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Timestamp: 2018-04-20 10:40:50+00:00

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TÍTULO VI. LAS SANCIONES
LOS FINES DE LA SANCIÓN (ARTÍCULO 27)
LAS CLASES DE SANCIONES (ARTÍCULO 28)
LAS SANCIONES PRINCIPALES
SECCIÓN PRIMERA (ARTÍCULO 29)
Peritación psiquiátrica .Instrucción No. 150 de 4 de abril de 1995 (deroga la Instrucción No. 113 de 10 de abril de 1984).
En caso de solicitar el Fiscal la imposición de la pena de muerte, los Tribunales cuidarán que el peritaje psiquiátrico se haya realizado de acuerdo con la metodología que se acompaña a la presente Instrucción; de no haberse obrado así, devolverán las actuaciones con ese propósito, en mérito al apartado 2do del artículo 263 de la LPP.
En el supuesto que no se haya solicitado inicialmente dicha condena –muerte– en el escrito de calificación provisional, y el Fiscal la pida en el momento de las calificaciones definitivas –artículo 349 de la LPP–, o el Tribunal la traiga a consideración haciendo uso de la fórmula del artículo 350 de la LPP, este órgano verificará que se haya practicado el peritaje psiquiátrico según la aludida metodología; en caso contrario, con apoyo en los artículos 346 apartado 7mo (debe ser el 8vo) y 351 de la LPP, dispondrá su realización en los señalados términos.
La Instrucción reafirma el cuidado con que la justicia cubana ha enfrentado el tema de la imposición de la pena de muerte, en los excepcionales supuestos que la ley la prevé.
Es interesante lo acordado en el apartado 3ro de la Instrucción, pues concluida la fase de recepción de pruebas, y ya estando en la de conclusiones definitivas, se autoriza volver a la anterior para la práctica de la prueba pericial en los términos expuestos, lo que se hace apoyándose en los artículos señalados.
Dictamen No. 78. Acuerdo No. 459 de 20 de octubre de 1979. Intervención judicial en la ejecución.
La intervención judicial en relación con la ejecución de la sanción de muerte, se limita a la adopción de las disposiciones necesarias para la misma, quedando a cargo de autoridades de otro orden llevar a cabo su cumplimiento efectivo, sin otra participación ulterior por parte del Tribunal sentenciador que la racional de comprobar dicha ejecución.
Resulta curioso que la LPP en su versión original, en el artículo 488 (496), que es el citado en el Dictamen, exprese, que es la Sala respectiva del TSP la encargada de disponer lo necesario para la ejecución de la sentencia donde se impone la pena de muerte; rompiendo así con el principio de carácter general, recogido en el artículo 482 (492) de esa propia versión, que establece que la ejecución de la sentencia sancionadora, una vez firme, corresponde al Tribunal que haya conocido de la causa en primera instancia, dándole esa atribución a la Sala pertinente del TSP, aun cuando en primera instancia haya conocido del asunto un Tribunal inferior en grado.
Sobre la comprobación de la ejecución, guarda silencio la ley actual; en el artículo 989 de la derogada Ley de Enjuiciamiento Criminal española (LECrim) se establecía: “Ejecutada que sea la sanción de muerte, se extenderá en los autos diligencia por el Secretario que hubiere asistido a ella [...]”.
Reglas para la tramitación. Acuerdo No. 83 de 10 de marzo de 1980.
El Acuerdo ofrece un grupo de reglas para la tramitación de esta clase de asuntos, a saber:
Establece la obligación de remitir parte de inicio al Presidente de la Sala Penal del TSP.
Indica los aspectos de las actuaciones sobre los que dará cuenta el ponente al Tribunal.
Señala las diligencias del expediente a las cuales el ponente prestará especial atención.
Dispone el análisis del material probatorio propuesto, y su suficiencia para la comprobación de los hechos, con el propósito de adoptar las medidas necesarias para el esclarecimiento total.
Ofrece normas complementarias para la celebración del juicio, en la sede o fuera de esta, entre las que se encuentran: hacer saber a los familiares más allegados del acusado y de la víctima, la fecha y lugar en que se efectuará, así como procurar grabar las declaraciones de acusados, testigos y el informe de los peritos, en su caso.
