Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-01770-de-marzo-21-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c1f72e2aa85a006ae0430a010151006a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 12:29:20+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2000-01770 de marzo 21 de 2012
SENTENCIA 2000-01770 DE 21 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO. LOS DAÑOS QUE SUFREN LAS PERSONAS COMO CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO SON IMPUTABLES AL ESTADO CUANDO SE DEMUESTRA QUE SE CAUSAN POR UNA FALLA DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN O DEL RIESGO CREADO POR ESTA, COMO SUCEDE EN LOS CASOS EN QUE SE DIRIGE UN ATAQUE CONTRA UN ESTABLECIMIENTO MILITAR O POLICIVO, UN CENTRO DE COMUNICACIONES O UN PERSONAJE REPRESENTATIVO DEL ESTADO O SUS FUERZAS ARMADAS Y SE CAUSAN DAÑOS A TERCEROS, EL ESTADO DEBA RESPONDER EN ESTOS CASOS, TODA VEZ QUE ESTOS LUGARES REPRESENTAN UN RIESGO GRAVE Y EXCEPCIONAL PARA QUIENES HABITAN EN SUS INMEDIACIONES. DE OTRA PARTE, SEÑALÓ QUE EL DAÑO MORAL QUE PUEDE GENERAR LA PÉRDIDA DE BIENES MATERIALES ES SUSCEPTIBLE DE REPARARSE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE SU OCURRENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO MORAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONFLICTO ARMADO INTERNO
Sentencia 2000-01770 de marzo 21 de 2012
Rad. 07001233100020000177-01 (23.778)
Actor: Ana Elida Estrada Fuentes y otros
La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por las partes, en un proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, $ 60.000.000, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones que lo es la de la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida para el efecto por aquella norma(1).
2.1. Cabe destacar que la señora Ana Elida Estrada Fuetes y Arcadio Beltrán Tovar, confirieron poder a nombre propio y en representación de sus hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada (fls. 1-2 poderes, fls. 94 a 97 copia de registro civil de nacimiento cdno. ppal.).
3. Sobre las pruebas que habrán de valorarse en el proceso.
3.1. En relación con esta última prueba, cabe señalar que mediante escrito presentado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, a través de apoderado judicial, un grupo de personas, entre las que figura Ana Elida Estrada Fuentes, solicitaron “decretar y practicar diligencia de inspección judicial, con intervención de peritos idóneos, designados al efecto por el juzgado en forma legal y con citación y audiencia de la Nación colombiana y del Ministerio de Defensa..., las Fuerzas Armadas de Colombia...y la Policía Nacional..., sobre todas y cada una de las viviendas que resultaron destruidas o averiadas a consecuencia de los ataques guerrilleros que sufrió la población de Cravo Norte, los días trece (13) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), diecinueve (19) de abril de 1999 y ocho (8) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999); lo cual será materia de proceso contencioso administrativo que instauraré contra los citados y que debido al transcurso del tiempo se corre peligro de que se altere su situación”. Se señaló en el memorial que la diligencia tenía como finalidades las de establecer: (i) la dirección, área total del terreno, área construida y linderos generales de cada uno de los inmuebles objeto de la diligencia; (ii) los daños ocasionados a cada uno de esos inmuebles; (iii) el estado de los bienes muebles que hacían parte de los establecimientos de comercio que funcionaban en algunos de ellos y (iv) la verificación de las barricadas y artefactos explosivos instalados por la Policía en esos inmuebles o en sus inmediaciones.
Mediante auto de 27 de septiembre de 2000 se corrió traslado de la prueba anticipada (inspección judicial y el dictamen pericial), y la parte demandada Nación, Policía Nacional, formuló objeción en su contra con fundamento en que el perito no era idóneo y el dictamen, no fue claro, preciso y carece de soporte probatorio para determinar el valor de la afectación; mediante auto de 24 de noviembre de 2000 el a quo decretó la práctica de un segundo dictamen pericial el cual fue allegado al proceso (fls. 228 cdno. 1 y fls. 147 a 150 del cdno. 2).
3.2. En relación con los recortes de periódicos que fueron traídos con la demanda, carecen de valor probatorio. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, las publicaciones efectuadas en periódicos no oficiales y las informaciones suministradas en otros medios de comunicación escrita, no pueden tenerse como prueba de los hechos que en ellos se informa. Dichas publicaciones solo tienen valor probatorio para efectos de considerar que esa fue la noticia que se publicó, pero en manera alguna permiten acreditar la ocurrencia de los hechos que en ellos se expusieron(3).
Al apelar la parte demandada insistió en la excepción de caducidad, con fundamento en que la demanda se interpuso por fuera del término señalado en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que esta fue presentada el 4 de mayo de 2000 y los hechos objeto de la acción resarcitoria ocurrieron desde el 13 de abril de 1998, lo cual significa que el término para interponer la demanda se vencía el 14 de abril de 2000.
4.2. Según la demanda, durante el lapso comprendido entre el 13 de abril de 1998 y el 16 de enero de 2000 se produjeron varias incursiones guerrilleras que causaron daños al inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes. Es decir, la demanda hace alusión a daños causados como consecuencia de acciones diferentes, ocurridas en distintas fechas, lo cual implica que el término para reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos empezó a correr de manera autónoma en relación con cada evento.
