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Timestamp: 2016-12-06 20:19:43+00:00

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Sergio Robles Escobar
1 QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD La suscrita, diputada federal, Valentina Valia Batres Guadarrama integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 64, 73, 75, 94, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos La evolución de la sociedad conlleva a una revisión constante del marco normativo del desempeño de la función pública, evitar el abuso del poder en la asignación de remuneraciones, procurar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental, la conservación del equilibrio y equidad presupuestal de los recursos públicos en los poderes públicos y los organismos autónomos, son fines y piedra angular de todo Estado democrático de derecho. En tal contexto, la rendición de cuentas se encuentra estrechamente vinculada a la transparencia gubernamental y en tratándose de las remuneraciones de los servidores públicos, resulta oportuno instrumentar los mecanismos jurídicos necesarios que permitan establecer los lineamientos sobre los cuales deberá basarse la determinación de la remuneración atribuida al servidor público, la cual deberá establecerse tomando en consideración las responsabilidades y funciones que realice el servidor público por el ejercicio del empleo, cargo o comisión, sin embargo es bien conocido por la sociedad mexicana la existencia de sueldos excesivos y escandalosos de muchos de los servidores públicos federales, estatales y municipales, así como de las pensiones vitalicias ofensivas otorgadas a los ex presidentes de la República.2 El servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado asegure que los ciudadanos que se encuentren desempeñando la función pública reciban un ingreso digno y decoroso que les permita desempeñar con eficacia y profesionalismo el cargo que la ciudadanía les encomendó. Si bien es cierto que, nuestra Ley Suprema faculta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a las Legislaturas de los estados, a la Asamblea Legislativa, y a los ayuntamientos aprobar sus presupuestos de egresos, también lo es que la falta de normatividad y de bases mínimas en la Constitución federal respecto a los criterios a los que se debe sujetar la asignación de remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, ha hecho que los emolumentos que perciben sean elevados, inequitativos, no guardando relación con la función que tienen encomendada, ni con los criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación de acuerdo al cargo que desempeñan. Por ejemplo, resulta alarmante el salario que perciben algunos secretarios de estado o presidentes municipales, quienes tienen remuneraciones que van desde los 100 hasta los 500 mil pesos mensuales, los que de manera discrecional o encubierta reciben a través de bonos, compensaciones, gastos de representación, viáticos y otras modalidades, ganando incluso más que el Presidente de la República, asimismo la falta de regulación ha propiciado que servidores públicos de los tres niveles de gobierno, al término de su cargo se otorguen sendos bonos bajo los rubros de marcha y otras modalidades, quebrantando de esta forma las finanzas públicas, a sabiendas que su función y facultades implican en todo caso un alto grado de responsabilidad y compromiso con todos los mexicanos. Desde la Colonia, los conquistadores buscaron enriquecerse fácilmente al adquirir por medio del engaño y de la rapiña, el oro y la plata que poseían los indígenas en joyas y figurillas. En los primeros años de la conquista y colonización, los españoles se posesionaron de grandes extensiones de tierra a los que creyeron tener derecho como compensación a los servicios prestados. Los conflictos sociales en la Nueva España se originaron por la3 pésima distribución de la riqueza, lo que determinó una profunda desigualdad social expresada en los estratos sociales o castas dentro de la población novohispana, lo que finalmente explotó en la Guerra de Independencia, que puso fin a 300 años de dominación española; sin que por ello se hubieran resuelto las profundas contradicciones sociales. El pensamiento social y político de Morelos plasmado en el discurso pronunciado en la inauguración del Congreso de Anáhuac de 1813 clarifica las necesidades aún vigentes de México:.."La soberanía emana del pueblo y la deposita en el Supremo Congreso Nacional Americano;las leyes que dicte el Congreso deben obligar a la constancia y al patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto." La Constitución de Apatzingan de 1814 establece la República y la divide en tres poderes, establece que la soberanía reside en el pueblo ejercido por el Congreso y le reconoce al pueblo cuatro derechos fundamentales: igualdad, seguridad, libertad y propiedad. El México independiente de 1821 a 1833 tuvo dos formas de gobierno: la monarquía y la república, un emperador y siete presidentes, incontables rebeliones y una permanente crisis económica. El país se dividió en diferencias entre liberales y conservadores. Los conservadores pensaban en la posibilidad de establecer las estructuras de la sociedad moderna pero conservando los fueros y privilegios de las principales corporaciones. Los liberales pretendían reformar la situación, económica, social y política heredada de la colonia por ello en la inauguración del Congreso Constituyente de 1857, Ponciano Arriaga dijo: "algún día llegarán al poder hombres de honor, de moralidad y de conciencia; algún día serán cumplidas las promesas y respetados los juramentos; algún día las ideas serán hechos y la Constitución será una verdad. Ha