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Timestamp: 2018-02-21 05:32:14+00:00

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LA PAGINA DE GUILLERMO TEJADA DAPUETTO: JAVIER VILLA STEIN: "HAY UN COMPLOT URDIDO DESDE EL PERU CONTRA EL PERU"
JAVIER VILLA STEIN: "HAY UN COMPLOT URDIDO DESDE EL PERU CONTRA EL PERU"
Javier Villa Stein acusó al primer ministro, Juan Jiménez, y a la titular de Justicia, Eda Rivas, de orquestación contra el gobierno. (Fotos archivo El Comercio)
El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, denunció hoy que detrás de la resolución de la Corte IDH sobre el Caso Barrios Altos hay “un complot” contra el Poder Judicial con la intención de “avasallarlo”.
“Si el Estado peruano fuera más alerta, interpondría un recurso para aclarar este asunto, pero no lo hace, por qué, se trata de un complot urdido desde el Perú contra el Perú (...) hay un grupo de personajes coludidos para esto”, señaló.
“Han recurrido a un mecanismo apresurado que es la Corte IDH para que de una manera sibilina y perversa se plantee anular este fallo”, indicó en entrevista a Radio Programas.
El vocal negó un afán tremendista en sus palabras. “No es tremendismo cuando a los 30 minutos de estar colgada nuestra sentencia el entonces ministro de Justicia y hoy primer ministro (Juan Jiménez) dijo que era vergonzosa y en menos de 24 horas interpuso una acción de amparo”.
APUNTA A GARCÍA SAYÁN
Sin embargo, Villa Stein consideró que no es Jiménez quien lidera el supuesto complot y aludió mas bien al propio presidente de la Corte IDH, el ex ministro de Justicia y ex canciller peruano, Diego García Sayán.
“Para liderar estas cosas se necesitan condiciones que no creo que las tenga el premier y lo digo con todo respeto (...) ha habido una orquestación clarísima del presidente de la Corte, ex esposo de la ministra de Justicia”.
Y agregó que Jiménez trabajó en la gestión de García Sayán. “Son amigos y han apresurado las cosas”, acotó.
PERU 21 SETIEMBRE 27, 2012
El presidente de la Corte Suprema, César San Martín, dio a conocer la decisión del Poder Judicial. (Foto: Archivo El Comercio)
El presidente del Poder Judicial, César San Martín, informó que ello se realizó en cumplimiento con las pautas dictadas por la Corte IDH, que el lunes último emitió una resolución en que exigía se deje sin efecto el cuestionado fallo.
Anoche el ex presidente del Poder Judicial rechazó la orden de la Corte IDH de anular la sentencia de la matanza de Barrios Altos, que también retira la calificación de lesa humanidad del caso. (Foto: Difusión)
* Resolución de la Corte IDH nos deja "como un país bananero", consideró titular del TC
Ernesto Álvarez dijo que es consecuencia de la vergonzosa actuación del representante del Poder Judicial en dicho tribunal. También respondió críticas de César San Martín
Ernesto Álvarez y César San Martín vuelven a discrepar públicamente, esta vez por un tema de remuneraciones de jueces. (Fotos archivo El Comercio)
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, calificó hoy la sentencia de la Corte IDH, que anula el fallo de la sala que preside Javier Villa Stein sobre el Caso Barrios Altos, de propia de un “país bananero”, y mencionó que fue una consecuencia de una deplorable actuación de los procuradores en dicho tribunal.
“La escasa defensa por parte del Perú como una nación digna y con un Estado de Derecho que merece respeto, ha obtenido una sentencia que realmente es propia de un país bananero”, manifestó en entrevista a Canal N.
Según Álvarez, lo dictaminado por la corte deberá ser cumplido “aunque no nos guste”, y tiene como causa principal la deficiente defensa que hace el Estado Peruano en tribunales internacionales.
“Aunque no nos guste tenemos que acatarlo. El problema del Perú es que siempre tiene que acatar fallos porque no ha hecho una defensa eficaz. Lo sucedido en esa audiencia es de vergüenza. Ningún país que yo recuerde ha tenido una actuación tan deplorable en sede internacional”, expresó.
