Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321652.html
Timestamp: 2019-03-23 08:38:25+00:00

Document:
as201321652
Auto Supremo: 652/2013
Expediente: CH-68-13-S
Partes: Trifón Mendieta Cabrera, Walter Heredia Bernal, Daniel Elías Flores, Segundino Patricio Estrada, Jorge Bustillos, Fausto Flores Delgado, Aurelia Miranda Beltrán, Cleofé Garnica Conde, Julián Calla Quispe, Víctor Núñez Maita, Valentín Mamani Choquerive, Francisco Garabito Delgado, Efraín Aiza Chambi, Emeliano Mamani Condori, Felipe Garabito Poveda, David Barrientos Oña, Rosa Álvarez Cuestas Vda. de Flores, Andrés Cortes Nicolás, Huallpa Benito Sossa Calvetti, Ernesto Oña Dávila, Germán García Flores y Florinda Alvarado Orellana Romero c/ Efraín Negrón Torres, Guadalupe Valdez de Arancibia, Arnold Arancibia Borda, Nicolás Arancibia Borda, Nelly Lord Suazo, Luisa Lord de Ledezma, Freddy Iglesias Zuleta, Juan Medinaceli Suárez, Antonio Pérez Vallejos, Paulino Palma y Favio Díaz.
Proceso: Nulidad de ventas, restitución, devolución y daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 1179 a 1181 y vlta., interpuesto por Trifón Cabrera y otros, representados por Graciela Gonzales de Martínez, contra el Auto de Vista Nº SCCFI-378/2013, cursante de fs. 1165 a 1168 y vlta., emitido por la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso ordinario sobre nulidad de ventas, restitución, devolución y daños y perjuicios seguido por los recurrentes contra Efraín Negrón Torres, Guadalupe Valdez de Arancibia, Arnold Arancibia Borda, Nicolás Arancibia Borda, Nelly Lord Suazo, Luisa Lord de Ledezma, Freddy Iglesias Zuleta, Juan Medinaceli Suárez, Antonio Pérez Vallejos, Paulino Palma y Favio Díaz, los antecedentes del proceso y:
El Juez Quinto de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, el 15 de marzo de 2013, pronunció la sentencia Nº 12/2013, cursante de fs. 1080 a 1084 vlta., declarando probada en parte la demanda principal de fs. 232 a 235 e IMPROBADAS las excepciones perentorias de cosa juzgada y caducidad de fs. 288 a 291 y las de fs. 302 a 306 vta. De obrados, sin costas, declarando nulas y sin valor legal las transferencias realizadas por los demandados Juan Medinacelli y Antonio Pérez Vallejos en representación de la Junta de Adjudicatarios E.M.U.C.P. efectuadas a favor de: Andrés Cortés Nicolás, Daniel Elías Flores, Daniel Elías Flores, Segundino Patricio Estrada y Paulina Hinojosa de Patricio, Jorge Bustillos y Rosario Rocabado, Cleofé Garnica Conde, Julián Calla Quispe, Raúl Salinas Zárate, Valentín Mamani Choquerive,Valentín Mamani Choquerive y Segundina Gómez de Mamani, Félix Flores Buitrago, Felipe Garabito Poveda, Mary Pacheco de Cervantes, Arcil Rosso Guillén y Clotilde Pereira de Rosso y, emergente de la nulidad declarada, dispone la restitución por parte de los vendedores Juan Medinacelli y Antonio Pérez Vallejos, a favor de los compradores, de los precios cancelados, cuyos montos constan en cada una de las escrituras Públicas correspondientes, que deberá ser efectuada en el plazo de 30 días de la ejecutoria de la Sentencia, más los daños y perjuicios ocasionados emergentes de la nulidad declarada, a establecerse en ejecución de Sentencia. Asimismo, declaró IMPROBADA la demanda con relación a los actores Trifón Cabrera, Walter Heredia, Fausto Flores, Aurelia Miranda, Víctor Núñez, Francisco Garabito, Efraín Aiza, Emiliano Mamani, David Barrientos Oña, Rosa Álvarez, Huallpa Benito Sossa, Ernesto Oña Dávila, Germán García Flores, Florinda Alvarado, Ángel Choque Mamani y René Choque Mamani.
