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Timestamp: 2018-08-18 13:39:20+00:00

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Description: Promoción de un orden internacional democrático y equitativo
Distr. general 7 de agosto de 2013 Español Original: inglés
Sexagésimo octavo período de sesiones Tema 69 c) del programa provisional* Promoción y protección de los derechos humanos: situaciones de derechos humanos e informes de relatores y representantes especiales
El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas, presentado de conformidad con la resolución 67/175 de la Asamblea General.
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Informe del Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred-Maurice de Zayas
El presente informe sobre la marcha de los trabajos debe leerse junto con el informe del Experto independiente al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/24/38). Aunque el mandato insta a un amplio análisis de los obstáculos que existen para la consecución de un orden internacional democrático y equitativo que entrañe una síntesis de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, cada informe tiene un alcance limitado. De forma progresiva, los informes anuales abordarán el amplio alcance del mandato y ofrecerán recomendaciones aplicables con base en las resoluciones pertinentes. Este informe estudia iniciativas constructivas, por ejemplo, la promoción del derecho a la paz, la cooperación internacional, la reforma del Consejo de Seguridad, una mayor participación de los Estados y de la sociedad civil en la toma de decisiones mundiales, incluso mediante una asamblea parlamentaria mundial, y los mecanismos de ejecución.
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Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actividades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iniciativas de la sociedad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. B. C. D. Promoción de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la paz . . . . . . . . . . . Participación en los procesos de toma de decisiones, incluso mediante la reforma de los órganos de las Naciones Unidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asamblea parlamentaria mundial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fortalecimiento de los mecanismos de ejecución . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déficits sistémicos de democracia y equidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unilateralismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derecho de veto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amenaza y uso de la fuerza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Déficits de información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Falta de participación democrática de los pueblos indígenas y de los pueblos sin representación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 4 5 5 8 10 11 13 13 16 18 19 20 22 24 26
Obstáculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. B. C. D. E. F.
Reflexiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. El presente informe sobre la aplicación de la resolución 67/175 de la Asamblea General se presenta en relación con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 18/6 y 21/9 y con las resoluciones de la Asamblea 66/159, 65/223, 64/157, 63/189, 61/160, 59/193, 57/213 y 56/151, que reafirman, entre otras cosas, los compromisos de los Estados de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, crear condiciones en las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, practicar la tolerancia y las relaciones de buena vecindad y emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. 2. Los informes anteriores presentados al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General identifican numerosos obstáculos para la consecución de este orden. En este informe se examinan otros obstáculos y se estudian los procesos para superarlos. Entre las iniciativas prometedoras se encuentran las propuestas para promover la participación de los Estados y de la sociedad civil en la toma de decisiones mundiales mediante la reforma del sistema de las Naciones Unidas, una asamblea parlamentaria mundial, el fortalecimiento de los mecanismos de ejecución y la creación de un tribunal mundial de derechos humanos. El reconocimiento de la paz no solo como principio sino como derecho humano apoya esta visión. La consolidación de un sistema de comunicaciones e información plural e imparcial es otro corolario indispensable para la consecución de un orden internacional democrático y equitativo. El Experto independiente cree que estas iniciativas pueden ayudar a reparar las violaciones sistémicas de los derechos humanos cometidas a consecuencia de los obstáculos identificados. 3. El presente informe no se limita al período posterior a la presentación del informe inicial (A/67/277) y ofrece un primer análisis de las tendencias y los acontecimientos mundiales, formulando recomendaciones adicionales a las incluidas en el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, que se centra principalmente en la cuestión de la participación, destacada en el párrafo 17 de la resolución 21/9 del Consejo y en el párrafo 4 h) de la resolución 67/175 de la Asamblea General. 4. El Experto independiente entiende que su mandato tiene un alcance mundial y un enfoque multidimensional, y que su objetivo es lograr una síntesis coherente de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales que contribuya a una convergencia de medios y fines.
5. En el período comprendido entre el 1 de agosto de 2012 y el 30 de julio de 2013, el Experto independiente desarrolló numerosas actividades relacionadas con el mandato, envió dos cuestionarios a los Estados, a las organizaciones intergubernamentales, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales y examinó las comunicaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales y particulares. Participó en actos paralelos durante tres períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, interactuó con
centros de estudios e instituciones académicas, celebró dos consultas con expertos y emitió los comunicados de prensa pertinentes, varios de ellos junto con otros titulares de mandatos. De forma adicional a las actividades descritas en el informe del Experto independiente al Consejo (A/HRC/24/38), el Experto independiente participó en la reunión anual de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales celebrada en Viena y en la conferencia auspiciada por el Gobierno de Austria para examinar los progresos realizados desde la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993. El Experto utilizó información extraída de los talleres sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 y sobre los mecanismos de ejecución, prestando también atención a los documentos presentados en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 1 celebrada en los Países Bajos en julio de 2013 y en el primer período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales 2 celebrado en Ginebra en julio de 2013. También incorporó elementos de los debates mantenidos en diversos Foros Sociales Mundiales.
III. Iniciativas de la sociedad civil
A. Promoción de todos los derechos humanos, incluido el derecho a la paz
6. El avance en el programa de derechos humanos requiere la promoción de un entorno social y económico favorable al respeto por la dignidad humana. Es evidente que las personas sometidas a situaciones de violencia, coacción y guerra no pueden ejercer plenamente sus derechos. Por ello es importante reafirmar el principio de la Carta de las Naciones Unidas de que la paz es una condición esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. 7. En febrero de 2013, el Experto independiente asistió al primer período de sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos encargado de negociar el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho a la paz 3. Se le invitó a tomar la palabra y coincidió con algunos oradores en que el mandato del Grupo de Trabajo incluye el desarrollo progresivo del derecho internacional y de los mecanismos de aplicación, puesto que el derecho es un instrumento vivo. Es ahí donde reside el valor añadido de la Declaración como desarrollo dinámico, no como una simple reafirmación de las normas. Resulta indicativo del mayor papel que desempeña la sociedad civil que la iniciativa de este ejercicio normativo no haya partido de los gobiernos, sino de los expertos 4, en respuesta a la aspiración mundial de las personas y de los pueblos a
Véase http://humanrights.icpdbeyond2014.org.php53-3.dfw12.websitetestlink.com/uploads/browser/files/human_rights_conference_chair_reflections_final_ version.pdf. Véase http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/FirstSession.aspx. Véase http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationontheRight toPeace.aspx. Véase Carlos Villán Durán, Observatorio Internacional sobre el Derecho Humano a la Paz, El derecho humano a la paz: de la teoría a la práctica (Oviedo, Fundación CIDEAL de cooperación e investigación, 2013). Véase http://www.aedidh.org.
vivir en paz. Ello confirma el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que comienza con las palabras “Nosotros los pueblos”. 8. En el período de sesiones, algunos delegados expresaron su escepticismo sobre la base jurídica del derecho a la paz. Algunos participantes, sin embargo, señalaron que la base jurídica reside en el Preámbulo y en los Artículos 1 y 2 de la Carta, así como en resoluciones de la Asamblea General, como la resolución 2625 (XXV) (relaciones de amistad) y la resolución 3314 (XXIX) (definición de la agresión).La base jurídica la ofrece también el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos, y los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Muchos de los elementos del derecho a la paz han sido codificados como artículos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en otros tratados de las Naciones Unidas. Aunque algunos Estados siguen albergando dudas sobre la justiciabilidad del derecho a la paz como norma de derecho internacional, los participantes señalaron que los elementos constitutivos del derecho a la paz ya existen, y que ya se ha desarrollado una importante jurisprudencia regional e internacional. 9. Desde la perspectiva de los derechos individuales, el Comité de Derechos Humanos tiene competencia para examinar las denuncias individuales 5 de violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por consiguiente, una violación del derecho a la vida, como, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales y potencialmente también las guerras ilegales, puede considerarse una violación del artículo 6. Teniendo en cuenta que dos Observaciones generales sobre el artículo 6 y que la Observación general núm. 29 sobre los estados de excepción obligan al desarme de todos los Estados, pueden hacerse valer como precedentes en este contexto. Las amenazas al derecho a la paz pueden ser examinadas con arreglo al artículo 9, que impone a los Estados la obligación de garantizar la seguridad de las personas. La libertad para participar en actividades antibelicistas, manifestarse a favor de la paz y crear organizaciones pacifistas está protegida por los artículos 19, 21 y 22. La prohibición del reclutamiento de niños como soldados en los conflictos armados vulnera el artículo 24 y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en conflictos armados, y será justiciable con arreglo al tercer protocolo de la Convención cuando entre en vigor. El derecho de objeción de conciencia al servicio militar ha sido reconocido en repetidas ocasiones en las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos y en la jurisprudencia como inherente al artículo 18, que establece el derecho a la libertad de convicción y creencias. Los objetores de conciencia y otras personas tienen derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio, conforme al artículo 12. Las personas que han huido de los conflictos armados y de la persecución, o que han abandonado sus países de origen debido a la objeción de conciencia, tienen derecho a solicitar asilo; como refugiados, tienen derecho a no ser objeto de devolución, un derecho protegido por el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Estas personas tienen también el derecho a regresar a sus
Véase Jakob Möller y Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law 1977-2008: A Handbook (Editorial N.P. Engel, 2009).
