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Timestamp: 2020-04-03 00:27:22+00:00

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NOTAS: REFORMA VIGENTE.- - Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: El Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría tendrá como objeto analizar, proponer, evaluar, consensar, y dar seguimiento a los programas, estratégias, acciones y políticas relacionadas con las tareas de la Institución. Así mismo será el conducto para promover la participación de la ciudadanía y ser el interlocutor de ésta con la Procuraduría.
ARTÍCULO *83 BIS. El Programa, deberá ser aprobado por el Consejo, durante el primer trimestre de cada año, y sometido a consideración del Procurador para su expedición y vigencia inmediatamente después de que sea aprobado por el Consejo.
El proyecto será elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo, quien lo someterá a consideración del Consejo para las adecuaciones pertinentes. Dicho Programa deberá contener por lo menos:
I. Objetivo General y Objetivos Específicos del Programa;
II. Las actividades o proyectos que se pretenden llevar a cabo durante el periodo;
III. Las actividades prioritarias para el periodo;
IV. Las estrategias para llevar a cabo dichas actividades;
V. Los responsables de ejecución de cada una de las actividades;
VI. La congruencia con el Programa Estatal de Procuración de Justicia, y
VII. La forma de evaluación y medición de las actividades plasmadas en el Programa.
Para que el Programa sea aprobado y expedido en tiempo, en la primera sesión del año, la Secretaría del Consejo entregará el proyecto de Programa a los Consejeros para que en un término de quince días naturales realicen sus observaciones al documento, y éste pueda ser aprobado y expedido a la brevedad posible. Pasado el plazo de quince días sin que se hagan llegar observaciones a la Secretaría, se entenderá que los Consejeros no tienen observaciones al proyecto y se aprobará en los términos presentados por aquella.
El Programa se podrá modificar en cualquier momento. Para ello, se deberá tomar el acuerdo respectivo en el seno del Consejo y posteriormente, someterlo a la aprobación del Procurador. Asimismo el Procurador, mediante comunicado por escrito, podrá instruir al Consejo para integrar en el Programa cualquier objetivo, estrategia o actividad que considere necesaria para la buena marcha de las actividades del Consejo.
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Artículo Segundo del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09.
SECCIÓN *II
Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
REFORMA VIGENTE.- Se adiciona la Sección II por Artículo Segundo del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09.
ARTÍCULO *84. Son atribuciones del Procurador, en relación con el Consejo de Participación Ciudadana, las siguientes:
I. Nombrar cada año a los Consejeros que integrarán el Consejo;
II. Tomar a los Consejeros la protesta de Ley al inicio de su encargo;
III. Expedir la designación de los Consejeros;
IV. Aprobar, expedir y solicitar la publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el Acuerdo que contenga el Programa;
V. Aprobar y expedir mediante acuerdo que se publicará en el “Periódico Oficial Tierra y Libertad” los lineamientos, o normas para el funcionamiento interno del Consejo;
VI. Acordar los demás asuntos que le sean sometidos a su consideración por el Consejo;
VII. Solicitar informes, opiniones y estudios al Consejo;
VIII. Remover a los Consejeros que hayan faltado a las sesiones por tres veces consecutivas sin causa justificada, o que pierdan alguna de las cualidades que motivaron su designación, y
Las demás que le confiera la normatividad aplicable, o sean necesarias para el funcionamiento correcto y eficaz del Consejo.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: El Consejo elegirá de entre sus integrantes a quien fungirá como Presidente. La Secretaría del Consejo estará a cargo del titular de la Coordinación de Asesores y Vinculación Institucional del Procurador, o a quien designe éste ultimo.
ARTICULO *85. El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;
II. Ser el representante del Consejo ante los medios de comunicación;
III. Someter a votación los acuerdos que se propongan en las sesiones, y
IV. Ser el conducto para proponer al Procurador para su aprobación y expedición, el anteproyecto de Programa, así como otras normas, y lineamientos que el Consejo requiera para su correcto funcionamiento.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones y facultades:
II. Ser el representante del Consejo ante los medios de comunicación y ante el Procurador;
III. Someter a votación los acuerdos que se propongan en las sesiones;
IV. Ser el enlace entre el Procurador y los Consejeros;
V. Sancionar las minutas de las sesiones antes de proceder a la firma de los Consejeros y suplentes en su caso, y
VI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se establezcan.
ARTICULO *86. El Secretario Técnico del Consejo, tendrá las siguientes atribuciones:
I. Ser el representante de la Procuraduría ante el Consejo y el enlace del Consejo con el Procurador;
II. Levantar las actas de todas las sesiones;
III. Responsabilizarse del archivo del Consejo y dar cuenta de la correspondencia recibida y despachada;
IV. Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen en el seno del Consejo;
V. Sancionar las minutas de las sesiones antes de proceder a la firma de los Consejeros y suplentes en su caso;
VI. Emitir las convocatorias a las sesiones ordinarias de conformidad con el calendario aprobado, y las extraordinarias, cuando así se lo instruya el Procurador o el Presidente del Consejo;
VII. Otorgar el apoyo técnico para que se realicen las actividades y se ejecute el Programa del Consejo, y
VIII. Las demás que le confieran las normas aplicables, o le delegue el Procurador o el Consejo.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: El Secretario del Consejo, tiene las siguientes atribuciones:
I. Asistir a todas las sesiones del Consejo;
II. Levantar las actas en todas las sesiones;
III. Responsabilizarse del archivo del Consejo, y
IV. Coadyuvar en el seguimiento de todas las gestiones o en el cumplimiento de los acuerdos que tomen en el seno del Consejo.
