho.
1.1.1.1. La señora Nidia Rosario Chaguendo Palechor, mujer indígena en estado de embarazo y el señor Víctor Manuel Ome Rivera anciano de 83 años, padre de su compañero permanente, ambos víctimas del desplazamiento forzado por la violencia guerrillera, fueron compelidos a abandonar, hacia junio de 2007, sus sitios de vivienda, su trabajo y sus pertenencias y a radicarse en el municipio de Fusagasugá donde ante la imposibilidad de acceder a una vivienda para ellos y para sus hijos, se vieron en la necesidad de ocupar de hecho y sin violencia la casa Nº 13 de la manzana C y la casa Nº 6 de la manzana D en el barrio Prados de Altagracia, inmuebles de interés social de propiedad de la alcaldía que encontraron abandonados y desocupados y a los cuales hicieron algunas adecuaciones.
1.1.1.2. La alcaldía de Fusagasugá inició y decretó, el 26 de noviembre de 2008, querella de lanzamiento por ocupación de hecho contra personas indeterminadaspara efectuar el desalojo de la casa Nº 6 de la manzana D de la urbanización de interés social “Prados de Altagracia en la ciudad de Fusagasugá localizada en la carrera 2 C este Nº 22 A-22, y de la casa Nº 13 de la manzana C, calle 24 Nº 2 D este -16 de quienes se encuentren ocupándolas.
1.1.1.3. Los querellados entre quienes se encuentran, doña Nidia Rosario Chaguendo y el anciano Víctor Ome, el 12 de diciembre de 2008se opusierona la querella en los siguientes términos:
1) El objetivo final de su oposición a la querella se concretó en cuatro peticiones: tres principales y una subsidiaria, así:
a)Protección a sus derechos constitucionales a la vida, a la dignidad al mínimo vital como condición de una subsistencia digna y a los derechos de los niños.
b) Aplicación para este caso de la excepción de inconstitucionalidad dela Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930 de las demás disposiciones constitucionales y legales que protegen a los desplazados, a la mujer cabeza de familia y a los niños.
d)Y que, subsidiariamente, se declarela prescripción de la acción administrativa de lanzamientopor haber transcurrido más de 30 días después (casi tres meses fl. 5) de la ocupación de los inmuebles, según el artículo 15 del Decreto 992 de 1930.
1)Sus derechos especiales como población desplazada por la violencia.
La acción de tutela propiamente dichafue presentada el 15 de diciembre de 2008 con base en los siguientes:
1)Como tutelantes se presentan la señora Nidia Rosario Chaguendo Palechor, en su condición de mujer indígena, madre de 4 niños, embarazada, y desplazada y el señor Víctor Manuel Ome Rivera, anciano de 80 años, quien ocupa la casa Nº 13, y se deduce es padre del compañero permanente de doña Nidia Rosario y abuelo de sus hijos.
1.2.3. Pretensiones de la tutela.
1.2.3.1. Solicitan, en primer lugar, como medida provisional,ordenar a la Inspección Segunda de Policía la suspensión de la diligencia de lanzamiento.
1.2.3.2. Pretenden la aplicación para este caso de la excepción de inconstitucionalidad dela Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930,normas sobre la ocupación de hecho, así como de las demás disposiciones constitucionales y legales que protegen a los desplazados, a la mujer cabeza de familia y a los niños.
1.2.3.3. Aplicación del principio “pro homine” para el presente caso en la interpretación de los hechos y las normas favorables, así como la preservación de los derechos fundamentales de la población desplazada (C.P., art.13), de los indígenas, de la familia (C.P., art. 42), de los niños (C.P., arts. 44 y 50), y de los ancianos.
1.2.3.4. Solicitan que, subsidiariamente, se declarela prescripción de la acción administrativa de lanzamiento por haber transcurrido más de 30 días después de la ocupación de los inmuebles, según el artículo 15 del Decreto 992 de 1930.
1.3. Traslado de la demanda de tutela.
1.4. Contestación de la alcaldía de Fusagasugá.
1.4.1. En cuanto a los hechos.
1.4.1.2. Destaca como de las propias manifestaciones de los tutelantes se colige que están ocupando, de manera ilegal, bienes públicos de propiedad del municipio de Fusagasugá. Además, acota el asesor jurídico de la alcaldía, que ellos mismos manifiestan haber recurrido a la acción de tutela por los mismos hechos, ante el Juez Primero Civil Municipal. Añade que el juez penal del circuito de Fusagasugá no tuteló los derechos del señor Víctor Manuel Ome por no haber probado este su condición de desplazado, ni acreditado la conformación de su grupo familiar.
1.4.2. Premisas y fundamentos jurídicos.
1.4.2.3.La alcaldía profundiza en las graves implicaciones que para la Constitución y para el Estado social de derecho, tendría el permitir que un incontable número de personas carentes de vivienda, pudieran por este medio acceder a la misma. Este tipo de ocupación ilegal de vivienda “puede salirse del control de la administración”.
El hecho de estar favorecida la población desplazada, por su especial situación, “no le da derecho a promover la ocupación ilegal de predios”.Y el hecho de que el Estado recurra a los mecanismos legales para recuperar la posesión de los inmuebles ocupados no implica la violación de derechos fundamentales de los ocupantes. La legitimidad del Estado se vería desquiciada si con su actitud promoviera la ocupación ilegal de los predios.
1.4.2.4.La alcaldía alega también que los ocupantes pretenden recurrir a la tutela dos veces por los mismos hechos y ocupan ilegalmente dos bienes distintos para el mismo grupo familiar.
1.4.3. Preceptos constitucionales vulnerados.
1.4.3.3. En cuanto a las vías de hechoes la misma tutelante quien se ha colocado al margen del orden jurídico, al haber ocupado ilegalmente un bien público.
1.4.3.5. Tampoco se puede esgrimir el derecho a la igualdad, por cuanto no es un derecho absoluto; es un derecho objetivo, no formal, máxime cuando de situaciones ilegales no puedensurgir, al amparo de la igualdad, derechos válidos.
1.4.4. Petición.
1.4.4.2. Además la acción está afectada por causales de improcedencia, al infringir disposiciones legales sobre la propiedad.
1.4.5. Pruebas solicitadas por la alcaldía.
1.4.5.2. Anexa cuatro fallos, provenientes tres del Juzgado Promiscuo de Familia, y uno del Juzgado Penal del Circuito de Fusagasugá, proferidos, supuestamente, por hechos similares y paradójicamente resueltos todos a favor de los tutelantes.
1.5.1. Aviso emitido el 4 de diciembre de 2008 (fl. 1) anunciando la realización de la diligencia de “lanzamiento por ocupación de hecho” de la casa 13 Manzana C en el barrio Prados de Altagracia del municipio de Fusagasugá, para el martes 16 de diciembre de 2008 a las 2.30 p.m.
1.5.2. Aviso del 26 de noviembre de 2008 anunciando (fl. 2) la realización de la diligencia de “lanzamiento por ocupación de hecho” de la vivienda Nº 6 de la Manzana D en la urbanización de interés social Prados de Altagracia ubicada en la carrera 2 C este Nº 22 A - 22 de Fusagasugá.
