Source: http://registrocivildetodos.blogspot.com/2015_04_01_archive.html
Timestamp: 2017-05-22 19:10:42+00:00

Document:
No a la privatización del Registro Civil: abril 2015
Los secretarios judiciales se ofrecen para gestionar el Registro Civil
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ha solicitado una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la intención de ofrecerse para la gestión del Registro Civil, según ha informado la portavoz de la asociación Verónica Escurra.
La agrupación considera que el cuerpo de secretarios judiciales puede encargarse del impulso del servicio, contando con el apoyo de los funcionarios de la Administración de Justicia. El proyecto necesitaría de la implementación de mejoras tecnológicas destinadas a mejorar la eficacia y la rapidez de respuesta del Registro.
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales se ha felicitado por el abandono de la iniciativa que dejaba la gestión en manos de los registradores mercantiles y de la propiedad. Ha destacado que adolecía de una evidente falta de consenso y suponía una privatización encubierta del servicio.El Sindicato de Secretarios Judiciales valora como una noticia positiva el anuncio realizado por el Ministro de Justicia de estar buscando alternativas a la transferencia del Registro Civil, prevista para el mes de julio, a oficinas privadas dependientes de registradores mercantiles.Según un comunicado emitido por SISEJ Sin duda, las movilizaciones e iniciativas sociales en defensa de un Registro Civil público y gratuito, en que el SISEJ ha participado activamente junto a otros colectivos ciudadanos, profesionales, sindicales y políticos, han influido decisivamente en la reflexión que, acertadamente y de modo responsable, ha efectuado el Ministerio de Justicia.Consideran que, de cara a la próxima legislatura, los poderes públicos deben realizar un esfuerzo para ofrecer a la sociedad española, desde el máximo consenso, el Registro Civil público, gratuito, electrónico y eficaz que llevamos años reclamando, retomando el proceso modernizador iniciado con la Ley 20/2011.El Sindicato de Secretarios Judiciales apoyará plenamente la modernización del Registro Civil sobre estas bases de compromiso con el servicio público. SISEJ reitera la plena disponibilidad y capacidad del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales para asumir su dirección de forma rápida y sencilla, para que el Registro Civil continúe en el ámbito de la Administración Pública.Finalmente, creen oportuno mostrar su público reconocimiento a todas las organizaciones, asociaciones y colectivos profesionales, sindicales, sociales, plataformas de trabajadores públicos, grupos parlamentarios y otras fuerzas ciudadanas que se han movilizado en defensa de un Registro Civil de todos y todas. Telecinco, 28.04.2015
Sisej, 25.04.2015
Justicia derogará las leyes que vinculan el futuro Registro Civil a los registradores
El Ministerio de Justicia ha anunciado hoy que derogará todas las leyes que se promulgaron esta legislatura para favorecer el traspaso del Registro Civil a los registradores de propiedad y mercantiles.
Fuentes ministeriales han explicado a Efe que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha trasladado la noticia a los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG que esta mañana han asistido a la mesa sindical del sector.
En la reunión, el ministro ha anunciado que próximamente se procederá a derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de la gestión a los registradores.
Se trata del real decreto que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, así como la Ley de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.
Según las fuentes, no tiene sentido seguir adelante con las normas que preparan el terreno a los registradores, cuando se acaba de abrir un proceso de negociación con todas las partes implicadas en busca de "alternativas y soluciones compartidas" para el Registro Civil.
El objetivo es alcanzar "el mayor grado de consenso" en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario de la norma aprobada en 2011 que obliga a la desjudicialización de los registros.
Al respecto, Catalá ha reclamado esta tarde en el Pleno del Senado a los partidos políticos "soluciones y alternativas" para la reforma del Registro Civil, una vez que Justicia anunció el pasado viernes su decisión de revisarla con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios.
Justicia, además, ha renunciado al 15 de julio como la fecha prevista de entrada en vigor de la norma aprobada en 2011, por lo que se introducirá una vacatio legis para ampliar el plazo, aunque antes estudiará la propuesta de los sindicatos que abogan por fijarlo, al menos, hasta julio o diciembre de 2016.
“No estoy atado a nadie”, asegura el ministro de Justicia al anunciar el abandono del modelo que ha defendido los últimos siete meses.
Catalá insiste en que no quiere ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales y habla de traspasarlo a ayuntamientos o comunidades autónomas.
El Gobierno renuncia a ceder la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles y de la Propiedad. “No estoy atado a nadie”, les ha asegurado esta misma mañana el ministro Rafael Catalá a los sindicatos de funcionarios de Justicia tras anunciarles que prorrogará lavacatio legis de la ley del Registro Civil de 2011 un año más. Será, por tanto, el tercer aplazamiento que sufre la entrada en vigor de la norma. El pasado día 21 el titular de Justicia comunicaba al decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, la “paralización” de la reforma del Registro Civil. Tres días más tarde, Catalá confirmaba el“abandono” del 15 de julio como fecha para el traspaso a los registradores del Registro Civil e incluso del “modelo” diseñado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que él mismo había continuado con algunas variaciones. Pero los términos difusos en que se hizo hecho pública la decisión no acallaban las sospechas de los sindicatos, radicalmente contrarios a la privatización del Registro Civil, y de los propios registradores, muchos de ellos opuestos a la cesión.
Ahora el ministro aclara que la renuncia a los registradores es definitiva. Y que se derogarán las disposiciones adicionales del real decreto 8/2014 y de la Ley 18/2014 que se referían al Registro Civil, a su cesión a los registradores mercantiles y de la Propiedad, al uso de una plataforma informática única para unos y otro, y que fijaban el 15 de julio como fecha para el traspaso de la gestión. También se ha ampliado una semana más el plazo de presentación de enmiendas al proyecto de ley de reforma del Registro Civil, que terminará decayendo, ha explicado el ministro a los sindicatos.
“Vamos a partir de cero”, resumió gráficamente el ministro, según explica a infoLibre el secretario general del sector de Justicia de CCOO, Ramón Alvaré. Rafael Catalá reiteró el sinsentido de seguir adelante conuna reforma que no cuenta con el respaldo de ninguno de los sectores implicados y confesó que había sido “incapaz de explicar” a la opinión pública que la cesión de los registradores no implica la privatización del Registro Civil. Mientras repetía en sus declaraciones públicas que los trámites iban a seguir siendo gratuitos para los ciudadanos cuando el Registro Civil estuviera en manos de los registradores mercantiles, el ministro negociaba en una comisión mixta con el Colegio Oficial las condiciones del traspaso, entre ellas el cobro por expedir libros de familia o inscribir poderes, por ejemplo.
Sobre el futuro modelo, basado en la “desjudicialización” del Registro Civil a que obliga la ley de 2011 –ahora lo gestionan jueces y funcionarios de Justicia–, sólo adelantó su rechazo a ceder el Registro Civil a los secretarios judiciales, pese a que este gremio se ha ofrecido a gestionarlo. En su lugar, no descartó estudiar la posibilidad de que se hagan cargo del Registro incluso los ayuntamientos –citó a los secretarios municipales–, o las comunidades autónomas. Dependerá de la fase de diálogo y negociación que el ministro pretende abrir ahora con sindicatos, partidos políticos y profesionales.
Los sindicatos, por su parte, le pidieron una vacatio legis de dos añosy volvieron a reclamar más inversiones en las 8.120 oficinas del Registro Civil. Pero Catalá remitió esta última cuestión a las negociaciones que comenzarán en una fecha aún no fijada.
