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Timestamp: 2014-10-01 05:56:41+00:00

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GUIA 1 DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA « toyo - La Coctelera
toyo GUIA 1 DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA
PROGRAMA: PFGEJ
TRAYECTO:4 SEMESTRE:2 SECCIONES: 1Y2
UNIDAD CURRICULAR:DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA
UNIDAD NUMERO:1
Objetivo de la clase: Analizar los distintos delitos en el ambito de la empresa mediante el estudio del marco Constitucional y legal para conocer la realidad social ,economica y politica actual en la cual se aplica
Guia No: 1
Autores: Abog Angel Martinez y Esp Deysi Birriel
1- Partiendo de este concepto analice y formule su opinion en cuanto ¿Que es un delito?
"El acto tipicamente anti juridico, culpable, sometido aveces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sancion penal" segun Jimenez de Azua
Segun Soler: lo define como "Una accion tipicamente anti juridica , culpable y adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de esta"
Segun Carrera:: es "La infraccion de la ley del estado, promulgada para seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y politicamente dañoso"
2- Defina los siguientes conceptos delito en el acceso alos bienes y servicios: Especulacion;Acaparamiento; Boicot; Alteracion fraudulenta de precio; Alteracion fraudulenta de oferta y demanda ;Contrabando de extraccion; Usura generica; y en las operaciones de financiamiento
3- La metodologia para contestar esta guia instruccional es el analisis de coyuntura
4- Esta guia sera contestada en grupos de trabajo y debe contener los siguientes datos: nombres y apellidos de los integrantes de los equipos numeros de cedulas, seccion trayecto y semestre
5- Esta guia debe ser llevada en fisico al salon para ser discutida en clase por medio de un debate
6- Esta actividad tiene un valor de 10%
INFORMACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD CURRICULAR DELITOS ECONOMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA GUIA 2 DELITOS ECONIMICOS EN EL AMBITO DE LA EMPRESA
10/04/10 · 15 comentarios
13 abr 2010 - 12:04 AM
gracias por esta valiosa informacion, si quisiera mas material o informacion sobre la materia, es muy interesante para mi carrera y para los compañeros. gracias
24 abr 2010 - 09:01 PM
P.F.G.: ESTUDIOS JURIDICOS
TRAYECTO IV SEMESTRE PRIMERO SECCIÓN "01"
Unidad curricular: Delitos económicos en el ámbito de la empresa.
RESPUESTA DE LA GUIA 01
Concepto DELITO: Es toda conducta de acción u omisión tipificada por la Ley como antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible y que viola el orden jurídico vigente.
ESPECULACION: Según la Ley Antimonopolio y la Competencia desleal es la ganancia o beneficio que se obtiene en la compra venta en operaciones bursátiles y diversas transacciones lucrativas.
ACAPARAMIENTO: Es la acumulación de artículos, en manos de una o varias personas que actúan de común acuerdo con la intención de dejarlos a un precio que no es el resultado del juego natural de la oferta y la demanda.
BOICOT: Es interrumpir una relación especialmente comercial, con una persona, grupo o nación para perjudicarlos y obligarlos a ceder en algo.
ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIO: Son actos que consiste en difundir noticias falsas, en emplear violencia, amenazas, engaño, o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los alimentos o productos sometidos a control de precios.
ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA: Es todo acto con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional destruya o haga desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución.
CONTRABANDO DE EXTRACCION: Son actos que consiste en extraer alimentos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios cuya comercialización se haya circunscritos al territorio nacional.
USURA GENERICA: Es un acto que consiste en realizar un acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla para obtener para sí o para un tercero una prestación que implique una ventaja desproporcionado a la contraprestación.
USURA EN OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: Son acto que consiste realizar operaciones de ventas a créditos de bienes o servicios de financiamiento para tales operaciones obtenga a titulo de intereses, comisiones o recargo, cualquier cantidad por encima de los límites fijados por el Banco Central de Venezuela.
Damia Rincones C.I. 7.062.931
Oneida Bellorin C.I. 8.918.215
Rafael Linarez C.I. 7.048.943
Fingel Zampallo C.I. 9.825.889
Angel Hidalgo C.I. 7.151.981. Profesor: Abogado Ángel Martínez	Guacara, 24/04/10
Aldea Universitaria Vicente Wallis
Guacara.-
Trayecto IV Semestre 2 Sección 1
DELITO: Es una conducta humana externa, positiva o negativa contraria a la ley, y tipificada en esta como delito, la cual trae como consecuencia una sanción que puede ser administrativa, civil o penal entre otros.
DELITO EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS: BOICOT: Es un acuerdo tácito o explicito para infligir un perjuicio pecuniario o moral, a un individuo o país, evitando toda relación con el.
ALTERACION FRAUDULENTA DE PRECIOS: Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para aumentar los precios de bienes con precio controlado.
ALTERACION FRAUDULENTA DE OFERTA Y DEMANDA: Consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precio, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda.
CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN: Es la persona que mediante acto u omisión, eluda o intente eludir la intervención o cualquier tipo de control de la autoridad aduanera, en la introdución, extracción o tránsito de mercancia al territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela.
USURA GENERICA: Quien por medio de acuerdo o convenio, cualquiera que sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disminuirla, obtenga para si o para un tercero, directa o indirectamente, una prestación que implique una ventaja o benefcio notoriamente desproporcionada a la contraprestación que por su parte realiza.
USURA EN LAS OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO: En sentido extricto, el interés o precio que recibe el mutuario o prestamista por el uso del dinero prestado en el contrato de mutuo o préstamo.
Haydée Salazar C.I. 6.482.607
Ana María Alonzo C.I. 7.044.622
Editza Pinto C.I. 12.318.968
Eudis Yonathan Mendez
25 abr 2010 - 02:43 AM
PROF: ABG. ANGEL CUSTODIO MARTINEZ 1-	DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO (LEGAL, CONSTITUCIONAL) QUE ES PARA USTED EL DERECHO LABORAL VENEZOLANO DE SU OPINION?
Es el conjunto de preceptos y normas que regulan las relaciones jurídicas entre patrono y trabajador, ya sea esta relación con empresa privada o el estado como empleador. Por otra parte, El Derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana, licita, prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestación.
Dentro de nuestra constitución, en el Titulo III, de los Derechos Sociales se encuentran los artículos referentes al derecho laboral, enmarcados desde el artículo 87 al 96 respectivamente y desde allí surge la Ley Orgánica del Trabajo y sus leyes especiales.
2-	MENCIONE LAS FUENTES DEL DERECHO LABORAL VENEZOLANO
En la constitución se contemplan las garantías y libertades que tienen los individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas han comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas asegurables para los trabajadores, y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a aparecer los principios y derechos laborales que adquieren el rango normativo máximo: el constitucional. Entre ellos se pueden mencionar:
3-	PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL Y ACTORES
•	Regla más favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el trabajador.
•	Regla de la condición más beneficiosa: una nueva norma no puede desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador.
Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos lógicos de sentido común, sin incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno...
Bachiller:	Emperatriz del Valle Gómez de Méndez C.I.12.923.236
Eudis Yonathan Méndez	Rojas	C.I.13.033.267
26 abr 2010 - 05:10 AM
Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para La Educación Superior Aldea Universitaria “Vicente Wallis” PFG en Estudios Jurídicos – Sección 2 Trayecto 4 - semestre 2 Guacara- edo. Carabobo ¿Qué es un delito?
