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Boletin Correspondiente a 2015-03-10Regresar
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Alcance.
La Administración de Impuestos al imponer la sanción por no expedición de facturas, se basó exclusivamente en el artículo 617 del Estatuto Tributario, que determina los requisitos allí exigidos sólo para la factura y no para el documento equivalente, exigencias que sólo vinieron a concretarse para éste último mediante la Ley 49 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios 422 y 836 de 1991, pero que en manera alguna pueden servir de fundamento a la sanción dado el carácter no retroactivo de la ley.
Por ello en el sub - lite no procede imponer una sanción cuando al verificar la cinta de la máquina registradora encuentra que carece de nombre, razón social y del número de identificación tributaria.
( 2015-03-10) Consultar
NOTARIAS - Tienen el deber de facturar por ser responsables del IVA en la prestación de servicios / OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS NOTARIAS - Las debe cumplir el Notario a través de su NIT.
El artículo 615 del E.T. ordena que todas las personas o entidades comerciantes, que ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, así como quienes enajenen bienes producto de actividades agrícolas o ganaderas, deben expedir factura o documento equivalente, con la excepción de aquellos casos en que la ley exime de esta obligación.
La obligación de facturar en el caso de las Notarías, se deriva del artículo 437 del Estatuto tributario, según el cual son responsables del impuesto sobre las ventas, quienes presten servicios.
A su vez el artículo 5º del Decreto Reglamentario 1250 de 1992 señala: " En el caso de la prestación de servicios notariales, son responsables del impuesto sobre las ventas, las notarías, las cuales cumplirán las diferentes obligaciones tributarias derivadas de tal calidad, con el número de identificación tributaria, Nit que corresponda al respectivo notario.
"Corresponde al Notario el cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto sobre las ventas para la respectiva notaría".
SANCION POR NO FACTURAR - El Texto cerrado por evasión fue encontrado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-063 de 1994.
El texto "Cerrado por evasión" de los sellos oficiales, que hace parte de la sanción por no facturar, fue demandado ante la Corte Constitucional y fue declarado exequible mediante la sentencia C-063 del 17 de febrero de 1994, la cual consideró:
"..En este caso se trata de una sanción consistente en el anuncio "cerrado por evasión", expuesto en el domicilio de una persona a la que se le ha comprobado debidamente su fraude a la administración de impuestos. La persona objeto de una tal medida no ha hecho sino sufrir las naturales consecuencias de una conducta que le es imputable. Por eso, si el contribuyente es un comerciante por ejemplo, el menor volumen de sus ventas no proviene del anuncio que nos ocupa sino de la presunta conducta irregular.
TRASLADO DE CARGOS A QUIEN NO FACTURA - Es de 10 días al infractor para que dé respuesta.
Lo anterior no implica de ninguna manera, que se exima a la Administración de realizar alguna gestión para acreditar el incumplimiento; al contrario, la ley ha dispuesto un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos.
Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, quienes levantarán un acta donde conste la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.
Así mismo debe seguirse el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez (10) días para responder.
SERVICIO PUBLICO DE NOTARIADO - Por su naturaleza la DIAN puede no decretar el cierre del establecimiento sino simplemente la imposición de los sellos.
El cumplimiento de la obligación de facturar requiere de la entrega del original de la factura al comprador, por lo que de acuerdo con el acta levantada el 30 de junio de 1995, la actora cometió la infracción y para constatarlo, la Administración atendió el procedimiento establecido en la Ley. Tal argumento es contradictorio con lo señalado en la declaración juramentada suscrita por la Notaria encargada, en donde manifestó que se expide factura por concepto de fotocopias.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que si bien dentro del decreto que fija las tarifas por servicios notariales no existe un servicio por valor de $150 a 30 de junio de 1995, según la declaración que sirvió de fundamento para sancionar no se trata de un servicio notarial, sino de la expedición de una copia simple de una escritura.
Este hecho está sometido al impuesto sobre las ventas conforme al artículo 420 del Estatuto Tributario por cuanto se trata de una operación que no está expresamente excluida. En el caso de la prestación de servicios notariales son responsables del impuesto sobre las ventas las notarías; las cuales cumplen las distintas obligaciones tributarias derivadas de tal calidad con el NIT que corresponda al respectivo notario. (D. 1250/92, art. 5º).
