Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2014/as201421636.html
Timestamp: 2019-03-26 09:09:11+00:00

Document:
as201421636
Auto Supremo:636/2014
Sucre:06 de noviembre 2014
Expediente:PT – 29– 14 – S.
Partes:Silvestre Iñiguez Meneses.c/ Noemí Coria Rentería y OlgaArlethAillón
Proceso:Nulidad de documentos y otros.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 407 a 413, interpuesto por Silvestre Iñiguez Meneses, contra el Auto de Vista Nº 95/2014 de 28 de mayo de 2014 cursante de fs. 400 a 402, pronunciado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en el proceso de Nulidad de documentos y otros, seguido por Silvestre Iñiguez Meneses en contra de Noemí Coria Rentería y Olga ArlethAillón Coria, la respuesta al recurso de fs. 416 a 420 y vta.,la concesión de fs. 421, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Primero en lo Civil de la ciudad de Potosí, dicta Sentencia N° 41/2013 de 17 de octubre de 2013,cursante de fs. 332 a 341 y vta., declarando entre otros:1.- Improbada la demanda de fs. 38 a 46 vta., 105 y 108 del dossier, de Nulidad de documentos y posterior cancelación de registros e inscripciones, interpuesto por Silvestre Iñiguez Meneses en contra de Noemí Coria Rentería y Olga ArlethAillón Coria.2.- En consecuencia se dispone no ha lugar a la nulidad de: a) La Escritura Pública Nº 800/2005; b) La Escritura Pública Nº 026/2008, yc) El documento privado de reconocimiento de compra de piano antiguo marca Ronish.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la parte demandante Silvestre Iñiguez Meneses por escrito de fs. 344 a 352, dictándose en consecuencia de ello el Auto de Vista Nº 230/2013 de 19 de diciembre de 2013, de fs. 367 a 370 y vta., por el que se anula obrados hasta fs. 109 inclusive; recurso de casación en el fondo y en la forma interpuesto por Jorge Lora Benavides por la parte demandada Noemí Coria Rentería y Olga ArlethAillón Coria por escrito de fs. 374 a 380, Auto Supremo Nº 126/2014 de 07 de abril de 2014, de fs. 391 a 394, por el que se anula el Auto de Vista Nº 230/2013 y se dispone que dicha Sala dicte nuevo fallo en atención a lo dispuesto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil; Auto de Vista Nº 95/2014 de 28 de mayo de 2014, cursante de fs. 400 a 402, que Confirma la Sentencia apelada. Resolución de Alzada que es recurrida de casación en el fondo y en la forma por la por la parte actora Silvestre Iñiguez Meneses, que merece el presente análisis.
1ºAcusa que el Auto de Vista Nº 95/2014, infringe las formas esenciales del proceso, toda vez que la resolución impugnada, ha sido dictada sin ajustarse a los puntos concretos de la Alzada; es decir falta de pertinencia de la resolución, porque el Auto de Vistaal igual que la Sentencia distorsionan la pretensión de nulidad demandada, y realizan apreciaciones subjetivas, más no se pronuncian sobre aquéllos aspectos solicitados en el recurso de apelación interpuesto,incumpliendo de ésta manera con el mandato señalado en el art. 17 parágrafo II de la Ley 025.
2ºQue el Auto de Vista impugnado, no ha realizado un análisis serio y responsable de los datos y antecedentes del proceso, toda vez que apoya la decisión del inferior al sostener con vehemencia que no se ha acreditado, ni se ha demostrado haberse inobservado las formalidades para la invalidez de los documentos, empero aclara que no sea demandado invalidez por vicio del consentimiento; sino nulidad, porque el primero de los documentos contiene vicio de nulidad, conforme al art. 549 núm. 3) del Código Civil; el segundo y tercer documento, también contienen vicio de nulidad, previsto en el art. 549 núm. 3) y 5) del Sustantivo Civil, éste último inciso relacionado con el art. 102 del Código de Familia.