Bachilleres: Elsa Medina CI: 25 708 514 Madyori Vizcaya CI: 13 809 966 Jacobo Escobar CI: Guillermo Pacheco CI: 1 578 579
Guacara, 25 de abril del 2010
1.- ¿Qué es delito?
La idea de delito toma su origen en la ley penal, porque entre ella y el delito existe un nexo indisoluble, pues delito es propiamente la violación de la ley penal, o para ser mas exactos, la infracción de un orden o prohibición impuesta x la ley, en consecuencia, delito será todo hecho al cual el ordenamiento jurídico penal le adscribe como consecuencia una pena impuesta por la autoridad judicial por medio de un proceso.
En 1906 Erucit Von Belinng, propone propone un nuevo elemento al delito. La tipicidad, desde entonces el delito es considerado como un comportamiento humano típico, ilícito y culpable. Por típico se entiende, conforme a la descripción contenida en la disposición penal, esta última llamada entre nosotros legal.
Conforme a lo que la ley plantea, la teoría dogmatica, el delito es un conducta típica {acción u omisión, antijurídica y culpable y además que sea punible.
Y la culpabilidad.
2.- conceptos de delito en el acceso a los bienes:
Especulación: Es la operación comercial que consiste en la compra y venta de bienes, con el único propósito de las variaciones de su precio en el mercado.
Venta de productos de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, la alteración de la calidad o condicionar la venta	.
Operación comercial que consiste en comprar un bien a bajo precio, se espera que suba a corto plazo, con el único fin de venderlo en el momento oportuno y obtener un beneficio.
Compra de productos de primera necesidad con fines de lucro y no para consumo familiar y personal.
3.- Acaparamiento: Práctica monopolística tendiente al encarecimiento de un producto mediante la congelación de su oferta, con el fin de venderlos cuando los precios resulten superiores a los actuales.
Restricción de la oferta, circulación o distribución de los bienes de primera necesidad. Retención de los bienes de primera necesidad con o sin ocultamiento.
4.- Boicot: Presión que se ejerce sobre una persona o entidad, suprimiendo o dificultando cualquier relación con ella.
U boicot se considera normalmente como una acción puntual para corregir un acto destacadamente reprobable.
Acción que impidan, de manera directa o indirecta, la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimento s o productos sometidos a control de precios.
5.- Usura
Interés que se lleva por el dinero en el contrato de mutuo o préstamo. Interés excesivo de un préstamo.
Algunas legislaciones la consideran como un hecho delictivo y en materia civil constituye un vicio que da lugar a la necesidad del acto jurídico tachando de usurario o a un reajuste equitativo.
Intereses superior al máximo legal. La usura es siempre un abuso.
6.- Alteración fraudulenta de precios
Articulo referido a bienes con precios controlado. Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para alterar los precios.
7.- Alteración fraudulenta de oferta y demanda
Consiste en destruir o desaparecer alimentos, o los instrumentos para su producción o distribución, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda.
8.- Contrabando de extracción
Consiste en sacar del territorio nacional bienes de primera necesidad (regulados) cuya circulación se haya circunscrito al territorio nacional.
26 abr 2010 - 05:49 PM
Fundamentos constitucionales de los delitos económicos La constitución de la república bolivariana de Venezuela en su capítulo séptimo que se refiere a los delitos económicos, establece en su articulo 113 la contradicción de la práctica monopólica con la misma, también se refiere al abuso de la posición de dominio y a las demandas concentradas en todos estos casos, la norma establece que el estado está en la obligación de adoptar medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos de estas prácticas. Igualmente el estado se reserva, en los casos de explotación de recursos naturales, propiedad de la nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública (comunicaciones, electricidad, entre otros), el otorgamiento de concesiones por tiempo determinado siempre y cuando se garantice contraprestación o contrapartida en beneficio del interés colectivo. Por otra parte el artículo 114 consagra la penalización severa de acuerdo con la ley de todos los delitos económicos. Diferentes delitos económicos, causas y consecuencias Nuestra constitución consagra en su artículo 114 los siguientes delitos económicos: el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos. Según Kraus Tredemann, en su libro poder económico y delito plantea que: “los delitos económicos son las trasoresiones en el ámbito del derecho administrativo económico o sea contra la actividad instructora o reguladora del estado en la economía. Los actos ilícitos en materia económica y financiera se producen a partir de las conexiones entre las decisiones económicas públicas y los intereses privados, afectan contra la libertad de competencia y se sustenta en el abuso del poder. En las consecuencias consideramos que como los delitos económicos no solo se dirigen contra intereses individuales sino también contra intereses sociales o superindividuales (como en los casos de obtención fraudulenta, de subvenciones o créditos estatales). Análisis Penal de los delitos económicos señalados Como lo plantea la constitución en su artículo 114 estos delitos serán penados severamente de acuerdo con la ley. Como sabemos los distintos delitos económicos tienen su propia ley que los sancionan y penalizan de acuerdo a sus características y gravedad. En base a esto nos vamos a referir a la ley sobre los delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento por ejemplo su artículo 2 establece:”toda conducta que signifique acaparamiento, especulación, boicot y cualquier otra que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios se considerará contraria a la paz social, al derecho a la vida y a la salud del pueblo”. Y el artículo 20 entre otros establecen las penalidades en cuanto a: “quien restrinja la oferta, circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios, retenga dicho artículo con o sin ocultamiento para provocar escases y aumento de los precios, incurrirá en el delito de acaparamiento y será sancionado con prisión de dos a seis años, y con multa de ciento treinta a veinte mil unidades tributarias. Consecuencias sociales que produce su transgresión Como ya citamos las consecuencias sociales en la respuesta nº 2 podemos agregar lo siguiente: que las transgresiones en el ámbito del derecho administrativo ya referidas, se incluyen los delitos patrimoniales clásicos (estafa, extorsión, defraudación, entre otros). Cuando estos se dirigen contra patrimonios supra individúales, produciendo grandes perjuicios en contra del país y de todos los ciudadanos al ocasionar la pérdida de grandes cantidades de dinero que debieron permanecer como recursos fiscales. Definiciones: Delito: El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho),culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. La palabra delito deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero señalado por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición, se intentó establecer a través del concepto de Derecho natural, creando por tanto el delito natural. Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias culturales que dificultan una definición universal. Especulación: En economía, la especulación es el conjunto de operaciones comerciales o financieras que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico, basado en las fluctuaciones de los precios. Un especulador no busca disfrutar del bien que compra, sino beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. En sentido extenso, toda forma de inversión es especulativa; sin embargo, se suele limitar el término a aquella inversión que no importa ninguna clase de compromiso con la gestión de los bienes en los que se invierte, limitándose al movimiento decapítales. La actividad económica especulativa es muy antigua. Ya en el Antiguo Egipto, según la historia bíblica de Génesis capítulo 41, José salvó de la hambruna a Egipto después de interpretar los sueños de vacas gordas y vacas flacas del Faraón. Como primer ministro gravó con un impuesto de grano a la agricultura en los años de cosecha abundante (vacas gordas) y luego lo vendió en los años de escasez (vacas flacas). De esa forma mitigó la hambruna en los años de malas cosechas y además enriqueció al gobierno. La especulación se basa por tanto en la previsión y en la anticipación, de forma que el especulador también puede equivocarse si no prevé correctamente la evolución de los precios futuros, de forma que tendrá que vender barato algo que compró caro. El mercado especulativo por tanto premia a los buenos previsores y castiga a los malos. Acaparamiento: Práctica que consiste en retener o comparar bienes en grandes cantidades antes de que llegue al mercado de consumo. El acaparamiento se basa por lo tanto, en la previsión de un aumento de la demanda y es una práctica especulativa que en general puede considerarse normal. Boicot: Consiste en negarse a comprar, vender o practicar alguna otra forma de relación comercial de otro tipo con un individuo o una empresa considerada, por los participantes en el boicot, como autores de algo normalmente reprobable. En ocasiones se ha utilizado internacionalmente el vocablo español embargo. Usura: El concepto de usura lleva implícita la convicción de que existe un «precio justo o razonable para el ahorro», con independencia de las condiciones de oferta y de demanda, lo que ha llevado a que algunos gobiernos fijen, arbitrariamente, tipos máximos de interés, con el supuesto propósito de proteger a los prestatarios, pero con el efecto práctico de crear mercados paralelos para los préstamos y créditos. Alteración fraudulenta de precios: Consiste en la alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda, que afecta principalmente al mercado y a los consumidores. Alteración fraudulenta de oferta y demanda: Quien con la finalidad de alterar las condiciones de oferta y demanda en el mercado nacional se valga de medios que no están sujeto a la ley. Contrabando de Extracción: Es un delito formal, es decir, no requiere del éxito de la empresa para que se verifique. Carrera: Estudio Jurídico Sección: 01 Integrantes: Johana Vargas 18.781.322 Jose Bustamante 3.843.693 Orlando Rivas 5.119.972 Gabriel Rivas 16.554.499 Jaime Betancourt 4.444.796
28 abr 2010 - 04:11 AM
FRANCISCA REQUENA 28 abr 2010 - 06:22 AM
Republica Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para La Educación Superior Aldea Universitaria “Vicente Wallis” PFG en Estudios Jurídicos – Sección 2 Trayecto 4 - semestre 2 Guacara- Edo. Carabobo
Bachilleres: Angelina Requena, Juan Hernandez, Egle Niazoa, Rubenis Medina y Francisca Requena.
