Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2012/11/12/desafectacion-del-bien-de-familia-solicitada-por-el-acreedor-del-fallido-no-siendo-impedimento-la-existencia-de-menores/
Timestamp: 2019-11-21 08:19:08+00:00

Document:
Desafectación del bien de familia solicitada por el acreedor del fallido no siendo impedimento la existencia de menores. – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Barrozo Fernando Pablo s/ quiebra
Cita: MJ-JU-M-75270-AR | MJJ75270 | MJJ75270
Corresponde decretar la desafectación del bien de familia solicitada por el acreedor del fallido ya que conforme el art. 38 de ley 14.394 su constitución será inoponible al titular de un crédito otorgado con fecha anterior a la misma, no contemplando la norma ningún supuesto de excepción en relación a la existencia de menores.
1.-El bien de familia constituye una auténtica institución especial que consiste en la afectación de un inmueble a la satisfacción de las necesidades de sustento y de la vivienda del titular y su familia, que por tal motivo queda sustraído de las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación.
2.-El instituto del bien de familia tiene una raigambre netamente social, que se encuentra directamente vinculada con la protección de la familia como unidad primaria de la sociedad; y a su vez, tiene una innegable vinculación con los derechos humanos de la persona, su derecho a una vivienda digna y a encontrar amparo frente a situaciones de desventuras económicas. También tiene relación con los derechos personalísimos, en cuanto tiende a preservar la unidad y la fraternidad familiar: el deudor puede perder todo; pero tiene un inalienable derecho a preservar su unidad familiar y a que su familia viva dignamente.
3.-Tal es su dimensión e importancia, que el bien de familia constituye una institución que trasciende el marco de nuestra legislación para constituirse en un instituto del derecho internacional, que se encuentra contemplado con diversos alcances y matices en la legislación europea -Francia, Italia, Portugal, Suiza, Alemania- y americana -EE.UU., Canadá, México, Brasil, Colombia, entre otros.
4.-En las cuestiones que se vinculan con el instituto del bien de familia, se encuentra involucrado el orden público desde el punto de vista de los intereses condicionados y garantizados por la carta fundamental con respecto a la protección de la familia (CN.14 bis .
5.-La normativa concursal se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin ordena el ejercicio de las pretensiones contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el Juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados.
6.-La situación de los bienes raíces afectados al régimen del bien de familia carece de previsión específica en el ordenamiento concursal, mas la ley 14394 que estatuye y regula este instituto sí prevé la problemática de la afectación dentro de un contexto falencial en cuanto su art. 38 establece que el bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra , y si se conjuga esta norma, con la directriz subyacente en la LCQ.108 que dispone que quedan al margen del desapoderamiento de los bienes del fallido, además de los supuestos expresamente allí señalados, los demás bienes excluídos por otras leyes , se arriba a la conclusión que el principio de inembargabilidad relativa del inmueble constituido como bien de familia subsiste más allá de la declaración falencial y aún a su pesar.
7.-Es regla general que el principio de inembargabilidad relativa del inmueble constituido como bien de familia subsiste más allá de la declaración falencial y aún a su pesar y esto así, no como resultado de un mero antojo del legislador, sino como la natural consecuencia de la preeminencia que posee el bien jurídico tutelado en la Ley 14394 cuando el bien de familia resulta constituido con anterioridad temporal, por encima del derecho persecutorio de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, más allá de los principios de orden público que ambos involucran, precisamente en virtud de que la familia debe ser objeto de protección por la sociedad y el Estado (art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica).
8.-Conforme las estipulaciones del art. 38 de la ley 14394, deviene, indiscutible la inoponibilidad de la constitución del bien de familia cuando existe una deuda anterior, debiendo entenderse que la norma se refiere temporalmente al nacimiento de la obligación y no a su vencimiento o a la fecha desde la cual ésta se hizo exigible.
