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Timestamp: 2020-07-11 23:09:24+00:00

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﻿ DECRETO 660 DE ABRIL 17 DE 2018
DECRETO 660 DE 17 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:MODIFICA EL DECRETO 1066 DE 2015, DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DEL INTERIOR, PARA CREAR Y REGLAMENTAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES EN LOS TERRITORIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:TERRITORIO, DERECHOS HUMANOS, CLASES DE TERRITORIO, MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONFLICTO ARMADO, CONFLICTO ARMADO INTERNO, MINISTERIO DEL INTERIOR, PRINCIPIO DE PAZ Y CONVIVENCIA, COMUNIDAD LGBT, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS, COMITÉ NACIONAL DE PAZ PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA CONVIVENCIA
“Por el cual se adiciona el capítulo 7, del título 1, de la parte 4, del libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios; y se dictan otras disposiciones”.
en uso de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 14 y 15 del Decreto-Ley 895 de 2017, y
Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 74 de 1968, establece en su parte II artículo 2º numeral 1º la obligación de respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin lugar a discriminación alguna. Así mismo, este instrumento prevé en su parte II, artículo 2º, numeral 2º, la obligación estatal de adoptar las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto.
Que la Convención americana sobre derechos humanos, incorporada al ordenamiento jurídico interno mediante Ley 16 de 1972, consagra en su Parte I, artículo 1º, numeral 1º el deber estatal de “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. De igual manera, este tratado, en su artículo 2º, ordena a los Estados Parte adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en ese instrumento internacional.
Que en desarrollo del Preámbulo, así como de los artículos 1º y 2º de la Constitución Política, el Estado debe garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en ella y asegurar y proteger la vida, honra y bienes de todas las personas en el territorio nacional. Igualmente, que los artículos 11, 12 y 28 de la Carta Política consagran la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la libertad personal.
Que el artículo 95 constitucional afirma que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política implica responsabilidades, entre ellas, propender al logro y mantenimiento de la paz; de igual manera establece en su numeral 4º el deber de las personas y los ciudadanos de defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.
Que el artículo 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, sobre las funciones de los municipios establece que los planes de desarrollo municipal deberán incluir estrategias y políticas dirigidas al respeto y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como promover una cultura de derechos humanos. Así mismo, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 señala que los alcaldes deberán presentar oportunamente proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social con inclusión del componente de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, lo cual asegura su inserción en los planes de desarrollo y de presupuesto anuales.
Que el Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, además de ser un desarrollo del artículo 14 del Decreto 895 de 2017, obra como garantía de no repetición a favor de todos los líderes sociales, entre ellos, Temístocles Machado (q. e. p. d.), líder social de Buenaventura, quien expresaba “sin ser abogado me he metido a estudiar las leyes, las normas y a estudiar lo que es territorio. La estrategia es defender el territorio”, medida que, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 1448 de 2011 no implica “reconocimiento ni podrá presumirse o interpretarse como reconocimiento de la responsabilidad del Estado, derivada del daño antijurídico (...), como tampoco ningún otro tipo de responsabilidad para el Estado o sus agentes”.
ART. 1º—Adición. Adicionar el capítulo 7, del título 1, de la parte 4, del libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, el cual quedará así:
‘ART. 2.4.1.7.1.1.—Objeto. El presente capítulo tiene por objeto crear y reglamentar el Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, con el propósito de definir y adoptar medidas de protección integral para las mismas en los territorios, incluyendo a los líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.1.2.—Creación del programa. Crear el Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios como una secuencia de acciones y modelo efectivo para la coordinación, articulación e implementación de medidas integrales de prevención, protección y seguridad con las comunidades y organizaciones, siempre y cuando la naturaleza de las medidas lo permita. Este programa tendrá en cuenta el enfoque de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial, por parte de todas las autoridades públicas, con el especial liderazgo de las entidades territoriales, con la participación de las comunidades y organizaciones, líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios, para prevenir violaciones de los derechos humanos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad, como aporte para alcanzar una paz estable y duradera.
‘PAR. 1º—Las medidas adoptadas en el marco del presente programa no podrán estar encaminadas a limitar las funciones constitucionales y legales de las entidades del Estado.
