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Timestamp: 2018-09-20 22:57:39+00:00

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﻿ SENTENCIA 2017-00431 DE SEPTIEMBRE 20 DE 2017
SENTENCIA 2017-00431 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL PROCESO DISCIPLINARIO Y SU ANÁLISIS EN EL CASO. SE TIENE DERECHO A ACTUAR EN CALIDAD DE PARTE DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO, LA RAZÓN OBEDECE A QUE LA DISCRIMINACIÓN POR GÉNERO Y EL ACOSO A LA MUJER CONSTITUYEN VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. SE PRECISA QUE EN LA SENTENCIA C-014 DE 2004 LA CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ LA EXEQUIBILIDAD DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 734 DE 2002, BAJO EL ENTENDIDO QUE LAS VÍCTIMAS O PERJUDICADOS DE LAS FALTAS DISCIPLINARIAS QUE CONSTITUYAN VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO TAMBIÉN SON SUJETOS PROCESALES Y TITULARES DE LAS FACULTADES A ELLOS CONFERIDOS POR LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCESO DISCIPLINARIO, DERECHOS HUMANOS, DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, VÍCTIMA, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, PARTICIPACIÓN DE LA VÍCTIMA
Sentencia 2017-00431 de septiembre 20 de 2017
Radicado 25000-23-36-000-2017-00431-01
Accionante: X.A.C.G.
Accionado: Nación - Ministerio de Defensa (Policía Nacional)
Referencia: Proceso disciplinario - Derecho a la igualdad y no discriminación y derecho a la libertad de circulación
Decisión: Revoca la decisión de primera instancia y ampara los derechos fundamentales de la tutelante
La Sala decide la impugnación interpuesta por X.A.C.G. contra la sentencia del 3 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Subsección C que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: NEGAR LA TUTELA de los derechos fundamentales a la igualdad, a la no discriminación y a la libre circulación de X.A.C.G., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la oficina de control interno del departamento de policía de XXX, Cundinamarca, para que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este proveído, vincule en calidad de quejosa a X.A.C. en la indagación preliminar # XXX”(1).
X.A.C.G., por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la dependencia de policía de XXX (Cundinamarca), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación en razón de género, dignidad humana, libertad personal y de circulación y acceso a la justicia.
“PRIMERA: Ordenar la medida cautelar de traslado de los agentes de policía de la dependencia de XXX a otra dependencia del departamento de Cundinamarca, que se encuentre ubicada a una distancia considerable del municipio de XXX, con el fin de proteger los derechos a la igualdad, a no ser discriminada, a la dignidad humana, a la libertad personal y a la libertad de circulación de la ciudadana X.A.C., los cuales son vulnerados.
SEGUNDA: Que se tutelen los derechos fundamentales de X.A.C.G. a la IGUALDAD, A NO SER DISCRIMINADA, A LA DIGNIDAD HUMANA, A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTIMIDAD Y A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN, que fueron y son vulnerados por los agentes de policía de la dependencia de XXX, Cundinamarca.
A la Policía Nacional de Colombia
TERCERA: Iniciar una investigación disciplinaria exhaustiva y rigurosa de las conductas cometidas por los agentes de la dependencia de policía XXX, Cundinamarca, que en ejercicio de sus funciones, promueven la violencia estructural contra la mujer. Así mismo, dicha dependencia deberá rendir informes bimensuales al tribunal sobre el avance de las investigaciones. Esta información debe ser de fácil acceso para X.
CUARTA: Vincular a la ciudadana X.A.C.G. al proceso disciplinario en contra de los agentes de la dependencia de policía de XXX, Cundinamarca, como víctima y en calidad de parte.
QUINTA: Ordenar a la Policía Nacional de Colombia que garantice que se cumpla plenamente con el debido proceso aplicable a cualquier actuación policiva que pueda conllevar una limitación al derecho a la libertad personal y de circulación, de forma tal que no se adopte ni ejecute ninguna medida que no haya sido precedida por los correspondientes procedimientos administrativos, y que en consecuencia no esté sustentada en decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos de policía competentes.
SEXTA: Ordenar a la Policía Nacional de Colombia que se adopten medidas al interior de la policía para que los agentes de policía no incurren en estas acciones de violencia hacía la mujer. Para esto, que se ordene, al menos, lo siguiente:
1. Que se expida una circular con alcance nacional informando que los hechos ocurridos el 8 de marzo constituyeron una vulneración de los derechos que fueren encontrados como vulnerados en la sentencia que resuelva esta tutela.
2. Que se expida en los seis (6) meses siguientes a la sentencia que resuelva esta tutela un protocolo interno a la policía para regular el procedimiento de requisas y eliminar las prácticas de hostigamiento hacia las mujeres. Este protocolo debe garantizar que se respeten todos los derechos de los ciudadanos a movilizarse por el espacio público. En cumplimiento de esta orden, la policía deberá involucrar en la creación y expedición del protocolo a las mujeres que han sido víctimas de violencia policial en razón de su género.
SÉPTIMA: que dentro del mes siguiente a la sentencia que resuelva esta tutela, el comandante de la Policía Nacional pida perdón público a la ciudadana X.A.C.G. por los hechos sucedidos el 8 de marzo, día internacional en el que se celebran los derechos de las mujeres, con señalamiento de que se trató de una vulneración de los derechos que fueren encontrados como vulnerados en la sentencia que resuelva esta tutela, y con reconocimiento de que se trata de una práctica ilegal que constituyó discriminación y violencia en razón de género. Este perdón debe ser con presencia de medios de comunicación de difusión nacional.
OCTAVA: Que investigue las faltas disciplinarias en las que presuntamente incurrieron los agentes de policía el día 8 de marzo de 2017 en donde estuvieron involucrados los agentes de policía referenciados en esta acción.
1. Que informe al tribunal bimensualmente sobre los avances en la investigación. La información dada por la fiscalía en cumplimiento de esta orden debe ser pública o, al menos, de fácil acceso para X. y su representante.
1. Que investigue las faltas disciplinarias en las que presuntamente incurrieron los agentes de policía el día 8 de marzo de 2017.
2. Que informe al tribunal bimensualmente sobre los avances en la investigación. La información dada por la procuraduría en cumplimiento de esta orden debe ser pública o, al menos, de fácil acceso para mí y para mi representante.
A la Defensoría del Pueblo,
1. Que haga seguimiento de la orden que se diere en este fallo de tutela”(2).
Del escrito de tutela se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. La accionante narró que el 8 de marzo de 2017 a las 9:10 p.m., mientras conducía del gimnasio hacia su casa por la vía XXX - XXX, fue detenida en un puesto de control de tránsito. Dos policías se acercaron y le ordenaron que mostrara los papeles del vehículo y su documento de identificación. La tutelante sacó los documentos de la guantera del carro y se los pasó. Precisó que “En la guantera también se encontraba un cinturón hecho con cartuchos de balas vacíos que llamó la atención de los agentes”(3).
Los policías le solicitaron el cinturón y al revisarlo concluyeron que “estaba cometiendo el delito de porte ilegal de armas”(4) y que ese era un motivo suficiente para capturarla. La tutelante les explicó que no se trataba de un arma, sino de un accesorio de diseño que se puede comprar por internet. Este había sido adquirido por un amigo suyo en el extranjero. Afirmó que incluso les mostró las páginas web que lo venden. No obstante, los agentes sostuvieron que “eso no importaba porque yo podría ponerle pólvora a las balas”(5), por lo que reiteraron que su conducta era ilegal.
