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Timestamp: 2019-01-24 02:54:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 1380 DE NOVIEMBRE 8 DE 2007
SENTENCIA 1380 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2007
CONTENIDO:ACCIÓN DE TUTELA. EL JUEZ DE TUTELA NO PUEDE SUSTITUIR AL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TUTELA, VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO
REVISTA TUTELA N°:100 DE ABRIL DE 2008, PG.660
Sentencia 760011102000200701380 de noviembre 8 de 2007
Rad. 760011102000200701380
Aprobado Sala Nº 121 de la misma fecha
Ref.: Impugnación fallo de tutela
Accionante: Adolfina Diusa y María de los Ángeles Martínez
Accionada: Ministerio de la Protección Social
Se ocupa la Sala de resolver la IMPUGNACIÓN impetrada por las ciudadanas María de los Ángeles Martínez y Adolfina Diusa, contra el fallo del 1º de octubre de 2007 emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante el cual negó la protección de los derechos fundamentales invocados como vulnerados.
Las ciudadanas María de los Ángeles Martínez quien se enuncia como accionante por clamor ciudadano y Adolfina Diusa quien suscribe el libelo como paciente discapacitada interpusieron acción de tutela contra el Ministerio de la Protección Social para que les fueran amparados los derechos fundamentales de la seguridad social, salud, vida digna e igualdad, por hechos que se resumen como sigue:
• Las accionantes consideran vulnerados los derechos fundamentales invocados, por la omisión administrativa respecto a no haberse procedido con el cierre de la Clínica Rafael Uribe y la EPS del Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, entidad cuya licencia de funcionamiento se encuentra cancelada por omisiones médicas administrativas de todos los funcionarios y empleados adscritos al ISS.
Por lo anterior, pretenden que:
• Se requiera al Superintendente de Salud para que informe las razones por las cuales fue cancelada la licencia de funcionamiento del ISS.
• Solicitar al Ministro de la Protección Social que informe los motivos por los cuales no se ha procedido al cierre de la Clínica Rafael Uribe y la EPS del Seguro Social, Seccional Valle del Cauca, a pesar de haberle sido cancelada la licencia de funcionamiento.
• Como consecuencia del amparo de los derechos invocados como transgredidos, se ordene al Ministro de la Protección Social el cierre inmediato de la mencionada clínica y la EPS, por las omisiones médico administrativas que atentan contra la salud y la vida digna de todos los pacientes y afiliados.
• Se disponga entregar la dirección, gerencia y administración del ISS Seccional Valle del Cauca a otra EPS que cumpla con la misión médica administrativa de prestar servicios de salud con calidad, oportunidad y calidez respecto de la atención, con soporte tecnológico y recurso humano calificado y comprometido, contribuyendo al bienestar, salud y seguridad social de todos los afiliados.
Actuación de primera instancia
1. La acción de tutela fue admitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, mediante auto del 20 de septiembre de 2007 y notificada en debida forma al Ministro de la Protección Social y al Superintendente de Salud y al Instituto de Seguros Sociales en calidad de terceros con interés (fl. 6, cdno. de primera instancia).
2. La Superintendencia Nacional de Salud, mediante escrito signado el 1º de octubre de 2007 dio respuesta a la acción de tutela, para tal efecto anexó copia de la Resolución 28 del 15 de enero de 2007 en la cual se señalan taxativamente las razones por las cuales se revocó la licencia de funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales como entidad promotora de salud, para organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados y beneficiarios del régimen contributivo del sistema general de seguridad social en Salud; asimismo, informaron que la liquidación del mismo corresponde por ley al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social.
3. La Sala a quo por medio de providencia del 1º de octubre de 2007 emitió la respectiva sentencia negando la acción de amparo deprecada por las accionantes (fls. 14 a 26).
4. Las actoras impugnaron el fallo de primera instancia (fls. 120 y ss).
Consideró el juez constitucional de primera instancia que son de público conocimiento las causas por las cuales se revocó la licencia de funcionamiento del ISS, fueron la desidia, los malos manejos, la corrupción y el atraso tecnológico del Instituto tratándose de avances médicos, toda vez que dicha entidad se convirtió en la caja menor de los corruptos donde no solo los usuarios sino los propios empleados y directivos la han saqueado durante varios años hasta llegar a la determinación de liquidarla y que sean las entidades particulares las que mediante la creación de una nueva empresa prestadora de salud, se encarguen de los pacientes, jubilados y del manejo se riesgos profesionales.
