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Timestamp: 2019-08-25 00:39:42+00:00

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Sentencia de Unificación nº 747/98 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 43562261
Sentencia de Unificación nº 747/98 de Corte Constitucional, 2 de Diciembre de 1998
Der. A la vida y a la integridad personal. Amenaza de las farc a jurados de votacion. Deber de los ciudadanos de colaborar con los procesos electorales. Negada.
Sentencia citada en: 56 sentencias, 17 artículos doctrinales
Actores: J.E.R. y Otros
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su P.V.N.M., y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, A.B.S., E.C.M., C.G.D., J.G.H.G., H.H.V., A.M.C. y F.M.D., ha proferido
En el proceso de tutela T-152455, instaurado por J.E.R. y otros, contra el Registrador del Estado Civil de Santiago, en el departamento de P..
Los ciudadanos J.E.R., J.A.O., A.C.H., N. delS.E., L.C.M., G. delC.M. de R., L.E.M.P., M.O., A.D.S., C.E.J.G., N. delC.C.P., C.E.G., B.S.A.B., R.T. de G., M.A.M.P., L.O.D., J. delP.M.T., A.J.P.M., L.M.B.L., S.E.L.A., A.M.J.C., L.O.R., E.C.R., E. delR.A.R., E.R.D.D., J.F.D.A., L.C., N.L.C.C., P.C.J., M.J.J.J., A.Y.M.O., M.L.A. de M., E.I.M., L.C.D., Blanca Esperanza Chindoy, L.D.C.R., D.A.R.M., R.F.A.D., A.L.M.P., L.M.Y.I., J.M., O.E.R., L.E.Q.B., E.G.S.D., J.R.C., M. delC.R.C., R.C.M.C., W.M., L.O.P.M., J.Z.R., B.N.E., R.N.A., B.E.C.R., F.B.R., J.L.H., L.D.C.M.O.J., G.C. y J.I.B. fueron nombrados jurados de votación por el Registrador del Estado Civil Municipal de Santiago, P., para las elecciones del día 26 de octubre de 1997.
Semanas antes de las elecciones, apareció en la localidad un volante, fechado el 15 de septiembre de 1997, supuestamente originado en el estado mayor del bloque sur de las FARC-EP, en el que se amenaza a los jurados de votación, en los siguientes términos:
"El Bloque Sur de las FARC-EP le exige la renuncia a los jurados de las próximas elecciones.
"Quienes no lo hagan y se presenten a las mesas de votaciones, deberán responder ante la justicia popular.
"Esto es válido para los jurados del Sur del H., C. y P..
"Estado Mayor del Bloque Sur, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP
"Montañas del C., Septiembre 15 de 1997".
En virtud de la amenaza contenida en el citado escrito, un gran número de personas que habían sido designadas como jurados de votación - de acuerdo con distintos documentos que obran en el expediente, la mayoría de ellos docentes y empleados municipales -, presentaron su renuncia ante el Registrador del Estado Civil de Santiago. Las personas designadas manifiestan que "en la actualidad no hay garantías para nuestras vidas, ya que conocemos que en el Municipio de Santiago, renunciaron los Candidatos a la Alcaldía y al Concejo Municipal, por ello vemos seriamente amenazada nuestra integridad". Aseguran que su participación como jurados de votación en los comicios constituye una amenaza para sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal, además de representar una vulneración de la disposición del derecho internacional humanitario que prohibe involucrar en los conflictos armados a la población civil.
Sin embargo, su renuncia les fue rechazada con base en un concepto general emitido por los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil en P., el día 21 de octubre de 1997, destinado a todos los registradores municipales. En el concepto se expresaba:
"Ante las renuncias o no aceptaciones presentadas por los jurados de votación, sírvanse contestarles que es de forzosa aceptación y solo se exonera de acuerdo con los artículos 108 y 151 del Código Electoral".