Contra esa Resolución de primera instancia la parte actora principal interpuso recurso de Apelación de fs. 1105 a 1109, asimismo Antonio Pérez Vallejos, por memorial de fs. 1110 a 1115, en cuyo mérito la Sala Civil, Comercial y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, el 13 de agosto de 2013 pronunció el Auto de Vista Nº SCCFI-378/2013, cursante de fs. 1165 a 1168 y vlta., confirmando parcialmente la Sentencia Apelada, declarando también PROBADA la demanda en relación a las ventas efectuadas a favor de Trifón Cabrera Nogales y Catalina Nogales de Cabrera, declarando nula y sin valor legal la venta realizada por Juan Medinacelli y Antonio Pérez Vallejos a favor de Trifón Cabrera Nogales y Catalina Nogales de Cabrera, dejando sin efecto la declaratoria de improbada la demanda en relación a los demandantes indicados.
Contra esa Resolución de segunda instancia, Graciela Gonzáles de Martínez, en representación de Trifón Cabrera y otros, interpuso recurso de casación en el fondo, por memorial de fs. 1179 a 1181 y vlta. Contra esa Resolución de Alzada la parte demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.
1.- Que en el Auto de Vista impugnado, no existe apreciación y valoración correcta de las pruebas, limitándose a señalar que no son ciertos los agravios sin señalar por qué los considera de esa manera.
2.- Que el Auto de Vista ingresa en contradicción y error reiterado en la Sentencia cuando por un lado señala que Efraín Negrón transfirió a favor de la Junta de Adjudicatarios los 50.000 ms.2 de terreno, mediante Escritura Pública que fue declarada nula y por otro lado, no lo considera como parte de la litis porque él habría sido ya parte del proceso de nulidad anterior en el que actuó “sólo como apoderado” y porque “no ha transferido Bienes de su propiedad” sin tomar en cuenta que es por esa conducta de engaño y falsedad que se lo incluye en la presente demanda con los efectos y consecuencias por ser autor, conjuntamente los representantes de la Asociación de todo el engaño, pues a sabiendas de que existía una Sentencia ejecutoriada que declaró la nulidad del contrato de venta y aun así vendió los terrenos a los ahora actores, acusando errónea interpretación de los arts. 804, 811, 816 y 821 parágrafo II del Código Civil.
Que ni la Sentencia, ni el Auto de Vista han entendido que la nulidad de la Escritura Pública Nº 199 de 27 de mayo de 1982, declarada nula salvando el derecho de los ahora actores a la repetición de los pagos indebidos por parte de los vendedores, mas no del apoderado al no haber sido parte de ese proceso y porque el fallo no le alcanza, criterio temerario de los Juzgadores porque toda norma debe ser interpretada en todo su contenido, conforme el art. 194 del Código Civil, erróneamente interpretado, que señala que las disposiciones de la Sentencia solo comprenderán a las partes intervinientes en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas, en el caso de Autos, los derechos de los actores derivan de las ventas efectuadas por el apoderado Negrón Torres, aun cuando no haya sido parte del primer proceso y precisamente para establecer su responsabilidad junto a sus cómplices, se ha instaurado el presente proceso y no es necesario siempre un antecedente previo para que surja cualquier responsabilidad, como señala el Tribunal.
3.- Que resulta superfluo indicar que los beneficiados con las ventas no son Efraín Negrón Torres y Guadalupe Valdez de Arancibia, pues ellos han vendido la totalidad de los terrenos de manera fraudulenta en base a un falso poder que se declaró nulo por Auto Supremo Nº 57, así como también cuando hacen aparecer una superficie adicional de 10.000 ms.2 inexistentes que también vendieron engañando a los actores, aunque sea inexistente, agravio que resulta del poco estudio del expediente por parte de los Juzgadores, paradójica conclusión a la que han arribado los Jueces de instancia porque no existe ningún beneficiario más de dichas ventas que Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord de Suazo, junto a Efraín Negrón Torres, quien en su condición de abogado conocía el alcance de sus actos y Guadalupe Valdez Arancibia.
Que el hecho de hacer “aparecer” 10.000 ms.2 más de superficie inexistente y cuyos aparentes propietarios eran solo dueños de 40.000 ms.2 y venderlos, es un acto de total mala fe y hasta delincuencial, por lo que no cabe el razonamiento del Aquo que dice que no hubo mala fe, ni complicidad entre todos los demandados aunque los hechos conducen a afirmación contraria, lesionando el debido proceso. En su vertiente a la valoración razonable de las pruebas.