1.5.3. Contestación a la querella de lanzamiento, por parte de los querellados, radicada el 12 de diciembre de 2008 alegando su condición de desplazados y la prescripción de la acción administrativa de lanzamiento por haber transcurrido más de tres meses desde la ocupación de las viviendas (fls. 4 a 11).
1.5.4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía expedida en Florencia (Caquetá) del querellado y accionante Gabriel Ome Rivera, donde consta que nació en noviembre de 1926 y que por lo tanto cuenta con 84 años de edad (fl.12).
1.5.5. Respuesta favorable (fl. 14) del Juzgado 1ro. Civil Municipal de Fusagasugá tutelando el derecho al acueducto de la vivienda casa 6, manzana C. Tutela solicitada por don Gabriel Ome Medina, compañero de la aquí tutelante por el derecho a la vivienda doña Nidia Rosario Chaguendo Palechor.
1.5.6.Certificación de la personería municipal de Fusagasugá, del 4 de septiembre de 2007 (fl. 15), donde se certifica que los tutelantes, el esposo, la esposa y sus tres hijos declararon ante esa entidad su condición de desplazados y de que están reconocidos como tales por acción social, desde julio del 2007.
1.5.7. Derecho de petición (fl. 29) presentado el 9 de octubre de 2007 por Luz Dary Beltrán y por Nidia Rosario Chaguendo Palechor en su condición de desplazadas, madres conjuntas de 7 niños, en la cual alegan su situación de hacinamiento ante la alcaldía y el concejo municipal de Fusa y solicitan ayuda para la adquisición de vivienda de interés social.
1.5.8. Comunicación dirigida, tanto al alcalde municipal de Fusagasugá como a otras autoridades de la República, empezando por el Sr. Presidente Álvaro Uribe, pasando por los señores procurador y defensor del pueblo, entre otros, calendada el 1º de julio de 2008 (fls. 51-52 segundo cuaderno), donde el señor Gabriel Ome Medina, compañero de la tutelante Nidia Rosario Chaguendo, informa que debido a las difíciles condiciones de desplazados, él y su familia se vieron compelidos a ocupar “una de las muchas casas que se estaban cayendo, que son de la alcaldía que están solas desde hace varios años, que no piensa quedarse ahí, sino solo “brindarle un techo a su familia” mientras sale de esta grave situación “ (fls. 51 vuelta y 52 vuelta en anexos cdno. 2).
1.5.9.Orden del centro zonal del bienestar familiar en Fusagasugá remitiendo a la niña Tatiana Carolina Ome Chaguendo hija de la aquí tutelante y del señor Gabriel Ome, al “Puesto de Salud Obrero de la ciudad para que se atienda a la niña con “carácter urgente y prioritario” en el área de la nutrición, en razón de que su madre “refiere ser desplazada” y encontrarse en malas condiciones económicas.
1.5.11. Escrito de la acción de tutela (fls. 17-23) presentada contra la alcaldía de Fusagasugá por Nidia Rosario Chaguendo Palechor y por su suegro Víctor Manuel Ome Rivera ante el Juzgado 3º Civil Municipal de ese municipio, el 15 de diciembre de 2008.
1.5.13. Orden del Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá a la Inspección Segunda de Policía del municipio, fechada el16 de diciembre de 2008,para que mientras se resuelve la tutela, se abstenga de adelantar la querella policiva de lanzamiento comisionada por la alcaldía.
1.5.14. Contestación de la tutela por parte de la alcaldía (fls. 36 a 45).
1.5.15.Los textos de cuatro (4) tutelas (fls. 48 a 109), anexas a la contestación de la alcaldía, todas favorables a los tutelantes, y con accionantes, con pretensiones y sobre todo, relativas a inmuebles distintos a los aquí en cuestión.
1.5.16. Apelación por parte de los tutelantes de la sentencia proferida por Juzgado 3º Civil Municipal de Fusagasugá, en contra de sus intereses (fls. 145 a 159).
1.5.17. Solicitud de insistencia (fls. 2-8) presentada por el Defensor del Pueblo.
1.5.18. Apoyo a la solicitud de insistencia presentada por la “Corporación Colectivo de Abogados”.
2.1. Primera instancia —Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá— Cundinamarca.
2.1.1. Fundamentos fácticos. En primera instancia, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, al resolver la tutela, en sentencia proferida el 4 febrero de2009,recoge los hechos reconocidos por los tutelantes en su demanda:
2.1.1.1.Que son desplazados forzados por la violencia interna de nuestro país;
2.1.1.2. Que su situación los llevó a ocupar las casas de interés social, Nº 13 de la manzana C y la Nº 6 de la manzana D en el barrio Prados de Altagracia de Fusa;
2.1.1.3.Que si los desalojan, como lo amenaza la alcaldía, su situación se deteriorará todavía más porque no tienen a dónde ir, y sus niños y ancianos, así como sus escasas pertenencias se verían expuestos, a la enfermedad, el frío, y la lluvia;
2.1.1.4. Que en sus declaraciones para ampliar la tutela doña Nidia Chaguendo y doña Hortensia Medina, a nombre de su esposo Víctor Manuel Ome Rivera, manifiestan que son desplazados provenientes de San Vicente del Caguán y que debieron trasladarse de sus fincas de trabajo, hacia Florencia, primero, y después de Florencia a Fusagasugá, por amenazas a sus esposos y por la muerte violenta de uno de sus hijos, supuestamente a manos de la guerrilla.
2.1.2. Consideraciones jurídicas del juez de primera instancia.
2.2. Segunda instancia Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá.
2.2.1. La impugnación del fallo de tutela en primera instancia.
Los tutelantes, con fundamento en el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, apelaron en tiempo, el día 9 de febrero de 2009, el fallo de primera instancia que negó sus pretensiones, en los siguientes términos:
2.2.1.1. En relación con supuestos de hecho.
1)Alegan que la tutela no fue instaurada contra la persona del alcalde en particular, sino contra la alcaldía municipal, en cuanto administración.
3) Reafirman la condición de desplazados del señor Víctor Ome Rivera y de su grupo familiar constituido por su esposa Nidia, ambos ancianos mayores de 65 años, por su hijo, su nuera y sus tres nietos, niños menores. Así lo acreditaron con certificación de la personería municipal de Fusagasugá, expedida el 3 de julio de 2007 y obrante al folio 15 del expediente. Además la propia alcaldía reconoce esta condición al proporcionarles y afirmar “que han sido objeto de ayudas”.
2.2.1.2. En relación con los fundamentos jurídicos.
1)Su derecho a una vivienda digna, que, en abstracto, puede no considerarse fundamental, por conexidad con su situación puede implicar la satisfacción de la mayoría de sus necesidades humanas que coinciden con la garantía de “sus condiciones naturales como seres humanos”. También acotan (fl. 149) que el “el derecho a la vivienda es una condición esencial para que puedan realizarse otros derechos”.
2) Se remiten a otras tutelas de circunstancias similares a las suyas, allegadas al expediente, intentadas por otros grupos de desplazados y despachadas favorablemente a los mismos. En especial señalan la tutela 2008–210 presentada por varios desplazados contra el mismo municipio de Fusa (fls. 64 a 80). Observan que en situación similar a la suya “existen otras 15 familias desplazadas que se encuentran ocupando otras casas… pero a aquellas se les han protegido sus derechos…”. Situación que conlleva discriminación e inseguridad jurídica en materia de protección de los derechos fundamentales entre los mismos grupos de desplazados (fls. 158 y 159).