países de origen con seguridad y dignidad, conforme al artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La propaganda en favor de la guerra está específicamente prohibida en el artículo 20 del Pacto. El Comité de Derechos Humanos puede examinar la responsabilidad de los funcionarios del Estado por belicismo y la responsabilidad del Estado por la incitación a la violencia cometida por entidades no estatales conforme a los procedimientos del protocolo facultativo y de la presentación de informes de los Estados. En caso de violación de estos elementos constitutivos del derecho a la paz, las víctimas tienen derecho al recurso previsto en el artículo 2 del Pacto. 10. El derecho humano a la paz tiene también importantes componentes económicos, sociales y culturales. Tras la entrada en vigor del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el 5 de mayo de 2013, los particulares pueden denunciar la vulneración de estos derechos ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por consiguiente, los derechos, entre otras cosas, a la salud, a un entorno seguro, a la alimentación, al agua y a la educación han adquirido aún más resonancia en la vida de cada individuo. 11. Es necesario prestar atención a las consecuencias penales de las violaciones del derecho a la paz y a las penas que imponen los tribunales nacionales o en su momento, la Corte Penal Internacional, a quienes participen en actos de agresión y propaganda en favor de la guerra. 12. Desarrollar una cultura de la paz requiere una educación a favor de la paz. Es menester que todas las personas, no solo los niños, sean educadas en la avenencia, la cooperación, la empatía, la solidaridad, la compasión, la restitución de derechos, la mediación y la reconciliación 6. Deben enseñarse técnicas de negociación para impedir quebrantamientos de la paz y otras formas de violencia y para garantizar el mantenimiento de la vida pacífica después de un conflicto. Es necesario un cambio de paradigma filosófico para poder salir de la imperante cultura de la violencia, la lógica del poder, las prácticas de la explotación económica, el imperialismo cultural y la impunidad. La guía para lograr esta cultura de paz implica desarrollar una estrategia para identificar y eliminar los obstáculos, entre los que se encuentran la carrera de armamentos, el unilateralismo y la tendencia a aplicar el derecho internacional “a la carta”. 13. Resulta alentador que algunos países incluyan en sus Constituciones disposiciones específicas sobre la paz 7, y que haya surgido la jurisprudencia nacional pertinente 8.
En 1997, Costa Rica aprobó la Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social, que requiere una educación en favor de la paz en todas las escuelas y el establecimiento de la base jurídica de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. El artículo 9 de la Constitución del Japón establece que: “Aspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y a la amenaza o el empleo de la fuerza como medio para solucionar las controversias internacionales." El artículo 12 de la Constitución costarricense establece que “Se proscribe el Ejército como institución permanente.”. El abogado costarricense Luis Roberto Zamora presentó una demanda contra la participación de Costa Rica en la llamada “Coalición de voluntarios”. En 2004, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró que esta coalición atenta contra la Constitución, la proclama de neutralidad de Costa Rica, el derecho internacional y el sistema de las Naciones Unidas. Véase la sentencia
14. El derecho humano a la paz como derecho individual y colectivo dimana de forma lógica de la Carta de las Naciones Unidas y otros tratados. Este derecho se ve reforzado por los precedentes de Nuremberg y Tokio que condenan los crímenes contra la paz, y por la definición de la agresión adoptada por la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El Experto independiente está convencido de que el reconocimiento de la paz como derecho humano promoverá un orden internacional democrático y equitativo y de que la democratización nacional e internacional reducirá los conflictos, porque los pueblos quieren la paz. Son los gobiernos los que entran en guerra.
Participación en los procesos de toma de decisiones, incluso mediante la reforma de los órganos de las Naciones Unidas
15. Los expertos han realizado muchos estudios sobre las modalidades de reforma del sistema de las Naciones Unidas. Aunque muchos creen que la reforma es necesaria para la estabilidad y la credibilidad del sistema, no hay consenso sobre las reformas que deben emprenderse, ni una guía para ello. 16. En 2013, la Universidad de las Naciones Unidas va a publicar un libro de Joseph Schwartzberg, titulado Transforming the United Nations system: designs for a workable world. El libro analiza la necesidad de reformar el proceso de votación en la Asamblea General, la posibilidad de que exista un sistema de votación ponderada, una serie de propuestas para crear una asamblea parlamentaria mundial de representantes de la sociedad civil de elección popular, las opciones para una reforma óptima del Consejo de Seguridad, aumentando su composición y eliminando el derecho de veto, la transformación del Consejo Económico y Social en una nueva estructura de agrupaciones regionales, el fortalecimiento del Consejo de Derechos Humanos, la coordinación de los organismos especializados, los fondos y comisiones del sistema de las Naciones Unidas y una mayor participación de las organizaciones no gubernamentales y otras entidades no estatales. 17. En opinión del Experto independiente, este libro, repleto de cuadros y datos estadísticos, ofrece una plausible arquitectura de la gobernanza mundial y explica como emprender las reformas que contribuirán a lograr el objetivo de construir un orden democrático y equitativo. 18. La injusta composición del Consejo de Seguridad está ampliamente reconocida. Los principales defectos son los privilegios anacrónicos de los cinco miembros permanentes del Consejo y su insuficiente representatividad. El Sr. Schwartzberg propone aumentar el número de sus miembros y dividirlo en 12 puestos regionales, cada uno con un voto ponderado. Emplea una sencilla fórmula matemática que permite que unos pocos Estados destacados, escogidos de forma objetiva, ocupen puestos en el Consejo por derecho propio, asignando el resto de los puestos a regiones multinacionales. El Sr. Schwartzberg argumenta que un sistema de votación más justo, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, reforzará la legitimidad de las decisiones de las Naciones Unidas y contribuirá a promover un orden internacional democrático y equitativo.
núm. 9992-04. Véase también la entrevista de Kofi Annan sobre la ilegalidad de la guerra del Iraq, disponible en http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=11953&.
19. Cualquier reforma del Consejo de Seguridad requerirá modificar la Carta de las Naciones Unidas con arreglo al Artículo 108. Algunos observadores consideran que el derecho de veto, tal y como se ejerce desde 1945, es el talón de Aquiles de las Naciones Unidas y del actual orden internacional. Aunque una mayoría de los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de los Estados observadores acuerde reformar el Artículo 27 3) de la Carta, cualquiera de los miembros que tienen derecho de veto puede bloquear este acuerdo. La renuncia al derecho de veto, por tanto, tendrá que compensarse con una importante contraprestación. El Sr. Schwartzberg sugiere una serie de contrapartidas factibles, por ejemplo, una mejor ponderación de los votos para los cinco miembros permanentes en la Asamblea General, en una Asamblea reformada y con más facultades. 20. Actualmente, no es probable conseguir un acuerdo que permita eliminar el derecho de veto mediante la simple reforma de la Carta. Por consiguiente, el Sr. Schwartzberg propone una eliminación gradual en varias etapas, en un período de transición de 15 años. Este proceso consistiría en aumentar gradualmente el número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad cuyos votos disidentes pueden bloquear las resoluciones, desde el uno actual, pasando por dos Estados disidentes en la siguiente fase, después tres Estados, y así sucesivamente. Por consiguiente, en los primeros cinco años del período de reforma, los votos negativos de dos miembros permanentes constituirían un veto, y en los siguientes cinco años, para constituir veto se necesitarían tres votos negativos. Además, también debería reducirse gradualmente el abanico de cuestiones a las que se puede aplicar el derecho de veto. El primer paso podría ser prohibir el veto de cualquiera de los cinco miembros permanentes cuando dicho miembro sea parte interesada en la cuestión. Después, podría prohibirse el derecho de veto si concierne a violaciones graves de los derechos humanos, especialmente cuando se trate de los delitos de genocidio y de lesa humanidad 9. Posteriormente, podría impedirse la utilización del derecho de veto en relación con las resoluciones que instan a la actuación de supervisores y equipos de inspección en situaciones que constituyen una amenaza para la paz. Y lo más importante, cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo que ejerza su derecho de veto debería estar obligado a presentar a la Asamblea General una explicación jurídica detallada de los motivos de su decisión. 21. Aunque el uso del derecho de veto ha conllevado con demasiada frecuencia la violación de los derechos humanos, no es este el único problema del funcionamiento del Consejo de Seguridad (que, por su composición, sigue estando fuertemente influenciado por los miembros permanentes) cuando se ha obtenido mayoría de votos a favor de resoluciones que en la práctica han causado daños a miles de víctimas. 22. Por ello es importante reconocer que el Consejo de Seguridad no puede estar por encima de la Carta de las Naciones Unidas ni de las normas imperativas de derecho internacional, y que sus decisiones y resoluciones deben estar sometidas a riguroso examen. Algunos de los graves problemas que acucian hoy día al orden internacional son imputables al tipo de decisiones adoptadas y a las resoluciones no adoptadas por el Consejo de Seguridad. Algunos observadores han señalado que el Consejo de Seguridad puede ser, y ha sido, manipulado para adoptar resoluciones y decisiones que son incompatibles con su mandato, definido en el Artículo 24 2) de la Carta: “En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de
Véase Ariela Blätter, “The Responsibility Not to Veto: A Way Forward”, Minerva, núm. 37, págs. 47 a 53, www.globalsolutions.org.
acuerdo con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.” Conforme a esa disposición, si una resolución o decisión es contraria a los derechos humanos o produce resultados que violan las disposiciones de los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, dicha resolución o decisión es ultra vires. La Asamblea General podría verificar esta cuestión jurídica mediante su remisión a la Corte Internacional de Justicia, para que emita una opinión consultiva con arreglo al Artículo 96 de la Carta. A priori, no puede haber un conflicto entre la Carta y los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos que obligue a la aplicación del Artículo 103 de la Carta. En consecuencia, si parece haber un conflicto entre una resolución del Consejo y los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, la compatibilidad de la resolución con los propósitos y los principios de las Naciones Unidas podría ser objeto de examen 10.
