Source: http://enriqueviale.blogspot.com/p/articulos-peridisticos.html
Timestamp: 2018-06-19 16:14:10+00:00

Document:
Enrique Viale - Abogado Ambientalista: Artículos de Opinión
03/07/2017 - Clarin.com
Minería: un acuerdo de espaldas
https://www.clarin.com/opinion/mineria-acuerdo-espaldas-sociedad_0_ryv6iir4W.html
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encaró una espectacular flexibilización de la normativa ambiental en dicho país. Colocó al frente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) a Scott Pruitt, un connotado negacionista del Cambio Climático y defensor de la industria petrolera. Además, la Agencia se prepara para un recorte presupuestario de al menos un 25%, a lo que se añade la orden ejecutiva que firmó Trump para revisar toda la legislación sobre cuidado del agua a fin de “garantizar que no obstruya el crecimiento económico”.
En este marco se inscribe el intento del Gobierno Nacional de una nueva reglamentación –vía decreto- de la Ley Nacional de Glaciares, con el objetivo de reducir notablemente las áreas protegidas. En sintonía con la quita total de las ya exiguas retenciones mineras, el oficialismo promueve un Nuevo Acuerdo Federal Minero, que apunta a debilitar las regulaciones ambientales en las provincias donde existe resistencia social a dicha actividad. En el mismo sentido, circuló un “folleto minero”, que el gobierno argentino llevó a una importante feria en Canadá, ofertando yacimientos situados en provincias donde la megaminería está prohibida por leyes locales. Que la tarea no es para “tibios”, lo muestra también la reciente eyección del Subsecretario de Minería de la Nación, Santiago Dondo, por sugerir mínimos controles ambientales..
Iniciativas similares alcanzan la Ley Nacional de protección de los Bosques Nativos. Así, en la provincia de Buenos Aires la gobernadora María Eugenia Vidal logró sancionar una ley que “ordena” el bosque nativo provincial, que encaja perfectamente con los intereses inmobiliarios y el agronegocio (recordemos que el actual Secretario Provincial de Agroindustria es un ex alto directivo de Monsanto). Una norma regresiva que funcionó como termómetro en la ya inocultable intención del gobierno de desvirtuar hasta aniquilar la Ley Nacional de Bosques.
En suma, si bien alguno podría argüir que, a diferencia de Trump, el discurso oficialista alude al cuidado del medio ambiente, los contundentes ejemplos que hemos citado evidencian todo lo contrario. Este es un gobierno que en nombre de la “modernización ecológica” apuesta a ampliar el poder de las grandes corporaciones a través de la flexibilización ambiental, anticipando con ello un contexto de grave regresividad de derechos. Que esto se haga hablando de “cambio climático” no es un matiz, sino más bien una pantalla, con la cual se intenta cubrir el proceso de “trumpización” de la política ambiental en nuestro país.
Maristella Svampa, socióloga, y Enrique Viale, abogado, son autores de “Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo” (Katz editores)
La megaminería no entra en la campaña
Acceso A Los Ríos,
Laudatio Si,
Hace un mes se realizó un cónclave minero en la provincia de San Juan, organizado por las empresas mineras transnacionales conjuntamente con la Fundación DAR que dirige Pepe Scioli, hermano del candidato presidencial Daniel Scioli. Este último y su compañero de fórmula, Carlos Zannini, fueron los invitados estrella junto con los gobernadores de las provincias que forman parte de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las grandes empresas, entre ellas Barrick Gold, Panamerican Silver, Yamana Gold, presentaron 10 puntos a los candidatos del oficialismo, exigiendo garantías “para fortalecer al sector”. Entre otros puntos, se destaca la pretensión de avanzar con la megaminería en aquellas provincias donde existe resistencia popular, fundamentalmente en Córdoba, Chubut, Mendoza y La Rioja.
Scioli realizó promesas y señaló que “la minería generará millones de dólares y trabajo”, contradiciendo a la propia realidad que muestra que allí donde se instala la megaminería sólo quedan territorios contaminados, promesas de trabajo que nunca se cumplen, economías regionales devastadas, recursos saqueados, conflictividad social y multinacionales enriquecidas. Habló también de una “minería sustentable”, lo cual en realidad es un oxímoron creado por los departamentos de marketing de las grandes empresas mineras para ilusionar y confundir a las poblaciones.
Un dato elocuente del encuentro fue la participación de Rosana Bertone, la gobernadora electa de Tierra del Fuego, provincia donde existe una ley que prohíbe este tipo de minería. La futura gobernadora ya anticipó cual será su política, prometiendo que incorporará la provincia a OFEMI.
Esta nueva arremetida del sector minero coincide con la publicación de la Encíclica papal “Laudato Si”, un poderoso documento de ecología política. Hay que reconocer el valor que tiene esta verdadera Eco-Encíclica: crítica fuerte al consumismo, al desarrollismo, a la tecnocracia, al mundo financiero y a la creciente privatización de la naturaleza. La encíclica aboga además por el respeto a otros saberes y culturas, por el comunitarismo; reivindica las luchas sociales, la ecología de saberes, la deuda ecológica del Norte para con los países de Sur, la naturaleza como sujeto ... En fin, un manuscrito que sin tapujos, y con el lenguaje de los movimientos sociales, denuncia los modelos de maldesarrollo que padece gran parte del planeta, especialmente nuestra región.
Pese a que todo el establishment peronista peregrinó por el Vaticano para sacarse fotografías con el Papa Francisco, y todos buscan el modo en cómo utilizar su figura en campaña, la encíclica fue prácticamente ninguneada. Por su parte, Mauricio Macri recomendó su lectura, algo que pareciera no hizo él mismo, ya que cuando se refiere a estos temas no sólo repite el engañoso eslogan de “minería sustentable”, sino que además pretende ocultar que él es el principal responsable del gravísimo retroceso socio-ambiental en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, Sergio Massa, en sus ya famosos spots con tonadas regionales, prometió una política de doble estándar: “impulsar la minería” en San Juan y “cuidar el agua” en Mendoza. Los otros candidatos, sean de izquierda o progresistas, si bien -en parte- acompañan las luchas socioambientales, poco proponen en términos de alternativas al modelo extractivista, ignorando la ingente bibliografía y propuestas sobre estos temas en la región.
Así, mientras los candidatos se sitúan entre el cinismo y la ignorancia, las asambleas ciudadanas que vienen resistiendo el extractivismo en diferentes lugares del país proclaman que “gane quien gane aquí no habrá megaminería”, anticipando la conflictividad social que se avecina, como consecuencia de los nuevos embates de las empresas y los gobiernos para avanzar sobre los territorios sin licencia social.
En este contexto, hay que señalar que acaba de consumarse un hecho de extrema gravedad, inadvertido por la agenda mediática-política. El 1° de agosto empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial y con él se perdió el acceso público a todos los ríos del país. En efecto, a través de la modificación de un artículo del actual Código se eliminó el camino público de 35 metros que existía en ambas márgenes de los ríos del país y que permitía su uso y goce por la población. Así, de un plumazo se realizó la mayor privatización de tierras de la historia de nuestro país (aproximadamente 208 mil hectáreas, más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires) en manos de la especulación inmobiliaria que demuestra cada vez mayor poder de control sobre los poderes políticos.
