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Timestamp: 2020-08-14 13:22:21+00:00

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por Sergio Clavero Miguel | Mar 29, 2020 | empresa, laboral
Ampliación plazo de las resoluciones de ERTE en Aragón
Como ya examinamos, el Real Decreto-Ley 8/2020 establecía modificaciones procedimentales a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para adecuarlos a la crisis sanitaria en la que nos encontramos, en la esperanza de ser el instrumento laboral oportuno para el mantenimiento del empleo en nuestro país, como ya señalamos en «modificación régimen Erte por coronavirus».
De entre las especialidades procedimentales que el Real Decreto establecía, el artículo 22.2 c) atribuía el exiguo plazo de cinco días para la adopción de la resolución de la Autoridad Laboral en los términos siguientes:
La lógica avalancha de procedimientos ante la Autoridad Laboral ha supuesto en Aragón la imposibilidad de llevar a cabo una mínima instrucción necesaria para llevar a cabo las resoluciones procedimientales, circunstancia que ha supuesto la necesidad de ampliación plazos de resolución por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo.
Orden de 27 de marzo de 2020 que amplía plazo de la resolución ERTE en Aragón
La Orden de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planificación y Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, publicada ese mismo día 27 en el BOA en un fascículo especial de la edición del diario oficial, eleva el plazo hasta los 10 días, circunstancia que justifica en la imposibilidad de atender con todo el personal destinado la tramitación de los expedientes.
La Orden justifica materialmente la adopción de la ampliación de plazos de resolución literalmente en : «hay que indicar que el personal de la citada Dirección General dedicado a la tramitación de los expedientes (7 personas) ha sido ampliado hasta 85 por la incorporación de todo el personal disponible del departamento, al que se le está dando la formación necesaria, de forma rápida y eficaz, con la dificultad añadida de la especialización de la normativa laboral de aplicación», circunstancia que habla bien a las claras del gran número de expedientes que han entrado ya en el Gobierno de Aragón (más de 1500 según la Orden) y los que se espera entren.
Importancia de la ampliación de plazos de resolución a los efectos del silencio administrativo
La Orden autonómica tiene fundamentalmente una implicación técnico-jurídica importante, puesto que de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo la inexistente resolución del ERTE en plazo por la Autoridad Laboral supone entender la misma aprobada por silencio administrativo y ello, por cuanto ni el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, ni el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, fijan las repercusiones del silencio administrativo por parte de la autoridad laboral, por lo que, atendiendo al régimen del silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado regulado en el art. 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre, como regla general, se otorga al mismo sentido positivo, salvo que se establezca lo contrario en las normas que en el citado artículo se señala.
Esa ampliación de plazos de resolución de los ERTE, además, no solo afecta a los expedientes que se tramiten a partir de la fecha de publicación de la Orden, sino que precisamente y en atención a su fundamentación jurídica -basada en el artículo 23.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que permite esa ampliación iniciado el procedimiento- entendemos que se aplica a la totalidad de los procedimientos ya iniciados ante la Autoridad Laboral Aragonesa.
por RC Gestión Jurídica | Mar 28, 2020 | empresa, laboral
Medidas para la protección al empleo en la crisis sanitaria
El Real Decreto Ley 9/2019 de 27 de marzo, publicado el día 28, introduce una serie de medidas de protección al empleo en la crisis sanitaria del COVID-19 que complementan y aclaran las medidas ya contempladas en el Real Decreto-Ley 8/2019 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 del que ya nos hicimos eco en las entradas «modificación ERTE por coronavirus» y «cese de actividad del autónomo por coronavirus» en el que tratábamos de simplificar las dos medidas fundamentales puestas en marcha por el Gobierno en el estado de alerta en el que nos encontramos.
Novedades en el régimen de los ERTE. Silencio positivo y recordatorio del régimen sancionador en situaciones de fraude.
La Disposición Adicional Primera de la norma puntualiza que la duración de los ERTE por fuerza mayor que hayan sido aprobados por silencio administrativo queda limitada al periodo en el que se mantenga el estado de alarma, en iguales términos que los aprobados por resolución expresa de la autoridad laboral.
Precisamente por el juego del silencio administrativo (no resolución en el plazo determinado de cinco días desde la solicitud) y ante la lógica proliferación de ERTEs no aprobados expresamente por la Autoridad Laboral, se efectúa un recordatorio de imposición de sanciones a los empleadores que presenten solicitudes de ERTE falsas o incorrectas que provoquen el otorgamiento de prestaciones por desempleo a trabajadores que no cumplieran los requisitos o, expedientes de regulación temporal de empleo en situaciones en las que no se tengan conexión suficiente con el estado excepcional. Lógicamente para el caso de que se produzcan situaciones de fraude corresponderá al empleador el pago de las cuantías abonadas por el SEPE al trabajador.
Dos son los elementos fundamentales al respecto de las medidas de protección al empleo, una, la relativa a la imposibilidad de despido por fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; y otra en relación a la prórroga de los contratos temporales objeto de suspensión.
Imposibilidad del despido, con matices.
El artículo 2 del Real Decreto 9/2009 introduce una medida excepcional para la protección del empleo al eliminar la posibilidad de despedir o extinguir el contrato alegando fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.
Por lo tanto no cabe el despido en aquellos contratos que ya se encuentren suspendidos como consecuencia de un ERTE por fuerza mayor o, no estando suspendidos, aducir causas de carácter económico, técnico, organizativo o productivo derivadas de la situación de alarma en la que nos encontramos.
Ahora bien, no habiendo señalado expresamente la condición de nulidad de ese despido, la realización del mismo únicamente podrá llevar a la calificación e improcedencia del mismo por lo que el trabajador frente al cobro de 20 días será indemnizado con 33 días por año trabajado (no deberá ser readmitido)
Logicamente, esa «prohibición de despido» no alcanza situaciones lícitas de despido derivadas de situaciones de temporalidad en empresas que no hayan suspendido la actividad como consecuencia del estado de alarma.
Prorroga de los contratos temporales
Para el caso de los contratos temporales en empresas con ERTE, el artículo 5 del Real Decreto Ley, prescribe la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, por lo que venciéndose el contrato durante el periodo de alarma, se prorrogará la contratación laboral por el mismo tiempo que faltara para su finalización tras la superación del estado de alarma.
Se insiste que esa prórroga no se producirá en aquellos contratos de trabajo no suspendido por ERTE y que por tanto tienen una finalidad legítima basada en la temporalidad.
Facilidades para la gestión de la prestación por desempleo del trabajador afectado por ERTE
En el artículo 3 del Real Decreto Ley precisa (y modifica) el contenido del art. 25 RDLey 8/2020 a los efectos de la prestación por desempleo del trbajador en ERTE. Conforme al mismo se dan los siguientes cambios sustanciales:
Inicio del procedimiento para la prestación.
El reconocimiento de la prestación contributiva «se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquéllas»
Datos que deben incluir la solicitud de la prestación a realizar por el empresario
La solicitud de inicio debe ir acompañada con la aportación de un conjunto de informaciones por la empresa y segmentada por cada centro de trabajo afectado conforme al siguiente detalle:
Esta comunicación debe remitirse en el plazo de 5 días, a computar según las siguientes situaciones:
desde la solicitud del ERTE en los casos de fuerza mayor ; o
desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de ERTE por causas económicas, técncias, organizativas o productivas del art. 23 Real Decreto Ley 8/2020; o
para las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del RDLey 9/2020 (debe entenderse de cualquier tipo de ERTE), a partir de su entrada en vigor.
Fecha de efectos de la situación de desempleo
La DA 3ª RDLey 9/2020 concreta la fecha de efectos de la situación por desempleo, distinguiendo entre ERTE por fuerza mayor (la fecha del hecho causante) y por CETOP (fecha coincidente o posterior a la de la comunicación de la empresa a la autoridad laboral la decisión adoptada). Por otra parte, la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación.
por RC Gestión Jurídica | Mar 19, 2020 | empresa, laboral
Tras la avalancha de dudas surgidas tras la publicación del Real Decreto-Ley 8/2020, la Seguridad Social aclara la no cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus.
La norma publicada el día 18 de marzo de 2020, de la que dimos cuenta en la entrada «cese actividad autónomos por coronavirus», no aclaraba si durante la prestación por cese de actividad por coronavirus que se regula en el artículo 17 del Real Decreto Ley, el autónomo debía seguir o no cotizando en el régimen especial de trabajadores autónomos ya que se limitaba a determinar en cuanto sus efectos en el punto número 3 que el tiempo de percepción de la prestación se entendía como cotizado y que no suponía consumo de los periodos futuros de prestación en los siguientes términos:
3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro
Pues bien, la guía práctica publicada por la Seguridad Social a finales del día aclara que durante el periodo de prestación de cese por coronavirus el autónomo no debe proceder al pago de la cuota del RETA en los términos siguientes:
Se aclara de este modo la no cotización del autónomo durante prestación de cese por coronavirus por lo que el autónomo en esa situación podrá ser beneficiario de una prestación del 70% de su base reguladora, correspondiendo al Estado su cotización. Diferente es el caso del resto del colectivo de autónomos que no puedan solicitar la prestación que deberán seguir abonando las cotizaciones al RETA pese a la evidente bajada de ingresos derivados de la presente situación.
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adapta y modifica, las consecuencias de la aplicación de los ERTE por coronavirus.
La norma supone la flexibilización y agilización de los procedimientos de ERTE a los que ya nos referimos en la entrada dedicada a los expedientes de regulación temporal de empleo así como la mejora económica de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los empresarios, con la pretensión de minorar en la medida de lo posible el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, priorizando el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.
Consideración de fuerza mayor a los efectos de los ERTE
El Real Decreto Ley 8/2020, acredita el carácter de fuerza mayor y por tanto justifica la genérica aplicación de esta modalidad de suspensión temporal de empleo a todos aquellas que tengan como causa directa las pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.
Especialidades en el procedimiento de los ERTE por coronavirus
Consecuencias en la cotización en situación de ERTE por coronavirus
El Real Decreto-Ley establece como medida sustancial la exoneración del pago de las cuotas empresariales de seguridad social de los trabajadores en ERTE si la empresa tiene un numero inferior a 50 trabajadores. si el número de trabajadores es superior a 50 trabajadores la empresa seguiría abonando el 25% de la cuota patronal siendo exonerados de pago.
La exoneración en el pago, aclara la norma que no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.
La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate.
Medidas de protección de los trabajadores en situación de ERTE por coronavirus
Dos son las medidas principales de protección para los trabajadores en situación de ERTE por coronavirus que modifican el régimen general de este tipo de regulación de empleo.
El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a todas las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
Puedes obtener mayor información al respecto de las medidas económicas, fiscales y laborales relacionadas con la crisis del coronavirus por los medios acostumbrados que te señalamos aquí o , simplemente, suscribirte a nuestro blog.

References: Real Decreto 
 artículo 22
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 23
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 Real Decreto