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Timestamp: 2020-02-25 16:00:54+00:00

Document:
Expediente 7564-D-2018
Sumario: DECLARAR DE INTERES PUBLICO NACIONAL LA DISTRIBUCION DE GAS. CREACION DE LA EMPRESA DE "DISTRIBUCION DE GAS ARGENTINA". DECLARASE DE UTILIDAD PUBLICA Y SUJETA A EXPROPIACION A LAS EMPRESAS QUE REALICEN ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL OBJETO SOCIAL DE LA ENDGA.
DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO NACIONAL Y CREACIÓN DE LA
EMPRESA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE GAS ARGENTINA
Artículo 1°: Declárase de Interés Público Nacional todas las actividades destinadas a la distribución de gas, las cuales serán exclusivas de la empresa estatal que por esta ley se crea.
Artículo 2°: Deróguense las concesiones a partir de la promulgación de la presente ley a las empresas concesionarias Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS), Metrogas, Gasnor, Gasnea, Litoral Gas, Distribuidora de Gas del Centro (ECOGAS), Gas Natural BAN, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, y todas aquellas que tengan el desarrollo de la actividad de distribución de gas.
Artículo 3°: Declárese como derecho humano el acceso al servicio público de gas.
Artículo 4°: Creación de la Empresa. Dispónese la constitución de la "Empresa Nacional de Distribución de Gas de Argentina" (en adelante ENDGA) 100% estatal, bajo la forma de Sociedad del Estado en los términos de la ley nacional 20.705 y sus modificatorias que le fueren aplicables.
Artículo 5º: Composición del Paquete Accionario. El paquete accionario original
pertenecerá en un cien por ciento (100%) al Estado Nacional, quedando en un futuro
prohibido transferir, vender o ceder acciones.
Artículo 6º: Objeto de la Empresa. El objeto social de la ENDGA consistirá en la distribución, comercialización, adquisición e intercambio de gas así como la prestación del servicio público de gas en todo el ámbito y cualquier lugar de la nación. A tales fines efectuará estudios y proyectos y construirá las obras necesarias, explotará centrales generadoras de energía, manejará líneas de transmisión y estaciones transformadoras y operará redes de distribución.
Artículo 7º: Personal. El personal de la ENDGA, estará vinculado laboralmente a
ésta por las disposiciones del Estatuto del Empleado Público y la normativa nacional regulatoria del empleo público.
Artículo 8º: La ENDGA absorberá los trabajadores y trabajadoras de las empresas que se declaren de utilidad pública y sujetas a expropiación por esta ley, los cuales pasarán a ser parte de la planta permanente de la ENDGA, respetando la antigüedad y todos los derechos de los mismos. La inclusión de estos trabajadores al régimen del empleo público no significará ninguna reducción de las condiciones laborales y se hará sobre la base del mejor convenio vigente.
Artículo 9º: La autoridad de aplicación será el Ministerio de Energía o el organismo que en su futuro la reemplace.
Artículo 10º: De los Recursos. Los recursos de la ENDGA, estarán constituidos por:
a) Los importes que se perciban en concepto de subsidios y/o tarifas por la
prestación de sus servicios;
b) Los montos que se recauden por publicidades;
c) Las sumas que resulten del uso del crédito;
d) Las donaciones, subvenciones y subsidios del Estado o de los particulares;
e) El producto de la venta de los materiales, bienes muebles, semovientes e
implementos radiados del servicio;
f) El monto de los daños y perjuicios que se le causaren, o todo otro que
provenga de la ejecución de contratos que celebre o del ejercicio de cualquier
otro derecho que le asista;
g) Los provenientes de asignaciones de la Ley General de Presupuesto y de Leyes
h) Todos los bienes y/o derechos que reciba en concepto de aportes de capital.
i) Todo otro recurso que obtenga en el cumplimiento de sus fines, siendo esta
enumeración meramente enunciativa.
Artículo 11º: Del Estatuto. La ENDGA se conformará de acuerdo al Estatuto que disponga el Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación. El mismo será enviado al Congreso a los efectos de su aprobación.
