Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/constitucional-y-comunitario/sentencia-num-342016-tribunal-constitucional-madrid-29-02-2017
Timestamp: 2019-11-18 22:43:41+00:00

Document:
18 de noviembre de 2019 | 11:43
Marginal: RTC\2016\34
a) El 7 de abril de 2014, el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Las Palmas de Gran Canaria recibió un escrito procedente de la Fiscalía provincial de Las Palmas de Gran Canaria, sección de lo civil y protección de personas con discapacidad, fechado el 28 de marzo de 2014, por el que se «insta la incoación del procedimiento especial de internamiento no voluntario respecto de D.ª M.R.S., con número de Documento Nacional de Identidad …, nacida el 12 de septiembre de 1934».
Luego de indicar los presupuestos procesales para la procedencia del trámite que se insta y, en cuanto a la fundamentación jurídica de fondo, reproducir el texto del art. 763 de la Ley de enjuiciamiento civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) (LEC), indicando que resultan además de aplicación «los artículos 12, 14, 18 y 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 (RCL 2008, 950) y el artículo 4.2 en sus apartados 7 y 8, de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (RCL 2006, 2226) , de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia», el escrito de la Fiscal actuante interesa del Juzgado que dicte Auto «en el que se regularice la situación en la que se encuentra D.ª M.R.S. y se autorice su ingreso no voluntario en el Centro Sociosanitario El Pino o en centro adecuado a su patología, conforme con lo previsto en el artículo 763 LEC y de acuerdo con las garantías y controles establecidos en dicho precepto legal».
b) La Secretaría del Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Las Palmas de Gran Canaria, dictó un decreto el 7 de abril de 2014 acordando la apertura del procedimiento de internamiento núm. 333-2014. En su virtud, se emitió en la misma fecha un oficio dirigido al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, a fin de que se procediera al reconocimiento «del/la presunta incapaz D./D.ª [M.R.S.]» y emita informe sobre «determinación de la enfermedad que sufre … así como las características y alcance de la misma».
(iii) Informe pericial de cinco folios suscrito por la médico forense doña L. M. G. , donde se concluye que: «La peritada … padece diferentes patologías de tipo físico y psíquico que determinan un deterioro cognitivo severo, que afectan a su capacidad de juicio y pensamiento, así como al control de los impulsos. Sus capacidades intelectivas y volitivas se encuentran abolidas casi por completo … Estos padecimientos son de carácter permanente y de evolución crónica e irreversible … Por todo esto se puede considerar que la peritada es incapaz del gobierno de sus bienes y su persona y que precisa de ingreso en un centro sociosanitario para poder recibir la asistencia diaria y constante que precisa».
Los autos citados de similar contenido, señalan lo siguiente: "Cierto es que la norma analizada contempla igualmente aquellas otras hipótesis en que ha de realizarse un internamiento por razones de urgencia, en las que la autorización judicial previa se sustituye por la ratificación ulterior de tal medida. Pero tampoco tales previsiones se acomodan a las circunstancias concurrentes en el caso que se somete a nuestra consideración, pues el internamiento de la Sra. … se produce diez meses antes de la comunicación dirigida al Juzgado lo que, o bien excluye toda connotación de urgencia o, en otro caso, supone la inobservancia, en su momento, de los deberes que al responsable del centro incumbían de conformidad con las previsiones contenidas en la repetida norma, y que no pueden ser subsanados extemporáneamente mediante un procedimiento concebido para finalidad distinta de la que ahora se pretende.
Pues bien, haciendo aplicación al caso de los criterios precedentes, no puede sino concluirse que la situación sometida a consideración de este tribunal no tiene encaje en los supuestos regulados por el artículo 763, pues como ya quedó expuesto, doña M. ingresó en la Residencia del Pino en diciembre pasado, sin que hubiera previa autorización y sin que tampoco concurrieran razones de urgencia que justificaran su posterior ratificación, situación no prevista en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .
Siendo así, la situación que ahora se presenta, es una situación nacida o producida extramuros de la regulación legal, y la regularización que se postula ahora, vendría a dar cobertura legal o apariencia de legalidad a una situación que ni es ni lo fue ab initio, porque el legislador no quiso que, salvo en los supuestos de urgencia, se produjeran internamientos no voluntarios sin la preceptiva y previa autorización judicial, como salvaguarda y garantía del derecho fundamental a la libertad proclamado en el artículo 17 de la Constitución, al establecer "que nadie podrá ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en dicho precepto y en los casos en la forma previstos en la Ley", y el artículo 5-1 de la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 (RCL 1999, 1190 y 1572) , ratificada por España en 26 de septiembre de1979, que establece "que nadie puede ser privado de su libertad salvo, entre otros supuestos, si se trata del internamiento de un enajenado, y ello con arreglo al procedimiento establecido en la ley".
g) Contra el referido Auto interpuso recurso de apelación la Fiscal actuante en dicho procedimiento de internamiento núm. 333-2014, alegando la «infracción de los artículos 12.4 y 14 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, del artículo 17.1 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) , del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 4.2, en su apartado h), de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia».
Señala asimismo el escrito de apelación, que si bien la STC 132/2010, de 2 de diciembre (RTC 2010, 132) , puso de relieve la falta de rango legal orgánico del citado art. 763 LEC, no cuestionó la constitucionalidad de su contenido; que la exigencia de autorización judicial viene dada porque la medida de internamiento supone una «clara limitación al derecho fundamental de libertad personal», y que el no permitir su control por esta vía procesal supone «dejar en un limbo jurídico» a quienes han sido ingresados sin recabar su consentimiento; quedando estos así privados de su libertad «hasta que los profesionales médicos [lo] entendieran preciso».
«[E]n el auto de fecha 11 de marzo del 2014, recaído [en el] rollo de apelación 89/2012 en un supuesto similar al enjuiciado de una persona mayor con problemas de demencia en el que primero se ingresa y luego se recaba autorización judicial de ingreso involuntario exponíamos que "el artículo 763 de la LEC a la hora de regular el internamiento no voluntario por razón de transtorno psíquico, y aún entendiendo esta Sala que entre dichos trastornos se encuentran compre[n]didas las deficiencias y enfermedades seniles de involución mental (por lo común de tipo degenerativo) asociadas a la te[r]cera edad, decíamos dicho artículo 763 de la LEC diferencia dos modalidades de internamiento, el ordinario, en el que la autorización es previa al internamiento y el urgente, en el que primero se practica el ingreso por razones de urgencia, para inmediatamente, el responsable del Centro solicitar en un brevísimo plazo la ratificación del mismo. Pues bien, en el supuesto enjuiciado estaríamos ante la ratificación del internamiento ya acordado por el Centro..., pues tal solicitud se formula ex post y no ex ante del ingreso de.., siendo su presupuesto indispensable la "urgencia", pudiendo pe[r]fectamente la Juez a quo verificar, como así lo ha hecho en el supuesto enjuiciado, si dicho ingreso estuvo justificado en su origen por la "urgencia", pues lo contrario en los términos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 30 de julio del 2012, llevaría a convertir la fase extrajudicial previa en un limbo sin derechos para el afectado. En definitiva "la urgencia" que podría definirse como la necesidad inmediata de la intervención médica para la protección del ingresado al encontrarse en una fase crítica dentro del proceso patológico de un enfermo mental que precisa el ingreso para evitar que se cause daño a sí mismo o a un tercero, junto con el requisito del "trastorno psíquico", se convierten en pres[u]puesto objetivo de la medida del ingreso sin previa autorización judicial, requisito de la urgencia que no cabe apreciar en los informes médicos unidos a autos que se limitan a describir el estado del interno, por lo que fue ajustada a derecho la inadmisión a trámite de la solicitud de ratificación del internamiento urgente de, compartiendo esta Sala con la Juez a quo que la intervención judicial debió en su caso solicitarse con carácter previo al ingreso, de apreciarse que (…) estaba imposibilitado para prestar de forma voluntaria su consentimiento para el ingreso, y, no con posterioridad como se pretende, atribuyendo el carácter de urgencia a una situación que desde luego no lo es".
