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Timestamp: 2019-10-17 22:37:11+00:00

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Caso Herrera | Derecho público | Principios éticos
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Esquema Suspension Derechos y Libertades
Modelo de Recurso de Reconsideracion ESSALUD
1.1 Derecho Internacional Privado
Voto Dirimente 7mo Vocal, Caso Flores
Articulo 107 y El Interes Legitimo
Macorina Presley
EL ARTÍCULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL PERUANO
funciones del inspector.pdf
EXPTE. Nº 750020/2007 “SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS S/ DENUNCIA C/ MUSA AZAR Y OTROS - GRUPO IV – ... (CAUSA RESIDUAL)”
“SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS S/ DENUNCIA C/ MUSA AZAR Y OTROS - GRUPO IV - DETENCIONES ILEGALES, ALLANAMIENTOS, SECUESTROS, TORTURAS, ETC. A PARTIR DEL 24 DE MARZO DE 1976 (CAUSA RESIDUAL)” – Expte. Nº 750020/2007, “Luis Roberto Ávila Otrera s/ Constitución en parte querellante” - Expte. N° 9042/03, “Querella interpuesta por Eduardo Salomón Peralta c/ Musa Azar” - Expte. N° 9119/03, “Rina Angélica Farías de More y Gerardo Humberto More s/ Querella Criminal c/ Musa Azar y otros” - Expte. N° 9146/03, “Denuncia de Juan Carlos Serrano s/ Apremios ilegales y violación a los Derechos Humanos c/ Musa Azar y Garbi” - Expte. N° 9314/04, “Héctor Orlando Galván interpone querella c/ Musa Azar” - Expte. N° 9320/04, “Denuncia de Stella Rosa Scarano c/ Musa Azar y otros por s.d. Lesiones y torturas (Remitido por incompetencia del Juzgado de Crimen 5ta.)” - Expte. N° 9529/04, “Querella interpuesta por René Aníbal Arévalo c/ Musa Azar” - Expte. N° 9677/04, y “Secretaría de Derechos Humanos de la Nación s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros” - Expte. Nº 9002/03, con sus respectivos incidentes y actuaciones complementarias; y CONSIDERANDO: 1) Que en virtud de la resolución de fecha 2 de julio de 2007, dictada en el Expediente N° 9002/03, caratulado “Secretaría de Derechos Humanos de la Nación s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros”, se ordenó la acumulación de todas las causas en las que se venían investigando las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la provincia de Santiago del Estero
entre los años 1973 y 1983. A su vez y, a los fines de facilitar el trámite se dividieron los distintos casos, agrupándolos según se tratara de crímenes de lesa humanidad perpetrados antes o después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y según se tratara de desapariciones forzadas de personas o de casos de secuestros, torturas, etc., en los que no se haya producido la muerte o la desaparición forzada de la víctima. En ese marco, se dio inicio al trámite de la presente causa, destinada a investigar los casos denunciados de violaciones de domicilio, privaciones ilegítimas de la libertad –en que no se haya producido el homicidio o la desaparición forzada de la víctima– y torturas, en la provincia de Santiago del Estero, a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en perjuicio de Felipe Acuña, René Aníbal Arévalo, Aurora del Carmen Banegas, Mirta Graciela Arán de Rizo Patrón, Daniel Eugenio Rizo Patrón, Juan Carlos Asato, Ernesto Abraham Assaf, Carlos del Carmen Ávila, Manuel Eduardo Cancinos, Ángela del Rosario Pérez de Arias, Juan Aristóbulo Pérez, Raúl Eduardo Dargoltz, Miguel Ángel Escat, María Inés Fornés, Carlos Lucio González, Bailón Edgardo Gerez, Gustavo Adolfo Grimaldi, María Luisa del Valle Juárez Quiroga, Ramón Orlando Ledesma Miranda, Julio Oscar López, Aída Raquel Martínez Paz, Susana Beatriz Mignani, Graciela del Valle Ninich, Jacinto Paz, María Eugenia Ruiz Taboada, Luis Rubén Saavedra, Lina María Sánchez Ávalos de Ciappino, Javier Silva, Amaro Francisco Vargas, Mercedes Graciela Yocca, Luis Roberto Ávila Otrera, Ricardo Ángel García, Héctor Orlando Galván, Rina Ángela Farías de More, Gerardo Humberto More, Eduardo Salomón Peralta, María Lorenza Gómez de
Salomón, Jorge Moisés Salomón, Sara Sahide Salomón, Rubén Darío Salomón, Juan Carlos Serrano y Roberto Manuel Zamudio. 2) TRÁMITE DE LA CAUSA. a.- Que en el marco de la presente causa, el Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de instrucción contra Juan Manuel Acuña, Dido Isauro Andrada, Musa Azar, Luis Alberto Barbieri, Hugo Alberto Badessich, Eduardo Bautista Baudano, José Gregorio Brao, Antonio Domingo Bussi, Juan Felipe Bustamante, Carlos Héctor Capella, Nélida de Caporalleti, Marta Noemí Cejas, Daniel Virgilio Correa Aldana, Jorge Alberto D’Amico, Roberto Díaz, Miguel Tomás Garbi, Manuel Alberto García, Ramón Warfi Herrera, Francisco Antonio Laitán, Pedro Ledesma, Arturo Eduardo Liendo Roca, Ramiro del Valle López Veloso, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Domingo Nizza, Ortiz (se desconoce el nombre), Juan José Ramírez, Rodríguez (se desconoce el nombre), Edgar José Sayah Correa, Leopoldo Sánchez, Alejandrino Serrano, José Manuel Silvetti, Veras (se desconoce el nombre) y Jorge Rafael Videla. De los treinta y tres imputados, dieciocho de ellos se encontraban identificados fehacientemente al mo mento del dictado del primer auto de citación a indagatorias. En definitiva, se recepcionaron catorce indagatorias: Dido Isauro Andrada, Musa Azar, Hugo Alberto Badessich, Eduardo Bautista Baudano, José Gregorio Brao, Juan Felipe Bustamante, Carlos Héctor Capella, Marta Noemí Cejas, Roberto Díaz, Jorge Alberto D’Amico, Miguel Tomás Garbi, Francisco Antonio Laitán, Ramiro del Valle López Veloso y Leopoldo Sánchez, respecto de quienes se resolvió su situación procesal en los términos de los arts. 306, siguientes y
concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, mediante auto dictado el 8 de octubre de 2009. c.- Que el 15 de diciembre de 2011 se produjo la captura de Ramón Warfi Herrera en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, ordenándose su procesamiento y prisión preventiva en el marco del Expte. N° 19/2007. Habiéndose formalizado su indagatoria en la presente causa, imponiéndoselo de las acusaciones en su contra, el día 14 de marzo del corriente año (fs. 102/111), corresponde resolver su situación procesal en los términos de los arts. 306, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. 3) CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. Previo a analizar la responsabilidad en particular del imputado, cabe deslizar ciertas apreciaciones respecto del carácter de los hechos investigados, del contexto histórico en que estos se perpetraron y las dificultades probatorias que los mismos nos presentan. En primer lugar y siguiendo los lineamientos establecidos por esta instrucción en los autos de mérito dictados precedentemente en los Exptes. N° 17/2007 (“Grupo I”), 18/2007 (“Grupo II”), 19/2007 (“Grupo III”) y 20/2007 (“Grupo IV”) y por el Tribunal de Alzada (in re “Kamenetzky” – Expte. N° 9078/03–, “Carrizo” –Expte. N° 9041/03– y “Abdala” – Expte. N° 9070/03–), corresponde señalar que los hechos investigados en la presente causa encuadran perfectamente en la categoría de crímenes contra la humanidad, y por ello, el Estado Nacional, en virtud de sus deberes internacionales, se encuentra obligado a descubrir la verdad y juzgar a sus responsables, más allá del tiempo transcurrido y de las legislaciones de perdón u olvido que pudieren haberse dictado. En este sentido, se ha sostenido: “El Derecho
Internacional impone a los Estados el deber de garantizar los derechos humanos investigando, enjuiciando y sancionando a los autores de las violaciones. Éste es un mandato que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. La competencia de cada Estado para no penalizar o castigar determinados hechos puede ir sólo hasta donde no se contraríe el deber internacional de penalización, atento a que la persecución penal y la aplicación de sanciones penales a los responsables de crímenes contra el derecho de gentes son interés de toda la humanidad. Así, sobre el Estado recae un deber jurídico de imponer las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación. Si bien el propio texto de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, con jerarquía constitucional, prevé su aplicación retroactiva sobre la base de los arts. I y IV, los hechos por los cuales se condenó a Arancibia Clavel ya eran imprescriptibles para el Derecho Internacional al momento de cometerse, con lo cual no se daría una aplicación retroactiva de la convención, sino que ésta ya era la regla por la costumbre internacional vigente. La idea de un orden imperativo superior a los mismos Estados que impide de un modo obligatorio la comisión de crímenes contra la humanidad y que considera que no es posible pasar por alto la punición de tales delitos aberrantes formaba parte del sistema universal de protección de derechos humanos al momento en que se cometieron los hechos investigados en la presente causa. Por lo tanto, no se trataría de la aplicación retroactiva del principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sino que en virtud del ius cogens y la
recepción al derecho de gentes del art. 118 los delitos de lesa humanidad nunca habrían sido prescriptibles en el Derecho Internacional ni en el derecho argentino. El reconocimiento de imprescriptibilidad por parte de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no hace más que reiterar el contenido de una norma consuetudinaria con jerarquía de ius cogens derivada de la naturaleza aberrante de esos crímenes, que de esta forma se diferencian de los delitos comunes. Esto no implica desconocer la importancia ni la plena vigencia del principio de irretroactividad de la ley penal, que ha sido invariable jurisprudencia de la Corte Suprema, sino que, en carácter excepcional, ante delitos de lesa humanidad se debe profundizar el camino iniciado en el caso ‘Priebke’ en cuanto ‘no haya prescripción para los delitos de esa laya’. Se puede ver el ius cogens como una forma moderna de ley natural. La idea de normas perentorias es una reacción a los abusos del nazismo, es un rechazo a la proposición positivista de que sólo los actos del Estado a través del consentimiento de los tratados son capaces de generar leyes obligatorias. El concepto de ius cogens se aleja del concepto positivista del derecho para ingresar en la idea de que hay leyes necesarias que todos los Estados deben cumplir en aras de observar principios éticos para un mundo mejor. La proposición de relegar el principio de imprescriptibilidad y condicionarlo a una interpretación cerrada del principio de legalidad del art. 18 C.N. somete a un principio fundamental testigo de la evolución de los derechos humanos, a una interpretación jurisprudencial doméstica incompatible
