Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/T-622-11.htm
Timestamp: 2019-12-14 16:52:21+00:00

Document:
T-622-11
Sentencia T-622/11
TEMERIDAD-Inexistencia para el caso/ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos para su configuración
Esta Corporación se ha pronunciado reiteradamente sobre las actuaciones temerarias en ejercicio de la acción de tutela, al respecto ha señalado los elementos que se deben presentar para verificar su existencia. Al efecto tienen que concurrir tres elementos: (i) una identidad en el objeto, es decir, que “las demandas busquen la satisfacción de una misma pretensión tutelar o sobre todo el amparo de un mismo derecho fundamental”;(ii) una identidad de causa petendi, que hace referencia a “que el ejercicio de las acciones se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa”; y, (iii) una identidad de partes, o sea que las acciones de tutela se hayan dirigido contra el mismo demandado y, del mismo modo, se hayan interpuesto por el mismo demandante, ya sea en su condición de persona natural o persona jurídica, de manera directa o por medio de apoderado. En caso de que el juez en el análisis de la existencia de la temeridad, observe la concurrencia de los tres elementos, tendrá la obligación de descartar, que dentro de la segunda acción de tutela, no se encuentre una razón válida que justifique su interposición, para que sea posible el rechazo de ésta o la denegación de la solicitud que ella contenga. El estudio de la existencia de la temeridad, entonces, debe partir de la premisa de la buena fe de los particulares en sus actuaciones ante la administración de justicia, esto quiere decir que se debe hacer un examen minucioso sobre la procedencia de esta institución jurídica, para así evitar, cualquier otra vulneración de derechos.
DERECHO FUNDAMENTAL Y DERECHO COLECTIVO-Diferenciación entre la vulneración
De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, existen dos mecanismos diferentes para que, a través de ellos, se pretenda obtener, por un lado, la protección de los derechos fundamentales y, por el otro, la de los derechos colectivos. Así, en los artículos 86 y 88 se consagró, para el primer caso, la acción de tutela y, para el segundo, las acciones populares y las de grupo. Por regla general, la acción de tutela no procede para la protección de los derechos colectivos, pues la misma ha sido concebida como mecanismo idóneo para la protección de los derechos netamente fundamentales mientras que, el ordenamiento jurídico contempló a las acciones populares como el mecanismo especial de protección para amparar derechos o intereses de carácter colectivo. La Corte ha considerado que es necesario para la procedencia de la tutela como mecanismo de protección de derechos colectivos en conexidad con derechos fundamentales, que en el proceso se acredite que la acción popular no es idónea, en el caso concreto, para amparar, específicamente, el derecho fundamental vulnerado o amenazado.
INDEMNIZACION Y COSTAS PREVISTA EN EL ARTICULO 25 DEL DECRETO 2591/91-Interpretación
El juez de tutela fundamentado en la viabilidad de la condena in genere, según los presupuestos legales, puede condenar al pago de una indemnización que corresponda al daño emergente debidamente acreditado, para lo cual deberá establecer con precisión en qué consistió el perjuicio, la razón para que el resarcimiento se estime indispensable para el goce efectivo del derecho fundamental, el hecho o acto que dio lugar al perjuicio, la relación de causalidad entre la acción del agente y el daño causado y las bases que habrá de tener en cuenta la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o el juez competente, según que se trate de condenas contra la administración o contra particulares.
ACCION DE TUTELA-Improcedencia para obtener reconocimiento de daños y perjuicios causados en viviendas que sufrieron filtración de hidrocarburos
Expediente T-2.977.832
Residentes Edificio Tenerife Real
Empresa Petrobrás Colombia Combustible S.A.
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil once (2011).
2.10. Petrobrás presentó ante la Secretaría Distrital del Medio Ambiente un plan de acción para solucionar la situación originada por el escape del hidrocarburo, consistente en realizar la perforación de un cono de abatimiento en la zona exterior del edificio para forzar el desplazamiento de las aguas subterráneas en dirección Nor-oriental hacia el predio de la estación de servicio. La mencionada obra suscitó el movimiento del combustible lo que ocasionó mayor emisión de gases tóxicos en el área afectada.
4. Oposición de la demanda
- Manifestó que desde el 14 de abril de 2010, fecha en que ocurrió el primer incidente del brote de combustible, de manera voluntaria y con antelación a la presentación de la acción de tutela, ofreció la reubicación temporal de los residentes del Edificio Tenerife Real para aquellas personas que la Secretaría Distrital de Salud consideró vulnerables, tales como los mayores de 65 años, los menos de 10 años, las madres gestantes y las personas que estuvieran en un estado de salud crónico. Advierte que no todas las personas que se encontraban en esas condiciones aceptaron la reubicación.
- El 15 de octubre, en razón al segundo incidente, Petrobrás ofreció a todos los residentes del interior No. 3 del Edificio, la reubicación temporal mientras se culminaban los trabajos de reparación la cual fue condicionada hasta tanto no llegara a un acuerdo económico sobre la indemnización por daños y perjuicios causados.
- Como consecuencia de lo anterior, Petrobras decidió enviar una carta a los residentes del edificio, a través de la cual les ratificó su posición de ofrecer la reubicación inmediata y temporal de todas las personas que habitan en el Edificio Tenerife Real y reiteró la necesidad de que se permita el ingreso del personal para la realización de todas las labores de mitigación y restauración requeridas por las autoridades.
-Los gastos de la reubicación serían asumidos por la estación de servicio Petrobras y la misma se efectuaría en apartahoteles que cuenten con las mismas condiciones de los apartamentos.
- A la fecha de presentación de la acción de tutela se encontraban reubicadas 50 personas y que, con ocasión de la medida provisional impartida por el juez, la empresa ofreció la reubicación de los accionantes.
-Efectivamente se presentó una emergencia en razón de la presencia de combustible y de gases en la zona de parqueaderos del Edificio Tenerife Real provenientes de la estación de servicio El Mochuelo.
-Con fundamento en lo anterior, decidió proteger los derechos fundamentales de los accionantes por la afectación, además, por sus condiciones de salud como consecuencia de la contaminación a la que se vieron expuestos.
-La reubicación que fue ofrecida por Petrobrás no se ajusta a la medida provisional decretada por el juzgado, toda vez que los lugares ofrecidos no cuentan con las mismas condiciones de los apartamentos del Edificio Tenerife Real, así como tampoco con las condiciones básicas para efectuar el traslado.
-Por lo anterior, la empresa accionada no cumplió a cabalidad con la orden de reubicación, por tal razón, en ese aspecto, debe prosperar el amparo, como mecanismo transitorio, para evitar mayores perjuicios en la salud de los residentes del Edificio Tenerife Real.
-En cuanto a la pretensión que consiste en el cierre de las estaciones de servicio de Petrobrás, resulta improcedente, pues la protección de derechos, en el presente caso, solo cobija a los residentes del edificio afectado y no busca proteger los derechos colectivos.
- En relación con la solicitud de indemnización por daños y perjuicios los accionantes cuentan con otro medio judicial para hacerla efectiva.
2.1. Residentes Edificio Tenerife Real
-En virtud de la aplicación del principio de precaución resulta procedente la acción de tutela para obtener el cierre temporal de todas las estaciones de servicio en Bogotá como medida de protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los habitantes de la ciudad de Bogotá.
-No existe forma de reparar de manera definitiva su derecho a la vivienda digna, pues la contaminación del suelo y del subsuelo del Edificio Tenerife Real proveniente de la estación de servicio El Mochuelo modificó de manera esencial las características del inmueble.
-La reparación de la contaminación no garantiza el restablecimiento de las condiciones originales de la vivienda, ya que ningún tercero estará interesado en adquirir o arrendar una vivienda en el Edificio Tenerife Real, porque vivir en dicha propiedad horizontal implica necesariamente un riesgo para la salud y la vida.
-La acción de tutela es procedente para solicitar el restablecimiento de los derechos fundamentales vulnerados, por ello se reitera la solicitud de que, en un término prudencial, el juez constitucional ordene a la empresa accionada llegar a un acuerdo indemnizatorio con todos y cada unos de los propietarios de los apartamentos del Edificio Tenerife Real.
- El señor Luís Agustín Castillo Zárate, quien obrando en nombre propio y como apoderado de su madre Ana Teresa Zárate, promovió mecanismos de amparo contra el Fondo de Atención y Prevención de Emergencia FOPAE de la Alcaldía Mayor de Bogotá y contra Petrobrás, en la que relacionó hechos iguales o similares a la tutela de la referencia, lo que conduce a concluir que respecto de dicho peticionario se configura una actuación temeraria. Las peticiones formuladas en las dos acciones son contradictorias, pues ante el Juzgado cincuenta y cuatro Civil Municipal de Bogotá solicitó que se ordene levantar, de manera inmediata, la orden de desalojo y evacuación de los residentes del interior No. 3 del Edificio Tenerife Real.
-Los accionantes omitieron informarle al juez constitucional que las actividades de almacenamiento y venta de combustible fueron suspendidas por decisión unilateral de Petrobrás desde el 14 de abril de 2010, fecha en que se presentó el primer incidente de brote de gasolina.
-La empresa accionada ofreció de manera voluntaria la reubicación temporal de los residentes considerados por la Secretaría Distrital de Salud como vulnerables es decir: (i) los mayores de 65 años de edad; (ii) los menores de 10 años de edad; (iii) las madres gestantes; y (iv) las personas con condiciones de salud crónica, sin que a la fecha la totalidad de dichas personas hayan aceptado la reubicación.
-El 11 de noviembre en una reunión convocada por la empresa, se le propuso a cada uno de los residentes la reubicación temporal mientras se culminaban los trabajos de mitigación y restauración con la única petición de que permitieran realizar las obras pertinentes en la edificación. Sin embargo, la respuesta de los residentes fue negativa y exigieron previamente un acuerdo indemnizatorio por los daños y perjuicios causados por los hechos reseñados.
-La intención de los accionantes no es obtener la protección de los derechos fundamentales, sino utilizar este mecanismo como un medio judicial con fines indemnizatorios para llegar a un acuerdo sobre supuestos daños causados a sus viviendas, lo cual desvirtúa la naturaleza jurídica de la acción de tutela
-Algunos de los accionantes como los señores Luís Agustín Castillo Zárate; Martha Lucía Gil Panesso; Jorge Eduardo Abondano; Alba Yog de Bernal; Fanny Hernández; Arquímedes del Hierro Mazuera y Magdalena del Hierro Mazura no residen en el Edificio Tenerife Real y faltan a la verdad cuando invocan como vulnerados sus derechos fundamentales.
-Las fórmulas médicas allegadas al expediente corresponden a cinco de los sesenta y cuatro accionantes, de los cuales cuatro fueron reubicados antes de la presentación de la acción de tutela. Además, dichas fórmulas no demuestran que las afectaciones en el estado de la salud de las personas sea originada por la intoxicación o contaminación del hidrocarburo.
-La acción de tutela no es procedente para que los accionantes soliciten el cierre de las estaciones de servicio administradas por Petrobrás, pues no se encuentra acreditado que la actividad de la empresa genere un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente.
-Por último solicitan que se prorrogue el término otorgado a la empresa para que reubique a todos y cada uno de los residentes en lugares acordes con su residencia.
-En el caso sub júdice los actores han visto afectados sus derechos a la salud y a la vida digna, dada la exposición a olores de gasolina y a la inhalación de los compuestos orgánicos volátiles de la misma. Efectivamente se han presentado dos incidentes de afloramiento de gasolina en el sótano del edificio.
-El Fondo de Prevención y Atención de Emergencia, en cumplimiento de las recomendaciones emanadas del área de salud pública de la Secretaría Distrital de Salud, recomendó la evacuación temporal hasta que se garanticen las condiciones de seguridad y habitabilidad. Lo anterior da cuenta del riesgo en el estado de salud y la integridad física de los residentes del edificio.
-Si bien la empresa accionada ofreció la reubicación a unos residentes, el ofrecimiento lo hizo únicamente a las personas que en su momento consideró vulnerables, pues la reubicación general fue consecuencia de la medida provisional adoptada y de la orden de tutela proferida por la primera instancia.
-Respecto a la temeridad referida por la empresa en el caso del señor Luís Agustín Castillo Zárate se considera que no obstante existió identidad de partes, los hechos y las pretensiones de una y otra reclamación difieren entre sí.
-Respecto al argumento de que no todos los accionantes residen en el edifico afectado, no obra en el expediente un elemento probatorio que lo demuestre. Sin embargo, la orden de reubicación está dirigida únicamente para los residentes del Edificio Tenerife Real, de tal manera que si en un momento dado alguien no cumple con tal condición la orden no lo cobijará.
-En cuanto a la solicitud de prórroga del término para la reubicación temporal de los residentes del edificio elevada por la empresa, consideró que no resulta viable entrar a conceder lo peticionado, pues en razón a la situación fáctica y al riesgo de la integridad y salud de los actores, la reubicación temporal debe efectuarse en el menor tiempo posible. Además, indicó que si debido a circunstancias especiales dicho término resulta de imposible cumplimiento, se debe acreditar las mismas ante el juzgador encargado de velar por el acatamiento del fallo.
-La reubicación de los residentes del Edificio Tenerife Real en un lugar adecuado e idóneo durará hasta tanto se garanticen las condiciones de habitabilidad y de seguridad en dicho predio, previo concepto de la Secretaría Distrital del Medio Ambiente y/o la Secretaría de Salud.
-La acción de tutela no es la vía idónea para discutir temas económicos, así como tampoco el juez de tutela es el llamado a resolver controversias sobre perjuicios y tasación de los mismos, pues para ello existen otros mecanismos previstos en la ley.
-Los accionantes no tienen legitimidad para interponer la acción de tutela en nombre de los habitantes de Bogotá y pretender el cierre de las estaciones de servicios de propiedad de Petrobrás en esta ciudad.
- Certificados de libertad y tradición que demuestran que los accionantes ostentan la calidad de propietarios de los apartamentos del Edificio Tenerife Real (folios 84-305).
- Poderes otorgados a una firma de abogados para presentar, a nombre de los residentes, la acción de tutela (folios 2-78).
- Certificado de existencia y representación legal de la empresa Petrobrás Colombia Combustible S.A. (folios 306-310).
- Copia del Concepto Técnico No. 07404, del 3 de mayo de 2010, emitido por la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el cual se observa lo siguiente:
“Análisis global del cumplimiento normativo en materia de aceites usados. El establecimiento actualmente cumple con la totalidad de las obligaciones referentes al tema de aceites usados, establecidas en la Resolución 118/03.
(…) Se realizaron 9 perforaciones por parte de Petrobrás entre el 15 y el 22 de abril, en el suelo circundante a la EDS, seis (6) de ellas en el predio de EDA, dos (2) en zonas verdes de la Calle 106 y carrera 13 sin encontrar presencia de producto en la fase. Conforme con lo anterior y dado que los planos del edificio no estaban disponibles, fue necesario adelantar perforaciones en el parqueadero del edificio, las cuales contaron con la aprobación de la representante legal del edificio Tenerife. Se realizaron 4 apiques en el parqueadero, rompiendo la placa superficial para alcanzar el agua del nivel freático; el apique ubicado entre el parqueadero 34 y 35 presentó producto en fase libre y niveles de explosividad.
Entre el 14 y 28 de abril se han desarrollado 13 reuniones de PMU, en los cuales participó activamente la SDA. En el PMU del día 23, la SDA solicitó a la empresa Petrobrás desarrollar una serie de actividades tendientes a superar el evento (…).
Se sugiere imponer medida preventiva de suspensión a la actividad de almacenamiento y distribución de combustibles de la estación de servicio Petrobrás El Mochuelo ubicada en la Avenida Carrera 9 No. 106-35, considerando que la estructura de contención de las bocas de llenado de los tanques de combustible, por lo cual se generó un impacto a los recursos naturales presentes en la zona, de continuar operando en estas condiciones se incrementaría su impacto. Adicionalmente, la Estación se encuentra operando sin permiso de vertimiento. La medida preventiva impuesta deberá mantenerse hasta tanto el establecimiento de estricto cumplimiento a las actividades. (folios 311-331).
- Copia del Auto No. 3254 de la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá “por el cual se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental”, en el que se establece“(…) el establecimiento estación de servicio Petrobrás El Mochuelo, no cumple con la normatividad ambiental vigente, en materia de vertimientos y almacenamiento y distribución de combustible, tal como se concluyó en el Concepto Técnico No. 7404 del 3 de mayo de 2010.
Que en virtud de las anteriores consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, se evidencia la necesidad de verificar si los hechos descritos constituyen infracción a las normas ambientales, razón por la cual se dispone el inicio de procedimiento sancionatorio contra el establecimiento estación de servicio Petrobrás El Mochuelo, en su condición de responsable de efectuar actividades de almacenamiento y distribución de combustible sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución 1170 de 1997, verter aguas residuales de su proceso productivo a la red de alcantarillado sin el correspondiente permiso como lo exige la Resolución 3957 de 2009”. Por lo anterior, dispone “iniciar proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental contra el establecimiento Estación de Servicio Petrobrás El Mochuelo, ubicada en la Avenida Carrera 9 No. 106 -35 localidad de Usaquén de esta ciudad, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivos de infracción a las normas ambientales, conforme con (sic) lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo” (folios 332-336).
- Copia de la Resolución No. 3827 proferida por la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá “por la cual se impone una medida preventiva y se toman otras determinaciones”, en la que se dispuso“PRIMERO: Imponer medida preventiva consistente en la suspensión de actividades generadoras de vertimiento, almacenamiento y distribución de combustibles, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, al establecimiento de servicio Petrobrás El Mochuelo.
Presentar información solicitada en la reunión del PMU realizado el día 23 de abril de 2010, en los términos y plazos establecidos (…).
PARÁGRAFO: La medida preventiva impuesta se mantendrá hasta tanto el establecimiento Estación de Servicio Petrobrás El Mochuelo de estricto cumplimiento a los requerimientos efectuados mediante la presente providencia” (folios 337-345).
- Copia de las Planillas de AguaViva de Monitoreo de Atmósfera realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2010 en los pasillos y apartamentos de las torres del Edificio Tenerife Real, en el cual se clasifica de alto, medio y bajo la presencia de los gases tóxicos en la atmósfera (folios 349-411).
- Copia del informe rendido por Petrobrás, el 8 de septiembre de 2010, a la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del cual se relaciona el plan de reparación de la estación de servicio El Mochuelo y se determina como mejor alternativa, en cuanto a tiempo de ejecución y eficiencia del proceso, la remoción del suelo contaminado a través de la excavación del material y su posterior reemplazo con uno nuevo. En efecto se estableció el “Retiro de combustibles de los tanques de almacenamiento. Con el objeto de prevenir cualquier tipo de incidente, previo al inicio de los trabajos de remediación se deberá retirar el combustible que se encuentra almacenado en los tanques de la Estación. Esta operación será complementada con la desgasificación de los mismos para lo cual se llenarán totalmente con agua de carrotanque”. En el mismo informe la empresa accionada indicó las actividades a desarrollar para poner en marcha la estrategia de recuperación (folios 415-443).
- Copia de la comunicación que la Administradora del Edificio Tenerife Real remitió a Petrobrás, en la cual pone en su conocimiento que el tanqueo realizado por la empresa se realiza de manera indiscriminada a diferentes horas del día y de la noche sin tener en consideración que algunos de los residentes del edificio afectado son personas mayores y menores de edad (folio 444).
- Oficio, de 23 agosto de 2007, dirigido al DAMA, a la Secretaría de Salud, al Cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá y a la Alcaldía Local de Usaquén, remitido por la Administradora del Edificio Tenerife Real en el que solicita un inspección de emisión de gases de la estación de servicios Petrobrás El Mochuelo en vista de que los residentes “han notado un creciente aumento en la acumulación de gases en el área del parqueadero, así como también al interior de los apartamentos los días miércoles y viernes en horas de la mañana cuando se realiza el tanqueo en la estación”(folio 447-150).
- Prescripción médica del señor Juan Manuel Vargas Ayala, en la que se determinan unos signos de alerta como palpitaciones, dolor intenso de cabeza, vomito, diarrea y desmayo. Se anexan resultados de exámenes (folios 451-453).
- Copia de la certificación médica de la paciente Sara Inés del Río Villamil, en la que se indica que “La paciente en mención quien tiene 81 años viene siendo tratada por hipertensión arterial ha estado expuesta a vapores de combustible los cuales ocasionaron proceso inflamatorio bronquial y síntomas neurológicos de intoxicación por hidrocarburos inhalados. No debe volver a su sitio de residencia porque empeoraría su condición respiratoria” (folio 455).
- Copia de exámenes médicos y resultados de radiografías de tórax de la señora Elsa Valdivieso de Reina, en los que se concluye que la paciente tiene un proceso bronquial con signos de atropamiento aéreo (folios 456-457).
- Copia de la Historia Clínica de la paciente Elena del Socorro Bilbao Vilarete en la que se le diagnóstica afecciones respiratorias agudas y subagudas debidas a inhalaciones de gases, humos, vapores y sustancias químicas. En efecto en el historial se advierte lo siguiente: “Tipo diagnóstico: Intoxicación por Hidrocarburos. No hay consolidaciones no signos neumonitis. En el momento sin signos clínicos ni para clínicos de intoxicación, se remite por toxicología” (folio 159).
- Fotos de los apartahoteles ofrecidos por la Empresa Petrobrás a los residentes del Edificio Tenerife Real para su reubicación. Se observa las instalaciones del Condominio Plenitud, Fontana Plaza, Obelisco, Aleph Apartamentos, Prisma Suite Chico, Apartaclass, Organización Fierro Díaz (folios 522-528).
- Copia del listado de residentes del Edificio Tenerife Real que fueron reubicados en los apartahoteles ofrecidos por Petrobrás:
REUBICADO EN
Monica Emilia Lanfranco de Reyes, Rodrigo Reyes Lanfranco, Alfonso de Reyes Lanfranco, Ricardo Reyes Lanfranco , Mariana de Reyes Lanfranco
Rafael Rodríguez Segura y Rafel Eduardo Rodríguez Zambrano
Blanca Pava
Silvia Cuellar de Machado y Alejandro Gutiérrez Cuellar
Luz Marina Salamanca Mancera, Gilberto Valbuena Gómez, Mónica Andrea Valbuena Salamanca, Oscar Eduardo Valbuena León, Fernando Giovanny Vlabuena León
José Ureta Cardenas, Mercedes Pasión Flórez de Ureta
María Lucía Pedraza de Pavia
Carlos Felipe Infante Niño
Carlos Andrés Vigota Silva, Lina María Prieto Moreno
Plenutd
Tito Enrique Orozco y Carmen Rosa Nava y Carlos Enrique Orozco Nava
Lucelly Giraldo de Martínez, Mario Martínez
Nubia Astrid Peña Benjumea
Carlos Umaña, Rosana Mesa de Umaña
Luís Eduardo Lleras Mejía, Marcela Moreno Pardo
Cesar Fernando Ávila Medina, Zoraida Medina de Ávila
(folio 534).
- Copia del comunicado enviado por Petrobrás a todos los residentes del Edificio Tenerife Real en el que manifiesta que “de conformidad con la medida provisional ordenada por el Juzgado 56 Civil Municipal de Bogotá, las familias deberán a partir de la fecha trasladarse a los aparhoteles que se relaciona a cada uno de los residentes. La reubicación incluye alojamiento, parqueadero y lavandería. La permanencia se mantendrá por parte de Petrobrás Colombia Combustible S.A. hasta la fecha que sea determinada por el juez de conocimiento, en el fallo que resuelva de fondo la acción instaurada” (folios 535-549).
- Copia de los correos electrónicos enviado por Petrobrás a los hoteles realizando las reservas por un mes de algunos residentes con fecha de llegada el 22 de noviembre de 2010 y fecha de salida el 22 de diciembre de 2010. En los correos se indican que las tarifas mensuales son de $5’300.000 que incluye servicio diario de camarera, TV Cable, Cajilla de seguridad, llamadas locales, parqueadero cubierto, conexión a internet en la tarifa y servicio diario de lavandería. Las reservas se realizaron en el Condominio Plenitud a los señores Rafael Rodríguez, Silvia Cuéllar, Lucía de Pavia, Nubia Peña y Carlos Vigota; en el Edificio Fontana Plaza a los señores Blanca Pava, Lucely de Martínez, Carlos Umaña y César Ávila y en el Alepha Apartamentos Boutique a los señores Tito Orozco, Pasion Flórez y Olga Cecilia Niño de Infante (folios 555-563).
- Solicitud de medida provisional formulada por el apoderado de Petrobrás al Juez Civil Municipal de Bogotá en la que se pide se le ordene a los residentes del Edificio Tenerife Real que permitan el ingreso al edificio de los técnicos, sin condicionamiento alguno, para que puedan adelantar los trabajos de mitigación y reparación implementados por la autoridad ambiental. Advierte que la Alcaldía Local de Usaquén no ha cumplido con la orden impuesta por la Secretaría Distrital del Medio Ambiente de ejercer acciones policivas sobre el predio encaminadas a permitir el pacífico ingreso del personal de Petrobrás (folios 572-574).
- Copia de la comunicación presentada por el apoderado de los residentes del Edificio Tenerife Real dirigida a Petrobrás en la que señalan los requisitos que debe cumplir la oferta de alojamiento. Al respecto, establecen como condiciones de la reubicación las siguientes:
- Copia de la historia clínica y de la intervención quirúrgica ordenada a la señora Carmen Rosa Nave Báez, residente del Edificio Tenerife Real, en el que fundamenta la solicitud de reubicación en un apartamento residencial que cuente con las mismas característica del que habita (folios 583-586).
- Copia de un comunicado que remiten unos residentes del edificio, en el cual manifiestan que no están conformes con la reubicación realizada por la empresa accionada. Al respecto, indican “el hotel no cuenta con elementos domésticos indispensables que permitan realizar labores como lavado de ropa, además no cuenta con un refrigerador de tamaño adecuado ni con espacios apropiados para almacenar los demás elementos alimenticios” (folios 587 y 593).
- Comunicación enviada por la residente Luz Marina Salamanca en la que manifiesta que no recibe la oferta de reubicación en los apartahoteles de la Fontana Plaza pues resquebraja la unidad familiar, toda vez que le asignaron dos apartamentos para la familia. Solicita sea solo un apartamento con 4 habitaciones de conformidad con el número de integrantes del núcleo familiar (folio 590).
- Oficio, del 29 de noviembre de 2001, en el que los residentes advierten al Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá los últimos hechos ocurridos. Al respecto, indican que “el 27 de noviembre en las horas de la noche se presentó un nuevo afloramiento de gasolina en el sótano del Edificio Tenerife Real. Cada vez que el nivel freático de las aguas subterráneas se eleve debido a las fuertes y permanentes lluvias, se presentará combustible en el sótano con las consecuencias lógicas como son las emisiones de gases tóxicos en niveles que sobrepasan los permitidos no sólo para las áreas residenciales sino también las industriales. Con este nuevo incidente, queda constancia, por tercera vez, de la presencia permanente del combustible en el edificio y así, la vulneración de los derechos fundamentales a la vivienda digna, situación que técnicamente no puede ser remediada” (folios 641-642).
- Copia del oficio que remite la Alcaldía Mayor de Bogotá a la Alcaldía Local de Usaquén, en el que le solicita adoptar y ejecutar las medidas policivas pertinentes con el propósito de que se facilite y ordene, con el apoyo policial, el ingreso al sótano del Edificio Tenerife Real de los equipos y del personal designado por Petrobrás para la ejecución de las actividades de restauración y mitigación (folios 8-9 cuaderno No. 2).
- Oficio mediante el cual Petrobrás solicita al Juez Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá que se ordene, de manera inmediata, el ingreso al edificio afectado de las distintas autoridades y del equipo y personal técnico designado por la empresa con el fin de adelantar, desarrollar y ejecutar los trabajos de mitigación y reparación programados e implementados por la autoridad ambiental (folios 10-12, cuaderno No.2).
