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Timestamp: 2017-06-26 07:01:39+00:00

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Preliminares Preámbulo Título preliminar. Precisiones conceptuales Título primero. Principios generales Título segundo. Régimen lingüístico general Sección I. Admón.
pública y órg. oficiales Sección II. Educación Sección III. Onomástica Sección IV. Medios de com. nuevas tecnol. Sección V. Cultura Sección VI. Ámbito socioeconómico
Disposiciones adicionales Disposiciones finales DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS
PRELIMINARES Las instituciones y organizaciones no-gubernamentales signatarias de esta
Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, reunidas en Barcelona, los días 6 al 9
de junio de 1996, Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 que en el
preámbulo afirma la «fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres»; y que en
su artículo segundo establece que «todo el mundo tiene todos los derechos y todas las
libertades» sin distinción de «raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política
u otra, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición»; Considerando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de
diciembre de 1966 (artículo 27) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la misma fecha, en cuyos preámbulos se postula que el ser humano
no puede ser libre si no se crean las condiciones que le permitan gozar tanto de sus
derechos civiles y políticos, como de sus derechos económicos, sociales y culturales; Considerando la Resolución 47/135, de 18 de diciembre de 1992 de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas, que adopta la Declaración sobre los
derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas; Considerando las declaraciones y convenios del Consejo de Europa como el
Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (Artículo 14); la Convención del Consejo de
Ministros del Consejo de Europa, de 29 de junio de 1992, por la cual se aprueba la Carta
Europea sobre las lenguas regionales o minoritarias; la Declaración de la Cumbre del
Consejo de Europa, el 9 de octubre de 1993, sobre las minorías nacionales; y la
Convención-marco para la protección de las minorías nacionales del mes de noviembre de
1994; Considerando la Declaración de Santiago de Compostela del PEN Club
Internacional y la Declaración de 15 de diciembre de 1993 del Comité de Traducciones y
derechos lingüísticos del PEN Club Internacional sobre la propuesta de realizar una
conferencia mundial de Derechos Lingüísticos; Considerando que en la Declaración de Recife, Brasil, de 9 de octubre de 1987,
el XXII Seminario de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Comunicación
Intercultural recomienda a las Naciones Unidas que tomen las medidas necesarias con el
objetivo de adoptar y aplicar una Declaración Universal de Derechos Lingüísticos; Considerando la Convención número 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, de 26 de junio de 1989, relativa a los pueblos indígenas independientes; Considerando que la Declaración Universal de los derechos colectivos de los
pueblos, Barcelona, mayo de 1990, declara que todos los pueblos tienen derecho a expresar
y a desarrollar su cultura, su lengua y sus normas de organización y, para hacerlo, a
dotarse de las propias estructuras políticas educativas, de comunicación y de
administración pública, en marcos políticos diferentes; Considerando la Declaración Final de la asamblea general de la Federación
Internacional de Profesores de Lenguas Vivas en Pécs (Hungría) el 16 de agosto de 1991,
que recomienda que los derechos lingüísticos sean considerados como derechos
fundamentales de la persona; Considerando el informe de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas, de 20 de abril de 1994, sobre el borrador de
Declaración de los derechos de los pueblos indígenas, declaración en que los derechos
individuales se valoran a la luz de los derechos colectivos; Considerando el borrador de la Declaración de la Comisión Interamericana de
derechos humanos sobre los derechos de los pueblos indígenas, aprobado en la 1278 sesión
de 18 de septiembre de 1995; Considerando que la mayoría de las lenguas amenazadas del mundo pertenecen a
pueblos no soberanos y que los factores principales que impiden el desarrollo de estas
lenguas y aceleran el proceso de substitución lingüística son la falta de autogobierno
y la política de Estados que imponen su estructura político-administrativa y su lengua; Considerando que la invasión, la colonización y la ocupación, así como otros
casos de subordinación política, económica o social, implican a menudo la imposición
directa de una lengua ajena o la distorsión de la percepción del valor de las lenguas y
la aparición de actitudes lingüísticas jerarquizantes que afectan a la lealtad
lingüística de los hablantes; y considerando que, por estos motivos, incluso las lenguas
de algunos pueblos que han accedido a la soberanía están inmersas en un proceso de
substitución lingüística por una política que favorece la lengua de las antiguas
colonias o de los antiguos poderes imperiales; Considerando que el universalismo se tiene que basar en una concepción de la
