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Timestamp: 2018-02-18 20:06:22+00:00

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Ley 7/2014, de 26 de septiembre, de archivos y documentos de Galicia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 7/2014, DE 26 DE SEPTIEMBRE, DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS DE GALICIA (DOG 191 DE 7 DE OCTBRE)
El Real decreto 2434/1982, de 24 de julio ( RCL 1982, 2605 ) , hizo efectivo el traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de cultura y, por lo tanto, de archivos.
El artículo 149.1.28ª de la Constitución española reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por las comunidades autónomas. De acuerdo con esta previsión, en el año 1989 se firmó el convenio de gestión de archivos de titularidad estatal entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma, que fue complementado con el Real decreto 1531/1989, de 15 de diciembre ( RCL 1989, 2701 ) , sobre ampliación de los medios personales y presupuestarios traspasados en la materia. Los archivos transferidos fueron el Archivo del Reino de Galicia, en A Coruña, y los archivos históricos provinciales de Lugo, Ourense y Pontevedra.
La Ley 8/1995, de 30 de octubre ( LG 1995, 309 ) , del patrimonio cultural de Galicia, fue la primera norma gallega con rango de ley que dedicó una atención singular a los archivos y al patrimonio documental. Esta ley asentó conceptos básicos como el de patrimonio documental o el de sistema de archivos y tuvo la virtud de insertar estos bienes en la estructura de protección elaborada con carácter general para todo el patrimonio cultural de Galicia.
Hasta la entrada en vigor de dicha ley, la normativa propia en materia de archivos y patrimonio documental se abordó a través de distintas normas de rango reglamentario, y es fundamental el papel desarrollado por el Decreto 307/1989, de 23 de noviembre ( LG 1990, 27 ) , por el que se regula el sistema de archivos y el patrimonio documental de Galicia. Este decreto, dictado en sustitución del Decreto 414/1986, de 18 de diciembre ( LG 1987, 158 ) , por el que se regulaba el sistema público de archivos de la Comunidad, supuso la primera aproximación normativa a conceptos fundamentales como el de archivos y patrimonio documental de Galicia al tiempo que permitió delimitar las nociones de sistema y redes de archivos de la Comunidad.
La norma se enmarca en un contexto legal integrado por distintas disposiciones que, sin ser específicamente archivísticas, tienen una extraordinaria influencia en este ámbito. Merece especial mención la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, que en su artículo 35.h) reconoce el derecho de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas al acceso a la información pública, archivos y registros; la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre ( RCL 2007, 2081 ) , sobre reutilización de la información del sector público, y la Ley 52/2007, de 26 de diciembre ( RCL 2007, 2355 ) , por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
Tradicionalmente en los archivos predominó la finalidad de asegurar la conservación de esa memoria, pero los archivos públicos son algo más que servicios de depósito cultural. Los documentos que los integran, pese a ser considerados patrimonio documental por la Ley 8/1995 desde el mismo momento de su producción o recepción por las administraciones públicas en el desarrollo de sus actividades, deben servir, en primer lugar, a los fines para los cuales fueron concebidos; unos fines que no son otros que hacer posible la propia gestión administrativa, garantizar y testimoniar los derechos y los deberes de la propia Administración y de los ciudadanos, y proporcionar información, en un marco de gestión de los asuntos públicos donde la transparencia y la responsabilidad democráticas y la calidad en la prestación de los servicios constituyen referencias inexcusables. Los archivos cumplen así una función básica en la gestión administrativa, en la medida en que aseguran la continuidad de la acción administrativa y permiten el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en condiciones de transparencia, en la línea de lo establecido por la Ley 4/2006, de 30 de junio ( LG 2006, 243 ) , de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega.
Además de lo anterior, la ley adopta las previsiones básicas para adaptar la gestión de los archivos públicos al contexto digital. La Administración electrónica es una realidad ya ineludible para todas las administraciones públicas, desde el momento en que la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y las disposiciones que la desarrollan, así como la Recomendación de la Comisión Europea de 24 de agosto de 2006 sobre digitalización y accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital (2006/585/ CE ( RCL 1978, 2836 ) ), contemplan plazos y sistemas concretos de incorporación de los sistemas de gestión documental al ámbito digital, así como los derechos de los ciudadanos a ser usuarios de tales sistemas y a relacionarse electrónicamente con las administraciones. Asimismo, la ley atiende a las exigencias que, en relación con lo anterior, se derivan del Decreto 198/2010, de 2 de diciembre ( LG 2010, 524 ) , por el que se regula el desarrollo de la Administración electrónica en la Xunta de Galicia y en las entidades de ella dependientes.
Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia ( RCL 1981, 990 ) y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero ( LG 1983, 451 ) , reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley de archivos y documentos de Galicia.
En la aplicación de esta ley, las administraciones públicas deberán actuar conforme a los principios de lealtad institucional, coordinación y colaboración, en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
c) Los documentos administrativos electrónicos, en la definición básica dada por el artículo 29 de la Ley 11/2007, de 22 de junio ( RCL 2007, 1222 y 1293) , de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.
SECCIÓN 1ª. La gestión documental
SECCIÓN 2ª. La información y el acceso a los documentos
En el marco de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre ( RCL 1999, 3058 ) , de protección de datos de carácter personal, son funciones de los archivos públicos en el campo de la información administrativa:
1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/1997, de 22 de julio ( LG 1997, 273 ) , de Aministración local de Galicia, los municipios podrán mancomunar los siguientes servicios:
1. Sin perjuicio de lo establecido en el título IX de la Ley 8/1995, de 30 de octubre ( LG 1995, 309 ) , son infracciones administrativas en materia de archivos y patrimonio documental de Galicia las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en esta ley. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. El plazo máximo de resolución del procedimiento sancionador será de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del procedimiento en los términos previstos por el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) .
2. La imposición de sanciones administrativas se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto ( RCL 1993, 2402 ) , o norma autonómica que lo sustituya o complemente.
Los documentos constitutivos de la historia clínica de las personas usuarias de la asistencia sanitaria que se preste en los centros y establecimientos sanitarios públicos y privados de la Comunidad Autónoma de Galicia se regirán por su normativa, la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre ( RCL 2002, 2650 ) , básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
2. Quedan derogados los artículos 76.2 , 76.3 , 78.1 , 79 , 80 y 91 de la Ley 8/1995, de 30 de octubre ( LG 1995, 309 ) , del patrimonio cultural de Galicia.
Disposición Final primera. Modificación del artículo 7.1.g) de la Ley 8/1995, de 30 de octubre ( LG 1995, 309 ) , del patrimonio cultural de Galicia

References: Real decreto 
 artículo 149
 Real decreto 
 artículo 35
 artículo 13
 artículo 24
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 21
 resolución 
 artículo 44
 Real decreto 
 artículo 7