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Timestamp: 2019-05-25 21:24:28+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-05-04Regresar
Este lunes vence el último plazo para que las empresas reporten sus estados financieros consolidados 2014 a la Superintendencia de Sociedades. Los balances deben presentarse en miles de pesos.
El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, recordó que el próximo lunes cuatro de mayo, vence el último plazo para que las empresas cuyo NIT termine entre 96 y 00 remitan los estados financieros a la entidad.
Este informe también se puede presentar vía Internet a la Supersociedades con el fin de generar mayor celeridad y transparencia en la recepción de los documentos, dijo Reyes.
Los documentos que deben presentar son el informe de gestión, el dictamen del revisor fiscal, las notas explicativas y el documento mediante el cual el representante legal y el contador certifican que los estados financieros cumplen lo dispuesto en la ley.
Reyes aseguró que el trámite por Internet ahorra tiempo para las 30.000 empresas que deben reportar estados financieros ante la Superintendencia. “Los estados financieros se convierten en un insumo importante para medir los riesgos y oportunidades del sector real colombiano”, dijo.
A partir del 11 de mayo inicia la entrega del informe de prácticas empresariales que permite generar un diagnóstico del estado actual de las prácticas relacionadas con el gobierno corporativo y la responsabilidad social de las empresas.
( 2015-05-04) Consultar
Uno de los pocos cambios que no surgieron a raíz de la reforma tributaria de 2012, fue la obligación por parte de los agentes de retención de verificar si los sujetos pasivos de laretención en la fuente son efectivamente beneficiarios de la ley 1429 de 2010.
En vista que todos los días tenemos noticias nuevas en materia fiscal, a continuación me propongo hacer unos breves comentarios respecto de ciertos asuntos tributarios que son objeto de análisis y discusión.
En primer lugar, hago referencia a la reciente reforma tributaria, en la que, bajo la utilización de eufemismos, se modificó la denominación de ciertos tributos y se incluyeron algunos ajustes y desajustes al ordenamiento, buscando siempre, eso sí, un mayor recaudo.
Pues bien, dentro de la discusión sobre si se debe castigar las utilidades o el patrimonio (productivo o no) se incluyó en dicha reforma tributaria una posición ecléctica, es decir, gravar todo un poco. Es así que, con ocasión de la reforma, se incluye el impuesto a la riqueza y una sobretasa del impuesto sobre la renta para la equidad (Cree), con el único propósito de evitar o desincentivar, desde la perspectiva estatal, posibles controversias en relación con los contratos de estabilidad jurídica.
Es claro que quienes habían estabilizado el impuesto al patrimonio en uso de la Ley 963 del 2005 no les era aplicable la prórroga en el tiempo del mismo, razón por la cual el legislador, por iniciativa del Gobierno, incluye un “nuevo” impuesto al que denominó (para hacer la diferencia) impuesto a la riqueza.
Con igual fin se incluyó la denominada sobretasa del Cree, para así “hacerles conejo” a quienes habían estabilizado la tarifa del impuesto sobre la renta.
Los anteriores “desajustes” son lamentables y claramente no son muestra de una política jurídica y tributaria seria. Lejos de evitar, habrá lugar a nuevas discusiones jurídicas que invariablemente deberán ser definidas por los jueces.
La extemporaneidad de las declaraciones de retención en la fuente, que se presenta por la no presentación oportuna de estas, no es igual a la causación de intereses moratorios, que se produce cuando no se consignan los valores retenidos dentro de los plazos establecidos, indicó la DIAN.
En efecto, el artículo 641 del Estatuto Tributario, sobre extemporaneidad en la presentación, establece que el valor de la sanción por cada mes o fracción de mes de retardo será del 5 % del impuesto a cargo o de las retenciones practicadas, sin exceder del total del impuesto o retención, según el caso.
Así las cosas, el hecho de consignar las sumas retenidas en la oportunidad legal no exonera de la aplicación de la sanción por extemporaneidad en la presentación de la correspondiente declaración de retención, la cual deberá liquidarse de acuerdo con el procedimiento mencionado, precisó la entidad.
De otra parte, señaló que el no pago de las sumas retenidas dentro del vencimiento del plazo para declarar da lugar a que la declaración no produzca efecto legal, es decir, que resulte ineficaz. La entidad se remitió al Oficio 30263 del 19 de mayo del 2014.
A su turno, el artículo 638 (“Prescripción de la facultad para imponer sanciones “) del mismo Estatuto consagra “cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva liquidación oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del período durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas.
