Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-077-18.htm
Timestamp: 2018-12-11 23:11:20+00:00

Document:
2.1. El dieciocho (18) de abril de 2017 elevó petición ante el BANCO GNB SUDAMERIS, en la cual solicitó que le fuese entregada información referente a su hermano, el señor LIBARDO ALONSO HENÁO MUÑOZ, fallecido el seis de febrero de 2017 y quien ostentaba la calidad de exempleado de la entidad accionada seis meses antes de su muerte.
- Copia del contrato de trabajo o de los contratos de índole laboral, suscritos entre el BANCO GNB SUDAMERIS, en su calidad de empleador y el señor Libardo.
- Copia de todos los otrosí al contrato de trabajo, suscritos durante la vigencia de la relación laboral con el señor Henao.
- Copia de los comprobantes de pago de nómina de seis (6) meses anteriores a la terminación del contrato del exempleado en mención.
- Copia de las solicitudes de créditos solicitados por el señor Libardo al empleador durante toda la vigencia de la relación laboral, junto con las réplicas de los documentos donde él expresaba la forma en que iba a cancelar los préstamos.
- Copia de la constancia del pago de los aportes al Sistema de seguridad Social Integral y Parafiscales, correspondientes a los últimos doce (12) meses de duración del contrato de trabajo del señor Libardo.
- Matriz detallada de los pagos que recibía el fallecido en virtud de su calidad de sindicalizado, y de las deducciones que se le realizaban por pertenecer al mismo.
- Discriminación de los valores extralegales no constitutivos de salario que se le reconocían al señor Libardo, con la copia del respectivo pacto no salarial.
- Copia de los resultados de los exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro del señor Henao.
- Copia de las constancias del acompañamiento psicológico brindado al señor Libardo por parte del banco en su calidad de empleador y en virtud del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
- Copia de todos los documentos (citación, acta de descargos y notificación de la sanción) que conforman los procesos disciplinarios sancionatorios adelantados en contra del exempleado, en todo el tiempo que prestó sus servicios laborales, especialmente los escritos que forman parte de la diligencia de descargos que se adelantó en contra del señor Henao la cual tuvo como sanción la terminación del contrato de trabajo.
- Copia de los apartes del Reglamento Interno de Trabajo de la Compañía donde se consagra la escala de faltas y sanciones, el organigrama de la empresa y el capítulo donde se describen las características y requisitos de los procedimientos disciplinarios sancionatorios en contra de los empleados de la compañía, por la presunta comisión de alguna falta.
- Copia de la denuncia interpuesta por el Banco Sudameris en virtud del hurto acaecido en la caja en la que el señor Libardo prestaba sus servicios laborales. Además, copia de la investigación realizada por la compañía respecto del hurto referido.
- Copia del auto del juzgado donde se ordena el embargo del salario del señor Henao.
- Copia de todos los documentos que prueban el supuesto descuadre de la caja del señor Libardo “por valor de DOCE MILLONES DE PESOS M/L ($12.000.000)”.
- Copia de la constancia de las deducciones realizadas al señor Libardo en virtud del supuesto descuadre de la caja mencionado.
- Copia del documento donde el señor Libardo autoriza las deducciones a su salario debido al descuadre de la caja.
- Informe respecto de los beneficios concedidos por el Sindicato ante el despido con justa causa del exempleado en mención y por su muerte.
- Registro civil de Defunción del señor Libardo Alonso Henao Muñoz (folio 8).
- Registros civiles de nacimiento de Libardo Alonso Henao Muñoz y Luz Marina Henao Muñoz (folios 10 y 11).
- Escrito de petición radicado ante el Banco GNB Sudameris el 2 de marzo de 2017. Presentado por Juliet Xiomara Álvarez Gaviria y firmado conjuntamente por Diana Carolina Palacio Pérez quien obra como asesora jurídica y coadyuvante (folios 18 al 20).
Respuesta fechada el 14 de marzo de 2017, por parte del Banco GNB Sudameris a la petición presentada por Juliet Xiomara Álvarez el 5 de mayo de 2017 (folios 21 y 22).
- Guías de constancia de envío de correspondencia por parte del Banco GNB Sudameris dirigido a Luz Marina Henao y a Diana Palacio los días 8 y 16 de mayo de 2017, respectivamente (folios 42 al 44).
5.6. La accionante manifiesta que la señora Juliet Xiomara Álvarez Gaviria fue reconocida como compañera permanente del extrabajador fallecido y recibió la pensión de sobrevivientes; lo cual inhabilitaría a la accionante como heredera legal de dicho extrabajador, para solicitar y acceder a información de carácter confidencial y reservado del mismo.