diversidad lingüística y cultural que supere a la vez las tendencias homogeneizadoras y
las tendencias al aislamiento exclusivista; Considerando que para garantizar la convivencia entre comunidades
lingüísticas, hace falta encontrar unos principios de orden universal que permitan
asegurar la promoción, el respeto y el uso social público y privado de todas las
lenguas; Considerando que diversos factores de orden extralingüístico (históricos,
políticos, territoriales, demográficos, económicos, socioculturales,
sociolingüísticos y de actitud colectiva) generan problemas que provocan la
desaparición, marginación y degradación de numerosas lenguas, y que, por tanto, hace
falta que los derechos lingüísticos se planteen desde una perspectiva global, para que
se puedan aplicar en cada caso las soluciones específicas adecuadas; Entendiendo que es necesaria una Declaración Universal de Derechos
Lingüísticos que permita corregir los desequilibrios lingüísticos de manera que
asegure el respeto y el pleno desplegamiento de todas las lenguas y que establezca los
principios de una paz lingüística planetaria justa y equitativa, como factor principal
de la convivencia social; DECLARAMOS QUE PREÁMBULO La situación de cada lengua, vistas las consideraciones previas, es el
resultado de la confluencia y de la interacción de multiplicidad de factores diferentes:
político-jurídicos; ideológicos e históricos; demográficos y territoriales;
económicos y sociales; culturales; lingüísticos y sociolingüísticos;
interlingüísticos; y finalmente subjetivos. En concreto, la situación actual se caracteriza por: La secular tendencia unificadora de la mayoría de estados a reducir la
diversidad y a favorecer actitudes adversas a la pluralidad cultural y al pluralismo
lingüístico. El proceso de mundialización de la economía y, en consecuencia, del mercado de
la información, la comunicación y la cultura, que afecta los ámbitos de relación y las
formas de interacción que garantizan la cohesión interna de cada comunidad
lingüística. El modelo economicista de crecimiento propugnado por los grupos económicos
transnacionales, que pretende identificar la desregulación con el progreso y el
individualismo competitivo con la libertad, cosa que genera graves y crecientes
desigualdades económicas, sociales, culturales y lingüísticas. Las amenazas que, en el momento actual, presionan a las comunidades
lingüísticas sea por la falta de autogobierno, por una demografía limitada o bien
parcialmente o enteramente dispersa, por una economía precaria, por una lengua no
codificada o por un modelo cultural opuesto al predominante, hacen que muchas lenguas no
puedan sobrevivir y desenrrollarse si no se tienen en cuenta estos ejes fundamentales: En la perspectiva política, concebir una organización de la diversidad
lingüística que permita la participación efectiva de las comunidades lingüísticas en
este nuevo modelo de crecimiento. En la perspectiva cultural, hacer plenamente compatible el espacio comunicativo
mundial con la participación equitativa de todos los pueblos, de todas las comunidades
lingüísticas y de todas las personas en el proceso de desarrollo. En la perspectiva económica, fundamentar un desarrollo sostenible basado en la
participación de todos y en el respeto por el equilibrio ecológico de las sociedades y
por unas relaciones equitativas entre todas las lenguas y culturas. Por todo ello, esta Declaración parte de las comunidades lingüísticas y no de
los Estados, y se inscribe en el marco de refuerzo de las instituciones internacionales
capaces de garantizar un desarrollo sostenible y equitativo para toda la humanidad y tiene
como finalidad propiciar un marco de organización política de la diversidad
lingüística basado en el respeto, la convivencia y el beneficio recíprocos. TÍTULO PRELIMINAR Precisiones conceptuales Artículo 1 Esta Declaración entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana que,
asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se
autoidentifica como pueblo y ha desarrollado una lengua común como medio de comunicación
natural y de cohesión cultural entre sus miembros. La denominación lengua propia de un
territorio hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este
Esta Declaración parte del principio que los derechos lingüísticos son a la
vez individuales y colectivos, y adopta como referente de la plenitud de los derechos
lingüísticos el caso de una comunidad lingüística histórica en su espacio
territorial, entendido éste no solamente como área geográfica donde vive esta
comunidad, sino también como un espacio social y funcional imprescindible para el pleno
desarrollo de la lengua. Es a partir de este referente que se pueden establecer como una
gradación o continuum los derechos que corresponden a los grupos lingüísticos aludidos
en el punto 5 de este mismo artículo y los de las personas fuera del territorio de su
A los efectos de esta Declaración, se entiende que están también en su propio
territorio y pertenecen a una comunidad lingüística las colectividades que: están separadas del grueso de su comunidad por fronteras políticas o
