Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00006-2001.htm
Timestamp: 2019-03-24 09:46:48+00:00

Document:
SUP-JRC-006-2001
EXP. SUP-JRC-006/2001
AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS
MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO
SECRETARIO: JORGE MENDOZA RUIZ
México, Distrito Federal, a seis de febrero de dos mil uno.
Visto para resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-006/2001, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de José Ramón Medina Padilla, quien se ostenta como Presidente de dicho Instituto Político en el Estado de Zacatecas, y como apoderado del mismo, en contra del Decreto número 01, emitido el cuatro de enero del año en curso por la H. Quincuagésima Sexta Legislatura de dicho Estado, a través de su Comisión Permanente, publicado el día trece siguiente del mismo mes, en el Suplemento al Periódico Oficial del Gobierno de dicha entidad federativa, número 4, tomo CXI, fojas de la ocho a la dieciséis, por virtud del cual se designó a la Licenciada María de Jesús González García, como Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral; y
I. Mediante Decreto número 71, expedido por la Legislatura del Estado de Zacatecas, publicado en el suplemento número 57 al Periódico Oficial del Gobierno del Estado, del diecisiete de julio de dos mil, la referida Legislatura aceptó la renuncia del Licenciado Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre, al cargo de Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, lo que derivó que en dicho órgano jurisdiccional existiese una vacante.
II. En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 102, párrafo segundo de la Constitución Política de la entidad federativa referida, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dicho Estado, por conducto de su Presidente, mediante oficio número 0817/III/2000, del veintiocho de noviembre de dos mil, recibido el día treinta inmediato, dirigido a los Diputados Secretarios de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura, propuso, entre otra, la terna de la que se elegiría al Magistrado de la enunciada Sala de Primera Instancia. Dicha terna la integraban Ma. de Jesús González García, Manuel Carrillo Loera y Ma. Leticia Calderón Pérez. (Fojas, de la dos a la cuatro del cuaderno accesorio número dos, debidamente certificado por el Oficial Mayor de tal Legislatura.)
Mediante oficio 1570/00, del catorce de diciembre del dos mil, recibido en la misma fecha, el Presidente de la Comisión de Justicia de la referida Legislatura, solicitó al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la aludida entidad federativa, remitiese la documentación que acreditase el cumplimiento de la fracción I, del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Local, en el sentido de que realizó la consulta a los partidos políticos para la integración de la respectiva terna. (Foja cinco del cuaderno citado.)
A dicho comunicado, mediante oficio 1048/III/2000, del catorce de diciembre de dos mil, recibido al día siguiente, el titular del enunciado órgano jurisdiccional, contesto diciendo que no existía la posibilidad de hacer llegar la documentación requerida, en virtud de que ni el artículo 146, fracción I de la citada ley orgánica ni el párrafo segundo del artículo 102 de la Constitución local, establecían como requisito que dicha consulta debiese constar por escrito y que por ello no se elaboró documento o acta alguna. No obstante ello, agregó, que en forma previa a la presentación de la terna, se llevaron diversas reuniones con los lideres de las distintas fracciones parlamentarias de los partidos representados en el Congreso local. (Fojas seis y siete del cuaderno accesorio).
Mediante oficios número 1574/00, 1575/00 y 1576/00 del citado catorce de diciembre, el Presidente de la mencionada Comisión de Justicia invitó a los tres integrantes de la aludida terna, a efecto de que al día siguiente concurriesen a la Sala de Comisiones del Congreso con la finalidad de tener una reunión de trabajo relacionada con su candidatura a Magistrados. (Fojas ocho, nueve y diez del enunciado cuaderno.)
III. Mediante dictamen del diecinueve de diciembre de dos mil, la Comisión de Justicia de la citada Legislatura estatal, determinó que los tres integrantes de la referida terna cumplían los requisitos de elegibilidad establecidos por la Constitución y la Ley. (Fojas, de la quince a la veinte del citado cuaderno.)
En relación a tal dictamen, el Pleno de la Legislatura multicitada, en sesión del veintiséis de diciembre de dos mil, determinó devolverlo a la Comisión de Justicia.
Lo anterior, para el efecto de que se repusiese el procedimiento, en virtud de que en los expedientes respectivos no constaba que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hubiese realizado las correspondientes consultas a los partidos políticos ni que hubiese aprobado en sesión privada, por mayoría, la terna propuesta, según se desprende del oficio número 1602/00 del veintisiete de diciembre del dos mil, dirigido al Presidente del mencionado Tribunal, recibido en la misma fecha. (Fojas treinta y tres y treinta y cuatro del citado cuaderno.)
IV. Mediante oficio número 1073/III/2001.-P, del tres de enero del año dos mil uno, recibido en la misma fecha, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, hizo saber al Presidente de la Comisión Permanente de la Legislatura Local, que después de haber satisfecho lo dispuesto por los artículos 102, párrafo segundo de la Constitución Local y 146, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuanto a la consulta a los partidos políticos y a la realización de la sesión plenaria de los integrantes del propio Tribunal, se proponía la terna para que la Legislatura estuviese en posibilidad de designar a la persona que fungiría como Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral. Tal terna la integraban María de Jesús González García, Manuel Carrillo Loera y Martín Beltrán Saucedo. (Fojas, de la treinta y siete a la treinta y nueve del enunciado cuaderno.)
Para sustentar lo afirmado en tal oficio, al mismo se acompañaron las comunicaciones dirigidas a los partidos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y del Trabajo, así como la orden del día de las respectivas sesiones de trabajo y las actas correspondientes. (Fojas, de la cuarenta y tres a la cincuenta y cinco del mismo cuaderno.)
V. Mediante dictamen del cuatro de enero de dos mil uno, la Comisión de Justicia de la citada Legislatura estatal, determinó que María de Jesús González García y Martín Beltrán Saucedo cumplían los requisitos de elegibilidad establecidos por la Constitución y la Ley, no así Manuel Carrillo Loera, en virtud de ocupar un cargo en el Comité del Partido de la Revolución Democrática. (Fojas, de la cincuenta y nueve a la sesenta y seis del citado accesorio.)
Tal dictamen, en lo general y sustancial es muy similar al decreto impugnado, ya que las variantes entre uno y otro documento, solamente son de estilo, o bien, obedecen a las adecuaciones de redacción que ameritó el cambio de dictamen, a decreto, motivo por el cual se considera innecesario transcribirlo; pero además, en atención al tratamiento que se dará a los alegatos aducidos.
VI. Como consecuencia de lo anterior, en la Segunda Sesión de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, celebrada el día cuatro de enero de dos mil uno, a partir de las catorce horas con cuarenta minutos, dentro del Primer Período de Receso, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, estando presentes todos sus (11) once integrantes, tal como lo establecen los artículos 37 de la Constitución Política Local y 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas, se tomaron los acuerdos que se indican, en el siguiente orden:
a) Se aprobó, en lo general, el Dictamen de la Comisión de Justicia antes transcrito, por siete votos a favor, tres en contra y una abstención;
b) Se aprobó, en lo particular, el referido dictamen, sin que se hubiese discutido en lo particular, por falta de oradores;
c) La Comisión Permanente de la Legislatura señalada como autoridad responsable se constituyó en Colegio Electoral, a efecto de proceder a elegir al Magistrado que cubriría la vacante existente en la Sala de Primera Instancia citada;
d) Por ( 7) siete votos en pro, se eligió a la Licenciada María de Jesús González García para ocupar el mencionado cargo, habiendo obtenido, por su parte, el Licenciado Martín Beltrán Saucedo cuatro votos;
e) Se ordenó comunicar tal elección a la interesada, a efecto de que en su oportunidad compareciese a rendir la protesta constitucional; y
f) Se ordenó que, previa Protesta de Ley, se expidiese el decreto correspondiente y se publicase, por una sola vez, dicho decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
En relación a esto mismo, en la Sesión Solemne de la Comisión Permanente de la referida Legislatura, celebrada el mismo día cuatro de enero a las diecisiete horas con quince minutos, se tomó la Protesta de Ley, como Magistrada, la Licenciada María de Jesús González García.
VII. Después de concluida la sesión, la Legislatura referida expidió el decreto respectivo, cuyo texto, que resulta ser igual, salvo en los dos últimos párrafos y en las rubricas del Gobernador y del Secretario de Gobierno, al decreto que en el Suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, número 4 del trece de enero de dos mil uno, se publicó con el número 01, por virtud del cual se publicitó que se había designado a la Licenciada María de Jesús González García como Magistrada para cubrir la vacante existente en la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral. (Fojas, de la ciento diecisiete a la ciento veinticuatro y vuelta, del accesorio referido.)
Tal Decreto, a la letra dice:
"DECRETO # 01
LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA:
RESULTANDO PRIMERO. Con fecha 30 de noviembre del 2000, se recibió en la Oficialía Mayor de esta Legislatura, oficio 1817/111/2000, fechado el día 28 del propio mes y año, suscrito por el licenciado FELIPE BORREGO ESTRADA, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por el que, conforme a las facultades que le confieren los artículos 98 y 102 de la Constitución Política Local, 17, fracción VIII y 23, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, sometió a la consideración de esta Legislatura, la terna para la designación del Magistrado integrante de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, en virtud de la renuncia al cargo en comento, presentada por el licenciado CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ AGUIRRE.
RESULTANDO SEGUNDO. En Sesión ordinaria del Pleno, correspondiente al 5 de diciembre próximo pasado, se dio lectura al documento en mención.
A través del memorándum número 616/00 de la misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 12, fracción VIII, 63 y 70 del Reglamento Interior, el asunto fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión Legislativa de Justicia.
RESULTANDO TERCERO. Una vez que el asunto fuera turnado a la citada Comisión, ese colectivo dictaminador acordó solicitar al Tribunal Superior de Justicia, la documentación que acreditara que se dio cumplimiento a la fracción I del artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el sentido de que se realizó la consulta a los partidos políticos, al momento de integrar las respectivas ternas.
Mediante oficio 1048/III/2000, recibido en esta Legislatura el día 15 de diciembre del 2000, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, en su respuesta a la solicitud que se le formulara, manifestó en su parte relativa lo siguiente:
"...con todo respeto me permito señalarles que no existe la posibilidad de hacerles llegar la documentación a que se refieren, porque, al no precisar ni el mencionado precepto legal, ni el párrafo segundo del artículo 102 de la Constitución Política del Estado, como requisito el hacer constar por escrito la consulta que ordenan, no fue elaborado ningún documento o acta al respecto. Sin embargo, sí deseo hacer de su conocimiento que en estricta observancia a los señalados artículos, previas a la propuesta que se presentó a esa Soberanía Popular de las ternas necesarias para la debida integración de las Salas del Tribunal Estatal Electoral, se llevaron a cabo, con tal fin, diversas reuniones con los lideres de las distintas fracciones de los partidos políticos que conforman ese órgano legislativo, como fácilmente lo podrán constatar con los mismos...".
RESULTANDO CUARTO. Por otra parte y en aplicación analógica del artículo 96 de la Constitución Política Local, los Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Justicia celebraron entrevistas con los candidatos propuestos, a efecto de mejor normar el criterio al momento de hacer las designaciones correspondientes.
