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Timestamp: 2019-11-19 07:23:39+00:00

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C-379 de 2008
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020023836CC-SENTENCIAC379200823/04/2008CC-SENTENCIA_C_379__2008_23/04/2008200238362008Sentencia C-379/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Configuración COSA JUZGADA MATERIAL- Concepto La Corte Constitucional se pronunció sobre la cosa juzgada material e indicó que se presentaba cuando se cumplían los siguientes requisitos: (i) existe una sentencia de constitucionalidad sobre el mismo texto normativo frente a la cual se ha solicitado previamente un examen de constitucionalidad (identidad formal); (ii) se presenta identidad entre los cargos que sirvieron de fundamento a la sentencia que puso fin al juicio de constitucionalidad y aquellos que promueve la nueva demanda de inconstitucionalidad; siendo su deber guardar la consistencia con decisiones previas en la medida en que las circunstancias fácticas y jurídicas que sirvieron de base para la decisión se mantengan y no hayan variado. Referencia: expediente D-6942 Demandantes: Franky Urrego Ortiz y Yefferson Mauricio Dueñas
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTOD6942CONSTITUCIONALIDADFranky Urrego Ortiz | Yefferson Mauricio DueñasDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".Identificadores20020023837true39613Versión original20023837Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
En ejercicio de la acción pública establecida en el artículo 241 de la Constitución, los ciudadanos Franky Urrego Ortiz y Yefferson Mauricio Dueñas solicitaron ante esta Corporación la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 del la Ley 1123 de 2007 "Por medio de la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
"ARTÍCULO 40. SANCIONES DISCIPLINARIAS. El abogado que incurra en cualquiera de las faltas reseñadas en el título precedente será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se impondrán atendiendo los criterios de graduación establecidos en este código.
ARTÍCULO 44. EXCLUSIÓN. Consiste en la cancelación de la tarjeta profesional y la prohibición para ejercer la abogacía."
Según los demandantes, los preceptos acusados de la Ley 1123 de 2007 contradicen los principios de legalidad y tipicidad contenidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional pues no establecen qué sanción debe aplicarse a las faltas contempladas en la misma Ley 1123 de 2007 con lo cual se permite imponer "'cualquiera' de las referidas sanciones a 'cualquiera' de las faltas estipuladas en la Ley." (Énfasis añadido por los demandantes).
A lo anterior se agrega que con fundamento en lo previsto por la jurisprudencia constitucional (sentencias C-417 de 1993; C-310 de 1997 y C-769 de 1998) el principio de tipicidad se proyecta sobre todo el derecho sancionador y resulta desconocido cuando una regulación normativa no establece con precisión y claridad las conductas objeto de sanción o cuando - como a juicio de los demandantes ocurre en este caso -, "a pesar de estar descritas las conductas que constituyen faltas disciplinarias no están determinadas de forma previa las sanciones a imponer en caso de llegarse a incurrir en uno de esos comportamientos."
Recordó el escrito de intervención, que de conformidad con el artículo 29 superior el legislador estaba obligado a describir la conducta o comportamiento que se consideraba ilegal o ilícito en la forma más clara y precisa factible, "de modo que no quede duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción de carácter penal o disciplinario." Insistió en que la exigencia de precisión normativa se orientaba precisamente a evitar que la autoridad judicial tuviera un excesivo margen de apreciación en la aplicación de la norma y se constituía en una garantía para el administrado quien así podría tener "claridad sobre la conducta exigida lo que le permitirá el cumplimiento de la misma o su eventual defensa".
No obstante, subrayó, cómo la jurisprudencia constitucional había sido reiterativa en afirmar que a partir del principio de legalidad no se derivaba la necesidad de efectuar una enumeración excesivamente casuística. Lo anterior se aplicaba especialmente en el campo del derecho disciplinario en el cual, según el Ministerio de Justicia y del Derecho, "se [permitía] una mayor flexibilidad típica que en el derecho penal" lo que no significaba que debían dejar de presentarse los elementos que hicieran factible distinguir "qué es lo que se sanciona, impidiendo que la definición del comportamiento reprochado [quedara] a la voluntad del intérprete".
