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Timestamp: 2019-01-24 13:15:26+00:00

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﻿ SENTENCIA C-346 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA C-346 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ESTE TIPO DE CONTRATO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO, CUANDO SE TRATA DE PROYECTOS QUE REQUIEREN DE RECURSOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. SE CONSIDERA QUE LA PREVISIÓN LEGAL QUE PROHÍBE LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP) EN EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO DEL MANDATARIO LOCAL, NO VULNERA LAS NORMAS CONSTITUCIONALES QUE ESTABLECEN LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA GOBERNARSE POR SUS AUTORIDADES PROPIAS, EJERCER LAS COMPETENCIAS QUE LE CORRESPONDAN Y GESTIONAR SUS PROPIOS ASUNTOS. IGUALMENTE SE CONSIDERA, QUE EL PRECEPTO NORMATIVO QUE DETERMINA QUE LOS GOBIERNOS LOCALES QUE SUSCRIBAN CONTRATOS DE APP NO PUEDEN RETRIBUIR AL INVERSIONISTA PRIVADO CON DERECHOS REALES SOBRE INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, QUE NO SE REQUIERAN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL CUAL SE DESARROLLÓ EL PROYECTO, DESCONOCE EL DERECHO QUE TIENEN LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE ADMINISTRAR SUS RECURSOS, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287-3 DE LA CONSTITUCIÓN. FINALMENTE SE DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “DEL ORDEN NACIONAL”, CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO 4º DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY 1753 DE 2015, Y LA EXEQUIBILIDAD DEL NUMERAL 6º DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1508 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENTIDAD TERRITORIAL, AUTONOMÍA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, RECURSOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:549 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PÁG.1635
Sentencia C-346 de mayo 24 de 2017
Ref.: Exp. D-11673
A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial Nº 48.308 del 10 de enero de 2012, para el caso de la Ley 1508 de 2012, y en el Diario Oficial Nº 49.538 del 9 de junio de 2015, respecto de la Ley 1753 de 2015. En ambos casos se subrayan los apartes demandados:
PAR. 2º—Para la presentación de estos proyectos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público se deberá contar con la validación financiera de alguna de las entidades financieras públicas de segundo piso o estructuradoras públicas”.
ART. 37.—Derecho a retribuciones en proyectos de APP. Modifíquese el artículo 5º de la Ley 1508 de 2012, el cual quedará así:
“ART. 5º—Derecho a retribuciones. El derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público-privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento.
PAR. 1º—En los esquemas de asociación público-privada podrán efectuarse aportes en especie por parte de las entidades estatales. En todo caso, tales aportes no computarán para el límite previsto en los artículos 13, 17 y 18 de la presente ley.
PAR. 2º—En los contratos para ejecutar proyectos de asociación público-privada podrá pactarse el derecho a retribución por unidades funcionales, previa aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando:
PAR. 3º—Complementario a lo previsto en el parágrafo anterior, en los contratos para ejecutar proyectos de asociación público-privada podrá pactarse el derecho a retribución por etapas, entendiéndose por etapa, cada una de las fases sucesivas en el tiempo, definidas en el contrato, en las que se desarrollan o mejoran unidades funcionales específicas, previa aprobación del Ministerio u órgano cabeza del sector o quien haga sus veces a nivel territorial, siempre y cuando:
PAR. 4º—En proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública del orden nacional, la entidad estatal competente podrá reconocer derechos reales sobre inmuebles que no se requieran para la prestación del servicio para el cual se desarrolló el proyecto, como componente de la retribución al inversionista privado.
PAR. 5º—En caso de que en el proyecto de asociación público-privada la entidad estatal entregue al inversionista privado una infraestructura existente en condiciones de operación, la entidad estatal podrá pactar el derecho a la retribución de los costos de operación y mantenimiento de esta infraestructura existente condicionado a su disponibilidad, al cumplimiento de los niveles de servicio y estándares de calidad.
PAR. 6º—En proyectos de asociación público-privada, podrán establecerse, unidades funcionales de tramos de túneles o de vías férreas, en virtud de las cuales se predicará únicamente disponibilidad parcial y estándar de calidad para efectos de la retribución. El Gobierno Nacional reglamentará la materia”.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º de la Carta Política, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad de los artículos 27 (parcial) de la Ley 1508 de 2012 y 37 (parcial) de la Ley 1753 de 2015, pues se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de textos normativos que hacen parte de leyes de la República.