RESULTANDO QUINTO. En Sesión Ordinaria de fecha 26 de diciembre del año 2000, el Pleno de esta Legislatura acordó devolver a la citada Comisión Legislativa, el dictamen relativo a las ternas propuestas por el Tribunal Superior de Justicia para cubrir las vacantes de Magistrados de las Salas de Segunda y Primera Instancia de1 Tribunal Electoral del Estado.
RESULTANDO SEXTO. Con base en lo expuesto en el resultando anterior, mediante oficio 1602/00, de fecha 27 de diciembre del 2000, suscrito por los ciudadanos Lic. VICTOR MANUEL LEDEZMA BERNAL e Ing. LEONEL GERARDO CORDERO LERMA, Diputados Secretarios de la Comisión Legislativa de Justicia y dirigido al Magistrado Licenciado FELIPE BORREGO ESTRADA, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, se solicitó al Pleno de ese órgano jurisdiccional, remitiera los documentos necesarios que acreditaran el cumplimiento de los extremos a que se refieren los artículos 102, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado y 146, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 57 de la Constitución Política del Estado, la Legislatura clausuró su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente a su tercer año de ejercicio constitucional el día 30 de diciembre del 2000, entrando en funciones la Comisión Permanente, de conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política Local.
RESULTANDO SÉPTIMO. En atención al oficio mencionado en el resultando anterior, el Lic. JUAN VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ CARRETÓN, Encargado de la Guardia del Tribunal Superior de Justicia mediante oficio 10711/SG/2000/III de fecha 28 de diciembre del 2000, informó a esta Legislatura que a esa fecha, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se encontraba en receso y que reanudaría sus actividades el día 3 de enero del 2001.
RESULTANDO OCTAVO. Posteriormente y sobre el asunto que nos ocupa, mediante oficio 1072/III/2001.-P, fechado el día 3 de los actuales mes y año, suscrito por el Magistrado Licenciado FELIPE BORREGO y dirigido al Diputado FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ÁVILA Presidente de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia somete a la consideración de la Representación Popular la terna para cubrir la vacante en la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral.
Anexó a su ocurso, la siguiente documentación:
-Copia de los oficios remitidos a los representantes de los órganos directivos de los partidos políticos representados en esta Legislatura;
-Convocatoria a la Sesión Extraordinaria Privada del Pleno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente al 3 de enero del 2001.
-Constancia de la asistencia de los representantes de los órganos directivos de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, a la Sesión Extraordinaria Privada del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, correspondiente al 3 de enero del 2001.
-Constancia del punto de acuerdo en el que por unanimidad se aprobó la terna que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia propone a la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado, para cubrir la vacante de Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral del Estado.
Con fundamento en las disposiciones mencionadas en el Resultando Segundo de este instrumento, así como en el artículo 139 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, documento mencionado, así como sus anexos, fue turnado a la propia Comisión de Justicia para su trámite correspondiente, toda vez que de conformidad con el artículo 64 del Reglamento Interior de esta Legislatura, el trabajo de las Comisiones Legislativas es permanente.
CONSIDERANDO PRIMERO. De conformidad con lo previsto por los artículos 65, fracción XXXIV y 102 de la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 16, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es atribución de esta Legislatura designar a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, para el caso de que la Legislatura no se encuentre en periodo ordinario de sesiones, los artículos 68, fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 146, fracciones II y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establecen que es facultad de la Comisión Permanente nombrar en los períodos de receso de la Legislatura a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
CONSIDERANDO SEGUNDO. Mediante Decreto número 71, expedido por esta Legislatura y publicado en el suplemento al número 57 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al 17 de julio del 2000, esta Asamblea Popular aceptó la renuncia del Licenciado CUAUHTÉMOC RODRIGUEZ AGUIRRE, como Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral.
CONSIDERANDO TERCERO. El procedimiento establecido por la Constitución y la Ley para la designación de Magistrados electorales, se inscribe en los nuevos tiempos de transición y avance democrático; de colaboración con sensibilidad y madurez entre los integrantes de los diversos poderes, que sin menoscabo de su autonomía e independencia, deben concurrir al trámite de procedimientos de integración republicana como el que nos ocupa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, el Magistrado Licenciado FELIPE BORREGO presentó la terna propuesta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para ocupar la vacante de Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, compuesta de la siguiente manera:
Terna para integrar la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral:
MARIA DE JESÚS GONZALEZ GARCIA
MANUEL CARRILLO LOERA
MARTÍN BELTRÁN SAUCEDO
Después de la revisión de los documentos anexos que obran en los expedientes individuales, la Comisión Dictaminadora llegó a la conclusión que los integrantes de la terna cumplían todos y cada uno de los requisitos de elegibilidad que establecen los artículos 97 de la Constitución Política Local y 174 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, a excepción del licenciado MANUEL CARRILLO LOERA, ya que de conformidad con su propia manifestación, desempeña el cargo de Presidente de la Comisión de Garantías y Vigilancia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, incurriendo con ello en la causal de inelegibilidad prevista en la fracción IV del artículo 174 mencionado anteriormente.
Por lo anteriormente expuesto, procedió que mediante votación por cédula y considerando como candidatos a los Licenciados MARIA DE JESÚS GONZALEZ GARCIA, MANUEL CARRILLO LOERA y MARTÍN BELTRÁN SAUCEDO, la Comisión Permanente de esta Legislatura, efectuara la designación correspondiente para cubrir la vacante de Magistrado en la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral del Estado. Concluido el procedimiento, resultó electa la ciudadana Licenciada MARIA DE JESÚS GONZALEZ GARCIA.
CONSIDERANDO CUARTO. Hecha la designación respectiva, se acordó se le hiciera saber a la persona electa la designación correspondiente, a fin de que compareciera ante la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular para que en Sesión Solemne rindiera la protesta de Ley, en cumplimiento a los artículos 158 de la Constitución Política del Estado y 40, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 57, 96 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 69, 97, 99 fracción I, 100, 122, fracción III, 128, 132, 134, 135, 138, 139 y demás relativos aplicables del Reglamento Interior del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se
ARTICULO PRIMERO. La Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 65, fracción XXXIV, 68, fracción VIII y 102 de la Constitución Política del Estado, 16, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como por el articulo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, designa a la ciudadana Licenciada MARÍA DE JESÚS GONZÁLEZ GARCÍA, Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, por el término de cuatro años contados a partir de la fecha en que rinda protesta en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese de su nombramiento a la ciudadana mencionada en el artículo anterior, a efecto de que comparezca ante la Diputación Permanente de esta Representación Popular a rendir la Protesta de Ley, de conformidad con lo previsto por los artículos 158 de la Constitución Política Local y 40, fracción VI de la Ley Orgánica Poder Legislativo del Estado.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su expedición.
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
DADO en la Sala de Sesiones de la Comisión Permanente de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil uno.- Diputado Presidente.- PROF. FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ÁVILA.- Diputado Secretario.- C.P. RAFAEL CANDELAS SALINAS.- Rúbricas y Diputado Secretario.- C.P. MOISÉS GARCÍA RIOS.
DADO en el Despacho del Poder Ejecutivo, a los nueve días del mes de enero del año dos mil uno.
LIC. RICARDO MONREAL ÁVILA.
LIC. ARTURO NAHLE GARCÍA."
VIII. Inconforme con el referido Decreto, José Ramón Medina Padilla, ostentándose como Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Zacatecas y como apoderado del mismo, mediante escrito presentado ante la H. Quincuagésima Sexta Legislatura de dicho Estado, el diecisiete de enero del año en curso, promovió juicio de revisión constitucional electoral, el que en lo conducente, a la letra dice:
1. Mediante Decretos 71 del 17 de julio de 1999 y 188 del día 7 de octubre del año próximo pasado, respectivamente, publicados en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, fueron aceptadas las renuncias de los Licenciados Cuauhtémoc Rodríguez Aguirre y Margarita Rayas Castro, quienes fungían como Magistrados de las Salas de Primera y Segunda Instancia, respectivamente.
2. Respecto de este asunto, el artículo 102 de la Constitución Política del Estado, establece que los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán designados por la Legislatura del Estado y a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por lo que en fecha 30 de noviembre del año próximo pasado se presentaron mediante oficio 1817/III/200, por parte del Magistrado Felipe Borrego Estrada, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, para consideración de la LVI Legislatura del Estado dos ternas de candidatos a efecto de que se nombraran dos Magistrados del Tribunal Estatal Electoral en virtud de existir vacantes en la Salas de Primera y Segunda Instancia, lo anterior se hizo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 102 de la Constitución Política del Estado; así como por los artículos 17 fracción VIII y 23 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
La terna presentada para la Sala de la Primera Instancia estaba integrada por los licenciados María de Jesús González García, Manuel Carrillo Loera y Martín Beltrán Saucedo
3. Es importante dejar claro desde este momento las fechas y tiempos en que se han realizado los actos de la Legislatura del Estado, pues existe una disposición que es la Ley Orgánica del Poder Judicial que en su artículo 146 señala el procedimiento para la designación de los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral y que textualmente señala:
Fracción IV.- La Legislatura del Estado, o en su caso la Comisión Permanente, elegirá dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la propuesta, a los Magistrados Electorales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
Como lo hemos visto en el punto 2 de antecedentes, el oficio de entrega de propuestas por parte del Presidente el Tribunal Superior de Justicia está fechado el 30 de noviembre, por lo que dicho asunto debió resolverse conforme a los señalado en el precepto legal que antecede, dentro de los ocho días siguientes, es decir, a más tardar el día 8 de diciembre, incluso.
4. Con posterioridad el día 26 de diciembre, cuando ya se había excedido en mucho el termino a que acabamos de hacer alusión, el Pleno de la Legislatura sesionó para determinar sobre la presentación de las ternas sometidas a consideración por el Tribunal Superior de Justicia, para lo cual se presentó a discusión y votación el Dictamen elaborado por la Comisión Legislativa de Justicia, determinándose la devolución del mismo al colectivo dictaminador para que se solventaran sendas deficiencias documentales y procesales propias para la designación correspondiente.
En este apartado, es importante señalar que el Diputados Leonel Gerardo Cordero Lerma, quien es también integrante de la Comisión Legislativa de Justicia, presentó ante el Pleno de la Legislatura del Estado su Voto Particular mediante el cual disentía del Dictamen de dicha Comisión, el cual por economía nos permitimos tener por reproducido en todas y cada una de sus partes, como argumento de hecho y del cual anexamos copia fotostática certificada.
En su documento, el Diputado Leonel Cordero hacía referencia a las infracciones que se estaban cometiendo en el procedimiento señalado por la Ley para la designación de los Magistrados Electorales, como lo era el término para hacer tal designación,
5.- Posteriormente, en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día 4 de enero del año 2001, en la que se eligió a la Magistrada en referencia, el Decreto que hoy impugnamos fue votado por 7 de los 11 diputados que integran la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado; en relación con dicha votación se hace necesario citar lo que la Ley señala respecto de este asunto:
Artículo 102 párrafo segundo:
"Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán designados por la Legislatura del Estado con voto de los dos tercios de sus miembros presentes a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia..."
Artículo 68 son facultades de la Comisión Permanente:
Fracción VIII.- Nombrar, en los períodos de receso de la Legislatura, a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.
Artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Fracción IV:
La Legislatura del Estado, o en su caso la Comisión Permanente, elegirá dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la propuesta, a los Magistrados Electorales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.