9.-De una lectura de la ley 14394 no se extrae que a los fines del art. 38 de dicha norma, deba efectuarse una diferenciación en supuestos en los cuales habitan en el inmueble menores de edad y en los que no. En efecto, véase que dicha norma califica como familia la constituída por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos (art. 36 ), pero al establecer que el inmueble no es susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su afectación -por lo que a contrario sensu, es pasible de ejecución por deudas anteriores- (art. 38), no discrimina en relación a cómo se constituye la familia. En otras palabras no contempla ningún supuesto de excepción en relación a la existencia de menores y se estima que, en ese contexto, no cabe hacer una diferenciación que la propia ley no efectúa.
10.-Si bien no se desconocen las normativas que contemplan los derechos de los niños, ni su rango constitucional, tampoco puede soslayarse que el derecho de propiedad reviste la misma protección, debiendo recordarse, en este punto, que la Constitución Nacional no establece derechos absolutos, pues todos se hallan sometidos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el orden social (CSJN Fallos: T. 188, p. 105; T. 308, p. 1631; T. 308, p. 814; T. 249, p. 252; T. 253, p. 133; T. 262, p. 205; entre otros).
11.-La Convención de los Derechos del Niño no contiene disposiciones sobre cuestiones relacionadas con excepciones a la regla de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ni sobre afectación o desafectación de un inmueble en calidad de bien de familia. Ello, si bien ninguna duda se presenta en el sentido de que el interés superior del niño debe primar en las medidas que adopten los tribunales, como surge del art. 3, ap. 1 de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, la protección que a la infancia brinda esa Convención y demás tratados internacionales, no puede trascender su razonable contexto, al punto de consagrar la derogación de la normativa local que específicamente regula los motivos que pueden conducir a la desafectación de un inmueble oportunamente afectado al régimen del bien de familia o a la inoponibilidad de dicha afectación.
12.-No debe confundirse el derecho a gozar de una vivienda digna con el derecho de propiedad sobre la vivienda. El derecho a una vivienda digna no es sinónimo de inembargabilidad de la vivienda que se tiene en propiedad, porque la dignidad habitacional se puede tener con otros derechos que no sea el de propiedad. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2012.
1) Apelaron la cónyuge del fallido -Andrea Edith Lecointre- y la Defensora Pública de Menores e Incapaces, la resolución dictada a fs. 496/500, que hizo lugar a la impugnación que formulara la acreedora Ana Isabel Seither y dispuso la desafectación del inmueble del fallido como bien de familia.
Los fundamentos de la Sra. Lecointre obran desarrollados a fs. 514/20, los que fueron contestados por la sindicatura a fs. 527 y por los acreedores Ana I. Seither y Gabriela M. Seither a fs. 568/72 y fs.574/8, respectivamente.
Los de la Defensora Pública se encuentran esgrimidos a fs. 584/5, los que fueron contestados por el fallido a fs. 590/5, por el síndico a fs. 600, por la acreedora Gabriela Seither a fs. 602/4, y por Ana I. Seither a fs. 606/7.-
Por su parte, la Sra. Fiscal General actuante ante esta Cámara se expidió a fs. 642/6 en el sentido de revocar la resolución apelada.
2) Se agraviaron las recurrentes porque se ordenó la desafectación como bien de familia del inmueble cuyo titular es el fallido en un 50% y su cónyuge del restante 50% (fs. 362/3). Indicaron que no se tuvo en cuenta que en dicho inmueble se encuentra la sede del hogar conyugal y que lo habitan el matrimonio con sus dos hijos, de los cuales uno es menor de edad y el otro tiene un enfermedad crónica que requiere de cuidados de por vida. Señalaron que ni la esposa del fallido ni sus hijos son deudores y ni se encuentran sujetos al desapoderamiento. Añadieron que no se consideró la oposición que dedujo la Defensora de Menores a la desafectación ordenada.Se agraviaron porque la magistrada de grado habría efectuado una aplicación lisa y llana de la ley 14.394 , la que data del año 1954 sin ponderar la evolución legislativa, doctrinaria, jurisprudencial y en el ámbito del derecho internacional privado respecto de la situación de los menores. Agregaron que no se tuvo en cuenta el “interés superior del niño”, principio rector de la Convención Internacional de los Derechos del Niño , el cual tendría prevalencia frente a derechos patrimoniales.
