Source: http://www.gestoresderiesgo.com/2014/12
Timestamp: 2020-01-28 23:52:08+00:00

Document:
diciembre, 2014 | Gestores de Riesgo y Morosidad
24 diciembre, 2014 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Vale la pena decir que la Ley de Enjuiciamiento civil de 2000 en el art. 518 marca un tiempo máximo para ejecutar las sentencias judiciales. Este plazo es de cinco años que se computan desde la firmeza de la sentencia o resolución. Por consiguiente la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución judicial que apruebe una transacción judicial o un acuerdo alcanzado en el proceso o en resolución arbitral caducará si el demandante no interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia. Por tanto estamos ante un hecho de caducidad y no de prescripción.
El Derecho español ha establecido un plazo para la prescripción general de las acciones personales. Este plazo está marcado en el artículo 1964 del Código Civil. El plazo en el que prescriben las obligaciones es de quince años y es aplicable a todas las acciones que no tengan señalado en la ley un término especial de prescripción. A consecuencia de esta norma, en España el plazo de prescripción extintiva con carácter general para las deudas que no tengan señalado un término especial de prescripción, es de quince años.
Otro punto es que la acción por responsabilidad contractual está sometido al plazo general de las acciones personales del art. 1964 CC, mientras que el plazo de la acción por responsabilidad extracontractual es de un año (art. 1968 CC). Por consiguiente el plazo para reclamar una deuda ordinaria, así como las derivadas de una relación mercantil, comercial o de prestación de servicios es de quince años. Salta a la vista que este es un plazo de prescripción muy largo puesto que en países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, el plazo para la prescripción extintiva es de solamente cinco años. De modo que es una de las pocas normas “in favor creditoris” de nuestro ordenamiento jurídico.
Por ejemplo el plazo quincenario es aplicable a las tarjetas de crédito, sometidas al plazo general de quince años, a pesar que muchas personas piensan que la prescripción se produce a los cinco años. La razón es que en el contrato de una tarjeta, el emisor se obliga a unas prestaciones, a cambio del pago de una cuota anual, y a abonar las cantidades dispuestas en la forma convenida. El banco tiene la obligación de hacer frente a las facturaciones que se presenten. Entre el banco y el titular de la tarjeta se establece un contrato de apertura de crédito de naturaleza personal, sometido al plazo general de quince años. Por ello, la entidad dispone de ese periodo para reclamar al titular de la tarjeta tanto las cuotas impagadas como los intereses de demora.
Al producirse la prescripción del derecho por falta de ejercicio del mismo durante un determinado tiempo, fijado por la ley, es importante saber desde qué momento se empieza a computar el tiempo; esto en latín se denomina “dies a quo”. Nuestro Código Civil en el artículo1969 dice, que de forma general, el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Por tanto el plazo prescriptivo ha de contarse desde que puede ser realizado el derecho que se actúa con el ejercicio de la acción. Vale la pena señalar que este artículo 1969 es de carácter netamente dispositivo ya que establece que las partes pueden haber dispuesto otra cosa.
A esta regla general hay que añadir ciertas matizaciones. Si se trata de derechos de crédito que imponen al deudor un deber de dar alguna cosa, el plazo de prescripción comienza a correr desde que el crédito ha nacido y ha vencido; en consecuencia desde que surge la obligación cuyo cumplimiento no depende de una condición suspensiva.
Este mismo precepto de que debe computarse al día siguiente viene recogido en el artículo 1130 del CC que indica que si el plazo de la obligación está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, que deberá empezar en el día siguiente. De modo que esta norma vale para los plazos legales, a menos que la ley establezca otra cosa y para los plazos convencionales, salvo voluntad en contra de las partes.
Consecuentemente dicho artículo se pronuncia a favor de que para los plazos de prescripción si debe computarse el día inicial. Razón por la cual la regla general de que debe iniciarse el cómputo en el día siguiente no se aplica para determinar los plazos de prescripción.
En cuanto a si los días festivos deben incluirse o no en el cómputo, el apartado 2 de artículo 5 de dicta que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles, por tanto se incluyen en el cómputo del plazo los días festivos y si el último día es inhábil, no se prolonga el plazo hasta el primer día siguiente hábil.
HAY QUE TENER EN CUENTA QUE LA CONFUSIÓN EN EL CÁLCULO DE LOS PLAZOS MUCHAS VECES VIENE ORIGINADA POR LA GRAN DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE LA COMPUTACIÓN CIVIL Y LA PROCESAL.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil determina que para el cómputo de los plazos señalados por días se excluirán los inhábiles. Además que los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha y que cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Asimismo los plazos que concluyan en sábado, domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el siguiente hábil.
La Ley de Enjuiciamiento Civil considera días inhábiles a efectos procesales los sábados y domingos, y los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad. También serán inhábiles los días del mes de agosto.
