Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/577
Timestamp: 2020-01-29 12:06:08+00:00

Document:
SENTENCIA 14/1986, de 31 de enero
ECLI:ES:TC:1986:14
En el recurso de inconstitucionalidad núm 668/1983, promovido por el Presidente del Gobierno, representado por el Abogado del Estado, contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento Vasco 12/1983, de 22 de junio, que regula los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.Ha sido parte el Gobierno Vasco, representado por el Abogado don Javier Madariaga Zamalloa y el Parlamento Vasco, representado por el Abogado don Alberto Figueroa Larandogoitia. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Pera Verdaguer, quien expresa el parecer del Tribunal.
Aun cuando por razón de su fecha cabe reputar inocua a los fines de este recurso la promulgación de la Ley 24/1984, de 29 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), de nuevo conviene reflejar aquí su contenido -en el aspecto sobre el que venimos razonando-, porque no deja de ser otro elemento que coadyuva a considerar el alcance y calificación que ha de merecer la ordenación del concreto punto referente al interés a devengar por los créditos en contra de la Hacienda Pública, y en este sentido se advierte que en dicha Ley se dispone que el interés legal se determinará aplicando el tipo básico del Banco de España vigente al día en que comience el devengo de aquél, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente (cifrado en el 10,50 por 100 en la Ley para 1986), interés que deberá pagarse, cualquiera que sea la naturaleza del acto o contrato de que se derive la obligación, y salvo estipulación en contrario, por el deudor constituido legítimamente en mora y en los demás casos en que aquél sea exigible con arreglo a las leyes, determinándolo conforme a lo anteriormente precisado. La disposición derogatoria de la propia Ley establece que se modifican, de conformidad con lo que acabamos de reflejar, los arts. 58.2 b) de la Ley General Tributaria y 36.2 de la Ley General Presupuestaria.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 668-1983
Promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley del Parlamento vasco 12/1983, de 22 de junio, que regula los principios ordenadores de la Hacienda General del País Vasco
La Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, en sus arts. 7, 8 y 9, no hace otra cosa que disciplinar lo que afecta a la vigencia, derogación y suspensión de una amplia gama de normas, tanto legales como reglamentarias, que afecta a las Leyes de Presupuestos Generales de Euskadi, a las que reenvían a éstas y a normas legislativas que no tengan la naturaleza de las precitadas Leyes de Presupuestos, con lo que es manifiesto que se están dictando «reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas», que es precisamente la expresión que el legislador constitucional utiliza al reservar a favor del Estado competencias exclusivas en el art. 149.1. 8.°, de lo que se infiere la imposibilidad de admitir, so pena de desnaturalizar por completo el mandato constitucional en este punto, que las Comunidades Autónomas emitan con carácter de generalidad, o incluso con destino a una determinada especie o grupo de disposiciones, normativa rectora de esta materia.
La genérica y amplia expresión que contiene el primer inciso de la norma sexta del núm. 1 del art. 149 C.E., al disponer que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la «legislación mercantil», obliga en no pocas ocasiones a precisar cuál debe ser el adecuado encuadramiento de una institución. Congruentemente con las consideraciones vertidas en la STC 37/1981 (fundamento tercero), parece obligado admitir que, en principio, y en lo que hace relación con este título competencial, sólo las reglas de Derecho privado quedarán comprendidas en la reserva al Estado de la «legislación mercantil», teniendo las de Derecho público regímenes diferenciados y que en cada supuesto será menester situar.
La regulación que la Ley impugnada hace de las que denomina arts. 23 y sigs.) «Sociedades Públicas Especiales» posee un notorio carácter público, en cuanto rectora de la actuación de entes de tal naturaleza, merced a la creación de una forma societaria atípica, como instrumento de acción administrativa, lo que en esencia no es otra cosa que incidir en el régimen jurídico de las Administraciones públicas, lo que está reservado en exclusividad al Estado -en cuanto al establecimiento de sus bases- en el art. 149.1.18 C.E. Si existe alguna institución cuyo encuadramiento pueda realizarse del modo más absoluto dentro de la amplia rúbrica «régimen jurídico de las Administraciones Públicas», ésta es precisamente la personificación de tales Administraciones para su constitución, funcionamiento y actuación en cualquiera de sus posibilidades legales, una de ellas la que aquí se contempla.
Por tratarse de una Sociedad mercantil, la mencionada «sociedad pública especial» ha de relacionarse, en su actividad externa, con toda clase de sujetos, con creación de la indeterminada serie de relaciones jurídicas con terceros, propia e indeclinable de este tipo de personas jurídicas, con lo que su regulación por la Ley impugnada incide plenamente dentro de la amplia fórmula de la «legislación mercantil» que aquel precepto constitucional incluye.
En cuanto a la determinación cuantitativa del interés de demora de las cantidades adeudadas a la Comunidad Autónoma (art. 49 de la Ley impugnada), tras reiterar doctrina anterior del Tribunal respecto de la necesidad de una regulación normativa uniforme y de vigencia en toda la Nación, se afirma que no se advierte motivo o razón alguna para que tal determinación cuantitativa oscile según cuál sea la entidad acreedora, sino que, por el contrario, debe garantizarse a los administrados un tratamiento común, de conformidad con lo dispuesto en el art. 149.1.18 C.E. sobre competencia exclusiva del Estado sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