3º Que el Tribunal de apelación, respalda el oficioso e infundado argumento esgrimido por el Juez de primera instancia, y con éste infundado argumento distorsiona los puntos de hecho fijados en el auto de relación procesal, por lo que la sentencia peca de impertinente e incongruente.Denuncia también que el canon legal al que hace hincapié el A quo (art. 453 del CC.), no hace referencia a lo que señala el inferior; sino, se refiere al “consentimiento expreso y tácito”. Asimismo, el juzgador público, confunde los institutos de la nulidad y la anulabilidad, así como de la inexistencia; ésta última ni siquiera está regulada en nuestro ordenamiento legal; por ello se ha demandado la nulidad de documentos y no inexistencia.
4º El Ad quem ha incurrido en nulidad al no haber observado los requisitos de fundamentación y congruencia; en efecto, la resolución atacada no explica las razones eficaces que apoyan la decisión,vulnerando de ésta manera el art. 236 del C.P.C., Obrar contrariamente a esta norma implica una congruencia omisiva, así como la vulneración al principio citrapetita o ex silentio, lo que no sería querido ni por las normas procesales y menos por la jurisprudencia Constitucional, al efecto señala la S.C. Nº 0759/2010-R de 2 de agosto.
Agrega que en el caso de autos, el Tribunal de apelación, se ha distraído en considerar otras alegaciones, refiriéndose a otros aspectos ajenos al recurso. Al apartarse el Tribunal de éste marco normativo, nos encontraríamos frente a una decisión “extra petita”.Porque la competencia de los Tribunales de Alzada se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos, y la transgresión de tales límites comporta agravio de las garantías constitucionales de la defensa en juicio,conforme determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. El Ad quem indebidamente se sustrae de la obligación de pronunciarse en sujeción a los principios de pertinencia y congruencia; en ese orden señala la SC 0486/2010-R de 5 de julio.
5º Por lo que al no haberse cumplido con la norma imperativa contenida en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, se ha incurrido en la falta señalada en el art. 90-I del Código de Procedimiento Civil, siendo su efecto inmediato la nulidad establecida en el parágrafo II del precepto legal supra en relación con el art. 252 del adjetivo civil. Debiendo aplicarse además la nulidad enunciada en el art. 17-II de la Ley 025 y art. 106-I y II del Nuevo Código Procesal Civil.
En el Fondo (art. “353 núm. 1)” del C.P.C.):
El Juez de instancia llega a la afirmación de que su persona no ha demostrado que el vehículo marca Mitsubishi de color plateado y el piano antiguo marca Ronich, no fueran comunes, conclusión nada más falsa, ya que con solo mirar las fechas en las que se adquirieron esos bienes estaría demostrado que son comunes ya que fueron adquiridos dentro de matrimonio.
Estos bienes comunes están a nombre de la menor Olga Arlet Coria por causas o motivos ilícitos toda vez que Noemí Coria utilizando móviles y artimañas de su enfermedad incurable Addison consiguió que se le ponga a nombre de su hija menor, extremo igualmente evidenciado por los datos del proceso y la prueba ofrecida, indicios y presunciones que son muchas.
El art. 102 del Código de Familia nos ilustra que la comunidad de gananciales se regula por ley, no pudiendo renunciarse ni modificarse por convenios particulares, bajo pena de nulidad. Los bienes citados anteriormente el vehículo y el piano estarían demostrados que son bienes comunes ya que fueron adquiridos dentro de matrimonio y con recursos propios de la comunidad y no podían ser modificados, como ocurre en el caso de autos al estar estos a nombre de la menor Norma Olga Arlet Coria, consecuentemente está sancionado con la nulidad de puro derecho, por expresa determinación del art. 102 del Código de Familia. Por ello es que se llegaría a la convicción certera de que existe errónea interpretación y/o aplicación de la ley.
