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Timestamp: 2018-02-25 01:47:31+00:00

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Sentencia T.S.J. Madrid 685/2013 de 9 de octubre. Reclamación de cantidad. Incentivos. Recargo por mora - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Madrid 685/2013 de 9 de octubre
Reclamación de cantidad: Devengo de incentivos. Retribución adicional establecida voluntariamente por la empresa incorporada al nexo contractual. Su abono no puede quedar sujeto a la decisión unilateral de la empresa. Recargo por mora: Sólo aplicable a las obligaciones de naturaleza salarial que sean exigibles, vencidas y líquidas.
Teléfono: 914931969
34016050
NIG: 28.079.34.4-2012/0054791
Procedimiento Recurso de Suplicación 3379/2012-s
Juzgado de lo Social n.º 12 de Madrid Demanda 1210/2009
D./Dña. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO
D./Dña. MANUEL RUIZ PONTONES
D./Dña. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN
En Madrid a nueve de octubre de dos mil trece habiendo visto en recurso de suplicación los presentes autos la Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución Española,
En el Recurso de Suplicación 3379/2012, formalizado por el/la LETRADO D./Dña. EDUARDO FERNANDEZ DE BLAS en nombre y representación de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, contra la sentencia de fecha 20.2.2012 dictada por el Juzgado de lo Social n.º 12 de Madrid en sus autos número Demanda 1210/2009, seguidos a instancia de D./Dña. Bartolomé frente a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, en Reclamación de Cantidad, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo./Ilma. Sr./Sra. D./Dña. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las actuaciones habidas los siguientes
Primero.—Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
Segundo.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en calidad de expresamente declarados probados:
Primero.—El actor, Bartolomé, con DNI N.º NUM000, venía prestando sus servicios para la empresa demandada, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, con antigüedad desde el 12/5/1999 con categoría profesional de Licenciado y con retribución fija mensual de 3.105,31 euros brutos sin incluir ppe, además de una retribución adicional percibida anualmente en el mes de mayo.
Segundo.—El actor cesó de forma voluntaria en la empresa con efectos de 31/agosto/2008.
Tercero.—El actor percibió a la fecha de su cese en la empresa, la cantidad de 3.863,81 euros, en concepto de liquidación y finiquito.
Entre los conceptos correspondientes a dicha cantidad, percibió 843 euros por "" incentivo a cuenta".
Dicha cantidad la percibió haciendo constar la salvedad de " No conforme recibo, con reserva de acciones.
Cuarto.—Desde el inicio de la relación laboral, el actor ha venido percibiendo en concepto de " incentivos" una cantidad anual percibida en el mes de mayo y correspondiente al ejercicio del año anterior.
En mayo/2008 percibió la cantidad de 34.099 euros correspondientes al ejercicio de 2007.
En mayo/2007 percibió la cantidad de 32.380 euros correspondientes al ejercicio de 2006.
En mayo/2006 percibió la cantidad de 16.740 euros correspondientes al ejercicio de 2005.
En mayo/2005 percibió la cantidad de 15.660 euros correspondientes al ejercicio de 2004.
En mayo/2004 percibió la cantidad de 14.740 euros correspondientes al ejercicio del 2003.
En mayo/2003 percibió la cantidad de 14.325 euros correspondientes al ejercicio del 2002.
En mayo/2002 percibió la cantidad de 12.020,24 euros correspondientes al ejercicio del 2001.
En mayo/2001 percibió la cantidad correspondiente al ejercicio del 2000.
En mayo/2000, percibió la cantidad de 407.605 ptas., correspondiente al ejercicio de 1999.
Quinto.—El actor desde el inicio de su relación laboral, ha venido percibiendo como " incentivo a cuenta", una cantidad anual que iba incrementándose cada año.
Dicha cantidad, no respondía a evaluación alguna del trabajo realizado, ni por producción, ni en función de ventas ya que no es comercial ni prestaba servicios en departamento de Ventas, dicha remuneración no respondía a ningún objetivo previamente marcado por la empresa.
La cantidad percibida desde el inicio de la relación laboral, ha ido aumentando de forma progresiva cada año, es una paga anual pactada entre las partes, como parte de la relación contractual.
Sexto.—En mayo/2009 le hubiera correspondido percibir por concepto de complemento salarial, denominado por la empresa, "" incentivo a cuenta la cantidad de 40.000 euros.
Séptimo.—El actor ha dejado de percibir el complemento salarial o "incentivo a cuenta", correspondiente y proporcional al período comprendido desde enero/2008 a 31/agosto/2009.