A efectos interruptivos de los plazos de prescripción de los derechos de naturaleza pública, es suficiente que se exija, para que se respete el tratamiento común de los administrados ante la pública Administración, que regula el art. 149.1.18 C.E., el conocimiento formal por el sujeto pasivo de la deuda tributaria, requisito que se incluye expresamente en la Ley impugnada.
La naturaleza especial de las obligaciones tributarias y su trascendencia en la vida pública requiere que su cumplimiento se halle tutelado por una gama de cautelas y garantías que transcienden más allá de lo establecido en el ordenamiento jurídico privado. Ahora bien, en caso alguno es permitido adoptar medidas de aseguramiento concretas y específicas, individualmente determinadas, ante obligaciones no vencidas, que es tanto como decir ante deudas tributarias no devengadas. De modo semejante, la posibilidad de la adopción de medidas cautelares de plano, sin notificación ni audiencia previa alguna del interesado, es algo igualmente ausente de nuestro ordenamiento fiscal.
Artículos 7 a 9 (declara inconstitucional)
Artículo 25.1 b) (declara inconstitucional)
Artículo 27 (declara inconstitucional)
Artículo 41 c) (declara inconstitucional)
Artículo 49.2 (declara inconstitucional)
Artículo 50.3 a)
Artículo 53 (declara inconstitucional)
Artículo 58 (declara inconstitucional parcialmente)
Artículo 921 bis, f. 13
Artículo 1108.2, f. 11
Artículo 79, f. 12
Artículo 91, f. 14
Artículo 91, f. 8
Artículo 92.1, f. 8
Artículo 48.2 b), f. 11
Artículo 58.2 b), ff. 11, 13
Artículo 61, f. 11
Artículo 71, f. 14
Artículo 73, f. 14
Artículo 74, f. 14
Artículo 74.1, f. 14
Artículo 76, f. 14
Artículo 87, f. 11
Artículo 125, f. 12
Artículo 133, f. 14
Artículo 101, f. 8
Artículo 104, f. 8
Artículo 105, f. 8
Artículo 107, f. 8
Artículo 38, f. 14
Artículo 40, f. 14
Artículo 41, f. 14
Artículo 45, f. 14
Artículo 146, f. 14
Artículo 4.1 b), f. 8
Artículo 6.1 b), f. 8
Artículo 36.2, ff. 11, 13
Artículo 45, f. 13
Título VI, capítulo I, f. 14
Artículo 149, ff. 3, 6
Artículo 149.1.6, ff. 7, 9, 13
Artículo 149.1.8, f. 6
Artículo 149.1.14, ff. 1, 2
Artículo 149.1.18, ff. 7, 9, 11, 12, 14
Artículo 149.8, f. 4
Artículo 10.26, f. 11
Artículo 45.2, f. 11
Ley del Parlamento de Cataluña 10/1982, de 12 de julio. Finanzas públicas de Cataluña
En general, ff. 1, 3, 5, 6, 12, 14
Capítulo IV, f. 7
Artículo 9, ff. 4 a 6
Artículo 25.1 a), f. 7
Artículo 27, ff. 7, 9
Artículo 41 c), f. 10
Artículo 49, ff. 3, 11, 13
Artículo 49.2, f. 11
Artículo 50.3 a), ff. 3, 12
Artículo 53, ff. 3, 13
Artículo 58, ff. 3, 14
Artículo 58.1, f. 14
Artículo 58.3 b), f. 14
Ley del Parlamento de Andalucía 5/1983, de 19 de julio. Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
En general, ff. 11, 13
Disposición derogatoria, f. 13
Disposición adicional decimosegunda, f. 11
Competencias de las Comunidades AutónomasCompetencias de las Comunidades Autónomas, ff. 2, 3, 14, 18, 19
Competencias en materia de legislación mercantilCompetencias en materia de legislación mercantil, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22
Competencias en materia financieraCompetencias en materia financiera, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Formas de personificación de entes públicosFormas de personificación de entes públicos, f. 8
Formas jurídicas de las sociedades públicasFormas jurídicas de las sociedades públicas, f. 8
Hacienda autonómicaHacienda autonómica, ff. 2, 3
Hacienda generalHacienda general, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Hacienda generalHacienda general, Concepto, f. 2
Limitaciones de la hacienda autonómicaLimitaciones de la hacienda autonómica, f. 3
Obligaciones tributariasObligaciones tributarias, f. 14
Orden constitucional de competenciasOrden constitucional de competencias, ff. 7, 22
Prescripción de la deuda tributariaPrescripción de la deuda tributaria, f. 12
Principio de autonomíaPrincipio de autonomía, f. 2
Sociedad pública especialSociedad pública especial, f. 9
Sociedades mercantiles públicasSociedades mercantiles públicas, f. 8
Tratamiento común de los administrados ante las Administraciones públicasTratamiento común de los administrados ante las Administraciones públicas, ff. 11, 13
Créditos frente a las haciendas públicasCréditos frente a las haciendas públicas, f. 13
Intereses de demoraIntereses de demora, f. 11
Interrupción de la prescripciónInterrupción de la prescripción, f. 12
Legislación mercantilLegislación mercantil, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22
Plazo de prescripción de derechosPlazo de prescripción de derechos, f. 12
Reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicasReglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Medidas de aseguramientoMedidas de aseguramiento, f. 14

References: Artículo 25

Artículo 27

Artículo 41

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 53

Artículo 58

Artículo 921

Artículo 1108

Artículo 79

Artículo 91

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 48

Artículo 58

Artículo 61

Artículo 71

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 74

Artículo 76

Artículo 87

Artículo 125

Artículo 133

Artículo 101

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 107

Artículo 38

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 45

Artículo 146

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 36

Artículo 45

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 149

Artículo 10

Artículo 45

Artículo 9

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 41

Artículo 49

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 53

Artículo 58

Artículo 58

Artículo 58