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Timestamp: 2019-07-19 10:27:10+00:00

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﻿ SENTENCIA C-6 DE ENERO 18 DE 1996
SENTENCIA C-6 DE 18 DE ENERO DE 1996
CONTENIDO:RESUELVE LA DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD INSTAURADA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 74 (PARCIAL) DE LA LEY 30 DE 1992, "POR LA CUAL SE ORGANIZA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR."
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, REQUISITOS DE LA DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Sentencia C-006 de enero 18 de 1996
Ref.: Expediente D-983
Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 74 (parcial) de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior."
Santafé de Bogotá, D.C., enero dieciocho de mil novecientos noventa y seis.
El ciudadano Jaime Córdoba Triviño, en su calidad de Defensor del Pueblo, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad que establece el numeral 8 del artículo 282 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 7º del Decreto 2067 de 1992 y el numeral 9 de la Ley 24 de 1992, presentó ante la Corte Constitucional la demanda de la referencia contra el artículo 74 (parcial) de la Ley 30 de 1992, “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior".
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos”.
"ART. 53.—...
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el desacanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad".
El Estado garantizará el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores".
Se refiere luego el demandante al principio según el cual “...no se permite regulación diferente de supuestos iguales y se prescribe diferente normación a supuestos distintos”, principio que considera anulado por el legislador, al introducir éste, en el texto del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, la disposición acusada, por cuanto, señala, tanto los profesores de carrera como los ocasionales realizan una misma actividad y cumplen una misma función, no obstante lo cual se encuentran sometidos a regímenes prestacionales disímiles; agrega, que “... al establecer la ley un tratamiento jurídico desigual, reconociendo prestaciones económicas y asistenciales únicamente a los docentes-empleados públicos o de carrera y negándoselas expresamente a los docentes ocasionales, crea una diferenciación que no encuentra apoyo constitucional y que rompe con el carácter general, impersonal y abstracto que aquella debe contener en principio para que sea tenida como una ley justa".
Excluir a los denominados docentes ocasionales del derecho al pago de prestaciones económicas y asistenciales, cuando ellos se encuentran en una situación de hecho igual a la de los docentes empleados públicos, solo se puede entender como una “decisión caprichosa del legislador" que carece por completo de sustento jurídico.
Procede el actor a comparar los elementos constitutivos de la relación que surge, primero entre la universidad y los docentes empleados públicos de carrera, y segundo entre ésta y los docentes ocasionales. Concluye, que los docentes ocasionales, según lo establece la misma norma demandada, desarrollan una actividad académica similar a los docentes de carrera; que al igual que ellos están sujetos al cumplimiento y acatamiento de los requisitos mínimos para ingresar y permanecer como docentes, y que también están subordinados al reglamento de la correspondiente institución, recibiendo como contraprestación de sus servicios, una remuneración que se traduce en una “asignación mensual". Estos elementos se consignan en el acto administrativo que les reconoce sus servicios, el cual, al igual que el producido para el nombramiento de los docentes de carrera, es una resolución. Son pues dichos elementos, en opinión del demandante, idénticos.
"El legislador carece de libertad frente a la realidad del trabajo subordinado y no puede, sin más desconocer su existencia y despojarla de las consecuencias y garantías que le son inherentes" (C. Const., sent. C-555/94, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).
Por último, anota el demandante, que el carácter temporal y transitorio de las relaciones laborales ha servido para vulnerar los derechos de los trabajadores, “...razón por la cual dichos efectos deben desaparecer del ordenamiento jurídico público —como (sic) son los indicados en la norma acusada— y por unidad normativa del régimen laboral privado".
Destaca, que dichas prestaciones son producto de una relación jurídica de interés social y no privado, razón por la cual “están rodeadas" de una serie de garantías tales como la irrenunciabilidad, la incesabilidad, y la inembargabilidad.
Al abordar el estudio de esta categoría, la de profesores ocasionales, el Ministerio Público, se remite a la definición que consagra el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo sobre trabajo ocasional:
"ART. 6º—...trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración, no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del patrono".
Sin embargo, advierte, el Decreto 2351 de 1965, que reformó al Código Sustantivo del Trabajo, adoptado en forma permanente a través de la Ley 48 de 1969, introdujo una nueva categoría, la de los trabajadores transitorios destinados a labores ocasionales, los cuales se vinculan por contrato a término definido que no podrá ser superior a un año. Dice el numeral 2 del artículo 4º del citado decreto:
"Cuando se trate de labores ocasionales o transitorias, de reemplazar temporalmente al personal en vacaciones o en uso de licencia, de atender al incremento de la producción, al transporte o las ventas, o de otras análogas, circunstancia que se hará constar siempre en el contrato, el término podrá ser inferior a un año".
En consecuencia, señala en su concepto el Ministerio Público, en la legislación laboral vigente hay dos clases de trabajadores ocasionales: los que regula el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, cuya vinculación, inferior a un mes, no exige forma escrita y no genera para el trabajador derecho a prestaciones sociales, y aquellos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 4º del Decreto 2351 de 1965, que se vinculan por contrato de trabajo por un término inferior a un año y gozan de prestaciones sociales.
Dentro de la oportunidad correspondiente, se hizo presente el abogado Francisco Ramírez Infante, actuando en nombre y representación del Señor Ministro de Educación Nacional, para manifestar que no existe reparo de constitucionalidad sobre la disposición impugnada, planteamiento que fundamenta en las siguientes razones:
— De conformidad con la redacción del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, la disposición impugnada, “...y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos”, se concluye, en opinión del interviniente, que los docentes ocasionales se excluyen del régimen propio de los trabajadores oficiales, medida que encuentra consecuente con las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, las cuales establecen que los trabajadores ocasionales no gozarán de prestaciones sociales.
— La aplicación del artículo 53 de la C.P. implica que se tengan en cuenta, entre otros, el principio que exige el acatamiento de las normas laborales, luego la disposición impugnada lo único que hace es armonizar su contenido con el concepto de “ocasionalidad" consagrado en las leyes laborales.
— El docente ocasional no está vinculado como empleado público ni como trabajador oficial, pues su vinculación obedece a la necesidad, reiterada en las instituciones de educación superior, de suplir vacancias transitorias, bien sea por enfermedad, licencias, comisiones de estudio etc.; en consecuencia, no tienen derecho al reconocimiento de prestaciones sociales, tal como lo prevé la legislación laboral.
Los ciudadanos Orlando Chávez Varón, José Gustavo Guevara Murcia y Esperanza Arciniegas Lagos, todos docentes ocasionales de la Universidad de la Amazonía, remitieron a esta Corporación escrito de coadyuvancia a la solicitud de inexequibilidad parcial del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, presentada por el Defensor del Pueblo, por considerar que con la aplicación de dicha norma, se les han violado a ellos y otros colegas, sus derechos fundamentales; soportan su petición en los siguientes argumentos:
— La aplicación de lo dispuesto en la disposición impugnada del artículo 74 de la Ley 30 de 1992, genera discriminación y violación del principio de igualdad, por cuanto a pesar de realizar las mismas funciones que los docentes de planta y cumplir con las mismas obligaciones durante los dos períodos académicos del año lectivo, su contratación por resolución permite que sólo se les retribuyan ocho meses de salario y que no se les reconozca ningún tipo de prestación social, desconociendo el principio de irrenunciabilidad que consagra la Carta en su artículo 58.
— Dicha modalidad implica que su contratación se efectúe sólo a partir del día que comienzan las clases y hasta el día que éstas culminan, sin que se tenga en cuenta el período de planeación y preparación académica, el cual si se les reconoce a los docentes de planta, a quienes para el efecto se les remunera el período intersemestral.
— En su calidad de docentes ocasionales, señalan los coadyuvantes, no tienen, como lo manda la Constitución, igualdad de oportunidades frente a los docentes de planta, a pesar de que cumplen las mismas funciones y tienen iguales obligaciones; así mismo, señalan, se les desconoce su derecho a la capacitación, al reconocimiento de puntajes por experiencia calificada, y para acreditar un año de experiencia docente deben laborar 18 meses.
— Este tipo de vinculación viola también, en opinión de los intervinientes, el principio de estabilidad laboral, pues se les obliga a laborar a través de esta modalidad argumentando la congelación de las plantas de personal, no obstante lo cual, se presentan nombramientos discrecionales por parte de las directivas universitarias.
— Dado que el Decreto 1444 de 1992, el cual contiene el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos docentes universitarios, no incluyó la figura del docente ocasional, no obstante que la Ley 30 de 1992, la creó y definió, las directivas universitarias se niegan a aplicar el principio de favorabilidad en la interpretación que ordena la misma Constitución.
