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Timestamp: 2019-05-19 07:28:46+00:00

Document:
CREACIÓN DE DOS ESCALAFONES EN FACH EN REEMPLAZO DE ESCALAFÓN DE DEFENSA AÉREA
CREACIÓN DE TRIBUNALES DE FAMILIA
POSTERGACIÓN DE ENTRADA EN VIGENCIA DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES AGRÍCOLAS Y FACULTAD DELEGADA EN MATERIA DE PLANTAS DE SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
NORMAS DE SOLVENCIA DE ISAPRES, AFP Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y PROTECCIÓN A BENEFICIARIOS
SOLICITUD A GOBIERNO DE ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO DE PENSIONES DE SOBREVIVENCIA Y MONTEPÍOS. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE OFICIO : Gabriel Valdes Subercaseaux
SESIÓN ESPECIAL PARA ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS
RÉPLICA A EXPRESIONES DE MINISTRO DE CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO SEÑOR CARLOS CERDA SOBRE INAPLICABILIDAD DE LEYES CONTRARIAS A CONSTITUCIÓN. OFICIO
NECESIDAD DE CORRESPONDENCIA DE CONCESIONES CON ZONIFICACIÓN DE BORDE COSTERO. OFICIOS
HOMENAJE EN MEMORIA DE ESCRITOR SEÑOR ROBERTO BOLAÑO. COMUNICACIÓN
RESPUESTA INSTITUCIONAL A REPORTAJE SOBRE SECRETARIO DEL SENADO
Sesión 12ª, en martes 15 de julio de 2003
(De 16:21 a 18:31)
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que separa Escalafón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en Escalafones de Defensa Antiaérea y de Telecomunicaciones e Informática (3221-02) (se aprueba en particular).................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil (1759-18) (queda pendiente su discusión general)...
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia (2118-18) (queda pendiente su discusión general)..........................
Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que posterga entrada en vigencia de reavalúo de bienes raíces agrícolas, y faculta al Presidente de la República para dictar texto refundido y actualizado que indica (2888-01) (se aprueba su informe).........
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre solvencia de instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros, y protección a personas incorporadas a estas entidades (3263-11) (se aprueba en general).........
Solicitud a Gobierno de estudio para mejoramiento de pensiones de sobrevivencia y montepíos. Proyecto de acuerdo (S 681-12) (se aprueba)
Sesión especial para análisis de situación de jubilados y montepiadas (observaciones del señor Ríos)....................................................................
Expresiones de Ministro de Corte de Apelaciones señor Carlos Cerda Fernández sobre inaplicabilidad de leyes contrarias a la Constitución . Oficio (observaciones del señor Prokurica)...............................................
Necesidad de correspondencia de concesiones con zonificación de borde costero. Oficios (observaciones del señor Horvath).....................................
Homenaje en memoria de escritor señor Roberto Bolaño. Comunicación (observaciones del señor Viera-Gallo)......................................................
Respuesta institucional a reportaje sobre Secretario del Senado (observaciones de los señores Ávila y Zaldívar, don Andrés)...................
Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda subrogante, Secretario General de la Presidencia, de Economía , Fomento y Reconstrucción y Presidente de la Comisión Nacional de Energía y del Trabajo y Previsión Social.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 18 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 9ª, ordinaria, en 8 de julio; 10ª, extraordinaria, y 11ª, ordinaria, ambas en 9 de julio, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública por medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros (Boletín Nº 3.258-05).
Con el primero, comunica que ha dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del proyecto de ley que posterga la vigencia del reavalúo de los bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado que indica (Boletín Nº 2.888-01).
Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que permite la emisión de deuda pública por medios inmateriales y autoriza al Fisco y a otras entidades del sector público para la contratación de instrumentos de cobertura de riesgos financieros (Boletín Nº 3.258-05).
Con el tercero, comunica la nómina de Honorables señores Diputados que concurrirán a la Comisión Mixta que deberá formarse para proponer la forma y el modo de resolver las divergencias surgidas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.620, sobre adopción de menores, en materia de competencia de los juzgados de menores, iniciado en moción de los Senadores señora Matthei y señor Orpis (Boletín Nº 3.022-07).
Con el cuarto, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece el financiamiento necesario para asegurar los objetivos sociales prioritarios del Gobierno (Boletín Nº 3.256-05).
Con el último, comunica que, previo acuerdo del Senado, acordó archivar el proyecto de ley sobre protección y valoración del árbol, iniciado en moción de los Senadores señores Horvath, Moreno, Stange, Valdés y Vega (Boletín Nº 2.238-12).
--Se dispone el archivo propuesto.
Del señor Ministro de Planificación y Cooperación, mediante el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto de una eventual centralización en las capitales regionales o ciudades mayores de los diversos beneficios fiscales.
Del señor Ministro de Justicia subrogante, por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido al funcionamiento conjunto de los tribunales de garantía y de los juzgados de letras.
Del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor García, relativo a la suspensión de las atenciones médicas a beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.
Once del señor Ministro de Obras Públicas :
Con los tres primeros, contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor García: el primero, acerca de la reparación del camino público La Culebra-Puquereo y de la reposición del puente sobre el estero Puquereo, comuna de Freire; el segundo, sobre el proyecto de limpieza y ensanchamiento de los esteros que menciona de la comuna de Freire, y el último, tocante al financiamiento de la obra vial Imperial-Cholchol.
Con el cuarto, contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, atinente a la reparación de las anomalías detectadas en la planta de tratamiento de aguas servidas de Puerto Chacabuco, Undécima Región.
Con el quinto, da respuesta a oficios enviados en nombre de los Senadores señores Horvath, Fernández y Ruiz, concernientes a la eventual suspensión de las obras del camino Puerto Natales-Fiordo Staines y a la modificación de su trazado por el Fiordo Última Esperanza, Undécima Región.
Con los tres siguientes, contesta igual número de oficios enviados en nombre del Senador señor Larraín: el primero, con relación al nombramiento de un inspector fiscal para revisar eventuales incumplimientos de empresa contratista que indica; el segundo, en cuanto a situación que afecta a las familias objeto de expropiación debido al ensanchamiento del camino Cardonal-Tregualemu, y el último, relativo a la pavimentación del tramo faltante del camino Longitudinal Antiguo Norte , Séptima Región.
Con el noveno, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, respecto del financiamiento del camino que gestiona el Comité Pro Pavimento Básico Rural Participativo, ubicado en el sector de Agua Buena, comuna de San Fernando.
Con el décimo, da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, tocante a la construcción del puente sobre el vado Buenos Aires, comuna de Angol.
Con el último, responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referente al ensanche y pavimentación del camino Futaleufú-El Límite, Décima Región.
Del señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, acerca de la situación de los empresarios de la locomoción colectiva, sindicatos de taxis y operadores de transporte mayor y menor de la Sexta Región.
Del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Larraín, sobre la incidencia de la aplicación del procedimiento simplificado en los delitos que indica.
Del señor Presidente del Banco Central de Chile , mediante el cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, relativo a la inversión extranjera efectuada en la Compañía Minera Disputada de Las Condes S.A.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2003, remite información correspondiente al primer trimestre, en relación con el compromiso financiero de la Inversión Sectorial de Asignación Regional del Programa Mejoramiento de Barrios.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, respecto a las áreas de manejo en el Parque Nacional Magdalena, ubicado en la Undécima Región.
Del señor Director Nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena , por intermedio del que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Muñoz Barra, atinente a la Escuela Municipal Rucatraro Alto, comuna de Galvarino.
Del señor Intendente de la Duodécima Región , por el cual contesta un oficio enviado en nombre de los Senadores señores Horvath y Ruiz, concerniente a la suspensión de las obras del camino Puerto Natales-Fiordo Staines y al trazado del mismo.
Del señor Director General de Obras Públicas , por medio del que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la realización de estudios de batimetría y de localización en puertos y rampas que menciona, en la Undécima y Duodécima Regiones.
Del señor Contralor Regional de Antofagasta , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, en cuanto a supuestas irregularidades en relación con entidades públicas de la Segunda Región.
De la señora Directora del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Sexta Región , por medio del cual da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Chadwick, acerca de proyectos que se encuentran en ejecución.
Del señor Director de Vialidad de la Novena Región , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referente al estado del puente El Colorado y del camino La Palma, en la comuna de Curacautín.
Del señor Gerente General de la Empresa de Servicios Sanitarios de la Araucanía S.A., mediante el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo al cobro del ítem "tratamiento de aguas servidas" en las boletas de consumo de agua potable en la comuna de Angol.
Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que se indican:
1.- El que aprueba la "Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados" y su Anexo, adoptados en Washington el 14 de noviembre de 1977 (Boletín Nº 2.855-10), y
2.- El relativo a la aprobación de la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", adoptada en Ginebra, el 10 de octubre de 1980, y sus Protocolos anexos Nºs. I, II (enmendado), III y IV (Boletín Nº 2.856-10)
De la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de la de Salud, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre solvencia y protección de personas incorporadas a Instituciones de Salud Previsional, Administradoras de Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.263-11)
La señora MATTHEI.- ¿Me permite, señor Presidente?
La señora MATTHEI.- El proyecto sobre instituciones de salud previsional, denominado "ley corta", es muy importante y tiene urgencia calificada de "suma". Fue aprobado en general por unanimidad tanto en la Comisión de Salud como en la de Trabajo. Por ello, solicito que se vea la posibilidad de tratarlo hoy, como último punto del Orden del Día, y despacharlo a la brevedad.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Hago presente a la Sala que, efectivamente, la urgencia vence el próximo jueves, por lo que la petición de la Senadora señora Matthei parece perfectamente entendible y lógica.
¿Habría acuerdo para incluirlo al final de la tabla, de modo de despacharlo en general en la sesión de hoy?
El señor LAVANDERO .- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LAVANDERO.- Entiendo que la Comisión de Trabajo ha emitido su informe, y no así la de Salud.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Está listo también.
El señor LAVANDERO .- Pero no nos ha llegado.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Se va a distribuir a los señores Senadores.
El señor LAVANDERO .- Bien.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Entonces, si le parece a la Sala, veremos hoy el proyecto, hasta su despacho en general.
El señor HOFFMANN ( Secretario ).- La Unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, acordó lo siguiente:
1.- Tratar en primer lugar de la tabla de la sesión del martes 29 del mes en curso el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y en seguida, el que establece una nueva ley de matrimonio civil.
2.- Citar a sesión especial para el miércoles 30 del presente mes, de 12:30 a 14, para continuar analizando el proyecto relativo a nueva ley de matrimonio civil.
3.- Tratar el miércoles 13 de agosto, de 12 a 14, en sesión especial, el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el encargo que le hizo el Senado respecto del conflicto mapuche en relación con el orden público y la seguridad ciudadana en determinadas regiones.
4.- Iniciar hoy el debate de los proyectos sobre la nueva ley de matrimonio civil y tribunales de familia, con la sola relación del Secretario.
5.- Incluir en la tabla de hoy y tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre reavalúo de bienes raíces agrícolas.
6.- Tratar, en la sesión de mañana, en Fácil Despacho, los dos informes de la Comisión de Relaciones Exteriores recaídos en los siguientes proyectos de acuerdos:
a) El que aprueba la "Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados" y su Anexo, adoptados en Washington, el 14 de noviembre de 1977; y
b) El que aprueba la "Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados", adoptada en Ginebra el 10 de octubre de 1980, y sus Protocolos anexos Nºs I, II (enmendado), III y IV.