administrativas; están asentadas históricamente en un espacio geográfico reducido, rodeado por
los miembros de otras comunidades lingüísticas; o están asentadas en un espacio geográfico compartido con los miembros de otras
comunidades lingüísticas de historicidad similar. A los efectos de esta Declaración se consideran, también, como comunidades
lingüísticas dentro de su propio territorio histórico los pueblos nómadas en sus
áreas de desplazamiento o los pueblos de asentamiento disperso. Esta Declaración entiende como grupo lingüístico toda colectividad humana que
comparte una misma lengua y que está asentada en el espacio territorial de otra comunidad
lingüística, pero sin una historicidad equivalente, como sucede en casos diversos como
los de los inmigrados, refugiados, deportados o los miembros de las diásporas. Artículo 2 Esta Declaración considera que, en los casos en que diferentes comunidades y
grupos lingüísticos concurren en un territorio compartido, el ejercicio de los derechos
formulados en esta Declaración se tienen que regir por el respeto entre todos y dentro de
las máximas garantías democráticas.
En el momento de establecer un equilibrio sociolingüístico satisfactorio, es
decir, la adecuada articulación entre los respectivos derechos de estas comunidades y
grupos lingüísticos y de las personas que forman parte de ellos, se debe tener en
cuenta, además de su historicidad relativa y de su voluntad expresada democráticamente,
factores que pueden aconsejar un trato reequilibrador de objetivo compensatorio: el
carácter forzado de las migraciones que han conducido a la convivencia de las diferentes
comunidades y grupos, o su grado de precariedad política, socioeconómica y cultural. Artículo 3 Esta Declaración considera como derechos personales inalienables, ejercibles en
cualquier situación, los siguientes: el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de la lengua en privado y en público; el derecho al uso del propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad
lingüística de origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; y el resto de derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966 y en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la misma fecha. Esta Declaración considera que los derechos colectivos de los grupos
lingüísticos, además de los establecidos por sus miembros en el apartado anterior,
también pueden incluir, de acuerdo con las puntualizaciones del artículo 2.2: el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura; el derecho a disponer de servicios culturales; el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los
medios de comunicación; el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las
relaciones socioeconómicas. Los derechos de las personas y los grupos lingüísticos mencionados
anteriormente no deben representar ningún obstáculo en la interrelación y la
integración de éstos en la comunidad lingüística receptora, ni ninguna limitación de
los derechos de esta comunidad o de sus miembros a la plenitud del uso público de la
lengua propia en el conjunto de su espacio territorial. Artículo 4 Esta Declaración considera que las personas que se trasladan y se establecen en
el territorio de una comunidad lingüística diferente de la propia tienen el derecho y el
deber de mantener con ella una relación de integración. La integración se entiende como
una socialización adicional de estas personas de manera que puedan conservar sus
características culturales de origen, pero compartan con la sociedad que las acoge las
referencias, los valores y los comportamientos suficientes para permitir un funcionamiento
social global sin más dificultades que las de los miembros de la comunidad receptora.
Esta Declaración considera, en cambio, que la asimilación, -entendida como la
aculturación de las personas en la sociedad que las acoge, de tal manera que substituyan
sus características culturales de origen por las referencias, los valores y los
comportamientos propios de la sociedad receptora- no debe ser en ningún caso forzada o
inducida, sino el resultado de una opción plenamente libre. Artículo 5 Esta Declaración se basa en el principio de que los derechos de todas las
comunidades lingüísticas son iguales e independientes de la consideración jurídica o
política de lenguas oficiales, regionales o minoritarias. El uso de designaciones tales
como lengua regional o minoritaria, no es adoptado en este texto porque, si bien en algún
caso el reconocimiento como lengua minoritaria o regional, puede facilitar el ejercicio de
ciertos derechos, es frecuente el uso de los determinativos para restringir los derechos
de una comunidad lingüística. Artículo 6 Esta Declaración excluye que una lengua pueda ser considerada propia de un
territorio únicamente por el hecho de ser la oficial del Estado o de tener tradición de
ser utilizada dentro de este territorio como lengua administrativa o de ciertas
actividades culturales. TÍTULO PRIMERO Principios generales Artículo 7 Todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera
distinta de percibir y de describir la realidad, por tanto tienen que poder gozar de las
condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones.
