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Timestamp: 2018-06-19 03:14:57+00:00

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Prevencion del reclutamiento, SlideSearchEngine.com
Information about Prevencion del reclutamiento
Author: rockgirl83
República de Colombia Vicepresidencia
Integrantes Comisión Intersectorial 3 de Diciembre de 2007 a 7 de Agosto de 2010 Francisco Santos Calderón Vicepresidente de la República Beatriz Linares Cantillo Coordinadora Secretaría Técnica Comisión Intersectorial Jaime Bermúdez Merizalde Ministro de Relaciones Exteriores (16 Jun.2008 - 7 Ago.2010) Fernando Araujo Perdomo Ministro de Relaciones Exteriores (19 de Febrero 2007 - 16 de Julio 2008) Fabio Valencia Cossio Ministro de Interior y de Justicia Gabriel Silva Lujan Ministro de Defensa Cecilia María Vélez White Ministra de Educación Diego Palacio Betancourt Ministro de Protección Social Diego Andrés Molano Aponte Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (17 de Septiembre de 2009) Luis Alfonso Hoyos Aristizabal Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Agosto de 2002 a 16 de Septiembre 2009) Elvira Forero Hernández Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Frank Pearl González Alto Consejero para la Reintegración Luz Piedad Herrera Directora. Programa Presidencial Colombia Joven Integrantes Comisión Intersectorial A partir del 8 de Agosto de 2010 Angelino Garzón Vicepresidente de la República Montserrat Muñoz Pipin Asesora Ad Honorem María Ángela Holguín Ministra de Relaciones Exteriores Germán Vargas Lleras Ministro del Interior y de Justicia Rodrigo Rivera Salazar Ministro de Defensa María Fernanda Campo Saavedra Ministra de Educación Mauricio Santamaría Salamanca Ministro de Protección Social Diego Andrés Molano Aponte Alto Consejero Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Elvira Forero Hernández Directora Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Alejandro Eder Garcés Alto Consejero para la Reintegración Félipe Mendoza Corredor Director. Programa Presidencial Colombia Joven El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, agradece el esfuerzo realizado y los aportes entregados al país por la Comisión Intersectorial (3 de Diciembre de 2007 al 7 de Agosto de 2010) para la prevención del reclutamiento en materia de derechos de la niñez, especialmente al trabajo orientado a proteger los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la política construida para lograr la prevención de violaciones a los derechos humanos de la niñez colombiana. Diseño, ilustración e impresión Taller Creativo de Aleida Sánchez B. Ltda. www.tallercreativoaleida.com.co Juan David Jaramillo Giraldo 500 ejemplares Octubre de 2010 ISBN 978-958-8469-34-8 COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY Y GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. DECRETO 4690 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2007
Las rutas para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley. Decreto 4690 de 2007. Vicepresidencia de la República Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Programa de Atención a Niños y Niñas Desvinculados Esta publicación es posible gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los contenidos son responsabilidad del equipo de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América, ni de la OIM o del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). IMPRESO EN COLOMBIA- PRINTED IN COLOMBIA © Bogotá, octubre de 2010, Vicepresidencia de la República, Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley – Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Todos los derechos reservados.
Una acción afirmativa desde una perspectiva diferencial sustantiva. 5 La política intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas por grupos organizados al margen de la ley. 8 Los escenarios de las rutas de prevención. 10 Una acción afirmativa como perspectiva diferencial para el trabajo en prevención de las amenazas a los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. 12 Marco conceptual para la construcción de las Rutas de prevención temprana, urgente y en proteccion desde la prevención. 20 Experiencias significativas para la ruta de prevención urgente. 24 En el ámbito institucional. 26 Marco jurídico que sustenta la definición de la ruta de prevención urgente. 35 Principios que deben informar la toma de decisiones de las rutas de prevención frente a las acciones que se definan. 37 Identificación de actores estratégicos para la implementación de las Rutas de Prevención. 41 Metodología para la implementación de las Rutas de Prevención Urgente y en Protección. 46 Las siete estrategias de la política intersectorial para la prevencion del reclutamiento y utilizacion de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. 47
9 Antecedentes Desde 1999 el Estado colombiano condenó y puso de presente ante la comunidad nacional e internacional que los grupos armados ilegales reclutan y utilizan personas menores de 18 años para obligarles a participar en su accionar armado y delictivo, no obstante contar con normas internacionales vinculantes que tipifican esta conducta como una de las peores formas de trabajo infantil, como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario, contra menores de 15 años y como un crimen de guerra, cuando se trate del reclutamiento y alistamiento de menores de 15 años. Así mismo el Estado ha consagrado en su normativa interna un artículo en el Código Penal1 , denominado reclutamiento ilícito de menores de 18 años, con sanciones severas para quienes lo cometan, además de otras normas, una para definir como víctimas de la violencia política a las personas menores 1	Código Penal. Artículo 162. ARTICULO 162. RECLUTAMIENTO ILICITO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute menores de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
10 de 18 años que en cualquier condición participen en las hostilidades2 y otra, para que quienes han sido reclutados y utilizados por grupos armados ilegales sean reparados por vía administrativa3 mientras se da término a los procesos judiciales, hechos que constituyen una clara voluntad del Estado para enfrentar este penoso problema. La expedición por parte de la Comunidad de Naciones de normas internacionales, ratificadas todas por el Estado colombiano para proteger derechos especiales de niños y niñas (toda persona menor de 18 años. Artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño), generaron paralelamente movimientos importantes en el ámbito de la Secretaría General de Naciones Unidas, al punto que luego de un estudio realizado en 1996 por la experta Graça Machel, las Naciones Unidas creó una oficina especial adscrita a la propia Secretaría General, que se encargará de monitorear y presentar informes al Secretario General sobre la situación de niños y niñas vinculados en conflictos armados en el mundo. En efecto, dicha oficina ha hecho seguimiento directo a la situación de los niños y niñas involucrados en conflictos armados o vinculados por los grupos armados ilegales, como es el caso de Colombia, país que figura desde 2001 en los respectivos informes del Secretario General, los cuales señalan con preocupación la persistencia de casos de reclutamiento y utilización de niños y niñas por parte de grupos armados ilegales y la amenaza y vulneración de otros derechos propios de niños y niñas. Por su parte, la expedición de la Ley para la Infancia y la Adolescencia en 2006, recoge de los tratados internacionales especializados en protección de derechos únicamente reconocidos a la niñez, un listado de derechos de protección, los cuales reconoce expresamente en el artículo 20, y para el caso que nos ocupa (numeral 7, derecho a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley. Numeral 11, derecho a ser protegidos contra el desplazamiento forzado. Numeral 13, derecho a ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil. Numeral 17, derecho a ser protegidos contra las minas antipersonales) dió instrucciones precisas a las autoridades competentes para tomar medidas de protección inmediata que conjuren las amenazas a estos derechos, o los restablezcan cuando se hubieren vulnerado. 2	Ley 1106 de 2006 que prorroga las Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002. Artículo 6°. El artículo 15 de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 548 de 1999, quedará así: Artículo 15. Para los efectos de esta ley, se entiende por víctimas de la violencia política, aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida, o grave deterioro en su integridad personal o en sus bienes, por razón de atentados terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco del conflicto armado interno. Son víctimas los desplazados en los términos del artículo 1° de la Ley 387 de 1997. Así mismo, se entiende por víctima de la violencia política toda persona menor de edad que tome parte en las hostilidades. Artículo 17. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diseñará y ejecutará un programa especial de protección para la asisten- cia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco del conflicto armado interno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar prestará asistencia prioritaria a los menores de edad que hayan quedado sin familia o cuya familia no se encuentre en condiciones de cuidarlos, en razón de los actos a que se refiere la presente ley. Parágrafo. Cuando se reúna el Comité Operativo para la Dejación de las Armas y se traten los casos de menores, deberá citarse al defensor de familia. 3	Decreto 1290 de 2009 Artículo CINCO. Indemnización SOLIDARIA. El Estado reconocerá y pagará directamente a las víctimas, o a los beneficiarios de que trata el presente decreto, a título de indemnización solidaria, de acuerdo con los derechos fundamentales violados, las siguientes sumas de dinero: • DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INTEGRIDAD SEXUAL: Treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales. • RECLUTAMIENTO ILEGAL DE MENORES: Treinta (30) Salarios Mínimos Mensuales Legales. • DESPLAZAMIENTO FORZADO: Hasta veintisiete (27) Salarios Mínimos Mensuales Legales.
