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Timestamp: 2019-02-22 14:30:29+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Lunes 1 Agosto 2016
El cambalache del Gobierno para cumplir con el deficit
Javier Fernández La voz libre 1 Agosto 2016
El gobierno espanñol ha presentado ante la Comisión Europea las medidas que está dispuesto a adoptar, una vez que deje de estar en funciones, para cumplir con la exigencia comunitaria en relación al déficit público y cuya medida estrella es el incremento del tipo a aplicar en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, con lo que se espera recaudar 6.000 millones de euros y que supone reconocer el fracaso del nuevo modelo.
Hoy, los mismos argumentos cambian de lugar y portavoces del PSOE han criticado la decisión del gobierno, al considerarlo una subida encubierta de impuestos, algo en lo que coinciden diversos analistas y observadores críticos con el gobierno del PP, que han calificado la medida de “enjuague fiscal”.
Juan Ramón Rallo OKDIARIO 1 Agosto 2016
España no fue finalmente sancionada por incumplir sistemáticamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, justificaba recientemente la decisión de la Comisión en una entrevista en El País: a su entender, una multa habría generado un sentimiento antieuropeo en una sociedad que, como la española, ya ha hecho esfuerzos muy considerables en medio de una crisis terrible. Tres, pues, parecen haber sido las razones que nos han salvado del castigo que a buen seguro merecíamos: frenar el antieuropeísmo, reconocer los ajustes ya efectuados y no lastrar la recuperación. Tres argumentos a cada cual más débil.
Primero, es cierto que una sanción podría haber alimentado en España el rechazo social a la Unión Europea, pero la ausencia de sanción inevitablemente lo estimulará en el norte de Europa y, muy en especial, dentro de Alemania. A la postre, Alemania renunció al marco y se integró en el euro a cambio de unas condiciones muy claras: el Banco Central Europeo se comportaría con la disciplina del Bundesbank y, para que tal meta fuera realista, los gobiernos europeos renunciaban a hiperendeudarse (Pacto de Estabilidad y Crecimiento) con la desleal expectativa de que la entidad emisora acudiera al rescate de su deuda. Hasta la fecha, sin embargo, ninguna de estas condiciones se ha cumplido: la crisis de deuda europea, fruto de la indisciplina presupuestaria del Sur, ha conducido al BCE a avalar las obligaciones de los Tesoros español o italiano y a efectuar compras masivas de sus títulos de deuda. Y, al parecer, no existe ni propósito de enmienda ni de reprobación.
Segundo, es verdad que España ha practicado importantes ajustes en su déficit, hasta el punto de lograr reducir su desequilibrio presupuestario estructural desde el 9,2% del PIB en 2009 al 3,1% en 2015, pero este argumento es tramposo: el ajuste ha sido grande porque el desajuste previo era enorme; la mitad de ese ajuste estructural se ha cargado sobre las espaldas de los contribuyentes y no sobre las de un sobredimensionado sector público. Para más inri, la corrección del déficit estructural se ha paralizado por entero desde 2013, hasta el punto de haberse revertido. En 2013, nuestro desajuste estructural equivalía al 2,4% del PIB. Hoy, al ya mencionado 3,1%.
Y tercero, el argumento de que los recortes del gasto público amplifican a corto plazo la crisis puede tener cierto peso durante las recesiones, pero no en épocas de crecimientos por encima del 3%. Y eso es justamente lo ridículo. España hizo la totalidad de su ajuste estructural durante la recesión y no se ha ajustado en absoluto durante la fase de expansión. En definitiva, España sí debió ser sancionada por saltarse a la torera el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Los malos argumentos de Moscovici para justificar su negligencia a la hora de aplicar la normativa comunitaria tan sólo ponen de manifiesto que no existen razones técnicas para exculpar a nuestro país: ha sido todo un vergonzoso enjuague político.
'I vitelloni'
SANTIAGO GONZÁLEZ El Mundo 1 Agosto 2016
Apenas se había difundido la confidencia que Pablo Iglesias hizo a su colega Monedero sobre los sueños que le provocaba la periodista Montero -'la azotaría hasta que sangrase'-, cuando el ingenio de Twitter le acuñó tres motes en menos de 24 horas, a saber: 'el zote del azote', 'Pablo Iglesias, Varón Dando' y 'el macho alfalfa'. Ya había advertido el general Perón en una de las pocas frases felices que uno le recuerda, que 'de todas partes de regresa, menos del ridículo'. Y de la indignidad, habría que añadir.
Hay que añadir a ello las crisis que su formación ha padecido en todas las comunidades autónomas y su fracaso en el intento de sobrepasar a un Partido Socialista en el momento más bajo de su historia, con el secretario general más mediocre que haya tenido nunca.
La incomprendida moralidad de Echenique al pagar en negro a su asistente, sólo defendida por Iglesias y el bloguero Sans Foy -'Yo estoy aquí para cambiar las leyes, no para cumplirlas'-, y las estafas del niño de la beca a la Universidad de Málaga y la de Juan Carlos Monedero a la Complutense, sancionadas ambas con inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo par seis meses, respectivamente. Hay sin embargo en Iglesias una capacidad de percibir los hechos más realista que la que opera en los otros dos líderes que compiten con él por hacerse con el trofeo que se subasta en las elecciones repetidas, la cabeza de Rajoy.
El presidente del PP ha aceptado el encargo del Rey y debe presentarse a la investidura. El discutido artículo 99 así lo indica, aunque no le fija plazo para ello. Naturalmente, tampoco prohíbe taxativamente que desista, pero en tal caso no parece que habría otra oportunidad para él en buena lógica. Otro asunto es el absurdo empecinamiento de los postulantes, el joven Sánchez y Riverita, que se van a reunir con el candidato más cualificado (y más votado) mañana y pasado para lo mismo que Pablo Iglesias no se reúne, para decir que no. Rivera quiere que sea Pedro quien facilite la investidura mediante su abstención, pero si de verdad quiere que el PSOE se abstenga, él solo podría facilitarlo con su voto afirmativo. Rivera no concibe la posibilidad de negociar con Rajoy y se considera ungido para decir a otro partido político quién debe o no encabezarlo para formar Gobierno. Los afiliados al PP no cuestionan en absoluto a su presidente y este apoyo es aún más explícito entre sus votantes, que han aumentado mientras los suyos disminuían. Ya parecía una rareza que C's quisiera imponer a otro partido la elección de sus candidatos mediante un proceso de primarias, pero es decididamente extravagante que las primarias del PP quiera celebrarlas él en la cúpula de Ciudadanos. Y que ni siquiera esté dispuesto a hablar sobre la propuesta que al parecer quería hacerle Mariano Rajoy.
Su socio de la legislatura pasada sigue emperrado en el no y lo único que explica su actitud es que el fracaso de Rajoy le lleve a una investidura con el voto favorable de Posemos, pero sin contrapartidas, como ellos les regalaron tanto alcalde. A ello habría que añadir una abstención, por supuesto técnica, de los 32 escaños ciudadanos para poder defender su secretaría general parapetado en La Moncloa, que es de lo que siempre se trataba. Uno cree o creía en la necesidad de un partido socialista, pero no es esto, no es esto. Este chico no vale, lo dicen sus compañeros, lo cantan los votantes en las encuestas, pero no hay nada que hacer cuando se ha entregado el mando a los incapaces y no hay nadie con decisión y arrojo para hacer del PSOE una alternativa real de Gobierno.
Juan Pina www.vozpopuli.com 1 Agosto 2016
Mariano Rajoy añadió el jueves una desfachatez más a su indigno historial de marrullerías cuando aceptó el encargo del rey para interpretarlo luego ante los medios como le dio la gana. Demostró así por enésima vez que ni le importa el rey, ni las instituciones, ni tampoco la constitución, cuyo estricto cumplimiento exige en cambio airadamente cuando la obligación es de otros. A Rajoy sólo le importa salvarse él. Le importa mantener el control de un partido procesado por destruir las pruebas de graves delitos de los que, presuntamente, él y gran parte de la cúpula se habrían beneficiado económicamente durante años. Y le importa seguir en la presidencia del gobierno a cualquier precio para, entre otras cosas, emplearla como escudo, porque no es lo mismo defenderse de ciertas situaciones desde su casa que desde la Moncloa, con Interior, el CNI y la fiscalía remando a favor de obra.
Hay una fina línea que separa la creatividad institucional, útil cuando de verdad hay vacíos, del desacato al espíritu de la carta magna, perpetrado mediante la lectura superficial de su letra, como si fuera el Marca. Mire, señor Rajoy, aquí no valen medias tintas: si se acepta ser nombrado candidato a la presidencia del gobierno, se tiene que acudir al parlamento para que los representantes de la sociedad escuchen su programa y voten. Y punto. Y no hay más. Y si se pierde esa votación, pues se pierde. Que no se cae por ello el cielo. La aversión de Rajoy al parlamento casi recuerda a la de Nicolás Maduro o Daniel Ortega.
