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Timestamp: 2019-10-15 16:55:58+00:00

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﻿ SENTENCIA 11413 DE ENERO 25 DE 2001
SENTENCIA 11413 DE 25 DE ENERO DE 2001
CONTENIDO:NOTICIAS DEL DAS SOBRE POSIBLES AUTORES DE DELITOS. CASOS EN QUE SE ORIGINA RESPONSABILIDAD ESTATAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAS, DAÑO, DAÑO MORAL, DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN
PONENTE:HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, ALIER EDUARDO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:351 DE MARZO DE 2001, PÁG.491
Sentencia 11413 de enero 25 de 2001
Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez
Rad.: 11413
Actor: G... M... H...
Demandado: Nación - DAS.
Bogotá, veinticinco de enero de dos mil uno.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 25 de agosto de 1995, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sección Segunda, por la cual se declaró responsable a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad, de los perjuicios sufridos por el señor G... M... H..., como consecuencia de las declaraciones dadas a los medios de comunicación por el director de dicha entidad, en el sentido de señalarlo "como uno de los autores intelectuales del genocidio ocurrido en jurisdicción de Caloto (Cauca)", se la condenó a pagar al demandante, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en moneda nacional a mil gramos de oro, y se negaron las demás súplicas de la demanda.
1. Mediante demanda presentada el 9 de diciembre de 1993, el señor G... M... H..., obrando a través de apoderado, solicitó que se declarara a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad DAS, responsable de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de los hechos sucedidos el 17 y el 18 de enero de 1992, cuando, de manera imprudente, el director de esa entidad "publicó a la prensa hablada, escrita y televisada" que el demandante era uno de los autores intelectuales del "GENOCIDIO" de la hacienda El Nilo, en jurisdicción de Caloto (Cauca), lo que trajo como consecuencia la violación de su derecho a la honra. Solicitó, además, que se condenara a la entidad demandada a pagarle, por concepto de perjuicios materiales, el valor que se demostrara en el proceso, y por concepto de perjuicios morales, la suma de dinero equivalente a mil gramos de oro (fls. 18 a 26).
Estas pretensiones se fundaron en los siguientes hechos:
a. El 17 de enero de 1992, el señor G... M... H..., ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, fue informado por sus hermanos J… y H… M... H..., de que unos individuos de la Policía judicial habían ido a sus casas, las habían requisado y habían preguntado por él. Estos visitantes estaban "comandados" por un teniente de apellido Morales.
Los familiares de G... M... les informaron que éste se encontraba en su apartamento y les dieron su dirección.
b. El teniente Morales y sus auxiliares visitaron a G... M... ese mismo día y lo citaron para que se presentara, a las 4:00 p.m., en las dependencias de la Sijín de Fray Damián, a donde acudió. Allí le hicieron varias preguntas, le tomaron huellas dactilares y le informaron que había una orden de captura en su contra, pero que sus características físicas no correspondían con las de la persona buscada, por lo cual no iban a hacerla efectiva. Así se enteró de que estaba vinculado a la investigación de la masacre de Caloto.
c. Ese mismo día, en los noticieros nocturnos de radio y televisión, apareció la noticia de que G... M... H..., identificado con la cédula de ciudadanía 1X.XXX.XXX de Cali, era el autor intelectual de la citada masacre. La información fue proporcionada por el director del Departamento Administrativo de Seguridad, señor Fernando Brito Ruiz. Se publicó, además, en los noticieros de televisión, la foto del señor M... H....
d. El 18 de enero siguiente, en la prensa escrita nacional, concretamente en los diarios El Tiempo, El Espectador, El País y Occidente, se publicó la noticia, incluyendo la misma foto del señor M... H.... Ese día, nuevamente los noticieros nacionales de televisión presentaron al director del DAS, señalando al demandante como autor de la "terrible conducta criminal".
e. Se publicó en los diarios de circulación Nacional que el Gobierno ofrecía una recompensa en dinero a quien suministrara información que permitiera dar con el paradero de G... M... H.... Esto es sorprendente, porque desde el 21 de diciembre de 1991, agentes del DAS habían ubicado a G... M... H..., visitándolo en su propia residencia de Cali, en la finca Villa Lolita, en Dagua, y en las residencias de varios de sus familiares, de manera que el DAS conocía perfectamente dónde se encontraba.
f. Esa noche y durante los días siguientes, G... M... H... vivió una "pesadilla". Se presentaron llamadas "incógnitas" a las casas de sus familiares, por personas que se hacían pasar por agentes que exigían su presencia inmediata en la Policía, en la Sijín y en el DAS Algunas llamadas eran insultantes, otras amenazantes, lo que desbordó la "resistencia" de la familia. La zozobra y la angustia se apoderaron de sus miembros, "y fue así cómo un hombre tranquilo, de vida apacible y normal se convirtió en el criminal más detestable, pues ese genocidio al decir de muchos no tiene antecedentes en la historia de Colombia".
Al publicarse la foto de G... M... H..., éste comenzó a correr peligro de muerte, "pues fácilmente los familiares y/o amigos de las víctimas quieren borrar de la faz de la tierra al criminal".
g. Como consecuencia de lo anterior, M... H... tuvo que suspender su actividad productiva, su vida familiar y social. Se vio precisado a cambiar de domicilio y a separarse de su esposa y su hijo recién nacido.
h. En un comunicado de prensa del Departamento Administrativo de Seguridad se expresó que la vinculación de M... H... a la masacre de Caloto se originó por una orden de captura expedida por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de ese municipio. Se indicó en el mismo comunicado que el DAS había verificado en la Registraduría Nacional del Estado Civil la identidad del sindicado, entidad que certificó que solo existía en Colombia una persona con ese nombre.
Con este comunicado, la entidad demandada trata de "disculpar la grave falla cometida en el servicio", y ello es tan evidente, que se omitió explicar que en la orden de captura se incluyen las características antropomórficas del sindicado, así como sus condiciones sociales, laborales y "domiciliarias", las cuales, en este caso, no correspondían a las de G... M... H..., al punto que los policías que fueron a buscarlo inicialmente, al comprobar lo anterior, se abstuvieron de capturarlo.
Lo que hizo el director del DAS fue meter a la brava A... G... M... H... en la descripción que le había sido suministrada por el juzgado 8 de instrucción de caloto, pues lo importante era encontrar cualquier (sic) persona para acallar el clamor nacional que exigía justicia", poniendo en la picota pública a un ciudadano de bien.
2. Admitida y notificada en debida forma la demanda, el Departamento Administrativo de Seguridad le dio contestación (fls. 38 a 45), expresando que el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca remitió al director de dicha entidad la boleta de captura Nº 27 del 26 de diciembre de 1991, proferida en contra de G... M... H..., dentro del proceso adelantado por el delito de homicidio, como consecuencia de los hechos sucedidos en la Hacienda El Nilo, en el municipio de Caloto.
En cumplimiento de dicha orden, se iniciaron las diligencias tendientes a la localización del señor M... H.... Se ofició a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para verificar su identidad, y esta entidad, mediante oficio 0545 del 23 de enero de 1992, comunicó que la única persona que aparecía en el archivo con el nombre de G... M... H... estaba identificada con la c.c. 1X.XXX.XXX, expedida en Cali, el 11 de julio de 1972.
El 31 de enero de 1992, el Juzgado de Instrucción de Orden Público canceló la orden de captura proferida contra G... M... H..., y expidió otra en contra de G... M... Q..., identificado con c.c. 6.XXX.XXX de Palmira, abogado de profesión, egresado de la Universidad de San Buenaventura.
Así las cosas, "es absurdo... pretender atribuirle responsabilidad a la entidad...", ya que el Departamento Administrativo de Seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal y en el Decreto 512 de 1989 (y ahora de acuerdo con el D. 2110/92), cumple funciones de Policía Judicial, auxiliando a la administración de justicia. El artículo 70 de ese decreto faculta al director del DAS para determinar los casos en que se pueden reconocer recompensas a quien suministre informes que permitan cumplir una orden de captura, o informaciones o pruebas eficaces para fundamentar la responsabilidad penal, y lo faculta también para disponer que las ofertas sean hechas públicas, autorizando la determinación anticipada de su monto.
Precisó que la primera información sobre la autoría intelectual de la masacre de Caloto no fue proporcionada por el DAS, ya que el periódico El Tiempo, del viernes 3 de enero de 1992, hizo una publicación al respecto, en su página 8A, indicando que se había ordenado la captura de G... M... H..., de 55 años de edad, natural de Cali, donde ejercía la profesión de abogado, como asesor de la sociedad Inversiones Piedras Blancas Ltda.
Así, es claro que las informaciones a que hace alusión el apoderado del demandante fueron suministradas "con base en diligencias adelantadas por otros organismos investigadores..., que trajeron como consecuencia... que el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca librara orden de captura" en su contra, y la fotografía que se publicó correspondía a la persona identificada con la cédula de ciudadanía mencionada en dicha orden y constatada en la Registraduría.
De otra parte, expresó que en el comunicado de prensa del DAS, a que se refiere el demandante, se hicieron las aclaraciones correspondientes en relación con la primera orden de captura proferida por el juzgado, la verificación de la identidad de M... H... solicitada a la Registraduría y la cancelación posterior de dicha orden.
Respecto de la descripción física contenida en la boleta de captura, dijo que, con el transcurso del tiempo, la fisonomía humana puede cambiar, y esto puede suceder también por el hecho de que la persona se deje el bigote o use gafas, cambie de color su cabello, suba o disminuya de peso.
Concluyó, entonces, que no se presentó falla en el servicio. Propuso, además, la excepción de inepta demanda, por no haberse razonado debidamente la cuantía, al no establecerse el monto de los perjuicios materiales solicitados.
3. El Tribunal decretó pruebas mediante auto del 18 de abril de 1994 (fls. 47 a 49). Agotado el período probatorio, citó a audiencia de conciliación (fls. 128, 129), que no se realizó, debido a que no acudió el apoderado de la parte demandada.
4. Corrido el traslado respectivo, la parte demandada presentó alegatos de conclusión y el representante del Ministerio Público rindió concepto. Expresaron lo siguiente:
La parte demandada reiteró los argumentos expuestos al contestar la demanda y concluyó que no está demostrado que se hubiera presentado una falla en el servicio, dado que el DAS, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, dio cumplimiento a la orden de un juez, tomando como base, además, la información suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, si la fotografía que apareció en los medios de comunicación correspondía, efectivamente, al señor G... M... H..., fue precisamente porque era la persona poseedora de la cédula de ciudadanía suministrada por la Registraduría y cuya captura había sido ordenada por el Juez Octavo de Instrucción Criminal del Cauca.
Citó, además, apartes de la sentencia del 1o de diciembre de 1994, proferida por el Consejo de Estado, en la que se expresó que si se le imputa a un organismo del Estado la información que aparece publicada en el periódico El Tiempo, debe probarse quién la suministró, ya que la noticia de prensa, por sí sola, no constituye una prueba de ello. El periódico es un documento privado y el ejemplar acompañado al expediente sólo prueba que allí apareció una noticia, no la veracidad de su contenido (fls. 149 a 153).
