Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4760
Timestamp: 2020-01-27 05:24:20+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 224/2002
SENTENCIA 224/2002, de 25 de noviembre
ECLI:ES:TC:2002:224
En el recurso de amparo núm. 104-2002, promovido por don Guido Aníbal Pino Iturralde, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Marta Saint- Aubin Alonso y asistido por el Letrado don Ignacio Fernández de Senespleda, contra el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, de 24 de diciembre de 2001, por el que se acordó denegar la incoación del procedimiento de habeas corpus en diligencias indeterminadas núm. 729-2001. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 2 de enero de 2002, registrado en este Tribunal el día 9 siguiente, don Guido Aníbal Pinto Iturralde, asistido por el Letrado don Ignacio Fernández de Senespleda, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia, solicitando le fuese designado Procurador por el turno de oficio.
2. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 10 de enero de 2002, se acordó dirigir atenta comunicación al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, y en el Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 18 de junio de 1996 sobre asistencia jurídica gratuita en los procesos de amparo constitucional, se designase, si procediera, Procurador del turno de oficio que representase al demandante de amparo, adjuntándose a dicha comunicación los documentos remitidos por el interesado.
3. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 20 de febrero de 2002, doña Marta Saint-Aubin Alonso, Procuradora de los Tribunales designada por el turno de oficio, en nombre y representación de don Guido Aníbal Pino Iturralde, formalizó la demanda de amparo, en la que se recoge la relación de antecedentes fácticos que, a continuación, se extracta:
a) El día 23 de diciembre de 2001, a las 22:30 horas, el demandante de amparo fue detenido por los funcionarios de la Policía Nacional con los números de identificación profesional 81749 y 84602 por "daños graves y amenazas", y conducido a la comisaría de la Policía Nacional del distrito de Gracia de Barcelona.
Según el atestado elaborado por la Policía Nacional, en el momento de la detención se encontraba presente doña Cecilia Mercedes Torres Fajardo, posible perjudicada por el presunto delito.
b) A la 1 hora y 34 minutos del día 24 de diciembre de 2001 don Luis Ezequiel Pedredol Durall, también posible perjudicado por el presunto delito, prestó declaración ante los funcionarios de la Policía Nacional adscritos a la referida comisaría.
c) El demandante de amparo prestó declaración ante los funcionarios de la Policía Nacional de la mencionada comisaría a las 10 horas y 8 minutos del día 24 de diciembre de 2001, asistido por el Letrado don Ignacio Fernández de Senespleda.
d) Por ser una fecha muy señalada la noche del 24 al 25 de diciembre se solicitó a los funcionarios de la comisaría que, dado que se habían realizado todas las diligencias necesarias, el detenido fuera puesto a disposición de la autoridad judicial en la tarde del día 24 de diciembre, a fin de que se resolviera sobre su situación personal.
e) Por los funcionarios de policía se esgrimió que el día 24 sólo se realizaba una conducción, que había sido llevada a cabo a las 8 horas, por lo que muy probablemente el demandante de amparo no pasaría a disposición judicial hasta las 8 horas del día 25 de diciembre.
f) A las 16 horas del día 24 de diciembre el Letrado del ahora demandante de amparo facilitó a éste un escrito de habeas corpus para que lo firmara, y lo presentó inmediatamente ante los funcionarios actuantes. Dicho escrito gozaba de todos los requisitos para ser admitido, pues se indicaba todo lo preceptuado en el art. 4 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus.
g) Una copia del escrito de solicitud de habeas corpus, firmada por el detenido, fue presentada a las 18 horas y 30 minutos por el Letrado del demandante de amparo en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, en funciones de Juzgado de guardia de incidencias.
h) El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, por Auto dictado en las diligencias indeterminadas núm. 729-2001, declaró no haber lugar a la incoación del habeas corpus.
i) El demandante de amparo fue puesto a disposición judicial el día 25 de diciembre a las 9 horas, acordándose por el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Barcelona, en funciones de Juzgado de guardia de detenidos núm. 1, la puesta en libertad mediante Auto dictado en las diligencias previas núm. 5336-2001.
4. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la resolución judicial impugnada, la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.2 y 4 CE).
a) El recurrente en amparo, tras transcribir el art. 17.2 CE y referirse, con reproducción del fundamento jurídico 4 de la STC 224/1998, de 24 de noviembre, a la doctrina de este Tribunal sobre los límites temporales a la duración de la detención preventiva, señala que en este caso la no presentación del detenido a la autoridad judicial hasta la mañana del día 25 de diciembre fue debida a que el Acuerdo de la Junta de Jueces y la Junta de Seguridad Ciudadana había establecido unos determinados horarios de conducción de detenidos. Dicha razón, a su juicio, no puede ser atendible en Derecho tal como ha manifestado el Ministerio Fiscal en las alegaciones que formuló en la STC 288/2000, de 27 de noviembre de 2000, en las cuales explícitamente manifestó:
Pero aun dando por supuesto que ello sea cierto, no se puede considerar que como consecuencia de dicha organización de los servicios del Juzgado de guardia y de conducciones policiales, se pueda justificar la prolongación de una detención preventiva, porque tal limitación no se contempla ni en el art. 17 CE ni en la legislación dictada en su desarrollo. Con mayor razón esto es así cuando había sido presentada ante el Juzgado una petición de habeas corpus que, con independencia de las deficiencias observables en su tramitación, permitió conocer a cualquiera que examinase las diligencias policiales que su conclusión se produciría el mismo día 29 de febrero, poco tiempo después de la remisión. Ello debió dar lugar, no ya a que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de al Ley Orgánica 6/1984 se tramitara correctamente el procedimiento de habeas corpus, sino además o en lugar de ello a que se ordenara que el detenido —junto con las diligencias policiales concluidas— fuera trasladado al Juzgado nada más producirse la conclusión del atestado para resolver de manera definitiva —y en el procedimiento penal en trámite— sobre la situación personal de quien se decía que estaba ilegalmente detenido el 29 de febrero de 2000. Esto se hizo efectivamente al día siguiente, 1 de marzo, cuando se acordó la libertad de don Álvaro M.P., actuación que viene a confirmar la pretensión de los recurrentes sobre la ilegalidad de la privación de libertad de su hijo, desde el momento en el que en su nombre formularon la petición de habeas corpus".
b) En relación con la denunciada vulneración del art. 17.4 CE, en la demanda de amparo se reproduce, con cita de la STC 288/2000, de 27 de noviembre (FJ 7), la doctrina constitucional sobre la conculcación del derecho al habeas corpus como consecuencia de la inadmisión a limine de las solicitudes de habeas corpus al entender el órgano judicial que no concurre ninguno de los supuestos contemplados en el art. 1 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo.
5. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 13 de junio de 2002, antes de decidir sobre la admisibilidad de la demanda de amparo, se acordó dirigir sendas comunicaciones a los Juzgados de Instrucción núm. 1 y 6 de Barcelona, a fin de que, a la mayor brevedad posible, remitiesen, respectivamente, certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a las diligencias indeterminadas núm. 729-2001 y a las diligencias previas núm. 5336-2001.
6. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 17 de octubre de 2002, acordó admitir a trámite la demanda de amparo, dirigir atenta comunicación al Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, con copia de esta providencia para su constancia y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar cuantas alegaciones tuvieran por conveniente.
7. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 5 de noviembre de 2002, en el que interesó, con base en la argumentación que a continuación se extracta, la estimación de la demanda de amparo.
a) En relación con la denunciada infracción del art. 17.2 CE, el Ministerio Fiscal entiende que la STC 288/2000, de 24 de julio, resuelve un supuesto que guarda evidente analogía con el ahora planteado, por lo que se remite a su fundamentación jurídica que considera aplicable.
b) En cuanto a la aducida vulneración del art. 17.4 CE el Ministerio Fiscal entiende que, al igual que el motivo precedente de la demanda de amparo, se sustenta en una conocida y consolidada jurisprudencia constitucional, que se abstiene de reproducir en aras de no incurrir en inútiles repeticiones.
8. La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 13 de noviembre de 2002, en el que, en síntesis, reitera la argumentación expuesta en la demanda de amparo.
9. Por providencia de 21 de noviembre de 2002, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 25 de noviembre siguiente.
