Source: http://otrafuncionpublica.blogspot.com.es/2016/10/
Timestamp: 2017-04-28 16:06:22+00:00

Document:
LNE, 27.10.2016 Señores del Servicio de Salud del Principado (Sespa): Este escrito pretende reconocerles su enorme esfuerzo en buscar argumentos para justificar lo injustificable. Entendemos que con ello no hayan tenido tiempo ni voluntad para encontrar los recursos que consigan corregir irregularidades y aplicar las herramientas necesarias para garantizar una mayor limpieza en los procesos selectivos de personal. Hace seis meses, un grupo de médicos (principalmente interinos) de varios hospitales enviamos un escrito al señor Consejero de Sanidad y a LA NUEVA ESPAÑA como reacción a las irregularidades producidas durante la fase de concurso de la anterior oferta pública de empleo (OPE) para médicos (año 2011). El detonante principal de dicho escrito fue la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la segunda parte del examen correspondiente a medicina interna por las irregularidades cometidas en su desarrollo. La ausencia de medidas tomadas para subsanar el problema y
evitar situaciones similares en el futuro nos condujo a reaccionar. La respuesta por parte de la Administración podríamos definirla como nula, con tibias manifestaciones de buenas intenciones, pero nada más. Una vez
puesto en marcha un nuevo proceso selectivo para 2016-2017, asistimos estupefactos a la repetición de la misma metodología de selección que en
la OPE anterior. La justificación es que Asturias es la única comunidad
autónoma que no ha desarrollado una normativa propia para llevar a cabo
estos procesos, por lo que sigue rigiéndose por el real decreto ley 1/1999 sobre selección de personal estatutario, como manifestó recientemente el señor Riera, gerente del Sespa. Esa normativa establece que "la fase del concurso, constará, al menos, de un ejercicio de carácter práctico, que será leído o desarrollado, conforme la convocatoria determine, ante el tribunal en sesión pública". Pero es precisamente en ese ejercicio donde se dan la mayoría de situaciones irregulares que denunciamos, fundamentalmente filtraciones de su contenido y subjetividad en la evaluación del opositor en función de las afinidades que pueda tener con los miembros del tribunal. Creemos que es lícito exigir limpieza en un proceso que supone alcanzar una estabilidad laboral que nos ha exigido mucho esfuerzo. Está
recogido que estos procesos deben garantizar la posibilidad de acceso a
una plaza en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hasta el momento parece que no ha habido voluntad para cambiar la normativa a pesar de que los problemas se remontan a cinco años atrás. Hace pocas semanas, el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley reguladora de las pruebas de oposición para la selección y provisión de plazas de facultativo especialista de área. Ésta fue una iniciativa independiente del paso que nosotros hemos dado hasta el momento, pero su propuesta va en la misma línea, planteando que
los ejercicios deben garantizar el anonimato de respuestas de los aspirantes. En concreto, tras la exposición de motivos en los que se reproducen parte de los hechos previamente mencionados, dicho grupo parlamentario realiza una propuesta en un artículo único, que se menciona a continuación: "En las pruebas de oposición llevadas a cabo para la provisión de plazas de facultativo especialista de área en las ofertas públicas de empleo del Sespa, el tipo de ejercicios planteado deberá garantizar el anonimato de las respuestas de cada aspirante, de modo que el tribunal no pueda conocer a quién pertenecen los formularios
de respuesta hasta que se establezca la puntuación definitiva en el concurso-oposición de todas las personas aspirantes. No se realizarán, en ningún caso, ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal ni en sesión pública." Posteriormente, hemos podido leer a través del mismo Boletín el acuerdo del Consejo de Gobierno al respecto, en el cual se manifiesta un
criterio desfavorable a la toma en consideración de esta proposición. En este acuerdo, se exponen diversos puntos para justificar la decisión.