4.- Que, la demanda tiene pluralidad de peticiones que los de instancia no han analizado, pues cuando pidió la restitución de dineros, se refiere a los dineros que han sido pagados por los lotes sin recibir contra prestación que era la entrega de los lotes, motivo por el que se impone dicha restitución, no por haber participado o no en el anterior de nulidad, que solo es la base para la presente acción, aspectos que no han comprendido los de instancia en su verdadera dimensión, incurriendo en errónea interpretación de los arts. 450, 521 y 584 del Código Civil.
5º Que, resulta extraño que el Auto de Vista, igual que la Sentencia, no existe ni una línea de análisis de las pruebas producidas en el proceso, ni de cargo, ni de descargo, tampoco existe motivación, ni fundamento válido en derecho del porqué resuelve de esa forma, limitándose a declarar probada la demanda respecto de quienes han presentado sus testimonios de propiedad, e improbada con relación a otras que no lo hicieron, con un análisis simplista olvidando fundamentar también respecto a la petición de restitución de dineros producto no solo de los gastos incurridos, sino de los pagos hechos a Efraín Negrón y los dirigentes demandados, que deben ser devueltos, acusando total falta de exhaustividad y congruencia, que debe conducir a la casación por las violaciones acusadas.
Que en la parte dispositiva Efraín Negrón desaparece y no se pronuncia si procede o no la restitución de dinero por su parte, así como al pago de daños y perjuicios, aspectos que al ser objeto de la Apelación merecía pronunciamiento.
Concluye pidiendo que se case el Auto de Vista y se declare probada en su totalidad la demanda, disponiendo que Efraín Negrón junto a los co demandados son responsables solidariamente de la restitución de dinero demandado en base a la previa declaratoria
1.- Con relación al agravio referido a la inexistencia de apreciación y valoración correcta de las pruebas que acusa el recurrente, manifestando que la Resolución recurrida se ha limitado a señalar que no son ciertos los agravios, sin indicar el por qué los considera así, lo que en criterio de recurrente ameritaría la nulidad de la Resolución impugnada, al respecto, corresponde señalar que el recurrente, a tiempo de expresar este supuesto agravio, lo hace de manera general, sin precisar a qué prueba concretamente se refiere ni el daño que le hubiera provocado la referida falta de valoración, ni el valor legal que correspondía otorgarles a las pruebas conforme a ley; ingresando en contradicción, toda vez que manifiesta que la ausencia de fundamentación que acusa, amerita que el Tribunal de casación anule la Resolución impugnada, desconociendo el recurrente que el agravio que acusa, conforme está planteado el recurso de casación, corresponde al fondo y debió ser impetrado, en previsión y cumplimiento del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, sustentado en la causal pertinente y con el cumplimiento de las exigencias dispuestas por el art. 258 num. 2) de la misma norma Adjetiva que dice que el recurso de casación deberá citar en términos claros, concretos y precisos la Sentencia o Auto del que se recurriere, su folio dentro del expediente, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación falsedad o error, se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos; aclarando que la nulidad que sugiere, corresponde a la forma de Resolución prevista para el recurso de casación en la forma, que no corresponde en Autos porque el recurso es de fondo, resultando infundado el supuesto agravio, a lo que debemos añadir que la valoración de la prueba realizada por los Jueces de instancia es incensurable en casación.