De lo anterior se deduce que la votación emitida por la Comisión Permanente no fue la que exige la Constitución Política del Estado y la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues los dos tercios de la votación son 7.333 y no 7, por lo que no se cumple con la disposición legal invocada, pues ésta señala concretamente dos tercios y no la señalada. Respecto de las fracciones resultantes, por lo que en estricto apego a derecho, la votación requerida para dicho nombramiento era de 8 diputados.
Para mayor abundamiento de nuestro dicho, la relación de 7 sobre 11 (0.6363...) es menor que lo requerido por la Ley que son dos terceras partes (0.6666...); ES DECIR: LA VOTACION MÍNIMA DE DIPUTADOS SERÍA LA DE 8, YA QUE LA RELACION DE 8 A 11 (0.7272) ES LA FRACCIÓN QUE SATISFACE EL EXTREMO LEGAL EXIGIDO.
Cabe hacer mención que, al igual que en la discusión del Dictamen presentado por la Comisión de Justicia ante el Pleno de la Legislatura, al mismo tiempo que la comisión legislativa presentó PARA SU DELIBERACIÓN Y VOTACIÓN por la Comisión Permanente la resolución aquí impugnada, el Diputado Leonel Cordero Lerma presentó nuevamente su voto particular mediante el cual impugnaba el contenido y procedimiento del Dictamen finalmente aprobado. Lo anexo como reforzamiento del hecho.
Existe otra violación al proceso constitucional legislativo que es indispensable mencionar:
La Comisión Permanente violó el proceso legislativo constitucional y reglamentario, para la designación del Magistrado Electoral, puesto que los decretos remitidos y rubricados sólo por dos miembros de la Mesa Directiva al Ejecutivo se hacen burlando los artículos 62 fracciones I y V, 63 y 64 de la Constitución Política del Estado.
También se violan el 95, 121, ( INVOCADOS COMO FUNDAMENTO LEGAL en el cuerpo del mismo PARA EMITIRLO) 132 y 135 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, imperativos obligatorios para que los ordenamientos aprobados por la Legislatura entren en vigor, según lo establecido en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Si revisamos el Dictamen que se sometió a consideración de la Comisión Permanente, se puede constatar (y está en el archivo oficial de la Legislatura), cómo además de modificar los términos del Considerando Cuarto, no forman parte de su contenido CUATRO artículos que se "agregan" (sin que ninguna instancia legislativa tenga atribuciones legales para dicha acción) al Decreto Número 01.
Dicho Decreto fue publicado en el Periódico Oficial del día 13 de enero del año 2000, (y un artículo transitorio establece que la vigencia de dicho decreto se inicia con su expedición) Los cuatro artículos agregados que los diputados sufragantes no conocían hasta que se publicaron en el Periódico Oficial nueve días después de la correspondiente designación, es en los hechos un claro abuso de autoridad de quien lo hace y una burla al resto de los diputados y a la Legislatura como Poder Legislativo. (Violando los artículos 132 y 135 del Reglamento Interior del Poder Legislativo).
Aquí quiero resaltar, sin embargo, un elemento del derecho legislativo. Los Decretos emitidos por la Legislatura no pueden entrar en vigor el día de su expedición, a pesar de que la Legislatura así lo haya determinado en este caso. Refuerzo:
Primero.- En el artículo 64 de la Constitución Política del Estado se establece que "toda resolución de la Legislatura tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo; (y que) las leyes y los decretos se comunicarán al Ejecutivo ...para su promulgación y publicación";
Segundo.- En relación con el artículo 64, previamente se establece en el artículo 63 de la Constitución Local 1o siguiente: "Las leyes y decretos serán promulgados por el Gobernador del Estado. Sus disposiciones serán obligatorias y surtirán efectos a partir de su publicación en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, salvo que en los propios ordenamientos se establezcan expresamente otros plazos para su aplicación".
Tercero.- Es decir, como dicta la premisa, la publicación de cualesquier ley o decreto es requisito "sine qua non" (SIN EL CUAL NO) las disposiciones contenidas en su cuerpo no pueden surtir efectos. La salvedad de la última parte del artículo 63 constitucional es aplicable para plazos posteriores a su publicación, pero nunca a priori, puesto que eso sería atentatorio de las facultades del Poder Ejecutivo a promulgar o vetar una resolución legislativa, establecida en el artículo 62 constitucional, como última instancia sancionadora de todo el proceso constitucional legislativo.
¿Qué pasaría, para el caso que nos ocupa, si el Ejecutivo decidiera vetar cualesquiera de los decretos emitidos por esta Legislatura haciendo observaciones a cualesquiera de los Magistrados designados; los Decretos ya son vigentes, según la Legislatura; es más, ya hasta entraron en funciones los Magistrados Electorales. Y si tuviera que rehacerse el proceso, ¿cómo se le notificaría a alguien a quien ya se le tomó la protesta constitucional como servidor público?:
Cuarto.- A la Legislatura del Estado sólo se le tienen permitidas dos excepciones constitucionales para ordenar una publicación y vigencia legal de dos normas, sin la promulgación por el Ejecutivo: la expedición de su Ley Orgánica y su Reglamento Interior; pero no más y por ningún motivo y sin ninguna excepción. (Artículo 65 fracción IV)
Aun esos casos, las leyes en mención no entran en vigor sino hasta el día siguiente de su publicación y no el día de su expedición.
Quinto.- El Capítulo Octavo del Reglamento Interior del Poder Legislativo, que en su artículo 132 establece que "Las minutas serán de Ley o Decreto. (y) Contendrán exactamente lo aprobado por la Legislatura, sin más variaciones..." (que las elaboradas por la Comisión Legislativa de Corrección y Estilo, limitadas al buen uso del lenguaje y a la claridad en lo enunciado).
Para mayor precisión: el artículo 135 de Reglamento Interior del Poder Legislativo señala: "Tratándose de Minutas de Ley o Decreto, se estará a lo siguiente:
I.- Deberán coincidir exactamente con el articulado que el proyecto respectivo contenga al ser aprobado en lo general y en lo particular del Pleno".
Mientras tanto, el artículo 136 del mismo Reglamento Interior establece que "Toda Minuta de Ley o Decreto seguirá el trámite previsto por el artículo 45 de la Constitución (ahora 62).
Revisando el dictamen que se votó en la sesión mencionada, vemos como a pesar de que se hizo una designación que constitucionalmente requiere una votación calificada, el dictamen no tiene fecha de inicio de vigencia, ni se solicita que el contenido del mismo sea publicado en el Periódico Oficial.
Quiero subrayarlo y remarcarlo: la exigencia constitucional, legal y reglamentaria para que los ordenamientos de la Legislatura SEAN VIGENTES previa publicación obligada de los Decretos en el Periódico Oficial, ha sido violentada por la Legislatura del Estado, al darle validez a LAS RESOLUCIONES legislativas y tomarle protesta a los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral, puesto que su designación aun no cumplía con todos los requisitos constitucionales, ya que no se había cumplido con los extremos establecidos en los artículos 63 y 64 de la Constitución Política del Estado.
Los decretos emitidos aún no eran promulgados y publicados por el Ejecutivo del Estado, y por lo tanto, la Legislatura no observó todas las prescripciones constitucionales, legales ni reglamentarias antes de tomar la protesta constitucional a dichos servidores públicos, que igual ya están ejerciendo un cargo público indebidamente.
A) El Primer concepto de Violación con el decreto emitido por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas es la Fracción III del Artículo 116 Constitucional que textualmente señala:
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas.
III.- El poder judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas;
La independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes Judiciales de los Estados;
C) El Precepto Constitucional que señalamos como transgredido en este numeral, se viola, puesto que para la presentación de la terna para nombrar a los Magistrados por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debió consultar a los Partidos Políticos, pues el artículo 102 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas textualmente dispone:
Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán designados por la Legislatura del Estado con voto de los dos tercios de sus miembros presentes, a propuesta del pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual tendrá la obligación de realizar consulta previa con los partidos políticos representados en la Legislatura...
En el caso concreto, lo ordenado por la Constitución Política del Estado de Zacatecas, fue ignorado tanto por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia como por la Comisión Permanente de la Legislatura, pues como ya lo señalamos en el apartado de antecedentes, el Diputado Leonel G. Cordero Lerma, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia emitió su opinión personal distinta a la del resto de los integrantes de dicha Comisión, en la cual entre otras cosas, hacía del conocimiento de la Comisión Permanente, que el procedimiento señalado en la Constitución referente a la consulta previa a los Partidos Políticos, que posteriormente quiso corregirse, no se había cumplido, por lo que en su opinión personal no se habían agotado los presupuestos legales señalados por la Constitución Política del Estado para la presentación de la terna para designar a los Magistrados Electorales; pero dicha observación, también fue ignorada por los Diputados tanto en la sesión del pleno legislativo como en la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado, aún cuando se trataba de una disposición Constitucional, pues ésta es muy clara al señalar la obligatoriedad de consultar previamente a los partidos políticos, y más aún, se le hizo un requerimiento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia mediante oficio para saber si había consultado, como lo marca la ley, a los Partidos Políticos para presentar su terna y su respuesta fue negativa.
Como se puede ver fácilmente, en su respuesta a la Legislatura, mediante oficio de 15 de diciembre de 2000, no aparece antecedente de que hubiera cumplido con esa obligación constitucional, y lo que es más, los dirigentes de los Partidos Políticos del Estado de Zacatecas, nunca recibieron información al respecto por parte del Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. En el proceso posterior de presunta consulta del Poder Judicial, se ignoró el resto del proceso.
En este asunto es importante resaltar que la Constitución del Estado en su artículo 102 se refiere a la consulta con los Partidos Políticos representados en la Legislatura, y en este asunto, ciertamente como se puede desprender del oficio en que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia da respuesta al requerimiento de la Comisión Legislativa de Justicia, donde señala que platicó con los lideres de las fracciones legislativas de los partidos que conforman el órgano legislativo; pero, debe quedar claro que los partidos políticos a nivel estatal como tales, no son representados por los diputados de dicho instituto político; sino que su representación corre a cargo de los presidentes y secretarios generales de los mismos en el Estado correspondiente, y al señalar la Constitución Política del Estado a los Partido Políticos, debe entenderse que su representación estatal como instituto político está a cargo del Presidente y/o del Secretario General, y no sus fracciones legislativas, por tanto, queda claro que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas, no agotó, en el inicio del procedimiento, este presupuesto legal para la conformación de las ternas presentadas a la Legislatura del Estado. La ley no contempla un segundo momento para la consulta, como lo pretendió hacer el Poder Judicial.
Con todo lo anterior se consolida la violación por parte, tanto del Tribunal Superior de Justicia al no agotar, en el plazo legal, lo señalado por el Artículo 102 párrafo segundo de la Constitución, y por otra parte se viola por parte de la Comisión Permanente de la Legislatura del Estado de Zacatecas, lo señalado por el Artículo 116 Constitucional referente a que las constituciones y leyes orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los Estados, puesto que no respetaron las disposiciones legales que hemos señalado para la designación del Magistrado de la Sala de Primera Instancia.
D) Pero eso no es todo, respecto de la designación de Magistrados Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en su articulo 146 fracción IV señala:
Fracción IV -La Legislatura del Estado o en su caso la Comisión Permanente, elegirá dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la propuesta, a los Magistrados Electorales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
Por su parte la fracción V de este mismo articulado, señala:
Fracción V -Si no es electo el candidato, conforme se señala en el inciso anterior, se notificará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia para que presente nueva propuesta la cual deberá enviarse dentro de los cinco días posteriores a la recepción de la nueva propuesta.