De acuerdo con el literal a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, si el infractor presta un servicio público o cuando no existe un perjuicio grave, la Administración tiene la facultad de abstenerse de imponer la sanción de clausura, si se observa, por ejemplo, que resultarían también perjudicados terceros ajenos a los hechos sancionables o el daño causado no es de tal entidad que amerite la imposición de la sanción.
PLIEGO DE CARGOS - Es el acto previo para la sanción por facturar sin requisitos.
No es de recibo la afirmación del apelante de que el auto de apertura de la investigación y el comisorio, constituyan un acto complejo con la resolución que impuso la sanción de cierre del establecimiento, pues tal como lo ha definido esta Corporación aquel se configura cuando es necesario que la decisión se cumpla en varias actuaciones jurídicas o que para su elaboración intervengan varias voluntades administrativas, esto es cuando la decisión requiera de autorización previa o aprobación posterior o esté sometida al concepto de otra autoridad.
Los actos mencionados forman parte de un solo proceso administrativo, mediante el cual se sanciona con cierre de establecimiento a una sociedad, por expedir facturas sin requisitos. Así las cosas, para la imposición de esa sanción que se realiza mediante resolución independiente, la ley tributaria (art. 638), solo prevé como requisito necesario previo la formulación de pliego de cargos, cuya inexistencia conlleva la nulidad de la resolución sanción, por violación del debido proceso y el derecho de defensa.
CONSTANCIA DE EXPEDICION DE FACTURA SIN REQUISITOS - Procedimiento para su realización / SANCION POR FACTURAR SIN REQUISITOS - Requiere un traslado de cargos al infractor por 10 días.
Es del caso advertir que la Ley ha impuesto a los particulares la realización de una serie de deberes que faciliten la gestión del fisco y la verificación del pago de los tributos, como obligación constitucional de todos los ciudadanos. Entre estos deberes formales se encuentra el de expedir factura con el lleno de los requisitos previstos en la normatividad cuyo desconocimiento genera una infracción fiscal.
El incumplimiento del deber de facturar constituye una infracción que la Administración debe probar, pues esta omisión permite suponer una conducta indebida o negligente por parte del obligado. Ahora, la ley ha dispuesto en el artículo 653 del Estatuto Tributario, un procedimiento detallado que debe cumplir el fisco para verificar la omisión en el deber de facturar con requisitos.
Por la gravedad de la sanción, es necesario que se cumpla con el procedimiento trascrito, es decir que se designen específicamente con ese fin, dos funcionarios que verifiquen el cumplimiento de la obligación de facturar, y levanten un acta donde consten la infracción y las explicaciones de quien realizó la operación sin expedir factura.
Así mismo deben seguir el procedimiento que consagra el artículo 657 del Estatuto Tributario antes de imponer la sanción, es decir, el traslado de cargos al infractor por el término de diez días para dar respuesta. El cumplimiento de este trámite garantiza el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa del contribuyente, a la vez que permite sancionar conductas por incumplir los deberes que facilitan el adecuado control de la evasión tributaria.
SANCION DE CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTO - No procede cuando el contribuyente omite los prefijos de la facturación utiliza factores de diferente tamaño.
Al respecto cabe indicar que la autorización otorgada por la Administración tributaria para la numeración de las facturas, constituye un mecanismo técnico de control sobre la facturación que es independiente de los requisitos exigidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario como contenido de las facturas, la cual tiene como finalidad evitar la doble facturación y controlar la evasión.
Lo anterior permite afirmar que si se adicionan a la numeración cualquier tipo de prefijo, como en el presente caso U o M, y así se autoriza por las Oficinas de Impuestos, con el fin de evitar la doble facturación, y posteriormente se omite, con lo cual se dificulta el control de Administración, dicha conducta resulta sancionable.
Conforme lo anterior es claro que la omisión del prefijo autorizado por las oficinas de impuestos es necesario, toda vez que tal como lo indica el propio contribuyente, el mismo tenía como finalidad indicar a que establecimiento de comercio pertenecía la facturación, al no tenerlo se puede presentar doble facturación, así como dificultad para las oficinas de impuestos para ejercer los respectivos controles legales.