El señor VIERA-GALLO .- Señor Presidente , ¿sería posible tratar y votar hoy el proyecto sobre tribunales de familia? Lo pregunto porque cuenta con la unanimidad de la Comisión de Constitución; respecto de él no existen diferencias entre las distintas corrientes representadas en el Parlamento; la iniciativa tiene importancia en sí misma y, no habiendo una tabla particularmente recargada, creo que ganaríamos tiempo si pudiéramos despacharla hoy.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Ello es posible si hay acuerdo unánime, señor Senador.
El señor VIERA-GALLO .- Precisamente pido recabar dicho acuerdo.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- No lo hay, señor Senador .
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que separa el Escalafón de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea de Chile en los Escalafones de Defensa Antiaérea y de Telecomunicaciones e Informática, con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3221-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 40ª, en 15 de abril de 2003.
Defensa Nacional (reservado), sesión 46ª, en 6 de mayo de 2003.
Defensa Nacional (segundo), sesión 11ª, en 9 de julio de 2003.
Sesión 47ª (parte secreta), en 7 de mayo de 2003 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general en la sesión del 7 de mayo del año en curso.
La Comisión de Defensa Nacional deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 1º y 3º. En consecuencia, deben darse por aprobados, en conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento, salvo que algún señor Senador solicite someterlos a discusión o a votación y siempre que haya unanimidad.
Todas las modificaciones al proyecto aprobado en general fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorables señores Canessa, Fernández, Flores y Prokurica. Por lo tanto, deben ser votadas sin debate, según lo dispone el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes del inicio de su discusión, solicite debatir lo propuesto por la Comisión respecto de alguna de ellas.
--Por unanimidad, se aprueban las enmiendas de la Comisión y queda despachado el proyecto en este trámite.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece una nueva ley de matrimonio civil, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (1759-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 10 de septiembre de 1997.
Constitución, sesión 11ª, en 9 de julio de 2003.
La Comisión, en sesión de 7 de septiembre de 1999, fue autorizada por la Sala para discutir el proyecto en general y en particular en el primer informe.
El objetivo principal de la iniciativa es sustituir la ley de matrimonio civil de 1884, incorporando, entre otras, las siguientes innovaciones:
1.- Realizar cursos de preparación para el matrimonio;
2.- Aumentar a 16 años la edad mínima para casarse;
3.- Reconocer efectos civiles al acto religioso ratificado por los contrayentes ante el oficial del Registro Civil;
4.- Suprimir la incompetencia del oficial del Registro Civil como causal de nulidad;
5.- Incorporar nuevas causales de nulidad de matrimonio, basadas en el Derecho Canónico;
6.- Crear la separación judicial como un nuevo estado civil, y
7.- Incorporar el divorcio vincular como una forma de terminar el matrimonio.
El proyecto, en sus normas transitorias, radica el conocimiento de las causas pendientes en los juzgados civiles mientras se instalan los nuevos juzgados de familia.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Honorables señores Chadwick, Silva y Zurita, y los entonces Senadores señores Díez y Hamilton.
En cuanto a la discusión particular, cabe hacer presente que la Comisión efectuó diversas modificaciones al proyecto despachado por la Cámara de Diputados, resultando aprobadas por unanimidad gran número de ellas.
Algunas de las enmiendas que no fueron acordadas por la unanimidad de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento son las siguientes:
1.- Las menciones al divorcio contenidas en el artículo primero del proyecto, que sustituye la Ley de Matrimonio Civil: inciso tercero del artículo 3º; artículo 10; artículos 62, 63, 64 y 65; epígrafe del Capítulo VII; artículos 69 a 71, y artículos 91 y 92; en el artículo tercero del proyecto, que modifica el Código Civil; en el artículo cuarto del proyecto, que enmienda la Ley de Registro Civil, y en los artículos quinto y sexto del proyecto, que modifican la Ley sobre Adopción de Menores y la Ley de Menores, respectivamente. Todas las menciones al divorcio tuvieron el voto en contra, según el momento de la votación, de los Senadores señores Aburto, Chadwick y Romero.
2.- La mantención de la causal, en el artículo 5º, que impide contraer matrimonio por sufrir impotencia perpetua e incurable, fue aprobada por dos votos a favor (de los Honorables señores Aburto y Silva) y uno en contra (del Senador señor Moreno).
El artículo 7º, que consagra la incapacidad del cónyuge sobreviviente para contraer matrimonio con el imputado contra quien se hubiere formalizado investigación por el homocidio de su marido o mujer, fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Espina, Moreno y Silva) y uno en contra (del Senador señor Aburto).
4.- La incorporación, en el artículo 9º, de la simulación del matrimonio como causal de nulidad del mismo, fue aprobada por tres votos a favor (de los Honorables señores Chadwick, Espina y Moreno, y dos en contra (de los Senadores señores Aburto y Silva). Igual votación se produjo respecto del artículo 45, que enumera las causales de nulidad del matrimonio.
5.- El inciso final del artículo 18, en cuanto a la celebración de matrimonios en artículo de muerte por ministros de culto, fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Aburto, Chadwick y Moreno) y dos en contra (de los Senadores señores Espina y Silva).
6.- El artículo 21, referido a la celebración de matrimonios ante entidades religiosas de derecho público, fue aprobado por cuatro votos a favor (de los Honorables señores Aburto, Chadwick, Espina y Moreno) y uno en contra (del Senador señor Silva).
7.- El inciso final del artículo 23, relativo al cese de la convivencia en la separación de hecho, fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Moreno, Romero y Silva) y dos en contra (de los Senadores señores Chadwick y Espina).
8.- La causal contemplada en el número 4º del artículo 43, que introduce el divorcio como forma de poner término al matrimonio, fue aprobada por tres votos a favor (de los Honorables señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Senadores señores Aburto y Chadwick).
9.- El artículo 54, que dispone que el divorcio pone término al matrimonio, fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Senadores señores Aburto y Chadwick).
10.- El artículo 55, que establece las causales de divorcio por culpa de uno de los cónyuges, fue aprobado por tres votos a favor (de los Honorables señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Senadores señores Aburto y Chadwick).
11.- El artículo 56, que posibilita la solicitud de divorcio por ambos cónyuges después de tres años de separación, fue aprobado con la misma votación señalada precedentemente, y en otra votación contó con los votos en contra de los Honorables señores Chadwick y Romero.
12.- Los artículos 57, 58 y 59, concernientes a la titularidad y al ejercicio de la acción de divorcio, fueron aprobados por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Honorables señores Aburto y Romero).
13.- Los artículos 60 y 61, que regulan los efectos del divorcio, fueron aprobados por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Honorables señores Aburto y Romero).
14.- La creación del párrafo 1. "De la compensación económica", en el Capítulo VII, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos abstenciones (de los Honorables señores Chadwick y Romero).
15.- El pago en cuotas de la compensación económica, establecido en el artículo 67, en caso de divorcio o nulidad del matrimonio, se considerará alimentos para el efecto de su cumplimiento. Fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Honorables señores Chadwick y Romero).
16.- El artículo 68, en cuanto a que el llamado a conciliación se produzca inmediatamente después de presentada la demanda, fue aprobado por cuatro votos a favor (de los Senadores señores Chadwick, Espina, Romero y Viera-Gallo) y un voto en contra (del Honorable señor Moreno).
17.- El artículo 81, donde se consigna que el matrimonio celebrado en el extranjero producirá efectos en Chile siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Chadwick, Espina y Moreno) y dos en contra (de los Honorables señores Aburto y Silva).
18.- El inciso final del artículo 85, que no reconoce valor a las sentencias de divorcio obtenidas en fraude a la ley, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos abstenciones (de los Honorables señores Aburto y Chadwick).
19.- El inciso final del artículo 87, que faculta al juez, en los juicios de separación, nulidad de matrimonio y divorcio, para actuar de oficio y solucionar de la mejor manera posible las rupturas o conflictos matrimoniales, fue aprobado por cuatro votos a favor (de los Senadores señores Aburto, Espina, Moreno y Romero) y un voto en contra (del Honorable señor Silva).
20.- El artículo 93, que establece que cuando se haya interpuesto solicitud de divorcio, en cualquier momento en que el juez advierta que el matrimonio podría estar afectado en su origen por un defecto de validez, lo hará saber a los cónyuges, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Aburto, Moreno y Romero) y dos en contra (de los Honorables señores Espina y Silva).
21.- El artículo 94, que regula el tiempo de reflexión, decretado por el tribunal, para que el o los cónyuges mediten sobre la conveniencia de perseverar en sus pretensiones de obtener la separación, el divorcio o la nulidad, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos en contra (de los Honorables señores Chadwick y Aburto).
22.- El artículo 95, que establece que el plazo de reflexión precedentemente explicado no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Aburto, Chadwick y Moreno) y dos en contra (de los Honorables señores Espina y Silva).
23.- El artículo 97, que dispone que cuando la sentencia que dé lugar a la separación judicial, a la nulidad o al divorcio no sea apelada, deberá elevarse en consulta al tribunal superior, fue aprobado por cuatro votos a favor (de los Senadores señores Chadwick, Espina, Moreno y Romero) y uno en contra (del Honorable señor Silva).
24.- El artículo final, que fija la entrada en vigencia de la ley seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y dos abstenciones (de los Honorables señores Chadwick y Romero).
25.- El artículo 1º transitorio, que establece que mientras no se instalen los juzgados de familia conocerán de las demandas de separación, nulidad o divorcio los jueces de letras en lo civil, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Fernández y Silva) y un voto en contra (del Honorable señor Chadwick).
26.- El artículo 2º transitorio, que estatuye que los matrimonios celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley se regirán por ella en lo relativo a la separación judicial, la nulidad y el divorcio, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Fernández y Silva) y uno en contra (del Honorable señor Chadwick).
27.- El artículo 7º transitorio, que consigna que las incapacidades establecidas en los artículos 7º y 79 de la Ley de Matrimonio Civil se entenderán hechas a los procesados en las causas criminales seguidas por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región respectiva, fue aprobado por tres votos a favor (de los Senadores señores Espina, Moreno y Silva) y uno en contra (del Honorable señor Aburto).
El texto del proyecto despachado por la Comisión se transcribe en las páginas 307 a 345 del informe.
Corresponde destacar que los Senadores señores Chadwick, Espina, Moreno, Romero y Silva dejaron constancia de la posición del Servicio Nacional de la Mujer en el sentido de estudiar la posibilidad de que la compensación económica para uno de los cónyuges, luego de producido el divorcio o la declaración de nulidad del matrimonio, no se considere renta para los efectos tributarios, materia que es de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
Asimismo, es preciso resaltar que la Comisión adjunta a su informe tres anexos que contienen las indicaciones formuladas al proyecto, las intervenciones de los invitados y los informes y otros documentos recibidos por ella.
Finalmente, el artículo 1º del proyecto, en lo que atañe a los artículos 21, inciso cuarto, y 89 de la nueva Ley de Matrimonio Civil, y los artículos octavo y 1º transitorio, en cuanto a su encabezamiento y primera disposición, son normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Terminada la relación del proyecto.
Señor Presidente , tratándose de una materia tan compleja como ésta, estimo oportuno felicitar a la Comisión de Constitución y a su Secretario por el trabajo realizado, pues basta hojear el informe para advertir lo completo y adecuado de su estructura. Creo que la labor desarrollada por el personal de Secretaría de dicho órgano técnico, particularmente por el señor José Luis Alliende , es digna del mejor elogio.
Me parece muy justo ese reconocimiento. Espero que cuando Sus Señorías lean las 960 páginas que comprende el informe mantengan el mismo criterio.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea los tribunales de familia, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2118-18) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Primero, crear los juzgados de familia, determinando su número, estructura, organización y competencia;
Segundo, establecer el procedimiento que se aplicará en las causas de familia y de violencia intrafamiliar, y
Tercero, crear un Sistema Nacional de Mediación.
