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Timestamp: 2017-09-22 21:44:59+00:00

Document:
Experiencias internacionales en archivos de derechos humanos. by Centro Nacional de Memoria Histórica - issuu
BOGOTÁ D.C., 5 DE JUNIO DE 2012
GONZALO SÁNCHEZ CARLOS ZAPATA ANTONIO GONZÁLEZ ANNA CARLA ERICASTILLA ALEJANDRA OBERTI
GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica. Abogado y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con Máster de la Universidad de Essex, Inglaterra, y Ph.D en Sociología Política de la Escuela de Altos Estudios de París.
CARLOS ZAPATA CÁRDENAS
Director del Archivo General de la Nación. Bibliotecólogo y Archivista, y Magíster en Docencia de la Universidad de la Salle. Especialista en Gestión Gerencial de la Universidad Central de Colombia; Máster en Documentación Digital de la Universitat Pompeu Fabra, de España.
Subdirector General de Archivos de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid.
Directora del Archivo General de Centro América, en Guatemala. Historiadora egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con posgrado en la Universidad Autónoma de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Directora del Archivo Oral y del programa de Historia Oral de Memoria Abierta. Socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA Consejo Directivo
Andrés Fernando Suárez, María Emma Wills, Martha Nubia Bello, Patricia Linares, Paula Andrea Ila, Luz Amanda Granados Urrea, Doris Yolanda Ramos Vega, César Augusto Rincón Vicentes
Ana Margoth Guerrero
Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas
Martha Angélica Barrantes Reyes Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica
Félix Tomás Bata Jiménez Blanca Berta Rodríguez Peña
Coordinación del Equipo de Comunicaciones
SEMINARIO EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS Germán Yances Peña
El Seminario Experiencias Internacionales en la Construcción de Políticas de Archivos de Derechos Humanos, cuyas memorias se recopilan en esta publicación, fue realizado el 5 de junio de 2012 con el apoyo financiero de la OIM en el marco del Contrato de Prestación de Servicios No. DDR – 396 – CM- 175, suscrito entre la OIM y Soft Di Ltda.
Gonzalo Sánchez Gómez Carlos Zapata Cárdenas Antonio González Quintana Anna Carla Ericastilla Alejandra Oberti
Las opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de sus autores y no comprometen a la OIM.
Andrea Ojeda Luz Mariela Jaramillo
Esta publicación es de carácter público y puede ser reproducida, copiada, distribuida y divulgada, siempre y cuando no se altere su contenido, se cite la fuente y/o en cualquier caso se disponga de la autorización del Centro Nacional de Memoria Histórica, como titular de los derechos morales y patrimoniales.
Colección: Diálogos de la memoria Título: Seminario Experiencias Internacionales en Archivos de Derechos Humanos
Cómo citar: Centro Nacional de Memoria Histórica. Seminario Experiencias Internacionales en Archivos de Derechos Humanos. Bogotá: Imprenta Nacional, 2014.
ISSN: 2357 - 4690 Primera edición: enero de 2014 Número de páginas: 120 Formato: 15 x 23 cm.
© Centro Nacional de Memoria Histórica Carrera 6 Nº 35 – 29 PBX: (571) 796 5060 comunicaciones@centrodememoriahistorica.gov.co www.centrodememoriahistorica.gov.co Bogotá D.C. – Colombia
Impresión Imprenta Nacional Impreso en Colombia. Printed in Colombia Queda hecho el depósito legal.
Palabras de apertura ARCHIVOS: PODER, MEMORIA Y DEMOCRACIA Gonzalo Sánchez Gómez
LOS ARCHIVOS, PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD Carlos Zapata Cárdenas
ARCHIVOS Y DERECHOS HUMANOS Recomendaciones, logros y desaciertos en la aplicación de políticas públicas para archivos de DD.HH. Antonio González Quintana
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE DD.HH: ACCESO Y RESERVA Experiencia de un caso de la Policía Nacional de Guatemala Anna Carla Ericastilla
POLÍTICAS PARA ARCHIVOS ORALES EN CASOS DE MEMORIA ABIERTA Reflexiones sobre el testimonio acerca del pasado reciente argentino Alejandra Oberti
TALLER DE EXPERTOS INTERNACIONALES Relatoría
Desde el Centro Nacional de Memoria Histórica le damos la bienvenida a Diálogos de la memoria, un espacio que promueve la bondad de temáticas relacionadas con la reconstrucción de memoria histórica en el país, a través del cual se propicia el encuentro de diversas experiencias desde la sociedad civil y el Estado, así como la confluencia de aprendizajes que aporten a la realización del derecho a la verdad en Colombia. En esta primera edición de Diálogos de la memoria, el Centro de Nacional de Memoria Histórica los convoca al desafío de contribuir a formular una política pública en materia de archivos de Derechos Humanos en el contexto 9
de una apuesta gubernamental por la reparación integral, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra: Ley 1448 del 2011. El mandato establecido por esta Ley al Centro Nacional de Memoria Histórica incluye una gran tarea relacionada con el deber de memoria del Estado: la preservación, protección y acceso a estos archivos en sus diversos soportes en un país en conflicto, como contribución a la memoria histórica, la promoción y defensa de los Derechos Humanos. En razón a lo anterior, en el marco de un proyecto sobre archivos de Derechos Humanos que desarrolla el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Usaid, y la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, y en asocio con el Archivo General de la Nación - AGN, los invitamos a apropiarse de los aprendizajes que tres expertos internacionales nos compartirán en sus conferencias
Por Gonzalo S谩nchez G贸mez 11
ARCHIVOS: PODER, MEMORIA Y DEMOCRACIA
“La cuestión de los archivos es realmente un asunto político, si se tiene en cuenta que la información y la guarda de la información es esencialmente un factor de poder”.
Muchas gracias a los anfitriones, al Archivo General de la Nación y por supuesto a nuestros invitados internacionales. Tenemos la presencia de expertos en el tema que nos convoca, quienes a través de una serie de conversatorios nos compartirán experiencias de España, Argentina y Guatemala. Este evento hace parte de las primeras actividades del Centro Nacional de Memoria Histórica, una entidad que surge con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que inicia actividades en enero del 2012 y que prácticamente hasta ahora se está estructurando de manera orgánica. Agradecemos el patrocinio de nuestros amigos de Usaid y OIM, que nos han venido acompañando en este tema desde antes de la existencia misma del Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando éramos un grupo de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Como aquí tenemos la presencia de expertos en la materia, simplemente quisiera señalar algunos aspectos de lo que llamamos las dimensiones políticas del acceso y reserva a los archivos de Derechos Humanos, porque me parece que la cuestión de los archivos es realmente un asunto político si se tiene en cuenta que la información y la guarda de la información es esencialmente un factor de poder. Que la información es un recurso de poder lo tienen claro los países que se han comportado como imperios. 13
Visitando el Foreing Office, el archivo del imperio británico, se da uno cuenta de la importancia que para el manejo del imperio tienen el archivo en sí mismo y la información ahí consignada, los cuales son utilizados como soporte del poder del imperio, como recurso de ese poder y como medio para el ejercicio de ese poder. Los archivos no solo pueden ser usados para el ejercicio del poder, sino también como amenaza para los perpetradores de la violencia. Revisando en estos días algunas notas sobre estos temas, encontré que cuando se inició el movimiento por el derribamiento del Muro de Berlín y el hundimiento de la Cortina de Hierro, que separaba las dos alemanias, alguien señalaba que a lo primero que le apuntó la gente que se movilizaba, antes que a los grandes centros del gobierno propiamente dichos, fue al lugar donde estaban los archivos de la Stasi, el órgano de inteligencia del Estado; es decir al lugar donde estaba la información, porque era allí donde estaba el núcleo de toda la historia de la represión que había vivido la población. En el caso de Colombia, estas funciones llegan mucho más directamente a nosotros, como Centro Nacional de Memoria Histórica. Una de las cosas que más me impresionó, buscando archivos de hace muchos años, fue haberme encontrado con una resolución del Ministerio de Gobierno de ese momento que decía: “Declárese archivo muerto, a los archivos entre 1948 a 1958”; es decir declarar archivo muerto el archivo de la violencia. ¡Nada más y nada menos! No sé cómo se ejecutó el mandato de esa resolución, pero valdría la pena averiguar cómo fue ese proceso, qué nos puede revelar la información en un determinado momento. Pero también, los archivos son esenciales para la sobrevivencia de las mismas comunidades. 14
Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, estudiando los temas agrarios de los años treinta y cuarenta del siglo XX, fue la continuación de la violencia hasta los años sesenta para las comunidades indígenas, para quienes la violencia no ha cesado desde la Conquista. Me llamó la atención ver cómo el gran líder indígena del siglo XX en Colombia, Manuel Quintín Lame, andaba por el sur del Tolima con los archivos que registraban la propiedad de sus resguardos. Y durante todo el período de la violencia los tuvo guardados bajo tierra. Esto nos demuestra la desconfianza que Quintín Lame le tenía a la administración pública como guardiana de esa memoria, de la propiedad y de la cultura, porque, como sabemos, los vínculos de propiedad y cultura son esenciales en las comunidades indígenas. Estas son experiencias que nos van demostrando qué tan importante puede ser mantener y conservar un registro, y la importancia política que para los Estados, las comunidades y las personas adquiere un registro. Los archivos nos documentan eventos de retención, pero también derechos. De eso las comunidades indígenas saben muy bien, a veces más que nosotros, como funcionarios, la importancia de esos documentos. En una situación de conflicto como la que vivimos, a veces más que el tema mismo de preservar los materiales, la incidencia política es de proteger esos materiales. Y, obviamente, para las comunidades también el archivo y estos materiales que documentan la historia de las experiencias propias, tienen que ver no solo con el registro de la experiencia sino con la seguridad de las personas; tiene que ver muchas veces con la seguridad de la zona en donde están depositados esos archivos; tiene que ver con la vida misma de las organizaciones sociales depositarias de esa información. 15
1. Secretaria General adjunta del Consejo Internacional de Archivos Históricos, Subdirectora de los Archivos de Francia y Jefe de los Archivos de la Presidencia de la República, Francia.
Retomando una idea de Perrine Canavaggio1, quisiera subrayar este triple concepto que nos concierne a muchos de nosotros, sobre los archivos. En primer lugar se podría decir que los archivos documentan el dolor de la sociedad en una situación de conflicto como la que vivimos en Colombia, y eso es lo que nosotros a diario estamos encontrando en el ejercicio de nuestra propia investigación. Ese registro está en el rostro de la gente, en la palabra de la gente, en las fotos de la gente, en todo el material documental que ella puede aportar a estos escenarios donde decide relatar su experiencia. También registran o documentan los archivos, el terror; documentan las acciones de los perpetradores de esos eventos que agobian a las comunidades, a las personas, a las regiones, etcétera. Pero algo muy importante, también en el caso nuestro, los archivos documentan la resistencia, la resistencia de las comunidades. Esta es una sociedad que ha vivido la violencia y ya uno ni sabe “dónde poner la leche”, ni cuándo comenzó esto. Y en esa historia de violencia, la sociedad misma ha generado una enorme capacidad de resistencia, de la cual a veces no somos muy conscientes, pero que debemos subrayar siempre para no crear la imagen de una sociedad doblegada. Es decir, esta es una sociedad muy golpeada y aporreada por la violencia, pero que siempre mantiene la frente en alto, y esto lo estamos viviendo a diario, a pesar de esa violencia cotidiana. Quisiera enumerar unas cuestiones muy generales de los archivos, que seguramente van a ser el eje de todas las intervenciones. Primero, los archivos son un soporte fundamental para el ejercicio de la investigación y un soporte para la verdad, y eso es importante para la sociedad en su conjunto, pero también para las comunidades y las víctimas. 16
En segundo lugar, los archivos son un soporte fundamental para el ejercicio de la justicia. Es decir, un documento puede servir para entablar una acción de reparación, para poder atribuir una responsabilidad particular a alguien en la acción penal; o en la acción de memoria histórica, cuando la acción penal no da respuesta a los compromisos institucionales que tiene; o también para la restitución de derechos. Piensen ustedes lo que significa ese hecho, como el caso de los indígenas: tener la titularidad de la tierra de la cual han sido despojados. Entonces es muy importante también el soporte de la verdad, el soporte de la justicia y el soporte de la reparación. En tercer lugar, algo que me parece muy significativo: los archivos que se convierten en soporte de la movilización social, y soporte de la continuidad de la acción acumulada de la lucha por la verdad y la memoria. Me llamó siempre la atención cómo, después de nuestro informe sobre la masacre de Trujillo, una de las primeras reivindicaciones y apoyos que la comunidad reclamó, con posterioridad a todas las acciones que se generaron en torno a la visibilidad que hubo de la masacre, fue la construcción del Centro de Documentación. Ellos tienen allá un parque-monumento grande, que ojalá nuestros invitados extranjeros puedan conocer en algún momento; el cual resulta impresionante como experiencia, como registro de memoria, como memoria de este país, de una de las masacres más horrendas que he visto. Me llamó mucho la atención que el primer reclamo, después del efecto de ese informe, fue la creación de un centro de documentación; fue la búsqueda de que la comunidad fuera protegida por la comunidad histórica. Y si nos vamos mucho más atrás, me viene a la memoria un personaje de comienzos del siglo XX, el líder sindical Raúl 17
Eduardo Mahecha, uno de los grandes líderes sociales que defendía a los obreros de las petroleras y que andaba por todo el país, se decía que con una imprenta viajera. Llevaba una maquinita de escribir y una cajita de documentos, esa era su herramienta de lucha. Con esa herramienta de lucha transitaba por todo el país. Mahecha fue calificado como la imprenta viajera del movimiento sindical en Colombia. Finalmente, quisiera subrayar como otro elemento fundamental de esta tarea en la construcción de los archivos, la importancia del archivo como recurso pedagógico. Al fin y al cabo de lo que se trata es del registro de estos contextos del conflicto, de lo que no puede volver a repetirse; y es importante que la sociedad lo vea, que lo encuentre, que lo pueda documentar en algún lugar. En suma, estos temas de los archivos conciernen al ejercicio de los derechos como individuo, de las comunidades organizadas, de las comunidades de Derechos Humanos. Nos concierne a todos. Quería desarrollar esta idea para que no perdamos de vista, ante miradas mucho más especializadas, que estamos enfrentando un tema de altísima señalización política. Finalmente, en este país y en este momento el tema de la memoria es el tema de la democracia, y de lo que queremos proyectar como sociedad
Por Carlos Zapata Cรกrdenas 19
LOS ARCHIVOS PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD
“No puede haber democracia plena sin archivos”: Jorge Palacio Preciado, exdirector Archivo General de la Nación. “Los archivos son la instancia donde se reciben los documentos y el Centro Nacional de Memoria Histórica es la parte encargada de garantizar que esa memoria aflore, como resultado de los procesos de investigación” Para el Archivo General de la Nación-AGN es un honor servir de nuevo como anfitrión de un evento que recibe a los responsables de hacer realidad la Ley de Víctimas, y de contribuir a la democracia a partir de la reconstrucción, la preservación y protección de la memoria, como nos lo señalaba el doctor Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH. Aunque podría ser redundante insistir en los temas a los que Gonzalo Sánchez se refirió, quiero sin embargo hacer énfasis en cuatro aspectos importantes de su introducción, que seguramente serán desarrollados por sus conferencistas invitados. El primero tiene que ver con el hecho de que el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Memoria Histórica son dos entidades del Estado comprometidas en un proyecto de colaboración, fundamentalmente por el hecho de que perseguimos el mismo fin: no puede haber memoria sino hay registro. Los archivos, al igual que las bibliotecas y los museos, tienen la función de guardar, preservar y dar acceso a la sociedad, a la memoria. Esta no es una función nueva: se ha venido desarrollando a lo largo de siglos y milenios. La existencia de estas instituciones de memoria es fundamental para la consolidación de nuestras sociedades. Una de las características más importantes del ser humano, y algo que lo diferencia de las otras especies, es la necesidad 21
de proteger la memoria. El ser humano necesita extender esos vínculos con la memoria a través de las instituciones que acabo de mencionar, es decir las bibliotecas y los archivos. Si no existiera forma de proteger ese conocimiento registrado, independientemente del tiempo que transcurra, la sociedad estaría repitiendo sus errores permanentemente, y también de manera permanente estaría dejando de utilizar sus aciertos. El Archivo General de la Nación entiende esta función, y junto con el Centro de Nacional Memoria Histórica, asume la responsabilidad que le corresponde por mandato de la Ley de Víctimas. Debido a la necesidad de cooperación que existe entre estas entidades, ya que uno de sus objetivos prioritarios es jugar un papel en el resarcimiento de los derechos de las víctimas, ellas mantienen fuertes lazos de colaboración. No obstante, esa colaboración no solo se da por razones legales sino también por una profunda convicción institucional. Los archivos son la instancia donde se reciben los documentos y el Centro de Nacional Memoria Histórica es la parte encargada de garantizar que esa memoria aflore, como resultado de los procesos de investigación que lleva a cabo a partir de las violaciones reiteradas a los Derechos Humanos. Estamos aquí presentes hoy no solo las entidades del Gobierno, sino también entidades del Estado: las cortes, la justicia, el Congreso de la República, todos estamos comprometidos con la consolidación de esta Ley de Víctimas. Necesitamos que la verdad salga a flote, y no puede haber verdad si los archivos se pierden. No puede haber verdad, o por lo menos no se podría conocer la verdad, si los archivos no están adecuadamente ordenados, descritos, preservados, protegidos; y mucho menos si no son accesibles, si se mantienen ocultos. 22
Es una responsabilidad muy grande para nosotros y para todo el Estado colombiano, en especial para el actual Gobierno, garantizar el derecho de las víctimas a través de la protección de los archivos y de la consolidación de la memoria histórica. No importa cuántos años transcurran, cuántas generaciones tengan que venir, lo importante es que en algún momento esa memoria, que está protegida y guardada, pueda salir a la luz pública. Ojalá más temprano que tarde. Pero la responsabilidad nuestra, por ejemplo, como Archivo General de la Nación, es garantizar que la memoria se conserve, que los archivos se conserven. Quiero hacer énfasis en uno de los elementos que mencionaba el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el sentido de la responsabilidad que le cabe a la sociedad colombiana. Los archivos siempre han sido entendidos y asociados a un factor de poder, que los vincula de manera directa con el Gobierno. Esto no es nuevo, ya el autor español Diego de Navarro hacía un análisis de la imagen de los archivos en los siglos XV al XVII, en una investigación de su autoría publicada hace ya algunos años. Mencionaba él cómo, desde hace varios siglos, la sociedad, al identificar los archivos como un elemento del poder y del Gobierno, atenta contra ellos asumiendo que está enfrentando al mismo Gobierno, y no hay nada más peligroso que eso. La sociedad tiene que entender que los archivos le pertenecen. Es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad de los gobiernos proteger y organizar los archivos, y asegurarse de que estén disponibles para la consulta cuando se requiera. Pero no son un patrimonio del Gobierno, le pertenecen a la sociedad y la sociedad debe protegerlos. Antes de iniciar esta charla, mencionábamos un caso muy emblemático para todos los archivistas: Alejandra Oberti, la conferencista argentina invitada nos hablaba de la importancia que tiene el archivo de la Guerra Civil 23