Con referencia a leyes adjetivas erróneamente aplicadas error in procedendo.
En esta parte transcribiendo el art. 180 apartado segundo del Código de Familia, así como el art. 7 del Código de Procedimiento Civil, refiere que en el presente caso la competencia está determinada por ley, no debe ni puede existir imposición judicial, menos ampliación de competencia, los bienes litigados corresponden a la categoría de bienes comunes, como ser el vehículo y el piano marca Ronich, en ese análisis las resoluciones que se emiten por jueces y/o tribunales contrarios a la ley no adquieren en ningún momento calidad de cosa juzgada.
Al decir que se ha incurrido en esta manera de obrar de la manera que se describe a continuación:
1º El Auto de Vista, solo se limitarían a recopilar y a repetir normas distintas expresadas en el Código Civil, sin aporte alguno de este tribunal. Y lo Peor sin afirmar o negar si la prueba de cargo demostró o no las causales de nulidad y porqué, que llegue al administrado a la convicción de que lo resuelto por sus autoridades además de ser legal sea justa, de ésta manera lo habría modulado el Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional Nº 2492/2012 de 3 de diciembre, que al efecto transcribe.
De esto se evidenciaría con respecto a éste punto que la Resolución de Alzada adolecería de motivación y fundamentación, esto a la vez ocurre al referirse a su inmueble de su propiedad ubicada en la calle Lucas Jaimes Nº 109.
2º En su demanda de nulidad de documentos y posterior cancelación de los mismos, claramente expresa que los motivos de la nulidad son los previstos en el art. 549 incs. 1 al 5, 551, 552 del Código Civil.
Sin embargo; la relación procesal emitida por el A quo, solo se limitaría a incluir las causales 3 y 5 del referido artículo, al momento de calificar el proceso en ordinario de hecho y establecer los puntos a demostrar, excluyendo a las demás causales que necesariamente debían ser también motivo de los hechos a probar, con lo que bajo el principio de trascendencia que nos ilustra, se habría provocado indefensión que merecería anular obrados hasta que se dicte un nuevo auto de relación procesal incluyendo estas nuevas causales de nulidad en los puntos a demostrar, esto por estricto imperio de lo que dispone el art. 3 num 1) del C.P.C. vinculado al art. 252 del mismo cuerpo de leyes, lo contrario significa la vulneración al debido proceso, en su vertiente de motivación y fundamentación ya que en el auto de relación procesal jamás se le indicaría porque razón o motivo debidamente justificado en norma procesal prescinde de las otras causales de nulidad.
3º En esta parte transcribiendo el art. 102 del Código de Familiarefiere que no era necesario la prueba, solo debe aplicarse el derecho, ya que en el caso de autos tanto el vehículo tipo vagoneta, color plomo plateado, marca Mitsubishi y el piano antiguo fueron adquiridos dentro de matrimonio, eso está demostrado con la fecha del certificado de matrimonio y las fechas de los documentos privados y públicos respectivamente, ya que ello significaría, modificación y consiguiente renuncia a bienes comunes.
De lo que se colige que ni siquiera era necesario abrir un plazo probatorio con respecto a este punto, entonces solicita la explicación del porque se ha obrado de éste modo y en que normas apoyan este fundamento.
Por todo lo expresado, dejando constancia de haberse cumplido con el voto exigido por el art. 258-2 del Código de procedimiento Civil, solicita que el Tribunal de Casación en aplicación del art. 271 inc. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el art. 17-II de la Ley 025 y art. 106-I y II del Nuevo Código Procesal Civil, se sirva pronunciar resolución anulando el Auto de Vista recurrido, ordenando que el Tribunal de Apelación pronuncie nueva resolución, en sujeción al art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
El recurrente anuncia que plantea recurso de casación en la forma y en el fondo, empero el recurso en examen carece de precisión jurídica en su contenido y petición, dificultando la tarea de este Tribunal, no obstante, en previsión del principio pro actione, y soslayando aquellos defectos se ingresa en el conocimiento del recurso planteado, con la finalidad de lograr que la resolución que se emita se ajuste a los puntos reclamados y resulte pertinente a los agravios argumentados por la parte recurrente.
