Source: http://blest.eu/biblio/novoa/cap6.html
Timestamp: 2018-02-24 08:24:04+00:00

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LA FORMACIÓN DEL ÁREA DE PROPIEDAD SOCIAL
Desde antes de la llegada de la Unidad Popular al gobierno. Chile es el país capitalista de América Latina con mayor participación estatal en la economía (1). Existen en la época 43 industrias de importancia en las que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) u otros organismos del Estado tienen una participación de más de 50 por ciento de su capital (2). Algunas de las empresas en las que participa el Estado producen más de la mitad de las necesidades nacionales totales en su respectivo ramo; por ejemplo, IANSA produce el 60 por ciento del azúcar y el 50 por ciento del alcohol; las fábricas de pescado el 62 por ciento de las conservas y el 53 por ciento de la harina de pescado, etc. (3)
Cierto es que Corfo ha operado hasta entonces como un instrumento de los grupos económicos dominantes, como lo demuestra la elevada proporción de representantes de la empresa privada que hay dentro de su Consejo. Esto ha determinado una tendencia a un capitalismo de Estado y una gran extensión del papel de Corfo como subvencionador de la empresa privada. Por esta razón Corfo otorga créditos cuantiosos a empresarios privados, vende a particulares acciones de florecientes industrias y salva de la falencia a empresas que se hallan al borde de ella (4).
Esto explica que la organización interna de las empresas estatales no difiera de manera apreciable de la de las industrias capitalistas privadas, en lo relativo a las estructuras jerárquicas, poder de decisión, trato de los trabajadores, etc.
La elección de Allende transforma enteramente este enfoque y todas sus consecuencias, pues ahora se trata de encaminar la economía hacia una forma socialista y, para ello, reemplazar gradualmente el modo de producción capitalista mediante una redefinición de las relaciones de producción, en forma que el aparato productivo vaya pasando a la propiedad colectiva. Este paso, que va a significar la transferencia a los trabajadores y a todo el conjunto del pueblo del poder económico y político, es dado mediante la constitución del área de propiedad social dentro de los medios de producción de importancia más relevante de la economía nacional. Así lo dispone el Programa, según se explicó en el capítulo III.
Dentro de la rama industrial de manufacturas, la aplicación de esta parte del Programa queda a cargo del Ministerio de Economía, el cual utiliza muchas veces para su cumplimiento a Corfo, organismo del cual hemos hablado en el capítulo precedente. Hemos visto que la ejecución de medidas destinadas a formar el área de propiedad social en el sector textil, aparece muy tempranamente, al comienzo de la gestión gubernativa del Presidente Allende.
Para la creación del área de propiedad social el Gobierno de la Unidad Popular se encuentra con insuficiencias legales que dificultan sus planes. La legislación chilena está fuertemente condicionada por una vasta red de preceptos de índole tradicional, inspirada en las ideas liberal-individualistas del siglo pasado, que se manifiesta principalmente en los códigos de esa época. Para el Código Civil, el Código de Comercio y el Código Penal, el sistema socio-económico se rige por "las leyes naturales de la economía", y sus reglas suponen la libre iniciativa y una industria preponderantemente, si no exclusivamente, privada. La verdad es que se han dictado en las últimas décadas leyes con inspiración social, que permiten al Estado tomar ingerencia en la vida económica, pero éstas no son ni bien conocidas ni bien estimadas por juristas y jueces, animados mayoritariamente de tendencias conservadoras. A pesar de ello estas leyes cobran una realidad inescapable dentro de la vida administrativa chilena y tienen precedentes de aplicación frecuente aun por gobiernos de tendencia derechistas (5).
Como el Gobierno no cuenta con mayoría en el Congreso que le permita obtener los instrumentos legales para el establecimiento del área de propiedad social, acude a la legislación ya existente y a las vías, escasas y difíciles que ella permite para adelantar en sus propósitos relativos a esta área. Confía en que una correcta interpretación del contexto de la legislación nacional debe llevar a la conclusión de que el curso histórico de ésta y su progresiva separación de los principios legales tradicionales, para irse adentrando cada vez más en el reconocimiento al Estado de una función no solamente rectora sino que incluso dé participación directa en las tareas productivas y distributivas, conducirá a que estas normas más modernas sean estimadas como las más representativas del esquema socio-económico existente y de las tendencias dinámicas de la legislación nacional. Ello servirá para reconocer primacía a esta legislación nueva, en todos los casos en que sea opuesta a las reglas tradicionales de espíritu liberal-individualista, conforme a la hermenéutica mejor asentada y más reciente.
Hay un hecho jurídico de notable relieve que apoya el criterio expuesto. El concepto de derecho de propiedad considerado en la legislación chilena ha experimentado en los últimos años una evolución notable y de vigor extraordinario, puesto que se ha ido configurando dentro de las propias disposiciones constitucionales. A la propiedad absoluta contemplada en la Constitución de 1833 y en el Código Civil han sucedido la propiedad como derecho relativo dentro de la Constitución de 1925, la propiedad con definida función social en la reforma constitucional de 1967 y la propiedad privada al servicio de los grandes intereses nacionales conforme a la reforma constitucional de la nacionalización del cobre, aprobada en 1971 por la unanimidad del Congreso y promulgada ese mismo año el 16 de julio. Todo esto hace imposible que un jurista de recto criterio insista en atenerse a las fórmulas legales añejas y omita considerar lo que en el conjunto de la legislación ha significado la evolutiva y cada vez más acentuada incorporación de preceptos avanzados. Los preceptos legales no deben ser interpretados aisladamente, por expresa voluntad del legislador, sino que han de serlo en relación y dentro del conjunto de que forman parte. La introducción de nuevos principios fundamentales por las leyes más recientes, principalmente aquellos que otorgan al Estado intervención decisiva en la economía nacional y que reducen en gran medida la intensidad y el alcance del derecho de propiedad privada, tiene que ser considerada para estimar que las disposiciones tradicionales, pese a subsistir simultáneamente con estas leyes recientes, no pueden ser entendidas con su alcance primitivo, sino condicionadas y modificadas en su sentido por el contenido de estas últimas.
De ahí que el Gobierno de la Unidad Popular, sin posibilidad de obtener por el momento la legislación especial que lleve a la creación del área de propiedad social, busque en las leyes vigentes la solución que la haga realidad. Y en tanto aquella legislación especial no pueda conseguirse, adelantará en el cumplimiento de sus planes mediante la utilización de los procedimientos jurídicos ya existentes que le permitan hacerse de empresas industriales de los particulares.
El Gobierno de la Unidad Popular acude a procedimientos variados para lograr la constitución de esta área de propiedad social, los cuales podemos ordenar en tres grupos: a) la expropiación directa de ciertas industrias, medida que se aplica principalmente en la industria textil; b) la compra directa de industrias por el Estado, y c) la requisición y la intervención de industrias. Los dos primeros tienen el carácter de definitivos; el tercero es temporal y solamente crea condiciones que podrían permitir, más adelante, que la empresa respectiva pase a manos del Estado.
