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Timestamp: 2020-08-12 18:47:03+00:00

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Instrumentos jurídicos para la defensa del Estado de Derecho en Cataluña – Hay Derecho
Instrumentos jurídicos para la defensa del Estado de Derecho en Cataluña
1 noviembre, 2015 /15 Comentarios/en Derecho Constitucional /por Los editores
Una curiosa debilidad del Estado de Derecho –correlativa sin duda a su grandeza- es que resulta mucho más fácil impedir o sancionar el aparcar en doble fila que el darse un autogolpe de Estado, o al menos, de parte del Estado, como sin duda está ocurriendo en Cataluña (pues autogolpe es que los gobernantes de una Comunidad Autónoma pretendan que sus ciudadanos ahora ya no estarán protegidos por las normas que democráticamente se han dado, sino por unas nuevas dictadas al margen de aquellas). Y es lógico que sea difícil, porque no resulta ni normal ni previsible en pleno siglo XXI que políticos profesionales en una democracia manifiesten el desprecio por las normas de un Estado de Derecho democrático que denota la propuesta de resolución del pasado 27 de octubre sobre “desconexión democrática” y que pueden consultar aquí.
¿Como reaccionar desde el Derecho? Olvidémonos del Código Penal, que difícilmente cubre este caso. Olvidémonos desde luego de la rebelión o sedición. La rebelión tipificada en el art. 472 del CP está pensando en un levantamiento armado y la sedición del art. 544 (“la rebelión en pequeño”) en un movimiento tumultuario que de suyo incorpora cierto grado de violencia o intimidación física. Nada de eso ocurre en nuestro caso (es lo que tienen los autogolpes desde las instituciones). Olvidémonos también de la usurpación de atribuciones del art. 506, difícilmente aplicable a una mayoría parlamentaria en proceso de “desconexión”.
Examinemos pues las normas jurídicas de otro tipo, fundamentalmente a las normas del Derecho político, básicamente la Constitución y el Estatuto de Autonomía porque solo en ellas podremos encontrar alguna solución, al menos en un primer momento. La primera en la que nos deberíamos fijar es efectivamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña, concretamente en su art. 77, que regula el Consejo de Garantías Estatutarias, institución que vela por la adecuación al Estatuto y a la Constitución de las disposiciones que puedan dictar los Poderes públicos en Cataluña. Pues bien, tanto dicho artículo como la Ley 2/2009 que lo desarrolla permitiría a la minoría solicitar un dictamen a este organismo sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de la famosa resolución (de bastante mayor trascendencia que los casos que enumera en su art. 16.1). Creemos que, pese a las fundadas sospechas de falta de parcialidad (dado su forma de nombramiento y el peso que tiene en la designación de sus Vocales el Presidente de la Generalitat), es absolutamente imposible que un grupo de juristas, por mucho que estén imbuidos del espíritu nacional, pueda defender que esa resolución se ajusta al Estatuto o a la Constitución. Básicamente porque la propia resolución ya anuncia que no es así.
El tema del carácter vinculante o no del informe es también bastante interesante. La redacción original del Estatuto lo preveía (y así lo reconoce su Ley de desarrollo) pero fue declarado inconstitucional por el TC en su sentencia 31/2010, sentencia que, por otra parte, los independentistas nunca han aceptado. Luego sería completamente incongruente que si el Consejo dictamina en contra de la resolución, se alegue su carácter no vinculante para desobedecerle. No, la única solución que tienen los independentistas es alegar que, como han decidido iniciar un proceso constituyente “ex novo” partiendo del estado de naturaleza primigenio al más puro estilo hobbesiano, es evidente que no les vincula ningún dictamen (aunque sea el previsto en su Estatuto para protegerlo) que diga que la resolución no se ajusta al Estatuto o a la Constitución, puesto que no se reconoce ni el Estatuto ni la Constitución. En definitiva, no tienen más remedio que ratificar de manera expresa el autogolpe de Estado y que el Estatuto de Autonomía se ha convertido en papel mojado .
