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Timestamp: 2019-11-15 02:08:03+00:00

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extinción de dominio | davidpenuelaortiz
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¿Cómo Funciona La Acción De Extinción De Dominio?
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La Extinción de Dominio es una consecuencia patrimonial que tiene como finalidad desincentivar económicamente el enriquecimiento ilícito, trasladando el derecho de propiedad de los bienes (muebles e inmuebles) del que son titulares las personas a favor del Estado.
Lo anterior, se logra a través de la acción que se lleva su mismo nombre y a través de un proceso compuesto por dos etapas: la investigación y el juicio. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la Nación, mientras que el juzgamiento está a cargo de Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de extinción de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los Jueces del Circuito especializados en extinción de dominio.
En cuanto a los mecanismos preventivos con que cuenta la Fiscalía para adelantar el trámite, se tienen las siguientes medidas cautelares: suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercios o unidades de explotación económica. Esto, con el fin de evitar que se pierda el rastro de dichos bienes en manos de terceras personas.
Una vez ordenada alguna de las medidas descritas, los bienes pasan a ser administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (antes Dirección Nacional de Estupefacientes) a través de los siguientes sistemas: enajenación, contratación, destinación provisional, depósito provisional, destrucción o chatarrización y donación entre entidades públicas. Cabe anotar que, normalmente, estos sistemas se ejercen a través de terceras personas
Bajo este panorama y de determinarse la improcedencia de la acción y la consecuente devolución de los bienes a su propietario, los daños y perjuicios causados por el Estado con ocasión de la Acción de Extinción de Dominio pueden darse, entre otros, por dos motivos: por la indebida administración de los bienes en manos de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. causada por la pérdida, improductividad o deterioro de los bienes y por el simple hecho de haber retenido los mismos y privar de la posibilidad de uso y goce por parte de su propietario en periodo de tiempo determinado. Este último daño, resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación.
DE LAS INCONSISTENCIAS DE LA FIGURA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
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En esta ocasión abordaré un tema que, tal como lo ha señalado la propia Fiscalía General de la Nación, no ha tenido ni el interés, ni el desarrollo necesarios por parte de la doctrina y jurisprudencia nacionales. Me refiero a la figura de la extinción de dominio.
Mi intención es poner sobre la mesa los puntos, que a mi juicio, son los más controversiales de esta medida luego de la expedición de la Ley 1708 de 2014 (Código de extinción de dominio-CDE), para así poner en evidencia determinadas inconsistencias que, aunque cobijadas por un manto de constitucionalidad, no dejan de carecer de lógica.
En aras de entender el raciocinio, es preciso conocer cuáles fueron las dificultades que motivaron su creación.
La extinción de dominio surge en Colombia en el año 1996 como respuesta, principalmente, a una de las consecuencias más palpables del narcotráfico: enriquecimiento acelerado e ilícito del patrimonio. Para aquel entonces -previo a la promulgación de la ley 333 de 1996-, la única institución que admitía la eliminación de la titularidad del derecho de propiedad con origen ilícito, permitiendo el correspondiente traslado del derecho de dominio a la esfera de dominio del Estado, consistía en el comiso, previsto en el artículo 110 del Código Penal vigente. No obstante, ésta medida estaba concebida como una consecuencia civil accesoria de la responsabilidad penal, por lo que su aplicación se encontraba supeditada, en concreto, a la existencia de una sentencia declaratoria de responsabilidad penal que estableciera, adicional a la culpabilidad, un nexo causal entre la conducta delictiva y los bienes objeto de comiso.
Bajo este contexto, la institución del comiso no obedecía a una consecuencia independiente de un determinado hecho ilícito, sino que por el contrario, tal como se dijo, dependía de su existencia en una decisión judicial penal. Por si no fuera poco, la fiscalía debía contar con la suerte de que no se llegare a concretar ninguna causal de extinción de la acción penal, v.gr. la muerte del procesado, habida cuenta que, en el evento en que llegare a suceder este supuesto, no sólo no procedía la acción penal, sino que quedaba fuera de la vista el comiso.
Las dificultades expuestas permitían que, tanto los herederos de los narcotraficantes, como sus testaferros pudiesen mantener en la impunidad las enormes fortunas provenientes de la actividad ilegal. Por lo dicho, la Constitución Política del año 1991 creó, en el inciso 2° de su artículo 34, la posibilidad de extinguir el derecho de dominio de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Junto a esta consagración, se profirió la Ley 333 de 1996, la cual otorgó las siguientes características a la figura en comento: constituye una acción constitucional, de naturaleza real, independiente y autónoma frente a la acción penal.
En este sentido, uno de los aportes más significativos de la misma fue crear una institución que permitiera extinguir el derecho de dominio de los bienes de origen ilícito, aun cuando no existiera sentencia condenatoria penal.
Para justificar la independencia de esta institución frente a la responsabilidad penal, el legislador y la Corte Constitucional entendieron que la extinción de dominio no se fundamentaba en el poder punitivo o sancionatorio del Estado, por cuanto ella no constituye una pena o una sanción. Y es a partir de esa supuesta distinción de acciones donde, a mi juicio, nace el problema conceptual de la figura.