con el fin y el bien común buscados. Sería más lógico pensar en una exégesis del art. 18 C.N. que se adecue y complemente más plenamente con la trascendencia del derecho de gentes reconocida por el art. 118 de la Carta Magna. Debemos ser cuidadosos con el postulado del positivismo jurídico clásico en cuanto a la separación entre derecho y moral. Es decir, el sometimiento de la ley no sólo a principios formales (legalidad formal), sino también a vínculos sustanciales impuestos por los derechos fundamentales. La jurisdicción ya no es la simple sujeción del juez a la ley, sino que también implica el análisis crítico de su significado, la reinterpretación del sistema normativo en su totalidad a la luz de los principios fundamentales. Significa, según la bella fórmula de Ronald Dworkin, tomar en serio el Derecho Internacional y por tanto aceptar que sus principios son vinculantes y que su diseño normativo ofrece una perspectiva alternativa frente a lo que de hecho ocurre; hacerlos valer como claves de interpretación, como fuentes de crítica y de deslegitimación de lo existente; proyectar, en fin, las formas institucionales, las garantías jurídicas y las estrategias políticas necesarias para su realización” (Morlachetti, Alejandro, “El caso ‘Arancibia Clavel’. Principio de legalidad e imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. ¿Una nueva exégesis del art. 18 C.N.?”, Suplemento J.A., 2005-II, págs. 16 a 18). Se definen como “delitos comunes” aquellos que se encuentran tipificados en normas que integran el ordenamiento penal objetivo material, componente del derecho interno de cada Estado. Dichas acciones delictivas se encuentran codificadas en el Código Penal de la Nación, en las leyes
penales especiales o en las normas penales de leyes comunes, sancionados por el Congreso Nacional en virtud de las atribuciones concedidas por el art. 75 inc. 12 de la C.N. En cambio, los delitos denominados “de lesa humanidad” encuentran su tipificación en el ordenamiento penal internacional consuetudinario (ius cogens) o convencional (tratados, convenciones, pactos, etc.) y tipifican aquellas conductas que “afectan indistintamente a todos los Estados en su carácter de miembros de la comunidad internacional” y que “hacen a sus perpetradores enemigos del género humano” (Díaz de Medina, Federico, “Nociones de Derecho internacional Moderno”, 5ta Edición, París, 1906, pág. 235; citado por Sagüés N., “Los delitos contra el Derecho de Gentes en la Constitución Argentina”, E.D. 146, pág. 938). Cualquier conducta delictiva se configurará como crimen de lesa humanidad cuando concurran los criterios de gravedad, carácter masivo y móvil político, racial, religioso, social o cultural. El umbral que determina el acceso a la calificación de crimen de lesa humanidad se ubica en la comprobación de un determinado contexto: las conductas delictivas deben ser perpetradas como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. El concepto de crimen de lesa humanidad encuentra su punto más desarrollado en la definición normada en el art. 7º del Estatuto de Roma sancionado en el año 1998 con vigencia desde el 1º de julio de 2002: “A los efectos del presente Estatuto se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c)
esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o en cualquier crimen de competencia de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. 4) CONTEXTO HISTÓRICO. El segundo punto a destacar previamente es el contexto histórico en que se produjeron los hechos que se investigan en la presente causa. En efecto, las desapariciones forzadas motivo de este proceso se cometieron durante el denominado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, resulta claro que la represión sufrida en los años 70 no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino que se trató de un plan o proceso que venía preparándose y ejecutándose desde algún tiempo atrás, desatándose con toda ferocidad a partir de la fecha señalada. El caso de la provincia de Santiago del Estero así lo demuestra y para ello basta remitirse brevitatis causae a los autos de procesamiento dictados en los Exptes. N° 17/2007 y 18/2007, respecto
de las desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad y torturas cometidas antes del 24 de marzo de 1976. Con anterioridad al golpe de Estado ya existía un aparato represivo en la provincia de Santiago del Estero, manejado desde el Departamento de Informaciones (D-2) de la Policía de la Provincia (D.I.P.), también conocido y mencionado por testigos e imputados como la “SIDE”. Luego, ese mismo aparato represivo continuó prestando sus “servicios” durante la dictadura militar. El fin fue siempre el mismo:
perseguir opositores políticos; antes los opositores políticos e internos del partido Justicialista, al entonces gobernador Carlos Arturo Juárez; después, opositores políticos al gobierno de facto. Esta continuidad del plan represivo puede demostrarse con las propias declaraciones de Musa Azar, brindadas a una revista local. En efecto, a fs. 62 del Expte. 9070/03 se agrega como prueba documental, una entrevista concedida por Musa Azar a la revista “La Columna”. Cuando el periodista le pregunta “qué pasa con Musa Azar cuando se produce el golpe de estado”, éste le responde que “ya era delegado de la Side y recibo ese día un radiograma que dice, debe informar nombre del nuevo delegado. Yo lo llevo al interventor de la provincia y le pregunto quién es el nuevo delegado de la Side. Usted me dice. Y lo puso de puño y letra: confirmado en cargo por eficiencia en funciones y continúo yo nomás como delegado del Side…”. Como lo expresa el Sr. Fiscal en su ampliación de requerimiento de instrucción, En su último requerimiento de instrucción, el Sr. Fiscal expone el marco histórico en el que se produjeron los hechos investigados en la presente causa, señalando que “por parte de los gobernantes de facto
existió el dominio del hecho en el país para que muchos agentes estatales llevaran a la práctica los objetivos planteados por la dictadura militar. Ellos dominaron los hechos, retuvieron en sus manos el curso causal y por lo tanto decidieron el ‘si’ y el ‘como’ de los hechos y tuvieron la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento. Había fungibilidad en el brazo ejecutor de los hechos. Las ordenes eran dictadas para ser cumplidas sin necesidad de emplear coacción y de prevalerse de una situación de error en el ejecutor y, además, sin tener que conocer a este. Los que ejecutaron las órdenes dentro del aparato estatal actuaron en forma culpable. Es en ese marco de injusticia y atropello a la patria, a sus instituciones, a las personas y a sus derechos más elementales en que se producen los hechos particulares que se investigaron en esta causa. Presidía de facto el país, Jorge Rafael Videla, estaba a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército con jurisdicción en Santiago, Luciano Benjamín Menéndez, y comandaba la V Brigada de Infantería a cargo de la zona de operaciones 32 pero con capacidad de recibir informes periódicos de inteligencia, ordenar secuestro y traslados de personas de Santiago del Estero, Antonio Domingo Bussi. Los asesinatos de las víctimas investigados en la presente causa no ocurrieron aislados del contexto. A partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 numerosos ciudadanos de la Provincia de Santiago del Estero, fueron víctimas de operativos ilegales de allanamientos y detenciones. Fueron secuestrados de sus domicilios, mientras transitaban por la vía pública o mientras se encontraban bajo bandera cumpliendo con el servicio militar obligatorio, por grupos de personas, integrantes de los
autodenominados grupos de tareas. Fueron trasladados a distintos centros clandestinos de detención, tales como la sede del D.I.P. (Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia) sita por entonces en Avda. Belgrano (S) 1160, la Escuela de Policía de la Provincia y el Batallón de Ingenieros de combate 141, todos de ciudad Capital donde fueron sometidos a torturas, apremios, tormentos y todo tipo de padecimientos y vejámenes. En algunos casos, intervino la justicia y se iniciaron causas por Infracción a la ley 20.840 (Ley de Seguridad Nacional), lo que no impidió de todos modos, que los detenidos fueran sacados de los penales, llevados a la sede del D.I.P. y sometidos a torturas. La derivación al centro clandestino implicaba, de allí en más, todas las formas de maltrato o mortificaciones, los procedimientos de toda índole, el trato cruel con fines de menoscabo físico y psíquico, el completo aislamiento del mundo exterior, cuanto la completa violación de su dignidad y respeto a su condición de ser humano”. Todos estos actos se dieron en el marco de un plan represivo, cuyo inicio podría fijarse en el operativo Independencia, en la vecina provincia de Tucumán. En el mes de febrero de 1975 la entonces presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón, dictó el Decreto 261/75 por medio del cual se inició una operación integral de represión en la provincia de Tucumán. Los motivos de la operación ordenada se sustentaron en las actividades que los elementos subversivos desarrollaban en esa provincia y en la necesidad de adoptar medidas adecuadas para su erradicación. Dicho decreto autorizaba al Comando General del Ejército para que proceda a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de
neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos en dicha Provincia. La instrucción presidencial fue con posterioridad ampliada y extendida hacia todo el país mediante los Decretos N° 2770, 2771 y 2772 del 6 de octubre de 1975. Todos los instrumentos mencionados, revistieron el carácter de “secretos” hasta el año 1983, momento en que fueron publicados en el diario “La Prensa” de Buenos Aires (edición de fecha 24 de setiembre de 1983). En el Decreto 2771 se facultó al Consejo de Seguridad Interna a suscribir convenios con las provincias, a fin de colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario Para operativizar las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, las Fuerzas Armadas expidieron la Directiva 1/75 y luego la 404/75 (Lucha contra la subversión). La Directiva 1/75 instrumentó el empleo de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales, y demás organismos puestos a su disposición para la lucha antisubversiva, con la idea rectora de utilizar simultáneamente todos los medios disponibles, coordinando los niveles nacional (Consejo de Seguridad Interna), conjunto (Consejo de Defensa con asistencia del Estado Mayor Conjunto) y específico (a cargo de cada fuerza). Esta directiva adjudicó al Ejército la responsabilidad primordial en la dirección de las operaciones contra la subversión en todo el territorio de la Nación, la conducción de la comunidad informativa y el control operacional sobre la Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal y policías provinciales. De dichos instrumentos se desprende que el objetivo trazado por las Fuerzas Armadas fue el de “aniquilar a las organizaciones subversivas”, fijándose como idea rectora una “actitud ofensiva”
