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﻿ SENTENCIA C-594 DE NOVIEMBRE 20 DE 1997
SENTENCIA C-594 DE 20 DE NOVIEMBRE DE 1997
CONTENIDO:REINTEGRO DE TRABAJADORES: CRITERIOS PARA QUE EL JUEZ OPTE POR LA INDEMNIZACIÓN. DECLARA EXEQUIBLE EL ORDINAL QUINTO DEL ARTÍCULO 8 DEL DECRETO LEY 2351 DE 1965 Y EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, SUBROGADO POR EL ARTÍCULO 7 DEL DECRETO LEY 2351 DE 1965
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CÓDIGO SUSTANTIVO LABORAL, REINTEGRO LABORAL, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:314 DE FEBRERO DE 1998, PÁG.174
Sentencia C-594 de noviembre 20 de 1997
Ref.: Expediente D-1676
Temas: Estabilidad en el empleo, acción de reintegro, indemnización y facultades de apreciación del juez.
Santa Fe de Bogotá, veinte de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
El ciudadano Jorge Luis Pabón Apicella, en ejercicio de la acción pública, presenta demanda contra el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965, y el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990. Esta demanda fue radicada con el número D-1606, y se cumplieron los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto 2067 de 1991, por lo cual procede la Corte a decidir el asunto por medio de esta sentencia.
“ART. 62.—Mod. Artículo 7º Decreto Ley 2351 de 1965. Terminación del contrato por justa causa. Son justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo:
“PAR.—La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”.
“ART. 64.—Mod. Ley 50 de 1990, artículo 6º. Terminación unilateral del contrato sin justa causa.
“PAR. TRANS.—Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren diez (10) o más años al servicio continuo del empleador, seguirán amparados por el ordinal 5º del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen.
Ningún DESPIDO laboral o de trabajador subordinado puede ser efectuado con validez sin darle a éste “comunicación previa y DETALLADA… de la acusación formulada”; lo cual indefectible, inevitablemente presume exponer cabal, completa y nítidamente los precisos HECHOS que se le imputan al referido trabajador como base de la acusación y de la medida sancionatoria de despido. Por lo tanto, no puede ser suficiente ni bastar que el patrono se limite a señalar una o varias de las GENÉRICAS causales enunciadas en el art. 62 C.S. del T. (subrogado por el art. 7º D.L. 2351/65) para despedir sin indicar los precisos hechos acaecidos que el patrono toma como base para invocar una o varias de las causales genéricas del mencionado artículo. Más aún si debe darse a los trabajadores la SITUACIÓN MAS FAVORABLE en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, como lo ordena imperativamente el art. 53 de la nueva C.N.).
En su concepto de rigor, el Procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuellar, comienza por señalar que el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990 ya fue objeto de examen constitucional. Así, la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991 declaró exequible la expresión “salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen”, contenida en ese parágrafo, mientras que la Corte Constitucional, en Sentencia C-569 de diciembre 9 de 1993, declaró exequible el resto de ese parágrafo. Por ello el Ministerio Público considera que en este caso ha operado la cosa juzgada constitucional y que la Corte debe estarse a lo resuelto en esas sentencias.
Finalmente el Ministerio Público también solicita la exequibilidad del parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no observa que exista una violación al debido proceso. Según su criterio, si bien “el debido proceso debe informar toda actuación judicial o administrativa, ello no implica que todos los procedimientos previstos por el legislador para regular las relaciones y las diversas situaciones de conflicto que puedan presentarse entre los asociados, deban ser iguales a las establecidas para el juzgamiento de los delitos.” Por tal tazón, el Procurador considera que la regulación prevista por la norma acusada es razonable, pues se ordena a quien termina unilateralmente el contrato “determinar en forma expresa las causales o motivos” que justifican su conducta, sin que pueda aducir nuevas razones posteriormente. De esa manera, “la parte afectada va a tener la posibilidad de conocer, previo a un eventual debate judicial, las causales de terminación y de desvirtuarlas probatoriamente, sin que pueda ser sorprendido dentro del proceso con hechos o motivos para él desconocidos”.
2. El parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, ya fue objeto de examen constitucional. Así, la Sentencia 115 del 26 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia declaró exequible la expresión “salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen”, contenida en ese parágrafo, mientras que la Corte Constitucional, en Sentencia C-569 de 1993, declaró exequible el resto de ese parágrafo. Los dos pronunciamientos fueron proferidos bajo la vigencia de la Constitución Política de 1991, por lo cual ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional. Por consiguiente, la Corte acoge la solicitud de la vista fiscal, y en relación con ese parágrafo transitorio, se estará a lo resuelto en esas sentencias.