Posteriormente, sostuvo que los agentes empezaron a preguntarle de dónde venía, dónde vivía, en qué trabajaba, con quién vivía, cuánto ganaba, qué hacían sus padres. Cuestionamientos que aseguró haber respondido. Afirmó que el policía J.R. continuó haciéndole preguntas como “a qué lugares me gusta que me inviten, qué lugares frecuentaba (...) qué me gusta hacer los fines de semana (...) si me gustaba tomar alcohol o si consumía algún tipo de droga. Luego me preguntó a dónde me gustaría ir si él me invitara a salir a lo cual no respondí”(6).
Para corroborar la naturaleza del cinturón los agentes le aseguraron a la tutelante que debían esperar la llegada del superior. Manifestó que mientras aguardaban el agente J.R. le dijo que “le parecía bueno saber que yo cogía siempre esa vía para ir al gimnasio y que seguro nos íbamos a volver a ver porque él siempre estaba en ese retén y en esa zona”(7).
Una vez llegó el Mayor, acompañado de tres policías más, los agentes le comentaron la situación. Aquel revisó el cinturón y dijo a los agentes que “hicieran lo que quisieran”(8) con la joven.
La accionante afirmó que mientras le estaba explicando al Mayor que el cinturón tan solo era un accesorio, uno de los policías se dio cuenta que ella tenía tatuajes, encendió su linterna y empezó a iluminar de arriba hacia abajo las zonas de su cuerpo en que estos se encontraban.
Narró que “Todos los policías se encontraban rodeando el carro y celebraban en tono burlesco y con risas mientras me alumbraban con la linterna. (...) luego me volvieron a preguntar de dónde venía, dónde vivía, en qué trabajaba, etc. Me preguntaron qué tipos de amigos tenía que usaban ese tipo de correas”(9). El Mayor le reiteró a los dos agentes que la pararon en el puesto de control que “decidieran qué hacer siempre dando a entender que ese asunto no le importaba”(10). Por lo que este se fue junto con los otros tres agentes con los que llegó.
La tutelante sostuvo que una vez el superior abandonó el lugar, el agente J.R. le dijo “‘listo, hagamos una cosa, déjeme invitarla a salir y aquí no pasó nada’. Luego dijo que me iba a devolver el cinturón y mis documentos solo si le daba mi número de celular y que yo guardara el de él. Yo anoté mi número en su celular con mucho miedo. R. me llamó inmediatamente para verificar que sí hubiera puesto mi número real. Me preguntó que si uso Whatsapp y que me iba a escribir. A lo que respondo ya con mis papeles en mano ‘gracias, buena noche’ y me voy”(11).
2.2. La tutelante afirmó que una vez en su hogar, le llegó un emoticón enviado por el policía J.R. a su Whatsapp. Ante lo que ella procedió a bloquear el número de celular. Posteriormente, decidió exponer lo sucedido en su Facebook. Publicación que se difundió rápidamente por la red social, por lo que empezó a recibir tanto mensajes de apoyo, como de rechazo contra ella.
2.3. La tutelante sostuvo que el 9 de marzo de 2017 se dirigió ante la fiscalía de XXX para denunciar la conducta de los agentes, pero que allí no se la recibieron porque no tenía la dirección del agente de policía.
2.4. El 13 de marzo de 2017 X.A.C.G. presentó queja disciplinaria contra los seis agentes de policía que participaron en el puesto de control de tránsito.
3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela.
Sostuvo que a pesar que podría denunciar los hechos mediante el proceso penal y el proceso disciplinario, esos mecanismos no son idóneos para proteger sus derechos fundamentales, especialmente su derecho fundamental a la libertad de circulación.
Derecho que a su juicio continúa siendo vulnerado después de los hechos, porque se vio obligada a cambiar la ruta para llegar a su casa, lo que le ha implicado tener que pagar un peaje extra. Esto en razón a que teme que los agentes de policía tomen represalias en su contra por su denuncia en Facebook que se convirtió en viral, y que incluso dio pie a que el caso se publicara en El Espectador(12), y por la denuncia disciplinaria que presentó.
Aunque ya interpuso la queja disciplinaria ante la Policía Nacional, la accionante indicó que otra razón por la que el proceso disciplinario no es idóneo para proteger sus derechos fundamentales consiste en que la ley le prohíbe actuar como parte dentro de este. Sin embargo, precisó que la Corte Constitucional ha establecido que excepcionalmente es posible permitir que la persona que presenta una queja disciplinaria participe en el proceso, siempre y cuando la infracción del servidor se relacione con una vulneración del derecho internacional humanitario o a los derechos humanos.
3.2. Sobre la vulneración a su derecho a la igualdad.
Argumentó que se vulneró se derecho fundamental a la igualdad, porque “Por ostentar la calidad de mujer, (...) tuvo que soportar ser víctima de intimidación, observación con morbo, acoso sexual y condicionamiento para la devolución de sus documentos”(13).
Explicó que la Constitución y normas internacionales prohíben discriminar por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política y filosófica.
En su caso, la actuación cometida por los agentes de policía no perseguía ningún objetivo constitucional; por el contrario, fue producto de un acto de discriminación basado en el género.
Expuso que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional un acto de discriminación es aquel que reúne los siguientes elementos: i) un trato desigual, ii) la falta de fundamento razonable y proporcional que justifique el trato diferenciado; y iii) un daño que ocasione o una carga o la imposibilidad de acceder a un bien.
También enumeró tres elementos más, para establecer si un acto fue discriminatorio: i) que la persona hace parte de un grupo históricamente discriminado; ii) que en una situación similar, otras personas que no hacen parte de ese grupo no han recibido el mismo trato; iii) que ese tratamiento diferenciador haya causado un daño.
La accionante aseguró que todos estos requisitos se cumplen en su caso porque:
i) Históricamente la mujer ha sido discriminada; especialmente las mujeres que sufren violencia de género son revictimizadas por parte de las instituciones de policiales, judiciales y de salud;
ii) El agente J.R., además de hacerle las preguntas de rigor, la asedió con interrogantes impertinentes sobre su vida personal;
iii) Mientras estaba dentro del vehículo, los agentes iluminaron su cuerpo con una linterna enfocando las partes en las que tenía tatuajes;
iv) Los funcionaros condicionaron la entrega de sus documentos a que diera su número celular y tuviera una cita romántica con uno de ellos;
v) Se siente amenazada por el policía R., dado que aquel conoce su dirección de residencia, las placas de su carro, su celular y existe la posibilidad de que se encuentren en la misma vía en donde ocurrieron los hechos.
3.3. Sobre la vulneración al derecho a la dignidad humana.
La accionante manifestó que una de las implicaciones de la dignidad humana es poder gozar de una vida libre de humillaciones. Manifestó que en su caso los agentes de policía la sometieron a una situación humillante y tratos degradantes “al punto de rebajarla a un mero objeto de deseo sexual”(14). Razón por la que vulneraron este derecho fundamental.
3.4. Sobre la vulneración al derecho a la libertad personal y de circulación.
Aseguró que la única posibilidad para limitar estos derechos es que exista una orden escrita de una autoridad judicial y que esta se fundamente en un motivo establecido en la ley.
Sin embargo, en su caso los seis policías la detuvieron arbitrariamente por más de 40 minutos. No existió ninguna formalidad legal para realizar la detención y la actuación no obedeció a criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. A su juicio, luego que los agentes comprobaron que sus papeles estaban en orden y que el cinturón tan solo era un accesorio inofensivo debieron dejarla ir.
