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Timestamp: 2020-05-30 01:59:07+00:00

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Las facultades del juez del concurso en relación con los contratos de trabajo - El Derecho
Las facultades del juez del concurso en relación con los contratos de trabajo
Foro 09-03-2020 Coordinador: Francisco Javier Lluch Corell
En el art.64 LC -EDL 2003/29207- se regula la incidencia del concurso de acreedores sobre los contratos de trabajo de la empresa concursada. En el apartado 2 se dispone que tanto la administración concursal como el deudor o los trabajadores a través de sus representantes legales, podrán solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la extinción o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en que sea empleador el concursado.
Más adelante, en el apartado 7 de este art.64 -EDL 2003/29207- se establece el alcance de la decisión judicial en estos términos: «Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anterior, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral».
Las cuestiones que se plantean a los integrantes de este foro, en relación con estas previsiones legales, son las dos siguientes:
1ª) Qué alcance tiene la expresión «determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral». Es decir, si en caso de no existir acuerdo o de apreciar fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, el juez debe limitarse a denegar la extinción o puede extinguir los contratos en otros términos distintos a los previstos para el despido por causas objetivas, fijando, por ejemplo, una indemnización superior.
2ª) En el supuesto de que el juez del concurso fije en su auto indemnizaciones superiores como son las previstas para los despidos improcedentes, cuál sería el alcance de la garantía del Fondo de Garantía Salarial.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", el 1 de febrero de 2020.
La respuesta a la primera de las cuestiones planteadas viene determinad...
La respuesta a la primera de las cuestiones planteadas viene determinada por la jurisdicción del juez del concurso y, en concreto, por lo establecido en el art.8.2º LC -EDL 2003/29207-, según el cual dicha jurisdicción es exclusiva y excluyente respecto a las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, remitiendo para el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la ley concursal a los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
Dicho precepto delimita, por lo tanto, la jurisdicción del juez del concurso a la extinción de los contratos de trabajo del empresario concursado que sea de carácter colectivo y si bien el término extinción es más amplio que el de despido colectivo, lo cierto es que la Ley del Estatuto de los Trabajadores, solo contempla como extinción colectiva de los contratos de trabajo, el despido colectivo que aparece regulado en el art.51 de la indicada norma -EDL 2015/182832-. Del mismo modo que la Ley de la Jurisdicción Social el único proceso que regula en materia de impugnación de la extinción colectiva de los contratos de trabajo, es aquel que impugna el despido colectivo al que se refiere el art. 124.1 de dicha norma. A mayor abundamiento cabe subrayar que el art.64 LC -EDL 2003/29207 establece que el procedimiento de despido colectivo, una vez declarado el concurso, se tramitará ante el juez del concurso, luego el despido colectivo es la única extinción colectiva de la que conoce aquel.
Y si la jurisdicción del juez del concurso se limita en cuanto a la extinción de los contratos de trabajo al despido colectivo la decisión del mismo, en el caso de que no haya acuerdo, se habrá de fundar en la existencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en la existencia de fuerza mayor, de forma que si no existen dichas causas habrá de denegarlo y si existe alguna de dichas causas lo tendrá que acordar, según dispone la LC en el art.64.7 último párrafo -EDL 2003/29207-, con las consecuencias establecidas en el art.51 ET -EDL 2015/182832 que a su vez se remite en su apartado 4, a lo establecido en el art.53.1 ET y, por consiguiente, la indemnización habrá de ser la prevista en el apartado 2º de dicho precepto, esto es, veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. Dicha conclusión se ve reforzada porque uno de los principios inspiradores de la normativa laboral y que ha de regir el enjuiciamiento del despido colectivo llevado a cabo por el juez del concurso, es el de la indemnización tasada en defecto de acuerdo lo que se traduce, en lo que ahora nos interesa, en que la indemnización a fijar por el juez del concurso no puede ser otra, a falta de acuerdo, que la de veinte días de salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades, en lógica correspondencia con la indemnización que ha de fijar el juez de lo social en el caso de que considere procedente el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor.
La posibilidad de establecer una indemnización superior a la legal tan solo cabe a través del acuerdo alcanzado, por un lado, entre la administración concursal o la empresa concursada y, por otro lado, los representantes de los trabajadores, acuerdo que será aprobado por el juez del concurso siempre y cuando no aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este sentido se ha manifestado la doctrina de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Así la sentencia del TSJ Castilla La Mancha -Sala de lo Social 16-06-11, Sentencia 694/2011, Rec 87/2011 -EDJ 2011/162826 confirmó el Auto del juez del concurso en el que se fijaba una indemnización superior a la legal al considerar que había existido un acuerdo tácito entre la representación de los trabajadores y la administración concursal al haber propuesta ésta en su informe una indemnización superior -de veinticinco días de salario por año de servicio-, aunque inferior a la solicitada por los representantes de los trabajadores -veintinueve días de salario por año de servicio-. Por el contrario la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ País Vasco 28-09-10, Sentencia 2454/2010 Rec 1894/2010 -EDJ 2010/263547-, revocó el Auto del juez del concurso en el que se fijó una indemnización superior que coincidía con una de las propuestas formuladas por la empresa concursada durante la negociación y que no llegó a ser aceptada por los representantes de los trabajadores, porque la Sala entendió que no se había alcanzado acuerdo y, por consiguiente, la indemnización por la extinción colectiva de los contratos de trabajo se tenía que ajustar al mínimo legal establecido en el art.51.8 ET -EDL 2015/182832-. Pese a ser muy distintas las consideraciones jurídicas de una y otra sentencia a la hora de apreciar si existe o no acuerdo respecto a una indemnización superior, ambas sentencias entienden que es necesaria la existencia de acuerdo, ya sea expreso o tácito, para que el Juez del concurso pueda fijar una indemnización superior a la legal, lo que es conforme con el principio de indemnización tasada al que antes se ha hecho referencia.
De modo que si no hay acuerdo o este es nulo por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho y el juez del concurso entiende que no existen causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que justifiquen el despido colectivo, habrá de denegar el mismo, es decir no podrá acordarlo ni siquiera fijando una indemnización superior a la legal ya que ello excedería de su jurisdicción/competencia que se limita al despido colectivo, entendiendo por tal el que afecta a un determinado número de trabajadores -art.51.1 ET -EDL 2015/182832- y se fundamenta en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en la existencia de fuerza mayor.
Rechazada la posibilidad de que el juez del concurso establezca una indemnización superior a la establecida legalmente ya no cabría entrar a pronunciarse sobre la segunda de las cuestiones planteadas. Ahora bien, podría suceder que el auto del juez del concurso en el que se acuerda la extinción colectiva de los contratos de trabajo estableciera una indemnización superior a la del despido objetivo y que dicho auto adquiriera firmeza. En este supuesto, la indemnización garantizada por el Fondo de Garantía Salarial se tendría que limitar a lo establecido en la disposición segunda del art.33.3 ET -EDL 2015/182832-, que sería aplicable por razón de analogía, por lo que la indemnización se calcularía sobre «la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.»
Por último, señalar que la disposición segunda del art.33.3 ET -EDL 2015/182832 solo contempla la posibilidad de fijar una indemnización superior a la establecida legalmente para el despido colectivo en el caso de que exista pacto al respecto, lo que viene a corroborar también que en defecto de acuerdo no cabe que el juez del concurso fije una indemnización superior a la legal.
1. Procedente conforme a la legislación laboral, en caso de no existir...
1. Procedente conforme a la legislación laboral, en caso de no existir acuerdo o de apreciar vicios -fraude, dolo, coacción o abuso de derecho-. Para responder a esta duda es preciso realizar varias puntualizaciones -tanto de naturaleza sustantiva como procesal que conducen a comprender el significado actual y vigente de dicha remisión a «la legislación laboral».