Las pruebas que obran en el expediente no confieren a la Sala certeza sobre los daños que en concreto se causaron al inmueble en cada incursión guerrillera. Los testigos llamados a este proceso, quienes manifestaron ser vecinos de la demandante, aseguraron que la destrucción total del inmueble de la señora Ana Elida Estrada Fuentes se produjo como consecuencia de la incursión guerrillera ocurrida después del 13 de abril de 1998; por otro lado, buena parte de los daños descritos en la demanda fueron relacionados por la señora Ana Elida Estrada Fuentes en la denuncia que formuló ante la personería municipal, como causados en la toma guerrillera de 19 de abril de 1999, y los informes elaborados por el personero y el alcalde municipal de Cravo Norte sobre lo ocurrido en el municipio con las tomas guerrilleras, acreditan que la destrucción total de la casa se produjo en los ataques ocurridos entre el 19 de abril de 1999 y el 16 de enero de 2000.
En efecto, en relación con los daños sufridos por el inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, en los distintos ataques de la guerrilla, el señor Jolman Caballero Martínez declaró ante el a quo (fls. 106-107 cdno. 2), que por el año de 1998 la guerrillera se tomó por primera vez el municipio de Cravo Norte, ocasión en la cual ese inmueble ubicado cerca de la estación de policía, resultó averiado en las paredes y que en los ataques siguientes fue cuando destruyeron todo el inmueble .
En el informe dirigido por el personero al señor alcalde municipal y al delegado de la Cruz Roja Colombiana el día 29 de abril de 1999, se señala como una de las personas de la sociedad civil que resultó afectada en la toma guerrillera del 19 de abril de 1999, a: “Ana Elida Estrada, C.C. 21.242.359 de Puerto López, dirección calle 2 carrera 4 barrio el centro, valor reportado de los daños: $ 10.000.000” (fls. 141 a 143 cdno. 2).
El alcalde del municipio de San José de Cravo Norte mediante Oficio DA-0531 de 27 de septiembre de 2001 dirigido al Tribunal Administrativo de Arauca en relación con las afectaciones que sufrió la casa de la señora Ana Elida Estrada manifestó:
“En relación con la vivienda de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, ubicada en la calle 2 Nº 4-02/08 del barrio el centro de Cravo Norte, me permito informarle que fue destruida aproximadamente en un 20% de su estructura durante la toma guerrillera a la población el 13 de abril de 1998. el inmueble fue reconstruido pero luego de los enfrentamientos armados ocurridos en abril 19 de 1999, julio 8 de 1999 y enero 16 de 2000, entre la fuerza pública y la guerrilla, fue arrasado y destruido por completo, quedando solamente el lote”.
5.1. Está demostrado que la señora Ana Elida Estrada Fuentes es propietaria del inmueble ubicado en la calle 2ª Nº 4-02/08, del municipio de Cravo Norte el cual resulto destruido por las tomas guerrilleras. De ello dan cuenta las siguientes pruebas:
“PRIMERO: que obrando en su propio nombre de manera libre y espontánea transfiere a título de venta real y enajenación perpetua a la señora Ana Elida Estrada Fuentes, el derecho de propiedad, dominio y posesión que tiene sobre una casa de habitación, junto con el lote donde se encuentra construida, de techo de zinc, paredes de bahareque, pisos de cemento, ubicada en el perímetro urbano de la población de Cravo Norte (Arauca) comprendida dentro de los siguientes linderos generales: Por el Norte, con la plaza pública; por el sur, con casa de propiedad de Gabriel Rodríguez, por el este, con lote baldío de la nación y por el oeste, con la calle pública”.
En armonía con lo anterior, el certificado de libertad y tradición correspondiente al folio de matricula inmobiliaria número 410-2957, expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de Arauca (fl. 90 cdno. 1), da constancia de la inscripción de la mencionada escritura pública en dicha entidad.
Y el Alcalde del municipio de Cravo Norte en oficio ya referido por la Sala DA-0531 de 27 de septiembre de 2001 dirigido al tribunal a quo dio cuenta de que ese fue uno de los inmuebles destruidos:
“En relación con la vivienda de propiedad de la señora Ana Elida Estrada, ubicada en la calle 2 Nº 4-02/08 del barrio el centro de Cravo Norte, me permito informarle que fue destruida.....”.
Y finalmente en el mimo sentido el dictamen pericial practicado en la inspección judicial que se aportó como prueba anticipada se señaló que la vivienda de la señora Ana Elida Estrada Fuentes está ubicada en la calle 2ª Nº 4-02/08 (fl. 59, cdno. 1).
5.2. También se encuentra probado que la señora Ana Elida Estrada Fuentes en su inmueble tenía un establecimiento de comercio de venta de bebidas el cual era de su propiedad de ello dan cuenta las declaraciones realizadas por Alirio Torres, Casilda Sarmiento Sarmiento y José Antonio Tuay, en síntesis informan los testigos que allí funcionaba una cantina de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes.
Los testimonios referidos permiten inferir que la señora Ana Elida Estrada Fuentes era propietaria de un establecimiento de comercio(4), el cual se encontraba ubicado en el inmueble de su propiedad.
“...propiedad de Ana Elida Estrada Fuentes, que identificada se aprecia su destrucción total del inmueble, que tiene medidas de 25: 50 de frente por 18:80 de fondo y sus linderos son: oriente, con la señora Ana Josefina Espinel, occidente con la carrera 4ª, norte con la calle 2ª y sur María Luisa Ardila”.