Octavo.—El actor ha dejado de percibir la cantidad de 20.056 euros, correspondientes a la parte proporcional del ejercicio 2008, hasta que cesó, de forma voluntaria en la empresa el 31/8/2009, por haber percibido a cuenta la cantidad de 843,00 euros, según el recibo de saldo y finiquito.
Noveno.—La empresa aporta una fotocopia de parte de lo que pudiera ser un documento completo, y que no ha sido aportado en su totalidad. Dicho documento consta al folio 59 y se tiene por reproducido.
En dicha fotocopia, en la que no consta ni sello, ni firma, ni membrete, ni dato alguno de la empresa, tiene como parte de un Subtitulo " A. NORMAS GENERALES", continúan unos párrafos genéricos, en los que no aparece ningún dato concreto ni específico, en relación con objetivos fijados al actor.
Y al final como " Vigencia" se dice que "" (...) se aplicarán las presentes normas a los incentivos correspondientes al año 2004, continuando su vigencia en los años sucesivos con las adaptaciones que se consideren necesarias:11
No constan adaptaciones ni actualizaciones del año 2008, no consta referencia alguna a la empresa, no consta ningún dato, ni baremo, ni porcentaje para el conocimiento de esos supuestos ""incentivos".
DECIMO.- NO consta comunicación expresa al actor, sobre cuál sería el módulo o porcentaje para considerar alcanzado un objetivo en su caso.
Undécimo.—- Ha sido intentado el acto de conciliación ante el SMAC.
Tercero.—En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: Estimo la demanda del actor Bartolomé y declaro debida la cantidad de 20.056 euros. En consecuencia condeno a la demandada COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA, a estar y pasar por esta declaración y a que abone al actor la cantidad señalada de 20.056 euros en concepto de diferencias de retribución anual correspondiente al periodo de tiempo desde el 1/1/08 a 31/8/2008. Así mismo, declaro la mora de la empresa demandada, por lo que a la anterior cantidad, deberá incrementarse el 10% de interés anual moratorio desde la fecha en que se devengó hasta su total pago.
Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte DEMANDADA, formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en esta Sección, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
Sexto.—Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su conocimiento y estudio, señalándose el día 25.9.2013 para los actos de votación y fallo.
Primero.—Disconforme la empresa demandada con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación con la doble finalidad de revisar la declaración fáctica y examinar el derecho aplicado en dicha resolución.
A lo que se opone el demandante en su escrito de impugnación por las razones alegadas en el mismo.
Así, en los tres primeros motivos la demandada solicita, al amparo del artículo 191 b) de la Ley de Procedimiento Laboral, la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone.
Así las cosas, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de septiembre de 2004, recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007, recurso de suplicación 1225/05 y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la de 13-5-2009 (Rec. 1472/09), entre otras, con arreglo a los artículos 191 b) y 194.2 y 3 de la LPL, se vienen considerando como requisitos a tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:
1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.
2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.
3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya valoradas por el Juez "a quo".
4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las actuaciones.
5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.
6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a ser suprimido.
7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema litigioso objeto de debate.
Pues bien, en el supuesto de autos la recurrente pretende en primer lugar que se modifique el Hecho Probado Quinto en los términos que propone, a fin de hacer constar que el personal licenciado percibía anualmente un incentivo o retribución variable conforme a los resultados de la compañía y que al actor, al haber causado baja voluntaria en la fecha indicada, no le correspondía percibir cantidad alguna en concepto de retribución variable. Y a continuación, en el motivo Segundo, que se modifique el Hecho Probado Sexto, a fin de que conste que al actor le hubiera correspondido percibir el incentivo que indica, pero que al haber causado baja voluntaria en la compañía no tendría derecho a percibir el incentivo devengado, en la parte proporcional al periodo trabajado.
Se observa así que la recurrente mezcla aquí cuestiones de hecho y de derecho, que necesariamente han de ser tratadas por separado, y trata de introducir en el relato fáctico elementos y valoraciones de carácter jurídico, como la de que al demandante no le correspondía percibir ninguna cantidad en concepto de retribución variable al haber causado baja voluntaria, o la de que no tiene derecho a percibir el incentivo devengado, en la parte proporcional, debido a la baja voluntaria en la compañía. Por lo que han de decaer necesariamente estos dos primeros motivos del recurso.
Como igualmente ha de decaer el motivo Tercero, ya que la recurrente solicita que se modifique el Hecho Probado Séptimo a fin de hacer constar que dejó de percibir el incentivo correspondiente como consecuencia de haber causado baja voluntaria en la compañía, con lo que de nuevo se pretenden introducir en la relación fáctica valoraciones y conclusiones que resultan ajenos a dicha relación y deben quedar por tanto fuera de ella. Sin que, por otro lado, de la documental designada quepa apreciar directamente, sin argumentos ni deducciones, el error que se denuncia, como es preceptivo.
