Source: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=265&lang=en
Timestamp: 2019-01-16 00:58:46+00:00

Document:
Technical Data: Fermín Ramírez Vs. Guatemala
Fermín Ramírez y familiares.
- Instituto de la Defensa Pública Penal
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la imposición de la pena de muerte a Fermín Ramírez sin haberse respetado un debido proceso.
Keywords: Condiciones de reclusión, Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Derechos de los privados de libertad, Familia, Garantías judiciales y procesales, Indulto, Pena de muerte, Personas privadas de libertad, Principio de legalidad y de retroactividad, Protección judicial
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 17 ( Protección a la Familia) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) , Artículo 9 (Principio de legalidad y de retroactividad)
- Los hechos del presente caso se iniciaron el 10 de mayo de 1997 cuando el señor Fermín Ramírez fue detenido por un grupo de vecinos de la aldea Las Morenas, quienes lo entregaron a la Policía Nacional. Dichos vecinos alegaron que el señor Fermín Ramírez habría violado y posteriormente asesinado a una niña.
- El 15 de mayo de 1997 se ordenó la prisión preventiva del señor Fermín Ramírez por los delitos de asesinato y violación calificada. El 6 de marzo de 1998 se emitió sentencia condenatoria en perjuicio del señor Fermín Ramírez. Fue condenado a la pena de muerte. Solicitó un indulto, el cual fue denegado. El señor Fermín Ramírez permaneció más de siete años privado de su libertad, en condiciones carcelarias que afectaron su salud.
- Fecha de presentación de la petición (12.403): 9 de junio de 2000
- Fecha de informe de admisibilidad (74/02): 9 de octubre de 2002
- Fecha de informe de fondo (35/04): 11 de marzo de 2004
- Fecha de remisión del caso a la Corte: 12 de septiembre de 2004
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 4, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Fermín Ramírez
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes coincidieron, en general, con las violaciones alegadas por la Comisión Interamericana. Adicionalmente alegaron la violación de los artículos 9, 5 y 17 de la Convención Americana
- Medidas provisionales otorgadas: 21 de diciembre de 2004 y 12 de marzo de 2005
3. La Corte es competente para conocer el presente caso, en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que Guatemala ratificó la Convención Americana el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
I. Derechos a las garantías judiciales y protección judicial en relación con la obligación de respetar derechos
63. (…). La Corte destaca el deber que tienen los Estados de proteger a todas las personas, evitando los delitos, sancionar a los responsables de éstos y mantener el orden público, particularmente cuando se trata de hechos como los que dieron origen al proceso penal seguido contra el señor Fermín Ramírez, que no sólo comportan una lesión a los individuos, sino al conjunto de la sociedad, y merecen el más enérgico rechazo, más aún cuando perjudican a niñas y niños. Sin embargo, la lucha de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción.
1.1 Principio de coherencia o correlación entre acusación y sentencia
66. La Convención no acoge un sistema procesal penal en particular. Deja a los Estados en libertad para determinar el que consideren preferible, siempre que respeten las garantías establecidas en la propia Convención, en el derecho interno, en otros tratados internacionales aplicables, en las normas consuetudinarias y en las disposiciones imperativas de derecho internacional.
67. (…) La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. (…) La calificación jurídica de éstos puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. (…)
68. Por constituir el principio de coherencia o correlación un corolario indispensable del derecho de defensa, la Corte considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal (…).