Infolibre, 28.04.2015
La Junta de Andalucía subraya que era "un grave error" ceder los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles La Junta de Andalucía ha calificado como "un grave error" la decisión emprendida por el Gobierno de la Nación en 2014 —siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón— de ceder los registros civiles a los registradores de la propiedad y mercantiles, una "privatización encubierta" en la práctica, e "incompatible con la gratuidad". En una nota difundida este sábado por la Delegación del Gobierno de la Junta en Córdoba, el Ejecutivo autonómico ha reaccionado así a la decisión del Ministerio de Justicia —actualmente dirigido por Rafael Catalá— de revisar y y no llevar adelante esa cesión. Al hilo, la Junta ha remarcado que ya son cinco las enmiendas del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, a "decisiones claves" de su antecesor; en alusión a la ley del aborto, la ley de tasas, la reforma de los partidos judiciales y la reducción de aforados. Respecto a la medida de los registros civiles, desde la Junta se subraya que "todos los sectores jurídicos y profesionales del Derecho en España se han manifestado en contra de la referida encomienda", asegurando que los propios registradores habían trasladado al Ministerio que "no podían asumir las funciones del Registro Civil sin cobrar por los asientos e inscripciones de los ciudadanos en el Registro o sin una compensación económica del Gobierno". De esta forma, para la Junta, el motivo de esta marcha atrás "puede deberse a que se acercaba inexorablemente la fecha del 15 de julio en que los registros debían pasar a los registradores, y no se había avanzado nada, al ser incompatible la prometida gratuidad con la cesión a los registradores", así como por que los jueces, secretarios judiciales, sindicatos y todas las asociaciones profesionales se habían manifestado "en contra" de la medida. Sin embargo, ha insistido en que el Gobierno, no obstante, "no renuncia" a continuar con la reforma del Registro Civil emprendida por el anterior Gobierno socialista, que aprobó "con amplio acuerdo parlamentario" la Ley 20/2011 de 21 de Julio del Registro Civil, que preveía entre otras cuestiones "la desjudicialización de los Registros Civiles, y que estas oficinas públicas dejaran de depender de los juzgados".
20minutos.es, 25.04.2015
El Ministro de Justicia anuncia a las organizaciones sindicales que no entregará a los Registradores la gestión del Registro Civil
Una vez más, para CCOO se demuestra que la lucha por los derechos es útil; que cuando se mantiene, cuando se comparte y no se da por perdida, SIEMPRE hay posibilidad de no perder derechos, de recuperarlos o de conquistarlos
Aunque la reunión sobre el Registro Civil estaba convocada para la tarde de ayer, a la que CCOO había exigido la presencia del ministro por escrito, éste se presentó en la reunión que se estaba celebrando por la mañana del 28 de abril y HA ANUNCIADO: 1º) Que el Gobierno derogará las disposiciones adicionales relativas a la privatización del Registro Civil del RD-ley 8/2014 y la Ley 18/2014. Lo hará mediante la presentación de enmiendas a la Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Anularán también las disposiciones relativas a los Registradores de asuntos relacionados con el Registro Civil, entre ellos, la regulación de la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia contenida en el Proyecto de Ley de Nacionalidad de los sefardíes, así como el uso de la plataforma electrónica de los registradores para la tramitación de los expedientes de nacionalidad y el cobro de aranceles de los Registradores por las actuaciones derivadas de los expedientes de nacionalidad, tal y como solicitó CCOO a los grupos parlamentarios que presentasen enmiendas en ese sentido. 2º) Ampliará la entrada en vigor de la Ley 20/2011 al menos hasta julio o diciembre de 2016, e incluso estudiará la propuesta de los sindicatos de llevar la vacatio legis hasta julio de 2017. Sin embargo, la Ley 20/2011 pervivirá inalterada, es decir, sin atribuir al personal de la Administración de Justicia la llevanza de los Registros Civiles, sin mantener dentro de nuestra Administración los Registros Civiles, y con una fuerte reducción de su número. Nuestra lucha consistirá ahora en cambiar la Ley 20/2011 en estos aspectos.
CCOO ha exigido al ministro de Justicia que acepte nuestro modelo de Registro Civil, que es y va a ser inalterable: Un Registro Civil gratuito y público, servido por el personal de la Administración de Justicia y siendo los encargados los secretarios judiciales. Lo que se debe negociar es la mejora de las infraestructuras tecnológicas y las mejoras de los medios materiales y personales, pues nuestra apuesta es la más sólida: tenemos los edificios, el personal de Justicia con alta cualificación y las miles de oficinas de Registro Civil (8.122 en toda España) para dar el mejor servicio a la ciudadanía. Sin perjuicio de lo anterior, para CCOO es un logro HISTÓRICO el haber obligado al Gobierno a RETIRAR SU PRIMER INTENTO DE PRIVATIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Un logro de los trabajadores/as, de diversas plataformas y colectivos sociales y profesionales, de la ciudadanía en general. UN LOGRO también de CCOO que NUNCA se resignó a la privatización, que planteó todo tipo de enmiendas a los proyectos de ley, de denuncias judiciales ante los tribunales españoles; que ejerció el derecho de petición ante el Parlamento Europeo y que, también logró que el Congreso aceptara la ILP que presentó contra la privatización del Registro Civil y que, en menos de un mes, superó las 100.000 firmas. Porque para ganar esta lucha no basta con hacer hojas informativas de consumo interno, mostrando simplemente el rechazo a la privatización del Registro Civil, hacía falta actuar, estar la movilización junto con los trabajadores y emprender acciones audaces, como ha hecho CCOO. Sólo se pierden las batallas que se abandonan.
GRACIAS AL ESFUERZO DE MILES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LOS REGISTROS CIVILES EN ESA RECOGIDA DE FIRMAS.
El Ministerio de Justicia inicia una ronda de contactos con el sector para consensuar el nuevo modelo de Registro Civil El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido hoy con los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, STAJ, ELA-STV y CIG para abordar la reforma del Registro Civil. Este encuentro de trabajo ha servido para que los representantes de los trabajadores del sector de Justicia pudieran conocer de primera mano cuál es la voluntad del Ministerio y para escuchar sus propuestas y sugerencias sobre el futuro del Registro. El objetivo es alcanzar el mayor grado de consenso en la elaboración de la reforma legislativa que cumpla con el mandato parlamentario que obliga a la desjudicialización de los registros. El ministro Catalá ha anunciado que próximamente se procederá a derogar el Real Decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la llevanza de los registros a los registradores mercantiles, la Ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes. Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro de Justicia ha tendido de nuevo la mano a los partidos políticos y ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil. El Ministerio de Justicia anunció el pasado viernes su decisión de revisar la reforma con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos. El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos. La intención del Ministerio de Justicia es continuar con el proceso de reformas iniciado, que incide en la necesaria desjudicialización de los registros, sacando su gestión del ámbito judicial, pero a través del diálogo, el consenso y la participación de los profesionales, y abiertos siempre al planteamiento de cualquier tipo de alternativas.
Ministerio de Justicia, 28.04.2015
Coalción Canaria aplaude la medida de frenar la privatización del Registro Civil
La candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de La Palma y portavoz del grupo de CC en El Cabildo insular, Guadalupe González Taño, ha aplaudido este lunes, 27 de abril, “la decisión de frenar la reforma del Registro Civil, una medida que será oficial previsiblemente este martes”, señala en un comunicado. No obstante, se añade en la nota, el grupo de CC en el Cabildo mantiene su intención, tal y como anunció hace varias semanas, de presentar este martes una moción ante el Pleno para instar al Gobierno central a que no se lleve a cabo la modificación de la ley”.
