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Timestamp: 2018-06-18 16:04:18+00:00

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Estado situacion conflictos mineros en 2016 by Revista El Salmón - Issuu
EXTRACCIÓN, SAQUEO Y AGRESIÓN —Estado de situación en 2016—
CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA LATINA: EXTRACCIÓN, SAQUEO Y AGRESIÓN Estado de situación en 2016
Textos de: Lorena Bottaro y Marian Sola Alvarez, Argentina; Colectivo CASA, Bolivia; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA, Chile; CENSAT Agua Viva/Amigos de la Tierra, Colombia; Acción Ecológica, Ecuador; CEIBA, Guatemala; CEHPRODEC, Honduras; Centro Humboldt, Nicaragua; Colectivo Voces Ecológicas, Panamá; Cooperacción, Perú.
Edición: Equipo coordinación OCMAL
Apoyo institucional de Diakonia, Misereor y Fastenopfer
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL www.conflictosmineros.net comunicaciones@ocmal.org twitter: @conflictominero
Por tercer año consecutivo queremos agradecer profundamente a las organizaciones y personas que lograron hacer posible esta publicación. Sabemos que las demandas de tiempo que tienen las comunidades y organizaciones de OCMAL son crecientes, por lo que agradecemos y reconocemos aún más el esfuerzo desplegado por permitirse dar cuenta del panorama actual del estado de situación de los conflictos en sus diferentes países. Reiteramos nuestra confianza en que el esfuerzo conjunto será sostenido y apoyado por nuestros miembros al igual que nuestras y nuestros amigos en Latinoamérica.
2016 ha sido un año de incertidumbre respecto de la recuperación de los precios de las mercancías, especialmente los metales. Si bien es cierto, durante los últimos meses del año hubo señales de optimismo en el sector minero reflejado en anuncios de transacciones de concesiones y proyectos en construcción, lo cierto es que la materialización de dichos anuncios ha sido más lenta de lo señalado inicialmente. El sector minero aún sueña con los precios del “súper-ciclo” de los minerales mientras los precios en los mercados internacionales no sufren significativos incrementos y los costos de producción siguen al alza. Por otro lado, el convencimiento cada vez más generalizado que expresan las comunidades sobre la negatividad de las actividades mineras sostienen o profundizan los conflictos socioambientales que caracterizan el rechazo a la minería en la región. Incluso, varios de esos procesos van acompañados de intentos administrativos de prohibirla en ciertos territorios. También, cada vez más, existen órdenes y dictámenes judiciales que otorgan la razón a las y los afectados por minería limitando o simplemente prohibiendo la minería en determinados territorios, en su mayoría por motivos y argumentos socioambientales, como el paro por más de 6 meses que han llevado a cabo los campesinos del Páramo de Pisba en Colombia; el proceso por llevar adelante una consulta ciudadana para que sean las comunidades quienes deciden si quieren o no minería, como lo que acontece en Cajamarca, Colombia, contra el proyecto La Colosa; o el proceso que encabezan diversas organizaciones en El Salvador para prohibir definitivamente la actividad minera en el territorio nacional. Esto ha sido motivado por las demandas de las comunidades y el creciente convencimiento que la minería no es precisamente una buena opción de desarrollo. En el ámbito económico, social y
ambiental la minería tiene resultados negativos y muchos gobiernos locales y comunidades son cada vez más conscientes de ello. Las consultas ciudadanas son una muestra del rechazo cada vez más generalizado a la actividad minera. Y allí donde las comunidades conviven con la minería los conflictos son por incumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas mineras. En síntesis, la conflictividad por minería sigue siendo una constante así como la larga duración de los conflictos mineros, en muchos casos por el no respeto a mandatos especialmente internacionales (CIDH) que ofrece protección a afectadas y afectados por minería, encarga a los Estados dicha protección y muchas empresas incumplen dichos mandatos, como ocurre por ejemplo, con Máxima Acuña, quien a pesar de contar con estas medidas, sigue siendo acosada por la policía y los guardias privados de Yanacocha. Frente a estas tendencias, el sector minero de la mano de gobiernos extractivistas y post extractivistas intentan garantías económicas y sociales para el sector mediante beneficios tributarios, reglamentaciones ambientales “a la medida” y en muchos casos la persecución de quienes se oponen a la minería. Es por ello que la pugna por profundizar el extractivismo minero se enfrenta a la defensa de derechos socioambientales, indígenas y comunitarios expresada como los “conflictos mineros”. Sin duda, la necesidad de extraer más minerales para compensar los bajos precios, tiene un efecto negativo en la conflictividad por minería. Finalmente se consolida una exigencia que caracteriza la mayoría de los conflictos mineros en la región: cuando la pregunta es agua o minería, las comunidades no dudan en defender este bien común, incluso muchas veces enfrentando grandes riesgos que comprometen la vida.
ARGENTINA Por Lorena Bottaro y Marian Sola Alvarez1
Miembros del Equipo de Trabajo sobre “Modelos de Desarrollo y Políticas Energéticas”, coordinado por la Dra. Maristella Svampa
Fotografía de Francisco Suárez 1
Investigadoras docentes del Área de Sociología del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Las autoras agradecen los comentarios de la Dra. Maristella Svampa a una versión preliminar de este artículo. 7
“En solo 20 años Argentina se convirtió en un actor importante en la industria (sic) minera global”. Así lo afirma un documento titulado “Minería Argentina: lo mejor está por venir”2, difundido desde el Ministerio de Energía y Minería de la Nación que fuera conformado en los inicios de la gestión presidencial de Mauricio Macri. Desde entonces, las medidas adoptadas ponen de manifiesto una voluntad política orientada a no perder el lugar alcanzado en el mapa minero mundial, sino por el contrario a consolidarlo. En primer lugar, al área minera se le otorgó jerarquía ministerial y quien se desempeñara como autoridad máxima en la cartera de Minería durante trece años (desde la presidencia de Eduardo Duhalde) fue reemplazado por un funcionario que había ocupado el cargo de Subsecretario y Secretario de Minería de la Nación durante la gestión menemista, Daniel Meilán. Por su parte, el designado Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, es una figura destacada en el ámbito minero debido a su contribución a la promoción de la megaminería y por su labor vinculada a la elaboración de propuestas para superar lo que diagnosticaban como un “escenario de regresividad tributaria”. Así, al igual que acontece en otras áreas de la administración estatal, la conducción se encuentra en manos de funcionarios identificados con el sector empresarial y que cuentan con una larga trayectoria en ámbitos –fundaciones y medios de comunicación– desde los que se procura impulsar el modelo fuertemente anclado en grandes corporaciones transnacionales. El Ex Gerente de Minera Alumbrera y referente del sector, Julián Rooney, consultado por Mining Press sobre los cambios operados declaró: “Es un reconocimiento a una industria por su avance en los últimos 20 años y además al potencial que tiene (…). El rango ministerial de la Minería es similar a lo que hacen otros países con desarrollo en minería en la región, como Chile y Perú, ahora deberemos parecernos a ellos también en seguridad jurídica, para retomar la senda de crecimiento que teníamos al final del siglo pasado”3.
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016 a) “Minería Argentina: lo mejor está por venir”. Disponible en http://pdac2016.minem. gob.ar/presentacion-argentina-pdac-2016-es.pdf Mining Press, “Encuesta Mining Press: cómo recibió el sector el Ministerio de Energía y Minería de Macri”. Publicado el 26-11-2015 y disponible en http://www.miningpress.com/nota/290866/encuesta-mining-press-como-recibio-el-sector-el-ministerio-de-energia-ymineria-de-macri-
La quita de retenciones a las exportaciones mineras, la devaluación y liberación del tipo de cambio junto con la posibilidad de girar dividendos al exterior, constituyen un conjunto de medidas que adoptó el gobierno a poco de asumir y que señalan la clara profundización del rumbo extractivista. El Ministerio de Energía y Minería señala que son 435 los prospectos mineros existentes, encontrándose la mayoría de ellos (82%) en la etapa inicial del ciclo. Según el documento oficial, el 9.5% de los proyectos se ubica en las fases de factibilidad y operación, y son alrededor de 20 los proyectos en estado de exploración avanzada. Los derechos mineros otorgados alcanzan los 183.000 km? (aproximadamente el 7% de la superficie continental de Argentina) y están distribuidos en 17 provincias, aunque se destacan por su extensión los declarados en Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Neuquén (Ministerio de Energía y Minería, 2016 a)4. Las concesiones asignadas por los ejecutivos provinciales abarcan territorios pertenecientes a comunidades indígenas, áreas protegidas, pueblos e, incluso, ciudades. La Secretaría de Minería se propuso articular con un actor clave para el avance de la megaminería en Argentina: los gobiernos provinciales. Entre los principales objetivos enunciados por el Secretario de Minería se encuentran aquellos que involucran diferentes acuerdos con las jurisdicciones subnacionales: “... la revitalización del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y la adaptación del Acuerdo Federal Minero al nuevo contexto nacional e internacional (…)”. Asimismo, también sostiene que llevarán adelante el trabajo en equipo junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable para promover una minería responsable y sustentable, entre otras.” (Catamarca, septiembre de 2016, Ministerio de Energía y Minería de la Nación)5. Por su parte, el actual Ministro de Ambiente, Sergio Bergman, en el inicio de su gestión, confesó públicamente desconocer el tema ambiental. Sin embargo, luego se involucró activamente y se implicó en los debates como el principal portavoz del gobierno; su discurso se inclinó hacia la necesidad de incentivar una “minería sustentable” como un “instrumento hacia el desarrollo” sobre la base del “diálogo ciudadano y la participación”.
Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016 a), op. cit. Ministerio de Energía y Minería de la Nación (2016 b) “III Expo Productiva 2016”. Disponible en https://www.minem.gob.ar/index.html
Las resistencias sociales en territorios clave del modelo minero En este nuevo escenario, las resistencias sociales continúan presentes en vastos territorios y particularmente, durante el 2016, en aquellas localidades que conocen de cerca la actividad minera6. Nos referimos a Andalgalá en Catamarca y a Jáchal en San Juan. Andalgalá, localidad próxima al primer proyecto de explotación minera a cielo abierto, fue testigo durante veinte años de promesas de trabajo y progreso incumplidas, de sucesivas roturas en el mineraloducto y de diferentes afectaciones a las condiciones de vida. La censura, las represiones y la criminalización no impidieron que la resistencia perdurara. A principios del corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de amparo que los vecinos habían presentado y que había sido rechazado por la Justicia Provincial. En una segunda instancia, el Superior Tribunal de Catamarca, falló a favor del amparo y suspendió las actividades en un nuevo proyecto megaminero, Agua Rica. A nivel local, el Concejo Deliberante promulgó, el 8/09/16, una ordenanza en la que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares en la cuenca hídrica del río Andalgalá. La particularidad de la ordenanza es que no tiene lugar en un municipio que busca impedir la llegada de un proyecto minero, como aconteció en numerosos municipios de más de diez provincias del país, sino en una localidad que convivió con los diversos derrames de la actividad durante 20 años. La experiencia en el territorio donde se instaló el primer proyecto minero del país evidencia que, más allá de las estrategias de responsabilidad social empresaria desplegadas, la licencia social está lejos de ser alcanzada. En San Juan, a casi un año del lamentable derrame de un millón de litros de solución cianurada y metales pesados en las nacientes del río Jáchal, en el departamento homónimo, un nuevo episodio sacude al mismo territorio. Es decir, aun cuando continuaba presente la conmoción por el primer suceso que debió ser admitido por la empresa Barrick Gold en su proyecto Veladero, el 8 de septiembre de 2016, volvió a
Un panorama más abarcativo de la situación de los conflictos que recorren los territorios el país puede encontrarse en Bottaro, L. y Sola Alvarez, M. (2016) “Resistencias territoriales al plan minero en Argentina” en Zhouri, A. Bolados, P. y Castro, E. (Org.) Mineração na América Do Sul: Neoxtrativismo e lutas territoriais. Annablume Editora, San Pablo.
repetirse una fuga7 que fuera tardíamente informada por la empresa y el gobierno, aunque esta vez se indicó que las sustancias derramadas no entraron en contacto con los cursos de agua8. En un contexto adverso, diversos actores sociales tanto locales como extraterritoriales se mostraron dispuestos a indagar y denunciar los derrames. En particular, la “Asamblea Jáchal No se Toca” y vecinos del Departamento, con el apoyo de abogados ambientalistas, iniciaron una serie de acciones a fin de probar la contaminación del río Jáchal y sus afluentes por parte de la empresa Barrick Gold. Disputas de distinta índole tuvieron lugar en torno al primer derrame e incorporaron al mapa del conflicto a actores institucionales diversos. Una de ellas, se centró en la competencia jurisdiccional entre la justicia federal y el poder judicial de la provincia9, otra giró alrededor de los resultados de la medición de los impactos del derrame10. La presencia de un especialista internacional para evaluar los efectos del proyecto Veladero tuvo alta significación tanto para los pobladores como para el sector minero, políticos y medios de comunicación. En efecto, en el marco de la causa llevada adelante por el juez federal Sebastián Casanello se dispuso realizar un peritaje a cargo del especialista Robert Moran. El Dr. en Geología que cuenta con una amplia experiencia en proyectos mineros a gran escala, luego de realizar la inspección brindó una conferencia de prensa en la provincia y expuso en la cámara de Senadores de la Nación lo observado en Veladero. Este último resultó un hecho de trascendencia dado que significó que un número importante de legisladores y políticos con diferentes posicionamientos en torno a la megaminería, se convocaran en el Congreso de la Nación, el 12/04/2016, a la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable donde el experto aportó datos relevantes11.
La empresa informó que el incidente se originó por el “desacople de una cañería corrugada producido por el impacto de un trozo de hielo”. 8	Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-309465-2016-09-15.html 9	Este conflicto judicial fue saldado “desviando la investigación penal hacia la complaciente justicia de San Juan, donde ahora duerme en un cajón del juzgado de Jáchal. Pese a ello, los jachalleros probaron otra vía institucional, la más democrática: impulsar una consulta popular para que el pueblo decida. Tampoco se lo permitieron: por presiones de sectores mineros y del propio gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, la ordenanza fue sepultada en el Concejo Deliberante” (Svampa, M. y Viale, E., “Todo se repite y empeora”, Diario Perfil, 30/08/2016). 10	Mientras que estudios realizados por instituciones públicas provinciales buscaban minimizar lo ocurrido, una investigación desarrollada por la Universidad Nacional de Cuyo detectó que la contaminación de la cuenca del río con metales pesados es de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional. El propio gobernador de la provincia de San Juan cuestionó los resultados del informe y a los autores del mismo. 11	El análisis exhaustivo del informe de Moran y otros datos vinculados a los derrames producidos en San Juan fueron retomados de Barros, L. (2016), Informe del conflicto socioambiental en Jáchal, San Juan, inédito.
Robert Moran, entre otras observaciones, advirtió sobre la alarmante precariedad en materia de seguridad de la mina e hizo una mención especial a la ausencia total de geomembranas que impiden el drenaje ácido de las rocas de desecho. Señaló, además, que las aguas que provienen de los derretimientos de glaciares entran en contacto con materiales de la mina antes de llevar agua a los ríos de las quebradas. El punto más trascendente del informe de Moran, sustentado en imágenes y diagramas, revela que el valle de lixiviación se encuentra emplazado en ambiente periglacial; esto permite concluir que el emprendimiento minero viola la Ley Nacional de Protección al Ambiente Glaciar y Periglacial (Ley N° 26.639). Con respecto a esta ley, es preciso señalar que la norma aprobada en 2010, prohíbe expresamente la actividad minera en ambientes glaciares y periglaciares y define legalmente ambos ecosistemas. Sin embargo, tal como indican Svampa y Viale (op. cit.) “en la actualidad, el IANIGLIA, organismo oficial encargado de hacer el inventario de glaciares, pretende sustituir las taxativas definiciones legales de “glaciares” y “ambiente periglacial” por nuevas definiciones, creadas en un “reglamento” que reduce notablemente las superficies a proteger”. De adoptarse una nueva definición, el ambiente periglacial de la mina Veladero quedaría por fuera del área de protección. A los pocos días de producida la fuga, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable por la supuesta violación de la ley de glaciares en la mina Veladero. Un informe técnico secuestrado durante el operativo expone que el gobierno está al tanto de los proyectos que en estado de exploración y explotación afectarían los cuerpos de hielo.
Reflexiones finales El contenido de un nuevo Pacto Federal minero con las provincias, se estaría discutiendo para su firma. Mientras tanto, y desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, particularmente en las localidades donde la oposición a la gran minería está fuertemente instalada, busca iniciarse un supuesto diálogo fundamentado en las deficientes campañas de comunicación que se desarrollaron hasta el momento. El diagnóstico del que se parte, o la argumentación que se construye, refiere a que el rechazo de la población radica en la falta de información. Se niegan los procesos de aprendizaje que realizaron las comunidades y las posiciones críticas que prevalecen. Los reiterados episodios de derrame de residuos mineros que se produjeron en la provincia de San Juan, tomaron visibilidad pública por fuera de la escala local y pusieron, nuevamente, en agenda
el riesgo sociosanitario y ambiental que conlleva este tipo de minería. A la vez, impulsaron un nuevo ciclo de movilización en territorios donde el conflicto se encontraba en estado de latencia. Este proceso coincide con los inicios del gobierno de Mauricio Macri, en el cual a través del Ministerio de Energía, y el Ministerio de Medio Ambiente en articulación con los gobiernos provinciales, se propone la profundización del modelo minero a partir del reforzamiento de medidas que favorecen al sector. En una clara línea de continuidad con los discursos predominantes en la década anterior, el nuevo gobierno recurre a las ideas de “minería como motor de desarrollo y progreso”, así como a una visión ecoeficientista sobre el control de riesgos y consecuencias de la actividad, bajo el paraguas de “minería sustentable”. En este marco, las asambleas socioambientales, señalan que las medidas tomadas por el nuevo gobierno desconocen las luchas ciudadanas que desde hace años protagonizan las comunidades y, ante los intentos por implantar el modelo minero incluso en aquellas provincias donde la megaminería está prohibida por Ley, los diferentes actores sociales movilizados ratifican la necesidad de rechazar la actividad y profundizar la movilización en defensa de los territorios.