70. En el presente caso, la imposición de la pena de muerte por parte del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente se basó en la aplicación del artículo 132 del Código Penal de Guatemala, que tipifica y sanciona el asesinato. (…) Durante el primer día de debate, el Tribunal advirtió a las partes sobre la posibilidad de cambiar la calificación jurídica del delito, pero no especificó a qué delito pudiera dirigirse el cambio, lo cual no es irrelevante, en modo alguno, para el ejercicio de la defensa y la decisión judicial sobre la sanción aplicable. (…)
73. (…) Ahora bien, el presidente del Tribunal se limitó a advertir a las partes que “en el momento oportuno” podía darse una calificación jurídica distinta de la contemplada en la acusación y en el auto de apertura a juicio, pero no especificó cuál sería esa nueva calificación legal. (…) El presidente del Tribunal de Sentencia no ofreció al inculpado la oportunidad de rendir una nueva declaración en relación con los últimos hechos que se le atribuyeron. Estas omisiones privaron a la defensa de certeza acerca de los hechos imputados (artículo 8.2.b) de la Convención) y, en consecuencia, representaron un obstáculo para preparar adecuadamente la defensa, en los términos del artículo 8.2.c) de la Convención.
75. Al respecto, la Corte observa que, en la sentencia de 6 de marzo de 1998, el Tribunal de Sentencia no se limitó a cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados previamente, sino modificó la base fáctica de la imputación, inobservando el principio de congruencia.
78. El respeto al conjunto de garantías que informan el debido proceso y significan el límite a la regulación del poder penal estatal en una sociedad democrática, se hace especialmente infranqueable y riguroso cuando venga al caso la imposición de la pena de muerte.
79. En el presente caso, al haber desconocido las garantías del debido proceso, en particular el derecho de defensa, el Estado transgredió las reglas procesales de estricta y necesaria observancia en supuestos de imposición de pena de muerte. En consecuencia, la condena del señor Fermín Ramírez a la pena capital fue arbitraria por haber incumplido limitaciones infranqueables para la imposición de dicha pena en los países que aún la preservan.
80. Por todo lo anterior, la Corte estima que las faltas procesales en que incurrieron las autoridades judiciales implican violación al artículo 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
1.2 Necesidad de contemplar en la acusación penal las circunstancias que demuestren la peligrosidad del agente
81. (…) Desde el punto de vista procesal, es grave que la acusación no se hubiese referido a las circunstancias que demostrarían la peligrosidad del señor Fermín Ramírez. La Corte estima que esta cuestión debe ser analizada a propósito de la compatibilidad del artículo 132 del Código Penal con el artículo 9 de la Convención (…).
1.3. Acceso a un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención)
82. (…). Al respecto, esta Corte observa que la resolución de fondo dictada por el Tribunal de Sentencia Penal fue impugnada por medio de varios recursos ordinarios y extraordinarios existentes en Guatemala. Las decisiones dictadas con respecto a estos recursos coincidieron en que las actuaciones del Tribunal de Sentencia se ajustaron a las normas penales, procesales penales, constitucionales e internacionales aplicables al caso
83. Si bien las instancias superiores no advirtieron las irregularidades que ocurrieron en el proceso penal, de las que deriva la responsabilidad internacional del Estado por la violación del artículo 8 de la Convención, admitieron a trámite y resolvieron con regularidad los recursos interpuestos por la defensa del señor Fermín Ramírez. El hecho de que las impugnaciones intentadas no fueran resueltas, en general, de manera favorable a los intereses del señor Fermín Ramírez, no implica que la víctima no tuviera acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos. (…)
II. Principio de legalidad en relación con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno
90. El principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de la persecución penal en una sociedad democrática. Al establecer que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable”, el artículo 9 de la Convención obliga a los Estados a definir esas “acciones u omisiones” delictivas en la forma más clara y precisa que sea posible. Al respecto, la Corte ha establecido: (…) con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, […] la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta incriminada, que fije sus elementos y permita deslindarla de comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales. En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo. En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita. En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.
91. El artículo 132 del Código Penal guatemalteco tipifica el delito de asesinato y establece como sanción aplicable al autor la privación de libertad de 25 a 50 años o la pena de muerte (…).