González Taño informó de que este martes se reunirá el grupo de trabajo constituido en el Ministerio de Justicia sobre el Registro Civil para hacer oficial la decisión que ha tomado el ministro. ”Sin embargo, hemos decidido seguir adelante con la iniciativa porque, aunque todo apunta a que la reforma se va a aplazar, no nos fiamos de que sea una estrategia electoral y que en los últimos meses de la legislatura el PP decida volver a cambiar de opinión”, aseguró.
La candidata añade que hasta el momento se está hablando de un aplazamiento de la reforma de la ley, por lo que espera que el Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales dé un carpetazo definitivo al asunto.
Afecta al 80% de la población palmera
Guadalupe González Taño recordó que la reforma del Registro Civil perjudicaría al 80,6% de la población de La Palma al implicar el cierre de las oficinas que existen en este momento en cada uno de los municipios. “Solo permanecería abierta la oficina de Santa Cruz de La Palma, por lo que los habitantes de resto de municipio se verían obligados a desplazarse a la capital”, critica.
Otra de las consecuencias de la reforma de la ley “sería el cobro de tasas por unos trámites que hasta ahora eran gratuitos y, probablemente, un horario de atención al público mucho más estricto”.
El diario.es, 27.04.2015
El Gobierno derogará las disposiciones de la Ley 18/2014 relativas a la llevanza del Registro Civil
Según información de última hora, el Ministerio de Justicia tiene intención de derogar las disposiciones sobre la privatización del Registro Civil contenidas en la Ley 18/2014, que tuvo su antecedente en el Real Decreto Ley 8/2014. La derogación de estas disposiciones se hará vía enmiendas al proyecto de Ley de reforma de la Administración de Justicia y el Registro Civil (Ley Cora) que se encuentra en el Congreso en fase de enmiendas. Además el Ministerio de Justicia renuncia a reformar la tramitación de los expedientes de nacionalidad a través del Proyecto de Ley de Nacionalidad de los sefardíes, que se encuentra en el Senado finalizado el trámite de enmienda, a cuyo fin el PP presentó la semana pasada enmiendas para suprimir de su articulado toda referencia a dichos expedientes, así como a la plataforma electrónica de los Registradores y el pago de aranceles en los expedientes de nacionalidad. La entrada en vigor de la Ley 20/2011 se prorrogará hasta julio o diciembre de 2016.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia sigue sin decantarse por el mantenimiento del Registro Civil dentro del ámbito de la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, ni tampoco del mantenimiento de los Registros Civiles en todas las poblaciones como hasta ahora. No hay comentarios:
La 'marea amarilla' frenó una reforma llena de dudas
La reforma del Registro Civil, un servicio gestionado por funcionarios de la administración de Justicia, suponía la cesión de la competencia de la autoridad judicial al cuerpo de registradores de la propiedad y mercantiles. Un colectivo de unos 900 empleados públicos, según un artículo de la Ley Hipotecaria, pero con una actividad netamente privada, ya que facturan IVA y contratan personal particular en sus despachos.
En contra el pensamiento común, el origen de la modificación está en una norma de 2011, aprobada por el Gobierno socialista. Planteaba la «desjudicialización» del registro de forma progresiva para acabar con las colas de los juzgados y las demoras de las tramitaciones, a lo que ayudaría la digitalización. El actual Gobierno y su exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, recuperaron el plan y propusieron ceder la gestión a los registradores. El calendario de implantación comenzaba el 15 de julio y se extendía hasta el 1 de enero de 2017. Sin embargo, las incógnitas del nuevo sistema han crecido conforme se acercaba la fecha. A lo que se sumó la presión de la 'marea amarilla', el colectivo de 3.500 funcionarios del registro que temían por su futuro laboral.
Estaban convencidos de que el mensaje del ministro de Justicia de que la gestión seguiría siendo «pública y gratuita» y su puesto inamovible no era creíble. Denunciaron que el ciudadano iba a tener que pagar, ya fuera de forma directa o mediante la subida de impuestos. De cualquier manera, era indiscutible que la reforma supondría un sobrecoste a las arcas públicas. «Se van a dilapidar las inversiones informáticas en las oficinas del Registro Civil. Son unos 200 millones tirados a la basura», advertía Javier Jordán, portavoz del CSIF.
La razón es que los registradores iban a contar con otras herramientas informáticas diferentes, por lo que se hubiera requerido una inversión extra para adecuar el sistema. Este cuerpo, sin embargo, tampoco las tenía todas consigo. Llegaron a admitir la necesidad de buscar fórmulas que permieran garantizar su sostenibilidad e incorporar un presupuesto anual realista.
«¿Novecientos registradores van a gestionar los datos de 45 millones de personas? ¿Pagaremos también sus oficinas y a sus trabajadores? Estamos hablando de un negocio de unos 700 millones anuales pese a que los funcionarios están perfectamente capacitados. Solo faltan algunas mejoras materiales», añadían. El 80% de los trámites son partidas de nacimiento y defunción. Y los problemas están en los expedientes de nacionalidad, unos 150.000 recursos atascados desde finales de 2013.
La Rioja.com, 25.04.2015
Carta al ministro de Justicia: CCOO reclama la presencia del ministro de Justicia en la mesa sectorial del 28 de abril a las 17 horas sobre el Registro Civil‏
CCOO le exige al ministro que lleve a norma legal que el Registro Civil seguirá siendo público y gratuito, servido por personal de la Administración de Justicia y manteniendo todas las oficinas actuales de Registro Civil
CCOO se ha dirigido al Ministro de Justicia reclamando su presencia en la mesa sectorial del martes 28 de abril a las 17 horas, pues sus declaraciones y nota de prensa posterior del pasado viernes 24 de abril son claramente insuficientes y de ellas no se desprende un pronunciamiento sobre el mantenimiento del Registro Civil como servicio público y gratuito y servido por el personal de la Administración de Justicia, manteniéndose todas las oficinas de Registro Civil actualmente existentes y, también como centros de destino de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, el Registro Civil Central, los Registros Civiles Únicos, y cada uno de los Juzgados de Paz en los que exista plantilla de personal funcionario de la Administración de Justicia
CCOO exige al ministro de Justicia que el Gobierno lleve de inmediato a norma legal al modificación de la Ley 18/2014 en los mismos contenidos que expresa la ILP que ha promovido CCOO, y de la que seguiremos recogiendo firmas con la misma intensidad que hasta el momento, pues mientras no haya modificación legal la situación es la misma que hasta el viernes pasado. Las normas legales publicadas en el BOE (y las leyes 18/2014 y 20/2011 están publicadas) sólo se cambian con normas del mismo rango legal, no con palabras
La Ley 20/2011 del Registro Civil debe expresar también, cuando finalmente entre en vigor, que el Registro Civil seguirá siendo servido por el personal de la Administración de Justicia y los secretarios judiciales serán sus encargados. Y que seguirá siendo público, universal y gratuito
Porque en las declaraciones del ministro de Justicia y en la nota de prensa emitida el viernes 24 de abril ni siquiera queda claro el compromiso expreso del ministro de dar por eliminada la entrada en vigor de la Ley 18/2014 el próximo 15 de julio de 2015, primera e inmediata cuestión legal que debe comprometerse el Gobierno a modificar. El ministro debe anunciar también a los representantes de los trabajadores, de inmediato, en la mesa sectorial de mañana, martes 28 de abril, en qué norma legal va a realizar esta modificación que exigimos, la fecha del debate parlamentario y su aprobación, y la fijación de los plazos de la ampliación de la vacatio legis
Porque no vamos a admitir que el Ministerio de Justicia juegue con las palabras y pretenda dejar todo como está, sólo con alguna modificación cosmética, para ganar tiempo en este período tan convulso para el partido que sustenta el Gobierno, rodeado con decenas de casos de corrupción que salpican hasta al presidente del Gobierno
El contenido de la carta dirigida al Ministro de Justicia es el siguiente:
La paralización de la reforma del Registro Civil genera desconfianza. Los trabajadores seguirán movilizándose, tanto en Gipuzkoa como en el resto del Estado
Los trabajadores del Registro Civil guipuzcoano cuestionan la repentina paralización del proceso de privatización de este servicio, anunciada ayer por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. “Visto cómo se están gestionando las políticas, no tenemos ninguna confianza ante este cambio de última hora, cerca de las elecciones”, declaró Bixen Fernández, portavoz de los trabajadores del Registro Civil del Juzgado de Donostia.