La iniciativa fue aprobada en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión (Honorables señores Chadwick, Espina, Moreno, Silva y Stange), cuyo texto corresponde al que fuera despachado por la Cámara de Diputados, que se transcribe en el informe.
La Comisión dejó constancia de que la aprobación sólo en general del proyecto responde a la finalidad de que la Sala se pronuncie en forma simultánea sobre éste y el relativo a la nueva Ley de Matrimonio Civil, realizándose el análisis detallado de sus normas en la correspondiente discusión en particular.
Los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 52, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 147, 148, 149 y 150 permanentes; y los artículos primero, segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo transitorios tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales y, en consecuencia, requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Habiéndose cumplido con el acuerdo de Comités, ambos proyectos quedan para ser tratados el día 29 de julio, en segundo y tercer lugar de la tabla, respectivamente.
En seguida, corresponde ocuparse en el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que posterga la entrada en vigencia del reavalúo de bienes raíces agrícolas y faculta al Presidente de la República para dictar el texto refundido y actualizado de las normas que establecen las plantas del Servicio de Impuestos Internos. (Boletín Nº 2888-01)
En trámite de Comisión Mixta, sesión 35ª, en 25 de marzo de 2003.
Mixta, sesión 12ª, en 15 de julio de 2003.
Sesiones 4ª, en 9 de octubre de 2002 (queda para segunda discusión); 5ª, en 15 de octubre de 2002 (se aplaza su discusión); 22ª, en 7 de enero de 2003 (se aprueba en general); 28ª, en 4 de marzo de 2003 (se aprueba en particular).
La controversia entre ambas Corporaciones se originó en el rechazo por parte de la Cámara Baja de la enmienda introducida por el Senado, en el segundo trámite constitucional, del artículo 1º, letra a), que prorrogó hasta el 30 de junio de 2003 los avalúos de los bienes raíces agrícolas vigentes al 31 de diciembre de 2001 y fijó a contar del 1º de julio de 2003 la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.
El informe de la Comisión Mixta formula la proposición destinada a resolver la divergencia entre ambas Corporaciones, la que es resultado de la aprobación de una indicación del Ejecutivo, que consiste en prorrogar hasta el 30 de junio de 2004 la vigencia de los avalúos de bienes raíces agrícolas que rijan al 31 de diciembre de 2001 y fijar, a contar del 1º de julio de 2004, la vigencia de los nuevos avalúos que se determinen.
Asimismo, se acordó que la facultad del Presidente de la República para rebajar por una vez la tasa anual del impuesto territorial de bienes raíces agrícolas y para aumentar el monto de exención de dicho impuesto regirá a contar de la fecha de publicación de la ley, estableciéndose que la tasa no podrá ser superior a uno por ciento y que el monto exento no podrá ser inferior a 4 millones 500 mil pesos.
También se acordó que, a contar de la vigencia del reavalúo, los contribuyentes que determinen su impuesto a la renta sobre la base de renta presunta que opten por acogerse al régimen de renta efectiva podrán continuar declarando su impuesto a la renta en la modalidad de renta presunta durante los años comerciales 2004 y 2005. Esta proposición fue aprobada por ocho votos a favor (de los Senadores señores Cariola, García y Naranjo y los Diputados señores Galilea, Meza, Letelier, Recondo y Silva) y dos abstenciones (de los Honorables señores Larraín y Moreno). Los fundamentos de estos dos últimos votos figuran en el informe.
La Secretaría ha elaborado un boletín comparado que consta de cinco columnas: la primera contempla el texto aprobado por la Cámara de Diputados; la segunda, las modificaciones introducidas por el Senado; la tercera, las enmiendas rechazadas por la Cámara; la cuarta, la proposición de la Comisión Mixta, y la última, el texto que resultaría de aprobarse dicha proposición.
La Cámara Baja, en sesión de 10 de julio de 2003, dio su aprobación al informe en análisis.
Señor Presidente , este proyecto fue bastante discutido en las Comisiones tanto del Senado como de la Cámara Baja. Posteriormente, a raíz de algunas diferencias, se llegó a una Comisión Mixta.
El problema radica en el mecanismo que se ha establecido y en las fechas en las cuales éste comenzaría a operar. Finalmente, como lo consigna el informe, se sostuvieron conversaciones con representantes del Ejecutivo (en esta materia las indicaciones sólo pueden ser formuladas por éste, dado que se trata de recursos públicos en forma de tributos), y la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta optó -no obstante no ser el ideal- por aprobar el criterio de que el mecanismo de reavalúo comenzase a operar desde el 1º de julio del año 2004; de que el monto de la exención fuera de cuatro millones y medio de pesos, y de que se estudiara un procedimiento que permitiera resolver situaciones pendientes, como la relativa a la renta presunta y otras.
Con el Honorable señor Larraín nos abstuvimos. Y en mi fundamentación de voto -según consta en el informe- manifesté que aquélla es una señal inadecuada en el momento que vive la agricultura chilena. En este instante, particularmente para los pequeños y medianos productores, resulta negativa la decisión de reavaluar sus tierras y, como consecuencia, imponer mayores tributos a un grupo importante de ellos. Y esta situación se agrega al debate de otros problemas que están pendientes en nuestro país y que tendrá como efecto fortalecer o no la capacidad de acción dentro de la agricultura chilena.
Por eso, me abstendré nuevamente de votar el informe aprobado por la mayoría de la Comisión Mixta, pues yo habría esperado del Ejecutivo una señal más positiva, como la de homogeneizar los mecanismos de reavalúo, a niveles tanto urbano como rural, con el objeto de aplicar una norma pareja a la sociedad chilena, en vez de acelerar una medida que significa el cobro anticipado de los tributos pertinentes.
Algunos han dicho que el sector agrícola siempre ha buscado quedar exento del pago de contribuciones en forma equitativa con respecto a otros sectores de la sociedad. Y se ha usado normalmente el argumento de que no se había establecido un reavalúo desde el año 1980.
Debo puntualizar, señor Presidente, que ha habido modificaciones relevantes acerca del modo de evaluar la tierra. Y me consta, porque son numerosos los reclamos que uno recibe de pequeños agricultores que han experimentado cambios en sus valores tributarios, sea por haber quedado sometidos a determinados mecanismos en materia de riego, sea por otras circunstancias, lo cual, obviamente, ha influido en algunas alteraciones.
Por lo tanto, reitero lo que manifestamos largamente en la Comisión. Y lamento que el Ejecutivo no haya acogido el clamor que surge desde la agricultura en el sentido de no agravar su situación con impuestos anticipados, como ocurre en este momento.
Señor Presidente , ante todo, quiero recordar que actualmente estamos frente a un vacío legal. Porque el reavalúo de bienes raíces agrícolas debió comenzar a regir el 1º de enero del presente año, y lo cierto es que, con motivo de la tramitación de la ley en proyecto y de las peticiones que distintos Parlamentarios hicimos al Gobierno, su despacho se ha ido demorando y el Servicio de Impuestos Internos se halla atrasado en su estricta aplicación.
Por eso, después de muchas reuniones, tras sucesivos intercambios de opiniones y luego de que el Ejecutivo accedió a numerosas presentaciones y solicitudes que le formulamos, opté por votar favorablemente la propuesta gubernativa, consistente en que el reavalúo de los bienes raíces agrícolas comience a regir el 1º de julio del año 2004.
Es efectivo -como lo expresó el Senador señor Moreno - que pretendíamos homologar al 1º de enero de 2005 la entrada en vigencia de los reavalúos de las propiedades urbanas y rurales. Sin embargo, en este caso estaríamos hablando sólo de seis meses de diferencia, en circunstancias de que originalmente ésta era de dos años.
Me pareció, entonces, que la proposición del Gobierno acercaba las posiciones y que una diferencia de únicamente medio año era más que prudente para aprobarla.
Además, la sugerencia del 1º de julio de 2004 va acompañada de medidas muy relevantes y que constarán en la ley en proyecto.
En primer lugar, el monto del avalúo exento se eleva de poco más de 2 millones 200 mil pesos a 4 millones y medio, lo que permite que muchos pequeños propietarios, cuando entre en vigencia la ley, se vean beneficiados automáticamente al no tener que pagar impuesto territorial.
Por otra parte, la tasa del tributo baja del dos al uno por ciento, con lo que disminuirá el valor de las contribuciones de bienes raíces que están solventando muchos pequeños agricultores.
Asimismo, existe una norma que posibilita la incorporación a un sistema de contabilidad simplificada. De esta forma, quienes lo deseen dejarán de tributar bajo el régimen de renta presunta para hacerlo sobre la base de renta efectiva. Para ello, sólo quedarán sujetos a un registro de ingresos y a otro de gastos. Ello permitirá contabilizar, por ejemplo, todos los costos financieros; o sea, si la persona contrae créditos, podrá cargar a sus gastos los intereses y los costos asociados.
En consecuencia, se trata de avances significativos en favor del sector agrícola.
Por supuesto, hubiésemos deseado -como lo planteó muchas veces el Senador señor Larraín - que no existiera un aumento de la carga tributaria para el sector agrícola, sobre todo con un impuesto como éste, de carácter eminentemente patrimonial. Sin embargo, la situación de la agricultura es muy diversa. Hay rubros que efectivamente están ganando dinero y otros que están perdiendo. Por lo tanto, conviene tener presentes estos aspectos, porque quienes están ganando dinero con su explotación agrícola seguramente verán reflejada esa situación en los reavalúos, como asimismo la verán aquellos que están perdiendo. De esa manera evitaremos que personas que hoy debieran estar pagando menos impuesto territorial sigan afrontando una tasa más alta.
En resumen, señor Presidente, por estimar equilibrada y prudente la propuesta final del Ejecutivo, la votaré favorablemente. Y creo que la Sala debiera hacer lo mismo.
Señor Presidente, en las diversas sesiones en que analizamos este proyecto dimos a conocer nuestro criterio sobre la materia que aborda.
En lo fundamental, he sostenido desde un principio que considero justo el objetivo de la iniciativa, cual es, por las razones que indicaron los Senadores señores García y Moreno , tratar en alguna forma de ajustar las contribuciones de bienes raíces rurales a los cambios que se han producido en el tiempo, de modo que, por un lado, los predios que como consecuencia del desarrollo económico del sector se han valorizado por encima del reajuste del IPC paguen las contribuciones correspondientes, y que, por el otro, los que han perdido valor por distintas consideraciones paguen menos de lo que hoy día les cobra Tesorería .
Me parece razonable tal concepto de justicia tributaria. Y, por lo mismo, estimo que el sentido de la iniciativa es correcto.
Sin embargo, el proyecto -como lo he sostenido desde el comienzo- ha agregado un elemento que, a mi juicio, va más allá del efecto de justicia tributaria: el aumento hasta en casi 10 por ciento de los ingresos que se obtendrán con los nuevos avalúos de los bienes raíces agrícolas. Y eso no me parece razonable ni justificado.
Hemos tratado de que el techo baje a 5 por ciento, a una cifra inferior, pues queremos justicia tributaria, pero no aumento del avalúo, el cual, aunque no sea muy grande desde la perspectiva del incremento de la recaudación, es significativo para los afectados.
Mañana tendremos una sesión especial convocada por un grupo amplio de Senadores de la Concertación que desean analizar la situación de la agricultura nacional a propósito del proyecto sobre bandas de precios. ¿Y por qué la solicitaron? Porque tienen inquietudes por la delicada situación de la agricultura, en general, y por la iniciativa señalada, en particular.
Tal situación del sector agrícola, planteada por los colegas de la Concertación, también nos preocupa. Y por eso nos parece que aumentar la recaudación -es decir, dar un paso más allá del reavalúo, ajustándolo a valores reales- no corresponde en el momento actual.