Reitera la observancia de los plazos y las consecuencias de sus incumplimientos.
SECCIÓN SEGUNDA (ARTÍCULOS 30 Y 31)
Ejecución. Suspensión. Aplazamiento. Instrucción No. 72 de 13 de julio de 1978..
Los Tribunales, fuera del caso de la remisión condicional de la sanción de privación de libertad, sólo están autorizados a interrumpir o suspender, posponer o aplazar o –de otro modo–, dilatar el exacto e inmediato cumplimiento de esta clase de sanción, cuando concurra alguna de las causas previstas en los artículos 491(497) y 492 (498) de la LPP, lo que harán mediante auto y por el tiempo que determinan dichos preceptos.
El artículo 497 se refiere al interno que extingue sanción en establecimiento penitenciario u otro, y enferme de enajenación mental; entonces se suspende el cumplimiento, adoptándose la medida de seguridad que corresponda, hasta que recobre su salud. El artículo 498, alude a razones de enfermedad, embarazo, hijos menores de un año y circunstancias especiales del trabajo; aquí se aplaza el inicio de la ejecución –retarda, difiere–, se trata de una sanción cuya ejecución no ha comenzado. Una opinión diferente sostiene, que es posible el empleo del invocado aplazamiento –artículo 498– en caso de sanciones que ya se están ejecutando. Ver Dictamen No. 377 de 1996 en la sanción de Trabajo correccional con internamiento.
Ejecución. Liquidación de sanciones. Instrucción No. 84 de 10 de mayo de 1979.
Una vez firme la sentencia sancionadora, o al recibirse las actuaciones, a consecuencia de un recurso, el Tribunal llamado a ejecutarla, de ser posible, procede de inmediato a la práctica de su liquidación (sanciones principales y accesorias cuando corresponda se liquidan al mismo tiempo), lo que hará un secretario designado al efecto, con la aprobación de dicho órgano.
Si la sanción es de privación de libertad efectiva, así como en el caso de apremio personal por impago de la multa, y el sancionado está en libertad, se liquida una vez que conste su ingreso en prisión, para lo que previamente se libran los despachos oportunos.
En el plazo de diez días, contados a partir de la firmeza de la sentencia o el recibo de las actuaciones procedentes del Tribunal del recurso, el Tribunal ejecutor remitirá al establecimiento penitenciario, testimonio de la sentencia y liquidación, en el caso que el sancionado guarde prisión provisional; de estar en libertad, los diez días se cuentan a partir de su ingreso en prisión.
Este propio plazo rige para las otras clases de sanciones, tanto principales, como accesorias, y también en el supuesto de rectificaciones.
Liquidar, significa determinar en el tiempo los efectos de una sanción, lo que es propio de las sanciones principales de privación de libertad temporal, sanciones sustitutivas de esta, y multa, en su caso. También hay sanciones accesorias cuya extensión en el tiempo, es necesario precisar. Ejemplos: La prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio; o de frecuentar medios o lugares determinados. El señalado plazo para remitir la documentación, rige con carácter general, salvo que en otra disposición se establezca uno distinto.
Ejecución. Sentencia extranjera. Instrucción No. 86 de 24 de septiembre de 1979.
En el caso de ciudadanos cubanos, sancionados a privación de libertad por Tribunales extranjeros, que sean entregados a nuestro país para el cumplimiento de la sanción –en todo o en parte–, de acuerdo con los tratados suscritos con otros Estados, la Sala competente del TSP, ordenará mediante auto el cumplimiento de la ejecutoria al Tribunal que corresponda, previa comprobación de aquellas exigencias extrínsecas. El Tribunal designado por dicha Sala, dispone por auto la ejecución, el que será notificado al sancionado y al Fiscal, y contra el mismo podrán estos establecer el recurso que, según el caso, autoriza la ley de procedimiento contra las sentencias dictadas en primera instancia.
Resulta interesante lo que se expone en relación con los recursos; de ser designado un TPP, entonces el recurso sería el de casación.
