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Timestamp: 2020-02-23 11:36:52+00:00

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Principios Procesal Penal | Res Judicata | Derecho penal
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Reforma Al Código Nacional de Procedimientos Penales (2)
Acusacion y Audiencia Preliminar
Apuntes de Derecho Procesal Penal Venezolano 21
Lissy Penal
En Algunos Procesos Penales Los Imputados Pretenden Hacer Uso en Su Favor Del Principio Non Bis in Idem Cuando Un Tribunal Penal Emite Una Sentencia de Incompetencia y
SINTESIS CRIMINOLOGIA 1°
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o=i&rnd=$RANDOM" border=0></a> Principios del Derecho Procesal Penal Enviado por deaguero1 Anuncios Google Protege Tu desde Panam, con la asesora legal www.panamalawservices.net/es de Carles Barraza Inversin Abogados
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1. 2. Principios del ttulo preliminar del Cdigo Procesal Penal 3. Conclusiones 4. Bibliografa Prlogo Debemos partir del hecho que la funcin jurisdiccional es una manifestacin especializada, irrenunciable y exclusiva del estado y consiguientemente la regularizacin de su sistema estructura, funcionamiento y mtodos supone la existencia de normal cuya naturaleza es de derecho pblico, son en tal virtud imperativas y obligatorias en su cumplimiento y no pueden derogarse, modificarse o suspenderse por un acuerdo entre las partes que intervienen en un proceso. La situacin conflictiva en el proceso penal entre cualquier ciudadano y el Estado, que resulta de la sospecha comisin de un delito, exige una regulacin jurdica mediante el derecho procesal penal la cual a de ser escrupulosa, en donde se limitar los poderes del Estado dndole real dimensin a los derechos y obligaciones del sospechoso del hecho, pero tambin de otros participantes en el proceso como son: los agraviados, testigos, peritos puesto que stas ltimas personas se encuentran sujetas al poder del Estado. Esto lejos de ser meras formulaciones tericas o doctrinarias, constituyen criterios de orden jurdicos-polticos pues sustentan y orientan el proceso penal en el marco de una poltica global de Estado en materia penal, criterios generales que dan pautas para
subsanar las deficiencias lagunas normativas que limitan y encauzan el ejercicio del poder punitivo del Estado, a fin de que en el proceso se garantice los derechos del imputado, en un plano de igualdad jurdica y de respeto a su dignidad de persona humana. Los principios poseen tambin una importancia poltica, ya que por definicin constituyen los fundamentos y criterios orientadores indispensables para la constitucin de l ordenamiento jurdico que nos interesa. Constituyen las bases sobre las cuales deben apoyarse los legisladores y gobernantes para establecer, aisladas y/o en conjunto las frmulas procedimentales a que se debe sujetar el derecho penal y procesal penal del pas. Sucede los mismo con los jueces que estn en la obligacin de anteponerlos a la ley ordinaria al momento de apreciar los casos concretos, slo as podrn alcanzar: "magistraturas democrticas de derecho" La Alumna PRINCIPIOS DEL TTULO PRELIMINAR DEL CDIGO PROCESAL PENAL
ARTICULO I - "Potestad Jurisdiccional".- La justicia penal se administra a nombre de la Nacin por los rganos Jurisdiccionales competentes y en instancia plural. Los Jueces Penales son independientes en el ejercicio de su funcin jurisdiccional y slo estn sometidos a la Constitucin y a la Ley. Deben garantizar la igualdad procesal.
Quien juzgue debe ser un juez o un rgano con potestad jurisdiccional, con lo cual se garantiza que nadie sea enjuiciado por un juez excepcional, o por una comisin especial creada ex profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales, o que dicho juzgamiento se realice por comisin o delegacin. La naturaleza heterocompositiva del proceso penal exige como presupuesto indispensable la imparcialidad del rgano jurisdiccional. Consiste en el sometimiento del Juez al derecho y a las atribuciones propiamente jurisdiccionales que la Constitucin del Estado establece. Implica la ausencia de todo inters en la resolucin del proceso que sea la aplicacin estricta del ordenamiento jurdico. El Juez dictar sus fallos con entera libertad, los mismos que no pueden ser desconocidos ni revisados por otros poderes del Estado. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el rgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de sus funciones. (Artculo 139, inciso 2 de la Constitucin). La independencia del Poder Judicial no importa un privilegio para los jueces sino, ms propiamente, una libertad y una garanta para la produccin de resoluciones justas, arregladas a derecho. Tal independencia puede ser externa o interna. La externa garantiza al magistrado su autonoma con respecto a poderes ajenos a la estructura judicial; la interna su autonoma con respecto a los propios rganos de la institucin judicial.
La lucha por el estado de derecho, por la independencia del juez, por la divisin de poderes, ha sido al mismo tiempo una lucha por el Juez legal y natural. El ejercicio de esa libertad depende, en ltima instancia, de la conciencia del Juez. De nada vale que se conceda independencia a los jueces si renuncia a ella para obtener una mejor posicin en su carrera o para establecer relaciones polticas. Todos los mecanismos diseados para preservar la independencia significan muy poco si no existe por parte del Juez la frrea voluntad de hacerla respetar. Para garantizar la independencia judicial en el proceso se han establecido las figuras de la inhibicin y la recusacin.
