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Timestamp: 2017-02-24 03:38:40+00:00

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Análisis | Sala de Información
Publicado en 21 de septiembre de 2016 por Sala de Información	Responder	Alejandro Hernández, Runrunes
“Me interesa más saber por qué los venezolanos caímos en el hechizo de este tipo, qué hay en nuestra sociedad y qué hay en ese Chávez que funcionó. Por qué se dio esa relación de carisma tan impresionante”, reflexionó Barrera Tyszka. En el 2004 había escrito junto a su esposa, la periodista Cristina Marcano, la obra Hugo Chávez sin uniforme, una aproximación biográfica al personaje que regía los destinos de los venezolanos y avanzaba hacia la construcción de lo que a la postre denominó el “Socialismo del Siglo XXI”.
-En un contexto así es muy fácil mentir día tras día… -Yo sí creo que una de las cosas que ha dejado clara el Gobierno es que se puede mentir y que desde la política se puede decir lo que sea, cualquier cosa, porque no importa. Esto produce una sociedad como la que tenemos hoy en Venezuela, que no tiene ningún sentido de la verdad, pero tampoco ningún sentido común porque todo tiene muchas versiones.
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Publicado en 21 de septiembre de 2016 por Sala de Información	Responder	Douglas Farah es experto en crimen organizado internacional y habló de los nexos entre Venezuela, Irán y Argentina.
Carolina Bellocq, El Observador (Uruguay)
Cuando los legisladores estadounidenses quisieron comprender mejor por qué Barack Obama había librado una orden que declaraba a Venezuela una “amenaza para la seguridad”, organizaron una sesión extraordinaria del subcomité de Asuntos para Latinoamérica del Senado.
Allí escucharon a diversos expertos que expusieron sobre Venezuela y argumentaron por qué EEUU debía estar atento a lo que sucede en ese país. Uno de los ponentes fue Douglas Farah, presidente de la consultora IBI y miembro del Centro de Asesoramiento y Estrategia Internacional, quien en entrevista con El Observador abundó en sus denuncias sobre el crimen organizado en Venezuela, los vínculos de ese gobierno con grupos delictivos transnacionales y las relaciones con Irán y Argentina.
“Hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas, sobre los vínculos del gobierno venezolano con Hezbollah y las FARC”.
Quiero decir que el Estado, como tal, directamente participa en actividades criminales y en el apoyo a terroristas, principalmente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Hezbollah iraní. Participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal.
Algunos altos mandos del gobierno venezolano participan de modo directo en esta actividad criminal, que tiene protección pública.
Últimamente las autoridades nacionales se han involucrado más en el tráfico de cocaína, dado que las rentas por petróleo y otras fuentes de ingresos están cayendo y necesitan ingresos de modo desesperado.
Creo que la relación institucional –de gobierno– con Hezbollah y con Irán se ha enfriado, y las FARC están ahora en otra dinámica con su proceso de paz. Así que la relación ahora pasa más por el crimen y tal vez menos por el terrorismo.
“Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear”.
Porque Hugo Chávez y el liderazgo iraní, especialmente el expresidente Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial donde el “imperio”, o EEUU, esté herido de muerte y no sea una superpotencia.
Desarrollaron una doctrina común de Guerra Periférica donde dejaron explícita su predisposición a usar armas de destrucción masiva contra EEUU. A su modo de ver, es una alianza antiimperialista.
“Chávez y Mahmud Ahmadineyad, compartían la convicción profunda de que la revolución bolivariana y la iraní tienen un mismo fin: un nuevo orden mundial”.
El gobierno de Fernández de Kirchner, y Cristina misma, se movió muy cerca de Chávez una vez que Néstor Kirchner falleció. Los iraníes le pidieron a Chávez que consiguiera que Argentina los ayudara con su plan nuclear.
¿Por qué? Porque antes de los bombardeos de la AMIA en 1994, el principal socio en materia nuclear de Irán era Argentina.
La decisión del entonces mandatario Carlos Saúl Menem de cortar en 1992 con esa cooperación (para la que EEUU y Europa presionaron) fue, según la investigación del fallecido fiscal Alberto Nisman, “un factor detonante” del atentado a la AMIA en 1994. Entonces, Irán necesitaba ayuda y sabía que había un país que ya conocía su tecnología, Argentina.
Al mismo tiempo, Argentina padecía una crisis energética y necesitaba petróleo de modo desesperado. Irán tenía petróleo pero no lo podía vender por las sanciones. Estaban dadas las condiciones para una hermosa relación.
Hay muchos casos judiciales ya resueltos que arrojan muchísima información sobre el modo en que Hezbollah y las FARC hacen negocios juntos. La Operación Titán y el Banco Canadiense Libanés son dos ejemplos.
“El gobierno venezolano participa de modo directo en el narcotráfico, esa es la principal actividad criminal”
También hay importantes testimonios de antiguos chavistas, declaraciones de muchos diplomáticos e investigaciones periodísticas sobre los vínculos del gobierno con esa agrupación extremista.
Antonio Salas, el periodista español que escribió el libro El Palestino luego de haberse infiltrado para investigar estos asuntos, divulgó mucho material sobre esto también.
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Publicado en 1 de septiembre de 2016 por Sala de Información	Responder	José I. Hernández (*), Prodavinci
Venezuela, juego trancado… y al borde del desenlace
Publicado en 10 de agosto de 2016 por Sala de Información	2	Jesús Seguías, Datincorp
Venezuela atraviesa por una fase crítica constituida por ocho crisis de profundas dimensiones: crisis económica, salud, energía, agua potable, seguridad ciudadana, además una crisis ética, crisis institucional, y crisis de liderazgo político. Venezuela es de hecho un país colapsado y casi paralizado.