2. Primera puntualización: desde el punto de vista sustantivo, la remisión a la legislación procesal se refiere a valorar la concurrencia de los requisitos sustantivos previstos en los art.40, 41, 47 y 51 -EDL 2015/182832-. Con el régimen normativo anterior de autorización administrativa de los EREs laborales -despidos colectivos, suspensiones y reducciones de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción-, la remisión era al art.51 ET -EDL 2015/182832-. En caso de falta de acuerdo, la Administración tenía la facultad de dictar la oportuna resolución estimatoria o desestimatoria. Sin embargo, al desaparecer la facultad administrativa en estos casos, la remisión debe entenderse hecha a las causas económicas en sentido amplio, que pueden justificar un despido colectivo o la adopción de medidas colectivas -suspensiones o reducciones de jornada-. En el procedimiento laboral-concursal, será el juez mercantil quien tiene la competencia para resolver sobre las medidas propuestas. Por tanto, en caso de descuerdo, el juez deberá valorar la concurrencia de los requisitos sustantivos previstos en los art.40, 41, 47 y 51 ET -EDL 2015/182832-, y fundamentalmente la concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción alegadas, para autorizar o no la medida -Cano Marco, F. Manual Práctico de Derecho laboral concursal, 2ª edición, Wolter Kluwer, La Ley, 2016-. De ahí que no existiendo acuerdo, el juez podrá, valorando los requisitos sustantivos de los artículos del ET ya citados, denegar la extinción o las medidas propuestas o bien extinguir los contratos o adoptar las modificaciones del contrato de trabajo en los términos legales establecidos en el ET.
3. Segunda precisión: desde una óptica procesal, el juez mercantil resolverá conforme a la legislación laboral sujetándose al principio de congruencia procesal. Lo que significa dos cosas: 1ª que no podrá adoptar medida distinta de la pedida con excepción de que se formule petición subsidiaria, por ejemplo, despido o subsidiariamente suspensión o modificación y 2ª que no podrá ir más allá de lo pedido -en este sentido, Montoya Melgar, A. Derecho Laboral Concursal, Civitas, Thomson Reuter, 2013, pág 226-. En principio, no parece que el juez del concurso pueda valorar posibles medidas alternativas. Su papel se limita a valorar si la medida propuesta es adecuada o razonable para conseguir los objetivos del procedimiento. Como ha señalado la doctrina judicial, no se trata de convertir a los jueces en empresarios o gestores de empresas, sino que la función del juez mercantil es garantizar la legalidad de las decisiones.
4. Matizaciones. Sin embargo hay dos elementos o ingredientes que flexibilizan la sujeción del juez mercantil al principio de congruencia procesal, en armonía con las amplias facultades del juez concursal para adoptar decisiones en materia concursal. Lo examinaremos enseguida. Ahora bien, anticipamos ya que, a la pregunta sobre si cabe mejorar las indemnizaciones legales, ésta posibilidad sólo está circunscrita al pacto entre las partes en el periodo de consulta, pero no en los supuestos de inexistencia de acuerdo. Razonaremos después sobre esto último.
-1 Por una parte, la práctica demuestra que el juez puede enfrentarse a dos clases de desacuerdos. El de inexistencia absoluta de acuerdo, sin más. En este caso, para el supuesto de que proceda adoptar la medida -esto es, no quepa su desestimación-, la regla aplicable es fijar la indemnización normal de 20 días, en casos de extinción colectiva. La segunda posibilidad se refiere a supuestos en los que pese a no existir acuerdo, pueden concurrir circunstancias excepcionales que determinen que la decisión del juez mercantil involucre una serie de matizaciones. En el bien entendido de que a tenor del art.64 LC -EDL 2003/29207 es imposible legalmente el acuerdo parcial, puesto que la ley pretende un acuerdo total, es decir, referido a la totalidad de las medidas propuestas y a la totalidad de los trabajadores afectados como tampoco es posible deferir en el acuerdo algunas medidas para que sean resueltas por el juez del concurso. Esta imposibilidad no impide que en el auto se lleve a cabo una estimación parcial -por ejemplo, reduciendo número de trabajadores afectados o admitir una modificación salarial con determinadas condiciones-, lo que puede encajar dentro de un concepto flexible de incongruencia infra petita, válida en términos procesales. En la práctica se han dado casos de fijación de indemnizaciones superiores a las previstas en la legislación laboral. Así ha ocurrido en algunas resoluciones de Juzgados de lo Mercantil -véase las que se citan en la obra de Ríos Mestre, J.Mª. Despido colectivo y concurso de acreedores, Civitas, Thomson Reuter, 2013, págs. 554-555-. Incluso se ha admitido la parcelación en orden a la reclamación de indemnizaciones superiores a una tercera empresa, considerando que los trabajadores pueden pedir a una tercera empresa las indemnizaciones que estimen oportunas, pues el Juez del concurso asume las dos funciones, es decir, tanto la de homologar el acuerdo suscrito entre las partes, como la de estimar que en su segunda parte es contrario a derecho, continuando vigente su parte primera que establece la indemnización por extinción de la relación laboral en 20 días de salario por año trabajado con el tope de una anualidad -STSJ Cataluña -Social-, 18-7-07, núm 5426/2007, Rec 2168/07 -EDJ 2007/137572--.
-2 La segunda vía que ensancha el perímetro de los presupuestos delimitadores del objeto del debate, lo que relajaría la exigencia de la congruencia, viene de la mano de la reforma normativa producida por la L 38/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222123 que introdujo un nuevo párrafo en el apartado 7 art.64 -EDL 2003/29207-, previendo que en «si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a quienes hubieran intervenido en el período de consultas, para lo cual, el secretario del juzgado les convocará a una comparecencia en la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres días». Este trámite, podría facilitar un acuerdo «in extremis» si se utiliza la vía de la comparecencia en el que concurran todas las partes, con lo cual el escenario cambiaría y podría alterar los potenciales términos de la resolución en términos que superaran los umbrales indemnizatorios de la legislación laboral.
-3 Por otra parte, la indicada ley, si bien para los casos en que existiera acuerdo, introdujo un párrafo cuarto dentro del apartado 6 art.64 LC -EDL 2003/29207-, circunscribiendo la posibilidad de fijar indemnizaciones superiores a las legales al pacto entre las partes en el periodo de consultas. La previsión es clara a este respecto: «En el acuerdo se recogerá la identidad indemnización los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores». Es evidente -y así se confirma en las ulteriores modificaciones legales de la LC, incluido dicho apartado 6 que el incremento de la indemnización sólo puede hacerse en la fase de consulta, no correspondiendo a la jurisdicción -juez mercantil en ningún caso, debiéndose sujetar a la previstas en la legislación laboral -posición mayoritaria sostenida por autos de los Juzgados de lo Mercantil núm 1 de Alicante, 27-5-10, Valencia núm 1, 28-7-05 y STSJ Galicia 20-7-11 Rec 820/11 -EDJ 2011/190870--. No cabe extender esa previsión de mejorar las indemnizaciones previstas por ley en supuestos de acuerdo a los casos de inexistencia de acuerdo, ni siquiera por la vía de la aplicación analógica ya que se asientan en identidades de razón diferentes.
