Source: http://www.rree.gob.pe/PeruenONU/SitePages/intervenciones_destacadas.html
Timestamp: 2018-04-21 00:11:41+00:00

Document:
El Perú en la Asamblea General
Primera Comisión Segunda Comisión Tercera Comisión Cuarta Comisión Quinta Comisión Sexta Comisión Intervenciones destacadas Discursos en la Asamblea General
Miembro del Consejo de Seguridad (2018-2019)
+ 68º Periodo de Sesiones: Informe de la Comisión de Derecho Internacional. (03/11/2016). Doctor Juan José Ruda. Asesor del Despacho Ministerial.
Al reiterar nuestro agradecimiento al señor Pedro Comissário Afonso, Presidente de la Comisión, por presentarnos de manera comprensiva la parte pertinente del Informe de la CDI sobre el trabajo en su 68° período de sesiones, deseo manifestar una vez más que el Perú asigna la mayor importancia al trabajo de la Comisión, cuyo objeto es impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.
Del mismo modo, tal como fuera señalado recientemente por mi delegación con relación al proyecto de artículos sobre la "protección de personas en caso de desastre", luego de que fueran aprobados en segunda lectura, queremos volver a expresar nuestra felicitación al relator especial, don Eduardo Valencia Ospina, por la valiosa labor que ha conducido a que la Comisión recomiende a la Asamblea General la elaboración de una Convención en la materia, tomando como base tal proyecto de artículos.
Adicionalmente, mi delegación desea formular algunos comentarios preliminares, con cargo a ser complementados posteriormente, sobre algunos de los capítulos del Informe de la Comisión.
En cuanto al tema “crímenes de lesa humanidad’, saludamos el trabajo del Relator Especial, cuyo objetivo último sería una posible futura Convención internacional sobre crímenes contra la humanidad.
Para empezar, un aspecto que deseamos poner de relieve, contenido en el artículo 2 del proyecto de artículos aprobado provisionalmente por la Comisión, está referido a considerar dentro del alcance general de los crímenes de lesa humanidad a los que pudieran cometerse o no en tiempo de conflicto armado. Asimismo, tomamos nota de la aprobación provisional por parte de la Comisión de los proyectos de artículos 5 a 10, con los comentarios correspondientes; así como de la aprobación provisional del párrafo 7 del proyecto de artículo 5, con el comentario correspondiente.
Sobre el particular, mi delegación reafirma que –dado que existe un marco jurídico relativo a crímenes de lesa humanidad (conformado, inter alia, por varias convenciones internacionales, así como por los Estatutos de diversas cortes y tribunales internacionales)-, es importante resaltar que estos proyectos de artículos no buscan reemplazar dicho marco ni competir con el mismo, sino complementarlo, en particular en lo que respecta a la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo de esa complementariedad es que la definición de ‘crímenes de lesa humanidad’ refleja casi íntegramente lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Dicho lo anterior, recibimos con interés el segundo informe del Relator Especial, que incluyó avances en aspectos vinculados a i) La obligación de un Estado parte de adoptar las medidas necesarias para asegurarse de que los crímenes de lesa humanidad constituyan delito con arreglo a la legislación nacional; ii) la obligación de adoptar las medidas necesarias para establecer la competencia del Estado parte a fin de ejercer su jurisdicción sobre el delito; iii) las investigaciones generales y la cooperación para identificar presuntos infractores; iv) el ejercicio de la competencia nacional cuando se halle presente el presunto infractor; v) el principio aut dedere aut judicare; y vi) el trato justo al presunto infractor.
En cuanto a la cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas, consideramos relevante incidir en que el proyecto tome en cuenta que, con sujeción a las disposiciones de su legislación nacional y a los principios que rigen el sistema jurídico del Estado, éste adoptará medidas, cuando proceda, respecto de su responsabilidad penal, civil o administrativa.
Con relación al tema “Protección de la atmósfera” (Capítulo VIII del Informe), deseamos resaltar el tercer informe del Relator Especial y los avances en los proyectos de directrices y de los párrafos del preámbulo. En ese sentido, queremos hacer hincapié en la utilización sostenible de la atmósfera, conciliando el desarrollo económico con la protección de ésta, así como que la atmósfera debe ser utilizada de manera equitativa y razonable, teniendo en cuenta los intereses de las generaciones presentes y futuras.
Asimismo, mi delegación estima importante que el proyecto no interfiera con el tratamiento de las cuestiones relativas al cambio climático, la disminución del ozono y la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia, ni que se pretenda llenar eventuales lagunas de los regímenes convencionales. A su vez, nos parece pertinente haber considerado abordar en 2017 la interrelación entre el derecho de la atmósfera y otros ámbitos del derecho internacional, como el derecho del mar, el derecho mercantil internacional, el derecho internacional de las inversiones y el derecho internacional de los derechos humanos.
Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados
En cuanto al Capítulo X del Informe, dedicado al tema “Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados”, deseo en primer lugar felicitar el trabajo realizado por la Relatora Especial.
Al respecto, mi delegación recalca la importancia de proteger el medio ambiente antes o después de un conflicto armado y durante el mismo. En ese sentido, resulta relevante que el proyecto considere la posibilidad de dictar medidas preventivas para reducir al mínimo los daños al medio ambiente durante un conflicto armado, así como la designación como zonas protegidas de áreas de gran importancia medio ambiental y cultural.
Igualmente, merece destacarse que el proyecto explicite la aplicación al medio ambiente natural, con vistas a su protección, de los principios y normas del derecho sobre los conflictos armados relativos a la distinción, proporcionalidad, necesidad militar y precauciones en el ataque, amén que queden prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias.
Por último, tomamos nota del hecho que la Comisión de Derecho Internacional haya decidido incluir en su programa de trabajo de largo plazo los temas relativos a: i) el arreglo de controversias internacionales en las que son parte organizaciones internacionales; y ii) la sucesión de Estados en relación con la responsabilidad del Estado. Del mismo modo, mi delegación quedará pendiente de la valoración que la Comisión tuviera a bien brindar al memorando preparado por la Secretaría relativo a posibles temas futuros, considerando la lista de 1996.
