Source: http://espanito.com/causa-n-682-recurso-de-casacin-interpuesto-por-querellante-en.html
Timestamp: 2019-06-15 23:45:14+00:00

Document:
Causa N° 682 "Recurso de Casación interpuesto por querellante en causa N° 7467"
Causa N° 682
"Recurso de Casación interpuesto
por querellante en causa N° 7467"
En la ciudad de La Plata a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil dos, siendo las ........ horas, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Benjamín Ramón Sal Llargués, Carlos Angel Natiello y Horacio Daniel Piombo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 682 de este Tribunal, caratulada "Recurso de Casación interpuesto por querellante en causa N° 7467". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: PIOMBO - SAL LLARGUES - NATIE-LLO, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes
I. La Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín resolvió rechazar, por improcedente e inoportuno, el planteo de inconstitucionalidad efectuado así como el recurso de apelación interpuesto, confirmando el auto apelado en cuanto sobresee la causa por haberse extinguido la acción penal, con imposición de costas al querellante.
II. Contra el anotado decisorio interpone re-curso de Casación el doctor Juan Wenceslao Gonzalez por su propio derecho, puntualizando que promovió querella por calumnias e injurias contra el Juez de Paz de Lincoln, abogado Mario Jorge Olaberría, en causa que tramita ante el Juzgado Correccional Nº 1 de la circunscripción judicial aludida. Este último organismo jurisdiccional interviniente resuelve la elevación de las actuaciones al señor Presidente de la Suprema Corte, siendo luego citado en esa sede por su rol de querellante a fin de ratificar la presentación. En tal oportunidad, continúa el impugnante, respondió no asumir el rol de acusador dejando la carga obligacional al Ministerio Público en la inteligencia que el art. 23 de la ley N° 8085 no formula distinción alguna entre delitos de acción pública o privada. El 10 de febrero de 1999 el Presidente de la Suprema Corte Provincial, haciendo suyas las manifestaciones del Procurador General, quien expresa que la opción efectuada por el querellante lo colocó en la situación prevista por el inciso 3º del artículo 386 del C.P.P., resuelve desestimar la formación de causa y acusación contra el querellado. En función de lo así resuelto, prosigue el recurrente, el Juez Correccional emite su sentencia por la que se declara la extinción de la acción penal con invocación de la causal de desistimiento prevista en el art. 386 inc. 3º del C.P.P. y se sobresee la causa, con costas. Apelado dicho decisorio por la querella, la Cámara dictó la resolución que se cuestiona en esta sede.
En la tarea de apuntalar el recurso, el querellante señala que no puede alegarse, como lo hace el "a quo", que los planteos de inconstitu-cionalidad invocados resulten improcedentes e inoportunos toda vez que es recién al emitirse y fundamentarse el recurso de apelación la primera oportunidad procesal propiamente dicha para el planteo. Entiende que las leyes procesales locales no pueden tipificar formas de renuncias tácitas al ejercicio de las acciones judiciales privadas en tanto todo lo relativo a los presupuestos y a la estructura de esa renuncia corresponde a la ley nacional. Asimismo se opone a la declaración que extingue la acción penal señalando que por aplicación del inciso 1º del artículo 383 del C.P.P., la resolución modifica la facultad que al querellante le otorga el artículo 62 de la ley penal sustantiva para accionar dentro del término de prescripción de la acción, violando así el principio de prelación de las leyes, al tiempo que cercena al particular el legítimo derecho de hacer valer su pretensión ante la instancia jurisdiccional. Agrega que no se verifican ninguno de los supuestos para tener por extinguida la acción penal ya que en el caso no ha transcurrido el plazo de los arts. 109 y siguientes del Código fondal ni ha mediado constancia alguna de renuncia expresa en los términos del art. 59 inc. 4 de dicho cuerpo legal.
También alega que se habría configurado un defecto grave del procedimiento al invocar el "a quo" una inactividad procesal de su parte, inactividad que desmiente su concurrencia ante el Superior Tribunal con la finalidad de ratificar la denuncia. Por último, argumenta que la naturaleza misma del acto de renuncia impone una interpretación restrictiva de la misma. Por lo demás, añade, el desistimiento no se presume, como erradamente lo hace el fallo en crisis, sino que debe ser formulado expresamente so riesgo de conculcar el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la C.N.).
III. A fs. 69/70 es decretada la admisibilidad liminar del recurso por la Presidencia de este Cuerpo, radicándose posteriormente la causa en esta Sala I (fs. 74).
IV. A fs. 83 la señora Defensora Oficial Ad-junta ante esta sede, doctora Susana De Seta, solicita se notifique al querellado la interposición del recurso por la querella.
V. A fs. 84 el Presidente del Tribunal resuelve no hacer lugar a la petición de la defensa toda vez que tratándose el querellado de un magistrado debería imprimírsele el trámite previsto en los artículos 17, 19, 20 y ccs. de la ley N° 8085 y su modificatoria Nº 11.967, lo que no resulta en el caso posible siendo que el mismo se ha considerado agotado por la Suprema Corte de Justicia.
VI. Hallándose en consecuencia la causa en estado de fallar, los magistrados referidos en el inicio de esta relación, resolvieron plantear y decidir las siguientes:
1ra.) ¿Resulta admisible el recurso?
2da.) En el supuesto de contestarse afirmati-vamente la pregunta precedente ¿es fundado?
La sentencia es definitiva (Sala I, sent. del 18/12/01 en causa N° 2545, "Avellaneda") la reserva fue temporáneamente efectuada (art. 451 del C.P.P.) el recurso fue deducido en término (Sala I, sent. del 26/6/01 en causa N° 1262, "García") y el presentante tiene personería para impugnar (Sala II, sent. del 24/8/00 en causa N° 3746, "Recurso de Casación interpuesto por el querellante en causa 793"). De ahí que la declaración de admisibilidad sea correlato necesario de la petición efectuada.
Replanteando lo dicho en precedentes anteriores y reformulando el criterio al respecto, sostengo ahora que resoluciones como la atacada que se tratan de sobreseimientos que en virtud de la oportuna apelación fiscal fueran dictados resolviendo en instancia de contralor y garantías por el órgano de alzada del fuero, en orden a lo dispuesto por los arts. 325 y ccs. del C.P.P., si bien no integran el cartabón enumerativo y taxativo del art. 450 del mencionado texto legal, pueden válidamente asimilarse a las sentencias definitivas por sus efectos desde que forman parte del tipo de resolutorios que, una vez confirmados o dictados por el superior, al transitar la instancia revisora de garantías respectiva, cierran definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta y tendrán valor de cosa juzgada con respecto a la cuestión penal.
Sabido es que los sobreseimientos previstos en el Código ritual, pueden ser impugnables por la vía del recurso de apelación (arts. 325 y 439 del C.P.P.) y que esa actividad de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal constituye suficiente resguardo de la garantía de doble contralor establecida por el nuevo ceremonial al incorporar dicha instancia (arts. 23 y 21 del C.P.P.) como verdadera custodia de los postulados fundamentales del debido proceso y como última "ratio" de su efectividad en los hechos -arg. causa Nº 84/98 "Proto Osvaldo, del 5/2/99, entre otras- ello no impide que al tratarse de un modo anómalo de terminación del proceso, resulten casables por la vía oblicua del art. 450 segunda parte del ritual, viabilizando y justificando de esta manera la otrora criticada -por sobreabundante- multiplicación de las vías recursivas.
He sostenido al respecto, que el nuevo cuerpo ritual instituye una primera instancia de garantías (encarnada en el Juez de Garantías) como órgano para resolver lo referente al dictado del sobreseimiento en la I.P.P. y en la etapa del proceso previa a la de los "Juicios" del Libro III, Título I "Procedimiento común" y los actos preliminares de integración del Tribunal y citación a juicio (art. 338 del ceremonial).
Tengo dicho, en línea con lo dispuesto en el art. 8º, H de la Convención Americana de Derechos Humanos -con rango constitucional a partir de la reforma de 1994, en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional- que la nueva normativa procesal de la provincia establece que las resoluciones que se dictaren con anterioridad a esa etapa de los juicios -entre las que encontramos el sobreseimiento- cuenten con la posibilidad de ser recurridas por intermedio del recurso ordinario de apelación ante las Excmas. Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal respectivas, desde que -tiene dicho este Cuerpo en causa Nº 569 "Reilly Jorge" del 30/9/99- que las instancias originaria y de apelación abastecen sobradamente la salvaguarda de las garantías durante el proceso y que -de tal suerte- allí se agotaría la vía recursiva ordinaria.
Por ello, tanto en supuestos donde se denuncie y acredite absurdo o arbitrariedad, cuanto una vez transcurrida la instancia recursiva ordinaria, quedaría expedita la extraordinaria de Casación.
Por los motivos expresados doy mi voto por la afirmativa.
El delito motivo de querella era, como lo preanuncia su propia envoltura procesal, de acción privada (art. 73 del C.P.). O sea que la única parte legitimada para promover la acción, proseguirla e impulsarla hasta su terminación, era el particular ofendido (arts. 381 y ss. del ritual).
Los magistrados judiciales, cualquiera sea el fuero o jurisdicción, frente a denuncias y querellas, tienen la prerrogativa del antejuicio político (arts. 176 y 179 de la Ley Fundamental bonaerense) que en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires reglamenta la ley N° 8085 (texto según ley N° 11.967). Se trata de resguardar la libertad en el ejercicio de sus funciones y, al mismo tiempo, determinar si con motivo de delitos o faltas —éstas últimas cuando son cometidas en forma reiterada- se halla en condiciones de proseguir en el ejercicio de un cargo que tiene la inmensa responsabilidad de ser vitalicio.
Iniciado el tránsito por el insoslayable mecanismo trazado por la normativa apuntada, no obstante ser el ilícito de acción privada, el accionante optó por no asumir el rol de acusador ante el jurado de enjuiciamiento. No gravitando razones de interés público, la consecuencia fue la desestimación por falta de instancia, con lógicas consecuencias en el ámbito puramente procesal penal (art. 386, inc. 3ro. del ceremonial penal). No hay entonces elemento que perfile la infracción "conditio sine qua non" de la actividad casatoria.
No obstante tengo para mi, aunque esto sea inmodificable en esta sede, que el querellante fue inducido a error en la actuación que corre agregada a fs. 15, toda vez que se le debió advertir que la índole del ilícito sólo permitía el andamiento del antejuicio, dada la índole de la ilicitud y la ausencia de interés público, si el interesado asumía el papel de impulsor privado ante el Jury de Enjuiciamiento, particular éste que no se plasmó conceptualmente.
Desde otro ángulo de la cuestión, tengo muy presente que la lectura del informe elevado por el Juez querellado revela un empleo innecesario de calificativos reñidos con la concisión y circunspección que debe guiar la tarea judicial. De ahí que considere que asistió al ahora recurrente razón para litigar, por lo cual propongo su eximición de costas.
Voto, con la salvedad apuntada, por la negativa.
Adhiero. Agrego -con relación al tenor del informe por el que el querellado pretendiera la desestimación de la recusación- que de ese modo condiciona en sentido unívoco al Tribunal que debe juzgar respecto de su apartamiento o su sostenimiento en la atención del caso.
En efecto, un tan desmedido pronunciamiento no concilia con la pretendida defensa de la jurisdicción que -después de esas manifestaciones- aconsejan razonablemente apartar al que las formula.
Atento lo precedentemente expuesto, propongo al acuerdo: 1) por los fundamentos dados, declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por el doctor Juan Wenceslao Gonzalez, por su propio derecho, en causa N° 7.467 del registro de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín y 2) por los fundamentos dados, rechazar el mismo por motivos de mérito, con la salvedad de que se lo exime de costas por encuadrar su situación en la contemplada por el art. 531 del ritual (arts. 8, H C.A.D.H.; 75 inc. 22 de la C.N.; 176 y 179 de la Constitución Provincial; 73 del C.P.; 21, 23, 325, 338, 381, 386 inc. 3; 439, 448, 450, 451; 530 y 531 del C.P.P.; Ley Nº 8085 -T.O. ley Nº 11.967-).
I.- Por los fundamentos dados, declarar ad-misible el recurso de Casación interpuesto por el doctor Juan Wenceslao Gonzalez, por su propio derecho, en causa N° 7.467 del registro de la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín.
II.- Por los fundamentos dados, rechazar el mismo por motivos de mérito, sin costas.
Arts. 8, H C.A.D.H.; 75 inc. 22 de la C.N.; 176 y 179 de la Const. Provincial; 73 del C.P.; 21, 23, 325, 338, 381, 386 inc. 3; 439, 448, 450, 451; 530 y 531 del C.P.P.; Ley Nº 8085 -T.O. ley Nº 11.967.
Regístrese. Notifíquese. Remítase copia certi-ficada de lo aquí resuelto a la Excma. Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín. Oportunamente archívese.

References: artículo 386
 resolución 
 artículo 383
 resolución 
 artículo 62
 artículo 75