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Timestamp: 2019-02-15 23:00:15+00:00

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[PSOE] Proposición de Ley sobre los Bebés Robados en el Estado Español. - Simulador de Política Española
[PSOE] Proposición de Ley sobre los Bebés Robados en el Estado Español.
por Joan Gómez el Sáb 8 Dic 2018 - 19:18
Debatimos hoy la Proposición de Ley sobre los Bebés Robados en el Estado español, propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoza, la señora Adriana Lastra Fernández. Adelante.
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LOS BEBÉS ROBADOS EN EL ESTADO ESPAÑOL:
Durante décadas, y hasta etapas muy próximas, en España se ha producido, amparada en la impunidad, una de las mayores atrocidades que ha vivido nuestro país. Un número inmenso de niños fueron sustraídos en cárceles, clínicas y maternidades, y sus familias biológicas siguen sin saber su paradero a día de hoy. En su origen, la sustracción era abiertamente política, auspiciada por el régimen franquista y sus instituciones, siguiendo la ideología de pureza racial impuesta por el doctor Vallejo Nájera: los hijos de las presas políticas eran entregados a familias que cumplían los requisitos patrióticos indicados por las autoridades. Según el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008, fueron más de 30.000 niños los apartados de sus madres en esta etapa. En las décadas siguientes, la represión ideológica, moral, religiosa y de género se cebó con las mujeres pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad: madres de familia numerosa, pobres, solteras, la mayor parte de ellas con graves carencias económicas, culturales y educativas que las hacía ser un objetivo propicio. En todos estos años, la cantidad de bebés desaparecidos fue inmensa. Las diferentes etapas de este deleznable crimen se relacionan a lo largo de una misma línea temporal cuyo hilo conductor es la impunidad en determinadas pautas criminales que llegan hasta época muy próxima. En 2018, después de más de cuarenta años de democracia, la impunidad continúa porque estos niños y niñas que fueron robados en cárceles, hospitales, clínicas, en cualquier centro estatal o privado de cualquier naturaleza o índole, donde las mujeres dieran a luz, continúan hoy desaparecidos, siguen hoy despojados de su identidad y su estado civil, de su derecho a saber quiénes son. Recordándose que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama el derecho a la identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos inviolables que le son inherentes y son fundamento del orden político democrático de nuestro país. Considerando que el artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos reconoce el «derecho humano a la vida familiar», sin injerencias externas, de todas esas madres y padres, hermanos y otros familiares afectados. Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España en diciembre de 1990 contempla el derecho a la identidad como el primer derecho humano que posibilita el correcto ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, tanto para el menor como para sus padres. Además, la expresión «toda persona» del artículo 8 del Convenio se aplica tanto al niño como a la madre. La violación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño conlleva inexorablemente la violación del derecho a conocer la propia filiación y el derecho a la exacta identidad como derecho fundamental (artículos 10 y 18 de la constitución española), ello por la vinculación con la dignidad personal y con el libre desarrollo de la personalidad. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU del año 2006, y que España ratificó en febrero de 2011, establece en el artículo 25: «Los Estados Parte tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada, o de niños cuyo padre, madre o representante legal son sometidos a una desaparición forzada, o de niños nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada; b) la falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños mencionados en el inciso a) supra». Recordando que España en enero de 2011 ha reconocido la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU «para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención» (artículo 31.1) que ha recordado al Estado español que es su deber buscar a las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil y el franquismo y esclarecer su suerte, que la falta de castigo a quienes perpetraron estos crímenes ha estado amparado por una norma legal que puede ser asimilada a la ley de punto final argentina —derogada en 2006—, la Ley de Amnistía de 1977, una norma que para los expertos de la ONU no debe ni puede ser de aplicación a las desapariciones forzosas, puesto que esos delitos son «crímenes de lesa humanidad». Considerando el Protocolo de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, hecho