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Timestamp: 2019-04-24 11:47:25+00:00

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Otras formas societarias | mercantil.cat
Sociedades de carácter mutualista
Dentro de la denominación genérica de “sociedades de carácter mutualista”, la doctrina designa a unas formas sociales cuya finalidad principal no es la obtención de un lucro ilimitado para repartir entre los socios, sino la cobertura recíproca entre dichos socios de necesidades comunes. Se trata de establecer sistemas de ayuda en una necesidad común. Por ello, si se obtienen beneficios, normalmente no se reparten; y si así se hace, se entiende más como una devolución de la aportación, que como el reparto de un beneficio obtenido. Para estos tipos sociales, el ordenamiento prevé que tengan un capital variable, siempre dentro de unos límites prefijados. Ello significa que la variación del capital (por la entrada o salida de nuevos socios, por ejemplo) no precisa, si está dentro de los límites establecidos, de una modificación de los estatutos.
Las cooperativas se constituyen por personas unidas por necesidades socio-económicas comunes que buscan la satisfacción de tales necesidades mediante la realización de una actividad en común. Están reguladas por la Ley de Cooperativas de 16 de julio del 1999 (LCoop), si bien en todas las comunidades autónomas que han usado de su competencia en esta materia hay también leyes de cooperativas que serán aplicables a las cooperativas constituidas en su territorio (por ejemplo la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas rige para las cooperativas que llevan a cabo su actividad principalmente en Cataluña).
La sociedad cooperativa se constituye mediante escritura pública, que debe ser inscrita en el Registro de Sociedades Cooperativas. Con la inscripción adquirirá personalidad jurídica (art. 7 LCoop). Pueden revestir la forma de cooperativa de primero y segundo grado (art. 1.4 LCoop). Y salvo en los supuestos previstos por la LCoop, las cooperativas de primer grado deberán estar integradas, al menos, por tres socios, y las de segundo grado deberán estar constituidas por, al menos, dos cooperativas (art. 8 LCoop).
La actividad común variará conforme al tipo de necesidad de que se trate.
La LCoop, en el artículo 6, establece las de trabajo asociado, las de consumidores y usuarios, de viviendas, agrarias, de explotaciones comunitarias de la tierra, de servicios, del mar, de transportistas, de seguros, sanitarias, de enseñanza y de crédito. En las cooperativas de consumo, por ejemplo, serán los propios cooperativistas quienes adquieran los productos del fabricante o del distribuidor mayorista para venderlos entre ellos, con lo que se evitará así la intervención de intermediarios que encarezcan su precio. En las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, los cooperativistas aportan sus tierras para explotarlas entre todos.
Es característico de la cooperativa la libre baja y adhesión de sus socios (art. 1.1 LCoop). Todas las personas que cumplan los requisitos fijados en los estatutos (que son la pertenencia a la comunidad de necesidades socioeconómicas que pretenda satisfacer la cooperativa) pueden pedir la adhesión; también pueden dejar la sociedad en cualquier momento (si bien, cabe pactar un plazo durante el cual no se pedirá la baja, salvo justa causa justificada).
Para potenciar la entrada de capital en la cooperativa, la ley permite que junto a los socios cooperativistas, que se benefician fundamentalmente de la ayuda común a sus necesidades, formen parte de la misma los llamados socios colaboradores (art. 14 LCoop), que son personas que sólo aportan capital (nunca más del 45% del mismo) y que no participan en las actividades cooperativas ni pueden beneficiarse de ellas. También cabe en la mayoría de las cooperativas la existencia de los llamados socios de trabajo, quienes no aportan capital sino trabajo a la cooperativa, pero que, al igual que los socios cooperativistas, participan en la actividad común y se benefician de ésta (art. 13.4 LCoop).
La ley permite que los socios pacten que sus aportaciones den derecho a un interés anual, que no puede ser superior en más de seis puntos al interés legal del dinero. En caso de que existan excedentes, se pueden repartir entre los socios, pero ese reparto, denominado “retorno cooperativo”, no puede llevarse a cabo en proporción al capital aportado, sino en proporción a la actividad realizada por cada socio (art. 58.4 LCoop). No supone un reparto del beneficio, sino una devolución al socio de lo que se le ha cobrado de más en el uso de los servicios de la cooperativa. Esta regla es la que más manifiesta el carácter mutualista de la cooperativa y el alejamiento de una sociedad con ánimo de lucro.
