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Timestamp: 2019-10-20 16:27:46+00:00

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﻿ Noticias de España – Mariano Díaz González
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Una guardia civil fuera de servicio descubre y detiene a un hombre que fotografiaba a pasajeras del tren de cercanías de Madrid
Se le imputa el supuesto delito contra la intimidad
Robles asiste a la presentación del cupón que la ONCE dedica a los 30 años en misiones de paz
Hoy, en la Base de Retamares
La Guardia Civil recupera más de 100 piezas históricas expoliadas de yacimientos subacuáticos de Formentera
Se ha investigado a 12 personas por un supuesto delito de expolio del patrimonio histórico
Notas de prensa. Balanza de pagos de la zona del euro: agosto de 2019
20 de octubre, Jornada Mundial de las Misiones
Un día dedicado a rezar por la Misión de la Iglesia y a ayudar a los misioneros. En la actualidad hay cerca de 11.000 misioneros españoles en el mundo. En 2018, los españoles enviaron a las Misiones 11.726.397,58 €.
Las jornadas tendrán lugar en Madrid con el lema, "Pastores misioneros: el hoy y el mañana de la formación en nuestros seminarios"
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un trabajador que sufrió la amputación de su mano derecha a que se le implante una prótesis mioeléctrica de última generación y no la meramente convencional que está prevista para los supuestos de asistencia sanitaria ordinaria.
La prótesis reclamada por el trabajador permite hacer presión con todos los dedos de la mano biónica, y no solo con tres (como la convencional); además, la clásica solo permite la presión de pinza y la conseguida por el trabajador le permite realizar el agarre con todos los dedos de la mano.
El problema derivaba de que un Real Decreto de 2012 derogó la vieja norma de 1967 que venía regulando la asistencia sanitaria en caso de accidente de trabajo, tras lo cual se había venido entendiendo que la atención a prestar era la misma que en caso de accidentes ajenos al mundo laboral.
Ahora, sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que esa derogación no suprime el principio básico de “reparación íntegra” de las secuelas del accidente laboral porque así lo requiere el Convenio nº 17 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por España desde 1925), además de que se trata de un principio implícito en la responsabilidad empresarial en materia de accidentes laborales. De este modo, el contenido de esta asistencia sanitaria queda “sujeto a las posibilidades razonables, pero sin las restricciones del catálogo de prestaciones sanitarias en contingencia común”.
La sentencia, fechada el 10 de octubre, viene a unificar los criterios discrepantes que sobre el tema mantenían los Tribunales Superiores y frente a ella no cabe recurso.
Presentación del libro Augusto Ferrer-Dalmau. El pintor de batallas
Toda la obra pictórica de Ferrer-Dalmau se ha reunido, por primera vez, en el libro Augusto Ferrer-Dalmau. El pintor de batallas, que se presenta el 21 de abril, a las 19.00 horas, en el Salón del Trono del Palacio Real de Valladolid.
Un caballero legionario es felicitado por la Guardia Civil por haber reducido a un agresor que portaba un cuchillo
El caballero legionario Torres, destinado en la Brigada ˝Rey Alfonso XIII˝, II de la Legión, logró arrebatar un cuchillo de grandes dimensiones a un hombre que amenazaba a un grupo de personas y retenerle con ayuda de otras personas hasta la llegada de la Guardia Civil en la localidad granadina de La Calahorra, el 17 de agosto. Por su ˝valentía y determinación˝ aquel día, acaba de ser felicitado por la Benemérita.
La Bandera del Regimiento `Inmemorial del Rey´ nº 1 desfila en Argentina
El 11 de octubre se cumplió el 150º aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación, el lugar donde se forman los futuros oficiales del Ejército argentino.
Los jueces decanos reclaman una nueva Ley de Planta y Demarcación
Los jueces y juezas decanos de España demandan la promulgación de una nueva Ley de Planta y Demarcación que sustituya a la vigente de 1988, al considerar que ha quedado obsoleta “pese a los últimos parches que ha sufrido a lo largo de estos años”.
La reclamación figura como primer punto del escrito de conclusiones de las XXIX Jornadas Nacionales de Juezas y Jueces Decanos de España, clausuradas hoy en Huelva, en el que también se pide que la Carrera Judicial recupere los derechos económicos perdidos, una vez superada la crisis económica, como ya lo han hecho otros sectores; y se considera “imprescindible” acabar con las distorsiones derivadas de las diferentes velocidades y medios de implantación del expediente judicial electrónico según los territorios.
