Source: http://finitorralba.blogspot.com/2014/
Timestamp: 2017-06-24 18:57:08+00:00

Document:
La organización de las personas. Derecho del trabajo.Función Pública: 2014
Dado el entramado de posibilidades, la complejidad del tema y el
desconocimiento en el ámbito de la empresa pública o privada, de todo lo que rodea a la gestión del personal
que está llevando a cabo prácticas por estudios en general (compensadas o no
económicamente), os adjunto una tabla que recoge de modo esquemático las distintas modalidades de prácticas por
estudios. Se admite todo tipo de sugerencia para mejorar y aclarar este "galimatías".... En breve, aclaraciones sobre cotizaciones a la Seguridad Social ESTUDIOS NO
FINALIZADOS CURRICULARES
Real Decreto 592/2014 de 11 de julio, que regula las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios RD 1543/2011, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
(jóvenes entre 18-25, que cumplan requisitos)
(¿de formación?) ESTUDIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL L.O 5/2002, de cualificaciones y
formación profesional (art. 4) Y la ley L.O. 2/2006, de
RD 1543/2011, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas.
(jóvenes entre 18-25, que cumplan requisitos) Retribuidas e incluidos en SS
RD 1147/2011, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del sistema educativo. (art. 11 y ss) ¿No se contempla legalmente esta
posibilidad? Art. 11 del Estatuto de los Trabajadores RD 498/1998, por el que se desarrolla el
artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de Contratos
Formativos (Disp. Disposición adicional primera. Exclusión de las prácticas
profesionales de los estudiantes de la relación laboral. Espero que os pueda ser de utilidad y si no se ve bien me avisáis a ver qué se puede hacer :-)
Novedades Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2015 Buenos días, Aunque imagino que todavía habrá más novedades que comentar
del Proyecto, con la colaboración de @carlosanton07 (Becario de
RRHH) os avanzo algunas de ellas,
En cuanto a las reducciones
del 50% de la cotización en caso de cambios de puestos (relacionado con
la Ley 31/1995 de PRL), parece ser que el Proyecto
PGE 2015 sigue manteniendo la reducción en las cotizaciones en la Disposición Adicional Sexagésimo segunda. Disposición Adicional Sexagésima
segunda. Reducción en la cotización a la Seguridad Social en los supuestos de
cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la
lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad profesional. En los supuestos en que, por razón de riesgo durante el
reducción, soportada por el presupuesto de ingresos de la Seguridad Social, del
50 por ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad
Social por contingencias comunes. Esa misma reducción será aplicable, en los
términos y condiciones que reglamentariamente se determinen, en aquellos casos
en que, por razón de enfermedad profesional, se produzca un cambio de puesto de
trabajo en la misma empresa o el desempeño, en otra distinta, de un puesto de
trabajo compatible con el estado del trabajador.
atentos y cuando se apruebe de manera definitiva, modificaremos los informes que hagan referencia a la Ley PGE 2014.
Mientras tanto, la redacción vigente sigue
siendo la siguiente ( Ley 22/2013 de 23 de
diciembre, Presupuestos Generales del Estado para el 2014), por si alguien la quiere tener a mano:
Sexagésima tercera. Reducción
En los supuestos en que, por
razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la
trabajadora, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sea destinada a un puesto de
trabajo o función diferente y compatible con su estado, se aplicará, con
respecto a las cuotas devengadas durante el período de permanencia en el nuevo
puesto de trabajo o función, una reducción, soportada por el presupuesto de ingresos
de la Seguridad Social, del 50 por ciento de la aportación empresarial en la
cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.
Esa misma reducción será
aplicable, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen,
en aquellos casos en que, por razón de enfermedad profesional, se
produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el desempeño, en
otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador
Por otro lado y en cuanto a la paga extraordinaria y
adicional del mes de diciembre de 2012, ojo, a la Disposición Adicional Décima. Recuperación de
la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012.
Uno. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.
1.- Cada Administración Pública, en su ámbito,
podrá aprobar el abono de cantidades en concepto de recuperación de los
importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de
la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico
o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012,
por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, con el alcance y
límites establecidos en la presente disposición.
