Source: http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos
Timestamp: 2018-02-19 03:57:42+00:00

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El anuncio de la expropiación del 51% de las acciones de YPF S.A. al grupo Repsol por parte del Estado Nacional despertó grandes ilusiones y una fuerte adhesión en amplios sectores de la sociedad. Esto está ligado a la significación y el valor –tanto real como simbólico- que YPF, como empresa productiva nacional, ha tenido y tiene para los legítimos anhelos emancipatorios del pueblo argentino.
Sin embargo, la ley recientemente sancionada por el Congreso Nacional no garantiza la satisfacción de las legítimas aspiraciones que ha suscitado en la sociedad. El anuncio se realiza cuando nuestro país se encuentra sumergido en una profunda crisis energética, producto de años de saqueo de nuestros bienes naturales, de nuestro petróleo y nuestro gas. De este modo, superado por la coyuntura que él mismo provocara, el gobierno de Cristina F. de Kirchner reaccionó una vez más de manera espasmódica, tomando la parte por el todo. La anunciada “reconquista” de YPF adolece así de sustanciales errores para cumplir con las metas que dice proponerse, puesto que no contempla los aspectos estructurales de la cuestión energética y carece de una mirada estratégica de mediano y largo plazo.
Por lo tanto, una estrategia de desarrollo energético, inmersa en una mirada más global y de largo plazo, debería tener en cuenta y actuar en favor de, la integración de estos tres elementos. Ello es así porque la conformación de la matriz energética influye en los diferentes subsistemas: como insumo productivo, como bien de consumo, como recurso natural estratégico y símbolo de soberanía económica y política, en fin, como bien común, de carácter inalienable, base de un modelo de desarrollo verdaderamente sustentable.
Esto no significa desconocer las urgencias coyunturales, pero estas no deben convertirse en el vector privilegiado de las políticas públicas argentinas, tal como ha venido sucediendo hasta ahora. Más bien, éstos deberían ser tratados desde una mirada estratégica de mediano y largo plazo, que contemple los aspectos estructurales de la cuestión energética con una visión de defensa de los intereses nacionales y de la comunidad.
I. Privatización y vaciamiento de YPF
Desde Plataforma 2012, creemos que así como no es posible minimizar la actual responsabilidad del gobierno nacional en la política de vaciamiento de YPF, no es posible hacer tabula rasa del pasado, respecto de las responsabilidades políticas en relación a la privatización y desregulación del sector petrolero. No podemos soslayar que los Kirchner se encuentran entre los principales actores de la privatización de YPF.
Olvidarse de ello implicaría consumar un nuevo acto de desmemoria, para avalar el discurso pretendidamente refundacional del actual gobierno.
a-Las consecuencias de la privatización de YPF
Debido a que YPF siempre supo ser un baluarte de la soberanía económica del país, el gobierno de Menem era consciente de que la privatización no sería fácil, por lo cual requería contar con la mayor cantidad de aliados posibles para no entorpecer la marcha de su proyecto enajenador. De hecho, operó para que las provincias productoras de petróleo apoyaran con sus senadores y diputados el proyecto a cambio de un acuerdo extrajudicial con cada provincia para terminar un litigio que estaba en la Corte Suprema de Justicia, donde las provincias reclamaban el pago de regalías presuntamente mal liquidadas.
Este problema se originaba en demandas presentadas por algunos estados provinciales, reclamando el pago de regalías que no correspondían a los porcentajes, valuación del petróleo y fecha de esa valuación fijados por la ley 17.319. Era técnicamente imposible que la demanda prosperara, porque los términos de la ley eran categóricos y así lo entendió el Procurador del Tesoro, quien afirmó en un extenso dictamen, que los pagos se habían efectuado conforme a derecho y que las provincias no tenían nada que reclamar. Los expedientes no tuvieron un trámite preferencial de ningún tipo y estaban virtualmente paralizados en el Alto Tribunal. Pese a todo ello, fue la excusa de Carlos Menem y Néstor Kirchner para negociar un acuerdo, que luego suscribirían otros mandatarios provinciales.
Las consecuencias sociales, económicas y territoriales del proceso de privatización de YPF fueron enormes: hacia adentro, éste se tradujo en un proceso de destrucción de las economías regionales y de descolectivización social.
YPF, nacida en las primeras décadas del siglo pasado, fue un testimonio contundente del uso de los hidrocarburos como recursos estratégicos al servicio del crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo. No por casualidad se constituyó en un modelo que adoptaron otros países de América Latina. Durante más de 70 años, con momentos de avances y retrocesos, YPF manejó toda la cadena hidrocarburífera, con el objetivo del abastecimiento interno de combustibles baratos y abundantes, acompañando el desarrollo de la industria nacional y garantizando un acceso igualitario a la energía.
El modelo social desarrollado por YPF sintetizaba, como ninguna otra empresa productiva del Estado, las garantías y oportunidades del Estado social argentino (derechos sociales, protección social, bienestar general), a través de una extensa red social que –diferencias mediante- incluía todas las categorías laborales.
La “reestructuración” encarada en los años `90 implicó el cuasi desmantelamiento de la actividad económica de amplios sectores de la comunidad, cuyos servicios estaban orientados tanto a la empresa como al personal de YPF. El proceso de privatización implicó el claro pasaje de un modelo de economía regional (que aún, con todas sus deficiencias, implicaba altos niveles de integración social, territorial y económica), al modelo de economía de enclave, dependiente de los centros globales, que lejos está de generar encadenamientos endógenos relevantes o beneficiar el desarrollo integral de la región. Dichos enclaves de exportación hoy están consolidados en todo el campo de la extracción y explotación de nuestros bienes naturales (megaminería e hidrocarburos).
Este proceso enajenador de nuestro patrimonio, además de otorgar grandes negocios a las empresas privadas, implicó también un posicionamiento ideológico sobre el papel que se le atribuyó a los recursos naturales en el modelo neoliberal: un commodity exportable y sin valor estratégico para la satisfacción de las necesidades de la Argentina ni para la defensa de sus bienes naturales.