BOLIVIA Por Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales Colectivo CASA
Fotografía de Colectivo CASA
¿Agua para la vida o agua para la mina? La crisis del agua y los privilegios mineros
El año 2016 fue un año muy crítico en relación al derecho de la población al agua en Bolivia. Este fenómeno elevado a rango de crisis hídrica tocó inevitablemente el modelo extractivista en el país, poniendo una vez más en relevancia las prioridades del Estado boliviano en lo que se refiere a la gestión de los recursos hídricos. Es en este contexto que cobra mayor importancia el tema de la Ley de Aguas, continuamente postergado por las políticas públicas y por el mismo Estado. Años previos a la aprobación de la nueva Ley de Minería y conociendo los conflictos surgidos en las comunidades sobre el problema de la contaminación y escasez de agua, ocasionados por actividades mineras, diversas organizaciones y movimientos sociales discutieron un proyecto de Ley de Aguas que permitiera prevenir y cuidar las fuentes hídricas y, planificar un uso adecuado. Visión que se tenía desde el conjunto de organizaciones sociales, regantes y comunidades para planteárselo al Estado, el cual lo fue postergado hasta el momento. Al mismo tiempo que se postergaba la discusión sobre la necesidad de una Ley de Aguas; se aprobaba el proyecto de Ley de Minería y Metalurgia que permite operaciones mineras en cabeceras de cuenca, en ríos y en lagos, al igual que en comunidades indígenas originarias y áreas protegidas; con el sólo hecho de que se justifique la necesidad económica; dejando claro las prioridades del Estado con respecto al acceso al agua.
1. El extractivismo minero una de las causas del despojo de agua Uno de los hitos que impacto a Bolivia y que en la actualidad ratifica la necesidad de la defensa del agua, fue lo sucedido en la guerra del agua de la ciudad de Cochabamba donde una empresa transnacional, en acuerdo con el gobierno de turno lanzó tarifas elevadas al agua potable, generando diversas movilizaciones de la ciudadanía. Posteriormente, se dieron conflictos ambientales provocados por la minería que tuvo como centro el tema del agua. Aunque desde el discurso del Estado se saca relucir que la situación que atraviesa Bolivia respecto de la escasez de agua se da a causa del cambio climático, como también sucedió con lo ocurrido en la desaparición del lago Poopó; una amenaza creciente es y será el extractivismo minero, debido a las grandes cantidades de agua que utilizan y contaminan los operadores. Sin embargo, el modelo desarrollista propone que es ésta la única forma de generar ingresos económicos para la economía nacional; y que por lo tanto es necesario apostar a este modelo que perpetúa la situación de Bolivia como un país exportador de materias primas. Al considerar a las actividades extractivas como estratégicamente prioritarias para el Estado, se invisibiliza el costo ambiental altamente peligroso y esto no se justifica con los bajos ingresos por regalías mineras. El cuidado del medio ambiente y el agua pasaron a un segundo plano como lo demuestra la declaración del Ministro de Minería y Metalurgia que ante la situación de escasez de agua manifestó su preocupación y reafirmó la necesidad de trabajar en proyectos que garanticen agua para los ingenios mineros (Radio Fides. com, 2016 ).
2. Crisis del agua y explotación minera Desde hace algunos años se está viviendo una crisis aguda del agua que este año logró alcanzar a 5 de los 9 departamentos del país. Ya el año 2013, la ONU declaró a Bolivia como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, principalmente en el caso de los recursos hídricos (La Razón, 2013). Esta crisis vivida sobre todo en la zona rural de estas regiones, donde el nivel de saneamiento básico y dotación de agua potable es mínimo, había estado silenciada durante los últimos años; del mismo modo la ciudad de Oruro ha estado en constante cronogramas de racionamiento de agua, a causa de su escasez. Esta crisis hídrica se expresó más extrema cuando afectó a las ciudades de La Paz y El Alto dejando a casi 100 barrios sin dotación permanente de agua. La relación entre esta crisis y la política minera en
Bolivia; tiene que ver con dos temas: la prioridad de las políticas públicas y gestión que privilegia la dotación de agua para la manutención de los megaproyectos mineros, antes que el respeto al derecho humano al agua. Y, la relación directa entre la escasez de agua con los grandes volúmenes de este recurso que usan las operaciones mineras. Sólo como ejemplo se tiene el dato de que la empresa minera San Cristóbal en el departamento de Potosí, bombea diariamente de 40 a 50 mil metros cúbicos de agua subterránea; llegando a consumir la misma cantidad que toda la ciudad de Oruro (Madrid, 2013). Como parte de los antecedentes es importante mencionar que en el año 2015 aconteció la desaparición del segundo lago más grande del país: el lago Poopó. Aunque se culpó al cambio climático se sabe que la presencia de más de 300 operaciones en el sector, provocaron contaminación sobre el río Desaguadero y las mismas aguas del lago Poopó. A tal punto llegó la crisis que las propias operaciones mineras fueron víctimas de esta escasez. Algunos ingenios en Potosí tuvieron que parar sus operaciones a causa de la falta de agua y la Empresa Minera Huanuni registró una disminución de su producción de 700 a 590 TMF en el mes de agosto, generando un déficit de 8 millones de dólares (La Patria, 2016). Sumando un tema grave a esta problemática se realizaron denuncias que reflejan la otorgación de derechos mineros en favor de empresas chinas en territorios ubicados en el nevado Illimani de la ciudad de La Paz. Este cerro posee una importante riqueza en recursos hídricos, sus cabeceras de cuenca alimentan represas que garantizan suministro de agua a diferentes poblaciones. La denuncia muestra que en este cerro está instalada COMABOL como acreedora de 5 concesiones y que tiene como subsidiaria a la china Yan Fan SA, filial de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co, miembro de la estatal asiática Yunnan Metallurgical Group Pdt. Esta operación parece estar orientada a un megaproyecto a dimensiones industriales que contaría con una inversión de 1.7 millones de bolivianos que sería ejecutada en las laderas de los nevados Illimani y Mururata (ANF, 2016 ). A partir de las denuncias en medio del contexto de la crisis hídrica, el Ministro de Minería que en principio había desmentido la existencia de estas concesiones, posteriormente aceptó que existían concesiones por un total de 50 cuadrículas repartidas en 1250 hectáreas que sin embargo fueron concedidas por gestiones anteriores; finalmente en la interpelación realizada a esta autoridad este reciente 18 de enero, se declaró la reversión de más de 80% de las concesiones (SENARECOM, 2017). De ejecutarse este tipo de proyectos, los impactos en las fuentes de agua de este importante nevado serían desastrosos, tomando en cuenta que la escasez en las represas se proyecta a una situación alarmante para los siguientes años. Lo más significativo de esta crisis es que se ha generado una conciencia popular acerca de la importancia del agua y de la necesidad de contar con una normativa que proteja sus fuentes y priorice el acceso de la población a este recurso.
3. Privilegios, intereses y conflictividad en el sector minero cooperativizado Desde hace unos dos años el sector cooperativista minero en Bolivia, ha sido protagonista de diferentes conflictos sociales, principalmente con comunidades, por el tema de disputa por derechos mineros. En el 2015 se vieron conflictos que provocaron muertes y la militarización de algunos territorios, los casos más significativos se dieron en El Choro Grande y en la Provincia Larecaja del departamento de La Paz. En el mes de diciembre, en el Municipio de Mapiri se suscitó un conflicto que empezó con bloqueos de carretera y culminó en la retención del alcalde del lugar. La zona en conflicto es una importante reserva aurífera; la demanda de la población era el cumplimiento de un pliego regional a la minera Kori Quiro, concesionaria de la mina “La Deseada” que había estado realizando operaciones en zonas no autorizadas, provocando un significativo daño ambiental y productivo a las comunidades aledañas. Además se tenía la denuncia de que algunos trabajadores de la empresa maltrataban a los pobladores del lugar. Las demandas que no fueron escuchadas hasta que la población tomó medidas de protesta, exigieron la presencia del Defensor del Pueblo con el cual se acordó un resarcimiento económico, el paro inmediato de las operaciones y el seguimiento a los casos de violencia. Sin embargo, la población está en alerta porque ya se tiene el antecedente de que ni el Estado, ni las autoridades sectoriales se comprometen con la atención de estas denuncias, ya que lo que hubiera procedido en estos casos es la presencia de autoridades ministeriales y de las instancias encargadas de controlar a los actores mineros. En agosto se dio un conflicto de diferente tipo, involucrando al sector cooperativista, esta vez llegando al punto crítico con saldos de lamentables muertes. En este mes se aprobó una reforma en la que se permitía que los trabajadores que son contratados por las cooperativas y que no cuentan con beneficios laborales; puedan formar sindicatos y así gozar de algunos derechos laborales; asimismo esta reforma ponía en cuestión que las cooperativas puedan subarrendar derechos mineros a empresas privadas. El sector minero cooperativizado vio afectados sus beneficios económicos, principalmente en los casos donde trabajan bajo una lógica empresarial y patronal. Hicieron bloqueos que duraron varios días, y tomaron otro tipo de acciones de presión mediante el uso de dinamita. El conflicto trajo como resultado la muerte de 6 mineros y del Viceministro Illanes que fue tomado como rehén y, finalmente fue asesinado. La dimensión de este conflicto sacó a relucir los intereses que se generan en torno a la minería y la relación directa entre el cooperativismo minero y las empresas privadas. La caída de los precios de los minerales a nivel internacional, ha generado un escenario en que se flexibiliza la regulación ambiental para este
tipo de operadores mineros; sin embargo también provoca que cada vez se haga más insostenible la cantidad de privilegios que han ido recibiendo de la política minera y; al retirarse algunos de estos privilegios, la crisis se hace más visible y resalta la irresponsabilidad socioambiental que caracteriza a estos operadores. Solamente en el departamento de La Paz el 76% de las cooperativas mineras operan sin licencia ambiental; contaminando principalmente fuentes de agua y la salud de cientos de pobladores de los territorios.
Conclusiones En esta coyuntura, como se ha mencionado más arriba, queda pendiente el tema de la Ley de Aguas. Hasta ahora no se ha tenido avances en este sentido a pesar de la urgencia. Comunidades, líderes y lideresas indígenas han venido pronunciándose en este tema denunciando que existe por parte del Estado una política que genera injusticia hídrica. En un diagnóstico elaborado por el Colectivo CASA; precisamente se ha empleado el término de despojo de fuentes de agua (CASA, 2016), para enfatizar en el hecho de que cientos de comunidades se encuentren en total desabastecimiento de agua dulce y que algunos centros urbanos no cuenten con dotación de este líquido elemento, no es un problema casual o accidental, ni siquiera un simple efecto de la crisis ambiental; sino que responde a un modelo de desarrollo extractivista, sustentado desde el Estado en un país en el cual el derecho al agua está cada vez más vulnerado. Que sobre todo ha priorizado beneficiar con dotación de agua gratuita al capital e inversión minera mientras poblaciones enteras se quedan sin este recurso. Asimismo, mujeres afectadas por la violencia medioambiental generada por la minería, que forman parte de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra; se han pronunciado denunciando las diferentes formas de despojo de fuentes de agua que se dan en comunidades impactadas por la minería; en defensa de los territorios y principalmente de las fuentes de agua: “La tierra es nuestra madre, el agua es nuestra leche” (Aliaga, 2015). Este tipo de acciones de resistencia, sumado a las movilizaciones que se han dado en las ciudades de La Paz y El Alto, ante la emergencia de la crisis hídrica; han sido los principales focos de crítica al impacto de la minería en el medio ambiente y las fuentes de agua durante el año 2016. Finalmente es importante mencionar que no existe un marco normativo que controle los asentamientos mineros en cabeceras de cuenca, una gran parte de operaciones mineras se ubican precisamente en estos lugares para mantener la continua dotación hídrica y despachar –en muchos casos sin tratamiento–
los relaves y desechos producidos. Este es un tema que, al parecer, cobrará preocupante importancia a medida de que la crisis hídrica no sea atendida desde una visión estructural. Se está viviendo una coyuntura muy pertinente para impulsar un movimiento ciudadano a favor de normas y leyes que protejan las fuentes de agua y prohíban minería y cualquier tipo de proyectos extractivos en las cabeceras de cuenca, por el daño ambiental que provocan. Exigiendo al mismo tiempo que se reviertan los derechos mineros que ya han sido otorgados en estas zonas.
Fuentes consultadas: Aliaga, C. (2015). La Tierra es nuestra Madre, el Agua es nuestra Leche. Oruro: Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA). ANF. (27 de Noviembre de 2016 ). El Mundo.com. Obtenido de http://elmundo.com.bo/web2/index.php/noticias/ index?id=capitales-chinos-con-concesiones-sobre-3-200-hectareas-del-illimani Colectivo CASA. (2016). Diagnóstico sobre despojo de fuentes de agua . Oruro . Madrid, E. (2013 ). MINERA SAN CRISTOBAL: Una nueva imagen empresarial para una vieja forma de minería. Colectivo CASA. FIDES - Oruro. (18 de Noviembre de 2016 ). Huanuni con problemas por la falta de agua. Periódico FIDES Digital . La Patria. (2 de Noviembre de 2016). Agua de la minería causa daños y su escasez altera la producción. La Patria En Línea . La Razón. (04 de Junio de 2013 ). ONU: Bolivia es uno de los países que menos contamina y que más sufre por el cambio climático. La Razón. SENARECOM. (19 de Enero de 2017). www.senarecom.bo. Obtenido de http://www.senarecom.gob.bo/noticia.php?k=86 Foto Pedro de Filippis
CHILE Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA
Archivo OLCA
El escenario en el que se ha venido desenvolviendo la conflictividad socioambiental por el extractivismo minero en Chile ha estado marcado este 2016 fundamentalmente por el contexto global de la baja del precio de las commodities, repercutiendo en el mercado nacional especialmente por la caída del precio del cobre, donde se ha observado una baja de hasta un 30% en los últimos dos años.
1.	Extractivismo minero: el reacomodo empresarial y el rol del Estado Frente a este contexto, el sector minero ha respondido con dos acciones concretamente: por un lado, las empresas han retirado un porcentaje importante de las inversiones proyectadas12 y han establecido un plan de “reacomodo” a través de la reducción de costos en las faenas ya operativas, venta de activos, suspensión de proyectos y fusión entre empresas (por ejemplo, la unión de los proyectos el Morro y Relincho –alianza entre GoldCorp y Teck–, denominada Nueva Unión); y por otro lado, a pesar de bajar los costos para compensar la baja del precio, mantienen la tendencia a aumentar los niveles de explotación de recursos. Respecto a este último punto, si se observan las cifras de explotación de cobre en Chile en los últimos seis años (tanto por multinacionales como por la estatal Codelco), la tendencia es al aumento, en contraste al valor del metal en el mercado mundial. Año
Miles de toneladas extracción Cu
$ centavos de dólar por libra de Cu refinado
5.433,9
5.776,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos entregados por Cochilco (Comisión Chilena de Cobre)
12	Según la estatal Cochilco las proyecciones del inversión 2013-2021 eran de MMUS$ 112.500, bajando a MMUS$ 50.000 para el periodo abril 2016-2025.
Esta directriz no solo ocurre en Chile, sino que pareciera ser una respuesta del modelo extractivista a nivel regional: mientras más baje el precio, se agudizará la explotación de los yacimientos, considerando sólo reducir costos económicos, sin incorporar la mochila ecológica ni los impactos socioculturales que esto puede significar. Asimismo, se ha apreciado a lo largo de este año, que existe por parte del sector minero, en colaboración con el gobierno, una estrategia comunicacional importante para intimidar a la población con que la crisis económica del sector significa cerrar faenas, y por lo tanto, despedir a trabajadores/as, reducción de los ingresos al Estado sembrando miedo e incertidumbre, con el objetivo de obtener mayor flexibilidad laboral y ambiental en sus operaciones actuales y nuevos proyectos. Valor Minero: “Todo cambia para que nada cambie” Las políticas gubernamentales para enfrentar la baja en el precio de las commodities y la creciente conflictividad del sector, se han orientado a desarrollar una nueva estrategia de re-legitimación del extractivismo minero, por un lado, con una nueva forma de imponer y relacionarse con los territorios y por otro, un fuerte componente publicitario destinado a manipular la percepción de la opinión pública, aparentando una “reformulación” del sector a través de la noción de “Valor Minero13”, sin embargo, lo que se aprecia tras esta estrategia, es que se sigue imponiendo la lógica, ahora expresada en una nueva alianza público-privado, donde no se busca discutir una nueva política minera, sino solo incorporar nuevas herramientas para seguir legitimando el modelo ya existente; es decir, fomentar la minería a gran escala por compañías transnacionales sin considerar la opinión de las comunidades. Asimismo, desde esta iniciativa público-privada de “Valor Minero”, encabezada por Álvaro García14, se propone flexibilizar los procesos de evaluación ambiental, a través de la creación de un sistema de evaluación ambiental especial exclusivo para proyectos de gran minería. Esta iniciativa además, incorpora como uno de sus principales ejes la innovación tecnológica, pero solo con la premura de extraer más mineral a menor costo, sin la proyección de incorporar valor agregado, eterna promesa de los gobiernos neoliberales de pasar a la “segunda etapa exportadora” como estrategia para alcanzar el desarrollo.