Salvo en el caso de lasanción por no declarar , de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el término de cinco años.
Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa la práctica de las pruebasa que hubiere lugar”.
En los últimos 10 años, Colombia ha tenido 12 reformas tributarias, entre ellas, una en cada uno de los últimos tres años, y en el horno está “cocinándose” una nueva, que tendrá como ingredientes principales una crisis mundial por cuenta de la caída del precio del petróleo, un dólar por las nubes y las expectativas del proceso de paz.
En esa reforma, que promete corregir los desbalances de las anteriores, el Gobierno deberá aprovechar para cerrar las puertas por las cuales se escapan los recursos del Estado, como se verá a continuación con el caso de un grueso de empleadores contribuyentes y el eventual hueco fiscal que afectaría el presupuesto de entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el sistema de salud.
Con el “boom” de los proyectos de infraestructura, las figuras de los consorcios y las uniones temporales ganan cada vez más adeptos, desplazando a otras formas asociativas de participación en proyectos. Más aún, después de la reforma tributaria de diciembre del 2014, cuando expresamente se dispuso que ellas quedarían exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del Sena y el ICBF y los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS, L. 1739/14, art. 25).
Esa solución legislativa tuvo como propósito resolver el vacío de la reforma tributaria del 2012, cuando se creó el impuesto sobre la renta para la equidad (Cree) y, en consecuencia, la exoneración del pago de los aportes parafiscales a favor del Sena y del ICBF y los aportes al SGSSS de las personas jurídicas y asimiladas que lo declararan.
Es una realidad que los agentes desarrollan actividades empresariales, obtienen rentas y consolidan patrimonios en jurisdicciones distintas a la del país de su residencia. También lo es que la carga impositiva de los países y sus reglas de atribución de las rentas se han situado entre los factores que influyen en dichos agentes al momento de tomar decisiones sobre el lugar de localización de sus inversiones.
En este contexto, resulta apenas lógico que los Estados adopten o fortalezcan los métodos de lucha contra la elusión y la evasión, tanto a nivel doméstico como en situaciones de fiscalidad internacional. Uno de ellos es el intercambio internacional de información tributaria.
Nuestro Estatuto Tributario permite el intercambio por solicitud directa de un gobierno extranjero, en caso de que se requiera para fines de control fiscal o como prueba en el marco de un proceso fiscal o penal (art. 693-1). A su turno, establece que sin perjuicio de las facultades de fiscalización (art. 684), las autoridades tributarias pueden solicitar información en el marco de los compromisos asumidos por el país en tratados internacionales (art. 631) y ella tiene mérito probatorio (art. 744).
Adicionalmente, consagra el deber para las entidades públicas y privadas y particulares de suministrar la información sobre los bienes de los deudores de las autoridades tributarias de países con los que se encuentre vigente un convenio que contenga cláusulas de asistencia mutua en materia de administración y cobro de obligaciones tributarias (art. 623-2).
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) invitó a todos los agentes de retención que tengan declaraciones ineficaces anteriores al 1º de enero del 2015 a subsanar esta situación, presentando nuevamente las declaraciones, acompañadas de su respectivo pago, antes del próximo 30 de octubre, sin que se liquide sanción por extemporaneidad, ni intereses moratorios (parágrafo 3º artículo 57 de la Ley 1739 del 2014).
Lo anterior, teniendo en cuenta la Sentencia C-102 del 11 de marzo del 2015, en la que la Corte Constitucional declaró ajustado a la Carta Política el inciso 1º del artículo 15 de la Ley 1430 del 2010, que adicionó el artículo 580-1 del Estatuto Tributario.
Dicha sentencia indica que la ineficacia no es una sanción y que el pago total de las retenciones es un requisito más para la presentación válida de las declaraciones de retención en la fuente, como lo son la firma y los demás requisitos establecidos en el Estatuto Tributario (E.T.).
El alto tribunal también señaló que la norma demandada solo establece el pago total como condición de cumplimiento de la obligación de declarar. Con dicha norma, agregó, el legislador buscó garantizar la eficacia y la eficiencia en el recaudo de impuestos.
Así las cosas, todas las personas que sean agentes retenedores están obligadas a presentar su declaración de retención en la fuente, junto con el pago total de las sumas declaradas, dentro de los plazos establecidos por el Gobierno.

References: artículo 641
 artículo 638
 resolución 
 artículo 57
 artículo 15
 artículo 580