Source: https://supremo.vlex.es/vid/773170045
Timestamp: 2019-10-23 10:13:49+00:00

Document:
STS 119/2019, 6 de Marzo de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 773170045
Número de Recurso: 779/2018
Número de Resolución: 119/2019
VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA. CRITERIOS ORIENTATIVOS. Se fijan una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. En el caso concreto, en relación con víctimas de delitos de violencia de género, se debe considerar la percepción de la seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa, la concreción en el relato de los hechos objeto de la causa, la claridad expositiva ante el Tribunal y el lenguaje gestual de convicción. Se estima el recurso de casación.
Esta sala ha visto los recursos de casación por infracción de ley, interpuestos por las representaciones del acusado D. Pascual y de la Acusación Particular Dña. Diana , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Segunda, que condenó al anterior acusado por delitos de lesiones y de maltrato en el ámbito familiar, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia del primero de los indicados, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y estando dichos recurrentes representados, respectivamente, por el Procurador Sr. Granado Bravos y por la Procuradora Sra. Asanza Izquierdo.
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Palma instruyó sumario con el nº 25 de 2016 contra Pascual , y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Segunda, que con fecha 24 de mayo de 2017 dictó sentencia que contiene los siguientes Hechos Probados:
Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por infracción de ley por la representación del acusado D. Pascual y de la Acusación Particular Dña. Diana , remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
I.- El recurso interpuesto por la representación del acusado D. Pascual , lo baso en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
El recurso interpuesto por la representación de la Acusación Particular Dña. Diana , lo basó en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:
Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos, solicitó la inadmisión y subsidiaria desestimación de todos los motivos del recurso del acusado y de los motivos primero y segundo del recurso de la Acusación Particular, excepto del motivo tercero que apoyó, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Por Providencia de esta Sala se señala el presente recurso para deliberación y fallo para el día 20 de febrero de 2019, prolongándose los mismos hasta el día de la fecha.
Es objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, con fecha 24 de mayo de 2017 contra la que se interpone recurso de casación por el condenado Pascual y Diana (acusación particular).
1.- Infracción de Ley del artículo 849.1º LECrim al calificarse los hechos como un delito de lesiones previsto y penado en el artículo 153 Código Penal cuando deberían en su caso haber sido calificados como una falta de lesiones de maltrato de obra vigente a la fecha de los hechos (31 de diciembre de 2014).
- El acusado estaba gravemente afectado por la ingesta de alcohol -la propia sentencia lo reconoce- por lo que la decisión de agredir a la víctima no puede ser considerada inexorablemente como vinculada a la relación de afectividad.
- En modo alguno ha quedado acreditado que esa agresión tuviera como finalidad doblegar la voluntad de la mujer, voluntad que se vería así quebrada por la acción de agresión del varón siendo que tal violencia se desata en el seno de una relación sentimental para mostrar la supremacía de él sobre ella".
Así, con independencia de que esta Sala realizó la fijación de criterio interpretativo del art. 153 CP en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo 677/2018 de 20 Dic. 2018, Rec. 1388/2018 , lo cierto y verdad es que debe rechazarse el motivo, porque el contexto de la relación de pareja en la que vivía el recurrente con la víctima lo era en una permanente conducta delictiva de maltrato habitual de humillación y dominación psicológica, por la prevalente conducta de dirigirse a su pareja con términos humillantes que el Tribunal ha ubicado en el delito de maltrato habitual dentro del tipo psicológico, y que está incluido en el art. 173.2 CP , habiéndose producido los hechos en el domicilio (del maltrato del art. 173.2 CP , no el del art. 153.1 CP ), aunque tras el consumo de bebidas alcohólicas. Y es en ese contexto de humillación casi permanente en donde el recurrente golpea a su pareja con dos puñetazos, por lo que no se trata de que el consumo de alcohol haga alterar el tipo penal objeto de condena pasando del art. 153.1 CP al art. 147. 3 CP , en este último caso por no causarle lesión.
" Posibilidad de aplicación del apartado 4º del art. 153 al caso concreto. Lo que sí es posible aplicar es la vía del art. 153.4 CP que señala que: 4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. Ello permitirá graduar la respuesta penológica al caso concreto, pero no absolver por la circunstancia de que exista agresión mutua y no se haya probado por la acusación el ánimo de dominación o machismo en el hombre. Este tipo atenuado sería el marco adecuado para tener en cuenta, en su caso, algunas de las circunstancias que se valoran por los jueces y tribunales para excluir la aplicación del artículo 153.1 CP ".