5.4. También está demostrado que las medidas adoptadas por los agentes de la policía para protegerse de futuros ataques guerrilleros generaban para los vecinos de la estación de policía condiciones de riesgo que explican el hecho de que la señora Ana Elida Estrada Fuentes y su familia hubieran abandonado su vivienda. Esas medidas de protección fueron descritas también en la inspección anticipada practicada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cravo Norte, en estos términos:
De igual manera, en el dictamen presentado por los peritos que fueron nombrados en la inspección judicial anticipada (fl. 59 cdno. 2) se señaló que la vivienda quedó totalmente destruida y que aunque esta fuera reconstruida, la familia de la señora Ana Delia Estrada no podría volver a ocuparla, por los graves riesgos que representaba para su integridad su vecindad con la estación de policía:
Con fundamento en estas pruebas considera la Sala que está debidamente acreditado el daño material sufrido por la señora Ana Elida Estrada Fuentes, que consistió en la destrucción de la edificación construida en el inmueble de su propiedad, y con la imposibilidad de habitarlo, en consideración a los graves riesgos a los que se expondría, porque dicha vivienda está ubicada en inmediaciones de la estación de policía del municipio de Cravo Norte, que fue declarado objetivo militar de los grupos subversivos.
“A propósito de los daños morales, la doctrina ha considerado que estos son “esos dolores, padecimientos, etc., que pueden presentarse solamente como secuela de los daños infligidos a la persona. Que no son entonces daños propiamente dichos, y que por otra parte, constituyen un sacrificio de intereses puramente morales, que justifican una extensión del resarcimiento, esta vez con función principalmente satisfactoria”(5).
“No obstante, la Sala ha adoptado un criterio más amplio, para considerar que hay lugar a indemnizar todo perjuicio moral, sin importar su origen, inclusive el derivado de la pérdida de bienes materiales o el causado con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, siempre que, como sucede en relación con cualquier clase de perjuicios, aquellos sean demostrados en el proceso(6).
“Para que haya lugar a la reparación del perjuicio basta que el padecimiento sea fundado, sin que se requiera acreditar ningún requisito adicional. Corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta las condiciones particulares de la víctima y la gravedad objetiva de la lesión. La intensidad del daño es apreciable por sus manifestaciones externas; por esto se admite para su demostración cualquier tipo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia puede inferir su existencia en casos como el de la muerte de los parientes más allegados.
“En consecuencia, aunque en eventos como el presente, la pérdida de los bienes materiales destinados a la subsistencia o comercialización puede causar perjuicios morales, en el caso concreto no se reconocerán porque estos no se acreditaron directamente ni se encuentran probados otros hechos de los cuales puedan inferirse tales perjuicios(7).
También está acreditado que los demás demandantes también sufrieron un perjuicio como consecuencia del daño al inmueble al que se viene haciendo referencia, dado que conforman la familia de la señora Ana Elida Estrada, con ella Vivian en el inmueble y también con ella debieron forzosamente abandonarlo en ocasión de los ataques a que se viene haciendo referencia.
En efecto está acreditado que la señora Ana Eleida Estrada Fuentes vivía en la calle 2ª Nº 4-02/08, del municipio de Cravo Norte, con su esposo Arcadio Beltrán Tovar y sus hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada y que por causa de las tomas guerrilleras, se vieron desplazados a otro barrio dentro del municipio de Cravo Norte. Los testigos llamados a declarar en este proceso afirmaron que al quedar destruida totalmente la casa de la familia Beltrán Estrada, esta se vio forzada a trasladarse a la urbanización la unión en el mismo municipio. En tal sentido los testimonios de Jolman Caballero Castillo, José Antonio Tuay, y de Casilda Sarmiento Sarmiento (fls. 106-115 cdno. 2).
“...constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional(9).(10).
Por lo tanto, los daños sufridos por las víctimas de actos terroristas cometidos por terceros son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la Administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y estas no se la brindaron, o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(12).
“En otros eventos (...) la imputabilidad surge de la creación de un riesgo, que es considerado excepcional, en la medida en que supone la puesta en peligro de un grupo particular de ciudadanos, como consecuencia del desarrollo de una actividad dirigida a proteger a la comunidad en general. No se trata aquí, entonces, de la existencia de una acción u omisión reprochable de la administración, sino de la producción de un daño que, si bien es causado por un tercero, surge por la realización de un riesgo excepcional, creado conscientemente por esta, en cumplimiento de sus funciones. Y es la excepcionalidad del riesgo lo que hace evidente la ruptura del equilibrio frente a las cargas públicas y posibilita el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado”(13).
Para que el hecho violento del tercero pueda ser imputable al Estado, se requiere que este haya sido dirigido contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo de la cúpula estatal(14).
En síntesis, los daños que sufran las personas como consecuencia del conflicto armado interno, le son imputables al Estado cuando se demuestra que son consecuencia de una falla del servicio de la administración o del riesgo creado por esta con el fin de cumplir su función de garantizar la vida e integridad de las personas y que el ataque estuvo dirigido concretamente contra un establecimiento militar o policivo, un centro de comunicaciones o un personaje representativo del Estado o de sus Fuerzas Armadas(16).
Del análisis de las pruebas que obran en el expediente se concluye que los daños sufridos por los demandantes Ana Elida Estrada Fuentes, Arcadio Beltrán Tovar, Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada, son imputables a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, porque los mismos se produjeron como consecuencia del enfrentamiento armado que se suscitó entre las fuerzas del orden y los integrantes de los grupos guerrilleros que atacaron la estación de policía de Cravo Norte.
En el hecho resultaron semidestruidas las instalaciones policiales, una vivienda aledaña, el hotel de razón social El Agrado, en este último resultó muerto por acción de los facinerosos el particular Álvaro Mojica, exmagistrados del departamento del Meta...
