Source: http://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=26
Timestamp: 2020-04-09 14:17:30+00:00

Document:
Informe Anual 2013 Capítulo II. D estado de cumplimiento de las recomendaciones de la cidh - Página 26
El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Las partes no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.
El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones arriba mencionadas. La CIDH seguirá la supervisión hasta que se logre el cumplimiento total.
Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado ha cumplido parcialmente con las recomendaciones arriba mencionadas. La CIDH seguirá la supervisión hasta que se logre el cumplimiento total.
Caso 12.183, Informe N° 127/01, Joseph Thomas (Jamaica)
En el Informe No. 127/01, del 3 de diciembre de 2001, la Comisión concluyó: a) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) que el Estado era responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en el artículo 4(6) de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarle un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) que el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Thomas consagrados en los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, por la manera en que el juez instruyó al jurado durante su juicio.
4. Adopte las medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar que las condiciones de detención del señor Thomas cumplan con las normas de un trato humano a que obliga el artículo 5 de la Convención.
El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento.
El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
La respuesta de los peticionarios se recibió el 16 de octubre de 2013. Confirman en su comunicación que el señor Thomas no ha sido liberado ni se le ha sometido a un nuevo juicio y actualmente está recluido en el Centro Correccional para Adultos de Tower Street.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió parcialmente las recomendaciones arriba aludidas. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando los puntos todavía pendientes.
En el Informe No. 58/02, del 21 de octubre de 2002, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarle a una pena de muerte obligatoria; b) la violación del artículo 4(6) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por no otorgarles un derecho efectivo a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la sentencia; c) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en razón de sus condiciones de detención; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención con respecto al señor Aitken, junto con violaciones del artículo 1(1) de la misma, por negarle al señor Aitken acceso a un recurso de inconstitucionalidad para la determinación de sus derechos de conformidad con la legislación interna y la Convención en conexión con el proceso penal en su contra.
4. Adopte las medidas legislativas y de otra índole necesarias para garantizar que las condiciones en que se encuentra detenido el señor Aitken cumplen con las normas de trato humano encomendadas por el artículo 5 de la Convención.
El Estado presentó información pertinente al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo de este caso el 19 de diciembre de 2012 y el 7 de enero de 2013. En sus respuestas, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
En el Informe No. 76/02, del 27 de diciembre de 2003, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por: a) la violación de los artículos 4(1), 5(1), 5(2) y 8(1) de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación de los artículos 1(1) y 2 de la misma, por sentenciarlo a una pena de muerte obligatoria; b) la violación de los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de su tratamiento y sus condiciones de detención; c) la violación de los artículos 7(5) y 8(1) de la Convención, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la demora en el juicio del señor Sewell; y d) la violación de los artículos 8(1) y 25 de la Convención respecto del señor Sewell, en conjunción con la violación del artículo 1(1) de la misma, en razón de la negativa al señor Sewell del recurso a una acción constitucional para determinar sus derechos al amparo de la legislación nacional y de la Convención en relación con el proceso penal instruido contra él.
1. Conceder al señor Sewell una reparación efectiva que incluya la conmutación de la sentencia en relación con la sentencia de muerte obligatoria que se le impuso, y una indemnización respecto de las demás violaciones de sus derechos consagrados en la Convención Americana, según las conclusiones que anteceden.
3. Adoptar las medidas legislativas y de otra índole necesarias para asegurar que las condiciones de detención en que se mantiene al señor Sewell cumplan con las normas de un trato humano dispuestas en el artículo 5 de la Convención.
En el Informe No. 41/04, del 12 de octubre de 2004, la Comisión concluyó que el Estado era responsable: a) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de las condiciones detención; b) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, porque el juez de instrucción no dispuso lo necesario para que el jurado no estuviera presente en la audiencia de voir dire referente a la declaración del señor Myrie, ni postergó el juicio mientras el abogado del señor Myrie estaba ausente, con lo cual denegó al señor Myrie de las plenas garantías del debido proceso durante su juicio; c) de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 8(1) y 8(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de que el patrocinio legal con que contó el señor Myrie durante su juicio fue inadecuado; y d) el Estado es responsable de la violación de los derechos del señor Myrie conforme a los artículos 25 y 8 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, en virtud de su omisión de brindarle acceso efectivo a una acción constitucional para la protección de sus derechos fundamentales.