Cada lengua es una realidad constituida colectivamente y es en el seno de una
comunidad que se hace disponible para el uso individual, como instrumento de cohesión,
identificación, comunicación y expresividad creadora. Artículo 8 Todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a organizar y gestionar los
recursos propios con el fin de asegurar el uso de su lengua en todas las funciones
Todas las comunidades lingüísticas tienen derecho a disponer de los medios
necesarios para asegurar la transmisión y la proyección futuras de la lengua. Artículo 9 Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar,
desarrollar y promover su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o forzadas. Artículo 10 Todas las comunidades lingüísticas son iguales en derecho.
Esta Declaración considera inadmisibles las discriminaciones contra las
comunidades lingüísticas basadas en criterios como su grado de soberanía política, su
situación social, económica o cualquier otra, así como el nivel de codificación,
actualización o modernización que han conseguido sus lenguas.
En aplicación del principio de igualdad deben establecerse las medidas
indispensables para que esta igualdad sea efectiva. Artículo 11 Toda comunidad lingüística tiene derecho a gozar de los medios de traducción
directa o inversa que garanticen el ejercicio de los derechos recogidos en esta
Declaración. Artículo 12 En el ámbito público, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todas las
actividades en su lengua, si es la lengua propia del territorio donde reside.
En el ámbito personal y familiar todo el mundo tiene derecho a usar su lengua. Artículo 13 Todo el mundo tiene derecho a acceder al conocimiento de la lengua propia del
territorio donde reside.
Todo el mundo tiene derecho al poliglotismo y a conocer y usar la lengua más
adecuada para su desarrollo personal o para su mobilidad social, sin perjuicio de las
garantías establecidas en esta Declaración para el uso público de la lengua propia del
territorio. Artículo 14 Las disposiciones de esta Declaración no pueden ser interpretadas o utilizadas
contra cualquier norma o práctica más favorable del régimen interno o internacional al
uso de una lengua dentro del territorio que le es propio. TÍTULO SEGUNDO Régimen lingüístico general Sección I Administración pública y órganos oficiales Artículo 15 Toda comunidad lingüística tiene derecho a que su lengua sea utilizada como
oficial dentro de su territorio.
Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las actuaciones judiciales y
administrativas, los documentos públicos y privados y los asientos en registros públicos
realizados en la lengua propia del territorio sean válidos y eficaces y nadie pueda
alegar el desconocimiento. Artículo 16 Todo miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a relacionarse y a ser
atendido en su lengua por los servicios de los poderes públicos o de las divisiones
administrativas centrales, territoriales, locales y supraterritoriales a los cuales
pertenece el territorio de donde es propia la lengua. Artículo 17 Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer y obtener toda la
documentación oficial en su lengua, en forma de papel, informática o cualquier otra,
para las relaciones que afecten al territorio donde es propia esta lengua.
Los poderes públicos deben disponer de formularios, impresos y modelos en forma
de papel, informática o cualquier otra en las lenguas territoriales, y ofrecerlos al
público en los servicios que afecten los territorios donde es propia la lengua
respectiva. Artículo 18 Toda comunidad lingüística tiene derecho a que las leyes y otras disposiciones
jurídicas que le conciernan se publiquen en la lengua propia del territorio.
Los poderes públicos que tienen en sus ámbitos de actuación más de una lengua
territorialmente histórica deben publicar todas las leyes y otras disposiciones de
carácter general en estas lenguas, con independencia que sus hablantes entiendan otras
lenguas. Artículo 19 Las Asambleas de representantes deben adoptar como oficiales la lengua o las
lenguas históricamente habladas en el territorio que representan.