Es un país que se está apagando progresivamente en todos los sentidos.
El desenlace de este cuadro puede ser sencillamente catastrófico de no tomarse decisiones urgentes.
El actual gobierno jamás podrá superar la crisis apelando a los mismos paradigmas políticos y económicos que provocaron la crisis.
Elemental. Y eso es justamente lo que pretende hacer el presidente Nicolás Maduro, ante tan descomunal crisis.
El gobierno luce extenuado, perdiendo progresivamente el control de todo y profundamente descompuesto en el plano ético. Sus iniciativas siempre son abortadas por el burocratismo, la abulia y la corrupción. El presidente lo sabe y lo ha reconocido públicamente.
Con excepción de las iglesias, todas las instituciones clave de la nación están en rojo en el nivel de confianza que transmiten a los venezolanos. El rechazo al gobierno nacional, la Asamblea Nacional, las fuerzas armadas, el Consejo Nacional Electoral, El Tribunal Supremo de Justicia, las fuerzas policiales, los partidos políticos, es superior a la aceptación de los ciudadanos.
Hoy, ni la oposición venezolana ni el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueden pulverizarse mutuamente. El “todo o nada” y una salida Ganar-Perder ya no son viables, pues todos saldrán perdiendo. Ambos cuentan a su favor con importantes factores de poder, pero igualmente lucen un cuadro de debilidades que opacan sus fortalezas.
La oposición, como un todo abstracto, cuenta con el apoyo de la mayoría de los electores venezolanos; es decir, del pueblo, y de manera más específica tiene el apoyo irrestricto de los empresarios privados, de las iglesias, de los estudiantes, parte importante de la comunidad internacional, y tiene el control mayoritario de la Asamblea Nacional.
El chavismo, aun cuando luce desconcertado y con muchas fricciones internas disimuladas en una aparente unidad, conserva un sólido poder de coacción: cuenta con el apoyo de un partido político de 4 millones de militantes muy organizados y empoderados en lo económico, político, ideológico y militar.
Además cuenta con el apoyo de todos los poderes públicos, excepto la Asamblea Nacional, así como un importante control de las fuerzas armadas, de las milicias bolivarianas (léase chavistas en armas) convertidas en componente militar formal, de innumerables “Colectivos” entrenados militarmente y con un respetable poder de fuego, así como el control de casi todas las gobernaciones, alcaldías, sindicatos, consejos comunales y comunas del país.
Confusión en el ring
La crisis económica (que es la mayor preocupación de los venezolanos, además de la inseguridad, y que nadie se equivoque al respecto) es de proporciones colosales y no podrá resolverse a partir de un escenario de confrontación del signo que sea. Cualquiera confrontación pacífica, electoral y constitucional, o una confrontación violenta, involucran un ganador y un perdedor.
En un escenario de confrontación electoral (el mejor de todos), hay altas probabilidades que el ganador (que posiblemente será la Oposición) pase a cobrar todas las posiciones de poder; y el perdedor (que posiblemente será el chavismo) se irá a la calle con un cuchillo en la boca a combatir al nuevo gobierno en defensa no sólo de sus postulados políticos, sino de sus intereses personales.
Hay que precisar que en la genética política del chavismo, la confrontación es su tesis esencial.
En este escenario, lo más seguro es que el país seguirá convulsionado por los conflictos.
Y los conflictos, especialmente en la Venezuela de estos tiempos, ahuyentan totalmente a cualquier inversionista.
Y justo los inversionistas privados, son la clave para superar la crisis económica y social del país.
De manera que cualquier escenario que ahuyente a los inversionistas (no hay nada más cobarde que el capital) aleja a Venezuela de la solución de la crisis. Y esto es lo prioritario para los venezolanos. En estas circunstancias, es impredecible saber cuál será la estabilidad y duración en el poder del nuevo gobierno. La experiencia política mundial indica que no mucho.
Es de Perogrullo que quien no esté alineado con el objetivo (que consiste en superar la crisis) sencillamente está contribuyendo a acelerar el colapso.
El objetivo, recordamos, no es otro que atraer inversiones mil millonarias para restablecer la producción nacional y superar la crisis económica (la de mayor impacto social en este momento, junto a la crisis de seguridad ciudadana).
Para que concurran a Venezuela los inversionistas es menester 4 condiciones:
Un nuevo marco jurídico consensuado entre los factores políticos en pugna;
Un gobierno (del signo que sea) que haga respetar ese marco jurídico y que además seduzca a los inversionistas, los valore, los respete, y los considere muy importantes para la transformación del país (tal como lo practicaron los chinos);
Seguridad ciudadana, porque este fenómeno es uno de los que más ahuyenta a las inversiones en Venezuela; y
Una absoluta paz social y política en el país, y este objetivo se logra sólo bajo el marco del consenso político y social y jamás bajo el marco de la confrontación. En las agendas de ambos bloques hay muchas “cuentas por cobrar” que impiden el escenario del entendimiento y la cohabitación. La búsqueda de culpables, a estas alturas de la crisis, no contribuye al establecimiento del diálogo y la sinergia.
Dos agendas, dos desenlaces diferentes
Hoy, casi todos los factores políticos venezolanos están enfocados en la confrontación para el control del poder; por tanto, están alejados del objetivo y de lo que está reclamando el país.
Los políticos de oficio (todos) marchan en este momento con una agenda diferente a la agenda del país.