— La sentencia T-025 de 2004 sobre el “estado de cosas inconstitucional”, en el caso de la población desplazada.
— La sentencia T-25 de 2008 que destaca como para las personas desplazadas por la violencia, el derecho a una vivienda digna es susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela (fl. 152).
— La sentencia T-585 de 2006 (fl. 152) que caracteriza como fundamental el derecho a la vivienda digna cuando se trata de población desplazada por la violencia.
— La sentencia SU-1150 (fl. 152) que ampara a los tutelantes desplazados, aún en situaciones extremas, como cuando han ocupado irregularmente zonas de alto riesgo de deslizamiento.
— La sentencia T-1346, donde la Corte estimó que el ofrecimiento de una solución de vivienda a una familia desplazada invasora de un predio de propiedad del municipio de Villavicencio, se hacía a un plazo demasiado largo, para una familia que necesitaba de una solución efectiva e inmediata a su situación de desprotección.
— En la sentencia T-1318 de 2000, la jurisprudencia constitucional fija los eventos en los cuales un derecho económico social, como el de la vivienda digna, reviste el carácter de fundamental, cuando su no satisfacción coloca en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como los derechos a la vida o al mínimo vital, y especialmente, cuando estos derechos son requeridos por personas desplazadas por la violencia , caso en el cual el derecho a la vivienda se torna fundamental y susceptible de una acción tutelar.
— Finalmente, rematan sus citas de jurisprudencia constitucional con la referencia a la sentencia T-950 de la Corte donde ante la presencia de niños menores, considerados como sujetos privilegiados de la sociedad, cualquier persona podría oponerse a la decisión de un registrador de negarse a registrar un inmueble como “patrimonio de familia”, cuando están de por medio los intereses de unos menores de edad.
2.2.2. El fallo de tutela de segunda instancia.
2.2.2.2. Pretensiones. Concentró las pretensiones de los accionantes así: solicitan la protección de su derecho a la vida, a una vivienda digna, ligados a la protección de los derechos de los niños menores de un año, a la de los ancianos e indígenas en condiciones de desplazamiento. Destacó la solicitud hecha por ellos, de ordenar a la alcaldía municipal de Fusagasugá suspender la orden de desalojo, hasta tanto la propia alcaldía no realice los esfuerzos necesarios para atender integralmente sus necesidades como población desplazada aludió, finalmente, a la solicitud de los mismos de aplicarles la excepción de inconstitucionalidad de la Ley 57 de de 1905 y del Decreto 992 de 1930, para el caso del desalojo por ocupación de hecho e igualmente que se declare la prescripción administrativa, por haber transcurrido más de 30 días después de la ocupación. Enfatizó la medida provisional solicitada por los accionantes para que se suspenda la diligencia policiva de lanzamiento, hasta tanto se resuelva la presente tutela.
2.2.2.3. Como antecedentes procesales reseñó el proceso de admisión y posterior negación de la presente tutela efectuada por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá y la impugnación propuesta dentro del término legal por los accionantes.
2.2.2.6. Consideraciones jurídicas.
1) Rememoró la finalidad de la tutela establecida en el artículo 86 de la Carta Política e indicó como el derecho a una vivienda digna se ubica en el capítulo II, título II de la Constitución Política, dentro del catálogo de derechos sociales, económicos y culturales y que precisamente el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 estableció la acción de tutela, prioritariamente, para proteger los derechos constitucionales fundamentales y no los derechos socioeconómicos.
3) En relación con los derechos fundamentales de la población desplazada, a la vida, a la vivienda digna, a la salud y a los derechos de los niños evocó, entre otras, la Ley 387 de 1997, en concreto su artículo 10, donde se establecen los objetivos “del sistema nacional de atención integral a la población desplazada”, y otros decretos reglamentarios, como el 2569 y el 250 de 2005. o leyes como la 418 de 1997 y la 782 de 2002.
4) Advirtió el despacho que los beneficios de estos planes para la población desplazada se sujetan a la condición de inscribirse en el registro único de población desplazada, RUPD.
7) Tampoco consideró de recibo el fallador la pretensión de los tutelantes de que se les apliquen como precedente judicial las razones expuestas en un caso similar al suyo, por cuanto otras tutelas emanadas de la Corte Constitucional solo producen efectos “inter partes” y para los casos concretos.
3. Pruebas requeridas por la Sala Séptima de Revisión.
Mediante auto datado el día 19 de agosto de 2009, la Sala Sexta de Revisión de tutelas puso en conocimiento de acción social la tutela en cuestión, así como los correspondientes fallos de instancia y requirió a la agencia presidencial para la acción social con el propósito de que, en el término de tres días hábiles, informara si los aquí tutelantes están inscritos en el registro único de población desplazada; qué proyectos de vivienda para desplazados adelanta actualmente la alcaldía de Fusagasugá; qué proyectos ha realizado, hasta el momento el municipio con la población desplazada y qué ayuda, en concreto, se ha suministrado los tutelantes, señora Nidia Chaguendo Palechor y don Víctor Ome Rivera.
Ante el silencio de la entidad requerida —Acción Social— el 2 de octubre de 2009 la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional le hizo un tercer requerimiento por el término de cinco (5) días hábiles adicionales advirtiéndole que de persistir en su omisión se aplicará el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 que consagra: “si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano…”.
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en desarrollo de las facultades que le confieren los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, es competente para revisar los fallos de tutela proferidos en las dos instancias del proceso de esta referencia.
En el presente caso la Sala debe resolver si la ocupación de las viviendas de interés social propiedad del municipio de Fusagasugá realizada por esta familia desplazada tiene alguna justificación jurídica y si la decisión tomada por la alcaldía municipal de desalojar mediante querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho a los desplazados tutelantes del predio casa de habitación Nº 13 de la Manzana C y de la Casa Nº 6 de la ManzanaD en el barrio Prados de Altagracia de la ciudad de Fusagasugá, ubicada en la carrera 2 C este Nº 22ª - 22, ocupadas por ellos en razón de su situación y de sus necesidades de desplazados, atenta contra sus derechos fundamentales como personas desplazadas por afectación al mínimo vital, a la protección reforzada a la 3ª edad, a los derechos de las minorías étnicas y a los derechos de los niños menores de un año, en conexión con el derecho a la vivienda digna, y a la vida misma.
Para resolver este problema la Sala Séptima de Revisión examinará: (i) el estado de vulnerabilidad extrema de la población desplazada y el trato preferencial que los pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional le conceden; (ii) la naturaleza jurídica de derecho fundamental de que se reviste del derecho a una vivienda digna, en el caso de la población desplazada; (iii) el principio de progresividad en relación con los derechos de los desplazados; (iv) la incidencia del fenómeno del desplazamiento en la afectación de derechos fundamentales de subgrupos de población desplazada, como los ancianos, los niños menores de un año, las mujeres cabeza de familia y en la desintegración de su grupo familiar. (v) el “estado de cosas inconstitucional” generado por la situación de desplazamiento; (vi) el desalojo forzoso en el caso de los desplazados(vii) el grado de responsabilidad que corresponde al Estado y a las autoridades públicas en cuanto a la atención de la población desplazada; y (viii) la procedencia de la acción de tutela para proteger y reclamar los derechos de esta la población; (ix) reiteración de jurisprudencia constitucional pertinente y (x) disposiciones internacionales sobre la materia.