Y en relación al internamiento ordinario, tampoco concurrirían en el supuesto enjuiciado los requisitos del artículo 763 de la LEC, pues como exponíamos en el auto de fecha 3 de junio del 2014, recaído en el rollo de apelación 344/2014, "Pese a todo, no cabe tramitar este procedimiento ordinario del art. 763 LEC, precisamente porque el mismo sólo está previsto para que la autorización sea previa al internamiento. Por tanto, cuando el internamiento ya se ha producido, y más aún cuando se ha denegado ya la tramitación del procedimiento de autorización previa al ingreso, no cabe tramitar el expediente para autorizar en forma ordinaria el internamiento, ya que es presupuesto de esa modalidad de procedimiento que la autorización "sea previa" al internamiento. Por tanto, sólo desde la situación de libertad de deambulación de la afectada podría solicitarse la tramitación del procedimiento no urgente del art. 763-1-1°. LEC. Sería un contrasentido que se tramitara dicho procedimiento para convalidar un internamiento ya producido, e incluso en tales circunstancias las autoridades judiciales estarían obligadas a instar un procedimiento de "habeas corpus", como recuerda la STC de 2/7/2012. Esta misma sentencia recuerda que las medidas cautelares que se pueden adoptar parten de la base de la situación de libertad del afectado, sin que quepa una convalidación del internamiento fuera del plazo que previene la ley, 72 horas desde el internamiento: "c) Sin duda una de las principales garantías de este marco regulador del internamiento urgente lo constituye el límite temporal del que dispone el Juez para resolver, inédito hasta la aprobación de la LECiv 1/2000. La base constitucional de dicho plazo, al tratarse de una privación de libertad judicial, no reside en el art. 17.2 CE, sino el arto 17.1 CE, como tenemos ya dicho ( SSTC 37/1996, de 11 de marzo (RTC 1996, 37) … F. 4; 180/2011, de 21 de noviembre (RTC 2011, 180) … F. 2).
La demanda de amparo alega que las resoluciones judiciales recurridas «han lesionado el derecho fundamental a la libertad personal del art. 17.1 CE… con arreglo a la interpretación que deriva del contenido del art. 5.1.e) y 5.4 CEDH (RCL 1999, 1190 y 1572) ».
Tras la exposición de los hechos principales acaecidos en la vía judicial previa, con amplia reproducción literal del escrito de apelación de la Fiscal actuante y de las resoluciones impugnadas; y una vez constatada la concurrencia de los requisitos de orden procesal necesarios para la interposición del recurso de amparo, pasa a referirse el escrito de demanda a la cuestión de fondo. En tal sentido, se afirma que el internamiento no voluntario de un «enajenado» es una medida privativa de libertad que se encuentra sujeta a las garantías previstas tanto por el art. 763 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , como también por los arts. 5.1 e) y 5.4 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), y el art. 9.1 del Pacto internacional de los derechos civiles y políticos, según la interpretación que ha dado a este último el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Por su parte, prosigue diciendo, la doctrina constitucional ha destacado la incidencia de esta modalidad de internamiento sobre el derecho fundamental del art. 17.1 CE (se citan SSTC 104/1990 (RTC 1990, 104) , FJ 2; 129/1999 (RTC 1999, 129) , FJ 2; 131/2010 (RTC 2010, 131) , FJ 2; 132/2010 (RTC 2010, 132) , FJ 2, y 141/2012 (RTC 2012, 141) , FJ 3), mientras que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos exige que el procedimiento respete los principios que dimanan de la noción de proceso justo del art. 6.1 CEDH (se citan las SSTEDH asuntos Wassink c. Holanda, de 27 de septiembre de 1990 (TEDH 1990, 23) , § 24; Benham c, Reino Unido, 10 junio 1996 (TEDH 1996, 28) , § 40; S. c. Estonia, de 4 octubre 2011 (TEDH 2011, 78) , § 41; Winterwerp c. Holanda, de 24 de octubre 1979, §§ 44 y 60).
Se proclama la necesidad «de un control judicial en estos casos», con cita de la instrucción 3/1990, de 7 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, la recomendación 29/1996, de 14 de marzo, del Defensor del Pueblo, «sobre atención asistencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos», y el documento de esta institución titulado «La atención sanitaria en España: perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos» (año 2000), que equiparaba trastorno psíquico a enfermedad mental o deficiencia mental e instaba a la regularización de las personas en dicha situación mediante el procedimiento del hoy derogado art. 211 del Código civil (LEG 1882, 16) .