El día 24 de octubre de 1997, los demandantes presentaron acciones de tutela contra el Registrador del Estado Civil de Santiago. Consideran que el rechazo de su renuncia al cargo de jurados de votación - en atención a las amenazas proferidas por el bloque sur de las FARC-EP -, vulnera sus derechos fundamentales a la vida y a la libertad de conciencia. Así mismo, aseveran que esa decisión desconoce el mandato del derecho internacional humanitario que indica que "A LOS CIVILES SE LES DEBE MARGINAR DEL CONFLICTO". Solicitan que se acepte su renuncia al cargo de jurados de votación.
El juez decidió acumular las distintas acciones y ofició a distintas autoridades municipales, a fin de que le informaran sobre las condiciones de seguridad para la época de elecciones.
5.1. El alcalde de Santiago hizo llegar al expediente copia de las actas de las reuniones del "Comité de Seguimiento al Proceso Electoral", conformado el día 22 de septiembre de 1997.
En el acta N° 002 del día 24 de septiembre se expresa que se habían presentado renuncias masivas de los candidatos a la alcaldía y al Concejo Municipal, en razón de las amenazas de la guerrilla, y que distintos funcionarios públicos habían solicitado información acerca del procedimiento a seguir para ser exonerados del nombramiento como jurados de votación. Al final se expone que no se cuenta con la garantías necesarias para la realización de las elecciones y que ello afecta "no solo a los candidatos y funcionarios que tienen relación con el proceso electoral, sino también a la ciudadanía en general, quienes han recibido comunicados de parte de la guerrilla, atentando contra el normal desarrollo de las votaciones y la integridad personal de cada uno de los habitantes de la población". Por eso, se concluye de la siguiente forma: "Recomendamos a las autoridades competentes tomar las medidas correspondientes para la suspensión y aplazamiento de las elecciones del 26 de octubre en el municipio de Santiago".
En el acta correspondiente a la reunión sostenida en las horas de la mañana del día 22 de octubre, consta la información suministrada por el alcalde acerca del rechazo del P. de la República a la solicitud presentada por todos los alcaldes del P., en el sentido de estudiar la posibilidad de aplazar las elecciones. En relación con las renuncias de los jurados de votación, se indica que "no serán aceptadas y que se tomarán medidas. Puesto que la Democracia tiene que salir adelante (sic)". Algunos exponen su preocupación por la vida de los jurados y, luego, el registrador expresa que los miembros de la Policía "no pueden ser jurados de votación, puesto que se estaría violando la Constitución." Respecto a las garantías de seguridad y de mantenimiento del orden público que podía prestar la Fuerza Pública, el Comandante de Policía indica que cuenta con un número aproximado de 25 agentes para que atiendan y controlen el normal desarrollo de las elecciones.
La reunión del día 22 de octubre continuó en las horas de la tarde. En el documento se lee que el Ejército y la Policía "manifiestan que las condiciones para que la Comunidad asista y participe en los Comicios Electorales están dadas estratégicamente e invitan a los Candidatos a que inviten a sus seguidores a que voten masivamente..." Así mismo, se relaciona la discusión en torno de las condiciones de seguridad en el sitio de la Escuela San José y en la Inspección de policía de San Andrés. A este respecto, el registrador expone que, en vista de que no se dispone de personal de seguridad para ambos lugares, no puede asumir la responsabilidad de enviar un delegado. Por lo tanto, se decide trasladar esos puestos de votación a la cabecera municipal.
5.2. El día 24 de octubre de 1997, el Comandante de la Estación de Policía de Santiago, S.J.M.L., le remitió al juez de tutela un oficio en el cual señala que "esta Unidad tiene amplia instrucción en lo relacionado a seguridad y protección de los jurados de votación antes, durante y después de las elecciones del próximo 26 de octubre de 1997". Expresa que, en cumplimiento de las órdenes, los miembros de la Policía realizarán labores de "vigilancia y seguridad" en el perímetro urbano, y que "en la Estación reposa un plan de defensa el cual es conocido a la perfección por cada Unidad en caso de presentarse alguna eventualidad por parte de los grupos subversivos". Agrega que existe una "orden de servicio" que dispone que la Policía Nacional deberá ejercer una constante "vigilancia y seguridad de todas y cada una de las mesas de votación, no solamente en el momento de las elecciones, sino después de las mismas". Finaliza con la indicación de que se había ampliado el pie de fuerza de la estación y extendido la disponibilidad del personal, y de que durante la noche se harían patrullajes en los puntos más críticos de la población.
