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Timestamp: 2018-12-14 04:31:18+00:00

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Colegio de Abogados Sección Uruguay: AMPARO CONTRA EL ANSES: SENTENCIA FAVORABLE AL PLANTEO DE NUESTRA SECCIÓN
AMPARO CONTRA EL ANSES: SENTENCIA FAVORABLE AL PLANTEO DE NUESTRA SECCIÓN
Ponemos en vuestro conocimiento que con fecha 20 de noviembre de 2014 recayó sentencia FAVORABLE en el amparo interpuesto por nuestra Sección contra el ANSES en defensa del derecho al ejercicio profesional de nuestros colegiados.-
A continuación transcribimos la parte resolutiva dela sentencia que dice: “….“1º ) NO HACER LUGAR A LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA, POR LOS ARGUMENTOS DESPLEGADOS SUPRA Y JURISPRUDENCIA CITADA.- 2º) HACER LUGAR A LA DEMANDA INCOADA, POR LOS FUNDAMENTOS VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDOS RESPECTIVOS, DECRETANDO -EN CONSECUENCIA Y PARA EL CASO CONCRETO DE AUTOS- LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y 10 DE LA RESOLUCIÓN Nº 479/14, CIRCULARES Nº 55/13 Y 70/2013, INSTRUCTIVO PRESS 01-01 DE FECHA 19/07/2014 Y/O TODA OTRA NORMA DICTADA AL EFECTO, EN RELACION A TODOS LOS MATRICULADOS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS, SECCIONAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, POR RESULTAR VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PROTEGEN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y LOS DERECHOS A TRABAJAR, A EJERCER INDUSTRIA LÍCITA Y A LA PROPIEDAD, ASI COMO DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y DE SUPREMACÍA LEGAL, CONSTITUCIONALMENTE PRESCRIPTOS (ARTS. 14, 17, 18, 28, 31 Y CONC. DE LA CARTA MAGNA Y TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES), ORDENANDO A LA DEMANDADA –ESTADO NACIONAL Y/O ANSES- ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.- 3º) IMPONER LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO A LA PARTE DEMANDADA, POR RESULTAR VENCIDA ART. 68 DEL CPCCN Y ARTS. 14 Y 17 DE LA LEY 16.986).- 4º) REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS INTERVINIENTES EN LA PRESENTE CAUSA Y POR LA PARTE ACTORA, DRES. SONIA MABEL RONDONI Y DIEGO ALBERTO CHICHI EN LA SUMA DE PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00.) A CADA UNO, SIN REGULARSE A LOS LETRADOS DE LA PARTE DEMANDADA, A MÉRITO DE LO NORMADO POR EL ART. 2º DE LA LEY 21.839. CABE PUNTUALIZAR QUE SE HA MERITUADO PARA ELLO LA EXTENSIÓN, CALIDAD, EFICACIA Y RESULTADO DE LAS LABORES DESARROLLADAS, ASI COMO LAS PAUTAS SEÑALADAS SUPRA, TODO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 1, 6, 8, 9, 10, 38, 47 Y CONC. DE LA LEY 21.839 Y ARTS. 12 Y 13 DE LA LEY 24.432- 5º) TENER PRESENTE LA RESERVA DEL CASO FEDERAL Y DE ACUDIR A LA INSTANCIA INTERNACIONAL EFECTUADA.- NOTIFÍQUESE, DÉJESE COPIA Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.- BEATRIZ ESTELA ARANGUREN -JUEZ DE 1RA. INSTANCIA “
A mayor abundamiento y por resultar de interés, adjuntamos la sentencia completa recaída,-
Además, comunicamos que dentro del plazo de ley se interpondrá recurso de apelación en contra de los honorarios regulados a los profesionales de nuestra parte intervinientes por considerarlos BAJOS.-
SECCIÓN CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
7661/2014
Concepción del Uruguay, 20 de noviembre de 2014.