11 Es precisamente este marco normativo internacional, corroborado y contextualizado por el marco normativo nacional, lo que ha dado fundamento para trazar una política intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley y de otras violaciones a los derechos de la niñez perpetradas por estos grupos, en la cual se materializa el compromiso del Estado colombiano de asumir con rigor el cumplimiento de las obligaciones que ha adquirido para proteger los derechos humanos de los niños y las niñas. La adopción de esta política intersectorial se hizo en el marco de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley, creada mediante el decreto 4690 de 2007, presidida de manera directa por el Vicepresidente de la República y de la que hicieron parte cinco Ministerios (Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Interior y Justicia, Protección Social y Educación), dos Altas Consejerías Presidenciales (Acción Social y Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial se realiza desde el Programa de Colombia Joven. La Secretaría Técnica de la Comisión, que ejecuta directamente las estrategias de la política y articula los planes de acción que cada entidad miembro de la Comisión ha diseñado y actualmente desarrolla en 120 municipios focalizados, es dirigida también por el Vicepresidente de la República y se apoya para su funcionamiento en Convenios de Cooperación Internacional con OIM, UNICEF y con el Fondo de Gobernabilidad de la Embajada de Canadá (proyecto terminado). Es importante anotar que cada entidad que integra la Comisión ha previsto un porcentaje de sus recursos presupuestales para implementar su propio plan de acción, el que va articulado e integrado con las siete estrategias de la política intersectorial, definidas por la misma Comisión en su conjunto. En síntesis, la Política Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley surge por la necesidad imperiosa de organizar las acciones que cada entidad viene desarrollando para conjurar el problema de la violencia y la explotación contra la niñez, actos que en muchos casos dan como resultado el escape forzado del niño o de la niña de sus entornos familiares y comunitarios en busca de otros horizontes en los que cree encontrar reconocimiento y protección por el porte de un arma o un uniforme, en unos casos, y en otros por ser parte de un grupo que le aporta beneficios económicos para sí y su familia. Es clave anotar que durante la ejecución de esta política intersectorial de prevención, surge también la necesidad de incluir un dispositivo de prevención para que niños y niñas no sean utilizados por agrupaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, que son el resultado, en unos casos, de bandas surgidas desde su inicio para fines de delincuencia organizada, o en otros casos, como consecuencia de las dinámicas de una situación de violencia armada compleja como la de Colombia.
12 La Comisión Intersectorial para la prevención nace con el encargo de articular y organizar las acciones que adelantan las entidades del Estado en lo nacional, regional y local, las entidades de cooperación internacional y las organizaciones sociales para la prevención de actos que amenazan o lesionan los derechos de los niños y las niñas, que se enfoquen a mitigar los riesgos del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley y grupos de delincuencia organizada. En el mismo sentido, el objetivo de las acciones que adelanta la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley se articula por mandato del decreto 4690 de 2007 en tres acciones concretas: a)	Promover en los municipios focalizados la garantía y el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, b)	Promover el diseño y ejecución de las políticas públicas de protección integral a la niñez y, c)	Promoverelfortalecimientodeentornosfamiliares,comunitarioseinstitucionales para prevenir actos de violencia o explotación contra la niñez, incluido su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley y por grupos de delincuencia organizada. A partir de la definición del encargo y del objeto, se estructura la política intersectorial como un conjunto de estrategias y líneas de acción a mediano plazo (Ruta de Prevención Temprana), líneas de acción a corto plazo (Ruta de Prevención Urgente) y líneas de acción inmediata (Ruta de Protección en Prevención), como un conjunto de acciones que sumadas pretenden dejar a largo plazo, resultados concretos tales como la disminución de los factores de riesgo, el mejoramiento y transformación de entornos de protección para niños, niñas y adolescentes, y la reducción progresiva de todas las formas de violencia y explotación contra la niñez y la adolescencia que inducen a la vinculación de niños y niñas con actividades ilícitas o ilegales. En ese orden, la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización, además de articular y coordinar las acciones de las entidades nacionales que la integran, desarrolla las estrategias propias de la política intersectorial a través de la ejecución de acciones concertadas en planes de acción con 114 municipios y 6 localidades de Bogotá, que han sido focalizados teniendo en cuenta factores de riesgo definidos por la propia política (altos índices de violencia intrafamiliar
13 y violencia sexual, presencia de grupos armados ilegales, de cultivos ilícitos y corredores estratégicos para el transporte de la droga, minas antipersonales; tasa de muerte violenta y de muerte por enfermedad prevenible elevada y altos índices de pobreza y marginalidad) y que adelantan de acuerdo con sus competencias en materia de infancia y adolescencia y por supuesto con Plan de Acción que cada una de ellas ha trazado, en la órbita de las estrategias de la política. Las estrategias de la política son: I.	Articularaccionesinternacionales,nacionales,regionalesylocalesencaminadas a prevenir actos de amenaza o vulneración de derechos contra niños y niñas II.	Contribuir a la transformación de la cultura de los colombianos para que niños y niñas sean reconocidos como sujetos de derechos III.	Prevenir todas las formas de violencia contra la niñez, fortalecer redes familiares, sociales e institucionales y generar RUTAS de reporte de casos y de prevención IV.	Asegurar la participación de niños y niñas en las decisiones que les afectan V.	Fortalecer y acompañar a los municipios en el diseño de las políticas de protección integral VI.	Prevenir la delincuencia juvenil mediante la información sobre las implicaciones del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil VII.	Movilizar a la sociedad colombiana para rechazar todas las formas de violencia y explotación contra la niñez. Para comprender el contenido de cada estrategia, ver el Anexo I.