Algunos se amparan en cuestiones legales y de aplicación limitada de un
posible cambio en la norma. Somos facultativos, desconocemos en profundidad los procedimientos legales necesarios. Aún así, habiendo dispuesto de cinco años para cambiarla, creemos que se pone de manifiesto una absoluta falta de voluntad para modificarla. En lo que respecta al último punto de su exposición, los argumentos nos parecen, eso sí, escandalosos. Se cita textualmente: "Cuarto. Efectos de la regulación propuesta. La justificación única de la norma parece descansar en el temor de que se cometan irregularidades en las pruebas selectivas de las plazas de facultativo especialista de área. Ahora bien, la supuesta garantía del anonimato de las pruebas conlleva una gran rigidez en la realización de las mismas. La proposición, atendiendo al contenido del artículo único, parece querer reducir las pruebas a exámenes tipo test, pues se eliminan ejercicios leídos o desarrollados en presencia del tribunal o en sesión pública y se utiliza
la expresión 'formularios de respuesta'". Y un poco más adelante añaden: "El uso de formularios de respuesta empobrece especialmente el ejercicio de carácter práctico previsto en el artículo 30.2 del citado real decreto ley 1/1999, de 8 de enero. Dicha prueba, por otro lado, reviste una gran importancia para apreciar la capacidad del aspirante." ¿Nos van a decir que en este siglo la única opción de responder a un
caso clínico es un texto escrito a mano, con nuestro nombre en la cabecera y posteriormente leído ante el tribunal? Señores, un poco de esfuerzo mental, que vivimos en la era de la tecnología. Pueden pedirnos
que en vez de escribir a mano mecanografiemos el texto (entre los programas "Millenium" y "Selene", estamos entrenados), pueden codificarse los datos del opositor de cara a la corrección... Vamos, que
no hay ganas. Por cierto, ¿evaluar la destreza en casos prácticos en el caso de un
facultativo de atención primaria no es importante? Además, en otras comunidades autónomas, incluyendo algunas que posicionan sus hospitales entre los mejor valorados de España (Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla y León...), incluyen sólo cuestionarios de respuesta múltiple. Un poco más adelante, mencionan lo siguiente: "Por otra parte, los miembros de tribunales de selección, que deben reunir el requisito de especialización, tienen una obligación de objetividad e imparcialidad en
su actuación y están sujetos a la responsabilidad que pueda derivarse de su incumplimiento (...) El sistema tiene una serie de garantías que se han venido aplicando adecuadamente. El hecho de que en situaciones concretas algún miembro de un tribunal no hubiera cumplido con sus obligaciones no puede justificar la merma de la calidad del proceso de selección, pues el ordenamiento tiene mecanismos jurídicos suficientes para reaccionar frente a esos supuestos". Este punto es, sinceramente, desternillante. A día de hoy, no ha habido ninguna sanción a los miembros del tribunal de medicina interna de la OPE anterior. El compromiso de repetir la segunda parte del examen, siguiendo lo indicado en la sentencia del Tribunal Supremo, no tenía fecha en el calendario. Ayer mismo publicó LA NUEVA ESPAÑA la voluntad del Sespa de no aplicar la sentencia, con el argumento de las dificultades que conlleva. El presidente de dicho tribunal aspira a revalidar el cargo como director del Área de Gestión de Medicina Interna, sin que su mala actuación en el proceso del año 2011 haya tenido consecuencia alguna. ¿Y nos dicen que si algún miembro de un tribunal incumple el reglamento estarán sujeto a la responsabilidad que pueda derivarse? Está claro, ya vimos el ejemplo. Aquellos opositores que resulten perjudicados por irregularidades de este tipo quedan totalmente desamparados en esta Administración. Es escandaloso. Y finalizan con: "En definitiva, la pretensión de que los médicos que nos atiendan en el Servicio de Salud sean seleccionados por unos formularios de respuestas alternativas múltiples no parece ni conforme con lo que la Constitución española pretende ni con lo que el ciudadano y
usuario de nuestro sistema sanitario espera". Si lo piensan bien, lo que probablemente no esperan los ciudadanos y
usuarios es que el sistema sanitario mantenga el enchufismo y el clientelismo, en el que se empodera a directivos y jefes de servicio que
pueden fácilmente favorecer a sus candidatos predilectos, aunque eso no
garantice que sean los más capacitados. Tengan por seguro los ciudadanos que la perpetuación de este método de selección no aportará motivación a los profesionales asturianos ni supondrá un estímulo para la captación de talento.
empresas públicas que integran el sector público del Principado de Asturias han
convocado en lo que va de año más de 90 puestos de trabajo temporales, tal y
como acredita la información que ofrece el llamado portal de transparencia de la Administración asturiana.
trata de una oferta de empleo público paralela a la aprobada por el Consejo de Gobierno, integrada por puestos precarios (contratos temporales de corta duración),
que da la razón a los expertos que vienen señalando que en España – y en este
caso, en Asturias -, el peor empleador es el sector público.
