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Abril 2013 | dorondon
Frente a la crisis, regeneración política y ética
Domingo, 07 de Abril de 2013 09:27
Pocas veces en la historia de nuestra reciente democracia, hemos atravesado por una situación tan crítica. Estamos donde estamos, por una crisis institucional y por una carencia de la ética en nuestra vida cotidiana. Para el buen funcionamiento de una colectividad es imprescindible un conjunto de instituciones estables y que transmitan confianza a la ciudadanía, además de una sociedad impregnada de unos profundos y claros valores éticos. La Jefatura del Estado, a pesar de los fuertes apoyos mediáticos y políticos, está fuertemente dañada por acontecimientos recientes, desde cacerías en lugares exóticos mezcladas con líos de faldas, hasta miembros de la familia real inculpados en esa lacra de la corrupción.
El poder ejecutivo, encabezado por un presidente del Gobierno, que además de incumplir vergonzosamente sus promesas electorales, está apoyado por un partido político, cuyas cuentas eran llevadas por un presunto delincuente -que se pasea en una actitud chulesca por las calles de Madrid- y que además servían para entregar sobres con dinero negro a miembros destacados de su cúpula dirigente, sin que nadie del partido dé una explicación adecuada a la ciudadanía.
El Parlamento, en teoría sede de la soberanía popular, está cada vez más distante de la problemática de la gente de la calle, e incluso tiene que estar blindado por vallas custodiadas por las F.F.A.A. El poder judicial maniatado por la injerencia de otros poderes políticos y económicos, lo que le imposibilita administrar justicia con independencia, y aquel juez que decide cumplir fielmente con su deber, corre el riesgo de ser apartado de la carrera judicial, como el caso de Garzón. En relación al futuro profesional del juez Castro, hay que estar expectantes. Todo un síntoma de la situación del poder judicial, fue que un presidente del Consejo General del Poder Judicial, endosara al Consejo las facturas de viajes no oficiales, realizados en fines de semana “de nombre caribeños” y que tenían como destino uno de los hoteles de lujo de Puerto Banús.
Los partidos políticos, cuyo papel es fundamental para la democracia, aparecen fuertemente desprestigiados en la sociedad española, por la financiación ilegal y por el incumplimiento de una manera sistemática de sus funciones establecidas en el artículo 6º de nuestra Carta Magna “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Y qué podemos decir de las organizaciones sociales. El jefe de los empresarios (CEOE) Gerardo Díaz Ferrán, cabe pensar que debería servir el referente de su clase, en la cárcel por blanqueo de capitales y alzamiento de bienes hasta presuntos delitos de apropiación indebida… Las grandes empresas, como las constructoras haciendo donativos a los partidos políticos, a los que los bancos además de financiarles las campañas electorales, posteriormente les condonaban las deudas. Cabe pensar que tales concesiones, serían a cambio de algo. Las organizaciones sindicales, no menos desprestigiadas en la sociedad, por su excesiva burocratización, su servilismo al poder político por la dependencia de las subvenciones públicas, sin que estén inmunes de la terrible lacra de la corrupción.
Unos medios de comunicación independientes son claves para el funcionamiento de un sistema democrático. En los privados se ha producido un fenómeno de concentración en manos de grandes grupos financieros y empresariales, lo que va en detrimento del pluralismo, ya que disminuye claramente la oferta informativa y la que proporcionan la hacen al servicio exclusivo de sus propios intereses, lo de menos es la verdad. En cuanto a los medios públicos, el tratamiento informativo, es todo un ejemplo de manipulación a favor del partido gubernamental, además de falta de pluralismo. En definitiva su contribución al fortalecimiento y consolidación de nuestro sistema democrático es muy deficiente.
De verdad, el panorama es desolador. Dan ganas de exiliarse de este país. También es cierto que los comportamientos anteriormente mencionados no han sido realizados por extraterrestres. Han sido realizados por españoles como nosotros. Y aquí todos tenemos nuestra parte de culpa, por pasividad, por permisividad o por negligencia. En los momentos de bonanza económica, según Rafael Poch, “En España se produjo el "asfaltado intelectual" de la sociedad: cierta americanización, cierto espíritu cutre de nuevo rico hipotecado... En cualquier caso el resultado final fue parecido en todas partes: retroceso de los movimientos sociales y de la conciencia crítica.
Vivíamos como absortos en una nube, y estábamos convencidos de esta situación de enriquecimiento perpetuo, al que además teníamos derecho, aunque desconociésemos los motivos. Aquí se impuso una nueva escala de valores, los de hacer dinero rápido sin importar el cómo, muchas veces producto de la corrupción, y hacer ostentación pública de esa riqueza. En definitiva una ausencia de valores éticos claros y firmes. Por ello, fuimos especialmente condescendientes con los políticos corruptos, a los que hemos votado sin complejo alguno. Hoy cuando han llegado las horas malas, nos rasgamos las vestiduras con la corrupción política. De aquellos lodos vienen estos barros.
Por todo lo expuesto, esta situación entiendo que es insostenible. Se necesita una labor conjunta de la clase dirigente y de toda la sociedad. Es imprescindible una regeneración profunda de todas las instituciones, pivotada por una nueva clase política. Nueva de verdad, no pueden realizar esta tarea los Rubalcaba, los Rajoy, los Montoro… No hay confianza en ellos. Hace falta recuperar la Política con mayúsculas. Las actuaciones de la clase” política” actual no tienen nada que ver con la política auténtica, ni tampoco con una democracia real. Cuando se gobierna pensando en el beneficio exclusivo del dinero y del poder, eso no es política, ni tampoco democracia. Eso es otra cosa. La verdadera política, la de verdad, es aquella que está motivada por la justicia social y va dirigida a la mejora de la colectividad. Y la auténtica democracia es aquella en la que la soberanía reside en el pueblo, no en unos poderes ocultos.
Para la consecución de los objetivos mencionados parece inevitable una revisión constitucional en profundidad, en la que todo sea discutible y opinable, desde la Jefatura del Estado, la estructura territorial del Estado, la implantación de un Estado laico, una reforma de la ley electoral, un sistema fiscal progresivo con una clara persecución del fraude, revisión de la deuda pública, control o nacionalización de servicios básicos como energía, telecomunicaciones; control o nacionalización parcial del sistema financiero, defensa de lo público frente a lo privado, mantenimiento y reforzamiento del Estado de bienestar; persecución de la corrupción política; financiación suficiente y transparente de los partidos políticos, nueva legislación laboral. Y por supuesto, una revisión y consiguiente rectificación del modelo neoliberal de la Unión Europea, exclusivamente monetarista, en detrimento de la social, lo que implicaría una reforma constitucional del artículo 135, que prioriza el pago de la deuda sobre el gasto social.