A su vez, su derecho a la libertad de circulación fue vulnerado, puesto que a partir de los hechos ha tenido que cambiar su ruta, con el fin de no encontrarse con el policía R., ya que teme su reacción si se lo encuentra.
3.5. Sobre la vulneración al derecho a la intimidad.
Sostuvo que cualquier intromisión en la esfera privada de una persona debe estar fundamentada en una orden de la autoridad competente. No obstante, las preguntas que le hicieron los agentes no guardaban ninguna relación con los procedimientos policiales consagrados en el Código de Policía. Estas, por el contrario, implicaron una intromisión injustificada en la vida privada de la accionante.
4.1. Mediante auto de 17 de marzo de 2017 el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción tutela contra la Policía Nacional - Dependencia de XXX y le ordenó rendir informe pronunciándose sobre los hechos expuestos en el escrito de tutela.
4.2. La Policía Nacional - Departamento de Cundinamarca informó que la entidad ordenó la apertura de la indagación preliminar, en virtud de la queja disciplinaria que la accionante presentó.
A su vez, argumentó que la tutela es improcedente, porque la accionante cuenta con otros mecanismos idóneos para proteger sus derechos, tal como el proceso disciplinario. Razón por la que solicitó que la acción se desestimara.
4.3. La Policía Nacional - Departamento de Cundinamarca - Estación del municipio de XXX aseguró que la accionante no sufrió ningún tipo de acoso sexual ni que fue discriminada por su género. Por el contrario, manifestó que los agentes de policía actuaron de forma respetuosa. Tanto así que se le permitió no bajarse del carro, pese a que en casos como el sucedido lo procedente es requisar a la persona y al vehículo.
Sostuvo que solo después del escándalo por redes sociales el patrullero R. se enteró que la accionante tiene tatuajes y aseguró que los agentes de policía no cargan linternas. También aseveró que es falso que el mencionado funcionario la haya invitado a salir. Fue la propia accionante quien le pidió el número celular al agente, ella lo agregó en Whatsapp y luego de retirarse del lugar lo llamó.
Manifestó que la accionante “no fue ni ha sido afectada de ninguna manera”(15). Mientras que al patrullero R. sí se le han generado perjuicios, puesto que gracias a la publicación de la joven en Facebook ha recibido amenazas de personas desconocidas. Añadió que este funcionario se ha destacado por su trayectoria ejemplar.
Afirmó que la actuación de los patrulleros constituyó un procedimiento normal originado a raíz de que la joven conducía a alta velocidad y luego simplemente se hizo una indagación sobre el elemento que descubrieron los agentes. Esto no implica ningún tipo de vulneración a los derechos de la tutelante. Además, enfatizó que no existe ningún elemento probatorio que acredite la versión de la señorita. A su juicio todo ha sido puro “dramatismo”(16).
Por último, sostuvo que no se le vulneró su derecho a la igualdad; ni el derecho a la dignidad humana, porque no fue sometida a ningún acto cruel; ni su libertad personal o de circulación, dado que no fue arrestada ni se le impidió que continuara la ruta a su casa —una vez finalizó el procedimiento policial—; ni su derecho a la intimidad, puesto que no se le hicieron preguntas sobre su actividad íntima “ni siquiera quedó un registro fílmico, magnético o digital”(17).
Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción.
Mediante providencia del 3 de abril del 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C negó el amparo, porque consideró que a la accionante no se le vulneraron derechos fundamentales.
Explicó que aunque se pudo presentar una demora en el procedimiento “además de unas presuntas conductas inadecuadas por parte de los uniformados, ello no tuvo la virtualidad de originar la vulneración o amenaza cierta a sus derechos fundamentales”(18).
El tribunal señaló que las condiciones de tiempo y lugar en las que se realizó el procedimiento, esto es en horas de la noche, en una vía poco transitada y únicamente con funcionarios hombres pudo generar que la accionante se sintiera intimidada. Sin embargo, aclaró que esos factores son propios del contexto en que se realizó la situación, mas no obedecen al actuar de los agentes. E incluso, bajo el supuesto de que los agentes hayan incurrido en una conducta inapropiada, el análisis de la posible falta debe hacerse dentro del proceso disciplinario, “ya que la acción de tutela tiene una finalidad y unos límites que vienen dados por su naturaleza breve y sumaria”(19).
Sobre el proceso disciplinario explicó que a pesar de que el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 dispone que los sujetos procesales únicamente son el investigado y su defensor —y eventualmente el Ministerio Público—, el artículo 90 de esa norma establece facultades en cabeza del quejoso. En virtud esto, facultó a la accionante para que interviniera en el proceso disciplinario. Por lo que le ordenó a la oficina de control interno del departamento de policía - XXX que vinculara a la tutelante a la indagación preliminar.
Por último, indicó que no se le vulneró su derecho a la libre circulación, puesto que no existe prueba de que la retención se haya producido por factores asociados a discriminación. Por el contrario, la detención se originó porque la tutelante tenía en su poder un accesorio sospechoso.
6. Impugnación y actuaciones posteriores al fallo de primera instancia.
6.1. La oficina de control disciplinario interno del departamento de policía Cundinamarca informó que el 10 de marzo de 2017 se emitió auto de indagación preliminar contra el patrullero J.R.B., en el que, además, se decretó el testimonio de la tutelante, dentro del proceso disciplinario. Efectivamente, el 13 de marzo de 2017 X.C.G. acudió al despacho y expuso lo sucedido el día de los hechos.
Por lo anterior, consideró que se cumplió la orden de tutela, puesto que desde el 10 de marzo de 2017 la joven “ha tenido la calidad de quejosa dentro de la investigación disciplinaria”(20).
6.2. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia. En primer lugar, expuso que aunque para el tribunal el derecho a la libre circulación de X.C.G. no fue vulnerado porque la detención obedeció al estado de alerta que se generó por el accesorio que aquella llevaba en el vehículo, “el fallador a (sic) ignorado que el cargo violatorio no va encaminado a manifestar que la vulneración del derecho en cuestión proviene del retén en sí mismo”(21).
Lo que se argumentó en el escrito de tutela fue que su derecho a la libre circulación está siendo vulnerado, porque ha tenido que abstenerse de transitar por la ruta que usualmente tomaba para llegar a su casa. Esto le ha generado pagar un peaje de más.
Todo con el propósito de no volver a encontrarse con los funcionarios, pues teme que vuelvan a presentarse hechos similares a los que sucedieron el 8 de marzo de 2017, o que inclusive tomen represalias por las denuncias que efectuó. Enfatizó que el día de los hechos, el patrullero J.R. le aseguró que volverían a encontrarse por esa zona. Razón por la que afirmó que su desplazamiento se ve afectado “en razón a la intimidación y acoso sexual de la que fue víctima y su posible reiteración”(22).
En segundo lugar, sostuvo que la decisión no tuvo en consideración el enfoque diferencial de género y que la violencia psicológica, física, sexual y económica contra la mujer no debe verse como una conducta aislada. Por el contrario, según la Corte Constitucional estas tienen un contenido estructural, cuyo fin es “darle un carácter de normalidad a un orden social establecido históricamente”(23).
Reprochó que para el tribunal sea “normal” que la accionante se haya sentido intimidada. A su juicio, lo que ella vivenció no debe entenderse como tal, ya que fue víctima de un trato discriminatorio en razón de su género.