En conclusión, el Perú renueva su firme compromiso con la labor de la Comisión de Derecho Internacional, así como su pleno apoyo al cabal cumplimiento de sus funciones. Nuestro país atribuye la mayor significación al trabajo de la Comisión, en la perspectiva de continuar impulsando el desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional.
+ Tema 107. Tercerreera Comisión: Drogas (17/10/16). Embajador Gustavo Meza Cuadra
Es un honor dirigirme a este plenario para expresar el firme compromiso del Perú en continuar trabajando arduamente para combatir el tráfico ilícito de drogas, aspecto fundamental que atañe el desarrollo del ser humano y por ello se ha constituido como un tema medular en la política exterior de nuestro país.
El Problema Mundial de las Drogas constituye un reto de alcance global que incide de manera negativa en la salud pública, la calidad y el bienestar de los pueblos, ya que este flagelo debilita las bases del desarrollo sostenible, de los sistemas jurídicos, de la estabilidad política y económica y de las instituciones democráticas. En ese sentido, es una amenaza para la seguridad, la democracia y la gobernabilidad en el mundo entero.
Asimismo, el tráfico ilícito de drogas y su vinculación con otros delitos transfronterizos, como por ejemplo la tala ilegal, la trata de personas, la minería ilegal, entre otros, sustentan esta penosa realidad. Además de ello, se observa la otra cara de esta moneda: el problema del consumo y la vulnerabilidad del ser humano que se hace dependiente al uso indebido de drogas. Este otro aspecto, conlleva al sufrimiento a miles de personas, a los consumidores, sus familias y su entorno, e implica un grave perjuicio no solo para la salud sino también para la dignidad y el bienestar de la humanidad.
El fenómeno se ve agravado al ser testigos de una globalización del problema de las drogas que no tiene precedentes. Situación agravada debido al auge de las nuevas sustancias psicoactivas, la expansión y nuevas rutas de comercio transnacional y los perjuicios que se ocasionan al medio ambiente. Ante esas circunstancias, el Problema Mundial de las Drogas exige la unión de todos los países bajo el principio de responsabilidad común y compartida para enfrentar este flagelo asegurando el compromiso equitativo para contrarrestar las diversas manifestaciones de este problema y fortalecer las capacidades de control de todos los países.
Es por ello que el Perú considera que los intercambios que pueden generarse entre todos los Estados en el marco de esta 71° Asamblea General permitirán promover e intensificar el diálogo político, la coordinación y la cooperación frente a los problemas relacionados con las drogas que aquejan y perjudican a toda la humanidad.
En opinión del Perú, resulta importante destacar el rol que adquiere el fortalecimiento institucional que permite y genera este tipo de plataformas, así como el intercambio de impresiones en torno al desarrollo de políticas eficaces para afrontar los problemas que generan las drogas en el ámbito internacional, regional y local, mejorando la capacidad de cooperación y coordinación a través de objetivos, metas, acciones y programas estratégicos acordados por todos los países.
En nuestro país la implementación de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2012 - 2016, la misma que se encuentra en proceso de actualización para el período 2017-2021 con una significativa inversión de recursos propios y el apoyo de la cooperación internacional, ha permitido resultados positivos en todos los ámbitos de su intervención, como son las acciones de prevención del consumo de drogas, el control de insumos químicos e interdicción, y sobre todo en la reducción de la superficie de cultivos ilícitos en el Perú, logro indisociable del compromiso de todos los actores sociales de mi país con el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.
El Perú ha venido sosteniendo e insistiendo, en el ámbito multilateral, que las políticas para hacer frente al Problema Mundial de las Drogas deben estar enmarcadas en las tres convenciones internacionales de fiscalización de drogas y otros instrumentos internacionales pertinentes de las Naciones Unidas, las mismas que constituyen la piedra angular de la respuesta global a dicha problemática.
Creemos firmemente que el éxito de las políticas antidrogas radica en abordar equilibradamente todos los pilares de la estrategia, vale decir, la reducción de la demanda y de la oferta; el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible; la lucha contra el lavado de activos y el fomento de la cooperación judicial; entre otros temas de interés como son los delitos conexos: la corrupción, la tala ilegal, la trata de personas y delitos diversos contra el ambiente. En ese sentido, debemos promover un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario y sostenible, basado en la evidencia científica y en el pleno respeto de los derechos humanos.
Ante estas circunstancias, el Perú no considera pertinente que se priorice un componente sobre otro, ya que cree firmemente que el éxito de las políticas antidrogas radica en abordar equilibradamente todos los pilares del Problema Mundial de las Drogas. Por ello, hemos coincidido con muchos países en que en el pasado se puso mayor énfasis en los temas de seguridad, en detrimento de la salud pública, por lo que creemos que corresponde ahora no caer en el error inverso de priorizar un componente sobre los demás.
El Perú considera acertado reiterar la importancia de lograr las metas y los objetivos establecidos en la Declaración Política y el Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas, y en ese sentido mantener el compromiso con el ideal trazado por la comunidad internacional de lograr una sociedad libre del abuso de drogas.
Finalmente, me permito destacar el exitoso resultado del consenso multilateral plasmado en el “Documento Final” de la UNGASS 2016, que reconoce que esta problemática sigue siendo una responsabilidad común y compartida que ha de afrontarse en un entorno multilateral que propicie una cooperación internacional más intensa y efectiva y que exige un enfoque integrado, multidisciplinario, equilibrado y amplio y basado en la evidencia científica, como medidas que se refuercen mutuamente.
+ Cuarta Comisión. Operaciones de Mantenimiento de la Paz (12/10/2016)
Quisiera agradecer al Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hervé Ladsous, y al Secretario General Adjunto del Departamento de Apoyo a las Actividades en el Terreno, Atul Khare, por las presentaciones efectuadas respecto a la marcha, funcionamiento y proyecciones de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz que lleva a cabo la Organización.
Mi delegación se adhiere a las declaraciones formuladas por República Dominicana, en representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC y por el Reino de Marruecos, en representación del Movimiento de Países No Alineados.
Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz han devenido en un instrumento central de la Organización para el cumplimiento de su responsabilidad central de mantener la paz y la seguridad internacionales. No cabe duda que la labor de Naciones Unidas es calificada, en gran parte, en función a los éxitos que estas Operaciones alcanzan en el terreno.
El mantenimiento de la paz es un proceso en permanente evolución y adaptación a la forma en la que se desarrollan los conflictos. En las últimas décadas hemos sido testigos y partícipes de diversos cambios en el sistema internacional, que han traído consigo una mayor complejidad en los asuntos de paz y seguridad. Ello ha requerido, a su vez, que Naciones Unidas replantee la manera como organiza las Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
Todos reconocemos que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz poseen en la actualidad un carácter multidimensional, entrelazándose en ellas factores como la paz, la seguridad, el desarrollo, la institucionalidad del Estado, el fortalecimiento del estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, la asistencia humanitaria, la protección de civiles, entre otros.
Es por ello que el Perú entiende que toda “agenda de paz” debe considerar acciones comprehensivas, que coadyuven a identificar y a apoyar la diversidad de estructuras y procesos relacionados con la consolidación de la paz.
El Perú reitera que la conducta ética y profesional del personal que participa en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz debe ir en estricta consonancia con los principios y valores fundamentales de las Naciones Unidas.
En ese sentido, reiteramos nuestra enérgica condena a la participación de personal de la organización, directa o indirectamente, en cualquier tipo de conducta inapropiada e inmoral, en especial la referida a la explotación y abuso sexual contra la población civil.
En ese contexto, reiteramos nuestro pleno respaldo a la política de ”tolerancia cero” del Secretario General, así como saludamos la incorporación, en la doctrina militar, de guías respecto a la violencia sexual en los conflictos. El Perú apoyará siempre todo tipo de iniciativas que coadyuven a sancionar drásticamente al personal que se vea involucrado en cualquiera de estos injustificables actos.
Los diversos desafíos que afrontan en la actualidad las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, así como la creciente volatilidad de la situación de seguridad en las que éstas se despliegan, demandan que se las provea de apropiados recursos financieros. El Perú coincide con otras delegaciones en la imperiosa necesidad de dotar a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de mayores capacidades de entrenamiento y adoctrinamiento al personal, así como de equipos militares de última tecnología. Estimamos importante también la armonización de conceptos operacionales para el establecimiento de directrices y procedimientos claros.
Otro aspecto que consideramos relevante fortalecer es la coordinación e interacción entre los diversos actores involucrados en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, como el Consejo de Seguridad, la Comisión de Consolidación de la Paz, el DPKO, los países contribuyentes de tropas, entre otros, pues ello redundará en una aproximación de la organización a esta temática más efectiva y eficiente.
A modo de conclusión, deseo reiterar el inquebrantable compromiso del Perú con las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, el cual se refleja en nuestra participación desde 1958, año en que desplegamos un contingente en la Misión de Observadores de Naciones Unidas en el Líbano. Desde esa fecha, mi país ha contribuido con más de 7,000 efectivos uniformados en este esfuerzo por la paz y seguridad internacionales, llegando tres de ellos a dar el máximo sacrificio en defensa de estos ideales.
En la actualidad, el Perú participa con personal en el terreno en 7 Operaciones de Mantenimiento de la Paz, entre las cuales quisiera destacar nuestra c presencia en la MINUSTAH por más de una década. Al respecto, el Perú saluda la reciente renovación de su mandato mediante la resolución 2313 del Consejo de Seguridad, y aguarda con expectativa la evaluación estratégica sobre la situación en Haití que se le ha encomendado al Secretario General, la cual permitirá contar con mayores luces sobre la futura presencia de la organización en dicho país.
Alineado a la política exterior de nuestro país, el Perú está presente también, con una Compañía de Ingeniería, en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), lo que marca un importante hito en el trabajo de las Fuerzas Armadas del Perú en misiones internacionales y de apoyo a las Naciones Unidas. Dicha Compañía, cuyos integrantes son relevados en forma anual, permanecerá en la zona por un espacio no menor a 10 años, como parte de los acuerdos internacionales con las Naciones Unidas. La Compañía realiza labores de construcción y mantenimiento de aeródromos, aportando para ello, además del personal, 93 equipos mecánicos y vehículos de ingeniería. Es preciso destacar, que la Compañía de Ingeniería “Perú” constituye el primer contingente latinoamericano de esta índole en participar en esta misión de paz.
Deseo destacar, finalmente, el ofrecimiento de 250 efectivos efectuado por el Perú en el marco de la Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz convocada en 2015 por los Estados Unidos, lo que denota el compromiso de mi país en la configuración de un nuevo marco para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, de manera de hacerlas más ágiles, operativas y eficaces.
+ Tema 19: Desarrollo Sostenible (10/10/2016). Embajador Gustavo Meza Cuadra
El Perú se asocia a las intervenciones de las delegaciones de Tailandia en nombre del Grupo de los 77 y China y de República Dominicana en nombre de CELAC. En nuestra capacidad nacional queremos compartir algunas reflexiones.
Es especialmente satisfactorio iniciar esta intervención felicitando a la comunidad internacional por haber cumplido con las condiciones necesarias para que el histórico Acuerdo de París sobre Cambio climático entre en vigor el 4 de noviembre próximo.
El Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. El retroceso acelerado de los glaciares, la alteración de los patrones climáticos locales y su efecto sobre la viabilidad de los cultivos son algunos desafíos que enfrentan especialmente los pequeños agricultores andinos, las comunidades nativas de la selva, las comunidades locales de pescadores y los pobladores de zonas periféricas urbanas, lo que obliga al gobierno a reorientar sus escasos recursos para enfrentar estos desafíos. El cambio climático pone en riesgo la seguridad alimentaria, las pesquerías, las fuentes de agua, la biodiversidad y los ecosistemas. El agua es un recurso altamente sensible al clima, la alteración del régimen de precipitaciones desencadena sequías e inundaciones, y los glaciares, fuente importante de este recurso en el Perú, están siendo altamente amenazados por el aumento de la temperatura global. La pérdida de agua en el Perú asciende a 7,000 millones de metros cúbicos que es equivalente al líquido que utiliza Lima en 10 años.
Esta situación explica el rol activo que jugó el Perú en el proceso de gestación del Acuerdo de París y en su firme compromiso para ratificarlo en un breve plazo. Fuimos el primer país de nuestra región en ratificarlo.
Creemos que el dinamismo económico que ha alcanzado nuestro país en los últimos años debe traer como correlato el impulso hacia una transición a una economía baja en carbono, que consolide el desarrollo alcanzado e impulse acciones de gran escala en eficiencia energética, la incorporación de energía renovable no convencional, el ordenamiento del transporte, la gestión adecuada de los residuos sólidos, la modernización de los procesos industriales, entre otras importantes acciones que permitan reducir las consecuencias del cambio climático.
El Perú se encuentra comprometido a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo 13 busca adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Ante ello, el Perú cuenta con una Estrategia Nacional ante el Cambio Climático (ENCC), que refleja el compromiso del Estado peruano de actuar frente al cambio climático de manera integrada, transversal y multisectorial, cumpliendo con los compromisos internacionales asumidos por el Perú ante la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y teniendo en cuenta de manera especial los esfuerzos de previsión y acción para adaptar los sistemas productivos, los servicios sociales y la población, ante los efectos de este fenómeno.
Asimismo, se cuenta con la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), la cual marca la pauta de las intervenciones en el sector público y privado para reducir la deforestación y lograr la conservación, con una visión de largo plazo (hasta el 2030).
En línea con estas estrategias, se ha priorizado un enfoque de crecimiento verde que articula las políticas ambientales y sociales al crecimiento económico del Perú, bajo un concepto de sostenibilidad, aprovechando la diversidad biológica, el manejo eficiente de residuos y la adaptación y mitigación al cambio climático. Consideramos importante resaltar que el gobierno del Perú consolida y ratifica los compromisos asumidos por el Estado Peruano en materia climática que nos permitirán asegurar el bienestar de presentes y futuras generaciones. El Acuerdo de París nos da la posibilidad de enrumbarnos en una senda de desarrollo verdaderamente sostenible, en la que avanzaremos de la mano no sólo los Estados sino también las empresas, la sociedad civil y la ciudadanía en general.
Entre los trascendentales acuerdos adoptados en 2015, quiero destacar también el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que fue el primer hito global del año pasado y que contribuye con una perspectiva más amplia del riesgo de desastres, valorando los esfuerzos como no como un gasto sino como una inversión para hacer que nuestras poblaciones sean menos vulnerables y tengan un futuro más sostenible.
El Acuerdo de París evidencia la estrecha relación existente entre el cambio climático y los desastres naturales. A su vez, la gestión de riesgo de desastres es parte fundamental del desarrollo sostenible, por lo que se presenta de manera transversal en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que adoptamos el año pasado. Todos estos importantes acuerdos multilaterales, a los que se suma la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo, requerirán una acción coordinada, integrada y coherente.
Las metas establecidas en el Marco de Sendai contribuirán sustancialmente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Por ello resulta fundamental su implementación en los plazos establecidos. La cooperación internacional será crucial para que los países en desarrollo puedan alcanzar estos objetivos. Por su ubicación geográfica y las características de su territorio, el Perú presenta diversos escenarios de riesgo que comprometen la seguridad, afectan la vida y los medios de subsistencia de las poblaciones vulnerables, poniendo en riesgo el desarrollo del país. Es por esto que la Gestión de Riesgo de Desastres en el Perú es una política de Estado y forma parte de la agenda de desarrollo de nuestro país.
El fenómeno El Niño 2015/2016 fue uno de los más fuertes desde 1997. El Perú adoptó un Plan de Acción y se reformularon planes de contingencia en varias regiones. A estas acciones se sumaron un conjunto de medidas de reducción del riesgo que hicieron posible salvaguardar vidas e infraestructura vital. Durante la sesión especial del ECOSOC sobre los impactos del fenómeno El Niño, resaltamos la importancia de establecer planes y estrategias nacionales y locales, las cuales nos permitieron hacer frente a este fenómeno. Sin embargo, estos esfuerzos no son suficientes, necesitamos que la implementación del Marco de Sendai y los beneficios de la gestión del riesgo de desastres alcancen a todos, sólo así podremos alcanzar los objetivos acordados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Finalmente, la delegación del Perú promoverá durante el presente período de sesiones el desarrollo sostenible de regiones montañosas. Nos preocupa sobremanera la creciente vulnerabilidad de los pueblos de montaña. En los últimos quince años hemos reducido la pobreza de más de la mitad de nuestra población a menos de la cuarta parte. Pero la incidencia de la pobreza sigue siendo particularmente alta en las regiones montañosas, cuyos desafíos pueden trascender las capacidades de un país de renta media como el Perú y requerir el reforzamiento de la cooperación internacional para atender a los más relegados primeros. Reiteramos el apoyo del Perú a toda aquella iniciativa que contribuya a lograr los objetivos que nos hemos trazado el año pasado.
+ Tema 27 de la Tercera Comisión Adelanto de la Mujer (10/10/2016). Embajador Gustavo Meza Cuadra
En primer lugar, quisiera agradecer la presencia y participación de la Secretaria General Adjunta y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, de la Directora Ejecutiva Adjunta de la UNFPA, de la Presidenta del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y de la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer en las discusiones sobre este tema, así como los informes presentados por la Secretaría General, sobre los cuales el Perú acoge sus recomendaciones.
El Perú se asocia a los discursos pronunciados por Tailandia, en nombre del Grupo de los 77 y China, y por República Dominicana, en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El Perú reafirma la importancia de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como de los informes respecto a la implementación de los compromisos adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, encaminada a eliminar los obstáculos que impiden la participación plena y efectiva de la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada.
Asimismo, mi país reitera su compromiso con la Agenda 2030, particularmente con el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible que nos convoca a unir esfuerzos para acabar con todas las formas de discriminación contra mujeres y niñas, además de eliminar la violencia de género en todas las esferas, incluyendo prácticas perniciosas como el matrimonio precoz y forzado de niñas.
No obstante lo señalado, las metas para la igualdad de género están presentes en todos los ODS, y tienen eco en las acciones que el Perú ha venido impulsando en su camino para alcanzar el empoderamiento de las mujeres a la par de una sustantiva inclusión social.
La igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres y niñas son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible. Estos deben ser alcanzados tan pronto como sea posible, no más allá del año 2030, por lo que se requiere tomar acciones urgentes.
En esa línea, mi país ha impulsado el Plan Nacional de Igualdad de Género hasta el año 2017, cuyo objetivo es lograr que el enfoque de género sea transversal en las políticas públicas del Estado, garantizando la igualdad y la efectiva protección de los derechos humanos para mujeres y hombres, la no discriminación y el pleno desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas.
El logro de este objetivo de igualdad presenta obstáculos en nuestras sociedades, como la violencia de género. Para ello, el Perú cuenta con el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, cuyo abordaje requiere una atención prioritaria por parte del Estado peruano, en especial desde un enfoque preventivo que implica cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.
Del mismo modo, el Gobierno peruano se ha comprometido a implementar mecanismos para asegurar el empoderamiento político y económico de la mujer, garantizando la elección de las mujeres en cargos de elección popular, además de promover su inclusión financiera en los programas sociales del gobierno. Creemos que el reto que tenemos como Estados es analizar los problemas que existen actualmente en el ámbito de la igualdad de género y buscar oportunidades para agilizar la aplicación de medidas que tengan por objeto alcanzarla, así como el empoderamiento de la mujer y el pleno respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas.
El Perú se ha comprometido a fortalecer la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas nacionales de igualdad de género, así como la incorporación de este enfoque en la gestión pública de todos los sectores del Estado y en todos los niveles de la administración pública. Para ello, el actual Gobierno del Presidente Pedro Pablo Kuczynski tiene como una de sus metas llevar a cabo una Revolución Social en donde no haya lugar para la violencia contra la mujer ni la desigualdad de género. Aspiramos a que todas las mujeres y hombres, sin distinción alguna, alcancen plena ciudadanía y cuenten con libertad física, política y económica.
Nuestro país apunta a que la igualdad de género sea transversal. Queremos que los intereses y necesidades de las mujeres estén presentes en todos los ámbitos del desarrollo tal como lo plantea la Agenda 2030, y en ese sentido el Perú seguirá trabajando decididamente para lograr la igualdad entre los géneros, mejorando la situación de las mujeres y niñas de nuestro país.
+ Debate General de la Primera Comisión (05/10/2016). Embajador Gustavo Meza Cuadra
Permítame en primer lugar, expresar la satisfacción de la delegación del Perú al verlo presidir los trabajos de la Primera Comisión, así como hacer extensivo nuestro cordial saludo a los miembros de la Mesa y de la Secretaría. Igualmente, me gustaría expresar nuestro agradecimiento al Embajador Van Oosterom, Representante Permanente de los Países Bajos, por su destacable labor como Presidente de esta Comisión durante la sesión anterior.
El Perú suscribe la intervención de la República Dominicana en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como la intervención de Indonesia en nombre del Movimiento de los Estados No Alineados (NOAL).
El Perú, es un país de larga tradición en la promoción del desarme, la no proliferación y el control de armas. Motivo por el cual, es parte de todos los regímenes internacionales sobre la materia, a los cuales les otorgamos la más alta prioridad dentro de su política exterior. En tal sentido, reiteramos nuestro firme compromiso de continuar con el fomento del desarme general, con miras al fortalecimiento de la seguridad internacional, y reafirmamos nuestra convicción de seguir adelante con esta tarea.
Como muestra de dicho compromiso, mi país suscribió el 24 de setiembre de 2013, el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), y realizó el 16 de febrero de 2016, el depósito del instrumento de ratificación ante el Secretario General, constituyéndonos desde el pasado 16 de mayo en el 81° Estado Parte de esta importante Convención.
Asimismo, participamos activamente en los trabajos de la Segunda Conferencia de los Estados Parte del Tratado de Comercio de Armas (CSP2 - ATT), llevada a cabo, en agosto pasado, en la ciudad de Ginebra, donde los Estados reafirmamos la importancia del papel de la asistencia internacional en la aplicación del Tratado, adoptando los términos de referencia del Fondo Fiduciario Voluntario, así como el establecimiento de un grupo de trabajo ad hoc para su aplicación efectiva.
Con esta iniciativa esperamos contribuir con una respuesta eficaz a las graves consecuencias que genera el comercio ilícito de armas, en particular por parte de actores no estatales o usuarios no autorizados, a menudo vinculados a la delincuencia organizada transnacional. Esperamos además, que este Tratado pueda contribuir a la prevención de conflictos armados, la violencia armada, y las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Frente a la preocupación de la comunidad internacional por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras, por su acumulación excesiva, y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo, el Perú desea reiterar su firme compromiso con la ejecución plena y efectiva del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (UNPOA) y el Instrumento Internacional de Localización (ITI).
Mi delegación hace hincapié en que se debe continuar trabajando a nivel multilateral en el marco de dicho Programa de Acción, de manera transparente y no discriminatoria, avanzando hacia la adopción de instrumentos jurídicamente vinculantes relacionados al marcado y rastreo de armas, con el fin de prevenir el desvío de este tipo de armas al mercado ilícito. En tal sentido, mi delegación toma nota de los resultados obtenidos en la Sexta Reunión Bienal de los Estados del UNPOA, celebrada en junio pasado, y desea congratular a Jamaica por su importante papel en la Presidencia de ese proceso.
Somos conscientes, que el tráfico ilícito y desvío de armas, fomenta significativamente otras actividades ilegales que menoscaban la aplicación del derecho internacional, la gobernabilidad y la convivencia pacífica y segura de nuestros ciudadanos, es por ello, que estamos comprometidos a participar activamente en el ciclo actual del UNPOA 2014-2018, a fin de implementar de manera efectiva este importante instrumento y colaborar con la elaboración y aplicación de normas y mecanismos vinculantes, para combatir este flagelo.
Para mi país, las municiones de racimo es un asunto de primer orden y de total prioridad, al considerar que su el impacto indiscriminado en la población civil, exacerba la pobreza y limita la capacidad local y nacional hacia el desarrollo.
Mi delegación saluda los resultados alcanzados en la Primera Conferencia de Revisión de la Convención sobre Municiones en Racimo realizada en Dubrovnik, Croacia, así como el establecimiento de Centroamérica como una zona libre de municiones de racimo, adoptado durante la Quinta Reunión de los Estados Partes de la Convención sobre Municiones de Racimo, celebrada en San José, Costa Rica, en setiembre de 2014.
