Source: http://justiciabol.blogspot.com/2015/08/
Timestamp: 2019-10-16 09:31:59+00:00

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Justicia en Bolivia: August 2015
Se resuelven 64.250 causas en primer semestre de 2015
Juan Carlos Berrios, presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, ayer durante el informe semestral presentado, dio a conocer que esta repartición, pese a las limitaciones económicas en las que se debate y con 202 dos jueces y vocales, hasta junio de este año, tiene una carga procesal de 82.450, de las cuales 64.252, que equivalen al 44 por ciento, han sido resueltas.
“Esto quiere decir que en este primer semestre, el Tribunal de Justicia de La Paz ha tramitado un total general de 146.702 causas, de las que 44 por ciento fueron resueltas, es decir, 17.500 causas más que en el mismo período de la pasada gestión 2014, cuando se resolvieron 46.814 causas”, informó Berrios.
La autoridad expresó su preocupación por el crecimiento sostenido de los procesos judiciales que sobrepasan en gran manera, el número jueces y vocales. A esto, se añade el magro presupuesto con el cual deben cumplir toda carga administrativa, que en el caso del Órgano Judicial a Nivel Nacional, apenas alcanza al 0,6 por ciento del Presupuesto General de la Nación.
Para Berrios, en los últimos 15 años, en los que la sociedad ha optado por judicializar aún hasta los problemas cotidianos, dieron como resultado que en promedio, se registren 850.000 causas que deben ser atendidas por los cerca de 1.000 jueces que se tiene a nivel nacional.
La mayoría de los procesos que se tramitaron en el primer semestre de este año son del tipo penal (46.312), le siguen los casos Civil y Comercial (25.658); le siguen los juicios familiares (17.725). Tras estas tipificaciones están los procesos ventilados en juzgados de niñez y adolescencia, trabajo, seguridad social, anticorrupción, violencia contra la mujer y tributario.
A juicio de Berrios, existen varios factores que han permitido que continúe la mora procesal, por ejemplo la corrupción y otros de orden estructural: como ser la generación de nuevas figuras legales y penales aprobadas “sin tener el cuidado de dotar de medios materiales y humanos para implementarlos”.
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Borda plantea anular elección de magistrados
El vicepresidente de Diputados, Víctor Borda (MAS), planteó incluir la anulación de la elección por “voto directo” de los magistrados en la modificación parcial de la Constitución que se prevé para habilitar al presidente Evo Morales a una tercera postulación.
“En la práctica se ha notado que la elección directa no ha respondido a las necesidades que tiene la Justicia. No se ha evaluado la idoneidad y transparencia. Tendríamos que ver otro modelo de selección”, indicó el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Hechos de corrupción, retardación de procesos y burocracia desencadenaron en una serie de críticas. De hecho el mismo presidente Morales había anunciado en enero un referéndum para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) para reponer la “meritocracia” en la elección de autoridades judiciales. El cuerpo legal vigente desde 2009 estipula que los magistrados serán electos por voto directo y prevé que el Legislativo efectuará, por dos tercios, la preselección de los postulantes.
En 2011 se produjo una inédita elección de las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Repostulación. Los detalles de la reforma constitucional, explicó ayer el legislador, están supeditados a la “cumbre de justicia”, prevista para los próximos meses, y al debate al interior del Legislativo, donde el MAS tiene dos tercios. El oficialismo trabaja una propuesta que será divulgada en su congreso nacional de noviembre para allanar una tercera postulación del Mandatario, inexistente en la CPE.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, aseguró ayer que la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), el máximo ente de decisión del MAS, alista un “planteamiento democrático” para “darle continuidad” a Morales con el respaldo del “pueblo”.
De acuerdo con el artículo 411 de la CPE, la reforma parcial podrá hacerse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del padrón (1.203.859 votantes) o por la Asamblea, mediante “ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes” (...). Para este caso, se necesita referéndum.
Recolectan firmas para ‘evitar otra reelección’
El exmagistrado Gualberto Cusi y el exasambleísta departamental Roberto de la Cruz refuerzan su campaña para “impedir” una tercera repostulación del presidente Evo Morales en 2019 mediante la recolección de firmas. “Vamos a abrir varios libros en todo el país para que en diciembre le digamos no, janiwa, mana, a la re-re-reelección de Evo Morales”, indicó De la Cruz.
Las exautoridades impulsarán esta iniciativa a través del Consejo Nacional de Defensa de los Derechos Constitucionales (Condecob), que ellos mismos lideran. Según Cusi, la premisa será alcanzar el área rural y las ciudades capitales. Al respecto, la ministra de Comunicación, Marianela Paco, calificó ayer la actividad de “política”, aunque aseguró que es parte del ejercicio democrático y los derechos constitucionales vigentes en Bolivia.
Renuncia Torrico y el Fiscal General inicia intervención
Un manto de transformación sacudió ayer la Fiscalía de Distrito de Cochabamba después que su titular Freddy Torrico presentó renuncia al cargo sorpresivamente y en respuesta el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció ajustes para desterrar la corrupción, extorsión y venta de cargos.
“Vamos a seguir desmontando esa vieja estructura que sigue haciendo daño al Ministerio Público”, afirmó.
En presencia de Torrico, minutos después que dimitió al cargo, Guerrero habló de los fiscales que se creen intocables, con derecho a extorsionar y favorecer (con cargos a terceras personas).
Para devolver la credibilidad y confianza a la Fiscalía en el departamento, anunció que está haciendo ajustes, cambios y reformas.
“Nuestra Fiscalía en Cochabamba tendrá que verse siempre fortalecida para servir mejor”, subrayó.
RENUNCIA La dimisión de Torrico sorprendió a Guerrero que anunció que en las próximas 48 horas decidirá quién ocupará ese cargo. Mientras tanto, de forma interina estará el fiscal más antiguo.
DESTITUCIONES Guerrero abrió un manto de duda sobre la gestión del exfiscal Torrico cuando declaró que en el último año cinco fiscales fueron destituidos por corrupción y que Torrico tuvo que responder a tres procesos administrativos, aparentemente por faltas disciplinarias.
“Hay tres procesos disciplinarios que tiene (Freddy Torrico). Es el reporte que hemos recibido”, dijo Guerrero sin dar mayores explicaciones.
TRANQUILO En respuesta, el exfiscal Torrico, que permaneció junto a Guerrero, señaló que los tres procesos disciplinarios fueron desestimados porque no estaban fundamentados.
“Me voy con la mirada de frente y el deber cumplido”, acotó la exautoridad.
Sobre las denuncias, Torrico señaló que son faltas en las que incurrió en el propio trabajo y que si hay desestimaciones es porque estan concluídas.
“En lo personal creo haber cumplido mi ciclo en la Fiscalía”, acotó.
Torrico dimitió al cargo voluntariamente y por motivos familiares.
MÁS FISCALES El Fiscal General del Estado, posesionó ayer a 17 nuevos funcionarios, de los cuales 6 son fiscales de materia, 9 serán asistentes y 2 ocuparán el cargo de auxiliares.
Se conoce que en Cochabamba se necesitan al menos 50 nuevos fiscales.
En Defensa Pública cada abogado maneja 150 casos
En Defensa Pública se atienden procesos penales en general, sean estos de acción pública o privada sin discriminar el delito investigado, atendiendo con prioridad a personas que carezcan de recursos para garantizar su acceso a la defensa. Su función es evitar la retardación de justicia y la recarga procesal dando lugar al patrocinio en determinadas audiencias para que estas no se suspendan.
La directora Departamental del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Carola Romero, informó que cada defensor, a la fecha, se encuentra trabajando con 150 casos en promedio, en cada turno se podría considerar que cada defensor recibe de 25 a 35 casos nuevos al mes.
La Dirección cuenta con cinco defensores en la capital y dos en provincia, en Yacuiba y Villa Montes. Romero comentó que necesitan mayor apoyo y por esto solicitaron a la Gobernación y Alcaldía que puedan colaborar con el incremento del personal, ya que a quien atienden y sirven con su trabajo es la sociedad tarijeña.
“Lamentablemente, Defensa Pública se encuentra en cierta desproporción a lo que vendría a ser el trabajo permanente que se efectúa con el Ministerio Público. El Ministerio Público cuenta con 17 fiscales aproximadamente, que trabajan de igual manera de forma permanente y Defensa Pública actualmente realiza el turno permanente de 24 horas ininterrumpido”, señaló Romero.
Romero considera que es importante incrementar el apoyo a Defensa Pública puesto que trabaja activamente en el acceso a la defensa, conocen ampliamente las razones y condiciones por las cuales se ejecuta el delito y cuentan con un diagnóstico por el cual se conocen las causas por las que se produce el delito pudiendo contribuir a la prevención de la criminalidad y a trabajar efectivamente contra el incremento de la delincuencia.
Sabina Marca, abogada de Defensa Pública, señaló que dentro de lo que consiste el trabajo se hace todo lo posible por cubrir todas las demandas, sin embargo, se ven limitados por la poca cantidad de abogados defensores.
“Por lo tanto como dice el dicho “quien mucho abarca, poco aprieta”, entonces a veces no podemos dar una defensa efectiva como es estudiar profundamente, técnica, doctrinalmente, jurisprudencialmente, los casos análogos que nos toca”, indicó .
Defensa Pública proyecta gabinete psicológico
Defensa Pública cuenta con diferentes proyectos que por el momento se encuentran paralizados por falta de personal y el limitado espacio con el que cuentan.
Uno de ellos es la implementación de un gabinete de psicología para tratar a los beneficiarios de Defensa Pública que acceden a su libertad y que después de haber cumplido un tiempo con detención preventiva o determinada condena, retornan a las calles sin ningún tipo de apoyo.
“No se puede relegar la responsabilidad que tiene el Estado con el ciudadano, con ese sector de la sociedad y debe trabajar efectivamente en la rehabilitación del ciudadano, del fármaco dependiente, el factor social, el sujeto que no puede acceder a una fuente laboral, que no cuenta con apoyo familiar ni psicológico, en tal sentido, si no atendemos esos factores de total importancia difícilmente se puede pretender que la sociedad esté libre de la ola delincuencial y de otros factores que de una u otra forma afectan a la sociedad tarijeña”, señaló Romero.
Pese a que no es parte específica de sus atribuciones, Romero considera que es necesario lograr este gabinete, incluso se efectuó un convenio con la Universidad, con los estudiantes de psicología.
“Si bien no se puede contar con personal remunerado, de igual manera podríamos contar con estudiantes que en determinado nivel puedan cooperarnos en ese sentido y efectuar determinadas prácticas”.
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Potosi Jueces y fiscales dan ultimátum a presos para celebración de audiencias
Los jueces y fiscales dieron un ultimátum a las personas privadas de libertad para someterse a las audiencias de medidas cautelares en el marco del decreto presidencial del plan de descongestionamiento del sistema penitenciario.
Esa determinación fue hecha pública por el decano del Tribunal Departamental de Justicia, Vidal Rollano, quien informó que hubo una reunión conjunta con el Ministerio Público, Defensa Pública, Régimen Penitenciaria y la Policía.
“Si acaso los señores reclusos no quisieran acceder a esta determinación estaríamos dando por concluido el plan de descongestionamiento", sentenció Rollano.