13	Para mayor información visitar: http://valorminero.cl/ 14	Ex Ministro Secretario de República entre los años 2000-2002, actualmente Presidente Ejecutivo de Alianza Valor Minero
Reacomodo del sector energético en función del minero En este contexto de crisis, el sector energético ha sabido reacomodarse adecuadamente a las necesidades de su principal cliente: la minería a gran escala. A lo largo de este 2016, proyectos energéticos emblemáticos que consideraban una gran inversión y que además, generaban una fuerte oposición en los territorios donde se pretendían emplazar, salen de la carpeta de inversión, como ocurrió con el proyecto termoeléctrico Punta Alcalde (en base a carbón que se quería emplazar la bahía de Huasco, zona saturada de contaminación) y la central hidroeléctrica Neltume (en territorio mapuche) de la multinacional Endesa. En contra respuesta, el modelo comenzó a impulsar centrales térmicas a gas natural (está planificado usar gas de fracking importado de EE.UU), decenas de centrales de paso y mini hidroeléctricas en la zona centro-sur del país, impactando de forma muy severa los ecosistemas colindantes, y que ha generado un escenario de conflictividad importante en los territorios donde se quieren emplazar, especialmente en territorio del pueblo mapuche. Fiscalización deficiente y tardía por parte del gobierno Durante el 2016 los organismos técnicos encargados de fiscalizar ambientalmente proyectos mineros, han llevado a cabo procesos sancionatorios (a través de la Superintendencia de Medio Ambiente) sobre tres emblemáticos proyectos de minería en el norte del país, los cuales han derivado en multas millonarias, pero no en la cancelación de las operaciones, a pesar de que las evidencias de los impactos son calificadas de gravísimas e irreparables. -	En marzo de 2016 la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) sancionó de manera definitiva (proceso comenzó en el año 2014) al proyecto minero el Refugio de la Compañía Minera Maricunga, filial de la multinacional canadiense Kinross Gold Corporation, al constatar que la empresa es declarada la responsable del desecado de al menos 70 hectáreas del Humedal Valle Ancho en el corredor biológico Pantanillo y Ciénaga Redonda que une las Lagunas del Negro Francisco y Santa Rosa, y además, constató que existen aproximadamente 73 hectáreas adicionales de humedales en riesgo inminente. La autoridad le prohibió a la empresa seguir extrayendo agua de los pozos, pero solo fue una medida temporal, ya que volvieron a recibir la autorización de seguir extrayendo. Finalmente es la empresa la que decide comenzar a realzar un cierre temporal de la producción debido al contexto económico del precio de los minerales. -	En mayo de 2016, la misma entidad fiscalizadora levantó un proceso sancionatorio contra la empresa nacional SQM por su proyecto “Pampa Hermosa”, arriesgando una multa por US $20 millones. Esta multa se da tras ratificar que la empresa no llevó a cabo medidas especificadas en su resolución de calificación ambiental, orientadas a minimizar los impactos ambientales asociados a la extracción de agua subterránea desde el Salar de Llamara, ecosistema de vital importancia para las comunidades Collas y de Pozo Almonte. Y a pesar de constatar la grave infracción, el proyecto sigue en funcionamiento.
-	En octubre de 2016. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) procedió a formular cargos contra Minera Los Pelambres S.A., ubicada en la provincia de Choapa, región de Coquimbo, por incumplimientos a sus Resoluciones de Calificación Ambiental. En total, se formularon 9 cargos por incumplimientos referentes a impactos a los recursos hídricos y manejo de flora. Del total, cinco infracciones han sido calificadas como graves y cuatro como leves. La Ley establece que las infracciones graves podrán ser objeto de multas, incluyendo ambas la posibilidad de clausura (temporal o definitiva) e incluso la revocación de la RCA. En estos casos identificamos un denominador común: la fiscalización no es preventiva, sino tardía y cuando el daño ya está hecho. Además, se da cuenta de que en muchos de los procesos, las autoridades están al tanto desde mucho antes, pudiendo adelantarse a situaciones que finalmente dejan un impacto ambiental irreparable.
2.	Conflictos ambientales en este escenario “de crisis” Dado este contexto y ante la falta de la apertura de nuevos proyectos mineros, durante el 2016 se constata una disminución en el surgimiento de nuevos conflictos por nuevos proyectos de explotación. Por otro lado, se evidencia una agudización en los conflictos ya existentes, debido a que el sector minero aumenta los niveles de sobre explotación, con la venia de la institucionalidad gubernamental. La tendencia en la conflictividad socioambiental por proyectos de minería durante el 2016 se ha mantenido en los conflictos activos históricos que se vienen desarrollando desde hace varios años, como es el caso de Pascua Lama y Pelambres, así como se acentúan conflictos en la bahía de Flamenco, comuna de Chañaral, región de Atacama y en la comuna de la Higuera, región de Coquimbo. También afloran otros conflictos por procesos de exploración y prospección, como el Proyecto de Oro Alturas de Barrick Gold en la cabecera del Valle del Elqui en la frontera con Argentina afectando una zona de glaciares, o el Proyecto Vizcachitas de la canadiense Andes Copper Ltda., que quiere explotar un yacimiento de cobre y molibdeno en la cordillera de la comuna de Putaendo, amenazando las aguas del Río Rocín y una gran cantidad de Glaciares de Roca. Por otro lado reaparecen conflictos con la empresa estatal Codelco, como el Proyecto RT-Sulfuros de Codelco, el cual implica la ampliación del Tranque de Relaves Talabre que afecta el Salar del mismo nombre. También, durante el 2016 se produjeron recurrentes accidentes de contaminación en las faenas de la División Andina de Codelco, que incluso significaron la salida de su gerente general, y luego de cuatro gerentes de segunda línea.
En el caso de Pascua Lama, se observa la tendencia a dilatar el proceso sancionatorio que comenzó en 2013 y que le costó a la empresa su paralización parcial, sin embargo, las comunidades del Valle del Huasco mantienen su alerta, ya que han ocurrido nuevas afectaciones ambientales (incluso con el proyecto paralizado), develando en toda su magnitud la fragilidad ambiental del mismo. En este contexto de “reacomodación” del sector minero, la empresa ha anunciado empezar el proyecto solo por el lado argentino y de manera subterránea, como una forma de seguir presionando a las autoridades y a la opinión pública. Durante el 2016 también comunidades costeras que se encuentran con conflictos, como es el caso de Huasco y Flamenco, ambos territorios ubicados en la Región de Atacama, y también, en La Higuera en la Región de Coquimbo, han denunciado y se mantienen en alerta producto de la expansión y proyección que la industria ve en la utilización de agua de mar tanto para satisfacer la gran demanda hídrica del sector como para depositar relaves en ella. -	En el caso de Huasco, las comunidades vienen denunciando desde hace años los impactos que ha provocado la empresa CAP con su planta de pellets en el territorio. Y actualmente se encuentran en conflicto, ya que la empresa en su proceso de expansión, se encuentra en proceso de evaluación ambiental para ampliar la cantidad de descarga de relaves al mar, levantado toda una campaña comunicacional para dar cuenta de que no habrá impacto por establecer un botadero de desechos mineros en la costa. -	En el caso de la comunidad de Flamenco, que actualmente tiene una planta desalinizadora en su bahía como parte del proyecto Mantos Verdes (ex Anglo American), se opone a la ampliación de las faenas de la empresa Mantos Cooper (Audley Mining Advisors Limited y Orion Mine Finance LLP), actual dueño del yacimiento y la desaladora, que quiere establecer una ampliación del proyecto en su totalidad. Además, lograron detener el proyecto minero/portuario Puerto Desierto, de una empresa china, que pretendía emplazarse en las costas de Flamenco. -	El proyecto Dominga, en la bahía de la Higuera es otro caso paradigmático de conflictividad que lleva más de tres años siendo cuestionado por las comunidades tanto a nivel local, como también, en algunos sectores de la opinión pública a nivel país, ya que da cuenta del escenario actual del sector y las incongruencias que acarrea, pues a pesar de que este proyecto tiene todo en contra (se quiere emplazar en una zona de áreas protegidas y altísimo valor ecosistémico y está atravesado por el contexto político de corrupción que actualmente enfrenta el país), y a pesar de todo, sigue siendo una opción viable para los poderes facticos.
Mecanismos de cooptación refinadas La represión y criminalización se sigue estableciendo desde estrategias un poco más “refinadas” dentro de los conflictos socioambientales derivados del extractivismo minero. Esto se puede ver claramente en el conflicto que ha sostenido por más de ocho años la comunidad de Caimanes, quienes durante el 2016 debieron enfrentar un nuevo giro en el desarrollo del conflicto, producto de que la empresa logró negociar internamente con los abogados de la comunidad y un grupo de vecinos, generando un nuevo quiebre interno dentro de la comunidad, y así, poder revertir el fallo legal que les mandataba a efectuar un plan que permita el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro. Pero aquí no hubo solo un ofrecimiento burdo económico, sino que hay una oferta económica por parte de la empresa, a través de un proceso de negociación y supuesta consulta a la comunidad, donde participa como facilitador y garante la filial chilena de Transparencia Internacional, Chile Transparente (ONG que entre otros financiamientos, ha recibido dinero de la misma empresa), que supuestamente se basa en devolver agua (no restableciendo el cauce natural) y resguardar de los riesgos a la comunidad (contaminación y eventuales derrumbes), pero aceptando la mantención del tranque de relaves y además de no oponerse a su futura ampliación. Asimismo, muchas de las reuniones que se llevaban a cabo entre la empresa, abogados y vecinos cooptados, se realizaron con apoyo de guardias privados, para evitar que los vecinos opositores ingresaran, violentando el tejido social y las prácticas sociales habituales de la comunidad. Con este “arreglo” económico la empresa no logró llegar a toda la comunidad opositora, y aún se mantiene un grupo importante de personas que siguen oponiéndose y sosteniendo la oposición.
Este contexto ha configurado un escenario en el que se evidencia la fragilidad del sistema extractivo actual, ya que se constata una agudización ante la falta de recursos hídricos para el sector, así como también una limitada disponibilidad de energía eléctrica. Asimismo, cada vez hay menos licencia social y se deslegitima el modelo y el paradigma de que el cobre es el “sueldo de Chile”. Si bien la baja del precio ha desactivado algunas inversiones, haciendo bajar las expectativas de inversión al 2025, las proyecciones de largo plazo del sector siguen en franco aumento, sin contemplar los impactos ambientales y la finitud de los bienes comunes. El extractivismo minero busca mayores y mejores garantías para mantener su expansión y sus altos niveles de rentabilidad, usando los efectos negativos que supuestamente tendría el término del súper-ciclo de precios del cobre para nuestro país (pérdida de ingresos para el Estado y empleo), presionan para obtener más flexibilidad laboral, para tener un régimen de evaluación ambiental especial más laxo y en menor tiempo, seguir teniendo asegurada el agua por sobre las necesidades de las comunidades, energía barata, acceso a los territorios, etc. Un claro ejemplo de lo señalado, es la descomunal presión para tener una ley de Glaciares que permita intervenirlos, y en alianza con las empresas Hidroeléctricas y Agroindustriales, trabajan para impedir la más mínima modificación del régimen de propiedad privada de las aguas. Para la etapa que viene, donde el sector necesitan nuevas condiciones políticas, institucionales y sociales para relegitimar y garantizar su expansión, adquiere nivel de política de Estado para la minería la colaboración Público Privada, plasmada en La Alianza Valor Minero, organismo creado al alero del Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo de la estatal Corfo, a quienes el gobierno le entregó la misión de llevar adelante la Agenda Estratégica “Minería: una plataforma de Futuro para Chile”, la cual es creada entre sectores interesados, fundamentalmente empresas y gobierno. Esto tiene especial relevancia, cuando el sector minero desplaza su expansión hacia la zona centro de Chile, especialmente a las Regiones de Valparaíso y Metropolitana, por que éstas albergan el mayor potencial de desarrollo minero, ya que es donde están las mayores reservas de Cobre tanto en Chile como a nivel mundial. Se puede prever que desarrollar este “potencial minero” en las regiones del centro del país, será de alta conflictividad socioambiental, ya que son las regiones donde existe la más alta concentración de población del país; donde hay una diversidad de sectores productivos; presencia de zonas de alto valor ecosistémico (fuentes de agua vulnerables, glaciares en la cordillera); y, donde ya existe una fuerte disputa por el uso del territorio. Frente a este escenario, los mineros necesitan instalar la percepción de que Chile necesita este desarrollo minero en la zona central, con las complejidades que tiene, y por lo tanto, hacernos creer que esto es el “desafío que el país” debe enfrentar en los próximos años. Ante esto, está en manos de los territorios y sus habitantes impedir estas pretensiones de poner en riesgo la vida de al menos el 50% de la población del país y sus valiosos ecosistemas.
COLOMBIA Por Catalina Caro Galvis y Anyi Viviana Castelblanco Área Minería. Censat Agua Viva Amigos de la Tierra Colombia
Los desafíos de la construcción de la paz en un país extractivista
El año 2016 significó para Colombia un hito en su historia social y política. Después de más de 60 años de conflicto armado entre el Estado y las fuerzas armadas revolucionarias – FARC y de 4 años de negociaciones, en el mes de noviembre se firmó un acuerdo final para la terminación del conflicto entre estos dos actores. Así mismo, en el 2016 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno han hecho público los acercamientos y la posible instalación de una segunda mesa de diálogo. Pese a que el acuerdo alcanzado con las FARC no significa el fin de la guerra, se constituye en un gran precedente que transformará la realidad colombiana y en especial la vida de los pobladores rurales del país, quiénes han sido las principales víctimas del conflicto armado en estos años. La paz sin duda es un anhelo para la sociedad colombiana, no obstante, la firma del acuerdo y las adecuaciones políticas y económicas que éste implica traen consigo repercusiones y amenazas que lamentablemente se verán como siempre materializadas en los territorios y en la naturaleza, que también ha sido parte de la guerra tanto como botín y escenario. Así, la construcción de la paz durante los próximos años será un escenario de disputa entre diversos sentidos y significados acerca de lo que ésta incluye. Los movimientos sociales insistimos en que la paz significa permanecer en los territorios, garantías para la autonomía alimentaria, el cuidado y beneficio del agua y el respeto por los bienes comunes. El gobierno en cambio planea una paz corporativa que es preocupante, ya que promueve la profundización del modelo minero – energético extractivista, responsable de la degradación y pérdida de ecosistemas, el desplazamiento y muerte de comunidades, el desabastecimiento hídrico de muchas regiones y además avanza en las acciones de privatización de los bienes comunes. Teniendo presente este horizonte de sentido que marca el momento o época de la historia de Colombia, presentaremos los principales avances y cambios legislativos sucedidos durante el 2016 respecto a la política minera, así como un análisis de los cambios y apuestas que se han dado en los que consideramos los tres frentes de extracción minera más fuertes en el país: carbón, oro y materiales de construcción.
Ambiente o minería: Debates legislativos en el 2016 Pese a que en los últimos años la adecuación legislativa para las empresas extractivas ha estado a la orden del día y con ello la flexibilización de los requerimientos ambientales y de los procedimientos de consulta y consentimiento previo libre e informado, durante el 2016 se registraron una serie de avances legislativos muy significativos que han puesto en cintura al sector minero y han abierto algunas puertas a la protección de ecosistemas estratégicos amenazados por la minería gran escala. Específicamente 3 sentencias de la corte constitucional avanzaron jurisprudencialmente en la protección de ecosistemas y derecho a la participación. Estas sentencias (Cuadro 1) fueron producto de tutelas interpuestas por organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y congresistas, que siguen presionando al Estado colombiano para detener la expansión minera en el país y anteponer a los intereses sectoriales, el cuidado de los bienes comunes. Sentencia
C-035/2016
- En relación con áreas de reserva minera, las autoridades competentes deberán concertar con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas con anterioridad al inicio del procesos de selección objetiva de las áreas de concesión minera. - La Autoridad nacional minera y el ministerio de minas deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial respectivo. - En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, se establece la disposición sobre la no devolución de predios a víctimas en zonas coincidentes con Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines), la sentencia suprimió esta disposición, al considerar que la norma vulnera el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. - Respecto a los apartes demandados del artículo 173 de la ley del Plan nacional de Desarrollo, en la que se reglamentaba los proyectos de explotación minera y de hidrocarburos en los páramos del país, la Corte resolvió declarar inexequible la explotación minera y de hidrocarburos en estos ecosistemas, teniendo como condicionante el proceso de delimitación de páramos que realizarán las autoridades ambientales competentes.
T-445/2016
“que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera” y que ordena a entidades del Estado a “construir una investigación científica y sociológica en el cual se identifiquen y se precisen las conclusiones gubernamentales respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio Colombiano”.
C-273 de 2016 “que declara inexequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001 “Por la cual se expide el Código de Minas y se expiden otras disposiciones”.
Este artículo prohibía a las autoridades regionales establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería” Estas tres sentencias, se constituyen en un avance jurídico importante no sólo porque resultan garantistas frente a la protección de ecosistemas endémicos productores del agua como el páramo, sino también porque se pronuncian respecto de las competencias de los entes subregionales para el ordenamiento ambiental del territorio y la participación. Al respecto, en varios municipios del país durante el 2016, los movimientos ambientales junto con algunas autoridades municipales han promovido la realización de consultas populares para definir el uso del suelo y la importancia de la protección del agua, amparados en las decisiones de estas sentencias. No obstante, la realización de estas consultas ha tenido dificultades por la presión y las demandas interpuestas por las mineras así como las respuestas del gobierno central que se resiste a la descentralización de las decisiones respecto a los minerales y el usufructo del subsuelo. Es importante también destacar que esta jurisprudencia ha producido una fuerte reacción del sector minero, ya que sus disposiciones han obligado al gobierno colombiano a realizar una serie de adecuaciones. Esto ha significado la reducción de áreas de títulos ya otorgados a multinacionales mineras en el marco de acuerdos comerciales como tratados de libre comercio, por ejemplo. El sector minero alegando un incumplimiento de las condiciones y las garantías acordadas en los TLCs entre Colombia y países como Canadá y Estados Unidos, ha comenzado a adelantar varios procesos de demanda contra el Estado colombiano. Específicamente la empresa Eco Oro Minerals Corp, Canadiense ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. Así mismo, en el mes de febrero, se notificó la demanda interpuesta por la multinacional Tobie Mining Inc por 16 mil millones de dólares, entre otras. En contraste con estas decisiones de la corte constitucional, el gobierno nacional en cabeza del ministerio de minas y energía, en el mes de abril hizo pública su “nueva” política minera, encaminada a reimpulsar el sector en tiempos de bajos precios y reestructuración territorial para la implementación de los acuerdos de la Habana. Este documento intitulado: “Política Minera de Colombia, bases para la minería del futuro” tiene como objetivo poner en marcha los propósitos consignados en el Plan de Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país” en donde se continúa insistiendo en la importancia del sector minero energético como uno de los motores principales del desarrollo. La propuesta intenta ajustar la política minera con cara de “economía verde” para enfrentarse a dos de los más importantes obstáculos que ha tenido la expansión minera en el país: la movilización social frente a los daños ambientales y sociales de la minería y la consulta previa, y la participación de las comunidades afectadas. El gobierno colombiano pretende trasformar lo que allí llaman “las equivocadas percepciones de la minería” por medio de información “verídica” y además avanzar en los mecanismos de coordinación
para la interlocución con las comunidades cercanas a los emprendimientos mineros futuros, asimismo continuar con sus programas de formalización minera para los pequeños y medianos productores. En la política se describen los principales retos del sector y lo pilares que son 6: seguridad jurídica, condiciones competitivas, infraestructura, información e institucionalidad minera fortalecida y eficiente. Al respecto, es de anotar que la percepción gubernamental acerca de los avances jurisprudenciales logrados en defensa de la naturaleza y la participación se traduzcan en “inseguridad jurídica”, ya que este aparte de la nueva política justamente apunta a garantizar reglas del juego claras y estables para el desarrollo del sector minero, que según el mismo gobierno se han transformado generando una especie de incertidumbre para la inversión extranjera. Por otra parte, aspectos como información y el fortalecimiento de la institucionalidad minera siguen siendo centrales frente a un sector técnica y ambientalmente obsoleto, que después de casi 15 años de rampante “institucionalización” sigue rediseñándose ahora para arreciar su devastación y su relocalización, ya que después de las sentencias, las autoridades mineras deberán construir nuevas estrategias para descentralizar sus decisiones y establecer diálogos con autoridades y comunidades locales, que de manera autónoma podrán decidir acerca de si quieren minería en sus territorios. Precisamente desde el mes de octubre de 2016, la unidad de planeación minero energética (UPME) se encuentra haciendo reuniones regionales para construir Planes mineros regionales, con el claro objetivo de llegar a las regiones y contrarrestar de manera desigual los esfuerzos de los movimientos locales contra la ampliación de la frontera extractiva minera. En conclusión, el panorama mundial de precios así como el cambio en las demandas energéticas y de minerales en el mundo anticipa un cambio geopolítico muy desafiante para la industria extractiva colombiana. Además, la presión política, jurídica y ambiental de las comunidades afectadas por la minería gana cada vez más solidaridades y ha obtenido importantes victorias. Sin embargo, la imposibilidad de los gobiernos de turno por imaginar y poner en marcha economías más diversificadas y redirigirse hacia las transiciones económicas y energéticas mantienen en alerta la lucha ambiental y de resistencia frente a la ampliación de la frontera extractiva en el país. Las vías legales se han convertido en un as bajo la manga, entendiendo que la lucha por los bienes comunes no se agota con decisiones jurídicas sino con la trasformación de la política pública y la autonomía de los pueblos sobre su territorio. Ahora, analizaremos brevemente el panorama de la minería por material, centrándonos en tres industrias mineras que aportan el mayor porcentaje al PIB minero colombiano: El carbón, el oro y los materiales de construcción o no metálicos.
Carbón No es un secreto que la caída de los precios del carbón durante los últimos años ha afectado sustancialmente la economía colombiana. No obstante, durante el año 2016 según las cifras del Ministerio de Minas y Energía se dio un inusual repunte de los precios del carbón, de enero a agosto el precio de referencia para el carbón colombiano aumentó 17 por ciento, pero el gran incremento se dio entre septiembre - octubre, cuando aumentaron casi 20 dólares por tonelada. Asimismo, durante los tres primeros trimestres el acumulado de producción llegó a 68.1 Mil/Ton, un 3.7% más de lo que se tenía a la misma fecha del año anterior (ANM, 2016). Pese a este cambio de precio que se prevé es coyuntural, el mercado del carbón colombiano ha venido sufriendo una serie de trasformaciones asociadas con el recambio energético de las economías europeas su principal cliente, así como la continua resistencia de las comunidades de las zonas productoras por detener la expansión de la frontera de explotación. De hecho, como es señalado por la Agencia Nacional Minera, el repunte de los precios durante el 2016, se debe a una diversificación de los mercados de destino del carbón colombiano que pasaron de la cuenca del Atlántico al Pacífico, generando una reacción de precios en el mercado europeo (Portafolio, 2016). Frente a los planes de expansión de la minería de carbón a gran escala, que principalmente se realiza en los departamentos de Cesar y Guajira, durante el 2016 se iniciaron las obras de ampliación del tajo la puente en el sur de la Guajira. En estas obras se pretende la desviación de 2 tramos del arroyo Bruno y de otras fuentes hídricas de la región. Pese a que durante 3 años las comunidades guajiras en compañía con organizaciones no gubernamentales hemos manifestado la amenaza que se constituye la desviación de fuentes hídricas en el departamento, en el mes de abril comenzaron las obras de desviación del primer tramo que aunque han tenido algunas interrupciones producto de acciones jurídicas interpuestas por varios actores, han continuado a lo largo del año. La desviación del arroyo Bruno, significa para la Guajira y para Colombia un claro gesto de la subordinación de los derechos humanos a la voracidad de la industria del carbón. Para el caso de las comunidades del Cesar afectadas por procesos de reasentamiento, específicamente en la comunidad del Hatillo, se siguen presentando serios incumplimientos a las resoluciones emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente en 2010 ordenando el reasentamiento de la población. Después de 4 años, la población no ha sido reasentada incrementándose las afectaciones sociales, de salud y para la vida digna de estas comunidades. Además de estos dos departamentos, en donde se realiza la explotación de carbón térmico a gran escala, existen otras zonas del país que también son productoras de carbón coque y que también es-
tán siendo planificadas para expandir su producción por medio de Proyectos de Interés Regional y Estratégico (PIRE) que para el caso de carbón prevén intervenciones en Santander, Antioquia, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca. Frente a la clara desprotección estatal y primacía del interés privado sobre los derechos de las poblaciones humanas y no humanas, es claro que para el caso del carbón seguiremos asistiendo a un escenario de disputa ambiental y social por los bienes comunes entre los que se encuentra el agua, que resulta ser una de las mayores víctimas del carbón. Con las actuales expectativas de diversificación de los mercados de carbón colombiano, hacia algunos lugares de Latinoamérica y Asia, se abren nuevas espacios de lucha y de sinergia para visibilizar las inadmisibles condiciones ambientales y de derechos humanos que produce el carbón en los territorios.
Oro El oro se concibe como un metal estratégico cuya explotación se ha insertado en lo que se denominan “Proyectos de interés nacional y estratégico” o PINE. Es decir, el Ministerio de Minas y Energía plantea que la explotación de oro en lugares como Santander con los proyectos El Gigante de la Sociedad Minera de Santander –Minesa– de capital árabe y Angostura de Eco Oro de capital canadiense; en Antioquia con los proyectos Gramalote y Nueva Quebradona de la canadiense AngloGold Ashanti y Buriticá de Continental Gold y en Tolima con La Colosa de AngloGold Ashanti, son requeridos para implementar y la institucionalidad realiza esfuerzos para que sean ejecutados, puesto que estas explotaciones a gran escala “generarán grandes recursos económicos” pese a que afectan o se ubican en ecosistemas que son estratégicos para la vida como páramos o bosques alto andinos y zonas de alta productividad agrícola. A esto se adjuntan los Proyectos de Interés Regional y Estratégico (PIRE), que para el caso del oro plantean la expansión de la frontera extractiva o su implementación en zonas de protección ambiental, como en el caso del Vaupés con el proyecto Taraira Norte de Cosigo Resources Colombia, en Tolima con el proyecto Pavo Real de Rovira Mining LTDA y Antioquia con los proyectos San Ramón de Red Eagle Mining Corporation y La Cumbre de Batero Gold. El contexto minero que pretende construir el gobierno nacional plantea la aprobación de nuevos proyectos para cumplir la visión de “Colombia país minero 2019” que busca cuadruplicar la producción de oro en el país. Las cifras de la Agencia Nacional de Minería (ANM) evidencian que al cierre de 2015 la extrac-
ción de oro en Colombia alcanzó 1,9 millones de onzas troy (59,20 toneladas). A estas cifras se suman las expectativas de 93 subáreas identificadas “que cubren una superficie de 10.522.866 hectáreas, que corresponden aproximadamente al 9.22 % del territorio nacional […]. Con base en los datos de valoración de reservas reportados […] a los que se les adicionan los de nuevos proyectos como La Colosa, Buriticá, Sotonorte, Gramalote y Gigante, entre otros, se estima que Colombia cuenta con recursos de aproximadamente 146 millones de onzas troy (4.550 toneladas) de oro.” (MinMinas, 2016) La disminución de la demanda externa debido a las crisis económicas de los últimos años, ha llevado a que en el país se establezca un comportamiento inestable en la extracción de oro en los últimos 30 años. Según cifras oficiales “Desde 2010 la producción aumentó significativamente: en 2012, de hecho, llegó a las 66 toneladas, pero en 2014 y 2015 la producción bajó a 57 y 59 toneladas, respectivamente. Dicha disminución se debió a la caída del precio del oro a nivel mundial: en 2012 y 2013 este tenía un precio promedio de USD$1.668,85 y de USD$1.409,81 por onza troy, respectivamente, y en 2014 la misma onza pasó a valer USD$1.266,20, es decir, USD$402,65 menos que en 2013 y USD$143,61 menos que en 2012.” (MinMinas, 2016) Pero el oro en Colombia también se ha vinculado a la financiación de la violencia y a la extracción por parte de mineros informales, que pese a no pagar impuestos, regalías ni contraprestaciones legales, los materiales extraídos entran en la cadena de trazabilidad del oro. La situación de la minería no formal ha llevado a que el gobierno plantee proyectos para formalizar la pequeña minería. En 2010 se creó la Dirección de formalización minera que busca legalizar la explotación de la minería de subsistencia y la pequeña minería, a la cual ha acusado de los mayores impactos socioambientales. Son muchos los dilemas que genera el panorama minero de oro, más aún cuando el gobierno perfila que el país se consolide como el mayor extractor de oro en Latinoamérica apostándole a la minería a gran escala y la concentración de títulos mineros de pequeña escala. De ahí que, y conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, bajo el amparo de los Acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC y lo laxo de la normatividad ambiental establezca ampliar la frontera extractiva, de la cual pobladores de las regiones no mineras o afectados por la minería en alta montaña han generado acciones jurídicas, sociales y de resistencia ante los proyectos. Uno de los triunfos del movimiento socioambiental ha sido que el Banco Mundial retire la financiación del proyecto Angostura de Eco Oro, que afectará al páramo de Santurbán y hace parte de los PINE del gobierno. Así mismo, el movimiento de los Comités Ambientales del departamento del Tolima por la defensa de los territorios ha generado Consultas Populares para que la población decida sobre el uso del suelo de sus municipios, pero estas iniciativas se han visto truncadas por el accionar de las empresas y la debilidad institucional.
Materiales de construcción ¿minería necesaria? En el caso de la minería de materiales de construcción y arcillas, el crecimiento en el sector ha sido constante producto de la demanda de estos recursos para la construcción de viviendas, sobre todo por la política del gobierno de construcción de viviendas de interés social, infraestructura vial con las vías de Cuarta Generación –4G–, infraestructura comercial, de servicios y dependiendo de la zona, la infraestructura que se requiere para las dinámicas particulares. Según Arce y Serrano (2015) el país se autoabastece en un 95% de arenas, calizas, arcillas, etc. En su mayoría estos materiales son extraídos por grandes empresas aunque en algunos sectores existen pequeñas compañías, de carácter familiar, que no entran en el marco competitivo. El sector minero de materiales de construcción se encuentra en aumento en las ciudades medianas o intermedias, puesto que estas han tenido un aumento significativo para la construcción de la infraestructura urbana, comercial y de servicios que demanda el crecimiento de la urbe. Aun así, los grandes centros urbanos del país siguen demandando materiales de construcción con un aumento no tan significativo. Incluso, según Arce y Serrano (2015) Bogotá tuvo un crecimiento negativo, aunque en su informe explican que se debe a la producción de la ciudad de Ibagué, que además de autoabastecerse, suministra a la capital del país, la cual también se provee de la minería que existe en la ciudad capitalina y sus municipios cercanos. Según cifras del Ministerio de Minas y Energías (2016) el consumo de materiales de construcción se hace de la siguiente manera: “obras civiles, 19%; edificaciones, 14%; cadena de distribución, 61%; e industria, 6%” (p.53). En algunas zonas se tiene conocimiento que la minería de este tipo se hace para la infraestructura de la industria petrolera, como en el caso de los llanos orientales y la minería en Yopal, aunque producto de la crisis petrolera está ha disminuido levemente. Esto implica, como ha sucedido en los últimos meses, que la minería de materiales de construcción en el país esté ampliando su frontera para suplir la demanda que requiere la política minero energética y de desarrollo de vías del gobierno nacional. De ahí que, y en el caso de la sabana Bogotana se esté ampliando las zonas de explotación de materiales de construcción, a través de resoluciones que modifican el uso del suelo. Es el caso de la resolución 2001 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que determina las zonas compatibles con las explotaciones mineras en la Sabana de Bogotá, la cual aumentó el número de hectáreas disponible en la región para la extracción del material de construcción de 11.000 a 18.000 hectáreas. Esta demarcación se traslapan en zonas abastecedoras de agua, relictos de bosque, suelos con vocación agropecuaria, hitos religiosos como capillas, zonas de importancia arqueológica como las pinturas rupestres e incluso ecosistemas protegidos como páramos, los cerros de la ciudad de Bogotá y parques agroecológicos consolidados desde hace varios años.
La minería de materiales de construcción en el país se está encaminando a abastecer los nuevos proyectos de infraestructura vial y extractiva con que pretende el gobierno nacional impulsar la economía del país. Lo que genera estrategias para incrementar la titulación, aumentar las zonas compatibles con este tipo de minería.
Referencias y Bibliografía - Arce, Pablo y Serrano Álvaro (2015) El mercado de materiales de construcción en Colombia. ICEX España Exportaciones e Inversiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá. Bogotá, Colombia. - Congreso de la República (2014) Memorias al Congreso de la república Minas 2013-2014. Disponible en: https://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/03_MemoriasCongreso2013-2014_MINAS.pdf/17103caf-0dae443b-8f0c-c4530350843e. Bogotá, Colombia. - Defensoría del Pueblo (2015) La minería sin control. Un enfoque desde la vulneración de los Derechos Humanos. Bogotá, Colombia. - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) Resolución 2001. 2 de diciembre de 2016. Bogotá, Colombia. - Ministerio de Minas y Energía (2016) Política Minera de Colombia. Bases para el futuro de la minería. Bogotá, Colombia. - Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2006) Colombia país minero visión al año 2019. Bogotá, Colombia. - Unidad de Planeación Minero Energética UPME (2016) Análisis del comportamiento del PIB Minero. Boletín Análisis Minero. Dirección de minería Empresarial. Bogotá, Colombia - Unidad de Planeación Minero Energética UPME y Consorcio Proyección IB2 (2015) Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó y Florencia. Bogotá, Colombia. - Unidad de Planeación Minero Energética UPME y Consorcio Proyección IB2 (2015) Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Ibagué, Pasto, Tunja, Neiva, Popayán, Riohacha, Quibdó Y Florencia. Bogotá, Colombia.
