Source: https://tc.vlex.es/vid/2001-m-c-192916
Timestamp: 2019-06-15 20:33:57+00:00

Document:
STC 195/2003, 27 de Octubre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 192916
Número de Recurso: 6344-2001
Recurso de amparo 6344-2001. Promovido por don Ernesto José M.C. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestimó su demanda contra la Subdelegación del Gobierno sobre una manifestación-concentración ante la basílica de la Candelaria. Vulneración parcial del derecho de reunión: limitaciones en el uso de la megafonía, en aras del culto religioso y de evitar exceso de ruidos, proporcionadas; prohibición de instalar mesas y una tienda de campaña saharaui injustificada; retraso en la respuesta de la Administración y en el señalamiento de la vista judicial.
Sentencia citada en: 143 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, 28 resoluciones administrativas, 2 noticias
En el recurso de amparo núm. 6344-2001, promovido por don Ernesto José M.C., representado por el Procurador de los Tribunales don José Pedro Vila Rodríguez y asistido por el Abogado don Pedro Fernández Arcila, contra la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 (recurso núm. 1323-2001) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, y contra la Resolución de 26 de octubre de 2001 de la Subdelegación del Gobierno en aquella capital. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido parte el Abogado del Estado en la representación que ostenta. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
El día 26 de noviembre de 2002 se presentó ante este Tribunal por el Procurador Sr. Vila Rodríguez, en nombre y representación de don Ernesto José M.C., un escrito promoviendo recurso de amparo contra la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 (recurso núm. 1323-2001) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, y contra la Resolución de 26 de octubre de 2001 de la Subdelegación del Gobierno en aquella capital.
Con fecha de 20 de octubre de 2001 el demandante de amparo presentó un escrito ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el que comunicaba la decisión de celebrar una manifestación-concentración con arreglo a las siguientes características:
1) La manifestación-concentración tendrá lugar en la localidad de Candelaria, en la plaza de la Basílica de Candelaria y aledaños, el día 4 de noviembre de 2001, desde las 9 horas hasta las 21,30 horas.
3) Asimismo dispondremos de una pequeña 'haima', tal y como se ve en la fotografía que acompaña el presente escrito, donde se distribuirán panfletos explicativos, una muestra de imágenes fotográficas, y algunos vídeos, así como megafonía. Para el perfecto funcionamiento del acto, agradeceríamos disponer de una toma de corriente eléctrica junto a la haima.
También dispondremos de una hucha humanitaria, para la lucha contra la 'escabiosis y pediculosis' que incide en la población infantil saharaui.
5) En la plaza se instalarán mesas con objeto de que las personas puedan dejar constancia escrita de su adhesión al motivo de la concentración-manifestación. Así como paneles informativos, pancartas de apoyo y banderas saharauis. Todo ello en la línea de apoyo a la justicia internacional. En este caso referida a la RASD (República Árabe Saharaui Democrática).
El día 22 de octubre de 2001 la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife notificó al Ayuntamiento de Candelaria los datos contenidos en el escrito de comunicación a fin de que por dicha corporación municipal se informara en un plazo de veinticuatro horas sobre lugar, fecha y hora de la celebración; cumplimiento de las Ordenanzas municipales (megafonía, tránsito y circulación de personas); incidencias en el tráfico rodado en servicios municipales; y determinación de otras circunstancias especiales que se estimaran reseñables. El informe no fue emitido. El mismo día 22 fue recabado de la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife informe sobre el motivo de la manifestación; convocante o convocantes; grado de conflictividad, características de lugar, fecha y hora de celebración; y determinación de otras circunstancias especiales que se estimasen reseñables. El informe de la Guardia Civil se recibió por la Subdelegación del Gobierno el día 24 de octubre de 2001.
El 26 de octubre de 2001 la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife se da por notificada de la celebración de la concentración, y a su vez comunica al promotor que:
El día 2 de noviembre de 2001 el demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo establecido en el art. 122 LJCA, frente al anterior acto de la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife.
