Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632011.html
Timestamp: 2020-04-07 09:25:53+00:00

Document:
as201632011
Auto Supremo Nº 11/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-LP.206/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 143 a 146, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), legalmente representado por Juan Edwin Mercado Claros, contra el Auto de Vista Nº 207/2014 SSA.I de 7 de noviembre (fs. 134 a 135), y el Auto Complementario Nº 130/15 SSA-I de 7 de abril (fs. 141), pronunciados por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso social solicitud de renta de vejez instaurado por Luciano Quispe Paye contra el SENASIR, la respuesta de fs. 150 a 153, el auto que concedió el recurso de fs. 154, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que, dentro del trámite de reclamación de pensiones interpuesto por Luciano Quispe Paye, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Auto Nº 0000724 de 28 de febrero de 2014 (fs. 78), resolvió desestimar la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual realizada por el asegurado.
A su vez, el solicitante interpuso recurso de reclamación (fs. 97), que fue resuelto por la Comisión de Reclamación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 368/14 de 9 de junio de 2014 (fs. 102 a 104), que confirmó el Auto Nº 0000724 de 28 de febrero de 2014, emitida por la Comisión de Calificación de rentas, por encontrarse resuelto conforme a las disposiciones que rigen la materia.
En grado de apelación interpuesto por el solicitante (fs. 127), la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista Nº 207/2014 SSA.I de 7 de noviembre (fs. 134 a 135), revocó la Resolución Nº 368/14 de 9 de junio de 2014, emitida por la Comisión de Reclamación, dejando sin efecto el Auto Nº 0000724 de 28 de febrero de 2014, disponiendo que la Comisión de Calificación de rentas, efectúe el cálculo de Compensación de cotizaciones del beneficiario, en base a los aportes debidamente cotizados y reclamados por el solicitante, con las formalidades de ley.
El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en el fondo de fs. 143 a 146, interpuesto por la entidad demandada, quien luego de referirse a los antecedentes procesales, expresó los siguientes argumentos:
Manifiesta que el auto de vista impugnado, no consideró de forma integral, todos los documentos y antecedentes de obrados en el marco de la normativa legal vigente y aplicable, y mucho menos consideró que el SENASIR, basa sus actuados dentro de los parámetros técnico, legales y administrativos enmarcados en el principio de especialidad que rige el Sistema de Seguridad Social, al pretender otorgar un ilegítimo beneficio a favor del demandante, violando lo establecido en el párrafo I del art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre de 2010 y los arts. 1 y 48I.a) y b) del Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, normativa que no puede ser desconocida por el tribunal de alzada, en el entendido que la misma sirvió de base para emitir las resoluciones cuestionadas y que al ser el SENASIR una entidad de carácter público, toda documentación emitida por dicha entidad tiene carácter de oficialidad y publicidad; asimismo, manifiesta que el tribunal de alzada consideró de manera superficial el art. 45 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que el SENASIR, forma parte del Estado Boliviano y está llamado a la defensa de los intereses de todos los bolivianos, protegiendo sus derechos, por ello, el auto de vista no puede atribuirle al SENASIR su incumplimiento u omisión, pues dicha norma establece los principios que forman parte de sus directrices institucionales.
Por otro lado, señala que el tribunal de apelación tampoco consideró que el parágrafo II del art. 67 de la CPE, consagra el derecho a la renta vitalicia de vejez, cuya protección no solo se constituye en un deber del SENASIR, sino su razón de ser, pues obliga al cumplimiento del respeto al derecho de acceder a una renta de vejez, obligando a la observancia y acatamiento de todas las normas particulares y específicas que integran la seguridad social, es decir que sigue una aplicación inductiva de la norma, que parte de la CPE, a la norma de Seguridad Social, es decir que va de la norma referente al Sistema de Pensiones y la aplicación de los decretos supremos y resoluciones ministeriales, secretariales y administrativas, que son aplicadas según el caso individual, de donde se entiende que no se pueden aplicar criterios garantistas de derechos, en franco quebrantamiento de la ley particular, más aún si se tiene presente los nuevos principios introducidos a la economía jurídica, ligados al cumplimiento de la ley, como es el principio de defensa del Estado, contemplado en la Ley Nº 004, que se traduce el tipo penal denominado resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, aspectos que deben ser considerados como primacía constitucional.