“Una vez terminada la incursión y luego de hacer arribo a la localidad el apoyo correspondiente, personal preparado en operaciones especiales (Copes) de la Policía Nacional logró la desactivación de ocho (8) artefactos explosivos y veinte (20) cilindros para gas, con explosivos, acondicionados como rampas...” (fls. 29-30 cdno. 2, destacados fuera del texto).
“Hechos como los que se citan...han generado el desplazamiento no oficial (...) de un número significativo de familias, las cuales se han residenciado en distintos lugares de la capital departamental... “ (fl. 28 cdno. 2).
“La incursión armada se prolongó hasta las 01:30 horas aproximadamente del 090799, tiempo durante el cual se contó con el apoyo de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y del Ejército Nacional, quienes lograron captar varias imágenes a través de las cuales los bandoleros emplearon dos (02) ambulancias dotadas con signos distintivos de la Cruz Roja, para transportarse de un lado a otro, llevando consigo el armamento, munición, artefactos explosivos y equipaje de campaña, a sabiendas de que no sería objeto de ataques por la fuerza pública (lo anterior fue ampliamente publicado a través de los medios de comunicación nacional e internacional).
“Posteriormente y en virtud de las comunicaciones de la misma comunidad que indicaban que los bandoleros se encontraban a las afueras del pueblo y que estos habían acondicionado varios campos minados sobre las vías de acceso a la cabecera municipal y sobre los lugares que dentro del casco urbano potencialmente serían utilizados por la fuerza pública, mediante el desembarco de tropas para apoyar la unidad policial y evacuar a los heridos. Ante tal situación, el comando departamental previendo accidentes que hubieran podido cegar la vida de personas inocentes o causar lesiones de consideración en los pobladores y campesinos, siendo las 18:00 horas del 090799, con la colaboración de helicópteros de las FAC, se logró reforzar la mencionada unidad y enviar al técnico en manejo de explosivos con la misión de desactivar la totalidad de los artefactos sembrados y abandonados por los guerrilleros de las FARC...” (fls. 23-25 cdno. 2, destacadas fuera del texto).
—Denuncia formulada por el jefe de la oficina de derechos humanos de la Policía Nacional, en relación con los hechos ocurridos en el municipio de Cravo Norte, el 22 de noviembre de 1999:
“Durante las acciones, los bandoleros utilizaron contra la población civil armas no convencionales (rampas) construidas a partir de cilindros de gas, con las cuales pudieron haber destruido el patrimonio y propiedades de un número significativo de gentes residentes en lugares cercanos a las instalaciones policiales, siendo manifestación y consecuencia de ello la limitación de derechos y libertades protegidos por el derecho internacional humanitario, de personas quienes eran totalmente ajenas a las acciones y solo perseguían protegerse del ataque de que eran objeto por parte de los irregulares, en desarrollo de una acción terrorista y demencial que tenía como fin central minar la resistencia de los policiales que defendían la población...” (fls. 23-24 cdno. 2).
“17:20 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones de la Contraguerrillera 49, Héroes de Tarazá, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y la estación de policía del municipio de Arauquita.
“7:45 horas: simultáneamente fueron hostigadas las instalaciones del grupo...Reveiz Pizarro, adscrito a la décimo octava brigada del Ejército Nacional y a la estación de policía del municipio de Saravena.
“Los insurrectos para perpetrar estos actos de terrorismo, emplearon armas de fabricación casera con poder de destrucción masiva y de uso no convencional (cilindros de gas), granadas de fragmentación y armamento de largo alcance, con mayor intensidad en el municipio de Cravo Norte, no se reportaron (sic) novedad en el personal particular ni de la fuerza pública, pero una vez más fue puesta en riesgo la comunidad particular por parte de los subversivos, puesto que sus acciones no tienen control en sus dimensiones, manteniendo en un estado de zozobra e intranquilidad a todos los residentes del departamento” (fls. 31-32 cdno. 2).
—Informe presentado el 22 de enero de 2000, por el comandante de la estación Cravo Norte al comandante del departamento de policía de Arauca, en relación con los hechos ocurridos el 16 de enero anterior:
Informo al comando que las instalaciones cuartelarias (sic) quedaron afectadas de manera grave y amenaza de riesgo inminente contra la vida e integridad física del personal uniformado acantonado en esta estación, que requieren la ayuda y atención inmediata para la reparación de estas...” (fl. 18 cdno. 2, destacados fuera del texto).
La prueba documental que se acaba de citar resulta suficiente para concluir que los daños causados a la señora Ana Elida Estrada Fuentes y a su familia, que consistieron en la destrucción de su vivienda y en la imposibilidad de volverla a ocupar, por el riesgo que representa para su integridad física residir en inmediaciones de la estación de policía de Cravo Norte, tuvieron su origen en los reiterados ataques cometidos por grupos guerrilleros en contra de dicha estación y en su reacción defensiva, que consistió no solo en el contraataque armado, sino en la instalación de barricadas y explosivos en los sitios aledaños.
Si bien se demostró que tales daños fueron causados tanto por terceros, como por los miembros de la estación de policía, quienes de manera legítima ejercían su defensa y la de la comunidad a la que prestaban protección, lo cierto es que los mismos resultan imputables a la Nación-Ministerio de Defensa, porque, como antes se anotó, conforme a jurisprudencia reiterada de esta corporación, los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando estas son atacadas por grupos al margen de la ley son imputables al Estado, dado que si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones.
La responsabilidad, en estos términos, es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nación, porque este era el organismo que tenía instalada su estación en el centro de la publicación de Cravo Norte, fue el objetivo de los grupos insurgentes y los agentes de la policía se defendieron de esos ataques con las armas de que disponían.