¿Para esto quería el PP controlar la mesa de la cámara baja, y para esto le secundó incomprensiblemente Ciudadanos, demostrando así cuánto valía en realidad su compromiso con el equilibrio de poderes? ¿Para que ahora diga Ana Pastor que le dará “un tiempo” a quien la puso en el cargo? A ver, ¿qué tiempo ni qué tiempo? Usted, señora presidenta del Congreso, tercera autoridad del país, tiene la obligación de convocar el pleno de investidura al nombrar el rey un candidato, y no puede “dar un tiempo” que no le pertenece. ¿Quién pone el límite a ese tiempo? Porque, con esa torticera interpretación normativa, Rajoy podría quedarse indefinidamente “consultando” y gobernando mientras tanto en funciones, por decreto, sin control parlamentario, mandando sin más como a él le gusta. Pero, ¿qué clase de trampa de tahúres nos quieren hacer Rajoy y Pastor a todos? Ya fue excesivo el mes que le dio Patxi López a Sánchez, y el PP exigió entonces, con razón, que el pleno se convocara de forma inmediata. ¿Cuánto tiempo le va a dar Pastor a Rajoy? Porque Rajoy tiene un concepto del tiempo diferente del que tiene el resto de la humanidad, y más cercano al de los relojes blandos de Dalí.
En el momento de escribir estas líneas, unos días antes de su publicación, tengo para mí que si Ana Pastor no convoca el pleno de investidura para esperar a lo que su señorito tenga a bien mandarle, estará prevaricando. Y que si la Oposición llevara esta situación insólita ante una Justicia digna de ese nombre y pidiera medidas cautelares, la presidenta del Congreso sería severamente reprendida y se le ordenaría convocar el pleno. Espero y deseo que cuando se publique este artículo, la mala broma del jueves, más propia de El Jueves, se haya quedado en un vulgar globo sonda, pero no parecen indicarlo así las primeras comparecencias de dirigentes del PP.
Si en verano de 2013 —cuando lo de “Luis, sé fuerte”—, el Grupo Popular del Congreso hubiera cambiado de primer ministro, cosa habitual en los sistemas parlamentarios, quizá hoy no estarían hechos unos zorros el PP y el país. En estos tres años, el PP incluso habría podido consolidar un nuevo líder. Como no sustituyó a Rajoy, el PP entero es su cómplice. Lo que pasa es que en realidad no hay en Génova 13 un partido político (una institución privada con procesos internos normales), sino una camarilla omnipotente e incuestionable que no gusta al resto de dirigentes, pero ante la que todos agachan la cabeza porque también ellos tienen mucho que callar.
Mariano Rajoy es el tapón que bloquea la formación de un gobierno presidido por alguien del PP. Pero bloquea mucho más. Bloquea la urgentísima limpieza y renovación totales del principal partido del “centroderecha” —por así llamar a una forma de socialdemocracia que es, en realidad, la imagen especular del PSOE—, que corre ya un serio riesgo de descomposición y de condenas judiciales que podrían incluso conllevar su extinción jurídica. Y bloquea también las grandes reformas que no pueden seguir aplazándose, porque el edificio del 78 amenaza ruina. Si tras tomar la candidatura de manos del rey, Rajoy da ahora una bochornosa espantada y no la somete a investidura, incurrirá en serias responsabilidades y se hará acreedor del más absoluto desprecio. Además, podría facilitar así una compleja coalición de los demás, incluidos los extremistas que él mismo alimentó, por más que Sánchez niegue aún esa opción.
En un sistema parlamentarista europeo no está escrito en el firmamento que la mayor minoría deba formar parte del gobierno. Con frecuencia no ocurre. A estas alturas, lo más sensato sería que el PP prescindiera de este primer ministro zombi, le apartara de la escena y formara un gobierno de coalición con Ciudadanos, con la ausencia de algunos diputados socialistas en la investidura y presidido por algún político popular limpio —alguno aparecerá, escarbando— o por un independiente. A Italia no le fue mal con un técnico. Lo que no tiene sentido es ir a elecciones sólo para darle otro balón de oxígeno al cadáver político de Rajoy, para conseguirle unos cuantos escaños más y la opción de una nueva “embestidura” contra las puertas de La Moncloa para ver si esta vez se abren. Porque si no lo hacen… ¿qué? ¿A por las cuartas, las quintas, las sextas…? Ya basta, Mariano. Deja paso de una maldita vez a alguien mejor.
Lo llaman empleo, cuando no lo es
Alejandro Inurrieta www.vozpopuli.com 1 Agosto 2016
Descifrar las cifras de la EPA comienza a ser un ejercicio de debate en el desierto, trufado de hooligans que ensalzan la temporalidad cuando están en el gobierno, y la critican cuando están en la oposición. Todavía retumban en el ideario colectivo cuando la hoy Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría elevaba el debate económico con aquella frase lapidaria: el sol sale siempre en abril, y lo mismo hace el empleo gracias al turismo.
Por tanto, el debate sobre empleo se reduce a ensalzar los meses de verano, creyendo que la población es lo suficientemente inmadura para dejarse engañar por dadivas en forma de contratos basura, que antes que termine el verano habrán finalizado y el ciclo de desempleo volverá a comenzar hasta los albores de la primavera siguiente. Este bucle en el que hemos caído ya dura muchos años, trufado eso sí por una enorme burbuja inmobiliaria alentada por un empresariado atrasado y, en un porcentaje no desdeñable que vive de los chanchullos ligados a la política municipal y autonómica, que apenas sabe hacer nada fuera del BOE y los diversos boletines autonómicos. Esta mezcla explosiva ha creado una pantalla, divulgada por los afines en los medios de comunicación, que no deja ver la realidad del mercado laboral en España, pero también en el resto del mundo occidental.
El verano es proclive al señuelo del empleo basura hasta que llegue el otoño
Los datos de la EPA apenas merecen un análisis somero. Se crea empleo temporal, la tasa de temporalidad aumenta hasta el 25,72%, pero el ritmo de creación se frena respecto al bienio 2013-2015, tanto en datos brutos, como desestacionalizados, lo mismo que la reducción del paro. A pesar de crecer a un ritmo de casi el 3%, la tasa de paro oficial sigue en el 20%. Los servicios y la agricultura salvan los muebles, en un país donde la industria sigue perdiendo empleo, y la construcción se asoma tímidamente a la superficie, tras varios años en coma. El empleo se crea sobre todo en las costas, especialmente Baleares, pero también Murcia o Cataluña, y País Vasco, y avanza más lentamente en Galicia, Madrid o Andalucía. El empleo creado es básicamente temporal, aunque en el stock predomine el empleo indefinido, cada vez peor pagado, con menos derechos y con un alto riesgo de ir reduciéndose a medida que el paro tecnológico se instale definitivamente en lo poco que queda en España.
Las cifras del 2trim 2016 apuntan a una moderación en la creación de empleo
La situación de los hogares sigue siendo dramática en muchos casos, con más de 2,1 mill de parados de larga duración y 1,4 mill hogares que tienen a todos sus miembros en paro, dando la verdadera dimensión del problema: hay un desempleo crónico que es probable que nunca más volverá a trabajar. Así mismo, es un mercado con una elevadísima rotación, prueba de ello es que en este trimestre 1,6 mill de personas han saldo del desempleo, y han entrado en él 1,4 mill de personas.
Pero las variables menos tratadas, pero más relevantes sigue siendo la tasa de actividad y la tasa de empleo. La primera sigue por debajo del 60%, un 59%, y la de empleo en el 47%, por lo que existe un grave problema de empleabilidad y crecimiento potencial, fruto del agotamiento del modelo de producción elegido y la expulsión de una parte no desdeñable de nuestro mejor capital humano. Es decir, España corre el riesgo de ser una economía sonde solo puedan trabajar un colectivo cada vez más reducido en un entorno demográfico envejecido y con amplios colectivos que tendrán que ser subsidiados si no queremos asistir a una verdadera revolución social.
Los datos de actividad y tasa de empleo revelan el agotamiento del mercado laboral español incapaz de llegar al pleno empleo
Con estas pinceladas estadísticas se puede entrever que el problema es aún más gordo. Estamos en el umbral, ya desde hace tiempo, en el que el factor trabajo languidece. Las tasas de empleo y actividad, verdadero termómetro del futuro, nos indican que no hay trabajo para todo, que como ya anticipó Rifkin, estamos ante el fin del trabajo como lo hemos conocido hace 60 años. Por un lado, el shock tecnológico que ya está aquí, la robotización, no tiene vuelta atrás, y los nuevos empleos que se crearán no podrán absorber el desempleo masivo de todos aquellos trabajadores que no podrán entrar en este selecto mundo d la tecnología.