— También se niega el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas, en este caso por la institución de educación superior, por cuanto la situación de los docentes ocasionales generalmente se prolonga en el tiempo; por ejemplo en sus casos particulares, acreditan esta condición, hace cinco, ocho y tres años respectivamente, situación que menoscaba su dignidad y viola sus derechos fundamentales como trabajadores.
3. La vinculación de docentes en las universidades estatales u oficiales, en cuanto estas instituciones gozan de autonomía.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior."
"En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores , de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley..." (C. Const., Sent. T-492, ago./92, M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo).
a) Los profesores empleados públicos, los cuales no son de libre nombramiento y remoción e ingresan por concurso de méritos; ellos están sujetos a un régimen especial consagrado, para los docentes vinculados a universidades del orden nacional, en el Decreto 1444 de 1992, y para aquellos vinculados a universidades públicas del orden territorial en el Decreto 055 de 1994, que adoptó el régimen salarial y prestacional consagrado en el primero;
b) Los profesores de cátedra, los cuales se vinculan por contrato de prestación de servicios, celebrados por períodos académicos, y
c) Los profesores ocasionales, categoría que define el artículo 74 de la citada Ley 30 de 1992, de la siguiente manera:
"ART. 74.—Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o medio tiempo, sean requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para éstos últimos".
"...la autonomía universitaria de que gozan las instituciones de educación superior, dedicadas a la formación universal, tanto docente como investigativa, gozan de la prerrogativa constitucional de “darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley". La comunidad científica que conforma el estamento universitario, es autónoma en la dirección de sus destinos, aunque tal autonomía no es absoluta y no excluye la intervención adecuada del estado en la educación, pues este tiene el deber de “regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos". (C.P., art. 67, inc. 5º)..." (C. Const., Sent. C-195, abr./94, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
"ART. 125.— Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley".
Es claro, que en el caso analizado, la categoría “profesores ocasionales" es una creación de la ley, específicamente de la Ley 30 de 1992, por la cual se organizó el servicio público de la educación superior; a través de ella se determinó un régimen especial para particulares, profesores en este caso, que presten temporalmente sus servicios en universidades estatales u oficiales; ella constituye una de las excepciones que estableció el legislador con fundamento en lo dispuesto en el artículo 122 de la Carta.
4. Los profesores ocasionales servidores públicos al servicio del Estado.
Los servidores públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la Carta, son aquellos que desempeñan funciones públicas; algunos de ellos lo hacen de manera temporal, debiendo el legislador establecer el régimen que les es aplicable. En el caso analizado nos encontramos ante docentes que por un período de tiempo determinado prestan sus servicios como profesores en las universidades estatales u oficiales, para quienes las norma impugnada establece un régimen especial que se sintetiza en los siguientes elementos:
— Su vinculación es transitoria por un término inferior a un año.
— Se les exige dedicación de tiempo completo o de medio tiempo
— No son empleados públicos ni trabajadores oficiales
— Sus servicios se reconocen mediante resolución
— No gozan del régimen prestacional previsto para las otras categorías de servidores públicos, disposición esta que constituye el objeto de la demanda.
"Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática." (C. Const., Sent. C-221/92, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
Dijo también esta Corte, en relación con el derecho-deber que constituye el trabajo, que el principio de igualdad a que se refiere el artículo 53 de la Carta, el cual el demandante considera vulnerado con la disposición acusada, “...implica que el trabajador, en lo relativo a su retribución, depende de sus habilidades y de la labor que desempeña, y no de las condiciones o circunstancias de su patrono. Este es el fundamento de una de las máximas del derecho laboral: a trabajo igual, salario igual.
"En conclusión, la Constitución no autoriza el que la condición o las circunstancias particulares del patrono se conviertan en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los trabajadores." (C. Const., sent. C-51,feb./95, M.P. Dr. Jorge Arango Mejía).
Se ha dicho que la categoría “profesores ocasionales”, responde a las singulares necesidades de las universidades, a las características sui generis de su actividad, luego su origen se ubica en circunstancias que en el caso propuesto son atribuibles al “patrono”, la universidad estatal u oficial, y no al trabajador, el cual debe acreditar similares condiciones de formación y experiencia y desarrollar actividades también similares a las de los profesores que ingresan por concurso, a quienes si se les reconocen, como parte de su retribución, las prestaciones sociales.