2.- Las cantidades que podrán abonarse por este concepto,
sobre el importe dejado de percibir por cada empleado en aplicación del
artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, serán las equivalentes a la parte
proporcional correspondiente a 44 días de la paga extraordinaria, paga
adicional de complemento específico y pagas adicionales del mes de diciembre.
En aquellos casos en los que no hubiera procedido el reconocimiento de la
totalidad de la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012, los 44
días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que hubiera
A los efectos previstos en el párrafo anterior, el
cómputo de la parte de la paga extraordinaria y pagas adicionales que
corresponde a los 44 días, o cifra inferior, se realizará, en el caso del
personal funcionario o estatutario, conforme a las normas de función
pública aplicables en cada Administración, o, en el caso del personal
laboral, a las normas laborales y convencionales, vigentes en el momento en que
se dejaron de percibir dichas pagas. Las cantidades que se reconozcan por
este concepto al personal a que se refiere el apartado 5 del artículo 2 del
Real Decreto-ley 20/2012, por no contemplarse en su régimen retributivo la percepción de pagas
extraordinarias o por percibir más de dos al año, serán las equivalentes a un
24,04 por ciento del importe dejado de percibir por aplicación del mencionado
3.- La aprobación por cada Administración Pública de las
medidas previstas en este artículo estarán condicionadas al cumplimiento de los
criterios y procedimientos establecidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 4.- Las cuantías satisfechas por aplicación de lo
establecido en esta disposición minorarán el alcance de las previsiones
contenidas en el apartado 4 del artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012.
aquí se hace referencia al sector público estatal Dos. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional
del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público estatal.
1.- Durante el año 2015, el personal del sector público
estatal definido en las letras a), d) y e) del apartado Uno del artículo 22 de
la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2012, así como el personal de las sociedades, entidades y resto de organismos
de los apartados f) y g) de dicho precepto que pertenezcan al sector público
estatal, percibirá las cantidades previstas en al apartado Uno.2 de esta
2. La recuperación de la paga extraordinaria y pagas
adicionales a que se refiere el número anterior se efectuará con arreglo a las
a) El personal incluido en los puntos 1 y 2 del artículo
3 del Real Decretoley 20/2012 percibirá la parte proporcional correspondiente a
44 días de la paga extraordinaria y pagas adicionales o equivalentes del mes de
diciembre de 2012 que fueron suprimidas. En aquellos casos en los que no
hubiera procedido el reconocimiento de la totalidad de la paga extraordinaria y
pagas adicionales o equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron
suprimidas, los 44 días se reducirán proporcionalmente al cómputo de días que
hubiera correspondido. A los efectos previstos en el párrafo anterior, para el
cálculo de las cantidades correspondientes a 44 días, en relación con el número
de días totales que comprenden la paga extraordinaria y pagas adicionales o
equivalentes del mes de diciembre de 2012 que fueron suprimidas, se utilizarán
las reglas de cómputo aplicables a cada tipo de personal de acuerdo con su
régimen jurídico en vigor en el momento en que se produjo la supresión.
Siempre que la normativa aplicable no disponga otra cosa,
el número de días totales a que se hace referencia en el párrafo anterior será
de 183.
b) El personal incluido en los puntos 3, 3bis, 3ter y 4
del artículo 3 del Real Decreto-ley 20/2012, percibirá un 24,04 por ciento de
los importes dejados de percibir por aplicación de dichos preceptos.
