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10. Crisis ambiental, crisis jurídica Hacia un Estado Social medioambiental. Pablo Darío Villalba.pdf | Dignidad | Desarrollo sostenible
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Anexo tecnico No.8-Guia Practica para el diseno de proyectos sostenibles_VF.pdf
VILLALBA BERNIÉ, Pablo Darío ¿Crisis ambiental, crisis jurídica? Hacia un Estado Social medioambiental
VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés y QUIROGA NATALE, Edgar Andrés (Directores Científicos)
416 Derecho Procesal Constitucional. Garantía Jurisdiccional del Medio Ambiente en el Derecho Comparado
¿CRISIS AMBIENTAL, CRISIS JURÍDICA? HACIA UN ESTADO SOCIAL MEDIOAMBIENTAL
Pablo Darío VILLALBA BERNIÉ*
La modernidad ha traído para el hombre avances de tal magnitud que los cambios se ven a diario, día a día nos sorprendemos con nuevas conquistas, nuevos avances, ni que decir del avance tecnológico, utopías del ayer que hoy son realidades en corto tiempo.
En contrapartida, llegar a estos avances cualitativos supuso la destrucción del medio ambiente en que vivimos, el hombre en pos de sus conquistas destruyendo el hábitat que lo sustenta. Por un lado, el avance increíble de la ciencia, alcanzando situaciones inimaginables solo unas décadas atrás; en el otro contorno, la destrucción masiva del equilibrio ecológico que regía en nuestro planeta, planteando la idea de una verdadera “crisis ambiental” de agudas consecuencias.
En el ámbito Internacional, al advertirse los efectos devastadores de la destrucción del medio ambiente, hicieron necesarias declaraciones internacionales de protección ecológica, en especial, sobre el respeto al Derecho Humano de vivir en un entorno saludable, destacándose la “Declaración de Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano” (1.972); el “Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (1.988); “Declaración de Rio de Janeiro, sobre Medio Ambiente
y Desenvolvimiento” (1.992), “Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
del Clima” (1.992); “Convención sobre Diversidad Biológica” (1.992); “Declaración
y Programa de Acción de Viena”, promulgada en la 2º Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos (1.993); “Protocolo de Kioto sobre cambio climático”, (1.997); “Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad” (2.000); “Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes” (2001); “Cumbre Mundial sobre
* Abogado, Prof. de Derecho Procesal Civil en la Universidad Católica “Ntra. Sra.de la Asunción”, Sede Regional Itapúa, Encarnación, Paraguay; Presidente de la Asociación Paraguaya de Derecho Procesal Constitucional; Secretario General de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional; Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal; Miembro del Instituto Paraguayo de Derecho Procesal; Presidente del Instituto Itapuense de Derecho Procesal; Secretario General del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Conferencista internacional, autor de libros y artículos especializados. villalbabernie@ gmail.com.
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Desarrollo Sostenible” (2002- Johannesburgo); “Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible” (UNCSD) también conocida como “Rio+ 20” (2012); por solo citar algunos de los más relevantes. Sin olvidar el reciente “Acuerdo de Paris sobre el Medio Ambiente” (2015), donde se han tomado importantes resoluciones en pos de una protección efectiva del medio ambiente.
No obstante lo indicado, se percibe una concordancia de criterios proteccionistas medioambientales estimulados desde el orden internacional que ha penetrado (aun sin la suficiente fuerza) en los contornos jurídicos regionales, constitucionales, e incluso, en el ámbito jurídico interno de los distintos países latinoamericanos, aunque huelga decirlo, sin la seriedad y responsabilidad con que debería ser tomada la cuestión ecológica. Ocurre que proteger al medio ambiente, implica una serie de componentes que deben instalarse en el plano cultural, de otra manera serán inefectivas, son escenarios que tienen que ser encarnados por la sociedad, por los seres humanos en general, de otra manera no tendrán la aplicabilidad concreta que imperiosamente exige.
La idea de esta investigación, plantea la contingencia de balbucear sobre aquellas situaciones que nos parecen relevantes desde el punto de vista jurídico, con el objeto de aportar consideraciones que promuevan un compromiso con la protección del medio ambiente, puesto que estamos convenidos que es necesario un correcto orden legal de protección, pero también un cambio de paradigma a la hora de abordar el temario ecológico, de lo contrario proseguirán las excelsas consagraciones normativas pero sin un cumplimiento efectivo en la práctica. La ecuación sería, que para la protección del medio ambiente se requiere: un orden jurídico proteccionista más educación ecológica (Protección del Medio Ambiente = orden legal + educación ecológica).
2. EL CAUSANTE DE LA CRISIS AMBIENTAL
Si en algo debemos estar de acuerdo, es con relación a que el causante de la actual crisis ambiental, que tiene nombre y apellido: el SER HUMANO. La degradación del ambiente en nuestro planeta es responsabilidad exclusiva del hombre, quien por medio de su acción hacia el medio natural ha atentado permanentemente en contra de su hábitat, quebrando el ecosistema. Solo basta recordar, que fue el hombre el responsable del descontrol nuclear, de la destrucción de la floresta tropical, de la deforestación indiscriminada en pos de una mayor productividad, el causante de la polución de arroyos, ríos y océanos, la contaminación atmosférica, el detonante directo del calentamiento global, por solo citar algunas de las formas de desequilibrio ecológico, cuya consecuencia principal es la afectación a la calidad de vida del ser humano.
De modo, que al referenciar a la actual crisis ambiental debemos partir de la base que fue el hombre en su necesidad de obtener un mejor estándar de vida, basado en una realidad socio cultural de permanente tensión en busca de mayor riqueza, el que generó el estado actual de cosas. Un avance masivo de la productividad realizada sin límites, ni equilibrio, derivó en el desencadenamiento de consecuencias imprevisibles no analizadas ni perspectivadas con suficiente antelación como para preverlas, valga
como ejemplo, el caso del calentamiento global ocasionados por la emisión de gases generadores de efecto estufa producidos por el dióxido de carbono y el metano que son liberados a la atmosfera por la quema de combustible fósiles utilizados en la industria, por la destrucción de la floresta tropical y por la desforestación indiscriminada, derivando en variables climáticas insospechadas, como son las lluvias intensas producidas por el “Fenómeno del Niño”, las altas temperaturas en todo el planeta quebrando los records históricos, aumento del nivel de los océanos, paulatina desaparición de los bloques de hielo tanto en el Ártico como en la Antártida, por solo citar algunas situaciones de dramáticas consecuencias para la vida en el globo terrestre 1 .
