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Timestamp: 2017-09-22 08:06:16+00:00

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Legislación – GuatePrensa
marzo 24, 2016 GuateprensasDeja un comentario
Aumentan conflictos en demanda de tierras en el país
De enero a junio últimos, 226 expedientes de conflictos por tierras ingresaron en la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) en busca de solución, con lo cual se elevan a mil 214 casos, que afectan a más de un millón de campesinos en todo el país.
la acumulación de demandas de tierra genera conflictos, ya sea por la distribución de propiedades, delimitación de linderos o falta de este recurso para cultivar.
Los nuevos casos involucran a 30 mil 236 personas en 14 departamentos, que reclaman 93 mil 228 hectáreas de tierra, según el reporte de Estadísticas de Conflictos Agrarios de julio del 2012, de la SAA.
Cada año la tierra es causa de enfrentamientos y conflictos por distintos motivos.
En el 2012, de los reclamos que se registraron en la primera parte del año, 192 fueron conflictos por disputa de los derechos por tierra; en 20 casos los ocupantes están pendientes de regularizar los títulos de propiedad de las fincas que ocupan; en ocho han sido invasiones, y en seis se trata de problemas limítrofes.
El secretario de Asuntos Agrarios, Élmer López, destacó que este año esa dependencia ha logrado la resolución de 248 conflictos. Sin embargo, aceptó que el número no baja de manera significativa porque la mayoría de denuncias requieren soluciones estructurales que llevan mucho tiempo.
“La mayoría de conflictos se dan porque se trata de fincas cuyos trabajadores las han ocupado por casi cien años, pero viven en un área que no les pertenece”, explicó López. Afirmó que la demanda de tierra alcanza a medio millón de familias en el país.
“Más o menos hay una demanda de 500 mil familias que están pidiendo tierras, y de ellas en los últimos 15 años se ha solucionado el problema a unas 20 mil”, expresó el funcionario, quien a la vez señaló que el gran déficit de solución a la problemática es la razón de que los conflictos no disminuyan.
La SAA busca que los dueños legales de las fincan vendan sus terrenos a las familias que las habitan. Sin embargo, López considera que la solución de este tipo de conflictos agrarios, que representan el 64 por ciento del total, se logrará en el largo plazo, porque depende de la voluntad de los propietarios la decisión de vender las fincas.
“Legalmente no podemos forzar a nadie. El Estado no puede obligarlos a eso”, indicó el jefe de la SAA.
Carlos Aníbal Martínez, analista económico del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipunusac), señaló que el principal riesgo con el incremento de los conflictos agrarios es la ingobernabilidad.
“Se espera que en los próximos meses o años el problema aumente. En la medida que la población rural no sienta la respuesta del Gobierno, en esa misma medida se alterará la gobernabilidad del país”, refirió el analista del Ipunusac. Aseguró que esto se debe a la falta de capacidad de los equipos de los gobiernos que han atendido la problemática.
“Hay un déficit de capacidades y no hay eficiencia de ejecución de los recursos. Además, no hay eficiencia para el procesamiento de los conflictos, porque estos se les diluyen en instancias de diálogo que no llegan a ninguna solución”, expresó Martínez.
Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), expuso que el descontento cada vez se generaliza en los pueblos campesinos, lo cual atribuyó a que el Gobierno favorece el establecimiento de empresas de monocultivos y por eso cada vez hay menos tierras para cultivar.
“Sentimos que el Gobierno no le quiere ‘entrar’ a las propuestas que hicimos nosotros”, enfatizó González. Sostuvo que si no se atiende a los campesinos, el problema puede desbordarse en una explosión social.
“La falta de tierras genera hambre, y el hambre genera descontento de la población. Es una bomba de tiempo”, sentenció el dirigente del CUC.
Pedro Prado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que debe buscarse una solución a los conflictos agrarios, aunque, a su criterio, estos aún no representen riesgo para la gobernabilidad del país.
“A través de la Comisión para el Desarrollo Rural Integral deben coordinarse acciones para minimizar y solucionar estos conflictos”, afirmó Prado.
El informe estadístico de la SAA de julio último registra un consolidado de mil 214 casos acumulados por conflictos agrarios sin resolver. De ellos, un millón 55 mil campesinos reclaman los derechos de 338 mil 935 hectáreas de tierra en los 22 departamentos.