Socióloga y escritora; abogado ambientalista
http://www.clarin.com/opinion/Laudatio_Si-Modelo_extractivista-Acceso_a_los_rios_0_1415858446.html
3 de Septiembre de 2015 | 09:494 opiniones
M. Svampa y E. Viale
http://www.mdzol.com/opinion/627010-los-domadores-y-el-lobby-minero/
POR MARISTELLA SVAMPA SOCIOLOGA
ENRIQUE VIALE ABOGADO AMBIENTALISTA
Asimismo, el convenio firmado entre YPF y Chevron tiene carácter de “secreto” y ha sido ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que lo aprobarán sin siquiera verlo.
Tamaña prepotencia se consuma no sólo sin llamado a audiencia pública y sin que el acuerdo haya pasado por la comisión de medio ambiente, sino también en el marco de una flagrante violación del Convenio 169 de la OIT, que exige el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades Mapuches sobre lo que pueda ocurrir en sus territorios.
Mitos y falacias, pero sobre todo poderosos lobby económicos, buscan legitimar esta vía, sirviéndose de “conocimiento experto”. Uno de ellos es aquel que afirma que no hay posibilidad fáctica ni económica de desarrollar energías alternativas que apunten a la salida de una matriz dependiente de los combustibles fósiles. Y bajo esa supuesta “verdad”se consolida el peor de los caminos, que abreva en una visión “eldoradista”, en la creencia de un “nuevo descubrimiento que nos va a salvar”, en nombre de un futuro de progreso que nunca llega … Es claro que detrás de las energías limpias y renovables no está laespeculación financiera que sí hay detrás de los hidrocarburos no convencionales, negocio que genera réditos millonarios aún antes de comenzar la extracción.
Asimismo, la ganancia está más dispersa y menos concentrada, al contrario de lo que sucede con los grandes monopolios que dominan los hidrocarburos. En cuanto a los costos también hay que desmontar el mito de la imposibilidad económica: a título de ejemplo, el ingeniero en petróleo, Eduardo D´Elia hizo análisis que muestran que con el valor de un pozo de fracking, que tiene una vida útil de 6 años, se pueden poner en funcionamiento seis aerogeneradores, que proveerían de energía eólica por 30 años.
Por otra parte, hay que preguntarse: ¿Energía para qué y para quién?
En nuestro país entre tres megaemprendimientos mineros consumen la energía equivalente a la que otorga Atucha I; una sola empresa como Aluar consume tanto gas como el que importamos de Bolivia; minera La Alumbrera consume más energía que toda la provincia de Catamarca y, por último, la empresa Barrick -en Pascua Lama- dilapidará casi 1000 millones de litros de hidrocarburos durante todo su proceso extractivo.
Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, el gobierno nacional y los responsables provinciales reafirman la dependencia de los combustibles fósiles y se embarcan ciegamente en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales presentan mayores costes operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.
El colmo de la renuncia al pensamiento crítico lo marcó la comisión de desarrollo energético de Carta Abierta que en un comunicado donde ni siquiera se nombra a Chevron, se justifica el acuerdo, invisibilizando la problemática socio-ambiental que encierra esta metodología de extracción y las resistencias populares que hoy se multiplican en todas partes.
En nuestro país, por ejemplo, a la decena de municipios que ya prohíben esta metodología, acaba de sumarse la localidad rionegrina de Allen, donde el fracking pretende avanzar desplazando plantaciones centenarias de peras y manzanas.
En fin, el gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros manipulan, ocultan y niegan información, minimizan los costos sociales y ambientales apelando a una mirada cortoplacista, yevaden la discusión abierta y responsable de estos temas, los cuales requieren tanto de una visión estratégica y de largo plazo como una verdadera democratización de las decisiones colectivas.
Ver en: http://www.clarin.com/opinion/YPF-Chevron-vision-cortoplacista_0_982701800.html
INFOBAE TVMARTES 15 DE SEPTIEMBRE 2015
Enrique Viale: "El derrame de cianuro es un delito federal"
El abogado especialista en derecho ambiental Enrique Viale aseguró que era "previsible" que sucediera un derrame de cianuro como el ocurrido en San Juan, y que mantiene a la provincia en vilo por sus posibles consecuencias.
"El problema es el hermetismo que hay en la provincia, que parece que oficia como vocero, lo que genera una intranquilidad enorme ya que no hay control ambiental alguno porque la Secretaría de Medio Ambiente que debe hacerlo, en realidad, es su promotora", denunció.
En cuanto a las consecuencias del hecho, manifestó que "el líquido ha tomado contacto con la cuenca del río Jachal, lo cual podría ser perjudicial para la población ya que son casi 11 toneladas de cianuro que la empresa Barrick Gold utiliza diariamente".
El abogado recordó que ya hubo episodios anteriores y aseveró que "la actividad de lamegaminería a cielo abierto es insustentable en todo el mundo y no hay forma de controlarla".
Pese a que afirmó que un derrame como el que se produjo en las últimas horas "es un delito", Viale manifestó su escepticismo respecto a lo que pueda hacer la Justicia. "El problema es que el juez federal de San Juan, Miguel Gálvez, es un ex diputado amigo íntimo del gobernador José Luis Gioja y seguramente nada va a hacer", evaluó.
El abogado respondió, además, los dichos del titular de la Cámara Minera de San Juan, quien sostuvo que medio vaso de cianuro no produce ningún daño. Aseguró que esos comentarios"son un disparate y perversos". Y añadió: "La actividad minera así concebida hipoteca el futuro de muchas personas".
El letrado atacó la baja tributación que tienen las compañías mineras, las complicidades que existen en los tres poderes del Estado, y graficó que sólo el 1,7% de todo lo recaudado termina en las arcas provinciales.
http://www.infobae.com/2015/09/15/1755557-enrique-viale-el-derrame-cianuro-es-un-delito-federal
Radio Continental - Contenido de La Mirada Despierta
"Estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina" y "el juez desconoce los principios preventivo y precautorio", se indignó Enrique Viale.
LA MIRADA DESPIERTA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015
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La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) rechazaron la resolución del juez civil y penal Pablo Oritja, del juzgado de la 2° Circunscripción judicial de San Juan, de levantar la medida cautelar que impedía a la empresa minera Barrick Gold operar con cianuro en el emprendimiento de Veladero.
Por Continental, Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, deploró la actuación judicial sanjuanina. "Acá todo puede pasar, como por ejemplo que a 24 horas de conocer que se derramó un millón de litros de cianuro sobre la cuenca del río Jáchal, el juez tome la decisión de levantar la medida cautelar, desconociendo los principios preventivo y precautorio, que constituyen la columna vertebral del derecho ambiental", argumentó en La Mirada Despierta.
Para Viale, "La estrategia coordinada por Barrick y el gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está y no pasó nada' cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina". Para graficar la, a su juicio, connivencia entre el Gobierno provincial y la minera canadiense, el letrado expresó: "Yo le puedo asegurar que la mina está instalada sobre glaciares. El inventario de glaciares, de la Ley de Glaciares (de 2010), tenía que realizarse en 180 días, y en San Juan todavía no ha empezado".