Por otro lado manifiesta que, si bien el auto de vista impugnado radicó su fundamento en el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, referido a la Certificación Extraordinaria a través de documentos supletorios bajo presunción juris tantum, dicha disposición regula únicamente los trámites del Sistema de Reparto y no así trámites de compensación de cotizaciones, resaltando que para tal efecto se tiene el art. 18 de la normativa mencionada, que regula la modalidad de certificación para fines de compensación de cotizaciones, que ratifica la no aplicación del art. 14 en trámites de Compensación de Cotizaciones, al igual que la Cláusula primera y segunda de la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, de las cuales transcribe su contenido.
Asimismo, señala que se debe considerar que el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2014, sujeta y condiciona su aplicabilidad y certificación extraordinaria a la inexistencia de planillas en los archivos del SENASIR, sin embargo en el caso presente, en el informe Nro. Control: 149 de 11 de enero de 2014, establece la existencia de planillas de la Empresa Minera PABON y la Empresa Minera SUKA Ltda. Correspondiente a los periodos 01/69 a 01/86 y de 03/86 a 03/89, empero el recurrente no figura en ellas, y respecto a los periodos 07/88 a 03/89, no existen planillas de la Empresa SUKA Ltda., por lo que dichos periodos no fueron certificados en aplicación del punto 4, inc. a) del Manual de Certificación de Salario Cotizable y densidad de Aportes para la Compensación de Cotizaciones, aprobado por Resolución Administrativa Nº 299.13 de 31 de julio de 2013, de cuyo contenido remarca que la aplicación de la normativa extraordinaria con documentación supletoria, solo procede ante la inexistencia de planillas.
Manifiesta además que, el tribunal de alzada, al margen de la indebida aplicación del art. 14 del DS Nº 275434, interpretó de manera superficial dicha normativa, toda vez que la referida norma estipula de manera inequívoca que se valorará la documentación cursante en el expediente a la fecha de publicación del referido decreto supremo, es decir al 31 de mayo de 2004, presupuesto que no se cumple en el caso presente, puesto que el interesado presentó documentación después de su vigencia, concretamente en la gestión 2013, extremo que consta en las literales de fs. 1, 14 y 16.
Finaliza señalando como normas legales violadas, erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas, los arts. 45, 67 y 180 de la CPE, art. 24 de la Ley de Pensiones Nº 065, la cláusula primera y segunda de la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005, arts. 1 y 48.I.a) y b) del DS Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, la RA Nº 299 de 13 de julio de 2013, arts. 1287, 1289.I, 1296 y 1523 del Código Civil y la Ley Nº 004 de 31 de marzo de 2010.
En virtud a lo expuesto, solicita, se conceda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Justicia, y deliberando en el fondo, case el auto de vista impugnado y confirme la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 368/14 de 9 de junio de 2014.
A su vez, el demandante Luciano Quispe Paye, respondió en base a los argumentos expuestos por memorial de fs. 150 a 153, solicitando se declare improcedente o infundado el recurso de casación planteado.
El representante de la entidad recurrente, cuestiona el fallo del tribunal de segunda instancia, por haber revocado la Resolución Nº 368/14 de 9 de junio, emitida por la Comisión de Reclamación del SENASIR y a su vez dejar sin efecto el Auto Nº 0000724 de 28 de febrero de 2014 y disponer que la entidad recurrente, efectúe el cálculo de Compensación de Cotizaciones en favor del beneficiario, en base a los aportes debidamente cotizados y reclamados ; determinación que a su criterio fue asumida, interpretando y aplicando de manera errónea el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, sin considerar dicha norma, regula única y exclusivamente trámites del Sistema de Reparto y no así trámites de Compensación de Cotizaciones, además que tampoco se cumplen los presupuestos exigidos para efectuar los procedimientos alternativos para la Certificación de Aportes para la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento manual, toda vez que, si bien se determinó la existencia de planilla de la Empresa Minera PABÓN y la Empresa Minera SUKA Ltda., correspondiente a los periodos 01/69 a 01/86 y de 03/86 a 03/89, sin embargo el solicitante, no figura en ellas; y por otro lado, no se cuenta con planillas de los periodos 07/88 a 03/89 de la Empresa Minera SUKA Ltda., por lo que no se certificaron dichos periodos, motivos por los cuales, asegura, no corresponde la aplicación del art. 14 del DS Nº 27543.