‘PAR. 2º—Las medidas que se adopten a favor de los pueblos y comunidades étnicas se harán en el marco de los decretos-ley 4633, 4634 y 4365 de 2011.
‘PAR. 3º—Las medidas que se adopten para la población objeto del presente capítulo tendrán en cuenta la normativa y jurisprudencia colombiana que reconoce su cultura y su pertenencia territorial.
‘ART. 2.4.1.7.1.3.—Población sujeto. Serán beneficiarios del presente capítulo las comunidades y organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios, así como sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas.
‘ART. 2.4.1.7.1.4.—Objetivos. Los objetivos del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios son los siguientes:
‘ART. 2.4.1.7.1.5.—Componentes. El Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, tendrá los siguientes componentes:
‘ART. 2.4.1.7.1.6.—Ámbito de aplicación. El Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios tendrá aplicación en todo el territorio nacional. La implementación territorial del Programa responderá al resultado de la aplicación de los criterios de priorización definidos por los comités técnicos objeto de este programa.
‘PAR.—La priorización y focalización será revisada anualmente por parte de los comités objeto del presente capítulo, y podrá articularse con el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida de la Defensoría del Pueblo y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).
‘ART. 2.4.1.7.1.7.—Principios. Las medidas que se adopten en el marco del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, deberán atender los siguientes principios:
16. Respeto a la igualdad y no discriminación: En la implementación del presente programa se respetará la igualdad en sus diferentes dimensiones y la igualdad de oportunidades para todos y todas en el acceso a los diferentes planes y programas contemplados en este capítulo, sin discriminación alguna. Ningún contenido de este programa se entenderá e interpretará como la negación, restricción o menoscabo de los derechos de las personas independientemente de su sexo, edad, creencias religiosas, opiniones, identidad étnica, por su pertenencia a la población LGBTI, o por cualquier otra razón; ni tampoco del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la libertad de conciencia y propender por superar la discriminación.
‘ART. 2.4.1.7.1.8.—Enfoques. Las medidas que se adopten en el marco del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, deberán atender los siguientes enfoques:
‘ART. 2.4.1.7.1.9.—Definiciones. En la implementación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
5. Contenido operativo del deber de prevención: Para efectos de la adopción de medidas en el marco del presente decreto, la prevención en su contenido operativo requiere de un desarrollo metodológico que implica comprender, identificar, caracterizar, priorizar y anticipar los riesgos sociales, sus causas y factores estructurales —como los culturales— que inciden en la ocurrencia de fenómenos delictuales en los territorios, los cuales tienen efecto en las dinámicas sociales, económicas, políticas y culturales; es decir, este desarrollo metodológico requiere de una comprensión contextual y diferencial, la cual plantea un panorama detallado a fin de intervenirlo con la articulación de las capacidades institucionales y de manera corresponsable entre los diversos actores públicos, privados y sociales.
‘ART. 2.4.1.7.2.1.—Componente de prevención, seguridad y protección. El componente de prevención, seguridad y protección del presente programa, está integrado por todas aquellas medidas políticas y de gestión orientadas a evitar la materialización de violaciones a los derechos humanos a la vida, libertad, integridad y seguridad contra comunidades y organizaciones en los territorios, sin perjuicio de aquellas medidas ya existentes o de otras que pudieran adoptar las autoridades diferentes a las contempladas en el presente capítulo.
‘ART. 2.4.1.7.2.2.—Elaboración e implementación de los planes integrales de prevención. Las gobernaciones y alcaldías conjuntamente serán las encargadas de formular y ejecutar el plan integral de prevención.
‘PAR. 1º—El Ministerio del Interior impulsará y prestará asistencia técnica a las entidades territoriales para la formulación de los Planes Integrales de Prevención, que deberán ser formulados a partir de la priorización y focalización que realice el Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales.
‘PAR. 2º—La fuerza pública con jurisdicción en el territorio, según sea el caso, deberá participar en la elaboración de los planes integrales de prevención, bajo la coordinación de las gobernaciones y alcaldías.
