Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/T-501-12.htm
Timestamp: 2017-10-23 08:08:37+00:00

Document:
T-501-12
Sentencia T-501/12
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Condiciones de procedibilidad
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA EN CONJUNTO RESIDENCIAL-Inestabilidad del terreno
ACCION DE TUTELA-Existencia de negocio jurídico suscrito entre particulares excluye la procedencia/ACCION DE TUTELA-Se justifica cuando las condiciones de hecho varían el equilibrio contractual y configuran una situación de indefensión/CONTRATO DE DERECHO PRIVADO-Condiciones de desigualdad en la ejecución de un negocio o acto jurídico y grados de intensidad de la acción de tutela
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza prestacional y excepcional/ DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Fundamental/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Obligaciones generales para el Estado/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Rasgos mínimos de una vivienda adecuada
HABITABILIDAD DE VIVIENDA ADECUADA-Características implícitas y básicas/HABITABILIDAD DE VIVIENDA ADECUADA-Prevención de riesgos estructurales y garantía de la seguridad física de los ocupantes
HABITABILIDAD-No es la única que refiere la estabilidad y solidez de la estructura en la que se materializa el lugar de habitación/ASEQUIBILIDAD-Existencia de canales y recursos suficientes para acceder a alguna modalidad de vivienda
ESTADO-Protege la tenencia de vivienda y no solo las formas jurídicas o económicas de acceso a la propiedad/DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Naturaleza jurídica
ACCION DE TUTELA-Procedencia para reclamos presentados por defectos y fallas en un inmueble por desconocer la vivienda digna o adecuada
ELEMENTOS DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA SUSCEPTIBLES DE PROTECCION A TRAVES DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia
PATRONES DE PROTECCION DEL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA APLICABLES A LOS DESLIZAMIENTOS PRESENTES EN SECTOR CAMPOALEGRE DE BARRANQUILLA
En el presente caso los actores presentaron dos acciones de tutela en contra del Distrito de Barranquilla y la constructora Marval, debido a los daños acaecidos en las estructuras de las viviendas que hacen parte del Conjunto Residencial “Mirador de Campoalegre”. Otra vez, como en los casos estudiados en las sentencia T-473 de 2008 y T-970 de 2009, ellos soportan su demanda de protección de derechos en conceptos emanados de varias autoridades e, inclusive, de empresas particulares que han afirmado, por ejemplo, que su inmueble no cumple con las normas colombianas de sismo resistencia. Al final, solicitan que se dispongan las órdenes necesarias para su reubicación de manera que se garantice su tranquilidad y su vida en condiciones dignas. Preocupantemente y en contra de la jurisprudencia de esta Corporación, el Distrito insistió en la improcedencia del amparo, aunque esta vez relaciona el conjunto de contratos que ha venido ejecutando en cumplimiento de la sentencia T-473 de 2008 y expone los avances que ha conseguido dentro de su política de reubicación y asignación de subsidios para arrendamiento. Por su parte, la constructora demandada, aunque no ha negado la existencia de varios problemas al interior del conjunto residencial, sustentó gran parte de su defensa en la imposibilidad generada por los mismos residentes para adelantar los estudios y obras de mitigación correspondientes. Salvo una excepción, los jueces de instancia concluyeron que el amparo era improcedente por la existencia de otros medios de defensa judicial y por la ausencia de pruebas que sustenten el peligro que recae en los inmuebles. En esta oportunidad, de manera categórica, la Sala debe reprobar esos fallos, ya que sin más negaron la protección de los derechos invocados en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha declarado que varios de los inmuebles que se encuentran en el sector de Campoalegre vienen siendo afectados desde hace 50 años por una serie –hasta ahora- evidente y creciente de deslizamientos. Sin ninguna argumentación, las autoridades judiciales se apartaron de las reglas de decisión que precisan la procedencia y la utilidad especial de la acción de tutela para estos casos. Dejaron la protección total de las atribuciones de los actores al trámite de una acción de grupo interpuesta y admitida desde el año 2007 y que todavía hoy se encuentra en la etapa probatoria. Desecharon el alcance que este Tribunal dio a los estudios técnicos que alertan la existencia de las “arcillas sensitivas” en las laderas del barrio “Campoalegre” y que determinan la existencia de un peligro sobre muchas familias
Referencia: expedientes acumulados T-3243212 y T-3249201.
1. Expediente T-3243212
Manifiesta que en el año 2005 compró un inmueble ubicado en la carrera 41F No. 85-75, casa 14, manzana D, de la Urbanización “Mirador de Campo Alegre” de la ciudad de Barranquilla, a la Sociedad Construcciones Marval S.A..
Indica que acudió al Distrito de Barranquilla, con el fin de que inspeccionara las anomalías que se estaban presentando en los inmuebles y tomara algún tipo de medida. Este, a través de la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana -Oficina de Atención y Prevención de Emergencias y Desastres- realizó una inspección ocular a su residencia entre el 9 y el 15 de junio de 2011, recomendando que el predio debía incluirse en el “programa de subsidio de arriendo temporal en forma urgente; [así mismo] al programa de compra de inmueble de acuerdo a las políticas de reasentamiento, y […] monitorearse la zona para prever que la afectación no siga avanzando”. El plan descriptivo también anotó que la situación del entorno era de “afectación severa, presenta olores por rotura del sistema de alcantarillado y se teme que los servicios presenten rotura no controlable a tiempo”[1].
De otro lado, por solicitud del conjunto residencial se contrató al ingeniero Rodrigo Grass Jiménez, quien al elaborar un estudio de vulnerabilidad, evidenció que “la mayoría de las casas y obras de ingeniería de las zonas comunes se encuentran colapsadas, a punto de agrietarse…”. Añade que el sector “ha sido objeto de muchos estudios, se han presentado deslizamientos importantes, el entorno del conjunto ha colapsado, las viviendas que antes estaban en pie han colapsado, las vías se han hundido o agrietado, se han detectado corrientes sub-superficiales de agua permanentes, los muros de contención en su mayoría han rotado o colapsado. A la fecha no existe una solución real y definitiva por parte del Gobierno u otra entidad estatal o particular”[2].
También afirma que: “las viviendas del Conjunto Residencial Mirador de Campo Alegre no cumplen con los normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-98, Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y son altamente vulnerables. Tienen alto grado riesgo de colapso y se encuentran muy deterioradas estructuralmente”. Además, que “la ladera que sirve como suelo de apoyo de estas viviendas, se está deslizando y presenta movimientos permanentes sin que se divise una solución definitiva e inmediata.”[3]. Por último, recomienda evitar que las personas que se encuentran en las unidades de vivienda continúen habitando en ellas y exponiendo sus vidas.
