Source: http://hrlibrary.umn.edu/cat/spanish/Snetherlands91-1997.html
Timestamp: 2018-10-20 01:15:29+00:00

Document:
A. (se ha omitido el nombre) v. The Netherlands, Comunicación No. 91/1997, U.N. Doc. CAT/C/21/D/91/1997 (1998).
- 21º período de sesiones -
Comunicación Nº 91/1997
Presentada por: A. (nombre no revelado)
Fecha de la comunicación: 23 de octubre de 1997
Reunido el 13 de noviembre de 1998,
Habiendo concluido el examen de la comunicación Nº 91/1997, presentada al Comité contra la Tortura con arreglo al artículo 22 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
Habiendo tenido en cuenta toda la información que le han presentado la autora de la comunicación, su abogado y el Estado Parte,
1. El autor de la comunicación es A. (nombre ficticio), ciudadano tunecino nacido en 1972 que reside actualmente en los Países Bajos, donde ha solicitado asilo. Alega que su devolución forzada constituiría una violación por los Países Bajos del artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Está representado por un abogado.
2.1. El autor expone que ha tenido problemas con las autoridades tunecinas desde que era estudiante, ya que solía criticar al Gobierno en la escuela. A causa de ello y de una discusión que tuvo con el director del centro acerca de un asunto privado fue expulsado de la escuela en 1988. En julio de 1989, se fue a Francia con un visado temporal y trabajó ilegalmente en ese país. Tenía la intención de estudiar en Francia, pero a los ocho meses lo capturaron y lo devolvieron a Túnez. Tres meses más tarde, volvió de nuevo a Francia, pero fue capturado a los 13 días de su llegada y devuelto a Túnez.
2.2. Tras su regreso a Túnez, el autor comenzó a recibir lecciones privadas de un profesor que resultó ser un miembro destacado del movimiento ilegal Al-Nahda, aunque éste nunca se lo dijo. En varias ocasiones, fue apresado por la policía y retenido durante varios días en los que se le interrogó sobre su profesor y se le golpeó. En un momento dado, se dictó una orden de arresto contra su profesor, quien pidió al autor ayuda para salir del país. El autor conocía bien la zona fronteriza, ya que su familia es oriunda de esa parte del país. Por eso pudo ayudar al profesor a cruzar la frontera. En mayo de 1992 el autor fue detenido. Durante dos semanas lo golpearon todos los días y lo mantuvieron encerrado en una especie de gallinero en la comisaría. El trato que se le dio lo dejó con cicatrices en la espalda y tres dedos de los pies rotos. Al cabo de esas dos semanas, se le envío al servicio militar, que todavía no había hecho, pese a que le habían llamado a filas en 1991. En castigo, fue enviado a Ghafsa, un centro militar en el desierto, donde recibió de nuevo malos tratos, como ser encerrado durante varios días en una celda subterránea. En agosto de 1992 pudo escapar y salió del país inmediatamente por un pequeño puesto fronterizo.
2.3. El autor permaneció en Argelia durante día y medio y, después, pasó mes y medio en Marruecos, donde destruyó su pasaporte. A continuación se trasladó a Ceuta donde estuvo mes y medio, y después al territorio peninsular español, donde permaneció hasta diciembre de 1993. Seguidamente fue a París, donde se quedó hasta marzo de 1994. Todas esas estancias fueron ilegales. Llegó a los Países Bajos el 21 de marzo de 1994, donde solicitó asilo y afirmó que era iraquí. El 20 de septiembre de 1994, durante una entrevista con funcionarios de inmigración, dijo que se llamaba A. y que tenía nacionalidad argelina. El 14 de diciembre de 1995, el Secretario de Justicia rechazó la solicitud de la condición de refugiado y el 19 de junio de 1996 su apelación fue desestimada por el Presidente del Tribunal Regional de Amsterdam. El 15 de julio de 1996, su petición de que se revisase la decisión del 14 de diciembre de 1995 fue denegada. El 17 de enero de 1997, su apelación contra la denegación fue desestimada por el Presidente del Tribunal Regional de Amsterdam.
2.4. El 10 de febrero de 1997, el autor fue detenido por la policía en Haarlem durante una inspección en la empresa donde trabajaba. Esta vez informó a la policía de que tenía nacionalidad tunecina, pero se negó a dar su nombre real a menos de que le garantizasen que no lo devolverían a Túnez. Durante su detención, presentó otra solicitud de asilo que fue rechazada por el Secretario de Justicia el 28 de febrero de 1997. El 5 de marzo de 1997, el autor apeló contra esa decisión ante el Presidente del Tribunal regional de Hertogenbosch. La apelación fue desestimada el 22 de octubre de 1997 y la expulsión prevista para el 25 de octubre de 1997.
