Source: http://www.derhumanos.com.ar/derechonino.htm
Timestamp: 2014-03-09 19:02:15+00:00

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DERECHOS DEL NI�O:
Por el alto valor doctrinario, transcribimos
lo expuesto por la Comision Interamericana de Derechos Humanos, en su intervenci�n ante la Corte Interamericana con motivo de la Audiencia realizada para dictar la
Opini�n Consultiva
La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño constituyó "la culminación de un proceso durante el cual se construyó el llamado modelo o doctrina de la protección integral de los derechos del niño". Este nuevo sistema se caracteriza por:
i. reconocer a los niños como sujetos de derechos y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección, las cuales deben impedir intervenciones ilegítimas del Estado que vulneren sus derechos, y prever prestaciones positivas que les permitan disfrutar efectivamente sus derechos;
ii. Haber surgido con base en "los aspectos críticos" del modelo de la "situación irregular" que imperó en nuestra región por más de ochenta años;
iii. Dejar atrás la "judicialización" de asuntos exclusivamente sociales y el internamiento de los niños o jóvenes cuyos derechos económicos, sociales y culturales se encuentran vulnerados;
iv. Evitar la utilización de "eufemismos justificados por el argumento de la protección", lo cual impida emplear los mecanismos de protección de derechos fundamentales propios del debido proceso;
v. brindar un trato diferenciado entre los niños cuyos derechos se encuentran vulnerados, y aquellos otros a quienes se les imputa la comisión de un hecho delictivo;
vi. adoptar las medidas de protección que promuevan los derechos del niño y que de ninguna manera los vulneren, considerando el consentimiento del niño y de su grupo familiar;
vii. desarrollar políticas públicas universales, así como "focalizadas y descentralizadas", tendientes a hacer efectivos los derechos de los niños; y
viii. Establecer un sistema de responsabilidad especial para adolescentes, respetuoso de todas las garantías materiales y procesales.
Con este nuevo modelo, "los Estados se comprometen a transformar su relación con la infancia", abandonando la concepción del niño como "incapaz" y logrando el respeto de todos sus derechos, así como el reconocimiento de una protección adicional. Además, se enfatiza la protección a la familia por ser "el lugar por excelencia donde deben efectivizarse en primer lugar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes cuyas opiniones deben ser priorizadas para la toma de decisiones familiares". Esta protección a la familia se basa en los siguientes principios:
Importancia de la familia como "ente de crianza y [ ...] principal núcleo de socialización del niño";
Derecho del niño a tener una familia y a convivir con ella, de manera que se evite la desvinculación de sus padres biológicos o de su familia extendida; de no ser ello posible, se deben buscar otras "modalidades de ubicación familiar" o, finalmente, recurrir a "entidades de abrigo de la comunidad";
y"Desjudicialización" de los asuntos relativos a cuestiones socioeconómicas y adopción de programas de ayuda social al grupo familiar, tomando en consideración que la simple falta de recursos del Estado no justifica la ausencia de estas políticas.
A pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño es uno de los instrumentos internacionales con mayor número de ratificaciones, no todos los países en el continente americano han armonizado sus legislaciones internas con los principios establecidos en ella, y los que lo han hecho han enfrentado dificultades para llevarlos a la práctica.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece dos ámbitos de protección: a) de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en general, y b) el de los niños que han cometido un delito. En este último campo, los niños no sólo deben recibir las mismas garantías que los adultos, sino, además, una protección especial.
El Estado, incluido el Poder Judicial, tiene la obligación de aplicar los tratados internacionales. En ese sentido, la Comisión reconoce que la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con otros instrumentos internacionales, constituyen un corpus iuris internacional para la protección de los niños, que puede servir como "guía interpretativa", a la luz del artículo 29 de la Convención Americana, para analizar el contenido de los artículos 8 y 25 y su relación con el artículo 19, de la misma Convención.
Asimismo, aquellos instrumentos - entre los que se encuentran las "Reglas de Beijing", las "Reglas de Tokio" y las "Directrices de Riad" - desarrollan la protección integral de los niños y adolescentes. Esta implica considerar al niño como sujeto pleno de derechos y reconocen las garantías con que cuenta en cualquier procedimiento en el que se afecten esos derechos. En el sistema interamericano, el niño debe disfrutar determinadas garantías específicas "en cualquier proceso en el cual esté en juego su libertad o cualquier otro derecho. Esto incluye cualquier procedimiento administrativo", artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Dichas garantías deben ser observadas, en especial, cuando el procedimiento significa la posibilidad de aplicar una medida privativa de libertad (llámese "medida de internación" o "medida de protección"). En la aplicación de medidas de privación de libertad de un niño, es preciso considerar dos principios: a) la privación de libertad constituye la ultima ratio, y por ello es necesario preferir medidas de otra naturaleza, sin recurrir al sistema judicial, siempre que ello resulte adecuado; y b) es preciso considerar siempre el interés superior del niño lo cual implica reconocer que éste es sujeto de derechos. Este reconocimiento supone en el caso de los niños se consideren medidas especiales que implican "mayores derechos que [ los que se reconocen ] a todas las otras personas" .
a. Juez Natural: "Toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez que sea competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley". En este sentido, el artículo 5.5 de la Convención Americana contempla la necesidad de que los procesos acerca de menores de edad sean llevados antes jueces especializados.
El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño extiende la garantía del juez natural a los supuestos en los que se trate de autoridades estatales diferentes de los órganos jurisdiccionales, o de mecanismos alternativos, no judiciales, para resolver el conflicto.
b. Presunción de inocencia: no se deberá tratar como culpable a una persona acusada de haber cometido un delito, sino hasta que se haya establecido efectivamente su responsabilidad. La garantía abarca a los niños, imputables o no.
En materia de niñez, las legislaciones latinoamericanas tienden a considerar que se trata de un sistema de derecho penal de autor y no de acto, lo cual vulnera la presunción de inocencia.
Con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño, el juez ejercía un papel "proteccionista" que le facultaba, en caso de encontrarse el niño en una situación de peligro o vulnerabilidad, a violentar sus derechos y garantías. Inclusive bastaba la simple imputación de un delito para suponer que el niño se encontraba en situación de peligro, lo cual atraía la imposición de alguna medida, por ejemplo, de internación. Sin embargo, gracias a la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los jueces están obligados a respetar las garantías de éste. Es necesario "considerar la investigación y eventual sanción de un niño, en función del hecho cometido y no de circunstancias personales." Resulta claro que las debidas garantías no pueden ser desconocidas por el interés superior del niño. Por ello, cuando se presenta al juez un niño inculpado de un delito, y el sujeto se encuentra en especial estado de vulnerabilidad, debe darse "intervención a los mecanismos que haya creado el Estado para ocuparse de esa situación particular", y tratar al niño como inocente, sin considerar su situación personal.
c. Derecho de defensa: incluye varios derechos: contar con el tiempo y los medios para preparar la defensa, tener intérprete o traductor, ser oído, conocer la acusación e interrogar y presentar testigos. Esto mismo se dispone en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En esta garantía subyace el principio del contradictorio y se supera la idea de que el niño no necesita defensa, pues el juez asume la defensa de sus intereses.
El derecho del niño a ser oído contempla la oportunidad de expresar su opinión en cualquier procedimiento en el cual se discutan sus derechos, siempre que esté en condiciones de formarse un juicio propio. Este elemento es angular para el debido proceso del niño, a fin de que "sea leído como una instancia de diálogo, en la que la voz del niño sea tenida en cuenta, de modo de considerar que lo que él o ella consideren respecto al problema de que está involucrado".
d. Doble instancia: (artículos 8.2.h de la Convención Americana y 40.b.v de la Convención sobre los Derechos del Niño): el niño debe gozar del derecho a que un tribunal revise la medida que le ha sido impuesta, para controlar así el poder punitivo de las autoridades. Dicha garantía debe estar vigente en cualquier procedimiento en el que se determinen los derechos del niño, y en especial cuando se apliquen medidas privativas de libertad.
e. Non bis in idem: (artículo 8.4 de la Convención Americana) la garantía de que un niño que ha sido procesado por determinados hechos no podrá ser enjuiciado nuevamente por los mismos hechos, se encuentra contemplada en el artículo 8.4 de la Convención Americana. En la Convención sobre los Derechos del Niño no existe una disposición semejante.
f. Publicidad: (artículo 8.5 de la Convención Americana) vinculada con el sistema democrático de gobierno, esta garantía debe tomar en consideración la privacidad del niño, sin disminuir el derecho de defensa de las partes ni restar transparencia a las actuaciones judiciales, para "no caer en el secreto absoluto de lo que pasa en el proceso, sobre todo respecto de las partes". En la Convención sobre los Derechos del Niño no se encuentra una disposición semejante.
Las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana, poseen un doble valor: intrínseco, mediante el cual la persona es considerada sujeto en el desarrollo de ese diálogo; e instrumental, como medio para obtener una solución justa. En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño "reclama el reconocimiento de la autonomía y subjetividad del niño y establece el peso que su opinión puede y debe tener en las decisiones de los adultos".
El derecho a un recurso efectivo, establecido en el artículo 25 de la Convención Americana, implica no sólo la existencia de un instrumento procesal que ampare los derechos violados, sino también el deber de la autoridad de fundamentar la decisión sobre el reclamo y la posibilidad de revisión judicial de la medida adoptada.
En conclusión, la Comisión manifiesta que la Convención sobre los Derechos del Niño debe ser utilizada por los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos en la interpretación de todas las normas de la Convención Americana, en aquellos asuntos que involucren a niños, y en particular en lo relativo a la interpretación y aplicación del artículo 19 de la Convención Americana. Asimismo, la aplicación de esta última disposición debe hallarse "precedida y acompañada" por el respeto de las garantías contempladas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Finalmente, la Comisión señaló la importancia de que "los Estados, y en particular los jueces, cumplan con la obligación de aplicar los tratados internacionales, adaptando su legislación, o dictando resoluciones que cumplan con los estándares fijados por los tratados de Derechos Humanos".
La Corte no entrar� a considerar en este momento las
implicaciones de las diversas expresiones con que se designa a los
integrantes de la poblaci�n menor de 18 a�os. En algunos de los
planteamientos formulados por los participantes en el procedimiento
correspondiente a esta Opini�n, se hizo notar la diferencia que existe
entre el ni�o y el menor de edad, desde ciertas perspectivas. Para los
fines que persigue esta Opini�n Consultiva, es suficiente la diferencia que
se ha hecho entre mayores y menores de 18 a�os.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22
de setiembre de 2002)
La mayor�a de edad conlleva la posibilidad de
ejercicio pleno de los derechos, tambi�n conocida como capacidad de actuar.
Esto significa que la persona puede ejercitar en forma personal y directa
sus derechos subjetivos, as� como asumir plenamente obligaciones jur�dicas
y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen
esta capacidad: carecen de �sta, en gran medida, los ni�os. Los incapaces
se hallan sujetos a la autoridad parental, o en su defecto, a la tutela o
representaci�n. Pero todos son sujetos de derechos, titulares de derechos
inalienables e inherentes a la persona humana.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22
En definitiva, tomando en cuenta la normativa
internacional y el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se
entiende por "ni�o" a toda persona que no ha cumplido 18 a�os de
edad.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22
1. Que de conformidad con la normativa contempor�nea del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el art�culo
19 de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos, los ni�os son titulares
de derechos y no s�lo objeto de protecci�n.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22
2. Que la expresi�n "inter�s superior del ni�o",
consagrada en el art�culo 3 de la Convenci�n sobre los Derechos del Ni�o,
implica que el desarrollo de �ste y el ejercicio pleno de sus derechos deben
ser considerados como criterios rectores para la elaboraci�n de normas y la
aplicaci�n de �stas en todos los �rdenes relativos a la vida del ni�o.(CIDH,
Opinion Consultiva 17, 22 de setiembre de 2002)
3. Que el principio de igualdad recogido en el art�culo 24
de la Convenci�n Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopci�n de
reglas y medidas espec�ficas en relaci�n con los ni�os, los cuales requieren
un trato diferente en funci�n de sus condiciones especiales. Este trato debe
orientarse a la protecci�n de los derechos e intereses de los ni�os.(CIDH,
4. Que la familia constituye el �mbito primordial para el
desarrollo del ni�o y el ejercicio de sus derechos. Por ello, el Estado debe
apoyar y fortalecer a la familia, a trav�s de las diversas medidas que �sta
requiera para el mejor cumplimiento de su funci�n natural en este campo.(CIDH,
5. Que debe preservarse y favorecerse la permanencia del ni�o
en su n�cleo familiar, salvo que existan razones determinantes para separarlo
de su familia, en funci�n del inter�s superior de aqu�l. La separaci�n debe
ser excepcional y, preferentemente, temporal.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22
6. Que para la atenci�n a los ni�os, el Estado debe valerse
de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes,
medios id�neos y experiencia probada en este g�nero de tareas.(CIDH,
7. Que el respeto del derecho a la vida, en relaci�n con los
ni�os, abarca no s�lo las prohibiciones, entre ellas, la de la privaci�n
arbitraria, establecidas en el art�culo 4 de la Convenci�n Americana sobre
Derechos Humanos, sino que comprende tambi�n la obligaci�n de adoptar las
medidas necesarias para que la existencia de los ni�os se desarrolle en
condiciones dignas.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22 de setiembre de 2002)
8. Que la verdadera y plena protecci�n de los ni�os
significa que �stos puedan disfrutar ampliamente de todos sus derechos, entre
ellos los econ�micos, sociales y culturales, que les asignan diversos
instrumentos internacionales. Los Estados Partes en los tratados internacionales
de derechos humanos tienen la obligaci�n de adoptar medidas positivas para
asegurar la protecci�n de todos los derechos del ni�o.(CIDH, Opinion
Consultiva 17, 22 de setiembre de 2002)
9. Que los Estados Partes en la Convenci�n Americana tienen
el deber, conforme a los art�culos 19 y 17, en relaci�n con el art�culo 1.1
de la misma, de tomar todas las medidas positivas que aseguren la protecci�n a
los ni�os contra malos tratos, sea en su relaci�n con las autoridades p�blicas,
o en las relaciones inter�individuales o con entes no estatales.(CIDH,
10. Que en los procedimientos judiciales o administrativos en
que se resuelven derechos de los ni�os se deben observar los principios y las
normas del debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez
natural �competente, independiente e imparcial�, doble instancia, presunci�n
de inocencia, contradicci�n y audiencia y defensa, atendiendo las
particularidades que se derivan de la situaci�n espec�fica en que se
encuentran los ni�os y que se proyectan razonablemente, entre otras materias,
sobre la intervenci�n personal de dichos procedimientos y las medidas de
protecci�n que sea indispensable adoptar en el desarrollo de �stos.(CIDH,
11. Que los menores de 18 a�os a quienes se atribuya la
comisi�n de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a �rganos
jurisdiccionales distintos de los correspondientes a los mayores de edad. Las
caracter�sticas de la intervenci�n que el Estado debe tener en el caso de los
menores infractores deben reflejarse en la integraci�n y el funcionamiento de
estos tribunales, as� como en la naturaleza de las medidas que ellos pueden
adoptar.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22 de setiembre de 2002)
12. Que la conducta que motive la intervenci�n del Estado en
los casos a los que se refiere el punto anterior debe hallarse descrita en la
ley penal. Otros casos, como son los de abandono, desvalimiento, riesgo o
enfermedad, deben ser atendidos en forma diferente, a la que corresponde a los
procedimientos aplicables a quienes incurren en conductas t�picas. Sin embargo,
en dichos casos es preciso observar, igualmente, los principios y las normas del
debido proceso legal, tanto en lo que corresponde a los menores como en lo que
toca a quienes ejercen derechos en relaci�n con �stos, derivados del estatuto
familiar, atendiendo tambi�n a las condiciones espec�ficas en que se
encuentren los ni�os.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22 de setiembre de 2002)
13. Que es posible emplear v�as alternativas de soluci�n de
las controversias que afecten a los ni�os, pero es preciso regular con especial
cuidado la aplicaci�n de estos medios alternativos para que no se alteren o
disminuyan los derechos de aquellos.(CIDH, Opinion Consultiva 17, 22 de
setiembre de 2002)

References: artículo 29
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 19