El Perú, como Estado Parte de la Convención sobre las municiones de racimo, ha presentado su primer informe de transparencia, que comprende el periodo de marzo a agosto de 2013, y viene coordinando con Noruega la posibilidad de contar con asistencia técnica en el proceso de destrucción de las municiones en racimo existentes en el territorio nacional.
El desarme nuclear y la no proliferación de armas nucleares es otro aspecto de gran interés para mi país, es lograr y, luego de ello, mantener un mundo sin armas nucleares, es una meta a alcanzar en beneficio de toda la humanidad, y las generaciones venideras. Por ello, mi país fue uno de los promotores del establecimiento de América Latina y El Caribe, como la primera zona más densamente poblada libre de armas nucleares en el mundo, en virtud del Tratado de Tlatelolco.
Esta firme posición nos llevó a ser uno de los primeros Estados en ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) en noviembre de 1997, dado que mi país es consciente de la especial importancia de dicho acuerdo como instrumento clave dentro de los esfuerzos internacionales hacia la reducción de las armas nucleares y la prevención de la proliferación nuclear.
Para el Perú, el TPCEN es un instrumento esencial dentro del régimen internacional de la no proliferación nuclear, por ello saludamos el avance en su universalización. En tal sentido, el Perú enfatiza la importancia de la pronta entrada en vigor de dicho Tratado, e insta a los Estados señalados en el Anexo II, cuya ratificación es indispensable para su entrada en vigor, a concretar la firma y / o ratificación de este instrumento.
Cabe destacar, que el Perú también se ha unido al denominado “Compromiso Humanitario”, consciente de las graves consecuencias que pueden derivarse de los ensayos y armas nucleares, perturbando la existencia misma y el desarrollo de la humanidad. Asimismo, expresamos nuestro deseo de que no se repitan situaciones similares a las sufridas como resultado del uso de esta clase de armamento.
En la misma línea, el Perú reafirma su compromiso con el Tratado de No Proliferación (TNP), y la aplicación plena de sus tres pilares. Igualmente, reafirma el derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar la investigación, la producción y el uso pacífico de la energía nuclear, sin discriminación, de conformidad con los artículos I, II, III y IV del TNP, y en el marco del Organismo Internacional de Energía Atómica.
En tal sentido, el Perú hace hincapié en la importancia de lograr la universalidad de dicho instrumento, por lo que exhorta a los Estados que aún no lo hayan hecho a adherirse al presente Tratado como Estados no nucleares. Asimismo, hace un llamada a los Estados poseedores de armas nucleares para que cumplan con sus compromisos en virtud del artículo VI del Tratado, y a avanzar hacia la eliminación total de esas armas.
Por todo lo ante señalado, resulta evidente que mi país aboga por la universalización de los regímenes destinados a prohibir las armas de destrucción en masa y la necesidad de avanzar hacia el objetivo del desarme nuclear. En consecuencia rechaza la mejora de las armas nucleares existentes y el desarrollo de nuevos tipos de estas armas, lo cual es incompatible con la obligación del desarme nuclear, y reafirma la relevancia de eliminar el papel de las armas nucleares en las doctrinas estratégicas y políticas de seguridad.
Al respecto, mi delegación desea reconocer el trabajo realizado por el Embajador Thani Thongphakdi de Tailandia, durante la Presidencia del Grupo de Trabajo de Composición Abierta, establecido en virtud de la resolución 70/33, que adoptó por mayoría, en la ciudad de Ginebra, un informe con propuestas conducentes a la celebración en el 2017 de una Conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total.
En cuanto a la maquinaria del desarme, mi delegación considera que la reactivación de la Conferencia de Desarme (CD) es un asunto prioritario puesto que este foro debe ser el órgano negociador por excelencia de los asuntos relativos al desarme y la seguridad internacionales.
Estamos muy preocupados porque, durante los últimos años, los Estados miembros de la CD, el principal foro de negociación multilateral en materia de desarme, no hayan podido llegar a un acuerdo sobre un programa de trabajo para el tratamiento sustantivo de dichos temas.
Mi país insta a todos los miembros de la CD a mostrar una mayor voluntad política, mediante la adopción e implementación de un programa de trabajo integral y equilibrado, que permita iniciar las negociaciones y avanzar en los temas prioritarios, sobre todo los relacionados con el desarme nuclear.
Asimismo, mi país reconoce los esfuerzos realizados por el Embajador Odo Tevi de Vanuatu, Presidente de la Comisión de Desarme del año 2016, para alcanzar un acuerdo sobre la agenda de esta Comisión.
El Perú lamenta la falta de progreso dentro de la Comisión de Desarme en los últimos 17 años, y le preocupa que las recomendaciones sustantivas no se hayan plasmado en los respectivos grupos de trabajo.
Mi delegación reafirma su disposición a cooperar con los miembros de la Comisión en el logro de resultados concretos durante el ciclo actual, y espera que en el 2017, la Comisión de Desarme pueda lograr mejores resultados, y hace un llamado a todas las delegaciones a que contribuyan para que este órgano de deliberación de las Naciones Unidas pueda cumplir su mandato y formular recomendaciones sustantivas a la Asamblea General.
El Perú tiene la certeza que las medidas de fomento de la confianza, pueden ser un mecanismo efectivo que permita avanzar hacia la integración y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados, con la finalidad de enfrentar la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social.
Mi país desea reiterar que la situación actual es inaceptable, y que considera impostergable emprender, con determinación, un camino que otorgue garantías jurídicas internacionales que solventen el principio de la seguridad colectiva, lo que necesariamente requiere el logro del desarme nuclear.
Es por ello, la importancia de continuar promoviendo, a todo nivel, el control de armamentos, la limitación de las armas convencionales y la no proliferación de armas de destrucción en masa, con miras a que los Estados puedan dedicar un mayor número de recursos a su desarrollo económico y social, en el marco del cumplimiento de los compromisos internacionales, y satisfaciendo sus legítimas necesidades de defensa y seguridad. En tal sentido, reafirmamos la necesidad de fortalecer las medidas de confianza mutua y cooperación en el ámbito de la Defensa.