El representante del Ministerio Público se refirió, inicialmente, a la excepción de inepta demanda, considerando que la misma no debía prosperar, dado que la irregularidad no fue advertida oportunamente, y que, en todo caso, debía interpretarse la demanda, para concluir que la cuantía, estimada en $14.000.000.oo, correspondía al total de los perjuicios solicitados.
Sobre el fondo del asunto, consideró que, con fundamento en los testimonios que obran en el proceso, se puede concluir que el DAS se abstuvo de capturar al señor M... H..., al verificar que sus rasgos morfológicos y sus características personales y profesionales no coincidían con la descripción contenida en la orden del juzgado octavo de orden público.
Manifestó que podría calificarse de "anómala o irregular" la divulgación hecha por los medios de comunicación de la fotografía del actor. Sin embargo, no puede asegurarse que tal divulgación hubiera sido propiciada por el DAS, de manera que no está acreditada la falla del servicio alegada por la parte demandante (fls. 135 a 148).
II. Sentencia de primera instancia:
Mediante sentencia del 25 de agosto de 1995, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca resolvió acceder a algunas de las pretensiones formuladas en la demanda y negar otras, en la forma indicada en la primera parte de esta providencia. Fundamentó su decisión en la siguiente forma:
Se refirió, en primer término, a la excepción de inepta demanda, haciendo suyos los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público.
De otra parte, hizo relación a cada una de las pruebas obrantes en el proceso, y concluyó que los funcionarios del DAS tuvieron conocimiento, antes de la emisión de los noticieros, de que había una posible confusión de identidades en la orden de captura proferida por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca, ya que el mismo día en que ésta se profirió, esto es, el 26 de diciembre de 1991, se iniciaron las pesquisas para ejecutarla y tuvieron evidencia de que el actor no correspondía a la descripción de la persona que debían capturar, por lo que desistieron de aprehenderlo. Se pregunta, entonces, cómo es posible que 22 días después, se diera a la publicidad, por el propio director de la institución, una orden que presentaba serias inconsistencias.
Manifestó, además, que si los funcionarios del DAS que visitaron al señor M... H... en el mes de diciembre no le comunicaron a sus superiores o al citado juez lo que acababan de verificar, debe concluirse que actuaron con absoluto desdén, en relación con los intereses de una persona inocente. Agregó que si bien es cierto que el DAS debe auxiliar a la justicia, no debe hacerlo como un ente pasivo, ya que estando en capacidad de detectar las inconsistencias de una orden judicial, como ocurrió en este caso, es inexcusable que se limitara su director a repetir "la actuación errónea", en su afán de tranquilizar a la opinión pública, que justamente conmovida, reclamaba medidas de la autoridad en relación con la masacre de Caloto. Concluyó, entonces, que está demostrada la falla del servicio
Indicó que si la rueda de prensa ofrecida por el director del DAS tenía por objeto publicar el ofrecimiento de una recompensa, debió actuar con mucho cuidado al verificar la información correspondiente. Así, poco importa quién suministró la fotografía a los medios de comunicación, si lo hizo el mismo DAS o si éstos la obtuvieron de la Registraduría Nacional, ya que es claro que la noticia la divulgó Fernando Brito Ruiz, director del DAS.
Adicionalmente, expresó que si la revocatoria de la orden de captura se produjo el 31 de enero de 1992, es inexplicable que sólo el 30 de marzo siguiente, esto es, dos meses después, apareciera el comunicado de prensa del DAS, explicando lo sucedido.
Sobre la publicación realizada por el periódico El Tiempo el 3 de enero de 1992, indicó que ese hecho no justifica la actuación del DAS Hubo un señalamiento irresponsable, hecho con gran despliegue publicitario, contra un ciudadano, sobre cuya identidad había serias dudas.
Respecto de los perjuicios materiales solicitados, manifestó que no se cuantificaron en el proceso, lo que impide hacer su reconocimiento. En relación con los morales, consideró que debían reconocerse, para compensar al demandante el daño que le causó el tratamiento injusto a que fue sometido (fls. 154 a 186).
III. Recurso de apelación:
Dentro del término de ejecutoria del fallo de primera instancia, interpuso recurso de apelación el apoderado de la parte demandada (fl. 189). El recurso fue concedido el 13 de octubre de 1995 (fl. 191) y, corrido el traslado respectivo, fue sustentado en la siguiente forma (fls. 195 a 201):
Manifestó que, con fundamento en las pruebas practicadas, se concluye que el juzgado octavo de instrucción criminal del Cauca libró orden de captura contra el actor y solicitó al DAS apoyo para su ejecución. Recibida la orden, la dirección de dicha entidad, mediante misión de trabajo 1463 del 27 de diciembre de 1991, comenzó la labor necesaria para auxiliar al juzgado, asignando unidades que adelantaron las siguientes diligencias:
a. El 27 de diciembre de 1991, se desplazaron a la ciudad de Cali, a fin de localizar y capturar a las personas requeridas.
b. Se consultaron los archivos de laboratorio e identificación de la seccional del DAS en Cali, donde apareció una tarjeta de guía civil, con una dirección de G... M... H..., así como el directorio telefónico de la misma ciudad, donde aparecía otra dirección del mismo. En ninguna de ellas fue posible localizarlo.
c. Se libró oficio a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se verificó la identidad de G... M... H....
Explicó que la actuación del DAS se ajustó a derecho y se concretó en dar cumplimiento a la ley y a la orden judicial. No fue aquella entidad la que endilgó a M... H... la autoría de los hechos de Caloto. Y la fuente de la información que dio lugar a la demanda no fue el DAS, ya que ésta tuvo origen en el juzgado octavo de instrucción criminal del Cauca.
Por otra parte, expresó que cuando dicho señor tuvo conocimiento de su eventual vinculación al proceso penal, se ocultó, en vez de acudir ante las autoridades competentes, para aclarar su situación. En su lugar, se presentó su hermano G... M... H..., para concertar la forma y términos en que aquél se presentaría ante las autoridades (fls. 196 a 201).
IV. Actuación en segunda instancia:
El recurso de apelación fue admitido el 6 de marzo de 1996 (fl. 203).
Corrido el traslado para alegar, sólo intervino la parte demandada. Expresó su apoderado que la información que suministró a los medios el director del DAS, mediante el comunicado de prensa del 16 de enero de 1992, no tuvo otro alcance que el de informar a la opinión pública que una autoridad judicial había dispuesto la captura de unas personas, entre ellas G... M... H..., y ofrecer recompensas por el suministro de datos que permitieran lograr su aprehensión.
Agregó que el DAS debe cumplir su obligación de auxiliar a la justicia, "independientemente de si el despacho judicial comitente cometió errores o inconsistencias en la persona requerida o en su nombre o señales particulares". El DAS no puede discutir o revisar, sin orden judicial, las señas o la situación personal del requerido, so pena de excederse en sus funciones, y no puede responder por las equivocaciones de los jueces.
Mediante auto del 7 de septiembre de 2000, la Sala decretó, de oficio, algunas pruebas adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo.
V. Consideraciones:
1. El 26 de diciembre de 1991, el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca expidió las boletas de captura números 26 y 27, dirigidas, respectivamente, al Cuerpo Técnico de la Policía Judicial de Popayán y al Director General del Departamento Administrativo de Seguridad, mediante las cuales se solicitó capturar y poner a disposición de la Dirección Seccional de Orden Público de la ciudad de Cali, a las siguientes personas (fls. 216, 217):
“G... M... H..., individuo canoso, de edad aproximada 54 años, dice ser abogado de la ciudad de Cali, trigueño claro, alto, gordo, sábese reside en la ciudad de Cali y tiene la oficina en el edificio Zacur ubicado en el parque de Caicedo.
N.N., individuo de las siguientes características: Alto, joven, color trigueño claro, ojos color café y pequeños, pelo castaño, cejas arqueadas y pobladas, nariz larga y recta, labios delgados, boca grande, orejas regulares, carifino, se peina hacia atrás, no usa bigote, tiene un tatuaje de color azul en los brazos o manos”. (Se subraya).
2. El 31 de enero de 1992, uno de los miembros de la Comisión Especial del Orden Público que investigaba los hechos ocurridos el 16 de diciembre del año anterior en jurisdicción del Municipio de Caloto (Cauca), remitió un oficio al Director Seccional de Orden Público de Cali, por el cual hizo, entre otras manifestaciones, la siguiente (fl. 218):
“...la persona reconocida por indígenas es G... M... Q... y no HENAO, quien se identifica con la c.c. 6.XXX.XXX de Palmira, de profesión abogado, egresado de la Universidad de San Buenaventura. Por tanto, lo requiero con el debido respeto para que se cancele la orden de captura contra G... M... H... y se profiera otra contra G... M... Q...”. (Se subraya).
3. El mismo día, el Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali, atendiendo las solicitudes formuladas en el oficio a que se refiere el numeral anterior, adoptó, entre otras, la siguiente decisión, dentro del proceso radicado bajo el Nº 3299 (fls. 213, 214):
“Cancelar la orden de captura que se había impartido en contra de G... M... H... y en su lugar, disponer la CAPTURA DE G… M… Q…, titular de la cédula de ciudadanía 6.XXX.XXX de Palmira, abogado de profesión, egresado de la Universidad San Buenaventura”. (Se subraya).
4. El 4 de febrero de 1992, la jefe de la Sección Jurisdiccional de orden Público de Cali, remitió oficios al jefe del Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá y a los jefes de la misma entidad en Cali y en Popayán, por los cuales informó que un Juez de Instrucción de Orden Público de Cali, mediante providencia del 31 de enero de 1992 dispuso cancelar la orden de captura proferida en “ENERO 16 DE 1991”, contra G... M... H..., dentro del proceso Nº 3299, correspondiente a la investigación adelantada contra Carlos Alberto Flórez Alarcón y otros, por el delito de homicidio y otros (fls. 215, 219, 220).
Se advierte que en estos oficios se citó, equivocadamente, el 16 de enero de 1991, como fecha en que se profirió la orden de captura contra G... M... H..., dentro del citado proceso. Conforme a los demás documentos que obran en el proceso, a los que se ha hecho referencia, es evidente que dicha orden se profirió el 26 de diciembre de 1991. Por lo demás, los hechos investigados tuvieron ocurrencia el 16 de diciembre del mismo año.
5. Las copias auténticas de los documentos y decisiones a que se refieren los anteriores numerales fueron remitidas por el Juez Penal del Circuito Especializado de Popayán, en cumplimiento de lo solicitado por esta Sala mediante auto del 7 de septiembre de 2000. Adicionalmente y según lo solicitado en el mismo auto, en el sentido de certificar si, con posterioridad a la expedición de la providencia del 31 de enero de 1992, ya mencionada, el señor G... M... H..., identificado con la c.c. Nº 14.XXX.XXX de Cali, estuvo vinculado al proceso, el citado juez hizo constar lo siguiente (fl. 221):
“Que revisado el proceso que se adelanta en contra de N… M… Z…, C… A… F… A…, L… A... B… S…, C… A…R. V… M…, G... M... Q... y otros, sindicados por los punibles de HOMICIDIO, TORTURA Y OTROS no se encontró RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN ni SENTENCIAS CONDENATORIAS que hubieren sido proferidas en contra del señor G... M... H...”.