Impartiendo de este concepto, deducimos que todas las acciones u omisiones que conllevan a transgredir el marco del ordenamiento jurídico que rigen las normas para la convivencia en armonía con el Estado y la sociedad, que originan penas y sanciones, las cuales garantiza el Estado.
Son todas las acciones delictivas que se cometen contra los derechos e intereses individuales o colectivos, al acceso de las personas a los bienes y servicios, con la finalidad de obstaculizar la obtención, goce y disfrute de las necesidades, el marco jurídico establece y garantiza las sanciones, penalización y resarcimiento de los daños ocasionados a las personas, resguardando la paz social, la justicia, el derecho a la vida y la salud del pueblo.
Especulación Art. 137 (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Es la compra y venta de bienes de primera necesidad con el único propósito de beneficiarse de los recursos en su precio de mercado, aún cuando en determinada condición la distribución del producto esta garantizada por el Estado.
Acaparamiento Art.138: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precio, retención de dichos artículos con o sin ocultamiento para provocar escasez y aumento de los precios.
Boicot Art. 139: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Para la defensa de las personas en el acceso de los bienes y servicios, son acciones que impiden de manera directa e indirecta, la relación comercial o social impuesta a una persona, Industria y Comercio etc. En el Comercio es muy común el Boicot en sus produccion y distribución de productos y servicios sometidos a control de precios.
Alteración Fraudulenta de Precio Art. 140: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Cambio o modificación, que representa alteración en lo jurídico, empleando difusión de noticias falsas, empleo de violencia, amenazas, engaño o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los alimentos y servicios de productos sometidos a control de precios.
Alteración Fraudulenta de Oferta y Demanda Art. 141: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Son todas aquellas acciones negativas, con la finalidad de alterar la oferta y la demanda en el mercado nacional de los bienes declarados de 1ra necesidad, o los instrumentos necesarios para su distribución o producción.
Contrabando de Extracción Art. 142: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
Extracción de alimentos o productos sometidos a control de precios cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.
Usura Art 143: (Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios):
El cobro excesivo de intereses sobre préstamos, la realización de operaciones fraudulentas con el fin de obtener ganancias notoriamente desproporcionadas.
Diferentes Delitos Casos y Consecuencias:
Los diferentes delitos son el acaparamiento, la especulación, la censura, la cartelización. Estos delitos traen como consecuencia el desabastecimiento de los productos de primera necesidad, se crea una escasez ficticia en los mercados y centro de distribución, otra consecuencia es la elevada desproporción de los precios, haciendo inalcanzable para la población, el acceso a estos bienes crea un desequilibrio en la sociedad y por ende en la familia.
Análisis Penal de los Delitos Económicos Señalados:
Los delitos económicos se encuentran especificados en la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, mediante esta ley se establecen los ilícitos administrativos sus procedimientos y sanciones por tanto siendo servicios públicos que satisfacen necesidades de interés colectivo, también son sancionados y penalizados en el código penal Venezolano, en sus artículo 372.
Consecuencias Sociales que produce su transgresión:
Cuando se transgreden las leyes para producir delitos económicos se causa conmoción individual o colectiva ocasionando contrariedad con los principios fundamentales de la Constitución y provocando efectos nocivos y violentos a la sociedad que a su vez toman medidas para evitar los abusos a los cuales es sometida.
Estos fundamentos están expresamente asentados en el Art. 113 de la CRBV, donde nos indica que no se permitirá el monopolio actividad económica de los particulares y el abuso de la posición de dominio en conjunto o particularmente por personas, empresas y de las demandas concentradas.
El Estado garantizará y tomará las medidas necesarias para contrarrestar todos los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, el abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, protegiendo así al público consumidor a productores (as) y mantener asegurada la efectividad de la competencia en la economía.
gladys 3 may 2010 - 09:43 PM
ALDEA BOLIVARIANA VICENTE WALLIS
GUACARA - ESTADO CARABOBO.
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LOS DELITOS ECONOMICOS
Gladys Vásquez C.I. 7.015.667
Jacqueline Torres C.I. 12.055.975
Ingrid Sánchez C.I. 7.139.270
Boanerger Guevara C.I. 5.870.528
Aracelys Álvarez C.I. 15.363.464
Cátedra: Delitos Económicos en el Ámbito Empresarial
Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuera la forma que adopte en la realidad. También es contraria a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de dominio que un particular, un conjunto de ellos o ellas o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía.
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Artículo 118. Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter Estas asociaciones podrán desarrollar cualesquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.
LA LEY CONTRA EL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN Y EL BOICOT, DENOMINADA “LEY ESPECIAL DE DEFENSA POPULAR CONTRA EL ACAPARAMIENTO, LA ESPECULACIÓN, EL BOICOT Y CUALQUIER OTRA CONDUCTA QUE AFECTE EL CONSUMO DE LOS ALIMENTOS O PRODUCTOS DECLARADOS DE PRIMERA NECESIDAD O SOMETIDOS A CONTROL DE PRECIOS”, FUE REFORMADA A TRAVÉS DEL DECRETO LEY Nº 5.835 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2008, PUBLICADO EN GACETA OFICIAL Nº 38.362 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008.
a) La Ley se aplica a las conductas que afecten el consumo de bienes de primera necesidad o sometidos a control de Precios. Se agrega la frase “bienes de primera necesidad”
b) Medidas preventivas: Además de la ocupación temporal preventiva, se incluye “la intervención”, concepto indeterminado jurídicamente que conlleva la administración y explotación temporal del bien o servicio.
c) Se amplía el concepto de especulación para incluir a quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios con fines de lucro y no para consumo personal o familiar
d) Se establece una nueva conducta ilegal indeterminada denominada “Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda”.
e) Las personas dedicadas a las actividades objeto de regulación, quedan obligadas a suministrar la información y documentación que le sea requerida por el órgano competente en la materia, para la ejecución de la Ley.
