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Timestamp: 2017-12-14 20:57:53+00:00

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Sentencia T.S.J. Aragón 575/2010, de 28 de julio. Libertad sindical. Régimen jurídico de los sindicatos. Competencia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Aragón 575/2010, de 28 de julio
Libertad sindical: Vulneración. CC.OO. y la Diputación General de Aragón adoptaron acuerdos y establecieron los criterios de habilitación y ejecutaron la convocatoria de concurso de traslados, excluyendo en todo el proceso a UGT, sindicato mayoritario. Queda acreditada la existencia de una lesión del derecho fundamental de libertad sindical de este sindicato. La jurisdicción social resulta competente para la resolución de acciones referidas al régimen jurídico de los sindicatos, que son ajenas por completo a los derechos y obligaciones de cada funcionario en razón al trabajo que desempeña. Desestimación del recurso.
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000504 /2010
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEM: 0001365 /2009 del JDO. DE LO SOCIAL n.º: 001
Primero.-Según consta en autos, se presentó demanda por Federación de Servicios Públicos de Aragón de La Unión General de Trabajadores -FSP-UGT-, contra Comisiones Obreras Aragón y Diputación General de Aragón, siendo parte el Ministerio Fiscal, sobre Tutela de Derechos Fundamentales y Libertad Sindical, y en su día se celebró el acto de la vista, habiéndose dictado sentencia por el Juzgado de lo Social n.º 1 de Zaragoza, de fecha quince de marzo de dos mil diez, siendo el fallo del tenor literal siguiente:
"1.º- La Federación de Servicios Públicos de Aragón de la Unión General de Trabajadores (FSP- UGT) es el Sindicato con mayor audiencia electoral respecto del personal laboral en la Diputación General de Aragón, habiendo obtenido, en las últimas elecciones, 50 representantes de un total de103 en la provincia de Zaragoza, 19 (de un total de 47) en la provincia de Huesca, y 25 (de un total de 54) en la provincia de Teruel. Es firmante del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la DGA (BOA 18.08.2006), cuya vigencia se mantiene en el momento actual y hasta tanto se alcance acuerdo expreso.
2.º- En fecha 12.02.2009 la FSP-UGT Aragón solicitó de la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo del Personal Laboral de la DGA (BOA 18.08.2006), la inclusión en el orden del día de la primera reunión que se celebrara de dicha comisión, del punto relativo al incumplimiento por parte de la administración del convenio del art. 52.1 del Convenio, relativo a las pruebas de habilitación para acceso a otras categorías laborales. Posteriormente, y tras la publicación de la Orden de 19.05.2009 (BOA de 20.06.2009), en fecha 2.07.2007 el mismo Sindicato actor presentó escrito ante la Dirección General de la Función Pública de la DGA solicitando la convocatoria de urgencia e la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo, para tratar como único punto del orden del día el siguiente "turnos de movilidad y ofertas de empleo público de 2004 y 2007". No consta que, a raíz de alguna de tales peticiones se reuniera la Comisión Paritaria del Convenio para tratar los temas propuestos por la FSP-UGT. Previamente a la segunda petición de reunión de la Comisión Paritaria, en fecha 12.06.2009, el Sindicato actor había formulado reclamación previa contra la demandada, promoviendo conflicto colectivo, a fin de que se aviniera a convocar pruebas de habilitación para el acceso a otras categorías profesionales, que no consta haya tenido respuesta alguna de parte de la administración.
3.º- En fecha 10.07.2009, el Sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) presentó papeleta de conciliación ante la Sección de Conciliación y Representación de la Subdirección Provincial de Trabajo del Gobierno de Aragón, sobre conflicto Colectivo, contra la administración autonómica, interesando la convocatoria inmediata de concurso de traslados al amparo del art. 48 del VII Convenio Colectivo con un plazo máximo de resolución de 2 meses, la convocatoria de las resultas correspondientes al concurso de traslados en la misma resolución que adjudique los destinos de dicho concurso, a resolver asimismo en dos meses, convocatoria de las pruebas de habilitación de 2009 en la primera quince de octubre de 2009, y la convocatoria del turno de acceso en la primera quince de diciembre de 2009, con un plazo máximo de 2 meses para su resolución. Obra en autos copia de la papeleta referida (documento n.º 1 aportado por CC.OO. en el acto del juicio) cuyo contenido se da por reproducido en su integridad.