1.Encontrándose relacionados los primeros cinco puntos del recurso de casación en la forma, se pasa a considerar los mismos de manera conjunta.
1.1. La parte recurrente acusa la falta de pertinencia y congruenciadel Auto de Vista, porque ha sido dictado sin ajustarse a los “puntos concretos de la alzada”, asimismo acusa quese ha distraído en considerar “otras alegaciones” ajenas al recurso. Empero de principio no especifica de manera clara y concreta sobre qué“puntos” o agravios“solicitados” en el recurso de apelaciónno se hubiere pronunciado,tampoco concreta que “otras alegaciones” o “aspectos” ajenos al recurso hubieran sido considerados porel Ad quem.
Al respecto corresponde señalar que la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, dondese ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"
En consecuencia corresponde precisar que toda Resolución judicial debe guardar la debida congruencia, de la cual emergen dos reglas esenciales que son: a) decidir sólo sobre lo alegado y debatido; y b) decidir sobre todo lo alegado y debatido.
La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; o la incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citrapetita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso, y en materia recursiva puede darse el caso de omitir en la Resolución algún punto de agravio o de impugnación.
Es así que una Resolución judicial, en mérito al principio de congruencia, debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, que a saber se resume en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, es devuelto cuanto se apela, que establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.
En el caso de autos,de la revisión de la Resolución de Alzada, se evidencia que el Ad quem, en el segundo y tercer considerando del Auto de Vista desarrolla los puntos o agravios que fueron fundamento del recurso de Alzada, detallando su análisis en relación a las “normas sustantivas erróneamente aplicadas” así como en relación a las “leyes adjetivas erróneamente aplicadas”, remitiéndose de ésta manera a los agravios que fueron fundamento del recurso de apelación y tambiénresuelve sobre los mismos aspectos que fueron motivo de impugnación, cumpliendo de ésta manera con el art. 236 del adjetivo civil y de consiguiente con el principio de pertinenciay congruencia extrañado.
1.2.Sobre falta de motivación y fundamentación, porqueno se explicaría las razones eficaces que apoyan la decisión.
La SCP 0903/2012 de 22 de agosto, ha señalado que la motivación y fundamentación de una Resolución, no necesariamente implica que su exposición sea exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación implica que la Resolución sea clara y concisa donde se exponga las razones determinativas que justifican la decisión asumida; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte resolutiva del fallo, aspectos que se evidencia cumplen tanto la Sentencia así como el Auto de Vista recurrido.
Extremo que se ratifica de la revisióndel contenido de la Sentencia Nº 041/2013 de fs. 332 a 341y vta., y del Auto de Vista recurrido de fs. 400 a 402, de donde se evidencia que estas resoluciones tienen la suficiente claridad y cuentan con una aceptable motivación y fundamentación que las sustentan, porque como se ha referido precedentemente, en el segundo y tercer considerando del Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem realiza una motivación y fundamentación pormenorizada con respecto a los puntos que fueron objeto de apelación, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, aspecto que permiten comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, no siendo evidente que dichas resoluciones carezcan de una total falta de fundamentación y motivación ni mucho menos se advierte que no se ha realizado un análisis serio y responsable de los datos y antecedentes del proceso, afirmaciones del recurrente que resultan siendo inconsistentes.
1.3. Por otro lado, sobre la denuncia de que el juzgador público confunde los institutos de la nulidad y la anulabilidad, así como de “la inexistencia”; siendo que la última ni siquiera está regulada en nuestro ordenamiento legal, por ello aclara que se ha demandado la nulidad de documentos y no invalidez por vicio del consentimiento.