frente a un “enemigo” identificado con la “ideología marxista” (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, “Vargas Aignasse Guillermo s/Secuestro y Desaparición”, Expte. N° 45.709, 15/12/2004). Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya señalaba violaciones a los derechos fundamentales en su informe que abarcó de 1975 a 1980. En dicho informe se concluyó que “por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe –1975 a 1979– nume rosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”. En particular, la Comisión consideró que esas violaciones habían afectado: a) el derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención1; b) el derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; c) el derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes; d) el derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus (Cfr. Informe Argentina,
C.I.D.H., 1980). 5) VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Finalmente, como tercera cuestión previa, cabe referirse a la valoración de la prueba de autos, teniendo en cuentas las extremas dificultades probatorias causadas principalmente, por el largo tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos. En anteriores pronunciamientos, las defensas cuestionaron la validez de los testimonios brindados en la causa por personas que se encontraban detenidas. En la causa “Kamenetzky”, el Tribunal Oral Federal (en función de Cámara de Apelaciones) se refirió a la cuestión, entendiendo que “dicha circunstancia, no invalida per se el testimonio, sino que el Juez deberá ponderar, a la luz de otras pruebas si tales manifestaciones aparecen coherentes con los sucesos como se produjeron. Por otra parte, adviértase que cada una de las declaraciones lo es, respecto de las situaciones vividas individualmente, y dentro de ese marco el conocimiento puntual del hecho que aquí se juzga. Justamente la labor del juez se centra en observar la coherencia de lo relatado por distintas personas que pudieron conocer sobre el hecho y llegar a una conclusión. No está de más observar, que resulta claro que en una causa de esta índole, donde se investiga un hecho acaecido hace más de un cuarto de siglo, los testimonios solamente lo pueden brindar quiénes atravesaron una situación idéntica de privación de la libertad, y por sobre todo, que se encuentran vivos.” (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, causa “Kamenetzky”, 16/12/2005). Ya la Cámara Federal de la Capital en la Causa 13 del juicio a las juntas militares sostuvo: “En este proceso el valor de la prueba testimonial adquiere un valor singular; la naturaleza de los
hechos investigados así lo determina
1°) La declaración testimonial
... es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de la privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar que la mayoría de quienes actuaron como órganos de prueba revistan la calidad de parientes o víctimas. Son testigos necesarios. 2°) El valor suasorio de esos relatos estriba en el juicio de probabilidad acerca de la efectiva ocurrencia de los hechos que narran”. Es un hecho notorio- tanto como la existencia del terrorismo- que en el período que comprenden los hechos imputados desaparecían personas; existían lugares clandestinos de detención dependientes de las Fuerzas Armadas; personal uniformado efectuaba permanentes procedimiento de detención, allanamientos y requisas, sin que luego se tuviera noticias acerca de la suerte corrida por los afectados” (Causa 13, Cámara Federal de la Capital, Fallos T 309.I, pág. 319). Sin perjuicio de lo antes expuesto, habremos de convenir que, para la ley procesal, el declarante tiene interés en la causa, cuando el mismo se ha constituido en querellante o en parte civil damnificada; sin embargo, no por ello debe dejarse de lado sus declaraciones sino que el juez deberá ponderar las mismas a la luz de ese interés para determinar el grado de veracidad que las mismas hayan alcanzado. En relación a ello, la expresión que cabe a los testimonios brindados en la
presente querella, serían los denominados “testigos de oídas”, es decir “aquél que adquirió la información por dicho de otro y no sobre el hecho mismo. Este testigo es transmisor indirecto del elemento probatorio buscado en el proceso y no es testigo en sentido propio
pretende acreditar
porque sólo trae a proceso lo que oyó decir acerca del hecho que se ”
(S.C.Mendoza, sala IIª, “Fiscal v. Riquelme,
... María A. y otros /Por homicidio y participación criminal primaria. Homicidio. Casación” del 05/09/90; Base de datos Lexis-Nexis, documento N° 16.10161). “Es cierto que la regulación de la ley responde, como tendencia, al principio de inmediación de la prueba, entendiéndose por tal la utilización del medio de prueba más directo y no los simples relatos sobre éste, pero ello no significa que deban rechazarse en forma absoluta los testimonios de referencia u oídas, porque no siempre es posible obtener y practicar la prueba original y directa, que en muchos supuestos puede devenir imposible, y, en definitiva, la problemática que plantea la prueba de referencia es, como en cualquier otra prueba, el relativo a su veracidad y credibilidad. Por su parte, la jurisprudencia de la Casación Penal Argentina no admite el rechazo “en forma absoluta los testimonios denominado de oídas, cuya valoración es posible junto a otros elementos probatorios o como dato confirmatorio de los propios dichos del testigo directo y, aunque excepcionalmente como prueba única de cargo, en definitiva no escapa a los criterios de veracidad y
credibilidad cuya valoración resulta facultad propia de los jueces del debate” (Romero Villanueva, Horacio, “El testigo de oídas y su alcance. Un breve estudio comparando el proceso penal argentino y el
español”, publicado en LL, Sup. Penal 2005, setiembre 4). 6) HECHOS IMPUTADOS. Que al prestar declaración indagatoria en la presente causa, el imputado Ramón Warfi Herrera se abstuvo de declarar (fs. 102/11). Que a renglón seguido se analizarán los hechos y la responsabilidad del imputado en cada uno de ellos, con excepción de la figura de Asociación Ilícita, la cual serán motivo de análisis en el considerando séptimo del presente auto, pues dada su naturaleza, no puede examinarse dentro de cada caso en particular. Por ello, al exponerse cada uno, se analizará la responsabilidad en orden a la autoría de los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y violación de domicilio, según corresponda en cada caso. Caso Nº 7:
ERNESTO ABRAHAM ASSAF (hecho 4, víctima 7 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho a los imputados, se les atribuyó haber participado “en los hechos que tuvieron lugar a partir del 28 de marzo de 1977, en ocasión en que Ernesto Abraham Assaf –hoy fallecido– se encontraba visitando a sus nietos en el domicilio de ellos, un hotel muy conocido en la época frente a la estación de trenes de La Banda, propiedad de sus consuegros, Adrián Ledesma y Matilde Fernández. Los niños se encontraban viviendo con sus abuelos paternos debido a la persecución de la que eran objeto sus padres desde julio de 1976. La Sra. Matilde Fernández de Ledesma falleció el 21 de marzo del año 1977 luego de soportar el séptimo allanamiento a su casa. Ernesto Assaf se había trasladado a visitar a sus nietos que estaban muy afectados por el fallecimiento de su abuela paterna. La madrugada del 29 de marzo todos se despertaron por los fuertes ruidos en el hotel y
gritos de huéspedes. Al momento de vestirse Assaf para salir a ver qué pasaba, irrumpieron en su habitación varios hombres. Algunos con la cara tapada, entre los que no tenía la cara tapada se encontraba el comisario Musa Azar. Ernesto Assaf fue sacado violentamente del hotel, esposado, vendado los ojos y llevado al D.I.P., donde fue sometido durante aproximadamente un mes a todo tipo de torturas y vejámenes para que diera el paradero de su hija y yerno. La familia, que desconocía el lugar de detención de Assaf, realizó numerosas gestiones para conocer el paradero del Sr. Assaf con resultados negativos. Dos meses después de la detención, el comisario Musa Azar recibió a sus familiares y aceptó que había estado detenido en dependencias del D.I.P. pero que él no estaba enterado y les informó que había sido trasladado a otro lugar que desconocía. En efecto, Asaff había sido trasladado, esposado y vendado al Batallón de Arsenales ‘Miguel de Azcuénaga’ en Tucumán. A mediados de agosto de 1977 Assaf fue llevado nuevamente al D.I.P. en Santiago del Estero. Se les permitió una visita a los familiares, quienes lo encontraron con treinta kilos menos de peso y casi no podía hablar. Allí les dijeron que no lo liberaban todavía porque debían completar unos trámites, que iba a ser acusado de ocultamiento de información respecto al paradero de dos subversivos, de asociación ilícita, de portación de armas de guerra, de propaganda subversiva y apología del delito, entre otras acusaciones. Veinte días más tarde y sin ma yores explicaciones lo subieron a un auto con las ropas del día de su detención, sucio, con la barba larga y los ojos vendados y fue llevado a Tucumán. En el camino, Assaf angustiosamente pensaba que
lo iban a fusilar. Le ordenaron que se bajara del auto y caminara sin mirar hacia atrás. Obedeció la orden esperando escuchar los disparos pero solo escuchó el motor del vehículo que se alejaba en sentido contrario. Cuando se quitó la venda continuó caminando y de repente se vio rodeado de gente con uniformes que le solicitaban documentos, que obviamente no tenía por lo que fue llevado al destacamento de Los Puestos donde le permitieron asearse un poco, aunque continuó con la misma ropa. Lo hicieron quedar hasta que averiguaron sus antecedentes. Para que no estuviera sin hacer nada lo pusieron a trabajar. Lo hacían escribir a máquina. Los últimos días de septiembre de 1977 se detiene un auto para el control rutinario del aquel puesto caminero y su conductor, el Sr. Caro, lo ve y lo reconoce pero al intentar acercarse a él no le permiten hacerlo. El Sr. Caro advierte a los policías que la familia Assaf lo estaba buscando desde hacía seis meses pero no lo dejan establecer contacto. Cuando el Sr. Caro vuelve a Tucumán se contacta con la familia y ellos se dirigen a buscarlo a Los Puestos, pero ya lo habían trasladado a Santiago, al D.I.P. nuevamente. Hacia allí se dirigieron los familiares y después de una larga espera, pudieron verlo. Finalmente el día 6 o 7 de octubre de 1977 es entregado a su familia”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. En el presente caso, la única prueba de cargo señalada por el Ministerio Público Fiscal la constituye el testimonio de Estela María Assaf (fs.
