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Timestamp: 2015-09-01 12:06:41+00:00

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Fallo del día: Carga procesal de constituir domicilio y notificar por cédula su cambio | Thomson Reuters Latam
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Fallo del día: Carga procesal de constituir domicilio y notificar por cédula su cambio
Publicado el 7 septiembre, 2012 por Thomson Reuters	Hechos: El Ministerio de Salud planteó incidente de nulidad de la notificación realizada a la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación. El juez a-quo rechazó la nulidad y tal resolución fue apelada con fundamento en que el abogado notificado ya no era representante del Estado Nacional. La Cámara rechazó la apelación.
Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia(CFedResistencia)
Partes: Ministerio de Salud de la Nación E/a: Benitez Nicasio c. Sendra Desiderio y Otros s/Cobro de pesos s/Nulidad de notificación
Publicado en: LLLitoral 2012 (junio), 554
Cita Online: AR/JUR/16732/2012
Sumarios: 1. Los litigantes tiene dos cargas procesales, la primera es la constituir domicilio legal y la segunda la de informar el cambio de éste a la otra parte, lo cual debe hacerse por cédula, porque de lo contrario sigue vigente el anterior, siendo válidas las notificaciones allí cursadas.
Texto Completo: Resistencia, diecinueve de abril 19 de 2012.
Y Considerando: I.- Previo al tratamiento en particular de los agravios, cabe esclarecer la circunstancia de que, si bien el llamamiento al Acuerdo de los presentes autos data de fecha próxima en relación con otros expedientes radicados ante esta Cámara, que aún se encuentran pendientes de Sentencia, se ha decidido resolver el mismo en orden a encontrarse involucradas en el caso cuestiones contempladas por el art. 36, primera parte del Reglamento para la Justicia Nacional, que habilitan su tratamiento prioritario, dado que se trata de un proceso de vieja data, donde se dirimen cuestiones de índole alimentaria.
II.- Que a fs. 3/5 el Ministerio de Salud de la Nación, por apoderado, plantea incidente de nulidad de la notificación realizada acerca de la intimación cursada en fecha 10/08/2010 a la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación y al Dr. M.S.
Manifiesta que su parte no ha tenido conocimiento de la planilla de liquidación aprobada en autos, de la cual, insiste, nunca se corrió traslado al Ministerio.
Expresa que tomó conocimiento de dicha planilla cuando en fecha 20/09/10 se recepcionó en sede oficial del Ministerio el Expte. N° 2002-18579-10-5, por el cual el apoderado de la actora se presenta reclamando el pago del monto de pesos seiscientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve ($685.789) en concepto de pago de daño material y moral conforme a la sentencia de Cámara de fecha 21/12/89 dictada en el principal.
Sostiene que el Ministerio de Salud tiene conocimiento de dicha liquidación por el expediente referido supra y no por haber sido notificado de esta planilla.
Alega que la intimación se notificó en el domicilio de la calle Frondizi N° 225, piso 2°, Oficina 9 de la ciudad de Resistencia, que indican como sede de la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación y al Dr. M.D. S. (su apoderado).
Afirma que no es ésa la sede del Ministerio de Salud de la Nación, dado que la misma se encuentra en A. 9 de Julio 1925, 3er piso, Buenos Aires.
Concluye expresando que legitimar la notificación denunciada, constituye la colocación de su parte en un verdadero estado de indefensión con el consecuente perjuicio que trae aparejado.
En cuanto al importe reclamado, menciona el art. 64 del segundo párrafo de la Ley 25.827, que dispone que las obligaciones consolidadas en los términos de las leyes 23.982 y 25.344 serán canceladas mediante la entrega de Bonos de Consolidación cuya emisión se autoriza en el art. 66 de la misma ley, según lo que en cada caso corresponda.
Advierte el carácter de orden público de dicha normativa.
Formula Petitorio de estilo.
III.- A fs. 7 y vta. obra contestación del traslado, mediante apoderado, señalando que la planilla practicada oportunamente se confeccionó conforme a derecho, se le imprimió el trámite de ley, se le corrió traslado a los obligados al pago, en sus respectivos domicilios legales, constituidos por sus apoderados y que no consta en autos que el demandado haya constituido nuevo domicilio hasta la fecha de notificación del acto que impugna.
Aclara que para el cobro de las acreencias se cumplimentaron todos los requisitos legales y administrativos que corresponden ante la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación, sito en Av. 9 de julio 1925, 3er piso, de la ciudad de Buenos Aires, lo que originó el Expte. Administrativo N° 2002-4377-01-1, que data del año 2001, sin que hasta la fecha se haya pagado la deuda.