Estamos ante el fin del empleo para colectivos cada vez más amplios de la población
El escaso empleo no tecnológico que irá creando será cada vez de peor calidad, con menores derechos y peor pagado, por lo que el debate estúpido que se enciende tras la publicación de la EPA o el paro registrado en España tenderá a extinguirse. Será sepultado por la angustia que irán percibiendo los políticos ante la inacción que les atenaza porque no saben qué hacer con toda la mano de obra sobrante que nunca más trabajará. O establecemos una renta básica para estos colectivos, o habrá que asistir a una revuelta social. Pero está claro que se eso no se habla en la esperpéntica contienda electoral a la que asistimos en España, cada vez cada menos tiempo.
Melchor Miralles. Republica.com 1 Agosto 2016
Arranca la semana ¿decisiva? Rajoy se reúne el martes con Pedro Sánchez y el miércoles con Albert Rivera. O de ahí sale un acuerdo o vamos casi irremisiblemente a unas terceras elecciones que podrían ser dañinas para los ciudadanos y letales para los políticos de ahora. No porque considere malo acudir a votar, solo faltaría, sino porque previsiblemente el resultado de las mismas no resolvería el problema. Pero el personal está cabreado, en lenguaje de la calle hasta los cojones, y es peligroso este hartazgo, porque abre aún más la sima que existe entre el personal y quienes nos representan y porque es en estas situaciones de desafección cuando la peña exige una purga general y los populismos hacen su agosto.
El bloqueo en el que nos encontramos desde hace demasiado es responsabilidad de todos, es consecuencia del fracaso del PP en una legislatura en la que con su mayoría absoluta podía haber cambiado muchas cosas, y no ha querido. Pero también de la incapacidad del PSOE de hacer una oposición inteligente y moderna, anclados en los tics de la izquierda del siglo XX. Y del dogmatismo y el sectarismo insoportables de Podemos y sus muchachos sumados a esa casta de la que se mofaban y en la que se han integrado más rápido que nadie adquiriendo sus peores vicios en tiempo récord. Y de Ciudadanos, que desaprovechó su momento, y se ha estancado buscando un sitio que tenía, y al que a lo peor llega tarde.
Creo que la clave de lo que pueda suceder la tiene Pedro Sánchez, que anda perdido, quizá pensando en lo suyo, aguantar al mando del PSOE, ganar unos meses y retrasar de nuevo el Congreso del PSOE para evitar que le manden a paseo. Si Sánchez quiere el asunto se desbloquea en un plis plas. Pero no parece que esté por la labor, y se muestra dispuesto a cosechar su tercera derrota, a seguir acercando al PSOE al abismo de la desaparición, o sea, a arrastrar a todos los suyos en su desvarío.
Y Rajoy a lo suyo. No es discutible que, pese a todo lo malo, los ciudadanos le han votado en las tres últimas elecciones más que a ningún otro. Y por ello lo sensato es que presida el Gobierno. Un Gobierno diferente, claro, sin la carta blanca que otorgan las mayorías absolutas, obligado a pactar, a negociar, a ceder, y con una oposición que dispondrá de la oportunidad de condicionar decisivamente los pasos del Legislativo, lo cual resta poder al Ejecutivo. Porque esto es lo que las dos últimas veces han votado los españoles, hartos de poderes absolutos, exigente en la necesidad de regenerar la vida pública. Y Rajoy no puede hurtar sus obligaciones, aunque parece que está dispuesto a ello.
He hablado durante el fin de semana con varios constitucionalistas. Y encuentro consenso. Lo explica muy bien en El Mundo Antonio del Moral, catedrático de la UNED. Si Rajoy no acude a la sesión de investidura incumple sus obligaciones constitucionales, y de hacerlo, debiera dimitir, o debieran sus colegas del PP forzarle a hacerlo. No hay un “encargo” del Rey de formar Gobierno. No existe tal término en nuestro ordenamiento jurídico. Un “encargo” no exige su cumplimiento. Tiene un mandato constitucional que ha de cumplir. No hay más. De lo contrario, como escribe del Moral estaríamos ante “la inutilidad de la regulación constitucional, y toda interpretación que conduzca al absurdo en derecho debe ser rechazada”. Como la atribulada Ana Pastor, presidenta del Congreso, está obligada por el reglamento de la Cámara a convocar necesariamente el pleno, aunque se disguste su jefe.
Y me remito de nuevo al artículo de Antonio del Moral, que destaca cómo del vodevil a que nos sometieron Rajoy, en la rueda de prensa más lamentable que recuerdo, y Pastor, en sus nerviosismo tras escuchar al presidente en funciones, se deducen tres cosas: 1) “Que Rajoy tenía preparado su discurso desde antes del ofrecimiento regio… Acaso por eso nunca habló de su candidatura sino del encargo recibido del Rey, lo que no se ajustaba al texto leído después por la presidenta del Congreso. 2) Que la duda sembrada acerca de su sometimiento a la investidura contradice de nuevo el escrito del rey que, con toda seguridad, no habría tenido lugar de conocer esas reticencias y 3) que Rajoy ni siquiera había coordinado su intervención con la de la presidenta del Congreso”.
Urge una salida. La crisis es severa. El desafío de los independentistas catalanes crece. Hay que aprobar el techo de gasto de los Presupuestos del año próximo y el Presupuesto mismo. En octubre España debe presentar a la UE las líneas económicas de los próximos años. Hay mucho dinero extranjero que condiciona su inversión en España a que salgamos de este atolladero insólito. Los más pobres requieren soluciones y mejor distribución del gasto social. Arranca en nada un curso académico sin que se le haya metido mano a la Ley de Educación definitivamente. Necesitamos regenerar el sistema entre otras cosas para no vernos en otra como esta. Necesitamos un Gobierno. Ya. Y sí, si estos no son capaces de ponerse de acuerdo es mejor que se vayan y dejen paso a otros en sus partidos que sean capaces de anteponer el interés general al suyo particular.
¿Y si Rajoy se echa a un lado y pasa a ser Marqués de Pontevedra?
José Oneto Republica 1 Agosto 2016
Cuando el pasado viernes acudían todos al Consejo de Ministros, hubo alguien que no descartó que Mariano, en el minuto 90 de partido, tras volver locos al Rey, a Sánchez y a Albert, decidiese echarse a un lado, y regresar como Marqués a Pontevedra. “Eso supondría un golpe bajo para Ánsar”. Según el padre Vilariño, un cura marcado por arrugas que narran una historia de vivencias interminables, “se están elevando oraciones en todas las parroquias para que Mariano, al echarse a un lado, facilite la coalición de los 170 diputados. Lugo, con sus 1.131 parroquias, es la Diócesis donde más rezan por ello; le sigue Santiago con 1.071; Madrid con 700; Barcelona con sus 747; Vizcaya con 302. Y esto sin contar los conventos y las gentes que rezan en silencio en tierra firme o en alta mar.
Esto es lo que encuentro en la Bandeja de Entrada de mi ordenador antes de redactar este crónica: un correo de un amigo vasco, culto, informado, brillante, que sigue la actualidad con la pasión de un espectador de la Sexta (aunque no la ve) y que maneja siempre una información privilegiada, que suela adornarla como si fueran rollitos de primavera o galletas de la fortuna, que suelen contener un mensaje escrito con una predicción de futuro o una profecía. En este caso, mi amigo me envía lo que él cree, y ha oído como profecía, algo que está en muchos ambientes políticos y, sobre todo, algo en lo que está empeñado Rivera y Ciudadanos.
Ignoro si las conversaciones que inicia este martes Mariano Rajoy con Pedro Sánchez, y este miércoles, con Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados, se hablará algo sobre el padre Vilariño. Pero lo que es casi dogma de fe, es que sus dos interlocutores, enrocados en sus posiciones, están más interesados en que se cumplan las previsiones del cura Vilariño que en darle facilidades para que pueda presentarse a la investidura, que setenta y dos horas despues del mandato real, se ignora, e ignora la propia presidenta de las Cortes Ana Pastor, si se va a celebrar y, en qué fecha se celebrará.
Sánchez ya le adelantó la pasada semana en la conversación que tuvieron sobre la situación en Cataluña que votaría “no“, y que además, no tiene previsto cambiar ese “no, no y no” por una abstención. Coloca el balón en el tejado de Ciudadanos para que cambie la abstención por un voto a favor, que le permitiría un margen de 169 votos, susceptible de ampliar a algunas otras fuerzas políticas. Por su parte, Rivera pasa el balón a Sánchez para que se abstenga, mientras Pastor, que tiene que fijar la fecha de la misteriosa investidura, ignora incluso si se va a celebrar en unas fechas que serían límite para cumplir con los compromisos de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, que está exigiendo Bruselas : 23,24 y 26 de Agosto para entregarlos en la Comisión Europea el 15 de Octubre. Si todos los cálculos se vienen abajo, tendremos terceras elecciones generales el 18 de Diciembre.
