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Timestamp: 2020-01-25 04:42:28+00:00

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Sentencia nº 411 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 19 de Mayo de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 640750817
El 18 de mayo de 2016, fue presentado en la Secretaría de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, oficio de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el ciudadano N.M.M., en su carácter de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien remite el DECRETO N.° 2.323, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE ORDEN SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO, NATURAL Y ECOLÓGICAS QUE AFECTAN GRAVEMENTE LA ECONOMÍA NACIONAL, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, con el objeto de que esta Sala se pronuncie acerca de la constitucionalidad del señalado decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 336.6 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 25.6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador S.B. y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el m.d.E.D. y Social de Derecho y de Justicia, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 ejusdem, y en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en C.d.M.,
Que desde la partida física del Presidente H.C.F., ocurrida el 05 de marzo de 2013, algunos sectores políticos nacionales, aliados con intereses particulares extranjeros, arreciaron ataques contra la economía venezolana, con la finalidad de promover un descontento popular contra el Gobierno Nacional; creando un clima de incertidumbre en la población, con la intención de desestabilizar las Instituciones del Estado,
Que llevándose a cabo en Abril de 2013 elecciones libres, válidas y ampliamente verificadas por la comunidad nacional e internacional, en las cuales el P.d.V. otorgó legítimo mandato al actual Presidente de la República, N.M.M., la oposición política venezolana reiteradamente, a través de múltiples mecanismos, ha pretendido menoscabar la voluntad popular, asediar a todos los Poderes Públicos y someter a zozobra a los venezolanos y las venezolanas mediante la aplicación de esquemas perversos de distorsión de la economía venezolana tales como el acaparamiento, el boicot la usura, el desabastecimiento y la inflación inducida,
Que a fin de contrarrestar los efectos del ataque de factores de oposición, la agresión económica nacional y extranjera, contra el P.d.V., el Gobierno Bolivariano implementó una serie de medidas tales como la captación de recursos extraordinarios para los proyectos sociales, la creación de un fondo especial para Misiones y Grandes Misiones, el otorgamiento a los hogares de la Patria de la tarjeta de las misiones socialistas, el Plan Nacional de Transporte y Obras Públicas, la centralización y racionalización de compras del Estado, y otras medidas excepcionales para favorecer la economía nacional y proteger al P.d.L.S.B.,
Que en fecha 03 de marzo de 2016, el Presidente de los Estados Unidos de América prorrogó la orden ejecutiva 13.692 dictada en fecha 8 de marzo de 2015 y amplió las medidas contra la República Bolivariana de Venezuela, en una clara acción injerencista que pretende amedrentar a las venezolanas y venezolanos en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, principios consagrados en nuestra Carta Magna; ante las mencionadas amenazas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en forma patriótica, se pronunció mediante la Sentencia N° 100, de fecha 20 de febrero de 2015, en defensa del P.S.d.V.,
Que ciertos agentes económicos que hacen vida en el país, auspiciados por intereses extranjeros, obstaculizan el acceso oportuno de las venezolanas y los venezolanos a bienes y servicios indispensables para la v.d.d. la familia venezolana, generando de manera deliberada malestar en la población a través de fenómenos distorsivos como el ‘bachaqueo’, las colas inducidas y un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre hermanos,
Que la concurrencia de tales situaciones extraordinarias de índole climático, económico y político han afectado gravemente la vida económica de la nación, con lo cual se requiere de la aplicación de urgentes y excepcionales medidas a ser tomadas para proteger al Pueblo en función de las amenazas internas y externas existentes; medidas éstas, de una gran magnitud e impacto en la economía y seguridad nacional, de carácter estructural, sin afectar los derechos a la v.d., la salud, la alimentación, la educación, el trabajo y todos aquellos reivindicados a las venezolanas y los venezolanos por el Gobierno Nacional, a fin de evitar la ruptura del equilibrio económico financiero.
4. La autorización por parte del Presidente de la República, en C.d.M., de erogaciones con cargo al T.N. y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en la Ley de Presupuesto, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de recursos ajustarán los correspondientes presupuestos de ingresos.
La fundamentación jurídica, la cual expresa los dispositivos constitucionales y legales en que se basan las competencias que está ejerciendo el ciudadano Presidente de la República en C.d.M., entre los cuales se invocan los artículos 226 y 236, numeral 7, Constitucionales, que aluden esencialmente a la acción de gobierno y a la facultad para dictar estados de excepción, en concordancia con los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, normas que, a su vez, fueron concatenadas con los artículos 2 al 7, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, todos los cuales refieren diversos aspectos atinentes al régimen jurídico de tales estados de excepción.