5. La segunda cuestión planteada se refiere a la determinación y alcance de la responsabilidad del FOGASA en el supuesto de que el juez del concurso fije en su auto indemnizaciones superiores -por ejemplo, las previstas para los despidos improcedentes-. De lo expuesto antecedentemente, si no hay acuerdo, lo normal es pasar a la indemnización de 20 días. Con el derogado esquema de autorización administrativa, el rechazo de la autoridad laboral a un expediente de extinción colectiva dejaba en manos de la empresa los caminos que juzgara conveniente, incluso un despido masivo con indemnización de 45 días, lo que sucedía normalmente en la práctica. Pero cuando el juez mercantil rechaza la solicitud de extinción colectiva directa, plantea un problema práctico que permanece en el interior del concurso y que aboca normalmente a demandas posteriores ante el juez social -reclamación de cantidad e incluso extinción por falta de ocupación efectiva que conduce la mayoría de las veces a un resultado indemnizatorio de 33 o 45 días. Por eso parece difícil que se dé la hipótesis de que el juez concursal fije indemnización por despido improcedente en el auto. Nos situaríamos, por tanto, en terreno distinto -ejecución de pronunciamiento indemnizatorio al del art.64 LC -EDL 2003/29207-. Hecha esta precisión, la responsabilidad subsidiaria del FOGASA en el pago de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo por el Juez del concurso al amparo del art.64 LC -EDL 2003/29207-, está contemplada expresamente en las reglas segunda y tercera del apartado 3 del art.33 ET -EDL 2015/182832 -modificación introducida por la L 38/2011, de 10 de octubre -EDL 2011/222123- que disponen: «Segunda. Las indemnizaciones a abonar a cargo del Fondo, con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Tercera. En el supuesto de que los trabajadores perceptores de estas indemnizaciones solicitaran del Fondo el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquellos». Estos preceptos han sido interpretados por el TSJ -Social País Vasco en sentencia núm. 954/2017 de 25 abril -EDJ 2017/118468-, del siguiente modo: «1 regulan de manera específica una situación como la que ahora juzgamos, lo cual supone que, automáticamente, no haya margen ya para aplicar más regla que la prevista y no otra, por analogía, ya que ello exige, como presupuesto inicial, que estemos ante un supuesto carente de regulación, según dispone el art.4.1 CC -EDL 1889/1 2 la contemplan disponiendo, de manera expresa, que a efectos del límite máximo de la responsabilidad del Fondo, se descuente el importe de la parte de indemnización ya percibida por el trabajador, con lo que, en un caso como éste, en que el empresario ha pagado al demandante un importe superior al de ese límite máximo -…-, ninguna responsabilidad incumbe al FOGASA en el pago de la misma.» La función del FOGASA, como responsable subsidiario en el pago de las indemnizaciones por la extinción de los contratos de trabajo es garantizar que los trabajadores no queden sin percibir los mínimos legales dispuestos al efecto por insolvencia del empresario deudor, incluso sujeto a unos topes, por lo que si éstos se han obligado a indemnizaciones superiores a esos mínimos legales y abonan parte de las mismas, lo así pagado se descuenta de la cobertura máxima que dispensa el fondo. Criterio que, como recuerda la mencionada sentencia del TSJ País Vasco, tiene refrendo en la jurisprudencia contenida en la STS -Social 29-6-15 -EDJ 2015/129753 que acogiendo el recurso del FOGASA, convalida su decisión de abonar a los trabajadores de una empresa cuyos contratos de trabajo se extinguieron por ERE debidamente autorizado en septiembre de 2010, con indemnización de 30 días por año -superior al mínimo legal de 20 días-, a abonar en dieciocho meses, habiendo cobrado sólo del empresario los seis primeros plazos, las cantidades resultantes de descontar del límite máximo legal de su responsabilidad, el importe de las indemnizaciones ya percibidas del empresario.
6. Cuestión distinta es que la responsabilidad del FOGASA en el pago de indemnización por resolución contractual derivada de modificación sustancial de condiciones de trabajo -art.41.3 ET -EDL 2015/182832- en empresa en concurso pueda cuantitativamente resultar superior al equipararse, conforme a la jurisprudencia del TJUE, las extinciones de contrato derivadas de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo unilateralmente decididas por el empresario a los despidos -STS -Social 8-1-19 Rec 1649/17 -EDJ 2019/507507 y 12-11-19 Rec 1357/17 -EDJ 2019/744679--.
Con independencia de que se trate de una modificación de condiciones d...
Con independencia de que se trate de una modificación de condiciones de trabajo, suspensión o extinción de contratos, lo que el legislador ha querido es aplicar en el art. 64 LC -EDL 2003/29207 el mismo régimen legal que resulta para cada una de estas materias de lo dispuesto en el ET -EDL 2015/182832-.
La mayor diferencia estriba en que para las empresas concursadas esa decisión le corresponde al juez del concurso, en una resolución que tiene naturaleza constitutiva.
Por el contrario, si la empresa no está en concurso, será fruto de una decisión unilateral del empleador o del acuerdo. En este caso la resolución judicial tiene carácter declarativo, se constriñe a resolver la calificación que merezca de haber sido impugnada judicialmente, para declararla ajustada o contraria a derecho en los términos que proceda en cada caso, es decir, justificada, injustificada o nula, para los que ya se encuentran tasadas las consecuencias legales de tal pronunciamiento.
Visto de otra forma, en el supuesto del concurso no cabe la decisión unilateral del empleador, ni tampoco la aplicación y ejecución directa de lo acordado con la representación de los trabajadores. Es imprescindible el aval judicial que pasa por el dictado del preceptivo auto a tal efecto.
De existir acuerdo, corresponde al juez del concurso revisar lo que se haya podido pactar bajo los mismos parámetros de legalidad que ofrece el ET cuando el asunto corresponde a los órganos judiciales ordinarios por no estar la empresa en concurso. Es decir, presumir su validez y convalidarlo, salvo que aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
En defecto de acuerdo se atribuye al juez del concurso las facultades que corresponderían al empresario cuando el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, ex art. 64.7 LC -EDL 2003/29207-. De lo que se desprende que podrá delimitar el contenido de su decisión, en lo que se refiere al número de trabajadores afectados al alcance de esas medidas su duración en el tiempo, etc… si las considere justificadas. O bien denegarlas, si entiende que no concurren las circunstancias legales que permiten su adopción, pues no olvidemos que el precepto establece « … en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo…», lo que obviamente deja abierta la posibilidad de que el juez del concurso rechace su imposición.
Tratándose del supuesto específico del despido colectivo, podría parecer en una primera aproximación que el juez del concurso debería de limitarse a denegar la extinción colectiva, o autorizarla con la indemnización de 20 días. Pero aquí es donde entra en juego la misma regla que contiene el art.51.2 ET -EDL 2015/182832 cuando el periodo de consultas finaliza sin acuerdo, en cuyo caso el empresario «remitirá a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión final de despido colectivo que haya adoptado y las condiciones del mismo». No parece que el precepto imponga necesariamente que la única indemnización posible sea la de 20 días. No es desde luego frecuente, pero, en nuestra particular opinión, nada impide que la empresa reconozca unilateralmente una indemnización superior, de la misma forma que puede ofrecerla durante el infructuoso periodo de consultas, pues ninguna duda cabe que tiene interés en ello si de alguna forma le sirve para pacificar el conflicto con los trabajadores. La remisión que hace el art.51.4 ET a las reglas del art. 53.1 para la notificación individual del despido, se refiere a nuestro juicio a los aspectos formales del mismo y no excluye la posibilidad de que la empresa reconozca unilateralmente una indemnización superior al mínimo legal.