Estas actuaciones caratuladas “COLEGIO DE ABOGADOS SECCIÓN C. DEL URUGUAY C/ PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S/ AMPARO LEY 16.986”, expte. Nº 7661/2014, que tramita ante la Secretaría Civil y Comercial Nº 1 de este Tribunal, venidas a Despacho a los fines de dictar sentencia; y
Que, a fs. 19/36, se presentan los Dres. Sonia Mabel Rondoni y Diego Alberto Chichi -en nombre y representación del Colegio de Abogados de Entre Ríos- Sección C. del Uruguay- deduciendo formal acción de amparo colectivo en defensa de derechos de Incidencia Colectiva -Acción de Clase, referente a la tutela de “Intereses Individuales Homogéneos” de los abogados que representan. La acción se dirige contra el Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social, instando se declare la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2º, 5º y 7º de la Resolución N° 479/14 de la A.N.Se.S de fecha 10/09/2014 y de la PRESS 01.01; de las Circulares Nº 55/13 y 70/13 de A.N.Se.S. y de los artículos 8°, 9º y 10º de la referida Resolución N° 479/14 A.N.Se.S., como asimismo de toda otra resolución y/o circular y/o instructivo y/o normativa relacionada y complementaria -dictada o que se dicte en el futuro- aplicable a la nueva Moratoria Ley Nº 26.970 denominada “Ley de Inclusión Jubilatoria”, todo conforme los hechos y el derecho que exponen. Al efecto, relatan que en fecha 27/08/2.014 se sancionó la ley Nº 27.970, denominada “Ley de Inclusión Jubilatoria” que permite acceder al beneficio previsional a mujeres y hombres de 60 y 65 años de edad, respectivamente, aún sin reunir los años de aportes, manifestando que -a partir de su dictado- la A.N.Se.S. ha generado una serie de Circulares y Resoluciones que impiden a los abogados matriculados en
Fecha de firma: 21/11/2014
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIAPoder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE CONC.DEL URUGUAY 2
ejercicio de la función establecida por el art 1º de la ley Nº 17.040, ser los representantes de los futuros jubilados y tramitar sus correspondientes beneficios.
Seguidamente, detallan las disposiciones cuya inconstitucionalidad impugnan, en primer término, la Resolución N° 479/14 de la A.N.Se.S de fecha 10/09/2014 y de la PRESS 01.01 de fecha 17/09/2014, transcribiendo textualmente los artículos 1º, 2º, 5º y 7º de la primera. Explican que mediante la referida Resolución se establece el reempadronamiento obligatorio de los abogados matriculados, impidiendo -dicen- el ejercicio de la profesión y los derechos reconocidos por el art 1º de la ley Nº 17.040, en cuanto ésta reconoce expresamente a los abogados como representantes de los afiliados ante los organismos nacionales de previsión con la sola presentación de la Carta Poder, destacando que dicha ley no establece ningún otro requisito que ser abogado de la Matrícula y tener el Poder correspondiente del futuro beneficiario.
Fundamentan la inconstitucionalidad solicitada en cuanto -sostienen- la normativa que impugnan vulnera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y las garantías contemplados por las disposiciones de los arts. 14, 28, 75 inc. 23) y 99 de la Constitución Nacional como asimismo, lo establecido por los arts. 1º y 5º de la Ley Nº 17.040. En acápite aparte, refieren a las disposiciones de las Circulares Nº 55/13 y 70/13 de A.N.Se.S., por las que se implanta un sistema de “turnos” para gestionar los beneficios establecidos por la ley Nº 27.970, los que sólo son otorgados a los titulares, siendo quienes pidieron dichos turnos los únicos autorizados a promover el inicio del trámite el día indicado por el organismo, no pudiendo hacerlo un tercero con Poder. Destacan la amplia publicidad efectuada por la A.N.Se.S. en la que se insiste en que el trámite jubilatorio por la moratoria es personal y no es necesario pagar a gestores dado el asesoramiento gratuito del personal del propio Organismo. Manifiestan que los artículos 8°, 9º y 10º de la referida Resolución N° 479/14 arroga a la A.N.Se.S. facultades disciplinarias que son exclusivas y excluyentes del Colegio de Abogados de Entre Ríos, por cuanto así lo dispone expresamente el art. 18º inc. B) de la Ley Nº 4109 -que reproducen
Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
destacando asimismo, los arts. 55º, 55º bis y 56º ter en cuanto establecen la composición de un Tribunal de Disciplina, la forma de sustanciar los sumarios y las medidas disciplinarias correspondientes. Fundamentan la procedencia de la acción de amparo incoada en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y asimismo, exponen acerca de la legitimación procesal en la presente, instada como “acción de clase” o “amparo colectivo”, destacando su procedencia originaria en la justicia de EE.UU. y la creación pretoriana sentada los precedentes “Siri...” y “Halabi...” y el criterio sostenido más recientemente in re “Cavalieri c/ Swiss Medical S.A....” “PADE-Asociación Prevención Asistencia y Defensa al Consumidor c/ Swiss Medical S.A....” por la C.S.J.N., en relación con la tutela de derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, enumerando los elementos esenciales que -entienden- se encuentran reunidos y coligiendo que análoga situación se configura en la presente causa. Alegan sobre los recaudos de admisibilidad conforme lo dispuesto por el art. 2º de la ley Nº 16.986, destacando la procedencia sustancial de la presente demanda y solicitan el dictado de medida cautelar -conforme lo dispuesto por el art. 15º de la ley Nº 16.986-, requiriendo que, hasta el dictado de la sentencia definitiva, se ordene la suspensión de la aplicación de la normativa que impugnan por parte de la coaccionada Administración Nacional de la Seguridad Social y asimismo, se disponga que los abogados puedan iniciar y tramitar -como apoderados- “turnos” del Plan de Inclusión Previsional Ley Nº 26.970 y el resto de los trámites correspondientes a beneficios previsionales, detallando los extremos requeridos y el cumplimiento de los recaudos legales aplicables a la cautelar pretendida. Plantean la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los artículos 1º, 3º inc. 4), 4º inc. 2), 5º, 6º, 7º, 9º, 10º, 13º, 14º, 15º y 20º de la ley Nº 26.854, por cuanto restringen el dictado de medidas cautelares contra el Estado, por considerarla violatoria de del principio de igualdad, de la división de poderes y del derecho a la tutela judicial efectiva, efectuando diversos asertos con citas de jurisprudencia en sustento. Formulan reserva del caso federal y asimismo, reserva
de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ofrecen prueba y requieren -en definitiva- se acoja la acción instaurada en todas sus partes.