El desmantelamiento acelerado de YPF produjo el colapso de los marcos sociales y laborales de aquellas comunidades que crecieron y se desarrollaron bajo el amparo de la mayor empresa productiva del Estado.Las ventas de los activos de YPF ubicados en todo el territorio nacional generaron el despido de 39.000 trabajadores, quedando sólo en actividad 7.000, con una apreciable disminución de la calidad y seguridad de la explotación de los yacimientos y refinerías, imposible de sustituir por los adelantos técnicos.
Al igual que en otros casos (por ejemplo, SOMISA, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires), la ausencia de una planificación y una estrategia de reconversión económica hizo que parte de las indemnizaciones desembocara en emprendimientos comerciales individuales (kioscos, remiserías) o fuera destinada al consumo y adquisición de bienes (compra de automóviles, casas). Poco tiempo después, los negocios bajaron las cortinas; parte de los bienes fueron vendidos, y la desocupación trepó a tasas muy superiores en relación al resto del país.
Otra estafa consumada han sido las acciones de propiedad participada, adeudadas a los ex-trabajadores de YPF, luego de la desnacionalización operada en 1997, lo cual ha sido motivo continuo de innumerables reclamos y acciones legales, sin que hasta el día de hoy se haya resuelto la situación en favor de los ex-trabajadores.
No es casual que, en el marco de este conjunto de procesos y ligado a la existencia de una fuerte tradición laboral, fuera en Cutral Có y en Gral Mosconi que a partir de 1996 y 1997, al calor de las puebladas, emergieran los primeros piqueteros y agrupaciones de desocupados. En el centro de esta acción había fuertes contra-discursos que exigían una “reparación histórica” y que aludían, por encima de las diferencias en las trayectorias laborales y de las jerarquías sociales, a una misma experiencia de descolectivización.
b-La consumación del saqueo
El modo de utilización de los recursos naturales no renovables, expresado en un verdadero saqueo, es uno de los problemas menos comentados de la privatización petrolera. La caída de reservas, producto de la falta de inversión y exploración, no es algo nuevo, ya que estuvo presente desde el comienzo de la desregulación. Después de privatizada YPF, y cuando estaba en plena operatividad la política desregulatoria, comenzaron a caer los niveles de reservas de hidrocarburos. En la década de los noventa el número de pozos exploratorios se redujo sustancialmente al tiempo que la producción y las exportaciones de crudo crecieron notablemente (la relación reservas/producción pasó de 13 años en 1990 a 9,8 años en 2001).
Como las cifras privadas con que se cuenta en la actualidad no resultan confiables y la Secretaría de Energía nunca ejerció el control del mercado de hidrocarburos, es necesario hacer una auditoría de reservas, extracción e inversiones de todas las concesiones para saber la realidad de lo que tenemos y las posibilidades que se pueden considerar en el futuro.
En cualquier caso, según los propios estados contables de YPF al 31 de diciembre, la producción de petróleo cayó el 3,6% en 2010 y la de gas casi 8%. También la información disponible señala que las reservas probadas de petróleo de YPF representan sólo el 35% de las que compró Repsol en junio de 1999, cuando había declarado tener 1517 millones de barriles: hoy ésta sólo declara 531 millones de barriles de reservas probadas.
Las reservas de petróleo continuaron disminuyendo después del ingreso -patrocinado por el actual gobierno- del Grupo Petersen a la empresa, en febrero de 2008. La disminución de reservas coincide con un descenso de la producción declarada por YPF de 120 millones de barriles en 2007, hasta 107 millones en 2010. Así, se estima que YPF produjo en 2011, 100 millones de barriles de petróleo. La mayoría de las petroleras que operan en la Argentina tuvieron bajas.
Algo parecido ocurría con las reservas probadas de gas natural, ya que a fines de 1998, YPF había declarado ante la SEC 10,3 billones de pies cúbicos que equivalían a reservas por 20 años. Según el último dato informado por la compañía, de aquellas reservas sólo quedó el 24%. Desde la incorporación de Petersen la reducción fue del 28% desde los 3,7 billones de pies cúbicos (2007) hasta 2,5 billones (fines 2010).
La distribución arbitraria, al servicio de la máxima ganancia, de utilidades de la empresa es una de las la explicaciones principales de la aceleración de su vaciamiento en los últimos años. Entre 2003 y 2007 Repsol había repatriado el 97% de las utilidades de la empresa. Pese a esta conocida situación el gobierno promovió la incorporación del grupo Petersen con un contrato societario que obliga a los accionistas a distribuir el 90% de las utilidades anuales y de allí reduce sustancialmente el financiamiento para inversión. Con este mecanismo, para comprar el 14,9% de YPF la familia Eskenazi desembolsó apenas US$ 100 millones y se valió de un préstamo bancario y otro de la propia Repsol para adquirir la participación, que en ese entonces estaba valuada en US$ 2235 millones. Entre 2008 y 2010, la petrolera ganó $ 12.916 millones y repartió $ 14.906 millones, que su nuevo socio privado utilizó para pagar el financiamiento de su incorporación a la empresa.
En estos años, los vencimientos de los préstamos se fueron cubriendo con el flujo de fondos que aportaba la distribución de dividendos de YPF. Desconocemos cómo seguirá la situación de Petersen, principal socio hoy del Estado en YPF. Pero es evidente que este modo peculiar de “argentinizar” el capital accionario de YPF es un antecedente más de la errática, errónea e ineficaz política del gobierno hacia la empresa y en materia energética. También es un ejemplo claro de su modo discriminatorio en su relación con los agentes privados. Pero además, abre interrogantes sobre el modo en que se seguirán cumpliendo los compromisos del grupo Petersen, que todavía es deudor de Repsol en un monto que se publicita en cerca de US$ 1900 millones.
ll- Algunos problemas estructurales relevantes
1-La principal fuente de abastecimiento energético continúa siendo la producción de hidrocarburos y no hay un desarrollo adecuado de fuentes energéticas alternativas;
2-La extracción de hidrocarburos está fuertemente concentrada en manos de empresas trasnacionales cuyos intereses estratégicos trascienden las necesidades del país;
3- Las reservas de petróleo y de gas vienen descendiendo sistemáticamente y han alcanzado niveles críticos, en un contexto internacional de alto riesgo en cuanto a precios y condiciones de abastecimiento;
4- El consumo doméstico de energía mantiene un ritmo sostenido de crecimiento, con tasas superiores al propio crecimiento del PBI y de la población, mostrando así un marcado proceso de “intensificación” del uso de energía en el conjunto de la sociedad.