De manera que sus derechos fundamentales a la intimidad, dignidad humana y libertad personal fueron vulnerados. No por el retén en sí mismo, sino por las condiciones en que este se desarrolló.
Por otra parte, aseveró que cuando existe un trato diferenciado originado por criterios sospechosos, tal como el género, se debe realizar un test de razonabilidad. En el caso aunque el tribunal consideró que haber retenido a la accionante obedecía a un fin legítimo, no tuvo en cuenta la idoneidad, necesidad o proporcionalidad de la medida.
Finalmente, reiteró que los mecanismos ordinarios no son idóneos, ya que ella se encuentra en una situación inminente, “en tanto el retén sigue localizado en la misma zona y la accionante no puede hacer parte del eventual proceso disciplinario”(24).
Por los motivos expuestos solicitó la protección de los derechos fundamentales vulnerados.
1. Al revisar las pretensiones de la accionante se observa que la acción de tutela persigue varios fines.
En primer lugar, la parte actora argumentó que el proceso disciplinario no era idóneo para la protección de sus derechos fundamentales, porque no puede participar en este como parte. Dadas en esas condiciones, solicitó que se iniciara una investigación disciplinaria contra los “agentes de la dependencia de policía XXX, Cundinamarca, que en ejercicio de sus funciones, promueven la violencia estructural contra la mujer”(25), pero en el que ella sea vinculada dentro del proceso disciplinario, en calidad de parte (ver pretensiones 3 y 4).
Por esto, el primer problema jurídico que la Sala analizará es determinar si es posible vincular a la tutelante en calidad de parte dentro del proceso disciplinario, pese a que el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 establece que los sujetos procesales en la actuación disciplinaria solamente son “el investigado y su defensor, el Ministerio Público (...)”(26).
Si bien, en la decisión de primera instancia se ordenó vincular a la tutelante a la indagación preliminar, la pretensión expuesta en el escrito de tutela no se limitó a que la vincularan únicamente en dicha etapa. Razón por la que hay lugar a analizar si la accionante está facultada a participar como parte en todo el proceso disciplinario.
En segundo lugar, la accionante solicitó que la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación investigaran disciplinariamente la conducta de los funcionarios involucrada en los hechos del 8 de marzo de 2017. Y pidió que cada una de estas rindiera informes bimensuales sobre el desarrollo del proceso.
En consecuencia, la Sala analizará si hay lugar a conceder estas peticiones (ver pretensiones 3, 8 y 9).
Finalmente, dada la presunta vulneración de sus derechos fundamentales solicitó que: i) a los policías que participaron en los hechos se les ordenara pedir perdón a la tutelante en un acto público; ii) que la Policía Nacional expidiera una circular a nivel nacional en la que reconozca que los actos cometidos por los agentes vulneraron los derechos fundamentales de la accionante; iii) que la Policía Nacional implementara un protocolo “para regular el procedimiento de requisas y eliminar las prácticas de hostigamiento hacia las mujeres”; y iv) y que se trasladara a dichos agentes de la dependencia de XXX a otra del departamento de Cundinamarca (ver pretensiones 1, 6 y 7).
Por ende la Sala analizará si existió vulneración a los derechos fundamentales de la accionante y si hay lugar a impartir dichas órdenes.
2. Participación de la víctima de violaciones a derechos humanos en el proceso disciplinario y su análisis en el caso.
La Constitución Política establece que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omitir o extralimitarse en el ejercicio de sus funciones. Sus actuaciones, entonces, deben restringirse al cumplimiento de una serie de obligaciones y prohibiciones. Por esto, cuando aquellos no actúan de conformidad con estas pautas pueden ser sancionados disciplinariamente.
Lo que justifica la imposición de la sanción al servidor es la infracción los sus deberes funcionales. En consecuencia, la finalidad del derecho sancionatorio es proteger el buen funcionamiento de la administración, por medio del comportamiento ético y acorde a la ley de sus funcionarios.
En este orden de ideas, lo relevante en el proceso disciplinario no es el posible daño que el servidor pudo causar a un tercero, sino el hecho de haber desobedecido sus deberes o haberse extralimitado en sus funciones; es decir haber actuado sin apego a la ley.
Sobre este aspecto, en la Sentencia C-014 de 2004 la Corte Constitucional explicó que mientras lo que se reprocha en el derecho penal es “la vulneración de bienes jurídicos relacionados con derechos de terceros, la imputación disciplinaria desvalora la vulneración de los deberes funcionales a cargo del servidor público”(27) (negrillas fuera de texto).
Con base en esta precisión la Corte Constitucional dispuso que no es contrario a la Constitución Política que la persona que presenta la queja no participe como parte en el proceso disciplinario, pues el propósito de este mecanismo no es resarcir un daño causado a un tercero. Si se busca ese objetivo habrá que recurrir a otros mecanismos como la reparación directa o a la acción penal.
Bajo esta lógica, tiene sentido que el artículo 89 de la Ley 734 de 2002 haya dispuesto que las partes procesales únicamente son el investigado y su defensor, y en algunos casos el Ministerio Público. Como el quejoso no es parte en el proceso, sus facultades son limitadas. Únicamente tiene la posibilidad de presentar y ampliar la queja, aportar las pruebas que tenga en su poder y recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. De manera que no es considerado como parte.
Con base en lo expuesto, la regla general es que el quejoso no puede actuar como parte en el proceso disciplinario. Sin embargo, en la Sentencia C-014 de 2004 la Corte Constitucional señaló que en los casos en los que la infracción de los deberes, por parte del funcionario, constituya una violación a derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el quejoso podrá actuar en calidad de parte dentro del proceso disciplinario.
Para ese alto tribunal, en estos casos el interés de la persona que interpone la queja no se limita a proteger los fines del Estado y el ordenamiento jurídico; por el contrario, su actuación está guiada por un verdadero interés directo. Para la Corte Constitucional,
“en estos eventos es claro que tales víctimas o perjudicados pueden intervenir en el proceso disciplinario, pues si un tercero, que no es víctima de falta disciplinaria alguna, puede acudir ante las autoridades administrativas o judiciales con el propósito de poner esa falta en su conocimiento y si, en la actuación desatada con base en la queja por él instaurada, puede ejercer las limitadas facultades de intervención que le confiere la ley, ¿por qué no podría hacerlo una persona en quien concurre la calidad de víctima de o perjudicado con la falta disciplinaria a investigar? Entonces, no cabe duda que la víctima o el perjudicado sí pueden concurrir ante las autoridades, poner la queja en su conocimiento e intervenir en la actuación a partir de ella desatada (...).
Es decir, las víctimas o perjudicados son personas legitimadas para acceder al proceso dado que son los titulares de los bienes jurídicos vulnerados como consecuencia inescindible y directa de la infracción del deber implícita en la falta disciplinaria. Esta condición, convierte a las víctimas o a los perjudicados en portadores de un interés directo en el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y en la realización de la justicia disciplinaria. Es decir, los habilita para intervenir, pero no como simples terceros, sino como verdaderos sujetos procesales”(28) (negrillas fuera de texto).
La Corte aclaró que el hecho de que la víctima participe excepcionalmente en calidad de parte dentro del proceso disciplinario no significa que se desnaturalice este mecanismo o que se desconozca la existencia de otras vías judiciales para determinar la responsabilidad de quien causó el daño. La razón obedece a que, incluso con la participación del perjudicado, el proceso disciplinario mantiene su finalidad, que es la imposición de la sanción —si se concluye que el funcionario incumplió sus deberes—.