"Exigimos el inmediato esclarecimiento del incidente, con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, y las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero", redondeó Viale.
http://www.continental.com.ar/noticias/sociedad/veladero-la-estrategia-de-barrick-y-gioja-es-instalar-la-teoria-de-que-ya-esta-y-no-paso-nada/20150925/nota/2945557.aspx
Por Maristella Svampa* y Enrique Viale** | 04/10/2014 | 20:41
Más allá de las espinosas cuestiones acerca de la familia y sus implicancias, el Código Civil presenta graves problemas, muchas veces invisibilizados tanto desde la agenda del oficialismo como de la oposición. Uno de los retrocesos más evidentes atañe a la cuestión socioambiental y está relacionado con la modificación del denominado “camino de sirga”. Originariamente, éste fue pensado como apoyo a la navegación, pero en el tránsito de un siglo se fue dotando de nuevos significados, vinculados a las luchas ciudadanas. Gracias a ello, la jurisprudencia y doctrina le habían otorgado una doble función: garantizar el acceso público a los ríos y constituirse como verdaderos corredores biológicos.
La nueva redacción no sólo reduce de 35 a 15 metros este camino sino, mucho peor, le quita el carácter de “camino público” que tenía su anterior redacción. Sus consecuencias prácticas son inmediatas: se elimina el acceso público a la totalidad de los ríos de nuestro país. Miles de hectáreas ribereñas, que eran usadas diariamente para el goce y disfrute de la población, se perdieron para siempre.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional eliminó del anteproyecto original un artículo sobre el acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada por diferentes organizaciones y juristas en las audiencias públicas.
También quedó expresamente fuera de la nueva legislación el otorgarle una función social a la propiedad, algo reclamado por numerosos movimientos sociales, fundamentalmente aquellos vinculados a la problemática habitacional y de la tierra. De esta manera, se perdió una oportunidad histórica para aquellos sectores de la sociedad que se encuentran postergados en el acceso al derecho a la vivienda y la tierra. En vez de abrir oportunidades, el nuevo Código Civil cierra la puerta en términos de políticas públicas y otras herramientas de acción estatal, cuyo objetivo sea el de transformar el acceso al suelo, el territorio y la vivienda adecuada en un derecho efectivo
*Socióloga / **Abogado ambientalista
Ver en: http://www.perfil.com/elobservador/Retrocesos-y-puntos-ciegos-20141004-0067.html
Neuquén, 15 de octubre de 2014
Reforma del Código Civil: Enrique Viale sobre la mercantilización de la naturaleza
En su columna radial del programa La Tijereta, que se emite por Radio Kalewche de Esquel, el abogado ambientalista Enrique Viale habló sobre la reforma al Código Civil que entrará en vigencia en el año 2016: “se decidió ignorar las acciones colectivas en lugar de fortalecerlas”, aseguró.
En primer lugar, Viale se refirió al acceso al agua: “el Poder Ejecutivo nacional eliminó del anteproyecto de reforma del código un artículo del acceso al agua como derecho humano fundamental, pese a que la inclusión de este derecho fue reafirmada constantemente por diferentes organizaciones y juristas en las distintas audiencias públicas realizadas”, dijo y explicó que si bien puede parecer una cuestión “meramente enunciativa” se trata de que “el agua esté expresamente garantizada como derecho fundamental tiene implicancias prácticas muy concretas, sobre todo a la hora de establecer prioridades en su uso y restringir su privatización”.
Como ejemplo, el abogado ambientalista citó la situación de Catamarca, donde “en determinadas épocas se raciona el agua a la población, aunque no así a las mineras que la utilizan las 24 horas de los 365 días del año”.
“Cabe preguntarse entonces cuál es la intención que se esconde en esta omisión deliberada del derecho humano al agua. ¿Será que en consonancia con la actual política de Estado se pretenderá privilegiar la privatización y el uso mercantil del agua para las mineras y las petroleras?”, se preguntó.
“¿Por qué eliminan algo que es tan obvio?”, insistió Enrique Viale: “nosotros le podemos preguntar a cualquier niño qué significa el agua y nos va a decir que tiene que ver con la vida misma”.
El abogado también se refirió a la modificación del artículo 2368, vinculado al acceso de las costas de los ríos. “El anterior código establece que los caminos entre los inmuebles y las costas de ríos son públicos”, explicó: “gran parte de la doctrina, jurisprudencia y legislaciones locales venían utilizando esta norma para garantizar el acceso público a los ríos, como también los beneficios que presta el ambiente y el mantenimiento de la biodiversidad a través de los corredores biológicos que se formaban en estos 35 metros donde no podía haber ninguna construcción. El camino público cumplía una función fundamental tanto para garantizar la libre circulación y acceso a los bienes naturales de dominio público como son los ríos, así como para preservar los ecosistemas costeros”.
“La modificación, tal cual quedó redactada, no solo reduce de 35 a 15 metros, sino que se suprime el carácter de camino público, lo cual aniquila la posibilidad de acceder al mismo por parte de los demás ciudadanos”, detalló Viale y sostuvo la consecuencia será que “de manera automática el 1 de enero del 2016 se van a correr los alambrados y no vamos a poder acceder a los ríos; son miles de hectáreas que se privatizan de un plumazo”.
“La reforma del código debería haberse hecho eco de los nuevos paradigmas que provienen del derecho ambiental y de las distintas luchas socioambientales y territoriales de todo el país”, aseguró Enrique Viale. “La naturaleza no debe aparecer como inmersa en un sistema económico orientado al desarrollo ni meramente como un objeto susceptible de la apropiación privada, sino como un bien común que preserva la producción y reproducción de la vida”, concluyó.
Para cerrar su columna, Enrique Viale remarcó que “en Latinoamérica está tomando cada vez más fuerza la noción de bienes comunes. La transición del concepto de recursos naturales al de bienes comunes conlleva otra mirada de la democracia y exige su radicalización. Si los bienes son considerados comunes, esto no solo garantizará su real y pleno goce colectivo, sino que ni los particulares ni los estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos” y aseguró que “hay que empezar a pensar en esto antes de que el Código Civil entre en vigencia”.
Ver en: http://www.zumbido.com.ar/2014/10/reforma-del-codigo-civil-enrique-viale-sobre-la-mercantilizacion-de-la-naturaleza/
Igualmente, la Justicia impugnó el emprendimiento cuando, en enero de este año, la sala segunda de la Cámara del Trabajo de Córdoba ordenó paralizar la obra, al dar lugar al amparo presentado por los vecinos de Malvinas Argen t inas.
El texto original de este artículo fue publicado el 03/08/2014 en la edición impresa de La Voz del Interior, ver en: .http://www.lavoz.com.ar/opinion/monsanto-y-la-seguridad-juridica
Ver en: http://www.rionegro.com.ar/diario/fracking-discursos-y-eventos-cronica-de-una-realidad-anunciada-3223763-9539-nota.aspx
ver en: http://www.rionegro.com.ar/diario/entre-la-impunidad-ambiental-y-la-legislacion-a-medida-2237398-9539-nota.aspx
“EL FRACKING ES CHUPARLE LOS ÚLTIMOS JUGOS A LA TIERRA”
Enrique Viale es fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, miembro de Plataforma 2012 y defensor de la energías renovable. En esta entrevista a LBF aclara puntos oscuros detrás del fracking que se utilizará en Vaca Muerta.