FACTURA - Mecanismo de control de la evasión tributaria y una prueba idónea, para demostrar la existencia de los costos y gastos.
Para efectos tributarios, el artículo 771-2 del E.T. dispone que "Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario."
Esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional, por cuanto el demandante interpretó que el artículo 771-2 vulneraba el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Carta, pues limitaba a un solo medio de prueba la facultad probatoria del contribuyente al pretender controlar el cumplimiento de requisitos formales de las facturas de terceros a través del traslado de su control a los contribuyentes receptores, so pena del rechazo in limine de los costos.
CONTRIBUYENTE - debe comprobar la titularidad de todos los conceptos de la declaración de renta / FACTURA - Requisitos. Personas que deben expedirla.
La Sala sostuvo que: "… la simple realización de costos y deducciones no conlleva su reconocimiento fiscal, pues la obligación tributaria se origina en hechos económicos realizados por un determinado contribuyente, quien debe probar la titularidad de todos los conceptos que hacen parte de la depuración del impuesto, con las formalidades previstas en la ley".
Conforme a la norma transcrita, el legislador previó una exigencia para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, la exhibición de las facturas correspondientes, con el lleno de los requisitos legales.
Están obligados a expedir factura o documento equivalente, para efectos tributarios, los comerciantes, los que ejercen profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o los que enajenen bienes, producto de la actividad agrícola o ganadera, sean o no contribuyentes.
A su vez, el artículo 771 - 2, inciso 2, ib establece que los "documentos equivalentes" deben cumplir los requisitos contenidos en los literales b), d), e) y g) del artículo 617 ib, esto es, apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio, número consecutivo, fecha de su expedición y valor total de la operación.
CARGA DE LA PRUEBA - La tiene el contribuyente para demostrar los costos.
Se observa que la contribuyente aceptó que la relación presentada ante la Administración tenía la inconsistencia detectada pero pretendió justificarla con la impericia de la persona que digitó la información. Tal relación es un documento de carácter privado que, se supone, refleja la verdad de la información que contiene, que en el caso, es la relacionada con el monto de las compras realizadas por la empresa en el periodo en cuestión y, específicamente, la de los respectivos comprobantes de pago.
Relación que la empresa preparó, elaboró y aportó al proceso gubernativo con fundamento en la documentación que la misma tenía, por lo que, al tenor de los artículos 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil, debe entenderse reconocida implícitamente su autenticidad y es plena prueba en su contra.
Ahora bien, si advirtió la equivocación debió corregirla, pues nadie mejor conocía la información para hacerlo, ya que se trata de sus proveedores de quienes debía tener el nombre y documento de identidad correctos, datos básicos para elaborar los correspondientes comprobantes de pago consolidados en la relación.
El Estatuto Tributario, en el artículo 654, indica los casos en que se impone esta sanción, y en el 655 ib establece que equivale al 0.5% "del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición…".
Uno de los supuestos previstos en la norma como hechos irregulares en la contabilidad es: "f) cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4) meses de atraso".
En el sub examine, la Administración ordenó practicar inspección contable a la sociedad. El 12 de marzo de 2004, los funcionarios comisionados efectuaron la visita, en la que observaron que en los libros Mayor y Balances, Diario e Inventarios y Balances, "la sociedad tiene registrados sus movimientos contables hasta diciembre de 2002", según consta en el Acta correspondiente, que obra en el folio 122 y siguientes del expediente.
De lo anterior, se advierte que se configuró el hecho sancionable descrito en el literal f) citado, pues el atraso de los libros, entre los extremos señalados en la norma, es superior a cuatro meses, sin que exista justificación alguna, pues si bien la demandante ha sostenido que se debió a una orden impartida por la Fiscalía, esta afirmación no cuenta con soporte probatorio.

References: artículo 617
 artículo 615
 artículo 437
 artículo 5
 artículo 657
 artículo 420
 artículo 657
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 653
 artículo 657
 artículo 617
 artículo 771
 artículo 771
 artículo 29
 artículo 771
 artículo 617
 artículo 654