c) Lo previsto en la letra a) será de aplicación a los
Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores Generales y asimilados, así
como a los Consejeros Permanentes y Secretario General del Consejo de Estado,
en los mismos términos que al personal funcionario. Al personal a que se
refiere el artículo 24.Tres de la Ley 2/2012 se le aplicará igualmente lo
previsto en la letra a). En caso de no haber tenido derecho a la percepción de
paga extraordinaria, percibirán un 24,04 por ciento del importe dejado de
percibir por aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012. d) Los Altos Cargos incluidos en los puntos 1 y 3 del
artículo 4 del Real Decreto-ley 20/2012 percibirán un 24,04 por ciento del
importe dejado de percibir por aplicación del artículo 4 del Real Decreto-ley
e) Al personal que hubiera cambiado de destino, las
cantidades a que se refiere el presente apartado le serán abonadas por el
ministerio, organismo o entidad en la que se encuentre prestando servicios en
la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, previa petición dirigida al
órgano de gestión de personal acompañada de certificación de la habilitación de
origen de los conceptos e importes efectivamente dejados de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al
mes de diciembre de 2012. Al personal que hubiera pasado a prestar servicios en
una Administración Pública distinta, las cantidades a que se refiere el
presente apartado le serán abonadas por el ministerio, organismo o entidad al
que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria, previa petición
dirigida al órgano de gestión de personal. Al personal que no se encontrara en
situación de servicio activo o asimilada en la fecha de entrada en vigor de
esta Ley o que hubiera perdido la condición de empleado público, las cantidades
a que se refiere la presente disposición le serán abonadas por el ministerio,
organismo o entidad al que hubiera correspondido abonar la paga extraordinaria,
previa petición dirigida al órgano de gestión de personal, acompañada de
certificación de la habilitación de origen de los importes efectivamente
dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria
así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales
equivalentes correspondientes al mes de diciembre de 2012. En caso de que el
personal de que se trate hubiera fallecido a la entrada en vigor de la presente
disposición, la petición a que se refiere el párrafo anterior deberá formularse
por sus herederos conforme a Derecho civil. f) Lo previsto en los apartados anteriores será de
aplicación, asimismo, al personal de las fundaciones del sector público
estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración
General del Estado o por los organismos o entidades dependientes de la misma,
así como al del Banco de España y al personal directivo y resto de personal de
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social y de sus entidades y centros mancomunados. Tres. Aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se suspende y deja
sin efecto la aplicación del artículo 24 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, en lo que resulte estrictamente
necesario para la aplicación de la presente disposición.
artículo 24 fue derogado por la letra b) de la disposición derogatoria
única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público («B.O.E.» 13 abril).
Cuatro. Los apartados Uno y Tres de la presente
disposición tienen carácter básico y se dictan al amparo de los
artículos 149.1.18ª, 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución.
cambio de puesto,
fecha de hoy, no hay novedades, en cuanto a la
aprobación definitiva de la Ley de racionalización del sector público y otras
medidas de reforma administrativa, porque
la Agenda del Congreso (que debe proceder mediante votación definitiva a la
aprobación de la ley) está casi “de vacaciones”.
La información más actualizada que
se puede consultar va referida a la publicación que se contiene en el Diario
Oficial de las Cortes Generales (Senado ) de 2 de julio de 2014. Se publica el
Dictamen que la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, eleva al Sr.
Presidente del Senado. Del
Proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de
reforma administrativa, por lo que interesa, en relación a la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público, transcribo lo dispuesto en su
En último lugar, se introducen varias medidas relativas al régimen
En primer lugar, se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, con la finalidad de ampliar el número de
días reconocidos en la normativa vigente para la atención de asuntos particulares.
En segundo lugar, se introducen en la misma Ley unos cambios
imprescindibles para fomentar movilidad
de los empleados públicos, con un doble objetivo: conseguir que, en un
contexto de reducción del gasto público, puedan destinarse más recursos a
aquellas unidades deficitarias; y posibilitar que las personas que trabajan en
la Administración tengan otras vías de desempeño profesional para completar su
carrera administrativa. Con estas finalidades, se flexibiliza la dependencia funcional de los funcionarios interinos,
se aclara el régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad voluntaria entre Administraciones territoriales, y se
crea la situación administrativa de servicios
en la Administración civil para el personal militar, para lo que también es
necesario modificar la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.” El
texto íntegro del Proyecto se puede ver en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 2.07.2014 A la vuelta de las vacaciones, haremos
un seguimiento Estado de tramitación en el Congreso para conocer el estado de la tramitación… en cuanto la agenda del
Congreso se “ponga en marcha” de nuevo. Publicado por
funcionarios interinos,
PROHIBIDO VAPEAR En cumplimiento
de la Disposición Adicional 12.2 y 4 de la Ley
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco ( modificada por la Ley 3 /2014,
de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) Quizá se nos había pasado por alto, pero el “
Prohibido Vapear” (o formalmente dicho, utilizar dispositivos susceptibles de liberación de
nicotina y productos similares) puede que se convierta pronto en algo que
veamos en nuestras Administraciones y en otros lugares. No en todos, porque respecto a bares y restaurantes, por ejemplo, no existe prohibición expresa. Agradezco a una buena compañera de trabajo el que me haya hecho caer en la cuenta y cómo no, introducirme en el tema para tratar de aclararlo. Gracias. P. S. Si
quieres profundizar, sigue leyendo:
La Disposición final duodécima de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
noviembre, bajo el título “Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco”, ha
sido la encargada de introducir las disposiciones adicionales duodécima y
décimo tercera en la Ley 28/2005, citada. Centrándonos
en el “Consumo y venta a menores de dispositivos susceptibles de liberación de
nicotina y productos similares” – recogido en la adicional duodécima de la
Ley frente al tabaquismo, en lo que aquí nos interesa, entre los lugares en los
que está prohibido el uso de los dispositivos susceptibles de liberación de
nicotina y productos similares, encontramos los siguientes:
“a) los centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades
b) los centros, servicios y establecimientos
sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en
c) en los centros docentes y formativos,
salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los
exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos
inmediatos a los edificios y aceras circundantes.
