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Timestamp: 2020-08-05 20:09:11+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 29-5, de 07/05/2013
cve: BOCG-10-A-29-5
Núm. 29-5
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas del Senado al Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, acompañadas de mensaje motivado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 169 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifican los párrafos primero, décimo y undécimo del apartado III.
Como consecuencia de la aprobación de una propuesta de modificación aprobada en Comisión sobre la base de la enmienda n.º 178 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se incorpora el párrafo doce del apartado III.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 170 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y de una propuesta de modificación aprobada en Comisión, se añaden los dos últimos párrafos al apartado III.
En este artículo y como consecuencia de las modificaciones introducidas, se ha llevado a cabo una corrección técnica consistente en modificar la numeración de sus apartados para una mejor sistemática.
Apartado uno. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 2 letra a) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado cuatro. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y de una propuesta de modificación presentada en Comisión, se modifica el apartado 1 y se añade el apartado 3 al artículo 6 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado seis. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 171 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado ocho. Se ha procedido a realizar una corrección técnica en Comisión consistente en sustituir la referencia que en el apartado 3 del artículo 13.bis, de la Ley de Costas, se hacía al Real
Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción por la referencia al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, que deroga a la anterior.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 172 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se introduce una mejora técnica en el apartado 3 del artículo 13 bis de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado nueve. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade un nuevo artículo 13 ter de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Como consecuencia de una propuesta de modificación de la enmienda n.º 176 presentada en Comisión se modifica el apartado 5 del artículo 13 ter de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado doce. Como consecuencia de la aprobación de una enmienda transaccional presentada en el Pleno sobre la base de la enmienda n.º 131 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se modifica el apartado 6 del artículo 33 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado catorce. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se introduce un párrafo segundo en el apartado 2 del artículo 44 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado dieciséis. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 174 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade un nuevo apartado 4 al artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado dieciocho. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el apartado 1 del artículo 55 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veintiuno. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el apartado 2 del artículo 66 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veintitrés. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 72 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veinticuatro. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade una nueva letra m) en el artículo 76 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veinticinco. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade una nueva letra m) al apartado 1 del artículo 78 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veintiocho. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 176 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade un nuevo Capítulo II bis titulado Contribuciones especiales que incluye un nuevo artículo 87 bis en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado veintinueve. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 90 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 91 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y uno. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 92 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y dos. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 93 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y tres. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el apartado 2 del artículo 94 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y cuatro. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el apartado 1 del artículo 95 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y cinco. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 97 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y seis. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 99 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado treinta y siete. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 177 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el artículo 106 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Apartado cuarenta. Se ha procedido a realizar una corrección técnica en Comisión consistente en sustituir la referencia que en la letra a) del apartado 3 de la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, se hacía al Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción por la referencia al Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios, que deroga a la anterior.
Apartado cuarenta y uno. Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 175 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica la letra a) del apartado tres de la disposición adicional décima de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; se añade un nuevo apartado cuatro, pasando el antiguo apartado cuatro a ser el apartado cinco que también se modifica.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 178 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo segundo del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de una corrección de errores llevada a cabo en el Pleno se modifica el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda transaccional presentada en Comisión sobre la base de la enmienda n.º 165 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se introduce una nueva disposición adicional sexta en el Proyecto de Ley. En consecuencia, la disposición adicional sexta pasa a ser la séptima, la séptima pasa a ser la octava, y la octava pasa a ser la novena.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 179 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se suprime el apartado 5 de la disposición adicional séptima del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 180 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade una nueva disposición adicional octava al Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 181 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade una disposición adicional novena al Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de una propuesta de modificación presentada en Comisión sobre la base de la enmienda n.º 182 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifican los apartados 1, 2 y 3 y se añade un nuevo apartado 4 a la disposición transitoria primera al Proyecto de Ley.
Como consecuencia de una propuesta de modificación presentada en Comisión y una corrección de errores llevada a cabo en el Pleno, se incorpora una disposición transitoria quinta en el Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 183 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se añade un último párrafo a la disposición final segunda del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 184 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica la disposición final tercera del Proyecto de Ley.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda transaccional presentada en Comisión sobre la base de la enmienda n.º 165 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, se modifica la referencia que en el anexo del Proyecto de Ley se hacía a la disposición adicional sexta, puesto que dicha disposición adicional ha pasado a ser la séptima.
Como consecuencia de la aprobación de la enmienda n.º 185 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, se modifica el anexo del Proyecto de Ley para añadir dos nuevos núcleos: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón y Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra.
En consecuencia con todo lo anterior, se introducen en el anexo los planos urbanísticos correspondientes a los antedichos núcleos, en los términos reflejados en una propuesta de modificación presentada en Comisión.
El legislador de 1988 optó porque los efectos de sus disposiciones, que introducían notables cambios en relación con el régimen anterior, no fuesen inmediatos sino que se demorasen en el tiempo. Entre tanto, y precisamente en atención a ese horizonte temporal declinante, la aplicación de la norma ha dado lugar a una litigiosidad crónica. Y en no pocos supuestos, ni siquiera ha llegado a
aplicarse, tolerándose situaciones inaceptables medioambientalmente que aún no han sido resueltas. Tanto la aplicación conflictiva como la inaplicación o incluso la impotencia de la norma para imponerse sobre realidades sociales consolidadas son la prueba de que aquella concepción debe ser corregida.
A la vista de la experiencia y con el propósito de que la Administración General del Estado pueda de modo efectivo evitar que en el litoral se consumen irregularidades administrativas que afecten a su integridad, se introduce el siguiente mecanismo reactivo. La Administración General del Estado
podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección. Se trata de posibilitar una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de un acto ilegal, sin perjuicio de que en el plazo de diez días deba recurrirse el mismo ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.
El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, el conocido informe Auken, insta a las autoridades españolas "a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero....". Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular.
La ley establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan, añadiendo mayor certeza, seguridad y uniformidad en los deslindes. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales,
El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta a las autoridades españolas "a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero...." Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular.
con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
En relación con el régimen concesional, la ley introduce importantes cambios. Se modifica el plazo máximo de duración de las concesiones que pasa a ser de setenta y cinco años (al igual que el fijado en la mencionada Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y en el Texto Refundido de la Ley de Aguas). Además, se permite la transmisión mortis causa e intervivos de las concesiones. En el primer caso se amplía el plazo de notificación que deben hacer los causahabientes para poder subrogarse en la concesión de uno a cuatro años, se trata de evitar el riesgo de que se produzca
la pérdida del derecho por el transcurso de un plazo tan breve, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que puedan tener los extranjeros. En el caso de las transmisiones inter vivos, su validez requiere la previa autorización de la Administración.
a) La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o
máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
"2. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público. En todo caso los titulares inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos,
siendo susceptible de anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial."
Las circunstancias a las que se refiere este apartado deberán acreditarse ante la Administración autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con carácter previo a la autorización urbanística que proceda. En caso de que las obras o instalaciones afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable."
5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración. En este caso podrá
"4. Reglamentariamente se establecerán las condiciones en las que se podrá autorizar la publicidad, a que se refiere la letra f) del apartado 1 de este artículo, siempre que sea parte integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas
imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.
y no sea incompatible con la finalidad de la servidumbre de protección."
"6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea compatible con el uso común."
En la delimitación de los tramos urbanos y naturales de las playas participarán las administraciones competentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine."
4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo-terrestre adscritos, que no reúnan las características del
"2. El concesionario tendrá derecho al uso privativo de los bienes objeto de concesión. En todo caso y de acuerdo con lo que reglamentariamente se disponga, se garantizará en estos terrenos, el libre acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes cuando fuera necesario por razones de defensa nacional, de salvamento, seguridad
artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.
Reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria."
marítima, represión del contrabando, para el ejercicio de las funciones de policía de dominio público marítimo-terrestre y para el cumplimiento de las demás funciones que tengan atribuidas.
"3. Cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, su titular tendrá derecho a
2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de 75 años, cuando el concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados por la Administración.
que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre por un plazo igual al que reste de vigencia a la concesión de explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años."
"1. Toda ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon en favor de la Administración del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por aquella. 2. Están obligados al pago del canon, en la cuantía y condiciones que se determinan en esta Ley, los titulares de las concesiones y autorizaciones antes mencionadas.
m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar."
Veintiocho. Se añade un nuevo Capítulo II bis, titulado "Contribuciones especiales", que incluye un nuevo articulo 87 bis, con la siguiente redacción:
m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción
de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.
2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año
para las leves, contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.
a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000
euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Cinco. En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u
omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta Ley.
a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y,
cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales.
No obstante lo anterior, si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará los
efectos que la ocupación tiene para el medio ambiente e incluirá, en los casos que proceda, las condiciones que deba contemplar la concesión para garantizar una adecuada protección del medio ambiente. Este informe tendrá carácter determinante. Si la Administración General del Estado se aparta de su contenido deberá motivar las razones de interés general por las que lo hace, en la resolución por la que se otorgue o deniegue la concesión.
Todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que aquellos puedan ejercitar en defensa de sus derechos."
"3. En los tramos de costa en que el dominio público marítimo-terrestre no esté deslindado o lo esté parcialmente a la entrada en vigor de la presente ley, se procederá a la práctica del correspondiente deslinde, cuya aprobación surtirá los efectos previstos en el artículo 13 para todos los terrenos que resulten incluidos en el dominio público, aunque hayan sido ocupados por obras. Si bien, los titulares registrales de los terrenos, amparados por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, que resulten comprendidos en el deslinde practicado pasarán a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos en el apartado segundo de esta disposición."
Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes."
"b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanístico competente, sin que con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera se entenderá que tiene carácter favorable."
"c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor que aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse íntegramente a las disposiciones de esta ley."
b) Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que supongan un ahorro efectivo en el consumo de agua. En el caso de que afecten a jardines
y espacios verdes, para su riego fomentarán el uso de recursos hídricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de lluvia almacenadas.
2. A los bienes declarados de interés cultural que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre, la zona de servidumbre de tránsito, de servidumbre de protección o de influencia se les aplicarán las medidas derivadas de dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta
5. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere la letra a) del apartado 3, precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente."
ley, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera apartado 3. 3.ª".
3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y
prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.
La servidumbre de protección tendrá una extensión de cien metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria tercera, apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
2. Los terrenos excluidos podrán ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos previstos en la Ley 33/2003, de 3
de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, por Orden conjunta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se determinará el procedimiento de identificación de los interesados a cuyo favor pueda efectuarse la transmisión y el negocio jurídico a través del cual deba efectuarse dicha transmisión, de conformidad con Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
? Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante
? Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante
? Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón
? Empuriabrava, término municipal de Castelló d'Empuries, provincia de Girona
? Platja d'Aro, término municipal de Castell Platja d'Aro, provincia de Girona
? Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva
? Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
? Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
? Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
? El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
? Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia
? Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra

References: artículo 97
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 12
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 44
 artículo 49
 artículo 55
 artículo 66
 artículo 72
 artículo 76
 artículo 78
 artículo 87
 artículo 90
 artículo 91
 artículo 92
 artículo 93
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 97
 artículo 99
 artículo 106
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 87

artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 100
 artículo 91
 resolución 
 artículo 13
 artículo 34
 resolución