2. Vencido el término probatorio, la Secretaría General de esta Corte informó al Magistrado Sustanciador que se dio cumplimiento al Auto de 23 de enero de 2018, mediante oficio OPT-A-266/2018 del 25 de enero de 2018. Además, indicó que el oficio remitido a la señora Luz Marina Henao Muñoz, fue devuelto por la oficina de correo 472 con la anotación “No reside”. En concordancia con lo anterior, no se recibió respuesta alguna durante el término referido[1].
3. Derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho que tienen todas las personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. En desarrollo del Texto Superior, la Ley 1755 de 2015[2] reguló todo lo concerniente al derecho fundamental de petición, en los términos señalados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo[3].
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional se ha referido al derecho de petición, precisando que el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo; (iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas evasivas o elusivas[4].
En reciente Sentencia C-418 de 2017, este Tribunal reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación[5]:
(i) La prestación de un servicio público o el desempeño funciones públicas. Al respecto, se destacan las entidades financieras, bancarias o cooperativas, en tanto que se trata de personas jurídicas que desempeñan actividades que son consideradas servicio público[6]. De la misma manera, se incluyen las universidades de carácter privado, las cuales prestan el servicio público de educación[7]. También se destacan las actividades de los curadores urbanos, quienes son particulares encargados de la verificación del cumplimiento de la normatividad urbanística o de edificación[8]. En estos eventos, el derecho de petición opera como si se tratase de una autoridad y, por consiguiente, al ser similar la situación y la calidad del particular a una autoridad pública, está en la obligación de brindar respuesta a las peticiones presentadas, siguiendo lo estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política[9].
El ejercicio del derecho de petición también opera en razón de que el particular que ocupa una posición dominante puede desplegar actos de poder que incidan en la esfera subjetiva del peticionario o tenga la capacidad efectiva de afectar sus derechos fundamentales, con lo cual queda en una situación de indefensión. La relación de poder específica introduce una dimensión constitucional adicional a la meramente laboral o contractual que merece ser valorada, como lo ha hecho la Corte Constitucional en sentencias anteriores (…)[11]” (Negrilla fuera del texto).
4. Derecho a acceder a datos personales y al habeas data. Reiteración de jurisprudencia
En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha precisado los elementos que componen dicho derecho[12]. En sus inicios, consideró que este se encontraba directamente relacionado con la eficacia del derecho a la intimidad[13]; luego lo identificó como un derecho autónomo derivado del artículo 15 Superior, estableció sus características[14] y exhortó al Legislador para que lo regulara ante el incremento de los riesgos del poder informático[15]. Mediante Sentencia T-414 de 1992[16], indicó que toda persona, “(…) es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta”.
En concordancia con lo anterior, este Tribunal precisó que el derecho a la intimidad abarca diferentes dimensiones, dentro de las cuales se encuentra el hábeas data[17]. Este comporta el derecho a obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos, la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre sí mismo y la facultad de corregirlos, la divulgación de datos ciertos y la prohibición de manejar tal información cuando existe una prohibición para hacerlo. En este sentido, la Corte concluyó que “(…) tanto el hábeas data como la intimidad encuentran su razón de ser y su fundamento último en el ámbito de autodeterminación y libertad que el ordenamiento jurídico reconoce al sujeto como condición indispensable para el libre desarrollo de su personalidad y en homenaje justiciero a su dignidad”[18].
En cumplimiento del deber de regular el derecho fundamental al habeas data el Legislador expidió la Ley Estatuaria 1266 de 2008[19] la cual reiteró los principios fijados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Puntualmente, la ley en mención estableció que las actividades de recolección, procesamiento y circulación de datos personales contenidos en bases de datos de carácter financiero deben regirse por los principios de veracidad, temporalidad, integridad, seguridad, confidencialidad, circulación restringida y finalidad[20].
No obstante, dicha regulación se limitó al dato financiero. Así lo indico la Corte en la Sentencia C-1011 de 2008 mediante la cual efectuó el análisis de constitucionalidad previo del proyecto de ley y en la que concluyó que esta norma tiene un carácter sectorial, dirigido a la regulación de la administración de datos personales de contenido comercial, financiero y crediticio[21]. Posteriormente, el Congreso de la República expidió la Ley Estatutaria 1581 de 2012[22], cuya constitucionalidad se estudió por esta Corte mediante la Sentencia C-748 de 2011. Dicha normativa establece de manera general los principios a los que está sujeto cualquier tipo de tratamiento de datos en Colombia. En concordancia con la Ley 1266 de 2008, la ley estatutaria de habeas data, Ley 1581 de 2012, hizo un ejercicio de compilación de los criterios y principios desarrollados por la jurisprudencia constitucional.
Ahora bien, en cuanto al derecho a requerir la información respecto de datos personales consignada en una entidad; el artículo 13 de la Ley 1581 de 2012, determinó que las personas a quienes es posible suministrar la información son: (i) los Titulares, sus causahabientes o sus representantes legales; (ii) las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial; y (iii) los terceros autorizados por el Titular o por la ley. Mediante el artículo 14 de la norma en comento, se establece que los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos, sea esta del sector público o privado. El responsable o encargado del tratamiento deberán suministrar a estos toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular. La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo[23].
Finalmente, el artículo 20 del Decreto 1377 de 2013[24] establece quiénes están legitimados para ejercer los derechos incorporados en la Ley 1581 de 2012, a saber: (i) el titular, quien deberá acreditar su identidad en forma suficiente por los distintos medios que le ponga a disposición el responsable; (ii) sus causahabientes, quienes deberán acreditar tal calidad; (iii) el representante y/o apoderado del titular, previa acreditación de la representación o apoderamiento; y (iv) por estipulación a favor de otro o para otro. En relación con los derechos de los niños, niñas o adolescentes, el decreto en mención indica que estos se ejercerán por las personas que estén facultadas para representarlos.
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Así mismo, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 contempla la posibilidad de agenciar derechos ajenos cuando “el titular de los mismos no está en condiciones de promover su propia defensa”. En la misma norma, se establece que la legitimación por activa para presentar la tutela se acredita: (i) en ejercicio directo de la acción; (ii) por medio de representantes (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas); (iii) a través de apoderado judicial; y (iv) utilizando la figura jurídica de la agencia oficiosa[25].
Siguiendo lo establecido por la ley y la jurisprudencia constitucional, la legitimación pasiva en la acción de tutela se refiere a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, a efectos de que sea llamada a responder por la vulneración o amenaza de uno o más derechos fundamentales[26]. En principio, la acción de tutela fue dispuesta y diseñada para los casos de violación o amenaza de los derechos fundamentales de las personas por parte de agentes estatales o de servidores públicos. Dentro de esta comprensión el inciso primero del artículo 86 señala que procede la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”. Por ende, el amparo procede en contra de autoridades públicas y por excepción, en contra de particulares[27].
La procedencia de la acción de tutela en contra de particulares fue dispuesta en el inciso final del artículo 86 de la Constitución, de acuerdo con el cual “(l)a ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”[28]. La ley a la que hace referencia la cita en comento es el Decreto 2591 de 1991. En su artículo 42 enumera nueve modalidades de la acción de tutela contra particulares, a saber:
1. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución[29].
2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía [30]
3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios[31].
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela[32]”.
En concordancia con lo anterior, también es predicable la procedencia de la acción de tutela contra particulares, cuando el derecho que se alega como vulnerado sea el de petición. Los artículos 32 y 33 de la Ley 1755 de 2015[33] establecen que, en estos casos, es necesario acudir a la jurisdicción constitucional de tutela.
Este requisito de procedibilidad impone la carga al demandante de presentar la acción de tutela en un término prudente y razonable respecto del hecho o la conducta que causa la vulneración de sus derechos fundamentales[34].
Según lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en que sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. De igual forma, se ha aceptado la procedencia definitiva del amparo de tutela en aquellas situaciones en las que, existiendo recursos judiciales, los mismos no sean idóneos o eficaces para evitar la vulneración del derecho constitucional fundamental[35].
La demandante, asegura haber recibido de manera extemporánea la respuesta a su petición del 18 de abril de 2017. Del material probatorio se tiene que la entidad accionada envió respuesta el día 8 de mayo del mismo año. Sin embargo, según se evidencia en el sello de devolución de la guía de envío No. 281112778 de la oficina de correos Servientrega, la correspondencia fue retornada al remitente con las siguientes observaciones: “no se estableció comunicación ni destinatario se hace devolución al remitente”. Así mismo, en el concepto de devolución indica “no lo conocen”[36].