:• La Ley se aplica a toda conducta que afecte el consumo de productos o alimentos. declarados de primera necesidad o sometidos al régimen de control de precios
. • La Ley define deficientemente las conductas que pueden generar sanciones, permitiendo las interpretaciones extensivas
.• Se declaran de utilidad pública todos los bienes necesarios para producir, importar, transportar, almacenar, comercializar, etc. los bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, lo cual los deja afectos a ser sometidos a expropiación sin necesidad de una nueva declaratoria de interés público o social. Sin embargo, el Estado deberá seguir el procedimiento de expropiación establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social
.• Se define como servicios públicos esenciales las actividades de producción, importación o cualquier actividad propia de la cadena de distribución de alimentos o productos de primera necesidad, o sometidos al control de precios. Tales servicios deben ser prestados de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, para satisfacer las necesidades colectivas, so pena de ser intervenidas por el Ejecutivo.
• Se crean los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento, a través de los cuales actuarán los Consejos Comunales para vigilar que se cumpla la comentada Ley a través del Ejecutivo.
• La propiedad de las mercancías, la operación, explotación y administración del negocio, pueden ser asumidas por el Estado sin justa compensación, cuando durante el procedimiento administrativo sea dictada una medida preventiva de ocupación temporal o intervención, comiso o cierre.
• El sancionado con comiso o con cierre temporal preventivo o punitivo, tiene que seguir pagando a sus trabajadores a pesar de que no reciba el servicio personal.
• Muchas de las disposiciones están redactadas de manera amplia para permitir una aplicación extensiva de la Ley.
• Aún cuando la Ley debería estar referida solo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, expande sus efectos sobre otros bienes y servicios, al no regular el supuesto en que unos activos productivos son utilizados para la producción de bienes regulados y bienes no regulados.
• El producto de las ventas de los bienes de primera necesidad, o sometidos a control de precios y las multas, pasan al Fondo Nacional de los Consejos Comunales, lo cual crea incentivos, para que éstos se conviertan en un aparato represivo.
• La Ley parece indicar inconstitucionalmente que las sanciones penales, se aplican adicionalmente a las sanciones administrativas.
• No se atribuye la competencia para hacer cumplir la ley a ningún organismo público de forma directa, por lo que varios organismos actuarán redundantemente.
• Las inmensas diferencias entre las sanciones mínimas y máximas, y la discrecionalidad otorgada al Juez, hacen que las consecuencias de los “ilícitos” puedan ser muy diferentes en distintos casos.
CONDUCTAS DECLARADAS ILEGALES:
Acaparamiento: restricción de la oferta, circulación o distribución de alimentos o productos sometidos a control de precios, con el objeto de provocar escasez o aumentos de precios. Es similar a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario (LPCU), pero poniendo énfasis en que se trate de productos de precio controlado.
Especulación: venta de bienes de precio regulado a un precio superior a la regulación. Es similar a la de la LPCU.
Adicionalmente, se establece que se entenderá también por especulación, quien compre alimentos o productos sometidos a control de precios para fines de lucro y no para consumo personal o familiar
Alteración fraudulenta de precios: es similar a la de la LPCU, pero referido a bienes con precio controlado. Es la difusión de noticias falsas u otras maquinaciones para alterar los precios
Alteración fraudulenta de condiciones de oferta y demanda: consiste en destruir o desaparecer alimentos o productos sometidos a control de precios, o los instrumentos necesarios para su producción o distribución, con la finalidad de alterar las condiciones de la oferta y la demanda.
Contrabando de extracción: similar a la de la LPCU. Consiste en sacar del territorio nacional bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios, cuya comercialización se haya circunscrito al territorio nacional.
Boicot: no es un ilícito nuevo, ya que la Ley Para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia lo regula en su artículo 7 como una práctica prohibida que restringe la libre competencia. Sin embargo, el presente decreto lo limita sólo a bienes de primera necesidad o sometidos a control de precios y lo define como aquellas acciones que impidan directa o indirectamente la producción, importación o cualquier otra actividad propia de la cadena de distribución.
FACULTADES ATRIBUIDAS AL ESTADO:
Expropiaciones: de las inversiones hechas con la finalidad de producir, importar, comercializar, etc., bienes de primera necesidad o sometidos a regulación de precios. Es de notar, que no se requerirá la declaración de interés público o social para iniciar la expropiación.
Medidas preventivas: (las aplica el Ejecutivo.): -Ocupación temporal preventiva. Incluye la desposesión inmediata del local así como la administración y explotación del negocio, sin que se limite esto a lo relacionado con los bienes regulados. -Comiso de los productos sometidos a control de precios y -Cualquier medida que el Ejecutivo considere necesaria para garantizar el abastecimiento de los productos controlados.
Cierre temporal y multa: (las aplica el Ejecutivo en sede administrativa) Hasta por noventa días y multa entre 13 y 5.000 UT (entre 598 y 230.000 Bs. F.)
(deben ser objeto de juicio penal en tribunales)
Prisión: El acaparamiento, la especulación, la alteración fraudulenta de precios, el contrabando de extracción y el boicot, tienen sanción de prisión entre 2 y 6 años. La alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda, conllevará una pena de prisión entre 5 y 10 años. Debemos recordar que esta conducta representa una novedad en el Decreto 5.835.
Multa: La multa por los delitos anteriores puede ascender entre 130 y 20.000 UT = entre Bs. F 5.890,00 y Bs. F 920.000,00 a razón de Bs. F 46,00 por UT. Igualmente, la alteración fraudulenta de las condiciones de oferta y demanda, tiene una sanción de multa entre 500 y 10.000 UT.= entre Bs. F. 23.000,00 y Bs. F 460.000,00 a razón de Bs. F. 46,00 por UT.
Agravante: Si los delitos tienen como fin afectar la seguridad, desestabilizar las instituciones democráticas o generar alarma, la prisión y la multa pueden ser duplicadas.
Inhabilitación para el comercio: El juez puede además, inhabilitar al condenado para ejercer el comercio hasta por 10 años después de que se cumpla la condena.
ANALISIS SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS DELITOS ECONÓMICOS
Una serie de casos de gran resonancia en Europa y América del Norte durante el último decenio han proporcionado amplios detalles sobre los daños que pueden causar los delitos económicos y financieros, que incluyen la pérdida de credibilidad de las empresas y las instituciones, la bancarrota y la pérdida de empleo. En el mundo desarrollado, las repercusiones de tales delitos quizá sean más fáciles de contener debido al tamaño de las economías y la capacidad de establecer los mecanismos reglamentarios apropiados. En el mundo en desarrollo, sin embargo, las repercusiones a largo plazo sobre y los costos para el desarrollo sostenible son significativamente mayores debido a que los marcos normativos son débiles y la capacidad del gobierno es limitada.
El término “delitos económico y financiero” se refiere, en términos generales, a cualquier delito no violento que da lugar a una pérdida financiera.
Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto. La tarea se ha ido complicando a raíz de los adelantos rápidos en las tecnologías, que ofrecen nuevas oportunidades para la comisión de tales delitos.
Las repercusiones de los adelantos tecnológicos
Los grandes avances de las tecnologías han transformado los flujos mundiales de información y la forma en que se realizan los negocios. La Internet y su alcance mundial, la complejidad creciente del sector bancario y otros adelantos en la tecnología han creado nuevas oportunidades para grupos de delincuentes organizados más complejos. La utilización
fraudulenta de las tarjetas de débito y crédito, por ejemplo, se ha convertido en un negocio
globalizado. El robo de la identidad es otra esfera creciente de la actividad delictiva, que incluye la obtención de datos de individuos y la falsificación de sus identidades. En varios delitos económicos que usan alta tecnología, no se requiere la presencia física del infractor: esto significa que estos delitos pueden cometerse en países con marcos jurídicos e infraestructuras de aplicación de las leyes para contrarrestarlos más débiles. Los datos parecen indicar que los delitos económicos y financieros han seguido creciendo rápidamente, principalmente debido a los adelantos tecnológicos, especialmente la aparición del sector bancario electrónico y la ampliación de los servicios de Internet.
El blanqueo de dinero es una de las formas más difundidas de delitos económicos y financieros.
Las actividades delictivas generan ganancias ilegales que hay que blanquear para que puedan
integrarse en el sistema financiero legítimo. El blanqueo de dinero proporciona flujos de efectivo y capital de inversión a los perpetradores. Como sucede respecto de todos los tipos de delincuencia económica y financiera, los países con reglamentos y medidas de control débiles en el sector financiero son más vulnerables al blanqueo de dinero. Esto, a su vez, daña la integridad de sus instituciones financieras, distorsiona los mercados financieros y obstaculiza la inversión directa extranjera.
Repercusiones sobre el desarrollo sostenible
Actividades como las descritas más arriba socavan las actividades económicas legítimas y desalientan la inversión. Los delitos económicos y financieros plantean una amenaza a largo plazo grave al desarrollo socioeconómico pacífico y democrático. Los mercados financieros no pueden prosperar en los países donde las actividades económicas y financieras ilegales son aceptadas por la sociedad, porque dependen de la existencia de normas profesionales, jurídicas y éticas estrictas. Aun la percepción de que hay actividades económicas y financieras ilegales puede causar un daño económico.
La sospecha pública mina la legitimidad del gobierno. La lucha eficaz contra estos delitos es,por consiguiente, crucial para el fomento de las instituciones y el desarrollo sostenible.
Medidas de prevención y lucha contra los delitos económicos y financieros Se ha propuesto una acción más eficaz por parte de la comunidad y las instituciones internacionales para combatir la delincuencia financiera, especialmente el blanqueo de dinero. El Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio identificó la delincuencia organizada transnacional como una amenaza fundamental a la comunidad mundial y recomendó la negociación de una convención internacional amplia sobreblanqueo de dinero. Aunque ningún instrumento internacional aborda específicamente el problema de la delincuencia económica y financiera, tanto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción incluyen disposiciones para construir un marco internacional que permita hacer frente a esas actividades delictivas. Un enfoque mundial común para abordar el problema podría contribuir a fortalecer la cooperación y los mecanismos internacionales de aplicación de la ley. Esto requeriría la normalización de las definiciones legales de delitos económicos y financieros y conocimientos técnicos especializados para investigar tales delitos dentro de los organismos de aplicación de la ley, especialmente en los países en desarrollo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ya proporciona asistencia técnica para ayudar a los gobiernos nacionales a fortalecer sus capacidades para combatir la delincuencia económica y financiera, especialmente el blanqueo de dinero.
Pagina web del tribunal Supremo de Justicia. Sentencia Nº 468 de 21 de julio de 2005.
Ley especial de defensa popular contra el acaparamiento, la especulación, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos declarados de primera necesidad o sometidos a control de precios”, fue reformada a través del decreto ley nº 5.835 de fecha 28 de enero de 2008, publicado en gaceta oficial nº 38.362 de fecha 31 de enero de 2008.
DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
www.unis.unvienna.org/pdf/05-82110_S_5_pr_SFS.pdf -
10 may 2010 - 03:50 AM
soy estudiante del ultimo año de derecho y quiero felicitar a estos estudiantes que seran mis futuros colegas. como profesional defensores de la justicia en esta republica bolivariana.
soy muy buenos sus conceptos felicidades.
10 may 2010 - 03:55 AM
son muy buenos sus conceptos .felicidades. muy especialmente ati gladys y a todos tus compañeros de equipo.
24 may 2010 - 05:42 PM
muchas gracias por tu colaboracion, me sirvio para realizar un trabajo para la universidad. me gustaria que incluyan material sobre oferta y demanda.
31 may 2010 - 04:23 AM
Francisca Requena comenta: Buenas noches amigos cocteleros, aprovecho este medio de comunicación para expresarles mi preocupación sobre el ambiente y su contaminación, en nuestro afán de poder y riquezas estamos gastando a pasos agigantados el capital de nuestra madre naturaleza, o sea más rápido de lo que se puede regenerar, tenemos que tomar conciencia y unirnos todos, un ejemplo sería El ferrocarril nos traerá adelantos y ahorro en el transporte automotor que tanta conaminación genera con el monoxido de carbono por transitar libremente con desperfectos mecánicos en el motor y los escapes libres, pero se imaginan la contaminación de los desechos sólidos, con la construcción de fabricas y caserios a todo lo largo del recorrido del Ferrocarril, además de todos los pulmones de oxigenos naturales representados por las serranias, bosques, laderas y vegetación que se tendrían que destruir y si le sumanos a esto todos los desechos sólidos dispersos en los costados de los caminos producto de los caserios, porque lamentablemente no tenemos el conocimiento del reciclaje de los desechos sólidos los cuales conocemos como basura o desperdicio, propongo que los organismos publicos repesentados en el Ministro del ambiente tomen cartas en el asunto y desde ya se pongan en alerta no esperemos más. Comenzar con La educación inicial , donde se les instruya la cultura del reciclaje, se incrementen las patrullas de brigadistas ambientalistas, en todas las comunidades hasta abarcar toda la nación, con miras a la internalización, que se investigue y se le hagan estudio a todos los aquiferos de agua dulce y se declaren parques nacionales, los cuales deben ser cuidados y vigilados con la urgencia del caso, en el cerro de Chacao en Guacara tenemos uno, que no deberiamos perderlo con la contaminación de algún caserio que se instale alrededor no permitamos que se contamine como el de Vigirima el cual debió con antelación declararse parque nacional. Necesito mas seguidores que se manifiesten, el agua de consumo humano esta contaminada, cuidemos los acuiferos, evitemos el recalentamiento global y los cambios climáticos. Espero comentarios.
ascanio edgar
2 jul 2010 - 07:56 PM
ALDEA VICENTE WALLIS
DELITOS BANCARIOS EN VENZUELA
Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito, de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”, mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las acciones financieras de los recursos captados
todavía se mantienen los mismos delitos bancarios de 2001, que fueron 15 más que el otro Decreto “Habilitante” de 1993. Así se pueden llamar los 26 Decretos Leyes con Rango y Fuerza de Leyes (los “Decretos”) que han sido anunciados por la Asamblea Nacional para que el Poder Ejecutivo dictase las normas financieras.
Y regule así a estas instituciones
En concreto, la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis. Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad.