3) Repárese que el tema objeto del recurso se encuentra enmarcado en dos ramas del derecho con principios propios: el derecho de familia y el derecho concursal, los que tutelan diversos bienes jurídicos. El primero, la protección del interés familiar, y el segundo, la paridad de los acreedores y la universalidad del proceso.-
En efecto, el bien de familia constituye una auténtica institución especial que consiste en la afectación de un inmueble a la satisfacción de las necesidades de sustento y de la vivienda del titular y su familia, que por tal motivo queda sustraído de las contingencias económicas que pudieran provocar, en lo sucesivo su embargo o enajenación (cfr. Zannoni, Eduardo A., “Derecho Civil. Derecho de Familia”, T° I, p. 558/559).-
Se ha dicho que tiene una raigambre netamente social, que se encuentra directamente vinculada con la protección de la familia como unidad primaria de la sociedad; y a su vez, tiene una innegable vinculación con los derechos humanos de la persona, su derecho a una vivienda digna y a encontrar amparo frente a situaciones de desventuras económicas. También tiene relación con los derechos personalísimos, en cuanto tiende a preservar la unidad y la fraternidad familiar: el deudor puede perder todo; pero tiene un inalienable derecho a preservar su unidad familiar y a que su familia viva dignamente.Tal es su dimensión e importancia que el bien de familia constituye una institución que trasciende el marco de nuestra legislación para constituirse en un instituto del derecho internacional, que se encuentra contemplado con diversos alcances y matices en la legislación europea -Francia, Italia, Portugal, Suiza, Alemania- y americana -EE.UU., Canadá, México, Brasil, Colombia, entre otros- (cfr. Díaz de Guijarro, JA, 1954-IV-98;Villanustre, Cecilia Adriana, “El crédito por expensas comunes frente al bien de familia. Su oportunidad”, Diario La Ley, 07.08.96).-
Síguese de ello que en las cuestiones que con él se vinculan se encuentra involucrado el orden público desde el punto de vista de los intereses condicionados y garantizados por la carta fundamental con respecto a la protección de la familia (CN: 14bis ).-
Por su parte, la normativa concursal también se asienta en principios de orden público que intentan proteger los derechos e intereses del conjunto de los afectados por la situación particular de cesación de pagos en que incurre el deudor, y a cuyo fin ordena el ejercicio de las pretensiones contra el mismo y su satisfacción, mediante un procedimiento obligatorio para todos los acreedores, de carácter colectivo y universal, que atañe a la totalidad del patrimonio del deudor, prenda común de todos los acreedores y garantía de satisfacción de sus créditos, los que deberán insinuarse en condiciones igualitarias de reconocimiento ante el Juez de la causa, y su pago ha de concretarse respetando la situación especial o particular según las disposiciones legales preestablecidas, lo que encuentra sustento en la norma básica del ordenamiento jurídico que protege el derecho de propiedad y de igualdad del conjunto de los involucrados (cfr. Cámara, Héctor, “El Concurso Preventivo y la Quiebra”, T° I, p. 232 y ss.; Lorente, Javier Armando, “Ley de Concursos y Quiebras. Comentada y Anotada.”, T° I, p. 82 y ss.; CSJN, 15.04.04, in re “Florio y Compañía I.C.S.A. s. Concurso Preventivo s. inc.de Verificación de Crédito por Niz, Adolfo Ramón”, T° 327, F° 1002).-
4) Ahora bien, la situación de los bienes raíces afectados al régimen del bien de familia carece de previsión específica en el ordenamiento concursal, mas la ley 14.394 que estatuye y regula este instituto sí prevé la problemática de la afectación dentro de un contexto falencial en cuanto su art. 38 establece que “el bien de familia no será susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en caso de concurso o quiebra”.-
Si se conjuga esta norma, con la directriz subyacente en la LCQ:108 que dispone que quedan al margen del desapoderamiento de los bienes del fallido, además de los supuestos expresamente allí señalados, “los demás bienes excluídos por otras leyes”, se arriba a la conclusión que el principio de inembargabilidad relativa del inmueble constituido como bien de familia subsiste más allá de la declaración falencial y aún a su pesar.-