llegado ese día"4 En el "Ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana" de 1842, Mariano Otero, al referirse al peculado expresó: "esta profesión vergonzosa y eminentemente antinacional, de aprovecharse de las rentas públicas, formó una clase atendida, considerada y solicitada; y corrompiéndose los altos funcionarios se vieron esas fortunas escandalosas, adquiridas por el delito y ostentadas por la impudencia, y que sustituyendo a los principios políticos o administrativos que dividen a los hombres únicamente el interés de hacer una fortuna rápida, nos han delegado hombres para quienes cuanto hay de noble y santo no son mas que palabras sin sentido, y que de todos modos y bajo todos pretextos, no buscan siempre más que oro y más oro." Desgraciadamente los legisladores de 1857 no se atrevieron a dictar las leyes que moderaran la opulencia y la miseria. El poder de las clases privilegiadas resultó más fuerte que la razón y la justicia. La Guerra de Reforma con don Benito Juárez García exalta en su obra la legitimidad con que ejercía el poder, sus palabras fueron claras: "La autoridad no es mi patrimonio, sino un depósito que la nación me ha confiado muy especialmente para sostener su independencia y honor." "La sana opinión del mundo jamás podrá negar que México es un Estado protegido por el derecho de gentes, porque a pesar de sus periódicas revueltas y los desórdenes de todo linaje que acarrean, no es una voluntaria asociación de ladrones y piratas para su particular provecho. Así es que México puede perfectamente distinguirse de las hordas salvajes ambulantes, porque constituye una sociedad civil determinada, cuyos miembros obedecen de ordinario a autoridades constituidas, con ciudades de civilización adelantada" "Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos, no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala".5 Ahora bien, el control parlamentario del Ejecutivo en 1917, en el artículo 75 del Código Político establece a la letra lo siguiente: "La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo." No obstante lo anterior, desde el 25 de noviembre de 1976 se expidieron decretos que otorgaron a los ex presidentes gozar de personal militar bajo sus instrucciones y custodia, a disfrutar de los servicios de seguridad social, gastos médicos mayores, además de la pensión vitalicia para sí, la cónyuge e hijos. El 31 de marzo de 1987, mediante acuerdo del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se formalizó el disfrute de una pensión, prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe un secretario de Despacho y se reguló el derecho de la cónyuge supérstite para disfrutar de la pensión presidencial, de los seguros de vida y gastos médicos mayores, incluyendo a los hijos. Además, se destinaron 25 servidores públicos civiles, adscritos a la plantilla de la Presidencia de la República, para atender los "asuntos personales" de cada ex presidente. Esta pesada estructura no es de ninguna manera justificable. La "pensión vitalicia de los ex presidentes", que hoy la tienen Luis Echeverría Álvarez, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari, ha provenido principalmente de la partida secreta que manejaron en forma por demás discrecional los ex presidentes en turno mencionados y fue hasta 1997 que se decidió presentarla para incluirla, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que implicó que para otorgarla se tuviera que aprobar por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde entonces a la fecha dicha partida o pensión vitalicia de los ex presidentes aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación como "legal" aunque no legítima, la cual como se observa no sólo es su sueldo el que se paga a costa de los impuestos de los mexicanos, sino además es todo el apoyo logístico que se les da y que es realmente desorbitado, bajo el argumento de que por prestar servicios a la patria lo merecen. Resulta impostergable señalar con claridad y certidumbre dentro de los márgenes que permite la generalidad característica de las leyes, la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de recursos, el apego al mandato de la Ley Suprema de las asignaciones presupuestales, dando cumplimiento a cabalidad a las restricciones y los criterios de austeridad y6 disciplina presupuestarios, así como la eliminación de compensaciones infundadas e injustificables ante los estratos de pobreza y ruina de la hacienda pública que se causan a la terminación de periodos constitucionales, son constantes que el pueblo de México reclama. En aras de fortalecer la transparencia, se propone la modificación de la fracción XI del artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. A este respecto dicha reforma no violentaría de forma alguna el régimen federal, ni la normatividad de los estados, municipios y del Distrito Federal, ya que la ley que se expediría en uso de esta facultad permitiría homologar las bases para la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos con base en los criterios de proporcionalidad, igualdad, suficiencias y transparencia. Al respecto la presente iniciativa propone, que la dieta del diputado federal sea la referencia para que ningún servidor público, federal, estatal, municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración mayor que éstos, salvo los casos que se señalan en la modificación del artículo 75 de nuestra Ley Fundamental a efecto de establecer la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan, especificándose que en los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración no mayor a una tercera parte más de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y los servidores de la administración