Al hacer una revisión de los datos consignados en dicho envío, esta Sala advierte que la dirección a la cual fue remitido el escrito corresponde con la indicada por la solicitante en su escrito de petición; y, en cuanto al nombre de la destinataria, en efecto correspondía al de la demandante. Pese a la devolución, la entidad bancaria envió nuevamente la respuesta a la misma dirección, pero indicando esta vez como destinataria a Diana Palacio, quien aparece como abogada coadyuvante en la petición presentada por la señora Juliet Xiomara Álvarez Gaviria ante el mismo banco, documento que es anexado por la peticionaria en su escrito de tutela[37].
En este segundo envío la respuesta fue recibida con radicado del 16 de mayo de 2017[38]; la demandante asegura haberla recibido “por fuera del término legal”, esto es, el 17 de mayo de 2017. No obstante, la Sala encuentra que la fecha de recepción no coincide con la fecha de envío, situación que no puede endilgársele a la entidad bancaria debido a que esta realizó los trámites necesarios para contactar a la solicitante, reenviando nuevamente la correspondencia a la dirección que fue consignada por esta última en su solicitud, aun cuando precisó que allí sería recibida por un destinatario diferente, como en efecto sucedió. Tal y como se mencionó en líneas anteriores, la dirección que la demandante dejó consignada en su solicitud al banco, e incluso en su tutela, corresponde a un destinatario diferente. De manera que, es posible inferir que la accionante tenía conocimiento de que en esa dirección se le daría respuesta a su petición y por ende tuvo la posibilidad de ser notificada mediante el primer envío efectuado por la entidad accionada.
La entidad negó la entrega de la información solicitada por la demandante indicando que: “(…) la información y documentación por Usted requerida, correspondiente a su señor hermano LIBARDO ALONSO HENAO MUÑOZ (QEPD), es de carácter reservado, carácter que el Banco GNB Sudameris tiene la obligación de proteger y salvaguardar, de acuerdo con las políticas y lineamientos generales de tratamiento de datos personales, a los que está sujeta por Ley esta Entidad, razón por la cual no es posible enviar la información solicitada, salvo que sea requerida por una Autoridad Judicial o de Control”[39].
Como lo señala la accionada en su respuesta, la información solicitada debe ser protegida y salvaguardada por la entidad en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 que regula la protección de datos personales. El Título IV, “Derechos y Condiciones de Legalidad para el Tratamiento de Datos”, de dicha ley establece quiénes están legitimados para solicitar la información contenida en los datos personales. El artículo 8 establece los derechos que tienen los titulares de dicha información[40]. El artículo 9, por su parte, determina que, sin perjuicio de las excepciones previstas en dicha ley, “en el Tratamiento se requiere la autorización previa e informada del Titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior”.
Al respecto, cuando la Corte ha tenido que resolver este tipo de debates, lo ha hecho principalmente en el marco de solicitudes de entrega de la Historia Clínica de un paciente que ha fallecido. En tales situaciones se trata de datos sensibles[41] fuertemente conectados con la intimidad de la persona. Aun así, la Corte ha ordenado la entrega de tal tipo de información considerando que la reserva de dichos datos debe hacerse más flexible cuando quienes los solicitan son personas del núcleo familiar del fallecido. En la Sentencia T-528 de 2016, la Sala Sexta de Revisión señaló que:
En adición, este Tribunal ha señalado que los datos sensibles, en principio, tienen carácter reservado. Sin embargo, dicha reserva no es oponible a sus familiares más cercanos[42]. Ello podrá establecerse cuando concurran las siguientes circunstancias: (i) se demuestre el fallecimiento de la persona titular de la información; (ii) se acredite la calidad de familiares cercanos (padre, madre, hijo, hija, cónyuge, compañero o compañera permanente o hermano)[43] del titular de la historia clínica; (iii) se expresen los motivos por los cuales demanda el conocimiento del documento en mención; y (iv) se cumpla con el deber de no hacer pública la información de manera que únicamente se emplee por las razones que motivaron la solicitud[44].
(ii) El fallecimiento del titular, Libardo Alonso Henao Muñoz, se certificó mediante el Registro Civil de Defunción que anexó la peticionaria a su escrito tutela[45].
(iii) La calidad de hermana del titular fue acreditada mediante los registros civiles de nacimiento del titular, Libardo Alonso Henao Muñoz[46] y de la peticionaria, Luz Marina Henao Muñoz[47].
Por lo tanto, considero realmente importante conocer la información requerida, ya que es la única forma que tengo para esclarecer los hechos que llevaron a mi hermano a tomar la decisión de quitarse la vida y es importante para determinar la necesidad de iniciar algún procedimiento para hacer valer mis derechos como heredera”[48]. (Negrillas fuera de texto).