Este derecho incluye las lenguas de las comunidades de asentamiento disperso
referidas en el artículo 1 párrafo 4. Artículo 20 Todo el mundo tiene derecho a usar de palabra y por escrito, en los Tribunales de
Justicia, la lengua históricamente hablada en el territorio donde están ubicados. Los
Tribunales deben utilizar la lengua propia del territorio en sus actuaciones internas y,
si por razón de la organización judicial del Estado, el procedimiento se sigue fuera del
lugar de origen, hay que mantener la lengua de origen.
Con todo, todo el mundo tiene derecho a ser juzgado en una lengua que le sea
comprensible y pueda hablar, o a obtener gratuitamente un intérprete. Artículo 21 Toda comunidad lingüística tiene derecho a que los asientos de los registros
públicos se hagan en la lengua propia del territorio. Artículo 22 Toda comunidad lingüística tiene derecho a que los documentos notariales o
autorizados por funcionarios que ejercen la fe pública sean redactados en la lengua
propia del territorio donde el notario o funcionario autorizado tenga demarcada su sede. Sección II Educación Artículo 23 La educación debe contribuir a fomentar la capacidad de autoexpresión
lingüística y cultural de la comunidad lingüística del territorio donde es impartida.
La educación debe contribuir al mantenimiento y desarrollo de la lengua hablada
por la comunidad lingüística del territorio donde es impartido.
La educación debe estar siempre al servicio de la diversidad lingüística y
cultural, y las relaciones armoniosas entre diferentes comunidades lingüísticas de todo
En el marco de los principios anteriores, todo el mundo tiene derecho a aprender
cualquier lengua. Artículo 24 Toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado de
presencia de su lengua, como lengua vehicular y como objeto de estudio, en todos los
niveles de la educación dentro de su territorio: preescolar, primario, secundario,
técnico y profesional, universitario y formación de adultos. Artículo 25 Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer de todos los recursos
humanos y materiales necesarios para conseguir el grado deseado de presencia de su lengua
en todos los niveles de la educación dentro de su territorio: enseñantes debidamente
formados, métodos pedagógicos adecuados, manuales, financiación, locales y equipos,
medios tecnológicos tradicionales e innovadores. Artículo 26 Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a todos
sus miembros adquirir el pleno dominio de su propia lengua, con las diversas capacidades
relativas a todos los ámbitos de uso habituales, así como el mejor dominio posible de
cualquier otra lengua que deseen conocer. Artículo 27 Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a sus
miembros el conocimiento de las lenguas vinculadas a la propia tradición cultural, tales
como las lenguas literarias o sagradas, usadas antiguamente como lenguas habituales de la
propia comunidad. Artículo 28 Toda comunidad lingüística tiene derecho a una educación que permita a sus
miembros adquirir un conocimiento profundo de su patrimonio cultural (historia y
geografía, literatura y otras manifestaciones de la propia cultura), así como el máximo
dominio posible de cualquier otra cultura que deseen conocer. Artículo 29 Toda persona tiene derecho a recibir la educación en la lengua propia del
Este derecho no excluye el derecho de acceso al conocimiento oral y escrito de
cualquier lengua que le sirva de herramienta de comunicación con otras comunidades
lingüísticas. Artículo 30 La lengua y la cultura de cada comunidad lingüística deben ser objeto de
estudio y de investigación a nivel universitario. Sección III Onomástica Artículo 31 Toda comunidad lingüística tiene derecho a preservar y usar en todos los
ámbitos y ocasiones su sistema onomástico. Artículo 32 Toda comunidad lingüística tiene derecho a hacer uso de los topónimos en la
lengua propia del territorio, en los usos orales y escritos, y en los ámbitos privados,
Toda comunidad lingüística tiene derecho a establecer, preservar y revisar la
toponimia autóctona. Ésta no puede ser suprimida, alterada o adaptada arbitrariamente,
como tampoco puede ser sustituida en caso de cambios de coyunturas políticas o de otro
tipo. Artículo 33 Toda comunidad lingüística tiene derecho a autodesignarse en su lengua. Así
pues, cualquier traducción a otras lenguas debe evitar las denominaciones confusas o
despectivas. Artículo 34 Toda persona tiene derecho al uso de su antropónimo en la lengua que le es
propia y en todos los ámbitos, y a una transcripción fonéticamente tan fiel como sea
posible a otro sistema gráfico cuando sea necesario. Sección IV Medios de comunicación y nuevas tecnologías Artículo 35 Toda comunidad lingüística tiene derecho a decidir cuál debe ser el grado de
presencia de su lengua en los medios de comunicación de su territorio, tanto en los
locales y tradicionales como en los de mayor ámbito de difusión y de tecnología más
avanzada, independientemente del sistema de difusión o transmisión utilizado. Artículo 36 Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer de todos los medios
humanos y materiales necesarios para asegurar el grado deseado de presencia de su lengua y
de autoexpresión cultural en los medios de comunicación de su territorio: personal
debidamente formado, financiación, locales y equipos, medios tecnológicos tradicionales
e innovadores. Artículo 37 Toda comunidad lingüística tiene derecho a recibir, a través de los medios de
comunicación, un conocimiento profundo de su patrimonio cultural (historia y geografía,
literatura y otras manifestaciones de la propia cultura), así como el máximo grado de
información posible de cualquier otra cultura que deseen conocer sus miembros. Artículo 38 Todas las lenguas y las culturas de las comunidades lingüísticas deben recibir
un trato equitativo y no discriminatorio en los contenidos de los medios de comunicación
de todo el mundo. Artículo 39 Las comunidades descritas en el artículo 1, párrafos 3 y 4 de esta
Declaración, así como los grupos mencionados en el párrafo 5 del mismo artículo,
tienen derecho a una representación equitativa de su lengua en los medios de
comunicación del territorio donde se han establecido o se desplazan. El ejercicio de este
derecho debe estar en armonía con el ejercicio de los derechos propios de los otros
grupos o comunidades del territorio. Artículo 40 Toda comunidad lingüística tiene derecho a disponer, en el campo informático,
de equipos adaptados a su sistema lingüístico y herramientas y productos en su lengua,
para aprovechar plenamente el potencial que ofrecen estas tecnologías para la
autoexpresión, la educación, la comunicación, la edición, la traducción, y, en
general, el tratamiento de la información y la difusión cultural. Sección V Cultura Artículo 41 Toda comunidad lingüística tiene derecho a usar su lengua y a mantenerla y
potenciarla en todas las expresiones culturales.
El ejercicio de este derecho debe poder desplegarse plenamente sin que el espacio
de ninguna comunidad sea ocupado de manera hegemónica por una cultura ajena. Artículo 42 Toda comunidad lingüística tiene derecho a desarrollarse plenamente en el
propio ámbito cultural. Artículo 43 Toda comunidad lingüística tiene derecho a acceder a las obras producidas en
su lengua. Artículo 44 Toda comunidad lingüística tiene derecho a acceder a las programaciones
interculturales, a través de la difusión de una información suficiente, y que se apoyen
las actividades de aprendizaje para extranjeros o de traducción, doblaje,
post-sincronización y subtitulado. Artículo 45 Toda comunidad lingüística tiene derecho a que la lengua propia del territorio
figure en un sitio prioritario en las manifestaciones y servicios culturales tales como
bibliotecas, videotecas, cines, teatros, museos, archivos, folklore, industrias
culturales, y todas las demás expresiones que deriven de la realidad cultural. Artículo 46 Toda comunidad lingüística tiene derecho a la preservación de su patrimonio
lingüístico y cultural, incluídas las manifestaciones materiales como por ejemplo los
fondos documentales, herencia artística, arquitectónica y monumental, y presencia
epigráfica de su lengua. Sección VI Ámbito socioeconómico Artículo 47 Toda comunidad lingüística tiene derecho a establecer el uso de su lengua en
todas las actividades socioeconómicas dentro de su territorio.
Cualquier miembro de una comunidad lingüística tiene derecho a disponer en su
lengua de todos los medios que requiere el ejercicio de la actividad profesional, como por
ejemplo documentos y libros de consulta, instrucciones, impresos, formularios, y equipos,
herramientas y programas informáticos.
La utilización de otras lenguas en este ámbito sólo se puede exigir en la
medida que lo justifique la naturaleza de la actividad profesional desarrollada. En
ningún caso otra lengua llegada más recientemente puede subordinar u ocultar el uso de
la lengua propia del territorio. Artículo 48 En el territorio de la propia comunidad lingüística, todo el mundo tiene
derecho a usar su lengua, con plena validez jurídica, en las transacciones económicas de
todo tipo, como por ejemplo la compra-venta de bienes y servicios, las operaciones
bancarias, los seguros, los contratos laborales y otros.