Esto así, no como resultado de un mero antojo del legislador, sino como la natural consecuencia de la preeminencia que posee el bien jurídico tutelado en la Ley 14.394 cuando el bien de familia resulta constituido con anterioridad temporal, por encima del derecho persecutorio de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, más allá de los principios de orden público que ambos involucran, precisamente en virtud de que la familia debe ser objeto de protección por la sociedad y el Estado (art. 17 del Pacto de San José de Costa Rica) (conf. esta CNCom, esta Sala A, 17/8/06, “Monsegur Horacio Sila s/ quiebra s/ incidente de nulidad y desafectacion de bien de familia” .-
5) Alcanzada esta conclusión, debe señalarse que, conforme las estipulaciones del art.38 de la ley 14394, antes referidas, deviene, indiscutible la inoponibilidad de la constitución del bien de familia cuando existe una deuda anterior, debiendo entenderse que la norma se refiere temporalmente al nacimiento de la obligación y no a su vencimiento o a la fecha desde la cual ésta se hizo exigible (esta CNCom., esta Sala “A”, in re: “Banco del Buen Ayre SA c/ Fernandez Hector y otro s. ejecutivo”, del 20.07.95).
Sentado ello, se advierte que las recurrentes no han negado que la deuda que ostenta la acreedora Ana I. Seither es de fecha anterior a la afectación del inmueble como bien de familia.
Señálase que si bien en la resolución apelada se habla de desafectación del bien de familia, en realidad no estamos ante el supuesto previsto en el art. 49 de la ley 14394, sino del contemplado en el art. 38 de esa norma que establece los casos de inoponibilidad de la inscripción, y en ese sentido debe entenderse lo resuelto en la anterior instancia.
Por otro lado, se observa que en los autos ” Seither Ana Isabel c/ Barrozo Fernando Pablo s/ ejecutivo”, que se tiene a la vista, al decretarse la subasta del inmueble en cuestión, el juez allí interviniente declaró la inoponibilidad a la ejecutante -Ana Isabel Seither- de la inscripción como bien de familia de dicho inmueble (v. fs. 203), pronunciamiento que se encuentra firme (v. fs. 222/3). Por ende, la cuestión relativa a la oponibilidad de la inscripción como bien de familia del inmueble en cuestión, en relación al crédito de Ana I. Seither, ya se encontraba decidida en los autos ejecutivos, con anterioridad al pronunciamiento apelado, resolución que pasó en autoridad de cosa juzgada.
Este único aspecto permitiría rechazar el presente recurso sin más, pues es criterio de esta Sala hacer respetar la inmutabilidad de la sentencia, en virtud de que es de sustancia procesal el respeto a los actos jurisdiccionales, porque ello hace al asiento certero de los derechos subjetivos.La protección de esos derechos ya declarados, y el manto tutelar de seguridad que cubre la cosa juzgada impiden dobles o triples interpretaciones o juzgamientos. Reiteradamente se ha expresado que la propia índole de la función judicial del Estado unida a consideraciones de seguridad jurídica, determina la obligación de asegurar la inmutabilidad de las sentencias firmes, tornando por lo tanto inadmisible todo nuevo debate o pronunciamiento acerca de las cuestiones ya decididas. Porque el fundamento de la cosa juzgada no responde tanto a motivos de justicia como de seguridad y orden, y va dirigida esencialmente a evitar el replanteo de contiendas por el mismo asunto, aun cuando se formulen de diferentes formas. De allí que alterar una cuestión determinada cuando el fallo está firme comporta un menoscabo, ante todo de la garantía de la cosa juzgada, pues la estabilidad de las sentencias judiciales constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, sin la cual no hay en rigor orden jurídico y es, además, exigencia de orden público (CSJN, “Ferrer Martínez c/Minettti y Cía.”, 29/ 10/91).
6) Más en el sub lite las recurrentes alegan que no correspondería decretar dicha inoponibilidad de la afectación como bien de familia, habida cuenta que en el inmueble habitan los hijos del fallido, uno de ellos menor de edad y el otro con una enfermedad crónica.