Tenemos que recuperar nuestra capacidad crítica, que nos ha sido negada por el neoliberalismo, ese ha sido su gran triunfo. Tenemos que rebelarnos ante esa cultura del miedo, del sufrimiento y de la muerte para contraponer la cultura de la esperanza, de la felicidad y de la vida. Tenemos derecho a la felicidad, así lo reconocía la Ilustración, proclamada en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en el artículo 1° de la Constitución montañesa de 1793: "El fin de la sociedad humana es la felicidad", y en el artículo 13 de la Constitución de Cádiz de 1812: "El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen".
En Francia, Lavoisier, famoso químico y a la vez político, escribe en un discurso de 1787: "El verdadero objetivo de un gobierno debe ser aumentar la cantidad de gozo, la cantidad de felicidad y el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos". Exactamente lo mismo que el gobierno de Rajoy.
Y la sociedad en su conjunto necesita un rearme ético. No podemos basar nuestra existencia en un vacío moral. Como señala Tony Judt, no podemos seguir evaluando nuestro mundo y decidiendo las opciones necesarias sin referentes y juicios morales. Solo sobre ellos se puede reconstruir la confianza.
Y la confianza es necesaria para el buen funcionamiento de todo, incluso de los mercados. "La idea de una sociedad en la que los únicos vínculos son las relaciones y los sentimientos que surgen del interés pecuniario es esencialmente repulsiva". Por ello debemos preguntarnos sobre una decisión política: ¿es legítima? ¿Es justa? ¿Va contribuir a mejorar la sociedad o el mundo en su conjunto? ¿Es tolerable tanta desigualdad, tanta injusticia tanta explotación del hombre por el hombre? ¿Merece la pena luchar por la libertad, la igualdad y la fraternidad? Estas eran las preguntas políticas, que nos hacíamos hasta los años 70 del siglo XX, aunque sus respuestas no eran fáciles. Tenemos que volver a planteárnoslas.
07/04/2013 20:00 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Lunes, 15 de Abril de 2013 08:33
Se ha convertido en algo de dominio común, aceptado por la gran mayoría de la población que la realidad es la que es y que además no se puede cambiar. Se ha implantado el pensamiento único, ese es el gran triunfo del neoliberalismo. Hay un intencionado esfuerzo para debilitar las opciones alternativas, a las que se califica de anacrónicas, inferiores, débiles y malintencionadas. Existen actores de la academia y de la inteligencia, auténticos mayordomos del gran capital, o mejor dicho mamporreros, no vamos andarnos con exquisiteces verbales a esta altura de la película, que elaboran y divulgan determinados relatos con el soterrado objetivo en que, a lo sumo, algo cambie para que lo sustancial quede invariable.
Me parecen muy oportunas las preguntas que se plantea Boaventura de Sousa Santos en la Quinta Carta a las izquierdas: ¿Por qué Malcolm X tenía razón cuando advirtió: “Si no tenéis cuidado, los periódicos os convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores”? ¿Por qué las críticas de las izquierdas al neoliberalismo entran en los noticieros con la misma rapidez e irrelevancia con la que salen? ¿Por qué son tan escasas las alternativas cuando son más necesarias?
Nos dicen que estamos inmersos en una profunda recesión económica, de la cual nos han hecho sentir culpables a la gran mayoría por determinados comportamientos colectivos. Hemos gastado en exceso, por lo que debemos asumir una serie de sacrificios. Por ello, hay que poner en marcha un plan de consolidación fiscal, el único posible, lo que requiere una serie de medidas: aumentos de impuestos, sobre todo, indirectos como el IVA; recortes en nuestro Estado de bienestar que afecta a educación, sanidad, asistencia social, pensiones, el subsidio de desempleo; tenemos que ser competitivos, lo que implica flexibilización del mercado laboral, con reducciones de salarios, reforma de las pensiones, etc.
Todas estas medidas son duras, pero al final del trayecto llegaremos la Tierra Prometida, una vez alcanzado el añorado equilibrio presupuestario, vendrá la recuperación económica, con el consiguiente crecimiento del PIB y millones de puestos de trabajo. Bla, bla, bla, bla,,, ¡Ay de aquel que tenga la osadía de salir de este redil! Todas estas medidas vienen disfrazadas con rebuscados circunloquios: reformas estructurales, espíritu emprendedor, mejora de la competitividad… Además todas ellas edulcoradas con alardes de patriotismo. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Todo ello se reduce a joder a los de abajo, para enriquecerse a los de arriba.
Hoy me voy a tomar la licencia de presentar otras opciones, recurriendo a los datos proporcionados por economistas afamados y prestigiosos que nadie ha cuestionado, mucho más justas y solidarias, para salir de esta recesión que nos está hundiendo en la miseria a la gran mayoría de la población, con el consiguiente enriquecimiento de una restringida minoría.
Nos han convencido que nuestro gasto público es excesivo, sobre todo el social, y que no se pueden incrementar los ingresos por la vía fiscal, porque nuestra carga impositiva es desmesurada, por lo que la conclusión es clara: hay que reducir el gasto público. Las cosas no son así.
Frente a la política de consolidación fiscal por esta vía de reducción del gasto, repito sobre todo social, hay otra totalmente diferente, totalmente factible, que radica en el incremento de los ingresos a través de una adecuada política fiscal: vía reformas fiscales y persecución del fraude fiscal. ¡Vaya que si las hay! Es obvio que el déficit es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los gastos. Por ello, es factible combatir el déficit por la vía de los ingresos. Sin embargo, tanto nuestro Gobierno como las instituciones comunitarias e internacionales, centran exclusivamente sus traumáticas medidas en la reducción concerniente al gasto público y, en especial, en la parte del mismo que realiza la función redistributiva dentro de nuestra sociedad, como si en él radicará el origen del problema y, por consiguiente, su solución. Toda la argumentación está construida sobre unas bases totalmente erróneas. Vamos a verlo.
Que nuestro gasto público sea excesivo no es cierto. Como señala recientemente Nicolás Sartorius: según los datos publicados el 23 de abril de 2012 el EUROSTAT, referidos a 2011, el porcentaje que del gasto público sobre el PIB era como media de un 49,1% (49,3 en la zona euro). Alemania un 45,6, Italia un 49,9 y Francia un 55,9. En España es el 43,6. Como vemos nuestro gasto público es inferior a la media europea. También nos han dicho que nuestra deuda pública es excesiva. Otra falacia. Por cierto, el endeudamiento de nuestro país al final de 2011, según la misma fuente, era del 68,5%, frente al 87,2% en los países de la zona euro. Si hoy alcanza unas cifras mucho más altas, se debe como todos sabemos porque la deuda privada se ha convertido en pública, además de por el rescate de los bancos.