2.- Con relación al agravio referido a la contradicción en que hubiera incurrido la Sentencia cuando señala que Efraín Negrón es quién transfirió a favor de la Junta de Adjudicatarios el terreno de 50.000 ms.2 que fue declarada nula y sin valor legal, sin embrago, no tomó en cuenta que es por esa conducta de engaño y falsedad que lo incluyeron en la demanda, por ser él el autor de todo el engaño a los actores, resultando un absurdo jurídico que se pretenda nuevamente su inocencia, incurriendo en forma reiterada en no resolver todas las pretensiones en el marco de Auto de Relación Procesal y las pruebas aportadas al proceso, igual que el A quo acusando la vulneración de los arts. 804, 811, 816 y 821 parágrafo II del Código Civil por los de instancia
Al respecto, una vez más el recurrente ingresa en una suerte de contradicciones en el planteamiento de sus agravios, sin considerar la naturaleza del recurso de casación, sin embargo, revisada la Sentencia respecto a las aseveraciones contradictorias que hubiera emitido el Aquo, se tiene que el mismo, en los puntos 4) y 5) de los hechos probados, señala evidentemente que Efraín Negrón, transfirió los terrenos objeto de la litis a los adjudicatarios, sin embargo de manera expresa manifiesta que lo hizo actuando como apoderado, en representación de los vendedores para efectuar la transferencia mediante la Escritura Pública Nº 199 de fecha 27 de mayo de 1982 que posteriormente fue declarada nula y sin valor legal mediante Auto Supremo Nº 57/2005, en ese entendido, no existe contradicción alguna cuando el Ad quem se pronuncia de manera expresa al respecto, señalando que: “…los Jueces y Tribunales, deben decidir en los asuntos traídos a su consideración en coherencia y concordancia con las pruebas aportadas al proceso, y de todos los documentos de transferencia cuya nulidad se demanda, resulta que los vendedores son Juan Medinacelli y Antonio Pérez quienes procedieron a las ventas como representantes de la junta de Adjudicatarios de E.M.U.C.P., en tal sentido, son ellos los receptores de los dineros recibidos y son ellos los que deben responder frente a los adjudicatarios…(SIC) si de alguna manera Efraín Negrón Torres y Guadalupe Valdez, recibieron o se apoderaron de dichos dineros, corresponde a Juan Medinacelli y Antonio Pérez la repetición correspondiente.”
En ese contexto corresponde realizar algunas puntualizaciones referidas al mandato, sus alcances y efectos tanto para el mandante como para los apoderados o mandatarios.
Al respecto, el art. 467 del Código Civil, señala que el contrato realizado por el representante en nombre del representado en los límites de las facultades conferidas por éste, produce directamente sus efectos sobre el representado, en ese entendido y remitiéndonos al caso de Autos, Efraín Negrón a tiempo de suscribir el contrato de transferencia del terreno de 50.000 ms.2 a Juan Medinacelli y Antonio Pérez Vallejos, actuó investido de la Autoridad y capacidad de disposición que le había sido otorgada a través del Poder que le fue sustituido por Oscar Araujo Llanos y Humberto Barrón y dentro del marco para el que le fue otorgado, a lo que se debe acotar que el mandatario resulta responsable, cuando ha realizado actuaciones que están al margen de lo dispuesto expresamente en el mandado o sobre la base de un Poder nulo o fraudulento declarado así por autoridad judicial, lo que no ha acontecido en el presente caso, toda vez que el apoderado no ha excedido las facultades que le han conferido, por lo que los efectos que se desprenden de sus actos, no producen efectos contrarios para su personas, sino para su mandante, en cuyo nombre actuó, con las emergencias dispuestas en los arts. 814, 816 y 821 del Código Civil. Ahora bien, cabe también señalar que el Instrumento de Poder cuya nulidad presumen los recurrentes, no ha sido sometido a examen en proceso judicial, ni motivo de pronunciamiento expreso que lo invalide, si bien es cierto que el Poder 153 sí ha sido declarado nulo en proceso judicial, esta nulidad no puede arrastrar al Poder con el que ha actuado Efraín Negrón, toda vez que el mismo, le ha sido otorgado por otras personas, en este caso, por Arnold, Arancibia Borda, Nicolás Delgadillo Borda, Nelly Lord Suazo y Luisa Lord de Ledezma, quienes son responsables de todas las emergencias del Poder conferido a Oscar Araujo Llanos y Humberto Barrón, sustituido irregularmente por estos últimos a Efraín Negrón, aun cuando la venta realizada en favor de los poder conferentes, hubiera quedado nula por disposición de autoridad judicial, así lo tiene establecido el art. 821 del Código Civil en concordancia con el art. 816 de la misma norma civil, lo que no significa que una vez declarada la nulidad o ineficacia del Poder otorgado por los supuestos propietarios a Oscar Araujo Llanos y Humberto Barrón, así como el sustituido en favor de Efraín Negrón, los afectados no puedan pedir la devolución de los dineros pagados, a los responsables.