Ahora bien, de una lectura de la ley 14394 no se extrae que a los fines del art. 38 de dicha norma, deba efectuarse una diferenciación en supuestos en los cuales habitan en el inmueble menores de edad y en los que no. En efecto, véase que dicha norma califica como familia la constituída por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos (art. 36), pero al establecer que el inmueble no es susceptible de ejecución o embargo por deudas posteriores a su afectación -por lo que a contrario sensu, es pasible de ejecución por deudas anteriores- (art.38), no discrimina en relación a cómo se constituye la familia. En otras palabras no contempla ningún supuesto de excepción en relación a la existencia de menores. Se estima que, en ese contexto, no cabe hacer una diferenciación que la propia ley no efectúa.
De su lado, la Convención de los Derechos del Niño (ONU, 20/11/1989, aprobada por la ley 23.849), de rango constitucional, aludida por los recurrentes dispone en su art. 3° que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administra­tivas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protec­ción y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, a tomar todas las medidas legislativas y administra­tivas adecuadas y a asegurar que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes.-
Finalmente, cabe puntualizar que estos principios se encuentran reforzados por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consagró el principio de que el interés superior del niño exige la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos que se les reconoce y la asignación privilegiada de los recursos a esos fines.-
No obstante, esta Sala no advierte en este caso -al igual que lo hiciera en el precedente “Institutos Medicos Antartida s/ quiebra s/ incidente de verificacion (por Ricardo Abel Fava y Liliana Rosa Harreguy de Fava)” del 16/7/10- la concurrencia de contradicción y/o incompatibilidad alguna entre el interés superior del niño y el derecho del acreedor a solicitar la inoponibilidad de la afectación deun inmueble del fallido como bien de familia.
Es que si bien no se desconocen las normativas que contemplan los derechos de los niños, ni su rango constitucional, tampoco puede soslayarse que el derecho de propiedad reviste la misma protección, debiendo recordarse, en este punto, que la Constitución Nacional no establece derechos absolutos, pues todos se hallan sometidos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el orden social (CSJN Fallos: T. 188, p. 105; T. 308, p. 1631; T. 308, p. 814; T. 249, p. 252; T. 253, p. 133; T. 262, p. 205; entre otros).
Debe apuntarse, además, que la Convención de los Derechos del Niño no contiene disposiciones sobre cuestiones relacionadas con excepciones a la regla de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores, ni sobre afectación o desafectación de un inmueble en calidad de bien de familia. Ello, si bien ninguna duda se presenta en el sentido de que “el interés superior del niño” debe primar en las medidas que adopten los tribunales, como surge del art. 3, ap. 1 de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, la protección que a la infancia brinda esa Convención y demás tratados internacionales, no puede trascender su razonable contexto, al punto de consagrar la derogación de la normativa local que específicamente regula los motivos que pueden conducir a la desafectación de un inmueble oportunamente afectado al régimen del bien de familia o a la inoponibilidad de dicha afectación (CCiv, Sala B, 31/3/05, “Taverna Hugo Alberto y otros c/ Spano Alfredo Agustín s/ daños y perjuicios”).-
Por otro lado, cabe destacar que no debe confundirse el derecho a gozar de una vivienda digna con el derecho de propiedad sobre la vivienda. El derecho a una vivienda digna no es sinónimo de inembargabilidad de la vivienda que se tiene en propiedad, porque la dignidad habitacional se puede tener con otros derechos que no sea el de propiedad (conf.Francisco Junyent Bas y Silvina Izquierdo, “Protección de la Vivienda Familiar” en “Revista de Derecho Privado y Comunitario. Bien de Familia” 2011-1,pág. 99)
