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Timestamp: 2015-03-01 19:14:57+00:00

Document:
Jurisprudencia constitucional - art_4
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1221/2003-R
Sucre, 26 de agosto de 2003
Expediente: 2003-06608-13-RAC
Magistrado Relator: Dr. René Baldivieso Guzmán
En revisión la Resolución de fs. 97 a 100 pronunciada el 30 de abril de 2003 por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Rodolfo Joaquin Illanes Alvarado en representación de Guillaume B. Albert MG. Roelants du Vivier, Carmen Rosa Burgos Ortíz, Gladys Mabel Estrada Olivares, Oscar Guillermo Bollati Zabala, Lucas Villca y Ana María Farell de Oropeza contra Silvestre Iñiguez Meneses, Isidro Orellana Agreda, Presidente y Vocal Relator de la Sala Penal Segunda y Nelson Molina Avilés, Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal, alegando la vulneración al principio "non bis in idem", previsto por los arts. 14, 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).
El recurrente en el escrito presentado el 25 de abril de 2003 de fs. 64 a 70 manifiesta:
Sus representados están siendo objeto de un triple juzgamiento en tres jurisdicciones y competencias diferentes, dificultando e impidiendo su defensa toda vez que en el Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial de La Paz, se les sigue un proceso penal por la supuesta comisión de delitos de tráfico de sustancias controladas, cohecho activo, confabulación y asociación delictuosa previstos por el art. 48.m) de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), como producto de un supuesto desvío de ácido sulfúrico hacia el narcotráfico, internación ilegal de sustancias controladas al territorio nacional, omisión de pago de impuestos por dichas importaciones y una supuesta confabulación y asociación delictuosa, investigación que incluyó los periodos de 1995 a 1999.
De la misma manera, en el Juzgado Tercero Liquidador de Partido en lo Penal del Distrito de Potosí, se tramita otro proceso penal en contra de sus representados por la supuesta comisión del delito de contrabando previsto en el art. 166 de la Ley General de Aduanas (LGA) asociación delictuosa y tráfico de influencias, con la agravante del art. 180.c) y h) LGA. Agrega que asimismo han sido sorprendidos con las notificaciones de un tercer proceso por parte de la Administración Aduanera Interior Potosí- Regional de la Aduana Nacional, por los mismos hechos que se los pretende procesar en los juicios de referencia, encontrándose el último proceso en espera de una resolución que acepte o rechace una oferta de pago realizada por sus representados al ser evidente la existencia de tributos impagos, obligación que no negaron y por el contrario fue la Aduana Nacional que no los quiso recibir.
Añade que los tres procesos tienen como base única el requerimiento acusatorio de la Fiscal María Luisa Torres Bernal, que cursa en el Juzgado Primero de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, así como las pruebas obtenidas por la referida autoridad para emitir su requerimiento acusatorio, teniendo presente que los Autos de procesamiento en los tres procesos versan sobre los mismos hechos delictivos que se les imputan.
Continúa expresando que como emergencia de los mencionados procesos el 10 de febrero de 2003, en el aduanero de la ciudad de Potosí el Ministerio Público, requirió la inhibitoria del Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal, y la acumulación del mismo al proceso que se sustancia en la ciudad de La Paz por la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, autoridad jurisdiccional que declinó competencia disponiendo la remisión del expediente a la Presidencia de la Corte Superior de la ciudad de La Paz. Apelada esta determinación por la Aduana Regional Potosí, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de ese Distrito, mediante Auto de Vista de 28 de marzo de 2003, la revocó con el argumento de que la conducta de los procesados se adecua a normas diferentes a las que deben ser juzgados, por lo que en cumplimiento a ese fallo el Juez de Partido reasumió conocimiento y citó a sus representados a una audiencia preparatoria en el proceso penal aduanero para el día 28 de abril de 2003.
Indica los previstos por los arts. 14, 16.II) y IV) CPE y al principio "non bis idem".