1. Con motivo de haber sido requerida la intervención de la policía en un domicilio particular donde al parecer había una reyerta, el ahora demandante de amparo fue detenido por presuntos daños y amenazas graves por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y conducido a la comisaría de distrito 7 de Gracia (Barcelona). En el curso de la detención, el Letrado que le asistía, en su nombre y representación, instó el procedimiento de habeas corpus, a cuya incoación declaró no haber lugar el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, en funciones de Juzgado de guardia, por Auto de 24 de diciembre de 2001.
2. Ciertamente, como señala el Ministerio Fiscal, e implícitamente resulta también de la doctrina constitucional que se invoca en la demanda de amparo, el presente caso guarda una gran similitud con los que dieron lugar a las SSTC 224/1998, de 24 de noviembre, y 228/2000, de 27 de noviembre. El punto de arranque de uno y otro supuestos lo constituye una detención policial con motivo de una supuesta acción delictiva y continúa con la formulación de una solicitud de habeas corpus, cuya incoación es denegada por el órgano judicial.
3. En relación con la primera de las quejas en las que se sustenta la demanda de amparo es necesario recordar, de acuerdo con una reiterada doctrina constitucional que más recientemente se sintetiza en la STC 288/2000, de 27 de noviembre (FJ 3), que la detención preventiva está constitucionalmente caracterizada por ciertas notas, entre ellas, en lo que aquí especialmente interesa, por su limitación temporal (SSTC 31/1996, de 27 de febrero, FJ 8; 21/1997, de 10 de febrero, FJ 4; 174/1999, de 27 de septiembre, FJ 4; 179/2000, de 26 de junio, FJ 2), lo que implica que ha de estar inspirada por el criterio del lapso temporal más breve posible (SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 8; 224/1998, de 24 de noviembre, FJ 3), como así lo corrobora lo dispuesto en el art. 5.2 y 3 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y en el art. 9.3 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, que exigen que el detenido sea conducido "sin dilación" o "sin demora" ante la autoridad judicial.
4. En este caso la detención del demandante de amparo se produjo sobre las 22:30 horas del día 23 de diciembre, sin perjuicio de que se hubiera formalizado en un momento posterior —1:34 horas del día 24 de diciembre— la situación de privación de libertad que se había materializado con anterioridad, cuando los policías intervinientes habían detenido al actor para conducirlo a las dependencias de la comisaría, "pues la detención que embrida el art. 17 CE no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica" (SSTC 96/1986, de 10 de julio, FJ 4; 86/1996, de 21 de mayo, FJ 7). Según resulta expresamente documentado en las actuaciones, las investigaciones policiales necesarias concluyeron a las 17:57 horas del día 24 de diciembre, extendiéndose diligencia en la que se hace constar que en ese momento se da por terminado el atestado policial, que se remite al Juzgado de detenidos núm. 1, a cuya disposición pasa también el detenido y ahora demandante de amparo, adjuntándose a dicho atestado las declaraciones de los posibles perjudicados y del detenido, el acta de información de derechos a éste y un parte facultativo del mismo. Sin embargo, pese a lo que se hace constar en la diligencia de remisión del atestado policial, lo cierto es que el detenido y ahora demandante de amparo no fue puesto a disposición de la autoridad judicial hasta las 9 horas del día 25 de diciembre, decretando entonces el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Barcelona su libertad provisional sin fianza tras prestar declaración.
En la demanda de amparo se afirma que el detenido y ahora recurrente, una vez concluidas las investigaciones policiales, no fue puesto a disposición judicial hasta la mañana del día 25 debido a los horarios establecidos para la conducción a los Juzgados de los detenidos, estando prevista en los indicados días del 24 y 25 de diciembre una única conducción a las 8 horas. Sin embargo, tal circunstancia en momento alguno es invocada en las actuaciones ni en la resolución judicial que inadmitió a limine el procedimiento de habeas corpus, ni puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del periodo de detención, una vez declarada la conclusión de las investigaciones policiales, máxime cuando, como acontece en este caso, se había presentado ante el Juzgado de guardia una solicitud de habeas corpus que permitió conocer, una vez remitidas, la conclusión de las diligencias policiales y que debió dar lugar a que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus (LOHC) se tramitara correctamente el procedimiento de habeas corpus.
5. Procede, por último, examinar la conformidad con la Constitución de la resolución judicial que denegó la incoación del procedimiento de habeas corpus previsto en el art. 17.4 CE. A tal fin resulta necesario traer a colación, en lo que aquí interesa, la doctrina general al respecto, que en sus líneas generales se recoge más recientemente en las SSTC 208/2000 y 209/2000, de 24 de julio (FJ 5), 233/2000, de 2 de octubre (FJ 5), 263/200, de 30 de octubre (FJ 3), y 288/2000, de 27 de noviembre (FJ6).
6. La aplicación de la anterior doctrina al presente caso conduce a que estimemos la queja formulada por el demandante de amparo bajo la invocación del art. 17.4 CE, pues, en efecto, el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona deniega la incoación del procedimiento argumentando que la privación de libertad del recurrente no puede encuadrarse en ninguno de los supuestos del art. 1 LOHC. De esta manera la resolución judicial, no sólo no restableció el derecho fundamental a la libertad vulnerado, sino que desconoció la garantía específica del art. 17.4 CE, al anticipar el fondo en el trámite de admisión, impidiendo así que el ahora demandante de amparo compareciera ante el Juez e imposibilitando que formulara alegaciones y propusiera los medios de prueba pertinentes para tratar de acreditarlas (SSTC 232/1999, de 13 de diciembre, FJ 5; 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 6). En definitiva, el órgano judicial no ejercitó de una manera eficaz el control de la privación de libertad y, por tanto, desconoció la naturaleza y función constitucional del procedimiento de habeas corpus según se desprende del art. 17.4 CE.
7. Por último, en cuanto al alcance del otorgamiento del amparo, se debe advertir que no cabe retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración del derecho a la libertad para subsanarla, toda vez que, al no encontrase ya el recurrente en situación de privación de libertad, no se cumpliría el presupuesto necesario para que el órgano judicial pudiera decidir la admisión a trámite del procedimiento de habeas corpus, según hemos declarado reiteradamente (SSTC 12/1994, de 17 de enero, FJ 7; 154/1995, de 24 de octubre, FJ 6; 288/2000, de 27 de noviembre, FJ 8, por todas).
Estimar la presente demanda de amparo de don Guido Aníbal Pino Iturralde y, en su virtud:
1º Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente a la libertad personal (art. 17.2 y 4 CE).
2º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular el Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Barcelona, de 24 de diciembre de 2001, recaído en las diligencias indeterminadas 729- 2001.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 104-2002
Promovido por don Guido Aníbal Pino Iturralde respecto al Auto de un Juzgado de Instrucción de Barcelona que denegó la incoación de un habeas corpus respecto a la duración de su detención por la policía en diligencias por daños graves y amenazas el día de Navidad.
Desde el momento en que las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos fueron finalizadas, y no constando la existencia de otras circunstancias, la detención policial del actor quedó privada de fundamento constitucional (SSTC 86/1996, 224/1998) [FJ 4].
Que el detenido no fue puesto a disposición judicial hasta la mañana del día 25 de diciembre debido a los horarios establecidos para la conducción a los Juzgados de los detenidos es una circunstancia que en momento alguno ha sido invocada en las actuaciones ni en la resolución judicial del habeas corpus, ni puede justificar en principio un alargamiento tan desproporcionado del período de detención [FJ 4].
La detención preventiva está constitucionalmente caracterizada por su limitación temporal (SSTC 31/1996, 288/2000) [FJ 3].
El Auto del Juzgado de Instrucción desconoció la garantía específica del art. 17.4 CE, al anticipar el fondo en el trámite de admisión, impidiendo así que el ahora demandante de amparo compareciera ante el Juez (SSTC 232/1999, 288/2000) [ FJ 6].
El procedimiento de habeas corpus es garantía específica del derecho a la libertad (SSTC 86/1996, 288/2000) [FJ 5].
No cabe retrotraer las actuaciones al momento en que se produjo la vulneración del derecho a la libertad (SSTC 12/1994, 288/2000) [FJ 7].
Artículo 496.1, f. 4
Artículo 17.2, ff. 1 a 4
Artículo 17.4, ff. 1 a 3, 5, 6
Conducción de detenidosConducción de detenidos, f. 4
Inadmisión a trámite de habeas corpus por razones de fondoInadmisión a trámite de habeas corpus por razones de fondo, ff. 5, 6

References: resolución 
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Artículo 496

Artículo 17

Artículo 17