1295 Expte. N° 9002/03), hija de Ernesto Abraham Assaf. En dicha declaración sólo se menciona a Musa Azar y a Jorge Alberto D’Amico, a éste último solamente como una presunción. En un pasaje de la misma, la testigo señala que “Musa Azar, además les informa que había sido trasladado a otro lugar que desconocía. En efecto, el Sr. Asaff había sido trasladado, esposado y vendado, pero el Crio. Musa Azar sabía perfectamente su destino, dado que él mismo lo había entregado al Ejército, la dicente presume que a D’Amico, que en esos momentos estaba en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, y el Sr Assaf es trasladado al Batallón de Arsenales ‘Miguel de Azcuénaga’…”. Como ya se lo señalara reiteradamente en anteriores pronunciamientos, resulta insuficiente para incriminar el único testimonio de la víctima o de un pariente directo de la misma –en el caso su hija–, sin otros testimonios o pruebas que lo sustenten. Con ello no se pone en duda la veracidad de la declaración de Estela María Assaf, prestada bajo juramento, sino que simplemente se aplican los principios básicos de todo proceso penal. La falta de mérito dispuesta en este caso para los otros imputados en el auto dictado el 8 de octubre de 2009, fue confirmada por el Tribunal de Alzada, mediante resolución del 26 de marzo de 2010. Por lo expuesto y en sentido concordante a lo ya resuelto por el suscripto con anterioridad, corresponde disponer la falta de mérito en este caso respecto de Ramón Warfi Herrera. Caso Nº 9 : MANUEL EDUARDO CANCINOS (hecho 6, víctima 9 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho al imputado, se le atribuyó haber participado “en los hechos que tuvieron lugar entre julio y agosto de
1977, cuando se allanó el domicilio de Manuel Eduardo Cancinos, sito en Congreso y Pasaje Oeste de esta ciudad, para buscar armas. Según la causa caratulada ‘S/ delito de tenencia indebida de armas y municiones de guerra - Imputado: Manuel Eduardo Cancinos’ – Expte. N° 584/77, tal allanamiento se produjo el 9 de agosto de 1977. El denunciante recuerda entre las personas que participaron del allanamiento, a Ramiro López, Garbi, Obeid y personal del Ejército en un camión, entre los que se encontraba D’Amico y otros que no reconoció. Cancinos, que en ese momento era agente de la Policía de la Provincia, fue citado cinco días después del allanamiento para entrevistarse con el Principal Quique Laitán, que era el Jefe del Cuerpo, a quien Cancinos le preguntó porqué lo estaba requiriendo Musa Azar y que pasaba con él. Laitán amenazó a Cancinos con que diga la verdad y si estaba involucrado en algo. Lo retiraron de ahí en un Ford Taunus verde, Ramiro López y dos militares que no recuerda el nombre y lo llevaron ante Musa Azar en Belgrano y Alsina. Musa Azar lo interrogó sobre si conocía a Cecilio Kamenetzky, a lo que Cancinos respondió que sí, que lo conocía del bar ‘Rancar’ en la calle Tucumán, que era un bar del hermano de Lito Salomón, amigo de Kamenetzky y de ahí los conocía. Musa Azar lo insultó y lo mandó al sótano del D.I.P., donde lo esposaron a una camilla de hierro y lo torturaron con picana y golpes. Reconoce entre sus torturadores a Garbi, Ramiro López y el ‘Turco’ Obed. Señala que los más salvajes torturadores eran Ramiro López y Garbi, aunque participaban otros. Pasadas esas dos semanas lo trasladaron a otro local del D.I.P., en la calle Libertad, donde lo metieron en un calabozo esposado. A la
semana fue dejado en libertad”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. La violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad sufrida por Manuel Eduardo Cancinos se encuentra acreditada en las constancias del Expte. N° 584 del año 1977, caratulado “Sumario por s/ delito de tenencia indebida de armas y municiones de guerra – Imputados:
Manuel Eduardo Cansinos y otros”. A fs. 1/5 de citado expediente se advierte que el domicilio de Cancinos fue allanado sin orden judicial el 9 de agosto de 1977 (cfr. acta de fs. 5). Si bien en el acta del allanamiento no consta que se haya detenido en ese momento a Cancinos, en la exposición policial del 30 de agosto de 1977, obrante a fs. 7 del Expte. N° 584/77 se da a entender que estaba privado de su libertad, por cuanto manifiesta “…que en ocasión de ser detenido se le requizó [sic] el domicilio donde se le secuestró el revolver calibre 22 mm…”. Confrontando las constancias del Expte. 584/77 con lo manifestado por la querella en su denuncia de fs. 257/259, se corrobora lo declarado por Cansinos, en el sentido de que su detención se habría producido en la Jefatura del Cuerpo de Infantería, siendo posteriormente llevado al Departamento de Informaciones. De la prueba reseñada, se puede concluir con el grado de certeza que este pronunciamiento requiere, que existió una violación de domicilio y se privó ilegalmente de la libertad a Manuel Eduardo Cancinos. Por otra parte, confrontando los testimonios brindados en el presente caso y en
otros dos que se investigaron en la presente causa –Ángela del Rosario Pérez de Arias y Juan Aristóbulo Pérez–, que en el requerimiento de instrucción forman un solo hecho, se puede presumir fundadamente que el Sr. Manuel Eduardo Cansinos sufrió diversos tormentos durante su cautiverio en el Departamento de Informaciones, tal como también los sufriera Juan Aristóbulo Pérez. Ahora bien, en orden a determinar las responsabilidades, estímase que corresponde disponer el procesamiento de Ramón Warfi Herrera en orden a los delitos que les fueron imputados en el presente caso, en razón del cargo de Jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero, que ocupaba al momento del hecho. Cabe agregar que por este mismo hecho, fue procesado con prisión preventiva Musa Azar, quien se desempeñara como jefe del Departamento de informaciones de la Policía de la Provincia, procesamiento que fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, mediante resolución del 26 de marzo de 2010. Caso Nº 20:
JULIO OSCAR LÓPEZ (hecho 15, víctima 20 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho al imputado, se le atribuyó haber participado “en los hechos que comenzaron con la detención de Julio Oscar López, en su domicilio en la localidad de Lugones, Departamento Avellaneda, a fines de enero de 1977, cuando en horas de la mañana, se presentaron en su domicilio un policía uniformado y otro de civil. Al uniformado lo reconoció, era de apellido Ortiz. El otro policía de civil no era de la zona de Lugones. No le mostraron ningún papel pero le dijeron que había orden de detención en su contra y que lo tenían que llevar. En esos momentos llegaron otros uniformados y procedieron a allanar su domicilio, sin
mostrar ninguna orden. Le revisaron toda la casa y encontraron una carta personal que le había escrito un compañero Leonardo Della Valle que cree que estaba detenido en otra provincia y que hacía mucho tiempo que no lo veía. Sin oponer resistencia, los acompañó. Lo llevaron a la Comisaría de Herrera y lo dejaron en una celda. Allí le comunicaron que estaba detenido por orden del D.I.P. y que lo llevarían a Santiago. El mismo día lo trasladaron en un móvil de la Policía, un agente de nombre San Miguel y otro de civil que no reconoció. Llegando a destino, el celular en que lo trasladaban se quedó sin combustible en la esquina de Pedro León Gallo y Belgrano. El policía que iba de civil se bajó a comprar nafta y el Julio López aprovechó el momento para pedirle al policía San Miguel que por favor le avisara a su madre que lo llevaban al D.I.P. Allí, ni bien entró, le vendaron los ojos y le pusieron esposas para atrás. Comenzaron a pegarle sin preguntarle nada y después de un rato de golpes lo dejaron tirado en un sótano. A la noche de ese día comenzó el interrogatorio con golpes y picana eléctrica. La preguntas que le hacían y que más recuerda eran ‘¿quién te engancha? ’ y si la conocía a la ‘Negra Abdo’. Julio López conocía a Graciela Abdo, porque eran compañeros de la facultad. López había estado estudiando Ingeniería forestal, pero en 1976 su padre se enfermó y tuvo que volver a Lugones, suspendiendo sus estudios. Mientras lo torturaban le preguntaban qué leía y si lo conocía a Della Valle. La respuesta era que lo conocía porque eran compañeros de la facultad. Insistían con Graciela Abdo. Evidentemente a Abdo la estaban siguiendo y lo habían visto conversar con ella. Lo tenían con las manos engrilladas en una cama
elástica, con las dos muñecas y los dos pies. Le mojaban la venda de los ojos y le largaban corriente por ahí. Prendían música muy fuerte. Los torturadores eran Garbi, Musa Azar, Ramiro López, Roberto Díaz, Paco Laitán y Quique Corbalán. Lo torturaron durante muchas noches seguidas y lo dejaban ahí tirado en el sótano. En ése estado estuvo al menos dos meses. No le daban de comer y apenas le mojaban los labios con agua. Un día, que no puede precisar por haber perdido absolutamente la noción del tiempo, lo llevaron a una cocina que había cerca del patio chico que estaba pegado a un cuarto donde estaban Walter Bellido y Carlos José Gayoso. El agente San Miguel le avisó efectivamente a su madre. Ella se hizo presente en el D.I.P. pero le negaron que su hijo se encontrara allí. La madre siguió insistiendo durante meses y recién para el mes de mayo de 1977 le aceptaron que dejare pasar algo de ropa y comida. Durante su estadía en ese lugar puede ver todo el tiempo a Garbi, López, Musa Azar, Corbalán, Guevara, Roberto Díaz, Bustamante, Laitán, Capella, Brao, Dido Andrada, Sayah Correa, Rolando Trejo, Leguizamón, Obed, Baudano y otros. Siempre andaba el abogado Maco Martín que era amigo de Musa Azar y de Ramiro López y frecuentaba el D.I.P. como si estuviera en su casa. Aproximadamente en junio o julio de 1978 lo trasladaron al D.I.P. de calle Libertad, junto con Bellido, Gayoso y Banchero. Estando en ese lugar fue testigo de la detención de un matrimonio joven. El muchacho era corredor de motos. Cree que el apellido era Bertolino o algo similar y que eran de Selva. Al muchacho lo tenían en la cocina y a la chica en otra piecita. Una de esas noches se acercó Paco Laitán y les pidió una de las frazadas. Le
dieron la frazada y como una hora más tarde volvió Paco Laitán a devolver la frazada riéndose y jactándose de que había violado a la joven. Al ser revisado por un médico se le detectó una hipertensión grave. En el Hospital Regional le detectaron que el problema de presión arterial era de origen renal como consecuencia de los golpes recibidos. Lo atendió el Dr. Torales y le aconsejó que se vaya a Buenos Aires a hacerse tratar. Estuvo tres o cuatro meses internado, lo llevaron al Juzgado Federal nuevamente y lo dejaron libre bajo libertad provisional. Tiempo después se enteró que su causa fue a la Cámara Federal de Tucumán y salió con sobreseimiento definitivo. Había permanecido un año y diez meses detenido en el D.I.P. Posteriormente fue convocado al D.I.P. por Ramiro López, quien le profirió amenazas de desaparición por un altercado menor del que Julio López no había participado, entre un poblador de Lugones y el hijo de Leguizamón que se encontraba trabajando en Lugones”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. Analizando las constancias del Expte. N° 45/77, caratulado “Infracción a la Ley 20.840 y Asociación Ilícita - Imputados: Norma Graciela Abdo, Julio Oscar López, José Carlos Banchero y otros”, se advierte que a fs. 1 del Expte. N° 45/77, Musa Azar –en su carácter de Jefe del D.I.P.– suscribe el acta de apertura del sumario de fecha 25 de enero de 1977, teniendo en cuenta la detención de Norma Graciela Abdo y Julio Oscar López
“efectivizada por personal de ésta…”. A fs. 3 se observa oficio del 18 de enero de 1977, por el cual el jefe de la Comisaría Seccional 19 de Herrera remite al detenido Julio Oscar López –bajo custodia de los policías San Miguel y Ledesma– al Departamento de Informaciones. Junto con el detenido, remite los elementos secuestrados en su domicilio. A fs. 193 y 194 lucen memorando y certificado médico que dan cuenta de la internación de Julio Oscar López en el Hospital Regional, por un problema de hipertensión arterial. Con la prueba documental reseñada precedentemente, se corrobora la violación de domicilio, la privación de libertad y las torturas denunciadas por Julio Oscar López, que le provocaron los problemas médicos que motivaron su internación. La prueba de cargo resulta suficiente para determinar la responsabilidad de Ramón Warfi Herrera en orden a los delitos que les fueron imputados en el presente caso, en razón del cargo de Jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero, que ocupaba al momento del hecho. Cabe agregar que por este mismo hecho, fue procesado con prisión preventiva Musa Azar, quien se desempeñara como jefe del Departamento de informaciones de la Policía de la Provincia, procesamiento que fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, mediante resolución del 26 de marzo de 2010. Caso Nº 24:
JACINTO PAZ (hecho 19, víctima 24 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho al imputado, se les atribuyó haber participado “en los hechos que tuvieron lugar en el año 1978, a raíz de la detención del Secretario General del Sindicato del Aceite de la ciudad de La Banda, de apellido Ibáñez, en que se produjo un allanamiento en el domicilio de Jacinto Paz, sito en Avellaneda 185 de
la ciudad de la Banda, donde se encontró prensa y material de propaganda del Frente de Izquierda Popular (F.I.P.), del cual era militante. En un interrogatorio Ibáñez declaró con qué dirigentes del F.I.P. tenía contacto. A partir de allí, el D.I.P. detuvo a Jacinto Paz y Mansilla, ambos de La Banda. Fueron incomunicados y sometidos a severos interrogatorios con torturas físicas y psíquicas en el año 1978. Durante los diez días que duró su interrogatorio lo hacían dormir sobre una mesa con una lámpara potente sobre los ojos lo que provocó que perdiera la noción de tiempo y espacio”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. La detención y tormentos sufridos por Jacinto Paz se corroboran con la declaración de Bailón Edgardo Gerez (fs. 139/140 Actuaciones Complementarias Expte. N° 9002/03), quien relata que “luego del golpe militar, continuó ejerciendo la actividad política en forma pública, desafiando y desconociendo la ilegítima Ley de la Dictadura militar que prohibía el ejercicio de la actividad política Esta persecución tiene un punto culminante con la detención de alrededor de 16 o 18 personas pertenecientes al FIP, procedimiento que tiene origen ente detención de un dirigente gremial de la ciudad de La Banda, un Sr. de apellido Ibáñez, Secretario General del Sindicato del Aceite, quien al ser detenido, se le allanó su domicilio, donde se encontró prensa y material de propaganda del FIP. A través de un interrogatorio persuasivo, Ibáñez declara con qué dirigentes del FIP
tenía contacto y el SIDE procede a detener a los Sres. Jacinto Paz y Mansilla ambos de La Banda, quienes son incomunicados y sometidos a severos interrogatorios con torturas físicas y psíquicas. En el caso de Jacinto Paz, en los diez días que duró su interrogatorio, lo hacían dormir sobre una mesa con una lámpara potente sobre los ojos, lo que provocó que perdiera te noción de tiempo y espacio. Las amenazas eran desde ponerlos a disposición del PEN hasta hacerlos
parte, a
fs. 426/427 del Expte. N° 9002/03,
a los pocos meses comenzó un
”. También en la declaración obrante a fs.