Asamblea parlamentaria mundial
23. Entre otras iniciativas de la sociedad civil, merece la pena analizar la creación de una asamblea parlamentaria mundial 11 o de una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas. El ex Secretario General de las Naciones Unidas Boutros BoutrosGhali ya manifestó que una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas, como órgano mundial de representantes elegidos, podría revitalizar las instituciones de gobernanza mundial con una legitimidad democrática, transparencia y rendición de cuentas sin precedentes 12. 24. La idea consiste en paliar los déficits democráticos dejando oír la voz de la opinión pública mundial e incluyendo a los ciudadanos en la toma de decisiones mundiales a través de sus representantes elegidos. Dicha asamblea podría establecerse mediante votación de la Asamblea General en virtud del Artículo 22 de la Carta o bien mediante un nuevo tratado internacional entre los gobiernos, seguido de un acuerdo que la vincularía a las Naciones Unidas. Ninguno de esos mecanismos requiere la modificación o la reforma de la Carta. Las decisiones mundiales tendrían mayor legitimidad gracias a las aportaciones y la participación de los ciudadanos en una asamblea mundial independiente con funciones consultivas, o en una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas que representara a los pueblos además de a los Estados. 25. El 16 de mayo de 2013, el Experto independiente convocó una consulta con expertos para tratar diversos aspectos del mandato. En una declaración realizada en la reunión, el representante de la Campaña para una Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas, Andreas Bummel, subrayó que la democratización del orden internacional debería aspirar a promover la dignidad y la valía de todas las personas
Véanse las opiniones del Comité de Derechos Humanos en el caso Sayadi y Vinck c. Bélgica, Comunicación núm. 1472/2006, que mantiene que la aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad por parte de Bélgica constituye una violación de los artículos 12 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Jakob Möller y Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law 1977-2008: A Handbook, cap. VII, págs. 526, 527, 530 a 533 (Editorial N.P. Engel, 2009). Véase Joseph Schwartzberg, Creating a world parliamentary assembly (Committee for a Democratic United Nations, Berlín, 2012; Richard Falk y Andrew Strauss, ”Toward Global Parliament”, Foreign Affairs , enero / febrero de 2001). Véase http://ssrn.com/abstract=1130417. Véase http://www.opendemocracy.net/article/boutros-boutros-ghali/UN-parliament-globaldemocracy.
y la igualdad de todos los ciudadanos del mundo. El Sr. Bummel observó que, teniendo presente que las Naciones Unidas es una organización basada en los Estados, el desafío consistía en encontrar el modo de crear, en ese contexto, un espacio que, a pesar de todo, permita conectar más directamente la toma de decisiones mundiales con los ciudadanos del mundo como particulares. Un órgano parlamentario permitirá a los ciudadanos del mundo, más directamente representados, hacerse oír en las Naciones Unidas. Los miembros de este nuevo órgano podrían ser designados por los actuales parlamentos, o los países podrían decidir elegirlos directamente. En referencia a los órganos parlamentarios de la Unión Europea, al Consejo de Europa y a la Unión Africana, el Sr. Bummel hizo hincapié en que este nuevo órgano no iría contra la naturaleza intergubernamental de las Naciones Unidas. Refiriéndose a los debates internacionales en curso sobre los objetivos de desarrollo después de 2015, el Sr. Bummel manifestó que, como parte del nuevo marco, deberían adoptarse medidas hacia la consecución de una gobernanza democrática mundial basada en los ciudadanos, y que debería prestarse especial consideración a la contribución que una asamblea parlamentaria de las Naciones Unidas podría hacer a los mecanismos que pueden garantizar la rendición de cuentas, la presentación de informes, el seguimiento y el diálogo permanente en relación con el cumplimiento de los objetivos para después de 2015 13.
Fortalecimiento de los mecanismos de ejecución
26. Durante siglos, los pensadores de todas las civilizaciones han reconocido los principios de la justicia natural y han instado a una evolución del derecho, desde las normas positivistas que consolidan el poder, a unos sistemas más humanistas donde la ley esté al servicio de la justicia y de la protección de los débiles. Los tribunales nacionales e internacionales tienen la responsabilidad de velar por la justicia y la equidad y no limitarse a reforzar el statu quo. 27. En la consulta con expertos convocada el 6 de junio de 2013 por el Experto independiente, que se centró en los mecanismos de ejecución, los participantes observaron que la Corte Internacional de Justicia tiene competencia sobre los Estados y adopta opiniones consultivas, a petición de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que conforman el orden internacional. Con arreglo al Artículo 38 2) de su Estatuto, la Corte puede decidir litigios ex aeque et bono, y ha dictado sentencias y opiniones consultivas en relación con los derechos humanos. Sin embargo, no se trata de un tribunal mundial de derechos humanos. 28. Los particulares no pueden apelar a la Corte Internacional de Justicia y solo pueden personarse ante los tribunales regionales de derechos humanos y los órganos cuasijudiciales de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados, que no tienen una aceptación universal y cuyas decisiones se aplican según la voluntad política de los Estados partes. La experiencia demuestra que la falta de aplicación de las decisiones del Comité de Derechos Humanos no puede imputarse a veces a la
Véase http://en.unpacampaign.org/news/700.php. Véase también Andreas Bummel, Developing International Democracy: For a Parliamentary Assembly at the United Nations, (Berlín, Committee for a Democratic U.N., 2010); Andreas Bummel, The Composition of a Parliamentary Assembly at the United Nations . Documento de antecedentes núm. 3 (Berlín, Committee for a Democratic U.N., 2010); Dieter Heinrich, The Case for a United Nations Parliamentary Assembly (Berlín, Committee for a Democratic U.N., 2010).
negativa del Estado en cuestión ni a su rechazo de los argumentos del Comité, sino a la ausencia de una base legislativa que reconozca carácter ejecutivo a las decisiones del Comité en el ordenamiento jurídico nacional. Ningún juez nacional puede ejecutar decisiones del Comité, salvo que estas se transformen en resoluciones judiciales susceptibles de ejecución a nivel interno. Algunos países como Colombia han optado por una solución "a medio camino”, en la que un comité interministerial analiza las decisiones para decidir el Ministerio competente para su aplicación: el de finanzas, el de justicia, el de educación (véase la Ley núm. 288 de 1996). Es responsabilidad de todos los Estados que ratifican los tratados de derechos humanos aprobar la legislación nacional necesaria para darles carácter ejecutivo. Por ello, el Experto independiente exhorta a los Estados a que aprueben leyes de carácter coercitivo y sugiere que sea la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) la que redacte el proyecto de legislación modelo y lo proponga a los Estados partes, ofreciéndoles servicios de asesoramiento y asistencia técnica para su adaptación y promulgación. 29. Tras la creación en 2002 de la Corte Penal Internacional, que promete un mecanismo de responsabilidad penal, la sociedad civil ha retomado el debate sobre la antigua aspiración de crear un tribunal mundial de derechos humanos 14. En relación con la Iniciativa suiza de 2008 para conmemorar el 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 15, un grupo de destacados expertos elaboró un Programa de Derechos Humanos que preveía la creación de un tribunal mundial de derechos humanos 16. Tras la publicación del proyecto de estatuto, el proyecto se encomendó al Instituto Universitario de Estudios Internacionales y sobre el Desarrollo de la Universidad de Ginebra y a la Comisión Internacional de Juristas 17. La idea cuenta con el respaldo de multitud de organizaciones no gubernamentales, incluida la Asociación de la Carta Internacional de Derechos Humanos 18. 30. En la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en junio de 2013, se dedicó un taller presidido por Manfred Nowak 19, titulado Reforzar el Estado de Derecho, a los mecanismos de ejecución, incluida la creación de un tribunal mundial de derechos humanos. Existen diferentes modelos para dicho tribunal, que puede basarse en los actuales tratados de derechos humanos o intentar unificar todos los tratados en un solo instrumento que abarque no solo los derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos sino también los
Véase Juez Michael Kirby, “Herbert Vere Evatt, The United Nations and the Universal Declaration of Human Rights after 60 years”, Universidad de Sidney (Australia), disponible en http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/formerjustices/kirbyj/kirbyj_14aug08.pdf; A. de Zayas, “The United Nations Human Rights Committee: An emerging international court of human Rights”, Peoples for Human Rights, Anuario 1989 del Movimiento internacional contra todas las formas de discriminación y racismo (IMADR), págs. 7 a 15; A. de Zayas, “An International Court of Human Rights”, Nordic Journal of International Law, 1994, págs. 267 a 271; J. Kirk Boyd, Humanity’s Agreement to Live Together (San Francisco, Editorial Berrett-Koehler, 2010), págs.188 a 190. Véase http://www.worldgovernment.org/wsalstat.html. Véase http://www.udhr60.ch/. Véase http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf. Véase http://www.udhr60.ch/docs/World-court-final1211%20.pdf. Véase http://www.internationalbillofrights.org/, A/HRC/19/NGO/124. Véase Manfred Nowak, “On the Creation of a World Court of Human Rights” (6 de abril de 2012). Revista de Derecho de la Universidad Nacional de Taiwán, núm. 7 (1).
