Source: http://futurospolicias.es/2015/11/06/terminos-y-definiciones-tema-1-el-derecho-la-jerarquia-normativa/
Timestamp: 2017-08-20 20:54:53+00:00

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Términos y definiciones: Tema 1 ( El Derecho) – LA JERARQUÍA NORMATIVA
De Noviembre 06, 2015
En Oposición, Recursos Temario
Hoy vamos a hablar de un término que nos aparece en el temario de acceso a la Policía Nacional que da mucho juego a los examinadores a la hora de formular preguntas y a menudo no queda muy claro cuando tenemos que identificar y posicionar cada norma en el escalafón correspondiente. LA JERARQUÍA NORMATIVA.
Hay que tener claro que el término Jerarquía Normativa se trata de la Ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas de modo que las normas de rango inferior no pueden contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de rango superior que tiene mucho valor.
Por lo tanto sería conveniente de realizar un esquema a modo piramidal de las normas jurídicas que aparecen en nuestro temario con el objeto de tener claro en que nivel se encuentra cada una de las normas y estar preparados a distintas preguntas sobre este término.
Para tener claro este término y todos los relacionados hay que tener en cuenta que la norma suprema del ordenamiento jurídico español es la Constitución.
Los Tratados Internacionales no es que estén por encima ni por debajo de la Constitución, es simplemente que si España quiere ratificar un Tratado Internacional que sea contrario a la Constitución, puede, o bien negociar previamente el Tratado e intentar que lo que diga sea conforme a la Constitución, o, si no lo consigue, o si el Tratado ya era anterior y España quiere simplemente adherirse, lo que hay que hacer es modificar la Constitución para poder ratificar ese Tratado.
Un ejemplo: La única modificación de la Constitución que ha habido, el 27 de agosto de 1992, que en el art. 13.2 añadió las palabras “y pasivo”, refiriéndose a la posibilidad de que los extranjeros elijan y sean elegibles en las elecciones municipales. Pues precisamente esa modificación de la Constitución se debía a que, si queríamos ratificar el Tratado de la Unión Europea de 1992, que establecía que los comunitarios podrían ser electores y elegibles en las municipales, era necesario modificar la Constitución. Y por eso se hizo.
Pues seguimos: a continuación de la Constitución, y por debajo, están las leyes. Las leyes, sin distinción entre las orgánicas y las ordinarias. Ni las que tienen “rango de ley” o “leyes sin más.”. No, las Leyes, y punto. Ahora os explico por qué.
Las leyes orgánicas no son más importantes que las ordinarias. Ni están por encima normativamente. Lo que ocurre, simplemente, es que hay determinadas materias (como los derechos fundamentales, el régimen electoral general, los Estatutos de Autonomía, etc), que tienen que regularse por Ley Orgánica, porque así lo dice la Constitución. Si una ley ordinaria regula, por ejemplo, el derecho de asociación, estará vulnerando la Constitución, porque la Constitución dice que ese derecho se regulará por Ley Orgánica. Luego entonces, y esto es fundamental, y un clásico en las preguntas tipo test: la relación entre las leyes ordinarias y las leyes orgánicas no es de jerarquía, sino de competencia. Hay materias que estarán reservadas a Ley Orgánica, y otras que se regularán por ley ordinaria.
Lo mismo pasa con las leyes de las Comunidades Autónomas. No están por debajo de las leyes estatales, sino que también se rigen por el principio de competencia. La Constitución, en los arts. 148 y 149, reparte las competencias entre el Estado y las CCAA. Y dentro de esas competencias, cada uno dictará sus normas. Si una Comunidad Autónoma dicta una ley, por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, no es que esa ley esté por debajo de la Ley estatal sobre la materia, es que la Comunidad Autónoma está regulando una cosa que no puede regular, porque la Constitución le atribuye esa competencia al Estado.
El Gobierno, en determinados casos, puede dictar “normas con rango de ley”. La expresión “con rango de ley” significa que, no son leyes como tales (en el sentido de que no se han aprobado por las Cortes, con el procedimiento legislativo que se establece en la Constitución, y tal), pero VALEN COMO LEYES. Es decir, tienen en el mismo valor que una ley.
Los Decretos Legislativos suponen una delegación de las Cortes al Gobierno para que elabore una ley (tipo “esto es muy difícil, hazlo tú). Elabora una norma sobre Seguridad Social, basándote en los siguientes puntos”, por ejemplo. Ahí hay una Ley de Bases (“apóyate en estas bases a la hora de elaborar el texto”). Y ahí tenemos el Real Decreto Legislativo de la Ley General de la Seguridad Social). También puede ocurrir que sobre una misma materia haya un montón de normas vigentes, y sea un lío, y las Cortes le digan al Gobierno “anda, funde todas las normas que hay en una sola, para que todo esté más clarito”, y entonces tenemos un Texto Refundido, por ejemplo, el Real Decreto Legislativo sobre uso y circulación de vehículos a motor.
¿Y el Decreto – Ley? Pues supone que el Gobierno dicta una norma con rango de ley, pero no porque tenga una previa autorización o delegación de las Cortes, sino porque de repente, hay una extraordinaria y urgente necesidad, y se considera que hay que dar una respuesta rápida, no hay tiempo para seguir el procedimiento legislativo ordinario (por ejemplo, una indemnización extraordinaria). Los Decretos – Leyes tienen que ser posteriormente convalidados por el Congreso de los Diputados, pero el hecho de que los convalide no significa que pierdan su nombre. No pasa de ser un “Decreto Ley” a una “ley a secas”, sino que mantienen el nombre de “Decreto Ley”, aunque convalidado.