5-No existe una clara identificación de las fuentes de financiamiento y captación de los recursos necesarios para las inversiones destinadas a sostener el ritmo de crecimiento de la demanda energética, lo que implica cuestiones tales como la apropiación y destino de la renta petrolera o los esquemas tarifarios
6- No están definidas las reglas de juego que debe imponer el estado para el funcionamiento de los mercados y la articulación entre los sectores privado y público en función del bien común.
7-No hubo ni se conocen inversiones adecuadas destinadas a expandir la generación eléctrica y el sistema se encuentra hoy día en una situación operativa límite como para afrontar la demanda máxima de generación en horas pico.
8-Los ejercicios prospectivos disponibles señalan que aun con escenarios de crecimiento económico menores a los registrados en los últimos años, el aumento esperado de la demanda de energía primaria implicará restricciones adicionales sobre las reservas disponibles de hidrocarburos, en un contexto de evidente retracción de las inversiones en exploración y desarrollo de áreas.
9-La pérdida del autoabastecimiento energético implica serias dificultades en razón de las condiciones de alta inestabilidad en el acceso a fuentes foráneas de abastecimiento y la tendencia de precios en alza que caracteriza los mercados mundiales de petróleo y gas.
10-Las inversiones de las empresas petroleras en exploración y desarrollo de áreas de explotación de hidrocarburos se redujeron a niveles mínimos, a pesar del contexto internacional de precios en fuerte crecimiento y el incremento experimentado por la renta petrolera generada en el país.
11-La retracción de las inversiones no se debe tanto a falta de rentabilidad o de estímulos provocados por medidas de regulación de precios internos, sino fundamentalmente a que las empresas petroleras orientaron sus inversiones al desarrollo de áreas geográficas de mayor potencial ubicadas fronteras afuera del país, en consonancia con una estrategia de expansión transnacional.
12- La acción estratégica en el área no puede replicar la política pasada cuyo objetivo era sustituir petróleo (recurso no renovable y relativamente más escaso) por gas natural; antes bien, se requiere aumentar la disponibilidad de hidrocarburos y mayor utilización de fuentes energética basadas en recursos renovables.
13- La experiencia indica que no puede esperarse que esta estrategia surja por acción del mercado y de decisiones aisladas de las empresas privadas, pero tampoco de las políticas del gobierno que aparecen como respuestas extemporáneas o compulsivas frente a las emergencias en el corto plazo, que no implican una redefinición estratégica en el sector ni tampoco lineamientos concretos acerca del desarrollo futuro del sector energético en su conjunto.
En este campo, la gestión de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner estuvo signada por la improvisación, la visión de corto plazo; por el manejo de los operadores del sector mediante una política de subsidios; por las concesiones arbitrarias; por las licitaciones poco claras para favorecer a empresarios amigos y afines; por el desaliento a la actividad hidrocarburífera local y la discrecionalidad en la toma de decisiones.
a-El caso Enarsa
Un ejemplo claro de lo anterior y que debe llamar a la reflexión acerca de los vaivenes e improvisaciones en la materia, es la creación de una empresa estatal (Energía Argentina SA – ENARSA) en el 2004, con el objeto de “llevar a cabo el estudio, exploración y explotación de los Yacimientos de Hidrocarburos sólidos, líquidos y/o gaseosos, el transporte, el almacenaje, la distribución, la comercialización e industrialización de estos productos y sus derivados directos e indirectos….”. Para ello, se le otorgaba “la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones “ al tiempo que “ejercerá la titularidad imprescriptible sobre todos los recursos que descubra y sobre los yacimientos y reservas que se recuperen como consecuencia de rescisiones contractuales dispuestas por incumplimientos a la ley 17.319, los que no podrán ser concesionados nuevamente”.
A ocho años de su creación el incumplimiento de los objetivos es más que evidente. La principal función de la empresa estatal ha sido operar en la importación de hidrocarburos financiadas con aportes del tesoro nacional. Esto no sólo muestra el carácter errático de la política oficial en la materia, sino también pone de relieve que no se trata sólo de disponer de una empresa con participación estatal. Esto no es un fin en sí mismo y no puede concebirse como un instrumento aislado, sino como parte de una política energética integral y coherente. No sólo es cuestión de buenas ideas o de una declaración de intenciones, sino también de objetivos claros y prácticas consistentes, lo cual hasta el momento ha estado ausente.
b- La pérdida del abastecimiento
Bajo el gobierno de los Kirchner, la Argentina perdió el autoabastecimiento y de forma desordenada salió a importar faltantes que crecen a tasas exorbitantes y por montos que se harán insostenibles. En 2006, el país tenía un saldo de balanza comercial energética positiva de 5600 millones de dólares. En 2011 se volvió fuertemente negativa.
Si bien no existen auditorías confiables de la matriz energética, puede arriesgarse que en el actual estado en que se encuentra la producción, el consumo y la exportación, los niveles de reservas de gas y petróleo llegan como máximo a (aproximadamente) 10 años y 7 años respectivamente, cuando a fines de la etapa de la YPF estatal llegaban a 36 y 16 años respectivamente. Esto pese a que, antes de la privatización, YPF había realizado importantes tareas en materia exploratoria que habían incrementado considerablemente las reservas disponibles, pero al momento de la valuación de la empresa para su transferencia las reservas existentes fueron fuertemente subvaluadas con la consiguiente subestimación de los valores de mercado de los activos a transferir.
Paralelamente, continuó cayendo la producción de hidrocarburos en el país. La caída estimada de 2011 respecto de 2010 es de cerca de 4,5% en gas natural y más de 8% en petróleo.
Así, una primera conclusión nos advierte acerca de que la reciente expropiación del 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de Repsol implica una evidencia emblemática de la crisis energética que caracteriza la economía argentina desde hace años y de las erradas políticas públicas que se vienen sucediendo en el área.
III: Análisis de la ley de expropiación
¿Por qué, si la ley de expropiación de YPF es considerada de carácter estratégico, el gobierno no aceptó modificar ni siquiera una coma del proyecto original enviado por el poder ejecutivo?