... Raúl Eduardo Dargoltz relata que “
... proceso de detención a todos sus amigos y compañeros que militaban
con él en el Frente de Izquierda Popular. Primero con un joven militante que vivía en La Banda de nombre Jacinto Paz que fue detenido por el grupo de tareas comandado por Musa Azar y recluido primero en el ejército y luego en el SIDE durante más de dos meses
... 1341 del Expte. N° 9002/03, el testigo relata que “es trasladado al
SIDE en calle Libertad, estando detenido junto a Mario Castillo, Tuty
Pereyra, Juan Ruiz, Jacinto Paz, entre otros [
... detención pudo ver a Dante Ruiz, Mario Castillo, Ramón Rosa
Mansilla, Jacinto Paz, Juan Ruiz, detenido junto al
dicente...”.
prueba de cargo resulta suficiente para determinar la responsabilidad de Ramón Warfi Herrera en orden a los delitos que les fueron imputados en el presente caso, en razón del cargo de Jefe de la Policía
de la provincia de Santiago del Estero, que ocupaba al momento del hecho. Cabe agregar que por este mismo hecho, fue procesado con prisión preventiva Musa Azar, quien se desempeñara como jefe del
Departamento de informaciones de la Policía de la Provincia, procesamiento que fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, mediante resolución del 26 de marzo de 2010. Caso Nº 30: AMARO FRANCISCO VARGAS (hecho 25, víctima 30 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho al imputado, se le atribuyó haber participado “en los hechos que tuvieron lugar a partir de la detención de Amaro Francisco Vargas en agosto de 1980, mientras estaba trabajando en su negocio de la Estación Terminal de Ómnibus de esta ciudad. Por la mañana llegaron dos oficiales de apellidos Ledesma y Silva, quienes le comunicaron que el Jefe de Brigada de apellido Ruiz quería hablar con él. Los dos policías lo acompañaron y Vargas tuvo tiempo de pasar por su casa, dejó dicho adónde iba y pidió que su esposa vaya a cubrirlo al negocio. Llegaron a la Unidad Regional 1, Brigada de Investigaciones, que funcionaba en el ex Ferrocarril Mitre. Los policías se retiraron y lo dejaron esperando para ser atendido. En un momento, lo tomaron, le colocaron una venda en los ojos y lo esposaron con las manos para atrás. Lo interrogaron acerca de Ramón Marchen, que en ese momento era el Jefe de Brigada, para ver si sabía en qué andaba el mismo. El interrogatorio comenzó ese día por la mañana y culminó a la madrugada del día siguiente. Sufrió ‘bolseo’ (submarino seco), patadas, trompadas, picana eléctrica, le metieron la cabeza en un inodoro, en un día muy frío le prendieron un ventilador y le quebraron varias costillas a consecuencia de los golpes. Los torturadores fueron Morales, Gramajo y Francolini. Permaneció en esas condiciones aproximadamente cinco días. Cuando lo dejaron en libertad, recibió
amenazas telefónicas y era seguido por la calle. En esa circunstancia realizó una denuncia ante el Juzgado del Crimen a cargo del Dr. Pedro Arnedo. Un día se presentó un oficial de Policía diciéndole que debía presentarse en Jefatura de Policía a las seis de la tarde. Retuvo al agente, llamó al Juez Arnedo quien se hizo presente y preguntó al agente sobre quién lo había enviado. Este le contestó que el mismo que Francolini. De la causa mencionada resultaron detenidos cuatro policías. El testigo José Tristán Frageli confirma la denuncia efectuada por Vargas. Cumplió funciones de informante y personal de calle del D-2. Cumpliendo esas tareas en la División de Informaciones, el comisario general Cadra y el comisario mayor Sánchez le ordenaron que presencie un interrogatorio que se iba a realizar a partir de las diez de la noche a un detenido de apellido Vargas y le dicen que durante el interrogatorio no se debía golpear al detenido pero sí ‘darle un chapuzón de agua’. A las diez de la noche se presentó a la Unidad y no lo dejaron pasar al interrogatorio, aunque merodeando por los pasillos, vio en una habitación, esposado y con los ojos vendados, a Amaro Vargas. Cuando intentó entrar al lugar el agente Koslowski se lo impidió de manera que decidió retirarse. Volvió al lugar a las 18 hs del día siguiente y Francolini lo dejó pasar. Pudo ver a Vargas rodeado de Gramajo y Morales. Vargas estaba con los ojos vendados, las manos esposadas y en estado lamentable. Le salía sangre de la nariz y espuma de la boca, los pantalones manchados con sangre, el torso desnudo y se veían marcas de golpes por todo su cuerpo, con un olor nauseabundo. Siguieron torturándolo y en un mo mento Vargas puede verlo. Cuando se le cayó la venda mientras lo sumergían en el
agua. Finalmente lo dejaron a cargo de Vargas quien le contó acerca de las torturas que había recibido”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. El Ministerio Público Fiscal señala como prueba de cargo los testimonios de Amaro Francisco Vargas y de José Tristán Frageli, agregados a fs. 214 y 211 del Expte. N° 20/2007 (causa original). Éste último declara que “al ingresar a la oficina de informaciones se encuentra con tres personas, Gramajo, Morales y Vargas que era el detenido. Que Vargas estaba vendado, con las manos esposadas, saliéndole sangre de las narices, con espuma en la boca y los pantalones manchados de sangre, el torso desnudo con golpes por todos lados y con un fuerte olor nauseabundo que le chorreaba de la cabeza. Que durante la tortura se le corre la venda a Vargas y lo ve al dicente. Vargas le contó que lo habían torturado todo el día con golpes, picana, etc. Con la declaración del testigo Frageli se corrobora lo declarado por Vargas, por lo que corresponde atribuir responsabilidad en el presente caso, en razón del cargo que detentaba como jefe de Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, al imputado Ramón Warfi Herrera por privación ilegítima de la libertad y torturas, no resultando suficiente la prueba de cargo para responsabilizarlos por violación de domicilio. Si bien el Tribunal de Alzada, mediante auto dictado el 26 de marzo de 2010 revocó el procesamiento dictado por este mismo hecho contra Musa Azar y Miguel Tomas Garbi, por considerar “que
de la prueba de cargo colectada en autos no puede derivarse con el grado de certeza adecuado a este estadio del proceso que el secuestro de Amaro Francisco Vargas se haya circunscripto a la órbita de actuación del DIP…”, sí resulta claro que tal secuestro sí se cometió bajo la órbita de la Policía de la Provincia, de la cual el imputado Ramón Warfi Herrera era su jefe. Caso Nº 35: RICARDO ÁNGEL GARCÍA (hecho 30, víctima 35 en el requerimiento de instrucción). a.- Al imponérsele del hecho al imputado, se le atribuyó haber participado “en los hechos que tuvieron lugar a partir de noviembre de 1977, en ocasión de que personal del Ejército efectuó un procedimiento en la casa de la familia Gramajo, ubicada en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, en Hipólito Yrigoyen 1977. Junto a García fueron detenidos una chica de nombre Susana Gisella Botegoni, oriunda de la ciudad de Goya, e Hipólito Ceferino Fernández, del Chaco. Los tres fueron llevados desde Río Hondo hasta esta ciudad. Los ingresaron a una dependencia que aparentaba ser una compañía de seguros. En ese lugar fueron separados, les vendaron los ojos y lo esposaron. Así estuvo por espacio de tres días. En un momento le sacaron la venda y se produce un fogonazo como de una fotografía. Lo vendan nuevamente. Reconoce a Musa Azar, a López y a una persona de apellido Auad. A partir de ese momento comenzaron a pegarle, le dieron corriente eléctrica, se desmayó y perdió la noción del tiempo. Las preguntas del interrogatorio se referían a dónde estaban las armas y ‘El Cadri’. Aparentemente, Ceferino Fernández tenía antecedentes, eso le decían. En esa situación lo revisa un médico, lo reanima y le pregunta si podía respirar. Le dicen que lo van a
registrar con el nombre de ‘Francisco Merelati’, le toman huellas digitales y lo llevan a torturarlo nuevamente. Pierde el conocimiento y lo recupera en el quirófano de un hospital. El médico le dijo ‘soy el Dr. Rojo’ y le comunicó que lo iban a operar. Debían sacarle el bazo. Despierta luego de ser operado en una habitación. En todo el tiempo transcurrido estuvo vendado. Se da cuenta de que contaba con una custodia en razón a escuchar que al venir la enfermera, ésta le requería al sujeto que se retirara, a lo cual siempre había un altercado por su negativa a hacerlo. Todos los días concurría una persona que le decía que confíe, que le diga a quién quería que le avise, y le comentó que Musa Azar andaba en su camioneta, camioneta que nunca más vio. En una oportunidad Ramiro López llega y lo saluda llamándolo ‘Francisco’. Le sacan la venda de los ojos. Puede reconocerlo. Le dice que le llevaba unos libros y le pregunta socarronamente si sabía leer. Le manifiesta que se habían equivocado con él. Preguntó el Sr. García por el otro detenido Fernández y fue informado ‘que como tenía antecedentes en rojo se había ido al cielo’. También le pregunta por la chica, Susana Gisella Botegoni y le indican que ella se encontraba en El Buen Pastor. Finalizando la charla le dijeron que se había salvado porque en su domicilio solo encontraron bibliografía de mormones y nada de aquello que buscaban. Varios días más tarde volvieron con una máquina de escribir. En ese momento ya no tenía la venda en los ojos. Afirmaron que el escribiente se trataba del Secretario de un Juzgado, sus guardianes le dan allí un papelito en la mano que decía:
‘Decí que te caíste en el baño, viene el médico forense’. Ingresan unas personas, una de las cuales una se identifica como médico forense y le
pregunta por la herida. Cuando respondió que se había caído en el baño, el forense no le cree, y le pregunta ‘¿dónde estaba el baño, en el noveno piso?’. El médico forense le dijo que no podía ser que tuviera dieciocho puntos por una caída en el baño y le dijo que va a volver al día siguiente. Esa noche lo levantan y lo llevan vendado, lo suben a un auto y en medio de la ruta lo tiran del auto y hacen disparos al aire antes de retirarse. Se arrastra hasta el asfalto porque no podía caminar por la herida. Un camionero lo ve y lo lleva hasta Termas de Río Hondo. García tenía una camioneta Ford F100, modelo 76, color blanco, registrada a su nombre, que desapareció. Posteriormente tuvo conocimiento, por la familia Gramajo, que estaba en poder de Musa Azar”. b.- El Ministerio Público Fiscal atribuye responsabilidad por este hecho a Ramón Warfi Herrera en su carácter de jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero al momento del hecho, imputándole la comisión de los delitos previstos en los arts. 144 bis, incs. 1º y 2º; 144 ter; y 151 del Código Penal. Los hechos motivo del presente caso se corroboran con las constancia del Expte. N° 9529/04, caratulado “Denuncia de Stela Rosa Scarano c/ Musa Azar y otros por s.d. Lesiones y Torturas (Remitida por incompetencia del Juzgado de Crimen 5ta.)”. Estergidio Gustavo Gramajo (fs. 96 Expte. N° 9529/04) declara “que durante el año 1977 su mujer Juana Prudencia Cajal (...), alquilaba un departamento sito en Hipólito Yrigoyen N° 1180 de la ciudad de Las Termas de Río Hondo a Ángel Ricardo García, Hipólito Ceferino Fernández y Susana Gisella Botegoni. Que en el año 1977, no recuerda la fecha exacta, una noche volviendo de su trabajo en el Casino en horas de la madrugada, vio tres vehículos (un auto
particular y dos camiones de Ejército) estacionados de una forma que rodeaban la propiedad, que es una casa esquina, alumbrando hacia el inmueble. El declarante ya se encontraba dentro de su vivienda, cuando presenció que de los vehículos se bajaron varias personas uniformadas, portando armas cortas y largas; golpearon la puerta, fueron atendidos por el declarante y su mujer, los uniformados
por calle Yrigoyen...”.