Los conflictos se acumulan: Quiché tiene 330; Alta Verapaz, 199; Petén, 151; Huehuetenango, 132, e Izabal, 115.
El encargado de la SAA espera poder encontrar una solución al menos para 96 conflictos más este año.
226 denuncias por conflictividad agraria se han originado este año.
30 mil 230 personas reclaman derechos de tierra en 14 departamentos.
62 por ciento de conflictos se ubican en Petén, Quiché y Alta Verapaz.
93 mil 228 hectáreas de tierra son reclamadas por campesinos.
El subsecretario de Resolución de Conflictos, Áxel López, se refirió a los casos emblemáticos.
La finca San Miguel Cotoxá, en la Franja Transversal del Norte, El Estor, Izabal, se encuentra ocupada desde el año pasado por 67 familias. Las siete caballerías y media son reclamadas por la empresa cañera Chabil Utzaj.
Cien familias ocuparon un área de dos caballerías de la finca Soledad Cafetal, Retalhuleu. El propietario ofrece arrendar la tierra, pero exige que salgan de su terreno.
La finca Monte Limar, San Marcos, es propiedad de la municipalidad. Las 91 familias que ocupaban el terreno de 800 cuerdas fueron desalojadas, pero piden que se les deje vivir ahí.
En la finca Veracruz, San Juan Bautista, Suchitepéquez, dos grupos de 50 familias cada uno se disputan la propiedad del terreno que mide 7.5 caballerías. La SAA dice que ya se logró un acuerdo que está por concretarse.
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Aumentan-conflictos-demanda-tierras_0_767923236.html
UncategorizedLegislación, Recursos Naturales
INGRESARON 5,054 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN 2011 Se dispara la presentación de medios de impugnación que afectan plazos judiciales
julio 11, 2012 julio 18, 2012 GuateprensasDeja un comentario
El Código Procesal Penal y la Ley del Organismo Judicial enlistan una serie de recursos o medios de impugnación con los que los sujetos procesales pueden ampararse para revertir una resolución judicial o cuando se considere que los juzgadores comprometen su imparcialidad; sin embargo, pese a ser un derecho, muchas veces es utilizado de manera maliciosa para entrampar o retardar un proceso. Una nueva disposición judicial puede revertir los efectos de estas prácticas y agilizar la justicia.
Un acuerdo busca agilizar la justicia, cuando algunos intentan entramparla
Las estadísticas del Organismo Judicial revelan que los medios de impugnación son cada vez más utilizados en el ramo penal del sistema de justicia guatemalteco. Se trata de un derecho procesal, que no siempre se implementa de forma adecuada en los tribunales.
El Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial (Cenadoj) indica que en 2008 ingresaron 3 mil 480 casos de medios de impugnación, entre ellos excusas y recusaciones, apelaciones, apelaciones especiales y amparos. En 2009 la cifra aumentó en un 8 por ciento con la suma de 3 mil 766 casos, mientras en 2010 se elevó un 11 por ciento, con 4 mil 191 recursos interpuestos.
Durante el año pasado, las Salas de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal conocieron 5 mil 54 casos de impugnación, un 20 por ciento más en relación al año anterior. De esta cantidad, se presentaron 394 excusas y recusaciones, 2 mil 203 apelaciones, mil 903 apelaciones especiales y 554 amparos.
Hasta marzo de este año han ingresado mil 51 casos, entre éstos 118 excusas y recusaciones, 409 apelaciones, 399 apelaciones especiales y 125 amparos.
Con estos datos, y con el fin de aumentar el número de casos resueltos y evitar el uso inmoderado de estos medios de impugnación, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en marcha una estrategia, que consiste en tratar de forma más eficaz el reemplazo de los jueces que integran los órganos jurisdiccionales en materia penal, que ya no pueden conocer un proceso por impedimento, excusa o recusación.
César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, explica que el Acuerdo 18-2012, funcionará de la siguiente manera: “Se plantea la recusación en la Audiencia bilateral; si el juez la acepta y las partes también, entonces de una vez la pasan a la Secretaría de la CSJ, para que designe al nuevo tribunal o juzgado competente. Si alguna de las partes no lo afecta o apela, entonces ya no se realiza una audiencia y los magistrados solo analizan si los jueces han resuelto correctamente”.
Barrientos indica que la Sala Tercera de Apelaciones aplicó este acuerdo recientemente, en el caso de la excusa que presentó Silvia de León, jueza Sexta, en el caso del exfiscal Carlos de León Argueta; la Sala resolvió sin lugar ocho días después.
Según el magistrado, el Acuerdo es una pieza clave, porque permitirá que los trámites que duraban aproximadamente cinco meses, se resuelvan, por lo menos, en cinco días.
No obstante, Barrientos manifestó que siempre habrá gente que tratará de interponer recursos de manera maliciosa, porque, según él, se trata de una situación que involucra la ética, y algunos abogados consideran que pueden utilizarlos para recusar “por cualquier motivo”, aunque su naturaleza es corregir las deficiencias y los errores en las resoluciones judiciales, y no retrasar los procesos.
En la línea de generar una disminución en la tardanza de los expedientes, señala que tanto el juez que se excusa como la parte que recusa, deberían tener elementos que fundamenten la impugnación, para probar y basarse en cada una de las causales que señala la Ley para emplear estos recursos.
“En nuestro medio, generalmente cuando lo recusan, aunque no tenga causal, dice, porque dudaron de mi imparcialidad y eso afecta mucho la duración del caso”, indica.
Solventando la situación de las excusas y recusaciones, el Presidente de la Cámara Penal refiere que los datos estadísticos que Cenadoj proporcionó son también una consecuencia al número de respuestas judiciales a los conflictos que se plantean.
“Hemos aumentado la resolución de casos en un 50 por ciento aproximadamente. Por otro lado también reflejan que la justicia se está dirigiendo a sectores más poderosos que antes no eran defendidos con tanto esfuerzo; por la gravedad del caso en los tribunales de justicia, ahora las defensas se inclinan, en algunos casos, por buscar o impedir que la justicia sea efectiva”, explica el togado
“Es una reacción en cadena; si mejora la eficiencia y el acceso a la justicia, y de la misma forma mejora la resolución de casos, paralelamente van aumentando el número de respuestas o de reacciones que se encaminan a evitar el proceso penal o retardarlo”, agrega.
Aunque los medios de impugnación sean un derecho, depende también desde el punto de vista que se analice para saber cuál es el propósito de interponer recursos.
Juan Carlos Ovando es parte del equipo defensor de Héctor Mario López Fuentes, quien enfrenta un proceso penal en el Juzgado de Mayor Riesgo en la jurisdicción capitalina.
López Fuentes es sindicado junto a José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montt, por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. El proceso se ha caracterizado por el planteamiento de recusaciones, apelaciones, amparos e inconstitucionalidades; estos medios han impedido que se realicen las audiencias de apertura a juicio.
De acuerdo con Ovando, por medio de la interposición de recursos, la defensa técnica de los generales retirados busca que el proceso se depure lo más posible.
“Resulta que este tipo de procesos que revisten trascendencia nacional e internacional, por el grado de delitos tiende a crear en los jueces un tipo de presión mediática, por todas la publicaciones de prensa, por los actos que realizan las personas que se sienten agraviadas, la sociedad civil, las entidades de derechos humanos; como defensa consideramos que los jueces tienden a sentirse muy presionados a tomar sus decisiones, entonces tratamos de depurar los procesos interponiendo recursos para tratar de evitar que un juez emita una resolución presionado por este tipo de entidades” señala el abogado.
“No lo hacemos de mala fe, sino tratamos de depurar el proceso para que se emita una resolución eminentemente jurídica y objetiva y no sujeta a ninguna presión mediática ni de ningún grupo”, enfatiza.
Por su parte, Walter Villatoro, juez Décimo de Primera Instancia Penal, refiere que la ley permite que se presenten impugnaciones en contra de las resoluciones que causen agravios a cualquiera de las partes.
“Hay recursos que como jueces podemos resolver inmediatamente, pero la mayoría son elevados a las salas jurisdiccionales y son ellos quienes deciden si aceptan el recurso (…) las recusaciones son derechos que cualquiera de las partes puede plantear. Sin embargo, nunca acepto un recusación, pues no me considero enemigo de nadie, ni tampoco considero que dicto resoluciones parciales”, indicó el juzgador.
Pese a su criterio, Villatoro insiste en que se debe elevar el trámite a la Sala y “obviamente eso significa que puede tardarse, dependiendo del trabajo de la Sala, uno o dos meses; además esa resolución también se puede impugnar con un amparo y entonces caemos a lo mismo” señaló.
El jurista indicó que los recursos son derechos, sin embargo, señaló que debería haber conciencia de parte de los operadores de justicia, ya que de una u otra forma afecta a todas las partes: “Estos medios que interponen, hacen que el proceso se tarde más de la cuenta, y cuando hay personas detenidas afecta enormemente, porque no se puede resolver su situación, afecta los plazos razonables y aunque las personas no estén detenidas, si están ligadas a proceso el hecho de no resolverles su situación jurídica causa una situación de conflicto e incertidumbre” refirió.
Otro gran problema de los recursos, según Villatoro, especialmente en las recusaciones, es que en un caso puede haber cinco o diez personas ligadas a proceso, y si un abogado plantea una recusación contra el juez, afecta a todos, pues no se puede individualizar y conocer aisladamente el proceso. “En muchos casos han sido utilizados como debe ser, bajo el espíritu mismo; sin embargo hay otros casos en que sí afectan el proceso en sí mismo”, concluye Villatoro.
Javier Rivera Clavería, juez presidente del Tribunal Segundo de Instancia Penal, considera que los tribunales de sentencia no “sufren” tanto de la situación de la interposición de recursos para retrasar procesos, porque en ese caso el procedimiento es más simple.
“El juzgado contralor nos impone la fecha de audiencia de inicio de debate oral y público, cuando viene el expediente aquí, solo nos preparamos para eso; entonces, las peticiones fuera de esta audiencia son revisión de medida de coerción, y esta resolución no es apelable, entonces no nos afecta”, explica.
Aunque según Rivera, las circunstancias negativas del proceso no las sufren los tribunales de sentencia, refiere que no comparte que se apelen de forma desmedida: “Debería haber un poco más de honradez de parte de los abogados, especialmente para establecer la calidad de la prueba, pues si la misma demostró en el juicio que la persona es culpable, es muy seguro que la Sala sostenga la sentencia del Tribunal o del juez unipersonal, entonces no tuvo propósito el recurso”.
“¿No hay un problema en los bufetes, en la defensoría y en la fiscalía para justificar el trabajo? ¿No será que es un problema de la idiosincrasia nuestra para justificar el trabajo nada más? Es por eso que yo no comparto la apelación especial, hay casos en que sí quedan dudas, pero cuando la prueba es clara no tiene caso, sin embargo es un asunto de la conciencia laboral en las partes”, concluyó.
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/reportajes-y-entrevistas/161739-se-dispara-la-presentacion-de-medios-de-impugnacion-que-afectan-plazos-judiciales
UncategorizedImpunidad, Legislación
EXPERTO: Expresidente del TSE propone crear un instituto electoral Guerra Roldán: Reforma no debe ser superficial
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Mario Roberto Guerra Roldán, se manifestó contrario a la realización de una reforma a la Carta Magna que en esta ocasión es promovida por el Organismo Ejecutivo liderado por Otto Pérez Molina. Sin embargo, si al final se concretara, advirtió que debería quedar fuera de acomodos políticos.
Guerra Roldán dijo coincidir con Jorge Mario García Laguardia, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad y ex Procurador de Derechos Humanos, entre un sin fin de distinciones, que en una publicación reciente de La Hora comunicaba que todas las reformas constitucionales en el país han sido hechas de mala fe.
En ese sentido, el exfuncionario expuso sobre la reforma constitucional que todavía se encuentra en fase de socialización de parte del gobierno, que está de acuerdo “en una reforma sustancial, que no sea superficial ni de parches ni de acomodamiento político”, por lo que, de manera general está en contra de una modificación a la Carta Magna y que debe desarrollarse la legislación ordinaria pendiente.
Sin embargo, el exmagistrado presidente del TSE dijo que, si se llega a reformar la Constitución, se debería incorporar al texto fundamental que el TSE se convierta en Tribunal Supremo Electoral Jurisdiccional y aparte se conforme el Instituto Nacional Electoral.
Según lo propone Guerra Roldán, las funciones del Tribunal Supremo Electoral Jurisdiccional serían conocer recursos e impugnaciones por las resoluciones que emitiera el Instituto Nacional Electoral o el mismo Tribunal y aplicar sanciones correspondientes a organizaciones políticas, convocar a elecciones de acuerdo a la fecha que considere necesaria, cerrar el proceso electoral y declarar electos a funcionarios como el Presidente y Vicepresidente de la República.
La parte organizativa de las elecciones debería correr a cargo del Instituto Nacional Electoral, para lo cual debería administrar la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) y otras dependencias relacionadas, por lo que desaparecería el Registro Nacional de las Personas.
Por aparte, aunque varios sectores se han pronunciado en contra de lo que han llamado concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia, al ser ésta la que elija a los magistrados del TSE y que incluso el Ejecutivo ya eliminó de su propuesta original, Guerra Roldán dijo que esto ya se hace en varios países como Costa Rica y Chile. “Así que no es nada nuevo”, señaló, “y en países que están tan avanzados democráticamente la Corte Suprema de Justicia es que la designa a los magistrados del Tribunal Electoral”.
La razón de proponerlo es que en el Congreso de la República, Organismo que actualmente elije a magistrados del TSE, “hubo mucha politización”, sobre todo en la última elección y “las bancadas se repartieron a los magistrados y cada quien tomó un candidato y eso crea compromisos”, destacó el experto.
Otra propuesta es que en la elección de diputados se renueve una parte cada dos años y se limite la reelección por dos periodos consecutivos, además que las interpelaciones no impidan que avance la aprobación de leyes y que también se limite la reelección de alcaldes, entre otras cosas.
Por último, Guerra Roldán acotó que en cuanto a la ley electoral, sobre todo se debe modificar que en principio deben ser los partidos los que se deben reformar, destacando el aspecto del financiamiento y propaganda electoral.
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/161760-guerra-roldan-reforma-no-debe-ser-superficial
UncategorizedJusticia, Legislación
Representantes estudiantiles dan a conocer sus demandas
Las ponencias de los representantes estudiantiles durante el segundo día de audiencias en el Congreso coinciden en solicitar más tiempo para dar a conocer la propuesta de formación inicial docente, así como mejoras en infraestructura y maestros con adecuada preparación.
“Las mayores demandas son que se mejoren las escuelas, que se apoye con material didáctico y se facilite el trabajo educativo, lo cual creo que es válido”, dijo Mario Torres, presidente de la comisión legislativa de Educación y mediador de la actual fase de diálogo.
En la segunda jornada de diálogo, ocho escuelas normales expresaron su rechazo a la propuesta de reforma, mientras 15 la apoyan, pero la mayoría de estas coincidió en que se necesita más tiempo para conocer el proyecto.
Ayer se pronunciaron en contra delegados de la Escuela de Educación Física de Salamá, dos de las normales de San Marcos, los cuatro institutos de Totonicapán y la Normal Central para Varones.
Los representantes del Instituto Normal Emilio Rosales Ponce, de Cobán, Alta Verapaz, aunque apoyan el cambio, demandaron su socialización en idiomas mayas, lo que aseguraron que no se ha dado.
“Hay muchas lagunas y solo pedimos que no se apruebe para el 2013 y se prepare un terreno más sólido para una verdadera reforma educativa”, expuso el maestro Érick Hum.
El viceministro de Educación Bilingüe, Gutberto Leiva, reconoció ese vacío en la socialización.
“De los 18 departamentos donde tenemos presencia, haremos lo posible por tener el intérprete inmediato para que llegue esa información en idiomas nacionales”, señaló.
La Escuela Normal Central para Varones, aunque ha mostrado rechazo a la propuesta, ayer explicó que la negativa obedece al aumento de tiempo, no a un cambio de pénsum.
“Reconocemos la necesidad de cambios, pero proponemos a la vez una doble jornada para aumentar la calidad, pero durante tres años”, resaltó Francisco Toca, líder estudiantil.