Vamos a fijarnos, ahora en los ingresos provenientes de los impuestos, según EUROSTAT, en 2011 el porcentaje que representaban los ingresos públicos respecto al PIB era, por término medio, en la Unión Europea del 44,6% (45,7% en la zona euro), mientras que en España, y sin que ello signifique en absoluto que nuestros tipos impositivos y cotizaciones sociales sean más bajos, se reducía al 35,1%. Esta diferencia aún era mayor si la comparación se hacía con los tres países citados anteriormente (Alemania 44,7, Italia 46,1 y Francia 50,7). Teniendo en cuenta que nuestro actual PIB es ligeramente superior al billón de euros, esto quiere decir que, si España alcanzara un nivel de ingresos públicos semejante al de los países de nuestro entorno, se dispondría cada año de unos recursos adicionales superiores a 90.000 millones de euros. ¿Cuáles son las razones de esta disponibilidad de menos ingresos? Es clara: el fraude fiscal.
Según Vicenc Navarro, un artículo reciente de Miguel Ángel Mayo, coordinador en Catalunya de sindicato de Inspectores de Hacienda, proporciona datos contundentes sobre el fraude fiscal en España. El fraude fiscal representa una cifra, 89.000 millones de euros. Es uno de los fraudes fiscales más elevados de la Unión Europea y también de la OCDE. No deben tener mucho interés nuestros gobernantes, tanto los del PSOE como los del PP, en su persecución, si nos fijamos que España es el país que tiene menos inspectores de Hacienda en relación a la población tributaria. Hay un inspector por cada 1.680 contribuyentes, tres veces inferior a la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a Franca y Alemania. El fraude es, pues, el problema fundamental. Otro dato relevante es que tal fraude fiscal se concentra en las grandes fortunas y las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año, fraude fiscal que se realiza a través de la banca, la institución más importante que lo canaliza hacia los paraísos fiscales, es decir, países donde prácticamente no se pagan impuestos. De todos estos datos, resulta que los ricos y súper ricos apenas pagan impuestos en España. Sigue diciéndonos, Vicenc Navarro, además el sistema de tributación es profundamente injusto.
El 44% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los cuales el 83% de la recaudación se basa sobre las rentas del trabajo (es decir, la población que trabaja y está en nómina). Y un 32% de los ingresos al Estado procede de los impuestos sobre el Valor Añadido (conocido como IVA), que se basa en el consumo y es profundamente regresivo, lo cual quiere decir que las clases populares pagan mucho más que los ricos y los súper ricos. Es, pues, una gran desvergüenza el argumento de que España ha alcanzado su límite en cuanto a gastos, porque el país no da para más.
Está claro que España podría ingresar más. Ahí está el quid de la cuestión: los que tendrían que pagar mucho más de lo que pagan no son el ciudadano normal y corriente, deberían ser los ricos y los súper ricos- que tienen un enorme poder político y mediático en el país. La conclusión es clara, si hubiera una política contundente de persecución del fraude fiscal o de reforma fiscal en sentido progresivo, se incrementarían nuestros ingresos, por lo que serían innecesarios los recortes que estamos sufriendo, que contribuyen al agravamiento de nuestra recesión económica.
Como señala José Luis Escario en su libro Paraísos Fiscales. Los agujeros negros de la economía globalizada, los ciudadanos españoles deberíamos ser conscientes que las pérdidas de ingresos por evasión o elusión fiscales provocan generalmente una mayor presión fiscal sobre las rentas del trabajo, mucho más controlables que las del capital. Además, constituye una competencia desleal de las multinacionales, grandes culpables de delitos fiscales, con respecto a las medianas y pequeñas empresas locales, que carecen de medios para colocar sus beneficios en paraísos fiscales y otras jurisdicciones fiscales más favorables. Así pues estas prácticas potencian las desigualdades sociales y debilitan gravemente la cohesión de una sociedad.
Y si las cosas son así, ¿por qué los gobiernos —antes PSOE y ahora PP— no toman las medidas conducentes a evitar que a las dificultades inherentes a la crisis se sumen las injusticias que suponen la rebaja en el Estado del bienestar por no combatir el fraude? Es una determinada opción política. Pero hay otras, claro que las hay. Las acabamos de ver con claridad meridiana. Mas los políticos, vendidos al gran capital, son incapaces de hacer otras políticas diferentes a las expuestas en líneas precedentes. Naturalmente por ello son ampliamente recompensados con donativos los partidos políticos, que sirven para pagar sueldos en dinero en negro a los miembros de la cúpula dirigente, o con puestos en los consejos de administración de las grandes empresas o bancos, muy bien remunerados. Funciona como una máquina perfectamente engrasada el efecto “puertas giratorias”.
Ahí van algunos ejemplos. Ángel Acebes es consejero de Iberdrola, y durante el primer semestre del 2012, por el trabajo de dos meses, periodo en que se celebraron dos consejos de administración y una junta general de accionistas, percibió 145.000 euros. Iberdrola Ingeniería fichó como consejero al marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro. Endesa a Miquel Roca Junyent. Gas Natural y Endesa a Felipe González y José María Aznar por lo que cobrarán respectivamente 126.500 euros al año, y 200.000. Podríamos seguir poniendo ejemplos y más ejemplos. Al final todo se entiende. También, se me olvidaba, tengo la impresión de que muchos miembros relevantes de nuestra clase política, que alardean de patriotas, no persiguen el fraude fiscal, porque ellos mismos son defraudadores. Nadie se tira piedras sobre su propio tejado. Son estos mismos que han permitido y se han lucrado con la desvergüenza de las preferentes. Son estos mismos que se sienten profundamente doloridos porque unos ciudadanos acuden a sus casas a quejarse por haberse quedado sin vivienda, además de arruinados de por vida. De verdad, los españoles tenemos más paciencia que el santo Job.
18/04/2013 20:03 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Martes, 26 de Marzo de 2013 10:17
Todavía recuerdo en mis inicios en esta profesión docente tan bonita y vocacional, a finales de los 70 del siglo pasado, que en 3º de bachillerato en la asignatura de Historia de España de las cinco horas semanales, una estaba dedicada al conocimiento y comentario de nuestra Constitución de 1978. En mi formación había una laguna, además de otras muchas, en todo lo relacionado con el derecho constitucional. Para subsanarla, me matriculé en unas Jornadas sobre la Constitución en el ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Zaragoza, dirigidas por el catedrático de derecho constitucional, Manuel Rámirez.
Las recuerdo gratamente, y así aprendí que una Constitución es la Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la organización política. En cuanto a su estructura, tiene una parte dogmática, en la que aparece una Declaración de Derechos y Deberes el Título I, y luego una parte orgánica, que se refiere a los distintos órganos de gobierno.
El Título II de la Corona; el Título III de las Cortes Generales; el Título IV del Gobierno y la Administración; Título V de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales; Título VI del Poder Judicial: Título VII Economía y Hacienda; Título VIII de la Organización Territorial del Estado; Título IX del Tribunal Constitucional y el Título X de la reforma constitucional. Pertrechado con estos conocimientos constitucionales puede explicar a mis alumnos nuestra Constitución.