Ante la situación en Cataluña, los decanos muestran su “total apoyo, afecto y solidaridad con los jueces y juezas que ejercen su labor en todos los Juzgados de Cataluña, en defensa del cumplimiento de la legalidad y del Estado de Derecho”.
Consulte aquí el documento íntegro de conclusiones.
El equipo español de la Brigada 'Galicia' logra la plata en el concurso de patrullas 'Cambrian Patrol'
El equipo del Grupo de Artillería de Campaña de la Brigada “Galicia” VII –integrada por 8 componentes– se alzó con la medalla de plata en el concurso de patrullas “Cambrian Patrol”, celebrado en Gales del 14 al 16 de octubre.
La oración a Dios, especialmente la de petición, debe estar basada en la máxima confianza en Dios: «Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras
Mesa perspectiva del paciente en la reunión anual Vifor Pharma
Evento organizado por Vifor Pharma en el que nos invitaron para dar la perspectiva global de las personas con enfermedad renal, trasladando el control del fosforo y que estrategias realizamos en nuestro día a día los pacientes.
EVENTO: Mesa perspectiva del paciente en la reunión anual Vifor Pharma
LUGAR: Zúrich, Suiza
Fue organizado de manera informal, para contar brevemente nuestra historia personal tanto en diálisis como en el trasplante. Se respondieron preguntas concretas de abordaje de la enfermedad y adherencia al tratamiento y medicación, siempre desde la perspectiva del paciente, humanizando a los profesionales.
En general, tuvo una gran acogida. Seguramente nos llamaran para la reunión anual de Vifor en España.
La Guardia Civil desarticula una organización delictiva dedicada a estafar mediante la venta de autocaravanas
Toda la actualidad renal en tu dispositivo móvil
AlcerApp, una herramienta gratuita al servicio de las personas con enfermedad renal, familiares y cuidadores, será presentada durante las Jornadas de Personas Renales que organiza ALCER
Especialistas en temas legales asesorarán sobre la enfermedad renal y la incapacidad laboral
Se presenta ‘Hemodiálisis baila’ un programa pionero donde pacientes bailarán para poder animar a los afectados
Durante la celebración de la 32ª edición de las Jornadas Nacionales de Personas Renales tendrá lugar la décimo cuarta entrega de la XXII edición de los PREMIOS de la Fundación Renal ALCER
La Federación Nacional de Asociaciones ALCER, presenta oficialmente AlcerApp, una herramienta para dispositivos móviles con el objetivo de ayudar a las personas con enfermedad renal en distintos ámbitos de su enfermedad. La presentación tendrá lugar los próximos días 19 y 20 de octubre en el marco de la celebración de la trigésimo segunda edición de las Jornadas Nacionales de Personas Renales y que será acogida, un año más, en el edificio Caixaforum de Madrid.
”Llevar el informe médico en el móvil, controlar la toma de medicación, gestionar las citas médicas a través de la agenda, localizar las entidades ALCER o los centros de diálisis de toda España a través de un mapa, serán algunas de las funciones que tendrá esta herramienta gratuita y que ya se puede descargar en los servidores de applestore y playstore”, explica Daniel Gallego, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Alcer.
Estas jornadas, organizadas por la Federación Nacional de Asociaciones ALCER y dirigidas a personas con enfermedad renal, familiares, y profesionales sanitarios provenientes de toda España, siguen fiel a su compromiso de informar sobre las novedades referentes a los aspectos más importantes de la enfermedad renal como protagonista.
En este sentido, Daniel Gallego, asegura que “estas jornadas nos sirven también de encuentro a todas las personas para que podamos aprender unos de otros compartiendo experiencias”
Experiencias como las que se escucharán en la mesa dedicada al paciente experto en cáncer renal. En ella el Dr. Sergio Vázquez Oncólogo del Hospital de Lugo y vocal de pacientes del Grupo Español de Tumores Genitourinarios (SOGUG) expondrá su punto de vista de la importancia de la participación del paciente en el tratamiento de su enfermedad. También podremos escuchar la opinión de Ramón Rodríguez, Agente Comercial Jubilado y persona con enfermedad renal en tratamiento de diálisis peritoneal, pues contará su propia experiencia y los contratiempos que se ha encontrado a la hora de volar con la cicladora.
Las Jornadas darán comienzo el sábado 19 de octubre a las 10 horas con la intervención de varias personalidades del campo de la nefrología, así como del movimiento asociativo.
Faustino Blanco Secretario General de Sanidad y será el encargado de inaugurar las Jornadas
Posteriormente, a las 10,30 horas tendrá lugar la presentación de ALCERAPP una herramienta para dispositivos móviles con el objetivo de ayudar a las personas con enfermedad renal en distintos ámbitos de su enfermedad a través de las nuevas tecnologías.
Seguidamente, se abrirá la primera mesa informativa en la que se darán a conocer de primera mano las novedades de la diálisis en casa.
A continuación serán los avances en tratamiento renal sustitutivo los protagonistas, en una mesa que se dividirá en dos ponencias: por un lado los expertos darán a conocer La revolución que están sufriendo los calciomiméticos y la hiperhimunización y HLA.
A las 12,50 horas será el momento de que el paciente tome la palabra como protagonista de su enfermedad en la mesa dedicada al paciente experto en cáncer renal. En ella se debatirá la importancia de la participación del paciente en el tratamiento de su enfermedad; y una paciente afectada compartirá su propia experiencia.
La jornada del sábado finalizará con la entrega de los XII Premios de la Fundación Renal ALCER (FRAE) en sus respectivas categorías.
La jornada del domingo día 20 de octubre comenzará con una conferencia a cargo del Profesor Joan Carles March de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
A las 10,30 horas será el turno de los aspectos legales en cuanto a enfermedad renal e incapacidad laboral. La empresa Fidelity Consulting será la encargada de asesorar a los asistentes.
A las 10,50 horas se abre una mesa que llevará por título La Comunicación Médico – Paciente.
A las 11,45 se presenta un programa pionero para los pacientes en las sesiones de hemodiálisis, ‘Hemodiálisis baila’, un programa creado por Ruth Molina, Enfermera del Hospital de Granada.
“Este vínculo es muy estrecho”, comenta Ruth Molina, “pasamos muchas horas juntos, somos una gran familia. Queremos contagiar alegría en las salas de hemodiálisis; profesionales y pacientes bailarán para poder animar a los afectados y regalarles sonrisas para que se les haga más llevadero el tratamiento”.
La última mesa informativa de esta edición de las jornadas irá dedicada a las novedades en diálisis peritoneal (DP). En primer lugar se presentará una guía de prevención de hernias en DP; en segundo lugar se expondrán los aspectos legales de viajar con cicladora, los derechos de los pacientes en este sentido y las posibles complicaciones legales al respecto.
La Junta Directiva de la Federación Nacional ALCER será la encargada de dar por finalizada una nueva edición de las Jornadas Nacionales de Personas Renales con la celebración del acto de clausura.
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Ambos canales fomentan la colaboración ciudadana en la lucha contra la trata de seres humanos, facilitando la posibilidad de denunciar hechos de forma anónima y confidencial sin que la llamada quede reflejada en la factura
Las 2.349 comunicaciones recibidas en el último año -932 llamadas y 1.417 correos- han permitido desarrollar 497 operaciones policiales con un resultado de 387 víctimas liberadas y 1.039 personas detenidas e investigadas
En una de las últimas operaciones, los agentes han detenido a tres personas que, presuntamente, captaban a mujeres colombianas y venezolanas en sus países de origen para ser explotadas sexualmente en prostíbulos de diferentes ciudades españolas
La operación ha concluido con la entrada y registro de dos clubes situados en las localidades de Bilbao y Tomelloso (Ciudad Real), donde fue localizada y liberada una mujer prostituida
A las 11 horas del día de hoy, el Inspector Jefe José Nieto, perteneciente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, atenderá a los medios de comunicación interesados en la calle Rafael Calvo 33, tercera planta
Agenda de juicios de la semana del 21 de octubre de 2019
Sección Primera de la Audiencia Provincial
Procedimiento Abreviado 20/19
Acusado de aprovechar la “situación vulnerable” de su madre, de 91 años de edad “y en vías de ser declarada incapaz” para apropiarse de 24.374 euros que la mujer tenía en una cuenta bancaria.
Según el ministerio fiscal, “no tuvo más que llevarse a su madre de la residencia de ancianos en la que vivía y de la que quería salir para volver a su casa”, trasladarla a la casa del acusado –en otra comunidad autónoma- “y convencerla para que le apoderara en la cuenta bancaria, para luego hacer suyo el dinero referido en nueve reintegros de efectivo y transferencias a su propia cuenta”.
