Source: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/18/2
Timestamp: 2013-05-18 13:02:39+00:00

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de 27/01/2011
PDF. El artículo 15 de la Constitución Española reconoce, entre los derechos fundamentales y libertades de las personas, el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y el artículo 43 recoge como principio rector de la política social y económica el derecho a la protección de la salud y establece que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud publica a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 262, establece el deber general de denunciar posibles delitos por parte de aquellos que por razón de su profesión tuvieran conocimiento de los mismos. La citada Ley se refiere, en su artículo 355, al personal facultativo y especifica que si el hecho criminal que motivare la formación de una causa cualquiera, consistiere en lesiones, los médicos que asistieren al herido están obligados a dar parte de su estado y adelantos en los periodos que se les señalen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento del Juez instructor. La comunicación al juzgado de guardia tiene extraordinaria importancia como documento acreditativo de las lesiones producidas, que quedará incorporada al sumario que eventualmente se instruya y podrá, en su caso, servir de prueba documental si, como consecuencia de la instrucción del sumario, se decide la apertura del juicio oral. Para ello es necesario que, en la primera asistencia sanitaria que reciba la persona, se realice una correcta descripción de las lesiones, del tratamiento realizado durante la asistencia y una evaluación de su pronóstico, así como incluir toda la información que pueda ser de interés para la mejor atención a la persona afectada, contribuyendo a evitar dilaciones injustificadas en las adopciones de las medidas legales necesarias en cada caso. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establece en su artículo 32, la obligatoriedad de los poderes públicos de colaborar y garantizar la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, que deberán implicar a las administraciones sanitarias, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.
En el artículo 23 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, se establece el deber de los profesionales sanitarios de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que requieran los centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias. En el ámbito de la legislación específica de protección de datos, el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, permite recabar, tratar y ceder datos de carácter personal que hagan referencia a la salud cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley.
Artículo 2. Definiciones A los efectos previstos en este Decreto se entiende por:
Son fines de la presente disposición normativa: a) Facilitar la recogida de información sobre la asistencia sanitaria prestada a personas, desagregada por sexo y causa, cuando ésta ha de trasladarse al juzgado de guardia como consecuencia de hechos constitutivos de posible causa judicial. b) Proporcionar a los órganos judiciales la información suficiente, precisa y objetiva, desagregada por sexo, para facilitar sus actuaciones y, especialmente, la identificación de las situaciones de violencia de género y desprotección de menores.
Artículo 5. Protección de datos, confidencialidad y deber de secreto.
3. Cuando los datos recogidos se utilicen con fines epidemiológicos y de salud pública, serán sometidos al correspondiente proceso de disociación. 4. Con objeto de impulsar la necesaria colaboración con el Sistema Estadístico de Andalucía, para la elaboración de las estadísticas oficiales se establecerán circuitos de información necesarios para la ejecución de las actividades estadísticas que sobre esta materia se incluyan en los planes y programas de Andalucía, todo ello en los términos establecidos en la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Artículo 6. Modelo homogéneo y normalizado.
b) Datos identificativos de la persona lesionada. c) Causa presumible de las lesiones.
Artículo 7. Cumplimentación.
2. En aquellos casos cuya causa presumible sea violencia de género, maltrato o agresiones a personas, el parte al juzgado deberá comunicarse inmediatamente tras la asistencia sanitaria inicial, por cualquier medio que garantice la protección de los datos. 3. La primera copia se entregará a la persona lesionada, o en su defecto a un familiar o persona de su confianza designada por ella; si el acto de entrega comprometiera su seguridad, se archivará en la historia clínica hasta que ésta la solicite.
Articulo 9. Régimen sancionador.
1. Sin perjuicio de las responsabilidades penales, estatutarias, disciplinarias o de otro orden que puedan concurrir, en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto será de aplicación el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, y en la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, en los términos que se establecen en los apartados siguientes. 2. Se considerará infracción sanitaria leve, según lo preceptuado en el artículo 35.a) 1.º y 2.º de la Ley 14/1986, de 25 de abril: a) No cumplimentar el parte al juzgado en el modelo normalizado, conforme lo establecido en el artículo 6.
Disposición adicional primera. Comunicación al Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía.
Disposición adicional segunda. Aplicación de los medios electrónicos y telemáticos en los centros y servicios sanitarios.
1. Cuando se disponga de los medios técnicos necesarios, el parte al juzgado podrá cumplimentarse y remitirse al juzgado de guardia por medios electrónicos y telemáticos, al igual que la copia destinada a información estadística. 2. Se adoptarán medidas de seguridad para impedir la manipulación del parte al juzgado y el acceso no autorizado a la información contenida en el mismo.
Disposición final primera: Desarrollo, ejecución y actualización de los Anexos. Se autoriza a la Consejera de Salud para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de este Decreto, y en especial para determinar el circuito de información de parte al juzgado y actualizar el contenido de los Anexos de este Decreto.

References: artículo 15
 artículo 43
 artículo 262
 artículo 355
 artículo 32
 artículo 23
 artículo 7

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 35
 artículo 6