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﻿ SENTENCIA 20290 DE MARZO 25 DE 2004
SENTENCIA 20290 DE 25 DE MARZO DE 2004
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS PROVIDENCIAS PROFERIDAS EN EL EXTRANJERO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓN, EFECTOS DE LA SENTENCIA EXTRANJERA, SENTENCIA EXTRANJERA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA DOBLE INCRIMINACIÓ
Sentencia 20290 de marzo 25 de 2004
Bogotá, D.C., veinticinco de marzo de dos mil cuatro
El Código de Procedimiento Penal patrio señala en su artículo 520 que la Corte fundamentará el concepto de extradición en la validez formal de la documentación presentada; la demostración plena de la identidad del solicitado; el principio de la doble incriminación; la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero; y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos.
Y acorde con el parecer del Ministerio de Relaciones Exteriores rendido a través del oficio OA.J.E. 2683 del 4 de diciembre de 2002 en cumplimiento del articulo 514 del Código de Procedimiento Penal, “por no existir convenio aplicable al caso, es procedente obrar de conformidad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal Colombiano”.
2. Validez formal de la documentación.
2.1. La solicitud para que se conceda la extradición de una persona a la que se le haya formulado resolución de acusación o su equivalente o condenado en el exterior, deberá hacerse —dice el Código de Procedimiento Penal (art. 513)— por la vía diplomática y excepcionalmente, por la consular o de gobierno a gobierno.
Ese requisito formal está suficientemente acreditado dentro del trámite proseguido porque el gobierno de Estados Unidos de América ha solicitado por la vía diplomática, a través de su Embajada ante el gobierno Colombiano (carpeta anexa) y por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la detención con fines de extradición de Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez (fls. 1 a 8) y ha formalizado la solicitud de extradición por la misma vía (fls. 109 a 119).
2.2. Idéntica preceptiva del Código de Procedimiento Penal señala cuáles son los documentos mínimos que deben anexarse a la solicitud de extradición, así:
2.2.1. Copia o transcripción auténtica de la sentencia, de la resolución de acusación o su equivalente.
El gobierno de Estados Unidos de América anexó a la solicitud de extradición copia de la acusación formal (Indictment) 02-460 presentada, el 19 de noviembre de 2002, en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, que en idioma original aparece suscrita entre otros, por el jefe para litigación sección de narcóticos y drogas peligrosas división de lo penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos Ronald M. McNeil (fls. 82 a 85 carpeta anexa) y debidamente trasladado al castellano aparece de los folios 45 a 48 de la misma carpeta, traduciéndose la primera ante firma de los suscriptores del documento como la del “presidente del gran jurado”.
2.2.2. Indicación exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradición y del lugar y fecha en que fueron ejecutados.
Tal información aparece suministrada por el Estado requirente en la Nota Verbal 1862 del 3 de diciembre de 2002 con la que se formaliza la petición de extradición, en la que en la página 3 se inicia un relato denominado “los hechos del caso (...)”; en apartes del Indictment 02-460; y en la declaración del agente Matthew Donahue de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de América, DEA (por sus siglas en inglés) (fls. 38 a 41).
Se determina en esos documentos y testimonio la existencia de una organización criminal dedicada a la consecución y exportación de drogas heroicas hacia Estados Unidos de América que, entre otros miembros, cuenta con Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez como uno de los encargados de la exportación de heroína desde Colombia a terceros países —Venezuela, Aruba y Curazao, entre otros— desde donde era reexportada a Estados Unidos de América para su posterior distribución.
2.2.3. Todos los datos que se posean y que sirvan para establecer la plena identidad de la persona reclamada.
Tanto con la nota verbal que solicitó la captura con fines de extradición, como con la que formalizó la petición de extradición, se suministraron datos suficientes para establecer la plena identidad del reclamado. Allí se describió a Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez, se indicó el número de la cédula de ciudadanía colombiana expedida a su nombre y el de su pasaporte colombiano (fls. 1-4 carpeta anexa).