14 Por lo expuesto en los dos puntos anteriores, puede observarse que el objeto asignado a la Comisión Intersectorial parte del principio-concepto legal de Protección Integral definido por la Ley 1098 de 2006, cuyos ejes son: 1·	El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 2·	La garantía y cumplimiento de todos sus derechos de prestación y de protección, 3·	La prevención para que dichos derechos no sean amenazados ni vulnerados 4·	El restablecimiento inmediato cuando han sido transgredidos o inobservados. y, 5·	El diseño y ejecución de políticas públicas de infancia y adolescencia en todos los niveles territoriales. Como quedó expuesto, la estrategia III de la política intersectorial se concentra en definir acciones de trabajo con las familias, con las comunidades y con las instituciones locales para Prevenir todas las formas de violencia contra la niñez, fortalecer redes familiares, sociales e institucionales, generar RUTAS de reporte de casos y Rutas de prevención temprana, urgente y de protección. Por tal razón, las rutas que se presentan en este documento para la guía metodológica de la acción en prevención, tienen sus escenarios y campo de acción en el señalado eje 3 de la tarea de protección integral, vale decir que se ubica cuando el niño o la niña no han perdido aún el goce de sus derechos de protección, teniendo en cuenta que de no actuarse de manera inmediata, los perderán. Para enfatizar lo señalado, es conveniente recordar que este enfoque está dado por el mandato del artículo 7 de la Ley 1098 de 2006 según el cual todas las tareas del Estado, de la sociedad y de las familias deben necesariamente tener como objetivo inicial y último la protección integral a la niñez. Para el caso específico de esta estrategia de la política intersectorial de prevención, es decir, las Rutas de Prevención en el corto plazo, se propone adelantar acciones específicas sobre el mencionado tercer eje del concepto- principio de protección integral que consiste en actuar ANTES de que el niño o la niña pierda el goce efectivo de su derecho a ser protegido contra el reclutamiento, contra el desplazamiento forzado, contra los conflictos armados, contra las peores formas de trabajo infantil o contra las minas antipersonales; vale decir que las acciones que desarrollen los tres ejes de corresponsabilidad (familia, sociedad y Estado definidos en el artículo 24 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos) deben realizarse ojalá ANTES, incluso de que surja la amenaza colectiva, tal como lo propone la política intersectorial de prevención de reclutamiento y utilización de niños y niñas tanto por grupos organizados al margen de la ley como por grupos de delincuencia organizada. El escenario en el cual las presentes rutas de prevención encuentran su razón de ser, es precisamente en el concepto de prevención, entendido como la capacidad de las familias,
15 de las comunidades, de las instituciones y de los niños, niñas y adolescentes mismos de prever la amenaza de reclutamiento o de utilización (invitación a unirse al grupo armado, invitación a vincularse con actividades ilícitas, hacer mandados etc. bien sea de manera colectiva o individual) considerando que este derecho de protección es única y exclusivamente un derecho del cual son solamente titulares los niños y las niñas, hecho que obliga a reconocer en esta propuesta una perspectiva diferencial sustantiva que debe imperar en un trabajo de prevención para niños y niñas. Ahora bien, como quiera que las estrategias de la política intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas pretende incidir directa o indirectamente sobre las causas del reclutamiento y de la utilización, éstas constituyen a su vez una ruta de intervención que se ha denominado prevención temprana. Es urgente entonces trazar también un método de acción para proceder tanto en escenarios de amenazas colectivas, como de amenazas individuales de vinculación que ejercen los grupos armados ilegales o los grupos de delincuencia organizada, tal como lo ilustra el siguiente cuadro: PREVENCIÓN TEMPRANA PREVENCIÓN URGENTE PREVENCIÓN EN PROTECCIÓN Mediano plazo Corto plazo Acción inmediata Actúa sobre: Factores de riesgo en 120 municipios focalizados. Actúa sobre: Amenazas colectivas directivas proferidas por accionar de grupos armados ilegales o grupos de delincuencia. Actúa sobre: Amenazas Individuales proferidas contra un niño o niña, o un grupo de niños o niñas.
16 Es indudable el aporte que hizo a la humanidad la expedición del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966, bitácora que guía las políticas de derechos humanos en el mundo y las decisiones de política legislativa y judicial que han de tomar los Estados que son parte de este tratado. Dicho instrumento que no es sólo una norma de carácter jurídico, marcó en 1966 un hito en la regulación de las acciones de los Estados frente a los particulares. Justamente, su observancia ha permitido evitar severas violaciones de los derechos humanos. Luego de 1966 surge para los Estados la tarea de incorporar en sus normativas nacionales los imperativos de sus preceptos, y sobre todo la incorporación de procedimientos capaces de hacerlas efectivamente aplicables. Nótese que a pesar de ser un pacto de carácter general y neutro, en él nace el concepto o principio que funda las teorías normativas y doctrinales sobre derecho de infancia y adolescencia, conocido como corresponsabilidad, según el cual cuando se trate de menores de 18 años, corresponde a la familia, a la sociedad y al Estado tomar todas las medidas de protección que requiere la condición de ser menor de edad4 . Lo anterior implica claramente que aunque el Estado sea per se el garante de sus derechos, se requiere el concurso y la responsabilidad de las familias y de las comunidades para asegurar el goce efectivo de sus derechos, considerando además que uno de los derechos de los niños y niñas más vulnerado es el de su integridad personal, transgredido en mayor medida en su propio ámbito familiar, tal como lo han evidenciado estudios mundiales y nacionales sobre violencia contra la niñez. A pesar de esta consagración normativa citada en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, posterior a su proclamación tres grupos poblacionales en particular dieron inicio a un interesante movimiento que habría de reivindicar en 1979 y en 1989 el reconocimiento por parte de los Estados que integran la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, de unos derechos propios, únicos y sólo pertenecientes a estos tres grupos de personas. Se trata de las mujeres, de los niños y las niñas y de los pueblos indígenas y tribales, respectivamente. Estos nuevos e importantes tratados construidos desde la perspectiva de sujetos titulares de derechos, fueron el complemento de los pactos generales concertados sobre una perspectiva neutra de derechos. De esta diferenciación consagrada en los tratados que reconocen nuevos y específicos derechos a sujetos específicos, surge para los Estados 4	Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 24. 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
17 la obligación de definir políticas, leyes, sistemas, procedimientos judiciales y programas desde una perspectiva diferencial, en tanto se trata de normas ya no generales, sino destinadas a resolver situaciones concretas siendo este caso el de la Ruta de Prevención Urgente, de los niños y las niñas. En ese orden, la perspectiva que pretende sustentar este capítulo está signada por una clara distinción desde el propio marco normativo internacional que protege de manera específica los derechos de los niños y niñas, los cuales deben ser protegidos contra el reclutamiento y utilización para participar en conflictos armados, o por grupos armados ilegales, o a ser protegidos contra las peores formas de trabajo infantil entre las que se contemplan su reclutamiento y utilización por grupos armados ilegales y por grupos dedicados a actividades ilícitas en particular el tráfico y producción de drogas, o el derecho a ser protegidos contra el desplazamiento forzado, derechos estos de protección de los que solamente son titulares los niños y las niñas, es decir que no son derechos reconocidos a otros grupos poblacionales diferentes a quienes tienen menos de 18 años. Este punto pretende concretar y explicar los puntos sustantivos desde los cuales se construye no sólo una regulación legal que diferencia a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos especiales frente a los mayores de 18 años, sino que también representan el marco desde el cual se construye una obligación estatal de dar origen a acciones puntuales que respondan a la condición diferencial que los niños, niñas y adolescentes tienen frente a los demás ciudadanos.
18 1·	Las normas internacionales y nacionales que regulan la prevención y protección de los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos armados al margen de la ley. EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A SER PROTEGIDOS CONTRA EL RECLUTAMIENTO Y UTILIZACIÓN POR GRUPOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY EL MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS La Convención de los Derechos del Niño El Pacto de Derechos Civiles y Políticos El Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a los niños y los conflictos armados El Estatuto de la Corte Penal Internacional El Convenio 182 de la OIT La Constitución Política (menos el artículo 44) La Constitución Política (artículo 44) El Código Penal La Ley 1098 de 2006 de Infancia y Adolescencia Es importante anotar que el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos contra su utilización y reclutamiento por parte de grupos organizados al margen de la ley o de grupos de delincuencia organizada, es un derecho que debe ser protegido en cualquier tiempo; es decir no solamente en tiempos de conflictos armados, sino en tiempos de paz. Esta aclaración es pertinente en cuanto que el diseño de las políticas públicas de prevención de desplazamiento forzado y la política de prevención de violaciones a los derechos humanos, centrada en cuatro derechos fundamentalmente: vida, integridad, libertad y seguridad, carecen de perspectiva diferencial y por ello no podría insistirse en que la perspectiva poblacional es transversal a ellas, ya que precisamente son muchos aspectos, pero en particular tres de ellos (las normas específicas, los derechos específicos y las autoridades específicas que les protegen) los que no aparecen evidenciados en dichas líneas de política y que demandan, por los compromisos internacionales adquiridos por el Estado al ratificar los tratados
19 internacionales que regulan derechos específicos de personas menores de edad, una visibilización importante y una movilización institucional capaz de que esos derechos de protección, de los cuales, se insiste, solamente son titulares reconocidas las personas menores de 18 años, sean prevenidos y protegidos metodológica y procedimentalmente de forma distinta a los de las personas mayores de 18 años. 2·	La titularidad de los derechos de protección es únicamente de las personas menores de 18 años. La titularidad de los derechos de los niños y las niñas La titularidad de los derechos de las personas mayores de 18 años Derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño (únicamente pertenecientes al grupo de personas menores de 18 años) El Pacto de Derechos Civiles y Políticos Protocolos Facultativos de la Convención de los Derechos del Niño, relativos a los niños y los conflictos armados y a la venta, explotación sexual y pornografía infantil Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Convenios 138 y 182 de la OIT relativos a la edad mínima para el trabajo y a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil Constitución Política (excepto el artículo 44) Constitución Política (todos los derechos, más los específicos del artículo 44) El Código Penal La Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia
20 3·	La responsabilidad internacional específica en materia de prevención y protección de los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley. Desde 2001 aparece Colombia en los Informes del Secretario General de Naciones Unidas expresando su preocupación porque en el país se reclutan y utilizan niños y niñas por parte de grupos armados ilegales En el 2005 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas expide la Resolución 1612 en la que se invita a los Estados a tomar medidas para prevenir que los grupos armados ilegales violen 6 derechos de niños y niñas: (1) utilización y reclutamiento (2) violencia sexual (3) asesinato y mutilación (4) ataques a escuelas (5) minas antipersonales y (6) denegación de asistencia humanitaria. En nota de diciembre de 2008 el Estado colombiano se somete de manera voluntaria a la Resolución 1612 que incluye monitoreo y presentación de informes en relación con acciones adelantadas por el Estado para prevenir y proteger la vulneración de los seis derechos contra niños y niñas de la población civil cometidos por grupos organizados al margen de la ley, derechos que sólo están reconocidos para este grupo poblacional. En enero de 2008 se define el marco de política intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas por grupos organizados al margen de la ley, en el ámbito de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños y niñas creada por el Decreto 4690 de 2007 que dirige la Vicepresidencia de la República.
21 4·	Las autoridades competentes para prevenir y proteger los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley. Autoridades previstas para prevenir y proteger los derechos de los niños y las niñas Autoridades para prevenir y proteger los derechos de las personas mayores de 18 años Autoridades públicas (todos y cada uno de los funcionarios del Estado) Autoridades públicas Autoridades competentes (Defensores de Familia, Comisarios de Familia e Inspectores de Policía y Autoridades Indígenas) Este cuarto punto es sustantivo y es precisamente el que le da a la Ruta de Prevención Urgente su marco más específico, en tanto que para prevenir la vulneración al derecho del niño o niña a ser protegido contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley, se requiere el concurso de todas las autoridades públicas en el orden nacional, departamental, distrital y municipal para asegurar las acciones urgentes que impidan que el niño o la niña pierda el disfrute de su derecho de protección. Sin embargo, lo que determina en este punto la perspectiva diferencial es precisamente que la autoridad pública que conozca del caso, que lo actúe e intervenga, deberá por vía de esta ruta reportar en todos los casos a la autoridad competente para que haga el respectivo seguimiento, y de no conjurarse el riesgo en tiempo determinado, deberá abrir el respectivo proceso administrativo de restablecimiento de derechos, proceso definido por la Ley 1098 de 2006 o Ley de infancia y Adolescencia únicamente para los Defensores de Familia, los Comisarios de Familia o los Inspectores de Policía por competencia subsidiaria, es decir a falta de defensor, lo hará el Comisario y a falta de este, el Inspector de Policía. Nótese que cuando se trata de una persona mayor, un defensor de familia (denominada autoridad competente) no podrá nunca ni en ningún caso actuar frente a la violación de un derecho, salvo para remitir el caso a una autoridad pública y distinta.