Artículo 12º: El control y gobierno de la ENDGA será ejercido por sus propios trabajadores, quienes elegirán un “Consejo de Empresa” constituido por no menos de 5 (cinco) trabajadores y no más de 15 (quince). Integrarán también el gobierno de la ENDGA las organizaciones de usuarios en una representación de hasta 3 (tres) miembros, las Universidades Públicas Nacionales y los organismos de investigación y desarrollo públicos relacionados en la materia con hasta 5 (cinco) miembros La duración de los cargos será de 2 (dos) años, y sólo podrán ser elegidos hasta 2 (dos) mandatos consecutivos como máximo. Todos los cargos serán revocables en cualquier momento del mandato si así lo decidieran los trabajadores de la empresa por mayoría simple. En caso de revocabilidad deberán ser inmediatamente electos el o los representantes en igual cantidad de los revocados, por los mecanismos establecidos en la presente ley. El estatuto que elabore el Poder Ejecutivo deberá respetar esta forma de gobierno.
Artículo 13º: Previo a cualquier modificación de la tarifa en la prestación del servicio deberán realizarse las audiencias públicas correspondientes las que tendrán un carácter vinculante.
Artículo 14º. Transparencia. La ENDGA publicará mensualmente a través de su sitio web la evolución de los estados contables, ejecución presupuestaria, estado de situación de las obras y toda información que garantice la transparencia de la empresa, el acceso a la información y la participación de los usuarios.
Artículo 15º. Declaración de utilidad pública y expropiación:
a) Se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación todas las empresas que realicen una o más actividades incluidas en el objeto social de la ENDGA.
b) El sujeto expropiante será el Gobierno Nacional y los bienes e inmuebles expropiados serán destinados a la ENDGA.
c) El valor de las expropiaciones no podrá superar el monto de un peso ($1.00)
Artículo 16°: Deróguese toda norma que contradiga la presente ley
Artículo 17°: De forma.
Ante un nuevo saqueo
La política de servicios públicos de los últimos años constituye un verdadero saqueo sobre el pueblo trabajador. Lejos de propender a la mejora de los servicios de electricidad, gas, agua y transporte, entre otros, y su más amplio acceso por toda la población, las políticas vinculadas a la producción y provisión de servicios están siendo utilizadas para garantizar enormes negocios a un grupo reducido de empresas, a costa de un empeoramiento de las condiciones de vida de las enormes mayorías sociales. Este accionar político está alcanzando niveles escandalosos, como los que se han visto las últimas semanas en el establecimiento de las tarifas de gas, que dejan al descubierto la manipulación de servicios esenciales en pos del interés económico de una minoría, basado en un esquema de privatizaciones mantenido desde los años 1990.
Meses atrás se conoció la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, que establecía una “compensación” a las distribuidoras de gas, por la devaluación del peso entre abril y septiembre que habría perjudicado a estas empresas en sus acuerdos de pago con las empresas productoras. Como si no alcanzaran las fabulosas ganancias que han recogido estos meses y el golpe de la devaluación sobre el bolsillo popular, el Secretario de Energía Javier Iguacel dispuso aquel nuevo tarifazo.
En la “compensación” que buscaba hacer a las distribuidoras para garantizar prácticamente la dolarización de tarifas también se incluían intereses sobre intereses, de una deuda que ningún usuario contrajo sino que es adjudicada “ex post”, luego de que los usuarios hayan abonado las facturas de acuerdo a los cuadros tarifarios que indicaban las empresas. El Centro CEPA estimó que para un hogar de la zona metropolitana casi la mitad del monto que el Gobierno proponía hacerle pagar en concepto de “compensación” a las empresas distribuidoras de gas, correspondería solamente a “intereses” y el costo por la “financiación” en 24 cuotas.
Es decir que para garantizarles a las empresas que lucran con el servicio público de gas (tanto productoras como distribuidoras) que verán sus ganancias intactas y la facturación dolarizada (con una devaluación de 120 % anual), el Gobierno también les pretendía favorecer con un negocio financiero adicional para dichas empresas que es considerar aquel desfasaje contable del tipo de cambio como una “deuda” de los usuarios y aplicar dos veces el interés sobre esa deuda.
