Source: http://formu.info/corrientes-26-de-febrero-de-2002.html
Timestamp: 2018-10-17 16:33:10+00:00

Document:
EXPTE Nº 11558/16 INGRESO 31/08/16 HORA 10.45
INICIATIVA: Diputada LAURA CRISTINA VISCHI
Diputado MIGUEL ANGEL SALVARREDY
BLOQUE: Encuentro por Corrientes (ECO)
Encuentro Liberal (ELI)
TEMA: CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
Someto a su consideración, el presente proyecto de ley, por medio del cual se crea el CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES en base a los fundamentos que en adelante expongo.
La sanción del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.944) que rige a partir del 1 de agosto de 2015 (ley 26.077), que incorpora la “constitucionalización del derecho civil” y los tratados de derechos humanos en el bloque constitucional (artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional) ha tenido fuerte impacto en el derecho de familia.
Este cuerpo normativo contiene un gran número de artículos que regula los nuevos institutos: el divorcio incausado, las uniones convivenciales, el nuevo régimen patrimonial del matrimonio, filiación, nuevas reglas en el ejercicio de la responsabilidad parental, guarda preadoptiva y adopción, como así incorpora los principios procesales propios de la materia que conllevan un gran activismo judicial, dinamicidad y flexibilidad de los procesos y la necesaria obligatoriedad de la disminución de sus tiempos.
Transcurrido un año desde su vigencia, se considera oportuno dotar de la herramienta procesal apropiada para la operatividad de estos nuevos institutos receptados en la norma nacional, los que actualmente no encuentran su correlativo en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
Las acciones del Estado destinadas a poner en vigencia la realización de los derechos de las personas, que fueran enmarcadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus fallos, obliga también al Poder Legislativo en cumplimiento de lo estatuído en el Capítulo IV, De los Derechos de Familia, arts. 39, 40 y 41 de la Constitución Povincial, como responsable de la política estatal en la construcción de nuevos diseños o herramientas para la realización de los derechos de cada una de las familias que conviven en nuestra provincia.
Se ha procurado reglar todas las contingencias procesales que se dan en el transcurso del proceso de familia, incorporando normas de procedimiento que permitan juicios rápidos y eficaces a la luz del principio de tutela judicial efectiva.
Este Anteproyecto se elaboró contando con los siguientes antecedentes: el “Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia” elaborado a requerimiento de la Unidad de Implementación y Seguimiento de las Políticas de Transferencia de Competencias del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, por las Dras. Mabel De Los Santos, Marisa Herrera y Ángeles Burundarena, el Anteproyecto elaborado por la provincia de Chubut, el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código de Procedimiento de Familia de la Provincia de Córdoba (ley 10.305, B. O. de fecha 08 de octubre de 2015.
También se utilizó la obra “Derecho Procesal de Familia en la provincia de Corrientes y el nuevo Código Civil y Comercial” elaborado por doctrinarias y magistradas titulares de los Juzgados de Familia N° 2 y N° 3 de la materia de esta capital, que sugieren el procedimiento a imprimir a cada proceso, el que ya es aplicado por los tribunales de toda la provincia.
Todos estos antecedentes sirvieron de punto de partida para adecuar nuestra ley procesal a las particulares características y necesidades sociales de las familias correntinas.
Al igual que el Anteproyecto de Chubut, se consideró necesario adaptar las normas de las juristas del Código Modelo, aprovechando la construcción elaborada por los tribunales locales con competencia en familia y se procuró mediante modificaciones (supresión de capítulos, unificación de artículos, concordancia y sintaxis y adaptación a nuestra realidad y organización judicial) mayor y precisa reglamentación de los institutos.
Representa una superación del sistema vigente, basado en su estructura; de un proceso semirrígido porque permite modificaciones al proceso ya sea por las partes o por el juez; de un proceso mixto (escrito y oral) y se utiliza un lenguaje técnico moderno y sencillo.