Española para los responsables de los archivos, para los investigadores y para la sociedad en general; pero en especial para Iberoamérica. No solo por lo que preserva, sino por la capacidad que tiene de contar la verdad. Adicionalmente discutíamos el hecho de que cuando se hablaba de un tema político, que también tiene que ver con los archivos, como fue la desmembración del archivo de la Guerra Civil Española para entregar una parte de los fondos documentales a Cataluña, la sociedad salamanquina había salido a las calles para pronunciarse en contra de esa mutilación del archivo. Eso refleja el sentido de pertenencia de la sociedad española y de la sociedad salamanquina, en particular. El archivo le pertenecía a la ciudad de Salamanca, pero más que a la ciudad le pertenecía a la sociedad salamanquina, que la consideraba parte de su patrimonio. Obviamente es una ciudad española y el patrimonio documental de España le pertenece desde luego a España, como el patrimonio documental de Colombia le pertenece a la sociedad colombiana. En lugar de destruir los archivos, los españoles los protegían. Ese es un ejemplo de lo que debe hacer la sociedad colombiana. Los archivos en general, todos, protegen todo tipo de Derechos Humanos. En un Estado de derecho los archivos son fundamentales. Ya lo mencionaba el primer director del Archivo General de la Nación y artífice de lo que hoy es la política archivística colombiana, el doctor Jorge Palacio Preciado, cuando decía que no puede haber democracia plena sin archivos. Eso es real. Es una verdad de a puño que no debemos olvidar nunca quienes estamos involucrados con el sector archivístico, independientemente de donde estemos ubicados. No existe democracia plena sin archivos. Lo que realmente caracteriza a la democracia es que los archivos son preservados y accedidos por la sociedad. 24
La sociedad colombiana tiene que entender que los archivos preservan información muy importante de la memoria del Estado, historia, y que no importa en manos de quién estén hoy en día. Estas instalaciones que ustedes han visitado durante tanto tiempo preservan la memoria de la República desde hace más de 500 años; es decir, incluso antes de la fundación y establecimiento de la República. Aquí está la memoria de lo que es nuestra identidad como colombianos. ¿Qué pasaría si esa memoria se perdiera? Creo que todos reclamaríamos por esa pérdida. Y así como preservamos durante 500 años esa memoria, esperamos que estas instituciones que hoy se juntan para recibirlos a ustedes y a nuestros conferencistas invitados; y los archivos que tienen que ver con las violaciones a los Derechos Humanos en una sociedad como la nuestra, martirizada por este dolor que no nos abandona, dentro de 500 años puedan decir qué fue lo que pasó. Y la responsabilidad de quienes estamos hoy presentes acá es garantizar que dentro de 500 o mil años la sociedad pueda acceder a esas fuentes fundamentales. La memoria tiene unos vínculos directos con el conocimiento registrado, y el conocimiento registrado tiene unos vínculos directos con las instituciones responsables del conocimiento; y éstas, a su vez, tienen unos vínculos directos con los responsables de fijar la política pública. El Estado en su conjunto tiene que garantizar que los archivos se mantengan. Creo que esa es la principal responsabilidad de la sociedad colombiana; no solo del Gobierno, ni de una parte del Estado: es toda la sociedad la que debe asumir como propia la protección del archivo de los Derechos Humanos. Y eso supone una responsabilidad muy grande para la sociedad civil, que aparentemente, a 25
veces, olvida que no puede, en un momento de violencia colectiva, atentar contra las instituciones en las cuales se conservan archivos que después van a ser necesarios para restituir los derechos de las víctimas. Con esto simplemente quiero cerrar mi intervención y darles la bienvenida a nuestros conferencistas invitados: Antonio Gonzales Quintana, Anna Carla Ericastilla y Alejandra Oberti. De igual manera, quiero agradecer al director del Centro Nacional de Memoria Histórica por haber escogido esta casa, que es la casa de todos los colombianos, la casa de memoria de todos los colombianos, para desarrollar este seminario. Esperamos que todos salgamos con la firme convicción de seguir luchando por la preservación de la memoria, que es fundamental para restituir los derechos de las víctimas de nuestro conflicto
Recomendaciones, logros y desaciertos en la aplicación de políticas públicas para archivos de Derechos Humanos
Por Antonio González Quintana 27
“Las políticas públicas de memoria son siempre coyunturales y de corto recorrido, mientras que en general las políticas archivísticas se diseñan a largo plazo y suelen ser muy estables”.
“Descontextualizados, la mayoría de los documentos que testimonian violaciones de derechos, represión o violencia política pierden gran parte de su valor”.
Los archivos son imprescindibles para el ejercicio real de la mayoría de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. El caso concreto del derecho a la propiedad, muy especialmente la propiedad de la tierra, explica muy claramente la trascendencia de los archivos. Ya en el comienzo de las revoluciones liberales, con la proclamación del derecho a la propiedad en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) no sólo se estaba dando la pauta para la organización de los registros de la propiedad, sino que se estaba reclamando, para la gestión de la ciudadanía proclamada sujeto de ese derecho de propiedad, el surgimiento de lo que sería el registro civil. Sin duda, ambos: registro civil y registro de la propiedad, son los padres de los archivos públicos contemporáneos. Pero no es menos cierto que en las transiciones políticas es cuando los archivos cobran un protagonismo superior en relación con la defensa de los Derechos Humanos, porque están íntimamente ligados con las políticas de gestión del pasado traumático que han de afrontar los nuevos regímenes democráticos o las sociedades posconflicto. Y hablamos de archivos de Derechos Humanos, quizá de forma muy limitativa, para referirnos a los fondos documentales que testimonian las graves violaciones de derechos, como los crímenes de guerra, el genocidio o los crímenes contra la humanidad. 29
Hay un largo camino recorrido por juristas y activistas de Derechos Humanos hacia el reconocimiento del papel clave que los archivos juegan en la defensa de los mismos, camino convergente con el seguido por el mundo de los archivos y por los archiveros en particular, para acercarse a la problemática de la defensa de los Derechos Humanos. Ambos caminos convergentes están marcados por el trinomio que conforman: memoria, verdad y justicia. Desde la eclosión del fenómeno, la reivindicación de la memoria en la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, demandando el derecho a conocer la verdad sobre las atrocidades vividas, se llegaba a partir de ese conocimiento a exigir justicia para las víctimas y condena de los responsables. El nexo que finalmente llevó a unir esfuerzos de archiveros y juristas en la defensa de los archivos, lo plantearía la lucha contra la impunidad. En efecto, los archivos no habían sido objeto de la atención particularizada de los organismos de Naciones Unidas responsables de los Derechos Humanos, hasta que fueron consagrados como elementos determinantes en la lucha contra la impunidad. En su Resolución 1998/53, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconocía que la expectativa de impunidad para las violaciones de Derechos Humanos o del Derecho Humanitario animaba a tales violaciones y era uno de los obstáculos fundamentales para el respeto a los derechos. No es casual que Louis Joinet, relator especial de Naciones Unidas, planteara la definición del derecho a saber -incluyendo en el mismo el derecho a la verdad individual y colectiva, junto con el deber de recordar por parte de los Estados- en el marco de su estudio sobre las formas de combatir la impunidad en las violaciones a los Derechos Humanos, estudio en que el 30
papel trascendental de los archivos es asumido de manera explícita, por primera vez, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido establecer un relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y la garantía de no repetición, que será responsable de redactar un informe sobre el derecho a la verdad. En el marco de la 18.° sesión ordinaria, el Consejo de Derechos Humanos adoptó por consenso un proyecto de resolución sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, presentado conjuntamente por Perú, Argentina, Austria, Costa de Marfil, Francia, Maldivas, Marruecos, Suiza y Uruguay. Esta Resolución crea un relator especial con el mandato de abordar y promover de manera integral y coherente los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición consagrados en los principios para la protección y la promoción de los Derechos Humanos, mediante la lucha contra la impunidad, los principios sobre el derecho a la reparación adoptados por la Asamblea General de la ONU en el 2005 y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esa responsabilidad ha recaído, precisamente sobre el colombiano Pablo de Greiff. En forma paralela a las Naciones Unidas, en la década de 1990 comenzó el acercamiento de los organismos internacionales de los archiveros al tema de los Derechos Humanos, al abordar la cuestión de los archivos de los antiguos regímenes represivos en el marco de la caída de los gobiernos comunistas de los países de Europa y el fin de las dictaduras africanas y latinoamericanas. Sin embargo, lo hicieron pensando más en la salvaguarda de un rico patrimonio documental, que estaba en peligro de 31
desaparecer, que en el uso potencial de los documentos para la defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, en el curso de su misión, el grupo de trabajo creado por la Asamblea General del Consejo Internacional de Archivos, en su Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de Archivos (Citra), celebrada en México en 1993, y basado en la experiencia de sus miembros, puso la atención principal de sus trabajos no en el valor patrimonial de los documentos, sino en la importancia de utilizar esos documentos para el ejercicio de derechos colectivos e individuales.
Políticas de memoria y políticas archivísticas No son lo mismo, aunque a veces se confundan, políticas de memoria o, hablando con más exactitud, políticas de gestión del pasado, que políticas archivísticas. Por definición, las políticas públicas de memoria son siempre coyunturales y de corto recorrido, mientras que en general las políticas archivísticas se diseñan a largo plazo y suelen ser muy estables, garantizando así la confianza en los archivos como entes testimoniales que basan su credibilidad en su permanencia y neutralidad. Pero en las transiciones políticas esta diferencia requeriría de alguna matización. Como trataremos de ilustrar, las segundas son necesarias para que las primeras sean eficaces. Así podemos afirmar que las políticas archivísticas son esenciales, incluso determinantes, de las políticas de gestión del pasado. Si exceptuamos el modelo amnésico del que sería paradigmática la transición española, en casi todos los restantes modelos de transición encontramos medidas concretas de justicia transicional. Entre éstas incluiríamos los juicios penales contra los responsables de las atrocidades cometidas en el régimen superado, tanto a nivel nacional como en tribunales internacionales; la creación de 32
comisiones de verdad; el establecimiento de mecanismos de depuración de las administraciones y el desarrollo de medidas de rehabilitación de las víctimas o de reparación o compensación por el daño infligido a éstas. Los archivos son necesarios para poner en marcha, con garantía de éxito, tales medidas de justicia transicional. Existe, por otra parte, una fuerte conexión entre las políticas de archivo y los modelos de transición política. La existencia o no de los documentos y archivos, la permanencia de los documentos que dan testimonio del horror de las violaciones de los Derechos Humanos y las políticas desarrolladas para la gestión de estos documentos y archivos, tienen una influencia decisiva en el modelo concreto de transición finalmente resultante en todos los casos. Por el contrario, la voluntad política de olvidar o silenciar el pasado tiene consecuencias dramáticas para documentos y archivos. En los países que participan en procesos de transición de totalitarios a sistemas democráticos, la relación entre los archivos y los Derechos Humanos adquiere una dimensión especial. A menudo se menciona la importancia que los documentos generados en torno a la represión política tienen para perpetuar la memoria de los pueblos, porque son un testimonio insustituible de la represión que han sufrido. Pero el argumento más importante para defender la conservación de los documentos represivos en la nueva democracia radica en la importancia que tienen para las personas afectadas por la represión como víctimas, ya que serán esenciales en la nueva situación política para el ejercicio de ciertos derechos individuales: la rehabilitación, la amnistía, reparaciones, indemnizaciones, pensiones, la restitución de los bienes, etcétera. La ausencia de documentos limita la capacidad de elección, pues dificulta el hipotético trabajo que habrían de hacer 33
los órganos de justicia transicional. Los documentos que testimonian la violación de Derechos Humanos deben ser conservados. Al menos las políticas inmediatas en materia de archivos deben ir encaminadas a conseguir ese objetivo.
Archivística transicional Pero cuando esas fuentes directas sobre la violación de Derechos Humanos, ligadas a la represión política se han conservado, ¿se les debe dar el mismo tratamiento que a los documentos convencionales?, ¿es aconsejable que sigan el mismo recorrido en el sistema archivístico, ajustado su ciclo vital a los calendarios de conservación tradicionales? La respuesta en principio es: ¡no! Como se ha hecho en la mayoría de los procesos de transición y como trataremos de justificar, es necesario actuar de forma inmediata y especial sobre esos conjuntos documentales que, a priori, han de aportar la información necesaria para desarrollar las políticas de gestión del pasado que la sociedad elija. Mediante la creación de nuevos centros o la utilización de los archivos pre-existentes, los citados documentos se deben hacer accesibles. En el segundo caso, ordenando su ingreso a los archivos públicos que se consideren adecuados: archivo nacional o archivo provincial. En el primero, creando archivos, institutos o centros especiales (con una enorme confusión terminológica que no ha favorecido el fortalecimiento de los archivos como instituciones claves en la democratización de los Estados) para tratar tales documentos. A la vez, es urgente regular con normas específicas el uso de los documentos para los fines determinados, ya que sus necesidades de uso se plantean en escenarios extraordinarios en los que las prácticas habituales y generales no son válidas. En el tema del acceso, por ejemplo, el estudio de documentos que testimonian la violación de los Derechos Humanos no 34
puede quedar limitado por la excepcionalidad en cuanto al libre acceso que las leyes, como la de secretos oficiales, la de libertad de información, la de protección de datos o la de defensa de la intimidad, propias de una democracia, suelen establecer. Dependiendo de los objetivos que las políticas de gestión del pasado se fijen y de las instancias de justicia transicional que se establezcan, deberán diseñarse especiales políticas archivísticas para la transición. Pongamos el caso de un gran archivo policial o de un servicio de inteligencia que debiera integrarse, al finalizar la existencia de ese organismo, en los archivos nacionales. ¿Estarían éstos preparados para gestionarlos?, ¿habría sido capaz el Bundesarchiv de atender los fondos de la Stasi.1 para asumir las medidas derivadas de su legislación sobre gestión del pasado? En todo proceso de democratización de un país, al final serán necesarios nuevos centros, nuevas leyes y nuevos sistemas públicos de archivo en todos los ámbitos administrativos, porque la reforma archivística en general, al igual que la regulación de la libertad de información y de acceso a los documentos de titularidad pública son pilares esenciales de los Estados democráticos. Pero, por razones de urgencia, habrá que empezar por crear los archivos especializados y específicos mencionados (siempre con la perspectiva de que han de ser entidades transitorias y que los fondos documentales que administren deben acabar integrándose al Sistema General de Archivos del país), u ordenar el ingreso a los archivos públicos de aquellos fondos documentales que testimonien la violación de Derechos Humanos, y hacer leyes concretas que regulen el uso de los mismos. Lo que no puede suceder es que se reconozcan unos derechos, como se ha hecho en España, como la posibilidad 35
1. Ministerium für Staatssicherheit (Ministerio para la Seguridad del Estado, de la República Democrática Alemana-RDA).
de rehabilitación moral de los condenados ilegítimamente en los consejos de guerra del franquismo, que reconoce la llamada Ley de Memoria Histórica, y que los expedientes de esos consejos de guerra no estén en un archivo público a disposición de las víctimas. Los documentos que testimonian la violación de Derechos Humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos en democracia: derechos colectivos como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la memoria y el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los Derechos Humanos o el derecho a elegir libremente el modelo de transición política del país. De igual modo, derechos individuales como el derecho a la exculpación y la rehabilitación; el derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos en el período represivo; el derecho al conocimiento por cualquier persona de los datos existentes sobre ella en archivos de los organismos represivos; el derecho a la investigación histórica y científica; el derecho a la compensación y reparación de daños sufridos por las víctimas de la represión o el derecho a la restitución de bienes confiscados se podrán ejercer plenamente sólo si, además de conservarse, los archivos de los organismos propios del régimen represivo, incluidos los de los partidos totalitarios que los sustentaron, se someten a la legislación democrática y pasan inmediatamente al control de nuevas autoridades en las transiciones políticas. Pero eso no quiere decir que no hayan de ser archivos, y que no deban ser los profesionales de los archivos quienes asuman esas políticas archivísticas de transición. La escasa credibilidad que en algunos países en transición gozan las instituciones públicas y, por tanto, también sus archivos nacionales o generales, no suficientemente renovados, profesionalizados y fortalecidos con recursos para la finalización de los regímenes represivos, ha llevado 36
a la búsqueda de organismos alternativos a fin de gestionar los documentos relativos a la violación de los derechos. Muchas veces estos nuevos entes se han puesto en manos de militantes de la causa de la democracia o de los Derechos Humanos, como la mejor forma de hacer patente el compromiso con las víctimas y con la justicia. Los documentos de los archivos producidos como tales, por personas físicas o jurídicas en el ejercicio de sus funciones, competencias o actividades, se deben tratar profesionalmente, manteniendo su contexto y respetando su procedencia y orden original. Y su gestión no puede obedecer a las mismas técnicas de los centros de documentación donde prima la acumulación de datos en torno a una misma demanda de información, independientemente de las características del documento que sostiene los datos, de la autenticidad de éste y de la forma en que ha sido generado o ha llegado al dossier. La tendencia a crear centros híbridos, dirigidos y gestionados por militantes de los Derechos Humanos o de las organizaciones de oposición, y no por archiveros, es una mala solución. Son los profesionales de los archivos, los archiveros, los que saben tratar convenientemente los documentos de archivo y los que tienen conciencia de que su valor como testimonio está mediado por la forma en que se traten. Descontextualizados, la mayoría de los documentos que testimonian violaciones de derechos, represión o violencia política pierden gran parte de su valor. Es importante recordar que la opción de recurrir a instituciones especializadas para tratar profesionalmente los grandes archivos de las desaparecidas policías políticas (caso de la Stasi alemana o el KGB ”.2 ) es altamente recomendable, para potenciar el uso de estos documentos en pro de la justicia y de las reparaciones de daños 37
2. Komitet Gosudárstvennoy Bezopásnosti o Comité para la Seguridad del Estado. Fue la agencia de inteligencia y la policía. secreta de la Unión Soviética entre 1954 y 1991.