Una vez llegados a este previsible escenario, pasamos al Tribunal Constitucional. El art. 161.2 de la CE faculta al Gobierno para impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA (lo que puede llevar consigo su suspensión automática de conformidad con lo previsto en el art.30 de la LOTC). Se podría, entonces, impugnar el acuerdo de la Mesa del Parlament aceptando la tramitación de la misma (invocando como precedente la sentencia 95/1994 de 21 de marzo donde se estima un recurso de amparo frente a un acuerdo de la Mesa formalmente similar, también de admisión a trámite), o esperar directamente a que se adopte, previsiblemente el próximo día 9 de noviembre, para de inmediato impugnarla y suspenderla. Llegado a ese punto, la mayoría que controla el Parlament no tiene más remedio que seguir con su hoja de ruta (uno no da un autogolpe para achicarse a la primera) por lo que se produciría o se entraría en una situación de desobediencia por parte de la persona o personas que decidan incumplir dicha resolución.
Alcanzado este escenario se abren dos vías. Por un lado volvemos al Código Penal (concretamente al artículo 410 que tipifica el delito de desobediencia y que ya comentamos en este blog con ocasión de la querella contra Mas después del pseudoreferendum), pero facilitado en esta ocasión como consecuencia de la famosa reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, por LO 15/2015 que introduce (en su art. 87) la obligación de cumplimiento de las resoluciones del TC y la posibilidad de que este pueda acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad que considere necesario. Como recordarán, esta posibilidad de notificación elimina muchas de las dudas que la anterior querella contra Mas planteaba en cuanto al requerimiento previo para cumplir con las resoluciones que requiere el delito de desobediencia.
Pero junto a la cuestión penal se abre también la posibilidad de la ejecución (incluso la ejecución forzosa) de las resoluciones del TC, pues gracias a la misma reforma en el nuevo artículo 80 señala que en materia de ejecución de resoluciones se aplicarán los artículos 103 y ss de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Además el art. 92.1 y 2 atribuye ahora al TC la facultad de velar por el cumplimiento de sus propias resoluciones recabando el auxilio de cualquiera de las Administraciones y Poderes públicos, y el 92.4 permite imponer multas y suspender en sus funciones a autoridades y empleados públicos.
Pero de nuevo uno no da un autogolpe para achicarse a la segunda y lo previsible es que el proceso continúe. Ahora bien, si los Tribunales penales catalanes cumplen con su obligación legal de aplicar las normas vigentes y acaban procesando a los culpables, pese a la alegación de falta de legitimidad que invocarán los imputados/investigados, que es lo normal, se generará una curiosa crisis medieval a la Cronwell como consecuencia del enfrentamiento de un Parlamento con los tribunales del Rey, aunque, eso sí, a esta alturas del siglo, un poquito más bufa. El mismo enfrentamiento podría producirse con el resto de las autoridades del Estado, en la medida en que se vaya inhabilitando a unas personas que no obstante continúan actuando como parlamentarios o bien son inmediatamente sustituidos por unos nuevos que, instantes antes de ser nuevamente suspendidos, van adoptando decisiones en pro del procés. Un lío notable.
Podríamos considerar que en ese momento el ridículo internacional sí sería un factor a considerar por el entramado independentista para poner fin a la opereta, pero si hemos llegado hasta aquí es que no hay mucho sentido del ridículo, así que hay que seguir con el experimento. Como los tiempos de la Justicia penal son lentos y la capacidad de sustitución en las filas independentistas elevada, estos podrían perfectamente continuar con la “desconexión” en un ambiente folclórico y reivindicativo muy al estilo de la CUP y cuyo prólogo intuimos con la declaración de Mas. Ante esta situación, ¿qué se puede hacer? Pues señores, olvidarnos de las personas y actuar sobre las instituciones, en fin, acudir al famoso y nunca aplicado art. 155 de la CE. El problema es que si llegamos a ese punto, puede que el art. 155 tampoco contribuya mucho a resolver el problema.