Este año, nuevamente le corresponderá a mi país facilitar el proyecto de resolución sobre el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLiREC), cuya sede se encuentra en Lima. Motivo por el cual, aprovecho la oportunidad para saludar al Centro Regional en Lima por su trigésimo aniversario, y resaltar el importante trabajo que lleva adelante contribuyendo con la región a avanzar en una serie de iniciativas de desarme, medidas de fomento de la confianza y en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, municiones y explosivos, las que plantean una grave amenaza para la seguridad pública en la región.
Asimismo, como se recoge en el informe del Secretario General de este año, el Centro ha continuado con su programa de asistencia sobre la aplicación efectiva de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, con las actividades para la promoción de la participación del adolescente, la mujer y realzar su contribución al desarme, la no proliferación y el control de armamentos, así como con el curso de entrenamiento exclusivamente destinado a funcionarias del sector de la seguridad en América Latina.
En este contexto, el Centro Regional, en el marco de su programa "Fortalecimiento de la seguridad humana y la resiliencia de las comunidades mediante el impulso de la coexistencia pacífica en el Perú", reunió a más de 800 adolescentes en la ciudad de Trujillo en agosto de 2016, para a través de rutinas de baile teatrales, promover, reducir y prevenir el delito de la violencia en general, basada en el género y la participación de los adolescentes en actividades delictivas. Estas representaciones artísticas buscaron sensibilizar y crear conciencia sobre el uso de armas de fuego y su impacto sobre la sociedad y la comunidad.
Finalmente, deseo concluir esta intervención reafirmando el invariable y sólido compromiso del Perú con el desarme, la no proliferación y el control de armamentos. Razón por la cual nos comprometemos a brindar nuestros mayores esfuerzos en los trabajos de esta Comisión.
+ Medidas para eliminar el terrorismo internacional (15/11/2016). Embajador Gustavo Meza Cuadra
1.	Permítame expresarle nuestra felicitación por su elección, así como a los demás miembros de la Mesa. Junto con saludar el Informe del Secretario General para la presente sesión (A/71/182) y su añadido (A/71/182/Add.1), deseo asociar a la delegación peruana a los pronunciamientos formulados por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y por el Movimiento de los Países no Alineados (MNOAL).
2.	El Perú reafirma su solemne compromiso con el derecho internacional, con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y con un orden internacional basado en el estado de derecho, que son los cimientos indispensables de un mundo más pacífico, próspero y justo. En ese contexto, el Perú condena todo acto, método y práctica de terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera que estos se produzcan y quienquiera que los cometa. Consideramos asimismo que no se deben vincular los actos de terrorismo a ninguna religión, nacionalidad o cultura.
3.	En la lucha contra este flagelo, los Estados -asociando a toda la comunidad internacional- deben adoptar una visión estratégica y comprehensiva que incluya medidas que sean conformes con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho internacional humanitario. Consideramos también importante el trabajo conceptual y la implementación practica de dicha visión a nivel nacional, regional e internacional.
4.	Un primer elemento que debe ser considerado es la prevención del terrorismo, buscando luchar contra los factores y circunstancias que propician la radicalización de los individuos. Este aspecto ha sido desarrollado en el Plan de Acción del Secretario General para la Prevención del Extremismo Violento, cuyas recomendaciones han sido acogidas por el Gobierno del Perú, el cual viene desplegando esfuerzos para su implementación. En concreto, consideramos de particular importancia la necesidad de evitar la instrumentalización del discurso religioso, así como la recomendación dirigida a la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento del tejido social. Se trata entonces de evitar la radicalización de los individuos e incluirlos en la sociedad. En ese contexto, resaltamos la importancia de armonizar las políticas nacionales de desarrollo con la Agenda 2030, en particular los ODS 1 y el ODS 16.
5.	La dinámica y vertiginosa expansión de los grupos terroristas se ha debido en parte a los medios financieros con los que cuentan. Al estar involucrados en diversas actividades ilícitas, los grupos terroristas han logrado crear un mercado paralelo. En ese sentido, debemos atacar sus modos de financiamiento así como los nexos con las actividades de la delincuencia organizada transnacional asociada que alimenta a los grupos terroristas de financiamiento, recursos humanos y armamento. Para ello debemos fortalecer las labores de inteligencia financiera y aduanas e incrementar los esfuerzos para luchar contra el lavado de activos. En el Perú, en ese contexto, se ha aprobado este año –mediante Ley N° 30437- la potestad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar activos y fondos de las personas vinculadas al terrorismo, el financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, el Gobierno del Perú viene desplegando esfuerzos para lograr que dicha UIF pueda tener acceso al secreto bancario, de conformidad con las normas aplicables de la Constitución Política del Perú.
6.	Debemos recordar asimismo que los grupos terroristas utilizan o mal utilizan múltiples espacios en la sociedad civil para propagar y difundir sus ideologías terroristas buscando reclutar nuevos adeptos, captar financiamiento y hasta justificar sus acciones y la de sus líderes. Por ello, en el pleno respeto de la libertad de expresión y asociación, debemos prevenir el abuso de dichas libertades y derechos fundamentales conexos por grupos terroristas que buscan servirse de los mecanismos de funcionamiento de ciertas organizaciones de la sociedad civil para reclutar, financiar, divulgar, incitar y glorificar acciones criminales.
7.	Otro elemento a considerar, que consideramos crucial en la lucha contra este flagelo, está relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Por un lado, debemos prevenir el uso de las redes sociales e Internet para cometer actos terroristas o expandir sus mecanismos de reclutamiento. Y por otro lado, debemos mejorar la capacitación en el uso de las TICs por parte de las agencias involucradas para limitar, contrarrestar y desarticular la retórica terrorista.
8.	En cuanto a los combatientes terroristas extranjeros, expresamos seria preocupación por la grave y creciente amenaza que ellos representan. Se trata, en efecto, de personas que viajan a un Estado distinto de su Estado de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o de proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo, incluso en relación con conflictos armados. Al respecto, además de abordar esta cuestión en cumplimiento de las obligaciones internacionales que incumben al Estado, debemos prevenir la cooptación de individuos, así como eventualmente trabajar en la rehabilitación y reinserción de aquellos que regresan.