22 5·	El enfoque de prevención en el riesgo frente a la vulneración del derecho del niño o niña a ser protegido contra el reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley. El enfoque de prevención en el riesgo para el trabajo con niños y niñas El enfoque de prevención en el riesgo para el trabajo con personas mayores de 18 años La prevención de amenaza o vulneración de los derechos de niños y niñas debe darse desde el mandato del artículo 7 de la Ley de Infancia: desde la protección integral Desde cualquier enfoque teórico del concepto de prevención y del concepto de riesgo La actuación se da sobre amenaza de la carta de derechos contenida en la ley de infancia (derechos de protección) Protección de los derechos de prestación o subjetivos (vida, integridad, libertad, seguridad) El concepto de riesgo cuando se trate de niños y niñas está amarrado al concepto de AMENAZA-RIESGO que contiene la Ley de infancia y Adolescencia Se aclara en este punto que si bien en el desarrollo conceptual y doctrinal existen diversos enfoques para el trabajo en prevención de violación a los derechos humanos y que para el caso de las personas mayores de edad, cada Estado marcará para su trabajo en políticas de prevención y protección de derechos el que más convenga a sus propias perspectivas, para el caso colombiano se dan dos condiciones: de una parte, la exigencia imperativa que representa un trabajo en prevención para personas menores de 18 años y de otra, que es la propia ley de infancia y adolescencia la que obliga al diseño de las políticas públicas de infancia y adolescencia desde un enfoque denominado protección integral5 , el cual a su vez está definido, como se verá más adelante por el artículo 7 de la citada ley de infancia y adolescencia, según la cual, la protección integral está signada por cinco acciones específicas como son el reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos, garantizarles y cumplirles con sus derechos, prevenir para que estos derechos no sean amenazados o vulnerados, restablecer los derechos cuando sean vulnerados y diseñar y ejecutar políticas 5	Ley 1098 de 2006. Artículo 201. Definición de políticas públicas de infancia y adolescencia. Para los efectos de esta ley, se entienden por políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado, con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, proyectos y estrategias.
23 públicas de infancia y adolescencia. Estas cinco tareas son obligatorias, no optativas, por ello una discusión sobre el enfoque de prevención que deba contener una política pública de protección integral a la infancia y a la adolescencia carece de pertinencia. Finalmente, tanto esta perspectiva diferencial con sus cinco cuestiones sustantivas, como las Rutas de Prevención Urgente y en Protección que contiene el presente documento se aprovechan de dos avances importantes que introdujo la ley de infancia y adolescencia. Primero, la tarea de prevención en el marco de la protección integral y segundo, la tarea de proteger los derechos en la amenaza, es decir, el actuar antes de que el niño o niña pierda el disfrute de su derecho. La normativa anterior que regulaba el tema de la niñez, ordenaba al Estado intervenir cuando quiera que los derechos ya se habían perdido, al contrario, esta ley, le ordena al Estado en su conjunto actuar e intervenir antes. Por estas razones, la Ruta de Prevención urgente soporta su estructura en los conceptos mencionados: prevención y amenaza, que como ya quedó expuesto en el cuadro anterior es otro de los puntos que señala una perspectiva diferencial de acción frente a las políticas para personas mayores de 18 años.
24 El diseño y consolidación de “Las Rutas de Prevención urgente y en protección” obedece a instrucciones impartidas por la Vicepresidencia de la República a la Secretaría Técnica en la cuarta sesión de la Comisión Intersectorial, para que se creara en el ámbito de la misma Comisión, una Fuerza deTareas o grupo de trabajo que trazara un protocolo o ruta de acción frente a los casos urgentes e inmediatos para los niños, niñas y adolescentes que habitan las zonas geográficas definidas por las autoridades locales, de los municipios focalizados por la Comisión para la implementación de la política intersectorial de prevención de las violencias y modalidades de explotación contra la niñez, incluido su reclutamiento y utilización por grupos organizados al margen de la ley. Con este propósito, la SecretaríaTécnica convocó a las y los profesionales de nivel técnico, encargados por el titular de la entidad respectiva, de las nueve entidades que integran la Comisión Intersectorial. Se definió que la Secretaría presentara la propuesta de ruta y en cuatro sesiones de trabajo conjunto y articulado, se llegó a la versión final de las Rutas de Prevención Urgente y en Protección. El punto de partida de la Ruta se ubica desde la prevención, es decir, que su intervención se da cuando se ciernen sobre los niños y niñas amenazas colectivas o individuales, que les pone en un riesgo aún mayor que el riesgo marcado por estar en un municipio focalizado por alguno de los factores de riesgo. Esto implica que en situaciones de prevención urgente o inmediata, los niños y niñas no han perdido el disfrute de su derecho a ser protegido contra el reclutamiento y utilización bien sea, porque permanecen aún en su ámbito familiar o porque no han aceptado la invitación de la organización criminal a vincularse con actividades ilegales, pero de no actuarse a tiempo, el niño o niña puede terminar vinculado en cualquier forma con el grupo armado ilegal o con el grupo de delincuencia organizada. En esto casos, se debe intervenir mediante acciones urgentes cuando la amenaza es colectiva, o a traves de acciones inmediatas de protección cuando la amenaza es individualizada. En caso contrario, los niños o niñas perderán el ejercicio de su derecho a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización. Si definitivamente no se pudo actuar y el niño o niña se va con el grupo armado o se vincula a su accionar delictivo, el caso deberá ser reportado ante las autoridades de investigación y justicia, en tanto se configura el delito de reclutamiento ilícito de menores de 18 años. Si luego el niño o la niña logra abandonar en cualquier forma el grupo o la actividad delictiva, se activa inmediatamente la Ruta de Atención o restablecimiento de derechos, a través del programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
25 Lo anterior implica que hay tres escenarios frente a los cuales el Estado, las comunidades y las familias deben actuar para asegurar la protección integral de niños, niñas y adolescentes. El RIESGO, la AMENAZA EN COLECTIVO y LA AMENAZA INDIVIDUALIZADA o personalizadasobreunniñooniñaogrupodeniñosoniñas.Larazóndeserdeestadistinción se sustenta en el marco normativo establecido por la Ley de Infancia y Adolescencia, según el cual el Estado en cabeza de sus autoridades competentes y subsidiarias. (Defensores de Familia, y en su falta, Comisarios de Familia y a falta de estos, los Inspectores de Policía y en todos los casos cuando se trate de niños y niñas indígenas, las autoridades indígenas) deberán ordenar medidas de protección inmediata, las que no implican la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) como tal, dado que en los escenarios de las tres rutas, el derecho de los niños y las niñas a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos armados ilegales no se ha vulnerado, es decir, que el niño o la niña no se ha ido con el grupo, o aún no ha hecho parte del accionar delictivo de grupos organizados. La Ley de Infancia y Adolescencia en el artículo 996 dispone que el Estado debe actuar cuando quiera que uno o varios derechos de un niño o niña se encuentren AMENAZADOS o hayan sido VULNERADOS y acorde con cada situación, todas las autoridades tanto públicas como competentes, incluidas las autoridades indígenas, deberán tomar todas las medidas para conjurar la amenaza o para restablecer el o los derechos establecidos en la carta de derechos de la Ley 1098 de 2006 (artículos 17 a 37). Bajo dicho esquema, este punto pretende explicar el marco conceptual en el cual se desarrollan las Rutas de Prevención Temprana, de Prevención Urgente y de Prevención en Protección, reiterando que las tres propuestas se ubican antes de que el niño, la niña o el adolescente decida unirse al grupo armado ilegal, se vincule con acciones o servicios ilegales de los grupos de delincuencia organizada, o cuando por la fuerza física o de la intimidación familiar, el grupo armado obligue al niño o niña a vincularse con su accionar armado o delictivo. La RUTA DE PREVENCION TEMPRANA está definida sobre los factores de riesgo establecidos por la Comisión para aplicarse inicialmente en 120 municipios focalizados por la citada Comisión Intersectorial para la ejecución de sus acciones. Estos factores de riesgo son: 6	Ley 1098 de 2006. Artículo 99. Iniciación de la actuación administrativa. El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquél. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente. Cuando el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de policía tenga conocimiento de la inobservancia, vulne- ración o amenaza de alguno de los derechos que este Código reconoce a los niños, las niñas y los adolescentes, abrirá la respectiva investigación, siempre que sea de su competencia; en caso contrario avisará a la autoridad competente.
26 1·	Presencia o tránsito de grupos organizados al margen de la ley. 2·	Presencia de economías ilegales (narcotráfico, micro tráfico, contrabando, redes de trata, tráfico de armas). 3·	Presencia de minas antipersonales. 4·	Altos índices de homicidios. 5·	Altos índices de violencia intrafamiliar. 6·	Altos índices de violencia sexual. 7·	Condiciones de pobreza extrema y marginalidad social. 8·	Reporte de casos de desplazamiento forzado por causa del reclutamiento de niños o niñas, reportes de riesgos o alertas emitidas por el Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas, entre otros). El nivel de prevención temprana hace referencia a las situaciones en las cuales es necesario que el Estado, la sociedad y la familia adopten todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con el fin de minimizar o enfrentar los factores que potencian su vulnerabilidad frente a las diferentes violaciones que son cometidas por grupos armados al margen de la ley, incluido su reclutamiento y utilización. Se trata de situaciones donde los entornos de protección de los niños, niñas y adolescentes son débiles, lo cual per se constituye una situación de riesgo. Este nivel de prevención se activa en contextos donde existen problemas para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes: por ejemplo donde hay presencia de grupos armados ilegales, enfrentamientos, amenazas a la vida, desplazamiento; presencia de minas antipersonales y municiones sin explotar, existencia de cultivos de uso ilícito, o donde la zona es un corredor de tránsito del tráfico de drogas, de armas o de personas. En este escenario también es importante considerar la presencia de indicadores de otras formas de violencia física, sexual o psicológica contra los niños y niñas, así como una escasa capacidad de respuesta institucional a las diferentes amenazas y riesgos o posibles vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La segunda RUTA, DE PREVENCION URGENTE se debe aplicar en un momento anterior, cuando aún no existen señalamientos sobre familias o personas determinadas, sino que se cierne una amenaza colectiva. Por ejemplo: cuando el grupo armado ilegal llega al barrio, localidad, comuna o vereda, censa una escuela, entrega panfletos en las calles o los dejan en las puertas de las casas, boleteos, invitaciones a unirse a los grupos a cambio de una retribución económica, etc. Estos ejemplos muestran que la amenaza es aún colectiva, razón por la cual deben iniciarse acciones urgentes lideradas por las autoridades públicas o indígenas según el caso, presentes en el municipio, en conjunto y articulación con líderes comunitarios, con las familias y con la comunidad educativa, entre otras.
27 Para comprender el accionar que debe tener esta RUTA DE PREVENCIÓN URGENTE vale la pena ilustrar con algunos ejemplos, diversas acciones o programas que se han emprendido en algunas regiones del país y que han permitido conjurar amenazas de reclutamiento y utilización de grupos armados ilegales contra niños, niñas y adolescentes.
28 Soacha 2001 Las cadenas de protección que establecieron las madres de los adolescentes que transitaban de noche hacia sus viviendas en los barrios más altos de la Comuna 4: Altos del Pino, Luis Carlos Galán Tercer Sector, Santo Domingo, La Isla, El Oasis, El Progreso, El Arroyo y Villa Mercedes. Los muchachos y muchachas hacían contacto con alguna de las madres, vía celular o teléfono, y esta persona avisaba a las demás. Las mujeres salían a las puertas y ventanas de sus viviendas con antorchas, velas, lámparas de petróleo y linternas y acompañaban el camino del muchacho, muchacha o grupo hasta su casa. De esta manera los protegían de los actores armados que lo pudieran estar acechando en el camino. Soacha 2009 Los comedores escolares y centros de apoyo escolar (Infancia y Desarrollo, Aldeas Infantiles SOS, Meincoldes, FEDES) e la jornada complementaria, no solo protegen a los niños, niñas y adolescentes cuando salen de su escuela o círculo de aprendizaje, brindándoles un espacio seguro donde pasar la jornada contraria a la escolar sino que también les proveen alimentación y los acompañan hasta sus viviendas en la jornada complementaria, cuando han sido amenazados por los actores armados. Esta labor se complementa con el trabajo de apoyo psicosocial y la realización de actividades culturales, artísticas y lúdicas que proponen otras posibilidades de asumir la vida fuera de la violencia. San Miguel Putumayo 2008 En la Institución Educativa San José, en la frontera con Ecuador, el rector y los docentes han identificado las amenazas de reclutamiento por parte de las FARC sobre muchos de los adolescentes que cruzan el río y la frontera para llegar a sus casas, donde conviven con la guerrilla. Es de anotar que muchos de estos adolescentes viven solos con sus hermanos porque la violencia y los cultivos de uso ilícito les han robado a sus padres y hermanos mayores.