- Copia de la comunicación que Petrobrás envió, el 1° de diciembre 2010, al Edificio Tenerife Real en el que hace la oferta de las posibles alternativa de reubicación de los residentes, en cumplimiento de la orden impartida por el juez de primera instancia. Al respecto señaló:
Valor Máximo de arriendo
84-100 m2
101-119 m2
Valor a reconocer por administración y servicios
Para facilitar la consecución del apartamento de acuerdo con sus necesidades, Petrobrás dispone de una firma inmobiliaria y ha establecido un contacto permanente para este propósito, quien estará a su entera disposición” (Folios 60-62)
- Copia de los oficios remitidos por los residentes del Edificio Tenerife Real a Petrobrás en el que algunos manifiestan la aceptación de la propuesta No 3 presentada por la empresa accionada y otros realizan una contraoferta. En efecto, los señores Isabel Cristina López Díaz, Juan Manuel Vargas Ayala, Elvia María Hernández, Zoraida Medina de Ávila, Gonzalo Herrera, Rafael Rodríguez, Hellen Bilbao, Mónica Lanfranco, Ana Laura Méndez, Juan Gonzalo Díaz, Tammy Villaplana de Arévalo, señalaron:
“En atención al comunicado de la referencia recibido el 2 de diciembre de 2010 aceptan la propuesta No. 3 de traslado a un apartamento en arriendo a su cargo de iguales o similares condiciones al que tienen en el Edificio Tenerife Real”. A su vez, en el mismo informe cada uno de los residentes señalan el lugar donde, al 6 de diciembre de 2010, se encontraban reubicados, los cuales están relacionados así:
- Isabel Cristina López Díaz Int. 3 Apto 303
- Apartahotel Prisma Hoteles
- Juan Manuel Vargas Ayala Int.1 Apto. 302
- Apartahotel Class Suites
- Elvia María Hernández Int. 2 Apto. 204
- No registra el lugar de reubicación
- Zoraida Medina de Ávila Int.2 Apto 304
- Actualmente siguen viviendo en el Edificio Tenerife Real pero acceden a trasladarse a un apartahotel de manera temporal hasta que encuentran un apartamento que cuente con las mismas condiciones del que residen.
- Gonzalo Herrera Int.1 Apto.304
- Apartahotel El Obelisco.
- Rafael Rodríguez Int.1 Apto 101
- Aceptan la reubicación en un apartamento ofertado mientras consiguen otro que se ajuste a sus necesidades.
- Helen Bilbao
- Apartahotel Edificio ERA 2002.
- Mónica Lanfranco
- Actualmente reside en el Edificio Tenerife Real y accede a ser reubicada en un apartahotel mientras se traslada a un apartamento que supla sus necesidades de conformidad con lo indicado en la propuesta No. 3.
- Aura Laura Méndez
- Actualmente se encuentra reubicada en Travelers Apartamentos y Suites Chaparro Duarte. Solicita ser trasladada a un apto de su propiedad que se encuentra en venta siempre y cuando Petrobrás acceda a pagarle un canón de arrendamiento.
- Juan Gonzalo Díaz
- Edificio Coral Village, apto amoblado en el que se encuentra de manera provisional mientras consigue un apto que se ajuste a sus necesidades de conformidad con lo estipulado en la propuesta No.3-
- Tammy Villaplana de Arévalo
- Apartahotel El Obelisco
- Informe presentado, el 14 de diciembre de 2010, por la Empresa accionada al Juez Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá en el que presentan una relación de la reubicación de los residentes, en cumplimiento a lo ordenado por la primera instancia.
Arrendatario/Propietario
Opción escogida por accionantes
Rafael Eduardo Rodríguez Zambrano
Magdalena del Hierro Mazuera
Propietarios no requiere reubicación por estar habitando el inmueble el arrendatario.
Silvia Cuéllar de Machado
Alejandro Gutiérrez Cuéllar
Luz Marina Salmanca Mancera
Oscar Eduardo Valbuena León
Lucía de Pavia
Tito Enrique Orozco
Lucelly Giraldo de Martínez
Martha Lucía Gil Panesso
No requiere reubicación apartamento desocupado (vive en México)
No requiere reubicación apartamento desocupado
Otoniel Rodríguez Gamboa
Luís Gonzalo Herrera
Jorge Eduardo Abondano León
Monica Emilia Lanfranco de Reyes
Blanca Pava de Giraldo
Mercedes Pasión Flórez de Ureta
Francisco René Sighinolfi Triviño
Carlos Andrés Vigota Silva
Fanny Hernández Beltrán
Armando Eduardo Ortega Jiménez
Permanece en el hotel mientras busca apartamento
Tammy Villaplana de Arévalo
César Fernando Ávila Medina
Permanecen en apartahotel mientras buscan apartamento en arriendo
Bertha Cecilia Galvis de Mantilla
Elsa Valdivieso de Reina
María de Jesús Linares de Medina
Jorge Alberto Otálora Mieles
Elena del Socorro Bilbao Vilarete
Ana Laura Méndez de Duarte
Luís Augustín Castillo Zárate
No se reubica no vive en el inmueble
Permanece en apartahotel mientras busca apartamento en arriendo
Permanece en apartahotel mientras busca apartamento
- Relación del estado actual de la reubicación ordenada por el juez constitucional de los residentes del Edificio Tenerife Real, en el que se estableció lo siguiente:
Nubia Astrid Peña
Jorge Eduardo Abondano
Alba Yong De Bernal
Argemira Vargas
Reubicados antes de la tutela
Reubicados con la tutela
Lugar de Reubicación
Cra. 11c No. 110-49 Apto 101, Garaje 1
Federico Ospina
Calle 107ª No. 11ª-87 Edf. Portal de Santa Paula Garaje 16 y 17 Depósito 1
Conjunto R. San Bernardo Av. 9 Bo. 110-51 Apto 313 Garaje 55, Depósito 303 107m2
Buganvilla Cra. 11Bs no. 124ª-90 Torre 4 Apto 502.