De conformidad con los criterios expuestos, encontró el escrito de intervención que en el caso concreto se cumplía a satisfacción con el principio de legalidad puesto que había sido "por expresión de la voluntad general concretada en la ley expedida por el Congreso de la República que se [había establecido] la infracción, su respectiva sanción, el proceso a seguir, la autoridad competente para llevar la causa y los criterios de la sanción", lo que a juicio del Ministerio del Interior y de Justicia, impedía el juzgamiento arbitrario y limitaba "el ius puniendi a los términos de la respectiva norma".
Luego de efectuar una descripción de lo consignado en el título II del Código Disciplinario del Abogado y de recordar que los artículos demandados establecían las sanciones que debían imponerse a quienes incurrieran en dichas faltas, subrayó el escrito de intervención que las normas acusadas determinaban como sanciones aplicables "la censura, la multa, la suspensión y la exclusión, sin que se [señalara] en la ley cuáles faltas daban lugar a cada una de ellas." Lo anterior, agregó, "implica permitir que quien determine el tipo de sanción a imponer por cada tipo de falta sea el funcionario competente para aplicarla y no la ley, lo cual atenta contra el principio de legalidad de acuerdo con el cual la ley debe previamente definir la conducta sancionable y la sanción a imponer a quien incurra en ella."
Según el escrito de intervención, resulta evidente que la ley pueda "otorgar al funcionario que aplica la sanción la posibilidad de graduarla dentro de los criterios que ella misma señale." Lo que sí no puede permitirse es "que sea ese mismo funcionario el que determine cuál sanción debe aplicarse por la falta cometida." Esta determinación, enfatiza el escrito de intervención, "es del resorte del legislador y no puede dejarse al arbitrio del funcionario competente para aplicar la sanción".
Según el escrito de intervención, en el caso concreto le correspondía al legislador determinar cuáles faltas daban lugar a qué sanciones previstas en los preceptos demandados (amonestación, multa, suspensión y exclusión) de modo que el arbitrio del funcionario competente para aplicarlas "se [limitaría] a la graduación del valor de la multa o del término de la suspensión." No obstante, en opinión del interviniente, las normas demandadas dan lugar a que sea la autoridad competente quien "para cada tipo de falta decida cuál es el tipo de sanción aplicable (amonestación, multa, suspensión o exclusión)" y además fije la graduación de las sanciones que lo permiten. A juicio del interviniente, dejar en manos de la autoridad judicial la determinación de cuál de las faltas disciplinarias da lugar a qué sanción, desconoce el principio de legalidad. Esta situación da paso a que sea la autoridad judicial competente quien resuelva arbitrariamente la determinación de la sanción que corresponde a cada conducta.
Advirtió el escrito de intervención que la competencia conferida "para graduar o dosificar la pena o sanción no podía "extenderse a la determinación del tipo de pena o de sanción que [debía] aplicarse." Añadió, que el artículo 46 de la Ley demandada había previsto la necesidad de que toda sentencia contuviera "unafundamentación completa y explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción" para dar a entender que aplicando los criterios de graduación o dosificación de la pena, el funcionario encargado de aplicarla debía determinar cuál sanción habría de aplicar y por cuál monto (para el caso de las multas) o por cuál duración (para el caso de la suspensión).
Consideró el interviniente, que el criterio de graduación no podía ser cualitativo, esto es, el funcionario encargado de aplicar la sanción no tenía competencia para determinar cuál era la sanción aplicable en cada caso, pues "la sanción para cada conducta considerada como falta disciplinaria [debía] estar establecida en la ley previa y al funcionario competente para aplicarla solo se le [podía] permitir su graduación dentro de los límites establecidos por la propia norma".
Añadió, de otra parte, que "[a]lgunas regulaciones disciplinarias [clasificaban] las faltas (leve, grave y gravísima) y [señalaban] cuál [era] la sanción que [correspondía] teniendo en cuenta la clasificación que el mismo legislador [había] dispuesto." De esta manera, sostuvo, "se cumple con el requisito de señalar qué tipo de sanción procede para cada falta" e insistió en que esta circunstancia no se presentaba en el asunto bajo examen.
