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Timestamp: 2017-08-21 17:39:21+00:00

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El Blog de José E. Carrero-Blanco Martínez-Hombre: diciembre 2010
LA NUEVA REFORMA DEL CODIGO PENAL QUE HOY ENTRO EN VIGOR
Hoy ha entrado en vigor la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, y ya van 16 desde que este Código fuera aprobado en el año 1995, por el que se introducen 169 modificaciones, eso sin contar, y en otra demostración de las dotes previsoras de los que nos gobiernan, con que han tenido a bien reformar cuatro artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y uno de la Ley Orgánica del Poder Judicial, justo medio año después de la entrada en vigor de la nueva oficina judicial que supuso, entre otras cosas, una profunda remodelación de estas dos últimas leyes. Con esta descontrolada actividad legislativa es imposible que los códigos que se compran para nuestro trabajo duren más de un año.
De toda esta extensa reforma, y ya que no está dentro de mis planes ahuyentar a la parroquia por aburrimiento, destacaré una parte:
1º Se ha añadido un nuevo atenuante, que consiste en "La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa". A lo que veo dos problemas: el primero, de carácter hermenéutico, ya que deja a los distintos Juzgados y Tribunales la interpretación de "dilación extraordinaria e indebida", lo que supone añadir un elemento más de incertidumbre e inseguridad a nuestro sistema judicial porque no todos los jueces y magistrados tienen el mismo parecer, así que hubiera sido recomendable que el propio legislador hubiese añadido un párrafo estableciendo unas reglas básicas para determinar a partir de qué lapso de tiempo se entiende que, por ejemplo, un procedimiento abreviado se ha dilatado de manera extraordinaria e indebida; el segundo, la saturación de muchos juzgados de instrucción puede repercutir en que muchos reos se beneficien de esa atenuante. Esta es otra demostración de que se legisla sin dotar de medios materiales y humanos suficientes para su aplicación.
2º La adicción del nuevo art. 31 bis, en la que se regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que obviamente no son castigados a penas privativas de libertad, sino más bien se les podrá imponer penas de multa. Esta novedad me parece positiva puesto que, de esta manera, no sólo su responsabilidad queda limitada a la responsabilidad civil subsidiaria, sino que además permitirá proseguir las causas en los casos que la responsabilidad de las personas físicas no haya podido ser individualizada, dando, en este caso, lugar al sobreseimiento provisional o, de llegarse a celebrar el juicio, a la absolución del acusado. Esto es de vital importancia puesto que sin condena penal no hay responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos y faltas, obligando al perjudicado a acudir a la vía civil para conseguir la correspondiente indemnización. También es verdad, como punto dudoso, el apuntado por algún compañero con respecto a qué persona física es la que debe acudir en representación de la entidad imputada, y tal vez hubiese sido necesario la oportuna reforma de la ley procesal penal. De todas maneras, en mi opinión, supone un avance.
3º Se añade como nueva pena privativa de derechos, la privación de la patria potestad (letra j del art. 39).
4º Se introduce como medida de seguridad la libertad vigilada (arts. 105 y 106), que se impondrá, entre otros casos, a los condenados por los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (arts. 178 a 190) y a los condenados por delitos de terrorismo, siempre y cuando la condena sea de pena de prisión, que se cumplirá después de salir de prisión. En ningún caso esta medida puede extenderse más allá de los 10 años.
5º Los delitos que antes prescribían a los 3 años, ahora prescriben a los 5 años junto con los delitos castigados con penas de prisión de 3 a 5 años; y los delitos de terrorismo con resultado de muerte no prescriben a partir de hoy (art. 131).
6º Se añade un nuevo Título VII bis, con "la trata de seres humanos" como rúbrica.
7º Los delitos contra la propiedad intelectual que no excedan de 400 € son considerados como faltas.
8º Se introduce una nueva sección en el Capítulo XI del Título XIII del Libro II, cuya rúbrica es "de la corrupción entre particulares", entre los que se puede encontrar que se castigan las conductas encaminadas a predeterminar o alterar de manera deliberada los resultados deportivos.
9º Se modifica las condenas por tráfico de drogas, en la que se establece la distinción entre los pequeños traficantes (art. 368) y los traficantes que pertenecen a organización delictiva (art. 369 bis), los primeros tendrán una rebaja en la pena con respecto a la regulación anterior, de 3 a 9 años de prisión pasan a una pena de 3 a 6 años. En cambio los segundos, serán castigados con penas de prisión de 9 a 12 años (anteriormente, de 9 a 13,5 años) y los jefes de las organizaciones criminales serán castigados con la pena superior en grado (12 a 18 años).
10º Se añade una sección en el Capítulo II del Título XVIII del Libro II, con la siguiente rúbrica "De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje".