4.2.1. Vulnerabilidad extrema de la población desplazada y la obligación de otorgarle un trato preferencial.
La Corte Constitucional en múltiples circunstancias ha expresado su profunda preocupación ante las proporciones alcanzadas en nuestra patria por el fenómeno del desplazamiento forzado, debido a la violencia partidista, primero, a la guerrillera y paramilitar, después, con la consiguiente degradación a que, por este flagelo, se ve reducida la población. Así lo recoge la Sentencia T-585 de 2006(1).
2)Como consecuencia de la violencia, los desplazados se convierten en víctimas de la marginación y de la discriminación, de la despreocupación por parte de las autoridades del Estado que los coloca en una situación de “desplazamiento permanente”, dado que nunca tienen seguridad absoluta de que el sitio a donde llegan representa para ellos un albergue estable y definitivo. Siempre abrigan el temor de ser objeto de nuevos desplazamientos.
3) Semejante inseguridad les impide formular y contar con “proyectos de vida”(2) porque se encuentran desvinculados de sus comunidades de origen(3); y, porque ahora se ubican, sin ser su voluntad y sin formar parte de ellos, dentro de unos grupos sociales extraños a su idiosincrasia y dentro de los cuales no son beneficiarios directos del intercambio y del reconocimiento social(4).
4) Según informe del Consejo Económico y Social uno de los efectos más nocivos, provocado por el desplazamiento forzado interno es “la pérdida de la tierra y de la vivienda, la marginación, graves repercusiones psicológicas, el desempleo, el empobrecimiento y el deterioro de las condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pérdida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria y la desarticulación social”(5), desarticulación que, acota esta Sala, se refleja dramáticamente en la desintegración del núcleo familiar.
6) Por las anteriores circunstancias el Estado debe otorgar trato preferencial a la población desplazada, obligación originada tanto en el orden constitucional(6) y legal, y que ha de concretarse positivamente, tanto a la hora de diseñar y realizar políticas públicas, como al momento de asignar y ejecutar los recursos presupuestales necesarios para atenderla. Incluso, priorizándolos mucho más allá de las previsiones contempladas dentro del gasto público social(7).
En el fallo analizado por esta Sala, en la referida sentencia T-585 de 2006(8), la Corte hace unas advertencias de la mayor pertinencia: “….sin desconocer los esfuerzos de las autoridades por superar la crisis humanitaria que genera el desplazamiento, la Corte considera necesario reiterar su preocupación por la grave situación en la que continúa la población desplazada y por el comportamiento reciente del fenómeno, y hacer un llamado de atención a las entidades encargadas de su atención para que no pierdan de vista el trato digno y humanitario, y la atención prioritaria que se le debe brindar”.
4.2.2. Naturaleza jurídica del derecho a la vivienda en el caso de la población desplazada.
El carácter fundamental del derecho a una vivienda comienza a perfilarse, también en la sentencia aducida T-585 de 2006:
“En suma, el derecho a una vivienda digna —como derecho económico, social y cultural— será fundamental cuando (i) por vía normativa se defina su contenido, de modo que pueda traducirse en un derecho subjetivo; (ii) cuando su no satisfacción ponga en riesgo otros derechos de naturaleza fundamental, como el derecho a la vida, al mínimo vital, a la integridad física, etc., y (iii) cuando se reclame la protección del derecho en cuestión frente a injerencias arbitrarias de las autoridades estatales y de los particulares”(9) (Negrillas incorporadas al texto).
“(…) será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica)(10)”.
“Este tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda dignaes un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda”(11) (negrillas fuera de texto).
En desarrollo del mismo principio esta Corte sentenció(12), que la definición de cuáles derechos están “funcionalmente” dirigidos a lograr la dignidad humana y su vertibilidad en derechos subjetivos fundamentales no puede quedar sometida a la libre apreciación de los jueces.
4.2.3. El principio de progresividad y los derechos de los desplazados.
En este punto es necesario enfatizar que, aunque la Corte en la sentencia T-25 de 2004 se refirió a la obligación del Estado de garantizar de manera inmediata los contenidos mínimos de los derechos fundamentales de carácter prestacional de la población desplazada, su responsabilidad no se agota allí, pues el mandato de progresividad contenido también en el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, en el Protocolo de San Salvador —que hace parte del bloque de constitucionalidad—, obliga al Estado colombiano a seguir adoptando medidas que permitan, en un plazo razonable, que estas personan logren la plena satisfacción de los contenidos prestacionales de sus derechos.
En consecuencia, y en virtud de este mismo principio, no puede el Estado argüir, ni insuficiencia presupuestal, ni falta de capacidad administrativa para tomar medidas que impidan o retrasen el avance progresivo para satisfacer los derechos de la población desplazada. Dicho impedimento o retroceso devendría contrario al mandato constitucional de garantizar el goce efectivo de los derechos de todos los desplazados. Y como lo consigna la Corte en la citada sentencia T-025 de 2004(13) “… el primer deber de las autoridades competentes es evitar dicho retroceso práctico en los aspectos del nivel de protección de los derechos de todos los desplazados donde este se ha presentado, así dicho retroceso sea resultado de la evolución del problema y de factores que escaparon a la voluntad de los funcionarios responsables”.
4.2.4. Incidencia del desplazamiento violento en los derechos fundamentales desubgrupos de población desplazada: niños, mujeres, y personas de la tercera edad.
La sentencia T-585 de 2006(14) centrada en el tema del derecho a una vivienda digna, lo reconoce como derecho fundamental de las personas desplazadas y estima, al considerar las especiales necesidades de la población desplazada, que se deben atender con mayor énfasis las de “los subgrupos existentes a su interior, como los de las personas de la tercera edad, las madres cabeza de familia, los niños, o las personas discapacitadas(15). Igualmente ha señalado la Corte(16) que debido al fenómeno del desplazamiento forzado, cientos de miles de colombianos, la mayoría de los cuales son menores de edad y mujeres, Colombia se encuentra en un verdadero estado de emergencia social.
En estas consideraciones, la Sala Séptima de Revisión ha venido insistiendo en que para el caso de los desplazados el derecho a la vivienda accede a otros derechos, y contar con una vivienda digna se constituye en factor aglutinante de una multiplicidad de derechos fundamentales de diversas clases de grupos que integran la población desplazada. Ya se insinuó en 4.2.1.4, como la falta de vivienda incide decisivamente en la desintegración del grupo familiar y en la vulneración del derecho constitucional prevalente y superior de los niños, reforzado ahora por tratarse de niños desplazados, “…a tener una familia y a no ser separados de ella”, consagrado en el artículo 44 superior.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos(17) resalta como “la vulnerabilidad acentuada de los desplazados es reforzada por su proveniencia rural y, en general afecta con especial fuerza a mujeres, quienes son cabezas de hogar representan más de la mitad de la población desplazada…”.