Como se puede percibir, La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, tiene previstos los términos para la designación de los Magistrados Electorales, pero la Legislatura del Estado no acató dichas disposiciones, pues con la simple lectura de la fecha de presentación del Oficio de las propuestas a cubrir las vacantes de los Magistrados electorales, y la lectura de la fecha en que sesionó la Comisión Permanente de dicha Legislatura para resolver sobre este asunto, se puede ver que los términos fueron rebasados en exceso. Tampoco en la reposición del procedimiento, el Poder Judicial cumplió con los plazos legales establecidos en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
II Con todo lo anterior se viola el Artículo 116 Constitucional especialmente en su fracción IV en varios de sus incisos, los cuales por considerarlo absolutamente necesario me permito transcribir haciendo algunas apreciaciones en cada uno de ellos.
Fracción IV. Las Constituciones y Leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
b).- En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
La Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado también tiene a su cargo la elaboración de las leyes, y a nivel local, en dichas leyes de acuerdo con lo señalado por el párrafo segundo de la fracción III del artículo 116, está garantizada la independencia de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial de nuestro Estado, pero dicha garantía se ve deteriorada, cuando el órgano legislativo viola el principio de legalidad invocado en el párrafo anterior, al no aplicar correctamente las normas que ese mismo órgano ha implementado para la designación de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, y con las violaciones que hemos puntualizado queda en entredicho la independencia e imparcialidad de dichos funcionarios electorales, en la impartición de la justicia electoral.
Por otra parte, dentro de esta misma fracción IV del Artículo 116 Constitucional pero en su inciso b) señala:
b) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;
Todas la disposiciones legales que hemos invocado a lo largo de nuestro escrito de revisión constitucional han sido transgredidas por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero especialmente por la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura, ambos del Estado de Zacatecas.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, me permito manifestar:
a) El acto que reclamamos de la Legislatura del Estado es definitivo y firme.
b) Como lo hemos precisado a lo largo de nuestra demanda, con el acto que reclamamos de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado se han violado preceptos constitucionales sustanciales en la materia electoral.
c) La violación que reclamamos, puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de las elecciones, dado que las personas que han sido designadas como Magistrados del Tribunal Estatal Electoral por parte de la Legislatura del Estado, son quienes resolverán todos los recursos que se tramiten en el transcurso del proceso electoral, y además resolverán sobre el resultado final de las elecciones locales en el Estado de Zacatecas.
d) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible, pues apenas nos encontramos en la etapa de preparación de proceso electoral.
1. Causa agravio a la parte que represento las violaciones en que incurrió la LVI Legislatura del Estado de Zacatecas, en el Decreto que en este acto se impugna en virtud de que los ordenamientos violados son normas generales de orden público y de observancia obligatoria, por lo que toda autoridad está obligada a su observancia y debido cumplimiento.
2. La violación al artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su párrafo segundo, lesiona el derecho que nos concede como partido político dicho ordenamiento, pues deja sin efecto las consecuencias jurídicas de las observaciones a los candidatos a Magistrados Electorales, es decir, la posibilidad de que en igualdad de oportunidades los partidos políticos representados en la Legislatura hayan sido consultados previamente a la elección sobre la propuesta de los aspirantes a ocupar esos cargos.
3. Resulta igualmente agraviante para mi partido el hecho de que el Decreto impugnado obstruya uno de los fines que como partido político nos otorga la Constitución Federal: Promover la participación del pueblo en la vida democrática, como lo es en este caso, promoviendo una real profesionalización e imparcialidad del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, a través del conocimiento directo de las personas propuestas para integrar dicho órgano que la propia Constitución Local otorga como un derecho a los partidos políticos.
4. Si se toma en cuenta que la integración de los órganos electorales constituye un acto de preparación y organización del próximo proceso electoral, resulta también agraviante que con el ilegal Decreto que se combate, se nos conculque el derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de dicho proceso electoral, derecho que nos otorga el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por todo lo antes expuesto y fundado a este H. Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación atentamente solicito:
Primero. Tenerme por presentado promoviendo juicio de revisión constitucional en contra del Decreto No O1 del 2001 a que hemos hecho referencia.
Segundo. Se reconozca la personalidad del promovente y el carácter con el que promuevo en representación del Partido Acción Nacional de Zacatecas.
Tercero. Se nos tengan por ofrecidos todos y cada uno de los documentos que anexamos para acreditar nuestras pretensiones, incluyendo los referentes a la personalidad del promovente.
Cuarto. Se declare la nulidad del Decreto No. 01 publicado el día 13 de enero del año en curso, por el cual se eligió al Magistrado a integrar la vacante de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Zacatecas, emitido por la Comisión Permanente de la Legislatura de esa misma entidad federativa."
IX. EL día dieciocho siguiente, dicha Legislatura, por conducto del Oficial Mayor, hizo saber a esta Sala Superior de la interposición del referido medio de impugnación, recibiéndose el mismo y sus anexos, en la Oficialía de Partes de dicha Sala el inmediato veinte de enero del año que transcurre. Entre los anexos, consta el informe circunstanciado que rindió el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la responsable, mismo que fue ratificado por el Presidente de la Comisión Permanente de la citada Legislatura, según escrito recibido en esta Sala, el veinticuatro de enero del año en curso.
X. Por proveído del veintidós de enero del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior y ordenó la integración del expediente en que se actúa, ordenando remitir los autos a su propia Ponencia, para el efecto de la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente, turno que se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-049/01, de la Secretaría General de Acuerdos de este órgano colegiado.
XI. Por escrito recibido el lunes veintinueve de enero de dos mil uno, Miguel Ángel Trejo Reyes, acreditándose como diputado de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, formuló diversos alegatos, por lo cual su escrito se anexó a los autos a efecto de que surtan los efectos legales conducentes, y en la misma fecha, se recibió oficio y certificación, en el sentido de que no compareció ningún tercero interesado debidamente legitimado a esta instancia constitucional.
XII. Por auto del seis de febrero de dos mil uno, el Magistrado Instructor acordó radicar el juicio de revisión constitucional de mérito, admitirlo por no advertir causal de improcedencia alguna, y en consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, acordó cerrar la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia; y
PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, párrafo primero, fracción I, inciso e) y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 3, párrafo 1, inciso a), 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político en contra de un acto administrativo electoral de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, la cual actuó como autoridad electoral de una entidad federativa, al emitir el Decreto número 01, relativo a la designación de María de Jesús González García, como Magistrada la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, órgano jurisdiccional, éste último, al que el artículo 102 de la constitución local, le atribuye la calidad de máxima autoridad judicial en la materia electoral, y por ello, dicho acto se sitúa dentro de los emitidos por autoridad electoral de una entidad federativa, al haber electo a uno de los integrantes de uno de los órganos competentes para resolver las controversias que se deriven de la celebración de los comicios.
Al respecto, cabe sostener que es la naturaleza del acto, es decir, si es de carácter electoral o no, y la calidad con que actúa la autoridad que lo emite, lo que determina la competencia de esta Sala Superior, para lo cual se exponen los siguientes razonamientos:
En efecto, en el presente caso se reclama la designación de una persona al cargo de Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Zacatecas. Aun cuando tal designación se realizó mediante decreto emitido por la Comisión Permanente de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura de dicha entidad federativa, ese acto de designación es tanto materialmente administrativo, como de naturaleza electoral, lo cual permite ubicarlo en los preceptos citados anteriormente para fundar la competencia de esta Sala Superior.
Tanto a nivel federal como a nivel estatal, los actos que realizan los Supremos Poderes admiten ser considerados desde un punto de vista formal, o bien, desde un punto de vista material. El primero de tales puntos de vista atiende a la calidad del órgano del cual el acto proviene; en tanto que el segundo se basa en la naturaleza intrínseca del acto, lo cual permite clasificarlo en administrativo, legislativo o jurisdiccional.
Aun cuando el acto reclamado en este juicio proviene de un órgano legislativo, tal acto no tiene materialmente esa naturaleza, porque no se está ante la presencia de la emisión de una norma general, abstracta e impersonal, sino que se trata de la designación de un funcionario judicial, lo cual, desde un punto de vista material, implica un acto de naturaleza administrativa.
Además de dicha naturaleza administrativa, el acto de designación mencionado es también electoral, porque el nombramiento de la referida funcionaria judicial, se hizo para la integración de un órgano jurisdiccional con competencia para resolver asuntos comiciales, cuya existencia es indispensable en un proceso electoral, puesto que en atención a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, 116, fracción IV, incisos b), c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 y 42 de la Constitución Política Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, los actos que se emitan en la función electoral deben estar apegados al principio de legalidad, lo cual queda garantizado mediante la implementación de un sistema de recursos, cuyo conocimiento y resolución corre a cargo de órganos jurisdiccionales, como el integrado con la designación materia del decreto reclamado. De manera que sin la participación de esos órganos jurisdiccionales en un proceso electoral, los referidos preceptos constitucionales se verían desprotegidos.
La importancia de la integración de un órgano jurisdiccional electoral y la observancia al principio de legalidad mencionado, lleva a considerar que el ámbito de lo electoral, en el que se incluye la justicia electoral, comprendan, en lo atinente a ésta: "todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa, mediante la celebración de elecciones periódicas y justas, a través del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integración de los órganos de representación política", tal y como se expresó en el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Primera Sección, Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Estudios Legislativos, Primera Sección de la Cámara de Senadores, respecto a la iniciativa presentada por los Coordinadores de Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos, representados por la Cámara de Senadores, así como por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En la parte conducente y en lo que interesa a este asunto, en dicho Dictamen, se lee lo siguiente:
‘El concepto de "justicia electoral" posee varias connotaciones. En su acepción más difundida alude a los diversos medios jurídicos y técnicos de control, para garantizar la regularidad de las elecciones al efecto de corregir errores o infracciones electorales. La finalidad esencial ha sido la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o bien, a ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de derechos establecidos a favor de los ciudadanos, candidatos o partidos políticos, para pedir o enmendar cualquier violación que afecta la libre expresión de a voluntad ciudadana manifestada a través del voto.
En un sentido amplio, la justicia electoral, se refiere a todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa, mediante la celebración de elecciones periódicas y justas, a través del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integración de los órganos de representación política, que garanticen y fomenten la libertad de asociación, reunión y expresión de las ideas políticas, acceso equitativo al financiamiento de las campañas y respeto al pluralismo.
El proceso de juridicidad del derecho no es ajeno a la expectativa liberal de limitación del poder, sometiéndolo al derecho. No basta, para completar el panorama de la nueva legitimación liberal del poder, con que su ejercicio quedara sometido al derecho, es necesario igualmente que el propio acceso al poder se realice mediante un procedimiento reglado.
Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jurídicas para que pueda hablarse de un verdadero estado de derecho. Debemos recordar siempre que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones y cuya observancia es de importancia fundamental en todo estado de derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta, a los vigentes ordenamientos jurídicos.