92. Del penúltimo párrafo de ese precepto se desprende la posibilidad de que el juez condene al imputado a una u otra pena con base en el juicio de peligrosidad del agente, al indicar que la pena de muerte será aplicada en lugar del máximo de prisión si “se revelare una mayor particular peligrosidad del agente”, determinable ésta según “las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes”. (…)
94. En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la peligrosidad no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido proceso, dentro del artículo 8 de la Convención. Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, constituye claramente una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el Derecho Penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía.
95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo – con pena de muerte inclusive – no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. (…)
96. En consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, es incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención.
97. El artículo 2 de la Convención señala el deber que tienen los Estados Parte en la Convención de adecuar su legislación interna a las obligaciones derivadas de la Convención. En este sentido, la Corte ha señalado que: [s]i los Estados tienen, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, la obligación positiva de adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención, con mayor razón están en la obligación de no expedir leyes que desconozcan esos derechos u obstaculicen su ejercicio, y la de suprimir o modificar las que tengan estos últimos alcances. De lo contrario, incurren en violación del artículo 2 de la Convención.
98. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado ha violado el artículo 9 de la Convención, en relación con el artículo 2 de la misma, por haber mantenido vigente la parte del artículo 132 del Código Penal que se refiere a la peligrosidad del agente, una vez ratificada la Convención por parte de Guatemala
III. Derecho a la vida en relación con la obligación de respetar derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno
103. Se ha establecido que el procedimiento penal que desembocó en la condena del señor Fermín Ramírez no respetó las garantías del debido proceso. No obstante, la sentencia no ha sido ejecutada en virtud de los recursos internos interpuestos y de las medidas cautelares dictadas por la Comisión y las medidas provisionales ordenadas por la Corte (…) [L]a Corte considera que el Estado no ha violado el derecho consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
107. La Corte considera que con la derogatoria del Decreto Número 159, por medio del Decreto Número 32-2000, se prescindió expresamente de un organismo con la facultad de conocer y resolver el derecho de gracia estipulado en el artículo 4.6 de la Convención. (…)
109. La Corte considera que el derecho de gracia forma parte del corpus juris internacional, en particular de la Convención Americana y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (…)
110. En consecuencia, al no estar establecida en el derecho interno atribución alguna para que un organismo del Estado tenga la facultad de conocer y resolver los recursos de gracia, y siendo esta la explicación de la denegatoria del recurso de gracia interpuesto por el señor Fermín Ramírez, el Estado incumplió las obligaciones derivadas del artículo 4.6 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma
IV. Derechos a la integridad personal y protección a la familia
117. La jurisprudencia de este Tribunal, así como de otros tribunales y autoridades internacionales, ha subrayado que existe una prohibición universal de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que violan normas perentorias de derecho internacional (ius cogens).
118. Respecto de las condiciones de detención, la Corte ha especificado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal, lo cual debe ser asegurado por el Estado en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. En particular, el Tribunal ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, constituyen una violación a la integridad personal.
119. En las circunstancias del presente caso, la Corte considera relevante que el señor Fermín Ramírez (…) ha sido sometido a graves condiciones carcelarias, tanto en el Sector 11 del Centro de Detención Preventiva de la Zona 18, como en el Centro de Alta Seguridad de Escuintla, las que se inscriben en un contexto general de graves deficiencias carcelarias, señaladas por organismos internacionales. Por todo lo anterior, la Corte considera que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
120. Por último, los representantes alegaron que los familiares del señor Fermín Ramírez han enfrentado graves sufrimientos psíquicos provenientes de la angustia de saberlo en el corredor de la muerte, lo cual implicaría la violación del artículo 5 de la Convención en perjuicio de dichos familiares. Aún cuando la irregular condena a pena de muerte puede traer consecuencias muy dolorosas para los familiares del condenado, que presencian el impacto de la condena sobre el reo y enfrentan estigmatización social, la Corte estima que en el presente caso no se ha acreditado que los familiares del señor Fermín Ramírez han sido víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención.