Así, no sólo ese tarifazo resultaba claramente escandaloso por el reclamo de un pago retroactivo de un servicio que ya había sido abonado por los usuarios, motivo por el cual el fiscal Marijuan denunció penalmente al Secretario Iguacel- por considerar que la medida constituye un abuso de poder e incumplimiento de sus funciones públicas, sino también por el intento de aplicar sobre esa deuda inventada a cada familia dos veces el pago de intereses. Este problema impactaría en forma potenciada sobre los usuarios, dadas las altas tasas de interés de referencia que posicionan el Banco Central como el Gobierno (entre 71 % y 74 %) para contener la crisis cambiaria. De acuerdo a algunos medios periodísticos, dicha “compensación” tarifaria alcanzaba a $ 10.600 millones, que es el reclamo entre productoras y distribuidoras, considerando que Camuzzi exige una diferencia de $ 3.300 millones, Gas Ban $ 2.800, EcoGas $ 1.500 y Metrogas en torno a los $ 3.000, a lo que deben sumarse los jugosos intereses.
Esta medida que toma como variable de referencia el tipo de cambio, no es igualmente aplicada a los grandes perdedores de la devaluación, las familias obreras y populares a quienes su poder adquisitivo en dólares se les reduce en más de la mitad y quienes están siendo afectadas internamente por la inflación desatada por los propios tarifazos y la devaluación. Esto representa una licuación brutal de los ingresos de asalariadas y asalariados, jubiladas y jubilados, trabajadores de la economía social, cuentapropistas y las familias trabajadoras en general. Pero el gobierno no prevé ningún tipo de “compensación” en estos casos, sino que por el contrario pretende que de esos ingresos devaluados provengan los recursos para que las empresas puedan seguir contabilizando sus ganancias en dólares.
Frente al masivo rechazo popular a la medida, el gobierno debió modificar su política expresada en la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, pero no renuncia a garantizarles a las empresas distribuidoras el cobro íntegro de la “compensación”, ni a las empresas productoras de gas la percepción de precios internos en dólares más elevados que los precios internacionales.
Las facturas de gas comprenden tres elementos: a) el precio del gas en "boca de pozo"; b) tarifa de transporte; c) tarifa de distribución. El Gobierno oculta las razones por las cuales hace pagar al usuario un precio en "boca de pozo", que es justamente el componente implicado en el tarifazo retroactivo, a valores superiores a los internacionales e incluso a los costos de producción que declara YPF cuando informa a sus accionistas en Nueva York.
La “deuda” reclamada se pagará igual, pero lo afrontará el Estado, es decir, se pagará con los propios impuestos. De esta manera, los consumidores seguirán pagando una transferencia de ingresos a las empresas privatizadas, de manera indirecta, por un concepto extraordinario de “compensación” frente a la devaluación. Incluso ahora el valor de esa compensación se duplicó, de acuerdo a lo que afirmó la Unión Cívica Radical (UCR), a través de un comunicado, por lo que la deuda total reclamada por las empresas trepa a $ 20 mil millones. Estos propusieron que el Estado nacional pague el 50 % y que la otra mitad sea asumida como costo por las compañías. Es decir que el gasto del Gobierno ascendería al menos a $ 10 mil millones.
Pero además, se sigue dejando intacto el incremento tarifario publicado en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 280 a 288 del Ente Nacional Regulador del Gas que implicaron un nuevo aumento a los usuarios residenciales y a las empresas. El aumento promedia el 49 %, consiste en un incremento de 19,67 % a los usuarios residenciales en términos de cargos fijos, y aumentos por consumo, que van del 60 % al 63 % en el caso de los usuarios que menos gas utilizan (la categoría R1) y de 21 % a 22 % para las categorías más altas. Además, una “segunda parte” de este aumento llegará en enero de 2019, con un 10 a 15 % adicional. Ya en abril de este año las tarifas de gas se habían incrementado 32 % en promedio. De esta forma, se selló un crecimiento extraordinario de 1.848 % en el monto promedio cobrado a los usuarios residenciales desde diciembre de 2015 (área metropolitana, según el Centro CEPA).
Pero el poder de veto de las empresas es tal, que pesar de las enormes ganancias que vienen obteniendo en los últimos años en el marco de los incrementos de tarifas, se han manifestado disconformes con las mismas y tienen el descaro de amenazar con más desinversión y un empeoramiento del servicio si no reciben lo que reclaman. Argumentan que tal aumento de 49 % es insuficiente y exigen que el aumento debiera ser de 181 %, lo que implica incluso un sobreprecio de 50 % más de lo que aumentó el dólar en el último año.