2.- Infracción de Ley por error en la valoración de la prueba al amparo del artículo 849.2º LECrim (Fundamento de Derecho Primero) y en concreto de los informes médicos forense y de Instituciones Públicas en los que nunca se constatan lesiones derivadas del día 31 de diciembre de 2014) y Vulneración del derecho de defensa y de presunción de inocencia ex artículo 852 LECrim , inversión carga de la prueba presumiendo al acusado culpable del delito de lesiones del artículo 153 CP pese a no existir prueba alguna documental que soporte y acredite la existencia de esas lesiones.
La declaración de la víctima consideramos que cumple con los requisitos para ser tomada como prueba de cargo única, dado que cumple con los consabidos requisitos de credulidad subjetiva y objetiva, persistencia en la incriminación y existencia de corroboraciones periféricas, respecto a los hechos que son constitutivos del delito de maltrato habitual y de maltrato, no así, como más adelante se verá, respecto a la agresión sexual. En efecto, se aprecia en la declaración de la perjudicada una coherencia interna en su declaración , siendo que no vemos ánimo espurio de venganza o resentimiento que pueda influir en la valoración de dicha declaración . Diana detalla claramente los hechos, distingue las situaciones, los presentes, los motivos, y, lo que es más claro y evidencia una falta de propósito de perjudicar al acusado, discrimina los hechos que tenían lugar habitualmente, de los que no , y aquéllos en los que el acusado iba muy bebido de los que eran sus relaciones normales y cotidianas. Por ello, apreciamos que concurre dicha verosimilitud, siendo que además su declaración ha sido persistente en las sucesivas fases del procedimiento, no apreciando ni contradicciones ni lagunas o cambios de versión que nos lleven a entender que no cuenta los hechos tal y como sucedieron".
El Tribunal incide en que no existe lesión alguna tras la agresión del recurrente al golpearle con dos puñetazos, por lo que no puede exigirse documental alguna en este caso. Lo que el Tribunal concluye es que debe aplicarse "la circunstancia atenuante analógica de embriaguez del artículo 21.7 en relación con los artículos 21.2 y 20.2 CP , atendida la numerosa prueba testifical practicada al respecto y que todos los declarantes manifiestan que los hechos siempre tenían lugar tras la ingesta de bebidas alcohólicas que disminuían su capacidad". Y respecto al delito del art. 153.1 CP le aplica, además, la rebaja en un grado de la pena por entender la escasa entidad de los hechos.
- Posibles presiones de su entorno o externas sobre su declaración.
- Detalla claramente los hechos,
- La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad.
- La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma, que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera.
- Las exigencias de razonamiento relativo a la prueba de los hechos son menores cuando el relato fáctico revele la prueba palpable de los mismos como ocurre en los supuestos de delitos flagrantes.
- También es menos necesario el razonamiento relativo a la aplicación de un precepto o al anudamiento de una consecuencia jurídica establecida en una norma, cuando es clara la subsunción del precepto o la norma a los hechos declarados probados.
- La existencia de la inmediación como privilegio del juez o tribunal ante el que se practica la prueba no debe eludir la exigencia de la adecuada motivación, ya que como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 May. 2007 es preciso situar el valor de la inmediación judicial en sus justos límites, y en tal sentido hay que decir que:
La fundamentación de las consecuencias penales como civiles derivadas, por tanto, de la individualización de la pena y medidas de seguridad en su caso, responsabilidades civiles, costas judiciales y de las consecuencias accesorias, arts. 127 a 129 CP . ( SSTS. 14.5.98 , 18.9.2001, 480/2002 de 15.3).
- La motivación puede ser escueta, siempre que suponga una aplicación razonable y reconocible del ordenamiento jurídico, pero en cualquier caso una sentencia penal correcta debe contener una motivación completa, es decir que abarque los tres aspectos anteriormente indicados, con la extensión y profundidad proporcionadas a la mayor o menor complejidad de las cuestiones que se han de resolver ( STS 258/2002 de 19.2 ). No existe, desde luego, un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación, pero sí a que el razonamiento que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación en cada caso concreto que permita conocer los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión (en este sentido SSTC 8/2001, de 15 de enero y 13/2001, de 29 de enero ) ( STS nº 97/2002, de 29 de enero ).
- Esta exigencia de motivación de las resoluciones judiciales no supone que hayan de ofrecer necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que ha llevado a decidir en un determinado sentido, ni tampoco requiere un determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado. Basta a los efectos de su control constitucional con que dicha motivación ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajeno a toda arbitrariedad y permita la natural revisión jurisdiccional mediante los recursos legales establecidos. Es decir, es necesario, pero también suficiente, que se refleje la razón del discurso logístico que toda resolución comporta de manera que se haga comprensible para el destinatario de la decisión que ésta es la consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad ( STS de 8 Nov. 2006 ).
- La declaración de la víctima no es prueba indiciaria sino prueba directa, y ha sido admitida como prueba de cargo tanto por la doctrina del Tribunal Supremo (SS. 706/2000 , 313/2002 , 1317/2004 ), como del Tribunal Constitucional (SS. 201/89 , 173/90 , 229/91 ).
- La existencia de la declaración de la víctima no siempre se convierte por sí misma y automáticamente en prueba de cargo suficiente, pues, como todas, está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador.
- Esta Sala del Tribunal Supremo parte de la consideración de que las declaraciones de la víctima no son asimilables totalmente a las de un tercero, por ello cuando el TC, respetando con buen criterio el ámbito de exclusividad de la potestad jurisdiccional penal constitucionalmente atribuidos a jueces y tribunales ordinarios, señala que la declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, incumbiendo su valoración al tribunal sentenciador, ello no significa, desde luego, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada la presunción de inocencia en el sentido de que se invierta la carga de la prueba, dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba no es inhábil a los efectos de su valoración como una prueba más por el tribunal sentenciador, el cual debe aplicar, obviamente en esta valoración, criterios de razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba.
- Las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen valor de prueba testifical, siempre que se practiquen con las debidas garantías y son hábiles por si solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia, y de manera específica en los delitos en que por las circunstancias en que se cometen no suele concurrir la presencia de otros testigos ( SSTS 30-1-99 y 28-1 y 15-12-95 ).
- Cuando es la única prueba de cargo exige -como ha dicho la Sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de fecha 29-4-97 - una cuidada y prudente valoración por el tribunal sentenciador, ponderando su credibilidad en relación con todos los factores subjetivos y objetivos que concurran en la causa, precisando la STS 29-4-99 con que no basta la sola afirmación de confianza con la declaración testimonial cuando aparece como prueba única, la afirmación ha de ir acompañada de una argumentación y esta ha de ser razonable por encontrarse apoyada en determinados datos o circunstancias.
- La situación límite de riesgo para el derecho constitucional de presunción de inocencia se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la supuesta víctima del delito ( STS 29-12-97 ) y el riesgo se hace extremo si la supuesta víctima es precisamente quien inició el proceso, mediante la correspondiente denuncia o querella, haciéndose más acentuado aún si ejerce la acusación, pues en tal caso se constituye en única prueba de la acusación el propio acusador.
) Verosimilitud , es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio -declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso- sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento ( arts. 109 y 110 LECrim .) en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.
) Persistencia en la incriminación : esta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo única prueba enfrentada con la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de este es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad ( SSTS 28-9-88 , 26-3 y 5-6-92 , 8-11-94 , 11-10-95 , 13-4- 96).
Que únicamente pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar precisamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia, de suerte que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios aportados a tal fin por las partes ( STS de 8 Nov. 2006, rec. 84/2006 ).
De esta exigencia general se desprende que las diligencias llevadas a cabo durante la fase instructora del proceso penal no constituyen en sí mismas pruebas de cargo, sino únicamente actos de investigación cuya finalidad específica, por tanto, no es la fijación definitiva de los hechos para que éstos transciendan a la resolución judicial, sino la de permitir la apertura del juicio oral, proporcionando a tal efecto los elementos necesarios para la acusación y la defensa ( STC. 51/95 de 23.2 ).
1.- Infracción de ley del art. 849.2 L.E.Cr . por error en la valoración de la prueba, y en concreto por todas las declaraciones de la perjudicada existentes en autos (denuncia, declaración policial, declaración del Juzgado e informe médico), en los que relata los mismos hechos de agresión sexual, lesiones y maltrato habitual.