Si se retrasa todo y la investidura (si la hubiere), las elecciones se celebrarían una semana más tarde, es decir que serian el día de Navidad, 25 de Diciembre, con lo que en vez de ir al Portal, iríamos a las urnas, algo insólito, en la historia electoral de todo el mundo. Si no puede cumplir sus compromisos con Bruselas (él únicamente ha hablado de un plazo que termina el 15 de Octubre) ¿es posible que se eche a un lado y deje el puesto a otro candidato del Partido Popular? ¿Es posible, incluso que si se niega a la investidura, como empiezan a apuntar algunos expertos constitucionalistas, dimita de su cargo “por lealtad constitucional”?.
El único dato que tenemos es de la encuesta de Metroscopia realizada antes de las elecciones del 26 de Junio que daba cuenta de que el 62 por ciento de los encuestados, opinaban que las negociaciones para la formación de un Gobierno serían más fáciles si el candidato del PP no fuera Mariano Rajoy, mientras que un 35 por ciento eran contrarios, y un 3 por ciento no sabía/ni contestaba. Hay que decir que en el caso del líder socialista, Pedro Sánchez, un 50 por ciento opinaba que su no presencia sería positiva en las negociaciones, un 43 por ciento no lo creía así, y un 7 por ciento no sabía /ni contestaba.
¿Sacó Rajoy un número en la cola de la pescadería?
John Müller El Espanol 1 Agosto 2016
Desde hace meses los españoles estamos costeando la curva de aprendizaje de los políticos y las consecuencias de sus decisiones equivocadas. No sólo sucede que Rajoy no conoce bien la Constitución -dos veces ha quedado en evidencia ante Carlos Alsina en Onda Cero en sendas entrevistas (aquí y aquí)-, sino que ha reclutado colaboradores para interpretarla a su gusto.
Un ejército de abogados del Estado está a su servicio para emitir dictámenes tan discutibles y que repugnan los principios democráticos como el que consideraba en el verano de 2013 que un ministro no debe inhabilitarse en las deliberaciones del Gobierno sobre una empresa de la que era accionista porque es el Parlamento el que finalmente valida sus decisiones.
La principal consecuencia de la interpretación que hace el Gobierno del artículo 99.2 es, como explicó la vicepresidenta del Gobierno, que “el reloj de la democracia” no arranque. Si Mariano Rajoy considera que no tiene los apoyos para someterse a una votación de investidura, no lo hará, y, por lo tanto, el plazo de dos meses que prevé la Carta Fundamental para que los políticos zanjen el asunto sin convocar nuevas elecciones no empezará a correr.
Tras aceptar ser propuesto por el Rey, Rajoy ha decidido quedarse con el reloj. Esto es consecuencia de la dura lección que supuso la candidatura de Pedro Sánchez. El largo mes que transcurrió entre el 2 de febrero, cuando Felipe VI propuso al líder socialista, y el 4 de marzo, fecha en la que perdió la segunda votación, fue una lección inolvidable para el PP. Nunca, hasta ese momento, se lanzaron tantas diatribas contra Rajoy. Gente que le visita dice que él mismo llegó a pensar que había cometido un error estratégico cediendo la iniciativa. Sólo se tranquilizó cuando comprobó que el PSOE no pactaría con Podemos y que Iglesias no le daría sus votos a Sánchez.
Ahora, el mismo Rajoy que acusó al líder del PSOE de orquestar “un fraude, un engaño, una farsa” durante ese mes que negoció con Ciudadanos, va a intentar con 137 diputados llevar un gobierno al Parlamento. Rajoy arriesga que, al final de este proceso o cuando sea que decida abortarlo, le repitan lo mismo que él soltó en la sesión de investidura de Sánchez: “Nos ha hecho perder el tiempo a todos, ha generado falsas expectativas y las ha defraudado. Ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción”.
La diferencia es que Sánchez se sometió a dos votaciones, que perdió, y con eso lanzó la cuenta atrás para las elecciones del 26 de junio. Es verdad que nadie puede ser obligado a enfrentarse a una derrota segura, pero es que ser el candidato del Rey a presidir el gobierno no es sacar un número en la cola de la pescadería. Si Rajoy fracasa y cumple su amenaza de no llegar a la votación de investidura, España seguirá en el limbo, con un gobierno en funciones que cada vez tiene menos margen de maniobra.
La vicepresidenta tenía una cuota de razón al criticar “el reloj de la democracia”, concepto que popularizó Sánchez. Como han advertido, entre otros, el politólogo Alberto Penades, autor de La reforma electoral perfecta (Catarata, 2016), el plazo de dos meses para formar gobierno o convocar elecciones funciona como un incentivo para quienes quieren volver a lanzar los dados de la opinión pública. De hecho, así funcionó con PP y Podemos en la pasada legislatura.
La manera de neutralizar ese incentivo es el limbo que nos ofrece Rajoy. Él y su equipo han cambiado de opinión -quizá han aprendido de la experiencia- y han decidido que unas terceras elecciones serían una muestra de poca seriedad.
La firmeza y el alcance de esta convicción se pondrá a prueba en las próximas semanas. Si las terceras elecciones son una restricción real y Rajoy comprueba que el obstáculo para formar gobierno no es el PP sino él, debería dar un paso al lado y permitir que se creara esa coalición -grande o pequeña-, como subrayaba el ex responsable de Formación del PP, Guillermo Gortázar. Quizá ese gesto deba verse compensado con el paso a un segundo plano de los líderes rivales que han coprotagonizado este bloqueo institucional. No en vano estamos en un sistema parlamentario, donde los nominalismos deberían ser menos intensos que en un presidencialismo o, en su versión degenerada, que es el caudillismo.
¿Cuánto tiempo podrá prolongarse esta situación? Si los constituyentes determinaron hace 38 años que un plazo analógico de dos meses era suficiente para que cristalizaran las voluntades, no hay por qué pensar que ahora que hay smartphones las cosas vayan a ir más lento. Hasta parado el reloj de la democracia debería dar correctamente la hora dos veces al día.
Tanques en la A-2
Eduardo Arroyo esdiario 1 Agosto 2016
En estos momentos de incertidumbre, son muy pocos los que parecen entender que las batallas se libran antes en el terreno de las ideas y solo después en el campo de los hechos.
En esta hora de España, en la que todos parecen haber desertado de las verdaderas posiciones que aquí se dirimen -esto es, el deber de la defensa de la nación española, por encima de leyes y derechos -, se hace necesario más que nunca clarificar las ideas. Son muy pocos los que parecen entender que las batallas se libran antes en el terreno de las ideas y solo después en el campo de los hechos.
La reflexión me viene a la cabeza tras escuchar las declaraciones de Soraya Saenz de Santamaría, pregonando con toda solemnidad la estupidez de que el gobierno, ante el “desafío catalán”, garantizará la ley, la Constitución, la igualdad y no se cuantas otras abstracciones. A la vicepresidenta le costó tanto decir la palabra “España” que entran serias dudas de que tenga claro que lo que los sediciosos anhelan no es la destrucción de todas esas cosas -tan queridas a la vicepresidenta-, sino la destrucción de la nación española.
Es por eso por lo que decía que es imprescindible clarificar ideas. Veamos pues. Primero, y a riesgo de parecer reiterativo, es importante decir que se dirime la supervivencia de la nación española, no la Constitución, el derecho y demás. España es anterior a la Constitución y ésta existe para aquella y no al revés.
En segundo lugar, si el primer acto político es la apropiación de un territorio por un pueblo que quiere existir en la historia, esa defensa se manifiesta precisamente por la defensa de ese territorio. Por tanto, si el Estado es la organización política mediante la que el pueblo defiende su derecho a existir -no solo sincrónica, sino también diacrónicamente-, lo que precisamente el Estado no puede permitir ni tolerar es la sedición.
En tercer lugar, para defender su derecho a existir, el Estado tiene que emplear todos los medios a su alcance. Puestos en el trance, es la fuerza la razón política última. El Estado, es decir, el pueblo español, tiene el derecho a defender su existencia. Ser en la historia es defenderse, sin más.
La defensa ideológica de la nación
En cuarto lugar, no basta con una defensa política de la nación española, entendiendo por “política” el ejercicio de los mecanismos y potestades de tipo jurídico, militar, etc, a fin de contrarrestar la sedición. Es imperativa la defensa ideológica de la nación española en todos aquellos foros en los que se ve atacada: medios y tribunas públicas diversas, academia, instituciones, etc. El abandono de esta defensa es lo que poco a poco, primero, ha vaciado de conciencia nacional a los españoles y, segundo, ha hecho posible el desafío actual por parte de una banda de cretinos pero con decisión y con conciencia clara de la oportunidad.
En quinto lugar, es necesario desenmascarar la patraña de que el futuro de Cataluña corresponde “democráticamente” a los catalanes. Cataluña ha sido parte irrenunciable de España y multitud de generaciones de catalanes han dejado su sangre y su vida para que nuestro país -España- fuera mejor. Traicionar su sacrificio es escupir sobre los muertos, por lo que los sediciosos -lejos de defender a Cataluña- son la quintaesencia de su negación.