De la revisión del Auto de Vista se conoce que el extremo denunciado no es evidente, es más la mención del “instituto de la inexistencia” es una exageración de la parte recurrente, toda vez de que en la resolución ahora recurrida no se hace mención alguna a dicho “instituto”.Extremo que se evidencia del segundo considerando de la resolución de alzada, donde el Tribunal de segunda instancia refiriéndose a la resolución de primera instancia y sobre la causal de nulidad demandada establece: “Ahora es relevante señalar que efectivamente las causales invocadas por el demandante, se adecuan a los vicios del consentimiento, consiguientemente no son causales de nulidad sino más al contrario de anulabilidad, resultaría una confusión e incoherente la demanda así propuesta, por cuanto la causa no es otra cosa que el motivo determinante del compromiso, no se puede conceptualizar en la presente acción la ilicitud de la causa, si mucho menos la parte demandante ha tenido el carácter de demostrar, entonces de ninguna manera se demuestra causales de nulidad de los actos jurídicos, en esa lógica la resolución ha determinado correctamente no corresponde declarar probada la demanda y disponer la nulidad de los documentos estableciendo como bien propio y como bienes gananciales”. De lo precedentemente detallado se evidencia que no existe confusión en relación a los institutos de la nulidad y la anulabilidad, sino que ésta última ha sido citada de manera explicativa por el Tribunal Ad quem con el objetivo de clarificar que los hechos argumentados en la demanda principal no se adecuan a la causal de nulidad establecida por el núm. 3) del art. 549 del Código Civil.
Sin embargo corresponde especificarque nuestra normativa Sustantiva Civil, distingue claramente en relación a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); en ese antecedente, la doctrina orienta que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir. Coligiéndose de ésta orientación que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil.
Concretado lo anterior corresponde señalar que el Tribunal de Alzada estableció que la causa, entendida como el fin mediato, concreto y directo que determina la celebración de un contrato, en uno de compraventa resultaría siendo para el vendedor el dinero que corresponde al precio a recibir por la cosa vendida y que la causa para el comprador resultaría siendo el bien que se compra y que en ese marco los Tribunales de instancia han considerado y analizado correctamente la existencia y licitud de la causa en los contratos de fecha 23 de febrero de 2005, de 23 de noviembre de 2007 y de 12 de noviembre de 2008, toda vez que en los mismoslas partes han cumplido con el fin económico-social.
Por eso mismo el Tribunal de Alzada ha concluido que los hechos expuestos en la demanda no se enmarcan en la causal 3) del art. 549 del Código Civil, sino que estos fundamentos así expuestos permiten demandar la anulabilidad del contrato.
Consiguientemente en mérito a lo precedentemente examinado, podemos establecer en esta parte, que no se evidenciala vulneracióndel art. 90 y 236 del Código de Procedimiento Civil,art. 106-I y II del Nuevo Código Procesal Civil,menos del art. 17 parágrafo II de la Ley 025. Contrariamente la Jurisprudencia Constitucional contenida en la S.C. Nº 0759/2010-R de 2 de agosto, yla SC 0486/2010-R de 5 de julio, ha sido correctamente aplicada en la presente causa.
2. Con referencia a leyes adjetivas erróneamente aplicadas error in procedendo:
La parte recurrente al final de su recurso de casación en el fondo, nuevamente denuncia error in procedendo, por lo que corresponde considerar dichos agravios de forma en el presente acápite.
2.1. En éste punto respecto a la denuncia de imposición judicial de la competencia.
De la revisión de antecedentesse tiene que por Auto de fecha 2 de julio de 2012 de fs. 74 a 76 de obrados, la Juez de Partido Segundo de Familia, declina de competencia y remite el presente expediente ante el Juez de Partido de turno en lo Civil, en contra de dicha resolución la parte actora interpone recurso de apelación, la misma que una vez radicada ante el Tribunal de Alzada, es resuelta por Auto de Vista Nº 66/2012 de fecha 30 de agosto de 2012 de fs. 94 a 95 y vta., donde el Ad quem confirma totalmente el Auto recurrido de fs. 74 a 76, sin embargo una vez que la parte demandante hubo tomado conocimiento de la Resolución de Alzada, no impugna la misma a través del recurso de casación o nulidad, por lo que su derecho conformeal principio de convalidación ha precluído.