ARTICULO *87. Son atribuciones de los Consejeros:
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo;
II. Participar en las sesiones, proponer y votar acuerdos puestos a su consideración;
III. Participar en las actividades que acuerde el Consejo, de conformidad con el Programa;
IV. Firmar las actas y minutas que se elaboren;
V. Cumplir los acuerdos emitidos y compromisos adquiridos por el Consejo;
V. Rendir informe al término de sus funciones;
VII. Solicitar al Presidente, convoque a sesión extraordinaria cuando tengan algún asunto de urgente resolución;
VIII. Solicitar al finalizar la sesión, o con 15 días de anticipación a ésta, que se incluya algún asunto de su interés en el orden del día;
IX. Ser el conducto de comunicación entre el grupo de la sociedad civil que representan y la Procuraduría, y
X. Promover entre la ciudadanía la denuncia del delito, la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana en materia de procuración de justicia y la vida libre de violencia.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Se podrá solicitar al Procurador la remoción de cualquiera de los Consejeros, por parte del Consejo mismo, cuando éstos o sus suplentes, según el caso, dejen de asistir sin causa justificada a tres sesiones consecutivas.
SECCIÓN *III
REFORMA VIGENTE.- Se adiciona la Sección III por Artículo Segundo del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09.
ARTICULO *88. En la primera sesión del año el Consejo aprobará el calendario de sesiones que será propuesto por la Secretaría Técnica del Consejo, y que incluirá fecha y hora de en que se realizarán las sesiones.
Asimismo en la primera sesión del año, se dará la bienvenida a los Consejeros por parte del Procurador o quien éste designe y se entregará a los Consejeros el proyecto de Programa.
El Consejo, en la última sesión de cada año, deberá aprobar el informe anual de actividades, que será remitido al Procurador, para su conocimiento. El proyecto de dicho informe deberá ser elaborado por la Secretaría Técnica del Consejo, para ser sometido a consideración del Consejo en la última sesión.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Para ser Consejero, se requiere lo siguiente:
I. Ser ciudadano de reconocida calidad moral y prestigio representante de algún sector de la sociedad;
II. Que el Procurador o el titular del poder Ejecutivo de Estado formule la invitación correspondiente;
III. La aceptación de la invitación por parte del futuro Consejero, y
IV. Que se emita el nombramiento correspondiente por parte del Procurador.
ARTICULO *89. Las convocatorias a las sesiones ordinarias se deberán enviar con ocho días de anticipación a su celebración y las de las sesiones extraordinarias con tres días de anticipación; dichas convocatorias deberán contener:
I. Fecha, hora, lugar en donde se celebrará la sesión, y duración aproximada;
II. Orden del día a tratar, y
III. Los documentos adjuntos para el conocimiento previo de los Consejeros, que se relacionen o sean necesarios para el desahogo de los asuntos del orden del día.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Los Consejeros o los suplentes, en sustitución de éstos, tienen las siguientes atribuciones:
I. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo a que sean convocados;
II. Participar con voz y voto en las sesiones;
III. Participar en las comisiones del trabajo que acuerde el Consejo, y
IV. Los Consejeros podrán dar apoyo específico a cualquier persona mediante la orientación y canalización a las áreas correspondientes de la Procuraduría.
ARTICULO *90. El Consejo sesionará en forma regular cada dos meses de manera ordinaria y podrá sesionar en forma extraordinaria cuantas veces se requiera, en ambos casos, por solicitud del Presidente o del Procurador.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: El Consejo sesionará en forma regular cada dos meses, independientemente de que podrá sesionar en forma extraordinaria cuantas veces se requiera, en ambos casos, previa convocatoria el Presidente o el Procurador.
ARTICULO *91. Para que las sesiones tengan validez y se consideren legalmente instaladas, deberán estar presentes la mitad más uno de los Consejeros, y para que los acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos de los miembros presentes. En cualquier caso el presidente tendrá voto de calidad.
A las sesiones podrán ser invitadas personalidades que no formen parte del Consejo, pero que por su trayectoria o representación social puedan hacer aportes positivos para los fines del Consejo. El Procurador podrá expedir estas invitaciones a quien considere pertinente y, en su caso, a quien el Consejo le solicite.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Para que las sesiones tengan validez y se consideren como tal deberán estar presentes la mitad más uno de los Consejeros integrantes, en caso de que asistan Consejeros acompañados de sus suplentes, estos últimos tendrán voz pero no voto al momento de someter a consideración del Consejo algún asunto. Solo tendrán voz y voto cuando asistan en representación del Consejero.
ARTICULO *92. De todas las sesiones se elaborará un acta, la cual firmarán los Consejeros que hayan asistido. Esto se hará al finalizar la sesión si el tiempo lo permite, o, en su caso, en la sesión inmediata posterior.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: En todas las sesiones se elaborara una minuta, la cual firmaran los Consejeros que hayan asistido. Esto se hará en la sesión inmediata posterior.
ARTICULO 93. El Procurador podrá asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, cuando lo estime conveniente.
ARTICULO *94. Queda prohibido tratar asuntos de índole personal de alguno de los Consejeros o autoridades del Consejo.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: En ningún caso, las sesiones servirán para tratar asuntos de índole personal de alguno de los Consejeros o autoridades del Consejo.
ARTICULO 95. Al inicio de las sesiones, se firmará una lista de asistencia, la cual será guardada por el Secretario.
ARTICULO *96. Con una tolerancia máxima de 15 minutos de la hora señalada para la sesión, se dará inicio a la misma. La Secretaría realizará el cómputo de los asistentes y lo comunicará al Presidente para que, en caso de haber quórum, éste declare la instalación legal de la sesión, o a falta de quórum, informe de la suspensión de la misma y convoque a una nueva hora y fecha para su celebración, quince días después.