Es cierto que el legislador no atribuye expresamente al juez del concurso la facultad de establecer una superior indemnización, pero tampoco lo impide. El art.64.7 LC -EDL 2003/29207 se limita a decir que «en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral», a lo que añade que el auto dictado a tal efecto «producirá las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en los art.51 o 47 ET -EDL 2015/182832-».
No parece razonable que en una empresa concursada pueda reconocer el juez del concurso una indemnización superior a la legal, y es claro que esa pretensión no puede ser objeto del proceso específico de despido colectivo sin acuerdo del art.124 LRJS -EDL 2011/222121-, por lo que no hay un derecho de los trabajadores a reclamarla. Pero siendo admisible que pueda pactarse una suma superior en el acuerdo -incluso en el caso de las empresas concursadas, como viene a reconocer expresamente el art.33.3 ET -EDL 2015/182832 en los términos que ahora veremos-, no encontramos obstáculo legal para que pueda hacerlo unilateralmente el empresario, y, en consecuencia, también podrá hacerlo el juez del concurso al que no se le impone una específica prohibición en sentido contrario. Razonando, obviamente su decisión, y sin perjuicio de las acciones que pudieren activar los interesados perjudicados por la misma.
En cuanto a la responsabilidad del FOGASA, entendemos de aplicación el mismo límite de 20 días que contempla el art.33.3 ET -EDL 2015/182832-, «con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal», y además «se reducirá en la cantidad ya percibida» por los trabajadores, tal y como recuerdan las SSTS 29/6/2015, rcud.932/2018 18/9/2017, rcud.3554/2015 -EDJ 2017/202022 y 2/4/2019, rcuds.236/2018 -EDJ 2019/573846 y 932/2018 -EDJ 2019/573740-, sin que el juez del concurso pueda subvertir esta regla cuando no hay ninguna previsión que le autorice a alterar los límites de la responsabilidad legal de ese organismo.
Dos cuestiones se plantean en este Foro, la primera de ellas, la interp...
Dos cuestiones se plantean en este Foro, la primera de ellas, la interpretación del alcance de la expresión «determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral», respecto a la decisión del Juez del Concurso de extinguir el contrato de trabajo de determinados trabajadores de la empresa concursada, y si ello podrá decidirse señalando una indemnización que pueda ser superior a la legalmente establecida para el despido por causas objetivas. La otra, el alcance de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, precisamente de darse ese supuesto de que el órgano judicial fije indemnizaciones que sean superiores a las previstas para los despidos objetivos.
Es de interés resaltar determinados aspectos normativos sobre ambas cuestiones y así:
1. El apartado 7 del art.64 LC -EDL 2003/29207-: «Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral.
El auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en los art.51 o 47 ET -EDL 2015/182832 o que, en su caso, la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo».
2. El art.64,6, cuarto párrafo de la misma norma -EDL 2003/29207 antes mencionada, que establece lo siguiente:
«En el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores».
3. Lo que, a los efectos de la responsabilidad del Fondo de Garantía Salarial, establece el art.33.3.2 ET -EDL 2015/182832-:
«Las indemnizaciones a abonar a cargo del Fondo, con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias».
Pues bien, partiendo de estos mínimos normativos, y de la función que el Juez mercantil asume en la peculiar situación concursal, entiendo que:
a Respecto a lo primero, parecería que el precepto se está remitiendo, conforme a su dicción literal, para los dos supuestos de que haya apreciado fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en el acuerdo que se pueda haber alcanzado, o de que no haya existido tal acuerdo, a que entonces el órgano judicial podrá acordar la extinción contractual mediante Auto, acomodándose, tanto a la causalidad suficiente, como a las formalidades, como a la indemnización establecida para los despidos por causas objetivas, que no debe de olvidarse, puede perfectamente ser mejorada en el trámite de negociación -ya de antiguo, SSTS 19-6-86, 21-1-1988 o 12-9-89 -EDJ 1989/7961-, y numerosas decisiones de Suplicación-, como se ha señalado y deriva del art.33,3 ET -EDL 2015/182832-. Y que en atención a las circunstancias concurrentes -que sin duda, serán excepcionales-, podrá ser incrementada, en mi opinión, razonadamente, en el Auto mediante el que el Juez del concurso acuerde la extinción de los contratos de trabajo, al no ser ello una decisión que venga prohibida de un modo expreso por el art.64 LC -EDL 2003/29207-.
b En relación con lo segundo, la cuestión no es ya solo distinta, sino más compleja, en cuanto que no afecta ya solamente a la empleadora, ni al concurso, sino a una institución de garantía, que tiene una responsabilidad que viene tasada legalmente -art.33 ET -EDL 2015/182832-, con carácter general-, según los supuestos, y que por lo tanto, no asume las mejoras que puedan haberse pactado, o que puedan considerarse judicialmente adecuadas en atención a determinadas circunstancias, por encima de los importes indemnizatorios legalmente previstos. La cuestión no es ya solamente esa, que debe entenderse que queda claro a la fecha, sino que además, como se deja constancia en la STS 29-6-15, Rec 2082/14 -EDJ 2015/129753-, que se transcribe, cabe la posibilidad de descontar de su responsabilidad tasada, las cantidades que, en exceso sobre la indemnización legal, pudiera haber percibido, entiendo que tanto derivado de acuerdo como de decisión judicial. Y así, se indica en la indicada decisión unificadora lo siguiente:
«1. Justifica el recurrente la infracción que denuncia, partiendo de la base de que el FGS es un fiador -ex lege y aunque inicialmente esta Sala consideró que su posición jurídica era similar -no idéntica a la de un fiador con responsabilidad subsidiaria y naturaleza pública -SSTS 13/02/93 -rcud 1816/92 -EDJ 1993/1345 07/10/93 -rcud 3355/93 y 03/12/93 -rcud 2354/92 -EDJ 1993/11055--, lo cierto y verdad que posteriormente matizamos aquella doctrina y entendimos que el FGS -no puede ser identificado con el fiador definido en el art. 1822 del Código Civil -EDL 1889/1-, por más que su posición jurídica, cuando asume el pago de deudas del empleador sea similar a la del fiador en el mismo caso y que más bien ha de ser considerado como «un peculiar ente asegurador -público que se nutre de determinadas cuotas y, a cambio, asume, dentro de ciertos límites, el riesgo del pago a los trabajadores de salarios e indemnizaciones que no pudieron hacerse efectivas por el empleador por su carencia patrimonial» -SSTS 22/04/02 Rec 1545/01 -EDJ 2002/27160 y 22/10/02 -Rec 132/02 -EDJ 2002/61460--.
2. De todas formas la naturaleza jurídica del Organismo, sobre la que insiste el recurso, en realidad nada aporta a la cuestión que en autos se debate, pues si bien es claro que la responsabilidad legal no puede sino imponerse en los términos legalmente previstos y que tratándose de una indemnización correspondiente a despido colectivo la garantía alcanza a 20 días por año de servicio -ex art.51.4 -EDL 2015/182832-, en relación con el 53.1 ET -EDL 2015/182832 y art.19 RD 505/1985, de 6/Marzo -EDL 1985/7973--, no lo es menos que resta por decidir si esta responsabilidad subsidiaria del FGS es independiente de las cantidades superiores que se puedan haber pactado y que en parte se hubiesen percibido cuestión a la que da una respuesta positiva la decisión recurrida, aplicando las previsiones que sobre la imputación de pagos se contienen en el art. 1174 CC -EDL 1889/1-, si bien en sentido inverso al pretendido por el FGS, afirmando -como indicamos más arriba que tal imputación «debe entenderse hecha en concepto del complemento de la indemnización pactado» en el ERE.