En otras palabras, el hecho de que el perjudicado participe en el proceso disciplinario no significa que el objeto de este pase a ser la reparación de la víctima o el resarcimiento de sus derechos. Si la víctima puede acudir al proceso de reparación directa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y a la vía penal. Pero, si en el proceso disciplinario no se podrá solicitar la reparación de la víctima ¿cuál es el propósito de que esta participe como parte en el mencionado proceso?
Para la Corte Constitucional la finalidad de que la víctima a infracciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario participe, en calidad de parte, en el proceso disciplinario es que aquella “esclarezca la verdad de lo ocurrido, es decir, para que se reconstruya con fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y para que en ese específico ámbito de control esas faltas no queden en la impunidad. Es decir, tales víctimas o perjudicados tienen derecho a exigir del Estado una intensa actividad investigativa para determinar las circunstancias en que se cometió la infracción al deber funcional que, de manera inescindible, condujo al menoscabo de sus derechos y a que, una vez esclarecidas esas circunstancias, se haga justicia disciplinaria”(29) (negrillas fuera de texto).
Por lo expuesto, en la Sentencia C-014 de 2004 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 89 de la Ley 734 de 2002, bajo el entendido que las víctimas o perjudicados de las faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario también son sujetos procesales y titulares de las facultades a ellos conferidos por la ley.
En este orden de ideas, X.A.C. tiene derecho a actuar en calidad de parte dentro del proceso disciplinario que inició contra los policías que participaron en los hechos de 8 de marzo de 2017. La razón obedece a que la discriminación por género y el acoso a la mujer constituyen violaciones a los derechos humanos. Así lo aseguró la Corte Constitucional en Sentencia T-265-16 al afirmar que “la violencia contra la mujer (...) constituye una vulneración a los derechos humanos”(30).
Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que la vincularan, limitó dicha orden únicamente a la indagación preliminar. Mandato que no es suficiente para que la accionante pueda realmente participar dentro del proceso.
Como se indicó, el propósito de la participación de la víctima es que contribuya al esclarecimiento de los hechos. Y así satisfaga su derecho a la verdad, y si hay lugar a la imposición de la sanción, a la “justicia disciplinaria”(31) —en palabras de la Corte Constitucional—. Por ende, se ordenará que X.A.C. participe en calidad de parte procesal, en todo el proceso disciplinario, no solo en la etapa inicial, y que en este pueda ejercer las facultades conferidas por la ley a las partes del proceso disciplinario.
3. Investigación disciplinaria por parte de la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación e informes bimensuales.
La Ley 734 de 2002 establece que las encargadas de conocer los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos son las oficinas de control interno de cada entidad; y la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales, en ejercicio de su poder preferente.
De esto se desprende que la Fiscalía General de la Nación no es la competente para investigar las presuntas faltas disciplinarias en que incurrieron los agentes de policía. Por ende, se negará la pretensión relativa a este punto. Así como la pretensión relacionada con que la Policía Nacional también investigue disciplinariamente a los agentes, pues este proceso ya inició. De manera que carecería de objeto impartir dicha orden.
Con relación a que la Procuraduría General de la Nación investigue los hechos, se exhortará a esa entidad para que estudie si ejercer su poder preferente en este caso. Esto en razón a que la Resolución 346 de 2002 —por medio de la cual se regulan las competencias y trámites para el ejercicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación y de su intervención como sujeto procesal en los procesos disciplinarios— establece que la violación de derechos humanos y las dudas sobre la imparcialidad del órgano de control interno(32) son causales para que la procuraduría asuma la investigación de un caso.
Finalmente, la Sala considera que no es necesaria la realización de informes bimensuales, basta con que el ente investigador garantice el principio de publicidad como bien considere, siempre que el medio que disponga para tal fin sea efectivo para cumplir con dicho principio. Por lo que se negará la pretensión encaminada a la realización de informes bimensuales.
4. Presunta vulneración a los derechos fundamentales de la accionante.
Como se explicó previamente la finalidad del proceso disciplinario únicamente es determinar si un funcionario incurrió en una falta disciplinaria y si es así imponerle una sanción. Su propósito no es proteger los derechos de los posibles afectados con la falta cumplimiento de los deberes, y mucho menos resarcir los daños que el funcionario haya podido causar.
Y aunque la víctima de infracciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario puede actuar como parte en el proceso disciplinario, el objetivo de dicha participación no es la protección de sus derechos fundamentales, sino en palabras de la Corte Constitucional que se “esclarezca la verdad de lo ocurrido, es decir, para que se reconstruya con fidelidad la secuencia fáctica acaecida, y para que en ese específico ámbito de control esas faltas no queden en la impunidad (...) y, una vez esclarecidas esas circunstancias, se haga justicia disciplinaria”(33).
Por el contrario, la acción de tutela sí busca la protección de derechos fundamentales, sea por una vulneración a estos o incluso por la amenaza de que estos podrán ser infringidos.
En este orden de ideas, argumentar que la acción de tutela presentada por X.A.C. no es procedente para la protección de sus derechos fundamentales, dado que puede acudir al proceso disciplinario no es cierto. Esto en razón a que ambos mecanismos tienen una naturaleza y finalidad diferente. Es más, en el proceso disciplinario sería irrelevante si le vulneraron derechos fundamentales a la accionante. El enfoque de ese mecanismo —se insiste— es la falta a los deberes funcionales en que pudo incurrir el servidor público.
Por esta razón, la Sala analizará si los derechos fundamentales de X.A.C.G. fueron vulnerados por parte de la entidad accionada. Justamente ese es el propósito de la acción de tutela.
4.1. Derecho fundamental a la igualdad y no discriminación y su análisis en el caso.
4.1.1. El artículo 13 de la Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a no padecer discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, lengua, religión, opinión política o filosófica. Igualmente el Pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales(34), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos(35), la Convención americana sobre derechos humanos(36) —entre otros instrumentos internacionales— señalan que los Estados parte deben garantizar que las personas no sean discriminados por dichos motivos.
En desarrollo de estas normas, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que los actos discriminatorios están prohibidos en el ordenamiento jurídico colombiano y en el desarrollo cotidiano de la vida.
Según la Corte Constitucional un acto discriminatorio es aquel que implica “la conducta, actitud o trato que pretende —consciente o inconscientemente— anular, dominar o ignorar a una persona o grupo de personas, con frecuencia apelando a preconcepciones o prejuicios sociales o personales, y que trae como resultado la violación de sus derechos fundamentales”(37).
Una de las características de este tipo de actos es que la intención de quien haya cometido el acto es irrelevante. Inclusive la persona que causa la discriminación “puede no darse cuenta que se trata de tal tipo de acto, ni antes ni después de cometido”(38). Pero aun en ese evento el acto discriminatorio no dejaría de existir.
De manera que lo importante desde el punto de vista constitucional no es el propósito de la actuación, sino la existencia de una conducta diferenciadora, arbitraria, sin justificación constitucional, que lesione la dignidad humana y basada en prejuicios o preconceptos.
A su vez la jurisprudencia de ese alto tribunal ha establecido que, generalmente, el acto discriminatorio se origina en criterios sospechosos tales como el sexo, el género, la raza, entre otros. Estas categorías constituyen rasgos de los que las personas no se pueden despojar e históricamente han sido utilizadas para perpetuar situaciones de discriminación.