Es por ello que todas las fases del proceso electoral deben ajustarse estrictamente a las normas jurídicas aplicables y a su recta interpretación, desde la fase previa del registro y empadronamiento de los ciudadanos con derecho al sufragio, hasta la etapa casi final de la decisión de los recursos y el paso definitivo de la calificación electoral. En ningún momento el proceso electoral debe abandonar el cauce legal. Debemos evitar de una vez y para siempre que los conflictos postelectorales se diriman al margen del derecho y que se destierren las negociaciones cupulares que negocian, al margen de la voluntad ciudadana, los votos emitidos.
En estos momentos, cuando efectivamente se trata de someter al derecho y a la revisión de los tribunales el acceso al poder además de su ejercicio, se pretende completar el circulo que delimita la legitimidad y la legalidad democráticas. El poder al que se le exige legitimidad por el origen y legitimidad en el ejercicio, las consigue mediante el sometimiento a la legalidad, misma que garantiza la justicia en los procesos de acceso al poder y la democraticidad de los mismos. Por ello mismo, se busca que el principio de legalidad quede plenamente incorporado a nuestra legislación electoral."
En este sentido, las propuestas que contiene la iniciativa que hoy se dictamina representan un avance trascendental para la consolidación de una verdadera justicia electoral. Por principio de cuentas, se incorpora plenamente el Tribunal Federal Electoral al poder judicial de la federación y lo hace como un órgano especializado del mismo y a sus integrantes se les dará el mismo tratamiento que a los demás integrantes de este poder.
De esta manera, al darse al concepto "electoral" la amplitud que es posible desprender de la anterior transcripción, en aras de la estricta observancia al principio de legalidad, queda claro que la integración de un órgano, cuya participación es absolutamente indispensable en un proceso electoral, tiene la naturaleza material de acto administrativo electoral, el cual no sólo debe estar apegado a los principios que rigen el ámbito electoral, sino que queda comprendido en la clase de actos que admiten ser examinados en cuanto a su constitucionalidad y legalidad a través del juicio de revisión constitucional electoral.
Además, en cuanto al presente asunto, es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en la elección de una persona que fungirá como magistrado en el Tribunal Electoral de Zacatecas, el cual, finalmente, se traduce en la integración del órgano que resolverá las controversias que surjan en los comicios locales.
La determinación del Congreso Local de Zacatecas, relativa a la elección de la Magistrada aludida, necesariamente se constituye en un acto de carácter evidentemente electoral, que se dictó en la preparación del proceso electoral y en este sentido, es un acto que debe considerarse propiamente de organización y preparación de las elecciones, en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral se llevan a cabo, previamente, al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.
Conforme con lo antes expuesto, al establecerse en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la Ley, sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, debe interpretarse en forma amplia y no limitada, pues no proceder así implicaría ir en contra del propósito perseguido por el poder revisor de la Constitución, al realizar las reformas constitucionales en materia electoral en mil novecientos noventa y seis, en el sentido de sujetar cualquier acto relativo a la organización y realización de las elecciones para renovar a los poderes públicos, tanto federales como locales, al principio de legalidad, y para lo cual es necesario que en caso de existir una posible irregularidad, la misma sea sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que exista pleno respeto del mismo.
En este sentido, es importante tener presente que en el dictamen de la reforma referida, expresamente se evidencia el propósito de que respecto de "todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa" (por lo cual es claro que la integración de un tribunal electoral, en ejercicio de una atribución legal, es decir, que estaba prevista en una ley, es una de esas medidas), se debe permitir la actualización de ese control de constitucionalidad contemplado en la Constitución Federal a cargo de la Sala Superior, para que revise "la adecuación de toda conducta", si bien no propiamente realizada dentro de una de "las fases del proceso electoral", pero que por la relevancia del acto de autoridad, genérica y materialmente entendido como administrativo, realizado por el Congreso del Estado de Zacatecas, desde luego, es susceptible de impugnarse por medio del juicio de revisión constitucional electoral, ya que nítidamente está comprendido en el ámbito material de validez de la norma constitucional en la que se prevé la competencia genérica del Tribunal Electoral: "...actos ...definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo...". Artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV.
En este orden de ideas, debe tenerse presente que el recto sentido de la norma por la cual se delinea la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ahora aquí se estudia para considerar que está comprendido el acto realizado por el Congreso del Estado de Zacatecas, viene delimitado también por el principio que parte del artículo 17, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, cuando se establece que está prohibida la autocomposición y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva para el individuo.
Además, en adición a lo antes señalado, es necesario precisar que en el artículo 41, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder revisor de la Constitución dispuso que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecería un sistema de medios de impugnación, que tendría entre sus propósitos, el de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.
En este mismo sentido, el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe ser interpretado atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la misma ley, es decir, cuando, en el primero de los citados artículos, se dispone que el juicio de revisión constitucional electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, en una interpretación sistemática y funcional, así como considerando que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, es necesario considerar que en el caso concreto, como ya se ha señalado, el Congreso del Estado de Zacatecas actuó como autoridad electoral, teniendo presente que la elección impugnada es un acto que debe considerarse como de organización de las elecciones, en un sentido amplio, sin restringirlo únicamente a los actos que, dentro del proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.
Asimismo, es necesario tener presente la tesis relevante de esta Sala Superior, identificada con la clave S3EL 040/97, cuyo rubro es PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, visible en las páginas 58 y 59 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 1, año 1997, en la cual se sostiene que de conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que, por primera vez, en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, a las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos, como para efectuar la revisión de su constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.
Interpretar de otra manera las disposiciones antes referidas, implicaría que pudieran existir actos o resoluciones evidentemente de carácter electoral, con trascendencia en el desarrollo del proceso electoral y en el resultado mismo de los comicios, que no podrían ser del conocimiento y resolución por parte del órgano jurisdiccional electoral federal competente, lo que implicaría que en esos casos pudieran darse violaciones al principio de legalidad, que no serían susceptibles de ser impugnadas, y en su caso, reparadas a través de uno de los medios de impugnación en materia electoral previstos constitucional y legalmente, con lo que se estaría desatendiendo el propósito del Constituyente Permanente, mismo que ha quedado evidenciado en las citas antes precisadas.
En consecuencia, si el acto impugnado en este juicio es de naturaleza administrativa electoral y es determinante para el desarrollo del proceso electoral correspondiente, debe estimarse que se encuentran actualizados los preceptos citados al principio del presente considerando, con lo cual, también queda colmado el propósito del Constituyente Permanente, en el sentido de que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad, para lo cual se estableció el sistema de medios de impugnación y la implementación de órganos jurisdiccionales para el conocimiento y resolución de éstos, según es posible advertir en preceptos tales como los artículos 41, fracción IV, 99 y 116, fracción IV, incisos c) y e) de la multicitada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Similar criterio ha sido sustentado por esta Sala Superior, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral, identificados con los números de expediente: SUP-JRC-391/2000, SUP-JRC-424/2000 y SUP-JRC-425/2000 acumulados, SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000 acumulados, SUP-JRC-460/2000 y SUP-JRC-004/2001.
En conclusión, al demostrarse la competencia de esta Sala Superior para conocer de este juicio, resulta infundado el alegato de la autoridad responsable en el sentido de que este juicio debe desecharse de plano, por considerar que la Comisión Permanente de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura de Zacatecas no es autoridad para organizar los comicios locales.
SEGUNDO. Los requisitos de procedibilidad de este juicio, previstos por los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cumplen, en atención a lo siguiente:
1. Plazo de interposición. El requisito de oportunidad en su presentación, previsto en el artículo 8 de la Ley General citada, está satisfecho, dado que el decreto combatido se tuvo por notificado al partido actor el día trece de enero de dos mil uno, en virtud de que en esa fecha se publicó en el Periódico Oficial de aquella entidad federativa, y el escrito respectivo se presentó el diecisiete del mismo mes, de tal suerte que el juicio se promovió dentro del plazo de los cuatro días que establece el artículo que se cita.
2. Requisitos fundamentales para su legal presentación. Estos requisitos, previstos por el artículo 9 de la ley de la materia, se cumplen, ya que: la demanda se hizo valer ante la autoridad responsable y tal escrito cumple las exigencias formales previstas en dicho precepto, como son, el señalamiento del nombre del actor, el del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución reclamados, el ofrecimiento y aportación de pruebas así como el asentamiento de nombre y firma autógrafa de quién promueve a nombre del directamente agraviado.
Además, dicho instituto político cuenta con interés jurídico para hacerlo valer, porque; en primer lugar, el artículo 102, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y el artículo 146, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, prevén la participación de los partidos políticos con representación en la Legislatura, en el procedimiento para la integración de las Salas del Tribunal Estatal Electoral, a través de la consulta que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia hace a los dichos institutos políticos; y en segundo lugar, en virtud de que esta Sala Superior ha reconocido reiteradamente, que los partidos políticos se encuentran en condiciones de impugnar los actos previos a los comicios, que resulten fundamentales para la validez de éstos; pero que a pesar de ello, en la ley no se contemple, que otros sujetos se encuentren facultados legalmente para combatirlos mediante la interposición de recursos.
3. Legitimación y personería. También se cumple el requisito relativo a la legitimación y personería del promovente, en virtud de que el juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, pues conforme a lo previsto por el artículo 88, párrafo 1, inciso a) de la Ley en cita, este juicio sólo puede ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos.
Se cumple, con independencia de que la autoridad responsable en su informe circunstanciado sostiene que debe desecharse de plano la demanda en virtud de que José Ramón Medina Padilla carece de legitimación y personería para promover, ya que no obstante que se ostenta como presidente del Partido Acción Nacional en Zacatecas, tal personería no se la reconoce la Legislatura de dicho estado, toda vez que dicho ciudadano no acredita tener facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido político que dice representar.
El requisito en comento se estima satisfecho, toda vez que si bien es cierto que José Ramón Medina Padilla se ostenta como presidente del partido actor en el estado referido, también lo es que en el primer párrafo del escrito de demanda, dicho promovente manifiesta que para los efectos de tal juicio, acredita su personería con la copia del poder otorgado en su favor, según instrumento levantado bajo el número 6287, del libro 128, de la Notaría Pública Número 167 del Distrito Federal, a cargo de su Titular, Licenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes.
En efecto, obra en autos copia simple del referido instrumento notarial y del instrumento notarial antecedente, por virtud del cual se acredita la legitimación de las personas que le otorgaron el poder al ahora promovente. En relación a que de dichos documentos solamente obran copias simples en autos, cabe decir que esta Sala Superior tiene pleno conocimiento de que en el expediente SUP-JRC-005/2001, existente en dicha Sala, promovido por el mismo partido, la misma persona, en contra de la misma autoridad, y en general por los mismos conceptos de agravio, pero respecto de diferente acto, y en el mismo expediente obra la copia certificada de los documentos antes referidos, motivo por el cual, previo acuerdo del Magistrado Instructor, el Secretario Instructor compulsó copia, la certificó y agregó a los autos, con lo que queda debidamente subsanada tal situación. Ello se hace por economía procesal, toda vez que si esta Sala tiene conocimiento de que un promovente como en el caso tiene debidamente acreditada su personería en otro expediente que es de su conocimiento, por las razones expuestas, sería ocioso formular requerimiento para los efectos del acreditamiento de la citada personería, máxime que se está en presencia de un procedimiento jurisdiccional sumarísimo que no admite demora en su resolución.