El recurrente interpone amparo constitucional contra Silvestre Iñiguez Meneses, Isidro Orellana Agreda, Presidente y vocal Relator de la Sala Penal Segunda y Nelson Molina Avilés, Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal, solicitando sea declarado procedente y se disponga la acumulación de los procesos aduaneros que se les sigue a sus representados tanto en la Justicia ordinaria como en la administración aduanera al que se sustancia en el Distrito Judicial de La Paz, por delitos relacionados con la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
I.2.Audiencia y Resolución del Tribunal
Efectuada la audiencia pública el 30 de abril de 2003, según consta en el acta de fs. 88 a 96 de obrados, se producen los siguientes actuados:
I.2.1Ratificación y ampliación del Recurso
El abogado del recurrente ratifica los términos del recurso planteado y añade: 1) que los tres procesos que se siguen contra sus representados son emergentes del proceso que se siguió contra la empresa "Tierra" que ingresó ácido sulfúrico al territorio nacional, dentro del cual las autoridades jurisdiccionales coartan el derecho a la defensa de los procesados individuales, que son en la actualidad los ex-empleados de esa Empresa que se encuentran procesados por los mismos hechos mediante tres acciones diferentes; 2) al ser el objeto -como se dijo- el mismo en los tres procesos se estaría frente a un concurso ideal de delitos previsto por el art. 44 del Código Penal (CP), sin embargo en el caso presente se está frente a dos materias especiales que son el narcotráfico y contrabando (L1008 y LGA) y al existir conflicto se debe aplicar la justicia que conoce el delito más grave, para seguir un solo proceso y dictar una sola sentencia.
I.2.2Informe de los recurridos
Las autoridades recurridas informan: 1) con la facultad conferida por el art. 281 del Código de Procedimiento Penal de 1972 (CPP.1972), tomaron conocimiento del recurso de apelación interpuesto contra el Auto dictado por el Juez de Partido Liquidador que declinó jurisdicción y competencia, disponiendo que el proceso seguido por el Ministerio Público y Aduanas Interior sea remitido a conocimiento de la Presidencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, para su tramitación por los Jueces de Partido de Sustancias Controladas; 2) revocaron la resolución apelada en el entendido que el Juez Tercero Liquidador en lo Penal que hace a la vez de Tribunal Aduanero de Sentencia conoció el caso con la jurisdicción y competencia otorgada por el art. 264 LGA, que tiene su propio procedimiento y constituye una Ley especial al igual que la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas las que persiguen fines diferentes; 3) el Auto que dictaron no ha hecho más que cumplir con la Ley, sin violar ninguna garantía, no siendo evidente la vulneración del art. 48 CPP.1972 que expresa que cuando hay colisión entre una Ley ordinaria y otra especial, corresponde el tratamiento por la Ley ordinaria, en el presente caso no se trata de disposiciones ordinarias sino de leyes especiales de distintas jurisdicciones, Ley de Aduanas y Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas con competencia y procedimientos distintos, pues no se ha visto que un Tribunal de Sustancias Controladas tramite un proceso aduanero como se pretende, aclarando que los recurrentes no usaron de su derecho a la defensa y no hicieron valer lo previsto por el art. 207.a) y c) LGA; 4) el tribunal de alzada, no negó nada a los representados del recurrente, puesto que fue el Fiscal que requirió por la acumulación de los casos y no los imputados, quienes aún tienen la vía legal pertinente para hacer valer sus derechos, toda vez que no se han apersonado al Juzgado ni han planteado excepción alguna (litispendencia, incompetencia); 5) antes de recurrir al amparo constitucional les correspondía hacer uso de su derecho a la defensa ante el Juez de la causa, por lo que este recurso resulta improcedente al no ser sustitutivo de otros.