4.º- Convocadas las partes del conflicto referido en el hecho anterior, a fin de intentar una avenencia, el 16.07.2009 la Dirección General de la Función Pública de la DGA y el Sindicato CC.OO. Aragón, el acto terminó con avenencia, alcanzando el acuerdo siguiente: 1.º- La Dirección General de la Función Pública se compromete a que la Resolución que resuelva la convocatoria de concurso de traslados, publicada en el BOA con fecha de hoy, sea anterior a 1 de octubre de 2009; 2.º- La convocatoria de resultas se realizará en la misma fecha en que se resuelva el concurso de traslados señalado en el punto anterior, comprometiéndose, los representantes de la DG de Función Pública, a resolverlo en el plazo señalado en el Convenio Colectivo; 3.º- Las partes se comprometen a reunirse, en la 1.ª quincena de septiembre, para determinar los criterios de habilitación y, una vez determinados, ejecutar la convocatoria de manera inmediata. A su finalización, y de manera simultánea, se convocará el turno de accesos".
5.º- En fecha 24.08.2009, la actora formuló la demanda que motiva estas actuaciones ante la sala de lo Social del TSJ de Aragón que, en fecha 30.09.2009 dictó auto declarando la incompetencia de la Sala, previniendo a la actora para que pudiera ejercer su derecho ante los Juzgados lo Social de Zaragoza. Obra en autos (documento n.º 2 aportado por la demandante) copia de dicha resolución cuyo contenido se da por reproducido en su integridad.".
Tercero.-Contra dicha sentencia se interpusieron recursos de suplicación por las partes demandadas, siendo impugnado el de la DGA por la parte demandante.
Primero.-La Federación de Servicios Públicos de Aragón de la Unión General de Trabajadores (UGT) solicitó que se llevaran a cabo las pruebas de habilitación para acceso a otras categorías laborales en tres ocasiones: 1) presentó una solicitud ante la Comisión paritaria del VII Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación General de Aragón (DGA), 2) presentó otra solicitud a la Dirección General de la Función Pública de la DGA y 3) formuló reclamación previa contra la DGA promoviendo conflicto colectivo para que convocara estas pruebas de habilitación.
La Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO.) interpuso una papeleta de conciliación previa a la interposición de una demanda de conflicto colectivo (art. 154 de la Ley de Procedimiento Laboral), llegando a un acuerdo el 16-7-2009 con la Dirección General de la Función Pública de la DGA con el contenido siguiente: "1.º- La Dirección General de la Función Pública se compromete a que la Resolución que resuelva la convocatoria de concurso de traslados, publicada en el BOA con fecha de hoy, sea anterior a 1 de octubre de 2009; 2.º- La convocatoria de resultas se realizará en la misma fecha en que se resuelva el concurso de traslados señalado en el punto anterior, comprometiéndose, los representantes de la DG de Función Pública, a resolverlo en el plazo señalado en el Convenio Colectivo; 3.º- Las partes se comprometen a reunirse, en la 1.ª quincena de septiembre, para determinar los criterios de habilitación y, una vez determinados, ejecutar la convocatoria de manera inmediata. A su finalización, y de manera simultánea, se convocará el turno de accesos".
El sindicato UGT considera que este acuerdo es nulo porque vulnera su derecho a la igualdad y a la libertad sindical, interponiendo demanda de tutela de derechos fundamentales contra la DGA y CC.OO. en la que solicita 1) que se declare su nulidad, 2) que se declare que este acuerdo vulnera los citados derechos fundamentales, y 3) que se declare que se le ha causado un daño moral, reclamando la indemnización de 6.251 euros. La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda, declarando la nulidad del punto tercero del acuerdo de 16-7-2009 alcanzado por CC.OO. y la DGA por vulnerar los derechos de igualdad y libertad sindical de UGT, argumentando que se han infringido los arts. 52 y 49.3 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, relativos a la Comisión de valoración de las pruebas de habilitación, lo que pone en relación con las tres ocasiones en que UGT instó a la DGA para que realizase las pruebas de habilitación, sin conseguir una respuesta afirmativa de esta Administración pública, mientras que cuando lo solicitó CC.OO. en una semana la DGA atendió a sus reclamaciones.
Recurso interpuesto por la Diputación General de Aragón
Segundo.-Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social recurren en suplicación CC.OO. y la DGA. La Letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón formula un primer motivo de suplicación en el que denuncia la infracción del art. 1.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) y del art. 9.4.º, 5.º y 6.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, alegando que concurre la excepción de falta de competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la presente litis.
Una demanda idéntica a la rectora de la presente litis se presentó ante esta Sala el 24-8-2009, dictando este Tribunal auto el 30-9-2009 en el que se declaraba la competencia del orden social para conocer de esta pretensión, declarando la falta de competencia objetiva y previniendo a la parte actora de que podía ejercer su derecho ante los Juzgados de lo Social de Zaragoza, como efectivamente ha hecho. Debe indicarse que dicho auto es firme, lo que supone que fue consentido por la DGA, que no interpuso recurso de casación contra el mismo. En dicho auto se argumentaba lo siguiente en relación con la competencia material:
"Respecto a la jurisdicción competente, se trata en la demanda de la infracción de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la igualdad, interpuesta por un sindicato frente a otro Sindicato y a la Administración empleadora, en relación con un acuerdo, en acto de conciliación, relativo a la aplicación de una norma contenida en el Convenio Colectivo para el Personal laboral de la Diputación General de Aragón (BOA 18-8-2006), relativo a personal laboral (Hecho 4.º, al final). Es competente en consecuencia el orden jurisdiccional social.
Aunque no se trate de un conflicto intrasindical, sino entre dos sindicatos y la Administración empleadora, es aplicable la jurisprudencia que cita y reitera la STS de 5-6-2007, r. 173/05: "1) El art. 9.5 de la LOPJ atribuye a este orden jurisdiccional las pretensiones comprendidas dentro de la rama social del Derecho y, por su parte, el apartado h) del art. 2 de la Ley de Procedimiento Laboral incluye entre ellas, "el régimen jurídico específico de los sindicatos, tanto legal como estatuario, en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus afiliados", y lo hace sin distinguir entre sindicatos de trabajadores y de funcionarios. Hay que entender, por tanto, que el art. 2.h) LPL, legitima al orden social para conocer de los litigios que surjan en el seno de ambas clases de sindicatos, salvo lo dispuesto en el apartado c) del art. 3 de la Ley citada, que prohíbe a los Tribunales de este orden conocer "de la tutela de los derechos de libertad sindical y huelga relativa a los funcionarios públicos". 2) Es mas, aun en el supuesto que se entendiera que la pretensión ejercitada al amparo del art. 2 h) LPL pudiera encubrir una pretensión de tutela de libertad sindical, no por ello variaría la competencia, ya que no se trata de defender el derecho de libertad sindical de los funcionarios públicos frente a su empleador, la Administración, sino de decidir una contienda interna sindical, que, por su propio contenido, solo en el más amplio de los sentidos (art. 4.1.c, de la L.O. de Libertad Sindical) está relacionada con el ejercicio del derecho de libertad sindical, por lo que, a efectos competenciales, debe entenderse subsumida en el mencionado apartado h) del art. 2 de la LPL". 3) De otro lado no debe olvidarse que la exclusión que del ámbito del Estatuto de los Trabajadores, se hace en su art. 1.3.a) de la relación de servicio de los funcionarios públicos, es una exclusión referida estrictamente al plano laboral, por lo que deja sin regular a qué orden jurisdiccional corresponde las pretensiones relacionadas con el régimen jurídico de los sindicatos constituidos por los funcionarios públicos. Por tanto dicho precepto no justifica la incompetencia del orden social en relación con las acciones referidas al régimen jurídico de los sindicatos, que son ajenas por completo a los derechos y obligaciones de cada funcionario en razón al trabajo que desempeña, único ámbito de exclusión al que se refiere el art. 1.3.a) del ET ".