Por Federico Millenaar y Alan Ulacia. Ilustraciones: Groger Gutierrez
Muchos dicen que la reconversión de la matriz energética hacia las energías renovables, desde el punto de vista económico, es una utopía. ¿Cuál es tu opinión?
No es cierto. Con la elección de los hidrocarburos “no convencionales” se consolida el peor de los caminos, sin posibilidad alguna de empezar a buscar opciones diferentes. Es posible ir saliendo gradualmente de los hidrocarburos pero hay que tomar la decisión política. Pero justamente lo que se está haciendo acá es lo contrario. No es cierto lo de los costos, ya que el de los hidrocarburos es enorme, por eso se necesitan inversiones tan grandes. Lo que las energías alternativas no tienen es la especulación financiera que hay detrás de los “no convencionales”. La energía alternativas también son menos concentradas, es decir, las ganancias están más dispersas, al contrario de los hidrocarburos. Por eso no tienen el lobby, tanto económico como científico, que tienen atrás los hidrocarburos y que mantiene la ilusión de que no existe otra salida, que cualquier otra cosa es imposible. Nosotros sabemos que es posible: con lo que cuesta un pozo de fracking se pueden poner seis aerogeneradores, los pozos proveen de energía por seis o siete años mientras que los otros por treinta. Hay un análisis del ingeniero en petróleo Eduardo D´Elía que hizo un análisis comparativo.
Si es rentable, ¿por qué no lo implementan los países desarrollados?
Hay una visión economicista de que el mercado puede resolver todo, que si una cosa es rentable es mejor. Entonces, primero esto no es cierto. Segundo, tenemos que ver todo lo que hay detrás de los hidrocarburos, porque hay una especulación financiera enorme, que va más allá de lo que ganen con la extracción. La venta de activos, de acciones, etc, que generan ganancias millonarias para mucha gente antes de cavar 10 centímetros. Esto es defendido por grandes lobbystas que instalan mitos, uno de ellos es que no hay otra salida. También tienen sus científicos, que alimentan estos mitos.
El fracking es nocivo; podes poner mil expertos mirando y va a contaminar igual.
Uno de los argumentos para defender el acuerdo entre YPF y Chevron es que ayudaría a salir de la actual “crisis energética”
Nosotros decimos que es una visión “eldoradista”, por el famoso “El Dorado”, donde un hay un “descubrimiento” que nos va a salvar a todos. Pero esa es la típica historia de Latinoamérica, un capítulo más de “Las Venas Abiertas” (de Eduardo Galeano). Siempre la región ha vivido con esa ilusión de que un descubrimiento “nos va a salvar”. En Argentina ahora es Vaca Muerta, mientras que en otros países es otra cosa. Pero la verdad es que eso nunca llega y se consolida un esquema asimétrico donde seguimos siendo exportadores de naturaleza, con los costos sociales y ambientales afrontados por nosotros. Sin embargo, termina siendo un commodity más. Chevron no tiene como intención fomentar el desarrollo del país.
¿YPF no influiría en otra dirección?
Pareciera que no. Eligieron el peor camino con la peor empresa.
Chevron dice que el daño ambiental lo hizo Texaco, empresa a la cual compraron
Son personas jurídicas que tienen continuidad. Sería como decir que lo hicieron los operarios de antes pero los de ahora no lo harían. Además, decir eso es faltarle el respeto a la justicia de Ecuador, que la condenó a pagar 19 mil millones de dólares.
¿Cómo se enmarca el fallo favorable a Chevron de la Corte Suprema de Argentina?
Ese fallo en realidad lo que hace es rechazar una medida cautelar, es decir que la cuestión de fondo sigue. Yo lo cuestiono mucho ese fallo, pero no dice que Chevron no contaminó sino que se basa en rigorismos procesales para darle una mano al Gobierno. La cuestión de fondo no tiene discusión en la Justicia argentina porque es una sentencia firme sin más apelaciones después de un juicio de 16 años en Ecuador. Chevron es una empresa prófuga.
Hay quienes dicen que lo que hizo Texaco se relaciona con otro “clima de época” ya que en los `80 las empresas norteamericanas no rendían cuentas a nadie en Latinoamérica, pero ahora sí
Nosotros seguimos mucho el tema de la minería y eso también se dice mucho: “Esas cosas se hacían hace 30 años pero ahora ya no”. Dentro de 30 años nos van a decir lo mismo. Yo tengo miedo de que dentro de 30 años estemos buscando a Chevron en otros países. Nosotros elegimos a la empresa con la mayor condena ambiental de la historia para utilizar el peor método de extracción, que es el fracking. En Ecuador contaminó 500 mil hectáreas e hizo desaparecer a tres pueblos indígenas. Se podría encuadrar como un delito de lesa humanidad según el Tratado de Roma... (sigue)
Ver Nota Completa en: http://labrokenface.com/enrique-viale-fracking-argentina/
Lunes 12 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa
Por Enrique Viale | Para LA NACION
VER EN: http://www.lanacion.com.ar/1689742-una-iniciativa-que-lastima-a-la-naturaleza-y-marca-la-desigualdad
Es el extractivismo, estúpido
Por Enrique Viale | 19/07/2013
Vamos por nuevos paradigmas
Queremos incorporar al debate en el Congreso Nacional nuevos paradigmas, todos invisibilizados por la agenda mediática/política. Queremos construir otra cultura política, otra relación con la naturaleza (como parte de ella) y otro sentido de lo público.
Debemos reconocer los Derechos de la Naturaleza, que no supone una naturaleza virgen, sino el respeto integral por su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, la defensa de los sistemas de vida y de todos los seres vivos.
Dejar de comprender la naturaleza como una mera mercancía sino también únicamente como un recurso natural estratégico, como lo entiende la vieja izquierda. La transición del concepto de recursos naturales al de bienes comunes consiste en una radicalización de la democracia.
Por el contrario, en todo el país se ha consolidado un modelo extractivista-exportador que la sobreexplota, donde son las corporaciones las que dominan los territorios: la minera Barrick en la cordillera, Monsanto en el campo y, ahora, Chevron en el subsuelo.
Y la historia lo demuestra, por donde pasa el extractivismo sólo quedan transnacionales enriquecidas, saqueo, contaminación y territorios devastados. Y va por nuevas fronteras, pretende mercantilizar todo, expulsando población y condenándola a las periferias de las ciudades, creando más exclusión. La crisis ecológica/ambiental y la crisis social están profundamente interrelacionadas y son producto de las mismas fuerzas estructurales.
El “extractivismo” también ha llegado a las grandes ciudades. Pero no son los terratenientes sojeros, ni la megamineras, sino la especulación inmobiliaria la que aquí expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público, provoca daños ambientales generalizados y desafía a la naturaleza en el marco de una marcada degradación institucional y social. El éxito de la ciudad se busca a través de indicadores como la construcción de metros cuadrados, el aumento de la valuación de los inmuebles, lo cuantitativo por sobre los cualitativo.Cada vez más se profundiza la concentración de territorio. La entrega de bienes comunes como las tierras e inmuebles del Estado, los espacios verdes, para la especulación inmobiliaria no descansa. Los barrios pierden sus identidades y sus habitantes no tienen decisión en las políticas de planeamiento urbanas. Se ha mercantilizado la vivienda hasta el paroxismo, convirtiendo a los inmuebles en una especie de commodity, una mera mercancía, mera especulación, un bien de cambio.