El hecho de que la institución requiera transitoriamente los servicios del docente, al cual vincula para que cumpla actividades inherentes a sus funciones y naturaleza, la docencia y la investigación, y a quien le exige acreditar requisitos y calidades similares a los docentes de planta, no justifica que se le restrinjan sus derechos como trabajador. Si su vinculación es transitoria, el reconocimiento de las prestaciones sociales será proporcional al término de la misma, pero no se podrá negar, pues ello además de contrariar el principio de igualdad que consagra la Constitución, atenta contra lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta, en el sentido de que “...toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”, las cuales no se dan en un régimen que establece similares obligaciones para unos y otros profesores, pero restringe los derechos y prerrogativas de los ocasionales, vulnerando la dignidad de dichos docentes, que se ven privados del derecho al descanso remunerado, a las primas de servicios y de maternidad, a la cesantía, que precisamente pretende proteger al trabajador en los lapsos en que éste se encuentre desempleado, entre otros, además de ser excluído de los programas de capacitación y mejoramiento profesional.
En el régimen laboral privado, los trabajadores ocasionales, que se vinculan por contrato a término definido, el cual no podrá ser superior a un año, para cumplir labores propias del quehacer del patrono, esto es, en condiciones equiparables a las de los profesores ocasionales, gozan del reconocimiento de las prestaciones sociales; la única excepción es la que consagra el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, referida a trabajadores que se vinculan para el cumplimiento de labores distintas a las que desarrolla normalmente el patrono, por períodos inferiores a un mes, la cual, arguyendo unidad de materia, el demandante solicita que también se declare inexequible, pretensión que no acogerá esta corporación, pues los presupuestos de la modalidad que consagra el artículo 6º del Código Sustantivo del Trabajo, son esencialmente diferentes a los que soportan las modalidades de trabajadores ocasionales del régimen privado, vinculados por contrato a término fijo, y la de profesores ocasionales de las universidades oficiales o estatales.
"...cuando surge la pregunta de por qué son irrenunciables ciertos beneficios mínimos establecidos por las leyes laborales, la respuesta debe apuntar a la conexidad del trabajo con la dignidad de la persona humana y con el libre desarrollo de la personalidad...El Estado Social de Derecho que tiene como fin servir a la comunidad, no puede tolerar que el derecho al trabajo —que es de interés general— se vea menguado por renuncias que el trabajador en estado de necesidad pueda verse forzado a hacer." (C. Const., Sent. C-023, ene./94, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).
6. La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.
Vale reiterar, que no se trata de identificar o fundir en una sola las dos categorías de profesores a que se refieren los artículos 72 y 74 de la Ley 30 de 1992; los profesores empleados públicos que no son de libre nombramiento y remoción, los cuales ingresan por concurso, y los profesores ocasionales, son dos categorías distintas, que se originan en necesidades institucionales diferentes, y que se diferencian en cuanto al modo de vinculación y la transitoriedad de la segunda; sin embargo, en ambas se genera una relación de trabajo que como tal debe sustentarse en el reconocimiento y respeto de los derechos y deberes que para las partes señala la ley. Sin embargo, vale aclarar, que los profesores ocasionales, como tales, no obstante que hayan prestado sus servicios en reiteradas oportunidades y a lo largo de muchos años en la misma institución, no pueden alegar “un derecho adquirido" para acceder a una plaza de carrera docente, ella sólo se obtiene cuando se gana el correspondiente concurso de méritos.
De otra parte, las universidades oficiales han de hacer un uso racional de esta modalidad de vinculación, evitando con ella suplir carencias que se originan en circunstancias de orden financiero y/o político, tales como reducción de costos educativos, congelación de plantas, ausencia de disponibilidades presupuestales, insuficiencia de plazas, etc. El ejercicio de la autonomía ha generado, según información del Icfes, un crecimiento significativo de la oferta educativa del nivel superior, ello a su vez se traduce en la creación de programas, en especial de postgrado, que en muchos casos pretenden, además de atender áreas consideradas de interés o prioritarias, generar ingresos para la institución; dichos programas, dadas sus características, por lo general se apoyan en profesores ocasionales; se trata entonces de planificar técnica y oportunamente el desarrollo de los mismos, previendo los costos que ellos ocasionarán, pues mal podría aceptarse que su “rentabilidad" se fundamente en el detrimento de las condiciones y derechos de esta clase de servidores públicos.