La aplicación de la citada doctrina al presente pleito, en el que se formula la misma pretensión, obliga a declarar la competencia del orden social para conocer de la presente litis, desestimando este motivo.
Tercero.-En el siguiente motivo de este recurso se denuncia la infracción del art. 176 de la LPL en relación con los arts. 151 y siguientes del mismo texto legal, alegando, en esencia, que no es objeto de un procedimiento de tutela de derechos fundamentales la impugnación de un acto de conciliación previo a un conflicto colectivo, sin que al mismo se le puedan acumular otras acciones.
La sentencia del TS de 9 mayo 2008, recurso 164/2007, argumenta que "aunque resulte más que cuestionable que el procedimiento de tutela de la libertad sindical que se ha seguido en las presentes actuaciones sea el adecuado, porque la pretensión que se sustancia en la demanda no se funda en el art. 28 de la Constitución, ni en las normas de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, sino fundamentalmente en disposiciones convencionales (arts. 21, 22, 23 y 24 del Convenio Colectivo de empresa), o, como mucho, en preceptos del Estatuto de los Trabajadores que contemplan esencialmente garantías [art. 68.e)] o competencias [63.3 y 64.1.4.º d)] de los representantes unitarios o legales de los trabajadores, que, en cualquier caso, poco o nada tienen que ver con el contenido constitucional de la libertad sindical, razones de economía y celeridad desaconsejan en este momento la anulación de las actuaciones y su retroacción al momento en que se admitió la demanda, para seguir, a partir de entonces, los trámites del cauce procesal correspondiente. Tal decisión no tendría ninguna consecuencia práctica en orden a las garantías de la defensa de las partes, ni en relación con la sustanciación de la pretensión deducida, ya que sólo se traduciría en la posible exclusión de la tramitación urgente y preferente del proceso y en la no consideración como parte del Ministerio Fiscal. Sería, por tanto (como también dijimos en otra sentencia de 14 de julio de 2006, R. 196/05, votada igualmente en Sala General) una medida que sólo provocaría un retraso contrario a los principios de economía y celeridad y que debe por ello evitarse (sentencias de 13 de julio de 1993, 11 de abril de 1997, 19 de enero de 2004 y 26 de julio de 2004)".
La aplicación de la citada doctrina jurisprudencial al presente litigio obliga a rechazar de plano el óbice procesal alegado por la DGA, entrando en el examen del fondo de la controversia litigiosa, desestimando la alegación de esta parte recurrente relativa a la inadecuación de procedimiento. Y si se pone en relación el "petitum" del escrito de demanda, cuyo contenido esencial se reproduce en el fundamento de derecho primero de esta sentencia, con lo dispuesto en el art. 180 de la LPL, forzoso es concluir que en la presente litis no se ha producido la acumulación indebida de acciones prohibida por el art. 176 de la LPL, lo que conduce al fracaso de este motivo.
Cuarto.-En el último motivo de este recurso se denuncia la infracción del art. 28.1 de la Constitución, de los arts. 12 y 2 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical y de los arts. 151 y siguientes de la LPL, alegando que el citado acuerdo de 16-7-2009 es conforme a derecho y postulando que se desestime la demanda.