Prensa y páginas web - El Colombiano (2016) Tres ases de oro con que minería legal de Antioquia brillará en 2017. Disponible en: http://www. elcolombiano.com/negocios/tres-ases-de-oro-con-que-mineria-legal-de-antioquia-brillara-en-2017-YG5594735. Visitado el 23 de diciembre de 2016 - El Espectador (2016) Autorizan otras 7.000 hectáreas para minería en la Sabana de Bogotá. Disponible en: http://www. elespectador.com/noticias/bogota/autorizan-otras-7000-hectareas-mineria-sabana-de-bogota-articulo-671493. Visitado el 23 de diciembre de 2016 - Semana Sostenible (2016) Banco Mundial se retira del proyecto minero en el páramo de Santurbán. Disponible en: http:// sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/banco-mundial-se-retira-del-proyecto-minero-en-el-paramode-santurban/36714 Visitado el 23 de diciembre de 2016 - Ministerio de Minas y Energía (2016) Proyectos de Interés Regional y Estratégico PIRE. Disponible en: https://www. minminas.gov.co/proyectos-de-interes-regional-estrategico-pire. Visitado el 23 de diciembre de 2016. - Ministerio de Minas y Energía (2016) Proyectos de Interés Nacional y Estratégico PINE. Disponible en: https://www. minminas.gov.co/proyectos-de-interes-nacional-estrategico-pine. Visitado el 23 de diciembre de 2016. - Mundo Minero (2016) Carbón. Disponible: http://mundominero.com.co/tag/carbon - Portafolio (2016) Precio del carbón colombiano ha subido casi 60 por ciento este año. Disponible en: http://www.portafolio. co/economia/precio-del-carbon-en-colombia-2016-501100 - Portafolio (2016) Colombia espera producir 85,5 millones de toneladas de carbón este año. Disponible en: http://www. portafolio.co/economia/colombia-producira-85-millones-toneladas-carbon-2016-494519
ECUADOR Por Acción Ecológica
Fotografía de Edú Leon
Contexto nacional de conflictos latentes y conflictos manifiestos
La imposición de la minería en Ecuador ya evidencia impactos en las comunidades donde opera. La larga lista de ejemplos evidencian esta situación: lo ocurrido alrededor del proyecto Mirador, los derrumbes y contaminación sobre las microcuencas de las cascadas de Íntag, los desalojos efectuados en Tundayme y Nankintz en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Los procesos de criminalización ocurridos con el Pueblo Saraguro y el Pueblo Shuar al sur de Ecuador se suman a los juicios y la prisión del presidente de Junín en Íntag, la detención de tres líderes de Kimsacocha, sentencias a indígenas por ejercer el derecho a la protesta como la del presidente de la Federación interprovincial de Centros Shuar del Ecuador, o del presidente Shuar de la Asociación Bomboiza, los asesinatos del Profesor Bosco Wisun, del joven Fredy Taish y del líder antiminero José Tendetza –asesinatos en los que el patrón establecido es culpabilizar a los propios indígenas–, la militarización de los territorios para imponer proyectos a la fuerza como en Íntag, Tundayme, Panantza y Nankintz, entre otros. Estas son fuertes huellas de las atrocidades cometidas. En mayo del 2016 nuevamente se produjo una hemorragia de concesiones en Ecuador, se procedió a la apertura del “Catastro minero”15 para la nueva adjudicación de concesiones de áreas para efectuar exploración geológica y el desarrollo de nuevos proyectos mineros. Este paso forma parte de las políticas de promoción, nacional e internacional, de la supuesta riqueza geológica de Ecuador por parte del actual gobierno y responde a la constante demanda internacional de minerales. Esto ha dado lugar a un proceso de expansión minera sin precedentes en el territorio nacional. En relación a la entrega de estas concesiones cabe recalcar que entre los principales conflictos socioambientales ocurridos durante los últimos años en Ecuador están los acaecidos en zonas de concesiones mineras. De hecho, muchas poblaciones locales se oponen a la adjudicación de concesiones mineras
15	El ‘Catastro Minero’ es un registro público de las áreas mineras concesionadas, reservadas y libres, existentes en el país en un momento determinado.
en sus tierras y territorios, puesto que atentan contra la agricultura, ganadería y otras actividades económicas. Si bien el procedimiento de concesiones es púbico, está diseñado para que solo participen el Estado y el solicitante del derecho minero, sin que las comunidades locales estén informadas o hayan participado en la toma de decisiones o para defender sus intereses y derechos. En relación a los usos y derechos sobre la tierra, la legislación minera le da primacía a la explotación minera; de hecho, se declara a la minería de utilidad pública y, en razón de esto, es permitido expropiar a propietarios agrícolas u otros con el establecimiento de servidumbres mineras. Hemos sido testigos por ejemplo, de los desalojos violentos a la población de Tundayme, al suroriente del país, en donde se aplicaron servidumbres mineras y se procedió a la expropiación de tierras para el desarrollo del proyecto de cobre Mirador de la empresa china ECSA. Las concesiones mineras en el Ecuador además han traído consigo graves procesos de criminalización, hostigamientos y judicialización a las personas y comunidades que se niegan a tener explotación minera cerca de ellas y que han ejercido su legítimo derecho a la resistencia. El mapa del nuevo Catastro Minero, elaborado por el Ministerio de Minería y la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), abre múltiples preocupaciones sobre la ubicación de las concesiones que provocarían daños irreversibles para el país debido a que las concesiones están en zonas de áreas protegidas, fuentes y nacimientos de agua, bosques tropicales, bosques primarios, parques nacionales, bosques protectores, páramos, territorios indígenas ancestrales, áreas de producción campesina. La solicitud por parte de personas naturales o jurídicas en las nuevas áreas mineras concesionadas, se han otorgado sin haber llevado a cabo antes una consulta en las poblaciones que inevitablemente van a ser afectadas. Tanto el Ministerio de Minería como la ARCOM han sido instituciones mencionadas en informes de violaciones de derechos humanos. Ejemplo de ello han sido los desalojos forzosos efectuados en la Cordillera del Cóndor que han dejado a decenas de familias sin casas, sin sus tierras y sin medios para subsistir16. Este tipo de violaciones, y otras, suelen ocurrir siempre pues la minería está acompañada de un aumento de la conflictividad social, de retrocesos de las conquistas en políticas ambientales y de despojo territorial y de derechos.
16	FIDH. “Ecuador: desalojos ilegales y derrocamientos de viviendas en Tundayme son un atropello a los derechos humanos”. Disponible en: https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/ecuador-desalojos-ilegales-y-derrocamientos-de-viviendas-en-tundayme
Lo actuado hasta el momento en materia minera en el país está repleto de irregularidades y acciones presumiblemente ilegales que vulneran derechos y dañan a la naturaleza, lo cual tendrá consecuencias graves para el mismo Estado ecuatoriano. Además, las empresas mineras o particulares que postulen a partir de ahora a las nuevas concesiones tendrán serios problemas para enfrentar todos los daños que causarán y se verán enfrentadas por las poblaciones en donde pretendan llevar a cabo estas actividades. La resistencia a las operaciones mineras, sin duda alguna, se reactivará con esta nueva apertura de concesiones. De los datos recogidos en el Catastro minero en el país, se están subastando 432.251 has, distribuidas en zona norte, 109.668 has, zona centro, 131.404 has, y en la zona sur 191.179 has. Adicionalmente están en trámite de concesión aproximadamente 1´378.069 has, divididas de la siguiente manera: en la zona centro y la zona sur se están concesionando aproximadamente 279.199 has y 828.555 has respectivamente; adicionalmente en la zona norte están en trámite de concesión aproximadamente 270.315 has. Esto quiere decir que, en la actualidad a escasos 5 meses de que finalice la gestión del gobierno de Correa, se estarían poniendo en concesión cerca de 1´810.320 has, aproximadamente el 8% del territorio nacional17. Hoy el actual gobierno, al igual que en los gobiernos neoliberales, le apuesta a la minería a gran escala, con miras a atraer inversión en el mediano y largo plazos, de hecho se ha partido con cinco proyectos denominados estratégicos: Mirador, Fruta del norte (FDN), Loma Larga, Panantza, Río Blanco y tenemos que tomar en cuenta al proyecto Llurimagua operado entre la estatal minera ecuatoriana y la estatal chilena CODELCO. De acuerdo a declaraciones del ministro de minería Córdova, estima que hasta 2024 estos seis proyectos generarán $ 8.000 M de inversión acumulada. Sobre la reactivación de los 5 proyectos estratégicos que el gobierno de turno promociona se puede sintetizar: El Proyecto Loma Larga: Los estudios técnicos realizados sobre el proyecto Loma Larga, también conocido como Qimsacocha, de la empresa canadiense INV Metals que cuenta con capitales de la canadiense IAMGOLD, mencionan que “el bombeo diario de millones de litros de agua para secar la mina subterránea y facilitar su operación podría contribuir a la pérdida de aguas superficiales y resultar en otra fuente de contaminación. El altísimo contenido de arsénico en la roca de la zona muy probablemente será liberado, representando un enorme riesgo a la salud de los pueblos y del ganado lechero aguas abajo. Se encuentra además una alta probabilidad de que la actividad minera en esta zona estimule un proceso crónico de drenaje
17	Breve Informe sobre Proceso de Subasta Minero y Nuevas Concesiones en Trámite de ser otorgadas a nivel nacional.
ácido que lixiviaría metales pesados de la roca expuesta por décadas –sino siglos– como otra fuente de contaminación de la zona que podría perdurar mucho más tiempo que la poca duración de la mina”18. El Proyecto Río Blanco: El proyecto Rio Blanco de la empresa china Junefield, “es un proyecto minero subterráneo relativamente pequeño con una economía altamente sensible y una vida de la mina corta. La información económica y ambiental provista no está actualizada. Los impactos, particularmente en relación al drenaje ácido, descargas de arsénico de las operaciones mineras y de las características de la mina después de la recuperación, han sido subestimados y no han sido identificados o tratados adecuadamente”19. Proyecto Fruta del Norte: El Informe de Contraloría General del Estado realizado entre el 1 de enero de 2009 al 12 de mayo de 2015 y entregado en los primeros meses del 2016, corrobora graves ilegalidades por ejemplo que “...de las 36 concesiones mineras pertenecientes al Proyecto Minero Fruta del Norte, únicamente 9 cuentan con licencia ambiental, 26 no han obtenido el documento indispensable para su funcionamiento y 1 se trata de un aprovechamiento de materiales de construcción”20. A pesar de esto, la empresa minera Lundin recibió permiso para la exploración, más recientemente (julio del 2016) permiso del gobierno para pasar de la fase de exploración a la de explotación, y finalmente el 14 de diciembre del 2016, el mismo día que se declaró el estado de excepción en Morona Santiago por el proyecto minero Panantza San Carlos, la empresa Lundin firmó el contrato de explotación del proyecto Fruta del Norte con el Estado Ecuatoriano En la documentación base para la emisión del Acuerdo Ministerial que reforma los límites del Área Protegida de Refugio de Vida Silvestre El Zarza, se encuentran comunicaciones de empresas mineras privadas pidiendo la modificación de estas. El Informe de Contraloría afirma que esta área protegida, vinculada al Proyecto Fruta del Norte, “se modificó sin el debido sustento técnico ni legal [...] de lo que se deduce, que la Directora Nacional de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente en consenso con las empresas privadas que tienen concesiones mineras, realizaron esta modificación en el área protegida y no en las áreas de concesiones mineras de las que estas empresas son propietarias”21. Proyecto Mirador:“Existe afectaciones directas a la calidad de las aguas superficiales de los ríos, en particular el incremento de materiales en suspensión. Los ríos, que antes eran de aguas rojizas pero
18	Kuipers, James. Informe pericial sobre los proyectos Loma Larga y Río Blanco, provincia de Azuay, Ecuador. Pág. 3. Disponible en: http://www.agenciaecologista.info/images/stories/kimsacocha/infor_peric_LomaLarga_RioBlanco.pdf 19	“Informe Kuipers”. Pág. 38. 20	Contraloría General del Estado. Informe de Contraloría (Examen Especial del Control Ambiental a la Viabilidad Técnica del Proyecto Minero Fruta del Norte en la Provincia de Zamora Chinchipe a Cargo de las Entidades Relacionadas y a la Agencia de Regulación y Control Minero). DAPyA-0018-2016. Pág 37. Disponible aquí: http://www.contraloria.gob.ec/pdf.asp?nombredocumento=42513 21	Informe de Contraloría. Pág 67.
sin contaminación, ahora drenan lodos de color amarillo. Esta contaminación habría provocado la muerte de peces, limitado la posibilidad de alimentarse del río, desarrollar actividades de esparcimiento, diversión y en ciertos casos, causando enfermedades de la piel y vías digestivas”22. El Estado ecuatoriano incumplió con su obligación de extinguir las concesiones mineras que se encuentran en las causales establecidas en el Mandato Constitucional Minero y evitar seguir despojando a familias y comunidades enteras de sus tierras y sus hogares23. Proyecto Panantza San Carlos: Se ha violado el derecho a la consulta, consagrada en la Constitución Ecuatoriana, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el año 2011, el Ministerio del Ambiente otorgó licencia ambiental al proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años antes, cuando estaba vigente otra legislación minera, incluyendo distinta legislación ambiental24. El 11 de agosto de 2016, la comunidad Shuar de Nankims asentadas en la Parroquia Panantza-San Carlos, fue desalojadas de manera violenta de su territorio, mediante operativos policiales y militares desproporcionados. El 21 de noviembre de 2016, integrantes del Pueblo Shuar retomaron la comunidad de Nankints, sin embargo al día siguiente fueron desalojados, tras este acontecimiento, el vice presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar del Ecuador FICSH, fue detenido, al mismo tiempo se militarizó el Cantón San Juan Bosco y particularmente la Parroquia Panantza San Carlos. El 14 de diciembre la fuerte presencia militar por tierra y aire produjo un grave enfrentamiento que dejó varios heridos de ambas partes y un policía muerto. Ese mismo día el dictamen de Estado de excepción en la provincia de Morona Santiago impuso una incursión militar nunca antes vista por conflictos mineros en Ecuador, el despliegue de tanques de guerra, helicópteros, camiones blindados, miles de militares y policías. Allanamiento violentos a los hogares de las familias de indígenas y campesinas sobre todo de las
22	ACCIÓN ECOLÓGICA & ISIP. “Entre Telones de la Megaminería en el Ecuador”. Septiembre 2015. Pág 33. Se puede leer el informe completo aquí: http://www.accionecologica.org/component/content/article/1865-entretelones-de-la-megamineria-en-ecuador 23	Informe sobre desalojos forzosos realizados por el Estado ecuatoriano y la empresa minera china Ecuacorriente (ECSA) en la Cordillera del Cóndor, Parroquia Tundayme. Diciembre 2015. Ver: http://www.accionecologica.org/component/content/article/1872-informepor-los-desalojos-forzosos-en-tundayme 24	Como consta en la Acción de Protección interpuesta por Luis Venancio Ayui y otros, el 10 de junio de 2015, en contra del Ministerio del Ambiente.
Parroquias Santiago de Panantza y San Carlos de Limón, indígenas y campesinos apresados y exhibidos públicamente como asesinos, omitiendo la presunción de inocencia como un derecho humano, el Ministerio del Interior promocionó en medios de comunicación escritos, de radio y televisión nacional y local una recompensa de 50 mil dólares para obtener información de los presuntos culpables que ha desencadenado señalamientos y estigmatizaciones sobre dirigentes indígenas que en ciertos casos están en la clandestinidad. El 17 de diciembre de 2016, en cadena nacional el Presidente Rafael Correa descalificó a los indígenas diciendo que: “... se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales...” posteriormente y se ejecutan órdenes judiciales para la captura de líderes indígenas y comuneros El 19 de diciembre ocurre una incursión militar en la comunidad Kichwa de Sarayaku, la misma que frente a este hecho decidió retener a once militares que habían entrado en su territorio sin previo aviso ni motivo alguno, en días posteriores el gobierno inicio acciones penales sobre dirigentes de Sarayaku acusándolos de secuestro. El 20 de diciembre de 2016, Acción Ecológica con 30 años de trabajo en temas ambientales fue notificada por el Ministerio de Ambiente sobre el inicio de su disolución a pedido del Ministerio del Interior, este acusaba sobre los acontecimientos ocurridos en Territorio Shuar de: Promover a través de las redes sociales acciones de violencia, la denuncia de violaciones de los derechos humanos, haber afirmado “sobre los graves impactos ambientales y al ecosistema” que resultan de las actividades extractivas, alejándonos así de los objetivos planteados en nuestros estatutos.