1. Conceder al señor Myrie un recurso efectivo, inclusive un nuevo juicio en que se apliquen los mecanismos de protección del debido proceso preceptuados por el artículo 8 de la Convención, o bien, si no es posible llevar a cabo un nuevo juicio en que se apliquen esos mecanismos, dejar en libertad a dicha persona y pagarle una indemnización.
2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para garantizar que las condiciones de detención del señor Myrie sean compatibles con los estándares internacionales de un tratamiento humano conforme al artículo 5 de la Convención Americana y otros instrumentos pertinentes, conforme a lo expuesto en el presente informe.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe 41/04 continúa pendiente. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando su cumplimiento.
En el Informe No. 92/05, emitido el 24 de octubre de 2005, la Comisión concluyó que el Estado, era responsable: a) de la violación del derecho a la vida del señor Gayle previsto en el artículo 4 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, por el hecho de que miembros de las fuerzas de seguridad jamaicanas le dieron muerte en forma ilegal; b) de la violación del derecho del señor Gayle a no ser sometido a torturas u otro trato inhumano conforme a los artículos 5(1) y 5(2) de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la misma, debido a la agresión contra él perpetrada por agentes del Estado, y a sus secuelas, que determinaron su fallecimiento; c) de la violación del derecho del señor Gayle a la libertad personal previsto en el artículo 7 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de la Convención, debido a su detención y arresto ilegales por falsas imputaciones; y d) de la violación de los derechos del señor Gayle a un juicio justo y a la protección judicial previstos en los artículos 8 y 25 de la Convención, en conjunción con violaciones del artículo 1(1) de ese instrumento, por omisión de iniciar una investigación inmediata, efectiva e independiente de las violaciones de derechos humanos cometidas contra el señor Gayle y procesar y castigar a los responsables.
2. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para realizar una investigación exhaustiva e imparcial de las violaciones de derechos humanos cometidas contra el señor Gayle, para identificar, procesar y castigar a todas las personas que sean responsables de esas violaciones de derechos.
3. Adoptar las medidas legislativas o de otro género que sean necesarias para prevenir futuras violaciones de derechos como las cometidas contra el señor Gayle, entre otras cosas capacitando a los miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica en la aplicación de normas internacionales sobre uso de la fuerza, e introduciendo apropiadas reformas en los procedimientos de investigación y procesamiento por privaciones de la vida cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica, para garantizar que sean exhaustivas, inmediatas e imparciales, conforme a las conclusiones del presente informe. A este respecto la Comisión recomienda específicamente al Estado que revise y fortalezca la Dirección de Denuncias Públicas sobre la Policía, como garantía de que pueda investigar eficazmente abusos de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad de Jamaica.
En el Informe No. 61/06, emitido el 20 de julio de 2006, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de: a) la violación del derecho del señor Tracey al asesoramiento letrado y de su derecho a obtener la comparecencia de personas que podrían arrojar luz sobre los hechos, en contravención del artículo 8(2)(d), (e) y (f) de la Convención, conjuntamente con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, en conexión con el uso en el juicio de su declaración en su contra; b) la violación del derecho del señor Tracey a un juicio imparcial, dispuesto en el artículo 8(2)(c) de la Convención, conjuntamente con la violación del artículo 1(1) de la misma, debido al tiempo y los medios insuficientes otorgados al señor Tracey y a su abogado para preparar la defensa; c) la violación del derecho del señor Tracey a un juicio imparcial y de su derecho a la protección judicial consagrados en los artículos 8(2)(e) y (h) y 25 de la Convención, conjuntamente con la violación de los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento, debido a que el Estado no brindó al señor Tracey asesoramiento letrado para apelar su sentencia ante una instancia judicial superior.
La CIDH formuló al Estado las siguientes recomendaciones:
1. Otorgue una reparación efectiva, que incluya un nuevo juicio de los cargos imputados al señor Tracey, de acuerdo con las protecciones de un juicio imparcial dispuestas en la Convención Americana.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el Estado cumplió las recomendaciones 2 y 3. Como resultado, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de la recomendación 1.