preguntaron por Ángel Ricardo García y penetraron en la vivienda sin exhibir ningún tipo de orden de allanamiento. Ángel Ricardo García se encontraba en la vivienda, lo detuvieron y lo introdujeron en uno de los camiones, donde ya se encontraban otras personas y se retiraron
Juana Prudencia Cajal (fs. 102 Expte. N°
9529/04) recuerda que “una noche de verano de 1977, él [su esposo, Estergidio Gustavo Gramajo] venía de trabajar, cuando ya estaban durmiendo, alrededor las cuatro de la mañana golpearon la puerta. Salió a ver quiénes eran. Abrió la puerta y se encontró rodeada de policías. Los policías le dijeron que tenían orden de llevarse a Ángel García y Susana Botegoni. Sacaron a la pareja de la casa y los llevaron golpeando. Había un camión del que bajó un señor al que identificó hace pocos años por la televisión. Se dio cuenta de que ese señor al
que había visto en 1977 bajarse del camión era Musa Azar. También recuerda que participaba del operativo un señor Montesinos, de quien
no recuerda más datos, salvo que era oriundo de Las
Termas...”.
adelante agrega que “tomó conocimiento a través de Nélida Maciel,
quien era administradora del Hospital Padilla en Tucumán, que Ángel García había sido atendido allí y que se encontraba muy mal, muy
golpeado...”.
Juan Gustavo Gramajo (fs. 103 Expte. N° 9529/04)
declara “que alrededor de octubre o noviembre de 1977, no recuerda la fecha exacta, una noche, alrededor de las cuatro y treinta de la madrugada, en momentos que se encontraba durmiendo en su domicilio de Hipólito Yrigoyen 1180 de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, escuchó ruidos, vio luces en el fondo, en la esquina y en el frente de a casa. Se despertó porque tocaron el timbre y golpearon fuertemente la puerta. Se levantó, se dirigió cerca de una escalera que existe al fondo de la propiedad y observó que sacaban desde el interior del departamento que habitaban, a Ángel Ricardo García, a Susana Gisella Botegoni y a Hipólito Fernández. Observó que los sacaban a los golpes y los “revolearon” arriba del camión del Ejército, golpeándolos, maltratándolos, diciéndoles de todo. El declarante manifiesta que no sabía qué pasaba y que sintió miedo. Al que reconoció entre los que participaban en el operativo, era a un señor Montesinos, al que conocía por ser vecino. Sabía que este señor Montesinos trabajaba en el SIDE. Años después, por los diarios y la televisión, reconoció a Musa Azar como quien comandaba el operativo. Que al tiempo, después de unos meses, se enteró que Ángel Ricardo García había sido internado en el Hospital Padilla de Tucumán, donde le habían extirpado el bazo, debido a los golpes que había recibido por parte de las personas que lo habían detenido. Preguntado: como se enteró de esta última circunstancia; Responde:
Porque la administradora del Hospital Padilla, de nombre Nélida Lobato de Maciel, hoy fallecida, era esposa de un primo hermano de su padre, de nombre Carlos Maciel, también fallecido. Agrega que
frecuentaban su domicilio en Las Termas de Río
Hondo...”.
testimonios reseñados corroboran sin lugar a dudas los ilícitos sufridos por Ricardo Ángel García. La prueba de cargo reseñada resulta suficiente para determinar la responsabilidad de Ramón Warfi Herrera en orden a los delitos que les fueron imputados en el presente caso, en razón del cargo de Jefe de la Policía de la provincia de Santiago del Estero, que ocupaba al momento del hecho. Cabe agregar que por este mismo hecho, fueron procesados con prisión preventiva Musa Azar y Miguel Tomás Garbi, quienes se desempeñaron como jefe y sehundo jefe –respectivamente– del Departamento de informaciones de la Policía de la Provincia, procesamiento que fuera confirmado por el Tribunal de Alzada, mediante resolución del 26 de marzo de 2010. 7) IMPUTACIÓN POR ASOCIACIÓN ILÍCITA. a.- Que el Ministerio Público Fiscal atribuyó también al imputado el haber organizado e integrado una asociación ilícita, en los términos de los arts. 210 y 210 bis del Código Penal. Al respecto, al recibirse la declaración indagatoria, se le atribuyó “ser partícipe de asociación ilícita (arts. 210 y 210 bis del Código Penal), en concurso real con las imputaciones antes formuladas, por todos los hechos motivos de la presente causa, a saber: las privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, homicidios y desapariciones forzadas descriptas en los casos […], más los casos de […]; los que tuvieron lugar, dentro de un plan de represión que presidido por las Juntas Militares, que se ejecutó a través de la estructura militar de las Fuerzas Armadas, con un número de participantes, entre autores directos, autores por dominio del hecho y cómplices que fue múltiple; y dentro de un plan para el secuestro de personas; que los delitos cometidos fueron realizados por agentes del
gobierno y con protección de organismos gubernamentales de aquella época; que en gran cantidad de casos las acciones debía cumplirlas el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia (D.I.P.); que en general el trabajo comenzaba a través de una tarea de inteligencia; uno de los modos eran los llamados servicios de calles, que consistían en la obtención de información en el ámbito gremial, político y subversivo, se confeccionaba un parte escrito con todas las informaciones de los distintos ámbitos que se obtenían diariamente; que a partir de alguna información o dato obtenido previamente se montaba una operación de seguimiento de la víctima elegida, posteriormente se realizaba el secuestro y en cada operativo intervenían aproximadamente varios miembros de la organización, llevando en ocasiones sus rostros tapados, utilizando capuchas, bufandas o pañuelos y portaban armas cortas y largas. Que las acciones eran cumplidas por agentes de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía de la Provincia o la Federal, o por personal del Ejército Argentino, actuando también en forma conjunta; estimándose la actuación del imputado en el presente caso en connivencia con los coimputados […]; teniendo en cuenta su común pertenencia a fuerzas y/u organismos estatales, que detentaban el poder gubernamental en la Nación Argentina y su forma coordinada de actuar, ya sea en el carácter de autores o co-autores, materiales o mediatos, instigadores y/o encubridores”. b.- Respecto de la calificativa de asociación ilícita, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Arancibia Clavel” estableció que la asociación ilícita es un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible. Que al respecto, sostuvo:
“Que la apreciación de la Cámara de Casación relativa a que la conducta de Arancibia Clavel de tomar parte en la asociación ilícita que integraba ‘de ningún modo se ha demostrado que pueda encajar dentro de los 'crímenes de lesa humanidad’ no puede compartirse. Se pretende dar sustento a tal afirmación en la circunstancia de que el objeto de la sentencia apelada no incluye los delitos que pudieran haber cometido los miembros de la banda (ni siquiera el homicidio de Prats y su esposa, objeto de otro recurso), sino tan solo la imputación por el art. 210, Código Penal, hecho que no estaría comprendido en ninguna de las definiciones de delitos de lesa humanidad que transcribe, y a las que califica, además, de ‘inseguras’ (…) Que, estrictamente, y a partir de las propias definiciones utilizadas por el a quo correspondía calificar a la conducta de Arancibia Clavel como un delito de lesa humanidad, pues la agrupación de la que formaba parte estaba destinada a perseguir a los opositores políticos de Pinochet, por medio de homicidios, desaparición forzada de personas y tormentos (sobre cuyo carácter no caben dudas) con la aquiescencia de funcionarios estatales. En efecto, de acuerdo con el texto del Estatuto de Roma que en la resolución apelada cita sólo en su art. 7, queda alcanzada toda forma posible de intervención en esta clase de hechos. Así, no sólo quedan incluidas las formas ‘tradicionales’ de participación (art. 25, inc. 3, aps. a, b y c), sino que expresamente menciona el contribuir ‘de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común’ (art. 25, inc. 3, ap. d), cuando dicha contribución es efectuada ‘con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito
delictivo del grupo, cuando una u otro entrañe la comisión de un crimen de la competencia de la Corte’ (ap. d, supuesto i) (…) Que, por otro lado, si lo que estaba en discusión era la imprescriptibilidad de una asociación ilícita cuyo objeto era la comisión de tales crímenes, el instrumento normativo que debía regir la interpretación era la ‘Convención sobre la I mprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad’ (conf. ley 24.584 y decreto 579/2003), que adquirió jerarquía constitucional por ley 25.778 (…) Que en este sentido no podría sostenerse que si los homicidios, la tortura y los torme ntos, la desaparición forzada de personas, son delitos contra la humanidad, el formar parte de una asociación destinada a cometerlos no lo sea, pues constituiría un contrasentido tal afirmación, toda vez que este último sería un acto preparatorio punible de los otros (…) Así, por ejemplo lo estatuyen los arts. 2, y 3 inc. b de la Convención para Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que incluye dentro de los actos castigados la ‘asociación para cometer genocidio’ (…) De igual forma, se ha di cho que ‘la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los estados partes están obligados a respetar y garantizar’, y ello sin perjuicio de la ley positiva del Estado que se trate, pues si bien no existía al tiempo de los hechos ‘ningún texto convencional en vigencia, aplicable a los Estados Partes en la Convención, que emplee esta calificación, la doctrina y la práctica internacionales han calificado muchas veces las desapariciones como un delito contra la humanidad’ (conf. Caso Velázquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988 Serie C N° 4;
luego reiterado en el caso Godínez Cruz, sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C N° 5; y recientemente en el caso Blake, sentencia del 24 de enero de 1998, Serie C N° 36, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, conf. Preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas) (…) Desde esta perspectiva, podría afirmarse que la ratificación en años recientes de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas por parte de nuestro país sólo ha significado, como ya se adelantara, la reafirmación por vía convencional del carácter de lesa humanidad postulado desde antes para esa práctica estatal, puesto que la evolución del derecho internacional a partir de la segunda guerra mundial permite afirmar que para la época de los hechos imputados el derecho internacional de los derechos humanos condenaba ya la desaparición forzada de personas como crimen de lesa humanidad. Esto obedece a ‘que la expresión desaparición forzada de personas no es más que un nomen iuris para la violación sistemática de una multiplicidad de derechos humanos, a cuya protección se había comprometido internacionalmente el Estado argentino desde el comienzo mismo del desarrollo de esos derechos en la comunidad internacional una vez finalizada la guerra (Carta de Naciones Unidas del 26 de junio de 1945, la Carta de Organización de los Estados Americanos del 30 de abril de 1948, y la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del 2 de mayo de 1948)’ (dictamen del señor Procurador General en la causa M.960.XXXVII ‘Massera, Emilio Eduardo s/incidente de
excarcelación’, sentencia del 15 de abril de 2004). Por otra parte el art. 7.1, inc. h, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, considera como crimen de lesa humanidad la ‘Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o