Ver en La ejecución de sentencia extranjera el Dictamen No. 225 de 1985, sobre la concesión de libertad condicional.
Ejecución. Sustitución de la privación de libertad (artículo 30. 13 y 30.14). Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004.
Los Tribunales adoptarán las medidas necesarias para examinar y pronunciarse, de manera ágil y coherente, ante las solicitudes de sustitución de la sanción temporal de privación de libertad, para lo cual se designarán Salas o Jueces determinados.
Nótese que para proceder a la invocada sustitución, el Tribunal tendrá que observar nuevamente “la índole del delito, sus circunstancias y connotación social del hecho”, elementos que ya se tuvieron en cuenta al momento de acordar la sanción cuyo reemplazo se pretende.
Ejecución. Liquidación. Dictamen No. 167. Acuerdo No. 143 de 13 de septiembre de 1983.
A los efectos de la liquidación de la sanción de privación de libertad, se computará como un día, la privación de libertad sufrida antes de las 24:00 horas de ese propio día.
Ejecución. Lugar de cumplimiento para sancionados, llamados al Servicio Militar. Dictamen No. 178. Acuerdo No. 12 de 31 de enero de 1984.
Las sanciones de privación de libertad se cumplen en los establecimientos penitenciarios y no en las unidades militares, independientemente que el sancionado haya sido llamado al servicio militar activo.
Ejecución. Aplazamiento. Dictamen No. 182. Acuerdo No. 23 de 6 de marzo de 1984.
El aplazamiento de la ejecución de la sanción de privación de libertad, se acuerda siempre que el sancionado padezca de una enfermedad que le imposibilite su cumplimiento, y se podrán disponer subsiguientes prórrogas del mismo, mientras subsistan las causas de incompatibilidad con la vida en prisión.
El aplazamiento, como su nombre lo indica, se acuerda antes que el sancionado comience a extinguir la sanción y no durante su cumplimiento. (¿Puede aplazarse el cumplimiento de las sanciones subsidiarias de la de privación de libertad? Sí, es posible. Ver Dictamen No. 377 de 1996 en Trabajo correccional con internamiento, por el cual se autoriza el aplazamiento de una sanción subsidiaria en el transcurso de su ejecución, apartándose del criterio antes expuesto.)
Ejecución. Aspectos Procesales. Dictamen No. 201. Acuerdo No. 141 de 11 de septiembre de 1984.
No corresponde a los Tribunales determinar el establecimiento penitenciario donde el sancionado debe cumplir la sanción de privación de libertad, ni el régimen en que ha de extinguirla; una y otra decisión es facultad del Ministerio del Interior. Asimismo, carecen de potestad los Tribunales para disponer el traslado de un recluso de una provincia a otra para el cumplimiento de la sanción.
Por la Instrucción No. 30 de 13 de mayo de 1974, se dispuso la creación de un Libro índice de sancionados a privación de libertad, en el que se consignaban las fechas de comienzo y de extinción de la sanción, el centro penitenciario de cumplimiento, y los traslados, en su caso. Esta Instrucción fue reiterada por el Acuerdo No. 250 de 9 de junio de 1975. En el actual Reglamento de la Ley de Tribunales, no aparece el citado registro, no llevándose en la actualidad.
Ejecución. Reclusión domiciliaria. Dictamen No. 235. Acuerdo No. 123 de 6 de agosto de 1985.
El tiempo en que el acusado fue objeto de la medida cautelar de reclusión domiciliaria, no se abona al de duración de la sanción de privación de libertad impuesta, por no estar previsto en la Ley.
Ejecución. Prisión provisional por otro proceso. Dictamen No. 242. Acuerdo. No. 180 de 24 de diciembre de 1985.
Una vez firme la sentencia que impone una sanción de privación de libertad, se ordena sin dilación su ejecución, y si el sancionado en la indicada sentencia, se encuentra guardando prisión provisional por otro proceso, esta medida cautelar se interrumpe –con independencia de la jerarquía de la autoridad que la acordó–, y comienza a extinguir la de privación de libertad impuesta.