en Palermo el año 2000, igualmente ratificado por España desde diciembre de 2003, y habiendo sido reconocido tanto la desaparición forzada de personas como la compra-venta de seres humanos como eventuales formas de crímenes de lesa humanidad. En julio del año 2014, el relator de la ONU, Pablo de Greiff, volvió a decirle a España que está obligada por el derecho internacional y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que ratificó en el 2009 «fortalecer los esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación» y garantizar un Banco Nacional de ADN que integre «muestras genéticas de todos los casos denunciados». En el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, expuesto en septiembre de 2014 en el 272 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se destaca que en los «“robos” o “secuestros” de bebés, y niños y niñas que habrían ocurrido con posterioridad a la Guerra Civil hasta, incluso, después del retorno a la democracia, las denuncias indican que habrían existido cientos de robos de bebés de las salas de maternidad hospitalaria y que fueron entregados ilegalmente en adopción a cambio de dinero. De acuerdo a la información recibida, en algunos casos dichos robos o secuestros podrían haberse efectuado con conocimiento y/o participación de algunas autoridades o empleados públicos». En dicho Informe se expresa también que el Grupo de trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias «También recibió información sobre el difícil acceso a archivos pertenecientes a la Iglesia Católica. Dado que muchos cementerios están dentro de propiedades de la Iglesia Católica, y que datos de bautismo o de defunciones constan en archivos eclesiásticos, la apertura de estos y la facilitación de su acceso a quienes buscan a personas desaparecidas o niños alegadamente robados, resultaría esencial para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas». Y tal como se expone en el párrafo 29 del Informe: «Los obstáculos presentes en el acceso a la información y a los archivos constituyen un problema principal para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad. En algunos casos ha habido una destrucción deliberada de documentos. Los archivos de seguridad todavía son de acceso difícil o casi imposible. En general hay resistencia a desclasificar o permitir el acceso a documentos. La falta de una ley integral que regule el acceso a la información y a los archivos implica que el acceso a los archivos públicos puede estar reglamentado u operar diferentemente en función de las distintas áreas geográficas o instituciones implicadas. Esto crea situaciones en donde es posible que el acceso a la información pueda depender de la buena voluntad y/o la interpretación normativa del funcionario que atienda la demanda». El Informe Anual del Defensor del Pueblo, del primer trimestre de 2017, expone que los «Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica». El Informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, de noviembre de 2017, elaborado a raíz de la visita de inspección realizada en España del 22 al 23 de mayo de 2017, establece 31 recomendaciones al Estado español basadas en el derecho a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas por el robo de bebés. Las actuaciones hasta ahora desarrolladas no han sido suficientes para abordar este problema desde una perspectiva integral y reparadora. La existencia de diversas iniciativas legislativas autonómicas, con protección sobre cada uno de los territorios respectivos, aconseja promulgar una norma con rango de ley, de carácter general que integre y ofrezca coherencia, desde el plano normativo, a la regulación e investigación de un asunto de tanta gravedad.
1. La presente ley tiene por objeto proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
2. La presente ley se fundamenta en el respeto a los derechos básicos de las personas y se inspira de forma expresa en los Tratados Internaciones ratificados por España en materia de derechos humanos, declarando como principios inspiradores de su interpretación y aplicación:
b) La aplicación de la acción de la justicia sobre los hechos ocurridos.
c) La reparación integral de los daños y perjuicios ocasionados.
1. A los efectos de esta ley, se consideran víctimas de estos delitos:
a) Las personas que fueron sustraídas. Este requisito podrá alegarse, sin necesidad de prueba, mediante declaración jurada que contenga un relato verosímil de los hechos que motivan la condición.
b) Las personas que ostenten cualquier tipo de vinculación familiar, hasta el cuarto grado, con las personas que fueron sustraídas. Dada la dificultad de acreditar fehacientemente el grado de parentesco, se entenderá cumplido este requisito con la aportación de elementos de verosimilitud suficientes, fundamentados en alguna prueba documental o testifical.
