Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2018/12/dialogo-social-con-valor-normativo-las.html
Timestamp: 2019-07-17 15:18:30+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Diálogo social con valor normativo. Las medidas laborales, pactadas primero y recogidas en norma después, para la protección laboral de los trabajadores de la minería del carbón. Notas al Real Decreto-Ley 25/2018 de 21 de diciembre, y texto comparado con el RD 676/2014 de 1 de agosto.
El texto, publicado el sábado 22 en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor al día siguiente de su publicación, y es en gran medida transposición a una norma de un acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social entre el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales representativas de las empresas de la minería del carbón y de sus trabajadores y trabajadoras, en concreto el firmado el 24 de octubre, después de haberse alcanzado un preacuerdo el día 17 del mismo mes. Además, y de ahí el título de la entrada, su valor normativo, siquiera sea por la obligada vía de incorporación a una norma, se refuerza justamente por lo que respecta a la entrada en vigor de esta, ya que hay una expresa, y muy importante, excepción a la entrada en vigor general de la norma el día 23 de diciembre, ya que las ayudas sociales a favor de los trabajadores excedentes (art. 1), y dos disposiciones transitorias, una relativa a dichas ayudas y otra a la tramitación de despidos colectivos, producen sus efectos desde el mismo dia de la firma del acuerdo marco que tiene la misma denominación que el RDL 25/2018, es decir el 24 de octubre.El Diario de León calificaba muy gráficamente la norma del siguiente manera: "El BOE recoge el Real Decreto Ley que regula el fin del carbón".
Con carácter más general, y exceptuando los supuestos anteriores, la normativa anteriormente vigente será de aplicación a todos los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del RDL. Igualmente, es importante destacar a efectos jurídicos que la disposición final segunda mantiene el rango de las normas modificadas por el RDL “cuando las mismas sean de rango inferior a este”, siendo el ejemplo más relevante a los efectos de las modificaciones operadas el RD 676/2014.
2. Ahora bien, la historia RDL 25/2018, norma cuyos contenidos más relevantes me propongo destacar en la presente entrada, si bien encuentra su origen directo e inmediato en el Acuerdo Marco de 24 de octubre, posee unas raíces mucho más lejanas en el tiempo que conviene recordar, además de poner de manifiesto que no es la primera vez que se regulan ayudas, laborales y de protección social, a las personas trabajadoras del sector de la minería del carbón, aun cuando en esta ocasión cobran más importancia que en ocasiones anteriores por faltar muy poco para una fecha muy importante para ese ámbito de actividad, el 1 de enero de 2019.
Para conocer toda la historia de los avatares del sector hasta finales de 2016 es obligado remitirse al estudio elaborado en noviembre de dicho año por el Instituto Sindicalde Trabajo. Ambiente y Salud (ISTAS-CC OO) para Green Peace España, titulado “Laminería del carbón en España y experiencias Internacionales de transición justa”.
En el estricto ámbito jurídico deben traerse a colación dos tesis doctorales defendidas, con pleno éxito, en la Universidad de León: la primera, una obra lejana en el tiempo y que puede considerarse de obligada referencia para quienes deseen conocer el marco normativo hasta entonces vigentes, la tesis de la profesora SusanaRodríguez Escanciano, “El régimen jurídico laboral de la minería del carbón”, dirigida por el profesor Germán Barreiro; la segunda, la tesis doctoral presentada en 2010 por Fernando Fernández San Elías (ingeniero de minas) sobre “Laprevención de riesgos laborales en la minería del carbón”, dirigida por el profesor Juan José Fernández Domínguez. No es de extrañar, obviamente, que sea en esta Universidad donde se hayan realizado destacados estudios sobre el sector, tanto por la calidad de su profesorado como por su importancia para el territorio.
3. Mi análisis parte de una norma europea dictada hace ocho años, en concreto de la Decisióndel Consejo de 10 de diciembre de 2010 relativa a las ayudas estatalesdestinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, en cuyo art. 1 se define “cierre” como “el cese permanente de la producción y venta de carbón”, y “plan de cierre” el plan establecido por un Estado miembro “en el que se prevén medidas que lleven al cierre definitivo de unidades de producción de carbón”. El art. 4 preveía la posibilidad de acordar ayudas para cubrir costes excepcionales, disponiendo que “1. Las ayudas estatales concedidas a las empresas que lleven a cabo o hayan llevado a cabo una actividad relacionada con la producción de carbón, a fin de que puedan cubrir los costes que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de unidades de producción de carbón y que no estén relacionados con la producción corriente, podrán considerarse compatibles con el mercado interior si su importe no supera dichos costes. Mediante estas ayudas podrán cubrirse: a) los costes y provisiones de costes, a cargo únicamente de aquellas empresas que estén cerrando o hayan cerrado unidades de producción de carbón, incluidas las empresas que se beneficien de ayudas al cierre; b) los costes a cargo de varias empresas. 2. Las categorías de costes contempladas en el apartado 1 se definen en el anexo. El apartado 1 no se aplicará a los costes resultantes del incumplimiento de las normas medioambientales”.
Pues bien, en dicho anexo se definen tales costes, considerando como tales, entre otros, para aquellas empresas que hayan cerrado o estén cerrando unidades de producción, “y solo si son consecuencia del cierre de unidades de producción de carbón”, los siguientes: “a) el coste de prestaciones sociales derivadas de la jubilación de trabajadores que no tengan la edad legal de jubilación; b) otros gastos excepcionales a favor de los trabajadores que hayan perdido o pierdan su puesto de trabajo; c) el pago de pensiones e indemnizaciones ajenas al sistema legal a los trabajadores que hayan perdido o pierdan su puesto de trabajo y a aquellos que tuvieran derecho a percibirlas antes del cierre; d) las cargas cubiertas por las empresas para la reconversión de los trabajadores a fin de facilitar la búsqueda de un nuevo empleo fuera del sector del carbón, en particular los costes de formación”.
La traslación de esa decisión comunitaria al ámbito estatal español se produjo por medio del “Marcode Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período2013-2018”. En desarrollo de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales representativas del sector se dictaron posteriormente el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, “por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón”, y el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, “por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera”.
El Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE fue autorizado por la Decisión de la Comisión Europea de27 de mayo 2016, C (2016) 3029 final, «Ayuda Estatal SA 34332(2012/NN)-España-Ayudas destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón enEspaña». El importe total de la ayuda concedida ascendía a 2 128,5 millones EUR, para cubrir tanto las pérdidas de producción como los costes excepcionales en virtud del Plan de Cierre para el período 2011-2021. Más concretamente, el importe total de las ayudas para la cobertura de costes excepcionales concedidas en el período 2011-2021 se fijaba en 1 454,6 millones EUR.
Las beneficiarias de las ayudas eran las empresas siguientes: “1. Bierzo Alto, S.L. 2. Carbones Arlanza, S.L. 3. Carbones San Isidro y María, S.L. 4. Carbonar S.A. 5. Carbones del Puerto, S.A. 6. Cía Gral Minera de Teruel, S.A. 7. Cía Astur Leonesa S.A.3 8. Encasur, S.A. 9. Endesa Generación, S.A. 10. Hijos de Baldomero García, S.A. 11. La Carbonífera del Ebro, S.A. 12. S.A. Hullera Vasco Leonesa 13. S.A. Minera Catalano Aragonesa 14. Unión Minera del Norte S.A. 15. Hullera del Norte, S.A”.
El RD 676/2014 se vio modificado en cuanto al período de su aplicación por el RDL 9/2015, de 10de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico, en concreto por su art. 7, regulador de “medidas excepcionales de carácter social y voluntario a favor de trabajadores de empresas de la minería de carbón no competitiva”. En su preámbulo se exponía que la razón que fundamentaba la extraordinaria y urgente necesidad de este precepto era que las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014, de 1 de agosto, se mostraban “claramente insuficientes pues los requisitos establecidos se han previsto para un cese progresivo que culminaría en 2018. Resulta de capital importancia, por tanto, paliar la repercusión que el próximo cierre de las minas puede provocar en las cuencas mineras, donde ya existe un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de reinserción laboral para unos trabajadores que vienen realizando tareas muy específicas, propias de un sector en crisis, en unos puestos de trabajo que requieren unas características físicas singulares del trabajador, en particular, un gran desgaste físico”. Aquello que hizo el RDL fue anticipar al 1 de enero de 2016 la fecha de entrada al sistema de ayudas por edad avanzada de aquellos trabajadores que se habrían incorporado al plan de ayudas en 2017 o 2018, flexibilizando las exigencias de edad equivalente y periodo de cotización, y siendo ello compensado con una minoración del importe de la ayuda. Igualmente, se facilitaba con carácter excepcional el acceso a las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario, a los trabajadores “incorporados a las plantillas de las empresas privadas de la minería de carbón no competitiva en fecha anterior a 1 de enero de 2015 y posterior a 31 de diciembre de 2011”.
4. Llegamos ahora al RDL 25/2018, resultado normativo del acuerdo suscrito el 24 de octubre por las organizaciones empresariales y sindicales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Antes de referirme a su contenido, comparándolo con el marco anteriormente vigente, es oportuno hacer referencia a las valoraciones por las partes firmantes del acuerdo, texto que puede encontrarse en este enlace.
A) En la página web del MTE se publicaba una nota de prensa el mismo día de la firma con el título “El Gobierno y el sector de la minería del carbón firman un acuerdopara la transición justa y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras”, en el que se recogía una amplia información sobre el acuerdo, destacando del mismo que “contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores de las empresas mineras que deban cerrar en cumplimiento de la normativa comunitaria. Se destinarán 250 millones de euros al apoyo de iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras afectadas. Estas ayudas se complementarán con un plan de acción urgente, consensuado con las propias comarcas, que incluirá un plan de restauración de explotaciones mineras y un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética”. El objetivo final del acuerdo sería “la reactivación económica y el desarrollo alternativo de las comarcas mineras para lograr su transformación estructural, recuperación económica y el bienestar social”.
Tras explicar los ejes centrales del acuerdo, destacando a mi parecer la referencia a que permite la prejubilación de los empleados con, “al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado”, y que “los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización”, así como también la creación de una bolsa de trabajo, de la que también podrán formar “los trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares a las empresas objeto de este acuerdo”, la nota informaba del cálculo efectuado sobre los posibles trabajadores afectados, alrededor de unos 600, de los que cerca del 60 % cumplirían las condiciones pactadas para poder acogerse a la prejubilación.
Lógicamente, la nota hacía especial énfasis en el plan de acción urgente para las comarcas mineras afectadas por el cierre de las instalaciones de minería, explicando como podrán ser utilizados los 250 millones de euros asignados al efecto, de tal manera que el plan favorecerá el impulso económico de las comarcas mineras a través de estas actuaciones: “1. Plan para la restauración de explotaciones en comarcas mineras 2019-2023, que tendrá como objetivo mitigar el impacto de la pérdida de empleo a corto plazo en las zonas y asegurar la clausura de las instalaciones y la restauración del espacio natural afectado por la actividad minera. 2. Plan de Desarrollo de Energías Renovables y Eficiencia Energética 2019-2023. 3. Elaboración de Contratos de Transición Justa para las comarcas afectadas con el objetivo de crear y fijar empleo a medio y largo plazo. Estos contratos, que se firmarán entre el Gobierno de España y las administraciones competentes, ofrecerán un acceso asistido y ágil a las ventanas de apoyo financiero disponible en la Administración General del Estado, a los fondos europeos y ofrecerán incentivos fiscales, entre otras medidas”.
Por fin, cabe destacar que en su intervención en el acto de la firma, la Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, defendió el valor y la importancia del diálogo social para llegar a acuerdos como el ahora alcanzando, subrayado que en el mismo se encontraban “.muchas de las soluciones necesarias para que las transiciones que se han de emprender desde los empleos de hoy a los del mañana demuestren solidaridad con los afectados y garanticen la cohesión social”.
B)Por la Federación de Industria,Construcción y Agro de UGT (UGT FICA), se valoró el preacuerdo alcanzado el 17 de octubre, convertido formalmente en acuerdo el 24, como "razonable y positivo" para lograr “una transición energética justa para la minería del Carbón y el desarrollo sostenible para las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, que no haya salidas traumáticas en el sector y que además tiene en cuenta una discriminación positiva de las comarcas mineras en materia de reactivación”. En un mensaje dirigido a mi parecer tanto al conjunto de la ciudadanía como muy en especial a la población de los territorios afectados por los cierres, manifestaba que “ha mantenido desde el principio una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono como parte de nuestro mix energético, y por ello ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del año 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva”.
La nota destacaba que “Los trabajadores afectados por el cierre de empresas y que no tengan derecho a prejubilación podrán optar por la recolocación en aquellas empresas que continúen a partir del 31/12/2018, y a tales efectos de recolocación de los trabajadores prevista en este acuerdo, se considerarán excedentes a aquellos trabajadores que hayan prestado servicio en empresas auxiliares (contratas y subcontratas) de las empresas mineras”, así como también que para los trabajadores excedentes, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) “articulará con las CC.AA. su participación prioritaria en las actividades de restauración que se faciliten con las ayudas previstas en este acuerdo, en la normativa que se establezca para apoyar los proyectos de rehabilitación contenidos en el Plan para la Restauración de explotaciones en comarcas mineras 2018-2023 (dentro del Plan de Acción Urgente en Transición Justa), de forma que la recolocación de estos trabajadores se establezca como uno de los criterios prioritarios para acceder a la financiación pública”.
C) Para la Federación de Industriade CCOO, con el acuerdo suscrito el 24 de octubre se supera una época de incumplimientos de anteriores gobiernos y de abandonos de las empresas afectadas, y se encuentra una solución para quienes trabajan en el sector y “que están en una situación crítica”. Mirando hacia el futuro, el sindicato afirmaba que “Nada termina hoy”, y que con la firma del acuerdo “empieza el trabajo”, recordando que “la comisión de seguimiento del acuerdo se reunirá cada seis meses para comprobar que todo va por el buen camino” y que “reclamará al Gobierno central y a los autonómicos que cumplan su compromiso de trabajar para reindustrializar las comarcas mineras y generar bolsas de empleo para los trabajadores y trabajadoras de las contratas y de la industria auxiliar. El sindicato cree que ha llegado el momento de facilitar una transición justa para las personas y para las comarcas mineras de Aragón, Asturias, Castilla y León y Puertollano que tanta riqueza han generado”.
D) Bastante más crítica se mostró la Federación de Industria de la Unión Sindical Obrera, también firmante del acuerdo, por no haberse incluido en el acuerdo a los trabajadores de las subcontratas. En la nota de prensa publicada el día de la firma, el secretario general de la Federación, Pedro Ayllón, calificaba el acuerdo de “insuficiente y excluyente”, porque “a pesar de que es necesario de cara a la situación que existe en el sector, debería ser más justo y equilibrado con los trabajadores de las subcontratas, ya que a igual trabajo, iguales condiciones de salida de los trabajadores”.
En la rueda de prensa posterior a la firma, Ayllón recordaba que desde 2013, la USO estableció un compromiso con los trabajadores de las empresas subcontratadas y con la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, “cuestiones que hasta última hora hemos puesto encima de la mesa como un elemento prioritario que debería incluirse, para que los miles de trabajadores de esas subcontratas tengan oportunidades en la bolsa de empleo y en la formación y sean considerados excedentes prioritarios a la hora de la recolocación activa”, afirmando que el sindicato no entendía como “trabajadores que cotizan en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, que trabajan en empresas que reciben la titularidad de la explotación y que están expuestos a los mismos riesgos que los trabajadores de las empresas del Anexo del Acuerdo, puedan estar excluidos de su ámbito de aplicación y que no les aplican las ayudas sociales por costes excepcionales”, si bien manifestaba su satisfacción, “sacaba pecho”, porque, “con el rechazo por parte de la Administración y del resto de organizaciones sindicales, FI-USO ha conseguido incorporar al texto del acuerdo un apartado específico para este colectivo donde “los trabajadores de las subcontratas tendrán prioridad en la formación y recolocación en los proyectos de empleo, y se tendrá en cuenta su antigüedad en la cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón”.
5. En el preámbulo del RDL 25/2018 se encuentran explicaciones sobre la necesidad de la norma que son sustancialmente idénticas a las de acuerdos y normas anteriores, por una parte, y otras de carácter más novedoso y que son las que a juicio del gobierno justifican la aprobación del RDL, cuya convalidación en sede parlamentaria no creo que plantee problemas, dado que medidas semejantes se aprobaron en 2014 durante el mandato del gobierno del Partido Popular.
Entre las primeras, se encuentra la referencia al mantenimiento en la actualidad por parte de las comarcas mineras productoras de carbón de “un alto nivel de dependencia económica de la industria minera del carbón”, que supone “un volumen todavía importante de trabajadores en plantilla, con una dilatada experiencia profesional en la minería del carbón y un significativo desgaste físico, en unas zonas donde existe un elevado índice de desempleo y limitadas oportunidades de reinserción laboral, lo que, unido a la situación crítica de las empresas del sector, limita notablemente el mantenimiento de un cierto nivel de empleo más allá del 31 de diciembre de 2018, en dichas regiones”.
Para dar respuesta a esta situación, en términos tanto de mejora de la situación económica y social de las comarcas afectadas, como de las personas trabajadoras que se vean afectadas por los cierres de empresas, se firmó el “Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027”, que ahora se recoge en el RDL y que tiene por finalidad extender más allá del 31 de diciembre del 2018 el ámbito de las medidas sociales amparadas por el artículo 4 de la Decisión 2010/787/UE, “a fin de facilitar su acceso al conjunto de los trabajadores afectados, a la vez que se mantienen, asimismo, las medidas dirigidas a impulsar económicamente a las comarcas mineras e incentivar el empleo en los municipios mineros afectados”.
Las dos líneas maestras del acuerdo, y ahora de la norma quedan recogidas en estos dos párrafos del preámbulo del RDL 25/2018 que por su importancia reproduzco textualmente a continuación.
“Por tanto, en la fecha límite de 31 de diciembre de 2018, las empresas que forman parte del citado Plan de Cierre de la minería no competitiva deben poder optar a ayudas que cubran los costes de la reducción de su todavía voluminosas plantillas, conforme al citado artículo 4 y, a la vez, ha de garantizarse, en dicha fecha, al conjunto de las plantillas de excedentes de la minería del carbón las prestaciones sociales financiadas con cargo esas categorías de ayudas o, al menos, el derecho a una prestación contributiva por desempleo por el periodo máximo legal, en su calidad de excedentes de la industria minera del carbón, como un modo de paliar la repercusión que la pérdida de los puestos de trabajo genera en dichas zonas.
Pero para que la transición sea justa también es preciso asegurar, a partir de 2019, la continuidad de la política de reactivación de las comarcas mineras, extendiendo su ámbito de vigencia y facilitando su impulso económico mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, de proyectos de restauración del espacio natural afectado por la actividad minera, o bien de actividades económicas alternativas que favorezcan la generación de nuevos empleos”.
6. A continuación, pongo a disposición de los lectores y lectoras, en primer lugar el texto comparado de las disposiciones del RDL 25/2018 y aquellas del RD 676/2014 que son expresamente modificadas por el primero. A continuación, y esta es la parte verdaderamente importante a mi parecer, efectúo la comparación de la regulación de las ayudas excepcionales reguladas en ambas normas, en el bien entendido que las del RD 676/2014 han sido expresamente derogadas, junto también con el art. 7 del RDL 9/2015, por la disposición derogatoria del RDL 25/2018, y considero conveniente hacerlo porque de esta manera se puede tener una correcta perspectiva de la importancia del cambio pactado. Por último, me referiré a los contenidos más relevantes de las disposiciones transitorias.
Con respecto a las ayudas, en la nota de prensa delMTE publicada el viernes 21 de diciembre, de explicación del RDL, se expone que esta norma “actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón. Este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional”, así como también que “determina la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero, que serán destinados a las políticas de transición justa y de lucha contra el cambio climático”. En efecto, la mención expresa a esta cantidad se encuentra recogida en la disposición transitoria quinta, 1 b), acompañada de la cantidad de 1.000.000,00 miles de euros “para financiar los costes del sistema eléctrico previstos en la Ley del Sector Eléctrico, referidos a fomento de energías renovables”.
7. Texto comparado de las disposiciones del RD 676/2014 modificadas por el RDL 25/2018.
RD 676/2014
RDL 25/2018.
Art. 1, primer párrafo
8. Texto comparado de los arts. 7 (derogado) y 8 del RD 676/2014 (derogado el apartado 1) y del art. 1 del RDL 25/2018.
(Apartado 1 derogado)
9. Texto comparado de los arts. 14 (derogado), 15 (derogado) y 16 del RD 676/2014 y del art. 2 del RD 25/2018.
Artículo 14. Requisitos. (Derogado)
Artículo 15. Exclusión de las ayudas sociales por costes laborales mediante bajas indemnizadas. (Derogado).
10. Texto comparado del RD 675/2014 y del RDL 25/2018.
RD 675/2014
11. Las disposiciones adicionales primera y segunda regulan, respectivamente, la situación de aquellos trabajadores en proceso de incapacidad permanente revisable y el acceso a la bolsa de trabajo para trabajadores excedentes, respectivamente. Para poder aplicar la primera, el acceso a las ayudas de quienes puedan proceder a la reincorporación a su puesto de trabajo una vez finalizada la suspensión del contrato, las empresas en las que presten sus servicios tendrán que comunicar al IRMC, en el plazo de un mes a contar a partir del 23 de diciembre, “ la relación de trabajadores de su plantilla respecto de los que subsista la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un periodo de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se haya declarado la incapacidad permanente revisable”.
Sobre la segunda, la única en la que se encuentra una mención expresa a los trabajadores de las subcontratas, cabe decir que el IRMC será quien gestione la bolsa de trabajo, pudiendo acceder voluntariamente a ella los trabajadores excedentes que no perciban prestaciones vinculas a las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada, que tendrá por finalidad facilitar el acceso a cursos formativos y de orientación que favorezcan la incorporación de aquellos al mercado laboral, disponiendo expresamente, y con plena corrección jurídica competencial, que “Esa actividad habrá de coordinarse y programarse en el marco de las competencias en materia de formación profesional para el empleo que ostenten las comunidades autónomas implicadas”.
La disposición transitoria primera regula el régimen transitorio de las solicitudes de ayudas sociales, previendo que podrán causar derecho a ellas los contratos extinguidos entre la fecha de la firma del acuerdo y la de entrada en vigor del RDL 25/2018, siempre que se cumplan los requisitos en la norma y que la extinción se haya producido a consecuencia de la tramitación de un procedimiento de despido colectivo. No solo es necesario que se cumplan ambos requisitos, sino también que la comunicación del despido colectivo o de la extinción de los contratos “haya advertido de la sustitución de la indemnización legal que corresponda por las ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, así como, el compromiso de la empresa de readmitir al trabajador en el supuesto de quedar excluido del anexo de la resolución por la que se estime la concesión de las referidas ayudas”, recordando la norma que la readmisión “tendrá los mismos efectos legales que los previstos para los despidos declarados nulos”.
Más referencias a la tramitación de los PDC se encuentran en la disposición segunda. En esta, se dispone que si en la fecha en que se produzcan las extinciones de los contratos, no se hubiese incorporado al PDC la resolución de concesión de ayudas sociales por costes laborales para trabajadores de edad avanzada o mediante bajas indemnizadas, “las empresas beneficiarias tendrán que comunicar a la Autoridad Laboral la citada resolución, tan pronto como la reciban, así como la relación de todos sus trabajadores excedentes, con y sin derecho a tales ayudas, con opción a la prestación de desempleo de nivel contributivo por el período máximo legal”, dando cuenta de esas la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, “al objeto del reconocimiento, por una sola vez, de la prestación de nivel contributivo por el período máximo legal, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimonovena de la Ley 4/1990, de 29 de junio, con efectos de la fecha de la extinción efectuada en virtud del referido procedimiento de despido colectivo”. Para los trabajadores que pudieran quedar excluidos de las ayudas, la empresa deberá proceder a su readmisión, “con los mismos efectos legales de los despidos declarados nulos”.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 4
 Real Decreto 

Artículo 14

Artículo 15
 resolución 
 resolución 
 resolución