Source: https://tc.vlex.es/vid/19-1986-25-236680
Timestamp: 2019-10-14 08:32:25+00:00

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STC 242/2004, 16 de Diciembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 236680
STC 242/2004, 16 de Diciembre de 2004
Número de Recurso: 133/95
Cuestiones de inconstitucionalidad 133/1995, 134/1995 y 135/1995 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con diversos apartados de las Leyes de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986, y 5/1986, de 25 de junio, que regula las tasas de la Comunidad de Madrid. Principio de interdicción de la arbitrariedad: inexistencia de doble imposición tributaria por dos tasas que gravan la autorización para realizar obras y para utilizar dominio público.
Sentencia citada en: 198 sentencias, 20 artículos doctrinales
El 13 de enero de 1995 tuvieron entrada en el Registro General de este Tribunal tres escritos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a los que se acompañaba, junto con el testimonio de los correspondientes procedimientos, los Autos de la referida Sala de 31 de octubre de 1994, en los que se acordaba plantear cuestión de inconstitucionalidad con relación a los epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986, y sobre las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2 b)] y II del artículo 36 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las tasas de la Comunidad de Madrid.
Las cuestiones se suscitan en los recursos contencioso-administrativos núms. 2388/89, 2678/89 y 4788/89, interpuestos todos ellos por la entidad Unión Eléctrica Fenosa, S.A., contra las liquidaciones practicadas en concepto de "tasas" por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad de Madrid de fechas 22 de octubre, 24 de noviembre y 18 de agosto de 1986, respectivamente, por un doble concepto -cruce de líneas aéreas sobre carretera o construcción de pasos sobre cuneta para peatones y carruajes, de un lado, y aprovechamiento especial del dominio público, de otro lado-, y por unos importes totales de 492.348 pesetas (246.174 pesetas por cada concepto), en el primer caso, de 227.500 pesetas (113.750 pesetas por cada concepto), en el segundo, y de 3.030.836 pesetas (1.515.418 pesetas por cada concepto), en el tercero de ellos, al considerar que "la cuantía de la liquidación de tasas referida es exageradamente desproporcionada con el hecho objeto de gravamen".
Tramitados los mencionados recursos, quedando los autos conclusos para sentencia, los días 20 (en las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 134/95 y 135/95) y 21 (en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 133/95) de junio de 1994, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó providencias en las que, con suspensión del plazo para dictar sentencia, se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal, por término de diez días, para que alegasen lo que estimasen oportuno sobre la pertinencia de plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el anexo I, núm. 12, de la Ley 11/1985, de 19 de diciembre, de la Comunidad de Madrid, los números I y II de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por obras e instalaciones en zonas de influencia de vías provinciales, y el art. 36, tarifas I y II, de la Ley 5/1986, de 25 de junio, de tasas de la Comunidad de Madrid, por su posible contradicción con los arts. 9 y 24.1, en relación con los arts. 31.3, 133, 134, 156 y 157, todos ellos de la Constitución.
Notificadas dichas resoluciones, por escritos registrados todos ellos el 22 de septiembre de 1994 la representación procesal de la Comunidad de Madrid solicitó se dictase resolución que declarara no haber lugar al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad porque "la pretendida inconstitucionalidad no tiene en cuenta la potestad tributaria y competencia estatutaria de la Comunidad de Madrid y que la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por obras e instalaciones en zonas de influencia de vías provinciales desde el 16 de julio de 1983 en que se constituyó la Comunidad de Madrid, no es una tasa de carácter local sino una tasa de una Comunidad autónoma a la que no es aplicable ni supletoriamente la Legislación Local".
Mediante Autos de fecha 31 de octubre de 1994, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid acordó elevar a este Tribunal tres cuestiones de inconstitucionalidad en cuanto a los epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley 11/1985, de 19 de diciembre de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 1986, y en cuanto a las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2 b)] y II del artículo 36 de la Ley 5/1986, de 25 de junio de la Comunidad de Madrid, que regula las tasas de dicha Comunidad, por su posible contradicción con los arts. 9.3 y 24.1, ambos de la Constitución Española. El órgano judicial fundamenta el planteamiento de inconstitucionalidad en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, tras señalar la Sala proponente que conforme al art. 18 de la citada Ley 11/1985 la cuantía de las tasas exigibles a partir del 1 de enero de 1986 por la prestación de servicios y por los aprovechamientos especiales definidos en sus normas reguladoras es la que se contiene en el anexo I de la misma, pone de manifiesto que la liquidación impugnada en el proceso contencioso-administrativo comprende dos conceptos, a los que la norma legal atribuye la misma tarifa: en primer lugar, la concesión de licencias para la realización de obras, instalaciones y construcciones en tramo interurbano, zonas de dominio público, servidumbre y afección (epígrafe I), concretamente, por el cruce de líneas aéreas de cobre de conducción de energía eléctrica en media o alta tensión con las carreteras [apartado C, número 2 c)], en dos de las liquidaciones impugnadas, y por la construcción de pasos sobre cuneta para peatones y carruajes, en la otra liquidación recurrida; y, en segundo lugar, la autorización para la utilización o el aprovechamiento de la zona de uso público de las carreteras de la Comunidad, tramo interurbano (epígrafe II).
Seguidamente, subraya la Sala que en la fecha en que se practicó la liquidación impugnada (el 22 de octubre de 1986), estaba en vigor la Ley 5/1986, de 25 de junio, de tasas de la Comunidad de Madrid, que en su art. 36 regula las materias antes citadas, sin otras variaciones que, de un lado, en relación con la tarifa o epígrafe I, la elevación de la cuantía por metro cuadrado ocupado en la zona del dominio público (desde 325 a 650 pesetas) y, de otro, en cuanto a la tarifa o epígrafe II, la especificación de que la tarifa por la autorización o aprovechamiento -que sigue siendo la misma que la de la concesión de la licencia- se exigirá "con independencia de la tarifa aplicada por la mera concesión". Añade, además, que la disposición transitoria única de la citada Ley 5/1986, estableció en su segundo párrafo que durante 1986 "se aplicarán las tarifas recogidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para dicho año", circunstancia que relacionaría claramente ambas leyes en la medida en que la de 1986 ratifica la aplicabilidad de la promulgada en 1985.
Dicho lo que antecede, pasa la Sala a justificar el cumplimiento del requisito mencionado en el art. 35 LOTC relativo a que el fallo que haya de dictarse dependa de la validez de la norma cuestionada en su adecuación o no a la Constitución. Y sobre este particular apunta que "según el contenido de la liquidación impugnada aparece que se cobran tasa tanto por la concesión de la licencia como por la autorización para la utilización o el aprovechamiento y ambos conceptos en la misma cuantía". Circunstancia esta que sin duda es legal, dado que, no sólo se ajusta perfectamente a lo establecido en los epígrafes (I y II de la Ley 11/1985) y tarifas (I y II de la Ley 5/1986) cuya constitucionalidad se cuestiona, sino que, además, por si existiera alguna duda, el art. 36, tarifa II, de la Ley 5/1986, establece que las tasas por las autorizaciones (para la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público) tendrán la misma cuantía que las exigidas por las concesiones (de licencias de la tarifa I), con independencia -aclara- de la tarifa aplicable por la mera concesión. Se da, pues, a juicio del órgano judicial, una "duplicidad clara y manifiesta, mucho más llamativa por cuanto que la actividad administrativa a realizar es la misma, en caso como el presente y concretamente en los conceptos del mismo, pues pudieron existir otros en que no sea así, para la concesión de la licencia y para la autorización para la utilización privativa, lo cual hace que los conceptos se doblen en la cuantía de la cantidad exigible". De venir establecida esta duplicidad en una Ordenanza -continua el órgano judicial- no hubiera sido preciso plantear cuestión de inconstitucionalidad, en la medida en que, al tratarse de una mera cuestión de legalidad, podría haberla resuelto directamente la propia Sala; sin embargo, al haberse incluido la Ordenanza reguladora de las tasas en una Ley de cuya validez depende el fallo, entiende el órgano judicial que, aunque considere que dicha Ley es arbitraria, no puede sino plantear cuestión sobre su inconstitucionalidad.
Finalmente, y respecto de las dudas de constitucionalidad, a juicio del órgano cuestionante, la duplicidad en el pago de la tasa por los conceptos citados (concesión de licencia para realización de obras, instalaciones y construcciones en tramo interurbano, de un lado, y autorización para el aprovechamiento especial de zonas de uso público de las carreteras de la Comunidad, de otro), resulta arbitraria, "al estimar que puede encuadrarse en el artículo 9 apartado 3 de la Constitución que garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, e incluso comprendiéndose en el contenido del artículo 24.1 de la Constitución al afectar a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos".
Las Secciones Primera, Cuarta y Segunda de este Tribunal, por providencias de 8 de febrero de 1995, acordaron admitir a trámite las cuestiones, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Asamblea y al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia e Interior, y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de las cuestiones (lo que se cumplimentó para las tres cuestiones en el BOE núm. 44, de 21 de febrero de 1995).
Por escritos registrados en este Tribunal el día 22 de febrero de 1995 se recibieron tres comunicaciones del Presidente del Congreso de los Diputados conforme a las cuales dicha Cámara no se personaría en los procedimientos ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante tres escritos presentados el día 1 de marzo de 1995, en los que suplicaba que, previos los trámites legales, se dictara Sentencia desestimatoria de las cuestiones propuestas. Parte en sus alegaciones advirtiendo que una interpretación flexible de los presupuestos procesales de las cuestiones de inconstitucionalidad, así como la doctrina constitucional relativa a la conveniencia de que las mismas encuentren solución por sentencia (desde la STC 76/1990, de 26 de abril, FJ 1, a la STC 37/1994, de 23 de diciembre, FJ 4) "invitan a efectuar un esfuerzo para concretar el objeto de esta cuestión". Ahora bien, a su juicio, no procede examinar la supuesta inconstitucionalidad del apartado 3.2 b) de la tarifa I en relación con la tarifa II, del art. 36, de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, porque su adecuación o no a la Constitución "es manifiestamente irrelevante para el fallo del proceso a quo", dado que, ratione temporis, no resultaba aplicable a las liquidaciones objeto del recurso. En efecto, sostiene esta representación pública que la disposición transitoria de la Ley autonómica citada suspende hasta el día 1 de enero de 1987 la entrada en vigor de las tarifas en ella previstas -también las del art. 36-, ordenando se apliquen durante 1986 las tarifas establecidas en la Ley 11/1985, también de la Comunidad de Madrid, razón por la cual los actos administrativos impugnados en el recurso contencioso-administrativo que han dado lugar al planteamiento de la presente cuestión fueron dictados exclusivamente al amparo de esta última norma legal. Aunque el órgano judicial extiende la cuestión de inconstitucionalidad a las tarifas I y II del art. 36 de la Ley 5/1986 con fundamento en que esta norma "ratifica" la aplicación de la Ley 11/1985, el Abogado del Estado entiende que la mal llamada "ratificación" es producto, no de las tarifas cuestionadas de la Ley 5/1986, sino de su disposición transitoria (que dispone que "Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 8, las tarifas previstas en la Ley para las tasas incluidas en las mismas quedarán en suspenso hasta el 1 de enero de 1987. Durante 1986 se aplicarán las tarifas recogidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para dicho año"), norma esta que no puede reputarse inconstitucional. En efecto, se trata de una simple regla intertemporal que deslinda las esferas de vigencia de dos leyes sucesivas, siendo su objeto todas las tarifas de las tasas autonómicas reguladas en la Ley 5/1986, de manera que, si una tarifa en particular fuera inconstitucional, su invalidación no podría afectar en sí misma a la disposición transitoria, que tendría como objeto todas las demás tarifas constitucionales y válidas. Procede entonces, a su juicio, por las razones expuestas, excluir de la presente cuestión el apartado 3.2 b) de la tarifa I, en relación con la tarifa II, del art. 36, de la Ley 5/1986, de la Comunidad de Madrid.