A su turno el Juez Liquidador co-recurrido, expresa: 1) si bien la parte recurrente planteó las excepciones de litispendencia e incompetencia, éstas no fueron conocidas por el Presidente, en razón a que como señala el art. 223 LGA, las mismas deben ser resueltas en la audiencia preparatoria de juicio, empero si hasta la fecha no se ha pronunciado sobre ellas se debe a la ausencia de los representados por el recurrente; 2) a requerimiento fiscal mediante Auto ordenó la remisión del caso a conocimiento de los jueces del Juzgado Liquidador de Sustancias Controladas, sin desconocer las reglas de la jurisdicción y competencia y estar próximo a vencer el plazo para los procesos en liquidación; 3) en vista de la revocatoria, asumió nuevamente el conocimiento de la causa y señaló audiencia para el 28 de abril, solicitando mediante exhorto suplicatorio al Juzgado Liquidador de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, se otorgue permiso a los imputados arraigados en esa ciudad, quienes pese al permiso no se presentaron a la audiencia, por lo que aún el proceso no se ha iniciado; 4) respecto a su incompetencia invocada por los imputados, éstos pueden hacer valer sus derechos en la audiencia preparatoria del juicio señalada para el día 13 de mayo de 2003 y presentar las excepciones que consideren convenientes.
El representante del Ministerio Público, emite dictamen porque se declare improcedente el recurso, con el argumento de que el recurrente cuestiona la competencia del Juzgado Aduanero y propone la acumulación de los procesos, situaciones que pueden plantear como parte de su defensa mediante las excepciones de incompetencia y litispendencia previstas por el art. 207 LGA, no siendo el amparo constitucional sustitutivo de esos recursos por su naturaleza jurídica.
Concluida la audiencia el Tribunal de amparo constitucional pronuncia Resolución que declara improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos: 1) si bien el concurso ideal o delito compuesto, se halla demostrado por la comisión de un presunto ilícito penal, empero existen los mecanismos legales para hacer valer las pretensiones de las partes conforme lo previenen los arts. 175,183 CPP.1972, los que no pueden suplirse con el amparo constitucional; 2) la finalidad del art. 44 CP (concurso ideal), es lograr una sentencia única dentro de los alcances del art. 246 del citado cuerpo de leyes, siendo necesario para ello que los procesos se hallen en estado de sentencia para su acumulación, de ninguna manera antes de cumplir ésta formalidad lo que no ocurre en el caso presente; 3) al encontrarse el proceso administrativo con oferta de pago de tributos por parte de los recurrentes, resulta innecesaria su consideración, por encontrase pendiente de resolución, además los imputados (recurrentes) en el proceso aduanero no han interpuesto ninguna cuestión prejudicial o excepciones previstas en el art. 207 LGA, o si las hubo, hasta el presente aún no se ha realizado la audiencia preparatoria del juicio para su consideración y consiguiente resolución; 4) el requerimiento fiscal de acumulación fue de oficio sin que las partes la hubieran pedido expresamente. Ninguno de los procesos aludidos contra los recurrentes se encuentra en estado de dictarse sentencia, se hallan en fase preparatoria, razón para desestimar la acumulación de procesos en el marco del art. 246 CPP.1972.
Que sorteado el expediente el 2 de julio de 2003, a solicitud del Magistrado Relator quien requiere de la remisión de los procesos originales de Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz y del proceso Aduanero de Potosí se suspende el plazo para emitir sentencia mediante Auto Constitucional 332/2003-CA de 14 de julio de 2003, posteriormente mediante Decreto de 25 de agosto de 2003 la Comisión de Admisión remite a Despacho del Magistrado Relator la documentación solicitada, siendo el nuevo plazo para emitir sentencia el 26 de agosto de 2003, por lo que la presente sentencia es dictada dentro del término previsto por ley.
II.1En el Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, se sustancia un proceso penal seguido de oficio contra Guillaume Roelants du Vivier, Carmen Rosa Burgos Ortiz, Gladys Mabel Estrada Olivares, Oscar Guillermo Bollati Zabala, Ana María Farrel de Oropeza, Basilio Cabrera Cayo, Lucas Villca y Luis Gonzalo Vargas Maldonado - representados por el recurrente- por la supuesta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas ( ácido sulfúrico), cohecho activo, confabulación y asociación delictuosa y otros, dentro del que se dictó Auto de procesamiento el 25 de septiembre de 2000 (fs. 6-12).