Recordemos que este artículo atribuye al Gobierno en estos casos, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, la posibilidad de “adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella (la Comunidad Autónoma) al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Si llegamos aquí, las medidas de “sustitución” que podrían adoptarse (actuación del Estado en lugar de los órganos autonómicos) corren el riesgo de enfrentarse otra vez con una posible desobediencia de los “alzados”. Otra cosa serían las medidas de “disolución” de alguno o todos los órganos autonómicos, tal como ya ocurre con las entidades locales. Esta posibilidad está recogida tanto en la Constitución italiana (art. 126) como en la austriaca (art. 100) aunque no expresamente en la española. Sí está prevista para las Entidades locales en la Ley de Bases del Régimen Local, donde se aplicó en el caso del Ayuntamiento de Marbella.
Pero si se disuelven el Parlamento y el Gobierno de la Generalitat -incluso si se clausuran sus instalaciones- ¿quién nos dice que los parlamentarios díscolos no seguirán reuniéndose en un nuevo “juego de pelota” (¿quizás el Camp Nou?) para continuar con la representación? A partir de aquí lo único que queda ya es declarar el estado de sitio (art. 116.4 CE), desarrollado en los arts. 32 y ss de la LO 4/1981, y que está previsto para conjurar “una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios”. En esta situación el Gobierno asume todas las facultades extraordinarias y designa a la autoridad militar que haya de ejecutarlas.
No obstante, quizás el factor más importante de todos y en el que se piensa poco sea el momento de la inevitable convocatoria de unas nuevas elecciones. Los independentistas saben que están obligados forzosamente a ello, porque no pueden gobernar en estas condiciones. ¿Quieren que se las convoque el Estado después de la disolución del Parlamento? ¿Prefieren hacerlo ellos un minuto antes? Lo que está claro es que van a esperar a ese instante y, en cualquiera de las dos tesituras, les interesa mucha algarada en las calles.
En fin, este es un tema político en el que nosotros no vamos a entrar ahora, pero lo que está claro es que se avecinan tiempos muy revueltos en Cataluña. Los burgueses de CDC estarán contentos….
https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png 0 0 Los editores https://hayderecho.com/wp-content/uploads/2019/03/hay-derecho-logo.png Los editores2015-11-01 00:55:482015-11-03 22:37:33Instrumentos jurídicos para la defensa del Estado de Derecho en Cataluña
1 noviembre, 2015 en 09:05
Por lo que parece, el cuerpo normativo existente es suficiente, la cuestión es cómo actuar para minimizar los riesgos ante una situación donde los insurrectos tienen el apoyo, más o menos cierto, de aparentemente más del 40% de los electores que se han pronunciado.
Toda esta fanfarria es una cuestión de sentimientos y percepciones, y como tal hay que modular las actuaciones a partir de ahora. Mucho mejor nos hubiera ido si esos sentimientos no se hubieran dejado crecer durante tantos años, y el trabajo de la gran política es cómo una vez esta farsa se reconduzca (eso espero), se trabaja en una hoja de ruta común y más en lo que nos une, con argumentos convincentes, que en lo que nos separa.
1 noviembre, 2015 en 09:59
El hecho es que dentro de este "Estado de Derecho" hay quien tiene Derecho a pasarse las leyes y sentencias por el arco de Triunfo en Flagrante Incumplimiento de la Ley, en violación de Derechos humanos (universales y locales) de los Gobernados e Incurriendo en Perjurio.
Con un desprecio absoluto de las Responsabilidades básicas de cualquiera que ejerza una Función Pública desde la legitimación política formal.
En este desprecio de Responsabilidades incluyo a quien, debiendo actuar para hacer cumplir la ley, no lo ha hecho.
