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Timestamp: 2019-11-16 02:01:54+00:00

Document:
as201831783
AUTO SUPREMO Nº 783
Sucre, 20 de diciembre de 2018.
DATOS DE LAS PARTES Y DEL PROCESO.
Expediente : 451/2017
Demandante : Irma Gonzales Echeverría y Otro.
Demandado : Ruth Argentina Elías Bustos.
Tipo de Proceso : Beneficios Sociales.
Resolución Impugnada : Auto de Vista Nº 181/2016 – SSA-I de 20 de
Magistrada Relatora : María Cristina Díaz Sosa.
VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Jaime Carlo Torrico Trujillo en representación de Ruth Argentina Elías Bustos, cursante a fs. 160 a 162 de obrados, en contra del Auto de Vista Nº 181/2016 – SSA-I de 20 de octubre de 2016, pronunciado por la Sala Social, Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cursante a fs. 54 a 55 vta.; el Auto Supremo No 451-A de 5 de octubre de 2017, de fs. 175 y vta., que admitió el recurso; lo obrado en el proceso, y:
Sentencia:-
Tramitado el proceso laboral por pago de beneficios sociales y otros seguido por Irma Gonzales Echeverría y Helen Luisa Gonzales Echeverría, en contra de Ruth Argentina Elías Bustos, el Juez de Partido Segundo de Trabajo y S.S. del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió la Sentencia Nº 154/2014 de 3 de julio de 2015., que cursa de fs. 128 a 132, declarando probada en parte la demanda, con costas; en consecuencia, Ruth Argentina Elías Bustos deberá cancelar a las actoras la suma de Bs. 20.454.
Concedido el Recurso de Apelación, la Sala Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista Nº 181/2016 – SSA-I de 20 de octubre de 2016, (fs. 154 a 155 vta.), resolvió confirmar la Sentencia Nº 154/2014 de 3 de julio de 2015.
Ante la determinación del Auto de Vista, el representante legal de Ruth Argentina Elías Bustos interpuso recurso de casación en el fondo, (fs. 160 a 162), consecuentemente, el Tribunal de Alzada emitió el Auto Nº 252/2017 SSA-I de 2 agosto de 2017, por el que concedió el recurso.
Finalmente, por Auto Supremo Nº 451-A de 5 de octubre de 2017, (fs. 175 y vta.), esta Sala Social Primera admitió el recurso interpuesto.
II. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN.
1.- Indica, que existió violación del art. 178 del CPT y errónea valoración de la prueba de declaración testifical de cargo que cursa en el acta de fs. 90; respecto al tiempo de servicios de Helen Luisa Gonzales Echeverría, que ni ha sido distinguido ni diferenciado de la forma que se debería, sin considerar de forma adecuada la prueba legalmente ofrecida y presentada, ya que se mantiene la afirmación que no existe prueba fehaciente que establezca las fechas de ingreso, siendo la obligación de la demandada desvirtuar lo pretendido por las actoras conforme a los arts. 66 y 150 del CPT, ya que existe prueba que demuestra la fecha de ingreso por lo que existe una errónea valoración de la prueba de hecho de la declaración del testigo de descargo, en la que establece Mayra Dayana Diego Torrico, que esta persona era quien ocupaba el cargo de la actora y que hasta la fecha de su retiro en enero de 2011, nadie más prestaba servicios por la demandada, por lo que se hubiera producido la violación de la segunda parte del art. 178 del CPT, referente a la declaración de un solo testigo.
2.- Acusa la errónea valoración de la prueba de hecho del Acta legalizada de denuncia ante la Dirección Regional de la zona sud de la Policía Boliviana y Carta dirigida al Director Departamental de Trabajo que no se ha considerado que no existió un despido injustificado, ya que en base a las documentales antes referidas, se demostró el abandono de trabajo por parte de Helen Luisa Gonzales, lo que demuestra la errónea valoración de la prueba que cursan a fs. 71 a 72.
3.- Denuncia la errónea valoración de la prueba de hecho y derecho de la confesión provocada respecto a las vacaciones; ya que en el acta de fs. 114, Helen Gonzales acepta que se le habrían otorgado días de permiso a cuenta de vacaciones, sin embargo, esta confesión no es considerada por el Juez a quo, otorgándole de forma mecánica la compensación de sus vacaciones de forma monetaria, sin establecer porque motivo llega a esa determinación, lo que el Tribunal de apelación lo confirma, violando así lo establecido en los arts. 154 y 167 del CPT.
4.- Que existe una errada aplicación del art. 9.I del DS. Nº 28699, ya que no correspondería la multa del 30% ante el abandono del trabajo, habida cuenta y conforme se tiene demostrado por la prueba que se encontraría aparejada en obrados, consistente en el acta legalizada de la denuncia ante la Dirección Regional de la zona sud de la Policía Boliviana de 20 de octubre de 2013 y la carta dirigida al Director Departamental de Trabajo de 25 de octubre de 2013, que demuestran que las actoras procedieron a un abandono de trabajo por la pérdida de equipos de computación, por tal motivo no hubiera existido despido injustificado, motivo por el cual no puede aplicarse la multa del 30% sobre el total de los beneficios sociales, conforme lo prevé el art. 9.I del DS. 28699.
Concluye, solicitando se case el fallo recurrido, y deniegue la otorgación de pago de vacaciones, desahucio y multa del 30%, sea con costas.
Por memorial de fs. 164 a 165, Irma Gonzales Echeverría y Helen Gonzales Echeverría, contestan al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en base a los siguientes fundamentos:
1.- Sobre la violación del art. 178 del CPT, y errónea valoración de la prueba; al respecto se debe tomar en cuenta que este aspecto se deja a criterio del juez, y conforme al art. 169 del CPT. el Auto de Vista y el Juez a quo adecuaron su actuar, por lo que no se vulneró el art. 178 de la citada norma como refiere el recurrente.
2.- Sobre la errónea valoración de la prueba correspondiente al acta de denuncia a la Policía y Ministerio de Trabajo; en este punto se debe tomar muy en cuenta lo establecido en el art. 67 del CPT, en referencia a la aplicación de la Litis pendencia, por lo que la observación realizada carece de relevancia.
3.- Sobre la errónea valoración de la prueba de la confesión provocada respecto a las vacaciones; el Juez a quo como el Tribunal Ad quem, han realizado una correcta valoración de las pruebas presentadas en el transcurso del proceso y han determinado que la prueba aportada por la parte demandada es insuficiente para enervar lo que afirmaba, siendo que las vacaciones son un derecho adquirido e irrenunciable, conforme el DS. Nº 12858 de 24 de diciembre de 1974, así también protegido por la C.P.E. en su art. 48 y 44 de la LGT.
4.- Sobre la errada aplicación del art. 9.I del DS. 28699; al respecto se debe tomar en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, la actual y no así la que pretende que se aplique que es el Auto Supremo Nº 287 de 10 de agosto de 2012, como pretende hacer valer la demandada.
Concluye solicitando, que se declare infundado el recurso de casación y sea con la correspondiente aplicación de costas.
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DEL FALLO.
Así expuestos los fundamentos de la representante legal de Ruth Argentina Elías Bustos en el recurso de casación en el fondo y la respuesta al mismo, corresponde realizar las siguientes consideraciones:
Debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los Jueces o Tribunales de Instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en errores “in judicando”, aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el art. 274 del CPC, vale decir cuando se acredite: "que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley" o "cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias", y finalmente cuando se demuestre: "que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador".
A ese efecto, es preciso aclarar que para la eficacia del Recurso de Casación en el fondo, es suficiente la acreditación de uno de dichos presupuestos y no necesariamente de todos, toda vez que al evidenciar dicho error in judicando en cualquiera de sus variantes, el Tribunal estará constreñido a emitir un fallo que disponga la casación total o parcial de la resolución impugnada y emitirá un nuevo fallo que resuelva el fondo.
En esa línea normativa y jurisprudencial, de los argumentos esgrimidos por el recurrente, se advierte que sus observaciones, radican en la errónea valoración de la prueba, ya que no se le hubiera otorgado el valor que le correspondería, referente a la declaración testifical de cargo de fs. 90, respecto al tiempo de servicios de Helen Luisa Gonzales Echeverria; acta legalizada de denuncia ante la Policía Boliviana y la carta presentada al Director Departamental de Trabajo, que demostraría el abandono de trabajo de Helen Gonzales; la confesión provocada respecto a las vacaciones, y la errada aplicación del art. 9.I del DS. 28699, por lo que no correspondería la multa del 30%; Al respecto es menester señalar:
Doctrinalmente se entiende por error de hecho, cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente; error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro. Aparejando un contexto normativo en torno a la apreciación y valoración de la prueba, el Código Procesal del Trabajo (CPT) establece: “Art. 3.- Todos los procedimientos y trámites se basarán en los siguientes principios. j) Libre apreciación de la prueba, por la que el Juez valora las pruebas con amplio margen de libertad conforme a la sana lógica, los dictados de su conciencia y los principios enunciados.”; “Art. 158.- El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. …”, en ese mismo orden normativo, el Art. 145 del Código Procesal Civil señala: " Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta.", siendo en función de lo precedentemente señalado y así establecido en la uniforme jurisprudencia, que la valoración de la prueba es atribución privativa de los jueces de grado incensurable en casación a menos que se demuestre error de hecho o de derecho como exige el art. 253-3) del CPC-1975, no demostrado en el presente caso, ya que del análisis del segundo considerando de la resolución recurrida, que responde al recurso de apelación interpuesto por Ruth Argentina Elias Bustos, se constata lo siguiente:
1.- En relación a la infracción acusada del art. 178 del CPT; este precepto legal indica textualmente que: “Un testigo no puede formar por sí solo plena prueba, pero sí presunción cuando es hábil, o indicio cuando su declaración se relacione con otros medios de prueba. Sin embargo, se tendrá por prueba suficiente cuando, a juicio del juzgador, declare con absoluta sinceridad y pleno conocimiento de los hechos, según las circunstancias especiales del caso”, por lo que la declaración testifical de fs. 90, no fue tomada en cuenta por el a quo, al no existir otras pruebas que refuercen lo referido por la testigo, por lo que no se tiene demostrado el tiempo de servicios de la demandante; en consecuencia se tiene por cierto lo referido por la actora en su memorial demanda; por consiguiente la supuesta violación de la norma acusada en este punto no resulta evidente.
