Source: https://www.hrw.org/es/world-report/2016/country-chapters/285253
Timestamp: 2020-05-31 05:23:38+00:00

Document:
World Report 2016: Siria | Human Rights Watch
Detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muerte de personas bajo custodia de fuerzas gubernamentales
Abusos por parte de otros grupos armados no estatales
Zonas bajo control kurdo
Crisis de desplazamientos
Durante 2015, continuó agravándose la violencia en Siria ante la ausencia de esfuerzos significativos para poner fin a la guerra o reducir los abusos. El gobierno y sus aliados perpetraron ataques deliberados e indiscriminados contra civiles. La reclusión en condiciones de incomunicación y la tortura siguen siendo prácticas generalizadas en los centros de detención. Grupos armados no estatales contrarios al gobierno también cometieron graves abusos, incluidas agresiones a civiles, uso de niños soldados, secuestros y torturas.
El grupo extremista armado Estado Islámico (también conocido como ISIS) y la rama de Al Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra, fueron responsables de violaciones sistemáticas y generalizadas, que incluyeron ataques deliberados contra civiles, secuestros y ejecuciones.
Según organizaciones locales sirias, hasta octubre de 2015 el saldo de víctimas fatales del conflicto era de más de 250.000, incluidos más de 100.000 civiles. Organizaciones locales indican que más de 640.000 personas viven bajo asedio a largo plazo en Siria. El conflicto ha derivado en una crisis humanitaria con cerca de 7,6 millones de desplazados internos y 4,2 millones de refugiados en países vecinos.
Ataques gubernamentales contra civiles y uso indiscriminado de armas
El gobierno prosiguió los ataques aéreos indiscriminados, como el lanzamiento de grandes cantidades de bombas de barril improvisadas sobre civiles, violando lo dispuesto por la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 22 de febrero de 2014. Estas bombas altamente explosivas, de fabricación económica, no son teledirigidas y se arman a nivel local, generalmente usando grandes barriles de petróleo, tubos de gas y tanques de agua que se rellenan con explosivos y chatarra metálica para luego se arrojadas desde helicópteros.
Entre febrero de 2014 y enero de 2015, Human Rights Watch determinó que al menos 450 sitios que resultaron altamente afectados mostraban daños compatibles con explosiones de bombas de barril. Una organización local estimó que desde la aprobación de la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de la ONU y hasta el 22 de febrero de 2015, los ataques aéreos con bombas de barril habían causado la muerte de 6.163 civiles en Siria, incluidos 1.892 niños.
Las ofensivas aéreas han impactado indiscriminadamente en mercados, escuelas y hospitales. Uno de los ataques aéreos más mortíferos se produjo el 16 de agosto cuando la fuerza aérea del gobierno efectuó reiterados ataques en mercados populares y zonas residenciales de Duma, en los cuales murieron al menos 112 personas.
A pesar de haber adherido a la Convención sobre Armas Químicas en 2014, el gobierno sirio utilizó productos químicos tóxicos en varios ataques con bombas de barril efectuados en la gobernación de Idlib en marzo, abril y mayo. Si bien Human Rights Watch no pudo determinar de manera concluyente cuáles fueron los productos químicos tóxicos empleados, el fuerte olor informado por rescatistas y médicos sugiere que probablemente se utilizó cloro. En agosto, el Consejo de Seguridad adoptó la Resolución 2235 para crear un panel independiente que se ocuparía de determinar quiénes tenían responsabilidad por ataques químicos en Siria.
El gobierno sirio continúa sitiando zonas, y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que estas medidas afectan a más de 200.000 civiles. Estos bloqueos contravienen la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad, que exige que todas las partes “levanten de inmediato el asedio de zonas pobladas” como Homs, Muadamiya y Daraya en Guta occidental, Guta oriental y el campamento de refugiados palestinos en Yarmouk, en el sur de Damasco. El gobierno ha recurrido a estrategias de asedio, con el fin de causar hambruna en la población civil hasta someterla y forzar negociaciones que permitirían que el gobierno recupere territorios.
Miembros de las fuerzas de seguridad sirias siguen practicando detenciones arbitrarias, someten habitualmente a maltratos y torturas a las personas detenidas y con frecuencia provocan su desaparición a través de vastas redes de centros de detención en toda Siria. Muchos de los detenidos fueron varones de entre 20 y 30 años, pero también se ha detenido a niños, mujeres y ancianos. En algunos casos, las personas informaron que miembros de las fuerzas de seguridad detuvieron a familiares suyos, incluidos menores, para presionarlos a que se entregaran.