La Corte Constitucional también ha sostenido que usualmente la situación en la que se genera el acto discriminatorio “supone una situación en la cual la persona que está siendo discriminada está expuesta a las miradas de los demás. Se siente observada, juzgada, analizada. Esto puede implicar (...) la afectación en la persona, la cual se puede sentir intimidada, reducida o sometida a sensaciones similares por esta exposición social”(39).
Ahora bien, una de las dificultades de los casos en los que se presenta un acto de discriminación es la prueba. Según lo dispuesto por ese alto tribunal “una de las principales garantías en los casos en los que se produce un acto de discriminación, consiste precisamente en que se invierta la carga de la prueba, en especial cuando se trata de personas que alegan haber sido sometidas a tal trato, con base en una categoría sospechosa de discriminación”(40) (negrillas fuera de texto). Y ha agregado que existe una presunción a favor de quien alega haber sido víctima del acto discriminatorio; de manera que a quien se le imputa la comisión del acto debe presentar la prueba que desmienta lo relatado por el tutelante(41).
La Corte ha complementado su postura argumentando que la inversión de la carga de la prueba no es excesiva para quien presuntamente cometió el acto discriminatorio, pues si su conducta se ajustó a la Constitución contará con los elementos para demostrar que la diferenciación está justificada constitucionalmente. Y ha señalado que el fundamento que permite la aplicación de la teoría dinámica de la prueba y de la presunción a favor de quien alega el acto discriminatorio es la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y la falta de tarifa legal en materia de tutela(42).
4.1.2. En el caso, la accionante aseguró que los policías que participaron en el puesto de control la discriminaron por ser mujer, ya que luego de que se dieron cuenta de que el cinturón tan solo era un accesorio que tenía balas decorativas se negaron a devolverle sus papeles, a menos que ella accediera a salir con uno de los funcionarios. Además, aseguró que durante el procedimiento los agentes la miraron inapropiadamente y le hicieron preguntas personales que nada tenían que ver con sus documentos o el accesorio que encontraron.
Para corroborar su narración de los hechos aportó las siguientes pruebas: i) pantallazos de la página de internet en la que se puede comprar el cinturón(43); ii) la publicación de Facebook en la que denunció lo sucedido con los funcionarios(44); iii) varios mensajes que le llegaron a su Whatsapp de personas desconocidas en la que apoyaban su denuncia en la red social y otras que reprochaban dicha publicación(45); iv) el formato mediante el que presentó la queja disciplinaria contra los funcionarios(46); y v) un pantallazo de su WhatsApp en el que se demuestra que el 8 de marzo de 2017, a las 9:59 p.m. el policía J.R. le envió a la tutelante un emoticón(47).
Ninguna de estas acredita los hechos que presuntamente ocurrieron en la noche del 8 de marzo de 2017. Sin embargo, dada la naturaleza del caso, la Sala considera que la accionante se encuentra imposibilitada para presentar una prueba que dé completa certeza sobre lo ocurrido. Tan solo un video o una grabación podría dar cuenta lo que exactamente sucedido. No obstante, ninguno de estos medios probatorios existe.
Es por esto que la Corte Constitucional ha retirado que uno de los asuntos más difíciles a la hora de analizar un caso en el que se involucre la presunta existencia de un acto de discriminación es su prueba.
Pero, justamente por eso, es que ha brindado una serie de reglas que facilitan el estudio de esta clase de casos. Como se explicó, en estos eventos opera la inversión de la carga de la prueba y la presunción de veracidad en favor del tutelante. Dicho esto, la policía tenía la obligación de desvirtuar dicha presunción y probar que la actuación de los funcionarios se ajustó a la Constitución Política.
Con el fin de desvirtuar la versión de la accionante, la entidad aseguró que el policía J.R. no condicionó la entrega de los documentos a cambio de que ella le diera su número celular y accediera a tener una cita romántica con el policía. Para esto, la entidad aportó al proceso:
i) Una declaración extrajuicio del agente R., en la que manifiesta que la tutelante fue quien se ofreció voluntariamente a darle su número de celular(48);
ii) Un pantallazo del celular del agente J.R. en el que se corrobora que el 8 de marzo a las 9:52 p.m. el policía marcó al número de la joven; a las 9:53 p.m. ella devolvió la llamada, la cual tuvo una duración de veinte segundos; y que posteriormente a las 8:07 a.m. el policía volvió a marcar al número de la joven(49).
iii) Mensajes de personas desconocidas que llegaron al WhatsApp del policía J.R., en los que lo tratan mal por los hechos denunciados por la accionante en Facebook(50).
Con base en lo anterior, la Sala considera que la Policía Nacional no logró desvirtuar la presunción a favor de la accionante. Por el contrario, las pruebas allegadas por la entidad brindan indicios que corroboran la versión de la tutelante. Esto en razón a que si la joven le hubiese dado voluntariamente su número de celular al policía R., qué motivo existiría para hacer una denuncia en Facebook sobre lo ocurrido, iniciar una investigación disciplinaria y presentar una acción de tutela.
De igual manera, si el policía R. no tenía ningún interés personal en la accionante es incomprensible por qué luego de la noche de los hechos realizó una llamada al celular de la joven a las 8:07 a.m.
Si bien los anteriores solo son indicios, la Corte Constitucional ha señalado que en los casos de violencia de género estos tienen una importancia especial, ya que el análisis probatorio en dichos casos se dificulta por la forma en que, generalmente, suceden los hechos. De hecho, en la Sentencia C-297 de 2016, al analizar la constitucionalidad del tipo penal de feminicidio aseguró que:
“la rigidez procesal y el formalismo probatorio, muestran que muchas veces la administración de justicia ha dado un desmedido lugar a la verdad procesal, por encima, de realidades fácticas estructuralmente desiguales [28] y la verdad real de lo sucedido. Así, la inclusión de los antecedentes e indicios de violencia en una circunstancia del tipo, responde a la necesidad de establecer un tipo penal que pueda integrar una perspectiva de género en la que esas desigualdades sean superadas”(51).
Todo esto, es decir la inversión de la carga de la prueba, la presunción a favor de quien alega ser víctima de un acto discriminatorio, la importancia de los indicios en casos de violencia de género y la realidad del contexto colombiano en la que día a día la mujer sufre agresiones que se consideran “normales” son elementos suficientes para tener por ciertos los hechos narrados por la accionante.
Por lo anterior se concluye que los policías que participaron en la noche de los hechos sí incurrieron en un acto discriminatorio en contra de la accionante, pues no existe justificación constitucional para que, luego de verificado que sus documentos estaban en orden y que el accesorio decorado con balas —que inicialmente generó sospechas fundadas en los funcionarios— no era más que un simple objeto ornamental, los agentes hayan creado un escenario de presión para que la tutelante se sintiera obligada a dar su número de celular a uno de los funcionarios, con el fin de tener una cita.
Como se advirtió anteriormente, la intención de la persona que comete el acto discriminatorio no es relevante. Incluso, este puede actuar sin saber que está discriminando y vulnerando el derecho fundamental a la igualdad de la víctima. Con base en esta premisa, en el caso analizado lo relevante, más que la intención de policía J.R. y sus compañeros, es que los funcionarios dieron un trato diferente del que probablemente hubieran dado si el dueño del cinturón sospechoso hubiese sido un hombre. No existe un motivo que a la luz de la Constitución Política justifique ese trato diferenciador.
Debe recordarse que la violencia de género no se limita a feminicidios o golpizas contra la mujer. Existen muchas formas sutiles en las que esta clase de violencia se manifiesta. Justamente este caso es un ejemplo de ese tipo de violencia, puesto que, aunque no se presentaron agresiones físicas, la joven fue puesta en una situación injustificable, tan solo por su condición de mujer.