3.1. El abogado afirma que la vista de las alegaciones del autor ante el tribunal el 22 de octubre de 1997 tuvo lugar sin que él y el autor estuviesen presentes y que el tribunal denegó un aplazamiento en espera de pruebas forenses pertinentes que no estarían disponibles hasta el 23 de octubre. El motivo de esa precipitación era que la Embajada de Túnez había expedido un laissez-passer al autor que sólo sería válido durante unos días.
3.2. El abogado aporta el informe de una entrevista de seguimiento que tuvo lugar el 24 de febrero de 1997 entre el autor y el Departamento de Inmigración y Naturalización, en la que el autor reconoció que su nombre real no era A. y explicó que sólo revelaría su verdadero nombre y probaría su identidad si se le garantizaba que no lo devolverían a Túnez. Asimismo, señaló que su padre había tenido problemas cuando intentó obtener una partida de nacimiento en el registro civil después de que se hubiese marchado. Fue interrogado por funcionarios municipales y posteriormente por la policía, que le preguntó el paradero del autor.
3.3. El abogado indica que, según los informes de Amnistía Internacional, existe un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos en Túnez. Asimismo, aporta una copia de una carta enviada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el 4 de marzo de 1997 a un colega en relación con la solicitud de asilo de otro tunecino, en la que se afirma lo siguiente: "Podemos confirmar que el simple hecho de que las autoridades tunecinas consideren que una persona es miembro o simpatizante del movimiento Al-Nahda, o incluso que simplemente tiene contactos con ese movimiento, puede dar lugar a su persecución. Además, sabemos, de hecho, que algunas personas han sido interrogadas e incluso hostigadas por la policía tunecina por el simple motivo de haber recibido cartas de otros tunecinos que se encuentran en el extranjero y a los que las autoridades tunecinas consideran miembros de Al-Nahda. Por consiguiente, las alegaciones de persecución de los solicitantes de asilo de la primera categoría mencionada pueden darles derecho a la condición de refugiados".
3.4. El autor alega que si lo devuelven a Túnez será detenido por haber desertado y que las autoridades tunecinas utilizarán esa deserción como una prueba de su vinculación con el movimiento Al-Nahda. A la vista de su experiencia durante su detención anterior, cree que será sometido de nuevo a tortura.
4.1. El 24 de octubre de 1997, el Comité, por mediación de su Relator Especial para las nuevas comunicaciones, transmitió la comunicación al Estado Parte para que formulase observaciones y le pidió que no expulsase o devolviese al autor a Túnez mientras su comunicación estuviese siendo examinada por el Comité.
4.2. En un documento presentado con fecha 23 de diciembre de 1997, el Estado Parte indica que el autor solicitó asilo el 24 de marzo de 1994, después de que se hubiese descubierto que estaba residiendo ilegalmente en los Países Bajos con el nombre de M. A. O., de origen iraquí. Más tarde, declaró a las autoridades que en realidad era argelino y se llamaba A. Su solicitud fue denegada por decisión del 14 de diciembre de 1995. Posteriormente, interpuso un recurso contra esa decisión y pidió al Presidente del Tribunal de Distrito que dictase una orden de suspensión provisional para evitar su expulsión. En el recurso afirmó que tenía nacionalidad tunecina y que temía a las autoridades de Túnez. La solicitud de suspensión provisional fue denegada el 19 de julio de 1996 y en una decisión del 15 de julio de 1996 se declaró que el recurso del autor estaba infundado. La apelación contra esa decisión fue declarada infundada por un fallo dictado el 17 de enero de 1997.
4.3. El 10 de febrero de 1997, el autor fue detenido en el curso de una inspección en busca de trabajadores ilegales en una empresa y lo mantuvieron retenido en espera de su expulsión. El 12 de febrero de 1997, presentó una segunda solicitud de asilo, que fue denegada por decisión del 28 de febrero de 1997. Esa decisión fue notificada al autor el 4 de marzo de 1997 y, al mismo tiempo, se le informó de que tendría que abandonar los Países Bajos inmediatamente.