Esta finalidad principal de ayuda a las necesidades comunes se manifiesta igualmente en que, de los excedentes netos, un 20% debe destinarse obligatoriamente al Fondo de Reserva Obligatorio, y un 5% al Fondo de Educación y Promoción (art. 58.1 LCoop), y que, en caso de disolución de la sociedad, el excedente resultante (tras devolver, por supuesto, las aportaciones a los socios) no se reparte entre los socios, sino que se pone a disposición de una sociedad cooperativa o de una entidad federativa que conste en los estatutos (art. 75.2.d LCoop). Así, se manifiesta también que los cooperativistas no buscan el lucro particular fundamentalmente.
Cabe señalar, por último, que los órganos de la sociedad cooperativa son tres: la asamblea general (órgano de deliberación y adopción de acuerdos integra-do por los socios, art. 20 LCoop), el consejo rector órgano de gestión y representación de la cooperativa (art. 32.1 LCoop) y la intervención. Este último es un órgano necesario en toda cooperativa y se dedica a la censura de cuentas (art. 38.1 LCoop). Los estatutos también pueden crear un órgano denomina-do “comité de recursos”, que resuelve las impugnaciones de los acuerdos del consejo rector (art. 19 párrafo 2.° LCoop).
Las sociedades de garantía recíproca están reguladas por la Ley de 11 de marzo de 1994 (LSGR). Son sociedades cuya finalidad es intervenir como fiadoras en los créditos y préstamos concedidos a sus socios partícipes. Se trata de un objeto social exclusivo: sólo pueden dedicarse a otorgar garantías personales, por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a sus socios y a prestarles asesoramiento financiero (art. 2 LSGR). De este modo, estos socios tienen más fácil acceso al crédito, pues las garantías personales que generalmente se exigen para la concesión de los mismos se otorgan por la propia sociedad; la cual, además, por ser solvente, gozará de la confianza de la entidad que conceda el crédito o préstamo.
Estas sociedades deben tener un capital mínimo de 300 millones de pesetas (1.803.037 euros)(art. 8.1 LSGR) y al menos 150 socios fundadores (art. 16 LSGR). El capital es variable, de forma que en los estatutos se fijará un capital mínimo (no inferior a esos 1.803.037 euros), y la entrada de nuevos socios podrá aumentar el capital hasta el triple de ese mínimo, sin necesidad de acuerdo alguno modificativo de los estatutos (art. 7.1 LSGR). Puede haber dos tipos de socios: los partícipes y los protectores (art. 6 LSGR). Los socios partícipes deben ser pequeños o medianos empresarios pertenecientes al sector profesional y al ámbito geográfico que en los estatutos se determine y son quienes pueden pedir el aval de la sociedad. Los socios protectores, en cambio, son socios altruistas que aportan dinero para una mayor solvencia de la sociedad.
Los socios protectores no buscan el lucro, sino ayudar al ramo profesional de que se trate; suelen ser entidades públicas (gobiernos autonómicos) o con una finalidad social (cajas de ahorros). Aunque los beneficios de la sociedad se reparten entre los socios, parece claro que no es ésta la finalidad de la participación de los protectores, ya que, al no buscar la sociedad un lucro ilimitado, los beneficios serán más bien escasos. Es más, los beneficios sólo son repartibles si el activo de la sociedad, una vez deducido el pasivo, es igual o superior al capital social. Además, un 50% de los beneficios debe destinarse a una reserva hasta que ésta alcance un valor igual al doble de la cifra mínima del capital social (arts. 52 y 53 LSGR).