Con relación a la entrega de dineros a Favio Díaz para la realización de trámites respecto de los terrenos adquiridos sin resultados de sus gestiones, lo que justificaría la restitución de los dineros que recibió, aun cuando la demanda no se refiere únicamente a que haya o no participado de las ventas, sino en función a su negligencia e irresponsabilidad como dirigente, causando daño económico, que también está demostrado. Al respecto y conforme el razonamiento de los Jueces de instancia, Favio Díaz, asumió la representación de la junta de Adjudicatarios de la E.M.U.C.P. con la única finalidad de que realice gestiones a favor de los Adjudicatarios, en fecha posterior a la suscripción de las transferencias realizadas a los ahora demandantes, encontrando que el razonamiento efectuado por los Jueces de instancia es correcto y no existe agravio alguno al respecto, aun cuando como refieren los recurrentes, su demanda contuviera pluralidad de peticiones, lo que se pide no deriva de la principal, por lo tanto la misma no puede acogerse en el presente proceso.
3.-Respecto al supuesto agravio en sentido de que resulta superfluo indicar que los beneficiados con las ventas no son Efraín Negrón Torres y Guadalupe Valdez de Arancibia, porque ellos han vendido la totalidad de los terrenos de manera fraudulenta en base a un falso poder que se declaró nulo por Auto Supremo Nº 57 y la transferencia de 10.000 ms.2 más que son inexistentes, que según los recurrentes, resulta del poco estudio del expediente por parte de los Juzgadores porque no existiría ningún beneficiario más de dichas ventas que Arnold y Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord de Suazo, junto a Efraín Negrón Torres y Guadalupe Valdez Arancibia quienes habrían actuado de mala fe y hasta delincuencial, por lo que no cabe el razonamiento del A quo que dice que no hubo mala fe, ni complicidad entre todos los demandados aunque los hechos conducen a afirmación contraria, lesionando el debido proceso en su vertiente de la valoración de las pruebas.
Al respecto, cabe señalar que parte del supuesto agravio que se acusa en este punto, ha sido ya respondido en la fundamentación del punto 2 de la presente resolución al que nos remitimos, sin embargo cabe acotar respecto a la infracción al debido proceso en su vertiente de la valoración de las pruebas que se acusa, que conforme el criterio emitido por el Tribunal Constitucional, la valoración de las pruebas, está referida a aspectos de fondo en los que el Juez o Tribunal, en su calidad de tercero imparcial a tiempo de emitir su Resolución debe expresar las razones que lo llevan a asumir la determinación, indicando el por qué valora los hechos y pruebas de una manera determinada e interpreta y aplica las normas en un sentido u otro y el no hacerlo, implicaría privar a las partes de conocer los motivos de la decisión judicial, afectando su derecho a la defensa y por consiguiente el debido proceso. Sin embargo, para que este Tribunal pueda acoger el reclamo deducido, el recurrente debió cumplir con la tarea de expresar de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos en los que sustenta su posición, señalando además qué pruebas concretamente fueron valoradas con apartamiento del marco legal de razonabilidad y equidad, asimismo, es imprescindible también que el recurrente precise en qué medida la cuestionada valoración, no es razonable, resulta inadecuada, errónea o finalmente está ausente, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia de estos aspectos en la Resolución impugnada, pues no basta la simple exposición de los hechos del proceso que por cierto resultan reiterativos en Autos, porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, este Tribunal podría ingresar en su consideración, no encontrando vulneración al debido proceso en su vertiente a la valoración de las pruebas como refiere el recurrente.
4.- Respecto al supuesto agravio referido a que la demanda tiene pluralidad de peticiones que los de instancia no han analizado, porque cuando pide la restitución de dineros, se refiere a los dineros que han sido pagados por los lotes sin recibir la contraprestación que era la entrega de los terrenos, motivo por el que se impone dicha restitución, no por haber participado o no en el anterior de nulidad, que solo es la base para la presente acción, aspectos que no han comprendido los de instancia en su verdadera dimensión, incurriendo en errónea interpretación de los arts. 450, 521 y 584 del Código Civil.