Ahora bien, de los aludidos documentos notariales se desprende que ante Notario Público se protocolizó el nombramiento del Licenciado Luis Felipe Bravo Mena como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional; asimismo, queda demostrado que dicho ciudadano en representación del referido instituto político nacional otorgó poder, entre otros, al Doctor José González Morfín y a la Profesora Cecilia Romero Castillo. También quedó acreditado que estos últimos ciudadanos tienen facultades de otorgar poderes generales o especiales.
Por tanto, con dichas atribuciones, los mencionados Doctor José González Morfín y la Profesora Cecilia Romero Castillo, otorgaron a favor de Ramón Medina Padilla en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido referido en Zacatecas poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, motivo por el cual se acredita, fehacientemente, que José Ramón Mediana Padilla cumple los extremos previstos por el artículo 88, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y por ello carece de sustento la pretensión de la autoridad responsable en el sentido de que se deseche esta demanda por tal motivo, y en consecuencia, esta satisfecho en forma plena el requisito en comento.
4. Requisitos especiales de procedibilidad. Por lo que ve a estos requisitos, previstos por el artículo 86 de la mencionada Ley Electoral Federal, están satisfechos, según se razona a continuación:
A. Actos definitivos y firmes. Este requisito se estima satisfecho toda vez que el acto impugnado consistente en el decreto número 01 emitido por la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas es firme y definitivo, toda vez que las determinaciones de dicho cuerpo de representación popular no pueden ser impugnados por ningún instrumento administrativo o jurisdiccional existente en la esfera local, salvo el supuesto de las observaciones o rechazo que puede realizar el Poder Ejecutivo del Estado, evento que en el caso no aconteció.
B. Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este requisito se estima satisfecho, al menos formalmente, cuando, como en el caso a estudio, se hacen valer argumentos en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación del acervo jurídico del enjuiciante.
Tal requisito se considera satisfecho, no obstante que la autoridad responsable sostiene que el decreto cuestionado no vulnera el artículo 116 de la Constitución General de la República, según lo alega el promovente.
Al respecto, cabe sostener que en el escrito de demanda del juicio de revisión constitucional se advierte, que el partido político actor señala que se violó el principio de legalidad electoral, considerando que con la emisión del acto recurrido se violaron los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otros de la Constitución Política Local y de otras leyes ordinarias de dicha entidad, para lo cual formula diversos argumentos a título de agravio. Por tanto, el cumplimiento de tal requisito debe entenderse en un sentido formal y con el único fin de establecer la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral. En consecuencia, para determinar la satisfacción de este requisito, no debe buscarse si realmente se produjeron las conculcaciones a la Constitución, alegadas, puesto que tal cuestión corresponde al examen del fondo del juicio.
Se aplica al caso la tesis de jurisprudencia número J.2/97, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consultable en las páginas 25 y 26 del Suplemento número 1 de la revista "Justicia Electoral", correspondiente al año de mil novecientos noventa y siete, que dice:
"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral.
C. Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.
Lo alegado en los puntos de agravio, sí puede ser determinante para el desarrollo de algún proceso electoral, puesto que como se ha visto, el acto reclamado consiste en el Decreto número 1, expedido por la Comisión Permanente de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, en el que designó Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral a Maria de Jesús González García. La anterior conclusión resulta cierta, puesto que ha quedado asentado que por disposición constitucional, todos los actos y resoluciones en materia electoral deben sujetarse al principio de legalidad y que para garantizar esta prevención, en la legislación electoral está previsto un sistema de recursos. De manera que si la máxima autoridad jurisdiccional electoral tiene una importante participación en la salvaguarda de dicho principio mediante el conocimiento y resolución de los recursos más importantes en dicho sistema, es patente que la legal integración de esa autoridad jurisdiccional local contribuye, por sí misma, a que tan fundamental principio sea acatado.
Por tanto, si la legalidad en la integración del órgano jurisdiccional se encuentra cuestionada, esta situación trasciende significativamente en el desarrollo del proceso electoral y su resultado, según se dijo en el considerando primero de este fallo, en virtud de que la posible ilegitimidad del órgano que contribuye a la salvaguarda de los actos y resoluciones electorales, podría influir en la certeza y validez de éstos, lo cual restaría confiabilidad a los comicios.
D. Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos.
Estos requisitos se cumplen, con independencia de que la responsable considera que los mismos no están satisfechos, con el argumento de que la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral deberá quedar instalada, a mas tardar, en la semana que inicie el proceso electoral, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, motivo por el cual ya se instaló y la Licenciada María de Jesús González García ya tomo posesión del cargo, ya que revocar el decreto impugnado y reiniciar el procedimiento de elección, generaría incertidumbre jurídica y vacío de poder, al no estar integrada la referida Sala.
Tales requisitos se cumplen, toda vez que el proceso electoral en el Estado de Zacatecas para la elección de diputados y renovación de ayuntamientos, apenas inicia, y en la ley no está prevista un fecha precisa, en la cual concluya la actividad de la integración de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, de ahí que la circunstancia de que la Magistrada designada para integrar la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral haya tomado posesión del cargo y que dicha Sala se encuentre integrada, no lleva la conclusión de que en el caso, las pretendidas conculcaciones alegadas hayan quedado consumadas irreparablemente.
Pero además de lo anterior, debe tenerse presente que lo previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuanto a la fecha establecida para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, está referida a los órganos o funcionarios que fueren electos en algún proceso electoral concreto, sean diputados, senadores o ayuntamientos, entre otros, pero de ninguna manera guarda relación con los funcionarios u órganos que organizan, califican o resuelven las controversias electorales, como son los consejos, institutos o comisiones electorales locales, o bien los tribunales electorales estatales, ni los funcionarios de éstos.
Por lo anterior, carece de todo sustento jurídico la pretensión de que se deseche este juicio, aduciendo que reponer el procedimiento de elección del referido juzgador electoral, generaría incertidumbre jurídica y vacío de poder, ya que en el caso concreto, estamos en presencia de un alegato de improcedencia, sustentado en la elección y toma de protesta de un magistrado integrante de un tribunal electoral estatal, que a todas luces, no es de los funcionarios a que se refiere el numeral legal citado.
A lo anterior, debe aunarse el hecho de que según el artículo 93, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, uno de los efectos de las sentencias dictadas en los juicios de revisión constitucional electoral, es el de revocar o modificar el acto o resolución impugnado, y consecuentemente, proveer lo necesario para reparar la violación constitucional que se haya cometido.
En estas circunstancias, al haberse desestimado las argumentaciones de dicha autoridad sobre la improcedencia de este juicio y al no advertirse alguna causa que conduzca a ese fin, ha lugar a estudiar el fondo de la controversia.
TERCERO. En forma previa al análisis de los argumentos formulados por la parte promovente, y toda vez que la autoridad responsable en su informe circunstanciado sostiene que la demanda no se ajusta a lo establecido en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, arguyendo que la parte promovente introduce un extraño apartado de conceptos de violación con una deshilvanada subdivisión en incisos, olvidando que la categoría conceptos de violación no es aplicable al juicio de revisión constitucional electoral, se hace necesario tener en cuenta la Tesis de Jurisprudencia de esta Sala Superior, número J.2/98, correspondiente a la Tercera Época en materia electoral, aprobada por unanimidad de votos, consultable a fojas 11 y 12 del Suplemento número 2, del año de 1998, de la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, "Justicia Electoral", que a la letra dice:
Por tanto, el concepto de agravio en materia electoral importa la expresión de argumentos por virtud de los cuales se demuestre que se han violado determinados preceptos constitucionales o legales por parte de alguna autoridad en la emisión de algún acto, y que los mismos causan perjuicio al actor, sin importar, como ya se dijo, el lugar en que se expresen dentro del escrito en su conjunto y sin ser relevante la manera como los califique la parte enjuiciante.
Después del análisis integral del escrito del juicio de revisión constitucional, se obtiene que el Partido Acción Nacional arguye que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, al emitir el decreto número 01, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el trece de enero de dos mil uno, por virtud del cual se designó a la Licenciada María de Jesús González García como Magistrada para cubrir la vacante existente en la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, lo hizo sin tomar en cuenta si para la presentación de la terna por parte del órgano encargado de ello y si para dicha designación, se reunieron o no todos los requisitos procedimentales que señalan la Constitución y las leyes reglamentarias de Zacatecas, por lo que considera se infringió la garantía de legalidad, quedando en entredicho la independencia e imparcialidad de los funcionarios electorales, motivo por el que se violaron los artículos 41 y 116, párrafo segundo, fracciones III y IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, fracciones I y V, 63, 64 y 102, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 146, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado; y 132 y 135 del Reglamento Interior del Poder Legislativo de la entidad federativa referida.
Para sustentar lo anterior, el enjuiciante formula diversos argumentos, que por cuestión de método, serán analizados de la siguiente manera:
Que en la sesión del cuatro de enero del dos mil uno, en que se expidió el Decreto de designación de la Magistrada María de Jesús González García, se violaron los artículos 102, párrafo segundo de la Constitución Política de Zacatecas y 146, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado, ya que se aprobó dicha elección con solamente siete votos de once que se emitieron, y que por ello, se incumplió lo dispuesto por los numerales citados, en el sentido de que dicha elección se debe efectuar con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, sea de la Legislatura o de la Comisión Permanente, puesto que, en el caso, dos tercios equivalen a 7.333 votos, por lo que la elección debió realizarse con ocho votos. Por tanto, sigue diciendo, por un lado, siete respecto de once, equivale a 0.6363..., porcentaje menor al de las dos terceras partes requerido por la Ley, que
es de 0.6666...; y por el otro lado, la votación mínima para realizar dicha elección es de ocho, que respecto de once representa 0.7272, con lo cual se satisface el extremo legal exigido, pero que sin embargo, en la emisión de tal acto se desestimaron los alegatos del Diputado Codero Lerma formulados en el momento de la deliberación, según voto particular que presentó.
Este agravio resulta fundado, en atención a las siguientes consideraciones:
No obstante que en el agravio a estudio, en principio, estamos en presencia de una operación meramente aritmética, sin embargo, se hace necesario exponer otros elementos de juicio a efecto de darle el sustento argumentativo que debe caracterizar a una sentencia emitida por una autoridad judicial, como lo es esta Sala Superior, vinculados con el resultado producto de la referida operación aritmética.
Siguiendo a Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, en su primera edición del Diccionario Electoral 2000, editado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos A. C., en la Ciudad de México, a fojas 436 y 437, tenemos que el concepto mayoría, como procedimiento, es el método para llegar a tomar una decisión política, democráticamente, siendo, tal concepto, el principio fundamental sobre el que descansa la democracia, en cuanto a la toma de decisiones. Como concepto, tal palabra, se define como el mayor número de votos conseguidos por un candidato o por una propuesta sometida a votación en una elección o dentro de una asamblea.
Continuando con los citados autores, cabe decir que éstos encuentran diversos tipos de mayorías: a) que la mayoría relativa o simple, existe cuando se obtiene la mayor cantidad de los votos potenciales, en relación a los obtenidos por el otro o los demás candidatos participantes o propuesta formulada, es decir, la mitad más uno de los sufragios emitidos; b) que la mayoría absoluta, se presenta cuando se alcanza, por lo menos, más de la mitad del total de los votos potenciales o reales, es decir, el cincuenta por ciento más uno, a favor de una propuesta o candidatura planteada; y c) que en la mayoría calificada, extraordinaria o especial, los votos obtenidos deben alcanzar cierta proporción respecto del total de los sufragios potenciales o emitidos, por ejemplo: tres quintos, que es igual al sesenta por ciento; dos tercios, que es igual al sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento; y tres cuartos, que es igual al setenta y cinco por ciento.
