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Timestamp: 2018-05-23 03:02:18+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3795/2005, 01-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3795/2005 de 01 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/3795/2005
Es correcta la denegación del aplazamiento solicitado sin garantías, ya que existe una dificultad de tesorería de carácter estructural, no coyuntural, faltando capacidad para generar los recursos necesarios para afrontar el pago del aplazamiento solicitado, lo que unido a la insuficiencia de bienes para garantizar el aplazamiento, produciría graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública. La denegación se produjo cuando no existía crédito alguno de la Hacienda Pública a favor del interesado que pudiera alegar como garantía parcial de pago. No se discute la procedencia de la deuda, ni si está relacionada o no con la devolución del IVA que se solicitó y se obtuvo, ni como gestionó la empresa sus obligaciones tributarias o en qué clase de infracciones incurrió, pues tales cuestiones deberían haberse revisado en la impugnación que pudo hacerse de la liquidación originaria. En cuanto a los pagos efectuados y su aceptación por la Administración, lo fueron a cuenta de la deuda, y no en cumplimiento del aplazamiento no concedido.
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2007, en el recurso de alzada que pende ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, interpuesto en nombre y representación de ..., S.L. por D. ..., que designa como domicilio a efectos de notificaciones el de D. ... en contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 30 de octubre de 2005, por la que se desestima la reclamación económico-administrativa interpuesta contra la denegación de aplazamiento de deudas por importe total de 800.011,75 €.
PRIMERO: El Delegado Especial de la Agencia Tributaria de ... denegó con fecha 18 de febrero de 2004 la solicitud de aplazamiento formulada por la entidad interesada respecto de la deuda con clave de liquidación ..., en concepto de IVA Actas de Inspección, en fase voluntaria por importe de 837.011,75 €. Como motivo de denegación consta el siguiente: "Por considerar que no concurren las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 34.4.B) del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 53.1 del Reglamento General de Recaudación. En efecto, del examen de la documentación aportada y de los datos y antecedentes que obran en el expediente se deduce que el solicitante presenta una dificultad de tesorería de carácter estructural, no coyuntural, faltándole capacidad para generar los recursos necesarios para afrontar el pago del aplazamiento solicitado, situación que unida a la insuficiencia de bienes para garantizar el aplazamiento, produciría graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública de concederse el aplazamiento". Contra la resolución anterior la sociedad interpuso recurso de reposición, que fue resuelto el 19 de marzo de 2004, estimándose la impugnación respecto de la cantidad, que quedó en 800.011,75 €, y desestimándose respecto de lo demás.
SEGUNDO: Disconforme con la resolución anterior, el representante de la entidad interpuso reclamación económico-administrativa ... ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de ..., argumentando que 1) en su día se dio conformidad al acta A01 ..., correspondiente al IVA de 2000, 2001 y 2002, resultando una cuota de 1.109.574,47 € y unos intereses de demora de 80.538,46 €. La causa del acta era una cuestión puramente formal: no haber expedido las autofacturas a que se refieren los artículos 97.1.3º y 165.uno de la Ley del IVA, en una adquisición. 2) En 2003 se emitieron las autofacturas, resultando a devolver 800.342,14 €, presentándose la correspondiente autoliquidación. 3) El 18 de julio de 2003, dentro del plazo de pago en voluntaria, se efectuó un pago parcial de 186.101,46 € y se solicitó el aplazamiento de pago del resto, proponiendo pagar 30.000 € mensuales hasta que fuera posible la compensación entre la deuda y el crédito, ingresos que se fueron efectuando regularmente. 4) El 9 de febrero de 2004 y tras un requerimiento, se presento la denegación de un aval solicitado. El siguiente día 18 fue denegada la solicitud de aplazamiento. En la resolución del recurso de reposición interpuesto se desestimó la posibilidad de aceptar como garantía la devolución pendiente del IVA. 5) Entiende que se cumplen todos los requisitos para la concesión de aplazamiento, ya que su situación patrimonial impedía efectuar el pago de la deuda de manera inmediata, sin que se comprenda el quebranto que podía suponer para la Hacienda Pública el demorar el pago hasta que adquiriese firmeza la devolución del IVA pendiente, a los seis meses de la solicitud. 6) Se hace constar que la deuda fue apremiada y compensada de oficio por la Administración con la devolución, en la cantidad concurrente.