3. Disentimos de tal criterio -imputación de pagos por tres razones: a en primer lugar, la imputación de pagos tiene un presupuesto elemental que resalta el art.1172 CC -EDL 1889/1 al describir tal fenómeno jurídico, diciendo que «[e]l que tuviere varias deudas de una misma especie en favor de un solo acreedor...», y este presupuesto -varias deudas de una misma especie está ausente en el caso que debatimos, porque no hay sino una sola deuda indemnizatoria, sin que -como acertadamente sostiene el Ministerio Fiscal «pueda argüirse que esta última -el exceso sobre los 20 días es complementaria de la indemnización legal, dada la insuficiencia de la misma», de forma que resulta totalmente voluntarista la aplicación del referido mecanismo de extinción de las obligaciones b en segundo término, ni siquiera aplicando la referida institución podría llegarse a la solución pretendida, porque conforme a las reglas civiles la opción corresponde al deudor «al tiempo de hacer el pago» -art. 1172 -EDL 1889/1- y en defecto de ella se estimará satisfecha la más onerosa -art. 1174 y si todas fuesen de igual gravamen -caso que sería el de autos, de aceptarse a efectos dialécticos la dualidad de deudas se imputaría a todas a prorrata -art. 1174 y c en último lugar ha de tenerse en cuenta que la doctrina -citada por la recurrida por virtud de la cual esta Sala se refería a la imputación de pagos en relación con el FGS iba referida -como no podía ser menos a supuestos en los que realmente había dos deudas, indemnizatoria y salarial, sobre las que efectivamente aplicar el mecanismo extintivo que regula el Código Civil no a casos como el presente, de una sola deuda -en parte legal y en parte pactada-.
4. Finalmente hemos de señalar que el art.33.3 ET -EDL 2015/182832 -versión dada por el artículo único 120 de la L 38/2011, de 10/Octubre -EDL 2011/222123- ofrece expresa respuesta a la cuestión, disponiendo: a las indemnizaciones a abonar por el FGS, «con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio» [regla segunda] y b cuando los trabajadores solicitaran del FGS «el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos».
Y sobre la aplicabilidad de tales prescripciones ha de observarse: de un lado que si bien parecen estar previstas para las indemnizaciones fijadas ya en fase de concurso -«En caso de procedimientos concursales...», principia la norma-, en todo caso parece razonablemente aplicable -por extensión analógica: art. 4 CC -EDL 1889/1 a las que se reconozcan antes de la declaración de aquél y de otra parte, que la solución es anterior a que se generase la acción de autos -responsabilidad del FGS-, pues el nacimiento del derecho a obtener la indemnización de tal Organismo se produce, a todos los efectos, con la declaración de la insolvencia empresarial -SSTS 15/07/91 -rcud 243/91--EDJ 1991/7900 [...] 12/02/07 -rcud 3951/05--EDJ 2007/8717 24/07/07 -rcud 565/06 -EDJ 2007/184517 y 22/11/07 -rcud 4353/06--, y ésta tuvo lugar en el caso debatido por Auto de 12/06/2012 -en vigor, ya, el texto introducido por la Ley 38/2011 -EDL 2011/222123--.
5. A mayor abundamiento procede resaltar que el criterio inspirador que late bajo esta decisión -la voluntad de las partes no puede incrementar la responsabilidad legal del FGS también se halla presente en nuestra reciente STS SG 16/05/15 -rcud 1519/13 -EDJ 2015/188449-, en la que reproduciendo literalmente doctrina de las sentencias 26/12/01 -rcud 4042/01 y 11/03/02 -rcud 2492/01 -EDJ 2002/10164-, se afirmaba que la responsabilidad del FGS por finalización del contrato temporal se limitaba a la legalmente establecida y no alcanzaba a la superior que colectiva o particularmente pudiera haberse pactado, porque -e]ntender lo contrario ... equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación y, por reflejo, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la autonomía colectiva. Y se estaría desconociendo su naturaleza de Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, sometido a los mandatos y límites fijados por el legislador en los artículos 33 ET -EDL 2015/182832 y 1.1 y 2 del Real Decreto 505/1985 -EDL 1985/7973 que regula su organización y funcionamiento-. Argumentos que -mutatis mutandis son extrapolables al caso que ahora nos ocupa».
De tal manera que, siendo sin duda doctrina discutible, y que recae sobre cuestión no expresamente contemplada por la Dir 2008/94 -EDL 2008/178376-, que pudiera dar lugar a abrir un debate comunitario sobre la cuestión, debe entenderse como la decisión unificada.
Es para todos conocido entre los expertos y debiera ser también para p...
Es para todos conocido entre los expertos y debiera ser también para profanos el art.117.1 CE -EDL 1978/3879-, donde establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, que el art.5 LOPJ -EDL 1985/8754-, nos dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos, que el art.1.6 CC -EDL 1889/1-, dispone que la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho y dispone el art.3 CC -EDL 1889/1 que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas, siendo en este sentido, STS Sala 1ª, núm. 804, 17-12-09, Rec 305/05 -EDJ 2009/307253-, su primer criterio interpretativo. Cita la STS 30-11-90 -EDJ 1990/10950 sobre la aplicación del sentido jurídico, técnico o usual en los términos empleados por la norma. Cita la STS 25-11-99 -EDJ 1999/35040 sobre la interpretación literal de los preceptos.
Cuando el art. 64.7 LC -EDL 2003/29207-, establece en su párrafo primero, respecto a las medidas colectivas, una vez declarado el concurso que el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, en este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral, también establece en su párrafo tercero que el auto, en caso de acordarse la suspensión o extinción colectiva de los contratos de trabajo, surtirá efectos desde la fecha en que se dicte, salvo que en él se disponga otra fecha posterior, y producirá las mismas consecuencias que la decisión extintiva o suspensiva adoptada por el empresario al amparo de lo establecido en los art.51 o 47 ET -EDL 2015/182832 o que, en su caso, la resolución administrativa de la autoridad laboral recaída en un expediente de regulación de empleo, a efectos del acceso de los trabajadores a la situación legal de desempleo.
En primer lugar si existe acuerdo, acepta el/la Juez/a, mediante auto, las medidas propuestas. Si no existe acuerdo o aprecia fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, determina lo que proceda de conformidad con la legislación laboral, aplicando lo dispuesto en el art.51 ET -EDL 2015/182832-, dado que es el caso que se examina, «limitarse a denegar la extinción o puede extinguir los contratos en otros términos distintos a los previstos para el despido por causas objetivas, fijando, por ejemplo, una indemnización superior».
Para el caso de inexistencia de acuerdo, el art.51.4 ET -EDL 2015/182832-, establece que comunicada la decisión de despido colectivo a los representantes de los trabajadores, el empresario podrá notificar los despidos individualmente a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el art.53.1, disponiendo este precepto, en su apartado 1.b-, la entrega, junto a la comunicación, de una indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. Esto es lo que procede conforme a la legislación laboral, cuando no existe acuerdo y así ha sido interpretado, declarando la STSJ Galicia -Social-, Sec 1ª, núm. 1828, 31-3-15, Rec 4411/14 -EDJ 2015/55987 que la legislación laboral a que hace referencia dicha norma de la Ley Concursal, se contiene, a efectos de los expedientes sobre extinción colectiva de los contratos de trabajo, en el art.51 ET que impone a la Autoridad Laboral la autorización en caso de acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores, si no aprecia fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del citado acuerdo. Pero si éste no se alcanza, la Autoridad Laboral dictará Resolución cuyo contenido, caso de autorizar la extinción, le viene tasado. Es decir, el ordenamiento jurídico laboral no permite modificar el derecho que señala el número 8 del artículo 51 citado por el simple hecho de que las partes sí puedan caso de llegar a un acuerdo, lo que es perfectamente extrapolable a la resolución dictada por el Juez de lo Mercantil y a la que pueda dictar esta Sala. Por tanto, se ha de rechazar la solicitud de que se mantenga la extinción de la relación laboral, por imposibilidad de readmisión por cese unilateral de la actividad empresarial, con incremento de la cuantía de la indemnización hasta 45 días de salario por año de servicio, pues, caso de mantener la extinción y ante la falta de acuerdo de las partes, sólo correspondería la que señala el número 8 del artículo 51 citado, ahora, lo establecido en el art. 37.1.c ET. Es cierto que la referencia es a un precepto ya derogado, pero sustituido por otro, art. 51.4 ET que remite a la cuantía indemnizatoria del art.53.1.a ET.