Contexto nacional de criminalización de la protesta Las actividades extractivas mineras en Ecuador van en incremento y con ellas una evidente tendencia a la criminalización de la protesta social, los graves atropellos a los Derechos de la Naturaleza y a miembros de comunidades que ejercen la defensa y protección de los territorios en este 2016 se ha expresado de manera visible sobre todo en el Sur del país. El asesinato de José Tendetza, líder Shuar opositor al proyecto Mirador, continúa en la impunidad. El 15 de abril de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de Zamora declaró la inocencia de los dos trabajadores mineros de la empresa minera china Ecuacorriente S.A., por el asesinato del líder. Sin embargo, son múltiples las irregularidades que se han dado en el caso a lo largo de todo el proceso, tanto por acción como por omisión. La familia de José Tendetza, así como las organizaciones
sociales presentamos nuestra disconformidad en la manera en que se ha procedido por parte de las autoridades públicas ecuatorianas a llevar el caso. Los jueces dictaminaron que no existen indicios de responsabilidad de los procesados, a pesar de las múltiples evidencias que fueron justificadas para la imputación penal de los sospechosos. Se han omitido declaraciones testimoniales claves. Asimismo, de especial relevancia es que tampoco se ha tenido en cuenta el registro de llamadas emitidas por la operadora de telefonía Claro y el informe pericial que confirmaba la ubicación de los sospechosos en el lugar del asesinato, así como la llamada de uno de los sospechosos a un testigo, anunciando la muerte de José Tendetza, días antes de la aparición del cuerpo, pese a que el sospechoso no desmintió que se realizó esa llamada. Claro, por motivos hasta ahora incomprensibles, retiró estas pruebas aduciendo un error. Lo que ameritaría una correcta investigación de lo que ocurrió para que la operadora de telefonía Claro retire las pruebas fundamentales para el esclarecimiento del caso y que permitieron, supuestamente, la detención de los sospechosos. El abogado de la familia Tendetza afirmó que durante el juicio se han emitido falsos testimonios por parte de familiares de los acusados que han sido demostrados y sin embargo el Tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Existe una falta de investigación a profundidad durante el proceso de instrucción fiscal, no se ha procedido a investigar de manera adecuada y por tanto no ha existido un esclarecimiento de los hechos. Si bien los informes aportados a pedido de la Fiscalía General del Estado, como el peritaje psicológico y social post-mortem, dan cuenta de posibles autores intelectuales, así como el carácter violento de uno de los acusados, estos documentos no han sido utilizados para establecer la responsabilidad de los procesados. La Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “ha indicado que cuando es asesinado un defensor o defensora de derechos humanos lo primero que deben hacer las autoridades es investigar los intereses que albergaba esa persona, las luchas en las que estaban inmersos. Es preciso develar tanto la autoría material como la intelectual” Cabe preguntarse, por tanto, por qué no se ha procedido a abrir investigaciones que permitan esclarecer si hubieron o no vinculaciones de la empresa Ecuacorriente S.A. con el asesinato, máxime cuando han sido dos de sus trabajadores los únicos detenidos hasta el momento, como presuntos asesinos de José Tendetza. La impunidad de este caso, tal como denuncia la CIDH “fomenta la vulnerabilidad de las defensoras y defensores, debido a que genera la percepción de que es posible violar los derechos humanos sin
obtener castigo” y llama a los Estados a que se emprendan investigaciones exhaustivas e independientes sobre los ataques sufridos por defensoras y defensores, así como la sanción a sus autores para prevenir la ocurrencia de estos hechos. También la CIDH hace un llamado para “fortalecer sus mecanismos de administración de justicia y garantizar su independencia, condición necesaria para el cumplimiento de su función de investigar, procesar y sancionar a quienes atentan contra los derechos humanos”. Algunos datos relevantes como consecuencia de la incursión militar en Territorio Shuar, especialmente por el conflicto minero Panantza San Carlos en la comunidad de Nankints: -	El 17 de diciembre de 2016 el Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar del Ecuador FICSH, fue apresado de manera violenta con la intervención desproporcionada de una centena de militares y tras el allanamiento de la Cede de la Federación Shuar, fue acusado de incitación a la discordia por publicar en su página personal de Facebook su desacuerdo con el gobierno y con los hechos ocurridos en territorio Shuar. Continúa detenido, fue trasladado desde la Amazonía a una cárcel de alta seguridad en la Sierra ecuatoriana. -	El 24 de Diciembre sumaban 10 los procesados judicialmente por los enfrentamientos en Nankints, de ellos 6 fueron detenidos arbitrariamente durante 20 días y 4 recibieron medidas sustitutivas, fueron acusados de asesinato e intento de asesinato. -	Un comunero gravemente herido con quemaduras de tercer grado producto de bombas incendiarias de fabricación industrial. A decir de los comuneros, éstas fueron plantadas por el ejército en la comunidad Tsuntsuim (todavía sin atención médica). -	Un comunero herido con bala de alto calibre por parte del ejército (recuperado tras dos meses de sanación con medicina ancestral) -	Desplazamiento de 35 familias y 150 personas a la comunidad Tink (aún no cuantificado el número total de desplazados en otras zonas) -	Cuatro centros Shuar directamente afectados con desplazamiento forzado tras la militarización de sus territorios: Nankints, Tsuntsuim, San Pedro, Kutukus. -	Múltiples allanamientos ilegales en las Parroquias de Panantza, San Carlos, San Juan Bosco, a partir del Estado de excepción. -	Más de 80 niños, mujeres embarazadas, bebés y ancianos afectados psicológicamente por la pérdida de sus casas, cultivos, animales domésticos y la salida forzada de sus tierras producto de la invasión militar de sus comunidades.
-	Más de 60 niños, niñas y adolescentes en edad escolar no han tenido acceso a la educación en sus respectivos establecimientos. -	Líderes locales 40 perseguidos y 70 criminalizados por el caso Nankints (acusados de asesinato e intento de asesinato, actual procesos de investigación). -	Al menos 15 centros Shuar sufren impactos directos de la mega minería en las 41.700 hectáreas que abarca el proyecto minero San Carlos Panantza25. Lamentablemente a puertas de terminar su mandato el actual gobierno, deja nuevas muestra de intolerancia e irrespeto de los pueblos y de la naturaleza en la cordillera del Cóndor. El pueblo Shuar, ha dicho que no quiere ver su territorio sagrado destruido, han interpuesto todo tipo de recursos legales y administrativos para ser escuchados. Lamentablemente, no solo no han sido escuchados sino que, en enlace ciudadano semanal del 17 de diciembre el presidente de la república Rafael Correa acusó a los indígenas Shuar diciendo que: “... se trata ya de grupos paramilitares y semi delincuenciales...” esto ha ocasionado una persecución a varios líderes e integrantes de comunidades Shuar. Debido a la confrontación ocurrida en territorio Shuar y agravada por la declaración del estado de Excepción que suspendió: el derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a asociarse y reunirse; el derecho a transitar libremente; y el derecho a la inviolabilidad del Domicilio, los habitantes de la Provincia de Morona Santiago y las poblaciones aledañas al proyecto minero Panantza San Carlos, especialmente el Pueblo Shuar han estado sometidos a graves violaciones de derechos y a medidas que han sido tomadas por el gobierno aprovechando la convulsión social existente, así por ejemplo: -	El 11 de Agosto mientras se procedía al desalojo de la comunidad indígena de Nankintz, el presidente de la Asociación Shuar de Bomboiza era condenado a un año de prisión por presunto delito de paralización de servicios públicos durante las movilizaciones ocurridas en el 2015. -	El 14 de diciembre del 2016, mientras se firmaba el contrato de explotación minera para el proyecto aurífero Fruta del Norte en la Cordillera del Cóndor con la empresa Lundin, al mismo tiempo, ese mismo 14 de diciembre se emitía el estado de excepción para la provincia de Morona Santiago con el fin de abrir paso a la instalación del proyecto minero Panantza San Carlos también en la Cordillera del Cóndor.
25	Visita de campo a Nankints, Conaie-Confeniae. Disponible en: https://conaie.org/2017/03/01/realidades-que-gobierno-de-correaintenta-ocultar-caso-nankints/
Contexto nacional sobre el uso del agua y la minería En la Cordillera del Cóndor por el proyecto Minero Mirador hay afectación de las aguas y de los ríos que ahora drenan lodos de color amarillo, debido a esta contaminación ya se ha dado la muerte de peces, causando en algunos casos problemas digestivos y de la piel sobre todo en niños. La modificación del Río Tundayme generó inundaciones a las fincas aledañas. Además, las operaciones de la empresa minera china provocaron agua lodosa, fuerte olor a aguas que apestan por los vertidos de aguas servidas al río, imposibilidad de abastecerse de agua del río (se busca quebradas no contaminadas de donde tomar el agua, algunas mujeres caminan hasta 3 kilómetros de distancia para tener agua limpia, por lo que ahora tienen que invertir más en la búsqueda de agua en buen estado). La contaminación de los ríos y quebradas tienen un impacto directo sobre la población local puesto que constituyen fuentes de consumo para las familias, el agua del río servía incluso en época de escasez. El Río no solo es un espacio vital de sustento, es también el espacio de diversas formas de socialización comunitaria. La gente una vez que ha sido despojada de sus tierras, demolida sus casas, sin la posibilidad de producir siente que no le queda nada, literalmente no tiene ni agua. Los testimonios de los habitantes de la Parroquia de Tundayme dan cuenta de las denuncias realizadas a las autoridades, sin embargo hay una pasividad enorme de parte de las autoridades.
GUATEMALA Por Basilio Tzoy, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad –CEIBA
Archivo fotográfico de CEIBA sobre mina Marlin
Situación de conflictos mineros en país Guatemala
El interés de las empresas extractivas es aún latente, y se encuentran promoviendo normativas o reglamentos de consultas a sus forma de ver y no respetan las que los pueblos han realzado y que se encuentran plasmadas en el convenio 169 de la OIT. Esto es en contubernio con el organismo ejecutivo y legislativo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícola, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, de la misma forma el interés de los Estados Unidos de emprender su plan denominado “el triángulo norte” que promueve la integración económica entre Guatemala, El Salvador y Honduras, estrategia es que a partir de 2017 se implementará. Sin embargo, dado que el apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos quedó condicionado desde 2013 al retiro de las fuerzas militares de las tareas de seguridad ciudadana, desde 2015 se estableció el cronograma para este repliegue que ahora comienza. Las tropas que dejan las tareas de seguridad se dedicarán a cuidar las fronteras del país donde su presencia pasará para el combate del narcotráfico, el tráfico de armas y las maras, y el paso de indocumentados. Las tropas retiradas se dedicarán a “la protección de la infraestructura crítica, como aeropuertos, carreteras principales, torres de energía eléctrica e hidroeléctricas, mineras, petroleras”. Con ello se consolidaría el despliegue territorial del Ejército de Guatemala en su función de guardián de las industrias extractivas que se viene dando desde el gobierno de Oscar Berger, y que llegó a su máxima expresión en el de Otto Pérez. El Ejército de Guatemala ha sido utilizado, a pesar de los Acuerdos de Paz, para reprimir las movilizaciones de los pueblos y comunidades en la defensa de sus territorios en contra de los intentos de despojo que han sufrido en los últimos tiempos, recreando así el funesto papel que jugó durante el conflicto armado. El ministerio de Energía y Minas (MEM) sigue otorgando licencias en las comunidades sin el consentimiento de los pueblos. Mientras que en San Miguel Ixtahuacan San Marcos anuncian el retiro después de diez años de operación, pero las comunidades en resistencia solicitan a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se investigue a la mina Marlín.
Impactos Socioambientales La división comunitaria, la escasez de espacios o tierra para las y los campesinos, para la producción de los granos básicos, las enfermedades en los niños las mujeres y de personas mayores de edad son algunos de los impactos que ha dejado la minería en Guatemala. Los residuos de los desechos tóxicos, el plástico o nailon expuestos al aire libre, los pozos de colas, entre otros, hace que las plantaciones de frutales y cítricos se deformen y aborten, y ya no tiene un buen sabor, las semillas nativas y criollas de las hortalizas también han sufrido cambios e incluso su desaparición por la alta contaminación en la zona minera.
Criminalización de la protesta por oposición a la minería En San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, las comunidades se han mantenido en pie de lucha pacífica, pero la empresa y las fuerzas represivas siguen abusando de ellos ya que no cesan los hostigamientos, la presencia de la fuerza pública Policía Nacional Civil, el ejército y la seguridad privada están constantemente en la zona. La Corte de Constitucionalidad ha suspendido dos veces el trabajo, pero la empresa aparenta acatar las medidas y luego continua irrespetando la decisión de la Corte Constitucional y la buena voluntad de las comunidades, la resistencia pacífica de las comunidades se mantiene y es un gran ejemplo para el pueblo de Guatemala y el mundo. En San Rafael las Flores, el guardia de seguridad que ordenó el disparo de las comunidades que estaban en una protesta pacífica hace un par de años, se le dio orden de captura por el Ministerio Público, hoy está detenido.
HONDURAS Por Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario CEHPRODEC
Fotografía de CEHPRODEC
En Honduras seguimos rechazando los proyectos mineros
Históricamente se sabe que los pueblos prehispánicos ya extraían metales preciosos con el fin de aprovecharlos en sus vestimentas y objetos diversos; pero no fue hasta la llegada de los conquistadores españoles, que estos yacimientos mineros tuvieron un importante crecimiento tanto demográfico como económico. La extracción minera ha estado presente históricamente, desde el supuesto “descubrimiento” a la fecha, las acciones al entorno de esta actividad ha estado marcadas con el derramamiento de sangre, con persecución con dominación y con miseria. Desde el desembarco de los conquistadores en la zona norte del país, estos segados por la codicia y ansias de riqueza, atacaron y doblegaron a la población originaria a los que “colonizaron” y dominaron convirtiéndoles en esclavos, obligados a sacar el oro en las minas subterráneas o a sumergirse en las aguas de los ríos que serpenteaban en las indómitas tierras de la foresta Hondureña. En Honduras se le abrieron las puertas a los cónclaves mineros principalmente de origen Estadounidense, aquí mediante un claro monopolio la empresa Rosario Mining Company se apoderó de la extracción minera en el país obteniendo de los gobernantes de turno grandes concesiones, se empezó a hablar de desarrollo y los empresarios extractivos comenzaron a corromper a los políticos de la época a los que llegaron a ponerles precio y a considerar como sus mozos o peones. Desde aquí se fue estableciendo una clase económica y política que se fue manteniendo con las migajas que caían de la mesa de las empresas Transnacionales y estos empezaron a empoderarse poco a poco de cuánta tierra y recursos habían en el país hasta hoy en día. De esta época en Honduras solo han quedado pueblos y pequeñas ciudades que más parecen pueblos fantasmas, sumidos en la extrema pobreza, con sus montañas llenas de túneles que por desgracia han quedado emanando aguas cargadas con metales pesados que contaminan cuanto rio o riachuelo se cruza en su camino. Con la llegada del nuevo siglo también regresó la fiebre del oro, la revalorización de la onza del oro a casi los 2,000 dólares estadounidenses y de los metales preciosos a nivel internacional reactivó la codicia ahora de grandes transnacionales quienes sin ética y solo movidos por los intereses económicos,
promovieron los cambios en la ley del país y crearon las condiciones idóneas para invertir con grandes rentas sin importar los derechos fundamentales de las poblaciones arraigadas en los territorios de su Interés. La ultima Ley de minería aprobada en Honduras en abril del 2013, es altamente permisiva y violenta principios de progresividad en la conservación de los recursos naturales, también violenta el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, prohíbe la autodeterminación de los pueblos en cuanto a su libertad de decidir si declaran o no sus territorios libres de Minería y ofrece grandes beneficios a quienes con la oferta del empleo pretendan llegar a invertir en Honduras. Ante la resistencia de las comunidades que se oponen a la implementación de proyectos mineros en sus tierras, el Estado reacciona persiguiendo y acusando a los liderazgos de delitos de usurpación de tierras, terrorismo y muchas veces de tenencia ilegal de armas, que en muchos casos son implantadas por quienes les persiguen. A diciembre del 2016, el Observatorio de Bienes Naturales de CEHPRODEC registra un total de 538 concesiones mineras aprobadas; de éstas, 170 son de minería Metálica y 308 de minería no metálica, es importante mencionar que en Honduras la explotación de minería de hierro es considerada como minería no metálica, evadiendo con esto los trámites para la exploración y explotación que debería llevarse si fuese metálica, gran cantidad de concesiones de hierro están trasportando este mineral de las montañas a los puertos y de aquí a países como China, entre otros. Estado de la Minería Comparado 2015
Producto de estas políticas de concesionamiento territorial y de aguas se ha agudizado la militarización de los territorios en muchos casos para proteger intereses particulares y violentando los derecho Económicos Sociales y Culturales de las poblaciones. También se continua vendiendo el falso mensaje de la generación de empleo y la implementación de proyectos de infraestructura en las comunidades en una maniobra entre los empresarios mineros y políticos que de manera intencionada dejan de invertir los fondos del Estado
en la atención social de las poblaciones y trasladan esta obligación estatal a los empresarios mineros, generando con esto las condiciones más apropiadas para que posteriormente llegue el empresario minero ofreciendo la construcción de clínicas médicas, escuelas, mejoramiento de calles, entre otras acciones, siempre y cuando se les permita instalarse en los territorios y extraer los recursos que han sido custodiados y protegidos por las comunidades durante siglos. La política extractiva del Estado de Honduras ha sido rechazada por la población, que resiste en sus territorios, exige espacios de consulta transparente, solicita información, se moviliza en las calles y denuncia los abusos a nivel nacional e internacional. Ante esto, el Estado y los empresarios mineros por medio de los operadores de Justicia identifican a los líderes y lideresas en las comunidades se les amedrenta, se les denuncia y acusa por la comisión de delitos como el delito de usurpación, que es el más usado hoy en día para intimidar a las poblaciones, aunque en estrados judiciales se les otorgan a los imputados medidas sustitutivas de prisión, prohibiéndoles acercarse a las zonas de conflicto, olvidando con esto que son sus lugares de residencia. Las audiencias para los juicios se alargan jugando al cansancio, pues se obliga entre otras cosas a los imputados a presentarse a los juzgados por lo menos cada quince días a firmar un libro provocándoles gastos e incomodidades pues en la mayoría de casos tienen que trasladarse desde distancias muy lejanas. Como acciones reactivas a las movilizaciones de la población que rechaza la política extractiva del Estado y las violaciones a derechos humamos la última semana del mes de febrero 2017 se aprobó en el Congreso Nacional varias reformas al Código Penal Hondureño, estas reformas permiten tipificar como terroristas a quienes realicen acciones que alteren la paz pública, las organizaciones sociales entendemos que estas reformas están dirigidas para criminalizar la protesta pública y así evitar la resistencia de las comunidades ante las acciones de despojo territorial.