causados a las víctimas de la represión, sin hacer caer esa responsabilidad sobre los archivos nacionales o generales, ya habitualmente escasos de personal y de medios para afrontar su labor cotidiana, y claramente incapaces de incorporar, en algunos casos, cientos de miles de metros lineales de nuevos fondos. Pero esa actuación debe tener un carácter transitorio, y el fin de los fondos documentales de las policías políticas debe ser el de los archivos nacionales o generales, una vez pasado el período de su máximo uso administrativo por las instituciones o figuras de la justicia transicional. Pero en ningún caso parece justificado crear archivos particulares para gestionar fondos documentales de escaso volumen, y menos aún para, dado que hay pocos documentos oficiales (sobre todo en países que aún no han podido localizar los archivos de sus anteriores organismos de seguridad del Estado), juntar esos archivos de pequeño volumen con libros, periódicos, colecciones de folletos, recortes de prensa, reproducciones (o más grave, originales) de documentos de otros archivos, fuentes orales, piezas de museo, en conjuntos temáticos que lleguen a hacer aquellos irreconocibles. En esos casos, parece más lógico incorporar esos fondos documentales pequeños a los archivos generales y que las instituciones creadas para gestionar el pasado dirijan más sus esfuerzos hacia la formación de centros de referencia sobre las fuentes de la represión, ubicando éstas en el lugar natural más adecuado del sistema archivístico y poniendo al servicio de la justicia, las comisiones de verdad, las víctimas o los usuarios en general, no sólo las referencias a la localización de las fuentes de interés en cada caso, sino también los medios para suministrar pruebas a los tribunales o que deban iniciar los procedimientos de habeas data o de aportación de certificaciones que las víctimas deban acompañar a sus demandas de reparación. 38
El ejemplo del Centro de Referencias sobre la Represión (Memorias Reveladas) creado por el Consejo Nacional de Archivos de Brasil y vinculado al Archivo Nacional es, sin duda, el modelo más adecuado: rentabiliza recursos, unifica las fuentes de información y normaliza los procesos de descripción, tanto de los fondos de los organismos represivos, fundamentalmente los de las Delegaciones de Orden Político y Social (DOPS) existentes en los archivos públicos de los Estados, como de los documentos del Servicio Nacional de Informaciones, ingresados en el propio Archivo Nacional por decisión del presidente Lula.
Archivos nacionales Además del citado caso de Brasil, en otros países los archivos nacionales han recibido, al cabo de un tiempo, los fondos de los organismos represivos. Fue el caso de Portugal, donde los archivos de la policía política represiva (Policía Internacional y Defensa del Estado -PIDE) y la Legión Portuguesa, así como el propio archivo personal del dictador Antonio de Oliveira Salazar, ingresaron en los archivos nacionales Torre do Tombo, tras 25 años de la caída de la dictadura salazarista. Y República Dominicana, donde trascurridos 40 años de la finalización de la dictadura de Trujillo, el Archivo General de la Nación recibió la parte del fondo documental de la Presidencia de la República, correspondiente a ese período, incluido el archivo personal de Rafael Leónidas Trujillo, así como los fondos del partido único del régimen, el Partido Dominicano. En diferentes países, finalizado el régimen represivo, los viejos archivos policiales se han vinculado, al menos administrativamente, a los archivos nacionales, incluso mantienen el documento físico en el lugar de su ubicación original. En España, la sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional pasó, en 1979, a convertirse en sección independiente del Archivo Histórico Nacional, en la 39
misma sede que ocupaban los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno en el régimen franquista. En Guatemala, el Archivo Histórico de la Policía Nacional, puesto tras su localización casual en 2005, bajo la responsabilidad del Procurador de los Derechos Humanos, pasó en 2010 a formar parte del Archivo General de Centro América; eso sí, sin cambiar la ubicación física de los documentos, que permanecen en las antiguas dependencias policiales.
Nuevos archivos independientes Pero lo más frecuente es que, para la gestión y administración de los grandes fondos documentales creados por los entes represivos, asistamos a la creación de otro tipo de instituciones –del orden archivístico o no-, pero totalmente independientes de los archivos nacionales. Entre éstas son de destacar los “nuevos archivos”, de los que el ejemplo principal nos lo ofrece Alemania, con su Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la Stasi (BStU). Este nuevo organismo, concebido como un ente claramente de transición, con fecha de caducidad, nacía en 1991, junto con una ley especial para regular el uso de los archivos del servicio de inteligencia de la RDA: Ley sobre los Documentos del Servicio de Seguridad del Estado de la Antigua República Democrática Alemana (Ley de los Documentos de la Stasi – Stasi – Unterlagen - Gesetz – StUG), del 20 de septiembre de 1991. Poner los documentos de la Stasi bajo la administración de un Comisionado Federal elegido por el Parlamento alemán y convertir, con la citada ley, el archivo de la Stasi en pieza esencial para desarrollar políticas de justicia transicional en Alemania, supuso una auténtica revolución en las políticas archivísticas de transición. El ejemplo alemán sería una referencia básica para las transiciones en los países excomunistas de la Europa 40
Central y del Este, que crearon sendas instituciones archivísticas especiales para administrar los archivos de los extinguidos servicios secretos. A partir de la Ley de Archivos de la desaparecida Stasi, otros países de Centro Europa han tratado de crear estructuras similares a las del Comisionado Federal para la Administración de los Archivos de la desaparecida Stasi (conocida popularmente como Oficina Gauck, por el nombre de su primer comisionado federal, el reverendo Joachim Gauck), así como de producir leyes que, inspiradas en la alemana, permitieran la investigación sobre la existencia de antecedentes, como agentes o colaboradores de las policías políticas, de políticos y responsables públicos en los nuevos regímenes democráticos, conocidas como leyes de lustración”.3 En la República de Lituania se creó en 1990 el Archivo Especial de Lituania, para administrar el archivo del KGB, de la desaparecida República Socialista de Lituania. En 1991, la República Checa, aprobó dos leyes de depuración (lustración), con las que, como en Alemania en el caso de la Stasi, pretendía evitar la presencia de antiguos funcionarios o colaboradores de la StB, el servicio secreto de seguridad en la era comunista, en los puestos directivos de los organismos del Estado, el Ejército, la Policía y los servicios penitenciarios. Y en 1995 fue creada la Oficina de Investigación y Documentación de los Crímenes del Comunismo de la República Checa, con plenos poderes para instruir, perseguir y recoger documentación sobre los enunciados crímenes. Vinculada a la Policía, esta oficina intervenía como órgano legal en los procesos judiciales abiertos contra responsables de tales violaciones de Derechos Humanos, debiendo aportar las pruebas pertinentes, junto con el auto de acusación, al juzgado. 41
3. Lustración es el proceso de gobierno que regula la participación de los excomunistas, especialmente informantes de la policía secreta comunista, en posiciones políticas o en puestos de la administración pública en el periodo posterior a la caída del régimen. De manera más amplia, se aplica en el proceso de las naciones que se ocupan de pasadas violaciones de los Derechos Humanos o las injusticias que se han producido. El término está tomado de los rituales romanos de purificación lustro.
En el 2007 las funciones de la Oficina las heredó el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, dependiente del Parlamento y no de la Policía, lo que garantiza una mayor ecuanimidad en el trabajo. Los archivos de la policía política y de otros órganos de espionaje, antes diseminados por los ministerios de Interior, Defensa y Justicia se unificaban también bajo la administración de este Instituto. En 1996 se aprobó en Hungría la Ley de Lustración, tras un primer intento fallido en 1994, y se fundó la Oficina Histórica, que había de conservar los documentos de los servicios de seguridad del Estado. Esa “oficina” en el 2003 se transformó en Archivos Históricos de la Seguridad del Estado, con la Ley III/2003 de desclasificación de las actividades de los Servicios Secretos del Régimen Comunista y de establecimiento de los Archivos Históricos de la Seguridad del Estado Húngaro, que seguía la pauta marcada el año anterior por la ley aprobada en Eslovaquia, el 19 de agosto, de desclasificación de las actividades de las autoridades de seguridad del Estado en el periodo 19391989, y de creación del Instituto Nacional de la Memoria (Ley de la Memoria Nacional). En Polonia, en 1998, se creó el Instituto Nacional de la Memoria y la Comisión de Persecución de los Crímenes contra la Nación Polaca; y el 7 de diciembre de 1999, mediante ley se aprobó en Rumania la creación del Consejo Nacional para el Estudio de los Archivos de la Securitate.
Centros de memoria / Centros de documentación Si los nuevos archivos de la Europa Central y del Este gestionaban el uso de los documentos de las policías políticas en las respectivas transiciones, en América Latina o en África las necesidades inmediatas se planteaban, en primer lugar, en localizar esos documentos producidos por 42
las entidades policiales y militares que protagonizaron la represión o, en su defecto, salvaguardarlos de las entidades de oposición y de los organismos de defensa de los Derechos Humanos, para así intentar llegar a la verdad de lo ocurrido y a la justicia, a partir de fuentes alternativas. En este punto, las iniciativas de la sociedad civil han marcado una vía de actuación con ejemplos como los de la Vicaría de la Solidaridad, en Santiago de Chile; o Memoria Abierta, en Buenos Aires. Precisamente, fueron las dificultades iniciales para acercarse a la consulta de los documentos oficiales las que inclinaron a las transiciones latinoamericanas a buscar la verdad a través de comisiones de investigación, las que se conocerían como comisiones de la verdad. La primera, la argentina, Conadep (Comisión Nacional de Personas Desaparecidas), creada en 1983 y presidida por Ernesto Sábato, en el gobierno de Raúl Alfonsín; y la segunda, la que ya incorporaría el título, luego tantas veces repetido, fue la chilena Comisión para la Verdad y la Reconciliación, presidida por Raúl Rettig, durante el Gobierno de Patricio Aylwin. Cuando no han sido buscados los documentos ni ha habido intención de usarlos en alguna línea de justicia transicional, los hallazgos, como hemos visto en Paraguay, Argentina o Guatemala, han tenido que ser asumidos desde la improvisación de soluciones. Así, en Paraguay, localizado gracias a la intervención judicial tras una denuncia ciudadana, el Archivo de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, más conocida por La Técnica, de Alfredo Stroessner, sería adscrito, para su gestión y administración, al Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, creado ad hoc y vinculado a la Corte Suprema, en Asunción. Tras la localización del archivo de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, en el 2000, 43
en la ciudad de La Plata sería creada por el Gobierno de la Provincia la Comisión Provincial por la Memoria, pionera de las instituciones de memoria en Argentina, experiencia que más tarde se extendería por el resto de administraciones del país, con el Archivo Nacional de la Memoria a la cabeza, ubicado actualmente en la que fuera sede de la Escuela de Mecánica de la Armada, quizá el principal centro de detención ilegal de los usados por la Junta Argentina, en la dictadura de 1976 a 1993. En Guatemala, la localización en forma casual, en el 2005, de los archivos de la Policía Nacional por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en el curso de una investigación totalmente ajena al tema de los archivos policiales, puso en manos del Procurador de los Derechos Humanos este importante fondo, y con la autorización judicial pertinente comenzó a organizar y describir el material. Pasados cinco años, esa situación inicial, improvisada y que sirvió para recuperar el archivo policial, hubo de cambiar para dar institucionalidad a la existencia y al uso de esos documentos por el público en general, y por las víctimas de las violaciones de derechos en particular. Así se incorporaría, legal y formalmente, como ha quedado ya señalado, al Archivo General de Centro América del Ministerio de Cultura, si bien manteniendo su administración independiente. Exceptuando el caso guatemalteco, en el resto de países iberoamericanos, en donde esta solución se usa como alternativa de referencia, los centros de memoria usados para gestionar unos fondos minúsculos, en cuanto al tamaño, se van a plantear el objetivo ampliado de recopilar cuanta información sea posible, sobre el período de la represión con fuentes de toda procedencia. Es en ese intento en el que la figura del archivo se diluye a favor de una entidad híbrida, donde los documentos de archivo pierden su valor contextual. 44
En el 2003, el Gobierno de Néstor Kirchner creaba el Archivo Nacional de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires. En la voluntad de acabar con las leyes de punto final y obediencia debida, y abrir nuevamente los juicios contra los responsables de crímenes contra la humanidad, los archivos estaban llamados a jugar un papel esencial en el apoyo a los tribunales de justicia, con el aporte de pruebas documentales. Nacía el Archivo Nacional de la Memoria con los fines de: “(…) preservar informaciones, testimonios y documentos necesarios para estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la República Argentina, su coordinación con los países del cono sur y sus demás manifestaciones en el exterior, y contribuir a la coordinación regional y subregional de los archivos de derechos humanos; y de desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y la creación de una base de datos, para analizar, clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser consultados por los titulares de un interés legítimo, dentro del Estado y la sociedad civil, en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia”. Para conseguir tales fines se le daban atribuciones para: “Tener acceso directo, para los fines y objetivos de este decreto, a los archivos de los organismos integrantes de la administración centralizada y descentralizada del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Seguridad; requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos los que deberán cumplimentarse en el término que se fije en el requerimiento y conforme a las normas legales en 45
vigencia; recibir nuevas informaciones, testimonios y documentos relativos a la materia del presente decreto; centralizar en el ámbito nacional los archivos existentes en esta materia, incluidos los archivos de la Conadep, los de la Secretaría de Derechos Humanos (Archivos SDH) y los de las leyes reparatorias 24.043, 24.411 y 25.192, custodiados en la Secretaría de Derechos Humanos y ofrecer a los estados provinciales, municipales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la coordinación de los archivos locales”. Estas atribuciones han provocado dualidades en las actuaciones, por cuanto chocaban con la estructura tradicional de los archivos argentinos y, principalmente, con las competencias del Archivo General de la Nación. La extensión del modelo a las provincias daría lugar a que esa dualidad de competencias se planteara también con los archivos provinciales. A pesar de todas las dudas expuestas sobre la viabilidad de estos centros y archivos de memoria, lo cierto es que han aportado un innegable dinamismo en la actuación pública hacia los documentos que testimonian las violaciones de Derechos Humanos y han colaborado de forma eficaz con la justicia. La actitud proactiva de estos centros en la investigación de casos sobre los propios fondos custodiados y el compromiso con la defensa de los Derechos Humanos deben valorarse muy positivamente. En contra de los centros y archivos de memoria estaría que se gestionen sin profesionalidad archivística, lo que implica descontextualización de los documentos y pérdida de credibilidad, tan necesaria cuando los documentos han de usarse como pruebas en los tribunales. Ahí, el archivo que garantice la cadena de custodia y la constante contextualización de cómo y dónde se produjeron los documentos, y que a su vez explique su forma de ingreso 46
tiene mayor probabilidad de no ver cuestionados sus aportes a la justicia. La experiencia de archivos y centros de memoria ha llegado también a extenderse al campo de los museos, como en el caso del Museo Nacional de la Memoria y de los Derechos Humanos en Chile, creado en Santiago, en enero del 2010. Nacido para dar testimonio de lo ocurrido en la dictadura de Augusto Pinochet, a la manera del Archivo Nacional de la Memoria, de Argentina, el Museo asume la custodia de los fondos de las comisiones chilenas de la verdad, no sólo la ya citada Comisión Rettig, sino también las comisiones González Poblete, creada en 1992 (Comisión Nacional para la Reparación y la Reconciliación) y la Comisión Valech, del 2010 (Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura). También en Argentina, en alguna provincia, como Rosario, se creó un museo de la memoria. Igualmente, la Intendencia de Montevideo, en Uruguay, creaba su Museo de la Memoria. En República Dominicana y Timor Este, han creado museos memoriales de la resistencia contra las dictaduras. Múltiples fórmulas, por tanto, las que existen para una finalidad común: gestionar los documentos para favorecer el conocimiento de la verdad y la actuación de la justicia. Para finalizar, me gustaría decir que es precisamente el carácter militante y de compromiso con los Derechos Humanos que han demostrado los centros de memoria lo que nos debe motivar a los archiveros en general a reivindicar con fuerza la profesionalidad, a la hora de tratar los documentos de la represión política, pero fortaleciendo nuestra postura con un claro compromiso ético con los Derechos Humanos. 47
¿Qué cambio necesitamos al respecto? Mi opinión es que debemos asumir un código ético o ampliar nuestro código ético ya existente para que queden claros dos principios básicos: el primero, que jamás ayudaremos con los documentos de archivo que gestionamos o custodiamos a cometer abusos contra los Derechos Humanos; y el segundo, que no destruiremos pruebas documentales que testimonien genocidios, crímenes de guerra u otras graves violaciones de los Derechos Humanos. La independencia del archivero para el buen uso de los documentos es lo que estaría en juego. A ese compromiso debe ir unida una total proclamación de independencia en la aplicación de las leyes, de manera que los archivos no puedan ser usados por el poder público o el poder político para imponer vetos, silencios o actuaciones censurables no solo desde el punto de vista ético, sino incluso claramente delictivos
Experiencia de un caso de la PolicĂ­a Nacional de Guatemala
Por Anna Carla Ericastilla 49
DOCUMENTOS DE ARCHIVOS DE DERECHOS HUMANOS: ACCESO Y RESERVA
“Los archivos tienen su propia historia, pero no hablan por sí mismos, sino que son parte de un diálogo con sus usuarios, por lo que adquiere importancia conocer las necesidades del público”. “Los archivos, así como pueden mostrar también pueden esconder”.