2.2.4. Copia auténtica de las disposiciones penales aplicables para el caso.
En la declaración jurada que en apoyo de la solicitud de extradición se anexó a esta, el procurador de tribunales principal delegado a la sección de narcóticos y drogas peligrosas, uno de los que suscribe el Indictment, se transcriben las leyes pertinentes de Estados Unidos federales citadas en el auto de acusación, ordenados en el aparte “A” de los documentos adjuntos (fls. 50 a 60, carpeta anexa).
Toda la documentación a que se ha hecho mención, aparece producida en el idioma inglés y traducida al castellano en legal forma, con las debidas notas de autenticación ante el Consulado de la República de Colombia en la ciudad de Washington D.C. (EE UU A) correspondientes al auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos de América.
A su vez, aparecen cintas y sellos de seguridad del Departamento de Justicia y de la Fiscal General del país requirente que certifican las actuaciones del director de la oficina de asuntos internacionales de la división criminal del departamento de justicia, los que también fueron colocados en los documentos del departamento de Estado en los que se autentican la firma y actuaciones del asistente del oficial de autenticaciones de esa oficina estatal del gobierno requirente (fls. 104 a 108, carpeta anexa), todo lo cual demuestra la acreditación del requisito de validez formal de la documentación.
Se limita la Sala a señalar que nadie ha señalado que el vinculado a este trámite no sea la misma persona que es objeto del requerimiento del gobierno extranjero. Además, del cotejo de los datos personales suministrados por el requerido al momento de su captura y al de otorgar poder al abogado que aquí lo representó, se concluye la identidad entre el requerido y el vinculado a este trámite, es decir que se acredita el requisito.
Tratándose de una extradición que se rige por las normas del Código de Procedimiento Penal, el principio de la doble incriminación se define conforme al llamado sistema de eliminación cuya característica principal es la conexión de los hechos a unas sanciones punitivas mínimas. Tal como lo señala el código, es necesario “que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a 4 años” (art. 511-1).
4.1. Los hechos citados en la nota verbal mediante la que se formaliza la petición de extradición y en los documentos anexos, hacen referencia a la existencia de una organización criminal integrada, entre otros, por Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez que estaba dedicada a la consecución, exportación y reexportación de heroína —entre otros estupefacientes— hacia Estados Unidos de América, algunos de cuyos envíos fueron interceptados en el aeropuerto de Caracas (Venezuela) y otros en Fort Lauderdale, en el Estado de Florida, en territorio del país requirente.
4.2. Esos hechos son considerados en Colombia delictivos, tal como pasa a demostrarse:
4.2.1. Asociarse para exportar heroína y realizar su distribución en territorio extranjero es punible frente a la legislación colombiana tal como se ha tipificado en el artículo 340 del Código Penal, modificado por la Ley 733 de 2002, que consagra el concierto para delinquir y se considera agravado cuando la concertación sea para cometer delitos de tráfico de drogas estupefacientes, sancionándose con pena de prisión que en su mínimo es de seis (6) años.
4.2.2. Los hechos no solo dan cuenta de la mera asociación delictiva, sino que indican la comprobada incursión de la organización en actividades manifiestas que incluían la exportación de heroína, su transporte por vía aérea mediante el uso de correos personales que llevaban el estupefaciente hasta territorio estadounidense. Esos acontecimientos fácticos también encuentran tipificación en el artículo 376 del Código Penal que define y pena “sacar del país, transportar, vender, ofrecer o suministrar a cualquier título” droga que produzca dependencia, señalando una pena mínima de dieciséis (16) años de prisión cuando, como en este caso, se trate de un derivado de la amapola (heroína) y la cantidad supere los dos kilos (C.P., art. 384).
Con fundamento en esos acontecimientos, al requerido en extradición le formularon en Estados Unidos de América un único cargo contenido dentro de la acusación formal 02-460 definido como de concierto para distribuir un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, para el cual existe en el país requirente un encarcelamiento “cuando menos de 10 años” y no mayor de cadena perpetua.
Se acredita el principio de la doble incriminación.
