Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-1104-08.htm
Timestamp: 2018-12-14 04:52:04+00:00

Document:
T-1104-08
Sentencia T-1104/08
TEMERIDAD-Requisitos de configuración
ACCION DE TUTELA-Inexistencia de temeridad aunque se presenten dos tutelas
TEMERIDAD-Se configura cuando se interpone una nueva acción de amparo respecto de un caso que guarda identidad con otro anterior procurando mediante técnicas y estrategias argumentales ocultar la mencionada identidad
Cuando se interpone una nueva acción de amparo respecto de un caso que guarda identidad con otro anterior, procurando mediante técnicas y estrategias argumentales ocultar la mencionada identidad, es presumible prima facie el uso temerario de la acción de tutela. Esto por cuanto el cambio de estrategia argumental o la relación de hechos que en realidad ni son nuevos ni fueron omitidos en el fallo anterior, conlleva la intención de hacer incurrir en error al juez, y sacar beneficio de ello. Resulta pues inaceptable que con dicho interés se haga uso del mecanismo judicial de la tutela. Por ello si el juez de amparo detecta que el caso jurídico que se le presenta, en su contenido mínimo (pretensión, motivación y partes) guarda identidad con otro pendiente de fallo o ya fallado, debe declarar improcedente la acción. Aunque, no sólo esto, sino además si llegase a determinar que por medio de la interposición de la tutela se persiguen fines fraudulentos, deberá entonces tomar las medidas sancionatorias que para estos casos dispone el ordenamiento jurídico.
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Presupone vulneración del principio de la buena fe
ACCION DE TUTELA TEMERARIA-No se presenta por existencia de un hecho nuevo que justifica la presentación de la segunda acción de tutela
PROCESO POLICIVO-Procedencia de la tutela
ORDEN PUBLICO-Alcance del concepto
ORDEN PUBLICO-Preservación por Alcaldes e Inspectores de policía
AUTORIDAD DE POLICIA-Competencia respecto a actos perturbatorios contra la posesión
LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO-Proceso judicial en predio rural
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia en proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural
Referencia: expediente T-1.965.949
La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Humberto Antonio Sierra Porto, quien la preside, Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente
en el proceso de revisión de los fallos de tutela dictados el 8 de febrero de 2008 en primera instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y el 1° de abril de 2008, en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la acción de tutela instaurada por Alberto Ruiz Llano contra la Alcaldía del Municipio de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
1. El 23 de marzo de 2007, la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., interpuso en su contra ante la Alcaldía del Municipio de Orocué, querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho “respecto del inmueble denominado La Macumba, hoy Hacienda El Caimán, ubicada en la Vereda El Palmarito Jurisdicción Rural del Municipio de Orocué Casanare”, la cual fue inadmitida por auto de la misma fecha, argumentando la prescripción de la acción policiva por no haberse presentado dentro de los 30 días previstos en el Código de Policía de Casanare y el Código Nacional de Policía.
2. Mediante providencia del 13 de abril de 2007, la Alcaldía del Municipio de Orocué admitió la querella y fijo fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento, al encontrar que habiendo acaecido los hechos el 15 de marzo de 2007, no podía operar la prescripción como inicialmente la había decretado. En la misma providencia anotó que el procedimiento que aplicaría sería el previsto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, los artículos 1, 2, 3 y 6 del Decreto 992 de 1930.
3. Explica el ciudadano demandante que, en la diligencia de lanzamiento presentó oposición “argumentando que se encuentra en dicho predio, toda vez que le compró el 50% al señor CAMILO AKL MOANACK, en el mes de enero del año 2002 y para tal fin le hizo entrega de la suma de $450.000.000.oo, los cuales fueron recibidos a entera satisfacción por el vendedor, quedando un saldo por cancelar.”
4. Adicionalmente asegura que, cuando le solicitó al señor Camilo Akl la respectiva escritura del predio éste “sorpresivamente quiso arrebatarle de manera violenta la posesión que este ejercía sobre el inmueble”, hecho que fue impedido por la Fiscalía 17 Seccional de Orocué, “quien el día 31 de julio de 2003, mediante resolución judicial” ordenó al señor Akl mantener el estado de las cosas con lo cual el accionante continuó ejerciendo actos de señor y dueño sobre el citado predio.
6. Sostiene que además de lo anterior, en el mes de julio de 2003 el señor Camilo Akl lo denuncio penalmente por el delito de hurto de varias cabezas de ganado, proceso que mediante providencia proferida el 20 de diciembre de 2005 por la Fiscalía 68 de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Bogotá, confirmada el 22 de febrero de 2007 por la Fiscalía 29 Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, culminó en la preclusión de la investigación en su favor, al encontrar que el accionante no era un simple administrador sino socio del denunciante, que entre los dos existió una sociedad de hecho que no ha sido liquidada y que los conflictos entre ellos, surgieron del incumplimiento de las partes en el manejo y administración de la finca según lo pactado convencionalmente.
7. También argumentó el señor Ruiz Llano en la diligencia de lanzamiento, que la venta de la finca que hizo el señor Camilo Akl a la Sociedad Inversiones Los Cedros S.A., mediante las escrituras públicas No.746 y 747 de fecha 18 de febrero de 2002 de la Notaría 18 del Círculo de Bogotá, es ficticia por cuanto: (i) nunca le hizo entrega real y material del inmueble al comprador, (ii) la denuncia penal que interpuso Camilo Akl contra el accionante se hizo en el año 2003, es decir 15 meses después de llevarse a cabo la venta; (iii) a la fecha de la diligencia de lanzamiento – 11 de mayo de 2007 -, el ganado que se encuentra en la finca aún aparece marcado con el hierro del señor Camilo Akl; (iv) la maquinaria es de su propiedad y no de la sociedad demanda; y (v) para el año 2002, fecha en que se hizo la venta, quien se encontraba en el inmueble era él y no la sociedad Inversiones Los Cedros S.A.
8. De las pruebas ordenadas y practicadas dentro de la diligencia, destaca el interrogatorio de parte de la representante legal de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., por cuanto allí afirma que él fue administrador de la finca de febrero de 2002 hasta enero de 2003, que tienen en la actualidad 1700 cabezas de ganado y que el hierro que ha venido utilizando la sociedad es “Z0D9 y un círculo con una K en el centro”, que es el mismo que utilizaba el señor Camilo Akl.
9. Afirma que habiendo sido suspendida la diligencia de lanzamiento para continuarla el 23 de mayo de 2007, presentó el día anterior solicitud de nulidad de todo lo actuado, teniendo en cuenta el concepto emitido por la Procuraduría Judicial Agraria de Boyacá, dentro de un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, del cual se desprende “que la Alcaldía Municipal no es la autoridad competente para el trámite y desarrollo del proceso de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios AGRARIOS, toda vez que el competente para conocer de dicha acción es el Juez Agrario de la respectiva localidad, el cual teniendo en cuenta que no se ha creado, conoce el Juez Civil del Circuito de la respectiva Jurisdicción.”
10. La solicitud de nulidad fue resuelta negativamente por la administración municipal, argumentando para ello lo previsto en el artículo 6° del Decreto 747 de 1992, y en los artículos 674 y 675 del antiguo Código de Policía de Casanare, normatividad que no fue enunciada al momento de admitir la querella, con lo cual sostiene que se cambió el procedimiento inicialmente ordenado y no se hizo la adecuación pertinente.
11. Estima que tanto la providencia que admite la querella policiva como la que resuelve la nulidad, violan el derecho al debido proceso puesto que en su criterio la autoridad competente para conocer del juicio de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios o rurales es el Juez Agrario, cargo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 270 de 1996 será ejercido en su defecto por el Juez Civil del Circuito del lugar donde se hallen ubicados los bienes (art. 23 Numerales 9 y 1º del C.P.C.).
12. Para fundamentar lo anterior, sostiene que el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, atribuye como autoridad competente para el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho al Jefe de Policía y el artículo 1° de su Decreto reglamentario 992 de 1930, determina que el competente es el Alcalde Municipal. Posteriormente, el artículo 16 de la Ley 200 de 1936, en concordancia con el artículo 63 de su Decreto Reglamentario 59 de 1938, establecen que el competente para conocer del lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales es el Juez de Tierras creado en esa misma Ley, cargo que fue suprimido con la expedición del artículo 31 la Ley 4 de 1943 y luego restablecido por los artículos 3 al 5 del Decreto 2303 de 1989 como Jueces Agrarios, a los que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 98 se les atribuyó el conocimiento de este tipo de procesos.
14. Comenta además que contra la providencia de mayo 25 de 2007 que resolvió negativamente la nulidad planteada y ordenó la continuidad de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho para el 1° de junio de 2007, interpuso una acción de tutela con efectos transitorios para evitar un perjuicio irremediable, la cual mediante providencia del 22 de junio de 2007, tuteló el derecho al debido proceso, declaró la nulidad de todo lo actuado por la Alcaldía Municipal de Orocué y ordenó cesar todo procedimiento dentro de la acción de lanzamiento, “teniendo en cuenta que en efecto el funcionario competente para conocer de la Acción de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios agrarios es el Juez del Circuito de la respectiva ubicación del inmueble objeto de lanzamiento”.
15. Impugnada la decisión ante el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué, quien se declaró impedido para conocer del asunto, el Juez Civil del Circuito de Yopal al que le correspondió por reparto, mediante providencia del 22 de junio de 2007, revocó la decisión de primera instancia “declarando improcedente la acción de tutela, diciéndole a la parte actora que tiene otro mecanismo para decidir su conflicto y más exactamente la Jurisdicción Administrativa (Numeral 3 Artículo 134B C.C.A.), sin que hubiera analizado el trasfondo del asunto como era la determinación de la competencia en cabeza de la Alcaldía Municipal. Indica sobre el particular, que la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sostener que los actos proferidos por las autoridades de policía en los procesos policivos no son actos administrativos objeto de revisión ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
17. Resuelta la acción de tutela, la Administración Municipal ordenó la reanudación de la diligencia de lanzamiento para el 21 de noviembre de 2007, con base en lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Policía de Casanare y en el Decreto 747 de 1992, contra la cual interpuso recurso de reposición, en el que plateó la existencia del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho ante el Juez del Circuito de Orocué y un conflicto de jurisdicción, el cual, pese a que el competente para resolverlo es el Consejo Superior de la Judicatura, fue negado por auto de la misma fecha.