4.2.5. El Estado de cosas inconstitucional en el caso de los desplazados.
4.2.5.1. Concepto y desarrollo del estado de cosas inconstitucional.
El “estado de cosas inconstitucional”, no se refiere específicamente a un solo caso o a una norma específica. Se trata de una situación compleja que comprende un conjunto de circunstancias que la constituyen, la complican y la agravan. La concepción jurisprudencial sobre el estado de cosas inconstitucional ha evolucionado desde que la Corte Constitucional, lo declaró por primera vez en 1997 (Sent. T-227/97). La Corte se ha referido por lo menos siete veces al “estado de cosas inconstitucional”, Se trata de varias situaciones distintas, incluso menos graves que la de los desplazado, pero que por su entidad e incidencia han merecido la declaratoria de estado de cosas inconstitucional y han sido objeto de un tratamiento preferencial diverso como: 1) la omisión de incluir algunos docentes cotizantes al Fondo Prestacional del Magisterio; 2) la violación de derechos procesales a sindicados detenidos; 3) la falta de un sistema de seguridad social para sindicados y reclusos; 4) La mora en el pago de mesadas pensionales; 5) la falta de protección para los defensores de derechos humanos; 6) la omisión de una convocatoria concurso para empleados notariales.
La Corte considera que en el caso de la población desplazada se presenta una de estas situaciones, gravemente compleja y por esta razón no dudó en declarar en la ya referida sentencia T-025 de 2004(18) “el estado de cosas inconstitucional” para la situación de las personas desplazadas.
4.2.5.2. Factores y componentes del estado de cosas inconstitucional.
La Corte Constitucional al adentrarse en el análisis para una mejor comprensión de este estado de cosas violatorio de la Carta Política en el caso de las personas desplazadas distinguió en la referida sentencia unos factores y unos componentes que se sintetizan(19) como sigue:
4.2.5.2.1.Como factores o causas que producen la existencia de un estado de cosas inconstitucional, destacó los siguientes:
4.2.5.2.2. Elementos o componentes que definen y confirman su existencia.
La situación es tan preocupante, que en distintas oportunidades la Corte Constitucional la ha calificado como (a) “un problema de humanidad que debe ser afrontado solidariamente por todas las personas, principiando, como es lógico, por los funcionarios del Estado”(20); (b) “un verdadero estado de emergencia social”, “una tragedia nacional, que afecta los destinos de innumerables colombianos y que marcará el futuro del país durante las próximas décadas” y “un serio peligro para la sociedad política colombiana”(21); y, más recientemente, (c) como un “estado de cosas inconstitucional” que “contraría la racionalidad implícita en el constitucionalismo”, al causar una “evidente tensión entre la pretensión de organización política y la prolífica declaración de valores, principios y derechos contenidas en el texto fundamental y la diaria y trágica constatación de la exclusión de ese acuerdo de millones de colombianos”.
4.2.6. El desalojo forzoso en el caso de los desplazados.
El Comité de las Naciones Unidas de derechos económicos, sociales y culturales(22) responsable de verificar el cumplimiento del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales” “PIDESC” , recuerda como en este pacto, entre los derechos relacionados con la vivienda, se incluye “el deber de proteger a las personas contra los desalojos forzosos” y recomienda tener en cuenta para asegurarlos un conjunto de garantías tales como notificaciones oportunas, consulta e información a los afectados y, concesión de plazos razonables, entre otros. Al hacer algunas observaciones generales sobre este Pacto Internacional del Comité de Naciones Unidas hace, entre otras, las siguientes reflexiones(23) relacionadas con el desalojo forzoso y que son perfectamente aplicables a nuestros desplazados:
4.2.6.1.Ante todo concluye que “los desalojos forzosos son prima facie incompatibles con los requisitos del pacto”.
En Colombia el desalojo forzoso está representado en el lanzamiento por ocupación de hecho y constituye, en sí, un recurso legal ejecutado a través de un proceso policivo para recuperar inmuebles ocupados por vías extralegales (de hecho), a favor de quien acredite un mejor derecho sobre el bien ocupado.
Los principios PINHEIRO(24), adoptados por la ONU establecen igualmente, entre otras medidas relacionadas con la población desplazada “la prohibición de los desalojos forzosos”.
Esta visión surge radicalmente del artículo 1º de la Constitución Política que concibe a Colombia como “un Estado social de derecho”. Concepción radical porque, por su propia decisión, el Estado colombiano pasó de ser un Estado liberal democrático a otro “social”, también democrático y dentro de esta nueva concepción no dudó como dice la Corte en asumir que “…en muchos casos, la libertad y la igualdad requieren para su realización de medidas, acciones, prestaciones, servicios, que la persona, por sí misma, no puede asegurar. El Estado de derecho evolucionó así, de un estado liberal democrático a uno social, también democrático, animado por el propósito de que los presupuestos materiales de la libertad y la igualdad para todos estén efectivamente asegurados”(25).
Esta obligación la desplegó enel artículo 2º de la Carta, al fijar los fines esenciales del Estado y tiene su fundamento último constitucional en el artículo 13 de la misma que desarrolla el principio de igualdad reforzada, cuando establece que “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta…”. Por otra parte, la ley sobre desplazados, la 387 de 1997, reconoce la urgencia y la prioridad de la atención a esta población y la deficiencia presupuestal crónica no puede alegarse como un pretexto válido para aplazar indefinidamente la solución de un problema tan grave como el desplazamiento. El Estado tiene, entonces, la obligación constitucional y legal de asignar urgente y prioritariamente los recursos indispensables para atender a los desplazados.
Ya se estableció en 4.2.2 que el acceso a una vivienda digna, es un derecho de naturaleza económico social, y en consecuencia se trata de un derecho prestacional y progresivo, no fundamental, y por consiguiente no tutelable; sin embargo, en determinadas circunstancias y por su conexidad con otros derechos fundamentales llega a merecer la protección tutelar.
En pronunciamiento distinto(26) la Corte determinó la procedencia de la tutela para amparar los derechos de las personas desplazadas. La motivación radical para la viabilidad de la acción de tutela en estos casos es su conexidad con la situación de especial vulnerabilidad de las personas desplazadas que por sí sola representa la amenaza grave de un peligro inminente e irremediable para ameritar la protección de la tutela.
“Este tribunal ha reconocido en su jurisprudencia que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental de las personas desplazadas por la violencia susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela, y que es una obligación de las autoridades (i) reubicar a las personas desplazadas que, debido al desplazamiento, se han visto obligadas a asentarse en terrenos de alto riesgo; (ii) brindar a estas personas soluciones de vivienda de carácter temporal y, posteriormente, facilitarles el acceso a otras de carácter permanente. En este sentido, la corporación ha precisado que no basta con ofrecer soluciones de vivienda a largo plazo si mientras tanto no se provee a los desplazados alojamiento temporal en condiciones dignas; (iii) proporcionar asesoría a las personas desplazadas sobre los procedimientos que deben seguir para acceder a los programas; (iv) en el diseño de los planes y programas de vivienda, tomar en consideración las especiales necesidades de la población desplazada y de los subgrupos que existen al interior de esta, personas de la tercera edad, madres cabeza de familia, niños, personas discapacitadas, etc.; y (v) eliminar las barreras que impiden el acceso de las personas desplazadas a los programas de asistencia social del Estado, entre otras”(27) (negrillas fuera de texto).
Finalmente, en la misma sentencia(28) esta Corte llegó hasta el punto de prevenir que en relación con la población desplazada “ni siquiera se puede esperar a exigirles la interposición de la tutela como requisito para acceder a los programas de ayuda”.