9.	En la lucha contra el terrorismo, el Perú respalda todas aquellas acciones internacionales, en el ámbito multilateral, que signifiquen una respuesta sistemática, sostenida y eficiente. Por ello mi delegación participó con especial interés en la Quinta Revisión Bienal de la Estrategia Global contra el Terrorismo realizada este año y saludó su adopción, mediante resolución 70/291.
10.	Finalmente, señor Presidente, mi delegación desea recordar la importancia de finalizar el proceso de elaboración del proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, así como las deliberaciones sobre el tema relativo a la convocatoria de una conferencia de alto nivel bajo los auspicios de las Naciones Unidas. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el párrafo 25 de la resolución 70/120 mi delegación buscó contribuir, en el intervalo entre los períodos de sesiones, con los esfuerzos destinados a resolver toda cuestión pendiente relativa a la culminación de dicho convenio general. Del mismo modo, tal como fuera mencionado en el discurso de la CELAC, reafirmamos el llamado para resolver dichas cuestiones pendientes antes del final del septuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General.
11.	Al reafirmar el compromiso del Perú en la lucha contra las amenazas que representa el terrorismo y el extremismo violento, así como nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares, sepa usted señor Presidente que cuenta con el constante apoyo de mi delegación.
+ 54o Sesión de la Comisión de Desarrollo Social sobre el tema 3 (a): “Repensar y Fortalecer el Desarrollo Social en el Mundo Contemporáneo” (04/02/2016). Embajador Gustavo Meza Cuadra
En primer lugar, quisiera hacer llegar a usted la satisfacción de mi delegación por verlo presidir la Quincuagésimo Cuarta Sesión de la Comisión de Desarrollo Social, así como hacer extensivos nuestros saludos a los demás miembros del Buró y de la Secretaría. El Perú se asocia al discurso pronunciado por Tailandia, en nombre del Grupo de los 77 y China. Asimismo, mi país reafirma los compromisos y el Plan de Acción alcanzados en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social, los cuales han sido recogidos y replanteados en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, tomando en consideración los escenarios actuales, particularmente en los tres principales ejes de Copenhague: la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo y el combate a la marginación social.
El tema principal propuesto para el debate general de este año “Repensar y fortalecer el desarrollo social en el mundo contemporáneo”, nos obliga como Estados no sólo a reafirmar nuestro compromiso con la Declaración de Copenhague, sino que además nos plantea el gran reto de implementar eficientemente la Agenda 2030, trabajando con una visión de futuro ambiciosa y transformadora a la luz de ella, y adoptando un nuevo enfoque que permita abordar los desafíos y compromisos asumidos en conferencias pasadas y que ahora tienen un nuevo significado.
El componente social de la Agenda 2030 es parte fundamental de la misma y su implementación debe centrarse principalmente en la necesidad del empoderamiento de las personas, particularmente de aquellas en situaciones o grupos vulnerables o marginalizados, así como en el desarrollo de programas de inclusión social que permitan construir sociedades más inclusivas, participativas y justas.
Cuando reflexionamos respecto al concepto de desarrollo social, resulta evidente que éste no sólo está garantizado por el crecimiento económico. Por ello, se requiere de la formulación e implementación de políticas públicas específicamente focalizadas en la lucha contra la pobreza y el fomento de la inclusión social. El Perú está convencido de que la gran tarea pendiente de los países en desarrollo es transformar el crecimiento económico alcanzado en una mejora sustantiva de la calidad de vida de su población. En este sentido, el Estado es la institución responsable de diseñar el camino hacia esa transformación a través de políticas públicas de inclusión social que atiendan las necesidades y justas aspiraciones de todos los ciudadanos.
Por ello, el Perú mantiene un firme compromiso con la promoción de acciones conjuntas encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades y vulnerabilidades, a través del trabajo realizado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que ejerce la rectoría de la política social y tiene como mandato diseñar, coordinar y conducir las políticas y estrategias destinadas a reducir la pobreza y la desigualdad.
Desde el MIDIS se ha impulsado la política de inclusión social que tiene como objetivo la inclusión de los grupos poblacionales que no se han beneficiado del crecimiento del país. Bajo este marco, la Estrategia Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social “Incluir para Crecer” constituye la materialización de la política de desarrollo e inclusión social a través de procesos e instrumentos efectivos para la articulación de las intervenciones de las entidades públicas, ordenándolas y orientándolas a resultados prioritarios de desarrollo e inclusión social, reconociendo competencias y procesos en marcha para lograr resultados sobre la población, y priorizando a grupos poblacionales en cinco ejes: 1) nutrición infantil, 2) desarrollo infantil temprano, 3) desarrollo de la niñez y la adolescencia, 4) inclusión económica y 5) protección del adulto mayor.
Del mismo modo, el Perú viene incrementando cada año el presupuesto destinado a la inversión social y alrededor de la mitad de éste es destinado a educación y salud, así como a la ampliación de los programas sociales para beneficio de la población más vulnerable. Asimismo, nuestro país se ha fijado como meta, para mediados de este año, la reducción de la pobreza a menos de la quinta parte de la población.
La Agenda 2030 nos otorga una nueva oportunidad para consolidar políticas que tengan como prioridad la construcción de sociedades más inclusivas, participativas y justas. En ese sentido, no debemos olvidar que el objetivo principal del desarrollo social es el concepto de una “sociedad para todos”, en la que la consolidación de políticas nacionales esté orientada al empoderamiento de las personas, la reducción de las desigualdades y la erradicación de la pobreza.
En lo que respecta a los logros alcanzados por el Perú, todavía quedan metas por alcanzar y se seguirá trabajando en la articulación intersectorial e intergubernamental, así como en la mejora de la gestión pública para los retos que vengan a futuro. Sabemos que estamos avanzando por el camino correcto, a través de una gestión pública que se ha ido profesionalizando con instrumentos de gestión que apuntan a resultados concretos basados en la persona, entendiendo que el cierre de brechas es la principal tarea de los próximos años y que la pobreza es un fenómeno multidimensional que debe ser atacado desde todos los frentes.
Representante Permanente ante la ONU
820 Segunda Avenida, piso 16 (entre las calles 43 y 44)
Nueva York, NY 10017, EE. UU
Teléfono: (212)6873336
Miembro del Consejo de Seguridad (2018 - 2019)

References: artículo 2
 artículo 5
 artículo 7
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