Invoca también el Fiscal el art. 14 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (RCL 2008, 950) , en cuanto a la garantía de goce de sus derechos por los discapacitados que se vean privados de libertad, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (RCL 2006, 2226) , de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, cuyo art. 4.2 g) recoge el derecho de la persona a decidir sobre su ingreso en centro asistencial, y el art. 4 h), el ejercicio pleno de sus derechos jurisdiccionales en caso de internamiento involuntario, a través de un «proceso contradictorio». Tras repasar algunas regulaciones autonómicas dirigidas a la protección de personas mayores, se concluye en este punto que «no hay ningún motivo para concluir que el procedimiento del art. 763 LEC no reúne las condiciones para ser considerado "proceso contradictorio", en los términos del art. 4.2 h) de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, a los efectos de controlar y/o supervisar judicialmente el ingreso no voluntario de una persona en un centro asistencial, socio sanitario o geriátrico», siendo que la STC 129/1999 (RTC 1999, 129) , FJ 3, declaró que el proceso de internamiento no voluntario del art. 211 CC (LEG 1889, 27) era respetuoso del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), conclusión que considera «perfectamente aplicable al procedimiento regulado en el actual art. 763 LEC, a la luz de la doctrina establecida en la STC 141/2012 (RTC 2012, 141) ».
En el presente caso, se explica, doña M.R.S. padecía demencia senil, lo que hace imposible recabar su consentimiento para que continúe en el centro, lo que lleva a rechazar los argumentos de las resoluciones judiciales impugnadas en este amparo, que entendieron que no concurrían los requisitos para el internamiento del art. 763 LEC. A la procedencia no obsta el hecho de que, «[c]iertamente, de la documentación obrante en el expediente resulta acreditado que no se solicitó autorización judicial con carácter previo al ingreso de doña M.R., ocurrido en el mes de diciembre de 2013. Ni tampoco, una vez ingresada, se comunicó al órgano judicial a los efectos de recabar por vía de urgencia la oportuna autorización judicial, en el plazo legal fijado en el art. 763 LEC. Sin desconocer la importancia constitucional del plazo … en los términos advertidos en la STC 141/2012, FJ 5, apartado c), y de las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse para los responsables del centro, se estima que ni la ausencia de solicitud de autorización judicial previa al ingreso, ni el incumplimiento del deber de comunicación en el plazo legal establecido pueden ser argumentos constitucionalmente válidos y definitivos para descartar todo control judicial del carácter no voluntario del internamiento de doña M.R. y exigir el efectivo cumplimiento de las garantías establecidas en el citado art. 763 LEC. Las resoluciones judiciales que se impugnan olvidan la justificación teleológica del control judicial de las situaciones de ingreso no voluntario del art. 763 LEC, que no es otra que garantizar la legalidad de una medida que incuestionablemente supone una restricción del derecho a la libertad … En el presente caso, su fin no era dar cobertura legal a una situación de hecho que en su origen no lo fue, como se afirma en el auto de 20 de mayo de 2014, sino controlar judicialmente que se daban las condiciones antes detalladas, como así expuso la Fiscalía en su recurso de apelación, y, por tanto, comprobar efectivamente que la persona ingresada sufría un trastorno psíquico que justificaba su internamiento no voluntario, así como asegurar su posterior supervisión judicial periódica en los plazos establecidos».
Se refiere luego la demanda a las situaciones de ingreso voluntario de personas mayores en residencias, que por sufrir un deterioro cognitivo progresivo se torna en ingreso involuntario al faltar la capacidad de autodeterminación. Negar en esos casos la autorización judicial por haberse superado el plazo de las 24 horas, «coloca a las personas internadas en una especie de "limbo jurídico", carente de todo control judicial, como denunció la Fiscalía en su recurso de apelación contra el auto de 20 de mayo de 2014 … posibilitándose de esta forma el encubrimiento de situaciones de ilegalidad y arbitrariedad contrarias al derecho a la libertad, a modo de "zonas oscuras" no sometidas a ningún tipo de escrutinio judicial. No hay motivo alguno para no admitir en estos casos un efectivo control judicial del ingreso mediante la comprobación de las condiciones exigidas constitucionalmente, reconociendo su necesidad, a modo de "urgencia sobrevenida", desde el momento en que el estado de deterioro cognitivo alcanza tal intensidad que priva por completo a la persona de sus facultades intelectivas y volitivas, como en el presente caso certificó la médico forense en su dictamen de 14 de mayo de 2014, después de reconocer a doña M.R. La propia situación de especial vulnerabilidad en que se encuentra este colectivo obliga a los órganos judiciales a interpretar el art. 763 LEC adaptándolo a las concretas circunstancias concurrentes, introduciendo aquellos "ajustes que sean razonables" para proteger su derecho a la libertad», de acuerdo con lo previsto en los arts. 2, 12.2 y 12.4 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, con protección de su derecho a la libertad ex art. 5 CEDH y STEDH asunto Winterwerp v. Holanda, de 24 de octubre de 1979, garantías asumidas por este Tribunal Constitucional.
