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Timestamp: 2019-09-23 18:27:56+00:00

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﻿ SENTENCIA SC8751-2017/2002-01092 DE JUNIO 20 DE 2017
SENTENCIA SC8751-2017 DE 20 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:DECLARACIÓN DE PROPIEDAD DE INMUEBLE POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA A FAVOR DE QUIEN EJERCIÓ POSESIÓN DURANTE EL TIEMPO PREVISTO EN LA LEY. PARA EL ÉXITO DE LA PRETENSIÓN DE PERTENENCIA POR PRESCRIPCIÓN EXTRAORDINARIA SE DEBEN COMPROBAR CUATRO REQUISITOS, LA POSESIÓN MATERIAL EN EL USUCAPIENTE, QUE ESA POSESIÓN HAYA DURADO EL TÉRMINO PREVISTO EN LA LEY, QUE SE HAYA CUMPLIDO DE MANERA PÚBLICA E ININTERRUMPIDA Y QUE LA COSA O DERECHO SOBRE EL QUE SE EJERCE LA ACCIÓN, SEA SUSCEPTIBLE DE SER ADQUIRIDO POR USUCAPIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE, POSESIÓN, ACREDITACIÓN DE LA POSESIÓN
Sentencia SC8751-2017 de junio 20 de 2017
SC8751-2017
Rad.: 11001-31-03-025-2002-01092-01
(Aprobada en sesión de ocho de marzo de dos mil diecisiete)
Por haberse casado el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en el proceso ordinario de Central Nacional Provivienda, Cenaprov, contra Rita Delia Garzón de Navarrete, División Bogotana de Fútbol, Dibogotana, y personas indeterminadas, se procede a dictar la sentencia sustitutiva con el fin de resolver, en sede de instancia, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia adoptada por el Juzgado 25 Civil del Circuito de la misma ciudad.
1. Conforme a lo anotado en el resumen del litigio que se realizó en el fallo de casación, la demandante pidió se declare que por haber poseído durante el tiempo previsto en la ley, adquirió por prescripción adquisitiva extraordinaria un inmueble ubicado en el barrio Nuevo Chile de Bogotá, que hace parte de los bienes de mayor extensión identificados con matrículas 50S-226212 y 50S-226772, cuyas demás características se expresaron en la demanda, y se ordene el registro correspondiente.
2. Narró la demandante, en sustento de la petición, que por medios de sus órganos directivos, desde hace más de 25 años posee de manera quieta, pública y pacífica el inmueble citado, en que realiza actos de señor y dueño, como bazares, reuniones, siembras, explotación de un parqueadero, arriendo a terceros del bien o una parte. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en la Resolución 416 de 9 de septiembre de 1987, la reconoció como representante de la comunidad del barrio Nuevo Chile, y por eso como poseedora del bien.
3. El curador para la litis de Rita Delia Garzón y las personas indeterminadas, respondió que se atenía a lo probado, aunque precisó que la resolución invocada en la demanda reconoció a la actora como representante de la comunidad, pero no como poseedora.
Dibogotana, a su vez, se opuso a las pretensiones e invocó las excepciones de fondo que denominó falta de legitimación en la causa por activa y posesión clandestina y violenta.
Esa misma entidad presentó demanda de reconvención contra la demandante inicial y personas indeterminadas, para que se le reconozca como propietaria del predio litigado, denominado El Triángulo, con matrícula 50S-266212, que se identificó, y en consecuencia, se ordene a la reconvenida y demás personas que llegaren a intervenir, restituirlo, junto con el valor los frutos, teniendo en cuenta que la posesión de la demandada es clandestina.
4. La demandada en reconvención se opuso a esa nueva demanda y formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
5. Surtidos los trámites pertinentes, el juzgado de primer grado denegó las pretensiones de ambas demandas, la primera porque la actora no probó la posesión en la forma alegada, y la otra porque así en el folio aparezca Dibogotana como titular del dominio, en certificado posterior se registró que celebró contrato de compraventa con terceras personas.
