Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A056-06.htm
Timestamp: 2017-11-18 08:37:32+00:00

Document:
Auto 056/06
LEGITIMACION POR ACTIVA-Vicios derivados de circunstancias anteriores deben alegarse antes del fallo de tutela
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-456 de 2005, presentada por la Dra. María Inés Agudelo, Viceministra Técnica encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
que resuelve la solicitud presentada por la Dra. María Inés Agudelo, Viceministra Técnica encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que se declare la nulidad de la sentencia T-456 de 2005, proferida por la Sala Primera de Revisión de esta Corporación dentro de la acción de tutela incoada por Lucy del Carmen Salgado Morales y otros contra la Nación, el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Gobernación del Departamento de Bolívar, la Secretaría Seccional de Salud de Bolívar, el Director del Instituto Oftalmológico Clínica Club de Leones de Cartagena, la Alcaldía de Cartagena y el Departamento Administrativo de Salud Distrital de Cartagena (DADIS).
El 12 de julio del presente año, la Dra. María Inés Agudelo, Viceministra Técnica encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, solicitó la nulidad de la sentencia T-456 de 2005, pues, a su juicio, con dicho fallo la Sala Primera de Revisión (i) cambió la jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1023 de 2001 en torno a la responsabilidad subsidiaria de la Nación en el pago de acreencias laborales; (ii) impuso, sin competencia para ello, una condena de pago de perjuicios; y finalmente, (iii) incurrió en falta de motivación con relación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En lo que se refiere al primer cargo, la solicitante cita algunos apartes de la sentencia SU-1023 de 2001 y sostiene que en dicha providencia esta Corporación estableció que el principio de responsabilidad subsidiaria de la Nación en el pago de obligaciones pensionales se circunscribía al caso de las entidades descentralizadas del Estado; condición que, agrega, no se presenta en este caso puesto que la Clínica Club de Leones de Cartagena es una entidad de naturaleza privada. Así mismo, alega que en esa sentencia de unificación la Corte Constitucional señaló que en el evento de que se quisiera establecer este tipo de responsabilidad, ello correspondía a instancias distintas al juez de tutela.
A renglón seguido, con apoyo en las sentencias SU-1023 y T-1206 de 2001, la solicitante también alega que la Sala Primera de Revisión no tiene competencia para imponer una condena a la Nación y que, en contra de este supuesto, en la sentencia T-456 de 2005 se impuso a la Nación la obligación de contribuir al pago del pasivo laboral de la Clínica Club de Leones de Cartagena, con el argumento de que existían pruebas que comprometían la gestión del antiguo Ministerio de Salud frente a la dirección técnica y administrativa de esta institución hospitalaria. Esto último, a juicio de la peticionaria, constituye “un típico pago de perjuicios como consecuencia de la responsabilidad del Estado”. Además, según la representante del ministerio, en el caso estudiado en la sentencia objeto de la solicitud de nulidad no estaban dados los presupuestos establecidos en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, que autorizan al juez de tutela para condenar a la indemnización de perjuicios.
Por otra parte, con relación al tercer cargo de nulidad, el ministerio considera que en la sentencia T-456 de 2005 se impone una responsabilidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público pero sin exponer las razones que llevaron a la Sala a ello, resaltando que en dicha providencia sólo se encontró responsable al antiguo Ministerio de Salud y a la Gobernación de Bolívar por las deficiencias en la administración de la clínica. En todo caso, agrega la solicitante, el hecho de que se imponga una condena a la Nación no conduce a que ello deba hacerse a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues cada entidad, entre ellas los ministerios, disponen en sus presupuestos de los recursos correspondientes para atender el pago de condenas judiciales.
