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Timestamp: 2019-10-16 13:08:17+00:00

Document:
Circulares, consultas e instrucciones de la fiscalía general del Estado - Núm. LVIII-2, Mayo 2005 - Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales - Libros y Revistas - VLEX 385042
Páginas: 683-716
Circulares . Circular 1/2005, de 31 de marzo, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre . La suspensión de la ejecucion de las penas privativas de libertad . 1. Modificación del artículo 80.1: requisitos del supuesto general de concesión de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. 1.A) Modificación del límite temporal de las penas susceptibles de suspensión . 1.B) La existencia de otros procedimientos penales contra el reo . 2. Modificación del artículo 81.2.°: condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena. 2.A) La supresión de la exigencia de que las penas hayan... (ver resumen completo)
Circular 1/2005, de 31 de marzo, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
La suspensión de la ejecucion de las penas privativas de libertad.
Las modificaciones en el sistema de sustitución de las penas privativas de libertad: artículos 88 y 94.
La reforma del art. 92: El procedimiento para la tramitación de la libertad condicional extraordinaria
La reforma de las medidas de seguridad.
La modificación de las consecuencias accesorias: artículos 127 y 129.
La reforma de las causas de extinción de la responsabilidad criminal: artículos 130 a 133.
La reforma de la cancelación de los antecedentes penales: artículo 136.
Circular 1/2005, de 31 de marzo, sobre aplicación de la reforma del código penal operada por ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre
La suspensión de la ejecucion de las penas privativas de libertad
La exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003 sólo menciona en esta materia la novedad de excluir, a estos efectos, del conjunto de la pena impuesta o de las penas impuestas, la pena derivada del impago de la multa. Sin embargo la Ley Orgánica mencionada ha modificado los requisitos de la suspensión, tanto en el caso general como cuando el condenado hubiese cometido el hecho a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el número 2 del artículo 20, ha cambiado las condiciones exigibles para la concesión del beneficio y durante su cumplimiento, y ha alterado el reflejo registral de esta situación.
La amplitud de estos cambios no ha trastocado los rasgos esenciales de la institución. Es importante recordar que, como ya afirmó la STC 209/1993, el artículo 80.1 sólo contempla la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y no la de las penas accesorias, por lo que el hecho de que el artículo 80.3 no las mencione cuando declara que la responsabilidad civil derivada del delito o falta no es susceptible de suspensión, carece de cualquier trascendencia.
El mantenimiento de los aspectos sustanciales de este beneficio explica que la mayor parte de los pronunciamientos efectuados por la Fiscalía General del Estado sobre el mismo conserven vigencia. Procede especialmente tener presentes los criterios establecidos por la Consulta 4/1999, el grueso de los cuales es coincidente con los cambios que la Ley Orgánica 15/2003 ha introducido en esta institución.
1. Modificación del artículo 80 1: requisitos del supuesto general de concesión de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad
Según la actual redacción del artículo 80.1:
Los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada. Page 684
Antes de la reforma este artículo permitía suspender las penas privativas de libertad inferiores a dos años, y establecía la peligrosidad criminal del sujeto como único dato que los Jueces o Tribunales debían atender fundamentalmente para motivar su resolución.
1. A) Modificación del límite temporal de las penas susceptibles de suspensión
El primero de los cambios citados, que hace posible la suspensión de las penas de dos años de duración, ha concordado este artículo con la condición 2.° del artículo 81, que menciona idéntico tiempo.
A la vez la reforma, al no haber cambiado el artículo 80.2, que sigue citando las penas de libertad inferiores a dos años al fijar el plazo de suspensión aplicable, ha roto la correspondencia entre los dos primeros apartados del artículo.
Ninguna consecuencia ha de extraerse de esta situación, ya que el beneficio alcanza, en cualquier caso, a las penas de hasta dos años de privación de libertad.
El plazo de suspensión máximo para cualquier pena privativa de libertad, salvo para las leves, es el de cinco años, y los señores Fiscales han de interesar del órgano judicial competente que la duración de la suspensión acordada conforme a los artículos 80.1, párrafo 2.º, y 81, sea la adecuada atendidas las circunstancias personales del delincuente, las características del hecho y la duración de la pena, según prescribe el artículo 80.2.
1. B) La existencia de otros procedimientos penales contra el reo
El segundo cambio del artículo 80.1 ha supuesto incorporar, junto a la peligrosidad criminal, la existencia de otros procedimientos penales contra el condenado como criterios que deben ser atendidos fundamentalmente por los Jueces o Tribunales al resolver motivadamente la concesión o denegación de la suspensión.
Tales situaciones no constituyen un catálogo cerrado, por lo que el órgano judicial competente ha de decidir sobre la suspensión atendiendo fundamentalmente a ellas y, también, a cualquier otro hecho acreditado que resulte relevante.
Así lo estableció la STC 8/2001, cuando afirmó: Ahora bien, el artículo 80 CP 1995, que requiere que la decisión de suspensión de la pena atienda a la peligrosidad criminal del condenado -lo que resulta acorde con la finalidad de la institución, la cual tiene como objetivo que la ejecución de las penas privativas de libertad se orienten en lo posible hacia la reeducación y reinserción social-, no exige que sólo se tenga en cuenta la peligrosidad criminal de aquél, en el sentido de que su escasa o nula peligrosidad criminal conlleve siempre la concesión de la suspensión de la ejecución de la pena; como tampoco el artículo 25.2 CE impone que únicamente se consideren las necesidades de resocialización del condenado. Tanto la doctrina constitucional sobre el artículo 25.2 CE, como las interpretaciones doctrinales sobre el artículo 80.1 CP, se expresan en el sentido de que se trata de ponderar los otros fines de la pena, las necesidades de prevención general y seguridad colectiva.
No hay duda de que la falta de un registro general de causas penales condicionará la posibilidad de conocer la existencia de procedimientos penales contra una persona, y que serán los sistemas de gestión procesal instalados en cada sede los que determinarán la información disponible sobre el número, clase y estado de tramitación de las causas. Sólo en casos notorios o en supuestos extraordinarios será factible la obten- Page 685 ción de datos relevantes más allá de las fronteras que impongan tales sistemas de gestión.
El reconocimiento de la dificultad que presenta esta situación no significa que el Ministerio Fiscal pueda dar por cumplida su función mediante la confección de informes que simplemente se remitan al contenido del previsto en la actual redacción del artículo 292, párrafo 2.º, LECrim, según el cual: La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. Por ello resulta necesario entrar a considerar este tema.
Los Fiscales han de pronunciarse en sus...
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El parámetro de control

References: artículo 80
 artículo 81
 artículo 136
 artículo 20
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 artículo 80
 resolución 
 artículo 81
 artículo 80
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 artículo 80
 artículo 80
 artículo 25
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 artículo 80
 artículo 292