En la fecha posterior que se fije, se llevará a cabo la sesión con los Consejeros que asistan y los acuerdos que ahí se tomen serán válidos.
El orden del día de las sesiones deberá contener los asuntos a tratar, entre los que de manera obligatoria se incluirá el seguimiento de acuerdos por parte de la Secretaría y los que establece el presente Reglamento para la primera y última sesión del año.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Las sesiones darán inicio puntualmente a la hora establecida por el Consejo y sin margen de tolerancia.
ARTICULO *97. En todo caso el Procurador tendrá la atribución de resolver, dentro del ámbito administrativo y en relación con el Consejo, los asuntos no previstos en el presente Reglamento, en términos de las disposiciones legales aplicables.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Artículo Primero del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4895 de fecha 2011/06/08. Vigencia: 2011/06/09. Antes decía: Se podrá convocar a cuantas sesiones extraordinarias se estimen pertinentes, aprobado previamente por el Consejo o a convocatoria del Presidente o del Procurador y se seguirán las mismas disposiciones que en las sesiones ordinarias.
DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE ATENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO, Y
DE PROTECCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, OFENDIDOS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES QUE INTERVIENEN EN UNA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL; Y
DE LAS UNIDADES REGIONALES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS DEL DELITO
REFORMA VIGENTE.- Adicionado por Artículo Único del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4788 de fecha 2010/03/10.
Artículo *98. Las medidas de atención, asistencia, protección especial y restauración son todas aquellas acciones surgidas o derivadas de los derechos de víctimas, ofendidos y sujetos intervinientes en investigaciones y procesos penales, las cuales estarán dirigidas a salvaguardar sus legítimos intereses. Las Unidades Regionales de Atención Integral y Protección de Víctimas, Ofendidos y Testigos del Delito (Unidades Regionales), que por este Capítulo se crean, para ofrecer las medidas de atención, asistencia y protección basarán su ejecución y evaluación de resultados, en dos Programas que emitirá el Procurador General de Justicia del Estado y que serán actualizados anualmente:
I. El Programa Estatal de Atención y Restauración de las Victimas y Ofendidos (Programa de Atención), y
II. El Programa Estatal de Protección Especial a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales que Intervienen en una Investigación o Proceso Penal (Programa de Protección).
*SECCIÓN 1
DEL PROGRAMA ESTATAL DE ATENCIÓN Y RESTAURACIÓN
DE VÍCTIMAS Y OFENDIDOS.
Artículo *99. El objeto del Programa de Atención consiste en atender a las víctimas y ofendidos del delito, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos, y velar por el respeto de los mismos, procurado reducir el impacto del delito en cuanto al efecto psicológico, médico, económico y social que éste haya generado como consecuencia inmediata de su ejecución, de tal manera que la víctima o el ofendido puedan reintegrarse a la sociedad.
Artículo *100. Los principios del Programa de Atención serán los siguientes:
I. Principio de Justicia Restaurativa: Consiste en todo proceso en el que la víctima u ofendido participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo;
II. Principio de discrecionalidad: El personal de las Unidades Regionales tendrán el deber de guardar el secreto profesional e identidad de las víctimas u ofendidos que reciban atención o algún servicio que se ofrezca. Sólo en los casos en que la autoridad judicial competente o el Agente del Ministerio Público del proceso y con la finalidad de fortalecer la investigación lo soliciten, el personal podrá ofrecer datos de la víctima u ofendido;
III. Principio de Oportunidad: Consiste en que la atención y servicios de las Unidades Regionales se ofrezcan en el momento que los necesita la víctima u ofendido, sin dilación alguna, y
IV. Principio de Proporcionalidad: Consiste en ofrecer los servicios y apoyos atendiendo a la magnitud de las necesidades de la víctima u ofendido.
Artículo *101.- El Programa de Atención, contendrá:
I. Un diagnóstico de los servicios y apoyos necesarios para la víctima o el ofendido en el Estado de Morelos;
II. El resultado de investigaciones victimológicas practicadas en la Entidad, dentro del año inmediato anterior a la elaboración del Programa;
III. Un subprograma de promoción para el establecimiento de centros, albergues e instituciones para la oportuna y eficaz atención de víctimas y ofendidos;
IV. Un subprograma de vinculación de los servicios gubernamentales y no gubernamentales que se brinden al ofendido y a la víctima en la Entidad, para optimizar los recursos y lograr la protección integral que les otorga esta Ley;
VI. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias que atienden a la víctima o el ofendido en otras entidades de la República;
VII. La estrategia de comunicación con los organismos o instituciones encargados de la elaboración, aplicación y evaluación del Programa de Atención;
VIII. El diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización, capacitación y actualización en temas relativos al apoyo, atención prevención y protección a la víctima u ofendido para el personal de las Unidades Regionales;
IX. La elaboración del Código de Ética, manuales, instructivos y formatos de la Unidades Regionales para brindar un servicio eficiente;
X. Las estrategias para favorecer una cultura de apoyo, atención, prevención, y restauración para la víctima o el ofendido;
XI. Los mecanismos de medición, evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas con base en el Programa de Atención, así como de aquellas derivadas de la participación interinstitucional en la prevención, y
XII. Los demás mecanismos, estrategias, principios y normas que establezca la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES QUE INTERVIENEN EN UNA INVESTIGACIÓN O PROCESO PENAL.