Ahora, advierto que el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante por reducir los aspectos negativos del proyecto que discutimos inicialmente. El impacto en número de predios afectados se ha reducido en forma muy significativa. El monto mínimo de exención subió a 4 millones y medio de pesos, con lo cual muchos pequeños propietarios van a quedar exentos o serán gravados de manera mínima.
En tal sentido, el trabajo realizado ha sido positivo. Y pienso que, en lo fundamental, el Gobierno respondió a la inquietud existente.
Empero, subsiste el problema de fondo sobre la mayor recaudación, que a la larga impacta en el pequeño agricultor que cambia de situación y, por ende, deberá incurrir en un pago mayor que a mi modo de entener, dada la situación actual de la agricultura, particularmente la de los productos básicos -o sea, la agricultura tradicional-, no está en condiciones de afrontar.
Por otra parte, conforme a la iniciativa que nos ocupa, los nuevos avalúos agrícolas tendrán vigencia a contar del 1º de julio de 2004. En nuestra opinión, debió haber sido desde el 1º de enero de 2005. De acuerdo con la revisión que se está efectuando de las contribuciones de bienes raíces urbanos, que empiezan a regir en esta última fecha, sería conveniente un régimen parejo para ambos sectores, aunque cada uno tenga sus propias reglas, por las diferentes características de esos tipos de propiedades o inmuebles. O sea, lo justo habría sido que los dos partieran en la misma fecha, porque, obviamente, al empezar primero el reavalúo de los bienes raíces del sector rural se da una diferenciación que apunta a éste de manera negativa.
Por esas consideraciones, junto con el Senador señor Moreno , no concurrí a apoyar el texto sugerido por la Comisión Mixta. Me habría gustado hacerlo, por el esfuerzo del Ejecutivo. Pero, al final, se producirá un mayor gasto para los pequeños agricultores, y yo, al menos, no quiero ser parte de esa cruzada. Al contrario, dada la situación que afecta hoy a nuestra agricultura y mientras este sector productivo no logre superar sus dificultades económicas crónicas, soy partidario de realizar esfuerzos para no cambiarle las reglas del juego en la forma negativa como de algún modo lo hace la iniciativa ahora sugerida.
Por eso me abstuve en la Comisión Mixta y me abstendré ahora en la Sala.
Señor Presidente, quiero traer a colación algunos elementos que me parecen importantes.
El primero de ellos -para que no nos confundamos- es que hace aproximadamente veinte años que el sector agrícola no tiene un reavalúo. O sea, aquí estamos postergando una situación hasta el año 2004, lo que, en términos comparativos, resulta en extremo favorable.
Por consiguiente, ante el informe de la Comisión Mixta, la abstención o el rechazo significará activar automáticamente el reavalúo. Y, por cierto, ése sería el peor escenario para el sector rural.
A raíz de conversaciones sostenidas con el Gobierno, que accedió a enmendar parte significativa del texto original, se llegó a un acuerdo gradual altamente conveniente para el sector agrícola.
Como muy bien se expresó aquí, no dudo de que la inmensa mayoría de los pequeños productores, a los cuales, durante sus intervenciones, muchos Senadores dicen defender, quedan absolutamente protegidos con la modalidad planteada por la Comisión Mixta, en particular si consideramos que el monto exento se fijó en 4,5 millones de pesos.
Si alguien está pensando en los modestos campesinos de la precordillera andina o en los de la cordillera de la costa, puede tener la certeza absoluta de que quedan exentos, porque una propiedad de 5, 10 ó 20 hectáreas ubicada en esos sectores difícilmente será afectada por el reavalúo que se nos ha planteado.
Asimismo -como muy bien señaló el Honorable señor García -, el otorgamiento de ventajas contables es incuestionablemente un beneficio adicional que obtienen los productores agrícolas.
Señor Presidente , nosotros daremos nuestro respaldo al informe de la Comisión Mixta, por estimar que de este modo estamos legislando a favor de los modestos campesinos -esos que se dedican a producir los alimentos que consumimos los chilenos-, quienes en su inmensa mayoría quedarán fuera del pago de contribuciones.
Por cierto, hay agricultores que ya readecuaron sus tierras, e incluso, otros que están orientando su producción hacia los mercados externos. Tal vez algunos de ellos, por hallarse en una situación muy superior a la de los modestos campesinos de la precordillera andina o de la cordillera de la costa, serán alcanzados por el reavalúo. Pero no cabe duda de que su condición económica les permitirá perfectamente solventar un incremento muy pequeño en las contribuciones que deben pagar hasta esta fecha.
En consecuencia, el proyecto, si uno lo mira con objetividad, es para el sector rural una buena solución, que resulta oportuno adoptar, porque seguir postergando indefinidamente esta situación nos haría entrar en una espiral que provocaría a la agricultura más daño que beneficio.
Señor Presidente , deseo anunciar que los Senadores del PPD votaremos favorablemente el informe de la Comisión Mixta.
¿Cuántos son...?
¡Somos dos, señor Senador, pero bastante honestos y muy serios, sin ningún tipo de payaseo!
Decía, señor Presidente, que los dos Senadores del Partido Por la Democracia vamos a votar a favor del informe sometido a nuestra consideración.
Coincido con lo planteado por el Honorable señor Naranjo en el sentido de que con el texto sugerido no se perjudica a la agricultura. Y me alegro de que los Senadores que en su oportunidad estuvieron en contra del proyecto, a raíz del acuerdo a que se llegó en la Comisión Mixta, hoy estén anunciando sus voto afirmativos.
Estoy absolutamente convencido, al igual que otros colegas, de que sería el peor ejemplo vincular de algún modo la situación de ciertos rubros agrícolas, especialmente el tradicional, con la iniciativa que se nos propone. Si así fuere, querría decir que los problemas de la agricultura tradicional, a la que represento en el Senado, tendrían muy fácil solución.
Por esa razón -repito-, en forma muy seria y responsable, como actuamos siempre, los dos Senadores del PPD votaremos afirmativamente el informe de la Comisión Mixta.
Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión Mixta, con la abstención del Senador señor Moreno.
Y la mía, señor Presidente.
--En votación económica, se aprueba el informe (29 votos afirmativos y 5 abstenciones), y queda despachado el proyecto en este trámite.
De acuerdo con lo resuelto por la Sala, corresponde pronunciarse sobre el proyecto, en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de "suma", que establece normas relativas a solvencia de instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguros, y a protección de las personas incorporadas a estas entidades, con informes de las Comisiones de Salud y de Trabajo y Previsión Social. Se trata de la llamada "ley corta".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3263-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Trabajo, sesión 12ª, en 15 de julio de 2003.
Salud, sesión 12ª, en 15 de julio de 2003.
Los mencionados órganos técnicos discutieron la iniciativa sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento.
El objetivo principal del proyecto es establecer normas destinadas a evitar que los beneficiarios de las ISAPRES queden expuestos a situaciones que afecten sus derechos como consecuencia de su quiebra o insolvencia o porque su registro ha sido cancelado. Asimismo, se procura cautelar los intereses de los partícipes de los fondos de pensiones y de pensionados con seguro de renta vitalicia de compañías de seguros en situaciones similares.
La Comisión de Salud aprobó en general la iniciativa por la unanimidad de sus miembros, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Espina, Ríos y Ruiz-Esquide.
Al respecto, es necesario destacar que el Senador señor Espina propuso consultar a la Comisión de Constitución acerca de la adjudicación aleatoria de la cartera de una ISAPRE insolvente entre las demás. Dicha proposición fue aprobada unánimemente.
De su lado, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, una vez analizados los artículos 3º y 4º del proyecto, que inciden en materias propias de su competencia, también dio su aprobación aprobó en general, por 4 votos a favor, de los Honorables señores Fernández, Lavandero, Parra y Ruiz De Giorgio, y la abstención del Senador señor Canessa.
Finalmente, cabe destacar que estos preceptos serán examinados también por la Comisión de Hacienda con motivo del segundo informe.
Señor Presidente , la iniciativa en estudio tiene por objeto otorgar atribuciones a la Superintendencia de ISAPRES, establecer normas financieras que permitan prevenir situaciones de insolvencia o de quiebra de esas instituciones y, además, brindar mayores niveles de seguridad y protección a los afiliados y prestadores.
La circunstancia de que el proyecto esté siendo tratado con "suma" urgencia obedece a la situación que se ha presentado con la ISAPRE VidaPlena, debido a los hechos ocurridos en Inverlink.
A continuación, pasaré a detallar las principales disposiciones.
Primero, se determina un resguardo patrimonial y financiero importante, cuyo objetivo es evitar que los cotizantes, beneficiarios y prestadores de salud queden expuestos a situaciones que puedan afectar sus derechos. En la actualidad, la ley exige a cada ISAPRE un patrimonio mínimo equivalente a 5 mil unidades de fomento. La presente iniciativa dispone que deberá mantenerse un patrimonio igual o superior a 0,4 veces su deuda total y que nunca podrá ser inferior a 5 mil unidades de fomento. Por lo tanto, la nueva legislación obliga a aumentar el patrimonio en la medida en que se vaya incrementando la deuda total.
Además, se les exige liquidez. Se dispone que la relación entre activo circulante y pasivo circulante no sea inferior a 0,8 veces. Esto significa que las ISAPRES deberán tener activos líquidos o fácilmente liquidables que respalden al menos el 80 por ciento de las obligaciones de corto plazo. Esto es muy importante, ya que muchas empresas quiebran por falta de caja o por falta de liquidez, y no sólo por falta de patrimonio.
El tercer elemento de resguardo es, a mi juicio, el más relevante: la exigencia de mantener en todo momento una garantía que permita pagar todas las deudas de la ISAPRE a sus afiliados y prestadores. Respecto de los cotizantes y beneficiarios, el monto de la garantía debe considerar todas las obligaciones -es decir, las prestaciones ya reportadas, las que están en proceso de liquidación y, también, las otorgadas pero aún no informadas-, para lo cual se recurrirá a procesos de estimación o de probabilidades. Lo mismo sucederá en cuanto a las deudas con los prestadores, es decir, médicos, clínicas, centros de diagnóstico, laboratorios, etcétera. La idea apunta a que, si llega a quebrar una ISAPRE, las obligaciones con los más desvalidos (cotizantes, beneficiarios y prestadores) estén totalmente respaldadas con la reserva, que es inembargable y sólo utilizable con ese objetivo.
Ahora bien, para asegurar que dicho dinero esté disponible, se establece que los instrumentos financieros en que se inviertan los fondos representativos de la reserva deben ser seguros, líquidos, diversificados y estar bajo custodia en un lugar protegido, que probablemente será el Depósito Central de Valores.
Ésas son, en consecuencia, las tres disposiciones de la iniciativa legal en estudio que aumentan significativamente el grado de seguridad patrimonial y financiera de las ISAPRES: incremento de patrimonio, requerimiento de liquidez y una reserva para hacer frente a los compromisos adquiridos con los afiliados y prestadores. Dichas entidades dispondrán de un plazo máximo de tres años para cumplir estos mayores requisitos.
Por otra parte, el proyecto contempla la obligación de comunicar a la Superintendencia todo hecho o información relevante, lo que permitirá a ésta reaccionar a tiempo frente a cualquier peligro. Asimismo, consagra normas que regirán la venta de una cartera de afiliados a otra ISAPRE. En caso de venta parcial o total, la institución de salud previsional correspondiente deberá contar con la autorización de la Superintendencia y, también, publicitar su propósito de transferir sus contratos de salud. El traspaso no podrá afectar los derechos y obligaciones que emanen de los respectivos contratos. Los cotizantes podrán desafiliarse de la nueva ISAPRE, optar a otra o bien incorporarse al FONASA, hasta el último día hábil del mes siguiente a la transferencia.