Vista la diferencia entre ambas figuras hay que añadir una cosa más. El Gobierno no puede dictar Decretos – Legislativos o Decretos – Leyes sobre cualquier materia, porque la Constitución le impone unos límites (unas materias sobre las que no podrá haber D.Legislativos ni D.Leyes). Si el Gobierno dicta un Decreto Ley sobre elecciones, por ejemplo, no es que sea inferior a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, es que entonces el Decreto Ley será inconstitucional porque está regulando una materia que no puede regular.
Las Comunidades Autónomas pueden dictar Decretos Legislativos, pero no Decretos Leyes (diferencia: los del Estado son siempre Real Decreto Ley o Real Decreto Legislativo, los de las CCAA son Decreto Legislativo a secas).
En cuanto a las Leyes marco, Leyes de transferencia, y Leyes de armonización, son supuestos muy concretos de Leyes, pero de Leyes al fin y al cabo (sean ordinarias u orgánicas, según los casos). Con lo que les es aplicable todo lo que vengo diciendo sobre la competencia y la jerarquía.
Y ya por último, al final de todo, los Reglamentos. Los Reglamentos sí que son inferiores jerárquicamente a la ley (ley en sentido general, recordad). E incluso dentro de los Reglamentos, hay categorías (los dictados por el Consejo de Ministros, que serán Reales Decreto. Los dictados por un Ministro serán Órdenes Ministeriales. También podrán ser Circulares, Instrucciones, etc). Es fundamental (porque también puede ser una pregunta de examen) no confundir “reglamento” con “real decreto”. El reglamento es el género, el Real Decreto es una modalidad. Todos los Reales Decretos son reglamentos, pero no todos los reglamentos son Reales Decretos (ya veis que las Órdenes, Circulares, etc, también lo son).
Un correcto esquema general de Jerarquía Normativa sería:
Y ahora empiezan las matizaciones:
a) Los Tratados Internacionales no están ni por encima, ni por debajo. “Planean”, vuelan, están por ahí…
b) Ya sabéis que hay muchos tipos de leyes: orgánicas y ordinarias, estatales y autonómicas, aprobadas por el Pleno o por Comisión, Decretos Leyes o Decretos Legislativos… Pero todas son leyes, y están por debajo de la Constitución y por encima de los Reglamentos. Me remito a lo dicho en mi post anterior sobre la diferencia entre unos y otros tipos de ley. Recordad: la diferencia entre todas estas leyes no es la jerarquía, sino la competencia, esto es, las materias que regulan.
c) Las Leyes Orgánicas son las que regulan los derechos fundamentales y libertades públicas (asociación, reunión, etc), los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general, “y las demás previstas en la Constitución”. ¿Cuáles son “las demás previstas en la Constitución”? Pues id leyendo el texto de la Constitución: Poder Judicial (art. 122), Defensor del Pueblo (art. 54), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 104), las de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas (art. 150.2), etc.
d) Leed el artículo 150: sólo será necesaria Ley Orgánica para las “transferencias” de competencias estatales a las Comunidades Autónomas, según el apartado 2. Las “leyes marco” serán aprobadas por ley ordinaria (porque no se exige orgánica, leedlo). Y para las “leyes de armonización” tampoco (no se exige ley orgánica, pero sí se exige que las Cortes, por mayoría absoluta de las dos Cámaras, aprecien la existencia del interés general para llevar a cabo la armonización).
Ahora, ¿cuál es cuál?
– Leyes marco: el art. 148 establece cuáles pueden ser las competencias de las CCAA (digo “pueden ser” porque dependerá de lo que hayan dicho los Estatutos de Autonomía. No todas las CCAA tienen las mismas competencias, dependerá de cuáles haya cogido el Estatuto, dentro de las que le permite el art. 148. Puede haberlas cogido todas, casi todas, alguna… Las que no haya cogido corresponden al Estado). Bien, pues si el Estado cree que, en una materia competencia de las CCAA, es necesario sentar unos criterios básicos, unas directrices, unos principios a los que se ajusten las leyes de las CCAA sobre la materia, dicta una “ley marco”. Es decir, fija el marco dentro del cual tendrán que dictarse las futuras leyes de las CCAA sobre esa materia (es una especie de “sí, sí, legislad lo que queráis, pero partiendo de esta base”).
– Leyes de transferencia: ya sabéis que el art. 149 establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado. Bueno, pues por medio de una Ley Orgánica de transferencia, es posible que el Estado transfiera a una o varias Comunidades Autónomas una competencia estatal, eso sí, que sea susceptible de delegación (nunca se transferirá la competencia “Defensa”, por ejemplo, pero sí podría transferirse la competencia “legislación sobre productos farmacéuticos”, por ejemplo).
– Leyes de armonización, por último: En una materia propia de CCAA, el Estado considera que éstas “se están pasando”, no lo están haciendo bien, y el interés general exige que el Estado “coja las riendas del asunto”, y no deje a las CCAA que dicten normas (pese a que según el art. 148 sería una competencia comunitaria). Papá Estado supervisa y decide tomar cartas en el asunto, y “les quita la competencia a las CCAA”. Hasta ahora nunca se ha dado el caso, porque la única ley de armonización que hubo, hace varios años, se declaró inconstitucional.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 150