Una de las leyes vigentes que aprovecha el Gobierno de la Unidad Popular está contenida en un decreto ley dictado el 30 de agosto de 1932, con el número 520, durante un breve gobierno de tacto que se declaraba socialista. Su artículo 4 dispone que "para el solo efecto de atender a las necesidades imperiosas de las subsistencias del pueblo se declaran de utilidad pública las empresas industriales y de comercio y los establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad y se autoriza al Presidente de la República para expropiarlos en los casos taxativamente enumerados en los artículos 5 y 6 y de conformidad a las normas de procedimiento que señala la presente ley". Su artículo 5 prevé la expropiación de "todo establecimiento industrial o comercial que se mantenga en receso". Esta misma disposición y los artículos 7 y 8 determinan el procedimiento que debe seguirse para la expropiación: la petición de expropiación debe ser formulada al Presidente de la República por el Comisario General de Subsistencias y Precios (reemplazado después por el Superintendente de Abastecimientos y Precios), ha de ser informada favorablemente por el Consejo de Defensa Fiscal (denominado posteriormente Consejo de Defensa del Estado) y ha de regirse por las reglas sobre procedimiento expropiatorio previstas en el Código de Procedimiento Civil. El Comisariato queda facultado para tomar posesión desde luego de los bienes expropiados y puede vender en pública subasta las empresas que se expropien o bien, explotarlas directamente (6).
Pese a que no se trata de una ley regularmente dictada, todos los Poderes del Estado han declarado la aplicabilidad de este y otros decretos leyes: el Ejecutivo utilizándolos, fijando su texto definitivo e incorporándolos a textos refundidos (7); el Legislativo introduciéndoles modificaciones, y el Judicial declarando expresamente su validez. Aparte de ello la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado han dictaminado que esas circunstancias impiden objetar su validez. Esto explica que dentro de los ataques jurídicos que la oposición va a dirigir en contra de la facultad expropiatoria que él concede, no se insista en objetar su origen (8).
La Sociedad Fábrica de Paños Bellavista Tomé S. A., que está paralizada desde setiembre de 1970 en las condiciones que se indican en el comienzo del capítulo IV, es la primera industria cuya expropiación decreta el Presidente Allende. Para decretar esta expropiación tiene en cuenta el informe jurídico número 848, de 30 de noviembre de 1970, expedido por el Consejo de Defensa del Estado por la unanimidad de sus miembros. Dicho informe expresa que ha quedado comprobado el receso de esa industria, destinada a fabricar productos indispensables para atender a las necesidades mínimas de los habitantes de la República, declarados artículos de primera necesidad por la autoridad correspondiente, por lo que es procedente legalmente disponer su expropiación (9).
Cuando se decreta la expropiación las organizaciones empresariales exteriorizan su desconcierto. Se les ha escapado la existencia de los preceptos legales invocados para la expropiación, pero al mismo tiempo conocen la eficiencia y seriedad del Consejo de Defensa del Estado. No se atreven por esto a sostener la ilegalidad de un acto que les afecta tan sorpresivamente y piden por medio de la prensa que se indiquen cuáles son las normas cuya aplicación lo ha permitido (10).
El informe ya referido del Consejo de Defensa del Estado precisa que lo afectado por la medida de expropiación que se gestiona son todos los bienes del activo que están destinados al funcionamiento del establecimiento industrial y que el Estado no se hará cargo del pasivo de la empresa. Pocos días más tarde el Consejo mencionado emite un dictamen complementario en el que profundiza este punto y agrega que dentro de la medida expropiatoria debe entenderse comprendido todo aquello que empleaba el productor privado para realizar su actividad económica, incluyendo los bienes corporales e incorporales, vale decir, todo el activo de la empresa en sus diversas partidas (11).
Este procedimiento de expropiación es aplicado posteriormente por el Gobierno para otras industrias del sector textil y siempre cuenta, conforme a las disposiciones pertinentes, con dictamen favorable del Consejo de Defensa del Estado (12). En algún otro caso el Gobierno intenta aplicar otro precepto diferente del mismo decreto ley número 520, su artículo 6, conforme al cual el incumplimiento de una orden del Presidente de la República dada a un productor, de elaborar artículos declarados de primera necesidad en las cantidades, calidades y condiciones que determine, autoriza también para la expropiación de la industria (13). No llega a aplicarse, en cambio, el artículo 154 de la Ley 16.464, de 22 de abril de 1966 (Presidencia de Frei), que ordena aplicar la sanción de expropiación a los productores y distribuidores que se nieguen injustificadamente a mantener un ritmo normal de producción, mantengan mercaderías ocultas o especulen con los precios.
La existencia de textos legales expresos que confieren al Presidente de la República la potestad de disponer la expropiación de industrias y comercios de artículos de primera necesidad, ahoga en buena medida los intentos de la oposición política para impugnar esas medidas desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, esgrimen un informe jurídico privado del Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile (y también Presidente del Colegio de Abogados) Alejandro Silva Bascuñán en el que se sostiene que las normas de los artículos 4 a 8 del decreto ley 520 contravienen el artículo 10 número 10 de la Constitución Política, por cuanto ésta no admite privación de dominio de bienes de particulares sin una indemnización que debe preceder a la toma de posesión de los bienes por el Estado. Esta es la razón por la cual el Consejo de Defensa del Estado, en su dictamen número 848 ya citado, se ocupa de dejar establecida la perfecta constitucionalidad de dichas reglas, especialmente en razón de las modificaciones introducidas en la garantía constitucional sobre derecho de propiedad por la Ley número 16.615, de 20 de enero de 1967, que extiende la potestad pública para expropiar. Conforme a esta regla constitucional basta que una ley regule el monto de la indemnización, el tribunal encargado de resolver las controversias acerca de ella y la oportunidad y modo de tomar posesión material de los bienes para que la expropiación sea regular.
Más adelante, a falta de otras objeciones jurídicas valederas, la oposición se limitará a afirmar que el texto del decreto ley 520 (pese a no estar derogado) es inconciliable con la legislación chilena y con el espíritu de ésta. Su aplicación recibe, por esto, como ya antes se ha explicado, el mote de uso de "resquicios legales", expresión ésta que una profunda campaña en medios masivos de comunicación asimila a una grave violación legal (14).
Además, en su acusación constitucional al Ministro de Economía Pedro Vuskovic, de 8 de setiembre de 1971, a la que nos hemos referido en el capítulo anterior, el Partido Nacional le formula cargos de infracción de la Constitución y de atropellamiento de las leyes, fundado, entre otros antecedentes, en la expropiación de industrias textiles conforme al decreto ley número 520, de 1932. El Ministro acusado sostiene la plena legitimidad de la medida invocando los informes favorables del Consejo de Defensa del Estado. Sabemos ya que la acusación no prospera por no haber adherido a ella el Partido Demócrata-cristiano.