Por último, aunque el ministerio no lo formula expresamente como una causal de nulidad, se resalta que en el trámite de tutela el señor Hernando Esmeral Manotas actuó como demandante y demandado, pues está en la lista de accionantes y al tiempo fungió como Director de la Clínica Club de Leones de Cartagena. Con esto, según la accionada, se configuró un conflicto de intereses como lo establece el artículo 839 del Código de Comercio y, además, se privaba de fuerza de convicción a las pruebas que esta persona aportó en el trámite de la acción de tutela.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público está legitimado para solicitar la nulidad de la sentencia T-456 de 2005, pues dicha entidad fue vinculada al trámite de tutela en calidad de accionado. Así como la Dra. María Inés Agudelo, Viceministra Técnica, está legitimada para actuar en nombre de dicha entidad, toda vez que funge como encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Tenemos también que la solicitud de nulidad se presentó oportunamente, pues, de acuerdo con el documento visible a folio 52 del expediente, la sentencia T-456 de 2005 fue notificada vía fax al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el pasado 8 de julio y la nulidad se solicitó el 12 de ese mes, es decir, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del fallo objeto de impugnación.
4. Examen de las causales de nulidad alegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra la sentencia T-456 de 2005 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.
Luego de la exposición de los antecedentes del presente asunto y las consideraciones generales en torno a la nulidad de las sentencias proferidas por las salas de revisión y de la legitimación y oportunidad de la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (en adelante el Ministerio), la Sala Plena pasará a estudiar los cargos presentados contra la sentencia T-456 de 2005.
4.1. Respuesta a los cargos de nulidad primero y segundo. Con la sentencia T-456 de 2005 la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional no varió la jurisprudencia unificada de esta Corporación establecida en la sentencia SU-1023 de 2001, ni impuso una condena a la Nación.
Los cargos primero y segundo parten de premisas falsas. En efecto, el Ministerio alega que en esta providencia la Sala Primera de Revisión cambió la jurisprudencia establecida en la sentencia SU-1023 de 2001 sobre la responsabilidad subsidiaria de la Nación en el pago de acreencias laborales y, sin competencia para ello, impuso a la Nación una condena de pago de perjuicios; sin embargo, una lectura detenida de ambas sentencias revela que, de un lado, en la SU-1023 de 2001 no se estableció – y menos se unificó – jurisprudencia en torno al tema a que alude el Ministerio, y de otro, que la Sala Primera de Revisión no impuso una condena de perjuicios a cargo de la Nación.
4.1.1. En la sentencia SU-1023 de 2001[13], la Sala Plena de la Corte Constitucional estudió las acciones de tutela interpuestas por un grupo de pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante en Liquidación, en las cuales se alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales por la mora en el pago de sus mesadas y de sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. En esta providencia, la Corte encontró que efectivamente se había configurado la vulneración alegada y consideró que para el restablecimiento de los derechos conculcados era necesario ordenar el pago de las mesadas pensionales en mora así como la cancelación de los aportes y cotizaciones por concepto de salud.
4.1.2. El segundo cargo de nulidad, consistente en que en la sentencia T-456 de 2005 la Sala Primera de Revisión impuso a la Nación una condena de indemnización de perjuicios sin tener competencia para ello, también parte de premisas falsas.
Finalmente, la Sala considera necesario resaltar que no existe identidad entre las sentencias SU-1023 de 2001 y T-456 de 2005, pues aunque tienen semejanzas, también tienen diferencias jurídicamente relevantes. Semejanzas por cuanto en ambas se implementó la misma fórmula para solucionar una circunstancia que podía impedir el real restablecimiento de los derechos fundamentales de los accionantes: La insolvencia del empleador u obligado principal. Y diferencias, porque se utilizan fundamentos jurídicos diferentes para darle solución a ese problema (presunta responsabilidad patrimonial subsidiaria de la sociedad matriz respecto de sus subordinadas y posible responsabilidad patrimonial del Estado por la causación de daños antijurídicos); los accionantes tienen diferente condición (pensionados y trabajadores activos) y, en fin, la particular situación en que se encontraban cada uno de los empleadores de los accionantes (liquidación obligatoria e intervención estatal).
En síntesis, la Corte desestimará el primer y segundo cargo de nulidad contra la sentencia T-456 de 2005, ya que ambos parten de premisas falsas.