4. Al respecto, recuerda la Sala que la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente(3), que la acción pública de inconstitucionalidad es una manifestación del derecho fundamental a la participación ciudadana. Específicamente, esta acción constituye un instrumento jurídico valioso, que permite a los ciudadanos defender el poder normativo de la Constitución y manifestarse democráticamente en relación con la facultad de configuración del derecho que ostenta el legislador (arts. 150 y 114 Superiores)(4). En efecto, la acción pública de inconstitucionalidad permite que se dé un diálogo efectivo entre el Congreso —foro central de la democracia representativa—; los ciudadanos en ejercicio —de la democracia participativa—, y el Tribunal Constitucional —a quien se encomienda la guarda e interpretación de la Constitución—(5). Así pues, esta acción desarrolla los principios previstos en los artículos 1º, 2º y 3º de la Carta, que definen a Colombia como un Estado Social de Derecho, democrático y participativo(6).
Ahora bien, aunque la acción de inconstitucionalidad es pública, popular(7), no requiere de abogado(8), ni exige un especial conocimiento para su presentación, el derecho político a interponer acciones públicas como la de inconstitucionalidad, no releva a los ciudadanos de observar unas cargas procesales mínimas que justifiquen debidamente sus pretensiones (art. 40-6 Superior).
Estos requisitos buscan, de un lado, promover el balance entre la observancia del principio pro actione, —que impide el establecimiento de exigencias desproporcionadas a los ciudadanos que hagan nugatorio en la práctica el derecho de acceso a la justicia para interponer la acción pública enunciada—, y de otro, asegurar el cumplimiento de los requerimientos formales mínimos exigibles conforme a la ley, en aras de lograr una racionalidad argumentativa que permita el diálogo descrito(9) y la toma de decisiones de fondo por parte de esta corporación(10).
Desde esta perspectiva, de conformidad con el principio pro actione, las dudas de la demanda deben interpretarse en favor del accionante(11) y la Corte debe preferir una decisión de fondo antes que una inhibitoria(12). Sin embargo, esta corporación no puede corregir ni aclarar los aspectos confusos o ambiguos que surjan de las demandas ciudadanas(13), “so pretexto de aplicar el principio pro actione, pues, se corre el riesgo de transformar una acción eminentemente rogada, en un mecanismo oficioso”(14), circunstancia que desborda el sentido del control de constitucionalidad que le compete por vía de acción.
En ese sentido, los presupuestos mínimos a los que se hace referencia buscan(15): (i) evitar que la presunción de constitucionalidad que protege al ordenamiento jurídico se desvirtúe a priori, en detrimento de la labor del legislador, mediante acusaciones infundadas, débiles o insuficientes; (ii) asegurar que este tribunal no produzca fallos inhibitorios de manera recurrente, ante la imposibilidad de pronunciarse realmente sobre la constitucionalidad de las normas acusadas, comprometiendo así la eficiencia y efectividad de su gestión; y (iii) delimitar el ámbito de competencias del juez constitucional, de manera que no adelante, de oficio, el control concreto y efectivo de las normas acusadas.
5. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, fija los requisitos mínimos de procedibilidad de las demandas de inconstitucionalidad, y exige que los ciudadanos: (i) señalen las disposiciones legales contra las que dirigen la acusación; (ii) delimiten las preceptivas constitucionales que consideran violadas; y (iii) expliquen las razones por las cuales estiman que tales normas superiores han sido desconocidas.
Esta corporación ha precisado que las razones presentadas por el demandante en el concepto de la violación deben ser conducentes para hacer posible el diálogo constitucional que se ha mencionado. Ello supone el deber para los ciudadanos de “formular por lo menos un cargo concreto, específico y directo de inconstitucionalidad contra la norma acusada, que le permita al juez establecer si en realidad existe un verdadero problema de índole constitucional y, por tanto, una oposición objetiva y verificable entre el contenido literal de la ley y la Carta Política”.(16)
6. En particular, la jurisprudencia de la Corte(17) ha determinado que el concepto de la violación requiere que los argumentos de inconstitucionalidad contra las normas acusadas sean: i) claros, esto es, que exista un hilo conductor en la argumentación que permita comprender el contenido de la demanda y las justificaciones que la sustentan; ii) ciertos, es decir, que recaigan sobre una proposición jurídica real y existente; iii) específicos, en la medida en que se precise la manera como la norma acusada vulnera un precepto o preceptos de la Constitución, con argumentos de oposición objetivos y verificables entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política; iv) pertinentes, lo cual implica que sean de naturaleza constitucional, y no legales y/o doctrinarios; y v) suficientes, al exponer todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio, que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la disposición acusada.
Solicitud de integración de la unidad normativa.
9. En su intervención, el Ministerio Público se refiere al cargo contra el numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 y propone que se aplique la integración normativa con las disposiciones orgánicas de presupuesto, que establecen restricciones para las vigencias futuras en el último año de gobierno de las entidades territoriales (par. 1º del art. 1º de la L. 1438/2001 y art. 12 de la L. 819/2003).
Considera la vista fiscal que la integración solicitada es necesaria, pues de no llevarse a cabo, se haría ineficaz la decisión de declarar inexequible el precepto acusado, que prohíbe la suscripción de contratos de APP en el último año de periodo, debido a que, en la práctica, las normas mencionadas impondrían la misma restricción prevista en la norma acusada. En ese sentido, indica que a través del mecanismo de integración normativa es preciso declarar la constitucionalidad condicionada del parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 1438 de 2001 y el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, en el entendido de que “la prohibición de autorización de vigencias futuras en el último año de gobierno de las entidades territoriales no opere para los proyectos de asociación pública privada (APP) que requieran desembolsos de recursos públicos de las entidades territoriales y solamente para los contratos surgidos con motivo de la Ley 1508 de 2012 y no a las demás tipologías contractuales”.
La jurisprudencia(18) ha señalado que la integración de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de tres eventos, a saber:
(iii) Cuando la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que a primera vista, presenta serias dudas sobre su constitucionalidad. Para que proceda la integración normativa en esta última hipótesis es preciso que concurran dos circunstancias: (1) que la norma demandada tenga estrecha relación con las disposiciones que no fueron cuestionadas y que conformarían la unidad normativa; y (2) que las disposiciones no acusadas parezcan inconstitucionales.(19)
La autonomía de las entidades territoriales.
Las prerrogativas que se derivan de la autonomía que se confiere a las entidades territoriales, se ejercen en los términos establecidos en la Constitución y la ley, y en este sentido, no son de carácter absoluto. En efecto, el legislador puede limitarlas, condicionarlas o restringirlas, cuando esté autorizado por otra disposición constitucional, siempre que tal limitación no afecte el núcleo esencial de la autonomía, y resulte necesaria, útil, y proporcionada al fin constitucional que se busca alcanzar.(20)
15. En este sentido, la Corte ha establecido que corresponde al legislador diseñar el modelo institucional del ejercicio del poder público en el territorio, y le está proscrito instituir reglas que limiten la autonomía de las entidades territoriales a tal punto que sólo desde una perspectiva formal o meramente nominal, pueda afirmarse que tienen capacidad para la gestión de sus propios intereses.(21)
Así pues, es preciso buscar un equilibrio entre la unidad y la autonomía, el cual se logra mediante un sistema de limitaciones recíprocas: de una parte, la autonomía está limitada por el principio de unidad, en virtud del cual, debe existir “uniformidad legislativa en lo que tenga que ver con el interés general nacional, puesto que la naturaleza del Estado unitario presume la centralización política, que exige unidad en todos los ramos de la legislación y en las decisiones de política que tengan vigencia para todo el territorio nacional, así como una administración de justicia común”(22); y de otra, la unidad encuentra un límite en el núcleo esencial de la autonomía territorial, que consiste en el margen de gestión que el constituyente y el legislador garantizan a las entidades territoriales para que planeen, programen, dirijan, organicen, ejecuten, coordinen y controlen sus actividades, en aras del cumplimiento de las funciones y fines del Estado.(23)
Entonces, el legislador está autorizado para fijar el alcance de la autonomía territorial, dentro de los límites mínimos y máximos que señala la Constitución, esto es, el núcleo esencial y el carácter unitario del Estado.(24) Concretamente, corresponde a la ley definir los intereses nacionales, y para ello puede intervenir en los asuntos locales siempre que no se trate de materias de competencia exclusiva de las entidades territoriales. En ese orden de ideas, deberá armonizar los intereses de las autoridades en los distintos niveles, los cuales, según el artículo 288 Superior, ejercen sus competencias dentro de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
En particular, la jurisprudencia constitucional ha establecido que, en materia presupuestal, el legislador cuenta con una mayor potestad para intervenir sobre los asuntos atinentes a la administración territorial. En efecto, por mandato del artículo 334 Superior, la dirección general de la economía corresponde al Estado y, en particular, al Congreso como titular de la función legislativa nacional, al gobierno y al Banco de la República. En ese sentido, es a través de las leyes que se fijan las políticas macroeconómicas de la Nación, por lo que la autonomía de las entidades territoriales no puede imposibilitar el adecuado diseño de tales políticas(25).
Autonomía territorial en materia de disposición de recursos.
Los primeros, son los recursos que se originan en fuentes exógenas de financiación, tales como las transferencias de recursos a los departamentos y municipios, las rentas cedidas, los derechos de participación en las regalías y compensaciones, y los recursos transferidos a título de cofinanciación. Sobre este tipo de recursos el legislador tiene mayor injerencia, pues puede definir su destinación.(26)
Los segundos hacen referencia a los recursos propios de las entidades territoriales, los cuales “deben someterse en principio a la plena disposición de las autoridades locales o departamentales correspondientes, sin injerencias indebidas del legislador”(27). Se trata de los rendimientos que provienen de la explotación de los bienes que son de propiedad exclusiva de las entidades territoriales o las rentas tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias propias.
En ese sentido, la jurisprudencia de esta corporación ha identificado eventos concretos en los que resulta legítima, desde una perspectiva constitucional, la intervención del legislativo en la destinación de los recursos propios de las entidades territoriales. Esta posibilidad concurre cuando (i) la intervención es señalada expresadamente por la Constitución; (ii) la medida es necesaria para proteger el patrimonio de la Nación, es decir, para conjurar amenazas sobre los recursos del presupuesto nacional; (iii) la intervención resulta conveniente para mantener la estabilidad económica interna y externa; y (iv) las condiciones sociales y la naturaleza de la medida así lo exijan, por trascender el ámbito simplemente local o regional.(28)
En todo caso, la intervención legislativa deberá someterse a los criterios de necesidad, utilidad y proporcionalidad en relación con el fin constitucional buscado por el Legislador. Si una norma desconoce los requisitos mencionados, viola la Constitución.(29)
Autonomía territorial en materia de planeación.
17. La planeación es el instrumento mediante el cual se definen las políticas que se implementarán para cumplir los fines estatales, al señalar los elementos indispensables para la ordenada ejecución de las obras y la prestación de los servicios en un período determinado. De esa manera se evita la improvisación y se proyecta el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles(30).
Así, las entidades territoriales elaboran sus planes de desarrollo (los cuales deben concordar con el plan nacional, en virtud del principio de unidad), de acuerdo con el programa de gobierno del gobernador o del alcalde. Al respecto la Corte ha determinado que “los candidatos se tornan planificadores y consolidan propuestas que contienen los programas y proyectos que a su entender responden a las expectativas y necesidades de la comunidad, y ésta, a través del voto, manifiesta cuál de ellas es la que efectivamente corresponde a sus aspiraciones”.(31)
18. Ahora bien, la planificación de la que son titulares las entidades territoriales no es absoluta, pues tanto los planes de desarrollo económico expedidos por las asambleas departamentales (art. 300-2, 330-33, 305-4 Superiores), como el proyecto de presupuesto anual presentado por el alcalde al concejo y aprobado por este último (arts. 315-5 y 313-2 de la Carta Política), deben corresponder a lo que disponga la ley.
En esa medida, las entidades territoriales gozan de autonomía para planificar y ésta se expresa en el hecho de que todo el procedimiento es de competencia local y seccional. Sin embargo, la planeación a la que se hace referencia obedece a parámetros fijados por la ley, de manera que se presenta la injerencia ex-ante del nivel central, que consiste en la fijación de las pautas generales.(32)
Las asociaciones público privadas en la Ley 1508 de 2012.
19. La Ley 1508 de 2012(33) instituye las asociaciones público privadas y las define como un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializa en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado. El negocio jurídico que se celebra se caracteriza porque tiene por objeto proveer bienes públicos y servicios relacionados, involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes, y prevé mecanismos de pago relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio del objeto del contrato (art. 1º).
De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de ley que dio origen a la normativa en cita(34), ésta tiene como finalidad generar las “(...) condiciones adecuadas y los incentivos correctos a los inversionistas, para desarrollar proyectos que vinculen capital privado en diferentes sectores de la economía nacional y que potencien el uso del mercado de capitales como fuente de financiamiento.”
Alcance de los contenidos normativos acusados.
21. El artículo 5º de la Ley 1508 de 2012, modificado por el artículo 37 de la Ley 1753 de 2015(35), se titula “Derecho a retribuciones” y establece que“[e]l derecho al recaudo de recursos por la explotación económica del proyecto, a recibir desembolsos de recursos públicos o a cualquier otra retribución, en proyectos de asociación público-privada, estará condicionado a la disponibilidad de la infraestructura, al cumplimiento de niveles de servicio, y estándares de calidad en las distintas unidades funcionales o etapas del proyecto, y los demás requisitos que determine el reglamento. (...)”.
El Gobierno reglamentará las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento de los derechos reales y de explotación sobre inmuebles, garantizando que su tasación sea acorde con su valor en el mercado y a las posibilidades de explotación económica del activo. Adicionalmente, se incluirán en dicha reglamentación las condiciones que permitan que el inversionista privado reciba los ingresos de dicha explotación económica o enajenación, condicionados a la disponibilidad de la infraestructura y al cumplimiento de los estándares de calidad y niveles de servicio pactados”. (Negrillas fuera del texto original).
“En las entidades territoriales el desarrollo de este tipo de proyectos se regirá, además, por las siguientes reglas: (...)
El numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 no desconoce la Constitución.
En ese orden de ideas, la limitación para suscribir contratos de APP responde a la restricción para el compromiso de vigencias futuras en el último año de gobierno de las autoridades locales, prevista en los artículos 12 de la Ley 819 de 2003(36) “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones” y 1º de la Ley 1483 de 2011(37) “por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales”.
En efecto, la libertad en mención es relativa, pues debe responder a normas generales que tienen por objeto una política macroeconómica coherente, coordinada, en la cual la contabilidad, los procedimientos de elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo respondan a patrones comunes (Sent. C-192/97). En este sentido, la norma objeto de reproche se adecúa a la política presupuestal adoptada a nivel central y corresponde a una prohibición recurrente en las leyes de esta naturaleza, que tiene como finalidad que las entidades territoriales no comprometan vigencias futuras en su último año de gobierno.
La expresión contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 transgrede el artículo 287 Superior.
1. Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, el numeral 6º del artículo 27 de la Ley 1508 de 2012 “por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.
2. Declarar INEXEQUIBLE la expresión “del orden nacional”, contenida en el parágrafo 4º del artículo 37 de la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’”.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Presidente—Carlos Bernal Pulido—Alejandro Linares Cantillo—Antonio José Lizarazo Ocampo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Iván Humberto Escrucería Mayolo (E)—Cristina Pardo Schlesinger, con impedimento aceptado—Alberto Rojas Ríos, con salvamento parcial de voto—José Antonio Cepeda Amarís (E).
1 Fl. 9.
2 La intervención es suscrita por el profesor Hugo Andrés Arenas Mendoza.
3 Ver entre otras las sentencias C-1095 de 2001, C-1143 de 2001, C-041 de 2002, A. 178 de 2003, A. 114 de 2004, C-405 de 2009, C-761 de 2009 y C-914 de 2010.
4 Corte Constitucional. Sentencia C-330 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6 Corte Constitucional. Sentencia C-128 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
7 Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-405 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11 Cfr. Sentencia C-533 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, C-100 de 2011, M.P. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-978 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Ver también la Sentencia C-533 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-358 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-304 de 2013, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-856 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas
17 Ver, entre otros, auto 288 de 2001 y sentencias C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, todas las providencias con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, y C-980 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
18 Ver Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada en las sentencias C-043 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-603 de 2016 (M.P: María Victoria Calle Correa).
19 Ver Sentencia C-539 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
20 Ver sentencias C-219 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-447 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
21 Sobre el particular, se pueden consultar las sentencias C-720 de 1999 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y C-579 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).
22 Ver Sentencia C-579 de 2001; M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
23 Sentencia C-1258 de 2001; M.P. Jaime Córdoba Triviño.
25 Sentencia C-579 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
26 Sentencia C-447 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
27 Sentencia C-219 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
28 Ver Sentencia C-089 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), reiterada en la Sentencia C-925 de 2006 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
30 Sentencia C-089 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
31 Sentencia C-538 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
32 Sentencia C-478 de 1992, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
33 “[P]or la cual se establece el régimen jurídico de las asociaciones público privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones”.
34 Proyecto de ley 160 de 2011 - Senado y 144 de 2011 – Cámara. Gaceta del Congreso 823 del 3 de noviembre de 2011.
35 “[P]or la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’.”
36 ART. 12.—“Vigencias futuras ordinarias para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.
PAR. TRANS.—La prohibición establecida en el inciso anterior no aplicará para el presente período de gobernadores y alcaldes, siempre que ello sea necesario para la ejecución de proyectos de desarrollo regional aprobados en el plan nacional de desarrollo”. (Negrillas fuera del texto).
37 ART. 1º—“Vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
PAR. 2º—El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma”. (Negrillas fuera del texto).

References: ARTÍCULO 287
 ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 27
 artículo 5
 artículo 241
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 288
 artículo 334
 artículo 5
 artículo 37
 artículo 27
 artículo 37
 artículo 287
 artículo 27
 artículo 37