Mediante sentencia de octubre 25 de 1997, el Juez Promiscuo Municipal de Santiago denegó la tutela incoada.
Considera que la referencia al Protocolo II es impertinente, toda vez que su articulado señala que el Protocolo no puede invocarse con el objeto de "menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que le incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos." De allí deduce el juez que "la renuncia masiva de los jurados de votación no puede estar respaldada por el Protocolo II, en razón a que el nombramiento de jurado de votación es instrumento del Estado Colombiano para mantener el orden legítimamente constituido cuya determinación (...) es la de realizar los comicios del próximo 26 de octubre".
De otra parte, expresa que el panfleto supuestamente enviado por las FARC-EP no amerita el calificativo de amenaza contra la vida. Expone una serie de condiciones para que la amenaza pueda considerarse como cierta, y concluye que la contenida en el aludido volante no reúne esas condiciones, "porque se trata de una amenaza vaga, imprecisa, general, sin consecuencia específica, sin evidencia fáctica de su realización. La amenaza aducida no es idónea porque no tiene la connotación de inmediata probabilidad de la ocurrencia de un daño a la vida de los accionantes". Anota, además, que, si bien la situación de orden público en el país era muy grave, el Gobierno Nacional había tomado medidas para garantizar la realización de los comicios, y en su jurisdicción habían hecho lo mismo la Registraduría, la alcaldía y la Fuerza Pública de Santiago.
Para terminar, el juez de tutela expresa que al poder judicial no le compete avalar las renuncias de los jurados de votación, pues es esa "una determinación de carácter puramente político, propia de las autoridades competentes, es decir la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Gobierno Central".
La Sala Tercera de Revisión consideró oportuno la práctica de algunas pruebas. Para tal efecto, se ofició al Ministerio del Interior a fin de que atendiera algunas preguntas, cuyas respuestas se resumen a continuación.
Expone el Ministerio que, en relación con la contienda electoral del 26 de octubre de 1997, el Gobierno Nacional no suspendió las elecciones en ningún municipio. Empero, manifiesta que "no se celebraron elecciones en treinta y dos (32) municipios y en ciertos corregimientos e inspecciones de sesenta (60) municipios del país, por la no inscripción de candidatos y en general debido a alteraciones del orden publico..."
El Ministerio adjuntó a su respuesta copia de distintos documentos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, referidos a los municipios en los que no se pudo desarrollar elecciones el día 26 de octubre de 1997. De dichos documentos se infiere que en el departamento de P. no se realizó ninguna elección en los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y S.M., mientras que en distintos corregimientos de las localidades de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Villagarzón no tuvieron lugar los comicios para la escogencia de los miembros de las Juntas Administradoras Locales.
Interrogado acerca de cuáles son los criterios que rigen la suspensión de las elecciones, el Ministerio respondió que, de acuerdo con la Ley 134 de 1994 y el Decreto 2241 de 1986, la única razón válida para decretar la aludida suspensión es la existencia de "graves alteraciones del orden público". La apreciación de tales circunstancias y, por lo tanto, la decisión final acerca de la suspensión, le corresponde al Gobierno Nacional.
Los demandantes estiman que, dadas las condiciones de orden público que reinan en la zona donde se encuentra el municipio de Santiago y la amenaza proferida por el Bloque Sur de las FARC-EP contra todas las personas que se desempeñen como jurados de votación, la no aceptación de sus renuncias al cargo de jurados de votación los pone en una situación de amenaza para sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal, además de que constituye una vulneración al Derecho Internacional Humanitario.
Las autoridades municipales de Santiago propusieron la suspensión de las elecciones. Sin embargo, el Gobierno rechazó la proposición. La Fuerza Pública manifestó contar con un plan para garantizar el orden público antes, durante y después de las elecciones. La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó las renuncias de los jurados de votación, por cuanto este cargo es de forzosa aceptación y los dimitentes no se encontraban dentro de las causales que permitían la exoneración de las sanciones por el no cumplimiento de este deber.
