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Timestamp: 2017-11-18 04:32:37+00:00

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Sentencia T.S.J. Madrid 1082/2013 de 5 de diciembre
IVA: Liquidación provisional. Incremento de la base imponible. Arrendamiento de un inmueble. Según el contrato aportado, el arrendamiento se realiza para ser destinado única y exclusivamente como vivienda a persona determinada. Exención de IVA. Sanción. Se estima.
NIG: 28.079.33.3-2011/0178116
Procedimiento Ordinario 614/2011
Demandante: D./Dña. Diego
PROCURADOR D./Dña. ROSA MARIA MARTINEZ VIRGILI
SENTENCIA 1082
RECURSO NÚM.: 614-2011
PROCURADOR D./DÑA.: ROSA MARIA MARTINEZ VIRGILI
En la Villa de Madrid a 5 de Diciembre de 2013
Visto por la Sala del margen el recurso núm. 614-2011 interpuesto por DON Diego representado por la procuradora DÑA. ROSA MARIA MARTINEZ VIRGILI contra fallo del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 25.5.2011 reclamación n.º NUM000 Y NUM001 interpuesta por el concepto de IVA habiendo sido parte demandada la Administración General del Estado, representada y defendida por su Abogacía.
Tercero.—No estimándose necesario el recibimiento a prueba ni la celebración de vista pública, se señaló para la votación y fallo, la audiencia del día 3-12-2013 en que tuvo lugar, quedando el recurso concluso para Sentencia.
Primero.—En esta ocasión, se somete al enjuiciamiento de la Sala la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de fecha 25 de mayo de 2011, por medio de la cual se resuelven las reclamaciones económico- administrativas interpuestas contra los siguientes actos administrativos:
1)Acuerdo de la Administración de Alcobendas de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid por el que se practica liquidación provisional por el IVA 2007, de la que resulta una cantidad a ingresar de 6.232,50 euros.
2)Acuerdo de la Administración de Alcobendas de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, de imposición de sanción por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2007, con una cuantía de la sanción de 2.941,91 euros.
Segundo.—En orden a la resolución de la controversia suscitada, hemos de tener en cuenta los siguientes antecedentes fácticos:
1.º-En fecha 4 de diciembre de 2008, se dictó acuerdo de liquidación provisional, motivándose la regularización en incrementar la base imponible devengada en el importe del arrendamiento de un inmueble del que es propietario el actor a una empresa, considerándose en la citada liquidación que no tenía como destino inmediato el de vivienda.
2.º-El interesado interpuso reclamación económico administrativa contra dicho acuerdo, defendiendo la sujeción y exención del arrendamiento a la sociedad "Posada del Cura S.A." ya que según el contrato aportado el arrendamiento se realiza para ser destinado única y exclusivamente como vivienda a persona determinada.
3.º-Del mismo modo, se llevó a cabo la iniciación y sustanciación de procedimiento sancionador, concluyendo con acuerdo de imposición de sanción el día 29 de junio de 2009, en los mismos términos que el acuerdo de inicio del expediente, con una sanción resultante de 2.941,91 euros.
4.º-Contra dicho acuerdo sancionador el interesado interpuso recurso de reposición, que fue remitido al TEAR por la Oficina Gestora para su acumulación a la reclamación contra la liquidación.
5.º-El TEAR, en la resolución impugnada, procede a desestimar el recurso contra la liquidación, confirmando la misma, y a inadmitir la reclamación interpuesta contra la sanción, acordando su remisión a la Oficina Gestora para que resuelva sobre el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de imposición de sanción. Y ello por cuanto entiende el Tribunal que no resulta posible la acumulación de ambos medios de revisión aun cuando los mismos tengan por objeto liquidación y sanción, resultando dicha imposibilidad no sólo de la naturaleza y trámites de ambos, sino también, por la imposibilidad de privar a los administrados de un medio de impugnación, como es el recurso de reposición, cuyo ejercicio se ha otorgado en virtud de la Ley 58/2003 constituyendo un derecho de los mismos, sin que se encuentre prevista su exclusión por parte de la Administración.
Tercero.—En la demanda rectora de la presente litis, la parte recurrente solicita la anulación de la liquidación practicada por no haberse aplicado la exención del IVA prevista en el artículo 20 Uno 23 b de la Ley 37/1992, ya que la parte recurrente suscribió contrato de arrendamiento de fecha 6 de junio de 2006 con la entidad POSADA DEL CURA S.A., consignándose en dicho contrato que la vivienda se arrendaba para que "fuera ocupada con carácter exclusivo de residencia permanente del empleado de dicha entidad Don Octavio, con DNI n.º NUM002 ", por lo que procedió a emitir los correspondientes recibos de renta sin repercusión del IVA, por entender de aplicación la exención prevista en el artículo citado.
El Abogado del Estado se opone a la estimación del recurso con argumentos similares a los que constan en la resolución impugnada.