11º Se reorganiza el capítulo que tipifica los distintos tipos de delito de cohecho, en el que en los delitos recogidos en el art. 419 y 420, se incrementan de 2 a 6 años a 3 a 6 años y de 1 a 4 a 2 a 4 años de prisión respectivamente, junto con sus penas de multa e inhabilitación para ostentar cargo público. Además ha desaparecido el delito de cohecho pasivo impropio (s.e.u.o.) (1) y se recoge expresamente como sujetos activos del delito de cohecho a los funcionarios de la Unión Europea y a los funcionarios nacionales de otros Estados de la Unión, que, entiendo yo, será cuando tenga relación con los hechos cometidos en España.
12º Se da una nueva estructura a los tipos penales relativos a los delitos de terrorismo, debido a que el primitivo capítulo V del Título XXII del Libro II se segrega en dos, a saber:"de la tenencia, tráfico de armas, municiones o explosivos" y "de las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo".
13º Se incluye un Capítulo V al Título XXIV del Libro II, con la siguiente rúbrica: "Delito de piratería".
(1) Como advertía que salvo error u omisión había desaparecido el cohecho pasivo impropio, después de una relectura del capítulo referido al Código Penal, este tipo penal ha pasado del art. 426 al 422 con la siguiente redacción:
"La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o reglao que le fueren ofrecido en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de 6 meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de 1 a 3 años".
Publicado por José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre en jueves, diciembre 23, 2010
Etiquetas: Derecho Penal, gobierno, juzgados, terroristas
Como llevo haciendo desde el 20 de diciembre de 2007, sigo insistiendo en mi determinación de repetir que mi abuelo no iba a suceder a Franco como Jefe del Estado, para eso ya había sido designado el entonces Su Alteza Real el Príncipe Juan Carlos como sucesor a título de Rey. Además reiterarlo este año va a estar más justificado puesto que no creo que tarde en emitirse en la Primera de TVE la mini serie sobre los últimos momentos de la vida de Luis Carrero.
Publicado por José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre en lunes, diciembre 20, 2010
Etiquetas: ETA, Franco, Luis Carrero
Con fecha 13 de diciembre de 2010, por la sala segunda del Tribunal Supremo se inadmitieron las querellas interpuestas por la Asociación PREEMINENCIA DEL DERECHO y por la Asociación contra la Corrupción y libre ejercicio de la acusación popular contra el Presidente del Congreso, José Bono Martínez. Como saben los que me leen a menudo, me gusta que cada uno piense por sí mismo y no a través de informaciones manipuladas por los medios de comunicación. Así que os adjunto la resolución entera.
Como han podido comprobar, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reprocha a los querellantes que no concretaran ninguna de las modalidades de cohecho propio ,recogidos en el Código Penal en sus arts. 419, 420 y 421, que puedan ser imputables al Presidente del Congreso cuando era Presidente de la Juntas de Comunidades de Castilla la Mancha. Es decir, no concretan qué participación tuvo Bono en la recalificación de los terrenos de Valdeluz, recordando que para que la recalificación saliera adelante no es suficiente la participación de la Consejería de Urbanismo, sino requiere el concurso de los Ayuntamientos que, en los municipios afectados, gobernaba un partido de signo contrario (entiéndase el Partido Popular). Aunque también considera que en este caso no concurre en la permuta dádiva alguna.
En cuanto a la posibilidad de cohecho impropio en lo relacionado con las dádivas consistentes en la decoración de la casa que tiene Bono en Olías, sostiene el Alto Tribunal que no concurre de acuerdo con la jurisprudencia establecida en las SSTS 362/2008 y 30/1994, puesto que las dádivas se han de realizar atendiéndose a la condición de funcionario o empleado público. Por lo que para que se den los requisitos del este tipo de cohecho ha de haber relación causal entre el regalo y la condición de cargo público de la persona cohechada, y si existe otra explicación coherente, como la relación de amistad, no existe tal delito. En el caso de Bono y el Sr. Santamaría, existe una relación de amistad como han reconocido los propios querellantes. Eso sin olvidar que la esposa del constructor es madrina de bautizo de la hija menor del Presidente del Congreso.
En fin, según el Tribunal Supremo, ambas querellas padecen del mismo defecto de indefinición, por ello, conforme al art. 313 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede la inadmisión de las querellas.
Publicado por José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre en viernes, diciembre 17, 2010
Etiquetas: acusaciones, acusados, Camps, delitos, juzgados, pp, psoe
En el caos aéreo que se produjo en el inicio del puente de la Constitución, y sin querer exculpar a los controladores aéreos, puesto que nadie tiene derecho a saltarse la ley a la torera para lograr sus objetivos o reivindicaciones, por muy justos que crean que son, el Gobierno tuvo un importante papel en el desarrollo de los acontecimientos. En efecto, desde que el 5 de agosto de este año aprobaron un Real Decreto en el que, el apartado 3 del art. 5, dispusieron que "La actividad aeronáutica anual no excederá de 1.670 horas, sin perjuicio de la posibilidad de ser incrementada con horas extraordinarias hasta un máximo de 80 horas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo." Pero se dieron cuenta de que habían cometido un error de cálculo, y no se les ocurrió otra cosa que en el Consejo de Ministros del viernes pasado, aprobar mediante Real Decreto-Ley una disposición en la que establecía la interpretación del referido precepto. Véase la Disposición Adicional Segunda:
Actividad aeronáutica en el control del tránsito aéreo.