¿Qué sentido cobran el debate parlamentario o la discusión pública si éstos se asientan sobre la sordera persistente de un gobierno que no atina a reconocer responsabilidades pasadas ni a escuchar las voces y reclamos, incluso de aquellos sectores que históricamente han sostenido la defensa y recuperación de nuestros bienes comunes?En los últimos años, fueron presentados varios proyectos de estatización de YPF, donde ya se planteaba la preocupación por el vaciamiento hidrocarburífero y energético y se proponían soluciones de fondo, que fueron ignoradas, siguiendo las indicaciones del Poder Ejecutivo de no discutir y votar sin modificaciones el proyecto oficialista. Sin duda, dichas cuestiones dan cuenta de graves problemas relativos al funcionamiento institucional del país.
Por otro lado, ¿constituye la expropiación del 51% del paquete accionario de YPF una primera medida “reparatoria”, a partir del cual resulte posible revertir 20 años de privatización y vaciamiento, encaminándonos hacia una política de autoabastecimiento, de soberanía energética y de desarrollo verdaderamente sustentable, tal como lo presenta, con un discurso épico, el gobierno de Cristina F. de Kirchner?; ¿Qué cambia respecto de la política energética vigente hasta ahora la expropiación del 51% de las acciones de YPF?
Creemos que existen sólidos argumentos que colocan un manto de dudas en este sentido, teniendo en cuenta las enseñanzas históricas, las acciones llevadas hasta aquí por el actual gobierno nacional, así como la complejidad ya señalada de los problemas energéticos en el país. Por ejemplo, no hay cambio alguno del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos; no asistimos a una verdadera estatización de la empresa; no existe una propuesta de largo plazo que apunte a la diversificación de la matriz energética; estamos lejos de asistir a una explicación en cuanto a las responsabilidades del gobierno en el proceso de privatización, a las reprochables medidas tomadas hasta aquí y al reciente vaciamiento de la empresa, entre otros tantas cuestiones importantes.
Esta preocupación surge del análisis de importantes aspectos problemáticos de la ley, que acaba de ser aprobada ampliamente por ambas Cámaras.
Estos aspectos no pueden considerarse como meras cuestiones formales ni mucho menos como descuidos, dada la experiencia que ya contamos en dicha materia. Tampoco podemos minimizar el hecho -públicamente conocido- de que el gobierno ha sido asesorado en este tema por un personaje como el ex ministro Roberto Dromi, uno de los principales responsables del proceso privatizador en el país bajo los gobiernos del ex-presidente Carlos Menem.
La propuesta del gobierno que el Parlamento transformó en ley presenta numerosos problemas, entre ellos:
a) Qué significa la expropiación del 51%
Se expropia el 51 % de YPF, tomando posesión exclusivamente del 89 % de las acciones pertenecientes al grupo Repsol, que quedaría siendo propietaria de sólo el 6 % del total de YPF. ¿Por qué se eligió este camino para “nacionalizar” la empresa, tal como se pregona? La experiencia desde la privatización de YPF señala que la conversión de las empresas del Estado en sociedades anónimas fue el primer paso para privatizar no solo YPF, sino también Gas del Estado, Segba, etc.
Hay que recordar que cuando en 1990 comenzó el proceso de desestatización de la empresa YPF con el Decreto 2.778/90, la misma fue convertida en Sociedad Anónima. Bajo esta forma societaria fue que se aprobó en aquel momento un plan de transformación global de la empresa en el que se definieron las líneas de acción para la privatización, previendo la venta de activos y la creación de asociaciones de actividades upstream (exploración y explotación) y downstream (refinación, transporte y comercialización).
Para ello, las distintas unidades de negocios fueron privatizadas por separado. La mayoría de las áreas propiedad de YPF (tanto las centrales como las marginales) y el resto de los activos, en gran medida se adjudicaron a los mismos agentes privados que integraron algunos de los consorcios adjudicatarios de Gas del Estado, Agua y Energía, Hidronor y Segba. De este modo, en los hechos se promovió un mercado energético fuertemente concentrado y altamente integrado vertical y horizontalmente, con pocos actores que participan en distintos eslabones de la cadena energética.
También es oportuno recordar que la Ley 24.145 de septiembre de 1992 estableció las principales condiciones para la privatización de YPF y, en principio, el Estado reservaba para sí el 51% de las acciones, pero sucesivas modificaciones a la Ley terminaron autorizándolo a reducir sus tenencias a una sola acción (golden share). Así, Repsol pasó a controlar la casi totalidad del paquete accionario de YPF, sin que ninguna de sus operaciones fuera revisada desde los distintos organismos regulatorios del sector, consolidándose la concentración de la producción petrolera y el elevado grado de oligopolización en refinación.
Por lo tanto, la figura de la sociedad anónima es en sí misma un símbolo de la privatización, no ha sido positiva en el pasado y abre interrogantes sobre el futuro de la empresa y el control estatal en materia de hidrocarburos.
Las explicaciones dadas por el gobierno para esta elección son variadas y poco consistentes. Entre las principales, se señala que el 51 % era lo necesario para asumir el control de la empresa, por lo que sería innecesario ir más allá de esa cantidad. También que Repsol era el grupo responsable de la dirección que había adoptado la empresa por lo que sería de una mayor injusticia expropiar a quienes no habían dirigido la empresa a su vaciamiento. Se llegó incluso a escuchar en los debates parlamentarios, por parte de legisladores oficialistas, que se tomó esta decisión porque no se tenía una idea precisa del paquete accionario en manos del grupo Petersen, y que sí se la tenía acerca del grupo Repsol. Se afirmó, incluso, que como la expropiación genera conflictos se reducirían los mismos al afectar a un solo grupo empresario, en este caso Repsol.
Todo esto es muy discutible. Por un lado, es más que evidente que el grupo Repsol no es el único responsable del curso adoptado por la empresa, en tanto no hay constancias de que los directores del grupo Petersen se hayan opuesto a la distribución de dividendos (más bien, eran los primeros interesados porque su adquisición de acciones dependía de créditos que serían luego pagados con los propios dividendos). Por otro lado, al Estado le cabe una gran responsabilidad en el reconocido vaciamiento de la empresa. Por último, es ridículo argumentar que no se conocía el paquete accionario de algunos en particular porque se podría expropiar a todos incluso ignorando exactamente la naturaleza de la composición. Quinto, quedan dudas acerca de si con esta expropiación no se está liberando al grupo Repsol de su responsabilidad en el vaciamiento de la empresa y habilitándolo para cobrar indemnizaciones luego de que se llevó las utilidades de la empresa por años, vació su capital y no realizó inversiones.