El ministro de Justicia comunicó ayer, a la salida del Tribunal Supremo, que el Gobierno va a paralizar la transferencia de las funciones del Registro Civil al cuerpo de registradores y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas sobre el modelo de reforma del servicio y los tiempos de aplicación. “El Gobierno no va a tener un proyecto que no sea compartido por el conjunto de los profesionales. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, señaló Catalá.
Asimismo, transmitió al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad que el abandono de este proyecto, que debía ponerse en marcha el 15 de julio, día en el que finaliza la actual ley del registro, está motivado por las “discrepancias” con este colectivo y la “crítica” y “oposición importante” por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos.
A LA ESPERA DE UNA RESPUESTA Aún así, Bixen Fernández afirmó que “hasta que no esté firmado, no nos lo creemos”. Los trabajadores achacan esta decisión a razones económicas y políticas. “No nos lo creemos cuando dicen que se está luchando por el ciudadano para que mejore el servicio. Al final es engañar a la ciudadanía ante una privatización en toda regla de un servicio que lleva siendo gratuito desde 1871”, defendió.
El Gobierno paraliza la cesión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anuncia que buscarán otro modelo
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado este viernes que el Gobierno va a paralizar la transferencia de la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas el modelo de reforma de este servicio y los tiempos de aplicación.
Catalá ha realizado estas declaraciones a los periodistas a su salida del Tribunal Supremo, a donde ha acudido para participar en el acto de entrega de premios del Colegio de Abogados de Madrid, informa Efe.
Buscan propuesta compartida con sindicatos, autonomías y partidos
Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes, ha dicho Catalá, quien ha advertido de que, en todo caso, no van a estar dialogando "sine die".
El Gobierno quiere "un servicio público de calidad, mejorar la gestión del registro civil para que de mayor calidad a los ciudadanos".
En ese sentido, ha recordado que en 2011 iniciaron su desjudicialización y plantearon que esa reforma consistiera en entregar a los registradores, que son funcionarios públicos, ese servicio. "Pero hemos constatado que existe una oposición importante por sindicatos y partidos", ha explicado.
"A día de hoy, de todos modos, todavía no hemos recibido ninguna alternativa, pero lo cierto es que le he transmitido al Colegio de Registradores que no vamos a imponer ningún modelo sin consenso", ha anunciado el ministro.
RTVE.es, 24.04.2015
Reunidas ya 100.000 firmas para la ILP contra la privatización del registro civil
La presentación de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) contra la encomienda a los registradores de la propiedad y mercantiles de la gestión del Registro Civil, iniciativa de CC.OO, ha obtenido más de 100.000 apoyos en un solo mes, según ha anunciado el sindicato este viernes Un mes después del inicio de la recogida de firmas, con la presentación en rueda de prensa que Comisiones Obreras hizo el pasado mes de marzo, para el sindicato es "espectacular la acogida que ha tenido por parte de los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía y un sinfín de diferentes asociaciones de todos los ámbitos, que se han volcado en la recogida de miles de firmas para evitar una privatización más del gobierno, como sería la del Registro Civil", señala la central en un comunicado. Leer mas: http://www.europapress.es/nacional/noticia-ccoo-reune-100000-firmas-ilp-contra-privatizacion-registros-20150424144145.html
Manifestación contra la privatización del Registro Civil en Ourense
El anuncio que ayer por la mañana realizó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, de que por el momento se paraliza la entrega de la llevanza del Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles, no detuvo a los manifestantes que habían convocado una marcha contra la privatización en Ourense. El ministro afirmó que el Gobierno quiere sacar este organismo de los juzgados pero que buscará alternativas de consenso, ante la oposición que suscitó la medida. Los convocantes de la manifestación de Ourense, que comenzó en el Ponte do Milenio y concluyó ante la Subdelegación del Gobierno, esperan que este aplazamiento se materialice como una verdadera confirmación de que la privatización no se llevará a cabo, por el coste que tendrá para los ciudadanos tener que pagar por trámites ahora gratuitos como certificados de defunción o de matrimonio.
Desde el sindicato de Justicia de la FSP-UGT, uno de los más beligerantes contra esta propuesta, esperan que el anuncio que realizó ayer el ministro se confirme en la mesa sectorial convocada para el 28 de abril. Para UGT, "solo tendrá validez una propuesta consensuada que mantenga el Registro Civil en la Administración de Justicia y servida por sus funcionarios, que somos los auténticos profesionales en esta materia y auténticos valedores de la reserva de los datos tan privados que se inscriben en el Registro Civil".
La Voz de Galicia, 25.04.2015
Alternativas na Xustiza-CUT exige paralizar futuras privatizaciones del Registro Civil
La plataforma Alternativas na Xustiza-CUT ha exigido al Ministerio de Justicia que se paralice cualquier iniciativa que pretenda privatizar el Registro Civil y "entregarlo a los registradores". La petición de los trabajadores de los juzgados vigueses se conoce después de que Rafael Catalá anunciase al paralización de la nueva gestión de los registros. A través de un comunicado, demandan también una negociación real con el objetivo de conseguir un registro público y electrónico.
Alternativas na Xustiza-CUT aclara que a pesar del anuncio del ministro, no confían totalmente en lo comunicado. "No nos fiamos de un Ministro que ha mentido de forma reiterada", aseguran en el comunicado al tiempo que insisten en que la paralización de la privatiación del Registro Civil podría tratarse "de una argucia para dejar pasar el tiempo hasta después de las elecciones municipales".
Por último, la plataforma comandada por Pablo Valeiras, apela a mantener negociaciones con el ministerio sin abandonar las movilizaciones.
El Faro de Vigo, 24.04.2015
Secretarios judiciales se felicitan con la "reflexión responsable" que ha provocado la marcha atrás en el Registro Civil
El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) ha valorado este viernes positivamente el anuncio realizado por el ministro de Justicia de congelar, por el momento, la puesta en marcha del nuevo Registro Civil que debían asumir los registradores mercantiles y de la propiedad a partir del 15 de julio. En su opinión, las movilizaciones e iniciativas sociales en defensa de un Registro Civil público y gratuito --en que las que el SISEJ ha participado activamente junto a otros colectivos ...
Leer mas: http://www.europapress.es/nacional/noticia-secretarios-judiciales-felicitan-reflexion-responsable-provocado-marcha-atras-registro-civil-20150424181608.html
Justicia admite que busca alternativas a los registradores mercantiles para gestionar el Registro Civil
El ministerio renuncia a otro de los proyectos de Alberto Ruiz-Gallardón: el traspaso debería realizarse el 15 de julio
CCOO exige la retirada del proyecto de ley y no "un simple aplazamiento", CSIF saluda la paralización de la reforma
Los secretarios judiciales reiteran a Catalá su oferta para hacerse cargo del Registro Civil.