Tal como invariablemente lo ha sostenido la Corte, el Indictment equivale a la resolución de acusación nacional en cuanto, como esta, tiene la fuerza jurídica de impulsar la apertura de la fase de juzgamiento dentro del juicio oral que finaliza con el respectivo fallo.
Adicionalmente, desde el punto de vista formal contiene el lugar y la fecha o época en que los hechos tuvieron lugar, los nombres de los partícipes y la calificación jurídica de la conducta, con lo cual satisface los aspectos fácticos y jurídicos de la imputación. Así, entonces, no hay duda que en este caso se satisface también esa exigencia.
6. Conforme ha determinado la Corte y tal como se advierte de la sentencia de constitucionalidad 1106/2000 del 24 de agosto de 2000 de la Corte Constitucional que decidió la exequibilidad, entre otras normas, de los artículos 550 y 565 del Código de Procedimiento Penal, al referirse al inciso 2º del artículo 550 (512 actual) la condicionó al “(...) entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, solo se hará bajo la condición de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e igualmente, también a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política” (resaltado ajeno al texto). Por lo tanto, el Gobierno Nacional está en la obligación de supeditar la entrega a los términos aludidos en caso de conceder la extradición.
7. Otras respuestas al alegato del defensor.
Aunque evidentemente el texto del presente concepto responde a la mayoría de las alegaciones del defensor, es menester completar de manera expresa la respuesta a otras alegaciones, así:
7.1. Al condicionamiento del concepto a un compromiso de reciprocidad:
Sobre el particular, el antecedente de la Corte que no es del caso variar, ha señalado:
“De manera equivocada el abogado de la requerida en extradición pretende que la Corte haga exigencia previa de un compromiso de reciprocidad por parte del país requirente, incluyendo de esa manera el tema en su concepto. Pasa por alto el peticionario que la corporación tiene limitada su intervención dentro del trámite a los estrictos términos de la ley y que esta no incluye ese aspecto como fundamento de su concepto, ni como condición verificable por parte suya.
“Nadie discute, como lo afirma el defensor, la naturaleza que tiene la reciprocidad como principio de derecho internacional y su aceptación como tal por Colombia (C.P., art. 226) que, en consecuencia, obliga a la República en sus relaciones exteriores (art. 9º). Pero en ese mismo orden de ideas, tampoco ninguna duda cabe en torno a que el diseño del Estado colombiano se funda, entre otros aspectos, en la atribución específica y exclusiva de la dirección de las relaciones internacionales al Presidente de la República en su triple condición de jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa (art. 189). Y,
“Es consecuencia de lo anterior que el concepto de la Corte en materia de extradición no sea obligatorio para el Gobierno Nacional cuando es favorable, sino que apenas “lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales” que es precisamente el espacio de discrecionalidad que se le reconoce en la conducción de las relaciones internacionales, pues estas solo pueden manejarse de modo que los actos sean convenientes para los intereses de la Nación que representa y del Estado a nombre del cual actúa. Justamente esas mismas razones son las que impiden que la Corte Suprema de Justicia imponga, como lo pretende el defensor, un determinado concepto de reciprocidad, pues ni es competencia de la corporación, ni es un tema con significación única e inequívoca, sino que frente a la doctrina y a la jurisprudencia internacional acepta varias modalidades, siendo la de igualdad formal de prestaciones, que es la reclamada por el apoderado, apenas una de ellas” (1) .
7.2. Al lugar de comisión del delito:
En torno a ese tema, el antecedente consolidado de la Sala señala que:
“{La Corte} (...) tiene claridad meridiana que la preceptiva superior hace referencia a “delitos” no a “hechos”, de modo que no resulta contrario a la Carta, ni a la naturaleza de las cosas, que se cometan delitos en el exterior a través de manifestaciones fácticas realizadas exclusivamente en territorio nacional” (2) .
En este caso, los hechos de la petición de extradición dan cuenta de la pertenencia del acusado Lopesierra Gutiérrez a una organización criminal encargada de procurarse y exportar a Estados Unidos de América estupefacientes, señalándosele como la persona que desde Colombia remitió varios kilos de heroína con destino a ese país.