Explicó que los internos se resisten a asistir a las audiencias aduciendo que deben celebrarse en el lugar donde pernoctan; es decir, al interior de la malla de seguridad de la cárcel de Cantumarca.
Los jueces y fiscales argumentan que no pueden celebrar las audiencias en el lugar que requieren los internos por motivos de seguridad.
La decisión de los privados de libertad se hizo conocer a esferas jerárquicas del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General del Estado.
No obstante, se encomendó a los funcionarios del régimen penitenciario y personal de seguridad del penal para que puedan persuadir a los internos a asistir a las audiencias en lugar que anteriormente se definió, aseveró Rollano.
Hasta anoche no se pudo conocer el criterio de los delegados o dirigentes de la población penitenciaria.
Guerrero anuncia “ajustes” en la Fiscalía de Cochabamba
El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero , anunció que entre hoy y mañana se conocerán los cambios que se harán en la Fiscalía Departamental de Cochabamba con el objetivo de mejorar la celeridad de los procesos y optimizar el trabajo en la justicia.
“Entre hoy y mañana vamos a tener algunas novedades de ajustes y cambios que vamos a tener en esta Fiscalía”, dijo Guerrero.
El Fiscal General señaló que ya se han estado haciendo algunos cambios en la Fiscalía cochabambina.
Explicó que en los últimos dos meses se destituyó a tres fiscales, casos que están en régimen disciplinario, y también se han llenado algunos cargos que estaban acéfalos.
“Hay algunos procesos disciplinarios por incumplimientos de plazos o resoluciones que no están debidamente desarrolladas, se están llevando los procesos en régimen disciplinario, en los últimos dos meses se han destituido tres fiscales de Cochabamba, están con un recursos jerárquico a resolverse”, aseveró.
En este sentido, Guerrero posesionará esta tarde a 17 nuevos servidores, entre fiscales y asistentes, quienes accedieron al cargo tras un proceso de selección que priorizó el currículo profesional y la formación académica.
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Conciliadores van a juicio tras quedar sin empleo
El representante de los conciliadores judiciales de Chuquisaca, Gilmar Sandoval, dijo ayer que presentó un recurso revocatorio tras quedar sin efecto los memorandos de designación por el Consejo de la Magistratura.
“Hoy día (ayer) estamos presentando el correspondiente recurso de revocatoria ante el Director Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura”, dijo.
Sandoval explicó que los conciliadores judiciales se ganaron un puesto de trabajo tras superar un examen de competencia y selección.
Según la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, las designaciones de conciliadores quedaron en statu quo hasta febrero de 2016, debido a la postergación de la puesta en vigencia de los Códigos Morales.
“Están dejando sin efecto los memorandos, están dejando sin efecto nuestra relación laboral, están dejando todo el proceso de selección”, denunció.
El Consejo de la Magistratura designó el 8 de julio a 157 funcionarios para el Órgano Judicial.
Uno de los requisitos para acceder al cargo era renunciar a sus trabajos y dedicarse exclusivamente a su rol como conciliadores desde el 6 de agosto de 2015.
Designa TDJ tribunal para caso bebé Alexander
Luego de una jornada de deliberación, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz decidió, por mayoría de votos, designar al Tribunal 10mo de Sentencia, como la instancia en la que se debe llevar adelante el caso de la muerte del bebé Óscar Alexander Ch.V.
“Se ha relacionado en Sala Plena (del TDJ) y por voto mayoritario se ha decidido que el caso lo deba tramitar el Tribunal Décimo de Sentencia, en consecuencia, el día de hoy ya se ha pasado el proyecto (de resolución), para que sea firmado y en el trascurso de esta semana, a más tardar el día de mañana, ya tendría que estar en ese tribunal”, declaró a El DIARIO, Virginia Crespo, vocal de la Sala Penal Primera.
La pasada semana, el juez tercero de materia en lo penal, Enrique Morales, remitió un informe al pleno del TDJ, señalando que los tribunales de sentencia, Décimo y Anticorrupción de Violencia Familiar generaron un “conflicto de competencias”, al rechazar atender el caso Alexander en su etapa de juicio oral.
Luego de ser admitido el informe, el pleno del TDJ, por sorteo, designó a Crespo para realizar la revisión de los documentos y presentación de un proyecto de resolución para que sea analizado y aprobado, como aconteció el lunes pasado.
De acuerdo con la explicación de Crespo, el Tribuna 10mo, compuesto por los jueces, Raúl Argani y Gladis Guerrero, luego de la aprobación del TDJ, no puede recurrir a ningún otro nivel judicial para excusarse de atender el caso Alexander y deben acatar con esta resolución.
“No tienen ninguna otra instancia (para excusarse), lo jueces deben cumplir, ya que el haber remitido el caso en conflicto de competencias negativo, lo que han hecho, inclusive es dilatar el proceso y en ese caso, también se le está imponiendo una sanción (dos días de haber)”, señaló Crespo.
Por su lado, Freddy Velásquez, abogado de Jhiery F.S. (35), el médico acusado por el cada vez más improbable delito de violación en contra del menor, afirmó que la negativa de los tribunales para atender el caso, se debe a que el proceso está lleno de irregularidades que desacreditaran el juicio como tal.
Para Velásquez, la negativa del Tribunal Décimo también perjudicó a su defendido debido en que todo este tiempo no se pudo apelar la detención preventiva que el médico guarda en la cárcel de San Pedro, desde el 16 de diciembre, en desmedro del derecho fundamental de la libertad, daño que no será reparado con la pequeña sanción que se impone a los miembros del Tribunal Décimo.
El 13 de noviembre de 2014, el bebé de ocho meses, Óscar Alexander Ch. V., perdió la vida en el Hospital Juan XXIII de la zona de Munaypata, de un paro cardiorrespiratorio y la anemia severa generada por una hemorragia interna, luego de ser reanimado tres veces de la broncoaspiración con su leche en el hogar Virgen de Fátima (ahora Niño Jesus), donde el menor fue internado y quedó a la tutela de la Gobernación de La Paz.
Sin prueba material en contra del entonces médico de turno del hogar, Jhiery F.S. (35), y en un proceso investigativo lleno de vicios, como la dudosa formación de los dos forenses que certificaron el sangrado como violación, la Fiscalía General direccionó el caso para que este sea tomado como tal y busca condenar, junto al galeno, a otra enfermera de esta institución y otros dos médicos del Hospital del Niño.
La detienen por presionar al juez en el caso FBF
Un juez dispuso la detención preventiva de una funcionaria del Consejo de la Magistratura, por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencia y obstrucción de la justicia en el caso Federación Boliviana de Fútbol.
“Una vez se tomó conocimiento del caso, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes (…) Se allanó una oficina y se procedió con la aprehensión de esta funcionaria para luego presentar la imputación formal”, explicó el fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez.
La personera, de quien no se reveló su nombre, deberá permanecer en la cárcel de San Roque, en Sucre, tras haber, presuntamente, presionado al juez Roberto Valdivieso, durante y después de la audiencia que definió la situación jurídica de Carlos Chávez y Alberto Lozada en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal en Sucre.
Colectados todos los elementos de convicción, la Fiscalía Corporativa Anticorrupción presentó la imputación formal y en audiencia realizó la fundamentación correspondiente demostrando que la funcionaria buscó influir negativamente en el juez.
“El Ministerio Público abrió investigación de oficio en este caso y una vez más cumplimos con nuestro mandato constitucional de defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad”, finalizó Ramírez.
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Preocupa lentitud de la Fiscalía en caso Andrea
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que ayer se llevó a cabo la pericia del vehículo y la planimetría del lugar en el que Andrea Aramayo fue herida de muerte. Las acciones de las autoridades se dan una semana después de que ella perdió la vida tras una discusión con su exnovio, William Kushner, en un centro de diversión nocturno. La pareja rompió su relación tres días antes del incidente fatal.
Preocupa reacción de la Fiscalía Existe preocupación por la lentitud con la que ha reaccionado la Fiscalía en la recolección de indicios. El lugar de los hechos (calle Pedro Salazar entre Hermanos Manchego y plaza Isabel la Católica) fue precintado recién el viernes 21, tres días después de que se registró el hecho. Se teme que las pruebas hayan sido contaminadas. El vehículo "está ahí tirado en un garaje", señalaron allegados a Kushner.
El Ministerio Público solicitó recién el lunes las imágenes de las cámaras de seguridad de la alcaldía, del pub Mongo's, del banco Mercantil Santa Cruz y de una discoteca que estaría cercana al lugar de los hechos.
Las imágenes pueden ser alteradas. Por el tiempo transcurrido, los abogados de ambas partes temen que las imágenes puedan ser alteradas o puedan perderse, ya que las memorias de dichos aparatos tecnológicos tendrían un tiempo de vigencia. Con las imágenes registradas en estas cámaras se podría esclarecer lo sucedido en la madrugada del 19 de agosto.
Asimismo, el fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, señaló que por los indicios recabados hasta la fecha, se presume la comisión del delito de feminicidio. "Los indicios han permitido concluir de manera eventual, provisional, que pudo tratarse de una situación pretendida por el imputado para dañar a la víctima" y dijo que existe una suma de hechos probatorios de la situación sentimental conflictiva entre ambas personas.
Se busca esclarecer si la muerte fue por atropellamiento. Las autoridades tratan de establecer ahora si la muerte se produjo por el atropellamiento y sobre todo si hubo o no premeditación en el conductor. Ambos habían ingerido bebidas alcohólicas en la discoteca.
Existe un plazo de 6 meses para sostener la acusación o inocencia
Pericias. La parte acusadora y la defensa tienen 6 meses para sostener la acusación o la inocencia, respectivamente. En ese tiempo se harán las pericias recabadas previas al juicio oral, donde se deberá leer la sentencia o la absolución.
Defensa. El abogado de William Kushner, Ernesto Vásquez, planteó ayer que el vehículo que manejaba su defendido la madrugada del pasado miércoles, tiene un peso de 24 mil kilos y que si hubiera rodado por encima de la cabeza de la fallecida Andrea Aramayo, esta hubiera "reventado".
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Video Jueces denuncian presión del Consejo de la Magistratura para emitir resoluciones en el caso FBF
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Magistratura sancionó a 141 funcionarios
En el primer semestre del año, el Consejo de la Magistratura sancionó a 141 funcionarios judiciales, entre ellos vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional, por la comisión de faltas en el ejercicio de funciones, informó el presidente de la Sala de Control y Fiscalización, Wílbert Choque.
La sanción a los funcionarios judiciales surgió a raíz del resultado de una inspección que se realizó a 104 juzgados en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Pando. Se anunció que este trabajo continuará en las próximas semanas en Potosí, Chuquisaca, Beni, Tarija y Oruro.
Choque indicó que en los juzgados disciplinarios se recibieron 1.506 denuncias en contra de servidores y exservidores judiciales por la comisión de faltas disciplinarias, de las cuales se han sancionado a 141 funcionarios y actualmente se tramitan 632.
Choque puso como ejemplo lo sucedido en Santa Cruz, cuando la jueza disciplinaria suspendió a un funcionario por nueve meses, pero con goce de haberes, lo que generó un daño económico a la institución. Otro hecho es el suscitado en Tarija, cuando funcionarios del Órgano Judicial realizaban trámites en Derechos Reales para favorecer a personas particulares.
