Source: http://www.g400mas.org/2008/20080422_NoResultadosElectorales.htm
Timestamp: 2017-04-26 13:54:25+00:00

Document:
Caracas, 2008.04.22
Durante los últimos dos años hemos venimos reiterándole nuestra preocupación sobre la conducción del sistema electoral de nuestro país por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que usted le haya prestado la menor consideración a nuestras fundadas denuncias lo que nos obliga a compartirlas con los integrantes del Consejo Permanente y sus gobiernos. En esta oportunidad dividimos nuestra preocupación en dos apartes. La correspondiente al Referendo Aprobatorio de la Reforma Constitucional celebrado el 2 de diciembre de 2007; y las elecciones para Alcaldes y Gobernadores fijadas para noviembre del presente año.
Referendo Aprobatorio de la Reforma
Como es de su conocimiento, el resultado del referendo solicitado por el Presidente Hugo Chávez le fue adverso. Sin embargo después de más de cuatro (4) meses de su celebración, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se niega a publicar los resultados definitivos.
El CNE no sólo viola los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana, sino también el Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral de Venezuela que le obliga a publicar los resultados de las elecciones en la Gaceta Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de las elecciones.
Es importante destacar que la violación de la ley y de la Carta, ha dado pié, entre otras cosas, a que el Gobierno Nacional esté intentando imponer por otras vías algunos elementos que fueron rechazados en el referendo. Esto es una violación más al Estado de Derecho y una muestra adicional a la falta de independencia de poderes.
Por otro lado, a pesar de la renuencia a cumplir con sus responsabilidades legales y constitucionales, el Representante de Venezuela ante la OEA, y la Presidenta del CNE, aprovecharon el reciente Encuentro Interamericano de Expertos y Representantes de Organismos Electorales de la OEA, celebrado en Caracas, para afirmar que "Venezuela tiene el sistema electoral más transparente, moderno y confiable del mundo". Afirmación más que sorprendente para un organismo que no es capaz de contar los votos.
Constatamos con preocupación e indignación la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que rechazó ordenarle al CNE publicar los resultados del 2 diciembre argumentando que " la sentencia no supone una lesión general a la calidad de vida de todos los habitantes del país". Esta decisión es absurda, ya que nada tiene que ver la "calidad de vida de los venezolanos" con la publicación de los resultados del proceso electoral. Por el contrario, la no publicación de los resultados, por ser una violación al estado de derecho, es la que afecta "la calidad de vida de los venezolanos" porque esas violaciones continuas al estado de derecho son las que terminan por afectar de manera directa el orden social. Esta sentencia demuestra además la falta de independencia de poderes, y la connivencia del máximo Tribunal de la República con una actuación en violación a la Ley del Poder Electoral, la cual establece en su artículo 33 que el CNE debe publicar los resultados definitivos de todos los comicios con un plazo máximo de 30 días después de celebrados.
Esta sentencia viola igualmente disposiciones internacionales a las cuales está obligado el Estado, ya que el artículo 13 (libertad de pensamiento y expresión) de la Convención Americana de Derechos Humanos lo obliga a probar y justificar expresamente los resultados electorales, aparte de que el CNE está obligado a cumplir con la regla de la transparencia, que establece el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.
En las elecciones de Gobernadores, Alcaldes y Diputados a los Consejos Legislativos de los Estados, en noviembre próximo, el país se enfrenta a situaciones vividas en los cinco procesos electorales anteriores, contados desde el Referendo Revocatorio Presidencial de agosto de 2004. Es decir:
* Las normas, los reglamentos y el proceso electoral en general, es rediseñado para cada elección. Las organizaciones políticas y los ciudadanos en general, deben esperar a su publicación para tener el conocimiento específico de los mismos y así asumir la iniciativa de negociar los elementos con los que estén en desacuerdo. Cabe destacar que en procesos anteriores, algunas normas han sido publicadas con los lapsos ya vencidos.