II.2El 24 de agosto de 2000, la Administración de la Aduana Interior Potosí, dictó el Auto Inicial de Proceso 01/2000, instaurando proceso penal administrativo por la supuesta comisión del delito de contrabando contra la Empresa Sociedad Industrial Tierra SA, sus socios mayoritarios, Guillaume Roelants du Vivier y Carmen Rosa Burgos Ortiz y los que resultaren autores, cómplices y encubridores de la internación de mercaderías sin documentación legal (ácido sulfúrico), correspondiente a las gestiones 1995, 1996, 1997, 1998 hasta el 28 de julio de 1999, sancionado por los arts. 102, 104 del Código Tributario (CT) (fs. 4-5).
II.3El Juzgado de Partido Tercero en lo Penal de Potosí, a requerimiento acusatorio del Ministerio Público el 15 de diciembre de 2000, radicó el proceso penal aduanero contra Guillaume Roelants du Vivier, Carmen Rosa Burgos Ortiz y Gladys Mabel Estrada Olivares, por la supuesta comisión de los delitos de contrabando (ácido sulfúrico), asociación delictiva aduanera y otros, previstos por los arts. 165 inc. a),f) i) 166, 174 y 177 LGA, con las agravantes establecidas en el art. 180.c) y h) del mismo cuerpo de leyes (fs. 13-17).
II.4El Ministerio Público en 10 de febrero de 2003, requiere al Juez Liquidador Tercero en lo Penal de Potosí, remita el caso a conocimiento de los Jueces del Juzgado de Partido Liquidador Primero de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, para que pronuncie sentencia única por existir concurso ideal de delitos (fs. 60).
II.5El Juez de Partido Liquidador Tercero en lo Penal de Potosí, por Auto de 10 de febrero de 2003, en atención al requerimiento fiscal declina el conocimiento de la acción penal aduanera por contrabando, disponiendo la remisión del expediente a la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Paz, para que el caso sea tramitado por los Jueces del Juzgado de Partido Liquidador Primero de Sustancias Controladas, por existir conexitud en ambos procesos (fs. 60-61).
II.6Apelada la anterior resolución, la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, pronuncia el Auto de Vista de 28 de marzo de 2003, que revoca el Auto apelado, con el fundamento de que cada uno de los procesos tiene un procedimiento diferente señalado en Leyes especiales a las que deben sujetarse, disponiendo que el Juez Liquidador Tercero de Partido en lo Penal sustancie el proceso (62-63).
El recurrente afirma que el Presidente, vocal relator de la Sala Penal Segunda y el Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal, han vulnerado el principio "non bis in idem", el derecho a la defensa y normas legales previstas en el Código de Procedimiento Penal de 1972 de sus representados, por cuanto los primeros revocaron el Auto dictado por el Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal por el que declinaba el conocimiento de la acción penal aduanera por contrabando disponiendo la remisión del expediente al Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, ordenando que el declinante reasuma conocimiento de la causa para su prosecución y el segundo por haber señalado audiencia preparatoria del juicio penal aduanero, sin tener presente que sus representados no pueden ser juzgados por los mismos hechos en tres procesos diferentes y por dos leyes especiales (L1008 y LGA), debiendo por ello aplicarse la del delito más grave - que en su caso- es la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela que brinda el art. 19 CPE.