Que, a fs. 38/41 vta., se decreta la admisibilidad de la vía intentada, requiriéndose informe circunstanciado a las coaccionadas Estado Nacional-Poder Ejecutivo Nacional y Administración Nacional de la Seguridad Social y denegándose la cautelar solicitada, por los argumentos expuestos.-
Que, a fs. 71/ 95 vta., se presentan los Dres. Martín José Elizalde y Roberto J. C. Vallarino -en representación de la Administración Nacional de la Seguridad Social (A.N.Se.S)-, a producir el informe previsto por el art. 8º de la Ley N° 16.986 y a contestar la demanda interpuesta, solicitando el rechazo de la misma con expresa imposición de costas a la amparista. En primer término, denuncian la falta de legitimación activa del del Colegio de Abogados de Concepción del Uruguay para incoar la presente acción de amparo y solicitar la suspensión de un acto dictado por autoridad federal regulando un aspecto del procedimiento previsional, como asimismo para solicitar el dictado de una medida cautelar al efecto. Fundamentan la excepción opuesta en base a considerar que resulta totalmente improcedente darle a la presente acción el tratamiento de “acción de clase” o “incidencia colectiva”, manifestando que en la misma no se encuentran reunidos los presupuestos necesarios tanto en razón de la “materia” como en razón de las “personas” demandantes y demandadas. Efectúan diversos asertos, con citas de doctrina de autores en la materia, destacando la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Halabi...”, adunando citas de otros fallos en sustento de sus argumentos. Seguidamente, niegan en forma general y especial los hechos y el derecho expuestos en el promocional, efectuando manifestaciones respecto a la inadmisibilidad formal de la vía de amparo incoada, considerando que la presente demanda no se encuentra contemplada en los requisitos de admisibilidad del art. 2º de la Ley Nº 16.986 y que la actora no reclamó previamente por la vía administrativa idónea, ni agotó dicha instancia ante el organismo que representan.
Puntualizan que no se encuentran habilitados los requisitos del art. 43 de la Constitución Nacional, en tanto no se han violado los derechos constitucionales invocados por la parte actora, en especial los derechos de propiedad o defensa o de la seguridad social integral; o cualquier otro legislado constitucionalmente.
Efectúan el encuadre legal de la situación planteada, en el marco del derecho Administrativo, destacando que se debe actuar dentro de las previsiones de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos y sus Decretos Reglamentarios 1759/72 y 1883/91, citando abundante doctrina de autores para abonar su postura en este sentido. Asimismo, reiteran argumentos en relación a los presupuestos de la acción de amparo, refutando las manifestaciones de la actora sobre estos aspectos y resaltando que el plazo de admisibilidad de la acción se encuentra vencido conforme los términos del art. 2º de la Ley Nº 16.986. A continuación, producen el Informe del art 8º requerido, efectuando una cronología desde la creación del organismo, conforme las sucesivas normas dictadas al efecto, su jurisdicción y su competencia como órgano descentralizado de la Administración Pública Nacional dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, explicando -además- la operatoria en cuestión. Al efecto, destacan que la reglamentación impugnada no impide o prohíbe el acceso a derechos profesionales de la parte actora, tanto en el derecho común, como derechos previsionales y/o administrativos. Subrayan que el órgano administrativo que dictó el acto cuya nulidad pretende la actora, es el adecuado para declararlo tal o modificarlo (fallos “Ragg...” y “Del Cerro...”.), resaltando que todo reclamo deberá situarse en el Derecho Administrativo al cual pertenece la resolución DEN Nº 479/14 y sus normas afines y complementarias PRES 01-01 PRES 11-01 PREV 16-31 y circular DP Nº 70/2013 y de allí en más actuar mediante la vía expresa habilitada por esta ley, expresando que la normativa atacada constituye reglamentación, que es una manifestación del poder jerárquico existente en la administración que tiende a dar instrucciones y directivas a los agentes públicos en ejecución de la ley. Citan
abundante jurisprudencia actual en sustento de sus manifestaciones, destacándose los casos “Vulijscher Alejo c/ ANSeS...” y “Argentum Consulting S.A. y Otros c/ANSeS...”. Formulan reserva del caso federal y solicitan, en definitiva se rechace la demanda interpuesta, con costas.-
Que, a fs. 103/109, la parte actora contesta el traslado oportunamente conferido, peticionando -por los fundamentos que destaca- se rechace la excepción planteada y se acoja la acción incoada, con expresa imposición de gastos, costas y honorarios, notificándose el Ministerio Público Fiscal, a fs. 111 vta. y pasando los autos de Despacho para dictar sentencia, lo que ha quedado debidamente notificado, y
I-Que, en primer término, corresponde analizar la falta de legitimación activa incoada por la parte accionada, por razones de orden expositivo y lógico.-
Que, así, en un primer aspecto, corresponde observar que se ha manifestado que "La legitimación para obrar consiste en la cualidad que tiene una persona para reclamar respecto de otra por una pretensión en el proceso y la falta de legitimación para obrar existe cuando no media coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender o contradecir respecto de la materia sobre la cual versa el proceso" (Confr. CNCiv., Sala D, octubre 7-991- "Olcese, Carlos c. Consorcio de Propietarios Av. Rivadavia 3901/7" en Rev. L. L. Nº 179 del 17/9/92, pág. 4; el remarcado me pertenece).-
Que, conforme ello y considerando las pautas sentadas por la ley 4.109 de Entre Ríos y lo establecido por el art. 43 in fine de la Constitución Nacional, resulta claro que el Colegio accionante se encuentra plenamente legitimado para accionar en autos, a mérito de las pautas sentadas por la ley 4.109, cuyo art. 18 estipula claramente que “El Colegio de Abogados de Entre Ríos tiene los siguientes derechos y atribuciones:….d) La representación de todos los Abogados de la
Provincia en sus relaciones con los poderes públicos en cuestiones que atañen a la profesión….i) La de defender los derechos de los Abogados en el ejercicio de la profesión…”, agregando su art. 23 que “La Sección tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercerá la representación del Colegio de Abogados en su jurisdicción, conforme al régimen de este Decreto-Ley….c) Representará a los Abogados de su jurisdicción en sus relaciones con los poderes públicos de la circunscripción judicial correspondiente, en cuestiones que atañen a la profesión…” (Sic).-
Que, al efecto ya se ha expedido nuestro Máximo Tribunal, expresando que “Esta Corte, por lo demás, ha reconocido legitimación suficiente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para impugnar la validez constitucional de una norma cuando la reclamación se promueve en defensa de un derecho propio (Fallos: 331:2406)….” (Confr. autos “Monner Sans Ricardo c/Estado Nacional –Secretaría General Presidencia y otros s/ amparo”, fallo del 06/03/2014), así como que “El reconocimiento de la legitimación de los Colegios profesionales ha sido tradicionalmente admitida con sentido amplio y generoso con relación a las cuestiones que involucran a la administración de justicia y así, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires se admitió la legitimación de la Asociación de Abogados de Buenos para cuestionar la constitucionalidad de la ley 26.080 en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, ya que "la actora no actúa entonces, como pretende la accionada como fiscales de la pura legalidad, sino en representación de un interés que es propio de sus asociados y de acuerdo a sus estatutos y ostenta un interés suficientemente concreto para tenerla como legitimado (doc. Fallos, 313:863; 317:335)" (AABA c. PEN s/amparo)…” (Confr. Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo de Tucumán, sala II, in re: “Colegio de Abogados de Tucumán c. Honorable Convención Constituyente de Tucumán”, fallo del 05/02/2008) y que “Corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación para obrar interpuesta respecto del Consejo Profesional de Ciencias Fecha de firma: 21/11/2014
Económicas de la Provincia de Buenos Aires, pues se encuentra legitimado para actuar en juicio, en tanto se vio afectado en sus derechos por un obrar que considera ilegítimo de parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cual es el ejercicio de competencias propias y originarias de aquél en el control de los actos emanados por profesionales de ciencias económicas domiciliados en la Provincia…” (Confr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo Federal, sala V, en autos “Consejo Profesional de Ciencias Económicas Provincia de Buenos Aires c. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires y otro” del 05/07/2006; LA LEY 2006-F, 168, cita online: AR/JUR/3248/2006; los remarcados me pertenecen), precedentes aplicables analógicamente al supuesto de autos.-
Que, a mayor abundamiento, cabe reiterar lo expresado por la Excma. Corte in re: “Halabi”, al expresar que “El juez debe admitir la pretensión deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses; la decisión que se adopta tiene efectos erga omnes. Uno o más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable; 2)existen cuestiones de hecho y derecho comunes a la clase; 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase y 4) las partes representantes protegerán los intereses de la clase justa y adecuadamente…” (Sic; los remarcados me pertenecen).-
Que, por todo ello, corresponde rechazar la excepción de falta de legitimación activa deducida, a sus efectos.-
II- Que, arribado a este punto y conforme ha quedado trabada la litis, cabe destacar que no existen controversias en autos sobre la situación fáctica acaecida, que se ha dictado por la Administración nacional de la Seguridad Social la
normativa que consideran inconstitucional, debiéndose analizarse la misma en
confrontación con la Norma Suprema, a los fines requeridos.-
Que, en primer término, es dable señalar que el Estado Nacional codemandado, debidamente citado (ver fs. 99/100 vta.), no ha comparecido a la causa a los fines de contestar la acción entablada, lo cual debe merituarse en los parámetros del art. 356 inc. 1º del CPCCN (por remisión del art. 17 de la ley 16.986), en cuanto se ha expuesto que “... cabe dar a la no contestación del infome, efectos análogos al no responde de la demanda, con las consecuencias propias de tal situación, según las características del pleito. Si el informe equivale a la contestación de la demanda, el incumplimiento de aquél debe generar los mismos resultados que la falta de réplica de ésta” (Confr. Sagüés, Néstor Pedro, “Ley de Amparo”, Ed. Astrea, pág. 324).-
Que, por otra parte y atento a los asertos de la parte demandada y en relación a la vía procedimental escogida, cabe destacar que, como se expusiera fehacientemente al decretar la admisibilidad de la acción (fs. 38/41 vta.) se ha entendido que el art. 43 ha modificado sustancialmente las pautas de la ley 16.986 en cuanto se opongan a la amplitud de su criterio, norma que habilita expresamente a la opción por la presente vía respecto de “… todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, alterace o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En este caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesiva…” (Sic; el subrayado me pertenece).-
Que, tal norma acuerda relevancia a la vía intentada “… siempre que no exista otro medio judicial más idóneo…” (Sic), excluyendo expresamente las vías administrativas como cuestión previa necesaria al efecto, lo cual desde fecha anterior a la incorporación constitucional del art. 43 mentado ya se encontraba
mayoritariamente expresado por la doctrina y la jurisprudencia nacional e inclusive por la propia Cámara Federal de Apelaciones de Paraná en autos “Trabichet María Amelia c/ Obra Social de Petroleros s/ Amparo”, expte. N° 575/06 (Confr. L. S. Civ.2006-II-2507).-
Que, también, cabe destacar que tampoco la acción entablada resulta extemporánea, a fuer de considerar el planteo de inconstitucionalidad de la norma y su vigencia y aplicación actual, cuestión que se renueva día a día, resultando inaplicable al efecto el art. 2 inc. e) de la ley 16.986, habiéndose expresado por nuestro Máximo Tribunal el ritualismo que ello implicaría en ciertas causas, expresando que “… es pertinente recordar que esta Corte ha estimado que, si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de las competencias (Fallos: 311:208; 320:1339; 325:1744; 327:2920 y 2955 y 330:1635 y 5201). En relación con ello, el Tribunal ha sostenido también que, dada la índole peculiar de ciertas pretensiones, compete a los jueces la búsqueda de soluciones que se avengan a éstas, para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas, a fin de evitar que la incorrecta utilización de las formas, pueda conducir a la frustración de derechos tutelados constitucionalmente (Fallos: 327:2127; 329:2179; 330:4647; 332:1394 y 1616)….” (Confr. CSJN en "I. C., L. A. c. ANSeS -P.E.N. s/ amparo -medida cautelar”, publicado en LA LEY 10/06/2014).-
Que, por último y en relación a lo establecido por el art. 2 inc. d) de la ley 16.986, en cuanto a la imposibilidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma en la vía procesal de amparo intentada, resulta de perogrullo destacar que tal determinación ha quedado modificada ipso facto con la expresa disposición del art. 43 de la Constitución Nacional citado supra, resultando un evidente dispendio
jurisdiccional su planteo y un desconocimiento supino de la Norma Fundamental a veinte años de su incorporación por la Reforma instituida, lo cual me exime de mayores disquisiciones al efecto (ver Ekmekdjian, Miguel Angel, “Tratado de Derecho Constitucional”, Tomo IV, pág. 53).-
Que, a mayor abundamiento, es dable resaltar que nuestro Máximo Tribunal ha manifestado que “El pedido de declaración de inconstitucionalidad de una norma importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, de aquellas que explícitamente la Corte ha admitido como medio idóneo, ya sea bajo la forma del amparo, la acción de mera certeza o del juicio sumario en materia constitucional, para prevenir o impedir las lesiones de derechos de base constitucional” (Confr. CSJN, 22-4-97; “Agueera c/ Provincia de Buenos Aires”, citada en Revista de Derecho procesal, “Amparo…”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 409).-