Fundamentos de la solicitud de tutela.
- Incurre en un defecto sustantivo por cuanto se fundamenta en una norma evidentemente inaplicable, ya que “admitió la querella policiva amparada en la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario No.992 de 1930, normas que se refieren única y exclusivamente a los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos. Para luego fundamentarla en el Decreto No.747 de 1992, el cual únicamente puede ser usado cuando se presenten situaciones de alteración del orden público interno, o cuando se presentan invasiones masivas, situaciones que no se dan en el presente caso.
- En segundo lugar, la decisión recae en un defecto fáctico al carecer de apoyo probatorio que permita la aplicación de la norma en la que sustenta la decisión, toda vez que del conjunto de pruebas se establece sin lugar a duda que el accionante era la persona que venía ejerciendo la posesión, por cuanto “contrató empleados, efectuó mejoras, mantenimiento de cercas y edificaciones”, a diferencia de la parte querellante que no pudo demostrar no obstante tener las escrituras que le transfirieron el dominio. Además “cuando decide reingresar a la casa principal de la finca El Caimán o Macumba, no era la primera vez que lo hacía, tan es así que allí tenía su casa permanente de habitación debidamente amoblada por el, la casa de sus administradores y la casa de huéspedes”.
- Contrario a lo afirmado por la administración municipal, sostiene que ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción policiva dada la existencia de acciones policivas y penales interpuestas con anterioridad, según lo aceptó al momento de rechazar inicialmente la querella policiva.
- Estima que el funcionario que expidió la decisión carece en forma absoluta de competencia, puesto que le corresponde al Juez Agrario de la respectiva localidad y en su defecto al Juez Civil del Circuito. Además, ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, cursa un proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho, previsto en el Decreto 2303 de 1989, promovido por la misma sociedad aquí demandada, con lo cual encontrándose trabada la litis entre las mismas partes y por el mismo asunto, es la justicia ordinaria la que debe resolver el asunto.
- Por último, considera que la administración municipal actúo por fuera del procedimiento establecido, ya que (i) de considerar que la norma aplicable era el Decreto 747 de 1992 y la no Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930 como inicialmente lo expresó, ha debido conceder en la diligencia de lanzamiento el uso de la palabra para que pudiera presentar el recurso de reposición y apelación previsto en el artículo 10 de la mencionada disposición y ha debido proferir una providencia para adecuar el procedimiento a esa normatividad; (ii) la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento solamente intervino en la continuación de la diligencia de lanzamiento y no en la inicial: y (iii) existiendo un trámite reglado para resolver el conflicto de jurisdicción planteado, lo decidió por su propia cuenta, en lugar de permitir que lo hiciera el Consejo Superior de la Judicatura como esta previsto.
“1. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada por la sociedad inversiones Los Cedros S.A., contra el señor Alberto Ruiz Llano y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS.
2. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare, que en término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, realice las actividades administrativas necesarias para volver las cosas al estado en que se encontraban cuando sin tener competencia para ello y violando el debido proceso, lanzo el día 21 de noviembre del año 2007, del predio denominado El Caimán y/o Macumba a los querellados.
3. Advertir a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare que se abstenga de realizar conductas como las que sirvieron de causa a la presente tutela, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato.”
- Resolución proferida el 20 de diciembre de 2005 por la Fiscalía 68 Seccional de Bogotá, mediante la cual decretó la preclusión respecto de Alberto Ruiz Llano, de la investigación por el delito de hurto por la denuncia presentada en su contra por el señor Camilo Akl Moanack al encontrar que “la conducta investigada no es constitutiva del delito investigado.”(fl. 47).
- Sentencia proferida el 22 de febrero de 2007 por la Fiscalía 29 Delegada ante el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual confirmó la resolución de primera instancia proferida por la Fiscalía 68 Seccional. (fl.48)
- Demanda agraria de perturbación de la posesión presentada por el señor Alberto Ruiz Llano en contra del señor Camilo Akl Moanack, ante el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué. (fl. 62).
- Certificación expedida el 22 de mayo de 2007, por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la que consta que ante ese despacho cursa el proceso ordinario agrario radicado bajo el No.2005-0052-00, siendo demandante el señor Alberto Ruiz Llano y demandado Camilo Akl Moanack, respecto del predio El Caimán o la Macumba, que en la actualidad cursa la etapa probatoria. (fl. 68).
- Querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, presentada el 22 de marzo de 2007, ante el Alcalde Municipal de Orocué por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., contra el señor Alberto Ruiz Llano. (fl.69).
- Acta de diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, llevada a cabo el 11 de mayo de 2007, dentro de la querella No.001 de 2007. (fl.77).
- Escritura de venta No.746 de febrero 18 de 2002, celebrada entre Camilo Akl Moanack & Cía S. en C. e Inversiones Los Cedros S.A., respecto del predio San José ubicado en la vereda El Palmarito de Orocué. (fl. 87).
- Escritura de venta No.747 de febrero 18 de 2002, suscrita entre Camilo Akl Moanack & Cía S. en C. e Inversiones Los Cedros S.A., respecto del predio la Macumba #1 y # 2 ubicado en Orocué. (fl. 87).
- Acta de continuación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho de fecha 21 de noviembre de 2007, mediante la cual el Alcalde del Municipio de Orocué ordena el lanzamiento del predio La Macumba del señor Alberto Ruiz . (fl.95).
- Folio de matrícula inmobiliaria del predio La Macumba lote No. 1, en la que consta la inscripción de la venta realizada por escritura pública No.747. (fl.107).
- Folio de matrícula inmobiliaria del predio San José en la que consta la inscripción de la venta realizada por escritura pública No.746. (fl.111).
- Certificación expedida el 19 de noviembre de 2007, por el Secretario del Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, en la que consta que ante ese despacho cursa el proceso Agrario de Lanzamiento por Ocupación de Hecho radicado bajo el No.2007-0046-00, promovido por Inversiones Los Cedros S.A. contra el señor Alberto Ruiz Llano, respecto del predio El Caimán o la Macumba, admitida el 25 de julio de 2007, el cual en la actualidad cursa la etapa de instrucción. (fl.112).
- Memorial presentado personalmente el 4 de febrero de 2008 por la apoderada del señor Alberto Ruiz Llano, para anexar al Juez Promiscuo Municipal de Orocué fotocopia informal de la sentencia proferida en segunda instancia el 10 de septiembre de 2007, por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal dentro de la primera acción de tutela instaurada por el señor Ruiz Llano contra la Alcaldía de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. (fl.123)
- Auto de fecha 8 de junio de 2007, proferido por la Alcaldía Municipal de Orocué. (fl.147).
- Oficio DG. O.A.J. No.875, de fecha 5 de junio de 2007, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare. (fl.150).
- Auto de fecha 6 de junio de 2007, proferido por la Alcaldía Municipal de Orocué. (fl.152).
- Auto de fecha mayo 31 de 2007, emanado de la Alcaldía Municipal de Orocué. (fl.154).
- Auto de fecha mayo 25 de 2007, mediante el cual el Alcalde del Municipio de Orocué rechazó la nulidad. (fl.155).
- Auto de fecha 23 de mayo de 2007, proferido por el Alcalde del Municipio de Orocué. (fl.163).
- Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá, expedido el 1° de febrero de 2008, en el que consta que la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. fue constituida el 11 de enero de 2002, que en la actualidad no se ha disuelto y que la Gerente y representante legal es Luz Milena Cárdenas Roa. (fl. 193).
- Demanda de tutela presentada ante el Juez Promiscuo Municipal de Orocué por el señor Alberto Ruiz Llano contra la Alcaldía Municipal de Orocué y la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., contra las resoluciones mediante las cuales admitió la querella policiva, ordenó la práctica de la diligencia de lanzamiento, resolvió la nulidad planteada por el querellado y negó el recurso de reposición interpuesto contra nulidad. (fl. 210)
- Sentencia proferida el 22 de junio de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal, mediante el cual en primera instancia tuteló el derecho al debido proceso y de defensa del señor Alberto Ruiz Llano y ordenó la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada en su contra por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. que cursó ante la Alcaldía Municipal de Orocué. (fl.33 cuaderno 2).
- Sentencia de segunda instancia proferida el 10 de septiembre de 2007 por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal mediante la cual revocó la sentencia proferida en primera instancia el 22 de junio de 2007 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué. (fl. 54 cuaderno 2).
Respuesta de las partes accionadas.
También afirma que no es cierto que en virtud de la providencia proferida por la Fiscal 17 Seccional de Orocué el 31 de julio de 2003, mencionada en el numeral 6° del escrito, el señor Ruiz Llano haya continuado ejerciendo actos de señor y dueño en el predio, ya que por el contrario a partir del hurto de ganado y del denuncio penal, el señor Ruiz no volvió a intervenir para nada en la finca, hasta el 15 de marzo de 2007, cuando procedió a invadirla.
Lo anterior se ve reforzado por lo dispuesto en el numeral 2° y en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 1152 de 2007 que derogó la Ley 160 de 1994, al otorgar a los Procuradores Agrarios la facultad de intervenir en los procesos judiciales, administrativos y de policía relacionados con asuntos agrarios y además como lo sostiene la citada sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en las disposiciones contenidas en los artículos 126 a 129 del Código Nacional de Policía, que estipulan que las decisiones que se tomen conservan el carácter de provisional.
Mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2008, el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, amparó el derecho al debido proceso del actor y ordenó “declarar la nulidad de toda la actuación adelantada por la tutelada dentro del referido proceso, quedando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de iniciarse el reseñado trámite policivo. Ofíciese a la Alcaldía Municipal de Orocué, para que en el término de 48 horas, restituya al tutelante la posesión y demás derechos que ostentaba sobre el predio La Macumba y El Caimán, hasta la fecha en que fue lanzado de allí”
Para fundamentar su decisión, sostiene que en razón a que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, por medio del cual se creó la jurisdicción agraria, corresponde a los jueces agrarios conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, es claro “se incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, pues la actuación adelantada por la Alcaldía de Orocué en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con carencia absoluta y evidente de competencia y por ese conducto se vulneró el derecho al debido proceso del accionante.”
Por último, estimó que no es posible afirmar que su despacho esté incurriendo en desacato, respecto de lo resuelto en un asunto similar por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, “pues dicho despacho no tocó el trasfondo del tema planteado como lo es la naturaleza agraria del conflicto, limitándose a indicar la existencia de otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción administrativa.”
1. Alcaldía Municipal de Orocué
Agrega que contrario a lo afirmado por el Juez de instancia no se violó el debido proceso del actor, toda vez que en el transcurso le fue resuelta la nulidad que plateó, mediante análisis se demostró la vigencia de las funciones de la Alcaldía para la práctica de la diligencia, se le dio oportunidad para pedir y presentar pruebas, y se estableció que el accionante no pudo demostrar que gozaba de la posesión o la tenencia del predio, ni tampoco la existencia de un titulo válido que hiciera imperativo la suspensión de la diligencia.
1. Vigilancia especial de la Procuradora judicial Ambiental y Agraria
Lo anterior, por cuanto una vez revisado el expediente encontró la Procuradora la existencia de una acción de tutela impetrada por el señor Alberto Ruiz Llano contra la Alcaldía Municipal de Orocué, por las decisiones policivas adoptadas dentro de la querella promovida por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., fallada en primera instancia el 22 de junio de 2007, por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, que tuteló el derecho al debido proceso del actor y declaró la nulidad de todo lo actuado, la cual fue revocada mediante providencia del 10 de septiembre de 2007, proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal.
Se ha incurrido entonces expresamente, en la consideración del numeral 3º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y en tal caso, se trata de una nulidad que no es saneable. El Juez Promiscuo Municipal de Orocué carecía totalmente de competencia para conocer de la Acción de Tutela propuesta, pues estaba procediendo contra providencia ejecutoriada del superior reviviendo un proceso legalmente concluido y pretermitiendo la respectiva instancia.”
2. Fallo de Segunda instancia
Mediante Sentencia proferida el 1º de abril de 2008, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, confirmó el fallo de primera instancia tras considerar previamente que la intervención de la Procuradora Agraria en el trámite de la acción de tutela “se desnaturaliza por completo, habida consideración a que el caso que aquí ocupa la atención del despacho posee las connotaciones propias de materia constitucional y lejos está de tratarse de una acción de índole agraria, pese a que la fuente de la que se predica emana la vulneración de los derechos constitucionales que se imputa, sea de tal naturaleza.”
De otra parte estima que aunque se aceptara la legitimidad de la Procuraduría Agraria para actuar en esta acción, el incidente de nulidad propuesto por ella no puede prosperar por cuanto la causal invocada contenida en el numeral 3º del artículo 140 del C.P.C., exige que se trate de una providencia ejecutoriada, lo que no se puede afirmar del fallo cuestionado proferido en primera instancia en esta acción, toda vez que no existe constancia que advierta que la Corte Constitucional profirió fallo de revisión o que el Juez hubiese tomado la decisión de no someterlo al control constitucional. Por tanto, sostiene que no se ha incurrido en la causal de nulidad invocada, pues se contrarían los principios de ejecutoria y cosa juzgada, con lo cual el análisis de los demás argumentos expuestos para sustentar la pretendida nulidad resulta estéril y por tanto, el incidente de nulidad propuesto “quedaría desprovisto plenamente de piso jurídico.”
En relación con los argumentos expuestos por los impugnantes relacionados con la falta de competencia de la administración municipal para conocer de la acción policiva, estima que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2303 de 1989, artículo 2°, numeral 6°, en concordancia con el artículo 98 y con base en lo explicado por el Procurador Agrario de Boyacá en concepto de mayo de 2003, la competencia para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es del Juez Agrario y en su defecto del Juez Civil del Circuito por disposición del artículo 202 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Por lo anterior, concluye que no le asiste razón alguna a los recurrentes en esta acción, cuando afirman que el Juez de primera instancia actuó equivocadamente e incurrió con su fallo en un desconocimiento de la Ley.
Explica que dentro de las acciones policivas existentes, de conformidad con lo previsto en el articulo 125 del Decreto 1135 de 1970, la acción por perturbación de la posesión o de la tenencia, busca proteger al poseedor o tenedor que ha sido molestado en la tranquila posesión o tenencia de un inmueble, ya sea rural o urbano o agrario y la competencia está en cabeza del Alcalde o inspector de Policía. En cambio, para la acción por despojo, el procedimiento aplicable es el lanzamiento por ocupación de hecho, en cuyo caso es importante “distinguir si el predio es agrario o no, pues dependiendo de ello varía el procedimiento y la competencia, de tal forma que si es de naturaleza agraria debe imprimirse su trámite de conformidad con los artículo 98 y siguientes del Decreto 2303 de 1989, cuya competencia recae en la justicia ordinaria; ahora, si el predio no es de tal naturaleza (agraria) de acuerdo a las previsiones de la Ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario 992 de 1930 la competencia recae sobre las autoridades de policía.”
Por lo anterior, concluye que el procedimiento aplicado por la Alcaldía Municipal de Orocué en la querella policiva fue equivocado “pues ante la certeza de la naturaleza agraria del predio ha debido darse aplicación en forma preferente a lo dispuesto en el Decreto 2303 de 1989 en su artículo 98 y siguientes y no al del Decreto 747 de 1992 que la Alcaldía prefirió, pues como quedó atrás suficientemente sentado, su aplicación por parte de las autoridades de policía sólo es procedente en los eventos en que por razón de la invasión masiva se subvierta el orden público en la región, circunstancia fundamental que no tiene de ocurrencia en el caso sub – judice”. Adicionalmente afirma que la acción de tutela resulta procedente por cuanto la decisión impugnada se adecua típicamente a la vía de hecho por defecto orgánico, por violación del debido proceso.
Consta en el expediente que el señor Ruiz Llano presentó oposición dentro de la diligencia de lanzamiento practicada por la Alcaldía Municipal de Orocué el 11 de mayo de 2007, argumentando para ello tener la posesión de la finca por haberle comprado en enero de 2002 el 50% de la misma al señor Camilo Akl, quien después de varios intentos, en el año 2004 le arrebató la posesión de manera violenta con la expulsión de los administradores y trabajadores que él había contratado. Ante el despojo de la posesión el accionante formuló ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, demanda ordinaria de amparo posesorio, contra el señor Camilo Akl que actualmente se encuentra en curso. Además éste hecho ocasionó que el señor Camilo Akl formulara en su contra denuncio penal por el hurto de ganado, el cual culminó con la preclusión de la investigación a favor de Alberto Ruiz Llano, al encontrar que la conducta es atípica por haberse demostrado la existencia de una sociedad de hecho no liquidada entre los señores Alberto Ruiz Llano y Camilo Akl Moanack. En virtud de las decisiones tomadas en estas sentencias y con ayuda de la fuerza de policía, el 15 de marzo de 2007 el señor Alberto Ruiz Llano entra en posesión de la finca.
Reanudada la diligencia y decretado el lanzamiento mediante providencia del 21 de noviembre de 2007, el accionante interpuso la presente acción de tutela por considerar que la Alcaldía del Municipio de Orocué incurrió en una vía de hecho por: (i) fundamentar el procedimiento en normas no aplicables toda vez que inicialmente lo hizo sobre aquellas que se refieren a juicios de lanzamientos por ocupación de hecho de predios urbanos (Ley 57 de 1905 y su Decreto reglamentario 992 de 1930) y posteriormente la fundamentó sin mediar explicación alguna en el Decreto 747 de 1992, que es aplicable en casos de invasión de predios rurales y por alteraciones del orden público; (ii) no analizar en su totalidad las pruebas que obran en las diligencias; y (iii) carecer la Alcaldía Municipal de competencia para conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios, por estar atribuida a los Jueces Civil del Circuito.
Para tales efectos, la Corte: (i) reiterara la jurisprudencia de la Corporación en torno al tema de la actuación temeraria en las acciones de tutela; (ii) analizará la naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas por las autoridades de policía en procesos posesorios; (iii) reiterará su jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iv) examinará las normas que rigen los proceso judicial y policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y (v) resolverá el caso concreto.
El artículo 38 del Decreto-ley 2591 de 1991 señala que “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” La jurisprudencia constitucional ha señalado que la “temeridad” se ha entendido “como la actitud de quien demanda o ejerce el derecho de contradicción a sabiendas de que carece de razones para hacerlo, o asume actitudes dilatorias con el fin de entorpecer el desarrollo ordenado y ágil del proceso.”[1]
Así también, la Corte Constitucional ha sostenido que la actuación temeraria es aquella que supone una "actitud torticera",[2] que "delata un propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa",[3] que expresa un abuso del derecho porque "deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción",[4] o, finalmente que constituye "un asalto inescrupuloso a la buena fe de los administradores de justicia".[5]
Ahora bien, para declarar la configuración de la temeridad el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de tres requisitos determinantes: (i) que exista identidad en los procesos, lo cual significa que el proceso fallado con antelación y el proceso propuesto al juez tienen una “triple identidad”[6], esto es, en ambos se identifican las mismas partes, la misma solicitud y las mismas razones de dicha solicitud; (ii) que el caso no sea un caso excepcional explícitamente determinado por la ley o la jurisprudencia, como uno que no configura temeridad. Esto es, casos frente a los cuales se ha autorizado la procedencia del proceso propuesto a pesar del fallo anterior con el cual guarda identidad. Y (iii) que de presentarse una demanda de tutela que pretenda ser distinta a una anterior con la que guarda identidad, a partir de una argumentación diferente, se demuestre por parte del juez que el proceso propuesto y la tutela anterior se reducen a unas mismas partes, una misma solicitud y unas mismas razones.