III.1En el caso examinado, por los antecedentes procesales se constata que los recurrentes están siendo procesados en la ciudad de La Paz ante el Juzgado Primero de Partido de Sustancias Controladas, proceso que se inició por la supuesta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas (ácido sulfúrico), cohecho activo, confabulación y asociación delictuosa, que se lo inició con el requerimiento de apertura de proceso de 18 de septiembre de 2000, emitido por los fiscales de Materia María Luisa Tórres Bernal y Serafín La Fuente Fuentes (fs. 2907-2947 cuerpo 15), y por Resolución 104/00 de 25 de septiembre del mismo año (fs. 2978-2979), el Tribunal del Juzgado de Partido Primero de Sustancias Controladas resolvió el procesamiento contra los recurrentes por los delitos de tráfico (ácido sulfúrico), cohecho activo, confabulación y asociación delictuosa, previstos por los arts. 48, 67, 55, 76, con la agravante del art. 53 L1008, y que actualmente se encuentra en lectura de alegatos para sentencia, cual consta del proceso original remitido a instancias de este Tribunal (fs.19.384-19.390, cuerpo 100).
III.2 Asimismo, paralelamente se sigue otro proceso penal aduanero en su contra, en el Distrito Judicial de Potosí, Juzgado de Partido Liquidador Tercero en lo Penal por los delitos de contrabando (ácido sulfúrico), asociación delictiva aduanera y tráfico de influencias en la actividad aduanera, previstos por los arts. 176, 174, 177 y 178 LGA, dentro del cual se ha dictado sentencia el 21 de junio de 2003 que condena a Guillaume Roelants du Vivier a cuatro años de reclusión por ser autor del delito de contrabando, a Oscar Guillermo Bollatti Zabala a dos años de reclusión como cómplice del autor principal, empero al no exceder la pena de dos años se le concedió el perdón judicial; y a Carmen Rosa Burgos Ortíz, Gladys Mabel Estrada Olivares, Ana María Farell de Oropeza y Lucas Villca se los absolvió de culpa y pena (fs. 4792-4798 del expediente original). Asimismo también acusan los recurrentes que se les sigue un proceso administrativo aduanero que se suma a los dos anteriores.
III.3En el caso de autos, se advierte que los representados por el recurrente son objeto de un triple procesamiento, pues por una parte están siendo juzgados por tráfico de sustancias controladas (ácido sulfúrico), asociación delictuosa, confabulación, cohecho activo en la ciudad de La Paz; y por contrabando del mismo ácido sulfúrico, asociación delictiva en actividad aduanera y otros en el Distrito Judicial de Potosí, además del proceso administrativo aduanero seguido por la Administración Interior Potosí, que, en los hechos tienen su origen en los mismos delitos. Al respecto, el art. 246 CPP.1972 -aplicable al presente caso-establece: "En los casos de pluralidad de delitos cometidos por una misma persona, en tiempos y lugares diversos, o en unión de otras personas, y por los cuales se haya instaurado independientemente procesos en diferentes juzgados, corresponderá al juez que conozca el caso más grave, de acuerdo con el art. 46 del Código Penal, dictar la sentencia única para imponer la pena definitiva que deberá sufrir el encausado por todas las infracciones cometidas", para lo que señala el procedimiento a seguir, disposición legal que constituye una garantía procesal para quienes son juzgados en forma separada en diversos juzgados por la supuesta comisión de los mismos hechos delictivos, normativa que está íntimamente ligada al principio "non bis in idem", según el cual "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias", consagrado en el art. 4 CPP, como en el art. 8 punto 4 del Pacto de San José de Costa Rica, puesto que el pronunciamiento de una sentencia única implícitamente se reconoce la persecución penal única, tratándose de los mismos hechos que originan dos o más procesos. Este aspecto también se encuentra previsto en el art. 27 CPP.1972 que prevé la indivisibilidad de juzgamiento al disponer: "Por un mismo delito no se podrá seguir diferentes procesos aunque los imputados sean distintos", más aún si como en el caso examinado los incriminados son los mismos.