Gobierno del Principado ha seguido en los últimos años una estrategia de transferencia
de la gestión directa de determinados servicios y prestaciones públicas hacia
el entramado empresarial que forma el sector público autonómico con la clara
intención de reducir gastos, aunque haya sido a costa de deteriorar la calidad de
los servicios y de socavar el control de legalidad de la gestión de los mismos.
este sentido, han proliferado las encomiendas de gestión a empresas públicas,
en muchos casos realizadas en fraude de ley, al carecer dichas empresas de los medios
materiales y personales necesarios para realizar de forma directa esas
actividades. Así lo ha puesto de manifiesto la propia Sindicatura de Cuentas en su reciente informe sobre las encomiendas de gestión efectuadas en el año 2013,
en el que se analizan un total de 23 encomiendas realizadas durante ese año, en
ninguna de las cuales “consta la realización de un análisis previo y riguroso que
justifique la elección de este sistema de gestión frente a otras posibles alternativas,
como la licitación pública o la ejecución por Administración”
recomienda al Principado en su informe de fiscalización que “debe evitarse
recurrir a las encomiendas para suplir carencias estructurales de personal que
deben ser solventadas a través de la adecuada dotación de plantillas”
aquí reside una de las claves que explica esta estrategia de
externalización de la gestión directa de servicios y prestaciones públicas
hacia las empresas públicas. El
Principado de Asturias no dota con personal suficiente y adecuado sus
plantillas públicas, porque no agota las posibilidades que ofrecen los
supuestos legales establecidos en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado en los que es posible
aplicar tasas de reposición del 100 por 100, como sucedió con la raquítica oferta de
empleo público aprobada por el Consejo de Gobierno el presente año 2016.
no disponer intencionadamente de plantillas suficientes para gestionar
servicios y prestaciones públicas de forma directa, el Gobierno del Principado
encomienda la gestión de los mismos a las empresas de su sector público, las
cuales supuestamente lo harán a menor coste, bien contratando con empresas
privadas, bien contratando a trabajadores con contratos temporales en peores
condiciones que las que tienen los funcionarios interinos de la Comunidad Autónoma.
esta opción por la prestación de servicios públicos con empleo basura y en
procedimientos escasamente respetuosos con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, responde la oferta de empleo paralela de más de 90 puestos de trabajo ejecutada por las empresas públicas
del Principado a lo largo de este año 2016.
un ejemplo de gestión neoliberal de los servicios públicos, con políticas
laborales que serían objeto de escarnio público si fueran desarrolladas por
empresas privadas, y que suponen la plena aceptación de las últimas reformas laborales tan criticadas por los que ahora las ponen plenamente en práctica.
a continuación, puestos convocados por empresas públicas del Principado en el
año 2016, según la información del portal de transparencia del Gobierno:
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SERPA)
Una plaza de Ingeniero Técnico
Forestal: Contrato temporal a jornada completa con una
Seis plazas de Ingeniero Técnico Agrícola
o Forestal: Contrato temporal a jornada completa con una
duración máxima de 3 meses
Una plaza de Ingeniero Técnico Informático:
Una plaza de Inspector de Obra Civil: Contrato
temporal a jornada completa.
SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN Y
PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL PRINCIPADO
Doce plazas de Auxiliar de Museo: Contrato Eventual
por circunstancias de la producción a tiempo parcial
Una plaza de Oficial Administrativo: Contrato
de interinidad a tiempo parcial
Una plaza de Auxiliar
administrativo/administración de fincas: Contrato eventual por obra
Una plaza de Oficial 1ª Administrativo:
Contrato de interinidad por baja de maternidad
Una plaza de Jefe de Producción de
Obra: Contrato eventual por obra o servicio determinado
Dos plazas de Jefe de Equipo de Oficio:
Contrato eventual por obra o servicio determinado
TÉCNICA DE VEHÍCULOS (ITVASA)
Diez plazas de Inspector/a ITV: Contrato
Catorce plazas para la creación de
bolsa de empleo para Gestor/a de Clientes: Contrato en prácticas o
Cuarenta plazas para la creación de
bolsa de empleo de Inspector/a ITV: Contrato temporal
Desde el año 2008 el Conceyu por Otra Función Pública
n´Asturies viene denunciando sin descanso las prácticas y procedimientos de
clientelismo laboral en la
Administración asturiana, en defensa del derecho fundamental
de los ciudadanos y ciudadanas a acceder a los puestos del sector público en
condiciones de igualdad, sin condicionantes ajenos a sus méritos y capacidades.
En estos años hemos planteado una verdadera guerra judicial contra el Principado de Asturias para poner coto al enchufismo y a las
influencias de cualquier tipo para promocionar en la carrera profesional de los
empleados públicos, que ha obligado al Gobierno de la Comunidad Autónoma
a impulsar cambios legislativos cuyo resultado es todavía incierto, pero que ha
puesto en jaque las políticas de manipulación partidista del empleo público.
La labor del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies
en los ocho años de existencia se refleja en las 794 entradas de nuestro blog.
Pero creemos que quedan muchas cosas por hacer y que
la actividad de la asociación sigue teniendo el mismo sentido que el día en el
que decidimos ponerla en marcha.
rechaza cualquier tipo de subvención o ayuda pública o procedente de
organizaciones políticas, sindicales o de cualquier otro tipo. Los gastos
derivados de las actuaciones emprendidas hasta la fecha han sido afrontados
exclusivamente por los y las miembros de la asociación.
Si crees que la actividad del Conceyu por Otra
Función Pública n´Asturies es de interés público y quieres colaborar económicamente
con nosotros puedes realizar una aportación en la siguiente cuenta de la
Caja Rural de Asturias: 3059 0110 63 2584093724
Los ingresos por importe igual o superior a 100 euros
requerirán la identificación del donante, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42.2 Real Decreto 304/2014, de
5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril,
de prevención del blanqueo de capitales Publicado por
Mónica Andrade / Soledad Gallego-Díaz / Miguel Mora Florentino Felgueroso.
(Bruselas, 1966) es uno de los mayores expertos españoles en mercado laboral. Investigador asociado de Fedea, y profesor de la Universidad de
Oviedo, sus campos de estudio son el funcionamiento de los mercados de trabajo y las instituciones laborales, las políticas de empleo y la educación. Economista cuya “ideología es el empirismo que contrapone al apriorismo”, defensor del contrato único y colaborador habitual del blog
Nada es Gratis, Felgueroso confirma en esta entrevista algunas tendencias y errores de las políticas públicas y desmiente con datos algunos mitos y leyendas.
Cada vez que se publican datos sobre el empleo, las
interpretaciones que se hacen de ellos difieren considerablemente. ¿Hay
un uso político de los datos sobre el mercado laboral?
Las estadísticas están en un contexto que puede ser interpretable. Por ejemplo, referentes al paro tenemos la EPA y el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal); y parece que a veces dicen cosas contrarias. Las interpretación de las estadísticas requiere de un conocimiento especializado de las mismas. Los institutos estadísticos no
pueden interpretar los datos. Creo que le corresponde al mundo académico colaborar en las interpretaciones, con análisis rigurosos.
Rajoy decía que tres de cada cuatro trabajadores tienen un contrato indefinido, el resto decían que nueve de cada diez tienen contrato temporal. Y las dos cosas son ciertas. Las fuentes estadísticas
es lo que dicen, pero luego hay que analizar esos datos y explicar el problema.
Y, cuando se analizan esas estadísticas, ¿qué resultado se obtiene? Si ahora haces una foto del mercado laboral, 3 de cada 4 personas tienen un contrato indefinido y hay uno que tiene un contrato temporal, hoy. Pero el que tiene contrato temporal, mañana probablemente
estará en el paro y le sustituirá otro. Entonces lo que ocurre es que los temporales son más de un cuarto. Si coges a lo largo de todo el año,
ves que hay mucha gente que está en la temporalidad, en la precariedad,
y lo que ocurre es que un día salen en la foto y otros no. Entonces, ¿cuántos han sido temporales a lo largo de un año? Más, alrededor de un tercio de los trabajadores. Las estadísticas te dan solo un fotograma, luego hay que mirar al conjunto.
Todo tiene que ver con la honradez del mensajero. Si exageras o minimizas el problema es lo mismo que darle la espalda. Se ha
repetido miles de veces que gran parte de la precariedad se debía, al menos antes de la crisis, a la construcción. ¿Eso es así? No. El año pasado hemos batido el récord de temporalidad. Ha habido más de 16 millones de contratos temporales en un año y hay más de dos millones menos de empleos en la construcción y en industrias auxiliares. Por tanto, no puedes echarle la culpa a ese sector. El tema de la precariedad tiene mucho que ver con la cultura que se ha ido fomentando en los últimos 30 años y que será muy difícil de erradicar sin cambios regulatorios e incentivos.
Estamos emprendiendo un nuevo camino y hay una nueva preocupación: la economía digital, pero en el actual escenario político nadie habla de ello. Hablamos de la robotización pero no de cómo está cambiando las relaciones laborales. Por ejemplo en Estados Unidos acaba de surgir un sindicato de freelance,
de trabajadores autónomos muy potente. La uberización del trabajo ¿Qué significa esto en el mundo de la empresa? Pues que ahora resulta mucho más fácil contratar por horas. No sólo en empleos que requieren de menos cualificación. Hay gente que se ha especializado en hacer algo muy bien y le contratan por horas. Eso está pasando en Estados Unidos, donde incluso contratan así a directivos. Son personas que trabajan para muchas empresas a la vez haciendo una cosa determinada
que saben hacer muy bien y tienen buenos salarios. Pero en este contexto, ¿qué ocurre con la Seguridad Social? Un autónomo puede cotizar
al mínimo durante años. Este tipo de economía generará serios problemas
de ingresos a la Seguridad Social.
No. En otros países como Francia, sí. Están debatiendo soluciones como, por ejemplo, cuentas individuales. Mi impresión es que o
lo intentamos controlar ahora o pronto generará serios problemas con la
protección del empleo, la protección al desempleo, las prestaciones sociales.
Habrá que buscar fórmulas, vías alternativas. Asturias, por
ejemplo, es una comunidad con déficit en la Seguridad Social desde hace
más de diez años. Nuestras pensiones suponen un 17% de lo que producimos y solo ingresamos un 8%. Esto es lo que nos decían que iba a tener España en 2050. Pero, de momento, como contamos con una caja única
y parece que estamos protegidos, hay una especie de desidia, una inercia, que evita el planteamiento político del problema.
De momento, Estados Unidos. Pero el problema es que aún no hay demasiadas estadísticas, allí tampoco. Se habla de decenas de millones de personas que ya están trabajando de forma independiente. Muchos complementan su empleo asalariado con otras situaciones laborales. La uberización del trabajo está llegando a todas partes. No son solo taxis, son hoteles, restaurantes, sectores que están
desarrollando un nuevo contexto laboral donde los salarios y otras condiciones laborales, los contratos y la protección del empleo ya no se
determinarán de la forma tradicional.
Va tener un peso muy importante, aunque seguirá habiendo empresas muy grandes y también pequeñas, aunque no tendremos claro cuál es su tamaño real. Por otra parte, los empresarios van a querer seguir haciendo contratos indefinidos pero esta opción será menor. La fórmula de contratar por móvil es muy fácil. La digitalización de las relaciones
laborales extiende además el fenómeno de la globalización en el ámbito laboral. Ahora buscas a alguien para una tarea determinada y encuentras a
una persona que te lo hace desde la India.
Hasta ahora estaban los sindicatos para proteger y garantizar
una serie de derechos. Si esto tampoco va a existir, ¿entonces quién va
a defender a los trabajadores?
El problema es que las estructuras sindicales que conocemos ya no son las adecuadas para hacer frente a retos tales cómo la uberización
del trabajo. No quiere decir que no hagan falta. Todo lo contrario. En Nueva York ya ha surgido un gremio de conductores independientes por medio de Uber. Surge, de nuevo, la necesidad de estar asociados para defender unos derechos. Esto va a existir siempre, pero será con nuestras estructuras asociativas y demandas distintas de las que se hacen a los sindicatos tradicionales. Surgirán cada vez más conflictos entre el viejo y el nuevo modelo.
La singularidad tecnológica hace que muchos trabajos vayan a desaparecer. No solo empleos sin cualificación sino otros como cirujano o
piloto que llegarán a hacer las máquinas. ¿Se acabará el empleo tal y como lo conocemos?
De momento, cosas muy sencillas, cosas que incluso podría hacer un niño, las máquinas no pueden hacerlas. La sustitución nunca va a
ser del 100% y existen muchas complementariedades. Con la introducción de las nuevas tecnologías, siempre se produce un debate tremendo entre economistas: ¿crean o destruyen empleo? La historia dice que el saldo neto siempre ha salido positivo porque surgen nuevas actividades y ocupaciones. La preocupación de nuevo, esta vez con la inteligencia artificial, es que el empleo pueda ser seriamente dañado. Por otro lado,
lo que nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han posibilitado es que se abran muchas oportunidades: hay gente que desde un pueblo remoto del Pirineo está vendiendo sus productos a todo el mundo, por ejemplo. Y se abren oportunidades para el más débil y vulnerable. Detrás de la pantalla no se ve si uno es bajo, alto, gordo, feo, mujer, negro. Solo se ve si es bueno o no en lo que se hace. Porque
en el mundo laboral surgen las desigualdades a pesar de tener la misma formación. Eso ocurre en menor medida con las nuevas tecnologías.
Si miras los datos de educación te das cuenta de que la inversión por alumno no ha caído tanto. Y nos pueden decir ‘pues nos han
vendido un recorte que no es cierto’. En realidad, lo que ha ocurrido es que muchas familias han aumentado su gasto en educación, y han compensado así el recorte público. Pero el problema es que no todas las familias han podido hacerlo. Y las que no han podido son mayoritariamente las que utilizan la escuela pública y dependen de esos recursos públicos. Se ha recortado mucho en apoyo escolar, en atención a
la diversidad, a los más vulnerables, y esos son quienes no han podido pagarse las clases extra. Los datos de abandono escolar han bajado pero los que no lo han hecho son los datos de fracaso escolar de jóvenes cuyos padres ya venían del fracaso escolar. Esto lo vas a tener que pagar mañana porque vas a tener que gastar más en políticas activas de empleo, en prestaciones por desempleo. Esto es lo que en política económica llamamos responsabilidad fiscal.
En Europa la idea de que la educación y la formación son un
medio para no desclasarse o perder una determinada clase social también
está muy arraigada. Sin embargo, entre las rentas bajas eso no está tan
claro. Hay veces que los padres se preguntan por qué sus hijos tienen que estudiar más que ellos, que pueden seguir viviendo de la misma manera que lo hacen ellos porque no está tan mal.
Nunca se rompe del todo. Creo que hay que seguir apostando
por la igualdad de oportunidades y por el mérito. El que tenga un talento tiene que poder expresarlo. El problema es cuando se ponen límites a esa igualdad y a reconocer los talentos, por creer que son incompatibles.
está muy arraigada
En el tema de igualdad de oportunidades faltan estudios que
prueben una cosa u otra claramente. Yo tengo la intuición de que ha empeorado porque los recortes no son neutrales y porque los recortes de gasto público tampoco son neutrales en sí. Sí hay datos que muestran que
ha habido recortes brutales en algunas comunidades autónomas en apoyo al estudiante, por ejemplo, y por lo tanto esto tiene que tener efectos.
Todavía no se han medido pero se hará. La I+D también es importante pero también en esta materia ha habido grandes recortes. ¿Cómo podemos pensar en crecimiento económico sin I+D? Esto significa menor crecimiento para mañana y esto, a su vez, son más gastos en prestaciones
Entre los economistas, creo que cabe claramente distinguir dos extremos. A unos les da igual hablar de educación que de gominolas; el Estado no tiene que financiar gominolas, ni tampoco educación, los impuestos tendrán que ser mínimos, etc. Nunca entenderán por qué la educación pública es importante, que no sólo forma parte del Estado de bienestar de un país, sino que es necesario para su crecimiento. En el otro extremo están los que creen que todo se puede arreglar a través del
sector público, desde el problema del paro hasta el sistema financiero.
En lo personal, intento huir de ambas perspectivas. Creo que se basan en un serie de apriorismos que en muchas cuestiones no encajan con la evidencia empírica.
En los países escandinavos han encontrado desde hace tiempo
mecanismos de igualdad de oportunidades que se extienden a varios ámbitos sociales, que van desde la escuela (pública al 100%, incluyendo la universidad) a la igualdad que han obtenido en el mercado de trabajo,
en salarios con una negociación colectiva tradicionalmente muy centralizada. Las diferencias salariales entre hombres y mujeres son reducidas. Pero la sorpresa viene cuando miras la segregación ocupacional. Tienes mujeres para unas ocupaciones y hombres en otras. Estados Unidos es lo contrario: diferencias salariales enormes entre hombres y mujeres pero mucha menos segregación ocupacional. Así que los países nórdicos tampoco han resuelto el problema del todo. Tiene que haber igualdad e integración. Las mismas oportunidades en los mismos sitios. Hablamos de mujeres pero cualquier colectivo vulnerable, desde discapacitados a inmigrantes, tienen estos mismos problemas. La cuestión
El paro en España es de un 22% más o menos. Italia tiene el
10% pero en términos de empleo está peor que nosotros. El paro es algo que cambia entre países pero que te da una señal distinta. Nosotros tenemos más paro porque somos un país más activo que Italia donde las mujeres a los cuarenta y tantos abandonan el mercado de trabajo. No están activas y, por lo tanto, no son consideradas como paradas. Las tasas de empleo u ocupación, es decir, el porcentaje de población empleada en edad de trabajar te dan una visión algo distinta. Si miramos
la evolución de esta tasa, antes de la crisis estábamos cerca de Alemania y habíamos pasado a Francia en porcentaje de empleados. Lo que no hay que olvidar es que gran parte de nuestros males está en nuestro retraso educativo, un retraso que ya se generó hace siglos. En Estados Unidos el nivel de abandono escolar a principios del siglo pasado era parecido al nuestro antes de la crisis; el porcentaje de jóvenes que iba
a la universidad en Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam es lo que nosotros tenemos desde hace pocos años, y el nivel de alfabetización que tenía Escandinavia en el siglo XVII es el que tenían los españoles al inicio de la Transición. Estos retrasos luego también se pudieron constatar en materia de alfabetización digital. Aunque vamos
convergiendo poco a poco, los demás siguen avanzando también, siempre con una ventaja.
Políticas activas de empleo y formación. En un contexto que
demanda más educación, ese es el problema. Las nuevas tecnologías están
sesgadas a favor de las personas que adquieren un mayor nivel de educación. Con lo primero que han acabado es con las tareas repetitivas.
Los más afectados en los últimos 20 años han sido los administrativos. Donde necesitabas a 4, ahora con un software sólo necesitas a una persona, y muy probablemente tengas el servicio externalizado. La clave está en la formación y la educación. Determinados conocimientos, como los idiomas, han pasado a recompensarse con un mayor salario, a simplemente penalizarse con la imposibilidad de conseguir un empleo si no se tienen.
No. Pero sí está creciendo el peso de la hostelería en esta
fase de recuperación. Del millón de empleos que hemos creado en los últimos dos años, el 23% se ha producido en la hostelería.
Sí, y ahí te preguntas por qué en Canarias, donde la temporada es alta todo el año, tienen tanta precariedad. Canarias es el sitio de España con mayor temporalidad. ¿Por qué? ¿Será la regulación? Probablemente. La cultura, el abuso que hay detrás de esto. Llevamos tres décadas, desde mediados de los ochenta que se cambió la legislación, con temporalidad creciente. Hemos llegado a ser el país más
precario de Europa en términos de contrato. Ahora es Polonia.
La semana pasada salió la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y cada uno ha interpretado una cosa para no hablar del problema y de su resolución. La temporalidad es como el colesterol: hay
una buena y otra mala. Si en verano crece el empleo en la hostelería muchas personas pueden encontrar un trabajo: estudiantes… Eso es bueno. El colesterol malo es el del abuso. En España el sector público es el peor empleador del país. Puedes tener a una persona durante 10 años con un contrato en el que no le vas a reconocer ninguna indemnización. En el
sector de la sanidad los médicos tienen en media más contratos que en los peones de la construcción. Eso pasaba incluso antes de la crisis. ¿Cómo es posible que el sector supuestamente más cualificado sea un sector tan precario?
Porque mucha gente ha aprovechado la legislación, entre ellos el sector público. Te ahorras costes laborales: para conseguir un trienio o un quinquenio tienes que trabajar muchos más años. Porque si hoy trabajas y mañana te mando a la calle lo que cuenta son los días que
has trabajado. A mí me lo contaba una enfermera que llevaba trabajando cinco años e iba a tener derecho a su primer trienio. Sumas centenas de contratos pero no sumas prácticamente duración, es decir, antigüedad. Esto es un ahorro de costes...
Te ahorras costes que en realidad no suponen un ahorro real. ¿Crees que si cambias de médico cada poco a un paciente vas a mejorar sus problemas de salud? ¿No van a aumentar los gastos farmacéuticos? ¿Vas a resolver su problema de salud o lo vas a empeorar?
¿Qué exceso de gasto farmacéutico provoca la precariedad laboral? ¿Has ahorrado precarizando? Probablemente no. Este también es un ejercicio de
responsabilidad fiscal. Más allá de que tengas o no conciencia de la precariedad, de que esta sea justa o injusta, es una irresponsabilidad clara.
Nacido en Madrid, en 1964, el director
de CTXT fue corresponsal de El País en Lisboa, Roma y París. Anteriormente, trabajó durante 10 años en la sección de Cultura como reportero para temas de cine, literatura y arte. En 2011 fue galardonado
con el premio Francisco Cerecedo y con el Livio Zanetti al mejor corresponsal extranjero en Italia. En 2010, obtuvo el premio del Parlamento Europeo al mejor reportaje sobre la integración de las minorías. Es autor de los libros 'La voz de los flamencos' (Siruela 2008) y 'El mejor año de nuestras vidas' (Ediciones B). Publicado por
El TSJ Madrid aplica
por primera vez la reciente sentencia del TJUE que considera discriminatoria la legislación española, e indemniza con 20 días por año
trabajado a una interina que llevaba siete años haciendo suplencias en el Ministerio de Defensa. Consulte la sentencia.