- Identidad de los procesos: en este aspecto el juez de tutela debe establecer la existencia de características comunes en éstos, tales como: (i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales; (ii) la identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o repetido de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; y (iii) la identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental.[7]
Se debe señalar, que la verificación de este requisito coincide con la prohibición general de que se de un nuevo pronunciamiento por parte del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica - en el sentido explicado- con uno anteriormente decidido. Ya que según lo establecido por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada(…)”.
Cabe resaltar que en materia constitucional cuando se configura triple identidad entre la demanda de tutela y una o varias demandas pendientes de fallo, implica la declaración de improcedencia de la misma. Así como también cuando lo anterior se da respecto de una acción de tutela ya fallada.
- Caso excepcional que no configura temeridad: Con referencia a la verificación de que el caso no configure una excepción al uso temerario de la tutela pese a la presunta triple identidad de los procesos, la Corte ha desarrollado varios criterios. Se ha sostenido que la declaratoria de improcedencia de la tutela por temeridad debe analizarse desde una perspectiva distinta a la meramente procedimental, cuando el ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se funda en: (i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia[8] o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe[9]; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho[10]; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante[11]: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.[12]
Por último, la Corte ha detectado situaciones en las que la vulneración se configura después de interpuesta o fallada la acción de tutela, pues surgen eventos cuya consecuencia genera un perjuicio iusfundamental, en una misma situación de hecho en la que se había determinado que la tutela no era procedente, como cuando a pesar de la similitud en los hechos de las dos tutelas presentadas, el juez constitucional no se ha pronunciado sobre la real pretensión del actor[13] o cuando la violación se mantenga o se agrave por otras violaciones[14], como cuando se niega el suministro de un medicamento o cuando se trata de hechos que no habían tenido ocurrencia o no habían sido conocidos por el actor.[15]
Por otro lado, también la unificación de la jurisprudencia de la Corte Constitucional como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, puede dar lugar a que se autorice la interposición de acciones de tutela posteriores a fallos de amparo que hayan tratado sobre el mismo asunto y hayan declarado su improcedencia, siempre y cuando la misma Corte consigne explícitamente la posibilidad de recurrir nuevamente al amparo constitucional. En otras palabras, cuando la Sala Plena de esta Corporación unifica el alcance de la protección de un derecho por vía de tutela, y extiende sus efectos a casos de tutela fallados con anterioridad en los que no se protegió el derecho, no se configura temeridad.[16]
- La argumentación: También, es importante resaltar que en el análisis de una demanda de tutela, dirigido a determinar si se configura o no el uso temerario de la acción de amparo, el juez constitucional puede verse obligado a hacer un estudio argumental del escrito de la demanda. Pues, puede ocurrir que mediante estrategias de redacción o de estructura y exposición de los argumentos se pretenda presentar como distinto, un caso que guarda identidad con otro ya fallado o pendiente de fallo en sede de tutela. En estas situaciones, el juez de tutela debe reducir el caso a una pretensión, una motivación y unas partes determinadas. Así, independientemente de la estructura argumental con que se presente la demanda de tutela, el caso jurídico está constituido de manera clara por el contenido mínimo descrito, por lo que el juez podrá establecer si sobre dicho contenido ya existe una sentencia de tutela o hay un proceso de amparo en curso. De esta manera es posible analizar si se ha hecho un uso temerario de la acción de tutela.
Sobre el particular esta corporación ha considerado que: “En efecto, para que sea válida la imposición de una sanción por violar la prohibición prevista en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es indispensable dentro del mismo proceso tutelar, agotar un incidente que permita comprobar la mala fe o la conducta maliciosa del accionante contraria a la moralidad procesal.”[17]
La demanda de tutela fallada en primera instancia el 22 de junio de 2007, fue interpuesta por el actor a través de apoderada judicial contra “las resoluciones proferidas por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUÉ, a través de las cuales admite una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho y ordena la práctica de la diligencia, resuelve una solicitud de NULIDAD, presentada por la suscrita, y así mismo niega el RECURSO DE REPOSICIÓN que se presentara, todas referidas dentro de la Querella Policiva Radicada bajo el No. 001 – 2007, adelantada por la Empresa INVERSIONES LOS CEDROS S.A. contra ALBERTO RUIZ LLANO y demás personas indeterminadas, por considerar que las providencias mencionadas incurrieron en una vía de hecho, vulnerando, en mi sentir, el debido proceso…”. (fl.210).
El fundamento de la acción de tutela consistió en que “la ALCALDÍA MUNICIPAL DE OROCUÉ no tiene competencia ni jurisdicción para conocer del proceso de Lanzamiento por Ocupación de Hecho de predios RURALES. (fl.210).
En el escrito de demanda se solicitó “ordenar la suspensión inmediata del trámite de la Querella Policiva de Lanzamiento por Ocupación de Hecho instaurado por Inversiones Los Cedros S.A. a través de apoderado en contra del Señor Albero Ruiz Llano y demás personas indeterminadas, la cual está conociendo la Administración Municipal…” (fl.228).
“5. La acción de LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO tal como de uno y otro lado se ha expuesto con apoyo de la legislación que ha regulado la materia, realmente se concluye que ha sido una acción netamente de carácter policivo, pues así lo consagró el legislador a través de la Ley 57 de 1905 y posteriormente mediante su decreto reglamentario No. 992 de 1930, instrumentos estos que dotaron a la autoridad policiva de un mecanismo ágil, breve y sumario para actuar frente a los casos de ocupaciones de hecho a la persona de la tenencia material de un predio, sin su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente. Bajo los parámetros de tales ordenamientos se enmarcaba la competencia de las autoridades policivas en el conocimiento de los conflictos de tal naturaleza.-
6. Lo anterior vario sustancialmente ante el advenimiento de la Jurisdicción Agraria. En efecto, con la expedición y vigencia del Decreto 2303 de 1989 el legislador creó y organizó la jurisdicción agraria fijando no solo la competencia funcional de los órganos llamados a ejercerla sino también el trámite que deberá seguirse u observarse en los procesos que específicamente contempla, eventos que conducen a afirmar que dicho estatuto regula íntegramente los asuntos litigiosos de naturaleza agraria hasta el punto que frente a dicha jurisdicción se deroga toda disposición que le sea contraria. En suma, el estatuto agrario vino a sustraer del conocimiento de las autoridades policivas todos los conflictos de su naturaleza.”
“8.- Establecidos tales hechos y concretado el caso a las decisiones policivas contra las que se dirige la tutela, o sea las proferidas por el Alcalde Municipal de Orocué y de que antes se ha hecho mención, se advierte que afinque se encuentran sustentadas tanto fáctica como jurídicamente, lo evidente, claro y cierto es que ante la carencia de competencia funcional resultan abiertamente violatorias del derecho al debido proceso y por ende el de defensa del accionante.” (fl. 39 y 40 Cd.2)
Por su parte mediante providencia dictada el 10 de septiembre de 2007, el Juzgado Civil del Circuito de Yopal, revoco la decisión de primera instancia al considerar que el actor tenía a su alcance otro mecanismo de protección judicial de los derechos fundamentales que considera conculcados, como era la vía judicial ordinaria a través del “ejercicio de las acciones respectivas ente la jurisdicción de lo contencioso administrativo, especialmente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (Numeral 3° Art.134B C.C.A.), estos sí, mecanismos judiciales especiales e idóneos para conjurar eventuales vulneraciones de los derechos fundamentales con ocasión de procedimientos administrativos.” (fl.61 Cd.2).
La demanda de tutela admitida el 28 de enero de 2008 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, fue interpuesta por el actor a través de apoderada judicial contra “la orden de Lanzamiento por Ocupación de Hecho proferida por la Administración Municipal ALCALDÍA DE OROCÚE CASANARE dictada dentro de la Querella Policiva Radicada bajo el No. 001 – 2007, adelantada por la Empresa INVERSIONES LOS CEDROS S.A. contra ALBERTO RUIZ LLANO y demás personas indeterminadas proferida el 21 de Noviembre del año 2007, respecto del predio denominado La Macumba hoy Hacienda el Caimán, ubicado en Jurisdicción Rural Vereda El Palmarito del Municipio de Orocué Departamento de Casanare, por considerar que dicha orden constituye una evidente vía de hecho, vulnerando, en mi sentir los derechos fundamentales del debido proceso, derecho al trabajo, a la igualdad consagrados en los Artículos 29, 25, y 13 respectivamente.” (fl.1).
“1. Declarar la nulidad de todo lo actuado dentro de la querella policiva instaurada por la sociedad inversiones Los Cedros S.A., contra el señor Alberto Ruiz Llano y DEMAS PERSONAS INDETERMINADAS
3. Advertir a la Alcaldía Municipal de Orocué Casanare que se abstenga de realizar conductas como las que sirvieron de causa a la presente tutela, so pena de las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 para el desacato.” (fl.22)
El Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, mediante sentencia proferida el 8 de febrero de 2008 concedió la tutela del debido proceso del señor Alberto Ruiz Llano y ordenó declarar la nulidad de todo la actuación adelantada por la Alcaldía Municipal de Orocué y además que “restituya al tutelante la posesión y demás derechos que ostentaba sobre el predio La Macumba y El Caimán, hasta la fecha en que fue lanzado de allí.” (fl.182).
“que con la actuación de la administración municipal, se incurrió en una vía de hecho por defecto orgánico, pues la actuación adelantada por la Alcaldía de Orocué en el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con carencia absoluta y evidente de competencia y por ese conducto se vulneró el derecho al debido proceso del accionante.” (fl.180).
En cuanto a la temeridad el juzgado manifestó que no se puede afirmar su existencia puesto que el Juzgado Civil del Circuito de Yopal que denegó la tutela solicitada, no tocó el trasfondo del tema como es la naturaleza agraria del conflicto, “limitándose a indicar la existencia de otro medio de defensa judicial ante la jurisdicción administrativa.” (fl.181).