4.4. El 5 de marzo de 1997, el autor interpuso un recurso contra la decisión negativa y presentó una apelación ante el Tribunal de Distrito. También solicitó al Presidente del Tribunal de Distrito que dictase una orden de suspensión provisional para impedir su expulsión. Esa solicitud fue rechazada de nuevo y el recurso y la apelación se declararon una vez más infundados. Tras su comunicación al Comité y la petición de éste en virtud del párrafo 9 del artículo 108 de su reglamento, el autor fue puesto en libertad el 11 de noviembre de 1997 y se suspendió su expulsión.
4.5. El Estado Parte considera que el autor ha agotado todos los recursos internos y, no apreciando ningún otro motivo de inadmisibilidad, nada tiene que objetar a la admisibilidad de la comunicación.
4.6. En cuanto al fondo de la cuestión, el Estado Parte sostiene que en el procedimiento relativo a la primera solicitud de asilo, el autor afirmó que había mentido anteriormente sobre su nacionalidad y que era argelino. Explicó que en 1989 se había enamorado de la hija del director de la escuela. Éste no aceptó la relación y, durante una discusión, el autor destruyó algunos bienes. A raíz de ello, fue detenido e internado en un centro de detención de menores durante tres meses. Cuando fue puesto en libertad se marchó a Francia, pero las autoridades francesas lo devolvieron en 1990.
4.7. El autor afirmó que había sido llamado a filas en 1992, pero que no se presentó porque padecía una enfermedad pulmonar. Al no presentarse, fue detenido en 1993. Su solicitud de que le excusasen del servicio militar por razones médicas fue desechada. Tres meses después desertó y residió en casa de un amigo hasta que se marchó a Italia el 23 de noviembre de 1993. Permaneció en Italia dos meses y medio y después se trasladó por tren a los Países Bajos.
4.8. En las razones adicionales que acompañaban el recurso del 4 de abril de 1996, el autor afirmó que, de hecho, era originario de Túnez, donde tuvo problemas con las autoridades debido a su relación con un profesor que era fundamentalista y simpatizante del movimiento Al-Nahda. Alegó que fue detenido, interrogado y golpeado en varias ocasiones y que se le acusó de repartir panfletos fundamentalistas.
4.9. En el otoño de 1992, tras haber ayudado al profesor a huir a Argelia, fue detenido e interrogado durante nueve días acerca del paradero de esa persona. También afirmó que había recibido malos tratos: le habían golpeado los pies con una vara, le habían roto tres dedos y lo habían encerrado en un gallinero. Cuando se presentó ante las autoridades un mes después de su liberación, se le comunicó que iba a ser inculpado y procesado.
4.10. Asimismo, señaló que su padre le había dicho que algunos amigos en circunstancias análogas habían sido condenados a tres años de cárcel y que a él mismo le habían condenado a 15 meses por deserción. El autor sabe que será castigado por su deserción cuando regrese al país.
4.11. El Estado Parte aduce que la situación general en Túnez no es tal que puedan considerarse automáticamente como refugiados los solicitantes de asilo de ese país y que el autor debería demostrar de manera plausible que se dan ciertos hechos y circunstancias que justifican objetivamente su temor de ser perseguido, según se dispone en la legislación relativa a los refugiados.
4.12. El relato del autor es, ante todo, inverosímil. Ha realizado declaraciones contradictorias sobre diversos puntos, como su nacionalidad, los motivos de su viaje a los Países Bajos, el camino seguido para llegar al país y sus detenciones en Túnez. Además, durante los preparativos para su expulsión a Túnez se estableció, sobre la base de huellas dactilares, que las autoridades tunecinas lo conocen con el nombre de M. Las incoherencias en las declaraciones del autor son importantes y hacen dudar de la veracidad general de sus alegaciones.
4.13. El autor no ha tenido actividades políticas en ningún momento, ni ha sido objeto de atención pública de un modo u otro. Durante el procedimiento, afirmó que no tenía ningún tipo de contacto con el partido Al-Nahda. Sus únicos problemas se derivan de sus contactos con un profesor que fue miembro de ese partido y al que ayudó a huir del país. Aunque fuera cierto que el autor ayudó a esa persona, no ha demostrado de manera convincente que tenga problemas con las autoridades tunecinas como consecuencia de ello y que haya estado detenido durante nueve días. El autor tampoco ha demostrado de manera convincente que vaya a ser inculpado y procesado. Aun cuando fuera cierto, el hecho de que simplemente se le dijese al autor que se presentase ante la justicia un mes después de ser puesto en libertad no hace pensar, desde luego, que las autoridades tunecinas le consideren un oponente importante.
