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Timestamp: 2018-03-24 00:07:43+00:00

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El derecho de información de socios en relación con la nueva regulación del artículo 204.3 LSC y la Doctrina Dirección General de los Registros y del Notariado – Alejandro Rey Suañez
El derecho de información de socios en relación con la nueva regulación del artículo 204.3 LSC y la Doctrina Dirección General de los Registros y del Notariado
Publicado el 22 noviembre, 2015 por alejandroreysuanez
La reciente modificación de nuestra Ley de Sociedades de Capital, entre otras muchas modificaciones, ha supuesto una más extensa redacción del artículo 204 de tal texto. Y en concreto el punto tercero del mismo.
Con la redacción de este artículo vigente desde el 1 septiembre 2010 hasta el 23 diciembre 2014, el texto del artículo 204.3 LSC, sobre acuerdos impugnables, venía desarrollarse en los siguientes términos;
“[…] 3. No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro […]”
Tal texto, escueto en su desarrollo, ha pasado a disfrutar de una mayor composición, redacción de este artículo vigente desde el 24 diciembre 2014, sobre Acuerdos impugnables
“[…]3. Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos:
Presentada la demanda, la cuestión sobre el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación previstos en este apartado se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento. […]”
En lo que este articulo ocupa, por ser el tema central el llamado derecho de información de los socios, daremos prioridad al análisis del segundo de los puntos de este nuevo 204.3 LSC.
Encuentra el derecho de información de todo socio su origen en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el derecho de información en la sociedad de responsabilidad limitada
Y en concreto, sobre el derecho de información de los socios que hayan sido convocados para aprobar las cuentas anuales de la sociedad, hemos de remitirnos al artículo 272.2 del mismo texto legal;
“[…] A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.[…]”
Nuestra jurisprudencia más pacifica ha venido a definir tal derecho como uno de los más elementales derechos de todo accionista (Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección1ª, Sentencia núm. 653/2014 de 26 noviembre. RJ 2015\29).
En este mismo sentido ha venido a pronunciarse de manera continua la Dirección General de los Registros y del Notariado, creando una reiterada doctrina al respecto;
“[…] el derecho de información, ha sido configurado por la jurisprudencia (vid. «Vistos»), como un derecho esencial, instrumental al de voto (véase no obstante el inciso final de la presente), imperativo e irrenunciable, que se tiene como consecuencia de la condición de socio […]”
“[…] Dicho derecho permite al socio actuar de forma efectiva en el seguimiento de la marcha de la gestión social, controlar las decisiones del órgano de administración, actuar en defensa de sus intereses y tener conocimiento preciso de los puntos sometidos a aprobación de la junta, posibilitando una emisión consciente y reflexionada del voto. […]”
A la luz de tal doctrina, respetada y reiterada en numerosas ocasiones, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su Resolución de 18 de febrero de 2015, con ocasión del intento por un sociedad de depósito de unas cuentas anuales aprobadas en virtud de una Junta cuya convocatoria no respeto todas las prevenciones legales necesarias, y en concreto la referencia al derecho de información de los socios, ha venido a recordar la necesidad de respetar las mismas.
Esta Resolución, por su reciente fecha, ha tenido ocasión de hacer referencia a la nueva redacción del artículo 204.3 LSC. Precepto que viene a reafirmar y recordar la doctrina antedicha sobre el derecho de información y la necesaria valoración de las circunstancias y hechos que hayan traído a la realidad societaria cada convocatoria.
Pero lo que es más importante, como elemento diferenciador de la resolución, se sostiene lo insubsanable de una convocatoria que haya obviado de forma íntegra el derecho de información de los socios, con independencia del porcentaje de aprobación en Junta de los acuerdos a adoptar en la misma.
Algunos de los párrafos más interesantes son;
“[…] Dirección General ha afirmado que tan rigurosa doctrina debe mitigarse en ocasiones afirmando que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista o socio (Resolución de 8 de febrero de 2012). Desde este punto de vista se ha impuesto en casos concretos la consideración de que es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas (vid. Resoluciones de 2 y 3 de agosto de 1993, 26 de julio de 2005 y 29 de noviembre 2012).[…]”
“[…]Esta doctrina ha recibido el respaldo legal como resulta de las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital que si bien es cierto que por la fecha de su entrada en vigor (24 de diciembre de 2014) no son aplicables al supuesto de hecho de este expediente, permiten sostener la doctrina expuesta. De acuerdo con dicha reforma (artículo 204.3 del texto refundido), no procede la impugnación de acuerdos sociales por «la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria…» salvo que se refieran a la «forma y plazo» para llevarla a cabo. El propio precepto permite corregir una aplicación indiscriminada de tales postulados añadiendo que son impugnables los acuerdos cuando se hayan infringido requisitos que por su naturaleza puedan ser considerados relevantes, determinantes o esenciales circunstancia que debe resolverse incidentalmente con carácter previo al conocimiento del fondo del asunto (artículo 204 «in fine»). En definitiva, como se afirma más arriba y por lo que se refiere al objeto de este expediente, son las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha sido o no cumplimentado en términos tales que los derechos individuales de los socios hayan recibido el trato previsto en la Ley.[…]”
“[…]Aplicando las consideraciones anteriores al supuesto de hecho de este expediente el recurso no puede prosperar porque la ausencia total y absoluta de cualquier referencia al derecho de información de los socios en la convocatoria implica una contravención frontal de la previsión legal contenida en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital […]”
“[…]Los argumentos de contrario no pueden modificar tal conclusión. En primer lugar porque lejos de llevarse a cabo la convocatoria con cumplimiento de todas las garantías legales como afirma el escrito de recurso es patente la violación total y absoluta del derecho de información de los socios al no contener la convocatoria mención alguna de su existencia y contenido. En segundo lugar porque con independencia de cuál haya de ser la calificación jurídica de la infracción cometida y el plazo de impugnación que para la misma prevé la Ley vigente, la existencia de la tacha es patente e impide apreciar factor alguno de corrección. En tercer lugar porque los eventuales perjuicios que para la sociedad implique la falta de depósito de las cuentas no conlleva la inexistencia de la infracción sino que ha de llevar a su más pronta subsanación de acuerdo con la conducta exigible a una administración diligente. Finalmente no es admisible el argumento de que el porcentaje de presencia y votación en la junta (ciertamente muy cualificado), ha de llevar a la conclusión de no existe la infracción o que la misma es irrelevante […]”
Para finalmente desestimar el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el registrador mercantil y de bienes muebles de Albacete, por la que se rechaza el depósito de cuentas de unas sociedad correspondientes al ejercicio 2013.
Entrada siguiente El devengo de intereses de créditos contra la masa (STS 19.03.2013)

References: artículo 204
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 204
 artículo 196
 artículo 272
 Resolución 
 artículo 204
in fine
 artículo 272
e contrario