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Sentencia A.P. Madrid 282/2010 de 28 de mayo. Intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar. Derecho de información - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Madrid 282/2010 de 28 de mayo
Intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar: Emisión de programa de televisión. Adicción a las drogas. Jurisprudencia del TS. Libertad de información: Doctrina del TC. No existe ningún hecho noticiable. Mero espacio especulativo y sensacionalista. Inexistencia de actos propios de la fallecida que impidan la lesión del derecho a la intimidad. Orden de Cesación. Indemnización: Se considera adecuada la cuantía establecida en primera instancia.
SENTENCIA: 00282/2010
SENTENCIA NÚMERO:282/10
RECURSO DE APELACION 344/2009
En Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil diez.
VISTOS en grado de apelación ante esta Sección Novena de la Audiencia Provincial de Madrid, los autos de Procedimiento Ordinario 1425/2007, procedentes del Juzgado e Primera Instancia número 68 de Madrid, a los que ha correspondido el Rollo 344/2009, en los que aparecen como partes; de una, como demandantes y hoy apelantes, DON Hugo Y DON Lucas como herederos de DOÑA María Virtudes, representados por la Procuradora Sra. Doña Alicia Casado Deleito; de otra, como demandada y hoy también apelante, ANTENA 3 DE TELEVISIÓN S.A., representada por el Procurador Sr. Don Manuel Lanchares Perlado; y, como impugnante, el MINISTERIO FISCAL; sobre derecho al honor y a la intimidad familiar.
Primero.-Por el Juzgado de Primera Instancia n.º 68 de Madrid, en fecha 10 de junio de 2008, se dictó sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimando parcialmente la demanda presentada por D. Hugo Y D. Lucas en su propio nombre y derecho y en el de su fallecida madre D.ª María Virtudes, representado/a en autos por el/la procurador/a Sr. CASADO DELEITO y asistido del letrado/a Sr. REIG TOMASÍN, contra ANTENA 3 DE TELEVISIÓN S.A. representado/a en autos por el/la Procurador/a Sr. LANCHAREZ PERLADO debo: 1.- declarar y declaro la existencia de intromisión ilegítima por parte de la demandada, en el derecho a la intimidad personal y familiar de los actores, así como en la defensa de la memoria de D.ª María Virtudes.- 2.- condenar y condeno a la demandada a que abone la cantidad de 80.000 euros en concepto de daños y perjuicios, a razón de 40.000 euros a cada uno de los demandantes. 3.- condenar y condeno a la demandada a la cesación inmediata en la intromisión ilegítima en los derechos de la vida privada de los actores y en la memoria de su madre en los términos que en la presente se establecen, prohibiendo, en cualquiera de los programas y emisiones en canales analógicos o digitales, la emisión de imágenes o comentarios atinentes a la autopsia de la fallecida o resolución de fecha 20 de septiembre del año 2.004 del JI n.º 20 de esta Capital, así como la reproducción de programas o partes del mismo en los que aparezcan imágenes o comentarios relacionados con dichos documentos.- Los anteriores sin hacer pronunciamiento en cuanto a costas.
Segundo.-Notificada la mencionada sentencia por la representación procesal de ambas partes litigantes previos los trámites legales oportunos, se interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales les fueron admitidos, y, dándose traslado de los mismos a las contrapartes, que se opusieron a ellos, impugnando a su vez la sentencia el Ministerio Fiscal, elevándose posteriormente las actuaciones a esta superioridad, previo emplazamiento de las partes, ante la que han comparecido en tiempo y forma bajo las expresadas representaciones, substanciándose el recurso por sus trámites legales.
Tercero.-No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba en esta alzada ni estimando la Sala necesaria la celebración de vista pública, se señaló para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo del presente recurso, la audiencia del día veintisiete del año en curso.
Primero.-Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los siguientes.