Con fecha 4 de diciembre de 2014, la Sección Cuarta, Sala Segunda, de este Tribunal, dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, ordenando dirigir comunicación a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria y al Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Las Palmas de Gran Canaria, ex art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (RCL 1979, 2383) (LOTC), para que en plazo que no excediera de diez días remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, respectivamente, al rollo de apelación núm. 409-2014 y procedimiento de internamiento voluntario núm. 333-2014; con emplazamiento a quienes hubiesen sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, con el fin de poder comparecer en el presente recurso, si lo deseasen, en un plazo de diez días. Asimismo, conforme a lo previsto en el art. 46.2 LOTC, se ordenó publicar la admisión del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» («BOE»), «a efectos de comparecencia de otros posibles interesados que podrán personarse ante este Tribunal dentro de los diez días siguientes a la publicación del Edicto en el Boletín Oficial del Estado». Esta última tuvo lugar en el «BOE» núm. 304 del miércoles 17 de diciembre de 2014.
Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal, de 6 de febrero de 2015, se hace constar que al no haberse efectuado personación alguna en el plazo antes concedido, se otorga audiencia únicamente a la parte recurrente por veinte días para formular alegaciones, de acuerdo con el art. 52 LOTC (RCL 1979, 2383) .
Mediante providencia de la Sala Segunda de este Tribunal, de 1 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LOTC (RCL 1979, 2383) se acordó conceder al Ministerio Fiscal, única parte personada, un plazo de cinco días para que alegue «si puede ser causa de estimación del recurso, por vulneración del derecho a la libertad personal de doña M.R.S., la no adopción de oficio por las resoluciones impugnadas, de la medida cautelar de internamiento en proceso de incapacitación, ex art. 762 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , y por no haber dado traslado a los parientes de aquella y, en su defecto al Ministerio Fiscal, para deducir demanda de incapacitación».
Se interpone el presente recurso de amparo por el Fiscal ante este Tribunal Constitucional, contra el Auto de 20 de mayo de 2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Las Palmas de Gran Canaria, que desestimó la solicitud de internamiento no voluntario de doña M.R.S, formulada por la Fiscalía provincial por los trámites del art. 763 de la Ley de enjuiciamiento civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) (LEC); decisión confirmada en apelación por la Sección Tercera de las Palmas de Gran Canaria en Auto de 20 de junio de 2014, que desestimó el recurso promovido por la Fiscal actuante. A ambas resoluciones la demanda achaca la vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ) de la persona internada, por cuanto no se ha ejercitado el necesario control judicial respecto de una situación que resulta privativa de su libertad. El Fiscal entiende que se reunían los requisitos para que procediera el internamiento de doña M.R.S., mediando la ratificación del Juez a través de este procedimiento especial.
Debemos asimismo indicar que, de acuerdo con las potestades atribuidas a este Tribunal ex art. 86.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (RCL 1979, 2383) (LOTC) y el acuerdo del Pleno de 23 de julio de 2015 (RCL 2015, 1162) , en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la publicación y difusión de sus resoluciones jurisdiccionales, la presente Sentencia no incluye la identificación completa de la persona sometida a internamiento por razón de trastorno psíquico, cuyos derechos ha tutelado el Fiscal mediante la interposición del presente recurso de amparo, con el fin de proteger así su intimidad, «…teniendo en cuenta los hechos del caso ( SSTC 114/2006, de 5 de abril (RTC 2006, 114) , FJ 7; 176/2008, de 22 de diciembre, FJ 9; y 77/2009, de 23 de marzo (RTC 2009, 77) , FJ 5)» ( STC 141/2012 (RTC 2012, 141) , FJ 8; en el mismo sentido, SSTC 182/2015, de 7 de septiembre (RTC 2015, 182) ; 13/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 13) , FJ 1, y 22/2016, de 15 de febrero (RTC 2016, 22) , FJ 1).
a) En primer lugar, que el Fiscal ante este Tribunal Constitucional actúa como promotor del presente recurso de amparo, con la legitimación que le conceden los arts. 162.1 b) CE (RCL 1978, 2836) , 46.1 b) LOTC (RCL 1979, 2383) y 3.11 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (RCL 1982, 66) , que aprueba el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de 1981, en cuanto esta institución es portadora de un interés público para velar por la integridad y efectividad de los derechos de los ciudadanos [entre otras, SSTC 17/2006, de 30 de enero (RTC 2006, 17) , FJ 4; 208/2013, de 16 de diciembre (RTC 2013, 208) , encabezamiento; 182/2015 (RTC 2015, 182) , FJ 2, y 22/2016, de 15 de febrero (RTC 2016, 22) , FJ 2 a)], en este caso los de doña M.R.S.