Y, tampoco puede desconocerse que es el Estado el sujeto pasivo de las obligaciones consagradas por las convenciones internacionales aludidas y, por ende, es el Estado quien debe asegurar el pleno goce de los derechos en cuestión, sin que corresponda trasladar esa obligación a los acreedores reconocidos en un proceso falencial, como sucedería, en el sub lite, con la acreedora Ana Isabel Seither, quien bajo el ángulo de mira pretendido por la recurrente, no podría ejercer su derecho a cobrar su crédito del producido del inmueble de su deudor -el fallido-, existiendo una ley que la habilita para ello.-
Además, no es el derecho a la vida, a la salud ni a la dignidad del menor, lo que se encuentra aquí en juego, sino el reconocimiento, en el marco de una quiebra, de un derecho patrimonial, transmisible y renunciable, es decir, de una obligación pecuniaria, a la que el legislador le ha reconocido preferencia de cobro con respecto a otras obligaciones del deudor (conf. esta CNCom, esta Sala A, 16/7/10, “Institutos Medicos Antartida s/ quiebra s/ incidente de verificacion (por Ricardo Abel Fava y Liliana Rosa Harreguy de Fava)”).-
Añádase a todo ello que, en el caso particular de autos, no se aprecia claramente que la inoponibilidad decretada importe un perjuicio actual para el menor de edad, entendido como afectación de su centro de vida. Es que siendo que en este proceso solamente puede realizarse el 50% de titularidad del fallido, la madre del menor seguirá siendo titular del restante 50%, ejerciendo, de ese modo, sus derechos como copropietaria del bien.
Véase que tampoco se ha dispuesto ninguna medida tendiente a que tanto la cónyuge del fallido como sus hijos desalojen el inmueble, por lo cual, en el estado actual del proceso, la decisión del magistrado de grado no produce el perjuicio alegado.Máxime atendiendo que se encuentra pendiente de resolución un pedido de compensación efectuado por la Sra. Lecointre.-
7) Por último respecto al requerimiento de la Sra. Fiscal General en punto a que solamente se afecte el producido de la subasta del inmueble del fallido afectado al régimen de bien de familia al pago de la acreencia de fecha anterior y que su remanente quede a disposición del titular del bien, visto que esta cuestión no ha sido propuesta a la decisión de la anterior instancia, esta Sala se ve impedida de expedirse sobre el punto (art. 277 CPCC).-
8) Por lo expuesto, y oída la Sra. Fiscal General, esta Sala RESUELVE:
a) Rechazar los recursos deducidos por la cónyuge del fallido y la Defensora Pública de Menores e Incapaces, y por ende, confirmar la resolución dictada a fs. 496/500.-
b) Imponer las costas devengadas en esta Alzada en el orden causado, atento que las recurrentes pudieron creerse con derecho a peticionar como lo hicieron (art. 68 , segundo párrafo CPCC).-
Notifíquese a la Sra. Fiscal General en su despacho y oportunamente devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. Juez a quo disponer las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. Alfredo Arturo Kölliker Frers, Isabel Míguez, María Elsa Uzal. Ante mí: María Verónica Balbi. Es copia del original que corre a fs. 647/651 de los autos de la materia.
María Verónica Balbi – Secretaria –
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Natalia	 12 junio 2013 de 1:34 AM
Hola, le hago una consulta mi padre tenia una pequeña empresa y tiene un juicio laboral que data de hace muchos anos, mi padre tiene la casa, que es lo único que tiene a los 67 anos, después de haber trabajado toda la vida en este país ingrato afectada a bien de familia, este individuo esta pidiendo el levantamiento del bien de familia y mis padres son dos personas con enfermedad cardíaca que son mantenidos por sus dos hijos, mi pregunta es si hay alguna manera de impedir este proceso y que se queden en la calle, su abogado dice que ya hizo todo lo posible, pero mi miedo es que se lleve a cabo y esto los termine matando, desde ya agradezco su ayuda.
Henry	 7 febrero 2014 de 9:10 PM
En principio que solicite en el fuero judicial correspondiente un recurso de amparo para poder resolver el fondo de la cuestión, además si la afectación como bien de familia es anterior a la fecha de cese de actividades como pequeño empresario o cuentapropista,no corresponde la petición del tercero supuestamente acreedor de tu padre, consulta un abogado en la asesoría legal gratuita en el palacio de tribunales, la mejor de las suertes, saludos y a la orden Henry.

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