Tarifazos y ganancias millonarias
Desde que Cambiemos llego al gobierno bajo la excusa de realizar una “readecuación de tarifas” impulsó una serie de tarifazos, entre ellos en los servicios de luz, gas, agua y transporte público. Los fuertes tarifazos, que en términos acumulados implicaron aumentos en algunos casos de más del 1.000 % fueron una transferencia fenomenal de recursos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de las empresas. Con la excusa de que era necesario actualizar las tarifas para así poder contar con fondos suficientes para invertir y mejorar un servicio que se encuentra en estado calamitoso, miles de familias hoy hacen malabares para poder pagar la boleta de luz o de gas. Sin embargo, cada verano, miles de familias también sufren de cortes de luz, que en muchos casos se extienden por varios días. Y muchas aún siguen calentando sus inviernos con garrafas de gas.
Debido a los recursos de amparo que se han ido presentando, y a la aplicación segmentada de los tarifazos, las ganancias obtenidas por las empresas en 2017 no reflejan completamente lo que obtendrán una vez aplicada toda la revisión tarifaria. Según un informe del diario Ámbito Financiero los balances publicados hasta ahora arrojan los siguientes datos:
Transportadoras de gas: TGN obtuvo en 2017 una utilidad neta de $ 841,8 millones frente a una pérdida de $ 256 millones el año anterior. Transportadora de Gas del Sur (TGS), que tiene una actividad no regulada además del servicio de transporte, ganó $2.793 millones frente a $ 930,6 millones de 2016, lo que significa que triplicó la ganancia. Esta empresa pertenece a Pampa Energía, la principal empresa energética privada del país que interviene en todas las etapas productivas, y propiedad de Marcelo Midlin, muy cercano al macrismo. Además es dueña de Edenor y otras compañías. En el primer semestre de 2018 Pampa incrementó su facturación un 74 % y obtuvo resultados positivos por $ 15 mil millones.
Distribuidoras de gas: Metrogas ganó en 2017 $ 774,8 millones frente a una pérdida de $ 604,4 millones el año anterior. Sobre los números de la empresa que todavía no presentó detalles, en el balance de YPF, que es la controlante, se indicó que Metrogas registró menores volúmenes despachados en un 13,1 % y un mayor precio promedio del 70,1 %, totalizando un incremento en sus ventas de $ 3.600 millones o un 48,8 %. Metrogas se encuentra controlada por YPF Sociedad Anónima, sometida a la impronta de las ganancias como el resto de las empresas. El Gobierno busca que YPF se desprenda de la empresa de gas. Meses atrás, los diarios hablaban de la posible adquisición por parte del grupo de José Luis Manzano. En el primer semestre del 2018, Metrogas aumentó su facturación un 98%, sus ganancias brutas fueron positivas, pero el resultado financiero negativo por un inusitado alto costo financiero.
Entre las otras distribuidoras, Gas Natural BAN tuvo una utilidad neta de $ 542,9 millones, un 124,6 % más que en 2016, Camuzzi Pampeana ganó $ 824,9 millones frente a una pérdida de $ 207,4 millones en el ejercicio anterior, Gas del Centro obtuvo una ganancia de $ 770,5 millones, un 444 % más, y Gas Cuyana (ECOGAS) $ 588,4 millones, un 136,6 % más.
ECOGAS, La empresa que distribuye el gas en Mendoza, San Juan y San Luis, ganó en los primeros seis meses del 2018 más de 544 millones de pesos, un 822% más en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los datos reflejados en el resumen de los estados contables que la compañía presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) muestran un impresionante aumento de las ganancias:
En enero del 2017 el Estado Nacional le otorgó subsidios por $3.450 millones a las distribuidoras de gas del país, de acuerdo a la resolución firmada por el Ministro de Energía Juan José Aranguren, lo que llamaron una "asistencia económica transitoria" con el fin explícito de “solventar las inversiones obligatorias establecidas en las Resoluciones Enargas 3730/2016 y 4049/2016” y también el pago a los productores de gas.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, la operatoria del Estado Nacional fue la misma. En el año 2015, a través de la Resolución 263/2015 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación a cargo de Julio De Vido, se destinó “una erogación con carácter de asistencia económica transitoria de $ 2.590.000.000 por parte del ESTADO NACIONAL” a ser repartida entre 9 empresas distribuidoras de gas del país “a los efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la prestación del servicio público de distribución del gas natural por redes y a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente”.