La Contraloría General de la República, a la cual corresponde revisar la legalidad de esos decretos de expropiación, toma razón de ellos sin reparo, en los primeros momentos en que no acierta a encontrar objeción legal alguna que oponerles. Pero a partir del decreto de expropiación de la industria Lanera Austral urde un torcido expediente para objetarlos. En efecto, siendo su única función la de determinar si las decisiones administrativas se ajustan o no a las disposiciones legales en cuya virtud se expiden, va a erigirse a si misma en una especie de tribunal que se encargará de dilucidar no solamente si el texto del decreto se conforma a la Constitución y a la ley, sino también si las razones o motivos invocados por el Poder Ejecutivo (juicio de mérito o de oportunidad) están suficientemente probados. Para ello va a abrir verdaderas instancias de prueba, nunca vistas antes, en las que someterá los informes administrativos en los que se funda el correspondiente decreto para dar por demostrada la conveniencia de la medida, a impugnación por los particulares afectados, para luego ponderar esa prueba y decidir si los hechos acreditados por funcionarios competentes y negados por los particulares son o no exactos y concluir, en caso negativo, que no ha debido dictarse el decreto de que se trata. La aberración jurídico-administrativa y el desborde de atribuciones que implica esta actitud del organismo fiscalizador han sido demostradas en estudios especializados (15).
El artículo 5 del decreto ley 520 es aplicado por el Gobierno Popular a todas las industrias que se mantienen en receso. El artículo 6 del mismo texto, que tiene gran amplitud y que puede ser aprovechado para sancionar el sabotaje empresarial a la producción (al igual que el artículo 154 de la Ley 16.464) no tiene otras oportunidades de aplicación debido a la actitud de la Contraloría, en cuanto ella se atribuye facultades para juzgar con su criterio, enteramente parcial, si las circunstancias autorizan la exigencia de una producción determinada al empresario, si el incumplimiento del productor es o no culpable, si existe acaparamiento o si hay especulación de precios, todo esto después de facilitar un contradictorio ilegal entre la autoridad gubernativa y el particular (16).
Otro procedimiento utilizado por el Gobierno para la formación del área de propiedad social es, al igual que en el caso de los bancos, la compra de acciones de empresas industriales por intermedio de Corfo.
El 15 de febrero de 1972 Corfo abre poder comprador para las acciones de 91 grandes empresas que el criterio gubernativo quiere incorporar al área social. Los portavoces empresariales denuncian que la compra de estas acciones permitirá al Estado controlar el 55 por ciento de la producción industrial, lo que sumado al 25 por ciento ya en manos de éste, extenderá su control al 80 por ciento de la industria nacional (17). Hasta fines de 1972 este procedimiento de compra de acciones ha permitido al Estado traspasar a las áreas de propiedad social y de propiedad mixta a 58 empresas industriales (18).
Pese a la inquina que la oposición manifiesta por este sistema de adquisición estatal, resulta difícil impugnarlo jurídicamente, porque en varias oportunidades, bajo gobiernos anteriores, Corfo ha utilizado la compra de acciones como medio de obtener el control de ciertas industrias, según se vio en el capítulo anterior. Debido a esto, la crítica se hace en forma un tanto oblicua, afirmando: a) que hay una inconsecuencia entre esta medida y declaraciones del Presidente de la República que anunciaron el propósito de traspasar al área social esas 91 empresas a través de una ley, "como corresponde a una materia de tanta envergadura"; b) que con ella "se vulnera la letra y el espíritu de la Reforma Constitucional", porque ésta establece que quedarán sin efecto las compras de acciones hechas por el Estado a partir del 14 de octubre de 1971, y c) que la medida crea una situación de inestabilidad para las empresas y para los trabajadores (19).
La impugnación es francamente risible en cuanto pretende que el Gobierno se someta "a la Reforma Constitucional", porque esta reforma no es una reforma ya aprobada y vigente, como podría creerse conforme a las expresiones que se usan, sino un mero proyecto en trámite legislativo, que, por lo demás, jamás va a ser promulgado. El argumento de que el Jefe del Estado no puede utilizar los medios legales de que dispone para el cumplimiento de su programa económico, sino que debe resignarse a que el Parlamento rechace sus proyectos legales destinados a darles mayor amplitud, rechazo que de antemano puede preverse por la existencia de una mayoría obstinada que busca su fracaso; no convence a nadie. Además, los organismos empresariales utilizan la prensa para exhortar a los accionistas privados a que se nieguen a vender sus acciones (20).
La compra de acciones de sociedades industriales en manos de particulares constituye una vía jurídica autorizada por el tradicional derecho privado, que Corfo puede emplear dentro de las amplias facultades legales que le otorgan las leyes que la establecieron. Tiene la ventaja de que no queda sujeta al control de la Contraloría General de la República, organismo que va a exteriorizar cada vez más su propósito de entorpecer la acción del Gobierno por medio de un uso arbitrario de sus facultades de verificar la legalidad de los actos de la administración.
El tercer procedimiento empleado por el Gobierno de la Unidad Popular para avanzar hacia la constitución del área de propiedad social es la requisición e intervención de empresas en uso de facultades legales de que está investido.
El Decreto ley número 520, de 1932, cuyo texto definitivo fijó el decreto supremo 1262 del Ministerio de Economía, de 18 de mayo de 1953, había dispuesto que quedaban sujetos al control directo de la Superintendencia de Abastecimientos y Precios la producción, manufactura, distribución y transporte de los artículos que el Presidente de la República declare de primera necesidad o de uso o consumo habitual (artículo 21) y había contemplado que la autoridad puede requisar mercaderías en caso de acaparamiento, ocultamiento o negación de venta con fines de especulación o sin motivo justificado, para luego venderlas por cuenta de sus dueños a sus precios naturales (arts. 22 y 25).
En 1945 se dicta un decreto reglamentario de ese decreto ley, y allí se expresa que la requisición puede referirse también a los establecimientos, explotaciones y servicios que atienden las necesidades económicas de todos los habitantes de la República (decreto reglamentario número 338).
Más adelante, un decreto con fuerza de ley número 173, de 1953, confirma esas normas y consagra la vigencia de las reglas de general aplicación dictadas por el Presidente de la República para el funcionamiento del Comisariato (posteriormente Superintendencia). Es en virtud de esto que la Contraloría General de la República admite, en su dictamen jurídico número 43.315, de 29 de junio de 1971, que "la requisición es una institución jurídica de carácter principal e independiente, en el sentido que tiene una naturaleza y fisonomía propias", que corresponde aplicar a la autoridad administrativa con la concurrencia de los requisitos señalados en las disposiciones que la estatuyen. Dentro de estas normas, a juicio de la Contraloría, el Ejecutivo está facultado para ordenar requisiciones de empresas "tanto como medida de regulación económica, a fin de permitir la fácil y oportuna afluencia de los productos al mercado consumidor, cuanto como sanción, en los casos de fenómenos especulativos".