Gracias por atender a la convocatoria del Centro de Memoria Histórica-CNMH a estos diálogos internacionales acerca de las experiencias en archivos de Derechos Humanos, para compartir los avances, y los aciertos y desaciertos encontrados en el camino de la experiencia guatemalteca. Quiero conversar acerca de las experiencias en el acceso y la reserva de los documentos de archivos de Derechos Humanos, en el caso de la Policía de Guatemala. La conversación va constar de tres partes: la primera, dedicada a la memoria y la historia de los debates políticos; la segunda, a la relación entre memoria, historia y archivos; y una tercera parte, dedicada al acceso a la información en los archivos guatemaltecos. Les voy a contar tres experiencias distintas, que van en la misma línea del tema del acceso. Para comenzar, debo decir que a pesar de que la preocupación de la humanidad acerca del pasado ha existido siempre, ésta ha sido abordada desde distintas perspectivas. En estos, nuestros tiempos modernos, ha cobrado importancia la atención a la diversidad de explicaciones o aproximaciones al mismo pasado. Están relacionadas con lo que decía Walter Benjamin, acerca de que el pasado no ha pasado, sino que, por el contrario, es el escenario de conflictos permanentes 51
respecto a las formas de recordar, puesto que se cuestiona el grado de legitimidad de las distintas memorias.
1. Historia, memoria y sus debates políticos: el uso del pasado. Hoy día coinciden en distintos países de América Latina segmentos de la ciudadanía en los cuales se ve un creciente interés por conocer el pasado más inmediato, sobre todo en países donde se han dado elementos de ruptura o de crisis, como son los conflictos internos.
Nos encontramos pues, ante el estudio del tiempo presente, que corresponde al tiempo de la experiencia vivida, conformada casi siempre por la experiencia de al menos una de las tres generaciones que comparten un mismo proceso histórico. Y aquí comienzan a surgir los problemas a debatir: la confusión de la historia con sus fuentes, entender la historia como igual al testimonio, preguntarnos acerca de la función y la utilidad de los archivos. En el caso guatemalteco se ha marcado la tendencia polarizada entre los que desean saber y los que quieren olvidar. Y eso nos lleva a hablar acerca de la memoria y la historia en los debates políticos. La agenda de la memoria no es neutra, puesto que conlleva haber respondido en una línea definida las interrogantes acerca de si las sociedades recuerdan. ¿Cómo sabemos lo que recuerdan? ¿Existe la memoria colectiva? ¿Cuál es la verdad? La agenda suele llevar implícitos los propósitos de la búsqueda de la reconciliación y esto debe generar una discusión acerca de si esta reconciliación es posible o es deseable. También se plantea la capacidad de la memoria para llevar a la sanación, mediante comisiones de verdad y la 52
judicialización de los casos resultantes. Si partimos de que la memoria es el resultado de una visión del pasado que se fija en el imaginario colectivo, mediante un proceso de asimilación y de comprensión, tenemos que reconocer que la memoria se encuentra con la historia, porque ambas son narrativas que reflejan un punto de vista de quienes la producen; ambas son productos socialmente construidos, construidos hoy, no ayer y no mañana, ¡hoy!, que reflejan batallas políticas, pero que no son igualmente válidas en la misma dimensión. La memoria es una reconstrucción basada en el recuerdo, no necesariamente sistémico o verificable. La memoria no es una disciplina, y en su caso es menos importante si lo que se recuerda es verídico, en relación a la validez que tiene la experiencia vivida y cómo es recordada por sus participantes. La memoria nutre la historia y la historia necesita de los recursos de la memoria para llenar vacíos. La historia toma en cuenta la memoria, pero no se reduce a ésta. Ya lo había dicho el historiador Eric Hobsbawm: “Los historiadores son los destructores de los mitos nacionalistas”. Pero aquí cabe destacar que la memoria no es solamente puente para la historia, sino que es un objeto de análisis. La incorporación de nuevos sujetos, como los activistas de las distintas reivindicaciones sociales que han llevado a debate los temas de Derechos Humanos y la participación colectiva, ha traído una nueva mirada y nuevas formas de pensar la historia política, que hasta hace poco se dedicaba principalmente al estudio de las actuaciones del Estado, los partidos políticos y los sindicatos. Lo que vemos es un cambio generacional, un cambio de ideología; es en este contexto que Elizabeth Jennig ha planteado la importancia de la huella de lo traumático, 53
el sentido político de saldar cuentas con el pasado, las heridas abiertas como objeto de estudio. Esto nos lleva a tratar la temática de la relación entre la memoria, la historia y los archivos. Los archivos tienen su propia historia, pero no hablan por sí mismos, sino que son parte de un diálogo con sus usuarios, por lo que adquiere importancia conocer las necesidades del público, de la sociedad en la que están inmersos para habilitar los servicios en esa dirección. Los archivos, así como pueden mostrar, también pueden esconder. Encontrar lo que se busca será más fácil o más difícil, dependiendo de las decisiones que tomen los archiveros, quienes deben preparar los documentos para que, en su condición de fuentes, tengan una inteligibilidad histórica. Es a partir de archivos organizados que dan acceso a la información y de la utilidad potencial de los archivos que una sociedad puede realmente concretarse. Tal vez aquí en Colombia eso puede sonar como algo sabido de sobra, pero en Guatemala no es así: la Ley de Acceso a la Información dejó por fuera la situación de abandono de los archivos, al dedicar a ese tema únicamente dos artículos de los 72 que la componen. En el sentido de la orientación y la organización de las fuentes, los archivos son finitos, puesto que dejan fuera determinadas visiones, convirtiéndose así los archivistas en mediadores entre las narrativas existentes. Cabe destacar que los silencios que se produzcan también son parte de la historia. Es así como los esfuerzos de memorialización deben ser complementarios con el objeto de abrir espacios para aquellos que se sientan excluidos. Esto lleva a preguntas obligadas acerca de qué voces están representadas en los documentos de archivo; a quién les pertenecen; quiénes se apropian 54
emocionalmente de éstos. A su vez, esto nos lleva al reto de democratizar el uso de esos documentos.
2. Historia, memoria y archivos: posibilidades de acción frente a la justicia de transición La sociedad civil guatemalteca ha realizado importantes esfuerzos para promover el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado interno. Entre éstos, el Proyecto Interdiocesano para la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), que contribuyó significativamente al trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), a la realización de procesos de búsqueda, y al reencuentro de niñez desaparecida. También contribuyó a la elaboración de la iniciativa de la Ley 3590 para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, y en un trabajo basto de antropólogos sociales y forenses para la búsqueda del pasado, incluyendo la exhumación de cientos de cementerios clandestinos. Menciono esto, porque se ha dado una estrategia de articulación de esfuerzos desde distintos sectores, pensando en el potencial de los archivos como redes articuladoras. En ese sentido, se creó un programa de acompañamiento a la justicia de transición, auspiciado por el PNUD, que propone aglutinar varias iniciativas interrelacionadas, generando así una ventaja al articular las instituciones y las organizaciones en un mismo espacio de acción, el cual permitió, o ha permitido (están en eso), superar la tendencia a la compartimentariedad de los esfuerzos e iniciativas realizados a la fecha. Este programa de acompañamiento a la justicia de transición apoya el desarrollo de capacidades del Estado y la sociedad para el ejercicio de los derechos de la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del enfrentamiento armado. Propone la recuperación de la memoria histórica y política 55
del país, la localización de cementerios clandestinos, personas desaparecidas y elementos de referencias, e información concreta para el esclarecimiento de las violaciones de Derechos Humanos; el fortalecimiento del sistema de justicia y la erradicación de la impunidad. Todas estas acciones como componentes de una red articulada. También propone, entonces, medidas de no repetición a través del desarrollo de capacidades estatales y sociales para el ejercicio de Derechos Humanos, la prevención de conflictos y la reconciliación social, ingresando por la línea del acercamiento pedagógico. Esta red articuladora de la justicia en transición, en el ámbito de verdad articula al Archivo Histórico de la Policía Nacional y a la Secretaría de la Paz, con la idea de generar información y contenidos para el esclarecimiento. En el ámbito de reparación, articula a las instancias que se dedican a exhumaciones de víctimas del conflicto armado y al Programa Nacional de Resarcimiento, con la idea de llevar a cabo una plataforma informática que permita tener un registro de víctimas y un mapeo de exhumaciones, incluyendo áreas para reparación material y reparación cultural. Nos lleva también esta parte al tema de acompañamiento psicosocial a las víctimas, acceso a la justicia de los pueblos indígenas y búsqueda de niñez desaparecida; además de medidas para erradicar la violencia contra las mujeres durante el conflicto armado interno. En lo referente a reparación, en el ámbito de justicia, incorpora al Ministerio Público para poder establecer protocolos a fin de desarrollar acciones de atención a las víctimas, peritajes especializados y el fortalecimiento de las fiscalías de delitos de Derechos Humanos. En el ámbito de medidas de no repetición, incorpora instancias como la Secretaria de la Paz, la Comisión 56
Presidencial de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la investigación, socialización de procesos de recuperación, incorporando estos elementos a los programas educativos en las instancias de escuelas primarias, por ejemplo, con la idea de que los contenidos, productos de la investigación, sirvan para afianzar esas medidas de no repetición. Y entonces, para poder ir articulando esfuerzos en esta red que les he comentado, el Ministerio de Cultura y Deportes tiene el compromiso de crear las condiciones que permitan la institucionalización, estabilización, digitalización continua, apertura y acceso del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Este proceso se expresa en el logro de la certeza jurídica correspondiente, la creación legal de una instancia que asegure la continuidad y estabilidad política en el largo plazo; la estabilización archivista mediante la preservación, organización, descripción archivística, conservación física y digital de los documentos; la custodia del acervo y, sobre todo, la garantía de pleno acceso a la información que contiene los documentos de dicho acervo, en cuanto a organismos del Estado, organismos de la sociedad civil, víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones de Derechos Humanos; a investigadores en general a través de la creación de una Unidad de Acceso a la Información, e incluyendo el aporte de los conocimientos técnicos y científicos de la experiencia acumulada para la preparación de peritajes archivísticos e investigación en archivo, indispensables para los procesos judiciales. ¿Qué quiero decir con esto de peritajes archivísticos? Apoyo a los fiscales del Ministerio Público para la utilización de las herramientas archivísticas, que no siempre les son tan cercanas, pues que no tienen la formación específica de la archivística y porque la utilización de fuentes de archivos 57
estatales para el caso de violaciones a los Derechos Humanos es algo inédito en le medio guatemalteco. La titularidad del Archivo Histórico de la Policía Nacional, transferida desde el Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura, y el papel rector del Archivo General de Centro América se fortalecerá con la aprobación y entrada en vigor de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que implicará, cuando se apruebe, la valoración y defensa de los acervos archivísticos, contemplando la asignación de recursos financieros y de mecanismos de seguridad para los mismos.
1. Al momento de realizarse Diálogos esta iniciativa se encontraba vigente, pero a la fecha de la publicación de estas memorias dicha iniciativa había sido descartada.
Esta ley no ha sido aprobada hasta el momento, así que lo que se ha impulsado han sido algunas medidas para dar continuidad al esfuerzo. ¿Cuáles son esas medidas? El reconocimiento y declaración legal del Archivo Histórico de la Policía Nacional como patrimonio histórico y cultural de la nación, con lo cual se fortalecen los medios de defensa de este acervo frente a los riesgos que representan los grupos de poder adversos a su existencia y funcionamiento. Y mejora también, al mismo tiempo, las posibilidades de asegurar el financiamiento en largo plazo, dentro del presupuesto general de la nación1. Otra de las medidas de continuidad ha sido los reiterados esfuerzos por crear una comisión nacional específica, mediante un acuerdo gubernamental que le dé vida legal2. Esta comisión tendrá la responsabilidad de velar por la seguridad, calidad técnica y profesional del trabajo; el servicio calificado y permanente a las y los usuarios que buscan información, y la certeza, nuevamente, del financiamiento dentro del presupuesto general del Estado. ¿Por qué la insistencia? Porque hasta ahora, como sucede en otros países de América Latina, según relato del doctor Antonio González Quintana, este archivo, bajo la rectoría antiguamente de la Procuraduría de Derechos Humanos, estaba sostenido 58
por la cooperación internacional, y esto nos lleva a que, a pesar de que la titularidad ha pasado al Estado, el Estado todavía no se ha hecho cargo de la totalidad de los recursos necesarios. Es decir, una medida de continuidad es asegurar inicialmente que no sean esfuerzos sostenidos únicamente por la cooperación internacional. El logro y la combinación de estos factores permiten asegurar la continuidad y el sostenimiento del proceso emprendido en julio del 2005, y el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y financieros aportados por la cooperación internacional. Y sobre todo, aprovechar la experiencia acumulada y las capacidades creadas en función de seguir aportando al proceso de consolidación de la justicia de transición y la construcción de derecho en Guatemala. Vamos a hablar ahora acerca del acceso a la información de los archivos, que es la tercera parte que les anuncié al principio.
3. Acceso a la información en los archivos guatemaltecos
En el año 2008 fue promulgada la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual consta de dos partes, producto de la vinculación de dos proyectos de ley: el de acceso a la información y el de protección de datos personales, y carece del abordaje correspondiente de la dinámica de archivos, como ya se dijo. Entonces, en este contexto de la vigencia y puesta en marcha de la ley, les quiero comentar tres experiencias: la primera relacionada con las investigaciones sobre los experimentos en humanos por los Estados Unidos; la segunda en cuanto al Archivo Histórico de la Policía Nacional y la conservación de documentos de la extinta Policía Nacional; y la tercera referente a los documentos del extinto Estado Mayor Presidencial. 59
3.1 Primera experiencia: las investigaciones sobre los experimentos realizados en guatemaltecos por los Estados Unidos. En cuanto a esta experiencia, deseo comentarles el papel del Archivo General de Centroamérica en el marco de la investigación realizada para el esclarecimiento de los experimentos llevados a cabo en humanos, durante los años 1947-1948 por parte de médicos del servicio público de salud de los Estados Unidos, quienes infectaron a guatemaltecos con enfermedades venéreas de forma involuntaria. En ella, el Archivo General de Centro América, el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la Dirección de Archivos de la Paz decidieron emprender una búsqueda de documentos, en sus respectivos archivos, para poder establecer lo ocurrido. Se considera un deber ciudadano que mediante el examen de los fondos documentales se escribiera la historia de estos hechos que indignan la conciencia de los seres humanos. Un total de 1.160 personas afectadas, cifra que incluye hombres inoculados directamente con el virus y los contagiados por contacto sexual con mujeres previamente infectadas. La Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de los Experimentos Practicados con Humanos en Guatemala llevados a cabo en humanos, publicó de forma íntegra, en diciembre del 2011, los resultados de dicha investigación. Es decir, publicó de forma íntegra un informe que estaba destinado a ser un insumo para la toma de decisiones de la Comisión. Este informe contiene, además del desarrollo de los hechos, el listado completo de las personas involucradas, incluyendo víctimas y autoridades de los gobiernos estadounidense y del 60
guatemalteco, y fue puesto en acceso, de texto completo, en el portal de la Vicepresidencia de la República, ente que preside la Comisión. Esta fue una decisión de la Comisión Presidencial. Los archivos no formábamos parte de esta comisión, solo éramos un grupo de apoyo para realizar la investigación. A la fecha, han sido principalmente los familiares de víctimas y sus abogados los que se han acercado para saber si figuran en dichos listados, más que para conocer las causas de tan terribles hechos y el desarrollo de los procesos que condujeron a las violaciones señaladas o sus consecuencias. Algunos de ellos narran que sus padres les contaron que habían estado involucrados en unos experimentos, y desconocen o no tienen la certeza de si se trata de esos de los que estamos hablando, y visitan los archivos con el propósito de constatar la presencia de los nombres de sus padres en los listados a fin de iniciar reclamaciones de carácter legal. El acceso total a los documentos no ha significado hasta este momento reparación del daño para las víctimas. Publicarlos no tiene en sí mismo el efecto reparador automático de dignificación de las víctimas: es un paso, pero no es el único. Tampoco se han encarado las condiciones de debilidad del Estado guatemalteco, que permitió que estos atroces hechos sucedieran. Por su parte, los Estados Unidos han brindado acceso parcial a los documentos del protocolo del doctor Cotier, que era el dirigente de las actividades realizadas mediante sus archivos nacionales. Acceso parcial, porque han borrado los nombres de todas las personas involucradas, a diferencia de la Comisión Presidencial guatemalteca que publicó íntegros los listados en los que figuran exclusivamente los nombres y una identificación del caso, más no las condiciones de cada uno de ellos. 61
3.2 Segunda experiencia: Archivo Histórico de la Policía Nacional. Ahora quiero comentarles la experiencia número dos, que es la relacionada con el Archivo Histórico de la Policía Nacional y la conservación de documentos de la extinta Policía Nacional.
3. División de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional Civil de Guatemala. 4. Ministerium für Staatssicherheit o Ministerio para la Seguridad del Estado, de la República Democrática AlemanaRDA.
