Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016i/as201632072.html
Timestamp: 2019-03-19 17:05:51+00:00

Document:
as201632072
Auto Supremo Nº 72/2016.
Expediente: SC-CA.SAII-CBBA.262/2015.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 195 vta. a 197, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Wilmer Sanjinés Lineo contra el Auto de Vista Nº 285/2014 de 3 de diciembre, cursante de fs. 190 vta. a 192 de obrados, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del trámite de compensación de cotizaciones seguido por Adelaida Martínez Terrazas contra la entidad recurrente, el Auto de fs. 201 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso, y;
CONSIDERANDO I: Que, iniciado el trámite administrativo de cotizaciones por Adelaida Martínez Terrazas, la Comisión de Compensación de Cotizaciones del SENASIR, por Resolución Nº 0045580 de 13 de noviembre de 2006 (fs. 15), resolvió desestimar la solicitud de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Manual, porque no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Interpuesto el recurso de reclamación de fs. 121, por Adelaida Martínez Terrazas, la Comisión de Reclamación del SENASIR por Resolución Nº 00636/13 de 2 de septiembre de 2013 (fs. 129 -131), confirmó la Resolución Nº 0045580, resuelto conforme a las disposiciones que rigen la materia.
Deducido el recurso de apelación por la solicitante, por memorial de fs. 181 de obrados, la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 285/2014, cursante de fs. 190 vta. a 192 de obrados, revocó la Resolución Nº 00636/13 de 2 de septiembre de 2013 dictada por la Comisión de Reclamaciones, debiendo disponer que la Comisión de Calificación de Rentas emita la certificación de los aportes para la Compensación de Cotizaciones de septiembre/1994 a abril/1997 a favor de Adelaida Martínez Terrazas, conforme a lo expuesto en el Considerando de dicha resolución.
El referido auto de vista, motivó que el SENASIR, representado por Wilmer Sanjinez Lineo, por memorial de fs. 195 vta. a 197, interponga recurso de casación en el fondo, acusando que el auto de vista recurrido infringió el art. 1 del Reglamento Parcial a la Ley Nº 065 aprobado por el Decreto Supremo (DS) Nº 0822 de 16 de marzo de 2011, los arts. 48 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); el parágrafo I del art. 24 de la Ley Nº 065 de 10 de diciembre; el art. 8 del DS Nº 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría General del Estado, en concordancia con los arts. 42.b) y 43 de la Ley Nº 1178 y el parágrafo 6.1, numeral 8 de la Resolución Administrativa (RA) Nº 213.11 de 26 de octubre de 2011, al no haber considerado que el Certificado de Trabajo de fs. 4 emitido por la Misión Luterana Noruega en Bolivia de fecha 5 de noviembre de 1997, base para el inicio del trámite, refiere que la asegurada prestó servicios en un primer periodo solo por horas, del 1 de noviembre de 1989 al 22 de enero de 1990, un segundo periodo del 23 de enero de 1990 al 30 de agosto de 1994 y un tercer periodo, por medio tiempo desde el 01 de septiembre de 1994 hasta el 15 de octubre de 1997, como encargada de limpieza. Y por las fotocopias legalizadas del Aviso de Afiliación y Reingreso del Trabajador 01.09.1994 y Aviso de Baja del Asegurado de 31.10.1997 repetidas, planillas de sueldos de los periodos septiembre/94 a octubre/97 que incluyen los días trabajados y el pago del bono de antigüedad, el juzgador debe basar su valoración en lo que se encuentra plasmado en la documentación, no siendo base de la valoración las observaciones subjetivas, ni las conjeturas de hechos que según la documentación, no tienen relación con la presunción hecha por el juzgador. Asimismo, hace mención que el auto de vista en cuanto al Informe Técnico Nº 449/13 de 1 de julio de 2013, que en las planillas de pago de salarios, algunos empleados trabajaron 15, 24 y 30 días, sin descartar que las planillas son incompletas y que no existe planillas adicionales. Concluyó solicitando a este Tribunal Supremo de Justicia, dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista Nº 285/2014 de 3 de diciembre y confirme en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 00636/13.
CONSIDERANDO II: Que, así planteado el recurso de casación en el fondo, ingresando a su análisis, en relación a los datos del proceso y a las disposiciones legales, cuya transgresión se acusa, se establece lo siguiente:
En cuanto a la falta de validez del certificado de trabajo emitido por la Misión Luterana Noruega en Bolivia, para reconocer la compensación de cotizaciones en favor de la asegurada Adelaida Martínez Terrazas, porque la asegurada solamente trabajó 15 días; cabe señalar que según el art. 45.I, II, III y IV de la CPE, el Estado garantiza a todas las bolivianas y los bolivianos el derecho a acceder a la seguridad social; sustentado bajo principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; finalizando en el entendido que su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.