Las estadísticas arrojan cifras que conducen a la conclusión de que la figura del “profesor ocasional" se ha desvirtuado, son varias las universidades oficiales en las que el número de profesores de carrera es sustancialmente inferior al número de docentes ocasionales; así mismo, se evidencian muchos casos, como el de los intervinientes de la Universidad de la Amazonía, en los que la vinculación a través de esta figura se ha extendido por cinco y más años; tales circunstancias no hacen más que contrariar la naturaleza de esta modalidad, necesaria en las instituciones que se dedican a la generación y adecuación de conocimiento científico, a través de la docencia y la investigación, y a la formación de profesionales, y crear situaciones de hecho perjudiciales no sólo para los docentes que afrontan dicha situación, sino para las mismas universidades, que con ello ven afectados su niveles de calidad académica.
7. La solicitud del Ministerio Público.
El Ministerio Público, en el caso analizado, solicita que esta corporación declare exequible la disposición impugnada, referida al régimen aplicable a los profesores ocasionales, “...bajo el supuesto que tendrán derecho a prestaciones médico-asistenciales desde su vinculación y (sic) prestaciones sociales si la misma excede el término de tres meses, previstos para los supernumerarios.". De los argumentos que respaldan su solicitud se concluye, que el Procurador identifica la categoría “supernumerarios”, regulada a través de artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, con la categoría “profesores ocasionales" de que trata el artículo 74 de la Ley 30 de 1992, para la cual reclama el mismo régimen, lo cual es equivocado, pues como ha quedado demostrado, la categoría cuestionada responde a las necesidades singulares, específicas y propias de la organizaciones estatales u oficiales, universidades, que tienen a su cargo la prestación del servicio público de educación superior; homologar una figura con otra, determinar el alcance de la misma, o sus condiciones de aplicabilidad, en síntesis, determinar el régimen aplicable a los particulares que transitoriamente presten sus servicios al Estado, en este caso como profesores ocasionales de universidades estatales u oficiales, es una función que la misma Constitución, de manera expresa, le otorgó al legislador, cuando en el inciso tercero del artículo 125 estableció:
"ART. 125.—La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio".
El legislador, para el caso del servicio público de la educación superior, específicamente de la universidades estatales u oficiales, en desarrollo de la competencia que la misma Carta le atribuyó, estableció, a través de la Ley 30 de 1992, el régimen aplicable a este tipo de trabajadores en dichas instituciones, a los que denominó “profesores ocasionales"; acoger la solicitud del Ministerio Público, implicaría, por parte de esta corporación, invadir esa competencia del legislador, la cual encuentra su origen en el mismo ordenamiento superior.
Lo que si es necesario, para dar cumplimiento al principio de efectividad que consagra el artículo 2º de la Carta, es producir una decisión que asegure, por vía de interpretación, la integridad y supremacía de la Constitución, incorporando, en el ordenamiento legal, los derechos constitucionales que hasta ahora se les habían negado a los “profesores ocasionales”, con el objeto de hacerlos efectivos, y evitando con ello un vacío legal que haría inocua la decisión de esta Corte:
"Por ello, si el juez, —constitucional—, para decidir un caso, se encuentra con una indeterminación legal, ya sea porque el enunciado legal es insuficiente, ya sea porque el enunciado es contrario a la Carta, el juez debe proyectar los mandatos constitucionales directamente al caso, aun cuando de esa manera, en apariencia, adicione el orden legal con nuevos contenidos normativos. El juez en este caso en manera alguna está legislando pues lo único que hace es dar aplicación al principio según el cual la Constitución, como norma de normas, tiene una suprema fuerza normativa." (C. Const., Sent. C-109, mar./95, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
"ART. 73.—...son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente".
Declarar INEXEQUIBLES el aparte del inciso segundo del artículo 74 de la Ley 30 de 1992. “...y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos.”, y el aparte del artículo 73 de la misma ley que dice:
"...son contratistas y su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
"Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente”, por unidad normativa.
José Gregorio Hernández Galindo, Presidente—Jorge Arango Mejía—Antonio Barera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.

References: ARTÍCULO 74
 artículo 74
 artículo 282
 artículo 7
 artículo 74
 resolución 
 artículo 74
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 53
 artículo 74
 artículo 74
 resolución 
 artículo 58
 artículo 74
 resolución 
 artículo 122
 artículo 123
 resolución

 artículo 53
sui generis
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 83
 artículo 74
 artículo 125
 artículo 2
 artículo 74
 artículo 73