El Ministerio de Justicia admite que está buscando alternativas a los registradores de la propiedad y mercantiles para gestionar el Registro Civil. Como adelantó infoLibre, el departamento que dirige Rafael Catalá ha renunciado a encomendárselo a los registradores, una decisión que ya ha comunicado al decano de su colegio oficial, Gonzalo Aguilera. En principio, los registradores mercantiles debían hacerse cargo del Registro Civil el próximo 15 de julio.
Fuentes del ministerio han asegurado a Europa Press que Justicia intenta alcanzar un “consenso” que satisfaga a los críticos de la medida, todos los sectores implicados, desde los funcionarios del Registro Civil hasta los secretarios judiciales, jueces, partidos de la oposición, sindicatos y los propios registradores. Justicia, añade, se declara “abierto a las sugerencias que le hagan llevar registradores, secretarios judiciales, sindicatos y grupos de la oposición”.
El próximo martes se reunirá la Mesa Sectorial de Justicia, en la que los sindicatos intentarán conseguir de los representantes del ministerio detalles sobre la paralización de la reforma del Registro Civil. El sindicato de funcionarios CSI-F, tras celebrar el “acierto” de frenar la privatización, asegura que el ministerio adelantó ya la semana pasada a los responsables del sindicato que está dispuesto a “negociar todo, incluido el modelo de Registro Civil sin sujeción a plazo alguno y, por tanto a revisar el proyecto de privatización”.
CCOO, por su parte, no se conforma con las declaraciones públicas del ministro Catalá en las que anunció el abandono tanto de la propuesta que hasta ahora había promovido, como de la fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha. “Sólo admitiremos para detener las movilizaciones [...] la retirada inmediata del proyecto de ley 18/2014que pone en manos de los registradores la gestión de los registros civiles, y no un simple aplazamiento de su entrada en vigor”, advierte en un comunicado.
El sindicato de secretarios judiciales, finalmente, reitera su disposición “y capacidad” para asumir la gestión del Registro Civil, una oferta que este cuerpo jurídico hizo desde el principio y nunca fue considerada por el ministerio.
Nota de prensa del Ministerio de Justicia: Justicia revisará la reforma de la gestión del Registro Civil para alcanzar mayor grado de consenso con los profesionales del sector
El Ministerio de Justicia ha decidido revisar la reforma del Registro Civil con el objetivo de alcanzar un consenso que cuente con los apoyos necesarios, tanto de los afectados, como de los trabajadores, los sindicatos y los partidos políticos. El ministro Rafael Catalá ha reafirmado la voluntad del Gobierno de mejorar la gestión del Registro Civil para conseguir un servicio público de calidad, gratuito y cercano a los ciudadanos. Tras constatar la oposición de parte del sector al proyecto, el Ministerio ha decidido que no va a llevar adelante una reforma que no cuente con el consenso del conjunto de los profesionales.
Ministerio de Justicia, 25.04.2015
Nota: la batalla aún no está ganada. Solo habremos ganado cuando la Ley establezca que el Registro civil será público, gratuito, cercano a los ciudadanos y servido por personal de la Administración de Justicia.
El Gobierno renuncia a modificar el Registro Civil por la presión social
La presión social de la calle. La frontal oposición de sindicatos, operadores jurídicos y partidos políticos en pleno año electoral. En definitiva, la falta de consenso ante la inminente puesta en marcha del nuevo Registro Civil, que entregaba su gestión a los registradores en detrimento de los funcionarios de la administración de Justicia, una decisión que se percibió como una «privatización encubierta» pese a la resistencia léxica del ministro Rafael Catalá, llevó ayer al Gobierno a dar marcha atrás en su plan.
La decisión del Ejecutivo de paralizar la modificación del Registro Civil es de gran calado. Tanto político como material y funcionarial. Hasta el pasado miércoles, el ministro defendió con ahínco su proyecto en el Congreso. Ratificó que el servicio que desde hace 145 años tramita los certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad seguirá siendo «público, gratuito, telemático y mantendrá los puestos de trabajo de los funcionarios que se ocupan de ello», unos 3.500 nada menos.
Con estas palabras y las versiones que llegaban desde Justicia no quedaban dudas: habría cambio y el calendario de implantación para «desjudicializar» el sistema a favor de los registradores, desde el próximo 15 de julio hasta el 1 de enero de 2017, se mantenía inalterable. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué Catalá ha enmendado su plan en menos de 48 horas? ¿Le han obligado a hacerlo? ¿Ha cedido a la presión?
La respuesta a estas cuestiones solo se entiende, en el momento actual, en un contexto político. El Gobierno no quiere generar más conflictos que los que tiene. Ya se vio con la fallida reforma de la ley del aborto y la rectificación de las tasas judiciales. Y abrir otra vía de agua con una reforma judicial sin consenso y con una fuerte oposición sería potencialmente peligroso para sus mellados intereses electorales. De ahí la previsible aparición de los estrategas del presidente Mariano Rajoy para dejar caer en cuestión de horas el proyecto defendido por Catalá, heredado de su antecesor Alberto Ruiz-Gallardón.
Al final, al ministro no le ha quedado más remedio que recular por una cuestión práctica. Ahora no interesa. Aunque el sorprendente anuncio de ayer, a la salida de un acto en el Tribunal Supremo, fue más moderado, apuntando a la falta de consenso. «El Gobierno no va a proponer un modelo que no sea compartido por el conjunto de los agentes. Lo que el Ejecutivo hará será abrir al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida. En todo caso no van a estar dialogando sine die», advirtió Catalá.
¿Sus palabras suponen entonces que se retrasa la reforma del Registro Civil o se paraliza?, le cuestionaron. «Vistas las discrepancias con este colectivo y la crítica y oposición importantes de profesionales, sindicatos y partidos no solo nos replanteamos el plazo del 15 de julio, sino incluso el modelo», admitió el ministro, quien avanzó que convocará la próxima semana a las comunidades y a los operadores jurídicos para seguir trabajando en una alternativa.
CCOO exige a Catalá que el día 28 anuncie y comprometa expresamente la modificación de la Ley 18/2014, que pone el Registro Civil en manos de los registradores
CCOO no puede dar por válidas sin más unas simples declaraciones a los medios de comunicación por parte del Ministro, sobre todo después de llevar más de dos años luchando contra este proyecto inicialmente presentado por Gallardón pero asumido por el actual ministro desde su toma de posesión.
CCOO solo admitirá, para detener las movilizaciones y todas las acciones que esta realizando junto a miles de trabajadores/as, la modificación inmediata de la Ley 18/2014 que pone en manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles la gestión de los Registros Civiles y no un simple aplazamiento de su entrada en vigor prevista para el próximo 15 de julio. El ministro Catalá conoce perfectamente que el modelo de Registro Civil propuesto por CCOO es un Registro Civil público, gratuito, cercano al ciudadano y gestionado por personal al servicio de la Administración de Justicia, donde se mejoren las infraestructuras tecnológicas y se dote de más y mejores medios personales para hacer del Registro Civil un servicio público moderno y eficaz, mejores medios que el Gobierno ha sido incapaz de dotar hasta el momento, pero sí ha donado de los impuestos de los españoles 4 millones de euros a los Registradores en el BOE de 7 de abril para la tramitación de los expedientes de nacionalidad.