4.2. Respuesta al tercer cargo de nulidad. La sentencia T-456 de 2005 contiene motivación respecto de la vinculación y las órdenes impartidas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Como tercer cargo de nulidad se alega que en la sentencia T-456 de 2005 se impuso una responsabilidad al Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin exponer las razones que llevaron a la Sala a ello, resaltándose que en dicha providencia sólo se encontró responsable al antiguo Ministerio de Salud y a la Gobernación de Bolívar por las deficiencias en la administración de la Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena. El solicitante agrega que el hecho de que se imponga una condena a la Nación no conduce a que ello deba hacerse a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pues cada entidad, entre ellas los ministerios, disponen en sus presupuestos de los recursos correspondientes para atender el pago de condenas judiciales.
Pues bien, con relación a este cargo de nulidad, debe aclararse que el simple desacuerdo que tenga la solicitante con la sentencia proferida por la Sala Primera de Revisión no es razón suficiente para su declaratoria de nulidad, pues, según el criterio de esta Corte[18]:
“c) Quien invoca la nulidad está obligado a ofrecer parámetros de análisis ante la Corte y deberá demostrar, mediante una carga argumentativa seria y coherente, el desconocimiento del debido proceso[19]. No son suficientes razones o interpretaciones diferentes a las de la Sala que obedezcan al disgusto e inconformismo del solicitante.
d) Los criterios de forma, tanto de redacción como de argumentación que utilice una sala de revisión, no pueden configurar violación al debido proceso. Así, como lo dijo la Corte, ‘[E]l estilo de las sentencias en cuanto puedan ser más o menos extensas en el desarrollo de la argumentación no incide en nada para una presunta nulidad. Además, en la tutela, la confrontación es entre hechos y la viabilidad de la prosperidad de la acción y nunca respecto al formalismo de la solicitud como si se tratara de una demanda de carácter civil.’[20]” (Negrillas fuera del texto).
En otras palabras, como se explicó en el acápite número dos de estas consideraciones, la posibilidad de solicitar la nulidad de una sentencia de las salas de revisión de la Corte Constitucional no significa que exista un recurso contra sus decisiones o que surja una nueva oportunidad para continuar un debate ya concluido, toda vez que el examen de la Corte debe limitarse a determinar si en la sentencia impugnada se incurrió en una grave violación del debido proceso.
En la sentencia T-456 de 2005, acogiendo los argumentos del ad quem, se consideró que era necesaria la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a las órdenes de tutela impartidas para el restablecimiento de los derechos fundamentales de los accionantes como “entidad encargada por parte de la Nación de situar los recursos correspondientes al Ministerio de Salud y a la entidad territorial respectiva previas las gestiones pertinentes” y, además, porque la presencia de esta entidad era imprescindible en el comité cuya conformación se ordenó en esa providencia, toda vez que también se dispuso que, en caso de que fuera necesario, se suscribieran los contratos de concurrencia para el pago del pasivo prestacional de los trabajadores de la clínica, en la medida en que algunos de ellos son beneficiarios del Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud creado por el artículo 33 de la Ley 60 de 1993.
En otras palabras, si se lee detenidamente la sentencia T-456 de 2005 en sus partes considerativa y resolutiva, se concluye que en dicha providencia sí se impartió una orden para que de forma subsidiaria la Nación concurriera con el Departamento de Bolívar en el pago de los salarios y aportes a la seguridad social de los trabajadores de la Clínica Club de Leones de Cartagena; pero asignando al Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo concerniente a la atención de los trámites presupuestales o aquellos relacionados con la suscripción de los contratos de concurrencia en el Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, lo cual es propio de sus funciones.
Por consiguiente, carece de fundamento el cargo de nulidad presentado por el Ministerio, pues en la providencia cuya nulidad se solicita sí hay motivación respecto de su vinculación y las órdenes que se le impartieron. De lo anterior, se coligen entonces que lo que pretende el Ministerio es perpetuar una discusión en torno a una situación valorada en sede de tutela, sin cumplir con la carga argumentativa que impone la figura excepcional de la nulidad en el sentido de demostrar que la Sala Primera de Revisión violó el debido proceso al impartirle órdenes para el restablecimiento de los derechos de los trabajadores de la Clínica Oftalmológica Club de Leones de Cartagena.