Choque se refirió a una pesquisa iniciada por la Fiscalía en contra de una funcionaria del Consejo de la Magistratura, ya que ésta habría pretendido influir en un juez para favorecer a un implicado en la investigación a dirigentes del fútbol. Al respecto, aseguró que no se encubrirá a nadie.
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Fiscal General dice que Belaunde confirmó soborno
En su declaración ante fiscales bolivianos, el empresario peruano Martín Belaunde confirmó que sobornó durante su estadía en este país, informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
“Confirmó (los sobornos). Él dio detalles incluso de cómo entregó el dinero y a quién”, indicó la máxima autoridad del Ministerio Público.
La semana pasada, fiscales viajaron a Perú para tomar declaraciones a Belaunde, quien está acusado en Bolivia por huir de su arresto domiciliario e incurrir en cohecho.
Según Guerrero, Belaunde admitió que huyó, dijo quién lo ayudó y hacia dónde fue. El Fiscal General evitó dar mayores detalles sobre la declaración y pidió otorgar más tiempo a la comisión de fiscales para procesar la información.
El peruano huyó de su arresto domiciliario la madrugada del 24 de mayo y cuatro días después fue hallado oculto en una localidad beniana. Lo deportaron a Perú, donde ahora cumple detención en el penal de Piedras Gordas por cargos de corrupción.
Tras su escape, dos vocales del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Chumacero y Ramiro López, fueron detenidos preventivamente, acusados de recibir sobornos del empresario.
Además, el abogado de Belaunde, Jorge Valda, denunció que autoridades de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) también recibieron dinero para favorecer al peruano.
Fiscalía presenta acusación contra clan Romero Mamani
Óscar Campero, fiscal de la División de Prevención a Robo de Vehículos (Diprove), informó que dentro del proceso que se sigue en contra de tres hermanos que conformaban el clan de presuntos auteros “Romero Mamani”, el Ministerio Público presentó la acusación solicitando ocho años de cárcel.
“El Ministerio Público, conforme a conminatoria del juez, luego de la revisión de los cuadernos de investigación, se dispuso a presentar la acusación formal contra tres miembro del clan Romero Mamani”, declaró Campero a tiempo de indicar que los cargos en contra de estas tres personas es por robo y receptar objetos hurtados.
Según los antecedentes, en febrero, los hermanos José Martín (24), Néstor Faustino (26) y Marcos Antonio (39), miembros del clan familiar Romero Mamani, fueron aprehendidos luego de que se hallaran gran cantidad de autopartes en el domicilio de uno de los hermanos. Al Momento de su detención, se comprobó que los dos primeros ya tenían un proceso abierto por el cual cumplían detención domiciliaria desde unos meses antes.
En su momento, la Policía les atribuyó el robo de al menos 30 motorizados, que operaba en la zona central, Miraflores, Agua de la Vida en La Paz y Villa Ingavi en la ciudad de El Alto. Campero detalló que los delincuentes se especializaban en el hurto de vehículos 4x4, Toyota, modelos Land Cruiser y Corolla y lo hacían luego de hacer un seguimiento de las víctimas, aprovechando que los carros no se encontraban vigilados.
Campero también aseguró que el Ministerio Público pedirá la pena máxima para este tipo de delitos que es de entre tres y ocho años, pero si buscan el beneficio del juicio abreviado, no se les dará menos de seis años, a fin de que no salgan de la cárcel mediante el perdón judicial.
TDJ define tribunal para juicio oral del caso Alexander
JUEZ ENRIQUE MORALES QUE AÚN TIENE BAJO SU TUICIÓN EL PROCESO.
La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz definirá hoy cuál será el tribunal que debe llevar adelante el juicio oral del caso Alexander, según informe proporcionado por el presidente de esta instancia, Juan Carlos Berrios, luego de que dos tribunales rechazaran el caso, creando un conflicto de competencias.
Recordemos que ante el rechazo de los tribunales, para hacerse cargo del controversial caso, sobre las circunstancias en las que perdió la vida el “bebé Alexander” el 13 de noviembre de 2014, el juez tercero en lo penal cautelar, Enrique Morales, remitió un informe al TDJ de La Paz, para que esta instancia defina el juzgado que debe tratar el caso en la etapa de juicio oral.
El 29 de junio, el Ministerio Público concluyó luego de los seis meses de preparación, la presentación formal de la acusación en contra de tres médicos y una enfermera.
Morales, en aplicación de la Ley 586 de Descongestionamiento del Sistema Procesal Penal, previo sorteó, remitió el caso al tribunal 10mo de Sentencia. Los tres miembros de este tribunal rechazaron el caso y devolvieron obrados al Juzgado Tercero, arguyendo que el caso Alexander es un delito de corrupción.
Luego de la negativa, el 5 de agosto, Morales remite el caso al tribunal de sentencia, Anticorrupción de Violencia Familiar o Domestica, pero este tribunal también se niega a asumir competencia del caso, afirmando que este era un caso de delitos comunes.
“Lo que corresponde y tome la determinación es en fecha 14 de agosto, dictar un auto, haciendo una relación de los hechos explicando, por qué estos dos tribunales rechazan el caso y remitir el informe a Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, para que ellos resuelvan quién (cuál de los dos tribunales) tiene la competencia”, como lo explicó Morales a EL DIARIO.
La pasada semana se designó a la vocal Virginia Crespo, para que realice el análisis de los expedientes y hoy, desde las 09.00 en sesión ordinaria del TDJ, Crespo presentara un informe y el “proyecto de resolución”, que defina cuál de los juzgados es competente.
Según una explicación legal, una vez resuelto el conflicto de competencias y se designe el tribunal, si una de las partes que forman el proceso cree que se afectaron su derechos podrá presentar una denuncia contra el tribunal asignado, que por lógica será el sancionado, este puede ser pasible al menos de una suspensión de 10 días.
Guerrero: “Falta mucho por hacer, somos conscientes de eso”
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, en una entrevista con Los Tiempos, admitió que a casi tres años de su gestión “falta mucho por hacer” para cambiar el Ministerio Público.
Dijo que sobre un 40% de los 503 fiscales que hay en Bolivia pesan observaciones, pero la mayoría son institucionalizados.
Sin embargo, dijo que existe una “gran expectativa” en torno a las decisiones que se asuman en la Cumbre de Justicia prevista para esta gestión.
Los Tiempos (LT).- Está prevista la realización de la Cumbre de Justicia ¿qué expectativas tiene el Ministerio Público tomando en cuenta que presentó una propuesta?
Ramiro Guerrero (RG).- Es una tarea pendiente, en enero de este año el presidente del Estado (Evo Morales) lanzó la decisión de hacer una cumbre judicial, hemos venido trabajando desde el Ministerio Público, hace dos años, una propuesta.
En abril de este año hemos presentado un documento con 10 propuestas para una verdadera revolución de la justicia, esperemos que pueda ser tomado en cuenta como un aporte más del Ministerio Público. Entendemos que hay otros actores más de la sociedad que han presentado sus propuestas.
Consideramos que esta cumbre marcará una ruta crítica para lo que pueden ser las transformaciones de la justicia. No va a cambiar de un día para otro, sino que se trata de un proceso; se tendrán que encarar tareas inmediatas, urgentes que den señales a la sociedad y habrán otras tareas a mediano y largo plazo.
LT ¿Lo primordial para la Fiscalía General sería modificar la Ley del Ministerio Público?
RG.- No, es un punto. No es un tema de leyes sino es un tema de estructura, de sistema. En el ámbito del Ministerio Público, el problema es que todo se ha penalizado.
RG.- Primero porque otros mecanismos no están funcionando en el ámbito de la justicia como la conciliación y el sistema civil. No están funcionando los otros sistemas, los otros ámbitos del Estado para dar solución y todos apuntan al ámbito penal por eso éste se ha saturado. Los abogados están haciendo un uso y un abuso del ámbito penal. Algunos consideran que al cautelar a una persona está arreglado el problema y no es así.
En el ámbito del Ministerio Público pasa por tener un nuevo Código Penal, un Código Procesal Penal, acordes a lo que estamos desarrollando en la Fiscalía.
En el Ministerio Público hemos hecho varios cambios y reformas. Tenemos un nuevo modelo de gestión fiscal que desde septiembre se implementará en los departamentos del eje central que son los que faltan, tenemos fiscalías corporativas.
Estamos buscando una persecución penal estratégica inteligente. El ámbito penal es lo más notorio de la gente, pero hay otros sistemas que no están funcionando bien, nosotros planteamos una verdadera reforma integral de la justicia
LT.- ¿Se necesita un nuevo mapa territorial para los fiscales?
RG.- Es que hay poca presencia, ahí va por ejemplo nuestra propuesta porque de los 339 municipios que tiene el país, tenemos fiscales sólo en 145, menos de la mitad, y juzgados hay 154 si no estoy equivocado.
Entonces, no hay mucha cobertura y eso implica la falta de acceso, qué pasa con un comunario de un lugar recóndito de Cochabamba donde no hay un fiscal, no hay un juez, la persona no tiene acceso a la justicia.
Cuánto le implica en tiempo, en dinero y en muchas otras cosas más, cómo democratizamos el acceso, ese es el tema.
LT.- ¿Se requiere de más presupuesto y más personal?
RG.- Con el presupuesto que tenemos, con nuestra propuesta, podemos lograr que haya un acceso, una redistribución, un remapeo, ubicar a los jueces y fiscales.
LT.- ¿Ya se tiene planificada esa redistribución?
RG.- Estamos trabajando en ese ámbito. Luego también pasa porque el Ministerio Público pueda tener su propia policía investigadora, hoy son policías los que investigan y ahí tenemos gran dificultad. Por la permanente rotación de los investigadores y la falta de especialidad de los investigadores se genera una serie de conflictos que hacen al desarrollo del proceso y de la investigación.
LT.- ¿Serían civiles?
RG.- Estamos planteando una policía judicial especializada que dependa del Ministerio Público.
LT.- ¿Se ha podido cambiar a los fiscales “intocables”?
RG.- Hay algunos fiscales que se creen dueños de los cargos y atenidos a eso no cambian de actitud, de mentalidad, no cambian en este nuevo escenario de servir a la sociedad y no servirse de ella. Entones, seguimos trabajando para acabar con esto. Estamos continuando con ese proceso de depuración.
LT.- De los 508 fiscales que existen en Bolivia ¿cuántos son estos fiscales “intocables” que deben ser cambiados?
RG.- Cerca del 40 por ciento, no diré que no realizan todos un buen trabajo, para ser honestos hay algunos fiscales institucionalizados que también realizan un buen trabajo, así como hay algunos nuevos que han entrado y son malos. Hay de todo, pero en general algunos institucionalizados se creen dueños de los cargos, se creen insustituibles, se creen que no se les puede mover y cuando hacemos algún movimiento nos plantean amparos y una serie de recursos que no nos dejan hacer nada.
LT.- Justamente en La Paz, varios fiscales denunciaron abuso por el retiro injustificado
RG.- Abuso es extorsionar a la gente, abuso es retardar los procesos, abuso es no ir a las audiencias, abuso es cobrar dinero por los casos. Eso es abuso, el pedir que cumplan con su trabajo, el pedir que vayan a las audiencias que actúen con objetividad, el combatir la flojera en la fiscalía yo no sé si eso es abuso. Nosotros estamos actuando con bastante dureza en el tema de pedir el cumplimiento de su trabajo.