Es cierto que el poco consenso suscitado por este proyecto tanto entre la comunidad judicial (miles de trabajadores y trabajadoras, sindicatos, asociaciones profesionales……) como entre los partidos políticos de la oposición, y también fundamentalmente entre toda la ciudadanía, como ya se demostró en el seguimiento en la manifestación del pasado 11 de abril, y que, junto a los trabajadores/as del Registro Civil y de los Juzgados de Paz, se está volcando también en la recogida de firmas de la ILP puesta en marcha por CCOO que, en solo un mes, se han recogido ya más de 100.000 firmas contra la privatización del Registro Civil, está siendo determinante en este cambio de rumbo en la política privatizadora del ministerio de justicia.
CCOO, 24.04.2015
Protesta en la calle contra la privatización del Registro Civil
Varias decenas de personas se han manifestado este jueves, en Bilbao, en contra de la privatización del Registro Civil, que entrará en vigor a partir del 15 de julio.
CCOO, ELA, LAB, UGT y CGT se han unido para organizar un 'vía crucis' en el que han participado una comitiva de penitentes, un grupo de 'planiñederas' y un 'obispo', todo supervisado por un falso Mariano Rajoy con bolsas de dinero y unas tijeras. "La Semana Santa ha terminado, pero la penitencia continúa", han asegurado.
Bajo el lema "Registro Civil, Pribatizaziorik ez!", los manifestantes reunidos ante el Registro Civil de Bilbao han protestado contra el paso del servicio a los registradores mercantiles y de la propiedad, "compañeros de profesión" del presidente del Gobierno.
Amaia Goiri, portavoz de la Plataforma del personal funcionario del Registro Civil, ha asegurado que la privatización acabará con la gratuidad del hasta ahora servicio público. "Es imposible que no cobren por hacerlo".
Exigen que el Registro Civil siga siendo público y gratuito, y que los datos privados de los ciudadanos no caigan en manos privadas.
Espera Goiri, además, que las elecciones generales de este año cambien el color político del Parlamento, ya que salvo el Partido Popular todos los grupos apoyan sus reivindicaciones y han prometido revocar la privatización. Según Goiri, también cuentan con la simpatía del Gobierno vasco, que les da "palmaditas en la espalda", aunque ahí acaba su apoyo.
El Pais, 23.04.2015
Estocada al último proyecto de Gallardón: Catalá aparca la reforma del Registro Civil
Los ideólogos de la privatización del Registro Civil. Falta el jefe, Rajoy.
El ministro de Justicia acaba de tirar por tierra la última reforma 'estrella' planteada por su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón, dejando la gestión de éste en entredicho. Rafael Catalá acaba de anunciar que deja aparcada la reforma del Registro Civil una vez que se ha dado cuenta de que el texto no es apoyado por ninguno de los sectores implicados. “Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en llevar a delante una reforma que no tenga los apoyos mínimos necesarios”.
Estaba previsto que se aprobara el anteproyecto el próximo 15 de julio pero Catalá ya ha anunciado que no va a fijar ningún nuevo plazo hasta que se reúna con todos los afectados, como sindicatos, comunidades autónomas, partidos políticos y registradores. El ministro lo ha dejado claro: “Vamos a buscar un modelo que nos satisfaga a todos”.
No sólo se aplaza la reforma sino que se plantea incluso redefinir el modelo, aunque a día de hoy todavía nadie le ha presentado una propuesta distinta. Aunque Catalá ha asegurado que no va a mantener las negociaciones sine die;el tiempo que resta para el final de la legislatura es limitado, teniendo en cuenta la época de vacaciones intermedia.
Catalá ha defendido esta reforma desde que llegó al Ministerio pero se ha encontrado con la falta de consenso entre los distintos sectores y el malestar generado entre los funcionarios de Justicia. La intención de la reforma era que el Registro Civil, controlado por la Administración de Justicia, pasara a manos de los registradores mercantiles y de la Propiedad, que a pesar de ser trabajadores públicos, tras aprobar una oposición, no dependen de la Administración.
Los funcionarios de Justicia han mostrado su malestar porque en el caso de haberse aprobado la reforma, el Registro Civil dejaría de ser competencia de la Administración de Justicia. Los funcionarios no iban a ser despedidos sino reubicados, provocando la reducción de la oferta pública en los tribunales.
Justicia aplaza la privatización del Registro Civil y busca una alternativa. El ministro Catalá abre la puerta a un modelo distinto al de los registradores mercantiles
El Gobierno ha decidido aplazar la cesión de las funciones del Registro Civil a los registradores mercantiles, que debía entrar en vigor el próximo 15 de julio. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asegurado que el Ejecutivo sacará el Registro Civil de los Juzgados pero quiere hacerlo “sin presión” y “con consenso”. De momento, la fecha prevista de entrada en vigor del proyecto queda aparcada y Catalá ha abierto incluso la puerta a buscar “otras alternativas” que no pasen por los registradores mercantiles.
“Hemos constatado que hay una oposición importante de sindicatos y de partidos políticos. Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar”, ha anunciado Catalá. El ministro ha comunicado ya la decisión al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad y ha asegurado que en las próximas semanas mantendrá reuniones con los sindicatos y con otros partidos políticos para intentar buscar otra fórmula que genere menos rechazo.
“No vamos a imponer un modelo que no sea compartido por las Administraciones Públicas, los trabajadores y los partidos políticos. Sería absurdo que el Gobierno se empeñase en una reforma que no cuente con los apoyos necesarios. Por eso nos replanteamos el tiempo y nos replanteamos incluso el modelo”, ha añadido Catalá. El titular de Justicia ha asegurado que espera que, a partir de ahora, los sindicatos y los partidos planteen alternativas, aunque ha advertido que el diálogo no va a ser “sine die" porque la decisión de desjudicializar el Registro Civil, acordada en el Parlamento en 2011, no está en cuestión.
La privatización del Registro Civil se queda en el limbo
Después de años de dimes y diretes sobre la desjudicialización del Registro Civil o, lo que los sindicatos de funcionarios y la oposición tildan, simple y llanamente, de privatización, el Gobierno ha decidido paralizar la cesión a los registradores mercantiles y de la propiedad. Así se lo ha comunicado el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, en una notificación interna, a los colegiados, en la que se indica que la 'vacatio legis' continúa y que, por tanto, no tendrán que asumir esa nueva función el 15 de julio, fecha en la que estaba previsto.
Aunque, según declaró el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, el 30 de marzo en una entrevista a El Norte de Castilla, el Gobierno seguía adelante con el encargo a los registradores y garantizaba, por activa y por pasiva, que el servicio iba a seguir siendo público y gratuito, ahora ha dado marcha atrás en la que será la tercera ley estrella de Gallardón que el Ejecutivo de Rajoy desmonta, como ha ocurrido con la aplicación de la ley de tasas y la reforma de la ley del aborto.
En dicho comunicado interno, se alude a que el ministro agradece el trabajo realizado durante todos estos meses por los registradores para asumir esta función -y a quienes considera el colectivo idóneo para asumir esta función- pero se indica que «está complicado que pueda realizarse el 15 de julio» porque ni siquiera está realizado el reglamento para el traspaso.