Estas sociedades están reguladas por el Real decreto legislativo de 29 de octubre del 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. En ellas, los socios, llama-dos mutualistas y agrupados normalmente por razón de su profesión o de su pertenencia a una empresa determinada, actúan como aseguradores de sí mismos. Los eventos dañosos contemplados en los estatutos serán indemnizados por la mutualidad en las cuantías previstas. De esta forma, los mutualistas esperan lograr el cumplimiento de la misma función que las compañías aseguradoras, pero a un coste menor.
A menudo, la pertenencia a una determinada rama profesional conlleva la adscripción necesaria a una mutualidad obligatoria, que cumple de esta forma las funciones de aseguramiento (mutualidad de funcionarios, de abogados, etc.).
Esta forma social se regula por la Ley de Agrupaciones de Interés Económico de 29 de abril de 1991 (LAIE). Es una sociedad que cumple una función auxiliar para el desarrollo de la actividad económica de los socios (art. 3.1 LAIE), pero sin que la sociedad participe ni incida en esa actividad económica que cada socio continúa desarrollando por su cuenta. Además, la agrupación no puede poseer directa o indirectamente participaciones en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o indirectamente las actividades de sus socios o de terceros (art. 3.2 LAIE). En lo no recogido por la ley de 1991, se aplican las normas de las sociedades colectivas. Así, por ejemplo, en materia de responsabilidad, responderán los socios personal, ilimitada, subsidiaria y solidariamente de las deudas de la sociedad (art. 5 LAIE).
El supuesto típico de agrupación de interés económico es la que constituyen varios profesionales liberales (arquitecto, abogado, economista, médico, etc.) que quieren soportar en común los gastos de las funciones auxiliares (alquiler del local, auxiliar administrativo, material informático, etc.), pero continuando cada uno de forma independiente su actividad.
La introducción en nuestro derecho de la figura de la “sociedad profesional” se ha producido por la Ley 2/2007, de 15 de marzo (LSP). La sociedad profesional tiene por objeto el ejercicio en común de una actividad profesional; se entiende por tal la que exige una titulación universitaria oficial o titulación profesional, para cuyo ejercicio sea necesario acreditar una titulación universitaria oficial e inscripción en el correspondiente colegio profesional (art. 1.1 LSP). Quiere ello decir que la propia sociedad actúa, por ejemplo, como abogado, auditor, economista o médico y cobra por tales servicios y tributa. La mayoría del capital y de los derechos de voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las sociedades no capitalistas, deben pertenecer a socios profesionales (art. 4.2 LSP). También han de ser socios profesionales, como mínimo, la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración (art. 4.3 LSP). Sólo pueden dedicarse a prestar una actividad profesional (art. 2 LSP). Una característica importante es que la sociedad profesional puede revestir cualquier forma prevista en las leyes: sociedad civil, colectiva, anónima, limitada, cooperativa, etc., y que los socios han de responder de las deudas sociales según la forma adoptada (arts. 1, 2 y 3 LSP).
Concepto y características de la sociedad profesional
Para apreciar la existencia de una S. P. es necesario que los actos propios de la sociedad sean ejecutados directamente bajo la razón o denominación social de tal sociedad, y le sean atribuidos los derechos y obligaciones inherentes al ejercicio de la actividad profesional como titular de la relación jurídica establecida con el cliente. Por eso la exposición de motivos deja fuera de su ámbito las sociedades de medios, que tienen por objeto compartir infraestructura y compartir sus costes, las sociedades de comunicación de ganancias y las sociedades de intermediación, que sirven de canalización o comunicación entre el cliente, con quien mantienen la titularidad de la relación jurídica, y el profesional persona física que, vinculado a la sociedad por cualquier título (socio, asalariado, etc.), desarrolla efectivamente la actividad profesional (RRDGRN 28.01.2009 y 5.04.2011 que considera que además se requiere una determinada composición subjetiva profesional con la correspondiente realización de actividad por parte de los socios profesionales).
Sociedades de medios o de intermediación
Unas sociedades diferentes de estas sociedades profesionales stricto sensu son las llamadas comúnmente sociedades de medios o de intermediación, que ayudan a ejercer la actividad pero sin que la haga la misma sociedad como tal. Es-tas sociedades de medios no se rigen por la LSP.
Socios profesionales (que son personas físicas)
Tradicionalmente se había du-dado de que una actividad profesional la pudiera ejercer una sociedad, puesto que son actuaciones ligadas a personas físicas con una titulación concreta, y necesitan además el cumplimiento de unas normas deontológicas. De aquí las normas de los arts. 4.2 y 9 LSP –la actividad profesional la han de ejercer persones colegiadas en el colegio profesional de que se trate, cumpliendo las normas deontológicas y disciplinarias que sean aplicables (No hace falta que quienes hacen la actividad sean los socios profesionales, sino que pueden ser profesionales colegiados contratados por la sociedad).
“Por otro lado, este centro ha entendido que el hecho de que la ley haya tipificado las llamadas sociedades profesionales no constituye un obstáculo al reconocimiento legal de otras agrupaciones profesionales que, aun enmarcadas en el ámbito societario, tengan características propias y bastante diferenciadoras, de forma que resultan inaplicables de-terminados requisitos especiales que esta ley exige únicamente para la constitución de aquellas y no por estas. Así resulta de la propia exposición de motivos, antes transcrita, de la cual se desprende que se trata de posibilitar la aparición de una nueva clase de profesional colegiado: la propia sociedad profesional stricto sensu, (…) Pero el hecho de que se aplique imperativamente al ejercicio colectivo de una profesión (cf. artículo 1.1, primer párrafo), no implica, como ha quedado expuesto, que se tenga que aplicar también en otras formas societarias utilizadas para la prestación de cualquier servicio profesional que no comporten ejercicio en común de una profesión de las que prevé el artículo 1 de la ley, cuestión diferente es que pueda entrar en juego la norma del apartado 1 de la disposición adicional segunda de la Ley 2/2007, que para los casos de ejercicio profesional en forma societaria sin constituirse en sociedad profesional, prevé la extensión a estos supuestos del régimen de responsabilidad profesional que la misma ley establece (y sin mengua de las competencias que en el ámbito deontológico y disciplinario correspondan al colegio profesional respectivo para los casos de ejercicio de la actividad profesional por una sociedad que, teniendo que estar colegiada, no figure en el registro de este colegio). Desde este punto de vista, atendiendo a una interpretación teleológica de la Ley 2/2007, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de la misma las denominadas sociedades de servicios profesionales, que tienen por objeto la prestación de estos servicios realizados por profesionales contratados por la sociedad sin que, por lo tanto, se trate de una actividad promovida en común por los socios mediante la realiza-ción de su actividad profesional en el seno de la sociedad. Por eso, se puede concluir que la mera inclusión en el objeto social de actividades profesionales, faltando el resto de requisitos o presupuestos tipológicos imprescindibles de la figura societaria profesional, no puede ser considerada como obstativa de la inscripción (cf., por ejemplo, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los estatutos-tipo aprobados por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre. En este caso se incluye una actividad profesional ─asesoramiento jurídico─, para la cual, genéricamente considerada, no se exige la titulación o colegiación específicamente contemplada por la ley, cuestión diferente es que determinado asesoramiento jurídico esté legalmente reservado a profesiones colegiadas (cf. el artículo 1.2 de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, sobre la necesidad de obtención del título profesional de abogado «… para prestar asistencia letrada o asesoramiento en derecho utilizando la denominación de abogado »). Pero no teniendo como objeto la sociedad constituida el asesoramiento jurídico como abogado, en ejercicio colectivo de esta profesión, ninguna objeción puede oponerse a la fórmula empleada en este caso. En este sentido, si la sociedad de que se trate no se constituye como sociedad profesional stricto sensu (a tal efecto, no puede desconocer la trascendencia que respecto de la sociedad constituida se atribuye legalmente en la declaración de la voluntad de constituir una sociedad de capital, con elección de un tipo o figura social determinado ─cf. artículos 22.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y 7.2.c) de la Ley de Sociedades Profesionales─) y de la definición del objeto social, así como de la configuración societaria, resulta que faltan los requisitos estructurales o tipológicos relativos de la sociedad propiamente profesional (entre ellos, los referentes a la composición subjetiva y a la necesaria realización de actividad profesional por los socios), no podrá el registrador exigir una manifestación expresa sobre el carácter de intermediación de la actividad social, que la ley no impone (por otro lado, se trata de las llamadas sociedades de servicios profesionales que el cliente contrata directamente con la sociedad ara que el servicio sea prestado en nombre de la misma por el profesional contratado por ella). La sociedad constituida en el supuesto de este recurso no se configura como sociedad profesional stricto sensu, y así lo presupone la misma calificación impugnada (RDGRN 5.04.2011).