También se preguntó de qué sirve que nos tratemos de ver como una nación seria ante los entes financieros, cuando quien representa al Poder Judicial no recibe las directrices indicadas y promueve un hecho vergonzoso.
SOBRE DIFERENCIAS CON EL PJ
En otro momento Álvarez explicó que el Tribunal Constitucional resolvió de acuerdo a ley el fallo que ordena la nivelación de sueldos de los jueces superiores, hecho que fue duramente cuestionado por el titular del Poder Judicial, César San Martín.
“Hay que aclarar muchas cosas frente a la ignorancia, a la impertinencia y la insolencia”, aseveró San Martín en la víspera.
Hoy Álvarez invocó a una relación madura, seria y sin adjetivos entre los titulares de organismos constitucionales.
* Corte IDH ordenó al Perú anular fallo que favorece a Montesinos y miembros del grupo Colina
La Corte IDH señaló que si la decisión de la sala Villa Stein no es subsanada como consecuencia de la acción de amparo, “presentaría serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada que atañe al deber de investigar los hechos del presente caso”. (Fotos: Archivo El Comercio)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano anular el fallo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que reduce las penas de los integrantes del grupo Colina, que perpetraron la matanza de Barrios Altos. Además, esta decisión judicial favoreció a Vladimiro Montesinos y le retiró la calidad de crimen de lesa humanidad al caso.
Por medio de una resolución emitida el último 7 de setiembre, la Corte IDH señaló que la sentencia, aprobada en julio último por el tribunal encabezado por Javier Villa Stein, “presentaría serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada respecto al deber de investigar los hechos del presente caso”.
El organismo internacional recordó que el Perú es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la que se compromete a respetar sus decisiones. En ese sentido, le da al Estado peruano hasta el 20 de enero del próximo año para cumplir con lo dispuesto en la última resolución, es decir, anular el fallo pro Colina y que emitir una nueva que respete a las víctimas de Barrios Altos.
“Si no se subsanan las causas que podrían generar impunidad, a través de los mecanismos internos disponibles y conducentes, se estaría incumpliendo con lo ordenado por este Tribunal. Es por ello que, de ser el caso, la Corte podrá emitir en su debida oportunidad un pronunciamiento sobre los efectos jurídicos de cualquier resolución dictada en el marco de las investigaciones del presente caso y mantendrá, en consecuencia, abierta la supervisión de dicha medida de reparación”, señaló la Corte IDH en un comunicado.
En diálogo con elcomercio.pe, el ex procurador y experto de Derechos Humanos Ronald Gamarra explicó que según la normas de la Convención Americana de DD.HH. y el reglamento interno de la Corte IDH “sus decisiones son obligatorias vinculantes para el Estado peruano”.
“El Perú ha reconocido de manera soberana la competencia contenciosa de la Corte IDH al reconocer la competencia y declarar que sus sentencias son obligatorias. El Perú se compromete a respetar (sus fallos) y no hay ninguna manera de no ejecutar una sentencia de este organismo internacional”, añadió.
SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO
El tribunal internacional recordó que el Gobierno peruano ha presentando una demanda de amparo en contra de la sentencia de la Sala Penal Permanente, que también beneficio a Montesinos al ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Nicolás Hermoza Ríos; al ex titular del SIN Julio Salazar Monroe y al ex director de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo. Ellos han visto sus condenadas rebajadas de 25 a 20 años de cárcel.
La Corte IDH señaló que si la decisión de la sala Villa Stein no es subsanada como consecuencia de la acción de amparo, “presentaría serios obstáculos para la consecución de la medida de reparación ordenada que atañe al deber de investigar los hechos del presente caso”.
“En esta línea, es dable considerar que si se emiten decisiones internas que controvierten o desvirtúan el previo reconocimiento estatal, así como las consideraciones de la Corte y las sentencias emitidas a nivel interno en cumplimiento de lo ordenado por este Tribunal, entonces se mantiene la violación del derecho de las víctimas o sus familiares”, acotó el órgano.