La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos de delitos derogados en 1992 del Código Penal. Cunde la impunidad y está libre un camino para la legitimación o blanqueo de capitales. Como corolario, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada (“LOCDO”) establece que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. 16.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas (Art. 26), con lo cual crea un velo
corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios.
Estos delitos se han tipificados como “especiales”, al exigir una calidad en el sujeto activo, sea empleado o funcionario de una institución de crédito o una persona acreditada. La norma penal tiene una función protectora de los bienes jurídicos, permitiendo descubrir la naturaleza del tipo, dándole sentido y fundamento. Los bienes jurídicos que se tutelan en las instituciones de crédito, son aquellos que tienen la debida y adecuada prestación del servicio de banca y crédito y el control que sobre dicho servicio debe tener el Estado. Existe la ley monetaria, que establece el sistema bancario nacional, la forma en cómo éste está integrado, que en el país lo es el Banco Central, las instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de desarrollo, el patronato del ahorro nacional y los fideicomisos públicos constituidos por el gobierno, en fin.
Es muy complejo el estudio de la banca múltiple, también llamada banca o bancos comerciales; es decir, por ser instituciones que reciben depósitos o efectúan préstamos o conceden créditos y tienen en la actualidad una gran variedad de los llamados "servicios auxiliares" (que abarcan la administración, transacciones bursátiles, custodia de valores, transacciones de moneda extranjera, arrendamientos financieros, la banca múltiple tiene forma jurídica de sociedad anónima de capital fijo y requiere autorización del Gobierno Central que otorgan las Secretarías de Estado, v,g., la de Hacienda, la de Economía y Planificación, con la opinión del Banco Central y la Junta Monetaria, que es como una “Comisión Nacional Bancaria”.
La importancia que significan las instituciones de crédito, ya sean de banca múltiple o de desarrollo es evidente, porque sirven de soporte indispensable a cualquier economía moderna. No puede concebirse la vida económica de un país sin el apoyo de las actividades bancarias, ya que éstas posibilitan o facilitan en gran medida, diversas operaciones o transacciones entre personas físicas, empresas pequeñas, medianas, grandes, transnacionales, e inclusive entre países.
Los bancos tienen especial relevancia también por los grandes volúmenes de capital que manejan, producto en su mayoría de los depósitos que pequeños o grandes inversionistas o ahorradores hacen en las diversas instituciones bancarias. Por lo anterior surge la necesidad indispensable de que las instituciones de crédito, así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional, que es la norma penal.
Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias, consideradas básicamente como operaciones consistente en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero; y contra las instituciones que realizan tales operaciones; y que la ley correspondiente tipifica y sanciona (sic).
Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos, encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente; Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos, a instituciones de crédito para obtener un crédito, con quebranto patrimonial para la institución; Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución; Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución; Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito, produciendo quebranto patrimonial para la institución; Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución; Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento, sabiendo que las mismas no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva; Otorgar créditos a personas insolventes, substituyendo activos en los registros de la institución de crédito, para liberar a un deudor; Otorgar créditos a personas insolventes, siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito, causando quebranto patrimonial para la institución; Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes; A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito, causando quebranto patrimonial a la institución; No destinar el importe de un crédito a los fines pactados, causando quebranto patrimonial a la institución de crédito; Desviar un crédito otorgado para fines específicos, si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales; Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados, y así, en general. Quizá estas “inconductas” fueron las que se deliberaron en la sala de audiencia, en el caso del Banco Intercontinental, que recordaremos para siempre.
Betzaida Sandoval
14 jul 2010 - 10:01 PM
AMBIENTE “VICENTE WALLIS”
Barrás Mirian
López María I.
Luque Luz M.
Sandoval Ana M.
Sandoval Betzaida
Los delitos bancarios son los cometidos por las instituciones de crédito que se considera ofrecen servicios de banca y crédito, de captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación “en el publico”, mediante actos causantes del pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal, y, en su caso, las acciones financieras de los recursos captados.
Los delitos bancarios (llamados a veces “fraudes bancarios”) se definen como los actos u omisiones que atentan contra las actividades bancarias, consideradas básicamente como operaciones consistentes en recibir y custodiar depósitos y prestar dinero; y contra las instituciones que realizan tales operaciones; y que la ley correspondiente tipifica y sanciona
Entre las conductas sancionadas por la ley de créditos, encontramos: Prestar el servicio de banca y crédito sin la autorización correspondiente; Proporcionar datos falsos referentes a activos y pasivos, a instituciones de crédito para obtener un crédito, con quebranto patrimonial para la institución; Conceder créditos conociendo la falsedad en lo declarado respecto a activos y pasivos produciendo quebranto patrimonial a la institución; Presentar avalúos falsos para obtener un crédito causando quebranto patrimonial a la institución; Otorgar créditos conociendo la falsedad en el avalúo de los bienes que garanticen el crédito, produciendo quebranto patrimonial para la institución; Autorizar operaciones a sabiendas de que causarán quebranto patrimonial a la institución; Otorgar créditos a sociedades constituidas para otorgar financiamiento, sabiendo que las mismas no han integrado el capital registrado en el acta constitutiva; Otorgar créditos a personas insolventes, substituyendo activos en los registros de la institución de crédito, para liberar a un deudor; Otorgar créditos a personas insolventes, siendo previsible que no responderán de las obligaciones derivadas del crédito, causando quebranto patrimonial para la institución; Renovar créditos parcial o totalmente vencidos a personas insolventes; A sabiendas permitir al deudor desviar el importe del crédito, causando quebranto patrimonial a la institución; No destinar el importe de un crédito a los fines pactados, causando quebranto patrimonial a la institución de crédito; Desviar un crédito otorgado para fines específicos, si éstos determinaron el otorgamiento en condiciones preferenciales; Omitir o alterar los registros contables para ocultar la naturaleza de operaciones realizadas afectando activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados, y así, en general.
Los Bancos: son instituciones financiera cuya finalidad es la captación de capital en forma de depósitos de pequeños o grandes inversionistas y ahorristas, para producir sus propios capitales a través de la inversión.
En el circuito económico de un país es imprescindible la intervención tanto de la banca privada como de la banca publica, pues sirven de soporte indispensable a los capitales cualquiera sea su fuente legal, facilitando en gran medida las diferentes operaciones o transacciones propias de las instituciones que conforman el sistema económico, tales como empresas pequeñas, mediana, grandes; transnacionales, instituciones del Estado.
En tal sentido surge la necesidad de que las instituciones de crédito, así como las operaciones que realizan sean protegidas legalmente, inclusive con la norma más enérgica del sistema jurídico nacional, que es la norma penal, para tal fin se crea la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, para ejercer la supervisión y regulación, mediante la inspección de los sujetos sometidos a su control, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y transparencia del sistema financiero de la República Bolivariana de Venezuela, respondiendo a las necesidades sociales, económicas y de justicia de los ciudadanos y ciudadanas, consagrando así los fines supremos del Estado y la Nación
SUDEBAN ejerce una supervisión y regulación de los sujetos sometidos a su control, bajo esquemas preventivos y correctivos conforme a los estándares universalmente establecidos y en concordancia con los postulados de justicia social, transparencia conforme lo consagra la Constitución Venezolana Y La Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Así pues, el Art., 213 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras establece que tendrá como funciones: La inspección, supervisión, vigilancia, regulación y control de los bancos, entidades de ahorro, etc.