6. Conforme al video aportado por la parte demandante, el 16 de enero de 1992, el noticiero de televisión 24 Horas informó lo siguiente, en relación con la matanza ocurrida en Caloto, Cauca, en el mes de diciembre de 1991:
“Hoy Fernando Brito, director del DAS, mostró fotografías y retratos hablados de los implicados en el genocidio. Las autoridades ofrecen recompensa de un millón de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de estas personas, y de dos millones a quien ayude a identificar a otros autores de la matanza”.
Se presentaron las fotografías de las personas buscadas, entre ellas la de G... M... H..., demandante en el presente proceso, y se dijo:
“De las personas que participaron en la matanza, el DAS ya identificó a cuatro... Como autores intelectuales hasta el momento aparecen G... M... H..., con cédula de Cali, de 54 años de edad y registrado como abogado, con oficina en el edificio Zaccour de Cali...”.
Posteriormente, se presentaron declaraciones del señor Brito Ruiz, expresando que: “Se ha encontrado que algunas de estas personas... manejan importantes cantidades de dinero, que tienen propiedades cercanas a la misma finca donde ocurrieron los hechos”.
7. Aparecen en el mismo video apartes del noticiero Noti 5, que abre su emisión del viernes 17 de enero de 1992, con la siguiente noticia, al tiempo que se presentan las fotos respectivas, entre ellas la de G... M... H...:
“El DAS asegura que éstas son las personas responsables de la masacre de Caloto, en el norte del Cauca. La persona que aparece en esta foto y que corresponde supuestamente al abogado G... M... H... habla esta noche en Noti 5 y asegura que hay una grave confusión”.
Se publican las mismas fotografías que aparecieron en el noticiero 24 Horas y se dice que el DAS puso al descubierto a los autores de la masacre de Caloto y que ofreció recompensas a quienes suministraran información que permitiera su captura. Se mencionan sus nombres, entre ellos el de G... M... H..., y se dice: “Es uno de los autores intelectuales de la matanza”.
Luego se presenta una entrevista de G... M... H..., quien habla desde su casa. Dice que su foto aparece en el informe del DAS y manifiesta su sorpresa por tal situación. Dice que no se explica cómo pudo ocurrir algo así. Precisa que tiene 41 años y es ingeniero mecánico, lo que no coincide con la información del DAS. Además, expresa que ese mismo día, se presentó a la Dijín, aproximadamente a las 4:00 p.m., y habló con un teniente de apellido Morales, encargado de la investigación, y que luego de ese encuentro quedó tranquilo, por lo que quedó sorprendido al ver el noticiero 24 horas, de las 7:00 p.m.
En el mismo noticiero, por la importancia de la información, se repite la noticia, presentando nuevamente los nombres y fotografías de los implicados en la masacre, indicando que éstas y aquéllos fueron suministrados por el DAS.
8. También aparece en el video la emisión del noticiero QAP, del 17 de enero de 1992, en la noche, donde se informa que el DAS dio a conocer los nombres y las fotografías de los autores de la matanza de Caloto. Se presentan tales nombres y fotografías, incluyendo los de G... M... H.... Se alude, igualmente, a que el DAS ofrece recompensas por el suministro de información que permita dar con el paradero de las personas buscadas.
9. Aparece en el video, igualmente, una emisión del Noticiero Nacional, en la que se informa que la foto que se repartió a la prensa es de una persona inocente. Se presenta una entrevista de G... M... H..., quien dice que no hubo la suficiente investigación y explica cuáles son sus circunstancias y condiciones personales. Pide al DAS que haga una rectificación, con el mismo despliegue con que se presentó la noticia sobre su sindicación. No hay constancia de la fecha en que se produjo esta emisión.
10. Se grabó en el video una emisión del noticiero 90 Minutos, en la que se dice que diez días después de la matanza, las autoridades allanaron la casa de G... M... H... y descartaron que fuera él la persona requerida por la autoridad, por lo cual le sorprendió que, un mes después, el director del DAS lo vinculara a la misma investigación.
Se informa, además, que la Sijín desmintió la culpabilidad del señor M.... Se presenta la grabación de una comunicación telefónica sostenida con un oficial de dicho servicio, quien dice: “El problema es del DAS, se equivocaron allá con él... El señor precisamente aquí se presentó y aquí no hubo problema”.
Se informa, además, que la fotografía que ha aparecido en los medios de comunicación corresponde a la del pasado judicial de G... M... H....
Por otra parte, se presenta una entrevista de Fernando Brito Ruiz, director del DAS, quien expresa:
“Nosotros, en la información que sacamos el día de ayer, señalamos que el señor no es un abogado, es un supuesto abogado, dice el boletín, y así está reclamado por las autoridades judiciales. Y nosotros hemos dispuesto su captura porque así lo ha requerido un juez; ya su situación, él deberá clarificarla, obviamente, ante las autoridades respectivas”.
No hay constancia de la fecha de esta emisión.
11. También se grabaron en el video emisiones del Noticiero 24 Horas y del Noticiero de las 7, de cuyas fechas no hay constancia, en las que se informa, respectivamente, que G... M... H... no tiene homónimos, según la información suministrada por la Registraduría, y que éste no se ha presentado ante las autoridades. Se informa, además, en ambos noticieros, que la familia del actor acudió al DAS, en la ciudad de Cali, para aclarar su situación, llevando pruebas de que sus características no coinciden con las de la persona buscada.
12. En el mismo video aparece una grabación del noticiero Noti 5, en la que se informa que la foto que divulgó el DAS corresponde a un ingeniero mecánico, y no a un abogado. Se presentan, luego, declaraciones del señor Rodrigo Salazar, director de la Asociación Colombiana Popular de Industriales ACOPI, quien manifiesta que está plenamente seguro de que G... M... H... es un hombre integérrimo, incapaz de cometer un delito, y que el DAS se precipitó.
13. Contiene también el citado video una grabación del noticiero QAP, correspondiente a la emisión del 20 de enero de 1992, donde se hace referencia al “calvario de un inocente”. Se explica lo sucedido a G... M... H... y se dice que fue voluntariamente ante las autoridades el viernes anterior, esto es, el 17 de enero, y ese mismo día el DAS ofreció una millonaria recompensa por el suministro de información que permitiera su captura. Se agrega que el director del DAS, Fernando Brito Ruiz, manifestó al noticiero que “fue un desafortunado caso de homonimia”.
Finalmente, expresa que M... afirma que teme por su vida.
14. Aparece igualmente una emisión del Noticiero 24 Horas, en la que no se indica la fecha y se informa que los sobrevivientes de la masacre de Caloto dicen que G... M... H... no es la persona que los amenazó días antes de los hechos. El hombre que los amenazó es mucho más alto, robusto y viejo, de cabello liso, canoso.
15. Por último, aparecen en el video grabaciones de los noticieros 90 Minutos y Noti 5, sin constancia de sus fechas. En la primera se hace referencia al comunicado del DAS, donde se aclara la situación del actor y se dice que es posible que se trate de un caso de homonimia o de suplantación. Se presenta una declaración del director de la seccional de dicha institución en el Valle del Cauca, quien manifiesta que las características físicas del sindicado son diferentes a las del ingeniero G... M... H.... En la segunda, se informa que el DAS emitió un comunicado aclarando la situación de éste último.
16. El 3 de enero de 1992, el diario El Tiempo publicó, en su página 8A, una noticia titulada “Un abogado entre los requeridos. Tres órdenes de captura por masacre de indígenas”. Se indicó allí que tres personas, entre ellas el abogado asesor de la Sociedad Inversiones Piedras Blancas Limitada, figuraban en el informe preliminar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Cauca, como presuntos involucrados en la matanza de veinte indígenas paeces, ocurrida el 20 de diciembre en Caloto (Cauca). También se incluyó en el artículo correspondiente, entre otras informaciones, lo siguiente (fls. 1 y 2 del cdno. 3):
“Se trata del abogado G... M... H..., de 55 años de edad, natural de Cali, ciudad en donde ejerce su profesión, representante legal de la mencionada firma y quien amenazó a los ocupantes de la finca.
La orden de captura fue dictada el pasado 31 de diciembre, día en que la unidad especial que investigó el caso entregó el informe preliminar a un juez sin rostro de Popayán que continuará la investigación”.
17. El sábado 18 de enero de 1992, el diario El Tiempo publicó, en primera página, una noticia titulada “Identifican a los posibles autores intelectuales. Genocidio de Caloto: DAS descorre velo. Entre los sindicados en encuentran los socios de la firma Piedras Blancas, que tiene sede en Cali”, y se informó (fl. 10 del cdno. 1):
“El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) reveló ayer las identidades de las personas que el 16 de diciembre ordenaron el asesinato de 20 indígenas paeces en la hacienda El Nilo, en jurisdicción de Caloto (Cauca).
Se trata de Liliana Díaz Cadena, Luis Alberto Bernal Seijas, G... M... H......, contra quienes un juez de Orden Público dictó auto de detención.
Sobre estos hombres el DAS dijo que están vinculados a actividades de manejo y control de grandes cantidades de dinero. Por esta razón, los investigadores presumen que son miembros de una organización de narcotraficantes que opera en Cauca y Valle.
El DAS dijo además que.... algunos de ellos actuaron en la consumación material del genocidio de los indígenas”.
En la página 9A del mismo diario, se publicaron las fotografías de cuatro personas, indicándose debajo de una de ellas el nombre de G... M..., y se amplió la noticia en los siguientes términos:
“Dos de las personas vinculadas en la investigación..., aparecen como socios de la compañía Piedras Blancas Ltda., con sede en Cali, que el 7 de diciembre, a través de G... M... H..., quien se presentó como abogado junto con un grupo de hombres armados, pidió a los indígenas el desalojo de la hacienda.
En relación con el supuesto abogado, los investigadores dijeron que se trata de un hombre de 54 años, canoso, quien posee varias oficinas en el edificio Zaccour, ubicado en la Plaza de Cayzedo de Cali.
Las autoridades indicaron que M... aparece como la persona que hizo una serie de visitas previas a El Nilo en compañía de un grupo de hombres armados para presionar a los indígenas al desalojo.
Anoche M..., en diálogo con El Tiempo, dijo que “soy una persona de Cali conocida ampliamente aquí, no soy abogado, ni tengo 54 años sino 41. Mi foto está apareciendo como autor intelectual de una masacre y eso lo está diciendo una foto, pero yo que soy una persona conciente, puedo declarar que no tengo que ver absolutamente nada con es (sic) asunto allí (sic)”.
M... dijo además que las autoridades “tienen que verificar suficientemente las cosas” y señaló que ayer fue hasta las instalaciones de la Sección de Policía Judicial e Investigación (Sijín) de Cali donde habló con un oficial que actúa en la investigación por masacre “y aclaramos que yo no era la persona que estaban buscando”.
El director del DAS, Fernando Brito Ruiz, informó de una recompensa de 2 millones de pesos para las personas que suministren información concreta que conduzca a la identificación y captura de los autores materiales.