con cualquier crimen de la competencia de la Corte
... Finalmente, luego de definir los crímenes imprescriptibles, el art. II de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, dispone ‘Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración’ (…) Que del plexo normativo
internacional transcripto se desprende que dentro de la clasificación de los crímenes contra la humanidad, también se incluye el formar parte de una organización destinada a cometerlos, con conocimiento de ello (…) Que los delitos como el genocidio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cualquier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políticos (entre los que debemos contar el formar parte de un grupo destinado a llevar
adelante esta persecución), pueden ser considerados crímenes contra la humanidad, porque atentan contra el derecho de gentes tal como lo prescribe el art. 118 de la Constitución Nacional (…) Que en consecuencia el formar parte de un grupo dedicado a perpetrar estos hechos, independientemente del rol funcional que se ocupe, también es un crimen contra la humanidad”. c.- Que habiéndose determinado, que la Asociación Ilícita en el caso, como el de autos, es un delito de lesa humanidad, queda por establecer la configuración de la conducta del imputado en el tipo de la asociación ilícita descripta en los arts. 210 y 210 bis del Código Penal. En este punto, corresponde señalar que en el Expte. N° 19/2007, caratulado “Secretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros - Grupo III - (Desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976)”, por resolución del 30 de diciembre de 2008, se procesó a varios de quienes se encuentran imputados en los presentes autos, por asociación ilícita en los términos de los arts. 210 y 210 bis del C.P. Al ser apelada esa resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, por resolución del 19 de mayo de 2009, confirmó parcialmente los procesamientos por asociación ilícita de la mayoría de los imputados, aunque solamente por la figura básica del art. 210. El Tribunal de Alzada desechó la figura del art. 210 bis por entender que la asociación ilícita habría comenzado cuánto menos, el 24 de marzo de 1976, fecha en la que no se había introducido al Código Penal tal norma. En cambio, dispuso confirmar el procesamiento por asociación ilícita, en su figura básica. Por ello, y siguiendo los lineamientos establecidos por el Tribunal Oral Federal, en el presente caso cabe
tener en cuenta únicamente la figura prevista por el art. 210 del Código Penal, que establece: “Será reprimido con prisión o reclusión de tres a diez años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación el mínimo de la pena será de cinco años de prisión o reclusión”, siendo este el texto vigente, tanto actualmente como a la época de los hechos aquí investigados. d.- En autos se encuentran suficientemente acreditados los requisitos exigidos por el tipo penal de la asociación ilícita. El imputado actuó dentro de un plan de represión, con un número de participantes que, entre autores directos, autores por dominio del hecho y cómplices fue múltiple, y dentro de un plan para el secuestro de personas. Los delitos cometidos por el encartado fueron realizados por agentes del Gobierno y con protección de organismos gubernamentales de aquella época. La organización criminal gestada se sustentó en la cadena de mandos con jerarquías que la estructura de las fuerzas armadas y de seguridad habilitaba, y que fue utilizada para la realización de procedimientos al margen de toda ley, con la finalidad expresa de aniquilar a los oponentes políticos o ideológicos, los que fueran considerados a tales efectos subversivos o vinculados a la subversión. En ese marco y para llevar a cabo el plan clandestino de represión, el gobierno militar dividió al país en cinco zonas –que a su vez se dividían en subzonas– que se correspondían cada una con un Cuerpo de Ejército. Así, el Comando de Zona I dependía del Primer Cuerpo de Ejército, y su sede principal estaba en la Capital Federal, comprendiendo las provincias de Buenos Aires, La
Pampa y la Capital Federal; el Comando de Zona II dependía del Segundo Cuerpo de Ejército que se extendía por Rosario, Santa Fe, y comprendía las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Misiones, Corrientes y Entre Ríos; el Comando de Zona III dependía del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército y abarcaba las provincias de Córdoba, Mendoza, Catamarca, San Luis, San Juan, Salta, La Rioja, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, la sede principal se encontraba en la ciudad de Córdoba; el Comando de Zona IV dependía del Comando de Institutos Militares y su radio de acción abarcó la guarnición militar de Campo de Mayo, junto con algunos partidos de la provincia de Buenos Aires; el Comando de Zona V dependía del Quinto Cuerpo de Ejército, abarcaba las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y algunos partidos de la provincia de Buenos Aires (esta descripción ha sido tomada de fs. 8359 y ss. de la sentencia del 2 de diciembre de 1986 pronunciada en la Causa 44 del registro de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, también denominada “Causa incoada en virtud del decreto 280/1984 del Poder Ejecutivo Nacional”, en adelante se la mencionará como “Causa 44”). Además de las nuevas funciones institucionales que se arrogaron las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de 1976, que se describían en las Actas y Reglamentos del Proceso de Reorganización Nacional, se estableció en el país un sistema de represión clandestino mediante el cual se llevaron a cabo procedimientos paralelos e ilegales para reprimir a toda forma de oposición al régimen de facto. En la sentencia pronunciada el 9 de diciembre de 1985, en el denominado
“Juicio a las Juntas”, la Cámara Federal en pleno sostuvo: “En suma, puede afirmarse que los comandantes establecieron secretamente un modo criminal de lucha contra el terrorismo. Se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió; por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Justicia), la libertad o, simplemente, la eliminación física”. El 2 de diciembre de 1986 se dictó la sentencia de la Cámara Federal en pleno de la Capital Federal en la ya mencionada “Causa 44”. En estas actuaciones se juzgaron delitos ocurridos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, cometidos por personal de las fuerzas armadas y de seguridad. Con relación a las órdenes dictadas para llevar adelante el plan criminal se estableció que éstas eran impartidas por el comandante de la Zona I, y siguiendo la cadena de mandos, por el jefe de Policía de la Provincia y por el director general de Investigaciones. También, concordantemente con lo que se había determinado en la “Causa 13” se afirmó que se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas una gran discrecionalidad para privar de libertad a quienes aparecieran como vin culados a la subversión, que se dispuso que a los capturados se los interrogara bajo tormentos, que se sometiera a los detenidos a regímenes de vida inhumanos, y que se concedió a los cuadros inferiores gran libertad para disponer el destino
final de cada víctima (eliminación física, puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o la libertad)”. En ese marco, existía una cadena de mandos que nacía en la Junta Militar, con el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del III Cuerpo, el Jefe de Zona y el Jefe de la guarnición militar local, que actuaba coordinadamente con la Policía de la Provincia de Santiago del Estero. Esta estructura policial se manejaba en connivencia con el personal militar perteneciente al Batallón de Ingenieros de Combate 141. e.- Que mediante auto dictado el 29 de diciembre de 2011 en el Expte. N° 19/2007 (Actuaciones desglosadas de la causa principal), caratulado “Secretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros - Grupo III - (Desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976)”, se procesó a Ramón Warfi Herrera como presunto partícipe del delito de asociación ilícita en los términos del art. 210 del C.P. Ahora bien, la asociación ilícita por la que el imputado mencionado precedentemente fue procesado en el Expte. N° 19/2007 (“Grupo III”), es la misma asociación ilícita que violó domicilios, privó ilegalmente de la libertad y torturó a numerosos ciudadanos, tal como se describe extensamente en el considerando sexto. Por ello, en la presente causa no se puede dictar un nuevo procesamiento por asociación ilícita contra este imputado, so pena de incurrir en un doble juzgamiento por el mismo hecho. La pertenencia de Ramón Warfi Herrera a esta asociación ilícita ya quedó suficientemente demostrada en el Expte. N° 19/2007 (“Grupo III”), al cual cabe remitirse. 8) IMPUTACIÓN POR PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD. Que respecto de la calificativa de privación ilegítima de
la libertad, de las denuncias, testimonios y demás pruebas aludidas en párrafos precedentes surge claramente que los damnificados fueron privados ilegítimamente de la libertad por un grupo de personas en forma clandestina, puesto que en los casos que se analizan no había una orden legal para ello. Ellas permitieron el conocimiento de hechos desarrollados al amparo de la suma del poder público y en la más absoluta clandestinidad. Si bien es cierto que de dichas pruebas no surge un conocimiento total o absoluto de los hechos, pero el ensamble de las mismas y su consideración en el contexto histórico en el que se desarrollaron permiten obtener el grado de certeza necesario –en esta etapa del proceso– para entender probada la comisión del delito imputado en el aspecto señalado a Ramón Warfi Herrera, como autor mediato, por su carácter de jefe de la Policía de la Provincia de Santiago del Estero al momento de los hechos. Que las distintas declaraciones testimoniales rendidas en esta causa y en las conexas, tienen la calidad de necesarios, atento la clandestinidad en que se desarrollaron los sucesos investigados. En cuanto a la existencia de motivación legal para la detención, el art. 144 bis inc. 1° del Código Penal reprime la conducta del funcionario público, que con abuso de sus funciones o sin las formalidades previstas por la ley, privare a alguien de su libertad personal, en tanto que el inc. 2° reprime al funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales. El mencionado artículo fue incorporado al Código Penal por la Ley 14.616, vigente a la época de los hechos investigados. El fundamento de la punibilidad de la privación ilegítima de la libertad gestada por un
funcionario público, reside en el menoscabo de la libertad personal. Por tanto en el tipo objetivo debe destacarse el elemento normativo de la ilegalidad de la privación de la libertad, también llamado elemento normativo de recorte. Requiere por tanto, a nivel objetivo, que la privación de la libertad no cuente con el consentimiento del sujeto pasivo a la restricción de sus movimientos, o se trate de una imposición no habilitada dentro de los parámetros generales de las causas de justificación, o que existiendo dichas causas de justificación, el sujeto prive de la libertad de modo abusivo, yendo más allá de la necesidad justificada o por medio de procedimientos prohibidos por la ley (conf. Creus, Carlos, “Derecho Penal - Parte Especial”, Tomo I, pág. 298 y sig., Ed. Astrea). La privación ilegal de la libertad es un delito material que se consuma cuando el impedimento físico o la libre actividad corporal de la víctima se han producido con suficiente significación como para mostrar la voluntad del sujeto activo dirigida hacia el ataque a la libertad. Siendo que la conducta se encuentra estructurada como delito comisivo, requiere al menos de un autor que realice la acción positiva de privar de la libertad a una persona, que hasta ese momento disfrutaba de la disponibilidad de ese bien jurídico. Es un delito de realización instantánea (conf. Rafecas, Daniel E., “Delitos contra la libertad cometidos por funcionarios públicos”, en “Delitos contra la libertad”, coordinadores Luis F. Niño, Stella M. Martínez, Editorial Ad- Hoc, Buenos Aires, 2003, pág. 160). Por lo expuesto, estímase que corresponde ordenar el procesamiento de Ramón Warfi Herrera, como presunto autor mediato del delito de privación ilegítima de la libertad,