Que, arribado a este punto y en cuanto al tema decidendum de autos, cabe observar prioritariamente que el planteo formulado debe merituarse detenidamente, en cuanto la inconstitucionalidad debe configurarse como la “última ratio” del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no exista otro medio para salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (ver Fallos 312:2315; entre otros).-
Que, en un primer aspecto, cabe analizar la normativa controvertida, siendo que la Resolución ANSeS 479/2014 (B.O. del 10/09/2014) crea un Registro de Abogados y Gestores Administrativos, fijando –en lo que aquí interesa (ver copia de fs. 1/7)- los artículos cuestionados que: “Art. 1 –Créase el nuevo Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para ejercer la representación de los titulares de derechos o sus causahabientes ante esta Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) para tramitar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), todo ello en los términos y condiciones que se establece en los artículos 1, incisos b) y c),
y 2 de la ley 17040 (T.O. 1974), el que estará disponible para consulta en la página web de la ANSeS”, “Art. 5 – Establécese que, a los efectos de ejercer la representación en el carácter de abogado y/o gestor administrativo ante esta Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en el marco de las previsiones de la ley 17040 (T.O. 1974), el trámite de solicitudes de prestaciones previsionales, sus modificaciones y/o ajustes y reconocimientos de servicios previstos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) será atendido en las dependencias operativas correspondientes a la zona de influencia del domicilio del poderdante, asignadas mediante el sistema de turnos de atención vigente en esta Administración, debiendo haber realizado el interesado, en forma previa y sucesiva, el trámite de inscripción en el Registro creado en el artículo 1 de la presente y la acreditación de la carta poder que materializa la representación invocada”; “Art. 7 –Dentro del plazo de treinta (30) días hábiles administrativos desde que los abogados y/o gestores administrativos hubieran cumplimentado las obligaciones y los requisitos exigidos en la presente, ANSeS dictará el acto administrativo por intermedio del cual se apruebe el alta en el Registro de los interesados y la emisión de la credencial que acreditará a aquellos ante esta ANSeS. El plazo de validez de la credencial será de dos (2) años, para su renovación los interesados deberán presentar nuevamente la documentación actualizada de acuerdo con la última habilitación efectuada”, “Art. 8 – El incumplimiento por parte de los abogados y/o gestores administrativos a los deberes que emergen de la presente norma y de las que regulan la actividad de los abogados y/o gestores administrativos en el ámbito de esta Administración, facultará a esta ANSeS a denegar el alta o suspender la renovación de la habilitación solicitada” y “Art. 9 –El incumplimiento por parte de los abogados y/o gestores administrativos a los deberes impuestos en la ley 17040 y su decreto reglamentario 4179/1967, así como también toda irregularidad
detectada en virtud de controles propios de esta Administración o de denuncias que se reciban de terceros, que afecte o viole los procedimientos vigentes relacionados con la acreditación como abogado y/o gestor administrativo para la representación de afiliados y sus derechohabientes, facultará a esta ANSeS a articular los procedimientos administrativos tendientes a producir la inhabilitación de su inscripción en el Registro de abogados y gestores administrativos, previa notificación fehaciente cursada al domicilio declarado según lo dispuesto en el artículo 6 de la presente resolución” (Sic).-
Que, en este sentido y tal como la suscripta lo expusiera en causa anterior de idéntico tenor (confr. autos “AGUET, NORMA BEATRIZ Y OTROS c/ PODER
EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S/ AMPARO LEY 16.986”, expte. Nº FPA 7540/2014, fallo del 17/11/2014), debe destacarse primigeniamente que ya la actividad de abogados frente a la Anses se encuentra regulada por la Ley 17.040, cuyo art. 2 inc. b) determina su actuación, fijándose pautas al efecto, siendo que la normativa cuestionada en autos va más allá de lo estipulado legalmente, inmiscuyéndose en potestades propias de los Colegios de Abogados e instituciones que los reglan, creando un Registro de Abogados y Gestores Administrativos, que resultan los únicos habilitados para ejercer la representación de los titulares de derechos o sus causahabientes ante la ANSES y para tramitar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), debiendo cumplimentar una serie de engorrosas tramitaciones administrativas a tales efectos (ver arts. 3º y 4º) y, esencialmente coloca en manos de la Anses la aprobación del Alta en el Registro y la emisión de credencial con validez de dos (2) años, fecha desde la cual se deberá realizar, nuevamente, toda la tramitación (ver art. 7º).-
Que, asimismo, el mismo ente puede –a su sola facultad y sin determinarse parámetros al efecto- denegar el alta o suspender la renovación de la habilitación solicitada (ver art. 8º) y aún inhabilitar al registrado en base a
cualquier irregularidad detectada y/o denunciada (art. 9º), circunstancias absolutamente improcedentes que afectan el libre ejercicio de la profesión de abogado y/o procurador y se inserta en facultades correspondientes a los Colegios habilitados por ley para ello, invadiendo competencias en base a una resolución atentatoria de las leyes especiales vigentes.-
Que, así y en relación a los abogados actuantes, es claro que la ley provincial Nº 4109, que reglamenta el ejercicio de la profesión de abogado, determina los recaudos de obtención de matrícula y control de los matriculados, siendo las funciones del Colegio de Abogados determinadas en su art. 18, con protección de sus derechos y debido ejercicio de poder disciplinario (art. 25 y sig.), resultando improcedente que la accionada por una mera resolución pretenda hacer más restrictiva la actuación de los letrados ante su sede que lo establecido por la propia norma aplicable (ley 17.040) o pretenda inferir en cuestiones de competencia especial, exclusiva y excluyente del organismo que los colegia, regulado por la ley 4.109 premencionada y –a nivel nacional- por la ley 22.192 y concordantes.-
Que, por otra parte, no se estipulan cuestiones objetivas para las facultades denegatorias –en su caso- de la registración correspondiente, advirtiéndose un grado tan laxo de discresionalidad del funcionario correspondiente –que no se determina- que afecta los derechos de los abogados al efecto y –asimismo- de sus clientes, quienes poseen una relación de confianza al apoderarlos para la realización de su trámite jubilatorio, de pensión o conexo, viéndose constreñidos a quienes se encuentren en un registro estipulado unilateralmente y a su antojo por el organismo previsional correspondiente, máxime considerando que los mismos son sustancialmente personas de edad avanzada y sin conocimientos técnicos ni menos tecnológicos para realizar personalmente los intrincados trámites al efecto.-
Que, tampoco resulta lógica ni clara la determinación de la Circulares Nº 55/13 y 70/13, en tanto si bien las mismas habilitarían a la solicitud de turnos a los apoderados actuantes no ha resultado así en la práctica, acordándose solamente a
los titulares, tal como se advierte en relación al nuevo Plan de Inclusión Previsional (ley 26.970), quienes –por los motivos que resulten- han otorgado poder a sus abogados al efecto. Es dable señalar, al efecto, que la normativa previsional en general es engorrosa, abundante y de difícil comprensión, siendo relevante su manejo por los profesionales que son especialistas en la materia y no pueden ser cercenados en su labor por obstrucciones ritualistas, que violan su derecho a trabajar, del derecho de defensa en juicio y del derecho de propiedad constitucionalmente prescriptos (arts. 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional).-
Que, al efecto, es dable resaltar que las leyes premencionadas que regulan la actividad profesional de los abogados, tienden a proteger con libertad y dignidad la profesión, siendo que el art. 13 de la ley 22.192 enumera los derechos y funciones de los abogados, siendo los de patrocinar y representar a quienes requieran sus servicios en el ámbito judicial o extrajudicial, prestar asesoramiento jurídico y practicar los demás actos relacionados con la abogacía. Asimismo, su artículo 12 -al igual que el art. 58 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación –ordenan que, en el ejercicio de su profesión, el abogado estará asimilado a los magistrados judiciales en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Por otro lado, el Código de Ética aplicable a los matriculados en el ejercicio de la profesión de abogado ante Tribunales Federales adopta como principio general para la interpretación de sus disposiciones que “la protección de la libertad y dignidad de la profesión de abogado forma parte de las finalidades de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que las menoscabe o restrinja” (ver –asimismo- ley 23.187, modificada por ley 22.340).-
Que, conforme lo expuesto, la normativa atacada –reitero- afecta el libre ejercicio profesional establecido por las leyes aplicables, restringiendo a través de meras resoluciones administrativas derechos resguardados constitucionalmente, en contra de los principios de supremacía constitucional y legal y de razonabilidad
