Source: http://www.lexnova.es/pub_ln/Juris_gaceta/Mas_Juris/STS_443_2010_desahucio.htm
Timestamp: 2019-11-12 18:14:16+00:00

Document:
STS44310: Desahucio por precario de la vivienda cedida al hijo por su matrimonio yocupada por la esposa tras su separación
Desahucio por precario de la vivienda cedida al hijo por su matrimonio y ocupada por la esposa tras su separación
La controversia que se suscita en este proceso tiene su origen en la cesión gratuita de una vivienda por su propietaria a su hijo para que éste constituyese su hogar familiar. El problema surge cuando debido a una crisis matrimonial, la pareja se separa, y, tras el correspondiente proceso, el juez atribuye el uso de la vivienda a la esposa; ante esta situación la propietaria interpone una demanda para la recuperación de su inmueble. Se trata, por tanto, de dilucidar qué facultades de recuperar la vivienda tiene ese "tercero", propietaria del bien y "afectada" por una resolución judicial dictada en un proceso de familia.
El Tribunal Supremo en esta resolución va a confirmar tendencia jurisprudencial que se ha venido manteniendo en esta materia desde su Sentencia de 26 de diciembre de 2005, y que declara que, en estos supuestos y ante la inexistencia de un contrato entre las partes, la situación de la esposa debe ser calificada como "precaria", esto significa que el propietario, titular del inmueble, podrá recuperar en cualquier momento su posesión, sin que la precarista pueda oponer frente a esa reclamación la atribución del uso de la vivienda obtenida en el ámbito de un procedimiento de familiar, título que es inoponible a terceros ajenos a las relaciones entre los cónyuges y al proceso matrimonial en el que son partes.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, el presente recurso de casación interpuesto por doña Ángela representada ante esta Sala por el Procurador don Javier Zabala Falcó, contra la sentencia dictada en grado de apelación —rollo n.º 180/2005— en fecha 24 de mayo de 2005 por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Burgos dimanante de autos de juicio verbal seguidos con el n.º 242/2004 ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aranda de Duero.
Primero.—1.º-El Procurador don Marcos María Arnáiz de Ugarte en nombre y representación de doña Florinda promovió demanda de juicio verbal sobre desahucio por precario, turnada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aranda de Duero, contra doña Ángela en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, suplicó al Juzgado: "(...) dictar sentencia por la que, estimando la demanda, se declare que la demandada ocupa en precario la vivienda descrita en el hecho primero de esta demanda declarando haber lugar al desahucio de la misma y condenado, por ende, a dicha demandada a desalojar y dejar a la libre disposición de mi representada la referida vivienda dentro del plazo legal, con apercibimiento de judicial lanzamiento, caso de no proceder al desalojo voluntario en el plazo que se señale, con expresa imposición de las costas del juicio a la demandada".
2.º-Admitida a trámite la demanda por auto de 11 de junio de 2004, se dió traslado a la demandada y se citó a las partes para la celebración de la vista, que tuvo lugar el 15 de julio de 2004, donde se ratificó en su demanda la parte actora y contestó, oponiéndose, la parte demandada.
3.º-El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aranda de Duero dictó sentencia, en fecha 21 de julio de 2004, cuya parte dispositiva dice literalmente: "Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador don Marcos María Arnáiz de Ugarte, en nombre y representación de doña Florinda contra doña Ángela, debo absolver y absuelvo a la referida demandada de todas las pretensiones contra ella ejercitadas, con expresa condena en costas a la parte demandante".
4.º-Apelada la sentencia de primera instancia, y, sustanciada la alzada, la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Burgos dictó sentencia, en fecha 24 de mayo de 2005, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Se estima el recurso de apelación formulado por doña Florinda contra la Sentencia de fecha 21 de julio de 2004, dictada por el señor Juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Aranda de Duero y con revocación de la misma, se estima la demanda formulada por la parte apelante, y se declara que la demandada doña Ángela ocupa en precario la vivienda sita en Aranda de Duero, FINCA000, Carretera N-1 Madrid-Irún, Km. NUM000 señalada con el n.º NUM001 del plano acompañado a la escritura de obra nueva de 12 de noviembre de 1997, condenando a la demandada a desalojar la citada vivienda, con apercibimiento de lanzamiento, de no proceder al desalojo voluntario en el plazo que se señale. No se hace imposición de las costas en ambas instancias".