En seguida, se establece un mecanismo para enfrentar situaciones de no cumplimiento de los requisitos de patrimonio, liquidez o garantía. La Superintendencia, mientras subsista el incumplimiento, decretará un régimen especial de supervigilancia y control respecto de la ISAPRE, la cual dispondrá de un plazo no inferior a diez días hábiles para presentar un plan de ajuste y contingencia, el que deberá contemplar aumentos de capital, transferencias de cartera, pago de pasivos, etcétera. Sin perjuicio de ello, la Superintendencia podrá ejercer un control muy estricto sobre todas sus transacciones.
Una vez aprobado el plan de contingencia, la institución de salud previsional contará con un plazo no superior a cuatro meses para llevarlo a cabo. Si el problema persiste, la Superintendencia podrá citar a junta extraordinaria de accionistas, básicamente para aumentar el patrimonio, lo que deberá concretarse dentro de 30 días. Si la junta no da el visto bueno a dicho incremento de patrimonio o éste no se realiza, la Superintendencia llamará a una nueva junta de accionistas para que apruebe la venta de la ISAPRE o la transferencia de la totalidad de la cartera de afiliados mediante licitación pública. Si no se aprueba o, habiéndose llamado a licitación, ésta se declara desierta, el Superintendente podrá adjudicar la cartera de afiliados a las restantes ISAPRES en forma aleatoria y proporcional a la participación en el mercado que cada una de ellas tenga. Es decir, sus cotizantes podrán ser repartidos por la Superintendencia entre las distintas ISAPRES, las cuales estarán obligadas a aceptar la totalidad de afiliados y beneficiarios que se les hayan adjudicado. Asimismo, tales instituciones tendrán un plazo máximo de dos años para ajustar su patrimonio y liquidez al nuevo número de afiliados y beneficiarios. Respecto de esta disposición, se hizo reserva de constitucionalidad en la Comisión, la que reitero en la Sala.
Señor Presidente , éste es el informe tocante a las disposiciones que le ha correspondido estudiar a la Comisión de Salud, la que aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros.
Por último, dada la urgencia del proyecto, calificada de "suma", solicito que el plazo para formular indicaciones se fije hasta el inicio de la votación de cada artículo durante la discusión particular.
Señor Presidente , producida a comienzos del presente año la crisis del grupo Inverlink , la Comisión de Trabajo efectuó una reunión destinada a analizar sus efectos en el funcionamiento del sistema de administradoras de fondos de pensiones y, en particular, en la situación de la AFP Magister. En dicha sesión, que contó con la asistencia y participación de autoridades del Ministerio del Trabajo, de la Superintendencia de AFP y, desde luego, de la Subsecretaría de Previsión Social, quedó en evidencia que las protecciones a los cotizantes en estos casos extremos eran absolutamente insuficientes.
Por esa razón, el proyecto que hoy discute el Senado representa un importante avance, pues tiene por objeto dar solución efectiva a situaciones derivadas de la quiebra de una administradora de fondos de pensiones o de una compañía de seguros y tratar de impedir la indefensión en que pueden quedar, en un caso u otro, sus cotizantes o beneficiarios.
Para el caso de que una AFP quiebre, la iniciativa pretende que el traspaso de los cotizantes a una nueva administradora no se haga mediante la transferencia de dineros, lo que naturalmente obligaría a la liquidación de su cartera, con el efecto que sobre el precio de esos títulos tendría una oferta masiva en la bolsa de valores. Por la misma razón, se establece que dicho traspaso se realice mediante títulos representativos del monto a que alcancen las cuotas de los cotizantes en las distintas AFP.
En cuanto a las compañías de seguros, específicamente aquellas que han comprometido rentas vitalicias con cotizantes de AFP, se prevé también una salida similar, para que los beneficiarios no se vean defraudados. En efecto, la quiebra generaría la obligación de que éstos hicieran efectivos sus dineros mediante el normal procedimiento de verificación de créditos. Sin embargo, se posibilita el traspaso de la cartera de beneficiarios de estos seguros de renta vitalicia a una compañía distinta, y la licitación se hace en términos de que la adquirente comprometa el pago del seguro de vida durante cierto tiempo, al cabo del cual entrará a operar la pensión mínima garantizada por el Estado.
Es posible que las soluciones propuestas no sean las óptimas, pero claramente constituyen un avance respecto de la normativa vigente.
Por eso, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, por cuatro votos a favor y la abstención del Senador señor Canessa , aprobó en general el proyecto y recomienda a la Sala proceder en los mismos términos.
Señor Presidente , si se considera la actual legislación relativa a solvencia de las ISAPRES y a protección de sus afiliados, la iniciativa en debate es, a toda luces, conveniente.
Asimismo, cabe recordar que tres millones de ciudadanos cotizan el 7 por ciento de sus remuneraciones en el sistema de salud privado y que resulta indiscutible que las normas que regulan su funcionamiento son insuficientes para evitar procesos de insolvencia.
En primer lugar, luego del completo informe de la Senadora señora Matthei, quisiera señalar algunos aspectos relevantes, para que la Sala los analice y tenga en consideración.
En la actualidad, dos disposiciones regulan lo relativo a protección e insolvencia de las ISAPRES. La primera les exige un patrimonio de sólo cinco mil unidades de fomento para constituirse; y la segunda las obliga a mantener una garantía equivalente a un mes de cotizaciones percibidas.
Es evidente la insuficiencia de esas normas, toda vez que una ISAPRE puede tener una insolvencia mucho mayor que el monto de las cotizaciones de un mes de sus afiliados, y asimismo, que cinco mil UF como patrimonio es poco para garantizar su buen funcionamiento.
El proyecto propone tres cláusulas de protección.
La primera se refiere a la garantía. A diferencia de lo vigente, ya no se trata de un mes de cotizaciones percibidas, pues se eleva al ciento por ciento de las deudas de la ISAPRE con los prestadores de salud y con los afiliados. Entonces, lo primero que debe despejarse es que las obligaciones provenientes de deudas con prestadores o de compromisos con los usuarios de la ISAPRE estén totalmente cubiertas por la garantía que se deja en poder de la Superintendencia respectiva.
En segundo lugar, se incorpora un precepto sobre liquidez -que hoy día no existe-, en virtud del cual las ISAPRES deben tener en caja, en circulante, 80 por ciento del total de sus pasivos, considerando sus activos. Esto asegura que no tendrán dificultades de liquidez.
Como tercera cláusula de protección, se establece que las ISAPRES deben acreditar un patrimonio igual o superior al 40 por ciento de su pasivo, materia que fue objeto de discrepancias en el seno de la Comisión de Salud. A juicio de algunos señores Senadores, cuando se exige un capital de a lo menos el equivalente al 40 por ciento de las deudas, a lo que se debe agregar lo relativo a las otras dos cláusulas de protección que señalé -referidas a liquidez y a garantía-, se llega a la conclusión de que se estaría impidiendo la incorporación de nuevas ISAPRES al mercado, con lo cual se establecería en la práctica un monopolio de las grandes ISAPRES, que son las que con mayor facilidad pueden alcanzar la relación entre patrimonio y deuda.
Esto no es menor, teniendo en cuenta que el número de ISAPRES ha venido disminuyendo considerablemente en los últimos 10 años, al punto de que hoy el 65 ó 66 por ciento del mercado se encuentra concentrado en cuatro entidades.
Por lo tanto, el proyecto del Gobierno, al exigir que se mantenga una relación de 0,4 veces o de 40 por ciento entre deuda y patrimonio, pone una traba extraordinariamente alta para la incorporación de nuevos grupos que deseen entrar a disputar a las ISAPRES en actividad parte del mercado consolidado que hoy poseen. Nuestra intención es que dicho porcentaje disminuya, en atención a que la tranquilidad de los usuarios, e incluso la de los prestadores, que en la actualidad no la tienen, se encuentra plenamente asegurada a través de la garantía que las instituciones de salud previsional deben otorgar, equivalente al ciento por ciento de las obligaciones que hayan contraído.
Este punto -reitero- no es menor, salvo que realmente se quiera que el mercado termine en manos de cuatro grandes grupos económicos y no ingresen entidades de menor tamaño, como MasVida, cuyo caso conoció la Comisión. Esta ISAPRE, originaria de Concepción, ha logrado abrirse espacio en el ámbito de la salud privada, contando hoy con el 7 por ciento del total de usuarios del sistema en el país. Sus representantes expresaron que, si bien la institución cumple con la exigencia relativa a la relación capital-pasivo, estiman que para quienes desearan incorporarse al negocio resultaría bastante difícil otorgar una nueva garantía, que se sumaría a las ya existentes.
Además, la iniciativa contiene normas muy importantes en materia de auditorías y en lo referido a la información de "hechos relevantes". Respecto de esto último, me parece conveniente que las entidades de salud previsional estén obligadas a comunicar a la Superintendencia del ramo todo cambio que ocurra al interior de su propiedad y los vínculos que establezcan con organismos similares, para los efectos de que el día de mañana no se produzcan desviaciones de mercado o de la función que las ISAPRES deben cumplir en cuanto tales. En consecuencia, la incorporación del concepto de "hecho relevante" resulta útil para una buena supervigilancia de su funcionamiento.
Del mismo modo, se otorga la posibilidad del traspaso voluntario de cartera; es decir, se faculta a las instituciones para transferir la totalidad de sus contratos de salud.
Asimismo, se establece un régimen especial de supervigilancia y control, lo cual constituye, a mi juicio, la principal innovación que introduce el proyecto.
En él se consagran etapas que hoy no existen. En la actualidad, cuando una ISAPRE cae en insolvencia, el Superintendente no puede intervenir antes de que la entidad quiebre o entre en cesación de pagos sino para cerrar el registro, sin que tenga atribuciones para decidir acerca del destino de los afiliados. Ahora deberá seguirse toda una secuencia, que comienza con la necesidad de que la institución incumplidora presente un plan de ajuste y contingencia, continúa con la propuesta de un acuerdo de solución de carácter patrimonial, prosigue con la licitación de la cartera -cuando han fallado las instancias anteriores- y termina con la adjudicación de ésta, en virtud de la cual los cotizantes serán distribuidos, a través de un mecanismo aleatorio, en las demás ISAPRES que operen en el mercado.
Esto, señor Presidente , más allá de que a uno le agrade o no, presenta serias dudas de constitucionalidad. En la práctica, significa que los usuarios de la entidad que entre en insolvencia serán traspasados, mediante un sistema de proporcionalidad, a otras instituciones, las cuales deberán mantenerles el mismo plan que tenían en la antigua, sin poder imponerles nuevos requisitos que los inhabiliten para ejercer los derechos contemplados en los contratos originales. Para las ISAPRES que deban recibir a estos afiliados, que no tendrían participación alguna, ni directa ni indirecta, en la insolvencia de la entidad incumplidora, ello implica una carga.
En mi concepto, la situación descrita podría afectar garantías constitucionales como el derecho de propiedad, aun considerando su función social; el derecho a la libre contratación, en la medida en que se obliga a las personas a contratar con una institución que no desean, y finalmente, la igual repartición de las cargas públicas.
Y, más allá de que uno considere que aquélla es una solución correcta o incorrecta, el Senado debe velar siempre por que se respete la Constitución. Por eso en la Comisión de Salud nos pareció oportuno solicitar al órgano especializado de la Corporación un informe sobre la materia.
Debo señalar que existe la mejor disposición de parte de todos sus miembros, incluidos los de la Alianza por Chile, para resolver el problema que hoy afecta a los usuarios de las dos ISAPRES que están en insolvencia o en vías de estarlo, VidaPlena y Promepart, pero sin que la solución signifique afectar el derecho de propiedad.