De verdad, para todos aquellos que sufrimos la dictadura del Funeralísimo, según palabras de Rafael Alberti, fue un gran motivo de gozo el poder explicar los principios de la soberanía nacional y la división de poderes, así como los novedosos derechos como el de asociación, sindicación, de expresión, de educación, la inviolabilidad de domicilio, de huelga, de negociación colectiva… Igualmente la parte orgánica, insistiendo en la separación de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Para remarcar esta idea, siempre me servía de la conocida frase de Montesquieu “el poder corrompe y si el poder es absoluto corrompe absolutamente”.
Nos convencieron que nuestro texto constitucional había sido producto del modélico consenso de las diferentes fuerzas políticas en un ejercicio de responsabilidad histórica, por lo que nuestra Transición podía ser exportada a otros países. Ya teníamos un Constitución en torno a la cual podían gobernar diferentes partidos políticos. Ya no retornarían los tiempos del siglo XIX en los que las constituciones se cambiaban en función de la llegada al poder de los diferentes partidos políticos.
Hoy, vamos a llamar las cosas por su nombre, nuestra democracia está moribunda ya que muchos de los preceptos de nuestra Constitución son papel mojado. Sirvan algunos ejemplos aunque podrían ponerse muchos más, el artículo 1.2 “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” debería ser eliminado, ya que estamos constatando que las decisiones más importantes que afectan a nuestra manera de organizar nuestra convivencia, como la reforma del artículo 135, se ha hecho sin contar con el pueblo español.
Por ello, mantener tal artículo es una burla. Y qué podemos decir del derecho a la negociación colectiva, que ha sido eliminado de cuajo del derecho laboral. A los empleados públicos se les modifican sus condiciones laborales sin negociación alguna, incumpliendo toda la legislación laboral a nivel nacional e internacional. Y qué decir del derecho al trabajo o una vivienda digna o a unas pensiones dignas o actualizadas. Vale más no seguir.
En cuanto hablar hoy de separación de poderes, tal como establece nuestra Constitución, solo puede ser producto de la estulticia. Los parlamentos desempañan un papel totalmente subordinados al gobierno que eligen, invirtiéndose el sentido de la toma de decisiones, ya que el legislativo se limita a cumplir las instrucciones de los gobiernos y la capacidad parlamentaria de control de estos es puramente formal.
No menor es la subordinación del poder judicial a los respectivos gobiernos, por lo que se incumple sistemáticamente lo que establece nuestra Constitución en su artículo 117. 1. “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”.
O el 124. 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
Veamos claros ejemplos de esta subordinación del poder judicial al poder ejecutivo, con el consiguiente incumplimiento del texto constitucional. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce destituyó siguiendo instrucciones del gobierno, provocando su inmediata dimisión, al Fiscal Superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol por haber opinado libremente sobre una cuestión que desde hace tiempo está planteada en Catalunya, cómo articular democráticamente, mediante las reformas legales que fuesen precisas, la consulta al pueblo catalán sobre su futura relación con el Estado español.
Y lo mismo observamos con la actuación de la Fiscalía de Anticorrupción para apartar al juez Gómez Bermúdez, al que el PP no lo quiere ver ni en pintura, de investigar la contabilidad secreta del extesorero del PP. Y tampoco contribuye a la independencia del poder judicial el sistema de cuotas a la hora del llevar a cabo la elección de aquellos órganos judiciales que tiene sus origen en el Parlamento: miembros del Tribunal Constitucional , y algunos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Es lo normal, además de lamentable, que las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional se conozcan de antemano, en razón al número de jueces “progresistas” o “moderados”, que siguen a rajatabla los mandatos del partido que les ha nombrado.
Por todo lo expuesto, es claro y manifiesto que todas aquellas inmensas ilusiones que depositamos muchos españoles en nuestra incipiente democracia hace 35 años, han desaparecido totalmente de nuestro panorama político, como consecuencia del incumplimiento sistemático de nuestra Constitución. ¿Cómo puede seguir nuestra clase política celebrando todos los 6 de diciembre su aniversario? Es surrealista.
20/04/2013 16:44 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Viernes, 22 de Marzo de 2013 10:10
El término privatización es confuso, impreciso y ambiguo. En sentido estricto se entiende por la enajenación o transferencia de propiedad o control del sector público al privado. Sus objetivos según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competencia en el mercado, mejora de las finanzas públicas, creación de un capitalismo popular, ampliación de los mercados de capitales…
Mas el objetivo claro es: hacer negocio. En relación al menor costo de la privatización, numerosos estudios demuestran que cuando se privatiza la prestación de un servicio público hay que pagar, además del coste del mismo, el beneficio del que lo presta. Esto encarecerá su coste, a no ser que la empresa privada tome medidas para rebajarlo, como pagar menos a los trabajadores, reducir personal, o que sea menos cualificado, limitarse a aceptar usuarios que no sean caros o proporcionar solo prestaciones baratas. Esto es de cajón. Que no nos vendan la milonga de que la privatización es para proporcionar un mejor servicio a la ciudadanía.
En este contexto, podemos entender que este fenómeno haya alcanzado un gran protagonismo en las últimas décadas, afectando a la mayoría de los países. En España, la primera etapa de las privatizaciones se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formando parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo.
Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores…. Mas, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más. Además de capitales ávidos, las políticas de privatización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos.
Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos.
Mas como la voracidad de determinados empresarios del sector privado es inagotable, perdón emprendedores, auténticos tiburones a la caza y captura de presas fáciles y desprevenidas, ahora mismo acabó de leer el artículo Los montes públicos, ¿a la venta? de Josefina Gómez Mendoza en el que nos advierte “Parece que les ha llegado la hora de la privatización a los montes, a la naturaleza en suma. La Comunidad de Castilla-La Mancha parece dispuesta a emprender la venta de los montes de utilidad pública (MUP) que en principio son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como establece la Constitución (artículo 132) y la ley de montes vigente. Y además el Estado, a través de su Administración forestal, ha invertido mucho esfuerzo en hacer los catálogos que los incluyen y los protegen.
Se dice que empezarán las ventas por cuatro MUP de Toledo: el Dehesón del Encinar de Oropesa al pie de Gredos, la Nava de Don Diego en los Navalucillos —muy cerca de Cabañeros— y Quinto de Don Pedro y Cardeñosa en los Yébenes. Para la pluriempleada Dolores de Cospedal la excusa es el corregir el déficit público, para lo que hay que conseguir ingresos, y así, se garantizará a los ciudadanos de Castilla La Mancha los servicios básicos del Estado de bienestar. Y luego les quiere convencer, aunque tampoco les importa mucho a los dirigentes populares el conseguir tal objetivo.
“El agua constituye un ejemplo particularmente llamativo para mí, porque muestra hasta qué punto puede degenerar la civilización y no obstante creer que se avanza haciéndolo todo privado. La ética de que si entras en un sitio y pides un vaso de agua te lo deberían dar ha quedado añeja. Y la versión moderna de esto, que durante casi toda mi vida ha prevalecido en este país, era que había fuentes en lugares públicos. Unas fuentes que poco a poco van desapareciendo.” Yo quiero añadir que también los urinarios públicos, por lo que hoy si quieres satisfacer tus necesidades fisiológicas, tienes que pagar.