Si esto no es terreno penal no se qué debe serlo cuando hemos metido en el Código Penal conducir a 180 en una autopista vacía, a las dos de la Madrugada en un Vehículo capaz de hacer tranquilamente 280kms hora con todas las bendiciones de la UE y de las leyes "que nos hemos dado".
Realmente ¿tenemos criterio?
Esta misma gente es la que nos está vendiendo el muerto de una reforma constitucional que les permita seguir haciendo cosas de estas a cuenta nuestra.
Señores, la ciudadanía de toda Europa (28 Países) SUSPENDE el Sistema Político y……………el Sistema Legal con un 3.5 sobre 10 y un 4.6 sobre 10 respectivamente.
Esto es de una gravedad tan terminal que lo mejor que podemos hacer es…………… lo que estamos haciendo………….IGNORARLA y esperar.
1 noviembre, 2015 en 11:12
El 12 de octubre de 2012 tuvieron los editores la amabilidad de publicar unos meros apuntes de Derecho positivo de quien suscribe en dos "posts" titulados "Tribalismo Posmoderno" (https://hayderecho.com/2012/10/12/tribalismo-posmoderno-ii/). La realidad 3 años más tarde no es distinta de lo que allí se decía, salvo que sólo uno de los instrumentos legales se ha aplicado con suspensión de determinados actos y leyes de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña por el Tribunal Constitucional, ahora dotado, en contra de la opinión de este blog -que ya comenté en su día – de un instrumento legal para ejecutar sus propias decisiones, algo que se omite en este comentario. Desde la modestia de no ejercer el la práctica penal, pero habiendo contrastado lo que digo con ilustres penalistas (basta ver también lo mucho publicado por todas partes), ni en la constitucional (pero basta ver lo mucho publicado por doquier), mantengo con el Sr. Oquendo que sí hay base para la aplicación del Código Penal desde hace tiempo, pues basta la tentativa. Todo esto se está haciendo demasiado tarde, aunque entiendo la prudencia del Ejecutivo. Los independentistas llevan años buscando el conflicto y nunca se van a contentar ni aquietar. Perfecto, tengámoslo y veamos si en Cataluña quieren ser Quebec, Kosovo, Senegal del Sur, Estonia (que consiguió su independencia cantando)o qué. Hace tiempo que podrían haberse suspendido áreas concretas de la Autonomía, comenzando por las que dotan a la Generalidad de armas. Retrasar lo inevitable no va a evitarlo, sólo a retrasarlo. Llevamos 30 años de inacción y de retraso, ahora vamos a tener que compensarlo con la fuerza del Derecho o bien dejar que esta gangrena afecte a todo el cuerpo. Un miembro gangrenado, se saja. El miembro gangrenado no es Cataluña en la que los independentistas ya perdieron un simulacro de referendum ilegal sin control y con votantes menores de edad y perdieron las elecciones "plebiscitarias". El miembro gangrenado es el cáncer nacionalista y la condescendencia de los Gobiernos que necesitaron sus votos para aprobar los presupuestos. Los independentistas catalanes están dispuestos a tropezar tres veces en la misma piedra. Bien, que lo hagan. Dicho esto: aunque no he estado de acuerdo con el Gobierno de España, ahora no tengo más remedio que estar con lo que haga. Pero que haga algo!
1 noviembre, 2015 en 12:47
Estimado Jesús: salgo al paso de su comentario porque me ensalza usted más de lo debido. Lo digo porque habla usted de que "la opinión de este blog" es contraria a la reforma de la ley del Tribunal Constitucional y el blog no tiene opiniones propias porque somos muchas personas las que lo hacemos, entre otras usted mismo, sino sólo línea editorial. Entiendo que cuando habla de tal cosa se está usted refiriendo a este artículo, que es el que considera indebidamente opinión del blog: https://hayderecho.com/2015/09/07/reproduccion-del-articulo-de-ignacio-goma-en-libertad-digital-tarde-mal-y-nunca/ En él, repentizando al bote pronto de la noticia criticaba -por cierto, en otro medio en artículo reproducido aquí- tres extremos de ley: su mala técnica jurídica; las sospechas de su poca legitimidad y su presumible poca efectividad ante la magnitud de la amenaza que se nos presenta. O sea, que son decisiones que, si verdaderamente fueran a ser útiles se deberían haber tomado no hace un año, cuando el pseudo referendum, sino hace mucho más tiempo; pero es que probablemente no lo son -o son simplemente redundantes- porque me aventuro a sospechar, sin ser especialista en nada de esto, que un Estado que es capaz de sostener el GAL, mantener una corrupción generalizada durante decenios, cometer todo tipo de tropelías contra el Estado de Derecho, afectando a todo tipo de personas e instituciones, sin temblarle el pulso lo más mínimo, o forzar normas o reglas jurídicas como le viene en gana, ahora, después de no sé cuantos años de amenaza independentista resulta que tiene escrúpulos y no acaba de encontrar la norma concreta (el "papel de fumar") que le pudiera servir para resolver, con todo el derecho y el Derecho del mundo, una situación en la que esta cargado de razón ética y jurídica, y en la que podría haber utilizado muy diversos instrumentos que arriba se mencionan. En resumen, a lo mejor sirve para algo esa reforma pero, tal y como se dice en el titulo "tarde, mal y nunca"
1 noviembre, 2015 en 18:52
Insiste el artículo en el concepto negativo de “autogolpe”, cuando bien podría haber utilizado el sinónimo de mejor presencia de “autoorganizacion” o el de “autopoiesis”. Si hablamos de constituciones, no olvidemos que estas son siempre un “autoreconocimiento”: “we the people…”
Pero nosotros, como evidencia la historia, y la actualidad carecemos de esa cultura “reflexiva”. Y aunque el Zeigeist” nos obliga a sustentar nuestro edificio constitucional en una impostada “soberanía popular”, ello resulta ser un puro adorno, sin apenas virtualidad práctica. No le he visto contemplado.
Nuestra cultura es la de usar y abusar del derecho para que, debidamente retorcido, subvenga los fines que más interesan en cada momento. Y si no es suficientemente flexible, siempre nos podemos inventar una “doctrina” ad hoc
Debería ser al revés. Nuestro ordenamiento debería estar impregnado hasta el tuétano de principios honorables y de verdad y sinceridad. Y debería haber sido fruto de un proceso constituyente que lo legitimase sin dudas. Solo entonces podríamos aplicarlo con la venda en los ojos con que se adorna la justicia. Solo así, “nosotros el pueblo” podríamos aplicar esa norma primordial que dice que la soberanía reside, no en la ley, si no en el pueblo.
2 noviembre, 2015 en 18:55
Exacto. Aquí nos carcajeamos de la Constitución de Cádiz cuando decía que todos los españoles deberán ser justos y benéficos, sin pensar que nos vendría de perlas que así fuera, en especial, los españoles que ejercen cargos públicos.
En cualquier caso, no es cierto que sea más fácil prohibir a golpe de ley, decreto, orden, ordenanza o lo que sea cualquier conducta ciudadana por nimia que sea. Sólo se ha conseguido no mediante el estado de derecho sino precisamente subvirtiendo la esencia del estado de derecho: Como todo lo no prohibido está permitido y como todo lo no sancionado no es sancionable, entonces prohibamos todo, reglamentemos todo y sancionemos todo, para mayor gloria del Poder Democrático.
Prohibamos, sí, pero no para los que ejercen funciones públicas. Para esos, como son "representantes del pueblo", manga ancha, libertad para robar, en beneficio del pueblo, por supuesto, irresponsabilidad absoluta, el pueblo paga, creciente mediocridad cuando no ineptitud manifiesta de los "gestores" públicos, deuda insostenible que pagará el último y un larguísimo etcétera.
Y ya lo último, libertad para saltarse a la torera el régimen constitucional en nombre del pueblo, catalán en este caso. Esto es una auténtica farsa propia de democracias caudillistas de los "españoles del otro hemisferio", siguiendo la hermosa proclama de la Constitución de 1812 y no de unos dirigentes europeos del siglo XXI.
1 noviembre, 2015 en 22:53
Casi todas las medidas aquí planteadas tendrían un impacto muy limitado en el pruces y su estrategia de hechos consumados. Supondrían además un arma perfecta de propaganda y movilización interna y en algún caso ("autoridad militar") también de cara al extranjero.
Hay una manera más sencilla: el poder económico. La Generalitat está en bancarrota. Según JxS rd culpa exclusiva de Madrid. Y muchos lo creerán así. Pero al final del día, si el pruces significa dejar de cobrar nominas y quedarse sin medicamentos, estoy seguro que la mayoría de catalanes preferirán pasar del tema. Sobre todo si desde Madrid se ofrece algún acuerdo con puntos favorables.
Y es que yo tengo serias dudas de que los independentistas sean mayoritariamente radicales dispuestos a jugarse su bienestar por el nuevo estado.
Obviamente si la mayoría de catalanes quiere la independencia cueste lo que cueste y están dispuestos a movilizarde como locos, pasarse días enteros en las calles y pasar hambre… poco se podrá hacer para evitar la independencia. Pero no están tan locos.
2 noviembre, 2015 en 00:12
Thomas Kuhn, como Popper, dejaron de ser los darlings de la academia ortodoxa por varias cosas. Una de ellas fue por meterse con la ortodoxia.
El aserto de Kuhn de que dentro de los Paradigmas hay muchos intereses creados y que estos intereses son un factor de retraso en los Cambios de Paradigma Científico no le granjeó muchas simpatías.
A su vez el Capítulo XI de la obra de Popper "La sociedad abierta y sus enemigos" se merece un monográfico.
Es tal el repaso que dicho capítulo da a Federico Guillermo de Prusia y a Hegel, –contratado por el primero a la muerte de Kant para "enseñar la filosofía que hay que enseñar"–., que es fácil entender las escasas simpatías que le dedica la Social Democracia que nos gobierna.
"Hay que regar todos los tiestos, chicos" que decían nuestras abuelas. Ellos se olvidaron o no quisieron.
Viene esto a cuento de Cataluña porque en "Madrit" se han difundido mejor los circuitos clientelares del socialismo "andazul".
Pero los de la vieja Tarraco se las traen y no me sorprendería "res" que los 1.9 millones de "indepes" se nutriesen del mismo tipo de beneficiario de las dádivas del régimen.
Familias incluidas no debe andar muy lejos la cosa. En el medio rural nadie saca los pies del tiesto y el análisis de la distribución geográfica del voto da muy buenas pistas.
La mayoría de residentes en Cataluña todavía es Española, no es "indepe".
Pero esa mayoría está asustada y resentida porque el Estado, España, los ha tenido durante treinta años bajo el yugo Sectario del Nacionalismo.
Lo mismo que en las provincias vascas con el agravante de que aquí ha habido un Exilio Censal masivo buscado a golpe de Pistola y Carta del cual se han beneficiado todos los nacionalismos.
¿Cómo no van a bajar los Votos de PSOE y PP si han sido, literalmente, los Palafreneros de los Verdugos y de los Matones? El Estado —Montilla dixit– es residual en Cataluña. En Azkoitia ni siquiera está.
Y Pedro Sánchez, de la mano de Pablito "Churches", dale que dale. Haciendo como que no se enteran.
"El poble que no coneix la seva història està condemnat a repetir-la"
2 noviembre, 2015 en 19:05
Insuperable comentario, Sr. Oquendo.
EL ÚNICO PARAÍSO ES EL FISCAL Dice:
2 noviembre, 2015 en 11:14
El blog es magnífico cuando trata asuntos jurídicos.