2. Actividades profesionales que no requieren su realización como sociedad profesional
Son actividades que no requieren su realización por parte de la sociedad como sociedad profesional, el asesoramiento jurídico, la gestión administrativa y el asesoramiento contable y fiscal (RRDGRN 21.12.2007, 28.01.2009 y dos de 3.06.2009), la auditoría (RRDGRN 5.03.2009 y 6.03.2009, que señalan que las sociedades de auditoría tienen un régimen específico y no se tienen que adaptar a la LSP), la administración de fincas (RRDGRN 16.05.2009 y 18.05.2009, que señalan que teniendo en cuenta que los títulos de «Graduado de Estudios Inmobiliarios», de «Experto Inmobiliario-Administrador de Fincas», u otros de similar denominación que las universidades hayan podido expedir en uso de su autonomía, no han obtenido la calificación de «oficiales» y, en consecuencia, no figuran inscritos en el registro administrativo creado a tal efecto, el ejercicio de la actividad de administrador de fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional), y las labores propias de graduados sociales (RRDGRN 17.01.2009).
3. Situación de las sociedades profesionales ya constituidas
Las sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de la LSP, que no podían per se y como ente abstracto realizar actividades atribuidas por ley a determinados profesionales, se tienen que adaptar a aquella (RRDGRN 28.01.2009 y 3.06.2009). En caso contrario, procede la disolución de pleno derecho, excepto que se trate de sociedades no obligadas a adaptarse como la de auditoría o la de medios (RRDGRN 3.06.2009) que podrán seguir ejerciendo su actividad (para las sociedades de auditoría RRDGRN 5.03.2009 y 6.03.2009). Y, de acuerdo con las RRDGRN 28.01.2009 y 5.04.2011 en caso de ejercicio profesional bajo forma societaria sin constituirse en SP (o sin adaptarse) se aplica el régimen de responsabilidad profesional que la LSP prevé y sin perjuicio de la aplicación de las normas deontológicas y profesionales del respectivo colegio.
De acuerdo con la ley, el objeto social es el ejercicio en común de una profesión determinada, con lo cual, designada la profesión sobra la descripción. Si un profesional puede, de acuerdo con la normativa vigente, ejercer todas las actividades que enumeran los estatutos y tiene las competencias oportunas, es indiferente que sea persona física o jurídica (RDGRN 1.03.2008 en un caso en que el objeto social consistía en diversas y heterogéneas actividades –asesoramiento en materia contable, confección de libros de contabilidad, asesoramiento fiscal, análisis de inversiones, constitución y administración de empresas, asesoramiento y gestiones laborales y de Seguridad Social etc.).