Si bien es cierto que se infringió el plazo de notificación de la resolución a los interesados, no por ello se han lesionado derechos fundamentales, ya que no se prohibió la reunión ni se impusieron modificaciones que afectaran al lugar y tiempo de la concentración, limitándose la Administración demandada a adoptar medidas para proteger el orden público que no impedían la celebración de la misma."
Se aduce en la demanda de amparo, como primer motivo del recurso, la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho de reunión (art. 21 CE). Denuncia el demandante la "extemporaneidad de la Resolución gubernativa", pues dicha Resolución fue dictada el 26 de octubre de 2001 y no vino a comunicarse al demandante de amparo hasta el día 31 de octubre de 2001, fuera del plazo establecido en la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión (art. 10 Ley Orgánica 9/1999), con la evidente finalidad de impedir, según el demandante, que éste pudiera obtener la tutela de los Tribunales de justicia, habida cuenta de la imposibilidad material de resolver antes de la fecha prevista para la concentración. Lo extemporáneo de la resolución resulta relevante desde la perspectiva constitucional por impedir el ejercicio legítimo de derechos fundamentales de reunión y de tutela judicial efectiva (STC 66/1995) y, en el caso que nos ocupa, se produce vulneración del derecho de tutela judicial efectiva y del derecho de manifestación, porque, habiéndose comunicado con suficiente antelación la fecha de la concentración, la Subdelegación del Gobierno viene a notificar la Resolución el día 31 de octubre, y, resultando que el día 1 de noviembre (jueves) era festivo, era materialmente imposible obtener una sentencia antes de la fecha de la concentración.
Las medidas para "proteger el orden público", que según la Sala de lo Contencioso-Administrativo no impedían la celebración de la concentración, suponen de facto una modificación de los términos de la concentración, jurídicamente improcedentes por no tener amparo en nuestro ordenamiento, pues la simple remisión a la protección del orden público "a secas" no sólo supone una rémora absolutamente rechazable al tamiz de los principios que inspiran al Estado social y democrático de Derecho, sino porque la autoridad gubernativa tan sólo puede proponer la modificación de fecha, lugar y duración cuando se produzca una alteración del orden público con peligro para las personas y bienes, pero no puede encargarse de modelar a su antojo el ejercicio del derecho de reunión. Pero es que, además, no es cierto que las medidas adoptadas por la autoridad gubernativa, prohibiendo el uso de megafonía, mesas informativas y la instalación de una tienda de campaña saharaui o haima no supongan un cambio o modificación real de los términos de la convocatoria, salvo que se quiera entrar en el terreno de los galimatías, del que cualquier análisis jurídico debe obligatoriamente huir.
La Sección Segunda de este Tribunal, mediante providencia de 19 de noviembre de 2002, acordó dar vista de las actuaciones al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, formulasen en el plazo de diez días las alegaciones que estimaran oportunas en relación con la eventual carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.
Mediante providencia de 19 de diciembre de 2002, la Sección Segunda de este Tribunal acuerda la admisión a trámite de la demanda de amparo y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, que fueran requeridas la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (sede de Santa Cruz de Tenerife) y la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para que remitieran, respectivamente, testimonio del recurso núm. 1232-2001 y del expediente administrativo en que se dictó la Resolución de 26 de octubre de 2001, interesándose al mismo tiempo que se emplazara a quienes habían sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción del propio recurrente en amparo, con el fin de que pudieran comparecer en este proceso constitucional.
Por escrito registrado en este Tribunal el 28 de febrero de 2003 el demandante reiteró y dio por reproducidas las alegaciones formuladas en el escrito de demanda.