Tanto en 2015 como en 2017, la "ayuda económica transitoria" fue a cuenta de la Revisión Tarifaria Integral, sin embargo nadie sabe que sucedió con los subsidios otorgados, aunque las empresas como Ecogas reconocen no haberlos invertido en infraestructura para ampliar la red de distribución ni nada por el estilo. Ya el año pasado Ecogas amenazaba con dejar sin gas a barrios completos del Gran Mendoza.
Distribuidora de Gas Cuyana, ECOGAS, está vinculada al empresario macrista Nicolás Caputo y estaba obligada a realizar un plan de inversiones. Según el compromiso realizado por la empresa y aprobado por el Estado Argentino, la empresa invertiría una suma cercana a los $ 117 millones. Todo indicaba que la empresa concesionaria debería hacer esta inversión con los recursos obtenidos durante décadas, con los subsidios que le otorgó el Ministerio de Planificación que comandaba De Vido en la gestión anterior o con los ingresos que le reportarán los aumentos de tarifas avalados por el gobierno nacional el año pasado, sin embargo esto no será así. En el caso de Ecogas, el Gobierno nacional le aportará $ 346,9 millones tanto para pagar gas como para aliviar parte de su plan de inversiones obligatorias. Es decir que el Estado Nacional financió nuevamente las inversiones que debía realizar la empresa.
El esquema de subsidios instaurado desde los gobiernos kirchneristas alimentó las ganancias sin cuestionar las privatizaciones del menemismo. Entre 2004 y 2015 se dilapidaron U$S 162 mil millones en subsidios de todo tipo a la energía, el transporte y otros sectores. No obstante, la desinversión tuvo consecuencias catastróficas: la extracción de petróleo decayó 21 % en el período que va de 2004 a 2015. En simultáneo, fueron reduciéndose las reservas. Entre 2004 y 2015, la extracción de gas disminuyó 18 % y las reservas pasaron de 11 años en 2004 a 8 en 2014. Así se impuso la necesidad de importar gas. La consecuencia: un enorme rojo en el comercio exterior.
La nacionalización para garantizar un derecho esencial
Con la gestión privada, tanto en el modelo subsidiado del kirchnerismo como en el de tarifazos del macrismo, las empresas desinvierten imponiendo la decadencia del sistema energético. O invierten muy poco a cambio de obtener una resarsición aumentada por el Estado de cada peso desembolsado.
Pero las empresas públicas gestionadas por el Estado capitalista fueron vaciadas por la “patria contratista”. Con la privatización menemista se desmembró la producción energética nacional que integraba extracción, producción, transporte y distribución. Esquema no cuestionado por ningún gobierno desde entonces, y sostenido a base de subsidios y tarifazos.
De esta forma, el actual estado de desmembramiento del entramado energético carece de racionalidad. Para establecer una planificación racional es necesaria la estatización del sistema energético nacional, es decir de todas las etapas productivas: desde la extracción de los recursos, la generación eléctrica, el transporte hasta la distribución a los usuarios.
Esta salida de fondo es la única capaz de frenar el saqueo y los tarifazos, terminando con la expropiación que estas empresas llevan adelante contra sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Los servicios públicos son un derecho esencial cuya provisión no puede estar guiada por la lógica del lucro capitalista.
La expropiación o quita de concesiones a las empresas privadas debe ser sin ningún tipo de indemnización. Dicha medida es la opuesta a volver a la antigua Segba o Gas del Estado para ser expuestas nuevamente al vaciamiento de la "patria contratista" o el Club de la Obra Pública, que allanó el camino para a las privatizaciones de los noventa.
Asimismo, debe llevarse adelante una auditoria en la que se abran los libros contables de las empresas debe establecer la reparación que deben pagar Ecogas, Metrogas y todas las responsables del vaciamiento energético.
El sistema energético nacional tiene que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que mediante una votación directa elijan los órganos de dirección y administración. Además que debe comprender la participación de comités de usuarios populares. Su perspectiva debe ser que todo el pueblo trabajador pueda acceder a tarifas bajas, en una ruta hacia el abaratamiento permanente de los costos energéticos en base al desarrollo productivo.
La declaración de Interés Público Nacional de todas las actividades destinadas a la distribución de gas, las cuales serán exclusivas de la empresa estatal que por esta ley se crea, y la constitución de una "Empresa Nacional de Distribución de Gas de Argentina" que monopolice esta actividad en beneficio de las grandes mayorías con una gestión transparente en manos de sus trabajadores y usuarios, serán un gran paso para el pueblo trabajador.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
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