Source: http://html.rincondelvago.com/reglamento-organico-del-cuerpo-de-oficiales-auxiliares-y-agentes-de-la-administracion-de-justicia.html
Timestamp: 2018-05-21 05:00:38+00:00

Document:
Encuentra aquí información de Reglamento Orgánico del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracion de Justicia para tu escuela ¡Entra ya! | Rincón del Vago
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administracion de Justicia
MARGINAL: 1996\754
DISPOSICION: REAL DECRETO 16-2-1996, núm. 249/1996
ORGANO-EMISOR: GE - MINISTERIO JUSTICIA E INTERIOR
BOE 1-3-1996, núm. 53, [pág. 8088]
Reglamento Organico Del Cuerpo De Oficiales, Auxiliares Y Agentes De La Administracion De Justicia
El artículo 455 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), del Poder Judicial, modificado por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre (RCL 1994\3130 y 3294), otorga las competencias respecto al personal al servicio de la Administración de Justicia «al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso a las Comunidades Autónomas, en todas las materias relativas a su Estatuto y régimen jurídico, comprendidas la selección, formación inicial y continuada, provisión de destinos, ascensos, situaciones administrativas, jornada laboral, horario de trabajo y régimen disciplinario».
Esta nueva redacción dada al precepto recoge por tanto, de forma expresa, la posible asunción de competencias por parte de las Comunidades Autónomas n relación con el personal al servicio de la Administración de Justicia.
Sin embargo, para que dicha asunción pueda ser articulada en la práctica, es necesario contar con una base jurídica suficiente que defina con precisión el estatuto jurídico del personal afectado por el posible traspaso de funciones, procediendo a deslindar las competencias entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, así como a establecer mecanismos estables de colaboración y comunicación entre ambos.
En este sentido, por expreso mandato del artículo 122.1 de la Constitución
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875), la regulación del Estatuto jurídico de todo el
personal al servicio de la Administración de Justicia se encuentra en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, pero ésta sólo recoge las líneas generales de
dicho Estatuto, que es desarrollado por los Reglamentos Orgánicos de cada
Por lo tanto, en la línea ya apuntada por la Sentencia del Tribunal
Constitucional 56/1990, de 29 de marzo, que en su fundamento jurídico
undécimo hacía alusión a una «futura y necesaria normativa» que regulase la
colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Justicia en
cuanto a una posible actuación de las cláusulas subrogatorias de los
Estatutos de Autonomía en materia de provisión de destinos, resulta de todo
punto necesario modificar el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, para
contar con esa base jurídica que refleje claramente el necesario deslinde
previo de funciones, ya previsto legalmente.
En su virtud, con informe del Consejo General del Poder Judicial, de
acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Justicia e
Interior y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del
día 16 de febrero de 1996, dispongo:
Se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia, cuyo texto se inserta como anexo
al presente Real Decreto.
Quedan derogados el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, aprobado por Real
Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre (RCL 1986\2996 y 3158), y el Real
Decreto 489/1994, de 17 de marzo (RCL 1994\1053), que modificó aquel
Reglamento, así como cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango
que se opongan a lo establecido en este Real Decreto y en el Reglamento que
Disposición final única.-Desarrollo y aplicación.
1. El Ministro de Justicia e Interior o el órgano competente de las
Comunidades Autónomas podrán dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, las disposiciones pertinentes para el desarrollo y aplicación
2. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes constituyen Cuerpos Nacionales al
servicio de la Administración de Justicia, adscritos orgánicamente al
Ministerio de Justicia e Interior. Dependerán de este Ministerio o de las
Comunidades Autónomas, en los términos establecidos en este Reglamento.
2. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia son
funcionarios de carrera que desempeñan sus funciones en el Consejo General
del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en los Juzgados y
Tribunales, Fiscalías, Registros Civiles Unicos, Registro Civil Central y en
los Organos y Servicios de la Administración de Justicia.
Artículo 2. Régimen jurídico y económico.
1. El estatuto de los Oficiales, Auxiliares y Agentes se regirá por lo
establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el presente
Reglamento Orgánico. En lo no previsto en las disposiciones anteriores les
será aplicable, con carácter supletorio, lo dispuesto en la legislación
general sobre función pública (artículo 456 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial).
2. El estatuto de los Oficiales, Auxiliares y Agentes destinados en el
Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional se
ajustará a lo que resulte de la autonomía normativa de dichos órganos.
3. El personal al servicio de la Administración de Justicia a que se
refiere este Reglamento, percibirá la remuneración de sus servicios en la
forma y cuantía que determinen las leyes, sin que en ningún caso pueda
hacerlo por arancel (artículo 454 LOPJ).
La estructura y cuantía de las retribuciones básicas y complementarias
fijas de los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia serán únicas para todo el territorio nacional.
De los Oficiales de la Administración de Justicia
1. Los Oficiales de la Administración de Justicia son colaboradores
inmediatos de los Secretarios judiciales y de la labor técnica que éstos
desempeñan, bajo su inmediata dependencia, sin perjuicio de las facultades
del titular o titulares del órgano en que presten sus servicios.
2. En especial les corresponden las siguientes funciones:
a) La tramitación de toda clase de procesos, diligencias, expedientes y, en
general, de cualesquiera actuaciones atribuidas al órgano en que presten sus
servicios, asistiendo al Juez o Secretario en la redacción de las
providencias, diligencias, actas y notas que resulten necesarias, así como
de los autos, incluidos los definitivos en los asuntos de la jurisdicción
voluntaria, mientras no se suscite contienda.
b) La autorización de las actas que hayan de extenderse a la presencia
judicial así como de las diligencias de constancia y comunicación, cuando
estén habilitados por el respectivo Secretario para la actuación concreta de
que se trate o por plazo determinado, mientras dicha habilitación no hubiese
sido revocada (artículo 282 LOPJ).
Las habilitaciones concedidas por los Secretarios judiciales serán
comunicadas al Ministerio de Justicia e Interior, o al órgano competente de
las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, para su
constancia en el expediente personal del funcionario. Cuando la habilitación
sea por plazo determinado, esta comunicación tendrá carácter previo a su
c) Sustituir al Secretario en los términos previstos en el artículo 483,
regla cuarta, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando no procediere la
sustitución por otro Secretario en los casos de imposibilidad, separación de
edificios, acumulación de actos, o en aquellos otros en que igualmente lo
aconsejen las necesidades del servicio.
Las sustituciones serán comunicadas al Ministerio de Justicia e Interior, o
al órgano competente de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los
traspasos de medios personales para el funcionamiento de la Administración
de Justicia, para su constancia en el expediente personal del funcionario.
Esta comunicación, salvo que concurran razones de urgencia, tendrá carácter
previo a la efectividad de la sustitución.
d) La práctica de los actos de comunicación que les atribuyan las leyes
(artículo 485 LOPJ).
3. Los Oficiales, prestarán servicio asimismo en las Fiscalías, en el
Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en los
Organos y Servicios de la Administración de Justicia que señale la plantilla
orgánica. En estos casos se ocuparán de las tareas propias del puesto que se
les asigne, que serán análogas a las expresadas en el presente artículo
(artículos 484 y 488 LOPJ).
4. En los Juzgados de Paz les corresponderá desempeñar las Secretarías, en
los términos del artículo 481 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 4. Ingreso.
El ingreso en el Cuerpo de Oficiales se verificará por un doble turno:
a) La mitad de las vacantes que se produzcan se reservarán para su
provisión, en concurso restringido, por funcionarios del Cuerpo de
Auxiliares con cinco años, al menos, de servicios efectivos en el mismo y
sin nota desfavorable en el expediente, que estén además en posesión del
título de bachiller o equivalente, y cuenten, cuando menos, con ocho puntos,
con arreglo al baremo establecido en el artículo siguiente (artículo 492
LOPJ).
b) La otra mitad se cubrirá en turno libre mediante pruebas selectivas que
convocará el Ministerio de Justicia e Interior entre quienes tengan el
c) Las plazas reservadas a promoción interna en concurso restringido que no
resulten cubiertas acrecerán al turno libre (artículo 492 LOPJ).
Artículo 5. Promoción interna en turno restringido.
1. La convocatoria de los procesos selectivos para la provisión, por
promoción interna en concurso restringido, de la mitad de las vacantes que
se produzcan en el Cuerpo de Oficiales se efectuará por el Ministerio de
Justicia e Interior periódicamente, al menos una vez al año, y con arreglo a
cuanto se establece en este artículo. La convocatoria del proceso selectivo
coincidirá con la de las pruebas selectivas correspondientes al turno libre.
La resolución de aquél se producirá con anterioridad a la de éstas.
a) Título de Licenciado en Derecho: ocho puntos.
b) Otros títulos universitarios superiores: dos puntos cada uno, con un
máximo de cuatro.
c) Título de Diplomado en Relaciones Laborales, de Graduado Social
Diplomado, de Diplomado en Criminología, o tres cursos completos en la
Facultad de Derecho: tres puntos cada título o conjunto de cursos, con un
máximo de seis.
d) Título de Diplomado o de Ingeniero Técnico, o tres cursos completos en
Facultad o Escuela Universitaria, distinta de la de Derecho: un punto cada
título o conjunto de cursos, con un máximo de dos.
e) Conocimiento de idiomas extranjeros documentados mediante estudios de
especialización, realizados en Centros o Instituciones nacionales,
autonómicos o internacionales reconocidos oficialmente, o conocimiento de
lenguas oficiales propias de las Comunidades Autónomas, acreditado de
acuerdo con los certificados recogidos en la disposición adicional segunda
de este Reglamento: un punto y medio por cada uno, con un máximo de tres.
a) Diplomas o certificados obtenidos en cursos de perfeccionamiento
organizados por el Ministerio de Justicia e Interior u homologados por éste,
o, en su caso, por el órgano competente de las Comunidades Autónomas que
hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de
la Administración de Justicia: hasta ocho puntos como máximo, valorados de
acuerdo con el siguiente baremo:
1.º Cursos de hasta diecinueve horas lectivas: hasta 0,2 puntos por cada
2.º Cursos de veinte a treinta y nueve horas lectivas: de 0,21 puntos hasta
0,50 puntos por cada uno.
3.º Cursos de cuarenta a setenta y nueve horas lectivas: de 0,51 a un
4.º Cursos de ochenta a ciento cuarenta y nueve horas lectivas: de 1,01
hasta dos puntos.
5.º Cursos de más de ciento cincuenta horas lectivas: de 2,01 hasta tres
puntos por cada uno.
En los cursos que se haya obtenido certificación de aprovechamiento se
incrementará en 0,1 la puntuación anteriormente fijada según el número de
b) Diplomas o certificaciones obtenidos en cursos o congresos de
especialización jurídica de ámbito nacional, autonómico o internacional,
reconocidos oficialmente: hasta cuatro puntos como máximo.
A estos efectos se tendrá en cuenta el baremo señalado en el punto anterior
según el número de horas lectivas.
c) Conocimientos informáticos, se computarán hasta cuatro puntos en
conjunto como máximo, valorados de acuerdo con el baremo establecido en el
párrafo a).
Se valorarán únicamente los cursos realizados en centros oficiales y
homologados por éstos.
incrementarán en 0,1 la puntuación anteriormente fijada según el número de
d) Por experiencia en el desempeño de la función de oficial, mediante
ejercicio de funciones de sustitución o como oficial interino: 0,2 puntos
por cada mes completo, con un máximo de ocho puntos.
2.3. Antigüedad, que se computará en su conjunto con un máximo de 12
puntos. A estos efectos, se tendrá en cuenta el siguiente baremo:
a) Por cada año de servicios efectivos como titular o interino en el Cuerpo
de Auxiliares: 1 punto.
b) Por cada año de servicios efectivos como titular o interino en el Cuerpo
de Agentes: 0,50 puntos.
c) Por cada año de servicios efectivos en cualquier otro Cuerpo o Escala de
cualquiera de las Administraciones públicas, o reconocidos al amparo de lo
dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre: 0,20 puntos por cada año
completo. Solamente se computarán una vez los servicios prestados
3. En el supuesto de que un mismo mérito sea evaluable conforme a más de un
apartado, se valorará de acuerdo con aquel que le otorgue una mayor
4. En las convocatorias territorializadas en aquellas Comunidades Autónomas
que tengan lengua oficial propia y que hayan recibido los traspasos de
medios personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia,
el conocimiento de la misma se valorará hasta seis puntos, dependiendo del
nivel del mismo, en los términos establecidos en la disposición adicional
segunda de este Reglamento.
5. Los méritos aducidos han de resultar suficientemente acreditados con la
presentación de los correspondientes documentos o informes.
El tiempo de servicios así como las notas desfavorables que constasen en el
expediente se justificarán de oficio por el Ministerio de Justicia e
Interior o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan carácter general,
deberán justificarse mediante certificación del Ministerio de Educación y
Ciencia aportada por el interesado. El conocimiento de las lenguas oficiales
de las Comunidades Autónomas se acreditará mediante presentación del
certificado oportuno expedido por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, en los términos establecidos en la disposición adicional segundade este Reglamento.
6. La composición del tribunal que ha de juzgar las pruebas de promoción
interna en concurso restringido, será la misma señalada en este Reglamento
para las oposiciones libres.
7. Las plazas declaradas desiertas se adjudicarán en primer lugar a los
aspirantes de promoción interna en concurso restringido y, en segundo
término, a los del turno libre.
Artículo 6. Turno libre.
1. Las pruebas de selección para el ingreso en el Cuerpo de Oficiales por
el turno libre se convocarán por el Ministerio de Justicia e Interior cuando
las necesidades del servicio lo requieran y, en todo caso, una vez cada año
para cubrir las plazas desiertas que corresponda (artículo 496 LOPJ).
2. Las pruebas de selección que habrán de superarse consistirán en una de
carácter teórico, que incluirá conocimientos de procedimientos judiciales y
organización judicial, y otra de carácter práctico.
Artículo 7. Tribunal calificador único.
1. El tribunal calificador único de las pruebas selectivas será nombrado
por el Ministerio de Justicia e Interior, y estará constituido por un
Presidente, designado entre funcionarios de las Carreras Judicial o Fiscal,
del Cuerpo de Secretarios judiciales o funcionarios del grupo A de la
Administración Civil del Estado; y por el número de vocales que determine la
orden de convocatoria de entre los Cuerpos de Secretarios judiciales,
Oficiales o funcionarios del grupo A o B de la Administración Civil del
Estado, correspondiendo a uno de estos vocales actuar como Secretario.
2. Cuando, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de este
Reglamento, el proceso selectivo se lleve a cabo de forma territorializada
en las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, bajo la
dependencia y dirección del tribunal calificador único se designarán
tribunales delegados que serán nombrados por el Ministerio de Justicia e
Interior a propuesta de los órganos correspondientes de las Comunidades
Autónomas. Dichos órganos remitirán a tal efecto una terna por cada uno de
los vocales a designar. Su composición será idéntica a la del tribunal
calificador único, sustituyéndose los funcionarios de la Administración
Civil del Estado por funcionarios de las Comunidades Autónomas, que serán
designados directamente por éstas. Corresponderá al tribunal calificador
único la elaboración de las pruebas que se han de realizar en cada
ejercicio, la determinación del calendario de celebración de las mismas y de
los criterios de valoración, así como la resolución de cuantas consultas y
discrepancias puedan surgir con los distintos tribunales delegados.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, conforme al artículo
19.5 de este Reglamento, el Ministerio de Justicia e Interior podrá acordar
la territorialización de las convocatorias en las Comunidades Autónomas que
no hayan recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento
de la Administración de Justicia, de forma que se agrupen las vacantes de
uno o varios territorios coincidentes con el ámbito de cada Tribunal
Superior de Justicia, en los términos del artículo 491 de la Ley Orgánica
En todo caso, acordada o no la territorialización de las convocatorias, el
Ministerio de Justicia e Interior podrá decidir la realización del proceso
selectivo de forma descentralizada. En este supuesto, las convocatorias
respectivas podrán prever la incorporación, con carácter temporal, al
tribunal de otros funcionarios públicos de la Administración de Justicia, de
la Administración General del Estado o de las Administraciones Autonómicas
correspondientes al territorio donde se realicen las pruebas o el proceso
selectivo, para colaborar en el desarrollo de dicho proceso bajo la
dirección del tribunal, con las competencias de ejecución material y
ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba
selectiva se les atribuya.
Artículo 8. Condiciones para tomar parte en las pruebas.
Los candidatos a ingreso en el Cuerpo de Oficiales, para ser admitidos en
las pruebas selectivas, deberán reunir, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias, las condiciones siguientes (artículo 457
LOPJ):
a) Ser español mayor de edad.
b) Hallarse en posesión del título de bachiller o equivalente o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha de publicación de la convocatoria.
c) No haber sido condenado, ni estar procesado, ni inculpado por delito
doloso, a menos que se hubiera obtenido la rehabilitación o hubiera recaído
en la causa auto de sobreseimiento.
e) No haber sido separado, mediante procedimiento disciplinario, de un
Cuerpo del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Administraciones
locales, ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas, en vía