Al respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes,, aparecido recientemente en Le Monde Diplomatique, en el que plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado.
Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.
20/04/2013 16:46 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Sábado, 16 de Marzo de 2013 10:28
Que nuestra democracia está gravemente enferma no es decir nada novedoso. Muchos son los que han contribuido a esta situación lamentable. Entre todos la matamos y ella sola se murió. Entre los más destacados asesinos aparecen los partidos políticos. A estos últimos quiero dedicar las líneas que vienen a continuación. El papel de los partidos políticos es fundamental en un sistema democrático. De acuerdo con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manuel Rámirez, nuestra Constitución de 1978 los reconoce expresamente.
Ni siquiera, en la Constitución de la II República de 1931 encontramos una referencia tan clara a ellos, ya que en su artículo 62 que trata sobre la composición de la Diputación Permanente de Cortes, se habla de las distintas “fracciones políticas” llamadas a integrarla en función de su fuerza numérica. Sin embargo, en el artículo 6º de nuestra actual Constitución y por primera vez en nuestra historia constitucional, se hace un reconocimiento contundente.
Veámoslo: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.”
Hoy los partidos incumplen nuestro texto constitucional, ya que ni expresan el pluralismo político, ni concurren a la formación de la voluntad popular ni son instrumento fundamental para la participación política, tal como estamos constatando con las manifestaciones masivas en las calles. El Parlamento tiene que estar protegido del pueblo por parte de las Fuerzas del Orden Público. Y en cuanto a que la creación y el ejercicio de su actividad tendrán que ser libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, circunstancia que también la señalan categóricamente, no faltaría más, los estatutos de los diferentes partidos, también se incumple por el aparato de los partidos, pues son sus dirigentes, quienes toman las decisiones marginando a las bases, a las que únicamente recurren para llenar los pabellones deportivos cuando llega un destacado dirigente del partido en las campañas electorales.
Existen muchas agrupaciones en los partidos que no se reúnen nunca. El aparato (en manos de unos pocos, que permanecen largos periodos de tiempo, sin saber cómo ni por qué, ni cuáles son los méritos contraídos), la excesiva burocracia interna, la lucha por el poder en el seno del partido y el culto a la alabanza y la sumisión, son absolutamente incompatibles con la opinión, la sana discrepancia y el debate transparente. Por ello, la renovación de ideas y personas es imposible. Y no lo es porque sus dirigentes tienen auténtico pavor a la "democracia", es decir, al debate de ideas, a permitir las discrepancias, a que el voto sea "libre, igual, directo y secreto" en todas sus elecciones de cargos directivos y de candidatos.
La elección no se hace por el mérito ni por los valores éticos del candidato, sino por su capacidad para la sumisión y la obediencia absoluta a los de arriba. Sorprende la pasividad de muchos de sus militantes ante estas circunstancias. Lo que estoy diciendo es lo que todo el mundo piensa y pocos se atreven a decirlo. Y no se atreven a decirlo por temor a ser castigados, por lo que la libertad de expresión que es un derecho que asiste a todo ciudadano en la vida cotidiana, se le niega a un militante dentro del partido. ¿Pero esto qué es?
Cada cual puede ponerle el nombre que le parezca oportuno. Insisto, no deja de ser sorprendente la falta de coraje de sus militantes ante esta circunstancia. También es cierto que muchos de ellos en los pasillos durante la celebración de sus diferentes congresos se muestran muy críticos con los dirigentes, aunque luego cuando entran al salón a votar se muestran sumisos y obedientes a las consignas que vienen emanadas desde arriba. Lamentablemente esta es la deriva por la que caminan todos los partidos.
Esta situación no es nueva, ya nos la señaló Robert Michels en su conocida "ley de hierro de la oligarquía" en 1911 en su libro, basado en la dinámica institucional de Partido Socialdemócrata alemán (SPD), Partidos Políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas en la democracia moderna. La tesis fundamental es que no es posible la lucha obrera sin organización, pero que esta trae consigo especialización de funciones, división del trabajo, y con ellas, burocracia, jerarquía y el gobierno crecientemente oligárquico de una cúpula cada vez menos sometida al control de las bases.
Expone cómo y por qué mecanismos los dirigentes políticos del partido tienden a integrarse en el sistema social y económico vigente, en contra de la opinión mayoritaria de las bases; cómo se perpetúan y se reproducen por cooptación; y cómo, finalmente, los de abajo que aspiraban a llegar arriba establecen un relación clientelar con los dirigentes. La conclusión es desoladora, ya que si en el partido de vocación más democrática, como el SPD alemán, se cumple esta "ley de hierro de las oligarquías", entonces tiene que suceder con más intensidad en el resto de partidos. Por ello, la obra de Michels debería ser de obligada lectura para los dirigentes de nuestra clase política.
Por si no fuera bastante con lo ya expuesto para desacreditar a los partidos políticos, éramos pocos y parió la burra, recientes acontecimientos vinculados con el caso Bárcenas, nos muestran otra lacra, cual es su financiación ilegal por parte del mundo de la gran empresa y la gran banca. En los 90 muchas siglas quedaron con las vergüenzas al aire: Filesa (PSOE), Naseiro (PP), el caso 'Casinos' (CiU) o el 'tragaperras' (PNV), por citar los más sonados. Y en las últimas fechas el caso Gürtel. «Si arañas un poco, en un gran número de casos de corrupción acaba apareciendo la financiación de algún partido político», sentencia Fernando Jiménez, profesor de Derecho Político de la Universidad de Murcia.
La constatación cada cierto tiempo de que existen cajas 'b' o incluso 'c', revela uno de los grandes agujeros negros del sistema democrático español: la corrupción metida hasta la médula dentro de las entrañas de los partidos políticos. Estos deberían arrancarla de cuajo de sus estructuras, también tendrían que ser más escrupulosos a la hora de seleccionar para sus listas electorales a determinados individuos, como también el ser contundentes y borrarlos de ellas a aquellos incursos en delitos de corrupción. Tampoco deberían usar la corrupción como arma arrojadiza, y regocijarse cuando aparecen casos en el partido contrincante. Mucho hablar de transparencia, pero para el vecino.
Por todo lo expuesto es comprensible los resultados que refleja La Encuesta sobre Tendencias Políticas y Electorales que todos los años realiza el Grupo de Estudio sobre Tendencias Sociales (GETS) hecha mediante 1724 encuestas entre las fechas 15 de septiembre y 17 de octubre de 2012, según la cual, en 2012 un 75% de los españoles no tienen ningún interés o un escaso interés por la política.