De esta manera, la accionante solicita la protección de sus derechos, precisando que su hijo menor de edad padece de depresiones a causa de esta situación; por tanto requiere que la incorporen a los programas de subsidio de arriendo temporal, de compra de inmueble conforme con las políticas de reasentamiento y que se adelante un monitoreo de la zona[4].
Por último, no estima relevante el concepto elaborado por el ingeniero Grass Jiménez, ya que no le ha sido permitido controvertirlo; además, este estudio se hizo sobre la casa 14D y no sobre la vivienda de la accionante. Adiciona que la Curaduría Urbana número 1 de Barranquilla le concedió licencia de construcción y que procedió a realizar los estudios técnicos previos que determinaron que no había inestabilidad en el sector y que era urbanizable, razón por la cual no existe ningún peligro que afecte la vida de los habitantes.
Asegura que la presente acción de tutela es improcedente porque la actora hace parte del proceso de acción de grupo que cursa en el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla[5], por el solo hecho de morar dentro de los límites de la Unidad Residencial Mirador de Campo Alegre.
1.5. Impugnaciones
1.6. Segunda Instancia
2. Expediente T-3249201
Señalan que el 24 de febrero de 2005 suscribieron contrato de compraventa con la Sociedad Constructora Marval S.A., el cual tuvo por objeto la casa 5, manzana B, ubicada en la carrera 41F número 85-75, conjunto Mirador de Campo Alegre de Barranquilla. A inicios del año 2005, antes de entregar los inmuebles vendidos para esa época, comenzaron a observar que algunos presentaban daños estructurales, “calificados por Marval S.A., como fallas estéticas”[6] que se extendían a las áreas comunes y privadas del conjunto residencial y que persisten a pesar de que la constructora realizó trabajos de reparación. Estiman que el bien adquirido no cumple con los requisitos de idoneidad y calidad que permitan su uso y goce.
Explican que son de público conocimiento las condiciones de suelo del sector en que está ubicada la urbanización y que las obras realizadas debían cumplir con estándares técnicos que pudieran garantizar su habitabilidad, circunstancia que no tuvo en cuenta la empresa en el proceso de construcción del conjunto residencial, “dada la clasificación como Zona de Riesgo Alto del terreno y su entorno”[7], a pesar de que esto lo conocía desde 2003.
(iii) Consideraron que dicha empresa ”desde que compró el terreno conocía que se trataba de suelos inestables, y no tomó las precauciones necesarias para prevenir las consecuencias de altos niveles freáticos en la zona, ni mucho menos se las exigió al urbanizador al que le compró”[8].
Alegan que la constructora mencionada ha comunicado la realización de obras de estabilización del conjunto, las cuales “hasta ahora no se les ha permitido conocer en detalle”[9].
2.3. Respuesta del Distrito de Barranquilla
Señalan que “no habían iniciado ninguna acción judicial ordinaria o administrativa en procura de la decisión de su conflicto con las accionadas, por lo tanto, no procedía el carácter transitorio del amparo solicitado”[10].
1. Copia del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria número 040-384976 (folios 5 a 6).
2. Fotocopia del registro civil de nacimiento de Camilo Andrés de la Hoz Carbonell (folio 7).
3. Fotocopia de dos informes de “estudio de vulnerabilidad conjunto residencial Mirador de Campoalegre. Informe 01. Cra 41F calle 85 Barranquilla – Colombia. Mayo de 2011” y de junio 15 del mismo año, efectuados por el ingeniero Rodrigo Grass Jiménez (folios 8 a 97).
4. Fotocopia del formato de visita e inspección ocular efectuada por la Oficina de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres en junio de 2011, sobre la vivienda del señor Manuel Antonio de la Hoz (folio 98).
5. Fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los actores (folios 99 y 100).
6. Fotocopia de la carta enviada por el gerente de Marval S.A. al Secretario de Planeación Distrital, fechada 25 de mayo de 2011 (folios 120 y 121).
7. Fotocopia de la carta enviada a los residentes del Conjunto Residencial “Mirador de Campoalegre” por parte del gerente de Marval el 26 de mayo de 2011 (folios 123 y 124).
8. Fotocopia de la carta enviada por la oficina de prevención y atención de emergencias del Distrito al jefe de la oficina jurídica de la misma entidad territorial, en la que se relatan las acciones tomadas por aquella sobre la urbanización “Mirador de Campoalegre” (folios 125 a 139).
9. Fotocopia de la solicitud elevada por el representante legal de la Constructora Marval S.A., a la jefatura de la Oficina para la Prevención y Atención de Desastres del Distrito de Barranquilla (folios 140 y 141).
10. Fotocopia de la demanda de acción de grupo presentada por varios propietarios de inmuebles del conjunto residencial “Mirador de Campoalegre” el 08 de marzo de 2007 (folios 176 a 191).
11. Fotocopia de la admisión de la demanda de acción de grupo, efectuada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, el 23 de marzo de 2007 (folios 192 a 197).
12. Fotocopia de la Resolución 009 de 2003, “por la cual se declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el municipio de Barranquilla Departamento del Atlántico” (folios 198 y 199).
13. Fotocopia del Decreto 0164 de 2005, “por el cual se declara la urgencia manifiesta para intervenir el sector de Campoalegre y áreas aledañas” (folios 200 a 202).
14. Fotocopia de la Resolución 043 de 2006, “por la cual se declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico” (folios 203 y 204).
15. Fotocopia de la Resolución 018 de 2008, “por la cual se adiciona el art. 1º de la resolución 0009 de fecha 21 de julio de 2003, mediante la cual se declaró situación de calamidad pública en el Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico” (folios 205 y 206).
16. Fotocopia del Decreto 398 de 2008, “por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el Distrito de Barranquilla, para contratar los estudios, diseños, interventoría, obras de mitigación convencionales y de contingencia que se requieran para realizar un plan de choque de emergencia en los sectores afectados y señalados en el informe de Ingeominas, del piezocono sísmico y aquellos identificados en el plan de acción específico elaborado para atender la calamidad pública declarada a través de la Resolución No. 009 de julio de 2003 y Resolución No. 18 de 23 de mayo de 2008, emanadas de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres” (folios 207 a 210).
17. Fotocopia del Decreto 0419 de 2008, “por el cual se crea el fondo para la prevención y atención de emergencias, calamidades y desastres del Distrito EIP de Barranquilla” (folios 215 a 221).