Debe aclararse que en el caso el acto discriminador no se configuró porque los policías hayan ordenado que el vehículo que conducía la accionante se detuviera, ni porque hayan pedido explicaciones sobre el elemento sospechoso, ya que estas son facultades propias de su actividad policial. La discriminación radica en el actuar de los agentes después de verificar que no existía ninguna conducta contraria a la ley por parte de la joven y aun así retenerla hasta que diera su número celular al agente.
Por lo expuesto, la Sala concluye que en el caso se cumplen los elementos que configuran los actos de discriminación, ya que existe un trato diferenciador, que no tiene justificación constitucional, y cuyo origen es un criterio sospechoso: el género de la tutelante.
En consecuencia, en aras de resarcir el derecho a la igualdad y no discriminación vulnerado por los agentes que participaron en el puesto de control instalado por la vía XXX - XXX en la noche del 8 de marzo de 2017, se ordenará a la Policía Nacional - Departamento de Policía de Cundinamarca - Dependencia XXX, que disponga lo pertinente para que dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, adopte las medidas pertinentes a fin de evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a esta tutela.
4.2. La obligación del Estado frente a la garantía de no discriminación contra la mujer en los instrumentos internacionales y su análisis en el caso.
4.2.1. En el contexto internacional se encuentran normas de carácter general y especial que imponen obligaciones al Estado en torno a la prevención toda forma de discriminación contra la mujer. Se denominan normas de carácter general aquellas que consagran derechos fundamentales, que eventualmente podrían verse afectados con las actuaciones de las autoridades públicas cuando se desconozcan las obligaciones entorno a dicho compromiso. Y las normas de carácter específico son aquellas que regulan en detalle la materialización de estos principios generales
Entre las normas de carácter general se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, que consagra en su artículo 2º el derecho a la igualdad(52), y en el artículo 7(53) el derecho a la no discriminación. A su turno el artículo 2º, numeral 2º, del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales consagra la obligación para los Estados de garantizar que el ejercicio de los derechos contenidos en la DUDH se realice sin discriminación alguna por motivos de género, entre otros.
Por su parte, la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San José), también garantiza el derecho de todas las personas a la protección igualitaria ante la ley (art. 24(54)), que al tenor del artículo 1.1, deben ser garantizados por los Estados Partes sin discriminación alguna(55).
Entre las normas de carácter especial, se encuentra en primer lugar, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CETFDCM (también conocida por sus siglas en inglés Cedaw), cuyo artículo 2º, literal d, consagra la obligación de los Estados Partes de “abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación”.
En segundo lugar, y con especial relevancia para el caso objeto de estudio, se encuentra la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), cuyo artículo 8º, literal c, establece que, “los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: c) fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer” (énfasis fuera de texto).
4.2.2. Así las cosas, en vista de que en el presente caso la Policía Nacional, a través de la dependencia de la policía de XXX - Cundinamarca, incurrió en actos discriminatorios contra la accionante en razón a su condición de mujer, la Sala ordenará que se imparta un curso sobre perspectiva de género en los procedimientos policiales a los uniformados involucrados en el puesto de control que originó la vulneración a los derechos fundamentales de la actora.
El Estado colombiano se encuentra en la obligación de asumir la dirección de las políticas preventivas, de atención y correctivas frente a los hechos que sean constitutivos de discriminación contra la mujer, en razón de su condición, como ocurrió en el presente caso, en el que la Policía Nacional tiene la obligación de fomentar la educación y capacitación del personal a su cargo(56), con el fin de que conductas impropias como las cometidas por los agentes no se repitan.
Se ordenará al departamento de policía de Cundinamarca, que dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique la misma en su portal web, para lo cual, dispondrá de un enlace visible en su página inicial, de fácil acceso, con un título respetuoso de los derechos de la víctima, por un lapso de tres meses.
4.3. Derecho fundamental a la libertad de circulación y su análisis en el caso.
4.3.1. Sobre este derecho la Constitución Política establece que “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia”(57).
La Corte Constitucional ha establecido que se trata de un verdadero derecho fundamental, ya que es una manifestación del derecho a la libertad. Su núcleo esencial es la posibilidad de trasladarse libremente por el territorio.
Este derecho, sin embargo, puede ser restringido legítimamente, tal como sucede con las personas que son condenadas penalmente y que por ende se les impone una pena privativa de la libertad.
4.3.2. En el caso la accionante argumentó que su derecho a la libertad de circulación fue vulnerado. No por el hecho de haber tenido que detener su vehículo en el puesto de control policial, sino por las “consecuencias que generaron las particulares condiciones en las que el mencionado retén se llevo (sic) a cabo”(58). Explicó que a raíz de la intimidación que sufrió por parte de los funcionarios y por las denuncias que efectuó —que incluso generaron que el caso fuera publicado en El Espectador(59)— teme encontrarse de nuevo con ellos, pues no sabe si puedan tomar represalias en su contra.
Sobre este argumento, la Sala encuentra que no existe una vulneración al derecho fundamental a la libre circulación de la accionante, puesto que después de la noche de los hechos la accionante no ha sido víctima de intimidaciones o amenazas por parte de los funcionarios, que le impidan volver a circular por la vía XXX - XXX.
Conclusión que se deriva de que la tutelante no allegó ninguna prueba sobre este aspecto, ni brindó algún indicio del que se pueda inferir que si vuelve a conducir por la vía en la que fue retenida, su vida o integridad corren peligro. Es decir, a la fecha no ha ocurrido un hecho que le imposibilite objetivamente conducir por la carretera que usualmente tomaba para llegar a su casa.
Por lo anterior y además con el fin de no afectar los derechos laborales de los policías y de no brindar una orden propia del proceso disciplinario, se negará la solicitud de la accionante sobre el traslado de los funcionarios que participaron en la noche del 8 de marzo de 2017.
4.4. Derecho fundamental al acceso a la justicia y su análisis en el caso.
4.4.1. La jurisprudencia constitucional ha establecido que el núcleo esencial del derecho a la administración de justicia es la “posibilidad de todas las personas residentes en Colombia de acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes”(60).
En consecuencia, el Estado debe realizar esfuerzos para eliminar las barreras o los obstáculos que le impidan al ciudadano acceder ante los jueces de la República.
Para garantizar este derecho, los funcionarios judiciales que reciben de primera mano las denuncias y demandas deben abstenerse de exigir requisitos adicionales a los establecidos en la ley; de lo contrario no solo se trasgrediría el principio de legalidad, sino que también se vulneraría el acceso a la justicia, ya que de entrada al ciudadano se le negaría el derecho que tiene a que un juez competente estudie su caso.
4.4.2. En el caso la Sala observa que no tener la dirección de residencia de los policías no es una razón suficiente para no recibir la denuncia penal que la accionante intentó presentar ante la Fiscalía General de la Nación - localidad XXX. Según el artículo 69 de la Ley 906 de 2004 —que contiene el Código de Procedimiento Penal—:
“La denuncia, querella o petición se hará verbalmente, o por escrito, o por cualquier medio técnico que permita la identificación del autor, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en conocimiento de otro funcionario. Quien la reciba advertirá al denunciante que la falsa denuncia implica responsabilidad penal.
En todo caso se inadmitirán las denuncias sin fundamento.
La denuncia solo podrá ampliarse por una sola vez a instancia del denunciante, o del funcionario competente, sobre aspectos de importancia para la investigación.