incluidos en los principales tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Mientras tanto, los tribunales regionales de derechos humanos están preparando el terreno para el tribunal mundial. 31. El taller revisó las secciones pertinentes de la Declaración y Programa de Acción de Viena, haciendo hincapié en el estado de derecho como condición esencial para la protección efectiva de los derechos humanos. Tal reconocimiento se refleja en el derecho de todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos a un recurso efectivo y a la adecuada reparación del daño sufrido. El hecho de que las personas se hayan convertido en sujetos de derecho internacional y en titulares de derechos es revolucionario, como lo es su capacidad para exigir cuentas a los gobiernos mediante la interposición de denuncias individuales ante los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. 32. Para vigilar mejor el cumplimiento de los tratados de derechos humanos y reforzar los mecanismos de ejecución, el taller sobre la agenda para el desarrollo después de 2015 consideró la posibilidad de ampliar el proceso de examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos, para examinar los informes y participar en un diálogo interactivo con instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y con organizaciones intergubernamentales como la Organización Mundial del Comercio. Se propuso que estas instituciones se pudieran incorporar gradualmente al sistema de las Naciones Unidas conforme a los Artículos 57 y 63 de la Carta, para contribuir a la transparencia y rendición de cuentas necesarias para la consecución de un orden internacional democrático y equitativo.
IV. Obstáculos
A. Déficits sistémicos de democracia y equidad
33. Los informes del Experto independiente al Consejo de Derechos Humanos y su informe anterior a la Asamblea General identifican los obstáculos de carácter general que los Estados deben abordar de forma individual y colaborando entre ellos. La falta de una adecuada participación democrática en el proceso de toma de decisiones a nivel nacional e internacional se agrava por la asimetría del poder económico, los desequilibrios comerciales, la imposición de los principios neoliberales por parte de las instituciones comerciales y financieras 20, los vestigios
Noam Chomsky señala que las economías poderosas se construyeron sobre el proteccionismo. Sin embargo, una vez logrado el dominio, exigieron competir en condiciones equitativas, marcadamente inclinadas a su favor. Es como “quitar la escalera”, de forma que ningún país en desarrollo pueda seguirles, imponiendo reglas de juego desiguales, acuerdos nacionales menos favorables y un comercio desleal. Véase Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010), pág. 76; Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (Londres, Anthem Press, 2002); Sarah Joseph, Blame it on the WTO? A Human Rights Critique (Oxford University Press, 2011); Martin Kohr, Implications of some WTO Rules on the Realization of the MDGs , publicado en Trade and Development Series núm. 26 (Penang (Malasia) Third World Network, 2005); Martin Kohr, The Impact of Liberalization on Agriculture in Developing Countries: Ghana’s experience (2008); Yilmaz Akyüz, The WTO Negotiations on Industrial Tariffs: What is at Stake for Developing Countries?, publicado en Trade and Development Series núm. 26 (Penang (Malasia) Third World Network, 2005). 2004.
de la mentalidad imperial frente a los “desheredados” 21, la gobernanza corrupta, la retórica étnica y religiosa que legitima la violencia, la “tergiversación de la realidad” a menudo denominada historia 22, y lo más importante, la falta de respeto por el estado de derecho y la impunidad generalizada. La privación sistemática de derechos a las mujeres, las minorías, los pueblos indígenas y los pueblos bajo un régimen de ocupación y las violaciones del derecho de los pueblos a la libre determinación se manifiestan de múltiples formas, a pesar de la omnipresente preconización de conceptos vacíos como el derecho a la libre determinación y a la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Los observadores deploran la instrumentalización de los derechos humanos y el sentimiento humanitario por cínicos motivos de pragmatismo político, así como los intentos, sutiles y no tan sutiles, de atacar el mandato de las Naciones Unidas relativo al establecimiento de la paz mediante programas bélicos. 34. Reinhold Niebuhr nos dice que la capacidad del hombre para la justicia hace posible la democracia, pero su inclinación a la injusticia la hace necesaria 23. Sin embargo, "democracia" significa diferentes cosas para distintas personas. La democracia es algo más que el resultado de las urnas, trasciende a la regla de la mayoría. "Democracia” significa participación en la toma de decisiones y la posibilidad de elegir las políticas. El derecho al voto es solamente una herramienta de ejercicio de la democracia. Todos los gobiernos deben responder a cómo se determinan en la práctica los deseos de sus respectivos ciudadanos, y qué nivel existe de participación popular en el proceso de toma de decisiones. Más concretamente, ¿con qué frecuencia se toman decisiones o se aprueban leyes que, si fueran sometidas a consulta popular, serían rechazadas? 35. Un observador neutral no tendría problemas para identificar supuestos de desconexión entre los gobiernos y los ciudadanos, de forma más obvia en los regímenes autoritarios y totalitarios, donde se acalla la voz de la sociedad civil y se prohíben o se reprimen duramente las manifestaciones pacíficas 24, pero también, en menor medida, en los regímenes democráticos, especialmente en las “democracias representativas” que no representan realmente al pueblo, en las democracias económicas y en las llamadas “democracias de cabildeo”, donde los cargos públicos tienden a reaccionar más ante los grupos de promoción que ante la población. Los observadores insisten en que las instituciones democráticas deben trascender a las simples formalidades 25 y señalan la ausencia de mecanismos de democracia directa, como los referéndums sobre las principales cuestiones, entre las que se incluyen las prioridades presupuestarias. Las democracias deben basarse en una Constitución, en controles y contrapesos y en un poder judicial independiente, para que no se produzcan abusos y no se destruya el estado de derecho o la propia democracia.
Véase Mark Curtis, Unpeople (Londres, Vintage, 2004); John Pilger, Hidden Agendas, (Londres, Vintage, 1999). Véase Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010), pág. 267. Véase Reinhold Niebuhr, The Children of Light and the Children of Darkness (University of Chicago Press, 1944). Véanse los informes del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Véase Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010).
36. Otro supuesto de desconexión se refiere a la privatización de los servicios públicos. Como la privatización supone el traspaso de empresas del sector público al sector privado, es evidente que el control democrático de las actividades de dichas empresas se pierde, y que decisiones que afectan a la vida de las personas pasan del ámbito público a una sala de juntas corporativa. Aunque el argumento preferido para la privatización es que promueve la eficiencia, hay pruebas de que en muchos casos no solo no se consigue, sino que provoca desempleo y desigualdad. Un ejemplo elocuente del carácter antidemocrático del actual orden internacional es la impotente indignación de la sociedad civil ante las maquinaciones asociadas al colapso financiero de 2007-2008 y el antidemocrático rescate de los culpables, que no solo se beneficiaron de la impunidad sino que permanecieron en sus cargos como si se tratara de una situación normal. Así pues, parece que la llamada reforma económica neoliberal, el fundamentalismo del mercado y la desregularización financiera no promueven, sino que socavan, la democracia efectiva. 37. En el taller antes mencionado sobre la agenda para el desarrollo después de 2015, celebrado en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, los participantes señalaron las consecuencias adversas de la usurpación de tierras y recursos en muchos países, que afecta a los pueblos indígenas y a los campesinos en especial. La globalización debería dar prioridad a las personas y no a los intereses de los inversores y de las instituciones financieras. 38. La falta de transparencia presupuestaria y fiscal constituye uno de los principales problemas de la democracia y de la equidad. Se ha observado que muchos presupuestos estatales están orientados al gasto militar, sin el consentimiento libre e informado de los ciudadanos. Si los ciudadanos tuvieran la oportunidad, a través de un mecanismo de democracia directa, de influir en los presupuestos (por ejemplo, si pudieran votar a favor o en contra del gasto en aviones teledirigidos, misiles y submarinos), probablemente votarían en contra y propondrían reciclar a los trabajadores de las industrias bélicas e incorporarlos a la administración pública, reorientando los recursos y los trabajadores a los ámbitos de la educación, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y las infraestructuras. Si los ciudadanos pudieran votar sobre la asignación de fondos para investigación y desarrollo, probablemente votarían a favor de la investigación en energía sostenible y en los usos eficientes de la tecnología y no de la investigación en energía nuclear o en tecnologías de uso militar. Sin embargo, ninguna de estas cuestiones se plantean de una manera adecuada a la consideración del público, y las decisiones las toman los políticos, ya comprometidos con el complejo militar-industrial y otros grupos de promoción. 39. Los participantes condenaron las llamadas medidas de austeridad ya que suponen una involución en materia de derechos humanos, en contravención de los artículos 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han sido impuestas desde instancias superiores y nunca han sido legitimadas por referéndum popular. Además, el rescate del sistema bancario 26 fue antidemocrático y no equitativo, porque una "deuda privada" se rescató con dinero público, es decir, aumentando la deuda pública a expensas de la justicia social. La sensación general de malestar se reflejó en la declaración de que los gobiernos
Véase John Eatwell y Lance Taylor, Global Finance at Risk: The Case for International Regulation (Nueva York, New Press, 2000); Barry Eichengreen, “Fortifying the Financial Architecture: Unanswered Questions”, Current History, vol. 109, núm. 123 (enero de 2010).
parecen haber adoptado la visión elitista de que “los bancos son demasiado grandes para quebrar y los banqueros demasiado importantes para ser encarcelados”, y se expresó preocupación por los peligros de la privatización 27 de los servicios esenciales, como el suministro de agua, y por el fenómeno generalizado de privatizar los beneficios y socializar los costos.
40. En abril de 2013, el ACNUDH, en cumplimiento de la resolución 19/32 del Consejo de Derechos Humanos, organizó un taller sobre la repercusión que tiene la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las poblaciones afectadas de los Estados contra los cuales van dirigidas (véase A/HRC/24/20). El taller no se centró solamente en las medidas unilaterales, sino también en las medidas coercitivas de grupos regionales sin la aprobación del Consejo de Seguridad, cuestionando su legalidad y legitimidad en el contexto de las actuales obligaciones que en materia de derechos humanos tienen los Estados que las imponen. Los participantes observaron la violación de la soberanía mediante amenazas o la imposición de sanciones económicas en nombre de los derechos humanos. Recordaron la Observación general núm. 8 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que cada vez es más frecuente la imposición de sanciones económicas, tanto a escala internacional como regional y unilateral, y que las sanciones con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo (véase E/C.12/1997/8). Se hizo referencia a la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que pide a los Estados que se abstengan de adoptar medidas unilaterales contrarias al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que creen obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados e impidan la realización plena de los derechos de toda persona a un nivel de vida adecuado para su salud y bienestar, incluidas la alimentación y la atención de la salud, la vivienda y los servicios sociales necesarios 28. 41. Algunos oradores afirmaron que las medidas coercitivas unilaterales suponían violaciones de la Carta, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del sistema multilateral de comercio, y que tienen consecuencias negativas para el derecho al desarrollo. En particular, las sanciones a las transferencias de fondos han impedido la importación de alimentos y medicamentos. Se citó el informe temático de 2012 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en el que hacía hincapié en que las medidas coercitivas debían tener una duración limitada, ser proporcionales y estar sujetas a las salvaguardas adecuadas en materia de derechos humanos, entre ellas, la evaluación y la supervisión de sus efectos sobre los derechos humanos realizadas por expertos independientes (véase A/HRC/19/33, párr. 38). Marc Bossuyt, Presidente del Tribunal Constitucional de Bélgica, observó que los regímenes de sanciones debían ser evaluados periódicamente.
Véase J.T. Temperman, “Public Participation in Times of Privatization: A Human Rights Analysis” (2011) 4 2) Erasmus Law Review , págs. 43 a 69. Véase http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.conf.157.23.sp, párr. 31.
42. El entonces Presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ariranga Pillay, indicó que algunas medidas coercitivas tenían efectos extraterritoriales que planteaban cuestiones de derecho internacional. Los participantes destacaron que las medidas coercitivas unilaterales creaban un régimen de violencia estructural que afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a los niños, socavan el estado de derecho, obstaculizan el derecho a la libre determinación, infringen derechos de soberanía y ponen en peligro la paz, la seguridad y los derechos humanos de la gente corriente. La ex-Presidenta del Consejo de Derechos Humanos, la Embajadora Laura Dupuy Lasserre, constató que había algunas situaciones que implicaban medidas coercitivas ilícitas que habían llegado al Consejo de Derechos Humanos de un modo u otro, como el bloqueo de Gaza, la base de los Estados Unidos en Guantánamo, los homicidios selectivos de agentes no estatales y el suministro de armas a diversos bandos en conflictos armados internos. Algunos participantes propusieron la elaboración por parte del Consejo de una serie de directrices para prevenir, minimizar y reparar las consecuencias adversas de las medidas unilaterales, que establezcan un procedimiento especial para su seguimiento y para asegurar la rendición de cuentas. 43. En un documento de 2012 correspondiente a un taller anterior sobre sanciones coercitivas, el Sr. Bossuyt observó que el Consejo de Seguridad impuso las sanciones económicas contra el Iraq en su resolución 661 (1990), de 6 de agosto de 1990, a las que siguió un embargo de armas total impuesto mediante su resolución 687 (1991). Con el transcurso del tiempo, dichas sanciones fueron criticadas por infligir un enorme sufrimiento a la población (véase S/2000/208). El propio Secretario General señaló que no se pretendía sancionar a la población. Bossuyt concluyó que no era suficiente con que la política del país destinatario justificara la imposición de las sanciones económicas. El impacto de las sanciones sobre el disfrute de los derechos humanos de la población debía tenerse presente por encima de cualquier otra consideración. Si los resultados deseados no podían obtenerse dentro de un plazo razonable, las medidas debían suspenderse. De lo contrario, las sanciones podrían, no solo perder su legitimidad, sino volverse contraproducentes 29. 44. Ya en 2000, el Sr. Bossuyt había presentado un informe a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos sobre las consecuencias negativas de las sanciones económicas para el disfrute de los derechos humanos (véase E/CN.4/Sub.2/2000/33), en el que se expresaba preocupación por el hecho de que dichas medidas siempre debían tener una duración limitada, no debían afectar a la población inocente, en particular a los más vulnerables, no debían agravar los desequilibrios en la distribución de los ingresos y no debían generar prácticas comerciales ilegales y no éticas. 45. A pesar de las inquietudes de la Subcomisión, el régimen de sanciones contra el Iraq continuó hasta 2003, causando un grave daño a la población, llegando la situación a ser tan grave que, en 1995, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 30 y del Fondo de las
Véase http://www.ohchr.org/Documents/Events/WCM/MarcBossuyt_WorkshopUnilateralCoerciveSemi nar.pdf. Véase S. Zaidi y M.C. Smith-Fawzi “Health of Baghdad's Children”, The Lancet, vol. 346, núm. 8988, 2 de diciembre de 1995. Véanse http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(95)92499-X/fulltext y http://ac.els-cdn.com/S014067369592499X/1-s2.0-S014067369592499X-
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimaron que al menos 500.000 niños habían fallecido como consecuencia de las sanciones 31, y dos Subsecretarios Generales de las Naciones Unidas, Denis Halliday (1997-1998) 32 y Hans-Christof von Sponeck (1998-2000) 33, ambos Coordinadores de Asuntos Humanitarios en el Iraq, dimitieron en señal de protesta. Aunque estas dimisiones se consideraron irrelevantes y no sirvieron para levantar las sanciones, el enorme sufrimiento impuesto a la población iraquí deja patente la disfunción del sistema y su incompatibilidad con los propósitos y principios de la Carta 34. Profundizando en las sanciones impuestas al Iraq por el Consejo de Seguridad, no se encuentra un ápice de derechos humanos, sino políticas de poder tan insensibles como las existentes en siglos pasados 35. En este contexto, la Asamblea General podría examinar la posibilidad de crear un comité especial sobre la no intervención, dentro del espíritu del Comité Especial del Océano Índico, que se creó en 1971 para convertir el Océano Índico en una zona de paz y convencer a las grandes potencias de que se abstuvieran de fomentar la militarización 36.
46. El uso y el abuso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad es un obstáculo evidente para un orden democrático y equitativo. Para cualquier observador neutral, la trayectoria de la práctica del veto durante los últimos seis decenios demuestra que se ha utilizado a menudo de manera incompatible con los propósitos y principios de la Carta, en especial contra el derecho a la libre determinación y para bloquear sanciones contra los países y situaciones que violan los principios de las Naciones Unidas, o su simple condena 37. El abuso del derecho de veto es tan predecible que, con frecuencia, las resoluciones ni siquiera se presentan a propuesta por la certidumbre de que el derecho de veto va a impedir su aprobación. De esta manera se elimina el necesario debate. Se precisa una acción concertada del Consejo de Seguridad, la Asamblea General y otros organismos de las Naciones Unidas para impedir violaciones graves de los derechos humanos, poner fin a las violaciones en curso y ofrecer reparación a las víctimas 38.
main.pdf?_tid=96207b30-f37f-11e2-9b6000000aacb35f&acdnat=1374574188_cd1dd38b2f89967c98330ac1462be4be. Véase Ali MM, Shah IH, “Sanctions and childhood mortality in Iraq”, The Lancet, vol. 355, núm. 9218, págs. 1851 a 1857, 27 de mayo de 2000, disponible en http://ac.elscdn.com/S0140673600022893/1-s2.0-S0140673600022893-main.pdf?_tid=aacffdf6-f3b8-11e2a825-00000aab0f02&acdnat=1374598704_cb7484ab864b941dd7a5edb154e32d86. Véase Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010). Hans-Christof von Sponeck, A Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Iraq (Nueva York y Oxford, Berghahn Books, 2006). Véase http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/29/iraq.comment. Sobre este aspecto, véase John Pilger, The New Rulers of the World (Londres 2003). Véase http://www.slmission.com/news/17-other-news/746-ad-hoc-committee-on-the-indianocean.html. En relación con la encuesta correspondiente al período 1946-2012, véase https://www.gov.uk/government/publications/vetoed-draft-resolutions-in-the-united-nationssecurity-council-1946-2012. Véanse http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommissio n.aspx y http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45519&Cr=Syria&Cr1#.Ufi4ytJ8klU.
47. Las amenazas del empleo de la fuerza y el uso de la fuerza constituyen obstáculos para la construcción de un orden mundial justo. Benjamin Ferencz, Fiscal de los Estados Unidos en el proceso de Nuremberg, observó en su libro Enforcing International Law: A Way to World Peace, que como instrumento útil para el mantenimiento de la paz y la dignidad humana, las promesas del derecho internacional son mayores que su cumplimiento. La ley no ha sido todavía capaz de poner orden en el mundo. Todas las naciones se jactan de prohibir el uso de la fuerza, pero muy pocas están dispuestas a cumplir de forma incondicional las restricciones que profesan 39. Es una tragedia que, a pesar de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados no hayan abandonado su instinto depredador, que continúe la danza macabra de los fabricantes y los comerciantes de armas y que el derecho internacional se aplique “a la carta”. La aprobación por la Asamblea General del histórico Tratado sobre el Comercio de Armas el 2 de abril de 2013 es un paso en la dirección correcta 40. 48. La paz mundial está continuamente amenazada por la paranoia del poder, mientras los conflictos internos e internacionales siguen asolando a la humanidad. Frente al peligro de las armas de destrucción en masa, la humanidad debe adoptar medidas eficaces en pro del desarme. Albert Einstein nos advirtió: “No sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial se luchará con palos y piedras.” 41. 49. La resolución 18/6 del Consejo de Derechos Humanos, que establece el mandato del Experto independiente, sienta las bases para el fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de promoción y protección de los derechos humanos, que debería llevarse a cabo con pleno respeto del principio de la “no utilización de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la no injerencia en los asuntos que básicamente corresponden a la jurisdicción interna de un Estado”. 50. Sin embargo, persisten las guerras, la violencia estructural y otras formas de coacción, expresiones de injusticia que deberían afrontar, no solo los Estados directamente afectados, sino la comunidad internacional en solidaridad mutua. Las causas fundamentales de los conflictos armados, entre ellas, la carrera por los recursos naturales, los desequilibrios económicos y las tensiones étnicas y religiosas, deben resolverse respetando la obligación de solucionar las controversias por medios pacíficos, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 3) de la Carta. La obligación de negociar es una norma imperativa de derecho internacional; la negociación supone diálogo y llegar a compromisos, no los dictados del más fuerte sobre el más débil.
Véase http://www.benferencz.org/books/FerenczNewLegalFoundationsforGlobalSurvival.pdf. Véase http://www.un.org/disarmament/ATT/. Véase Alice Calaprice, The new quotable Einstein (Princeton University Press, 2005) pág. 173.
51. Conforme a la resolución 18/6 del Consejo de Derechos Humanos, para lograr un orden internacional democrático es necesario promover un orden internacional de la información y las comunicaciones libre, justo, eficaz y equilibrado. Sin embargo, la censura y la manipulación se practican en muchas partes del mundo. Los gobiernos totalitarios controlan las noticias y la enseñanza y prohíben cualquier forma de pluralismo. En países ostensiblemente democráticos, los gobiernos interfieren a varios niveles en el acceso a la información y la libertad académica y en la libertad de interpelación, incluso a través de las denominadas “leyes de memoria histórica”, que pretenden cristalizar la historia y sancionar la expresión de opiniones no conformistas. Dichas leyes y el abuso en su aplicación impiden la libertad de investigación y el Comité de Derechos Humanos las considera incompatibles con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 42. 52. La censura y la información sesgada se practica también en los medios de comunicación privados, que a menudo adoctrinan de forma más eficaz que los gobiernos. Los ciudadanos y la sociedad civil deben por tanto reivindicar su derecho a saber y exigir a sus gobiernos que garanticen la libertad académica y el libre acceso a la información, que son esenciales para desarrollar las opiniones individuales y ejercer de forma responsable el derecho a la participación democrática. 53. Mientras en los regímenes totalitarios el gobierno controla los medios de comunicación y criminaliza a los periodistas, a los blogueros y a los defensores de los derechos humanos que no se hacen eco de la propaganda del Estado, en muchos países democráticos los medios de comunicación están en unas pocas manos privadas, demasiado pocas. A menudo, los medios están controlados por grupos empresariales que responden ante grandes empresas y anunciantes que determinan el contenido de las noticias y otros programas, con frecuencia divulgando desinformación o eliminando información esencial, necesaria para el discurso democrático. De hecho, el mutismo mediático sobre cuestiones importantes es un grave obstáculo para la democracia, porque sin información suficiente y sin unos medios de comunicación libres y plurales, la democracia es disfuncional y el proceso político, incluidas las elecciones, se convierte en una mera formalidad, no en la expresión de la voluntad popular. Algunos observadores comparan las elecciones en algunos países con los eventos deportivos, donde las personas son simples espectadores. Además, las elecciones no deben ser un mero entreacto donde se empuja una palanca y después se vuelve a la pasividad, porque la democracia exige la participación comprometida en la dinámica ordinaria de la sociedad 43. 54. Existe una sensación cada vez más generalizada de que algunos medios de comunicación han traicionado la confianza del público. Lejos de facilitar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, han contribuido a consolidar el papel de los oligarcas en dicho proceso. En muchos países, los observadores critican la evidente sumisión de la prensa al gobierno y el
Véase CCPR/C/GC/34 y Alfred de Zayas y Aurea Roldan, “Freedom of Opinion and Freedom of Expression”, Netherlands International Law Review 2012 (Vol. LIX, págs. 425 a 455). Véase Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010), pág. 101.
sesgo de su brújula moral y sus criterios selectivos 44. El abismo existente entre las políticas públicas y la opinión pública solamente puede salvarse mediante el diálogo fundamentado, no con consignas y caricaturas. 55. La libertad de los medios de comunicación digitales y tradicionales está también vinculada al derecho a la intimidad consagrado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La denominada “guerra contra el terrorismo” ha erosionado, desde 2001, toda una serie de libertades civiles esenciales para un orden internacional democrático y equitativo. El terrorismo 45 supone una grave amenaza para un orden justo. Como ha señalado el Secretario General Ban Ki Moon, nada puede justificar el terrorismo, nunca. Ningún agravio, ningún fin, ninguna causa pueden excusar los actos terroristas. Al mismo tiempo, debemos eliminar las condiciones que alimentan el problema. El terrorismo prospera allá donde los conflictos son endémicos, donde no se protegen los derechos humanos, la dignidad humana ni la vida humana, y donde prevalece la impunidad 46. El Experto independiente considera que la respuesta ante el terrorismo no puede ser un gigantesco sistema de vigilancia, ni la adopción de políticas que violen el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 47, ni la criminalización de las personas que expresan opiniones discrepantes o minoritarias. Lo que debe ser objeto de investigación y solución son las causas del terrorismo, que con frecuencia tienen su origen en la desesperación, la desesperanza, la injusticia social y el creciente abismo entre los más ricos y las personas extremadamente pobres, problemas que se corregirán cuando exista voluntad política. Luchar contra el terrorismo criminal mediante el terrorismo de Estado 48 exacerba los problemas y socava la credibilidad del derecho internacional y del omnipresente compromiso con el estado de derecho. Los derechos humanos y la seguridad no son excluyentes, sino complementarios e interdependientes. 56. Las informaciones sobre la magnitud del control estatal encubierto y casos muy conocidos de intimidación de los defensores de los derechos humanos conmueven las conciencias y exigen un debate público y la adopción de medidas correctivas en todos los países y por parte de la comunidad internacional. En una sociedad democrática, es esencial que los ciudadanos sepan si sus gobiernos actúan o no constitucionalmente o si participan en políticas que violan el derecho internacional y los derechos humanos. Es su deber cívico protestar contra el secretismo y el encubrimiento gubernamental, las escalofriantes consecuencias de la vigilancia excesiva, los actos de intimidación y acoso, las detenciones arbitrarias y la difamación de los defensores de los derechos humanos y los denunciantes de irregularidades, a los que se considera antipatriotas o incluso traidores, cuando de
Véase David Cromwell, Why are we the Good Guys? Reclaiming Your Mind from Delusions of Propaganda (Zero Press, Londres 2012); Robert McChesney/John Nichols, Our Media, Not Theirs: The Democratic Struggle against Corporate Media (Seven Stories Press, Nueva York, 2002). Véase http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13439&LangID=E. Véase http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/01/nothing-can-justify-terrorism-everban/. Véanse A/HRC/22/52 y A/HRC/23/40 y Corr.1. Véase también el comunicado de prensa de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 12 de julio de 2013 sobre la vigilancia de masas, disponible en http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true&LangID=E. Véase http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/State_terrorism.html.
hecho pueden ser los defensores más eficaces del estado de derecho. Estos actos de excesivo control e intimidación son característicos del totalitarismo, no de la gobernanza democrática. 57. El Experto independiente aplaude el enfoque adoptado en 2009 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en la aprobación del Convenio sobre el Acceso a los Documentos Oficiales (CETS núm. 205) 49, que dio paso a la resolución 1838 (2011) sobre el abuso del secretismo de Estado y la seguridad nacional como obstáculos para el examen parlamentario y judicial de las violaciones de los derechos humanos y a la aprobación el 24 de junio de 2013 de un informe sobre seguridad nacional y acceso a la información, que establece entre otras cosas, que la mayoría de los abusos de los derechos humanos en el contexto de la “guerra contra el terror” se han dado a conocer gracias a los denunciantes de irregularidades y a la labor de investigación de periodistas y organizaciones de derechos humanos, y no gracias a los mecanismos de supervisión parlamentaria o judicial, y que la falta de información sobre cuestiones importantes de interés público impide el control efectivo y fomenta una cultura del secretismo y la impunidad que, a su vez, amenaza los valores democráticos sobre los que descansa nuestra sociedad 50. Igualmente incisivo es el texto adoptado el 12 de junio de 2013 por la Open Society Justice Initiative y otras 21 organizaciones internacionales, titulado “Principios mundiales sobre la seguridad nacional y el derecho a la información” 51. 58. La sociedad civil debe ocupar el espacio que necesita para ejercer los derechos democráticos, y las organizaciones no gubernamentales deben poder participar más en la gestión de los asuntos nacionales y contribuir a la labor del Consejo de Derechos Humanos y de otros órganos de las Naciones Unidas. La resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social ha demostrado ser demasiado restrictiva y ha impedido que organizaciones no gubernamentales legítimas sean reconocidas como entidades consultivas. En cambio, organizaciones no gubernamentales semipúblicas (GONGOS) han obtenido el reconocimiento como entidades consultivas conforme al sistema actual. Teniendo presente que el Consejo de Derechos Humanos rinde cuentas a la Asamblea General y no al Consejo Económico y Social, como hacía su predecesora, sería lógico que la Asamblea dictara nuevas normas para otorgar a las organizaciones no gubernamentales el reconocimiento como entidades consultivas.