Intimidación y mala información para representantes de los departamentos son algunas de las acusaciones que hacen los estudiantes y padres de familia contra la propuesta gubernamental.
“Les dan comida y viáticos, y vienen condicionados”, expuso Iris Pineda, madre de un estudiante de la Normal Central para Varones, en alusión a quienes llegan de la provincia.
Jóvenes denunciaron que el Ministerio Público (MP) ha llegado a la Escuela Normal, zona 13, a tomar fotografías y a solicitar expedientes de algunos estudiantes.
La ministra Cynthia del Águila indicó que son procesos del MP, donde no tiene ninguna injerencia, y que las sanciones que se suspendieron son las de la cartera de Educación.
La Fiscalía de Sección de Menores o de la Niñez del Ministerio Público solicitó a la supervisora Educativa del Ministerio de Educación las fichas de inscripción con fotografías de las jornadas matutinas y vespertinas de todos los grados de la carrera de magisterio de los institutos Rafael Aqueche, Inca y Belén.
Según el oficio, las fichas deberán ser entregadas a personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del MP “para la individualización de los estudiantes que han liderado diferentes manifestaciones en contra de la reforma educativa”.
13 Normales se han manifestado en contra de la reforma, de 46 que han acudido a las audiencias públicas.
http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Estudiantes-dan-conocer-demandas_0_734926529.html
UncategorizedLegislación
El Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia (Parj) hizo público ayer que recibe apoyo de la Unión Europea (UE) por €20 millones —unos Q200 millones—.
A esa cantidad el Gobierno debe sumar el compromiso de Q20 millones, es decir el 10 por ciento, “como un signo de buena voluntad”. “Nosotros no imponemos proyectos, apoyamos los proyectos de gobierno”, expresó Stella Zervoudaki, embajadora de la UE.
La diplomática explicó que se espera que con el apoyo financiero se emprendan acciones específicas como la desconcentración de la justicia y la creación de tres juzgados pluripersonales de 24 horas, con oficinas de atención a la víctima, entre otras.
Durante el acto público se explicó que el Parj descansa en cuatro pilares: justicia integral; investigación criminal y persecución de delitos; garantía del debido proceso, rehabilitación, resinserción y reeducación de quienes infringen la ley, y apoyo a la sociedad civil con el amparo de los derechos de la víctima.
Esos aspectos serán apoyados por la UE, por medio de acciones específicas, según lo expuesto durante la presentación del Parj.
En el programa participan los ministerios Público y de Gobernación, el Organismo Judicial, los institutos de la Defensa Pública Penal y de Ciencias Forenses, entre otras instituciones.
Thelma Aldana, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que entre los compromisos que adquirieron con el aporte está mejorar las estadísticas para que la toma de decisiones sea más certera, así como fortalecer los juzgados de Ejecución Penal, entre otros aspectos.
El presidente Otto Pérez Molina expresó su beneplácito con el apoyo de la UE, ya que aseguró que eso permite la integración de las instancias en sus acciones de combate de la inseguridad.
El mandatario afirmó que en los últimos seis meses han disminuido en 16 por ciento los homicidios, y 40 por ciento los secuestros.
Pérez Molina exhortó a los hombre a respetar a sus esposas y a no violentarlas, y a las mujeres, a que denuncien la violencia en sus casas, ya que, aseguró, con ello será posible tener “hogares seguros”.
Mientras, Gudy Rivera, presidente del Congreso, contabilizó que entre el 2004 y el 2011 hubo 29 mil 723 muertos a causa de la violencia en general, y expresó que en el 2012 hay una tendencia a disminuir esa cantidad.
Según Rivera, el 25 por ciento de las denuncias recibidas en el MP han sido depuradas, pero reconoció que solo el 5 por ciento de presuntos homicidas han sido capturados.
Ayuda y acciones
Las instancias que participan en el Programa de Apoyo a la Justicia y la Seguridad son:
El Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal.
También el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Cicig y la Secretaría de Bienestar Social.
Además, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la sociedad civil.
Cada una de las instancias que participa en el Parj recibirá unos Q24.5 millones para emprender las acciones que le corresponden.
http://www.prensalibre.com/noticias/Union-Europea-apoya-justicia_0_734926536.html

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