* Para este próximo proceso electoral, la correcta correspondencia de la dirección de habitación de los electores y el lugar donde voten, es fundamental en el impacto que tendrá en los resultados finales. Sin embargo, se desconoce la calidad real del Registro Electoral, y en especial, si el mismo presenta un número significativo de migraciones irregulares, electores sin dirección y municipios con más electores que habitantes en edad de votar, como ya ha ocurrido anteriormente. La aclaratoria de estas dudas y la confianza que se pueda generar sobre el Registro Electoral, son fundamentales para el fortalecimiento de los procesos democráticos. Para ello, es obligatorio que el ente electoral cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y publique íntegra y periódicamente el Registro Electoral, al margen de los acuerdos a que puedan llegar los Partidos Políticos y el CNE. La ley es clara y es un derecho de todos los ciudadanos venezolanos tener acceso a los datos del Registro Electoral.
* Se está presentando una situación de ilegalidad, que perjudica a un grupo importante de ciudadanos, al restringirles su derecho constitucional a participar como candidatos y a los ciudadanos a elegirlos. El Contralor General de la República ha tomado una decisión inconstitucional y fuera de su competencia, pretendiendo inhabilitar políticamente a un grupo de más de cuatrocientos (400) ciudadanos, y así no puedan ejercer cargos públicos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece de manera específica en el artículo 65: “No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público, dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito”. Las condenas sólo pueden ser decididas por un tribunal, no por el Contralor General de la República, que solo tiene funciones de control, la vigilancia y fiscalización como se establece en el artículo 289 de la misma constitución.
* El innecesario uso de capta huellas sigue siendo percibido como un factor de amedrentamiento sobre los electores quienes temen no exista el secreto del voto.
* En los últimos procesos electorales la tinta indeleble no ha sido tal, al poder ser eliminada con cloro. Esto no garantiza “un elector un voto”.
* La participación de la Reserva Nacional (milicia popular) como parte del Plan República, constituye una seria amenaza a la imparcialidad de los procesos electorales, dado que los integrantes son militantes del partido de gobierno que preside el propio Hugo Chávez.
* Según el CNE, la premura con la que organizó el referendo aprobatorio de la reforma constitucional, no permitió la observación internacional. Las declaraciones de funcionarios gubernamentales de las últimas semanas, arrojan dudas en cuanto a la observación internacional para las elecciones regionales del 23 de noviembre del 2008.
Por las anteriores consideraciones, sumadas a las ya denunciadas a usted en previas comunicaciones, es evidente que se está vulnerando el estado de derecho, amenazando la institucionalidad democrática, y en especial el derecho a elegir en sufragios libres y justos como se establece en la Carta Democrática Interamericana.
Explicado esto, lo exhortamos solicite al Consejo Nacional Electoral que, con carácter de urgencia, proceda a:
1. Publicar los resultados completos, mesa por mesa, del Referendo del pasado 2 de diciembre.
2. Cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aceptando la postulación de todos aquellos candidatos que no estén legalmente inhabilitados.
3. Cumplir con la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP) de entregar a las organizaciones políticas el Registro Electoral con las direcciones de los electores.
4. Depurar el Registro Electoral.
5. Seleccionar a los miembros de mesa de acuerdo a lo que establecen los artículos 39, 40 y 41 de la LOSPP.
6. Abrir todas las cajas y contar todos los votos emitidos.
7. Garantizar la observación internacional, que este capacitada para vigilar el sistema automatizado de votación vigente, que desborda los protocolos de una observación electoral convencional.
8. Todas aquellas acciones que garanticen que las elecciones sean transparentes, libres, justas y que preserven el voto secreto como se establece en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Dada la naturaleza de esta comunicación seguimos insistiendo en que el Secretario General tiene la obligación de utilizar sus buenos oficios ante el Consejo Nacional Electoral para que cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales tal como aspira un sector mayoritario del electorado venezolano.
* Delgado Chapellín Carlos (+), ex Presidente del Consejo Nacional Electoral
www.urru.org * Uslar Federico, * Usón Ramírez Francisco, General ®, ex Ministro de Finanzas, ex Preso Político y de Conciencia
* Vieira Jorge, * Villa Rosa (+), Diplomático, Red Venezuela Italia

References: Artículo 33
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 4
 artículo 65
 artículo 289