Apelada esa decisión por la demandante primigenia y Dibogotana, fue confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá, con la orden adicional de cancelar la inscripción de la demanda.
6. Casada esa última decisión por la Corte, con fallo de 2 de agosto de 2013, de oficio se dispuso la práctica de unas pruebas, que se efectuaron a excepción de la inspección judicial con perito, que no fueron posibles por falta de colaboración de las partes para su desarrollo, como se hizo constar en el acta respectiva, circunstancia con base en la que se resolvió prescindir de las mismas, mediante auto de 3 de octubre de 2016, que cobró ejecutoria (fls. 196, 197, 229 a 231 del cdno. de la Corte).
Así, procede ahora dictar sentencia de reemplazo que desate el recurso de apelación de la demandante inicial, que es la beneficiada con el recurso de casación, en los términos que siguen.
1. Cumplidos los requisitos formales necesarios en esta sentencia sustitutiva, conviene precisar que el recurso extraordinario que permitió casar la sentencia del tribunal únicamente fue propuesto por la demandante, motivo por el que ahora en sede de segunda instancia debe analizarse el recurso de apelación de dicha parte, mas no el que también interpuso la codemandada División Bogotana de Fútbol, Dibogotana, frente a la negativa de su demanda de reconvención, por cuanto esta entidad no recurrió en casación. Con todo, por las razones que se expondrán frente a la inconformidad de la demandante, al final, correría igual suerte de improsperidad la reconvención.
2. Rememórase que conforme al Código Civil, la prescripción es un «...modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos...» (art. 2512).
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido de manera inveterada que para el éxito de la pretensión de pertenencia por prescripción extraordinaria, se deben comprobar cuatro requisitos: 1) Posesión material en el usucapiente; 2) Que esa posesión haya durado el término previsto en la ley; 3) Que se haya cumplido de manera pública e ininterrumpida; 4) Que la cosa o derecho sobre el que se ejerce la acción, sea susceptible de ser adquirido por usucapión (Sent. de 14 de junio de 1988, G. J. Tomo CXCII, pág. 278. Reiterada en Sent. 007 de 1 de febrero de 2000, Exp. C-5135).
Exigencias que deben reunirse al unísono, de tal manera que la falta de cualquiera de ellos echa por tierra las aspiraciones de la parte demandante.
3. En esta especie de litis, la prosperidad inicial del recurso de casación, a la postre devino intrascendente, pues la inconformidad por vía de apelación de la demandante carece de fundamento, en la medida en que el bien objeto de la demanda de pertenencia aparece como de uso público, y así falta el requisito de ser la cosa susceptible de adquirirse por prescripción, según la actividad probatoria que de oficio dispuso la Corte antes de dictarse la sentencia sustitutiva, a cuyo propósito adujo la Secretaría de Planeación del Distrito Capital que el inmueble controvertido pertenece a unas zonas verdes del barrio Nuevo Chile cedidas, que como tales son de uso público.
De ese modo, es vana la ocupación y explotación del predio por la entidad demandante durante más de veinte años, base de la intentada posesión soporte de la solicitud de pertenencia, porque al tener el referido carácter público, no puede adquirirse por prescripción.
Debe recordarse que según el artículo 2519 del Código Civil, son imprescriptibles los bienes de uso público, vale decir, aquellos que pertenecen a todos los habitantes del territorio, o que se destinan al uso común de los habitantes (artículo 674 ibídem), regla realzada en el artículo 63 de la Constitución Política, bajo cuyo tenor son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Con razón ha sostenido la doctrina de autorizados expositores desde antaño, no puede aceptarse la posesión individual o particular de esa clase de bienes, porque la posesión «tiene como distintivo la exclusividad y mal puede coexistir una posesión exclusiva de una persona con el uso común de todos».(1)
4. Justamente, una de las pruebas decretadas en la sentencia de casación, fue que se oficiara a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, para que remitiera copia íntegra y auténtica de la Resolución 416 de 1987, del anterior Departamento Administrativo Distrital de Planeación, e informara con base en la actuación respectiva, si el predio objeto del proceso «fue destinado a zona verde y/o corresponde a espacios públicos (bienes de uso público) de conformidad con la mentada resolución...» (fl. 66 del cdno. de la Corte).