Ejemplo, se interrumpe la prisión provisional –acordada por un Tribunal provincial– para ejecutar una sanción privativa de libertad, dictada por un Tribunal municipal: ¿cómo proceder si la sanción que adquiere firmeza es una de las sustitutivas de la de privación de libertad?
Ejecución. Evasión de presos. Sancionado que no se presenta al vencimiento del permiso de salida. Dictamen No. 295. Acuerdo No. 103 de 8 de noviembre de 1988.
Si a un sancionado a privación de libertad, de acuerdo con los reglamentos, se le concede permiso de salida del establecimiento penitenciario por tiempo limitado (artículo 31.3.a), y no se reincorpora al centro en la fecha que se le indique, no comete el delito de evasión de presos (artículo 163.1), y sí una infracción, que debe ser corregida disciplinariamente.
Ejecución. Evasión de presos. Dictamen No. 326. Acuerdo No. 58 de 18 de diciembre de1991.
Si un sancionado a privación de libertad –en régimen correccional laboral–, abandona o se ausenta del establecimiento donde se encuentra recluido, o del lugar destinado para ejecutar el trabajo, incurre en el delito de evasión de presos, previsto en el artículo 163, con independencia de la medida que en el orden disciplinario se le pudiera imponer por las autoridades penitenciarias.
Ejecución. Excluibles. Dictamen No. 330. Acuerdo No. 14 de 15 de abril de 1992.
En el caso de los denominados “excluibles” (quienes abandonaron el país en 1980 con destino a Estados Unidos), que tenían condenas de privación de libertad pendientes de extinguir en Cuba y han regresado, y cuyos procesos se habían suspendido provisionalmente, conforme a la Instrucción No. 95 de 1980 del CGTSP –a los efectos del cumplimiento de las invocadas condenas–, se le abonará el tiempo de permanencia en que estuvieron recluidos, o detenidos, a partir de su arribo a ese país (EE.UU.), de acreditarse este dato por la autoridad cubana competente.
Revisión. Dictamen No. 333. Acuerdo No. 34 de 29 de julio de 1992.
Si a consecuencia de un procedimiento de revisión, es sancionado a privación de libertad, quien antes lo fue a multa, el importe de esta se devuelve y extingue la nueva sanción de prisión, acordada en dicho procedimiento.
Sancionado que no se presenta para el cumplimiento de la condena. Dictamen No. 402. Acuerdo No. 59 de 3 de mayo de 2001. Ejecución.
Si el sancionado a privación de libertad –debidamente citado para el cumplimiento de la sanción– no se presenta injustificadamente, el Tribunal libra requisitoria para su búsqueda y captura, y una vez trascurrido el término de la misma sin ser presentado, lo declara rebelde, archivándose la causa.
Con el pronunciamiento del Dictamen, cambia una sostenida posición; esta es que la declaración de rebeldía sólo comprende al acusado –ver artículos 442 y siguientes de la LPP–. El sancionado que no acudía al ser llamado para cumplir la sanción, luego de proveerse lo correspondiente para su aprehensión, se dictaba providencia, archivando provisionalmente las actuaciones. En el Dictamen se ofrece una solución distinta, a la que han de atenerse los Tribunales.
Ejecución. Síntomas de enajenación mental. Dictamen No. 413. Acuerdo No. 244 de 10 de diciembre de 2001.
La peritación de un sancionado o asegurado, que presente síntomas de enajenación mental durante el cumplimiento de la sanción o la medida –en establecimiento penitenciario o de otro tipo–, sólo puede acordarla el Tribunal que dispuso la ejecución de la resolución.
Una vez impuesta la medida de seguridad de internamiento en un hospital psiquiátrico, por razón de enfermedad mental, el control del Tribunal sobre su ejecución no se extiende a las cuestiones propias del tratamiento terapéutico (otorgamiento de visitas y los permisos de salida temporales); ello es potestad exclusiva de la institución hospitalaria. Por último, es el Tribunal el órgano facultado para decidir la salida definitiva del asegurado de la invocada entidad.