disciplinaria o judicial, salvo que hubiera sido debidamente rehabilitado.
f) No padecer defecto físico o enfermedad que incapacite para el desempeño
1. Bajo la inmediata dependencia del Secretario u Oficial en su caso, y sin
perjuicio de las facultades del titular del órgano en que presten sus
servicios, los Auxiliares de la Administración de Justicia tendrán las
a) Colaboración en el desarrollo general de la tramitación procesal,
mediante la trascripción de textos por procedimientos mecánicos,
mecanográficos, taquígrafos u otros análogos.
c) Tareas ejecutivas no resolutorias, como preparación de traslados y actos
de comunicación, integración de expedientes y otras similares.
d) Actos de comunicación que les atribuya la Ley y que no estén
encomendados a otros funcionarios.
2. Los Auxiliares sustituirán a los Oficiales, en el desempeño de las
funciones que a éstos les corresponden, en caso de enfermedad, permisos,
licencias, ausencias, vacantes u otro motivo legal, cuando no fuere posible
la aplicación de lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento, con la
aprobación del Ministerio de Justicia e Interior o del órgano competente de
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, a cuyo
efecto las sustituciones serán comunicadas de manera previa, salvo que
concurran razones de urgencia, al Ministerio o a los órganos competentes de
la Comunidad Autónoma, para su constancia en el expediente personal del
funcionario afectado.
3. Los Auxiliares prestarán servicio, asimismo, en las Fiscalías, en el
(artículos 484 y 488 de la LOPJ).
Artículo 10. Ingreso.
provisión, por promoción interna en concurso restringido, por funcionarios
del Cuerpo de Agentes judiciales con tres años, al menos, de servicios
efectivos en el mismo y sin nota desfavorable en el expediente, que estén,
además, en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalente, y cuenten, cuando menos, con ocho puntos, con arreglo al baremo
establecido en el artículo siguiente (artículo 493 LOPJ).
b) La otra mitad se cubrirá en turno libre, mediante pruebas selectivas que
convocará el Ministerio de Justicia e Interior, entre quienes tengan el
2. Las plazas reservadas a promoción interna en concurso restringido que no
resulten cubiertas acrecerán al turno libre (artículo 493 LOPJ).
Artículo 11. Promoción interna en concurso restringido.
1. La convocatoria de los concursos para la provisión, por promoción
interna en concurso restringido, de la mitad de las vacantes que se
produzcan en el Cuerpo de Auxiliares se efectuará por el Ministerio de
cuanto se establece en este artículo. La convocatoria del concurso
b) Otros títulos universitarios superiores: un punto cada uno, con un
máximo de dos.
Facultad de Derecho: 1,5 puntos cada título o conjunto de cursos, con un
máximo de tres.
Facultad o Escuela Universitaria distinta de la de Derecho: 0,5 puntos cada
título o conjunto de cursos, con un máximo de uno.
de este Reglamento: un punto por cada uno, con un máximo de dos.
f) Conocimientos de taquigrafía en los términos que establezca la
convocatoria: hasta un punto.
reconocidos oficialmente: hasta dos puntos como máximo.
párrafo a) anterior.
d) Experiencia en el desempeño de la función de Auxiliar interino: 0,2 por
cada mes completo, con un máximo de ocho puntos.
de Agentes: 1 punto.
b) Por cada año de servicios efectivos en cualquier otro Cuerpo o Escala de
dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre (RCL 1979\61 y ApNDL 6557):
0,20 puntos por cada año completo. Solamente se computarán una vez los
servicios prestados simultáneamente.
que tengan lengua oficial propia, el conocimiento de la misma se valorará
hasta seis puntos, dependiendo del nivel del mismo, en los términos
establecidos en la disposición adicional segunda de este Reglamento.
de las Comunidades Autónomas, se acreditará mediante presentación del
Autónoma, en los términos establecidos en la disposición adicional segunda
6. Será requisito indispensable superar las pruebas mecanográficas que
consten en la convocatoria.
7. La composición del tribunal que ha de juzgar las pruebas de promoción
interna en concursos restringidos, será la misma señalada en este Reglamento
8. Las plazas declaradas desiertas se adjudicarán en primer lugar a los
aspirantes de promoción interna en concurso restringido y luego al libre.
Artículo 12. Turno libre.
1. Las pruebas de selección para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia por el turno libre se convocarán por el
Ministerio de Justicia e Interior cuando las necesidades del servicio lo
requieran, y, en todo caso, una vez cada año para cubrir las plazas
desiertas que corresponda.
2. Las pruebas de selección que habrán que superarse serán una de carácter
teórico, que incluirá conocimientos de procedimientos judiciales yorganización judicial, y otra de carácter práctico.
Artículo 13. Tribunal calificador único.
1. El tribunal calificador único de las pruebas selectivas, será nombrado
por el Ministerio de Justicia e Interior y sus miembros pertenecerán a las
mismas carreras y grupos de funcionarios, y desempeñarán las mismas
funciones que se determinan en el artículo 7 de este Reglamento,
sustituyéndose los funcionarios del Cuerpo de oficiales por los del Cuerpo
de Auxiliares e incluyendo entre los vocales de la Administración del Estado
a los funcionarios del grupo C.
2. En el proceso selectivo realizado de forma territorializada, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.2 del presente Reglamento, se
designarán tribunales delegados de acuerdo con lo previsto en el apartado
segundo del artículo 7 del mismo.
3. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 7
respecto a los restantes procesos selectivos.
Artículo 14. Condiciones para tomar parte en las pruebas.
Para tomar parte en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares se requiere que los aspirantes reúnan, el día en que termine el
plazo de presentación de instancias, las condiciones establecidas en el
artículo 8 de este Reglamento, con excepción de la prevista en el párrafo
b), exigiéndose en su lugar el título de Graduado en Educación Secundaria o
equivalente, o estar en condición de obtenerlo en la fecha de publicación de
De los Agentes de la Administración de Justicia
1. Los Agentes de la Administración de Justicia tendrán carácter de Agentes
de la Autoridad cuando actúen como Policía Judicial, y lo harán bajo la
dependencia del Juez, Tribunal o Jefe del Organismo en las diligencias a las
que asistan personalmente los titulares de los órganos y en todas las demás
en que sea precisa su intervención, cooperando con los demás funcionarios en
la práctica de las diligencias judiciales dentro de sus respectivas
2. En especial les corresponden las siguientes funciones (artículo 487
b) Ejecutar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo
requiera, con el carácter y representación que les atribuyen las leyes.
c) Realizar los actos de comunicación no encomendados a otros funcionarios.
d) Actuar como Policía Judicial, con carácter de Agente de la Autoridad,
sin perjuicio de las funciones que, en la averiguación de los delitos y en
el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, competen a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en virtud de lo dispuesto en
el Título III del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial y
disposiciones concordantes.
e) Ejercer funciones de vigilancia, custodia, porteo y otras análogas
relacionadas con la función, que les puedan ser encomendadas.
3. Las funciones a que se refiere el párrafo e) del apartado anterior se
prestarán por los Agentes judiciales sin menoscabo de las funciones técnicas
propias de los mismos a las que se refieren los demás párrafos de dicho
apartado, salvo que existiera adscrito a ellas otro personal a quien
corresponda desempeñar las tareas de dicho carácter, y comprenderán las que
a continuación se expresan:
a) Vigilancia ordinaria de entrada y salida de personas en el órgano
judicial correspondiente, ofreciendo información al público sobre los
funcionarios o dependencias a que deban dirigirse, y forma adecuada de
b) Apertura y cierre de las distintas dependencias, con las instrucciones y
bajo el control del Secretario, con especial atención a los archivos,
bibliotecas, almacenes y otras dependencias análogas.
c) Custodia de los mecanismos de puesta en funcionamiento de las distintas
fuentes de energía, entrada, consumo, instalaciones y aparatos de
comunicación, bajo el control del Secretario.
d) Recepción y distribución de la correspondencia que les sea encomendada.
e) Realización de los encargos que se les encomienden, relacionados
estrictamente con su función, dentro o fuera del edificio, con las
facultades y representación que en cada caso se les confiera.
f) Porteo de documentos, autos, expedientes y piezas de convicción, así
como auxilio al traslado de pequeño mobiliario y maquinaria y sus elementos,
siempre que lo exijan con carácter ordinario las necesidades de la función.
g) Utilización de máquinas fotocopiadoras, encuadernadoras y similares, con
arreglo a las instrucciones del Jefe de la Dependencia.
h) Cualesquiera otras análogas relacionadas con la función que se les
encomiende, siempre que guarden relación directa con alguna de las
expresadas en estos apartados.
4. Los Agentes prestarán servicio, asimismo, en las Fiscalías, en el
orgánica. En estos casos se ocuparán de las tareas propias del destino que
se les asigne, que serán análogas a las expresadas en el presente artículo.
1. El ingreso en el Cuerpo de Agentes se efectuará mediante pruebas
selectivas, que se convocarán por el Ministerio de Justicia e Interior
cuando las necesidades del servicio lo requieran y, en todo caso, una vez
cada año, para cubrir las plazas desiertas que correspondan (artículo 496
2. Las pruebas de selección, que habrán de superarse, serán: una de
carácter teórico que constará de dos partes (test psicotécnico y test sobre
organización judicial), y otra de carácter práctico sobre procedimiento
Artículo 17. Tribunal calificador único.
de Agentes e incluyendo entre los de la Administración del Estado como
vocales a los del grupo C.
2. En el proceso selectivo realizado de forma territorializada, se
designarán tribunales delegados de acuerdo con lo previsto en el apartado 2
3. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7 en el
proceso selectivo realizado de forma descentralizada.
Artículo 18. Condiciones para tomar parte en las pruebas.
Agentes se requiere que los aspirantes reúnan, el día en que termine el
artículo 8 de este Reglamento, con excepción de la segunda, exigiéndose en
su lugar el Certificado de Escolaridad o la acreditación a que se refiere el
artículo 15.2 del Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio (RCL 1991\1610 y
1960), o estar en condición de obtenerlo en la fecha de publicación de la
Artículo 19. Principios generales de la selección.
1. La convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia se sujetará
a lo dispuesto en este Reglamento, normas supletorias, y artículos 32 y 37
de la Ley 9/1987 (RCL 1987\1450), modificada por la Ley 7/1990, de 19 de
julio (RCL 1990\1505), y se aprobará por el Ministerio de Justicia e
Interior, mediante Orden, que se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado». En todo caso habrán de respetarse los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. Los procedimientos de selección deberán ser
adecuados a las funciones de los Cuerpos correspondientes y a los puestos de
En la Orden de convocatoria se incluirán el número de plazas desiertas
existentes en la plantilla más un 10 por 100 dentro de las disponibilidades
presupuestarias y se expresarán los requisitos que han de cumplir los
aspirantes; el concurso de méritos que ha de superarse para el turno de
promoción interna; contenido y forma de las pruebas; carácter eliminatorio o
no y programas que regirán las mismas, así como los sistemas de información
a los aspirantes sobre la corrección de los ejercicios, con aplicación
supletoria de la legislación estatal establecida para el ingreso en la
2. Las Comunidades Autónomas podrán instar del Ministerio de Justicia e
Interior la convocatoria de pruebas selectivas en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia cuando existieran
plazas vacantes en su territorio.
3. El Ministerio de Justicia e Interior podrá nombrar de oficio o a
propuesta de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de
expertos en materias específicas relacionadas con las distintas pruebas
selectivas, para que asesoren a los tribunales de los diferentes Cuerpos.
4. La participación en el concurso restringido por promoción interna no
impedirá la presentación del aspirante al turno libre.
5. De conformidad con lo previsto en el artículo 491 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, las convocatorias para el ingreso en los diferentes Cuerpos,
tanto por el turno libre como por el turno de promoción interna en concurso
restringido, podrán ser territorializadas cuando así lo aconsejen las
necesidades del servicio, la existencia de un mayor número de plazas
vacantes o el mejor desarrollo de los procesos de selección del personal, en
los términos establecidos en las bases de las convocatorias.
6. Las pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia en los distintos
ámbitos territoriales se convocarán y resolverán simultáneamente por el
7. Las convocatorias podrán incluir la realización de un curso de
formación, que podrá ser selectivo, y que se desarrollará en el Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia a que se refiere el
artículo 434 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este caso, el número de aprobados en las fases anteriores no podrá
superar al de plazas convocadas.
Los opositores propuestos para la realización del curso selectivo serán
nombrados funcionarios en prácticas.
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumplimiento del
servicio militar o prestación social sustitutoria, o por causa de fuerza
mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán
incorporarse al inmediatamente posterior, intercalándose en el lugar
correspondiente a la puntuación obtenida. Los que no superen el curso,
podrán asimismo incorporarse al inmediatamente posterior, con la puntuación
asignada al último de los participantes en el mismo. De no superarlo
perderán todos sus derechos al nombramiento de funcionarios de carrera.
Artículo 20. Principios de selección aplicables en el ámbito de las
Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios personales
para el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los principios que
regirán la selección respecto a las Comunidades Autónomas que hayan recibido
los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, serán los siguientes: 1. Las normas de
convocatoria de pruebas selectivas serán informadas por las Comunidades
Autónomas con anterioridad a su aprobación por el Ministerio de Justicia e
2. De conformidad con lo previsto en el artículo 491 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, las convocatorias serán territorializadas en aquellas
3. Las normas de convocatoria se publicarán en los Boletines Oficiales de
las Comunidades Autónomas de forma simultánea a la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que dicha simultaneidad no
fuera posible, los términos y plazos establecidos en la convocatoria se
contarán a partir de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
4. El conocimiento de las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas,
será valorado conforme a los siguientes criterios:
a) En el turno libre, se podrá establecer la realización de una prueba
optativa de conocimiento de la lengua, que en ningún caso tendrá carácter
eliminatorio. Quedarán eximidos de la realización de dicha prueba aquellos
aspirantes que acrediten el conocimiento de la lengua de acuerdo con los
niveles de conocimiento establecidos en la disposición adicional segunda del
presente Reglamento. En ambos casos, las bases de la convocatoria
establecerán la correspondiente puntuación, que sólo se tendrá en cuenta
para la adjudicación de destino dentro de la Comunidad Autónoma
b) En el turno de promoción interna en concurso restringido, el
conocimiento de la lengua será valorado como mérito de acuerdo con el baremo
establecido en los artículos 5.4, 11.4 y disposición adicional segunda de
este Reglamento, y sólo será aplicable en el ámbito de la Comunidad
5. El curso selectivo a que hace referencia el apartado séptimo del
artículo anterior podrá desarrollarse en los centros, institutos o servicios
de formación dependientes de las Comunidades Autónomas. En este caso, el
curso habrá de ser previamente homologado por el Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia, de manera que se asegure la
homogeneidad del proceso de formación inicial.
Artículo 21. Discapacidades.
1. En los procesos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de condiciones con los
Las convocatorias no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas o
físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño de las
tareas o funciones correspondientes.
2. En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con
minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización. En las convocatorias se indicará expresamente esta
posibilidad, así como que los interesados deberán formular la
A tal efecto, los tribunales podrán requerir informe y, en su caso,
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria
o de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Sociales.
3. Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con los
aspirantes de acceso libre, sin perjuicio de las adaptaciones previstas en
el apartado 1 anterior.
Si en el desarrollo de los procesos selectivos se suscitaran dudas al
tribunal respecto de la capacidad del aspirante por el cupo de plazas
reservadas a personas con discapacidad para el desempeño de las actividades
habitualmente desarrolladas por los funcionarios del Cuerpo a que se opta,
podrá recabar el correspondiente dictamen del órgano competente del
Ministerio de Asuntos Sociales o, en su caso, de la Comunidad Autónoma
En este caso, hasta tanto se emita el dictamen, el aspirante podrá
participar condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la
resolución definitiva sobre la admisión o exclusión del proceso hasta la
recepción del dictamen.
Artículo 22. Bases de las convocatorias.
1. Las bases de las convocatorias, publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado» y, en su caso, en los Boletines de las Comunidades Autónomas en los
términos previstos en el apartado tercero del artículo anterior, vincularán
al órgano convocante, a los tribunales y a los candidatos que tomen parte en
las pruebas; se acomodarán a las normas aplicables al Cuerpo respectivo y se
redactarán de conformidad con las siguientes reglas:
a) El orden de actuación de los candidatos en todas las pruebas que se
convoquen para los diferentes Cuerpos en el transcurso de la anualidad,
vendrá determinado por el sorteo previsto en el artículo 17 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (RCL 1995\1133).
b) Las convocatorias contendrán los plazos máximos y mínimos dentro de los
cuales habrán de comenzar y concluir las pruebas, incumbiendo a los
tribunales la fijación del calendario preciso para la realización de las
mismas. Excepcionalmente el plazo máximo establecido podrá ser modificado
por el Organismo convocante, siempre que concurra causa objetiva que lo
justifique, debiendo oírse previamente a los tribunales.
c) Entre la terminación de uno de los ejercicios y el inicio del siguiente
habrá de mediar un mínimo de cuarenta y ocho horas y un máximo de cuarenta
d) Las relaciones de candidatos admitidos y excluidos a los ejercicios se
harán públicas dentro de los tres meses siguientes a la finalización del
plazo para presentar solicitudes, exponiéndose copias certificadas de las
mismas, al menos, en los tablones de anuncios del Organismo convocante, del
órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos
de medios personales para el funcionamiento de la Administración de
Justicia, y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma en
que vayan a celebrarse las oposiciones.
2. El Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, será
de aplicación supletoria a los procesos de selección.
Artículo 23. Nombramiento y primer destino.
Los que hayan superado el proceso de promoción interna en concurso
restringido o las pruebas de selección determinadas en la convocatoria,
incluidas, en su caso, las pruebas optativas y acreditado, dentro del plazo
reglamentario, reunir los requisitos para tomar parte en aquéllas, serán
nombrados y destinados con carácter forzoso por el orden de calificación y
Artículo 24. Plazo posesorio.
Los nombrados deberán tomar posesión de sus cargos dentro del plazo de
veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de
su nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» o, en su defecto, desde
su comunicación al interesado.
Los nombramientos serán publicados simultáneamente, además, en los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los
de Justicia. En el supuesto de que la publicación simultánea no fuera
posible, el plazo posesorio comenzará a contar a partir del día siguiente al
de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Artículo 25. Reducción o ampliación del plazo posesorio.
En casos justificados el Ministerio de Justicia e Interior, de oficio, a
propuesta de los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas que
la Administración de Justicia, o a instancia de los interesados, podrá
reducir o prorrogar en la medida necesaria los expresados plazos. En el
supuesto de que la reducción o prórroga del plazo posesorio afecte a un
funcionario cuya procedencia o destino sea el territorio de cualquiera de
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, el
Ministerio de Justicia e Interior lo comunicará al órgano competente de la
Artículo 26. Juramento o promesa y toma de posesión.
1. La cualidad de funcionario se adquirirá desde la toma de posesión del
primer destino, previo juramento o promesa prestados en la forma siguiente:
«Juro o prometo guardar y hacer guardar fielmente la Constitución y el resto
del ordenamiento jurídico, lealtad a la Corona y cumplir los deberes de mi
cargo frente a todos» (artículo 460 LOPJ).
2. El juramento o promesa, así como la toma de posesión del primer destino
se realizarán ante el Presidente del Tribunal, Fiscal, Juez o Jefe del
Organismo correspondiente, según el destino del funcionario (artículo 459.1
y 2 LOPJ). En caso de no haber entrado el órgano en funcionamiento, la
posesión la dará, en defecto del Juez, el Decano o el Presidente del
3. En la diligencia de toma de posesión, deberá hacerse constar la
manifestación del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o
actividad en el sector público, tal como exige la Ley Orgánica 1/1985, de 18
de enero (RCL 1985\162 y ApNDL 6601, nota), de incompatibilidades del
4. La posesión se hará constar en el Libro de Personal existente en el
órgano, y se pondrá en conocimiento del Ministerio de Justicia e Interior, o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya
recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, para constancia en el expediente personal del
5. El que se negare a prestar juramento o promesa, o sin justa causa dejare
de tomar posesión se entenderá que renuncia al cargo y a formar parte del
Cuerpo, debiéndose dar cuenta de ello por el órgano respectivo al Ministerio
de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad
6. Si concurriere justo impedimento en la falta de presentación para la
toma de posesión, podrá ser rehabilitado el aspirante. La rehabilitación se
acordará por el Ministerio de Justicia e Interior a solicitud del
interesado, previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya
Administración de Justicia. El rehabilitado, en tal caso, deberá presentarse
a prestar juramento o promesa y posesionarse de su cargo en el plazo que se
señale, que no podrá ser superior a la mitad del plazo normal. Si la plaza a
la que había sido destinado hubiera sido cubierta, será destinado a la que
elija de las plazas desiertas en el último concurso, si existieren y, en
otro caso, conforme a las necesidades del servicio.
Artículo 27. Pérdida de la condición de funcionario.
1. La condición de Oficial, Auxiliar o Agente se pierde por alguna de las
b) Renuncia. Se entenderán incursos en esta causa quienes incidieren en el
supuesto prevenido en el apartado 5 del artículo anterior.
e) Imposición con carácter firme por los tribunales de la pena de
f) Condena sobrevenida como consecuencia de delito doloso, relacionado con
el servicio o que cause daño a la Administración de Justicia o a sus
2. La relación funcionarial cesa también en virtud de la jubilación forzosa
o voluntaria.
Artículo 28. Renuncia, pérdida de la nacionalidad, separación.
1. La renuncia a la condición de Oficial, Auxiliar o Agente ha de ser
formulada por escrito por el funcionario y no surtirá efecto hasta que la
aceptación le sea comunicada por el Ministro de Justicia e Interior. En
aquellas Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, la
comunicación de la renuncia se efectuará a través del órgano competente de
2. Si se hubiera perdido la condición de Oficial, Auxiliar o Agente por
pérdida de la nacionalidad española, aquélla podrá ser objeto de
rehabilitación, en caso de recuperación de la nacionalidad.
3. La pérdida de la condición de Oficial, Auxiliar o Agente por separación
del servicio, acordada como sanción disciplinaria, tendrá carácter
definitivo, sin perjuicio de la posible rehabilitación, de conformidad con
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes, cualquiera que sea su situación
administrativa, serán jubilados de oficio y con carácter forzoso a los
sesenta y cinco años (artículo 467 LOPJ). Se acordará con la antelación
suficiente para que el funcionario cese efectivamente en el servicio el día
2. La jubilación por incapacidad permanente para el desempeño del cargo o
por apreciable disminución de facultades, así como la jubilación voluntaria,
se regirán por lo dispuesto en la legislación general de funcionarios y en
la de Clases Pasivas.
3. Cuando la jubilación afecte a un funcionario destinado en una Comunidad
Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para el
funcionamiento de la Administración de Justicia, la comunicación se
realizará directamente por el Ministerio de Justicia e Interior al órgano
competente de la Comunidad Autónoma, quien lo trasladará al interesado y al
órgano en el que preste servicios el funcionario.
Artículo 30. Situaciones.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes pueden hallarse en alguna de las
2. La declaración de las situaciones administrativas comprendidas en los
párrafos b), c) y d) del apartado anterior se efectuará por el Ministerio de
Justicia e Interior o, en su caso, por las Comunidades Autónomas que hayan
Artículo 31. Servicio activo.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes se hallan en situación de servicio
a) Cuando ocupen plaza correspondiente a la plantilla orgánica del Cuerpo,
estén pendientes de la toma de posesión en otro destino o desempeñen sus
funciones en el Consejo General del Poder Judicial o en el Tribunal
b) Cuando les haya sido concedida por el Ministerio de Justicia e Interior
o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, comisión de servicio de carácter temporal en los términos del
artículo 58 de este Reglamento, bien en otro Juzgado o Tribunal, bien en
dichos Departamentos u Organos, en Centros dependientes de los mismos, o
relacionados con la Administración de Justicia en otro Ministerio o
2. El disfrute de licencias o permisos reglamentarios no alterará la
3. Los que se hallaren en la situación de servicio activo tendrán todos los
derechos, prerrogativas, deberes y responsabilidades inherentes a su
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes pasarán a la situación de servicios
especiales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Cuando sean autorizados para realizar una misión por período
determinado, superior a seis meses, en Organismos internacionales, Gobiernos
o entidades públicas extranjeras, o en programas de cooperación
b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de
Organizaciones internacionales, o de carácter supranacional.
c) Cuando sean nombrados miembros del Gobierno, o de los órganos de
gobierno de las Comunidades Autónomas, o altos cargos de los mismos que no
deban ser provistos necesariamente por funcionarios públicos.
órganos constitucionales u otros cuya elección corresponda a las Cámaras.
e) Cuando sean adscritos a los servicios del Defensor del Pueblo, o
destinados al Tribunal de Cuentas, en los términos previstos en el artículo
93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril (RCL 1988\731).
f) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes
g) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas, si perciben retribuciones periódicas por el
Cuando no perciban dichas retribuciones podrán optar entre permanecer en la
situación de servicio activo o pasar a la de servicios especiales, sin
perjuicio de la normativa que dicten las Comunidades Autónomas sobre
incompatibilidades de los miembros de las Asambleas Legislativas.
h) Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva
en las Corporaciones locales.
i) Cuando presten servicio en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno,
de los Ministros y de los Secretarios de Estado o en los órganos
correspondientes de las Comunidades Autónomas, y no opten por permanecer en
la situación de servicio activo en su Cuerpo de origen.
j) Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que
se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.
k) Cuando cumplan el servicio militar o prestación sustitutoria
m) Cuando ostenten la condición de Comisionados Parlamentarios de la
Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos, según lo dispuesto en la Ley 36/1985,
de 6 de noviembre (RCL 1985\2687 y ApNDL 2757), de prerrogativas y garantías
de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de colaboración y
coordinación de los mismos.
2. A los funcionarios en situación de servicios especiales se les computará
el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y
derechos pasivos, y tendrán derecho a la reserva de plaza y destino que
ocupasen.
3. Los funcionarios en la situación de servicios especiales recibirán la
retribución del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no la que les
corresponde como funcionario. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones
por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser
percibidos con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser
retribuidos en tal concepto por el Departamento en el que desempeñaron su
último puesto de trabajo en situación de servicio activo.
4. Los Diputados, Senadores y miembros de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas que pierdan dicha condición, por disolución de las
correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán
permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva
constitución (artículo 353.2 LOPJ).
a) Por supresión del puesto de trabajo que se tenga asignado cuando
signifique el cese obligado en el servicio activo.
b) Cuando el funcionario que hubiera sido declarado en situación de
suspensión definitiva, una vez finalizado el período de suspensión y
solicitado el reingreso, no sea adscrito provisionalmente ni obtenga puesto
de trabajo mediante sistema de concurso en el plazo de seis meses contados a
partir de la solicitud de reingreso.
2. Los excedentes forzosos tendrán derecho a percibir sus retribuciones
básicas, las prestaciones familiares por hijo a cargo y al abono del tiempo
en la situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.
Procederá declarar en situación de excedencia voluntaria a los Oficiales,
Auxiliares y Agentes en los casos siguientes:
a) Cuando pertenezcan, en situación de servicio activo, a otro Cuerpo o
Escala de cualquiera de las Administraciones públicas o pasen a prestar
servicios en Organismos o Entidades del sector público, y no les corresponda
quedar en otra situación (artículo 357.1 LOPJ).
b) Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar, con
una duración mínima de dos años y máxima de quince a los Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia cuyo cónyuge resida en
otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo
de carácter definitivo, como funcionario de carrera o laboral en cualquier
Administración pública, Organismo autónomo, Entidad gestora de la Seguridad
Social, así como en órganos constitucionales o del Poder Judicial.
c) Por interés particular, podrá concederse igualmente la excedencia
voluntaria a los Oficiales, Auxiliares y Agentes que lo soliciten. Para
declararse la situación de excedencia voluntaria por esta causa, el
solicitante tendrá que haber completado tres años de servicios efectivos
desde que accedió al Cuerpo o desde su reingreso, y en tal situación no
podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos años.
Artículo 35. Excedencia para cuidado de hijos.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes tendrán derecho a un período de
excedencia, no superior a tres años, para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, a contar desde la fecha
de nacimiento de éste. Los sucesivos hijos darán derecho a un nuevo período
de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.
Cuando el padre o la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este
derecho. El período de permanencia en dicha situación será computable
únicamente a efectos de trienios, derechos pasivos y solicitud de excedencia
voluntaria por interés particular. Durante el primer año, a contar desde su
concesión, tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que
desempeñaban. Transcurrido este período, dicha reserva lo será para puesto
en la misma localidad y de igual retribución. La concesión de la excedencia
está condicionada a la previa declaración de no desempeñar otra actividad
que impida o menoscabe el cuidado del hijo.
2. A efectos de lo dispuesto en este artículo, el acogimiento de menores
producirá los mismos efectos que la adopción durante el tiempo de duración
Artículo 36. Derechos de los excedentes voluntarios.
Los Oficiales, Auxiliares y Agentes en situación de excedencia voluntaria,
tendrán derecho al reingreso, pero no devengarán retribuciones, ni les será
computable el tiempo que permanezcan en ella a efectos de ascensos, trienios
y derechos pasivos.
Artículo 37. Funcionarios pendientes de expediente o sanción.
No podrá concederse la situación de excedencia voluntaria por interés
particular al funcionario sometido a expediente disciplinario por falta muy
grave, o que no haya cumplido la sanción que con anterioridad le hubiere
sido impuesta. En el supuesto de falta grave, mediante resolución motivada
del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, de la Comunidad
Autónoma competente, podrá denegarse la declaración de excedencia voluntaria
Artículo 38. Forma de solicitar la excedencia.
1. La instancia solicitando la excedencia voluntaria se elevará al
Ministerio de Justicia e Interior, o, en su caso, al órgano competente de la
Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de medios personales para
el funcionamiento de la Administración de Justicia, por conducto y con
informe del Presidente del Tribunal, Fiscal, Juez o Jefe del respectivo
Organismo, en el que deberá hacerse constar si el interesado se encuentra
sometido a expediente disciplinario o tiene pendiente el cumplimiento de
2. Los que la soliciten al amparo de lo previsto en los artículos 34.a),
34.b) y 35 de este Reglamento deberán justificar documentalmente la
concurrencia de la circunstancia correspondiente.
Artículo 39. Suspensión.
2. La suspensión tendrá carácter definitivo, tanto cuando fuere impuesta
como corrección disciplinaria, como cuando sea consecuencia de la imposición
firme por los tribunales de la pena de suspensión.
a) Cuando se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por
delito cometido en ejercicio de sus funciones.
b) Cuando por cualquier otro delito doloso se hubiere dictado contra ellos
auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento, o de apertura de
juicio oral. No obstante, mediante resolución motivada del Ministerio de
Justicia e Interior, o, en su caso, de la Comunidad Autónoma competente, y
en atención a las circunstancias del caso, podrá excepcionarse la
declaración de suspensión provisional.
c) Cuando en la tramitación de un procedimiento disciplinario apareciesen
indicios racionales de la comisión de una falta muy grave.
En este supuesto podrá el funcionario expedientado ser inmediatamente
suspendido en sus funciones.
Artículo 40. Suspensión definitiva.
1. La suspensión impuesta con carácter definitivo en expediente
disciplinario no podrá exceder de un año.
2. La suspensión definitiva, cualquiera que sea su causa determinante y
siempre que fuere superior a seis meses, implicará la pérdida del destino,
que se proveerá en forma reglamentaria, y la privación de todos los derechos
inherentes a su condición de funcionario mientras permanezca en esta
situación, hasta que fuera reintegrado el suspenso al servicio activo.
3. Al suspenso definitivo le será de abono el tiempo en que hubiera
permanecido en suspensión provisional.
Artículo 41. Suspensión provisional.
La suspensión provisional establecida en el artículo 39, apartado 3,
párrafos a) y b) de este Reglamento se acordará por el Ministerio de
Justicia e Interior o por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que
haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento de
la Administración de Justicia, y en el supuesto del párrafo c) del mismo
artículo se procederá en la forma prevista en el artículo 98 de este
Artículo 42. Derechos del suspenso provisional.
1. El suspenso provisional tendrá derecho a percibir en esta situación el
setenta y cinco por ciento de sus retribuciones básicas y, en su caso, las
prestaciones familiares por hijo a cargo; no se le acreditará haber alguno
en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía.
2. El tiempo de suspensión provisional, prevista en el artículo 39,
apartado 3, párrafo c) como consecuencia de expediente disciplinario, no
podrá exceder de seis meses, salvo en el caso de que la paralización del
mismo sea imputable al interesado. La concurrencia de esta circunstancia
determinará la pérdida de toda retribución hasta que el expediente sea
3. Cuando la suspensión provisional no se eleve a definitiva, ni se acuerde
la separación del servicio, el tiempo de duración se computará como de
servicio activo, debiendo acordarse por el Ministerio de Justicia e Interior
de Justicia, la inmediata reincorporación del suspenso a su cargo, con
reconocimiento de todos los derechos económicos, y demás que proceda, desde
la fecha de la suspensión, a cuyos efectos las Autoridades correspondientes
remitirán al Ministerio o Departamento correspondiente de la Comunidad
Autónoma testimonio de la resolución adoptada.
Artículo 43. Reincorporación a partir de la situación de servicios
Los que se hallaren en la situación de servicios especiales deberán
incorporarse a su plaza en el transcurso de veinte días naturales, como
máximo, a contar desde el siguiente al cese en el cargo o destino que
determinó aquella situación o desde la fecha de su licenciamiento. De no
hacerlo así pasarán automáticamente a la situación de excedencia voluntaria
Artículo 44. Reglas generales del reingreso al servicio activo.
1. El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan
reserva de plaza y destino se efectuará mediante su participación en las
convocatorias de concursos para la provisión de puestos de trabajo.
2. Asimismo, los reingresos podrán efectuarse por adscripción a un puesto
con carácter provisional, cuando las necesidades del servicio así lo
aconsejen, con ocasión de vacante dotada y siempre que se reúnan los
A tal efecto, el funcionario excedente deberá solicitar dicha adscripción
al Ministerio de Justicia e Interior, con expresión del centro o centros de
trabajo solicitados y su orden de prioridad.
En el caso de que alguno de los centros solicitados radicase en el
territorio de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de
el Ministerio de Justicia e Interior lo comunicará al órgano competente de
la Comunidad Autónoma, que resolverá en los términos establecidos
anteriormente, dando traslado de esta resolución al Ministerio de Justicia e
La preferencia dentro de cada uno de los grupos de suspensos, excedentes
voluntarios y rehabilitados, se determinará por la antigüedad de la fecha de
presentación de la solicitud de reingreso provisional.
El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión
definitiva en el plazo máximo de un año, y el funcionario reingresado con
destino provisional tendrá obligación de participar en la convocatoria.
3. Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que hubieran perdido
su puesto de trabajo y los excedentes voluntarios del artículo 34.a), de
este Reglamento gozarán, por este orden, la primera vez que se anuncie a
concurso vacante del Cuerpo en la misma localidad donde servían cuando se
produjo su cese en el servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.
Artículo 45. Reingreso de los excedentes forzosos.
1. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma competente podrán disponer, cuando las necesidades
del servicio lo exijan, el reingreso obligatorio de los excedentes forzosos
mediante su adscripción provisional a puestos de su Cuerpo, garantizando que
el destino sea dentro del municipio o de la provincia o, en su defecto, de
la Comunidad Autónoma de la vecindad del funcionario. En caso de no aceptar
la adscripción provisional, serán declarados en situación de excedencia
voluntaria por interés particular.
2. Los funcionarios en esta situación, estén o no adscritos
provisionalmente, deberán participar en el primer concurso que se convoque,
cuyos requisitos reúnan, con objeto de obtener un puesto de trabajo
definitivo. De no participar en este concurso o no obtener puesto de
trabajo, se les destinará a cualquiera de los no adjudicados a los otros
Artículo 46. Reingreso de los suspensos definitivos.
1. Los suspensos definitivos que hubieran perdido su puesto de trabajo,
deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de diez días
desde la finalización del período de suspensión, y en tal caso el Ministerio
de Justicia e Interior, o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, podrá incorporarlos al servicio activo adscribiéndoles con
carácter provisional a un puesto de su Cuerpo cuando las necesidades del
servicio así lo aconsejen.
La solicitud de reingreso irá acompañada de la resolución judicial o
administrativa que declare el cumplimiento de la sanción impuesta o su
extinción por otras causas.
2. Si, en el plazo previsto en el apartado anterior, el interesado no
formulara solicitud de reingreso, será declarado en situación de excedencia
voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha en que haya
finalizado el período de suspensión.
Formulada la solicitud, los funcionarios suspensos deberán participar en el
primer concurso de traslado que se convoque, cuyos requisitos reúnan, con
objeto de obtener un puesto de trabajo. De no participar en este concurso o
no obtener el puesto de trabajo solicitado, se les destinará, en su caso, a
cualquiera de los no adjudicados a los otros concursantes. En el caso
previsto en el artículo 33.1.b) de este Reglamento, será declarado en
situación de excedencia forzosa.
Artículo 47. Rehabilitación.
1. Los que hubieran sido separados por alguna de las causas previstas
podrán solicitar la vuelta al servicio activo mediante el oportuno
expediente de rehabilitación.
El expediente se iniciará a instancia del interesado dirigida al Ministro
de Justicia e Interior, en la que hará constar el cargo que servía, causa y
fecha de la separación, lugar de residencia durante el tiempo de ésta y
cualquiera otra circunstancia que considere procedente.
2. Los que hubiesen sido separados por razón de delito deberán justificar,
además, que tienen extinguida la responsabilidad penal y civil, y que les
han sido cancelados los antecedentes en el Registro Central de Penados y
3. En ningún caso podrá solicitarse la apertura del expediente antes de
haber transcurrido dos años, a partir de la firmeza del acuerdo de
separación, a menos que éste hubiere sido acordado por las causas previstas
en el artículo 26, número cinco de este Reglamento.
4. La instancia, en unión de los antecedentes que obren en el Ministerio,
se remitirá al Consejo General del Poder Judicial, para que emita el
oportuno informe sobre las circunstancias que pudieran concurrir en el
peticionario y que tuvieren relación con el servicio y funcionamiento de la
Administración de Justicia. El informe lo remitirá al Ministerio de Justicia
e Interior para la resolución que proceda. Si el funcionario que pretenda la
rehabilitación hubiera tenido como último destino cualquiera de los
radicados en el territorio de una Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, se solicitará, con carácter previo al informe del Consejo
General del Poder Judicial, informe del órgano competente de la Comunidad
5. Para acordar la rehabilitación se tendrá en cuenta la naturaleza del
hecho determinante de la separación, y las circunstancias de todo orden que
en el mismo concurrieran en relación con el funcionamiento de la
6. La resolución del expediente se comunicará al interesado, y si fuera
desfavorable no podrá iniciarse nuevo expediente hasta transcurridos otros
Artículo 48. Reingreso de los excedentes voluntarios.
1. Los excedentes voluntarios del artículo 34, a), 1, al cesar en el puesto
del Cuerpo en que estuvieren en activo, podrán solicitar el reingreso en el
plazo de diez días, acompañando a la instancia certificación de la Jefatura
de Personal del Cuerpo de procedencia, acreditativa de los servicios
prestados en aquel Cuerpo, de no hallarse sometido a expediente que comporte
separación del Cuerpo del que procedía, ni suspendido penal o
disciplinariamente en él.
Transcurrido el plazo señalado sin que el interesado inste en la forma
indicada la vuelta al servicio activo, será declarado en situación de
2. Antes de finalizar el período de quince años de duración de la situación
de excedencia voluntaria por agrupación familiar regulado en el artículo 34,
b), deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no
hacerlo, de oficio la situación de excedencia voluntaria por interés
3. La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del plazo
por el que se concede la excedencia voluntaria por interés particular
[contemplada en el artículo 34, c) de este Reglamento] comportará la pérdida
de la condición de funcionario.
4. A aquellos funcionarios que solicitaron el reingreso y, no habiendo
obtenido destino por concurso, superasen el plazo máximo de su excedencia
voluntaria, se les adjudicará plaza desierta.
Artículo 49. Reingreso de los excedentes para el cuidado de hijos.
Si antes de la finalización del período de excedencia para el cuidado de
hijos el funcionario no solicita el reingreso al servicio activo o el pase a
la situación de excedencia voluntaria por interés particular, será declarado
de oficio en esta situación.
Artículo 50. Plantillas de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes.
1. Las plantillas de los puestos de trabajo a ocupar por los Cuerpos de
Oficiales, Auxiliares y Agentes, que no podrán rebasar las establecidas
presupuestariamente, determinarán el número de plazas correspondientes a
cada centro de trabajo, de acuerdo con las necesidades del servicio y
expresarán, en su caso, las condiciones técnicas, y los requisitos
esenciales para el desempeño de los puestos. Serán aprobadas por el
Ministerio de Justicia e Interior, con informe del Consejo General del Poder
Judicial o del Consejo Fiscal, previa negociación con las organizaciones
sindicales más representativas de la estructura y distribución de los
puestos de trabajo y con la conformidad del Ministerio de Economía y
Hacienda, cuando aquéllas supongan modificación del gasto.
2. En el ámbito de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los
de Justicia, los órganos competentes de las mismas determinarán, de
conformidad con el procedimiento previsto en el apartado anterior, salvo la
conformidad del Ministerio de Economía y Hacienda, la plantilla
correspondiente a los órganos radicados en su territorio y la someterán a la
aprobación del Ministerio de Justicia e Interior.
El Ministerio de Justicia e Interior aprobará las plantillas siempre que
éstas cumplan los siguientes parámetros:
a) Deberá mantenerse la homogeneidad de las plantillas aprobadas a nivel
estatal con las propuestas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) En todo caso la plantilla propuesta deberá adecuarse a las necesidades
del servicio y a las funciones establecidas reglamentariamente para los
Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
c) El diseño de la plantilla deberá respetar las líneas básicas de
distribución actual de los Cuerpos al servicio de la Administración de
d) El porcentaje máximo de desviación por dotaciones totales y Cuerpos no
podrá superar el 5 por 100 de las proporciones existentes en el momento de
realizarse el traspaso de funciones con relación a la plantilla aprobada a
e) Para determinar dicha desviación, no se tendrán en cuenta las
modificaciones de plantilla que sean resultado directo de la creación,
transformación o supresión de órganos judiciales.
3. La reordenación de efectivos a las necesidades de cada centro, será
efectuada por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el
Justicia, previo informe del Presidente, Juez Decano, Fiscal Jefe, o
Director del Organismo correspondiente, oídas de las organizaciones
sindicales más representativas.
4. El Ministerio de Justicia e Interior, a través de la Secretaría General
de Justicia, o, en su caso, la Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, podrá solicitar del Presidente, Juez Decano, Fiscal Jefe o
Director del Organismo correspondiente, cuantos datos considere necesarios
para la confección de las plantillas de los Cuerpos de funcionarios a que se
Artículo 51. Destinos.
1. Serán centros de trabajo de la Administración de Justicia en los que
pueden estar destinados los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
g) El Registro Civil Central y los Registros Civiles Unicos de cada
q) Cada uno de los demás Organismos y Servicios de la Administración de
Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.2 de este
2. En los Tribunales Superiores de Justicia o en las Audiencias
Provinciales, podrán existir destinos de servicios de apoyo de extensión
territorial variable, que constituirán puestos de trabajo independientes,
comprensivos de una o varias provincias dentro de la Comunidad Autónoma,
exclusivos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, que podrán desempeñar sus
funciones en todos los centros de trabajo de dicho ámbito, mediante
adscripción realizada por Resolución del Ministerio de Justicia e Interior o
de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido
Administración de Justicia, a propuesta o previo informe de los Presidentes
respectivos. Asimismo, en los mismos términos, podrán existir servicios
comunes y servicios de apoyo dependientes de los Tribunales Superiores de
Justicia, de las Audiencias Provinciales y de los Decanatos, cuando las
necesidades del servicio así lo aconsejen, que constituirán puestos de
trabajo independientes.
3. Los funcionarios destinados en los servicios de apoyo estarán
remunerados con arreglo a lo que dispongan las normas sobre retribuciones
complementarias y, en su caso, con lo que a tal efecto establezca el Real
Decreto sobre indemnizaciones por razón de servicio. Se considerará que
tienen su residencia en la sede del Tribunal Superior de Justicia, de la
Audiencia Provincial o del Decanato correspondiente.
Artículo 52. Reordenación de efectivos.
Cuando proceda la adecuación de los efectivos a los puestos de trabajo de
un centro, por haberse producido la correspondiente modificación de la
plantilla, se procederá por el Secretario General de Justicia o, en su caso,
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, a adjudicar los puestos
de trabajo al personal afectado previo informe del Presidente, Juez Decano,
Fiscal Jefe o Director del Organismo correspondiente, conforme a las
a) Con carácter previo, se ofrecerá la adjudicación de los funcionarios
destinados en el centro de trabajo para su aceptación voluntaria. Si hubiere
más de un funcionario voluntario se elegirá al más antiguo de los
solicitantes, salvo que las características del puesto de trabajo exigieran
determinados conocimientos reflejados en la plantilla, en cuyo caso se
designará al más antiguo que cumpliera las condiciones de entre los
solicitantes, mediante resolución motivada, con la debida publicidad y oídas
b) Si no hubiera funcionario voluntariamente interesado, se procederá a la
adjudicación forzosa, a aquel de menor antigüedad en el Cuerpo, entre todos
los destinados en el centro de trabajo salvo que se requirieran especiales
condiciones técnicas exigidas por las características del puesto de trabajo
reflejados en la plantilla, en cuyo caso se designará al de menor antigüedad
que cumpliera estas condiciones mediante Resolución motivada y notificada al
afectado, oídas las organizaciones sindicales más representativas.
c) Excepcionalmente, el funcionario cuyo puesto de trabajo le haya sido
adjudicado de forma forzosa podrá participar en los concursos de traslado,
aun cuando no hubiere trascurrido el plazo de un año que exige el artículo
57, párrafo c) del presente Reglamento. A su vez, tendrán derecho
preferente, por una sola vez, para obtener otro puesto de trabajo del propio
centro con ocasión de concurso ordinario en que se ofrezca y tomando parte
d) La adjudicación forzosa no podrá suponer, en ningún caso, cambio de
centro de trabajo ni de localidad. Si supusiera disminución de las
retribuciones percibidas por todos los conceptos, se exigirá el expreso
Artículo 53. Comunicación de vacantes.
Toda vacante que se produzca en las plantillas de los Cuerpos a que se
refiere este Reglamento se comunicará al Ministerio de Justicia e Interior
o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya
Administración de Justicia, por el superior respectivo dentro de las
veinticuatro horas siguientes de haberse producido, con expresión del puesto
de trabajo al que se refiera.
Artículo 54. Provisión de vacantes.
1. La provisión de los destinos vacantes en los distintos Cuerpos se
efectuará mediante concursos de traslado, que serán convocados en sus
ámbitos respectivos por el Ministerio de Justicia e Interior y por los
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los
de Justicia. Los concursos se publicarán un mínimo de tres veces al año,
siempre que existan vacantes, en el «Boletín Oficial del Estado» y en el
«Boletín Oficial» de las Comunidades Autónomas correspondientes. En la
convocatoria se harán constar las plazas vacantes, con expresión del centro
de trabajo respectivo, así como de las demás características establecidas en
El Ministerio de Justicia e Interior aprobará, previo informe de las
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, las bases-marco a
las que se ajustarán las distintas convocatorias. A su vez, las Comunidades
Autónomas determinarán, previo acuerdo con el Ministerio de Justicia e
Interior, las plazas vacantes existentes en su territorio que se incluirán
en las convocatorias.
2. La publicación en el «Boletín Oficial» de las Comunidades Autónomas se
realizará de forma simultánea con la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». En el supuesto de que dicha simultaneidad no fuera posible, los
plazos se computarán a partir del día siguiente de la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». 3. a) Los distintos concursos convocados se tramitarán de manera
coordinada, de forma que los funcionarios que deseen participar podrán
solicitar cualquier plaza vacante del Estado, mediante una única instancia o
solicitud, expresando los destinos a que aspiren, numerados correlativamente
b) Podrán hacerse constar, por igual orden de preferencia, los puestos de
trabajo a que aspiren dentro de cada centro. En este caso, no se adjudicará
destino al peticionario si no le correspondiere alguno de los puestos de
trabajo concretamente solicitados.
4. Las solicitudes deberán tener entrada en el Registro General del
Ministerio de Justicia e Interior, en el de la Comunidad Autónoma
correspondiente, o en los órganos que se determinan en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993\246), de Régimen Jurídico de
dentro del plazo de diez días naturales, contados desde el siguiente a la
publicación del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
5. La adjudicación de los destinos se realizará coordinadamente por el
Ministerio de Justicia e Interior y los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, de forma que se garantice un criterio uniforme de
valoración así como que no pueda obtenerse más de un único destino. Para
ello, el Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, aprobará el
programa informático necesario para su gestión, de forma análoga a la
disposición adicional primera para el Registro Central de Personal.
6. Las resoluciones de los distintos concursos convocados se publicarán de
forma simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en su caso en el
«Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma. En el supuesto de que dicha
simultaneidad no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
a) Expresión del destino adjudicado a cada funcionario con referencia al
d) Plazo en que deberán cesar los funcionarios. En caso de no expresarse,
se entenderá que el cese deberá producirse dentro del plazo establecido en
el artículo 55.2 de este Reglamento, salvo lo dispuesto en el artículo 75.
8. Los destinos y los puestos de trabajo se adjudicarán a los solicitantes
de mayor antigüedad de servicios efectivos en el Cuerpo de que se trate,
dándose un punto por año completo de servicios y computándose
proporcionalmente por períodos inferiores, tomando como fecha de inicio la
de publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado». En caso
de no solicitarse puesto de trabajo concreto, se adjudicará el no solicitado
por los demás concursantes de mayor antigüedad. Las plazas que resulten
desiertas se cubrirán con quienes ingresen en el Cuerpo según el orden
establecido en las pruebas de selección o provisionalmente por los
reingresados al servicio activo en la forma prevenida en este Reglamento
(artículo 494.2 LOPJ).
9. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los concursos para
la provisión de plazas en el territorio de aquellas Comunidades Autónomas
que tengan una lengua oficial propia, el conocimiento oral y escrito de ésta
debidamente acreditado por medio de certificación oficial, supondrá el
reconocimiento, a estos solos efectos, de hasta seis puntos, dependiendo del
nivel de conocimiento de la lengua en los términos establecidos en la
disposición adicional segunda de este Reglamento.
10. Cuando, conforme a lo establecido en la plantilla, determinadas plazas
a proveer comporten especiales conocimientos informáticos o de funciones
financieras, contables o de gestión administrativa, a quienes acrediten
mediante certificación oficial dichos conocimientos, se les otorgarán, a
estos solos efectos, hasta seis puntos además de la antigüedad que tuviesen
para la adjudicación de dichas plazas.
11. En el supuesto de estar interesados en las vacantes que se anuncian en
un determinado concurso para un mismo municipio dos funcionarios que reúnan
los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que
ambos obtengan destino en ese concurso en el mismo municipio, partido
judicial o provincia, en los términos que establezca la convocatoria,
entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional deberán
concretarlo en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro
Artículo 55. Plazo de cese y de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión en cualquier caso de traslado, será el
determinado en el artículo 24 de este Reglamento, pero cuando tenga lugar
dentro de la misma población, deberá efectuarse en los ocho días naturales
siguientes al cese.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles
siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín
Oficial del Estado» o, en su caso, en el «Boletín Oficial» de la Comunidad
funcionamiento de la Administración de Justicia. Si la resolución comporta
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse
desde dicha publicación.
3. La publicación de la resolución en el «Boletín Oficial» de las
Comunidades Autónomas se realizará de forma simultánea a la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado». En el supuesto de que dicha simultaneidad
no fuera posible, los plazos se computarán a partir del día siguiente de la
Artículo 56. Permutas.
Artículo 57. Condiciones para concursar.
a) Los funcionarios nombrados y designados que dentro del plazo posesorio
no hayan tomado aún posesión de su destino.
b) Los funcionarios para un puesto de trabajo dentro del mismo centro donde
se hallen destinados, con la excepción prevista en el artículo 52, párrafo
c) Los que no llevaran destinados un año, tanto en destino forzoso como
d) Los que están sujetos a procedimiento penal o expediente disciplinario
por falta muy grave. Asimismo, el Ministerio de Justicia e Interior o, en su
caso, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán, por
resolución motivada, excluir la participación en los concursos de los
funcionarios sometidos a expediente disciplinario por falta grave.
f) Los sancionados con traslado forzoso, hasta que transcurran dos años, o
cinco para destino en la misma localidad en que se les impuso la sanción.
Artículo 58. Comisiones de servicio.
1. Podrán conferirse por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su
caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, comisiones de
servicio de carácter temporal, bien en otro Juzgado o Tribunal, bien en
Departamentos u órganos relacionados con la Administración de Justicia. La
comisión de servicios concluirá cuando se produzca el cambio de destino del
funcionario, salvo que fuere confirmado en dicha comisión.
2. La comisión de servicio tendrá una duración máxima de seis meses,
prorrogables por otros seis, siendo requisito para su otorgamiento el
prevalente interés del servicio y los informes de los superiores jerárquicos
de las plazas afectadas por la comisión. Solamente podrá otorgarse comisión
de servicios cuando no sea posible atender las funciones por otros medios
ordinarios o extraordinarios de provisión de puestos de trabajo previstos en
este Reglamento, y en caso de urgente e inaplazable necesidad.
3. Podrán concederse comisiones de servicio a los funcionarios en todo el
territorio nacional, independientemente del lugar de destino de cualquiera
de ellos. No obstante, cuando se concedan comisiones de servicio que
impliquen el traslado temporal del funcionario a un territorio dependiente
de una Administración distinta a aquella de la que dependa, se requerirá la
aprobación de ambas Administraciones.
4. Cuando la comisión de servicio suponga traslado forzoso, por no existir
funcionarios dispuestos a aceptarla voluntariamente, su concesión recaerá
preferentemente en el funcionario que se encuentre destinado en la misma
localidad o en localidad más próxima, o con mejores facilidades de
desplazamiento, y tengan menores cargas familiares y, en igualdad de
condiciones, en el de menor antigüedad.
Cuando se trate de comisiones de servicio dentro de la misma localidad, se
atenderá, además, al mejor interés del servicio y a la capacitación del
funcionario para el puesto de trabajo a cubrir.
Artículo 59. Nombramiento de interinos.
El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas que hayan recibido los traspasos de medios
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, de
oficio o a propuesta de las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo, de la
Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia o de los
Jueces Decanos, podrán nombrar Oficiales, Auxiliares y Agentes interinos,
por necesidades del servicio cuando no sea posible, con la urgencia exigida
por las circunstancias, la prestación del servicio por funcionario de
carrera, de acuerdo con los criterios objetivos que se fijen en la Orden
ministerial o, en su caso, la disposición de la Comunidad Autónoma que haya
Administración de Justicia. Los nombrados deberán reunir los requisitos y
titulación necesarios para el ingreso en el Cuerpo y demostrar su aptitud;
tomarán posesión en el plazo señalado en el artículo 55 de este Reglamento;
tendrán los mismos derechos y deberes que los funcionarios, salvo la fijeza
en el puesto de trabajo, y las mismas retribuciones básicas y
complementarias excepto trienios. Serán cesados según los términos que
establezca la Orden ministerial o, en su caso, la disposición de la
Comunidad Autónoma y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se
incorpore su titular, o desaparezcan las razones de urgencia.
Artículo 60. Sustituciones.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes con destino en Tribunales y Juzgados
de la misma localidad se sustituirán entre sí, cualquiera que sea su grado,
en los casos de vacante, ausencia, licencia, permiso u otro motivo legal,
con los efectos económicos que pudieran establecerse.
2. Las sustituciones se acordarán por el Ministerio de Justicia e Interior
o, en su caso, por la Comunidad Autónoma que haya recibido los traspasos de
previo informe del Juez Decano cuando se trate de órganos unipersonales, o
de los Presidentes respectivos en el caso de órganos colegiados.
Artículo 61. Función, sindicación, huelga y seguridad social.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes, que integren las plantillas
correspondientes, tendrán derecho a plaza de su Cuerpo, gozarán de los demás
derechos que les reconozca el ordenamiento jurídico y para acreditar su
condición, les será expedido por el Ministerio de Justicia e Interior, o, en
su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya recibido
Administración de Justicia, el documento de identidad correspondiente, que
será devuelto, cuando cese el funcionario.
2. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes podrán utilizar, en el ejercicio de
sus funciones una placa como distintivo de su categoría, estándoles
prohibido el uso de la misma fuera de los actos de servicio. Las
características de esta placa y su concesión serán reguladas por Resolución
de la Secretaría General de Justicia o, en su caso, del órgano competente de
3. Tendrán derecho a la sindicación, de acuerdo con lo previsto en la
legislación general del Estado para funcionarios públicos (artículo 470.1
4. El ejercicio del derecho de huelga por el personal a que se refiere este
Reglamento se ajustará a lo establecido en la legislación general del Estado
para funcionarios públicos, aunque estará en todo caso sujeto a las
garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios
esenciales de la Administración de Justicia (artículo 470.2 LOPJ).
5. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales estarán protegidos por un
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes tendrán derecho a disfrutar durante
cada año completo de servicio activo, computado de septiembre a septiembre,
de un mes de vacaciones, o a los días que en proporción les corresponda si
el tiempo de servicio fuera menor. Los destinados en las Islas Canarias
podrán acumular en un solo período las vacaciones correspondientes a dos
años (artículo 371.1 LOPJ).
2. Esta vacación se concederá preferentemente, a petición del interesado,
durante los meses de julio, agosto y septiembre, por el Presidente del
Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, Presidente o Fiscal de la
Audiencia Nacional, Presidente o Fiscal de los Tribunales Superiores de
Justicia o Jefe del Organismo en que estuvieren destinados, comunicando su
concesión al Ministerio de Justicia e Interior o al órgano competente de la
Comunidad Autónoma, en su caso, cuidando dichas Autoridades de que el
servicio quede debidamente atendido, y en caso de no concederse se estará a
lo previsto en el artículo 76 de este Reglamento.
Artículo 63. Permiso de nueve días por asuntos particulares.
1. A lo largo del año, los Oficiales, Auxiliares y Agentes, tendrán derecho
además a disfrutar de nueve días de permiso por asuntos particulares sin
justificación alguna. Tales días no podrán acumularse en ningún caso a las
2. Podrán distribuirlas a su conveniencia y corresponde su concesión al
Presidente, Fiscal, Juez o Jefe del Organismo respectivo, respetando siempre
las necesidades del servicio, previo informe del Secretario, en su caso.
3. Cuando por razón de servicio no se disfrute del mencionado permiso antes
de finalizar el mes de diciembre, se concederá durante el mes de enero del
Artículo 64. Licencia por matrimonio.
Los Oficiales, Auxiliares y Agentes tendrán derecho a licencias por razón
de matrimonio de quince días de duración, cuya concesión se efectuará por
las Autoridades mencionadas en el artículo anterior (artículo 373.1 LOPJ).
Artículo 65. Licencia por asuntos propios.
1. Podrá concederse licencia por asuntos propios, sin retribución alguna y
su duración acumulada no podrá en ningún caso exceder de tres meses cada dos
2. La solicitud de licencia por asuntos propios se elevará a la Secretaría
General de Justicia, o al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su
caso, por conducto y con informe del Presidente, Fiscal, Juez o Director del
Organismo correspondiente, en el que se haga constar si durante la ausencia
del funcionario quedará debidamente atendido el servicio.
3. Cuando se justifique no haber podido hacer uso de ellas por exigencias
del servicio, podrá ser rehabilitada a instancia de los interesados.
Artículo 66. Permisos por causas justificadas.
a) Por el nacimiento de un hijo, y la muerte o enfermedad grave de un
familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o análoga
situación de convivencia; dos días cuando el suceso se produzca en la misma
localidad, y cuatro días cuando sea en distinta localidad.
b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día y con cambio
de residencia diez días.
c) Para realizar funciones sindicales, de formación sindical, o de
representación del personal, en los términos previstos para el desempeño de
d) Para concurrir a exámenes finales, y demás pruebas definitivas de
aptitud y evaluación, en centros oficiales durante los días de su
e) El funcionario con un hijo menor de nueve meses tendrá derecho a una
hora diaria de ausencia del trabajo. Este período de tiempo podrá dividirse
en dos fracciones o sustituirse por una reducción de jornada en media hora a
la entrada o salida, siempre que su cónyuge no disfrute a su vez de este
f) Quien, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo algún
menor de seis años o a un disminuido psíquico o físico que no desempeñe
actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo en un tercio o un medio, con la minoración proporcional de sus
g) Se concederán permisos por el tiempo indispensable para el cumplimiento
de un deber inexcusable de carácter público o personal.
2. Los permisos a que se refieren los párrafos a), b), d), e) y g)
anteriores se concederán por el Presidente, Fiscal, Juez o Jefe del
Organismo respectivo, y los que hacen referencia a los párrafos c) y f)
serán concedidos por la Secretaría General de Justicia o, en su caso, por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo informe de las
Artículo 67. Licencias por maternidad y adopción.
1. Toda funcionaria, en caso de embarazo, tendrá derecho a un período de
licencia de dieciséis semanas o de dieciocho en los supuestos de parto
2. El permiso se distribuirá a opción de la interesada, siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto, pudiendo hacer uso de
éstas el padre para el cuidado del hijo en caso de fallecimiento de la
madre. No obstante lo anterior, en el caso de que la madre y el padre
trabajen, aquélla, al iniciarse el período de permiso por maternidad, podrá
optar porque el padre disfrute de hasta cuatro de las últimas semanas del
permiso, siempre que sean ininterrumpidas y al final del citado período,
salvo que en momento de su efectividad la incorporación al trabajo por parte
de la madre suponga riesgo para su salud.
3. La solicitud de la licencia se dirigirá al Ministerio de Justicia e
Interior, o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma,
acompañándose de los documentos justificativos que acrediten que se
encuentra en el período de diez semanas antes del parto.
Posteriormente deberá acreditarse, también mediante certificado médico
oficial o presentación del Libro de Familia, la fecha en que tuvo lugar el
4. En el supuesto de adopción de un menor de nueve meses, el funcionario
tendrá derecho a un permiso de ocho semanas contadas, a su elección, bien a
partir del momento de la decisión administrativa o judicial de acogimiento,
bien a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción. Si el hijo adoptado es mayor de nueve meses y menor de cinco años,
el permiso tendrá una duración máxima de seis semanas. En el caso de que el
padre y la madre trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.
Artículo 68. Efectos económicos.
Las vacaciones, permisos y licencias a que se refieren los artículos
anteriores, no afectarán a los derechos económicos de los funcionarios,
salvo lo prevenido en el artículo 65 de este Reglamento sobre la licencia
Artículo 69. Baja por enfermedad.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes que por enfermedad no puedan asistir
a su puesto de trabajo, se darán de baja en el servicio, participándolo
dentro del primer día, salvo causa de fuerza mayor, al Presidente, Fiscal,
Juez o Jefe respectivo, que lo pondrá en conocimiento del Ministerio de
Justicia e Interior o del órgano competente de la Comunidad Autónoma que
la Administración de Justicia a través, en su caso, del Presidente o Fiscal
2. La mencionada baja no podrá durar más de cinco días. Si persistiere la
misma, deberá solicitar la oportuna licencia.
3. La baja por enfermedad no autoriza en modo alguno para ausentarse de su
residencia sin el oportuno permiso.
Artículo 70. Licencias por razón de enfermedad.
1. Las licencias por razón de enfermedad las concederá el Ministerio de
Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad
Autónoma y podrán ser hasta de seis meses cada año natural, con plenitud de
derechos económicos y prórrogas por períodos mensuales devengando en éstas
sólo las retribuciones básicas y ayuda familiar, sin perjuicio de su
complemento, en lo que corresponda con arreglo al régimen de la Seguridad
Social aplicable.
2. A toda solicitud de licencia por razón de enfermedad, y de las prórrogas
en su caso, se acompañará necesariamente parte de baja o certificación
facultativa, que acredite la certeza de la misma, la imposibilidad que
produzca para el desempeño del cargo, el tiempo aproximado por el que
precise la licencia y la no procedencia de la jubilación por inutilidad
física, así como si forzosamente obliga al funcionario a ausentarse de su
residencia oficial para atender al restablecimiento de su salud.
3. Estas solicitudes habrán de ser tramitadas por el superior inmediato del
funcionario, sin cuyo requisito no se les dará curso. Las solicitudes se
elevarán al Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, al órgano
competente de la Comunidad Autónoma, a través del Presidente, Fiscal o Jefe
del Organismo competente.
4. Los funcionarios que enfermen hallándose en uso de vacación, permiso o
licencia, fuera de la localidad de su destino, cursarán las peticiones por
conducto y serán tramitadas a través de la Autoridad Judicial superior del
lugar en que se encuentren.
5. El Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano competente
de la Comunidad Autónoma podrán recabar, si lo consideran pertinente,
información para justificar la procedencia de la solicitud formulada.
6. Las licencias por enfermedad empezarán a contarse desde la fecha en que
se notifique al funcionario su concesión, salvo en el caso de que éste se
hubiese dado de baja para el servicio, en cuyo supuesto la fecha del
comienzo de la licencia se retrotraerá al sexto día de aquella situación.
Artículo 71. Licencia por estudios.
1. Por el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma podrán concederse licencias para
realizar estudios sobre materias relacionadas con la Administración de
Justicia, previo informe del superior inmediato del funcionario, que en todo
caso habrá de tener en cuenta las necesidades del servicio.
2. Su duración estará determinada por los estudios a realizar, sin
limitación de haberes y con la obligación de presentar memoria de los
Artículo 72. Caducidad.
Las licencias y permisos empezarán a disfrutarse dentro de los seis días
siguientes al día en que se notifique su concesión, salvo la licencia por
enfermedad que se regirá por lo dispuesto en el artículo 70.6 de este
Reglamento, considerándose caducados si se dejare transcurrir dicho plazo
sin hacer uso de ellos.
Artículo 73. Licencia por ingreso en el Centro de Estudios Jurídicos de la
Los Oficiales, Auxiliares y Agentes en servicio activo que ingresen en el
Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia, o en el
centro dependiente del Consejo General del Poder Judicial, disfrutarán de
licencia extraordinaria para la realización del curso selectivo por haber
superado las pruebas de ingreso en los Cuerpos correspondientes, que les
concederá el Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, durante todo el tiempo de permanencia
en su calidad de alumnos de dicho centro, con plenitud de derechos
Artículo 74. Comunicación de permisos y licencias.
De toda vacación, permiso o licencia, así como de la fecha en que comience
su uso y de la reincorporación del funcionario al servicio, una vez
finalizados, se dará cuenta al Ministerio de Justicia e Interior o, en su
caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma y al Presidente del
Artículo 75. Ininterrupción de vacaciones, permisos y licencias.
El traslado del funcionario que se halle en el disfrute de vacaciones,
permisos o licencias de enfermedad, maternidad y adopción tendrá efectividad
a partir de la finalización de éstas.
Artículo 76. Denegación, suspensión y revocación.
1. Todos los permisos y licencias podrán ser denegados por la Autoridad o
Superior a quien corresponda su concesión, si de los datos que hubieren
obtenido no quedare suficientemente justificada la necesidad de utilizarlas,
cuando su justificación sea preceptiva.
2. El disfrute de la vacación anual en los meses de julio, agosto y
septiembre, podrá denegarse por circunstancias excepcionales, debidamente
motivadas en el acuerdo denegatorio, que requerirá expediente administrativo
por un procedimiento urgente a propuesta de la Autoridad que haya de
denegarlo, previa audiencia del interesado y resolución del Ministerio de
Justicia e Interior o, en su caso, del órgano competente de la ComunidadAutónoma.
3. Cuando circunstancias excepcionales debidamente motivadas lo impongan,
podrá suspenderse o revocarse el disfrute de las licencias o permisos, con
excepción de las licencias concedidas por motivos de enfermedad, maternidad
y adopción ordenándose a los Oficiales, Auxiliares y Agentes que los
hubieran iniciado la incorporación inmediata a sus destinos.
Artículo 77. Prestación de la función, deber de secreto y horario.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes realizarán puntualmente, dentro y
fuera de los locales de los Tribunales, Fiscalías, Juzgados y Organismos en
que estén destinados, las funciones que se les encomiendan en este
Reglamento, conforme a las órdenes e instrucciones de sus respectivos
superiores, y guardarán secreto riguroso en los asuntos que conozcan por
razón de su cargo.
2. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
deberán ejercer su actividad respectiva en los términos que exijan las
necesidades del servicio, sin perjuicio de respetar el horario establecido.
3. El horario de trabajo en Juzgados y Tribunales se determinará mediante
resolución aprobada por el Ministerio de Justicia e Interior, oído el
Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas que hayan
Administración de Justicia, y previa negociación con las organizaciones
sindicales más representativas. El mismo contemplará el establecimiento de
una jornada, en parte de obligada presencia, y, en parte, de cumplimiento
El horario de trabajo respetará el de audiencia pública de Juzgados y
Tribunales fijado por el Consejo General del Poder Judicial, y no podrá ser
inferior al establecido para la Administración Pública.
El Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta, en su caso, de las
para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con informe del
Consejo General del Poder Judicial, y previa negociación con las centrales
sindicales más representativas, determinará reglamentariamente los sistemas
de control del horario y de justificación de incidencias en todas las
Secretarías y Oficinas Judiciales de Juzgados y Tribunales, así como los
horarios especiales y las modificaciones del establecido con carácter
general cuando así pueda exigirlo el servicio público.
Artículo 78. Residencia.
1. Los Oficiales, Auxiliares y Agentes deberán residir preferentemente en
el término municipal o área metropolitana donde radique el Tribunal,
Fiscalía, Juzgado u organismo en que presten sus servicios.
2. Los funcionarios deberán comunicar a la Sala de Gobierno la residencia
en lugar distinto al citado anteriormente, que en todo caso deberá ser
compatible con el cumplimiento de las tareas propias del puesto de trabajo
dentro del horario establecido, y con las necesidades del servicio.
Artículo 79. Incompatibilidades.
Los Oficiales, Auxiliares y Agentes judiciales, sin perjuicio de estar
sujetos a las causas de incompatibilidad que se prevén en la legislación
general para los funcionarios al servicio de las Administraciones públicas,
tanto en lo relativo a las actividades privadas como a las públicas, serán
además y en todo caso, incompatibles (artículo 489 LOPJ):
a) Con el ejercicio de funciones jurisdiccionales en cualquier Juzgado o
b) Con todo empleo, cargo o profesión retribuida, salvo la docencia o
investigación jurídica, así como la producción y creación literaria,
artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquéllas,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades
del personal, al servicio de las Administraciones públicas.
c) Con el ejercicio de la Abogacía o el de la Procuraduría, o cualquier
otra profesión que habilite para actuar ante Juzgados y Tribunales.
d) Con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido (artículo
389.7 LOPJ).
f) Con la condición de Agentes de Seguros, y la de empleados de los mismos
o de una compañía de seguros.
g) Con el desempeño de los cargos de gerentes, consejeros o asesor de
empresas que persigan fines lucrativos.
h) Con el ejercicio de las funciones periciales ante los Tribunales y
i) Con el desempeño de servicio de gestoría administrativa, ya sea como
titular, ya como empleado de tales oficinas.
Artículo 80. Incompatibilidad por parentesco o matrimonio.
1. a) Los Oficiales, Auxiliares y Agentes no podrán ejercer sus cargos en
el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia,
Audiencias Provinciales y Juzgados, en que actúen como Presidente,
Magistrado, Juez o Secretario, quienes estuvieren unidos a aquéllos por
vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente, o tuvieran parentesco
con los mismos dentro del segundo grado civil de consanguinidad o afinidad
(artículo 391.1 LOPJ); y en las Fiscalías, cuando en la plantilla de éstas
figure algún miembro del Ministerio Fiscal con el que se encuentre en
idéntica relación de parentesco.
b) Esta incompatibilidad no será de aplicación si la relación de parentesco
se da entre funcionarios que, aun perteneciendo al mismo Tribunal, presten
servicios en distintas Salas.
2. Producida la incompatibilidad por razón de parentesco no exceptuado, y
siempre que no fuere procedente el cambio de puesto de trabajo a tenor del
artículo 52 de este Reglamento, se acordará el traslado forzoso, del
Oficial, Auxiliar o Agente que resulte afectado por ella, a menos que su
nombramiento para el cargo fuera anterior al de aquel que motivó la
incompatibilidad, mediante el oportuno expediente gubernativo.
3. El expediente será promovido por el Presidente del Tribunal Supremo o
Fiscal General del Estado, Presidente de la Audiencia Nacional, Presidentes
de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales, o
por el Juez o Jefe del Organismo correspondiente. Se instruirá por el
funcionario designado por el Presidente del Tribunal Supremo, Presidente de
la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Justicia respectivo, con
audiencia del interesado, que podrá ser asistido como lo estime oportuno, y
del Ministerio Fiscal, y con propuesta de la Sala de Gobierno
correspondiente se elevará al Ministerio de Justicia e Interior o, en su
caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para la resolución que
4. Cuando la situación de incompatibilidad apareciere en virtud de
circunstancias sobrevenidas, y siempre que no fuere procedente el cambio de
puesto de trabajo a tenor del artículo 52 de este Reglamento, el Ministerio
de Justicia e Interior procederá al traslado del Secretario Judicial o del
miembro del Ministerio Fiscal incompatible cuando fuera de menor antigüedad
en el destino, si estuviera dentro de su competencia. En otro caso, lo
propondrá al Consejo de Ministros o bien al Consejo General del Poder
Judicial cuando el nombramiento de un Juez o Magistrado fuera el que hubiere
determinado la incompatibilidad sobrevenida. El destino forzoso del
funcionario incompatible será en la misma población, si existiera vacante en
ella y en tal supuesto, ésta dejará de ser anunciada a concurso para su
Artículo 81. Actividades profesionales o privadas.
El ejercicio por los Oficiales, Auxiliares y Agentes de actividades
profesionales o privadas compatibles no servirá de excusa al deber de
residencia, a la asistencia al Tribunal, Fiscalía, Juzgado u Organismo
correspondiente al cumplimiento del horario establecido, ni al retraso,
negligencia o descuido en el desempeño de sus funciones, debiendo ser
calificadas y sancionadas las correspondientes faltas con arreglo a las
normas que se contienen en este Reglamento.
Artículo 82. Realización de actividades compatibles e incompatibles.
1. El que pretenda ejercer cualquier profesión, actividad o cargo cuando se
requiera declaración de compatibilidad, de acuerdo con la Ley Orgánica
1/1985, de 18 de enero (RCL 1985\162 y ApNDL 6601, nota), en relación con la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre (RCL 1985\14 y ApNDL 6601), deberá obtener
la autorización del Ministerio de Justicia e Interior o, en su caso, del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, y la solicitará por conducto y
con informe del Presidente del Tribunal, Fiscal, Juez o Jefe del Organismo
de quien dependa, y en su caso de la Inspección General del Ministerio para
2. El Oficial, Auxiliar o Agente que aceptare el desempeño de alguno de los
cargos, funciones o servicios expresados en el artículo 79 de este
Reglamento encontrándose en servicio activo, deberá solicitar la excedencia
voluntaria en el plazo de ocho días, entendiéndose, si no lo hiciere, que
renuncia al cargo, causando baja en el Cuerpo.
Artículo 83. Principios generales.
1. El régimen disciplinario a que quedan sujetos los Oficiales, Auxiliares
y Agentes al servicio de la Administración de Justicia es el que se
establece en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en este Reglamento
(artículo 464 LOPJ).
2. La incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la
iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se
dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de
sobreseimiento firmes en la causa penal.
En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la resolución
que pone término al procedimiento penal vinculará a la resolución que se
dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta
calificación jurídica que puedan merecer en una y otra vía.
3. Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria sobre los mismos hechos
cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico
4. a) Cuando se incoe un expediente disciplinario a un funcionario que
ostente la condición de Delegado Sindical, Delegado de Personal o cargo
electivo a nivel provincial, autonómico o estatal en las Organizaciones
Sindicales más representativas, deberá notificarse dicha incoación a la
correspondiente Sección Sindical, Junta de Personal o Central Sindical,
según proceda, a fin de que puedan ser oídos durante la tramitación del
b) Dicha notificación deberá asimismo realizarse cuando la incoación del
expediente se practique dentro del año siguiente al cese del inculpado en
alguna de las condiciones enumeradas en el párrafo anterior. También deberá
efectuarse si el inculpado es candidato durante el período electoral.
5. Las faltas que cometan los Oficiales, Auxiliares y Agentes en el
ejercicio de su cargo se clasifican en muy graves, graves y leves (artículo
416.1 LOPJ).
Artículo 84. Faltas muy graves.
a) El ejercicio de cualesquiera de las actividades incompatibles con la
función de Oficial, Auxiliar o Agente, establecidas en el artículo 79 del
Reglamento, salvo las que puedan constituir falta grave con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 85, e), del mismo.
b) El abandono injustificado en el desempeño de sus funciones (artículo
417.3 LOPJ).
c) La ausencia injustificada por más de diez días, del lugar de residencia
en que presten servicios (artículo 417.4 LOPJ).
d) La comisión de una falta grave, cuando hubiera sido anteriormente
sancionado por otras dos graves dentro de un período de un año.
e) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el
f) Toda actuación que suponga discriminación por razón de raza, sexo,
religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra
g) La infracción del deber de guardar secretos sobre las actuaciones
judiciales en los casos establecidos en las leyes.
h) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales
en caso de huelga, excepto los representantes sindicales.
i) La violación de la neutralidad o independencia política, utilizando las
facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier
naturaleza y ámbito.
j) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos
k) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del
l) La participación en huelgas, a los que la tengan expresamente prohibida
m) Los actos limitativos de la libre expresión de pensamiento, ideas y
Artículo 85. Faltas graves.
a) Las palabras o actos de grave desconsideración a los superiores en su
presencia, en escrito que se les dirija, o con publicidad (artículo 418.1
b) La ausencia injustificada por más de tres días del lugar de residencia
en que presten servicio, en un mismo mes (artículo 418.4 LOPJ).
d) La comisión de una falta de carácter leve, habiendo sido sancionado
anteriormente por otras dos leves, cuyas anotaciones no hubieran sido
canceladas (artículo 418.9 LOPJ).
e) El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas
compatibilizables a que se refiere el artículo 79, b), de este Reglamento,
sin obtener cuando esté prevista la pertinente autorización o, habiéndola
obtenido, con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
Artículo 86. Faltas leves.
a) La falta de respeto a los superiores que no constituyan falta grave
(artículo 419.1 LOPJ).
c) Cuando no guarden la debida consideración a los que acudan a ellos en
asuntos relativos a las funciones de su cargo.
d) El retraso en el despacho de asuntos cuando no constituya falta grave
(artículo 419.3 LOPJ).
e) La ausencia injustificada por más de un día y menos de cuatro de su
lugar de residencia (artículo 419.4 LOPJ).
f) Las infracciones en el cumplimiento de los deberes propios de su cargo
establecidos en la Ley y en este Reglamento, cuando no constituyan
infracción grave (artículo 419.5 LOPJ).
g) Las faltas repetidas de puntualidad dentro del mismo mes sin causa
Artículo 87. Prescripción de las faltas.
1. Las faltas muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y
las leves en el plazo previsto en el Código Penal para la prescripción de
las faltas. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la fecha de
su comisión, salvo cuando el procedimiento disciplinario para enjuiciarlas
quedare en suspenso como consecuencia de la incoación de causa penal por los
mismos hechos, en cuyo caso, el plazo de prescripción se reanudará desde la
conclusión de la causa penal.
2. El plazo de prescripción se interrumpirá desde la fecha de notificación
del acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario, o, en su caso, de
las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada al
funcionario. El cómputo del plazo de prescripción se reanudará si las
diligencias o el procedimiento permanecieran paralizados durante seis meses
por causa no imputable al funcionario sujeto a procedimiento.
Las sanciones que se pueden imponer a los Oficiales, Auxiliares y Agentes
por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son:
b) Multa de 30.000 pesetas.
Artículo 89. Faltas y sanciones.
1. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia (artículo 420.2
3. Las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación (artículo
420.2 LOPJ).
1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos
años, las impuestas por faltas graves al año y por faltas leves en el plazo
previsto en el Código Penal para la prescripción de las penas por faltas.
2. El plazo de prescripción se computará a partir del día siguiente al que
adquiera firmeza la resolución en que se imponga la sanción (artículo 420.3
La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la
sanción, muerte, prescripción de la falta o de la sanción.
Artículo 92. Organos competentes.
b) La Sala de Gobierno correspondiente o el Fiscal General del Estado para
las de reprensión privada, multa y suspensión.
c) El Ministro de Justicia e Interior para la de traslado forzoso. La
sanción de traslado forzoso a una Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, requerirá el informe previo de la misma.
1. La sanción de advertencia se impondrá sin más trámite que la audiencia
del interesado previa una sumaria información (artículo 422.1 LOPJ).
2. Las demás sanciones habrán de imponerse por el procedimiento establecido
en los artículos siguientes (artículo 422.2 LOPJ).
Artículo 94. Iniciación.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará por acuerdo o a instancia de
cualesquiera de las autoridades competentes que para la imposición de
sanciones enumera el artículo 92 de este Reglamento.
2. El acuerdo podrá dictarse por la autoridad competente, ya por propia
iniciativa, ya a instancia del perjudicado o en cumplimiento de orden
superior, del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia
e Interior o, en su caso, del órgano competente de la Comunidad Autónoma, o
a iniciativa del Ministerio Fiscal, de la Inspección Fiscal o del Secretario
Judicial correspondiente, dando cuenta al Ministerio de Justicia e Interior
o al órgano competente de la Comunidad Autónoma (artículo 465.1 LOPJ).
3. En el acuerdo de iniciación del procedimiento se designará un Instructor
que será un Juez, Magistrado o Secretario o, en su caso, un miembro del
Ministerio Fiscal. No podrá ser Instructor el titular del Juzgado o
Magistrado de la Sala o Secretario en la que preste servicio el funcionario
expedientado. Incoado el expediente por el Ministerio de Justicia e
Interior, o, en su caso, por la Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, el nombramiento de Instructor a favor de un Juez o Magistrado
será efectuado por el Consejo General del Poder Judicial, oída la propuesta
de aquél (artículo 464.2 LOPJ).
4. El Instructor designará un Secretario que deberá ser de la misma o
superior categoría que el sujeto a expediente, así como de mayor antigüedad
si fuere de su mismo Cuerpo, y comunicará al interesado la iniciación del
expediente y el nombre del Instructor y del Secretario (artículo 464.2
5. De todo acuerdo de iniciación de un expediente disciplinario, relativo a
los funcionarios que presten servicios en los Juzgados y Tribunales, y del
nombramiento del Instructor, se dará cuenta al Consejo General del Poder
6. Previamente al acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario
dirigido a Oficiales, Auxiliares y Agentes, el Ministerio de Justicia e
Interior o, en su caso, la Comunidad Autónoma que haya recibido los
de Justicia, podrá solicitar información sobre los hechos al Juez, al
Presidente del Tribunal, al Jefe de la Fiscalía o al Jefe del Organo en que
preste sus servicios, dando cuenta, en los dos primeros casos, al Consejo
General del Poder Judicial de la solicitud de información.
1. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas relativas a
la abstención y recusación establecidas en los artículos 28 y 29 de la Ley
2. El derecho de recusación podrá ejercitarse desde el momento en que el
interesado tenga conocimiento de quiénes son el Instructor y el Secretario.
3. La abstención y la recusación se plantearán ante la Autoridad que acordó
el nombramiento, quien deberá resolver en el término de tres días.
Artículo 96. Impulso de oficio e instrucción.
1. El procedimiento disciplinario se impulsará de oficio en todas sus
2. a) El Instructor practicará cuantas pruebas y actuaciones sean
necesarias para la determinación y comprobación de los hechos y
responsabilidades susceptibles de sanción, con intervención del Ministerio
Fiscal y del interesado, que podrá valerse de Abogado desde el inicio del
expediente (artículo 425.1 LOPJ).
b) Antes de la formalización del pliego de cargos el Instructor deberá
recibir declaración al presunto inculpado.
3. a) A la vista de las pruebas y actuaciones practicadas, el instructor
formulará, si procediere, pliego de cargos, en el que se expondrán los
hechos impugnados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente
cometida y de las sanciones que puedan ser de aplicación.
El pliego de cargos se notificará al interesado para que, en el plazo de
ocho días, pueda contestarlo y proponer la prueba que precise, cuya
pertinencia será calificada por el Instructor delegado (artículo 425.2
LOPJ). La denegación total o parcial de la prueba propuesta requerirá
b) Para la práctica de la prueba dispondrá el Instructor del plazo de un
mes; y tanto para las propuestas como para las de oficio se notificará al
presunto inculpado, lugar, fecha y hora en que deberán realizarse,
incorporándose al expediente la constancia de la recepción de la
c) Cumplimentadas las precedentes diligencias el Instructor dará vista del
expediente al presunto inculpado con carácter inmediato, para que en el
plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte
cuantos documentos considere de interés. Se facilitará copia del expediente
al presunto inculpado cuando éste así lo solicite.
4. Contestado el pliego o transcurrido el plazo sin hacerlo, y practicadas,
en su caso, las pruebas propuestas por el interesado, el Instructor, previa
audiencia del Ministerio Fiscal, formulará propuesta de resolución, en la
que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los
mismos e indicará la sanción que estime procedente.
Dicha propuesta de resolución se notificará al interesado para que, en el
plazo de ocho días, alegue lo que a su derecho convenga.
Evacuado el referido trámite, o transcurrido el plazo para ello, se
remitirá lo actuado a la autoridad que hubiere ordenado la iniciación del
procedimiento para la decisión que proceda. Cuando esta autoridad entienda
procedente una sanción de mayor gravedad que las que están dentro de su
competencia, elevará el procedimiento, con su propuesta, a la que sea
competente (artículo 425.3 y 4 LOPJ).
5. Podrán las autoridades competentes devolver el expediente al Instructor
para que comprenda otros hechos en el pliego de cargos, complete la
instrucción o someta al interesado una propuesta de resolución que incluya
una calificación jurídica de mayor gravedad (artículo 425.5 LOPJ). En tal
caso, antes de remitir de nuevo el expediente al órgano competente para
imponer la sanción, se dará vista de lo actuado al interesado, a fin de que
en el plazo de diez días alegue cuanto estime conveniente.
6. La duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses.
Cuando, por razones excepcionales, se prolongare por mayor plazo, el
Instructor deberá dar cuenta cada diez días del estado de su tramitación y
de las circunstancias que impiden su conclusión, a la autoridad que hubiera
ordenado promover el expediente (artículo 425.6 LOPJ).
Artículo 97. Resolución.
1. a) La resolución, que pone fin al procedimiento disciplinario, deberá
adoptarse en el plazo de diez días, salvo en caso de separación del
servicio, y resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
b) La resolución habrá de ser motivada y en ella no se podrán aceptar
hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la
propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica,
siempre que no sea de mayor gravedad.
c) En la resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá
determinarse, con toda precisión, la falta que se estime cometida, señalando
los preceptos en que aparezca recogida la clase de falta, el funcionario
responsable y la sanción que se impone, haciendo expresa declaración en
orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación del
2. Si la resolución estimare la inexistencia de falta disciplinaria, o la
de responsabilidad para el funcionario inculpado, hará las declaraciones en
orden a las medidas provisionales.
3. La resolución deberá ser notificada al Ministerio Fiscal y al
interesado, con expresión del recurso o recursos que quepan contra la misma,
el órgano ante el que han de presentarse, y plazos para interponerlos.
Asimismo, la resolución será comunicada, en su caso, al Ministerio de
Justicia e Interior o al órgano competente de la Comunidad Autónoma, para
constancia en el expediente personal del funcionario.
Artículo 98. Suspensión provisional.
1. El Instructor podrá proponer al Ministerio de Justicia e Interior la
suspensión provisional del funcionario sometido a expediente disciplinario,
con audiencia del Ministerio Fiscal y del interesado (artículo 465.2 LOPJ).
La propuesta se hará por conducto del Presidente o de la Sala de Gobierno,
en su caso, y sólo podrá acordarse cuando aparezcan indicios racionales de
la comisión de una falta muy grave (artículo 424 LOPJ).
2. En el supuesto de que el funcionario estuviera destinado en una
el funcionamiento de la Administración de Justicia, la suspensión
provisional requerirá el informe previo de la misma.
Artículo 99. Régimen de recursos.
1. Las sanciones, con exclusión de la de advertencia, contra la que sólo
cabrá súplica ante el propio órgano que la dictó, serán susceptibles de
recurso ante el Ministro de Justicia e Interior, cuando hubieran sido
impuestas por las Salas de Gobierno o el Fiscal General del Estado previo
informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma que haya recibido los
2. Las resoluciones del Ministro de Justicia e Interior resolviendo el
recurso anterior o, en su caso, imponiendo el traslado forzoso, así como las
del Consejo de Ministros en todo caso, agotarán la vía administrativa
(artículo 464.4 LOPJ).
3. Las resoluciones sancionadoras que decidan definitivamente en vía
gubernativa serán recurribles ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
reguladora de la misma (artículo 464.5 LOPJ).
4. La resolución de los expedientes sancionadores será también recurrible
por el Ministerio Fiscal, salvo lo establecido en este artículo sobre
Artículo 100. Anotación y ejecución.
1. Las sanciones disciplinarias serán anotadas en el expediente personal
del funcionario, con expresión de los hechos imputados (artículo 426.1
2. Las sanciones disciplinarias, una vez agotada la vía administrativa, se
ejecutarán según los términos de la resolución en que se imponga y en el
plazo máximo de un mes, salvo que cuando por causas justificadas se
establezca otro distinto en dicha resolución.
Artículo 101. Inejecución y suspensión temporal de la sanción.
La inejecución de la sanción sólo podrá acordarse por el Ministro de
Justicia e Interior, previo informe, en su caso, de la Comunidad Autónoma
que haya recibido los traspasos de medios personales para el funcionamiento
de la Administración de Justicia cuando se trate de las sanciones enumeradas
en el artículo 92, b). A propuesta del órgano competente para resolver,
podrán acordar su suspensión temporal por tiempo inferior al de su
prescripción. Si la sanción fuera de separación del servicio, el acuerdo de
su inejecución y suspensión corresponderá al Consejo de Ministros. Ambos
acuerdos deberán adoptarse de oficio, o a instancia del interesado, siempre
que mediare causa fundada para ello.
Artículo 102. Cancelación y rehabilitación.
La autoridad competente para sancionar lo es para decretar la cancelación y
la rehabilitación (artículo 466 LOPJ).
Artículo 103. Cancelación.
1. La anotación de la sanción de advertencia quedará cancelada por la
Administración competente, transcurrido el plazo de seis meses desde que
adquirió firmeza, si durante ese tiempo no hubiera dado lugar el sancionado
a otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción
(artículo 427.1 LOPJ).
2. La anotación de las restantes sanciones, con excepción de la separación,
podrá cancelarse a instancia del interesado, y oído el Ministerio Fiscal,
cuando hayan transcurrido al menos, uno, dos o cuatro años desde la
imposición firme de la sanción, según que se trate de falta leve, grave o
muy grave, y durante este tiempo no hubiera dado lugar el sancionado a nuevo
procedimiento disciplinario que termine con la imposición de sanción
(artículo 427.2 LOPJ).
3. La cancelación borrará el antecedente a todos los efectos (artículo
427.3 LOPJ).
Artículo 104. Publicación.
1. Por el Ministerio de Justicia e Interior se publicarán los escalafones
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, que se actualizarán con
periodicidad anual. Se concederá un plazo de treinta días naturales para que
los interesados puedan solicitar las rectificaciones que estimen
pertinentes, las cuales serán resueltas por el propio Ministerio.
2. Dicha publicación se efectuará en el «Boletín Oficial del Estado» o en
el de Información del Departamento, concediéndole, en este segundo caso,
carácter oficial mediante la oportuna Orden Ministerial, que se publicará en
Artículo 105. Contenido.
1. La relación comprenderá a todos los funcionarios que se hallaren en
servicio activo, servicios especiales y excedentes forzosos, relacionados
por orden de mayor a menor antigüedad. Al final se expresarán los que se
encuentren en situación de excedencia voluntaria y suspensos.
2. En el caso de primer nombramiento como funcionario de carrera se
considerará la fecha del mismo a efectos de situación escalafonal, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 26.6 de este Reglamento.
3. En el referido escalafón se hará constar: el número de orden, apellidos
y nombre, documento nacional de identidad, fecha de nacimiento, destino o
situación, y tiempo de servicios.
Artículo 106. Subescalafones.
Los méritos y baremaciones que hayan de surtir efectos exclusivos en
personales para el funcionamiento de la Administración de Justicia, serán
recogidos, a estos efectos, en uno los correspondientes subescalafones.
Disposición adicional primera. Registro Central del Personal al servicio de
En el Ministerio de Justicia e Interior existirá un Registro Central del
Personal al servicio de la Administración de Justicia, en el que se
inscribirá al personal al servicio de la Administración de Justicia regulado
en el presente Reglamento, y en el que se anotarán preceptivamente todos los
actos que afecten a la carrera administrativa de cada funcionario.
A tal efecto, las diferentes Administraciones competentes deberán grabar en
dicho Registro los actos que realicen en el ejercicio de las competencias
que ejerzan en relación a los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes,
como requisito de su eficacia en nómina, y asimismo deberán remitir al
Registro Central del Personal al servicio de la Administración de Justicia,
los correspondientes documentos de gestión de personal homologados para su
constancia en el expediente personal del funcionario. En todo caso, se
asegurará la necesaria intercomunicación de los sistemas de gestión. Las
distintas Administraciones podrán expedir las certificaciones que
correspondan con arreglo a los datos que figuren en el Registro.
El Ministerio de Justicia e Interior, previo informe de las Comunidades
Autónomas, y con cumplimiento de los requisitos legales, aprobará las normas
reguladoras del Registro Central del Personal al servicio de la
Administración de Justicia y el programa para su implantación progresiva.
Disposición adicional segunda. Acreditación del conocimiento de las lenguas
oficiales de las Comunidades Autónomas.
La acreditación del conocimiento oral y escrito de las lenguas oficiales de
las Comunidades Autónomas, a efectos del ingreso en los Cuerpos de Oficiales
y Auxiliares de la Administración de Justicia mediante promoción interna,
así como de los concursos de traslado para la provisión de puestos, se
efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 224/1989, de 17 de octubre
(LPV 1989\212), por el que se regula la planificación de la normalización
del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco («Boletín Oficial del País Vasco» del 27), y demás
disposiciones de desarrollo derivadas de los planes de normalización del
euskera que puedan dictarse en el ámbito de la citada Comunidad Autónoma, se
La acreditación de conocimientos de lengua catalana se efectuará en base a
los certificados expedidos por la Junta Permanente de Catalán, a los
certificados o diplomas equiparados a los mismos, o en base a los
certificados o diplomas que se reconocen como eximentes de las pruebas de
lengua catalana para el acceso a la función pública, de conformidad con el
Acuerdo de la Comisión para la normalización lingüística de 19 de junio de
1991, y según los criterios siguientes: 1.º Certificado de nivel B: dos
1.º Curso de Iniciación y perfeccionamiento: dos puntos.
1.º Certificado de grado elemental oral y escrito del valenciano: dos
2.º Certificado de grado medio oral y escrito del valenciano: cuatro
3.º Certificado de grado superior oral y escrito del valenciano: seis
5. En la zona vascófona y mixta que determina el artículo 5 de la Ley Foral
18/1986, de 15 de diciembre (RCL 1987\173), de la Comunidad Foral de
Navarra, se aplicarán los mismos criterios que los establecidos en el
7. En las Comunidades Autónomas como las del País Vasco y la Comunidad
Foral de Navarra en las que no hay establecido certificado oficial
correspondiente al perfil 2, se deberá superar un examen de acreditación que
a estos efectos convoquen los órganos competentes en dicha materia, lo que
les otorgaría el certificado-correspondiente.
8. En las convocatorias de procesos selectivos o de provisión de puestos en
las que se valoren las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas
conforme a lo dispuesto en la presente disposición adicional, se recogerá la
necesidad de certificación por parte de las Comunidades Autónomas de la
homologación y del nivel al que correspondan los títulos aportados.
Disposición transitoria primera. Escala Técnica del Cuerpo Administrativo
1. Los funcionarios de la Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de los
Tribunales declarado a extinguir por la transitoria 2 de la Ley de
Adaptación de 18 de marzo de 1966 (RCL 1966\516 y NDL 13780), y que no sean
Licenciados en Derecho, prestarán sus servicios en las Secretarías de
Gobierno y Fiscalías del Tribunal Supremo y Audiencias e Inspección Fiscal.
2. Les será de aplicación cuanto se previene en este Reglamento sobre
incompatibilidades, vacantes y su provisión, posesiones y traslados,
residencias, permisos y licencias, jubilaciones, situaciones administrativas
y régimen disciplinario de los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
3. Estos funcionarios estarán encargados de la tramitación de los
expedientes y de la práctica de los trabajos de carácter administrativo
inherentes a los organismos donde ejerzan su cargo, efectuando su labor con
arreglo a las normas establecidas al efecto y a las instrucciones que les
fueren dadas.
4. La provisión de vacantes que se produzcan hasta la extinción de estos
funcionarios se realizará mediante concurso de traslado que se anunciará en
5. A estos concursos sólo podrán acudir funcionarios pertenecientes a la
Escala Técnica del Cuerpo Administrativo de los Tribunales, y la
adjudicación de plazas se efectuará siguiendo como única norma la mayor
antigüedad de servicios efectivos en el Cuerpo.
6. Las plazas que resultaren desiertas por falta de solicitantes serán
amortizadas, y sus servicios adscritos a las respectivas Secretarías.
Disposición transitoria segunda. Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia destinados en el Instituto de Toxicología.
El personal al servicio de la Administración de Justicia regulado en el
presente Reglamento, y que se encuentre destinado en el Instituto de
Toxicología dependerá, en todo caso, del Ministerio de Justicia e Interior.
Cuando su puesto de trabajo radique en el territorio de una Comunidad
funcionamiento de la Administración de Justicia, gozarán de preferencia en
el primer concurso de traslado que se convoque para la obtención de destino
en otro centro de trabajo ubicado en la misma localidad, en los términos que
establezcan las bases de la convocatoria.
CORRECCION DE ERRORES CON MARGINAL 1996\1269
En el artículo 22, apartado 1, cuarta línea, donde dice: «... en el
apartado tercero del artículo anterior,...»; debe decir: «... en el apartado
3 del artículo 20,...».
En el artículo 42, apartado 3, decimotercera línea, donde dice: «...
remitirán al Ministerio o Departamento...»; debe decir: «... remitirán al
Ministerio de Justicia e Interior o al Departamento...».
En el artículo 84, en los párrafos b) y c), deben suprimirse las
referencias a los artículos 417.3 y 417.4, respectivamente, de la Ley
En el artículo 85, en los párrafos b) y d), deben suprimirse las
referencias a los artículos 418.4 y 418.9, respectivamente, de la Ley
En el artículo 86, en los párrafos d) y f), deben suprimirse las
referencias a los artículos 419.3 y 419.5, respectivamente, de la Ley
En el artículo 88, párrafo b), donde dice: «b) Multa de 30.000 pesetas»;
debe decir: «b) Multa de hasta 30.000 pesetas».
En el artículo 92, párrafo b), segunda línea, donde dice: «... las de
reprensión privada, multa y suspensión.»; debe decir: «... las de multa y
suspensión.».
En el artículo 96, apartado 3, párrafo a), tercera línea, donde dice: «...
los hechos impugnados ...», debe decir: «... los hechos imputados ...».
En el artículo 96, apartado 3, párrafos b) y c), donde dice: «... presunto
inculpado...»; debe decir: «... interesado...».
En el artículo 106, quinta línea, donde dice: «... en uno los
correspondientes subescalafones...»; debe decir: «... en los
correspondientes subescalafones.».
En la disposición adicional segunda, apartado 3, párrafo 1.º, donde dice:
«... y perfeccionamiento: dos puntos.»; debe decir: «... y perfeccionamiento
o curso Básico de lenguaje jurídico gallego: dos puntos.».
FuncionesIngresoTribunal calificadorSituaciones administrativasSuspensiónExcedenciasDerechos y deberesIncompatibilidades

References: REAL DECRETO 
 artículo 455
 artículo 122
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 2
 artículo 483
 artículo 481

Artículo 4

Artículo 5
 resolución 

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 20
 resolución 
 artículo
19
 artículo 491

Artículo 8
 artículo 60

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 7
 artículo 20
 artículo 7
 artículo 7

Artículo 14

artículo 8

Artículo 17
 artículo 7

Artículo 18

artículo 8

artículo 15
 Real Decreto 

Artículo 19
 artículo 491

artículo 434

Artículo 20
 artículo 491

Artículo 21

resolución 

Artículo 22
 artículo 17

Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 31

artículo 58
 artículo
93

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 resolución 

Artículo 38

Artículo 39
 resolución 

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 39
 artículo 98

Artículo 42
 artículo 39
 resolución 

Artículo 43

Artículo 44
 resolución 
 artículo 34

Artículo 45

Artículo 46
 resolución 
 artículo 33

Artículo 47
 artículo 26
 resolución 
 resolución 

Artículo 48
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 2
 Resolución 

Artículo 52
 resolución 
 Resolución 
 artículo
57

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 55
 artículo 75

Artículo 55
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 56

Artículo 57
 artículo 52

resolución 

Artículo 58

Artículo 59
 artículo 55

Artículo 60

Artículo 61
 Resolución

 artículo 76

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67
 resolución 

Artículo 68
 artículo 65

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 72
 artículo 70

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76
 resolución 

Artículo 77

resolución 

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

artículo 52
 resolución 
 artículo 52

Artículo 81

Artículo 82
 artículo 79

Artículo 83
 resolución 
 resolución

 resolución 

Artículo 84
 artículo 79
 artículo 85

Artículo 85
 artículo 79

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 89
 resolución 

Artículo 92

Artículo 94
 artículo 92

Artículo 96
 resolución 
 resolución 

Artículo 97
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 98

Artículo 99
 resolución 

Artículo 100
 resolución 

Artículo 101
 artículo 92

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105
 artículo 26

Artículo 106
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 20
 artículo 42
 artículo 84
 artículo 85
 artículo 86
 artículo 88
 artículo 92
 artículo 96
 artículo 96
 artículo 106