Brito dijo que una segunda recompensa, de un millón de pesos, se pagará a las personas que entreguen información sobre el paradero de los sindicados de ordenar el asesinato de los indígenas”.
18. El periódico El Espectador publicó la noticia, en esa misma fecha, en su página 10A, bajo el titular “Identificados autores de masacre indígena. El DAS ofrece un millón de pesos a quien suministre datos sobre los sindicados” (fl. 13 del cdno. 1). En el centro del artículo se publicó una fotografía grande de G... M... H..., y a la derecha, tres fotografías pequeñas y un retrato hablado de las otras personas vinculadas a la investigación. El Espectador informó, refiriéndose al DAS: “...Los identificados por el organismo de seguridad como responsables del genocidio son: ...G... M... H..., un abogado caleño con oficinas en el edificio Zacour...”, y luego, haciendo referencia a los antecedentes de la masacre, expresó: “Las amenazas continuaron y, días antes del 17 de diciembre, “un abogado de los dueños”, según dijeron los indígenas, los amenazó con matarlos”.
Se hizo referencia, igualmente, a las recompensas ofrecidas por el director del DAS, Fernando Brito Ruiz, y se dijo que la información podía ser suministrada a los directores seccionales de esa entidad en Cali o en Popayán, a los jefes de las unidades regionales de inteligencia, a la dirección general de inteligencia o al DAS en Bogotá.
19. El mismo día, el diario El País, de la ciudad de Cali (fl. 4 del cdno. 1), publicó en primera página una noticia titulada: “Por masacre de Caloto ordenan seis capturas”. Allí mismo se expresa que la determinación fue anunciada el día anterior por el director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Fernando Brito Ruiz, quien ofreció como recompensa 1 millón de pesos a quien suministre información que conduzca a la aprehensión de los implicados, durante una rueda de prensa. Se precisó que entre los “presuntos sindicados” se encuentra un abogado.
En la página A3 del mismo periódico, se incluyeron cuatro fotos y un retrato hablado, bajo las cuales aparece la siguiente nota:
“...el DAS suministró las fotografías y retratos hablados de las personas sindicadas de la masacre de indígenas en Caloto. Primero de izquierda a derecha, G... M... H..., presunto autor intelectual...”.
Se informó, además, lo siguiente:
“...Entre los sindicados está G... M... H..., de casi 54 años, y uno de los supuestos autores intelectuales de la masacre. Su cédula de ciudadanía es de Cali y dice ser abogado en la capital del Valle del Cauca, con oficinas en el edificio “Zaccour”, localizado en el parque Caycedo de esa ciudad...”.
Al final del artículo, se incluyó la siguiente nota de la redacción:
“Al cierre de esta edición, el ingeniero mecánico G... M... H..., vinculado al sector de las artes gráficas, informó que la fotografía entregada por el DAS es la suya, pero que nada tiene que ver con el mencionado caso.
“Soy ingeniero mecánico y no abogado y no tengo cuentas pendientes con la justicia”, afirmó”.
20. También el 18 de enero de 1992, el periódico Occidente, de la ciudad de Cali, publicó la siguiente noticia, en primera página, bajo el titular “Matanza en Caloto. El DAS revela sindicados” (fl. 11 del cdno. 1):
“El director del DAS, Fernando Brito Ruiz, dio a conocer ayer la identificación de los autores materiales de la masacre en la finca El Nilo, jurisdicción de Caloto, Cauca, sucedida el pasado 16 de diciembre de 1991 con un saldo de 20 indígenas muertos.
“Tengo órdenes impartidas por las autoridades judiciales del país, que han dispuesto la captura de las siguientes personas:... G... M... H..., identificado con la cédula de ciudadanía número 14.971.802 de Cali, Valle, individuo canoso de aproximadamente 54 años de edad, trigueño claro, alto y robusto, quien dice ser abogado con oficina en el Edificio Zaccour de la ciudad de Cali, ubicada (sic) en el Parque Cayzedo de la misma ciudad...”...”.
En la página 3A fue ampliada la noticia, indicando que el DAS ofreció como recompensa la suma de un millón de pesos a quien suministrara información que condujera a la aprehensión de las personas requeridas por las autoridades judiciales, y que dicha entidad garantizaba, para tal efecto, la más absoluta reserva. Se precisó que la información podía ser suministrada a los directores seccionales del DAS en Cali y Popayán, a los jefes de las unidades regionales de inteligencia, a la dirección general de inteligencia o a la dirección general del DAS en Bogotá.
21. El 20 de enero de 1992, el diario El Tiempo publicó, en la última página de la sección D, una noticia titulada “Tocayo de acusado de masacre hace aclaraciones. ‘Infortunada coincidencia me hace temer por mi vida’ ” (fl. 5 del cdno. 1). Allí se informa que el ingeniero G... M... H... se presentó el 19 de enero de 1992, a la redacción del periódico, en Cali, con el fin de aclarar su situación, ante las revelaciones del DAS, que lo sindica como el abogado que días antes de la masacre visitó y amenazó a los nativos en la hacienda El Nilo, y expresó que, además de tener una profesión distinta, tiene 42 años, y no 51.
Se indicó también que el ingeniero afirmó que no tenía nada que ver con el asunto y agregó: “temo por mi vida pues no han de faltar personas con oscuras intenciones que obrando precipitadamente, me ocasionen daños irreparables”. Además, se declaró dispuesto a colaborar con las autoridades para esclarecer el asunto.
22. En la misma fecha, en la página 5 de la separata El Tiempo Cali, del 20 de enero de 1992, se publicó un artículo titulado: “Homónimo me puso en la picota. El DAS difundió la fotografía de un ingeniero, al que colocó como el abogado involucrado en la masacre de indígenas en Caloto”. En el centro del artículo aparece la foto del ingeniero G... M... H.... Se expresó (fl. 14 del cdno. 1):
“Al ingeniero mecánico G... M... H..., un homónimo le frustró la euforia por el nacimiento de su primer hijo.
A las seis de la tarde del viernes pasado, se encontró a boca de jarro con su fotografía en un noticiero de televisión como el abogado implicado en la matanza de indígenas, al nororiente del Cauca.
Para el ingeniero M... los acontecimientos empezaron unas semanas antes. El 27 de diciembre un grupo de agentes del Das llegó hasta una finca de la familia y luego se dirigió a su apartamento en el sur de Cali, donde lo requirieron. Los detectives le dijeron que buscaban a un abogado con su nombre, solicitado por un juzgado de Popayán. No se informaron los motivos de la orden judicial pero el asunto pareció quedar claro porque ninguna de las características de la descripción correspondía.
“Me olvidé de lo ocurrido porque terminaba el año y luego, el viernes diez de enero, nació mi primer hijo”.
“Me ha tocado sacar fotocopias autenticadas del título universitario y del registro de nacimiento. También de una constancia de pérdida de cédula en agosto de 1990. Con todos esos documentos me presenté el mismo viernes a la Jefatura de la Unidad Investigativa en el barrio Fray Damián.
Después de la toma de huellas dactilares, no me detuvieron, precisamente, porque está claro que hay una equivocación”.
El ingeniero M... emitió un comunicado en el que señala que teme por su vida “pues no han de faltar personas con oscuras intenciones, que obrando precipitadamente, me ocasionen daños irreparables. Es muy grave que el Das haya difundido mi fotografía sin siquiera cumplir con pruebas de reconocimiento. No es sino mirar el directorio telefónico para apreciar la cantidad de homónimos que pueden (sic) haber... Tengo 41 años y no 54 como la persona que buscan. Mi cabello es negro y el de él dicen que es cano. Además soy delgado y no robusto. Mejor dicho, no soy el G... M... que buscan”...”.
23. El 21 de enero de 1992, el diario El Tiempo publicó en su página 4A, lo siguiente (fl. 2 del cdno. 1):
“Al parecer, según medios de prueba que ha logrado acumular el DAS, uno de los responsables de la matanza ocurrida en Caloto, Cauca, en donde veinte indígenas fueron asesinados, es un abogado de 51 años que con anterioridad estuvo amenazando a los indígenas.
Infortunadamente el demonio de los homónimos no podía dejar de intervenir. Y ocurre que hay otro ciudadano del mismo nombre del sindicado, pero que no es abogado ni tiene 51 años. Este G... M... H... es ingeniero mecánico de profesión y sólo tiene 42 años. Por cierto que el 9 de agosto de 1990 se le extraviaron sus papeles de identificación, y hay copia de la correspondiente denuncia.
Lo más serio del caso es que el DAS, sin tomarse el trabajo de algunas verificaciones elementales, empezó a distribuir sin mayores reticencias la fotografía de este profesional ajeno a los hechos. Ni tanta lentitud, ni tanta precipitación, ha debido ser la norma, para no colocar bajo riesgo la seguridad de estas personas que también resultaron contándose como verdaderas víctimas”.
24. El mismo día, el diario El País, de Cali, publicó en su página C8, una noticia, bajo e titular ““Se equivocaron conmigo”, dice el ingeniero M.... Afirma no ser la persona buscada por masacre”. Allí se publicó una foto grande de G... M... H..., se presentaron las explicaciones ofrecidas por él a la prensa sobre la injusticia de la sindicación hecha en su contra, y se citaron declaraciones suyas en el siguiente sentido: “No puedo salir a hacer mis negocios con entera libertad, porque me mantengo en un estado de zozobra; hay recompensa por informes sobre los sindicados de ese hecho y, también, los implicados en él podrían hacer algo para crear más confusión...” (fl. 15 del cdno. 1).
25. El 22 de enero, el señor Poncho Rentería escribió sobre el caso en su columna “Franquicia”, publicada en la página editorial del periódico El Tiempo. Se refirió el señor Rentería al “oso peludo” que hicieron la radio, los noticieros, los periódicos “-y sobre todo el DAS, que soltó la ‘noticia’– con la información sobre el acusado de matar a 22 indígenas....”, y agregó (fl. 12 del cdno. 1):
“Es el autogol del siglo. El señalado como autor intelectual de la masacre, y cuya foto nos mostraron en prensa y televisión, es una buena persona que no mata una mosca ni conoce a Caloto y jamás en su vida ha visto un indígena. ¿Qué tal el lío en que metieron a ese buen hombre, que se le perdió la cédula como se le pierde a tantos?.
...Fallida “chiva” le metieron a QAP, El Tiempo, El Espectador, La Prensa y Yamid Amat y Gossaín, pasando por Darío Arismendi. Nadie fue más allá del boletín oficial y todos, muy inocentes, pensaron que había brillado la justicia.
...El doctor Fernando Britto, a nombre del DAS y del gobierno, tiene la obligación de visitarlo, presentarle un millón de excusas y luego invitarlo a almorzar. Que la invitación no la pague el DAS, que la pague de su bolsillo el Dr. Britto, que fue a quien le metieron el “embuchado”...”.
26. La parte demandada aportó al proceso fotocopia simple del oficio 0545 del 23 de enero de 1992, por el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil informó al jefe de la División de Inteligencia del DAS, en respuesta a lo solicitado el 22 de enero de ese mismo año, lo siguiente: “Unico en el archivo M… H… G… cédula de ciudadanía número 14.971.802 expedida en Cali (Valle) el 11-Jul-72” (fl. 37 del cdno. 1).