En cualquier caso, resulta llamativo que no se establezca cuál es el destino de las acciones expropiadas, lo cual puede ser un elemento importante frente a probables reclamos de quienes se consideran damnificados por la medida. Tampoco está establecido el precio de la expropiación, que debería determinarse atendiendo a la real situación patrimonial, previa auditoria de sus Estados Contables por parte de la Auditoria General de la Nación, la revisión del cumplimiento de las concesiones otorgadas a la Sociedad; la auditoria de las reservas; etc. Nada indica que esto se vaya a hacer.
Dicho esto, es relevante discutir si el modelo de Sociedad Anónima con participación privada puede ser útil en esta instancia en vistas del objetivo declarado de lograr el autoabastecimiento en recursos hidrocarburíferos, el control público de estos recursos, entre otras cuestiones. Más aún cuando bajo esta forma societaria se realizaron todas las maniobras que hoy se denuncian como “vaciamiento”. En síntesis, no hay argumentos sólidos para explicarle a la ciudadanía por qué la supuesta “nacionalización” de YPF no se hace bajo la forma de una empresa del Estado.
Para que se entienda cabe hacer notar que bajo la actual forma societaria, y como muestra la historia, los socios privados tienen derecho a la distribución de utilidades y esto supone un límite a la capacidad del estado de utilizar YPF como un engranaje de la política energética. Más aún cuando se anuncia que la empresa debe salir a buscar nuevos socios porque el Estado se declara de inicio sin capacidad para sostener su expansión.
La figura de la SA también crea otros problemas. Si el Estado Nacional quisiera dejar de cotizar en la Bolsa de Nueva York no podría hacerlo porque el Estatuto le exige la mayoría del 75% de las acciones con derecho a voto. Si quisiera cambiar las normas referentes a la constitución del directorio, requiere el 66% de las acciones según el Estatuto. De hecho, ni siquiera puede afirmarse que tiene quórum propio para sesionar en primera convocatoria, en tanto la Ley 19.550 (de sociedades) exige la presencia del 60% de las acciones.
En síntesis, el porcentaje expropiado no es suficiente para tener el completo control de la empresa y más bien refleja la pretensión del gobierno de seguir realizando con la empresa operaciones que en el pasado dieron pésimos resultados.Más bien, es una decisión consciente para liberar al Poder Ejecutivo de controles de las instituciones democráticas y de la ciudadanía en general para permitirle seguir funcionando en gran medida como lo hizo YPF hasta aquí y con los penosos resultados conocidos. Si realmente se quisiera cumplir con el objetivo declarado de nacionalización y control de la empresa el Estado necesitaría más acciones o, mejor aún, otro modelo de empresa.
b) Cesión de acciones a las provincias
Tal como está la ley, se entiende que la secuencia a seguir para la expropiación es la siguiente. Primero el Estado Nacional expropia el 51% de las acciones clase D correspondientes a Repsol; luego cede (¿gratuitamente?) la propiedad del 49% de ese 51% a las provincias productoras que lo “deseen” y de acuerdo con la proporción de sus producciones (¿Cómo serán medidas?). Los derechos políticos del 51% expropiado serán ejercidos conjuntamente por un pacto de sindicación de acciones y se prohibiría la transferencia futura de acciones (¿sólo las expropiadas?) sin autorización conferida por los dos tercios de los miembros (se supone que presentes) del Congreso.
Lo anterior indica que, más allá del discurso público, si se atiende sólo al texto de la ley, se detectan muchas imprecisiones sobre estos procesos claves de la supuesta “nacionalización” de YPF. En primer lugar, no está dispuesta expresamente la gratuidad de la cesión, por lo que conforme a la redacción bien puede ser una cesión no gratuita a las provincias. Este texto habilitaría al Poder Ejecutivo Nacional a vender las acciones a las provincias que lo deseen, en el límite, a ejercer presión de todo tipo para negociar con las mismas el traspaso. No es menor recordar que las provincias fueron oportunamente presionadas por el gobierno de Menem para vender el 12 por ciento de las acciones de YPF que Menem les concedió.
El segundo punto confuso se refiere a la titularidad de las acciones. En el artículo 8º dispone: “La reglamentación deberá contemplar las condiciones de la cesión asegurando que la distribución de acciones entre las provincias que acepten su transferencia se realice en forma equitativa…”. El artículo 9º aclara: “(El PEN ejercerá los derechos políticos sobre la totalidad de las acciones sujetas a expropiación) hasta tanto se perfeccione la cesión de los derechos políticos y económicos correspondientes a ellas a la que se refiere el artículo anterior” y luego “La cesión de los derechos políticos y económicos de las acciones sujetas a expropiación que efectúe el Estado nacional a favor de los Estados provinciales… contemplará el ejercicio de los derechos accionarios correspondientes a ellas en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”. La pregunta inmediata es: ¿por qué no se estableció expresamente que se trata de la “la cesión de la titularidad” o de la “propiedad” o “de las acciones”?
Asimismo, un tema no menor es la composición de la distribución del 49% de las acciones expropiadas que establece el proyecto de ley. Para promover un verdadero federalismo, las provincias no petroleras deberían tener algún nivel de participación. Así se cumpliría con el sentido de la nacionalización al que se alega y que claramente no expresan las medidas hasta aquí tomadas.
En suma, no está claro cómo se ha de instrumentar la composición accionaria entre la Nación y las provincias. Lo que sí está claro es que la figura de la SA no es la más adecuada y abre muchos interrogantes hacia futuro. Si realmente se pretende nacionalizar la empresa y transformarla en un instrumento potente para la política energética del país, hay que conformar una sociedad del estado, y en todo caso garantizar el total poder del Estado en la toma de decisiones.
c) La consolidación del extractivismo depredatorio
El artículo 3 ilustra la consolidación del extractivismo depredatorio, como “modelo de maldesarrollo” del país, algo que en medio del entusiasmo generalizado que produjo la medida, ha sido muy poco contemplado, incluso en las críticas de algunos sectores de la oposición.