El Juez Promiscuo Municipal de Santiago denegó la tutela solicitada. Manifiesta que no existe vulneración al derecho internacional humanitario, por cuanto el Protocolo II no se puede invocar para impedir que el Estado pueda realizar las elecciones. Afirma, además que el volante distribuido por las FARC-EP, no cumple con los requisitos necesarios para determinar la existencia de una amenaza real e inminente contra los jurados de votación. Finalmente, expresa que el juez de tutela no está llamado a pronunciarse sobre las renuncias de los jurados de votación, puesto que sobre este tema solamente pueden decidir la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Gobierno Nacional.
Le corresponde a la Corte Constitucional determinar si la existencia de amenazas contra las personas que han sido designadas como jurados de votación puede ser causal justificativa para que éstas renuncien a sus cargos, sin ser objeto de las sanciones contempladas en la ley. Es decir, se trata de establecer si, en presencia de circunstancias de violencia electoral, constituye una carga desproporcionada sobre las personas designadas como jurados de votación, la exigencia de que cumplan con la función que les ha sido asignada, a pesar de las amenazas que cursan en su contra.
Los hechos que dieron origen a la presente demanda de tutela tenían relación con las elecciones del día 26 de octubre de 1997. Dado que estos comicios ya tuvieron lugar, las normas procesales que rigen la acción de tutela imponen que la solicitud de tutela sea denegada, en razón de que los hechos que la causaron ya están consumados. Con todo, la situación que dio origen a la demanda merece el análisis de esta Corporación y, por ello, se decidió realizar el examen constitucional respectivo, sobre la base de que la presente sentencia tiene como fin llenar el vacío jurisprudencial en una materia de destacada importancia.
La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado de derecho y social, que deriva su legitimidad de la democracia (C.P. art. 1). Estos tres calificativos del Estado colombiano definen de manera esencial su naturaleza. La acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución (C.P. art. 4), lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. En esta situación se habla entonces de Estado constitucional de derecho.
Para esta sentencia es de especial importancia detenerse en el concepto de democracia referido a la elección popular de los titulares del Poder Público. Como es sabido, la versión original de la Constitución de 1886 le asignaba a los ciudadanos un espacio muy reducido en lo referente a la elección de sus gobernantes y representantes. En efecto, inicialmente solo los concejales municipales y los diputados a las asambleas departamentales eran elegidos por todos los ciudadanos. Para participar en la elección de los representantes a la Cámara había que cumplir con requisitos patrimoniales o de capacitación escolar; el P. de la República era elegido por un colegio electoral - integrado por personas seleccionadas por los ciudadanos que cumplían los requisitos necesarios para poder votar en las elecciones de representantes a la Cámara - y los senadores eran elegidos directamente por las Asambleas Departamentales. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que únicamente eran tenidos como ciudadanos los varones mayores de 21 años que ejercieran profesión, arte u oficio, o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia.
Como se observa, el Consejo Nacional de Delegatarios que hizo las veces de Cuerpo Constituyente, en 1886, tuvo una visión muy restringida acerca de quiénes debían poseer la calidad de ciudadanos y acerca de las elecciones en las que podrían participar todos los ciudadanos. Esta concepción fue modificada paulatinamente, a través de distintas reformas constitucionales, entre ellas, fundamentalmente, la realizada por el acto legislativo N° 3 de 1910, que restableció el voto directo, aunque restringido, para la elección del P. de la República; la enmienda de 1936, que contempló que el P. de la República y los Representantes a la Cámara serían elegidos mediante voto universal; la de 1945, que estableció lo mismo para la elección de los senadores; el plebiscito de 1957, que extendió el derecho de voto a las mujeres; la enmienda constitucional de 1975, que dispuso que la mayoría de edad se alcanzaba a los 18 años; y la reforma de 1986, que preceptuó que también los alcaldes serían elegidos mediante el voto popular.
De esta manera, para 1991, la Constitución de 1886 expresaba que eran ciudadanos todos los colombianos mayores de 18 años, sin distinción de sexo, (art. 14), y que "todos los ciudadanos eligen directamente P. de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisariales, alcaldes y concejales municipales y del Distrito Especial (art. 171).