En la Ciudad de Buenos Aires se construyeron 20 millones de m2 en los últimos 10 años y en el mismo período creció un 50% la población que vive en sus villas. El 50% de los inmuebles de Puerto Madero están vacíos.
¿Para quién se construye? ¿Para qué? Se impone así un sistema especulativo, que implica privatizar beneficios y socializar costos. La contracara de la especulación inmobiliaria es la emergencia habitacional. La naturaleza y los espacios públicos es completamente sacrificable en pos del crecimiento de la ciudad y la generación de renta para las corporaciones inmobiliarias. Se impermeabilizan los suelos, se construye y urbaniza irracionalmente y se avanza sobre las superficies absorbentes en áreas urbanas y suburbanas que no las planifica el interés general, sino la especulación inmobiliaria a través de los privilegios que le conceden quienes ocupan cargos en los Estados. Un ejemplo de ello fue el resultado del Pacto PRO-K en la legislatura porteña -en noviembre del año pasado- que entregó casi 200 has de la Ciudad a la especulación inmobiliaria.
En definitiva, el Extractivismo Urbano está consolidando ciudades degradadas, violentas, insalubres, privatistas, exclusivas y antidemocráticas. Todos y todas, y no un pequeño grupo de corporaciones –ni tampoco una élite de funcionarios del Estado–, deben poder elegir –democráticamente- qué hacer en los territorios comunes, en los espacios públicos.
No le decimos a nadie que “camine distinto”, nosotros queremos caminar como ellos. Como los vecinos que se agrupan para defender la identidad de un barrio, contra las torres, las inundaciones, en defensa de sus plazas o parques, por su vivienda. Sin vanguardismos, debemos avanzar hacia la radicalización de la democracia en el Gobierno de nuestras ciudades y territorios, por allí está el camino.
Ver en: http://opinion.infobae.com/enrique-viale/2013/08/08/vamos-por-nuevos-paradigmas/
Socióloga (IIGG-UBA) y abogado ambientalista.
Ambos integran el colectivo Voces de Alerta.
Un debate que circula por el mundo después de haber sido puesto en la agenda política por las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador arribó a los espacios públicos de nuestro país: los Derechos de la Naturaleza. Este debate tuvo lugar hace poco en un seminario en la Ciudad de Buenos Aires y no sólo abordó la temática del status legal de la naturaleza, sino cuestiones que integran también este nuevo pensamiento social que incluye la crítica al modelo “extractivista” de recursos naturales, las posibilidades de limitarlo o salir de él en un escenario donde la geopolítica internacional puso la mira en estos territorios; el respeto por las “políticas de vida” de comunidades indígenas, campesinas y también de poblaciones con arraigo en los territorios; o aquellos conceptos que hacen al respeto de la heterogeneidad cultural; la decolonialidad del saber, que significa desactivar la idea de que existe un único conocimiento al que se tienen que subordinar las múltiples formas de saber de los distintos sectores sociales y culturales.
Este espacio de discusión contó con la valiosa presencia de Eugenio Zaffaroni, quien nos recordó que veinte siglos para declarar “personas” al conjunto de los seres humanos, después de racismos y genocidios múltiples, ayudan a comprender las resistencias actuales para declarar que, además de nosotros, hay otros que tienen derechos. La historia de la problemática en Occidente depara escepticismo aun cuando muchos de los principios de la ecología y de la ecología profunda provienen de allí; no obstante, Zaffaroni pudo partir de la hipótesis Gaia para llegar a los debates actuales de América latina, herederos de pensamientos aymaras, quechuas, mayas, etc., donde, independientemente del nombre e imagen que asuma la Pacha o madre tierra, comportan un sentido profundo de unidad de los seres humanos con ella, sin la pretendida distancia y superioridad que impuso una determinada “ciencia moderna”. La Naturaleza, pese a que no es sujeto de responsabilidades y deberes, y a no estar habilitada para representarse a sí misma, puede tener derechos y no hay nada que impida que demos ese paso. Recuerda Eduardo Galeano: si el ordenamiento jurídico ha construido la ficción de que una empresa tenga derechos, ¿cómo no los va a tener la Naturaleza?
Continúa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-182210-2011-11-28.html
Desmercantilizar la naturaleza
Producto de luchas ciudadanas, la jurisprudencia y legislaciones locales utilizan el artículo 2369 del Código Civil actual como una norma que garantiza el acceso público a cursos de agua y que presta beneficios al mantenimiento de la biodiversidad. Es decir, este camino público cumple una misión clave para preservar ecosistemas costeros y garantizar la libre circulación y el acceso a bienes públicos como ríos y lagos.
En el nuevo proyecto sólo los dueños de terrenos colindantes podrán acceder y gozar de las costas. Porque no sólo se reduce de 35 a 15 metros esta restricción al dominio, sino que se suprime el carácter de “camino público” de la franja de tierra, lo que anularía la posibilidad de acceder.
El proceso de reforma del Código Civil debería estar impregnado por el derecho ambiental. No sólo en mayores restricciones al dominio, atento la función ambiental de la propiedad, sino con normas que lleven a la desmercantilización de la naturaleza.
Frente a la marcada tendencia de “privatizar” la naturaleza hasta lugares impensados, está tomando cada vez más fuerza la transición del concepto de “recursos naturales” al de “bienes comunes”. Si los bienes son considerados comunes no sólo se garantizará su real y pleno goce colectivo sino que ni los particulares ni los Estados tendrán jurisdicción plena sobre ellos.
Ver en: http://www.clarin.com/sociedad/Desmercantilizar-naturaleza_0_779322151.html
A ningún observador podrá escapársele que la cuestión socioambiental es un punto ciego del gobierno kirchnerisa.
Por si esto fuera poco, bajo el influjo de una necia visión “eldoradista” se avanza ciega e imprudentemente -de la mano de la nueva YPF- en la explotación del gas no convencional (shale gas), con la controvertida metodología de la fractura hidráulica o fracking , técnica que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, sustancias químicas tóxicas y arena, a elevada presión, a fin de producir micro-fracturas en la roca madre que almacena los hidrocarburos.
En función de la controversia que rodea esta técnica experimental, elfracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria, así como en Vermont (Estados Unidos) y Quebec (Canadá), mientras que en Nueva York y otras regiones de Europa se han aprobado moratorias (suspensión). El tema es de tal gravedad que en el país del norte se creó un movimiento cultural antifracking, con Yoko Ono, Robert de Niro y Salman Rusdhie entre sus firmantes.
Continúa en: http://www.clarin.com/opinion/Cuestion-ambiental-punto-ciego-Gobierno_0_878312240.html
Famatina y los nuevos espejitos de colores
Por Enrique Viale | 22/01/2012
Continua en: http://www.perfil.com/ediciones/2012/1/edicion_644/contenidos/noticia_0025.html
Las Obras del Metrobus y la Inundación de la Av. 9 de Julio
En diálogo con Mañana Sylvestre, el Dr. Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de la Abogados Ambientalistas, culpó a las obras del Metrobús por la reciente subida de aguas sobre la tradicional avenida céntrica y explicó que al reemplazar plazoletas por asfalto “se ha impermeabilizado un suelo que antes era una superficie absorbente”. “En Curitiba, están sacando el Metrobús, y poniendo subterráneo, y nosotros hacemos al revés, donde hay subte ponemos Metrobús”, cuestionó.