El objeto social en el caso de los estatutos-tipo: “Respecto de la disposición estatutaria relativa al objeto social, el registrador considera que las frases «El comercio al por mayor y al por menor» y «Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración» suponen indeterminación del objeto social. Además, entiende que las expresiones «Comercio al por mayor y al por menor, prestación de servicios, transporte y energías alternativas» comprenden el ejercicio de actividades sujetas a legislación especial los requisitos que no cumpliría la sociedad que se constituye. Finalmente, añade que, al incluir en el objeto social el ejercicio de «actividades profesionales», la sociedad tiene que acomodarse a las exigencias de la Ley de Sociedades Profesionales. Para resolver esta cuestión se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, que las mencionadas expresiones coinciden con las pre-vistas como contenido de los estatutos-tipo aprobados por Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre, en desarrollo del mencionado artículo 5. dos del Real Decreto-Ley 13/2010. En la interpretación de la enumeración de actividades contenida en el artículo 2 de los estatutos aprobados como modelo por esta disposición normativa, se tiene que entender, por un lado, que por su finalidad no puede considerarse como una relación cerrada que en todo caso tiene que ser transcrita en su totalidad, y, por otro lado, que se tiene que aplicar de acuerdo con la exigencia legal de una precisa determinación del ámbito de actividad en que se tiene que desarrollar la actuación del nuevo ente –cf. artículos 23.b) de la Ley de Sociedades de Capital y 178 del Reglamento del Registro Mercantil. Esta determinación se tiene que hacer de forma que acote suficientemente el sector de la realidad económica en el que se pretende desarrollar la actividad social. En este sentido, respecto de la mayoría de las actividades enumeradas en el mencionado modelo de estatutos-tipo, se ha optado con finalidad simplificadora para admitir el puro criterio de la actividad, sin necesidad de referencia a productos o a un sector económico más específico. Pero esta circunstancia no tiene que impedir que la disposición estatutaria que se adopte pueda contener una referencia más concreta a un tipo de productos o servicios que delimiten más específicamente la actividad de que se trate, sin que por lo tanto se pueda negar su calificación e inscripción en la forma que prevé este Real Decreto-Ley por el hecho de que no se ajusten a la literalidad de lo que se expresa en el referido artículo 2 de los referidos estatutos-tipo. Aun así, esta consideración no significa que en los casos en que los estatutos se limiten a incluir alguna de las actividades relacionadas en los aprobados por la orden ministerial, sin más especificaciones de productos o sectores económicos más concretos, se pueda negar su acceso al registro, dado que, precisamente a efectos de la mencionada normativa, se ha considerado que estas actividades especificadas en la disposición estatutaria cuestionada por la calificación impugnada acoten suficientemente el sector de la realidad económica en el que la sociedad pretende desarrollar su objeto (cf. la Resolución de 23 marzo 2011 y la Instrucción de 18 de mayo de 2011. Según esta última, la referencia a «actividades profesionales» admitida en el artículo 2.4 de los estatutos-tipo se tiene que entender hecho a las actividades profesionales que no pueden considerarse incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales) (RDGRN 29,06.2011).
5. Sociedades multidisciplinares
La S. P. puede ejercer varias actividades profesionales cuyo desarrollo no haya sido legalmente o reglamentariamente declarado incompatible (artículo 3 LSP). Y no es posible constituir una sociedad profesional multidisciplinar con la circunstancia de que respecto de alguna de las actividades profesionales constitutivas del objeto social no haya socios habilitados para su ejercicio. El artículo 5 LSP hace referencia a que las sociedades profesionales tendrán que ejercer materialmente las actividades profesionales a través de personas colegiadas debidamente para lo cual, entre las cuales, además de los socios profesionales ─la existencia de los cuales es imprescindible─, pueden incluirse profesionales no socios (RDGRN 17.01.2009).
6. Órgano de administración
De acuerdo con el art. 4.3 LSP no se puede designar un consejero-delegado que no sea profesional (RDGRN 14.11.2009). El art. 4.3 hace referencia a que en caso de administración unipersonal o de existencia de consejeros delegados, estos tendrán que ser necesariamente socios profesionales.
7. Denominación social
La DGRN 28.01.2009 admite la inclusión en la denominación social de una sociedad no profesional de la palabra abogados, como indicativo de que se trata no de una sociedad que ejerce directamente la profesión de abogado, sino del ejercicio de una actividad por parte de abogados bajo forma societaria sin constituirse en sociedad profesional.