En este contexto, el art. 14 del DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”. Concordante con el art. 18 que previene: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad a los beneficiarios para que pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio; al respecto, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA), dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, records de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales.
Al respecto, revisados los antecedentes del proceso, se evidencia que el titular de la renta, a tiempo de presentar su solicitud de Compensación de Cotizaciones, entre otros documentos adjuntó, comprobante de finiquito y liquidación de fs. 3, expedida por la Compañía Minera SUKA Ltda., en la que se registra como fecha de ingreso del trabajador, el 16 de febrero de 1986 y como fecha de retiro el 25 de marzo de 1989; asimismo, a fs. 4 corre el certificado aportes expedido por la misma compañía minera, que ratifican la fecha de ingreso y retiro del trabajador, mencionada precedentemente, asi como también el record de servicios contenido a fs. 5 y finalmente el certificado de trabajo de fs. 6, emitido por la Compañía Minera SUKA, que confirma la fecha de ingreso y retiro del trabajador de la empresa. Por otro lado, las documentales de fs. 8 a 10, consistente en finiquito de liquidación, record de servicios y certificado de trabajo, todos ellos, emitidos por la Empresa Minera Pabón Ltda., que registran como fecha de ingreso del trabajador el 2 de enero de 1969 y de retiro el 15 de febrero de 1986; documentos que evidentemente no fueron considerados por la Comisión de Calificación de Rentas a momento de emitir el Auto Nº 0000724 de 28 de febrero de 2014, argumentando que de la revisión de la documentación cursante en el Área de Certificación CC, Complementaria Sector FONCOMIN, se verificó que el asegurado Luciano Quispe Paye, no figuraba en planillas de la Empresa Minera Pabón Ltda., y la empresa Minera SUKA Ltda. y que además no se contaba con planillas de esta última de los periodos 07/88 a 03/89, por lo que desestimó la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual del asegurado; determinación que fue confirmada por la Comisión de Reclamación mediante Resolución Nº 368/14 de 9 de junio, con los mismos argumentos que la resolución de la Comisión Calificadora, siendo que, las literales precedentemente mencionadas evidencian de manera indubitable que el solicitante, efectivamente trabajó en las empresas mineras Pabón Ltda. y SUKA Ltda., durante los periodos extrañados por el SENASIR, antecedentes que demuestran que no es evidente que no corresponda la calificación de dichos periodos y consiguientemente, tampoco que el tribunal de alzada hubiera infringido alguna normativa, en mérito a que este, basó su decisión de revocar la Resolución de la Comisión de Reclamación, en la documental precedentemente mencionada, que de acuerdo al mencionado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, es idónea para que el SENASIR certifique los aportes realizados por el afiliado, desvirtuando con ello lo afirmado por el ente gestor que argumenta que el asegurado no figuraba en planillas, lo que demuestra que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por el solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, hayan aplicado lo dispuesto en el art. 14 del citado DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del MPRCPA, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, vulnerando el mandato del art. 48 de la CPE, referente a la irrenunciabilidad de los derechos, concordante con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005; causándole perjuicio al trabajador, máxime tomando en cuenta que, el beneficio de jubilación que recibe un adulto mayor, es un derecho destinado a cubrir sus necesidades básicas, puesto que con su pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia, además considerando que las personas de la tercera edad, constituyen un grupo de atención prioritaria en aumento, al que tanto el Estado como la sociedad en su conjunto, por los riesgos a los que están expuestos, tienen la obligación de dar prioridad al cuidado de la calidad de vida de los adultos mayores, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del Estado desde el sector activo, correspondiendo que en esta etapa, se reconozca los resultados de su trabajo. En ese entendido es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que durante el periodo jubilatorio puedan acceder al beneficio de la renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, aportaron al Sistema de Seguridad Social, no siendo correcto que ahora se les niegue un derecho que les corresponde.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 143 a 146, interpuesto por el SENASIR.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 14
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución