Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88509
Timestamp: 2019-01-24 09:19:15+00:00

Document:
Gaceta: /1PPO-73/88509
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, las fracciones V, VII, IX del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior, presentada por los Senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero, las fracciones V, VII, IX del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior.
I. En nuestro país contamos con cerca de “30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años que representan el 25.7% de la población total” [*], quienes en su mayoría no cuentan con la certeza, ni oportunidades o condiciones ideales para concluir sus estudios medios y acceder a la educación superior.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirma que “en los últimos años, la cobertura de educación superior en México se ha expandido de manera considerable, aunque todavía es significativamente baja frente a los estándares internacionales, insuficiente e inequitativa para atender las necesidades educativas de millones de jóvenes. [*]
En relación a lo anterior, la cobertura de educación superior en México ha permanecido muy por debajo de la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ya que sólo un “17% de las personas de entre 25 a 64 años” han cursado algún nivel de educación superior, mientras que en dicha organización el promedio ronda en el 37%. [*]
Para este año, el sistema de educación superior del país estará llegando a los 4 millones 430 mil 248 estudiantes, [*] inscritos en más de 3 mil instituciones educativas. [*] Estos datos nos muestran que aproximadamente el 37 por ciento de los jóvenes en edad para estudiar estarán cursando la educación superior, “mientras que el promedio de las universidades de América Latina y el Caribe es de 44.4 por ciento.” [*]
II. Se estima que México destina cerca de 4 mil dólares por estudiante de educación superior, mientras que el promedio de los países que forman parte de la OCDE es de 10 mil 759 dólares por estudiante. [*] A esto, debe añadirse lo siguiente:
“La inversión pública federal y estatal en educación superior equivale a 0.91 por ciento del producto interno bruto (PIB) y se estima que el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) alcanzó 0.54 por ciento en 2015, cuando en ese año el promedio en los países de la OCDE fue de 2.38 por ciento.” [*]
Este rezago en la inversión en educación superior debe llamar la atención de las autoridades, ya que invertir en este sector implica diferentes beneficios socioeconómicos, como lo asegura la misma OCDE en su estudio “Panorama de la Educación”, en donde se señala que “las personas con educación superior aún son acreedores a una sustancial rentabilidad de su inversión: tienen 10% más de probabilidades de ser empleados y ganan 56% más en promedio que los adultos que sólo concluyeron la educación media superior.” [*]
III. La impartición de educación superior debe ser considerada como una obligación del Estado, porque como lo ha señalado la misma ANUIES, “el reto es democratizar el acceso a una educación superior de calidad, con independencia de ubicación territorial y condición socioeconómica de los estudiantes.” [*]
Adicionalmente, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, de la ONU, aprobada en 1998, establece entre las “acciones prioritarias en el plano nacional” que los Estados deben crear un marco legislativo para que nadie quede excluido de la educación superior por razones económicas o sociales. [*]
La presente iniciativa propone garantizar el acceso a la educación de calidad y que ésta sea proporcionada bajo condiciones adecuadas. Además, establece la obligación por parte del Estado de impartir educación superior, elevándola a rango constitucional como obligatoria, al mismo nivel que tiene la educación básica y media superior. Adicionalmente, se propone que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, coadyuven para que en nuestro país se logre la universalidad de la educación superior.
Finalmente, la presente iniciativa plantea establecer la obligación del Estado de destinar anualmente al menos el 2 % del PIB nacional a la educación superior. Actualmente, el artículo 25 de la Ley General de Educación, establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán invertir el 8% del PIB nacional al rubro de educación y servicios educativos, así como el 1% del mismo a ciencia y tecnología, sin embargo no contamos con una disposición legal respecto a la inversión en materia de educación superior.
Que reforma el párrafo primero, las fracciones V, VII, IX del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el párrafo primero, las fracciones V, VII, y IX del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación de calidad y en óptimas condiciones. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta, la media superior y superior serán obligatorias.
I. y IV. […]
V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. El monto anual que el Estado destine al gasto en educación y servicios educativos se regirá por la ley en la materia, y para la educación superior no podrá ser menos al 2 por ciento del PIB.
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; administrarán su patrimonio y coadyuvarán en la universalidad de la educación superior. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Para ello deberá:
a) b) y c) […]
SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito público realizará las adecuaciones presupuestales necesarias para el cumplimiento del presente decreto en un lapso no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del mismo, informando de ello a la Cámara de Diputados.
[*] “Estadísticas A Propósito Del Día Internacional De La Juventud (12 De Agosto)” INEGI, 10 de agosto 2017, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juventud2017_Nal.pdf
[*] Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), visión y acción 2030. propuesta de la Anuies para renovar la educación superior en México, https://www.uv.mx/crss-anuies/files/2018/01/ANUIES.-Vision-y-Accion-2030.pdf
[*] Panorama de la Educación 2017 vía OCDE, IMCO, https://imco.org.mx/educacion/panorama-la-educacion-2017-via-ocde/
[*] Los retos de la educación superior en 2018, Jueves,18 Enero 2018, Escrito por Carlos Reyes, Milenio, http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=9738:los-retos-de-la-educacion-superior-en-2018&Itemid=114
[*] “Exige la Anuies terminar con el rezago en educación superior”, 15 de abril de 2018, La Jornada, https://www.jornada.com.mx/2018/04/15/sociedad/029n1soc
[*] Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, ONU, 9 de octubre de 1998, http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm

References: artículo 3
 artículo 71
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 123