Estabilidad en el empleo, acción de reintegro, idemnización y facultades de apreciación del juez
3. Según el demandante, el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, viola la igualdad y el derecho a la estabilidad de los trabajadores, pues permite al juez determinar si procede o no el reintegro del trabajador despedido después de diez años, conforme a la valoración que el funcionario judicial realice de las condiciones favorables o desfavorables creadas por el despido, con lo cual la norma introduce una discriminación en contra de los trabajadores no reintegrados. Por su parte, la Vista Fiscal considera que no existe violación a la igualdad, ni se vulnera la estabilidad del trabajador, pues la disposición protege precisamente los derechos del empleado, ya que es razonable que se faculte al juez a no decretar el reintegro sino la indemnización en aquellos eventos en que el despido hubiera generado incompatibilidades, pues en tales casos la orden de vincular nuevamente al trabajador puede ser perjudicial para sus propios intereses. Por consiguiente, el primer interrogante que debe la Corte analizar es si la concesión de esa facultad al funcionario judicial desconoce la Carta y, en especial, el principio de igualdad (C.P., art. 13).
4. La Corte considera que esta facultad no viola la Constitución ni el principio de igualdad, pues tiene un fundamento objetivo y razonable. En efecto, la norma pretende proteger la estabilidad de aquellos trabajadores que hubieren cumplido diez años continuos de servicios y fueren despedidos sin justa causa, para los cuales establece, como regla general, una acción de reintegro. Sin embargo, existen casos en los cuales el despido injusto ha generado una relación a tal punto conflictiva que la orden de reintegro no parece apropiada y terminaría por afectar los intereses del propio trabajador, quien se vería obligado a desarrollar su función en un ambiente de trabajo manifiestamente hostil. Por ende, la Corte coincide con los intervinientes que en tales casos es razonable que la ley faculte al juez a establecer una medida que puede ser mejor para los propios intereses del trabajador, por lo cual no hay violación a la igualdad.
5. Con todo, a la anterior interpretación se le podría objetar que desprotege la estabilidad pues confiere un enorme poder discrecional al juez, que termina por hacer inocua la acción de reintegro. Según este criterio, que es en el fondo el que subyace a las pretensiones del actor, la norma impugnada señala que el juez podrá ordenar la indemnización cuando resulte que “el reintegro no fuere aconsejable en razón de las incompatibilidades creadas por el despido”, con lo cual el propio artículo estaría autorizando al funcionario judicial a no conceder nunca el reintegro, ya que todo despido injusto genera incompatibilidades entre el patrono y el trabajador, por lo cual, en todos los casos, podría el juez considerar que no es “aconsejable” vincular nuevamente al empleado a sus antiguas labores. De esa manera, la protección a la estabilidad laboral resulta ilusoria.
La Corte considera que la anterior objeción es parcialmente de recibo, pues si tal fuera la interpretación del numeral impugnado, es cierto que se estaría permitiendo que se desconociera la estabilidad laboral que la misma norma acusada pretende proteger. Sin embargo, esta corporación considera que esa hermenéutica no es admisible ya que desconoce principios constitucionales, y en especial la llamada in dubio pro operario, según la cual, en caso de duda sobre la interpretación de una norma laboral, siempre debe preferirse aquella que sea más favorable al trabajador. Nótese además que la Carta de 1991 constitucionalizó ese criterio hermenéutico, el cual dejó entonces de ser puramente doctrinal o legal, pues el artículo 53 superior lo incorpora expresamente como principio mínimo fundamental del estatuto del trabajo. Por consiguiente, y debido a que “las normas de la ley deben ser interpretadas y aplicadas del modo que mejor convenga a los mandatos constitucionales”(1), es indudable que los servidores públicos deben aplicar las normas laborales teniendo en cuenta el principio in dubio pro operario, pues el desconocimiento de ese criterio por los jueces ordinarios o los funcionarios del trabajo es un asunto que tiene en sí mismo relevancia constitucional. En efecto, esta corporación ya había señalado al respecto:
En otros eventos, la propia Carta ha establecido reglas de preferencia para escoger entre interpretaciones alternativas de una norma legal. Así sucede, por ejemplo, en materia laboral, puesto que el artículo 53 de la Constitución señala que, en caso de duda sobre el sentido de las fuentes formales del derecho, se deberá acoger aquella interpretación que sea más favorable al trabajador. Igualmente, en materia penal, la Carta señala que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. (C.P., art. 29). Por todo lo anterior, debe entonces la Corte excluir las interpretaciones de disposiciones legales que sean manifiestamente irrazonables o que no respeten el principio de favorabilidad, por cuanto la atribución de un sentido irrazonable a un texto legal o la opción hermenéutica por el sentido desfavorable al capturado o al trabajador violan claros mandatos constitucionales(2).