NICARAGUA Por Centro Alexander von Humboldt www.humboldt.org
FotografĂ­a de PeriĂłdico Confidencial (https://confidencial.com.ni/pn-impone-estado-de-sitio-en-mina-el-limon/)
I.	Contexto minero nacional Al cierre del año 2016 el precio internacional del oro oscilaba los 1,202.60 Dólares la Onza Troy, durante el primer semestre las exportaciones registraron una baja con respecto al mismo periodo del año pasado, sin embargo, para el cierre de año el oro tuvo un registro como uno de los principales productos de exportación, con aumento nominal durante del 7.8%, según cifras del Banco Central de Nicaragua. Por otro lado, en materia legal, durante el año se dio a conocer el Proyecto de ley, Iniciativa de ley creada por la empresa nicaragüense de Minas (ENIMINAS). Según lo establecido en esta propuesta, esta empresa nacional tendrá participación directa en al menos el 10% de las acciones directas de las empresas privadas de minería que están operando actualmente en el país o que operen a futuro. Con esta ley, se están confiriendo atribuciones y competencias a esta nueva empresa que actualmente están a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente regulador del sector, entre ellas, todas las labores de prospección geológica, así como las regulaciones y dictamen en materia de permisos de concesiones mineras. Adicionalmente, la empresa pretende realizar regulaciones más exhaustivas al sector de pequeña minería con lo cual se viola todo proceso de regulación y control, ya que en este caso se debe de crear una ley específica para regular la pequeña minería y debería de ser el MEM quien esté al frente de esta regulación, no una empresa estatal. Centro Humboldt comparte la idea de que parte de las ganancias que genera el sector puedan ser canalizadas a través de esta empresa, debido al poco encadenamiento productivo que tiene este sector, sin embargo, se considera que no se debería de quitar atribuciones que le competen al MEM para ser transferidas a esta empresa. Por lo tanto, con esta propuesta de ley y la creación de esta empresa nacional existe un riesgo de un aumento en la conflictividad social ya que el Estado tendría un involucramiento más directo en la exploración y explotación minera en Nicaragua, habiendo un conflicto de intereses entre la ejecución empresarial y la regulación, control y monitoreo estatal. Centro Humboldt determina que el comportamiento de los procesos concesionarios está marcado por un rápido incremento de las concesiones con áreas superiores a los 100 km2, lo que supone una concentración mayor del territorio nacional para la actividad minera. En general las acciones contra la minería en el país se han mantenido fortalecidas a través de las distintas alianzas y movimientos sociales que se encuentran luchando en defensa de sus territorios;
asimismo, otros territorios se mantienen alerta ante la posible llegada de la actividad minera; recientemente se ha iniciado el trabajo con el Instituto de Liderazgo de las Segovia (ILSS) y las comunidades de base en el departamento de Nueva Segovia, en respuesta al aumento de los procesos concesionarios en ese departamento.
II.	Conflictividad social y acciones de resistencia A continuación, se enlistan los principales conflictos mineros en el país los cuales se han intensificado a partir del año 2013 a medida que aumentan las labores de resistencia en los pueblos afectados por la minería: Rancho Grande contra la Minería (22 de marzo de 2013) El día 22 de marzo de 2013 una caravana con más de 3000 personas salió de Rancho Grande hacia Yaoska, más de 45 vehículos privados, estatales, de servicio público y hasta bestias se unieron en una
larga y polvosa marcha de protesta contra las actividades mineras en la zona de la transnacional canadiense B2Gold en Matagalpa. Esta caravana partió del municipio de Rancho Grande, Matagalpa, 213.5 kilómetros al norte de Managua, hasta la comunidad de Yaoska, ubicada a 20 kilómetros del casco urbano del municipio. En esta comunidad se encuentra la zona conocida como el Pavón, donde la empresa minera B2Gold pretende realizar una explotación de oro. Al llegar la caravana al sitio, los pobladores bajaron y recorrieron a pie el camino hasta el centro del lugar, donde se concentraron con pancartas, mantas y coreando consignas y mensajes contra toda actividad minera. Pobladores de Rancho Grande se manifiestan contra la minería (13 de octubre 2014) Se realizó una gigantesca marcha con más de 2,500 pobladores, hombres y mujeres, adultos, jóvenes, niñas y niños, de las comunidades del municipio de Rancho Grande en el departamento de Matagalpa. Desde hace ya varios años, se había venido protestando contra la intención de la empresa canadiense B2Gold de establecer una explotación minera en ese municipio. Sin embargo, el régimen de Ortega ha hecho oído sordo y tratado de coaccionar a las comunidades para evitar su oposición. En esta misma fecha se le otorgó a la empresa canadiense el permiso de concesión para poder explotar en dicha zona. Dicha marcha se realizó bajo el lema “¡Viva la vida, no a la minería!”, los pobladores se desplazaron por la ciudad concluyendo con un acto en el que diversos oradores tomaron la palabra para expresar su rechazo a la concesión otorgada a B2Gold. El MRS participó de la marcha. En enero del 2015, se hizo efectiva la primera acción legal del caso, cuando se interpusiera un Recurso de Amparo por 57 líderes y lideresas del Movimiento Guardianes de Yaoska ante el Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, dadas las violaciones de derechos humanos y constitucionales, tales como el derecho básico de vivir en un ambiente sano y sin un sin número de irregularidades que está cometiendo la empresa B2Gold en coordinación con las Instituciones del Estado para obtener el “Aval Social” para el proyecto de explotación “El Pavón”. En el escrito se denunciaba al MARENA, MEM y Policía Nacional, por aquellas acciones irregulares ejecutadas por autoridades a nivel local, Alcaldía Municipal, MINSA, MINED, Policía y la empresa B2Gold. Los Derechos Constitucionales que pretenden violentar las autoridades competentes son: Derecho al ambiente saludable de todos los ciudadanos nicaragüenses; Derecho a la vida; Derecho a la libertad
individual, seguridad e integridad física; Derecho de igualdad ante la ley y no discriminación; amenazas al Derecho de Propiedad; Derecho de manifestación y el Derecho a la Libertad de expresión. A inicios de junio del 2015, se realizó el apersonamiento de dos líderes del Movimiento Yaoska ante la Corte Suprema de Justicia en Managua, conforme los procedimientos de ley y la notificación del Tribunal de Matagalpa recibida a finales de mayo del 2015 aceptando dicho Recurso. Finalmente, el 12 de octubre 2015, el día de la Resistencia indígena, negra y popular, el Gobierno de Nicaragua declaró inviable el proyecto de explotación minera “El Pavón”. Aunque existen variadas especulaciones al respecto, se considera que esta declaración fue el resultado de la presión social de casi 10 años de lucha del pueblo de Rancho Grande en contra de la minería. Centro Humboldt comparte plenamente la iniciativa presentada por el Estado de Nicaragua de declarar como inviable el proyecto minero, ya que, con ello, se está contribuyendo a garantizar los Derechos Constitucionales de la población de Rancho Grande, específicamente lo contemplado en los artículos 59 y 60, vinculados a la protección y al derecho a un ambiente sano. Fue hasta el 13 de mayo 2016 en conmemoración de las Fiestas patronales de Rancho grande y la celebración de la Virgen de Fátima, que el Obispo de la Diócesis de Matagalpa Rolando Álvarez hizo entrega del documento de resolución administrativa del MARENA, al Párroco Pablo Espinoza, donde se expresa que no es viable la minería en Rancho Grande y no se acepta solicitud de la compañía B2Gold de explotar minería en el municipio, específicamente acerca del proyecto Explotación Minera de cielo abierto Tajo Pavón. Güriseros desatan violencia en Bonanza (6 de mayo de 2015) El 6 de mayo de 2015 las protestas que tenían los mineros artesanales en bonanza se tornó violenta al registrarse enfrentamientos, saqueo y graves daños a la infraestructura y bienes de la empresa minera Hemco. La situación obligó a un fuerte desplazamiento de las autoridades, pues el caos era tal que ya no se sabe quiénes están al frente del grupo, el cual decidió irse a paro en reclamo porque consideran que Hemco les paga menos oro por cada tonelada de broza que le venden. Las acciones violentas dejaron un saldo de dos mineros artesanales heridos de bala, cinco oficiales de la Policía lesionados y graves daños materiales al plantel de la minera. Tras el enfrentamiento, los manifestantes incendiaron una camioneta y una motocicleta. También ocasionaron daños a varios vehículos y cuadraciclos que se encontraban en los predios de la empresa. Además, saquearon varias oficinas, entre ellas el comisariato, el taller de carpintería, el taller automotriz y el almacén de repuestos, que garantizan la funcionalidad de Hemco; solo en esta zona se estima un inventario de más de tres millones de dólares.
Los manifestantes advirtieron que no negociarán con las autoridades locales y demandan al Gobierno central que conforme una comisión que interceda para alcanzar nuevos acuerdos que pongan fin a la crisis. Enfrentamientos en Mina el Limón dejan Seis heridos (8 de mayo de 2015) Al menos dos policías y cuatro civiles resultaron con lesiones durante los enfrentamientos en las inmediaciones de la empresa minera B2Gold, en la comunidad El Limón, Malpaisillo, cuando las fuerzas del orden intentaron dispersar a unos 100 pobladores que obstaculizaban la normalidad de las operaciones de dicha empresa. La inconformidad de los protestantes se originó después que la empresa minera notificó públicamente que dejaría de subsidiar el servicio de energía eléctrica a más de 8 mil habitantes, tras el racionamiento de 12 horas diarias que desde hace varios días aplica la empresa Disnorte en la comunidad. El enfrentamiento se produjo cuando la Unidad Especial Antidisturbios de la Policía Nacional procedió a desalojar a los protestantes de la entrada principal de la empresa minera, quienes reaccionaron lanzando piedras y garrotes en contra de los agentes del orden público, que luego de varios minutos controlaron la situación disparando bombas lacrimógenas. 1 muerto y 31 heridos durante enfrentamiento en Mina el Limón (6 de octubre 2015) Los enfrentamiento se dieron principalmente por las casi dos semanas que los mineros llevaban de protestas para exigir el reintegro de los sindicalistas Luis Martínez Betanco, William Díaz Cáceres y Rivas Canales ya que consideran que dichos despidos fueron en “represalia” por haber participado en las protestas del pasado mes de Julio las cuales finalizaron al llegar a un acuerdo entre los trabajadores y la empresa minera B2Gold que se comprometió a no violar los contratos de trabajo y el convenio colectivo. Por su parte la empresa minera señaló a través de un comunicado que estos despidos fueron justificados y se cumplieron con el protocolo legal, la comisión tripartita y la presentación de pruebas, lo cual fue aceptado por el Ministerio del Trabajo. Las autoridades manifestaron tener controlada la situación, aunque no hay detenidos sobre estos hechos. Algunos de los heridos fueron trasladaron hacia el centro de salud de la comunidad. Por su parte la primera dama y vocera del gobierno ser refirió a estos sucesos como un “empecinamiento de un pequeño grupo” que afecta el trabajo en la zona local tiene consecuencias dolorosas para los habitantes de esta zona, agregando que desean que el conflicto “se resuelva pronto”.
La Policía Nacional informó que tras los enfrentamientos registrados en Mina El Limón, en León, resultó muerto el oficial Kevin Esaú Valle Carrasco, las autoridades informaron además que otras 31 personas resultaron con lesiones, 23 son policías y ocho civiles. Los dispositivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales brindaban protección a un bus de la empresa B2Gold que trasladaba trabajadores de mina El Limón a mina Santa Pancha, fueron atacados con palos, piedras, morteros y bombas molotov por un grupo vandálico que desde hace nueve días ha violentado el derecho de la mayoría a trabajar amenazando la seguridad de las familias de Mina El Limón y sus alrededores, además de esto se destruyó y saquearon la delegación policial de Mina El Limón, y destruyeron una patrulla policial. Policía nacional Impone estado de sitio en Mina el Limón (18 de octubre 2015) Centenares de antimotines tomaron control completo del poblado de la mina El Limón (Malpaisillo, León), luego de que la Policía Nacional cateara varias casas de la comunidad durante la madrugada. Los oficiales habrían apresado a varios de los manifestantes que durante las últimas semanas exigieron el respeto de sus derechos laborales ante la compañía canadiense B2Gold, explicaron vecinos del poblado. Tanto organizaciones de Derechos Humanos como ciudadanos del área denunciaron un “estado de sitio” impuesto por la Policía. Testigos del ataque relataron que los antimotines utilizaron morteros, balas de goma, gases lacrimógenos y recipientes con gasolina para allanar las casas de los trabajadores de la mina, aterrorizando a mujeres y niños. Un día antes, los pobladores reportaron una presencia excesiva de agentes, quienes cortaron la comunicación terrestre con el exterior. Ni periodistas ni defensores de Derechos Humanos pudieron entrar al poblado para hacer un recuento de lo sucedido. Los celulares fueron el único medio de comunicación en la zona. Católicos dicen no a la minería (04 de octubre de 2015) Sin temor a presiones orteguitas los campesinos de diversas comunidades del municipio llegaron el sábado 3 de octubre a Rancho Grande y peregrinaron junto con el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez Lagos y todo el clero diocesano, manifestándose a favor del medioambiente y en contra del establecimiento de explotaciones mineras en el territorio. Pero, después de la multitudinaria caminata convocada por la Iglesia católica y a la que se sumaron sectores evangélicos, en la víspera del Día de San Francisco de Asís, el orteguismo realizó una contramarcha festejando al santo y pidiéndole lluvias y “buenas cosechas”, pero también celebrando “el buen
gobierno”. El obispo Álvarez insistió en calificar la contramarcha como “una idea poco feliz y contradictoria”, por cuanto “la nuestra es de fe y la de ellos es totalmente política, claramente contraria a la nuestra”.
III.	Criminalización Social La población de Santo Domingo tiene historia minera desde la época de la primera fiebre de la minería. Sin embargo, en esa época, la explotación se realizó de manera subterránea. Los primeros conflictos sociales con DESMINIC S.A./B2Gold Corp. surgen justamente por la amenaza de desalojo de las cooperativas de pequeños mineros que llevaban más de 50 años laborando en áreas que durante las fases de exploración de ésta empresa, fueron declaradas de interés por la riqueza de las vetas que encontraron. En Febrero 2013 la Policía Nacional realizó un total de 40 detenciones de las cuales, 14 personas quedaron en las celdas de Juigalpa y 12 personas se trasladaron a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua conocida como “La Loma” o “El Chipote”, que en la actualidad, es donde trasladan a detenidos de alta peligrosidad o que cometieron delitos graves y son obligados a brindar entrevista utilizando técnicas de presión y hasta la tortura (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, 2013). Según información proporcionada por denunciantes de los hechos ocurridos ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), unas 141 personas resultaron lesionadas por parte de las autoridades policiales, mayoría de las cuales decidieron huir en dirección a los cerros por el temor de ser encarcelados, ya que se dio de inmediato una persecución a los líderes de los pequeños mineros y del Movimiento Salvemos Santo Domingo. El 26 de enero del año 2015, trece representantes de la población afectada por la actividad minera interpusieron denuncia ambiental en contra de DESMINIC S.A./B2Gold ante la Delegada Departamental del MARENA - Delegación Territorial de Chontales, con copia a la Procuraduría General de la República en Juigalpa, así como se entregó copias a MARENA - Central y PGR en Managua. Entre los meses de febrero a mayo, se enviaron al menos una misiva al mes dirigida al MARENA - Chontales, con copia a las respectivas instituciones antes mencionadas, para insistir en la admisión de la denuncia ambiental y en el seguimiento a la misma, para que se llevara a cabo la inspección ambiental que se establece por ley proceder a emitir una resolución administrativa al respecto. Hasta la fecha se continúa trabajando en los procesos de fortalecimiento de capacidad y cabildeo de los movimientos sociales, aun no se tiene repuesta alguna a la demanda ambiental interpuesta en contra de DESMINIC S.A./B2Gold, para la cual se está promoviendo llevar a la vía judicial el caso.
Incidencia en materia legislativa En el ámbito legislativo, las oportunidades de lobby para las organizaciones de sociedad civil son cada vez más limitadas, pese a que durante el periodo se ha intentado tener acercamiento con la Asamblea Nacional, particularmente con la Comisión de Medio Ambiente, no ha sido posible obtener respuesta por parte de las/los diputados, debido al hermetismo que este poder del Estado tiene con relación a las reformas de ley, sobre todo relativas a temas sensibles como minería e hidrocarburos. Cabe señalar, que la Asamblea Nacional, al igual que los demás poderes del Estado ya no cuenta con autonomía completa, como lo mandata la Constitución Nacional, sino que está sometida a las orientaciones del Poder Ejecutivo, pues el partido de gobierno cuenta con la mayoría de diputados, de modo que, para tener mayor empuje, las leyes a discutir en la Asamblea Nacional deben tener el visto bueno de la Presidencia, instancia a la cual es aún más difícil acercarse. El 6 de junio 2016 el Estado de Nicaragua presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de Ley para la creación de una Empresa Nacional de Minas, la cual lleva por nombre ENIMINAS. Según lo establecido en esta propuesta de ley, esta empresa nacional tendrá participación directa en al menos 10% de las acciones directas de las empresas privadas de minería que están operando actualmente en el país o que operen a futuro. Con esta ley, se están confiriendo atribuciones y competencias a esta nueva empresa que actualmente están a cargo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como ente regulador del sector, entre ellas, todas las labores de prospección geológica, así como las regulaciones y dictamen en materia de permisos de concesiones mineras. Adicionalmente, la empresa pretende realizar regulaciones más exhaustivas al sector de pequeña minería con lo cual se viola todo proceso de regulación y control, ya que en este caso se debe de crear una ley específica para regular la pequeña minería y debería de ser el MEM quien esté al frente de esta regulación, no una empresa estatal. Se considera que esta empresa no debería de quitar atribuciones que le competen al Ministerio de Energía y Minas (MEN). En este sentido, se estará trabajando en la elaboración de una contrapropuesta de ley de creación de esta empresa, la cual será sometida a consulta con los distintos sectores, en especial el sector de pequeña minería.