‘ART. 2.4.1.7.2.3.—Ruta Metodológica de los Planes Integrales de Prevención. Para la formulación, implementación y seguimiento a los Planes Integrales de Prevención se aplicará la siguiente ruta metodológica:
‘PAR.—El Ministerio del Interior elaborará una guía metodológica para la formulación, gestión y evaluación de los Planes Integrales de Prevención, se incorporarán medidas específicas que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para aportar elementos sobre las especificidades de sus condiciones. La guía metodológica será presentada por parte del Ministerio del Interior, en un plazo de seis (6) meses contado a partir de la vigencia del presente capítulo.
‘ART. 2.4.1.7.2.4.—Medidas de la fuerza pública. La fuerza pública con jurisdicción en la zona contará con delegados de las unidades militares y de policía quienes mantendrán un canal de comunicación expedito con las comunidades y organizaciones objeto del presente capítulo.
‘ART. 2.4.1.7.2.5.—Evaluación al plan integral de prevención. La evaluación de la persistencia, superación o emergencia de nuevos factores de riesgo, así como la adecuada ejecución, modificación o cesación al plan de prevención se hará anualmente, a instancias de las gobernaciones y/o alcaldías, con la participación de las comunidades y organizaciones en los territorios, la Fuerza Pública y el Ministerio Público con jurisdicción en el respetivo ente territorial. El Ministerio del Interior podrá participar en la evaluación, con la concurrencia de las entidades nacionales que tengan relación con el respectivo plan integral de prevención.
‘PAR.—La Fuerza Pública con jurisdicción en el territorio deberá entregar los insumos periódicos a los entes territoriales para la evaluación y seguimiento de acuerdo a los compromisos y competencias fijadas en los Planes Integrales de Prevención.
‘ART. 2.4.1.7.2.6.—Fomento de condiciones para la convivencia y la prevención. Las autoridades municipales o distritales, departamentales y del orden nacional adoptarán medidas orientadas a generar un entorno favorable al respeto, la garantía y protección de los Derechos Humanos, de convivencia ciudadana y a remover los obstáculos de tipo normativo, social, administrativo o judicial para el ejercicio de estos derechos, entre otras:
‘ART. 2.4.1.7.2.7.—Acceso comunitario a internet. Las autoridades municipales o distritales, departamentales y del orden nacional impulsarán y promoverán la conectividad. Las autoridades podrán impulsar la promoción de condiciones de uso de los instrumentos digitales para la información pública y la oferta de acceso comunitario a internet.
‘ART. 2.4.1.7.2.8.—Reconocimiento a la labor de las mujeres y sus organizaciones. Las autoridades municipales o distritales, departamentales y del orden nacional podrán adoptar medidas orientadas a promover y divulgar la labor de las mujeres y sus organizaciones, y el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Para tal fin, impulsarán mecanismos de prevención, articulación y ajuste de medidas y procesos de sensibilización y formación a servidores públicos.
‘ART. 2.4.1.7.2.9.—Medidas para la prevención y superación de la estigmatización y discriminación. Las autoridades municipales o distritales, departamentales y del orden nacional adoptarán acciones legales, pedagógicas, comunicativas y culturales de impulso y promoción de la no estigmatización de organizaciones y comunidades en los territorios, especialmente, aquellas en situación de vulnerabilidad o discriminación como las mujeres, las comunidades étnicas, ambientales, sectores sociales LGBTI, los/as jóvenes, niños y niñas y adultos mayores, las personas con discapacidad, las minorías políticas y religiosas, para tal fin se podrán adoptar las siguientes medidas, entre otras:
‘ART. 2.4.1.7.2.10.—Despliegue preventivo de seguridad. El Gobierno nacional propenderá porque el control territorial integral incluya, las siguientes acciones:
‘ART. 2.4.1.7.2.11.—Complementariedad y concurrencia de las entidades. La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través de su modelo de planeación y gestión operacional del servicio de policía, y demás autoridades del orden nacional, los departamentos, los municipios o distritos e instancias creadas en el marco de la implementación del Acuerdo final para la paz, aportarán las medidas de prevención y protección de acuerdo con sus competencias y capacidades institucionales, administrativas y presupuestales, para la garantía efectiva de los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal de su población objeto de conformidad con el Decreto-Ley 895 de 2017 y demás normas vigentes.