En el Ministerio Público no les pedimos ni un centavo de dinero, nadie entra con avales, nadie entra pagando plata, a nadie se le pide que pueda torcer la ley o el procedimiento para favorecer o perjudicar a alguien. Eso yo quiero dejar claramente establecido.
LT.- ¿Dónde están estos “malos” fiscales?
RG.- En todo lado. Obviamente que las fiscalías del eje troncal son grandes. En Santa Cruz tenemos 110 fiscales, en La Paz hay 125 y en Cochabamba 90, entonces ahí es donde se siente más. En Pando son 11 o 12 fiscales; en Tarija son 18 o 20, entonces ahí es menos.
LT.- Se ha implementado un sistema para recibir denuncias contra los fiscales ¿funciona?
RG.- Claro, hemos logrado importantes avances en ese tema, hemos destituido a más de 23 fiscales este último tiempo en La Paz, por todas las denuncias se iniciaron procesos.
Entonces, es una muestra de que no vamos a tolerar ese tipo de actos, obviamente la reacción es fuerte de parte de ellos. Hay fiscales que se organizan, no trabajan solos, en algunos casos hay jueces, abogados, policías, eso hace complicada la labor, eso hace que se generen reacciones contra nosotros que tenemos que asumir e implementar medidas radicales, pero es parte del trabajo.
LT.- A nivel general, se ha realizado un trabajo mayor en La Paz
RG.- Es la Fiscalía más grande, con casi 5 mil casos rezagados, acumulados y nuevos. Entonces es donde más se percibe, eso no quiere decir que en otros departamentos no sea importante, pero estamos yendo gradualmente, en las próximas semanas vamos a entrar a otros departamentos.
Evaluación de tres años de gestión
LT.- A tres años de su posesión como Fiscal General ¿cómo ha recibido la Fiscalía?.
RG.- Haremos una evaluación en su momento, estamos a dos meses prácticamente de cumplir tres años y tres años es también la mitad de mi gestión. Seguramente vamos a hacer una evaluación de cómo hemos recibido esta Fiscalía.
Sólo tres cosas, la mayoría de los fiscales no tenía una computadora e impresora, ahora todos tienen. La inversión en el IDIF era de 180 mil bolivianos en los últimos 5 años, sólo en estos dos años hemos invertido más de 12 millones en el IDIF, sólo inversión.
Antes había 436 fiscales, hoy tenemos 508. Se ha modernizado, antes no había un sistema biométrico de control del personal, hoy en todas las fiscalías, hasta en provincias, tenemos el control. Estos son un poco los avances que tenemos, además tenemos un plan estratégico institucional. Estamos avanzando en la Escuela de Fiscales hacia la nueva carrera fiscal, entonces son varios temas.
Es como un escalón de unas 30 gradas, hemos subido las primeras dos tal vez pero estamos avanzando, nos falta mucho por hacer somos consciente de aquello. Hay ciertos funcionarios que no entienden que este es un servicio a la sociedad, a la gente víctima de los delitos, por tanto nosotros no tenemos que abusar, que cobrar, que revictimizar a esa gente maltratada.
Este es un problema de actitud, de compromiso, tenemos las mejores leyes, las mejores infraestructuras, el mejor equipamiento, pero si uno no cambia de actitud, si uno sigue con esa mentalidad de cobrar dinero para favorecer al más poderoso, de dejar los casos en el olvido no vamos a cambiar.
Fallo del TC es clave para definir el futuro de las ONG en Bolivia
El fallo que emita el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley 351 y el decreto reglamentario 1597 será clave para que el Gobierno tome el control hegemónico de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), fundaciones y organizaciones sin fines de lucro.
Una resolución contraria al recurso, presentado por el Defensor del Pueblo, Rolado Villena, le otorgará automáticamente la potestad al Ministerio de Autonomías de entregar y revocar las personerías jurídicas de estas entidades colectivas.
El jefe jurídico del Ministerio de Autonomías, Javier Zúñiga, aclaró que las ONG y fundaciones no deben preocuparse si cumplen los requisitos para la adecuación de estatutos y su registro con los objetivos determinados para sus operaciones, pues seguirán funcionando como corresponde y no se les revocará la personería jurídica.
“Si una entidad colectiva en vez de dedicarse a ayudar a los niños, como es su objeto establecido en su estatuto, se dedica a hacer generar inestabilidad con acciones políticas, lógicamente que está fuera de su misión, por tanto es sujeto a una revocatoria de personería”, aseveró.
En cambio la directora de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), que aglutina a 26 organizaciones no gubernamentales (ONG), Susana Eróstegui, precisó que el Gobierno está buscando la toma total del control de estas entidades colectivas y alinearlas a sus condiciones, violando la libre asociación.
El presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwin Valverde, consideró como “clave” la decisión del TC para el futuro de las organizaciones colectivas sin fines de lucro porque dependerá de este punto si el Gobierno consigue finalmente tomar el control total de estas organizaciones.
Aunque también dijo que lo sensato sería un fallo en sujeción al respeto de la Constitución, que sería en favor de las ONG.
ANTECEDENTES El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó en noviembre de 2014 un recurso de inconstitucionalidad a dos artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas, promulgada el 19 de marzo de 2013 por el presidente Evo Morales y del Decreto Supremo 1597 de reglamento a la otorgación de personería y envió la solicitud de "amicus curiae" (amigos de la corte) para que terceras partes emitan criterio sobre el tema en particular antes de que el Tribunal emita su fallo.
El TC debió pronunciarse ya sobre este tema porque, según Eróstegui, se pasó del plazo establecido, por lo que considera se conocerá la resolución en cualquier momento, lo que definirá en gran medida el futuro de las entidades colectivas.
La representante de UNITAS precisó que la ley y el decreto mencionados facultan al Gobierno a disolver una ONG y fundación sin argumentar razones y sin procedimiento judicial, es decir que el “Ministerio de Autonomías otorga y quita la personería convirtiéndose en juez y parte sin intervención de terceros ni debido proceso, por tanto se puede colegir que buscarán argumentos para revocar la personería para las entidades colectivas que no son de su agrado”.
Además, para reconocerlas, obligan a que éstas adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo. La ley también establece que los activos de estas entidades sean tomados por el Estado "35 días después" de anunciada su disolución.
Eróstegui cuestionó que la norma sea ambigua al darle la facultad a la Asamblea Legislativa Plurinacional de solicitar la revocatoria de la personalidad jurídica en casos de "necesidad o interés público".
“Es un concepto ambiguo que puede ser usado por el Gobierno contra entidades críticas. Ello contraviene a la Constitución Política del Estado, que garantiza la libre asociación. Nosotros queremos claridad y esperamos que el fallo sea favorable para que se respete la Constitución y podamos tener ciertas garantías”, aseveró.
En 2013, el Gobierno apeló a esta norma, que no había sido demandada de inconstitucionalidad, para expulsar del país a la ONG ibis Dinamarca, sin especificar razones para ello, ni presentar pruebas.
Es el reconocimiento jurídico que se da a una entidad civil sin fines de lucro para ser objeto de derechos y contraer obligaciones.
La modificación de estatutos o reglamentos internos deberá ser tramitada ante el Ministerio de Autonomías para su respectiva actualización en el Sirepeju (Sistema de Registro de Personalidades Jurídicas).
La solicitud será presentada mediante nota al Ministerio de Autonomías, fundamentando la existencia de una o más causales de revocatoria.
El Ministerio de Autonomías, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, notificará a la parte afectada para que dentro de cinco días hábiles posteriores, a partir de la notificación, presente descargos.
﻿Siete causales de revocatoria
﻿El jefe jurídico del Ministerio de Autonomías precisó que se han especificado siete causales para la revocatoria de la personería jurídica.
La primera es el incumplimiento de la Ley 351 y el reglamento de la norma.
“Otra argumentación es por necesidad o interés público, que debe ser analizado por la Asamblea Legislativa, que puede fallar por la revocatoria de su personería, argumentando que determinada ONG o fundación no está cumpliendo con sus objetivos”, explicó.
Zúñiga señaló que otra causal es que estas entidades públicas se dediquen a otras actividades que no sean de su función de acuerdo a su objetivo.
Un cuarto elemento de revocatoria es por transferencia o comercialización de su personería.
Una quinta causal es por sentencia penal ejecutoriada. Una sexta causal es por no desarrollar ninguna actividad en el marco de su objeto y fines, en un periodo de cinco años. Y un último punto es por incumplimiento a las políticas y normas sectoriales, previo informe del ministerio del área que corresponde.
﻿Ley pone “candado” y limita campo de acción de entidades
﻿La disposición que obliga a que las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro adapten sus estatutos y objetivos a los planes gubernamentales de desarrollo y que solo puedan dedicarse a un objetivo específico, sin diversificaciones, es un “candado” que limita el campo de acción de las entidades colectivas.
“Esto sucede cuando una ONG recibe un apoyo financiero para una temática nueva que el Estado no está en la capacidad de cumplir. Esto es una gran limitante desde el Ministerio de Autonomías”, afirmó la directora de Unitas, Susana Eróstegui.
Argumentó que si la ONG recibe recursos para la prevención de la violencia contra las niñas, está fuera del alcance que demarcó el Gobierno al momento de otorgar la personería, por tanto es un obstáculo en su campo de acción y que va en desmedro de los sectores más vulnerables.
“Esta idea de alinearnos todos solo a lo que el Gobierno está planteando como Plan de Desarrollo está impidiendo el progreso de los potenciales, la creatividad y la innovación para responder a múltiples necesidades. A la vez se vulnera ese derecho de asociación”, aseveró.
Eróstegui aclaró que su sector no se opone a la ley, sino que piden una norma clara en el marco de la Constitución, donde se respete las libertades democráticas, el derecho de asociación y se promueva la participación social con la contribución de las ONG al desarrollo del país.
Señaló que deberían ser partícipes en la definición de las políticas públicas y tener la posibilidad de dialogar con las autoridades.
﻿Advierten que monopolio busca eliminar disidencia
﻿El presidente del Colegio de Politólogos de La Paz, Ludwin Valverde, dijo que el Gobierno busca monopolizar las ONG y fundaciones para eliminar las “disidencias”, pero con un accionar “autoritario” al querer limitar los derechos civiles y derechos de asociación que están garantizados por la Constitución Política del Estado.
“Lo que el Gobierno quiere posesionar es el monopolio de la representación social, de la verdad y el pensamiento único. Quiere alinear a las ONG y fundaciones, pese a que la propia Constitución no lo permite. Quiere generar un pensamiento único que controle cualquier tipo de pluralidad o disidencia contra el Gobierno”, aseveró.
Según el politólogo, este accionar del oficialismo, a través del Movimiento Al Socialismo (MAS), no le hace bien a la democracia, donde el disenso es necesario y no así la imposición, que se ha aplicado con las ONG.
PEDIDO Valverde considera que es “reprochable” todo monopolio que quiera imponerse en el caso de estas entidades, sin respetar la Constitución.
“Esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie por el respeto a la libre asociación consagrada en la Constitución y las obligaciones de Bolivia previstas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo contrario significaría un retroceso”, aseveró.