A pesar de una amnistía general declarada por el gobierno en junio de 2014, numerosos activistas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y trabajadores de medios de comunicación y del sector humanitario permanecen detenidos arbitrariamente, y algunos de ellos están siendo juzgados —incluso en tribunales antiterroristas— nada más que por haber ejercido sus derechos. El defensor de derechos humanos Mazen Darwish y sus colegas Hani al-Zitani y Hussein Ghareer, del Centro Sirio de Medios y Libertad de Expresión, fueron finalmente liberados en el verano boreal de 2015.
Entre los activistas que seguían detenidos a la fecha estaba el defensor de la libertad de expresión Bassil Khartabil. Por otra parte, algunos activistas, como el abogado y defensor de derechos humanos Khalil Maatouk, a quien ex detenidos afirmaron haber visto bajo custodia de autoridades gubernamentales, continúan recluidos en condiciones que equivalen a desaparición forzada.
Los detenidos que son liberados informan sistemáticamente haber sufrido maltratos y torturas en los centros de detención, y condiciones carcelarias que en muchos casos provocaron que murieran personas bajo custodia. Varios ex detenidos, algunos de ellos médicos, indicaron que entre las causas habituales de muerte de personas detenidas se incluían infecciones, torturas y falta de atención de enfermedades crónicas. Al menos 890 detenidos murieron bajo custodia de las autoridades en 2015, conforme señalaron activistas locales.
La Resolución 2139 del Consejo de Seguridad exige poner fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones y los secuestros, así como la liberación de todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente.
Grupos islamistas radicales como Jabhat al-Nusra e ISIS cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, que incluyen actos deliberados de violencia y secuestros contra civiles.
El 31 de marzo, ISIS mató deliberadamente al menos a 35 civiles luego de ocupar fugazmente la localidad de Mab`oujeh, en una zona rural de Hama, según indicaron pobladores. ISIS también atacó deliberadamente a la población civil en junio de 2015 en la ciudad de Kobani (en árabe, Ain al-Arab), en el norte de Siria, con un saldo de entre 233 y 262 civiles muertos. Según relatos de testigos, los agresores mataban a los civiles con armas automáticas como ametralladoras y fusiles. También lanzaron granadas y dispararon con francotiradores desde terrazas a civiles cuando intentaban retirar los cuerpos de personas muertas.
Diversos testigos contaron a Human Rights Watch que vieron a miembros de ISIS ejecutar a personas en espacios públicos de localidades controladas por el grupo en las gobernaciones de Raqqa y Deir al-Zor. Las víctimas fueron ejecutadas con armas o decapitadas, crucificadas o murieron apedreadas, según el delito que se les atribuía. Algunas personas fueron ejecutadas por blasfemia, adulterio o traición, indicaron los testigos.
ISIS y Jabhat al-Nusra han aplicado normas severas y discriminatorias a mujeres y jovencitas, y ambas organizaciones han reclutado activamente a niños soldados. ISIS continuó esclavizando y sometiendo a abusos sexuales a mujeres y jovencitas yazidíes, muchas de las cuales se encuentran en lugares controlados por la organización, como Raqqa, en Siria.
En septiembre, más de 2.000 mujeres y jovencitas yazidíes habían escapado, pero más de 5.200 seguían a merced de ISIS, según informó la parlamentaria iraquí Vian Dakhil, que pertenece a la comunidad yazidí. Human Rights Watch documentó evidencias de un sistema organizado de violaciones y agresiones sexuales, esclavitud sexual y matrimonio forzado por parte de combatientes de ISIS. Mujeres y jovencitas yazidíes contaron a Human Rights Watch que fueron obligadas a contraer matrimonio por miembros de ISIS; vendidas, en algunos casos incluso varias veces; o entregadas a modo de “obsequio” a combatientes de ISIS.
ISIS también ejecutó a hombres acusados de homosexualidad. Diversos medios internacionales han informado sobre la ejecución de hombres acusados de ser gais, que fueron arrojados desde la terraza de edificios en zonas controladas por ISIS. Según la organización activista gay OutRight Action International, 36 hombres fueron asesinados en Siria e Iraq por cargos de sodomía.
Diversos grupos armados no estatales han efectuado ataques indiscriminados con morteros y otras armas desde áreas bajo su control, que provocaron la muerte de civiles en barrios de Alepo, Damasco, Idlib y Latakia controlados por el gobierno. Estos ataques habrían impactado en objetivos civiles, como escuelas, mezquitas y mercados.
Diversos grupos armados continúan el asedio de las localidades de Nubul y Zahra (Alepo), y de Fou`a y Kefraya (Idlib).