‘PAR.—La Fiscalía General de la Nación en el marco de la política criminal trabajará en coordinación con la Fuerza Pública para el desmantelamiento de las estructuras criminales que amenacen la seguridad de las comunidades en los territorios conforme a sus competencias.
‘ART. 2.4.1.7.3.1.—Componente promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia. El componente de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, estará a cargo del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el propósito de impulsar los diferentes mecanismos alternativos y extrajudiciales de solución de conflictos en los territorios, promover la defensa de los derechos humanos y estimular la convivencia comunitaria, en las zonas previamente definidas para ello. Este componente hace parte de las medidas de prevención, protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos para las comunidades y organizaciones en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.3.2.—Definición del promotor/a comunitario/a de paz y convivencia. El Promotor/a Comunitario/a de Paz y Convivencia será una persona natural, con calidades reconocidas en su territorio como mediador, líder, lideresa, defensor o defensora de derechos humanos y la convivencia pacífica, sin discriminación alguna, de característica no armada, que actuará de forma voluntaria, sin remuneración y contará con acreditación de la entidad competente.
‘ART. 2.4.1.7.3.3.—Articulación con otras figuras de justica comunitaria y resolución de conflictos. En los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en coordinación con el Ministerio del Interior, definirán un mecanismo de articulación de la figura del Promotor/a Comunitario/a de Paz y Convivencia con otras figuras de justicia comunitaria y resolución de conflictos.
‘ART. 2.4.1.7.3.4.—Implementación del componente promotor/a comunitario/a de paz y convivencia. Para implementar y poner en marcha el componente de Promotores/ as Comunitarios de Paz y Convivencia, se tendrán en cuenta las siguientes etapas:
‘ART. 2.4.1.7.3.5.—Acompañamiento. Durante todo el proceso y aún después de adelantada la implementación, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho harán constante acompañamiento a los/as Promotores/as comunitarios de paz y convivencia para fortalecer y apoyar la labor desempeñada en las comunidades. Las posibles dificultades y aprendizajes en el proceso serán informados al Comité Técnico del componente de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia.
‘PAR. 1º—Los entes territoriales podrán apropiar recursos en sus planes de desarrollo para la implementación del presente Programa.
‘PAR. 2º—En todas las funciones y componentes se observarán los enfoques de derechos, étnico, de género y territorial y diferencial.
‘ART. 2.4.1.7.3.6.—Tareas del promotor/a comunitario/a de paz y convivencia. Los Promotores/as comunitarios de paz y convivencia adelantarán las siguientes tareas, en las zonas previamente definidas para ello, por el comité técnico de este componente:
‘PAR. 1º—Las tareas que desarrollará el promotor/a comunitario/a del cual trata el presente Capítulo se articularán con los procesos que se desarrollen por el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. La estrategia de articulación y coordinación deberá contar con la aprobación del comité técnico del componente Promotores/as comunitarios de paz y convivencia.
‘PAR. 2º—Todo lo anterior, sin perjuicio de la función constitucional y legal de la Fiscalía General de la Nación para iniciar investigaciones penales de oficio, ni del deber de denuncia de las personas contenido en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004.
‘PAR. 3º—Las funciones anteriormente citadas en ningún caso sustituyen la responsabilidad, obligaciones y funciones constitucionales y legales asignadas a las entidades del Estado en materia de la prevención, defensa, promoción y protección de los derechos humanos.
‘PAR. 4º—En todas las funciones y componentes se propenderá la observancia de los enfoques de derechos, étnico, de género y territorial y diferencial.
‘ART. 2.4.1.7.3.7.—Aplicación de la caja de herramientas para la construcción, ejecución y seguimiento de los PISCC. El Gobierno nacional, a través de los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, la Policía Nacional y demás entidades con competencia en la materia, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, podrá contribuir a la promoción de acciones de convivencia social en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), de las entidades territoriales, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación promoverá el uso y prestará asistencia técnica para la aplicación de la Caja de Herramientas para la construcción, ejecución y seguimiento de los PISCC, de conformidad con el artículo 2.7.1.1.16 del presente decreto.
‘ART. 2.4.1.7.3.8.—Priorización para la adopción de la oferta institucional en materia de convivencia. El Comité Técnico del componente de Promotores/as Comunitario/ as de Paz y Convivencia, aprobará los criterios de priorización para la implementación de la oferta institucional en materia de convivencia, paz y derechos humanos que se desarrolle dentro de tal componente.
