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BOE.es - Documento BOE-A-2019-17064
Documento BOE-A-2019-17064
«BOE» núm. 285, de 27 de noviembre de 2019, páginas 130246 a 130253 (8 págs.)
BOE-A-2019-17064
En el recurso interpuesto por don R. S U., en nombre y representación de la sociedad «Instalaciones y Montajes Sifer, S.L.», contra la negativa del registrador Mercantil XI de Madrid, don Francisco Javier Llorente Vara, a inscribir determinados acuerdos adoptados por la Junta general de dicha sociedad.
Mediante escritura autorizada el día 7 de junio de 2019 por el notario de Getafe, don Domingo Pérez del Olmo, con el número 1.336 de protocolo, se elevaron a público los acuerdos sociales adoptados el día 29 de marzo de 2019 por la junta general de la sociedad «Instalaciones y Montajes Sifer, S.L.», de disolución, nombramiento de liquidador –a don R. S. U.– y liquidación de dicha sociedad. A la junta general asistió un solo socio, don R. S. U., titular de participaciones que representan el 96% del capital social. En esta escritura, don R. S. U., como administrador único cesante y liquidador único, manifestaba que la junta general «fue convocada, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos sociales. A tal efecto, por don R. S. U., se hace constar que, en su condición de Administrador único de la sociedad, además de socio mayoritario de la sociedad, utilizando los servicios de la empresa “Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L.”, y mediante notificación certificada postal, remitió al otro socio de la sociedad, don A. F. E. en su domicilio (…), que es el que resulta del Libro Registro de Socios, el anuncio de la convocatoria de la Junta (…)».
Presentada el día 20 de junio de 2019 copia autorizada de dicha escritura en el Registro Mercantil de Madrid, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
1. En cuanto a la notificación de convocatoria de la junta únicamente las efectuadas por la “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA” gozan de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución y entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega (....), tanto los realizados por medios físicos o telemáticos; esta fehaciencia es cosa distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento judicial pero que se retorna en inequívoca exigencia en el ámbito en el que desenvuelven sus funciones tanto notarios como registradores pues resulta necesario que, sin necesidad de pruebas complementarias la declaración del notificado [sic], baste para tener por constatados el rechazo ó la imposibilidad de una determinada notificación ó comunicación (Art. 22.4 Ley 43/2010 de 30 de diciembre de Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal y Res, DGRN de 2 de enero de 2019.)
– La sociedad figura dada de baja provisional en el índice de entidades del Ministerio de Hacienda, comunicada a este registro a los efectos de lo previsto en los artículos 119.2 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades, de 27 de noviembre y 96 RRM.
Madrid, a 27 de junio de 2019 El registrador (firma ilegible).»
Contra la anterior nota de calificación, don R. S. U., en nombre y representación de la sociedad «Instalaciones y Montajes Sifer, S.L.», interpuso recurso el día 9 de agosto de 2019 mediante escrito con las siguientes alegaciones:
«Primera.–Que se indica como defecto subsanable para la inscripción de la escritura señalada con anterioridad tener que notificar la celebración de la Junta a través de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., indicándose textualmente que:
“En cuanto a la notificación de convocatoria de la junta únicamente las efectuadas por la “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.” gozan de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución y entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega (...) tanto los realizados por medios físicos o telemáticos; …”.
Segunda.–Que como se puede comprobar en el punto anterior, se considera que la notificación de asistencia a la Junta no es válido al haber sido realizado por empresa diferente a la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., debiendo discreparse con dicha afirmación, dado que, como se desprende del informe jurídico que se adjunta al presente (…), desde el 31 de Diciembre de 2010 el mercado postal comunitario se encuentra liberalizado, y más concretamente en España con la trasposición de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 2008 por la que se modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena liberalización del mercado interior de servicios postales comunitarios. Esta Directiva ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la aprobación, en fecha 30 de diciembre de 2010, de la Ley 43/2010, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal.