Dijo también que con estas actitudes del Ejecutivo, se proyecta un futuro incierto que puede ser muy peligroso cuando llegue a una insostenibilidad en la sociedad y que más adelante puede ser un argumento para generar conflictos sociales.
“Estas acciones deben llamar poderosamente la atención en la sociedad ante las arremetidas que vienen desde el poder para limitar las libertades civiles”, aseveró.
Asimismo consideró como un “contrasentido y falta de lealtad” que el Gobierno pretenda arrinconar a las entidades colectivas, cuando una gran mayoría de sus autoridades pasaron por una ONG o fundación.
Además, dijo que en varias organizaciones colectivas se ha defendido y promovido la carrera sindical y política del presidente Evo Morales.
La semana pasada el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, advirtió con expulsar del país a las organizaciones que se entrometan en asuntos internos.
﻿El MAS promoverá una norma específica y coercitiva
﻿El vicepresidente de la Cámara de Diputados y legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, manifestó que hay la decisión de trabajar en un proyecto de ley específico para fiscalizar a las ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, donde se incluyan sanciones y acciones coercitivas contra los que incumplan la normativa.
Considera que la actual normativa de Otorgación de Personalidades Jurídicas y su reglamentación no es suficiente, pues cree que hay la necesidad de precisar varios aspectos.
“La nueva ley deberá establecer la naturaleza jurídica de las ONG, la finalidad que tienen esas organizaciones y la transparencia en el manejo de sus recursos. Puede ser que haya recursos de dudosa procedencia”, indicó.
Según Borda, existen ONG que dicen defender el medio ambiente pero sus recursos los desvían a otros fines, por tanto considera que esas acciones deben sancionarse e individualizar las responsabilidades.
El diputado oficialista aclaró que la nueva ley no será complementaria, sino específica, porque la ley vigente no incorpora control. Dijo que se pretende incluir medidas coercitivas más efectivas con la incorporación de sanciones para que las ONG y fundaciones no se desvíen de sus objetivos y finalidades.
“El ente fiscalizador tiene que saber cuánto tienen estas organizaciones y en qué están invirtiendo”, aseveró Borda.
Recordó que algunas ONG financiaron movimientos y protestas que apoyaban a la “derecha”, acción que puso en riesgo la estabilidad del Gobierno del presidente Morales.
“Este elemento es sancionable con la revocatoria de personería”, concluyó al recordar el caso de los marchistas del TIPNIS, en la época de la Asamblea Constituyente y otros hechos que demostraron que las ONG apoyan a la oposición.
La independencia judicial sigue siendo sólo un discurso en AL
La independencia del Poder Judicial en los países latinoamericanos sigue siendo sólo un discurso porque constantemente es “vapuleado” por los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual acabó en una judicialización de la política y una politización de la justicia, coinciden expertos internacionales en materia constitucional.
Pablo Darío Villalba Arnez, docente de la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción de la ciudad de Encarnación en Paraguay, quien sostuvo en Sucre que la independencia judicial sigue siendo uno de los grandes problemas en Latinoamérica porque el equilibrio de poderes que señala la teoría de Montesquieu no se respeta y el Poder Judicial es constantemente vapuleado por el Ejecutivo y Legislativo.
Hablando de su país, Paraguay, sostiene que después de casi 35 años de dictadura, lleva 25 años de democracia, en este tiempo se hicieron algunos avances pero la independencia judicial sigue siendo una deuda, según el profesor.
Los avatares políticos en el país vecino generaron una cantidad de juicios políticos que impidieron el equilibrio de poderes en el Estado democrático, situación similar ocurre en los países vecinos.
“El que tiene que poner equilibrio es el judicial que todavía no se puso los pantalones largos en mi país como para tratar de evitar que esta lucha intestina que tienen de poderes políticos sea consolidado con la institucionalización democrática cimentada en un equilibrio armónico de poderes, de manera que no esté un poder encima de otro, sino cada uno cumpliendo su función”, aseguró.
El jurista agregó que de hecho se habla de que el siglo XXI sea el predominio de los jueces, así como fue el siglo XIX del Legislativo y el siglo XX del Ejecutivo. No significa que los jueces gobiernen, sino simplemente que el Poder Judicial en sí, al institucionalizarse y equilibrarse con los demás poderes tenga mayor trascendencia.
Otro estudioso, Henry Einar Izaza profesor de la Universidad Autónoma Chiriquí de Panamá y director del Centro de Investigación de esta casa superior de estudios, refirió que la Constitución Política del Estado de su país plantea que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben actuar en armónica colaboración pero de manera independiente. Y uno de los avances para lograr esa independencia es separar la jurisdicción constitucional del Órgano Judicial, que sea autónomo, independiente e imparcial. En esto, avanzaron muchos países como el caso de Bolivia que tiene un Tribunal Constitucional separado del Órgano Judicial, pero la independiencia sigue siendo cuestionada.
En criterio del académico, la crítica es a la forma de elección de los magistrados que ocupan estas altas jurisdicciones tanto constitucional como judicial porque los tribunales constitucionales se legitiman a través de sus fallos.
“Si no logramos llevar a las personas que tengan experiencia, capacidad y preparación académica a estos cargos, realmente no vamos a lograr una verdadera independencia porque las jurisdicciones constitucionales son los frenos contra el abuso que puedan realizar los órganos Ejecutivo y Legislativo”, sostuvo.
También dijo que el órgano constitucional es el contrapeso para que los ciudadanos que de una y otra manera consideran que sus derechos fundamentales o derechos humanos fueron vulnerados, puedan acudir a la jurisdicción constitucional a fin de buscar una tutela o protección.
En Panamá, el control concentrado de constitucionalidad lo ejerce el pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir los nueve magistrados, hacen control concentrado de constitucionalidad de leyes y actos.
Actualmente, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y República Dominicana apostaron a un Tribunal Constitucional especializado. En cambio, Costa Rica y Nicaragua tienen salas de garantías constitucionales adscritas al Órgano Judicial.
Los juristas también abordaron el debido proceso y los derechos humanos, y los ajustes de convencionalidad en las normativas de varios países.
Explicaron que el debido proceso como garantía para el juzgamiento de los ciudadanos fue mejorando dentro del contorno doctrinario: desde un debido proceso tradicional que ya fue superado por el debido proceso constitucional que está en vigencia en los países latinoamericanos, empero, el reto a conquistar es el debido proceso transnacional, lo que no implica que el procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se traslade a los países sino que estos principios se vayan ajustando en los distintos fueros internos de cada país.
Izaza se refirió a un fallo en el caso Gelman vs Uruguay, que es considerado bisagra en Latinoamérica porque a través de esa sentencia se obligó a los estados a que todas las resoluciones judiciales emanadas por la CIDH se constituyan en precedente vinculante para cada uno de los países que no pueden desconocer el sistema.
“El juez boliviano no puede seguir entendiendo solamente la realidad interna basado en los fallos de Bolivia, sino está obligado por el control de convencionalidad a conocer todos los fallos de la CIDH y aquellos principios establecidos por la Corte internacional para la defensa de los intereses ciudadanos tiene que ser aplicado por el juez”, señaló el docente.
La sentencia de la CIDH en el caso Gelman contra el Estado uruguayo, se conoció en 2013 a consecuencia de que los estados estaban siendo reacios a aceptar los fallos de la Corte internacional, bajo el argumento de que un fallo dictado en un país no puede ser aplicado en otro.
Eso rompió el principio de supremacía constitucional en cada país a la cual estaban acostumbrados en Latinoamérica. “Cuando se trata de una mejor protección a la persona, sí o sí se tiene que aplicar, o la norma interna que sea mejor o si hay una mejor interpretación a nivel internacional de la CIDH debemos obligatoriamente aplicarla”, recalcó Izaza.
En su criterio, este paradigma todavía no fue entendido por los doctrinarios ni mucho menos por los jueces de los distintos países que están preocupados en aplicar más el orden interno y no así el internacional. “Ahora el derecho se ha ensanchado y hay que convertir a la persona en el centro de la protección, en el centro del derecho”, resaltó.
Por su parte, Villalba dijo que cuando se habla de un debido proceso trasnacional se está hablando de la perspectiva de un juez independiente. “Si no tenemos jueces independientes con mucha contracción a su actividad, con una gran conciencia de argumentación sobre principios basados en la Constitución y la Convención Interamericana vamos a seguir teniendo serios problemas en Latinoamérica”.
Los expertos señalaron que se continúa trabajando desde el ámbito académico para la aplicación de los principios de la Convención Interamericana, pero todavía no se comprendió por parte de los gestores políticos que son los que van a llevar el cambio en cada uno de los países.
Henry Izaza - Academico panameño: "“Si no logramos llevar a las personas que tengan experiencia, capacidad y preparación académica a estos cargos, realmente no vamos a lograr una verdadera independencia porque las jurisdicciones constitucionales son los frenos contra el abuso que puedan realizar los órganos Ejecutivo y Legislativo"
A los administradores de justicia Capacitarán sobre el Código Civil
La Comisión de Seguimiento e Implementación del Código Procesal Civil fijó cuatro meses de capacitación a operadores de justicia sobre el Código Procesal Civil, para que cuando se implemente, no tengan inconvenientes y para que los actores de justicia estén a la altura de los propósitos de la norma, informó el viernes el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.
El fin de las actividades. El titular de la Cámara Alta explicó que el objetivo es que los funcionarios que apliquen esa nueva norma, tengan vastos conocimientos.
"La idea es que cuando entre en funcionamiento o en aplicación este nuevo Código, la gente que tenga que aplicarlo, lo conozca, que esté perfectamente interiorizados sobre el tema", sustentó.
Dicho código debía entrar en vigencia el pasado 6 de agosto, pero se postergó su aplicación hasta febrero del próximo año. / Agencias
Sucre La fiscalía allana el consejo de la magistratura
El fiscal Departamental de Chuquisaca, Roberto Ramírez, informó que el Ministerio Público allanó una oficina en el Consejo de la Magistratura (CM), para colectar elementos respecto a una denuncia de corrupción contra una funcionaria. “Una comisión de fiscales anticorrupción procedió al allanamiento de una oficina pública y a dos domicilios particulares, para recolectar elementos que puedan dar indicios de los delitos en los que habría incurrido una funcionaria, denunciada por la presunta comisión de los delitos de Obstrucción a la Justicia y Uso Indebido de Influencias”, explicó Ramírez. Indicó que se recolectó documentación, una computadora y otros elementos que podrán coadyuvar en la investigación. “Estamos luchando contra la corrupción y seguiremos actuando en base a la verdad”, expresó.
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El Tribunal Agroambiental propone oralidad plena y conciliación en juicios
Con el objetivo de agilizar los juicios y evitar la retardación de justicia, el Tribunal Agroambiental (TA) planteó ayer implementar los procesos orales, incluir la conciliación, además de digitalizar las actas en los litigios que se desarrollan en ese ámbito.
Las propuestas del TA se realizaron en el marco de un seminario internacional sobre justicia agroambiental que se realiza en Cochabamba con la participación de expertos internacionales de tres países.
El presidente del TA, Lucio Fuentes, dio inicio al evento manifestando que la oralidad plena en los procesos agroambientales es un procedimiento esencial que le permite al juez determinar la resolución del conflicto entre las partes en la misma audiencia con el dictamen de la sentencia, haciendo transparentes sus acciones.