De modo que recurriendo a un argumento de mayor fuerza se puede concluir, que, si para su caso, los desplazados, con el propósito de ser asistidos, ni siquiera se ven obligados a interponer la tutela, “a fortiori”, es decir, con mayor razón sus razones y sus necesidades serán atendidas si, para el efecto, acuden a la acción de tutela. Entonces, se puede concluir que, de todas maneras, la tutela es un medio idóneo y eficaz para proteger de forma urgente e inmediata los derechos fundamentales de personas como los desplazados, en cuyo caso es notoria, masiva y reiterada la violación de varios derechos fundamentales que requieren atención inmediata(29).
4.2.9. Reiteración de jurisprudencia.
4.2.9.1. La garantía de nueve derechos mínimos(30).
1) El derecho a la vida, en el sentido que establece el artículo 11 de la Constitución Política y el principio 10 de los principios rectores del desplazamiento forzado.
2) Los derechos a la dignidad y a la integridad física, psicológica y moral (C.P., arts. 1º y 12), tal y como se particularizan en el principio 11.
3) El derecho a la familia y a la unidad familiar consagrado en los artículos 42 y 44 de la Constitución Política y precisado para estos casos en el principio rector Nº 17, especialmente aunque sin restringirse a ellos, en los casos de familias conformadas por sujetos de especial protección constitucional —niños, personas de la tercera edad, disminuidos físicos, o mujeres cabeza de familia—, quienes tienen derecho a reencontrase con sus familiares.
4) El derecho a una subsistencia mínima como expresión del derecho fundamental al mínimo vital, según está precisado en el principio 18, (de los mismos principios rectores), lo cual significa que “las autoridades competentes deben proveer a las personas desplazadas, así como asegurar el acceso seguro de las mismas, (a) alimentos esenciales y agua potable, (b) alojamiento y vivienda básicos, (c) vestidos apropiados, y (d) servicios médicos y sanitarios esenciales”(31). También se dispone que las autoridades deberán realizar esfuerzos especiales para garantizar la participación plena de las mujeres en condición de desplazamiento en la planeación y la distribución de estas prestaciones básicas. Este derecho debe leerse también a la luz de lo dispuesto en los principios rectores 24 a 27.
5) El derecho a la salud (C.P., art. 49) cuando la prestación del servicio correspondiente sea urgente e indispensable para preservar la vida y la integridad de la persona ante situaciones de enfermedad o heridas que les amenacen directamente y prevenir las enfermedades contagiosas e infecciosas, de conformidad con el principio 19. Ahora bien respecto de los niños y niñas se aplicará el artículo 44 y en relación con los menores de un año, se aplicará el artículo 50 de la Constitución Política.
6) El derecho a la protección (C.P., art. 13) frente a prácticas discriminatorias basadas en la condición de desplazamiento, particularmente cuando dichas prácticas afecten el ejercicio de los derechos que se enuncian en el principio 22.
7) Para el caso de los niños en situación de desplazamiento, el derecho a la educación básica hasta los quince años (C.P., art. 67, inc. 3º). Precisa la Sala que, si bien el principio 23 establece como deber del Estado proveer la educación básica primaria a la población desplazada, el alcance de la obligación internacional que allí se enuncia resulta ampliado por virtud del artículo 67 Superior, en virtud del cual la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, y debe comprender como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. También en virtud de lo dispuesto por la Carta Política, no es el Estado el único obligado a garantizar la provisión del servicio educativo en los niveles y a los grupos de edad referidos; también esta obligación cobija a los padres de familia o acudientes…
8) En relación con la provisión de apoyo para el autosostenimiento (C.P., art. 16) por vía de la estabilización socioeconómica de las personas en condiciones de desplazamiento - obligación estatal fijada por la Ley 387 de 1997 y deducible de una lectura conjunta de los principios rectores, en especial de los principios 1, 3, 4, 11 y 18, considera la Corte que el deber mínimo del Estado es el de identificar con la plena participación del interesado, las circunstancias específicas de su situación individual y familiar…
4.2.9.2. La Carta de derechos básicos de los desplazados(32).
9)Como víctima de un delito, tiene el desplazado todos los derechos que la Constitución y las leyes le reconocen por su condición de tal, para asegurar que se haga justicia, se revele la verdad de los hechos y obtenga de los autores del delito una reparación.
10) Esta carta no implica que otros derechos puedan ser desconocidos, ni que el desplazado obtenga, por solo conocerla, la protección automática de sus derechos básicos; pero sí garantiza, por lo menos, que se le proporcione información oportuna y completa sobre los deberes de las autoridades y respecto de la especial protección que ha de recibir por el hecho de su desplazamiento.
4.2.10. Reiteración de decisiones del derecho internacional.
4.2.11. Normatividad aplicable.
Ley 57 de 1905 y Decreto 992 de 1930 sobre ocupación de hecho.
Uno de sus miembros, hermano del esposo y cuñado de la esposa tutelante fue asesinado, presuntamente por la guerrilla; los esposos se vieron obligados a dejar sus sitios de vivienda y de trabajo y a separarse para poder desplazarse de San Vicente del Caguán a Florencia, primero, y a Fusagasugá, después; sus suegros (los padres de su esposo) que se desplazaron con ellos, son personas de la tercera edad: ancianos que frisan ya lo 80 y los 70 años de edad; las declaraciones y certificaciones hacen constar que de esta familia desplazada hacen parte, la madre embarazada y tres niños más; de la declaración de su suegra Hortensia Medina (fl. 120), se infiere que su compañero Gabriel Ome Rivera, trabajaba como docente en San Vicente del Caguan y como enfermero del ejército en el Batallón Liborio Mejía y como no quiso irse a desempeñar con ellos el oficio de enfermero (fl. 111), fue declarado “sapo” por la guerrilla y lo amenazaron de muerte. Todas estas circunstancias explican por qué la violencia guerrillera sí es y continua siendo el factor determinante de su desplazamiento y de su extrema vulnerabilidad.
Sobre esta situación aparece la constancia de la personería municipal sobre la declaración formulada por la tutelante en el sentido de que ella, su esposo y sus hijos ostentan la calidad de población desplazada víctima de la violencia; también la reiteran la tutelante y su suegra en las ampliaciones de la tutela exigidas por el Juzgado 3º Civil Municipal (fls. 110 y 119). Aunque no obra una constancia explícita de acción social y los falladores de instancia no tuvieron en cuenta su condición de desplazados al momento de fallar, la prueba se establece también “por conducta concluyente”, primero de las declaraciones de la alcaldía al contestar la tutela (fl. 38) cuando afirman “no ignorar su condición” en razón de la cual “han recibido ayudas” también de la falta de respuesta de acción social a los tres requerimientos que le hiciera esta Sala Sexta, con la advertencia de que frente a tal omisión, se aplicaría el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de que si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano (…)”.
Reconocen en su ampliación que para ocupar las vivienda del municipio “nadie nos autorizó”, y aducen como razón que la vivienda es “algo vital” y que tienen derecho a ella para el libre desarrollo de la personalidad (fl. 110).
