Source: http://blog.pucp.edu.pe/archive/1545/2012-03/category/8691
Timestamp: 2013-05-25 08:14:26+00:00

Document:
Reino Unido: una ni�a de cinco a�os fue forzada a casarse
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 08:57 — Visto: 156 veces
El hecho demuestra que menores en edad escolar son v�ctimas este tipo de abusos, seg�n organizaci�n especializada en el tema
Viernes 30 de marzo de 2012 - 05:48 pm
Londres (EFE). Una ni�a de cinco a�os es la v�ctima m�s joven de un matrimonio forzoso detectado en el Reino Unido, seg�n los datos publicados hoy por la Unidad de Matrimonios Forzados (UMF) de este pa�s, recogidos por la cadena p�blica BBC.
El a�o pasado, 1.500 personas recibieron la asistencia de este organismo p�blico, y 400 de ellas fueron ni�as menores de edad, seg�n las estad�sticas obtenidas a ra�z de una investigaci�n sobre este problema en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
De ellas �la v�ctima m�s joven solo ten�a cinco a�os, lo que significa que menores en edad escolar son v�ctimas de esta pr�ctica�, denunci� Amy Cumming, la directora de la UMF, quien no desvel� ning�n otro detalle de la menor para proteger su privacidad.
La menor contrajo matrimonio en el extranjero y despu�s se traslad� al Reino Unido, donde las autoridades se hicieron cargo de su caso, dijo una portavoz del UMF.
REINO UNIDO SE ESFUERZA EN EVITAR MATRIMONIOS FORZOSOS
En 2008, el Reino Unido fortaleci� la legislaci�n contra estos matrimonios con una ley que protege a todas personas forzadas a casarse contra su voluntad y que autoriza a los tribunales para frenar las uniones forzosas. Los que desobedecen orden, tendr�an hasta dos a�os de c�rcel por desacato al tribunal, una acci�n que en el Reino Unido se considera delito civil.
• • • marzo 26, 2012
Murio mujer quemada viva por su marido
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 08:13 — Visto: 201 veces
Murio mujer quemada viva por su marido	Celoso la ba�� con gasolina y le prendi� fuego porque no quer�a seguir con �l.Deja tres ni�os huerfanitos
Perdi� la batalla. La joven madre Leyla Zegarra Avalos ( 29), quien sufri� quemaduras de segundo y tercer grado en el 70% de la superficie corporal luego de que su pareja, en medio de una pelea, le roci� gasolina para despu�s prenderle fuego, dej� de existir ayer en el hospital Arzobispo Loayza de Lima.
algom�s
El hospital Arzobispo Loayza se comprometi� a brindar ayuda psicol�gica a los tres menores hijos de Zegarra Avalos que han quedado desamparados.
La directora de dicho nosocomio, doctora Zarela Sol�s, fue la encargada de anunciar la terrible noticia.
"Al promediar las doce y 35 minutos del d�a, Zegarra Avalos dej� de existir a consecuencia de una falla multiorg�nica", declar� la directora en medio de una conferencia de prensa.
Detall� que pese a que la joven madre de tres menores mostr� una mejor�a, tanto as� que hoy pensaban retirarle el ventilador que usaba, finalmente no logr� superar los cuadros de insuficiencia renal y sepsis severa que presentaba.
Asimismo, revel� que la paciente no sinti� dolor al morir, pues se encontraba bajo sedantes.
Al enterarse del fallecimiento de su hija de labios de la directora del hospital , do�a Zarela Avalos entr� en shock, por lo que tuvo que ser sedada por los m�dicos.
En cuanto al estado del agresor de Leyla, su pareja Jairo Fern�ndez Chac�n, �ste ser� sometido a una cirug�a para colocarle injertos de piel y se supo que reci�n la pr�xima semana ser�a dado de alta.
Mientras tanto, la ministra de la Mujer, Ana Jara, exigi� al Poder Judicial la m�xima sanci�n contra el agresor de la joven mam�, mientras que la alcaldesa de Lima, Susana Villar�n, envi� sus condolencias.
La mat� porque volvi� con esposo. C�nyuge de Leyla dice que asesino lo amenaz� Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 08:12 — Visto: 218 veces
La mat� porque volvi� con esposo. C�nyuge de Leyla dice que asesino lo amenaz�
"Ya hab�amos retomado nuestra relaci�n e iniciamos una terapia psicol�gica de pareja por el bien de nuestras hijas. Por eso �l se veng�. Primero quiso matarme, pero como no pudo acab� con la vida de mi esposa", revel� ayer Javier Requejo, viudo de Leyla Zegarra Avalos, quien muri� a causa de las quemaduras que le ocasion� su ex pareja Carlos Jairo Fern�ndez Chac�n (18).
Carlos Jairo Fern�ndez, quien nacio y vivi� en el Callao, permanece internado en el hospital Arzobispo Loayza por las quemaduras que presenta.
La infortunada mujer, quien falleci� el viernes tras siete d�as de agon�a, fue sepultada ayer en el cementerio Parque del Recuerdo, en Lurin.
El viudo, quien tuvo tres hijas con la v�ctima, se mostr� desconsolado y cont� que "ese sujeto estaba obsesionado con ella y mi esposa cre�a que pod�a salvarlo de las drogas, pero se equivoc�".
Javier Requejo, quien es obrero de construcci�n, dijo "hace cinco meses nos separamos porque el dinero no nos alcanzaba y ten�amos problemas. El aprovech� nuestras rencillas para enga�arla haci�ndole regalos".
Agreg� que "como nuestras hijas estaban afectadas por la separaci�n, decidimos darnos otra oportunidad y ella lo dej�".
"Iniciamos una terapia de pareja que nos estaba ayudando en nuestra reconciliaci�n. Pero �l segu�a buscando a Leyla. Ven�a a la esquina y se quedaba esper�ndola. Un d�a lo enfrent� y le pegu�", record� el viudo.
Tras ser rechazado por Leyla, Carlos Jairo Fern�ndez busc� a su rival para vengarse de la golpiza que le dio.
"Unos d�as antes de atacar a Leyla estuvo busc�ndome. Me esper� en el paradero con un arma de fuego, as� me contaron mis amigos. Se lo dije a Leyla y me pidi� que me cuide porque ese tipo era peligroso. Y ahora lamento que ella no lo hiciera, pues confiaba en �l y cre�a que nunca le har�a da�o", cont� Javier.
Acongojado, confes� que el motivo por el que la familia de la v�ctima se visti� de blanco para el funeral, es porque en una ocasi�n ella le dijo "si me muero primero, mi deseo es que en mi velorio se vistan de blanco". Ella quer�a ser recordada con alegr�a, a�adi�.
Por su parte, los padres de la occisa, quien ten�a 29 a�os de edad, tambi�n expresaron que como cristianos que son no tienen sed de venganza ni guardan rencores.
En tanto, al mediod�a, el f�retro con los restos de Leyla fue retirado de la vivienda de sus padres, ubicado en la urbanizaci�n Las Delicias de Villa, en Chorrillos, en donde se ofici� una misa. Luego fue paseado por las calles aleda�as e hizo una parada en la casa donde vivi� con su esposo e hijas.
En medio del llanto y escenas de dolor de los familiares y amigos, que a gritos repet�an "Leyla, amiga, presente", el ata�d fue llevado al cementerio.
A la 1:30 de la tarde, los restos de Leyla fueron sepultados ante la mirada de dolor y resignaci�n de sus parientes.
JUEZ COMPETENTE PARA CONOCER UN PROCESO DE AMPARO
Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 02:17 — Visto: 505 veces
EXP. N� 04249-2011-PA
LUIS GUILLERMO MI��N ALBURQUEQUE
RESOLUCI�N DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Lima, 18 de enero de 2012
El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Luis Guillermo Mi��n Alburqueque contra la resoluci�n expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fojas 791, su fecha 9 de junio de 2011, que declar� fundada la excepci�n de incompetencia y concluido el proceso; y,
1. Que con fecha 15 de octubre de 2009, el recurrente interpone demanda de amparo contra Repsol YPF Comercial del Per� S.A., solicitando que se deje sin efecto el despido sin expresi�n de causa del que fue v�ctima y que se ordene su reposici�n en el cargo que ten�a antes del despido. Refiere que labor� desde el 13 de agosto de 2002 en la Planta de envasado de GLP de la demandada y que pese a que se le pagaba mediante boletas de pago de la empresa Adecco Consulting S.A. en realidad trabajaba para la demandada, pues se hab�a desnaturalizado el contrato de tercerizaci�n suscrito, hecho que habr�a sido constatado por el Ministerio de Trabajo y Promoci�n del Empleo.
2. Que la empresa demandada propone las excepciones de incompetencia por raz�n del territorio y de falta de legitimidad para obrar del demandado, por considerar que los supuestos hechos violatorios de los derechos constitucionales del actor se produjeron en el distrito de Ventanilla (N�stor Gambeta Km 16.5) que es donde queda la planta de envasado de GLP y que considerando que el actor tiene domicilio en el distrito de Pueblo Libre, el Juez Civil del Callao carece de competencia. Asimismo, se�ala que el Centro de Distribuci�n Uno, que es donde el actor tambi�n habr�a laborado, queda en la Av. Nicol�s Ayll�n N� 1330 San Luis, Lima.
3. Que tanto en primera como en segunda instancia se ha declarado fundada la excepci�n de incompetencia por raz�n del territorio y concluido el proceso.
4. Que el art�culo 51 del C�digo Procesal Constitucional, modificado por la Ley N� 28946, prescribe que �es competente para conocer del proceso de amparo, del proceso de h�beas data y del proceso de cumplimiento el Juez civil o mixto del lugar donde se afect� el derecho, o donde tiene su domicilio principal el afectado, a elecci�n del demandante. En el proceso de amparo, h�beas data y en el de cumplimiento no se admitir� la pr�rroga de la competencia territorial, bajo sanci�n de nulidad de todo lo actuado�. (resaltado nuestro).
5. Que del Documento Nacional de Identidad obrante a fojas 2, consta que el demandante ten�a su domicilio principal al momento de interponer la demanda en �Av. Juan Pablo Fernardini 1335 Dpto. 501� del distrito de Pueblo Libre. Asimismo, en la Carta Notarial presentada por el propio actor, recepcionada el 5 de octubre de 2009, por el que la empresa Adecco notifica al actor el t�rmino del contrato modal, figura la misma direcci�n. Por otro lado, los hechos que el demandante califica de vulnerarios de sus derechos constitucionales tuvieron lugar en el distrito de Ventanilla, dicha ubicaci�n consta en el Acta de Infracci�n del Ministerio de Trabajo y Promoci�n del Empleo, presentada por el propio actor, a fojas 3, y en la constataci�n policial de fojas 35. A este respecto el actor en el escrito de fojas 626 y en el recurso de agravio constitucional ha reiterado que los hechos donde se habr�a afectado sus derechos ocurrieron en la Avenida N�stor Gambeta Km 16.5, autopista a Ventanilla. Finalmente, respecto del domicilio se�alado por el recurrente en la demanda, no ha adjuntado a �sta documento alguno id�neo que acredite que tenga su domicilio en dicho lugar.
6. Que en tal sentido, sea que se trate del lugar donde se afect� el derecho, sea donde ten�a su domicilio principal el supuesto afectado al interponer la demanda, de conformidad con el art�culo 51 del C�digo Procesal Constitucional, para este Colegiado queda claro que la demanda debi� haber sido interpuesta en el Juzgado Civil o Mixto de Ventanilla o en el Juzgado competente en donde tiene su domicilio principal.
7. Que en consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto por el art�culo 427, inciso 4), del C�digo Procesal Civil, de aplicaci�n supletoria por mandato del art�culo IX del T�tulo Preliminar del C�digo Procesal Constitucional, la demanda debe ser declarada improcedente. (STC 0340-2011-PA/TC).
8. Que finalmente y sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el actor con fecha 4 de noviembre de 2011 ha presentado un escrito adjuntando una nueva copia de su DNI, emitido por RENIEC el 1 de octubre de 2011, en la que se se�ala que su nuevo domicilio ser�a la �Calle Crnl. Miguel Zamora 126 Urb. San Joaqu�n� distrito de Bellavista, Callao. Sin embargo, lo consignado en dicho documento no puede ser tomado en consideraci�n para acreditar que el actor, al momento de la interposici�n de la presente demanda, resid�a efectivamente en tal direcci�n pues ha sido emitido con posterioridad a la misma.
Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constituci�n Pol�tica del Per�
Declarar FUNDADA la excepci�n de incompetencia por raz�n del territorio e IMPROCEDENTE la demanda.
NO ES NECESARIO CONSTANCIA DE HABILITACION PARA INICIAR LOS PROCESOS JUDICIALES
Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 01:02 — Visto: 796 veces
Modifican lo previsto en la Res. Adm. N� 299-2009-CE-PJ, sobre verificaci�n de habilitaci�n de abogados patrocinantes
RESOLUCI�N ADMINISTRATIVA N� 256-2011-CE-PJ
Lima, 19 de octubre de 2011
El Informe N� 561-2011-GA-P-PJ, remitido por el Jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial.
Primero. Que mediante Resoluci�n Administrativa N�299-2009-CE-PJ, de fecha 9 de setiembre de 2009, este �rgano de Gobierno dispuso exhortar a los Jueces del pa�s a requerir a los se�ores abogados que ejercen el patrocinio ante el Poder Judicial, la presentaci�n de la constancia de habilitaci�n expedida por el Colegio de Abogados en el cual est�n registrados.
Segundo. Que la medida adoptada ha venido generando el reclamo de los se�ores abogados como consecuencia de la exigencia que los �rganos jurisdiccionales vienen haciendo para que se cumpla con recaudar la constancia de habilitaci�n por cada demanda que se presenta, lo cual no solo les significa mayor costo procesal, sino tambi�n inconvenientes para su obtenci�n, pues para ello deben acudir a los locales de sus respectivos colegios profesionales.
Tercero. Que, asimismo, debe tenerse en cuenta que si bien la mencionada resoluci�n administrativa fue expedida con la finalidad de evitar que algunos letrados ejerzan la defensa cautiva sin estar habilitados para ello, en armon�a con lo establecido en el art�culo 286, inciso 2), del Texto �nico Ordenado de la Ley Org�nica del Poder Judicial. No obstante, ni la referida ley org�nica ni los c�digos procesales establecen como requisito para la admisibilidad de las demandas la presentaci�n de la constancia de habilitaci�n profesional a que se refiere la aludida Resoluci�n Administrativa N� 299-2009-CE-PJ, por lo que su exigencia en ning�n caso debe significar restricci�n al ejercicio profesional de la abogac�a, ni la afectaci�n a los derechos fundamentales de la persona.
Cuarto. Que, de otro lado, los adelantos tecnol�gicos actualmente existentes permiten conseguir el mismo objetivo buscado por la mencionada resoluci�n administrativa, sin necesidad de generar costos a los justiciables y sus abogados, sino recurriendo a otros medios, como el de la peri�dica consulta a las p�ginas web que tienen la mayor�a de los Colegios de Abogados del pa�s; o en su defecto a la lista de abogados h�biles que peri�dicamente remiten los Colegios de Abogados a las Cortes Superiores de Justicia.
Quinto. Que, en tal sentido, y en aras de mantener la plena vigencia de los derechos a la tutela procesal efectiva y de acceso a la justicia, resulta necesario adoptar medidas correctivas a fin de no generar sobrecostos a los abogados y justiciables, y a la vez, garantizar que la defensa sea ejercida bajo las condiciones que la ley establece.
Por estos fundamentos; el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en uso de sus atribuciones, en sesi�n ordinaria de la fecha, de conformidad con el informe del se�or Consejero Ayar Chaparro Guerra. Por unanimidad.
Art�culo Primero.- Modificar lo previsto en la Resoluci�n Administrativa N� 299-2009-CE-PJ, de fecha 9 de setiembre de 2009, estableciendo que, sin perjuicio de los requerimientos de identificaci�n profesional que las normas procesales establecen como requisitos, para presentar las demandas judiciales, y sin la necesidad de exigir la presentaci�n de las constancias o papeletas de habilitaci�n profesional a los abogados y abogadas que intervengan en cada proceso, los �rganos jurisdiccionales deber�n verificar la habilitaci�n de los abogados patrocinantes a trav�s de las p�ginas web de los respectivos Colegios de Abogados y, de ser ello necesario, cursar oficio con similares prop�sitos.
Art�culo Segundo.- Transcribir la presente resoluci�n a la Presidencia del Poder Judicial, Salas de la Corte Suprema de Justicia de la Rep�blica, Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial, Colegios de Abogados del Per�, Cortes Superiores de Justicia del pa�s, Sala Penal Nacional, Juzgados Penales Supraprovinciales; y a la Gerencia General del Poder Judicial, para su conocimiento y fines consiguientes.
Reg�strese, publ�quese, comun�quese y c�mplase.
C�SAR SAN MART�N CASTRO
LUIS ALBERTO V�SQUEZ SILVA
DAR�O PALACIOS DEXTRE
AYAR CHAPARRO GUERRA
Hombre turco pasar� 7 a�os en la c�rcel por vender a su hija adolescente
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 12:16 — Visto: 188 veces
Empresario le pag� al hombre 2.500 euros por la menor, quien asegur� que fue violada en innumerables ocasiones
Lunes 26 de marzo de 2012 - 08:44 am
Mujeres turcas protestan en las calles de Ankara (Reuters)
En Turqu�a, ha sido condenado por un tribunal de su pa�s a siete a�os de prisi�n por haber vendido en 2006 a su hija de 12 a�os por 2.500 euros a un empresario, que a su vez ha sido sentenciado a 24 a�os, informa hoy la prensa local.
La sentencia, dictada por un tribunal de la provincia sure�a de Antalya, se refiere a una operaci�n cerrada en 2006 mediante un contrato escrito entre el padre de la adolescente y un hombre de negocios de 54 a�os, un documento en el que la hija fue obligada a consignar su consentimiento.