b) Y en segundo lugar, que la admisión a trámite del recurso fue acordada al apreciarse su especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) LOTC], por cuanto permite a este Tribunal aclarar doctrina previa ( STC 155/2009, de 25 de junio (RTC 2009, 155) , FJ 2, apartado «b»), en concreto acerca de cuál ha de ser el procedimiento constitucionalmente adecuado para conocer de una medida de internamiento en un centro, adoptada sin previa autorización judicial, cuando se trata de situaciones de trastornos psíquicos no urgentes.
Dicha precisión se formula «en salvaguarda del principio de seguridad jurídica que, conforme a la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de enero de 2015 (TEDH 2015, 3) , dictada en el asunto Arribas Antón c. España, § 46, exige explicitar no solamente los criterios de definición del requisito de la especial trascendencia constitucional (a tal efecto, esencialmente, la precitada STC 155/2009), sino también su aplicación en los asuntos que se admiten a trámite, con el fin de asegurar con ello una buena administración de la Justicia» [ STC 194/2015, de 21 de septiembre (RTC 2015, 194) , FJ 2].
Para el Fiscal, esa autorización judicial ha de concederse a través del proceso especial del art. 763 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , y toda negativa a otorgarla por esta vía supone vulnerar el derecho a la libertad (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ) de la afectada. En cambio las resoluciones recurridas, sin negar que se trata de una situación privativa de libertad que debe ser sujeta a control judicial, son del criterio de que la autorización correspondiente ha de instarse dentro del proceso para la declaración de incapacidad de los arts. 756 a 762 LEC, pero no por los trámites del procedimiento del art. 763, pues falta el requisito de la «urgencia» que exige esta última norma como uno de sus presupuestos de procedencia.
A este respecto, en nuestra STC 141/2012, de 2 de julio (RTC 2012, 141) , FJ 3, con cita de la anterior STC 129/1999, de 1 de julio (RTC 1999, 129) , FJ 2, afirmamos que en atención a «su repercusión directa sobre el derecho fundamental a la libertad personal, este Tribunal ha declarado que "la decisión de internamiento sólo puede ser acordada judicialmente y que, en lo que aquí importa, el precepto que la hace posible sólo puede ser una ley orgánica, pues, dada su condición de norma que fija uno de los casos en que una persona puede ser privada de libertad, concurre al desarrollo del derecho fundamental garantizado en el art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) "».
Y así, tras declarar que el plazo de 24 horas del que dispone el responsable del centro es improrrogable [FJ 5 c)]; y hacer lo propio en el FJ 6 c) con el plazo de 72 horas que, a partir de ese momento, tiene el órgano judicial para resolver sobre su ratificación, concluíamos diciendo lo siguiente: «…Vencido el plazo no desaparece la facultad del Juez para ordenar el internamiento, pero si este se adopta deberá serlo estando el afectado en libertad, sin perjuicio de que tras esa ratificación deba ejecutarse la orden judicial con todos sus efectos. Otra interpretación llevaría a vaciar de contenido el límite previsto, confundiría lo que es una dilación procesal indebida con la lesión injustificada del derecho a la libertad e introduciría un abanico indefinido de flexibilidad, a todas luces peligroso e inconveniente. Como consecuencia, la superación del plazo de las setenta y dos horas conllevará la vulneración del derecho fundamental del art. 17.1 CE».
Se sigue de la doctrina expuesta que, con la excepción de que se cumplan los requisitos y garantías que permiten llevar a cabo un internamiento involuntario urgente directamente por el centro médico o asistencial (con los controles legales y judiciales que le son inherentes), resultará imprescindible que la medida se acuerde previamente por el juez y siempre respecto de una persona que ha de encontrarse en ese momento en libertad. En este segundo caso, el internamiento no urgente podrá solicitarse por los trámites del art. 763 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y sin el condicionante de las 72 horas para que el Juez resuelva, siempre que la adopción de dicha medida constituya el objeto exclusivo de tutela que se pretende en favor del afectado.