Segundo.—Al examen del derecho aplicado dedica la recurrente los siguientes motivos del recurso, en que, al amparo del artículo 191 c) de la Ley de Procedimiento Laboral, denuncia la infracción de los artículos 26.1 y 3 del Estatuto de los Trabajadores en relación con los artículos 3.1 c) y 29.2 del mismo cuerpo legal y 1256 y 1257 del Código Civil y de la doctrina contenida en la sentencia que cita (motivo Cuarto), mientras que en el motivo Quinto denuncia la aplicación indebida del artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Pues bien, vistas las alegaciones realizadas por recurrente y recurrida, se ha de significar que para la resolución de dichos motivos deben hacerse las consideraciones siguientes:
1.ª) Con carácter general, hemos de señalar que el incentivo es un concepto salarial que retribuye el cumplimiento de objetivos productivos o de venta y que ha de ser marcado por la empresa con antelación al inicio del período económico, como hecho condicional de su posterior abono, sin que la percepción de tal concepto pueda supeditarse al arbitrio empresarial.
Así, como en otras ocasiones ha declarado esta misma Sala y sección, el art. 26.3 del Estatuto de los Trabajadores se refiere a los complementos salariales fijados en función de la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que al efecto se pacten. Por tanto, no existiendo reglas legales de derecho necesario respecto a esta clase de retribuciones - salvo en cuanto a su calificación como salario, que la jurisprudencia reconoce, p. ej. STS 24-10-06 (RJ 2006 7852)-, es cierto que, en ausencia de regulación legal, hay que estar a lo que las partes hayan pactado en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 3. 1 c) del ET en relación con los arts. 1091, 1255 y concordantes del Código Civil, y en su caso a la regulación que se haya podido establecer por convenio colectivo de acuerdo con el art 3.1.b) ET.
Y asimismo, si la empresa no fija los objetivos a cumplir, es de aplicación la doctrina de la STS de 14-11-07 (RJ 2008 1004) según la cual el devengo del bonus "no estaba condicionado más que al cumplimiento de unos objetivos que nunca se fijaron, a la vez que en el contrato firmado con posterioridad se condicionaba la percepción de ese complemento a la fijación de unos objetivos que, por encima de la letra del contrato, es obvio que sólo estaba en condiciones de fijarlos la empresa de cuyo poder de dirección depende tanto la fijación de los objetivos empresariales en general como los objetivos que ha de exigir a sus trabajadores (...) y cuando los objetivos de los que dependía la percepción del complemento no se conoce si eran los que había de alcanzar cada trabajador o los objetivos fijados para la empresa en su conjunto, permite interpretar la realidad de un contrato con un pacto de incentivos sujeto a la exclusiva voluntad de uno de los contratantes contrariando lo prohibido por el art. 1256 del Código Civil, y por lo tanto, de un pacto de incentivos realmente no condicionado y por lo tanto exigible en la cuantía prometida".
2.ª) En el supuesto ahora enjuiciado la recurrente, tras sostener en el motivo Cuarto que se han producido las infracciones antecitadas, viene a afirmar que ha de estarse al contenido de las condiciones generales para el devengo de incentivos y que en ellas se recoge que no se abonarán cuando se produzca la baja voluntaria del trabajador en la compañía, por lo que, a su entender, no procede el pago de la cantidad reclamada.
Pudiendo observarse así que, en definitiva, la demandada viene a criticar de nuevo en su recurso la valoración de la prueba efectuada en la sentencia, pero no cabe ignorar que corresponde al "iudex a quo" apreciar todos y cada uno de los elementos de convicción que se hayan aportado al proceso y, partiendo de ellos, declarar expresamente los hechos que estima probados (art. 97.2 de la LPL), y eso es precisamente lo que se aprecia en la resolución recurrida, en que la Magistrada de instancia ha analizado las distintas pruebas aportadas, llegando a las conclusiones que se indican, sin que sean en consecuencia de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas, dado que el juzgador de instancia infiere de las pruebas practicadas los hechos de referencia, en el uso de las facultades valorativas que tiene conferidas por la ley, no pudiendo sustituirse el criterio objetivo e imparcial del "iudex a quo" por el subjetivo e interesado de la parte recurrente.