En ese orden de ideas, la Corte concluye que la interpretación conforme a la Constitución del numeral impugnado es la siguiente: el juez debe ordenar que el trabajador vuelva a su puesto laboral, salvo que aparezca claramente probado en el expediente que el reintegro no es conveniente para los intereses del propio trabajador. Esto significa que la expresión “no fuere aconsejable” debe entenderse a partir de los derechos del trabajador, y no de los intereses del patrono, pues resulta a todas luces violatorio de la realización de un orden justo (C.P., Preámbulo), que un juez no ordene el retorno de un trabajador a la empresa, por considerar que el reintegro no es recomendable para el patrono, cuando este último es quien ha provocado el conflicto al efectuar un despido injustificado de un empleado que había adquirido un derecho a una mayor protección a su estabilidad laboral, por haber prestado sus servicios a ese patrono durante diez años o más de su vida. Por consiguiente, sólo si el estudio de las circunstancias que aparecen en el juicio lleva al juez a la conclusión de que el regreso del empleado a su puesto de trabajo es claramente inconveniente a los intereses del trabajador, puede el juez optar por decretar la indemnización sustituta, pues se entiende que la orden de reintegro protege mejor la estabilidad laboral que la concesión de una compensación monetaria. Así las cosas, la Corte entiende que el literal impugnado no está confiriendo una facultad abierta al juez para que, según su capricho personal, opte entre el reintegro y la indemnización, puesto que el funcionario judicial debe decidir con base en los hechos que aparecen probados en el expediente, y conforme a los criterios hermenéuticos anteriormente señalados, los cuáles se desprenden de una interpretación conforme a la Carta del ordinal impugnado. Con tales precisiones, la Corte concluye que el literal impugnado no viola la igualdad, pues las decisiones de los jueces de no ordenar en reintegro en determinados casos encuentran un fundamento objetivo y razonable en la protección de los intereses del propio trabajador.
6. Con base en los anteriores criterios, la Corte entra a estudiar el otro cargo del actor contra el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965, según el cual la norma sería inconstitucional pues en aquellos eventos en que no se ordena el reintegro, la indemnización prevista es insuficiente. Así, según criterio del demandante, el daño debe ser definido en cada caso concreto, y no en abstracto y en forma tarifada, como lo hace la ley.
La Corte no comparte esa argumentación, pues si bien la Constitución establece que la estabilidad laboral es un derecho del cual gozan todos los trabajadores (C.P., art. 53), por lo cual la ley debe consagrar mecanismos para proteger ese valor superior, lo cierto es que la Carta no prohibe que el mecanismo protector sea, en determinados casos, una indemnización tarifada, que debe pagar el patrono cuando despide sin justa causa a un trabajador, siempre y cuando la indemnización sea suficientemente alta, no sólo para reparar el daño al asalariado sino también para disuadir al empresario de llevar a cabo conductas contrarias a la ley. Ahora bien, la Corte considera que en el presente caso se cumplen esas condiciones, por las siguientes razones: de un lado, el juez sólo puede decretar la indemnización sustituta en aquellos casos en que el reintegro sea claramente contrario a los intereses del trabajador; y, de otro lado, el empleado injustamente despedido después de diez años de servicio no sólo tiene derecho a reclamar la indemnización tarifada del numeral 4º literal d) del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, esto es, 30 días adicionales de salario por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción, sino que, además, en la mayoría de los casos esa indemnización se acumula con la llamada pensión sanción prevista por el artículo 8º de la Ley 171 de 1961. En efecto, según esa norma, un trabajador que haya laborado durante más de diez años en una empresa, y sea despedido sin justa causa, tiene derecho a que ésta lo pensione desde la fecha del despido, si ya tenía sesenta años, o desde la fecha en que cumpla esa edad con posterioridad al despido. Y si el despido injustificado se produce después de quince años de servicio a la empresa, entonces el trabajador tiene derecho a la pensión cuando cumpla los cincuenta años de edad. Como se ve, los presupuestos fácticos para la concesión de la pensión sanción son similares a los previstos por la norma acusada, a saber, el despido injusto de un empleado que lleva más de diez años de labores en una empresa, por lo cual estos trabajadores pueden acceder no sólo a la indemnización tarifada sino a la pensión sanción pues, como ya lo ha señalado con claridad la Corte Suprema de Justicia, esos beneficios no son excluyentes. En efecto, según ese tribunal:
Si tanto la indemnización consagrada por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 como la pensión especial de jubilación que establece el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 tienden a reparar el daño sufrido por el trabajador antiguo despedido ilegalmente, nada impide que su monto se conjugue en beneficio de la víctima del perjuicio, sin que pueda pensarse, como lo hace el recurrente, que no hay lugar a dicha acumulación, porque no se trata de aplicar dos penas por un mismo proceder sino de indemnizar un daño(3).