En el propio Dictamen se señala que lo acordado en él, se hace extensivo a los asegurados que cumplen medida de internamiento en centros de enseñanza especializada, o establecimiento asistencial de desintoxicación, cuyo régimen de tratamiento terapéutico obedece a las disposiciones internas de estas instituciones.
Tramitación de libertades. Acuerdo No. 160 de 30 de abril de 1980.
En caso de hallarse guardando prisión en un centro en otra provincia, la persona cuya libertad se ha dispuesto, el Tribunal debe dirigirse a la Sección de Control de la Dirección de Prisiones del MININT “vía telex”, y no utilizar otro medio.
Ejecución. Aplazamiento. Recurso. Acuerdo No. 111 de 19 de mayo de 1981.
Contra la resolución que deniega una solicitud de aplazamiento de ejecución de la sanción de privación de libertad, sólo procede el recurso de súplica, de conformidad con las disposiciones del artículo 56 de la LPP.
Ejecución. Aplazamiento. Acuerdo No. 19 de 22 de enero de 1985.
En caso de aplazamiento de la ejecución de la sanción por motivo de enfermedad, el sancionado o sus familiares, con la periodicidad que el Tribunal indique, presentarán el correspondiente informe del estado de salud, lo que no impide que este órgano disponga las oportunas comprobaciones para resolver lo procedente.
En determinados casos, el Tribunal puede acordar que por el servicio de medicina legal se hagan las comprobaciones necesarias.
LICENCIA EXTRAPENAL (ARTÍCULOS 30.4 Y31.3B Y 31.4)
Ejecución. Procedimiento. Instrucción No. 132 de 20 de septiembre de 1988.
La solicitud se formula ante el Tribunal sancionador, con expresión de las razones y tiempo. El Tribunal la radica, y puede rechazarla de plano o sustanciarla; en este último supuesto, está facultado para pedir informaciones complementarias. El auto resolviendo la pretensión no es susceptible de recurso. De concederse el beneficio –para lo cual se valorarán las razones expuestas, delito cometido y conducta en prisión entre otros aspectos–, que como regla debe ser en una sola ocasión, en la resolución se expondrá por qué período (el que se abona al cumplimiento de la sanción) y las obligaciones que deberá observar (mantener buen comportamiento social y no cambiar de domicilio), librándose comunicación a la PNR. Asimismo, es posible su revocación.
La Instrucción no expresa quién puede establecer la solicitud; sí aclara que se presenta ante el Tribunal sancionador. En el supuesto en que el TSP o el TPP dicte sentencia sancionadora, por la vía de un recurso, ¿ante qué Tribunal se presenta, el sancionador (TSP o TPP) o el de instancia, encargado de su ejecución? No se encuentra razón para no permitir recurrir en súplica.
Concesión. Instrucción No. 137 de 1ro de noviembre de 1990 (Apartado Decimocuarto).
Exige una valoración cuidadosa para su concesión, en el caso de los comisores de los delitos a que hace alusión dicha Instrucción. Recomienda solicitar las informaciones complementarias que sean necesarias, de manera que se asegure el mantenimiento en prisión de los sancionados más peligrosos y connotados.
Ejecución. Juez de control. Instrucción No. 163 bis de 24 de abril de 2004.
Drogas. Instrucción No. 170 de 11 de diciembre de 2002 (Apartado Séptimo).
En el caso de los delitos relacionados con drogas, proceder con extremo cuidado en la concesión del beneficio, solicitando –en su caso– las informaciones complementarias pertinentes, para no errar en la decisión.
Tramitación. Instrucción No. 175 de 21 de julio de 2004 (Apartado Séptimo).
Los Tribunales adoptarán las medidas necesarias para examinar y pronunciarse, consecuentemente, ante las solicitudes de licencia extrapenal.
Sancionados en libertad. Acuerdo No. 6 de 9 de enero de 1990.
La licencia extrapenal, sólo se concede a los sancionados recluidos en establecimiento penitenciario, durante el cumplimiento de la sanción.

References: artículo 263
 artículo 350
 artículo 488
 artículo 482
 artículo 989
 artículo 497
 artículo 498
 artículo 163
 resolución 
 artículo 56
 resolución