Segundo.-Los demandantes D. Hugo y D. Lucas formularon demanda contra Antena 3 de Televisión, SA en la que pretendían la protección de su derecho a la intimidad personal y familiar, así como en defensa de la memoria de su fallecida madre, D.ª María Virtudes; solicitaban una indemnización de daños y perjuicios, inicialmente no determinada, y cuantificada en el curso del proceso en 568.889 euros; igualmente pedían la orden de cesación inmediata y de abstención de futuros actos semejantes de intromisión. Sustancialmente, la demanda tiene por causa el programa "Dónde estás corazón" emitido por la demandada el día 27 de julio de 2007, creando previamente expectación en relación con el mismo, debido a que hizo público en él un auto del Juzgado de Instrucción n.º 20 de Madrid en el que se relataban las causas del fallecimiento de la madre de los demandantes, D.ª María Virtudes, según la autopsia practicada, incidiendo los demandantes en las diversas expresiones que se utilizaron en dicho programa, así como en la previa publicitación del mismo. Imágenes de ese programa serían repetidas los días 30 y 31 de julio en el programa "En antena splas", realizando en él nuevos comentarios.
La sentencia de instancia, estimando en parte la demanda, declaró la existencia de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar de los actores y "en la defensa de la memoria de D.ª María Virtudes "; condenó a la demandada al pago de 80.000 euros y estimó la orden de cesación inmediata en la intromisión ilegítima y de abstención de futuras intromisiones con el contenido que refleja el punto 3 del fallo. Ambas partes apelaron la sentencia.
Tercero.-La sentencia de instancia no apreció lesión de la intimidad personal y familiar de los dos demandantes que estuviese provocada por las expresiones vertidas en el programa en las que se aludía al consumo de drogas por la fallecida (como cocaína), aduciendo como razón que en un litigio similar en relación con la misma persona (D.ª María Virtudes) la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla hizo referencia a que ella misma había reconocido su adicción y su sometimiento a terapias curativas.
Pero esa sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, de fecha 25 de septiembre de 2006 (cuya fotocopia obra en autos), no dice que D.ª María Virtudes hubiese reconocido ni su adicción a la cocaína ni a otras drogas, sino a "pastillas y somníferos", y sólo respecto de esas sustancias se habría sometido a "determinadas terapias curativas". El artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982, establece que "La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia", sin que en el caso de autos pueda hablarse, en rigor, de acto propio de la fallecida que impida la protección pedida, pues no consta que reconociese su adicción a la cocaína.
La mención de que era o pudo ser adicta a la cocaína y otras expresiones relacionadas con ello sí constituyen una vulneración del derecho a la intimidad de la fallecida (artículos 4.1 y 4.2 de la L.O. 1/1982) y, por ello, también de la intimidad familiar de los actores, pero no una vulneración de su derecho al honor. Lo mismo cabe decir de las expresiones en las que se preguntaba o insinuaba si alguien había matado a D.ª María Virtudes.
1) Derecho al honor. Señala la STS número 51/2010, Sala de lo Civil, Sección 1, de 8 de febrero, que "como ya se pronunció la sentencia de esta Sala de fecha 8 de julio de 2004 (RJ 2004, 5243), para estimar una intromisión ilegítima en el derecho al honor, ha de tratarse de juicios de valor que se presentan (...) en sentido burlesco y ofensivo", "para ofender", lo que no sucede en el caso de autos, en el que se especulaba sobre la posible causa del fallecimiento y si dicha causa podía tener relación con la adicción a las drogas que se atribuía a la fallecida, pero no se utilizan expresiones vejatorias, despreciativas o insultantes ni se aprecia ánimo de ofensa o falta de consideración hacia D.ª María Virtudes, de ahí que no quepa apreciar vulneración del derecho al honor.