(arts. 28 y 31, CN) e invadiendo esferas de competencia propias de los Colegios constituidos, según se determinara supra. Al efecto, resulta relevante añadir que el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, a cargo del Dr. Héctor Alberto Zucchi, ha declarado -con fecha 30/10/2014- la inconstitucionalidad de los artículos 3; 5; 7; 8; 9 y 10 de la Resolución 479/14 en autos caratulados, “COLEGIO DE ABOGADOS DE ROSARIO c/ ANSES s/ Amparo Ley 16.986”, expte. N° 18878/2014, manifestando que “… la norma cuestionada lesiona el derecho de la parte actora por cuanto restringe y altera de manera arbitraria los derechos constitucionales que protegen el ejercicio de la profesión de abogado, el derecho a trabajar y ejercer industria lícita, por parte del ANSeS…” (Sic), criterio al cual adhiere la suscripta en el presente fallo.-
Que, por todo lo expuesto, cabe hacer lugar a la acción instaurada, decretándose la inconstitucionalidad de los arts. 1°, 2º, 5º, 7º, 8º, 9° y 10º de la Resolución N° 479/14 de la A.N.Se.S, del Instructivo PRESS 01-01 de fecha 19/07/2014, reglamentario de la misma, de las Circulares Nº 55/13 y 70/13 de A.N.Se.S y todos los demás decretos y/o resoluciones que se hubieren dictado al efecto, por violentar los derechos a trabajar, al ejercicio libre profesional, de la propiedad y a los principios de razonabilidad y de supremacía legal, constitucionalmente prescriptos (arts. 14, 17, 18, 28, 31 y conc.) debiendo la demandada Anses abstenerse de realizar cualquier acto que implique la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.-
Que, y en cuanto a las costas del presente juicio, corresponde imponerlas a la parte demandada, por resultar vencida (art. 68 del CPCCN y arts. 14 y 17 de la ley 16.986).-
Que, asimismo, corresponde efectuar regulación de los honorarios correspondientes a la letrada interviniente en autos, merituando para ello la extensión, calidad, eficacia y resultado de las labores desarrolladas, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 1, 6, 8, 9, 10, 38, 47 y conc. de la ley 21.839 y arts. 12 y
13 de la Ley 24.432, así como al criterio sustentado por la Excma. Cámara Federal jurisdiccional in re: “Vázquez, Conrado c/ Estado Nacional s/ Ordinario”, expte. N° 401/05, a fin de evitar el dispendio jurisdiccional, generar mayores gastos en las presentes actuaciones y por una cuestión de economía y celeridad procesal, sin regularse a los letrados de la parte accionada, a mérito de lo establecido por el art. 2º de la ley 21.839.-
POR ESTOS FUNDAMENTOS
1º) NO HACER LUGAR A LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION
ACTIVA OPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA, POR LOS ARGUMENTOS
DESPLEGADOS SUPRA Y JURISPRUDENCIA CITADA.-
2º) HACER LUGAR A LA DEMANDA INCOADA, POR LOS FUNDAMENTOS
VERTIDOS EN LOS CONSIDERANDOS RESPECTIVOS, DECRETANDO -EN
CONSECUENCIA Y PARA EL CASO CONCRETO DE AUTOS- LA
INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1, 2, 5, 7, 8, 9 Y 10 DE LA
RESOLUCION Nº 479/14, CIRCULARES Nº 55/13 Y 70/2013, INSTRUCTIVO
PRESS 01-01 DE FECHA 19/07/2014 Y/O TODA OTRA NORMA DICTADA AL
EFECTO, EN RELACION A TODOS LOS MATRICULADOS ANTE EL COLEGIO DE ABOGADOS DE ENTRE RIOS, SECCIONAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, POR RESULTAR VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE PROTEGEN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO Y LOS DERECHOS A TRABAJAR, A EJERCER INDUSTRIA LÍCITA Y A LA PROPIEDAD, ASI COMO DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y DE SUPREMACÍA LEGAL, CONSTITUCIONALMENTE PRESCRIPTOS (ARTS. 14, 17, 18, 28, 31 Y CONC. DE LA CARTA MAGNA Y TRATADOS INTERNACIONALES APLICABLES), ORDENANDO A LA DEMANDADA –ESTADO NACIONAL Y/O ANSES ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONALES.-
3º) IMPONER LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO A LA PARTE
DEMANDADA, POR RESULTAR VENCIDA ART. 68 DEL CPCCN Y ARTS. 14 Y 17 DE LA LEY 16.986).-
4º) REGULAR LOS HONORARIOS DE LOS LETRADOS INTERVINIENTES EN LA PRESENTE CAUSA Y POR LA PARTE ACTORA, DRES. SONIA MABEL RONDONI Y DIEGO ALBERTO CHICHI EN LA SUMA DE PESOS MIL
QUINIENTOS ($ 1.500,00.) A CADA UNO, SIN REGULARSE A LOS LETRADOS
DE LA PARTE DEMANDADA, A MÉRITO DE LO NORMADO POR EL ART. 2º DE LA LEY 21.839. CABE PUNTUALIZAR QUE SE HA MERITUADO PARA ELLO LA EXTENSIÓN, CALIDAD, EFICACIA Y RESULTADO DE LAS LABORES DESARROLLADAS, ASI COMO LAS PAUTAS SEÑALADAS SUPRA, TODO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 1, 6, 8, 9, 10, 38, 47 Y CONC. DE LA LEY 21.839 Y ARTS. 12 Y 13 DE LA LEY 24.432-
5º) TENER PRESENTE LA RESERVA DEL CASO FEDERAL Y DE ACUDIR
A LA INSTANCIA INTERNACIONAL EFECTUADA.-
NOTIFÍQUESE, DÉJESE COPIA Y OPORTUNAMENTE ARCHÍVESE.-
BEATRIZ ESTELA ARANGUREN
JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
Publicado por Colegio de Abogados - Sección Uruguay en 19:49
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 artículo 6
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 artículo 12
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