d) en los medios de transporte público
urbano e interurbano, medios de transporte ferroviario, y marítimo, así como en
aeronaves de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías
e) en los recintos de los parques infantiles
y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios
al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento
destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores.
importante, que no debemos dejar pasar
por alto, es la siguiente:
“Cuatro. En los
centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo de
dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en lugar
visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares, en los que,
en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para su consumo. Estos carteles
estarán redactados en castellano y en la lengua cooficial con las exigencias
requeridas por las normas autonómicas correspondientes.”
Convendría informarse acerca de si esos carteles van a ser facilitados por organismos oficiales o Mutuas. Mientras tanto, seamos prácticos y usemos nuestra imaginación para crear nuestros propios modelos, aunque sean de uso provisional.... La imagen que yo he utilizado la he extraído de Goggle, espero que no se molesten. .-) Publicado por
dispositivo liberador de nicotina. falta leve por vapear,
Modificaciones que nos afectan y que debemos conocer, tras la Ley 22/2013, de Presupuestos Generales para el año 2014 Sin ánimo de pretender ser exhaustiva ( ni mucho menos) y a título meramente informativo, aquí
recojo algunas de las normas que han sido modificadas por las disposiciones finales de la Ley de
Presupuestos para 2014. El post es un poco largo porque he transcrito las normas a las que me refiero ya modificadas, para que no haya necesidad de ir buscándolas. Ah, se me olvidaba, fundamentalmente para empleados públicos de la Administración Local, aunque las novedades que traen algunas de estas modificaciones inciden en el día a día de los gestores de relaciones laborales (tanto públicos como privados) Pues eso... ¡a estudiar que la cosa se complica ! . En un siguiente post intentaré reunir las disposiciones adicionales más interesantes. Dadme un poco de tiempo porque hay 89. Saludos
1.1 Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, de
la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1. El reconocimiento de los derechos pasivos habrá de instarse por los
propios interesados o por sus representantes legales, por sí o por medio de
mandatario designado en forma, sin perjuicio de los supuestos en que
reglamentariamente se determine la incoación de oficio del procedimiento
2. El derecho al reconocimiento de las prestaciones podrá ejercitarse
desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la
prestación de que se trate, sin perjuicio de que la retroactividad máxima de
los efectos económicos de tal reconocimiento sea de tres meses a contar desde
el día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente
Artículo 38.2 2. En los casos de separación o divorcio, con independencia de las
causas que los hubieran determinado, el derecho a la pensión de viudedad, o en
su caso a la prestación temporal, corresponderá a quien, reuniendo los
requisitos exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cónyuge legítimo,
en este último caso siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias o hubiera
constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el apartado 4.
Código Civil y ésta quedara extinguida a la muerte del causante. En el caso de
que se haya fijado una pensión compensatoria temporal, la pensión, o la
prestación temporal, de viudedad que se pudiera reconocer se extinguirá en la
misma fecha en que lo hubiera hecho la pensión compensatoria.
En el supuesto de que la cuantía de la pensión de viudedad, o de la
prestación temporal a que hubiere lugar, fuera superior a la pensión
compensatoria, aquélla se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta última,
sin que la pensión resultante pueda ser objeto del complemento regulado en el
número 2 del artículo 27 del presente Texto Refundido. En todo caso, tendrán
derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de
pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de
género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia
firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por
fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección
dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba
Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de
beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía
proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante,
garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cónyuge
superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el
causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión
de viudedad en los términos a que se refiere el apartado 4 siguiente.