Los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos que permitan encauzar la investigación se archivarán por el fiscal correspondiente”.
De la norma transcrita se evidencia que informar la dirección de residencia de los funcionarios que participaron en los hechos no es un requisito cuya omisión dé lugar a no recibir la denuncia.
En este orden de ideas, la actuación en que presuntamente incurrió la fiscalía constituye una vulneración al derecho al acceso a la administración de justicia, pues de entrada se habría cercenado la posibilidad de iniciar el proceso penal al no permitir si quiera que la accionante radicara la denuncia.
La razón dada por la fiscalía genera barreras al acceso a la justicia e introduce obstáculos de género para esclarecer situaciones de violencia silenciosa contra la mujer.
No obstante, en consideración a que la Fiscalía General la Nación - localidad XXX no fue vinculada a la acción de tutela y por ende no tuvo oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, la Sala se abstendrá de imponerle un mandato.
En su lugar, se le enviará copia de esta sentencia con el propósito de exhortarla a la adopción de los correctivos necesarios para evitar que sus funcionarios incurran en conductas discriminatorias o en prejuicios de género, y para que se abstengan de imponer barreras u obstáculos de género para esclarecer situaciones de violencia silenciosa contra la mujer, y para reciban las respectivas denuncias penales absteniéndose de imponer requisitos diferentes a los dispuestos en la ley.
4.5. Otras órdenes.
4.5.1. Para su conocimiento, se enviará copia de esta sentencia al señor Ministro de Defensa Nacional y a la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer.
4.5.2. Se enviará copia de esta sentencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para su inclusión en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. REVOCAR la decisión de 3 de abril del 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera - Subsección XXX. En su lugar AMPARAR el derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación y al debido proceso de X.A.C.G., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. En consecuencia, ORDENAR a la oficina de control disciplinario interno del departamento de policía Cundinamarca que reconozca la calidad de parte de X.A.C.G., dentro del proceso disciplinario que ella inició contra el policía J.R. y los demás agentes que intervinieron en los hechos ocurridos la noche de 8 de marzo de 2017, sin que dicha participación se limite únicamente a la indagación preliminar. Por consiguiente, se le deberá permitir que ejerza las facultades conferidas por la ley a las partes del proceso disciplinario.
3. EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación para que estudie la posibilidad de ejercer su poder preferente, con el fin de asumir el conocimiento del proceso disciplinario iniciado por queja presentada por X.A.C.G. Si la entidad decide hacerlo deberá garantizar el cumplimiento del numeral anterior.
4. ORDENAR al departamento de policía de Cundinamarca - dependencia XXX, que disponga lo pertinente para que dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, adopten las medidas pertinentes a fin de evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a esta tutela.
5. ORDENAR a la Policía Nacional - departamento de policía de Cundinamarca, que dentro del mes siguiente a la notificación de esta providencia, imparta un curso sobre perspectiva de género en los procedimientos policiales a los uniformados involucrados en el puesto de control que originó la vulneración a los derechos fundamentales de la actora.
6. ORDENAR a la Policía Nacional - departamento de policía de Cundinamarca, que dentro de los quince (15) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, publique la misma en su portal web, para lo cual, dispondrá de un enlace visible en su página inicial, de fácil acceso, con un título respetuoso de los derechos de la víctima, por un lapso de tres meses.
7. REMITIR copia de esta providencia a la Fiscalía General la Nación - localidad XXX con el propósito de EXHORTARLA a la adopción de los correctivos necesarios para evitar que sus funcionarios incurran en conductas discriminatorias o en prejuicios de género, y para que se abstenga de imponer barreras u obstáculos de género para esclarecer situaciones de violencia silenciosa contra la mujer, y para reciba las respectivas denuncias penales absteniéndose de imponer requisitos diferentes a los dispuestos en la ley.
8. Para su conocimiento, REMITIR copia de esta providencia al señor MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, y a la ALTA CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER.
9. REMITIR copia de esta providencia a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial para su inclusión en el observatorio de política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género.
10. NEGAR las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
11. NOTIFICAR esta decisión a los interesados, por el medio más expedito.
12. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
(1) Folio 96.
(2) Folios 20 y 21.
(5) Folio 2.
(6) Folio 3.
(9) Folio 4.
(11) Folio 4.
(12) http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mujer-denuncia-supuesto-acoso-y-abuso-de-autoridad-en-un-reten-de-la-policia-articulo-683987
(13) Folio 8.
(14) Folio 16.
(15) Folio 57.
(16) Folio 57.
(17) Folio 59.
(18) Folio 89.
(19) Folio 44.
(20) Folio 103.
(21) Folio 108.
(22) Folio 108.
(23) Folio 109.
(24) Folio 112.
(25) Folio 20.
(26) Ley 734 de 2002. Artículo 89.
(27) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.
(28) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.
(29) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.
(30) Corte Constitucional. Sentencia T-265 de 2016.
(31) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.
(32) Resolución 346 de 2002. Sexto. “Criterios para el ejercicio del poder preferente:
a. En principio habrá ejercicio del poder preferente siempre que nos encontremos ante hechos de trascendencia por atentar contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (...).
c. Cuando, por cualquier falta, se cuestione seriamente la idoneidad, eficacia, efectividad, transparencia e imparcialidad del órgano de control interno”.
(33) Corte Constitucional. Sentencia C-014 de 2004.
(34) Aprobado mediante Ley 74 de 1968. ART. 2º—Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncia, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(35) Aprobado mediante Ley 74 de 1968. ART. 3º—Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente pacto. Y ART. 26.—Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(36) Aprobado mediante Ley 16 de 1972. ART. 1º—Obligación de respetar los derechos 1. Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(37) Corte Constitucional. Sentencias T-691 de 2012, T-141 de 2015, T-141 de 2017.
(38) Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2015.
(39) Corte Constitucional. Sentencia T-691 de 2012.
(40) Corte Constitucional. Sentencia T-691 de 2012.
(41) Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2017. “De ahí que hoy se reconozca la titularidad de una presunción del acto discriminatorio en favor de quien lo alega, estando el señalado de ejercerlo en el deber de presentar de forma efectiva la prueba en contrario respectiva”.
(42) Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2017.
(43) Folios 23 - 26.
(44) Folios 29 - 31.
(45) Folios 32 - 36.
(46) Folios 37 - 39.
(47) Folio 27.
(48) Folio 61.
(49) Folio 62.
(50) Folios 63 - 79.
(51) Corte Constitucional. Sentencia C-297 de 2016.
(52) DUDH, artículo 2º “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”.
(53) Ibídem, artículo 7º: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
(54) Pacto de San José, artículo 24 “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.
(55) Véase al respecto: Corte Interamericana de Derecho Humanos, caso Niños de la Calle v. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999, serie C Nº 63 § 1144. Caso Gómez Murillo y otros v. Costa Rica. Sentencia de 29 de noviembre de 2016, Serie C Nº 326, § 19.
(56) Ver al respecto: Corte Constitucional, Sentencia T 234 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(57) Constitución Política. Artículo 24.
(58) Folio 108.
(59) http://www.elespectador.com/noticias/bogota/mujer-denuncia-supuesto-acoso-y-abuso-de-autoridad-en-un-reten-de-la-policia-articulo-683987
(60) Corte Constitucional. Sentencia T-283 de 2013.

References: ARTÍCULO 89
 artículo 89
 artículo 90
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 89
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 69
 Artículo 89
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 24
 Artículo 24