Grupos armados no estatales, como el Ejército Sirio Libre y el Frente Islámico, también utilizaron niños en combates y para otros fines militares. A su vez, pusieron en riesgo a alumnos al utilizar escuelas como bases militares, cuarteles, centros de detención y puestos de tiro.
Los grupos armados no estatales también han sido responsables de secuestros. Al menos 54 mujeres y niños alauitas que fueron tomados como rehenes durante una ofensiva militar en una zona rural de Latakia en agosto de 2013 continúan retenidos en “la habitación de Mujahadeen”.
El 10 de noviembre de 2015, grupos armados de oposición lanzaron proyectiles en Latakia que provocaron la muerte de 23 personas e hirieron a 65, según indicaron medios internacionales. La agencia de noticias siria informó que los proyectiles fueron lanzados por Jabhat al-Nusra, una rama de Al-Qaeda, y por otro grupo armado de oposición, Ahrar al-Sham. Los ataques ocurrieron en un lugar próximo a la Universidad de Tishrin. La fuerza aérea rusa ha utilizado una base aérea militar al sur de Latakia para lanzar ataques en Siria.
Distintos grupos armados también pusieron en riesgo a civiles y soldados detenidos en Guta occidental encerrándolos en jaulas, como parte de un intento para evitar que el gobierno atacara el lugar. Esta práctica equivale a toma de rehenes y representa una afrenta a su dignidad personal, que constituyen en ambos casos crímenes de guerra.
La destacada defensora de derechos humanos Razan Zeitouneh fue llevada por la fuerza junto a tres colegas, Wael Hamada, Samira Khalil y Nazem Hammadi, el 9 de diciembre de 2013 en Duma, una ciudad en las afueras de Damasco controlada por distintos grupos armados de oposición, incluido el Ejército del Islam. A la fecha, se desconoce cuál fue su destino.
En enero de 2014, el Partido de Unión Democrática y otras partes aliadas conformaron un gobierno de transición en las tres regiones del norte: `Afrin, `Ain al-`Arab (Kobani) y Jazira, a las cuales han declarado como región autónoma kurda de Rojava. Han conformado consejos con funciones similares a ministerios y han establecido una nueva constitución. Las autoridades en la zona han llevado a cabo detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso, y no han abordado casos de asesinatos y desapariciones que no fueron esclarecidos.
Las fuerzas armadas kurdas, conocidas como Unidades de Protección Popular (YPG), todavía no han cumplido su compromiso de desmovilizar a los niños soldados y poner fin al uso de varones y jovencitas menores de 18 años en combates. En junio de 2015, las YPG escribieron una carta a Human Rights Watch indicando que enfrentaban “obstáculos significativos” para detener el uso de niños soldados debido a la persistencia del conflicto armado, pero que habían desmovilizado a 27 varones y 16 jovencitas. Preocupa la creación de una “categoría de no combatientes” en las YPG para jóvenes de 16 y 17 años, para la cual el grupo seguirá reclutando a menores, aunque no cumplirán tareas militares.
Human Rights Watch recibió numerosas denuncias detalladas de refugiados sirios y activistas en el sur de Turquía, que señalan que soldados de las YPG provocaron el desplazamiento forzado de árabes suníes de zonas que las YPG habían recuperado del control de ISIS, además de confiscar o incendiar sus viviendas, negocios y cultivos. Las autoridades del Kurdistán sirio han negado que existan políticas de desplazamiento forzado u otras medidas deliberadas contra comunidades árabes.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estimó en 2015 que hay 7,6 millones de sirios en situación de desplazamiento interno, y que 12,2 millones necesitan ayuda humanitaria.
En 2015, las agencias de asistencia humanitaria enfrentaron grandes desafíos en su misión de acercar asistencia a la población civil desplazada y otros actores gravemente afectados por el conflicto, debido al asedio impuesto por grupos armados gubernamentales y externos al Estado, las constantes trabas gubernamentales a la posibilidad de ingresar la asistencia a través de las fronteras y la falta en general de garantías de seguridad para los trabajadores humanitarios.
En octubre de 2015, ONU OCHA estimó que 393.700 personas viven en zonas sitiadas en Siria. En febrero de 2015, el Secretario General de la ONU designó 11 zonas asediadas en Siria. La Syrian American Medical Society identificó otras 38 comunidades cuya situación coincide con la definición de asedio, lo cual incrementa el total a 640.000. Las zonas asediadas están sujetas continuamente a bombardeos y privación de asistencia adecuada en forma de nutrición y agua potable, y sus residentes reciben asistencia médica deficiente.
En julio de 2014, una Resolución del Consejo de Seguridad autorizó la entrega de asistencia humanitaria transnacional incluso sin permiso gubernamental.