Se añaden dos disposiciones
adicionales: Decimoquinta. Plazos.
Uno. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de las
prestaciones del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cualquiera que sea su
legislación reguladora, así como de la legislación especial de guerra, se
retrotraerán, como máximo, tres meses a contar desde el día primero del mes
siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud.
La retroactividad máxima de tres meses también se aplicará a las
rehabilitaciones, reactivaciones, acumulaciones, así como a las revisiones que
se efectúen de dichas prestaciones cuando, con posterioridad a la resolución
del expediente, se aporten a la Administración nuevos documentos o elementos
probatorios que acrediten hechos ignorados o insuficientemente acreditados en
el momento de dicha resolución.
Dos. El derecho de la Administración a solicitar el reintegro de las
prestaciones del Régimen de Clases Pasivas indebidamente percibidas, cualquiera
que sea su legislación reguladora, así como de las prestaciones causadas al
amparo de la legislación especial de guerra, y, en general, de cualesquiera
otras prestaciones abonadas con cargo a los créditos de la Sección 07 del
Presupuesto de Gastos del Estado, prescribirá a los cuatro años a partir de la
fecha de su percepción o de aquélla en que pudo ejercitarse la acción para
exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción
Para el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el
Régimen de Clases Pasivas del Estado, el plazo de prescripción será, asimismo,
En la jubilación o el retiro de carácter voluntario, regulado en el
artículo 28.2,b) del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,
aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, el derecho a la
correspondiente pensión estará condicionado a que los últimos cinco años de
servicios computables estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del
Estado, cuando para completar los treinta años de servicios exigidos hubieran
de computarse períodos de cotización a otros regímenes, por aplicación de las
normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.
Dicha regla será asimismo de aplicación cuando para completar los
treinta años de servicios exigidos hubieran de computarse períodos de seguro,
residencia o asimilados cubiertos fuera de España, derivados de la aplicación
de convenios bilaterales o de reglamentos comunitarios de coordinación de los
sistemas de seguridad social, salvo que los referidos períodos correspondan a
actividades que de haberse desarrollado en España hubieran dado lugar a la
inclusión obligatoria del interesado en el Régimen de Clases Pasivas.
Lo dispuesto en el primer párrafo no será de aplicación al personal de
la Administración del Estado en servicio activo, servicios especiales, excedencia
por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género que,
como consecuencia de la superación de los procesos de acceso y promoción
regulada en la normativa general de función pública, cambie de régimen de
protección social. A efectos de acceder a la jubilación voluntaria”
1.2 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
“Disposición Final Cuarta . Modificación del Texto Refundido
Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida se modifica el
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes extremos:
Uno. Se da nueva redacción al apartado 4 del artículo 71 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como
«4. En aplicación de las facultades de dirección y tutela a que se
refiere el apartado 1 de este artículo, corresponde al Ministerio de Empleo y
misma, así como determinar su importe líquido, reclamar su pago con arreglo a
las normas que regulan la colaboración de las entidades, y determinar los
medios de pago, las modalidades, formas, términos y condiciones hasta su
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá solicitar a la
Tesorería General de la Seguridad Social la recaudación ejecutiva de los
créditos derivados de la responsabilidad mancomunada, a cuyo efecto trasladará
a la misma el acto de liquidación de los mismos y la determinación de los
sujetos obligados al pago. Las cantidades que se obtengan se ingresarán en las cuentas que
originaron la aplicación de la responsabilidad mancomunada, en los términos que
establezca el órgano de dirección y tutela.» El resto del artículo mantiene la misma redacción.
Dos. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 77 del Texto
«2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con
carácter obligatorio, para todas las empresas o para algunas de determinadas características,
la colaboración en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado c)
La colaboración obligatoria consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores,
a cargo de la Entidad Gestora o Colaboradora, de las prestaciones económicas,
compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que
aquella debe ingresar. La empresa deberá comunicar a la Entidad Gestora, a
través de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos establecidos, los
datos obligación de la misma requeridos en el parte médico de baja, en los
términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá suspender o
dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando la empresa incumpla las
obligaciones establecidas.»
Tres. Se da nueva redacción al artículo 131 bis del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue: «Artículo 131 bis. Extinción del derecho al subsidio. 1. El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo
máximo de quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por
alta médica por curación o mejoría que permita al trabajador realizar su
trabajo habitual; por ser dado de alta el trabajador con o sin declaración de
incapacidad permanente; por el reconocimiento de la pensión de jubilación; por
la incomparecencia injustificada a cualquiera
de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los
médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social; o por
períodos de recaída en un mismo proceso. Se considerará que existe recaída en
un mismo proceso cuando se produzca una nueva baja médica por la misma o
similar patología dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la
fecha de efectos del alta médica anterior.
Cuando, iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran
transcurrido quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración del subsidio
de incapacidad temporal, se denegara el derecho a la prestación de incapacidad
permanente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente
para emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales posteriores a la resolución
denegatoria, una nueva baja médica por la misma o similar patología, a través
de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad
permanente del trabajador. En estos casos se reanudará el proceso de incapacidad
temporal hasta el cumplimiento de los quinientos cuarenta y cinco días.
anterior, se examinará necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el
estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado de
incapacidad permanente que corresponda.
No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento
médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador,
con vistas a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera
aconsejable demorar la citada calificación, ésta podrá retrasarse por el período
preciso, sin que en ningún caso se puedan rebasar los setecientos treinta días
naturales sumados los de incapacidad temporal y los de prolongación de sus efectos.
demora de la calificación, no subsistirá la obligación de cotizar. 3. Extinguido el derecho a la prestación de incapacidad temporal por el
transcurso del plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración,
con o sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse derecho a
la prestación económica de incapacidad temporal por la misma o similar
patología, si media un período superior a ciento ochenta días naturales, a
contar desde la resolución de la
fecha de la nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario
del subsidio de incapacidad temporal derivado de enfermedad común o
profesional, o de accidente, sea o no
de trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario
para acceder al subsidio de incapacidad temporal derivada de enfermedad común,
se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas a partir de la
resolución de la incapacidad permanente.
hubiesen transcurrido ciento ochenta días naturales desde la denegación de la
incapacidad permanente, podrá iniciarse un nuevo proceso de incapacidad
temporal, por una sola vez, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar
la situación de incapacidad permanente del trabajador, considere que el
trabajador puede recuperar su capacidad laboral. Para ello, el Instituto
Nacional de la Seguridad Social acordará la baja a los exclusivos efectos de la
antes de que el proceso hubiera alcanzado los trescientos sesenta y cinco días
de duración, extinguirá la situación de incapacidad temporal.
expediente de incapacidad permanente, la situación de incapacidad temporal se
extinguirá en la fecha de cumplimiento del indicado plazo. Cuando, en el
ejercicio de las competencias previstas
en el artículo 128.1.a), el Instituto Nacional de la Seguridad Social hubiese
acordado la prórroga expresa de la situación de incapacidad temporal, y durante
la misma iniciase un expediente de incapacidad permanente, la situación de
incapacidad temporal se extinguirá en la fecha de la resolución por la que se
acuerde dicha iniciación. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los números anteriores, cuando la
extinción se produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente,
por acuerdo del Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de
expediente de incapacidad permanente, o por el transcurso de los quinientos
cuarenta y cinco días naturales, el trabajador estará en la situación de prolongación
de efectos económicos de la incapacidad temporal hasta que se califique la
En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los efectos
de la prestación económica de incapacidad permanente coincidirán con la fecha de
la resolución de la Entidad Gestora por la que se reconozca, salvo que la misma
sea superior a la que venía percibiendo el trabajador en concepto de
prolongación de los efectos de la incapacidad temporal, en cuyo caso se
retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de la
agotamiento de los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la
misma, sin que exista ulterior declaración de incapacidad permanente,
subsistirá la obligación de cotizar mientras no se extinga la relación laboral
o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y cinco días
naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de
incapacidad permanente.»
Cuatro. Se incluye un nuevo apartado 3 en el artículo 132 del Texto
Refundido de la
«3. La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las
convocatorias realizadas por los
médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
para examen y reconocimiento médico producirá la suspensión cautelar del derecho,
al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada. Reglamentariamente se
regulará el procedimiento de suspensión del derecho y sus efectos.»