En relación justamente al proceso para la declaración de discapacidad, ya señalamos en la STC 174/2002, de 9 de octubre (RTC 2002, 174) , FJ 5, que «en el plano de la constitucionalidad que nos corresponde hemos de declarar que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el art. 6 de la Declaración universal de los derechos humanos de 10 de diciembre de 1948 (LEG 1948, 1) , lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE (RCL 1978, 2836) ). En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por Sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley (art. 199 CC (LEG 1882, 16) ), mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites o diligencias que exigía el art. 208 CC (y que en la actualidad se imponen en el vigente art. 759 LEC) que, en la medida en que van dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia y gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de su incapacitación (arts. 199 y 200 CC), se erigen en garantías esenciales del proceso de incapacitación».
La Fiscalía General del Estado, en su instrucción núm. 3/1990, de 7 de mayo, sobre «Régimen jurídico que debe de regir para el ingreso de personas en residencias de la tercera edad», ya ponía de manifiesto que: «De las investigaciones llevadas a cabo, y que esta Fiscalía General ha tenido conocimiento, se vienen observando graves y generalizadas irregularidades en los ingresos, especialmente en los Centros en régimen de internado. Concretamente, viene siendo usual que los ingresos sean convenidos entre los familiares del interno y el Centro, llegando incluso a pactarse el régimen del internamiento, restringiendo o excluyendo la libertad personal al convenirse el régimen de visitas, salidas al exterior o incluso comunicaciones telefónicas o postales, lo que puede resultar gravemente atentatorio a derechos constitucionales básicos y a la dignidad de las personas. Esta práctica se viene amparando muchas veces en la imposibilidad en que se halla el anciano para prestar su consentimiento en condiciones de validez jurídica, por encontrarse afectado de enfermedad física o psíquica … En caso de enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico, que impidan prestar tal consentimiento, a tenor de lo establecido en el artículo 211 del Código Civil (LEG 1889, 27) , deberá solicitarse preceptivamente la autorización judicial con carácter previo al ingreso, o comunicarlo a la autoridad judicial en el plazo de 24 horas en los supuestos de urgencia». Añade esta instrucción de la Fiscalía General del Estado, que el centro formalizará la solicitud al Juez en los mismos términos, a partir del momento en que se constate que «el deterioro físico o mental, como consecuencia del avance de la vida, se [ha] producido con posterioridad al momento del internamiento» –ingreso voluntario, se entiende–. Y concluye diciendo: «De cuanto antecede se desprende que la práctica de efectuar el ingreso sin el consentimiento del titular del bien jurídico que se dispone o sin que este sea suplido por la autoridad judicial, en los casos y por las causas legalmente previstas … debe ser totalmente proscrita».
Debe advertirse que los esfuerzos que vienen haciendo en los últimos años las Administraciones públicas competentes, para atender de manera objetiva y ordenada las demandas de personas necesitadas de cuidados integrales en residencias en régimen de internamiento, iniciativa esta en sí misma digna de respaldo en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho (arts. 1 y 49 CE (RCL 1978, 2836) ), en modo alguno sin embargo pueden suponer la cobertura a situaciones privativas de libertad sin la previa autorización judicial o, por excepción, sin haber recabado el responsable del centro dicha autorización en el plazo urgente de 24 horas que dispone el art. 763 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , cumpliendo los demás requisitos de este precepto.
Ni la Ley 39/2006, de 14 de diciembre (RCL 2006, 2226) , de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, al prever la atención residencial en la modalidad de «residencias de personas mayores en situación de dependencia» [arts. 15 e) (i) y 25], en centros públicos o concertados, a cargo de la red de servicios sociales de la Comunidad Autónoma con competencia estatuaria en la materia (art. 16.1, en relación con el art. 11.1 de la misma ley) o de otras administraciones; ni menos todavía la normativa de desarrollo que regula aspectos complementarios del sistema ( Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (RCL 2011, 281) , por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia; Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre (RCL 2013, 1909) , por el que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia; normativa autonómica, etc.), como tampoco el reglamento de régimen interno de cada centro, pueden legitimar modalidad alguna de internamiento en la que quede eliminada o desplazada la tutela jurisdiccional, en los términos ya expuestos en el anterior fundamento jurídico de esta Sentencia.