Claro es que la requisición, se efectúe ella sobre mercaderías como lo prevé el decreto ley 520, o sobre establecimientos, como lo contempla el decreto 338, no transfiere dominio al Estado de las respectivas mercaderías o establecimientos, sino que solamente le permite incautarse de ellos para los fines previstos en los preceptos correspondientes. Por consiguiente, se trata de una medida de efecto temporal, inapta por sí misma para incorporar empresas al área de propiedad social en forma definitiva.
La intervención de empresas constituye otra potestad administrativa regida por varias disposiciones legales. El Código del Trabajo, en su artículo 626, faculta al gobierno para proveer a la reanudación de faenas en los casos de huelga o cierre de fábricas, tratándose de empresas o servicios cuya paralización ponga en peligro inmediato la salud o la vida económico-social de la población, mediante un decreto fundado. El artículo 38 de la Ley 12.927, sobre seguridad interior del Estado, confiere igual facultad cuando se trate de paralización de industrias vitales para la economía nacional o de producción o transporte de artículos esenciales para la defensa nacional o para el abastecimiento de la población o que atiendan servicios públicos. El artículo 171 de la Ley 16.640 otorga la misma atribución al Presidente de la República cuando se trata de lock out patronal o de paralización de faenas de explotación de un predio rústico. Finalmente, el artículo 4 de la Ley 17.074, de 1968 (todos los preceptos que se mencionan han sido dictados antes de la elección de Salvador Allende) autoriza al Presidente de la República para ordenar la reanudación de faenas, a solicitud de los trabajadores, en todos los casos de paralización de ellas originadas por peticiones de orden económico, aun cuando no concurran los requisitos exigidos por las leyes anteriores; este último precepto contempla una votación de los trabajadores en la que surja una mayoría absoluta de ellos partidaria de la reanudación de faenas (21).
Las reglas legales indicadas disponen que al reanudarse las faenas el personal deberá ser contratado en condiciones no inferiores a las que regían al surgir el conflicto y conceden, en algunos casos, una función consultiva a la Junta Permanente de Conciliación. En todo caso, para la reanudación de faenas el Ejecutivo debe nombrar a un "interventor" que se haga cargo de poner nuevamente en marcha el establecimiento. De ahí que se hable, generalmente, de intervención de la industria cada vez que ella se aplica.
En principio, los interventores están encargados de adoptar todas las medidas necesarias para que la industria entre en funcionamiento, pudiendo para ello hasta requerir el auxilio de la fuerza pública. Sin embargo, la actitud frecuente de resistencia patronal a esta medida hizo necesario, desde antes del Gobierno Popular, que el artículo 160 de la Ley 16.840 autorizara a los interventores para asumir la administración de la empresa, en el caso de que ésta se negara a actuar de acuerdo con sus instrucciones. En tal caso, el interventor toma a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la empresa para los efectos de asumir la gestión del giro administrativo ordinario de sus negocios y dirigir todas las actividades afectadas por el decreto correspondiente.
Esta última disposición legal da gran amplitud a la intervención del Gobierno dentro de la respectiva industria, porque si los ejecutivos de ésta intentan obstaculizar la acción del interventor o no se allanan a sus exigencias destinadas a cumplir la reanudación de faenas, permite que el propio interventor tome a su cargo la plena administración de la empresa, asuma la dirección de sus negocios ordinarios y la represente en el campo de sus actividades propias.
También la intervención es una medida de carácter temporal, pues supone que resueltas las dificultades y siendo posible el funcionamiento normal de la empresa, ella debe cesar.
No obstante, el Gobierno de la Unidad Popular utiliza, dentro de la ley, tanto la requisición como la intervención a fin de reaccionar contra la actitud de buena parte de los empresarios privados dirigida a provocar caos en la economía nacional, mediante la disminución de la producción, el acaparamiento, la especulación y el cierre de las fábricas, conforme al plan del gobierno norteamericano. A lo largo de esta pugna, los trabajadores adoptan actitudes en defensa de sus propios intereses y también de apoyo al Gobierno y a los planes de constitución del área social de la economía. Todo esto transforma a ambas medidas en una exteriorización de propósitos ulteriores de incorporar la respectiva industria al área de propiedad social, en cuanto los planes económicos y las condiciones político-institucionales del país lo hagan posible.
Como es natural, la instalación del Gobierno de la Unidad Popular exacerba la acción obrera en defensa de sus conquistas sociales y en pos de un ensanchamiento de ellas. No puede ocurrir otra cosa después de largos años de aplastamiento de sus esfuerzos de mejoramiento por medio de una represión más o menos abierta. Por otra parte, la enorme mayoría del proletariado va tomando conciencia de que los planes gubernativos le ofrecen la posibilidad de una participación más grande dentro de las actividades de conducción de la economía y suponen que le corresponde asumir un papel preponderante en todos aquellos sectores que van a quedar incorporados a la propiedad social. Sobreviene de su parte, por ello, y también por el conocimiento de las condiciones tanto más favorables que se reconocen a los obreros en las empresas que van siendo traspasadas al área de propiedad social, una puja para que toda industria de cierta importancia sea llevada a esta área. A esto se suma como factor determinante, según ya se explicó, la conducta de muchos empresarios dirigida a crear dificultades económicas graves al Gobierno mediante acaparamiento de mercaderías de primera necesidad, especulación con los precios y disminución de la producción.
Dentro de este cuadro a nadie puede sorprender que los obreros ocupen fábricas, tanto para obtener mejoramiento de sus condiciones como para denunciar a los empresarios que socavan la economía nacional. Esas ocupaciones se llaman "tomas" en el lenguaje popular (22).
Por su parte el Gobierno, que ha asegurado públicamente su propósito de eliminar las represiones violentas en contra del pueblo, rechaza acudir al empleo de la fuerza para hacer cesar esas situaciones, pero al mismo tiempo debe adoptar, en defensa del interés colectivo, las medidas apropiadas para que las industrias ocupadas vuelvan a operar en la función productora o de distribución que las necesidades nacionales exigen. Por cierto que no puede descartarse la posibilidad de que en ciertos casos algunos representantes gubernativos miren con buenos ojos las ocupaciones obreras, en cuanto ellas dan pie para una intervención de la industria, pues esta intervención permite conocer mejor y en forma práctica sus posibilidades y proyecciones dentro de la economía y las ventajas y desventajas de incorporarla al área de propiedad social.
Todo esto debe ser considerado como una manifestación del dinamismo de un proceso que tiende a sustituir en forma bien profunda la estructura de la economía chilena y que demanda de algunos ensayos para tantear los caminos y las decisiones más adecuadas.
Como consecuencia de lo anterior, entre noviembre de 1970 y fines de 1972 se producen 193 intervenciones y 125 requisiciones de empresas. En unos 50 casos las empresas intervenidas son devueltas a sus dueños y en 14 casos de requisición ésta se deja sin efecto (23).