La Constitución de 1991 continuó con el proceso de expansión de los espacios en los que el pueblo podía intervenir para la elección de sus mandatarios. Así, en su artículo 260 se dispone que los ciudadanos eligen también al vicepresidente, a los miembros de las juntas administradoras locales y a los miembros de la Asamblea Constituyente que fuere convocada.
Los elementos anteriores permiten establecer que en el marco de la Constitución de 1886 se dio una ampliación progresiva, aunque a un ritmo muy lento, del derecho de sufragio y de los espacios de participación de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes y representantes. Esta tendencia fue acogida y radicalizada por la Constitución de 1991. Pero ésta, además, reconceptualizó la idea acerca de la participación política de los ciudadanos, restringida hasta entonces a la elección de dignatarios, para establecer mecanismos que posibilitaran un control real de los elegidos por parte de los electores y para brindarle a los ciudadanos la posibilidad de decidir directamente sobre materias que los asociados consideren que merecen su atención personal.
La democracia procedimental es entonces una conquista, un derecho de los asociados que merece la mayor protección de las instituciones del Estado (C.P. art. 40). Por eso, esta Corte ya ha señalado que el Estado se encuentra en la obligación de suministrarle a todos los ciudadanos las condiciones materiales para que éstos puedan ejercer sus derechos como tales. Mas el derecho fundamental de los ciudadanos "a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político" implica también obligaciones para ellos. La democracia no puede subsistir si los asociados no asumen una posición de compromiso para con ella. La realización de la democracia implica obligaciones tanto para el Estado como para los asociados.
En distintas sentencias la Corte se ha referido a los deberes constitucionales, a los cuales define como "aquellas conductas o comportamientos de carácter público, exigibles por la ley a la persona o al ciudadano, que imponen prestaciones físicas o económicas y que afectan, en consecuencia, la esfera de su libertad personal." Esta Corporación ha expresado que si bien normalmente los deberes constitucionales deben ser regulados por la ley, en ocasiones, pueden ser aplicados directamente por el juez de tutela, cuando su incumplimiento afecte los derechos fundamentales de otra persona. Sobre este tema, ver, de manera general, la sentencia T- 125 de 1994. Con respecto a los deberes específicos, ver, entre otras: para el deber de solidaridad con las demás personas, las sentencias T-125 de 1994, T-298 de 1994, T-036 de 1995, C-237 de 1997, C-239 de 1997 y T-341 de 1997; con respecto a la tributación, una aplicación colectiva del principio de la solidaridad, ver los fallos T-232 de 1994, C-333 de 1993, C-489 de 1995, C-540 de 1996, C-690 de 1996 y C-150 de 1997; en relación con el servicio militar, ver las sentencias C-058 de 1994, C-179 de 1994, C-406 de 1994 y C-511 de 1994; para el deber de colaboración con la justicia, ver las sentencias C-035 de 1993 y C-037 de 1996.
Pues bien, entre los deberes y obligaciones de la persona y el ciudadano contempladas por el artículo 95 de la Constitución se encuentra el de "participar en la vida política, cívica y comunitaria del país" (numeral 5). Esta norma y la contemplada en el artículo 260 de la Carta, acerca de que el voto es un derecho y un deber ciudadano, constituyen los deberes básicos de los ciudadanos en punto a la participación en la actividad política. Estos deberes generales permiten distintos desarrollos legales. Algunos de ellos han sido realizados, al tiempo que otros, como el voto obligatorio, no han sido objeto de la reglamentación legal necesaria para ser exigibles jurídicamente.
El Código Electoral prevé la figura de los jurados de votación, que son las personas encargadas de atender las mesas de votación, de colaborarle a los ciudadanos en el ejercicio de su derecho de sufragio, de controlar que la votación se realice en orden y en forma transparente y de realizar el primer conteo de los votos. Los nombramientos son realizados por los registradores municipales o distritales y pueden recaer en funcionarios públicos o personas dedicadas a actividades particulares. El artículo 104 del Código Electoral establece que "todos los funcionarios y empleados públicos pueden ser designados jurados de votación, con excepción de los de la jurisdicción contencioso administrativa, de las primeras autoridades civiles en el orden nacional, seccional y municipal, las que tienen funciones propiamente electorales, los miembros de las Fuerzas Armadas, los operadores del Ministerio de Comunicaciones, Telecom, Empresas de Teléfonos, los auxiliares de los mismos y los funcionarios de la Administración Postal Nacional..." También establece que no podrán ser designados como tales los miembros de directorios políticos ni los candidatos.