No tengo un pronunciamiento definitivo, porque el tema, que debe ser analizado, es complejo desde el punto de vista constitucional; de manera que, al igual que la Senadora señora Matthei , hago reserva de constitucionalidad, sin perjuicio de que ese aspecto pueda ser resuelto con el informe que emitirá la Comisión de Constitución o durante el debate particular de la iniciativa.
En mi opinión, el proyecto es necesario y útil. Busca cautelar mejor los derechos de los afiliados a las ISAPRES con normas preventivas que tienen por objeto evitar la quiebra de estas instituciones. Y, por otra parte, persigue resolver el problema puntual de las dos entidades que hoy aparecen en cesación de pagos, siempre mirando el interés de los usuarios, quienes ingresaron al sistema con la confianza de que iba a operar, por lo que cualquier solución que se aplique no debe acarrearles un perjuicio considerable.
Por tales razones, señor Presidente, vamos a votar a favor de la idea de legislar.
Señor Presidente , en cuanto al articulado que pretendemos aprobar, no voy a entrar a su detalle como para lograr un conocimiento más cabal de lo que sucede con esta normativa, que ha sido llamada "ley corta de ISAPRES", que, a mi modo de ver, constituye sólo una forma de resolver el problema específico que se produjo -como se ha señalado en la Sala- con dos instituciones y de prevenir que vuelvan a ocurrir situaciones similares.
Simplemente, para abreviar la discusión -pues espero que mañana podamos discutir la iniciativa en particular, para que sea enviada luego a la Cámara de Diputados y despachada cuanto antes, a fin de solucionar el apremiante tema de los afiliados-, sólo diré dos o tres cosas.
En primer término, es efectivo que el proyecto aborda una materia muy trascendente en el ámbito de la salud nacional. Existen 3 millones de chilenos afiliados a estas entidades -cantidad nada despreciable-, por lo que cualquier cosa que fracase, falle o no funcione adecuadamente en el sistema repercute por supuesto en la salud de las personas, bien superior que debemos proteger.
En segundo lugar, aquí estamos abocados a una normativa precisa que pretende resolver sólo un problema puntual, pero no el tema de fondo, el cual será discutido con mayor latitud después, cuando se analice el sistema mismo de ISAPRES, que en los últimos años ha motivado un extenso y agudo debate.
En este caso, se trata de resolver un asunto de bien común nacional, en términos de que ningún chileno afiliado a una ISAPRE, sobre la base de la fe pública envuelta en el sistema, quede descubierto si en el futuro ella quiebra o se ve involucrada en un hecho doloso.
En tercer término, con esta iniciativa se intenta solucionar los cuatro temas concretos planteados aquí, especialmente por la Presidenta de la Comisión . Me refiero al patrimonio adecuado, a la garantía suficiente, a los mecanismos de resolución y, sobre todo, a que las personas afiliadas a las ISAPRES en cuestión puedan continuar en el sistema.
De allí que uno de los temas más complicados de la discusión se refiere a si es o no es lógico y razonable que quienes se encuentran en una empresa que quiebra puedan ser absorbidos por el resto de las ISAPRES. No entraremos ahora en ese debate, pues, talvez, podría efectuarse mañana.
Sólo cabe señalar que ésta es un área de la salud que debe estudiarse en su conjunto, porque se halla resguardada por la fe del Estado, la fe de la opinión pública y la fe de la ley. No se trata de 7, 8 ó 10 empresas separadas y muy particulares, en donde alguien podría alegar: "¿Por qué tengo yo la obligación de tratar a un paciente derivado de otra empresa privada?". Lo importante es saber que quienes optaron por el sistema privado de salud deben ser resguardados en su conjunto. Este tema lo analizaremos mañana.
Se ha hecho una reserva de constitucionalidad; pero, a nuestro juicio, lo inconstitucional no existe. En fin, es algo que veremos después, en una discusión más detallada.
En resumen, los Senadores de estas bancas -fui autorizado por el Honorable señor Viera-Gallo para manifestarlo-, los de la Concertación, en su conjunto, votaremos a favor del proyecto en los términos señalados aquí.
Asimismo, deseo sumarme a lo planteado por otros señores Senadores de la Comisión y solicitar también al señor Presidente que esta materia se coloque en la tabla de mañana a fin de tener la certeza de que se discutirá, talvez en forma breve, pues es necesario dejar el resto del tiempo al proyecto de ley relativo a la autoridad sanitaria, que tiene urgencia calificada de "suma".
Ése es nuestro planteamiento.
Señor Presidente , deseo reafirmar lo dicho aquí por el Honorable señor Ruiz-Esquide y el voto favorable de nuestra bancada al proyecto.
No reiteraré lo manifestado por casi todos los señores Senadores que han intervenido. Sólo quiero llamar la atención de la Sala a los efectos de dejar constancia, para la historia fidedigna de la ley, de que hay un punto pendiente, que espero que sea resuelto en el llamado "proyecto largo".
El asunto no es qué sucederá hoy con la situación coyuntural por la cual atraviesan algunas ISAPRES, sino qué ocurrirá, en definitiva, en la legislación permanente cuando una de ellas esté en quiebra o pase por una grave insolvencia financiera comprobada por la Superintendencia respectiva.
La normativa legal vigente sostiene que, en esos casos, todos los que no hayan podido cambiarse a otra ISAPRE pasan a FONASA. Es decir, el Estado, el sector público, acoge a los denominados "afiliados cautivos"; o sea, a los que tienen mayores problemas, ya sea por edad, por situación económica o por la existencia de una enfermedad grave permanente.
La propuesta del Gobierno me parecía muy razonable en cuanto a que en tales circunstancias podría haber una distribución de los afiliados a las ISAPRES, a prorrata de la participación de las demás dentro del mercado. Me parecía lógica, porque se suponía que el sistema privado de salud funcionaba como un todo, en el cual, por cierto, había competencia, pero también existía una solidaridad básica.
Esa proposición fue objetada como solución permanente. Y a través del debate de la materia se está llegando a un acuerdo para encontrar una salida transitoria. Sin embargo, me asalta la inquietud en cuanto a qué pasará definitivamente con todo esto. Si no se resuelve la situación en el "proyecto corto" de ISAPRES, lo que me parece muy difícil, espero que se pueda enfrentar en el "largo".
La solución inserta en el proyecto del Ejecutivo es justa, equitativa y no contraría la Constitución, sino al revés. Es verdad que puede afectar la propiedad de las ISAPRES que reciben ese lastre -entre comillas- de parte de la empresa con dificultades financieras o de insolvencia. Sin embargo, por otro lado, ese peso -también entre comillas-, tiende a ser una suerte de hipoteca social sobre el derecho de propiedad que permite la Carta Fundamental.
Son múltiples las circunstancias en las cuales la ley exige algún tipo de gravamen, de afectación o de peso sobre el derecho de propiedad, sin que éste se vea perjudicado en su esencia. Por tanto, dichas leyes son perfectamente acordes con el texto constitucional.
Llamo la atención sobre ese problema, a fin de que le busquemos una solución definitiva.
Señor Presidente , esta iniciativa no es corta ni larga, sino mínima. Surge como consecuencia de un verdadero desastre que afectó a un número muy importante de afiliados a la ISAPRE curiosamente denominada "VidaPlena". Este episodio, de gran difusión a nivel nacional, dejó de manifiesto los graves vacíos del sistema regulatorio en Chile.
Resulta lamentable que iniciativas destinadas a salvaguardar ese tipo de situaciones -con las cuales deberían contar permanentemente los ciudadanos- surjan sólo ante conflictos de esta índole. Es decir, ha de ocurrir un quiebre o una situación de menoscabo de los derechos de las personas para que haya una reacción que apunte a impedir que tales hechos se repitan en el futuro.
Aquí ya se hizo una reserva de constitucionalidad, argumentando que se podría estar afectando el derecho de propiedad.
Al respecto, creo que las ISAPRES deben considerarse como un sistema privado que actúa en el ámbito de la salud, tal cual acontece en el sistema público del mismo. De modo que aquél debe absorber los problemas que genera alguno de sus miembros en el segmento del mercado donde actúa. Es lo mínimo que puede exigirse para que podamos hablar de una equidad básica en el manejo de situaciones que, por cierto, afectan a un gran número de personas.
Votaré a favor de la idea de legislar. Sin embargo, los aspectos específicos que contiene el proyecto deben ser objeto de amplia discusión en el Senado, y en general, en el Congreso Nacional, para reforzar lo mejor posible el sistema de protecciones que requiere el ciudadano que ha entregado un derecho tan fundamental como el de la salud a entes privados.
Es preciso avanzar, no sólo en este plano, sino en todos los ámbitos sensibles para la ciudadanía, en cuanto a reforzar derechos que particularmente debemos estar atentos a resguardar en forma permanente.
Señor Presidente , la duda planteada por el Senador señor Viera-Gallo es obvia y lógica: qué ocurrirá en lo futuro. Y lo que el proyecto pretende es, precisamente, evitar esa duda, porque no es admisible el surgimiento de hechos y daños que terminen provocando inquietud a los miles de afiliados a una ISAPRE en cuyas manos fue depositada la salud de ellas, la de sus hijos y la de otros usuarios.
Siento que, de repente, en el país hay actitudes que no reflejan profundamente lo que debe ser una sociedad que tiene ciertas obligaciones, no sólo de carácter legal. Quiero suponer -así lo he entendido, por las conversaciones que sostuvimos en la Comisión de Salud- que el daño ocasionado a la ISAPRE VidaPlena fue un hecho que se produjo espontáneamente, con mucha fuerza, pero como consecuencia de otra situación: el retiro de recursos de sociedades relacionadas con Inverlink, lo que terminó generando repercusiones en aquélla. Aparentemente, no funcionó bien la Superintendencia. Porque una de las facultades y responsabilidades de dichos organismos es la de estar atentos a lo que ocurra dentro del mundo de las obligaciones legales.
Entonces, al producirse ese hecho, las ISAPRES terminaron siendo atacadas, no porque la referida institución estuviera funcionando en términos irregulares, sino porque en su entorno ocurrió un conjunto de situaciones financieras que terminaron repercutiendo directamente en su operación. Y ello no fue previsto ni por la Superintendencia del ramo, ni por la de Valores y Seguros, ni por otros organismos ligados con VidaPlena en términos crediticios, como bancos o instituciones financieras que actuaban con ella.
Entonces, se suma un conjunto de cosas, por la habilidad de la gente de Inverlink, que las ocultó convenientemente. Pero después se produce un segundo hecho, que, desde mi punto de vista, es complicado. Y tengo la sensación de que no se actuó diligentemente.
¿Qué es lo obvio? Estamos llegando a acuerdo para que toda la cartera de esa ISAPRE pueda ser transferida a otras. Parte de ella es atractiva, pero no el resto. Y no se debió esperar tanto tiempo, para evitar que los buenos clientes se fueran de la institución, y finalmente haya que dictar una ley para "encajar" los malos clientes a otras ISAPRES, creando una situación delicada. Porque lo lógico es que los contratos no puedan imponerse a actividades privadas (yo soy agricultor; si el día de mañana mi vecino tiene un problema con su producción, que no vayan a buscar en mi predio lo que le falta para completarla).
En el fondo, eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, hay disposición para resolver el problema incorporando esta cartera a las otras ISAPRES.
¿Qué es lo lógico? Que producido un problema de este tipo, la Superintendencia del ramo, más las organizaciones que reúnen a las ISAPRES, lo conversen inmediatamente. Y no se requiere ley para resolverlo. Si llegaron a acuerdo para traspasar estas carteras en buena forma, no hay problema. Pero no. Los otros se ocultan o no quieren participar. Tampoco actuó la Superintendencia, y finalmente esto concluirá con una norma legal en virtud de la cual vamos a obligar a que en los próximos tres años, ante una eventual quiebra o situación difícil que se produzca en una ISAPRE, tendrán que aceptar el traspaso de su cartera.