Una vez limitada la cuestión al epígrafe C.2 c) de la tarifa I y a la tarifa II, en aplicación conjunta, del número 12 del anexo I de la Ley 11/1985, aplicable al supuesto de autos según la disposición transitoria de la Ley autonómica 5/1986, resalta el Abogado del Estado que el Auto de planteamiento funda la supuesta inconstitucionalidad en la infracción de los arts. 9.3 y 24.1 CE. Así, y con relación a la vulneración del art. 24.1 CE, destaca la representación pública que "el auto de planteamiento se limitada a la desnuda afirmación de que los preceptos cuestionados afectan ?a la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos?. No se explica ni en qué consiste esa supuesta ?afección? ni por qué la supuesta ?afección? es inconstitucional. Sólo cabe conjeturar que tal vez haya podido entenderse que la fuerza formal que las tarifas han adquirido en virtud de la Ley madrileña 11/1985 dificulta su impugnación al contribuyente. Parece que la carga legal de ?especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión? (art. 35.2 LOTC) comprende la exteriorización del razonamiento de inconstitucionalidad posible. No basta la desnuda cita como infringido de un precepto constitucional sino el explicar -siquiera mínimamente- el porqué de esa infracción. En consecuencia, faltan las condiciones procesales precisas para examinar la supuesta infracción del art. 24.1 CE".
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Letrada de sus servicios doña Carlota Roch Martínez de Azcoitia, evacuó los trámites de alegaciones conferidos, suplicando se dictase Sentencia desestimatoria de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, al ser los preceptos impugnados plenamente conformes con la Constitución. Arranca esta representación en sus alegaciones acotando el objeto de la cuestión de inconstitucionalidad y, en particular, analizando el juicio de relevancia de los preceptos cuestionados (art. 35.2 LOTC), para alcanzar la conclusión de que "[u]na simple lectura de la Disposición Transitoria de la Ley autonómica 5/1986, de 25 de junio, de Tasas, permite apreciar que la citada Ley no es aplicable al supuesto concreto, por lo que la cuestión de inconstitucionalidad planteada debe quedar acotada a los preceptos de la Ley autonómica 11/1985, de 19 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 1986".
Por otra parte, y ya con relación a los preceptos impugnados, destaca en primer lugar el Consejo de Gobierno que la Comunidad de Madrid asumió en el momento de su constitución -en 1983- todas las competencias que, según la Ley, correspondían a la Diputación Provincial de Madrid (disposición transitoria cuarta , 2, de su Estatuto de Autonomía, y art. 40 de la Ley de bases de régimen local). Así, la antigua "Ordenanza para la exacción de tasas por obras e instalaciones en zona de influencia de vías provinciales", en su art. 1, diferenciaba claramente dos hechos imponibles: por un lado, la utilización privativa o el aprovechamiento especial de la zona de uso público; por el otro, la expedición de licencias e informes. Esta Ordenanza que regía desde enero de 1980 fue sustituida, en 1983, por otra que mantenía los mismos criterios, pues tras diferenciar en su artículo tercero los hechos imponibles de autorización privativa o aprovechamiento especial, el de concesión de licencias y el de expedición de informes, señalada en el número segundo: "Cuando una obra, instalación o construcción se hallase sujeta a concesión de licencia y a autorización privativa o aprovechamiento especial, hechos imponibles establecidos en las letras A) y B) del número 1 de este artículo, se exigirá la tasa señalada a cada uno de ellos, entendiéndose que se trata de dos conceptos de imposición diferentes".
La representación procesal de la Asamblea de Madrid presentó sus escritos en el Registro General de este Tribunal el día 2 de marzo de 1995, por el que solicitaba se dicte Sentencia por la que se declare la constitucionalidad de las normas cuestionadas. Comienza en sus alegaciones señalando que la Ley 5/1986, de 25 de junio, cuestionada no cumple con el requisito previsto en el art. 35.2 LOTC, consistente en que la norma impugnada sea aplicable al caso, dado que la normativa aplicable en el momento de practicarse la liquidación impugnada en el proceso a quo no era sino la Ley 11/1985, concretamente, sus epígrafes I, apartados C.2 c), y II, del número 12, del anexo I.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escritos con fecha de 1 de marzo de 1995 (registrados el día 3 de marzo siguiente), en los que suplica se dicte Sentencia desestimatoria de las cuestiones de inconstitucionalidad sometidas a enjuiciamiento. Tras señalar los preceptos que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera contrarios a los arts. 9.3 y 24.1 CE -a saber, el art. 18.1 y los epígrafes I y II del apartado 12 del anexo I de la Ley 11/1985, así como el art. 36, tarifas I y II, y la disposición transitoria, de la Ley 5/1986-, pone de manifiesto el Fiscal que el Auto de planteamiento adolece de una falta de concreción que, sin constituir causa de inadmisión, le obliga a indagar las posibles razones que han llevado al órgano jurisdiccional a elevar la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Por Auto de 15 de marzo de 1995 se acordó acumular las cuestiones de inconstitucionalidad registradas con los números 134/95 y 135/95 a la registrada con el número 133/95, dado que las tres cuestiones han sido planteadas por el mismo órgano judicial, en relación con los mismos preceptos de las Leyes 11/1985, de presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para 1986, y 5/1986, de tasas de dicha Comunidad, por presunta oposición de los preceptos cuestionados con los arts. 9.3 y 24.1 CE, siendo además coincidentes las fundamentaciones que se contienen en los respectivos Autos de planteamiento, lo que justifica la unidad de tramitación y decisión al cumplirse los requisitos previstos en el art. 83 LOTC.
Por providencia de fecha de 14 de diciembre de 2004 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 16 del mismo mes y año.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid plantea tres cuestiones de inconstitucionalidad, que han sido acumuladas, en relación con los epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986, y de las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2 b)] y II del artículo 36 de la Ley 5/1986, de 25 de junio, que regula las tasas de la Comunidad de Madrid, por su posible contradicción con los artículos 9.3 y 24.1 de la Constitución española.
La representación procesal de la Asamblea de Madrid solicita igualmente la desestimación de las presentes cuestiones al no satisfacer las mismas las exigencias de motivación que derivan del art. 35.2 LOTC. En este sentido, pone de manifiesto que el órgano judicial ni justifica las razones por las que normas cuestionadas establecen una discriminación o carecen de toda explicación racional -únicos motivos que, conforme a nuestra doctrina, permitirían afirmar que el legislador ha incurrido en arbitrariedad-, ni tampoco especifica -ni es posible, de todos modos, apreciar- qué concreta garantía de las integrantes del derecho a obtener la tutela judicial efectiva habría resultado lesionada por aquéllas.
Antes de entrar en el examen del fondo, conviene comenzar delimitando con precisión los actos administrativos impugnados en el proceso contencioso-administrativo que ha dado lugar al planteamiento de las presentes cuestiones de inconstitucionalidad, así como las normas legales en virtud de las cuales se han dictado los mismos.
A este respecto, debe subrayarse, antes de nada, que todos los recursos contencioso-administrativos que han dado lugar al presente proceso constitucional se interponen contra la liquidación de tasas practicadas a la misma entidad mercantil por la Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Comunidad de Madrid por dos conceptos diferentes, aunque ambos de la misma cuantía: de un lado, la tasa derivada de la autorización para realizar cruces de líneas aéreas sobre carretera (cuestiones núms. 133/95 y 135/95) o para construir pasos sobre cuneta para peatones y carruajes (cuestión núm. 134/95); y, de otro, la tasa por el aprovechamiento privativo o especial del dominio público, concretamente de las carreteras de la Comunidad Autónoma, como consecuencia de las citadas obras (cuestiones núms. 133/95, 134/95 y 135/95). Todas las tasas mencionadas se han dictado, como se expresa textualmente en la Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid de 25 de marzo de 1987, al amparo de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para 1986 y, en concreto, de sus epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I, Comunidad Autónoma que, en virtud de la disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, por la que se aprueba su Estatuto de Autonomía, se subrogó en la titularidad de las tasas que habían sido establecidas por la extinta Diputación Provincial de Madrid y reguladas por sus correspondientes ordenanzas fiscales.
Es necesario realizar dos precisiones sobre el objeto del presente proceso constitucional antes de examinar las dudas de constitucionalidad planteadas por el órgano judicial. La primera de ellas es que, aunque en el encabezamiento de los Autos de planteamiento de las cuestiones se citan también como preceptos impugnados, el art. 18.1 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986, así como las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2 b)] y II del art. 36, y la disposición transitoria de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las tasas de la Comunidad de Madrid, existen diversas razones que impiden cualquier pronunciamiento de este Tribunal sobre las citadas normas.
A la misma conclusión hay que llegar en relación con las tarifas I [apartados 1.3 y 3.2 b)] y II del art. 36 de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, aunque por razones diferentes. Como dice el Abogado del Estado, las citadas normas no pueden examinarse porque su adecuación o no a la Constitución es manifiestamente irrelevante para el fallo de los procesos contencioso-administrativos que han dado lugar a las presentes cuestiones, dado que, ratione temporis, no resultaban aplicables a las liquidaciones objeto de los recursos. En efecto, aunque, como señala el órgano judicial, la Ley 5/1986 reprodujo en su art. 36 las mismas tarifas que venían recogidas en la Ley de presupuestos autonómica citada, y entró en vigor el día 9 de julio de 1986 por expresa previsión de su disposición final tercera (que la fijó "el día de su publicación en el ?Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid?"), sin embargo, su disposición transitoria única dispuso que "[d]urante 1986 se aplicarán las tarifas recogidas en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad para dicho año". En definitiva, como bien señala el Abogado del Estado, la citada disposición transitoria suspendió hasta el día 1 de enero de 1987 la entrada en vigor de las tarifas en ella previstas, dejando vigentes durante el ejercicio 1986 las establecidas en la Ley 11/1985, razón por cual, los actos administrativos impugnados en los recursos contencioso-administrativos que han dado lugar al planteamiento de las presentes cuestiones fueron dictados al amparo de esta última norma legal. Resultando de manera notoria, sin necesidad de examinar el fondo debatido, que no existe nexo causal entre la validez de los preceptos de la Ley 5/1986 mencionados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la decisión a adoptar en los procesos contencioso-administrativos (SSTC 37/2002, de 1 de febrero, FJ 2; 67/2002, de 21 de marzo, FJ 2; y 62/2003, de 27 de marzo, FJ 2), procede declarar inadmisible en este punto las presentes cuestiones de inconstitucionalidad al no superar la citada disposición el llamado juicio de relevancia que exige el art. 35.2 LOTC y sin que exista ningún óbice para efectuar esta apreciación, no ya en el trámite de admisión previsto por el art. 37.1 LOTC, sino también en la Sentencia que ponga fin a la cuestión (SSTC 37/2002, de 14 de febrero, FJ 2; y 62/2003, de 27 de marzo, FJ 2).
Una vez centrado el objeto del presente proceso constitucional procede sin más trámite examinar las vulneraciones aducidas por el órgano judicial. Como se ha señalado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone de manifiesto que las normas cuestionadas de la Ley 11/1985, aplicadas conjuntamente, resultan contrarias a los arts. 9.3 y 24, ambos de la Constitución. Ahora bien, en lo que se refiere a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en este último precepto constitucional, los Autos de planteamiento no contienen razonamiento alguno, razón por la cual las cuestiones de inconstitucionalidad no reúnen en este punto las condiciones mínimas para ser objeto de una respuesta por parte de este Tribunal.
En particular, es claro que la presunción de constitucionalidad de las normas con rango de ley no puede desvirtuarse sin un mínimo de argumentación y no caben impugnaciones globales y carentes de una razón suficientemente desarrollada (por todas, STC 43/1996, de 14 de marzo, FJ 5), como sucede en el presente supuesto, donde la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se limita a afirmar en los Autos de planteamiento de las cuestiones que las normas de cuya constitucionalidad se duda podrían vulnerar el "contenido del artículo 24.2 de la Constitución al afectar a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos" (fundamento jurídico VI), sin especificar, como señala la representación procesal de la Asamblea de Madrid, qué concreta garantía de las que integran dicho derecho se vería afectada ni, al menos, las razones por las que a juicio de la Sala se produciría la alegada vulneración.