A continuación, el artículo 105 establece que "el cargo de jurado es de forzosa aceptación", y preceptúa que "las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, se harán acreedoras a la destitución del cargo que desempeñen, si fueren empleados oficiales ; y si no lo fueren, a una multa de cinco mil pesos (5.000.oo), mediante resolución dictada por el Registrador del Estado Civil".
Los actores de la presente tutela consideran que constituye una vulneración del derecho internacional humanitario y de sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal la decisión de la Registraduría de no aceptar sus renuncias al cargo de jurados de votación. Exponen los actores que la decisión de la Registraduría los involucra en el conflicto armado que existe en el país y los convierte en objetivos militares.
El artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, ratificado por Colombia mediante la Ley 171 de 1994, prescribe:
"Artículo 13. Protección de la población civil.
"1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes:
"2. No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
"3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere este Título, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación."
Como bien lo precisó esta Corporación, en su sentencia C-225 de 1995, M.P.A.M.C., el artículo 13 tiene por fin distinguir a los combatientes de los no combatientes. En este punto se identifica con el artículo 4, que establece que "todas las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tiene derecho a que respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable..."
Es claro entonces que el Estado colombiano no está autorizado para atacar o aterrorizar a la población civil ni para involucrarla en el conflicto armado, en calidad de actor militar.
Los argumentos expuestos en el numeral anterior evidencian que en esta situación concreta el Estado no ha vulnerado las normas del derecho internacional humanitario, que está obligado a acatar, de acuerdo con el derecho internacional, la Constitución y las leyes. En efecto, el presunto peligro que podría presentarse para los jurados de votación se origina en el hecho de que las FARC-EP hayan resuelto incluir dentro de sus objetivos militares a las personas que participan o colaboran dentro del proceso electoral, a pesar de que se encuentren en un estado absoluto de indefensión.
La Carta Política de 1991 le ofrece a los asociados una amplia gama de derechos fundamentales y de posibilidades de controlar el poder político. Pero, como ya se ha señalado, de la fórmula del Estado social de derecho se deriva que los ciudadanos no solamente cuentan con derechos, sino también con obligaciones. Una de ellas es precisamente la de colaborar con la realización de los comicios electorales. En el marco de la situación actual del país, esta colaboración puede generar algunos peligros, propios de una sociedad consumida por la violencia, fenómeno que no escapa a ninguna de las manifestaciones sociales.
En la situación actual del país, todos los ciudadanos que colaboran con la realización de los procesos electorales asumen un cierto riesgo. Renunciar a la práctica de las elecciones para eliminar definitivamente ese margen de riesgo resulta inaceptable desde el punto de vista de los postulados constitucionales. Sin embargo, para contrarrestar ese peligro, el Estado colombiano está en la obligación de prestarle a los colaboradores del proceso electoral la protección necesaria. Y en aquellos casos en los que se advierta que no se está en condiciones de garantizar un mínimo de seguridad a esos ciudadanos, el Gobierno, en el marco de su responsabilidad de protección, tiene la obligación de suspender las elecciones, acción para la cual está facultado por el ordenamiento jurídico.
El Gobierno consideró que en el municipio de Santiago, P., existían las condiciones necesarias para realizar las elecciones del 26 de octubre de 1997. Asimismo, manifestó que había tomado las medidas para garantizar la seguridad en las elecciones. Estos pronunciamientos implicaban que los ciudadanos que habían sido designados como jurados de votación debían cumplir con la obligación que se les había impuesto, y que su renuncia no procedía. Esta situación, aunada a la circunstancia de que el hecho que dio origen a la presente acción de tutela ya se encuentra consumado, conduce a esta Sala a negar la tutela solicitada.
CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago - P. -, el día 25 de octubre de 1997, Veintiuno Penal del Circuito de Bogotá, el día 22 de enero de 1998, por medio de la cual se negó la solicitud de tutela entablada contra el Registrador del Estado Civil Municipal de Santiago, por los señores J.E.R., J.A.O., A.C.H., N. delS.E., L.C.M., G. delC.M. de R., L.E.M.P., M.O., A.D.S., C.E.J.G., N. delC.C.P., C.E.G., B.S.A.B., R.T. de G., M.A.M.P., L.O.D., J. delP.M.T., A.J.P.M., L.M.B.L., S.E.L.A., A.M.J.C., L.O.R., E.C.R., E. delR.A.R., E.R.D.D., J.F.D.A., L.C., N.L.C.C., P.C.J., M.J.J.J., A.Y.M.O., M.L.A. de M., E.I.M., L.C.D., Blanca Esperanza Chindoy, L.D.C.R., D.A.R.M., R.F.A.D., A.L.M.P., L.M.Y.I., J.M., O.E.R., L.E.Q.B., E.G.S.D., J.R.C., M. delC.R.C., R.C.M.C., W.M., L.O.P.M., J.Z.R., B.N.E., R.N.A., B.E.C.R., F.B.R., J.L.H., L.D.C.M.O.J., G.C. y J.I.B..
Lo que hace preferible la democracia u otras formas de organización política es el respeto por la dignidad de la persona, que dentro de este sistema es pensada y tenida -ante todo- como sujeto titular del poder soberano y no como simple objeto de éste (citoyen y no simple sujet, en términos de R.. Por eso todas las instituciones democráticas están dispuestas para proteger a los individuos (que pensados en conjunto son el pueblo) con todo su patrimonio axilógico inherente (la libertad y la vida en primer término), y permitirles su realización plenaria como sujetos morales. Es lo que se expresa sintética y elocuentemente cuando se afirma que la persona es el fin, y las instituciones el medio, dentro de una filosofía personalista, o de la dignidad, como la que (¡por fortuna!) informa a nuestra Constitución.
i) Resultaría absurdo que el cumplimiento de los deberes que permiten y posibilitan la convivencia, y que, por tanto, tienen como destinatario al hombre medio, exigieran de éste actos que sólo son propios de arquetipos humanos como el héroe o el mártir. Si se nos compeliera a tales extremos no nos hallaríamos ya en el caso de tener una obligación sino en el de ser obligados, situación que rebasa los límites del ámbito normativo para ubicarse en el campo de la necesidad, al anularse la posibilidad de optar. Por eso, la eticidad que informa a cualquier ordenamiento jurídico democrático, es la que F. ha llamado moral del deber, en contraste con la moral de la aspiración propia sólo de héroes o mártires quienes, por cierto, no lo son porque alguien se los exija sino por su propia decisión.
No ignoramos, desde luego, que el Estado social de derecho pueda (legítimamente) imponer deberes a sus destinatarios. R. es redundante. Pero lo que negamos radicalmente, al disentir del fallo, es que pueda, sin contradecir su esencia personalista, exigir como debidas conductas que van en contra vía de sus postulados axiomáticos.
Podría argüirse que los anteriores razonamientos se han construído al margen de los hechos que suscitaron el conflicto; pero, al revés, son éstos los que les sirven de respaldo. Pensar que en una zona como el P., donde la insurgencia les ha impuesto sus leyes aún a los organismos armados responsables de defender la soberanía, son suficientes 25 policías para garantizar la vida de los ciudadanos obligados a servir de jurados en un certamen electoral, y sobre los cuales pesa la amenaza de un "juicio popular", es pueril e irrisorio. Como igualmente lo es, el descartar como amenaza seria un panfleto cuya autoría puede atribuirse, fundadamente, a un grupo armado en condiciones de realizar sus designios.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 50285 de 25 de Febrero de 2015
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 1100102030002016-03385-00 de 30 de Noviembre de 2016

References: artículo 260
 artículo 95
 artículo 260
 artículo 104
 artículo 105
 resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 4