De lo expuesto, podemos concluir, por un lado, que la mayoría simple, la mayoría absoluta o la mayoría calificada pueden darse bajo dos circunstancias, siendo la primera, respecto del universo total de electores o sufragantes integrantes de alguna comunidad u órgano deliberativo; y la segunda, pueden darse en relación con el universo de electores o sufragantes que asistan con el fin de participar en el órgano deliberativo del que se trate, o bien, participen en la elección respectiva. Por tanto, una situación es que determinado número de votos se tome en cuenta respecto del total de los diputados que integren el órgano deliberativo de que se trate y otra muy diferente, es que dicha votación tenga como referente el universo de sufragantes que asista al referido órgano. Para el caso que nos ocupa, relacionado con la Legislatura de Zacatecas o de su Comisión Permanente, se está en presencia del segundo supuesto antes anotado, toda vez que se exige el voto de las dos terceras partes de los integrantes que asistan a la respectiva sesión, de tal suerte que estamos en presencia de una votación que exige una mayoría calificada, extraordinaria o especial, respecto del total de los asistentes a la sesión del Congreso o de su Comisión Permanente, convocada para la designación de un magistrado integrante de un tribunal electoral.
Con el afán de ilustrar y dejar constancia de que dicho tipo de votación, en forma usual, se exige en el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en el Poder Legislativo de Zacatecas y en el Consejo Electoral de dicho Estado, se realiza un breve ejercicio con tal finalidad.
En el ámbito del derecho constitucional federal mexicano, después de un somero análisis del diverso articulado constitucional, encontramos que el Constituyente utilizó en la Carta Magna, por lo menos, cinco diferentes tipos de votación. Cuatro que corresponden a la actuación del Congreso General en su conjunto, a alguna de las Cámaras en lo particular o a la Comisión Permanente, y uno que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno.
Así, por ejemplo, en los primeros cuatro casos encontramos la votación denominada: a) de mayoría simple o relativa que se utiliza en aquellos casos en que la propia Constitución en forma expresa no dispone que deba imperar otro tipo de votación; b) de mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en la sesión de que se trate, o sea, la mitad más uno; c) de mayoría calificada que siempre se refiere a las dos terceras partes de los miembros presentes en la respectiva sesión, o sea, el sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento; y d) una que podríamos denominar mixta, por combinar a la mayoría calificada con la mayoría absoluta, ya que además de exigir que a la sesión concurran, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros que integran el Congreso, la decisión se deberá tomar por mayoría absoluta de votos. Y en el otro caso que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se exige para invalidar una ley con efectos generales, que la decisión la tome, por lo menos, una mayoría de ocho votos.
Asimismo, cabe decir que en el caso de algunos de los tipos de votación establecidos por la Constitución Federal, la mayoría simple se presenta cuando se trata de un acto de trámite o rutinario, como cuando después de ser aprobada una ley por la Cámara de origen, es regresada por la revisora, y las reformas de ésta, pueden ser aprobadas por mayoría simple de la de origen, o como en todos los casos en que la Constitución no establece en forma expresa determinada votación; la mayoría absoluta se reclama cuando se trata de actos relevantes no rutinarios, como por ejemplo pueden ser, los vinculados con servidores públicos, cuando se trata de la procedencia de acusación en materia de aplicación de sanciones o de procedencia en materia penal por la comisión de delitos; la mayoría calificada, se establece cuando se está en presencia de actos trascendentes para la vida institucional del País, como pueden ser la desaparición de poderes o la designación del titular del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación o la designación de los Magistrados Electorales Federales que deberán juzgar y calificar las elecciones federales o de toda la Nación; y la votación que hemos denominado mixta, en virtud de que combina a la mayoría calificada con la mayoría absoluta, y se utiliza en el caso en que en forma absoluta falte el Presidente de la República, deben concurrir a sesión las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso de la Unión y resolverse el punto a debate, por el voto de la mayoría absoluta de votos. Finalmente, la Constitución prevé un sistema de votación respecto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que, para invalidar una ley y que la resolución tenga efectos generales, o sea, para que dicha Corte declare que lo aprobado por un órgano legislativo en materia de disposiciones generales no debe regir, se requiere el voto de por lo menos ocho respecto de once, que corresponden a otros tantos Ministros, es decir, el setenta y dos punto setenta y dos por ciento de los miembros que integran el Pleno de la Corte, no de los Ministros que estén presentes.
En síntesis, de este somero análisis del articulado Constitucional Federal, podemos obtener la conclusión de que en materia de la actuación del Congreso de la Unión o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tipo de votación que se exige en la toma de decisiones obedece a un propósito, finalidad o teleología, vinculada con la naturaleza o trascendencia del acto de que se trate, de tal suerte que se exige una votación mas alta o mas baja, o dicho coloquialmente se "encarece" o se "abarata" la votación, dependiendo de si se está en presencia de actos rutinarios o de trámite, relevantes, trascendentes o sumamente relevantes para la vida institucional del País.
Por su parte, en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, el Constituyente de dicha entidad federativa, después de un breve análisis del articulado de dicha Ley Fundamental, en la actuación de la Legislatura o de su Comisión Permanente, encontramos que utiliza: a) la mayoría simple, en el caso en que deba resolverse la improcedencia de la denuncia vinculada con el juicio político; b) la mayoría calificada de dos terceras partes, respecto de los integrantes o miembros: para resolver el asentamiento de alguno de los poderes locales en otro municipio diferente a la capital, en forma temporal; para votar un proyecto de ley o decreto que hubiere sido desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, con la consecuencia que deberá promulgarse y publicarse inmediatamente; para conceder amnistías en circunstancias extraordinarias en delitos de competencia local; y para designar al titular de la entidad fiscalizadora estatal; y c) se establece la mayoría calificada de dos terceras partes, de los miembros o integrantes presentes en la sesión de que se trate: en la elección del Consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado; en la elección de los magistrados que integraran el Tribunal Electoral Estatal; para declarar si ha lugar o no para proceder penalmente en contra de servidores públicos por la comisión de delitos; y para designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte el Código Electoral del Estado de Zacatecas también establece, en relación al Consejo Electoral Local, la mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes, la mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes del órgano, y la mayoría simple.
Como puede verse, existe cierta vinculación entre los tipos de votación exigida respecto de ciertos actos, en la Constitución Federal, en la Constitución de Zacatecas y en el Código Electoral de dicha entidad, atendiendo al tipo de acto, su naturaleza o trascendencia, de ahí que en el caso que nos ocupa, estamos en presencia de una votación mayoritaria calificada, orientada a "encarecer" la adhesión de voluntades al acto con la finalidad de darle mayor legitimidad al nombramiento de las personas que juzgarán y calificarán las elecciones en el Estado de Zacatecas.
En conclusión, analizando cada uno de los casos referidos, encontramos que el hecho de que se exija determinado tipo de votación para la toma de decisiones, sin duda, obedece a una determinada teleología, en función del tipo, naturaleza o trascendencia del acto de que se trate, conceptos que, si bien es cierto pueden ser subjetivos, también lo es que en torno a cualesquiera de los actos de que se trate puede existir un consenso generalizado en el sentido de calificarlos como rutinarios, relevantes o trascendentes, en función de que sus efectos puedan afectar a alguna o varias personas, a alguna o varias instituciones, o bien al tipo de instituciones de que se trate.
Después de estas consideraciones en torno a los sistemas de votación, esta Sala Superior considera fundado el agravio que se analiza, pues la emisión de siete votos a favor de la elección de la Licenciada María de Jesús González García, viola los artículos 116, párrafo segundo, fracciones III, párrafos primero y segundo y IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, párrafo primero, 102, párrafo segundo de la Constitución Política de Zacatecas; y 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de dicho Estado. Para sustentar esta determinación, es preciso transcribir dichos dispositivos legales:
En la Constitución Federal se establece:
ARTÍCULO 116 El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
La Constitución de Zacatecas dispone:
ARTÍCULO 38. El Estado garantizará la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad de la función electoral.
ARTÍCULO 102 El Tribunal Estatal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial del Estado. Se integra con dos Salas, una de Primera Instancia compuesta por cinco Magistrados electorales y otra de Segunda Instancia integrada por tres Magistrados electorales. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
Los Magistrados del Tribunal Estatal Electoral serán designados por la Legislatura del Estado con voto de los dos tercios de sus miembros presentes, a propuesta del pleno del Tribunal Superior de Justicia, el cual tendrá la obligación de realizar consulta previa con los partidos políticos representados en la Legislatura. Durarán en su cargo cuatro años y podrán ser ratificados.
La Ley Orgánica del Poder Judicial dice:
ARTÍCULO 146.- El Tribunal Estatal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial del Estado, la máxima autoridad electoral en materia electoral, tendrá su sede en la Capital del Estado y su jurisdicción comprende todo el territorio de éste.
Los Magistrados que lo integren deberán reunir los requisitos que se exigen en el artículo 97 de la Constitución Política del Estado y esta Ley, para su designación se observarán las reglas y procedimientos siguientes:
IV. La Legislatura del Estado o, en su caso, la Comisión Permanente, elegirá, dentro de los ocho días siguientes a la recepción de la propuesta, a los Magistrados Electorales por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presente; y
De los numerales antes transcritos, así como del análisis de los métodos de votación expuestos, se obtienen las siguientes conclusiones:
Primera. Que las constituciones y leyes orgánicas de los Estados establecerán las condiciones para el ingreso a los órganos jurisdiccionales locales.
Segundo. Que para la elección de los magistrados electorales en Zacatecas, se requiere del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, en la sesión de la Legislatura o de su Comisión Permanente.
Tercero. Que la certeza es un principio constitucional rector en la materia electoral.
Cuarto. Que la teleología de la votación calificada que se requiere para elegir a los magistrados, tiene como propósito otorgar la herramienta indispensable a los legisladores y a los partidos políticos a los que éstos pertenezcan, a efecto de darle mayor legitimidad a la elección de dichos funcionarios.
Bajo esta consideraciones, se puede, válidamente, sostener que el voto de siete diputados respecto de once que asistieron a la respectiva sesión y que integran la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas, no es suficiente para cumplir a cabalidad el requisito establecido como imperativo en el párrafo segundo del artículo 102 de la Constitución Local y la fracción IV del artículo 146 de la referida Ley Orgánica, toda vez que dichos numerales establecen: que "serán" designados por la Legislatura del Estado con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes; y que la Legislatura del Estado o, en su caso, la Comisión Permanente, "elegirá" ... por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, mayoría calificada que no se reúne en el caso a estudio, como se verá mas adelante.
En efecto, es matemáticamente evidente que las normas en comento no se cumplen con el voto de siete diputados respecto de la elección cuestionada toda vez que: si once diputados que integran la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas y que son los mismos que asistieron a la sesión de elección del acto impugnado, representa el cien por ciento de los sufragios, entonces, siete votos que se emitieron en pro para elegir a la Licenciada María de Jesús González García al cargo de Magistrada, corresponden a un porcentaje menor al de los dos tercios de votos de los miembros presentes que se exigen para llevar a cabo dicha elección, por lo siguiente:
a) Si el voto de (11) once diputados es (100%) cien por ciento, entonces, (2/3) dos terceras partes que exige la Ley de (11) once diputados que asistieron y votaron en la sesión, está representado por el (66.66...%) sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento, al infinito, de los votos que se emitieron, y que corresponden a (7. 33...%) siete punto treinta y tres, al infinito, votos de diputado, respecto de (11) once.