La privatización del Registro Civil ha suscitado el rechazo de funcionarios, secretarios judiciales y jueces, todos los partidos políticos de la oposición, los sindicatos e incluso parte de los propios registradores. Tras meses de negociar en una comisión mixta con Justicia las condiciones del traspaso, el propio colegio pidió al ministro que retrasase el traspaso del Registro Civil previsto para el próximo 15 de julio. Es la tercera ley estrella de Alberto Ruiz-Gallardón sobre la que el Gobierno da marcha atrás, como ha hecho con la ley de tasas y la del aborto. En principio, según fuentes de los registradores, el Gobierno tendría previsto decretar una tercera prórroga de la 'vacatio legis', es decir, un nuevo período de retraso en la entrada en vigor de la ley, que fue promulgada en 2011.
Cientos de personas en la concentración gastronómica contra la privatización del Registro Civil
Cientos de personas asistieron a la «concentración gastronómica» en contra la privatización del Registro Civil. Los funcionarios de este servicio instalaron una mesa e invitaron a café, canapés, tarta de Santiago y bizcocho hechos en casa a los asistentes a la protesta, que se celebró en la rampa del edificio judicial de la calle Lalín. La ingeniosa protesta ha revitalizado las protestas que se celebran cada jueves contra el plan del Gobierno de transferir este servicio a los registradores mercantiles, que cobrará por ello.
La Voz de Galicia, 23.04.2015
A los trabajadores de los Registros Civiles no les cabe duda de que los registradores mercantiles, que a partir del 15 de julio van a asumir las funciones de este servicio público, cobrarán por ello. ¿Cuánto? De momento, es "el secreto mejor guardado". De hecho desde el Ministerio de Justicia y el propio ministro Rafael Catalá, se esfuerzan en desmentir esta versión. Aseguran que ni se crearán nuevos aranceles ni se subirán los precios ya existentes. Incluso dicen que la mayoría de las inscripciones serán telemáticas.
Los sindicatos y los trabajadores no se lo creen. "Los registradores mercantiles no son funcionarios públicos y así lo avalan varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Operan con interés privado, contratan a su personal y tiene que cobrar el IVA. ¿Quién se cree que van a realizar tramitaciones de forma gratuita?", advierte Mariano Gómez, trabajador del registro Civil de Barakaldo, en Bizkaia.
Dadas estas sospechas y para adelantarse a los acontecimientos, han hecho una traslación de precios tras estudiar lo que cobran ahora los registradores de la propiedad por sus expender sus certificados. El resultado de ese ejercicio no es muy alentador para el ciudadano de a pie, ya que deberá pagar por muchas tramitaciones que hasta ahora eran gratuitas. Solo se salvan las inscripciones de nacimiento y de defunción, pero por el resto de las actuaciones se deberá pagar. "No creo que se atrevan a cobrar cuando vas a inscribir a tu hijo recién nacido. No se van a atrever y más la alarma y presión social que se está empezando a extender. Pero a partir de ahí, en función del certificado los precios pueden oscilar entre 20, 30 euros hasta alcanzar los 300 ó 400", explica Gómez.
Los cambios de nombre al euskera o la fe de vida
Entre las gestiones que se realizarán previo pago enumeran la expedición de certificados de defunción, habituales en los procesos de herencias, los duplicados del libro de familia, obtener un acta matrimonial, la fe de vida o los cambios de nombres, muy comunes en Euskadi y Navarra entre personas que quieren modificar las grafías de nombre o apellidos y adaptarlas al euskera. "Los registradores mercantiles, por cualquier rectificación, solo por dar inicio al tramité, cobran de 50 a 90 euros".
"Nadie, excepto el ministro de Justicia, considera que el Registro Civil vaya a mejorar"
El diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Carlos Martínez Gorriarán ha preguntado esta mañana al ministro de Justicia, Rafael Catalá, los motivos por los que el Gobierno ha llevado a cabo "una privatización encubierta" del Registro Civil. En el pleno del Congreso, el portavoz adjunto del grupo parlamentario magenta ha acusado al equipo de Rajoy de "desmantelar los servicios públicos con un traspaso del Registro Civil que ni siquiera apoyan los registradores de la propiedad".
"¿De verdad que no encuentra un conflicto de intereses siendo el presidente del Gobierno un registrador de la propiedad?", le ha espetado Martínez Gorriarán a Catalá, quien además "es el único que sostiene que esa privatización no se ha llevado a cabo". "Debe ser que a ustedes las privatizaciones les salen solas sin darse cuenta", ha ironizado el diputado de UPyD.
Gorriarán ha recordado que "nadie considera que el Registro Civil vaya a mejorar técnicamente pasándoselo a registradores de la propiedad que no quieren ese traspaso". "Tienen ustedes una credibilidad cero. Ni las tasas judiciales mejoran la justicia; ni han retirado esas tasas, pues se las mantienen a las entidades jurídicas; ni han mejorado el turno de oficio, al que han dejado abandonado y en una situación patética", ha apostillado.
En definitiva, el diputado magenta ha asegurado que el Gobierno "lo que ha hecho es desmantelar otro servicio público". "Es increíble que usted diga que no es una privatización. Todo el mundo menos ustedes sabe que es una privatización encubierta", ha insistido Gorriarán ante el ministro de Justicia, para concluir: "Ustedes han convertido la justicia en un caos".
UPyD, 22.04.2015
Ganaremos la lucha contra la privatización del Registro Civil cuando el Gobierno, de forma inequívoca, anuncie que renuncia a esta decisión e inicie los trámites legales para ello
Ante el anuncio de la paralización de la privatización del Registro Civil que aparece en el periódico Infolibre, CCOO muestra su cautela, y exige el Ministerio de Justicia que confirme formalmente en Mesa Sectorial esa información y en qué condiciones. CCOO no se conformará con que sólo se prorrogue la entrada en vigor, sino que entiende que hay que seguir presionando para conseguir la modificación de la Ley 18/2014 para paralizar la privatización del registro civil y que pase a manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y que se establezca expresamente en dicha Ley o en la Ley 20/2011 que el Registro Civil seguirá siendo un Registro Civil público, gratuito y gestionado por personal de la Administración de Justicia. HASTA ENTONCES, ¡¡ Ni un paso atrás!! en la lucha que CCOO , los trabajadores y decenas de colectivos sociales, y ciudadanos, estamos llevando a cabo, con todo tipo de iniciativa, para mantener el Registro Civil como servicio público y gratuito y servido por funcionarios de la Administración de Justicia.
Legalizar libros de empresarios… ¿para qué? Para financiar la llevanza del Registro Civil
Publicamos por su interés un post publicado en el Blog Hay Derecho, en que se trata de la reforma impuesta por la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre la legalización de los libros de comercio, de lo que ya se dejó constancia en post anteriores, y que incrementará notablemente los ingresos de los Registradores Mercantiles, sin duda alguna para compensarles por la llevanza supuestamente gratuita del Registro Civil. Al efecto recordamos que la UE tiene establecido que es contrario a la normativa comunitaria financiar un servicio (lease Registro Civil) con los ingresos procedentes de otro servicio (lease Registro Mercantil o de la Propiedad), pues los aranceles que pagan los ciudadanos a estos últimos servicios deben ser en todo caso en relación con los costes de estos últimos, y no para financiar servicios ajenos. El post lo firma Ignacio Goma Lanzón, Notario, y tiene comentarios cuya lectura recomendamos. Hace unas semanas un compañero me alertó sobre una reciente Instrucción de la DGRN sobre legalización de los libros de los empresarios, que desarrollaba el art. 18 de la ley de Emprendedores y que, como éste, había pasado relativamente inadvertida y posteriormente me ha hablado del asunto, algo alarmada, una otorgante que tiene como clientes a importantes compañías españolas y extranjeras. A consecuencia de ello, publiqué un post en el blog Transparencia Notarial (TN), que pueden consultar aquí, centrándome en la cuestión de la confidencialidad de las actas. Luego, las redes sociales hicieron que lo leyera también el profesor Jesús Alfaro que, a su vez, publicó un post en su propio blog (Derecho Mercantil) en el que apuntaba la posible inconstitucionalidad de la ley de emprendedores, y que pueden leer aquí. Vean aquí un resumen de la cuestión:
Pedro Sánchez, con la marea amarilla, se compromete a revocar la privatización del Registro Civil
El dirigente socialista Pedro Sánchez se ha paseado esta mañana por A Coruña acompañado por el dirigente gallego Besteiro, la candidata a la alcaldía, Mar Barcón, y por el ex alcalde y senador Javier Losada. En su recorrido por la calle Barcelona, donde numerosos ciudadanos se pararon para hablar con él, Sánchez fue abordado por los afectados por la privatización del Registro Civil, con quienes se comprometió a dar marcha atrás al proyecto si alcanza la presidencia del Gobierno.
Funeral en el Pais Vasco, por la privatización del Registro Civil
IU de Granada presenta una moción para que "el Ayuntamiento defienda el Registro Civil público y gratuito"
El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y candidato a la alcaldía por esta formación política, Francisco Puentedura Anllo, junto con los trabajadores de justicia y del Registro Civil de Granada, han presentado una moción para que "el Ayuntamiento de Granada se posicione contra la privatización y desaparición del Registro Civil, medida impuesta por el gobierno de Rajoy en la reforma de la administración de justicia". De este modo, el edil de la formación de izquierdas señala "el riesgo que la ciudad y la provincia de Granada tienen de perder un servicio público y gratuito que tienen los ciudadanos para trámites ineludibles y necesarios como inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones, expedición de certificaciones y otros de indudable importancia que hacen que las oficinas del Registro Civil satisfagan diariamente una alta demanda de servicio público a la ciudadanía".
"La reforma de la Administración de Justicia, impuesta por el Gobierno de España, implica la desaparición de estos registros en los distintos juzgados, tanto provinciales como de paz en los municipios, planteando sólo un registro por comunidad autónoma y previendo el traslado de sus funciones al registro de la propiedad y mercantil. Ello implica que los registradores de la propiedad y mercantiles cobrarán un arancel directo por gestiones que hasta ahora eran directamente gratuitas además de alejar este servicio de muchos municipios pequeños de nuestra provincia", asegura Puentedura, quien además indica que "el coste de estas gestiones administrativas implicará un arancel por encima de los 100 euros por cada trámite, privatizando este servicio y dejando el negocio para hacer caja al registro mercantil y de la propiedad, acabando con este servicio público y beneficiando exclusivamente a un lobby registral del que el mismo presidente del gobierno forma parte como registrador de la propiedad que es".
"La privatización de los Registros Civiles en Totana va a quebrar el servicio que recibe nuestro pueblo"
El Gobierno del Partido Popular ha aprobado por Real Decreto Ley 8/2014, la atribución de la gestión de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles a partir de 2016.
Esto conlleva que el Registro Civil dejará de ser un servicio público y pasará a ser un negocio privado de los Registradores Mercantiles. Implica, además, el desperdicio del conocimiento y experiencia de los funcionarios de Justicia, y tirar por la borda los 129 millones de euros que el Ministerio de Justicia ha gastado en la información y digitalización de los Registros Civiles para agilizar la expedición de partidas imprescindibles para el ciudadano.
Por otro lado, los datos privados de millones de ciudadanos estarán en manos de personas que no son funcionarios públicos ni sujetos a sus deberes y obligaciones.
Aun cuando el Real Decreto afirma que todo seguirá siendo gratuito, finalmente habrá que pagar por realizar cualquier trámite, ya que las instalaciones, el Registrador, las nóminas de su personal, se sufragarán con los aranceles que pagaremos todos los necesitemos sus servicios.
Así, ya se están barajando costes de inscripción por nacimiento, matrimonio o defunción sobre los 50 euros cada una de ellas, y el pago entre 20 y 25 euros por cada certificación o partida de los mismos.
La nueva encomienda de gestión de nacionalidad (que nos va a costar a los españoles 4 millones de euros, por el momento) a los Registradores de la Propiedad vuelve a dar la razón a CCOO, cuando denuncia que el Registro Civil ni será público ni gratuito, si no detenemos su privatización
CCOO ha reclamado reiteradamente que el Ministerio de Justicia cese en su decisión de otorgar la gestión de los expedientes de nacionalidad a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, y que ahora ha vuelto a formalizar mediante la tercera encomienda de gestión. Por cierto, lo que antes era gratuito hoy cuesta 4 millones de euros. El Proyecto de Ley de Nacionalidad de Sefardíes, en el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, tal y como ha entrado en el Senado, contiene una regulación extensa de los expedientes de adquisición de la nacionalidad española por residencia que incorpora la solución que CCOO lleva meses proponiendo para evitar las encomiendas de gestión de las nacionalidades a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles que, una y otra vez, conlleva multitud de problemas (tramitación por personal desconocedor de la documentación y trámites de nacionalidad, requerimientos absurdos de más documentación, denegaciones injustificadas de nacionalidad con el consiguiente aumento de recurso administrativos, expedientes presentados hace años que siguen sin resolverse, etc) además de los altos costes (ahora 4 millones de euros) que han supuesto. CCOO propuso reiteradamente que se modificase el artículo 222 del Reglamento del Registro Civil, a fin de que se permitiese a los Registros Civiles principales realizar la fase de instrucción del expediente que corresponde según dicho artículo al Ministerio de Justicia, y que no fueran los Registradores de la Propiedad y Mercantiles los que realizarán dicho trámite, previa a la propuesta de resolución del Expediente. De esta forma el Ministerio de Justicia simplemente tendría que resolver si concedía o no la nacionalidad, evitando traslados innecesarios de expedientes, requerimientos absurdos de documentación, ir y venir de documentos para su digitalización que luego se pierden, etc, y el coste de ello era cero. Pues bien, el Proyecto de Ley introduce que toda la tramitación del expediente, incluida la petición de informes (Dirección General de Policía, Presidencia, Penales, etc) que realiza el Ministerio de Justicia (y hoy por su encomienda los Registradores) se realice por los Registros Civiles principales, y que éstos eleven el expediente directamente para su resolución al Ministerio de Justicia. Para CCOO no es de recibo que sea precisamente a partir del 15 de julio cuando el Ministerio de Justicia ponga en marcha la medida de que deben ser los Registros Civiles los encargados de la realización de la fase de instrucción del expediente de nacionalidad que corresponde al Ministerio de Justicia, qué casualidad, la fecha en la que el Gobierno pretende poner en vigor la entrega de su gestión a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Antes, para abrir boca, les regala 4 millones de euros por una tramitación que tanto el Ministerio como los Registradores de la Propiedad proclives a la privatización del Registro Civil presumían de realizar de forma gratuita.
CCOO acusa al Ministerio de Justicia de perseguir por todos los medios el beneficio de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, a costa del servicio público y de los derechos de la ciudadanía. Ahora obligará a los ciudadanos extranjeros que quieran adquirir la nacionalidad a tener que pagar aranceles a los Registradores por ello, lo que claramente constituye, aunque lo niegue Catalá, una privatización de un servicio público y el fin de su gratuidad. CCOO, 21.04.2015

References: real decreto 
e contrario
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 222
 resolución 
 resolución