A fines de mayo de 1971 el Gobierno ordena requisar ocho grandes empresas textiles. La Contraloría General de la República, encargada de revisar la legalidad de los decretos presidenciales correspondientes, objeta los decretos tras una dilatada tramitación, lo que mueve al Gobierno, en uso de sus facultades, a dictar un decreto de insistencia, apto legalmente para vencer la oposición del Contralor. Entre agosto y diciembre de 1971 el Gobierno dispone la requisición de empresas pesqueras, elaboradoras de cobre y bebidas embotelladas y nuevamente sobreviene la oposición del Contralor. A comienzos de 1973 había 43 empresas cuya requisición había sido objetada por la Contraloría, por lo que con fecha 16 de abril de ese año el Gobierno vuelve a dictar la insistencia (24).
En estas actuaciones el Contralor, abandonando la imparcialidad exigida por el desempeño de sus altas funciones, accede a formas irregulares de tramitación que favorecen a los empresarios afectados y que desnaturalizan la índole del acto legal de toma de razón. Permite a los particulares imponerse de las medidas que el Gobierno decreta desde antes que ellas puedan ser ejecutadas, admite alegaciones escritas de su parte destinadas a impugnarlas, les recibe pruebas y asiste como supremo arbitro --papel que las normas pertinentes no le reconocen-- a un verdadero contradictorio en el que los fines de interés general que persigue la medida administrativa son rebajados al nivel del interés patrimonial individual que representa la oposición empresarial. Finalmente, decide la discusión con un criterio conservador que otorga primacía al derecho particular. Hay estudios jurídicos bien fundados que esclarecen las repetidas violaciones legales del Contralor (25).
El investigador alemán Reinhard von Brunn comenta en los siguientes términos estas decisiones del Contralor: "...la Contraloría se concibe a sí misma como defensora de los principios conservadores, otorgando preferencia a los intereses de los empresarios frente a los intereses de la comunidad" (26).
Es posible solicitar a la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) la revocación del decreto de requisición cuando éste constituye una sanción administrativa. Si esta Dirección rechaza la petición del empresario, éste tiene derecho a apelar de lo resuelto ante un Tribunal de Comercio compuesto por tres abogados: uno designado por el Ministerio de Economía, otro por el Consejo General del Registro Nacional de Comerciantes y el tercero por el Consejo de Defensa del Estado. Así lo ha dispuesto el artículo 21 de la Ley 17.066, de enero de 1969. Se trata, como puede observarse, de un tribunal letrado que da garantías de imparcialidad al empresario apelante, pues que tiene dentro de él a un representante de sus intereses (el abogado del Registro Nacional de Comerciantes) y a otro abogado enteramente independiente, el del Consejo de Defensa del Estado, capaces ambos de formar mayoría en las decisiones (27).
La Industria Yarur, uno de los más grandes monopolios textiles del país en contra de los cuales se ordenó requisición, ante la negativa de la Dirección de Industria y Comercio para dejar sin efecto la medida, apela ante el Tribunal de Comercio. Este, conforme a la ley, declara inadmisible la apelación por tratarse de una requisición fundamentada en razones de regulación económica, materia en la cual el criterio gubernativo es soberano, y no de una sanción administrativa, única apelable. Sin embargo, la defensa jurídica de Yarur acude en grado de queja ante la Corte Suprema y obtiene que ésta, desentendiéndose de los principios constitucionales sobre separación de poderes y de la empresa prohibición contenida en el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales para que los jueces se mezclen en las facultades propias de la administración, ordene al Tribunal de Comercio conceder el recurso de apelación, con ánimo manifiesto de tomar ingerencia posteriormente en la decisión que éste adopte, a través de las facultades disciplinarias de que está investida (28). Con esta decisión la Corte Suprema contradice sus tesis anteriores, expresadas bajo gobiernos de diferente signo (29).
En esta forma empieza a generarse, sobre la base de una disputa legal acerca de sus respectivas atribuciones constitucionales, un antagonismo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que va a alcanzar su climax en los momentos anteriores al golpe militar de setiembre de 1973, momento en que se extrema por ambas partes el tono de la discusión (30). Simultáneamente se va agudizando también el conflicto del Poder Ejecutivo con la mayoría del Congreso Nacional, con motivo de las diferencias en la forma y alcance de los vetos presidenciales respecto del proyecto de reforma constitucional de las tres áreas de la economía, como lo indicaremos más adelante.
Este antagonismo con la Corte Suprema mueve al investigador antes citado, von Brunn, a expresar: "El pretexto de tener que otorgar plenas garantías legales a los ciudadanos, sirve al Poder Judicial para mantener a cualquier precio el status social, político y económico. Con tal finalidad incluso considera justificadas las transgresiones de competencia (31).
Pero los empresarios necesitan contar con una gran variedad de recursos que les permitan escapar a la acción gubernativa; esto los lleva a ensayar nuevas triquiñuelas legales con ánimo de entorpecer las medidas que se aplican a sus empresas en uso de atribuciones administrativas expresas. Con ayuda de funcionarios de la Contraloría que les dan conocimiento de los decretos gubernativos antes de que sean llevados a cabo, se presentan ante los tribunales civiles ordinarios anunciando que van a interponer acción judicial para obtener la devolución de la empresa y demandar por daños y perjuicios a los funcionarios responsables, y solicitando que por la vía cautelar se decreten medidas precautorias que impidan continuar el efecto de las resoluciones administrativas. Estas medidas precautorias se hacen consistir en la prohibición al interventor de la industria de realizar los actos para los cuales la ley lo faculta, en forma que quede frustrada su actuación como tal, o en la designación por el juez de otro interventor adjunto, sin cuyo necesario consentimiento aquél no podrá actuar. Para que quede perfectamente en claro que se trata de impedir los efectos de las resoluciones administrativas, de desconocer al interventor gubernamental el ejercicio de sus facultades y de hacer burla de las atribuciones económicas del gobierno, se designa muchas veces como interventor adjunto al propio gerente de la empresa afectada por intervención (32). Con esto se impide a los interventores gubernativos comprar materias primas, vender productos, contratar personal, disponer de los fondos de la empresa para la continuación normal de las operaciones, etc.; esto significa que quedan enteramente imposibilitados para cumplir su función y que la industria queda paralizada. Contra la voluntad de la ley, que procura que perturbaciones surgidas en la marcha del sector productivo no perjudiquen la economía nacional disminuyendo la producción, los tribunales chilenos, atentos ante todo a la defensa de los intereses empresariales y con total olvido de las necesidades nacionales (o en algunos casos con clara conciencia de que contribuyen así a desatar el "caos económico" propiciado por el gobierno norteamericano), ayudan a que la oposición política logre su objetivo de paralizar la acción del Gobierno Popular.
Los Tribunales de Justicia han abandonado su papel de juzgar en derecho las controversias temporales surgidas entre los ciudadanos, para utilizar su potestad pública con el fin de impedir el cumplimiento del programa económico de un gobierno legítimo, mediante la conculcación de los principios y normas en que esa potestad se funda (33). Poco antes del golpe militar los tribunales han dado curso a sesenta medidas precautorias de esta clase solicitadas por los empresarios (34).