Por ello, pese a lo manifestado por la recurrente, es lo cierto que, debiendo partirse necesariamente del relato fáctico de la sentencia, lo que conlleva ignorar las alegaciones de hechos no recogidos en el mismo, nos encontramos con que la empresa no ha probado la existencia de pacto alguno de permanencia que impida el abono de incentivos en caso de que el trabajador cause baja voluntaria, estando acreditado, por el contrario, que desde el inicio de su relación laboral el actor ha venido percibiendo como "incentivo a cuenta" una cantidad anual que no respondía a evaluación alguna del trabajo realizado, ni por producción ni en función de ventas, no respondiendo dicha remuneración a ningún objetivo previamente marcado por la empresa (Hecho Probado Quinto).
Así, en el presente caso nos encontraríamos con que ese denominado "incentivo", percibido por el actor anualmente, constituye una retribución adicional a la percibida mensualmente, que estableció voluntariamente la empresa y que ha de ser respetada como tal al haberse incorporado al nexo contractual, sin que su abono pueda quedar sujeto a la decisión unilateral de la empresa, al tratarse aquí de un derecho consolidado por el trabajador, dadas las características de habitualidad, regularidad, persistencia y disfrute en el tiempo, tal como se indica en la sentencia de instancia, que cita la sentencia del Tribunal Supremo de 30- 12-1998 (Ar. 454).
Con lo que no podría la empresa demandada desentenderse del abono del "incentivo" devengado por el demandante, aduciendo que su pago estaba condicionado a que no causara baja voluntaria, conforme a lo indicado, debiendo subrayarse asimismo que la propia empresa abonó en el finiquito por "incentivo a cuenta" 843 euros, siendo principio general de derecho jurisprudencialmente reconocido el de que nadie puede ir válidamente contra sus propios actos (STS de 23-11-2004, entre otras).
Y en consecuencia, conforme a lo expuesto, se ha de rechazar también este motivo del recurso.
3.ª) Una vez expuesto lo que antecede y en lo que respecta al motivo Quinto, se ha de señalar que el recargo por mora establecido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores sólo es aplicable a las obligaciones de naturaleza salarial que sean exigibles, vencidas y líquidas, faltando la liquidez cuando sea preciso promover un proceso para ventilar las diferencias de criterio del acreedor y del deudor (S.ª del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1985, entre otras muchas), no pudiendo concederse cuando lo reclamado como principal era problemático y controvertido, lo cual excluye la mora en que podían encontrar causa dichos intereses (SS. del Tribunal Supremo de 7 de junio de 1984, 21 de diciembre de 1984, 14 de octubre de 1985, 28 de septiembre de 1989, 29 de octubre de 1992 y 1 de abril de 1996, entre otras), sin que quepa tampoco ignorar que no es posible la condena al pago del interés por mora cuando existe pluspetición, como acontece cuando en el acto del juicio se minora la cantidad reclamada en la demanda.
Lo que debe tenerse presente en el supuesto de autos, en que, amén de que el actor minoró la cantidad reclamada en la demanda (Antecedente de Hecho Sexto), se observa que, existiendo controversia entre las partes sobre la procedencia o no del abono de la cantidad reclamada, tal extremo lo hubo de resolver precisamente la sentencia ahora recurrida, sin que proceda el abono del 10% anual de intereses por mora acordado en la misma, conforme a lo expuesto, y, en consecuencia, ha de admitirse este motivo del recurso. Sin costas.
Que estimando parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la representación procesal de COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 12 de Madrid de fecha 20.2.2012, dictada en los autos n.º 1210/09 en virtud de demanda presentada por D. Bartolomé en reclamación de Cantidad, debemos revocar y revocamos dicha resolución, reduciendo de la condena el importe del recargo del 10% anual de interés por mora, manteniendo el resto de sus pronunciamientos. Dése a los depósitos y consignaciones que se hayan constituído el destino procedente. Sin costas.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente n.º 2827-0000-00-3379-12 que esta sección tiene abierta en BANCO CRÉDITO ESPAÑOL sita en C/ Miguel Ángel, 17; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito (art.230.1 L.R.J.S).
Se advierte, igualmente, a las partes que preparen recurso de casación para la unificación de doctrina contra esta resolución judicial, que, según lo previsto en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, modificada por el RDL 3/13 de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses, con el escrito de interposición del recurso habrán de presentar justificante de pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional a que se refiere dicha norma legal, siempre que no concurra alguna de las causas de exención por razones objetivas o subjetivas a que se refiere la citada norma, tasa que se satisfará mediante autoliquidación según las reglas establecidas por Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Orden HAP/266/2012, de 13 de Diciembre.
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

References: artículo 117
 artículo 191
 resolución 
 artículo 191
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 229
 resolución