Explicó que el objetivo de este encuentro es fortalecer la misión jurisdiccional y alcanzar una justicia oportuna e inmediata que satisfaga las necesidades de la población.
“La intención de implementar la oralidad plena, es acortar plazos procesales y que los mismos sean transparentes; es decir, que las dos partes se sientan frente a frente al juez y la audiencia debe dictar la sentencia en presencia de ambas partes, de manera oral”, expresó Fuentes.
Explicó que un proceso agroambiental dura tres meses ante el juez agrario, “la ventaja es que no tenemos tribunales o jueces de apelación, luego de dictar sentencia el juez agroambiental viene directamente en casación a la última instancia, nosotros dictamos el auto nacional y ahí termina. Antes, un proceso duraba 10, 20 o 30 años y nunca concluía, esto ya se ha superado, los jueces ya no dependen del Órgano Ejecutivo, ahora que se implementó la oralidad que todavía no es plena, sino mixta”.
El expositor argentino, Leonardo Pastorino, recalcó en su conferencia que “los principios de la oralidad en este tipo de procesos, se representan por la verdad material, celeridad, sencillez y claridad”.
Litigios por tierras
Los procesos más recurrentes del Tribunal Agroambiental en la actualidad son los interdictos que hacen referencia al hecho de retener o recobrar la posesión de tierras, pero también atienden casos de acciones reales y derecho propietario.
El presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes, explicó que el antes denominado Tribunal Agrario Nacional empezó a funcionar el año 2000, con la nuevo Constitución Política del Estado (CPE); a partir de 2012, se conoce como Tribunal Agroambiental y cuenta con 57 jueces.
Las comparaciones estadísticas del número de causas entre ambas, evidencian que el Tribunal Agrario en diez años de vida conoció un poco más de 3000 causas, y el Tribunal Agroambiental con cuatro años de vigencia registra alrededor de 1600 causas; es decir, que en 4 años se documentaron un poco más de la mitad de lo que conocieron los anteriores vocales, esto significa que existe un aumento progresivo del número de causas.
Los juicios agroambientales serán 100 por ciento orales en el país
La totalidad de juicios en materia agroambiental será oral y durará en promedio solo tres meses, anunció ayer el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes Hinojosa.
La decisión responde a la necesidad que existe de atender de manera oportuna y plena cada uno de los procesos judiciales que se ventilan en el Tribunal, argumentó la autoridad judicial.
“La jurisdicción agroambiental plenamente reconocida por la Constitución Política del Estado ha elegido el principio de la oralidad como un procedimiento esencial”, recalcó Fuentes.
VENTAJAS Con la oralidad los diversos litigios en materia agroambiental serán resueltos de forma rápida, aseguró Fuentes.
En la actualidad, los procesos en materia agroambiental se ventilan utilizando un sistema mixto, es decir 50 por ciento oral y 50 por ciento escrito.
La meta ahora es tener el 100 por ciento de los juicios orales, lo que permitirá que un proceso pueda durar “ya no seis meses sino solo 90 días”, afirmó Fuentes.
Para hacer realidad los cambios que están en marcha, el Tribunal decidió no solo apresurar pasos orientados a transformar todos los procesos exclusivamente orales, sino también promover eventos internacionales.
En este sentido, el Tribunal Agroambiental inauguró ayer en el Hotel Regina del municipio de Tiquipaya, un evento internacional denominado “Implementación de la oralidad plena”.
Del evento también participó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
El seminario sirvió para reflexionar sobre la aplicación de la oralidad plena, comentó al respecto Fuentes.
Con este fin, el Órgano Judicial invitó a especialistas de México, Costa Rica y Argentina para que puedan coadyuvar al logro de las políticas institucionales que tienen para implementar la oralidad plena, el expediente electrónico, la itinerancia de los juzgados agroambientales en el Estado y la política verde de cero papel, explicó la autoridad judicial.
PROCESOS En una década de funcionamiento, el Tribunal Agroambiental procesó 4.600 casos, de los cuales 1.600 se ventilaron entre el 2012 y 2015.
Del conjunto de causas recibidas por el Tribunal, Fuentes informó que los más recurrentes tienen que ver con los interdictos, es decir, litigios entre personas naturales y jurídicas que se abren por recuperar el derecho propietario de tierras.
“Son el pan de cada día”, acotó.
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Iván Lima renunció a su cargo como magistrado del TSJ
Iván Lima renunció a su cargo de magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el fin de modificar las normas de juicios de responsabilidades y que los dignatarios de Estado o altas autoridades procesadas tengan derecho a una apelación.
"Dije que no iba a seguir como magistrado si no se ajustaba la ley. Mi renuncia ha contribuido para que el TSJ tome una decisión de adecuar las normas bolivianas que será histórica para el país”, declaró Lima.
El ahora exmagistrado explicó que la Constitución Política del Estado (CPE) incluyó el pacto de San José de Costa Rica con rango constitucional. Este acuerdo internacional establece que los estados suscritos no pueden mandar a la cárcel a nadie si no tiene derecho a una apelación.
Pese a este acuerdo internacional, "no está en nuestra ley de juzgamiento de altas autoridades” el derecho a apelar aclaró.
Advirtió que las altas autoridades nacionales que sean sometidas a un juicio de responsabilidades podrán demandar al Estado boliviano por vulnerar su derecho a apelación.
Por ejemplo, Lima citó un proceso que el Estado enfrenta en contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al no permitir una segunda instancia o apelación a los procesados de la masacre de octubre de 2013.
Los juicios de responsabilidades sobre los misiles chinos y los petrocontratos eran procesados en el TSJ. "Paramos los juicios y los mantendremos en suspenso hasta que el Tribunal y la Asamblea Legislativa adecúen el ordenamiento jurídico a nuestra Constitución y a la convención interamericana”, declaró.
Pese a su renuncia, continuará como juez en ambos procesos porque la ley impide a los magistrados abandonar los casos que atendían. El exmagistrado descartó injerencia política.
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EN TARIJA: Anuncian un encuentro sobre justicia
Para el miércoles 26 de agosto está previsto el desarrollo del primer encuentro de reflexión sobre justicia en Bolivia. El evento será desarrollado en los ambientes del Marqués desde horas 18.00. La senadora de Unidad Demócrata (UD), Mirtha Arce,
dijo que es preciso entablar un escenario de análisis y debate en torno al sistema judicial que se aplica en el país, es por ello que se contará con la presencia de diferentes expositores, entre ellos la Fundación Pasos Kanki.
Caso Quispe sin resolución
Miguel Viera, abogado de Carminia Luna, una de las victimas del exfiscal Humberto Quispe, denunció ayer que la juez sexto de materia en lo penal, Jaqueline Tintaya, no entrega la transcripción de la resolución, en la que otorgó el beneficio de la detención domiciliaria a Quispe, obstaculizando la apelación de la determinación ante una instancia superior.
De acuerdo con los plazos procesales, Luna debía entregar la tarde de ayer, dicha resolución, para apelar el fallo emitido por la Juez Sexto de Instrucción Cautelar, que dispuso la detención domiciliaria, sin escoltas ni arraigo y con permiso de salidas laborales, pese a las contradicciones que existen en la dirección que acreditó Quispe y no corresponden al lugar donde habita de forma cotidiana.
Pese a los insistentes reclamos y solicitudes que se hicieron ante dicha juez, Viera informó a EL DIARIO, que hasta las 18.30 no se les otorgó una copia transcrita de dicha resolución e hizo notar que se presentará denuncia contra la juez Tintaya por no cumplir con sus funciones y no notificar a las partes con este documento necesario para presentar la apelación, creando la figura de indefensión para su cliente. Pese a esto, Viera presentó la apelación ante la autoridad judicial sin la transcripción de esta resolución que deberá ser sustentada luego de que sea sorteada en tribunal de alzada.
Iván Lima renuncia al Tribunal Supremo
Iván Lima Magne renunció irrevocablemente al cargo de magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de haber permanecido en funciones durante 15 meses. La carta de dimisión fue enviada a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Kathia Uriona.
En la carta de renuncia, fechada el 17 de agosto, a la que accedió La Razón, Lima no hace referencia al motivo de su decisión de alejarse del Tribunal Supremo de Justicia, ya que se limitó a señalar que una copia de la misma fue remitida al presidente de esa institución del Órgano Judicial, Jorge von Borries. No obstante, vía telefónica, indicó escuetamente que lo hizo por “responsabilidad personal y respeto a la Constitución Política del Estado”.
“Por medio de la presente carta formalizo y presento renuncia irrevocable a la función de Magistrado Suplente del Tribunal Supremo de Justicia, conforme señalan los artículos 23 numeral 25 de la Ley 025, en concordancia con las leyes 044 y 612”, señala parte de la carta.
El 28 de abril de 2014, Lima fue posesionado por el presidente Evo Morales luego de la renuncia irrevocable de Williams Alave. Su labor como magistrado liquidador terminó en diciembre de ese año.Lima fue convocado para ser parte del Tribunal de Juicio de Responsabilidades en el caso Misiles, que actualmente se desarrolla en Sucre.
El Órgano Judicial no pagará salarios a los conciliadores
Los 157 jueces conciliadores que fueron seleccionados, capacitados y posesionados no cumplirán ninguna función en el Órgano Judicial y tampoco recibirán ningún salario, según determinó una comisión de alto nivel que lleva adelante la implementación de los denominados “Códigos Morales”.
El consejero de la Magistratura Wilbert Choque dijo que esa decisión fue asumida por la Comisión de Seguimiento y Fiscalización integrada por los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, representantes de los ministerios de Justicia y de Economía, y los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura.
“Por el momento, el Consejo de la Magistratura ha suspendido cualquier cancelación de sueldos o haberes de los conciliadores y serán esos conciliadores quienes tomen decisiones, porque son seis meses sin trabajo, y ver otras opciones para ejercer una labor”, expresó Choque y señaló que, como Consejo de la Magistratura, ya no pueden asignar otras funciones a los conciliadores.
Respuesta. Al ser consultada sobre esto, Nelly Ramírez, vocera nacional de los conciliadores, sostuvo que se pronunciará luego de sostener una reunión con autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Indicó que aún no fueron notificados con la determinación dada a conocer por Choque. La semana pasada declaró que esperaban que hasta el 6 de febrero de 2016, cuando entren en vigencia los “Códigos Morales” (Procesal Civil y de Familias y Procesal Familiar), les reasignen funciones, como socializar esas normas.
Choque incluso puso en duda si los conciliadores continuarán en el Órgano Judicial desde febrero y afirmó que esa decisión será asumida en la comisión recientemente creada.
La citada comisión comenzó a trabajar desde el viernes en la ciudad de La Paz y ya sostuvieron reuniones, por ejemplo, con el sistema universitario estatal para la socialización e implementación de los nuevos códigos. En cuanto a las oficinas, Choque afirmó que los ambientes ya alquilados se utilizarán para otros fines, ya que se debe tomar en cuenta que hay una “crisis en infraestructura”.
Limachi advirtió pérdidas
La delegada de la Magistratura en La Paz, Mónica Limachi, advirtió que la postergación de la vigencia de los “Códigos Morales” puede dejar una pérdida de Bs 32 millones invertidos en oficinas.