No se llega a idéntica conclusión en relación con la responsabilidad que se imputa a la Nación por las actuaciones del Ejército Nacional, porque no está demostrado que el ataque de los grupos insurgentes hubiera tenido también como objetivo a los miembros de esa institución, ni que el apoyo que esta les brindó a los agentes de la estación de policía de Cravo Norte hubiera consistido en un ataque armado.
La Sala accederá al reconocimiento de la indemnización por el dolor que sufrieron la señora Ana Elida Estrada Fuentes, Arcadio Beltrán Tovar y su hijas Liliana Elida y Diana Johanna Beltran Estrada, quienes acreditaron que residían en Cravo Norte en la calle 2ª Nº 4-02/08, donde tenían su domicilio y se vieron forzadas a desplazarse de ese lugar a otro dentro del mismo municipio, como consecuencia de los recurrentes enfrentamientos armados que se originaban en inmediaciones de su residencia, por los ataques a la estación de policía por parte de grupos subversivos y en razón de las medidas adoptadas por los miembros de la policía que prestaban sus servicios en esa estación, con el fin de hacer frente a esos ataques. La indemnización en este caso se fijará en 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los demandantes.
8.2. Perjuicios materiales
8.2.1.1. Por la destrucción de la vivienda
8.2.1.1.1 En el dictamen practicado ante el a quo durante el trámite del proceso, en relación con la reconstrucción de la vivienda de la señora Ana Elida Estrada Fuentes, se concluyó lo siguiente:
“sea lo primero advertir que el inmueble objeto de la diligencia se encuentra ubicado en el municipio de San José de Cravo Norte, población a la que nos desplazamos a efectos del cumplimiento de nuestra obligación constatando el tipo de construcción existente y los daños causados al inmueble objeto de este peritazgo
Extensión total: 479 m2
Linderos norte: con calle 2ª en extensión 25.50 mts.
Sur: con María Luisa Ardila en extensión de 25.50 mts.
Oriente: en 18.80 mts. Ana Josefa Espinal
Occidente: en 18.80 mts. con la carrera 4ª
Área construida: # 57. 50 mts.
En cuanto al valor del lote de terreno, tenemos que por la ubicación del bien por las vías de acceso o de influencia en el sector, por la infraestructura urbanística: servicios públicos, estado de las vías, entorno inmediato de influencia comercial, el metro cuadrado tiene un valor de $ 20.000, que multiplicado por el área total nos da $ 9.580.000.
Daño emergente: lo constituyen los perjuicios sufridos por la parte actora en su edificación. Como se observa destrucción total, el valor de los perjuicios es el que resulta del caculo para construir una nueva vivienda, de las mismas condiciones y características a las que existían, para lo cual se tiene en cuenta el área que tenia construida la actora que era de 357.50 metros cuadrados y los precios a todo costo que incluyen los materiales y la mano de obra a la fecha. Estos costos fueron tomados con base a los precios establecidos por la secretaría de obras de la gobernación de Arauca, en su esquema general de costo.
Detalles Un. Cantidad Valor unitario Valor total
Área construida M2 357.50 $ 150.000 $ 53.625.000
8.2.1.1.2 Ha considerado la Sala que para que el dictamen de expertos que obre en el proceso, pueda tener eficacia probatoria se requiere que: (i) el perito informe de manera razonada lo que de acuerdo con sus conocimientos especializados sepa de los hechos; (ii) su dictamen sea personal(20) y contenga conceptos propios sobre las materias objeto de examen y no de otras personas por autorizadas que sean, sin perjuicio de que pueda utilizar auxiliares o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; (iii) que el perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo; (iv) que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad; (v) que no se haya probado una objeción por error grave; (vi) que el dictamen esté debidamente fundamentado y sus conclusiones sean claras firmes y consecuencia de las razones expuestas; (vii) que sus conclusiones sean conducentes en relación con el hecho a probar; (viii) que se haya surtido la contradicción; (ix) que no exista retracto del mismo por parte del perito; (x) que otras pruebas no lo desvirtúen y (xi) que sea claro, preciso y detallado, es decir, que dé cuenta de los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que de los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones(21).
8.2.3. En el caso concreto, el dictamen pericial practicado en la inspección judicial como prueba anticipada fue objetado por error grave. La parte demandada Nación, Policía Nacional, formuló objeción en su contra porque: (i) no se tuvo en cuenta la idoneidad de los peritos, por cuanto se desconoce si tienen los conocimientos necesarios para rendir el dictamen, conforme a lo establecido en el artículo 236-numeral 3 del Código de Procedimiento Civil; (ii) el dictamen fue suscrito por uno solo de los peritos nombrados, con lo cual se desconoce el artículo 234 ibídem, conforme al cual en los procesos de mayor cuantía, el dictamen se rendirá por dos peritos; (iii) el dictamen rendido carece de fundamentación, claridad, precisión y detalle, porque los peritos se limitan a manifestar que el valor total de los daños causados a la demandante ascienden a $ 60.000.000, sin determinar cuál fue la parte de la construcción que desapareció, ni el valor que tenía esa parte; (iv) como el dictamen no es claro, ni explícito y, peor aún, carece de soporte probatorio, no puede tener valor jurídico alguno y (v) la falta de precisión y seriedad de la prueba se hace evidente cuando en esta se señala que los daños se causaron durante las tomas guerrilleras ocurridas en abril de 1998, abril y julio de 1999 y enero de 2000.