Que la obligación de la incidentista estaba originada en sentencia firme y consentida y perdieron la oportunidad de acogerse a los beneficios de las leyes de emergencia económica, habida cuenta de que la sentencia se halla firme desde el año 1990.
IV.- A fs. 9 y vta. el Sr. Juez a quo se expide sobre el presente, rechazando la nulidad de la notificación solicitada, con costas a cargo de la vencida; hace saber a la demandada que en la causa principal deberá solicitar acorde con las constancias de fs. 325/326 (monto de consolidación de la deuda, aprobado por la Dirección de Asuntos Judiciales del Ministerio de Salud) y recomienda al abogado del incidentista la constitución de nuevo domicilio legal en la causa principal.
Los fundamentos para arribar a tal Resolución son los siguientes: a) que las notificaciones por cédula realizadas en la causa principal, fueron efectivizadas en el domicilio constituido (procesal o ad litem) por el Dr. M.D. S. en representación del Estado Nacional, de manera que las cédulas han sido notificadas al domicilio correcto, de acuerdo con lo normado por el art. 42 CPCCN, que establece la subsistencia del domicilio, hasta tanto se constituya otro. b) que el hecho puntual por el que las cédulas han sido dirigidas a la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud de la Nación, no tiene relevancia alguna, porque en el expediente principal esta Cámara advirtió que siendo público y notorio, que ella es una dependencia del Estado Nacional, va de suyo que será éste, a través de aquélla quien deberá abonar los créditos emergentes de la condena en autos. c) en cuanto al cobro de las acreencias mediante el régimen de consolidación de deudas, deberán las partes, adoptar los recaudos necesarios, tendientes a evitar mayores dilaciones e incidencias ante el excesivo tiempo transcurrido desde el fallo del Superior.
V.- Debido a que tal Resolución fue apelada por la incidentista y se concedió el recurso en relación y con efecto suspensivo, a fs. 17/19 obra el memorial de agravios, centrándose exclusivamente en que el domicilio al que fue notificada la planilla de liquidación es incorrecto.
Se agravia el apoderado del Estado porque entiende que el Sr. Juez a quo desconoce la organización administrativa del Ministerio de Salud, dado que la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación pertenece a un vetusto organigrama de ese Ministerio, por lo que no se trata de una dependencia del Estado Nacional en la actualidad y desde hace veinte años, por lo que es erróneo merituar que es pública y notoria esta circunstancia.
Pone de relieve que al ser notificado el Dr. M.D. S. ya no era representante del Estado Nacional. Aduce que el perjuicio que le causa esta notificación atacada es el de no haber podido controlar la liquidación practicada, dejándolo en estado de indefensión, al no seguir el juez de grado, las formas procesales correspondientes, vulnerando así las garantías procesales de su parte.
Señala que la actora se presentó en un domicilio para iniciar el expediente administrativo por el cobro de sus acreencias (domicilio real, ciudad de Buenos Aires) y diligenció cédula notificando planilla en otro distinto (domicilio legal).
VI.- Cursado el traslado del memorial de agravios, éste es contestado a fs. 23/24.
Afirma que el desconocimiento por parte del Sr. Juez a quo, sobre el Organigrama del Ministerio de Salud a que se alude en el memorial, nada tiene que ver con lo resuelto en la instancia recursiva.
Además, considera, que la obligada a cumplir con la condena de una sentencia firme y consentida, es una dependencia del Estado Nacional, cualquiera sea su denominación actual, lo que denota la continuidad y vigencia de la obligación, dada la vida y la continuidad del Estado.
Que en los autos principales no consta nuevo domicilio fijado por la demandada y al domicilio constituido oportunamente, es que se diligenció la notificación atacada.
También entiende que en la presentación del incidente, no se observa la manifestación del perjuicio de acuerdo a como lo postula el art. 172 del CPCCN, debido a que la nulidad no procede por la nulidad misma, sino por causar un daño o perjuicio a quien la plantea.
Abona todo lo argumentado, señalando que para el cobro de las acreencias a su favor, se cumplimentaron los requisitos legales y administrativos pertinentes ante la Secretaría de Estado de Salud Pública de la Nación, lo que originó el expediente administrativo 2002-4377-01-1, que data del año 2001 sin que hasta la fecha se haya percibido el pago adeudado y la obligada ha perdido así la oportunidad de acogerse a la modalidad de pago estatuida por las Leyes de Emergencia Económica.
Por último asegura, que siendo el obligado el Estado, es el mismo el que deberá tomar los recaudos y arbitrar los medios para pagar su deuda, no debiéndose exigir dichas diligencias a la acreedora.