4.1. En la respuesta a ese requerimiento, la entidad distrital citada, remitió los documentos y la información de los cuales emana que el predio objeto de pertenencia es de naturaleza pública (fls. 142 a 160 ibídem). Sobre el particular se destaca el memorando emitido a propósito de esa prueba, por la Dirección del Taller de Espacio Público, en donde se lee que los predios referidos, esto es, aquellos por los que se le preguntó, son «zonas de cesión denominadas zonas verdes, ZV1, ZV2, ZV3, de un total de cinco (5) con que cuenta el mencionado desarrollo»; para luego concluir que «estos predios hacen parte de las áreas públicas cedidas al Distrito Capital y por consiguiente son áreas destinadas a espacio público…» (fls. 142 y 143, ib.).
De modo que en ese concepto expedido por la autoridad distrital competente para esos efectos, se afirma que las partes en cuestión son públicas «cedidas» a la ciudad, manifestación que, en línea de principio, debe ser acogida por tratarse de un documento público cuya autenticidad se presume y que hace fe de lo allí afirmado (arts. 252 y 264 del CPC).
Criterio que fue reiterado por las autoridades distritales, con nuevos escritos que se allegaron a raíz de otra solicitud de información que se les hizo (fls. 193, 194 y 224 a 227 de esta actuación), y que se pusieron en conocimiento de las partes, sin controversia alguna (fls. 229 y 230 de ahí mismo).
4.2. Como complemento fueron allegados, por un lado, la solicitada copia auténtica de la Resolución 416 de 9 de septiembre de 1987, del entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fls. 144 y ss.), y por el otro, planos del barrio Nuevo Chile, donde se observa que los sectores identificados como Zona Verde 1, Zona Verde 2 y Zona Verde 3 (fls. 156 y 157 del mismo cuaderno), coinciden con el segmento reclamado en pertenencia, según el dictamen de primera instancia.
Sobre el particular, cumple destacar que en la resolución anotada, cuya presunción de legalidad no ha sido puesta en duda en estas diligencias, quedó establecido la calidad y destinación de esas zonas verdes, como tales, a los bienes públicos del Distrito, pues allí se reconoció y ordenó «incorporar a los planos oficiales del Distrito Especial de Bogotá el desarrollo: Nuevo Chile…» (art. 1º), para cuyo propósito aceptó el plano archivado en esas oficinas «con el Nº B-328/4» (arts. 2 y 5), carta geográfica en que están delimitadas los referidos espacios.
Huelga anotar, por demás, que las zonas verdes hacen parte del catálogo de bienes que, a su vez, conforman el denominado espacio público, acorde con los artículos 5º de Ley 9ª de 1989 y 17 de la Ley 388 de 1997.
4.3. Esa documentación se puso en conocimiento de las partes, quienes no formularon peticiones u observaciones al respecto (fls. 170 y ss. igual cuaderno), motivo por el que en este expediente hay lugar a aceptar las referidas manifestaciones de las autoridades públicas.
5. Tampoco debe perderse de vista que la inspección judicial con intervención de perito, prueba ordenada de oficio por la Corte en la sentencia de casación, era para delimitar y medir el predio, «con exclusión de las áreas correspondientes a bienes de uso público», así como cotejarlo con los datos y planos de la respuesta obtenida de las autoridades distritales —ordinal b) de las pruebas decretadas en dicha sentencia—. Vale decir, con esa diligencia se debía corroborar la identidad del bien y su cotejo con las áreas de uso público, así como los informes y documentos emitidos por dichas autoridades, para que así hubiese el debate probatorio que permitiera verificar, sin ambages, todos estos puntos que son necesarios para la declaración de pertenencia, sobre todo cuando había dudas sobre el bien pretendido por ese modo adquisitivo, como las que hicieron necesario el previo decreto oficioso de pruebas.