Ninguna cláusula de estos actos privados puede excluir o limitar el uso de una
lengua en el propio territorio.
En el territorio de la propia comunidad lingüística, todo el mundo tiene
derecho a disponer en su lengua de los documentos necesarios para la realización de las
operaciones mencionadas como por ejemplo impresos, formularios, cheques, contratos,
facturas, recibos, albaranes, pedidos y otros. Artículo 49 En el territorio de la propia comunidad lingüística, todo el mundo tiene
derecho a usar su lengua en cualquier tipo de organización socioeconómica: laborales,
sindicales, patronales, profesionales y gremiales. Artículo 50 Toda comunidad lingüística tiene derecho a una presencia predominante de su
lengua en la publicidad, la rotulación, la señalización exterior y en el conjunto de la
derecho a obtener en su lengua una información completa, tanto oral como escrita, sobre
los productos y servicios que proponen los establecimientos comerciales del territorio,
como por ejemplo las instrucciones de uso, las etiquetas, los listados de ingredientes, la
publicidad, las garantías y otros.
Todas las indicaciones públicas referentes a la seguridad de los ciudadanos
deben ser expresadas al menos en la lengua propia de la comunidad lingüística y en
condiciones no inferiores a las de cualquier otra lengua. Artículo 51 Todo el mundo tiene derecho a usar la lengua propia del territorio en sus
relaciones con las empresas, establecimientos comerciales y entidades privadas y a ser
recíprocamente atendido y correspondido en esta lengua.
Todo el mundo tiene derecho, como cliente, consumidor o usuario, a ser informado,
oralmente o por escrito, en la lengua propia del territorio en los establecimientos
abiertos al público. Artículo 52 Todo el mundo tiene derecho a ejercer las actividades laborales o profesionales
en la lengua propia del territorio, excepto que las funciones inherentes al puesto de
trabajo requieran el uso de otros idiomas, como por ejemplo el caso de los profesores de
lenguas, los traductores, los guías turísticos. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera Los poderes públicos deben tomar todas las medidas oportunas para la
aplicación de los derechos proclamados en esta Declaración en su ámbito de actuación,
concretamente deben habilitar fondos internacionales para que las comunidades
ostensiblemente faltas de recursos puedan ejercer los Derechos Lingüísticos. Asímismo,
los poderes públicos deben aportar el apoyo necesario para la codificación, la
transcripción escrita, la enseñanza de las lenguas de las diversas comunidades y su
utilización en la administración. Segunda Los poderes públicos deben garantizar que las autoridades, las organizaciones y
las personas concernidas sean informadas de los derechos y los deberes correlativos que se
desprenden de esta Declaración. Tercera Los poderes públicos deben preveer, según las legislaciones vigentes, las
sanciones derivadas de la violación de los derechos lingüísticos de esta Declaración. DISPOSICIONES FINALES Primera Esta Declaración propone la creación del Consejo de las Lenguas en el seno de
las Naciones Unidas. Corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas la creación
y la definición de este Consejo así como de las personas que deben componerlo, y la
creación del organismo de derecho internacional que debe amparar las comunidades
lingüísticas en los derechos reconocidos en esta Declaración. Segunda Esta Declaración propugna y promueve la creación de una Comisión Mundial de
Derechos Lingüísticos de naturaleza no-oficial y de carácter consultivo, formada por
representantes de ONG y entidades del ámbito del derecho lingüístico. Barcelona, junio de 1996 Font: Universitat Jaume I
http://sic.uji.es/serveis/slt/triam/triam14.html

References: Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 artículo 2
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 16
 Artículo 17
 Artículo 18
 Artículo 19
 artículo 1
 Artículo 20
 Artículo 21
 Artículo 22
 Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31
 Artículo 32
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 35
 Artículo 36
 Artículo 37
 Artículo 38
 Artículo 39
 artículo 1
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 Artículo 45
 Artículo 46
 Artículo 47
 Artículo 48
 Artículo 49
 Artículo 50
 Artículo 51
 Artículo 52