‘ART. 2.4.1.7.3.9.—Desarrollo de capacidades para la paz y la convivencia. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, con el apoyo del Comité Técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de Apoyo a la Actividad de Denuncia, aportarán a la promoción de herramientas que fortalezcan las capacidades de distintos actores (ciudadanos, instituciones y redes) con el fin de potenciar sus habilidades para la puesta en práctica de la construcción de una cultura de paz.
‘ART. 2.4.1.7.4.1.—Protocolo de protección para comunidades rurales. El Protocolo de protección para comunidades rurales es un componente del Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios, entendido como un instrumento de análisis de información, toma de decisiones e implementación de medidas de emergencia respecto a factores, eventos o situaciones de riesgo que puedan constituir amenazas de violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad contra comunidades y organizaciones en los territorios rurales, para la adopción de medidas materiales e inmateriales orientadas a evitar y controlar los factores de riesgo.
‘ART. 2.4.1.7.4.2.—Recepción de información sobre potenciales hechos victimizantes. La instancia territorial definida en el artículo 2.4.1.7.6.11 del presente decreto es el escenario para implementar el Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, definirá un mecanismo permanente de recepción de información a cargo de la entidad territorial, el cual deberá realizar un análisis técnico preliminar de la información allegada con el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional con jurisdicción en el territorio, a efectos de verificar si procede o no la activación de las rutas pertinentes de prevención y protección.
De considerarse procedente el mecanismo de recepción y valoración establecido podrá optar entre la activación de los instrumentos de prevención y protección establecidos territorialmente —como el subcomité de prevención y protección o el comité territorial de justicia transicional, entre otros— o aquellos previstos desde el orden nacional —como los planes de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados al Margen de la ley y por Grupos Delictivos Organizados (Cipruna), o la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Descontamina Colombia), entre otros—, y la remisión a las instancias pertinentes para la implementación de medidas como la Unidad Nacional de Protección, las Fuerzas Militares, la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) y personerías municipales o distritales. Lo anterior, teniendo en cuenta los principios de coordinación y subsidiariedad.
‘PAR.—Si en el análisis de información se identifican personas, grupos o comunidades, población objeto de alguno de los programas de protección ya existentes en el Estado, estos casos serán remitidos al respectivo programa.
‘ART. 2.4.1.7.4.3.—Análisis de riesgos. Para el análisis de riesgos y adopción de medidas, la instancia territorial definida en el artículo 2.4.1.7.6.11 del presente decreto, contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones y comunidades en los territorios para definir el escenario de riesgo y concertación de medidas materiales e inmateriales de prevención, protección y seguridad que tenga en cuenta las condiciones particulares de las comunidades y organizaciones en los territorios, considerando las capacidades reales de las entidades comprometidas, el principio de progresividad y los criterios de focalización y priorización.
‘PAR. 1º—Se tendrán en cuenta los informes emitidos por la Defensoría del Pueblo (especialmente el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida), la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos así como otros informes en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario realizados por las organizaciones sociales, tanto colombianas como internacionales, que trabajan en terreno. La persona, organización o comunidad solicitante de medidas en el marco de este decreto podrá aportar documentación adicional que se tendrá en cuenta en la evaluación del riesgo.
‘PAR. 2º—La Defensoría del Pueblo, los representantes de las organizaciones de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) podrán asesorar y formular recomendaciones, en materia de derechos humanos y paz, para el mejoramiento del Protocolo de protección para territorios rurales.
‘ART. 2.4.1.7.4.4.—Definición de rutas de protección. La instancia territorial a la que refiere el presente capítulo, definida por el gobernador o el alcalde con la participación de las comunidades y organizaciones, formulará su ruta de prevención y protección temprana, urgente y de garantías de no repetición para evitar la materialización de los factores, eventos o situaciones de riesgo que puedan constituir amenazas de violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad, libertad y seguridad contra comunidades y organizaciones en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.4.5.—Medidas materiales e inmateriales de prevención y protección. La instancia territorial, con la participación activa y efectiva de las organizaciones y comunidades en los territorios, deberá definir la adopción y realizar cada tres meses el seguimiento y evaluación de la Implementación de medidas materiales e inmateriales que considere pertinentes, como:
‘PAR. 1º—La instancia territorial deberá recomendar la vigencia o temporalidad que corresponde a las medidas adoptadas, realizando una evaluación periódica que determine la terminación, mantenimiento o complementación de la misma, sin detrimento de decisiones adoptadas en el marco del sistema de prevención y alerta para la reacción rápida.
‘PAR. 2º—En caso de identificar población objeto de otros programas de protección se remitirá e iniciará la ruta respectiva, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y el enfoque de derechos, étnico, de género y territorial y diferencial.
‘ART. 2.4.1.7.4.6.—Articulación con la ruta de protección colectiva. Para efectos de la valoración de los riesgos y adopción de medidas que se implementen en el marco de la ruta de protección colectiva prevista en el capítulo 5 del título 1 de la parte 4 del libro 2 de este decreto o normas que lo modifiquen o sustituyan, se deberán tener en cuenta los insumos elaborados por las instancias territoriales a las que se refiere el presente decreto.
‘ART. 2.4.1.7.4.7.—Fortalecimiento de comunidades y organizaciones. El fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y organizaciones en los territorios será considerado como una medida prioritaria y de mayor relevancia en las rutas de prevención y protección. La instancia territorial podrá solicitar asistencia técnica de las entidades del orden nacional con competencia en la materia; estas últimas, a su vez, priorizarán acciones para su intervención.
‘ART. 2.4.1.7.4.8.—Fortalecimiento de canales de comunicación. La instancia territorial deberá promover el fortalecimiento de la confianza y la comunicación entre las organizaciones y comunidades en los territorios con las autoridades municipales o distritales, departamentales y nacionales.
‘ART. 2.4.1.7.4.9.—Mecanismo de seguimiento a la implementación de medidas. La instancia territorial definirá el mecanismo de recolección de información, el espacio y los criterios de análisis, así como las recomendaciones pertinentes en relación con el seguimiento y la evaluación de las medidas implementadas. La instancia deberá informar al Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales, sobre la eficacia y eficiencia de las medidas adoptadas.
‘ART. 2.4.1.7.5.1.—Componente de apoyo a la actividad de denuncia de las comunidades y organizaciones de derechos humanos en los territorios. El componente de apoyo a la actividad de denuncia de las comunidades y organizaciones de derechos humanos en los territorios estará a cargo del Ministerio del Interior. Este componente hace parte de las medidas de prevención, protección, respeto y garantía de los derechos humanos para las comunidades y organizaciones en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.5.2.—Jornadas móviles de acceso a la justicia. Los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho fortalecerán las jornadas móviles de acceso a la justicia con el apoyo, cuando se requiera, de la Fiscalía General de la Nación, y podrán convocar a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Las estrategias podrán integrarse con otros mecanismos de acceso a la justicia.
‘PAR. 1º—Para la operativización de las Jornadas móviles de acceso a la justicia se podrá convocar al Consejo Superior de la Judicatura.
‘PAR. 2º—Cuando se requiera y para facilitar el acceso a las comunidades se podrá contar participación de comunidades y organizaciones, líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas de organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos humanos en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.5.3.—Garantías a la actividad de denuncia para las organizaciones de derechos humanos en los territorios. El Ministerio del Interior, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente decreto, elaborará un programa de fortalecimiento de la capacidad de denuncia de las organizaciones de derechos humanos en los territorios rurales, el cual estimulará medidas de prevención con un énfasis en la comunicación escrita y audiovisual, junto con los instrumentos que sirven para documentar posibles violaciones a los derechos humanos. Dentro de este programa se establecerá la manera como se pondrá a disposición de las organizaciones de derechos humanos las herramientas logísticas en apoyo de la actividad de los defensores y defensoras y sus organizaciones, en los términos previamente definidos por el Comité Técnico del componente de promotores/ as comunitarios/as de paz y convivencia y del componente de apoyo a la actividad de la denuncia.
Parágrafo 1º. La implementación territorial del Programa de Apoyo a la actividad de Denuncia de las organizaciones de Derechos Humanos en los Territorios, responderá a los criterios de priorización y focalización definidos por el Comité Técnico de este Programa. Uno de los criterios de priorización será el de aquellos municipios o territorios referidos por la Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas.