En tal sentido se pronuncian el PIDCP Artculo 14, inciso 1 y la CADH Artculo 8, al establecer el derecho que le asiste a todos a ser juzgados por un Tribunal "independiente e imparcial". Desde el punto de vista funcional la independencia se manifiesta en la actuacin exenta de cualquier tipo de presin o injerencia, ya sea del Poder ejecutivo o del legislativo, y desde el punto de vista estructural puede ser evaluada a travs de una serie de criterios como el mtodo de eleccin de los jueces, el trmino de sus mandatos, inamovilidad de los cargos, preparacin profesional, y las incompatibilidades entre la funcin judicial y el ejercicio de otras funciones. La imparcialidad supone que el Juez o Tribunal, no tiene opiniones preconcebidas sobre el caso subjudice, y, en particular, no presume la culpabilidad del acusado. La independencia alude al grado de relacin que existe entre los magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial, respecto a los de rganos del Estado. En ese sentido, los Jueces se encuentran obligados a dar respuesta a lo que se les pide, nicamente con arreglo a Derecho, sin que existan otros acondicionamientos para tal efecto. Del mismo modo en el ejercicio de la actividad jurisdiccional, ningn, Juez o Sala Superior, se encontrarn sometidas a la voluntad de sus instancias superiores, debiendo en consecuencia mantener su independencia respecto a todos los dems rganos jurisdiccionales.
ARTICULO II "Gratuidad Judicial.- La justicia penal es gratuita. Se imparte con sujecin a las garantas del debido proceso, sin retardo bajo responsabilidad.
Se reconoce el derecho a una justicia penal gratuita y la defensa de oficio para los imputados insolventes. La institucin de la defensa oficiosa o de pobres se ha convertido en una formalidad ajena a los fines del favor defensionis. Sabemos cun numerosos son los casos de hombres y mujeres en situacin de pobreza, y especialmente de pobreza extrema, y que muchas veces se ven involucrados en procesos penales en razn precisamente de sus carencias, y que por stas no pueden contar sino con abogados de oficio, cuya participacin se limita, en gran cantidad de casos, a firmar las actas de las diligencias sin haber tomado parte en ellas. Ms an, no suelen presentar peticiones, contradicciones ni impugnaciones. Todo lo cual pone en evidencia la vigencia de una
justicia clasista, en la que los que disponen de recursos para pagar una adecuada defensa, no corren la misma suerte que aquellos que los tienen. Situacin que atenta no solamente contra el principio de defensa, sino tambin contra el de igualdad de partes. (...).El principio a la gratuidad de la administracin de justicia y a la defensa gratuita para las personas de escasos recursos, y para todos, en los casos que la ley seala, en concordancia con el Texto nico Ordenado del Poder Judicial (artculo 6) que guarda estrecha relacin con la bsqueda de la economa procesal. De nada valen los principios si la bsqueda de la justicia ha de ser onerosa, peor an en un pas donde la mayora de la poblacin apenas cuenta con recursos que le permiten sobrevivir. El sostena siempre, si la administracin de justicia es un servicio pblico importante del Estado, como lo es la educacin y la salud, y no hay razn para que le sea oneroso al imputado o agraviado.
ARTICULO III "Inocencia Presunta" .- A todo procesado se le considera inocente. Slo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento de sentencia firme, pronunciada por Juez competente, se aplicar la pena o medida de seguridad.