2) Derecho a la intimidad. En cambio, siguiendo esa misma STS 51/2010, ha de llegarse en este caso a idéntica conclusión que en ella, la existencia de vulneración del derecho a la intimidad familiar de los actores por las atribuciones que se hacen a la fallecida D.ª María Virtudes, pues -dice esa sentencia- "aunque se trate de un personaje público y en cierto sentido notorio por sus actuaciones profesionales, ello no anula por completo la parcela privada de la intimidad personal y familiar que garantiza el artículo 18 de la Constitución a todas las personas de modo general, resultando en el presente caso las informaciones emitidas sin relevancia comunitaria y de interés público, pertenecientes al estricto ámbito de la intimidad, responden a fines exclusivamente comerciales, generado comentarios desviados respecto a su vida privada y sin que por ello resulte justificada su publicidad". De forma análoga, aunque se tratase de un personaje conocido y de frecuente aparición o mención en cierta clase de programas televisivos (la conocida como "prensa del corazón", aquí no se trata de conocimiento por actuaciones profesionales como en la sentencia citada), ello no impide que tuviera derecho a guardar para sí determinados aspectos de su vida privada que entran de lleno en el ámbito de la intimidad personal y en los que nadie tiene derecho a inmiscuirse ni a hacerlos públicos. Como recuerda la referida STS 51/2010, "De la intimidad personal ha dicho la Jurisprudencia que "tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 Constitución española), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares. De suerte que el derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar (Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre (RTC 1988, 231) y 197/1991, de 17 de octubre (RTC 1991, 197)), frente a la divulgación del mismo por terceros y una publicidad no querida. (Sentencia de 6 de noviembre de 2003 (RJ 2003, 8268), con cita de la de 22 de abril de 2.002 y también de las Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre y 115/2.000, de 10 de mayo). En esta misma línea, la sentencia de 26 de septiembre de 2008 (RJ 2008, 5579) recuerda que el derecho a la intimidad "implica la existencia de un ámbito propio y reservado de la vida frente a la acción y el conocimiento de los demás referido preferentemente a la esfera estrictamente personal de la vida o de lo íntimo, imponiendo a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en esa esfera y la prohibición de hacer uso de lo conocido, salvo justificación legal o consentimiento del afectado".
Es de interés destacar en este tema, por un lado, que es irrelevante la veracidad de lo expresado (la supuesta adicción a la cocaína o a otras drogas), pues en todo caso existe infracción del derecho a la intimidad; por otro, que la mención de ese aspecto de la vida privada de la fallecida no queda justificada ni amparada por el derecho a la libertad de información. En cuanto a lo primero (irrelevancia de la veracidad cuando se trata de intromisiones en el derecho a la intimidad), la jurisprudencia del Tribunal Constitucional tiene establecido (STC, Sala 1.ª, 20/1992, de 14 Feb) que "la intimidad que la CE protege, y cuya garantía civil articula la repetida LO 1/1982, no es menos digna de respeto por el hecho de que resulten veraces las informaciones relativas a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre (art. 7.3 LO 1/1982), según hemos tenido ya ocasión de precisar en resoluciones anteriores (STC 197/ 1991, FJ 2.§), ya que, tratándose de la intimidad, la veracidad no es paliativo, sino presupuesto, en todo caso, de la lesión". Por tanto, la mención en el programa televisivo de la real o supuesta adicción a cualesquiera drogas de D.ª María Virtudes constituye una vulneración de su derecho a la intimidad y del derecho a la intimidad familiar de sus hijos, siendo los demandantes los legitimados para el ejercicio de la acción de protección del derecho de su madre fallecida, a tenor del artículo 4.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
En cuanto a la libertad de información (artículo 20.1.d) de la Constitución), la misma STC, Sala 1.ª, 20/1992, de 14 Feb, recoge la doctrina de dicho Tribunal, declarando que "es, sin duda, un derecho al que la CE dispensa, junto a otros de su misma dignidad, la máxima protección, y su ejercicio está ligado, como repetidamente hemos dicho (desde la STC 6/1981, FJ 3.§), al valor objetivo que es la comunicación pública libre, inseparable de la condición pluralista y democrática del Estado en que nuestra comunidad se organiza. Pero cuando tal libertad se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y, en este caso, la intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima que lo informado resulte de interés público (STC 171/1990, FJ 5.§, por todas), pues sólo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, lo soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad. Tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una determinada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad, de una parte, y la libertad de información, de la otra".
Y añade, en reflexión plenamente aplicable al caso de autos, que "en modo alguno puede exigirse a nadie que soporte pasivamente la difusión periodística de datos, reales o supuestos, de su vida privada que afecten a su reputación, según el sentir común, y que sean triviales o indiferentes para el interés público. Ninguna duda hay, en cuanto a lo primero, de que la reputación de las personas (art. 7.3 LO 1/1982) fue aquí afectada". Las expresiones o comentarios en relación con la supuesta adicción a las drogas de D.ª María Virtudes y las preguntas o insinuaciones de que alguien la había matado en modo alguno quedan amparados por la libertad de información. No se está informando, sino especulando; se pretenden revelar datos de la vida privada de la fallecida (supuesta adicción a las drogas) y se especula sin ningún fundamento sobre la posibilidad de alguien la hubiese matado, pero ninguna actuación judicial ha respaldado tales suposiciones.
Cuarto.-Esta Sala no desconoce la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo n.º 124/2009, de 25 de febrero de 2009, cuya copia se aportó al Rollo de la Sala, precisamente relativa a un caso en que demandaba D. Hugo y con motivo -entre otros ajenos a este caso- de determinadas informaciones relativas al fallecimiento de su madre D.ª María Virtudes. El Tribunal Supremo descartó que hubiese intromisión ilegítima en su derecho al honor y en su derecho a la intimidad. Pero las circunstancias del supuesto de autos son distintas y las expresiones vertidas en el presente caso son también susceptibles de diferente enfoque y significado.
En el supuesto enjuiciado por la STS n.º 124/2009 se descarta que se haya vulnerado el derecho a la intimidad de D. Hugo porque D.ª María Virtudes "era una persona famosa, habitual de los medios de comunicación de la llamada prensa rosa, y que voluntariamente había limitado extremadamente su esfera de privacidad, siendo por ello que la muerte súbita e inesperada, por causas desconocidas, de un personaje de la notoriedad social alcanzada por dicha Antonieta, constituía un hecho noticioso ubicable, por su objeto y valor, en el ámbito de lo público, es decir, más allá del mero cotilleo o de la satisfacción de la curiosidad ajena, con la consecuencia de que la cobertura dispensada por los medios, orientada a formar a la opinión pública sobre las razones o causas de su muerte a tan temprana edad, justifica la priorización de la libertad de información por encima de la preservación de ese reducto de intimidad que corresponde al hijo para que no se revelen esos detalles".
En el caso presente, la demanda no se basa en la publicación de "una información", sino en la emisión televisiva de expresiones que atribuyeron a la fallecida adicción a la cocaína y especularon con la posibilidad de que alguien la hubiese matado, todo ello únicamente al socaire del conocimiento de la autopsia y una vez que habían transcurrido tres años desde el fallecimiento (de julio de 2004 a julio de 2007), luego no había ningún hecho noticiable ni ésta es la causa en que se basan los actores. Éstos no demandan porque se hagan públicos hechos de interés general, sino por la lesión de la intimidad (de la fallecida y de ellos mismos, en cuanto hijos suyos) que supone organizar una especie de circo televisivo en relación con la muerte de una persona para lanzar especulaciones sin fundamento ("hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre": artículo 7.3 de la L.O. 1/1982), no para informar a la opinión pública de dato alguno que pueda considerarse de interés general. Dicho de otra forma, los demandantes no pretenden que se ocultase ningún "detalle" de carácter informativo, sino que se hubiesen evitado afirmaciones y especulaciones insidiosas relativas a la vida privada de su madre y al momento de su fallecimiento.
En relación con las informaciones sobre la muerte de D.ª María Virtudes, aprecia la STS n.º 124/2009 que concurre "relevancia pública" tanto por la persona como por las circunstancias en que se produjo, destacando en cuanto al requisito de la veracidad que se informaba de lo que ya había publicado otro medio, de ahí que amparase esta actuación en la doctrina del "reportaje neutral" y en que en la información se señalaba como fuente de la noticia el informe de autopsia, y la propia víctima había confesado públicamente su adicción al menos a dos de las sustancias que se mencionaban como encontradas en el cadáver; esta última circunstancia, precisa la sentencia, "permite considerar veraz la información", pese a que ésta no goce de una "exactitud absoluta" por no haberse acreditado que aquélla fuera la causa del óbito, o que, de serlo, la cocaína fuera una de las sustancias ingeridas en exceso por D.ª María Virtudes.
Nuevamente se aprecian las diferencias entre uno y otro caso, ya que en el presente, como ya se ha expuesto, no se trata de ningún hecho noticiable ni de la transmisión de ninguna información. Han pasado tres años desde el fallecimiento de D.ª María Virtudes y se emite un programa de televisión, no dirigido a dar ninguna información, sino a hacer de la especulación y del sensacionalismo el contenido único del mismo, se reitera que sobre la base de atribuir a la fallecida una adicción a las drogas como supuesta causa de la muerte sin fundamento alguno, afirmar que era adicta a la cocaína sin que ella lo hubiese admitido (pastillas y somníferos no son cocaína) y sugerir o insinuar la posibilidad de alguien la hubiese matado, sin que diligencia penal alguna apoyase tal especulación. Por todo ello, no sólo es que la eventual veracidad de lo afirmado es irrelevante por afectar al derecho a la intimidad, como antes se dijo, sino que no existía ningún hecho noticiable que permita acudir a la protección de la libertad de información, pues en realidad de nada se estaba informando. Como ha declarado el Tribunal Constitucional (Sentencia 20/1992, de 14 de febrero), "la preservación de ese reducto de inmunidad sólo puede ceder, cuando del derecho a la información se trata, si lo difundido afecta, por su objeto y por su valor, al ámbito de lo público, no coincidente, claro es, con aquello que pueda suscitar o despertar meramente la curiosidad ajena". Y en el supuesto que se examina ningún asunto de interés general se trató en el programa televisivo de autos en relación con los hechos objeto de este proceso.
En este aspecto, y conforme a lo expuesto, procede estimar en parte el recurso de los dos demandantes (en cuanto a la inexistencia de actos propios de la fallecida que impidan la lesión del derecho a la intimidad) y desestimar el primer motivo del recurso de Antena 3 de Televisión, SA, rechazando que se vulnere su derecho a la libertad de información. La estimación parcial del recurso de los actores se debe al acogimiento de los argumentos del recurso frente a los razonamientos de la sentencia apelada. Aunque ésta declaró en el punto 1 de su fallo que estimaba la demanda y que apreciaba intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los actores y de su fallecida madre, se amplía la estimación por sí considerarse lesiva de esos derechos la atribución a la fallecida de adicción a la cocaína u otras drogas, lo que no impide que se mantenga la literalidad del pronunciamiento estimatorio, ya que en el mismo no se distingue la razón de la estimación.
Quinto.-Orden de cesación. El segundo motivo de Antena 3 de Televisión, SA combate la orden de cesación que se contiene en el punto 3 del fallo de la sentencia apelada. El primer inciso de ese punto condena a la demandada "a la cesación inmediata en la intromisión ilegítima en los derechos de la vida privada de los actores y en la memoria de su madre en los términos que en la presente se establecen". Pero las intromisiones ilegítimas tuvieron lugar con la emisión de un programa televisivo determinado, luego carece de sentido pedir la "cesación inmediata" de las mismas, dado que no han sido conductas que hayan permanecido en el tiempo. Además, no hay intromisión en "la vida privada" de los actores (sino en su derecho a la intimidad), y en cuanto a la cesación de la intromisión ilegítima "en la memoria de su madre", entendida como derecho a la intimidad, no consta que se haya repetido, teniendo el litigio por causa un programa de televisión concreto, no actuaciones repetidas ni prolongadas en el tiempo, de ahí que no sea de aplicación la orden de cesación. En estos aspectos ha de estimarse el recurso, dejando sin efecto la orden de cesación contenida en el inciso inicial del punto 3 del fallo de la sentencia apelada.
Orden de abstención. En otro sentido, se pidió en la demanda la condena de la demandada a abstenerse de realizar en lo sucesivo actos semejantes de intromisión en los derechos de los actores. La sentencia, estimando la demanda en este punto, estableció la prohibición a la demandada, y en cualquiera de los programas o emisiones de canales analógicos o digitales, la emisión de imágenes o comentarios atinentes a la autopsia de la fallecida o a la resolución de fecha 20 de septiembre de 2004 del Juzgado de Instrucción n.º 20 de Madrid, así como la reproducción de "programas o partes del mismo" en los que aparezcan imágenes o comentarios relacionados con dichos documentos.
El artículo 9.2 de la L.O. 1/1982 dispone que "La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados". Parece que las prohibiciones señaladas se dirigen a "prevenir o impedir intromisiones ulteriores", si bien con el contenido que el juzgador de instancia les ha asignado suponen una vulneración tanto de la libertad de información (artículo 20.1.d) de la Constitución) como de la libertad de expresión (artículo 20.1.a) de la Constitución). Se ha apreciado vulneración del derecho a la intimidad en la atribución a la fallecida de adicción a las drogas, y en especial a la cocaína, y en la especulación consistente en que alguien pudiera haberla matado; pero ello no puede impedir ningún programa, en todo o en parte, sobre la autopsia o sobre el auto de 20 de septiembre de 2004 del Juzgado de Instrucción n.º 20 de Madrid, ni la emisión de imágenes, comentarios u opiniones sobre dichos temas o con ocasión de los mismos. Estas prohibiciones de la sentencia de instancia han de dejarse sin efecto, con estimación parcial del recurso, manteniéndose únicamente, de acuerdo con la literalidad del artículo 9.2 de la L.O. 1/1982, la prohibición de cualquier ulterior intromisión en el derecho a la intimidad de D.ª María Virtudes y en el derecho a la intimidad familiar de los dos demandantes por idénticas causas a las que han sido objeto de este proceso, identificando estas causas en la atribución a la fallecida de adicción a las drogas, y en especial a la cocaína, y en la especulación consistente en que alguien pudiera haberla matado.
Sexto.-Indemnización. La sentencia apelada concedió una indemnización de 80.000 euros, 40.000 euros para cada uno de los dos demandantes. Ambas partes han apelado dicho pronunciamiento, y el Ministerio Fiscal consideró en su escrito que la indemnización concedida era escasa.
El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, determina que "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma".
Ninguna de las partes ofrece dato alguno relevante que permita considerar inadecuada la indemnización concedida por el juzgador de instancia, más allá de las meras opiniones particulares sobre la entidad del daño moral o la gravedad de la lesión. Aun admitiendo que, a falta de datos objetivos, la valoración del daño moral o la gravedad de la lesión producida son conceptos indeterminados sujetos a dispares opiniones, esta Sala considera que la indemnización de ochenta mil euros concedida por la sentencia de instancia es adecuada a los parámetros fijados por el precepto antes citado, por lo que debe confirmarse en este punto, desestimando ambos recursos.
Séptimo.-Los actores apelan el pronunciamiento sobre costas (no imposición de costas) porque "debiera haberse concedido íntegramente nuestra solicitud", lo que claramente sitúa el motivo en una hipótesis que no es la real. Lo real es que la demanda se estimó parcialmente, lo que se mantiene en esta segunda instancia, de ahí que sea correcta la no imposición de costas a tenor del artículo 394.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Octavo.-Al estimarse ambos recursos en parte, no procede hacer imposición de las costas causadas por los mismos (artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Estimamos en parte el recurso de apelación presentado por D. Hugo y D. Lucas contra la sentencia dictada con fecha diez de junio de dos mil ocho por el Juzgado de Primera Instancia n.º 68 de Madrid, declarando la existencia de intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad familiar de los actores y en el derecho a la intimidad de su fallecida madre, D.ª María Virtudes, también por las razones expuestas en el último párrafo del Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia, que se da aquí por reproducido.
Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Antena 3 de Televisión, SA contra la referida sentencia, dejando sin efecto la orden de cesación contenida en el punto 3 del Fallo de la sentencia apelada y limitando la orden de abstención a la prohibición de cualquier ulterior intromisión en el derecho a la intimidad de D.ª María Virtudes y en el derecho a la intimidad familiar de los dos demandantes por idénticas causas a las que han sido objeto de este proceso, identificando estas causas en la atribución a la fallecida de adicción a las drogas, y en especial a la cocaína, y en la especulación consistente en que alguien pudiera haberla matado.
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación literal al rollo de Sala del que dimana, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Haciéndose saber que contra la misma CABE RECURSO DE CASACIÓN, que se preparará ante este Tribunal dentro de los cinco días siguientes a esta notificación.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 7
 resolución 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 394