Cuando se pueda apreciar fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión, la decisión deberá denegar la autorización del despido colectivo, declarando el mismo nulo y así la STS, Sala 4ª, 18-2-14, Rec 151/2013 -EDJ 2014/62332-, declara que tales afirmaciones nos llevan -en principio a tratar prioritariamente el fraude de Ley que el recurso recrimina al expediente de despido colectivo, pero tal censura también nos impone argumentar con carácter previo que la consecuencia del afirmado fraude de ley sea precisamente -como se pretende la nulidad de la decisión extintiva. Decimos esto porque si bien el vigente art.124.2 LRJS -EDL 2011/222121 -redacción dada por la L 6/2012, de 6/Julio indica que la demanda impugnatoria del despido colectivo podrá impugnarse -entre otros motivos cuando «la decisión extintiva se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso del derecho», lo cierto es que la redacción del apartado 11 del mismo precepto -en que se tratan los posibles pronunciamientos de la sentencia únicamente predica de forma expresa la declaración de nulidad respecto de los defectos procedimentales o de aportación documental que expresamente señala -falta del periodo de consultas ausencia de la documentación obligada inobservancia del procedimiento inexistencia de autorización judicial en caso de concurso-, «así como cuando la medida empresarial se haya efectuado en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas», sin mencionar la cuestionado «fraude». Pues bien, esta ausencia no resulta decisiva por las siguientes razones: a tampoco el fraude está referido como determinante de que la decisión de la empresa resulte «no ajustada a Derecho» -pronunciamiento que se limita a la inexistencia de causa legal y dado que tal defecto -fraude es legal causa de impugnación de la decisión empresarial, por fuerza su acreditada existencia ha de determinar -ya en el propio esquema normativo de la LRJS una sentencia favorable a la impugnación y necesariamente en uno de los dos sentido que el precepto contempla, o bien de decisión «no ajustada a Derecho» o bien de decisión «nula» b esta ausencia en el elenco de causas de una y otra declaración no es más que un simple vacío legal, que lógicamente habrá de suplirse con la previsión contenida en el art.6.4 CC -EDL 1889/1-, a cuyo tenor los actos realizados al amparo del texto de una norma que persiga un resultado contrario al ordenamiento jurídico «se considerarán en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir» c tal consecuencia incluso tiene apoyo en sus antecedentes históricos -art. 3.1 CC-, pues la redacción del art. 124.9 LRJS que había sido dada por el precedente RD-ley 3/2012 -10/Febrero -EDL 2012/6702-, sí contemplaba expresamente el fraude como causa de nulidad, lo que refuerza la conclusión de que su falta de contemplación en el precepto entre tales causas tras la Ley 6/2012 -6/Julio-, obedece -efectivamente a simple omisión y no a voluntad deliberada alguna d tampoco es obstáculo nuestra usual doctrina en torno a que tras la entrada en vigor del TR LPL/1990 -EDL 1990/13310-, la figura -creación jurisprudencial de nulidad del despido por fraude de ley es inexistente -SSTS 02/11/93 -rcud 3689/92 15/12/94 -rcud 985/94 -EDJ 1994/10397 30/01/95 -rcud 1592/94 -EDJ 1995/340 02/06/95 -rcud 3083/94 -EDJ 1995/3095 y 23/05/96 -rcud 2369/95 -EDJ 1996/4803--, habida cuenta de que en el presente caso no estamos en presencia de un fraudulento despido individual, sino que enjuiciamos la validez de una decisión extintiva adoptada en expediente de despido colectivo, ..., no resultaría en manera alguna razonable que ciertas deficiencias de procedimiento determinen la nulidad de la decisión adoptada por la empresa, y que este efecto sin embargo no se produjese cuando la extinción colectiva burla -pretende burlar, más bien la estabilidad en el empleo que por expresa y variada disposición normativa se atribuye a los trabajadores nulidad del despido colectivo en caso de fraude que sigue contemplando la STS Sala 4ª, núm. 726, 10-7-18, Rec 1332/2017 -EDJ 2018/572074-, cuando declara que la conducta empresarial no puede calificarse en fraude de ley que daría lugar a la nulidad del despido colectivo.
Por último resta examinar el supuesto en el que el juez del concurso fijara en su auto de extinción de las relaciones laborales en caso de desacuerdo en las negociaciones del despido colectivo, indemnizaciones superiores como son las previstas para los despidos improcedentes, fijando cuál sería el alcance de la garantía del Fondo de Garantía Salarial. Reiteramos que el Juez tan solo puede determinar lo que proceda conforme a la legislación laboral, como se ha indicado. En este supuesto hipotético, el FOGASA, también, tan solo vendría obligado a satisfacer lo previsto legalmente, ya que según nos recuerda la STS Sala 4ª, núm. 484, 6-6-17, Rec 1849/16 -EDJ 2017/116006-, el régimen jurídico de la responsabilidad legal del FOGASA es el establecido en dicha norma, sin que sea posible imponer al Fondo una obligación de pago más allá de los supuestos tasados, dado su posición jurídica de fiador legal y que, STS Sala 4ª, núm. 270 2-4-19, Rec 236/18 -EDJ 2019/573846-, el art.33.3 ET -EDL 2015/182832 ofrece expresa respuesta a la cuestión, disponiendo: a las indemnizaciones a abonar por el FGS, «con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio» [regla segunda] y b cuando los trabajadores solicitaran del FGS «el abono de la parte de indemnización no satisfecha por el empresario, el límite de la prestación indemnizatoria a cargo del Fondo se reducirá en la cantidad ya percibida por aquéllos», cuantías límite que no pueden ser obviadas en la resolución que dicte el juez.
La mera declaración de concurso no produce efecto alguno sobre los con...
La mera declaración de concurso no produce efecto alguno sobre los contratos de trabajo, que mantienen su vigencia en los mismos términos y condiciones que regían con anterioridad al concurso, salvo que concurra alguna causa que justifique su modificación, suspensión o extinción conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y así se deduce del art.44.1 L 22/2003, de 9 de julio, Concursal -EDL 2003/29207-, -en adelante LC que establece que la declaración de concurso no interrumpirá la continuación de la actividad profesional o empresarial que viniera ejerciendo el deudor, sólo excepcionalmente, el juez, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia del deudor y los representantes de los trabajadores, podrá acordar el cese o la suspensión total o parcial de las actividades de la empresa. Este principio de continuidad en la actividad empresarial implica la de los contratos y las condiciones de trabajo vigentes en el momento de la declaración del concurso. Los contratos de trabajo siguen, por tanto, en vigor y sometidos a las mismas condiciones anteriores.