Tendencia que aparece bastante más remarcada en el año 2012 respecto a años anteriores. De igual manera, en 2012 solamente un 18% de la población mayor de edad pertenece a alguna asociación u organización, siendo estas en su mayor parte de carácter cultural, deportivo, benéfico, religioso, o Asociaciones de Padres de Alumnos. Únicamente un 3% pertenece a alguna asociación de carácter político o sindical. Lo cual significa que buena parte de los españoles viven de espaldas a la política. Cada vez en mayor grado. En correspondencia con esta situación, y en gran parte como causa de ella, los datos indican que cada vez es mayor la falta de confianza que manifiestan los ciudadanos ante diversas instituciones y entidades políticas. Así, en una puntuación de uno a diez, en los últimos años hemos asistido a unas valoraciones que ya eran de por sí bastante críticas (por debajo del 5 como promedio), respecto a los Partidos políticos, el Parlamento, el Gobierno y los Sindicatos. En concreto, las valoraciones más bajas en confianza las merecen los partidos políticos, que han caído de un 3,8 en 2004 a un 2,5 en 2012.
20/04/2013 16:47 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Lunes, 11 de Marzo de 2013 09:45
En un largo artículo titulado Retos de la democracia Oscar Iglesias realiza un estudio sobre el impacto que están teniendo en el deterioro del funcionamiento de la democracia una serie de fenómenos: la concentración de los medios de comunicación, el papel de los partidos políticos, la distribución cada vez mayor de la riqueza en menos manos, el incremento de las desigualdades, la hegemonía del capitalismo financiero con la correspondiente subordinación de la política a la economía, la expansión de los hiperliderazgos democráticos y las prácticas presidencialistas en los sistemas parlamentarios.
Cualquiera de ellos es interesante y podría servir para redactar no solo un artículo, sino también libros muy extensos. En las líneas que siguen hablaré sobre el primero de los fenómenos, el del papel de los medios de comunicación en una democracia.
Desde la década de los 80 ha habido un proceso de concentración en grandes empresas de comunicación tanto de prensa, radio, televisión e Internet. La mayoría de medios pequeños e independientes han sido absorbidos por conglomerados muy centralizados. Otros los más críticos han desaparecido, como la edición en papel de Público. Las sedes de los principales veinte grupos mediáticos del mundo están en países industrializados. La mayoría en Estados Unidos, como Time Wagner, Disney/ABC, Viacom o News Corporation, la empresa del magnate Rupert Murdooch que engloba los periódicos The Sun y The Times y los conglomerados de cadenas vía satélite Fox y Sky.
En España ha ocurrido también este proceso de concentración de medios con los grupos de Prisa, Unidad Editorial, Planeta, Vocento, Grupo Godo… En ellos los principales accionistas son las entidades financieras, por lo que estas están en sus consejos de administración. La crisis económica ha acelerado la “financiarización de las empresas periodísticas”.
El sector financiero ha tenido siempre una gran influencia sobre los medios por una doble vía: mediante la contratación de publicidad -los bancos suelen encontrarse entre los principales anunciantes- y la concesión de créditos. Pero la reciente crisis disparó la deuda de las grandes empresas de comunicación españolas y, al no poder afrontarla, la banca ha venido en su ayuda. Esta concentración ha sido posible gracias a las políticas públicas caracterizadas por una ideología dominante de la liberalización, la privatización y la desregulación que responden a las exigencias del mercado.
Este fenómeno de concentración nos conduce inevitablemente a preguntarnos si ¿Estamos en una democracia que tiene en los medios de comunicación un aliado para su fortalecimiento o en una democracia de la que se sirven los medios de comunicación para sus propios intereses? La cuestión planteada es crucial. Según sea el papel de los medios de comunicación se podrá hacer una valoración de esta.
Lo que parece claro que esta excesiva concentración va en detrimento del pluralismo, ya que disminuye claramente la oferta informativa. Por otro lado siguiendo a Montesquieu, el poder excesivo no es bueno, ya que “el poder corrompe y si es absoluto corrompe absolutamente”. Tanto poder concentrado en pocas manos propicia una serie de fenómenos muy perjudiciales para el buen funcionamiento de un sistema democrático. Las instituciones públicas y los partidos políticos pueden llegar a ser muy dependientes de la información de los medios de comunicación.
Estos comienzan a gobernar la cosa pública al servicio de sus propios intereses sin haber sido votados para ello. La ciudadanía empieza a escuchar más y a dar más credibilidad a los medios que a sus representantes políticos.
La información tiende a ser cada vez más homogénea, excluyendo la opinión de otras opciones políticas. Con ser tan grave lo expuesto, lo es más todavía que los medios de comunicación se pueden convertir un medio de control social al servicio de determinados intereses.
Esta situación la estamos constatando en estos momentos en España. Determinados mensajes, en tanto en cuanto pueden perjudicar a los grandes grupos empresariales y financieros, lo tienen muy difícil el poder llegar a la ciudadanía, salvo que sea en medios alternativos y poco conocidos. Ha sido ocultado o poco conocido el mayor fraude financiero de la historia: la manipulación del líbor (London Inter-bank Offered Rate), el indicador que, en palabras de The Economist, «determina en todo el mundo el tipo de interés que los particulares y las empresas pagan por los préstamos o reciben por sus ahorros», lo que no solo afecta a las transacciones entre bancos, sino a nuestras hipotecas, al precio a que pagamos los plazos del coche o las tarjetas de crédito.
Según señala Juan Carlos Monedero en este momento, los medios son, quizá, el principal actor político en las sociedades contenidas, pues tiene capacidad de doblegar a los partidos, ensalzar o hundir candidatos, direccionar a la opinión pública, perfilar sus contornos a través de encuestas, preparar guerras, ocultar información, cambiar consejos de administración, adjudicar rating de audiencia, ubicar publicidad y ocultar otra, en definitiva, hurtar la creación de una esfera pública deliberativa que es condición sine qua non de un juego democrático basado en la alternancia de opciones que se conocen.
Gerardo Pisarello en su libro Un largo Termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático, expresa que la libre circulación de ideas y opiniones se ve amenazada por los grandes medios de comunicación cada vez más concentrados y vinculados con los poderes financieros y empresariales, que al alcanzar tanto poder, salvajes los denomina Luigi Ferajoli, pueden contrariar o delimitar la soberanía expresada por la sociedad en las urnas y poner en peligro la democracia.
Las empresas de comunicación son poderes de hecho, influyentes sobre los asuntos públicos y con agendas que no responden necesariamente a los intereses de la sociedad. Según Sánchez Noriega “tienen capacidad en el espacio político para boicotear leyes o difundir determinadas demandas y, a la vez, una gran resistencia a las imposiciones del poder político”.
Boavetura de Sousa Santos en La Quinta Carta a las Izquierdas lanza estas preguntas : ¿Por qué Malcolm X tenía razón cuando advirtió: “Si no tenéis cuidado, los periódicos os convencerán de que la culpa de los problemas sociales es de los oprimidos y no de los opresores”? ¿Por qué las críticas de las izquierdas al neoliberalismo entran en los noticieros con la misma rapidez ee irrelevancia con la que salen? ¿Por qué son tan escasas las alternativas cuando son más necesarias?