4.3. Respuesta al cuarto cargo de nulidad. Falta de legitimación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para invocar la nulidad por circunstancias anteriores a la sentencia T-456 de 2005.
Finalmente, el Ministerio alega que en el trámite de tutela el señor Hernando Esmeral Manotas actuó como demandante y demandado ya que está en la lista de los 84 accionantes y al tiempo fungió como Director de la Clínica Club de Leones de Cartagena. Con esto, según la accionada, se configuró un conflicto de intereses como lo establece el artículo 839 del Código de Comercio y, además, se privaba de fuerza de convicción a las pruebas que esta persona aportó en el trámite de la acción de tutela.
Pues bien, sería del caso que la Sala examinará si las circunstancias alegadas por el Ministerio constituyen motivo para invalidar la sentencia T-456 de 2005. No obstante, como se anotó claramente en el aparte 2 de estas consideraciones, debemos tener en cuenta que los vicios derivados de circunstancias anteriores al fallo deben alegarse antes de que el mismo se profiera, pues, de lo contrario, quienes hayan intervenido durante el trámite de la acción de tutela pierden a partir de ese momento toda legitimación para invocarlos como causales de nulidad.
En el presente caso es patente que la circunstancia alegada por el Ministerio es anterior al fallo de tutela cuya nulidad se pretende y, además, que esta autoridad actuó durante todo el trámite de tutela sin cuestionar que el Director de la Clínica Club de Leones de Cartagena estuviese incluido en la lista de 84 accionantes, ni controvertir la credibilidad de las pruebas que dicho funcionario allegó al expediente. Por tanto, no puede ahora – y quizá por esta razón no formula expresamente un cargo de nulidad –, luego de que se ha proferido el fallo, pretender invalidarlo alegando situaciones que debieron ser ventiladas durante el trámite de la acción de tutela, toda vez que carece de legitimación para ello.
Ahora bien, en lo que se refiere concretamente a las pruebas, por mandato del inciso último del artículo 29 de la Constitución Política[21], la Sala debería invalidar cualquier prueba obtenida con violación del debido proceso, no obstante la falta de legitimación del Ministerio; pero, a juicio de esta Corporación, la doble condición de accionante y accionado del director de la clínica no configura per se una violación del debido proceso en la obtención de las pruebas, pues las mismas fueron allegadas y practicadas conforme a las normas legales y en el trámite de la acción de tutela tutela el Ministerio tuvo la oportunidad de contradecir tanto las pruebas como las respuestas otorgadas por el señor Hernando Esmeral Manotas. Es decir, al margen de la circunstancia alegada por el Ministerio, en este caso puede concluirse que las pruebas son válidas y podían ser apreciadas o valoradas por el juez de tutela de acuerdo con los parámetros de la sana crítica.
Por otra parte, es oportuno resaltar que la decisión de tutelar los derechos fundamentales de los accionantes no está sustentada exclusivamente en las pruebas allegadas por el Director de la Clínica Club de Leones de Cartagena, pues aspectos trascendentales como la existencia de las acreencias laborales, la intervención técnica y administrativa de la clínica y las deficiencias en la administración de la misma, están acreditadas con elementos probatorios aportados por el resto de los accionantes o documentos emanados de otras autoridades, tales como la Superintendencia Nacional de Salud y la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Bolívar.
En conclusión, la Sala Plena de la Corte Constitucional considera que la Sala Primera de Revisión de esta Corporación no incurrió en causal alguna de nulidad en la sentencia T-456 de 2005, así que serán desestimados los cargos formulados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
NEGAR la solicitud presentada por la Dra. María Inés Agudelo, Viceministra Técnica encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que se declare la nulidad de la sentencia T-456 de 2005 proferida por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.
[18] Auto A-031A de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
[20] Auto 003A de 2000 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[21] Artículo 29. (...) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

References: artículo 25
 artículo 839
 artículo 33
 artículo 839
 artículo 29
 Artículo 29