4.14. El autor alegó también que se le había declarado culpable de deserción. El Estado Parte no considera que eso sea plausible, ya que se basa únicamente en una declaración realizada por el padre del autor y no se apoya en ninguna prueba documental. El Estado Parte no cree, en ningún caso, que haya desertado a causa de sus convicciones políticas o religiosas. No es plausible que el autor tenga problemas cuando regrese a su país debido a esa deserción, ya que no puede ser considerado como un disidente. No se ha demostrado convincentemente que un castigo impuesto por haberse negado a realizar el servicio militar sea desproporcionadamente grave o que el autor vaya a ser objeto de una persecución discriminatoria, en lugar de una pena ordinaria.
4.15. El Estado Parte sostiene que cuando un solicitante de asilo afirma que ha sido maltratado o torturado, el Servicio de Inmigración y Naturalización pide a la Sección de Evaluación Médica del Ministerio de Justicia que dé su opinión. Los médicos que trabajan en esa sección pueden hacer ellos mismos un reconocimiento al interesado o pedir la opinión de un médico que ya le haya tratado. Sin embargo, dada la limitada capacidad de esa sección, sólo se les pide que examinen los casos de asilo cuando haya motivos fundados para someter al interesado a un reconocimiento con miras a evaluar su solicitud de asilo. Por lo demás, el interesado o su representante legal pueden siempre consultar a un médico por su cuenta. Éste podrá expedir un certificado médico en el que se señale que determinadas cicatrices podrían haber sido causadas por los supuestos malos tratos para que se utilice en el procedimiento y en la evaluación de la solicitud de asilo.
4.16. En este caso, sólo en una carta del 17 de octubre de 1997, es decir, tres años y medio después de llegar a los Países Bajos, el autor indicó que tuviese problemas psicológicos. Durante el procedimiento relativo a su primera solicitud de asilo, nunca mencionó haber vivido experiencias traumáticas.
4.17. Por lo que respecta a las alegaciones de problemas de salud del autor, el Estado Parte señala que éste no ha presentado ningún documento médico. Sus alegaciones de cicatrices carecían de suficiente fundamento para realizar un reconocimiento médico. Aun suponiendo que el autor tenga realmente problemas psicológicos, la Oficina de Asesoramiento a los Extranjeros sostiene, en su informe sobre este caso, de fecha 23 de octubre de 1997, que, habida cuenta de la información disponible sobre las posibilidades de recibir tratamiento psiquiátrico en Túnez, no hay necesidad de que el autor permanezca en los Países Bajos para recibir tal tratamiento.
4.18. Además, el Estado Parte sostiene que, atendiendo a fuentes como Amnistía Internacional y el ACNUR, los simpatizantes del partido Al-Nahda corren el riesgo de ser sometidos a tortura o a un trato inhumano en las prisiones tunecinas. Por ese motivo, tiene un cuidado particular en las decisiones sobre solicitudes de asilo presentadas por miembros de ese grupo. Ahora bien, se ha establecido que el autor no está vinculado con el partido Al-Nahda. Por otra parte, no ha sido convincente su afirmación de que, debido a sus relaciones con simpatizantes de ese movimiento, corre el riesgo de ser torturado en la cárcel. En cualquier caso, el autor no ha podido demostrar de manera plausible que, con motivo de su origen étnico, su supuesta afiliación política y el relato de su detención, estaría en peligro de ser sometido a tortura cuando regrese a su país. Por consiguiente, el Estado Parte opina que la comunicación no está fundada.
5.1. En sus comentarios sobre las observaciones del Estado Parte, el abogado señala que el Estado Parte no incluyó en su exposición al Comité la información proporcionada por el autor en su entrevista de seguimiento con las autoridades de inmigración, donde reconoció haber mentido sobre su identidad y nacionalidad y explicó los motivos que le indujeron a hacerlo. Las incoherencias mencionadas por el Estado Parte se explicaron en aquella entrevista, de la que se ha facilitado un informe al Comité. El abogado hace también referencia a las decisiones judiciales anteriores en las que el Comité señaló que parte de las alegaciones del autor y los medios de prueba se habían presentado sólo después de que la Junta para Refugiados denegase la solicitud de la condición de refugiado y de que se entablase el procedimiento de expulsión, y llegó a la conclusión de que ese comportamiento no era infrecuente entre las víctimas de tortura.