La respuestas están en lo que ya nos expresó Carlos Marx en La Ideología alemana: "En efecto, cada nueva clase dominante se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es decir, a presentar estas ideas como las únicas racionales y dotadas de vigencia absoluta".
Y así nos pasa lo que nos tiene que pasar. Una parte importante de la ciudadanía española asume como inevitables los recortes sociales, al haber interiorizado que nos los merecemos por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Un poco antes de escribir estas líneas, he podido escuchar en un bar cercano a mi domicilio a un joven que está en el paro, que los culpables de su situación son los sindicatos. No he querido replicarle, porque una vez que lo intenté tuve que sufrir un cúmulo de insultos. Esta es la situación.
Como conclusión a todo lo expuesto como señala Rafael Poch “Hoy domina una mentalidad mucho más uniforme en las redacciones europeas: todos dicen más o menos lo mismo; de Obama, Venezuela o Irán, hablan de “proceso de paz” de “tender la mano”, de “lucha contra el terrorismo” y en general se comulga con el proceso general de gran desigualdad que impulsa la globalización. En ese proceso, los periodistas son meros tornillos de una máquina monstruosa en la que la información, que moldea nuestras opiniones y actitudes políticas, está en manos de empresas, es decir de estructuras jerárquicas fundamentalmente antidemocráticas que se sostienen sobre la publicidad empresarial. Una democracia digna de tal nombre debería cambiar eso de la misma forma en que en el pasado introdujo el voto femenino o las leyes de incompatibilidades..
20/04/2013 16:49 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.
Lunes, 22 de Abril de 2013 08:38
Acabo de leer unas declaraciones realizadas por la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, en las que señala que su partido denunciará el Concordato con la Santa Sede en el caso de que el Gobierno decida modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) para "limitar la libertad de las mujeres". Los cimientos de San Pedro del Vaticano comienzan a temblar por tales amenazas. Me siento profundamente desilusionado como votante de izquierdas, no por la primera parte del juicio emitido, sino por la parte segunda. Más claro, un partido socialista debería denunciar el Concordato por principios ideológicos y no ser una respuesta a una posible modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Por otra parte, aunque se modifique por el Gobierno del PP la IVE, tengo la total seguridad de que tampoco denunciará el Concordato el PSOE, si llega al poder,-algo muy complicado si no cambia su discurso político-, porque ocasiones no le han faltado para haberlo hecho, y sin embargo no lo ha hecho, obrando de una manera contraria a la manera de pensar de la mayoría de sus votantes. No obstante, conviene hacer un poco de historia.
Una de las asignaturas pendientes de la Transición Democrática en nuestro país es la cuestión religiosa. Las relaciones Iglesia Católica-Estado tal como se establecieron en los Acuerdos de 1976 y 1979 no parecen ser las idóneas en una sociedad “democrática”. En esas fechas, tanto la Iglesia católica española y el Vaticano por un lado; y, por otro, la clase política, en su mayoría, estaban de acuerdo que el Estado confesionalmente católico heredado del franquismo era un anacronismo en la Europa democrática del momento. Había que establecer las relaciones Iglesia-Estado sobre unas nuevas bases. Los principales partidos políticos, conocedores de la historia de la II República, no quisieron que nuevamente la cuestión religiosa volviera a envenenar la convivencia entre los españoles, por lo que se marcaron el objetivo de llegar lo más pronto posible a un acuerdo negociado con la Iglesia. El poder del confesonario y del púlpito es impresionante, por lo que decidieron pactar con él y se le hicieron excesivas concesiones tanto con los Acuerdos como en nuestra Carta Magna. Si éste no se hubiera conseguido, probablemente nuestra transición hubiera sido diferente.
El 28 de julio de 1976 se firmó al primer Acuerdo. Fue un documento breve, de menor extensión que los cuatro posteriores firmados en 1979, que versan sobre Asuntos Jurídicos, Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos, y Relaciones entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Lo fundamental del primero radicaba en que el gobierno renunciaba a sus privilegios de patronato eclesiástico, y la Iglesia reafirmaba su lealtad con la libertad religiosa y su renuncia a determinados privilegios jurídicos del Concordato de 1953. En el intermedio se elaboró la Constitución de 1978, en la que si bien se declaraba la aconfesionalidad del Estado, por otra parte se contentaba a la Iglesia Católica al señalarse: "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". Resulta sorprendente que se declare la aconfesionalidad del Estado y luego se cite textualmente a la Iglesia Católica en el artículo 16.3. I
gualmente en la redacción del artículo 27, que trata sobre la cuestión educativa, se hicieron nuevas concesiones a la Iglesia Católica al reconocer el derecho de los padres a asegurar la “formación religiosa y moral” de sus hijos; el derecho de personas y grupos de personas a mantener y crear colegios; a su vez los colegios privados podían recibir subvenciones oficiales, pero si cumplían determinadas condiciones de participación de los miembros de la comunidad educativa, sobre la cuantía de la subvención era ambiguo.
Los privilegios a la Iglesia Católica continuaron, sin que ello supusiera el que dejara de quejarse. Con la LODE de 1985 aprobada en la primera legislatura socialista se garantizó y desarrolló el derecho a la libertad de enseñanza. A los padres y a los alumnos se les reconoció una serie de derechos que garantizan la consecución de los fines de la acción educativa de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Se aprobó la existencia de una doble red de puestos escolares, públicos y privados, estableciéndose un régimen de conciertos al que se pueden acoger centros de titularidad privada para ser financiados con fondos públicos.
Ya vemos lo que está ocurriendo en algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, de no remediarlo, que la enseñanza concertada va cada vez a más en detrimento de la pública, y convirtiéndose esta en subsidiaria de aquella. Por ello, no dejo de sentir nostalgia de las palabras pronunciadas, un 13 de octubre de 1931 en el Congreso de los Diputados, en el debate del artículo 26 de la Constitución republicana por Manuel Azaña “En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza.
Eso, jamás. Yo lo siento mucho: pero está es la verdadera defensa de la República”. Fueron palabras premonitorias, ya que la actuación de la Iglesia Católica de apoyo incondicional a la dictadura fue total, circunstancia que tampoco debería sorprendernos. Unas breves reseñas de nuestra historia pueden servirnos. En 1788 el Santo Oficio incautó todos los ejemplares de la Encyclopédie Methodique, donde apareció el artículo Espagne, de Masson de Morvilliers en el que se decía "El español tiene aptitud para las ciencias, existen muchos libros, y, sin embargo, quizá sea la nación más ignorante de Europa. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que necesita permiso de un fraile para leer y pensar?"