Aunque, como denuncian todas las partes del presente proceso constitucional, los Autos de planteamiento son escuetos al justificar la contradicción de las normas cuestionadas con el art. 9.3 CE, un esfuerzo de interpretación permite entender que el órgano judicial considera que los epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley autonómica 11/1985 incurren en la arbitrariedad proscrita por el citado precepto constitucional en la medida en que su aplicación conjunta permite exigir dos tasas de la misma cuantía por una misma actividad administrativa, concretamente, por la autorización para realizar determinadas instalaciones, construcciones y obras en zonas de dominio público, y por la autorización para utilizar de forma privativa o especial ese mismo dominio público.
Es más, incluso admitiendo hipotéticamente que se tratase de un supuesto de doble imposición tributaria, tampoco esto determinaría per se la inconstitucionalidad de las normas implicadas, pues la única prohibición de doble imposición en materia tributaria que se encuentra expresamente recogida en el bloque de la constitucionalidad viene establecida en el art. 6 de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y "garantiza que sobre los ciudadanos no pueda recaer la obligación material de pagar doblemente [al Estado y a las Comunidades Autónomas, o a las entidades locales y a las Comunidades Autónomas] por un mismo hecho imponible" [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 14; 149/1991, de 4 de julio, FJ 5 A); 186/1993, de 76 de junio, FJ 4 c); 14/1998, fundamento jurídico 11 c); y 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 23]. Fuera de este supuesto, la existencia de un doble gravamen por una misma manifestación de riqueza sólo debería analizarse desde el punto de vista del principio de capacidad económica y de la prohibición de no confiscatoriedad a que hace referencia el art. 31.1 CE.
Pero resulta, además, que, de lo que antecede, se desprende que no existe la duplicidad tributaria que denuncia el órgano judicial. Esta constatación permitiría, sin mayor esfuerzo argumental, rechazar la vulneración del art. 9.3 CE que se atribuye a las normas impugnadas. Además, no resulta ocioso recordar el cuidado que este Tribunal ha de tener al examinar un precepto legal impugnado desde la perspectiva de la interdicción de la arbitrariedad. Como venimos señalando, en estos supuestos, nuestro control ha de centrarse "en verificar si tal precepto establece una discriminación, pues la discriminación entraña siempre una arbitrariedad, o bien, si aun no estableciéndola, carece de toda explicación racional, lo que también evidentemente supondría una arbitrariedad, sin que sea pertinente un análisis a fondo de todas las motivaciones posibles de la norma y de todas sus eventuales consecuencias" (entre muchas otras, SSTC 116/1999, de 17 de junio, FJ 14; 233/199, de 16 de diciembre, FJ 7; 104/2000, de 13 de abril, FJ 8; y 96/2002, de 25 de abril, FJ 6). Y, teniendo en cuenta estos criterios, debe concluirse necesariamente que los preceptos cuestionados no vulneran el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues, ni, desde luego, son causantes de discriminación alguna (de todos modos, nada se argumenta en los Autos de planteamiento sobre este particular), ni puede decirse que carezcan de toda justificación razonable, dado que, como hemos señalado, establecen dos tasas que, aunque de la misma cuantía, gravan presupuestos de hecho o hechos imponibles diferentes.
Inadmitir parcialmente las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 133/95, 134/95 y 135/95 respecto de las dudas de constitucionalidad promovidas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con el art. 18.1 de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986, y con los apartados 1.3 y 3.2 b) de la tarifa I y la tarifa II, ambas del art. 36, y la disposición transitoria de la Ley de la Comunidad de Madrid 5/1986, de 25 de junio, que regula las tasas de la Comunidad de Madrid, en los términos expresados en el fundamento jurídico 2.
Desestimar las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 133/95, 134/95 y 135/95 respecto de las dudas de constitucionalidad planteadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con referencia a los epígrafes I [apartados A.3 y C.2 c)] y II del número 12 del anexo I de la Ley de la Comunidad de Madrid 11/1985, de 19 de diciembre, de presupuestos generales para el año 1986.
AAP Baleares 93/2011, 2 de Noviembre de 2011
SAP Salamanca 279/2007, 20 de Julio de 2007
STS 808/2015, 10 de Diciembre de 2015
STSJ Murcia 708/2007, 4 de Junio de 2007
STSJ Extremadura 764/2007, 5 de Diciembre de 2007

References: artículo 36
 resolución 
 artículo 36
 artículo 9
 artículo 24
 artículo 37
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 24