En relación con la temeridad advierte que “no obstante que en las dos tutelas a que se alude actúan las mismas partes y el trámite cuestionado es justamente el mismo de lanzamiento por ocupación de hecho, los hechos en que se fundan y las razones jurídicas que se plantean difieren en uno y otro caso y en consecuencia se infiere que no son idénticas las acciones.” (fl.88 Cd2). Concluye afirmando que en cuanto persista la vulneración de los derechos fundamentales del actor, podrá acudir a esta vía constitucional cuantas veces lo considere necesario.
En cuanto a la identidad fáctica encuentra la Corte que en la primera acción los hechos relevantes se circunscriben a los decisiones proferidas por la Alcaldía Municipal de Orocué, mediante las cuales: (i) admitió la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho y ordenó la práctica de la diligencia; y (ii) negó la solicitud de nulidad y el recurso de reposición presentado por el actor. En la segunda demanda, objeto de revisión se circunscribe a la orden de lanzamiento por ocupación de hecho proferida por la Alcaldía Municipal.
De otra parte, encuentra la Corte que la conducta desplegada por el actor se encuentra libre de intensiones maliciosas, fraudulentas o dolosas que constituyan hechos indicativos de su mala fe en la instauración de la segunda tutela; por el contrario, es el mismo actor, quien a través de su apoderada judicial en los puntos 28 a 31 de la demanda (fls. 8 a 10), hace un relato pormenorizado de los hechos relativos a la primera demanda de tutela, en los cuales destaca además las razones por las que discrepa del fallo proferido el 10 de septiembre de 2007 en segunda instancia por el Juez Civil del Circuito de Yopal, cuya fotocopia informal allega posteriormente mediante memorial radicado el 4 de febrero de 2008 ante el Juez de primera instancia de la segunda tutela para que sea tenida en cuenta dentro del acápite de pruebas. (fl.123).
4.1. La jurisprudencia constitucional ha considerado de manera reiterada[18], que cuando se trata de procesos policivos para amparar la posesión, la tenencia, o una servidumbre, las autoridades de policía ejercen función jurisdiccional y las providencias que dicten son actos jurisdiccionales.
Esta asignación especial de atribuciones jurisdiccionales a las autoridades policivas se aviene con el precepto constitucional del artículo 116 inciso 3, según el cual "excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas".[19]
Estos actos se encuentran excluidos del control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo[20], que dispone que la jurisdicción de lo contencioso administrativo carece de competencia para juzgar las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados por la ley[21].
Lo anterior significa que alrededor de los procesos policivos no existe un medio de defensa judicial idóneo para lograr la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales cuando éstos sean amenazados o vulnerados por la actuación de las autoridades públicas, quedando tan sólo la acción de tutela como mecanismo eficaz para garantizar el amparo de tales derechos.[22]
4.2. En una consolidada línea jurisprudencial[23], la Corte Constitucional ha establecido con precisión los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Antes de realizar su enunciación es preciso detenerse sobre el fundamento constitucional en el cual se apoya dicha acción cuando se intenta en contra de decisiones judiciales.
No obstante, en ciertas ocasiones el error judicial puede adquirir tales dimensiones que su entidad trasciende hasta constituir una violación de un derecho fundamental o configurar una amenaza grave de éste, en cuyo caso resultan pertinentes las consideraciones hechas en líneas anteriores a propósito del fundamento constitucional (arts. 86 y 113 de la Constitución) que permite dirigir la acción de tutela en contra de las autoridades que conforman la rama judicial del poder público[24].
Considerar que respecto de ciertas autoridades públicas hay campos vedados a los cuales no puede acceder la acción de tutela cuando se presenta una violación de un derecho fundamental que no puede ser enmendada por medio de ningún otro mecanismo judicial implica una inaceptable violación de lo establecido en el artículo 5° del texto constitucional, según el cual se reconoce primacía a los derechos fundamentales. La existencia de tales reductos o actuaciones exentas de control por vía de tutela es contraria, además, al propósito que el artículo 2° superior asignó a las autoridades de la República, en el cual se destaca la garantía de “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.
No obstante, en esta sentencia se estableció la conducencia excepcional de la acción de tutela cuando el juez vulnerara derechos fundamentales[25]. En jurisprudencia posterior la Corte llenaría de contenido esta consideración, con el objetivo de establecer los eventos específicos en los cuales la solicitud de amparo está llamada a proceder y a prosperar.
Como corolario de las consideraciones anteriores, la Corte Constitucional ha instituido una línea jurisprudencia consolidada, en relación con las que ha denominado causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.[26]
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales de las partes. Exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[27].
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[28].
c. Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a partir del momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental[29], cumpliendo con denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tan caros en nuestro sistema jurídico.
d. Que la irregularidad procesal alegada tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos fundamentales del actor[30].
e. Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere sido posible[31].
f. Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de tutela[32]. De forma tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
Una vez establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos, el juez de tutela sólo podrá conceder el amparo cuando halle probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos de las que han sido llamadas causales específicas de procedibilidad de la tutela contra sentencias[33], a saber:
5.1. El poder de policía en general consiste en un conjunto de actividades que tienen por objeto la expedición de reglas generales y de medidas individuales necesarias para el mantenimiento del orden público. Es entonces, una específica forma de actividad que tiene límites necesarios que se imponen a través de la ley en aras de la convivencia social; ese orden público se manifiesta en la tranquilidad, en la seguridad y en la salubridad, y se encamina a evitar perjuicios individuales o colectivos, provocados por desórdenes, actos perturbatorios, atentados a la salud y a la higiene pública.[34]
5.2. Predio urbano:
Tratándose de bienes urbanos, la normatividad que rige este procedimiento es el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, así como los artículos 125[35], 126[36], 127[37] y 129[38] del Código Nacional de Policía.
La competencia está radicada en el Jefe de Policía, condición que detentan los alcaldes municipales, aunque en algunos casos esta competencia ha sido asignada a los Inspectores de Policía en virtud de normas locales[39], o puede ser delegada en estos funcionarios de conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley 489 de 1998.
Este proceso se tramita como de única instancia, en razón a la declaratoria de nulidad del artículo 7º del Decreto 992/30 que preveía el recurso de apelación en el proceso de lanzamiento de ocupación de hecho ante el Gobernador del Departamento, por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante sentencia del 19 de septiembre de 1975.
Conforme al artículo 15 del Dto. 992/30 la acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a los treinta (30) días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante, según el caso.
5.3. Predio rural:
Por su parte, tratándose de bienes rurales, de manera complementaria y armónica con las facultades preventivas y provisionales otorgadas a la policía en el Código Nacional de Policía para evitar la perturbación o preservar la posesión sobre un bien (Decreto 1355 de 1970, arts. 125, 126, 127, 129) o para evitar las vías de hecho (Ley 200 de 1936 , art. 32), el Decreto 747 de 1992 “Por el cual se dictan medidas policivas con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales que están ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos” consagra la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho para la persona que hubiere sido privada de la tenencia material de un bien sin su consentimiento, la cual tiene por objeto restablecer y mantener “la situación que existía antes de la invasión” (art. 1°).
De la misma forma, este Decreto fue expedido para conjurar las situaciones de orden público, entendido éste como aquellas condiciones de seguridad y tranquilidad necesarias para la vida en comunidad, como se explico en capítulo precedente.
La acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural prevista en la citada normatividad, se consagra sin perjuicio de la acción judicial que se pueda instaurar ante el Juez Agrario hoy Juez Civil del Circuito para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho. Las medidas que se dicten serán provisionales y por tanto se mantendrán mientras el Juez no decida otra cosa, de manera que no son obstáculo para las que tome el Juez dentro del proceso judicial. (art. 2)
La acción de protección deberá solicitarse personalmente mediante querella presentada ante el alcalde o funcionario en quien este delegue, dentro de los 15 días siguientes al acto de invasión y requiere demostrar sumariamente, que el querellante ha venido explotando económicamente el predio. En el escrito de solicitud el querellante deberá indicar la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirven para identificarlo. (art. 6).
En el auto que avoque el conocimiento se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular para verificar los hechos, el cual se comunicará al procurador agrario competente y ser notificará personalmente o por aviso a la parte querellada. (art. 7)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Decreto, contra dicha providencia procede el recurso de reposición que se resolverá dentro de la misma audiencia y el de apelación ante la Gobernación, que se resolverá de plano dentro de los 2 días siguientes al recibo del expediente[40].
El artículo 1° del Decreto 2303 de 1989, por el cual se crea la jurisdicción especial agraria, adscribe a ella el conocimiento de los conflicto de naturaleza agraria derivados especialmente de la propiedad, la posesión y la mera tenencia de predios agrarios.
Entre los asuntos sujetos al conocimiento de la jurisdicción agraria “en cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios” (art. 2°), se encuentra el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual se adelanta ante los Jueces Agrarios, que se crean mediante la citada disposición. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley 270 de 1996 la jurisdicción agraria será ejercida en su defecto por los Juzgados Civiles del Circuito.[41]
De conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989[42], podrá pedir al Juez Agrario el lanzamiento por ocupación de hecho, la persona que haya sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material de un predio, sin su consentimiento u orden de autoridad competente, o sin otra causa que justifique la ocupación, siempre que el predio se encuentre explotado económicamente y se acredite que la ocupación se inició dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la presentación de la demanda.
Los artículos 99 a 111 del Decreto 2303 de 1989, regulan el procedimiento que se debe seguir y señalan claramente los requisitos de la demanda (art. 99) y sus anexos (art. 100), admisión y traslado de la misma (art.102), notificaciones (art. 103), orden de lanzamiento (art.106), pago de mejoras (art.109) y las actas de la diligencia de inspección judicial y del lanzamiento (art.111).
A este proceso se aplicaran las disposiciones contenidas en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley 200 de 1936, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1944.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 1152 de 2007[43], por la cual se estableció el estatuto sobre el desarrollo rural, los Procuradores para Asuntos Ambientales y Agrarios intervendrán en este tipo de procesos como agentes del Ministerio Público al igual que en los procesos de carácter policivo que se relacionen con asuntos agrarios.