Requerida la Registraduría para que expidiera certificación sobre la expedición de este documento, el jefe de la División de Cedulación de esa entidad informó al Tribunal, mediante oficio del 12 de mayo de 1994, que, efectuada nuevamente la búsqueda alfabética del nombre de MARQUEZ HENAO GILBERTO, en la fecha sólo figura el titular de la cédula de ciudadanía Nº 14.971.802, expedida en Cali el 11 de julio de 1972, y en cuanto a la expedición del citado documento, manifestó que solamente conservan el archivo del año inmediatamente anterior, por lo cual no es posible suministrar la copia solicitada (fl. 3 del cdno. 3).
27. Obran en el proceso las siguientes declaraciones de familiares y amigos del actor:
a. La señora J... W...A --, esposa de G... M... H... (fls. 1 a 3 del Cdno.derno 2), interrogada sobre si en el mes de diciembre de 1991, éste fue buscado por agentes de la Policía, contestó que el 26 de diciembre de ese año, ambos se encontraban en su apartamento, cuando, como a las 5:00 p.m., les anunciaron que iban a buscar a G..., de parte del DAS. Hicieron pasar a los visitantes. Éstos lo interrogaron sobre su nombre completo y su profesión; G... les mostró su cédula y el diploma que lo acredita como ingeniero mecánico de la Universidad del Valle. Luego, le preguntaron a G... si tenía conocimiento de la masacre de indígenas ocurrida en Caloto, y él les respondió que no sabía nada al respecto. Le preguntaron, además, que si estaría dispuesto a presentarse ante un juzgado en Popayán, y él respondió que sí. Posteriormente, solicitaron que se les prestara el teléfono e hicieron una llamada, en la que dijeron que “las características físicas no coincidían con una persona que ellos mencionaban en la conversación”, y luego se retiraron.
Relató, igualmente, que el 16 de enero del año siguiente, se encontraba en la misma residencia, cuando vio que la fotografía de su esposo aparecía en el noticiero de televisión de las 7:30 p.m., donde se informaba que éste era el autor intelectual de la masacre de los indígenas de Caloto. Se indicaron allí su nombre completo y su cédula. Su esposo la llamó y le dijo que iría a averiguar qué sucedía, y se dirigió a los noticieros de televisión. Dijo que, al día siguiente, fue publicada la misma noticia, con la fotografía, en el diario El País, y agregó: “De ahí en adelante eso se nos convirtió a nosotros en una pesadilla, ya que el despliegue que se hizo a nivel nacional de la noticia e incluso internacional fue grandísimo”.
Preguntada sobre quién había manifestado en televisión que su esposo era el autor del hecho citado, dijo: “Yo oí y vi en la televisión de que (sic) era el señor FErnando Brito, Director del DAS quien había dado esa noticia”. Y posteriormente manifestó:
“...mi esposo no pudo volver a trabajar durante un período largo, porque prácticamente tenía que estar escondido... porque nos hicieron unas llamadas amenazantes de muerte, en ese momento él estaba corriendo grave peligro de muerte, además en la televisión daban de recompensa por la cabeza de mi esposo un millón de pesos lo cual para los familiares de los indígenas, ellos querían (sic) a toda costa, matar a mi esposo, estaban dolidos... a raíz de esa noticia mi esposo quedó con un desprestigio total...”.
Precisó, finalmente, que su esposo no fue llevado a ningún despacho policivo o judicial, y dijo que nunca recibieron alguna “manifestación por parte del DAS ni de... la SIJIN de que había sido una equivocación, ni por escrito, ni personalmente”.
b. La señora Lucía M... H..., hermana de G... M... H... hizo el siguiente relato (fls. 15 a 17 del cdno. 2):
“Estábamos nosotros en la finca en un diciembre cuando aparecieron varios tipos que decían que eran del DAS venían buscando a G... M... y nos pidieron la cédula... G... no estaba en la casa, estábamos con los otros hermanos y nos identificamos, hicieron una cantidad de preguntas que si lo conocíamos, les dijimos que era hermano, que cuál era su dirección, nosotros le (sic) dimos la dirección. Eso todo quedó así. En el mismo diciembre, en semana, llamaron a la puerta de la casa de mi hermano J…, Le allanaron su casa buscando también a G.... Después fueron a la casa de Jr..., por último estuvieron llamando en la casa de G......”.
Explicó que, en el mes de enero, apareció la noticia en los noticieros, en la que se sindicaba a su hermano G... de ser el autor intelectual de la masacre de Caloto, ante lo cual ella llamó a Rodrigo Salazar, presidente de ACOPI, quien le dijo que llamaría a los noticieros.
“...Vivimos ocho días de angustia, la casa llena de gente, amigos que se hacían presentes... Salió en los noticieros de televisión, por radio, a toda hora causando en nosotros y en mi hermano un estado de angustia y de desasosiego... ante la insistencia de la acusación y el acoso a que se vio sometido... se fue a vivir a la casa de NAIN (sic) BERSE pues peligraba su vida... al final él quedó en manos de siquiatra desatendiendo totalmente las labores de asesoría en Imprenta M...... G... en estos momentos está empleado en C.XXX, porque al momento de la acusación tuvo que abandonarlo todo por el inminente peligro que corría él y su familia, pues él prácticamente se tuvo que esconder, porque estaba amenazado...”.
c. El señor Rodrigo Salazar Giraldo, presidente de la Cooperativa de Impresores y Papeleros de Occidente y director de la Asociación Colombiana Popular de Industriales ACOPI (fls. 4 a 7 del cdno. 2), quien dijo conocer al actor y a su familia desde hace más de treinta años, manifestó, refiriéndose a aquél y a la masacre de Caloto:
“Me consta que fue sindicado inicialmente por el aparato represivo del Estado de ese genocidio ya que cuando iba a ser capturado su hermana Lucía M... me llamó... para que... interviniera por (sic) los medios de comunicación a fin de que éstos enteraran a la opinión pública y a las autoridades de la forma integérrima como ha actuado siempre G... M.... Así lo hice y logramos que EL PAIS, periódicos de Bogotá y medios de comunicación radiales y televisiva (sic) explicaran quién era G... M... y demostraran que era una confusión puesto que G... a más de ser un excelente técnico en maquinaria industrial era y es un hombre pacífico y un ciudadano ejemplar”.
Interrogado sobre las consecuencias que tuvieron los hechos en la vida de G... M..., dijo:
“Fueron funestas moral y económicamente puesto que el despliegue dado por las autoridades para capturarlo y señalarlo como presunto autor intelectual fue de gran envergadura y estoy seguro que mucha gente que leyó ese despliegue (sic) no se enteró después de las rectificaciones y le quedó en la mente y en el ánimo la responsabilidad de G...... el daño patrimonial y moral fue inmenso”.
Al respecto, agregó:
“...siendo una persona alegre, muy amigable, muy unida al sector de las artes gráficas, se convirtió en una persona excesivamente tímida, introvertida y enfermiza.
...G... se adelantó a la apertura en cuanto a la reconstrucción de equipos de artes gráficas y alcanzó a tener una demanda que abruptamente se le vino al suelo porque muchos de sus clientes siguieron pensando que G... estaba vinculado al delito que las autoridades le imputaron y porque anímicamente perdió el entusiasmo y la dinámica para atender como era debido su empresa.
Pues es una familia que se ha venido a menos desde la sindicación a que se ha hecho referencia, soportando un injusto INRI, puesto que estamos en un país de intrigas, de odios y muy especialmente poco enterados de las rectificaciones... G... es una persona que apenas si responde a preguntas con monosílabos”.
Preguntado sobre si tuvo conocimiento de que G... M... corriera peligro, a raíz de estos hechos, expresó:
“Cuando L... M... (sic) su hermana me llamó, yo le dije que mientras me comunicaba con algunas personas pusiera a buen recaudo a G... y ella me dijo que ni siquiera a mí me informaba dónde estaba porque sabía que corría peligro inminente su vida. Posteriormente y a pesar de las rectificaciones siguió latente la amenaza ignorando de parte de quién, pero entiendo que había personas interesadas en conseguir un chivo expiatorio”.
“Por lo que me he enterado no han tenido la gentileza siquiera esas autoridades de ofrecerle a G... mínimas disculpas por el grave daño que le hicieron”.
d. El señor N... B... E..., amigo de la familia, explicó que, apenas escuchó la noticia presentada en televisión, se comunicó con el noticiero local y le dijo al periodista responsable de la nota que debía existir alguna equivocación. Igualmente, se puso en comunicación con G... M..., y se fue a hacer acto de presencia en su casa. Allí encontró a un grupo de amigos, quienes, sorprendidos, se encontraban analizando las consecuencias que podía tener la presentación de la noticia, y concluyeron que podía correr el riesgo de ser atacado por los familiares de las víctimas de la masacre, de modo que, desde ese día, G... durmió en varios sitios, distintos de su casa, para evadir cualquier atentado contra su persona. Explicó que, el primer día, le ofreció su casa a G... y allí durmió, y agregó: “...Me consta que a raíz de la situación a que se vio avocado mi amigo G... tuvo que ausentarse de su casa en donde (sic) su esposa y su recién nacido hijo...” (fls. 8 a 11 del cdno. 2).
Preguntado sobre si, con posterioridad, se hicieron las rectificaciones del caso, explicó:
“La noticia original respecto de las declaraciones que se dieron posteriormente no guardan proporción ni en su extensión, ni en su contenido, ya que la noticia que se difundió tuvo un despliegue inmensamente dañino para la reputación de G... y para alimentar odios y dudas que en ningún momento considero que hayan sido subsanadas por las rectificaciones que los medios dieron posteriormente”.
Sobre las condiciones morales de G... M... H..., dijo:
“...lo conozco desde diferentes ángulos y he tenido una gran proximidad con él, cosa que me permite emitir un juicio actualizado ya que... fue alumno mío... durante un año... además... era mi vecino..., situación que continuó después de finalizar los estudios de bachillerato durante varios años, posteriormente fue... compañero de estudios mío..., realizamos y presentamos en repetidas oportunidades trabajos juntos, tuve vinculación comercial con la empresa de su familia..., durante el año inmediatamente anterior a la divulgación de la noticia... vivió a cien metros de la residencia que hoy ocupo y con (sic) repetidas oportunidades intercambiamos visitas, todo lo anterior me permite declarar que nunca he visto a G... M... en actitudes agresivas, ni comprometido en ningún tipo de actividad ilícita, por el contrario, puedo calificarlo como las (sic) personas más pacíficas que conozco y más honorable y ese conocimiento profundo me motivó a llamar al periodista que difundió la noticia local por considerarla absurda desde todo punto de vista”.
e. El señor Carlos Alberto Arango Fernández, amigo desde hace más de 35 años y colega del actor, explicó que el viernes 17 de enero de 1992, vio en los noticieros de televisión de las 7:00 y las 10:00 p.m. que el director del DAS presentaba a G... M... H... como acusado de ser autor de la masacre de Caloto. Relató que sintió una gran sorpresa. Ese mismo día, recibió una llamada de M..., quien “estupefacto y totalmente fuera de control”, le comentó que estaba aterrorizado y le pidió su opinión respecto de lo que debía hacer. Se puso, entonces, en contacto con algunos amigos y colegas, para crear un frente común para proteger a su amigo, de cuya integridad y caballerosidad nunca han dudado (fls. 11 a 13 del cdno. 2).
Sobre las condiciones morales de M... H..., agregó:
“...es una persona íntegra de las que necesita el clima profesional y la comunidad local y nacional en este momento. Tradicionalmente el ingeniero Marque (sic) no se ha visto en una situación similar a esta, la cual le cambió su vida, casi le marcó un destino”.
Respecto de la forma en que se vio afectado M... H... como consecuencia de lo ocurrido, dijo también:
“El primer efecto que notamos en G... que (sic) acto seguido a este hecho, él entra en un estado de nervios que lo hace prácticamente inútil a cualquier actividad como ingeniero... debido además a que tiene que dedicar todo su tiempo a aclarar su situación a defenderse... El primer hijo del matrimonio de la pareja M..., llevaba sólo días de nacido al momento que se presenta (sic) esas circunstancias, las cuales generaron también un estado altamente nervioso en la señora Jenny de M..., que obviamente afeta (sic) todo el entorno, afecta al recién nacido, al esposo le agrava más su situación, yo soy testigo de esas circunstancias; la familia M... tuvo que refugiarse en casas de familiares no sólo por el deterioro de su situación económica sino en búsqueda de apoyo emocional y protección de parte de su familia.”
Refiriéndose, luego, a la afectación de la reputación del actor, expresó:
“...Tan cierto es que esa situación afectó su reputación, que el Ingeniero M... (sic) quien a través de su carrera profesional es reconocido como experto en maquinaria de impresión, tuvo que cambiar totalmente de actividad después de varios meses de sufrir todos los efectos de esa acusación, hasta el punto que el suscrito decidió ofrecerle un trabajo que le permitiera subsistir, en mi empresa Climacol Ltda.”.
Sobre si las autoridades efectuaron las rectificaciones respectivas, dijo:
“La aclaración de la situación del Ingeniero M..., por parte del Doctor Brito, nunca se produjo en la misma forma ni con el mismo despliegue con que fue causado... Y hasta el día de hoy a pesar de que soy un buen lector de periódicos, leo tres periódicos diarios y veo todos los noticieros, no se produce un despliegue publicitario que aclare un error de esa naturaleza y mucho menos... se ha producido una compensación... de todos los daños morales, materiales, profesionales, familiares, sicológicos causados”.
f. El señor C... A... S... N..., amigo de G... M... H..., manifestó que se enteró de la noticia un sábado, cuando se encontraba en el lago Calima, y el lunes siguiente, cuando volvió a Cali, recibió una visita de éste último. Dijo que ese día, salieron juntos de su oficina y G... hizo declaraciones ante los periodistas de distintos noticieros, que lo estaban esperando a la salida, explicando que era una persona de bien e informando sobre las actividades que desarrollaba. Agregó el testigo que M... corría riesgo, porque había recibido varias llamadas amenazantes e insultantes, lo que lo motivó a cambiarse de domicilio, para proteger la vida de su familia y la suya propia (fls. 14, 15 del cdno. 2).
Explicó también que conoce a M... desde la época en que estudiaban en la universidad, y que es una persona de bien, dedicada a su trabajo, un hombre intachable en su forma de ser, “como persona, profesional y amigo”. Preguntado sobre si éste sufrió perjuicios morales o daño a su reputación, dijo: “Pienso que la gente que lo conocemos podemos (sic) dar fe de que lo que sucedió fue un gran error por parte del DAS, pero moralmente sí se perjudicó con relación a su negocio, llámese proveedores o clientes”.
Conforme a lo anterior y al análisis que se realizará en seguida, la Sala considera que el demandante sufrió un daño antijurídico, que resulta imputable a la entidad demandada, por lo cual se confirmará el fallo apelado.
Se estima conveniente hacer referencia, en primer lugar, a los hechos que permiten establecer que el daño causado es imputable al Departamento Administrativo de Seguridad, para analizar, posteriormente, la existencia del perjuicio y su antijuridicidad.
Con fundamento en la lectura de la demanda, resulta claro que se pretende, en este proceso, la indemnización del perjuicio sufrido por G... M... H..., como consecuencia de las publicaciones efectuadas, en los principales diarios y telenoticieros del país, los días 16 y 17 de enero de 1992, de las que –como se vio– existe constancia en el proceso.
En dichas publicaciones, se presenta el contenido de un informe que, según se afirma en todas ellas, fue suministrado por el Departamento Administrativo de Seguridad, y concretamente por el director de dicho organismo en esa época, el doctor Fernando Brito Ruiz. Se divulga la fotografía de G... M... H..., así como su número de cédula, y se dice que el mismo figura, en el informe citado, como posible autor intelectual de la masacre de indígenas cometida en el Municipio de Caloto, Cauca, el 16 de diciembre de 1991.
Manifiesta la parte demandada que es absurdo pretender atribuirle responsabilidad, dado que se limitó a auxiliar a la administración de justicia, cumpliendo sus funciones de policía judicial, conforme a lo previsto en las normas pertinentes, que facultan a su director para definir, en qué casos se pueden ofrecer recompensas para facilitar la obtención de informaciones que permitan ejecutar una orden de captura, y para disponer que las ofertas sean publicadas, con la determinación anticipada de su monto. En efecto, dice, la información suministrada tenía fundamento en las diligencias adelantadas por otros organismos investigadores, que, a su vez, sirvieron de sustento a la orden de captura librada por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca contra el señor G... M... H.... De otra parte, aduce que la fotografía corresponde a la persona identificada con la cédula de ciudadanía mencionada en dicha orden y constatada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Frente a estos argumentos, debe decirse que el daño reclamado no provino directamente de la expedición de la orden de captura contra G... M... H..., por parte del citado despacho judicial, sino de la divulgación de la información sobre la identificación de los posibles autores de la masacre, en los principales medios de comunicación, en la forma antes indicada. En efecto, fue a consecuencia de tal divulgación que se afectó la vida personal y social del demandante, dado que, por la trascendencia del hecho cuya autoría se le imputaba, así como la amplísima cobertura de los medios a través de los cuales se hizo la publicación, se propició la formación de una idea errónea en la opinión pública; se puso en peligro, además, la vida del señor M... H..., y se afectaron su tranquilidad y estabilidad familiar. A estos aspectos se hará referencia nuevamente más adelante, al analizar las circunstancias que permiten demostrar la existencia y la antijuridicidad del perjuicio sufrido.
También es necesario tener en cuenta que, contrario a lo expresado por el DAS, la identificación contenida en las boletas de captura citadas en el numeral primero de estas consideraciones no contiene el número de la cédula de la persona afectada con la misma. En efecto, allí se solicita la captura de “G... M... H...”, e inmediatamente se presenta su descripción física: “individuo canoso, de edad aproximada 54 años, dice ser abogado de la ciudad de Cali, trigueño claro, alto, gordo”, y se agrega: “sábese reside en la ciudad de Cali y tiene la oficina en el edificio X... ubicado en el parque Caicedo”.
Conforme a lo anterior, puede inferirse que el número de la cédula de ciudadanía del demandante, así como su fotografía, fueron obtenidos por el Departamento Administrativo de Seguridad, en desarrollo de investigaciones posteriores. Y no es cierto que con anterioridad a las publicaciones, esa institución hubiera recibido una respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en relación con la identificación de G... M... H..., dado que la copia del oficio aparentemente remitido por ésta última entidad al jefe de la División de Inteligencia —que no obra en el proceso en original o en copia auténtica— tiene fecha 23 de enero de 1992, de manera que su expedición debió producirse siete días después de dichas publicaciones.
No obstante que, en la mayor parte de sus intervenciones en el curso del proceso, la parte demandada se refiere al citado informe, aceptando tácitamente su autoría y su entrega a los medios de comunicación, y, como se acaba de explicar, orienta su defensa a la demostración de que su contenido tenía fundamento en una decisión judicial y en las normas que facultan a su director para tomar determinadas decisiones, en cumplimiento de sus funciones de policía judicial, se observa que, al presentar sus alegatos de conclusión –en primera instancia-, el apoderado de la citada entidad manifiesta que no está probado que ésta hubiera suministrado la información cuya publicación dio origen al presente proceso. En el mismo sentido, el representante del Ministerio Público expresó que no puede asegurarse que la divulgación de la fotografía del demandante hubiera sido propiciada por el DAS
La Sala no comparte estos planteamientos. Por una parte, debe advertirse que si bien los periódicos y el video que contiene las grabaciones de los noticieros constituyen documentos privados que, en principio, sólo dan fe de los términos en que fue divulgada una noticia, en este caso el contenido de las publicaciones constituye indicio suficiente de que la información respectiva fue suministrada por el Departamento Administrativo de Seguridad. En efecto, en todas ellas se indica la fuente y, en varios de los noticieros grabados, se presentan declaraciones del director de dicha institución, refiriéndose al mismo asunto. En uno de ellos, inclusive, el señor Brito Ruiz reitera lo expresado en el informe respecto de M... H... y manifiesta que, si hay un error, deberá ser aclarado por éste ante las autoridades judiciales (ver resumen de la grabación citada en el numeral 10 de estas consideraciones).
Por otra parte, no puede olvidarse que uno de los objetivos principales de la divulgación de la noticia lo constituyó la publicación del ofrecimiento de recompensas a quienes colaboraran con el suministro de información que facilitara la captura de las personas buscadas, función que, como lo recalca la propia entidad demandada, le correspondía a su director, conforme a la ley. Adicionalmente, es obvio que para la efectividad de la colaboración ciudadana, resultaba muy importante la presentación pública de las fotografías. Por lo demás, debe advertirse que no hay indicio alguno de que el señor Brito Ruiz hubiera solicitado rectificación a los medios de comunicación, por haber divulgado una información falsa, al presentar el informe citado, como proveniente del DAS.
Tampoco son atendibles los argumentos expuestos por la parte demandada cuando expresa que el periódico El Tiempo había publicado la misma noticia el 3 de enero de 1992, de manera que la primera información sobre la autoría intelectual de la masacre de Caloto no fue proporcionada por el DAS, con lo cual pretende explicar que el daño causado al demandante no le es imputable. Varias son las circunstancias que permiten establecer una clara diferencia entre dicha publicación y la efectuada en diarios y telenoticieros el 16 y el 17 de enero siguientes. En efecto, en la publicación del 3 de enero no se presentó como fuente de la noticia al director del DAS, y tampoco se publicaron fotografías. Se mencionó el nombre de G... M... H..., de quien se dijo que “amenazó a los ocupantes de la finca”, y se incluyó su descripción, así: “Se trata del abogado..., de 55 años de edad, natural de Cali, ciudad donde ejerce su profesión, representante legal de la mencionada firma...” (Sociedad Inversiones Piedras Blancas). Se precisó que se dictó orden de captura contra ésta y otras personas, atendiendo las conclusiones de un informe prelimitar del Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Cauca.