2. Tendrán la consideración de poderes públicos obligados por las disposiciones contenidas en la presente Ley:
b) Los organismos públicos, cualquiera que sea su denominación y personalidad jurídica, integrados en las Administraciones Públicas territoriales incluidas en el apartado anterior o dependientes de las mismas, incluidos cualquier tipo de Registro.
c) Las Embajadas y oficinas consulares del Reino de España en el exterior.
d) Los centros hospitalarios y de salud, cualquiera que sea su denominación y personalidad jurídica, integrados en las Administraciones Públicas territoriales incluidas en el apartado a) o dependientes de las mismas.
e) Los Encargados del Registro Civil y sus Delegados.
f) Los archivos militares e históricos y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
3. Quedarán asimismo obligados por las disposiciones contenidas en la presente Ley los siguientes sujetos privados:
a) Los establecimientos hospitalarios o de salud, las residencias, asilos, congregaciones, confesiones religiosas reconocidas por el Estado, fundaciones, asociaciones y similares que existiesen en el momento en que se cometieron los hechos objeto de la presente ley o hayan sucedido jurídicamente a los entonces existentes, o custodien archivos, legajos o cualquier material informativo relativo a los mismos hechos.
b) La Iglesia católica.
Los poderes públicos están obligados a realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de los niños y niñas que pudieran haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y/o sustitución de identidad, bien de oficio o a instancia de las víctimas.
Así mismo habrán de tramitar y resolver las peticiones formuladas por las víctimas en el ejercicio de los derechos contenidos en la presente ley, de conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo común.
Artículo 4. Obligaciones de los sujetos privados.
Los sujetos privados que resulten obligados por las disposiciones contenidas en la presente ley habrán de tramitar y resolver las peticiones formuladas por las víctimas en el plazo máximo de tres meses desde su presentación. Transcurrido este plazo sin resolución expresa, la victima podrá formular demanda para el ejercicio de su derecho ante los órganos competentes de la jurisdicción civil.
Artículo 5. Derecho a la verdad.
1. Las víctimas tendrán derecho al acceso a la documentación que les pueda ser de interés y que obre en los archivos y registros integrados en las Administraciones Públicas o en los organismos dependientes de las mismas.
2. Las víctimas tendrán derecho al acceso a la documentación que les pueda ser de interés y que obre en los archivos y registros pertenecientes a los sujetos privados que ostenten la condición de obligados por la presente Ley.
3. El derecho de acceso comprenderá, en todo caso, la consulta y la obtención de copia, que será gratuita en los archivos públicos. En los archivos privados la consulta será gratuita, pudiendo sujetarse la obtención de documentación al previo abono del importe de su realización por parte del solicitante.
4. En el caso del acceso a los libros de los cementerios, el derecho de acceso comprenderá, con carácter no exclusivo, la información sobre las siguientes cuestiones, en relación con sus familiares fallecidos:
a) Persona que solicitó el entierro de la persona fallecida.
b) Causas declaradas del fallecimiento.
c) Médico que certificó la defunción.
d) Entidad que se hizo cargo del sepelio.
e) Ubicación de las cenizas si las hubiera.
f) Hoja del libro de registro del entierro.
La información será extensiva a todos los datos disponibles relativos a la inhumación de fetos y de criaturas nacidas y supuestamente fallecidas dentro de las siguientes veinticuatro horas al alumbramiento.
5. Las víctimas tendrán acceso a los boletines estadísticos municipales con los que se conformaba el Padrón Municipal, en donde se encuentren consignados los nacimientos comunicados por los hospitales de las diferentes ciudades y localidades, con identificación de los nacidos, por distrito o por hospital.
6. Las víctimas que hayan sido adoptadas y los familiares de los nacidos supuestamente sustraídos tendrán derecho al acceso a los libros de adopciones y expedientes relativos a la protección de menores. Para el ejercicio de este derecho se exigirá prueba documental que acredite el interés legítimo de la víctima.
7. Las víctimas tendrán derecho de acceso a todos los libros de registros de ingresos, partos, prohijamientos y adopciones de residencias públicas e internados de madres solteras dependientes del desaparecido «Patronato de Protección a la Mujer», institución vigente desde 1904, reformada en 1952 y extinguida en 1984, y en la institución de la «obra de protección de menores» creada en el año 1948.
8. Todos los establecimientos y organizaciones referenciados en el artículo 2.2 y 3 tendrán la obligación de conservar la integridad de los archivos donde consten nacimientos, bautizos, defunciones, abortos, inhumaciones, exhumaciones y reducciones de restos, cremaciones, adopciones, tutelas y demás hechos que afecten al nacimiento y extinción de la personalidad y a la determinación y modificación de las relaciones paternofiliales.
9. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior será sancionado administrativamente, sin perjuicio de la posible responsabilidad penal. Un reglamento determinará las infracciones y sanciones aplicables.
1. El Ministerio Fiscal ejercerá de oficio o a instancia de las víctimas cuantas acciones judiciales procedan, en cualquier orden jurisdiccional, para la exigencia de las responsabilidades que correspondan a los responsables de los hechos objeto de la presente Ley y para la reparación integral de las víctimas; todo ello de conformidad con la legislación procesal que resulte de aplicación.
2. Las exhumaciones que sean precisas para la efectividad de los derechos de las víctimas, tanto en terrenos de titularidad pública como privada, serán sufragadas por el Ministerio de Justicia.
3. Las pruebas de determinación del ADN u otras procedentes que sean precisas para la efectividad del derecho de las víctimas se realizarán, a instancia de parte legítima o de oficio, y siempre de forma gratuita por los órganos especializados del Ministerio de Justicia, en concreto por el Instituto Nacional de Toxicología u órgano análogo que pudiere sustituirle en el futuro. Los restos exhumados que no sean reclamados por quienes tengan la consideración de interesados, serán nuevamente sepultados, en las condiciones de dignidad suficientes, por parte de los Ayuntamiento en cuyo término municipal hayan sido hallados.
4. En todo caso, las autoridades fiscales y judiciales asegurarán la cadena de custodia de los restos exhumados y trasladados para su análisis pericial e identificación, para que pueda servir de prueba material y pericial.
5. Cada administración censal pondrá a disposición de la autoridad policial y judicial, a requerimiento de esta, los datos informatizados sobre aquellos nacimientos y defunciones ocurridos en cada una de las provincias o distritos de los niños comprendidos entre cero y cinco años en los casos de censos quinquenales y entre cero y un año, en los casos de censos anuales. Se iniciará con el censo de 1936.
6. Asimismo, la oficina del Registro Civil o, en su caso el Instituto Nacional de Estadística, proporcionará, también de manera informatizada, los datos sobre los nacimientos, abortos y defunciones, así como las modificaciones de filiación por nacimiento durante esos mismos períodos citados para una efectiva investigación.
Artículo 7. Derecho a la reparación.
1. El reconocimiento de la condición de víctimas para los afectados por la sustracción de bebés y adopciones ilegales en España generará el derecho a la obtención de asistencia médica, jurídica y psicológica gratuita en los términos que se precisen reglamentariamente.
2. Las víctimas tendrán derecho al conocimiento de su verdadera identidad y al reconocimiento de esta a todos los efectos, pudiendo en consecuencia ejercitar las acciones de rectificación en cuantos registros, documentos y organismos públicos o privados sea preciso.
3. Las víctimas tendrán derecho a ejercer acciones de reparación de daños y perjuicios contra las personas e instituciones responsables de la privación de sus derechos.
4. Las víctimas serán beneficiarias, de forma gratuita, de los servicios de mediación profesional para facilitar los posibles reencuentros que puedan producirse.
Artículo 8. Derecho a las garantías de no repetición.
Los poderes públicos promoverán las siguientes medidas, en su respectivo orden competencial, para evitar la repetición de fenómenos similares a los hechos que son objeto de la presente Ley:
b) Campañas de información sobre lo ocurrido a través de los medios de comunicación públicos.
c) Exposición de los hechos objeto de la presente ley en los programas educativos de la enseñanza reglada.
d) Formación de los profesores y profesionales de la información sobre estos hechos.
e) Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de estos delitos.
f) La institución de un Día en memoria de los bebes robados y sus familias.
g) La adopción de las propuestas de reforma legal y administrativa en materia de transparencia y acceso a la información en los procesos de acogimiento, adopción y tutela, jurisdicción de menores, así como en la inspección de los establecimientos sanitarios públicos y privados y en los Registros Civiles para introducir las garantías y procedimientos de gestión y verificación tendentes a la erradicación de las conductas constitutivas de sustracción de menores, alteración ilícita del estado civil, y tráfico de seres humanos.
Actuaciones nuevas.
Artículo 9. Base de datos.
1. Bajo la dirección orgánica y funcional de la Fiscalía Especial se confeccionará una «Base de Datos Estatal de Afectados». En su elaboración y funcionamiento participarán los representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas.
2. El censo que genere esta base de datos no será público, a fin de salvaguardar la protección de los datos personales que contenga, pero proporcionará a las personas interesadas copia de la documentación que les afecte, pudiendo facilitarse a los investigadores acreditados que lo demanden todas las informaciones relevantes, bajo condición de estricta confidencialidad. Tan solo se hará públicos los datos estadísticos que deriven del censo.
Artículo 10. Base de ADN.
1. Bajo la dirección orgánica y funcional del Instituto Nacional de Toxicología y organismo que pudiere sustituirle en el futuro se creará un «Banco único de ADN» de carácter estatal y gratuito que contenga toda la información relevante en relación con los hechos objeto de esta ley; su actividad contará con las suficientes garantías de privacidad. En su funcionamiento participarán los representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas, que además facilitarán la obtención de muestras dentro de su ámbito de actuación.
2. En el Banco único de ADN se conservarán las muestras de restos óseos de las distintas exhumaciones llevadas a cabo, con su secuencia de ADN.
3. Las víctimas que hayan formalizado denuncia por los hechos objeto de esta ley, podrá solicitar que le sean tomadas muestras para secuenciar su ADN y compararlas con los datos que se almacenen en este organismo sin necesidad de requerimiento judicial o fiscal. Dichas pruebas deberán ser analizadas en un plazo de tres meses tras su solicitud, evitando el deterioro de las muestras y agilizando de este modo todo el proceso, y especialmente en el caso de personas de edad avanzada.
Creación de órganos.
Artículo 11. Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad.
1. Se crea la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, como ente de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. Esta Comisión contará con el personal técnico interdisciplinar adecuado para cumplir con sus fines. Su composición y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente, garantizando la integración en la misma de representantes de las asociaciones de víctimas.
2. La Comisión aprobará y ejecutará un plan integral nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de asistencia integral a las víctimas.
3. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la identidad el reconocimiento de la condición de víctima a los efectos de esta ley.
4. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la identidad el impulso de las actuaciones oportunas, el asesoramiento integral activo a las víctimas y el seguimiento de la correcta aplicación de la presente ley, sin perjuicio de los controles parlamentarios y jurisdiccionales y del Defensor del Pueblo procedentes.
5. Corresponderá a la Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad la elaboración de un Informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas.
Segunda. Habilitación al Gobierno para el reconocimiento de indemnizaciones extraordinarias.
1. Se autoriza al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, mediante Real Decreto, determine el alcance, condiciones y procedimiento para la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes se les reconozca la condición de víctima según las determinaciones de esta ley.
3. Las indemnizaciones establecidas en esta disposición se abonarán directamente a los propios interesados y serán intransferibles.
Tercera. Fiscalía especial y unidad policial específicas.
1. Se crea la Fiscalía Especial sobre Bebés Robados, directamente dependiente del Fiscal General del Estado. Su implantación, organización y funcionamiento se ajustará a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para las fiscalías especiales.
2. Se crea una unidad de policía judicial especializada en la búsqueda de bebés robados, cuya composición y organización se regulará reglamentariamente.
Cuarta. Asistencia jurídica gratuita.
Se introduce un apartado a) bis en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con el siguiente tenor:
«a bis) Los ciudadanos españoles incluidos en el ámbito subjetivo del artículo de la Ley sobre Bebés Robados en el Estado Español.»
Esta ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en el artículo 140.1. 6.ª sobre legislación procesal y artículo 149.1. 8.ª sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos.
Segunda. Habilitación para el desarrollo.
Se habilita al Gobierno y a sus miembros, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta ley. En el proceso de elaboración de estas disposiciones, incluidas las reglamentarias, se garantizará el trámite de audiencia a las asociaciones representantes de las víctimas.
La presente ley entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, las obligaciones de contenido económico derivadas de las disposiciones de esta ley no serán exigibles hasta que entre en vigor la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio presupuestario.
Re: [PSOE] Proposición de Ley sobre los Bebés Robados en el Estado Español.
por Joan Gómez el Sáb 8 Dic 2018 - 19:57
(Adriana Lastra saluda y sonríe a Inés Madrigal, que se encuentra en la tribuna).
Muchas gracias, Presidente. Señorías, el objetivo de hoy es muy claro: devolver a todas esas personas, como Inés, que han estado luchando constantemente y hasta la extenuación, sus derechos. Como se ha podido ver en la Exposición de Motivos, son muchos los organismos y tratados internacionales los que nos indican que este es un hecho que debe ser combatido. Por mucho que a sus señorías de Ciudadanos solo les interese el artículo 2 de la Carta Magna, en nuestro propia Constitución el artículo 10 apartado 1 nos reza que debemos sacar adelante esta iniciativa.
Apelamos a la responsabilidad de todos los Grupos Parlamentarios. Apelamos a la empatía, a que se pongan en el lugar de quienes fueron robados nada más nacer, y separados de su madre. A que se pongan en el lugar de aquellos que nunca supieron, y de los que siguen sin saber la verdad sobre su existencia. Creo que todos y todas aquí presentes conocemos nuestro pasado, sabemos de dónde venimos. Pues bien, mucha gente no lo sabe, no lo sabe y tienen el mismo derecho que todos nosotros y todas nosotras a conocerlo. No es solo un asunto de integridad de la personalidad y de dignidad, como reza el artículo 10 apartado 1 de la Constitución. También es un asunto de igualdad, igualdad de todas y todos, que es otro de los principios que inspiran nuestra Constitución.
Ya hay un juicio, ya hubo una sentencia. Estos hechos ya están probados. El debate no está en si estos hechos son verdad o no lo son, el debate no está en si es un show mediático o no. Eso ya pasó y se ha demostrado que sí existe. El debate se encuentra en qué hacer, qué soluciones aportar, y cómo actuar ante este problema, con ánimo de subsanar y prevenir, de dar a las víctimas su merecido y asegurarnos de su reinserción en la sociedad y de que puedan saber quiénes son sus verdaderos padres, y no los que les impusieron unos ladrones.
Por lo tanto, señoras y señores, todas y todos los aquí presentes vamos a ser cómplices. Cómplices y partícipes de los robos efectuados en el pasado y de los que puedan llegar a efectuarse. No nos gusta la pena de muerte, porque supone que haya un Estado asesino, no debe haber un Estado ladrón, que haya robado a bebés y los vaya a robar. De todos y todas depende el mensaje que queramos mandar a los que vuelvan a tener la intención de traficar con niñas y niños, de robarlos y robarlas y de volver a cometer estos crímenes fradulentos que hoy intentamos prevenir. E, insisto, señorías, podemos ser cómplices y partícipes de todos los robos que se han efectuado hasta el día de hoy, y de los que a partir de hoy vayan a efectuarse. Si somos quienes pretendemos representar un modelo de sociedad justa, este no es el camino. Es por todo ello que a todas sus señorías, en el día de hoy, solicitamos el voto a favor de la presente Proposición de Ley. Muchas gracias.
(Adriana Lastra vuelve a su escaño entre los aplausos y la ovación del Grupo Parlamentario Socialista. Al llegar al escaño, vuelve a saludar sonriente a Inés Madrigal, presente en la tribuna).
Muchas gracias, señora Lastra.
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Sáb 8 Dic 2018 - 20:18, editado 1 vez
por Zeo Borras el Lun 10 Dic 2018 - 21:38
Pido prórroga
por Joan Gómez el Lun 10 Dic 2018 - 22:23
FDP: concedido, 24 horas más.
por Zeo Borras el Mar 11 Dic 2018 - 17:18
Juan Carlos Girauta, Portavoz del GP Ciudadanos
Señorías. La campaña mediática socialista está carburando en nuestro hemiciclo. Los Grupos Parlamentarios responsables utilizamos el Congreso de los Diputados para controlar al Gobierno, aunque ahora mismo no existe un Gobierno como tal gracias a la cobardía del Presidente Sánchez. Para también legislar en mejoras a la ciudadanía, para dar respuestas a los problemas del siglo XXI, Señora Lastra, si quiere dar su mitin váyase a El País, que le darán un buen masaje periodístico.
Risas de los diputados de ciudadanos.
El Partido Socialista se encuentra sumido en su vía radical, en una vía que hace agua por todos lados y cuyos socios solamente se amotinan en el barco que nos lleva a la nada. Debido a esta deriva socialista, los socialistas han tenido la brillante idea de utilizar de nuevo la época preconstitucional. ¿Cuántas veces nos van a sacar el mismo monotema? ¿Cuando afrontarán los problemas del siglo XXI? ¡El Partido Socialista tiene el gran problema de no cerrar las heridas de su pasado! ¡Ustedes señores socialistas están laminando la concordia entre los españoles para generar algún votante stalinista!
Aplausos de la bancada de ciudadanos.
Señora Lastra, tiene usted una sonrisa preciosa, siempre es de buen recibo ver a una dama sonreír. Pero le pido como ciudadano, que su sonrisa no sea para dividir a los españoles y para confrontarles. ¡Dejé de manipular la historia y acepte que estamos en una nueva era! ¡No quieran legislar para los españoles del 36! ¡No azote los fantasmas del pasado para no hacer ver el fracaso socialista!
Pero es más, viendo su proposición de Ley, quieren hacer una cosa que es ilegal, una acción inconstitucional. Queréis robar los datos de todos los españoles. Artículo 9.1. Bajo la dirección orgánica y funcional de la Fiscalía Especial se confeccionará una «Base de Datos Estatal de Afectados». En su elaboración y funcionamiento participarán los representantes de las asociaciones de víctimas legalmente constituidas. ¡Ustedes se quieren saltar la Ley de Protección de datos! ¡Van a violar los derechos privados de 46 millones de españoles!
Gran ovación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Nosotros no participamos en ninguna moción o proposición contraria a la Constitución Española. Nosotros no vamos a participar en una proposición cuyo objetivo es conocer los datos de los españoles. Por lo tanto, en la hora de votación nos saldremos para no dar validez con nuestros votos a la inquisición Sanchista.
Por último, me gustaría dar un mensaje a Inés Madrigal. Entiendo, que usted ha pasado por una situación complicada, una situación que nadie merece, pero señora Madrigal, usted tampoco se merece que sea manipulada por un Partido Socialista hundido y sin proyecto. Muchas gracias.
(Juan Carlos Girauta vuelve a su escaño entre los aplausos y la ovación del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Al llegar al escaño, sonríe a Adriana Lastra).
por Joan Gómez el Mar 11 Dic 2018 - 17:29
(Protestas y gritos de "¡MACHISTA!" contra Juan Carlos Girauta por parte del Grupo Parlamentario Socialista a causa de sus comentarios machistas).
por Joan Gómez el Mar 11 Dic 2018 - 17:30
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, les llamo al orden. Dejen intervenir con tranquilidad a los y las demás portavoces y portavozas de los grupos parlamentarios, por favor.
por Zeo Borras el Mar 11 Dic 2018 - 17:38
Juan Carlos Girauta y Albert Rivera se ríen cuando los diputados socialistas acusan al Portavoz de Ciudadanos de Machista
por Joan Gómez el Miér 12 Dic 2018 - 2:31
Muchas gracias, señorías. Tiene la réplica la portavoza del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Adriana Lastra Fernández. Adelante, señoría.
por Joan Gómez el Miér 12 Dic 2018 - 3:00
Muchas gracias, Presidente. Señor Girauta, dejen de ser tan sumamente hipócritas de solicitar al Presidente Sánchez que dé el paso cuando ustedes no lo hicieron en Catalunya habiendo sido primera fuerza y pudiendo evitar precisamente un nuevo gobierno de los independentistas. Pero en ese caso ya sabemos que le convenía que siguieran gobernando estos, para así fabricarse su discurso.
¡Ah! Y no les hacen falta a ustedes medios de comunicación que les hagan "masajes periodísticos", porque con su ego ya tienen esa faceta cubierta.