La adolescente denunci� el trato a un profesor, al que explic� que hab�a sido violada en un hotel en varias ocasiones por el empresario.
Durante el proceso, el padre explic� que su hija trabajaba en la tienda del empresario, dedicado a la venta de materiales de construcci�n, y que el hombre era una persona digna de confianza.
SUS DEFENSAS
El padre argument� que hab�a vendido a su hija despu�s de que el comprador se hubiera comprometido a costear su educaci�n.
En su propia defensa, el empresario dijo que el padre ten�a deudas y que una vez, en su presencia, hab�a puesto un cuchillo en el cuello de su hija y hab�a asegurado que sino la vend�a, la matar�a.
Por eso, indic� el empresario, se decidi� a adquirir la muchacha para salvar su vida.
Un recepcionista del hotel donde se produjeron las violaciones declar� durante el juicio que el empresario ocup� en varias ocasiones una habitaci�n con la muchacha, a la que present� como su hija. FUENTE: EL COMERCIO PERU
Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 12:15 — Visto: 157 veces
Se tom� esta decisi�n por las investigaciones que est�n empezando a realizar la ONU con respecto a las consecuencias de la colonizaci�n en Israel
Lunes 26 de marzo de 2012 - 11:20 am
Jerusal�n . La ONU anunci� que abrir� una investigaci�n sobre las consecuencias de la colonizaci�n y el gobierno de Israel respondi� rompiendo el contacto con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, as� como lo confirm� el ministerio de Relaciones Exteriores israel�.
�El ministerio de Relaciones Exteriores ha tomado la decisi�n de romper todo contacto con esta organizaci�n�, dijo su portavoz Yigal Palmor, quien a su vez dijo que no se lo han notificado todav�a al Consejo.
• • • marzo 22, 2012
Mali: militares lideran golpe de Estado y derrocan a presidente Categoría: DERECHO POLITICO — gcornejo @ 01:15 — Visto: 146 veces
Mali: militares lideran golpe de Estado y derrocan a presidente Mandatario Amadou Tounami Toure estar�a escondido junto a tropas leales, seg�n la televisi�n nacional
Jueves 22 de marzo de 2012 - 12:25 pm Militares toman el poder en Mali. (Reuters)
Addis Abeba/Bamako (DPA). Soldados amotinados en Mali perpetraron un golpe de Estado y derrocaron al presidente Amadou Toumani Toure, con un asalto al palacio presidencial de la capital Bamako.
El presidente habr�a sido llevado a un campamento militar controlado por las tropas que permanecen leales a su gobierno, seg�n la �ltima informaci�n ofrecida por la televisi�n nacional. Anteriormente, otros medios hab�an se�alado que el pol�tico de 63 a�os habr�a buscado refugio en la embajada estadounidense de la capital, algo que negaron fuentes diplom�ticas.
En un discurso televisado, los militares justificaron su acci�n alegando el �clima de inseguridad� en el pa�s y la �incapacidad del r�gimen para combatir el terrorismo�.
Hasta nueva orden, se ha suspendido la Constituci�n y se ha impuesto el toque de queda, se�al� el subteniente Amadaou Konare, portavoz de los sublevados autodenominados �Comit� para la reinstauraci�n de la Democracia y del Estado�. DENUNCIARON INCAPACIDAD PARA MANEJAR LA CRISIS
Toure fue derrocado por �su incapacidad de solucionar la crisis en el norte de Mali�, dijo en relaci�n a los combates entre los rebeldes tuareg y las tropas del gobierno en esa zona del pa�s.
Durante su discurso, Konare estuvo rodado por unos 20 rebeldes en uniforme militar, que pretenden ahora, seg�n dijo, deliberar con pa�ses vecinos y organizaciones internacionales los pr�ximos pasos.
El mi�rcoles, los soldados tomaron el edificio de la televisi�n y la radio estatal. Seguidamente asaltaron el palacio presidencial. Varios ministros fueron detenidos, inform� la p�gina web �maliactu.net�. Tambi�n en la ciudad de Gao, en el norte del pa�s, los soldados se amotinaron y tomaron a varios superiores como rehenes.
El presidente de 63 a�os, conocido como �ATT� por las iniciales de su nombre, estaba al frente del pa�s de �frica occidental desde 2002. En 2007 el ex general fue elegido con el 68 por ciento de los votos para un segundo mandato y hab�a anunciado que no iba concurrir a las pr�ximas elecciones del 29 de abril, como manda la Constituci�n tras dos periodos en el poder.
• • • marzo 21, 2012
Determinan Multa Aplicable por Retraso en el Cumplimiento del Acuerdo de Mediaci�n Privada Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 04:11 — Visto: 189 veces
Determinan Multa Aplicable por Retraso en el Cumplimiento del Acuerdo de Mediaci�n Privada
Al considerar que de conformidad con el apercibimiento dispuesto en la causa la deudora dio cumplimiento con lo requerido y acordado en el convenio en ejecuci�n al d�a siguiente de vencido el plazo fijado por el juez, la C�mara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvi� que la multa no debe superar la suma de $ 1.000.
En la causa �Cofina Agro Cereales SA c/Ford Argentina SCA s/ ejecutivo�, la demandada Ford Argentina SCA apel� la resoluci�n mediante la cual el magistrado de primera instancia hab�a impuesto una multa por la suma de 45 mil pesos en los t�rminos del art�culo 26 de la ley 25.589 y la intim� al pago con previsi�n de ejecutarla en caso de incumplimiento.
La recurrente apel� dicha resoluci�n al considerar que la multa aplicada importar�a una sanci�n compensatoria retroactiva y que se sustentar�a en una base f�ctica err�nea, desnaturalizando la funci�n prevista por el art�culo 26 de la ley 26.589.
A su vez, la apelante cuestion� la interpretaci�n que del convenio de mediaci�n de ejecuci�n fue realizada por el juez de grado, como as� tambi�n que no hubiera sido considerada la intervenci�n de terceros en la operaci�n comercial, necesaria para cumplir con el compromiso asumido.
La recurrente consider� que el apercibimiento fue notificado el 30/5/2011 y cumplido el requerimiento formulado el 14/6/2011, fecha de entrega de las notas de cr�dito al banco interviniente en el leasing para la adquisici�n de los camiones por la parte actora, por lo que entiende que as� dio cumplimiento con su obligaci�n de brindar un beneficio extraordinario al requirente consistente en el descuento en la compra de dichos veh�culos.
Al analizar el presente caso, los jueces que componen la Sala C explicaron que �el Sr. juez a quo dio curso a la presente acci�n ejecutiva tendiente a obtener el cumplimiento de cierto convenio celebrado en el marco de una mediaci�n privada entre las partes�, agregando que �frente a la denuncia del actor y de conformidad con lo dispuesto por el magistrado de grado, fue intimado el demandado para que en el t�rmino de diez d�as de notificado cumpliera con lo acordado, bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria que se fij� en la suma de $ 1.000, por cada d�a de retardo�.
En tal sentido, los magistrados remarcaron que �con tal alcance, el accionado deb�a cumplir con el requerimiento dentro de los diez d�as a contar desde el 30/5/2011, fecha en que fue notificado de la intimaci�n�, a�adiendo que �as� se advierte que seg�n la providencia atacada, la multa deb�a computarse a partir del d�a siguiente al transcurso de los 10 d�as fijados para el cumplimiento, circunstancia consentida, a su vez, por la parte actora, quien si bien indica que las fechas mencionadas por el a quo no tienen mayor injerencia sobre la cuantificaci�n de la multa, tampoco las ha cuestionado en tiempo y forma�.
Por otro lado, los jueces consideraron que �el magistrado de grado tuvo por cumplida la intimaci�n el d�a 14/6/2011�, resolviendo en relaci�n a ello que �ese aspecto de la decisi�n tampoco ha sido controvertido por los sujetos procesales, por lo que cabe considerarlo firme�.
En la sentencia del 29 de diciembre de 2011, los camaristas determinaron que �de conformidad con el apercibimiento dispuesto en autos la deudora dio cumplimiento con lo requerido y acordado en el convenio en ejecuci�n al d�a siguiente de vencido el plazo fijado por el juez, por lo que la multa no debe superar entonces la suma de $ 1.000�.
Seg�n los magistrados �no se trata de meritar en el caso la inconducta procesal de la parte demandada, sino de sancionar el incumplimiento incurrido frente al compromiso asumido en la instancia de mediaci�n, por lo que el art. 45 CPCC vale como una referencia para fijar el quantum de la sanci�n en cuesti�n�.
En base a ello, y �siendo facultad del juez aplicar la multa prevista por el art. 26 de la ley 26.589 con remisi�n a las pautas establecidas en el art. 45 CPCC�, los jueces resolvieron que �la cuant�a de la sanci�n ha de fijarse en la suma de $ 1.000�.
Joven quemada se aferra a la vida por sus 3 hijitas. Mujer responde a tratamiento tras brutal ataque de su pareja
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 03:30 — Visto: 142 veces
Se aferra a la vida. Leyla Zegarra Avalos (29), quien sufri� quemaduras de segundo y tercer grados en un 85% de su cuerpo, tras sufrir el brutal ataque de su pareja, que con sangre fr�a le roci� gasolina y luego le prendi� fuego, viene respondiendo favorablemente al tratamiento que recibe de manos de los m�dicos del hospital Arzobispo Loayza.
S�lo tres de cada diez mujeres violentadas en el pa�s se animan a reportar el hecho, mientras que las dem�s optan por el silencio, seg�n el Ministerio de la Mujer.
Seg�n inform� ayer la directora de ese nosocomio, Zarela Sol�s, la joven madre de tres ni�as sali� bien de la sala de operaciones, donde se le retir� las escaras de las quemaduras y adem�s se le aplic� injertos de piel donados por el Instituto Nacional del Ni�o.
Solis revel� que el tratamiento diario al cual es sometida la paciente supera los 3 mil 500 soles, que son costeados por el hospital.
Inform� tambi�n que los ri�ones de la joven mujer han empezado a funcionar.
De otro lado, la directora del hospital precis� que el agresor de Zegarra Avalos, Jairo Fern�ndez Chac�n, quien se encuentra internado en ese lugar, ya que tambi�n sufri� algunas quemaduras en el cuerpo cuando atacaba a su pareja, ser�a dado de alta en unos siete d�as.
El terrible ataque que sufri� la joven madre gener� la reacci�n de varias autoridades del gobierno, entre quienes se encuentra la alcaldesa de Lima, Susana Villar�n, quien decidi� firmar un acuerdo con la directora del hospital Arzobispo Loayza para atender de manera integral a las mujeres v�ctimas de violencia de g�nero en Lima.
Tras sellar el acuerdo, la burgomaestre se solidariz� con el caso de la madre de familia quemada y conden� el hecho de que algunas mujeres a�n sigan callando los abusos que sufren.
"Todos somos c�mplices de la violencia en la sociedad si nos quedamos callados y no denunciamos un hecho de esta naturaleza, pese a haber sido testigos", manifest�.
CIDH conden� a Chile por discriminar a jueza lesbiana
Categoría: DISCRIMINACION — gcornejo @ 03:03 — Visto: 155 veces
La justicia chilena le hab�a quitado a Karen Atala la custodia de sus tres hijas por su condici�n de homosexual
Mi�rcoles 21 de marzo de 2012 - 02:43 pm
Karen Atala. (Foto: El Mercurio / GDA)
Santiago de Chile (AP). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden� al Estado chileno por discriminar a una jueza a quien una corte priv� del cuidado de sus tres hijas por su condici�n de lesbiana.
El fallo, divulgado en la p�gina oficial del tribunal continental, establece que el Estado chileno deber� pagar 50.000 d�lares a la magistrada Karen Atala y sus tres hijas y otros 12.000 d�lares por costas del proceso llevado a cabo desde septiembre de 2010 ante requerimiento de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos.
La jueza Atala interpuso una demanda en noviembre de 2004 ante la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos luego de que la Corte Suprema chilena resolvi� entregarle la tutela de sus tres hijas a su ex marido por su condici�n homosexual.
VIOLACI�N A LA VIDA PRIVADA
En su resoluci�n adoptada el 24 de febrero, pero s�lo conocida ahora, el tribunal consign� que el Estado chileno �es responsable por la violaci�n del derecho a la vida privada�.
Tambi�n sostuvo que en la sentencia de la justicia de Chile �no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientaci�n sexual�.
Adem�s del pago compensatorio, la Corte Interamericana dispuso que el Estado chileno deber� proporcionar asistencia m�dica y psicol�gica a las v�ctimas de la discriminaci�n, la jueza y sus hijas, y hacer un acto p�blico de reconocimiento de responsabilidad internacional por la situaci�n denunciada por la magistrada.
�ATRASO INSTITUCIONAL�
El nuevo presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, coment� que la sentencia condenatoria �es una sanci�n por nuestro atraso institucional y uno de los aspectos es precisamente el de la discriminaci�n�.
Agreg� que �este es un tir�n de orejas a toda la naci�n chilena. No es s�lo al Estado, porque ac� tenemos que superar una cultura de discriminaci�n.
El gobierno a su vez entreg� una declaraci�n a trav�s del ministro de Justicia, Teodoro Ribera, en la que se�al� que se respetar� la resoluci�n de la corte interamericana.
Ribera manifest� a la prensa que el tribunal redujo considerablemente la indemnizaci�n solicitada.
• • • marzo 20, 2012
REFORMA A LA LEY DE MEDIACI�N PREVIA OBLIGATORIA
Categoría: 1MEDIACION EN ARGENTINA — gcornejo @ 06:16 — Visto: 547 veces
MODIFICADA POR LEY8482 Y DTO 276/12
PUBLICADA:B.O. 13/03/12
El PE se opuso a trav�s del Veto Parcial previsto por el Art�culo 71 de la Constituci�n de la Provincia, al Proyecto de Ley sancionado por la H. Legislatura de la Provincia, en Sesi�n de fecha 17 de febrero de 2012, por el que se modifica la Ley N� 7844 (Mediaci�n Obligatoria),suprimiendo expresiones en las modificaciones introducidas a la misma. Por lo que la ley qued� redactada de la forma que se indica a continuaci�n:
LEY 8482:
Art�culo 1�.- Modificase la Ley N� 7844 (Mediaci�n Obligatoria), en la forma que a continuaci�n se indica:
En el Art. 3�, incorporar como inc. 13, el siguiente:
"13. Prescripciones adquisitivas."
A partir del del lunes 26/03 los letrados deber�n iniciar el juicio de prescripci�n adquisitiva por via judicial.
- En el Art. 8�, sustituir por el siguiente:
"El reclamante formalizar� su pretensi�n mediante un formulario que se presentar� por cuadruplicado ante Mesa de Entradas del Poder Judicial, que realizar� el sorteo del Juzgado que intervendr� en el proceso, si la Mediaci�n fracasase.
El mediador ser� designado por sorteo de la lista de mediadores inscriptos en el Libro de Mediadores, el que se realizar� cuando el legajo ingrese por Mesa de Entradas del Centro de Mediaci�n Judicial.
El mediador ser� notificado a trav�s del Centro de Mediaci�n, y dispondr� de 3 (tres) d�as para aceptar o rechazar el cargo. En este �ltimo caso, se proceder� al sorteo de un nuevo mediador."
Solo por sorteo se designa mediador. - Sustituir el Art. 9�, por el siguiente:
"Art. 9�.- Con el formulario deber� acompa�arse Tasa de Justicia, cuyo monto ser� fijado por v�a reglamentaria. Los abogados intervinientes, deber�n acompa�ar Bonos Profesionales, correspondientes al Colegio de Abogados, previsto en el Art. 60 inc. 5 de la Ley N� 5233 y a la Caja de Previsi�n y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucum�n previsto en el Art. 26 inc. a) de la Ley N� 6059, y el aporte de Ley N� 6059, Art. 27 y concordantes.Lo abonado por tales conceptos, se considerar� v�lido para el caso de existir una etapa judicial posterior."
Los abogados deber�n acompa�ar con el formulario de mediaci�n:
1.- tasa (que se fijara por via reglamentaria
2.- bonos profesionales y aportes ley 6059
Lo abonado tiene validez para el caso que se continue con el juicio. - Sustituir el Art. 10, por el siguiente:
"Art. 10.- El Mediador, en el plazo de cinco (5) d�as h�biles, a contar desde la fecha de aceptaci�n de su designaci�n, deber� comunicar fehacientemente al Centro de Mediaci�n, el lugar y la fecha de la primera audiencia, que deber� fijar dentro del plazo de quince (15) d�as h�biles a contar desde la aceptaci�n de la designaci�n.Esta primera audiencia deber� notificarse a las partes con cinco (5) d�as de antelaci�n.
El Centro de Mediaci�n efectuar� las notificaciones que deber�n contener:1. Nombre y domicilio del destinatario;2. Fecha de la iniciaci�n del proceso;3. D�a, hora y lugar de celebraci�n de la audiencia;4. Nombre del Mediador;5. Copia del reclamo en la forma y condici�n que la reglamentaci�n establezca;y,6. El apercibimiento de la sanci�n en caso de incomparecencia."
ya no es necesario la firma del mediador en las c�dulas y cartas documentos, por lo que la confecci�n y firma de las mismas es exclusiva del centro de mediaci�n, y el diligenciamiento de los letrados. - En el Art. 13, agregar al final del segundo p�rrafo, lo siguiente:
"Debiendo ser depositadas en la cuenta respectiva, dentro de los diez (10) d�as de notificada la Resoluci�n de la Direcci�n del Centro de Mediaci�n Judicial que as� lo disponga y que constituir� t�tulo suficiente, para su ejecuci�n por el Ministerio P�blico Fiscal, en caso de corresponder."
- Sustituir el Art. 16, por el siguiente:
"Art. 16.- Si se produjese el acuerdo deber� labrarse acta en la que deber� constar el reclamo, los t�rminos del acuerdo, honorarios del Mediador, del Comediador si lo hubiere, y los honorarios acordados con los abogados intervinientes.Dicha acta ser� rubricada por el Mediador, las partes y los letrados intervinientes.El convenio ser� t�tulo suficiente para su ejecuci�n forzada, no siendo necesaria su homologaci�n judicial, exceptu�ndose aquellos acuerdos que involucren menores e incapaces.Se firmar�n tantos ejemplares como participantes en el proceso hubiere.Al solo efecto del c�lculo de los aportes correspondientes a la Ley N� 6059, se tomar� como base para la regulaci�n de los mismos, el valor de un honorario m�nimo, los que deber�n estar efectivamente pagados al momento de la suscripci�n del convenio."
A partir de ahora se deben incluir en el caso de acuerdo el monto de los honorarios de los letrados intervinientes como as� tambi�n abonar el aporte minimo de la ley 6059 aun sin haber percibido los honorarios, (o sea el 10%$150)
- Sustituir el Art. 17, por el siguiente:
"Art. 17.- El Mediador, dentro de los tres (3) d�as de logrado el acuerdo, deber� remitir al Centro de Mediaci�n Judicial, los ejemplares necesarios del acta, con todas las formalidades previstas en el art�culo anterior.El Centro de Mediaci�n, en un plazo que no exceda los cinco (5) d�as remitir� un ejemplar al Juez designado conforme el Art. 8�, otro a la Caja de Previsi�n y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Tucum�n y reservar� otro para protocolo."
se agrega una copia mas del acuerdo para ser remitida a la caja de prevision y seg de abogados. - Sustituir el Art. 26, por el siguiente:
"Art 26.- F�jase como honorario m�nimo del Mediador, una suma fija equivalente al valor sugerido para una (1) consulta escrita por el Colegio de Abogados de Tucum�n y del Sur, y como honorario m�nimo del Comediador una suma fija equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) del valor de la retribuci�n prevista para el Mediador. Dicha suma ser� abonada en iguales proporciones por las partes, salvo pacto en contrario.En los supuestos en que el procedimiento de mediaci�n finalizare con el acuerdo previsto en el Art. 16, los honorarios se determinar�n conforme a la siguiente escala:1) En los acuerdos en los que no haya monto o que involucren montos hasta la suma de Pesos Diez Mil ($10.000,00), ser�n equivalentes al valor de un (1) honorario m�nimo de Mediador. 2) En los acuerdos que involucren montos superiores a Pesos Diez Mil ($10.000,00) y hasta Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00), ser�n equivalentes al valor de uno y medio (1 y 1/2) honorario m�nimo de Mediador.3) En los acuerdos que involucren montos superiores a Pesos Cincuenta Mil ($50.000,00) y hasta Pesos Cien Mil ($100.000,00), ser�n equivalentes al valor de dos y medio (2 y 1/2) honorarios m�nimo de Mediador.4) En los acuerdos que involucren montos superiores a Pesos Cien Mil ($100.000,00) y hasta Pesos Quinientos Mil ($500.000,00), ser�n equivalentes al valor de tres (3) honorarios m�nimo de Mediador.5) En los acuerdos que involucren montos superiores a Pesos Quinientos Mil ($500.000,00), ser�n equivalentes al valor de cinco (5) honorarios m�nimo de Mediador.Los honorarios del Mediador ser�n abonados por las partes en la proporci�n que pactaran y si no se consignare la proporci�n, ser�n soportados por ellas en partes iguales.En los supuestos en que el procedimiento de mediaci�n finalizare con el acuerdo previsto en el Art. 16, los honorarios del Comediador consistir�n en una suma fija, equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de los honorarios que le correspondieren al Mediador conforme la escala prevista. Y ser�n abonados por las partes en la proporci�n que pactaran y, si no se consignare la proporci�n, ser�n soportados por ellas en partes iguales.Una vez realizada la primera audiencia de Mediaci�n, si �sta se cerrara por incomparecencia o desistimiento de alguna de las partes, los honorarios que se devengan equivalen a una consulta escrita del Colegio de Abogados de Tucum�n y del Sur, y deber�n ser soportados por quien dio lugar a tales supuestos.Si la mediaci�n fracasare, las partes, deber�n abonar el importe correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de una consulta escrita del Colegio de Abogados de Tucum�n y del Sur. Dicha suma ser� abonada en iguales proporciones por las partes salvo pacto en contrario."
Los honorarios de los mediadores los abonan las partes de la siguiente manera:
1.- si hay acuerdo conforme a la escala fijada en la ley 50% cada parte salvo pacto en contrario
2.-si no hay acuerdo se abonara 50% de una consulta escrita fijada por el colegio de abogados, la que ser� abonada en partes iguales salvo pacto en contrario.
- Agr�gase como Art. 26 bis, el siguiente:
"Art. 26 bis.- Los honorarios de los Mediadores y Comediadores ser�n abonados por el Poder Judicial de la Provincia y solventados por el Fondo de Financiamiento en los siguientes casos:
1. Si la Mediaci�n se cerrara por causas no imputables al Mediador, habiendo cumplido �ste con todas las obligaciones a su cargo y antes de la realizaci�n de la primera audiencia, deber� devolver el legajo comunicando al Centro de Mediaci�n la situaci�n. En tal caso se abonar� en concepto de honorarios el equivalente al veinte por ciento (20%) de un honorario m�nimo.2. Si la Mediaci�n se cerrara por causa de fallecimiento de una de las partes, y habi�ndose llevado a cabo como m�nimo una (1) audiencia, se abonar� en concepto de honorarios, un monto equivalente al valor de un honorario m�nimo.3. En el supuesto en que una o m�s partes actuaran con asistencia letrada del Ministerio P�blico.4. Cuando las partes actuaran a trav�s del consultorio jur�dico gratuito del Colegio de Abogados de Tucum�n o del Sur; o a trav�s de la pr�ctica tribunalicia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.T., o de la U.N.S.T.A., y siempre y cuando acrediten litigar mediante el beneficio que otorga la Ley N� 6314."
Se exceptua a las partes de pagar los honorarios de los mediadores en los sgtes casos:
1.-si se cierra por causas no imputables al mediador
2.- en caso de fallecimiento de alguna de las partes
3.- en el caso de que alguna de las partes actuara con asistencia letrada del Ministerio p�blico, el consultorio jurid�co gratuito del colegio de abogados, pr�ctica tribunalicia de la UNT y UNSTA y cuando se tramite el beneficio de litigar sin gastos. - En el Art. 28, reemplazar el inc. 1, por el siguiente:
"1. El pago de los honorarios que se les debiera abonar a los mediadores, en los casos previstos en el Art. 26 bis."
Art. 2�.- Incorporar como disposiciones transitorias de la Ley N� 7844, las siguientes:
"Disposici�n Transitoria:
"Art. 31.- Honorarios: En los casos que a la entrada en vigencia de la presente ley se encontraren en cualquier etapa del proceso de mediaci�n, los honorarios de los mediadores ser�n abonados por el Poder Judicial, conforme a la siguiente escala:
1. Con acuerdo de partes, el 100% (cien por ciento) del valor sugerido para una consulta escrita por el Colegio de Abogados de Tucum�n y del Sur; en los supuestos contemplados en el Art 26 inc.1).En caso de fracasar la Mediaci�n; tambi�n se abonar� el 100% (cien por ciento) de una consulta escrita del Colegio de Abogados, y siempre que se tratare de los supuestos contemplados en el Art 26 inc. 1).2. Si la Mediaci�n se cerrara por causas no imputables al Mediador, antes de realizada la primera audiencia, se abonar� el 20% (veinte por ciento) del valor sugerido para una consulta escrita por el Colegio de Abogados de Tucum�n y del Sur, 3. A los Comediadores les corresponder� el 55% (cincuenta y cinco por ciento) del valor sugerido como honorario para mediadores."
Se establece la irretroactividad para los casos en tr�mite. "Art. 32.- Supletoriamente se aplicar�n las disposiciones del C�digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Tucum�n."
Art. 3�.- Agregar como Art. 33, el siguiente:
"Art. 33.- Comun�quese."
Art. 4�.- Comun�quese.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucum�n, a los diecisiete d�as del mes de febrero del a�o dos mil doce. Armando Roque Cortalezzi, Vicepresidente 1� a/c de la Presidencia H. Legislatura de Tucum�n. Juan Antonio Ruiz Olivares, Secretario H. Legislatura de Tucum�n. REGISTRADA BAJO EL N� 8.482.- Comentarios (0)
El acusado de arrancar un brazo al Jes�s del Gran Poder de Sevilla acepta nueve meses de c�rcel y una multa
Categoría: DERECHO RELIGIOSO — gcornejo @ 03:04 — Visto: 98 veces
(EUROPA PRESS) - Luis C.O., que fue detenido el d�a 20 de junio de 2010 tras abalanzarse sobre la imagen de Jes�s del Gran Poder y arrancarle un brazo al t�rmino de la misa en la Bas�lica de San Lorenzo de la capital hispalense, ha aceptado una pena de nueve meses de prisi�n por estos hechos, seg�n han informado a Europa Press fuentes judiciales.
En este sentido, las mismas fuentes han detallado que el juicio ten�a prevista su celebraci�n este viernes en el Juzgado de lo Penal n�mero 10 de Sevilla, pero finalmente ha sido suspendido despu�s de que el acusado acudiera este mismo martes al juzgado y aceptara la imposici�n de una pena de nueve meses de prisi�n.
Inicialmente, la Fiscal�a ped�a para el acusado once meses de prisi�n, pero ha rebajado su pretensi�n inicial a nueve meses de c�rcel y el pago de una multa al tener en cuenta la atenuante de reparaci�n del da�o, puesto que el imputado ha pagado ya casi la totalidad de los 11.432 euros en que fueron tasados los gastos satisfechos en la reparaci�n de la escultura.
Las mismas fuentes han se�alado que la condena no incluye tratamiento psiqui�trico, puesto que, en virtud del estado actual del imputado, ya no se estima necesario.
El Ministerio P�blico ped�a para el procesado once meses de c�rcel como responsable de sendos delitos contra el patrimonio hist�rico y contra los sentimientos religiosos, aunque ten�a en cuenta la eximente incompleta de anomal�a ps�quica y solicitaba que la posible pena de c�rcel la cumpla en un centro psiqui�trico.
En su escrito de acusaci�n, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal consideraba que el procesado, que trabajaba como funcionario de prisiones en la c�rcel de Huelva y que tras estos hechos fue suspendido cautelarmente en sus funciones, sufr�a un trastorno de ideas delirantes, parafrenia, con rasgos esquizoides y narcisistas, personalidad patol�gica paranoide, pensamientos psic�ticos con ideas mesi�nicas, "lo que en el momento de los hechos limitaba significativamente su conciencia de la realidad, sin anularla".
De este modo, relata que, a las 21,00 horas del d�a 20 de junio de 2010, el acusado entr� en la Bas�lica de Jes�s del Gran Poder cuando terminaba una ceremonia religiosa que se celebraba a esa hora y, "en presencia de algunos feligreses, salt� una valla de madera que impide el acceso a la peana donde est� expuesta la imagen del Gran Poder".
OFENDI� "GRAVEMENTE" LOS SENTIMIENTOS DE LOS CAT�LICOS
En este sentido, a�ade que, una vez a la altura de la talla, "agarr� la t�nica que la cubr�a d�ndole violentos tirones hasta desgarrar la prenda, para despu�s zarandear la imagen tirando del brazo derecho, pretendiendo derribarla y ofendiendo as� gravemente los sentimientos de muchos creyentes de la fe cat�lica".
Al hilo de ello, el fiscal asevera que, como consecuencia de los actos que se describen, el acusado "arranc� finalmente el brazo de la talla", tras lo cual fue detenido por varias personas que estaban en el templo, impidiendo que causara da�os "m�s graves", agregando que, a consecuencia de todo ello, la imagen sufri� desperfectos en la espiga derecha del brazo articulado, en un espig�n grande del tronco, en una galleta, as� como en peque�os fragmentos de policrom�a de la espalda, las caderas, las piernas y la peana que sustenta la talla.
El fiscal concret� que los da�os son "notoriamente" superiores a los 400 euros, pues los consiguientes gastos de restauraci�n de la imagen ascendieron a 10.620 euros, que junto a otros da�os en la t�nica y la camisa de la imagen ascendieron a 11.432 euros.
"REFERENTE" PATRIMONIAL
Por �ltimo, recuerda que la imagen de Jes�s del Gran Poder es propiedad de la hermandad y cofrad�a de Nazarenos de Nuestro Padre Jes�s del Gran Poder, trat�ndose de una escultura procesional que reproduce la iconograf�a conocida como Nazareno, realizada por el imaginero Juan de Mesa, y que constituye un "referente" patrimonial, hist�rico, art�stico y cultural de la imaginer�a andaluza del barroco.
Por lo tanto, "es un importante s�mbolo material de la producci�n art�stica de ese periodo, dentro y fuera de Andaluc�a, adem�s de una representaci�n de la divinidad especialmente venerada por muchos cat�licos". Comentarios (0)
En el Per�, tres de cada 10 mujeres golpeadas denuncian a agresores
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 02:32 — Visto: 143 veces
20 de marzo de 2012 | 12:32 p.m.
Karim Duran - web@epensa.com.pe
Solo tres de cada 10 mujeres violentadas en el pa�s se animan a reportar el hecho ante alg�n familiar o alguna instituci�n, mientras que las dem�s optan por el silencio por diversas razones, seg�n informaci�n del Ministerio de la Mujer.
Aunque algunas f�minas optan por el divorcio o la separaci�n, la mayor�a de ellas prefiere soportar esa situaci�n en silencio, totalmente resignadas, coment� la directora ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual de ese sector, Milagros R�os.
"Muchas mujeres no saben qu� hacer y por miedo a lo que puede pasar prefieren soportar las agresiones, sobre todo cuando hay hijos de por medio, as� como dependencia econ�mica o emocional, ya que son personas que no pueden salir a trabajar porque est�n bajo el control de la pareja", coment� la especialista.
Dijo que por esa raz�n el ministerio sigue impulsando la campa�a "Si te quieren, que te quieran bien", dirigida mayormente a adolescentes mujeres y varones de 13 a 17 a�os y a j�venes de 18 a 25 a�os, edades en las que se empiezan a construir las relaciones de pareja.
"Lo que buscamos es que las chicas est�n en capacidad de aprender a detectar en su relaci�n de pareja, alguna situaci�n de control y que sepan ponerle freno en ese mismo momento para evitar que esa situaci�n ocurra todo el tiempo y se convierta en una v�ctima m�s", se�al�.
R�os invit� a los adolescentes y j�venes a visitar el Chat 100 del Ministerio de la Mujer, as� como sus redes sociales para contactarse con sus especialistas y hacer todas las preguntas que quieran. (Andina)
FUENTE: EL CORREO PERU
Linchan en El Alto a supuesto antisocial; suman 3 en el a�o
Categoría: SEGURIDAD CIUDADANA — gcornejo @ 02:30 — Visto: 119 veces
Un hombre vestido con pollera y manta fue golpeado y quemado por vecinos de Villa Ingenio, en El Alto; lo sorprendieron merodeando en la zona junto a otras dos personas que huyeron en un minib�s. En este a�o fueron registrados tres linchamientos con muerte.
Reacci�n. Vecinos destruyeron el 8 de marzo la casa de un implicado en el asesinato de dos periodistas.
La Raz�n / Carlos Corz / La Paz
02:13 / 20 de marzo de 2012
El hecho sucedi� la noche del domingo. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Roberto Campos, inform� que la v�ctima ten�a quemaduras de primer y segundo grado en el cuerpo y que la causa de la muerte habr�a sido un golpe en la cabeza. De acuerdo con las primeras investigaciones, los tres sospechosos merodeaban en la zona a bordo de un minib�s de color blanco que detuvieron en la puerta de una casa en la que, aparentemente, pretend�an robar. Entonces, baj� del veh�culo la mujer, que luego descubrieron que era un hombre vestido con pollera y manta.
Uno de los vecinos dio la voz de alerta y los dos sospechosos huyeron dejando a la persona que vest�a de mujer. Una turba detuvo al sospechoso, descubri� que era un hombre, lo golpe� y quem�. La Polic�a recuper� el cad�ver, identificado como Demetrio A.
El comandante regional de la Polic�a alte�a, coronel �dgar Carrasco, inform� el 15 de marzo que las dos �ltimas semanas fueron las m�s violentas. �Hubo dos linchamientos y cinco intentos de linchamiento�, dijo entonces.
El jefe de la Divisi�n Homicidios de El Alto, coronel Osvaldo Fuentes, explic� que el linchamiento es considerado un asesinato, por lo que los autores o instigadores deben ser sometidos a procesos penales. Reconoci� que la investigaci�n de estos casos es �compleja y complicada� por el pacto del silencio que existe en las zonas en las que se lincha a sospechosos de cometer delitos.
Quienes recurren a esta acci�n lo hacen apelando a la justicia comunitaria, sin embargo la Ley de Deslinde Jurisdiccional o justicia comunitaria proh�be la pena de muerte. �En estricta aplicaci�n de la Constituci�n Pol�tica del Estado, est� terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute�, refiere la norma.
La Polic�a inici� las investigaciones para esclarecer lo sucedido el domingo. Fuentes inform� que convocar� a declarar a la esposa de Demetrio A.
�Ej�rcitos� campesinos en alerta contra la delincuencia
La Federaci�n Sindical �nica de Trabajadores Campesinos de la provincia Omasuyos demanda aplicar la justicia ind�gena y declar� en estado de movilizaci�n permanente �al ej�rcito de ponchos rojos y mantas caf�s Bartolina Sisa� para luchar contra la delincuencia e identificar a las �malas autoridades� judiciales.
Hicieron conocer su decisi�n en un pronunciamiento p�blico, en el que tambi�n demandan a jueces y fiscales pronunciarse �si van a seguir de la mano de los delincuentes o si de la mano con el pueblo�. Destacaron la iniciativa de la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Ya��quez, de procesar a los fiscales que no cumplan con enviar a la c�rcel a delincuentes reincidentes.
�El pueblo organizado apoya a las autoridades que est�n con su pueblo buscando justicia como la Fiscal�a de La Paz...(se) pedir� c�rcel para los jueces y fiscales corruptos que est�n en contra del pueblo�, refiere el documento aprobado en Achacachi.Aseguran que el pueblo est� cansado de �tantas injusticias�.
FUENTE; LA RAZON BOLIVIA
El TC rinde homenaje a la Constituci�n de 1812 en el mismo lugar que la vio nacer
Categoría: DERECHO CONSTITUCIONAL — gcornejo @ 01:51 — Visto: 155 veces
(EUROPA PRESS) - El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha presidido un Pleno extraordinario con el que dicha instituci�n se suma a los actos de homenaje para celebrar el bicentenario de la Constituci�n de 1812, de la que, seg�n ha dicho, "naci� de manera aut�ntica el constitucionalismo espa�ol". El acto se ha celebrado en el Oratorio de San Felipe Neri, el mismo lugar que hace exactamente dos siglos vio nacer la Carta Magna gaditana.
Seg�n ha manifestado, "la naci�n concebida como conjunto de los ciudadanos espa�oles, la soberan�a nacional, la divisi�n de poderes y la garant�a de los derechos, piezas vertebrales de aquella Constituci�n, son hoy, pasados ya 200 a�os, las mismas piezas vertebrales de nuestra Constituci�n vigente".
El presidente del TC ha enfatizado que la promulgaci�n de la Constituci�n de C�diz fue posible gracias al "consenso" y el "equilibrio" buscado los diputados docea�istas, siendo una caracter�stica que "une tambi�n, de una manera muy especial, aqu�lla Constituci�n con la nuestra actual, surgida igualmente del equilibrio y el consenso".
Ha apuntado que, "por desgracia", la Constituci�n de C�diz estuvo poco tiempo en vigor, pero "su impronta se cerni�, como un mito, en todo nuestro constitucionalismo liberal y democr�tico hasta el presente, e incluso se proyect�, como un contrapunto, sobre nuestras Constituciones m�s conservadoras". Tuvo, pues, una "gran influencia interna, y despleg� tambi�n una extraordinaria influencia exterior", no s�lo en Iberoam�rica, sino tambi�n en Europa.
Sala ha enfatizado los motivos "m�s que suficientes" para homenajear una Constituci�n que "marc� el verdadero nacimiento en Espa�a del Estado constitucional como Estado en el que el pueblo tiene atribuida la soberan�a y los ciudadanos garantizada su libertad mediante un sistema basado en la divisi�n de poderes y en los mecanismos del Estado de Derecho". "Fue, sin duda alguna, un hito en nuestra historia", ha agregado.
En su opini�n, una instituci�n como el TC, cuyo significado est� "fundido" con la Constituci�n misma y cuya defensa jur�dica se le conf�a, "no pod�a estar ausente en la justa celebraci�n". Por ello, ha considerado que "el mejor homenaje" que se le pod�a rendir era realizar en el Oratorio el acto que m�s caracteriza al Tribunal por ser el propio de su naturaleza.
De este modo, se ha procedido a aprobar y dictar una sentencia de Pleno. Subraya Pascual Sala que no se ha elegido una sentencia menor o de circunstancias, sino una sentencia correspondiente a un proceso constitucional de "extraordinaria entidad", en el que se debaten dos cuestiones centrales del Estado de Derecho y que fueron, por ello, tambi�n centrales en la Constituci�n de 1812: la funci�n del Tribunal Supremo --creado en Espa�a precisamente por aquella Constituci�n-- y el significado y alcance de la independencia judicial --por primera vez garantizada tambi�n por la Constituci�n de C�diz--.
• • • marzo 19, 2012
Arrestan en Italia a 47 personas, de ellas 16 jueces, por asociaci�n mafiosa Categoría: CORRUPCION — gcornejo @ 10:52 — Visto: 132 veces
Arrestan en Italia a 47 personas, de ellas 16 jueces, por asociaci�n mafiosa EFE
Roma -- La Guardia di Finanza (polic�a financiera italiana) arrest� hoy a 47 personas, entre ellas 16 jueces tributarios, otros funcionarios y miembros del clan Fabbrocino de la Camorra, la mafia napolitana, bajo la acusaci�n de asociaci�n criminal.
Seg�n un comunicado de la Polic�a financiera, las investigaciones han permitido desmantelar una red criminal formada por miembros del clan camorrista Fabbrocino -que gestiona las actividades ilegales en las localidades de Nola y en el �rea vesuviana- , empresarios especializados en la compraventa inmobiliaria y hotelera y funcionarios que trabajaban en el sector tributario.
Tras la operaci�n que se ha realizado entre la regi�n de Campania (sur) y Lombard�a (norte) 22 personas han sido encarceladas, 25 puestas bajo arresto domiciliario y a 13 se les ha comunicado la orden de no abandonar la provincia de N�poles.
Asimismo, se ha comunicado que han sido confiscados bienes por un valor de 1.000 millones de euros, entre cuentas corrientes, acciones, actividades financieras, terrenos, edificios y veh�culos.
Adem�s de la asociaci�n mafiosa, los detenidos est�n acusados de lavado de dinero procedente de actividades ilegales y corrupci�n en actos judiciales, entre otros.
Seg�n las investigaciones, la organizaci�n hab�a construido una red de facturaciones falsas para el lavado de dinero que despu�s llegaba a bancos de B�lgica, Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza.
Si la Polic�a financiera lograba descubrir que se hab�an realizado falsas facturas y evasi�n fiscal, los empresarios impugnaban las multas y los jueces fallaban a su favor.
Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/03/19/1155801/arrestan-en-italia-a-47-personas.html#storylink=cpy
fuente: http://www.elnuevoherald.com/2012/03/19/1155801/arrestan-en-italia-a-47-personas.html
• • • marzo 16, 2012
SENTENCIA ARGENTINA QUE DECLARA QUE EL ABORTO DE UN EMBARAZO CAUSADO POR VIOLACION NO ES PENADO
Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 11:44 — Visto: 167 veces
SENTENCIA ARGENTINA QUE DECLARA QUE EL ABORTO DE UN EMBARAZO CAUSADO POR VIOLACION NO ES PENADO Buenos Aires, 13 de marzo de 2012 Vistos los autos: �F., A. L. s/ medida autosatisfactiva�, Considerando: 1�) Que A.F., en representaci�n de A.G., su hija de 15 a�os de edad, el 14 de enero de 2010, solicit� a la justicia penal de la Provincia del Chubut �ante cuyos estrados se instru�a una causa contra O.C., esposo de aqu�lla, por la violaci�n de A. G.� que se dispusiera la interrupci�n del embarazo de la ni�a adolescente mencionada, con base en lo previsto en el art�culo 86, incisos 1� y 2�, del C�digo Penal. En esa oportunidad, se�al� que el 3 de diciembre de 2009 hab�a denunciado la violaci�n ante el Ministerio Fiscal de la Provincia del Chubut y que, el 23 del mismo mes y a�o, un certificado m�dico dio cuenta de que A.G. cursaba la octava semana de gestaci�n (fs. 17/18 y constancias obrantes a fs. 1/1 vta. y 11). El juez penal sostuvo que carec�a de facultades para adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de la investigaci�n, por lo que orden� el pase de las actuaciones a la fiscal�a. Esta �ltima declar� que ese fuero no era competente para resolver el pedido (fs. 85 de la causa penal). La madre de A.G. inici� entonces la medida autosatisfactiva que origin� la presente causa (fs. 17/18) y, con fecha 22 de enero de 2010, reedit� ante la justicia de familia sus solicitudes anteriores, vinculadas con la interrupci�n del embarazo de su hija. Tales peticiones fueron rechazadas tanto en la primera instancia (fs. 153/169) como en la c�mara (fs. 350/379 vta.), no obstante los informes que se hab�an ordenado y que, en lo principal, reflejaban que A.G., �presentaba s�ntomas depresivos� (e) ideas suicidas persistentes� y que �el embarazo e[ra] vivido como un evento extra�o, invasivo� [E]n su mundo interno e[ra] imposible, incompatible e intolerable calificar como hijo a quien ser�a hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre�� por lo que se estim� que �la continuidad de este embarazo contra la voluntad de [la ni�a] implica[ba] grave riesgo para su integridad psicof�sica, incluido riesgo de vida� (conf. E.T.I., Equipo T�cnico Interdisciplinario, fs. 27 vta). 2�) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, con fecha 8 de marzo de 2010, revoc� la decisi�n de la instancia anterior admitiendo la solicitud de la se�ora A.F. En la sentencia, dictada por distintos fundamentos de sus miembros, hubo acuerdo en que:
a) el caso encuadraba en el supuesto de �aborto no punible� previsto en el inciso 2�, primera parte del art�culo 86 del C�digo Penal; b) que esta hip�tesis de interrupci�n del embarazo era compatible con el plexo constitucional y convencional y c) que, pese a la innecesaridad de la autorizaci�n judicial de esta pr�ctica, se la otorgaba a fin de concluir la controversia planteada en el caso. La intervenci�n m�dica abortiva as� habilitada se produjo finalmente el 11 de marzo de 2010 en el Centro Materno Infantil del Hospital Zonal de Trelew (fs. 648). 3�) Que aquella decisi�n fue recurrida por medio de un recurso extraordinario interpuesto, en representaci�n del nasciturus, por el Asesor General Subrogante de la Provincia del Chubut en su car�cter de Tutor Ad-Litem y Asesor de Familia e F. 259. XLVI. Incapaces, que fue concedido a fs. 673/676, no obstante haberse llevado a cabo ya la mencionada pr�ctica m�dica, con fundamento en la gravedad institucional que presentaba el caso. En su presentaci�n, el recurrente se agravi� por entender que, con la interpretaci�n que del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal efectu� el a quo, al no haberse restringido la procedencia de esta autorizaci�n al caso de la v�ctima violada idiota o demente, se desconoci� el plexo constitucional-convencional seg�n el cual el Estado Argentino protege la vida a partir de la concepci�n (Constituci�n Nacional, art�culo 75, inciso 23: �Corresponde al Congreso: � Dictar un r�gimen de seguridad social especial e integral en protecci�n del ni�o en situaci�n de desamparo, desde el embarazo hasta la finalizaci�n del per�odo de ense�anza elemental��; Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art�culo 1�: �Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona�; Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, art�culo 3�: �Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jur�dica�, y art�culo 4�: �Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estar� protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepci�n. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente�; Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos, art�culo 3�: �Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona�, y art�culo 6�: �Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jur�dica�; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, art�culo 6�: �El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estar� protegido por la ley. Nadie podr� ser privado de la vida arbitrariamente�; Convenci�n -4- sobre los Derechos del Ni�o, Pre�mbulo: �El ni�o� necesita protecci�n y cuidado especiales, incluso la debida protecci�n legal, tanto antes como despu�s del nacimiento�, art�culo 1�: �Para los efectos de la presente Convenci�n, se entiende por ni�o todo ser humano menor de dieciocho a�os de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayor�a de edad�, y art�culo 6�: �Los Estados Partes reconocen que todo ni�o tiene el derecho intr�nseco a la vida�). 4�) Que, radicada la causa ante esta instancia, se le confiri� traslado a la se�ora Defensora General de la Naci�n, quien asumi� la representaci�n de la ni�a A.G. y expres� que correspond�a confirmar la sentencia apelada (fs. 980/1010) al tiempo que entend�a que todos los casos de embarazo forzado �v�ctimas de violaciones� deb�an ser considerados como abortos no punibles, m�s precisamente, como casos particulares de la hip�tesis general de peligro para la salud de la gestante (art�culo 86, inciso 1�, del C�digo Penal). Asimismo, se le confiri� traslado a la Defensora P�blica de Menores e Incapaces, quien asumi� la representaci�n del nasciturus y se expidi� requiriendo que se revocara la sentencia recurrida (fs. 683/694). En ambas presentaciones se peticion� que este Tribunal declarara la admisibilidad del recurso bajo examen, como as� lo hicieron los diversos amicus curiae que se presentaron solicitando la confirmaci�n o la revocaci�n de la sentencia. Oportunamente, se dispuso remitir la causa al se�or Procurador Fiscal, quien sostuvo que la cuesti�n deb�a declararse abstracta (fs. 1021/1022). 5�) Que as� las cosas, esta Corte considera que para el ejercicio de su jurisdicci�n no resultan obst�culo la cir-F. 259. XLVI. cunstancia de que los agravios aludidos carezcan de actualidad por haberse llevado a cabo la pr�ctica abortiva a la menor A.G. en el Centro Materno Infantil de Trelew. En efecto, como lo ha subrayado el Tribunal en distintos precedentes, dada la rapidez con que se produce el desenlace de situaciones como la de autos, es harto dif�cil que, en la pr�ctica, lleguen a estudio del Tribunal las importantes cuestiones constitucionales que �stas conllevan sin haberse vuelto abstractas. De ah� que, para remediar esta situaci�n frustratoria del rol que debe poseer todo Tribunal al que se le ha encomendado la funci�n de garante supremo de los derechos humanos, corresponde establecer que resultan justiciables aquellos casos susceptibles de repetici�n, pero que escapar�an a su revisi�n por circunstancias an�logas a las antes mencionadas (confr. Fallos: 310:819, considerandos 6� y 7� del voto de la mayor�a y de la disidencia, y sus citas; 324:5, 4061). Pues, como se pusiera de resalto en el ya conocido precedente de la Suprema Corte de los Estados Unidos �Roe v. Wade� (410 U.S. 113- 1973), las cuestiones relacionadas con el embarazo �o su eventual interrupci�n- jam�s llegan al m�ximo tribunal en t�rmino para dictar �tilmente sentencia, debido a que su tr�nsito por las instancias anteriores insume m�s tiempo que el que lleva el decurso natural de ese proceso. En consecuencia, se torna necesario decidir las cuestiones propuestas aun sin utilidad para el caso en que recaiga el pronunciamiento, con la finalidad de que el criterio del Tribunal sea expresado y conocido para la soluci�n de casos an�logos que puedan presentarse en el futuro. 6�) Que los agravios del apelante suscitan una cuesti�n federal apta para su examen en esta instancia recursiva, toda vez que se plantea que el tribunal superior de la causa comprometi� preceptos reconocidos por la Constituci�n Nacional y por tratados internacionales de igual jerarqu�a al interpretar el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal (art�culo 14, inciso 3�, ley 48). Asimismo, el tratamiento del tema resulta pertinente por esta v�a puesto que la omisi�n de su consideraci�n puede comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jur�dico supranacional, tanto m�s si se tiene en cuenta que varios organismos internacionales se han pronunciado censurando, en casos an�logos, la interpretaci�n restrictiva del acceso al aborto no punible por parte de otras instancias judiciales (cfr. Observaciones Finales del Comit� de Derechos Humanos y Observaciones Finales del Comit� de los Derechos del Ni�o, Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010 y CRC/C/ARG/CO/3-4, del 21/06/2010, respectivamente). 7�) Que dada, por una parte, la esencia de los agravios tra�dos a discusi�n, la cual radica en �ltima instancia en la interpretaci�n de normativa constitucional y convencional y visto el car�cter federal que reviste el planteo, esta Corte considera oportuno y necesario responder a aqu�llos desde una construcci�n argumental que permita armonizar la totalidad del plexo normativo invocado como vulnerado, a la luz de los pronunciamientos de distintos organismos internacionales, cuya jurisdicci�n el Estado Argentino ha aceptado a trav�s de la suscripci�n de los tratados, pactos y convenciones que desde 1994 integran el ordenamiento jur�dico constitucional como ley suprema de la Naci�n (art�culo 75, inciso 22, de la Constituci�n Nacional), F. 259. XLVI. y cuyos dict�menes generan, ante un incumplimiento expreso, responsabilidades de �ndole internacional. En este orden de ideas, este Tribunal se ve obligado a tener que establecer la inteligencia de las previsiones cuyo desconocimiento denuncia el recurrente, as� como tambi�n determinar la aplicaci�n de otras normas y principios de igual jerarqu�a en clave de necesarias pautas interpretativas, dejando a salvo que, no por ello, esta Corte se encuentra limitada en su decisi�n por los argumentos de las partes o del a quo, sino que tan s�lo, le incumbe realizar una declaraci�n sobre el punto disputado (Fallos: 331:735 y sus citas). 8�) Que al efectuar esa tarea de armonizaci�n que involucra normativa del m�s alto rango con otra de derecho com�n �art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal�, a trav�s de un an�lisis global del plexo normativo fundamental involucrado y por aplicaci�n de los principios hermen�uticos de interpretaci�n sentados por esta Corte desde antiguo, se entiende que corresponde realizar una interpretaci�n amplia de dicho precepto legal. Desde tal perspectiva y a la luz del principio de reserva constitucional (art�culo 19 in fine de la Constituci�n Nacional), ha de concluirse en que la realizaci�n del aborto no punible all� previsto no est� supeditada a la cumplimentaci�n de ning�n tr�mite judicial. 9�) Que a partir de lo se�alado en los considerandos precedentes corresponde, en primer t�rmino, se�alar que del art�culo 75, inciso 23, de la Constituci�n Nacional resulta im--8- posible extraer base alguna para sustentar la tesis que postula el recurrente. En primer lugar, porque es necesario advertir que este apartado se inserta en una cl�usula en cuyo articulado la Constituci�n le atribuye al Poder Legislativo tanto la facultad de promover, mediante acciones positivas, el ejercicio y goce de los derechos fundamentales, particularmente respecto de los sectores tradicionalmente postergados (Fallos: 329:3089, considerando 17) como la de dictar un r�gimen de seguridad social que proteja a la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. De este modo, la referencia espec�fica al marco normativo de protecci�n social al ni�o, desde el embarazo, integra un supuesto concreto del mandato constituyente para que se establezcan, en general, pol�ticas p�blicas promotoras de los derechos humanos. Por ello, en atenci�n tanto al objetivo que anima esta previsi�n como a los propios t�rminos de su enunciado, de los que surge que la competencia atribuida a este poder en la materia lo fue a los efectos de dictar un marco normativo espec�fico de seguridad social y no uno punitivo, resulta claro que, de esta norma, nada se puede derivar para definir, en el sentido que se propugna, la cuesti�n relativa a los abortos no punibles en general, y al practicado respecto del que es consecuencia de una violaci�n, en particular. Lo dicho cobra aun mayor fuerza si se tiene en cuenta que, si bien en la Convenci�n Constituyente de 1994, en su �ltima sesi�n, se gener� un amplio debate sobre el derecho a la vida, lo cierto es que en ninguna oportunidad qued� plasmada una voluntad que pretendiera ni definir la cuesti�n relativa al F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -9- aborto ni limitar el alcance del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal al supuesto de la v�ctima violada idiota o demente (ver al respecto, Convenci�n Nacional Constituyente 1994, 34� Reuni�n, 3� Sesi�n Ordinaria [continuaci�n], 19 de agosto de 1994, 2.- Armonizaci�n de los art�culos 67 y 86 de la Constituci�n Nacional, Tomo VI, Centro de Estudios Jur�dicos y Sociales, Ministerio de Justicia de la Naci�n, Rep�blica Argentina, p�gs. 6145/6198). Por lo tanto, no puede afirmarse v�lidamente que haya sido voluntad del constituyente limitar de modo alguno el alcance del supuesto de aborto no punible previsto en la mencionada norma al caso de la v�ctima de violaci�n que fuera incapaz mental. 10) Que de las previsiones establecidas en el art�culo 1� de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre como del art�culo 4� de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, no se deriva alg�n mandato por el que corresponda interpretar, de modo restrictivo, el alcance del art�culo 86 inciso 2�, del C�digo Penal. Ello por cuanto las normas pertinentes de estos instrumentos fueron expresamente delimitadas en su formulaci�n para que de ellas no se derivara la invalidez de un supuesto de aborto como el de autos (ver al respecto, Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, Informe 23/81, �Baby Boy�, y la discusi�n en torno a la redacci�n de los mencionados art�culos). Por su parte, de la previsi�n contemplada en el art�-
culo 3� de la Convenci�n Americana, en cuanto estipula el dere--10- cho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jur�dica, tampoco se puede derivar base alguna para sustentar la tesis postulada por la parte. Esto en tanto la interpretaci�n del alcance que corresponda darle a dicho precepto, con relaci�n a las obligaciones del Estado en lo que hace a la protecci�n normativa del nasciturus como sujeto de derecho, no puede ser realizada en forma aislada del art�culo 4� y darle un alcance de tal amplitud que implique desconocer que, conforme se explicara precedentemente, la Convenci�n no quiso establecer una protecci�n absoluta del derecho a la vida de �ste. 11) Que tampoco el agravio incoado por el recurrente puede encontrar sustento en las disposiciones de los art�culos 3� y 6� de la Declaraci�n Universal de Derechos Humanos que consagran, respectivamente, el derecho a la vida y el derecho al reconocimiento de la personalidad jur�dica. Esto en atenci�n a que, a fin de asegurar una coherencia en la interpretaci�n de ese instrumento, dichas previsiones deben ser analizadas en conjunto con lo dispuesto en el art�culo 1� (�Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como est�n de raz�n y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros�). As�, atento los claros t�rminos en que est� formulado este enunciado, resulta imposible concluir en la aplicabilidad de las normas invocadas para fundar la tesis restrictiva del supuesto de aborto no punible previsto en el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal. F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -11- 12) Que la tesis del recurrente tampoco encuentra cabida en el deber que emana del art�culo 6� del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos. Para ello, resulta necesario tener en consideraci�n que el Comit� de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado su posici�n general relativa a que debe permitirse el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violaci�n. A su vez, al examinar la situaci�n particular de nuestro pa�s, ha expresado su preocupaci�n por la interpretaci�n restrictiva del art�culo 86 del C�digo Penal (cfr. Observaciones Finales del Comit� de Derechos Humanos: Per�, 15/11/2000, CCPR/CO/70/PER; Observaciones Finales del Comit� de Derechos Humanos: Irlanda, 24/07/2000, A/55/40; Observaciones finales del Comit� de Derechos Humanos: Gambia, 12/08/2004, CCPR/CO/75/GMB; Observaciones Finales del Comit� de Derechos Humanos: Argentina, CCPR/C/ARG/CO/4 del 22/03/2010, antes citadas). Por lo tanto, resulta claro que, no es posible derivar de este tratado un mandato para interpretar restrictivamente la norma, sino que, inversamente, en atenci�n a lo expuesto, se arriba a la conclusi�n contraria. 13) Que con relaci�n a las disposiciones pertinentes de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, tampoco es posible sostener que la interpretaci�n del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal adoptada por el a quo colisione con �stas. En efecto, de los antecedentes que precedieron a la sanci�n de esta Convenci�n, se observa que, al redactarse su -12- Pre�mbulo, expresamente se rechaz� que �ste fijara un alcance determinado de cualquiera de sus disposiciones (ver al respecto, Consejo Econ�mico y Social, Cuesti�n de una Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, Informe del Grupo de Trabajo acerca de un proyecto de Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o;
E/CN4/1989/48, 2 de marzo de 1989). Asimismo, de la lectura de aquellos antecedentes, se puede concluir que, ante una variedad de alternativas propuestas, se decidi� expresamente por la formulaci�n actual del art�culo 1�, de la que tampoco se puede derivar la tesis que sostiene la parte. Esto queda corroborado por la circunstancia que el Comit� de los Derechos del Ni�o ha se�alado que los Estados Partes �que no admiten el aborto para el caso de embarazos que son la consecuencia de una violaci�n� deben reformar sus normas legales incorporando tal supuesto y, respecto de nuestro pa�s que s� lo prev�, ha manifestado su preocupaci�n por la interpretaci�n restrictiva del art�culo 86 del C�digo Penal (cfr. Observaciones Finales del Comit� de los Derechos del Ni�o: Palau. 21/02/2001. CRC/C/15/Add.149; Observaciones Finales del Comit� de los Derechos del Ni�o: Chad. 24/08/1999. CRC/C/15/ Add.107; Observaciones Finales del Comit� de los Derechos del Ni�o: Argentina. 21/06/2010. CRC/C/ARG/CO/3-4, antes citadas). Por otra parte, el art�culo 2� de la ley 23.849, en cuanto estipula que el art�culo 1� de la Convenci�n �debe interpretarse en el sentido que se entiende por ni�o todo ser humano desde el momento de la concepci�n�, no constituye una reserva que, en los t�rminos del art�culo 2� de la Convenci�n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, altere el alcance con que la F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -13- Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o rige en los t�rminos del art�culo 75, inciso 22, de la Constituci�n Nacional. Esto porque, como surge del texto mismo de la ley, mientras que el Estado Argentino efectu� una reserva con relaci�n a la aplicaci�n del art�culo 21 de la Convenci�n, respecto del art�culo 1� se limit� a plasmar una declaraci�n interpretativa (ver al respecto, Anuario de la Comisi�n de Derecho Internacional, 1999, Volumen II, A/CN.4/SER.A/1999/Add.1, Parte 2, Directrices aprobadas por la Comisi�n en su per�odo de sesiones N� 51 �1.2; 1.3�). 14) Que sentado que de las normas constitucionales y convencionales invocadas por el recurrente no se deriva mandato alguno que imponga interpretar en forma restrictiva el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal, en cuanto regula los supuestos de abortos no punibles practicados respecto de los embarazos que son consecuencia de una violaci�n, se considera necesario remarcar que existen otras cl�usulas de igual jerarqu�a as� como principios b�sicos de hermen�utica establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que obligan a interpretar dicha norma con el alcance amplio que de �sta efectuara el a quo. 15) Que en este orden de ideas, es necesario puntualizar que los principios de igualdad y de prohibici�n de toda discriminaci�n, que son ejes fundamentales del orden jur�dico constitucional argentino e internacional y que en este caso poseen, adem�s, una aplicaci�n espec�fica respecto de toda mujer v�ctima de violencia sexual, conducen a adoptar la interpretaci�n amplia de esta norma (Constituci�n Nacional, art�culo 16; Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, -14- art�culo 2�; Declaraci�n Universal de Derechos Humanos, art�culos 2� y 7�; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos, art�culos 2.1 y 26; Pacto Internacional de Derechos Econ�-
micos, Sociales y Culturales, art�culos 2� y 3�, y Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, art�culos 1.1 y 24; adem�s de los tratados destinados a la materia en campos espec�ficos: Convenci�n sobre la Eliminaci�n de todas las Formas de Discriminaci�n Racial; Convenci�n sobre la Eliminaci�n de todas las Formas de Discriminaci�n contra la Mujer, especialmente art�culos 2�, 3� y 5� a 16, y Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o, art�culo 2�; Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, art�culos 4.f y 6.a). En efecto, reducir por v�a de interpretaci�n la autorizaci�n de la interrupci�n de los embarazos s�lo a los supuestos que sean consecuencia de una violaci�n cometida contra una incapaz mental implicar�a establecer una distinci�n irrazonable de trato respecto de toda otra v�ctima de an�logo delito que se encuentre en igual situaci�n y que, por no responder a ning�n criterio v�lido de diferenciaci�n, no puede ser admitida (Fallos: 332:433 y sus citas). M�xime cuando, en la definici�n del alcance de la
norma, est� involucrado el adecuado cumplimiento del deber estatal de protecci�n de toda v�ctima de esta clase de hechos en cuanto obliga a brindarle atenci�n m�dica integral, tanto de emergencia como de forma continuada (ver al respecto, Corte Interamericana de Derechos Humanos, �Fern�ndez Ortega vs. M�xico�, sentencia del 30 de agosto de 2010, apartados 124 y 194). F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -15- En esta comprensi�n corresponde recordar lo dicho
oportunamente por esta Corte (Fallos: 331:211, considerando 6�) al afirmar que �la debilidad jur�dica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales �de por s� vulnerable a los abusos�, crea verdaderos �grupos de riesgo� en cuanto al pleno y libre goce de los derechos fundamentales�, lo que genera la necesidad de establecer una protecci�n normativa eficaz. Sin embargo, ello no puede llevar a aceptar una interpretaci�n restringida de la norma en trato ya que esta delimitaci�n de su alcance, no responder�a al v�lido objetivo de proteger los derechos de las v�ctimas de violencia sexual, cuya vulnerabilidad se agrava por la circunstancia de poseer una discapacidad mental, sino a un prejuicio que las denigra en cuanto sujetos plenos de derechos. 16) Que por lo dem�s, de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales (art�culo 11 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos; art�culo 1�, Declaraci�n Universal de los Derechos Humanos; y Pre�mbulos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol�ticos y de la Declaraci�n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), se desprende el principio que las consagra como un fin en s� mismas y proscribe que sean tratadas utilitariamente. Este principio de inviolabilidad de las personas impone rechazar la ex�gesis restrictiva de la norma seg�n la cual �sta s�lo contempla, como un supuesto de aborto no punible, al practicado respecto de un embarazo que es la consecuencia de una violaci�n a una incapaz mental. En efecto, la pretensi�n de exigir, a toda otra v�ctima
de un delito sexual, llevar a t�rmino un embarazo, que es la -16- consecuencia de un ataque contra sus derechos m�s fundamentales, resulta, a todas luces, desproporcionada y contraria al postulado, derivado del mencionado principio, que impide exigirle a las personas que realicen, en beneficio de otras o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura imposible de conmensurar (cfr. Nino, Carlos Santiago, �tica y Derechos Humanos, Editorial Paid�s, Buenos Aires, 1984, p�gs. 109 y ss.; La leg�tima defensa, Fundamentaci�n y r�gimen jur�dico, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1982, p�gs. 59, 63 y ss.). 17) Que a su vez, los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretaci�n amplia de este supuesto normativo que establece la no punibilidad del aborto practicado respecto de un embarazo que sea la consecuencia de una violaci�n. Ello as�, por cuanto la decisi�n relativa al alcance de este precepto se encuentra limitada de antemano por estos principios que obligan, respectivamente, a �priorizar una ex�gesis [que est�]� en consonancia con el principio pol�tico criminal que caracteriza al derecho penal como la �ltima ratio del ordenamiento jur�dico y� [a] privilegiar la interpretaci�n legal que m�s derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal� (Fallos: 331:858, considerando 6� y 329:2265). Por ello, debe adoptarse la interpretaci�n seg�n la cual no resulta punible la interrupci�n del embarazo proveniente de toda clase de violaci�n porque una ex�gesis en sentido contrario -que reduzca la no punibilidad de esta pr�ctica al caso de una incapaz mental- ampl�a sustancialmente el alcance del castigo penal y niega, a toda otra v�ctima de una violaci�n que se encuentre en esa situaci�n, el derecho a acceder a esta pr�ctica. F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -17- 18) Que no obstante mediar en el particular todas las razones de la m�xima jerarqu�a normativa expuestas en los considerandos precedentes, por las que debe entenderse que el supuesto de aborto no punible contemplado en el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal comprende a aquel que se practique respecto de todo embarazo que sea consecuencia de una violaci�n, con independencia de la capacidad mental de su v�ctima, esta Corte Suprema considera oportuno y necesario ampliar los t�rminos de este pronunciamiento. Ello es as� ya que media, en la materia, un importante grado de desinformaci�n que ha llevado a los profesionales de la salud a condicionar la realizaci�n de esta pr�ctica al dictado de una autorizaci�n judicial y es este proceder el que ha obstaculizado la implementaci�n de los casos de abortos no punibles legislados en nuestro pa�s desde la d�cada de 1920. En esta inteligencia, este Tribunal quiere dejar expresamente aclarado que su intervenci�n lo es a los efectos de esclarecer la confusi�n reinante en lo que respecta a los abortos no punibles y a fin de evitar frustraciones de derecho por parte de quienes peticionen acceder a ellos, de modo tal que se configuren supuestos de responsabilidad internacional. Para ello resulta conveniente transcribir el art�culo 86 del C�digo Penal en cuanto establece que �el aborto practicado por un m�dico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1�) Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; 2�) Si el embarazo proviene -18- de una violaci�n o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deber� ser requerido para el aborto�. As�, de una aplicaci�n, al particular, de las pautas interpretativas fijadas por esta Corte en cuanto a que �la primera fuente de ex�gesis de la ley es su letra� (Fallos: 304:1820; 314:1849) y que �no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonizaci�n de sus preceptos� (Fallos: 313:1149), se impone concluir que, aun mediando la m�s m�nima y sistem�tica ex�gesis practicada sobre dicho precepto, no es punible toda interrupci�n de un embarazo que sea consecuencia de una violaci�n con independencia de la capacidad mental de su v�ctima. A esta conclusi�n se llega a partir de un doble orden de razones. En primer lugar, porque de la mera lectura del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal se evidencia que el legislador, al utilizar una conjunci�n disyuntiva al referirse a ��(s)i el embarazo proviene de una violaci�n o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente� (�nfasis agregado), previ� dos supuestos diferentes para el caso de embarazos provenientes de un delito de esta naturaleza. Por su parte, un examen conjunto y sistem�tico de los diferentes apartados previstos en esta norma tambi�n conduce a adoptar su interpretaci�n amplia. En efecto, este precepto comienza su redacci�n estableciendo, como premisa general, que por su t�cnica de redacci�n constituye un requisito com�n para los F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -19- dos supuestos que detalla seguidamente, que no ser�n punibles los abortos all� previstos que fueran practicados por un m�dico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta. Es precisamente porque este extremo no es aplicable respecto de la mujer incapaz, que, como excepci�n a dicho requisito general, en la �ltima parte del segundo supuesto previsto, se tuvo que establecer en forma expresa que �en este caso� �referencia que s�lo puede aludir al caso del atentado al pudor y que obliga a distinguirlo, desde la sola sem�ntica, del de violaci�n� �el consentimiento de su representante legal deber� ser requerido para el aborto�. Por ello, debe descartarse la tesis restrictiva en tanto otorga una indebida preeminencia a una de las partes de la norma dejando inoperante sus dem�s previsiones. Pero adem�s, a esta conclusi�n tambi�n se arriba analizando esta norma de modo conjunto con las disposiciones relativas a los hechos il�citos que pueden causar embarazos no consentidos por las ni�as, adolescentes o mujeres que son sus v�ctimas. En efecto, el mencionado art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal, en concordancia con el sistema de los abusos sexuales (regulados a partir del art�culo 119 del mismo cuerpo legal), diferencia dos grupos de causas de embarazos: la violaci�n propiamente dicha y el atentado al pudor sobre una mujer �idiota o demente�. Como la ley est� haciendo referencia a causas de embarazos, el �atentado al pudor� no puede ser sino un acceso carnal o alguna otra situaci�n atentatoria contra la sexualidad de la v�ctima que produzca un embarazo. Puesto que -20- todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es considerado ya una forma de violaci�n (la impropia), no es posible sostener que cuando al principio dice "violaci�n" tambi�n se refiera al mismo tipo de v�ctima. Es evidente que por exclusi�n, �violaci�n� se refiere al acceso carnal violento o coactivo sobre mujeres no �idiotas ni dementes�. Lo mismo ocurre con las menores de trece a�os, cuya menci�n no es necesaria porque la ley descarta la validez de su consentimiento, y declara que cualquier acceso carnal con ellas es ya una violaci�n (impropia). Por ello, este an�lisis sistem�tico del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal en conjunto con las disposiciones que tipifican los supuestos de violencia sexual que, de provocar un embarazo, dan lugar a su aplicaci�n, corrobora que cualquier v�ctima de �stos que se encuentre en tal circunstancia puede realizarse un aborto no punible y que, en el caso de las deficientes mentales e incapaces, que no pueden consentir el acto, se requiere de sus representantes legales. Esto se confirma teniendo en cuenta, adem�s, que, al formularse esta norma refiri�ndose a la violaci�n y al atentado al pudor, se tradujo �inadecuadamente, atento que esta �ltima figura por definici�n no implica acceso carnal- la correlativa previsi�n del Anteproyecto del c�digo suizo de 1916, que constituye su fuente y que estipulaba como aborto no punible al practicado respecto de un embarazo que proven�a de dos supuestos diferentes: la violaci�n o el acceso carnal producido respecto de una incapaz mental que era denominado �profanaci�n�. F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -21- 19) Que luego de haber sentado en los considerandos precedentes que el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal debe interpretarse con un alcance amplio, corresponde detenerse en lo acontecido en el presente caso con la joven A.G., quien debi� transitar un largo derrotero judicial para poder asegurar su derecho a obtener la interrupci�n de un embarazo que fue consecuencia de una violaci�n. La judicializaci�n de esta cuesti�n, que por su reiteraci�n constituye una verdadera pr�ctica institucional, adem�s de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la v�ctima del delito a exponer p�blicamente su vida privada, y es tambi�n contraproducente porque la demora que apareja en su realizaci�n pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupci�n del embarazo en condiciones seguras. Llegado este punto, el Tribunal considera ineludible destacar que, a pesar de que el C�digo Penal argentino regula desde hace noventa a�os diferentes supuestos espec�ficos de despenalizaci�n del aborto, como el tra�do a discusi�n ante este Tribunal (art�culo 86, inciso 2�), se sigue manteniendo una pr�ctica contra legem, fomentada por los profesionales de la salud y convalidada por distintos operadores de los poderes judiciales nacionales como provinciales, que hace caso omiso de aquellos preceptos, exigiendo all� donde la ley nada reclama, requisitos tales como la solicitud de una autorizaci�n para practicar la interrupci�n del embarazo producto de una violaci�n lo que, como en el caso, termina adquiriendo caracter�sticas in--22- tolerables a la luz de garant�as y principios constitucionales y convencionales que son ley suprema de la Naci�n. 20) Que es debido a ello que este Tribunal se ve forzado a tener que recordar, tanto a profesionales de la salud como a los distintos operadores de los diferentes poderes judiciales nacionales o provinciales, que por imperio del art�culo 19 in fine de la Constituci�n Nacional, que consagra el principio de reserva como complemento de la legalidad penal, ha quedado expresamente dicho por voluntad del constituyente que �ning�n habitante de la Naci�n ser� obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no proh�be�. 21) Que teniendo a la luz aquella manda constitucional es que debe interpretarse la letra del art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal y por dicha raz�n, se debe concluir que quien se encuentre en las condiciones all� descriptas, no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorizaci�n judicial para interrumpir su embarazo, toda vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupci�n del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, est� permitido y no resulta punible. 22) Que, en atenci�n a lo expresado en los considerandos precedentes, este Tribunal se ve en la necesidad de advertir por una parte, a los profesionales de la salud, la imposibilidad de eludir sus responsabilidades profesionales una vez enfrentados ante la situaci�n f�ctica contemplada en la norma referida. Por la otra, recuerda a los diferentes operadores de los distintos poderes judiciales del pa�s que, seg�n surge del F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -23- texto del art�culo 86 del C�digo Penal, lo que previ� el legislador es que, si concurren las circunstancias que permiten la interrupci�n del embarazo, es la embarazada que solicita la pr�ctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del m�dico. 23) Que hacer lo contrario, significar�a que un poder del Estado, como lo es el judicial, cuya primordial funci�n es velar por la plena vigencia de las garant�as constitucionales y convencionales, intervenga interponiendo un vallado extra y entorpeciendo una concreta situaci�n de emergencia sanitaria, pues cualquier magistrado llamado a comprobar la concurrencia de una causal de no punibilidad supeditar�a el ejercicio de un derecho expresamente reconocido por el legislador en el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal, a un tr�mite burocr�tico, innecesario y carente de sentido. 24) Que asimismo, respetar lo preceptuado por el art�culo 19 in fine de la Constituci�n Nacional significa, en l�nea con lo referido en el considerando precedente, que el aborto no punible es aquel practicado por �un m�dico con el consentimiento de la mujer encinta� (art�culo 86 del C�digo Penal) circunstancia �sta que debe aventar todo tipo de intento de exigir m�s de un profesional de la salud para que intervenga en la situaci�n concreta pues, una exigencia tal, constituir�a un impedimento de acceso incompatible con los derechos en juego en este permiso que el legislador ha querido otorgar. Por otra parte, las pr�cticas de solicitud de consultas y la obtenci�n de dict�menes conspiran indebidamente contra -24- los derechos de quien ha sido v�ctima de una violaci�n, lo que se traduce en procesos burocr�ticos dilatorios de la interrupci�n legal del embarazo que llevan �nsita la potencialidad de una prohibici�n impl�cita �y por tanto contra legem� del aborto autorizado por el legislador penal. Asimismo, se debe se�alar que esta pr�ctica irregular no s�lo contraviene las obligaciones que la mencionada Convenci�n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su art�culo 7�, pone en cabeza del Estado respecto de toda v�ctima de violencia, sino que, adem�s, puede ser considerada, en s� misma, un acto de violencia institucional en los t�rminos de los art�culos 3� y 6� de la ley 26.485 que establece el R�gimen de Protecci�n Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los �mbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Por ello, los t�rminos del presente fallo respecto de los alcances que corresponde asignar al art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal, as� como la autoridad suprema del pronunciamiento, que se deriva del car�cter de int�rprete �ltimo de la Constituci�n Nacional y de las leyes, que posee el Tribunal (Fallos: 324:3025; 332:616), resultan suficientes para despejar cualquier duda que pudieran albergar esos profesionales de la salud respecto de la no punibilidad de los abortos que se practiquen sobre quienes invocan ser v�ctimas de violaci�n. En consecuencia, y descartada la posibilidad de una persecuci�n penal para quienes realicen las pr�cticas m�dicas en supuestos como los examinados en autos, la insistencia en conductas como la se�alada no puede sino ser considerada como una F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -25- barrera al acceso a los servicios de salud, debiendo responder sus autores por las consecuencias penales y de otra �ndole que pudiera traer aparejado su obrar. 25) Que cuando el legislador ha despenalizado y en esa medida autorizado la pr�ctica de un aborto, es el Estado, como garante de la administraci�n de la salud p�blica, el que tiene la obligaci�n, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposici�n, de quien solicita la pr�ctica, las condiciones m�dicas e higi�nicas necesarias para llevarlo a cabo de manera r�pida, accesible y segura. R�pida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones m�dicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obst�culos m�dico�burocr�ticos o judiciales para acceder a la mencionada prestaci�n que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama (ver al respecto, Sesi�n Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desarrollada en junio de 1999). 26) Que a partir de lo expresado en los considerandos precedentes, este Tribunal entiende oportuno recordar que distintos �rganos de aplicaci�n de los tratados de derechos humanos se han pronunciado censurando al Estado Argentino por no garantizar el acceso oportuno a la pr�ctica de los abortos no punibles como una cuesti�n de salud p�blica y sin injerencia del Poder Judicial (Comit� de Derechos Humanos, CCPR/C/101/D/1608/ -26- 2007, del 29/03/11; Observaciones Finales del Comit� de Derechos del Ni�o; Argentina. 21/06/2010. CRC/C/ARG/CO/3-4).
27) Que finalmente, el respeto a lo establecido en el art�culo 19 in fine de la Constituci�n Nacional se traduce en que el art�culo 86, inciso 2�, del C�digo Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violaci�n como tampoco su determinaci�n judicial para que una ni�a, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupci�n de un embarazo producto de una violaci�n. Esta situaci�n de ausencia de reglas espec�ficas para acceder al aborto permitido en caso de violaci�n supone tan s�lo como necesario que la v�ctima de este hecho il�cito, o su representante, manifiesten ante el profesional tratante, declaraci�n jurada mediante, que aquel il�cito es la causa del embarazo, toda vez que cualquier imposici�n de otro tipo de tr�mite no resultar� procedente pues significar� incorporar requisitos adicionales a los estrictamente previstos por el legislador penal. En efecto, tal como lo ha se�alado la Organizaci�n Mundial de la Salud, la exigencia de que las v�ctimas de violaci�n, para calificar para el aborto, tengan que elevar cargos contra su agresor, obtener informaciones policiales, requerir autorizaci�n de un tribunal o satisfacer cualquier otro requisito que no sea m�dicamente necesario, puede transformarse en una barrera que desaliente a quienes tienen expectativas leg�timas de buscar servicios sin riesgos y en forma temprana. Estos requisitos, dise�ados para identificar casos fabricados, retrasan el cuidado necesario y aumenta la probabilidad de abortos no seguros o, incluso, pueden llevar a la negativa de la pr�ctica F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -27- porque el embarazo est� muy avanzado (ver al respecto, �Aborto sin riesgos. Gu�a T�cnica y de Pol�ticas para Sistemas de Salud�, OMS, 2003). 28) Que si bien este Tribunal advierte la posibilidad de configuraci�n de �casos fabricados�, considera que el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos, �que a estas alturas s�lo aparece como hipot�tico y podr�a resultar, eventualmente, un il�cito penal�, no puede ser nunca raz�n suficiente para imponer a las v�ctimas de delitos sexuales obst�culos que vulneren el goce efectivo de sus leg�timos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud. 29) Que, en raz�n de ello, corresponde exhortar a las autoridades nacionales y provinciales a implementar y hacer operativos, mediante normas del m�s alto nivel, protocolos hospitalarios para la concreta atenci�n de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o f�cticas al acceso a los servicios m�dicos. En particular, deber�n: contemplar pautas que garanticen la informaci�n y la confidencialidad a la solicitante; evitar procedimientos administrativos o per�odos de espera que retrasen innecesariamente la atenci�n y disminuyan la seguridad de las pr�cticas; eliminar requisitos que no est�n m�dicamente indicados; y articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencia para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir, entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la procedencia de la pr�ctica m�dica requerida. Por otra parte, deber� disponerse un adecuado sistema que -28- permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeci�n de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atenci�n de la requirente del servicio. A tales efectos, deber� exigirse que la objeci�n sea manifestada en el momento de la implementaci�n del protocolo o al inicio de las actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda instituci�n que atienda a las situaciones aqu� examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a las v�ctimas de violencia sexual. 30) Que por �ltimo, en virtud de la gravedad y trascendencia social que reviste la tem�tica abordada en el caso, esta Corte no puede dejar de se�alar la necesidad de que tanto en el �mbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos a los efectos de brindar a las v�ctimas de violencia sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad f�sica, ps�quica, sexual y reproductiva. En ese contexto, deber� asegurarse, en un ambiente c�modo y seguro que brinde privacidad, confianza y evite reiteraciones innecesarias de la vivencia traum�tica, la prestaci�n de tratamientos m�dicos preventivos para reducir riesgos espec�-
ficos derivados de las violaciones; la obtenci�n y conservaci�n de pruebas vinculadas con el delito; la asistencia psicol�gica inmediata y prolongada de la v�ctima, as� como el asesoramiento legal del caso. 31) Que, por estas mismas razones, se considera indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones implementen campa�as de informaci�n p�blica, con F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -29- especial foco en los sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las v�ctimas de violaci�n. Asimismo deber� capacitarse a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra �ndole para que, en caso de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual brinden a las v�ctimas la orientaci�n e informaci�n necesaria que les permita acceder, en forma oportuna y adecuada, a las prestaciones m�dicas garantizadas por el marco normativo examinado en la presente causa. Por ello, y o�do el se�or Procurador Fiscal, corresponde: 1) Declarar procedente el recurso extraordinario y, por los fundamentos aqu� expuestos, confirmar la sentencia apelada. 2) Exhortar a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires, con competencia en la materia, a implementar y hacer operativos, mediante normas del m�s alto nivel, en los t�rminos aqu� sentados, protocolos hospitalarios para la concreta atenci�n de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda v�ctima de violencia sexual. 3) Exhortar al Poder Judicial nacional y a los poderes judiciales provinciales y de la Ciudad Aut�noma de Buenos Aires a -//- -30- -//-abstenerse de judicializar el acceso a los abortos no punibles previstos legalmente. Notif�quese y, oportunamente, devu�lvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (seg�n su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RA�L ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (seg�n su voto).
VO-//- F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -31- -//-TO DE LA SE�ORA MINISTRA DOCTORA DO�A CARMEN M. ARGIBAY Considerando: 1�) En las presentes actuaciones, el 22 de enero de 2010, A.L.F., en representaci�n de su hija A.G., de quince a�os de edad, interpuso una �medida auto�satisfactiva� a fin de obtener autorizaci�n judicial para que en el Hospital Zonal de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Provincia del Chubut, se interrumpa el embarazo que la ni�a cursaba en la octava semana de gestaci�n. Fund� su pretensi�n en los incisos primero y segundo del art�culo 86 del C�digo Penal, y en tal sentido afirm� que un mes antes hab�a denunciado ante el Ministerio P�blico Fiscal de esa jurisdicci�n la violaci�n que hab�a sufrido la menor por parte de su esposo, O. N. (padrastro de la ni�a), en el mes de noviembre de 2009, siendo el embarazo producto de ese hecho. Explic� que ante la formaci�n del sumario en la jurisdicci�n criminal �en el que se constituy� como parte querellante� se hab�a presentado ante el juez de la causa requiriendo la autorizaci�n para la interrupci�n del embarazo, pero dicho magistrado sostuvo que carec�a de �facultades para adoptar medidas como la solicitada durante la etapa de investigaci�n�, ordenando el paso de las actuaciones al Ministerio P�blico Fiscal, que se expidi� por la incompetencia del fuero penal para resolver el pedido (cfr. fs. 17/18 vta.). 2�) El d�a siguiente de la presentaci�n que inicia este expediente, el juzgado de familia dispuso una serie de me--32- didas procesales, ordenando, entre ellas, dar intervenci�n al �equipo t�cnico interdisciplinario� a fin de que entreviste a la menor para determinar, entre otros puntos, �las consecuencias y/o impacto psicol�gico en la menor de edad en caso de ser sometida a la intervenci�n solicitada (aborto terap�utico)�; y librar oficio al Hospital Regional a fin de que �por intermedio del Comit� de Bio�tica eval�e la situaci�n planteada de A[.] G[.] y dictamine sobre lo peticionado� (cfr. fs. 19/20). Posteriormente, como medida para mejor proveer, se dispuso librar oficio al director del mencionado hospital para que informe al juzgado �si de acuerdo a los Protocolos, el aborto a una menor de edad (15 a�os), v�ctima de una violaci�n (art. 86 del C�d. Penal) puede practicarse en condiciones l�citas y en tal caso realicen las evaluaciones interdisciplinarias a trav�s de los Comit�s Interdisciplinarios, que se prev�n para estos casos� (cfr. fs. 28). Esta �ltima medida debi� ser reiterada en dos oportunidades por la jueza actuante; la primera porque el director del nosocomio respondi� que �previo al an�lisis �tico-m�dico de un per�odo de interrupci�n de embarazo, debe determinarse si la persona presenta alguna de las caracter�sticas excepcionados [sic] por el c�digo penal, ya que dicho encuadre no resulta ser una materia opinable por parte del comit� (cfr. fs. 40), y la segunda, en raz�n de que el jefe del departamento de tocoginecolog�a de esa instituci�n objet� a lo requerido que �este comit� solamente asesora, no dictamina y en cuanto al motivo por el cual se solicita realizar un aborto en la paciente en cuesti�n, �violaci�n� es un elemento que supongo le consta a la justicia, F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -33- y como tal el �nico que podr�a dictaminar es el juez� (cfr. fs. 80). 3�) Luego de producidas las medidas ordenadas, el 16 de febrero de 2010 esa instancia resolvi� rechazar la solicitud para la interrupci�n del embarazo de la ni�a. Apelada esa resoluci�n por la actora y por la propia menor A. G., el 25 de febrero de ese mismo a�o la C�mara de Apelaciones confirm� la decisi�n denegatoria. Entre los argumentos expuestos por los magistrados que concurrieron a formar la mayor�a del tribunal (pues una de sus integrantes vot� en disidencia) se expres� que este caso pone a los jueces en situaci�n de decidir entre �dar raz�n al privilegio de la vida de una menor sobre la otra (nasciturus) que no [ha] tenido oportunidad de optar por ser o no ser�, y que enfrentados a ese conflicto �nos encontramos obligados a preservar el derecho a la vida y consecuentemente a la personalidad del nasciturus desde el momento de la concepci�n, invocando como �ltima ratio, frente a toda situaci�n de duda la aplicaci�n del principio �in dubio pro vida�� (cfr. fs. 372). Tambi�n se dijo, repitiendo consideraciones expresadas por la jueza de primera instancia, que la discusi�n entre la interpretaci�n amplia o restrictiva del art�culo 86 del C�digo Penal no define en profundidad la amplitud de la decisi�n, pues en base a las normas del derecho constitucional que consagran el derecho a la vida y a la salud de todo ser humano desde la concepci�n en el seno materno, resulta indiferente la interpretaci�n de aqu�lla norma que se adopte. -34- 4�) Contra esa sentencia interpusieron sendos recursos de casaci�n la ni�a y su madre, los que fueron concedidos por la c�mara de apelaciones y luego declarados formalmente admisibles por el tribunal superior de justicia local. Con fecha 8 de marzo de 2010, ese tribunal resolvi� �en lo que aqu� interesa� dejar sin efecto la sentencia recurrida, declarando que el caso encuadra en el supuesto de aborto no punible previsto por el inciso segundo, primera parte, del art�culo 86 del C�digo Penal. Para as� decidir, el a quo inici� el tratamiento del caso afirmando que obligar a la actora a obtener un permiso judicial en un supuesto como el de autos resulta una exigencia adicional, que a la mujer se le presenta como una carga y una vulneraci�n a su derecho de acceder al aborto en los casos autorizados por la ley. Expres� que el propio legislador no ha dejado en manos de los jueces la tarea de preferir la vida de una u otra persona, porque precisamente consagr� el resultado de la ponderaci�n entre el derecho a la vida del nasciturus y el derecho de la mujer v�ctima de una violaci�n. Sobre el particular, asumi� que la aplicaci�n de los dos incisos del art�culo 86 del C�digo Penal no requiere de autorizaci�n judicial, quedando la responsabilidad de decidir si se dan los supuestos f�cticos descriptos por la norma en los m�dicos que atiendan a la paciente, ya sea en el sector privado o en el p�blico de la salud, aplicando los principios y reglas del buen arte de curar. F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -35- Continu� luego el tribunal afirmando que la norma del art�culo 86 del C�digo Penal aplicable al caso no se contrapone al bloque constitucional integrado por la Constituci�n Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, en tanto resulta consistente con la prohibici�n de desprotecci�n legal arbitraria respecto al derecho a la vida del ni�o por nacer desde su concepci�n. Ello es as�, se dijo, pues la norma parte de la base de considerar al aborto como una conducta prohibida, aunque con las excepciones consagradas por el art�culo en examen, las que, a su vez, comprometen otros derechos fundamentales de rango an�logo. De esta manera, la decisi�n legislativa por la no punibilidad de supuestos como el presente no puede calificarse de irracional ni de arbitraria, en raz�n de que aparece fundada en una causa grave y excepcional sujeta al margen de valoraci�n del legislador y compatible con la protecci�n constitucional. Pasando a la ex�gesis en particular del inciso segundo del art�culo 86 del C�digo Penal, sostuvo el tribunal que adem�s de encontrar en el propio texto de la norma razones que apoyan la que ha sido denominada la �tesis amplia� �pues reconoce en ella dos supuestos de aborto no punibles�, es el principio de legalidad el que exige interpretar los supuestos de no punibilidad previstos en el mentado art�culo con la mayor amplitud posible. Finalmente, resta destacar que el tribunal consider�, en cuanto a la acreditaci�n de la existencia de la violaci�n, que la urgencia que demanda la resoluci�n a tomar no admite esperar a la conclusi�n de dicho tr�mite, en el sentido de exigir -36- una sentencia condenatoria para habilitar el supuesto previsto por la norma en tratamiento. Se entendi� entonces que corresponde analizar la denuncia y, ante la imposibilidad de evitar todo margen de dudas, privilegiar el relato circunstanciado de la v�ctima, acompa�ado de los m�ltiples elementos que acrediten su seriedad. 5�) Contra esa sentencia interpuso recurso extraordinario federal el tutor ad litem y Asesor de Familia e Incapaces, en favor de la persona por nacer. Como agravio federal, esa parte plante� la vulneraci�n del derecho a la vida del nasciturus garantizado por la Constituci�n Nacional y por tratados de derecho internacional p�blico. En lo concerniente a las circunstancias f�cticas del caso, explic� que ni para las partes, ni para las tres sentencias que fueron dictadas sucesivamente en las instancias que transit� el proceso, existe duda alguna de que el embarazo que presenta la ni�a proviene de una violaci�n. Esta aceptaci�n general sobre la cuesti�n sustancial de los hechos, desde su �ptica, coloca a la dilucidaci�n del caso en el campo del puro derecho, centrada en la aplicaci�n e interpretaci�n de la norma del inciso segundo del art�culo 86 del C�digo Penal, a la luz del resto del plexo normativo nacional y del derecho a la vida de la persona por nacer. Establecido el marco normativo de referencia, continu� expresando que no entiende que las autorizaciones del art�-
culo mencionado deban juzgarse inconstitucionales en general, ni F. 259. XLVI. F., A. L. s/ medida autosatisfactiva. -37- que se encuentren derogadas por �incompatibilidad sobreviniente� con normas de mayor jerarqu�a. Afirm�, no obstante, que la interpretaci�n de esos permisos legales ha de ser prudentemente restrictiva de modo de reducir a un n�mero m�nimo �y de enorme dramatismo� los casos subsumibles en ellos. En tal sentido, entendi� que la interpretaci�n lata que de esa norma realiza la sentencia que impugna para declarar su aplicaci�n al caso y autorizar as� el aborto, resulta opuesta al derecho a la vida de toda persona conforme a la normativa constitucional que invoca. Desde ese prisma, afirm� que esa pr�ctica m�dica tiene como fin interrumpir el embarazo dando as� fin a la vida del feto, lo que implica un atentado, intencionado y directo, contra un ser humano cuya existencia y derechos resultan asegurados por el ordenamiento legal �desde su concepci�n�. A su vez, postul� una interpretaci�n de la mentada norma permisiva, que calific� de literal, restringiendo la autorizaci�n para la interrupci�n del embarazo s�lo en los casos de violaci�n de una mujer �idiota o demente�. 6�) Al analizar la admisibilidad del remedio federal (fs. 673/676), el Superior Tribunal de Justicia de Chubut advirti� que la pr�ctica abortiva ya se hab�a realizado (v. fs. 674 vta.). No obstante ello, refiri� �con cita de precedentes de esta Corte� que la falta de gravamen actual por la resoluci�n del conflicto no deb�a obstar a la concesi�n del recurso, pues s�lo as� podr�an las relevantes cuestiones planteadas ser tratadas en instancia federal. A su vez, se�al� que el recurso no cumpl�a con el reglamento aprobado por la acordada CSJN 4/2007, aunque -38- por motivos similares a los antes apuntados consider� que pod�a hacerse aqu� una excepci�n a tal r�gimen. Por tales fundamentos, resolvi� conceder el recurso extraordinario deducido. 7�) El recurso resulta formalmente admisible en cuanto se ha invocado que la interpretaci�n dada a la ley com�n por el tribunal superior de la causa conculca el reconocimiento de un derecho constitucional y la sentencia ha sido contraria al inter�s del recurrente (art�culo 14, inciso 3�, de la ley 48). 8�) Tal como lo ha indicado el superior tribunal provincial, no obsta a la admisibilidad del recurso que haya tenido lugar la intervenci�n m�dica cuya autor
La teor�a del exceso y la Suprema
Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 10:24 — Visto: 202 veces
Autor(a): Carlos Rivera
El caso de la matanza de Parcco y Pomatambo (Vilcashuam�n Ayacucho) perpetrada por elementos del Ej�rcito el 23 de octubre de 1986, no solo es un hecho emblem�tico de los cr�menes contra la humanidad que en aquellos a�os se comet�a, sino que ahora pareciera convertirse en un punto de quiebre de la jurisprudencia nacional en materia de derechos humanos.
Las investigaciones de la CVR y judiciales dan cuenta que el crimen fue perpetrado como consecuencia de orden superior contenida expresamente en el Plan de Operaciones �Despedida 2� con el objetivo de eliminar la subversi�n en la zona de Parcco y Pomatambo. Para tal efecto se encarg� a 2 patrullas del Ej�rcito cumplir la misi�n. Y efectivamente la cumplieron con el resultado de una docena de campesinos �varios de ellos autoridades de sus comunidades- asesinados bajo la sospecha de ser integrantes de Sendero Luminoso.
El crimen ocurrido en octubre de 1986 reci�n ser�a judicializado a mediados de la d�cada pasada. El juicio oral termin� el 22 de noviembre de 2010 con una de las sentencias m�s cuestionables que haya emitido la Sala Penal Nacional. A lo largo del proceso no solo se demostr� la comisi�n del delito, sino tambi�n �a trav�s de diferentes pruebas- que el crimen fue un acontecimiento previamente planificado que respond�a a la estrategia contrasubversiva de �tierra arrasada� que en aquellos era la estrategia oficial del Ej�rcito peruano. Pero, adem�s, tambi�n se demostr� que fue perpetrado por 2 patrullas que cumpl�an �rdenes superiores.
Pero la Sala Penal Nacional no solo decidi� desconocer todos los elementos probatorios aportados por el Ministerio P�blico y la parte civil, sino que adem�s decidi� acoger en su fundamentaci�n uno de los discursos pol�ticos de los militares m�s perversos, aquel que dice que este tipo de cr�menes solo se trata de excesos individuales. Justamente la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional se�ala textualmente que ��las detenciones se produjeron de modo sorpresivo, de forma tal que los agraviados no tuvieron la capacidad de reacci�n para as� enfrentarse a los militares que los detuvieron; por tanto m�s si no se produjo lesi�n alguna a los miembros del Ej�rcito, ni se produjo baja alguna en las patrullas. Por lo que el plan operativo La Despedida Dos, habr�a sido mal aplicado por los efectivos que intervienen ya que est� contemplado la posibilidad de causar muerte a los intervenidos solo en caso de que se produzca un enfrentamiento, el cual no existi�, por lo que el desarrollo del operativo en la forma y por las consecuencias generadas habr�a sido producto de un exceso de parte de las fuerzas del orden.�
Bajo estos argumentos la SPN declar� la absoluci�n de todos los militares acusados por el crimen y de esta manera este tribunal consagra la denominada teor�a del exceso como elemento de interpretaci�n de delitos cr�menes que t�cnicamente son delitos contra la humanidad.
Si bien esto es ya de suma gravedad, las organizaciones de derechos humanos ten�amos cierta confianza en que dicha sentencia de la SPN ser�a anulada por la Corte Suprema de Justicia y con ello, era obligatoria la realizaci�n de un nuevo juicio oral como consecuencia de los graves problemas de valoraci�n probatoria que tiene aquella sentencia. Pero lo que ocurri� fue todo lo contrario. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia (R.N. N� 809 � 2011) acaba de notificar la sentencia por la cual confirma la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional.
Durante los �ltimos a�os la Corte Suprema de Justicia hab�a desarrollado una s�lida jurisprudencia en la cual cuestionaba duramente los criterios de valoraci�n probatoria que la SPN hab�a desarrollado en los casos de violaciones a los derechos humanos y ello hab�a tenido como consecuencia que ordene la anulaci�n de todas las sentencias absolutorias emitidas por ese tribunal desde fines del a�o 2008. La �nica sentencia en materia de derechos humanos que la Corte Suprema hab�a confirmado en los �ltimos a�os era la condena dictada contra Alberto Fujimori.
Entonces, �Qu� pas�? �Por qu� la Corte Suprema ha decidido confirmar una de las peores sentencias en materia de derechos humanos? Ciertamente son preguntas dif�ciles de responder con precisi�n, pero lo cierto es que los fundamentos que utiliza la Corte Suprema no son los mejores, m�s aun si incurre en el mismo grueso error de la SPN, es decir, pretender desconocer las circunstancias y contexto del crimen y pretender tratarlo como si estuvi�ramos ante un evento criminal aislado. Por ejemplo, la sentencia de la Corte Suprema muy a pesar que el Plan de Operaciones tiene como objetivo el destruir la presencia senderista en la zona, asegura que �� no se ha logrado establecer fehacientemente que el referido Plan Operativo haya estado destinado a la eliminaci�n de los pobladores de la zona��.
Ahora, el hecho concreto es que la Corte Suprema, despu�s de 26 a�os de persistente lucha de los familiares de los campesinos asesinados, no solo deja el crimen en la m�s evidente impunidad, sino que termina consolidando jurisprudencialmente el argumento de que este tipo de cr�menes fueron simplemente excesos individuales y no cr�menes de lesa humanidad, y, adem�s, termina peligrosamente concediendo a los perpetradores y sus defensores un valioso instrumento judicial para cuestionar otros casos de graves violaciones en los que tambi�n alegan que se tratan de exceso individuales, como sucede en el caso de la matanza de Accomarca.
Hasta qu� punto esta sentencia puede terminar significando un cambio de orientaci�n de la jurisprudencia de la Suprema en materia de derechos humanos y un hecho funcional a una estrategia pol�tica que, desde hace mucho tiempo atr�s, pretende cerrar de manera definitiva las investigaciones por graves violaciones de derechos humanos lo sabremos en un futuro muy pr�ximo.
PLENO APRUEBA ELIMINACI�N PROGRESIVA DEL R�GIMEN CAS
Categoría: DERECHO LABORAL — gcornejo @ 10:09 — Visto: 553 veces
CONGRESO. MEDIDA ENTRAR� EN VIGOR A PARTIR DE 2013
A partir de ese a�o el personal se incorporar� a nuevo sistema
Medida beneficiar� a 180 mil trabajadores a escala nacional
El pleno del Congreso aprob� un dictamen que elimina progresivamente el r�gimen especial de Contrataci�n Administrativa de Servicios (CAS) a partir de 2013, y que otorga derechos laborales a los trabajadores adscritos a ese sistema. El dictamen aprobado despu�s de largo debate fue el de minor�a sustentado por el legislador Justiniano Apaza Ord��ez.
La iniciativa se�ala que la derogaci�n del Decreto Legislativo 1057, que regula el r�gimen CAS, se producir� de forma gradual con la implementaci�n del nuevo R�gimen del Servicio Civil.
Asimismo, indica que a partir del 2013 el personal sujeto a este r�gimen podr� incorporarse al mencionado nuevo R�gimen de Servicio Civil, a trav�s de un concurso p�blico.
La norma aprobada otorga derechos laborales a los trabajadores pertenecientes al sistema CAS, como el pago por aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a lo se�alado en las leyes anuales de presupuesto del sector p�blico.
Tambi�n consagra el derecho a un periodo vacacional de treinta d�as y a la libertad sindical, entre otros, y se estima que beneficiar� a 180 mil trabajadores.
La propuesta en mayor�a de la Comisi�n de Trabajo fue sustentada por el congresista Yhony Lescano Ancieta (AP), quien no logr� el respaldo a su propuesta.
Dicho dictamen que propon�a pasar al r�gimen laboral de los decretos 276 y 728 a los servidores adscritos al CAS con m�s de tres a�os de servicio y someter a una evaluaci�n a aquellos con menor tiempo de trabajo.
El legislador Justiniano Apaza destac� la aprobaci�n de esta norma y consider� que la eliminaci�n progresiva del r�gimen CAS es un anhelo de este sector laboral del pa�s que ahora podr� contar con beneficios laborales. Respaldo
La eliminaci�n progresiva del r�gimen de Contrato de Administraci�n de Servicios (CAS) es un "buen comienzo" en el proceso de restituci�n de los derechos laborales, consider� la presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes.
Sostuvo que la norma ser� �til para detener los abusos cometidos contra los trabajadores adscritos a este r�gimen, quienes hasta el momento carec�an de derechos como el de sindicalizaci�n, pago de gratificaciones o vacaciones.
En particular, destac� que la norma aprobada otorgue libertad sindical a los trabajadores adscritos al CAS, porque hasta el momento cuando formaban un sindicato eran inmediatamente despedidos.
No obstante, la dirigente a�adi� que se debe eliminar todo tipo de modalidad de trabajo que flexibilice y debilite a las organizaciones sindicales.
Fuente: El Peruano (16/03/2012)
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA REITERA SU OPOSICI�N A LAS TASAS JUDICIALES Categoría: DERECHO JUDICIAL — gcornejo @ 10:01 — Visto: 155 veces
EL COLEGIO DE ABOGADOS DE BARCELONA REITERA SU OPOSICI�N A LAS TASAS JUDICIALES
Fecha: 16/03/2012 (EUROPA PRESS) - El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ha reiterado su oposici�n a las tasas judiciales despu�s de que este mi�rcoles el Parlamento catal�n aprobara la Ley de Medidas Fiscales y Financieras que incluye una tasa para los procedimientos civiles y contencioso-administrativos.
En un comunicado el Icab critica que la nueva tasa, que grava los procesos en 120 euros para la prestaci�n de servicios personales y materiales en la administraci�n de Justicia competencia de la Generaltiat, genera una "doble imposici�n" porque se a�ade a la tasa estatal. Recuerdan que la tasa auton�mica recae sobre los mismos servicios que la tasa espa�ola, los de apoyo al ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Precisamente para evitar esta duplicidad, los abogados catalanes exigen la transferencia a Catalu�a de todos los recursos generados por la tasa judicial estatal que reviertan y cubran las necesidades exclusivas de la justicia catalana. Tambi�n han considerado que la implantaci�n de esta medida debe ser "un instrumento excepcional y justiciable desde el punto de vista transitorio".
• • • marzo 14, 2012
Barack Obama: Matanza en Afganist�n es indignante
Categoría: DERECHOS HUMANOS — gcornejo @ 02:28 — Visto: 115 veces
Martes 13 de marzo 2012 Barack Obama: "Matanza en Afganist�n es indignante"
El gobierno de EE.UU. consider� como rid�culo el plan anunciado por el presidente de Siria de realizar elecciones en el convulsionado pa�s.
�Estados Unidos se toma esto tan en serio como si fueran nuestros propios ciudadanos y nuestros hijos los asesinados (...) el asesinato de civiles inocentes es indignante y es inaceptable�, sostuvo el mandatario Barack Obama en unas breves declaraciones p�blicas este martes en la Casa Blanca.
Seg�n indic�, ha dado �rdenes al Pent�gono para que se garantice que �no se ahorran esfuerzos en la realizaci�n de una investigaci�n plena�.
�Investigaremos los hechos independientemente de a d�nde nos lleven; y nos aseguraremos de que cualquiera que est� involucrado ser� hecho plenamente responsable con todo el peso de la ley�, agreg�.
Por otro lado, Estados Unidos consider� como �rid�culo� el plan anunciado por el presidente de Siria, Bashar Al Assad de realizar elecciones parlamentarias el 7 de mayo, en el convulsionado pa�s.
FUENTE: TROME PERU
prohibido morirse; Alcalde de un pueblo italiano prohibi� morir
Categoría: DERECHO SANITARIO — gcornejo @ 02:20 — Visto: 160 veces
Mi�rcoles 14 de marzo 2012 - 07:35
Alcalde de un pueblo italiano prohibi� morir
La norma entr� en vigor en febrero. Pero �dos ancianos la desobedecieron�, inform� la alcald�a.
El alcalde de Falciano del Massico Giulio, Cesare Fava, emiti� el pol�mico decreto porque el poblado no tiene cementerio y est� enemistado con un pueblo cercano que tiene uno, lo cual ocasiona un problema de log�stica sobre qu� hacer con los muertos.
Fava declar� a la prensa local que los 3.700 habitantes de este poblado ubicado a unos 50 kil�metros de N�poles est�n satisfechos por su decisi�n.
�La orden ha tra�do felicidad�, afirm�, aunque aclar� que �desafortunadamente dos ancianos desobedecieron�.
FUENTE: EL TROME PERU
SE SUICIDA POR PROBLEMAS AMOROSOS, EL AMOR TAMBIEN MATA
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:12 — Visto: 188 veces
Martes 13 de marzo 2012 - Se suicid� lanz�ndose al r�o R�mac
El joven habr�a tomado la fatal decisi�n debido a problemas sentimentales, en Chaclacayo.
Un trabajador de la Municipalidad de Chaclacayo identificado como Jon�s Jerem�as (26) se suicid� esta ma�ana tras lanzarse del puente Javier P�rez de Cuellar hacia el r�o R�mac, ubicado a la altura del kil�metro 24 de la Carretera Central, en el distrito de Chaclacayo.
El joven habr�a tomado la fatal decisi�n debido a problemas sentimentales, seg�n RPP Noticias.
'Me iba a dejar y le dispar�' Mujer que acribill� a polic�a declar� que suboficial se ir�a a la selva con charapita de 17 a�os
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:04 — Visto: 236 veces
Mi�rcoles 14 de marzo 2012 - 07:40
"Me iba a dejar y le dispar�"
Mujer que acribill� a polic�a declar� que suboficial se ir�a a la selva con charapita de 17 a�os.
�Me voy a ir con Mayumi (17), la conoces porque ha sido nuestra empleada hace tres a�os y tengo una hija con ella�. Seg�n Antonia Sulca Escriba (44) esto fue lo que le dijo su conviviente, el suboficial PNP Juan Carlos Linares Alfaro (44), antes que ella lo acribille a balazos, en Carabayllo.
En su declaraci�n a los agentes que la intervinieron, la agresora afirm� que ella le pregunt� a su pareja:* ��Te has acostado con esa mocosa?* Y �l me respondi�: S� y me voy a ir a la selva con Mayumi�.
Manifest� que esta confesi�n le caus� tal furia que fue a buscar el arma de fuego que su hijo Luis Ger�nimo Sulca (26) guardaba en el ropero. �Lo agarr�, pero solo quise asustarlo y sent� los disparos, es la primera vez que he disparado�, agreg� la comerciante de zapatos.
LA TRAT� MAL
Horas antes del hecho de sangre, la pareja discuti� acaloradamente. Ella afirm� que Juan Linares le dijo que la iba a dejar, le falt� el respeto y la trat� mal con palabras soeces e incluso le record� que no le hab�a dado ning�n hijo.
Por su parte, la polic�a hall� responsable a Antonia Sulca del delito de lesiones graves con arma de fuego y fue trasladada a la Fiscal�a para ser derivada a un penal. Mientras tanto, el estado de salud del suboficial herido, que tiene heridas de bala en la cabeza, t�rax y codo, es de pron�stico reservado.
Adolescente marroqu� se suicid� tras ser obligada a casarse con su violador
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 11:03 — Visto: 163 veces
El pasado s�bado, la joven decidi� ingerir un veneno para ratas en la casa de la familia de su victimario
Mi�rcoles 14 de marzo de 2012 - 08:30 am (Foto referencial/ Archivo El Comercio)
Rabat (EFE). Una adolescente marroqu� de 16 a�os decidi� poner fin a su vida en Larache (norte de Marruecos) tras ser obligada a casarse con su violador, diez a�os mayor que ella, y por el maltrato al que fue sometida.
Seg�n explica el diario local �Al Massae� en su edici�n de hoy, el pasado s�bado la joven decidi� ingerir un veneno para ratas en la casa de la familia del marido, desesperada por el maltrato al que fue sometida por parte de �sta y de su esposo, as� como del rechazo de su propio padre a recibirla en casa.
La historia remonta a hace un a�o cuando la familia de la v�ctima deposit� una denuncia ante el fiscal general de T�nger acusando al agresor de violaci�n sexual.
Tras una intervenci�n de los conocidos de las dos familias, se decidi� casar a la joven con su violador con la autorizaci�n del juez.
LA FUERZA DE LA TRADICI�N
Este tipo de matrimonios es impuesto por la fuerza de la tradici�n, sobre todo en el �mbito rural para salvaguardar el honor de la joven y �resolver� el da�o causado tras la violaci�n.
Asimismo, seg�n el c�digo penal marroqu� el violador queda exento de sanci�n si admite casarse con su v�ctima.
Entre las reivindicaciones de los movimientos feministas figura la modificaci�n de este art�culo, que seg�n Hafida Elbaz, directora de la Asociaci�n Solidaridad Femenina, se trata de una �trampa� para evadir las sanciones.
Un discapacitado bale� a su esposa por celos
Categoría: VIOLENCIA FAMILIAR — gcornejo @ 10:58 — Visto: 182 veces
Martes 13 de marzo 2012 - 11:25
El hombre se defendi� se�alando que se le escap� el disparo. El crimen ocurri� en Bre�a.
(Am�rica TV)
Un discapacitado dispar� esta madrugada contra su esposa en el interior de su vivienda en el jir�n Tarapoto, distrito de Bre�a.
La v�ctima, identificada como Lisset Sauri Paucar (31), recibi� dos disparos de bala y fue trasladada al hospital San Rosa, donde su pron�stico es reservado.
Las primeras informaciones indican que los celos de Eduardo Chirinos (31) habr�an sido la causa del crimen. El agresor fue trasladado a la Divincri del sector para realizar las investigaciones del caso.
Seg�n el noticiero �Primera Edici�n�, Chirinos qued� paral�tico hace tres a�os cuando unos ladrones le dispararon para asaltarlo.
• • • marzo 06, 2012
El Gobierno aprueba una ley para fomentar la mediaci�n como alternativa al juicio
Categoría: 1MEDIACION EN ESPA�A — gcornejo @ 05:52 — Visto: 131 veces
La vicepresidenta, junto a los ministros Montoro y De Guindos, tras el Consejo. | Jos� Aym�
Aprueba un Real Decreto Ley de Mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles
En Espa�a hubo 9,5 millones de nuevos pleitos el a�o pasado
El Gobierno anuncia la reforma de la Ley de Acceso a la Abogac�a
Actualizado viernes 02/03/2012 16:08 horas
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya S�enz de Santamar�a, ha anunciado la aprobaci�n por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto Ley de Mediaci�n en asuntos civiles y mercantiles con el que se pretende fomentar que los particulares en lugar de acudir a los tribunales cuando tengan un litigio puedan ponerse de acuerdo a trav�s de la figura del mediador.
Seg�n ha explicado la vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con este nuevo decreto ley, que ser� tramitada como proyecto de ley en el Congreso para permitir la introducci�n de enmiendas, si las partes llegan a un acuerdo y lo elevan a escritura p�blica, el mismo tendr� fuerza ejecutiva con efectos de cosa juzgada.
Soraya S�enz de Santamar�a ha argumentado la aprobaci�n de esta norma como Real Decreto Ley ante la "urgencia" que existe por reducir la litigiosidad que, seg�n ha dicho, en caso contrario "puede colapsar los tribunales". Asimismo, ha explicado que exist�a un mandato de la UE en este sentido que, de incumplirse, podr�a haber supuesto una sanci�n.
En este punto, la portavoz del Gobierno ha explicado que en Espa�a ingresaron en los juzgados nueve millones y medio de nuevos pleitos el a�o pasado, lo que supone que por cada cinco espa�oles ingresa un pleito. Para comparar este dato, ha se�alado que en Francia, pa�s con mayor poblaci�n que Espa�a, hay seis millones de pleitos.
Ley de Acceso a la Abogac�a
Adem�s, la vicepresidenta ha anunciado que el Gobierno ha reformado la Ley de Acceso a la Abogac�a que entr� en vigor el pasado mes de noviembre, de modo que quienes se matricularon en la licenciatura de Derecho entre 2007 y esa fecha no tendr�n que cursar la parte te�rica del m�ster que ahora se les exige para colegiarse, pero s� la parte pr�ctica.
La modificaci�n de la norma, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, tiene como objetivo que quienes se matricularon en la desaparecida licenciatura -y por tanto deben cursar 5 a�os de estudios- no queden discriminados respecto a los actuales estudiantes de grado en Derecho -t�tulo que se obtiene en 4 a�os- Esta situaci�n ha sido posible porque hasta el curso 2009-2010, en las Universidades ha sido posible matricularse en primero de la licenciatura de Derecho, sustituida ahora por el t�tulo de grado.
Habr�, adem�s, otras tres excepciones a la obligatoriedad de cursar el m�ster, del que quedan totalmente eximidos quienes se matricularon en la licenciatura de Derecho antes de la publicaci�n del 31 de octubre de 2006, fecha de publicaci�n de la ley, que entr� en vigor cinco a�os despu�s.
Quienes est�n en este supuesto, es decir, los alumnos que como muy tarde se matricularan en la licenciatura de Derecho en el curso 2006-2007, no tendr�n que realizar el posgrado si se colegian en un plazo de dos a�os una vez finalizada la carrera.
La tercera excepci�n afecta a los estudiantes que solicitaron la homologaci�n de un t�tulo extranjero antes de la entrada en vigor de la ley, que quedar�n tambi�n exentos siempre que se colegien en un plazo m�ximo de dos a�os desde la obtenci�n de la homologaci�n.
Por �ltimo, tampoco se exigir� el master a los estudiantes que obtuvieron su licenciatura antes del 31 de 2006 y que a�n no se hayan colegiado, aunque deber�n hacerlo en un plazo m�ximo de dos a�os.
fuente: ELMUNDO ESPA�A
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA ANTICONSTITUCIONAL UN ART�CULO DEL C�DIGO CATAL�N QUE AGILIZA LOS DIVORCIOS
Categoría: DERECHO DE FAMILIA — gcornejo @ 10:48 — Visto: 165 veces
Fecha: 01/03/2012 (EUROPA PRESS) - El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional un art�culo del C�digo de Familia de Catalu�a (CFC) aprobado por el Parlamento catal�n en 1998 que agilizaba los tr�mites de los divorcios al considerar que invade una "competencia exclusiva" del Estado. El art�culo 43.1 del C�digo de Familia permite la acumulaci�n de acciones en los divorcios de matrimonios con un r�gimen de separaci�n de bienes, algo que no permite la Ley de Enjuiciamiento Civil, como recuerda la sentencia. Los defensores de la norma, seg�n el fallo, creen que este art�culo es una respuesta jur�dica id�nea dado que el r�gimen de gananciales es el m�s habitual en Catalu�a.
Sin embargo, el TC cree que no es su competencia regularlo porque "el problema que resuelve no es exclusivo de Catalu�a, ni jur�dicamente ni socialmente", con lo que deber�a de someterse a la legislaci�n procesal estatal.
Se ha mostrado con el fallo el magistrado del TC, Eugeni Gay, por lo que ha presentado un voto particular en el que ha lamentado que se declare anticonstitucional una disposici�n que aboga por la econom�a procesal en un momento en el "la pol�tica de racionalizaci�n y ordenaci�n del gasto p�blico es predicada por los responsables p�blicos".
EL TS CONFIRMA UNA CONDENA DE TRES A�OS DE C�RCEL A UNA FUNCIONARIA DE CORREOS QUE FALSIFIC� EL RECIB� DE UNA CARTA
Categoría: DERECHO PENAL — gcornejo @ 10:12 — Visto: 132 veces
La sentencia destaca la "extravagancia" de la explicaci�n de la cartera, que aleg� que entreg� la misiva a una visita del destinatario
Fecha: 05/03/2012 (EUROPA PRESS) - El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de tres a�os de c�rcel que la Audiencia Provincial de Oviedo impuso en marzo de 2011 a una funcionaria de Correos que falsific� el recib� de una carta del Ministerio de Justicia en la que se denegaba a un vecino de la ciudad la concesi�n del beneficio de Justicia Gratuita en un procedimiento por desahucio. As� consta en una resoluci�n judicial del alto tribunal que rechaza el recurso de casaci�n presentado por la defensa de la mujer, Carmela R.H., que fue condenada por un delito de falisificaci�n en documento oficial, y corrobora que "no lleg� a entregar" el aviso --depositado el 14 de noviembre de 2003 en una Oficina de Correos de la capital asturiana-- y plasm� una firma "fingiendo" que era la del destintario, que nunca lleg� a recibir la carta. La representaci�n legal de la cartera recurri� la sentencia alegando que no exist�a "prueba de cargo suficiente" para condenarla. Defend�a que el recib� pudo haber sido rellenado por una persona que estaba haciendo "una visita" al destinatario el d�a que fue a entregarla, lo que explicar�a la aparici�n de una "firma sencilla e ilegible" y un DNI que no se correspond�an con los del receptor, o que bien este "supuesto visitante" pudo "entregar" la carta al titular del domicilio o "extraviarla".
"PUNTO DE EXTRAVAGANCIA"
La resoluci�n de la Sala Segunda del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Ramos, rechaza estas conclusiones "meramente hipot�ticas", al considerar que "no se apoyan en ning�n elemento indiciario de ninguna clase" y "no cuentan con respaldo objetivo alguno". Los magistrados van m�s all� al afirmar que esta explicaci�n tiene "un punto de extravagancia" porque, "si por un lado, queda fuera de toda l�gica, de la racionalidad y de la experiencia com�n que el accidental visitante del destinatario del certificado reciba al funcionario de Correos y se haga cargo de la misiva estampando su firma y dejando constancia de su DNI, por otro lado es todav�a m�s inveros�mil que no entregara la carta a su destinatario". En todo caso, resulta "m�s sorprendente", a juicio del alto tribunal, que la defensa de la acusada "no hubiera interesado al juez la identificaci�n de tal supuesto visitante a trav�s del n�mero del DNI mencionado para que pudiera ratificar lo que, de otro modo, resulta una futil elucubraci�n ret�rica". CULP� A UN COMPA�ERO
La funcionaria tambi�n present� como posible hip�tesis que la falsificaci�n hubiera sido realizada por un compa�ero de la Oficina de Correos, aunque para el Supremo esta tesis resulta "tan rebuscada y falta del menor apoyo directo o indirecto como la anterior". El Supremo tambi�n rechaza conceder 30.000 euros al destinatario de la carta, como aleg� su representaci�n procesal alegando que la sentencia de instancia incurri� en "un error de derecho" al no haber fijado una indemnizaci�n por responsabilidades civiles. A su entender, no han quedado acreditados "los da�os o perjuicios" que el denunciante sufri� al no recibir la carta, a lo que a�ade que la misiva lleg� despu�s de que se celebrara el juicio por desahucio, del que en todo caso �ste era "perfecto conocedor".
• • • marzo 04, 2012
Divorzio breve, in arrivo anche in Italia Categoría: 1 MEDIACION EN ITALIA — gcornejo @ 11:04 — Visto: 233 veces
Divorzio breve, in arrivo anche in Italia
il divorzio breve arriva anche in Italia: la commissione Giustizia della Camera ha infatti concesso il primo via libera alla riforma che permetter� ai coniugi di divorziare in un appena un anno, cos� come accade in molti altri paesi europei, e in due se ci sono invece figli minorenni. Prima di essere definitivamente approvato, tuttavia, il testo della riforma dovr� essere prima approvato in Aula alla Camera e poi passare al Senato. L'obiettivo dei relatori era non solo quello di ridurre l'attesa dei coniugi per metter fine definitivamente al vincolo matrimoniale, ma anche di ridurre le gravose spese legali necessarie; con la nuova normativa sul divorzio, inoltre, la comunione dei beni cessa non appena il giudice concede l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati. La nuova legge consentir� agli italiani che intendono divorziare in tempi brevi di non dover necessariamente ricorrere ad espedienti come quello del divorzio all'estero per abbattere le attese necessarie nel nostro paese dove, va ricordato, fallisce pi� di un matrimonio su quattro alcmeno secondo i dati ISTAT. In media sembra che le coppie "scoppiano" dopo 18 anni. Sono stati presentati diversi emendamenti che per� non hanno trovato accoglimento come quello di Paola Binetti (UDC) che proponeva di mantenere i tre anni di tempo in caso di figli piccoli. I radicali dal loro canto proponeva invece il divorzio lampo chiedendo di cancellare anche la necessit� di attendere l'anno di separazione. (25/02/2012 11:00 - Autore: A.V.) Tratto da: Divorzio breve, in arrivo anche in Italia (Fonte: StudioCataldi.it) Tratto da: Divorzio breve, in arrivo anche in Italia (Fonte: StudioCataldi.it) Comentarios (0)

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 Real Decreto 
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