Y este divorcio puede costarle caro al chavismo y a la oposición.
Dicho más preciso: el foco correcto de ambos factores políticos debe apuntar prioritariamente a la solución de la crisis y no a dilucidar el control del poder.
Ningún factor político, de los que hoy están confrontados por el poder, podrá resolver la crisis sin el concurso y consentimiento de la otra parte.
Por más esfuerzos que hagan por dilucidar la crisis a partir de la confrontación, no obtendrán resultados tangibles. Algunos políticos (la oposición, por ejemplo) podrían inclusive alcanzar algunas importantes cuotas de poder, o todo el poder, pero no podrán por sí solos con el peso de la crisis. Esta los devorará.
La oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha reaccionado habilitando vías constitucionales para provocar la salida inmediata del presidente Maduro, intentando con ello afrontar la crisis.
Hoy están enfocados en el Referéndum Revocatorio contra el presidente Maduro, lo que implica un escenario de confrontación que posiblemente lo ganará la oposición. No queremos emitir juicios de valor acerca de la pertinencia de revocar por vía constitucional al presidente Maduro, o si es factible que el Referéndum se realice en 2016. Lo que queremos significar es que no se trata sólo de salir de Maduro sino de definir el “después de…”
Esta es la clave para poder dilucidar si la salida del Maduro es suficiente para superar la crisis.
¿Podría por sí solo un nuevo gobierno “opositor”, aplicar las INEVITABLES medidas de ajustes severos que requiere la economía y sin que se le incendie el país por los cuatro costados?
¿Y en un país incendiado vendrán los inversionistas?
¿Sin inversionistas se solucionará la crisis?
Lo dudamos. Quizás la respuesta quede para algún mago.
Pareciera muy obvio que la actual crisis de Venezuela afecta al gobierno y beneficia a la oposición. Pues no compartimos esa tesis. Esta crisis, debido a su dimensión, devorará a cualquier gobierno del signo político que sea, y nacido de escenarios de confrontación.
A decir verdad, a ningún dirigente destacado de la oposición debiera parecerle muy tentador asumir la Presidencia de la República en medio de esta crisis. De asumirla en términos excluyentes, corre el riesgo de ser presidente por breve tiempo y sin posibilidad de hacer algo importante por la reconstrucción del país.
El protocolo político que se impone, por tanto, es diluir el costo político entre todos los factores de poder del país. No hay terceras vías, sólo queda una
Todo el actual desempeño-país conduce al único escenario correcto y factible, y que ni el gobierno ni la oposición han querido ensayar con transparencia, responsabilidad y desprendimiento. El país los está condenando por ello. Por eso la capacidad de movilización de calle es cada vez más limitada para ambos factores.
Es necesario reconocerse con respeto, sinergizar, mirarse a la cara y decirse mutuamente:
“Ni ustedes ni nosotros podremos superar solos esta crisis, es demasiado voluminosa, nos devorará a todos, no insistamos, es un problema país. Venezuela está sufriendo demasiado. Buscar culpables en medio de una conmoción nacional es improcedente y criminal desde todo punto de vista, pues lo urgente es que encontremos salidas a la crisis juntos, para que no haya ganadores ni perdedores, sino un sólo ganador: la nación entera. Y así ganamos todos finalmente. Luego se dilucidará en libérrimas elecciones quién es el mejor y quién debe estar en el gobierno. Los procesos electorales pendientes siguen su curso normal”.
Algunos dirán que es una propuesta ilusa, soñadora e irrealizable ¿Es que hay una mejor? ¿Cuál?
Eso sí, cualquiera vía que se plantee como solución a la crisis debe estar signada por la responsabilidad y la entrega de resultados tangibles. Si por el contrario esas “soluciones” agravan la crisis, entonces será cualquier cosa menos una vía para estabilizar y transformar al país. Sería sencillamente una irresponsable acción suicida.
Llegó la hora de las definiciones. La crisis que hoy conmueve al país está llevando al gobierno y a la oposición a un callejón sin salida, a un escenario de “juego trancado”, y estamos al borde de un desenlace impredecible.
Ya las calles comienzan a incendiarse. Están apareciendo los primeros venezolanos fallecidos por la confrontación.
Sin embargo, tanto en el chavismo como en la oposición, y también en aquellos que no pertenecen a ninguno de los dos bloques políticos, existen muchas personas (la mayoría) que están convencidas de la necesidad de entenderse a tiempo. Pero aún nadie se atreve a iniciar las conversaciones cruciales y construir la agenda.
Las minorías radicales e inútiles se imponen aun. Quizás están esperando los muertos para luego asumir a despecho la agenda de entendimiento que perfectamente pudo haberse asumido sin muertos. Pero es cuestión de sabiduría, de competencias políticas, de desprendimiento y de amor por Venezuela. Creemos que lo que falta es coraje para hacer lo correcto.
Un desenlace ganar-ganar
Ante el cuadro político, social y económico planteado, sería muy útil ensayar -entre chavistas y opositores- lo que puede significar un desenlace Ganar-Ganar, de 4 pasos para superar la fase crítica en Venezuela. Si se logra, en dos años el mundo entero sabrá lo que es Venezuela. No hay dudas al respecto.
PASO 1: Bajarse del Ring
Lo primero que tienen que ensayar tanto chavistas como opositores es bajarse del ring de combate. Eso no significa que tengan que renunciar a sus postulados políticos e ideológicos. Tampoco implica acuerdos oscuros.