III.4A efecto del pronunciamiento de la sentencia única, el citado CPP.1972 en su art. 35.1) determina "que los delitos serán conexos cuando sean cometidos a un mismo tiempo por diversas personas reunidas", para luego disponer en el art. 36 la acumulación por conexión, tal como requirió el Fiscal de Materia de Potosí si bien con el argumento de la existencia de concurso ideal de delitos, para que el Juez Liquidador Tercero en lo Penal del mismo Distrito Judicial (Potosí) remita los actuados procesales al Juzgado Liquidador Primero de Partido de Sustancias Controladas de la ciudad de La Paz, acumulación que fue dispuesta mediante Resolución de 10 de febrero de 2003 dictada por la autoridad jurisdiccional, y que ilegalmente fue revocada por los ahora recurridos, siendo así que por lo relacionado precedentemente correspondía su remisión en correcta aplicación del art. 24 del mismo cuerpo de leyes que señala expresamente : "Si se tratare de juzgar delitos de diferentes jurisdicciones, existiendo conexitud, será la jurisdicción mayor la que arrastre a la menor", pues los delitos por los que están siendo juzgados en La Paz los representados por el recurrente (tráfico de sustancias controladas, confabulación, asociación delictuosa, cohecho activo) revisten mayor gravedad y están sancionados con penas privativas de libertad más elevadas que las establecidas para los delitos tipificados en la Ley de Aduanas, con la aclaración de que no es pertinente la aplicación del art. 22 CPP.1972, al estar frente a la concurrencia de dos jurisdicciones especiales como son la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas y la Ley General de Aduanas, correspondiendo por ello la acumulación del proceso penal aduanero y el administrativo aduanero al de sustancias controladas por la existencia de conexitud de delitos y no por el sometimiento de la jurisdicción especial a la ordinaria, que en autos no se presenta.
De la misma manera erróneamente se invoca la aplicación de los arts. 44 y 45 del Código Penal (CP), que prescriben el concurso ideal y real de delitos, porque ello corresponde determinarlo privativamente al Juez de la causa.
III.5Por los antecedentes procesales, se evidencia que los representados por el recurrente, agotaron los recursos y medios legales de defensa antes de la interposición de este recurso, al haber opuesto la excepción de litispendencia que fue rechazada, lo que determina se abra el ámbito de protección de la justicia constitucional otorgando la tutela solicitada ante una clara vulneración de los derechos a la defensa y al principio "non bis in idem", lo que determina la procedencia del amparo constitucional, instituido por el art. 19 CPE para la protección inmediata de los derechos y garantías fundamentales de la persona ante los actos ilegales y omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimirlos en su ejercicio.
III.6De otro lado, el presente recurso se ha dirigido contra el Juez Tercero Liquidador de Partido en lo Penal de la ciudad de Potosí, sin tener presente que fue esa autoridad jurisdiccional la que dispuso la remisión de los actuados procesales al Juzgado de Partido de Sustancias Controladas del Distrito Judicial de La Paz, y si bien posteriormente reasumió el conocimiento de la causa señalando audiencia preparatoria del juicio oral, lo hizo en cumplimiento al Auto de Vista impugnado, lo que determina respecto a él la improcedencia del recurso por carecer de legitimación pasiva para ser recurrido.
La situación planteada se encuentra dentro de las previsiones y alcances del art. 19 CPE, de manera que el Tribunal de amparo constitucional al haber declarado improcedente el recurso, no ha efectuado una adecuada compulsa de los antecedentes procesales ni dado correcta aplicación al citado precepto constitucional.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª CPE y arts. 7.8ª) y 102.V LTC, en revisión resuelve:
1º APROBAR en parte la Resolución de fs. 97 a 100 de 30 de abril de 2003, pronunciada por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, con relación al Juez Liquidador Tercero en lo Penal.
2º REVOCAR declarando PROCEDENTE el recurso respecto a los vocales de la Sala Penal Segunda.
3º ANULAR obrados hasta fojas 3621 inclusive del expediente original, debiendo los vocales recurridos pronunciar un nuevo Auto de Vista dentro del marco de la presente sentencia y en observancia de las disposiciones legales citadas.
No interviene el Magistrado Dr. Willman Ruperto Durán Ribera por encontrarse de viaje en misión oficial.
Fdo. Dr. Elizabeth Iñiguez de Salinas

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