Pero es que en segundo lugar al formularse el motivo por la vía del art. 849.2 LECRIM y sobre declaraciones de la perjudicada existentes en autos (denuncia, declaración policial, declaración del Juzgado e informe médico), en los que relata los mismos hechos de agresión sexual, lesiones y maltrato habitual hay que recordar que esta Sala se ha pronunciado sobre el valor del documento a efectos casacionales, entre otras, en la sentencia del Tribunal Supremo 1159/2005 de 10 Oct. 2005, Rec. 2295/2004 , donde recogemos que el art. 849.2 LECrim recoge los motivos basados en error en la apreciación de la prueba, respecto de los que exige que dicho error se encuentre basado en "documentos que obren en autos", que tales documentos demuestren la equivocación del Juzgador, y que tales documentos no resulten "contradichos por otros elementos probatorios". Así pues, en el recurso debe designarse el documento que acredite el error en la apreciación de la prueba que se alega ( art. 855, párrafo 3º LECrim ).
Señala la recurrente que la víctima relata minuciosamente cómo fue abordada por el procesado. Pero el Tribunal entiende que tras analizar la declaración de la víctima y concluir que sí llegan a la convicción de que se había cometido el delito de maltrato habitual y del art. 153.1 CP , sin embargo apunta que no hay prueba que corrobore en modo alguno la versión de la víctima en cuanto a la agresión sexual, de modo que, respecto a tales hechos, la conclusión debe ser necesariamente absolutoria.
2.- Infracción de ley del art. 849.1 L.E.Cr . al calificarse los hechos como un delito de lesiones previsto y penado en el art. 153.4 C.P ., cuando deberían haber sido calificados por el art. 153.1 y 3 C.P .
Señala la parte recurrente que el delito lesiones debería de haberse calificado por el art. 153.1 y 3 CP , y no por el art. 153.4 CP . No obstante, hay que reseñar que el Tribunal señala en el Fundamento de derecho nº 2 que Los anteriores hechos son constitutivos de un delito de maltrato habitual del artículo 173.2, párrafo segundo, CP , y de otro del artículo 153.1º CP , respecto a los dos bofetones propinados por el acusado, atendida la regla concursal específica.
Por otro lado, el golpe se produce en la vía pública, y así hace constar en el hecho probado que es en la vía pública donde le da un par de puñetazos en la cara, sin que conste le causara lesión alguna. Por ello, no puede aplicarse la agravación del apartado 3º del art. 153 CP .
3.- Por infracción de ley del art. 851.3 L.E.Cr . al no incluir la responsabilidad civil solicitada por la acusación particular de doña Diana y no incluir las costas que fueron puestas en el escrito de acusación, elevándose las conclusiones a definitivas y reiterándose en el final del informe.
Al proceder la estimación del recurso por la acusación particular, se está en el caso de declarar de oficio las costas procesales de esta instancia casacional, respecto de este junto a la posición institucional del Ministerio Fiscal en el ámbito de este recurso de casación ( art. 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ). Pero se imponen al condenado a quien se desestima el recurso de casación.
DECLARAR HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de la Acusación Particular Dña. Diana , con estimación de su motivo tercero y desestimación del resto; y, en su virtud, casamos y anulamos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Segunda, de fecha 24 de mayo de 2017 , en causa seguida contra el acusado Pascual . Se declaran de oficio las costas procesales ocasionadas en su recurso, con devolución del depósito constituido.
Asimismo, DEBEMOS DECLARAR NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación del acusado D. Pascual , con desestimación de todos sus motivos, contra indicada sentencia. Condenamos a dicho recurrente al pago de las costas procesales ocasionadas en su recurso. Y, comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicte, a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió.
Esta sala ha visto el Sumario nº 25 de 2016, dimanante del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Palma Mallorca, seguido por delito de lesiones y maltrato en el ámbito familiar, contra el acusado Pascual , mayor de edad, en cuanto nacido en Bolivia, el NUM000 de 1968, hijo de Valentín y de Felisa , con documento NUM001 , sin antecedentes penales y privado de libertad por esta causa un día, y en la que se dictó sentencia por la mencionada Audiencia, con fecha 24 de mayo de 2017 , que ha sido casada y anulada por la pronunciada en el día de hoy por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen, hacen constar lo siguiente:
ÚNICO.- De conformidad con nuestra Sentencia Casacional debemos estimar parcialmente el recurso de la víctima Diana y acordar la imposición de costas al condenado de la acusación particular en las 2/3 partes, así como la responsabilidad civil reclamada por importe de 150 euros que se adicionan al condenado a su pago a la víctima con imposición de costas al condenado.
STSJ Navarra 434/2016, 20 de Noviembre de 2016
SAP Asturias 199/1998, 13 de Abril de 1998

References: artículo 849
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 849
 artículo 852
 artículo 153
 artículo 21
 resolución 
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 artículo 173
 artículo 153
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