Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A111-08.htm
Timestamp: 2017-11-23 00:08:20+00:00

Document:
A111-08
Auto 111/08
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO DE MENORES Y TRIBUNAL SUPERIOR
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-Entidad descentralizada por servicios
ACCION DE TUTELA CONTRA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-Conocimiento por jueces de circuito
ACCION DE TUTELA CONTRA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL-Competencia de Juzgado de Menores
Referencia: expediente ICC-1226
Conflicto de competencia entre el Juzgado Cuarto de Menores de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín
Acción de tutela de Deny del Carmen Rodríguez Jiménez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social.
1. Deny del Carmen Rodríguez Jiménez interpuso acción de tutela contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social- por considerar que la renuencia a hacer la visita domiciliaria para verificar si es procedente la prórroga de las ayudas humanitarias, vulnera sus derechos a la vida digna, a la igualdad, a la dignidad humana y los derechos de los más desprotegidos.
2. El 12 de diciembre de 2007, el Juzgado Cuarto de Menores de Medellín admitió la demanda, le confirió el término de tres (3) días a la entidad demandada para responder, y dispuso notificarle la admisión a la accionante.
3. El 28 de diciembre, el mismo Juzgado Cuarto de Menores de Medellín consideró que, por mandato del Decreto 1382 de 2000, “[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura y a los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental”. Así, dado que Acción Social está compuesta por varias entidades del orden nacional como los ministerios que hacen parte de la Rama Ejecutiva del estado y otras de carácter Departamental”, debe aplicarse lo dispuesto por el inciso 5 del numeral 1°, artículo 1° del Decreto 1382, correspondiéndole por reparto conocer de ella a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
4. El 17 de enero de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín señaló que de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2467 de 2005, Acción Social era un establecimiento público y que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 489 de 1998, los establecimientos públicos hacen parte del sector descentralizado por servicios. En consecuencia, y debido a lo que dispone el artículo 1, numeral 1°, inciso 2 del Decreto 1382 de 2000, por reparto deben conocer de la acción los jueces de circuito.
5. El 22 de enero de 2008, el Juzgado Cuarto de Menores de Medellín resolvió suscitar el conflicto de competencias ante la Corte Constitucional.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Juzgado Cuarto de Menores de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín. En síntesis, ambas autoridades coinciden en señalar que el reparto de las acciones de tutela que se dirigen contra entidades del orden nacional, descentralizado por servicios corresponde hacerlo a los jueces de circuito. No obstante, discrepan acerca de si Acción Social es una entidad descentralizada por servicios.
2. La Corte Constitucional es del mismo parecer que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. Efectivamente, el Decreto 2467 de 2005, “por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 2 que: “[l]a Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República” (Subrayas añadidas). Asimismo, la Ley 489 de 1998, en su artículo 38, dispone: “La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (…) 2. Del Sector descentralizado por servicios: a) Los establecimientos públicos”. En consecuencia, la Agencia Presidencial Acción Social es una entidad descentralizada por servicios, y las acciones de tutela dirigidas en su contra deben repartirse a los jueces de circuito, tal y como lo preceptúa el inciso 2, numeral 1°, artículo 1 del Decreto 1382 de 2000.[2]
3. Por otra parte, en un caso similar al presente, en el cual un juez se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela tras haberla admitido, la Corte expresó que “siguiendo el criterio de interpretación sostenido por la Corte Constitucional, en este caso se dará aplicación al principio de la perpetuatio jurisdicciones, de donde se deriva la regla, conforme a la cual, una vez radicado el conocimiento de un proceso de tutela en determinado despacho judicial, si el juez considera necesario vincular a otros sujetos para la debida protección de los derechos fundamentales, resulta inadmisible trasladarlo a otro en razón del cambio de naturaleza de las entidades demandadas”.[3]
4. Así, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[4] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia,[5] el respeto a los derechos fundamentales de Deny del Carmen Rodríguez Jiménez,[6] la Corte Constitucional ordenará en el presente caso remitir el expediente al Juzgado Cuarto de Menores de Medellín, para que continué el trámite de la acción de tutela que ya había admitido y la resuelva. Adicionalmente, se comunicará la decisión adoptada al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional.
Primero.– Remitir, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Juzgado Cuarto de Menores de Medellín, para que resuelva la acción de tutela de Deny del Carmen Rodríguez Jiménez contra la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social.
Segundo.- Comunicar, por medio de Secretaría General, el presente auto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia del presente auto.
Salvamento de voto al Auto 111/08
Referencia: ICC-1226
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto de Menores de Medellín y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.
"Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”.
"(…) de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación (Auto de 1 de septiembre de 1993), es necesario establecer que en cuanto a los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción, la autoridad competente para dirimirlos es la Corte Constitucional.”
"Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”.
[2] Artículo 1°, Decreto 1382 de 2000: “A los jueces del circuito o con categoría de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden estatal”.
[3] Auto 080 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Ley 270 de 1996 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 9°.- Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.

References: artículo 1
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 38
 artículo 1
 Artículo 1
 artículo 9