Segundo.—1.º-Por la representación procesal de doña Ángela, con fecha 14 de julio de 2005, se ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia dictada en fecha 24 de mayo de 2005 por la Audiencia Provincial de Burgos, sección 2.ª, en el rollo n.º 180/05, dimanante de los autos de juicio verbal n.º 242/04 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Aranda de Duero.
2.º-Motivo del recurso de casación. Al amparo del ordinal 3.º del artículo 477.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de los artículos 7.1, 1749, 1750, 1280 y 1227 del Código Civil. Alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales, al considerar que las resoluciones judiciales que, en procedimientos de separación o divorcio, atribuyen el uso y disfrute del domicilio familiar a uno de los cónyuges constituyen título oponible erga omnes suficiente para apreciar la existencia de un comodato y no de una situación de precario. Termina suplicando: "(...) case y anule la Sentencia recurrida, dictando otra en su lugar en la que se desestime la demanda formulada de contrario, con expresa imposición de las costas de todo el procedimiento a la parte recurrida".
3.º-Por Providencia de 15 de julio de 2005 se acordó la remisión de los autos originales a esta Sala Primera del Tribunal Supremo, habiéndose notificado la misma a los Procuradores personados de las partes.
4.º-El Procurador D. Javier Zabala Falcó, en nombre y representación de doña Ángela, presentó escrito ante esta Sala personándose en concepto de recurrente. La Procuradora doña María del Carmen Moreno Ramos, en nombre y representación de doña Florinda, presentó escrito ante esta Sala por el que se personaba en concepto de parte recurrida.
5.º-La Sala dictó auto de fecha 15 de abril de 2008 cuya parte dispositiva dice literalmente: "1.-ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D.ª Ángela contra la Sentencia dictada, en fecha 24 de mayo de 2005, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 2.ª), en el rollo de apelación n.º 180/2005, dimanante de los autos de juicio de desahucio por precario n.º 242/2004 del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de los de Aranda del Duero. 2.-Y entréguese copia de los escritos de interposición del recurso de casación formalizado, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que formalice su oposición en el plazo de VEINTE DÍAS, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría".
Tercero.—Con fecha 6 de junio de 2008 la Procuradora doña María del Carmen Moreno Ramos, en nombre y representación de doña Florinda, presentó escrito de oposición al recurso de casación, suplicando a la Sala "(...) dictar el oportuno auto por el que se declare no admitir el recurso de casación, declarando la firmeza de la Sentencia recurrida; subsidiariamente, de admitirse, se dicte sentencia desestimándolo íntegramente y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de las costas del recurso en cualquiera de ambos supuestos, a la parte recurrente".
Cuarto.—La Sala señaló para votación y fallo del presente recurso, el día 16 de junio de 2010, en que tuvo lugar.
La actora, doña Florinda, afirma ser propietaria de una vivienda sita en la finca FINCA000 de la Villa de Aranda de Duero, que se localiza en la llamada zona privada de la referida finca. La demandante cedió el uso y disfrute a título gratuito de dicha vivienda a su hijo, don Maximo, para que fijara en ella su domicilio, junto con la que era su esposa, doña Ángela, ahora demandada. El matrimonio, junto con las hijas de ambos, vino ocupando la vivienda hasta que sobrevino la crisis matrimonial, adjudicándose en sentencia de separación el uso de la vivienda a la hasta entonces esposa.
Recurre en apelación la parte demandante. La Audiencia Provincial califica el uso de la vivienda por la demandada como precario y niega que la atribución de este uso acordada en sentencia de separación pueda oponerse a la actora como título que ampare la posesión por la demandada, dado que tal resolución no resulta oponible erga omnes. Precisa que, en el momento de ceder el uso de la vivienda, la actora actuó en calidad de propietaria, sin que en nada afecte a la decisión de estimar la demanda el hecho de que en la actualidad resulte ser propietaria de la mitad indivisa de la vivienda y de la finca en la que está situada, y usufructuaria universal del resto, siendo el hijo de la actora, ex esposo de la demandada, nudo propietario de la otra mitad de la vivienda, como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales de sus padres y posterior división de la herencia de su fallecido padre.