El juez del concurso tiene asignado el conocimiento de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, el traslado colectivo, el despido colectivo, la reducción de la jornada laboral y la suspensión de los contratos una vez que sea declarado el concurso -art.64.1 LC -EDL 2003/29207--, lo que en su momento suscitó las críticas de la doctrina laboralista por la sustracción de competencias a la jurisdicción social, y de los sindicatos, por el recelo de los trabajadores a perder lo que consideran su «juez natural». En lo que respecta a los supuestos de extinción y suspensión colectiva de contratos de trabajo, el juez del concurso no sustituye en realidad al juez de lo social, sino que asume las competencias que en estos casos tenía la autoridad laboral autonómica o central correspondiente con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 3/2012 -EDL 2012/6702-, posteriormente convalidado por la L 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. A partir de la fecha de la entrada en vigor de las anteriores normas, en los expedientes colectivos tramitados por empresas no declaradas en concurso, la decisión última, una vez tramitado el correspondiente expediente de regulación de empleo, pasa a ser del empresario, sin necesidad de la autorización previa de la autoridad laboral que antes se requería, ello sin perjuicio de su posterior control judicial en caso de impugnación.
La LC en su art.64 -EDL 2003/29207 diseña un procedimiento específico para los expedientes colectivos de modificaciones sustanciales, suspensiones, extinciones de contratos y reducción de jornada, con muchas similitudes respecto al previsto en la normativa laboral para empresas que no están en concurso, pero con una serie de especialidades propias del procedimiento concursal, que afectan a la solicitud, período de consultas entre la representación de los trabajadores y la administración concursal, emisión de informe por la autoridad laboral, una vez finalizado el período de consultas, y la resolución del juez estimando o desestimando la solicitud.
A tenor del art.64.7 LC -EDL 2003/29207 «Cumplidos los trámites ordenados en los apartados anteriores, el juez resolverá en un plazo máximo de cinco días, mediante auto, sobre las medidas propuestas, aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En este caso, así como en el supuesto de no existir acuerdo, el juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral».
Se han planteado numerosas dudas respecto del margen de discrecionalidad del juez de lo mercantil para la fijación de la indemnización en los supuestos de aprobación de expedientes de extinciones colectivas de contratos en los que el período de consultas haya finalizado sin acuerdo. En estos casos, lo razonable sería considerar que el juez puede desestimar o estimar la solicitud, pero de llegarse a esto último, y al no existir acuerdo, debe fijar la indemnización establecida legalmente -20 días por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades pues no puede fijar unilateralmente indemnizaciones superiores a la legal, al considerarse que no siendo parte negociadora del expediente carece de legitimación para ello. Y es que el Juez de lo Mercantil ha de resolver lo que proceda «conforme a la legislación laboral». Pero de existir acuerdo en el periodo de consultas, por así haberlo pactado la administración concursal y los representantes de los trabajadores, no vemos reparo alguno en que pueda el Juez de lo Mercantil fijar indemnizaciones superiores a las prevenidas en la legislación laboral habida cuenta el art.64.6 LC -EDL 2003/29207 advierte que en el acuerdo se recogerá la identidad de los trabajadores afectados y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la legislación laboral, «salvo que, ponderando los intereses afectados por el concurso, se pacten de forma expresa otras superiores». Precepto este, el apartado 6 del art.64 LC, que ha venido a acallar las voces doctrinales que mostraban sus reservas a la validez de este tipo de pactos con el argumento de que al aumentar las cantidades a detraer de la masa activa ello perjudicaba a los acreedores del concurso, olvidando con ello que la administración concursal tiene como principal función la conservación y administración de la masa activa y, de esta manera, representa los intereses de los acreedores sobre la base del mantenimiento de la empresa. Es más, en nuestra opinión, la posibilidad de aprobarse indemnizaciones superiores a las prevenidas en la legislación laboral, en el caso de existir acuerdo entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores, beneficia al empresario que podrá continuar su actividad al resto de los trabajadores que conservan su empleo y también al resto de sus acreedores, que, de esta manera, cuentan con la garantía que supone la conservación y continuidad del negocio empresarial. El dato de que sea el propio juez de lo mercantil quien, a lo último, deba refrendar el acuerdo y la existencia de un control administrativo ejercido por la autoridad laboral competente mediante el preceptivo informe que debe emitir sobre el acuerdo alcanzado -art. 64.6 LC invita a pensar se garantiza suficientemente que los pactos sobre indemnizaciones superiores a las de la legislación no suponen un perjuicio para el resto de acreedores concursales.
En caso de que el período de consultas hubiera concluido con acuerdo, el juez ha de proceder a aprobar y convalidar el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En su consecuencia, de existir acuerdo entre las partes, el control del juez del concurso parece limitarse a comprobar que no existe dolo, coacción, fraude o abuso de derecho. Tal examen judicial ni es de oportunidad ni alcanza al contenido mismo del acuerdo, como las indemnizaciones pactadas, ni a los extremos que le sirven de base y son aceptados por las partes en la negociación. Si el período de consultas hubiera finalizado sin acuerdo, la norma señala que el juez ha de resolver lo que proceda conforme a la legislación laboral, previo trámite de audiencia a las partes que han intervenido.
En el supuesto de que el juez del concurso fije en su auto indemnizaciones superiores como son las previstas para los despidos improcedentes, se plantea determinar el alcance de la garantía del Fondo de Garantía Salarial -en adelante FOGASA-.
Antes de la entrada en vigor del RDL 20/2012 -EDL 2012/139425 el organismo autónomo abonaba a los trabajadores el importe de salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores, y cubría una cantidad que no superara tres veces el Salario Mínimo Interprofesional diario. Se pagaba hasta un máximo de 150 días pendientes de cobro. Tras el RDL 20/2012, las cuantías se reducen pues el FOGASA sólo abonará el doble del Salario Mínimo Interprofesional y hasta un máximo de 120 días de sueldo pendientes.
Igualmente, se reducen las prestaciones abonadas por el organismo en concepto de indemnizaciones por despido, que no pueda desembolsar el empresario -en casos de sentencia, auto, acta de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores-. El FOGASA, hasta esa reforma, pagaba el límite máximo de un año, sin que el sueldo diario, base de cálculo, excediera del triple del Salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. Tras la reforma legal el organismo abonará las prestaciones con el límite del doble del salario mínimo y una anualidad.
Por último, en los procesos concursales, al margen de lo que se pueda pactar y aprobar judicialmente conforme a lo establecido en la nueva redacción del art. 33 del Estatuto de los Trabajadores -EDL 2015/182832 y el art.64 LC -EDL 2003/29207-, las indemnizaciones con cargo al FOGASA se calcularán sobre la base de 20 días por año trabajado, con el límite máximo de un año, y sin que la retribución diaria supere el doble -y no el triple, como figuraba en la ley hasta ahora del Salario Mínimo Interprofesional.
El abono de las prestaciones por parte del organismo al trabajador, en caso de concurso del empresario, determina la subrogación del FOGASA en la posición del trabajador, en los créditos en concepto de salarios e indemnizaciones que éste haya comunicado y visto reconocidos en el concurso, con la finalidad de obtener en él su satisfacción. La intervención del organismo en el concurso ha sido modificada por la L 38/2011, de 10 octubre -EDL 2011/222123-, de reforma concursal, con una triple finalidad:
Condicionar el reconocimiento administrativo por el FOGASA de la prestación a que tenga derecho el trabajador a que éste figure incluido en la lista de acreedores o sea reconocido como crédito contra la masa.
Limitar el pago de las prestaciones en concepto de salarios o indemnizaciones que deba satisfacer el FOGASA a las señaladas en la legislación laboral, aunque en el concurso se acuerde el pago de cantidades superiores que deberán, en cuanto al exceso legal, ser abonadas por la empresa y no por el organismo.