En el supuesto enjuiciado en la presente litis, aunque CC.OO. sostiene que no pretendía reunirse en solitario con la DGA, excluyendo al sindicato UGT, lo cierto es que el tenor literal del acuerdo adoptado el 16-7-2009 hace referencia a que "las partes (CC.OO. y la DGA) se comprometen a reunirse, en la 1.ª quincena de septiembre, para determinar los criterios de habilitación y, una vez determinados, ejecutar la convocatoria de manera inmediata. A su finalización, y de manera simultánea, se convocará el turno de accesos". El tenor literal de este acuerdo es claro y no deja margen para otra interpretación (art. 1281 del Código Civil): CC.OO. y la DGA acordaron reunirse para fijar los criterios de habilitación de los concursos de traslado, con la finalidad de ejecutar la convocatoria de traslado inmediatamente. Ello suponía la exclusión de UGT, que es el sindicato mayoritario en este ámbito, vulnerando el art. 52 del VII Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que establece que las pruebas de habilitación serán ejecutadas por una Comisión de valoración, integrada por siete miembros, tres de ellos designados por las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de la Administración pública (art. 49.3 de la citada norma colectiva), condición que reúne el sindicato mayoritario: UGT. Y se declara probado que UGT, que es el sindicato mayoritario en este ámbito, en tres ocasiones solicitó a la DGA que se llevaran a cabo las pruebas de habilitación, sin que la Administración pública atendiera sus reclamaciones. Por el contrario, cuando CC.OO. presentó una papeleta de conciliación relativa a esta cuestión, en una semana la DGA asumió el compromiso de cumplir el convenio colectivo en lo referente a lo concursos de traslado, resultas y accesos. Y alcanzó un acuerdo en materia de habilitaciones, pactando reunirse con CC.OO. para fijar los criterios de habilitación, sin mencionar al sindicato mayoritario: UGT. A juicio de esta Sala, ello supone una vulneración de la libertad sindical de este sindicato, "ex" art. 28 de la Constitución en relación con los arts. 2.2.d) y 8 de la Ley Orgánica de la Libertad Sindical, lo que obliga a desestimar este recurso.
Se condena a la DGA al pago de las costas de su recurso (art. 233.1 de la LPL).
Recurso interpuesto por la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón
Quinto.-El sindicato CC.OO. formula un primer motivo al amparo del apartado b) del art. 191 de la LPL, postulando la adición de un hecho probado nuevo, en el que conste que CC.OO. en la Administración autonómica divulgó un comunicado a través del tablón sindical, cuyo contenido esencial pretende incluir en el relato histórico.
La parte recurrente apoya esta pretensión revisora en los documentos obrantes a los folios 80 a 82 de la causa. En los folios 80 y 81 aparece un documento de CC.OO. con la mención: "esta información es para poner en el Tablón Sindical", pero en modo alguno acredita que efectivamente se pusiera dicho escrito en tablón sindical alguno. Y en el folio 82 aparece un fax con lo que parece ser el contenido de una página web, en la que se vierten determinadas afirmaciones sobre el concurso de traslados del personal de la DGA, sin que conste la veracidad de las afirmaciones contenidas en el mismo, lo que conduce al fracaso de esta pretensión revisora.
Sexto.-En el segundo motivo de este recurso, formulado al amparo del apartado c) del art. 191 de la LPL, se denuncia la infracción de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 2-6-2000, reproduciendo su contenido esencial, que a su vez cita las sentencias del Tribunal Constitucional n.º 187/1997, 235/1988, 301/1992 y 164/1993, alegando, en esencia, que CC.OO. nunca pretendió reunirse en solitario con la DGA la primera quincena de septiembre para fijar los criterios de los concursos de traslado, no existiendo "animus vulnerandi" por su parte.
Al respecto basta remitirse a los argumentos vertidos en el fundamento de derecho cuarto de esta sentencia, que patentizan la existencia de una lesión del derecho fundamental de libertad sindical de UGT, lo que obliga a desestimar este motivo, confirmando la sentencia de instancia.
Las sentencias del TS de 30-4-2007, recurso 701/2006 y 25-5-2010, recurso 203/2009 y los autos del TS de 11-7-1995, recurso 2139/1995; 19-10-2004, recurso 5541/2003 y 24-11-2009, recurso 4459/2008, entre otros, sostienen que los sindicatos gozan del beneficio de justicia gratuita, por lo que no procede condenar a CC.OO. al pago de las costas de su recurso. Se acuerda la devolución del depósito constituido por este sindicato.
Desestimamos el recurso de suplicación núm. 504 de 2010, ya identificado antes y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida. Se condena a la Diputación General de Aragón al pago de las costas de su recurso. Se acuerda la devolución del depósito a la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón.
Así, por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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