Se trata simplemente de activar un plan marcado por mucho pragmatismo para comenzar a generar escenarios sinérgicos de muto reconocimiento, para el obligado diálogo que implica la solución de la fase crítica.
“Bajarse del ring” significa para los políticos de oficio, demostrar cuánto están dispuestos a supeditar los intereses personales y grupales a los intereses de la nación.
PASO 2: Conversaciones Cruciales
Iniciar de inmediato conversaciones cruciales -con micrófonos apagados- entre chavistas, opositores y quienes no pertenecen a ningún bloque político.
Conversaciones cruciales “son cualquier cosa menos transacciones” (Stephen Covey).
Se trata de crear un nuevo plano de vínculos políticos y sociales entre los venezolanos, basado en la sinergia. No se trata de “mi manera” ni de “su manera” de ver las cosas, sino de NUESTRA MANERA.
Hay que derrotar la obsoleta e inútil teoría de la confrontación y comenzar a practicar la gobernanza como nuevo paradigma político del siglo XXI. Una Conversación Crucial es imprescindible donde (1) hay importantes factores en juego; es decir, el destino de Venezuela, (2) las opiniones difieren -tal como difieren las opiniones de chavistas y opositores- y (3) las emociones son intensas, y en el caso de Venezuela hay una elevada intoxicación emocional entre gobernantes y opositores.
PASO 3: Significados Compartidos
Para darle sentido a las conversaciones cruciales es necesario construir un mapa de significados comunes en 8 o más asuntos clave de la crisis, donde se puede coincidir en puntos y encontrar soluciones consensuales.
Toda conversación crucial debe apoyarse más en los puntos donde puede haber coincidencias, que en aquellos donde hay diferencias sustanciales.
Estos son algunos de los puntos críticos en los que hay que diseñar el mapa de coincidencias: A) Seguridad Ciudadana, B) Economía, C) Educación, D) Poder Comunal, E) Energía y Agua Potable, F) Política Exterior, G) Fuerzas Armadas, H) Presos Políticos.
PASO 4: Gobierno de Unidad Nacional
Una vez establecidos los acuerdos básicos, se procede a aplicarlos. Aun cuando el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda asumir por completo la ejecución de los cambios que se requieren para superar la crisis, nunca podría ser mejor opción que conformar un gobierno de unidad nacional para que ambos factores de poder asuman por igual el costo político de las medidas de ajuste económico.
De hecho el gobierno de Maduro y el PSUV, ya están pagando en este momento un elevado costo político por la aplicación de algunas medidas de ajuste (corren el riesgo de perder más del 90% de las gobernaciones).
Un gobierno de unidad nacional será transitorio y altamente enfocado en el mapa de significados compartidos.
Las fuerzas armadas, por razones constitucionales, serán soporte fundamental del entendimiento mas no deben ser los protagonistas del proceso de cambios consensuales.
Venezolanos civiles, debe ser el eje del desenlace correcto.
Diseño gráfico: Sala de Información con caricaturas de Fonseca.
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Publicado en 2 de agosto de 2016 por Sala de Información	Responder	De acuerdo con la Resolución Ministerial 9.855 donde se establece un Régimen Laboral Temporal, el gobierno de Venezuela puede decidir “insertar temporalmente” trabajadores de una empresa en otra.
Nancy Aguirre y Mariela Llovera, Nayma Consultores
Nunca pensamos que escribiríamos en tiempo real sobre el trabajo forzado y esclavitud en Venezuela, pero en virtud de la Resolución 9.855 dictada por Oswaldo Emilio Vera Rojas, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.950 del 23 de Julio del 2016 en Venezuela, nos vemos en la imperiosa necesidad de tocar un tema que no era sujeto de las Relaciones Laborales venezolanas desde 1854 cuando se dicta la Ley que declara Abolida para siempre la Esclavitud en Venezuela (Lee un extracto de la ley y del debate ¡aquí!)
Oswaldo Vera, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
Es innegable que los trabajadores venezolanos vivieron situaciones de precariedad en el paso de un país agrario a la nación petrolera en la que nos convertimos. Que la lucha de los trabajadores petroleros dio origen la legislación laboral que nos rigió por muchos años.
No pretende este artículo ser una retrospectiva de la evolución de las relaciones laborales en el país, pero si queremos dejar claro que, por más precaria que alguna vez haya sido la situación de los trabajadores en Venezuela no fueron jamás obligados por gobiernos democráticos a realizar trabajos forzados.
La excepción la configuran las tenebrosas dictaduras de Juan Vicente Gómez, donde obligaban a los presos con grilletes a hacer carreteras; y la de Marcos Pérez Jiménez donde podían tomar a cualquier trabajador de la calle y forzarlo a apagar incendios forestales.
Régimen Laboral Transitorio. Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo
El ministro Vera, para dictar la Resolución 9.855 que establece el “Régimen Laboral Transitorio“, pretendió sustentarse en lo establecido en el artículo 500, numeral 1 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), asumiendo que dentro del ámbito de su competencia como ministro puede disponer libremente de las vidas de los trabajadores, extralimitándose en sus funciones.
Adicionalmente, invocó el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.227, que tampoco lo autoriza para disponer la ubicación obligatoria y forzosa de los trabajadores.
¿A qué nos obliga el Régimen Laboral Transitorio?
Este régimen es de OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO para todas las entidades de trabajo públicas y privadas.
Nos llama la atención el uso de las palabras “inserción” y “disposición” para referirse al desplazamiento forzado de los trabajadores de una entidad de trabajo hacia otra, refleja la cosificación de la persona en la mente de quien sea que redactó esta resolución.
En pocas palabras, el texto de la Resolución 9.855 pretende DESCONOCER la libertad de los trabajadores de decidir con quién quieren trabajar, a qué desean dedicarse y OBLIGAR a las empresas a ceder a sus trabajadores a petición hecha por un tercero.
Es decir, el ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, busca FORZAR a los trabajadores a trabajar en la empresa, lugares y condiciones que decida el gobierno.
Nos preguntamos, si el gobierno desea reactivar las empresas que están paralizadas por la misma política intervencionista que han desarrollado,
¿por qué no contratar personal? ¿Cuál es el propósito de someter a las personas a realizar trabajos forzados?
La suspensión de la relación de trabajo, opera según lo establecido en el artículo 73 de la LOTTT; aunque de estricto derecho, lo previsto en esta resolución no está enmarcado en ninguno de los supuestos establecidos en la legislación laboral vigente.
Desconocemos si la entidad de trabajo requirente pagará al trabajador, forzosamente desplazado, el mismo sueldo que le paga su empleador original.
Lo que sí queda claro en la resolución es que los pasivos laborales recaen en el empleador original, que este además deberá correr con las consecuencias de crear un nuevo cargo en caso de que su trabajador regrese de esta “inserción temporal” con una enfermedad o accidente ocupacional que le impida desempeñar su trabajo anterior.
60 días es el plazo mínimo que estarán los trabajadores en estas labores forzosas, y pueden prorrogarse por igual tiempo “si las circunstancias lo ameritan“.
Quién determina cuáles son esas circunstancias, no lo sabemos.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.
Veamos, cuáles derechos y principios constitucionales viola esta resolución.
“El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen”. Artículo 19 e la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
La Resolución 9.853 contraviene lo dispuesto en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo (…)”.
Hacemos hincapié en la libre elección de su trabajo, algo que a todas luces impide esta resolución ministerial, pues será un acto administrativo que determinará a cuál empresa deberá obligatoriamente desplazarse el trabajador en el marco de este “Régimen Laboral Transitorio”.
También viola lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 6, numeral 2:
“Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio”.
Al hacer que los trabajadores sean trasladados a otra empresa contra su voluntad -pues no existe en la Resolución ningún mecanismo para que el trabajador manifieste abiertamente su aceptación o rechazo al traslado– esto se configura como trabajo forzoso, aunque se comprometan a pagar un salario.
En su artículo 87 nuestra Carta Magna consagra:
“Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar (…). La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca”.
Cuando se habla de restricciones legales, se refiere a que se garantizan los trabajos LÍCITOS; es decir, que se trate de actividades que no estén expresamente prohibidas y penadas por la legislación.
Usted no puede trabajar dedicándose al narcotráfico, porque eso es un crimen, pero si puede trabajar libremente como ebanista, mecánico o enfermera porque se trata de actividades lícitas.
En este caso, la Resolución 9.855 limita la libertad de trabajo, porque OBLIGA al trabajador a dedicarse a una labor que no es la que acordó libremente con su empleador.
Debemos resaltar que la voluntariedad es una de las características fundamentales de la relación de trabajo.
En palabras de a centavo: “Nadie puede ser obligado a trabajar en algo que no desea hacer y nadie puede ser obligado a contratar a quien no quiere contratar”.
Debemos recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, numeral 2, señala expresamente que “Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos”.
En este caso es el gobierno venezolano quien está ejecutando una acción que configura la renuncia de los derechos laborales.
En resumen, esto es una ilegalidad. ¿Será aplicado?
Tristemente lo más probable es que esta Resolución 9.855 sea aplicada en las empresas y afecte directamente a los trabajadores.
La Sala Constitucional ha fallado en garantizar la supremacía y efectividad de los principios constitucionales, misión que le encomienda nuestra Carta Magna en su artículo 335.
Así como la Sala Constitucional ha sido tan diligente, actuando sin petición de partes, para entrometerse en las decisiones del legislativo amparándose en el artículo 335, debería declarar la nulidad por inconstitucional de la Resolución 9.855 del Ministerio el Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo.
Individualmente, poco es lo que podemos hacer frente a esta arbitrariedad. En acciones colectivas, tanto de gremios empresariales, profesionales y de trabajadores, podemos y debemos solicitar un Recurso de Nulidad ante la Sala Constitucional.
Otras voces sobre el tema
A propósito del “préstamo forzoso” de trabajadores ordenado por el gobierno, escribe el Dr. José Ignacio Hernández ¡click aquí!
4 apuntes sobre el “préstamo forzoso” de trabajadores en Venezuela; escribe el Econ. Ángel Alayón ¡click aquí!
“Régimen Laboral Transitorio” Resolución 9.855 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo ¡click aquí!
Decreto de Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 ¡click aquí!
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras ¡click aquí!
Nancy Aguirre es licenciada en Relaciones Industriales y Contaduría Pública, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora Sistémica y Asesora Empresarial. Posee más de 40 años de experiencia en el ejercicio profesional. Fundadora de Nayma Consultores.
Mariela Llovera es Abogado egresada de la Universidad de los Andes y licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo. Consultora en Gestión del Talento y Capacitación. Estudiosa del tema tributario y del derecho empresarial. Fundadora de Nayma Consultores.
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Los viajes “diplomáticos” de los narcosobrinos
Publicado en 26 de julio de 2016 por Sala de Información	Responder	Una investigación realizada por Vértice confirmó que los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, usaron pasaportes diplomáticos emitidos por la Cancillería de Venezuela para viajar a los países donde conspiraron para traficar cocaína. Entre los destinos: Puerto Príncipe, Tegucigalpa, Miami, Fort Lauderdale, Madrid, Ciudad de Panamá, Bogotá y Medellín.
Maibort Petit, Vértice
(Nueva York, EEUU) – Efraín Antonio Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas viajaron con el pasaporte regular en un vuelo charter a bordo del avión siglas YV2030 desde Caracas a Puerto Príncipe, el 10 de noviembre del 2015.
A las 7 de la mañana Campo Flores, tenido como hijo de crianza de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores —y ahijado del presidente Nicolás Maduro— y su primo, atravesaron la estación de seguridad del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, sin ningún tipo de restricciones. Llevaban consigo una panela de cocaína de alto valor, que según la DEA, registra entre 95 y 97% de pureza.
Para abordar el jet privado, Campo Flores usó su pasaporte venezolano número 066981222.
La aeronave, piloteada por Pedro Miguel Rodríguez, quien es efectivo de la Fuerza Aérea venezolana, destacado en Bolivia, esperó unos minutos antes de arrancar.
De acuerdo a la confesión hecha por Campo Flores a la DEA, durante aquella mañana del 10 de noviembre del 2015, solo su personal de seguridad estaba al tanto de la operación que se estaba llevando a cabo, ya que decidieron no informar a la familia sobre los negocios de tráfico de drogas que llevaban a cabo a nivel internacional.
Arribaron a Puerto Príncipe a las 9 de la mañana. Al bajar del avión, Campo Flores y Flores de Freitas hicieron uso de pasaportes diplomáticos emitidos por la República Bolivariana de Venezuela, numerados con las series 005886069 y 001435773, respectivamente.
Con ellos evadieron las requisas, las colas y la aduana. En Haití los pasaportes diplomáticos venezolanos aun son respetados, no obstante, aquel día las autoridades de la isla estaban al tanto de las actividades ilícitas de los dos visitantes y el gobierno haitiano había ordenado a sus órganos de seguridad colaborar con los agentes de la DEA para capturar, infraganti, a los jóvenes que estaban dando los últimos toques a una operación que incluía el envío de droga proveniente de las Farc a Estados Unidos, vía Honduras.
Un informe del ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Pierre Richard Casimir, da fe de que el gobierno caribeño colaboraba con la DEA para capturar a los sujetos que tenían órdenes de arresto en la ciudad de Nueva York.
Cuando Campo Flores y Flores de Freitas pisaron suelo haitiano, salieron apresurados del avión y de inmediato tomaron rumbo hacia un hotel cercano al aeropuerto Internacional Toussaint Louverture. Se trataba de la primera incursión de Campo Flores y Flores de Freitas a la nación haitiana, o al menos eso es lo que registran sus récords de viaje desde abril 12 del 2007 (Campo Flores) y 2 de agosto del 2008 (Flores de Freitas), fechas en la cuales obtuvieron sus primeros pasaportes venezolanos regulares.
Efraín Campo Flores ha llevado una vida que está muy lejos de ser limitada y modesta. Por el contrario, sus hábitos y costumbres rayaron en la ostentación: privilegios, viajes en jets privados y una fortuna que le permitió comprar carros de lujo, entre ellos un Ferrari del 2015, cuyo precio no baja de 280.000 dólares.
Su parentesco con el presidente de Venezuela le permitía pasar sin control alguno y según los dictados de su conveniencia por las estaciones de seguridad de los aeropuertos venezolanos. Iba y venía en un mismo día a Miami, compraba costosas prendas de vestir. Un informe del gobierno estadounidense da cuenta de los onerosos gastos en los que incurría el hoy reo de la justicia norteamericana antes de ser arrestado en Haití.
Dentro de las contradicciones observadas en las declaraciones que Campo Flores ha hecho a funcionarios de la DEA y las entregadas por sus abogados a la corte, y que han quedado registradas en el informe del despacho a cargo de Preet Bharara, destaca el haber afirmado que había hecho jugosos negocios en el área petrolera que le habían permitido ganancias superiores a los “10 mil millones”, posiblemente de bolívares, lo que equivale a unos 10 millones de dólares al cambio libre de mil bolívares por dólar.
No obstante, cuando los agentes de la DEA lo interrogaron dijo que había entrado en el negocio del narcotráfico porque no tenía ni 10 mil dólares a su nombre.
Otro aspecto que llama la atención es que Efraín Campo Flores juró ante el juez, Paul Crotty, que era abogado y que vivía modestamente en Caracas con su familia. Pero a los agentes de la DEA les dijo que su intención era ganarse unos miles de dólares en la operación de tráfico de droga para luego irse a vivir a Estados Unidos con su esposa e hijos.
Un informe que reposa en la fiscalía plantea discordancia entre lo dicho antes y después del arresto, lo que le informó al juez Crotty y lo planteado en la declaración jurada entregada por su abogado a la corte el 12 de mayo del 2016.
Aparece, además, en ese informe que Campo Flores no es casado, que tiene un hijo de siete años, que se crió bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores, que es militante activo del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que trabajó en el Parlamento Latinoamericano entre 2008 y 2011, que posee un pasaporte diplomático y que tiene negocios en Panamá.
En ese informe aparecen dos direcciones relacionadas con Campo Flores. La primera, en el edificio Diamante III, apartamento 04, avenida Las Fuentes de El Paraíso, Caracas.
Otra dirección suministrada por el familiar de Cilia Flores es Boulevard Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, a la derecha de la calle Ezequiel Zamora. Al frente la calle 5 de julio. A la izquierda, la vereda y la iglesia Santo Cristo adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.
