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Timestamp: 2019-06-26 10:57:31+00:00

Document:
Pensiones alimenticias - Luxemburgo
«Los alimentos solamente se deben desde que se reclaman»: esta máxima refleja el principio de que los alimentos están destinados a subvenir las necesidades actuales y futuras, no a reembolsar gastos del pasado. Se trata, no obstante, de una regla que tiene el valor jurídico de una presunción iuris tantum, es decir, admite la prueba en contrario, ya que el acreedor puede demostrar, por ejemplo, que ha tenido que contraer deudas para subsistir o que no se ha mantenido inactivo o no ha podido actuar.
Los créditos de alimentos no son compensables, salvo con otros créditos que tengan también el carácter de alimentos.
Para reclamar los alimentos, el alimentista debe dirigirse en principio al juez de paz (Justice de Paix). Si se presenta la demanda de alimentos en un proceso de divorcio o de separación, es el tribunal de distrito (Tribunal d'arrondissement), al resolver la demanda de divorcio o de separación, el que decide sobre ella.
En caso de tutela (tutelle) o de curatela (curatelle), la demanda puede ser presentada por el tutor (tuteur) o curador (curateur) en nombre de un pariente o un menor.
En el caso de los menores bajo la guarda de un pariente, puede ser presentada por estos en su nombre.
El menor no tiene personalidad jurídica y no está legitimado para presentar por sí mismo la demanda.
Las demandas solicitando el pago o la revisión de la pensión alimentaria pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional competente del domicilio del demandante o del domicilio del demandado.
Si la demanda no se presenta en un proceso de divorcio o de separación, debe formularse ante el juez de paz solicitando la comparecencia del demandado, que le será notificada a este por un oficial de justicia. No es obligatoria la intervención de abogado.
Si la demanda se presenta en el marco de un proceso de divorcio o de separación, debe formularse ante el tribunal de distrito solicitando la comparecencia del demandado, que le será notificada a este por un oficial de justicia. Es obligatoria la intervención de abogado.
En todos los casos, el demandante debe aportar al juez todos los documentos que acrediten su estado de necesidad. Puede tratarse de nóminas, de certificados de no tributación, de certificados de desempleo o de incapacidad laboral permanente, de alquiler, de hijos a cargo y gastos de mantenimiento y educación, de créditos, etc.
En caso de proceso, hay que considerar, entre otros gastos, las tasas judiciales y las costas que puedan imponerse a la parte que sea condenada en todo o en parte. Hay que prever además, en su caso, los gastos de abogado.
Las personas cuyos ingresos se consideren insuficientes según la legislación luxemburguesa pueden acceder a la asistencia jurídica gratuita. Para ello, deben rellenar un cuestionario que se les facilitará en el servicio central de asistencia social y remitirlo al Decano del Colegio de Abogados competente en el territorio, que decidirá al respecto.
La asistencia jurídica gratuita cubre todos los gastos relativos a las instancias, procedimientos o actos para los que se conceda. Abarca, por ejemplo, los derechos de timbre y de registro, las tasas judiciales, los honorarios de abogado, los derechos y gastos de los oficiales de justicia, los gastos y honorarios de notario, los gastos y honorarios de peritos, los emolumentos de testigos, los honorarios de traductores e intérpretes, los gastos de los certificados habituales, los gastos de desplazamiento, los derechos y gastos de registro, de constitución de hipoteca o de prenda y los gastos de inserción de anuncios en la prensa, si procede.
Durante el procedimiento y una vez dictada la sentencia de divorcio o de separación, los alimentos se pagan habitualmente en forma de pensión de periodicidad mensual. No obstante, puede revestir también la forma de un capital pagado mediante la entrega de una suma de dinero o mediante la cesión de bienes en especie.
En cuanto a la contribución al mantenimiento y educación de los hijos, puede revestir la forma de una pensión de periodicidad mensual o de una asunción directa de la totalidad o parte de los gastos correspondientes en beneficio de los hijos. Puede hacerse efectiva, finalmente, en forma de un derecho de uso o de habitación.
En caso de cambio de las circunstancias, la pensión de alimentos puede revisarse, al alza o a la baja, o incluso suprimirse. A falta de acuerdo entre las partes, la supresión o reducción debe ser decidida por el órgano jurisdiccional.
El principio de variabilidad de la pensión de alimentos según las necesidades del acreedor y la fortuna del deudor es de orden público. En su virtud, el juez puede modificar la cuantía de la pensión que haya sido fijada de común acuerdo por las partes. Esa facultad del juez no se da solamente si cambian las circunstancias respetivas del acreedor y del deudor, sino también, a falta de todo cambio, si el juez entiende que la cuantía de la pensión es insuficiente o resulta excesiva.
Durante el procedimiento y una vez dictada la sentencia de divorcio o de separación, la pensión de alimentos se paga al cónyuge beneficiario.
