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Timestamp: 2019-10-23 17:42:51+00:00

Document:
STS, 14 de Febrero de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 20225851
Número de Recurso: 5500/2001
Fecha de Resolución: 14 de Febrero de 2006
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN. RECURSO DE CASACIÓN. INADMISIBILIDAD POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. Los actores reclaman indemnización pr responsabilidad patrimonial. No debe considerarse precluida la posibilidad de apreciar la inadmisión del recurso, aunque esta haya de apreciarse en sentencia, como pone de manifiesto la previsión que al respecto establece el art. 95.1 de la Ley Jurisdiccional, y tampoco es obstáculo para la inadmisión, en trámite de sentencia, de un recurso de casación, la circunstancia de que hubiese sido admitido con anterioridad, al tener esta admisión carácter provisional. En primera instancia se desestima la demanda. Se desestima el recurso de casación.
En la Villa de Madrid, a catorce de Febrero de dos mil seis.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Victor Enrique Mardomingo Herrero en nombre y representación de D. Juan Luis y esposa, contra la sentencia de 29 de junio de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 1003/99 , en el que se impugna la resolución del Ministerio del Interior de 24 de febrero de 2000, que desestimó la reclamación de indemnización en la cantidad de 20.499.405 pesetas en concepto de responsabilidad patrimonial, por el fallecimiento de su hijo D. Manuel en la Comisaría de Policía de Vilanova y la Geltrú. Ha comparecido como parte recurrida el Abogado del Estado en la representación que ostenta de la Administración General del Estado
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 29 de junio de 2001 , objeto de este recurso, contiene el siguiente fallo: "Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de D. Manuel contra la Resolución del Ministro del Interior de 24 de febrero 2000, que desestimó la reclamación por responsabilidad patrimonial, debemos declarar la expresada resolución conforme con el ordenamiento jurídico. No se hace imposición de costas."
Como circunstancias a tener en cuenta señala las siguientes: "1º) El 25 de junio 1994 fue detenido D. Manuel, junto a su compañera D.ª Margarita que se encontraba embarazada, como presunto autor de un delito de robo con intimidación. 2º) La compañera del hijo del fallecido fue llevada al hospital al manifestar que se encontraba mal. 3º) El detenido es llevado al calabozo, después de haber sido desprovisto de las pertenencias que pudieran ser utilizadas para autolesionarse, y a los veinte minutos, según consta en el auto de 26 de enero de 1998 del Juez de Instrucción núm. 1 de Vilanova y la Geltrú (folio 32 del expediente administrativo ), es encontrado muerto, por ahorcamiento, al haberse colgado con su propia camiseta de la rejilla de ventilación. 4º) Las actuaciones penales iniciadas a consecuencia de dicho fallecimiento, concluyeron por auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de febrero 1998 , al confirmar el sobreseimiento libre acordado por el juez de instrucción citado."
Se razona en la sentencia sobre los requisitos para apreciar la responsabilidad patrimonial en estos casos y concluye que no se aprecia anormalidad en la actividad administrativa que determine la concurrencia de la Administración para la producción de la lesión, por lo que debe entenderse que se ha producido la ruptura del nexo causal y, por lo tanto, no procede la declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Una vez notificada la citada sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de D. Juan Luis y esposa manifestando su intención de interponer recurso de casación y por providencia de 17 de septiembre de 2001 se tuvo por preparado, siendo emplazadas las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
Con fecha 26 de octubre de 2001 se presentó escrito de interposición del recurso de casación, haciendo valer un motivo de casación al amparo del art. 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional y solicitando que se case y anule la resolución recurrida y se dicte otra más ajustada a derecho y en conformidad con los motivos alegados.
Admitido a trámite el recurso se dio traslado a la parte recurrida, que formuló escrito de oposición al recurso, solicitando su inadmisión por razón de la cuantía o, en su defecto, la desestimación del mismo.
Concluidas las actuaciones, quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló el día 8 de febrero de 2006, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
En el motivo de casación, que se formula al amparo del art. 88.1.d) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción , se denuncia la infracción del art. 1253 del Código Civil , efectuando una valoración de los hechos, circunstancias del fallecido y del calabozo en el que fue recluido, para concluir que se constata claramente una omisión del deber de cuidado por parte de los funcionarios encargados de su custodia y que el nexo causal se ha producido por un cúmulo de circunstancias como el nerviosismo que tenía, la disposición del calabozo junto con la altura del difunto y el no haber sido atendido cuando lo requirió.
Procede examinar, en primer lugar, la alegación de inadmisibilidad del recurso por razón de la cuantía que se formula por el Abogado del Estado. A tal efecto, es criterio de esta Sala, (por todos autos de 23 de marzo de 2001 y 22 de enero de 2004 ), que la casación contencioso- administrativa es un recurso de ámbito limitado, en lo que aquí interesa, por razón de la cuantía litigiosa, como resulta de lo establecido en el artículo 86.2.b ), que exceptúa del recurso de casación las sentencias recaídas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuantía no exceda de 25 millones de pesetas (salvo que se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, que no hace al caso), siendo irrelevante, a los efectos de la inadmisión del expresado recurso, como se ha dicho reiteradamente, que se haya tenido por preparado por la Sala de instancia u ofrecido al tiempo de notificarse la resolución recurrida, siempre que la cuantía litigiosa no supere el límite legalmente establecido.
Por otra parte y como hemos señalado, entre otras, en sentencias de 22 de junio, 2, 13 y 20 de julio de 2004 , no debe considerarse precluida la posibilidad de apreciar la inadmisión del recurso, aunque esta haya de apreciarse en sentencia, como pone de manifiesto la previsión que al respecto establece el art. 95.1 de la Ley Jurisdiccional , y tampoco es obstáculo para la inadmisión, en trámite de sentencia, de un recurso de casación, la circunstancia de que hubiese sido admitido con anterioridad, al tener esta admisión carácter provisional (sentencias de 30 de marzo de 2002, 23 de septiembre de 2002, 2 de abril de 2003, 13 de junio de 2003, 14 de octubre de 2003, 20 de octubre de 2003, 26 de marzo de 2004, 5 de abril de 2004, 3 de mayo de 2004 y 24 de mayo de 2004 ).
En este caso la cuantía del recurso se fija con claridad en 20.499.405 pesetas, como se indica por la parte recurrente desde la reclamación inicial dirigida a la Administración hasta la demanda y el escrito de conclusiones, recogiéndose igualmente en la sentencia de instancia. En consecuencia, procede declarar la inadmisión del presente recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 95.1 en relación con el 93.2.a) y el 86.2.b), de la Ley de esta Jurisdicción , al no ser susceptible de casación la sentencia recurrida.
La inadmisión del recurso determina la imposición legal de las costas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 300 euros la cifra máxima por honorarios de letrado de la Administración recurrida.
Que declaramos la inadmisibilidad del presente recurso de casación nº 5500/2001, interpuesto por la representación procesal de D. Juan Luis y esposa, contra la sentencia de 29 de junio de 2001, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso nº 1003/99 , con imposición legal de las costas a la parte recurrente; si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el artículo 139.3 LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del proceso y la dificultad del mismo, señala en 300 euros la cifra máxima por honorarios de letrado de la Administración recurrida.
STC 43/2009, 12 de Febrero de 2009
SAP Murcia 145/2011, 20 de Julio de 2011
STC 108/1997, 2 de Junio de 1997

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 95
 artículo 139