Dice que en materia laboral fue registrado en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales, IVSS, por el Parlamento Latinoamericano, cuyo número patronal es D18407377, el día 29 de diciembre del 2011 con un salario de 755 bolívares. Y que su estatus de asegurado es cesante. La primera afiliación fue el 1 de febrero de 2008 y la fecha de contingencia el 25 de agosto de 2046.
Viajero especial
Campo Flores solía salir de Venezuela en vuelos privados con su cédula de identidad venezolana número 18.330.183, o con su pasaporte venezolano número 081303148. Un informe en poder de Vértice señala, sin embargo, que el familiar de la primera dama venezolana viajó en varias ocasiones usando el pasaporte que lo acreditaba como diplomático venezolano, aunque no se desempeñaba como tal.
Uno de los primeros viajes fue a Bogotá, Colombia, el 16 de marzo del 2012, en el vuelo de Avianca AVA 081 (Sello 4M8Q3-Q8M3) usando su pasaporte diplomático número 005886069. El regreso a Caracas tres días más tarde, el 19 de marzo de 2012, lo hizo en el vuelo de Avianca AVA080 y entró con ese mismo documento.
También usó su pasaporte diplomático para viajar a Madrid, España, en el vuelo de Iberia IBB6674, el 8 de diciembre del 2011. Regresó a Venezuela el 27 de diciembre del 2011 en el vuelo de Iberia IBE 6673.
Antes había viajado a Bogotá con su pasaporte diplomático el 3 de agosto del 2008, en el vuelo de Avianca AVA095 Caracas-Bogotá y regresó a Venezuela dos meses después, el 10 de octubre del 2008.
Efraín Campo Flores viajó desde Caracas a Tegucigalpa, Honduras, el 3 de octubre del 2015, en vuelo privado con el Cessna 550 Citation II, siglas YV570T, registrado en Venezuela.
De Tegucigalpa se trasladó al interior de esa nación centroamericana, específicamente a San Pedro Sula, para sostener una reunión con un grupo de individuos que aparecen reseñados en la acusación hecha por el gobierno de Estados Unidos en su contra.
A la cita acudió otro de los imputados por la fiscalía de Nueva York, el ciudadano hondureño Roberto de Jesús Soto García. Y también un testigo cooperante de la DEA, conocido como CW1 quien fue asesinado en Honduras tres semanas después de la captura de los sobrinos de Cilia Flores ocurrida el 10 de noviembre del 2015.
Campo Flores regresó a Caracas el 4 de octubre en el mismo avión YV570T desde San Pedro Sula.
El informe confidencial de los vuelos de los llamados narcosobrinos señala además que el ahijado del presidente Nicolás Maduro realizó dos viajes a Florida, Estados Unidos.
El primero de ellos tuvo lugar el 17 de enero del 2015, cuando abordó un avión privado en Caracas a las 5 de la tarde rumbo a Miami.
El avión, un Dassault Falcon 50 de 1987 con las siglas N26WJ, es propiedad de la firma Falcon 50 181 Holdings Inc, registrada en Wilmington, Delaware.
Allí permaneció por espacio de diez días. Regresó a Maiquetía en el vuelo charter N162DA, en una aeronave Rotorway registrada para ese entonces a nombre de la firma Point West Business Solutions LLC, de Grangury, Texas. Horas más tarde regresó a Miami en el mismo avión.
Luego utilizó el vuelo privado N99TH, registrado a nombre de Alpine Aviation Inc., de Provo, Utah, para regresar desde Miami a Barquisimeto –en el centro occidente de Venezuela- el 31 de enero del 2015.
El hoy acusado de conspirar para trasladar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos estableció en marzo del 2014 una empresa en Panamá.
Antes de concretar el registro de la compañía y los detalles logísticos de la misma, Campo Flores viajó a Ciudad de Panamá desde Maiquetía en un vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines número SBA1340, el 1 de diciembre del 2014 y regresó el día 6 de diciembre.
El 28 de enero del 2014 viajó nuevamente a Ciudad de Panamá, en vuelo comercial de Conviasa VCV7208. Luego se trasladó desde Panamá a Medellín y desde esa ciudad colombiana a Caracas el día 2 de febrero del 2014, en el vuelo de Copa Airlines CMP638.
Se trasladó nuevamente desde Caracas a Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208, el 21 de abril del 2014, para regresar el 25 de ese mismo mes en el vuelo de la misma aerolínea identificado como CO7209.
El 21 de mayo regresó a Ciudad de Panamá en el vuelo de Conviasa VCV7208 para retornar a Caracas en el vuelo de la línea aérea del estado venezolano V07209.
Las fechas de estos vuelos coinciden con los registros de la empresa de Transporte Herfra S.A., creada en Panamá el 31 de marzo de 2014. El número del registro es 830045 y su estatus hasta la actualidad es vigente. Esta empresa es una sociedad anónima con jurisdicción en Provincia de Panamá.
En la hoja de registro aparece Efraín Antonio Campo Flores como director y presidente; su tío (hermano de la primera dama Cilia Flores) Hernes Merquiades Flores –cédula de identidad 3.989.593- como secretario; y el abogado panameño, Oscar Torres Pinzón y Shelby Gem, como suscriptores.
En una confesión hecha por Campo Flores a la DEA, el 10 de noviembre de 2015, el ahijado de Nicolás Maduro dijo que poseía 20 taxis en Panamá que le generaban 800 dólares a la semana y que viajaba con frecuencia a ese país en busca del dinero que producía el negocio.