INVESTIGACIÓN DE LA CNM
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) cursa una investigación contra los magistrados Villa Stein, Josué Pariona Pastrana, Jorge Salas Arenas, Segundo Morales Parraguez y Francisco Miranda Molina, todos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
Según señaló el titular del CNM, Gastón Soto Ballenas, en dos semanas se decidirá si se procesa o no a los jueces mencionados. “Lo que hay que confirmar en ese fallo en uno y otro sentido, es que los magistrados, por ejemplo, no actuaron bajo presiones externas”, agregó en diálogo con la agencia Andina hace unos días.
Lee aquí la resolución de la Corte IDH sobre la matanza de Barrios Altos (http://elcomercio.e3.pe/66/doc/0/0/5/1/7/517009.pdf)
Human Rights Watch reconoció que el Estado debe asegurar que los manifestantes respeten la ley. (Foto: Archivo El Comercio)
La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Ollanta Humala llamando la atención y expresando su preocupación por el uso de la “fuerza letal” para contrarrestar los conflictos sociales.
“Durante el primer año de su presidencia, 15 civiles habrían muerto tras recibir disparos efectuados aparentemente por miembros de las fuerzas de seguridad nacionales durante enfrentamientos con manifestantes”, señala la misiva, según dan cuenta agencias internacionales.
Al momento, se sabía que eran 17 en total las personas muertas por conflictos sociales en lo que va del humalismo en el poder. Sin embargo, con el deceso registrado ayer en Huaraz por una protesta contra la minera Barrick, suman ahora 18 los fallecidos.
“Reconocemos que el Estado peruano tiene la responsabilidad de asegurar que quienes participen en protestas y manifestaciones públicas respeten la ley […] No obstante, también tiene la obligación de llevar a cabo operativos de orden público de un modo que garantice el pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y el derecho a la vida y la integridad física”, señala el grupo con sede en Nueva York, Estados Unidos.
En ese sentido, la organización que indicó haber realizado una visita a Cajamarca en julio pasado recomendó al jefe de Estado realizar “todo lo que esté a su alcance para asegurar” que se investiguen las muertes producidas por esas problemáticas en el país.
Asimismo, propuso que las fuerzas de seguridad sean capacitadas para conocer y aplicar las normas internacionales sobre los usos de la fuerza a fin de que sepan claramente que “deberán rendir cuentas por su actuación” en caso las incumplan.
En otro momento, en base a datos de la Defensoría del Pueblo, recordó que durante la segunda gestión de Alan García (2006-2011) murieron 165 civiles y treinta policías durante conflictos sociales.
Presidente del PJ también cuestiona: "Sistema Interamericano está sesgado”
César San Martín consideró que CIDH nos trata como “conejillo de indias” y que no necesariamente la defensa del Estado falló en los últimos casos
Antes lo hizo el ministro de Justicia y esta vez fue el titular del Poder Judicial, César San Martín, quien arremetió contra el sistema interamericano de Derechos Humanos, por considerar que actúa con sesgo ideológico en casos contra el Perú, especialmente en los de Chavín de Huántar y Mónica Feria.
“No es cuestión de decir que el Perú siempre pierde y que siempre se defiende mal, puede ser; pero si vemos la línea, vemos la constante y cuando la constante es continuos cercamientos al Perú, usted ya puede ver que hay sesgo, ya no es un problema de la defensa, ya es un problema de la estructura de quienes están en los alrededores y que han cooptado ese sistema”, aseveró en radio San Borja.
San Martín consideró que “tampoco podemos permitir que se nos tome como constantes conejillos de indias”, lo que “es gravísimo” porque hay toda una política de limitar nuestra línea de conducta sin diferenciar lo que es una democracia y lo que es una dictadura.
“Además, hay que respetar plazos, hay que respetar procedimientos internos de reparación, hay que respetar el principio de que cuando un tema está todavía en la vía interna tiene que respetarse. Aquella excepción de que a veces es posible acudir directamente a la vía internacional, cuando se estima que la vía interna es suficiente o es fraudulenta debe ser utilizado con muchísima discreción”, dijo.
No es Cuba ni Venezuela. Tampoco la Argentina de la dictadura militar. El país que más denuncias y sentencias acumula ante el sistema interamericano de justicia es el Perú.