Los denodados esfuerzos del Consejo de Defensa del Estado por obtener que se respete la ley y sean dejadas sin efecto dichas medidas se estrellan contra la firme decisión de los jueces de todos los niveles y, principalmente de los magistrados superiores, de frustrar las medidas gubernativas por medio de un abuso de poder en contra del cual no existe recurso judicial alguno al cual acudir, desde que colaboran en él hasta las más altas jerarquías del Poder Judicial. En esta lucha, sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado va a señalar todos los argumentos jurídicos que demuestran la violación legal en que incurren los tribunales y la forma como éstos quebrantan la Constitución al oponerse a la acción del Poder Ejecutivo o tratar de esterilizarla, dentro de un ámbito que es de la exclusiva competencia de éste (35). Los razonamientos más importantes, apoyados en los artículos 4, 60, 71, 80 y 87 de la Constitución Política y artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales insisten en que si la ley entrega a la decisión del Poder Ejecutivo la orden de reanudación de faenas, de designación de interventor y de requisar industrias, atribución que es conferida a ese Poder para que mediante ella pueda gobernar al país y proveer a su mejor administración, está vedado a todo otro poder o autoridad interferir en esa clase de resoluciones o en su cumplimiento, porque de otro modo invadiría competencia que le está asignada a otro Poder Público. Además, se objeta que a pretexto de medida asegurativa destinada a permitir la ejecución de una sentencia futura que pueda favorecer al demandante, se disponga una medida precautoria que importa dar de antemano toda la razón al empresario particular que demanda; también se expresa que el Poder Judicial pretende constituirse en un verdadero co-ejecutivo paralelo dentro del gobierno del país.
La imaginación y fertilidad de recursos de los poderes económicos privados no descansa y es así como descubren otra nueva vía, también con la colaboración del Poder Judicial, para inutilizar el ejercicio de las atribuciones gubernativas: la ingerencia de los tribunales penales en las industrias intervenidas, con el fin de impedir a los interventores oficiales el desempeño de sus facultades (36). El mecanismo empleado es el siguiente: en los casos en que la intervención ha sucedido a una paralización de una industria por haber sido ocupada ésta por sus trabajadores, el empresario denuncia a la justicia criminal que éstos han perpetrado el delito de usurpación de inmuebles; el juez comienza la instrucción del sumario correspondiente y dentro de las primeras medidas que adopta está la de clausurar la fábrica e impedir la entrada a ella de toda persona, incluso del interventor que designa el gobierno con el fin de que proceda a la reanudación de faenas con arreglo a la ley. La medida judicial, directamente encaminada a hacer imposible que el Poder Ejecutivo pueda ejercer sus atribuciones propias se mantendrá por tiempo indefinido. Si el interventor quiere entrar a la fábrica a desempeñar sus funciones de tal, será procesado por los mismos tribunales como autor de desacato a la justicia (37). (así actúa un Poder Judicial que más adelante, en ánimo de legitimar el golpe militar de setiembre de 1973, va a sostener que el Gobierno Popular desconocía su independencia y sus prerrogativas de Poder Público!
Para que pueda apreciarse en mejor forma el cinismo que va envuelto en estas actuaciones abusivas de los tribunales, conviene agregar que estos mismos, poco tiempo antes de que asumiera el Gobierno Popular, bajo la Presidencia anterior, han decidido en sentencias razonadas que no tienen facultad para actuar en casos semejantes. En efecto, en el caso de la ocupación de las fábricas Indelmac por sus trabajadores, en el año 1969, los ejecutivos de esa empresa intentan una querella criminal por usurpación de inmuebles. Pues bien, el mismo juez que tres años después va a llevar adelante acciones de esta especie como un pretexto para impedir la reanudación de labores bajo dirección administrativa, declara que "la ocupación material que los obreros querellados han hecho de las fábricas cuya tenencia dice el querellante que detentaba, no constituye delito de usurpación, sino una situación de hecho". Este fallo es confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, ante la cual apelan los ejecutivos. La Corte Suprema expresa su conformidad con la tesis indicada al resolver el recurso de queja 197-70 que éstos interponen ante ella. ¡Es que son tiempos en que los tribunales, integrados por funcionarios conservadores bien seleccionados por la poderosa Corte Suprema, no se sienten inquietos por la política gubernamental!
Pero toda la acción de oposición al gobierno que se realiza desde las altas funciones públicas se entrelaza. El Contralor General de la República va a esgrimir un argumento del mismo origen para objetar la legalidad de numerosos decretos de reanudación de faenas y de intervención, pues sostendrá que la ocupación de fábricas por sus trabajadores (que hemos visto que no constituía delito antes del Gobierno de Allende en opinión de los tribunales) es una acción delictuosa y, como tal, constituye un "ilícito penal"; siendo así, no corresponde que el Gobierno decrete la puesta en marcha de la industria, pues solamente toca actuar en caso semejante a los tribunales. Para esta posición de nada sirve ni el texto de la ley, que autoriza a implantar la reanudación de labores al Gobierno en caso de paralización de ellas por cualquier causa, ni el espíritu de la ley que es impedir que cese o se reduzca la producción en industrias vitales para la economía nacional (38). Hasta los jueces civiles empiezan a ordenar devolución de fábricas requisadas a sus propietarios, apoyándose en que "un organismo del Estado no puede fundar sus decisiones en circunstancias de carácter delictivo" (39).
Tanto entrelazamiento armónico entre funcionarios con poco contacto normal entre sí indica la presencia necesaria de un coordinador.
Sucede, en algún caso, que pequeños accionistas de una gran sociedad anónima industrial que ha sido intervenida, perjudicados por la paralización de la industria que significa la medida precautoria, puesto que obsta a la reanudación de las faenas, pidan protección al Superintendente de Sociedades Anónimas, alto funcionario que en virtud de una ley anterior al Gobierno de Allende ha sido dotado de facultades amplísimas para fiscalizar a esta clase de sociedades y para corregir las decisiones del correspondiente Consejo Directivo o de la Gerencia, cuando las estime perjudiciales a los intereses de los accionistas (40). El Superintendente mencionado acoge el reclamo de esos accionistas y ordena dejar sin efecto, conforme a sus facultades, el acuerdo de los ejecutivos de solicitar la medida precautoria judicial. Como puede advertirse, no se trata de una determinación que esté dirigida a enervar, la medida judicial sino que va al origen mismo de la medida, pues anula el acuerdo destinado a pedirla, emanado de quienes representan a la sociedad y dicen obrar en interés de ésta. En el fondo, se trata de que la medida realmente perjudica a la sociedad y a sus accionistas y quienes la promueven no cumplen debidamente su mandato de administración. Pues bien, para hacer nugatorio el ejercicio de las facultades del Superintendente de Sociedades Anónimas los ejecutivos de la empresa interponen en su contra una acción criminal que hacen consistir en que ese funcionario ha usado dolosamente sus facultades y que impide el ejercicio del derecho de petición. Dentro de la investigación que el juez penal ordena por estos pretendidos delitos, expide una orden al Superintendente "para que se abstenga de aplicar cualquier multa por presunto incumplimiento de las instrucciones" que éste ha dado a los ejecutivos de la empresa. ¿Podría indicarse un caso más claro de invasión de las atribuciones legales de las autoridades administrativas por un tribunal de justicia cuya competencia no le permite ocuparse de cuestiones contencioso-administrativas? ¿No aparece allí evidente el abuso con que un juez se inmiscuye en el ejercicio de atribuciones gubernativas en un aspecto en que la ley tuvo el propósito decidido de no someter la resolución administrativa a revisión judicial? (41). Pero en el Chile de 1973 la toma de posición política por los jueces ha llegado a un grado en que no hay ninguna medida que no estén dispuestos a adoptar, aunque sea con manifiesto abuso de sus funciones, con el fin de hacer imposible al Gobierno Popular el cumplimiento de su programa de política económica.
Como si todo lo anterior no fuera suficiente para demostrar esa aberrante confabulación producida entre el poder económico de la derecha política y los tribunales de justicia del país, vamos a señalar otras pruebas de ella, que si pueden producir hastío por su superabundancia, constituyen una útil advertencia acerca de la capacidad de multiplicación de recursos astutos que es capaz de poner en práctica una derecha política y económica que defiende sus intereses.
Con el fin preciso de provocar la insolvencia de empresas que van a ser integradas al área de propiedad social, las organizaciones empresariales idean otras tretas que también reciben entusiasta apoyo de los tribunales. Una de ellas es la de aumentar rápida y desmedidamente los sueldos de todo el personal directivo de la empresa. Por ejemplo, un gerente que ganaba 6.000 escudos mensuales ve aumentada su remuneración en muy pocos días a 80.000 mensuales. Acto seguido los beneficiados son "despedidos" o se retiran voluntariamente de la empresa, a raíz de lo cual interponen cobros judiciales por cantidades millonarias en contra de la firma, cobros que los tribunales ordenan pagar (42). Es un método sencillo, aunque indirecto, de hacer imposible la prosecución de las actividades productivas.
Es evidente, como se desprende con claridad de estas líneas, que todos estos expedientes irregulares utilizados por los empresarios privados no habrían podido poner obstáculo al proceso económico impulsado por el Gobierno de la Unidad Popular si el Poder Judicial y el Contralor General de la República se hubiesen mantenido dentro de la posición que les imponían las leyes vigentes y sus obligaciones funcionarías propias. No siendo así, cada nuevo subterfugio, amparado y aderezado jurídicamente por esas autoridades, se convertía en un real escollo para dicho proceso, que por añadidura va desmoronando la dilatada tradición cívica e institucional del país.
Ante tanta maniobra obstructiva ocasionada por la acción de los tribunales y del Contralor, el Gobierno Popular, en lugar de denunciar al país este planificado sobrepasamiento por aquellos de sus atribuciones, como actos francamente atentatorios en contra de la legalidad y como actuaciones de manifiesto sentido subversivo y, por ende, delictuosos, va a dar un nuevo paso que demuestra su empeño por conservar la institucionalidad establecida hasta el límite de sus posibilidades. A fines de 1972 el Poder Ejecutivo solicita al Consejo de Defensa del Estado una fórmula jurídica que permita proseguir normalmente la tarea gubernativa. En informe número 647, de 6 de diciembre de 1972, que emite dicho Consejo con la aprobación de la unanimidad de sus integrantes, se señalan las escasísimas formas que existen para resolver el problema, atendida la actitud de tribunales y Contralor, pues las únicas viables habrían de requerir el consentimiento de las directivas empresariales, ya enteramente obstinadas en su propósito de hacer imposible al gobierno legítimo el ejercicio de sus facultades. No hay, por consiguiente, fórmulas practicables (43).
Esta consulta jurídica del Gobierno de la Unidad Popular es una demostración del grado hasta el cual han llegado los tropiezos pseudamente jurídicos opuestos por el Poder Judicial y el Contralor y de los sacrificios que ese gobierno está dispuesto a hacer para salvar la democracia chilena. Todo ello sin contar con que prueba la escrupulosa voluntad del Gobierno de Allende de ajustarse a las reglas jurídicas pertinentes hasta el extremo posible (44).
1. R. von Brunn, ob. cit., p. 17.
2. Corfo, Monografía de Empresas Filiales 1970, Santiago de Chile, 1971, p. 7.
3. Ibídem, p. 16.
4. R. von Bruno, ob. cit; pp. 18 y 19.
5. Eduardo Novoa Monreal, "El Difícil Camino de la Legalidad" antes citado, pp. 4 a 11.
6. Eduardo Novoa Monreal, "Vías Legales para avanzar hacia el Socialismo", ante citado, pp. 28 a 33.
7. El 18 de noviembre de 1953 el Ejecutivo expide, en uso de la autorización que le confiere el artículo 2 transitorio del decreto con fuerza de ley 173, de 4 de julio de 1953, un texto refundido del decreto ley 520, el que lleva el número 1262 de los decretos del Ministerio de Economía de ese ano. En 1966, por mandato del artículo 167 de la Ley 16.464 del mismo año, parte importante de las disposiciones del decreto ley 520 son incorporadas a un texto revisado y refundido sobre legislación económica.
8. Genaro Arriagada, De la vía chilena a la vía insurreccional, Editorial del Pacífico, Santiago de Chile, 1974, p. 138, donde pese a la carga pasional desbordante con que juzga las actuaciones del Gobierno de la Unidad Popular no puede menos de reconocer que la aplicación del decreto ley 520 "era considerada idónea".
9. Archivo interno del Consejo de Defensa del Estado.
Sobre constitución del Consejo de Defensa del Estado, la idoneidad jurídica de sus miembros y su completa imparcialidad e independencia en relación con las decisiones del Ejecutivo, véase el capítulo precedente y en especial su nota 8.
10. Ver artículo editorial del periódico de Santiago de Chile, El Mercurio, el 5 de diciembre de 1970.
11. Informe número 889, de 16 de diciembre de 1970, emitido por e! Consejo de Defensa del Estado al Ministerio de Economía.
12. Se expropian, además, las industrias Lanera Austral, Paños Fiap Tomé y Fabrilana.
13. Caso de Hilandería Andina S. A., informado favorablemente por el Consejo de Defensa del Estado en su dictamen número 149, de 28 de marzo de 1972. Sin embargo, la Contraloría General de la República obstruye esa medida de expropiación.
14. Sobre "resquicios legales" ver el capítulo cuarto y, en especial la nota 9.
15. Ver: Raúl Espinosa Fuentes, "La Contraloría General y el proceso de cambios", en Revista de la Universidad Técnica del Estado, número 8, Santiago de Chile, mayo-junio 1972, pp. 15 y ss. Ver también: Eduardo Novoa Monreal: "El Difícil Camino de la Legalidad", antes citado, pp. 21 a 23.