Sin embargo, como se hizo constar en el acta que obra a folio 196 de este legajo, la inspección judicial con perito quedó sin efectuarse por falta de toda colaboración de las partes, motivo por el que luego se prescindió de esas pruebas, mediante auto que adquirió firmeza (fls. 224 y 230 ibídem).
Así, a más del desdén respecto de las pruebas documentales antes comentadas, provenientes de entidades del Distrito Capital, las partes dilapidaron otra oportunidad para controvertir lo relativo a la calidad de uso público de los terrenos objeto de litis, de manera que no hay cómo desvirtuar esa caracterización.
Esa conducta omisiva, a términos de los artículos 246-2, 248 y 249 del Código de Procedimiento Civil, debe apreciarse como indicio en contra de las partes, en particular de la demandante, interesada en la usucapión, tras haber obtenido sentencia de casación a su favor.
6. Por otra parte, con los documentos allegados por la Secretaría de Planeación Distrital, arriba reseñados, según las pruebas aquí decretadas, puede verse que el desarrollo de legalización del barrio Nuevo Chile, estuvo a cargo de la demandante, Cenaprov, quien aparece con esa calidad en el plano que se allegó a las oficinas del anterior Departamento Administrativo de Planeación Distrital (fl. 157 del cdno. de la Corte), entidad esta última que reconoció a aquella «como responsable del desarrollo» del referido sector capitalino (fl. 153 ib.).
Y cumple resaltar que en el susodicho plano aparece que el sector pretendido en pertenencia, fue propuesto como parte de las zonas de manejo y preservación ambiental y zonas verdes, de donde también emana la sinrazón de la demanda por cuanto no hay en los autos una explicación razonable para que su promotora, quien entonces postuló esas zonas para el uso público, aquí alegue que las ha poseído con ánimo de dominio y que debe adquirirlas por prescripción. Esa aspiración transita en contravía del principio de la confianza legítima y de la buena fe, una de cuyas derivaciones consiste en que a nadie se le debe permitir venirse contra sus propios actos (venire contra factum propriam non valet).
Por eso, pese a tener razón la demandante en cuanto a que ella, como entidad privada sin ánimo de lucro, puede ejercer actos posesorios, cual fue anotado en el fallo de casación, carece de fundamento la declaración de pertenencia insistida en el recurso de apelación, por no haber elementos de juicio que permitan llegar a una conclusión distinta a que los terrenos en discusión, con la participación suya, fueron destinados al uso público y que así no puede adquirirlos mediante prescripción.
7. En resumen, no se reúnen los requisitos para la prosperidad de la pretensión de pertenencia por prescripción extraordinaria, lo que conlleva al revés del recurso de apelación, aunque con las precisiones anotadas en esta sentencia.
Todo lo anotado debe entenderse sin perjuicio de que las autoridades distritales que rindieron información para este asunto, directamente o por medio de la entidad que sea competente, adelanten las actuaciones tendientes a que se recuperen las zonas objeto de contienda, dado que, según los elementos de juicios que ellas mismas allegaron, son de carácter público.
Reitérase que como Dibogotana no recurrió en casación, no es viable analizar su apelación, pues en buenas cuentas, para ella quedó en firme la negativa a su pretensión reivindicatoria.
Sin condena en costas por no aparecer causadas (art. 392-9 del CPC).
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, en sede de segunda instancia, confirma la sentencia de fecha y procedencia antes anotadas, en este proceso ordinario de Central Nacional Provivienda, Cenaprov, contra Rita Delia Garzón de Navarrete, División Bogotana de Fútbol, Dibogotana, y personas indeterminadas.
Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Alvaro Fernando Garcia Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Luis Armando Tolosa Villabona.
1 GÓMEZ, José J. Bienes. Reimpresión. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1983, pág. 100.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 2519
 artículo 63
 Resolución 
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