Cuarto.—Sobre la cuestión suscitada se ha pronunciado la Sección en la sentencia de fecha 21 de marzo de 2012 (recurso 7/2010), a propósito de la liquidación practicada al mismo recurrente por el Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2006 y por el mismo motivo, remitiéndose, a su vez, dicha sentencia, a otras anteriores: sentencias de 7 de mayo de 2008 (recurso 208/2005), 22 de octubre de 2008 (recurso 236/2006) y sentencia de 13 de enero de 2010 (recurso 129/2008), en relación al arrendamiento de otras viviendas destinadas a otros directivos.
Pues bien, como en dichas sentencia se expresa, el análisis de la cuestión debatida debe realizarse a partir de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo art. 20.1.23.º dispone que están exentos del impuesto "los arrendamientos que tengan la consideración de servicios con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 de esta ley y la constitución y transmisión de derechos reales de goce y disfrute, que tengan por objeto los siguientes bienes:... b) los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas últimas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquello", no estando comprendidos en la exención, de conformidad con el sub apartado f') del mismo precepto, "los arrendamientos de edificios o parte de los mismos para ser subarrendados".
El tenor literal del aludido precepto legal pone de manifiesto que la exención se reconoce a los arrendamientos destinados únicamente a vivienda, entendiendo por tal la edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de morada, siempre que no se subarriende en todo o en parte, habiendo declarado esta Sala y Sección, en relación con los supuestos en que el arrendatario es una persona jurídica, que para determinar la existencia o no de subarriendo o cesión hay que analizar las cláusulas de cada contrato, siendo aplicable la exención regulada en el art. 20.1.23.ºb) de la Ley 37/1992 cuando en el contrato de arrendamiento aparece designada específicamente la persona física que va a ocupar el piso, que por ello no puede destinarse a residencia de otra persona, y no siendo de aplicación la indicada exención fiscal cuando en el contrato de arrendamiento se faculta al arrendatario a designar las personas que vayan a ocupar la vivienda, pues la posterior designación por la sociedad arrendataria de la persona que va a ocupar el piso comporta una cesión o subarriendo, teniendo además el arrendatario la posibilidad de destinar el inmueble a vivienda de diferentes personas físicas durante la vigencia del mismo contrato de arrendamiento. Así, sentencias de 19 de noviembre de 2003 (Recurso 1219/2000), 18 de noviembre de 2004 (Recurso 1128/2001) y 22 de diciembre de 2005 (Recurso 961/2002), entre otras.
En el contrato de arrendamiento que nos ocupa (folios 29 a 32 del expediente administrativo), la parte arrendataria manifestó expresamente que el arrendamiento del inmueble se formalizaba "para ser ocupada con carácter exclusivo de residencia permanente de su empleado Don Octavio, con DNI NUM002, pactándose una renta mensual de 3.000 € mensuales y una duración de tres años, no reservándose el arrendatario ningún derecho de cesión o subarriendo.
Las estipulaciones contractuales evidencian que el contrato se pactó con la única finalidad de que el inmueble alquilado fuese la vivienda de Don Octavio, con independencia de que figurase como arrendataria la entidad de la que era empleado, de modo que no se ha producido después de la firma del contrato ninguna cesión o subarriendo a favor de tercera persona, por lo que no se trata de un contrato en el que la persona jurídica arrendataria puede dar al inmueble el uso que considere oportuno o destinarla a vivienda de cualquier persona física por ella designada. En consecuencia, la finalidad del contrato era únicamente servir de vivienda a una concreta persona, que es el requisito que tuvo en cuenta el legislador al establecer la exención del art. 20.1.23.º de la Ley del IVA, no exigiendo la norma ninguna otra condición, de manera que la aplicación de la exención no puede supeditarse al cumplimiento de requisitos no previstos, en los términos propuestos por la Administración. La Sala no realiza una interpretación extensiva de la exención, prohibida por el art. 23 de la Ley General Tributaria, sino que se atiene a la finalidad, espíritu y dicción del referido precepto legal.
En consecuencia, procede estimar el recurso, declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida en lo que se refiere a la liquidación practicada, anulándola y dejándola sin efecto, así como la liquidación provisional de la que deriva, declarando exento del IVA el mencionado arrendamiento.
Quinto.—No apreciándose temeridad procesal ni mala fe en la actuación de ninguna de las partes, no procede hacer imposición de las costas causadas, atendiendo a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de esta Jurisdicción.
Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de DON Diego, contra la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid de 25 de mayo de 2011 que ha sido identificada en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, por lo que anulamos la misma en cuanto que confirma la liquidación impugnada, por resultar en este extremo contraria al Ordenamiento Jurídico; y en consecuencia, anulamos igualmente la liquidación provisional de la que trae causa, al resultar contraria a Derecho.
Y todo ello sin realizar especial imposición de las costas procesales devengadas con ocasión del presente recurso contencioso- administrativo.

References: Resolución 
 resolución 
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 artículo 20
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