En el Informe No. 53/01 de fecha 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado mexicano había violado en perjuicio de la señora Delia Pérez de González y de sus hijas Ana, Beatriz y Celia González Pérez los siguientes derechos consagrados en la Convención Americana: derecho a la libertad personal (artículo 7); a la integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad (artículos 5 y 11); garantías judiciales y protección judicial (artículos 8 y 25); respecto de Celia González Pérez, los derechos del niño (artículo 19); todos ellos en concordancia con la obligación general de respetar y garantizar los derechos, prevista en el artículo 1(1) de dicho instrumento internacional. Asimismo, concluyó que el Estado era responsable por la violación del artículo 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Conforme a la denuncia, el 4 de junio de 1994 un grupo de militares detuvo en el estado de Chiapas, México, a las hermanas González Pérez y su madre Delia Pérez de González para interrogarlas, y las mantuvo privadas de su libertad durante dos horas. Los peticionarios alegan que durante dicho lapso las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares; que el 30 de junio de 1994 se presentó la denuncia al Ministerio Público Federal (Procuraduría General de la República o “PGR”) con base en un examen médico ginecológico; que la misma fue corroborada ante dicha institución por la declaración de Ana y Beatriz, las dos hermanas mayores; que el expediente fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar (“PGJM”) en septiembre de 1994; y que ésta decidió finalmente archivar el expediente ante la falta de comparecencia de las mismas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas. Los peticionarios sostienen que el Estado faltó a su obligación de investigar los hechos denunciados, castigar a los responsables y reparar las violaciones.
El 9 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada acerca del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas para el presente caso.
En cuanto a la recomendación de investigar, juzgar y sancionar en la jurisdicción ordinaria a los responsables de los hechos denunciados, el Estado indicó que se encuentra trabajando para que las indagatorias producto de las recomendaciones publicadas por la CIDH en su informe 53/01, sean realizadas, implementadas y recabadas con eficiencia. Refirió además que con posterioridad enviará más información sobre los avances de las investigaciones respectivas. Por su parte, los peticionarios señalaron que a pesar de que el traslado de este caso a la jurisdicción civil, es una condición imprescindible para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones, a la fecha, la Delegación estatal en Chiapas de la PGR (donde debería recaer la investigación) no tiene registro de recepción de averiguación previa remitida en razón de incompetencia por parte la PGJM.
Sobre la recomendación de reparar adecuadamente a las víctimas del Caso 11.565, consta que en el año 2011 el Estado informó que a través del Gobierno de Chiapas, el 4 de abril de 2011, entregó a las víctimas y a su madre, en un acto privado, la suma de $2.000.000 (dos millones de pesos mexicanos), o su equivalente a aproximadamente US$ 172,000 dólares americanos, por concepto de apoyo humanitario. Precisó que el apoyo otorgado a las víctimas no constituía un reconocimiento de responsabilidad en los hechos que motivaron las recomendaciones de la CIDH y tampoco podía contemplarse como una reparación de daño. En el 2012, el Estado reiteró que el gobierno del Estado de Chiapas había entregado una suma de dinero a las víctimas por concepto de ayuda humanitaria.
Por su parte, los peticionarios señalaron que esta recomendación permanece incumplida debido a que a pesar de que el Estado afirma que esta ayuda económica era en atención a lo señalado en el Informe 53/01, el acuerdo firmado señalaba que la entrega de dicha cantidad se hacía por concepto de ayuda humanitaria, sin que significara dar por cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH.
Por lo expuesto, la CIDH observa que la recomendación emitida en el informe de fondo en el año 2001 sobre investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados no ha sido cumplida. Por otra parte, la CIDH valora la ayuda humanitaria otorgada por el gobierno de Chiapas. Sin embargo, dicha ayuda no constituye un reconocimiento de responsabilidad de los hechos ni una reparación del daño, como el propio Estado lo afirma.
En consecuencia, las recomendaciones emitidas en este caso por la Comisión están pendientes de cumplimiento y, por ende, la Comisión continuará supervisando su cumplimiento.

References: artículo 48
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 48
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 8