La familia Ome Chaguendo trató de atenuar esta irregularidad avisando a las autoridades municipales sobre el hecho de la ocupación, realizado en forma pacífica, sin la intención torticera de apropiarse de ellos. Avisaron, desde el 15 de julio de 2008, incluso a las autoridades más altas y a la misma Presidencia de la República, sobre la ocupación de unos inmuebles que se encontraban inhabitados y en mal estado, hecho que realizaron en virtud del desplazamiento sufrido, y, además, solicitaron autorización para permanecer provisionalmente en ellos. En el expediente no obra constancia de que la alcaldía o el gobierno nacional les hayan dado respuesta o hayan tomado alguna previsión humanitaria sobre el caso. Al contrario, esta familia desplazada solo recurre a la tutela, ante las medidas dilatorias dadas a un derecho de petición suyo y ante la decisión intimidatoria de la alcaldía de adelantar en su contra querella de lanzamiento por ocupación de hecho.
5.4. Procedencia de la acción de tutela para el caso.
Las autoridades municipales y los jueces falladores desestimaron en este caso la procedencia de la acción de tutela para amparar los derechos de esta familia desplazada. Sin entrar a realizar ahora disquisiciones adicionales a las ya efectuadas (ver 4.2.2) sobre la procedencia de la tutela, tras el estudio realizado, lo indubitablemente a aplicable al presente caso para el reconocimiento de derechos económicos, es:
Entonces se reclama ahora, no tanto el reconocimiento y la necesidad de la tutela misma como la acción inmediata y eficaz de las autoridades para que los males producto del desplazamiento no se sigan consumando. Elmismo hecho del desplazamiento tal como ha ocurrido y que constituye, de por sí, un estado de necesidad extrema, está reclamando la urgencia de recurrir a la tutela como mecanismo subsidiario, inmediato y eficaz para atender y prevenir, ya no la inminencia, sino para dar solución a la existencia de un perjuicio que no se pudo evitar.
5.4.3. Es más, en el presente evento las autoridades municipales, en su conjunto deben entrar a responder solidariamente por la culpa que les quepa, debida a sus omisiones, a su morosidad y a su descuidoen la agravación de la situación de este grupo humano, al no haber adoptado todas las medidas necesarias para atacar de raíz su problema de desplazamiento. Y todavía más, caerían en el colmo de la regresividad si llegaran a insistir en la ejecución de la diligencia policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, que, contrariando el principio de progresividad y normas de derecho internacional, dejaría a los tutelantes en una situación todavía más lamentable y los abocaría a un problema mayor en relación con su derecho a la vivienda y se pretermitiría, además, la prohibición expresa de la ONU de recurrir al desalojo forzoso cuando se trate de personas ubicadas por los hechos violentos dentro de los grupos de población desplazada, (Ver 4.2.6).
5.4.5. Tampoco se puede alegar que en el presente caso la tutela se presentó por una persona que ya había presentado otra, con base en los mismos hechos y con las mismas pretensiones. Todo lo contrario, el señor Gabriel Ome Medina, compañero de la tutelante, por motivos distintos, perfectamente razonables tuteló al municipio de Fusagasugá —Emserfusa— y obtuvo decisión favorable (fl. 14) para que le reconectara el servicio de acueducto a la casa 6 de la manzana D, cuya suspensión evidentemente amenazaba el derecho a una subsistencia digna y a la misma vida de toda su familia. Por este motivo es comprensible, que aunque no tenía impedimento para hacerlo, no haya participado con su esposa en la tutela interpuesta por ella para evitar el desalojo forzado de su vivienda y proteger su derecho a una vivienda digna. De manera que no hay forma de inferir, para el caso, la existencia de una tutela temeraria, encaminada de mala fe a defraudar a las autoridades municipales.
6. Argumento central de la decisión.
Por otra parte la violación de sus derechos no es imputable a una sola autoridad municipal o nacional, sino que obedece a un problema estructural que afecta en su conjunto toda la política de atención al desplazado diseñada por el Estado, y a sus distintos componentes, y para cuya inejecución no se pueden aducir, por disposiciones jurisprudenciales de la Corte, ni la carencia de recursos destinados a financiarla, ni la deficiencia institucional para ejecutarla, porque tal situación obedece plenamente al estado de cosas inconstitucional declarado formalmente por esta Corte en la sentencia T-025 de 2004(33).
1. REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Segundo (2) Civil del Circuito de Fusagasugá, el veinte (20) de marzo de 2009 que confirmó en todos sus apartes la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Fusagasugá, calendado el cuatro (4) de febrero de 2009, que en primera instancia negó la tutela interpuesta por la accionante doña Nidia Rosario Chaguendo Palechor contra la alcaldía municipal de Fusagasugá en la cual solicitaba la protección de sus derechos fundamentales vulnerados.
2. CONCEDER, porlas razones y en los términos de esta sentencia, el amparo de sus derechos fundamentales a la vivienda digna en conexión con la vida, la salud, la unidad familiar, a la integridad física, psicológica y moral, a la igualdad, al debido proceso, a la protección de todos los derechos de los niños menores de un año, en situación de desplazamiento, a los derechos de la mujer indígena embarazada cabeza de familia, a los de los ancianos, al libre desarrollo, al trabajo digno y a todos los demás que resulten vulnerados por las autoridades municipales de Fusagasugá, al no haber atendido debidamente las necesidades de esta familia desplazada por los violentos, ni haber tomado las previsiones necesarias para garantizarle su acceso a una vivienda digna, y, al contrario, haber agravado su situación al ordenar la querella policiva para lanzarla por ocupación de hecho de sus viviendas actuales.
3.ORDENAR a las autoridades municipales de Fusagasugá que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, si aún no lo hubieren hecho, ordenen la suspensión definitiva de la de la diligencia de policía “querella de lanzamiento por ocupación de hecho”, para cuya realización se comisionó a la Inspección Segunda Municipal de Policía.
4. ORDENAR igualmente a las autoridades municipales de Fusagasugá que dentro de un término no mayor de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, procedan directamente a diseñar y a ejecutar todas las medidas a su alcance para entrar a solucionar el problema de vivienda planteado con la ocupación del inmueble, y en el entretanto lo preserven como albergue provisional para esta familia de desplazados y lo mantengan en condiciones dignas de habitabilidad.
5. CONMINAR a la Presidencia de la República Acción Social, a través de la unidad territorial Cundinamarca y en coordinación con las entidades y autoridades a que se refiere la Ley 387 de 1997 y dentro del mismo término de treinta (30) días, que adopten y apliquen las previsiones legales necesarias para lograr que esta familia desplazada obtenga una solución adecuada a su problema de vivienda.
6. COMMINAR también a esta seccional de Acción Social para dentro del mismo término:
— Vincularla efectivamente, más allá del papeleo, si aún no se ha hecho, a los programas de vivienda, salud, educación, y crédito productivo previstos para la población desplazada afectada por un estado de necesidad extremo para evitar, en lo del resorte de cada una el agravamiento de su situación.
— Difundir la cuantía de la inversión realizada en medios de difusión municipal, regional y departamental donde deben aparecer junto con los otros desplazados beneficiados los recursos, el detalle de los programas y las acciones en que se inviertan los destinados a la población desplazada.
7. ORDENAR a las autoridades del municipio de Fusagasugá, aquí demandadas para que informen a esta Corte del detalle de las medidas que tomen en obedecimiento del presente fallo.
8. COMUNICAR la presente decisión al señor Defensor del Pueblo para que directamente o a través de su delegado, realice el seguimiento de la manera como se de cumplimiento a las decisiones contenidas en el presente fallo, y si lo considera pertinente informe a la opinión, a las autoridades y a esta Corte sobre los avances y las dificultades que su ejecución conlleve.
Magistrados: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—Humberto Antonio Sierra Porto—Luis Ernesto VargasSilva.
(1) Sentencia T 585 de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En ella se citan las sentencias T-227 de 1997, SU-1150 de 2000, T-327 de 2001, T-461 de 2001, T-1346 de 2001, T-098 de 2002, T-215 de 2002, T-268 de 2003, T-602 de 2003, T-790 de 2003, T-1161 de 2003, T-1194 de 2003, T-025 de 2004, T-078 de 2004, T-327 de 2004, T-417 de 2004, T-728 de 2004, T-740 de 2004, T-770 de 2004, T-813 de 2004, T-1094 de 2004, T-1187 de 2004, T-029 de 2005, T-042 de 2005, T-097 de 2005, T-175 de 2005, T-284 de 2005, entre otras.
(2) De conformidad con Pérez Murcia, la vulnerabilidad puede ser entendida como “(...) una situación que, sin ser elegida por los individuos, limita el acceso de éstos a las garantías mínimas necesarias para realizar plenamente sus derechos sociales, políticos y culturales.” En otras palabras, este autor señala que una persona se encuentra en condiciones de vulnerabilidad “(...) cuando existen barreras sociales, políticas, económicas y culturales que impiden que, por sus propios medios, esté en capacidad de agenciar (realizar) las condiciones para su propio desarrollo y el de las personas que dependen económicamente de ella”. Por su parte, Moser indica que “(...) la vulnerabilidad, más que una expresión de la debilidad manifiesta de los individuos —como la interpretan algunas corrientes conservadoras—, es una situación que, siendo exógena al individuo, le genera perjuicios y le deteriora los activos económicos y sociales para autosostener un proyecto de vida”. Ver Pérez Murcia, Luis Eduardo. Población desplazada: entre la vulnerabilidad, la pobreza y la exclusión. Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bogotá, marzo de 2004. Pp. 19 a 22.
(3) Ver Castel, Robert. La lógica de la exclusión. Citado por Pérez Murcia, Luis Eduardo. P. 31.
(4) Ver Bula Escobar, Jorge I. Vulnerabilidad, equidad y democracia. Citado por Pérez Murcia, Luis Eduardo. P. 31.
(5) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la “Masacre de las Masacres de Ituango v. Colombia. Sentencia C148 del 1º de junio de 2006.
(6) El mandato de atención prevalente y especial se desprende del inciso 3º del artículo 13 de la Constitución que establece la obligación del Estado de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta.
(7) Ver al respecto la sentencia SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. En dicha oportunidad la Corte señaló: “No es desconocido para la Corte que la Nación afronta un grave problema de déficit fiscal. Sin embargo, como ya se resaltó, el fenómeno del desplazamiento forzado que enfrenta el país constituye una verdadera catástrofe humanitaria —la más grave que se presenta en el mundo occidental— que exige la atención inmediata y prevalente de las instituciones, desde luego, dentro de los límites de las posibilidades y recursos existentes. Por lo tanto, el gasto en el cuidado a los desplazados debe ser considerado, inclusive, como más perentorio que el gasto público social, al cual el artículo 350 de la Carta Política le asignó prioridad sobre los demás”.
(8) Infra nota 1.
(9) Sentencia T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, folio 40.
(10) Ibid. folio 41
(11) Ibid. folio 3
(12) Sentencia T-859 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(13) Sentencia T-025 de 2004, folio 6. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(14) Sentencia T-585 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, folio 3.
(15) Sentencia T-1318 de 2000
(16) Sentencia SU-1150 de 2000,M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(17) Infra nota 5.
(18) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Con ocasión de esta sentencia la Corte conoció el caso de numerosos grupos de desplazados quienes alegaban la vulneración de varios de sus derechos fundamentales debido a que (i) recibieron ayuda humanitaria de emergencia a pesar de estar inscritos en el RUPD, (ii) tampoco tuvieron la orientación necesaria para acceder a los programas de ayuda a la población desplazada, (iii) ni obtuvieron respuesta en relación con los múltiples derechos de petición presentados a distintas entidades del SNAIPD.
(19) Ver ampliación en la sentencia T-025 de 2004, folios 83 y ss. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(20) Corte Constitucional, Sentencia T-227 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte tuteló los derechos de un grupo de desplazados de la Hacienda Bellacruz que luego de invadir las instalaciones del Incora firman un acuerdo con el gobierno para ser reubicados en un predio. Mientras se lograba la ejecución del acuerdo, se propone el alojamiento temporal de los campesinos en un hotel del municipio de la Mesa, pero a raíz de las declaraciones de la gobernadora de Cundinamarca en donde acusaba a los desplazados de estar vinculados a la guerrilla, de generar problemas de orden público, y de ordenar a los alcaldes del departamento tomar medidas para evitar problemas de orden público, incluida la limitación a la circulación de los campesinos desplazados, se frustra el proceso de reubicación de los campesinos de Bellacruz.
(21) Estas expresiones fueron utilizadas en las sentencias SU-1150 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y en la T-215, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(22) Ver Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación Nº 4, parr.8.
(23) Observación general 7 (1997). El derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos (art. 11 [1] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
(24) Principios sobre la restitución de la vivienda y el patrimonio de los refugiados y personas desplazadas de la ONU, Consejo Económico y Social, E/CN.4/Sub.2/,28-06-2005.
(25) Sentencia T-025 de 2004, folio 86, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(26) Sentencia T-1635 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(27) Sentencia T-1318 de 2000.
(29) Sentencia T-098 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(30) Sentencia T-025 de 2004, folio 98, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(31) La ayuda humanitaria de emergencia prevista en el artículo 15 de la Ley 387 de 1997 es similar, o inclusive más amplia en algunas prestaciones específicas. Dicho artículo dice: “De la atención humanitaria de emergencia. Una vez se produzca el desplazamiento, el Gobierno Nacional iniciará las acciones inmediatas tendientes a garantizar la atención humanitaria de emergencia con la finalidad de socorrer, asistir y proteger a la población desplazada y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. En todos los casos de desplazamiento, las autoridades civiles y militares que se encuentren en las zonas receptoras de población desplazada, garantizarán el libre paso de los envíos de ayuda humanitaria, el acompañamiento nacional e internacional a la población desplazada y el establecimiento de oficinas temporales o permanentes para la defensa y protección de derechos humanos y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Mientras persista la situación de emergencia se auspiciará la creación y permanencia de equipos interinstitucionales conformados por entidades estatales y gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, para la protección del desplazado y sus bienes patrimoniales El Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación emprenderán de oficio las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento. Parágrafo. A la atención humanitaria de emergencia se tiene derecho por espacio máximo de tres (3) meses, prorrogables excepcionalmente por otros tres (3) más”.
(32) Sentencia T-025 de 2004, folio 106. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(33) Ver sentencia 025 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.Apartado 7 y ordinal primero de la parte resolutiva.

References: artículo 15
 artículo 15
 artículo 86
 artículo 31
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 44
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 44
 artículo 50
 artículo 67
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 350
 artículo 15