Así pues, en general, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra la posibilidad de que el Presidente de la República en C.d.M., decrete estados de excepción, en sus distintas formas: estado de alarma, estado de emergencia económica, estado de conmoción interior y estado de conmoción exterior, conforme a lo previsto en sus artículos 337 y 338.
En tal sentido, puede afirmarse que los estados de excepción son circunstancias de variada índole, que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., está investido de potestades plenas para declarar tal estado en los términos que contemple en el Decreto respectivo, con los límites y bajo el cumplimiento de las formalidades estatuidas en el Texto Fundamental, pero siempre en la búsqueda de garantizar la independencia y soberanía de la República.
Tal circunstancia se observa, inclusive, desde el propio Texto Constitucional, toda vez que en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los estados de excepción implican circunstancias de variada índole que pueden afectar la seguridad de la nación, de las instituciones o de los ciudadanos, para cuya atención no serían totalmente suficientes ni adecuadas a los fines del restablecimiento de la normalidad, las facultades de que dispone ordinariamente el Poder Público, y ante las cuales el ciudadano Presidente de la República, en C.d.M., está investido de potestades plenas para declarar tal estado, prorrogarla o aumentar el número de garantías constitucionales restringidas, y disponer de tales medidas en los términos que contemple el Decreto respectivo, en el marco constitucional, para garantizar la seguridad y defensa de la República, y de su soberanía; en fin, para proteger el propio orden constitucional (circunstancia que explica la ubicación de las principales normas que regulan esta materia dentro del Texto Fundamental: TÍTULO VIII DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN, Capítulo I De la Garantía de esta Constitución, Capítulo II De los Estados de Excepción. Este Título es posterior a los Títulos IV, V, VI y VII: DEL PODER PÚBLICO, DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, DEL SISTEMA SOCIO ECONÓMICO y DE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN).
Por su parte, el artículo 22 eiusdem dispone que el mismo tendrá rango y fuerza de ley, y que entrará en vigencia una vez dictado por el Presidente de la República, en C.d.M.. Igualmente, prevé que deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y difundido en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social.
Para ello, se le otorga al Presidente de la República la excepcionalísima potestad de restringir temporalmente derechos y garantías constitucionales, salvo los denominados derechos humanos intangibles, lo que si bien supone un reforzamiento de las potestades brindadas en condiciones de normalidad al Poder Ejecutivo, encuentra justificación «cuando concurran elementos de necesidad y urgencia derivados de circunstancias fácticas que requieran una pronta intervención normativa que se dicte y aplique con una celeridad que supere al tiempo en que se tarda el riguroso proceso de formulación de las leyes» (stc. n° 1507/2003, caso: M.R.O.). Aunque ello deba siempre efectuarse respetando las restricciones de nuestro ordenamiento constitucional…”.
De acuerdo al informe presentado por Rangel, la empresa Hinterlaces observó que los ‘bachaqueros’ tenían menos productos a la venta
Reporta el ministro G.G.L.
La Operación Liberación al Pueblo detectó este miércoles en el municipio Páez y A.B. del estado Miranda campamentos improvisados de estructura paramilitar, reportó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, G.G.L..
A través de su cuenta en la red social Twitter, detalló que durante el despliegue en la zona ‘se generan enfrentamientos entre cuerpos de seguridad
ÚN.- Desde la Universidad Nacional experimental de la Seguridad (Unes) el jefe de Estado N.M. informó que en el mes de marzo ingresaron 100 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros.
Asimismo, Obama indicó que el país sigue presenciando actos represivos en las protestas contra el Gobierno de N.M., detenciones arbitrarias de opositores y manifestantes, además de corrupción gubernamental.
Vicepresidente de EEUU: ‘Gobierno venezolano viola los derechos humanos’ El funcionario señaló que la nueva etapa de las relaciones de su país con Cuba parte de la política de buena vecindad establecida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
El vicepresidente pidió expresamente la liberación del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y del dirigente opositor L.L., dos liberaciones ‘absolutamente necesarias’.
La AN intentará sacar a N.M. en 6 meses l.M. / Maracaibo / lmarquez@laverdad.com 06 de Enero de 2016 - 12:00am.