Según se encuentra demostrado, G... M... H... no era abogado, sino ingeniero civil, y no tenía 55 años, sino 41. Así las cosas, si bien no puede descartarse que la publicación aludida hubiera generado algún perjuicio al demandante –hecho cuya demostración no es objeto del presente proceso–, parece claro que quienes lo conocían y leyeron la noticia, publicada en una página interna del diario mencionado, en un espacio pequeño, pudieron pensar que se trataba de un homónimo.
Las condiciones en que fueron hechas las publicaciones del 16 y el 17 de enero de 1992, son completamente distintas; como se ha explicado, se informó que el director del DAS presentó las fotografías y retratos hablados de los posibles autores de la masacre y ofreció cuantiosas recompensas a los ciudadanos que ayudaran a su captura. Tales fotografías fueron publicadas en los periódicos y noticieros citados, con lo cual no quedó duda alguna para los lectores y televidentes que conocían al demandante de que la imputación se hacía contra él y no contra otra persona. Por lo demás, en estas fechas, la noticia fue publicada en primera página en la mayoría de los diarios, y con ella se abrieron las emisiones de la mayor parte de los noticieros, circunstancia que se explica, sin duda, por la gravedad de la imputación y la existencia de fotografías, así como por la seriedad de la fuente del informe, suministrado por el director del organismo de inteligencia más importante del país, y el ofrecimiento de cuantiosas recompensas.
Es esta la razón por la cual, además, debe descartarse de plano que exista, en este caso, responsabilidad de los medios de comunicación, los cuales se limitaron a presentar una noticia de cuya certeza no podían dudar, esto es, el contenido del informe del Departamento Administrativo de Seguridad, con el despliegue que merecía, dado el interés legítimo que tenía la ciudadanía en conocer los resultados de las investigaciones adelantadas en relación con la Masacre de Caloto, así como la necesidad de divulgar el ofrecimiento de recompensas por el director de dicha entidad.
De otra parte, con fundamento en las declaraciones de varios de los testigos citados anteriormente, la Sala encuentra demostrado que, el 26 de diciembre de 1991, funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad se presentaron en la casa de G... M... H..., en la finca de su familia y en las casas de algunos de sus hermanos, formulando preguntas sobre las ocupaciones del demandante. El día que fueron a su casa, según relata su esposa, lo interrogaron sobre su nombre y profesión, ante lo cual G... M... H... les mostró su cédula y el diploma que lo acredita como ingeniero mecánico de la Universidad del Valle. Además, lo interrogaron sobre la masacre de Caloto; él dijo que no sabía nada al respecto, y cuando le preguntaron si estaría dispuesto a presentarse ante un juzgado en Popayán, respondió afirmativamente.
Manifiesta la esposa del señor M... H..., adicionalmente, que los funcionarios del DAS hicieron una llamada telefónica desde su casa, y escuchó que dijeron que las características físicas no coincidían con las de una persona que mencionaban en la conversación.
A pesar de la relación existente entre esta testigo y el demandante, la Sala considera que su declaración es digna de credibilidad, por su coherencia y precisión, así como por ser coincidente, en lo que se refiere al relato de otros hechos, con los demás testimonios que obran en el proceso. Debe advertirse también que no existe en el expediente prueba alguna que permita demostrar lo expresado por el apoderado de la parte demandada, al sustentar su recurso de apelación, en el sentido de que, a partir del 27 de diciembre de 1991, se adelantaron infructuosamente diligencias tendientes a localizar a M... H..., lo cual resulta poco probable si se tiene en cuenta que, conforme al dicho de varios de los declarantes, por razón de su desempeño en el área comercial, era una persona conocida en la ciudad de Cali.
Así las cosas, resulta claro que funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad tuvieron conocimiento, desde el mismo día en que se profirió la orden de captura contra G... M... H..., de que sus características físicas y sus condiciones profesionales no coincidían con las de la persona contra la cual se libró dicha orden. Adicionalmente, conocían su dirección y la de varios de sus parientes.
Considera la Sala, entonces, que la entrega por parte del DAS a los medios de comunicación de un informe en el que se mencionaba a G... M... H... como posible autor intelectual de la masacre de Caloto, y se incluía su fotografía, constituyó un acto negligente. En efecto, contaba esta entidad con información suficiente para considerar que, posiblemente, la orden de captura se había librado contra una persona equivocada, o se trataba de un homónimo.
Afirmó el apoderado de la demandada, al contestar la demanda, que, con el transcurso del tiempo, la apariencia física de una persona puede cambiar, por el hecho, por ejemplo, de que se deje el bigote o use gafas, o cambie el color de su cabello, aumente o disminuya de peso. Frente a ello debe replicarse que, si bien tal cosa puede suceder, hay cambios que resultan imposibles, como la modificación de la estatura de una persona adulta o de su color de piel, aspectos que, en este caso, marcaban las diferencias entre G... M... H... y la persona requerida por la autoridad judicial. De cualquier manera, es evidente que existía duda sobre que G... M... H..., quien había sido visitado en su propia casa e interrogado por funcionarios del DAS, fuera el destinatario de la orden de captura, circunstancia que imponía a esta entidad la realización de diligencias adicionales para aclarar la identidad de la persona buscada, antes de entregar a los medios de comunicación el informe en que se incluía su fotografía, con lo que se corría el grave riesgo de dañar a una persona que probablemente no tenía vínculo alguno con los hechos investigados. Por lo demás, conocida la dirección de G... M... H..., es obvio que el ofrecimiento de una recompensa para facilitar su captura –hecho que, sin duda, contribuyó a generar un fuerte impacto ante la opinión pública- resultaba totalmente innecesario.
Debe decirse, además, que si la dirección del Departamento Administrativo de Seguridad no conocía los resultados de las diligencias efectuadas en la ciudad de Cali, por sus propios funcionarios, este hecho sólo evidencia una ausencia total de coordinación interna, cuyas consecuencias, en este caso, resultaron funestas para el individuo afectado. Al respecto, comparte esta Sala los argumentos expuestos por el a quo en el fallo apelado.
Pero adicionalmente, la Sala considera necesario aclarar que, en casos como el que hoy la ocupa, la responsabilidad de la administración no se compromete, exclusivamente, cuando el daño ha sido causado como consecuencia de una falla en el servicio. En efecto, bien podría haberse desarrollado de manera impecable la función de apoyo a la justicia por parte del Departamento Administrativo de Seguridad y, sin embargo, causarse a un particular un daño que, por su gravedad y anormalidad, resultara antijurídico, siendo procedente, entonces, ordenar la indemnización correspondiente.
Es bien sabido que el Estado cuenta con mecanismos para lograr la captura de personas requeridas por los jueces, mediante órdenes proferidas dentro de los procesos adelantados para investigar los delitos. A ello se refiere, precisamente, el apoderado de la parte demandada, cuando expresa que el director del DAS tiene facultades legales para ofrecer recompensas a los ciudadanos que colaboren en el cumplimiento de dicha labor, proporcionando información, y para publicarlas, a fin de darlas a conocer a toda la ciudadanía. Sin embargo, es evidente que tales órdenes se producen, generalmente, en etapas previas a la expedición de la sentencia respectiva y, por lo tanto, cuando no existe prueba definitiva sobre la responsabilidad del procesado, por lo cual puede resultar demostrada posteriormente, en el mismo proceso y con fundamento en la práctica de nuevas pruebas, la inocencia de la persona requerida. Es ésta la razón por la cual, en algunos eventos, a pesar de la legalidad de la actuación judicial, la misma puede dar lugar a la responsabilidad del Estado, cuando se ha causado a un particular un daño antijurídico1. Y dadas ciertas condiciones, también puede resultar comprometida la responsabilidad del organismo que ha apoyado al juez en el cumplimiento de sus decisiones, ejecutando sus propias acciones. Deberá, entonces, el fallador determinar, en cada caso concreto, si el daño causado al ciudadano es de tal manera anormal e injusto que no esté obligado a soportarlo y constituya, por lo tanto, un daño indemnizable. Procede la Sala en seguida a hacer el análisis de este aspecto, en el caso concreto.
Conforme a lo expuesto, se encuentra demostrado que los días 16 y 17 de enero de 1992, importantes noticieros de televisión, tanto nacionales como de la localidad de Cali, informaron que el director del Departamento Administrativo de Seguridad presentó ante los medios de comunicación fotografías y retratos hablados de las personas identificadas como posibles autores de la masacre ocurrida en Caloto (Cauca), en el mes de diciembre anterior. Entre ellas, se mencionó especialmente al señor G... M... H..., quien fue presentado como autor intelectual del hecho y cuya fotografía fue publicada en tales noticieros, con la advertencia de que la entidad citada ofrecía una recompensa a quien suministrara información que permitiera su captura.
La misma noticia fue publicada en los periódicos más importantes del país, de circulación nacional y en la ciudad de Cali. Allí también se divulgaron las fotografías de las personas investigadas, entre ellas la de G... M... H..., presentado como autor intelectual de la matanza, y se informó sobre la recompensa ofrecida por el DAS
De los testimonios obrantes en el proceso, resulta evidente que G... M... H... sufrió una gran angustia y fue sometido a un grave estado de zozobra y desasosiego, como consecuencia de las citadas publicaciones. Y dada la gravedad del hecho que se le imputaba, así como la difusión y magnitud de la publicación, sintió, adicionalmente, un gran temor por su vida, lo que lo obligó a separarse de su familia, buscando el apoyo de parientes y amigos, mientras se aclaraba la situación.
Está demostrado, adicionalmente, que la investigación penal respectiva era adelantada por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal del Cauca, despacho que ordenó, el 26 de diciembre de 1991, la captura de G... M... H..., y revocó dicha decisión el 31 de enero del año siguiente, disponiendo, en su lugar, la captura de G... M... Q..., identificado con cédula de ciudadanía 6.377.981 de Palmira. De igual manera, se encuentra acreditado que G... M... H... no fue vinculado, con posterioridad, al mismo proceso. Lo anterior se desprende de la certificación expedida por el Juez Penal del Circuito Especializado de Popayán, en cuyo despacho se encuentra actualmente el expediente respectivo.
Este hecho resulta fundamental para la Sala, en la medida en que permite establecer la antijuridicidad del daño sufrido por el demandante, la cual se deriva, en este caso, en gran parte, de la injusticia de la acusación, que resulta, entonces, claramente acreditada. En efecto, si se tiene en cuenta que G... M... H... no tuvo participación alguna en la masacre cometida en el municipio de Caloto, Cauca, el 16 de diciembre de 1991, se concluye que no estaba obligado a soportar el perjuicio causado como consecuencia de la publicación de la noticia según la cual el DAS lo había presentado ante la opinión pública como posible autor intelectual de dicha masacre.
Otro elemento cuyo análisis resulta importante, en orden a establecer la antijuridicidad del perjuicio reclamado, lo constituye la anormalidad del padecimiento sufrido, la cual, en opinión de la Sala, se encuentra también suficientemente establecida. Al respecto, debe tomarse en consideración que la noticia –en la que, como se vio, se incluyó la fotografía del demandante– fue publicada en los diarios de mayor importancia y circulación en el país y en la ciudad de Cali, así como en los noticieros de televisión de mayor audiencia, donde se explicó que la información respectiva fue suministrada por el director del Departamento Administrativo de Seguridad, en ese entonces, el señor Fernando Brito Ruiz, persona que, dada la importancia del cargo que ocupaba, gozaba de credibilidad entre la ciudadanía2. Estas circunstancias dieron lugar, sin duda, a que se generara un fuerte impacto en la opinión pública y, por lo tanto, una grave afectación de la imagen y el prestigio de la persona destinataria de las acusaciones formuladas.