Apartahotel Prisma Suite Transv. 23 No. 94-28
Apartahotel Av.15 No. 127-66 Apto.423
Jorge Alberto Otálora
Apartahotel Calle 127 No. 15-36 Apto. 323
Elena de Socorro Bilbao
Calle 108 No. 23-48 Apto. 403 Garaje 4, Depósito 11
Casa Int. No. 7 Manz. C Carrera 21 No. 133-65 Santacoloma
Ana Laura Méndez de Duarte/Luís Duarte
Calle 116 No. 55C-44 Torre 3 Apto 616
Calle 62 No. 45-24 Apto 204
Angela Gualy
Apartahotel Calle 127 No. 15-36 Apto 423
Cra. 19ª No. 89-11 Apto. 303
Juan Gonzalo Díaz/Sofia Martínez
Edif. Sausalito Calle 123 No. 11ª-33 Apto. 101 Int. 1 Garaje 2, Depósito 101
Ed. Punterena Cra. 19ª No. 104ª-32 Apto 302 Garaje y Depósito
Apartahotel Calle 127 No. 15-36 Apto. 518
Tito Orozco
Cra. 23 No. 103-61 Apto 501
Lucelly de Martínez
Calle 107ª No. 7ª-81 Torre 2 Apto. 503 Garajes 100 y 101 Depósito 46 Parque Santa Ana Etapa I
Sara Inés del Río
Calle 111 No. 13ª-15 apto 202
Calle 127c No.11B-85 Apto 601 Interior 2
Calle 106 No. 19ª-38 Apto 402
Cra 6 No. 124-37 Apto 1004
Mónica Lanfrancro
Cra 13ª No.127ª-42 Apto 402
Dirección Diag 72 No. 1-16 Edif Balcones de Alcalá Apto 407
Carrera 14B No. 118-22 Apto 503
Pasión Flórez
Edif. Trevisso Tras. 21 No. 94ª-32 Apto 601 Garajes 15 y 26 Depósito 7
Rene Sighinolfi
Calle 124 No. 21-07 Apto 201 Garajes 17 y 18 Depósito 1 Edif. La Chapelle
Sergio Infante/Olga Cecilia Niño
Calle 70 No. 5-60 Apto 7-02 Edif. Portachuelo Garaje 802 Depósito
Carlos Vigoya
Cra. 1 No. 110-12 Apto 106
Cra. 15 No. 127ª-32 Apto 505 Torres de Aragón
Carrera 12 No. 102ª-46
Apart. 302 Edif. Los Molinos Calle 108B No. 6-24
TammyVillaplana
Cra 7ª No. 123-60 Apto. 305, 2 Garaje 52 y 53 Depósito
Cesar Fdo Avila/ Zoraida Median
Cra 16 No. 127-81 Int. 5 Apto 601 Conjunto el Remanso de Santa Cruz
Bertha Galvis de Mantilla
Calle 73 No. 00-39 Apto 501
- Copia del último informe presentado por Petrobrás Colombia Combustibles S.A. a la Secretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor, en el que se relacionan las actividades realizadas en el Edificio Tenerife Real desde el 29 de julio al 4 de agosto de 2011 (folios 29-41)
3. Inexistencia de la actuación temeraria por parte de uno de los accionantes
No obstante, este alto Tribunal ha mencionado que pueden existir eventos en los cuales, si bien se encuentra la concurrencia de los tres elementos que configuran la temeridad, esta no se constituye. Estas circunstancias son, cuando “(i) el juez vislumbra la presencia de nuevos elementos fácticos o jurídicos; (ii) o al resolver la primera acción no se pronunció con respecto a la verdadera pretensión del accionante y se observe que la violación de los derechos del accionante se mantenga o se agrave”, en estos casos el juez deberá entrar a decidir de fondo el problema planteado[5].
Esta Sala observa que el señor Luís Agustín Castillo Zárate, presentó en nombre de su madre la señora Ana Teresa Zárate, una primera acción de tutela ante el Juzgado Cincuenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá en la que relaciona el incidente ocurrido en la estación de servicio El Mochuelo de Petrobrás S.A. y, con posterioridad, promovió junto con los demás residentes del edificio, un segundo mecanismo de amparo ante el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogota también contra la misma empresa.
Encuentra la Sala pertinente establecer si, respecto del señor Castillo Zárate se configura los presupuestos jurisprudenciales de temeridad, en razón a las dos acciones de tutela presentadas contra la empresa Petrobrás S.A..
Al respecto, se advierte que la primera acción de tutela fue presentada, de manera individual, por el señor Luís Agustín Castillo Zárate contra Petrobrás, en la que se solicitó como pretensión principal el levantamiento de la orden de desalojo y evacuación dirigida a los residentes del interior No. 3 del Edificio Tenerife Real. Los hechos que fundamentaron esta acción estaban basados en el incidente, del 14 de abril de 2010, con la estación de servicio El Mochuelo, en razón a la fuga del hidrocarburo que se estancó en la estructura del edifico donde reside su progenitora.
A su vez, el actor en concurrencia con los demás residentes del edificio Tenerife Real, promovió una segunda acción de tutela, objeto de revisión por parte de esta Corporación, ante el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de Bogotá, en la que solicitan, entre otras pretensiones, la reubicación inmediata de todos y cada uno de los residentes del mencionado edificio, en lugares de habitación con similares características a sus viviendas. Los hechos que fundamentaron esta acción están basados, no sólo en el incidente del 14 de abril de 2010 sino también en los ocurridos en los meses de octubre y noviembre del mismo año, pues, de conformidad con lo indicado por los accionantes, el aumento de los gases tóxicos afectaron las condiciones de habitabilidad haciendo imprescindible la reubicación.
4. Reiteración jurisprudencial. Diferenciación entre la vulneración de un derecho fundamental y un derecho colectivo. Procedencia de la acción de tutela para aquellos eventos en que la afectación de un interés colectivo conlleve también a la vulneración o amenaza de un derecho fundamental
Frente al particular, la Corte ha señalado unas reglas de ponderación como criterio auxiliar que el juez deberá tener en cuenta para, eventualmente, conceder el amparo de derechos colectivos a través de la acción de tutela. Al respecto, ha establecido que “la protección de un derecho fundamental cuya causa de afectación es generalizada o común para muchas personas afectadas, que pueda reconocerse como un derecho colectivo, sólo es posible cuando se demuestra la afectación individual o subjetiva del derecho. Dicho de otro modo, la existencia de un derecho colectivo que pueda protegerse por vía de acción popular no excluye la procedencia de la acción de tutela cuando se prueba, de manera concreta y cierta, la afectación de un derecho subjetivo, puesto que ‘en el proceso de tutela debe probarse la existencia de un daño o amenaza concreta de derechos fundamentales, la acción y omisión de una autoridad pública o de un particular, que afecta tanto los derechos colectivos como los fundamentales de una persona o grupo de personas, y un nexo causal o vínculo, cierta e indudablemente establecido, entre uno y otro elemento, pues de lo contrario no procede la acción de tutela’[6]”[7].
Por consiguiente, es de aclarar que no obstante que en el texto fundamental se consagran acciones constitucionales diferentes para la protección de los derechos individuales y colectivos, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela cuando se cumplan los siguientes requisitos[8]:
“Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos (...). En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (…), para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella ‘como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental.”[9].
Así las cosas, de conformidad con lo indicado por la jurisprudencia y con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela, le corresponde al juez constitucional constatar si en el expediente se encuentra acreditado, de manera cierta y fehaciente, que la afectación del derecho colectivo también amenaza el derecho individualizado de la persona que interpone la acción de tutela, cuya protección no resulta efectiva mediante la presentación de una acción popular, sino que, por el contrario, debe ser evidente la urgencia en la intervención inmediata del juez de tutela[10].
No obstante lo anterior, es de precisar que la orden judicial que se imparta en razón de la acción de tutela que resulte procedente, debe estar orientada a obtener, únicamente, el restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no el derecho colectivo. En efecto, se ha indicado que “no debe pretenderse el restablecimiento del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza[11]”
“Artículo 25. Indemnización y costas. Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de los dispuesto en los dos artículos anteriores, en el fallo que concede la tutela el juez, de oficio, tiene la potestad de ordenar en abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce efectivo del derecho, así como el pago de las costas del proceso . La liquidación del mismo y de los demás perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, por el trámite incidental, dentro de los 6 meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación”.
(I) Que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial[12]. En consecuencia si, consideradas las circunstancias del caso, el accionante tiene la posibilidad de intentar la acción ordinaria encaminada a obtener a través de su presentación la indemnización de los daños que se le han causado, no es la tutela el medio judicial idóneo para ello, pese a haber prosperado.
(IV) La indemnización que se ordene en abstracto debe estar encaminada, como lo manda el precepto legal, a resarcir el daño emergente causado, entendido como “perjuicio o pérdida”, es decir que no comprende el lucro cesante. Al respecto, la Corte estableció que debe existir una prueba mínima sobre la ocurrencia del daño emergente[14].
A su vez, como consecuencia de la orden impartida, en primer lugar, por la Secretaría de Medio Ambiente y después por el juez constitucional, Petrobrás propuso a los residentes del edificio la reubicación de manera inmediata en diferentes apartahoteles de la ciudad, tales como Condominio Plenitud, Fontana Plaza, Obelisco, Aleph Apartamentos, Prisma Suite Chicó, Apartaclass, entre otros. Así pues, se evidenció que desde el 14 de abril de 2010 cuando ocurrió el primer incidente, la empresa accionada le ofreció a los residentes del edificio la reubicación inmediata, labor que se inició con los sujetos de especial protección, después con los habitantes del interior No. 3 por ser el sector más afectado y, con posterioridad, en cumplimiento de la medida provisional adoptada por el juez de primera instancia, extendió la oferta a todas las familias ubicadas en el edificio.
Por otra parte, precisa la Sala que, en el presente caso, no es dado al juez constitucional condenar en abstracto el pago indemnizatorio por los daños y perjuicios que pudieron causarse a las viviendas de los demandantes, pues se considera que sólo en el momento en que se culminen los trabajos de reparación y mitigación y, como consecuencia, se restablezcan las condiciones de habitabilidad se podrá, previo concepto técnico de un experto, establecer si, tal y como lo manifiestan los accionantes, se disminuyeron las características esenciales de las viviendas afectándose su valor comercial.
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo proferido el 25 de enero de 2011 por el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá, que confirmó y adicionó el dictado el 26 de noviembre de 2010 por el Juzgado Cincuenta y Seis Civil Municipal de la misma ciudad.
[1] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-1122 del 1 de diciembre de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
[3] Corte Constitucional, sentencia T-1103 del 28 de octubre de 2005. MP. Jaime Araújo Rentería, sentencia T-1022 del 1 de diciembre de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño, sentencia T- 1233 del 10 de diciembre de 2008, MP. Rodrigo Escobar Gil.
[6] Sentencia T-1205 de 2001.
[7] Sentencia T-659 de 2007.
[8] Ver entre otras, T-1451 de 200, SU-116 de 2001, T-288 de 2007 y T-659 de 2007.
[10] Ver entre otras Sentencia T-659 de 2007.
[11] Ver Sentencia SU- 1116 del 24 de octubre de 2001 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Al respecto, esta Corporación ha sido enfática en establecer que la exigencia de que “no existe otro medio judicial” no se refiere a la defensa del derecho fundamental invocado sino a la obtención del resarcimiento del perjuicio, ver entre otras Sentencia T-403 de 14 de M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[13] M.P. Mauricio González Cuervo.
[14] Ver entre otras Sentencias T-403 de14 de septiembre de 1994 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-375 de 1993 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

References: Resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 39