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Timestamp: 2018-03-18 07:48:54+00:00

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Prostitución y trata de mujeres en España: aspectos jurídicos – Recursos Animativos
Elena Laporta – Feminicidio.net – 20/03/2012
España, Madrid – Al abordar la prostitución en España desde un punto de vista jurídico, debemos tener en cuenta todos los supuestos que engloba la palabra “prostitución”. Esto supone comenzar diciendo que no existe unanimidad sobre cómo debe abordarse, algo desgraciadamente frecuente cuando nos referimos a cuestiones que afectan mayoritariamente a las mujeres.
Sin embargo este desacuerdo se produce principalmente respecto a un tipo muy concreto de prostitución, la no forzada, que ha llevado a fuertes tensiones en el seno mismo del feminismo, que ha optado por dividirse entre abolicionismo (considera la prostitución en todo caso atentatoria contra los derechos humanos de las mujeres) y reglamentarismo (entiende que la prostitución voluntaria debería poder ejercerse como profesión, y por lo tanto deberían reconocer derechos laborales y de seguridad social, entre otros.
Esto nos lleva necesariamente a distinguir, también en el plano jurídico, entre dos esferas de reflexión que claramente se diferencian: la prostitución forzada y la no forzada, pues ambas han recibido un tratamiento jurídico distinto. Mientras que sobre la prostitución forzada existe un mayor consenso, partiendo para ello de la normativa internacional prevista, la no forzada no ha logrado un acuerdo y ha llevado a distintos modelos de regulación.
MODELOS DE REGULACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN NO FORZADA
Atendiendo al Derecho Comparado podemos mencionar hasta 4 modelos de regulación para la prostitución no forzada [1]:
1. El prohibicionismo: considera tanto a la prostituta como al proxeneta delincuentes. Se pone el acento en la inmoralidad del ejercicio de la prostitución. Prácticamente no existe este modelo en Europa.
2. La despenalización de la prostitución voluntaria: la prostituta no incurre en un delito pero se le somete a ciertos controles, sobre todo basados en cuestiones de salud y de seguridad ciudadana.
3. La laboralización: supone la posibilidad de ejercer la prostitución como una profesión, lo que significa el reconocimiento de derechos laborales. Es conocido el caso de Holanda.
4. El abolicionismo: entiende que la prostitución es una forma de esclavitud o de violencia contra la mujer, independientemente de si media o no consentimiento de la prostituta. En este modelo no se penaliza a la prostituta porque se entiende que no comete un delito, sino que es víctima. Uno de los modelos de referencia es el de Suecia que penaliza al consumidor.
LA REGULACIÓN EN ESPAÑA DE LA PROSTITUCIÓN NO FORZADA [2] [3]
Aunque pudiera parecer lo contrario, el tratamiento penal de la prostitución no llegó a España hasta la reforma del Código Penal de 1963, con motivo del Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 21 de marzo de 1950. Esta reforma mantuvo una postura que podemos llamar abolicionista, aunque sea en un sentido laxo, en la medida en que no siempre se ha cumplido con las exigencias de dicho modelo.
En el Código Penal (CP) de 1963 no se penalizaba a la prostituta, pero sí la participación en la actividad. El entonces artículo 452 bis se refería, entre otros, al que coopere o proteja la prostitución y al que retenga a otra persona en prostitución en contra de su voluntad. En todos estos casos la respuesta del Estado se concretaba en prisión y multas económicas.
Esta situación cambió con la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, aprobada durante el régimen franquista, la cual consideraba “estado peligroso” la prostitución, por lo que, en virtud de su artículo segundo podían aplicarse ciertas medidas de seguridad y rehabilitación. En concreto, el artículo sexto señalaba que quienes ejercieran la prostitución podrían ser internados para su reducación, además de prohibirse que residiesen en determinados lugares o que visitasen ciertos lugares públicos, debiendo someterse a la vigilancia de los que entonces se llamaban delegados.
El actual Código Penal español, cuando se aprobó en 1995 modificó la regulación anterior, pero no terminaba de cumplir con los mandatos internacionales, por lo que sufrirá sucesivas modificaciones hasta el año 2010. La última reforma se produce través de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio.
Lo que caracteriza a la prostitución no forzada en nuestro ordenamiento es la regulación parcial, que se acerca más al modelo abolicionista. No se penaliza ni a las prostitutas ni a los consumidores.
¿A QUIÉN SANCIONA EL CÓDIGO PENAL?
Siguiendo los artículos 187 y 188, se sanciona a:
– A quien induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz.
– A quien que solicite, acepte u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con persona menor de edad o incapaz.
– A quien determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella.
– A quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
Reproducimos a continuación los dos artículos mencionados:
d) Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida
LA PROSTITUCIÓN FORZADA Y LA NO FORZADA SE ENTREMEZCLAN EN LA LEGISLACIÓN PENAL
Como vemos, el artículo 187 y parte del 188 está dirigido a la protección de menores y de personas con algún tipo de discapacidad, mientras que el 188 incurre en el error de referirse tanto a la prostitución forzada como a la que no lo es. Esto afecta también a las políticas públicas que se llevan a cabo en este campo y por ello algunas autoras se han referido a la importancia de diferenciar claramente ambos supuestos [4].
En todo caso, lo que nos encontramos es con una mínima regulación de la prostitución no forzada en el artículo 188.1. Cuando se alude a ella es para decir que incurrirá en delito quien se lucre del ejercicio de la prostitución aun con el consentimiento de la víctima, lo que significa que es válido para ambos tipos de prostitución.