Hasta noviembre, se habían registrado más de 4,2 millones de refugiados sirios en el Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto. En 2015, Irak, Jordania, Turquía y el Líbano implementaron medidas para limitar la cantidad de refugiados que ingresan a su territorio.
Estos cuatro países limítrofes aceptan a refugiados sirios, pero les han negado un estatus legal seguro.
También palestinos procedentes de Siria han enfrentado obstáculos adicionales. Se les ha impedido el ingreso o han sido deportados forzadamente desde Jordania, y también les han quitado la ciudadanía jordana a jordano-palestinos que habían vivido en Siria. Refugiados palestinos que provenían de Siria también han enfrentado restricciones adicionales en el Líbano tras la adopción, en mayo, de nuevas reglamentaciones implementadas por el Ministro del Interior que limitaron la posibilidad de los ciudadanos palestinos de ingresar al país o renovar su residencia si ya se encontraban allí.
En 2015, más de 440.000 ciudadanos sirios intentaron llegar a Europa por vía marítima. Si bien algunos países de la Unión Europea les ofrecieron acogida en condiciones seguras, a medida que avanzó el año, y sobre todo tras los atentados en París del 13 de noviembre, se estaban incrementando progresivamente las trabas a la posibilidad de ingreso de todos los inmigrantes, incluidos sirios. Hungría instaló vallados y estableció penas para quienes ingresaran de manera irregular, mientras que se informó sobre devoluciones forzadas desde las fronteras o aguas territoriales de Bulgaria y Grecia, en algunos casos con violencia, sin que se permitiera a estas personas plantear solicitudes de asilo.
Distintos países que no limitan con Siria, incluso al occidente, siguieron aceptando solamente a un número reducido de refugiados con fines de reasentamiento, aunque algunos, entre ellos Canadá y particularmente Francia, reiteraron su compromiso en este sentido luego de los atentados en París.
A la fecha del presente, se había recaudado apenas el 45 por ciento de los fondos solicitados por ACNUR para la respuesta regional a los refugiados, lo cual dejó un déficit presupuestario de más de USD 2.500 millones. A causa de esto, ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y otros actores han reducido la asistencia a refugiados, incluida la provisión de insumos básicos y subsidios a la atención de la salud.
No prosperaron los esfuerzos por instar al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar medidas más enérgicas en Siria. Francia intentó aprobar una resolución que prohibía las bombas de barril e incorporaba un mecanismo más sólido de presentación de informes, pero sus esfuerzos se frustraron ante la oposición de Rusia y la preferencia, por parte de varios países, de priorizar las negociaciones.
Diversos actores regionales e internacionales clave en Siria, aunque no las propias facciones sirias, se reunieron en octubre en Viena para intentar reanudar las negociaciones políticas. Si bien los encuentros no tuvieron resultados tangibles con respecto a la protección de civiles, las partes acordaron iniciar negociaciones directas entre las facciones beligerantes a comienzos de 2016.
El gobierno sirio continuó violando la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad, de febrero de 2014, que exige garantizar el acceso humanitario seguro y sin trabas, incluso a través de las líneas del conflicto y de las fronteras; que todas las partes desistan del “uso indiscriminado de armas en zonas pobladas, incluidos disparos de artillería y bombardeos aéreos, como el uso de bombas de barril”; y que concluyan las prácticas de detención arbitraria, desapariciones y secuestros, y se libere a todos aquellos que hayan sido detenidos arbitrariamente.
Además de obstaculizar continuamente acciones del Consejo de Seguridad orientadas a detener abusos del gobierno sirio, se informó en los medios internacionales que durante 2015 Rusia, junto con el gobierno iraní, continuó brindando asistencia militar al gobierno sirio.
En marzo de 2015, el Consejo de Derechos Humanos renovó por un año el mandato de su Comisión de Investigación Independiente sobre Siria.
Las fuerzas rusas comenzaron un operativo aéreo conjunto con el gobierno sirio a comienzos de octubre, aseverando que estaría dirigido únicamente a lugares con presencia de ISIS, pero también se atacó a otros grupos armados en zonas como Idlib y Homs. Human Rights Watch registró varias víctimas fatales entre la población civil, y residentes de las zonas afectadas señalaron que estas murieron como resultado de ataques aéreos por las fuerzas rusas.
Estados Unidos continuó al frente de la coalición de ofensiva aérea contra ISIS en Irak y Siria. Francia prometió incrementar la cantidad de ataques aéreos en zonas controladas por ISIS, luego de que este grupo extremista armado se atribuyera la autoría de los atentados de noviembre en París. El Reino Unido y Alemania también votaron a favor de iniciar ataques aéreos contra ISIS a comienzos de diciembre.

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