Este embuste es solo otra parte -la más publicitada por los sediciosos con motivo de la “desconexión”- del delirio general que supone el independentismo catalán, basado en un montón de sandeces con pretensiones históiricas y en la obscenidad de que la clase política nacional es peor que la indecente y archi-corrompida clase política catalana.
Vistas estas cinco cuestiones, queda citar una sexta.
Es absolutamente imprescindible tener claro que, si bien el gobierno está “en funciones”, el Estado no lo está jamás. Aquellos llamados por la Providencia a responder de los destinos de la nación deben estar decididos a garantizar el derecho de España a lo que es suyo incluso por la fuerza; es decir, incluso llevando los tanques de El Goloso por la A-2. Ya veremos entonces si los que preparan la puñalada por la espalda ríen y hablan con la frivolidad y la cara dura de la que hacen gala.
Toda su audacia arranca de que no tienen en frente un enemigo creíble, Por eso la decisión y las ideas claras disiparán fantasmas que hoy parecen terribles pero que en el fondo no lo son. Al fin y al cabo, nadie está obligado a dejarse asesinar en nombre de la democracia.
ocho meses bloqueando el gobierno
Rajoy sigue siendo el problema
Responsable de un partido imputado y presente en el listado de Luis Bárcenas, Rajoy sigue siendo el gran obstáculo. Ocho meses después sólo ha logrado una abstención. Y de carácter "técnico".
Gaceta.es 1 Agosto 2016
Decía hace apenas unos días el portavoz de C's Juan Carlos Girauta que la "única manera" de que sus diputados votasen a favor de investir a un presidente del PP sería que "Rajoy no fuera candidato". Imposible ser más claro. De manera que mientras sea Mariano Rajoy el candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno, de Ciudadanos no obtendrán más que una abstención en la segunda jornada de investidura, en contra en la primera. Y la abstención, dicen en Ciudadanos, será “técnica”, esto es, con la nariz tapada y con el único fin de desatascar una situación de bloqueo que va ya para ocho meses.
Abstención... y ni siquiera
Y ni siquiera la abstención es segura. Según Girauta, la formación naranja se "replanteará" la decisión si el PP alcanza algún tipo de pacto con los separatistas: "Si el PP está pactando algo con los que quieren romper España que tenga que ver con la investidura o la legislatura, nosotros nos replantearemos la abstención técnica para volver al no". Ciudadanos, que lleva una década combatiendo el secesionismo en Cataluña, no está dispuesto a dar óxigeno a una Convergència agonizante en lo político, arruinada en lo económico y desquiciada en sus planteamientos.
La bomba de relojería
Así las cosas, la abstención de la segunda votación podría finalmente cambiar, pero no en la dirección que pretenden los populares. No obstante, aún cabría una posibilidad para que los 32 diputados naranjas votaran a favor de un gobierno popular y no sería otra que la retirada de Mariano Rajoy, al que consideran amortizado. En Ciudadanos ven al presidente en funciones sentado encima de una bomba de relojería cargada de corrupción que podría estallar en cualquier momento.
Dos elecciones y un mismo problema
'Rajoy es el problema'. Es la frase que se repite, en público y en privado, en las tertulias y en los pasillos del Congreso, desde el pasado 20 de diciembre de 2015. Es la figura de Rajoy, responsable político de una partido procesado, la que bloqueó la investidura en la pasada legislatura y la que dificulta cualquier posible acuerdo en la presente.
Támbién los suyos le piden que se aparte
Rajoy ha pulverizado el récord de impopularidad de Rodríguez Zapatero. El anterior jefe de gobierno alcanzó en su peoro momento un 3,46 de nota según el CIS, el actual, según el último boletín del CIS, un 2,89, el peor de todos los líederes parlamentarios. Incluso entre sus propios votantes, casi seis de cada diez son favorables a la renuncia de Rajoy si esta fuera necesaria para la formación de un gobierno.
Bárcenas, una espada pende sobre Rajoy
El tic-tac de Pablo Iglesias no era el reloj que anunciaba el advenimiento de un gobierno podemita, era, en realidad, la cuenta atrás hasta el estallido definitivo del caso de los papeles de Bárcenas en los que aparece casi toda la cúpula del partido, incluido el propio Rajoy. Incluido aquél demoledor “Luis sé fuerte”.
Recientemente Julio Ariza entrevistaba, junto con Javier Algarra, a Pablo Casado en El Gato al Agua. En un momento de la entrevista el presidente del Grupo Intereconomía le hacía al vicesecretario popular la siguiente reflexión:
"Mariano Rajoy estuvo cobrando durante varios años 10.000 euros al mes en una caja de puros Montecristo que se la llevaba a su ministerio el señor tesorero del partido Álvaro Lapuerta. Eso se lo digo yo. Y lo digo aquí públicamente. Eso lo ha declarado Luis Bárcenas y lo explicará Álvaro Lapuerta si se le permite. Y hay muchísimos compañeros de Mariano Rajoy que así lo testifican porque ellos también lo recibieron. Eran diez mil euros al mes que algunos usaban para hacer reformas en su casa, otros para irse de viaje… Intereconomía fue penalizada radicalmente por Mariano Rajoy y por Soraya Sáenz de Santamaría porque Gaceta.es publicó los billetes que Gürtel le había dado a Mariano Rajoy, a su mujer, a su hijo y a la chica de servicio para irse a Canarias después de las elecciones que perdió".
Pablo Casado respondió, como no podía ser de otra manera, negando que Rajoy tuviera nada que ver con ninguno de los conocidos como "papeles de Bárcenas". Ariza respondió: "Espero la dencuncia personal de Mariano Rajoy, que me emplace en un juzgado para demostrar este asunto". A día de hoy no ha llegado citación judicial alguna a las instalaciones de Intereconomía.
Antonio García Fuentes Periodista Digital 1 Agosto 2016
Cataluña, la gestión del desacato (el choque de trenes)
Fernando González Urbaneja Republica 1 Agosto 2016
En California están preparados para el “Big One”, un gran terremoto, 8 en la escala, provocado por la falla de San Andrés, que amenaza la integridad de grandes ciudades de Los Ángeles a San Francisco. Puede ocurrir algún día y pondrá a prueba los preparativos para mitigar sus efectos. Con esa figura de “big one” se describen futuros acontecimientos sociales o políticos previsibles, que amenazan la estabilidad y prometen una gran catástrofe. En España un “big one” pende sobre Cataluña y amenaza a todo el país. Se llama independencia autoproclamada, por encima de la legalidad vigente, al margen de la Constitución y la legalidad, con el argumento artificioso de que se trata de la aspiración de los catalanes expresada por una mayoría de parlamentarios o de alcaldes o cualquier otra composición con pretensión de ser democrática y popular.
Ya se han producido varios amagos de “big one catalán/español” que no han llegado más lejos aunque van dejando una secuela de incidentes judiciales y políticas de incierta resolución. La estrategia del gobierno Rajoy ha sido dejar pasar, no tensar la cuerda, no provocar, unas veces mirando a otro lado y otras exhibiendo desdén; eso sí siempre con liturgia de palabras tan gruesas como huecas. Por los tribunales queda un rosario de procedimientos con la sedición separatista como asunto de fondo.
El Tribunal Constitucional aparece ahora como la punta de lanza contra las separatistas, en otros tiempos lo fue el ejército. Tras una de las proclamas de independencia (6 de octubre de 1934), en un momento de debilidad de la II República, el capitán general de Cataluña, el general Batet (luego fusilado por Franco en 1937 por no secundar el golpe del 18 de julio), cumpliendo órdenes del presidente del gobierno (Alejandro Lerroux) ocupó con tropas la plaza de San Jaime y tras recibir fuego de los mozos de escuadra disparo varios cañonazos contra el palacio de la Generalitat. La rebelión duró cinco horas. Una historia triste y lamentable.
Hoy frente a la misma sedición no cabe imaginar generales y cañones; un dirigente socialista, Iceta si la memoria no me falla, comentó hace meses que bastaría con los abogados del estado para acabar con la sedición. Desde luego que la legislación vigente es esencial pero también algo más, algo de política. Porque con la legislación vigente no va a ser suficiente. El desacato a la ley, a las sentencias del Constitucional, es el nuevo escenario previo que puede abrir la puerta al “big one” catalán. La vicepresidenta del gobierno catalán ha advertido que acatarán la legalidad del Parlamento catalán por encima del Constitucional. Y dirigentes de partidos independentistas, incluida la presidenta del Parlamento y el propio presidente del gobierno catalán están en esa misma línea. No parece que estén buscando otra salida que no pase primero por el desacato.