Artículo *102. El objeto del Programa de Protección consiste en aplicar las medidas de protección especial a víctimas, testigos, u otras personas que se encuentren en riesgo o peligro por su intervención, de manera directa o indirecta, en la investigación o en un proceso penal de un delito grave, violencia familiar o relacionados a la delincuencia organizada.
Artículo *103. Las disposiciones establecidas en este Capítulo comprenden a víctimas, ofendidos, testigos, agentes del ministerio público, peritos y demás colaboradores, cuya integridad física, libertad o bienes se encuentren en peligro grave como consecuencia de su participación en los procedimientos penales establecidos en el artículo anterior.
Artículo *104. Los principios por los cuales se regirá el Programa de Protección serán los siguientes:
I. Principio de voluntad. A ninguna persona se le podrá obligar estar bajo la protección del Programa salvo que por causa urgente se necesite aplicar para salvaguardad su integridad de manera temporal;
II. Principio de Protección: Toda autoridad ministerial o policial deberá considerar como primordial la protección de la vida, la integridad física y psicológica, la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas a que se refiere el presente Capítulo.
III. Principio de Proporcionalidad y Necesidad: Las medidas de protección y atención que se ordenen con base de el presente Capítulo, deberán responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria de las mismas, y sólo podrán ser aplicadas en cuanto fueren necesarias para garantizar su integridad y seguridad;
IV. Principio de Confidencialidad. Toda la información y actividad administrativa y jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas a que se refiere este Capítulo deberá ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo, salvo los casos exceptuados por el presente Capítulo o demás leyes aplicables, y
V. Principio de Temporalidad: Las medidas de protección subsistirán mientras existan los factores que la motivaron.
Artículo *105. El Programa de Protección, contendrá:
I. Un diagnóstico de los servicios de protección especial que sean necesarios en la Entidad, así como los estudios respectivos de viabilidad;
III. Un subprograma de promoción de los servicios de protección especial que ofrece el Programa para incidir en la cultura de la denuncia y la participación de la sociedad en las investigaciones y procesos penales;
IV. Un subprograma de vinculación de los servicios de protección especial gubernamentales y no gubernamentales que se brinden en la Entidad, para optimizar los recursos;
V, La propuesta de una estrategia de colaboración interinstitucional para la protección especial de las personas a que se refiere este Capítulo;
VI. La identificación de los mecanismos de enlace con las instancias que brinden protección especial en otras entidades de la República;
VII. La estrategia de comunicación con las instancias encargadas de la elaboración, aplicación y evaluación del Programa;
VIII. El diseño, la programación y el calendario de cursos de sensibilización, capacitación y actualización en temas relativos a la protección especial de las personas a que se refiere el presente Capítulo, para el personal de las Unidades Regionales;
IX. La elaboración de manuales, instructivos y formatos de las Unidades Regionales para brindar un servicio eficiente;
X. Los mecanismos de medición, evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas con base en el Programa de Protección, y
XI. Los demás mecanismos, estrategias, principios y normas que establezca la persona titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
*SECCIÓN 3
DEL OBJETO E INTEGRACIÓN LAS UNIDADES REGIONALES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS DEL DELITO.
Artículo *106. Las Unidades Regionales forman parte de un programa piloto, que inicialmente tiene el objetivo de promover la preparación, organización y transición hacia la etapa de modernización de la Institución y de la procuración de justicia.
La presente Sección establece los lineamientos de operación de dichas Unidades Regionales.
Artículo *107. Los objetivos de las Unidades Regionales son los siguientes:
I. Facilitar la participación de la víctima u ofendido en el proceso penal (información, asesoría, acompañamiento en diligencias y apoyo económico);
II. Ayudar a la víctima u ofendido a enfrentar las consecuencias emocionales del delito (atención psicológica y social);
III. Favorecer el ejercicio de los derechos de víctimas y ofendidos (entrega de información, a la reparación, a la protección, a presentar querella o denuncia, a recibir un trato digno, etc.);
IV. Prevenir la victimización secundaria por parte de los operadores del sistema de justicia penal (calidad de atención, coordinación, capacitaciones, etc.), y
V. Brindar protección especial a víctimas y ofendidos cuando esté en peligro su integridad.
Artículo *108. Las Unidades Regionales, dependerán jerárquicamente de las Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales, de cada una de las zonas territoriales, contempladas por el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Artículo *109. Cada Unidad Regional, contará con el siguiente personal:
I. Un agente del Ministerio Público que se denominara “Agente de Protección Especial” que fungirá como Coordinador de la Unidad;
II. Policías Ministeriales;
III. Asesores Médicos;
IV. Asesores Psiquiatras;
V. Asesores Psicólogos;
VI. Trabajadores sociales;
VII. Asesores jurídicos (abogados);
VIII. Asesor Intérprete o traductores (sordomudos, indígenas, ciegos, extranjeros), y
El personal que integre dichas unidades deberá contar con la capacitación, sensibilización y profesionalización necesaria para desempeñar sus funciones en la asistencia, atención y protección de víctimas, ofendidos y testigos. El personal deberá ser objeto de evaluaciones constantes. Las Unidades Regionales para su operación y funcionamiento deberán ajustarse a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y a su presupuesto autorizado.
*SECCIÓN 4
DE LA ASISTENCIA, SERVICIOS Y PROTECCIÓN ESPECIAL PRESTADOS POR LAS UNIDADES REGIONALES DE ATENCIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, OFENDIDOS Y TESTIGOS DEL DELITO.