18. Fotocopia del Acuerdo Interadministrativo 028 de 2008 y su otrosi “suscrito entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla” (folios 222 a 229 y 236 a 238).
19. Fotocopia de la Resolución 03 de 2009, “por la cual se adiciona los artículos 1º de las Resoluciones Nos. 009 de fecha 21 de julio de 2003 y 18 del 23 de mayo de 2008, mediante las cuales se declaró y adicionó situación de calamidad pública en el Distrito de Barranquilla – Departamento del Atlántico” (folios 239 a 241).
20. Fotocopia del documento “Marco de política de reasentamiento”, elaborado por la oficina para la prevención y atención de desastres del Distrito de Barranquilla, sin fecha (folios 242 a 269).
21. Fotocopia del contrato número FPAD-UMA-001-2010, “suscrito entre el Distrito de Barranquilla y Donado Arce & Cía S en C”, para adquirir los “estudios, diseños y obras convencionales y no convencionales para el sistema de drenaje del sector de Campoalegre, arrancando desde el sector del El Rubí, carrera 38, Campoalegre y El Tobogán, como parte integral del plan de choque para la mitigación del riesgo de deslizamientos en el sector de Campoalegre en el Distrito de Barranquilla” (folios 270 a 278).
22. Fotocopia del “contrato de obra por urgencia manifiesta”, número 0112-2010-000010 (folios 279 a 283).
23. Fotocopia del “contrato de obra por urgencia manifiesta”, número 0112- 2011-00001 (folios 287 a 294).
24. Fotocopia del “acta de reunión celebrada con habitantes damnificados del barrio Campoalegre y sectores aledaños y funcionarios de la Administración Distrital, jefe de la oficina de Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, Director del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias, Calamidades y Desastres del Distrito de Barranquilla” (folios 295 a 298).
1. Fotocopia a color de la cédula de ciudadanía de los accionantes (folios 25 y 26).
2. Fotografías del interior y exterior de la residencia de los actores (folios 27 a 30).
3. Fotocopia de una reclamación presentada por varios propietarios de viviendas del conjunto residencial “Mirador de Campoalegre” al gerente de Construcciones Marval, el 11 de noviembre de 2010 (folios 31 y 32).
4. Fotocopia de la respuesta entregada por Marval a la petición anterior, de fecha 26 de noviembre de 2010 (folio 33)
5. Fotocopia de la contestación efectuada por algunos residentes del conjunto residencial “Mirador de Campoalegre”, como reacción a la respuesta de Marval, efectuada el 29 de noviembre de 2010 (folios 35 a 36).
6. Fotocopia de la constancia de no conciliación (incompleta) proferida por el Centro de Conciliación “Fundación Liborio Mejía” (folio 34, en el expediente no se encuentra el documento marcado con el número 35).
7. Fotocopia de la Resolución 2345 de 2003, parcialmente ilegible, “por la cual se resuelven unas solicitudes de revisión y asignación de estrato” (folio 36).
8. Fotocopia de la carta enviada por el representante legal de la constructora Marval a la apoderada de los residentes del conjunto residencial “Mirador de Campoalegre”, el 21 de febrero de 2010 (sic)[11] (folio 37).
9. Fotocopia del escrito enviado por la apoderada de algunos de los residentes del conjunto “Mirador de Campoalegre” al gerente de la constructora Marval con copia al Secretario de Gobierno Distrital y al Jefe de la oficina de atención y prevención de desastres, de fecha 24 de febrero de 2011, en respuesta al documento anterior, en el que insisten en la “REUBICACIÓN temporal” de los propietarios (folios 38 a 40).
10. Fotocopia del certificado expedido por la oficina de desarrollo territorial del Distrito, en el que se aclara que el conjunto “Mirador de Campoalegre” está en una zona “inestable” (folios 48 y 49).
11. Fotocopia de escrito expedido por el Curador Urbano número 2 del Distrito de Barranquilla, de fecha 25 de febrero de 2011 (folios 50 y 51).
12. Fotocopia del certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria número 040-384934, en donde consta la compra de vivienda de interés social por parte de los señores Soto Monsalvo y Gómez de Soto (folios 52 a 53).
13. Fotocopia de las páginas 2 a 7 de la constancia de no conciliación proferida por el Centro de Conciliación “Fundación Liborio Mejía”, entre los propietarios de las viviendas del conjunto “Mirador de Campoalegre” y el representante legal de Marval, de fecha 21 de enero de 2011 (folios 55 a 60).
14. Fotocopia de dos cartas suscritas por el gerente de Marval y dirigidas a la apoderada de algunos de los residentes del conjunto “Mirador de Campoalegre” de fechas 16 y 26 de mayo de 2011 (folios 61 a 63).
15. Fotocopia de la respuesta efectuada por la apoderada de algunos residentes del “Mirador de Campoalegre” a la constructora Marval, el 31 de mayo de 2011 (folios 64 a 68).
16. Fotocopia de las cartas enviadas por Marval al conjunto “Mirador de Campoalegre”, de fechas 26 de mayo de 2011, 21 de febrero de 2010, 03 de febrero de 2011 (folios 91 a 99) y de esta al Secretario de Planeación Distrital, el 9 de mayo de 2011 (folios 93 y 94), y al Secretario de Control Urbano y Público, el 27 de mayo de 2010 (folio 101).
17. Fotocopia de un oficio firmado por el jefe de la oficina de prevención y atención de emergencias y desastres de Barranquilla, fechado 18 de febrero de 2011, dirigido al gerente de Marval (folio 100).
18. Fotocopia del informe enviado por la jefatura de la oficina de prevención y atención de emergencias y desastres de Barranquilla, al jefe de la oficina jurídica, de junio 24 de 2011 (folios 125 a 136).
19. Fotocopia del “acta de reunión del comité de verificación del cumplimiento de la sentencia proferida por el juzgado tercero administrativo del circuito de Barranquilla dentro de la acción popular con radicado No 2006-0058 impetrada por la Defensoría del Pueblo”, del 24 de junio de 2011 (folios 137 a 139).
20. Fotocopia del documento de relación de “acciones que adelanta el Distrito de Barranquilla”, originado en la oficina de atención de emergencias y desastres de Barranquilla, sin fecha (folios 144 a 149).
21. Fotocopia de la acción de grupo interpuesta por varios residentes del conjunto “Mirador de Campoalegre” el 08 de marzo de 2007 (folios 163 a 178)
23. Fotocopia de la Resolución 009 de 2003, “Por la cual se declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el municipio de Barranquilla departamento del Atlántico” (folios 185 y 186).
24. Fotocopia del Decreto 0164 de 2005, “por el cual se declara la urgencia manifiesta para intervenir el sector de Campoalegre y áreas aledañas” (folios 187 a 189).
25. Fotocopia de la Resolución 043 de 2006, “por la cual se declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el distrito de Barranquilla – departamento del Atlántico” (folios 190 a 191).
26. Fotocopia de la Resolución 18 de 2008, “por la cual se adiciona el art. 1º de la resolución No. 009 de fecha 21 de julio de 2003, mediante la cual se declaró situación de calamidad pública en el distrito de Barranquilla – departamento del Atlántico” (folios 192 y 193).
27. Fotocopia del Decreto 0398 de 2008, “por medio del cual se declara la urgencia manifiesta en el distrito de Barranquilla, para contratar los estudios, diseños, interventoría, obras de mitigación convencionales y de contingencia que se requieran para realizar un plan de choque de emergencia en los sectores afectados y señalados en el informe de Ingeominas, del piezocono sísmico y aquellos identificados en el plan de acción específico elaborado para atender la calamidad pública declarada a través de la Resolución No. 009 de julio de 2003 y Resolución No. 18 de 23 de mayo de 2008, emanadas de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres” (folios 194 a 197).
28. Fotocopia del “Acta No. ____ de Consejo Extraordinario de Gobierno celebrado el día 20 de junio de 2008” (folios 198 a 201).
29. Fotocopia del Decreto 0419 de 2008, “Por el cual se crea el fondo para la prevención y atención de emergencias, calamidades y desastres del distrito EIP de Barranquilla” (folios 202 a 208).
30. Fotocopia del “acuerdo específico interadministrativo No. 028-dic 19-2008 suscrito entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y el distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla” y de su otrosí (folios 209 a 216).
31. Fotocopia de la Resolución 03 de 2009, “por la cual se adiciona los artículos 1º de las Resoluciones Nos. 009 de fecha 21 de julio de 2003 y 18 del 23 de mayo de 2008, mediante las cuales se declaró y adicionó situación de calamidad pública en el Distrito de Barranquilla – departamento del Atlántico” (folios 226 a 228).
32. Fotocopia del documento “Marco de política de reasentamiento” presentado por la comisión técnica OPAEP y elaborado por el arquitecto Tito Patrick Macías Sanjuán y el ingeniero civil Jesús Emilio Quevedo Caballero (folios 229 a 259).
33. Fotocopia del contrato número FPAD-UNA-001-2010, “suscrito entre el distrito de Barranquilla y Donado Arce y Cía S. en C.” para elaborar y ejecutar “estudios, diseños y obras convencionales y no convencionales para el sistema de drenaje del sector de Campoalegre, arrancando desde el sector el Rubí, carrera 38, Campoalegre y el Tobogán, como parte integral del plan de choque para la mitigación del riesgo de deslizamientos en el sector de Campoalegre en el distrito de Barranquilla”. (folios 260 a 268).
34. Fotocopia del contrato de obra por urgencia manifiesta número 0112-2010-000010, suscrito el 24 de noviembre de 2010, entre el representante legal del distrito de Barranquilla y la sociedad A. Construir S.A. (folios 269 a 276).
35. Fotocopia del contrato de obra por urgencia manifiesta número 0112-2011-000001, suscrito el 03 de marzo de 2011, entre el representante legal del distrito de Barranquilla y la Unión Temporal Construsuelos – Proyinarq (folios 277 a 284).
36. Fotocopia del “acta de reunión celebrada con habitantes damnificados del barrio Campoalegre y sectores aledaños y funcionarios de la administración distrital (…)” de fecha 31 de mayo de 2011 (folios 285 a 288).
37. Fotocopia del “acta de sesión para tratar el tema concerniente al Conjunto Residencial Mirador de Campoalegre”, de fecha 10 de agosto de 2011, celebrada entre la apoderada de algunos propietarios, la administradora y algunos empleados de la constructora Marval S.A. (folios 307 a 310) y de un oficio en el que se manifiesta que para el 17 de agosto de 2011 esta no había allegado el cronograma de ejecución de obras y la licencia de reforzamiento (folios 307 a 311).
38. Fotocopia del “acta de sesión para tratar el tema concerniente al conjunto residencial Mirador de Campoalegre”, de fecha 10 de agosto de 2011, en la que participó la apoderada de algunos de los residentes, la administradora y algunos empleados de la constructora Marval S.A. y del oficio del 17 de agosto siguiente, en la que se afirma que esta no allegó el cronograma de ejecución de obras y la “licencia de reforzamiento” (folios 307 a 311).
Los asuntos bajo revisión fueron seleccionados, repartidos y acumulados a través de la Sala número 10, conforme al Auto del 20 de octubre de 2011. Posteriormente, en providencia del 5 de marzo de 2012, la Sala Quinta de Revisión decretó unas pruebas y suspendió el término para decidir el caso.
1. Certificado del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, en el que relaciona las personas que hacen parte de la acción de grupo que cursa en ese despacho, la fecha de admisión (23 de marzo de 2007), nombre del apoderado y el estado actual del proceso de la siguiente manera: “en la actualidad la Acción de Grupo 08001-33-31-010-2007-00048-00 se encuentra en etapa probatoria”.
2. Informe rendido por la ESP Gases del Caribe, sobre la prestación del servicio en la residencia de los actores, en la que concluye lo siguiente: “nos (sic) hay daños en las instalaciones internas de ninguna de las dos viviendas relacionadas.” Además, este indica que la casa número 14 de la manzana D de la urbanización Mirador de Campoalegre “se encuentra desocupada y externamente se observa en buen estado (…) A solicitud del usuario, en enero de 2012, se suspendió la prestación del servicio, retirando el medidor; (…).” Por último, respecto de la casa 5 de la manzana B se manifiesta lo siguiente: “actualmente se encuentra habitada y externamente se encuentra en buen estado. El usuario no tenía la llave de la vivienda, pero manifestó que no han tenido problema con el servicio y no han sentido olor a gas dentro de la cas (sic) ni fuera de la misma. (…) Se realizó una verificación de fugas con el medidor y no arrojó evidencia de estas.”
“Cabe resaltar, que el sector de Campo Alegre se encuentra localizado sobre la vertiente occidental del Distrito de Barranquilla, zona que presenta movimientos de terreno que han originado constantes daños en las estructuras de las edificaciones, así como roturas en nuestro sistema de acueducto y alcantarillado, por tal razón es claro que la inestabilidad del terreno es la que ocasiona daños en la infraestructura existente, situación que puede ser corroborada en el estudio de Evaluación Geotécnica de las Laderas Occidentales de Barranquilla desde el año 1997 realizado por el Instituto de Investigaciones en Geociencia, Minería y Química – INGEOMINAS.
Ahora bien, con respecto al requerimiento enviado por este despacho, es de informar que el Conjunto Residencial Mirador de Campoalegre, se encuentra ubicado efectivamente entre las carreras 41F y 41E1 entre calles 85 y 86, zona que se encuentra totalmente colapsada debido a los deslizamientos del terreno, que se han producido en dicha zona por las razones señaladas inicialmente, tal como puede observar el despacho en las siguientes imágenes: (…)
Las redes de alcantarillado sobre la calle 85 entre carreras 41F y 41E1, están totalmente colapsadas por lo cual el pozo de inspección está corrido con respecto al pavimento. Es importante aclarar que todas las aguas residuales del conjunto, salen por esta tubería pero estas no se han podido intervenir debido a que las condiciones de inestabilidad del terreno no lo permiten.”
Posteriormente, en respuesta al requerimiento de la Corte, la constructora comenta y anexa los estudios de suelos y estructurales correspondientes al proyecto “Mirador de Campoalegre” que fueron presentados a la Curaduría Urbana 2 y a partir de los cuales fue expedida la Resolución 144 de 2004, por medio de la cual se concede la licencia de construcción de la urbanización. Por último, relaciona que el Iduc certificó el “recibo de construcción” a través del acta 11 de 2005, “conforme a las especificaciones de la licencia otorgada y a los planos aprobados.”
5. Respuesta de la jefa de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, en la que reseña el conjunto de actuaciones que se han aplicado para hacer frente a la inestabilidad del sector de Campoalegre. En este sentido, refiere el contrato interadministrativo DAAH número 001-2009, celebrado entre el Distrito y la Universidad Industrial de Santander, que llevó a la expedición del “informe final sobre el estado de las estructuras, condiciones reales de uso de las viviendas y estabilidad actual y futura del Conjunto Residencial Altos del Campo- Barranquilla de 2010”. También relata el acuerdo específico interadministrativo 028 de 2008 suscrito con Ingeominas, del que se presentó un informe final recibido por el Distrito en febrero de este año, el contrato FPAD-UMA-001-2010 para implementar un sistema de drenajes en el sector, el contrato de obra por urgencia manifiesta número 0112-2010-000010 para hacer frente a la ola invernal, que tiene un porcentaje de ejecución del 84.49%, entre otros.
Adicionalmente, presenta un informe acerca de la política que se ha aplicado a las familias que han resultado damnificadas. De este punto, declara lo siguiente: “Actualmente, la Administración Distrital se encuentra efectuando pagos por concepto de subsidios de arrendamiento, a 239 familias que residían en Campo Alegre, mientras que se reestablezcan las condiciones para que las mismas gocen de un (sic) vivienda digna y segura, bien sea a través de posible planes de reasentamientos definitivos o mediante la ejecución de obras que permitan la estabilización del sector”. Para este efecto señala que se encuentra adelantando un censo para caracterizar la población afectada, incluyendo, de manera específica, al conjunto residencial “Mirador de Campoalegre”, del cual se evidencia que se han evacuado 49 inmuebles, existen 8 arrendamientos pagados por la alcaldía, 1 por el constructor y 10 viviendas se están negociando para compra por parte de esta.
Por último, a partir del estudio efectuado por Ingeominas en 1997 y que se plasmó en el documento “evaluación geotécnica de las laderas occidentales del distrito de Barranquilla, fase 1”, esta oficina informa que “el Conjunto Residencial Mirador de Campo Alegre … muestra una afectación parcial que comprende: una Zona inestable (Amenaza media) parte nor-oriental de la manzana y el resto en una Zona Relativamente Estable (Amenaza Baja).”
6. Acta de inspección judicial en compañía de perito sobre la casa número 14 de la manzana D del conjunto “Mirador de Campoalegre”, ejecutada por la juez segunda penal municipal para adolescentes con funciones de control de garantías de Barranquilla. En ella la actora, señora Lourdes Esther Carbonell Acuña, manifestó que ya no reside en su vivienda y que el Distrito le subsidia un arriendo. Por su parte, el perito anexó varias fotografías del conjunto y relató que las placas de concreto de las vías de acceso a la urbanización se encuentran fracturadas y que, inclusive, una de esas vías no se puede usar. En uno de los apartes del dictamen se lee lo siguiente: “Las zonas comunes de la “Urbanización Mirador de Campo Alegre” presentan asentamientos considerables, fracturas en las placas de concreto de los senderos peatonales, fracturas, colapso en algunas áreas del muro de cerramiento. Es importante destacar la ruptura y explosión de la tubería del gas domiciliario en el muro de cerramiento ocasionando la caída de un tramo del muro.”
7. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación adjuntó el informe presentado por la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del distrito de Barranquilla que se refiere al cumplimiento de la sentencia T-473 de 2008 y cuyo contenido es muy similar al documento allegado a esta Corporación. Adjunto a este se remitieron copias de los contratos celebrados para la mitigación de los deslizamientos, del informe final correspondiente al contrato UIS- Distrito de Barranquilla, sobre el “estado de las estructuras, condiciones reales de uso de las viviendas y estabilidad actual y futura del conjunto residencial Altos del Campo – Barranquilla”, y del informe final de la “zonificación de amenaza por movimientos en masa de las laderas occidentales de Barranquilla, Departamento del Atlántico.”, de fecha septiembre de 2011.
“-La Constitución prevé expresamente la procedencia de la acción de tutela contra particulares “encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
-El Decreto 2591 de 1991, en su artículo 42, reglamentó los casos en los que procede la tutela por acciones u omisiones de los particulares, y al efecto son pertinentes los numerales 4 y 9, que dicen:
“4.Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización”.
9. Cuando la solicitud sea para tutelar (la vida o la integridad de) quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela.”
-La posibilidad constitucional y legal de que proceda la acción de tutela contra particulares cuando existe una situación de subordinación o indefensión obedece a la necesidad de restaurar la igualdad que presumiblemente subyace en las relaciones entre particulares.
-La jurisprudencia ha distinguido entre los conceptos de subordinación e indefensión, señalando que el primero alude a una situación de dependencia originada en una relación jurídica, mientras que la segunda se refiere a situaciones de dependencia fáctica, no basadas en una vinculación de tipo jurídico, pero que igualmente ponen a la persona en una situación de incapacidad para defenderse efectivamente de la amenaza contra sus derechos.
-Para el caso de la indefensión, el juez constitucional debe en cada caso evaluar si se da la situación de dependencia de facto y la jurisprudencia ha ido determinando diferentes casos en donde es posible establecerla.”
En efecto, concretando el tema al caso de las relaciones contractuales que suponen la existencia formal de un equilibrio entre las partes, la Corte ha derivado, bajo ciertas condiciones especiales de hecho, la existencia de una indefensión que justifica a la tutela como el mecanismo indicado para proteger los derechos fundamentales (…).”
“Por otra parte, tales consideraciones obligan a aceptar que el acceso a la vivienda digna no se refiere exclusivamente a la financiación de la propiedad sobre la vivienda, pues expresamente se protegen todas las formas de tenencia de la vivienda. De lo anterior surge que corresponde al Estado diseñar varias estrategias financieras y de situación de recursos para atender distintas modalidades de tenencia de la vivienda y no limitarse a asegurar la propiedad sobre los inmuebles. (...)”[12].
“De modo que la Corte Constitucional sí ha aceptado la utilidad de la acción de tutela frente a las fallas presentadas en una vivienda, cuando quiera que de la gravedad de los defectos se infiera el desconocimiento de derechos como la vida, la salud o el trabajo y, en consecuencia, ha determinado cuáles son los efectos y límites que el amparo ostenta frente a los diferentes tipos y grados de amenaza o riesgo. A su vez, ha aclarado que los alcances de la acción constitucional incluye los actos u omisiones en que hubieran incurrido las autoridades públicas o los particulares, atendiendo que en el último caso la relación contractual entre el constructor y el propietario del inmueble puede desequilibrarse y generar una situación de indefensión, según el origen, la categoría y la gravedad de los daños presentes en el inmueble.”
a. El amparo se interpone para que se ordene la reubicación de las familias cuyos inmuebles vienen siendo afectados por el fenómeno de inestabilidad de las laderas y, por tanto, su objetivo es precaver un menoscabo del derecho a la vida y no conseguir indemnizaciones o determinar otras secuelas contractuales.
b. Está probado el derecho de propiedad de los actores sobre el inmueble afectado por los deslizamientos.
c. El evidente deterioro de las vías de acceso y los defectos que presentan las viviendas, son indicios de la gravedad de la situación que enfrentan los actores y sus familias. Además, existen actos administrativos y varios estudios que confirman la naturaleza, las causas y, sobre todo, las consecuencias que en el futuro podrían tener algunos de los conjuntos residenciales. De estos vale la pena destacar dos documentos elaborados en los años 1997 y 2006, en donde se relata el aumento paulatino de los deslizamientos (tienen antecedentes de hace cinco décadas), lo que llevó a que en 2003 se erigiera una calamidad pública en el sector y que en 2005 se declarara la urgencia manifiesta para contratar unas obras de mitigación.
d. Específicamente y a manera de ejemplo, del “Plan maestro de manejo y estabilización de los deslizamientos en el barrio Campoalegre de Barranquilla”, elaborado por firma Geotecnología Ltda. en septiembre de 2006, se extrajeron, entre otros, los siguientes conceptos:
“A continuación el estudio se enfocó en el diagnóstico geotécnico del problema, para lo cual relacionó y analizó el origen de los deslizamientos. Así pues, los factores geológicos de estos movimientos de tierras están regidos por la composición de los terrenos (en el análisis bajo cita se les denomina arcillas marinas sensitivas o “arcillas de Barranquilla[13]”) y su debilidad o delicadeza ante las corrientes de agua superficiales y subterráneas que se incrementan en época de lluvias. La aparente estabilidad de estas tierras –insiste- se alteró decisivamente con la progresiva extensión de los procesos de urbanización[14].
Más adelante, la investigación se ocupó de establecer la “posibilidad de estabilización” de estos suelos. Sobre este aspecto, tajantemente afirmó: “No se conoce de un sistema eficiente y confiable de estabilización de las arcillas marinas sensitivas. En la mayoría de los casos históricos conocidos de este tipo de arcillas, los procesos evolucionaron generándose deslizamientos catastróficos. (...) Aunque la estabilización total de las laderas del barrio Campoalegre, en nuestro criterio no es viable técnicamente se pueden intentar obras para mitigar parcialmente la amenaza.” Las construcciones que mitigarían los movimientos de tierra –destaca el documento- estarían enfocadas en la contención, con estructuras ancladas en estratos profundos, y en el drenaje de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, pero, sin embargo, las mismas no garantizarían la estabilidad total del sector, aunque sí disminuirían los niveles de riesgo para sus residentes.”
e. Adicionalmente, la situación del sector de Campoalegre fue comprobada por la Corte Constitucional en el documento proferido por Ingeominas en 1997, denominado “evaluación geotécnica de las laderas occidentales de Barranquilla, fase I”. Bajo la aplicación del método del talud infinito, en este informe se clasifica la zona de la siguiente manera:
“Por su parte, el segundo, o sea, el análisis determinístico, método de “talud infinito”, evalúa la estabilidad expresada en términos de seguridad, a partir de “las propiedades geomecánica (sic) del material, las presiones de poros, el espesor del estrato y la pendiente del talud”[15]. La evaluación de estos factores en las laderas barranquilleras arrojó como resultado cuatro (04) niveles de estabilidad, desde un rango “crítico” hasta uno “estable”. A diferencia de la metodología anterior, bajo este enfoque el barrio Campo Alegre –en especial la zona en donde con posterioridad se construiría el apartamento de la actora- está compuesto por tres clases de niveles, a saber: (a) “zonas relativamente estables”, que constituyen un trozo significativamente menor al identificado bajo el análisis anterior; (b) “zonas inestables”, que cubren un amplio margen de la calle 84 que -en la actualidad- colinda con la vivienda de la actora, y que es definida como la “zona con mediana probabilidad de falla para lluvias intensas que superen los 100mm de precipitación en cuatro (4) días”; y, finalmente, (c) las “zonas de estabilidad crítica” en donde la probabilidad de movimiento de tierra en masa es alta[16].”
f. A pesar de la importancia de los escritos mencionados, de la claridad de sus recomendaciones y de lo preocupante de sus advertencias, tanto el Distrito como las constructoras no habían apropiado las maniobras, gestiones o precauciones necesarias para garantizar que la estabilidad del sector se siga deteriorando. La protección de los derechos invocados en la sentencia T-473 de 2008 se hizo imperativa por las siguientes razones:
A dicha conclusión se llega, por supuesto, a partir de la sumatoria de conceptos técnicos y de estudios, contratados o solicitados por la propia administración distrital, en los que se aclara la naturaleza, las causas, el progreso, la evolución y las consecuencias del fenómeno de remoción en masa acaecido dentro de las laderas nor-occidentales del distrito de Barranquilla. Gran parte de ellos fueron puestos a disposición de los jueces de instancia y, sin embargo, ninguno de éstos le encontró alguna relevancia. De hecho, se declaró que la acción de tutela es absolutamente improcedente para proteger a la dueña de una edificación que denuncia la continua decadencia de su vivienda y del barrio en el que reside junto a su familia. Para estas autoridades judiciales la única vía judicial con la que cuenta la actora para defender su vida y sus bienes es adelantar un proceso ordinario en el que exija la indemnización de perjuicios correspondientes. En contraste, esta Sala de Revisión, teniendo en cuenta la aptitud que tiene el amparo para prevenir la ocurrencia de un desastre y proteger el derecho a la vida, cuando las entidades encargadas de atenderlo han sido descuidadas o negligentes, revocará las decisiones de instancia y en su lugar concederá la protección de los derechos invocados.
g. Todo ello llevó a que la Corte concluyera “que no existe una estrategia pública prudente y razonable tendiente a proteger a la actora en su vida y bienes (art. 2º C.P.). Hasta el momento, según obra en el expediente, el accionar de la alcaldía se ha limitado a atender a aquellos que por el evidente movimiento del terreno ven caer su vivienda y a efectuar unas obras de ingeniería puntuales, que tan solo aminoran temporalmente el riesgo de un puñado de personas”.
2. La Sala constata que desde agosto de 2009 comenzó la ejecución del “Convenio específico interadministrativo No 028”, suscrito entre el Instituto Colombiano de Geología y Minería “INGEOMINAS” y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, cuyo objeto es que INGEOMINAS realice la zonificación de la amenaza por movimientos en masa en las laderas occidentales del área metropolitana de Barranquilla. Varios de los documentos oficiales que obran en el expediente afirman que este estudio es la “base para plantear los planes maestros para el análisis hidráulico de las laderas, además para iniciar los procesos de identificación de las zonas de riesgos mitigables y no mitigables, con el fin de fortalecer las políticas territoriales de ordenamiento en cumplimiento de lo establecido en leyes, normas y acuerdos que regulan esta materia”; que “la realización de esta investigación va a proveer al Distrito de una herramienta para la planificación, en la medida en que se zonificará el área de estudio de acuerdo a la amenaza, para posteriormente establecer los escenarios de riesgo. Lo anterior nos va a permitir identificar las zonas mitigables y no mitigables, para con base en ello se desarrollen los programas de reasentamiento a los que haya lugar”, y que “para el desarrollo de las recomendaciones a largo plazo, es necesario conocer los resultados del estudio…”. En consecuencia, para efectos de proteger los derechos invocados por la actora en el presente trámite de tutela, y dado el consenso que existe entre las entidades involucradas en el sentido de que los resultados de dicho estudio serán el punto de partida material para diseñar y ejecutar las medidas de atenuación del riesgo en la zona, la Sala ordenará a la Procuraduría Regional del Atlántico que ejerza una vigilancia permanente y especial a la etapa de ejecución del acuerdo, con especial atención al cumplimiento de los términos y plazos en él establecidos.
3. Por la naturaleza y tipo de órdenes que se darán la parte resolutiva del presente fallo, no será necesario nombrar un Alcalde Ad-Hoc, como se hizo en la sentencia T-473 de 2008. Pero del expediente se infiere que pueden haberse presentado actitudes obstruccionistas y dilatorias por parte de funcionarios de la Administración Distrital, que han dificultado la labor del Alcalde Ad-Hoc designado para darle cumplimiento a las ordenes contenidas en la mencionada sentencia T-473 de 2008, razón por la cual se dará traslado del expediente a la Procuraduría General de la Nación, para lo de su competencia.
6.2. En esta oportunidad, de manera categórica, la Sala debe reprobar esos fallos, ya que sin más negaron la protección de los derechos invocados en contravía de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha declarado que varios de los inmuebles que se encuentran en el sector de Campoalegre vienen siendo afectados desde hace 50 años por una serie –hasta ahora- evidente y creciente de deslizamientos. Sin ninguna argumentación, las autoridades judiciales se apartaron de las reglas de decisión que precisan la procedencia y la utilidad especial de la acción de tutela para estos casos. Dejaron la protección total de las atribuciones de los actores al trámite de una acción de grupo interpuesta y admitida desde el año 2007 y que todavía hoy se encuentra en la etapa probatoria. Desecharon el alcance que este Tribunal dio a los estudios técnicos que alertan la existencia de las “arcillas sensitivas” en las laderas del barrio “Campoalegre” y que determinan la existencia de un peligro sobre muchas familias.
Precisamente, en respuesta a la solicitud elevada por esta Sala de Revisión, esa autoridad manifestó que ese conjunto residencial: “… muestra una afectación parcial que comprende: una Zona inestable (Amenaza media) parte nor-oriental de la manzana y el resto en una Zona Relativamente Estable (Amenaza Baja).”
“(a) “zonas relativamente estables”, que constituyen un trozo significativamente menor al identificado bajo el análisis anterior; (b) “zonas inestables”, que cubren un amplio margen de la calle 84 que -en la actualidad- colinda con la vivienda de la actora, y que es definida como la “zona con mediana probabilidad de falla para lluvias intensas que superen los 100mm de precipitación en cuatro (4) días”; y, finalmente, (c) las “zonas de estabilidad crítica” en donde la probabilidad de movimiento de tierra en masa es alta.”
Por un lado, la Sala no pasa por alto que existe un avance positivo respecto a la ejecución de las maniobras para hacer frente al fenómeno. El Distrito no solo demostró que está adelantando varias obras de mitigación de alto impacto, sino que contrató el peritaje y los estudios de actualización de los deslizamientos, contenidos en la sentencia T-473 de 2008. Con todo, sobre los primeros hay que manifestar que olvidó explicar la utilidad esperada sobre cada proyecto y el seguimiento que se les ha hecho; esto es absolutamente necesario atendiendo los conceptos incluidos en el estudio de Geotecnología Ltda. en septiembre de 2006. Es más, la multiplicación de esta información en toda la comunidad de Campoalegre, serviría para menguar la zozobra creada por cada periodo de invierno, así como la negligencia de administraciones distritales anteriores y de algunos constructores que no advirtieron con suficiente diligencia el historial de la zona, en la que se habían declarado la calamidad pública y la urgencia manifiesta en 2003 y 2005[17].