De manera que el Estado tendrá que gestionar el desacato, porque ese es el hecho inminente tras las resoluciones del Constitucional. No hay peor justicia que la que no se cumple, la que no llega nunca. Para los independentistas, desde las CUP hasta los viejos convergentes en mutación, el desacato es un instrumento de movilización, gasolina emocional para sus seguidores. No son pocos los que piensan que el suelo está movedizo, que las cosas van a peor, pero si el Estado gestiona mal el desacato, si muestra más debilidad, el “big one” español/catalán entrará en acción con consecuencias imprevisibles para todos. Lo que llamamos “choque de trenes” está más cerca, es más verosímil.
EDITORIAL El Mundo 1 Agosto 2016
España se encuentra desde hace más de un año en nivel cuatro -sobre cinco- de alerta terrorista. Igual que se hizo en casi toda la UE, Interior adoptó esa decisión tras los brutales atentados que el yihadismo perpetró en 2015 en Francia, Túnez o Somalia. Después vendrían nuevos ataques en el país galo, en Bélgica o, días atrás, en Alemania. Que España también está bajo la amenaza directa del Estado Islámico es por desgracia una obviedad que a nadie se le escapa. De ahí que los cuerpos de Seguridad hayan redoblado la vigilancia. Pero más allá de la amenaza abstracta que pesa sobre cualquiera de los países que colaboran en la coalición internacional contra el IS, hoy publicamos que los Servicios de Inteligencia han detectado en los últimos meses un potente incremento de la actividad de los yihadistas en idioma español, lo que ha elevado la alarma en Interior.
El Estado Islámico quiere multiplicar sus mensajes propagandísticos en la lengua de Cervantes para acercarse a potenciales simpatizantes en nuestro país y en el resto del mundo de habla hispana. Hasta tal punto que en junio difundió a través de sus redes sociales una oferta de empleo en la que solicitaba a 'hermanos y hermanas' que supieran español o portugués que se sumaran a su equipo de traductores para poder difundir sus comunicados y artículos de propaganda. Además, el IS ha incrementado sus canales informativos en español en los que difunde sus vídeos macabros y toda clase de publicidad de sus acciones. Todo ello refuerza la convicción de los cuerpos policiales de que España sigue siendo un país prioritario para los yihadistas, algo que por otra parte éstos confirman cada vez que tienen ocasión en intervenciones en las que aluden a su soñada reconquista de Al Andalus.
Hay que decir que, aunque la garantía de seguridad al cien por cien no existe, desde los terribles atentados del 11-M los cuerpos de Seguridad y los servicios de Inteligencia españoles han perfeccionado las técnicas y medios para la lucha antiyihadista, logrando una eficacia hoy muy reconocida por todos nuestros vecinos europeos. En los últimos años se han desarticulado numerosas células terroristas en toda España, se ha producido una altísima especialización de agentes dedicados en exclusiva a esta tarea y se ha ampliado de forma notable el número de expertos en lengua árabe trabajando en colaboración con espías y policías, algo imprescindible en la tarea de prevención.
No sólo eso. Tras el reciente atentado de Niza, en el que murieron 84 personas, y que supuso una novedad en los atentados yihadistas en suelo europeo por el empleo de un camión como arma letal -algo demasiado habitual en Siria o Irak-, las Fuerzas de Seguridad españolas reaccionaron de inmediato con unos cursos de adiestramiento para los policías que patrullan las calles. Como contábamos ayer, esta iniciativa de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha servido para dar instrucciones a agentes de toda España sobre cómo actuar para 'neutralizar' el peligro y, al mismo tiempo, hacerles sentir el respaldo de sus mandos ante posibles actuaciones de altísimo riesgo.
Ése es el camino, sin duda. Por suerte, en torno a una cuestión de Estado tan prioritaria como la lucha antiterrorista hay unidad política -con excepción del desmarque de Podemos-, imprescindible para adoptar cuantas nuevas medidas sean necesarias. Se trata de un desafío ante el que no caben divisiones partidistas ni escatimar recursos.
Elecciones Generales 2016De estreno en el Congreso (I)
Marimar Blanco, la memoria de las víctimas en el Hemiciclo
IRENE NÚÑEZ /MARTA BARANDELA Madrid El Mundo 1 Agosto 2016
Una cuenta atrás de 48 horas marcó su vida. Hace 19 años, la sentencia de muerte de su hermano ya estaba dictada. Pero no las secuelas que a ella, Marimar Blanco, le acompañarían el resto de su vida. A ratos alegre y habladora, a ratos llena de angustias. «Tengo un gran rechazo hacia los teléfonos, por los dos días pendientes de la llamada». Su hermano, Miguel Ángel Blanco, fue secuestrado el 10 de julio de 1997 y asesinado dos días después por ETA. De esa época también perdura el respeto a los medios de comunicación, dice, a pesar de que ahora está situada en la diana que todo periodista persigue: la política.
Marimar Blanco (Ermua, 1974) tiene aspecto frágil y unos ojos verdes que decoran el rostro bajo una melena rubia. Todavía se encuentra en el 40 de la Carrera de San Jerónimo, frente al Congreso, en el que fuera el antiguo Banco de Crédito Local, ahora reconvertido en parte del complejo parlamentario. Conserva su pequeño despacho en la planta reservada a los asesores, el puesto que ocupaba hasta ser elegida como diputada el 26-J por Madrid. No sabe cuándo tendrá que trasladarse al que le corresponde como parlamentaria en el edificio de los leones, pero -asegura- no le corre prisa. La sombra de unas terceras elecciones planea sobre el ambiente. Podría no tener que abandonar su antiguo despacho.
Para esta vasca, de ascendencia gallega y madrileña por adopción, la semilla de la política se plantó en las comidas y cenas familiares, cuando ella era sólo una adolescente que interrogaba a su hermano mayor cada vez que volvía de un pleno, después de que éste fuera elegido concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ermua. Hablar con Marimar Blanco conlleva hacer saltos temporales una y otra vez. Porque la actual Marimar no se explica sin su pasado, sin su hermano, sin Ermua.
Tras el asesinato de Miguel Ángel, se negó a dejar que la amenaza de ETA la venciese y la alejase del sueño común que tenía con él. Se diplomó como Técnico de Empresas y Actividades Turísticas y ayudó en varias campañas al Partido Popular hasta que llegó el año clave, 2009, cuando entró en el Parlamento Vasco por Álava. «Mis padres intentaron evitarlo. Para ellos fue un golpe. Pero ni mis padres, por lo vivido, ni la amenaza del terrorismo me iban a frenar».
El contraste de su vida se encuentra en Ermua. Dolor y felicidad definen su pueblo natal: «Pensaba que a medida que fuera pasando el tiempo no me costaría tanto volver a enfrentarme a ello, a llegar al pueblo y encontrarme con vecinos, amigos y conocidos. Pero me di cuenta de que no. Que por muchos años que pasen, cuando llego a este momento, me vuelvo a hacer más pequeña, más débil». Al recordar, pasa a un discurso mucho más rápido y seguro, contundente. Empieza a hablar también con las manos, que pasan de estar entrelazadas a danzar por el aire conforme aumenta su propia indignación. «Los demócratas no hemos hecho otra cosa que convivir. Mientras otros, como les estorbábamos, nos quitaban a través del tiro en la nuca». Para ella, Ermua es una paradoja. Ahora, allí no le queda nada, después de que su familia decidiera vender la casa. Pero le queda todo: «Me quedan mis 23 años en los que pude compartir cada minuto con mi hermano».
En la pared de su despacho cuelga una foto con Mariano Rajoy, del que dice que es su referente político. Siempre se ha comentado su cercanía con el ahora presidente en funciones, hasta el punto de que se rumoreaba que fue él quien le pidió que entrara en las listas: «Fue una llamada de Génova», zanja Marimar, «y yo encantada». No se siente parte de una estrategia del Partido Popular para acercarse a las víctimas porque ella «siempre ha estado en el partido». Ahora, su actividad parlamentaria -que compagina con la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo- implicará convivir con diputados que, para ella, no han condenado el terrorismo: «Tengo que verlo como una oportunidad para decirles lo que realmente queremos la gran mayoría de los demócratas: la exigencia del arrepentimiento y la petición de perdón». Y eso a pesar de que, para Marimar, el perdón no es fácil. Considera que «quien tenía que perdonar, hace 19 años que no está». El olvido no está en su vocabulario y la superación, la cree imposible cuando se habla de terrorismo, aunque «cada víctima lo vive distinto».
No le preocupa el tiempo que le pueda quitar su nueva etapa en el Congreso de los Diputados. Está acostumbrada a hacer equilibrios con los horarios para compaginar la vida familiar, el ocio -lectura y cine, sus grandes aficiones- y la vida política. Se pierde entre inviernos en Madrid y veranos en Alicante. Aquí sólo le hacen falta sus "dos hijas, un libro y las olas del mar» para saber que respira tranquilidad. En su despacho el ritmo lo marca Beethoven, que le hace añorar sus estudios de piano y recordar que música y política eran pasiones compartidas con su hermano.