Mediante auto de 24 de noviembre de 2000 el a quo dio trámite a la objeción y decretó la práctica de un segundo dictamen pericial con el fin de establecer exactamente los daños materiales causados a los actores; para realizar dicho dictamen designó a los ingenieros José Luis Rendón Alejo y Cesar Adelmo Capera Arrego. Contra este auto la parte actora interpuso recurso de reposición fundado en razones de forma que impedían la claridad del auto, dicha providencia fue confirmada mediante auto de 1º de febrero de 2001 (fls. 145-146 cdno. 1).
Del nuevo dictamen pericial allegado al proceso, mediante auto de 28 de mayo de 2002 se corrió traslado a las partes; la parte demandada Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, formuló nueva objeción con fundamento en que el dictamen pericial rendido no fue claro, preciso, detallado y carece de fundamento probatorio en relación con los muebles objeto de la peritación toda vez que en el mismo se afirmó en relación con los bienes muebles que no existe prueba de la preexistencia, de sus marcas, características y cantidades. Finalmente el a quo tomó como dictamen para liquidar la condena en relación con la destrucción del bien inmueble, el último practicado con fundamento en que no fue objetado, y nada dijo en relación con los bienes muebles.
8.2.4. La Sala acogerá el dictamen rendido ante el a quo por los peritos José Luis Rendón Alejo y Cesar Adelmo Capera Arrego, únicamente en relación con el valor de la reconstrucción del inmueble de propiedad de la señora Ana Elida Estrada Fuentes, toda vez que no fue objetado en ese aspecto y cuenta con elementos suficientes para la liquidación; pero no tendrá en cuenta el dictamen en relación con el valor de los bienes muebles que se relaciona, debido a que en atención al propio dictamen no hay certeza de la preexistencia de los muebles que resultaron destruidos ni del valor de los mismos.
Se suma a lo anterior que el valor señalado por los peritos, actualizado con la fórmula de las matemáticas financieras, como se verá a continuación, no resulta oneroso ni lesivo del patrimonio público, toda vez que es menor al establecido por el legislador en relación con la vivienda de interés social, la cual de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, es la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor, según el artículo 117 de la Ley 1450 de 2010, no puede exceder los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv.), esto es setenta y seis millones quinientos cuatro mil quinientos pesos ($ 76.504.500).
Así las cosas, la Sala acogerá el dictamen pericial rendido en el proceso, pero aclara que no se tomará el valor total señalado en el mismo, esto es la suma de cincuenta y tres millones seiscientos veinticinco mil pesos ($ 53.625.000), toda vez que dicho valor incluye el precio del terreno a adquirir para efectos de la construcción de la nueva vivienda, el cual asciende a siete millones ciento cincuenta mil pesos ($ 7.150.000)(25) y el monto de $ 7.000.000 que según la propia parte actora recibió por parte del INURBE por concepto de subsidio familia de vivienda mediante la Resolución 730 del 25 de noviembre de 1999(26) . De tal manera que deduciendo el monto del terreno de la fórmula planteada por los peritos mas el valor del subsidio familiar de vivienda, la cifra que corresponde a la construcción de la vivienda es de treinta y nueve millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos ($ 39.475.000).
Vh: capital histórico, o suma que se actualiza: $ 39.475.000
Índice final certificado por el DANE a la fecha de esta sentencia (ene. 2012): 109.95.
Índice inicial certificado por el DANE: a la fecha del dictamen (mar. 2002): 68.59.
La parte actora en la demanda solicitó indemnización por el monto de $10.000.000 por los perjuicios causados en relación con sus bienes muebles y enseres. La Sala negará el reconocimiento de este perjuicio, debido a que el daño que se aduce causado por la pérdida de los bienes muebles o enseres no está acreditado.
Televisor marca Philips de 14 pulgadas (supermercado Zulia) $ 400.000
Utensilios de cocina varios (supermercado Zulia) $ 100.000
Enfriador de 200 botellas marca industrial (Araucana de muebles) $ 1.000.000
Armario de madera (Araucana de muebles) $ 400.000
Mesa plástica marca rimax (supermercado Zulia) $ 25.000
Estantería medica 2 metros por 1.20 metros (Araucana de muebles) $ 300.000
Ventilador de pedestal en plástico marca Samurai (supermercado Zulia) $ 42.000
Cama sencilla (araucana de muebles) $ 180.000
Nevera Icasa de 10 pies (supermercado Zulia) $ 754.000.
Total $ 5.016.000.
Considera la Sala que el anterior dictamen no es prueba de ese daño, dado que como los mismos peritos lo señalaron no hay certeza sobre la preexistencia de los muebles, de sus marcas, característica y cantidades y solo refirieron valores simbólicos de los bienes muebles y enseres.
En el proceso, de conformidad con las declaraciones de los señores Alirio Torres, Casilda Sarmiento Sarmiento y José Antonio Tuay, testimonios ya varias veces citados por la Sala, se acreditó que la señora Ana Elida Estrada Fuentes desarrollaba una actividad comercial productiva consistente en una cantina en el inmueble de su propiedad y que con ocasión de los enfrentamientos que se presentaron entre la fuerza pública y la subversión, no puedo continuar ejerciendo en virtud de la destrucción y el abandono del mismo, como se indicó, derivado de la situación generalizada inseguridad en el municipio de Cravo Norte.
El dictamen pericial señaló en relación con el lucro cesante derivado del negocio que tenía la señora Ana Elida Estrada fuente que, por las condiciones de destrucción en que quedó el bien inmueble y la falta de soportes no era posible establecer el valor de dicho lucro cesante, al respecto esta:
— Renta: Por no encontrarse acreditado el valor que Ana Elida Estrada Fuentes ganaba como comerciante de una cantina según se indicó, se tomará como monto base para la liquidación del lucro cesante el valor de un salario mínimo legal mensual actual, es decir $ 566.700, suma que se incrementará en un 25%, por prestaciones sociales, para un monto de $ 708.375.