Continúa el escrito señalando que compró para él y para su familia “ropa nueva, relojes y una furgoneta de segunda mano”. “Al sustraer a su anciana madre la cantidad referida, dejó a la misma en una situación económica precaria y grave, puesto que la víctima no tiene, ni tenía en 2017, propiedades a su nombre”.
Señala el fiscal que la cuenta de la mujer quedó con 58 euros y que solo consta otra con 1.700 euros, por lo que “el acusado hizo suyos prácticamente todos los ahorros” de la anciana.
Los hechos tuvieron lugar en verano de 2017, cuando la mujer se encontraba inmersa en un proceso de incapacitación iniciado en mayo y que culminó con sentencia dictada en diciembre de ese mismo año declarando respecto de la mujer “su discapacidad plena para regir su persona y bienes, y para otorgar testamento”.
Procedimiento Sumario Ordinario 30/18
Acusado de agredir sexualmente a una joven de 17 años, exnovia de un familiar.
Según el escrito de calificación fiscal, cuando ambos se encontraban en las escaleras del inmueble en el que reside el acusado, éste sacó un cuchillo de grandes dimensiones y se lo colocó en la zona del estómago “exigiéndola tener relaciones sexuales”.
La chica “le manifestó que no quería tener ningún tipo de contacto sexual con él, si bien, ante el temor que le inspiraba la situación y el lógico miedo a que el procesado utilizara el cuchillo contra ella”, el hombre pudo penetrarla vaginalmente.
Está previsto que este juicio continúe el miércoles 23 de octubre, a las 09,30 horas, y el miércoles 13 de noviembre, a la misma hora.
Medio centenar de jueces, fiscales y letrados asisten a un curso sobre criptomonedas y blanqueo para mejorar la respuesta judicial
Santander, 18 de octubre de 2019.-
Medio centenar de jueces, fiscales, letrados de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y del Gobierno de Cantabria han participado ayer y hoy en un curso de formación en el que se han abordado cuestiones de actualidad del Derecho Penal Económico.
Bajo la dirección de la magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Santander, Amaya Merchán, el curso se ha desarrollado en el marco del convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Cantabria para la formación de miembros de la carrera judicial del territorio.
Entre los temas tratados, destacan la respuesta judicial frente al blockchain y las criptomonedas en el comercio electrónico, o la jurisprudencia existente en materia de blanqueo de capitales. También han analizado la responsabilidad penal del asesor fiscal, así como distintos casos prácticos de relevancia pública como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Noos’.
Entre los ponentes, destaca la presencia del magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar o el inspector jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), José Manuel Alarcón Estella.
Junto a ellos, han intervenido la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria Paz de la Cuesta Aguado, y el abogado del Estado Edmundo Bal Francés.
El juez continúa el procedimiento contra seis investigados en una pieza separada de los ERE por las ayudas de 8,4 millones a un grupo de empresas vinculadas al corcho
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra seis personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) donde se investigan las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a un grupo de empresas vinculadas a A.R.B., como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera.
En un auto fechado el día 16 de octubre, el instructor decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra los seis investigados al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que da traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación, pidiendo el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
El magistrado explica que, en esta pieza separada, no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra los ex consejeros de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera y Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en la causa de procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas”, siguiendo así “el criterio a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, entre otros, en autos de 21 y 26 de marzo y 3 de abril de 2019, “que confirman la exclusión de la presente causa de los anteriormente citados”.
Los seis investigados son A.R.B., vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado; el coadministrador de las empresas, R.B.M.; un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de hecho de varias de las empresas, identificado como P.M.O.; S.M.M.B., como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas; el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, M.E.R.C., y un responsable de una entidad bancaria, G.C.E., que “facilitó mediante su firma” la obtención “fraudulenta” del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla.
El magistrado relata en el auto que, de lo actuado, se desprende que tales ayudas se habrían concedido, por parte de responsables de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, “prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria”.
De este modo, prosigue el juez, estas ayudas “se habrían concedido sin sumisión a procedimiento legal alguno por parte” del director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, quien “ordenaba los pagos a la agencia IFA-IDEA con cargo a fondos públicos a través del programa presupuestario 31-L”.
El juez añade que ello se hizo “bajo la supuesta cobertura del Convenio Marco de Colaboración suscrito el 17 de julio de 2001” entre la Consejería de Empleo y el IFA y “como medio para eludir la disciplina y los correspondientes controles legales de la correspondiente ayuda o subvención”, tras lo que analiza una a una todas las ayudas recibidas por este grupo de empresas.
En este punto, subraya que, de lo actuado, “se deduce que el investigado A.R.B., administrador de hecho y/o derecho de las empresas, habría obtenido con total ausencia de procedimiento, sin mediar solicitud y sin acreditar los fines para los que fueron concedidas, ayudas otorgadas por la Consejería de Empleo que ascenderían a la cantidad aproximada de 9 millones de euros con cargo a los fondos públicos y a través de IFA/IDEA”.
“Conocedor de que la Consejería de Empleo, dirigida entonces por José Antonio Viera, podía otorgarle una subvención al margen de la legalidad vigente, consiguió que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el viceconsejero, Antonio Fernández, le concedieran las ayudas descritas”, subraya el instructor, que seguidamente se refiere al empresario portugués F.M.O., que “resultaría ser el administrador de hecho de varias de las empresas del grupo” y que tuvo una participación “directa y activa”, y a R.B.M., “partícipe y coadministrador de las empresas del grupo, receptoras de las ayudas ilícitamente obtenidas”.
Asimismo, el juez asevera que, de lo actuado, “cabe deducir también la existencia de indicios de criminalidad” contra S.M.M.B., quien “figura como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias mercantiles” del grupo, “siendo además el director financiero del grupo de empresas vinculadas y dirigidas” por A.R.B. y “manteniendo relaciones” con Guerrero “al haber sido secretario del PSOE de Cazalla de la Sierra y gerente de Turismo Andaluz”.
Así, “los administradores, directivos y responsables de las empresas beneficiarias de las ayudas”, en relación a estos cuatro últimos investigados, “participaron directamente en el mecanismo arbitrario y defraudatorio de concesión de aquéllas prestaciones, resultando conocedores de que se había prescindido de los principios y de los procedimientos legalmente procedentes, teniendo en cuenta que no cumplieron con las exigencias y requisitos legales que a ellos, cuando menos, les correspondían para la obtención de tales ayudas”.
De este modo, y según expone el juez en el auto, “ni tan siquiera presentaron formalmente la correspondiente solicitud –motivada y justificada- de la subvención ni, por consiguiente, elaboraron ninguna declaración sobre la posible obtención de otras subvenciones o ayudas con el mismo fin, ni acreditaron los requisitos necesarios para obtener la correspondiente ayuda excepcional”, mientras que tampoco justificaron “el destino o empleo de los fondos públicos obtenidos”.
En relación a M.E.R.C., el instructor señala que, como delegado provincial del IFA en Sevilla desde 2002 hasta 2004, habría mantenido diversas reuniones con A.R.B. y S.M.M.B. “en relación a la posible obtención” de las ayudas públicas, “llegando a concertar con A.R.B. la concesión de tres ayudas de las que di traslado” a Guerrero “para su tramitación”.
“Aunque la decisión final sobre la concesión de las ayudas recayese sobre el director general de Trabajo, M.E.R.C. habría tenido participación en el favorecimiento y tramitación de las ayudas concedidas”, y todo ello “debiendo ser conocedor, en virtud de su cargo y sus contactos con los responsables de la Consejería de Empleo, del mecanismo fraudulento, al margen de toda legalidad, llevado a cabo para la concesión de las ayudas a través del sistema de transferencias de financiación en favor de IFA/IDEA”, concluye el magistrado.
Notas de prensa. El grupo de trabajo sobre tipos de interés libres de riesgo para la zona del euro formula recomendaciones para abordar el impacto sobre la gestión de riesgos de la transición a los tipos de interés libres de riesgo
La Audiencia Provincial de Murcia, en sentencia notificada hoy a las partes, ha condenado a A.S.C. a la pena de 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, con la agravante de parentesco, y de un delito continuado de amenazas, con la concurrencia de las agravantes de parentesco y de razón de género.
Según declaró probado el jurado, el acusado, utilizando una escalera que previamente había adquirido en una ferretería, accedió a la vivienda donde residía su expareja. Cuando ésta llegó a casa, la cogió por el pelo, sin que tuviera posibilidad de defensa alguna, la llevó al comedor y la hirió en la mano y el brazo con un cuchillo. Aunque los abuelos, que llegaron después, trataron de que depusiera su actitud, el acusado “comenzó a clavarle el cuchillo de forma reiterada, persistente y sistemática, a pesar de los gritos de dolor de la víctima, aumentando deliberadamente el dolor de la misma”, causando múltiples heridas que provocaron su muerte.
El magistrado aprecia un concurso ideal-medial del delito de allanamiento de morada, “como medio de comisión o facilitación de la comisión de un delito de asesinato” y, por este, con las circunstancias agravantes ya indicadas, establece una pena de prisión de 27 años. Para la determinación de la pena, el presidente del jurado tiene en cuenta que “los hechos enjuiciados son de evidente gravedad, no solo por su calificación jurídica que lleva ínsita la pena antes señalada, sino por la forma en que sucedieron los hechos, cincuenta heridas propinadas a la víctima de veintidós años”.
Además, se le impone una pena de 3 años de prisión, de conformidad con el veredicto de culpabilidad del jurado, que declaró probado que los hechos eran constitutivos de un delito continuado de amenazas por los mensajes que por audio y WhatsApp el acusado había mandado a la chica, manifestándole que iba a ir “a por ella”, así como que le había olvidado “en dos días”, que ahora ella estaba “follando” y que “eso es de guarra”.
En cuanto a la responsabilidad civil, el acusado deberá, indemnizar con 320.000 euros a la familia de la fallecida. Y, por último, el tribunal le impone la prohibición de acercarse a los padres y la hermana de la víctima a una distancia inferior a 300 metros y de comunicarse con ellos por sí mismo o a través de terceras personas y por cualquier medio.
La resolución no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
La Sección Segunda de la Sala III del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad el apartado 2 del artículo 197.bis del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que modificó el Reglamento General de gestión e inspección tributaria. La Sala considera que no cuenta con habilitación legal la posibilidad que establece dicho apartado de que la Administración tributaria comunique al juez o al fiscal la existencia de indicios de delito contra la Hacienda Pública “en cualquier momento, con independencia de que se hubiera dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto sanción”.
Para la Sala, esa previsión contenida en el artículo 197.bis “no es ya solo (…) que carezca de habilitación legal suficiente, sino que se opone de manera radical a los preceptos legales que disciplinan la forma en que debe conducirse la Administración Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha podido cometer un delito contra la Hacienda Pública”.
“A fuerza de ser repetitivos, debemos insistir en algo obvio: la ley no contempla que se pase el tanto de culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de comprobación después de haberse dictado una liquidación administrativa; y mucho menos después de haberse sancionado la conducta infractora tras el oportuno expediente sancionador”, agrega la sentencia.
En su sentencia, de la que sido ponente el magistrado Jesús Cudero, la Sala estima parcialmente un recurso de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF).
La estimación es parcial porque el Supremo rechaza la impugnación que AEDAF también realizaba de otros tres artículos del Reglamento General. En concreto, el artículo 74.1.h), que incluye las multas penales entre las obligaciones tributarias que no debe tener pendiente el contribuyente al objeto de emitir el certificado de estar al corriente de las citadas obligaciones, entiende la Sala que no incurre en la infracción denunciada. Y que tampoco son nulos por falta de habilitación legal los nuevos artículos 171.3 y 184.2 del citado Reglamento General.
La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero, suscrito por los magistrados Nicolás Maurandi y Rafael Toledano, considera que el apartado que permite a la Administración comunicar los indicios al juez o fiscal tras la liquidación o la sanción sí era conforme a derecho. Argumentan que “las reglas de persecución de los delitos contra la Hacienda Pública fiscal no deben ser nunca inferiores a las generales que rigen en los otros delitos públicos; lo que tiene que acarrear que el conocimiento de los indicios delictivos por la Administración tributaria en cualquier momento anterior a la prescripción del delito, exista o no liquidación ya aprobada, no releva a dicha Administración de la obligación de trasladar esos indicios al juez penal o al Ministerio Fiscal en los términos generales establecidos para cualquier delito público por la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
Por su parte, el segundo voto particular, del magistrado José Díaz Delgado, cree que la sentencia debió anular, además del apartado 2 del artículo 197.bis del Reglamento, el artículo 74.1 h relativo a las multas penales
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References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 197
 Real Decreto 
 artículo 197
 artículo 74
 artículo 197
 artículo 74