En primer lugar, en su inciso a), se declara como principio la “promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados…” lo cual colisiona con toda la legislación nacional e internacional sobre Cambio Climático (suscripta por la Argentina) y de promoción de Energías Alternativas. Se promueve “el empleo” de combustible fósil, principal responsable del efecto invernadero.
Contra la opinión de muchos que festejan un futuro promisorio en la materia, nos resulta muy preocupante la incorporación de los hidrocarburos no convencionales como uno de los principios del proyecto de ley. El gas de esquisto o shale gas es equivalente a la megaminería a cielo abierto, hoy muy cuestionada tanto en nuestro país como en otras latitudes y sobre cuyos efectos nocivos para el país se ha pronunciado Plataforma 2012 (Véase nuestro segundo pronunciamiento sobre el tema de la megaminería en Argentina, febrero de 2012). De hecho, la extensión de este tipo de metodología, denominada “fracturación hidráulica”, y el fuerte impacto social y ambiental que genera, ha venido produciendo múltiples cuestionamientos, que han conllevado su total prohibición en Francia (en 2011), así como la suspensión y moratoria en diferentes regiones de Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica.
Atento a las gravísimas y probadas consecuencias socio-ambientales de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, nuestro país debe previamente realizar un debate amplio y verdaderamente democrático, para decidir si es posible o no promover este tipo y modalidad de explotación. La relación amistosa del gobierno con las multinacionales que siguen trabajando en la mega-minería a cielo abierto abre muchas dudas sobre las alianzas y negocios que se piensa hacer desde YPF en la materia.
Preocupa aún más todo esto, si tenemos en cuenta que el recientemente designado presidente de YPF, sostuvo que perseguirá el objetivo de “ser el primer experto mundial en el rejuvenecimiento de yacimientos marginales, líder en el desarrollo de recursos no convencionales” y exportadores de servicios profesionales para el “desarrollo de proyectos de downstream (refinación de combustibles y derivados, en la jerga del sector) en toda América latina”.
Asimismo, como ya hemos señalado, la apuesta por la explotación del gas no convencional significa consolidar una matriz energética dependiente de los hidrocarburos (cada vez más escasos, y con mayores riesgos ambientales), cuando la vía a escoger debería apuntar a la diversificación de nuestra matriz energética, en pos de modelos alternativos y realmente sustentables.
Por último, desde Plataforma 2012, propugnamos una visión que contemple la resignificación de nuestros bienes naturales, no sólo como recursos estratégicos (lo cual habilitaría el establecimiento de “áreas de sacrificio”), sino como “bienes comunes” que garantizan y sostienen las formas de vida en un territorio determinado. El concepto, muy generalizado en el espacio de los movimientos sociales latinoamericanos y del pensamiento crítico, viene a contrarrestar la visión utilitarista de los bienes de la naturaleza como mercancía, como “recursos” para las actividades económicas, lo cual implica el desconocimiento del resto de sus atributos -que no pueden representarse mediante un precio de de mercado, incluso aunque algunos lo tengan-. Entendemos así que la denominación “bienes comunes” excede a la de recursos naturales, ya que estaría considerando también su valor simbólico, de existencia y de legado.
d) El artículo 12 y la denuncia de pasivos ambientales
Como se indicó, un tema que queda pendiente y que seguramente dará lugar a controversias, es el precio a pagar por la expropiación. Este es un tema sobre el cual el Estado argentino debería tener un criterio sólido formado, porque de lo contrario puede verse seriamente perjudicado y con ello el conjunto de la sociedad.
Por ejemplo, y a pesar de declaraciones periodísticas, no existe ninguna disposición sobre los pasivos ambientales (tanto el daño ambiental colectivo como los daños particulares a través del ambiente) producidos por el accionar de Repsol.
Si estos pasivos ambientales sólo son usados para reducir el precio de expropiación, estos daños terminan siendo socializados, es decir, trasladados colectivamente a la sociedad. Además, el pasivo ambiental de Repsol debe incluir (tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 28 de la ley 25.675) la recomposición ambiental o – en caso de ser técnicamente imposible- el pago de la indemnización sustitutiva al Fondo de Compensación Ambiental.
Todo esto sin perjuicio del inmediato inicio de acciones penales ambientales por la violación de los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Nacional 24.051 (Residuos Peligrosos) que establecen delitos ambientales de orden público (es decir, no es facultativo el inicio de acciones penales, deben ser iniciadas de oficio). También debe investigarse penalmente el accionar u omisiones de los funcionarios públicos, tanto nacionales como provinciales, que debieron controlar ambientalmente el accionar de la empresa petrolera
Además, en este campo, nos topamos una vez más con el cinismo del gobierno, ya que los funcionarios públicos nacionales y provinciales y los Estados también deberían ser condenados -civil y penalmente- por no controlar la contaminación ambiental. Por ejemplo, las ciudades del norte de Santa Cruz (Koluel Kaike, Pico Truncado, etc.) tienen problemas con la provisión de agua debido a la contaminación petrolera.
Ni que hablar del caso de Loma de la Lata, en Neuquén, que es uno de los mayores casos probados de contaminación petrolera. Como han afirmado las comunidades mapuches afectadas:
“Hoy la hipocresía de los gobernantes de turno utiliza nuestras denuncias de contaminación y pasivos ambientales para sacar ventaja de Repsol y pareciera que esta fuera la única culpable. Pero pregunto, mientras Repsol YPF contaminaba a gran escala, como siempre, las comunidades denunciamos, el estado nacional, provincial con la legislación, leyes y autoridad de aplicación que garantizarían el buen funcionar, sano de la actividad extractiva, ¿dónde estaba? Hoy se llenan la boca hablando de daños, contaminación y pasivos ambientales. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es lo nuevo? Si siempre lo supimos y ellos estuvieron ausentes. ¿Y para quiénes serían las sanciones? Quedará seguramente en la duda de todos y en los bolsillos de pocos”.
e) Potestades del poder ejecutivo
El artículo 14: “Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional y al interventor de YPF SA designado por éste, a adoptar todas las acciones y recaudos que fueran necesarios, hasta tanto asuma el control de YPF SA, a fin de garantizar la operación de la empresa, la conservación de sus activos y el abastecimiento de hidrocarburos.”