Artículo *110. Las víctimas o los ofendidos por la comisión de un delito tendrán los siguientes servicios y asistencia:
A).- En materia jurídica:
Ser enterado directa e inmediatamente de los derechos que a su favor establece el artículo 20, apartado A y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, la legislación penal del Estado y demás ordenamientos aplicables a la materia;
Obtener la orientación jurídica más amplia, sin importar la materia de derecho que implique, siempre y cuando se vincule al motivo del que resultó afectado;
Recibir asesoría jurídica suficiente durante el procedimiento penal al que se encuentra vinculado directa o indirectamente;
Solicitar que la autoridad persecutora de los delitos o la judicial, en su caso, dispongan las medidas necesarias para proteger su vida, su integridad personal, su domicilio, sus posesiones y derechos, así como los de su familia, cuando existan datos indubitables o amenaza de que pudieran ser afectados por el sujeto activo del delito, sus copartícipes o por tercero vinculado a uno u otros;
Recibir del personal adscrito al Ministerio Público un trato, humano, cordial, diligente, respetuoso, no discriminatorio y comedido, quienes se apegarán a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo y honestidad;
Ser objeto de una ágil atención a sus denuncias o querellas, y a que se practiquen todas las diligencias necesarias con el propósito de que se le procure justicia pronta, completa y gratuita;
Recibir todas las provisiones procedimentales establecidas en la legislación, para un efectivo y expedito esclarecimiento de los hechos que se investigan y las que prosigan hasta la conclusión final de la carpeta de investigación que al efecto se integre, así como lo correspondiente a la reparación del daño;
Coadyuvar con el Ministerio Público, tanto en la investigación como en el proceso penal, presentándole datos o constituyéndose como acusador coadyuvante, con la finalidad de aportar pruebas o elementos conducentes para acreditar, que se ha cometido el hecho delictivo y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión;
Recibir copias de los documentos que le resulten de interés o versen sobre sus propios intereses, así como tener acceso integral a la carpeta de investigación y demás elementos de que se recaben en la investigación y demás elementos del proceso penal;
Promover por su propia cuenta, a través de los recursos que las leyes proporcionan, medios jurídicos en contra de los acuerdos que le nieguen el ejercicio de la acción penal, el desistimiento de ésta, la reserva del expediente y la formulación de conclusiones no acusatorias;
Abstenerse de ser careado con el inculpado cuando se trate de delitos de violación o secuestro, cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad. En estos casos, las declaraciones se llevarán a cabo en las condiciones que establezca la ley, y
Disfrutar de todas las medidas preventivas para salvaguardar sus derechos, así como de los beneficios que en su favor establezcan esta ley y demás disposiciones legales.
B).- En materia psicológica:
Determinarle el grado de daño moral y psicológico causado por la comisión del delito;
Asistencia a la familia al momento de la identificación de cadáveres, aplicando psicoterapia de contención;
Aplicar técnicas psicoterapéuticas necesarias para víctimas del delito, de tal forma que puedan rendir una declaración ministerial que sea lo más fidedigna y con el máximo de datos relevantes para la investigación;
A que se realice la colaboración con las acciones de investigación mediante la obtención de perfiles psicológicos, victimológicos, autopsia psicológica y análisis psicológico de la escena del crimen;
Apoyar a las víctimas y ofendidos en la comprensión de la dinámica del delito;
Terapia de apoyo remedial para víctimas del delito;
Hacer uso de las metodologías más innovadoras para generar marcos comprensivos de la dinámica criminógena;
Auxiliar en los asuntos de violencia familiar;
A que sea acompañado a los tribunales por un especialista en psicología;
Proponer las medidas preventivas y restrictivas pertinentes para la protección de víctimas y ofendidos;
C).- En materia de salud:
Recibir de manera gratuita desde que se produjo la comisión del delito, la atención médica, o psiquiátrica de urgencia, según sea el caso, y se requiera como consecuencia del delito cometido en su perjuicio;
Recibir trato digno en la exploración y atención médica, ginecológica, psicológica o psiquiátrica, en tratándose de víctimas de delitos sexuales, prefiriéndose la atención por personal del mismo sexo que la víctima;
Recibir de manera gratuita la atención médica y medicamentos que requiera en los hospitales y clínicas del sector público del Estado, siempre que se trate de lesiones físicas o mentales, inmediatas o como consecuencia de éstas, derivadas de un delito en el que la víctima u ofendido no actuó con culpa o dolo, y
Recibir los servicios especializados y gratuitos en torno a tratamientos postraumáticos en los hospitales del sector público del Estado.
D).- En materia social y laboral:
Recibir becas de estudio para los dependientes que lo requieran y que, a causa del delito, la víctima u ofendido se encuentre imposibilitado a satisfacer;
Recibir ayuda para satisfacer su requerimiento básico y elemental de alimentación, así como de sus dependientes inmediatos, sin ocasionar dependencia, y procurando se prolongue por el tiempo estrictamente indispensable;
Disfrutar de la cobertura de los gastos básicos de inhumación, cuando la familia del fallecido carezca de medios o recursos económicos para ello, con base en el estudio socioeconómico correspondiente del área de trabajo social, y no se cuente con ese beneficio por parte de organismo, dependencia, institución, empresa o seguro que lo deba proveer;
Realizar gestiones para conseguirle empleo adecuado a su condición física e intelectual, promocionando en los sectores público, social y privado, la oportunidad laboral que amerite;
Recibir orientación y canalización hacia las instituciones de asistencia o beneficencia pública social o privada del Estado, y
Recibir los demás beneficios que le otorguen las demás disposiciones legales.
Artículo *111. Todos los apoyos, servicios y atención que se proporcione a víctimas del delito serán gratuitos, por lo que las instituciones que los brinden no deberán exigir remuneración alguna por ellos.
Articulo *112. El apoyo que se brinde a víctimas u ofendidos por algún delito será de acuerdo con las circunstancias que cada caso amerite.
Artículo *113. El apoyo para la obtención de empleo se concretará a la canalización a las instituciones que puedan emplearlos.
Artículo *114. La Procuraduría General de Justicia del Estado, por el conducto idóneo, impulsará el debido cumplimiento de todas las disposiciones de este Capítulo.
Artículo *115. Dentro de los procesos penales que se instruyan bajo su competencia, los agentes del Ministerio Público vigilarán escrupulosamente que los derechos de la víctima u ofendido del delito no sean violentados y, en caso de que esto ocurra, deberá de levantar la denuncia o querella para su debida atención y efectos conducentes.
Artículo *116. Los apoyos médico, social o laboral que se mencionan en este Capítulo, solamente se proporcionarán a quienes se encuentren en los supuestos siguientes:
I. Carezcan de recursos económicos, lo que se acreditará mediante el estudio socioeconómico correspondiente;
II. No tengan derecho a los beneficios que otorgan las instituciones de seguridad social, y
III. No tengan el carácter de beneficiarios de algún seguro de responsabilidad civil que cubra los rubros que prevé este Capítulo.
*SECCIÓN 5
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO
DE LOS SERVICIOS Y ASISTENCIA
Artículo *117. El Ministerio Público en términos del artículo 125 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, deberá informar a la víctima o al ofendido desde su primera intervención en la investigación, de los derechos que en su favor establece el artículo 20, apartado A y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, la legislación penal del Estado y demás ordenamientos aplicables a la materia.
En particular, en los casos de delitos en los cuales las víctimas u ofendidos sean de escasos recursos, los Agentes del Ministerio Público informarán a los denunciantes o querellantes de los servicios y asistencia que prestan las Unidades Regionales y si fuere el caso lo canalizará a la Unidad Regional que corresponda según el domicilio de la persona.
Artículo *118. De solicitarse los servicios y asistencia, deberá ser por escrito o verbal según la urgencia, debiendo en cualquier caso dejar constancia por escrito. El Agente del Ministerio Público, procederá de inmediato a comunicarlo al área de trabajo social de la Unidad Regional que corresponda a fin de que ésta se aboque a obtener la información conducente para determinar si se encuentran reunidos los requisitos para otorgar los apoyos correspondientes.
Artículo *119. Recibida por el área de trabajo social de la Unidad Regional, la información documental y demás datos que resulten indispensables, se resolverá acerca de la procedencia del otorgamiento de los servicios y asistencia solicitados atendiendo a lo establecido en este Capítulo, lo cual se notificará al Ministerio Público y a la víctima o al ofendido.
Cuando se trate de víctimas u ofendidos de delitos violentos, a juicio del Ministerio Público de Protección Especial, se concederán de inmediato los beneficios económicos del Fondo Económico para la Restauración y Protección Especial de las Víctimas y Ofendidos del Delito, cumpliendo los lineamientos respectivos y aplicables.
Artículo *120. En caso de que se determine que la conducta no sea delictuosa y se hayan realizado erogaciones por parte del Fondo Económico para la Restauración y Protección Especial de las Víctimas y Ofendidos del Delito, la Procuraduría informará de ello a la persona que recibió los beneficios para que proceda a definir la forma en que se reintegrarán los recursos recibidos al Fondo, en la inteligencia de que los mismos se recuperarán tomando en cuenta las posibilidades económicas del beneficiario.
Artículo *121. Cuando se advierta falsedad en la información proporcionada por el solicitante el Agente del Ministerio Público de Protección Especial, podrá suspender cualquier apoyo y beneficio otorgado, sin perjuicio de deducir en contra de aquél el financiamiento de las responsabilidades correspondientes.
Artículo *122. Los recursos económicos y materiales para el otorgamiento de los beneficios contemplados por este Capítulo correspondientes al ámbito competencial de la Procuraduría, serán proporcionados por conducto del Fondo para la Restauración y Protección de las Víctimas y Testigos del Delito, siempre y cuando éste cuente con capacidad para otorgarlos. Tratándose de los beneficios y servicios que deban prestarse en materia de salud y asistencia social, le corresponde a las instituciones públicas en el área de salud y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos, el otorgamiento oportuno de los servicios que se requieran.
*SECCIÓN 6
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL
Artículo *123. Para efectos de los servicios de protección especial, el Ministerio Público de Protección Especial que corresponda, apreciará la gravedad del riesgo teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
I. Tipo y características de la información brindada;
II. Actos de represalia o intimidación realizados o que sean susceptibles de producirse;
III. Vulnerabilidad de víctimas, ofendidos, testigos y demás sujetos procesales que requieran de la protección especial, y
IV. Situación personal y procesal de la persona que aporta la información.
Artículo *124. El Ministerio Público que lleve la investigación deberá solicitar la intervención al Ministerio Publico de Protección Especial adscrito a la Unidad Regional para que de manera inmediata se avoque a tomar las medidas necesarias para la protección de los sujetos que le indican. Debiendo hacer el Ministerio Público de Protección Especial, la evaluación de amenaza y riesgo de la persona que necesita ser protegida y determinar en qué rango de peligrosidad se encuentra, atendiendo a lo establecido por este Capítulo.
De ser el caso, notificará al Ministerio Público de manera reservada la introducción de la persona protegida al Programa de Protección y el nivel de seguridad aplicable, asentándose en el libro de actas respectivo. Una vez admitido en el Programa de Protección la comunicación e intervenciones judiciales se harán en presencia tanto del Ministerio Público investigador como el Ministerio Público de Protección Especial.