Marimar Blanco no sabe si finalmente el Partido Popular conseguirá los apoyos suficientes para la investidura de Mariano Rajoy, pero sí sabe a lo que se dedicará si ejerce como diputada: «Vendré con un discurso a favor de la convivencia, de la paz y la libertad. Ellos vendrán con su discurso totalitario y yo como demócrata seguiré trabajando por lo que creo que tengo que trabajar».
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 1 Agosto 2016
El desparpajo con que la portavoz del Gobierno catalán, Neús Munté, criticó al Ejecutivo central por 'amenazar a las instituciones catalanas recurriendo al Tribunal Constitucional' es realmente sorprendente. Es más, advirtió urbi et orbi: 'No nos moveremos de nuestro camino, que es profundamente democrático'.
Pues bien, ante semejante esperpento jurídico-político baste por el momento recordar dos cosas. Por una parte, que la democracia a que se refiere la portavoz es absolutamente ficticia, porque sin el cumplimiento de la ley democrática no hay democracia. Es más: la verdadera democracia en nuestros días no puede ser más que la democracia constitucional. En otras palabras, la democracia forzosamente tiene que estar sujeta a la Constitución. Lejos ya de nosotros los tiempos en que los Reglamentos de las Asambleas tenían más influencia política que la propia Carta Magna. Circunstancia que se pudo admitir en otro tiempo, porque no existía un control de constitucionalidad de la ley. De este modo, el problema se planteó porque los Reglamentos parlamentarios no se limitaban a ser lo que genuinamente son, esto es, una recopilación de procedimientos técnicos para el mejor funcionamiento de los Parlamentos, habiéndose convertido en cambio en un instrumento temible en manos de los partidos que manipulaban así la marcha de los asuntos públicos.
La consecuencia es que en un Estado de Derecho los Reglamentos parlamentarios deben reconocer ciertamente la autonomía de las Cámaras, como así lo hace el artículo 72 de la Constitución española o incluso el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en su artículo 58.1, que afirma que 'el Parlamento goza de autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria'. Ahora bien, hay que recordar a la presidenta del Parlament lo que dice el primero de los artículos del Estatuto: 'Cataluña, como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica'. En consecuencia, podemos afirmar que el Parlamento catalán tiene autonomía organizativa, pero bajo ningún concepto posee una 'hegemonía política', que es lo que reivindican los independentistas catalanes. Esta extralimitación procede del parlamentarismo del siglo XIX en Europa, pero que desapareció desde el momento en que casi todos los países europeos establecieron el control de constitucionalidad de las leyes por un Tribunal Constitucional, incluidos los Reglamentos de las Cámaras.
Por lo demás, la portavoz Neús Munté critica que se recurra al TC debido a que 'en el Estado tanto el Gobierno como la democracia están en funciones', acusando así al Ejecutivo de entorpecer el sistema democrático más que reforzarlo, a causa de su escasa credibilidad democrática. Ciertamente, el Gobierno central no sólo ha apelado al Constitucional, sino que además lleva más de 200 días en funciones sin haberse sometido en ninguna sesión al control que debe ejercer el Congreso de los Diputados.
Vistas así las cosas, aunque la portavoz pueda tener algo de razón, es evidente que el fanatismo de los nacionalistas les incita a rechazar el control de constitucionalidad que es propio de las democracias constitucionales, las cuales están sometidas a la Constitución y a la ley. Por supuesto, no se trata aquí únicamente de que los nacionalistas catalanes vienen incumpliendo desde hace ya muchos años las normas jurídicas que rigen en toda España y que, como es evidente, es algo que requeriría una adecuada sanción. Lo más grave, en mi opinión, es que -lo crean sinceramente o no- su concepción de la democracia es completamente decimonónica. No es posible en el mundo actual aceptar que una Asamblea que dispone sólo de autonomía respecto de las competencias que se le hayan atribuido pueda estar por encima de la Constitución y de la ley, con el propósito de llevar a cabo una 'declaración unilateral de independencia'. La presidenta del Parlament no tendrá más remedio que dar marcha atrás o afrontar las sanciones que sean indispensables.
Como es sabido, la Constitución dispone de varios instrumentos para hacer rectificar los excesos de las Comunidades Autónomas que vayan en contra del interés general. El artículo 155 de la Constitución que, por ejemplo, adopta la llamada en Alemania coerción federal, o también el artículo 116 que regula los diferentes estados de excepción, serían suficientes para detener cualquier abuso independentista. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy consideró -menos mal- que había de completarse estas medidas con alguna otra que permitiese al Tribunal Constitucional disponer de instrumentos de ejecución para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. De este modo, hace cerca de un año se reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para incluir ciertas medidas sancionatorias a fin de atajar el problema. Aunque algunos criticaron esta reforma, yo defendí la misma en este periódico, pero lo hice para que fuese aplicada, lo que hasta ahora no había ocurrido.
Nos encontramos, por consiguiente, ante una situación en que los independentistas catalanes quieren aprovechar rápidamente la debilidad del Gobierno en funciones para acelerar su 'desconexión'. Ahora bien, aunque esta situación se haya agudizado por el bloqueo institucional que padecemos, es cierto que viene de antiguo pues los anteriores Gobiernos, de uno u otro signo, fueron dando los pasos para que el nacionalismo catalán se hiciese cada vez más fuerte. Bien es cierto que si la unidad política de España está en peligro, no sólo se debe al inmovilismo de Rajoy, sino también a la inoperancia política de los líderes de los otros tres partidos nacionales (alguno menos que los otros), que inexplicablemente no son capaces de sentarse todos juntos para hablar sobre puntos concretos y pactar un Gobierno de unidad nacional, ante la gravedad de la situación.
En definitiva, el destino de los españoles depende fundamentalmente de cuatro personas: un resabiado político y tres inmaduros dirigentes que no son capaces de cortar el nudo gordiano que atenaza la política. Borges decía irónicamente que los hombres se merecen que no haya gobiernos. Pero evidentemente lo dijo porque no llegó a ver lo que está ocurriendo en España. El problema catalán y los otros problemas que nos acechan sólo se podrán resolver mediante un Gobierno de gran coalición (PP, PSOE, C'S) que cuente con 250 diputados. Es una verdadera aberración que los tres líderes nacionales, salvo Pablo Iglesias que está en fuera de juego, no se den cuenta del momento que vivimos y de lo que piensa la mayoría de los españoles que están ya al borde de un ataque de nervios. Franco decía que sólo era responsable 'ante Dios y ante la Historia', pero estos políticos de segunda categoría que tenemos responderán, si no saben reaccionar a tiempo, ante sus electores, pero también ante la Historia que puede inculparles del derrumbe de la Nación española.
¿Es imposible que Rajoy, Sánchez y Rivera se reúnan con un documento con puntos concretos para ver si es posible un acuerdo, naturalmente cediendo cada uno en algo, en los asuntos decisivos de España? Hay que desechar esos odios africanos entre unos y otros que recuerdan la época de la adolescencia, pero que no resulta entendible en la época de la madurez, es decir, algo que es normal en los demás países democráticos europeos. Pero además de estas cuestiones antropológicas hay que añadir otra cuestión más que ha causado un gran revuelo y que dificulta la creación del Gobierno de unidad.
En efecto, el Rey ha propuesto como candidato a Mariano Rajoy para que se presente ante el Congreso y consiga la investidura como presidente del Gobierno. Pero Rajoy, que no renuncia a ser gallego, ha señalado que decidirá si se somete al examen del Congreso tras 'un plazo de negociación razonable'. Matización que ha levantado un sinfín de comentarios sobre si está o no obligado tras su aceptación de la designación real. Ganan por goleada los que dicen que debe ir forzosamente a la investidura, lo que jurídicamente no está tan claro, porque así se desprende del artículo 99.2 de la Constitución y porque sería también un desaire al Rey, lo que le obligaría a la dimisión inmediata como presidente del Gobierno en funciones. La minoría que sostiene que Rajoy no está obligado está formada por miembros o seguidores del PP, pero es algo defendible desde el punto de vista jurídico.
A mi juicio, no hay duda de que Rajoy tiene la obligación política de solicitar, una vez designado por el Rey, la investidura, pero no por lo que señala el artículo 99.2 ('el candidato propuesto...expondrá...') sino sobre todo por lo que dice el mismo artículo en su apartado 5: 'Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso'. Por consiguiente, teniendo en cuenta la crisis política que atravesamos, es necesario que si no hay ningún candidato que pueda obtener la investidura, el plazo de los dos meses para las nuevas elecciones empiece a correr. En ese caso, aun siendo culpables los cuatro principales líderes políticos, la humillación y el fracaso serán de toda la sociedad española.
Pero todavía estos cuatro políticos, o mejor dicho tres, ya que Iglesias está en orsay, pueden arreglar el desaguisado poniéndose de acuerdo en un Gobierno de unidad nacional que haga frente, cediendo todos en algo, al desafío separatista, a la amenaza terrorista, a la necesaria reforma de la Constitución, al caos de nuestra enseñanza, etcétera. Evidentemente, esta tarea gigantesca sólo se puede llevar a cabo si se cuenta con ese Gobierno tripartito. Estamos pues ante una ocasión única si se sabe aprovechar. Hay que recordar a los que ven líneas rojas insalvables que las posiciones políticas son siempre relativas, porque están en función de las circunstancias.
El TC frena el golpe del Parlament contra la democracia española
Editorial La Razon 1 Agosto 2016
La decisión del Tribunal Constitucional de suspender la declaración de «desconexión» unilateral aprobada por el Parlament de Cataluña ha sido recibida por sus impulsores con desprecio y con anuncios de desacato. Nada nuevo en el comportamiento irresponsable del soberanismo catalán, cuya estrategia no es otra que la provocación hasta límites inaceptables en un Estado de Derecho. Ante él habrá que responder sin la jactancia y altanería de los líderes independentistas y con la templanza de la Ley en defensa de las instituciones democráticas. Se equivocan cuando dicen que los países de nuestro entorno no entenderían que el Alto Tribunal prohibiese lo que ellos consideran la «libre expresión» de la Cámara catalana.
¿Desde cuándo la «libre expresión» es acabar con las leyes que permiten el desarrollo del Estatuto de Autonomía, entre otras normas? Nuestros aliados lo entienden, lo comparten y les tranquiliza que un país democrático, socio de la UE y corresponsable de la unidad europea, se defienda con la Ley en la mano, que es la respuesta que se merece todo movimiento secesionista que busca alterar la paz social y la convivencia. Una cosa es la sanción que creemos que debería aplicarse a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su contumaz incumplimiento de una sentencia del TC –que supondría su inhabilitación por no acatar las normas que, a su vez, permiten que ella sea la segunda autoridad de Cataluña– y otra cosa bien distinta es la que el TC considera que debe aplicarse, ya que estamos ante un caso de extrema gravedad, pero inédito.
La Abogacía del Estado decidió remitir a la Fiscalía las actuaciones de Forcadell, por si consideraba emprender acciones penales contra ella por desobediencia a dos resoluciones del TC. El Constitucional está actuando con mesura, buscando la unanimidad de sus once miembros y, muy probablemente, evitando que sus resoluciones sean utilizadas por los independentistas como munición contra el Estado. Pero no olvidemos que la decisión del Alto Tribunal advierte personalmente a la presidenta del Parlament y al presidente de la Generalitat, además de a los miembros del Gobierno catalán, de su responsabilidad, incluso penal, si ignoran esa suspensión.
El acuerdo del TC dice muy claramente en su cuarto punto: «Se les advierte, asimismo, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir». Es decir, en la segunda quincena de septiembre, y después de presentadas las alegaciones, se podría abrir la vía de la inhabilitación. Provoca vergüenza oír a altos representantes de la Generalitat decir que el Parlament no va a obedecer más ley que la que emane de éste y, sobre todo, preocupa, porque supone un golpe contra la legalidad vigente. Todo indica que están preparando el próximo 11-S. Algo falla en el «proceso» independentista si no entienden que saltarse la legalidad tiene graves consecuencias, como situar a Cataluña en la ruptura social y abocarla a una crisis institucional. El Estado y el conjunto de la sociedad española debemos resistir ante este ataque, cuyos precedentes nos trasladarían a los peores momentos de nuestra historia política, los de las asonadas y las insurgencias patrióticas. Ésa es la realidad de los hechos que los catalanes no deberían olvidar: los independentistas representan un movimiento antidemocrático que busca la desestabilización del Estado para imponer sus objetivos.
Joaquim Coll: 'Hay que estar preparados para la colisión'
Si el separatismo no vira el rumbo "habrá choque de trenes". Joaquim Coll explica a Gaceta.es que de alcanzarse a ese escenario habrá que "inhabilitar cargos públicos y aplicar el Artículo 155".
Rafael Núñez Huesca Gaceta.es 1 Agosto 2016
En Madrid se tiene la sensación, al menos hasta la astracanada de esta semana en el Parlament, de que el separatismo se ha venido a menos. Joaquim Coll, sin embargo, lleva tiempo advirtiendo de que no existen motivos para la relajación. Explica a Gaceta.es que la decapitación política de Artur Mas genero la sensación de que la burbuja separatista se había pinchado, y no: “Hay que reconocer que han sabido sobrevivir a sus guerras internas y al descabezamiento de Convergència. Artur Mas es muchas cosas, pero hay que reconocerle capacidad de liderazgo, influencia en la sociedad catalana”. Mas consiguió por primera vez que el separatismo fuera transversal en la sociedad catalana, y lo acercó a sectores burgueses que hasta el momento veían la ruptura como una utopía en el mejor de los casos.
Del fatalismo a la despreocupación
Por eso cuando cayó Mas en Madrid creyeron que el proceso había encallado. Nada más lejos de la realidad, cómo ha podido comprobarse estos días con el desafío del Parlament a la legalidad constitucional. Desde el poder central, explica Coll, se ha pasado “del fatalismo a la despreocupación” con demasiada rapidez. De estar al borde de la secesión al final del procés y ahora de nuevo al estado de alarma.
Lo cierto es que la hoja de ruta sigue su curso y se cumple punto por punto. “Los separatistas no son de fiar, pero son fiables cuando anuncian un propósito: suelen cumplirlo”. Y recuerda el ejemplo de la consulta del 9N en la que la Generalitat se comprometió públicamente a que habría urnas, papeletas y colegios electorales “y hubo urnas, papeletas y colegios electorales”. ?Advierte contra un imaginario según el cual si algo es indeseable, ilógico o alocado, ese algo no se producirá. Y pone el ejemplo del Brexit: “al final pasó”. ??Respecto del desafío al Tribunal Constitucional de los 72 diputados separatistas del Parlament, Joaquim Coll cree que podría saldarse con la inhabilitación de Carme Forcadell. Y advierte que el Estado y las instituciones deben estar “preparadas para el choque de trenes”. Porque si el separatismo no vira el rumbo, habrá colisión. “Es algo a lo que en Madrid deberían ir haciéndose a la idea”. ¿Qué hacer? A corto plazo “inhabilitar a aquellos cargos públicos” que cometan ilegalidades y, caso de proseguir el desafío al Estado de derecho, la “aplicación del Artículo 155”. Un artículo, matiza el vicepresidente de SCC, que no implica la suspensión de la autonomía sino determinadas competencias.
El (importante) papel de Podemos en Cataluña
Advierte que, en realidad, el conflicto “es entre catalanes”. Como el llamado conflicto vasco, dice, “fue entre vascos”. Prueba de ello es la ruptura casi simétrica del Parlament cuando se hubo de votar el desafío al Tribunal Constitucional. Ciudadanos y PP abandonaron el Parlament, el PSC ni siquiera votó y la marca catalana de Podemos votó en contra, algo de lo que se felicita Joaquim Coll -“han sido muy hostigados en las redes sociales”-, que no tenía todas consigo respecto de por dónde podrían salir los diputados de En Comú Podem. Habla bien de Joan Coscubiela, portavoz de la formación en el Parlamet, y también de Lluis Franco Rabell o del recién elegido líder de la formación, Albano Dante Fachín. Celebra, en fin, que En Comú Podem haya encontrado el valor para oponerse al “golpe de Estado” nacionalista.
El RUI, ¿la nueva apuesta?
Para el vicepresidente de Societat Civil Catalana Puigdemont superará la moción de confianza a la que se va a someter en el mes de septiembre y luego seguirá el plan previsto de independencia en 18 meses. Coll, empero, no descarta que las fuerzas separatistas introduzcan un elemento no previsto en el plan original: el RUI, referéndum unilateral de independencia. Es una posibilidad que está sobre la mesa y cada vez gana más adeptos, la Asamblea Nacional Catalana sin ir más lejos. Sería una vuelta a lo que Coll llama la “narrativa plebiscitaria”, quizá la más respetable a nivel internacional, mucho más, en cualquier caso, que el choque directo con el Estado.
Desobedecer sólo una vez, pero para siempre
Esta vez, y al contrario que la consulta del 9N, sí habría de celebrarse con todas las consecuencias. Joaquim Coll alude a las recientes declaraciones de Carles Viver Pi-Sunyer, ex vicepresidente del TC, en las que hablaba de desobedecer una sola vez al Estado, pero de manera contundente y definitiva: "No haremos saltos al vacío. La desobediencia, la ruptura, se hace de una sola vez, de golpe. El momento será cuando el Govern y el Parlament se sientan fuertes y preparados… y eso no tardará”.

References: artículo 99
 artículo 99
 artículo 72
 artículo 58
 artículo 155
 artículo 116
 artículo 99
 artículo 99
 Artículo 155
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