PANAMÁ Por Olmedo Carrasquilla Aguila Colectivo Voces Ecológicas COVEC - Radio Temblor
Fotografía de Colectivo Voces Ecológicas
Panamá. Extractivismo minero y corrupción
La realidad panameña ante el modelo extractivo minero en el 2016, se enmarca en la corrupción y evidente continuidad del Gobierno Nacional, de ceder concesiones mineras en todo el territorio. Luego de la asunción por parte del presidente Juan Carlos Varela, se emprendió los esfuerzos para determinar los procedimientos para una reforma al Código Minero que data de 1968, sin embargo, el conflicto de intereses, manifestado por la clase empresarial minera y la supuesta voluntad oficialista, empantanó los esfuerzo de las organizaciones ecológicas y comunitaria rural por actualizar las leyes que otorgan operaciones para los proyectos mineros, como una estrategia para una moratoria que fulminará el fin de este modelo de desarrollo. A la deriva queda el país, sin una regulación, a merced de las empresas concesionaria, para que haga y deshaga todo lo que no esté estipulado legalmente, vulnerando el estado de derecho y posterior las normas en materia de derechos humanos y ambiente. Máxime, la funcionalidad de las instituciones con competencia en materia de comercio e industria, como de ambiente, que su misión y visión sobre la cuestión ambiental global, ha quedado rezagada o carente de programas de formación científica y socioambiental. Panamá, como expresamos en distintos espacios de comunicación, se ha vendido como un paraíso de prosperidad y auge financiero, pero esta falacia ha quedado al descubierto por los grandes intereses de políticos y empresarios que se turnan el poder para garantizar las acciones y comercio, como es el caso de las actividades extractivas. En donde los Panamá Papers, muestran las figuras involucradas en la corrupción proveniente de las operaciones ilícitas para favorecer consorcios y accionistas. La minería no escapa de este eslabón, y para garantizar esa usurpación de los bienes comunes, elevaron la actividad minera como inyector determinante para el Producto Interno Bruto del país. Uno de los casos muy visualizado, es el fracaso del proyecto Petaquilla Gold, ubicado en el Distrito de Donoso, provincia de Colón, cuyo mayor accionista es el empresario Richard Fifer, que violó los derechos laborales de miles de trabajadores, y extrajo para sus cuentas bancarias las ganancias que generó las exportaciones de oro. Igualmente en un observatorio que se realiza en esta zona, comprobamos también el modus operandi como el proyecto extractivo de cobre Minera Panamá, vulnera a los trabajadores panameños, desmontando sus derechos, para luego ceder esas plazas de trabajo a extranjeros sin la calidad de prestaciones laborales.
A lo expuesto, le incorporamos una serie de violaciones de derechos humanos y ambientales, en donde la calidad de vida ha quedado en segundo plano para las comunidades campesinas e indígenas, ya que sus ríos, sus tierras y aire, han sido contaminados y aniquilados por la fuerza industrial canadiense y criolla. Una caso preciso es la violación a los convenios para el manejo del Corredor Biológico Mesoamericano, que ha sufrido una tortura legal por parte de las altas jerarquía de la justicia panameña, para que las empresas minera en dicha zona de Coclesito, operen sin medir los grandes efectos negativos a futuro. A ese ritmo justifican sus ganancias, pero que a su vez limpian su rostro mercantil, promoviendo actividades sociales y programas de compensación por pérdida de biodiversidad, ante la devastación que han generaron. Y en el marco de la ciudadanía y su bienestar, los campesinos se han visto engañados por las promesas y proyectos sociales fracasados, que al descalificar la cultura y progreso de vida tradicional, tuvieron que optar como esperanza, continuar su arado con las pocas tierras que poseen. Ya que las empresas mineras, a través de un programa de compra venta, se benefició de las tierras que eran trabajadas por las comunidades. A esa contaminación, violación fragante y muerte, el Estado incumple con el ejercicio de los derechos humanos, en la protección y propio avance autónomo que las comunidades desean. Aún desconocemos las sanciones y reparo por los daños vertido por la empresa Petaquilla Gold. En el 2016, otro de los casos que pone en alerta a las comunidades del interior del país, es la puesta en marcha del proyecto minero Cerro Quema. De la Empresa Minera Cerro Quema, subsidiaria de la minera canadiense Pershimco Resources, ubicada en el Distrito de Tonosí, provincia de Los Santos. Que se encuentra en su etapa final el Estudio de Impacto Ambiental EIA categoría III. Pero una singular situación está en boga de la opinión pública como de científicos y ambientalistas, es que la provincia de Los Santos, perteneciente a la Península de Azuero, sufre fuertemente los impactos del cambio climático, vulnerando sus afluentes y ríos para la vida productiva agrícola y consumo de agua potable para los ciudadanos. Que por décadas ha sucumbido por deforestación y mal manejo territorial, y que actualmente, el inicio de las operaciones de este proyecto extractivo producirá una grave crisis ambiental. Ya que la actividad extractiva consume cantidades de agua y territorio, lo que sus áreas adyacentes, sufrirán y posterior una sequía y contaminación se sistematizará. Dos muestras de la situación minera en Panamá son evidentes, y que si tomamos los actuales proyectos aprobados por el Ministerio de Comercio e Industrias MICI que son 16 contratos, el Estado estará obligado a buscar pronto solución ante la crisis ambiental que produce estos proyectos extractivos mineros.
También es importante exponer, el aumento de la criminalización de la protesta social o defensores de los derechos humanos. Casos como: persecución a los moradores de isla Pedro González por oponerse a una megaobra de turismo inmobiliario del millonario grupo Eleta, la demanda millonaria de la hidroeléctrica Los Estrechos a Larissa Duarte del Movimiento Campesino por la Defensa del Río Cobre MOCAMDERCO, la amenaza a la periodista y defensora de la Laguna de Matusaragati de Darién Ligia Arreaga, los Vecinos de Coco del Mar que se oponen a construcciones que incumplen los estudios de impacto ambiental en la ciudad de Panamá, la detención absurda al catedrático de la Universidad de Panamá, Evidelio Adames, y otros, son algunos, en que los inversores de la crisis ambiental apuntan. A lo anterior, se le suma la querella penal a los defensores de los Derechos Humanos y Ambientales del río Tabasará: Clementina Pérez, Toribio García, Carmecita Tedman, Oscar Sogandares y Manolo Miranda. Demandados por supuesta inviolabilidad de propiedad de la empresa Generadora del Istmo GENISA que construye la hidroeléctrica Barro Blanco. Por ende, esta criminalización a campesinos y activistas, es un indicador que las futuras víctimas pueden ser las comunidades rurales, que se opongan al modelo extractivo minero. La cual, el movimiento socioambiental en reiterada veces ha dicho que un mejor modelo de vida es la agroecología nacional, la cual promueve un equilibrio con la biodiversidad y la cultura responsable de consumo. Y que el extractivismo, tentáculo del capitalismo, solo genera ganancias para quienes optan el poder financiero, y no así para el poder colectivo que es decir el bienestar para la salud, cultura, ambiente y felicidad de la gente.
PERÚ Por Cooperacción
Fotografía de COPERACCION
Perú: nuevo gobierno y los conflictos mineros continúan
Una de las características de los últimos gobiernos en el Perú es que al inicio de sus respectivas gestiones, todos han tenido que enfrentar un conflicto social de envergadura vinculado a la minería. Para Toledo fue Tambogrande en Piura; García con Combayo en Cajamarca; Humala y el caso del proyecto Conga en Cajamarca, y ahora, Kuczynski con Las Bambas en la región Apurímac. Como se puede apreciar en los siguientes gráficos, en los últimos meses ha habido un cierto repunte en el número de conflictos sociales y además estos siguen siendo predominantemente ambientales y vinculados a la minería.
Lo cierto es que en estos primeros meses del gobierno del presidente Kuczynski, nuevamente los conflictos sociales han cobrado fuerza y peor aún, nuevas víctimas. Pobladores de Cotabambas y Pataz han pasado a formar parte de la lamentable estadística de personas fallecidas en medio de conflictos sociales en el país. En los últimos años ya son 270 muertes y más de 4,500 heridos. Si alguien se imaginó que con el nuevo gobierno se iba a vivir un escenario de menor tensión y conflictividad, se equivocó. Ya habíamos advertido en el informe del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú, que el nuevo gobierno carecía de una estrategia en materia de conflictividad social y que en los dos primeros meses prácticamente no se hizo nada. Lo cierto es que en este período, las poblaciones siguieron viendo a los mismos funcionarios desgastados del régimen anterior en los también desgastados y tremendamente lentos procesos de diálogo. Recién el 1ro de octubre se nombró como jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) a Rolando Luque, un destacado funcionario que durante años se ha desempeñado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales en la Defensoría del Pueblo. Pero el caso Las Bambas y la agenda de otros conflictos mineros que se presentan como latentes, como el de las tres provincias del denominado corredor minero del sur andino, plantean varios componentes para una reflexión de fondo y la necesidad que sigue existiendo de producir cambios. Un aspecto que ha aparecido en el debate es el de los convenios que firman las empresas mineras con la Policía Nacional. Si bien no es un tema nuevo, ya que se conocían los casos de convenios firmados con Antamina, Tintaya y Antapaccay, Yanacocha, Southern, entre varios otros, lo ocurrido en Las Bambas 73
y la información que hoy en día se dispone, muestra con toda claridad la abierta distorsión que generan estos convenios. Como lo ha señalado un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos , ha sido positivo que el Ministerio del Interior reconozca el convenio que existe entre la PNP y la empresa titular del proyecto minero Las Bambas que fue suscrito el 13 de agosto del 2015 y revalidado por la PNP el 22 de setiembre del 2016. Esta información, hasta hace poco reservada, confirma la vigencia de los convenios, sin embargo, en general todavía existe mucha opacidad alrededor de los convenios y no se encuentran disponibles para toda la ciudadanía. A la fecha, ninguno de estos convenios ha sido publicado en la página web del Ministerio del Interior, ni ha sido difundido por los medios de comunicación. 26
Pero el otro tema es que estos convenios han producido un delicadísimo proceso de privatización de la fuerza pública al servicio de empresas privadas, fundamentalmente del sector minero extractivo y de hidrocarburos. Como lo señala el convenio de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: “la existencia de estos convenios demuestran que la PNP viene recibiendo hasta tres tipos de beneficios económicos por parte de las empresas mineras: 100 soles diarios para los efectivos policiales que realizan labores de seguridad; 110 soles diarios para efectivos de nivel superior (responsables de Convenios o quienes los suscriben) y el 0.11% de una UIT que se deposita en una cuenta corriente y que ingresa como recursos directamente recaudados. Esta situación, no sólo demuestra la dependencia económica de nuestra PNP, sino también transgrede abiertamente su función constitucional, sometiéndola a intereses privados…” Es preocupante que sólo se plantee revisar los marcos normativos que posibilitan o sustentan convenios privados y secretos entre la PNP y las empresas mineras. La actuación de la PNP –denunciada por el propio Ministro del Interior– en el último conflicto en Las Bambas, ha puesto en evidencia que se requieren cambios profundos, así como la fiscalización de los recursos que desde años atrás la PNP percibe como producto de la suscripción de dichos convenios. El otro tema que aparece en el debate público es la manera como se vienen utilizando instrumentos creados por los denominados paquetazos ambientales. Es el caso del Instrumento Técnico Sustentatorio (ITS), creados por el Decreto Supremo 054 del año 2013. En el caso de Las Bambas, el proyecto minero ha sido modificado hasta en 4 ocasiones a punta del ITS y no han sido cambios menores: el primero, quizás el más importante, fue la reubicación de la planta de molibdeno, de la planta de filtros y del área de almacenamiento de concentrados desde Tintaya hacia la zona de Las Bambas según afirma la empresa; el segundo
26	Comunicado del 03 de noviembre de 2016.
ITS autorizó cambios en componentes para el uso de agua; el tercero modificó el sistema de manejo de agua del depósito de relaves y amplió el almacén de concentrados de 20 mil a 47 mil toneladas; y finalmente, el cuarto tiene que ver con la habilitación de la pila de mineral de baja ley, instalaciones de oficinas y almacenes, monitoreo geotécnico, sondajes diamantinos de reservas en tajo Chalbobamba y actualización de puntos de monitoreo de agua y aire. Todos estos cambios, además de dos modificatorias del propio Estudio de Impacto Ambiental, se han dado en aproximadamente dos años y medio. Todavía quedan serias dudas sobre la estrategia del gobierno en materia de conflictividad social; además está claro que en los dos primeros meses prácticamente no se hizo nada. Es lamentable que en la primera salida del flamante jefe de la ONDS, para abordar el conflicto de Saramurillo, haya tenido que lidiar con la incompetencia e improvisación de un asesor presidencial, que finalmente fue expulsado por las propias comunidades de la mesa. El gobierno le debería brindar todas las condiciones para que Rolando Luque desarrolle una labor que es crucial. En ese sentido habrá que ver cómo se desarrolla la propuesta que apunta a articular con las 25 regiones, con un protocolo de intervención y coordinación entre el Poder Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, la ONDS y los gobiernos regionales. Se hace necesario concebir un sistema nacional de conflictos sociales que tenga las siguientes características: prevención, capacidad de articulación multisectorial, presencia en las regiones y un claro enfoque de derechos humanos. La nueva geografía de la conflictividad social se sigue confirmando. En la actualidad la macro sur concentra algo más del 43% de los conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo; la macro norte casi el 30% y la macro centro el 14%. Las dos regiones con el mayor número de conflictos siguen siendo Apurímac y Ancash, que curiosamente presentan características distintas: mientras que en Apurímac, sobre todo en la zona de influencia del proyecto Las Bambas, se va configurando un conflicto de coexistencia pero de alta intensidad y permanente tensión, en Ancash, pese al número de ocurrencias, se viven conflictos de baja intensidad. Además, el carácter multidimensional de los conflictos se confirma en los diferentes escenarios: expectativas diversas, preocupaciones ambientales, demandas sociales, económicas, temas culturales, etc., aparecen entre las causas. Todo indica que el 2017 seguirá estando marcadamente influenciado por los conflictos socio ambientales vinculados a la minería, frente a la inoperancia de un gobierno que además se empecina en intentar sacar adelante un conjunto de proyectos controvertidos y que tienen el rechazo absoluto de las poblaciones vecinas.
n esta nueva publicación OCMAL de la situación minera en varios países de América Latina, hemos podido relevar algunos aspectos importantes relacionados con las expectativas no cumplidas de inversionistas mineros. Para estos, luego del súper ciclo de los minerales, nada será igual, salvo que el cobre llegue nuevamente a costar 4 dólares la libra y el oro, 2.000 dólares la onza. Al mismo tiempo, las permanentes expectativas de mineros y gobiernos extractivistas de controlar la conflictividad que caracteriza al sector se han visto frustradas por los procesos de resistencia a la minería. Si sumamos la prohibición a la minería en El Salvador (en abril de 2017, al cierre de esta edición) y las dificultades de imponer proyectos mineros a comunidades que la rechazan, el saldo para promotores de la minería en América Latina no puede sino ser desalentador. Si finalmente agregamos los altos costos de extracción y los módicos precios en los mercados internacionales, todo ello bajo la sombra de un creciente cuestionamiento al extractivismo, el panorama no puede ser floreciente. ¿Implica esto que estamos ad portas de un cambio en el trato que se da a la naturaleza respecto de la extracción de minerales? Probablemente no. Muestra de ello es la insistencia de reflotar proyectos extremadamente impopulares tales como Pascua Lama en la frontera entre Chile y Argentina con costos importantes a los glaciares cordilleranos, el proyecto de la empresa Eco Oro Minerals en el Páramo de Santurbán en Santander, al norte de Colombia, de donde el IFC (Corporación Financiera Internacional) se ha retirado; o lo que es aún más llamativo: la reactivación de la fundición ubicada en el pueblo de la Oroya, considerado uno de los lugares más contaminados del planeta. Al parecer, la minería irracional del “extractivismo senil” (en palabras de Alberto Acosta) nos acompañará aún por bastante tiempo. Sin embargo, debemos reconocer que las condiciones han ido cambiando. Ya no es obvio el querer desarrollar proyectos mineros en cualquier lugar del planeta sin considerar los costos asociados. Costos que dicho sea de paso, son traídos a colación por las comunidades afectadas y puestos sobre la mesa como condicionamiento intransigente, como respuesta a la intransigencia del extractivismo minero.
A pesar que tenemos la presión de la minería, podemos pensar un futuro donde las comunidades cada vez exigen y deciden de forma autodeterminada defender y negarse a entregar sus territorios para ser impactado ambientalmente por la minería, así como también, que las condiciones sean cada vez más exigentes y las medidas de protección actualizadas a las nuevas informaciones sociales, y técnico-científicas. Es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con los cuestionamientos a la expansión de la minería en el fondo marino. A pesar de haber concesiones marinas, no hay respaldo social y científico a esta actividad. Dar a conocer estas tendencias es uno de los objetos de esta publicación de modo que cada vez más, junto a comunidades afectadas y la sociedad consciente de los riesgos de seguir profundizando la destrucción de nuestro planeta, podamos contribuir a caminar hacia una sociedad post extractivista.
CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA LATINA: EXTRACCIÓN, SAQUEO Y AGRESIÓN —Estado de situación en 2016—

References: resolución 
 artículo 173
 artículo 37
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución