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Timestamp: 2019-05-20 22:57:40+00:00

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﻿ SENTENCIA T-824 DE AGOSTO 11 DE 2005
SENTENCIA T-824 DE 11 DE AGOSTO DE 2005
CONTENIDO:INTERRUPCIÓN DEL PROCESO POR ENFERMEDAD GRAVE DEL APODERADO. LA IMPOSIBILIDAD ABSOLUTA DEL APODERADO PARA EJERCER SUS FACULTADES INTELECTIVAS ES CAUSA SUFICIENTE PARA CONCEDER LA INTERRUPCIÓN DEL ASUNTO Y LA INVALIDEZ DE LO ACTUADO SIEMPRE QUE LOS MÉDICOS DEN CUENTA DE LA GRAVEDAD DEL ESTADO Y DEL LAPSO DE LA INCAPACIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN DEL PROCESO, INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, ENFERMEDAD DEL APODERADO JUDICIAL, ENFERMEDAD DEL ABOGADO
Sentencia T-824 de agosto 11 de 2005
Sentencia T-824 de 2005
Ref.: Expediente T-1.098.253
a) Mediante sentencia del 20 de febrero de 2003, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad de la Resolución 1005 del 30 de junio de 1999, que dispuso la toma de posesión de los bienes y haberes de la sociedad Bermúdez y Valenzuela S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, promovida por la sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A. y los señores María Carrizosa de López, Cecilia Caballero de López, Alfonso López Michelsen y Juan Manuel López Caballero contra La Nación Superintendencia Bancaria y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (1) .
Solicitud a la que dio alcance el 20 de marzo siguiente en el sentido de que se entienda que solicitaba la interrupción del proceso, no su suspensión, al tiempo que formuló la nulidad de lo actuado, con alusión de la causal prevista en el numeral 5º del artículo 140 en comento. Sostuvo el apoderado:
“En primer término, recabo de la honorable magistrada y de la honorable Sala, se sirvan entender que la petición reseñada está referida al fenómeno de la interrupción de que trata el inciso segundo del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil y no a la suspensión del artículo 170 del mismo código.
“El doctor LUIS ROBERTO WIESNER identificado con cédula de ciudadanía Nº 437.768 de Usaquén, es mi paciente desde hace cinco años.
El artículo 173 del Código Contencioso Administrativo prescribe claramente que la sentencia se notificará personalmente a las partes, o por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil tres días después de haberse proferido, precepto éste que a su turno dispone que “ Las sentencias que no se hayan notificado personalmente dentro de los tres días siguientes a su fecha se harán saber por medio de edicto.
No es cierto como lo alega el nulidiciente (sic) que el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil establezca que se debe agotar diligencia alguna (citación) tendiente al surtimiento de la notificación personal de la sentencia, como requisito previo para proceder a la notificación por edicto de la misma, sino que simplemente dispone que si en los tres días siguientes a su fecha no se ha notificado personalmente se hará por edicto.
Ello significa que se le debe dar a las parte (sic) un plazo para que se notifiquen personalmente, y de no hacerlo se les hará saber en la forma subsidiaria anotada. Este criterio jurisprudencial ha sido reiterado en la sentencia de fecha 24 de enero de 2002 (...)”.
La Consejera María Inés Ortiz Barbosa se apartó de la posición mayoritaria, i) como quiera que “si el apoderado solicitó la interrupción del proceso el 11 de marzo lo hizo en tiempo y el Tribunal debió estudiar su petición oportunamente”; y ii) habida cuenta que “la causal (...) fue demostrada con la certificación que se critica allí y que por tanto se cumplieron los presupuestos descritos”.
4.1. Contestación de la Consejera de Estado Dra. Ligia López Díaz.
Dicha sentencia fue notificada a las partes por edicto fijado el 27 de febrero desfijado el 3 de marzo de 2003. El apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2003, solicitó suspender la actuación posterior a la Sentencia de primera instancia y en consecuencia restituir el término procesal para interponer el recurso de apelación contra la misma, con fundamento en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, alegando que sufrió un estado depresivo agudo, por lo que se encontraba en las condiciones descritas en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil. En escrito presentado ante el tribunal el 20 de marzo de 2003, el apoderado de la parte actora complementó su solicitud anterior, para que se decretara la nulidad de lo actuado.
4.2. Intervención de la Superintendencia Bancaria.
El apoderado de los accionantes impugna la decisión; para el efecto considera “incongruente con la doctrina que ha adoptado el propio Consejo de Estado (...) rechazar la acción de tutela invocando la improcedencia absoluta de esa vía contra providencias judiciales”.
Se refiere a la sentencia C-543 de 1992, de esta Corte, de la que dice “no estableció de manera absoluta la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, al declarar la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991”, conforme se infiere del aparte que el impugnante trae a colación, y que el fallador de primer grado “omitió transcribir”.
Con fundamento en la jurisprudencia constitucional, relaciona los requisitos formales y sustanciales que permiten al juez de tutela pronunciarse sobre providencias judiciales ejecutoriadas y concluye sobre la procedencia del amparo constitucional en el caso concreto, “pues i) se estaba en presencia de la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, a la non reformatio in peius y al acceso efectivo a la administración de justicia”; ii) no existía ningún mecanismo de defensa judicial, ya que los actores habían agotado todos los mecanismos de defensa previstos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para que se reconociera la interrupción del proceso y se decretara la nulidad del mismo como consecuencia de la enfermedad grave que padecía el suscrito, y iii) al proferirse el auto del 27 de mayo del 2004 por la Sección Cuarta, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, se incurrió en clara vía de hecho (...)”.
La Corte Constitucional, a través de esta Sala, es competente para revisar las sentencias proferidas en el asunto de la referencia, en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991 y, en cumplimiento del auto del 6 de mayo del año en curso, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Cinco.
La Corte al respecto reitera que la Carta Política garantiza el libre acceso ante los jueces y tribunales, y que el mismo ordenamiento dispone que la labor de administrar justicia es función pública que el Estado ejerce en los términos que fija la ley —artículos 228, 229 y 230 C.P.—.
Ahora bien, el deber a cargo del Estado de prestar justicia y el derecho de los asociados de exigirla, indica que las formas y requisitos para acceder a la prestación no pueden sino atender a su efectividad, teniendo presente no solo las satisfacciones individuales en juego sino especialmente el deber de las autoridades de proteger a todas las personas, en su vida, honra, bienes, creencias y libertades, en procura de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo —artículo 2º C.P.—.
Se trata entonces de garantizar a los asociados el ejercicio de su derecho de acceder a la jurisdicción constitucional sin sustraerse de respetar el derecho de accionar de los demás, ni interferir en la competencia asignada a otras jurisdicciones, excepto ante circunstancias que exijan de manera urgente, que aquel de quien se solicita la tutela actúe de inmediato o deje de hacerlo —artículos 6º 86, y 95 C.P.—.
Ahora bien, el apoderado de los actores i) en aplicación del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, solicitó del tribunal del conocimiento, dentro de la acción de nulidad ya referida, el restablecimiento de términos, con miras a impugnar la sentencia de primer grado; ii) formuló la nulidad de lo actuado, durante el lapso en que debido a su enfermedad no pudo atender el asunto, conforme lo previsto en los artículos 140 y 142 de la misma codificación; y, como sus peticiones no fueron atendidas, iii) recurrió e impugnó la providencia, para que el a quo revocara su negativa, y, en subsidio, para que la Sala accionada estudiara la posibilidad de hacerlo —artículos 180 y 181 CCA—.
4. Prevalencia de la sustancia sobre la forma.
Así las cosas, el proceso tenía que haberse interrumpido y la nulidad declarado, en consideración a que durante la incapacidad de quien ostenta la defensa de alguna de las partes “no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento”, y en razón de que lo acontecido entre el 3 y el 6 de marzo de 2003 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho varias veces referido no tiene validez, por el estado de indefensión a que fue sometida la parte demandante —artículos 29 C.P., 168 y 140 C. de P.C.—.