VII.- Teniendo en cuenta lo transcripto, se adelanta opinión en el sentido de que la nulidad pretendida no puede prosperar.
A tales fines, pasaremos a exponer los fundamentos que propiciaron tal decisión: en primer lugar, resulta preciso analizar la eficacia de la notificación, de acuerdo a las normas que reglan este instituto.
La notificación, como acto procesal, y en cuanto a su irregularidad, está sometida a los principios generales que regulan la nulidad en el proceso.
En particular, el art. 40 del CPCCN en su segundo párrafo reza “Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula que no deban serlo en el real”.
Sentado lo expuesto, se entiende que el domicilio procesal o ad litem es aquél que dentro de un determinado perímetro deben constituir las partes o sus representantes en oportunidad de su primera presentación en el proceso, a fines de que en él se practiquen todas las notificaciones que no deben serlo en el real.
Esta circunstancia se ha dado en el presente caso. El representante legal del Estado Nacional (Dr. M.D. S.), a fs. 334 del expediente principal -reservado en sobre N° 1119, que se tiene a la vista- , se presentó, acompañó Resoluciones que lo designaban como tal y constituyó nuevo domicilio legal en calle Frondizi N° 225, piso 2° oficina 9 -Resistencia-.
Es allí donde se diligenció la cédula de notificación de la planilla presentada por la actora.
A mayor abundamiento es vital destacar que en autos principales no surge constancia de denuncia posterior de un domicilio distinto del constituido a fs. 334 por el apoderado del Estado.
Recién es fijado nuevo domicilio en este incidente de nulidad de la notificación, en el escrito donde se presenta nuevo apoderado (Dr. C.G.) tanto así, que el juez de grado le recomienda al representante del Estado que denuncie nuevo domicilio en el expediente principal (pto. III de la parte resolutiva).
Continuando ahora con el análisis de las reglas que rigen la notificación, más contundente aún es la redacción del art. 42 del CPCCN.
Dicha norma es de una claridad absoluta al establecer que los domicilios a que se refieren los anteriores artículos (legal y real) subsistirán para los efectos legales hasta la terminación del juicio o archivo, mientras no se constituyan o denuncien otros, para terminar explicitando en su tercer párrafo que todo cambio de domicilio deberá notificarse por cédula a la otra parte. Mientras ésta diligencia no se hubiere cumplido, prescribe el código, se tendrá por subsistente el anterior.
Se infiere así, como principio general que los domicilios subsisten mientras no sean cambiados.
Sobre los litigantes, entonces pesan dos cargas procesales: la primera es de constituir domicilio legal; la segunda es de informar el cambio de éste a la otra parte, lo cual además debe hacerse por cédula, porque de lo contrario, sigue vigente el anterior.
De esta manera también lo entiende la jurisprudencia “si una de las partes constituye un nuevo domicilio y el juzgado no lo tuvo por constituido ni ordenó la notificación correspondiente que debe hacerse por cédula para que produzca sus efectos, son válidas las notificaciones cursadas en el domicilio anterior constituido” (Cám. 1° Apel. Civ. Com. Mar Del Plata, Sala I, 30/8/94, elDial- W82BA).
Lo expuesto hasta aquí nos habilita a concluir entonces que tanto la persona notificada (Dr. Di S.) como el domicilio al que fuere diligenciada la cédula resultan correctos, además de acordes a lo que la normativa prescribe en este sentido.
Atento a la forma de resolver, respecto de la referencia que hace el apoderado del Ministerio de Salud sobre el tipo de deuda (pública) y la manera en que debe ser abonada, se infiere que debido a que la planilla de liquidación se encuentra firme (no habiendo sido objeto de impugnación en el principal), la cuestión se encuentra zanjada.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el Recurso de Apelación impetrado, confirmando la Resolución de primera instancia.
Respecto de las costas, deberán ser soportadas por la incidentista, de acuerdo al principio que consagra el art. 68 del CPCCN. Respecto de los honorarios, deberán fijarse en un 25% para el Dr. C.G. –Representante del Estado Nacional- y un 27% para el Dr. J.P. –apoderado de la actora-, de la suma que resulte regulada en primera instancia, sobre este incidente, de acuerdo a lo que prescribe la ley arancelaria vigente.
Del Acuerdo que antecede se resuelve:
I.-Rechazar la Apelación interpuesta a fs. 13 de autos y en consecuencia confirmar la Sentencia de fs. 9/10. II.- Imponer las costas a la incidentista vencida. III.- Regular en un 25% los honorarios del Dr. C.G. y en un 27% los honorarios del Dr. J.P., de lo que en definitiva se regule en primera instancia sobre el presente incidente. — Ana Order. — José L. Aguilar.
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