Siglo y medio después, el 8 de octubre de 1931, en las Cortes de la II República en el debate sobre la "cuestión religiosa" y la enseñanza, Fernando de los Ríos, el entonces ministro de Justicia con un profundo dolor terminó su impresionante discurso, cuya lectura a cualquier cristiano, otra cosa es si es católico, le debería estremecer "Y ahora perdonadme, señores Diputados, que me dirija a los católicos de la cámara. Llegamos a esta hora, profunda para la historia española, nosotros los heterodoxos españoles, con el alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene así desde las honduras del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquellos cuya conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos. Venimos aquí con una flecha clavada en el fondo del alma, y esa flecha es el rencor que ha suscitado la Iglesia por haber vivido durante siglos confundida con la Monarquía y haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones: no ha respetado ni nuestras personas ni nuestro honor; nada, absolutamente nada ha respetado; incluso en la hora suprema de dolor, en el momento de la muerte, nos ha separado de nuestros padres".
Hecha esta incursión histórica, que no viene mal para entender determinados comportamientos de la Iglesia Católica, prosigo en mi disertación. Otra cuestión no insustancial fue el de la enseñanza de la Religión Católica en los centros públicos educativos. Una vez instaurada la “democracia”, la jerarquía católica ha defendido siempre que se impartiera en los centros educativos públicos, cuestión muy discutible en un Estado aconfesional, y además dentro del horario lectivo, evaluable como todas las demás asignaturas importantes y, finalmente, computable a todos los efectos. Y lo han conseguido. Ella además nombra los profesores de religión, aunque los paga el Estado, y si por alguna razón, como el haberse divorciado, pierden la confianza de la autoridades eclesiásticas, estas los cesan.
El despedido reclama lógicamente, la Magistratura de Trabajo le da la razón al declarar el despido improcedente, y la correspondiente indemnización la asume el Estado. Alucinante. Mas no tienen bastante. Además exigen para que la enseñanza de la Religión Católica no pierda su carácter de disciplina fundamental que los alumnos que no deseen recibirla tengan una opción alternativa, prescriptiva, evaluable y computable, que tiene que impartirla el profesorado público, con su correspondiente costo económico. Aquí no ha habido recortes. Esta interpretación no deja de ser maximalista y excluyente.
Y la Conferencia Episcopal acaba de conseguir sus aspiraciones, sin necesidad de manifestarse en las calles. El Ministerio sin negociar con los sindicatos representantes del profesorado ni con las organizaciones de padres, se ha reunido con los obispos para satisfacer sus deseos, ya que a los alumnos que no quieran religión se les impone en la LOMCE Valores culturales y sociales en Primaria y Valores Éticos en la ESO. Alucinante. Esta imposición ya viene de lejos. Fue Otero Novas, en 1980, bajo el gobierno de UCD el ministro que introdujo el régimen de alternativa obligatoria: la asignatura de Ética, que sería evaluable, como la de religión, al igual que las demás disciplinas fundamentales.
Según Gómez Llorente “Se rechazaba así, por vez primera y -sigue vigenteñ, el régimen de pura voluntariedad —aceptar o rechazar esta enseñanza— y se afirmaba un estatuto de derechos y deberes realmente singular que «pasaba a consistir en optar entre ir a la clase de religión o purgar la heterodoxia cursando otra asignatura, de la que estaría exento si fuese a la clase de religión”. En el año 2000, con el PP se retornó a la «solución Otero»: la religión católica tendría una alternativa, evaluable y computable. La de—«sociedad, cultura y religión»—
También al diktat de la Conferencia Episcopal el Ministerio ha eliminado Educación para la Ciudadanía, que no vendría mal en estos momentos. Y ha reafirmado los conciertos a aquellos colegios, especialmente del Opus, que segregan a los alumnos por sexo. La Historia se repite, ya que unas jerarquías religiosas siguen imponiendo sus opciones a toda la ciudadanía. Como dice Kolakowski “Estos comportamientos no son un testimonio de valores cristianos, sino tesis de una jerarquía totalitaria y neonacionalcatólica.
Siguiendo a José M. Castillo en su libro Iglesia y Sociedad en España, esta situación de privilegio hacia una determinada confesión religiosa en detrimento de otras no es lógica en una sociedad democrática y se debe a una interpretación sesgada y maximalista de los Acuerdos firmados con la Santa Sede y a determinados artículos constitucionales, anteriormente mencionados que se alcanzaron en un determinado contexto político, ya comentado, que hoy es muy diferente, ya que la “democracia” por lo menos formal es irreversible y las fuerzas políticas dominantes son otras. Además la sociedad española actual es muy distinta a la de 35 años atrás.
Hoy la sociedad española es plural, ya no es el monolito cultural que se pretendió conseguir por las buenas o por las malas hasta bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. La globalización de las comunicaciones, el flujo de capitales y mercados por doquier y, especialmente, los movimientos migratorios están generando una nueva sociedad, con personas de culturas, tradiciones, intereses, creencias y maneras de entender la vida, no sólo diferentes, sino con frecuencia antagónicos. Además España es una sociedad constitucionalmente laica, así lo reconoce nuestra Constitución, porque así lo hemos querido libre y mayoritariamente los ciudadanos españoles; entendiendo que el Estado debe ser independiente de toda influencia religiosa o eclesiástica, en este sentido es laica. Por último, hoy es una sociedad democrática, así lo establece por lo menos nuestra Constitución, y por ello es posible, o debería serlo, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Los cambios, anteriormente expuestos, han producido una España diferente, en la que la Iglesia Católica está descolocada, ya que no puede entender ni adaptarse al cambio, ni acepta el pluralismo, ni le cabe en la cabeza una sociedad laica, ni por supuesto ha sabido adaptarse a una sociedad democrática, sobre todo, porque es una institución per se antidemocrática; de hecho el Estado del Vaticano, es la última monarquía absoluta que queda en Europa, cosa que queda patente en el artículo primero de su Constitución donde se establece que los tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, se concentran en el Romano Pontífice. Así, hoy no es de recibo el mantenimiento de unos acuerdos y artículos constitucionales, que podrían explicarse y justificarse en determinadas circunstancias coyunturales, que han desaparecido de pleno.
Quiero terminar con una advertencia cariñosa y respetuosa a los dirigentes del PSOE. Todos los gobiernos socialistas han sido especialmente condescendientes y magnánimos con la Iglesia Católica, una institución caracterizada por la intransigencia y totalmente contraria el pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, principios básicos de un sistema democrático. Es una realidad incuestionable. No sé si este proceder se ha debido a que los González, Rodríguez Zapatero o Rubalcaba han llegado a pensar que estas políticas de mano tendida hacia la Iglesia Católica, eran y son rentables electoralmente y así se podían y pueden rascar votos por la derecha. Creo que son erróneas. Más todavía, al respecto, me viene a la memoria el refrán: Quien da pan a perro ajeno, pierde pan y pierde perro. De verdad, es que no aprenden la lección.
22/04/2013 13:04 dorondon Enlace permanente. sin tema No hay comentarios. Comentar.

References: artículo 6
 artículo 135
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 135
 artículo 117
 artículo 62
 artículo 6
 artículo 16
 artículo 27
 artículo 26