Del patrimonio neto a las tablas de amortización, un resumen de 2014
Como es habitual en estos cinco años de vida del blog, dedico el último post del año a repasar contigo algunos de los contenidos que he tratado a lo largo de 2014, esperando que te resulten interesantes. En concreto, este año me he decantado por seleccionar las entradas siguientes:
Patrimonio neto y fondos propios son dos términos contables que, muy a menudo, se utilizan de forma indistinta cuando realmente no son lo mismo. A explicar las diferencias entre uno y otro concepto dediqué un post por el mes de abril.
En las cuentas bancarias las fechas valor aplicadas por las entidades de crédito no siempre coinciden con las de operación, por ejemplo, cuando ingresas en tu cuenta un cheque de otra entidad, por lo que debes conocer cuáles son los criterios utilizados para establecer las fechas valor en las distintas operaciones de cobro y pago.
Una compañía que se plantee vender a crédito a un cliente puede consultar informes comerciales sobre él, es decir, documentos elaborados por agencias especializadas en la valoración del riesgo comercial a partir de la información pública existente y el análisis experto de quien los elabora. En el blog te recomendé analizar 10 elementos de estos informes, por si acaso decides consultarlos.
El cese de la actividad es una de las causas por las que debe disolverse una sociedad de capital. Este motivo de disolución, así como el resto de los que marca la Ley de Sociedades de Capital, fueron repasados en el blog en el mes de septiembre.
“Encaje de bolillos” es lo que parece que hacen algunas empresas para intentar cumplir los plazos de pago que marca la legislación contra la morosidad vigente. La confusión entre medios de pago y plazos de pago sigue siendo tónica habitual para parte del tejido empresarial español.
Entre las novedades fiscales cara al próximo año destaca la aparición de nuevas tablas oficiales de amortización, aplicables a los elementos de inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de las empresas, las cuales han sido simplificadas y actualizadas. A partir de ahora, las empresas deberán utilizar una única tabla que no diferencia elementos amortizables por sectores de actividad, como ocurría hasta la fecha.
Mi deseo de felices fiestas y un buen 2015, tanto en lo personal como en lo profesional para ti que lees estas líneas.
16 diciembre, 2014 gestoresderiesgo	Deja un comentario
Los grupos de sociedades formados por una sociedad dominante y sus sociedades dependientes tienen la obligación de consolidar sus cuentas, las cuales deben ser formuladas por la sociedad dominante, incluyendo, en su caso, a las sociedades multigrupo y asociadas en el proceso, tal como se expuso en el post anterior. Ahora me gustaría referirme a las tres excepciones que la normativa mercantil recoge a la obligación general de consolidar:
1. Por tamaño
Una sociedad dominante está exenta de formular cuentas anuales consolidadas cuando, durante dos ejercicios consecutivos a la fecha de cierre de su ejercicio, el conjunto de sociedades del grupo no sobrepase dos de los tres límites que exige Ley de Sociedades de Capital, en su artículo 258, para poder formular cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, en concreto los siguientes:
Total de las partidas de activo no supere 11.400.000 euros.
Importe neto de la cifra de negocios no supere 22.800.000 euros.
Número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no supere 250 (se deben tener en cuenta todas aquellas personas que tengan o hayan tenido una relación laboral con las sociedades del grupo durante el ejercicio, promediadas según el tiempo durante el cual hayan prestado sus servicios).
Para el cómputo de los límites anteriores, o bien se agregan los datos de la sociedad dominante y los correspondientes al resto de sociedades del grupo, teniendo en cuenta los ajustes y eliminaciones que corresponderían de efectuarse la consolidación, o bien se considera la suma de los valores nominales que integran los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de todas las sociedades del grupo, en cuyo caso, se incrementan en un 20 por ciento los límites de activo (a 13.680.000 euros) y cifra de negocios (a 27.360.000 euros), mientras que el de número medio trabajadores queda igual.
Por otro lado, si el período al que se refieren las cuentas consolidadas es inferior al año, el importe neto de la cifra de negocios a considerar será el obtenido durante dicho período sin que se eleve al año completo.
La dispensa no puede ser aplicada si alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE).
2. Por dependencia de un grupo mayor
Una sociedad dominante, sometida a legislación española, está exenta de formular cuentas anuales consolidadas cuando sea dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la UE, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Esta última sociedad posea el 50 por ciento o más de las participaciones sociales de aquella.
Los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por ciento de las participaciones sociales no hayan solicitado la formulación de cuentas anuales consolidadas seis meses antes del cierre del ejercicio.
Además para acogerse a la dispensa se ha de cumplir lo siguiente:
Que tanto la sociedad dominante española dispensada como todas la que de ella dependan se consoliden en un grupo mayor cuya sociedad dominante se someta a la legislación de algún Estado miembro de la UE.
Que la sociedad dominante española dispensada de formular cuentas anuales consolidadas indique en sus cuentas anuales que está exenta de la obligación de consolidar, así como los datos del grupo al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad que actúa como su dominante.
Que las cuentas anuales consolidadas, el informe de gestión y el de auditoría de la sociedad dominante del grupo mayor se depositen traducidas en el Registro Mercantil, donde tenga su domicilio la sociedad dispensada.
Al igual que ocurría en la dispensa por tamaño, la excepción no puede aplicarse si la sociedad dominante española ha emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la UE.
3. Por sociedades dependientes sin interés significativo
Una sociedad dominante está exenta de consolidar cuando participa exclusivamente en sociedades dependientes que no poseen un interés significativo, individualmente y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo.
Entidades que han de incluirse en la consolidación contable
15 diciembre, 2014 gestoresderiesgo	1 comentario
Mediante la consolidación contable se persigue mostrar la situación patrimonial de un grupo de sociedades como si se tratase de una única entidad económica, es decir, reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de dicho grupo, reflejado en las cuentas anuales, como si fuese una sola empresa. Para saber las sociedades que están obligadas a consolidar sus cuentas, debe acudirse al artículo 42 del Código de Comercio, donde se señala como “toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados”.
De este modo, un grupo de sociedades, a efectos de la consolidación de sus cuentas, se forma por una sociedad dominante y todas aquellas sociedades dependientes sobre las que ejerce su control, entendido este como el poder de dirigir sus políticas financieras y de explotación, con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades. En concreto, se presume que existe control de la sociedad dominante sobre una dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:
Posea la mayoría de los derechos de voto (no de las acciones, ya que existen acciones sin voto).
Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los administradores.
Haya designado con sus votos a la mayoría de los administradores, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas anuales consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Existe la presunción de esta circunstancia cuando la mayoría de los administradores de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. No obstante, esta situación no dará lugar a la consolidación, si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados está vinculada a otra en la forma prevista en las dos primeras situaciones descritas.
Pues bien, deben consolidarse los grupos de empresas, formados por una sociedad dominante más sus dependientes, recayendo la tarea de consolidar en la entidad dominante. No obstante, también se habrán de incluir en la consolidación otro tipo de sociedades, relacionadas con las que forman parte del grupo, como son las multigrupo y las asociadas. Las sociedades multigrupo son empresas no incluidas como dependientes, que son gestionadas por una o varias sociedades del grupo con otra u otras personas ajenas al mismo, ejerciendo el control conjunto. Por su parte, las sociedades asociadas son aquellas sobre las que alguna entidad o entidades comprendidas en el grupo ejercen una influencia significativa en su gestión, participando en su capital e interviniendo en sus decisiones de política financiera y de explotación, sin llegar a controlarlas.
Es importante reseñar que la obligación de formular cuentas anuales consolidadas no exime a las sociedades integrantes del grupo, de formular sus propias cuentas individuales.
La regulación legal del descubierto en cuenta corriente
4 diciembre, 2014 gestoresderiesgo	2 comentarios
Cuando un cliente de una entidad de crédito retira dinero de su cuenta corriente sin que haya suficiente saldo en la misma y la entidad le permite realizar dicha retirada, se dice que se produce un descubierto en cuenta corriente o, de forma más coloquial, que el cliente está “en números rojos”. No obstante, la entidad de crédito no está obligada a conceder el descubierto. En caso de que lo permita (descubierto tácito), el Banco de España señala que el cliente tiene la obligación de devolver de forma inmediata el anticipo, así como de pagar los intereses del descubierto y, en su caso, las correspondientes comisiones bancarias. Por su parte, si un descubierto tácito importante se prolonga durante más de un mes, la entidad de crédito tiene obligación de informar al consumidor del descubierto y su importe, del tipo deudor, y de las posibles penalizaciones, gastos o intereses de demora aplicables.
El coste del descubierto está legalmente limitado para el caso de clientes consumidores pero no así para profesionales y empresas. De este modo, y según el apartado 4 del artículo 20 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, la entidad financiera no podrá aplicar a sus clientes consumidores un tipo de interés por descubierto que origine una tasa anual equivalente (TAE) superior a 2,5 veces el interés legal del dinero, el cual se publica anualmente en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado. En el caso de 2014, y dado que el interés legal del dinero está fijado en el 4 por ciento, la TAE del descubierto (intereses más comisiones) no puede superar el 10 por ciento.
Además del descubierto efectivo (estar “en números rojos”) que acabo de exponer, existe lo que se denomina descubierto por fecha valor, con origen en la operativa bancaria que diferencia entre fecha de operación o contable (momento en el que la entidad de crédito contabiliza una operación) y fecha valor (momento que tiene en cuenta a efectos de calcular intereses). Es el descubierto que se da, por ejemplo, si se ingresa en una entidad un cheque de otra, e inmediatamente se retira su importe antes de que transcurran los dos días de valoración previstos. Contablemente el cheque está ingresado en cuenta, pero su valoración no se produce hasta dos días después. Pues bien, en este caso, la entidad financiera podrá cobrar intereses por el descubierto pero no comisiones.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 1964
 artículo1969
 artículo 1969
 artículo 1130
 artículo 5
 artículo 258
 artículo 42
 artículo 20