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Piden a conciliadores buscarse trabajo
El decano del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, planteó ayer a los 157 conciliadores designados oficialmente que se busquen otra fuente de trabajo por seis meses hasta que entre en vigencia el nuevo Código de Procedimiento Civil.
La aplicación de la norma fue postergada por una ley aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido al desconocimiento de la misma por parte de los operadores de justicia.
“Por el momento, el Consejo de la Magistratura ha suspendido cualquier trabajo, cancelación de sueldo o haberes de los conciliadores y serán ellos mismos los que tomen decisiones porque son seis meses que tendrían que ver otras opciones para poder trabajar”, dijo Choque.
Los profesionales que se presentaron a la convocatoria del Consejo de la Magistratura y después fueron seleccionados para asumir el cargo de conciliadores en el Órgano Judicial renunciaron a sus fuentes de trabajo, porque debían iniciar con sus nuevas labores a partir del 7 de agosto. Sin embargo, una semana antes de cumplirse el plazo la ALP determinó postergar la aplicación de la nueva normativa que incluye el trabajo de los conciliadores.
Según la nueva disposición, la aplicación del Código Procesal Civil entrará en vigencia a partir del 6 de febrero.
“Creo que muchos (conciliadores) ya están tomando otras opciones, más allá de eso el Consejo de la Magistratura ha hecho todo lo posible para ver alguna otra solución, sin embargo como la ley es la que ha postergado, nosotros como consejeros no podemos ir por encima de la norma y por el momento estamos esperando que la comisión tome alguna decisión”, agregó.
Los 157 profesionales que fueron posesionados superaron un concurso de méritos y recibieron capacitación sobre la resolución de conflictos mediante la conciliación.
Choque dijo que esta suspensión no implica un daño económico al Estado, pero reconoció que “los más perjudicados son los conciliadores”. En relación al alquiler de infraestructura para que profesionales inicien su trabajo, dijo que será utilizada para otros fines considerando que los operadores de justicia requieren de más espacio para atender a la población.
Labels: Conciliadores, Consejo de la Magistratura
Magistratura Frenan contratación de conciliadores
Los 157 conciliadores que ya fueron posesionados en sus cargos no serán contratados por el Consejo de la Magistratura y están en libertad de tomar otros trabajos, debido a la postergación de la aplicación del nuevo Código Procesal Civil, reportó radio Aclo de la Red Erbol.
"Los memorándums quedan suspendidos (…). Lógicamente no se le va a cancelar ningún sueldo (…). De momento ellos quedan en libertad para tomar otros cargos, otras responsabilidades", explicó el consejero Wilber Choque.
Estos conciliadores debieron asumir su función para resolver procesos civiles, desde el 7 de agosto, pero la Asamblea Legislativa decidió suspender la aplicación de la nueva norma hasta febrero de 2016.
Una comisión definirá qué hacer. Choque indicó que una comisión, conformada para preparar la implementación del Código, definirá si en febrero estos conciliadores serán tomados en cuenta de nuevo.
Los 157 que fueron posesionados superaron un concurso de méritos y recibieron capacitación. El consejero Choque aseveró que esta suspensión no implica un daño económico al Estado. /Erbol
Procesarán a abogado de Humberto Quispe
Jorge Borda, abogado del exfiscal Humberto Quispe, será procesado por una de las víctimas de esta exautoridad, por haber presentado un memorial falseando la verdad sobre la detención domiciliaria, con el objeto de retrasar las investigaciones en su contra por otros delitos y estar recibiendo ayuda del fiscal asignado al caso, por ser su amigo, según la explicación del jurista Boris Espinoza.
El jurista, representante de José Luis Cuenca, fue víctima de robo en su joyería y luego fue señalado como autor de un autorobo por Humberto Quispe, que en colaboración de dos de los empleados de Cuenca, sustrajo, bajo la figura de decomiso, varias joyas de oro que luego las cambio por piezas de material dudoso para devolverlas al propietario, sin esclarecer la denuncia del robo.
Espinoza manifestó que Jorge Borda, abogado de Quispe, presentó un memorial, ante el Juzgado 13vo de instrucción en lo penal, indicando que su defendido está en libertad.
“Eso es una falsedad, el domingo, se ha dictado (en contra del exfiscal Humberto Quispe) detención domiciliaria, con permiso de salir a trabajar (…), nosotros vamos a denunciar esto al Ministerio Público, porque la situación de este abogado (Borda), se está complicando”, declaró Quiroz.
Por otro lado, señaló que el fiscal asignado al caso, Sergio Bustillos, pretende favorecer a Humberto Quispe, separando un caso de robo agravado, de la serie de denuncias que la “Asociación de Víctimas” tiene en contra del exmiembro del Ministerio Público, acusado de montar casos en complicidad de efectivos de la Policía. Bustillos habría manifestado a Cuenca y Espinoza, ser amigo de Quispe luego de haber trabajado con él en la Gobernación de La Paz.
Labels: Abogados, Corrupcion
Morales remite informe a TDJ Jueces rehúyen caso Alexander
Ante el rechazo de dos tribunales, para recibir el controversial caso bebé Alexander para la etapa de juicio oral, el juez tercero en lo Penal Cautelar, Enrique Morales, remitió un informe al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, para que esta instancia determine el juzgado en cual debe ser tratado.
Luego de que la etapa preparatoria concluyera con la presentación formal de la acusación en contra de tres médicos y una enfermera, por parte del Ministerio Público el pasado 29 de junio, el juez Morales, en aplicación de la Ley 586 de Descongestionamiento del Sistema Procesal Penal, previo sorteo, remitió el caso al tribunal Décimo de Sentencia.
Pero en esta instancia, los tres miembros de este tribunal decidieron rechazar el caso y devolver obrados al Juzgado Tercero, arguyendo que el caso Alexander (la muerte del bebé de ocho meses) es un delito de corrupción.
En tal sentido, previendo los plazos procesales, el cinco de agosto, Morales remite el caso al tribunal de sentencia, Anticorrupción de Violencia Familiar o Doméstica.
Sin embargo, este tribunal también se niega a asumir competencia del caso, afirmando que este era un caso de delitos comunes.
“Entonces, estos dos tribunales han creado los que se denomina el conflicto de competencias, por lo que he determinado volver a enviar el caso al juzgado Décimo de sentencia, pero este lo vuelve a rechazar. Lo que corresponde y tome la determinación, es en fecha 14 de agosto, dictar un auto, haciendo una relación de los hechos, explicando porque estos dos tribunales rechazan el caso y remitirlo a Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia, para que ellos resuelvan quien (que tribunal) tiene la competencia”, declaró a EL DIARIO, el juez Morales.
Según la agenda de la Sala Plena del TDJ, ayer en horas de la tarde debió tratarse el tema y resolver que tribunal tiene competencia para tratar el caso. Por lo que hoy se espera la notificación hacia el Juzgado Tercero en lo Penal, para que remitan el caso a la autoridad que corresponda.
Video El nuevo modelo de gestión fiscal permite mayor celeridad en la administración de justicia
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Labels: Fiscales, Videos
Fiscales bolivianos hacen 35 preguntas a Belaunde
35 interrogantes formularán los fiscales bolivianos que viajarán a Perú la próxima semana para interrogar al ciudadano Martín Belaunde Lossio, según comunicó en la víspera el fiscal de Distrito de La Paz, Marcelo Rollano.
“Son alrededor de 35 preguntas que han sido diseñadas por esa Comisión y que han sido puestas de manera previa en conocimiento de la autoridad jurisdiccional del Perú”, aseveró el funcionario en conferencia de prensa.
Conoce más: Fiscales verán a Belaunde el 19 de agosto
La Fiscalía General del Estado informó que el próximo miércoles 19 de agosto fiscales bolivianos tomarán en las declaraciones al empresario, que se encuentra recluido en el penal de Piedras Gordas, luego de ser extraditado del país.
"La autoridad jurisdiccional de la República del Perú ha precisado que la audiencia que hemos pedido se efectúa el día miércoles a horas 09.30 hora del Perú una hora más en Bolivia”, explicó el funcionario ante los medios de comunicación.
Puedes leer: Belaunde cambia versión de lo que pasó en Bolivia
Desde el vecinio país se informó que Bolivia realizó todas las gestiones diplomáticas para que exista un encuentro con el exasesor del presidente Ollanta Humala, mismo que tendrá lugar en oficinas de la autoridad jurisdiccional asignada al caso.
En el país se inició un proceso de investigación por el delito de evasión y según el cronograma, el martes 18 se trasladarán los investigadores a la vecina nación. El objetivo es conocer los detalles de su fuga de un domicilio en La Paz.
Más de 28 mil casos están pendientes en los juzgados y tribunales
a Defensoría del Pueblo hizo una verificación en 63 juzgados y tribunales en materia penal de 16 ciudades del país y evidenció que los mismos concentran más de 28 mil casos, lo cual contribuye a que la mora judicial en Bolivia persista.
El informe, presentado ayer, detalla que los 63 juzgados y tribunales en los que se realizó la verificación defensorial tienen más de 28.000 casos radicados, de los cuales los Juzgados de Instrucción Penal Cautelar concentran 21.600, los Tribunales de Sentencia 1.592 y los de Ejecución Penal 4.902.
Estas cifras demuestran que la cantidad de casos en la etapa de juicio oral es menor en relación a causas que están en la etapa preliminar.
“El Alto es la ciudad que más casos concentra con 4.000; seguida de Sucre con 3.525; Cochabamba y La Paz con más de 3.300 cada una”, agrega el informe.
El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que en esta verificación se identificó que las condiciones de trabajo y la excesiva demanda no atendida, están afectando la atención adecuada de los procesos penales e incrementando la mora judicial.
Asimismo alertó que en algunas ciudades los ambientes no son aceptables para el trabajo que realizan.
Labels: Juzgado Público
Oruro Tribunal de Justicia abre plataforma de atención para agilizar trámites
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la población y agilizar los trámites judiciales, ayer, las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia inauguraron la plataforma de atención al cliente, la cual está ubicada en la calle Ayacucho entre La Plata y Soria Galvarro.
Este nuevo servicio para la ciudadanía cuenta con las condiciones adecuadas para brindar una mejor atención a quienes requieran realizar trámites, tiene 10 ventanillas especiales y una de informaciones.
El jefe nacional de Servicios Judiciales, Roberto Pedro Yave manifestó que los servicios que se brindarán a través de la plataforma de atención, son: recepción de ingreso de memoriales, multiservicios donde se recibirá causas nuevas de todas las materias, además ingresarán las solicitudes de permisos de viajes de menores al exterior.
Indicó que también se podrá obtener información de los procesos judiciales, y cuando las demandas se encuentren en los diferentes juzgados el litigante ya no presentará al juzgado sus memoriales sino directamente a la plataforma y una vez centralizada la información, los funcionarios que son los auxiliares presentarán sus demandas a los juzgados.
Asimismo, se tiene el servicio de venta de valores que será administrado por la entidad correspondiente.
Sostuvo que la asistencia que se brindará en esta plataforma será en base a principios de celeridad y transparencia.
Enfatizó que esta plataforma permitirá mejorar la atención al público y brindar premura a los trámites judiciales, señaló que esta asistencia no sólo se tiene en Oruro sino también se incorpora en los otros tribunales departamentales.