Artículo *125. Corresponde al Ministerio Público de Protección Especial, de oficio o a instancia del interesado, adoptar las medidas de protección previstas en este Capítulo y en los manuales respectivos, siempre que no se haya judicializado la investigación. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio Público de Protección Especial y sus Auxiliares en toda circunstancia deben controlar la correcta ejecución de las medidas de protección, adoptando o solicitando a la autoridad judicial, de ser el caso, las medidas que correspondan.
Artículo *126. Una vez finalizado el procedimiento de colaboración eficaz y, en su caso, el proceso penal que se inició a raíz de la información que proporcionó la persona protegida, el Ministerio Público de Protección Especial tiene a su cargo la decisión de mantener o hacer cesar las medidas de protección, haciéndose la anotación respectiva en el Libro de actas.
Artículo *127. Las medidas de protección especial que pueden adoptarse son las siguientes:
I. Protección policial, que puede incluir la designación de personal policial permanente en su domicilio o en sus desplazamientos cotidianos, el cambio de residencia a un lugar no conocido, el traslado de la persona protegida a un local o vivienda especial y, de modo general, la ocultación de su paradero para todos los efectos;
II. Reserva de la identidad de la persona protegida en las diligencias en que intervenga, a través de la asignación de una clave secreta, que sólo será de conocimiento de la autoridad que imponga la medida y de la Unidades Regionales, u otras medidas que se tengan al alcance, para evitar que conste en las actas respectivas el nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, así como cualquier otro dato que pudiera servir para la identificación de la persona protegida;
III. Intervención de la persona protegida en las diligencias en que deba participar personalmente, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal;
IV. Utilización de procedimientos, mecánicos, magnéticos o tecnológicos, tales como videoconferencias u otros medios adecuados, cuando dichos medios estén disponibles. Estas medidas se adoptarán para evitar que se ponga en peligro la seguridad de la persona protegida, cuando se conoce su identidad y siempre que lo permita la preservación del derecho de defensa de las partes en el proceso penal;
V. Señalar como domicilio para citaciones o notificaciones la sede del Ministerio Público competente;
VI. Facilitación de los medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo, en circunstancias excepcionales y de especial gravedad. Corresponderá al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Procuraduría General de Justicia del Estado decidir a solicitud del Ministerio Público de Protección especial estas medidas excepcionales, mediante resolución motivada, aprobada por el Subprocurador General, de los recursos que puedan utilizarse. A estos efectos, en el primer caso, se cursará oficio -estrictamente reservado- a las autoridades competentes para la entrega de los nuevos documentos de identidad, mediante un procedimiento secreto a cargo de la Unidad Regional correspondiente y, en el segundo caso, se hará entrega a la persona protegida del dinero respectivo según los procedimientos reservados que expida la persona titular de la Procuraduría, cuidando la Unidad Regional del correcto uso del mismo según los fines que determinaron el apoyo económico;
VII. Ubicación del colaborador que se encuentre recluido en un establecimiento penitenciario, en un ambiente que garantice su seguridad e integridad física, y
VIII. Protección de los derechos laborales de conformidad con la legislación vigente.
*SECCIÓN 7
DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN
Artículo *128. Los niveles de seguridad para las personas protegidas, como resultado de la evaluación de amenaza y riesgo, son los siguientes:
Máximo: Es la especial sujeción de la persona protegida al control absoluto del Programa de Protección, en consecuencia sus actividades las debe realizar dentro de un espacio sujeto a los procedimientos de seguridad desarrollados para su caso particular;
Medio: Es aquel en que la persona protegida puede realizar actividades extramurales, pero sometido a la orientación y a los sistemas de seguridad que disponga el Programa de Protección, y
Supervisado: Cuando el involucrado ha sido reubicado por ser factible reiniciar su vida normal. Las acciones de protección consistirán en una labor de gestión y monitoreo en materia de seguridad.
Artículo *129. El procedimiento de protección será establecido para cada caso y deberá ser evaluado permanentemente para efectos de implementar las medidas necesarias para su eficacia.
*SECCIÓN 8
DE LOS COMPROMISOS Y DERECHOS QUE ADQUIEREN LAS PERSONAS PROTEGIDAS
Artículo *130. Las personas que soliciten ser protegidas o que deban serlo conforme lo establece el presente Capítulo e ingresen al Programa de Protección, deberán suscribir el Acta de Compromiso que contendrá el marco de referencia al que se someten, los términos de ejecución de la protección y los servicios de asistencia que se brindarán.
Artículo *131. A Las personas que han sido afectadas por un hecho criminal o que han sido testigos del mismo y que ingresen al Programa de Protección se les garantizará como mínimo el desplazamiento desde la zona de riesgo, asistencia psicológica, atención médica, servicio odontológico, otros traslados requeridos, orientación legal y en su caso apoyo en el proceso de reubicación.
*SECCIÓN 9
CAUSALES DE EXCLUSIÓN Y EXTINCIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Artículo *132. Las personas protegidas serán excluidas del Programa de Protección por los siguientes motivos:
Negarse injustificadamente a colaborar con la procuración y administración de justicia;
Incurrir en conductas que contravengan las disposiciones dictadas por el personal autorizado de la Unidad Regional, y
Negarse a cooperar con los planes, programas y proyectos tendientes a lograr su reubicación social.
Artículo *133. Cuando la persona protegida renuncie voluntariamente al Programa de Protección, o haya sido excluida del mismo, se evaluarán las solicitudes de reincorporación por disposición expresa del Director General de Investigaciones y Procesos Penales, siempre que se trate de hechos nuevos.