Y todo ello sin perjuicio de que el propio artículo 188.1 prevea también como delito el que se utilice la violencia, la intimidación o el engaño, o bien se abuse de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, y por lo tanto circunscribiéndolo a la prostitución forzada.
LA REGULACIÓN JURÍDICA DE LA TRATA
Además de la regulación penal ya citada, existe un tratamiento específico de la trata que es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. La LO 5/2010 de modificación del Código Penal introduce el artículo 177 bis.
Reproducimos el artículo a continuación:
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:
a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluida la pornografía.
c) La extracción de sus órganos corporales.
a) con ocasión de la trata se ponga en grave peligro a la víctima;
b) la víctima sea menor de edad;
c) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, discapacidad o situación.
11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado
Este tipo contiene algunos elementos que conviene tener en cuenta [5]:
– La expresión “explotación sexual” ha sido criticada frente a la de “prostitución forzada” al entenderse que esta última refleja mejora los elementos propios de la trata, especialmente la violencia, el engaño y la coacción. Se considera que la “explotación sexual” tiene cabida en la prostitución no forzada, por ejemplo a través de la explotación laboral.
– A diferencia de lo que ocurría en el pasado, no es necesario que haya traslado fuera de las fronteras, por lo que puede haber un caso de trata con nacionales dentro del territorio español.
– Pueden ser víctimas tanto nacionales como extranjeras, independientemente de su situación administrativa, si bien para aquellas que estén en situación irregular existe un tratamiento específico en la ley de extranjería, a la que nos referiremos más adelante.
– Es irrelevante el consentimiento que inicialmente hubiese dado la víctima. Si con posterioridad se cumplen los requisitos será un caso de trata.
– Se prevé además que las víctimas queden exentas de responsabilidad por los delitos que cometan como consecuencia de sufrir la trata. Quedarán exentas de responsabilidad penal siempre que cumplan con lo previsto en el CP.
Además de la legislación penal, el Estado español aprobó en 2008 un Plan Integral contra la Trata de Personas, con una duración de 3 años (2009-2012) y que reconoce entre sus objetivos la importancia de combatir las causas de la trata; desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, administrativo y de inmigración, con participación de las ONGs; garantizar la asistencia y protección a las víctimas de la trata y luchar decididamente contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el fenómeno de traficantes y proxenetas.
Habrá que esperar a que se cumpla el plazo para analizar los resultados de la implementación de dicho plan.
La regulación jurídica de la trata se completa, como ya adelantábamos, con una referencia a las mujeres extranjeras (no comunitarias). La Ley Orgánica 4/00 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social se refiere en su artículo 59 bis a las víctimas de la trata de seres humanos.
Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período.
El artículo 59 bis otorga a las mujeres que se encuentren en dicha situación un periodo de reflexión de 30 días, que podría ampliarse en situaciones excepcionales. Durante ese tiempo la víctima tendrá que decidir si quiere o no cooperar con las autoridades competentes en la investigación del delito de trata y se la garantizarán una serie de derechos a ella y a sus familiares.
Además en tanto esté vigente ese periodo de reflexión no se podrá incoar un expediente de expulsión, y si existe uno abierto quedará suspendido.
A modo de conclusión, hemos querido recoger una primera aproximación al fenómeno de la prostitución, lo que exige en el plano jurídico diferenciar entre prostitución forzada y no forzada. En próximos artículos reflexionaremos sobre los aciertos y desaciertos de esta regulación, cómo ha sido interpretada por los operadores jurídicos, especialmente por jueces y tribunales y qué obstáculos se han encontrado en la práctica.
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL A TENER EN CUENTA
– Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948.
– Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 2 de diciembre de 1949.
– Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979 y su Protocolo Facultativo de 6 de octubre de 1999.
– Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993.
– Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984.
– Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía de 25 de mayo de 2000.
– Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de 15 de noviembre de 2000.
– Informe de la Sra. Radhika Coomaraswamy, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias, sobre la trata de mujeres, la migración de mujeres y la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humano del 2000.
– Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2002, E/2002/68/Add.1.
– Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos.
– Resolución del Parlamento Europeo de 2 de febrero de 2006 sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones, de 2 de febrero de 2006
– Resolución del Parlamento Europeo sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales, de 15 de marzo de 2006.
– Convenio nº 197 del Consejo de Europa, de 16 mayo de 2005, hecho en Varsovia, sobre la lucha contra la trata de seres humanos.
– Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo.
NORMATIVA ESPAÑOLA Y OTROS DOCUMENTOS
– Código Penal español: artículos 177 bis, 187-190.
– Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
– Informe de España para el Comité para la discriminación contra la mujer
[1] Lousada Arochena, Prostitución y trabajo. La legislación española, Congreso Internacional Explotación sexual y tráfico de mujeres, AFESIP España. Disponible en: http://webs.uvigo.es/pmayobre/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf
[2] Lousada Arochena, Prostitución y trabajo. La legislación española, Congreso Internacional Explotación sexual y tráfico de mujeres, AFESIP España.
[3] Cortes Generales, Comisión Mixta, Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro país (154/9), aprobada en sesión de la ponencia de 13 de marzo del 2007.
[4] Genera, Observatori DESC, Grupo Antígona UAB, Análisis socio-jurídico de la trata con fines de prostitución forzada, noviembre, 2011.
[5] GENERA, OBSERVATORI DESC, GRUP ANTÍGONA UAB, Análisis socio-jurídico de la trata con fines de prostitución forzada, noviembre, 2011, pp. 61 y ss.
¿Cómo hacer una buena ficha de actividad?

References: artículo 452
 artículo 187
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 177
 artículo 59
 artículo 53
 artículo 59
 resolución 
 Resolución 
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