Por su parte, el director Administrativo y Financiero del Tribunal Departamental de Justicia, Mauro Ramírez, manifestó que para brindar adecuadas condiciones al cliente, se invirtió en la infraestructura 260 mil bolivianos, mientras que el equipamiento se logró con financiamiento de la Cooperación Suiza, pero no indicó el monto que fue invertido.
El Ministerio Público de Potosí implementó un control biométrico para el registro de personas que accedieron a las medidas sustitutivas a la detención preventiva.
“La Fiscalía Departamental de Potosí avanza hacia la innovación con el nuevo Sistema Biométrico de Firma Digital de Imputados, con el propósito de brindar un servicio oportuno, rápido y preciso, brindando un trato con calidad y calidez humana”, sostuvo el fiscal departamental Antonio Leniz, en un comunicado de prensa. La autoridad comunicó que el sistema biométrico se está implementando de manera paulatina para todos.
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CASO CORRUPCIÓN Exfiscal afronta otro caso
El exfiscal Humberto Quispe afrontara el próximo 2 de septiembre otro proceso en su contra de uso indebido de influencias, informó la abogada Carmiña Luna, miembro de la asociación de víctimas en La Paz
El exoperador de justicia, que el domingo se benefició con la detención domiciliaria con permiso laboral y el pago de una fianza de Bs 30.00o, resolución emitida por la juez Jaqueline Tintaya, afirmó que es una persecución política y que demostrará que es víctima de clanes delictivos contra los que luchó.
El exfuncionario, destituido en febrero, fue aprehendido la pasada semana luego de que el Ministerio Público lo imputara por resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, tras una denuncia que presentó en su contra la asociación de víctimas que se organizó en su contra.
La Defensoría establece que El Alto tiene la mayor carga procesal con 4.000 casos entre 16 ciudades
La ciudad de El Alto tiene una mora procesal de 4.000 causas y es la ciudad con el mayor número de casos en juzgados y tribunales, según un trabajo de verificación realizado por la Defensoría del Pueblo que reportó problemas de infraestructura y un total de 28.000 casos en 63 juzgados con la consiguiente vulneración de los derechos de las ciudadanos, principalmente de las víctimas.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó hoy el informe de verificación del estado de los tribunales en materia penal en término de infraestructura y casos. De las 28.000 causas radicadas en 63 juzgados, 21.600 están en juzgados de Instrucción Penal Cautelar; 4.902 en tribunales de Ejecución Penal, y 1.592 en tribunales de Sentencia.
La ciudad de El Alto concentra el mayor número de casos con 4.000, mientras que en orden descendente están Sucre con 3.525 y de a uno La Paz y Cochabamba con 3.300.
“La situación también es crítica en cuanto al mobiliario que resulta insuficiente para todo el personal, debiendo muchas veces compartir escritorio y, en algunos casos, ante la falta de estantes, los expedientes son colocados en el piso. En un juzgado, las mesas son prestadas e incluso se detectaron casos en los que tuvieron que ser compradas con dinero de los servidores públicos”, reveló Villena.
El trabajo involucró las ciudades capitales de los nueve departamentos, además de las ciudades de El Alto, Villa Tunari, Yacuiba, Caranavi, Llallagua, Riberal y Monteagudo. Según el Defensor la situación es tan crítica que los funcionarios deben llevar sus propias hojas bond, cartulinas, bolígrafos y otros materiales de escritorio como es el caso de un Tribunal en El Alto.
De acuerdo al informe, en Villa Tunari, Yacuiba, Llallagua y Caranavi no existe un sistema informático para el seguimiento y la cooperación es escasa entre los juzgados, tribunales, Ministerio Público y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública en Potosí, Cobija, Santa Cruz, El Alto y Trinidad.
“Aunque es evidente que, durante toda nuestra historia, el Órgano Judicial ha tenido un presupuesto limitado e insuficiente, no es menos cierto que, en la actualidad con el crecimiento de la demanda pública en la mayoría de sus áreas, la situación alcanza niveles de gravedad”, afirmó.
La Defensoría presentó 11 recomendaciones como mejorar los espacios físicos; atención en cuanto a mobiliario; dotación de equipos de computación; servicios de internet; cobertura en cuanto a material de escritorio; evitar largos periodos de suplencias legales o vacaciones; regular las prácticas y pasantías; incrementar el número de jueces y personal; implementar un sistema de seguimiento de causas y plataforma de atención al público.
La verificación se la hizo en enero y contempló 25 juzgados de Instrucción en lo Penal; 22 tribunales de Sentencia; y 16 de Ejecución Penal. También fue detectada la carencia de oficinas como el caso de Yacuiba, Tarija, donde –de acuerdo al informe- las audiencias deben ser instaladas en un patio; o como en El Alto, donde el despacho del juez es usado como sala de audiencias.
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Para que sea modelo Anuncian el fortalecimiento de la justicia indígena
El viceministro de Justicia Indígena Originario Campesina, René Martínez, informó que se prevé fortalecer la justicia indígena para que sea fuente inspiradora de la justicia ordinaria, la cual atraviesa una profunda crisis en la actualidad.
"Este desafío que tenemos de fortalecer la justicia indígena como primer paso de avance. La crisis, la que está mal, la que está tocando fondo, en el buen sentido de la palabra, fondo crítico interpelaciones, es la justicia ordinaria, y consideramos que la justicia indígena debería ser la fuente inspiradora de trasladar institutos a esta otra”, explicó a una emisora local.
Dijo que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, aprobada en diciembre de 2010, es base para que la justicia indígena pueda modificarse y ampliar su "campo de acción”.
La norma de deslinde jurisdiccional, en su artículo primero, regula ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas.
Martínez destacó que la justicia indígena es eficaz, transparente y capaz de resolver conflictos de forma efectiva.
"Esta justicia es gratuita, es eficaz, es en comunidad y en colectivo, es transparente y a partir de ésas (figuras) se debieran inspirar mecanismos mucho más efectivos en la justicia ordinaria, que está hoy en crisis”, sostuvo.
Agregó que se pretende recabar los criterios desde la comunidad, con el objetivo de estructurar una conclusión nacional sobre la justicia indígena. "Y podamos (luego) debatir con el Ejecutivo”, apuntó.
Fianza de 30.000 bolivianos Detención domiciliaria para Humberto Quispe
La audiencia para dictaminar la situación jurídica del exfiscal Humberto Quispe duró ayer más de diez horas en la Corte Superior de Justicia de La Paz.
Tras larga deliberación se decidió un receso a las 16.30 hasta las 18.30, aproximadamente a las siete de la noche fue reinstalada la audiencia, hasta la hora de cierre de la presente edición, se supo que se dictó detención domiciliaria y Bs 30.000 de fianza contra Quispe.
El exfiscal Humberto Quispe está aprehendido desde el pasado 10 de agosto y enfrenta una serie de denuncias por múltiples delitos, entre ellos, robo, extorsión y uso indebido de influencias. La exautoridad afronta otras 25 denuncias de tipo penal.
La abogada Carmiña Luna, quien denunció a Quispe en 2012 por montarle un proceso y la que también forma parte de la organización de las víctimas del exfiscal, dijo que continúa recibiendo amenazas y ante esa situación ahora incluso ya cuenta con custodia policial.
Por otro lado, defensores de Quispe protestaron en inmediaciones de la Fiscalía y en la Corte de Justicia con carteles en mano y asegurando una supuesta inocencia. Razón por la que funcionarios policiales designados al sector judicial, a solicitud del juzgado décimo segundo determinaron desarrollar la audiencia en reserva, impidiendo el ingreso de medios de comunicación y personas interesadas en el caso. (Erbol y Agencias)
Comisión de fiscales viaja a Santa Cruz para ubicar restos de Marcelo
Una comisión de fiscales se trasladó hasta el departamento de Santa Cruz y tiene previsto ingresar a la región de San Javier, para verificar la autenticidad de la información y el croquis entregado sobre la ubicación de los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
"Lo que ahora hará esta comisión es desplazarse al lugar, verificar en base a los datos del croquis, ubicar el lugar donde estarían supuestamente estos restos y una vez tengamos la veracidad de la información, recién instruiremos el desplazamiento de los peritos, antropólogos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y otra gente que pueda apoyar en las excavaciones", informó el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.
Agregó que han transcurrido 35 años desde el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y hasta la fecha se han dado diferentes versiones y opiniones sobre el paradero de sus restos y "por eso el Ministerio Público toma con mesura la información".
Sostuvo que se realizaron excavaciones en el propio San Javier y en diferentes lugares. "Hemos encontrado una fosa donde supuestamente habían algunos restos, según la estructura anteriormente ahí estaba un ataúd que fue sacado, rellenado con escombros y posteriormente tapado".
Según la autoridad, este tipo de excavaciones es bastante compleja y se debe realizar con una técnica cuidadosa para no dañar los restos que podrían existir en ese lugar. "Si eso fuera cierto, se debe verificar si realmente son los de Marcelo Quiroga Santa Cruz, para ello se realizará el respectivo estudio genético, antropológico, por eso hemos solicitado la cooperación de peritos de la República Argentina", explicó.
La Magistratura perderá Bs 9 MM por conciliadores
Los consejeros eligieron a 157 conciliadores para nueve departamentos.
El Consejo de la Magistratura perderá cerca de nueve millones de bolivianos en caso de decidir que se rescindan los contratos con los 157 jueces conciliadores elegidos en julio de 2015 que son observados por la Asamblea Legislativa.
Los consejeros designaron a 157 jueces conciliadores para nueve departamentos, con el objetivo de reducir en 40 por ciento los procesos civiles, 31.000 casos de más de 70.000 que hay en los tribunales.
Freddy Sanabria, quien el viernes se reunió con los legisladores y miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), comentó que los conciliadores debían iniciar su trabajo desde el 6 de agosto para cooperar con jueces civiles y de familia y resolver los procesos antes de judicializarlos.
De acuerdo con Sanabria, se nombró a 37 conciliadores para La Paz, 30 para Cochabamba, 41 para Santa Cruz, 11 para Potosí. Además de seis para Beni, dos para Pando y 10 para Chuquisaca, Oruro y Tarija.
Freddy Sanabria no quiso referirse al tema de rescisión y señaló que “el Consejo de la Magistratura actuara acorde a las normas”.
En tanto el presidente del TSJ, Jorge von Borries, afirmó que solo se elaboró un cronograma de trabajo para la socialización del nuevo Código de Procedimiento Civil y de Familia, tampoco quiso referirse a los conciliadores.
SALARIO. De acuerdo con informes del Consejo de la Magistratura, los conciliadores que debían ser incluidos en la implementación del Código Procesal Civil, iban a percibir 5.160 bolivianos mensualmente.
Gastos en los que la Magistratura tenía previsto invertir 38 millones de bolivianos, con recursos propios, 31 millones de ayuda internacional, por tres años.
El nuevo código Civil y de Familia fue postergado en su implementación el lunes 3 de agosto, por temas estrictamente de implementación en el Órgano Judicial y está prevista su vigencia recién en 2016.
OBSERVAN EL HECHO DE QUE LOS CONCILIADORES TENGAN EL MISMO GRADO DE JERARQUÍA QUE LOS JUECES.
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References: artículo 411
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