- La Sala encuentra que el asunto examinado reviste relevancia constitucional toda vez que la petición formulada por el actor mediante este mecanismo constitucional para que le sea anulada toda la actuación llevada a cabo dentro del proceso policivo se relaciona con la eventual vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.
- El actor agotó los mecanismos judiciales para la protección de sus derechos con los que contaba al solicitar la declaración de la nulidad de todo lo actuado y haber interpuesto una acción de tutela en contra de la decisión proferida por la Alcaldía Municipal de Orocué que admitió la querella policiva y la que negó la solicitud de nulidad y el recurso de reposición.
- En tercer lugar, frente al requisito de la inmediatez por haber sido interpuestas en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la vulneración, la Sala encuentra que la acción fue interpuesta en tiempo, si se tiene en cuenta que la orden de lanzamiento por ocupación de hecho fue proferida por la Alcaldía Municipal de Orocué el 21 de noviembre de 2007 y el actor interpuso la presente acción de tutela el 28 de enero de 2008, es decir dentro de un lapso prudente.
- De la misma forma la Corte observa que el actor identificó de manera razonable los hechos que en su criterio generaron la vulneración de los derechos fundamentales, invocando como fundamento de las pretensiones las mismas consideraciones esgrimidas en su oportunidad para solicitar la nulidad que le fue negada y la acción de tutela impetrada con base en presupuestos fácticos distintos como ya se verificó al analizar el asunto relacionado con la temeridad de la acción.
- Finalmente es claro que el debate para la protección de los derechos fundamentales del actor no pretende controvertir un fallo de tutela anterior, sino la orden de lanzamiento por ocupación de hecho proferida por la autoridad de policía el 21 de noviembre de 2007.
7.2. Precisado lo anterior, corresponde a esta Sala determinar si se ha configurado una de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que el actor considera que la Alcaldía Municipal de Orocué incurrió en una vía de hecho al proferir la orden de lanzamiento decretada mediante providencia del 21 de noviembre de 2007, por: (i) falta de competencia de la Alcaldía Municipal para conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios por estar atribuida a los Jueces Civiles del Circuito; (ii) fundamentar inicialmente el procedimiento sobre normas que se refieren a juicios de lanzamientos por ocupación de hecho de predios urbanos (Ley 57 de 1905 y su Decreto reglamentario 992 de 1930) y posteriormente sin mediar explicación alguna aplicar lo previsto en el Decreto 747 de 1992, expedido para casos de invasión de predios rurales y por alteraciones del orden público, sin haberle concedido el derecho a presentar los recurso previstos en el artículo 10 de dicha normatividad; (iii) la Procuraduría Agraria y Ambiental del Departamento solamente intervino en la continuación de la diligencia de lanzamiento y no en la inicial; y (iv) no analizar en su totalidad las pruebas que obran en las diligencias, en especial la relacionada con la sociedad existente entre el actor y el señor Camilo Akl.
7.3. Revisados los documentos obrantes en el expediente, en especial los escritos de contestación de la demanda y de impugnación presentados por la Alcaldía Municipal de Orocué, cuyos argumentos han sido reforzados por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., se tiene que para el ente territorial la competencia para asumir el conocimiento y adelantar el procedimiento que correspondía a ese tipo de asuntos, se deriva de lo dispuesto en el Libro Tercero, Del Procedimiento, Título I, Procedimientos Civiles de Policía, Capítulo I, artículos 423 y siguientes del Código de Policía de Casanare que consagra el lanzamiento por ocupación de hecho en inmueble urbano y rural[44] y además de las facultades otorgadas por el decreto 747 de 1992.
- Mediante providencia del 23 de marzo de 2007, la Alcaldía Municipal de Orocué inadmitió la querella presentada el 22 de marzo del mismo año por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A, y declaró la prescripción de la acción policiva por no haberse presentado dentro de los 30 días previstos en el Código de Policía de Casanare. (art. 606).
- Mediante providencia del 13 de abril de 2007, la administración repone su decisión al encontrar que no podía operar el fenómeno de la prescripción teniendo en cuenta que los hechos materia de la querella acaecieron el 15 de marzo de 2007 y la querella fue presentada ante el despacho de la Alcaldía Municipal el 22 de marzo de 2007. En la misma providencia fija fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento.
- Según acta suscrita el día 11 de abril de 2007, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se llevó a cabo con la intervención del Alcalde (E) del Municipio de Orocué, el querellado Alberto Ruiz Llano y su apoderada y el querellante, la representante de la sociedad Inversiones El Cedro S.A., y su apoderada. En la misma acta consta que en dicha diligencia se decretaron y practicaron las pruebas solicitadas por las partes y las que se consideraron de oficio. Adicionalmente a solicitud de las partes, la diligencia fue suspendida para lo cual se fijo el 23 de mayo de 2007, como nueva fecha para su continuación. (fl.77).
- Con fecha 22 de mayo la apoderada judicial del señor Alberto Ruiz Llano presentó ante la Alcaldía solicitud de nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admitió la querella aduciendo que carece de validez y legalidad por falta de jurisdicción y competencia. (fl.155).
- Mediante auto de fecha 23 de mayo de 2007, el Alcalde del Municipio de Orocué suspendió la diligencia de lanzamiento prevista para el 23 de mayo de 2007, hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por el querellado (fl.163).
- Mediante auto de fecha 25 de mayo de 2005, el Alcalde municipal rechazó la nulidad y fijó para el 1° de junio de 2007 la reanudación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho (fl.155).
- El 31 de mayo de 2007, el señor Alberto Ruiz Llano a través de apoderada judicial interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que rechazó la nulidad planteada. (fl.149)
- Mediante auto proferido el 31 de mayo de 2007, la Alcaldía Municipal, con base en lo dispuesto en el artículo 687 del Código de Policía de Casanare negó por improcedente el recurso de reposición y concedió el recurso de apelación ante la Gobernación de Casanare, para lo cual dispuso el envío del expediente. (fl.154).
- Mediante escrito DG.O.A.J.No.875 del 5 de junio de 2007, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento de Casanare, resolvió el recurso de apelación precisando que el municipio es autónomo administrativa y presupuestalmente frente a su propia administración y por tanto el Gobernador del Departamento no es superior Jerárquico del Alcalde. Por tanto sostiene que, “en los procesos policivos como en el caso de los lanzamientos por ocupación de hecho, el conocimiento le corresponde en forma exclusiva al alcalde en única instancia conforme lo establece el “REGLAMENTO POLICIVO Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE “ en su artículo 426 DEL LIBRO TERCERO, DEL PROCEDIMIENTO, TITULO I, PROCEDIMIENTOS CIVILES DE POLICIA, CAPITULO I LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN INMUEBLE URBANO YU RURAL; contra las decisiones del alcalde no cabe recurso alguno (Artículo 432 ibidem). (fl.151).
- Una vez devuelto el expediente, por parte de la Gobernación del Departamento de Casanare, el Alcalde Municipal mediante auto de fecha junio 6 de 2007 aduciendo la competencia que le asiste, decidió continuar el trámite previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Policía de Casanare para lo cual fijo para el 13 de junio de 2007 la fecha para la continuación de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho, suspendida por las actuaciones de la parte querellada. (fl.152)
- Posteriormente, mediante auto de fecha junio 8 de 2007, en acatamiento a lo ordenado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué, la Alcaldía del Municipio de Orocué, suspendió la continuación del trámite de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho que había sido decretada para el 13 de junio de 2007, hasta tanto dicho despacho judicial se pronunciaba respecto de la acción de tutela instaurada por el señor Alberto Ruiz Llano contra la Alcaldía de Orocué. (fl.147)
- Proferida la sentencia de segunda instancia el 10 de septiembre de 2007 por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal Casanare, dentro de la referida acción de tutela, la Alcaldía municipal de Orocué, mediante providencia del 1° de noviembre de 2007, ordenó continuar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho.
- Según acta suscrita el día 21 de noviembre de 2007, la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho se continúo con la intervención del Alcalde (E) del Municipio de Orocué, la Procuradora Agraria y Ambiental para el Departamento de Casanare, el querellado Alberto Ruiz Llano y su apoderada y el querellante, la representante de la sociedad Inversiones El Cedro S.A., y su apoderada y además las personas que rindieron declaración. En el acta consta que en dicha diligencia se continuó con el interrogatorio de parte del señor Alberto Ruiz Llano a la representante legal de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. y con la ratificación de las declaraciones de los testigos aportados por ambas partes.