Esa actividad es suficiente para concluir que efectivamente, tal como lo indica el defensor, parte de los hechos atribuidos al requerido como miembro de la “organización” ocurrieron en territorio colombiano, pero indudablemente son constitutivos de delitos cometidos en el exterior, que sancionados con pena de prisión mínima de 4 años, dan lugar a la extradición.
7.3 Sobre la petición con fundamento en un “Complaint” y no en un “Indictment”.
AI respecto, cabe hacer dos precisiones: una: que conforme al antecedente de la Sala, la detención del procesado no es un requisito para el trámite de la extradición; y, dos: que el Gobierno de Estados Unidos de América formalizó la petición de extradición con fundamento en un Indictment, que, conforme se dejó anotado en el texto de este concepto, es equivalente a la resolución de acusación nacional.
Ciertamente como se reconoce por los diversos autores que estudian el tema “en el procedimiento criminal norteamericano una persona puede ser acusada por medio de dos diferentes escritos de acusación: el Indictment (competencia del Grand Jury) o la Information (competencia del Prosecutor) (3) , excluyéndose como tal al “Complaint” que en la mayor de las veces es considerado apenas suficiente para la iniciación de los casos criminales menores como una especie de querella, normalmente sin participación del poder judicial en su elaboración. En todo caso y aun con vista únicamente en el texto de la nota aclaratoria contenida en la Nota Verbal 1620 del 22 de octubre de 2002 (fl. 29), tampoco podría aceptarse su equivalencia con la resolución de acusación nacional, puesto que conocida la naturaleza supuestamente pura del sistema acusatorio estadounidense, el hecho de que el “Complaint” aquí agregado al inicio de la actuación, según la nota se repite, sea dictado por un juez, elimina justamente esa naturaleza acusatoria que lo equivaldría a la resolución de acusación nacional, pues no es menester demostrar que en Estados Unidos de América los jueces no acusan.
Sin embargo de lo anterior, el hecho de que el Fiscal General de la Nación haya dictado orden de captura con fundamento aparente en un Complaint, no afecta para nada el trámite aquí realizado, pues, de una parte, el Fiscal General no analizó exactamente un Complaint, sino que la Nota Verbal estadounidense 1487 del 2 de octubre de 2002, le señaló que “Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez es el sujeto de la Resolución de Acusación 02-0581M-01 dictada el 24 de septiembre de 2002” y fue con posterioridad a la privación de la libertad, que se operó el 8 de octubre de 2002, cuando se recibió en esa institución la nota aclaratoria de la embajada estadounidense que data del 22 de octubre de 2002. Y,
De otra parte, el trámite verificado ante la Corte Suprema de Justicia y que da origen al concepto que aquí se rinde, se ha adelantado conforme a la nota verbal de formalización de la petición de extradición, que ha tenido como fundamento el Indictment presentado en audiencia pública ante la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 19 de noviembre de 2002.
El Fiscal General de la Nación y el Gobierno Nacional son entonces quienes deben evaluar si la confusión documental del país requirente amerita alguna actuación por la misma vía diplomática en que en aquella se incurrió, pues frente al trámite adelantado en la Corte Suprema de Justicia la documentación llegó purgada de vicios.
A mérito de lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA FAVORABLEMENTE a la extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Lopesierra Gutiérrez en las condiciones atrás referidas. Comuníquese al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación. Devuélvase al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia y del Gobierno Nacional.
(1) Corte Suprema de Justicia. Ext. 29 de octubre de 2003; M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
(2) Corte Suprema de Justicia. Ext. 8 de octubre de 2003. M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
(3) RODRÍGUEZ GARCÍA, Nicolás. “La Justicia Penal Negociada”. Ediciones Universidad de Salamanca.

References: artículo 520
 resolución 
 resolución 
 artículo 340
 artículo 376
 resolución 
 artículo 550
 resolución 
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 Resolución