En definitiva, por tanto, no resulta posible hablar de la «regularización» de un internamiento involuntario que se prolonga durante días, semanas o meses sin autorización del Juez, sea en un hospital, centro sociosanitario o en su caso residencia geriátrica (esta última, como hemos señalado en la STC 13/2016, de 1 de febrero (RTC 2016, 13) , FJ 3, puede ser el «centro» al que se refiere el art. 763.1 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , siempre que disponga de médico psiquiatra que efectúe la valoración del estado de la persona que ingresa y motive la necesidad de su internamiento; así como los medios materiales y humanos para su tratamiento terapéutico, además de cumplir con los requisitos legales y administrativos para desarrollar su actividad). No cabe «regularizar» lo que no es mera subsanación de formalidades administrativas, sino directa vulneración de un derecho fundamental (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ).
a) La Fiscalía especializada de Las Palmas de Gran Canaria instó la vía del internamiento involuntario del art. 763 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , norma que recoge dos modalidades de control judicial, según antes indicamos: la del internamiento ordinario o no urgente, donde la autorización del Juez siempre ha de ser previa a la adopción de la medida; y la segunda, excepcional, el internamiento urgente ex art. 763.1, donde el centro médico o asistencial materializa la medida pero esta ha de comunicarse al Juzgado en el plazo improrrogable de 24 horas para su ratificación. De las dos modalidades la Fiscalía optó por solicitar el internamiento urgente, al poner de manifiesto en su escrito que doña M.R.S. ya se encontraba en el centro sociosanitario El Pino al tiempo de formalizarse la solicitud ante el Juzgado.
(i) Como hizo constar al Juez la hija de doña M.R.S., su madre había ingresado en la Residencia «del Pino» el 17 de diciembre de 2013, centro este a cargo del Cabildo de Gran Canaria, previa resolución de la Viceconsejería de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias de 20 de septiembre de 2012, por la que se le reconocía una situación de gran dependencia en grado III y el derecho a la prestación de atención residencial conforme al sistema de la Ley 39/2006 (RCL 2006, 2226) .
No puede objetarse tampoco en este punto la ratio decidendi de los autos que se analizan. En primer lugar, la enfermedad que se ha diagnosticado a doña M.R.S. parece permitir prima facie su subsunción en el concepto de «enfermedad o deficiencia persistente de carácter psíquico que impida a la persona gobernarse por sí misma», art. 200 CC, que define el presupuesto objetivo del proceso de incapacitación. Desde luego así parece que sucede, a la vista de las conclusiones que se contienen en el informe de la médico forense al que antes se aludía, al indicarse que las capacidades intelectivas y volitivas de doña M.R.S. «se encuentran abolidas casi por completo … Estos padecimientos son de carácter permanente y de evolución crónica e irreversible … Por todo esto se puede considerar que la peritada es incapaz del gobierno de sus bienes y su persona y que precisa de ingreso en un centro sociosanitario para poder recibir la asistencia diaria y constante que precisa».
En segundo término, ningún argumento de orden legal o jurisprudencial da la demanda de amparo para inferir que no resulte posible que el Juez autorizase el internamiento como medida cautelar en un proceso de declaración de incapacidad ex art. 762 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) , sin que ello, insistimos, implique dar validez a cualquier internamiento ilícito anterior. Resulta llamativo, además, que la propia Fiscal haya hecho cita en su escrito de apelación de un Auto de la Sección ad quem de fecha 22 de enero de 2014 que así lo acordaba en un asunto que calificó de «idéntico» al de doña M.R.S., pese a lo cual el recurso insistió en que la única vía procesal era la del 763 LEC.
Consecuencia de todo lo expuesto, es que las resoluciones judiciales aquí impugnadas no han vulnerado el derecho a la libertad (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ) de doña M.R.S., por los concretos motivos que ha alegado la demanda de amparo. Sin embargo, poner fin en este punto a nuestro enjuiciamiento supondría desconocer un hecho fundamental, como es la propia situación personal de la persona afectada por la medida de internamiento, sobre la que no se adopta decisión alguna en las resoluciones impugnadas: ponerla en libertad e inmediatamente proveer a su protección a través del proceso de declaración de discapacidad de los arts. 756 y ss. LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .
Procede, por este motivo, estimar la demanda de amparo, declarando la vulneración del derecho a la libertad (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ) de doña M.R.S., con nulidad parcial de los Autos impugnados, por no haber adoptado ninguna decisión sobre la situación personal de la internada.
Declarar que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE (RCL 1978, 2836) ) de doña M.R.S.

References: artículo 4
 artículo 763
 artículo 763
 artículo 763
 artículo 17
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 763
 artículo 4
 artículo 763
 artículo 763
 artículo 763
 artículo 211
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución