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Timestamp: 2019-09-21 06:38:08+00:00

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Conferencia de la Haya - Hri/core/and/2018
C. Marco jurídico de protección de los derechos humanos Fuentes del derecho
D. Marco de la promoción de los derechos humanos Parlamentos y asambleas regionales
• Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional;
• Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños.
• Convenio (I) de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña (1949)
• Convenio (II) de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar (1949)
• Convenio (III) de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, 1949
• Convenio (IV) de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (1949)
El 25 de septiembre de 2015, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Decisión 30/107, relativa al resultado del Examen Periódico Universal (EPU) de Andorra. El Gobierno de Andorra está trabajando para cumplir con su compromiso internacional y poder implementar las recomendaciones aceptadas por el Gobierno. En los casos apropiados, las recomendaciones se detallarán en cada uno de los Informes periódicos presentados a los diferentes órganos de derechos humanos.
Andorra, en tanto que Estado parte del Consejo de Europa, también participa en los procesos de evaluación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). El ECRI se encarga de examinar la legislación, las políticas y las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia.
El ECRI publicó el informe de seguimiento, sobre Andorra, correspondiente al 5º ciclo de monitoreo el 28 de febrero de 2017. El informe incluye la situación sobre la implementación de las recomendaciones a fecha de 30 de junio de 2016.
Andorra cursó una invitación a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para supervisar el proceso electoral de las elecciones generales, que tuvieron lugar el 1 de marzo de 2015. La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos (ODHIR) visitó el país los 27 y 28 de enero de 2015 y emitió su correspondiente informe de recomendaciones y conclusiones el 19 de febrero de 2015.
Así también, el 3 de noviembre de 2010 se cursó una invitación permanente a todos los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos para facilitar posibles visitas de los titulares de mandatos. Hasta la fecha, no se ha recibido ninguna visita.
Andorra no es parte de la Convención sobre el Estatuto del Refugiado, del 28 de julio de 1951, ni del Protocolo sobre el Estatuto del Refugiado, del 31 de enero de 1967.
Sin embargo, con el fin de cumplir con los compromisos del Govern d’Andorra de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a la mitigación de la crisis humanitaria provocada, entre otros motivos, por el conflicto sirio que ha supuesto que centenares de miles de personas se vean obligados a huir de esta región geográfica, el 13 de septiembre de 2017, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de Ley de protección temporal y transitoria por razones humanitarias. La Ley fue aprobada, por asentimiento del Consell General, el 22 de marzo de 2018. El 8 de mayo de 2018, el Gobierno de Andorra firmó un acuerdo con la Comunidad de San Egidio para que facilite la llegada de refugiados sirios actualmente en Líbano, hasta Andorra, mediante un corredor humanitario.
Dicha Ley de protección temporal y transitoria por razones humanitarias crea el régimen necesario para poder acoger refugiados mediante una nueva autorización de residencia, o de residencia y trabajo. El texto prevé que anualmente el Govern d’Andorra establezca el número de personas que puede acoger, dando prioridad a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Una de las prioridades del texto, además, es garantizar que los refugiados tengan reconocidos sus derechos en el país. Así, la Ley reconoce el derecho a acceder a la vivienda, al trabajo y a la formación, a los servicios sociales y sociosanitarios y a la estructura educativa.
C. Marco jurídico de protección de los derechos humanos
El artículo 5 de la Constitución reconoce que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es vigente en el país.
El artículo 3.4 de la Constitución establece que todos los tratados y acuerdos internacionales se integran en el ordenamiento jurídico interno a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA). Éstos no pueden ser modificados ni derogados por las leyes.
Además, el artículo 23 de la Ley cualificada reguladora de la actividad del Estado en materia de tratados, de 19 de diciembre de 1996, establece que las disposiciones de los tratados y acuerdos internacionales solo pueden ser derogados, modificados o suspendidos de la forma prevista en los propios tratados o de conformidad con las normas generales del derecho internacional. Por consiguiente, el Principado de Andorra ha adoptado un sistema que prevé la primacía de los tratados con respecto a las leyes ordinarias, así como su aplicación directa en el derecho interno.
Por otra parte, dado que el artículo 3.1 de la Constitución dispone que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico interno andorrano y que, además, según el artículo 19 de la Ley cualificada reguladora de la actividad del Estado en materia de tratados de 19 de diciembre de 1996, existe un procedimiento de control previo de constitucionalidad de los tratados, se puede interpretar que la Constitución andorrana se sitúa, en la jerarquía de las normas, por encima de los tratados y acuerdos internacionales o al menos a un nivel paralelo a los tratados o acuerdos internacionales, por cuanto no podrá aprobarse un tratado o convención que sea contrario a la Constitución.
El artículo 24 de la Ley cualificada de 19 de diciembre de 1996, que regula la actividad del Estado en materia de Tratados, dispone que “los tratados en vigor serán directamente aplicables por todos los órganos judiciales y administrativos del Estado y crearán derechos y obligaciones para los particulares, a menos que del texto del tratado o de la autorización de conclusión resulte que su aplicación está condicionada a la promulgación de leyes o a la aprobación de disposiciones reglamentarias”. En el párrafo 2 de este artículo se precisa que si la ejecución de un tratado requiere desarrollo legislativo, el Gobierno presentará al Consell General, en el plazo más breve posible, el correspondiente proyecto de ley. Este proyecto de ley será transmitido al Consell General en el momento en que se solicite la aprobación de un tratado siempre que éste ya haya entrado en vigor en otros Estados o bien si dispone que los Estados partes habrán de contar con la legislación adecuada en el momento de la entrada en vigor del tratado.
El Consell General podrá delegar en el Gobierno la potestad de dictar las normas necesarias dentro de los límites y en las condiciones previstas en el artículo 59 de la Constitución.
Los tribunales de Andorra son los principales garantes de los derechos humanos. La Constitución de Andorra establece en el artículo 85 el principio según el cual la justicia es administrada exclusivamente por jueces independientes, inamovibles y, en el ámbito de sus funciones jurisdiccionales, sometidos solo a la Constitución y a la ley. La organización judicial es única. Su estructura, composición, funcionamiento y el estatuto jurídico de sus miembros deberán ser regulados por ley cualificada. Se prohíben las jurisdicciones especiales.
Según el artículo 2 del Código de Procedimiento Penal “La facultad de administrar justicia en materia criminal, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia de Andorra, al Tribunal de Corts, a su Presidente, al Tribunal de Batlles y a los Batlles, sin perjuicio de los tratados correspondientes establecidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución”.
Por otra parte, en todas las cuestiones relativas al tratado que entran en el ámbito penal, es también aplicable el artículo 93 de la Constitución, que establece que “El Ministerio Fiscal tiene la misión de velar por la defensa y la aplicación del orden jurídico y por la independencia de los tribunales, y de promover ante éstos la aplicación de la ley para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y la defensa del interés general”. El Ministerio Fiscal, dirigido por el Fiscal General del Estado, actúa de acuerdo con los principios de legalidad, unidad y jerarquía interna.
De acuerdo con el artículo 65 de la Constitución, se podrán ceder competencias legislativas, ejecutivas o judiciales siempre que sea a organizaciones internacionales y por medio de un tratado que debe ser aprobado por una mayoría de dos terceras partes de los miembros del Consell General.
El 4 de junio de 1998 se aprobó la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà (Ombudsman). El Raonador del Ciutadà es una institución independiente encargada de controlar que la administración pública actúe de conformidad con los principios fundamentales de defensa y protección de los derechos y libertades consagrados en la Constitución. El Raonador del Ciutadà remite anualmente un informe sobre sus actividades al Consell General.
De acuerdo con el artículo 13 de la mencionada ley, las quejas o las reclamaciones pueden ser efectuadas por cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, con indiferencia de su nacionalidad, edad, condición o residencia.
El 25 de octubre de 2010 se aprobó la Ley 79/2010 de modificación de la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà, con el objeto de desplegar las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. Así, la modificación incorpora el objetivo del Raonador del Ciuatadà de informar y aconsejar a los menores de sus derechos y libertades reconocidos por la Convención (artículo 1) y se da la oportunidad a los menores de hacer llegar la queja o reclamación al Raonador del Ciutadà. En el caso de menores de 12 años de edad e incapaces, lo pueden hacer a través de sus representantes legales, sin necesidad de poder especial (artículo 13.2). La página web del Raonador del Ciutadà especifica concretamente la posibilidad para los niños mayores de 12 años de acudir al Raonador sin la presencia de su representante legal o tutor. www.raonadordelciutada.ad
Siguiendo la recomendación de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), el Gobierno de Andorra presentó un Proyecto de ley para ampliar el ámbito competencial del Raonador del Ciutadà con vistas a que pueda recibir denuncias relativas a la discriminación racial, tanto en el ámbito público como privado, entre otras medidas. La Ley 26/2017, del 23 de noviembre, de modificación de la Ley de creación y funcionamiento del Raonador del Ciutadà, del 4 de junio de 1998 fue aprobada y entró en vigor el 24 de noviembre del 2017.
En diciembre de 2014 se creó el Servicio de Atención y Mediación ante la Administración de Justicia. Se trata de un servicio público gratuito de la Administración general, adscrito conjuntamente a los Ministerios encargados de la justicia y de los servicios sociales, con el fin de atender a los ciudadanos y, especialmente, a las víctimas de los delitos y contravenciones penales, proporcionando orientación jurídica y social a las personas usuarias de la Administración de Justicia. Así se ofrece información individualizada sobre los recursos y los mecanismos institucionales, profesionales y normativas existentes para el ejercicio y la defensa de sus derechos e intereses, y sobre los recursos sociales de los cuales pueden disponer y derivarlos, si se considera, a las administraciones, las instituciones o profesionales oportunos. El servicio de mediación familiar consiste en ofrecer a las personas inmersas en conflictos matrimoniales, de pareja o familiares un proceso de mediación y resolución de conflictos favoreciendo el dialogo y el logro de soluciones satisfactorias para los cónyuges, los miembros de la pareja y los hijos e hijas menor de edad. El Servicio de Atención y Mediación ante la Administración de Justicia está integrado por una jurista, una trabajadora o educadora social y una psicóloga.
El 22 de marzo de 2018, el Consell General aprobó por asentimiento general la Ley de mediación ofreciendo una cobertura legal para la realización de la actividad mediadora.
En marzo de 2018, se creó el Servicio para el Encuentro Familiar. Se trata de un recurso social especializado para la intervención y el cumplimiento del régimen de visitas en aquellas situaciones de separación, divorcio u otras situaciones de conflictividad familiar en las cuales la relación de los menores con un progenitor o miembro de la familia se ha interrumpido o es complicada.
La Área de Soporte a los jóvenes tutelados y ex tutelados se creó por decreto, el 30 de setiembre del 2015, con el objetivo de prestar un soporte continuado a los jóvenes de edades entre los 16 y los 25 años tutelados y ex tutelados por el Gobierno de Andorra o en una situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social para acompañarlos y orientarlos en las habilidades diversas de la vida cotidiana y garantizar la emancipación y la integración social. Esta área integra los siguientes servicios según los ámbitos de intervención:
Ámbito de prevención y de intervención comunitaria:
• Servició de Atención a los Adolescentes en Riesgo
El Servicio de Atención a los Adolescentes en Riesgo consiste en dar respuesta a los adolescentes en riesgo social con la finalidad de proteger y atender dichas situaciones, así como prevenir su cronificación. El acompañamiento del servicio es de carácter diurno, concretamente en horario extraescolar con el objetivo de potenciar la socialización, el desarrollo personal y compensar las carencias socioeducativas. Los destinatarios del servicio son adolescentes de 12 a 16 años y sus familias en seguimiento por el equipo de protección - Servicio Especializado de Atención a la Infancia. Respeto a la metodología que se lleva a cabo, es una metodología global formada por una educación activa, integral, en valores y de coeducación.
Acompañamiento a la emancipación y a la inserción social:
• Servicio de Orientación a Jóvenes en Situación Vulnerable
El servicio de orientación a jóvenes en situación vulnerable pretende dar respuesta integral a todos aquellos jóvenes en situación de vulnerabilidad del Principado de Andorra, dando respuesta a aspectos básicos de salud, vivienda, formación, laboral, apoyo económico y ocio.
El objetivo principal del servicio es orientar a los jóvenes en los diferentes itinerarios según la necesidad específica de cada uno de ellos, mediante una atención individualizada y específica. Todo ello se hace a través de cinco itinerarios, itinerario de formación y laboral, itinerario de salud, itinerario de apoyo económico, itinerario de ocio e itinerario de vivienda. Los beneficiarios de este servicio son jóvenes de 16 a 25 años que presentan una situación de vulnerabilidad.
• Espacio de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Ex tutelados
La misión del Espacio de Apoyo a los Jóvenes Tutelados y Ex tutelados es prestar un apoyo continuado a los jóvenes entre 16 y los 21 años que están o han estado bajo la tutela del Gobierno, para acompañarlos y orientarlos en habilidades diversas de la vida cotidiana y promover su plena emancipación e integración social. Sus principales objetivos son conseguir el equilibrio emocional mediante el conocimiento profundo y la aceptación de ellos mismos, promover la autonomía personal, proporcionar a los jóvenes medios para comprender la realidad, potenciar la capacidad de actuación, fomentar relaciones personales positivas, facilitar la participación en la vida de grupos y desarrollar la capacidad de reflexión.
Todo ello se hace a través de las viviendas tuteladas como eje de trabajo para normalizar aspectos relacionados con la propia vida cuotidiana, el ámbito formativo y laboral, suporte económico etc.
D. Marco de la promoción de los derechos humanos
El 15 de enero de 2015, el Consell General aprobó el Acuerdo para promover la igualdad de género desde el Consell General. El mencionado acuerdo, consensuado por todos los grupos parlamentarios, prevé la elaboración del Libro Blanco de la Igualdad, con el apoyo del Gobierno de Andorra y la colaboración del Instituto de Estudios Andorranos y del Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior. Su objetivo es la recopilación de información sobre la situación real en materia de igualdad para poder diseñar una estrategia de actuación desde la misma institución y el resto de instituciones públicas. Además, el Acuerdo prevé la aplicación de las recomendaciones contenidas en el Plan de Acción para los parlamentos sensibles al género de la Unión Interparlamentaria.
La elaboración del Libro Blanco de la Igualdad se inició en el mes de agosto de 2016, momento en el que se estableció el proceso y metodología de trabajo. Se han desarrollado las diferentes fases previstas (recogida y análisis de los datos existentes en relación a la población diana – personas mayores, infancia y juventud, personas inmigrantes, personas con discapacidad, mujeres y personas LGTBIQ), participación de las entidades sociales representativas de dichos colectivos a través de un profundo análisis de la igualdad de oportunidades en el país y realización de una encuesta a la población para contar con la visión de la ciudadanía.
El 21 de junio de 2017 se presentaron las conclusiones y las prioridades derivadas del trabajo efectuado, destacando la necesidad de aprobar una Ley de Igualdad y no Discriminación que está actualmente en fase de redacción, la creación de un Observatorio de la Igualdad, la creación de una Plataforma que aglutine al tercer sector como herramienta de diálogo con la Administración Pública, estrategias concretas en materia de igualdad, etc. El Libro Blanco de la Igualdad fue presentado oficialmente el 7 de mayo del 2018 y está disponible (en catalán) en la página web del Departamento de Asuntos sociales: https://www.aferssocials.ad/images/stories/Collectius/Igualtat/Llibre_blanc_igualtat.pdf
Entre las prioridades incluidas en el proyecto de Ley de Igualdad y no Discriminación cabe destacar la obligación para el Gobierno de aprobar, cada 4 años, un programa para la inserción laboral de las personas en situación de vulnerabilidad, un programa para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, un plan integral para la igualdad y la no discriminación y un programa de inclusión de las personas recién llegadas.
Mediante Decreto del 23 de septiembre del 2015 del Ministerio de Salud, Asuntos Sociales y Ocupación se crea el Área de Políticas de Igualdad y el Equipo de Atención Integral a la Mujer queda adscrito a dicha Área. Posteriormente, se aprueba el Decreto del 27 de enero del 2016 de estructuración del Ministerio de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, el Área de Políticas de Igualdad queda adscrita al Departamento de Asuntos Sociales. Las funciones de dicha Área son las siguientes:
• Promover y desarrollar programas y acciones transversales dirigidas a prevenir y luchar contra la violencia de género y la violencia doméstica, y contra la violencia en cualquier ámbito.
• Potenciar y mejorar la lucha contra las desigualdades y la discriminación que sufren las personas y colectivos más vulnerables en este ámbito.
Para dar respuesta a esta función se ha creado el Servicio de Igualdad con los siguientes objetivos:
• Trabajar de manera conjunta con el Consell General para desarrollar El Libro Blanco de la Igualdad y, posteriormente, elaborar una Ley de Igualdad y no Discriminación.
• Ofrecer a las personas y/o colectivos vulnerables que hayan sufrido o estén sufriendo alguna situación de discriminación y/o desigualdad información, apoyo, atención y asesoramiento legal. Los colectivos considerados como vulnerables son: infancia y juventud, gente mayor, mujeres, personas con discapacidad, personas LGTBIQ y personas inmigrantes.
• Realización de actos públicos, difusión y concienciación sobre la no discriminación y la contemplación de los colectivos considerados como vulnerables.
• Promover una acción educativa de sensibilización y aprendizaje tanto desde el ámbito formal como informal.
• Evidenciar y corregir conductas sexistas, conductas de discriminación y desigualdad en los medios de comunicación y en el contexto público.
En este sentido, es desde esta área donde se atienden las posibles discriminaciones raciales y desigualdades que puedan sufrir las personas inmigrantes. También se realizan acciones para promover la interculturalidad y la igualdad.
El 2 de marzo de 2013, el Comú de Andorra la Vella se adhirió a la red internacional de Ciudades globales amigables con los mayores, iniciativa creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que capacita y pone en contacto las ciudades interesadas en crear entornos urbanos sostenibles, accesibles e integradores.
Andorra no cuenta con una Institución Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con el compromiso adoptado en el segundo ciclo del EPU, el 25 de septiembre de 2015, Andorra estudiará la idoneidad de crear una Institución Nacional de Derechos Humanos de conformidad con los Principios de París, sin perjuicio que finalmente se proceda a su creación.
En 2003 se creó el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) como órgano de participación, consulta y asesoramiento del Gobierno en los temas relacionados con la discapacidad. Entre sus funciones, cabe señalar las siguientes:
• Elaborar y presentar propuestas de mejora de los servicios y prestaciones para las personas con discapacidad,
• Colaborar en la mejora y la coordinación de las actuaciones relacionadas con la discapacidad.
En el marco de las reuniones periódicas de la CONADIS de 2016-2017, se realizó el informe inicial de Andorra sobre el Convenio relativo a los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil que representan al colectivo de las personas con discapacidad, así como la inclusión de sus propuestas en el Proyecto de ley de medidas urgentes para la aplicación del Convenio relativo a las personas con discapacidad.
El Comité Nacional de Bioética de Andorra (CNBA) es un órgano asesor independiente en materia de ética y bioética, creado en diciembre de 2013, que desarrolla su labor en el ámbito de las implicaciones éticas y sociales que se pueden derivar de las avances en las ciencias de la biología, medicina y las ciencias de la vida en general.
El cometido de la CNBA es actuar como foro de referencia y atrayendo a todos los niveles de la sociedad civil andorrana el debate y la reflexión sobre las controversias éticas y sociales que son de su ámbito de competencia, de manera que esta reflexión sirva a los profesionales, los responsables públicos y a la sociedad en general, en la toma de decisiones en estas materias. El CNBA ha colaborado en la elaboración de la Ley 20/2017, de 27 de octubre, de derechos y obligaciones de los usuarios y profesionales del sistema sanitario y sobre la historia clínica.
En 2014, se creó la Comisión de Participación de las Entidades Cívicas en el ámbito de los servicios sociales y sociosanitarios (COPEC). Las funciones asignadas a la COPEC son las siguientes:
• Contribuir a detectar, definir y cubrir las necesidades y las problemáticas de los servicios sociales y sociosanitarios;
• Participar en la programación, la evaluación y el control de los servicios sociales y sociosanitarios, principalmente mediante la colaboración en la elaboración y el seguimiento del Plan Nacional de Servicios Sociales y Sociosanitarios (PNASS);
• Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo del PNASS en los que se incluyan propuestas y sugerencias que se consideren necesarios para conseguir los objetivos fijados en la normativa aplicable.
Asimismo, el 27 de junio de 2016, se constituyó la Comisión Nacional de Bienestar Social (CONBS) como órgano de carácter político y técnico para la coordinación y la cooperación interadministrativa del Gobierno y los Comuns sobre aspectos de interés común en materia de servicios sociales.
La primera reunión de trabajo de la CONBS permitió tratar la redistribución del ejercicio de las competencias en materia de servicios sociales, que afectan principalmente al servicio de atención domiciliaria. Asimismo, con el objetivo de optimizar la eficiencia de los servicios prestados a los ciudadanos, se han propuesto y analizado diferentes medidas operativas que eviten duplicidades, simplifiquen los trámites administrativos y unifiquen los criterios con vistas a garantizar la igualdad.
De acuerdo con el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica y el artículo 20 de la Ley 1/2015, de 15 de enero, para la erradicación de la violencia de género y doméstica, el 9 de marzo de 2016 se aprobó el Decreto del reglamento regulador de la Comisión Nacional de Prevención de la Violencia de Género y Doméstica (CONPVGD). El artículo 2.1 establece que la CONPVGD es un órgano colegiado de carácter político y técnico y tiene el objetivo de formalizar la coordinación y la cooperación de los diferentes Ministerios y Departamentos de la Administración General implicados en la prevención y la lucha contra la violencia de género y doméstica.
Desde su creación, se han realizado cuatro reuniones en las que se han expuesto los avances en el desarrollo de la Ley 1/2015, de erradicación de la violencia de género y doméstica así como las acciones de prevención y sensibilización en esta materia. Igualmente, al tratarse de un órgano colegiado, se exponen las dificultades y necesidades de cada agente interviniente con el fin de pactar medidas que puedan resolverlas. Durante la última reunión celebrada el día 18 de diciembre de 2017, se ha expuesto a los miembros de la Comisión, los acuerdos alcanzados con el Departamento de Asuntos Sociales, el Cuerpo de Policía, la Batllia y la Fiscalía así como el Ministerio de Salud y el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria sobre la detección, actuación, tratamiento e intervención con víctimas de violencia de género y doméstica. Estos acuerdos forman parte de la denominada Guía de Colaboración que constituye un documento que garantiza la ordenación de las actuaciones de los ministerios y departamentos de la Administración implicados, en la prevención, la asistencia y la persecución de la violencia de género y la violencia doméstica. Esta Guía contiene el protocolo de detección precoz de los casos de violencia de género y doméstica y los circuitos de derivación entre los diferentes departamentos para garantizar una adecuada atención a las víctimas de violencia de género y doméstica y evitar la victimización secundaria.
El Observatorio de la Infancia: El Comité Nacional de Andorra para UNICEF, en colaboración con el Centro de Investigación Sociológica, presenta anualmente el informe del Observatorio de la Infancia que pretende recoger tota la información disponible sobre la infancia, poniendo especial énfasis en los indicadores de bienestar infantil que utiliza UNICEF a escala internacional. Estos indicadores, obtenidos con datos de diferentes fuentes estadísticas, entre ellas también fuentes gubernamentales, representan 7 grandes dimensiones de la vida de los niños: educación, salud y seguridad, bienestar material, entorno familiar y social, infancia vulnerable, estilos de vida y bienestar subjetivo. El objetivo de este sistema de indicadores es de medir la situación de la infancia en el Principado de Andorra y favorecer el seguimiento de la aplicación de la Convención sobre los derechos del niño así como insistir en el debate sobre la falta de datos disponibles sobre el colectivo infantil. En base a estas informaciones, UNICEF Andorra presenta una serie de recomendaciones a las administraciones públicas en particular, y a todos los actores que trabajan para la infancia en el país.

References: artículo 5
 artículo 3
 artículo 23
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 24
 artículo 59
 artículo 85
 artículo 2
 artículo 65
 artículo 93
 artículo 65
 artículo 13
 resolución 
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 2