Pero eso no debiera ocurrir nunca más, porque esta misma normativa y la "ley larga", que se tramitará pronto, van a activar las luces amarillas, por así decirlo, frente a situaciones ante las cuales no se actuó. Porque, claro, en el mercado financiero y en cuestiones propias de la administración de estas grandes empresas, donde están vinculados cientos de miles de millones de pesos, de pronto se producen hechos muy complicados.
Se nos informa que actualmente las ISAPRES tienen una utilidad de 1,4 por ciento, que es un porcentaje bajísimo. Entonces, quiero entender que puede ser tremendamente delicado, desde el punto de vista financiero, para cualquier empresa que obtiene una utilidad de 1,4 por ciento, sobrevivir a una situación de emergencia. Y resulta que a ISAPRES que están logrando una utilidad de 1,4 por ciento les estamos cargando la cartera mala de VidaPlena.
¿Qué quiero decir con esto? Que debemos dedicarnos a estudiar detenidamente la llamada "ley corta" y aprobarla, por una emergencia. Pero, al mismo tiempo, debemos tener claro que las actuaciones de los entes públicos, en muchísimos casos -concretamente en éste-, no requieren ley para resolver la situación, sino buena voluntad, participación de las demás ISAPRES, de la Superintendencia y de otras autoridades, para finalmente concluir en el traspaso de una cartera frente a esta situación tan delicada. No se hizo así. Es necesario dictar una ley, y complicar la vida al resto, los que deben ponerse en fila para cumplir y dar tranquilidad a todo el sistema previsional privado.
Creo que estamos ante una normativa interesante, que resguarda -como señalaba la Presidenta de la Comisión- con mayor seguridad los intereses de las personas que se atienden en las distintas ISAPRES del país. Nos permitirá ver con mayor tranquilidad el futuro, en vista de que el Superintendente respectivo tendrá mayores facultades para revisar permanentemente su accionar financiero.
Tiene la palabra el Senador Edgardo Boeninger.
Señor Presidente, dado que está todo dicho, renuncio al uso de la palabra, no sin antes decir que no comparto las prevenciones constitucionales formuladas y que en el curso del debate en particular las vamos a resolver satisfactoriamente.
Señor Presidente , quería hacer algunos alcances sobre la posible inconstitucionalidad de la iniciativa en análisis, la cual creo que no existe.
Se habla de un atentado contra la propiedad. Aquí hay en juego dos patrimonios: uno, el de cierta administradora de fondos previsionales que está a punto de quebrar. Si así sucediera, ninguno de los cotizantes obtendrá algo, porque hay otros acreedores privilegiados.
Por otra parte, las demás instituciones del ramo obligadas -ahí podría estar la inconstitucionalidad- no pueden entregar nada de su patrimonio, pero sí recibir las carteras de cotizantes y de inversiones, para administrarlas, con un plazo de seis meses -bastante prudente-, a fin de evitar una irrupción violenta de ofertas al mercado, que puede hacer caer las inversiones.
En lo demás, no hagamos asco a esta fusión, porque ya hubo una muy anterior. ¿Saben Sus Señorías cuál es la partida más grande del Presupuesto Nacional? La normalización previsional. ¿Y en qué consistió? En quebrar todas las cajas de previsión: la de los obreros, la de los empleados particulares, la de los empleados públicos y todas las demás, para llegar a un ente que administre la quiebra y pague a todos los pensionados de Chile. ¿Con cargo a qué? ¿A cotizaciones? No: con cargo a impuestos. Es la partida presupuestaria más grande, como puede confirmarlo la señora Subsecretaria de Hacienda .
Tiene la palabra la Senadora señora Matthei, para luego cerrar el debate.
Señor Presidente , la reserva de inconstitucionalidad se refiere básicamente a que se reasignarían personas con preexistencias, o que padecen enfermedades muy graves, o que presentan una probabilidad muy alta de ocasionar gastos enormes. Respecto de esos afiliados y sus posibles cargas o beneficiarios, puede suceder que el costo de la enfermedad no lo recupere la ISAPRE ni siquiera con diez años de cotizaciones. No se puede recuperar; son montos muy elevados. Obligar a una empresa privada a aceptar un contrato que no desea es el punto en que vemos un posible vicio de constitucionalidad.
En realidad, la eventual inconstitucionalidad es algo fuerte. Yo no visualizo que el Estado pueda obligarme a celebrar un contrato con quien no deseo.
En relación con esta iniciativa, debo hacer presente que la Comisión ha solicitado sesionar paralelamente con la Sala. Al parecer no hay inconveniente para ello. Se trata de un proyecto cuya urgencia vence el jueves.
Lo despachamos mañana.
Si el segundo informe es despachado, conforme a las facultades que posee la Mesa, voy a citar a una sesión especial para mañana en la tarde, de 15:30 a 16:15, a fin de despachar el proyecto. Y luego, en la sesión ordinaria de la tarde, continuaremos la discusión del proyecto de reformas constitucionales.
Señor Presidente , sugiero citar a las 15:15, porque nunca la sesión empieza a la hora exacta. Debemos disponer de un mínimo de tiempo.
En todo caso, es una facultad que ejercerá la Mesa.
¿Se está refiriendo a la iniciativa que estábamos discutiendo?
Debo hacer notar que el proyecto no ha pasado por la Comisión de Hacienda.
Espero que lo vea mañana.
La Comisión de Hacienda tratará mañana otros dos proyectos con urgencia. Éste va a ser el tercero. Debo advertir que no hay ciento por ciento de seguridad de que el informe esté listo antes de las 15:30.
Si no llega, suspenderé la sesión especial de las 15:30, salvo que el Ejecutivo retire la urgencia. Yo no puedo hacer otra cosa.
Para facilitar su labor, señor Presidente , quiero hacer notar que se solicitó un informe de constitucionalidad sobre el proyecto a la Comisión de Constitución. Habría que ver en qué momento de mañana podemos despacharlo.
En ese caso, si hay tantas dificultades, me veré en la obligación de pedir al Gobierno que retire la urgencia.
Señor Presidente , también existe la posibilidad de una sesión especial para el jueves.
Si el Senado desea sesionar el jueves, habrá que citarlo para la mañana de ese día, pero sólo para tratar ese proyecto, porque no hay otros.
Señor Presidente , de acuerdo con lo que resuelva esta tarde la Comisión de Salud, existe la posibilidad de que no sea necesario el pronunciamiento de la Comisión de Constitución.
El señor ZALDÍVAR, don Andrés ( Presidente ).- Voy a estar atento a lo que resuelvan los Presidentes de las Comisiones de Salud, de Trabajo y de Hacienda. Mañana voy a verificar si están los informes. En el evento de que no hayan sido emitidos, en la sesión especial de mañana, a las 12, daré cuenta a la Sala si hay o no sesión especial a las 15:30.
Las indicaciones que se formulen al proyecto deben presentarse en la Comisión hasta el momento de votar cada artículo.
Corresponde votar el proyecto de acuerdo, iniciado por diversos señores Senadores, con el que se propone al Senado solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que estudie el mejoramiento de las pensiones de sobrevivencia o montepíos.
El proyecto de acuerdo, iniciado por los Honorables Senadores señora Frei (doña Carmen) y señores Lavandero, Muñoz Barra, Naranjo, Ominami, Parra, Ruiz De Giorgio, Ruiz-Esquide y Silva Cimma, tiene por objeto solicitar a Su Excelencia el señor Presidente de la República que disponga el estudio sobre la factibilidad de nivelar, a contar del año 2004, las pensiones de sobrevivencia o montepío del antiguo sistema de pensiones al ciento por ciento de la pensión que recibía el causante al momento de su fallecimiento.
Al señor Ministro de Salud , relativo a CENTRO PARA INVESTIGACIÓN ONCOLÓGICA EN REGIÓN DE ANTOFAGASTA.
Al señor Contralor General de la República , sobre LEGALIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE FRECUENCIAS DE RADIODIFUSIÓN EN SEXTA REGIÓN.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , tocante a RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS SOBRE TÍTULOS DE DOMINIO PERDIDOS EN INCENDIO DE OFICINA DE BIENES NACIONALES DE TALTAL (SEGUNDA REGIÓN).
Del señor GARCIA:
Al General Director de Carabineros , referente a SITUACIÓN DE ANCIANOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
A los señores Subsecretario de Marina y Subsecretario de Pesca, relativo a ANTECEDENTES SOBRE CONCESIONES TURÍSTICAS EN LITORAL DE UNDÉCIMA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas , sobre SITUACIÓN DE FAMILIAS EXPROPIADAS COMO CONSECUENCIA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CARDONAL-TREGUALEMU, DE SÉPTIMA REGIÓN (reiteración de oficio).
Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social y al señor Intendente de la Región del Maule , tocante a ANTECEDENTES SOBRE FORMAS DE ENFRENTAR CESANTÍA EN REGIÓN DEL MAULE.
Al señor Superintendente de Electricidad y Combustibles y al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente , referente a USO DE SERVIDUMBRES POR EMPRESAS ELÉCTRICAS EN LÍNEAS DE TRANSPORTE EN COMUNA DE COLBÚN (SÉPTIMA REGIÓN).
Al Ministro de Hacienda , al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras y al Director Nacional de Gendarmería , solicitándoles CONTESTACIÓN DE OFICIOS SIN RESPUESTA; al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras , sobre COBRO A CUENTAS DE AHORRO POR BANCOESTADO.
Al señor Presidente del BancoEstado , relativo a ANTECEDENTES SOBE GIRO INCONDICIONAL, GIRO DIFERIDO, GIRO CONDICIONAL Y AHORRO A LA VISTA EN CUENTAS DE AHORRO.
Al señor Ministro de Obras Públicas , concerniente a PAVIMENTACIÓN DE TRAMO PUERTO MONTT-CALETA LA ARENA EN CARRETERA AUSTRAL.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , sobre SITUACIÓN DE DOÑA MARIBEL DEL CARMEN ROSAS PINTO DE VALLE VENTISQUERO, COMUNA DE COCHAMÓ (DÉCIMA REGIÓN), y REGULARIZACIÓN DE TÍTULO DE DOMINIO DE DOÑA MARTA VERA OVANDO, DE COMUNA DE CHAITÉN (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Director Nacional de Vialidad , relativo a ACLARACIÓN DE DUDAS SOBRE PAGO DE EXPROPIACIÓN A DOÑA ROSA IRMA CÁRDENAS CÁRDENAS E COMUNA DE CHAITÉN (Todos de la Décima Región).
Del señor VALDÉS:
Al señor Ministro de Bienes Nacionales , referente a INFORMACIÓN SOBRE VENTAS DE BIENES FISCALES Y HERENCIAS PERCIBIDAS POR MINISTERIO DE BIENES NACIONALES DURANTE 2000, 2001 y 2002.
En Incidentes, no harán uso de la palabra los Comités Mixto Partido Por la Democracia, Demócrata Cristiano y Mixto Unión Demócrata Independiente e Independientes.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Ríos.
Señor Presidente , hace unos instantes aprobamos un proyecto de acuerdo presentado por diversos señores Senadores, en el que éstos manifiestan su preocupación por los jubilados y las montepiadas.
En dicho acuerdo se señala que una de las razones por las cuales se encuentran mal muchos jubilados es el daño que les ha generado el traspaso involuntario o forzado al sistema de AFP u otros.
Obviamente, ésa es una situación que no comparto. Y creo interpretar al resto de los señores Senadores.