2.- Respecto a la denuncia en la Policía y la carta al Ministerio de Trabajo, acertadamente el a quo y el Ad quem, aplicaron lo establecido en el art. 67 del CPT, que indica: “En los juicios sociales se resolverán las cuestiones propias de la relación de trabajo y no se admitirá la excepción de litis pendentia; en consecuencia, se aclara que las acciones penales, civiles u otras incoadas contra un trabajador, no suspenden ni enervan la instancia laboral” lo que justifica que dichas pruebas fueron irrelevantes al caso de autos.
3.- Con relación a las vacaciones, evidentemente a fs. 114, cursa el acta de audiencia de Confesión Provocada, en la que Helen Gonzales Echeverria, indica: (reconozco haber recibido 4 días de permiso a cuenta de vacación o tal vez una semana, no recuerdo) sic…; conforme el art. 67 del CPT: “La confesión en materia laboral es expresa y divisible y el hecho admitido en ella no requiere más pruebas”, asi también se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 1° del DS. Nº 3150 de 19 de agosto de 1952, que prescribe: “Se modifica el artículo 44 de la Ley General del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en general, sean particulares o del Estado, la siguiente escala de vacaciones: De 1 año a 5 años de trabajo = 15 días hábiles; De 5 años a 10 años = 20 días hábiles, y; De 10 años delante de trabajo = 30 días hábiles.
En el caso de autos, del cálculo realizado respecto al pago por vacaciones de Helen Luisa Gonzales Echeverria, se lo hiso por 27 días y medio, en la suma de Bs. 1100, y siendo que la demandante trabajó 3 años, 9 meses y 17 días, le correspondía pagarle de más de 30 días de vacaciones acumuladas en aplicación del art. 1 del DS: Nº 3150, de lo que se infiere que si se tomó en cuenta la confesión provocada de fs. 114, por lo que esos días fueron descontados, aunque el Juez a quo, ni el Tribunal de Apelación lo explicaron de esta forma, por lo que el agravio cuestionado no es evidente.
4.- De la multa del 30%, este concepto es aplicable, ya que conforme a los antecedentes, se evidenció el retraso del pago de los beneficios, por lo tanto en aplicación del art. 9-I del DS. Nº 28699 de 1 de mayo de 2006, que prescribe: “En caso de producirse el despido del trabajador, el empleador deberá cancelar en el plazo impostergable de quince (15) días calendario el finiquito correspondiente a sueldos devengados, indemnización y todos los derechos que correspondan; pasado el plazo indicado y para efectos de mantenimiento de valor correspondiente, el pago de dicho monto será calculado y actualizado en base a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda – UFV’s, desde la fecha de despido del trabajador asalariado hasta el día anterior a la fecha en que se realice el pago del finiquito”, correspondiendo dicha multa, lo que desvirtúa lo afirmado por el recurrente; en consecuencia, de la valoración de la prueba extrañada por el recurrente, no se evidencia subjetividad y/o parcialización en sus fundamentos a favor de las demandantes, por el contrario enmarcando su decisión a los datos del proceso.
Por consiguiente, de la revisión del recurso en análisis y en mérito a las consideraciones precedentemente señaladas, corresponde resolver el recurso de la forma prevista por los arts. 271-2 y 273 del CPC-1975 concordante con el art. 220-II del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicables por mandato del art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confiere el art. 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por Jaime Carlo Torrico Trujillo, en representación de Ruth Argentina Elias Bustos, cursante a fs. 160 a 162. Con costas.

References: Resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 44