Esta Corporación ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos, que a su vez conllevan consecuencias distintas: (i) el hecho superado y (ii) el daño consumado. Al respecto, la Sentencia T-170 de 2009 definió que la primera se configura “cuando en el entre tanto de la interposición de la demanda de tutela y el momento del fallo del juez de amparo, se repara la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se ha solicitado.” De otra parte, tal providencia señaló que la carencia de objeto por daño consumado se presenta cuando “no se reparó la vulneración del derecho, sino por el contrario, a raíz de su falta de garantía se ha ocasionado el daño que se buscaba evitar con la orden del juez de tutela.”
PRIMERO. Levantar la suspensión de términos decretada a través del auto del cinco de marzo de 2012, proferido por esta Sala de Revisión.
SEGUNDO. Revocar el fallo proferido por el Juzgado Segundo del Circuito para Adolescentes con funciones de control de garantías de Barranquilla, del 30 de agosto de 2011, que denegó la protección de derechos dispuesta por el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela interpuesta por Lourdes Esther Carbonell Acuña y Camilo Andrés de la Hoz Carbonell (expediente T-3243212). En su lugar, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
TERCERO. Revocar el fallo proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Barranquilla, del 26 de septiembre de 2011, que confirmó la negativa de protección de derechos dispuesta por el Juzgado Once Civil Municipal de la misma ciudad, dentro de la acción de tutela interpuesta por Estrella Gómez de Soto y Francisco Hércules Soto (expediente T-3249201). En su lugar, conceder la protección de los derechos fundamentales a la vida, al ambiente sano y a la vivienda digna.
CUARTO. Ordenar a la Alcaldía Distrital de Barranquilla que, si no lo hubiere hecho, en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a efectuar una visita al inmueble de propiedad de Estrella Gómez de Soto y Francisco Hércules Soto (casa 5, manzana B de la urbanización “Mirador de Campoalegre”), a partir de la cual se detallen las condiciones de la misma y se permita establecer, a través de acto administrativo motivado, si la familia Soto Gómez requiere o necesita ser beneficiada por un subsidio de arrendamiento o por una reubicación definitiva. La expedición del acto administrativo no puede superar el término de 7 días calendario.
QUINTO. Ordenar a construcciones Marval S.A. que en el término máximo de un mes, inicie la ejecución de un peritaje por parte de una entidad independiente y de alta credibilidad que concrete la habitabilidad de todos los inmuebles del conjunto residencial y que, expresamente, defina si ellos cumplen con las normas colombianas de sismo resistencia y las recomendaciones emanadas por Ingeominas en 1997 y 2011. La selección de quien ejecutará el experticio técnico debe ser aprobada por el Defensor Regional del Pueblo, quien deberá consultar los requerimientos de los habitantes y/o propietarios del conjunto residencial.
SEXTO. Ordenar a la Defensoría Regional del Pueblo y a la Alcaldía Distrital de Barranquilla que adelanten las gestiones conjuntas que sean necesarias para permitir la ejecución de los estudios y las obras necesarias para hacer frente a los deslizamientos y para determinar el nivel de amenaza real que se ha consolidado sobre las edificaciones de la urbanización “Mirador de Campoalegre”, conforme, especialmente, al numeral 6.4 de esta providencia. Para el efecto, expídase copia del presente fallo para cada una de estas entidades.
SÉPTIMO. Ordenar a la alcaldía distrital de Barranquilla que en el término de los diez días siguientes a la notificación de esta providencia, dé inicio a las reuniones informativas que considere pertinentes para exponer claramente el conjunto de obras de mitigación que se están adelantando en los alrededores del conjunto residencial “Mirador de Campoalegre” y para que presente un cronograma claro y sustentado sobre la estrategia que se implementará para recuperar el sistema de alcantarillado aledaño a la urbanización. A estas reuniones será invitado, por lo menos, un agente de la Procuraduría Regional del Atlántico y uno de la Defensoría Regional del Pueblo, quienes rendirán un informe ante el juez de primera instancia dentro de la tutela T-3249201.
[1] Expediente T-3243212, folio 98.
[2] Ídem, folios 8 a 39.
[3] Ídem, folios 20 a 21.
[4] Ídem, folio 2.
[5] Radicación 2007-0048.
[6] Expediente T-3249201, folio 11.
[8] Ídem, folio 12.
[9] Ídem, folio 13.
[10] Expediente T-3249201, folio 304.
[11] De acuerdo a los documentos subsiguientes, se puede concluir que este documento en realidad fue elaborado en el año 2011.
[12] En el mismo sentido la sentencia T-958 de 2001 afirmó: “El derecho a la vivienda digna, debe observarse, no se reduce a un derecho a ser propietario de la vivienda en la que se habita. Ello constituye una de las opciones, claramente vinculado a los planes de financiación a largo plazo. Por el contrario, la vivienda digna se proyecta sobre la necesidad humana de disponer de un sitio de vivienda, sea propio o ajeno, que reviste las características para poder realizar de manera digna el proyecto de vida”.
[13] Éstas son detalladas bajo los siguientes términos: “Los suelos de las laderas del barrio Campoalegre de Barranquilla, están compuestos por arcillas de estructura floculada identificadas mineralógicamente como Illita, las cuales han perdido su resistencia original por acción del lavado de las sales. Los ensayos de rayos X muestran que las arcillas de Barranquilla son muy similares a las arcillas sensitivas o rápidas encontradas en Japón, Canadá, Noruega, Suecia y Rusia.
[14] Sobre este particular el estudio indica lo siguiente: “Los suelos antes de urbanizarse se encontraban en un equilibrio aparente, pero al ser afectados por el proceso de urbanización se han ido alterando en un proceso progresivo. Este proceso de alteración toma varios años.
[15] Ibíd, pág. 116, num. 6.2.
[16] La identificación y categorización de cada una de las laderas, de acuerdo a las categorías fijadas a partir del método de “talud infinito”, fue consignada en ibíd: mapa o plano número 8 (archivo: 001.pdf).
[17] No obstante, se debe tener en cuenta que el estudio presentado por Ingeominas en 2011 destina un capítulo para la “comunicación con comunidades” (págs. 254 y ss).

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