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Amicus Curiae sobre la acción de inconstitucionalidad 33/2015
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México, Distrito Federal, a 3 de noviembre de 2015
AMICUS CURIAE PRESENTADO ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY GENERAL PARA LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA, EN REFERENCIA A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LISTADA CON EL NÚMERO 33/2015
Los que suscriben, Guadalupe Barrena, Directora de la Clínica Universitaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Raquel Jellinek, Directora General de CONFE A.C., Carlos Ríos Espinosa y Sergio Méndez, abogados postulantes, respetuosamente comparecemos ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar argumentos que sustentan la inconstitucionalidad de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, publicada en el Diario oficial de la Federación el 30 de abril de 2015.
Aunado a los argumentos esgrimidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su demanda de acción de inconstitucionalidad, quisiéramos poner a su consideración los siguientes elementos considerando que dicho alto tribunal tiene la potestad de salvaguardar el principio de supremacía constitucional y que no está constreñido para hacerlo a los argumentos de la parte que interpone el mecanismo de control constitucional, en este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En atención a lo anterior quisiéramos poner a su consideración lo siguiente:
La aprobación y promulgación de la Ley de Autismo es inconstitucional porque el Congreso de la Unión no tiene facultades para poder emitir una ley general para regular la protección a las personas con condición de espectro autista.
Este proveído es manifiestamente contrario a lo previsto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, la Convención), adminiculado con el artículo 1, párrafo tres, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que autoriza a que los padres o tutores de personas autistas, con independencia de que sean mayores de 18 años, tomen decisiones en su nombre. En efecto, el artículo 12, párrafo segundo, de la Convención, establece que los Estados Partes tienen la obligación de reconocer que "las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida" y, asimismo, en el párrafo tercero de este numeral se añade la obligación de que se adopten "las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica".
No debe confundirse la capacidad jurídica, que es un concepto jurídico-normativo, con la capacidad mental, la cual varía de persona a persona. Los niveles de capacidad mental nunca pueden ser utilizados como razones para privar de la capacidad jurídica a una persona, en ese orden de ideas, el "desequilibrio mental", el “trastorno mental, y otras denominaciones discriminatorias, nunca son razones legítimas para denegar la capacidad jurídica a alguna persona. En diversos países que han ratificado la Convención es común encontrar prácticas como los diagnósticos psicológicos o mentales para determinar, sobre la base de la funcionalidad o de los resultados de la conducta de una persona, si ésta puede decidir por sí misma. Estas prácticas, de acuerdo con el Comité de la Convención son discriminatorias y, en ese sentido, deben estar prohibidas en la legislación nacional de los estados parte.
Se puede ver que lejos de hacer honor y cumplir con las recomendaciones del órgano de Naciones Unidas encargado de hacer la interpretación de los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como a los criterios orientadores de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley impugnada por la acción de inconstitucionalidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, regula la posibilidad de que se tomen decisiones a nombre y en sustitución de las personas con autismo.
La Ley de Autismo, en su artículo 10, fracción X, establece que es un derecho de las personas con la condición del espectro autista contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular.
La Ley de Autismo establece en la fracción IX del mismo artículo 10 el:
La ley de autismo, materia de la acción de inconstitucionalidad, continuamente cita instrumentos internacionales y alude a que su intención es la protección de derechos, sin embargo, a la hora en que se consolidan en concreto los diversos artículos y normas para lograr dicho propósito, lo que en realidad sucede es que se debilitan los estándares de derechos humanos. Esto ocurre con el derecho a la educación para las personas con autismo.
La educación integrada no se compadece con el modelo basado en derechos humanos porque se encuentra inserto en la aproximación médica hacia la discapacidad, es decir, exige que el individuo se normalice, se adecue al estándar de la generalidad. El cambio de paradigma de la Convención, supone justamente lo contrario; el entorno educativo debe ajustarse al individuo, acoger la diversidad y proporcionar apoyos, asistencia individualizada, diseño universal y ajustes razonables.
Ninguno de los modelos expuestos es compatible con el artículo 24 de la Convención, el cual establece la obligación de establecer, en todos los niveles, un sistema de educación inclusivo. El modelo que establece la Convención se dirige precisamente a la construcción de sistemas de educación inclusivos , de hecho, el Comité de la Convención ha cuestionado a aquellos estados en los que prevalece la educación especial, como es el caso de México.
Además de ser un fin en sí mismo, la educación es un medio que permite a las personas con discapacidad participar de manera efectiva en una sociedad libre. En este orden de ideas, el artículo 24, párrafo 2, inciso a), establece una cláusula de prohibición para la exclusión de personas con discapacidad del sistema general de educación. El modelo de educación integrada, vigente en México, implícitamente contiene una cláusula general de exclusión para ciertas personas con discapacidad que no logran integrarse. La Ley de Autismo refuerza dicho modelo y por ese motivo es inconstitucional.
El artículo 3º, párrafo segundo, de la Constitución establece que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él el respeto a los derechos humanos. La existencia de la educación segregada no es compatible con este principio fundamental de la carta magna, toda vez que una de las facultades que debe desarrollarse para vivir en una sociedad democrática es el valor de la convivencia, la tolerancia y el respeto por la diferencia. Si las personas con discapacidad son confinadas a vivir en entornos educativos separados, el resto de la comunidad de estudiantes no puede verse favorecida por los aportes de estas personas y no se genera el valor de la inclusión. Por su parte, la fracción II, inciso a), del artículo 3º de la Constitución también prevé que el sistema educativo nacional deberá ser democrático, entendiendo por tal, no solamente una estructura jurídica, sino un sistema de vida. La educación no puede ser democrática si no incluye a todas y a todos.
En el presente caso, la falta de consulta durante el proceso de propuesta, discusión, aprobación y publicación de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista. Las personas con discapacidad ven violado el derecho a la consulta señalado en el artículo 4.3 de la Convención.
El hecho de que las autoridades responsables violen el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas adecuadamente implica, asimismo, que violen su derecho a defender los derechos humanos propios y del resto de la población con discapacidad mediante su participación en la elaboración de la ley reclamada. Nuestra participación en la determinación de los contenidos de la citada ley es fundamental para que estén acordes con los derechos humanos de las personas con discapacidad en general, reconocidos en los instrumentos internacionales de los que México es parte.
Raquel Jellinek
directora de CONFE A.C.
Sergio Antonio Méndez Silva
experto en derechos humanos.

References: e contrario
 artículo 12
 artículo 1
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 artículo 10
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 artículo 24
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 artículo 3
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 artículo 4