Señaló la Sala a quo que no se entiende cómo las accionantes pretenden que se ordene en forma inmediata el cierre definitivo de una empresa prestadora de servicios de salud, el ISS y menos aun que se disponga el cierre de la Clínica Rafael Uribe del Valle del Cauca, por cuanto las decisiones que se han tomado al respecto son actos administrativos generales que en cumplimiento de la Constitución Política, emitió la Superintendencia Nacional de Salud, además en ningún momento dichas determinaciones han afectado sus derechos fundamentales, toda vez que el Gobierno Nacional procedió a la liquidación del Instituto de Seguros Sociales para que se corrigieran los graves problemas que la entidad afronta y buscando siempre el bienestar de sus afiliados.
Indicó que el numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 consagra expresamente que la acción de tutela no procede contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, es decir, aquellos de carácter objetivo que producen efectos generales y no se dirigen a alguien en particular, como una ley en sentido material o un acto administrativo de carácter general, razón por la que no pueden producir situaciones jurídicas, subjetivas y concretas que sean susceptibles de amparo constitucional por medio de la acción de tutela.
Las actoras impugnaron el fallo de primera instancia, aduciendo que:
• El Instituto de Seguros Sociales se encuentra en la actualidad laborando de manera ilegal, por cuanto la licencia de funcionamiento le fue cancelada por omisiones médicas, tecnológicas y administrativas.
• No es justo seguir sosteniendo una nómina exagerada de funcionarios administrativos adscritos a la seccional del ISS del Valle del Cauca, los cuales el 97% no cumplen con las funciones, no atienden a los usuarios, realizan las labores con desidia, incumplen las órdenes judiciales, además de las razones expuestas por el magistrado ponente respecto a que el Instituto de Seguros Sociales es una caja menor de corrupción.
• Negar la protección de los derechos invocados equivale a “exonerar de responsabilidad penal a un delincuente que ha incurrido en múltiples homicidios, a pesar que el juez tiene pleno conocimiento que es culpable, argumentando que la denuncia está en abstracto”.
• La Sala Disciplinaria a quo llegó a conclusiones erradas porque la acción de tutela no está dirigida contra la Superintendencia de Salud, toda vez que la misma es en contra del Ministerio de la Protección Social, es decir que fue mal enfocada por el magistrado.
• Si al ISS se le consiente funcionar con la licencia cancelada, tal hecho constituye una clara y evidente vulneración del derecho fundamental de la igualdad ya que a otras EPS y clínicas no se les permite funcionar en el área de la salud sin la respectiva licencia de funcionamiento.
Es competente esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución Política, para resolver la impugnación formulada de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Con fundamento en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política de 1991, la Acción de Tutela, otorga facultad a cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales de estirpe constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de una autoridad pública o de particulares en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.
De la procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela exige algunos presupuestos de procedibilidad, sin cuya concurrencia no es factible abordar el análisis de fondo del asunto, así el artículo 86 de la Constitución Política establece, y ha sido plenamente ilustrado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se trata de una garantía de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, así como en el evento de que emerja un perjuicio irremediable que vuelva apremiante su utilización en la forma transitoria.
Como se deduce de la redacción del artículo 86 superior, la viabilidad del amparo constitucional de tutela, por las razones antes anotadas, solo es posible en la medida en que se cumplan los demás requisitos de procedibilidad que la rigen, entre los cuales se destaca la inexistencia de otro medio de defensa.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha precisado en muchos de sus fallos que la acción de tutela es un mecanismo alternativo y subsidiario de protección judicial que únicamente procede cuando no existan otros mecanismos judiciales de amparo o cuando los mismos sean insuficientes para enfrentar un perjuicio irremediable.
Al respecto la guardiana de la Constitución expuso:
La finalidad del carácter subsidiario de la acción de tutela es evitar que la jurisdicción constitucional entorpezca el normal funcionamiento de las jurisdicciones ordinarias, usurpando las funciones que les han sido asignadas por ley. Por ello, la Corte ha dicho que el deber inicial del particular que encuentra amenazados sus derechos fundamentales no es acudir a la acción de tutela para obtener la protección estatal, sino agotar los procedimientos regulares ante la jurisdicción ordinaria, pues esta ha sido instituida, en principio, como la vía idónea para la protección de todas las garantías individuales.