(v) En relación con el deber de no hacer pública la información de manera que se emplee por las razones que motivaron la solicitud, la Corte ha exigido guardar esta debida reserva. En ese sentido, los datos sensibles podrían ser utilizados en el intento de la accionante por esclarecer los hechos del fallecimiento de su hermano, sin perjuicio de que, en caso de que la información brindada por la entidad bancaria resulte necesaria para ejercer sus derechos como heredera o para la defensa de derechos fundamentales, también esté habilitada para hacer uso de tal información. En todo caso, deberá procurar mantener la mayor reserva posible para no vulnerar la intimidad y el buen nombre del fallecido.
Como se observa, en principio, la aquí accionante tiene razón respecto del derecho que le asiste a recibir la información que solicitó a la entidad bancaria, que no requería de la autorización del Titular. No obstante, teniendo en cuenta que a diferencia de la jurisprudencia citada, la accionante solicita además de datos sobre la salud de su hermano, otra información sensible relacionada con los procesos judiciales y disciplinarios en contra de este y con su afiliación sindical; para esta Sala, se torna necesario un tratamiento aún más riguroso de la información en aras de proteger los derechos a la intimidad y el buen nombre tanto del fallecido como de las personas más cercanas a él y que, de alguna manera, puedan verse afectadas por la entrega de dicha información a personas diferentes a aquellas. En atención a ello, dentro del proceso se solicitó a la accionante[49] información acerca de la posible existencia de causahabientes que pudieran tener mejor derecho que la demandante; sin embargo, no se obtuvo respuesta de su parte.
[1]El Magistrado sustanciador intentó establecer comunicación con la demandante, vía telefónica y mediante correo electrónico, con el fin de obtener la información solicitada mediante el Auto de pruebas del 23 de enero de 2018. Sin embargo, no logró obtener respuesta alguna por parte de la demandante.
[2] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Se destaca que Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, destinó el Título II de la Primera Parte, artículos 13 a 33, al derecho de petición, dividiendo la materia en tres capítulos referidos a las reglas generales del derecho de petición ante autoridades, las reglas especiales del derecho de petición ante autoridades y el derecho de petición ante organizaciones e instituciones privadas, respectivamente. Este título fue declarado inexequible por la Sentencia C-818 de 2011 por violación de la reserva de ley estatutaria, otorgándole al Congreso un plazo de dos años para la expedición de la respectiva ley. Consultar, entre otras, las Sentencias C-818 de 2011 y T-487 de 2017.
[3] Ley 1755 de 2015. “Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma”. Ver, entre otras, las Sentencias T-451 y T-687 de 2017.
[4] Cfr. Sentencia C-T-251 de 2008. Citada en la Sentencia T-487 de 2017.
[5] Ver entre otras, las Sentencias T-296 de 1997, T-150 de 1998, SU-166 de 1999, T- 219 de 2001, T-249 de 2001 T-1009 de 2001, T-1160 A de 2001, T-1089 de 2001, SU-975 de 2003, T-455 de 2014.
[6] Corte Constitucional. Sentencia T-146 de 2012.
[7] Corte Constitucional. Sentencia T-808 de 2012.
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-984 de 2010.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-951 de 2014.
[10] Ley 1755 de 2015, artículo 32, parágrafo 1°.
[11] Una muestra de dicha hipótesis se presentó en la Sentencia T-345 de 2006, fallo en el que se estudió la demanda propuesta por un conductor de taxi, quien solicitaba el paz y salvo a una cooperativa transportadora, compañía con la que el actor de ese entonces no tenía vínculo laboral alguno. Ese peticionario tenía relación laboral con la propietaria del taxi, quien se encontraba afiliada a la Cooperativa referida. La Sala Tercera de Revisión estimó que, aunque entre el conductor de taxi y la cooperativa de transporte, no existía ningún contrato vigente, ni de orden laboral ni de orden civil o comercial, ello no implicaba que no existiera entre ambos una relación de poder en ciertos ámbitos específicos que coinciden con el objeto de la cooperativa y con la actividad principal del conductor tutelante. Por tal motivo, en ese caso el conductor de taxi podía ejercer su derecho de petición y exigir el paz y salvo que se le negaba por parte de la cooperativa. También puede consultarse la Sentencia C-951 de 2014.
[12] Cfr. Sentencia T-525 de 1992. Reiterado en las Sentencias T-036 de 2016, T-139 de 2017.