previsto por el art. 144 bis, inc. 1º y 2º del C.P., en los casos detallados en el considerando 6° de la presente resolución. Por lo expuesto, estímase que corresponde ordenar el procesamiento de Ramón Warfi Herrera, como presunto autor del delito de privación ilegitima de la libertad, previsto por el art. 144 bis, incs. 1º y 2º del C.P. 9) IMPUTACIÓN POR TORTURAS. Que respecto de la calificativa de torturas, tipo penal contenido en el art. 144 ter, la misma surge de nuestra Constitución Nacional específicamente del art. 1º de la Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes (art. 75 inc. 22 C.N.), el que dispone que “se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. Que paralelamente, en el ámbito interamericano se dictó la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General
de la OEA y ratificada por Argentina con fecha 31 de marzo de 1989), la que establece en su art. 2 primera parte que “se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”. Que haciéndose eco de los conceptos vertidos en los instrumentos internacionales precedentes, por ley 23.097 se describe el tipo objetivo del delito de torturas en el inciso 3º del art. 144 tercero, como la imposición de graves sufrimientos físicos o síquicos sin requerir exigencias subjetivas especiales diferentes al dolo o fines ulteriores. (Conf. Rafecas, Daniel, ob. cit., pág. 204). Que trasladando los conceptos vertidos al presente caso, estímase que los apremios ilegales constatados sobre las personas detenidas clandestinamente, se produjeron en forma sistemática, simultánea y continua, se realizaron intencionalmente como medio intimidatorio a efectos de obtener supuestas confesiones, ocasionando a sus víctimas sufrimientos físicos y mentales. Que como se expusiera anteriormente, en este caso el art. 144 tercero también sufrió modificaciones, lo que exige una consideración en particular. Que primeramente se debe determinar si corresponde la aplicación del art. 144 ter del Código Penal en su actual redacción (Ley 23.097) o, en su defecto establecer si es aplicable la legislación penal vigente a la fecha de los hechos
(Ley 14.616). Que a lo fines de su ponderación se debe tomar como punto de partida los hechos calificados como torturas se perpetraron con posterioridad al 24 de marzo de 1976. Que el artículo 144 ter en su redacción por la ley 14.616 establece: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere, a los presos que guarde, cualquier especie de tormentos. El máximo de la pena privativa de libertad se elevara a quince años si la victima fuese un perseguido político. Si resultare la muerte de la persona torturada la pena privativa de la libertad será la de reclusión o prisión de diez a veinticinco años”. La escala penal prevista por la ley actual (Ley 23.097 del 23/09/1984, B.O. 29/10/1984) en relación al art. 144 es mayor tanto para el que infligiere cualquier clase de torturas (de ocho a veinticinco años) como cuando resultare la muerte de la persona torturada (reclusión o prisión perpetua). En consecuencia y por aplicación del principio de la ley más benigna, la conducta de los imputados debe ser analizada en los términos del art. 144 ter en su redacción a la fecha de los hechos (Ley 14.616). Que al tenor de la prueba obrante en la causa, existen elementos de convicción suficientes en esta etapa procesal para entender que las acciones delictivas perpetradas en las víctimas, en su condición de detenidos clandestinos, excedería los apremios ilegales tipificados en el art. 144 bis inc. 2º, configurando el delito de tortura previsto y penado en el art. 144 ter. La circunstancia de el desconocimiento de quiénes eran sus aprehensores y el lugar adonde los llevaban le ocasionó sin duda alguna un gran sufrimiento moral dado el elevado grado de
incertidumbre sobre cuáles eran sus destinos. Los damnificados fueron víctimas de apremios ilegales por los funcionarios a cargo de su guarda y custodia, facilitado por el marco general represivo vigente en esa época en todo el país. Por lo expuesto, estímase que corresponde ordenar el procesamiento de Ramón Warfi Herrera como presunto autor mediato del delito de torturas, previsto por el art. 144 ter del Código Penal (texto según Ley 14.616), en los casos detallados en el considerando 6° de la presente resolución. 10) IMPUTACIÓN POR VIOLACIÓN DE DOMICILIO. Que respecto de la calificativa de violación de domicilio, el art. 151 del Código Penal, vigente actualmente y también al mo mento de los hechos, establece que “se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad que allanare un domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley o fuera de los casos que ella determina”. La “misma pena” a la que hace referencia es la del tipo básico del delito de violación de domicilio, previsto por el art. 150, que reza: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”. Que en relación al delito de violación de domicilio, el bien jurídico protegido consiste en el derecho constitucional a la privacidad e intimidad del domicilio de las personas, consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Posando sobre tal derecho una garantía judicial, la privacidad sólo podrá ser menoscabada por resolución judicial fundada. Dicho
principio constitucional mantiene su vigencia inclusive durante el estado de sitio. Que conforme a las pruebas obrantes en autos y reseñadas en el considerando sexto de la presente resolución, el ingreso a los domicilios de Manuel Eduardo Cancinos, Julio Oscar López, Jacinto Paz y Ricardo Ángel García fue realizado por personas que revestían la calidad de funcionarios públicos, en detrimento de las formas establecidas por la ley, lo que configura el comportamiento tipificado en el art. 151 del Código Penal, en tanto reprime la violación del domicilio descripta en el art. 150 del citado cuerpo legal, cometida por funcionarios públicos. En el caso, los encartados revestían, a la fecha de los hechos, la calidad de funcionarios públicos conforme las previsiones del art. 77 del Código Penal, por tratarse de policías en actividad, integrantes del Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia. Que respecto a la tipificación de la conducta descripta en el art. 151 del Código Penal, corresponde en primer lugar determinar la configuración de los elementos del tipo objetivo y subjetivo. La conducta específica debe dirigirse a la realización de un allanamiento de domicilio en forma arbitraria, es decir, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de exclusión, por lo que el consentimiento del interesado funcionaría como causal de atipicidad. En los casos investigados en autos, el ingreso a los domicilios de los ciudadanos antes nombrados, se efectuó sin orden judicial habilitante, y sin la concurrencia de circunstancias autorizadas por la ley. El ingreso a un domicilio, por un grupo de individuos, algunos de ellos encapuchados, sin orden judicial, sin identificación adecuada, sin información de las causas que
justificaban su presencia, no puede sino configurar el delito de violación de domicilio por allanamiento ilegal, aún cuando no haya habido necesidad de forzar la puerta de la morada para lograr el ingreso. Que tanto las personas que “ejecutaron” la orden de allanamiento como aquellas que emitieron la misma, actuaron con conocimiento y voluntad de realizar la conducta descripta por la norma penal, por lo que corresponde atribuirles la comisión del tipo subjetivo doloso. Que conforme a lo considerado, estímase que existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditado, que la conducta descripta en el art. 151 del Código Penal habría sido llevada a cabo, a título de autor mediato en razón del cargo que ocupaba al momento de los hechos como jefe de Policía de la provincia de Santiago del Estero, por el imputado Ramón Warfi Herrera, a través de personal a sus órdenes comisionado para tal fin, razón por la cuál corresponde el procesamiento del mismo por este delito. 11) EMBARGOS. Que el art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación, establece que “al dictar el auto de procesamiento, el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas. Si el imputado o el civilmente demandado no tuvieren bienes, o lo embargado fuere insuficiente, se podrá decretar su inhibición…”. En este sentido y en atención a lo resuelto en anteriores oportunidades, cabe establecer la siguiente pauta: por cada hecho de privación ilegítima de la libertad, la suma de cincuenta mil Pesos ($ 50.000,00) y por cada hecho de torturas, la suma de cincuenta mil Pesos ($ 50.000,00). Por todo lo
expuesto y conforme a lo dispuesto por los arts. 306, 310, 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación, RESUELVO: I) RATIFICAR la declaración de que los hechos investigados en la presente causa constituyen crímenes de lesa humanidad. II) ORDENAR el procesamiento y prisión preventiva de RAMÓN WARFI HERRERA (L.E. Nº 4.851.003, sobrenombre o apodo no tiene, de setenta y siete años de edad, de estado civil viudo, militar retirado, de nacionalidad argentina, nacido el 14 de abril de 1936 en la ciudad de La Banda de esta Provincia, con último domicilio en Monteagudo Nº 2186 de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, hijo de Ramón Amado Herrera [f] y de Filomena Laitán [f]), como presunto autor mediato de los delitos de Privación ilegítima de la libertad (art. 144 bis, incs. 1º y 2° del C.P.) en cinco oportunidades (Casos N° 9, 20, 24, 30 y 35); Torturas (art. 144 ter del C.P. -texto según Ley 14.616-) en cinco oportunidades (Casos Nº 9, 20, 24, 30 y 35) y Violación de domicilio (art. 151 del C.P.) en cuatro oportunidades (Casos N° 9, 20, 24 y 35), todo en concurso real (art. 55 C.P.); y el embargo preventivo de sus bienes por la suma de quinientos mil Pesos ($ 500.000,00), dejando habilitada la inhibición general de bienes para el caso que no pudiere efectivizarse el embargo ordenado; declarando que no existe mérito, por ahora, para ordenar su procesamiento en orden a los delitos que le fueron imputados en los casos Nº 7 (Ernesto Abraham Assaf) y 30 (Amaro Francisco Vargas), este último solamente en relación al delito de violación de domicilio (art. 309 C.P.P.N.). III) Estar al procesamiento por Asociación Ilícita (art. 210 del Código Penal) dispuesto en el Expte. N° 19/2007
“Secretaría de Derechos Humanos s/ Denuncia c/ Musa Azar y otros - Grupo III - (Desapariciones forzadas de personas a partir del 24 de marzo de 1976) (Actuaciones desglosadas de la causa principal)” por auto de fecha 29 de diciembre de 2011, contra RAMÓN WARFI HERRERA, en el carácter allí ordenado. IV) DISPONER que la prisión preventiva impuesta sea cumplida en el Instituto Penal Federal “Colonia Pinto” (Unidad 35 del Servicio Penitenciario Federal). Regístrese y hágase saber.-
GUILLERMO DANIEL MOLINARI
FEDERICO BOTHAMLEY
Fº 130/159
Tº VI
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