“Hay una situación de hecho que ha cambiado. Las obras del Metrobus han quitado, han eliminado las plazoletas centrales, sobre todo las que estaban en los dos extremos, tanto en el Sur por San Juan, como en el extremo norte a la altura de Arroyo. Habían extensas plazoletas que ya no existen más y se ha impermeabilizado un suelo que era una superficie absorbente, una especie de esponja que retardaba”, explicó el Dr. Enrique Viale, titular de la Asociación Argentina de la Abogados Ambientalistas, acerca de lo que fue la primera inundación de la avenida 9 de Julio desde su emplazamiento.
“Hemos llevado un problema a un lugar que no existía. Son consecuencias que nosotros hemos ido avisando, que había una cuestión paisajística pero también una cuestión ambiental que tenía que ver con esto. Las estaciones de subte de la Línea C y no casualmente, tuvieron agua como nunca, y eso lo dicen los propios metrodelegados. Es una situación muy compleja por una obra irracional”, cuestionó el abogado especialista en temas ambientales.
Sobre la polémica decisión del Gobierno porteño de complementar el subte superponiéndole un transporte terrestre, cuando se podía haber potenciado las frecuencias del mismo subterráneo, Viale indicó que “en todos lados es al revés. En Curitiba que es donde se inventó este tema del Metrobús en la década del 60, están sacando el Metrobús, y poniendo subterráneo, y nosotros hacemos al revés, donde hay subte ponemos Metrobús”.
Además, en Radio del Plata, cuestionó el alto presupuesto que tuvieron estas obras: “Esto tendrá un costo de casi $200 millones, nosotros decimos que es una especie de Yacyretá, porque cada vez hay más costos. Va a tener 5 estaciones, con 14 paradores, que fueron licitadas a principio de año, y fueron adjudicadas en $114 millones, y si uno divide cada parador va a costar $8 millones”.
“Se podría haber ahorrado ese dinero, y hacerlo por las calles laterales, o en la línea del subte invertir más y que pase cada 30 segundos”, agregó.
Las consecuencias de la eliminación de adoquines
“El adoquín tenía un efecto que era el de retardar la lluvia porque tiene una capa de absorción que no tiene el asfalto. Son todas medidas que en nombre de la modernidad están sacrificando a barrios enteros”, dijo Viale sobre el reemplazo de adoquines en barrios porteños y el asfaltado de calles..
“Después viene la teoría del caño más grande que al final termina haciéndolo el primo de Mauricio que es (Ángel) Calcaterra. Parece un círculo vicioso porque en unos años nos van a proponer un caño para la 9 de Julio para sacar el agua. Estamos ante una situación de especulación inmobiliaria que se avanza sobre espacios verdes, el barrio de Saavedra es uno de ellos”, añadió.
La sobreedificación, y los espacios verdes
El ambientalista destacó que lo que ocurrió tiempo atrás con el Parque Sarmiento donde “hicimos el amparo que paró la construcción de una comisaría sobre el parque que iba a impermeabilizar decenas de miles de metros cuadrados, una situación que tiene consecuencias concretas”.
En este sentido, agregó que “en Palermo donde se había pensado un lago regulador en Puente Pacífico se está construyendo un shopping. Mientras que en Caballito donde iba a hacerse el Corredor Verde del Oeste y fue entregado por un acuerdo entre macrismo y kirchnerismo para la especulación inmobiliaria”.
“En los últimos años se construyeron 20 millones de metros cuadrados en la Ciudad. En el mismo periodo se pudo haber solucionado el déficit habitacional, pero no porque creció 50% la población en villas, de 110.000 habitantes a 180.000. El inmueble se está convirtiendo en un commoditie más en la Ciudad, porque acá no hay oro ni petróleo sino que hay tierras e inmuebles. El 25% de los departamentos están vacíos y en Puerto Madero eso sube a 50%, un boom inmobiliario que hubo en estos 10 años de construcción indiscriminada y los únicos que resistimos fuimos los vecinos”, cuestionó.
http://www.gustavosylvestre.com/noticias/las-obras-del-metrobus-y-la-inundacion-de-la-avenida-9-de-julio/
Por Norma Giarracca y Enrique Viale - 15/11/2010
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-156905-2010-11-15.html
Para detener la amenaza sobre nuestro ecosistema
PorMARISTELLA SVAMPA SOCIOLOGA E INVESTIGADORA DEL CONICET.
ENRIQUE VIALE PRESIDENTE ASOCIACION ARGENTINA DE ABOGADOS AMBIENTALISTAS
La Ley de Protección de Glaciares, aprobada en general por la Cámara de Diputados, es un paso importante para el resguardo de nuestros recursos hídricos y la defensa del ecosistema de nuestra cordillera, hoy amenazado por el avance de la megaminería metalífera .
Esta ley conoció el veto presidencial en 2008, y debió enfrentar la ofensiva oficialista, de la mano del proyecto del senador Daniel Filmus, más permisivo, tal como pretendía el lobby minero.
Semanas atrás, la norma fue aprobada en general y en particular (sólo hasta el artículo 5°) con un articulado que amplía el carácter protector de la norma vetada. La ausencia del bloque oficialista y la irresponsabilidad de una parte de la oposición, en la sesión del miércoles pasado, no permitió aún que dicha ley obtenga media sanción.
La sanción de esta ley, inspirada en los principios básicos del derecho ambiental, ilustra el avance de las luchas socioambientales de las Asambleas Ciudadanas , así como una saludable apertura de la agenda parlamentaria , gracias al accionar de legisladores conscientes del carácter depredador de este tipo de actividades extractivas.
En toda América latina asistimos a luchas en contra de la megaminería transnacional, en protección del agua como el mayor bien común , protagonizadas por centenares de ciudadanos y comunidades, violentadas en sus derechos y afectadas por este tipo de actividad que consume hasta 100 millones de litros de agua por día (como Bajo La Alumbrera, en Catamarca).
Asimismo, los daños ambientales producidos por este tipo de minería están suficientemente probados ; tan es así que el Parlamento Europeo, en su Resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa.
Continua en: http://www.clarin.com/opinion/detener-amenaza-ecosistema_0_314368633.html
La Corte dio una gran señal sobre glaciares
El reciente fallo de la Corte Suprema, que revoca aquellas medidas cautelares dictadas por la Justicia Federal de San Juan que suspendían los artículos medulares de la Ley de Glaciares, abre un nuevo capítulo en el interminable derrotero de esta norma , iniciado con el veto presidencial a fines de 2008. En un contexto político de gran desaliento para las luchas socioambientales , en el cual la ofensiva minera cuenta con el aval de gobernadores y Poder Ejecutivo Nacional, la resolución de la Corte Suprema es también una señal -la única buena señal institucional , junto con el reciente referendum de Loncopué, en estos últimos meses- para aquellos que hoy resisten en sus territorios el ingreso de la megaminería .
Continúa en: http://www.clarin.com/opinion/Corte-dio-gran-senal-glaciares_0_737926245.html
Es la reprimarización, la
dependencia y la democracia,
Maristella Svampa y Enrique Viale. Socióloga ,Conicet y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas
En su artículo de la edición de Miradas al Sur del domingo pasado, Daniel Bosque, director de Mining Press, una de las revistas promineras más conspicuas, lejos de referirse a la discusión que planteamos en nuestro artículo (la aplicación efectiva ley de protección de los glaciares), corrió deliberadamente el eje, para hacer una defensa fervorosa de la megaminería a cielo abierto. En razón de ello, en este artículo quisiéramos responder desde una perspectiva más general los argumentos presentados por dicho periodista.
Es una falacia afirmar que América latina es mineral, ocultando los complejos procesos económicos y políticos que están detrás de ello. En términos geopolíticos, la opción “mineral” que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Lo que sucede es que, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, nuestros gobiernos tienden a aceptar como “destino” el “nuevo consenso internacional”, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América latina el rol de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales.
En este sentido, el extractivismo resultante no es un destino, es una opción política y civilizatoria, asumida por los diferentes gobiernos, que va reconfigurando negativamente nuestros territorios y economías y genera una nueva dependencia: cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación, rasgos que históricamente fueron criticados tanto por el desarrollismo como el marxismo. Hoy el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas es tal que, como informa la Cepal, en un solo año (2009), en la Comunidad Andina, el porcentaje de exportación de productos primarios pasó del 81% a 82,3%, y para el caso del Mercosur el crecimiento fue aún mayor, ya que éstas pasaron del 59,8% al 63,1%.
http://sur.infonews.com/notas/es-la-reprimarizacion-la-dependencia-y-la-democracia-estupido
Minería y medio ambiente: un debate entre la economía y la protesta popular
Un ingeniero en minas y un abogado ambientalista discuten sobre los emprendimientos.
Famatina. Las protestas pararon la instalación de la mina de oro en La Rioja.
Mientras hablan se miran poco. Cuando cruzan la mirada, es para levantar la voz. En más de una hora de charla se ponen de acuerdo en un único punto: el impacto de la megaminería a cielo abierto es brutal. Sólo que uno quiere decir que es brutalmente positivo y el otro, brutalmente negativo .
Mario Capello, secretario del Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, y Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, fueron convocados por Clarín para debatir acerca del estado de un asunto que, parece, no admite medias tintas.
La semana pasada, el gobierno de La Rioja dio marcha atrás con el emprendimiento de la canadiense Osisko Mining en el cerro Famatina . Tanto el gobernador Beder Herrera como la empresa hablaron de la necesidad de conseguir una “licencia social” para avanzar con el proyecto.
Enrique Viale: En Famatina no existe esa licencia social y recién se dan cuenta ahora, cuando firmaron el convenio hace un año, a espaldas de la sociedad. Ha habido intentos por comprar voluntades, pero fracasaron. No hay licencia social y no la habrá nunca para la megaminería, porque es devastadora. Usa grandes cantidades de agua, energía y explosivos. No hay forma de control posible, es insustentable por definición. Eso la gente en La Rioja lo tiene claro.
Mario Capello: Todas las actividades necesitan licencia social. El problema es que en Argentina no hay tradición minera. Hay minería a cielo abierto en Estados Unidos, Chile, Nueva Zelanda, los países de mejor gestión ambiental del mundo. Es necesaria una campaña de difusión desde la ciencia para informar.
Viale: Pero es tan insustentable este tipo de minería que nadie le da pólizas de seguro ambiental a estas empresas, exigidas por la Ley General de Medio Ambiente. ¿Por qué si no hay tantas poblaciones opuestas a la megaminería? Capello: Porque asustan a la gente, le dicen que la minería los va a dejar sin agua cuando la minería usa muy poca agua en comparación con otras actividades, como la agricultura. La mina de oro más grande del país, Veladero, en San Juan, usa 54 litros de agua por segundo. Es lo mismo que usa una finca de 108 hectáreas. En una provincia de 120 mil hectáreas, la proporción es ínfima.
Viale: La mina de La Alumbrera en Catamarca usa 800 litros por segundo. Y la comparación es errada. La mina usa agua las 24 horas, mientras que las autorizaciones de agua de las fincas son semanales o quincenales. La mayoría del agua que se usa en los cultivos vuelve al ciclo biológico; en la mina se usa y no sirve más. La prueba es que en el acuífero del que se saca el agua para la mina La Alumbrera, en Catamarca, hay grandes sequías.
Capello: Repito: la minería usa muy poca agua, y la usa en circuitos cerrados. Sólo se agrega la que se evapora en el proceso. Ningún emprendimiento del mundo está modificando los valores naturales que tienen los ríos antes de explotarse. Esto se puede medir y está prohibido por la ley de minería nacional.
Viale: ¿Pero qué región de Argentina se desarrolló gracias a estos proyectos? La Alumbrera existe hace 13 años y Catamarca sigue igual de pobre. ¿Qué opina de su resultado?
Continúa en: http://www.clarin.com/politica/Mineria-ambiente-economia-protesta-popular_0_640736002.html
Continúa en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-210622-2012-12-26.html
La efectiva aplicación de la Ley de Protección de Glaciares: Un mandato constitucional urgente (*)(1)(2)
Autor/es: Por Viale, Enrique.
Sumario: I. Introducción. – II. La influencia del derecho ambiental y su transformación. – III. Dominio de los recursos naturales: armonía constitucional de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. – IV. Constitucionalidad de las prohibiciones de la norma: a) Objeto de protección; b) Principios ambientales: 1. Principio preventivo; 2. Principio precautorio; 3. Principio de sustentabilidad; 4. La aplicación de estos principios al caso en estudio; c) Razonabilidad de las prohibiciones; d) No existen derechos adquiridos a contaminar. – V. Obligación de cumplir con la legislación ambiental sobreviniente. – VI. Conclusión
La ley de presupuestos mínimos de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, 26.639 (EDLA, boletín n° 21/2010-17), incorpora importantes conceptos en materia de derecho ambiental, que merecen un análisis pormenorizado para comprender acabadamente su alcance y tutela.
Respecto de la génesis que dio lugar a la sanción de la ley, cabe recordar, a modo de síntesis, que un proyecto similar fue aprobado en el año 2007 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por unanimidad y sin debate. Posteriormente, en octubre de 2008, la Cámara de Senadores dio aprobación definitiva a la norma, por unanimidad en general y 3 votos en disidencia parcial. De esta forma, se sancionó la Ley 26.418. El 10 de noviembre de 2008, esta ley fue vetada por la Presidenta de la Nación(3), que hizo eco de las “inquietudes” de distintos gobernadores, del Secretario de Minería de la Nación, y de la Cancillería. Dos años después, luego de varias sesiones de la Cámara de Diputados sin quórum y una votación estrecha en la Cámara de Senadores, el 30 de septiembre de 2010, se sancionó la Ley 26.639, finalmente promulgada de hecho el 28 de octubre de 2010.
Está ley –impulsada por diversas y numerosas organizaciones socio-ambientales de todo el país– trajo la reacción corporativa de sectores extractivos que se oponían (y se oponen) a su existencia. En este artículo se exponen las mismas, y se intentará rebatir jurídicamente los principales argumentos esgrimidos por quienes discrepan con el articulado de la norma y pretenden tildarla de inconstitucional.
Una de las principales incorporaciones de la norma, en su art. 1º in fine, fue la inclusión de los glaciares como bienes de dominio público. Si bien estimamos correcto dicho establecimiento, los glaciares ya eran de dominio público en virtud del art. 2340 del Código Civil(4). En efecto, los glaciares, compuestos fundamentalmente por agua en estado sólido, satisfacen usos de interés general. En el mismo sentido, el agua que se encuentre en el ambiente periglacial, en tanto también tiende a satisfacer usos de interés general, es de dominio público, es decir, no es susceptible de apropiación privada.
Uno de los artículos más discutidos durante el trámite parlamentario fue el art. 2º de la ley, con relación a los alcances del concepto de ambiente periglacial, o sea, al ámbito de aplicación de la norma. Este debate fue, quizás, el más significativo, puesto que, en definitiva, este artículo establece el bien jurídico tutelado por la ley, es decir, las áreas, zonas y geoformas alcanzadas por las disposiciones, limitaciones y prohibiciones de la norma. La presión ejercida durante el trámite parlamentario para “achicar” los alcances de la norma se encontraba relacionada, justamente, con los ambientes periglaciales, donde los grandes emprendimientos mineros pretenden operar: sea estableciendo allí sus emprendimientos o para la utilización de sus recursos hídricos para los millones de litros diarios que necesitan en sus tareas extractivas. Para ello, durante las reuniones de Comisión en el Senado Nacional, se llegó a afirmar maliciosamente que la definición de ambiente periglacial de la ley abarcaba la mayor parte de nuestro territorio(5). De esta manera, si se achicaba el ámbito de aplicación de la ley, también se reducía el área de acción, estudio e intervención de Inventario Nacional de Glaciares que establece el art. 3º de la ley y, así, quedaba excluida del Inventario la identificación e individualización de los ambientes periglaciales.
También generó infundada controversia lo establecido en el art. 5º de la norma que dispone: “El inventario y monitoreo del estado de los glaciares y del ambiente periglacial será realizado y de responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) con la coordinación de la autoridad nacional de aplicación de la presente ley”. Resulta fundamental que el inventario nacional sea realizado por un solo organismo, atento la unicidad de criterio con la que debe ser llevado dicho estudio y que los glaciares y ambientes periglaciales no reconocen fronteras administrativas. Debe desarrollarse una actividad integradora que contemple a la Cordillera como un ecosistema que trasciende los límites artificialmente impuestos por las fronteras provinciales. Tampoco encuentra reparos constitucionales la responsabilidad centralizada sobre un ente nacional (IANIGLA) para la confección del Inventario Nacional de Glaciares que establece la ley sancionada, dado que estos cuerpos y sus ecosistemas trascienden los contornos jurisdiccionales y su correcto estudio, metodología e identificación deben realizarse de manera uniforme, integral y sistémica, sin perjuicio de la facultad de cada provincia para producir los estudios que crea convenientes.
Otro de los artículos que generó un gran debate fue el art. 6º de la ley, que establece las “Actividades prohibidas” en los glaciares. El debate se planteó alrededor del inc. b) del citado artículo, que prohíbe en los glaciares “la exploración y explotación minera e hidrocarburífera…”, y establece que “se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial”. El debate tuvo intrínseca relación con la controversia generada sobre el art. 2º de la norma, que es aquel que define el objeto tutelado, es decir, que precisa, a los efectos de la ley, los conceptos de glaciares y ambiente periglacial. La discusión estaba centrada en la protección o no del bien común agua. Para quienes criticaban la inclusión de dicho inciso, la definición de ambiente periglacial establecida en el art. 2º de la ley era imprecisa, y debía ser eliminada. Se trataba, según nuestro entender, de una estrategia deliberada de quienes consideran que la megaminería debe desarrollarse aun cuando afecte irremediablemente el ambiente o el bien común agua(6). El debate, que estuvo signado por definiciones de glaciólogos y especialistas en la materia, puso en evidencia los poderosos intereses económicos que afectaban la sanción de esta ley, que lejos de pretender ser prohibicionista de actividades, es proteccionista del agua y del ambiente, en cumplimiento de la manda constitucional establecida por el art. 41 de la Carta Magna.
Sin perjuicio de que no tuvo grandes críticas, el art. 7º resulta de gran importancia, porque establece la obligación de realizar una evaluación estratégica del impacto ambiental. Este tipo de evaluación agrega en su estudio los efectos acumulativos y regionales de los emprendimientos a realizarse, es decir, analiza las relaciones de diversos proyectos entre sí y entre ellos y sus contextos sistémicos (estructurales o funcionales)(7). La evaluación de impacto ambiental no puede tener un enfoque individual que ignore intereses regionales, de otras provincias o de la Nación, y es por ello que es uno de los aspectos relevantes de la ley sancionada.
Por su parte, el art. 15 también fue otro de los más cuestionados por quienes criticaban la ley en su conjunto. Este artículo establece un plazo máximo de 180 días para realizar la Auditoría Ambiental sobre los emprendimientos “actualmente en ejecución”, que empezó a correr a partir de la sanción de la ley. Además, este artículo establece plazos determinados y concretos, también de 180 días, para la realización del Inventario Nacional de Glaciares en las zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el art. 6° (“Actividades prohibidas”) se consideren prioritarias.
No resulta casual que este artículo establezca plazos concretos para la realización de actividades, ya que intenta superar la problemática acaecida con otras normas ambientales. Un ejemplo de ello es el caso de la Ley nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331 [EDLA, 2008-A-29]) que, a pesar de encontrarse en vigencia desde el año 2007, continúa actualmente el proceso de desmonte incontrolado de miles de hectáreas, debido a que muchas provincias no han realizado aún el “ordenamiento de los bosques nativos existentes en sus territorios” que dispone expresamente dicha norma nacional.
Otro de los artículos más conflictivos de la ley, incorporado por la Cámara de Diputados y eliminado en el Senado nacional, era el art. 17, que establecía:
En las áreas potencialmente protegidas por la presente ley, no se autorizará la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definidos los sistemas a proteger. Ante la solicitud de nuevos emprendimientos, elIANIGLA priorizará la realización del inventario en el área en cuestión.
Este artículo pretendía, simplemente, implantar positivamente el Principio Precautorio(8), que ya se encuentra establecido en el art. 4º de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675 [EDLA, 2002-B-165]). Este principio señala que, en caso de ausencia de información (como ocurre en las áreas donde el inventario de glaciares aún no ha sido realizado), debe actuarse preventivamente cuando haya peligro de daño grave o irreversible. En consecuencia, sin perjuicio de la eliminación del art. 17 de la ley, la obligación de actuar preventivamente persiste en los lugares donde no esté realizado el inventario de glaciares y ambiente periglacial, sin que pueda autorizarse, entonces, hasta tanto ello suceda, el inicio de nuevas actividades: existe una obligación legal de actuar (no permitiendo nuevas actividades) frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible en el ambiente, incluso ante la duda respecto de la posibilidad de que las actividades prohibidas puedan afectar a los glaciares(9).
Continúa en: http://legislacion.elderecho.com.ar/index.php?accion=11&id_documento=10270

References: resolución 
 artículo 2368
 artículo 2369
 artículo 5
 Resolución 
 resolución 
in fine