Se arguye que las peticiones fueron extemporáneas; no obstante el término fijado en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil, para que pueda hacerse valer la nulidad por la causa prevista en el artículo 140, en armonía con el artículo 168 de la misma codificación, se cumplió efectivamente, como quiera que la incapacidad del doctor Wiesner Morales cesó el 6 de marzo de 2003 y la petición para que su estado de salud diera lugar al restablecimiento del término para impugnar la sentencia proferida el 20 de febrero anterior, fue presentada el día 11 siguiente. Al punto que la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 15 de mayo de 2003, consideró cumplido “el requisito de oportunidad previsto en el artículo 142, inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el primero de los escritos fue presentado el día 13 (sic) de marzo de 2003, es decir dentro de los cinco días siguientes al en que cesó la incapacidad del apoderado”; corroborando así lo sostenido por la misma el 24 de abril anterior, en providencia que desatendió la inconformidad del apoderado de la Superintendencia Bancaria, contra el auto que corrió traslado de la nulidad.
Por lo anterior, en cuanto la Sala accionada hizo descansar en un cambio de palabras el acceso de los actores a la interrupción del proceso, quebrantó el deber de las autoridades judiciales de la resolución de los conflictos, la efectividad de los derechos fundamentales, la garantía del acceso a la justicia y la prevalencia del derecho sustancial —artículos 2º, 29, 86, 228, 229 y 230 C.P.—.
5. Certificaciones médicas, alcances y restricciones.
Como obra en los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por los actores, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, aparte de considerar extemporánea la solicitud de nulidad, indebidamente —según quedó explicado—, confirmó la providencia adoptada por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el restablecimiento del término para impugnar, porque las certificaciones médicas allegadas no lograron convencerla “sobre el carácter grave de la enfermedad”, que el apoderado de los demandantes alegó haber padecido.
Consideró el ad quem accionado que de los certificados médicos allegados a la actuación no resultaba posible “deducir la pérdida de conciencia hasta el punto de estar impedido para sustituir el poder o tomar las medidas para ser reemplazado”, (...), y que de los mismos no se pueda inferir “la imposibilidad absoluta del apoderado para ejercer sus facultades intelectivas (...)”, a ello se agregó que no se probó que la doctora Afanador Cabrera “efectivamente sea una médica especialista en la materia (...)”, y que de las certificaciones se desprende que los padecimientos que afectaron al padre del togado eran de esperarse, “dado lo avanzado de la enfermedad”.
En este orden de ideas, es pertinente recordar que el artículo 74 superior dispone que el secreto profesional es inviolable y que los artículos 37 y 38 de la Ley 23 de 1981 (2) señalan que el sigilo que obliga a los profesionales de la medicina comprende todo aquello “que no es ético o lícito revelar sin justa causa”, el que podrá ser develado “atendiendo a los consejos que dicte la prudencia, entre otras personas “a las autoridades judiciales o de higiene y salud”, esto, “en los casos previstos por la ley”.
La Ley 14 de 1962 (3) , a su vez, define qué se entiende por ejercicio de la medicina y la cirugía, indican quienes podrán hacerlo. Señalan los artículos 1º y 2º de la normatividad:
Quiere decir entonces que la certificación expedida por la doctora Amparo Afanador Cabrera cumple con las exigencias constitucionales y legales i) por cuanto la profesional porta registro, lo que indica que posee titulo médico y cirujano, expedido por una facultad o escuela de medicina reconocida; y ii) debido a que el certificado devela que quien lo suscribe atendió al señor Luis Roberto Wiesner Morales, portador de la cédula de ciudadanía 437.768, en razón de “una situación de severo estrés que ocasionó trastornos depresivos graves (..) con incapacidad en los días 3 a 6 de marzo [de 2003]”. Sin que se pueda echar de menos que la profesional no dé cuenta de detalles sobre los padecimientos relativos a la pérdida de conciencia o dificultades intelectivas —se destaca—.
En efecto, al estudiar el contenido y alcance del sigilo en el ámbito de la medicina, esta Corte ha considerado que el mandato constitucional que hace del secreto profesional un asunto inviolable comprende todo lo que los facultativos conocen en función de la relación con sus pacientes, salvo aquello que justificadamente les está permitido develar (4) . Por ello resulta contrario a la Carta Política exigir que los certificados médicos expedidos para fundar el restablecimiento de términos y la nulidad de la actuación por la misma causa, previstos en los artículos 168 y 142 del Código de Procedimiento Civil, tenga que ir más allá de calificar la gravedad de la afección.
Cabe señalar, además, que la Sección Cuarta accionada no podía condicionar la aceptación del documento que da cuenta de la enfermedad grave del apoderado de los actores, a la previa demostración de que quien lo suscribe es especialista en la materia de que se trata, porque los jueces no pueden adicionar las prescripciones legales exigiendo requisitos para el ejercicio de las profesiones u oficios no previstas en el ordenamiento, sumado a que las autoridades judiciales tienen que atenerse al poder jurídico de los pacientes de elegir el médico tratante, y a su derecho de reservar para sí las razones de su determinación —artículos 15, 16 y 26 C.P.—.
En el ámbito de la normatividad sobre la profesión médica, el Decreto 605 de 1963, reglamentario de la Ley 14 de 1962, dispone que podrán anunciarse como “especialistas” los médicos y cirujanos autorizados para el manejo y práctica del campo de la medicina de que se trate, no obstante de las restricciones sobre publicidad previstas en la disposición en comento no se siguen limitaciones en las funciones médicas, puesto que solo el ejercicio de la anestesiología, calificada de “alto riesgo” en la Ley 06 de 1991, y de la radiología -en los términos de la Ley 657 de 2001- se reservan a quienes además de poseer registro medico acreditan entrenamientos y capacitaciones especiales (5) .
La regulación de dichas actividades como una nueva especialidad en el ejercicio de la medicina en el Estado colombiano constituye obviamente la exigencia de un título de idoneidad, adicional al correspondiente a la profesión misma, que debe registrarse ante las autoridades competentes (art. 6º), en uso de la facultad otorgada al legislador por el artículo 26 superior” (6) .
Entra en juego, en materia de aceptación de las certificaciones médicas, sin duda, además de la libertad de quien posee título de médico y cirujano de desempeñarse en el ámbito de la ciencia médica sin restricciones -salvo, en los campos para los que el ordenamiento demanda conocimientos especiales- la presunción de crédito que acompaña a las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, de donde se colige que la doctora Afanador Cabrera, mientras no se pruebe lo contrario, ajusta su conducta profesional a los estándares que la atención esmerada, diligente y altamente competitiva de sus pacientes requiere, en cada caso determinado, así no ostente titulo de especialista en la atención de situaciones de severo estrés —como la presentada por el apoderado de los actores entre el 3 y el 6 de marzo de 2003—, sin perjuicio de la competencia de las autoridades disciplinarias y judiciales para evaluar sus destrezas, de ser esto preciso (7) .
Lo anterior porque como lo expone la jurisprudencia constitucional, con insistencia “el principio de la buena fe (8) “principio cumbre del derecho” es de aquellos principios informadores de las relaciones entre los seres humanos llamados a impregnar el ordenamiento jurídico en su conjunto (9) y que presenta proyecciones especificas, en los más variados y específicos ámbitos de las relaciones sancionadas por las normas jurídicas (10) ” (11) . Señala la Corte: .
“(...) a partir de la formulación constitucional explícita, la aplicación y proyección del principio de la buena fe adquiere nuevas proyecciones en su papel de integrador del ordenamiento y de las relaciones entre las personas y de éstas con el Estado.
En forma reiterada la Corte ha destacado el significado, que en el ámbito constitucional y del ordenamiento normativo en su conjunto ostenta el principio de la buena fe: “la buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un postulado constitucional (C.P., art. 83). Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta (“vir bonus”). La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada” (12) ”.
6. Conclusiones. Las sentencias que se revisan serán revocadas.
En este orden de ideas, el amparo invocado tenía que concederse, porque el artículo 86 de la Carta Política indica que toda persona tendrá acción de tutela en todo tiempo y lugar cualquiera fuere la autoridad pública que vulnere o amenace sus derechos, salvo que el ordenamiento tenga previsto otro medio de defensa judicial, y —como quedó explicado— la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado quebrantó los derechos fundamentales de los actores, mediante providencia no susceptible de recurso alguno.
Ahora bien, es cierto i) que en el escrito presentado el día 11 de marzo de 2003, es decir dentro del lapso que el citado artículo 142 señala, el apoderado de los actores abogó por el restablecimiento de términos, aludió a la “suspensión” del asunto —cuando debía solicitar su interrupción— y centró la invalidez de la actuación en la indebida notificación de la sentencia —siendo que la nulidad tenía que ver con la indefensión de la parte actora durante el lapso de su incapacidad—; y ii) que de la certificación médica presentada no se deduce que el trastorno depresivo sufrido por el letrado le haya ocasionado al mismo la pérdida de la conciencia o de sus facultades volitivas, como tampoco que sus dolencias fueron atendidas por una especialista.
En consecuencia disponer que la Sala accionada resuelva la apelación nuevamente, esta vez con sujeción a los mandatos constitucionales que imponen la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, reconocen el derecho de toda persona a su intimidad y a la libre determinación y hacen inviolable el sigilo profesional —artículos 228, 229, 230, 15, 16 y 74 C.P.—.
(1) “Adicionalmente solicitaron condenar a la Nación, representada por el Ministerio de Hacienda y a la Superintendencia Bancaria al pago de los perjuicios que estimaron en una suma superior a los cuarenta mil millones de pesos ($ 40.000.000.000) o a la que resulte probada en el proceso, valores indexados y actualizados de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo” —Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, auto de 27 de marzo de 2004—.
(2) “Por la cual se dictan normas en materia de ética médica”.
(3) “Por la cual se dictan normas relativas al ejercicio de la medicina y la cirugía”.
(4) Con ocasión del estudio de la inconstitucionalidad de la expresión “salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro” que hacía parte del artículo 284 del Decreto 2700 de 1991, esta corporación, entre otros aspectos, consideró que la calidad de inviolable atribuido por la Carta al secreto profesional, determina que su cumplimiento no sea optativo, sin perjuicio de que “en situaciones extremas la revelación de un secreto profesional “podría inscribirse el comportamiento del profesional infractor en alguna de las causales justificativas del hecho (art. 29 del Código Penal)”.
(5) Las leyes 6ª de 1991 y 657 de 2001 respectivamente reservan el ejercicio de la anestesiología y reanimación a quien “haya adquirido o adquiera el título de medicina y cirugía de acuerdo con las leyes colombianas y que haya realizado posteriormente su entrenamiento en un programa de anestesiología en un hospital universitario o adscrito a una universidad debidamente aprobada y reconocida por los organismos competentes del Gobierno Nacional (...) o en otro país, equivalente al otorgado en la República de Colombia (...)”; y el ejercicio de la radiología e imágenes diagnósticas, a quienes hayan realizado estudios en alguna de las universidades o facultades de medicina reconocidas por el Estado, en otros países con los cuales Colombia tenga celebrados tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos universitarios, o en universidades o facultades de medicina o instituciones de reconocida competencia en el exterior —artículos 2º y 5º en su orden—.
(6) Sentencia C-038 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(7) Al respecto se puede consultar la sentencia de tutela 1126 del 14 de septiembre de 2004, adoptada por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia, para resolver sobre el amparo constitucional impetrado por una profesional de la medicina porque siendo “una distinguida profesional de la medicina, con todos los requisitos académicos y legales que exige la Ley 14 de 1962 (...) se le ha dado” un tratamiento de empírica e incursa en el delito de Falsedad Personal (art. 227 del C.P.), por anunciarse con títulos que supuestamente no posee y como miembro de agremiaciones científicas a las que no pertenece”.
(8) En la doctrina se identifica el principio de la buena fe como aquel que “comporta la necesidad como la necesidad de una conducta leal y honesta, que según la estimación de la gente cabe esperar de una persona” Jesús González Pérez El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo. Madrid. 1983.
(9) Ver Fernando Hinestrosa Forero. Los principios Generales del Derecho —Aplicación y perspectivas— en Revista de Derecho Privado Universidad Externado de Colombia. Bogota. Nº 1 Enero-junio de 1997. Págs. 13 y 14.
(10) Ver. La Nueva Jurisprudencia de la Corte, págs. 6 y 7.
(11) Sentencia C-071 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(12) T-475 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

References: Resolución 
 artículo 140
 artículo 168
 artículo 170
 artículo 173
 artículo 323
 artículo 23
 artículo 168
 artículo 168
 artículo 40
 artículo 168
 artículo 142
 artículo 140
 artículo 168
 artículo 142
 resolución 
 artículo 74
 artículo 26
 artículo 86
 artículo 142
 artículo 178
 artículo 284