Puede dirigirse al juez para que le autorice a percibir, con exclusión de su excónyuge y sin perjuicio de los derechos de terceros, los ingresos y los productos del trabajo del mismo, como las pensiones y rentas que le correspondan y cualesquiera otras cantidades que le sean debidas por terceros, en las proporciones y condiciones que determine el propio juez. Esta resolución está sujeta a revisión en caso de cambio de las circunstancias.
Puede recurrir también a los medios de ejecución de derecho común, es decir, la retención (por ejemplo, en una cuenta bancaria) o el embargo de bienes muebles (automóvil, joyas, etc.) o de bienes inmuebles (casa, terreno, etc.).
El abandono de familia se castiga con una pena de privación de libertad de un mes y una multa de 251 a 2 500 EUR, o una de esas dos penas solamente (artículo 391 bis del Código penal). Se produce este delito cuando el deudor se sustrae, en todo o en parte, al cumplimiento de las obligaciones de alimentos que le incumben en virtud de la ley, bien negándose a cumplirlas cuando está en condiciones de hacerlo, bien incurriendo por su culpa en la imposibilidad de atenderlas.
Está establecida legalmente la obligación de alimentos de los padres respecto de sus hijos, de los cónyuges entre ellos y de los padres adoptivos respecto de los hijos adoptados. Este delito implica también la condena a indemnización de daños y perjuicios como reparación del perjuicio material o moral causado por la disolución del matrimonio.
El procedimiento se inicia, como paso previo al procesamiento, por el requerimiento al deudor por parte de un agente de la policía y el levantamiento del acta correspondiente. No se requiere el requerimiento si el deudor no tiene residencia conocida.
La insolvencia fraudulenta se castiga con una pena de privación de libertad de seis meses a tres años y una multa de 500 a 12 500 EUR, o una de esas dos penas solamente (artículo 391 ter del Código penal). Se produce este delito cuando el deudor, antes incluso de haberse dictado la resolución judicial, ha organizado o agravado su insolvencia, bien aumentando el pasivo o disminuyendo el activo de su patrimonio, bien disimulando parte de sus bienes, para sustraerse al cumplimiento de una condena al pago de alimentos pronunciada por un órgano jurisdiccional civil.
En la aplicación del artículo 391 ter del Código penal, se asimilan a una condena de este tipo las resoluciones judiciales y los convenios homologados judicialmente que impongan la obligación de pagar prestaciones, subsidios o contribuciones para sostener las cargas del matrimonio y las estipulaciones de alimentos incluidas en los convenios previos al divorcio por consentimiento mutuo.
No se aplica al delito previsto en el artículo 391 ter del Código penal lo dispuesto en el tercer párrafo.
A solicitud del acreedor, el Fondo Nacional de Solidaridad puede proceder al cobro de toda pensión de alimentos debida a un cónyuge, ascendiente o descendiente. En tales casos, el Fondo se subroga en las acciones y garantías de que disponga el acreedor para el cobro de la pensión. A partir de la notificación al deudor de las sumas vencidas, este ha de abonarlas directamente al Presidente del Fondo.
quien la admite, personalmente o a través de su delegado, si el acreedor justifica:
que tiene su domicilio legal en el país y que él mismo o su representante legal tiene su residencia en él desde hace al menos cinco años;
que su pensión de alimentos ha sido fijada por resolución judicial ejecutoria en el Gran Ducado de Luxemburgo:
que no ha podido obtener el cobro total o parcial de la pensión por una vía ejecutiva de Derecho privado ejercida efectivamente;
que se encuentra en una difícil situación económica.
La solicitud se admite aunque no se cumpla la condición c) cuando no se estime viable el uso de la vía ejecutiva o el deudor resida en el extranjero. Contra la decisión del Presidente cabe impugnación ante el juez de paz del domicilio del acreedor, presentada dentro de los cuarenta días siguientes a la notificación de la misma.
En virtud del Convenio de Nueva York de 20 de junio de 1956 y del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, el solicitante que se encuentre en Luxemburgo puede dirigirse, cuando el deudor se encuentre en el extranjero, al Procurador General del Estado.
El acreedor de los alimentos debe dirigir la solicitud a la autoridad expedidora, es decir, el Procurador General del Estado, utilizando los formularios previstos en el mencionado Reglamento (CE) nº 4/2009.
En caso de solicitud basada en dicho Reglamento, los acreedores de alimentos menores de 21 años tienen pleno derecho a asistencia jurídica gratuita, independientemente de lo que establezca la ley nacional.
Para que la autoridad central pueda prestar la asistencia prevista en el artículo 51 del Reglamento sobre las obligaciones de alimentos, Luxemburgo aprobó una ley de ejecución el 3 de agosto de 2011 y un reglamento para el desarrollo de lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de dicha ley (Boletín Oficial A nº 175, de 12 agosto 2011).
Estas disposiciones legales conceden al Procurador General del Estado acceso directo a determinados bancos de datos.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 391
 artículo 391
 resolución 
 artículo 51