121. Finalmente, este Tribunal considera que los hechos alegados en el presente caso no encuadran bajo el artículo 17 de la Convención, tomando en cuenta que la afectación de la vida familiar no se produjo en virtud de una acción u omisión específica del Estado con tal fin, sino fue consecuencia del proceso seguido por el delito imputado, con las características que éste revistió y de la conducta del propio inculpado. En consecuencia, la Corte no se pronunciará sobre este punto.
- El Estado debe llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión del delito de asesinato, cuya tipificación estaba en vigor al momento de los hechos que se le imputaron, deberá aplicarse la legislación penal vigente entonces con exclusión de la referencia a la peligrosidad.
- El Estado debe abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se refiere a la peligrosidad del agente, y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, adecuándola a la Convención Americana, conforme a lo estipulado en su artículo 2, de manera que se garantice el respeto al principio de legalidad, consagrado en el artículo 9 del mismo instrumento internacional. Se debe suprimir la referencia a la peligrosidad del agente contemplada en ese precepto.
- El Estado debe abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio.
- El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento que garantice que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena, conforme a una regulación que establezca la autoridad facultada para concederlo, los supuestos de procedencia y el trámite respectivo; en estos casos no debe ejecutarse la sentencia mientras se encuentre pendiente la decisión sobre el indulto o la conmutación solicitados.
- El Estado debe proveer al señor Fermín Ramírez, previa manifestación de su consentimiento para estos efectos, a partir de la notificación de la presente Sentencia y por el tiempo que sea necesario, sin cargo alguno y por medio de los servicios nacionales de salud, un tratamiento adecuado, incluida la provisión de medicamentos.
- El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos.
- El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
- Las obligaciones del Estado en el marco de las medidas provisionales ordenadas quedan reemplazadas por las que se ordenan en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
- Supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para la ejecución de la misma.
- El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a las garantías judiciales consagrado en el artículo 8.2.b) y 8.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
- El Estado no violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el principio de legalidad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma.
- El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a solicitar un indulto o conmutación de la pena consagrado en el artículo 4.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
- El Estado violó en perjuicio del señor Fermín Ramírez el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
- Fecha de última resolución: 9 de mayo de 2008
a) efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos a favor del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala, de acuerdo a los términos de los párrafos 131 a 137 de dicha Sentencia (punto resolutivo décimo tercero);
b) llevar a cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías de audiencia y defensa para el inculpado (punto resolutivo séptimo), y
c) abstenerse de ejecutar al señor Fermín Ramírez, cualquiera que sea el resultado del juicio al que se refiere el punto resolutivo séptimo (punto resolutivo noveno.
a) abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala referente a la peligrosidad del agente y adecuarla a la Convención en un plazo razonable (punto resolutivo octavo);
b) adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para establecer un procedimiento para que toda persona condenada a muerte tenga derecho a solicitar indulto o conmutación de la pena (punto resolutivo décimo);
c) proveer al señor Fermín Ramírez un tratamiento adecuado (punto resolutivo undécimo), y
d) adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos (punto resolutivo duodécimo).
(i) Requerir al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento de las Sentencias dictadas en los casos Fermín Ramírez Reyes señaladas en los puntos declarativos segundo, cuarto y quinto supra.
(ii) Solicitar al Estado del Guatemala que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de septiembre de 2008, un informe por cada caso en los cuales indique todas las medidas adoptadas para cumplir las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento.
(iii) Solicitar a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes a los informes del Estado mencionados en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción de los informes.
(iv) Desestimar la solicitud de ampliación de medidas provisionales sometida por los representantes de los beneficiarios, por las razones expuestas en los párrafos considerativos 51 a 63 de la presente resolución.
(v) Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique la presente Resolución al Estado del Guatemala, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de las víctimas y beneficiarios.

References: Artículo 1
 Artículo 17
 Artículo 2
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 8
 Artículo 9
 artículo 132
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 132
 artículo 9
 resolución 
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 132
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 17
 artículo 132
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 5
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 Resolución