Recurre en casación la parte demandada, al amparo del ordinal 3.º del art. 477.2 de la LEC en sus vertientes de oposición de la sentencia recurrida a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por resolver puntos o cuestiones sobre las que existe jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Articula dicho recurso en dos motivos que pueden ser resueltos conjuntamente, a la vista de las alegaciones contenidas en ellos. Así, tras citar como infringidos los artículos 7.1, 1749, 1750, 1280 y 1227 del Código Civil, alega en el primer motivo que la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de 18 de octubre de 1994 y 2 de diciembre de 1992, que establece que las resoluciones judiciales que atribuyen el uso y disfrute del domicilio familiar constituyen título oponible erga omnes suficiente para apreciar la existencia de un comodato y no de una situación de precario. En el segundo motivo plantea la misma cuestión jurídica y sustenta, en este caso, el interés casacional en la existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales.
Segundo.—El recurso plantea a la Sala, una vez más, el conflicto que se genera cuando el propietario de un inmueble ha cedido su uso a un familiar, generalmente un hijo o hija, para que en él se fije el domicilio familiar, posteriormente deviene la ruptura matrimonial o de la convivencia y una resolución judicial atribuye a uno de los cónyuges o convivientes el uso de la vivienda. Se trata, pues, de dilucidar qué facultades de recuperación del inmueble le quedan a ese tercero, propietario de la vivienda y afectado por una resolución judicial dictada en un proceso de familia.
Así, la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2005 (y a partir de ella otras muchas, como las de 30 de junio y 22 de octubre de 2009, entre las más recientes), puso de manifiesto, para resolver conflictos como el ahora planteado, la necesidad de analizar cada caso concreto para definir si ha existido o no un contrato entre las partes, y particularmente un contrato de comodato, caracterizado por la cesión gratuita de la cosa por un tiempo determinado o para un uso concreto. En tal caso, se deberán aplicar las normas reguladoras de este negocio jurídico. Sin embargo, en el supuesto de que no resulte acreditada la existencia de esta relación jurídica, se debe concluir que estamos ante la figura del precario, lo que conlleva que el propietario o titular del inmueble podrá, en cualquier momento, reclamar su posesión. En este último caso, y frente a la posible reclamación de su propietario, no podrá oponerse la atribución del uso de la vivienda que haya sido establecido en el ámbito de un procedimiento de familia. Tal y como indica la sentencia del pleno de la Sala de 18 de enero de 2010 (recurso 1994/2005), "Cuando se trate de terceros propietarios que han cedido el inmueble por razón del matrimonio, salvo que exista un contrato que legitime el uso de la vivienda, la relación entre los cónyuges y el propietario es la de un precario. Debe enfocarse el tema desde el punto de vista del derecho de propiedad y no del derecho de familia, porque las consecuencias del divorcio/separación no tienen que ver con los terceros propietarios".
Sigue diciendo la sentencia, como ya se avanzó, que "esta solución ha sido mantenida por la jurisprudencia desde la sentencia de 26 diciembre 2005". Esta jurisprudencia ya reiterada ha vuelto a ratificarse en otra sentencia del Pleno de esta Sala, esta vez de fecha 14 de enero de 2010 (recurso 5806/2000).
Tercero.—En definitiva, la atribución del uso de la vivienda por sentencia dictada en el ámbito de un procedimiento de familia no puede constituir un título jurídico hábil para justificar la posesión que resulte oponible a terceros ajenos a las relaciones surgidas por el matrimonio y por el procedimiento matrimonial, ni permite reconocer al beneficiario una posición jurídica y una protección posesoria de vigor jurídico superior al que la situación de precario proporciona a la familia, pues ello entrañaría subvenir necesidades familiares, desde luego muy dignas de protección, con cargo a extraños al vínculo matrimonial y titulares de un derecho que posibilita la cesión del uso de la vivienda.
Cuarto.—La desestimación del recurso de casación conlleva la confirmación de la sentencia recurrida y la condena a la parte recurrente del pago de las costas causadas en el recurso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.2 en relación con el 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
1.º-No haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de doña Ángela contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos, el 24 de mayo de 2005, en el rollo de apelación n.º 180/05.
2.º-Imponer el pago de costas causadas en este recurso a dicha parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Juan Antonio Xiol Ríos; Román García Varela; Francisco Marín Castán; José Antonio Seijas Quintana; Encarnación Roca Trías; Rafael Gimeno-Bayón Cobos. Firmado y rubricado.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Román García Varela, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 477
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 398