La historia reciente de nuestro país nos hace recordar la triste consecuencia que tuvieron sobre los bancos los Decretos Habilitantes emanados en los años 90. En concreto, la caída de varios bancos con innumerables clientes que fueron victimizados por el mal manejo de esa enorme crisis.
Lo peor de todo es la tipificación de delitos y su efecto sobre los bancos. Todavía se están pagando los platos rotos de la mala gestión del Decreto que eliminó en el año 2001 los delitos contra el Sistema de Identificación y cosas tan básicas como la falsificación de cédulas de identidad.
La desaparición de los delitos monetarios del texto de la Ley del Banco Central de Venezuela no es subsanable con la aplicación de los viejos delitos derogados en 1992 del Código Penal. Cunde la impunidad y está libre el camino para la legitimación o blanqueo de capitales.
Como corolario, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada ("Locdo") afirma que los delitos bancarios y financieros son propios de la delincuencia organizada (Art. 16.4) y responsabiliza penalmente a las personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas (Art. 26), con lo cual crea un velo corporativo que puede servir para que bandas organizadas infiltren tales organismos públicos o que corrompan a sus funcionarios.
Circulan cheques de banco no registrado en el BCV
Cheque del presunto “Banco proactivo, Banco Universal”.
Valencia, julio 22 (REDACTA).- El Banco Central de Venezuela (BCV) informó, a través de una circular, que la Cámara de Compensación Electrónica ha recibido información de “la reciente recepción por parte de algunas instituciones financieras de cheques en depósito de un supuesto Banco proactivo, Banco Universal”, identificado con el código 0193.
El gerente de Tesorería (e) Cristóbal Bonnin, advirtió que en el BCV “no reposa registro de alguna institución bancaria con esa denominación, más aún, el código 0193 actualmente no es un código activo dentro del sistema de pago”.
Por ello, dice la circular, “es importante que se evalúen las medidas necesarias para incrementar los mecanismos de control y verificación en las taquillas de las agencias, a los fines de que ese tipo de cheques no circulen a través del sistema”. Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del recurso de casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 5.205.270, asistida por el abogado JUAN ARCÁNGEL AVENDAÑO ROMERO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 58.195, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que DECLARO CON LUGAR la apelación ejercida por la parte fiscal contra el fallo dictado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 2 del referido Circuito Judicial, que DECLARO SIN LUGAR LA SOLICITUD fiscal de SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC S.B.F), DECRETO LA NULIDAD DE LA DECISIÓN RECURRIDA y conforme lo previsto en los artículos 318 ordinal 3°, 20 encabezamiento y 21 del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETO EL SOBRESEIMIENTO de la causa seguida contra Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC S.B.F), en virtud de que contra la denuncia interpuesta por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS, operó la COSA JUZGADA.
Remitidos los autos a este Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, correspondió inicialmente la ponencia al Magistrado Rafael Pérez Perdomo.
En fecha 4 de marzo de 2004, se reasignó la ponencia a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
La ciudadana ANA MYRELLA ROJAS denunció que Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones cometieron irregularidades en el manejo del Fideicomiso F-05.
Indicó la nombrada ciudadana, en su denuncia, que para el año 1991 se organizaron varias familias para constituir una asociación civil para dotarse de viviendas, que “...en fecha 30 de mayo de 1993, se fusionaron las Asociaciones Simón Bolívar y Los Frailejones sin fines de lucro, pro vivienda (Asoc. S.B.F.), con el consentimiento de todos los socios, como consta del acta registrada en fecha 7 de junio de 1993, bajo el N° 13, tomo 30, protocolo primero, por ante la Oficina de Registro Público del Estado Mérida. Posteriormente se firma un Contrato de Fideicomiso (F-05) anexo marcado (A), con Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP), en fecha 27 de mayo de 1994, acto este establecido en la Ley de Política Habitacional (L.P.H.), para poder depositar los aportes del Ahorro Habitacional, de mi propio peculio al fondo. Y la forma: en la esperanza y confianza en la sana administración por parte de las Juntas Directivas de ambas asociaciones, en la búsqueda de un Fin Social Colectivo, como es una vivienda social en estos tiempos. Lógica inútil, aunque el objeto muy noble, me olvidé que las juntas administradoras de ambas asociaciones decidieron expiar sus debilidades al actuar con conductas negligentes, omisivas, dañosas, punitivas, intencionales e irresponsables en la administración del dinero aportado al Fideicomiso (F-05). Es por lo que esta impericia, demostrada en el ejercicio de estas funciones, condujo a que los aportes de Ley de Política Habitacional, socios, instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social del Magisterio (Ipasme) y los míos en particular, fueron malversados a costa de la necesidad y daño que sufriera el asociado...”.
Además denuncia las malas prácticas contables, impericia en entregar balances, manipulación de éstos, para producir engaño y confusión entre los socios.
También denunció fraude en la venta del apartamento de la mencionada ciudadana a un comprador de mala fe, que aún conociendo de la querella y que existe medida cautelar, está disfrutando de su apartamento.
Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, denuncia la formalizante:
“..Observarán respetables Magistrados, anteriormente por la materia la naturaleza de la acción que se discute, para este caso en referencia, delito bancario, por ser Jurisdicción Especial bancaria le correspondía a los extintos Tribunales Bancarios. Por lo que le estaba negado a los Tribunales Ordinarios Penales bajo el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal y Constitución, conocer en materia que no fuera de su competencia (delitos bancarios). Es así, hasta la entrada en vigencia de la Novísima Norma Adjetiva Penal (COOP), que extingue a los tribunales bancarios y suprime los procedimientos especiales penales de origen bancario y pasan a ser conocidos por los Tribunales Ordinarios Penales artículo 501 del anterior (COOP) de la vigencia y derogatoria ver sic...Ante este reconocimiento por el legislador penal, adquiere competencia para conocer en materia bancaria en consecuencia conoce de los delitos de acción bancaria y se libera de que se les acuse como Incompetencia repito incompetencia.
De lo que se infiere por razonamiento del ciudadano Fiscal Primero, con motivo de sus funciones, solicita Actos Conclusivos en la figura jurídica del Sobreseimiento de la Cosa Juzgada en contra de la acción por delito bancario intentada por la víctima, conforme al artículo 325 ordinal 3ero del anterior Código Procesal Penal, enterado, consciente, como es evidente que el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de Jurisdicción Ordinario que conoció del primer caso, anterior al (COPP), es incompetente por la materia para conocer de delitos bancarios, en consecuencia no es el juez natural y por su incompetencia, no llena los requisitos de objeto, causa y persona. Así lo explico y alerté suficientemente como consta en escrito complementario aportado en la audiencia especial para oír a la víctima antes de dictar sentencia concedida por el juez de Control N° 2, donde impugné y demuestro el error la irregularidad, la falta de fundamentación, omisión al debido proceso, la falta de su función debe con carácter constitucional y Adjetiva Penal, por parte del ciudadano Fiscal Primero, al falsear, confundir los hechos y elementos probatorios en la etapa preliminar, con su medida de Preclusión del proceso que favorece mas a la impunidad que al fin de justicia, como consta de los folios 153 hasta 158 ver infra expediente y se patentiza con la apelación.