Aquí nos topamos con reiterados problemas institucionales que le han traído serios problemas al funcionamiento de la democracia argentina y que están en el centro de la explicación del vaciamiento de YPF. Según la Constitución, para ser válida toda delegación de facultades legislativas hacia el Poder Ejecutivo, debe cumplir con dos requisitos: i) Que se fije un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas; ii) Que se ejerzan dentro de las bases de la delegación que el Congreso debe establecer. El Congreso no puede entregar su competencia, sino que debe establecer con toda claridad los límites y condiciones bajo los cuales estas atribuciones serán ejercidas temporalmente.
En el caso en cuestión, la delegación estipulada en el art. 14 es totalmente imprecisa y hasta podría afirmarse que equivale a la ausencia total de bases de delegación. No se trata de un tema menor sino que involucra el propio funcionamiento de las instituciones democráticas y la continuidad de una política que tras la fachada de la urgencia de los temas, y con la complicidad de una buena parte de la oposición parlamentaria, , engrosa la concentración de poder político y económico en el país.
f) Carencia de control público
El artículo 15 del proyecto establece que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) “seguirá funcionando como una sociedad anónima abierta”… “no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el estado nacional o los estados provinciales tengan participación”. Aquí, algo que llama poderosamente la atención, es la similitud entre este artículo y el art. 6 de la Ley 24.145 de privatización de YPF…
Esta disposición cuestiona el propio carácter de “nacionalización” o “estatización” de la empresa, en tanto cualquier sociedad con participación estatal mayoritaria ya sea en el capital o en la formación de la voluntad societaria, es parte del sector público, aún cuando no esté constituida como tal en los términos de la ley de sociedades. Así, puede afirmarse que, al igual que el proceso de privatización de la década del noventa, esta ley busca que el poder político evada los controles que corresponden a este tipo de sociedades, entre otros la ley de obras públicas (Ley 17.064), el régimen de contrataciones del estado (Decreto 1023/01, puesto que requiere su incorporación expresa ya que, de otro modo, no es aplicable per se a sociedades del estado), el régimen de información pública (Decreto 1172/03), la ley de procedimientos administrativos (Ley 19.549), ley de ética pública (Ley 25.188), etc. Tampoco se ejercería el control de la SIGEN, pese a que en declaraciones públicas los propios interventores estatales en YPF reconocieron que es necesaria la auditoría de este organismo..
Asimismo, es sabido que ya se iniciaron negociaciones con varias empresas multinacionales como la Chevron, Exxon Mobil, Total o empresas de origen chino. Desde Plataforma nos preguntamos si las “uniones” y “acuerdos” con otros grupos multinacionales extranjeros -diferentes a Repsol pero con intereses propios, igual de distantes de los intereses de nuestro país- y la participación de otras empresas privadas en YPF, constituyen realmente un camino para lograr la soberanía petrolera y energética.
Al igual que en las privatizaciones de los años noventa o tantas otras medidas de “necesidad y urgencia” el argumento esgrimido señala la razonabilidad de algunas de estas exclusiones dado que el estricto régimen de contrataciones del estado podría conspirar contra la celeridad requerida por la actividad comercial de YPF. Esto, dicho por un gobierno que no fue capaz de controlar a la empresa hasta aquí, ni tampoco de aplicar las normas de control. Por el contrario, creemos que esta es una de las explicaciones centrales del formato elegido para la empresa, sociedad con participación estatal mayoritaria, en tanto están excluidas del régimen del Decreto 1023/01.
Lo que debería haberse hecho es reemplazar la redacción del artículo 15 del proyecto para incluir plenamente a YPF S. A. en el sector público nacional (artículo 8 inciso b) de la Ley de Administración Financiera) con las consecuencias que la propia ley prevé para éstas (inclusión en el presupuesto y control por parte de la SIGEN y la AGN). Por lo mismo, y dado que la empresa queda bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, debería quedar explícita su inclusión en el ámbito de aplicación del Reglamento General de Acceso a la Información Pública (art. 1º del Anexo VII, Decreto 1172/2003) y de la Ley de Procedimientos Administrativos (conf. art. 1º de dicha ley de acuerdo con la interpretación citada de la Corte Suprema), a la Ley de Obras Públicas (17.064), que es de aplicación obligatoria al realizarse las obras con fondos del tesoro nacional.
La falta de control que cuestionamos se ve agravada por la complementariedad del artículo 15 con el art. 17 del proyecto, que prescribe que: “A fin de cumplir con su objeto y los fines de la presente, YPF Sociedad Anónima acudirá a fuentes de financiamiento externas e internas y a la concertación de asociaciones estratégicas, joint ventures, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos de asociación y colaboración empresaria con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras.”
Este artículo es clave para comprender que las medidas tomadas por el gobierno dificultan – o, más bien, van en sentido contrario- de la soberanía energética de nuestro país y aleja la “argentinización” de la expropiación. Este artículo no sólo reafirma que YPF seguirá operando con criterios bastante parecidos al pasado y promoverá la incorporación de capitales transnacionales sin que esté claro bajo qué criterios. La experiencia pasada abre serios interrogantes acerca del tipo de “negocios” que se piensa encarar con la empresa, más aún cuando se trata de un gobierno que se caracteriza por su pretensión de apoyar capitales amigos del poder político.
Las facultades sumamente amplias otorgadas al Poder Ejecutivo hablan de la falta de contralor, lo cual es perjudicial para la transparencia de la gestión y la propia credibilidad de la empresa, habilitando un amplio margen de discrecionalidad a espaldas de la ciudadanía.
Lo anterior es más urgente a poco que se piense que el propio gobierno es responsable del vaciamiento que denuncia. Si este gobierno, en 9 años, no fue capaz de advertir, controlar o impedir a tiempo el vaciamiento, ¿por qué deberíamos otorgarle ahora la discrecionalidad de uso del patrimonio de YPF?