"El principio de legalidad de la sanción es parte integrante del derecho al debido proceso, en cuanto se considera que una de las garantías sustanciales que componen ese derecho es aquella que exige la determinación clara, precisa y concreta, de un lado, de la conducta objetivamente reprochada y, de otro, de la pena, castigo o sanción que se ha de imponer a quienes incurran en ese comportamiento, acto o hecho proscrito en la Constitución y en la Ley. Y su operancia no se restringe a los asuntos penales, sino que tiene plena validez en el campo de la actividad sancionatoria jurisdiccional y administrativa, pues la propia Carta ordena que 'el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.'
En esta forma, para la Sala es claro que el principio de legalidad de la sanción, en cuanto hace parte integrante del debido proceso, puede concretarse en la exigencia de la existencia de una ley previa que fije la conducta objeto de sanción, la cual debe ser precisa en la determinación de la conducta o hecho objeto de reproche y la sanción que ha de imponerse; pues con ello se busca limitar al máximo la facultad discrecional de la administración o de los jueces en ejercicio del poder sancionatorio que le es confiado[2]."
El Jefe del Ministerio Público (E) consideró que le asistía razón a los demandantes por cuanto, en efecto, la Ley no estableció en el texto del Código Disciplinario del Abogado una correspondencia entre las faltas y las respectivas sanciones lo que en principio daría lugar a concluir - como lo hicieron los actores - que se estaba desconociendo el principio de legalidad de las sanciones. No obstante lo anterior, estimó la Vista Fiscal que en el asunto sub judice no se había verificado la presencia de una omisión legislativa relativa toda vez que si se aplicaban técnicas de hermenéutica jurídica se podía llegar a la conclusión según la cual encontrándose el Decreto 196 de 1971 vigente y siendo sus normas aplicables en todo aquello que no hubiera sido derogado o que contradijera la Ley 1123 de 2007, resultaba procedente aplicar la asignación de sanciones a los grupos de faltas consagradas en el nuevo Código Disciplinario del Abogado.
2.- Según los demandantes, los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 del la Ley 1123 de 2007 "Por medio de la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado" desconocen el artículo 29 de la Constitución Nacional y, en particular, el principio de legalidad consignado en tal precepto pues según los actores las normas acusadas no contienen una correspondencia entre la sanción que debe aplicarse y las faltas establecidas. Lo anterior, a su juicio, trae como consecuencia que cualquiera de las sanciones previstas en la ley pueda aplicarse a cualquiera de las faltas determinadas en la misma ley. En opinión de los demandantes, tampoco contiene la Ley criterios objetivos encaminados a permitir que la sanción se fije respecto de la falta cometida con lo cual se deja un amplio margen de apreciación a las autoridades judiciales quienes estarían en posibilidad de imponer sanciones de modo arbitrario.
4.- Ha reiterado la Corporación en múltiples ocasiones su deber de guardar la consistencia con decisiones previas en la medida en que las circunstancias fácticas y jurídicas que sirvieron de base para la decisión se mantengan y no hayan variado. Así lo estableció, por ejemplo, en la sentencia C-447 de 1997 cuando afirmó que "todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez." En esta misma línea de pensamiento, insistió la Corte en que un Tribunal puede, desde luego, apartarse de decisiones previamente adoptadas cuando existen motivos de peso para ello.
5.- En el caso concreto, la Corte en sentencia C-290 de 2008 se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 23 (parágrafo), 40, 43 (parágrafo), 45 (parcial) y 108 (parcial) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece Código Disciplinario del Abogado." En aquella ocasión, la Corporación resolvió declarar la constitucionalidad los artículos 40 y 43. En ese orden de ideas, resulta central responder dos interrogantes. En primer lugar, si en el caso sub judice ha tenido lugar el fenómeno de la cosa juzgada respecto de los artículos 40 y 43 y, en segundo lugar, si a partir de las consideraciones efectuadas por la Corte en la referida sentencia C-290 de 2008 puede concluirse que los cargos elevados en contra de los artículos 41, 42 y 44 prosperan o no.
