Source: https://tc.vlex.es/vid/1-3-lotc-2-u-15034582
Timestamp: 2019-10-14 08:09:30+00:00

Document:
STC 116/1984, 4 de Diciembre de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034582
STC 116/1984, 4 de Diciembre de 1984
Fecha de Resolución: 4 de Diciembre de 1984
Número de Recurso: Conflicto Positivo de competencia nº 331/1982
1. Hay que entender que, para cumplir exactamente lo dispuesto en el art. 63.3 de la LOTC, los motivos de incompetencia alegados en el escrito de planteamiento del conflicto deben coincidir, en substancia, con los formulados en el requerimiento. 2. No puede plantearse un conflicto basándose en la sospecha de que una resolución o acto del Estado tiene como finalidad última vulnerar el orden competencial, o puede conducir hipotéticamente a ese resultado, cuando la misma disposición o acto impugnado no invade en modo alguno las competencias de la Comunidad Autónoma.
Sentencia citada en: 36 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el conflicto positivo de competencia núm. 331/1982, promovido por la Generalidad de Cataluña, representada por el Abogado don Manuel M.ª Vicens i Matas, contra la resolución de 30 de marzo de 1982, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publican los Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas de la oposición de ingreso en la Escala única del Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad Social. En el conflicto ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Angel L. S., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. El presente conflicto positivo de competencia se ha promovido por la Generalidad de Cataluña por entender que la resolución de 30 de marzo de 1982 de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (I.N.S.S.) invade sus competencias. La resolucion impugnada se apoya en una serie de disposiciones que, prescindiendo de antecedentes más remotos, arranca la Orden de 4 de julio de 1981 del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, que regula el ingreso en los diferentes Cuerpos de Funcionarios de esta última y que en su disposición final primera autorizaba a la Dirección General del I.N.S.S. para convocar en el año 1981 oposiciones a diversos Cuerpos de la Seguridad Social y, en lo que aquí interesa, para convocar mil plazas de la Escala única del Cuerpo Auxiliar. En uso de esta autorización, la resolución de la Dirección General del I.N.S.S. de 21 de julio de 1982 convocó las referidas plazas, con destino a las unidades periféricas del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), del I.N.S.S., del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y de la Tesorería General de la Seguridad Social, y dispuso que las pruebas selectivas se realizarían en Madrid y otras localidades que señalase la Direccion General del I.N.S.S. La resolución impugnada, aparte de establecer algunas reglas sobre la presentación de aspirantes, organizó los Tribunales en todo el territorio nacional, y de ellos siete en Cataluña. En el Tribunal núm. 2 de los de Barcelona figura un funcionario transferido a la Generalidad. La Generalidad entiende que esta resolución vulnera sus competencias en materia de Seguridad Social y aduce dos causas que motivan el planteamiento del conflicto. Una es la mencionada designación como vocal de un Tribunal de un funcionario transferido, cuando el Estado carece de toda competencia sobre el mismo. La segunda es que corresponde a la Generalidad la facultad de proveer las plazas vacantes en los servicios de su competencia. En este último aspecto el razonamiento básico de la Generalidad consiste en afirmar que le pertenecen las competencias de ejecución en materia de Seguridad Social (artículo 149.1.17 de la Constitución y 17.2 del E. A. C.) y que la provisión de plazas es un típico acto de ejecución. Alega, además, la Generalidad dos títulos competenciales, como son el art. 17.4 del E. A. C. (competencia para organizar y administrar sus servicios en esa materia), el 25.3 también del E.A.C. (integración en su organización de los servicios correspondientes), el 149.1.6 de la Constitución y 17.1 del E. A. C., en materia de Sanidad interior, y el 148.1.20 de la Constitución y 9.25 del Estatuto sobre Asistencia Social. Recuerda también el Abogado de la Generalidad que el Real Decreto 1517/1981, de 8 de julio, efectuó el traspaso de los servicios de la Generalidad del INSALUD y del INSERSO, incluyendo las plazas vacantes a excepción de los correspondientes a dependencias administrativas del INSALUD.
2. El Abogado del Estado suscita en primer término una objeción al planteamiento del conflicto porque, a su entender, el escrito que lo plantea no guarda relación con el requerimiento dirigido al Gobierno. En el requerimiento ni siquiera se menciona el nombramiento como vocal de un Tribunal de un funcionario transferido, lo que, en cambio, constituye uno de los motivos básicos de incompetencia señalados en el escrito de planteamiento. Por otra parte, los preceptos constitucionales y estatutarios citados en el requerimiento para fundamentar la supuesta competencia de la Generalidad son los relativos a materia de Sanidad interior (arts. 149.16 y 148.1.21 de la Constitución y 17.1.1 del E. A. C), mientras que en el escrito la argumentación se centra en los preceptos relativos a la Seguridad Social. Por ello considera dudoso el Abogado del Estado que se hayan cumplido los requisitos del art. 63 de la LOTC respecto al requerimiento. No obstante, el Abogado del Estado advierte que no quiere defender la competencia estatal a través de meros obstáculos procesales y que sólo pretende poner de manifiesto defectos de planteamiento que no deben pasar inadvertidos. Entrando en el fondo del asunto, el Abogado del Estado afirma que el Estado tiene competencias para proveer las plazas del Cuerpo Auxiliar en Cataluña por tratarse de un Cuerpo Nacional y porque los preceptos aplicados no son relativos a la Seguridad Social, sino al art. 149.1.18 de la Constitución, referente a las bases del régimen estatutario de los funcionarios, y al art. 10.1.1 del E. A. C. que otorga a la Generalidad competencia de desarrollo y ejecución en la materia «en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos que la misma establezca». A tales efectos, el Abogado del Estado considera básico el carácter nacional que en la legislación actual posee el Cuerpo Auxiliar y las disposiciones estatales que derivan de este carácter y atribuyen al I. N. S. S. la competencia y funciones en materia de selección de funcionarios.
4. Una Comunidad Autónoma puede plantear un conflicto positivo de competencia con el Estado cuando considere que una disposición, resolución o acto de este último no respeta el orden de competencias establecido en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía o en las Leyes correspondientes, y siempre que afecte a su propio ámbito (art. 63.1 de la LOTC). Pero es evidente que no puede plantearse un conflicto basándose en la sospecha de que una resolución o acto del Estado tiene como finalidad última vulnerar el orden competencial, o puede conducir hipotéticamente a ese resultado, cuando la misma disposición o acto impugnado no invade en modo alguno las competencias de la Comunidad Autónoma. Y esto es lo que cabalmente ocurre en este caso. La resolución impugnada se limita a organizar Tribunales en todo el territorio nacional, incluido el de Cataluña, para celebrar oposiciones al Cuerpo Auxiliar de la Seguridad Social. Ni en la resolución ni en ninguna disposición anterior, que conste a este Tribunal, ni posterior figura la relación de vacantes a cubrir ni puede saberse, por tanto, si entre ellas se encuentran algunas cuya provisión pueda corresponder a la Generalidad. El Estado lo único que ha hecho, por medio de la disposición impugnada, es organizar en forma descentralizada unas oposiciones a funcionarios de la Seguridad Social, con la finalidad de facilitar a los aspirantes la realización de las pruebas, «habida cuenta del número y domicilio de los aspirantes», como textualmente dice la resolución de 21 de julio de 1981 (regla 5.1), por la que se procede a la convocatoria. No se ve por qué esas facilidades debían negarse a los candidatos residentes en Cataluña, cuando se conceden a los habitantes en los otros lugares del territorio nacional. Y es que el conflicto no se promueve en realidad por causa de esa organización descentralizada de los Tribunales, sino por la sospecha de que tras ella se esconde la intención de cubrir destinos en Cataluña, lo que a juicio de la Generalidad vulneraría sus competencias. Tanto es así que en el mismo escrito del Abogado de la Generalidad se dice que «aunque constitucional y estatutariamente no sea preciso incluir en las disposiciones y actos de la Administración una cláusula de reserva expresa para las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas, en el curso de este conflicto la ausencia de dicha reserva, unida al conjunto de circunstancias concurrentes, y de modo especial la de que por la Administración central se haya dispuesto unilateralmente de un funcionario traspasado a la Generalidad de Cataluña, implica que la resolución de 31 de marzo de 1982 de la Dirección General del I. N. S. S. haya de considerarse que incurre en vicio de incompetencia por lesionar las atribuciones que sobre funcionarios de la Seguridad Social corresponden en el territorio de Cataluña a la Generalidad» (fols. 14 y 15 del escrito del Abogado de la Generalidad). De donde se deduce claramente que no es la resolución en sí lo que invade las competencias comunitarias, sino las circunstancias que la rodean lo que hace pensar que se van a invadir.
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