29 Los maestros y el rector han establecido una estrategia de acompañamiento y seguimiento a cada muchacho, además de gestionar con la Alcaldía la realización de salidas pedagógicas, encuentros y paseos. La Comisaría de Familia decidió apoyarlos, brindando atención psicosocial y gestionando oportunidades para los muchachos. Cuando visitamos la institución en 2008, pretendían convertirse en un internado para que los adolescentes estuvieran aun más protegidos contra las amenazas de reclutamiento. Líbano, Tolima 2009 En El Líbano, en la zona rural que limita con Cundinamarca, los líderes del Comité de Desplazados han establecido una red cuyos miembros visitan a las familias desplazadas en sus parcelas, hablan con las señoras y con los muchachos. De esta manera se enteran de los que ocurre en cada casa e identifican las situaciones de riesgo de reclutamiento en que se encuentran muchos adolescentes y jóvenes de la región. Los líderes utilizan una estrategia de diálogo y convencimiento, a través de la cual intentan desvirtuar los ofrecimientos e ilusiones que el grupo armado siembra en los niños. Cuando la estrategia se queda corta, ellos bajan con los muchachos y sus familias hasta al centro zonal del ICBF en Girardot, donde la trabajadora social refuerza las charlas y conversaciones con los muchachos en riesgo de reclutamiento. Si el riesgo no se conjura, los líderes entregan el caso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que opere su Ruta de Atención o restablecimiento de derechos PARD.
30 Unidades de Atención Integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Programa Mis Derechos Primero Las Unidades de Atención Integral tienen su origen en una experiencia de convivencia con las comunidades indígenas vulnerables que implementó la Regional de Arauca del ICBF en años anteriores. En el marco del AUTO 251 y bajo la recomendación de la Corte Constitucional de generar apuestas innovadoras que superaran las falencias de los programas tradicionales del ICBF en relación con la protección integral de los derechos de los niños y niñas en situación de desplazamiento, la entidad decidió retomar esta experiencia e involucrarla como experiencia del ICBF en el proyecto piloto de Putumayo. Las Unidades de Atención Integral trabajan en prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes y en atención a las poblaciones indígenas y afrocolombianas en situación de desplazamiento. Las unidades constan de un equipo de dos a tres personas que conviven con las comunidades desplazadas o en riesgo de desplazamiento, indígenas y afrocolombianas fundamentalmente, durante diez meses al año. En este lapso de tiempo la unidad se integra a la comunidad e inicia su trabajo con la familia, los niños, las niñas y los adolescentes, respetando las costumbres y la tradición, adoptando por tanto una perspectiva diferencial para cada una de sus acciones. Allí, en el corazón de las comunidades, las unidades han implementado los programas y estrategias de prevención y de atención a la familia, a niños, niñas y adolescentes, en el marco de la perspectiva diferencial de género, étnica y poblacional. Frente a la prevención del reclutamiento y utilización de grupos armados ilegales contra niños, niñas y adolescentes se trabaja con las familias en prevención de las violencias, participación y solución de conflictos al interior de las mismas. Con los niños y niñas se implementan las estrategias destinadas a la primera infancia y con los adolescentes se trabaja fundamentalmente a partir de los clubes juveniles y pre-juveniles, la escuela de derechos y la estrategia “Para escucharte”. Programas para una educación de calidad del Ministerio de Educación Nacional El Ministerio de Educación ha ubicado una serie de programas y proyectos que adelanta en el país desde la Dirección de Calidad como las apuestas fundamentales de su plan de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
31 Los programas “Pedagogía y Protección de los Derechos”, “Aulas en Paz”, “Escuela y Desplazamiento”, “Red aprender” de formación docente, proyecto transversal de “Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía”, proyecto transversal de “Educación Ambiental” y Proyecto transversal de “Educación para el Ejercicio de los DerechosHumanos”,constituyenensuesenciaapuestasporlaimplementacióndeprácticas pedagógicas que promuevan la formación de sujetos de derechos capaces de convivir, respetar las diferencias, participar y generar proyectos de vida en la legalidad. Igualmente, pretenden la construcción de ambientes de aprendizaje, solidarios e incluyentes, donde los niños y niñas puedan sentirse a gusto, protegidos y respetados. La prevención urgente se configura entonces en contextos de amenazas colectivas y la acción que se ejerza es precisamente para conjurar dichas amenazas. En este escenario deben reforzarse o configurarse nodos de redes institucionales (incluidas comunidades indígenas) y comunitarias capaces de rodear a los niños y niñas y de protegerles ante amenazas generales. Estas acciones no ameritan una intervención procesal desde las autoridades especializadas o competentes: defensores de familia, comisarios de familia o inspectores de policía de manera subsidiaria, si se actúa articuladamente con las autoridades públicas, con las autoridades indígenas según el caso, con las familias y con las redes comunitarias. De esta manera, se puede aún conjurar la amenaza para evitar que se dé un señalamiento personalizado sobre los niños o niñas. El tercer trazado es la RUTA DE PREVENCIÓN EN PROTECCIÓN que hace referencia a situaciones en las cuales es altamente probable que se presente la vulneración del derecho a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por las circunstancias del contexto. Se trata de hechos concretos y específicos que amenazan un niño, niña o adolescente determinado, individualizado y personalizado que se presentan en la cotidianidad y anuncian la situación de vulneración. Esta ruta de prevención en protección actúa cuando el derecho de un niño, niña o adolescente en particular puede ser reclutado por grupos al margen de la ley. En este caso, hay que desarrollar una acción inmediata, puede ser una medida de protección, como la movilización del niño o niña solo, con un grupo de hermanos o con su padre, madre o cuidador, caso en el cual, la autoridad pública en conjunto con la autoridad competente tendrán que definir si ese desplazamiento debe ser apoyado por Acción Social, cuando el caso involucra red adulta, o si la movilización es solamente de menores de edad, caso en el cual será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien asuma los trámites inmediatos. También puede suceder que la autoridad pública local movilice con sus propios recursos todas las acciones necesarias para sacar al niño, niña o grupo de niños y niñas del lugar del riesgo y les ponga a disposición en un programa local como los internados, o en programas del Instituto de Bienestar Familiar.