H.R.A., preisdente del Parlamento, asegura que buscarán una salida ‘constitucional’ y ‘electoral’ del Gobierno Nacional. La Ley de Amnistía será la prioridad de la agenda parlamentaria. Una nueva era política inició en Venezuela. Tal como está establecido en la Constitución de la República, la recién e.A.N. (AN) se instaló ayer en el hemiciclo del Palacio Legislativo, en un acto que tuvo poco de solemnidad producto del ambiente de tensión que hubo en la sala y la desorganización que se evidenció en la transmisión televisiva. H.R.A., quien asumió la Presidencia del Parlamento con el voto de la bancada de la Unidad, prometió en su primera intervención la ‘cesación del Gobierno nacional’ en un lapso de seis meses, desvelando que utilizarán los caminos “constitucionales” para sacar a N.M. del poder.
Por ser el diputado de mayor edad, Héctor Agüero, del oficialismo, fue el director delegado de la ceremonia en la que se juramentaron 163 de los 167 diputados electos y proclamados por el C.N.E. (CNE). Los otros cuatro restantes no pudieron tomar posesión de su cargo debido a los efectos de la medida cautelar que emitió la Sala Electoral del TSJ, que suspendió la proclamación de los parlamentarios de Amazona -tres de la oposición y uno del chavismo-. Se espera que en las próximas sesiones la oposición juramente a estos legisladores para ‘hacer respetar’ la voluntad del pueblo.
R.A., quien lamentó la deserción de los diputados chavistas, aseguró, en su primer discurso como jefe del legislativo, que el Parlamento no concederá más leyes habilitantes, que tachó de ‘inútiles e inservibles’. ‘Que no crean que por esa vía vamos a solucionar los problemas de este país. No vamos a ser un contrapoder, pero tampoco un poder subordinado como lo ha sido la Asamblea Nacional (AN) hasta el día de ayer a medianoche’.
Aunque repitió que no convertirá el Legislativo ‘en trinchera para disparar a mansalva contra otros poderes’, R.A. anunció que la AN controlará al "indebidamente constituido" Poder Judicial, al que acusó de estar "al servicio del Ejecutivo".
Cota del Guri está a 1,60 metros de la ‘zona de colapso’
El ministro para la Energía Eléctrica, L.M.D., informó la noche del lunes, durante una reunión con el Estado Mayor que evalúa el impacto del fenómeno El Niño, que la cota del Guri se ubicaba en 241,60 metros, a solo 1,60 metros de su ‘zona de colapso’.
Fuente: N.B. M. 11-05-2016 04:16PM
El presidente de la República N.M. informó que en los próximos días extenderá el Decreto de Emergencia Económica y lo mantendrá vigente por todo este año.
…Al respecto, debe indicarse que en lo que concierne al control político, deberá ser “aprobado por la mayoría absoluta de los diputados y diputadas presentes en sesión especial que se realizará sin previa convocatoria, dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse hecho público el decreto” (artículo 27, párrafo primero Ley Orgánica sobre Estados de Excepción); norma que, por notoriedad comunicacional, advierte esta Sala, no fue cumplida por la Asamblea Nacional, circunstancia que vulneró la legalidad procesal, la seguridad jurídica y el debido proceso consagrado en el artículo 49 Constitucional, pilares fundamentales del Estado Constitucional de Derecho (vid. arts. 2, 7, 137, 334, 335 y 336 del Texto Fundamental), viciando de nulidad por inconstitucionalidad el proceso que culminó con el constitucionalmente írrito acuerdo dictado por la máxima representación del Poder Legislativo Nacional, el 22 de enero de 2016.
- Que es COMPETENTE para revisar la constitucionalidad del Decreto n.° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016.
- La CONSTITUCIONALIDAD del Decreto n.° 2.323, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica, dadas las circunstancias extraordinarias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.227 Extraordinario del 13 de mayo de 2016, conforme al artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el cual fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé el Texto Constitucional, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás instrumentos jurídicos aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus Instituciones y el Pueblo, razón por la que se declara que el mismo entró en vigencia desde que fue dictado y que su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume, conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Estabilidad Laboral, con sede en La Víctoria de Aragua, de 4 de Junio de 2012

References: artículo 31
 artículo 226
 artículo 236
 artículo 22
 artículo 49
 artículo 339