Como tienen señalado los jueces de instancia, en el presente proceso, se demanda la nulidad de las transferencias realizadas por Juan Medinacelli y Antonio Pérez a los miembros de la Junta de Adjudicatarios que hoy demandan la presente acción, no así de la transferencia realizada por Efraín Negrón a los representantes de la Junta de Adjudicatarios, hoy demandados, que entendemos ha sido ya declarada nula en proceso judicial y cuenta con Sentencia Ejecutoriada, por lo que corresponde en este proceso, la devolución de los montos que figuran en los documentos de Transferencia individualizados, no así la devolución de los dineros pagados por los lotes de terreno adquiridos por Juan Medinacelli y Antonio Pérez a través de Efraín Negrón, documento en el que actuaron en virtud del mandato que los propios miembros de la Junta les habían conferido, actuando en esa venta en calidad de representantes de la Junta y también de compradores como miembros de la Junta de Adjudicatarios a la que representaban, conclusión a la que se arriba por los fundamentos señalados en acápites anteriores al presente cuando se concluyó que los responsables de dicha devolución son quienes transfirieron el lote de terreno de 50.000 ms.2, fungiendo como propietarios, de lo que se infiere que no resulta errado el razonamiento del A quo, confirmado por el Ad quem, cuando dispone que Juan Medinacelli y Antonio Pérez deben devolver los dineros, en los montos especificados en los Testimonios de Transferencia no existiendo vulneración alguna de los arts. 450, 521 y 584 del Código Civil, toda vez que el art. 450, es claro cuando dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica, por lo que se debe reiterar que Efraín Negrón, actuó en el contrato de compra venta no por sí, sino como apoderado de quienes en ese momento resultaban siendo propietarios, con los representantes de la Junta de Adjudicatarios por lo que se concluye que las partes en la Escritura Pública Nº 199 de 27 de mayo de 1982, fueron Arnold Arancibia Borda, Nicolás Arancibia Borda, Luisa Lord de Ledezma y Nelly Lord de Suazo como vendedores y Juan Medinacelli y Antonio Pérez en su calidad de compradores- representantes de la Junta de Adjudicatarios de la E.M.U.C.P., contrato que efectivamente se perfeccionó con el consentimiento expresado en el mismo, conforme determina el art. 521, pero no a título personal sino en ambos casos como apoderados, no existiendo vulneración alguna de las normas que se acusan.
5º Con relación al supuesto agravio referido a la apreciación del recurrente en sentido de que tanto en el Auto de Vista como en la Sentencia, no existiera ni una línea de análisis de las pruebas producidas en el proceso, ni de las de cargo ni de descargo, y que tampoco existe motivación, ni fundamento válido en derecho del porqué resuelve de esa forma, limitándose a declarar probada la demanda respecto de quienes han presentado sus testimonios de propiedad, e improbada con relación a otras que no lo hicieron, con un análisis simplista olvidando fundamentar también respecto a la petición de restitución de dineros producto no solo de los gastos incurridos, sino de los pagos hechos a Efraín Negrón y los dirigentes demandados, que deben ser devueltos, acusando total falta de exhaustividad y congruencia, que debe conducir a la casación por las violaciones acusadas.
Al respecto, no solo resulta reiterado el agravio deducido por el recurrente, sino nuevamente contradictorio, toda vez que la congruencia de las Resoluciones, trátese de Sentencia o Auto de Vista, acusados en este punto, son vicios o errores que deben ser reclamados en recurso de casación en la forma como se tiene expuesto en el punto 1 de la presente Resolución, por lo que cabe reiterar que el recurso de casación en la forma y el recurso de casación en el fondo, tienen distinta naturaleza, el primero está destinado a resolver los errores de fondo o in iuducando, que pueden ser sustentados en cualquiera de las causales del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, en cambio el segundo, está destinado al tratamiento de los errores in procedendo, en el marco del art. 254, pudiendo el recurrente acogerse a cualquiera de las 7 causales que contiene, por lo que no corresponde en este caso ingresar a su tratamiento por la naturaleza del recurso planteado.
Respecto al reclamo de que en la parte dispositiva Efraín Negrón desaparece y no se pronuncia si procede o no la restitución de dinero por su parte, así como al pago de daños y perjuicios, aspectos que al ser objeto de la Apelación merecía pronunciamiento, nos remitimos a los fundamentos expuestos supra.
Por lo expuesto y evidenciándose que los agravios acusados por él recurrente no son evidentes, corresponde a este Tribunal emitir fallo conforme a lo previsto en los arts. 272 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación de los arts.271 núm. 2) y 273 ambos del Código de Procedimiento Civil declara, INFUNDADO, el recurso de casación en el fondo interpuesto por Graciela Gonzáles de Martínez en representación de Trifón Cabrera Mendieta y otros, contra el Auto de Vista Nº SCCFI-378/2013 de 13 de agosto de 2013, cursante de fs. 1165 a 1168 y vlta. de obrados. Con costas
Habiendo respuesta al recurso, se regula honorario en la suma de Bs. 700.-

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