5.2. Por lo que respecta a las distintas declaraciones sobre su nacionalidad, el autor explicó que durante las primeras entrevistas estaba demasiado asustado para decir inmediatamente cuáles eran verdaderamente su país de origen y su nombre, habida cuenta de que Túnez es un destino turístico popular y que, por ese motivo, no se concede asilo a tunecinos en Europa. En cualquier caso, la Embajada de Túnez ha confirmado que el autor es realmente un ciudadano tunecino.
5.3. El abogado sostiene también que el tribunal se ocupó del caso del autor con mucha prisa para no dejar que caducase, por unos días, el laissez-passer expedido por la Embajada de Túnez. Por ello, el autor y su abogado no pudieron proporcionar al tribunal información útil que corroborase las alegaciones del autor.
5.4. El abogado destaca que el autor fue torturado y encerrado durante 15 días (y no 9 como señala el Estado Parte en su exposición) en un gallinero (una jaula de madera diseñada especialmente para encerrar a personas) en una comisaría de Kaf. El Estado Parte apenas menciona el hecho de que le rompieron varios dedos de los pies y tiene cicatrices en la espalda como consecuencia de la tortura. El autor hubiera podido proporcionar muchos detalles sobre los lugares en los que fue recluido y esos detalles hubieran podido ser comprobados por las autoridades holandesas, por ejemplo el hecho de que los soldados enviados a Ghafsa son principalmente, los que se consideran contrarios al Gobierno, por lo que reciben un trato totalmente distinto al de los soldados que se encuentran en otros cuarteles. Sin embargo, el informe sobre la reunión de seguimiento demuestra que las autoridades no le pidieron esos detalles y que los facilitados por el autor fueron ignorados, al igual que el informe de Amnistía Internacional y la carta del ACNUR a la que se ha hecho alusión más arriba. El abogado alega asimismo que en el período 1990-1992 la hermana del autor fue detenida, declarada culpable y encarcelada durante seis meses por simpatizar abiertamente con Al-Nahda.
5.5. Con respecto a las cuestiones médicas, el abogado rebate la afirmación del Estado Parte de que el autor no presentó ni un solo documento médico. Las autoridades recibieron una carta (de la cual se ha facilitado una copia al Comité), fechada el 20 de octubre de 1997, de un asistente social que mantiene un estrecho contacto con el autor desde 1995, en la que informa de sus graves dificultades psicológicas y físicas resultantes de la tortura y del temor a ser devuelto a Túnez. En la carta se indica que el autor padece trastornos del sueño. Los períodos de insomnio se alternan con períodos de sueño agitado en los que tiene pesadillas recurrentes en las que es detenido y revive su experiencia de ser maltratado. También ha pasado por períodos de depresión y vivido en el temor constante de tener que regresar a Túnez y ser detenido y torturado de nuevo. Su estado físico durante el día se caracteriza por una tensión continua que le produce dolor de cabeza, dolor de estómago y molestias en la espalda. También presenta dificultades respiratorias a causa de una enfermedad pulmonar. Según el asistente social, el autor le dijo que había sido torturado a raíz de sus contactos con un miembro del partido Al-Nahda que llevaba a cabo actividades políticas. Estos contactos y su deserción del ejército constituían delitos para las autoridades tunecinas. El autor describió también al asistente social los distintos tratos a que había sido sometido y le mostró las cicatrices en la espalda. En su opinión, el hecho de que el autor diese primero otras dos identidades se debió a la falta de confianza en las autoridades y a su temor a que no se le tomase en serio. El asistente social declaró, asimismo, que a la vista de los problemas de salud envió al autor a un médico de Riagg del que no recibió mucha ayuda. En opinión del abogado, en esa carta se muestra que el Estado Parte está equivocado al sugerir que la alegación de problemas psicológicos graves se ha utilizado principalmente para alargar el procedimiento de asilo.
5.6. Sorprende también al abogado que la investigación médica realizada por la Oficina de Asesoramiento a los Extranjeros, con fecha 23 de octubre de 1997, se limitase meramente a señalar que hay establecimientos de asistencia psiquiátrica en Túnez y que ni siquiera se tuvieran en cuenta las alegaciones del autor sobre la tortura, las cicatrices que tiene y los traumas. Todo ello, junto con la carta del asistente social, debería haber propiciado un examen más detenido.