Garantizar que el FOGASA pueda recuperar las cantidades pagadas en exceso cuando la cuantía que se reconozca a favor del trabajador en la lista definitiva fuese inferior a la solicitada o percibida del organismo.
En el supuesto de concurso, a la administración concursal y a la repre...
En el supuesto de concurso, a la administración concursal y a la representación de los trabajadores les corresponde la negociación de la indemnización que corresponde por la extinción colectiva. Si no existe acuerdo, se estimará la solicitud, acordando la medida solicitada, cuando proceda conforme a la legislación laboral, o se desestimará la solicitud, denegando la medida, cuando no se acreditan las causas legales.
Si hay acuerdo entre partes alcanzado en el período de consultas, éste se acepta por el Juez, como regla general. Como excepción, se declarará su nulidad, por apreciar el Juez la concurrencia de «fraude, dolo, coacción o abuso de derecho», lo que puede acordar sin remitir las actuaciones a ninguna otra autoridad judicial.
El texto concursal no establece disposición alguna sobre la cuantía o el modo de cálculo de la indemnización que corresponde por la extinción colectiva, pero, conforme al art.64.11 LC -EDL 2003/29207-, se debería en principio aplicar la normativa social que estipula una indemnización legal, &nbspaunque ésta tiene carácter de mínimo. Por ello, es posible que se fijen indemnizaciones superiores a las que corresponden en aplicación de los módulos legales. Se trata de un mínimo mejorable a través de pacto individual o colectivo.
Parece cuestión pacífica en la doctrina judicial mercantil la posibilidad de que, en virtud de pacto individual o colectivo, se pueda fijar una cuantía superior a la que prevé el ET -EDL 2015/182832 -20 días por año de servicio y &nbspque el juez concursal homologue un acuerdo de despido colectivo que la contenga.
En cambio, la indemnización legal mínima fijada en el anterior art.51.8 ET -EDL 1995/13475 -y ahora, en el actual Texto Refundido por la remisión del art.51.4 ET al 53.1.b -EDL 2015/182832 es la única posible cuando el Juez de lo Mercantil acceda a la solicitud de despido colectivo sin que se haya logrado el acuerdo en el período de consultas, ya que en este caso «el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral». De estimarse la petición, al entender que concurre la causa que justifica la medida, deberá reconocer para los posibles afectados el derecho a la percepción de la indemnización legal mínima, sin que pueda autorizar una cuantía distinta, al no haberse logrado la consecución del acuerdo que exige la legislación laboral.
Existen, es cierto, resoluciones que aceptan una indemnización mayor pese a la carencia de acuerdo previo. El Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 19 de junio de 2008, autos 186/08, permitió la posibilidad de acordar indemnizaciones superiores a la del despido objetivo aunque no hubiera acuerdo o éste fuera nulo. Se aduce que podría acordarse cuando exista prueba en las actas del periodo de consultas de una oferta en firme de la administración concursal superior al mínimo legal, aunque no se hubiera producido ni en los expedientes de regulación de empleo ante la Autoridad Laboral ni en el proceso social
En Auto de este mismo Juzgado nº 2 de Bilbao, de 1 de febrero de 2007, dimanante de concurso nº 334/06, acordó también una indemnización superior, ofrecida formalmente en el expediente por la administración concursal aunque no se llegó a acuerdo, si bien constaba una oferta en firme de la administración concursal. El Auto Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Valencia, de 28 de julio de 2005, Proc. 141/05, acordó una indemnización superior al mínimo legal pese a la falta de acuerdo, en un caso en que la administración concursal también había ofrecido una indemnización superior a la mínima que no había sido aceptada por los trabajadores.
En &nbspalgún otro supuesto se concedió a los trabajadores la indemnización de 45 días, como si de despido improcedente se tratara -en la regulación vigente entonces-, pese a no haberse alcanzado acuerdo en el procedimiento, &nbsppor la pertenencia de la concursada a un grupo de sociedades, estimando el Juez que la conducta de la sociedad dominante había generado la situación económica que justificaba la extinción de relaciones laborales -JM Barcelona núm. 3 19-5-08 -EDJ 2008/222578--
Al contrario, otras veces -STSJ Asturias 16-4-10. Rec 3455/09 -EDJ 2010/81956- &nbspse consideró que, en caso de falta de acuerdo, el Juez del concurso no puede ampliar la indemnización establecida por el Juzgador, pues, &nbspen caso de mantener la extinción, sólo correspondería la que señalaba el número 8 del artículo 51 citado.
Mi opinión, sin embargo, es que, en el supuesto de falta de acuerdo en el periodo de consultas, no se puede acoger una indemnización superior a la legal porque se hubiera ofrecido antes indemnización superior o alcanzado principio de pacto respecto de una indemnización superior que luego no prosperó. &nbspA falta de acuerdo, el Juez del Concurso sólo puede declarar el derecho de los trabajadores a percibir la indemnización legal y no en una cuantía superior.
El art.64.7 LC -EDL 2003/29207 establece que el Juez resolverá, mediante auto, sobre las medidas propuestas aceptando, de existir, el acuerdo alcanzado, salvo que en la conclusión del mismo aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. Añade que en este caso, «así como en el supuesto de no existir acuerdo, el Juez determinará lo que proceda conforme a la legislación laboral».
Respecto al importe de la indemnización que debe contener el auto del Juez del Concurso que estime la medida de extinción de los contratos, no se contiene norma alguna en la Ley Concursal, pero ha de entenderse aplicable la legislación laboral, a tenor del art.64.11 de la misma -EDL 2003/29207-. El art.53.1 b-, al que se remite el art.51.4 ET -EDL 2015/182832 fija la indemnización en veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades.
Si la empresa pacta con el trabajador indemnizaciones superiores a las legales, o se establecen en sentencia a falta de acuerdo en el período de consultas, el FOGASA no queda tampoco vinculado y por tanto no se responsabiliza del exceso en caso de impago.
El Fondo de Garantía Salarial es una «institución de garantía», en el sentido de la &nbspDir 80/987/CEE -EDL 1980/4720-, un instrumento de «protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empresario». Hoy tiene atribuido el abono a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal de insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso pero, lógicamente, dentro de las previsiones legales.
Finalmente hemos de señalar, como reconoce La STS 29-6-15. Rec 2082/14 -EDJ 2015/129753-, que el art.33.3 ET -EDL 2015/182832 ofrece expresa respuesta a la cuestión, disponiendo: a las indemnizaciones a abonar por el FGS, «con independencia de lo que se pueda pactar en el proceso concursal, se calcularán sobre la base de veinte días por año de servicio» -regla segunda-.
El criterio inspirador que late bajo esta decisión -la &nbspvoluntad de las partes no puede incrementar la responsabilidad legal del FGS también se halla presente en reciente jurisprudencia: STS 16/05/15 [rcud 1519/13], en la que, reproduciendo literalmente doctrina de las sentencias 26/12/01 [rcud 4042/00] -EDJ 2001/66370 y 11/03/02 [rcud 2492/01] -EDJ 2002/10164-, afirma que la responsabilidad del FGS por finalización del contrato temporal se limitaba a la legalmente establecida y no alcanzaba a la superior que colectiva o particularmente pudiera haberse pactado, porque «entender lo contrario ... equivaldría a dejar la institución de garantía, su patrimonio, su financiación y, por reflejo, el porcentaje de cotización que corresponde a los empresarios, a disposición de la autonomía colectiva».

References: resolución 
 resolución 
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 Real Decreto 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 51
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 artículo 51
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 artículo 51