32 Una anotación importante para el éxito de esta ruta es la sugerencia que se debe hacer a la autoridad pública o autoridad indígena para que el caso se notifique a las autoridades competentes, dado que si en un tiempo determinado, a juicio de la autoridad competente, la amenaza individualizada no se ha resuelto, será preciso tomar medidas de restablecimiento de otros derechos mermados para proteger el derecho de ese niño o de esa niña a ser protegido contra el reclutamiento o utilización por grupos organizados al margen de la ley. Se reitera que la notificación a las autoridades competentes es para que ellas, incluidas las indígenas, sean quienes definan si el caso amerita la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos PARD o si, pasada la temporalidad inicial prevista para la intervención en el ámbito de la prevención en protección, esta se conjuró o permanece. Esta ruta de prevención en protección actúa cuando el derecho de un niño o niña específico, a ser protegido contra el reclutamiento, está amenazado y por ello hay que tomar medida de protección como la movilización del niño o niña solo, con un grupo de hermanos o con sus padre o madre, caso en el cual, la autoridad pública en conjunto con la autoridad competente tendrán que definir si ese desplazamiento debe ser apoyado por Acción Social, cuando el caso involucra red familiar adulta, o si la movilización es solamente de menores de edad, caso en el cual será el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien asuma estos trámites inmediatos. Sobre esta Ruta de prevención en protección es necesario anotar que con fundamento en el artículo 99 de la ley 1098 de 2006, el niño o niña que esté amenazado de reclutamiento por un grupo armado ilegal y quiera por tal razón desplazarse de su lugar de vivienda sin su red familiar, puede acudir ante la personería municipal y solicitar la carta que lo acredita como persona desplazada por causa de reclutamiento forzado, para que utilizando con dicho instrumento, sea beneficiario de la ayuda humanitaria de emergencia y de las demás acciones establecidas por ley a las que tiene derecho cualquier persona desplazada por la violencia. (Art. 99. “El representante legal del niño, niña o adolescente, o la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, podrá solicitar, ante el defensor o comisario de familia o en su defecto ante el inspector de policía, la protección de los derechos de aquél. También podrá hacerlo directamente el niño, niña o adolescente”). Esto implica además que cuando se trate de un niño o niña que acuda de manera directa ante una personería, por ser un sujeto menor de edad y de especial protección constitucional y legal, el Estado en cabeza de ICBF y de Acción Social deberá asegurar no solo el apoyo humanitario, sino todas las acciones a que haya lugar para prevenir y asegurar que el grupo armado ilegal NO pueda cumplir con la amenaza. En esta individualización de casos hecha por el grupo armado ilegal, o el señalamiento u oferta de pago por servicios ilegales a que invitan los grupos de delincuencia organizada y que conceptualmente constituyen una amenaza de utilización, puede suceder también que la alarma sea reportada inicialmente ante cualquier autoridad pública nacional, departamental, distrital o municipal. En estos casos es la autoridad pública, con el apoyo
33 de los líderes comunitarios, de funcionarios y funcionarias de alcaldías o gobernaciones, de los comités de infancia y adolescencia, de organizaciones sociales o de las mesas de prevención de reclutamiento en aquellos lugares en los que exista, quienes deben movilizar la operación de traslado, conducción o cualquier otra medida inmediata que haya que realizar para sacar a los niños y niñas que han sido individualizados por el grupo del lugar del riesgo e incorporarlos a programas tales como internados, programas de hogares gestores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar u otras modalidades, o a organizaciones sociales cuando estas están presentes en la zona tales como la Corporación Infancia y Desarrollo o Benposta, entre otros. Frente a esta Ruta de Prevención en Protección debe decirse también que una vez notificada la autoridad competente, además de todas las acciones que debieron hacer las autoridades públicas con el apoyo de las redes de protección, la autoridad competente, Defensor de familia, a falta de este el Comisario de Familia y en su ausencia el Inspector de Policía y en todos los casos de niños o niñas indígenas la autoridad indígena, debe actuar procedimentalmente frente a la inminencia y solicitar verbalmente las medidas de protección inmediata que el caso amerita, medidas que encuentra en cualquier marco normativo vigente, tal como lo dispone el artículo 53 de la ley 1098 de 2006 al ordenar a la autoridad competente tomar las medidas consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes7 . 7	Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este Código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas: Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes.
34 LA RUTA DE PREVENCIóN TEMPRANA LA RUTA DE PREVENCIóN URGENTE LA RUTA DE PREVENCIóN EN PROTECCIóN Mediano plazo Corto plazo Acción inmediata Actúa sobre: Factores de riesgo en 120 municipios focalizados Por factores de riesgo: 1·	Presencia de grupos armados ilegales o de grupos de delin- cuencia organizada 2·	Presencia de cultivos ilícitos 3·	Presencia de econo- mías ilegales, corre- dores de tránsito de actividades ilícitas y contratación de ser- vicios ilegales 4·	Presencia de Minas antipersonales 5·	Altos índices de Vio- lencia Intrafamiliar 6·	Altos Índices de vio- lencia sexual 7·	Informes de Riesgo o Alertas Tempranas emitidos por el SAT de la Defensoría del Pueblo Actúa sobre: Amenazas colectivas directas proferidas por accionar de grupos armados ilegales o grupos de delincuencia organizada, algunos casos: •	Censo a escuelas •	Boleteos •	Oferta de servicios ilegales Actúa sobre: Amenazas Individuales proferidas contra un niño o niña, o grupo de niños o niñas. (El derecho a ser protegidos contra el reclutamiento y utilización por grupos armados ilegales NO se ha vulnerado)
35 LA RUTA DE PREVENCIóN TEMPRANA LA RUTA DE PREVENCIóN URGENTE LA RUTA DE PREVENCIóN EN PROTECCIóN Mediano plazo Corto plazo Acción inmediata Ruta de prevención temprana: la acción Ruta de prevención urgente: la acción Ruta de prevención en protección: la acción Ejecución de las Siete estrategias de la política en planes de acción con los municipios y distritos 1·	Articulación de acciones 2·	Transformación de comportamientos en familia, comunidad e instituciones 3·	Prevención de todas las formas de violencia 4·	Participación de niños, niñas y adolescentes 5·	Acompañamiento a los COMPOS en el diseño de políticas públicas de infancia y adolescencia. 6·	Prevención de delincuencia juvenil en los entornos de las Casas de Justicia
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References: Artículo 162
 artículo 14
 Artículo 1
 artículo 20
 Artículo 6
 artículo 15
 Artículo 15
 artículo 1
 Artículo 17
 artículo 7
 artículo 24
 Artículo 24
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 201
 artículo 996
 Artículo 99
 artículo 99
 artículo 53
	Artículo 53