Cuando trata temas políticos su ingenuidad no tiene parangón.
Su campaña para una reforma de la Ley de Partidos lo prueba.
http://elunicoparaisoeselfiscal.blogspot.com.es/2013/06/la-democracia-no-necesita-partidos-con.html
La recomendación de que se modificase la legislación sobre referendos para que Cataluña pudiese votar la secesión fue desacreditada por el propio Albert Rivera.
http://www.libertaddigital.com/espana/2015-09-29/rivera-desautoriza-a-sus-sabios-la-soberania-no-es-divisible-1276558049/
La culminación, éste artículo.
El laberinto jurídico en que cada día nos perdemos más, es posiblemente una de las causas de lo que ocurre no sólo en Cataluña, sino también en otras autonomías donde los "barones" ya se rebelaron contra la tutela del Gobierno de España en mayor o menor medida. Por lo demás, los estatutos respectivos parecen tener al menos el mismo rango jerárquico normativo que la propia C.E. Todo esto ha ocurrido ante las narices de gobiernos más empeñados en sacar apoyos parlamentarios mirando para otro lado y de una oposición cuyo ejercicio real es muy restringido. PP y PSOE se han beneficiado de todo ello y ahora se lo están encontrando en la actual confrontación. Me recuerda mucho esos grupos armados revolucionarios por alguna potencia que luego se vuelven contra quien los armó y financió. Todo un ejemplo de "vista" política. En todo caso el asunto de Cataluña es tan simple como la dependencia económica de sus cargos de los presupuestos públicos y de los controles institucionales. Por ahí se pueden hacer muchas cosas por el simple hecho de que los representantes del Estado Español en esa región deciden no formar parte del mismo. Un despido "procedente" por renuncia al cargo y a la función que es la defensa de la Constitución pero, claro, en los desafueros políticos y administrativos no es aplicable lo que se aplica al "robagallinas". ¿Todavía creemos de verdad en el estado de Derecho o es mejor pensar en construirlo de nuevo con una importante reforma constitucional?
3 noviembre, 2015 en 20:11
A mi se me ocurre que podríamos ofrecer a los catalanes un referéndum como en Escocia o Quebec, como han hecho paises tan avanzados como el Reino Unido o Canada. Seria una buena solución no creéis?
4 noviembre, 2015 en 10:55
No. No lo creo. En absoluto. Todo lo contrario.
No se deben dar facilidades al delincuente ni reconocerle el derecho a la violación.
Esto, y no otra cosa, es lo que está sucediendo y –si de remate– les decimos, "espera, que te ayudo", pues apaga y vámonos.
3 noviembre, 2015 en 22:42
En este blog Esperanza hemos escrito bastante sobre el tema de la ley de claridad, del que algunos somos partidarios y así lo hemos dicho en varios posts y artículos, algunos bastante recientes.
Joan Bernà Xirgo Dice:
23 noviembre, 2015 en 08:57
Estimat company Ignacio Gomà,
La Constiución española remite,en su artículo 10.2 , a los tratados y convenios internacionales ratificados por España. En 1977 el gobierno español ratificó el Pacto de Derechos Civiles y Políticos firmado por las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, cuyo artículo 1 reconoce el derecho a la libre determinación de todos los pueblos.
Estimem Espanya, estimem els espanyols i jo, personalment,,els companys notaris i juristes. però vull la llibertat del meu poble.
Espero que construyamos entre todos un Mundo de Derecho, garantía de paz y de libertad, garante de la convivencia en un mismo territorio de personas que, legítimamente, se sienten poseedoras de identidades nacionales distintas.
Trabajemos por la seguridad jurídica.
Joan Bernà Xirgo, notario
Lecturas recomendadas: “El retorno de los chamanes”, de Victor Lapuente Serie sobre la reforma constitucional (III): El procedimiento de reforma

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 410
 artículo 80
 artículo 10
 artículo 1