Por último, frente a tal circunstancia, no podemos soslayar las últimas declaraciones de la presidenta en relación a los trabajadores petroleros, a quienes culpa por la caída de la producción en el sector. Como ya lo hiciera con los docentes (en su discurso de inauguración del año parlamentario), se enfrenta con los trabajadores, que son el pulmón y el corazón de la actividad hidrocarburífera, pretendiendo engañar a la sociedadotra vez con el argumento de que son una aristocracia obrera que cobra sueldos por encima del resto de los trabajadores, ocultando que tienen un plus por riesgo y condiciones adversas de trabajo. ¿Será acaso que el Gobierno pretende tentar a los múltiples socios extranjeros con los que negocia actualmente, en base a ofrecer “mano dura” para con los trabajadores petroleros?
g) No hay modificaciones del marco regulatorio vigente.
Vale recordar que la privatización y desregulación del sector petrolero se estructuró en torno a tres ejes: i) desregulación sectorial; ii) segmentación de YPF antes de su privatización y venta de las nuevas unidades de negocios; y iii) transferencia de la petrolera estatal al sector privado. Entre 1989 y 1991 una serie de decretos y resoluciones fijaron los criterios básicos y profundizaron el proceso de desregulación tendiente a la privatización final de YPF. La ley no altera muchos de los elementos del régimen jurídico de los hidrocarburos vigentes desde hace dos décadas, hecho que explica por qué se llegó a esta situación como resultado de lo realizado por el conjunto de las firmas que operan en el sector (no sólo Repsol YPF) con la anuencia del Estado.
¿Cuáles son las claves del marco regulatorio vigente? Recordemos que el decreto 1055/89 establece la desregulación del sector y permite la conversión de los contratos de locaciones por contratos de concesión habilitando la extensión de los plazos de concesión de 20 años (para las áreas de interés secundario) a 25 años (para las áreas de recuperación asistida). El decreto 1212/89 establece la libre disponibilidad del crudo, la libre importación y exportación del recurso, la liberación total de los precios en todas las etapas de la producción, permitiendo a su vez la libre capacidad de refinación, de instalación y titularidad de bocas de expendio.
Este decreto en su momento suspendió la vigencia de los artículos 25 y 34 segundo párrafo de la Ley Nro 17.319, habilitando la conversión de los contratos preexistentes y eliminando la prohibición de la tenencia de más de 5 concesiones de explotación o más de 5 permisos de exploración a un mismo operador. El Decreto 1589/89, pese a que fuera parcialmente derogado en lo relativo a la libre disponibilidad de las divisas en hasta un 70% en el exterior, aún sigue vigente para temas como la determinación de los contratos de explotación, la preferencia de compra de gas, disposiciones de comercio exterior, tipo de cambio, restricción a la importación, intercambio de petróleo crudo y concesiones de transporte. No puede haber cambios sustanciales en la política energética si estos decretos no son derogados y así alterado el marco regulatorio.
IV-Lineamientos para una estrategia de desarrollo energético para la Argentina
Por todo lo expuesto previamente, son muchos los interrogantes que quedan abiertos en la política energética oficial y en la reciente expropiación de parte del capital accionario de YPF. Desde Plataforma 2012 consideramos que estos interrogantes deberían ser rápidamente resueltos para que de una vez por todas el Estado argentino recupere su capacidad para llevar adelante una política energética al servicio de los intereses del país y consistente con un modo de desarrollo económico verdaderamente sustentable.
En ese sentido, entendemos que sigue ausente una estrategia integrada para abordar la cuestión energética que debería considerar, entre otros aspectos, los siguientes:
-Aumentar la apropiación estatal de la renta petrolera, en la perspectiva de su estatización total y carácter auténticamente federal, esto es, con participación de todas las provincias.
- Recrear una empresa pública de hidrocarburos que actúe como testigo y promueva su integración con las otras empresas estatales de América Latina.
-Promover un mayor nivel de exploración y desarrollo de áreas hidrocarburíferas convencionales;
-Diversificar la matriz energética, en vistas de romper con la dependencia exclusiva del patrón energético basado en la extracción de hidrocarburos;
-Promover el desarrollo de energías alternativas no contaminantes (energía eólica y solar; someter a una discusión colectiva otras energías posibles, como aquellas basadas en los biocombustibles).
-Gestionar la demanda de energía mediante un uso más racional de la misma.
-Crear un único ente regulador de la energía que sea responsable del conjunto de actividades de regulación y control de todo el mercado energético nacional con participación de trabajadores y usuarios.
-Incorporar nuevas regulaciones a la propiedad del conjunto de las empresas y grupos empresarios que operan en los distintos segmentos del mercado energético, de modo de introducir competencia en todo lo que resulte técnicamente posible.
-Instrumentar un Sistema de Información Energética en todos los eslabones de la cadena del sector.
-Realizar una estricta auditoría, tanto en el campo petrolero como en el gasífero, sobre las reservas comprobadas y establecer rígidas restricciones a la relación exportación/reservas.
-Llevar a cabo un debate amplio y verdaderamente democrático acerca de la posibilidad o no de extraer gas y petróleo no convencional, atento a sus gravosas consecuencias ambientales y territoriales.
-Elaborar Planes Estratégicos para el sector energético en su conjunto con la finalidad de conocer las necesidades futuras de inversión y prever la ejecución de obras que aseguren el abastecimiento interno.
-Establecer que las empresas productoras de gas y petróleo, públicas y privadas, destinen un porcentaje de sus inversiones en el segmento up stream a actividades de exploración con independencia de la duración de las reservas comprobadas de sus yacimientos.
-Integrar en la problemática regulatoria del mercado energético, y de cada una de las cadenas, una visión dinámica de la incorporación del desarrollo científico-tecnológico en los distintos servicios públicos privatizados, recuperando o preservando el poder de decisión del Estado en la materia.
- Avanzar en la conformación de un plan de formación de recursos humanos, dada la destrucción del aparato administrativo del Estado, la cual ha sido particularmente intensa en el sector energético.
-Priorizar el normal abastecimiento del mercado interno a largo plazo con la producción nacional, antes que la exportación, garantizando el auto-abastecimiento, la protección de los derechos e intereses de los usuarios, y su acceso a tarifas y precios que contemplen el interés social.
-Derogar toda norma que permita la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos en nuestros territorios y lanzar un Plan de Auditorías energéticas para impulsar el uso racional del petróleo y su sustitución por recursos energéticos de tipo renovable y no contaminante.
-Evitar (y sancionar severamente) daños ambientales asociados a la exploración y explotación hidrocarburífera.

References: artículo 8
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 41
 artículo 28
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15