Señor Girauta, yo no sé ustedes, pero en el Partido Socialista si somos algo es legales. Ustedes dicen ser constitucionalistas, y en cambio la desconocen al completo. Al tiempo que su líder va vendiéndose como Doctorando en Derecho Constitucional sin serlo, el único artículo de la Cosntitución que conocen es el n.º 2. Más allá de eso, ni siquiera son capaces de conocer que la denominación "Estado Español" está recogida en la mismísima Constitución, señor Girauta. Tal es el punto de su desconocimiento de la legislación, que no conocen la Ley de Memoria Histórica y con la que estamos obligados y obligadas a cumplir. Tenemos la fortuna de que no ocupen el gobierno, actualmente, pues sería un total despropósito y desgobierno que seguiría las políticas del Partido Popular que han estado apoyando todo este tiempo, pasando olímpicamente de las leyes del país, como la de la Memoria Histórica.
(Aplauso del Grupo Parlamentario Socialista).
Por lo tanto, señor Girauta, deje de hacer el ridículo que ya lo hicieron bastante el otro día con sus rabietas de niños pequeños. Dejen de hacer el ridículo y de decir que reabrimos las heridas... ¡SI ESAS HERIDAS NO ESTÁN CERRADAS! ¿Para qué está la Ley de Memoria Histórica? ¡Para cerrarlas, como en el caso de la exhumación del dictador Francisco Franco Bahamonde! Y eso es lo que pretendemos con nuestra acción ejemplar de Gobierno. Por lo tanto, mire, señor Girauta, será usted irresponsable si no apoya una proposición de ley que según usted es del pasado, pero yo ya le confirmo que se trata de una Proposición de Ley que trata un tema absolutamente actual y que sigue ocurriendo, como son los robos de niños y niñas. Así que, señor Girauta, que esto le viene como anillo al dedo: no hay más ciego que quien, como usted, no quiere ver.
(Fuerte ovación y sonoro aplauso del Grupo Parlamentario Socialista).
Y, otra cosa, señor Girauta, nos dice usted que manipulamos la historia. ¿Sabe usted quién manipula en su discurso? Se lo diré... ¡USTED! ¿Por qué? Pretende vender aquí la supuesta inconstitucionalidad de la Proposición de Ley mintiendo a todos los presentes, y a los y las que nos observan a través de los canales de YouTube del Congreso, o por la televisión. Pretende vendernos que esta Proposición de Ley va a violar los datos de los ciudadanos y las ciudadanas, y que van a quedar al descubierto acabando así con la Protección de Datos. Le recomiendo que, además de leerse la ley, pues ustedes nunca se leen los papeles y hablan de estómago y de bilis, no mienta. Deje de mentir, señor Girauta. ¡En el mismo artículo, en el mismísimo apartado siguiente, el 9.2, dice claramente que el censo que genere la base de datos no será público, a fin de salvaguardar la protección de datos personales! ¿Le parece usted que eso, tal cual lo he dicho textualmente, sea violar la Constitución y la protección de datos? Señorías de Ciudadanos, ¡si es así, presenten un recurso de inconstitucionalidad de esta Ley ante el Tribunal Constitucional en el caso de que sea aprobada! ¡Preséntenla, y veremos cómo una vez más hacen el ridículo haciendo gala de su desconocimiento de las leyes y su falso constitucionalismo, y vuelven a ser humillados como lo fueron por ustedes mismos quedando en ridículo en el Congreso!
Y, por último, señor Girauta, no tiene usted autoridad moral para acusar al Partido Socialista de hacer política con víctimas de robo de bebés como la señora Inés Madrigal. ¡No tienen ustedes autoridad moral porque con gente como Ortega Lara, señor Girauta, por gente como él ustedes estan utilizando a las víctimas, no de robos de bebés, SINO DEL TERRORISMO DE EUSKADI TA ASKATASUNA, para hacer política! ¡Y eso me resulta más penoso y más flagrante, señor Girauta! Por lo tanto, ¡NO NOS DÉ ÓRDENES DE MORALIDAD, NO NOS DÉ LECCIONES, QUE LAS TENEMOS BIEN APRENDIDAS! Muchas gracias.
(Adriana Lastra vuelve a su escaño con el Grupo Parlamentario Socialista recibiéndola en pie y aplaudiendo durante cinco minutos).
Última edición por Jaume Espadà i Guillem el Miér 12 Dic 2018 - 3:07, editado 1 vez
por Joan Gómez el Miér 12 Dic 2018 - 3:07

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