Resumiendo los eventos predecesores a la expedición del CDE, posterior a la ley en cita se profirió la ley 793 de 2002, habida consideración que aún quedaban resquicios de condicionalidad a la acción penal en la ley de 1996; aunado a esto y a la urgencia de unificación de la normativa, surge la codificación señalada.
Retornando al punto de la aparente independencia de las acciones, la Corte Constitucional, a través de sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, señaló que la presente acción “es una institución autónoma” e independiente al juicio penal, cuya sentencia desvirtúa la legitimidad del título traslaticio de dominio por ser contrario a los designios consagrados en el artículo 58 de la Carta Política. “En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial correspondiente pasan al Estado sin lugar a compensación, retribución ni indemnización alguna.”
A pesar de la aparente claridad conceptual, ¿es correcto extinguir el dominio de un derecho que ha tenido un origen delictual sin sentencia que señale la ilicitud (penal) de la conducta?
Volviendo sobre la cuestión planteada acerca de si es posible predicar la independencia de la acción de extinción de dominio en relación con la acción penal, al punto de sostener que es dable la procedencia de la primera aun cuando no exista sentencia penal en firme que determine una relación directa o indirecta entre un bien y la comisión de un delito, anticipo la respuesta diciendo que no comparto dicha distinción.
Para sostener lo anterior, esbozaré brevemente cuatro argumentos que, vistos a la luz de la lógica, me permiten concluir la imposibilidad de dicha independencia.
1. Razón de la existencia de la figura: quizás, este sea el motivo más fuerte para defender mi posición. Tal como se esbozó, el espíritu o móvil en la creación de esta figura, más allá de las dificultades que presentaba el comiso en su práctica, obedeció realmente a la necesidad del legislador colombiano de crear una herramienta jurídica que permitiera atacar las consecuencias económicas del narcotráfico: el enriquecimiento ilícito. Dicho de otra forma, si el desafortunado atractivo del narcotráfico consistía en obtener dinero rápido y “fácil” a partir de la comisión de delitos, la aparente solución jurídica debía estar encaminada a deslegitimar la licitud de los derechos que surgieren a raíz de su uso. Vista así las cosas, el fenómeno que se pretende atacar no es el simple enriquecimiento injustificado -figura de naturaleza civil que no tiene su origen en la comisión de un delito-, sino el enriquecimiento generado a través de la comisión de actividades tipificadas como delito, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. Por lo tanto, resulta desproporcionado y contrario a la lógica, afirmar que puede haber extinción del derecho de dominio sobre determinado bien respecto del cual no existe una sentencia penal que lo vincule con la comisión de un delito, cuando la motivación de la creación de dicha acción consistió en atacar las consecuencias patrimoniales de actividades ilícitas. Ante esto, la pregunta que obligatoriamente nos debemos hacer es: si “actividad ilícita” no es necesariamente aquella que ha sido catalogada por un juez como tal, entonces ¿qué lo es?
2. Titular de la acción: De la mano de lo anterior, otro argumento de peso: el órgano legitimado para poner en marcha el mecanismo. Según el artículo 250 de la Constitución Política la FGN “está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (…)”. Por su parte los artículos 28 y 34 del CED, establecen que será la Fiscalía General de la Nación la encargada de dirigir, realizar y coordinar la investigación en materia de extinción de dominio. En otras palabras, el órgano que por mandato constitucional está encargado del ejercicio de la acción penal, lo es también en el caso de la acción de extinción de dominio.
3. Facultades investigativas: Al igual que lo señalado por artículo 200 y ss de la Ley 906 de 2004 referente a la función de indagación e investigación de aquellos hechos que revistan la característica de delito, el ya mentado artículo 34 dispone de la misma función respecto de la acción de extinción de dominio, al punto que existe un capítulo entero destinado a la descripción de las técnicas de investigación que son plausibles bajo esta cuerda procesal que, prácticamente, se corresponden con las establecidas en el procedimiento penal. ¿Acaso se necesitan dichas facultades para investigar actividades que no están tipificadas como delito?
4. Igualdad de procedimiento: Según lo establecido en el CED, el procedimiento adoptado para la acción de extinción de dominio corresponde a un proceso penal inquisitivo bastante similar a la ley 600 del 2000, en el que la FGN cuenta con facultades judiciales amplísimas y en la que funge como juez y parte, hasta determinado estadio procesal.
Luego de revisados los argumentos, tenemos que: a) la acción de extinción de dominio es una creación motivada por el afán de combatir el enriquecimiento patrimonial producto de la comisión de delitos relacionados, principalmente, con el narcotráfico, b) como consecuencia de la ilicitud de las conductas, la FGN es el órgano titular de esta acción, al igual que lo es de la acción penal, c) por lo anterior, la FGN está facultada para desplegar las técnicas de investigación, de la mano de la policía judicial también contempladas en el CPP y d) el procedimiento asumido es uno de tipo penal inquisitivo. Así las cosas, ¿es jurídica y lógicamente correcto, tal como lo hace el CED, señalar una supuesta independencia de las acciones?

References: artículo 110
 artículo 34
 artículo 58
 artículo 250
 artículo 200
 artículo 34