Ra = Es la renta o ingreso mensual que equivale a $ 708.375
S= $ 4.302.000
3. En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar, por concepto de indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes así: (i) Para la señora Ana Elida Estrada Fuentes por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente la suma de setenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y un pesos $ 74.499.581; por lucro cesante el monto de cuatro millones trescientos dos mil pesos ($ 4.302.302) y por perjuicio morales la suma correspondiente a 25 SMLMV; y (ii) para Arcadio Beltrán Tovar, Liliana Elida y Diana Johanna Beltrán Estrada la suma de 25 SMLMV para cada uno por concepto de perjuicios morales.
5. La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo
(1) En vigencia de Decreto 597 de 1988, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de directa en el año de 2000 tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación era de $ 26.390.000.
(3) En relación con el valor probatorio de las publicaciones en periódicos la Sala, en sentencia de 10 de junio de 2009. Expediente 18.108. M.P. Ruth Stella Correa Palacio, expuso el siguiente criterio: “Y, de otra parte, unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. No obstante, esos documentos carecen por completo de valor probatorio, porque se desconoce su autor y su contenido no ha sido ratificado y, adicionalmente, por tratarse de las informaciones publicadas en diarios no pueden ser consideradas dentro de un proceso como una prueba testimonial, dado que carecen de los requisitos esenciales que identifican este medio probatorio, en particular porque no fueron suministradas ante un funcionario judicial, no fueron rendidas bajo la solemnidad del juramento, ni el comunicador dio cuenta de su dicho (CPC , art. 227), y por el contrario, este tenía el derecho a reservarse sus fuentes. Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apreciado como un testimonio, es decir, la prueba documental en este caso da cuenta de la existencia de la afirmación del tercero, pero las afirmaciones allí expresadas deben ser ratificadas ante el juez, con el cumplimiento de los demás requisitos para que puedan ser apreciadas como prueba testimonial”. Sobre el valor probatorio de los artículos de prensa, ver sentencia de 15 de junio de 2000, Expediente 13.338.
(4) Sobre la libertad probatoria para efectos de acreditar la propiedad de un establecimiento de comercio, consultar la sentencia de 9 de junio de 2010, M.P. Ruth Stella correa Palacio, Expediente 18.356.
(6) Sentencia del 24 de septiembre de 1987, Expediente 4039. C.P. Jorge Valencia Arango.
(7) Sentencia de 13 de mayo de 2004, Expediente AG-520012331000200200226-01. C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(9) Sentencia SU-1150 de 2000. En el mismo sentido, Sentencia T-1635 de 2000. En Sentencia T-1215 de 1997 ha dicho esa corporación: “No existe duda sobre la violación continua de los derechos de las personas obligadas a migrar de su lugar de origen y cuya circunstancia de vulnerabilidad e indefensión es manifiesta. Los devastadores y trágicos efectos materiales de quienes se ven obligados intempestivamente a dejarlo todo con el único fin de proteger su vida e integridad personal, van acompañados del sentimiento de pérdida, incertidumbre y frustración que conlleva el desarraigo de sus bienes, de su tierra y de su entorno natural, pues, de alguna manera, impide que los afectados reconstruyan en el corto plazo su vida familiar, social, cultural, psicológica y económica”. Criterio que más recientemente esa Corte reiteró en Sentencia T-721 de 2003 al señalar: “También la Corte ha destacado que las heridas físicas y afectivas generadas por el desplazamiento, comportan traumas de toda índole de difícil recuperación, los que se agravan al tener que soportar las escasas o nulas posibilidades de acceder a una vida digna, que les ofrecen las ciudades, que los albergan en condiciones de hacinamiento e indigencia. Así mismo, habrá de señalarse que el desplazamiento —de acuerdo con los estudios realizados al respecto— conlleva abruptos cambios sicológicos y culturales en las mujeres, debido a que a estas a menudo les corresponde asumir solas la reconstrucción del hogar en todos los órdenes, y ser el apoyo de los hombres enfermos e incapacitados, no pocas veces en razón de los mismos hechos que dieron lugar al desplazamiento, como también de niños y ancianos, atemorizados e inermes”.
(10) Sentencia de 15 de agosto de 2007, Expediente AG-25000232700020020004-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En el mismo sentido, sentencia de 26 de enero de 2006, Expediente 25000-23-26-000-2001-00213-01(AG)B, de la misma ponente, en la cual se afirmó: “constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales...”.
(11) Se reiteran los planteamientos esgrimidos en las sentencias de la Sección Tercera de octubre 1º de 2008, Expediente 16920 y junio 9 de 2010, Expediente 18536, ambas con ponencia de quien proyecta este fallo.
(12) Con fundamento en ese título de imputación se accedió a las pretensiones de los demandantes en sentencias de la Sección Tercera de 11 de diciembre de 1990, Expediente 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de marzo de 1991, Expediente 5595, C.P. Julio César Uribe Acosta; 19 de agosto de 1994, Expediente 9276 y 8222, C.P. Daniel Suárez Hernández; 2 de febrero de 1995, Expediente 9273, C.P. Juan de dios Montes; 16 de febrero de 1995, Expediente 9040, C.P. Juan de dios Montes; 30 de marzo de 1995, Expediente 9459, C.P. Juan de dios Montes; 27 de julio de 1995, Expediente 9266, C.P. Juan de dios Montes; 6 de octubre de 1995, Expediente 9587, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 14 de marzo de 1996, Expediente 11038, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 29 de agosto de 1996, Expediente 10949, C.P. Daniel Suárez Hernández y 11 de julio de 1996, Expediente 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.
(13) Sentencia del 10 de agosto de 2000, Expediente 11518, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; en el mismo sentido, sentencia del 18 de octubre de 2000, Expediente 11834, C.P. Alier Hernández.
(14) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 7577, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(15) Sentencia de 27 de enero 2000, Expediente 8490, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. En igual sentido, sentencias de 15 de marzo de 1996, Expediente 9034, C.P. Juan de dios Montes; 28 de abril de 1994, Expediente 7733, C.P. Julio César Uribe Acosta; 17 de junio de 1993, Expediente 7533, C.P. Julio César Uribe Acosta; de 13 de mayo de 1996, Expediente 10627, C.P. Daniel Suárez Hernández, 5 de septiembre de 1996, Expediente 10461, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros 10 de agosto de 2000, Expediente 11585, C.P. Alier Hernández; 21 de febrero de 2002, Expediente 13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de mayo de 2004, Expediente 14405, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, entre otras.
(16) Sentencia de 23 de septiembre de 1994, Expediente 8577, C.P. Julio César Uribe Acosta.
(19) “Al referirnos al derecho a la verdad entendemos que, como lo ha establecido esta corporación en anterior jurisprudencia (sents. T-275/94, C-293/95, y SU.717/98), se debe buscar el mayor esclarecimiento, dentro del proceso penal, de las circunstancias del desplazamiento, agentes causantes (no solo el grupo armado culpable, sino también los autores intelectuales y materiales concretos), móviles de los agentes para la perpetuación del delito de desplazamiento forzado, etc... Además, como dijo la Corte Constitucional en su Sentencia T-265 de 1994, la participación del perjudicado dentro del proceso penal, también hace parte del derecho a la verdad en cuanto implica conocimiento del curso del proceso y facilita la investigación por parte de los funcionarios del Estado en la medida en que las víctimas fueron testigos directos del hecho. Reafirman el derecho a la verdad los principios 16.1 y 16.2 de los principios rectores de los desplazamientos internos que dicen: “1. Los desplazados internos tienen derecho a conocer el destino y paradero de sus familiares desaparecidos. 2. Las autoridades competentes tratarán de averiguar el destino y el paradero de los desplazados internos desaparecidos y cooperarán con los organismos internacionales competentes dedicadas a esta labor. Informarán a los parientes más próximos de la marcha de la investigación y les notificarán los posibles resultados.” En cuanto el derecho a la justicia se debe entender que este delito no debe quedar impune. Por lo tanto, se debe garantizar el acceso a la administración de justicia a quien fue víctima del delito y el Estado colombiano debe velar por que la ocurrencia de tal hecho punible sea castigada por su aparato jurisdiccional a través del procesamiento, condena y ejecución de la pena del sujeto activo del delito. Finalmente, el derecho a la reparación conlleva, como lo consagra el principio 29.2 de los principios rectores de los desplazados internos a una actuación diligente del Estado en la efectiva recuperación de los bienes que se vieron compelidos a abandonar con motivo del desplazamiento, o su equivalente”.
(21) Consejo de Estado, sentencia de 16 de abril de 2007, Expediente AG-250002325000200200025-02, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(22) Corte Suprema de Justicia, auto de septiembre 8 de 1993, Expediente 3446, acogido, por ejemplo, por la Corte Constitucional en Sentencia C-807 de 2002.
(25) Teniendo en cuenta que el precio del metro cuadrado del lote fue calculado por los peritos en $ 20.000 y que la extensión del área construida era de 357.50 m2
(26) Al respecto obra en el expediente, la Resolución 0730 de 1999 que en su parte resolutiva dispuso: asignar cincuenta y nueve (59) subsidios familiares de vivienda de interés social a los hogares damnificados por actos terrorista y/o tomas guerrilleras, representado por los postulantes relacionados a continuación, beneficiarios dentro de los que aparece Jonh Arcadio Beltrán Estrada con la suma de 426.4701492 UPAC; y obra el oficio DVE No. 10024 expedido por el jefe de la división de reforma vivienda y entorno del Inurbe dirigido al a quo en el que señala que Jhon Arcadio Beltrán Estrada, Arcadio Beltrán Tovar, Ana Elida Estrada Fuentes; Liliana Elida y Diana Johana Beltran Estrada hacen parte del mismo hogar y fueron atendidos con la resolución de asignación 730 del 25 de noviembre de 1999, y que se había hecho un desembolso por valor de $ 7.000.000, de la siguiente forma: el 50% o sea la suma de $ 3’500.000 se desembolsó el día 4 de agosto del año 2000 con la orden pago 1193 consignado en la cuenta del Banco Agrario Nº 73100003927 de Cravo Norte a nombre del señor Pablo Hernández identificado con la cedula de ciudadanía 17.387.004 y el saldo osea [sic] el otro 50% por valor de $ 3.500.000 el 11 de diciembre del mismo año a la misma cuenta y mismo beneficiario.
(27) Por ejemplo, en sentencias de 25 de febrero de 1999, Expediente 14.655 y de 12 de septiembre de 2002, Expediente 13.395, M.P. Ricardo Hoyos Duque dijo la Sala que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio: “En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse....Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido” (Juan Carlos Henao Pérez. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157). En este mismo sentido, sentencia de 11 de mayo de 2006, Expediente 14.694. M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

References: artículo 136
 artículo 236
 artículo 234
 artículo 91
 artículo 117
 Resolución 
 Resolución 
 resolución