TERCERO: El Tribunal Regional dictó resolución de 30 de septiembre de 2005 desestimando la reclamación interpuesta, para lo cual argumentó que los artículos 4__h6_0072art>61 de la Ley General Tributaria y 48 y 52 del Reglamento General de Recaudación dan amplias facultades a la Administración en esta materia, de manera que la revisión que compete a los Tribunales Económico-Administrativos debe limitarse a apreciar que la denegación del aplazamiento no sea arbitraria, que ha sido debidamente motivada y que se han cumplido las cuestiones regladas del procedimiento, tal y como se ha establecido en la jurisprudencia y en las resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central que cita. Así, en el presente caso se aprecia que se ha seguido el procedimiento establecido, que la solicitud se presentó sin aval (por entender la empresa que era suficiente la existencia de cuotas a devolver del IVA, aunque hay que tener en cuenta que cuanto se presentó la solicitud la sociedad no era todavía acreedora de la Hacienda Pública, puesto que su crédito no se había aún reconocido, y además su cuantía era inferior a la deuda). La solicitud de aplazamiento sin aval sólo puede concederse cuando concurran las circunstancias excepcionales del artículo 34.4.b de la Ley General Presupuestaria y 53.1 del Reglamento General de Recaudación, y la resolución impugnada especifica que no se dan tales circunstancias, añadiendo que las dificultades de tesorería de la empresa no era coyunturales sino estructurales, al no tener capacidad de generar recursos suficientes, lo que no puede considerarse arbitrario si se comparan las cifras de beneficios de la empresa con la cuantía de la deuda.
La interesada había solicitado asimismo la suspensión del acto impugnado, que fue inadmitida a trámite por resolución del Tribunal Regional de 30 de abril de 2004.
CUARTO: Disconforme con la resolución desestimatoria de la reclamación, notificada el día 13 de octubre de 2005, el representante de la entidad interpone recurso de alzada mediante escrito del día 8 de noviembre siguiente, en el que solicita que se anulen las resoluciones impugnadas y se acceda a la petición de aplazamiento, para lo cual alega que si bien cuando se presentó la solicitud de aplazamiento no era acreedora de la Hacienda Pública, cuando se denegó la solicitud el 18 de febrero de 2004 la entidad había ya ingresado 390.101,46 € y había presentado la liquidación correspondiente al último trimestre del ejercicio 2003, paso preceptivo para solicitar la devolución del IVA, por lo que a esa fecha el importe de IVA a devolver era suficiente para pagar la deuda que quedaba pendiente. Cuando el Tribunal Regional se refiere a la dificultad de tesorería tampoco recuerda esos ingresos a cuenta y la solicitud de devolución el IVA. Por todo ello, la denegación del aplazamiento fue absolutamente arbitraria: cabe preguntarse por qué la Administración demoró la resolución de la solicitud de aplazamiento tantos meses y por qué aceptó los pagos a cuenta. Por otra parte, la Administración compensó el IVA de la devolución sólo tres meses después de la denegación del aplazamiento. El interesado se pregunta cómo es posible que un mero error formal, que es el origen de la deuda, haya dado lugar al pago de 80.538,46 € de intereses y 161.352,56 € de apremio.
PRIMERO: Concurren en el supuesto los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite del recurso, en el que la cuestión planteada consiste en determinar si la denegación de la solicitud de aplazamiento en el pago de las deudas de la entidad interesada es conforme o no a derecho.
SEGUNDO: La resolución del Tribunal Regional, cuyo resumen se contiene en los antecedentes, es conforme a derecho y se suscribe enteramente por este Tribunal Central, y las alegaciones del representante de la entidad no aportan argumento alguno que las desvirtúe. No obstante, se da a continuación contestación a las alegaciones formuladas. Así, es importante señalar que la resolución denegatoria del aplazamiento de la deuda se produjo el día 18 de febrero de 2004, por lo que en esa fecha no existía crédito alguno de la Hacienda Pública a favor del interesado que pudiera alegar como garantía parcial de pago. A este efecto interesa señalar que no se discute aquí la procedencia de la deuda y si está relacionada o no con la devolución del IVA que se solicitó y se obtuvo; no se enjuicia aquí como gestionó la empresa sus obligaciones tributarias y en qué clase de infracciones incurrió, tales cuestiones deberían revisarse en la impugnación que pudo hacerse de la liquidación originaria. Tan sólo podemos considerar aquí el hecho de que se trata de una deuda tributaria exigible, y como bien señala el Tribunal Regional, en la tramitación de la solicitud de aplazamiento se observaron por la Administración todos los preceptos legales aplicables, particularmente el relativo al plazo para la resolución. En este sentido no se acepta la imputación de demora en resolver la solicitud de aplazamiento. En cuanto a los pagos efectuados y su aceptación por la Administración, lo fueron a cuenta de la deuda, y no en cumplimiento del aplazamiento no concedido; la normativa reguladora no impide que el deudor haga frente parcialmente a la deuda, pero dispone que sólo el pago de la totalidad de la deuda produce los efectos liberatorios que le son propios (art. 21 del Reglamento Gral. de Recaudación). Finalmente, en la apreciación de las dificultades estructurales de tesorería, se refieren a la capacidad de generación de recursos de la entidad, que se pone de manifiesto tras el análisis de los resultados empresariales de los últimos ejercicios; de nuevo ha de indicarse que al respecto no puede oponerse la existencia de un crédito no reconocido en ese momento.
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