“Se plantea en este recurso si una sociedad profesional constituida por dos socios ─un profesional y otro no profesional─ puede o no adoptar una denominación en la cual se incluyen referencias en unos apellidos que coinciden con el primero de cada uno de es-tos socios («D_H») junto a un elemento objetivo («Lawyers»). (…) no se puede compartir la interpretación del recurrente, según la cual la denominación cuestionada no tendría carácter subjetivo por el hecho de no haberse integrado por el nombre y al menos un apellido de los socios. En efecto, está claro que la mera inclusión del apellido de los socios en la denominación social afecta al aspecto reputacional referido, sin necesidad de abordar en este recurso cuáles sean los requisitos concretos que tenga que cumplir la composición de la denominación subjetiva y si es en todo caso aplicable el artículo 400.2 del Reglamento del Registro Mercantil (extremo este que puede tener evidente trascendencia, por ejemplo, cuando haya varios socios profesionales con el mismo apellido que integre la denominación social y se tengan que aplicar las normas que establece el artículo 6.3 de la Ley 2/2007 en caso de pérdida de la condición de socio profesional de uno de aquellos).Tampoco se puede acoger el criterio del recurrente, según el cual no quedaría vedada la inclusión del nombre de un socio no profesional en la denominación social por el hecho de añadir a esta una referencia objetiva. La solución negativa se tiene que mantener también en este caso: en primer lugar, porque la coletilla de este elemento objetivo no haría sino favorecer el fácil incumplimiento de la norma imperativa del artículo 6.2 de la Ley de Sociedades Profesionales. Este precepto establece un límite, que responde a la necesidad de evitar que se genere ante terceros una falsa apariencia sobre la composición personal de la sociedad. En este caso, además, se incluye una referencia añadida ─aunque sea en inglés─ a la actividad profesional de abogados que constituye el objeto social, de forma que no puede entender que deje de tratarse de una denominación subjetiva. Esta conclusión se basa en el artículo 400.2 del Reglamento del Registro Mercantil al admitir que forme parte de la denominación de este carácter alguna expresión que haga referencia a una actividad que esté incluida en el objeto social (RDGRN 18.10.2010. El art. 6 LSP establece que la S. P. podrá tener una denominación objetiva o subjetiva, y que cuando la denominación sea subjetiva se formará con el nombre de todos, de varios o de alguno de los socios profesionales).
8. Escritura pública de la sociedad profesional
Se tiene que identificar la titularidad de las participaciones en la escritura de constitución y en la de adaptación a la LSP (RRDGRN 1.03.2008 y 16.05.2009).
Se válida, de acuerdo con lo que prevé el art. 15.1 LSP, la previsión estatutaria de una cláusula por la cual se atribuya a los socios profesionales la facultad de impedir –mediante un acuerdo de la mayoría─ (no se exige la unanimidad) que las participaciones del socio muerto se transmitan a sus sucesores (RDGRN 24.07.2009).
En las sociedades profesionales capitalistas es inválida una cláusula que impida los aumentos o reducciones de capital (RDGRN 24.07.2009).
Entre las normas más relevantes cabe destacar las siguientes:
• La participación en beneficios se pactará libremente (puede establecerse, por ejemplo, que los fundadores siempre cobrarán un plus, o que el socio que más clientes aporte cobre más, o el que logre más “éxitos”, etc.), y a falta de pacto será en proporción a la participación en el capital (art. 10 LSP).
• De las deudas derivadas de actos profesionales (parece que se refiere, por ejemplo, a un acto de negligencia que cause daño al cliente o a terceros), responderán solidariamente la sociedad y el profesional concreto que realizó el acto (art. 11.2 LSP).
• La condición de socio profesional es intransmisible, salvo que los socios profesionales lo consientan; por unanimidad o por mayoría si los estatutos así lo establecen (art. 12 LSP).
• Por último, se puede excluir al socio profesional por el incumplimiento de sus obligaciones o por ser inhabilitado para ejercer la profesión (art. 13 LSP).
Las entidades de capital-riesgo son las sociedades y los fondos, y su objeto social es la inversión temporal en el capital de sociedades no financieras que no coticen, con la idea de impulsarlas en su momento inicial y, cuando hayan logrado asentar su actividad económica, liquidar la inversión vendiendo las acciones o participaciones (por eso la inversión es temporal; art. 2). Se trata de entidades creadas para impulsar a sociedades que actúan en mercados poco conocidos o asentados o de alto riesgo, inyectando un capital inicial que ayude a su despegue. A menudo, son entidades participadas por el poder público, que busca así ayudar a empresas locales.

References: artículo 6
 Real decreto 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 400
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 400