Máxime si de los documentos objeto de litigio de la presente causa, se evidencia que la Escritura Pública Nº 800/2005 de reconocimiento de Derecho Propietario de un bien inmueble que reconoce el actor Silvestre Iñiguez Meneses en favor de la demandada Noemí Coria Rentería, es de fecha 27 de diciembre de 2005, es decir de fecha anterior al matrimonio que se hubo celebrado en fecha 30 de diciembre de 2005. Asimismo, dela Escritura Pública Nº 026/2008 de fecha 10 de enero de 2008 de transferencia de vehículo otorgado por el vendedor Lino Flores Vargas apoderado de Rosse Mary Mamani de Flores, en favor de la menor Olga ArlethAillón Coria representada por su madre Noemí Coria Rentería de Iñiguez; así como del documento privado reconocido de compra de un piano antiguo de fecha12 de noviembre de 2008, suscrito por Luís Miguel Castro Villa en su calidad de vendedoren favor de la menor Olga ArlethAillón Coria representada por su madre Noemí Coria Rentería, se evidencia que en dicha relación contractual intervienen terceras personas ajenas al otrora matrimonio Iñiguez-Coria, como son los señores: Lino Flores Vargas apoderado de Rosse Mary Mamani de Flores,Luís Miguel Castro Villa, y la menor Olga ArlethAillón Coria, sin que la representación de la madre de la menor, Noemí Coria Rentería, constituya en bienes comunes a los dos últimos precedentemente referidos, porque su participación se debe a una representación y no ha una intervención personal, por lo que los contratos se trasuntan en eminentemente particulares y correspondientes a terceras personas,de consiguiente corresponde su tratamientoal régimen del derecho privado civil.
En consecuencia, al haber sido sustanciado la presente causa por ante los Tribunales Civiles, se ha aplicado correctamentelasreglas de la competencia que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.
2.2. En esta parte de su recurso nuevamente el recurrente denuncia falta de motivación y fundamentación; por lo quecorresponde remitirnos al punto 1, sub punto 1.2., del presente considerando, donde se ha establecido que la Sentencia Nº 041/2013, y del Auto de Vista recurrido, tienen la suficiente claridad y cuentan con una aceptable motivación y fundamentación que las sustentan, porque además en el Auto de Vista recurrido, el Tribunal Ad quem realiza una motivación y fundamentación pormenorizada con respecto a los puntos que fueron objeto de apelación, dando cuenta de las razones por las cuales arriba a dicho entendimiento, aspectos que permiten comprender razonablemente la claridad y alcance del fallo, no siendo evidente que dichas resoluciones carezcan de una total falta de fundamentación y motivación, por lo que el recurso resulta siendoinconsistente en ésta parte.
2.3.El recurrente refiere que en su demanda claramente expresa que los motivos de la nulidad son los previstos en los arts. 549 incs. 1 al 5, 551, y 552 del Código Civil.
De la revisión de la demanda principal se evidencia que la parte actora a momento de realizar el fundamento jurídico de su demanda, en relación a la nulidad pretendida de la Escritura Pública Nº 800/2005, de la Escritura Pública Nº 026/2008 y del documento privado reconocido de compra de un piano antiguo, ha delimitado que la primera escritura se encuentra viciado de nulidad de conformidad a la previsión legal establecida en el art. 549-3) del Código Civil, y que la segunda escritura y documento privado reconocido se encuentran viciados de nulidad de conformidad a lo dispuesto por el art. 549 en sus numerales 3) y 5) del Código Civil, y en ese marco jurídico se ha basado el A quo para resolver en sentencia sobre la ilicitud demandada.
