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León, a 14 de marzo de 2012
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Esther Navarrete Olivera
1 León, a 14 de marzo de 2012 Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León Ilmo. Sr. Secretario General Plaza de Castilla y León, Nº VALLADOLID Expediente: Asunto: Denegación de renta garantizada de ciudadanía / Resolución Centro directivo: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Ilmo. Sr.: En esta Procuraduría se tramita el expediente registrado con el número de referencia arriba indicado, con motivo de una queja sobre la declaración de desistimiento de una solicitud de renta garantizada de ciudadanía presentada en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Zamora el xxxxxxxx, y cuyos destinatarios serían la solicitante de la prestación, de nacionalidad española, su hijo de 9 meses de edad y el padre de éste, de nacionalidad peruana. A la vista del informe que nos ha remitido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la solicitante fue requerida el xxxxxx, para que presentara una serie de documentación referida al miembro de la unidad familiar de nacionalidad peruana, y, en particular: - Documentación oficial acompañada de traducción realizada por un traductorintérprete jurado reconocido por el ministerio de asuntos exteriores y de cooperación cuando sea emitido en lengua diferente al español, donde se acredite los bienes muebles e inmuebles de los que son titulares el solicitante y/o cualquiera de los miembros de la unidad familiar en el país de origen o procedencia, debiendo especificarse en el caso de los bienes inmuebles, el valor de los mismos. Se entienden a todos los efectos, bienes rústicos o urbanos, rendimientos que pudieran producir éstos, así como los posibles depósitos y fondos bancarios y su rendimiento. - Documentación oficial acompañada de traducción realizada por un traductor-intérprete jurado reconocido por el ministerio de asuntos exteriores y de cooperación cuando sea emitido en lengua diferente al español donde se acredite los ingresos y/o prestaciones que perciben todos los miembros de la unidad familiar del país de origen o procedencia.
2 También según la información que nos ha remitido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la solicitante no aportó ninguno de los documentos requeridos, ni justificación de haberlos solicitado. De este modo, el 30 de agosto de 2011, se emitió resolución de desistimiento que fue notificada a la interesada el 6 de septiembre de A la vista de la documentación que nos fue aportada junto con el escrito de queja, el integrante de la unidad familiar de nacionalidad peruana contaba con las certificaciones negativas de inscripción a nombre de éste de predios rústicos y urbanos, expedidas el xxxxxxxxx, con sello de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, dependiente del Ministerio de Justicia de Perú; así como certificación negativa de estar inscrito en los registros de pensionista, expedida el xxxxxxxxxx, por la Oficina de Normalización Previsional dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú. De este modo, los interesados estarían en condiciones de aportar documentación justificativa relativa a la carencia de bienes inmuebles y de cualquier tipo de pensión en Perú, aunque no nos costa si llegó a presentarse o no, dado que en el escrito de queja parece hacerse alusión a gestiones verbales con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, a los efectos de determinar la documentación que era precisa aportar, y la forma en la que se debía hacer. Con todo, el problema de fondo puesto de manifiesto a través de la queja es que el miembro de la unidad familiar de nacionalidad peruana no puede aportar documentación relativa a la carencia de fondos y depósitos bancarios, justificándose dicha circunstancia en el hecho de que, en Perú, el SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria), que equivaldría a la Agencia Tributaria de España, no certifica la carencia de fondos y depósitos bancarios, ni existe otro organismo que lo haga. De este modo, siguiendo las instrucciones de la Gerencia de Servicios Sociales, los interesados se dirigieron al Consulado de Perú en España para que certificara la inexistencia de algún organismo público en Perú que pudiera certificar la carencia de fondos y depósitos bancarios. De hecho, en una de las copias de los requerimientos de documentación a aportar de la Gerencia de Servicios Sociales que nos fue facilitada con la documentación adjunta al escrito de queja, se incluye una nota del siguiente tenor literal: En caso de que no exista organismo oficial para certificar algún aspecto de los solicitados deberá aportar documentación justificativa del consulado o embajada de su país. Según se expone en el escrito de queja, el Consulado de Perú en España se negó a expedir una certificación en tal sentido a los solicitantes, aconsejándose o indicándose a éstos 2
3 desde dicho Consulado que presentaran en la Gerencia de Servicios Sociales una declaración jurada de no tener fondos o depósitos bancarios en Perú. Sin embargo, también según los términos del escrito de queja, los interesados fueron informados por la Gerencia de Servicios Sociales en el sentido de que no admitían dicha declaración jurada a los efectos de tramitar la solicitud de renta garantizada de ciudadanía. Con todo, como ya hemos apuntado anteriormente, aunque no nos consta si las certificaciones negativas con las que contaban los interesados fueron aportadas a la Gerencia de Servicios Sociales, ni en qué sentido se pudo orientar a los interesados de forma verbal, es lo cierto que la falta de atención del requerimiento de aportación de la documentación requerida para tramitar la solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía en plazo debía dar lugar a la declaración de desistimiento acordada. No obstante, al margen del caso particular, según nos informa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la alegación de no disponer de depósitos o fondos bancarios debe acreditarse, de forma habitual, a través de certificados negativos de patrimonio emitidos por el organismo oficial correspondiente, o bien a través de certificados negativos de rendimientos de capital mobiliario, emitidos por organismos análogos a la Agencia Tributaria española. Y, como ya viene poniéndose de manifiesto en otros expedientes tramitados por esta Procuraduría desde que entró en vigor la normativa de la Renta Garantizada de Ciudadanía ( , , y , entre otros), una de las dificultades que encuentran los extranjeros para obtener dicha prestación es la de aportar cierta documentación de su país de origen que les es exigida, entre otras cosas porque no siempre existe un paralelismo con las estructuras administrativas existentes en España y unas competencias equivalentes. Por lo tanto, nos podemos encontrar ante un supuesto en el que una unidad familiar compuesta por una nacional española, su hijo menor, y el padre de éste de nacionalidad peruana, que carecen de recursos necesarios para atender las necesidades básicas de subsistencia y se encuentran en un estado de dificultad social y personal, no se les reconoce el derecho subjetivo a la Renta Garantizada de Ciudadanía reconocido en el Estatuto de Castilla y León a quienes se encuentren en situación de exclusión social, por el hecho de que, entre la documentación que han de aportar para obtener la prestación, supuestamente se encuentra una certificación negativa que no está prevista que expida ningún organismo en el país extranjero de que se trate, y, en particular, que no expediría el SUNAT, a pesar de que hemos 3
4 podido comprobar que, en la página web de dicho organismo peruano, se contempla un modelo de Solicitud de Acceso a la Información Pública. Ante esta situación, parece acertado el recurso a la petición de colaboración de los consultados y embajadas del país extranjero en España, tal como se apuntó en uno de los requerimientos de documentación que fue dirigido a los interesados por la Gerencia de Servicios Sociales; y, aunque resulte extraño que, en el caso que nos ocupa, el Consulado de Perú en España se haya negado a facilitar a un ciudadano peruano una certificación de no existir en su país un organismo oficial que pueda certificar la carencia de fondos o depósitos bancarios, dicha situación es posible que pueda darse. Ante esta situación, debemos invocar el principio de orientación al ciudadano, según el cual, a tenor de la letra a) del artículo 5 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, la actuación de la Administración y los servicios públicos que presta han de estar dirigidos a la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos. Y ello, a nuestro juicio, incluye la superación de obstáculos circunstanciales que impidan el ejercicio de derechos subjetivos como el de la Renta Garantizada de Ciudadanía. En virtud de todo lo expuesto, y al amparo de las facultades conferidas por el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por la Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común, consideramos oportuno formular la siguiente Resolución, para recomendar: - Que, sin perjuicio de la competencia estatal en materia de relaciones internacionales, y, si se estima oportuno, con la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, se elabore una guía de países de los que en su mayor parte sean originarios los extranjeros con vecindad civil en nuestra Comunidad. Dicha guía debería incluir una equivalencia entre organismos extranjeros y organismos que pueden certificar en España datos relativos al patrimonio mobiliario e inmobiliario, pensiones, etc., y que sirva para advertir, desde un primer momento de la tramitación de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía, la documentación que no podrá ser exigida a los interesados ante la inexistencia de órganos extranjeros que puedan expedirla, con el fin de evitar declaraciones de desistimiento de solicitudes. 4
5 - Que, ante la inexistencia de organismos en el extranjero equivalentes a los que en España pueden certificar dicho datos, se dirija a los interesados a los Consulados y Embajadas de los países extranjeros en España, para obtener una certificación sobre dicho aspecto. - Que, en el caso de que el interesado no obtenga la debida colaboración del Consulado o Embajada de su país, se le dé por válido, a efectos de tramitar la solicitud de Renta Garantizada de Ciudadanía, documento justificativo de la solicitud dirigida al Consulado o Embajada, junto con una declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley, sin perjuicio de posteriores comprobaciones que puedan llevarse a cabo por los propios órganos gestores. - Que, en todo caso, se remuevan los obstáculos que impidan obtener el reconocimiento del derecho a la Renta Garantizada de Ciudadanía por exigirse, al margen de las circunstancias particulares de cada caso, una documentación que no podría ser presentada. Esta es nuestra resolución y así se la hacemos saber, con el ruego de que nos comunique de forma motivada la aceptación o no aceptación de la misma por parte del órgano que corresponda de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución. Pendiente de sus noticias, reciba un cordial saludo. Atentamente, EL PROCURADOR DEL COMÚN Fdo.: Javier Amoedo Conde 5
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