Conocido tambin como, "favor rei". Este principio fundamental era denominado por Carnelutti, "favor inocentiae" que est oficializado en la Declaracin Universal de los Derechos Humanos en el Artculo 11.1 cuando dice: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio pblico en el que se le haya asegurado todas las garantas necesarias para su defensa" En nuestra Constitucin Poltica en el inciso 24, letra e) Artculo 2 se consagra que toda persona tiene derecho () A la libertad y seguridad personales. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, esto significa que todos tenemos un grado de inocencia desde que nacemos; que a donde vayamos nos acompaa y nos acompaar siempre la condicin de inocentes, y solo podemos perder esa calidad si conforme a ley nos declaran culpables. En nuestro pas muchsimos ciudadanos, inclusive abogados y estudiantes de derecho, no comprenden plenamente qu significa esto, y los que si conocen y entienden de que se trata se aprovechan en ocasiones de esta ignorancia para sus propios objetivos. Cuando una persona es citada por la autoridad sea sta polica, juez o fiscal, debe tener muy claro que su condicin es de inocente y en consecuencia debe exigir junto con su abogado que se le trate como tal; slo pierde esa condicin si es declarad culpable por un juez, despus de haber sido procesado. Sin embargo esto no ocurre en la prctica, porque en forma increble est enquistada en la mentalidad de muchas autoridades la presuncin de culpabilidad. Respecto a las pruebas que debe existir en un proceso pues sin stas, aunque tengas la certeza de que una persona ha cometido delito, no puedes imputarle cargo alguno tan fcilmente. Para realizar una imputacin policial, fiscal o judicial debemos contar con
pruebas, sin las cuales cualquiera de las investigaciones no tendran el sustento jurdico necesario para denunciar a alguien la comisin de un delito y, menos, de condenarlo penalmente. A nadie puede imputrsele, presumrsele culpable y menos condenrsele si previamente no se ha demostrado con pruebas objetivas su responsabilidad penal en ese delito y precisamente por eso existe el principio de inocencia. En algunos pases muchos ms desarrollados esto ya ha calado perfectamente en la conciencia de sus ciudadanos, pero en los pases an en desarrollado se ha lograr al cabo de cierto tiempo, y pienso que para lograr ello se necesita que, a todos los nios, desde el colegio se les inculque el valor que representa la persona humana como fin supremo de la sociedad y se le ensee sus derechos y sus deberes. La presuncin de inocencia se halla reconocido igualmente por el Artculo II del T.P. del Proyecto de CPP de 1997, que dice: " a todo procesado se le considera inocente. Slo despus de una sentencia firme se le aplicar la pena o medida de seguridad correspondiente. Hasta antes de la sentencia firme, ningn funcionario o autoridad pblica puede presentar a una persona como culpable ni brindar informacin en tal sentido a los medios de comunicacin social". Lo mismo sucede con la DUDH del 10 de diciembre de 1948, que seala: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se prueba su culpabilidad, conforme a la ley y al juicio pblico en que se hayan asegurado todas las garantas necesarias para su defensa". La CADH de San Jos de Costa Rica, por su parte, en su Artculo 8, expresa: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Declaraciones que por su coincidencia y su aceptacin general, al menos en el plano terico, demuestran que forma parte de la conciencia universal un grado de reconocimiento del valor y dignidad la persona humana. El principio de inocencia influye en el proceso penal bsicamente en la actividad probatoria, pues impone al rgano estatal de persecucin penal la carga de demostrar la culpabilidad del imputado mediante la actuacin de pruebas indubitables. Correlativamente, ste no est obligado a demostrar su inocencia, pues ella se asume. El planteamiento tradicional de este principio dio lugar a serias crticas en cuanto a su validez, como la clebre de Manzini, segn la cual no se puede comprender cmo quien es perseguido penalmente por sospechoso de un delito pueda tener a su favor, al mismo tiempo, una presuncin de inocencia. "Nada ms burdamente paradjico e irracional" seala. Por ello le parece ms lgico hablar de una presuncin de culpabilidad. Por su parte Julio Maier considera la crtica de Manzini como "una reaccin fascista contra el liberalismo", y plantea, aclarando el debate, que: "Toda persona debe ser tratada como inocente, desde el punto de vista del orden jurdico, mientras no exista una sentencia penal de condena; por ende, que la situacin jurdica de un individuo frente a cualquier imputacin es la de inocente, mientras no se declare formalmente su culpabilidad, y, por ello, ninguna consecuencia penal le es aplicable, permaneciendo su situacin frente al
derecho regida por las reglas aplicables a todos con prescindencia de la imputacin deducida". Agrega el mismo autor que tal principio "no afirma que el imputado sea, en verdad, inocente, sino, antes bien, que no puede ser considerado culpable hasta la decisin que pone fin al procedimiento, condenndolo. La "inocencia" es un concepto genrico referencial, que toma sentido slo cuando existe la posibilidad de que tal o cual persona es culpable de un determinado delito. Pues la situacin normal de los ciudadanos es la de "libertad". En otras palabras, normalmente su mbito bsico es el de libertad, sin referencia alguna al derecho o al proceso penal. Pero toma sentido cuando esa misma persona se ve involucrada en el mbito regido por las normas procesales, caso en el cual tiene sentido decir que es "inocente". Es una presuncin JURIS TANTUM, es decir mantiene su validez hasta que no se exhiba prueba en contrario y se tiene que aplicar desde aquel momento en que a una persona se le imputa la autora de un delito, lo que significa que a partir de ese momento y durante todo el proceso ha de tener la condicin de sospechoso, y tal estado ha de permanecer hasta que en forma definitiva se resuelva el proceso.
ARTICULO IV "Cosa Juzgada y Revisin de Fallo" .- Nadie puede ser procesado o sancionado ms de una vez por un mismo hecho constitutivo de una accin u omisin punibles. La excepcin a esta norma es la revisin de una sentencia condenatoria y absolutoria por la Corte Suprema, en los supuestos taxativamente permitidos.