"(i) Si el legislador vulneró los principios de igualdad (artículo 13), y de legalidad (artículo 29), al establecer en una sola disposición todas las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias, sin clasificarlas de acuerdo con su gravedad. (Artículo 40, Ley 1123 de 2007);
(iv) Si el precepto que condiciona la aplicación de ciertos criterios de atenuación punitiva a la ausencia de antecedentes, es violatorio del artículo 29 de la Carta, al desconocer el principio delnon bis in ídem, así como la prohibición de imponer penas imprescriptibles. (Artículo 45, literal B, numerales 1 y 2, parcialmente demandados).
7.- Dado que entre los cargos formulados solo uno coincide con el reparo de inconstitucionalidad elevado en la presente ocasión, la Corte reducirá su examen en la presente providencia a ese cargo, esto es, a la acusación consistente en que el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 desconoció el principio de legalidad (artículo 29 Superior) "al establecer en una sola disposición todas las sanciones aplicables a las faltas disciplinarias, sin clasificarlas de acuerdo con su gravedad." De esta suerte, la Sala Plena considera que el cargo elevado contra el artículo 40 - cuyo estudio fue abordado por la Corte en la sentencia C-290 de 2008 - coincide, a grandes rasgos - con el alegado en la presente ocasión, a saber, que los artículos 40 (sanciones disciplinarias); 41 (Censura); 42 (Multa); 43 (Suspensión); 44 (Exclusión) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado" desconocen lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional y, en particular, el principio de legalidad, por no contener tales preceptos una correspondencia entre la sanción que debe aplicarse y las faltas establecidas en la Ley 1123 de 2007.
"8.1. Examen de los cargos contra el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007
En cuanto a las sanciones disciplinarias establece que el profesional que incurra en cualquiera de las faltas allí previstas puede ser sancionado con censura[4], multa[5], suspensión[6]o exclusión[7]del ejercicio de la profesión. La imposición de tales sanciones debe regirse por los criterios de graduación que la propia ley establece. (Art. 40 Ley 1123/07).
Esos criterios de graduación (Art. 45ib.) están clasificados en: (i) Generales, dentro de los cuales se ubican algunos de carácter objetivo (la modalidad de la conducta y sus circunstancias, su trascendencia social, y el perjuicio ocasionado), y otros de naturaleza subjetiva (los motivos determinantes del comportamiento)[8]; (ii) de atenuación, como la confesión y el resarcimiento o compensación del daño[9]; (iii) de agravación, tales como la entidad de los bienes jurídicos afectados, la sindicación infundada a terceros, el aprovechamiento propio o ajeno de valores recibidos en virtud del encargo, la concurrencia de copartícipes en el hecho, la existencia de antecedentes disciplinarios, y el aprovechamiento de una circunstancia de vulnerabilidad en el afectado[10].
Como principio rector que vincula a la autoridad disciplinaria en el proceso de graduación de la sanción el estatuto prevé que"La imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad"(Art. 13). Como regla que rige la interpretación y aplicación de los preceptos del estatuto se contempla la finalidad del proceso (Art. 15).
8.1.1.2. Procede la Corte a determinar si la configuración del sistema de sanciones que establece el estatuto que rige la conducta profesional de los abogados, provee un marco de referencia cierto para el disciplinable y la autoridad encargada de aplicarlo(supra 6) de modo que asegure la garantía del principio de legalidad de las sanciones, de plena vigencia en el derecho disciplinario.
El margen de discrecionalidad que el legislador asigna a la autoridad disciplinaria para la individualización de la sanción se encuentra limitado así por la taxativa consagración de los tipos de sanciones permitidas; el suministro de unos criterios objetivos generales, de agravación y de atenuación de la sanción (Art.45); la vinculación explícita del funcionario a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad; y por los controles establecidos al interior del mismo proceso frente a una eventual decisión sancionatoria (la doble instancia Arts. 55 y 59)."
7.- Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional concluyó que el cargo por vulneración del principio de legalidad (artículo 29 Superior) -alegado en contra del artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 - no podía prosperar, por cuanto si bien era cierto el precepto acusado no asignaba a cada falta o a cada categoría de faltas una sanción específica y, por tanto, configuraba un amplio margen de apreciación en cabeza de la autoridad disciplinaria, también lo era, que tal espacio de libertad se encontraba delimitado por medio de un conjunto de deberes consignados en forma explícita así como por la creación de un catálogo de faltas en torno a determinados intereses jurídicos y, en especial, por unos criterios de graduación de la sanción contenidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007 que, según la Corte, "atienden exigencias de lesividad, impacto particular y general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable y en general de la conducta, valoración de actitudes internas del disciplinable y, en general, [cánones] de proporcionalidad."
Ahora bien, respecto de los otros preceptos demandados en la presente ocasión, esto es, los artículos 41 (Censura); 42 (Multa); 43 (Suspensión); 44 (Exclusión) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado", a juicio de la Corporación el reparo elevado en contra de las mencionadas disposiciones por desconocimiento del principio de legalidad, contenido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, coincide con el presentado y estudiado por la sentencia C-290 de 2008, motivo por el cual la Corte se sustentará en las consideraciones efectuadas por la Corporación en esa sentencia, para declarar la exequibilidad de los artículos 41 (Censura); 42 (Multa); 43 (Suspensión); 44 (Exclusión) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado".
Primero.- Respecto del artículo 40 de la Ley1123 de 2007"Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado", estarse a lo resuelto en la sentencia C-290 de 2008.
Segundo.- Declarar la EXEQUIBILIDAD de los artículos 41 (Censura), 42 (Multa), 43 (Suspensión), 44 (Exclusión) de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado", por el cargo analizado.
Estarse a lo decidido ... Artículo 40 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (parcial. ) Artículo 41 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (parcial. ) Artículo 42 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (parcial. ) Artículo 43 LEY_1123_2007_22/01/2007
Exequible por el cargo analizado ... (parcial. ) Artículo 44 LEY_1123_2007_22/01/2007
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley 1123 de 2007 "Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado"
"Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar parcialmente y aclarar mi voto frente a la decisión adoptada en esta providencia, ya que si bien me encuentro de acuerdo con la propuesta de exequibilidad del artículo 45, discrepo respecto de la propuesta de exequibilidad de los artículos 40, 43 (parágrafo) y de la exequibilidad condicionada del artículo 108 "en el entendido que la expresión "podrá" del inciso primero, implica que puede ser rehabilitado antes del plazo, si el sancionado opta por realizar y aprobar el curso a que se refiere el inciso tercero de este artículo, y que el curso respectivo responda a los fines de rehabilitación y formación ética previstos en la presente ley", salvo la expresión "siempre que fundadamente se considere que observó una conducta de todo orden que aconseje su reincorporación al ejercicio de la profesión" del inciso primero que se declara inexequible. Las razones de mi disenso parcial y aclaración de voto son las siguientes:
8. Por las razones expuestas salvo mi voto a lo decidido en los ordinales segundo, tercero y quinto del presente fallo, respecto de la exequibilidad del artículo 40, 43 e inciso segundo del artículo 108, y aclaro mi voto respecto de las razones de la exequibilidad del resto de la disposición contenida en el artículo 108."
[8] "ARTÍCULO 45. Criterios de graduación de la sanción. Serán considerados como criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:
[9] "Artículo 45. Criterios de atenuación. "(…)1. La confesión de la falta antes de la formulación de cargos. En este caso la sanción no podrá ser la exclusión siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios. 2. Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado. En este caso se sancionará con censura siempre y cuando carezca de antecedentes disciplinarios."
[10] "(….) C. Criterios de agravación

References: artículo 241

ARTÍCULO 44
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 46
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 29
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 45
 artículo 29
 artículo 40
 Artículo 40
 Artículo 41
 Artículo 42
 Artículo 43
 Artículo 44
 artículo 45
 artículo 108
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 artículo 108
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