Patricia Esteban. - El Tribunal de Justicia de Madrid se ha pronunciado definitivamente sobre el caso por el que remitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que motivó una de las sentencias con más repercusiones de los últimos tiempos
en materia laboral: el Estado deberá indemnizar a razón de 20 días por año trabajado a la interina que peleó por obtener una compensación por sus siete años de suplencias en el Ministerio de Defensa.
La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid, de 5 de octubre de 2016 (LA LEY 128283/2016)
, aplica por primera vez en nuestro país la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de septiembre de 2016 (LA LEY 111190/2016)
en el asunto C-596/14, que declaró que los trabajadores interinos cuyas funciones se asimilan a las de un trabajador fijo tienen derecho a reclamar el pago de una indemnización por la finalización de su contrato,
y por tanto, que las legislaciones que se opongan a ello son contrarias
al Derecho de la UE, en referencia directa a la situación legal de los interinos en España, que no tienen derecho a indemnización al finalizar su contrato conforme al 49, apartado 1, letra c) del Estatuto de los Trabajadores.
De esta manera, despeja el tribunal madrileño la duda respecto a qué tipo de indemnización
correspondería en estos casos una vez que el Tribunal de Justicia de la
UE había afirmado que se les trataba de manera discriminatoria. De ahora en adelante habrá que estar atento a futuras sentencias que resuelvan estos mismos casos y confirmen o no este criterio, o incluso a
un eventual recurso de casación que pudiera fijar un criterio diferente.
Algunos expertos en derecho laboral han afirmado que la sentencia del
tribunal europeo no solo establece la ilegalidad de la diferencia de trato con respecto a los interinos, sino que va más allá, al argumentar que la discriminación se aplica a cualquier contrato temporal.
El TSJ de Madrid toma de referencia la sentencia del tribunal europeo
para afirmar que, en el supuesto enjuiciado: "hemos de estar a la misma
y concluir que no se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia
del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva".
Entre los argumentos dados por la Sala de lo Social, el de la primacía del derecho de la Unión Europea
pues, siendo la "siendo la Directiva 1999/70 (LA LEY 7675/1999) directamente aplicable tal y como ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencia de Pleno de 8-6-2016, nº 497/2016, rec. 207/2015 y habiendo efectuado el Tribunal Europeo la interpretación que se ha transcrito del
precepto citado"
Como recuerda la sentencia de referencia del TJUE, el principio de no
discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.
Pues bien, según la Sala de lo Social del TSJ Madrid, existen evidentes razones para afirmar la igualdad en los términos de comparación
entre el trabajo desarrollado por la actora, con contrato de interinidad, respecto de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo "y así lo ha apreciado el citado Tribunal que lo afirma en el apartado 44 de la sentencia", "habida cuenta de que el puesto de trabajo es único
y por tanto son idénticos la naturaleza del trabajo y los requisitos de
formación y lo han de ser todas condiciones laborales y, entre ellas, la indemnización por cese".
Por ello, considera la Sala que en esta situación, la interina tiene derecho a igual indemnización que tendría un trabajador fijo comparable por la extinción de su contrato por causas objetivas, esto es
veinte días por año de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 53.1.b) del Estatuto de los Trabajadores.
El TSJ explica que la extinción del contrato en este caso fue por una
causa objetiva (al volver la trabajadora que estaba sustituyendo), "con
una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores denomina causas objetivas".
Así lo señala la Sala al afirmar que: «en el caso de la actora nos encontramos en un supuesto de temporalidad con "tempus" no acotado y de previsibilidad incierta hasta el extremo de que la duración del contrato
se ha extendido a más de siete años, acaeciendo la extinción contractual en virtud de una causa objetiva -en el sentido de no reprochable al trabajador ni dependiente de la mera voluntad empresarial-
con una estructura causal análoga a las que el artículo 52 del ET denomina "causas objetivas", en cuanto a su través se evidencia la necesidad productiva de extinguir una relación laboral.»
Subraya el tribunal que no se trata solo de que las causas del artículo 52 citado sean aplicables al contrato de interinidad -que lo son- "sino que la causa extintiva que se ha aplicado, conforme a la ley española, a la actora, negándole así cualquier derecho indemnizatorio". Entiende el tribunal que en caso de que su contratación no fuera temporal siempre tendría, al menos, un derecho indemnizatorio de 20 días
de salario por año trabajado si en la empresa "se produjera la situación de exceso de trabajadores en relación con los puestos de trabajo reales desde la perspectiva de la productividad mercantil".

References: real decreto 
 artículo 30
 real decreto 

artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 53
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52