Vea AQUÍ una infografía sobre los casos pendientes del Perú ante la Corte de San José.
“Si seguimos pateando las canillas al juez o al árbitro, no vamos a ganar el partido”, dijo esta semana el jurista Aníbal Quiroga en alusión a este tema. Es cierto. El partido lo estamos perdiendo. Y por goleada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe y procesa las denuncias sobre casos de violación de DD.HH. Si se determina la responsabilidad del Estado, eleva un informe a la Corte de San José. Esta tiene competencia contenciosa para ver los casos y emitir sentencias.
En el año 2010, la CIDH admitió 364 peticiones de denuncia contra nuestro país e inició trámite en 86 de estos casos. Estas cifras nos convierten en el país más denunciado del sistema interamericano.
También somos el país con más sentencias desfavorables. El Perú ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San José y, en todos estos casos, los fallos han sido adversos.
Algunos de estos dictámenes favorecieron a personas procesadas por terrorismo. Entre los casos más recordados, está la sentencia a favor de los senderistas amotinados en el penal Castro Castro.
El tribunal estableció, en el 2006, que el Estado debía pagar US$50 mil a los familiares de cada uno de los 41 muertos tras la violenta incursión de las fuerzas del orden en el penal en 1992. También se recomendó que los internos sobrevivientes recibieran US$20 mil. Posteriormente, la sentencia se corrigió y se determinó que el Estado definiera el modo en que se realizarían las reparaciones.
Entre los favorecidos con el fallo original estuvieron la hoy prófuga de la justicia, Mónica Feria; Atilio Cahuana, por entonces, ideólogo de las huestes de ‘Artemio’ en el Huallaga; y algunos de los hoy dirigentes del Movadef.
Otras sentencias que dieron que hablar fueron las que ordenaron el pago de indemnizaciones a los emerretistas Lori Berenson, Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira.
No todas las demandas apuntan a casos de terrorismo. El Perú también ha sido condenado por los casos de Baruch Ivcher, Gustavo Cesti, los trabajadores despedidos del Congreso y por la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional en 1999.
¿Tienen los jueces interamericanos un sesgo ideológico y una animadversión contra el Perú o es que la defensa del Estado no es buena? Para el penalista Mario Amoretti, se trata de lo segundo. El abogado exigió al Gobierno revelar los nombre de los agentes del Estado de los diferentes procesos por derechos humanos.
Añadió que, en algunos casos, el Estado designó como agentes a personas que ni siquiera eran abogados. Recordó que, en estos procesos, los abogados de las ONG se presentan como testigos, lo que es una desventaja para los agentes.
PROCURADOR SUPRANACIONAL DESCARTA SESGO CONTRA EL PERÚ
“Yo no veo una tendencia de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú. A la comisión sí se le pueden formular algunas críticas serenas”, señala el procurador supranacional, Luis Alberto Salgado.
El representante del Estado explicó por qué, en su opinión, las sentencias de la corte han sido siempre desfavorables para nuestro país. “El Perú ha perdido los
casos, porque se violaron los derechos humanos en la década del 90”. Salgado manifestó que la mayor parte de los casos por los que el Perú ha sido sancionado se registraron durante ese período.
Sin embargo, admitió que se pudo haber realizado “una defensa más efectiva en cuanto a la gravedad de la sanción contra el Estado Peruano”, como la que se impuso en el Caso Castro Castro.
El procurador recordó que, cuando fue agente del Estado, en la segunda parte de dicho proceso, la corte le dio la razón al Perú en cuanto al cumplimiento de la sentencia.
El tribunal permitió al Estado establecer la modalidad de cumplimiento de la indemnización, la cual se cubrió no en dinero en efectivo, sino en servicios.
Dijo que, en la instancia de la Comisión, se logró llegar a soluciones amistosas en los casos de las esterilizaciones forzadas y de los magistrados despedidos del
Poder Judicial, denuncias que provienen de la década del 90. Precisó que con estos acuerdos el monto de las indemnizaciones fue menor.
Etiquetas: CIDH 2012

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