Como lo señala la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci en el prólogo del Código Procesal Modelo para la Justicia de Familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “el primer problema que afrontó el grupo encargado de la redacción y revisión de los textos fue el de si este código debía ser autosuficiente, en el sentido de que bastaba integrarlo al sistema jurídico argentino (tratados internacionales, Constitución, Código Civil y leyes complementarias) o si había que establecer sólo reglas específicas para los procesos especiales de familia y remitir, en todo lo demás, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Se decidió que, sin perjuicio de tener en consideración ese ordenamiento procesal, al que están habituados la mayoría de los operadores (dado que fue adoptado por diversas provincias argentinas) era preferible proyectar un cuerpo orgánico y evitar que en el futuro el sistema creado se desequilibre por reformas que pueda sufrir el texto al que se remite”.
Del mismo modo, se optó por esta alternativa y presento un cuerpo normativo ex novo, es decir, no se refiere a un proyecto de reforma sino un nuevo cuerpo completo, independiente del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, manteniéndose la mayoría de las normas generales que se aplican a los procesos civiles e incorporando la normativa específica para cada uno de los procesos.
El objetivo principal es que todos los operadores del derecho de familia encuentren en un solo texto legal el derecho procesal integral que regirá para la materia.
Título Preliminar: refiere a los principios procesales que rigen el derecho de familia.
Libro I. Parte General: contiene siete títulos: I. Ámbito de aplicación y reglas de competencia; II. Sujetos Procesales; III. Actos procesales; IV. Contingencias Generales; V. Recursos; VI. Ejecución de resoluciones judiciales; VII. Otros modos de terminación del proceso.
En este Libro se regulan las contingencias procesales aplicables a todos los procesos.
Libro II. Parte Especial: consta de seis títulos: I. Etapa previa; II. Diligencias preliminares; III. De los procesos de Familia; IV. Proceso Ordinario: Nulidad de matrimonio; Extinción y liquidación de la comunidad; Separación judicial de bienes; Atribución de la vivienda familiar; Compensación Económica; V. Procesos Especiales: Autorizaciones judiciales, Divorcio, Alimentos, Filiación, Delegación de la responsabilidad parental; Cuidado Personal; Derecho de comunicación; Privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental; Tutela, Violencia familiar y de Género; Información sumaria; VI. Sistema de Protección de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes; Guarda con fines de adopción y Adopción.
La parte especial legisla específicamente los institutos que rigen el derecho de familia.
En el Título Preliminar: se incorporan los principios generales de los procesos de familia, detallándose cada uno de ellos.
Se integra específicamente la competencia funcional, material y territorial de los Juzgados de Familia, tomándose en consideración la establecida por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y que en el interior de la provincia la competencia de familia la ejercen los Juzgados con competencia en Familia y Menores y los Juzgados Civiles y Comerciales.
Se prevé y define el centro de vida como determinante para la competencia territorial. Se organiza el fuero de atracción y principio de prevención para un mejor orden de las causas.
Se detallan exhaustivamente los deberes y facultades del juez en concordancia con los principios generales que rigen los procesos de familia.
Con respecto a la audiencia: en cualquier estado de la causa, el juez puede convocar de oficio o a petición de parte, audiencia de conciliación tantas veces como lo estime conveniente. Con esta facultad el juez cumple los principios de celeridad, inmediación, oralidad, concentración, oficiosidad y flexibilidad de las formas.
En materia vinculada a las partes, expresamente se regula la participación de las niñas, niños y adolescentes con patrocinio letrado o del abogado del niño, tornando operativa esta figura.
En concordancia con lo establecido por el Código Civil y Comercial, se reglamenta en cuanto a representación procesal, la libertad de formas, los tipos de formas y poder especial para los procesos de familia.
En cuanto a los actos procesales, se otorgó preeminencia a la facultad del Superior Tribunal de Justicia de reglamentar la tramitación del procedimiento por medios electrónicos tendientes a transformar paulatinamente el proceso por papeles en un proceso virtual (domicilio electrónico, cargo, documentación de actuaciones, uso de medios electrónicos para obtener información, filmación y grabación de audiencias y registración mediante digitalización del archivo en el sistema informático, especialmente las entrevistas del juez con niños, niñas adolescentes, subasta electrónica).
En relación al tiempo de los actos procesales, predomina un acotamiento y disminución en traslados, plazos para dictar resoluciones y sentencias y para interponer recursos.
En materia de prueba, se receptan los principios de libertad, amplitud y flexibilidad; se limita la producción en determinados procesos y se enuncian aquellas que puede disponer el juez de oficio, sin perjuicio de las que éste estime según la naturaleza de la causa.
Introduce la medida cautelar innovativa, medidas autosatisfactivas y revocatoria in extremis, últimas creaciones doctrinarias que tuvieron recepción legislativa provincial por ley N° 5745.
Recibe la figura de la tutela jurisdiccional anticipada, junto a las medidas cautelares tradicionales.
En materia recursiva, se mantiene el sistema actual de primera y segunda instancia, modificando el término devolutivo por no suspensivo, utilizando un lenguaje simple y moderno. Se dispone la convocatoria a audiencia en segunda instancia, a fin que la Cámara de Apelaciones procure la solución consensuada del conflicto reforzando el principio de tutela efectiva e inmediación, ejerciendo jurisdicción positiva inmediata.
Establece en el ordenamiento la facultad de dictar Fallos Plenarios por la Cámara de Apelaciones.
En cuanto a las ejecuciones de las resoluciones judiciales, procura que se efectivicen en el menor tiempo posible, respetándose el debido proceso. Por ello, se amplían las facultades de los jueces a fin de aplicar medidas conminatorias pecuniarias y no pecuniarias.
Admite una etapa previa judicial y obligatoria de resolución consensuada de conflictos con intervención de un Consejero de Familia, funcionario que ya existe en otras organizaciones jurisdiccionales y una cumple un rol importante para evitar la judicialización de todos los conflictos.
Se regulan dos tipos de procesos: el proceso ordinario y los procesos especiales para tramitarlas diferentes materias del fuero. Desaparecen los clásicos procesos ordinario, sumario y sumarísimo del ordenamiento procesal actual.
Este proceso ordinario se organiza a través de reglas generales: demanda, excepciones, contestación, prueba, alegatos y sentencia. Se imprime a los juicios de nulidad de matrimonio, extinción y liquidación de la comunidad, separación judicial de bienes, atribución de la vivienda familiar y compensación económica.
El proceso especial aplicable al resto de las materias de familia, reglamenta las particularidades de cada uno de los juicios, estableciendo reglas generales, legitimados para la acción, trámite específico, audiencia, reducción de plazos en el trámite y para la interposición de recursos.
Define que las guardas asistenciales tramitarán por vía de información sumaria, realidad que no está legislada en la norma de fondo pero que se presenta diariamente ante los estrados judiciales. Su incorporación a este texto responde a un criterio de realidad.
Se recepta un trámite unificado para las causas de violencia familiar y de género, otorgando una impronta célere para su tratamiento ante los tribunales y organismos administrativos de protección de derechos.
Especial atención merece el proceso administrativo del sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes y el control de legalidad de las medidas excepcionales adoptadas por dichos organismos, para dar lugar a la intervención del juez a través de los institutos de guarda con fines de adopción y adopción.
Legisla sobre el proceso de restitución internacional de niños, en concordancia con las normativas de los tratados internacionales, Convenio de la Haya de 1980 y Convención Interamericana de 1989, de Restitución Internacional de menores de edad, suscriptos por el Estado Argentino, ante la creciente actividad de progenitores que sustraen o retienen en forma ilícita a sus niños.
El nuevo Código Civil y Comercial requiere de una normativa procesal que se adapte y que regule cada uno de los institutos que establece la norma de fondo.
El Anteproyecto se destaca por su carácter moderno en cuanto al lenguaje utilizado, la recepción del principio de igualdad real y acciones positivas a favor de las personas en situación de vulnerabilidad; el reconocimiento expreso del interés superior del niño y consecuente autonomía; la presencia de un juez cercano, especializado, activo, respetuoso del derecho de defensa y alejado del exceso de rigor ritual manifiesto tanto en primera como en segunda instancia; acentúa la actuación de la cooperación interdisciplinaria; promueve las vías consensuadas de resolución de conflicto ante la innovación de la intervención del Consejero de Familia; se reconoce en la norma la abreviación de los tiempos.
Y, se destaca aún más, por ser el primero del país que regula cada uno de los procesos de familia receptados por el nuevo Código Civil y Comercial.
Implica, entonces, desde la materia legislativa un avance fundamental en el reconocimiento del derecho de las familias a través de un código procesal de familia que contemple el mecanismo más eficaz para dar respuesta célere a los conflictos que se suscitan en las diversas familias de nuestra provincia.
TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y REGLAS DE COMPETENCIA.
TITULO II. SUJETOS PROCESALES.
Capitulo 6. Intervención de terceros.
Capítulo 8. Acción subrogatoria.
TITULO III. ACTOS PROCESALES.
Capítulo 1. Actuaciones en general.
Capítulo 2. Escritos.
Capítulo 3. Audiencias.
Sección 1ra. Tiempo hábil.
Sección 5ta. Declaración de testigos.
Sección 6ta. Prueba de peritos.
Sección 7ma. Reconocimiento judicial
Capítulo 10. Resoluciones judiciales
Capítulo 11. Plazos para dictar resoluciones y sanciones por su incumplimiento.
Capítulo 12. Nulidad de los actos procesales.
Capítulo 13. Costas.
Capítulo 14. Beneficio de litigar sin gastos.
TITULO IV. CONTINGENCIAS GENERALES.
Capítulo 1. Incidentes.
Capítulo 2. Acumulación de procesos.
Capítulo 3. Medidas cautelares.
Sección 1ra. Normas generales.
Sección 2da. Embargo preventivo.
Sección 3ra. Secuestro.
Sección 4ta. Intervención judicial.
Sección 5ta. Inhibición general de bienes y anotación de litis.
Sección 6ta. Prohibición de innovar. Medida innovativa. Prohibición de contratar.
Sección 7ma. Medidas cautelares genéricas y normas subsidiarias.
Capítulo 4. Medida cautelar innovativa.
Capítulo 5. Medidas Autosatisfactivas.
Capítulo 6. Tutela jurisdiccional anticipada.
TITULO V. RECURSOS.
Capítulo 1. Reposición.
Capítulo 2. Revocatória in extremis.
Capítulo 3. Recurso de aclaratoria.
Capítulo 4. Recurso de apelación. Recurso de nulidad.
Capítulo 5. Procedimiento ordinario en segunda instancia.
Capítulo 6. Queja por recurso denegado.
Capítulo 7. Queja por denegación de recursos ante el Superior Tribunal.
Capítulo 8. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Capítulo 9. Recurso de nulidad extraordinario.
Capítulo 10. Recurso de inconstitucionalidad.
Capítulo 11. Recurso de revisión.
Capitulo 12. Fallos Plenarios.
TITULO VI. EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
Capítulo 2. Medidas conminatorias pecuniarias y no pecuniarias
Capítulo 3.Formas de cumplimiento de las sentencias.
Sección 1ra. Disposiciones generales.
Sección 2da. Condenas de pago de sumas de dinero.
Sección 3ra. Ejecución de condenas no pecuniarias.
Capítulo 4. Cumplimiento de la sentencia de remate para la ejecución de condenas pecuniarias.
Sección 1ra. Ámbito. Recursos. Dinero embargado. Liquidación. Pago inmediato. Títulos o acciones.
Sección 2da. Disposiciones comunes a la subasta de muebles, semovientes o inmuebles.
Sección 3ra. Subasta de cosas muebles.
Sección 4ta. Subasta de inmuebles.
Sección 5ta. Preferencias. Liquidación. Pago. Fianza.
Sección 6ta. Nulidad de subasta.
Capitulo 5. Ejecución de sentencias de tribunales extranjeros.
TITULO VII. OTROS MODOS DE TERMINACION DEL PROCESO.
Capítulo 1. Desistimiento.
Capítulo 2. Allanamiento.
Capítulo 3. Transacción.
Capítulo 4. Conciliación y otros medios consensuados de resolución del conflicto.
Capítulo 5. Caducidad de la instancia.
TITULO I. ETAPA PREVIA.
TITULO II. DILIGENCIAS PRELIMINARES.
Capítulo 1. Reglas generales.
Capítulo 2. Medidas preparatorias.
Capitulo 3. Prueba anticipada.
Capítulo 4. Responsabilidad por incumplimiento de diligencias preliminares.
TITULO III. DE LOS PROCESOS DE FAMILIA.
Capítulo 1. Regla general.
Capítulo 2. Trámite de los procesos.
TITULO IV. PROCESO ORDINARIO.
Capítulo 1. Demanda.
Capítulo 2. Citación del demandado.
Capítulo 3. Excepciones previas.
Capítulo 4. Contestación de la demanda.
Capítulo 5. Trámite posterior según la naturaleza de la cuestión.
TITULO V. PROCESOS ESPECIALES.
Capítulo 1. Autorización para contraer matrimonio.
Capítulo 3. Autorización supletoria en materia de bienes en el matrimonio y las uniones convivenciales.
Capítulo 4. Divorcio.
Sección 2da. Medidas provisionales.
Capítulo 5. Alimentos.
Sección 2da. Recaudos y procedimiento.
Sección 3ra. Ejecución de alimentos.
Sección 4ta. Aumento, disminución, coparticipación o cesación de alimentos.
Sección 5ta. Litisexpensas.
Capítulo 6. Filiación.
Capítulo 7. Delegación de la responsabilidad parental.
Capítulo 8. Cuidado personal.
Capítulo 9. Derecho de comunicación.
Capítulo 10. Privación, suspensión y rehabilitación de la responsabilidad parental.
Capítulo 11. Restitución internacional de niños.
Capítulo 12. Tutela.
Capítulo 13. Violencia familiar y de género.
Capítulo 14. Información sumaria.
TITULO VI. SISTEMA DE PROTECCION DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Capítulo 1. Proceso administrativo de protección de derechos.
Capítulo 2. Proceso de protección especial de derechos. Medidas excepcionales.
Capítulo 4. Adopción.
L E Y N° ___ .
CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES
ARTÍCULO 1. Fines del proceso e interpretación y aplicación de las normas procesales. La finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial. Las disposiciones de este código deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Corrientes, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte, el Código Civil y Comercial de la Nación y los principios generales de los procesos de familia enunciados en este Título.
ARTÍCULO 2. Principios generales de los procesos de familia.
El proceso de familia debe garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos. Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal, y de dirigir el proceso para asegurar su observancia. Rigen en el trámite los principios de oficiosidad, oralidad, inmediación, interdisciplinariedad y acceso reservado al expediente.
ARTÍCULO 3. Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Los jueces de familia deben evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso.
ARTÍCULO 4. Especialidad e interdisciplina. Los jueces de familia deben ser especializados y contar con un Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario.
ARTÍCULO 5. Interés superior del niño. La decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior.
ARTÍCULO 6. Resolución consensuada de los conflictos. La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas de parte de todos los operadores intervinientes en la problemática familiar. La expresión resolución consensuada comprende la conciliación, la transacción, la mediación y toda otra vía de solución no contenciosa.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 

ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 Resolución 
 resolución 
 resolución