El Abogado del Estado, en escrito de 6 de marzo de 2003, interesó que se denegara la petición de amparo, deducida en un recurso que entiende principalmente encuadrado en el art. 43.1 LOTC, inclusive la supuesta infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, pues ésta se imputa a la Administración que no respetó el plazo legal para resolver, y no a los órganos judiciales.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en su escrito de 11 de marzo de 2003, solicita la estimación del recurso de amparo. Comienza señalando que, si bien es cierto que la Administración tuvo un retraso de cinco días en la comunicación de las modificaciones por ella acordadas, el demandante tardó dos días en interponer el recurso contencioso-administrativo -aunque, en todo caso, lo hizo dos días antes de la fecha de la manifestación-, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo no señaló vista hasta el 6 de noviembre -dos días después- y no resolvió el recurso hasta el día 7. En este punto, es preciso recordar que el retraso por parte de la Administración en la notificación del acuerdo estableciendo modificaciones en las condiciones de la reunión o manifestación no necesariamente implica una lesión del derecho de reunión -en el que queda embebido el derecho a la tutela judicial efectiva-, más que cuando con ello se imposibilita plenamente la resolución judicial anterior a la fecha de reunión; por tanto, en este punto, entiende el Fiscal que el retraso administrativo no fue el que, en su caso, ha producido por sí solo la lesión denunciada, sino que ésta derivó también, en cierta medida, de la propia dilación del interesado en acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa -dos días-, y, especialmente, por parte del órgano jurisdiccional, que, en lugar de celebrar la vista el día 3 -sábado- y haber resuelto el mismo día, optó por diferir la celebración de la vista a una fecha posterior al 4 de noviembre.
Por providencia de 23 de octubre de 2003 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, y contra la Resolución de 26 de octubre de 2001 de la Subdelegación del Gobierno en dicha capital. La resolución judicial desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el demandante de amparo frente a la mencionada resolución gubernativa, en la que se imponían determinadas modificaciones, limitaciones o prohibiciones a los términos en que el demandante había proyectado y comunicado la celebración de una reunión-concentración, para el día 4 de noviembre de 2001 en la plaza de la Basílica de la Candelaria, sita en la localidad de Candelaria, en apoyo de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en el Sahara occidental.
Dos son, pues, las cuestiones constitucionales que se suscitan en el presente recurso de amparo. Se refiere la primera a si como consecuencia de posibles retrasos en la respuesta de la Administración a la previa comunicación del demandante pudieron verse afectados tanto el derecho de reunión del art. 21.1 CE como el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el art. 24.1 CE. La segunda versa sobre si las condiciones que la autoridad gubernativa impuso al demandante Sr. M.C. para la celebración de la reunión-concentración por él promovida en un lugar de tránsito público, más tarde confirmadas por un órgano judicial, en alguna medida pudieron lesionar su derecho de reunión pacífica y sin armas reconocido en el art. 21.1 CE. A pesar de que las quejas deducidas por el demandante parecen centrarse en la actuación de la Administración, y en la del órgano judicial sólo en la medida en que éste último vino a confirmar la actuación administrativa, sin embargo, el examen del motivo que el demandante incardina conjuntamente en los arts. 21 y 24.1 CE, relativo al retraso en la obtención de la respuesta judicial a su recurso contencioso-administrativo, ineludiblemente requiere analizar hasta qué punto incidió la actuación del órgano judicial en dicho retraso, con lo que, en propiedad, estaríamos ante un amparo mixto de los arts. 43 y 44 LOTC.
Alterando el orden que para el examen de los motivos de amparo propone el recurrente, enjuiciaremos primero, por considerarlo más apropiado (STC 65/2003, de 7 de abril, FJ 3, por todas), aquél en que se reprocha la vulneración del art. 21 CE por causa de las imposiciones gubernativas sobre el proyecto de manifestación-concentración. En efecto, dadas las particularidades del caso, una eventual estimación del motivo de impugnación que se sustenta, además, en la infracción del art. 24.1 CE nunca conllevaría una retroacción de actuaciones procesales a fin de que el órgano judicial resolviese conforme a dicho derecho fundamental, o bien sobre otras cuestiones que hubieran quedado imprejuzgadas. Igualmente ha de tenerse en cuenta que es necesario determinar, en un primer término, si las imposiciones gubernativas dieron lugar a la lesión del derecho de reunión que asiste al demandante, y en qué medida, para posteriormente enjuiciar adecuadamente -desde una perspectiva constitucional- la incidencia del posible retraso sobre la garantía jurisdiccional del derecho de reunión y sobre su ejercicio.
Según ha quedado expuesto, el demandante de amparo considera que mediante las limitaciones en el uso de megafonía y la prohibición de instalar mesas y una tienda de campaña saharaui o haima impuestas por la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife de 26 de octubre de 2001 a las personas que iban a concentrarse en la plaza de la Basílica de la Candelaria se ha menoscabado su derecho de reunión y de los participantes en la misma que reconoce el art. 21.1 CE, pues ninguna de tales prohibiciones o limitaciones estaba justificada en un peligro para el orden público que pudiera afectar a la integridad de personas y bienes. Para resolver esta alegación es menester recordar nuestra doctrina sobre el contenido constitucionalmente reconocido al derecho de reunión y sobre sus límites.
Dijimos en nuestra STC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 3, que "[e]l derecho de reunión, según ha reiterado este Tribunal, es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos configuradores son el subjetivo -agrupación de personas-, el temporal -duración transitoria-, el finalista -licitud de la finalidad- y el real y objetivo -lugar de celebración (por todas, STC 85/1988). También hemos destacado en múltiples Sentencias el relieve fundamental que este derecho -cauce del principio democrático participativo- posee, tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, en un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución. Para muchos grupos sociales este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones". Por cierto que la vinculación libertad de expresión-libertad de reunión ha sido igualmente destacada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en muchas de sus Sentencias; como aquella en que recuerda que "la protección de las opiniones y de la libertad de expresarlas constituye uno de los objetivos de la libertad de reunión" (STEDH caso Stankov, de 13 de febrero de 2003, § 85), o también al afirmar que "la libertad de expresión constituye uno de los medios principales que permite asegurar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de reunión y de asociación" (STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999, § 58).
En lo concerniente a los límites del derecho de reunión hemos de reiterar lo que este Tribunal tiene declarado con carácter general sobre el alcance los derechos fundamentales, cuyo ejercicio no sólo puede ceder ante los límites que la propia Constitución expresamente imponga, sino también ante los que de manera mediata o indirecta se infieran de la misma, al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales (art. 10.1 CE y STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 9 y las que allí se citan), aunque al mismo tiempo deba tenerse en cuenta que las limitaciones que se establezcan no pueden ser absolutas (STC 20/1990, de 15 de febrero, FJ 5), ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable (STC 53/1986, de 5 de mayo, FJ 3), pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo. De ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 254/1988, de 23 de enero, FJ 3; 3/1997, de 13 de enero, FJ 6).
En concreto sobre el ejercicio de la libertad de reunión, el art. 11.2 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH) es explícito sobre la posibilidad de adoptar las medidas restrictivas que "previstas en la Ley, sean necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos", e, interpretando este precepto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró proporcionada la orden gubernativa de evacuación de una iglesia ante una reunión pacífica y en sí misma no directamente perturbadora del orden público y del derecho de culto, en la que, sin embargo, el estado de salud de los congregados se había degradado y las circunstancias sanitarias eran muy deficientes (STEDH caso Cisse, de 9 de abril de 2002, § 51). En la misma línea, este Tribunal Constitucional ha recordado en su STC 42/2000, de 14 de febrero, que el derecho de reunión "no es un derecho absoluto o ilimitado, sino que, al igual que los demás derechos fundamentales, tiene límites (SSTC 2/1982, de 29 de enero, FJ 5; 36/1982, de 16 de junio; 59/1990, de 29 de marzo, FFJJ 5 y 7; 66/1995, FJ 3; y ATC 103/1982, de 3 de marzo, FJ 1), entre los que se encuentra tanto el específicamente previsto en el propio art. 21.2 CE -alteración del orden público con peligro para personas y bienes-, como aquellos otros que vienen impuestos por la necesidad de evitar que un ejercicio extralimitado de ese derecho pueda entrar en colisión con otros valores constitucionales" (FJ 2), lo que también se deduce del art. 10.1 CE.
Pues bien, proyectando nuestra doctrina sobre el caso que aquí debemos resolver, hemos de comenzar señalando que el acto que el demandante de amparo había programado para el domingo día 4 de noviembre de 2001 en la plaza de la Basílica de la Candelaria era, efectivamente, una reunión -en su modalidad de concentración o reunión estática- en lugar de tránsito público de las que contempla el art. 21 CE, al concurrir en el proyecto los elementos subjetivo, temporal, finalista y real u objetivo que nuestra doctrina señala como configuradores del derecho reconocido en dicho precepto constitucional. Siendo esto así, el caso que aquí nos ocupa se aleja del enjuiciado en nuestra STC 85/1988, de 28 de abril, en la que este Tribunal excluyó del ámbito del derecho de reunión el proyecto de instalación de mesas petitorias en diversas localidades al objeto de llevar a cabo una cuestación. En el caso ahora examinado, por el contrario, no estamos ante una cuestación que pudiera atraer "a una mera aglomeración o confluencia causal en torno a una mesa petitoria", pues, con independencia de que en el lugar de la concentración se pretendiera la instalación temporal de mesas -para la recepción de adhesiones escritas- y la de una "hucha humanitaria", ello no obsta, sin embargo, a que el proyecto comunicado por el demandante contuviera todos los elementos antes reseñados que configuran el objeto del derecho de reunión, entre ellos -y más significativo por lo que aquí interesa- el subjetivo consistente en "la concurrencia concertada en la cual existe un cierto grado de vinculación subjetiva de cada persona interviniente en la reunión con los restantes que participan en ella" (STC 85/1988, de 28 de abril, FJ 2).
Despejadas las dudas que pudieran existir sobre la naturaleza del objeto del proyecto comunicado por el demandante, y puesto que, como alega el Abogado del Estado, nunca hubo una prohibición de la reunión-concentración, ni tampoco una modificación del proyecto en cuanto a su fecha, lugar y duración, nos corresponde determinar ahora si la instalación temporal de las mesas y de la haima o tienda de campaña y el uso de megafonía deben entenderse amparadas por el derecho de reunión, abstracción hecha, en este primer momento, de los límites constitucionales que puedan concurrir en su utilización.
Tras las anteriores consideraciones hemos de resolver ya la cuestión relativa a si el derecho de reunión del demandante de amparo fue vulnerado como consecuencia de las diversas prohibiciones impuestas por la autoridad gubernativa; unas relacionadas con el uso la megafonía, pues se proscribió ésta durante la celebración de diversos actos litúrgicos previstos en la basílica adyacente al lugar de la reunión, impidiéndose durante el tiempo restante de la concentración que sobrepasara "los decibelios que permiten las Ordenanzas municipales"; otras impeditivas de las instalaciones proyectadas por el comunicante, como la de "mesas que impidan la libre circulación" y de una tienda de campaña.
Según hemos afirmado en reiteradas ocasiones, todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido (SSTC 61/1982, de 13 de octubre, FJ 5; 13/1985, de 31 de enero, FJ 2), debiendo atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situación en la que se halla aquél a quien se impone (STC 37/1989, de 15 de febrero, FJ 7) y, en todo caso, respetar su contenido esencial (SSTC 11/1981, de 8 de abril, FJ 10; 196/1987, de 11 de diciembre, FF JJ 4 a 6; 120/1990, de 27 de junio, FJ 8; 137/1999, de 19 de julio, FJ 6; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6). El demandante de amparo Sr. M.C. insiste en que las imposiciones gubernativas no están justificadas, al no concurrir riesgo para el orden público con peligro para personas y bienes, en el sentido de "un desorden material que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados". Pero, como ya hemos advertido, se ha de tener presente que, además del límite establecido expresamente en el art. 21.2 CE en el que insiste el demandante, el ejercicio del derecho de reunión pacífica en lugar de tránsito publico puede verse eventualmente sometido a restricciones necesarias para preservar otros derechos o bienes constitucionales, debiendo recordarse asimismo que si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para personas y bienes u otros derechos y valores dignos de protección constitucional, aquéllas tendrían que resolverse con la aplicación del principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que baste para justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple posibilidad de que se produzcan dichos resultados.
En el caso, el demandante de amparo había proyectado que la reunión-concentración se prolongara durante un domingo, día festivo, desde las 9 a las 21:30 horas, en la plaza contigua a donde se alza una basílica en la que estaban igualmente previstos, para la misma fecha, diversos actos de culto religioso. Por ello, hemos de convenir en que la proscripción del uso de la megafonía impuesta por la autoridad gubernativa, circunscrita al tiempo de la celebración de los "oficios religiosos" y no absolutamente impeditiva del uso de aquel vehículo material de expresión para los congregados de la plaza, sino temporalmente limitativa de dicho uso, supuso una limitación adecuada y necesaria para la preservación del ejercicio otro derecho fundamental, en este caso, el derecho a la libertad religiosa, amparado por el art. 16.1 CE como manifestación religiosa de culto. Tal limitación observó igualmente las exigencias de la proporcionalidad en sentido estricto, pues los términos de la prohibición gubernativa no comprometieron el ejercicio del derecho de reunión en mayor intensidad de la que tendía a favorecer el ejercicio concurrente de otro derecho fundamental (SSTC 66/1995, de 8 de mayo, FJ 5; 55/1996, de 28 de marzo, FF JJ 7, 8 y 9; 270/1996, de 16 de diciembre, FJ 4; 37/1998, de 17 de febrero; FJ 8; 186/2000, de 10 de julio, FJ 6). La queja del demandante en este punto ha de ser, por tanto, desestimada.
Un diferente juicio merecen, sin embargo, las quejas del demandante respecto de la prohibición gubernativa de instalar mesas y una tienda de campaña en el lugar de la concentración. Ha de recordarse que el ejercicio del derecho de reunión, por su propia naturaleza, requiere la utilización de lugares de tránsito público, y, como decíamos en la STC 59/1990, de 29 de marzo, "toda reunión en lugar de tránsito ha de provocar una restricción al derecho de la libertad de circulación de los ciudadanos no manifestantes, que se verán impedidos de deambular o de circular libremente por el trayecto y durante la celebración de la manifestación" (FJ 8). En una sociedad democrática, el espacio urbano no es sólo un ámbito de circulación, sino también un espacio de participación (STC 66/1995, FJ 3), y, por tanto, la prohibición de instalar mesas o una tienda de campaña por los reunidos, con virtualidad para la exposición e intercambio de mensajes e ideas, no puede justificarse en meras dificultades o simples molestias para la circulación de las personas que allí transiten, frente a lo que entiende el órgano judicial, como tampoco es asumible el razonamiento de éste según el cual son los titulares del derecho de reunión quienes tienen que "justificar suficientemente" la necesidad de la instalación de la tienda de campaña, "cuando ya disponían de otros medios para llamar la atención como la megafonía", pues es a la autoridad gubernativa a la que le corresponde motivar y aportar las razones que, desde criterios constitucionales de proporcionalidad, expliquen por qué tenía que quedar excluida o limitada la libertad que asiste a los titulares del derecho del art. 21.1 CE para elegir los instrumentos que consideren adecuados para la emisión de su mensaje.
Solo nos resta examinar el otro motivo que esgrime el demandante de amparo, quien, como dijimos, considera que la extemporaneidad de la resolución gubernativa, determinante, según afirma, de la imposibilidad material de que pudiera obtener la tutela de su derecho de reunión ante los Tribunales de justicia, ha supuesto la vulneración conjunta de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del mismo derecho de reunión.
A la luz de las anteriores premisas -matizadas únicamente por la vigencia del art. 122 LJCA (Ley 29/1998, de 13 de julio), que regula en términos análogos a los de la Ley 62/1978 el procedimiento especial para la protección del derecho de reunión- hemos de analizar la queja de la demanda de amparo.
Otorgar el amparo promovido por don Ernesto José M.C. y, en consecuencia:
Reconocer al demandante su derecho fundamental de reunión (art. 21 CE).
Anular la Resolución de 26 de octubre de 2001 de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife, así como la Sentencia de 7 de noviembre de 2001 (autos núm. 1323-2001) de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo con lo expuesto en el fundamento jurídico 9.
ATS 1845/2003, 13 de Noviembre de 2003

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