Ha dicho el Tribunal (Sentencia de ampliacin, enmienda y aclaracin del caso 2-AI-96, Gaceta Oficial N 291 de marzo 9 de 1997) y reitera ahora que: "...EI Artculo 58 del Estatuto del Tribunal establece que la sentencia tendr fuerza obligatoria desde el da siguiente al de su lectura en audiencia, es decir que a partir de ese momento hace trnsito a autoridad de cosa juzgada y al adquirir tal carcter, sobre ella no cabe recurso propiamente dicho. De all que a la solicitud de aclaracin enmienda y ampliacin de la sentencia no pueda drsele el carcter de recurso. El Tribunal slo puede acudir a la figura de aclaracin o enmienda, para corregir cualquier error material, para precisar un concepto oscuro o para cubrir una omisin sobre las peticiones de las partes, pero cuidndose de no alterar la sustancia de la sentencia. No se trata de que el juez entre a resolver puntos doctrinarios o lucubrativos de la solicitud de aclaracin que puedan pertenecer ms al mbito acadmico. "La situacin creada por la norma estatutaria del Tribunal que admite la solicitud de enmienda y aclaracin de la sentencia, coincide con la nocin de cosa juzgada formal, en virtud de la cual una sentencia que no puede ser objeto de recurso alguno, es susceptible de limitadsimas posibilidades de precisarse, ms en la forma que en el fondo, pero sin alterar las bases fundamentales del acto judicial... ". En virtud de este principio la persona cuya situacin procesal haya sido definida por sentencia ejecutoriada, o providencia (auto) que tenga la misma fuerza vinculante, no
puede ser sometida a un nuevo proceso por el mismo hecho, aunque se d a ste una denominacin diferente. Podemos decir que existir cosa juzgada cuando el hecho denunciado ha sido objeto de una resolucin firme, nacional o extranjera en un proceso seguido con las garantas del debido proceso y contra la misma persona, la cual es el estricto cumplimiento del Artculo 139 inciso 13 de la Constitucin, que precisa como una garanta en la administracin de justicia, la prohibicin de revivir procesos fenecidos con resolucin ejecutoriada. Es en razn a ello, que una vez que la sentencia queda firme y que es imposible su revisin, siendo inmutables, es lo que denominaremos cosa juzgada, aunado a ello que el respeto a la cosa juzgada ya se expresaba en le viejo principio latino Non Bis In Idem (No dos veces sobre lo mismo). Lo primero que se puede pensar, es el hecho que una sentencia se convierte en inmutable lo que hace que no sea prudente revisar lo ya resuelto, a fin de que no se den varias discusiones y se impida la multiplicacin y eternizacin de los medios impugnatorios; teniendo su fundamento esta garanta, en la necesidad de poder poner trmino a los pleitos, ganndose con ello la certidumbre y estabilidad de los derechos. Esto significa que la cosa juzgada se constituye en un efecto procesal de la sentencia firme, que por razones de seguridad jurdica, har imposible que lo que en ella se resuelve pueda ser atacada dentro del mismo proceso o en otro diferente. La autoridad de la cosa juzgada o res iudicata es el principal efecto de la actuacin judicial concretada en la sentencia o declaracin de certeza; es la exclusin de la posibilidad de volver a tratar y a decidir sobre el mismo asunto con firmeza. Literalmente COSA JUZGADA significa "cosa sobre la cual ha recado la decisin del Juez", y la expresin "non bis in idem" (o "ne bis in idem") significa "no dos veces por la misma causa". As, esta garanta reconocida universalmente, como en la CADH de San Jos de Costa Rica en su Artculo 8, inciso 4, prohbe procesar bajo una calificacin jurdica diferente. Sus tres principales caractersticas son la inimpugnabilidad, la Inmutabilidad y la coercibilidad. Para que opere la cosa juzgada se requiere, segn parecer unnime de la doctrina, la concurrencia de tres "identidades" (idem persona, idem res e idem causa petendi). Es decir, y en primer lugar, se debe tratar de la misma persona. En segundo debe tratar del mismo hecho. Y en tercero debe tratarse del mismo motivo de persecucin. Los efectos procesales que este principio origina son, en primer trmino, la imposibilidad de revisar una sentencia firme en contra del imputado, lo cual significa que al imputado absuelto en un proceso no se le puede reabrir otro para condenarlo, o al que ha sido condenado con una pena menor se le reabra proceso para condenarlo con una pena ms grave. La nica excepcin, recogida en el mbito de instrumentos de Derechos Humanos, contra la cosa juzgada, es la revisin de las sentencias, siempre que ello favorezca al
imputado. Por su parte el Proyecto de CPP de 1997, seala que la revisin slo procede el caso se trate de sentencias condenatorias. En segundo trmino, el principio de la cosa juzgada impide que una persona pueda ser sometida a proceso penal por el mismo hecho y el mismo motivo (ne bis in idem), por lo cual, en tal caso, se proceder a la unificacin o acumulacin de procesos en uno solo, o suspensin de cualquiera de ellos. En suma, se podra afirmar que este principio establece que tras la expedicin de una sentencia firme se cierra el proceso penal, es decir que ya no se podr volver a procesar a una misma persona por los mismos hechos, por cuanto dicha sentencia constituye una verdad jurdica que imposibilita c contundentemente un nuevo pronunciamiento sobre el mismo tema, siendo uno de sus efectos la prohibicin del bis in idem. La revisin de fallo o revisin penal nos exige aludir, aunque sea brevemente, a dos elementos constitutivos del derecho con los que se encuentra vinculada la revisin penal: justicia y seguridad. La revisin penal est prevista y ordenada para los supuestos en la que la seguridad jurdica, la invariabilidad de las resoluciones judiciales firmes, la cosa juzgada, etc. puede chocar o ir en detrimento de la justicia y el derecho. Se advierte que para hallar la revisin de fallo, como medio de reparar o subsanar errores judiciales , es conveniente indicar: a) Que la revisin penal slo sirve para impugnar errores de hecho, mas no errores de derecho; b) Slo pueden considerarse como errores aquellos que se basan en alguno de los motivos establecidos en la ley procesal; c) Que nicamente procede en los casos en los que el error judicial haya conducido a la condenado del acusado en virtud del principio: favor rei; d) Que dichos errores sean debidos a hechos nuevos, circunstancias nuevas del hecho, medios probatorios nuevos que sean determinantes para la inocencia del condenado, o hechos falsos que fueron base para emitir el fallo.
ARTICULO V "Accin Penal" .- El Ministerio Pblico tiene la responsabilidad del ejercicio pblico de la accin penal y el deber de la carga de la prueba. Asume la direccin de la investigacin y la ejercita con plenitud de iniciativa y autonoma. Los actos que realiza no constituyen funcin jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisin de esta naturaleza, la requerir del juez penal que previene el caso, motivando debidamente su resolucin.
Tambin conocido como el principio de legalidad, este principio es la columna vertebral del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal. En materia de Derecho Penal para que una conducta sea calificada como delito tiene que estar previamente descrita en la ley penal como tal, puesto que de lo contrario ser una conducta lcita y no reprochable penalmente. No se concibe a un magistrado, abogado o un justiciable tengan la incertidumbre de ir a un proceso sin conocer cules son las normas, reglas y principios que lo rigen, porque ello
dara lugar a abusos inimaginables por parte de quienes dictan las leyes y dirigen el proceso. Este principio est expresado en nuestra Constitucin Poltica del estado en el inciso 24 Artculo 2, letra d) cuando dice: "Toda persona tiene derecho: () A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia () Nadie ser procesado ni condenado por acto u omisin que al tiempo de cometerse no est previamente calificado en la ley de manera expresa e inequvoca como infraccin punible ni sancionado con pena no prevista en la ley, esto en concordancia con el inciso 10 de artculo 139 que declara que son principios de la funcin jurisdiccional el principio de no ser penado sin proceso judicial. (Nemo danmetur nisi per legale iudicium). Pablo Snchez Velarde, considera que: "El debido proceso es un principio general del derecho y que comprende a todos los dems derechos fundamentales de las personas as como a las garantas procesales y tiene base constitucional y supranacional. El Cdigo Procesal Penal de 1991 en el Artculo III del Ttulo Preliminar, subsana esta omisin al consagrar el Principio de Legalidad Procesal cuando declara: "A todo procesado se le considera inocente. Slo mediante proceso legalmente realizado y en cumplimiento de sentencia firme, pronunciada por juez competente, se aplicar la pena o medida de seguridad". Para aplicar una pena a un ciudadano se requiere de un proceso previamente establecido en la ley y que ese proceso para que tambin sea vlido, debe observar y cumplir plenamente las normas y formalidades procesales vigentes. Por su lado Mixan Mss enseaba que: "La legalidad procesal entraa que el proceso se inicie, se desarrolle y culmine con la debida sujecin a las prescripciones legales pertinentes () Todo aquello que constituye grave infraccin a la ley durante el desarrollo procesal determina la nulidad de ste, ya sea en todo o en parte". La Constitucin Poltica del Per en el Artculo 1 seala: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; es por eso que cuando se quiere conocer hasta que punto se respetan los derechos humanos en un pas y cun de democrtico es un gobierno, bastar conocer cmo se desarrolla su proceso penal. El principio de legalidad es un derecho y una garanta indiscutible que protege a todo ciudadano de los abusos del poder punitivo.
ARTICULO VI "mbito y Facultad Jurisdiccional" .- Es competencia exclusiva del rgano Jurisdiccional dirigir la etapa procesal del juzgamiento, expedir las sentencias o resoluciones que importen sobreseimiento y las dems previstas en la Ley.
La asignacin de la competencia judicial necesariamente debe haberse establecido con anterioridad al inicio del proceso, garantizndose as que nadie pueda ser juzgado por un tribunal ex post facto o ad hoc.
ARTICULO VII "Causa Justificada para Detencin" .- La detencin por la comisin de un delito slo procede en virtud de mandamiento escrito y motivado del Juez Penal
competente o de la autoridad policial en caso de delito flagrante y con las formalidades previstas en el literal g) del inciso 20 del artculo 2 de la Constitucin. Las dems medidas coercitivas que afecten de modo grave los dems derechos fundamentales, slo pueden dictarse por orden judicial en el modo y forma legalmente prescrito. Se exceptan aquellas medidas que la Constitucin permite expresamente a la polica. ARTICULO VIII "Asistencia Legal" .- El derecho de la persona contra quien se formula una imputacin a ser asistida por un Abogado Defensor de su eleccin, es inviolable e irrestricto, desde que es citada o detenida por la autoridad competente. El proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos que corresponden a la persona agraviada por el delito.
Al frente se ubica el imputado, que como persona humana posee derechos fundamentales que se deben respetar antes, durante y despus del proceso, sea cuales fueran las consecuencias. Este derecho lo reconoce ampliamente nuestra Constitucin Poltica del Estado en su artculo 139 inciso 14, en el cual no slo habla de que nadie puede ser privado de este derecho. Sin derecho a la defensa la administracin de justicia seria sumamente injusta, puesto que se correra el riesgo de que se vulnere las garantas del debido proceso y se cometan actos arbitrarios contra los justiciables. Este derecho busca tambin equilibrar la relacin jurdica entre el Estado y los ciudadanos, porque si el Estado puede recurrir a los rganos jurisdiccionales y a los rganos requirientes, como operadores del control penal, tambin es lgico que le procesado pueda acudir a un rgano como el Ministerio de la Defensa. Por otra parte el ciudadano debe ser libre para escoger entre todos los abogados al que l considere que va a defenderlo. Es cierto que el imputado o investigado, si quiere, puede renunciar a este derecho pero nadie se lo puede imponer y la violacin de este derecho generara la violacin de este derecho. Se enfrentan dos tipos de intereses. Por un lado el deber estatal de represin del delito, o ius puniendi, y por otro la libertad del imputado. Y de lo que se trata es de "conciliar en el proceso penal el derecho del imputado a que se respete su libertad individual, con el derecho del Estado a ejercer su pretensin punitiva Es un derecho fundamental, esencial para el debido proceso, que permite al imputado hacer frente al sistema penal en una formal contradiccin y con igualdad de armas. El derecho de defensa del imputado consiste, lo cual no implica que los dems sujetos procesales no gocen tambin de este derecho, en la facultad (poder) de resistir y contradecir la imputacin penal en el proceso. Un derecho que se materializa en la facultad de ser odo en juicio, de controlar la prueba de cargo, de invocar y probar los hechos que justifican una exclusin, o, por lo menos, atenuacin de la responsabilidad, y, en general, de bregar por conseguir lo ms favorable para el acusado. Es decir, el derecho a la ltima palabra, como lo denomina Gimeno Sendra, y que consiste en que "nadie puede ser considerado condenado sin ser previamente odo (Inocencia Presunta)
El ser odo no supone simplemente la posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender la capacidad de aportar al proceso todos los hechos que se estimen adecuados al objeto del mismo (alegacin), y, el poder utilizar los medios de prueba legales, pertinentes y tiles para probar los hechos afirmados (prueba) Su importancia tiene que ver, lgicamente, con la oportunidad en que puede ser ejercido, ya que una defensa postergada puede dar lugar a serias violaciones de los dems derechos del imputado, e incluso a que se halle, en el proceso, en una situacin disminuida, y por lo tanto intimidado. Hay dos clases de defensa, una material y otra tcnica. La Primera se refiere a la autodefensa que es ejercida de manera directa por el imputado, el cual participa en el desarrollo de los actos procesales a travs de sus alegatos y en la aportacin de medios de pruebas. Por la Segunda se entiende la que es realizada por un abogado, derecho reconocido por nuestra Constitucin, pues en ella se dispone la necesidad de ser asistido por un abogado libremente elegido por el acusado; o, la defensa gratuita para las personas de escasos recursos econmicos. Es un derecho que debe cautelarse desde la etapa policial, ya que, al menos en nuestro pas, es en ella en donde se producen las ms graves violaciones de los derechos humanos elementales. Por tal razn se recomienda la eliminacin de toda 'investigacin policial autnoma", as como el fortalecimiento de todos los medios idneos de control de la actividad policial. El derecho de defensa como garanta de un debido proceso penal comprende una serie de derechos derivados, como son los de conocer los fundamentos de la imputacin, y, si el imputado se halla detenido, los motivos de su detencin, a fin de que pueda ejercer su defensa de manera eficaz y logre recobrar su libertad lo ms pronto posible, si fuera el caso. El derecho a conocerlos se cautela con la obligacin, por parte de la autoridad responsable, de informar en forma clara y razonada los hechos que se atribuyen al procesado y el delito que supuestamente configuran (Causa justificada para la detencin); y no, por tanto, en forma abstracta, o citando nicamente determinados dispositivos legales. Este derecho a conocer los fundamentos de la imputacin es exigible tambin cuando el imputado se encuentra con mandato de detencin y an cuando pesando sobre el la detencin no se encuentre materialmente en prisin, puesto que el arto 139, cinc. 14 de la Constitucin seala que la garanta de la defensa puede hacerse valer en cualquier estado del proceso. En cuanto a la oportunidad de la comunicacin, la doctrina establece que, en principio, el involucrado debe ser informado al momento de su detencin. Si sta obedece a una acusacin formal, se deber comunicar sta sin demora a la brevedad posible. El derecho de defensa incluye tambin el de no ser condenado en ausencia, en virtud del derecho genrico a ser odo en juicio, pues si el acusado no se halla presente en el proceso, no podr ser odo y ejercer a plenitud su derecho a la defensa. En buena
cuenta, como puede apreciarse, este derecho prohbe a los rganos jurisdiccionales emitir condena sin antes or al procesado, esto es hacer uso de su derecho a la defensa.
ARTICULO IX "mbito Territorial de la Ley Procesal" .- La ley procesal penal es de orden pblico y se aplica en el territorio nacional desde el comienzo de su vigencia, inclusive para lo que resta del proceso por un delito cometido con anterioridad y cuya sentencia no ha quedado firme, siempre que se trate de disposiciones ms favorables la imputado. Las disposiciones que restringen la libertad del imputado, limitan el ejercicio de sus facultades o de un poder conferido a los sujetos procesales sern interpretadas restrictivamente.
En caso de duda sobre la responsabilidad penal o la ley aplicable, debe estarse a lo ms favorable al reo. El principio de que la duda favorece al reo y que, tambin, est consagrado en nuestra Carta Poltica, inciso 11 artculo 139. Si el juez o el fiscal no encuentran pruebas objetivas que demuestren su responsabilidad no les quedar otra cosa que absolverlo en el caso del juez y no acusarlo en el caso del fiscal, porque la verdad legal es decir, la que fluye del expediente no permite condenarlo. Existen muchos casos de gente que ha sido absuelta y no precisamente porque son inocentes sino que, ante la falta de pruebas se les aplica el principio del in dubio pro reo. Pues se tratan de problemas existenciales que tienen que ver con bienes jurdicos importantsimos e invalorables materialmente, como son la vida, la libertad, la salud, entre otros sin los cuales no puede vivir un ser humano. Este principio significa que siempre en caso de duda a de estarse a favor del procesado. En trminos procesales, esta regla significa que cuando el Juez encuentre su decisin en suspenso sobre si concurren todos los presupuestos de hecho que justifique la aplicacin de la penal, debe abstenerse de condenar a una persona. El principio de favorabilidad (favor rei) denominado tambin principio pro reo, protege al imputado en caso de conflicto de leyes, se materializa a travs de la aplicacin de lo ms favorable al imputado. La ley penal tiene fuerza y efecto retroactivos cuando favorece al reo (Artculo 103 de la Constitucin) en virtud de ello el favor rei se manifiesta al sealar que en caso la ley vigente al momento de la comisin del delito y la vigente durante el juzgamiento y sentencia no sea la misma, es decir cuando exista trnsito de legislacin respecto a un tipo penal determinado, se debe aplicar la ley menos grave al imputado. El principio de In dubio pro reo tiene como objeto la defensa de la libertad frente a la parcializacin que pueda asumir el aparato penal en la persecucin de sus fines, explcitos u ocultos. Y en virtud de este principio que la condena slo puede fundarse en la certeza y verdad de lo establecido durante el proceso, de tal manera que si sobreviene alguna duda necesariamente deber absolverse al acusado. El proceso penal tiene como objetivo generar en el Juez la conviccin respecto al hecho delictivo, poniendo a luz la responsabilidad del acusado para aplicar la pena que hubiere lugar. Pero en muchos casos lo ms justo constituye ms bien el reconocimiento de la inocencia del imputado. En aquellos procesos penales en los cuales no se llegue a
determinar con certeza la responsabilidad del imputado, de un hecho cuya autora se le atribuye, nos encontraremos ante un problema de incertidumbre fctica por cuanto el juzgador no se puede manifestar en sentido condenatorio (porque no existe certeza sobre la existencia del supuesto de hecho legal) ni en sentido absolutorio (porque tampoco hay certeza de la inexistencia del supuesto de hecho legal). En suma, el principio de In dubio pro reo debe imperar en todas las situaciones en que lo exijan el derecho de defensa o la tutela de las garantas procesales establecidas por la Constitucin y las leyes. De los tres grados de conocimientos que admite el proceso penal en la valoracin de la prueba: certeza, probabilidad y duda, el Juez slo debe basar su fallo en la certeza, pues los otros dos no tienen la fuerza que permite aplicar una condena al imputado, adems que se atentara contra el principio de presuncin de inocencia. La vinculacin del In dubio pro reo con el principio de presuncin de inocencia se sustenta en que ste garantiza al procesado a tenrsele como inocente mientras su culpabilidad permanezca en duda o incertidumbre. As, ante el problema de incertidumbre, que puede derivarse de la inexistencia de pruebas sobre la culpabilidad o de la incertidumbre subjetiva del juzgador, el In dubio pro reo presenta una respuesta slo al segundo de ellos (decisin favorable al inculpado: absolucin), mientras que el principio de presuncin de inocencia absuelve en ambos casos. Se podra afirmar que la incertidumbre ah se convierte en certeza plena de inocencia, pues no se encontrara en una disyuntiva de valorizacin.