En este sentido debe indicarse que el artículo 1 de la Ley 43/2010 señala textualmente que “El objeto de le presente ley es la regulación de los servicios postales, con el fin de garantizar la prestación del servicio postal universal, de satisfacer las necesidades de comunicación postal dentro de España y de España con el extranjero, y de asegurar la libre competencia en el sector en condiciones adecuadas de calidad, eficacia, eficiencia y pleno respeto de los derechos de los usuarios y de los operadores postales y sus trabajadores”, es decir, la propia regulación nacional consiente, autoriza y reconoce la validez de notificaciones a través de servicios postales diferentes al estatal.
Tercera.–Que en otro orden de cosas, debe señalarse que el Notario D. Domingo Pérez Del Olmo, en el momento del otorgamiento y firma de la escritura, dio validez a la notificación realizada a través de las compañías Logalty/Seur, entendiendo esta parte que, es un medio admitido a los efectos legales oportunos, máxime cuando el Notario, en general, es garantía de seguridad y legalidad, y su objetivo es que la escritura que se firme esté ajustada a la legalidad y sea inatacable, siendo la escritura pública un documento del que nadie pone en duda su veracidad. Es por ello que, habiéndose dado validez a la notificación por parte del Notario, esta parte considera debe ser admitida como tal, tanto en aras de la legislación vigente como por causar el menor perjuicio a esta parte, habida cuenta que tener que volver a convocar la junta por otro medio al realizado puede dar lugar a que el defecto sea insubsanable, teniendo que convocarse nueva junta y debiendo firmarse otra escritura, con el perjuicio que ello ocasiona a esta parte.
Cuarta.–Que vistas las manifestaciones expuestas en los apartados anteriores, esta parte considera que la notificación de convocatoria de la junta ha sido realizada correctamente, todo ello de conformidad con la legislación, tanto nacional como comunitaria, vigente en el momento de la citación, motivo por el cual debe ser estimado el presente recurso, con las consecuencias legales inherentes a dicha estimación.»
Mediante escrito, de fecha 3 de septiembre de 2019, el registrador Mercantil emitió informe y elevó el expediente a esta Dirección General. En dicho informe constaba que el registrador dio traslado del recurso interpuesto al notario autorizante del título calificado, a los efectos previstos en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, sin que formulara alegaciones.
a) Se presenta en el Registro Mercantil una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados por la junta general de la sociedad «Instalaciones y Montajes Sifer, S.L.», de disolución, nombramiento de liquidador y liquidación de dicha sociedad. A la junta general asistió un solo socio, que era también el administrador único, titular de participaciones que representan el 96% del capital social. En esta escritura dicho señor, como liquidador único nombrado manifiesta que la junta general «fue convocada, con cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, por el procedimiento de comunicación individual y escrita prevista en los Estatutos sociales», y añade que a tal efecto, en su condición de administrador único de la sociedad utilizando los servicios de la empresa «Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L.», y mediante notificación certificada postal, remitió al otro socio de la sociedad, en su domicilio, que es el que resulta del libro registro de socios, el anuncio de la convocatoria de la junta general.
b) Consta incorporado a la escritura un documento con el siguiente encabezamiento: «Logalty. Certificado. Notificación certificada postal. D. (…) en representación de Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L., sociedad que actúa en el mercado en su condición de Prestador de Servicios de Confianza generando una prueba por interposición certifica que todos los datos recogidos en el presente documento corresponden con la notificación certificada postal entre las partes abajo indicadas, con fecha de creación 12/03/2019 13:45:50 cuyo identificador único es (…), habiéndose procedido a depositar notarialmente la función resumen de su contenido». A continuación, consta como remitente «Instalaciones y Montajes Sifer, S.L.»; respecto del destinatario, lo siguiente: «Se ha procedido a remitir una notificación certificada mediante el servicio postal de Seur, S.A. (en adelante “Seur”) al siguiente destinatario: D. A. F. E.», con un domicilio en determinada dirección de Madrid; y en un apartado titulado «estado» se expresa lo siguiente: «No entregado, destinatario desconocido. Fecha último estado, miércoles, 13 de marzo de 2019 18:01 00». Además, figura un apartado titulado «verificación notarial», con determinada referencia de depósito notarial; y otro titulado «verificación electrónica», con la mención: «D. A. F. E. (2).pdf».
La calificación negativa, respecto del único defecto que se ha impugnado, se basa en que, de acuerdo con el artículo 22.4 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, únicamente las notificaciones de convocatoria de la junta general efectuadas por la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.» gozan «de la presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución, entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de entrega de notificaciones de órganos administrativos y judiciales, tanto las realizadas por medios físicos como telemáticos»; y esa fehaciencia es distinta de la autenticidad, la cual podrá ser admitida y valorada en el seno de un procedimiento judicial, pero que se retorna en inequívoca exigencia en el ámbito en el que desenvuelven sus funciones tanto notarios como registradores, pues resulta necesario que, sin necesidad de pruebas complementarias la declaración del notificador, baste para tener por constatados el rechazo o la imposibilidad de una determinada notificación o comunicación.
El recurrente alega: que desde el 31 de diciembre de 2010 el mercado postal comunitario se encuentra liberalizado, y más concretamente en España con la trasposición de la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero de 2008 mediante la aprobación de la Ley 43/2010, 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal; que, por ello, todas las comunicaciones postales, incluidas las notificaciones, que no tengan su origen en la Administración Pública y en los órganos judiciales, tienen la misma validez y fuerza probatoria de documento privado, como resulta del artículo 1 de dicha ley; y que el notario autorizante de la escritura dio validez a la notificación realizada a través de las compañías «Logalty/Seur».
2. La cuestión planteada en el presente recurso ha sido abordada por este Centro Directivo en Resolución de 2 de enero de 2019 con un criterio que debe ahora reiterarse.
3. En el presente caso, la convocatoria se ha realizado a través de determinado operador postal distinto de la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.».
La promulgación de Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, derivó de la necesidad de transponer, antes del 31 de diciembre de 2010, la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio. En el Preámbulo de la citada ley se expresa lo siguiente: «(…) se pretende proporcionar un nuevo marco legal que, al tiempo que incorpora a nuestro ordenamiento interno la citada Directiva postal 2008/6/CE, garantiza los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio postal universal de amplia cobertura territorial y elevada calidad y eficiencia y refuerza la sostenibilidad financiera de este servicio que se encomienda a la sociedad estatal Correos y Telégrafos, S.A.». Añade que «respecto a la calidad de los servicios incluidos en el ámbito del servicio postal universal, la ley tiene como objetivo garantizar que el operador designado en España para la prestación de dicho servicio alcance en su prestación unos estándares de calidad similares a los de los países más avanzados en esta materia en el conjunto de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (…)».
Se ha afirmado, por ello, que se trata de un sector que se encuentra liberalizado, con reglas que permiten la libre concurrencia, posibilitando que otras entidades colaboren con el operador al que se haya encomendado la prestación del servicio postal universal, siendo este último necesario –se añade– para garantizar un servicio de amplia cobertura territorial, y elevada calidad y eficiencia. Y en la disposición adicional primera se designa por un período de 15 años a la «Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.» (Correos), como operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal, al ser la única entidad que está en condiciones de prestar este servicio con la calidad y extensión requeridas, y se establece la suscripción de un contrato regulador de la prestación del citado servicio, que se celebrará por sucesivos períodos quinquenales, entre los Ministerios de Economía y Hacienda y Fomento y el operador designado, y en el que se determinarán los derechos y obligaciones atribuidos a las partes.
4. Debe concluirse, por tanto, con las ideas ya expuestas. La forma de convocatoria de la junta general debe ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema (vid. Resolución de 1 de octubre de 2013), pues el derecho de asistencia a la junta general que a los socios reconoce el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital ha de ser integrado con el de ser convocados no de cualquier forma, sino a través de la específicamente prevista a tal fin («el cómo»), en tanto que será la única a través de la que esperarán serlo y a la que habrán de prestar atención. Con tales requisitos se pretende garantizar al socio una publicidad que le permita conocer, con la suficiente antelación, las cuestiones sobre las que es llamado a pronunciarse y reflexionar detenidamente sobre el sentido del voto por emitir. Debe por tanto confirmarse la calificación recurrida por las razones que expresa la nota.

References: artículo 1
 artículo 327
 artículo 22
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 93