Por lo demás, tales acusaciones estaban referidas a la participación de M... H..., como autor intelectual, en un hecho que, por su atrocidad, había conmovido a la sociedad entera y que, por su ocurrencia reciente, estaba en la memoria de sus miembros, que esperaban los resultados de las investigaciones adelantadas por las autoridades.
No cabe duda, entonces, de que el demandante sufrió un daño antijurídico, como consecuencia de la acción del Departamento Administrativo de Seguridad.
Ahora bien, en relación con la naturaleza del perjuicio causado, la Sala advierte que se solicitó en la demanda la indemnización de los perjuicios materiales y morales sufridos por el demandante. Encontró el a quodemostrado sólo el daño moral sufrido y condenó a la entidad demandada al pago de la suma solicitada, esto es, el valor equivalente a mil gramos de oro.
Por lo expresado anteriormente, la Sala considera apropiada tal condena; sin embargo, es importante aclarar que, en el presente caso, el demandante sufrió, a más de un daño moral, un daño a la vida de relación, y respecto de la solicitud de indemnización de ambos rubros, bien podía el fallador encontrarla en la demanda, haciendo uso de sus facultades interpretativas. En efecto, aunque en ella sólo se solicita la indemnización del daño extrapatrimonial de carácter moral, al presentarse los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, se alude no sólo al estado de zozobra, angustia y temor generado en el demandante –que supone la existencia de padecimientos que constituyen, sin duda, afecciones directas a los sentimientos y consideraciones íntimos del ser humano, y que generan, por lo tanto, un típico daño moral–, sino a la necesidad que tuvo, como consecuencia de tal estado, de separarse de su esposa y su hijo recién nacido, cambiando de domicilio durante algún tiempo, así como a la violación de su derecho a la honra. Estos últimos hechos dan lugar a la existencia de un daño extrapatrimonial diferente del moral, que rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida de relación.
Sobre el contenido y alcance del concepto citado, tuvo esta Sala oportunidad de pronunciarse en fallo reciente, en el que se precisaron las diferencias existentes entre el daño moral y el daño a la vida de relación. Respecto de este último, se dijo:
“...aquella afectación puede tener causa en cualquier hecho con virtualidad para provocar una alteración a la vida de relación de las personas, como una acusación calumniosa o injuriosa, la discusión del derecho al uso del propio nombre o la utilización de éste por otra persona (situaciones a las que alude, expresamente, el artículo 4º del Decreto 1260 de 1970), o un sufrimiento muy intenso (daño moral), que, dada su gravedad, modifique el comportamiento social de quien lo padece, como podría suceder en aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta profundamente la vida familiar y social de una persona. Y no se descarta, por lo demás, la posibilidad de que el perjuicio a la vida de relación provenga de una afectación al patrimonio, como podría ocurrir en aquellos eventos en que la pérdida económica es tan grande que —al margen del perjuicio material que en sí misma implica— produce una alteración importante de las posibilidades vitales de las personas...”3. (se subraya).
En el caso que ocupa a la Sala, resulta evidente que el demandante sufrió tanto daño moral como daño a la vida de relación. Las afectaciones que constituyen el primero han sido explicadas con anterioridad y se refieren, especialmente, a la preocupación, el temor y la angustia que le produjo el hecho de ser acusado públicamente de haber participado, como autor intelectual, en la comisión de un delito tan grave como lo fue la masacre de Caloto, ocurrida el 16 de diciembre de 1991. A ello se aluden varios de los testigos citados, familiares y amigos del señor M... H.... Por lo demás –como se ha advertido–, la ocurrencia de esta masacre había conmovido profundamente a toda la ciudadanía, que esperaba prontos resultados de las investigaciones de las autoridades, circunstancia que explica, sin duda, la amplia difusión de la noticia y la importancia capital atribuida al informe del DAS en los medios de comunicación, y permite inferir fácilmente la gravedad de la afectación moral sufrida por quien resultó erróneamente sindicado –frente al país entero– de haber participado en su realización.
Pero la misma publicación generó, para el demandante, una grave afectación extrapatrimonial en su vida exterior. Varios de los testigos se refieren, por una parte, al hecho de que su primer hijo acababa de nacer, cuando se produjeron las publicaciones citadas, y a la necesidad en que se vio M... H... de separarse de él y de su esposa, mientras se aclaraba la situación, dado que temía por su vida. Algunos se refieren, inclusive, a llamadas amenazantes recibidas en su casa. Lo anterior implicó, sin duda, una alteración importante de su vida de relación y concretamente de sus relaciones familiares y sociales, que se vieron suspendidas por un período determinado.
Adicionalmente, mencionan algunos testigos la afectación sufrida por el demandante en su derecho a la honra, afectación que también puede inferirse, en este caso, con fundamento en el contenido y el grado de difusión de las publicaciones efectuadas, teniendo en cuenta que aquél, conforme se encuentra establecido en el proceso, había sido siempre considerado por sus allegados y conocidos como una persona íntegra, correcta y trabajadora, incapaz de cometer un acto tan atroz como el que se le imputaba. Como se ha advertido, es innegable la gran influencia que ejercen los medios de comunicación, y especialmente, la televisión, en la opinión pública, que puede fácilmente modificar sus convicciones, con fundamento en la difusión de una información. A ello se ha referido la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre la responsabilidad social que el artículo 20 de la Constitución Política señala para los medios de comunicación:
“A propósito de esta responsabilidad, ella crece en la medida en que aumenta la ya de por sí muy grande influencia que ejercen los medios no solamente en la opinión pública sino en las actitudes y aún en las conductas de la comunidad. Un informe periodístico difundido irresponsablemente, o manipulado con torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializados, o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanto mayor es la cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difunde...
La honra y el buen nombre de las personas... constituyen, junto con el derecho a la intimidad, los elementos de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de los que afectan a la persona a partir de publicaciones o informaciones erróneas, inexactas o incompletas. Resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un malentendido concepto de libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos...”4. (Se subraya).
Si bien en este caso no puede considerarse que exista responsabilidad de los medios de comunicación, que, como se ha demostrado, se limitaron a publicar una noticia cierta, esto es, el contenido del informe del Departamento Administrativo de Seguridad, es claro que la argumentación expuesta por la Corte es pertinente para comprender la vulneración que se produjo en el derecho a la honra del demandante, que resulta imputable a la citada entidad estatal, la cual, a través de dichos medios, difundió la información.
En lo que atañe a la reparación del perjuicio y tratándose, concretamente, de la vulneración del derecho a la honra, se ha aceptado que ella se realiza mediante la rectificación efectuada por quien distribuyó la información errónea, utilizando los mismos medios y con una difusión similar. De otra manera, continuará la confusión generada en los destinatarios de la información, quienes mantendrán la duda respecto de la rectitud y honorabilidad de la persona cuyo derecho ha sido vulnerado. Y esta rectificación, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “no equivale a servir de conducto público para que el afectado presente su propia versión sobre lo afirmado... en violación de los derechos constitucionales, pues semejante criterio rompería abruptamente el principio de equidad...”5.
No puede decirse, entonces, que el daño causado a la honra del demandante haya sido resarcido, en este caso. Si bien se advierte que varios medios de comunicación dieron la oportunidad al señor G... M... H... de controvertir públicamente las afirmaciones del director del Departamento Administrativo de Seguridad, e incluso que algún columnista llamó la atención de este funcionario y algunos colegas periodistas sobre la equivocación cometida, solicitando la reparación debida, no obra en el proceso prueba alguna de que se hubiera publicado, con la misma difusión y dándole la misma importancia, la noticia relativa a la rectificación del informe del DAS Por el contrario, obra en el expediente una grabación del Noticiero 90 Minutos, en el que se entrevista al señor Fernando Brito Ruiz, quien reitera los términos del informe de prensa divulgado, explicando que G... M... H... ha sido reclamado por un juez, mediante una orden que el DAS se ha limitado a ejecutar; recalca que en la información difundida por esa entidad el día anterior, no se dijo que fuera abogado, sino un “supuesto abogado”, y manifiesta, finalmente, que es el señor M... H... quien tiene que clarificar su situación ante las autoridades respectivas. También algunos testigos se refieren a la ausencia de una rectificación por parte del Departamento Administrativo de Seguridad.
Así las cosas, habría sido procedente, en principio, ordenar que la rectificación se efectuara en debida forma, por parte del director del DAS; sin embargo, para efectos de establecer el contenido de la condena por imponer, el juez debe buscar, en cada caso, el mecanismo que, de mejor manera, garantice la reparación del daño causado, y en el que hoy se resuelve, es necesario tomar en consideración que la rectificación debe efectuarse, normalmente, dentro de un período determinado, a fin de garantizar la compensación efectiva del perjuicio, dado que, cuando ha pasado mucho tiempo, el recuerdo de un hecho que ha dejado de ser actual podría tener en la ciudadanía un efecto contraproducente. Los hechos objeto del presente proceso ocurrieron hace casi nueve años, de manera que, en opinión de la Sala, la condena en dinero constituye la solución más apropiada.
Hechas estas aclaraciones, entiende la Sala que en la condena impuesta por el a quo, por concepto del daño moral sufrido por el actor –equivalente al valor total que, por dicho concepto, fue solicitado en la demanda–, se encuentra comprendida la indemnización de todo el daño extrapatrimonial que le fue causado, esto es, tanto el daño moral propiamente dicho, como el daño a la vida de relación, cuyo contenido se acaba de precisar.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, Sección Segunda, el 25 de agosto de 1995, dentro del presente proceso.
Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, presidenta de la Sala—Alier E. Hernández Enríquez—Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Jesús María Carrillo Ballesteros.
1 Ver, al respecto, las sentencias proferidas por esta Sala el 18 de septiembre de 1997, expediente 11.754, y el 27 de septiembre de 2000, expediente 11.601.
(2) Este aspecto ha sido tenido en cuenta por la Corte Constitucional en varias ocasiones, para establecer la existencia de un estado de indefensión por parte de quien solicita la tutela de su derecho a la honra, frente a personas que, gozando de una cierta posición de supremacía social, difunden informaciones en su contra. Ver, entre otras, sentencia T-697 del 6 de diciembre de 1996. Igualmente, dicha corporación se ha referido a la facilidad con que se puede causar daño mediante la difusión de informaciones a través de los medios de comunicación, dada, entre otros aspectos, su extendida cobertura (Sent. T-611/dic. 15/92)
3 Sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, actor: José Manuel Gutiérrez Sepúlveda y otros.
4 Sentencia T-512 del 9 de septiembre de 1992.
5 Sentencia T-332 del 12 de agosto de 1993.

References: artículo 310
 artículo 70
 artículo 169
 RESOLUCIÓN 
 artículo 4
 artículo 20