Para tomar la decisión de fondo, el Alcalde Municipal corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y previa valoración de las pruebas aportadas resolvió ordenar el lanzamiento del predio La Macumba del señor Alberto Ruiz Llano, advirtiendo en la misma providencia que de acuerdo con el artículo 432 del Código de Policía del Departamento de Casanare, no procede recurso alguno. (fl.95)
“…en cuanto a las pruebas aportadas por el querellado no demuestran, ni le dan claridad al despacho de la legitimidad que tienen sobre el predio perturbado por el señor Alberto Ruiz Llano y sustenta su derecho en providencia proferida por la fiscalía 29 delegada ante el tribunal del distrito de Bogotá, donde precluyeron la acción penal por el punible de hurto y es de destacar que pronunciamientos de estas autoridades no son el soporte de realizar una invasión del predio, ni otorga el derecho de manera arbitraria recuperar (sic) un perjuicio. Respecto a los recortes de prensa aportados al proceso estos no dan certeza de la calidad de propietario del predio ni del poseedor del mismo. Con respecto a la escritura pública número 00833 del 050503 de la notaría 49 del circulo de Bogotá, esta protocoliza los testimonios rendidos por los señores GUILLERMO CASA CASTALLEDA, MARIA CLAUDIA VEGA ACEVEDO, CLAUDIO DIDOMENICO, GERMAN POSADA Y GLADIS RODRIGUEZ, los hechos manifestados por los exponentes son del año 2003 y no tienen relación con los hechos materia de investigación por parte del despacho. Fotocopia de la carta suscrita por el señor Camilo Akl de fecha 080403, dirigida al señor Alberto Ruiz Llanos. El despacho procede a desestimarla teniendo en cuenta que no ofrece elementos que a la certeza del propietario o tenedor del predio objeto del litigio en la actualidad. La guía de movilización 1056 de fecha 150503, la anterior para el despacho no da la certeza, ni la claridad de quien es el poseedor o legítimo propietario en la actualidad del predio en cuestión. Por su parte la accionante aportó a la querella documentos que certifican la propiedad por parte de Inversiones Los Cedros, visibles a folios 15 a 33 C.O., otorgados por la Oficina de Instrumentos Públicos de Orocué, de igual manera el despacho se traslada al folio 76 del C.O.. En cuanto al interrogatorio de parte celebrado por la Dra Patricia Riaño Lara y absuelto por la representante legal de Inversiones Los Cedros, no da luz meridiana al despacho prueba sumaria sobre la legitimidad de la posesión o tenencia del bien; en la misma mediada (sic) en la declaración rendida por el señor HUMBERTO RAMIREZ VELASQUEZ no aporta elementos que con lleven a la certeza de propietario o tenedor del bien en litis…”(fl.104)
No se está pues, ante un conflicto de competencias o de jurisdicciones, en tanto que el Decreto 2303 de 1989 prevé en forma clara un procedimiento especial de lanzamiento por ocupación de hecho de competencia exclusiva de la jurisdicción agraria, lo que no excluye la acción de restablecimiento de carácter policivo, provisional y preventivo, consagrado en el Código Nacional de Policía, en el Decreto 747 de 1992 y en las normas del Código de Policía de Casanare, dirigido a restablecer las cosas a su estado inicial de manera transitoria mientras el Juez adopta las medidas que corresponda al caso particular con carácter judicial, permanente y definitivo, sometido desde luego, a las formas propias del procedimiento establecido en las normas que lo rigen.
Es de anotar que si bien el Decreto 747 de 1992, fue expedido para conjurar las situaciones de orden público entendido como la circunstancia que altere la tranquilidad ciudadana originadas en las invasiones de los predios rurales como se explicó, también encuentra su motivación en las precisas facultades de policía atribuida a los alcaldes tanto en el articulo 125 del Código Nacional de Policía que permite su intervención en casos de perturbación del derecho a la posesión, como en el artículo 132 de la Ley 200 de 1936, que no obstante preveer la competencia judicial para el lanzamiento por ocupación de hecho, autoriza expresamente la intervención de las autoridades de policía ante la existencia de las vías de hecho, “mientras actúa el juez de tierras”.
“[N]o es posible cuestionar, por vía de tutela, una sentencia, únicamente porque el actor o el juez constitucional consideran que la valoración probatoria o la interpretación de las disposiciones legales por el juez ordinario fueron discutibles. Es necesario que las interpretaciones y valoraciones probatorias del juez ordinario sean equivocadas en forma evidente y burda para que pueda proceder el amparo constitucional. Cualquier tesis distinta implicaría no sólo desconocer la autonomía funcional que tienen los jueces para interpretar el derecho y valorar las pruebas (CP art. 230) sino que además desconocería la separación funcional entre la justicia constitucional y la jurisdicción ordinaria.
Así, desde el punto de vista interpretativo, es obviamente ‘contrario al principio de autonomía judicial, - uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el juez de tutela tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en la lectura de una norma’.[45]”
“La vía de hecho -excepcional, como se ha dicho- no puede configurarse sino a partir de una ruptura flagrante, ostensible y grave de la normatividad constitucional o legal que rige en la materia a la que se refiere el fallo. Por tanto, mientras se apliquen las disposiciones pertinentes, independientemente de si otros jueces comparten o no la interpretación acogida por el fallador, no existe la vía de hecho, sino una vía de Derecho distinta, en sí misma respetable si no carece de razonabilidad. Esta, así como el contenido y alcances de la sentencia proferida con ese apoyo, deben ser escrutados por la misma jurisdicción y por los procedimientos ordinarios, a través de los recursos que la ley establece y no, por regla general, a través de la acción de tutela’.”
7.8. Finalmente, la Sala considera que la decisión judicial impugnada, tampoco incurre en el defecto de no valorar las pruebas allegadas, puesto que en sus argumentaciones se comprueba la existencia de una valoración dirigida a sustentar de una manera razonada y fundamentada la cesación de la perturbación de la posesión que ostentaba la sociedad querellante, ante la falta de prueba que justificara la ocupación del querellado que autorizara a la autoridad de policía para abstenerse de practicar el lanzamiento como lo contempla la norma. (art.429 Código de Policía de Casanare).
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas el 8 de febrero de 2008 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué el 1° de abril de 2008 y en su lugar NEGAR el amparo deprecado por el ciudadano Alberto Ruiz Llano.
ACLARACION DE VOTO A LA SENTENCIA T-1104 DE 2008 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Referencia: Expediente T-1965949
Con el debido respeto por las decisiones de esta Sala de Revisión, me permito aclarar mi voto al presente fallo, en relación con algunos temas que se tratan en la parte considerativa y motiva de esta sentencia, relativos a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y al requisito de inmediatez para la procedencia de la tutela.
1. TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
1.1 Mi posición jurídica respecto del tema de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales ha sido siempre la de que dentro del marco normativo del Estado social y constitucional de Derecho está plenamente justificada la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, frente a las tentativas de tratar de eliminar este amparo constitucional, bajo el argumento de la preservación de la seguridad jurídica, respecto de lo cual he sostenido que no es la seguridad o el bien común, el fin supremo del derecho, sino la justicia.
En mi concepto, la tentativa de tratar de eliminar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es insostenible, tanto desde el punto de vista iusfilosófico, como desde la teoría constitucional, por la contundente razón de que todas las ramas del poder público –legislativa, ejecutiva o judicial- tienen tanto el deber de respetar los derechos fundamentales, como también pueden llegar a vulnerar estos derechos, escenario en el cual debe proceder la garantía constitucional de la tutela[46].
Considero que el fin primordial y supremo del derecho es la justicia y que la seguridad jurídica debe servir esencialmente para que los ciudadanos conozcan sus derechos. Por tal razón, es esencial que exista una entidad jurisdiccional superior que cumpla la función de órgano de cierre del sistema de derechos, para que los ciudadanos tengan certeza sobre sus derechos [47].
En este sentido he sostenido que la procedencia de la acción de tutela se basa en que la Constitución es la máxima norma del orden jurídico, con la máxima eficacia jurídica; en que todos los poderes públicos deben respetar los derechos fundamentales; y en que el supremo interprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional[48].
Por consiguiente, la procedencia del amparo constitucional de tutela frente a las providencias judiciales, se justifica porque: “(i) los derechos fundamentales vinculan por igual a todas las ramas del poder público y demás órganos del Estado; (ii) la justicia prevalece sobre los demás fines del derecho, incluida la seguridad jurídica; y (iii) la acción de tutela procede contra todas las autoridades públicas”[49].
(i) La primera razón de la procedencia de la garantía tutelar contra decisiones judiciales la constituye la fuerza vinculante de los derechos humanos frente a todas las ramas del poder público y órganos o entidades del Estado. La vinculación del Estado a los derechos fundamentales tiene a su vez una doble connotación: la primera es que el Estado, a través de sus órganos y entidades, puede llegar a desconocer tales derechos. Esta es la razón por la cual el liberalismo clásico consideró de la esencia de los derechos humanos el constituir un límite al poder político del Estado y una talanquera al abuso de este poder por quienes lo ejercen, contrarrestando de esta forma la tendencia de la naturaleza humana al abuso del poder. Esta constituye una regla de oro que no debe admitir excepción alguna, por cuanto implicaría admitir la vulneración de derechos por parte de cualquiera de los órganos o entidades del Estado, incluyendo la rama judicial, lo cual a su vez negaría el presupuesto normativo básico del Estado social y constitucional de Derecho, esto es, la garantía de los derechos del individuo en cuanto ser digno, libre e igual[50].
La segunda connotación de la vinculación de las ramas del poder público, órganos, entidades o funcionarios públicos, por los derechos fundamentales, es que el Estado moderno fue instituido para garantizar y proteger los derechos, y es ésa precisamente su razón de ser y su fundamento último. Por tanto, se puede concluir que la legitimidad de las autoridades públicas, y por ende del Estado, deriva del cumplimiento de estos mandatos y que el respeto, cumplimiento y realización de los derechos fundamentales es un deber no solo del legislador, del gobierno y de los jueces, sino de todas las autoridades[51].
En este sentido, he sostenido que la afectación del principio de la seguridad jurídica o de una de sus expresiones, como lo es la cosa juzgada, se produce en el derecho con el fin de salvaguardar otros valores como la justicia o la paz, como lo ejemplifican el recurso extraordinario de revisión, la favorabilidad en materia penal, así como la existencia de la Corte Penal Internacional, casos en los que se muestra cómo la seguridad jurídica en su manifestación del concepto de cosa juzgada debe ceder ante el valor de la justicia, por lo cual es válido también que ceda cuando se trata de los derechos fundamentales[52].
“El concepto de “autoridad pública” comprende todas las ramas del poder público y demás órganos que integran el Estado. La Constitución no contempla excepción alguna. De ahí que no sea válido entrar a diferenciar donde no lo hizo el Constituyente. Es más, conforme los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente queda claro que su voluntad estuvo dirigida a que la tutela procediera contra las actuaciones de todas las autoridades públicas”[53], incluidos los jueces, y no solo frente a las autoridades administrativas, restricción que fue rechazada por el Constituyente.
De igual manera, los jueces pueden conculcar los derechos fundamentales y es necesario entonces protegerlos frente a éstos, por cuanto concluir lo contrario sería aceptar que los derechos fundamentales pueden ser conculcados por los jueces, que los derechos de los ciudadanos no valen ante los jueces y que el Estado no está al servicio del individuo sino que éste está sometido a aquel[54].