7. Según el demandante, el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo viola el debido proceso pues la terminación del contrato de trabajo equivale a una sanción, por lo cual el trabajador tiene derecho a conocer con precisión los hechos que fundamentan la decisión del patrono, y no simplemente que éste invoque genéricamente una causal legal para despedirlo. Por el contrario, según la Vista Fiscal la norma es constitucional pues ordena a quien termina unilateralmente el contrato señalar en forma expresa las causales o motivos que justifican su conducta, sin que pueda aducir nuevas razones posteriormente, con lo cual la parte afectada tiene la posibilidad de conocer, previo a cualquier debate judicial, las causales de terminación, con el fin de eventualmente entrar a desvirtuarlas, sin que pueda ser sorprendido dentro del proceso con hechos o motivos para él desconocidos.
8. La Corte considera que para poder determinar si el cargo del actor es válido, es necesario comenzar por precisar el alcance de la obligación que impone la norma demandada, la cual ordena a aquel que termine unilateralmente un contrato de trabajo señalar a la otra parte, “en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación”, ya que “posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”. El actor entiende que la norma simplemente obliga a la parte que da por terminado el contrato a señalar en abstracto una causa legal de terminación del contrato. Sin embargo la Corte no comparte esa interpretación, pues esta disposición debe ser interpretada conforme al principio de buena fe (C.P., art. 83) y de acuerdo a su propia finalidad, que es precisamente permitir que la parte conozca con precisión cuáles son las razones por las cuales la otra parte ha decidido unilateralmente dar por terminado el contrato, invocando una justa causa. En ese orden de ideas, se entiende que cuando ese parágrafo señala que la parte debe indicar la causal o motivo que fundamenta la decisión de terminar unilateralmente el contrato, no basta con invocar genéricamente una de las causales previstas por la ley laboral para tal efecto sino que es necesario precisar los hechos específicos que sustentan la determinación, ya que el sentido de la norma es permitir que la otra parte conozca las razones de la finalización unilateral de la relación de trabajo. Así lo ha entendido la doctrina y la propia jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, con criterios que la Corte Constitucional comparte plenamente. En efecto, según esa Corporación, esa norma obliga a expresar “la causa o motivo de la ruptura, a fin de que la parte que termina unilateralmente el contrato no pueda sorprender posteriormente a la otra alegando motivos extraños que no adujo”(4). Por ello esa misma Corporación ha considerado que para que se entienda cumplida esa obligación “lo que importa es que la parte afectada se entere del hecho justificante”(5), por lo cual ha precisado al respecto:
Conforme al parágrafo del mismo artículo, la parte que hace cesar el contrato debe expresaren el momento de la terminación del mismo cuáles son los motivos concretos y exactos que tiene para tomar esa determinación, sin que posteriormente pueda invocar razones o causas distintas.
Si fuera permisible en la carta de despido se enumeran las causales genéricas que traen el código o una determinada disposición para dar por fenecido justamente el contrato de trabajo, tendría la parte que despidió tanta amplitud para hacer encajar dentro de esas causales y ya en el juicio, cualquier comportamiento, actitud o manifestación de la parte afectada, que podría equivaler a justificar el despido con posterioridad a su realización, lo cual es a todas luces inadmisible (subrayas no originales)(6).
1. En relación el parágrafo transitorio del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990, estarse a lo resuelto en las sentencias No 115 del 26 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia y C-569 de 1993 de la Corte Constitucional, que declararon exequible esa norma.
2. DECLARAR EXEQUIBLES el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto Ley 2351 de 1965 y el parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 7º del Decreto Ley 2351 de 1965.
1 Corte Constitucional. Sentencia C-371/94 del 25 de agosto de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo
2 Sentencia C-496 de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento Jurídico 3.
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sección Segunda, sentencia del 3 de septiembre de 1980. M.P. Juan Hernández Saénz.
4 Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 24 de mayo de 1960. M.P. Luis Fernando Paredes
5 Ver Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, sentencia del 25 de octubre de 1994. M.P. Francisco Escobar Enriquez.
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de noviembre 12/86. M.P. Juan Hernández Saénz.

References: ARTÍCULO 8
 ARTÍCULO 62
 ARTÍCULO 7
 artículo 8
 artículo 62
 artículo 7
 artículo 64
 artículo 6
 Artículo 7
 artículo 6
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 artículo 8
in dubio
 artículo 53
in dubio
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 artículo 8
e contrario
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 artículo 8
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 artículo 62
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 artículo 6
 artículo 8
 artículo 62
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