2/3 de 11 = 66.66...% = 7.33...% votos de diputado, respecto de 11;
b) Si el voto de (11) once diputados que asistieron y votaron en la sesión, es (100%) cien por ciento, entonces, (7) siete diputados que votaron en favor de la elección de la Magistrada María de Jesús González García, representan el (63.63...%) sesenta y tres punto sesenta y tres, al infinito, de voto de diputado, mismo que resulta ser menor al (66.66...%) sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento, al infinito, que corresponde a los (2/3) dos tercios.
7 = 63.63...%, cantidad menor al 66,66...% que corresponde a 2/3; y
c) Si el voto de (11) once diputados que asistieron y votaron en la sesión, es el (100%) cien por ciento, entonces, el voto de (8) ocho diputados que considera la parte promovente deben votar, como mínimo, para realizar la elección que nos ocupa, representan el (72.72...%) setenta y dos punto setenta y dos por ciento, al infinito, de voto de diputado, mismo que resulta ser mayor al (66.66...%) sesenta y seis punto sesenta y seis por ciento, al infinito, que corresponde a los (2/3) dos tercios.
8 = 72.72...%, cantidad mayor al 66,66...% que corresponde a 2/3.
Por tanto, es incuestionable que siete votos representan el 63.63...% de los once diputados que asistieron y votaron en la sesión del cuatro de enero efectuada por la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas, en la que se eligió la magistratura cuestionada, y que dicho porcentaje es, evidentemente menor al 66.66...%, equivalente a las dos terceras partes que se exigen como imperativo en las normas referidas, y tal hecho es suficiente para que no se cumpla con el principio de legalidad electoral establecido en el artículo 116 constitucional, pues no se surte el requisito exigido constitucional y legalmente por las citadas normas en Zacatecas, máxime que estamos en presencia de disposiciones de orden público que deben acatarse en sus términos.
Por lo tanto, le asiste la razón al partido actor en el sentido de que la forma como pueden acatarse los dispositivos legales en comento, es mediante el voto de por lo menos ocho diputados que representan el 72.72...% de once, con lo cual se cumple plenamente el requisito de las dos terceras partes. O bien, en cualquiera otro caso, si fueren menos los diputados que asistan a la respectiva sesión, invariablemente, el porcentaje de los que voten a favor de una propuesta, deberá ser igual o superior al 66.66...% de los que hubieran asistido a la legal sesión de la Comisión Permanente o del Pleno de la Legislatura.
Lo anterior cobra mayor eficacia, si tenemos en cuenta que la certeza es otro principio constitucional en la materia electoral que también debe acatarse.
En este caso, la certeza se ve objetivada en las operaciones aritméticas antes realizadas, y en la obtención de una votación trascendente de dos terceras partes de los miembros presentes de la Comisión Permanente o del Pleno de la Legislatura.
Luego, en el supuesto de aceptar el alegato de la autoridad responsable en el sentido de que no hay fracción de diputado y que por ello deben redondearse los porcentajes hacia el entero que resulte más cercano (siete votos), carece de todo sustento, toda vez que con esa forma de resolver el punto cuestionado, se incumple el imperativo de la norma, en el sentido de que debe aprobarse la propuesta por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes; pues aceptarlo así, implica también aceptar que se puede elegir a un magistrado con un porcentaje de votación menor al exigido por la Ley.
También, el referido principio de certeza solamente puede alcanzarse, con el voto del número de diputados mínimo suficiente que iguale o supere el 66.66...% que corresponde a las dos terceras partes exigidos por la norma, por lo que en el caso, si no es físicamente posible alcanzar, exactamente el porcentaje exigido por la ley, ya que no se puede fraccionar a los sufragantes ni su voto, es indudable que para cumplir con la exigencia legal y con la teleología detrás de ella, sólo cabe la posibilidad de sobrepasar el porcentaje a través de un voto más, y no admitir una interpretación que fácticamente impida el cabal cumplimiento del precepto de la ley, pues en el caso, siete votos, matemáticamente, representan un porcentaje menor a las dos terceras partes exigidas, sin que sea obice que por una aproximación, aún mínima, se pudiera tener por satisfecho el mismo, sin embargo, no debe olvidarse que los términos de la ley, sólo admiten ser cumplidos a cabalidad.
Por tanto, al violarse el principio de certeza y al no cumplirse en sus exactos términos los dispositivos en comento, resulta incuestionable que el sustento de siete votos a favor de la elección de la licenciada María de Jesús González García como Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas, evidencia la violación al principio de legalidad constitucional establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal.
Lo anterior se refuerza, si tenemos en cuenta que la teleología o fin último de las normas en comento, en el sentido de requerir dos tercios de votos, se entiende como un propósito de dificultar que mayorías relativas del cincuenta por ciento mas uno, elijan a dichos funcionarios, pues como se estableció anteriormente, la mayoría calificada tiene como finalidad darle mayor legitimidad a dicha elección, propósito que no se logra con el redondeo al entero más cercano que propone la autoridad responsable, en el sentido de que sea a siete.
En síntesis, teniendo en cuenta que el voto de un Diputado no se puede fraccionar, para los efectos de cumplir el mandato normativo de la toma de decisiones, cuando se exigen votaciones en porcentajes o fracciones de miembros o integrantes de algún cuerpo colegiado: en estricto acatamiento del principio constitucional de certeza, previsto por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; y en atención a la teleología de la norma, contenida en los artículos 102, párrafo segundo de la citada Constitución local y 146, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado se Zacatecas, la votación calificada de dos tercios o dos terceras partes de los miembros presentes, que los dos últimos numerales citados exigen para que la H. Legislatura del Estado referido o su Comisión Permanente, designen a los Magistrados que deberán integrar las Salas del Tribunal Estatal Electoral, deberán interpretarse en el sentido de que si con el número de votos que se emitan apoyando una propuesta, no se alcanza el porcentaje ordenado por la norma de que se trate, sino por el contrario, se obtiene un porcentaje menor, cualquiera que éste sea, es de concluirse que estamos en presencia del incumplimiento de la respectiva disposición jurídica, puesto que, invariablemente, para que las normas en que se ordenen porcentajes o fracciones de votación se vean colmadas, se hace necesario que con el número de votos que se emitan en un sentido, invariablemente, se deberá alcanzar el porcentaje exigido, y de no ser ello posible, se deberán emitir tantos votos en el mismo sentido, como fueren necesarios, hasta que se tengan los suficientes para obtener o rebasar el porcentaje establecido por la disposición constitucional o legal de que se trate.
Todo lo anterior es suficiente para dejar sin efectos el decreto número 01 emitido el cuatro de enero del año en curso por la Comisión Permanente de la Legislatura de Zacatecas, publicado en el periódico oficial de aquella entidad el día trece del mismo mes, y por las mismas razones, también son suficientes para dejar sin efecto la elección de la Licenciada María de Jesús González García como Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, por ser ello una consecuencia de dicho acto legislativo.
Como consecuencia de dejar sin efectos el decreto número 01 emitido el cuatro de enero del año dos mil uno, por la Comisión Permanente de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, publicado en el periódico oficial de dicha Entidad Federativa, el día trece del mismo mes, también queda sin efectos la elección de la licenciada María de Jesús González García como Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, electa, a efecto de cubrir la vacante existente en dicha Sala. Y por las mismas razones, quedan sin efectos todos los actos en que hubiere intervenido la Licenciada María de Jesús González García en su Carácter de Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, en cuanto sean determinantes para sustentar la legalidad de sus fallos.
No pasa desapercibido el hecho de que la licenciada María de Jesús González García hubiese protestado el cargo, según se desprende de autos, sin embargo, para ello, téngase en cuenta que la limitante que se establece en el artículo 86, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la reparación sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente prevista para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos se refiere, únicamente, a los órganos y funcionarios que son electos en los comicios que se celebran para renovar los poderes públicos; es decir, se refiere a que los ciudadanos electos no hayan tomado posesión o los órganos electos no se hubieran instalado, motivos todos, por los cuales, en el presente asunto no opera dicha limitante, puesto que se refieren a la integración de una de las Salas que resolverán las controversias que deriven de los correspondientes comicios, y que inclusive, como ya se dijo, dicha Sala pude actuar válidamente con cuatro de sus integrantes.
Acorde con lo anterior, en plenitud del ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, o bien, su Comisión Permanente, deberá proceder en el marco de la legislación local, nuevamente, a elegir a la persona que cubrirá la vacante de Magistrado de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, hasta que con apego a la legalidad, dicha persona se integre a las labores de la referida Sala; para lo cual deberá estarse a lo razonado anteriormente, en cuanto al porcentaje mínimo de votos que apoye la propuesta o candidatura ganadora.
Finalmente, habiendo resultado fundado el agravio antes analizado, y siendo ello suficiente para revocar el acto impugnado, con la consecuencia de que se emita otro, en el que se cumplan, a cabalidad, las disposiciones constitucionales y legales violadas, resulta innecesario estudiar los demás argumentos formulados por el partido enjuiciante.
Primero. Se revoca el decreto número 01 expedido por la Comisión Permanente de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas el día cuatro de enero del año dos mil uno, publicado el día trece siguiente del propio mes, en el Suplemento al Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número cuatro, tomo CXI, fojas de la ocho a la dieciséis, y en consecuencia queda sin efectos la elección de la Licenciada María de Jesús González García, como Magistrada de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral.
Segundo. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados de la Sala de Primera Instancia del Tribunal Estatal Electoral, siempre y cuando en ellos hubiere votado dicha persona y su voto resulte determinante para que el mencionado acto o resolución, surta plenos efectos.
Tercero. En consecuencia, se deja a la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas o a su Comisión Permanente, en libertad para que con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales vigentes en dicho estado, proceda a elegir a la persona con la cual se deberá cubrir la vacante existente en la Primera Sala del Tribunal Estatal Electoral, siempre y cuando se ajuste a los razonamientos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria.
Notifíquese: personalmente al partido actor en el domicilio designado para ese efecto, ubicado en la casa marcada con el número 812 de la calle Ángel Urraza de la Colonia del Valle en el Distrito Federal, por conducto de Guillermo Bustamante Ruizsánchez, José Luis Herrera y/o Martha Angélica Figueroa; por oficio, a la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas o a su Comisión Permanente en el domicilio oficial que le corresponde en la Ciudad de Zacatecas, acompañando copia certificada de esta ejecutoria; y a los demás interesados, por estrados.
Así lo resolvieron por Unanimidad de cinco votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Eloy Fuentes Cerda, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe,

References: artículo 102
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 102
 artículo 146
 artículo 102
 artículo 96
 artículo 67
 artículo 139
 artículo 64
 artículo 16
 artículo 102
 artículo 174
 artículo 102
 artículo 146

Artículo 102

Artículo 68

Artículo 146
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 artículo 136
 artículo 64
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 artículo 63
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 artículo 102
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 Artículo 116
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 artículo 99
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 artículo 17
 artículo 41
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 artículo 88
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