Porque los componentes de la Corte de Apelaciones admiten la Apelación solicitud de sobreseimiento por cosa juzgada, de forma extemporánea, hecho que se evidencia con la simple regla o cómputo a partir del último notificado, como fue el ciudadano fiscal en fecha 10 de julio de 2000, así consta de los folios (159 y 160) ver infra expediente, hasta la presentación de la apelación por parte del ciudadano fiscal en fecha 17-07-2000, hasta aquí habían transcurridos 7 días de despacho, cuando la anterior Norma Adjetiva Penal en su artículo 440 reconoce un lapso de cinco (5) días, se demuestra que no cumple con los requisitos de la norma in comento y está manifiestamente infundado. Lo que alerté mediante escrito.
Los componentes de la Corte de Apelaciones, al admitir la apelación fiscal, en los mismos términos, incurren en omisión judicial, lo cual es una aberración jurídica (falaz), por cuanto que si llego a conocer el anterior, extinto Juez Segundo en lo Penal Ordinario, de materia bancaria por los delitos bancarios que se mencionan, no es el juez natural, es incompetente y usurparía las funciones de otros tribunales, en consecuencia el anterior, extinto Juzgado Segundo Primero (sic) en lo Penal de esta circunscripción judicial con jurisdicción ordinaria, es incompetente para conocer jurisdicción bancaria. Por tal motivo no se viola el principio de Única Persecución o el principio latino ‘non bis ib idem’ o lo que en buen castellano significa ‘no mas de lo mismo’ artículo 20 del COPP ver sic...Por lo que la beneficiaria hoy víctima de un delito bancario, está en todo su derecho de solicitar como en efecto lo hizo ya que el delito bancario nunca pudo ser conocido por el extinto o anterior Juez o Tribunal Segundo de Primera Instancia de Jurisdicción Ordinaria Penal por su condición de incompetente para conocer.
Aclaro que en alzada se revisa es el derecho y no los hechos que sería lo correcto; pero como el ponente valora los hechos a favor del recurrente y no valora los hechos a favor de la víctima ponderando la igualdad, me veo en la obligación de informarlos al fondo respetables magistrados...”.
“...En el presente caso el vicio de procedimiento, al cual se ha hecho referencia, no podía ser convalidada por los componentes de la Corte de Apelaciones, ya que infringe la garantía del debido proceso y en consecuencia, no se puede utilizar en el mismo procedimiento un (régimen de vigencia plena) y a la vez otro de (vigencia intemporal) como lo alerté en los folios 13, 15, 139, 153, 154, 155, 156, 157, 183, 158 y 215 ver infra expediente.
De esta forma se observa una evidente violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación de ella que desde el primer punto de mi ejercicio del derecho pertinente quiero hacer notar exaltadamente, sobrando decir que es una injusticia...”.
“...El ponente de la sentencia recurrida, en su exposición, entra a conocer, observa, valora los argumentos del ciudadano Fiscal y las evidencias que sustentan su solicitud de Acto Conclusivo en la figura del sobreseimiento por cosa juzgada (decisión de fecha 19-05-1999 folios 78 al 84, emitida por el extinto juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y la sentencia de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal) donde destaca que la aquí, víctima aparece entre otros, como denunciante en contra de la Asociación Civil Simón Bolívar, Los Frailejones (Asoc SBF); pero no de Merenap y no explica, no fundamenta, no motiva suficientemente su exposición, sino solo se limita a valorar lo que expresa el Fiscal Primero del Ministerio Público, por lo que contradice y confunde las normas que rigen la materia...”.
De la lectura de la denuncia presentada se evidencia que la misma carece de la debida fundamentación, toda vez que en esta se atribuye de manera conjunta a la recurrida el haber admitido el recurso de apelación en forma extemporánea, el haber conocido un recurso de apelación manifiestamente infundado, la falta de valoración de hechos a favor de la víctima, haber violado el debido proceso, haber incurrido en fraude procesal, adolecer del vicio de inmotivación, además de haber incurrido en una “evidente violación de ley, por falta de aplicación por indebida aplicación o errónea interpretación...”.
“Interposición. El recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, o por errónea interpretación, expresando de que modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”.
Y por cuanto el escrito presentado carece de la debida fundamentación, la Sala lo rechaza declarándolo desestimado por manifiestamente infundado, de conformidad con el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR MANIFESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la ciudadana ANA MYRELLA ROJAS.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los 11 días del mes de JUNIO de dos mil cuatro. Años: 194° de la Independencia y 145° de la Federación.
RC. Exp. N° 04-0035
Rafael Pérez Perdomo, Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la presente decisión, en base a las siguientes consideraciones:
La decisión, de la cual disiento, conoció del recurso de casación propuesto por la ciudadana Ana Myrella Rojas, en su condición de víctima (asistida por el abogado Juan Arcángel Avendaño Romero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 5.205.270), contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, que anuló el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Control, del mismo Circuito Judicial Penal, y, en consecuencia, declaró el sobreseimiento, solicitado por el Ministerio Público, a favor de la Empresa Mérida Entidad de Ahorro y Préstamo (MERENAP) y la Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones (ASOC SBF), de conformidad con los artículos 318, numeral 3, 20, encabezamiento y 21, del Código Orgánico Procesal Penal.
Considera el disidente que la sentencia recurrida no es susceptible de ser impugnada en casación, por las razones que de seguidas se pasan a exponer:
Establece el artículo 325 del Código Orgánico Procesal, la procedencia de los recursos de apelación y casación contra los autos que, en la etapa de investigación del proceso, decreten el sobreseimiento. En concepto de esta Sala, la referida norma no es aplicable cuanto al recurso de casación se refiere. En efecto, nuestro actual sistema procesal adoptó el principio acusatorio, según el cual resulta inviable un proceso penal sin la acusación del Ministerio Público. El ejercicio del ius puniendi corresponde, pues, en nuestra legislación, a esta institución, a excepción de los delitos reservados a la instancia de la parte agraviada (artículos 285, numeral 4, de la Constitución, 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Público).
Por consiguiente, la norma invocada (artículo 325), referente a la procedencia del recurso de casación, del sobreseimiento decretado en la etapa preparatoria del proceso, no es aplicable, por contrariar preceptos de jerarquía constitucional. En efecto, el artículo 19 de la Constitución reconoce el control jurisdiccional del texto fundamental por parte de los jueces. Estos deben abstenerse de aplicar normas que colidan con la Constitución y, la norma referente al recurso de casación contra las decisiones de sobreseimiento, como acto conclusivo de la investigación, no podrán conducir a la declaratoria de procedencia de la acusación fiscal, por cuanto el ejercicio de esta acción es un deber exclusivo de esta institución (artículo 285, numeral 4 de la Constitución).
Cabe señalar, a mayor abundamiento, que los principios de la tutela judicial efectiva, son de jerarquía constitucional (artículos 26 y 49). En consecuencia, el acceso al procedimiento, no puede hacerse a ultranza y, en nuestra legislación, corresponde al Ministerio Público, como se dejo dicho, ejercer o no la acción penal, a excepción de los casos señalados. No puede, en consecuencia, ser compelido a ello, como ocurría en la legislación inquisitiva derogada. El recurso de casación no tiene vocación meramente teórica o formal sino práctica y utilitaria. Ello implica la ineptitud de una sentencia de casación que tendiera a imponer al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal. Se trataría, en consecuencia, de casaciones inútiles que, no sería, por lo demás, deseable propiciar. Fecha ut supra.
RC. Exp. N° 04-035
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References: artículo 87
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 372

Artículo 113

Artículo 115

Artículo 118
 artículo 7
in fine
 artículo 460
 artículo 501
 artículo 325
 artículo 440
 artículo 20
 artículo 465
 artículo 325
 artículo 19