Estos principios componen no sólo la base en la que se asienta la Seguridad Social en Bolivia, sino que también constituyen la guía para su materialización, en la lógica que la Seguridad Social obedece al cumplimiento de un cometido último que el Estado como tal persigue, impedir la miseria, restableciendo, en un nivel razonable, las pérdidas a causa de la incapacidad para trabajar durante la vejez.
En ese orden de ideas, el art. 45.IV de la norma constitucional, señala que el Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. La jubilación a la que hace referencia el mencionado artículo, se halla íntimamente relacionada al derecho de percibir una remuneración, en el entendido de que aquella debe ser calculada según los años de servicios y el salario percibido, permitiendo que las y los bolivianos sean pasibles al goce de una renta que les permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad o encontrarse en alguna situación en la que necesiten dicha asistencia; según también prevé el art. 67.II de la CPE, que impone al Estado la obligación de proveer una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a nuestra legislación, coligiéndose por tanto que la otorgación de una renta o la determinación del cálculo que corresponde a la calificación de rentas no es el resultado de la concesión gratuita de un monto de dinero a favor de una persona; sino más bien, el resultado del derecho generado por ésta a través del aporte efectuado a lo largo de años de trabajo, siendo los mismos irrenunciables e inembargables.
Ahora bien, respecto a que las planillas de sueldos de la asegurada, son suficientes para establecer que la interesada solo trabajó 15 días en los periodos de septiembre de 1994 a abril de 1997, razón por la que se desestimó la solicitud de compensación de cotizaciones en cumplimiento de la RA Nº 213.11 de 26 de octubre de 2011, punto 6.1 numeral 8.a); al efecto cabe señalar que de los datos que sustentan al trámite de Compensación de Cotizaciones, se establece que según las fotocopias legalizadas de planillas de sueldos de los periodos septiembre de 1994 a octubre de 1997, cursante de fs. 35 a 79 incluyen de forma separada los días trabajados y el pago de bono de antigüedad, analizando estos dos componentes, se concluye que los días trabajados y la cancelación del bono de antigüedad, dan lugar a que la asegurada trabajó medio tiempo durante 30 días, lo que hacen 15 días completos a los fines de cobro de salario, para el bono de antigüedad se consigna los 30 días del mes y los 12 meses del año trabajado, así sale de la planilla de fs. 162 correspondiente al mes de septiembre de 1997, le otorga el primer pago de bono de antigüedad al haber cumplido dos años de trabajo continuo, este razonamiento no fue asumido por los técnicos del SENASIR al desestimar el derecho pretendido. Esto también sale del Informe Técnico que aduce que en las planillas de pago de salarios algunos trabajadores trabajaron 15, 24 y 30 días, no pudiendo descartarse que las planillas fueron incompletas, fue lo que evidentemente sucedió, pero no de manera extraordinaria, situación que no tomó en cuenta el ente gestor, pues si bien las planillas de sueldos registran 15 días de trabajo de la asegurada, esto se debe a que la misma trabajaba medio tiempo, de acuerdo al sistema de control interno acordado por la misión religiosa, en función a su actividad que realiza y es aceptada por la trabajadora, de esto se advierte que la asegurada aportó efectivamente a seguro de largo plazo, durante el periodo de su relación laboral, comprendidos del mes de septiembre de 1994 a abril del 1997, hecho que no puede ser desconocido por el ente gestor haciendo una errónea interpretación de la RA Nº 213.11 de 26 de octubre de 2011, punto 6.1 numeral 8.a) en perjuicio de la asegurada, dejando en claro que esta norma es aplicable solamente para casos extraordinarios, es decir para aquellos en los que el trabajador ingresa a trabajar y concluye la relación laboral antes de los 30 días del mes, en cambio en el caso de autos la asegurada trabajó los 30 días de cada mes, medio tiempo, entonces lo sucedido no se enmarca en la disposición señalada y menos se puede negar el derecho fundamental de la asegurada, privándola de acceder a una renta de vejez, cuando le corresponde la emisión de la resolución por compensación de cotizaciones, como acertadamente ha dispuesto el tribunal ad quem, no siendo por tanto evidente que hubiesen infringido las normas acusadas por el ente gestor, cuando la actora trabajó en forma permanente medio tiempo durante los 30 días del mes y de manera continua en los periodos señalados, aportando a la seguridad social con el propósito de ser pasible al goce de una renta que le permita atender sus necesidades básicas y vitales al llegar a una determinada edad como un derecho adquirido y compensatorio al esfuerzo laboral realizado, tutelados además de la norma Constitucional señalada por el Convenio 102 de la OIT de 1952, el art. 25.1) de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2.1) y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Por lo expuesto, no siendo cierto lo acusado por el ente gestor, corresponde resolver el mismo conforme la previsión contenida en los arts. 271.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al caso de autos por mandato de las normas permisivas contenidas en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 195 vta. a 197, interpuesto por Wilmer Sanjinez Lineo, en representación legal del SENASIR.
Sin costas, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.

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