5.7. Asimismo, el abogado aporta una copia de un informe médico, de fecha 23 de octubre de 1997, efectuado por un psiquiatra que examinó al autor en el centro de detención para extranjeros "De Geniepoort" en el que se indica que el autor presenta una actitud de recelo que posiblemente se derive de un trastorno psiquiátrico. También se indica que, debido a esa actitud y a la falta de información sobre sus antecedentes, no puede hacerse un diagnóstico con seguridad, pero no puede excluirse un trastorno esquizofrénico. Se necesitan más exámenes.
6.1. Antes de examinar las denuncias que figuran en una comunicación, el Comité contra la Tortura debe decidir si la comunicación es admisible en virtud del artículo 22 de la Convención. El Comité se ha cerciorado, como tiene la obligación de hacerlo en virtud del apartado a) del párrafo 5 del artículo 22 de la Convención, de que la misma cuestión no ha sido ni está siendo examinada según otro procedimiento de investigación o de solución internacional. El Comité observa asimismo que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna y concluye que no hay otros obstáculos para declarar admisible la comunicación. Como tanto el Estado Parte como el abogado del autor han formulado observaciones sobre el fondo de la comunicación, el Comité pasa a examinarla en cuanto al fondo.
6.2. La cuestión que tiene ante sí el Comité es si la devolución forzada del autor a Túnez violaría la obligación que los Países Bajos han contraído en virtud del artículo 3 de la Convención de no expulsar ni devolver a una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.
6.3. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 3, el Comité debe decidir si hay razones fundadas para creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura a su regreso a Túnez. Para adoptar esa decisión el Comité debe tener en cuenta todas las consideraciones pertinentes, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3, incluso la existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. Sin embargo, la finalidad de la decisión es establecer si el interesado está personalmente en peligro de ser sometido a tortura en el país al que regresa. La existencia de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos en un país no constituye en sí un motivo suficiente para decidir que una persona determinada está en peligro de ser sometida a tortura al regresar a ese país; deben existir motivos concretos que indiquen que el interesado está personalmente en peligro. Análogamente, la falta de un cuadro persistente de violaciones manifiestas de los derechos humanos no significa que se pueda considerar que una persona no esté en peligro de ser sometida a tortura en su caso concreto.
6.4. Desde hace muchos años, los informes procedentes de fuentes fidedignas han documentado casos que apuntan a que en Túnez existe un cuadro de detención, encarcelamiento, tortura y malos tratos a personas acusadas de actividades de oposición política, incluidas las relaciones con el movimiento Al-Nahda.
6.5. El Comité toma nota de que en el procedimiento correspondiente a la primera solicitud de asilo el autor mintió sobre su identidad y su nacionalidad y manifestó una serie de incoherencias en cuanto a los motivos que le empujaron a salir de Túnez. Ahora bien, en opinión del Comité, esas incoherencias fueron aclaradas con las explicaciones dadas por el autor en su entrevista con las autoridades de inmigración el 24 de febrero de 1997, explicaciones que no se han indicado en la exposición del Estado Parte.
6.6. Por lo que respecta a las pruebas médicas proporcionadas por el autor, en opinión del Comité el Estado Parte no ha explicado por qué sus alegaciones se consideran insuficientes para justificar la realización de un reconocimiento médico.
6.7. El autor ha afirmado en repetidas ocasiones que no es simpatizante del movimiento Al-Nahda. Esto conduce al Estado Parte a la conclusión de que las autoridades tunecinas no estarían interesadas en él. Sin embargo, el Comité señala que el Estado Parte no discute que el autor fuese torturado mientras estuvo detenido por la policía por ayudar a un miembro de Al-Nahda a huir a Argelia y que se produjo debido a su asociación con Al-Nahda. También toma nota de que el autor huyó del cuartel mientras realizaba el servicio militar. Si el autor fue torturado en el pasado, pese a no haber sido simpatizante de Al-Nahda, puede ser torturado de nuevo habida cuenta de sus antecedentes de detención, su ayuda a un miembro de Al-Nahda a huir a Argelia y su deserción del cuartel militar en Ghafsa.
6.8. Dadas las circunstancias, el Comité considera que existen razones fundadas para que creer que el autor estaría en peligro de ser sometido a tortura si fuera devuelto a Túnez.
7. A la luz de lo antedicho, el Comité opina que, en las circunstancias actuales, el Estado Parte debe, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, abstenerse de devolver por la fuerza al autor a Túnez o a cualquier otro país en que esté en peligro real de ser expulsado o devuelto a Túnez.

References: artículo 22
 artículo 3
 artículo 108
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3