Diferencias entre el In dubio pro reo y el principio de Inocencia: l. El In dubio pro reo tiene presencia slo cuando aparece una duda que afecte el fondo del proceso; mientras que la Presuncin de inocencia tiene presencia en todo el proceso.
2. El In dubio pro reo es el reconocimiento jurisdiccional de la existencia de una duda, no despejada, de un conflicto de pruebas de cargo y de descargo, que no permiten fallar con seguridad; mientras que la Presuncin de inocencia exige la actividad probatoria para que se le desvirte con seguridad. 3. El In dubio pro reo se dirige la rgano jurisdiccional como elemento de valoracin probatoria, para que en los casos que aflore la duda se absuelva al sentenciado; y la Presuncin de inocencia es la garanta para considerar a todo procesado como inocente mientras no se pruebe su culpabilidad. 4. El In dubio pro reo tiene operancia ante una situacin subjetiva: "la duda"; la Presuncin de inocencia est cimentada sobre una condicin objetiva: "el estado de inocencia". 5. El In dubio pro reo, opera slo en aquellos procesos en que aparece la duda insalvable para fallar. La Presuncin de inocencia, opera en todos los procesos.
ARTICULO X "Error por Indemnizacin Judicial y Detencin Arbitraria" .- El Estado garantiza la indemnizacin por lo errores judiciales y las detenciones
ordenadas o mantenidas de manera arbitraria o negligente, sin perjuicio de la accin legal a que hubiere lugar contra los que resulten responsables. La detencin es una medida coercitiva, concretamente un mandato. La Constitucin del Estado consagra la libertad individual como un derecho fundamental de la persona (inciso "g" prrafo 20, artculo 2), pero la misma contiene la excepcin cuando sostiene que la persona slo puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de delito flagrante delito, debiendo en todo caso el detenido ser puesto, dentro de las veinticuatro horas o en trmino de la distancia, a disposicin del juzgado que corresponde, exceptuando los casos de terrorismo, espionaje y trfico de drogas en que las autoridades pueden efectuar la detencin preventiva de los presuntos implicados. En caso no se proceda s, estaramos frente a una detencin arbitraria. Los errores que se pretenden comprobar o subsanar no se puede demostrar, necesario para la revisin, con los datos obrantes en la causa penal, ya que con dichos elementos no puede admitirse que el tribunal penal se equivocase. El error necesario y suficiente para la revisin penal ha de consistir por consiguiente, o bien en la existencia de otros elementos que no constaban en el proceso y que no fueron tenidos en cuenta al fallar, o bien en la demostracin patente o innegable de que los hechos o que las pruebas constaban indebida o falsamente en la causa. Conclusiones:
En la doctrina existen numerosas clasificaciones de los principios procesales penales, sin embargo hay tambin un sector de la doctrina que se ocupa de los principios, pero se abstiene de proponer clasificacin alguna. Agregado a esto no siempre las diversas clasificaciones encontradas es la misma que tenemos en el ttulo preliminar de nuestro cdigo procesal penal. Del mismo modo cabe indicar que existen principios generales como el de publicidad, celeridad procesal, etc. si bien es cierto no estn establecidos dentro del ttulo preliminar del referido cuerpo de leyes, los encontramos en los diferentes artculos establecidos. El imputado de la comisin de un delito por grave que sea no pierde de ninguna manera los derechos fundamentales que son inherentes a la persona. Slo puede ser restringidos, en casos claramente establecidos, como acontece con el de libertad individual de desplazarse pero de ningn modo son anulados. En todo orden jurdico y especficamente en el nuestro la constitucin y los cdigos, penal y procesal penal, establecen con claridad los lmites de la prueba; sin embargo no podemos olvidar que a lo largo de la historia de nuestro pas, se ha recurrido y se recurre an, con tal frecuencia la tortura que bien puede decirse que constituye toda una constante, aunque sus formas de aplicacin sean diferentes. Pues subsisten ciertas modalidades o han surgido otras nuevas, mas o menos encubiertas o toleradas por el poder pblico.
El derecho a la defensa incluye tambin el de no ser condenado en ausencia en virtud del derecho genrico a ser odo en juicio, si el acusado no se haya presente en el proceso no podr ser odo y ejercer a plenitud su derecho de defensa, el cual obviamente se ver limitado. El principio de favorabilidad es el gnero y el in dubio pro reo es la especie. Ambos protegen al imputado, procurando tener un sancin benigna o en todo caso la absolucin. Nuestra Carta Magna sita la presuncin de inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad, la cual evidentemente puede perderse o limitarse tan solo por la accin de los rganos jurisdiccionales pertinentes. El derecho a la defensa es la facultad que tiene cada persona para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todos proceso donde se vea involucrado, esto implica contar con un abogado defensor.
Derecho Procesal Penal Dr. Rodolfo Vega Billn
Universidad Nacional Hermilio Valdizn Hco. 2002 Cdigo Procesal Penal Dr. Gonzalo Gmez Mendoza Derecho Procesal Penal Dr. Csar San Martn Castro
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