Por otro lado, el hecho de que en el petitorio final de la demanda principal se haya hecho mención al “art. 549 Inc. 1 al 5) del Código Civil”, señalando así que se ha hecho mención a todas las causales de dicho artículo, empero éste argumento no desvirtúa el fallo de los Tribunales de instancia. Porque el demandante no establece a cuál de las causales, con excepción de los precedentemente referidos, se subsumiría la nulidad demandada, tampoco refiere sobre los hechos probadosque causal se hubiere configurado como demostrado.
Por lo que en base al análisis efectuado en el presente fallo, no se establece la trascendencia de la denuncia, deviniendo éste agravio en infundado.
2.4.Con relación a la infracción del art. 102 del Código de Familia.
Este agravio corresponde al recurso de casación en el fondo, por lo mismo no corresponde ser considerado en el presente acápite. Máxime si el presente agravio es nuevamente reiterado en el recurso de casación en el fondo.
Consiguientemente en mérito a lo precedentemente analizado, podemos concluir en esta parte, que no se evidenciala vulneración del art. 3 num 1) del Código de Procedimiento Civil,tampoco de la Jurisprudencia Constitucional contenida en la S.C. Nº 2492/2012 de 3 de diciembre, la misma que contrariamente ha sido correctamente aplicada en la presente causa.
Por lo referido, el recurso de casación en la forma interpuesto por el recurrente se enmarca en lo determinado por el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
En el Fondo (art. 253 núm. 1) del C.P.C.):
En éste agravio la parte recurrenteacusa errónea interpretación y/o aplicación del art. 102del Código de Familia, argumentando que con solo mirar las fechas en las que se adquirieron el vehículo marca Mitsubishi y el piano antiguo marca Ronich estaría demostrado que son bienes comunes adquiridos dentro de matrimonio.
De los hechos y argumentos expuestos en la demanda, se tiene que la pretensiónde la parte actora ha sido fundamentado en sentido de establecer que los contratos de compra y venta del vehículo marca Mitsubishi y el piano antiguo marca Ronich fueran nulos, porque estarían afectando al carácter público que reviste a la comunidad de gananciales.
Empero, se debe tener en cuenta que bien ganancial es aquel que figura en el patrimonio de los cónyuges o ha sido adquirido dentro de matrimonio a nombre de uno solo ellos; sin embargo, si los bienes figuran a nombre de una tercera persona cualquiera sea ésta, resulta imposible que pertenezca a la comunidad de gananciales, a menos que se desacredite el derecho patrimonial del tercero.
Por ello, cosa distinta es que la parte actora hubiera atacado los contratos de compra y venta del vehículo marca Mitsubishi y el piano antiguo marca Ronich, bajo el fundamento de que la adquisición de estos bienes fuera efectuada a nombre de la hija de la demandada, como consecuencia de una simulación, y que la realidad fuese que tal adquisición fue efectuada a nombre de ambos o de uno de los cónyuges, si esto fuera así, los fundamentos de su pretensión deberían atacar la simulación, más no pretender la ilicitud de la causa bajo el fundamento de que su entonces cónyuge le hubiere “sonsacado, engañado, amenazado y presionado” para conseguir su consentimiento, presupuestos que ciertamente configuran causal de anulabilidad y no de nulidad como correctamente estableció el Tribunal de alzada, no existiendo en ello infracción de la ley como pretende el ahora recurrente.
Consiguientemente en esta parte no se evidencia infracción del art. 102 del Código de Familia, menos existe agravio evidente.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 núm. 2), y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los Arts. 271 núm. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADOel recurso de casación en la forma yen el fondo, de fs. 407 a 413, interpuesto por Silvestre Iñiguez Meneses, que recurre del Auto de Vista Nº 95/2014 de 28 de mayo de 2014. Con costas.

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