Falta de participación democrática de los pueblos indígenas y de los pueblos sin representación
59. El 16 de mayo de 2013, el Experto independiente convocó una consulta con expertos sobre la cuestión de la participación democrática, en la que pueblos indígenas y pueblos sin representación de América del Norte y del Sur, Australia, Asia y el Pacífico expresaron sus reivindicaciones y presentaron sus alegaciones por escrito, invocando los documentos y resoluciones pertinentes de la Asamblea
Véase http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=205&CM=1&CL=ENG. Véase http://www.assembly.coe.int/Communication/pressajdoc25_2013.pdf, párrs. 9 y 11. Véase http://www.freedominfo.org/2013/06/osi-issues-principles-on-national-security-rti/.
General y del Consejo Económico y Social 52. Los participantes denunciaron violaciones de su derecho a la libre determinación, secuelas del colonialismo y referéndums sobre la libre determinación viciados, organizados y dirigidos por las Potencias administradoras y/u ocupantes para lograr resultados predeterminados. El Experto independiente recibió comunicaciones merecedoras de estudio en futuros informes. Algunos grupos indígenas afirmaron que se les niega sistemáticamente la representación efectiva 53 y que su participación en el proceso de toma de decisiones es una mera formalidad, porque, independientemente de sus criterios, los gobiernos siguen adelante con sus programas, limitándose a cubrir el expediente. En particular, algunos grupos indígenas denunciaron infracciones graves de los tratados 54 firmados por sus antepasados con varios Estados, otros denunciaron el engaño cometido cuando se suscribieron dichos tratados, y otros alegaron que los pocos referéndums celebrados sobre la libre determinación habían sido fraudulentos 55. En la consulta, los expertos debatieron sobre el restablecimiento de la Polinesia francesa con arreglo al procedimiento de presentación de informes del Capítulo XI de la Carta y sobre la pertinencia de este precedente para otros casos 56. Algunos pueblos indígenas y pueblos sin representación expresaron su inquietud por ser considerados riesgos para la seguridad nacional y estar sometidos a la amenaza de ser juzgados conforme a leyes antiterroristas 57. Algunos pueblos sin representación denunciaron que en muchos casos se les niega el derecho a la libre determinación. Se propuso también realizar un estudio complementario sobre las formas de conseguir actualmente la libre determinación.
Véase el documento E/C.19/2013/12 y las resoluciones de la Asamblea General 67/157 y 2504 (XXIV). Véase la declaración del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en el duodécimo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, 22 de mayo de 2013. Véase también A/HRC/21/47/Add.1 y E/C.19/2010/13. Véase http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1999.22.Sp?Opend ocument. Véanse, por ejemplo, los informes paralelos presentados por grupos indígenas al Comité de Derechos Humanos y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y las recomendaciones que figuran en las observaciones finales pertinentes en http://www1.umn.edu/humanrts/usdocs/hruscomments2.html; documento presentado por la Koani Foundation en la consulta con expertos del 16 de mayo de 2013; el documento presentado por el Consejo Indio de Sudamérica a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en mayo de 2013. Véase también http://kingdomofhawaii.wordpress.com/embassy/internationalrelations/, A/HRC/13/NGO/110; HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.21; Ángela Poma Poma c. el Perú, Comunicación núm.1457/2006, disponible en http://www.worldcourts.com/hrc/eng/decisions/2009.03.27_Poma_Poma_v_Peru.htm. Véase http://www.un.org/News/Press/docs/2013/ga11374.doc.htm. Véase el comunicado de prensa de Ben Emmerson relativo a los indios mapuches de Chile, disponible en http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13599&LangID=S.
60. Cuando el Consejo de Derechos Humanos aprobó sus resoluciones 18/6 y 21/9, estableció expresamente un mandato amplio, con objetivos de síntesis y convergencia. Aunque reconoce que el orden internacional imperante no es ni democrático ni equitativo, el Experto independiente confía en que la gobernanza nacional e internacional puede ser más transparente y responsable. Le alientan la energía y el compromiso de una sociedad civil dinámica y la promesa de cambio inherente a un mayor acceso a la información y al impulso democratizador de la expansión de los medios de comunicación social. 61. El Experto independiente ha aprovechado los valiosos análisis de otras instituciones, talleres de las Naciones Unidas, conferencias y titulares de mandatos que se refieren a las distintas facetas del mandato y formulan propuestas constructivas. Las preguntas más importantes, sin embargo, no se refieren tanto a qué o cómo, sino a por qué no se han adoptado medidas eficaces de seguimiento, por qué siguen sin aplicarse tantas propuestas razonables, y por qué ha cambiado tan poco la ecuación del poder 58. ¿Por qué las informaciones que conmueven las conciencias no se traducen en medidas correctivas a nivel nacional e internacional? 62. No faltan diagnósticos de los múltiples males que aquejan al orden internacional, diagnósticos coherentes e incluso convincentes de los principales centros de estudios, universidades y destacados investigadores de todo el mundo. Los obstáculos para un mejor orden mundial son evidentes, pero las soluciones no se materializan. ¿Es así porque el auténtico poder no reside ya en los Estados ni en los gobiernos, sino en la economía, los servicios de inteligencia y los complejos militar-industrial y financiero-industrial, que no son ni democráticos ni transparentes y que operan de forma insensible a razones que no sean el poder o los beneficios económicos? Las respuestas son difíciles y requieren de mayor estudio, que puede ser objeto de futuros informes sobre la gran cantidad de cuestiones que se abordan en la resolución 67/175. 63. En este contexto, los defensores de los derechos humanos, las instituciones religiosas y los librepensadores deben desempeñar la importante función de ofrecer una dimensión ética y filosófica en el proceso de cambio evolutivo. No se necesitan más diagnósticos, sino medidas decididas por parte de los interesados. En vez de parches, una reforma honesta. 64. El presente informe identifica problemas que afectan a muchos países, organizaciones intergubernamentales, entidades no estatales y a la sociedad civil. Pretende formular maneras de avanzar hacia una cultura de democracia y equidad. Como se subraya en el informe del Experto independiente al Consejo de Derechos
Véase Jean-Baptiste Karr, “The more things change, the more they stay the same”. Chris Hedges, The World As It Is: Dispatches on the Myth of Human Progress (2010); Ramsey Clark, The Fire This Time: U.S. War Crimes in the Gulf (Nueva York, 2002); Stéphane Hessel, Indignez Vous (Montpellier, 2010); Noam Chomsky, Profit over People: Neoliberalism and Global Order (1999), Making the Future: Occupations, Interventions, Empire and Resistance (2012); Samir Amin, Maldevelopment - Anatomy of a Global Failure (2011); Jeffrey Sachs, Price of Civilization (Londres, 2011); John Pilger, The New Rulers of the World (2002); Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007); Jean Ziegler, Destruction massive: Géopolitique de la faim (2011); Irene Khan, The Unheard Truth: Poverty and Human Rights (Nueva York 2009); Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie (París, 2012).
Humanos, la participación nacional e internacional es esencial para un orden democrático. Los ciudadanos deberían considerar la participación no solo como un derecho, sino como un deber cívico. Kofi Annan observó acertadamente que una sociedad civil sólida fomenta la ciudadanía responsable y permite que funcionen las formas democráticas de gobierno, mientras que una sociedad civil débil apoya el autoritarismo, que a su vez, mantiene débil a la sociedad 59. Es evidente que esto presupone que los Estados permitan un entorno propicio a la libre expresión de la sociedad civil y dejen de atentar contra las voces de los grupos marginados y que han sido despojados de sus derechos. 65. El Comunicado de Quito, de 27 de marzo de 2013, aprobado por la Unión Interparlamentaria merece una reflexión: “El desarrollo sostenible se encuentra actualmente en una encrucijada. En un mundo finito, el ciclo incesante de consumo y producción sin mengua, que constituye la esencia misma del actual modelo económico, ya no es sostenible. El crecimiento por sí solo no es la respuesta a los desafíos sociales, económicos y ambientales de nuestro tiempo; de hecho, se ha convertido en parte del problema. [...] un enfoque diferente, que se centre en el bienestar en todas sus dimensiones” 60. Esta declaración confirma la sensata observación del fallecido Ernst Schumacher de que el crecimiento infinito del consumo material en un mundo finito es un imposible 61. 66. Aunque en los últimos tiempos se han producido grandes avances y ha habido propuestas aplicables, algunas de las cuales se señalan en este informe, persiste el bloqueo de los intereses creados, que obstaculizan el cambio y complican las cosas con dogmas obsoletos sobre, por ejemplo, los “mercados eficientes”, la “liberalización favorable” o los “acuerdos de libre comercio”, que van acompañados de argumentos confusos, eufemismos, cortinas de humo, discordancias cognitivas y orwellianismos. 67. Conforme al artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es preciso poner énfasis en los deberes y en las obligaciones, no solo en los derechos. Los pueblos y las personas tienen el deber cívico de actuar, tanto a nivel nacional como internacional; de exigir elecciones y procesos democráticos; de no guardar silencio cuando se violan los derechos humanos y cuando se difunde propaganda a favor de la guerra. Deben exigir a sus gobiernos una mayor transparencia y rendición de cuentas, un cambio en los presupuestos nacionales desviando el gasto militar a la promoción de los derechos humanos, y que pongan fin a la impunidad de la corrupción. La sociedad civil debe también demostrar solidaridad con todas las víctimas, no solo con las “víctimas preferentes”, consciente del hecho de que no existe un monopolio del sufrimiento y de que todas las víctimas, vivas o fallecidas, comparten la misma dignidad. La competencia entre víctimas es deplorable y conlleva discriminación y más injusticia. 68. Es preciso proponer un cambio de modelos de pensamiento que puedan facilitar el progreso del programa común suprimiendo la obsoleta división artificial de los derechos en categorías de derechos de primera, segunda y tercera generación, con sus sesgados juicios de valor. Los derechos humanos deben volver a definirse a
Véase la declaración de Kofi Annan ante los parlamentarios en São Paulo (Brasil), el 14 de julio de 1998, disponible en http://www.un.org/News/Press/docs/1998/19980714.sgsm6638.html. Véase http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm. Véase E. F. Schumacher, Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered (Vancouver, 1999).
partir de ahora en términos funcionales, reconociendo la dignidad humana como la fuente de todos los derechos, individuales o colectivos. Este paradigma funcional pone de manifiesto la interrelación de los derechos humanos como la convergencia de los derechos habilitantes (tales como el derecho a la paz, la alimentación, la salud, la patria y el medio ambiente), los derechos inmanentes (como el derecho a la igualdad y a la no discriminación), los derechos procesales (como el acceso a la información, la libertad de expresión y el respeto de las garantías procesales), y lo que podrían llamarse los derechos últimos, es decir, la realización práctica de la dignidad humana en la forma del derecho a la identidad, a alcanzar todo nuestro potencial y a ser lo que somos, libres para vivir nuestra trascendencia, practicar nuestra fe, disfrutar de nuestra cultura, preferencias y opiniones, sin intimidación, vigilancia ni presiones para comportarnos de un modo “políticamente correcto” o para soportar abnegadamente la autocensura. La ausencia de este derecho último a la dignidad y la autoestima se refleja en gran parte de la lucha que vemos en el mundo hoy en día.
69. Aunque en su informe inicial a la Asamblea General (A/67/277) el Experto independiente prefirió no formular recomendaciones, considera en este momento apropiado presentar una serie de propuestas con base en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos y fruto de las consultas, las respuestas a los cuestionarios y los análisis de los obstáculos y buenas prácticas contenidos en este y en anteriores informes. Convencido de que las manidas recetas, los tópicos o las propuestas superficiales no cumplen los fines de la resolución 67/175, el Experto independiente desea formular estas consideraciones inspirándose en el filósofo estoico romano Séneca: “No es que no nos atrevamos a hacer una cosa porque es difícil, sino que es difícil porque no nos atrevemos a hacerla” (Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt): a) Los Estados deben prestar renovada atención a la Carta de las Naciones Unidas y fomentar las disposiciones insuficientemente aprovechadas, como los artículos 33, 57, 63 y 73; b) Deben continuar los esfuerzos para reformar el sistema de las Naciones Unidas con miras a conseguir que sea más democrático y equitativo, en especial la reforma del Consejo de Seguridad, de forma que, en adelante, refleje mejor las necesidades y las prioridades de las generaciones actuales y venideras y no el orden mundial de 1945; c) Los Estados deben practicar el multilateralismo y renunciar a las acciones unilaterales que van en menoscabo del orden internacional democrático y equitativo, absteniéndose de la amenaza o del empleo de la fuerza. Los Estados deben aplicar el derecho internacional de manera uniforme y abandonar los planteamientos excesivamente “positivistas” y los intentos de eludir las obligaciones estipuladas en los tratados o de idear lagunas legales. Al igual que “la naturaleza detesta los vacíos” (Spinoza, Ethics), las normas de derechos humanos detestan los “agujeros negros jurídicos”;
d) La Asamblea General debe considerar la posibilidad de encomendar al Consejo de Derechos Humanos que encargue a los procedimientos especiales existentes la labor de vigilar la repercusión de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos y que garantice la rendición de cuentas; e) Los Estados deben ratificar los procedimientos de denuncias individuales de los tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, adherirse a los procedimientos relativos a las denuncias entre los Estados y utilizarlos, y globalizar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional; f) Los Estados deben revisar sus prioridades presupuestarias y desviar el gasto militar a la promoción y protección de los derechos humanos para todos. En esta labor, los Estados deben garantizar la transparencia presupuestaria y fiscal y facilitar la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones; g) Los Estados deben revisar su legislación y sus prácticas, identificar obstáculos endémicos para los procesos democráticos y adoptar medidas correctivas para garantizar una mayor participación popular. En este contexto, debe hacerse un uso cada vez más frecuente de los instrumentos de democracia directa, a saber, las encuestas de opinión, la investigación independiente, la iniciativa popular, los referéndums, las destituciones y los juicios políticos; h) La Asamblea General debe promover la participación equitativa de todos los Estados en instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo poniéndolas bajo la autoridad de las Naciones Unidas y subordinándolas a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de conformidad con los Artículos 57 y 63 de la misma; i) La Asamblea General debe considerar la posibilidad de ampliar el mandato del Consejo de Derechos Humanos con objeto de permitir el examen de los informes presentados por las instituciones financieras y las sociedades transnacionales con arreglo al procedimiento del examen periódico universal; j) Los Estados deben derogar toda legislación que intimide y criminalice a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos relativos a la creación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, de la libertad de reunión y de asociación pacíficas, del derecho de acceso a la información y del derecho a debatir libremente y a expresar las propias opiniones. Los Estados deben aplicar el párrafo 49 de la Observación general núm. 34 del Comité de Derechos Humanos derogando las denominadas “leyes de memoria histórica”; k) La Asamblea General debe atender a la revisión de las normas relativas al reconocimiento como entidad consultiva de las organizaciones no gubernamentales, para que la sociedad civil independiente tenga más oportunidades de interactuar con el Consejo de Derechos Humanos y con otros órganos de las Naciones Unidas;
l) Las prioridades presupuestarias de las Naciones Unidas deben promover la prevención de los conflictos armados, la protección del patrimonio de la humanidad y la realización de los derechos humanos para todos. La consecución de este objetivo requerirá aumentar el presupuesto general; m) La Asamblea General debe considerar la posibilidad de remitir cuestiones jurídicas específicas a la Corte Internacional de Justicia para que dicte una opinión consultiva, como las cuestiones relativas al derecho a la libre determinación, a las medidas coercitivas unilaterales, a las amenazas y el empleo de la fuerza y a la cancelación de la deuda; n) La Asamblea General debe revisar la realidad del derecho a la libre determinación en el mundo de hoy y remitirse a las comunicaciones enviadas al Comité Especial de Descolonización y/o a otras instancias de las Naciones Unidas por los pueblos indígenas y los pueblos sin representación, independientemente de donde residan, ya sea en África Septentrional, Alaska, Australia, Cachemira, el Canadá, Chile, China, los territorios de Dakota, Hawaii, las islas Molucas, Nueva Caledonia, el Oriente Medio, Papua Occidental, la Polinesia francesa o Sri Lanka, en referencia al Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea General debe además considerar la posibilidad de reformar sus reglamentos y procedimientos para incluir la participación de los pueblos indígenas y de los pueblos sin representación. Entretanto, la Asamblea debe exhortar a los Estados a que apliquen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Asamblea debe velar por que los pueblos indígenas, los pueblos sin representación, los pueblos marginados y que han sido despojados de sus derechos y los pueblos sometidos a un régimen de ocupación tengan una auténtica oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones; o) La Asamblea General debe considerar la posibilidad de convocar una conferencia para debatir sobre iniciativas prometedoras como la creación de una asamblea parlamentaria mundial y de un tribunal mundial de derechos humanos. El Experto independiente agradece a la secretaría de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su profesionalidad, constancia y generosa colaboración. Considera esperanzadoras las palabras de Arundhati Roy: “Otro mundo no solo es posible, sino que está en camino. [...] en un día tranquilo [...] lo oigo respirar” 62.
Véase https://ccrma.stanford.edu/~peer/arundhatiRoy.html.
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