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DEL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN CEDDIS/DOC.1(III-E/13)
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN octubre 2013
DIAGNÓSTICO REGIONAL SOBRE EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
-Relatoría del Sr. Pablo Oscar Rosales, Delegado Titular de Argentina ante el CEDDIS-
I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………
II. PUESTA EN PRÁCTICA DEL MANDATO…………………………………………………..
Proceso y método aplicado…………………………………………………………
Relevamiento de las respuestas generales al cuestionario………………….
cuestiones previas al abordaje de la capacidad de ejercicio de los
derechos del artículo 12 de la CDPCD…………………………………………..
Determinación de la discapacidad………………………………………………….
Definiciones de discapacidad mental o intelectual- Concepto de salud mental…….
Estereotipos, imágenes circulantes, o percepciones negativas de las
personas con discapacidad en el poder judicial…………………………………..
Capacitación de los operadores judiciales -Contenido de la capacitación………
Formación en las universidades- Educación Superior………………………..
Accesibilidad arquitectónica………………………………………………….
Disponibilidad de herramientas que faciliten la comunicación………………
Existencia de procedimientos adecuados……………………………………….
Personas con discapacidad en situación o condiciones de encierro……………..
El régimen de capacidad jurídica y la aplicabilidad de los sistemas de representación de las personas con discapacidad………………………………..
Opinión sobre el reconocimiento de la capacidad de obrar amplia del artículo 12……..
Medidas legislativas y judiciales propuestas para la aplicación plena del
artículo 12 de la CDPCD……………………………………………………………..
B.1. Medidas legislativas…………………………………………………………….
B.2 Medidas judiciales……………………………………………………………..
B.3 Otras medidas propuestas……………………………………………………….
Alcance de la compatibilidad entre la interdicción o curatela y el artículo 12
de la CDPCD……………………………………………………………………………….
Reformas de fondo y de procedimiento hacia la eliminación de la figura
de la interdicción y /o curatela: Cómo y con quién……………………………………….
D. 1 Reformas de fondo y de procedimiento……………………………………………
D.2 Mantenimiento de la interdicción o curatela……………………………………….
Previsión legislativa de apoyos
E.1 Adecuaciones de procedimientos………………………………………….
E.2 Capacitaciones del artículo 13, 2do párrafo de la CDPCD………………..
Buenas prácticas para la sustitución del modelo de representación para adecuarlo al modelo de capacidad amplia con apoyos y salvaguardias del artículo 12 CDPCD…………………………………………………………………………..
medidas de transición………………………………………………………………………
Propuesta de transición previa a la aplicación del modelo del art. 12 con revisión
de la actual legislación………………………………………………………………………
Aplicación inmediata del modelo del artículo 12 de la CDPCD……………………………
III. CONCLUSIONES DE LA RELATORÍA……………………………………………………….
La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CIADDIS, adoptada en 1999 estableció en su artículo I.2, inciso b) que “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción, cuando sea necesaria y apropiada para su bienestar, ésta no constituirá discriminación”. Ocho años después la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CDPCD, introdujo un cambio radical en la interpretación del alcance del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica al establecer que los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y se reconoce su capacidad jurídica de ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CEDDIS, que es la instancia encargada del seguimiento de la implementación de la CIADDIS, reconoció la inmediata necesidad de armonizar el artículo I.2 inciso b) de dicha Convención con el nuevo paradigma establecido por la CDPCD y, a tal efecto, decidió durante su Tercera Reunión en 2010 constituir un grupo de trabajo para analizar este tema con mayor profundidad y presentar sus conclusiones durante la próxima reunión del Comité.
El grupo de trabajo se reunió en Washington en octubre 2010 y estuvo integrado por Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú. Los integrantes de este grupo concordantemente concluyeron que, en efecto, el instituto de la interdicción y su correspondiente régimen de curatela no resultan apropiados para asegurar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, y eliminar las barreras de acceso a la justicia. Tras analizar diversos precedentes judiciales de juzgados locales, se evidenció que el instituto de la interdicción o curatela del modelo de representación, suele ser aplicado con demasiada amplitud; que en la mayoría de los casos el alcance de la restricción fijada en la sentencia es indeterminado; que el procedimiento judicial es extenso, oneroso y no ofrece en todos los casos garantía a una tutela judicial efectiva (habida cuenta de que no siempre se dispone de intérpretes o instrumentos probatorios en formatos accesibles); que predomina la ausencia de mecanismos de control de curatelas ya impuestas, entre otras cuestiones. Pero más allá de los problemas procedimentales de esta institución, hay un argumento de mayor peso que reclama la necesidad de que este régimen sea sustituido por otro modelo de reconocimiento de derechos, y es el cambio de paradigma conforme al cual, el relevamiento de la voluntad de la persona con discapacidad ante su curador, debe ser sustituida por el reconocimiento de la capacidad de ejercicio de los derechos de la persona con discapacidad por si mismo con apoyos y salvaguardas si fuera necesario y que dichos apoyos sólo se ha de materializar cuando sea efectivamente necesario y requerido por la propia persona con discapacidad. Ello es así, porque el simple hecho ser una persona com discapacidad no implica la imposibilidad de gestionar adecuadamente sus derechos y obligaciones, ni tampoco la incapacidad de realizar por sí mismo actos con plena trascendencia jurídica.
Así entonces, como forma de subsanar la contraposición existente entre ambas convenciones, y reconociendo la necesidad de armonizar la CIADDIS en este aspecto dada a su importancia para la región, el grupo de trabajo del CEDDIS acordó la realización de una observación general que fungiese como criterio de interpretación del artículo I.2 b) de la CIADDIS, de modo de adecuarla al nuevo paradigma que surgiera tras la entrada en vigor de la CDPCD, dejando por sentado que el texto “En los casos en que la legislación interna prevea la figura de la declaratoria de interdicción (…) ésta no constituirá discriminación” debe descartarse en futuras interpretaciones sobre el alcance del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica. Esta decisión tomó como base varios precedentes judiciales de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina traídos a colación por el entonces Segundo Vicepresidente del CEDDIS, Sr. Pablo Oscar Rosales, conforme los cuales dicho tribunal declaró que son los Comités o la Cortes de los respectivos tratados internacionales, los legítimos intérpretes de los mismos, en consecuencia, era menester, con base a estos precedentes ejemplificativos, emitir un criterio de interpretación que permita dirimir la contradicción existente entre la CIADDIS y la CDPCD.
Con base a lo anterior el grupo de trabajo preparó un proyecto de observación general que fue presentada y aprobada por el CEDDIS durante su Primera Reunión Extraordinaria celebrada en mayo de 2011. Esta observación reconoce a la discapacidad como un fenómeno o barrera social y no médica, pues contempla la situación de las personas con diversas deficiencias (físicas, sensoriales, mentales e intelectuales) que al interactuar socialmente se encuentran con diversos tipos de barreras (legales, judiciales, físicas, actitudinales, arquitectónicas, entre otras) que constituyen obstáculos para el goce de sus derechos, en igualdad de condiciones con las demás.
La observación general indica que para la aplicación plena y efectiva de la CIADDIS es fundamental que en las legislaciones nacionales se aborde la discapacidad desde el modelo social, migrando desde el modelo médico-rehabilitador, lo que implica abandonar las definiciones de carácter médico únicamente, articuladas según el tipo de deficiencia, y reconocer que las personas con discapacidad aportan a la sociedad en la misma medida que las personas sin discapacidad, siendo que estos aportes está relacionados con dos conceptos básicos: la inclusión y la aceptación de la diversidad y su valoración. Se describen así los argumentos jurídicos y sociales que ameritan un cambio de paradigma pasando del modelo del asistencialismo sustitutivo a un modelo de derechos humanos que de ninguna manera suprima la voluntad de la persona con discapacidad ni el ejercicio por sí mismo de sus derechos.
Bajo esta premisa, la observación general insta a los Estados Parte de la CIADDIS a implementar progresivamente estrategias de capacitación a los actores judiciales; a revisar los casos interdicción ya constituidos, y suspender las declaratorias de interdicción abogando por la toma de decisiones con apoyo.
En concreto, la observación indica lo siguiente con respecto al ejercicio de la capacidad jurídica:
3. Instar a los Estados parte de la Convención Interamericana a tomar medidas, en consonancia con el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas, para garantizar el reconocimiento de la capacidad jurídica universal, incluyendo a todas las personas con discapacidad, independientemente de su tipo y grado de discapacidad, y en consecuencia con ello, iniciar en el más breve plazo un proceso de sustitución de la práctica de la interdicción, curatela o cualquier otra forma de representación, que afecte la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a favor de la práctica de la toma de decisiones con apoyo.
Lo anterior significa tomar acciones en la siguiente dirección:
1. Capacitar a la población en general, con especial énfasis en los operadores del sistema judicial, sobre el nuevo paradigma vigente de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluso aquellas con discapacidades severas, mediante el recurso a sistemas de apoyo para la toma de decisiones.
2. Tomar medidas urgentes, de orden normativo, para asegurar que el sistema judicial no permita la aprobación de nuevos casos de interdicción, y para impulsar el desarrollo gradual de los sistemas de apoyo para la toma de decisiones así como para la regulación e implementación de instituciones y mecanismos de salvaguarda para prevenir los abusos
3. Tomar medidas para facilitar el proceso de revisión de los casos de interdicción de personas con discapacidad, con el objeto de adecuarse al nuevo paradigma, con especial énfasis en aquellos que se presenten dudas sobre la existencia de abusos, manipulación de intereses, o abusos.
4. Informar a este Comité acerca de las medidas tomadas y los avances que se vaya logrando en este proceso
La Observación General del CEDDIS es de gran valor pues con ella no sólo queda subsanada el texto final del inciso b del artículo I.2.b) de la CIADDIS, sino que además se incluyen lineamientos para los Estados sobre las medidas que deben adoptar para garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de su capacidad jurídica amplia. En ella se deja claro que es obligación del Estado garantizar el acceso a quienes necesiten un apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, con salvaguardias contra los abusos, y que tal apoyo lo debe seleccionar la persona con discapacidad. En la medida de lo posible, el apoyo debe sustentarse en la confianza, ser proporcionado con respeto y nunca en contra de la voluntad de la persona con discapacidad.
Lo anterior supone un gran reto para los funcionarios públicos, jueces, legisladores, para garantizar que esto se cumpla dentro de las leyes y en el dictado de las sentencias judiciales.
¿Cuáles son, en términos concretos, tales mecanismos de reconocimiento de la capacidad ejercicio de los derechos con apoyo con salvaguardas que deben sustituir al régimen de la curatela?
La CDPCD sostiene que estos mecanismos deben respetar los derechos y la voluntad de la personas con discapacidad buscando soluciones adaptadas a las necesidades sociales y culturales de la persona, evitando conflictos de intereses, influencia indebida, o excesos que provoquen una situación similar a la de la interdicción. Sin embargo aún es incipiente el trabajo con directrices con ejemplos concretos sobre estos mecanismos que puedan ser tomadas en cuenta por legisladores y actores judiciales como una referencia fehaciente a la hora de legislar y dictar sentencia judiciales.
El CEDDIS se ha percatado de esta laguna y en consecuencia ha orientado sus esfuerzos en diseñar un manual instructivo para actores de gobierno sobre cómo aterrizar los mandatos que emanan de la observación general del CEDDIS y del artículo 12 de la CDPCD. A fin de realizar este manual, el primer paso fue realizar un mapeo integral en todos los Estados Miembros sobre todos los mecanismos que están siendo implementados para el ejercicio de la capacidad jurídica (sea la tradicionalmente curatela, o mecanismos emergentes de apoyo que no hayan sido divulgados aún) a fin de realizar un diagnóstico preliminar en la región sobre este tema y, tras identificar los avances y dificultades en la región para garantizar la capacidad jurídica amplia, se procederá a la construcción de un manual instructivo sobre apoyos y salvaguardas para lo cual se creará un grupo multidisciplinario integrado por representantes del CEDDIS, sociedad civil, y profesionales de diversas áreas (antropólogos, sociólogos, abogados, médicos, psicólogos, entre otros).
La presente relatoría comprende los resultados derivados de la compilación de respuestas de varios Estados Miembros de la OEA que constituyen en sí el primer diagnóstico regional sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad emanado de organismos oficiales de los Estados y de la region. La información analizada fue vaciada a través de un cuestionario distribuido a los países en 2012 con preguntas sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad; el marco jurídico existente; capacitación y sensibilización de los funcionarios judiciales; aplicabilidad y efectividad del régimen de curatela para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas interdictas, y el impacto en los países de la región tras el cambio de paradigma surgido en virtud del art. 12 de la CDPCD.
Al procesar la información reportada, el relator evidenció, como resultados poco favorables, que en su mayoría los Estados se basan en distintos criterios para determinar la discapacidad; que no existe una distinción o definición acorde de los conceptos de discapacidad mental y discapacidad intelectual; que no es claro el concepto de discapacidad psicosocial; que el modelo médico rehabilitador se mantiene muy arraigado en la actividad pública; que predominan las barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad en sedes judiciales; que la mayor parte de las páginas web estatales no son accesibles; que no hay evidencia de que los procedimientos judiciales en los que intervienen las personas con discapacidad, como justiciables, testigos o jurados, tengan adecuaciones específicas en todos los casos; que en ninguno de los Estados que contestaron el cuestionario la legislación nacional contempla mecanismos de sistemas o de apoyo a favor de las personas con discapacidad en términos del art. 12 de la CDPCD, y que no existen para las personas con discapacidad en situación de encierro, medidas especiales tendientes a facilitar su autonomía, entre otros resultados.
En contrapartida, el diagnostico reveló algunos progresos como la capacitación de los operadores judiciales a través de actividades realizadas hacia el interior de los poderes judicial y ejecutivo en conjunto con las entidades nacionales rectoras de la discapacidad; que la oferta educativa de educación superior en la región, aunque no se informa el grado de inclusión en términos del artículo 24 de la CDPCD, se encuentra en crecimiento; que se promueven capacitaciones sobre las Convenciones ONU/OEA en discapacidad; algunos Estados cuentan con peritos e intérpretes de lenguaje de señas de manera permanente, otros a solicitud de parte, entre otros.
Se presentan a continuación los principales argumentos esbozados por el Relator especial designado para este proyecto, Sr. Pablo Oscar Rosales, Delegado titular de Argentina ante el CEDDIS, del cual emanan las anteriores y otras conclusiones, a la luz de la información provista por los Estados Miembros de la OEA que participaron en este diagnóstico sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Se trata de un estudio pionero en la materia por la diversidad de países y actores involucrados, que dará pie al primer manual sobre mecanismos de apoyo y salvaguardas como aporte del CEDDIS no sólo para la región sino para los países que integran el foro universal de la CDPCD a los que, se espera, dicho manual pueda servir de referencia.

References: artículo 12
 artículo 12

artículo 12
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 24