17. Declaración de un representante de la organización empresarial denominada Sociedad de Fomento Fabril (Sófora), que se publica en el periódico El Mercurio, de Santiago de Chile, el 15 de febrero de 1972. De paso, esta declaración empresarial permite confirmar el carácter monopolice de la industria chilena de más importancia, puesto que menos de 200 empresas controlan todo el sector económico industrial en el que figuran alrededor de 30.000 empresas de toda índole .
18. Manuel J. Barrera, en ob. cit., p. 115. En la página 123 de esta misma obra se expresa, que desde noviembre de 1970 a 11 de octubre de 1972 se han comprado para el área de propiedad social 11 empresas y que se están negociando 21. R. von Brunn, en ob. cit., p. 34, señala que hasta junio de 1972 se estatizaron mediante compra de acciones 63 empresas de diversos rubros.
19. Declaración de representantes de la Sociedad de Fomento Fabril aparecida en revista Ercilla, Santiago de Chile, número 1911. p. 39.
21. Eduardo Novoa Monreal, "Vías Legales para avanzar hacia el Socialismo", antes citada, pp. 36 y 37.
22. La prensa chilena de la época da cuenta de numerosas "tomas" de fábricas y establecimientos industriales.
23. M. Barrera, ob. cit., pp. 116 y 117.
24. G. Arriagada, ob. cit., pp. 149, 180 y 257.
25. Ver: Raúl Espinosa Fuentes, "La requisición de los monopolios textiles y un fallo de la Corte Suprema" en Revista de la Universidad Técnica del Estado, N9 7, Santiago de Chile, abril 1972, pp. 91 ss, y "La Contraloría General y el proceso de cambios" en la misma revista, pp. 15 ss.
26. Ver su obra antes citada, p. 42.
27. Subrayamos la participación de un abogado del Consejo de Defensa del Estado en la composición del Tribunal de Comercio, porque según se explicó antes (ver nota 8, cap. 5) este Consejo daba plena garantía de independencia y de una recta aplicación de la ley.
28. Fallo de la Corte Suprema de 4 de enero de 1972.
29. Eduardo Novoa Monreal, "El Difícil Camino de la Legalidad", antes citado, p. 19.
30. Ese antagonismo consta principalmente de las notas de fechas 30 de octubre de 1972, 12 de abril, 7 de mayo, 26 de mayo, 25 de junio y 4 de julio de 1975 de la Corte Suprema y de 12 y 28 de junio y 4 de julio de 1973 del Poder Ejecutivo.
31. Autor y op. cit., p. 44.
32. Ver: "La Justicia pierde el juicio", documento especial de Editorial Quimantú, Santiago de Chile, 1973. Ver también G. Arriagada, ob. cit., pp. 252 y 255. Los jueces civiles que ordenan precautorias destinadas a anular las decisiones gubernativas son, entre otros, Gabriel Ogalde, Eduardo Avello, Raúl Guevara y Humberto Espejo.
33. Es de notar que algunos jueces aplican correctamente la ley y niegan las medidas precautorias solicitadas por los empresarios, pero son la excepción. Curiosamente y tal vez por ello, en los casos en que la designación de tribunal que debe conocer de la materia se hace mediante sorteo, éste se inclina notoriamente hacia los tribunales dispuestos a otorgar las medidas precautorias que favorecen a los empresarios.
34. Ver: G. Arriagada, ob. cit., pp. 252 y 253.
35. La firme posición del Consejo de Defensa del Estado en contra de la extralimitación abusiva de los tribunales en esta materia consta de las numerosas presentaciones escritas que hace en los diversos juicios y procedimientos que se inician. Aun cuando estas presentaciones llevan solamente la firma de su Presidente, ellas son consultadas previamente a la corporación y aprobadas por ésta, como consta de las actas respectivas.
36. G. Arriagada, ob. cit., p. 181.
37. Es lo que sucedió en el caso de la importante Fábrica de Enlozados S. A. El juez penal que prohibió el acceso al interventor gubernativo se llama Hernán Cornejo.
38. Ver: Raúl Espinosa Fuentes, "La Contraloría General y el proceso de cambios" y Eduardo Novoa Monreal, "El Difícil Camino de la Legalidad", antes citados.
39. Se traía de la importante empresa textil Rayón Said S. A. y el juez civil que dispone la devolución se llama Gabriel Ogalde. Ver G. Arriagada, ob. cit., p. 182.
40. Es la reforma de la Ley sobre Sociedades Anónimas promulgada en julio de 1970, durante el gobierno de Frei.
41. Ver: "La Justicia pierde el juicio", antes citada, pp. 8, 34, 35 y 36.
42. Ibídem, pp. 24, 23 y 32. El caso se da en la empresa Indugas y se repite en varias otras.
43. Archivo interno del Consejo de Defensa del Estado.
44. La constitución del área de propiedad social que procuraba el Gobierno de la Unidad Popular originó la tramitación de una reforma constitucional, a partir de octubre de 1971, conforme a dos criterios antagónicos, el de la oposición política y el del Gobierno, expresados ambos en sendos proyectos de contenido divergente que fueron propuestos al Parlamento en forma casi simultánea.
La mayoría parlamentaria de oposición aprobó el texto que ella apoyaba, redactado por los senadores demócrata-cristianos J. Hamilton y R. Fuentealba, conforme al cual quedaban sin efecto las medidas adoptadas por el Gobierno Popular, no podía incorporarse al área social ninguna empresa sin aprobación del Congreso y se le retiraban al Presidente de la República las facultades legales en materia económica de que habían gozado todos los Presidentes anteriores. Como puede verse, este proyecto era una forma de impedir la constitución del área de propiedad social.
En uso de sus atribuciones constitucionales, el Presidente Allende vetó este proyecto aprobado por el Congreso. Este veto suscitó una disputa muy tensa a nivel constitucional entre el Presidente de la República y la mayoría del Congreso Nacional. Ella fue explotada por la oposición para sostener que el Ejecutivo se negaba a aplicar los preceptos constitucionales y se convirtió finalmente en un grave conflicto de poderes. La posición mayoritaria del Congreso fue uno de los antecedentes invocados posteriormente por los militares golpistas para justificar el derrocamiento del Presidente Allende.
Como esa pugna y ese conflicto fueron planteados a nivel puramente jurídico, no parecen caber propiamente en este trabajo, destinado a mostrar los inconvenientes que surgen en un país capitalista dependiente para el cumplimiento de una política económica destinada a alterar en importante medida sus estructuras. Sobre esa controversia jurídico-constitucional existen ya varios comentarios; su importancia probablemente originará otros más.

References: artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 154
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 154
 artículo 626
 artículo 38
 artículo 171
 artículo 4
 artículo 160
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 2
 artículo 167