Por esta razón, tanto en el sistema constitucional alemán como en el español procede el recurso de amparo contra providencias judiciales, por cuanto tienen claro que los derechos fundamentales pueden ser vulnerados por la autoridad judicial mediante las resoluciones o decisiones judiciales[55].
1.2 De conformidad con lo anterior, considero que hay que volver a la regla general, hay que invertir la regla aplicada por la Corte, en el sentido que la regla general es que la tutela procede contra providencias judiciales, otorgándole prioridad al valor de la justicia frente al de la seguridad jurídica, en las relaciones dialécticas entre estas últimas dentro del marco del Estado social y constitucional de Derecho.
Los requisitos básicos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales fueron fijados en la sentencia T-231 de 1994[56], en la que se señaló que existe vía de hecho cuando se observan algunos de los cuatro defectos: sustantivo, orgánico, fáctico y procedimental. Esta línea jurisprudencial ha sido ratificada y desarrollada en numerosa jurisprudencia reciente de esta Corte como por ejemplo en las sentencias T-169/05, T-289/05, T-390/05, 391/05, T-494/05, T-1203/05, T-1211/05, T-579/06, T-590/06, T-797/06, T-909/06, T-949/06, T-1026/06, T-1078/06, T-1084/06 entre otras.
2. EL REQUISITO DE INMEDIATEZ
2.1 El tema de la inmediatez es un concepto de creación jurisprudencial que ha hecho referencia a la diligencia en que debió haber incurrido aquella persona que se haya visto vulnerada o amenazada en sus derechos fundamentales. Específicamente, ésta ha sido utilizada por la Corte Constitucional para denotar la actividad y prontitud con que la persona buscó proteger sus derechos fundamentales. En esencia, la inmediatez radica en actos diligentes por parte de la persona afectada por violación de sus derechos fundamentales.
Aún más, los conceptos de inmediación e inmediatez, utilizados por ésta Corporación son conceptos diferentes. Según el diccionario de la Real Academia Española, inmediación es la proximidad en torno a un lugar, mientras que inmediatez hace referencia a la cualidad de inmediato ( contiguo o muy cercano a algo o a alguien).
Por consiguiente, reitero lo sostenido en varias oportunidades en Sala Plena[57], que considero que el requisito de inmediatez es una creación jurisprudencial que se debe apreciar en cada caso, pues en realidad la Constitución no establece ningún límite temporal para la presentación de la tutela, como quiera que la protección de los derechos no tiene plazo para su reclamo y la norma legal que establecía la caducidad de la acción fue declarada inexequible. Por tanto, la regla general es la admisibilidad de la tutela y la apreciación respecto de la procedencia o no de la acción frente al requisito de inmediatez sólo puede hacerse por el juez constitucional caso por caso. Los derechos no tienen plazo ni término, ésta es la jurisprudencia de la Corte, que no se puede violar en este caso.
[1] Sentencia T-327/93.
[2] Sentencia T-149/95.
[3] Sentencia T-308/95.
[4] Sentencia T-443/95.
[5] Sentencia T-001/97.
[6] Sentencia T-919/03.
[7] Sentencia T-184/04.
[8] Sentencia T-184 de 2005.
[10] Sentencia T-721/03.
[11] Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
[12] Sentencia SU-388/05.
[13] Ver sentencia T-566/01.
[14] Ver sentencia T-458/03 y T-919/03.
[15] Ver sentencia T-707/03.
[16] Ver sentencia SU-388/05.
[17] La Corte concluyó en sentencia T-184/05 que si bien existía temeridad, era procedente la revocatoria de la multa impuesta a la accionante por considerar que no hay mala fe.
[18] Sentencias T-048/95, T-149/98, T-1023/05 y T-115/04, entre otras.
[19] Sentencia T - 048 de 1.995 M. P. Antonio Barrera Carbonell.
[20] El artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 30 de la Ley 446/98, a su vez recientemente modificado por el artículo 1° de la Ley 1107/2006, estipula lo siguiente: “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de la distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. // Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de gobierno. // La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. // Las decisiones jurisdiccionales adoptadas por las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales de la judicatura, no tendrán control jurisdiccional.” (subrayado fuera del texto).
[21] Sentencia T-443/93.
[22] Sentencia T-061/02.
[23] Sentencias T-328/05, T-1226/04, T-853/03, T-420/03, T-1004/04, T-328/05, T-842/04, T-328/05, T-842/04, T-836/04, T-778/05, T-684/04, T-1069/03, T-803/04, T-685/03, T-1222704, entre otras.
[24] Sentencias T-844 de 2005, T-778 de 2005, T-203 de 2004, T-716 de 2005, T-472 de 2005, T-1274 de 2005, T-1018 de 2005, T-749 de 2005, T-748 de 2005, T-483 de 2005.
[25] De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales.
[26] En Sentencia T-774/04 esta Corporación afirmó que este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar “(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.”
[27] Sentencia T-173/93.
[28] Sentencia T-504/00.
[29] Ver entre otras la Sentencia T-315/05.
[30] Sentencias T-008/98 y SU-159/00.
[31] Sentencia T-658/98.
[32] Sentencias T-088/99 y SU-1219/01.
[33] Desarrollados in extenso en la sentencia C-590/05.
[34] Sentencia T-091/03.
[35] El artículo 125 dispone: “La policía sólo puede intervenir para evitar que perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien, y en el caso de que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación”.
[36] El artículo 126 establece: “En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo”.
[37] El artículo 127 dispone: “Artículo 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
[38] El artículo 129 determina: “La protección que la policía preste al poseedor, se dará también al mero tenedor.”
[39] Artículo 132 del Código de Policía de Bogotá D.C.
[40] Pese a tal estipulación, la Corte estima que en el tema de los recursos deberá observarse la declaratoria de nulidad del artículo 7º del Decreto 992 de 1930 que preveía el recurso de apelación en este tipo de procesos, por parte del Consejo de Estado en sentencia proferida el 19 de septiembre de 1975, y además la declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional en sentencia C-643 de 1999, sobre la parte correspondiente del artículo 132 del Código Nacional de Policía (Decreto 1335 de 1970) que preveía el recurso de apelación de las decisiones del Alcalde ante el Gobernador, al considerar que la disposición desconoce la autonomía de las autoridades municipales.
[41] El artículo 202 consagra: “Los Juzgados Agrarios que funcionen actualmente, suspenderán sus labores, tres (3) meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando entren a operar la totalidad de los Juzgados Agrarios creados por el artículo 9 del Decreto 2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en primera y única instancia, por los Juzgados Civiles del Circuito correspondiente. // Los despachos judiciales agrarios mencionados, con todo su personal y sus recursos físicos, serán redistribuidos por el Consejo Superior de la Judicatura, conservando su categoría de Juzgado del Circuito, con efectos legales a partir del día siguiente a la suspensión de labores de que se habla en el inciso anterior.//PARAGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo necesario para que la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989, entre a operar en su totalidad con el funcionamiento de todas las Salas Agrarias y Juzgados del Círculo Judicial Agrario allí consagrados.”
[42] El artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, estipula lo siguiente: Partes. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante.”
[43] El artículo 171 dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán en lo relacionado con la presente legislación agraria las siguientes funciones: // (…) 2. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos judiciales agrarios que se ventilen ante la Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativo. Igualmente será ejercido el Ministerio Público en los procedimientos de carácter administrativo agrario que se adelanten ante las distintas entidades administrativas y de Policía relacionado con asuntos agrarios”.
[44] El inciso 2° del artículo 423, consagra que a través del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se pone fin a la ocupación arbitraria de un inmueble y se restituye su tenencia a favor del tenedor legítimo. Se trata de una instancia habilitada para instituir la tenencia de un inmueble más no para decidir controversias. El artículo 426 estipula que la competencia para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho radica exclusivamente en cabeza del alcalde municipal. El artículo 429 expresa que si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante exhibe un título o prueba que justifique legalmente su ocupación, el Alcalde se abstendrá de practicar el lanzamiento. El artículo 432 estipula que contra las providencias proferidas por el funcionario de policía en los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho no procede recurso alguno. El artículo 606 estipula que la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho precluye en treinta (30) días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que el querellante tuvo conocimiento del hecho. Vencido este término, la competencia será de la justicia ordinaria.
[45] Sentencia T-1009/00. En el mismo sentido, verlas sentencias SU-429/98, T-100/98 y T-350/98.
[46] Ver Araújo Rentería, Jaime, “Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales”, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2005.
[47] Opus cit.
[48] Opus cit.
[49] Araújo Rentería, Jaime, “Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales”, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2005, pág. 192.
[50] Ver opus cit.
[51] Ver opus cit.
[52] Ver opus cit.
[53] Araújo Rentería, Jaime, “Procedencia de la Acción de Tutela contra providencias judiciales”, en III Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, 2005, pág. 202.
[54] Ver opus cit.
[55] Ver art. 19-4 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, y el art. 54-1 y 55 de la Constitución española de 1978
[56] MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[57] Ver por ejemplo el Acta No. 45. Sesión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, noviembre 22 de 2006, respecto del incidente de nulidad frente a la sentencia T-171 del 2006, y el Acta No. 19 Sesión 12 de Julio de 2007, solicitud de nulidad de la sentencia T-171/06.

References: artículo 15
 resolución 
 artículo 6
 artículo 202
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 63
 artículo 31
 Artículo 134
 artículo 429
 artículo 10
 Resolución 
 resolución 
 artículo 171
 artículo 98
e contrario
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 2
 artículo 98
 artículo 202
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 38
 artículo 332
 artículo 38
 artículo 116
 artículo 82
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 10
 artículo 1
 artículo 202
 artículo 98
 artículo 171
 artículo 10
 artículo 687
 artículo 426
 artículo 429
 artículo 432
 artículo 132
 artículo 82
 artículo 30
 artículo 1
 artículo 125
 artículo 126
 artículo 127
 artículo 129
 Artículo 132
 artículo 7
 artículo 132
 artículo 202
 artículo 9
 artículo 98
 artículo 984
 artículo 2
 artículo 171
 artículo 423
 artículo 426
 artículo 429
 artículo 432
 artículo 606