[13] Cfr. Sentencia T-414 de 1992.
[14] Ver entre otras, las Sentencias SU-082 de 1995 y T-527 de 2000.
[15] Cfr. Sentencia T-729 de 2002.
[16] En este caso, el accionante solicitaba ser eliminado de la Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia en la que figuraba como deudor moroso del Banco de Bogotá, a pesar de que un juzgado civil declaró prescrita la obligación. La Corte consideró que se había vulnerado los derechos a la intimidad, a la libertad personal y a la dignidad del demandante, con el abuso de la tecnología informática y del derecho a la información en razón a la renuencia de la accionada para cancelar su nombre de la lista de deudores morosos, a pesar de conocer la sentencia proferida por el juez civil.
[17] Sentencias T-444 de 1992, T-525 de 1992 y T-022 de 1993.
[18] Cfr. Sentencia T-022 de 1993. Reiterado en la Sentencia T-036 de 2016.
[19] “Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.
[20]Cfr. Sentencia T-139 de 2017.
[21] Reiterado en la Sentencia T-139 de 2017.
[22] “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.
[23] La norma en mención establece que Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
[24] “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.
[25] Decreto 2591 de 1991, “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. ARTÍCULO 10. Legitimidad e interés. “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. […]”. En lo referente a la figura de la Agencia oficiosa en materia de la acción de tutela ver las sentencias: T-531 de 2002 y T-452 de 2001.
[26] Decreto 2591 de 1991. ARTICULO 13. PERSONAS CONTRA QUIEN SE DIRIGE LA ACCION E INTERVINIENTES. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
[27] Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2017.
[28] La ley a la que hace referencia el enunciado es el Decreto 2591 de 1991. En su artículo 42 enumera nueve modalidades de la acción de tutela contra particulares.
[29] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-134 de 1994, declaró EXEQUIBLE el numeral primero del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, salvo la expresión tachada. En dicho proveído indicó: “(d)ebe entenderse que la acción de tutela procede siempre contra el particular que esté prestando cualquier servicio público, y por la violación de cualquier derecho constitucional fundamental”.
[30] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-134 de 1994, declaró EXEQUIBLE el numeral segundo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, salvo la expresión tachada.
[31] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-134 de 1994, declaró EXEQUIBLE el numeral tercero del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, salvo la expresión tachada.
[32] La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-134 de 1994, declaró EXEQUIBLE el numeral noveno del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, salvo la expresión tachada.
[33] “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
[34] Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de 1999.
[35] Corte Constitucional. Sentencia T-682 de 2017.
[36] Cuaderno 2. Folios 42 y 43.
[37] Cuaderno 2. Folios 18 al 20.
[38] Cuaderno 2. Folio 44.
[39] Cuaderno 2. Folio 16.
[40] Ley 1581 de 2012. “Artículo 8°. Derechos de los Titulares. El Titular de los datos personales tendrá los siguientes derechos: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente ley; c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la Constitución; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento”.
[41] Ley Estatutaria 1581 de 2012. “Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos”.
[42] Sentencia T-343 de 2008.
[43] En Sentencia T-158A de 2008 este Tribunal indicó que los hermanos también podían solicitar información que hiciera parte de la historia clínica de su familiar fallecido, así “en estos casos la posibilidad de que los parientes próximos puedan conocer el contenido de dicho documento no debe garantizarse en desmedro de los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad del paciente, por lo que sólo frente a situaciones excepcionales en las que la persona se encuentra sumida en un estado que le impide manifestar su voluntad y exigir el respeto y la garantía de sus derechos, frente a la urgencia de actuaciones tendientes a tal fin, será posible que los miembros más cercanos de su núcleo familiar, sus padres, hijos, hermanos o, eventualmente, su cónyuge o compañero o compañera permanente, puedan acceder a la información de la historia clínica del paciente en lo pertinente”. Reiterado en la Sentencias T-343 y T-837 de 2008.
[44] Cfr. Sentencia T-408 de 2014. Reiterado en la Sentencia T-528 de 2016.
[45] Cuaderno 2. Folio 8.
[46] Cuaderno 2. Folio 10.
[47] Cuaderno 2. Folio 11.
[48] Cuaderno 2. Folios 1 y 2.
[49] Cuaderno 1. Folios 21.

References: artículo 23
 artículo 23
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 86
 artículo 10
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 8
 artículo 9
 resolución 
 artículo 32
 artículo 86
 ARTÍCULO 10
 artículo 42
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 artículo 42
 artículo 42
 artículo 10