‘ART. 2.4.1.7.6.1.—Instancias de dirección y coordinación. El Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se compone por las siguientes instancias:
‘ART. 2.4.1.7.6.2.—Orientación del Programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Corresponde a la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad promover la adopción de las medidas que permitan la puesta en marcha del presente Programa.
‘ART. 2.4.1.7.6.3.—Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales. La gestión técnica y operativa para la implementación del presente Programa, en los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y de protocolo de protección para territorios, estará a cargo de un Comité Técnico, con la participación de funcionarios del nivel asesor o directivo.
‘ART. 2.4.1.7.6.4.—Integración del Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales. El Comité Técnico estará integrado por las siguientes entidades, instituciones o dependencias:
‘PAR. 1º—Para el cumplimiento de sus funciones, el comité técnico podrá convocar en calidad de invitados a representantes o delegados de otras dependencias, entidades o instituciones del orden internacionales, nacionales, territoriales u organizaciones no gubernamentales que estime pertinente.
‘PAR. 2º—Serán invitados permanentes, con voz y sin derecho a voto, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación.
‘ART. 2.4.1.7.6.5.—Funciones del Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales. El Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
5. Proponer a las entidades competentes, estrategias y acciones —políticas, técnicas, administrativas y financieras— para garantizar la efectiva implementación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, en los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales.
‘PAR. 1º—Se tendrá en cuenta la debida articulación con el sistema de prevención y alerta para la reacción rápida.
‘PAR. 2º—Las funciones de este Comité se desarrollarán, sin perjuicio de la reserva legal de la información de los procesos penales.
‘PAR. 3º—En todas las funciones y componente se propenderá la observancia de los enfoques de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial.
‘ART. 2.4.1.7.6.6.—Secretaría Técnica del Comité Técnico de los componentes de medidas Integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de los componentes de medidas integrales de prevención, seguridad y protección, y del protocolo de protección para territorios rurales será ejercida por parte de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y tendrá las siguientes funciones:
‘ART. 2.4.1.7.6.7.—Comité Técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia. La gestión técnica y operativa para la implementación del componente de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia y del componente de Apoyo a la Actividad de Denuncia estará a cargo de un Comité Técnico, con la participación de funcionarios del nivel asesor o directivo.
‘ART. 2.4.1.7.6.8.—Integración del comité técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia. El Comité Técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de Apoyo a la Actividad de Denuncia, estará integrado por las siguientes entidades:
‘PAR. 1º—Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité Técnico podrá convocar en calidad de invitados a representantes o delegados de otras dependencias, entidades o instituciones del orden internacional, nacional o territorial u organizaciones no gubernamentales que estime pertinente.
‘PAR. 3º—El o la representante de las organizaciones sociales será elegido/a en el marco del ejercicio de participación en la adopción del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.6.9.—Funciones del comité técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia. El Comité técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia tendrá las siguientes funciones:
PAR.—En todas las funciones y componente se propenderá la observancia de los enfoques de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial.
‘ART. 2.4.1.7.6.10.—Secretaría Técnica del Comité técnico de los componentes de Promotores/as comunitarios de paz y convivencia, y de apoyo a la actividad de denuncia. La Secretaría Técnica del Comité Técnico de los componentes de Promotores/ as Comunitarios de Paz y Convivencia, y de Apoyo a la Actividad de Denuncia será ejercida por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y tendrá las siguientes funciones:
PAR.—En todas las funciones y componentes se propenderá la observancia de los enfoques de derechos, de género, étnico, territorial y diferencial.
ART. 2.4.1.7.6.11.—Instancia territorial para implementación del programa integral de seguridad y protección en los territorios. Para articular, coordinar e impulsar el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, el respectivo gobernador o alcalde, con el acompañamiento del Ministerio del Interior, consultará con las organizaciones sujeto de este programa el escenario o Instancia en el que lo implementará, para lo cual podrá desarrollar estas acciones en una de las instancias territoriales ya creadas en el territorio, como los comités de orden público, los comités de justicia transicional, los comités de derechos humanos y derecho internacional humanitario, los subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición, así como de las instancias de prevención establecidas en el Decreto 1581 de 2017, o podrá optar por la creación de un nuevo escenario. En todo caso, los alcaldes y gobernadores informarán a la secretaría técnica del comité nacional la instancia definida para el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
ART. 2.4.1.7.6.12.—Funciones de la instancia territorial para implementación del programa integral de seguridad y protección en los territorios. Son funciones de la instancia territorial las siguientes:
‘PAR. 1º—Será responsabilidad del ente territorial la implementación y el seguimiento de las medidas definidas en este programa en coordinación con otros instrumentos que se hayan adoptado en la materia.
‘PAR. 2º—El Gobierno nacional prestará asistencia técnica a las instancias territoriales que así lo requieran para el cumplimiento de las anteriores funciones.
‘ART. 2.4.1.7.6.13.—Garantías de participación. En la conformación de las instancias creadas en este capítulo se propenderá por la participación equitativa de hombres y mujeres promoviendo el aumento progresivo e incluyente de la representación de las mujeres, con el propósito de alcanzar una participación en condiciones de igualdad.
‘ART. 2.4.1.7.6.14.—Articulación y coordinación con la política pública de prevención. El Ministerio del Interior adoptará una estrategia de articulación y coordinación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios del cual trata el presente capítulo con la política pública de prevención y con la ruta de protección colectiva, adicionados a este decreto mediante los decretos 1581 y 2078 de 2017 y el nuevo sistema de prevención y alerta para la reacción rápida, definido en el Decreto 2124 de 2017.
‘ART. 2.4.1.7.6.15.—Articulación y coordinación con el plan de rehabilitación psicosocial para la convivencia y la no repetición. El Ministerio del Interior adoptará una estrategia de articulación y coordinación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, con los procesos que se desarrollen en el marco del Plan de Rehabilitación Psicosocial para la Convivencia y la No Repetición.
‘ART. 2.4.1.7.2.12.(sic)—Articulación con los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. la implementación del presente programa deberá articularse con la ejecución del programa de protección integral para las y los integrantes del partido político FARC, y con las medidas de protección y prevención colectivas desplegadas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que se contemplan en el marco de dicho programa.
‘ART. 2.4.1.7.6.16.—Articulación y coordinación con el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. El Ministerio del Interior adoptará una estrategia de articulación y coordinación del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, con los procesos que se desarrollen por el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º parágrafo 1º del Decreto-Ley 895 de 2017, o la norma que lo modifique o adicione.
‘PAR.—Las medidas contempladas en el presente programa podrán articularse y complementarse en los instrumentos de planeación de los Consejos Territoriales de Reconciliación, Paz y Convivencia.
‘ART. 2.4.1.7.6.17.—Difusión del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Para la difusión del presente decreto, el Ministerio del Interior, en calidad de secretaría técnica, presentará a los comités técnicos un plan de socialización y apropiación del programa en los territorios.
‘ART. 2.4.1.7.6.18.—Financiación del programa integral de seguridad y protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Para la financiación de los componentes y medidas del Programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios, las entidades públicas en el marco de sus competencias, atenderán las funciones asignadas en el presente decreto con los recursos incluidos en su presupuesto en cada vigencia fiscal, así como del Acuerdo final para la paz, como cooperación internacional, presupuesto general de la Nación (PGN) y sistema general de regalías (SGR) los cuales quedarán Integrados en los planes de desarrollo nacional y territorial.
Los entes territoriales podrán incluir y apropiar recursos para la implementación del presente protocolo”.
ART. 2º—Sustitución. Sustituir el artículo 2.4.1.1.38 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector administrativo del interior, el cual quedará así:
“ART. 2.4.1.1.38.—Destinación de recursos. Los recursos que se apropian en la ley de Presupuesto General de la Nación a las instituciones comprometidas en la ejecución de las medidas definidas en el presente Capítulo, serán destinados al cumplimiento de las funciones del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005, y podrán financiar el programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios”.
ART. 3º—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona el capítulo 7, del título 1, de la parte 4, del libro 2 y modifica el artículo 2.4.1.1.38 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior.

References: artículo 189
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 95
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 91
 artículo 29
 artículo 14
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 67
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2