Los Parlamentarios de Renovación Nacional queremos solicitar formalmente, señor Presidente , una sesión especial para analizar
Puede continuar, Su Señoría .
¡Ruego a los señores Senadores disculparme por interrumpir su conversación!
Señor Presidente , haremos llegar una petición de sesión especial para analizar el tema de los jubilados y las montepiadas de nuestro país. Es una materia que se encuentra pendiente. Hay muchos asuntos que son de interés.
Esperamos que asistan a ella los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, así como también el señor Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones , con el objeto de plantear el tema de los jubilados hacia el futuro.
Señor Presidente, no continuaré con el uso de la palabra, pues no se respeta el derecho de quien habla.
¡No continuaré con el uso de la palabra!
¡No se enoje, señor Senador!
¡Es que estamos en una disputa!
Señor Senador ,
Señor Presidente , se lo agradezco mucho. Intervendré después.
En el resto del tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente , deseo en esta oportunidad referirme a una situación que, a mi juicio, es bastante preocupante y que nos afecta como Poder Legislativo.
Se trata de las expresiones del Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Carlos Cerda Fernández, mediante las cuales pretende instaurar la doctrina de que los jueces dejen de aplicar las leyes si las consideran contrarias a la Constitución o al Derecho Internacional, incluso el no escrito.
La doctrina que dicho magistrado intenta establecer, en mi opinión, resulta riesgosa, ya que el otorgamiento de tal poder a los jueces, que no representan la voluntad soberana, terminarían por bloquearla.
Por otra parte, el Ministro señor Cerda debe tener presente que las leyes que elaboramos en el Parlamento deben ajustarse siempre a la Carta Fundamental y a los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Si se suscita alguna cuestión de constitucionalidad durante la tramitación del respectivo proyecto, el Tribunal Constitucional es el llamado a resolver. Y si durante un juicio un litigante considera inaplicable alguna disposición relativa a la causa por ser contraria a la Carta, está facultado para recurrir a la Corte Suprema, para que así lo declare expresamente.
Como bien ha señalado el distinguido ex Senador don Juan de Dios Carmona , en reciente carta dirigida a un matutino de circulación nacional, de aceptarse la doctrina que se pretende, los jueces se autocolocarán como seres no sometidos a la institucionalidad y a las leyes, sino a su propio arbitrio.
A su vez, como lo sostiene la ex Ministra de Corte señora Raquel Camposano , también en carta dirigida a un diario nacional, un juez no puede nunca, a su arbitrio, dejar de aplicar la ley, porque estima que ella no respeta los derechos esenciales del Estatuto Constitucional. Si lo hiciere, se atribuiría facultades que no posee, dejando sin efecto -por su propia cuenta- disposiciones dictadas por otro Poder del Estado en el ejercicio de sus legítimas atribuciones.
Obviamente, esta doctrina significaría el caos total de nuestro ordenamiento jurídico, ya que el sistema judicial sería absolutamente libre y estaría por sobre la Constitución y las leyes. Se daría paso -ni más ni menos- a una verdadera tiranía judicial.
Al respecto, resulta oportuno recordar al Ministro señor Cerda que el artículo 6º de la Carta Fundamental establece que los "órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella" y que sus preceptos "obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.".
Por otra parte, resulta útil, también, traer a la memoria el deber que el Código Orgánico de Tribunales establece para todos los jueces en el sentido de prestar juramento antes de asumir su cargo, acto solemne que se contempla en el artículo 304 y que obliga, como bien debe recordarlo el Ministro señor Cerda , a observar la Constitución y las leyes de la República.
Y, en el mismo orden de ideas, cabe destacar las normas de interpretación de la ley contempladas en los artículos 19 a 24 del Código Civil, que deben observar todos los magistrados, ninguna de las cuales permite pasar por encima de la Constitución o recurrir a otro tipo de Derecho.
Con el mismo criterio, podría el Ejecutivo cuestionar los fallos de los tribunales y acatar sólo los que le parecieran ajustados a la interpretación que se hiciese de la Constitución y del Derecho Internacional, aun el no escrito.
De esa forma, la actitud del Ministro señor Cerda lo coloca en una situación al límite de la legalidad, que, como legisladores, no podemos aceptar, por configurar una verdadera afrenta hacia un Poder del Estado legítimamente constituido.
Esperamos que el Ministro señor Cerda, a quien se le ha otorgado, como miembro del Poder Judicial y de un Tribunal Superior, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolver y de hacer ejecutar lo juzgado, reconsidere sus expresiones y deje de inducir a otros jueces a elegir un camino que los llevará a hacer tabla rasa del Estado de Derecho en nuestro país.
Señor Presidente , junto con sumarme a la presentación que se acaba de escuchar, quisiera que fuese enviada, por intermedio del Senado -y he logrado la anuencia del Honorable señor Prokurica para ello-, a la Excelentísima Corte Suprema, que tiene el perfecto derecho de velar en relación con los distintos criterios que aplican los jueces.
Se remitirá la intervención al señor Presidente del Máximo Tribunal .
También en mi nombre.
Con la adhesión de los Senadores señores Stange y Vega .
Señor Presidente , la Región de Aisén, con bastante esfuerzo, ha llevado a cabo un programa de zonificación del borde costero, el cual además se encuentra en correlación con un ordenamiento territorial de toda la superficie comprendida en ella.
Tal procedimiento permite observar la posibilidad de uso de cada una de las áreas, y también, en el caso que nos ocupa, lo referente al borde costero y al mar interior. Con los distintos actores, actuales y potenciales, se va verificando ese aspecto, considerándose las compatibilidades e incompatibilidades que se presentan.
Se trata de un proceso participativo que nace desde la base y que se va ratificando por aproximaciones sucesivas, hasta establecerse una zonificación. Esta última no es algo rígido: puede ir adaptándose flexiblemente a los requerimientos en el tiempo. Y se llega a dictar las reglas del juego para que la localización de los proyectos públicos o privados resulte adecuada y minimice los conflictos.
La zonificación del borde costero de la Región de Aisén se halla ratificada a nivel regional y sólo falta, de acuerdo con las atribuciones y leyes vigentes, la dictación del decreto de la Subsecretaría de Marina. Es algo que se encuentra pendiente prácticamente hace más de un año.
Lo que no deja de llamar la atención es que, en forma paralela, la Subsecretaría de Pesca está entregando concesiones de acuicultura en áreas que no se ajustan a la zonificación y que en particular se han destinado, con carácter prioritario, al turismo tanto por la Comisión Regional como por la Comisión Nacional de Borde Costero. Y ello, incluso vulnerando la exigencia de efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental, contemplada en el reglamento de la ley Nº 19.300.
Es en ese sentido que pido a la autoridad, partiendo por el señor Ministro de Economía , superior del señor Subsecretario de Pesca , que el otorgamiento de las concesiones se conforme de manera estricta a lo ya determinado y que, si no es el caso, se espere hasta la sanción del documento pendiente.
Solicito que se oficie, en consecuencia, tanto al señor Subsecretario de Pesca como al señor Subsecretario de Marina , y a los señores Ministros correspondientes, a fin de que se haga llegar un detalle de cuáles acciones guardan relación con la zonificación y cuáles no.
Del mismo modo, lo expuesto debe hacerse extensivo a la Décima Región de Los Lagos, de Puerto Montt al sur, y a la Duodécima Región de Magallanes, en circunstancias de que se postula una zonificación completa del borde costero de la Patagonia chilena.
Señor Presidente , Chile suele ser muy ingrato con las grandes figuras de su cultura. Y creo que no estaría bien que la presente sesión del Senado quedara atrás sin dejar constancia de nuestro pesar por la muerte, en España, de Roberto Bolaño , uno de los más grandes escritores jóvenes post José Donoso .
Como lo ha dicho muy bien Gonzalo Rojas, era sin duda uno de los nombres más relevantes de la narrativa chilena y latinoamericana, ganador del premio " Rómulo Gallegos " y autor, además, de importantes novelas que han tenido salida en todo el mundo de habla hispana y también más allá.
Por mi parte, he leído algunas de sus obras, y, en realidad, considero -por lo que pueda valer mi juicio- que era efectivamente un gran escritor.
Su muerte nos sorprende. No sabíamos de su enfermedad, de la situación en que se encontraba. Y, por cierto, su desaparecimiento súbito nos deja en un estado de perplejidad y desconcierto.
Tampoco sabemos cómo manifestar nuestro pesar si no es usando esta tribuna, en la que dejamos constancia, para la historia, de que la bancada de Senadores socialistas y del Partido Por la Democracia deplora esa lamentable pérdida.
Me parece trascendental que Chile brinde un reconocimiento, ojalá en vida, a sus grandes artistas, sobre todo porque muchos de ellos, por circunstancias de la vida, a veces, o por razones políticas, otras, o por incomprensión, en ocasiones, residen en el extranjero, pero sin perder su vinculación con el país, sin perder la nostalgia o la añoranza por la tierra. En el caso de Bolaño, recordaba el sur de Chile, con sus bosques, sus lagos; pero, de hecho, su vida transcurrió fuera. Ello también pasó con Gabriela Mistral , entre otros. Ha ocurrido con numerosos creadores.
Señor Presidente , pienso que hoy debemos dejar estampado aquí nuestro pesar por el fallecimiento de Roberto Bolaño . Y solicito hacerlo llegar, a través de una comunicación, a su viuda y demás familiares, entre ellos su madre, quien vive en Chile.
Se hará por intermedio de la Presidencia , Su Señoría.
--Se anuncia el envío de la comunicación pertinente, en nombre del Honorable señor Viera-Gallo, conforme al Reglamento.
El Comité Institucionales 1 no intervendrá.
En el turno del Comité Institucionales 2 e Independiente, tiene la palabra el Senador señor Ávila.
Señor Presidente , el señor Secretario del Senado ha tenido la gentileza de entregarme antecedentes relativos a la acusación que se formula en su contra en los dos últimos números del periódico "The Clinic". Ello, porque en la sesión anterior me interesaba solicitar a esta Corporación una respuesta institucional a las aseveraciones contenidas en el reportaje que se dio a conocer.
Creo que la entrega de dichos antecedentes, si bien constituye un gesto que cabe destacar, no despeja las dudas que todavía podrían suscitarse con motivo de la publicación que señalo, sobre todo tomando en cuenta que en el reportaje se hace mención de antecedentes que parecen serios y que, por lo tanto, merecerían una reacción que no fuera el simple silencio. Ello implicaría a la larga algo así como un desprecio por lo que se sostiene en la publicación.
Dados el carácter de la misma y el hecho de que cita fuentes que por cierto pueden ser discutibles pero que aparecen como serias, estimo que se hace indispensable, señor Presidente , dar una opinión con el respaldo de la Institución. Y, en ese sentido, yo quisiera solicitarle que así pudiese ocurrir.
Le agradezco, señor Senador, la intervención y la mención que hace.
Efectivamente, yo tomé cartas en el asunto y mandé una carta -valga la redundancia-, que fue publicada en ese periódico.
Hoy día hubo una reunión de la Comisión de Régimen Interior, en la cual todos los Senadores que concurrimos conocimos del tema. Y llegamos a la conclusión de que, efectivamente, no había ningún antecedente serio que pudiera poner en duda la conducta de un funcionario del Senado.
Sin embargo, voy a transmitir su solicitud, con el objeto de que la misma Comisión pueda resolverla. Pero, desde ya, le agradezco su intervención.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión
--Se levantó a las 18:31.

References: artículo 124
 artículo 133
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 45
 artículo 18
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 43
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 67
 artículo 68
 artículo 81
 artículo 85
 artículo 87
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 97
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 36
 resolución 
 artículo 6
 artículo 304