pública federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales.7 Es por ello que se plantea que la remuneración que perciba un diputado federal sea el equivalente a cincuenta y cinco salarios mínimos diarios, lo que equivaldría a una remuneración mensual de mil seiscientos cincuenta salarios mínimos general vigente en el Distrito Federal, siendo este el tope para los demás servidores públicos de los tres ordenes de gobierno, con las excepciones que se establecen para el presente decreto en el párrafo inmediato anterior. Esta plusvalía en los sueldos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales electorales, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, los titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, respecto al que perciben los diputados federales se justifica toda vez que los órganos de los que forman parte o son titulares, son reducidos en número comparados con el numero de integrantes del Congreso de la Unión, lo que aumenta su responsabilidad individual respecto a la función que desempeñan. En efecto, la reforma cumple así dos objetivos: El primero, que es respetar los principios de proporcionalidad y suficiencia que deben regir las remuneraciones de los servidores públicos según la magnitud de la responsabilidad que llevan en lo particular, el segundo, establecer parámetros precisos que acaben con la discrecionalidad en la asignación de sueldos y salarios de los propios servidores públicos, con lo que devengan en efectivos los anhelos de austeridad, transparencia y ahorro que el pueblo de México reclama de su aparato gubernamental, evitando así la nefasta e indignante contraposición de una burocracia opulenta, sostenida por las contribuciones aportadas por una población rayante en su mayoría, en la miseria. Por otra parte se propone la modificación al artículo 64 constitucional, para que los senadores tengan una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado.8 De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General de la República, las remuneraciones que reciban los servidores públicos serán anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas, y según reza el artículo 126 constitucional no podrá hacerse pago alguno que no esté comprometido en el Presupuesto o ley posterior, en tal sentido, se debe modificar el artículo 127 de la Constitución, en virtud de que en éste únicamente se establecen las características de las remuneraciones que deberán recibir el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los representantes de la Asamblea del Distrito Federal y en forma genérica los demás servidores públicos. En consecuencia, es menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores, señalando de manera expresa que en ningún caso los servidores públicos podrán percibir otro tipo de remuneraciones como bonos, compensaciones, premios o de cualquier otra naturaleza, que no estén contempladas en la ley, asimismo se agrega que una vez concluido el empleo, cargo o comisión los servidores públicos no recibirán otra retribución, salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes. Ahora bien, el texto de la Constitución debe ser congruente en todas sus partes, no debe contradecirse entre sí, todas sus disposiciones deben complementarse y adecuarse a nuestra realidad jurídico-política; en este entendido, con el fin de dotar de congruencia a la reforma planteada, se propone modificar también los artículos 94, 115, 116 y 122 constitucionales, de modo que las percepciones que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los servidores públicos locales, municipales y del Distrito Federal se sujeten a los aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos decretos presupuestales. Todas estas propuestas, están orientadas a establecer límites en materia de percepciones salariales a los funcionarios de alto nivel en el gobierno y así evitar un mayor desprestigio social de las instituciones públicas, ya que sus9 percepciones deben estar ligadas, por un lado, a la situación económica que prevalece en el país y la evolución de las variables macroeconómicas, como la inflación o el aumento de los índices de precios al consumidor y, por el otro, a un sistema de medición del desempeño que incentive la eficacia y castigue la ineficiencia. En la actual coyuntura cobra enorme importancia esta iniciativa que tiene por objeto fijar topes máximos a los salarios de los empleados y funcionarios de nuestro país, recibiendo una remuneración adecuada a la tarea que se desarrolla que no es otra que el desempeño de un servicio público, de atención a la comunidad y al interés de la patria y ajustado a las posibilidades económicas del pueblo al que se sirve. En este sentido el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, congruente con su declaración de principios, busca a través de la presente iniciativa eliminar que a los servidores públicos se les asignen salarios onerosos, ilegales y poco transparentes; por el otro que el ahorro que derive de estos rubros se privilegie la asignación de recursos a partidas destinadas a lograr el desarrollo integral y sustentable de nuestro país. Por ello el espíritu de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se presenta ante esta soberanía, cumple con los anhelos de la sociedad mexicana de regular los sueldos excesivos y onerosos, así como eliminar el ejercicio discrecional de la hacienda pública para beneficiar a un sector de la alta burocracia, quienes reciben remuneraciones salariales que ofenden, lesionan y agravian a la sociedad, representando el quebranto de los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad al que aspira todo régimen democrático; es inmoral y alejado de toda justicia que exista una burocracia rica, frente a un pueblo pobre. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente10 Proyecto de decreto por el que se reforman varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único.- Se reforman los artículos 64, 73 fracción XI, 94 párrafo décimo, 115 fracción IV, inciso c) párrafo cuarto, 122 Base Primera, fracción V, inciso b) párrafo primero y el artículo 127; se adicionan un párrafo al artículo 75, una fracción VIII al artículo 116 y un párrafo al artículo 127; y se deroga el párrafo noveno del artículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 64. Los diputados y senadores percibirán una dieta igual, quienes no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso del presidente la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la misma el día en que falten; la dieta de los legisladores no podrá ser mayor a mil seiscientos cincuenta salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. Asimismo, no podrán percibir, directa o indirectamente otra clase de ingreso, diferentes a su dieta. Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I a X. XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, y para expedir la ley que establezca los lineamientos generales a los cuales se sujetaran las remuneraciones de los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal. XII a XXX. Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. En los casos del titular del Poder Ejecutivo, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero11 presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, gozarán de una remuneración superior a una tercera parte de la que perciban los diputados federales. Asimismo, los secretarios de Estado y directores de la Administración Pública Federal centralizada, paraestatal o de los organismos autónomos, disfrutarán de una remuneración igual a la que perciban los diputados federales. Artículo 94. (Se deroga) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. Artículo 115. I a III. IV.12 a) a b). c). Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los ayuntamientos y dependencias de la administración pública municipal, centralizada y descentralizada, las cuales no serán mayores a las que perciban los diputados federales, atendiendo lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. V. a X. Artículo 116. I a VII. VIII. Los Congresos de los estados, al aprobar el Presupuesto de Egresos deberán señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos autónomos locales atendiendo lo previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso. Las remuneraciones que perciban el gobernador, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal y los diputados locales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales. Artículo 122.13 A a B C Base Primera I. a IV. V. a) b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el Presupuesto, debiendo señalar las remuneraciones de los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local y de los organismos autónomos locales, las cuales, no serán mayores a las que perciban los diputados federales. c) a o) Base Segunda a Base Quinta14 D a H Artículo 127. Los servidores públicos federales, estatales, municipales y del Distrito Federal recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos respectivos. En ningún caso los servidores públicos de confianza podrán percibir otro tipo de remuneraciones independientemente de su naturaleza o denominación; concluido el empleo, cargo o comisión, los servidores públicos no recibirán otra retribución salvo las que expresamente otorgue la presente Constitución por seguridad social, con arreglo a lo dispuesto en las leyes vigentes. Artículos Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abrogan los acuerdos y todas las demás disposiciones anteriores relativas al otorgamiento de pensión y apoyos a los ciudadanos que hubiesen ocupado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. A partir del 1 de enero del siguiente año de ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor el presente decreto las dietas de los senadores se equipararan a las de los diputados federales. Cuarto. El titular del Poder Ejecutivo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados de los tribunales Electoral, Colegiados y Unitarios de Circuito, el consejero presidente y los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, titulares de los órganos autónomos y demás servidores públicos equiparables en sueldo a los anteriores, empezarán a percibir las remuneraciones establecidas en el presente decreto a partir del 1 de enero del siguiente año de15 ejercicio fiscal al que haya entrado en vigor, por lo que deberán informar al Congreso de la Unión las adecuaciones que hagan al respecto. Quinto. El Congreso de la Unión tendrá un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para expedir la ley reglamentaria de la fracción XI del artículo 73 constitucional. Sexto. Las Legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; tratándose del Distrito Federal, será el Estatuto de Gobierno y leyes respectivas. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintiséis días del mes de octubre de Diputada Valentina V. Batres Guadarrama (rúbrica) Documentos relacionados
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 artículo 64
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 artículo 127
 artículo 127
 artículo 75
 artículo 116
 artículo 127
 artículo 94
 Artículo 64
 Artículo 73
 Artículo 75
 Artículo 94
 Artículo 115
 artículo 127
 Artículo 116
 artículo 127
 Artículo 122
 Artículo 127
 artículo 73

Artículo 116
 Artículo 1
 artículo 89
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