Lo más dramático de esta situación, consiste en que los Estados y los hombres en general se muestran esquivos en pos de asumir un comportamiento que permitan evidenciar una mutación en las prácticas tradicionales, avizorando que el contorno descripto pueda ser transformado en líneas efectivas de respeto a los derechos fundamentales que limiten los actos que agraven la situación descripta, en definitiva, es una opción por el respeto de la dignidad humana, evitando que sea el propio ser humano el que atente contra el lugar donde desarrolla su vida.
3. EL MEDIO AMBIENTE: ¿UN DERECHO HUMANO?
Por estos tiempos, se plantea el reconocimiento del derecho a un medio ambiente equilibrado, saludable y seguro entendido como derecho fundamental e incluso, como un derecho humano esencial. Al sostener que el derecho a la vida constituye un derecho humano básico, reconociendo que este derecho a la vida solo es compatible si se encuentra visualizado en un contorno medio ambiental sano, deviene como una consecuencia lógica sobre que el derecho a vivir en un medio ambiente ecológicamente seguro y no contaminado, se constituya también en un derecho humano fundamental. En este contexto, la idea de un Derecho Humano del Medio Ambiente ecológicamente aceptable, conlleva variadas connotaciones, en especial un rompimiento con la estructura básica del respeto a los derechos esenciales como la libertad, la igualdad, entre otros, por cuanto la noción tiene incidencia en un conjunto de valores y derechos fundamentales que considera al medio ambiente como todo, tal cual una estratificación de condiciones externas que permitan el desarrollo de la vida humana 2 . Lo que algunos han denominado un “Estatuto de la humanidad” 3 , que por cierto se encuentra en constante progresión y evolución.
Así, tiene incidencia en variados planos:
a) Reivindicación ecológica: Resulta ineludible reconocer la necesidad de una reivindicación ecológica de la propia dignidad de la persona humana, desde esta
1 Informe de Desarrollo Humano, página web. www.pnud.org.
2 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, p. 47, Editorial Tecnos, Madrid, España, Año 1.995.
3 VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos, Os Dereitos Fundamentais na Constitucäo Portuguesa de 1.976, p. 65, Editorial Coimbra, Año 2001.
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perspectiva importa la protección de valores y bienes jurídicos ecológicos, conllevando derechos y deberes a ser tenidos en cuenta.
Constituye un aspecto vital el reconocer que la dignidad del ser humano debe construirse sobre la base de un equilibrio y armonización entre el hombre y la naturaleza, solo así lograr una vida digna.
De esta reivindicación ecológica, surge el Estado como verdadero guardián de los derechos fundamentales, que no debe ser mirado en forma individual sino como un todo completo 4 , buscando la máxima efectividad proteccionista.
b) Nueva generación de derechos protegidos: Incluso algunos ya comienzan a hablar
de una nueva generación de derechos protegidos, que conlleva a la idea de vivir en un ambiente no contaminado. Es el momento en donde los seres humanos dejen de ser una amenaza para los otros compañeros de especie, que trae consigo un ampliado concepto de solidaridad con dimensión ecológica, agregada a la ya reconocida dimensión social.
Recordemos que los derechos de primera generación de los derechos humanos, se caracterizaban por reconocer los derechos civiles y políticos, que comprendían las libertades clásicas, realzando el principio de la libertad; en cambio, los derechos de segunda generación (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), se identificaron con las libertades positivas, realzando al principio de igualdad; los derechos de tercera generación, innovaron al no identificar al individuo en su singularidad, sino destacar al principio de solidaridad, en un derecho de integración al medio ambiente, que conlleva una titularidad colectiva que convoca a que una colectividad social que surge involucrada, incluso llevada a una idea de comprensión multidimensional y no reduccionista de la persona humana, técnicamente una dimensión ecológica y holística.
c) Protección jurídica: Este movimiento ambientalista, representa una multiplicidad
de efectos al proponer radicales medidas de transformación de la conducta individual y social respecto de la cuestión socio ambiental. Pone en escena, la imperiosidad de concebir la implementación de prácticas ecológicas aceptables que tengan por objeto la preservación del medio ambiente.
En este orden de ideas, el medio ambiente como derecho humano requiere de una protección jurídica, que trae aparejada la conversión en entidades jurídicas consagratorias de los valores ecológicos, instando a que el orden jurídico se adecúe a la gestión de implementación de políticas ecológicas. Se crea así un Estado Ambiental de Derecho, que debe estar legitimado en el orden constitucional y en el orden legal interno, para de esta forma hacer posible la cautela de dichos derechos.
En Paraguay, se ha apostado dentro del orden constitucional a favor de la protección
4 SARLET, Ingo Wolfgang y FENTERSEIFER, Tiago, Direito Constitucional Ambiental, p. 68, 4º Edición, Editorial Thompson y Reuters, Revista dos Tribunais, San Pablo, Brasil, Año 2014.
del ambiente (Art. 7 y 8 CN), como también en leyes regulatorias que orientan en el sentido proteccionista de la preservación del devenir ecológico.
4. DIGNIDAD HUMANA Y DIMENSIÓN ECOLÓGICA
Como punto de inicio, debe aquilatarse que la noción de derechos humanos se encuentra en permanente construcción, es una idea dinámica cuyo proceso de variabilidad no culminó en reconocer una dimensión ecológica, sino discurre en una idealización que mueve sus contornos en todo momento acomodada a las necesidades.
De allí que cuando referenciamos a la dignidad humana (derivado de los derechos humanos), está también se muestra en permanente construcción y sobre todo evolución. La mayoría de las Constituciones proyectan a la dignidad humana como el centro de la protección, es lo que ocurre con la Constitución Paraguaya que desde el propio Preámbulo y el Art. 1 de CN, rescatan a la Dignidad humana como objeto de la protección y regulación constitucional.
Ahora bien, la conceptualización de dignidad humana conlleva un matiz filosófico de alto contenido, es aquí donde se presentan los problemas, porque de acuerdo a la visión otorgada al condimento axiológico se proyecta la noción de dignidad humana, que asume relevancia al constituir la piedra basilar de la edificación constitucional que proyecta un Estado Social, Democrático y Ambiental, que el Derecho Paraguayo consagra.
Siguiendo a Sarlet, podemos afirmar que la dignidad humana pasa a ser una cualidad intrínseca reconocida en cada ser humano que se hace merecedor de consideración y respeto por parte del Estado y de la comunidad, implicando en este sentido, un complejo de derechos y deberes fundamentales que aseguren a la persona, tanto contra todo y cualquier cuño degradante y deshumano, garantizando las condiciones mínimas de una vida saludable, a más de propiciar y promover su participación activa y corresponsable en los destinos de la propia existencialidad de la vida en comunión con los demás seres humanos, mediante el debido respeto a los demás seres vivos que integran la red de vida 5 .
Esa dimensión de la dignidad humana, de contenido constitucional, representa un conjunto de deberes y derechos de fuerza autónoma, que deben ser cumplidos las más de las veces en articulación con otros valores y bienes jurídicos constitucionales, en función de tutelar la condición de existencia de la persona evitando cualquier ámbito de violación de sus aspectos protectorios, asegurando el libre desenvolvimiento de su personalidad.
5 SARLET, Ingo Wolfgang, Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constitucao Federal de 1988, p. 70, 8º Edicion, Editorial Livraría do Advocado, Porto Alegre, Brasil, Año 2010.
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Dimana incuestionable que la visión de la dignidad humana ya ha superado la dimensión social, como política constitucional-social, mereciendo realizarse un par de reflexiones cuando lo pretendido es introducirla en una dimensión ecológica o medio ambiental, que requiere de nuevas connotaciones:
a) Al referenciar a la dignidad humana con dimensión ecológica, supone poner en tela de juicio la validez de la visión kantiana (Emmanuel Kant) que formulaba la cuestión sobre la base que el ser humano debe ser tomado como el fin en sí mismo de cualquier relación, idea que se encontraba apuntalada en un excesivo antropocentrismo afincada en la cultura occidental de modo general, en la cual era la persona humana la que en función de su racionalidad ocupa un lugar superior y de privilegio en relación con los demás seres vivos.
La formulación kantiana proyectando que nada podía estar por encima de la vida humana, involucra que todas las otras formas de vida del planeta estaban al servicio y por debajo de la vida humana, que por estos tiempos ya no pueden seguir siendo concebidas sobre estos parámetros.
Recordemos, que la visión humanista de Kant, tuvo la virtud de reconocer que el Estado existe en función de la persona humana y, desde allí, proyecta una gama de derechos destacando la dimensión social.
Claro está, que la dimensión social o comunitaria que se encuentra inmersa en el principio de dignidad humana, constituye la primera trinchera para comprender la nueva realidad sociopolítica proyectada desde lo ecológico. La visión social conlleva un permanente mirar para el otro, teniendo en cuenta que la comunidad y el individuo son elementos integrantes de una misma realidad político social, un individuo en el mundo y no un individuo aislado del mundo, irresponsable.
No es otra cosa que el inicio de un sendero sobre la base del principio de solidaridad, pero aun entendido desde un aspecto superficial.
La dimensión ecológica plantea una visión mucho más ampliada que la concebida en la dimensión social, por cuanto varían los arbotantes con que se analiza la dimensión ecológica, suponiendo un grado de evolución del anterior. Así, en la dimensión ecológica, se rompe con el reduccionismo de la dignidad de la persona humana, proyectando una comprensión multidimensional, que no puede estar sustentada exclusivamente en el hombre, sino que la proyección destaca al hombre y a los otros seres vivos, como al entorno ambiental, ampliando el contenido de dignidad de la persona humana, en el sentido de establecer padrones de calidad y seguridad ambiental.
Ya no es solo el hombre, sino todo lo necesario para la convivencia en un medio natural, el ser humano y la naturaleza. Puede notarse que la idea avasalla la concepción antropocéntrica kantiana de la dignidad humana proyectando el reconocimiento de una dimensión ecológica.
La idealización ecológica de la dignidad humana, subraya aspectos que tan siquiera toma en cuenta una estructura social de la misma, es decir, que la concepción kantiana se vea ampliada, porque reconoce: a) por un lado el respeto hacia la persona humana en sí misma; b) una idea de justicia integracional del hombre con sus semejantes basado en el principio de solidaridad; c) en presupuestos ya netamente de connotación ecológica, elementos de justicia interespecies, que justifica el respeto del ambiente y de la vida no humana; y, d) un aspecto de justicia intergeneracional, que condiciona de responsabilidad con las generaciones futuras.
En cuanto a los elementos propios de esta dimensión ecológica derivada del constructo de justicia interespecies, discurre entendida sobre todo aquello que compone el ámbito de la naturaleza donde se reproduce y realiza la vida, que comporta el respeto al derecho a los animales y a la vida de las otras especies que conviven en la naturaleza como un todo. Así mismo, no solo el respeto hacia los otros seres vivos, sino al reconocimiento de derechos propios de la naturaleza, difundiendo su peculiaridad en reconocer importancia al universo de cosas que sirven para el equilibrio ecológico. Comparativamente refleja idéntico a decir, el respeto de las cosas no humanas, pero que son esenciales para vida.
En sinergía con lo manifestado en el tópico anterior, dimana un compromiso moral, ético y de supervivencia con relación a las generaciones futuras, a quienes debemos entregar un planeta cuanto menos habitable. Dignidad humana sí, pero con protección de la dignidad animal no humana, con una perspectiva de sobrevivencia ecológica para las generaciones futuras.
c) Los indicadores señalados precedentemente invitan a analizar un matiz axiológico basado en una ius filosofía biocéntrica o incluso ecocéntrica, capaz de reconocer las relaciones del ser humano con la naturaleza, que posiciona en la antesala de una ampliación de la noción de dignidad de la persona humana, invitando a pensar en
conceptos solidarios, pero no ya entre seres humanos, sino también, entre seres humanos
y todas las cosas vivas.
Reluce que esa nueva esencia de humanismo plantee que la civilización actual siente las bases jurídicas para la construcción de un nuevo modelo político, jurídico y social con dimensión ecológica.
5. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
El nuevo perfil social que proyecta el movimiento de protección del factor medio ambiental, ha irradiado la potenciación de algunos principios jurídicos que reconocen a
la calidad de vida como principios fundamentales, que deben tener una sintonía armónica
con los nuevos valores ecológicos. Interesa para esta investigación ir describiendo dichos principios, que no son nuevos, pero que sí se visualizan aquilatados con la dimensión ecológica.
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A la luz de estas nuevas circunstancias, el movimiento medio ambiental en su connotación jurídica promueve nuevos principios, los que pretendemos caracterizarlos resumidos en los tres más relevantes:
5.1. Principio de responsabilidad
La crisis ambiental ha puesto en duda la proyección de existencialidad de la vida humana en el Planeta Tierra, de seguir con políticas medio ambientales permisivas con la proliferación del efecto invernadero y la contaminación en general, haciendo que las condiciones de vida sean cada vez más complicadas. El problema radica en que el deterioro de las condiciones de vida se produce por un accionar directo del hombre y por la inacción de las autoridades de efectuar el control adecuado para que acaben dichas actividades negativas y masivas contra el medio ambiente.
Surge así el “principio de responsabilidad”, que reproduce una idea ética de la ciencia, con el fin de evitar los riesgos que por ella se generan, respetando el avance de la tecnología pero limitado al concurso de una gestión responsable.
Por un lado, la toma de conciencia involucrando la imperiosidad de una formulación responsable del individuo y del Estado para no seguir dañando al medio ambiente; por el otro, un nivel de conciencia superlativo, donde la propia ciencia asuma los retos de la humanidad en pos de su conservacionismo, puesto que la ciencia debe ser desarrollada en favor del ser humano, donde el deber responsable de proteger y mantener el medio ambiente aflora en beneficio del hombre, planteando una responsabilidad ética hacia el futuro.
5.2. Principio de Solidaridad
El “principio de solidaridad” repercute fundamental para el Estado Socioambiental, siendo medular para la protección ecológica. Así, aparece la Solidaridad como una tentativa histórica de realizar una integralidad proteccionista de la modernidad.
La Solidaridad se manifiesta como una forma jurídica a ser cumplida, tal cual deber de cooperación entre los seres humanos integrado en un cuerpo social constructor de un espacio ecológico para habitar.
Un aspecto es la aplicación del principio de solidaridad entre los seres humanos para conservar el ecosistema, denotando un deber subjetivo e individual de cada persona; otra en cambio, es el deber de solidaridad de los Estados con las otras naciones, con las futuras generaciones y con las mismos animales no humanos de la naturaleza, generando la percepción de un conjunto de deberes en materia ecológica.
Imposible pensar siquiera en una proyección medio ambiental equilibrada sin analizar el principio de solidaridad, que se encuentra contenida en postulados constitucionales y convencionales de respeto a los derechos humanos.
También se aplican cánones de solidaridad tal cual deberes de cuño internacional que no respeta fronteras, respaldando la conservación de la cadena de ecosistemas a nivel global, evitando la contaminación química y el calentamiento global, al emerger los denominados derechos de solidaridad y fraternidad.
5.3. Principio de sustentabilidad ambiental
Otro principio de claro cuño ecológico es el de sustentabilidad ambiental, que se traduce cuanto menos en algunas connotaciones jurídicas políticas que deben ser tenidas en cuenta; a) En primer lugar, una idea de sustentabilidad ambiental entre los seres humanos entre sí; b) en segundo lugar, una obligación del Estado, en cooperación con otros Estados, más los ciudadanos de la sociedad civil, promoviendo políticas públicas sean económicas, educativas y de salud, sobre la base de una sustentabilidad ecológica; c) un deber de adaptación de comportamientos públicos y privados, asumiendo una expresividad amiga del medio ambiente, en función de su tutela efectiva.
6. ¿ESTADO SOCIAL MEDIO AMBIENTAL?
En la estructura del Estado, se testimonian varios momentos de la evolución, donde el Modelo fue superándose. En un principio, basado en las ideas liberales referenciar al “Estado de Derecho” traslucida en el siglo XIX, provenientes del productivismo y el liberalismo económico, donde se observaba a la naturaleza como objeto de apropiación, con un propietario que ejercía derecho absolutos, en representación del modelo del Código Civil Napoleónico de 1.804, donde se sacralizaba a la propiedad y se mercantilizaba con la naturaleza. Resulta lógico que esta época no puede concebirse capaz de asimilar jurídicamente la idea de un ecosistema 6 , puesto que solo existían bienes de valor material que favorecían la apropiación individual de facto. En este contexto, actuaba como soporte para medir el daño, la responsabilidad civil.
Luego sobrevino la idea del “Estado Social de Derecho” como una evolución del anterior, superando al Estado de Derecho, que fuera conquistada luego de la II Guerra Mundial, donde en verdad comienza a balbucearse sobre la perspectivación de un Estado Constitucional Social, un avance sin dudas, pero que protegía solo superficialmente el derecho ambiental. Podríamos decir, que se trató de una época donde de fachada se protegía al medio ambiente, o de una fase de toma de conciencia, pero sin una efectividad proteccionista.
Recién a finales del siglo XX, desde la década del 90, más precisamente en este nuevo milenio (siglo XXI), donde comienza a imponerse la idea de un “Derecho Socioambiental”, que dio origen al “Estado Social Medio Ambiental de Derecho”, o lo que es lo mismo un constitucionalismo socio ambiental, o como se registra en la preferencia de los autores un Estado Post Social 7 , Estado Constitucional Ecológico 8 , Estado del Ambiente 9 , Estado sustentable 10 , entre las denominaciones más características.
6 PUREZA, José Manuel, El patrimonio Común de la Humanidad, p. 352, Editorial Trotta, Madrid, España, Año 2002.
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Pretende sustituir la sacralización de la propiedad por la socialización de la naturaleza 11 , considerado como verdadero sujeto de derechos, donde decididamente el hombre pierde su individualidad y es engullido por lo biológico.
En resumidas cuentas, conforme lo manifiesta Pureza (ideas a las cuales le adosamos nuestras propias consideraciones): el hombre de la estructura liberal se preguntaba ¿Qué puedo hacer?; el hombre de la sociedad industrial a finales del Estado Liberal, se planteaba ¿Cómo puedo hacerlo?; el hombre del Constitucionalismo social (Estado Social de Derecho) se cuestionaba ¿Qué debo hacer?; y finalmente, el hombre del Estado Social Ambiental, se pregunta ¿Cómo debo hacer para respetar un desarrollo ambiental equilibrado y sostenible? Proyecta la imagen de una concepción medio ambiental sobre la base de que la humanidad tiene un futuro común, visto como un todo único e indivisible.
Dicho Estado Social Medioambiental, incluso está redefiniendo el concepto de interés nacional, porque ya no puede pensarse fronteras adentro, sino en una globalidad condicionante que es común para todos los seres humanos.
Figura sumamente descriptivo abordar el temario de los “Deberes Fundamentales” vinculadas a la evolución de los derechos y la valoración otorgada en cada época histórica para comprender la incidencia de las condiciones y límites de estos deberes en su relación con la protección del medio ambiente.
a) Deberes Liberales: Marcó una época de hipertrofia de los derechos, en un escaso desenvolvimiento de los deberes fundamentales, con claro tinte individualista a ultranza. Era una idea del Derecho, representada como foco de la libertad e igualdad del individuo frente al Estado, alineados en veredas opuestas, prohijando que el Estado ejerciera sus derechos dentro de determinadas límites, otorgando primacía a los derechos subjetivos de ciudadano en detrimento de los deberes a cumplir, respondía a la máxima: “más derechos que deberes”.
Una especie de atrofiamento de los deberes, en una concepción casi exclusiva hacia el otorgamiento de vías individualistas. El Estado visto como “enemigo” del ciudadano, que permanentemente violaba los derechos fundamentales. Era la vigencia de un Estado
7 PUREZA, Jose Manuel, Tribunais, natureza e sociedade: o direito do ambiente en Portugal, p. 27, Cuadernos do centro de estudos judiciarios, Lisboa, Portugal, Año 1.996.
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomez, Estado constitucional Ecológico e democracia sustentada.
9 HABERLE, Peter, A dignidade humana como fundamento de la comunidad estatal, p. 128, publ, en Dimensioes da dignidade: ensaios de filosofía do direito e direito constitucional, Coord. Ingo Sarlet, Librería do Advogado, Porto Alegre, Brasil, Año 2005.
10 FREITAS, Juarez, Sustentabilidade: o direito ao futuro, p. 278, Edit. Forum, Belo Horizonte, Año 2.011.
11 PUREZA, José Manuel, El patrimonio Común…, ob. cit, p. 352.
mínimo, solo preocupado por la preservación individual y patrimonialista, en síntesis, un individuo poco comprometido con la sociedad y con su comunidad.
b) Deberes Sociales: El paso del tiempo condujo a una exaltación excesiva de los derechos individuales, proponiendo el reemplazo de la visión liberal patrimonialista por otra de revolución social. Así el Estado de “enemigo” pasó a constituirse en “amigo” de los ciudadanos, donde los derechos comunes suponen estar garantizados y propiciados por el propio Estado.
La falta de equilibrio del posicionamiento individual liberal, generó el origen de una visión más socializadora, en respeto de los deberes sociales, culturales y económicos, huyendo del excesivo individualismo.
c) Deberes ecológicos: Por estos tiempos, a la luz de las nuevas imágenes ecoambientales, surgen los Deberes ecológicos basados en la solidaridad, con el fin de bregar por la promoción de la protección medio ambiental, como una tercera fase de la evolución de los deberes.
Abandona la visión clásica liberal y se la mitiga, superando a la vez la perspectiva social, obligando incluso a los particulares a la tutela de los deberes fundamentales ecológicos. Pasa a comprenderse el efecto boomerang del no respeto a la ecología, puesto que si bien hoy no aparenta causar daño sí será ocasionado en el futuro, volviendo contra el que lo generó. Donde la colectividad está interesada en la protección del ecosistema, bregando por tutela ambiental, solo así asegurar una vida digna actual y más comprometida con las generaciones futuras.
La Carta de la Tierra, impone limitaciones de contexto ecológico al ejercicio de derechos, teniendo en cuenta que todos los seres vivos tienen derecho a un ambiente propicio para la salud y el bienestar, deber que insta a proteger y mejorar el ambiente para las actuales y futuras generaciones.
Estos deberes son variables, puesto que cumplen una función defensiva como una función prestacional. Precisamente en una manifestación en la función defensiva, surge la limitación al derecho de propiedad, límites a la autonomía privada, imponiendo para la explotación de estos derechos un estudio de impacto ambiental, que legitime el uso que se haga de la cosa privada, evitando la degradación medio ambiental. En cuanto a la función prestacional, puede referenciarse a la obligatoriedad del deber de información medio ambiental a los particulares, que tiene repercusión incluso en la inversión del onus probandi en los procesos judiciales, donde el prestador individual que haya contaminado el ambiente es quien tiene que probar su actuación, o lo que es lo mismo, justificar que sus actos no contaminaron ni causaron lesividad al ambiente.
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8. DESARROLLO SUSTENTABLE O DESARROLLO SOSTENIBLE
Conviene dejar aclarado aquello entendido con relación a las significaciones sobre desarrollo sustentable y desarrollo sostenible, a los efectos de disipar cualquier polémica que pudiera surgir de estas denominaciones utilizadas en el marco de la protección medio ambiental.
Algunos prefieren la denominación sostenible a la de sustentable, siendo la más consolidada. Sin embargo, la doctrina iberoamericana fue apuntalando la idea de desarrollo sustentable.
Cuando se refiere al vocablo sustentar, indica conservar una cosa en su ser y estado; en cambio, cuando se infiere a sostenible transmite la idea de un desarrollo económico capaz de crear riqueza y bienestar, pero al mismo tiempo propicie cohesión social e impida la destrucción de la naturaleza.
De ahí que la terminología más correcta y adecuada según nuestro criterio, es la de desarrollo sostenible, porque conlleva el respeto a un aspecto económico evidente, pero cohesionado con el aspecto social y la protección del medio ambiente, con un
alcance a largo plazo. El desarrollo sostenible reclama mayor equidad y justicia, en una cosmovisión integradora de políticas ambientales que engloba la necesidad de un avance económico (en especial en los países del Tercer Mundo que intentan salir adelante), con un ámbito social de gran repercusión (como se visualiza con los proyectos integradores
y solidarios del hemisferio norte más desarrollado y del hemisferio sur en vías de
desarrollo), y un condimento de protección ecológica y medio ambiental (como es el caso de la necesaria preservación de los bienes materiales y la regeneración de estos recursos para vitalidad del planeta).
Luego de la Cumbre de Rio+20 (2012) 12 , se ha comprendido que el desarrollo
sostenible debe ser realizado enmarcado en un proceso solidario, ilustrado y equitativo. Solidario, en el sentido de permitir que los países alcancen un mínimo vital para que los habitantes puedan vivir, liberándose de las ataduras que les impiden alcanzar esos niveles mínimos, indudablemente no puede seguir tolerándose que en determinadas sociedades se sigan viviendo por debajo de los necesidades de sobrevivencia básica, así
la exigencia de contención deberá hacerse con quienes vivan por encima de los medios
ecológicamente aceptables.
12 Cumbre de RIO+ 20 (2012). Refiere al desarrollo sostenible en los siguientes términos: “El futuro que queremos: Resolvemos adoptar medidas urgentes para lograr el desarrollo sostenible. Por lo tanto, renovamos nuestro compromiso a favor del desarrollo sostenible, evaluando los avances realizados hasta el momento y lo que aún queda por hacer en cuanto a la aplicación de los resultados de las principales cumbres sobre el desarrollo sostenible, y haciendo frente a las dificultades nuevas y emergentes. Expresamos nuestra firme decisión de abordar los temas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, a saber, la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sostenible”.
En cuanto a la idea de ilustrada, por estos tiempos el desarrollo debe hacerse con conocimiento de los medios tecnológicos adecuados y menos gravosos para el ecosistema, no impedimentos de crecimiento pero con tecnología eficaz y protectiva del medio ambiente. Estos ideales de ilustración, también deberán tener en cuenta la cuestión demográfica que debería estar en consonancia y armonía con el potencial productivo del ecosistema.
La cuestión equitativa, resulta de garantizar a todos el acceso a los recursos materiales, haciéndolo con criterios de conservación, avalando la explotación pero con una mirada al futuro a las generaciones que vienen detrás quienes deberán tener la posibilidad de disfrutar de los recursos naturales en especial aquellos no renovables, como la supervivencia de las especies vegetales y minerales.
Finalmente, por la trascendencia del temario, podemos concluir sin temor a equívocos, que nos encontramos en la antesala (El “Acuerdo de Paris 2015”, así lo avala) de uno de los temas más relevantes de los siglos venideros, donde el “Desarrollo Sostenible” tendrá un tratamiento esencial, de hecho del compromiso asumido por los hombres de apuntalarlo dependerá la propia suerte futura de la humanidad 13 y del planeta.
9. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y MEDIO AMBIENTE
La Constitución del Paraguay de 1.992, acoge la nueva concepción protectora del Derecho Ambiental, en la Sección II “Del Ambiente”, regulando en dos Artículos en concreto sobre el tema. Así el Art. 7, regula:
“Toda persona tiene derecho a habitar un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del medio ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientan a la legislación y a la política gubernamental pertinente”.
Provenida de esta normativa, se apuntala sobre el derecho a habitar un medio ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, estableciendo como objetivos prioritarios de interés social a la preservación, a la conservación del mismo, ambos de idéntico significado. Como también, a la “recomposición”, aquí sí se hace una apuesta por el desarrollo sostenible que fuera inculcado por el COP 21 recientemente en el Acuerdo de París del 12 de diciembre del 2015, abriendo las compuertas para condicionar el desarrollo, como también aventurar por el mejoramiento del medio ambiente. Hecho por cierto, que no se advierte, teniendo en cuenta que la característica hasta ahora irradiada es un empeoramiento del ecosistema.
13 MAYOR ZARAGOZA, Federico, Desarrollo Sostenible y protección del medio ambiente, Prologo, Edit. Civitas, Madrid, España, Año 2002.
430 Derecho Procesal Constitucional. Garantía Jurisdiccional del Medio Ambiente en el Derecho Comparado
Donde sí se instala una verdadera faceta de compromiso con el desarrollo sostenible, es al reflexionar sobre el aspecto de conciliación con el desarrollo humano integral, percibiendo un mayor énfasis el grado de complementariedad entre los postulados integracionistas hacia un medio ambiente sostenible.
Luego en el Art. 8, establecer que las actividades susceptibles de producir alteración al medio ambiente deberán ser normativizas por ley, para posteriormente legislar sobre algunas actividades prohibidas.
Puede notarse del constitucionalismo paraguayo, un compromiso medio ambiental, pero que en la práctica no pasa de una mera declamación de deseos porque en la realidad lo que se puede notar es un constante avasallamiento del ámbito ecológico, operacionalizado con la construcción de represas, uso indiscriminado de agrotóxicos, deforestación, contaminación del agua, entre las circunstancias más desatacadas.
Corresponde reconocer, la existencia de normativas legales de protección ambiental, como el caso de la obligatoriedad de Estudios de Impacto Ambiental para todo tipo de actividades, lamentablemente sin concreción efectiva.
Ante lo cual, dimana relevante exponer las siguientes circunstancias:
Aflora que el marco constitucional se enmarca dentro de los cánones de protección global, aunque pueda objetarse que no abarca todos los planos de la incidencia medio ambiental.
Permite una orientación extensiva y dinámica, de postura abierta con proyección de políticas públicas de protección del ecosistema.
Realiza una apuesta que incluso asiente y orienta sobre la restauración y mejoramiento del medio ambiente, representando un aspecto altamente positivo.
La preocupación ambiental proyecta la idea que ésta debe desenvolverse en un marco de interacción entre el hombre y el hábitat donde desarrolla su vida, asintiendo un crecimiento integral.
Una apuesta en el sentido regulatorio normativo de todas las actividades que pudiesen dañar al medio ambiente.
10. CONVENCIONALIDAD, VINCULACION CON EL MEDIO AMBIENTE
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos presta especial atención a la protección del medio ambiente, si bien es cierto que no son muchos los casos presentados que refieren a la perpetración de delitos ecológicos y medio ambientales, donde sí se visualiza con claridad el compromiso deriva de las denuncias promovidas por las Comunidades de Pueblos Originarios, violaciones abarcativas de un conjunto de hechos entre las que sobresalen el no respeto a los recursos naturales de sus territorios ancestrales.
Desde esta perspectiva, dimana la obligatoriedad de un control de convencionalidad
en el sentido de imponer a los Estados a la luz de la fuerza obligatoria con característica de precedente vinculante de los fallos jurisprudenciales de la Corte IDH, que a partir de la Supervisión de Sentencia en el caso Gelman vs Uruguay (2013), se ha vuelto de aplicabilidad ineludible para todos los Estados Partes del sistema, no pudiendo eludir su usanza en derivación del control de convencionalidad difuso.
Si bien, puede sostenerse que el fallo de Supervisión citado solo es aplicable a partir del año 2013, después de su promulgación, debe recalcarse que el origen se da con resoluciones anteriores, como el caso de los fallos proferidas en Yakye Axa (2005), Sawhayamaxa vs Paraguay (2006), en Pueblo Saramaka vs Surinam (2007) y Xakmok Kasek vs Paraguay (2010), no es menos cierto que en fallos posteriores se ha seguido el mismo criterio proteccionista del ecosistema, visualizado en los casos Kichwa de Sarayaku vs Ecuador (2012) y caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá (2014).
En consecuencia, se trata de una postura de criterios en favor de un proteccionismo medio ambiental de relevante condicionamientos, otorgando un sesgo de convencionalidad indudable al mantenimiento del ecosistema. En gran medida se trata de un tratamiento aun no suficiente por parte del sistema interamericano, quizás condicionado por la tipología de casos desarrollados en su seno, que limitan su accionar. De todos modos creemos, que en el caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá donde fueron discutidas cuestiones de desplazamiento de estos pueblos por la construcción de una represa hidroeléctrica, hubiese sido el marco propicio para discurrir sobre la protección del medio ambiente y el ecosistema, invitando a no cometer daños ecológicos irreversibles.
No obstante lo citado, conviene dejar sentada la evolución del temario, abriendo la expectativa de un proteccionismo más eficaz y decidido. Conforme a los siguientes tópicos referenciales y jurisprudenciales:
a) Derecho a los recursos naturales
Se parte fundamentalmente que la Convención Americana de Derechos Humanos protege los derechos de uso y dominio de la propiedad privada, derivada de esta descriptiva general surge la protección de los derechos de los pueblos originarios que se condensan los siguientes fallos:
En el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador (2012), disponer:
145. El artículo 21 de la Convención Americana protege la vinculación estrecha que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de los territorios ancestrales y los elementos incorporales que se desprendan de ellos. Entre los pueblos indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y
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su comunidad. Estas nociones del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente corresponden a la concepción clásica de propiedad, pero merecen igual protección del artículo 21 de la Convención Americana. Desconocer las versiones específicas del derecho al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección de tal disposición para millones de personas 14 .
También en el caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá, referenciar:
143. Este Tribunal recuerda su jurisprudencia que los Estados deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida 15 .
En el Voto Razonado de Eduardo Ferrer Mac Gregor, expresado en el caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá (2014), el citado miembro de la Corte IDH indicaba:
17. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural. En consecuencia, la estrecha vinculación de los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana 16 .
b) Cuidado de los recursos naturales
La jurisprudencia convencional invita a los Estados a proteger a la propiedad privada, pero yendo más allá, al cuidado de los recursos naturales que se encuentran bajo sus dominios, como requisito para la existencialidad de los pueblos originarios.
En el caso Pueblo Saramaka vs Surinam (2007), expresaba:
14 CORTE IDH, caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, Sentencia 27 de julio 2012, párr. 145.
15 CORTE IDH, caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá, Sentencia del 14 de octubre de 2014, párr. 143.
16 CORTE IDH, Voto Razonado de Eduardo Ferrer Mac Gregor en el caso De los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emerá de Bayano y sus miembros vs Panamá, Sentencia del 14 de octubre de 2014, párr. 17.
126. El Estado parece reconocer que los recursos relacionados con la subsistencia del pueblo Saramaka incluyen aquellos recursos relacionados con las actividades agrícolas, de caza y de pesca. Esto es consistente con el anterior análisis de la Corte sobre cómo el artículo 21 de la Convención protege el derecho de los miembros del pueblo Saramaka respecto de los recursos naturales que son necesarios para su subsistencia física (supra párrs. 120-122) (…) 17
En el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador (2012), orientar:
156. La Corte Interamericana ha señalado que cuando los Estados imponen limitaciones o restricciones al ejercicio del derecho de los pueblos indígenas a la propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales deben respetar ciertas pautas. Así, “cuando la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entran en contradicciones reales o aparentes, la Convención Americana y la jurisprudencia del Tribunal proveen las pautas para definir las restricciones admisibles”, las cuales deben ser establecidas por ley, ser necesarias, proporcionales y con el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática sin implicar una denegación de la subsistencia como pueblo. Asimismo, el Tribunal ha precisado que tratándose de recursos naturales que se encuentran en el territorio de una comunidad indígena, además de los criterios mencionados, se exige al Estado que verifique que dichas restricciones no impliquen una denegación de la subsistencia del propio pueblo indígena 18 .
En el caso Xakmok Kasek vs Paraguay (2010), al referir a propiedad comunitaria, observar que los recursos naturales, como los elementos incorporales que se desprenden de ellos, también deben ser protegidos.
85. Este Tribunal ha considerado que la estrecha vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana 19 .
c) Derecho al uso de tierras ancestrales y de sus recursos naturales
La Corte IDH reconoció el derecho al uso y dominio de las tierras ancestrales de los pueblos originarios, como el derecho al uso de los recursos naturales que en ellos se encuentren.
Así en el caso Sawhoyamaxa vs Paraguay (2006), apuntar:
17 CORTE IDH, caso Pueblo Saramaka vs Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 126.
18 CORTE IDH, caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, Sentencia 27 de julio 2012, párr. 156.
19 CORTE IDH, caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010, párr. 85.
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118. Haciendo uso de los criterios señalados, este Tribunal ha considerado que la estrecha vinculación de los integrantes de los pueblos indígenas con sus tierras tradicionales y los recursos naturales ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 de la Convención Americana. La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural 20 .
En Pueblo Saramaka vs Surinam (2007), enunciar:
121. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte según lo establecido en los
casos Yakye Axa y Sawhoyamaxa, los integrantes de los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho de ser titulares de los recursos naturales que han usado tradicionalmente dentro de su territorio por las mismas razones por las cuales tienen el derecho de ser titulares de la tierra que han usado y ocupado tradicionalmente durante siglos. Sin ellos, la supervivencia económica, social y cultural de dichos pueblos está en riesgo. De allí la necesidad de proteger las tierras y los recursos que han usado tradicionalmente: para prevenir su extinción como pueblo. Es decir, el objetivo y el fin de las medidas requeridas en nombre de los miembros de los pueblos indígenas y tribales es garantizar que podrán continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados 21 .
Se estableció la necesidad de la realización de estudios de impacto ambiental, de forma previa a la explotación de los territorios de los pueblos originarios, con el objeto de verificar la incidencia en el ambiente.
En tal sentido se expresa el fallo proferido en el caso Pueblo Saramaka vs Surinam
129. (…) Por ello, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin
de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramakas respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, el Estado debe
20 CORTE IDH, caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 118.
21 CORTE IDH, caso Pueblo Saramaka vs Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 121.
cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con
sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”) que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social
y ambiental. Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y
garantizar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal 22 .
Luego en el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador (2012), decir:
205. La realización de tales estudios constituye una de las salvaguardas para
garantizar que las restricciones impuestas a las comunidades indígenas o tribales, respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio, no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo (supra
párr.157). En ese sentido, el Tribunal ha establecido que el Estado debía garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio de una comunidad indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Además la Corte determinó que los Estudios de Impacto Ambiental “sirven para evaluar el posible daño o impacto que un proyecto de desarrollo
o inversión puede tener sobre la propiedad y comunidad en cuestión. El
objetivo de los mismos no es únicamente tener alguna medida objetiva del posible impacto sobre la tierra y las personas, sino también […] asegurar que los miembros del pueblo […] tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad”, para que puedan evaluar si aceptan el plan de desarrollo o inversión propuesto, “con conocimiento y de forma voluntaria” 23 .
Como también indicar al derecho de los pueblos originarios de ser informados de todos los proyectos que se pretendan realizar en sus tierras.
206. Por otro lado, la Corte ha establecido que los Estudios de Impacto
Ambiental deben realizarse conforme a los estándares internacionales y buenas prácticas al respecto; respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas; y ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión, ya que uno de los objetivos de la exigencia de dichos estudios es garantizar
22 CORTE IDH, caso Pueblo Saramaka vs Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 129.
23 CORTE IDH, caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, Sentencia 27 de julio 2012, párr. 205.
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el derecho del pueblo indígena a ser informado acerca de todos los proyectos propuestos en su territorio. Por lo tanto, la obligación del Estado de supervisar los Estudios de Impacto Ambiental coincide con su deber de garantizar la efectiva participación del pueblo indígena en el proceso de otorgamiento de concesiones. Además, el Tribunal agregó que uno de los puntos sobre el cual debiera tratar el estudio de impacto social y ambiental es el impacto acumulado que han generado los proyectos existentes y los que vayan a generar los proyectos que hayan sido propuestos 24 .
e) Reconocimiento que los pueblos originarios juegan un papel fundamental en
En el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador (2012), reflexionaba la Corte, que los pueblos originarios desarrollan un papel crucial en el cuidado del medio ambiente.
“las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible” 25 .
Nada mejor para estas argumentaciones, que culminar con lo reflexionado por la Corte, en el caso Pueblo Saramaka vs Surinam (2007), al exteriorizar:
144. (…) Cuando se hizo referencia al bosque, uno de los testigos manifestó durante la audiencia pública que “era allí donde cortaban los árboles para construir sus hogares, para subsistir, para hacer sus botes […]; todo con lo que viven”. Otro testigo expresó la importancia de la tala de madera para el pueblo Saramaka y su preocupación por el ambiente:
Cuando talamos los árboles, pensamos en nuestros hijos y nietos, en las futuras generaciones. […] Cuando ingresamos en el bosque por cualquier razón, pensamos en lo que estamos haciendo, pensamos en proteger el ambiente. Tenemos mucho cuidado de no destruir algo que se encuentre en el bosque. Obtenemos la madera que necesitamos para nuestros propósitos y tenemos mucho cuidado de no destruir el ambiente. 26
24 CORTE IDH, caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, Sentencia 27 de julio 2012, párr. 206.
25 CORTE IDH, caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador, Sentencia 27 de julio 2012, párr. 214.
26 CORTE IDH, caso Pueblo Saramaka vs Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 144.
Incluso, algún testigo se animó a decir, que con la explotación irracional realizada “los espíritus están totalmente ofendidos” 27 .
11. EL ROL DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL EN EL CONTEXTO MEDIOAMBIENTAL
Tanto en cuanto se refiere al control de constitucionalidad como de convencionalidad aplicado al medio ambiente, le corresponde al Derecho Procesal Constitucional el análisis protectorio de los derechos ambientales, ya se trate de las acciones propiamente dichas como del soporte jurisprudencial de la Corte IDH. Es el Derecho Procesal Constitucional quien tiene la custodia de las mismas.
Se puede afirmar que la humanidad transita el sendero de la salvaguarda de la dignidad humana y, en tal sentido, apuntala la idea de una prohibición de retroceso socioambiental 28 , relacionada con el principio de desarrollo progresivo de los derechos humanos contenida en el Art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, correspondiendo así al Derecho Procesal Constitucional precautelar esta progresividad.
Del principio por el cual se asiente que las normas constitucionales reconocen derechos sociales de carácter positivo implican una prohibición de retroceso 29 , pues implica, que una vez conquistada no puede volver atrás, conllevando el respeto del derecho positivo en el sentido de la satisfacción del derecho y a la vez un derecho negativo, en el sentido que el Estado se abstenga de atentar contra este derecho ya concretado.
12. EL CAMINO A SEGUIR
Proponemos establecer a modo de tesis finales, aquellas cuestiones que marcarán el camino a seguir en materia de Justicia Constitucional Ambiental, puesto que como se sostuviera toda la cuestión del ecosistema tiene una vinculación directa con la dignidad humana.
1) Es indudable que cuando referenciamos a una situación de crisis ambiental, estamos en la antesala de una crisis jurídica, puesto que los cánones legales tendrán que precautelar la nueva complexión de cosas, en la protección del medio ambiente.
2) El hombre es el directo causante de los daños ecológicos en el planeta, por lo que la regulación jurídica deberá estar orientada en pos de establecer límites directos en su accionar, como también estructurar los deberes indirectos de omisión tanto para los hombres como para el Estado encargado de precautelar el ecosistema.
27 CORTE IDH, caso Pueblo Saramaka vs Surinam, idem anterior, affidavit de S. Hugo Jabini, párr. 150.
28 SARLET, Ingo Wolfgang y FENTERSEIFER, Tiago, Direito Constitucional Ambiental, ob. cit., p. 295.
29 CANOTILHO, José Joaquim Gomez y MOREIRA, Vital, Fundamentos da Constitución, p. 131, Editorial Coimbra, Coimbra, Portugal, Año 1.991.
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3) La dignidad humana debe comenzar a analizarse desde una perspectivación ecológica, garantizando derechos fundamentales que deberán ser precautelados como parte de esta novel concepción de dignidad humana. Repercute en un análisis integrador del concepto multidimensional, escapando de los reduccionismos.
4) Los Derechos Humanos en la actualidad tendrán que ser vistos como un todo integrado, comprendiendo el interactuar de los derechos sociales y ecológicos, pensados no solo como derechos económicos, sociales y culturales, sino con el agregado de los
derechos ambientales, es decir, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 30 , con el objetivo de una vida digna y saludable en un ambiente ecológicamente sano
y equilibrado. De esta manera, superar la concepción antropocéntrica respetando a lo
ecológico como un todo, permitiendo la protección de las cosas y los otros seres vivos, asintiendo un compromiso con las generaciones futuras.
5) Se tendrá que comenzar a analizar y aplicar nuevos principios de raigambre ecológica, que tienen otras connotaciones que los principios tradicionales del derecho constitucional, así hablar de principio de responsabilidad, de solidaridad y de sustentabilidad ambiental.
6) Comienza a recorrerse el sendero que afincará en un futuro cercano en la conquista de un verdadero Estado Social Medio Ambiental.
7) Tanto la Justicia Constitucional como el Derecho Procesal Constitucional emergen en la antesala de mudar sus contornos, para recepcionar nuevas áreas que requieren protección efectiva, como se da con el Derecho Ambiental, siempre en pos de un desarrollo progresivo y eficaz.
En resumen, estos tiempos modernos invitan a un reformulamiento y un
replanteamiento de lo jurídico, a partir de un nuevo enfoque constitucional que sugieren deberes fundamentales ecológicos, instando a una atención privilegiada de este sector. No tendría sentido seguir precautelando los derechos particulares, si abandonamos la protección del medio ambiente en que vivimos, la sinrazón de ser del hombre sin un lugar ecológicamente adecuado para desarrollar la vida misma. De nada serviría tener derechos, sin un lugar donde ejercitarlos, el primer derecho ligado a la dignidad humana
y a la vida per se, consiste en la garantía de un medio ambiente ecológicamente aceptable
para desarrollar la vida. Los juristas y académicos, otra vez en pos de nuevos horizontes y desafíos, en este caso, la propia existencialidad depende de dichos logros jurídicos.
30 SARLET, Ingo Wolfgang y FENTERSEIFER, Tiago, Direito Constitucional Ambiental, ob. cit., p. 320.
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