Hay que iniciar diciendo que este archivo contiene documentos que abarcan el período 1883 - 1997; es decir que la documentación tiene una temporalidad de alrededor de 120 años. Corresponden a la extinta Policía Nacional, instancia aparte de los cuerpos represivos del país durante el conflicto armado interno. Es un archivo administrativo, no es un archivo de inteligencia como tal, que refleja las actividades de la Policía Nacional en su conjunto. No es como en otros países, como puede suceder en los casos que ya nos comentaba el doctor Quintana, como el de la DIPA3 o de la Stasi4. El hallazgo del archivo se produce de una manera azarosa, casual, cuando la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) hacía una búsqueda de explosivos en un antiguo polvorín y lo que encontró fue un volumen de documentos que alcanzaban una extensión de ocho kilómetros lineales. La localización se hizo en las antiguas instalaciones de la sección histórica del archivo, rodeado de cientos de vehículos retenidos como chatarra, producto de colisiones, choques y trámites legales. Y a pesar de estar en unos locales no adecuados para conservación de archivos, porque era un edificio que comenzó a ser construido para hospital en medio de denuncias de corrupción y que un golpe de Estado posterior tomó la decisión de detener la obra, se decidió no cambiar de lugar esos documentos porque su traslado a otras instalaciones podía dañar fuertemente el acervo y romper los pocos vestigios de orden original que quedasen. Entonces, estos documentos se conservan en el 62
mismo lugar en el que fueron encontrados, y para facilitar que la Procuraduría pudiera realizar las investigaciones de su competencia, sin restricciones para el acceso al local ni a los documentos, se generó una resolución judicial en este sentido. Igualmente, por la vía de una resolución judicial se logró la concentración de fondos dispersos, que se encontraban por todas las jefaturas de policía de todo el país. Esto dio como resultado los volúmenes que ya les he comentado. Dándole mandato de investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos fue necesario iniciar las labores de organización como un medio para llegar al resultado deseado, no como un fin en sí mismo, por lo que la organización y la investigación se realizaron de manera paralela. ¿Qué ventaja significa iniciar la organización y la investigación al mismo tiempo? Puede significar el avance de procesos de manera muy ágil, al localizar documentos relevantes para la investigación de casos concretos en corto plazo, pero se corre el riesgo de que si los procesos técnicos no están completos o no son lo suficientemente rigurosos, se dificulte o imposibilite contextualizar los documentos, citarlos, volver a éstos, recuperarlos cuando sea necesario; es decir se convierte en “una aguja en un pajar”. Ante la magnitud de la producción documental, era necesario decidir por dónde iniciar. Ya hemos dicho que eran 120 años de documentación, así que se priorizó un período en el que la Comisión de Esclarecimiento Histórico había señalado que se constituían las mayores violaciones de los Derechos Humanos; es decir que se definió un periodo de años prioritarios para hacer el tratamiento archivístico y hacer la investigación; y lo que se persigue ahora, después de siete años de actividad, es ir ampliando el período hacia la etapa completa que cubre el conflicto 63
armado interno guatemalteco. Estamos hablando de 35 años que van desde la década de 1960 hasta la década de 1990. Esta documentación delicada, muy sensible para el país, hizo ver la necesidad de garantizar la salvaguarda de la información ante cualquier intento de destrucción. Fue imperioso acelerar los procesos organizativos para poder llevar a cabo la digitalización de los documentos y la creación de bases de datos como una medida de protección en el caso de que hubiese algún atentado. Esto dio lugar a que hoy día se cuenta con copias de respaldo en cuatro distintos lugares, dos en el país y dos en el extranjero. Lo detallo un poco, porque me parece que puede ser de utilidad. Se guarda una copia en el servidor central, en las instalaciones en Zona C; se guarda una copia de respaldo en Zona Uno, en el Archivo General de Centro América; se guarda una tercera copia, exclusivamente de respaldo, en los Archivos Federales de Suiza; y una copia de respaldo, pero también con acceso virtual, en los servidores de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Desde el inicio, las expectativas de múltiples sectores, entre los que se encuentran los familiares de víctimas del conflicto armado, que tenían esperanzas de encontrar documentos que esclarecieran qué había pasado con sus seres queridos, dio lugar a la necesidad de crear una unidad de acceso, que inicialmente estuvo abierta bajo la administración del Procurador de Derechos Humanos. Se dio un serio debate acerca de la autoridad de la institución del Procurador para decidir quiénes podían tener acceso y a qué documentos. Un debate social muy fuerte, muy álgido, que finalmente desembocó en la decisión presidencial, de julio del 2009, que basándose en el Decreto 1768, referente al funcionamiento del Archivo General de Centro América y a los archivos 64
de la administración pública, trasladó la titularidad de la documentación de la extinta Policía Nacional, que hasta entonces pertenecía al Ministerio de Gobernación pasándosela al Archivo General de Centro América del Ministerio de Cultura, con el mandato de dar protección al patrimonio cultural, a difundirlo y a fomentar la investigación, pasando entonces casi automáticamente a formar parte del patrimonio cultural de la nación. Se llevó a cabo un convenio interinstitucional entre los dos ministerios, el de Gobernación y el de Cultura, así como un documento de proyecto firmado por el Estado de Guatemala con el PNUD; además de un acuerdo gubernamental para la creación de la Unidad de Acceso a la Información, que coinciden en instruir que se deberá brindar pleno acceso a las imágenes de los documentos custodiados. El acceso a la información, en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, está basado en el Artículo 24 de la ley misma, que es el Decreto Legislativo 57-2008, el cual establece que en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones sobre los Derechos Humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad. Si bien es cierto que no en todos los documentos se encuentra información que visiblemente tenga relación con violaciones cometidas, también lo es que pueden encontrase informaciones de utilidad para las investigaciones acerca del paradero de desaparecidos en casi cualquier documento. A manera de ejemplo, les quiero comentar el caso un líder político, Manuel Colom Argüeta, quien fue sujeto de seguimiento por parte de las autoridades policiales por alrededor de 20 o 30 años. Se han encontrado las fichas en las que se detalla a qué hora entraba, a qué horas salía, a qué hora comía, con quién se reunía. Y cómo parte de esas 65
denuncias de seguimiento que él hizo ante las mismas autoridades, dijo: “Mire, me están siguiendo, quiero saber quién es”. Él mencionaba que una motocicleta lo seguía. Incluso, en su denuncia, que está dentro, en los mismos documentos de archivo, figura un número de placa de la moto. Años más tarde, finalmente fue asesinado, por las fuerzas represivas y con posterioridad se han encontrado, en los registros de la Policía Nacional los listados de todos los vehículos a los cuales se les servía gasolina; es decir, los vehículos que pertenecían al Estado. En esos listados se encontró el número de la placa de la moto denunciada por Colom Argueta. Y se encontró, además, en los locales destinados para arrumar la documentación, porque no se puede decir que para conservar, una serie placas de vehículos por ahí tiradas, y entre ellas la placa de la famosa moto. Con esto lo que quiero decir es que los documentos no hablan por sí mismos y es posible que en un primer momento no salte a la vista que un documento equis pueda dar información para esclarecer hechos de violaciones de Derechos Humanos, sino que es a través del ojo del investigador, del cuestionamiento que el investigador se haga, de sus habilidades de conectar unos documentos con otros, que un reporte de control de combustible puede ayudarnos a deslindar responsabilidades. Por lo tanto un documento de control de combustible, que lo uso únicamente como ejemplo, puede tener características de utilidad para las investigaciones de Derechos Humanos. Y también quiero destacar que en los artículos 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información se establece que no deben considerarse como reservadas, por razón de seguridad de Estado, las reproducciones de documentos digitales que superen los 12 años de antigüedad. Me interesa destacar esta parte, porque la Ley de Acceso a la Información 66
guatemalteca establece plazos muy cortos para las reservas, las posibles reservas que se declaren; y en este caso se dice que ninguna reserva puede ser mayor de 12 años. Sabemos que en contraste con otros países, otras tradiciones, el caso francés es uno de ellos, los plazos de reserva pueden ser hasta de 100 años. Ahora, también debe destacarse que los datos personales de los servidores públicos en cumplimento de funciones no entran en el ámbito de confidencialidad, según la ley guatemalteca. Está previsto en esta misma ley el derecho de rectificación; es decir que si una persona considera que en un documento se vierten datos que no son correctos, por error o por alguna intención subterránea, existe el mecanismo para rectificar ante los órganos productores de la documentación. Me gustaría hablar ahora sobre cuáles son los servicios de acceso que se brindan. En principio, los servicios de acceso que prestan la Unidad de Acceso a la Información y la página web, colocadas en el portal de la Universidad de Texas, es digital; no se da acceso a los documentos en soporte de papel. La idea de que exista una página web en la que los documentos se puedan consultar tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas, desde mi punto de vista? Primero, es que una página web donde los documentos puedan ser consultados completos facilita que lo hagan quienes tienen miedo de acercarse a las instancias que una vez fueron represoras. Es cierto que ahora pertenece al Archivo General de Centro América y que ese archivo no tenía estas funciones en el pasado, pero acercarse a unas instalaciones de la Policía Nacional, todavía conserva este carácter, este valor simbólico, puede generar miedo. Entonces, hay que pensar en dónde se colocan los reservorios, para que las víctimas se sientan en libertad de hacer uso de estas instalaciones. 67
También creemos que facilita la consulta a quienes se encuentran fuera de la Ciudad de Guatemala. A pesar de que Guatemala es un país pequeño, trasladarse de algunos lugares a otros puede llevar más de 12 horas. Se planteó que pudieran acceder a las fuentes por un medio alternativo y que los guatemaltecos que estén en el exilio puedan acceder a estas fuentes; y además se planteó como una medida de protección porque se avecinaban elecciones presidenciales, y un cambio de administración podía darle un giro a estas políticas. Esta decisión, se puede decir, que precipitada por condiciones coyunturales, preveía que el convenio con Suiza pudiera, de alguna manera, suspenderse. Entonces se deseaba tener otra fuente de conservación y de acceso. Estas son algunas consideraciones que a mí me parecen positivas. Ahora quiero hablar un poco de las consideraciones que pueden causar dificultad. Hay que tomar en cuenta que el impacto de poner trece millones de imágenes en una página web no significa que los resultados para la investigación vayan a ser inmediatos. Se debe investigar como si se investigase en un archivo de manera presencial; es decir, los criterios que hasta ahora nos han permeado con la revolución tecnológica y servicios de búsqueda en internet, que despliegan 50 mil resultados jerarquizados de cualquier nombre de persona o tema. Esto nos han impactado de tal manera que cuando buscamos documentos en un archivo, aunque sea virtual, esperamos ese mismo tipo de resultado, y eso no es así. Que los documentos estén en página web no evita que las personas deban realizar investigación y que por lo tanto aparezca un cuadro de clasificación, un desplegado, en el cual aparecen los órganos productores, las series documentales, y finalmente hay que plantear una estrategia de investigación, para que en el caso hipotético de que quisiéramos encontrar el vale de gasolina de la moto de las que les platiqué, probablemente habría que 68
meterse a revisar todos los vales de gasolina que existen, hasta encontrar el que queremos. Entonces, es importante saber que la decisión de poner unos documentos en una página web pasa por factores políticos, pero también debe pasar por factores técnicos, para decidir cuáles son las herramientas que van a facilitar o a complejizar el acceso de los usuarios. Es importante que los archivistas nos detengamos un minuto en este punto para pensar cuáles son las facilidades o dificultades de comprensión que tienen los instrumentos que elaboramos. Cabe preguntar si los usuarios los entienden, sean en papel o en virtual. ¿Utilizan las descripciones que hacemos? ¿Tienen éxito en sus búsquedas?. O si para ellos es de alguna manera difícil entender el sistema de descripción archivístico que utilizamos. Procedo del ámbito de la historia y yo misma, o mis colegas, a veces nos quejamos de que el boarding jerárquico funcional no siempre es fácil de seguir para los usuarios académicos no especializados, imagínense ustedes el ciudadano común que tiene que enfrentarse con una estructura jerárquica que probablemente no conoce. Poder encontrar lo que necesita puede ser un reto. Creo que los archivistas necesitamos, paralelamente a los instrumentos que realizamos para el control interno, encontrar unas herramientas que faciliten la comprensión de nuestros sistemas. Los servicios que presta la Unidad de Acceso a la Información tienen algunas características: por ejemplo, no hace falta declarar expresamente para qué es la solicitud de información que se realiza. No se necesita explicar la finalidad, se entregan copias digitales y copias certificadas de carácter gratuito, para que las personas puedan llevar adelante sus trámites ante instancias administrativas o instancias de justicia. 69
Esto de entregar copias digitales y copias certificadas lleva un reto implícito, y es que los sistemas informáticos que se manejen deberán comprobarse cada vez, porque cada vez debemos garantizar que el documento en soporte de papel existe, que está donde debe estar y que dice lo que está registrado en la ficha, que no habido algún error de digitación o alguna omisión que genere dificultades. Entonces, es un reto que cada vez que se certifican documentos en el Archivo Histórico de la Policía Nacional volvamos al original y podamos entonces mantener, a través de ésto, cierto control de calidad que permita corregir incongruencias, si es que las hubiese. Otra de las cosas que proporciona la Unidad de Acceso a la Información es un servicio de acompañamiento sicológico a las víctimas. A veces es primera vez que una víctima explica lo que sucedió; otras veces lo ha repetido tanto, pero igualmente cada vez que lo repite despierta emociones. Entonces es muy importante para nosotros mantener este servicio de acompañamiento sicológico para que las víctimas se puedan sentir suficientemente cómodas al buscar la información que requieren. Se cuenta con este servicio de asesoría de manera que la víctima puede solicitar datos acerca del paradero de sus familiares o de sí misma, y son los técnicos de la Unidad de Acceso quienes facilitan las búsquedas. No siempre los usuarios están en capacidad de usar las herramientas por sí mismos. Este es un tema que debe evaluar cada país, si los centros de información y las unidades de información tienen los recursos necesarios para que sean los trabajadores de ese centro o de esa unidad quienes realicen las investigaciones por los usuarios; si tienen esa capacidad o si lo desean. El hecho de que sea el trabajador el que localice las informaciones implica una cuota de trabajo muy importante, a diferencia de como sucede en otros archivos en los que es el mismo 70
usuario el que revisa los documentos hasta que encuentra lo que necesita. Se ha realizado también una serie de servicios vinculados con informes de análisis documental, que también ingresan a través de la Unidad de Acceso. Estos informes se refieren a los procedimientos especiales de averiguación. A la fecha se han realizado 12 informes de análisis documental. ¿Qué quiero decir con esto de informe de análisis documental? Quiero decir, voy a volver al ejemplo de la moto, que si se entrega la copia en papel o digital del vale de gasolina y no le explicamos al Ministerio Público, a los averiguadores especiales, en qué contexto el vale de gasolina tiene connotación, es posible que eso se desestime y por lo tanto quede fuera del proceso judicial. Entonces, el análisis documental se ha vuelto muy importante para explicar el contexto de producción, para explicar el papel y la función que tenía un determinado documento, cómo se articulaba en el engranaje administrativo y, por lo tanto, por qué es importante para un caso particular. Como ya dije, se han hecho hasta ahora 12 informes de análisis documental, relacionados con los casos de desaparición forzada de una serie de personas. No las voy a mencionar, porque son muchas, pero quiero enfatizar el informe de análisis destinado para el caso del Diario Militar, un documento que contiene información acerca de 300 desaparecidos y, por lo tanto, uno de esos análisis desemboca allí, en dar información para 300 casos de desaparición forzada. También se hacen como parte de los servicios que se solicitan a la Unidad, en relación con el equipo de peritaje, una asesoría acerca de las estructuras de funcionamiento de la Policía Nacional, con relación a sus funciones, su organización, el ámbito de actividades y el flujo documental. ¿Por qué es importante esto del flujo documental para este tipo de casos? Porque se relaciona con la cadena de mando. Entonces, hay que determinar 71
cuál era la estructura vigente para saber quiénes tenían conocimiento de qué y en qué momento. Se ha elaborado una serie de informes periciales, pero hasta el momento han sido dos los más importantes, los que se han llevado a proceso: el caso de desaparición forzada de Edgar Leonel Paredes Chegüen y el caso de Edgar Enrique Sáenz Calito. Para el primer caso, se han proporcionado 29 documentos vinculados con el expediente judicial. El proceso desembocó en una audiencia de debate oral y público, para finalmente otorgar valor probatorio al peritaje archivístico realizado. En el segundo caso, que es el del señor Enrique Sáenz Calito, se proporcionaron 646 documentos del archivo histórico vinculados a este expediente. El sindicado de ese proceso era el jefe del Cuerpo de Detectives de la Policía Nacional, que fue capturado en julio del 2011 y ha sido ligado a un proceso por el delito de desaparición forzada. Sobre todo, quisiera destacar el caso de desaparición forzada de Edgar Fernando García. Para este caso se entregaron 781 documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional y se llevan a cabo en este momento tres procesos judiciales en los tribunales de justicia: uno de ellos está concluido, y hay uno pendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso se capturaron, y están condenados, los autores materiales y está pendiente en proceso el autor intelectual. 3.3 Tercera experiencia: documentos del Estado Mayor Presidencial. Por último, quiero llegar a la experiencia número tres. La he dejado para el final porque es la que se está desarrollando en este momento y todavía no tenemos conclusiones al respecto. Pero es la experiencia vinculada con los documentos del Estado Mayor Presidencial y los archivos militares. En relación al acceso de la sociedad a los archivos militares se han dado avances: la desclasificación 72
de archivos militares en Guatemala se suma a otras iniciativas de países latinoamericanos, como Brasil, Argentina y Bolivia, de revelar los archivos militares para esclarecer hechos cometidos en períodos recientes. Como en la mayoría de los países, la Constitución de la República de Guatemala establece la publicidad de los actos públicos, con excepción de aquellos vinculados con la seguridad de Estado. Amparados en la prescripción constitucional, le han negado al público el acceso a los documentos producidos por el ejército; incluso se ha sostenido la inexistencia de estos archivos. Sin embargo, en el 2008, bajo la administración recién pasada del Presidente Colón, éste se comprometió públicamente a abrirlos y estableció la Dirección de los Archivos de la Paz, dentro de la Secretaría de la Paz, entidad responsable de recibir y custodiar dichos archivos. Posteriormente se estableció, mediante acuerdo gubernamental, una Comisión de Desclasificación de los Archivos Militares con el mandato de ordenar la documentación militar del período comprendido entre 1954 y 1996 que hubiese sido clasificada previamente como secreta o altamente secreta, con el fin de desclasificar los archivos y lograr la apertura pública. Durante esta administración, fueron desclasificados 11.641 documentos, correspondientes a lo que se aseguró consistía en el 94% de las existencias documentales. Se declararon en reserva parcial 300 documentos y 55 de ellos quedaron clasificados como secreto de Estado. Estos últimos 55, constituidos por planes de campaña, planes operativos, directivas y orden generales. Estas cifras han sido calificadas por los defensores de Derechos Humanos y conocedores de archivos como risibles, dado que el Ejército de Guatemala es una institución que cuenta con más de 140 años de existencia, que en comparación con instituciones 73
de la misma edad, funciones similares y menor dimensión, como el caso del Archivo de la Policía Nacional, cuenta con 80 millones de documentos; 80 millones en la Policía, 11 mil documentos en el Ejército. A pesar de las cifras, ha sido hasta ahora, en la administración del presidente Pérez Molina, que recién se publicó el acuerdo gubernamental mediante el cual se trasladan al Archivo General de Centro América los documentos denominados desclasificados y ordinarios, del extinto Estado Mayor Presidencial y Estado Mayor Vicepresidencial. Solo para aclarar, quiero decir que el Estado Mayor Presidencial y Vicepresidencial era una instancia pensada básicamente como de apoyo administrativo, técnico y logístico al presidente, vicepresidente y sus familias. Sin embargo, se responsabilizó por mucho tiempo de la inteligencia militar y de actividades encubiertas. Las actuaciones del Estado Mayor Presidencial datan de la época del general Efraín Ríos Montt y de lo que se denominó el Archivo General, seudónimo que tenía el Servicio de Inteligencia, que más tarde se llamó Departamento de Seguridad Presidencial. Cuando los gobiernos civiles tomaron el control, sirvió como vínculo entre las Fuerzas Armadas y la Presidencia de la República. Sus miembros están acusados de numerosos secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y actos de corrupción. Los documentos del Estado Mayor Presidencial serán trasladados en las próximas semanas al Archivo General de Centro América. Sin embargo, han estado a disposición del Ejército durante todo este tiempo, desde 2003 hasta ahora; por lo que se desconoce cuáles son los documentos que todavía se conservan y cuáles son las cantidades con las que se cuenta. Será una labor que nos tocará llevar a cabo, pero 74
ahora no puedo decir qué va pasar. Lo que sí puedo decir es que desde ahora se está empezando a buscar nuevamente una red articuladora que permita al Archivo General de Centro América hacerse cargo de estos procesos, proceder a la organización archivística y, por lo tanto, brindar acceso en cuanto sea posible. Por último, quiero decir que en estas actividades de acceso también se llevó a cabo, hace poco, la facilitación de los servicios que brinda el National Security Arcade respecto a los documentos desclasificados del Gobierno de los Estados Unidos, referentes a Guatemala. Poner estos documentos en acceso para el Archivo General de Centro América significaba absorber los gastos de suscripción (porque estas son bases de datos a las cuales las personas pueden suscribirse) y absorber también los gastos tecnológicos de contar con banda ancha y estas cosas necesarias para que el acceso fuera realmente viable, y ponerlos entonces en servicio gratuito para la población
Reflexiones sobre el testimonio acerca del pasado reciente argentino
Por Alejandra Oberti 77
POLÍTICAS PARA ARCHIVOS ORALES EN CASOS DE MEMORIA ABIERTA
“Los testimonios que se producen en un lugar como Memoria Abierta más que para probar los crímenes sirven para generar una instancia de comprensión social y política de este proceso de violencia política y violencia estatal, que vivimos en el pasado”. Memoria Abierta es una reunión de organizaciones argentinas de Derechos Humanos, formadas en el período de la última dictadura; muchas de ellas vinculadas a lo que conocemos como las organizaciones de familiares de víctimas, directamente vinculada a la sociedad civil y sin participación del Gobierno ni del Estado en su conformación. La idea de Memoria Abierta es ocuparse de la agenda de Derechos Humanos en el largo plazo, teniendo en cuenta que las necesidades y urgencias de lo inmediato no dejan tiempo para esta tarea. Hay algo del orden de los documentos y de los archivos que implica necesariamente pensar en el largo plazo, e incluso en la idea de qué le vamos a legar a las futuras generaciones en términos de memoria. Entonces, se conjuga esta presencia muy fuerte e importante de las organizaciones de Derechos Humanos en Argentina con la existencia de una política de archivos que podríamos calificar de débil, para no entrar en detalles; débil no solo con relación a su pasado reciente ni con relación a la historia de violaciones a los Derechos Humanos, sino una débil política de archivos en líneas generales. Cuando Memoria Abierta se crea a instancias de este conjunto de organizaciones de Derechos Humanos, a fines de los años 90, estábamos en un momento particularmente difícil para los Derechos Humanos que nosotros llamamos de la impunidad. 79
Argentina sale de esa última dictadura con un modelo de comisión de la verdad pionero, como es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - Conadep, que analizó, discutió y planteó un informe extenso entorno a lo que había sucedido durante la dictadura con la desaparición forzada de personas, y luego con ese juicio emblemático en el que se juzgó, por una cantidad de casos limitada pero que fueron paradigmáticos, a los principales responsables militares que habían tenido el poder y el gobierno en esos años; un juicio que se hizo en el mismo momento de la salida de la dictadura. Pero encontramos que luego de ese primer impulso hubo un largo período de impunidad, con leyes que bloquearon de alguna manera la posibilidad de continuar con los juicios y con la investigación, y que, además, otorgaron indultos a quienes ya habían sido condenados. El final de la década de los 80 y toda la década de los 90 estuvo marcado por ese camino de la impunidad; y hay que decir que las organizaciones de los Derechos Humanos no se quedaron quietas: persistieron en la búsqueda de justicia, de caminos alternativos, indagando por aquellos delitos por los cuales no habían sido juzgados en esos primeros juicios; no había habido ni condenados ni juicios, en el primer momento; buscando caminos alternativos en el exterior, inventando una cosa que en ese momento era muy novedosa y fue muy criticada, que son los llamados Juicios por la Verdad, que son especies de puestas en escena de juicios en los cuales los imputados son invitados a decir la verdad, sin que por esto sufran ningún tipo de condena. Se hicieron distintas acciones, todas encabezadas por las organizaciones de Derechos Humanos, que de alguna manera mantuvieron presente el interés por el tema, no obstante, tenían este punto de debilidad: no había juicios donde se investigara y se diera cuenta de lo que sucedió durante la dictadura. 80
Memoria Abierta nace ahí, en ese contexto, en esa preocupación por la débil política de archivos y por unas investigaciones que el Estado no estaba llevando a cabo desde la justicia. Y nace entonces con esa misión de tratar de preservar, de conservar y de dar acceso público, por lo menos a un pequeño conjunto de documentos, pequeño si tomamos en cuenta que son la documentación producida en su vida política y social por las organizaciones de Derechos Humanos. No son documentos de Estado, sino que son los documentos producidos por estas organizaciones de Derechos Humanos y que eran importantes porque allí constaba la búsqueda, la denuncia, las acciones que habían llevado adelante estos organismos y los dirigentes que las componían. Pero, al mismo tiempo eran colecciones limitadas. La otra gran pregunta que se hace Memoria Abierta en sus inicios también tiene que ver de alguna manera con estas ausencias y con estas faltas de políticas estatales: es una pregunta acerca de qué va a pasar con esta historia tan fuerte del movimiento de Derechos Humanos en Argentina cuando los protagonistas no estén más. Entonces, la otra parte importante de trabajo de nuestra Memoria Abierta es la producción de un archivo de testimonios. Lo que quería compartir con ustedes tiene que ver con una serie de reflexiones en torno a cómo se generó ese archivo de testimonios, y algunas discusiones que hay en el ámbito argentino acerca del valor de este tipo de material. A partir de la lectura de fragmentos de algunos de estos testimonios para que conversemos sobre lo que llamamos la vitalidad de este tipo de documentos. El archivo de Memoria Abierta comienza justo en el inicio mismo de la organización que le dio vida. En el año 2000 se empieza armar el proyecto y los primeros testimonios se toman el año 2001. Esos primeros testimonios buscan 81
producir rápidamente un relato que quede registrado, grabado, firmado, cuidado y preservado, de quienes habían sido los integrantes de estas organizaciones de Derechos Humanos. En su mayoría, quienes integraban esas organizaciones eran familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura, y en general eran gente mayor en edad. Nuestra prioridad en un primer momento fue entrevistar muy rápidamente a estas personas que estuvieran aun en condiciones de dar un testimonio reflexivo, que permitiera recordar efectivamente. Entonces, en una primera etapa tomamos muchísimas entrevistas a estos familiares. Por supuesto que rápidamente el alcance del archivo se empezó ampliar a aquellos que habían sido víctimas desde diferentes perspectivas del terrorismo de Estado y habían sobrevivido a ese carácter de víctimas. El segundo conjunto de testimonios pertenece a eso que llamamos en un sentido muy amplio sobrevivientes, sobrevivientes de centros clandestinos de detención, en su mayoría; sobrevivientes de cárcel legal, que también la consideramos como una forma de sobrevivencia, porque más allá de que hubiera una legalidad en la detención de muchos de quienes estuvieron en las prisiones legales durante la última dictadura, en el sentido de que tenían un registro de ingreso, a esa cárcel, en la cárcel también se llevó adelante masivamente la tortura y también se llevó adelante la desaparición de muchos presos, que fueron fusilados en los mismos patios de las cárceles, en diferentes lugares del país. Sucedió en Buenos Aires, sucedió en la cárcel en la Unidad Penal Número 1 de Córdoba, en muchas ocasiones, y además también muchos detenidos fueron sacados de las cárceles y fusilados en otros lugares. Entonces también consideramos sobrevivientes a quienes 82
estuvieron en la cárcel durante ese periodo, y esto nos llevó también a preguntarnos de qué queremos hablar con estos sobrevivientes. El objetivo inicial era dar cuenta del terrorismo de Estado, dar cuenta de la cárcel, de este proceso que tiene que ver con este circuito de detención ilegal en muchas ocasiones. Pero, por supuesto, que quienes fueron detenidos en Argentina durante este período, por lo menos las primeras personas que entrevistamos en su carácter de sobrevivientes, no llegaron a esta situación por nada, digamos. Muchos de ellos eran militantes sociales y políticos, incluso militantes de las organizaciones político-militares que tenían una larga trayectoria de militancia, entonces no tenía ningún sentido hacer una entrevista, tomar un testimonio que diera cuenta solamente de este momento de sus vidas, de este momento en el cual son víctimas del terrorismo de Estado. Es más, la mayoría no solo querían hablar de esto, entonces muy rápidamente nuestro archivo comenzó a recopilar los datos de toda esta historia que tiene que ver con la militancia. Esta historia que tiene que ver con la militancia tiene distintos aspectos. Por supuesto, se habla de cómo se llega a la militancia, cómo era esa militancia, cómo era esa actividad y cómo es entonces la relación con la represión. Más adelante el Archivo Oral se fue ampliando también a otros tipos de testimonios, y tenemos una vasta colección de entrevistas a abogados, defensores de Derechos Humanos, personas que trabajaron en relación a la justicia, con relación a las violaciones a los Derechos Humanos en este pasado reciente, tanto argentino como desde otros lugares del mundo. Tenemos una colección importante de entrevistas que llamamos de la Solidaridad Internacional, para ponerle un nombre. Son casi 800 testimonios grabados y filmados, que están accesibles a la consulta pública en la sede Memoria 83
Abierta; están en las mejores condiciones posibles de preservación. Todos los primeros diez años de testimonios fueron grabados en Dvcam, que son cintas muy buenas de preservación a mediano plazo, pero que implica de todas forman tener una serie de cuidados bastante importantes. Durante este seminario, la conferencista Anna Carla Ercastilla se refirió a la necesidad de hacer copias de seguridad de los archivos y guardarlos en distintos lugares del mundo. Recordaba eso ahora, porque nosotros también hicimos una copia para poner en otro lugar. Aunque Argentina tiene hace muchos años una institucionalidad regular, sin embargo, en un país como ese, siempre hay miedo de que haya atentados o que la situación cambie; entonces, hicimos una copia de todo el Archivo Oral y lo estamos depositando en el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia, que en el futuro lo pondrá a consulta pública en su sede para investigadores. Como son documentos producidos especialmente y producidos con la intención de que estén disponibles a la consulta pública en lo inmediato, no hay muchas situaciones diferentes; o sea, hay un permiso que firman las personas que dan su testimonio, donde ellas mismas deciden las restricciones que aplican a la consulta de sus entrevistas. Muchas restricciones no tienen que ver con la consulta, sino con el uso particularmente en medios masivos de comunicación, Esa es la principal restricción que tenemos, y en ocasiones nosotros mismos hemos sugerido que restrinjan alguna parte de la entrevista, por lo menos durante algún tiempo, por cuestiones de responsabilidades penales, particularmente de lo que son militantes de organizaciones político-militares. Pero en realidad son pocas las restricciones, y en líneas generales podemos decir que todo el archivo está abierto a la consulta de investigadores y a la consulta de algunos agentes de la 84
justicia, particularmente los jueces de instrucción que a veces buscan saber lo que hay en ese archivo a partir de lo que sucedió en estos últimos años, que es la reapertura del procesos judiciales. Entonces el archivo de Memoria Abierta se empezó a convertir también en una fuente, no probatoria por la propia estructura de la justicia en Argentina, pero si en una fuente de investigación para los fiscales o para los jueces de instrucción. La justicia argentina, en este tema de las violaciones a los Derechos Humanos se ha apoyado muy fuertemente en los testimonios de las víctimas, porque hay muy poco archivo. Nosotros tenemos una cantidad muy restringida de archivos que dan cuenta desde el Estado, desde las distintas esferas de gobierno, de lo que fue la represión. A la terminación de la dictadura, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas - Conadep, se organiza sobre la base de testimonios de sobrevivientes y de familiares. Yo diría que el 90 por ciento de la información que maneja la Conadep tiene que ver con esos testimonios y con un registro fotográfico muy minucioso que se hizo de los lugares que estaban denunciados, pero también a partir del testimonio de los sobrevivientes, que eran los lugares donde habían funcionado centros clandestinos de detención. El juicio a las juntas también se apoyó fuertemente en el testimonio de los sobrevivientes y los juicios que están llevándose adelante en la actualidad también tienen una fuerte apoyatura en los testimonios de los sobrevivientes. Hoy tenemos otros elementos que se empiezan a sumar. El archivo de la Policía de la provincia de Buenos Aires tiene alguna información que está siendo rastreada por el conjunto amplio de investigadores. Y hay un conjunto de investigadores también que se está dedicando buscar en los archivos de las Fuerzas Armadas, en los archivos militares, 85
información acerca de la actuación de efectivos de las fuerzas en esta cuestión. Ese es un proceso que estamos iniciando, por ahora los juicios y todas las condenas que se están produciendo en esta etapa son fundamentalmente sobre la base de un gran número de testimonios. Pero bueno, esos son los testimonios ante la justicia, que no son iguales a los testimonios que se producen en un lugar como Memoria Abierta, que tienen una estructura diferente y que más que para probar los crímenes sirven para generar una instancia de comprensión social y política de este proceso de violencia política y violencia estatal, que vivimos en el pasado reciente argentino. Ha sido cuestionado por momentos en el caso argentino la prevalencia de los relatos testimoniales por sobre otras interpretaciones, porque se dice que los relatos testimoniales muchas veces dependen tanto de la memoria de la persona o están tan asociados a las vivencias personales que hacen que eso no sea tan valioso en términos, sobre todo de la investigación histórica. Yo creo lo contrario, entonces para ir justamente en este sentido contrario quiero leer dos fragmentos o tres de testimonios del Archivo Oral que dan cuenta justamente de esta vitalidad, de esta capacidad que tiene el testimonio de relacionarse fuertemente con el presente y de producir reflexiones que relacionan pasado y presente, y relacionan también el presente con el futuro, y ponen a los sujetos, creo yo, en un lugar profundamente asociado a la responsabilidad personal, a poder comprender el lugar que tienen los sujetos en los procesos sociales. El primer fragmento que voy a compartir con ustedes pertenece a la entrevista del militante de una organización peronista en los años 60 y 70, que tiene a su hermano, que también era militante, desaparecido, y que él mismo pasó un tiempo en un centro clandestino de detención en la provincia de Córdoba. Se llama Juan Cruz Astelarra, actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires. Juan 86
Cruz ha tenido diversas experiencias de testimonios y las detalla en su relato en el archivo. Recuerda lo difícil que fue para sus padres comprender lo que ocurría, a partir del secuestro de su hermano, y los cambios que manifestaron cuando él mismo fue secuestrado. Destaca entonces que al ser liberado toda su familia lo ayudo a volver a insertarse socialmente y a recuperar su vida normal. Sin embargo aceptar y acompañar no fue en su caso sinónimo de escuchar. Cuenta entonces que en ese proceso el silencio obligado y la negativa a escuchar tuvieron un rol central. “Yo creo que por cerca de tres meses, dice Juan Cruz, no me atrevía ni a salir a la calle, era un topo total. Hasta que de a poquito pude ir volviendo a salir, conseguir trabajo; empecé a trabajar y estudiar. En la familia, rebien, pero en la sociedad yo noté siempre, primero, digamos, durante la dictadura, como una especie… Mi sensación era como tener lepra, una lepra política. ´Tengo un hermano desaparecido´, y entonces muchos se te abrían, muchos se distanciaban. O algunos se enteraban de que yo mismo había estado en cana (preso), y más todavía. Entonces hay grandes grupos sociales donde esto no era muy tolerado; fue siempre mucho más que mi sensación, esto lo viví realmente. Y a mí me llamó mucho la atención, y es el día de hoy que me sigue llamando mucho la atención, que es muy difícil que alguien me pregunte: ´Che, cómo fue, qué paso´. Es muy raro que alguien me pregunte, ¡rarísimo! Hasta, incluso, hay veces que yo me he ofrecido a ir a hablar. Por ejemplo, mis chicos estudiaron el secundario, entonces cuando conmemoran alguna de estas cosas, yo he ido a decir: ´Mira, yo estuve en cana, si queréis yo vengo y cuento´. Y no, es como que no les gusta la referencia concreta y directa. No sé bien por qué, pero es así. Lo vivo permanentemente. Es como que todo el mundo tiene…, no sé, miedo o timidez; no sé qué, de escuchar concretamente; o sea, alguien que estuvo ahí adentro, 87
que lo vivió. Y hasta incluso te digo de gente, muy amigos míos, y no son pocos, los que no les interesa. No sé, la sociedad tiene que procesar todo lo que pasó, porque también, no sé si culpa, pero alguna responsabilidad tiene toda la sociedad. Yo creo que los milicos no estuvieron porque bajaron de un plato volador, hubo una sociedad permisiva. Todos sabíamos que se llevaban gente, que hacían razzias (redadas) y que desaparecían. Yo creo que hay algo que la sociedad tiene que procesar de todo esto, por lo cual lo primero que tiene que hacer es mirar de frente, es indispensable. No con culpa, creo que debemos de pasar por encima de la culpa, pero sí asumirlo; es una cosa que de alguna manera todos tuvimos algo que ver, con todos los niveles de responsabilidad, que es real; no es lo mismo Videla que el torturador, que yo, que el ciudadano común. Pero es una sociedad, que como tal actuó y como tal debe procesarlo”. En su testimonio, Juan Cruz se refirió con mucho detalle a su cautiverio en el centro clandestino de detención La Rivera de Córdoba, pero no quiso hablar de la tortura sino de las estrategias de resistencia que lograron organizar con sus compañeros y compañeras de cautiverio. Contó cómo lograban, aunque fuera tenuemente, arrancarles un grado de autodeterminación, de pensamiento, de experiencia de colectivo, a esas condiciones que les imponía la disciplina del campo, la regularidad y sistematicidad de las prácticas de tortura y terror. Cuando se le pregunta si quiere agregar algo más a su testimonio, afirma con seguridad: “No, para mí está bien. Ya dije lo que quería decir”. Juan Cruz quiso hablar del paradojal silencio de escucha, de la dificultad de escuchar lo que experimentó con familiares, amigos o la sociedad en general, de la dificultad de escuchar al sujeto que también había sido víctima, pero no solo eso, en ese fragmento extenso que leí, Juan Cruz remarca desde diferentes perspectivas la dificultad de escuchar. No su 88
dificultad para contar esto o aquello; él sabe lo que quiere decir, y sabe dónde. Ha testimoniado para la Conadep, ha presentado hábeas corpus en juzgados por su hermano Santiago y ha contado su historia para nuestro archivo. Pero aun así, no ha dicho siempre lo mismo, ha elegido qué decir. Su interés, entonces, excede el hecho de que se le escuche a él su caso, espera en cambio que alguien le pregunte: “¿Cómo fue? ¿qué pasó?”, aun sin particularizar. Se ofrece a contar, pero no siempre encuentra quién quiera escuchar, e intenta comprender por qué no se puede o no se quiere escuchar. ¿Quién debería escuchar lo que Juan Cruz tiene para decir? Para él es claro: “todo el mundo”. Repite esta frase una y otra vez. Una escucha debe ser responsable, no puede ser individual, sino que debe tener un carácter colectivo, debe constituirse como público, estar en el lugar del público. Como dirá Marta Vedio, en su testimonio, que voy a leer a continuación: “Es la sociedad toda la que debería escuchar, hacerse responsable, procesar todo esto”. Juan Cruz imagina una escena donde la sociedad lo tiene que mirar de frente a él, pero es una metáfora en realidad en su testimonio de esta idea de que la sociedad tiene que mirar de frente lo que sucedió: cómo fue posible que sucediera un proceso como el terrorismo. Voy ahora a otro fragmento de entrevista de un personaje que es totalmente distinto; es una mujer, una reconocida abogada y militante de Derechos Humanos de la ciudad de La Plata, que forma parte del equipo querellante en la actualidad por parte de una de las organizaciones de Derechos Humanos, como es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, y como tal se ha desempeñado en algunas de las causas más importantes por violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura. 89
En su testimonio, Martha afirma que desde la apertura de los juicios por la verdad y luego en la reapertura de los juicios penales, desde 2003, en esa ciudad, se habían presentado muchos casos nuevos de personas afectadas y testigos que nunca antes habían testimoniado acerca de sus experiencias, ni siquiera ante la Conadep, en 1984. Cuando se le pregunta qué había sido lo nuevo de esos testimonios y cuáles habían sido los más relevantes para la reapertura de las causas, Marta cuenta sus impresiones, remarcando la cuestión de la situación frente al testimonio y al testigo. Leo un fragmento: “El 30 de septiembre de 1998 fue la primera audiencia oral y pública en el Juicio por la Verdad, y la primera testigo que declaró fue Marta Ester Behrens, quien vino a declarar como esposa de Carlos Esponda, un desaparecido de Mar de Plata. La declaración de esta mujer fue terriblemente impactante, porque uno esperaba escuchar a la esposa contar la historia de su esposo, y ella contó la historia de los dos. Ella también había sido secuestrada y había estado desaparecida, y sin embargo el lugar de relevancia siempre fue el de su marido: Carlos Esponda. ¿Por qué? Porque está desaparecido. Su propio cautiverio, el de Marta, había permanecido relegado, y apenas si se había hecho una mención casi imperceptible a lo que ella había vivido. Esto nos mostró que de alguna manera, en cada caso, por más conocido que fuera, había aristas y cosas que merecían ser profundizadas e investigadas. Y en el caso de María Ester Behrens fue muy significativo, porque, además, fue en la primera audiencia, y en esa primera audiencia nos encontramos con esta realidad de silenciar desde las propias víctimas. Después, el impacto es relativo, porque una cosa que me ocurre a mí y creo que también a otras personas, a otros abogados, les ocurre 90
en el juicio, es que el impacto de lo que uno escucha es muy diferente según donde uno esté sentado. Si yo me siento en el estrado del abogado que interroga, estoy trabajando y eso me hace construir una defensa contra lo que escucho, y ahí es difícil que me impacten muy profundamente las cosas que escucho. Lo que tengo que hacer es anotar y buscar el detalle, y no olvidarme de esto o de lo otro. Ahora, a veces hay otro abogado sentado en ese lugar y entonces yo me siento con el público; y cuando te sentás con el público [toma aire] es terrible escuchar. Lo que se escucha en el público es muy fuerte, muy impactante. Creo que probablemente por eso yo ahora no puedo contarte ningún caso, no se me ocurre, no me acuerdo”. Como señala Marta, la situación de la escucha es también relevante, según el tipo de testimonio de que se trate. Por un lado, la dificultad de los y las testigos para enunciar lo vivido, e incluso la decisión de enunciar de cierto modo, destacando ciertos aspectos y dejando de lado otros, como sucede en los dos casos que leí y focalizando lo que entienden como central de su testimonio. Los y las testigos eligen qué decir y cuándo. Pero también, la situación de quienes escuchan es importante aquí. Martha lo dice muy gráficamente. Esa fórmula, “según donde uno se siente”, expresa una situación particular de escucha, diferente a la de su profesión de abogada y su articulación en la práctica como integrante de un organismo de Derechos Humanos, diferente también a su posición física o simbólica en el espacio del Tribunal. Comparte entonces su experiencia de estar en otro lugar distinto al suyo, cuando dice: “Cuando te sentás con el público, es decir, cuando se escucha, es terrible escuchar las cosas que escuchás, es muy fuertes, muy impactante. En la situación de escucha en sí lo que es terrible, lo que impacta, es la 91
situación, y por eso - dice Marta- no se puede destacar algunos de esos testimonios, cuando se le pide que elija o no relevancia”. Sin embargo, lo ha hecho antes, en su propio testimonio, cuando advierte la dificultad de una testigo para enunciar su propia condición de afectada, destacando la de su pareja desaparecida. Para alguien acostumbrado a escuchar testimonios, cuyo objetivo es producir una prueba, especificar la magnitud del daño sufrido, indicar dónde, quién y cómo lo ha efectuado, escuchar es de todos modos terrible. Para llevar adelante su trabajo de abogada querellante hacen falta entonces algunas defensas: atender al detalle, reparar en el carácter probatorio de la prueba, suspender la escucha mientras se presta atención. El impacto existe, pero es muy diferente y exige alguna modificación en la propia situación de escucha, según su lugar simbólico. Quiero leerles a continuación una reflexión muy breve que produjimos quienes integramos el Archivo Oral de Memoria Abierta y que llamamos “Un minuto para Antonia”. Es algo que nos sucedió hace muy poco tiempo. Los testimonios del archivo de Memoria Abierta son muy diferentes entre sí, no obstante, cada uno aporta, desde la experiencia vivida, un relato único, absolutamente indispensable para conocer lo que sucedió en el pasado de Argentina; documentan las graves violaciones a los Derechos Humanos a la vez que dan cuenta de la movilización social y política de los años 60 y 70, las acciones de búsqueda de verdad y justicia, y la solidaridad internacional. Pero, además, cada uno de estos testimonios exige que se le reciba, que se le encuentre un espacio, que se le aloje, que se le dé la oportunidad de transformarse en relato, y esto requiere, insisto, una enunciación pública: no es relato si es pronunciado en soledad. 92
El paso del soliloquio al testimonio en un espacio público no siempre es inmediato. El año 2011, en Memoria Abierta hicimos la presentación pública de un catálogo de cine y Derechos Humanos. Una de las personas que hablaba en esta presentación, que hablaba del catálogo y la importancia del cine y el registro audiovisual, en relación al pasado reciente argentino, era Ricardo Pitia, un escritor muy popular en Argentina. Él integraba el panel y quiso rescatar este trabajo tan extenso que ha hecho el cine argentino con relación a la dictadura y al pasado reciente argentino. Entonces relató que Antonia Cristina, la madre de dos dirigentes de un grupo de izquierda, muy importantes de Argentina, de apellido Cristina, que están ambos desaparecidos y habían sido compañeros de militancia de Ricardo Pitia, le había contado en un momento en que los medios de comunicación estaban absolutamente controlados por el poder militar que día a día practicaba delante del televisor qué es lo que ella diría si algún día le dieran un minuto en la televisión, si algún día esa televisión que estaba totalmente manejada por el poder le diera un minuto para denunciar esto que ella quería denunciar: la desaparición de sus hijos. Trataba de hablar públicamente de esto y no encontraba espacio. Una persona levantó la mano en el público y dijo: ´Bueno yo no quiero hacer una pregunta, lo que quiero decir es que finalmente Antonia Cristina había podido dar su testimonio y que ese testimonio hoy integra el Archivo Oral de Memoria Abierta”. Esta persona no era un integrante de nuestra organización, sino una persona que estaba en el público, un investigador que había consultado ese testimonio, entre otros. Nosotros decimos, entonces, que ese minuto largamente deseado encontró finalmente un espacio de más de un minuto en el Archivo Oral de Memoria Abierta, una entrevista de tres horas, para convertirse en un relato testimonial casi tres décadas más tarde. 93
Por otra parte, quisiera decir, para ir cerrando esta ponencia, que el tiempo de la narrativa y el tiempo de lo narrado se entrelazan en el testimonio que intenta explicar con los ojos de hoy las experiencias de un tiempo otro, pero actualizadas. Ese tiempo, por momentos parece fundirse con el tiempo de la enunciación. ¿Dónde se encuentra el delicado equilibrio entre nuestra preocupación como integrantes de un archivo de estas características y nuestra empatía ante el dolor de los demás? En tanto participantes de esa situación social que es el testimonio, parte de nuestro compromiso -acordado al instalarse el marco de la entrevista- radica en ser responsable en el cuidado del otro que está rememorando ante nosotros, reviviendo una situación que proyecta hasta hoy en mayor o menor medida sus efectos; percibir el dolor en el testimonio manteniendo nuestra escucha atenta y activa; propiciar la emergencia de lo silenciado, pero también atender al fin del testimonio y acompañar al entrevistado en su conclusión
RelatorĂ­a
Antonio González Quintana (España) Anna Carla Ericastilla (Guatemala) Alejandra Oberti (Argentina)
Ministerio de Vivienda y Ciudad, Ministerio de Defensa Nacional, Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad de Restitución de Tierras, Ejército Nacional de Colombia, Ministerio de Educación Nacional, Archivo General de la Nación, Ministerio del Medio Ambiente, Departamento para la Prosperidad Social, Ministerio de Cultura, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Consejo Superior de la Judicatura, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior -Icetex, Ministerio de Salud, Soft y DI. 99
Instalación El Centro Nacional de Memoria Histórica agradece, en palabras de Margoth Guerrero, de la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica–CNMH, la participación de los presentes en las mesas de trabajo con las que concluye la jornada de reflexión sobre la construcción de una política pública en acceso y reserva de los archivos de Derechos Humanos, tema que reunió en Bogotá un panel de invitados internacionales, altamente calificado, integrado por Anna Carla Ericastilla, Alejandra Oberti y Antonio González Quintana, quienes compartieron su amplia experiencia en el tema. El CNMH ha convocado a esta primera mesa, para tratar el tema del acceso y reserva de los archivos de Derechos Humanos, a las 32 entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación de Víctimas – Snariv que, en ejercicio de sus funciones, producen documentación relacionada con el tema y que la custodian hasta tanto cumpla sus tiempos administrativos para ser transferida al Archivo General de la Nación-AGN. De otro lado, al CNMH le han sido asignadas funciones como las de recuperar, clasificar, conservar y acopiar todo el material relacionado con violaciones de Derechos Humanos para ponerlo al servicio. Esta tarea la desarrolla la entidad de manera coordinada con el AGN, ente rector de la política archivística a nivel nacional, con el propósito de potencializar esfuerzos.
Presentación del panel internacional ALEJANDRA OBERTI. Coordinadora Archivo Oral de la Organización No Gubernamental, Memoria Abierta (Argentina). La razón fundamental del archivo Memoria Abierta es la búsqueda de justicia, después de la dictadura que gobernó Argentina de 1976 a 1983. La producción de la documentación que allí se encuentra es la que han recopilado los familiares de las víctimas, principalmente alegatos jurídicos y documentos de distintas organizaciones civiles. Por ende, el Archivo se plantea desde las víctimas y guarda documentación que contenga un valor para la comunidad en general. El proceso de acceso y reserva se inicia en el año 2000, respetando y teniendo el mayor cuidado con entrevistas a familiares o amigos de los desaparecidos, evitando su uso indebido. ANNA CARLA ERICASTILLA. Directora del Archivo General de Centro América (Guatemala). Historiadora egresada de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC, con posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM. Ejerce como catedrática de las carreras de historia, archivística en distintas universidades. Tiene también a su cargo el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, cuyo objetivo es el establecimiento de la verdad, el acompañamiento y fortalecimiento de las fiscalías, la búsqueda de medidas de reparación a las víctimas; además de acompañar al Ministerio de Educación de Guatemala para tomar medidas de “no repetición” de aquellos procesos de guerras civiles, genocidios y desapariciones. 101
ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. Subdirector General de Archivos de la Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de Archivos de la Comunidad de Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Diplomado en Archivística y Documentación del Centro de Estudios Bibliográficos y Documentales del Ministerio de Cultura. Profesor asociado en archivística en la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. González considera que las políticas de archivo deben estar bajo las políticas de reparación y de memoria, que garantizan el régimen democrático en el posconflicto. Sin políticas de archivos de violaciones de Derechos Humanos, no es posible establecer reparación y exigir responsabilidades. González plantea dos aspectos importantes para establecer políticas de archivos. 1.	Identificar los productores y exigir su salvaguarda y conservación. Es responsabilidad de la sociedad en general localizarlos, censarlos, referenciarlos y responsabilizar a su custodio. 2.	Establecer un régimen de acceso a los archivos de Derechos Humanos, que defina quiénes deben conservarlos y quiénes pueden acceder a ellos; y analizar una regulación de acceso, sobretodo en el caso de los archivos de los victimarios o de tipo privado.
Las experiencias en acceso y regulación de políticas transicionales por parte de algunos países señalan tópicos para la creación de marcos normativos: 1.	Acceso privilegiado para las comisiones judiciales e investigadores que trabajen en la búsqueda de verdad, justicia y verdad histórica. 2.	Marco general de habeas data para el acceso a la sociedad general. 3.	Marco diferenciado, que genere vías de acceso de las víctimas en su legítimo derecho a la verdad, y crear mecanismos de acceso a terceros. Las políticas de acceso deben estar enfocadas a las víctimas, y sus solicitudes no pueden ser negadas por la seguridad de Estado, pues prioriza las pautas de accesibilidad en la protección de los derechos fundamentales.
Mesa de trabajo / Rueda de preguntas ¿Qué criterios se pueden establecer para que el acceso a los documentos de Derechos Humanos cumpla con la reserva de información? Pregunta abierta formulada por el moderador. ALEJANDRA OBERTI. Explica que los archivos se deben organizar primero desde la sociedad civil, en su propio contexto, y recomienda, como criterio básico, tener mucha claridad sobre los niveles de acceso. En Argentina, dice, donde la sociedad civil es absolutamente dinámica, la falta de criterios claros produce una gran discrecionalidad. El informe que produjo la Comisión de la Verdad sobre los casos de desapariciones durante la dictadura militar, a partir de la información que recolectó, era público, pero los expedientes que resguardan ese informe no estuvieron disponibles a la consulta pública durante muchos años; sin embargo, no había ninguna normativa que sustentara por qué no eran accesibles para nadie, o si lo eran solo para las víctimas o para la justicia, o si se harían públicos dentro de diez, veinte, treinta o más años. Por falta de una normativa clara, los funcionarios públicos que guardaban los expedientes aceptaban o negaban las solicitudes de acceso de manera discrecional. De tal manera que tampoco había reserva sobre información sensible, y en ese proceso de discrecionalidad se daban a conocer expedientes completos, sin proteger la información. ANNA CARLA ERICASTILLA. En el caso de Guatemala, para las políticas de esclarecimiento histórico, y como protección a las víctimas, la información no es accesible al público por un período de 50 años. No ha existido en ese país una ley general de archivos, y las leyes de acceso no 104
tienen un referente claro. Los cuerpos de seguridad intentan restringir el acceso y buscan desclasificar información medianamente relevante. Es un ambiente polarizado, que facilita la restricción pero no la divulgación. Yo miro el acceso y la reserva desde dos perspectivas: como archivista, creo que son necesarias las clasificaciones y tipologías de acceso de los documentos, tanto para facilitar su consulta como para proteger el derecho de las víctimas a no exponer aquellos datos que no deseen. Desde la perspectiva de haber estado inmersa en el medio guatemalteco, creo que los archivistas deberían haber tenido un papel central en las decisiones que tomó el Estado respecto a los archivos de Derechos Humanos. Por descuido, negligencia o por ocultamiento, en Guatemala, durante mucho tiempo, la información de los archivos ha sido poco accesible. Esto ha significado que, con el paso del tiempo y en situación de postconflicto, había un sobrado deseo de la ciudadanía de conocer qué información había respecto de la violación a los Derechos Humanos, y por lo tanto se dieron muchas iniciativas de esclarecimiento. En el 2005, en busca de mayor transparencia, se empieza hablar de ley de acceso a la información y se genera un deseo generalizado, tanto de la ciudadanía como de los distintos actores gubernamentales, de no ser señalados de falta de transparencia; por eso las políticas han estado más dedicada a la divulgación que a la protección. Al igual que en Argentina, según ha contado Alejandra Oberti, existe un alto grado de discrecionalidad por parte de los funcionarios, lo que es nocivo a todas luces. ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. Debe haber un marco regulatorio específico para el acceso a algunos fondos documentales, y una ley precisa en cuanto a la 105
organización judicial. Además, se debe tener en cuenta que los documentos de Derechos Humanos pueden ser transversales y ser vistos desde diversos ángulos. Por eso es pertinente identificar quiénes producen este tipo de documentación, y establecer leyes de libertad de información. Es altamente recomendable que los países tengan leyes de libertad y acceso a la información, a fin de evitar que haya regulación específica para acceder a los documentos de los grupos policiales, fuerzas armadas y agentes de seguridad, y nada para el resto. Debe haber un marco general básico para todo. ¿Qué controles se deben establecer para el acceso a información sensible y cómo garantizar que no se haga uso inadecuado del acceso y reserva de los documentos de Derechos Humanos, sobre todo en lugares en pleno conflicto? Preguntan funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Centro de Documentación Judicial. ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. Afirma que el mecanismo de justicia transicional que se plantea es un intercambio de verdad por perdón, muy similar a como se hizo en Suráfrica, donde la verdad tenía garantizado el perdón. Y opina que si se negoció un principio de confidencialidad en el acceso a esta información, hay que respetarlo. Advierte que los archivos son algo que hay que conservar a largo plazo y que la política del archivo tiene una larga duración en el tiempo. Reclama que se establezcan plazos de confidencialidad que respeten las expectativas de vida de quienes aportan los testimonios, pero que se fije un momento en el cual queden liberados, porque considera importante que las generaciones futuras puedan conocer no solo la verdad oficial, sino también los testimonios. 106
ALEJANDRA OBERTI. Manifiesta tener muchas dudas éticas y políticas respecto de que el Estado desista de hacer recepción penal de testimonios de personas que cuentan actos que tienen claramente implicaciones en la violación a los Derechos Humanos. Pero, siendo prácticos y atendiendo las condiciones reales, cree que se debe pasar de la negación, por razones éticas, a la aceptación, en aras de producir una verdad que permita a una sociedad comprender mejor un proceso. Al igual que los otros conferencistas, Oberti cree que en alguna instancia hay que separar la información del informante, para poder hacer uso de esta información y lograr que tenga el efecto reparador del reconocimiento público. Interviene el moderador de la Mesa de Trabajo, Leonardo Guzmán, quien opina que no es competencia del archivista determinar la confidencialidad del testimonio. Esta posición es complementada por una funcionaria del Archivo General de la Nación, quien afirma que el rol del archivista se encuentra en el análisis y la construcción de todas las etapas de la valoración, más no en los aspectos jurídicos, administrativos o legales. La funcionaria el AGN está de acuerdo en no trascender a lo legal, y explica que el perito debe tener claras sus competencias, limitadas por su labor. Su papel se debe supeditar a los procesos de investigación, que cuentan con equipos interdisciplinarios para valorar los documentos y el régimen de acceso. Los tipos de reserva aparecían en las antiguas formas de gestión documental, y retomarlas puede ser una ayuda para los archivos de Derechos Humanos. Considera que se deben acoplar los instrumentos de gestión documental en relación con los Derechos Humanos, y por eso es importante establecer una normativa para este tipo 107
de documentos. Propone entonces una mirada integral de todos los aspectos, como el caso de la Ley de Víctimas, sobre las cuestiones de concepto técnico para el asunto de la restitución de tierras. ANNA CARLA ERICASTILLA. Acota que las instituciones que tienen funciones relacionadas con atención a las víctimas o la justicia, deberían poder usar los testimonios de perpetradores o de víctimas, pero respetando los términos de confidencialidad, para concretar herramientas como bases de datos que permitan extraer información que facilite el cumplimiento de sus funciones. O sea, que se desligue la fuente original, que son los testimonios, de una herramienta de trabajo. Es decir que si se trabaja con informaciones que tienen elementos vinculantes con otras leyes o con otros procesos, entonces lo que sirve es la base de datos de donde se han tomado elementos, y no necesariamente el testimonio. En cuanto al apoyo digital, ¿qué criterios y bases informativas se utilizan en casos de recuperación y control de información, según sus experiencias? Pregunta un funcionario del Centro Nacional de Memoria Histórica. ALEJANDRA OBERTI. Desde la reflexión ética, pueden existir dudas respecto de implicaciones en violación de Derechos Humanos. Se debe evitar la negación, para pasar a la aceptación y análisis de los hechos. El reconocimiento público es importante para las víctimas, respetando los niveles de confidencialidad. En cada caso debe existir un contrato legal. El funcionario del Centro de Memoria Histórica interviene para señalar que los victimarios que participan en estos acuerdos por la verdad fueron o son juzgados por la 108
justicia ordinaria, y concluye que existe un vacío en caso de que ellos confiesen crímenes de lesa humanidad. ANNA CARLA ERICASTILLA. La documentación se organiza bajo los principios de la ISAD G. Se cuenta con un inventario de la documentación intervenida, haciendo referencia a la producción y las funciones del productor. Para la localización, existe una herramienta de trabajo, una base de datos a nivel interno, que extrae datos importantes con un recorrido ágil, a la cual solo pueden acceder los auxiliares. En cuanto a las víctimas, se cuenta con una herramienta que permite localizar información sobre desaparecidos. A preguntas de dos funcionarios de la rama judicial, Anna Carla Ericastilla precisa que no existe un protocolo especial para que las instituciones soliciten información, ya que pueden hacerlo siguiendo los mismos procedimientos que cualquier ciudadano. Y señala, además, que los documentos digitales son públicos, que las copias digitales se entregan en formato CD y las copias certificadas, en físico, fiel a la original, con certificado. ¿Cuál es el mejor método para salvaguardar información en el caso del suministro diario del sistema? Esto en relación con los sistemas alternos de Medicina Legal y el manejo de bases de datos de los desaparecidos. Pregunta una funcionaria de Medicina Legal. ALEJANDRA OBERTI. No hay mejor método, el mejor método es el que se pueda llevar a cabo y que funcione con eficiencia. En el caso de Memoria Abierta, se hace una copia de la mejor calidad posible, con la mejor tecnología, para garantizar la preservación de este tipo 109
de información. Luego se deposita la información en un lugar público y otra copia en Francia, garantizando el sistema de información ante cualquier eventualidad. ANNA CARLA ERICASTILLA. En Guatemala no funciona la interoperabilidad institucional, pero sí hay redes de acompañamiento a la justicia de transición. Debe existir una colaboración entre lo público y lo privado, desde las iniciativas de ley, pero no se ha concretado. Si no se comparten bases de datos y no se plantean acciones de colaboración en el proceso de justicia, si no hay interoperabilidad no puede haber acciones de diálogo con la sociedad. Al respecto, un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil comenta que la colaboración con el Archivo General de la Nación, en cuanto a las bases de datos, ha avanzado en información de traslado de imágenes y en registros dactilares, para evitar falsificaciones. Existe en Colombia una base de datos con 35 millones de casos con huella, foto y firma, que permite localizar a cualquiera con la huella, gracias a un convenio con la Policía y el Ejército. Este formato pertenece a la ley anti trámites y sirve también para el programa de reparación de víctimas. No obstante, algunas fundaciones e instituciones manejan bases de datos cuya procedencia y origen se desconocen. ¿Cómo articular el Sistema Nacional de Archivos con los archivos de Derechos Humanos? Pregunta un funcionario del SENA. ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. Eso se logra estableciendo un programa en el que participen lo público y lo privado, que tenga una plataforma común; y realizando acciones y complementos, convenios 110
y acuerdos, medidas de promoción e integración; y, además, fomentando que se incorporen para buscar ventajas, asistencias, financiación y líneas de actuación. Interviene una funcionaria del Archivo General de la Nación para comentar que el Sistema Nacional de Archivos tiene un plan piloto de sensibilización y capacitación en archivos de Derechos Humanos, para censar e identificar, con la ayuda del SENA, las oficinas y entidades estatales que se ocupan de la atención a las víctimas y que generan documentos, capacitan y acompañan. Es bueno preguntarse ¿cuál es el sistema unificado de reunión de información? ¿Cómo se protege sino se sabe qué hay? Es importante identificar problemas, lo cual está siendo atendido por el Archivo General de la Nación en las recientes circulares. ¿Qué acciones se realizan para garantizar la no repetición? ¿Qué tipo de experiencias y criterio de difusión utilizan en procesos educativos? ¿Qué papel juega el Ministerio de Educación? Pregunta un funcionario del Ministerio de Educación Nacional. ANNA CARLA ERICASTILLA. Hay experiencias con organizaciones civiles, no necesariamente en conflicto armado, pero sí en sus orígenes. En el caso del racismo, por ejemplo, surgió una investigación de carácter antropológico titulada: “¿Por qué estamos como estamos?”, investigación de largo alcance, desde el siglo XIX. Además se realizan exposiciones, divulgaciones de tipo interactivo con los niños, exposiciones itinerantes con acompañamiento y visitas guiadas, con materiales de apoyo. En cuanto a los maestros en los colegios, depende de su discrecionalidad y en casos se dificulta. 111
En el tema étnico, ¿existe un proyecto específico de grupos étnicos o hay tratamiento de difusión de esos archivos? ¿Qué medidas se utilizan para evitar la discriminación? Pregunta una funcionaria del Archivo General de la Nación. ANNA CARLA ERICASTILLA. Ante todo, hay que señalar que los archivos en Guatemala no cuentan con programas divulgativos como tal, lo que tienen son servicios de acceso a la información, servicios de referencia, salas de lectura, pero la precariedad en la que los archivos viven no les ha permitido tener un papel proactivo. Y en cuanto a la incorporación de temas de racismo, sí hay normas para que los funcionarios públicos actúen y se evite la discriminación, pero falta vigilancia en el cumplimiento de esas normas. ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA. La experiencia europea, a raíz del nazismo, el fascismo y el comunismo, puso en marcha una actividad social de reconocimiento, para evitar el negacionismo, y desde la educación surgen iniciativas contra el olvido. Qué tal que dentro de cuarenta o cincuenta años alguien en Colombia pretendiera negar que existieron los paramilitares o la guerrilla. En Polonia, por ejemplo, hay juegos escolares y análisis para la comprensión de los hechos. Fuera del ámbito educativo, el trabajo se concreta en museos, organizaciones y archivos. ALEJANDRA OBERTI. No creo que la memoria en sí misma o el recuerdo permanente del pasado de violaciones a los Derechos Humanos garanticen la no repetición. Tal vez sea una condición necesaria, pero no suficiente. Porque la propia historia de la humanidad en el siglo XX y lo que va del siglo XXI es una sucesión de masacres, genocidios, violaciones a los Derechos Humanos que se van dando en distintas partes del planeta. Y no se puede decir que no ha 112
habido difusión y conocimiento de lo que sucedió en los campos de concentración. Entonces, es necesario dar un paso adelante para incidir en programas escolares, acompañados de material educativo porque la memoria más efectiva es la que logra vincular el pasado con el presente y lograr dar respuesta a qué se alcanzó con esas represiones en el contexto social y económico de los sectores, sobre todo el obrero. Se trabaja también sobre experiencias de muestras itinerantes del pasado reciente argentino. Debe haber un efecto dinámico y provocador en los jóvenes, pero depende de la propia comunidad que no sucedan. A partir de los expedientes que ustedes han tenido, ¿cómo se ha brindado acompañamiento sicológico a las víctimas? ¿Quién se ha encargado de brindar este servicio? ¿Eso forma parte del proceso de reparación? Pregunta un funcionario del Ministerio de Educación Nacional. ANNA CARLA ERICASTILLA. En Guatemala, en el Archivo Histórico, al interior de la Unidad de Acceso, hay una sicóloga que recibe los testimonios de las personas para ayudarlas a construir su solicitud de información. El acompañamiento es básicamente un tema de escucha activa, y se ha destinado un espacio en privacidad para que la persona pueda dar su testimonio y solicitar la información que necesite. Pero somos un archivo, no una unidad de atención sicológica. Entonces, esto es como una especie de atención complementaria para que el servicio de acceso a la información pueda darse posteriormente. ALEJANDRA OBERTI. En Argentina existe una ONG integrada por padres de desaparecidos, que tienen formación profesional tanto en el campo del derecho como 113
de la asistencia sicológica a las víctimas. Pero nosotros no tenemos, en Archivo Oral ni en Memoria Abierta, ayuda sicológica para quienes entregan su testimonio ni para quienes recibimos esos testimonios en la institución. Ese es un déficit que tenemos. En la rama judicial, estamos usando el sistema oral en especialidades como el derecho penal, donde ya está completamente incorporado. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con los documentos orales y qué tratamiento de la información se debe dar en ese tipo audiencias? Pregunta un funcionario de la rama judicial. ALEJANDRA OBERTI. En Argentina, los juicios orales de 1985 los filmó la televisión pública utilizando la tecnología de entonces, que hoy es obsoleta. Fueron cerca de 530 horas, ese material se guardó y nunca se hizo nada con él: no se exhibió ni se dio a la consulta pública porque no había dónde ni cómo. Recién ahora, Memoria Abierta se involucró junto con la Cámara Federal Penal, que es quien tiene la guarda de esa documentación, y con la Universidad de Salamanca para digitalizar ese material y ponerlo a la consulta pública. Los juicios que se están realizando en este momento están siendo filmados por el Instituto Nacional de Cine. Si son juicios orales, es importante que se registren de manera bibliográfica. Lo fundamental es hacer un buen registro que muestre ese tribunal en acción, y acopiarlo en la institución adecuada, que supongo que en primera instancia debe ser la justicia. Luego, llegado el momento, ese material se podrá guardar en otro lugar o dar a la consulta en otro sitio. La tecnología actual es mucho más dinámica, liviana y fácil de manipular, y esas grabaciones requieren ser 114
conservadas en condiciones especiales. Es aconsejable hacer copias de seguridad y guardarlas en distintos formatos, y en distintos servidores y revisar esos servidores regularmente. En Francia, por ejemplo, ese trabajo lo hace el Instituto Nacional del Audiovisual. Cuáles son los mecanismos de financiación de los archivos de memoria. Pregunta un funcionario Archivo General de la Nación. ANNA CARLA ERICASTILLA. En Guatemala, el Estado no apoya la financiación, ésta proviene de instancias preocupadas por el proceso de transición y de cooperantes internacionales. Gracias a ese apoyo logramos tener catorce millones de imágenes en la red, pero la responsabilidad de financiar estos archivos de memoria es ante todo del Estado y de la sociedad. La instancia que ha estado más preocupada en financiar los procesos de transición, y en especial al Archivo Histórico, ha sido la comunidad internacional, que a través de la cooperación de países amigos ha financiado el 100% de sus necesidades. Al momento de decidir la transición hacia el Archivo General de Centro América se ha planteado una sustitución progresiva de los fondos de la cooperación internacional por los recursos del Estado de Guatemala. Sin embargo hasta el momento el Estado no ha logrado concretar ese compromiso. El Estado debe de asumir los compromisos que le corresponden, respecto de la memoria de sus ciudadanos. Pero, de otro lado, la memoria de los ciudadanos no es del Estado, es de la población, es de la sociedad en su conjunto. Entonces es importante articular esfuerzos, porque una sola instancia no va poder sostener el Archivo. 115
ALEJANDRA OBERTI. El Estado debe hacerse cargo de la financiación de los archivos y tener un rol activo dentro de la sociedad civil. En el caso de Memoria Abierta, estamos en diálogo para recibir subsidios estales, sin embargo la mayor parte de la financiación proviene de entidades internacionales, y entidades privadas y universidades
CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTรRICA Bogotรก D.C. 2014
Los archivos son a la memoria, lo que la memoria a la vida. La necesidad de recuperar y preservar la memoria histórica del conflicto armado interno colombiano es un imperativo en el escenario de un país cada vez más preocupado por la verdad, la justicia y la reparación colectiva de las víctimas, y que comienza a preparase para el post conflicto. Todas las acciones que adelanta el Centro Nacional de Memoria Histórica en desarrollo de sus funciones legales, se apoyan en el trabajo realizado por la Dirección de Archivo de los Derechos Humanos, en cuanto a identificación, acopio, organización, custodia y preservación de documentos de todo tipo, que contengan información relacionada con la gestión de entidades estatales o de organizaciones sociales, de víctimas y de defensa de los Derechos Humanos, y que testimonien la ocurrencia de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Dirección de Archivo de los Derechos Humanos
Experiencias internacionales en archivos de derechos humanos.
Se trata de "Experiencias internacionales en archivos de Derechos Humanos", primer título de la colección Diálogos por la Memoria, del Centr...
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