No explicó por qué no usaba el sistema financiero para hacerse de los réditos. Tampoco dio detalles de por qué la empresa solo manejaba efectivo, pero esa es la razón que alega Campo Flores para justificar el hecho de “gastar” mucho dinero en boletos de avión y viáticos para trasladarse continuamente a suelo panameño.
El sobrino de Cilia Flores coacusado por delitos de narcotráfico, Franqui Francisco Flores de Freitas, también ha gozado de los privilegios y el poder político que le otorgan el formar parte de la familia presidencial venezolana. Lo que sí hay que admitir es que su poder parece ubicarse en menor medida que el de su primo e hijo adoptivo de la pareja presidencial venezolana.
Eso, sin embargo, no le impidió obtener un pasaporte diplomático por primera vez en 2007 que utilizó para viajar a Panamá.
En las declaraciones juradas de Flores de Freitas a la DEA y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York se observan muchas contradicciones, especialmente las relacionadas a su situación personal antes de ser arrestado.
Flores de Freitas confesó el 12 de mayo del 2016 al juez Paul Crotty, que solo había cursado hasta el cuarto año de bachillerato y que tenía una empresa de alimentos refrigerados que distribuía comida a restaurantes de Caracas, y esa misma información aparece en los documentos presentados por su abogado, David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP.
No obstante, en un informe que reposa en la fiscalía de Nueva York aparece un dato que llama la atención: “Franqui Francisco Flores de Freitas, (el demandado) se graduó como ingeniero de sistemas en la Unefa en el 2013. Es comerciante, militante del Psuv”.
En ese mismo documento se puede leer que Flores de Freitas posee dos direcciones en Caracas. Una residencial en El Junquito, Barrio Buenos Aires/calle Bicentenario. Frente calle el Manguito. Sector el Manguito, al lado del dispensario Menca de Leoni, casa sin número y otra de un local comercial ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, PB, local 43-b, Caracas.
Otro dato que aparece en el documento es que Flores de Freitas es trabajador activo de DIGITAL CCT C.A., RIF J294314813, número patronal: O91117294. Ingresó a trabajar en esa empresa el 1 de abril del 2011. Según los datos de afiliación su último salario fue 1.712,70 bolívares. Su estatus actual como asegurado es activo. Fecha de la primera afiliación: 1 de abril de 2011; fecha de contingencia, 14 de agosto del 2045.
La empresa donde supuestamente trabajaba Flores de Freitas se dedica a la reparación de teléfonos celulares, consolas de videojuegos y equipos de última generación; además de la venta de videojuegos y accesorios para celulares. Su sede es en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT, Planta Baja, Local 43-B, en Caracas.
Asimismo aparece la siguiente dirección en el reporte oficial: Caracas Dtto. Capital Municipio Bolivariano Libertador, parroquia Sucre, sector primero, plan de la Silsa, derecha calle Ezequiel Zamora. Frente calle 5 de julio. Izquierda vereda la iglesia Santo Cristo, adjunto a la iglesia Santo Cristo, casa sin número.
El mes anterior, el día 3 de octubre de 2015, había viajado desde el Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, en el vuelo charter YV570T, para regresar en el mismo avión el día 4 de octubre en horas de la noche.
Para salir del país, Flores de Freitas usaba su pasaporte regular venezolano y para llegar a los países que visitaba, usaba el diplomático.
Disfrutando en el imperio
En el informe del gobierno norteamericano dice que Flores de Freitas viajó a Estados Unidos en un vuelo de Dynamic Airways 2D0406 que salió de Maiquetía el 23 de agosto del 2015, rumbo a Fort Lauderdale, Florida. Regresó en la misma nave, el 9 de septiembre del 2015.
Flores de Freitas viajó a Miami, la ciudad del sol en el estado de la Florida, pero en esta ocasión lo hizo vía Ciudad de Panamá. El 1 de diciembre de 2014 tomó el vuelo comercial de Santa Bárbara Airlines SBA1340 con destino a Ciudad de Panamá, luego se trasladó a Miami a donde llegó el 3 de diciembre. Regresó a Caracas en el vuelo de Santa Bárbara SBR1525 siguiendo la ruta Miami-Maiquetía.
Franqui Francisco Flores de Freitas hizo dos viajes a Panamá unos meses antes de irse a Estados Unidos. El informe dice que salió desde Caracas el 16 de Julio del 2014 en el vuelo de Conviasa VO7208 y regresó a Maiquetía el 9 de Julio en el vuelo de la misma aerolínea V07209. También por Conviasa viajó a Panamá el 21 de mayo del 2014 (vuelo VCV7208) y regresó en el vuelo VO7209, el 24 de mayo del 2014.
Del mismo modo, el informe refiere que Flores de Freitas hizo el trayecto Panamá-Medellín-Caracas. La salida fue el 28 de enero del 2014, en vuelo de Conviasa VCV7208 desde Caracas a Ciudad de Panamá. Luego se fue a Medellín y regresó a Caracas en el vuelo de Copa Airlines CMP 638, el 2 de febrero del 2014.
También se registra un viaje hecho por el acusado el 16 de marzo del 2012 en la ruta Caracas-Bogotá, realizado con la línea Avianca, vuelo AVA08, con retorno a Maiquetía el 19 de marzo, en el vuelo AVA080 de Avianca. Asimismo hay otro viaje reseñado el 19 de agosto del 2009, Caracas-Bogotá (vuelo AVA081) con retorno por Avianca el 28 de agosto del 2009, en el vuelo AVA078.
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 artículo 335
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