¿Por qué no lo hicieron en cualquiera de los otros 13 viernes que hubo desde el 3 de septiembre hasta el 26 de noviembre?
¿Son tan incompetentes como para no darse cuenta de su error de cálculo hasta el viernes día 3 de diciembre?
Si son tan incompetentes como para no darse cuenta de su error hasta tan tarde, ¿por qué no esperaron para aprobar el referido Real Decreto-Ley el viernes 10 de diciembre?
En fin, si como dijeron algunos miembros del Gobierno, sospechaban de las intenciones de los controladores aéreos ¿por qué el Gobierno les dio un pretexto para que se planten al inicio del puente?
Ni al que se le ocurrió asar la manteca, ni al más incompetente de la tierra, habría parido semejante dislate dándole un pretexto a los controladores, como ya sospechaban algunos miembros de nuestro Gobierno, que supuso perjudicar a centenares de miles de usuarios. Por eso, y teniendo en el Ejecutivo a Don Alfredo Pérez Rubalcaba como Vicepresidente Primero, Ministro del Interior y Portavoz, que en su persona se cumple a rajatabla la máxima de Franklin D. Roosvelt (en la política las causalidades no existen, y cuando existen están bien elaboradas), huele a que el Gobierno ha urdido un plan que no es precisamente el recortar los derechos de unos determinados trabajadores, ni tampoco garantizar un servicio público de cara a las vacaciones de Navidad.
Entonces, ¿por dónde van los tiros? Como en cualquier análisis, es necesario partir de los antecedentes. En este caso, el Gobierno, por su pésima gestión en el plano económico, está cayendo en las encuestas de tal manera que se vaticina una debacle electoral de tal magnitud que podría afectar severamente a todos los barones territoriales. Por temor a perder el poder, Zapatero optó en la última remodelación del Gobierno, en lugar de por un nuevo equipo económico, por uno decididamente político fortaleciendo su faceta propagandística colocando como Vicepresidente Primero y Portavoz a Rubalcaba.
Aún así, la brecha entre el PP y el PSOE se agrandan, por lo que no queda otra que utilizar cualquier estrategia para distraer la atención y, de paso, recuperar algo de crédito. ¿Cómo podrían actuar? Poniendo a los controladores aéreos como cabeza de turco. Sabían que éstos iban a reaccionar si se les provocaba, y si la reacción de los controladores aéreos afecta un número importante de usuarios, como los que habría en el puente de la Constitución, mejor aún. Además justificaría el colapso la adopción del Estado de Alarma, que impediría, de acuerdo con el apartado 5 del art. 116 de la Constitución, la disolución anticipada de las Cortes, como seguramente le estarían pidiendo los dirigentes y candidatos territoriales a Zapatero. Por algo el Gobierno está hablando de prorrogar el Estado de Alarma sin que exista justificación alguna.
Por cierto, en relación la medida recogida en el art. 116.2 de la Constitución, desarrollada, junto con los Estados de Excepción y Sitio en la Ley Orgánica 4/1981, que fue decretado mediante Real Decreto el 4 de diciembre de 2010, dudo mucho que se ajuste a los requisitos legales, sobre todo en lo relacionado a la situación de calamidad, porque el tenor literal del art. 4º a), que tiene que concurrir junto con el del apartado c) del mismo precepto, es el siguiente: "Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones , incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud." El Gobierno, en un alarde de manipulación, sólo se quedó con la parte que le convenía, con la calamidad, como si la Ley no la delimitara. En cambio si podría encajar, el Estado de Excepción, que, en su art. 13, establece las circunstancias que lo ampararían:
"Uno. Cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los Servicios Públicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden público, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el Gobierno, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 116 de la Constitución, podrá solicitar del Congreso de los Diputados autorización para declarar el Estado de Excepción."
¿Por qué no se adoptó esta medida? Probablemente porque no depende del propio Gobierno para decretarlo, además contiene una carga política muy negativa que recordaría a tiempos pretéritos.
En fin, puede que me equivoque en el análisis, pero, desde luego, con los antecedentes del Gobierno, demostraría ingenuidad si le creyera a la vista de los hechos acaecidos.
Publicado por José Enrique Carrero-Blanco Martínez-Hombre en viernes, diciembre 10, 2010
Etiquetas: economia, gobierno, huelga, politicos, psoe, zapatero

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 35
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 116