No por otra razón la Corte afirma que “la justicia constitucional no puede operar como un mecanismo de protección paralelo y totalmente ajeno a los medios de defensa judiciales de carácter ordinario, sino que, por el contrario, se debe procurar una coordinación entre estos, con el fin de que no ocurran interferencias indebidas e invasiones de competencia no consentidas por el Constituyente. Es precisamente la adecuada aplicación del principio de subsidiariedad lo que logra la articulación de los órganos judiciales en la determinación del espacio jurisdiccional respectivo” (1) ...” (2) .
Con fundamento en este precedente, debe establecer esta Colegiatura, en primer lugar, si las accionantes cuentan con una vía de defensa judicial idónea para hacer cumplir el acto administrativo que dicen les afecta.
De acuerdo con las características de la reclamación, para la Sala es evidente que lo planteado por las accionantes tiene origen en su inconformidad respecto a por qué la Clínica Rafael Uribe del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, continúa prestando sus servicios, a pesar de tener cancelada la licencia de funcionamiento, hecho que en sentir de estas les vulnera los derechos fundamentales a la seguridad social, salud, vida digna e igualdad, sin embargo no precisan en qué forma la entidad accionada les está trasgrediendo algún derecho.
Analizado el libelo de tutela, colige esta corporación que el cumplimiento del acto administrativo del cual discrepan las actoras puede lograrse a través del ejercicio de la acción de cumplimiento, consagrada en el artículo 87 de la Constitución, cuyo texto legal es del siguiente tenor: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo”.
En efecto el diseño de la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o el acto administrativo.
Sobre el tema ha dicho la Corte Constitucional:
“De las precedentes consideraciones se infiere que, ante acciones instauradas respecto de actos administrativos, el juez de tutela no puede asumir la facultad que le confiere la norma mencionada como una autorización de la ley para sustituir al Contencioso Administrativo en la definición sobre la validez de aquellos, ni suponer que podría suspenderlos provisionalmente pues ello representaría invadir el ámbito constitucional de dicha jurisdicción”. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-203 del 26 de mayo de 1993).
Y en la Providencia T-267 de 2002 el máximo órgano constitucional reiteró:
“Por lo tanto, a juicio de la Sala de Revisión, la controversia que ahora se plantea escapa por completo a la acción de tutela, pues, es la ley la que dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se encuentra instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas (CCA, art. 82), a su vez, el artículo 83 ejusdem dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzga los actos administrativos. Siendo ello así, el juez constitucional no puede usurpar ni invadir las competencias jurisdiccionales que han sido conferidas a otras instancias judiciales, de suerte, que cuando la ley ofrece un mecanismo especial idóneo para restablecer el derecho que se considera vulnerado, se debe acudir a él a fin de preservar el orden jurídico y la especialidad de la jurisdicción, pero sobre todo, el debido proceso. (Sent. T-267 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
Por consiguiente, teniendo en cuenta que lo pretendido por las accionantes es que se ejecute el acto administrativo a través del cual la Superintendencia Nacional de Salud, resolvió revocar el certificado de funcionamiento del Instituto de Seguros Sociales, como entidad promotora de salud, para organizar y garantizar la prestación del plan obligatorio de salud a los afiliados y beneficiarios del regimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el tema materia de debate se reduce a la declaración de la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro mecanismo como, esto es, la acción de cumplimiento, conforme al contenido del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que enuncia:
“Causales de improcedencia de la tutela.
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En consecuencia, encuentra la Sala que en este evento resulta improcedente la petición de amparo incoada y por lo mismo ha de relevarse analizar el fondo del asunto pretendido a través de la presente acción de tutela, ante la existencia de mecanismo judicial ordinario y la no concurrencia de perjuicio irremediable.
Así las cosas, esta corporación modificará la sentencia del a quo mediante la cual negó la acción de amparo por improcedente, para declarar que la misma resulta improcedente comoquiera que, se itera, las accionantes cuentan con otro medio de defensa, esto es, la acción de cumplimiento ante la jurisdicción respectiva, además de que en este trámite no se demostró la existencia de perjuicio irremediable.
1. MODIFICAR el fallo objeto de impugnación proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca del 1º de octubre de 2007, a través del cual se negó la tutela de los derechos fundamentales invocados por las accionantes, para en su lugar declarar la IMPROCEDENCIA de la misma, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Súrtanse las notificaciones de rigor, conforme el contenido del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Fernando Coral Villota—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Carlos Mario Isaza Serrano.
(1) Sentencia T-575 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(2) Corte Constitucional, Sentencia T-1157 de 2004, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

References: Resolución 
 artículo 6
 artículo 256
 artículo 86
 artículo 32
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 87
 artículo 83
 artículo 6
 artículo 32