El resto del artículo mantiene la misma redacción. Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 136 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado como sigue: «1. En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la
situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento
prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles
de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o
anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de
recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se
estima médicamente como incierta o a largo plazo.
de la situación de incapacidad permanente, cuando se trate de personas con
discapacidad y con posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan
agravado, provocando por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o
patologías una disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el
interesado en el momento de su afiliación.»
Seis. Se modifica el título del artículo 222 del Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social y se añade al mismo un nuevo apartado 4, todo ello
«Artículo 222. Desempleo, maternidad, paternidad, incapacidad temporal
el apartado 1.3 del artículo 215 y alcance la edad que le permita acceder a la
pensión contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades, los
efectos económicos de la citada pensión se retrotraerán a la fecha de efectos
de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello será necesario
que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los tres meses
siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una retroactividad
máxima de tres meses desde la solicitud».
Siete. Se incorpora una nueva disposición adicional, la sexagésima
quinta, al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con la
«Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a
efectos de prestaciones de la Seguridad Social, incluidos los complementos a
mínimos. 1. A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social en las que se exija la residencia en
territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones,
incluidos los complementos a mínimos, tiene su residencia habitual en España
aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen
los 90 días a lo largo de cada año natural, o cuando la ausencia de territorio
español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a efectos de las
prestaciones y subsidios por desempleo, será de aplicación lo que determine su
2. A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones
sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se
entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia
habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre
que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural.»
Ocho. Se añade una disposición adicional sexagésima sexta al Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexagésima sexta. Protección por desempleo de
Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la comisión
de los delitos relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del apartado 2 del
artículo 36 del Código Penal sólo podrán obtener el subsidio por desempleo
previsto en los apartados 1.1. d) y 1.2 del artículo 215 de esta Ley cuando,
además de reunir las
condiciones establecidas en este último artículo, acrediten, mediante
la oportuna certificación de la Administración penitenciaria, los siguientes
1. En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados
en las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal, que han
cumplido los requisitos exigidos en el apartado seis del artículo 72 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
2. En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados
en las letras c) o d) del apartado 2 del artículo 36 del Código Penal, que han
satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito, considerando a tales efectos
la conducta efectivamente observada en orden a reparar el daño e indemnizar los
perjuicios materiales y morales, y que han formulado una petición expresa de
perdón a las víctimas de su delito.»”
1.3 Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso
de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida.
“Vigésima segunda. Modificación de la Ley 9/2009, de 6 de octubre, de
Se da nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 9/2009,
1.4 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización
“Vigésima séptima. Modificación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto,
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se da nueva
redacción al apartado 1 de la disposición final duodécima de la Ley 27/2011, de
1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social, que queda redactada como sigue:
a) Las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera, séptima, decimocuarta,
decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, vigésima segunda, vigésima tercera,
vigésima quinta, trigésima, trigésima primera, trigésima segunda, trigésima
tercera, trigésima quinta, trigésima sexta, trigésima séptima, trigésima novena,
cuadragésima segunda y cuadragésima quinta, así como las disposiciones finales
segunda, tercera, quinta, sexta y apartados uno, dos, tres, cuatro y cinco de la
disposición final séptima, que entrarán en vigor en la fecha de publicación de
la Ley en el “Boletín Oficial del Estado”.
b) Las disposiciones adicionales decimoctava y cuadragésima, que
c) El apartado Tres del artículo 3, que entrará en vigor el 1 de enero
d) La disposición final décima, que entrará en vigor el 1 de enero de
2015.»
Si te parece complicado, no te preocupes. En mi modesta opinión, lo es.... Publicado por
Modificaciones normativas,

References: Real Decreto 

artículo 11
 artículo 26

artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 22
 artículo
3
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 4

artículo 4
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 24

artículo 24
 Real Decreto 

Artículo 38
 artículo 27
 resolución

artículo 28
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 77
 artículo 131
 resolución

 resolución 

resolución 
 artículo 128
 resolución 
 resolución 
 artículo 132
 artículo 136
 artículo 222
 artículo 215
 resolución 
 Real Decreto

artículo 36
 artículo 215
 artículo 36
 artículo 72
 artículo 36
 artículo 3