Artículo *134. La decisión de exclusión y la de aceptación de la renuncia de la persona protegida, será tomada por el Director General de Investigaciones y Proceso Penal dentro del término máximo de los cinco días siguientes a la materialización del hecho que la motiva, mediante acta donde se consignen las causas y condiciones.
Las decisiones serán comunicadas al interesado y a quien hizo la solicitud de protección.
Artículo *135. Son causales de extinción de la aplicación del Programa de Protección, las siguientes:
El término de 2 años transcurridos desde la muerte del imputado, y
El cese de las amenazas o de su situación de riesgo por un lapso comprobado y continuo de 1 año.
PRIMERO.- Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano oficial del Gobierno del Estado de Morelos.
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
TERCERO.- Se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 14 de marzo de 2001.
CUARTO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Reglamento.
*QUINTO.- Las Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales de la zona Metropolitana y Oriente, una vez creadas, remplazarán a las actuales Direcciones Generales de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales de dicha zona, extinguiéndolas.
REFORMA VIGENTE.- Reformado por Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4876 de fecha 2011/03/09. Vigencia: 2011/03/10. Antes decía: Las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas y procedimientos penales y las Coordinaciones de Control de Procesos seguirán operando en tanto subsistan las Averiguaciones previas o procedimientos penales que se rigen por el Código de Procedimientos penales, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3820 del 09 de octubre de mil novecientos noventa y seis.
SEXTO.- Las averiguaciones previas y procedimientos penales que se tramitan en los municipios de Yautepec, Tlayacapan y Tlalnepantla, se turnaran para su integración y seguimiento a la Subprocuraduría Oriente, una vez que entre en vigencia el presente Reglamento;
SÉPTIMO.- El Procurador resolverá las cuestiones que no se encuentren previstas en este Reglamento.
OCTAVO.- En tanto se expiden los manuales respectivos, el Procurador queda facultado para resolver las cuestiones de procedimiento y operaciones que se originen por la aplicación de este Ordenamiento.
NOVENO.- La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en el ámbito de su competencia, atenderá la Ley Estatal de Delincuencia Organizada, hasta en tanto esta tenga vigencia.
DÉCIMO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado, contará con su propio tabulador de salarios, independientemente al que maneja el Gobierno del Estado para su administración central de acuerdo a lo establecido en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional. El cual deberá ser aplicado a partir de la publicación de este Reglamento.
DÉCIMO PRIMERO.- Los manuales de organización y de políticas y procedimientos deberán adecuarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles, y en tanto se expidan dichos manuales seguirán vigentes los anteriores.
DÉCIMO SEGUNDO.- Tratándose de ilícitos referentes a las Delincuencia Organizada la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales tendrá competencia de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley general de la materia.
DÉCIMO TERCERO.- El Procurador General de Justicia del Estado deberá expedir el manual o lineamientos referentes a la cadena de custodia, en un término de noventa días hábiles a partir de la publicación del presente Reglamento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del Estado de Morelos, el día 30 del mes de marzo del dos mil nueve.
DR. EN DERECHO JOSÉ FRANCISCO CORONATO RODRÍGUEZ
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS.
POEM No. 4749 DE 2009/10/21
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- El Procurador General de Justicia del Estado de Morelos resolverá las cuestiones que no se encuentren previstas en el presente Decreto.
CUARTO.- En tanto se expiden los manuales respectivos, el Procurador General de Justicia del Estado de Morelos queda facultado para resolver las cuestiones de procedimiento y operaciones que se originen por la aplicación de este Ordenamiento.
QUINTO.- Los manuales de organización y de políticas y procedimientos deberán adecuarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles, y en tanto se expidan dichos manuales seguirán vigentes los anteriores.
*SEXTO.- Derogado.
OBSERVACIÓN GENERAL.- Derogado por Artículo Segundo Transitorio del Decreto s/n publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4876 de fecha 2011/03/09. Vigencia: 2011/03/10. Antes decía: Las Direcciones Generales de Averiguaciones Previas y Procedimientos Penales ejercerán las atribuciones conferidas a las Direcciones Generales de Investigaciones y Procesos Penales, en tanto se autoriza la estructura orgánica y otorgan los nombramientos respectivos a los titulares de dichas Direcciones Generales.
SÉPTIMO. La Dirección General de Investigaciones y Procesos Penales de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales ejercerá las atribuciones establecidas en el artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, en tanto existan averiguaciones previas y procesos penales que se rijan por el Código de Procedimientos Penales publicado en el Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 3820, del nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis.
OCTAVO. Las Coordinaciones de Control de Procesos seguirán operando en el nuevo sistema de justicia penal.
POEM No. 4876 DE 2011/03/09
SEGUNDO.- Se derogan el Transitorio Sexto del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4749 de fecha 21 de octubre de 2009, así como las demás disposiciones administrativas de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- En tanto se expiden los manuales respectivos, el Procurador queda facultado para resolver las cuestiones de procedimiento y operaciones que se originen por la aplicación de este Decreto.
CUARTO.- Los manuales de organización y de políticas y procedimientos deberán adecuarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles, y en tanto se expidan dichos manuales seguirán vigentes los anteriores.
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Los manuales de organización y de políticas y procedimientos deberán adecuarse en un plazo no mayor a 90 días hábiles, y en tanto se expidan dichos manuales seguirán vigentes los anteriores.
4690 Tercera Sección “Tierra y Libertad”
word -> Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 20
 artículo 133
 artículo 125
 artículo 20
 artículo 133
 resolución 
 artículo 123
 artículo 29