Source: https://boe.vlex.es/vid/reglamento-reconocimiento-terrorismo-461294894
Timestamp: 2019-09-16 22:08:08+00:00

Document:
Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 461294894
Fecha de Entrada en Vigor: 19 de Septiembre de 2013
Marginal: BOE-A-2013-9680
CAPÍTULO I. Fallecimiento - arts. 6 a 8
CAPÍTULO II. Daños físicos o psíquicos - arts. 9 a 12
CAPÍTULO III. Secuestro - arts. 13 y 14
CAPÍTULO IV. Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia - arts. 15 a 19
CAPÍTULO V. Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero - arts. 20 a 22
TÍTULO II. Daños materiales - arts. 23 a 29
CAPÍTULO I. Asistencia inmediata - arts. 30 y 31
CAPÍTULO II. Ayudas para asistencia sanitaria y psicosocial complementaria - arts. 32 a 34
CAPÍTULO III. Ayudas educativas - arts. 35 a 39
CAPÍTULO IV. Ayudas en materia de vivienda pública - arts. 40 y 41
CAPÍTULO V. Ayudas extraordinarias y anticipos - arts. 42 y 43
CAPÍTULO VI. Derechos laborales - arts. 44 a 47
CAPÍTULO I. Procedimiento general para el reconocimiento de resarcimientos, indemnizaciones y ayudas - arts. 48 a 53
CAPÍTULO II. Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones - arts. 54 a 58
TÍTULO V. Reconocimientos y condecoraciones - arts. 59 a 65
TÍTULO VI. Tutela institucional a las víctimas del terrorismo - arts. 66 y 67
Norma citada en: 140 sentencias, 15 artículos doctrinales, 13 disposiciones normativas
Disposición transitoria segunda Aplicación retroactiva a quienes ya hubieran obtenido resarcimientos, indemnizaciones y ayudas.
Quienes, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, hubieran percibido como resultado total de los resarcimientos por daños personales, así como del abono, en su caso, de la indemnización por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuantía inferior a la señalada en el anexo I de la citada Ley, podrán solicitar el abono de las diferencias que pudieran corresponderles en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento.
En el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este reglamento podrán solicitarse resarcimientos por daños materiales derivados de acciones terroristas que hubieran tenido lugar desde el 1 de enero de 1960, cuando los mismos no hubieran podido ser resarcidos en su día por no estar previsto en el ordenamiento jurídico. En las mismas condiciones, salvo la limitación de plazo, podrán solicitarse ayudas educativas, por tratamientos médicos, asistencia psicopedagógica y extraordinarias.
Para los hechos cometidos antes de la entrada en vigor de este reglamento, el plazo de 5 años previsto en el artículo 49.4 para la concesión de condecoraciones empezará a contar desde el día siguiente al de la publicación de este reglamento.
TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales Artículos 1 a 67
El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a las víctimas de actos de terrorismo cometidos en territorio español o bajo jurisdicción española y a los amenazados por organizaciones y elementos terroristas conforme a lo establecido, respectivamente, en los artículos 3 y 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre.
Se aplicará igualmente el citado régimen a los hechos cometidos fuera del territorio español, siempre que las víctimas sean de nacionalidad española y concurra, además, alguna de las siguientes circunstancias:
Se aplicará igualmente el citado régimen a los españoles víctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional no comprendidos en el apartado anterior, en las condiciones previstas en el presente Reglamento.
Asimismo, será de aplicación el régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas en el presente reglamento a los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista.
El régimen de ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones reconocidas por el presente reglamento será de aplicación a los hechos que se hubieren cometido desde el 1 de enero de 1960.
Serán destinatarios de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones los afectados por las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento.
A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la acreditación de la condición de afectado tendrá lugar:
La concesión de las ayudas y prestaciones reconocidas en este reglamento se someterán a los principios que, para ser indemnizadas, se establecen en el Convenio Europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos.
Las resoluciones administrativas firmes dictadas por órganos de la Administración General del Estado de las que se derive el reconocimiento a los interesados de la condición de víctimas del terrorismo tendrán eficacia para la tramitación y resolución de los correspondientes expedientes administrativos que se instruyan al amparo de este reglamento, de conformidad con las previsiones que les sean de aplicación.
Artículo 4 Delimitación de las ayudas, resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones.
En el supuesto de fallecimiento de la víctima como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, se reconocerá, en los términos en él contemplados:
Las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 10, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado anterior.
Las personas que hayan sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento, tendrán derecho al abono del resarcimiento en las cuantías establecidas por el artículo 14 de este reglamento, así como a las indemnizaciones, ayudas y condecoraciones reconocidas en las letras c) a i) del apartado uno.
Las personas que hayan sufrido daños materiales derivados de las acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento y no estén incluidas en alguno de los supuestos anteriores, tendrán derecho a ser resarcidas por el Estado en los términos establecidos en el título II del presente Reglamento.
Los españoles que no formen parte de contingentes de España en el exterior y sean víctimas de atentados terroristas en el extranjero perpetrados por grupos que no operen habitualmente en España y que no estén dirigidos contra el Estado español ni contra intereses españoles tendrán derecho al abono por el Estado de los resarcimientos por daños personales en las cuantías establecidas por el artículo 21.
Artículo 5 Régimen especial de ayudas a las personas amenazadas.
TÍTULO I Daños personales Artículos 6 a 22
CAPÍTULO I Fallecimiento Artículos 6 a 8
Artículo 6 Titulares.
Serán titulares del derecho de resarcimiento por fallecimiento, con referencia a la fecha en que éste se hubiera producido:
De concurrir dentro de un mismo párrafo del apartado anterior varios beneficiarios, la distribución de la cuantía correspondiente al resarcimiento se efectuará de la siguiente manera:
A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona depende económicamente del fallecido cuando, en el momento del fallecimiento, viviera total o parcialmente a expensas de éste y no percibiera en cómputo anual rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 150 por ciento del indicador público de renta que correspondiera en aquel momento, también en cómputo anual.
Artículo 7 Cuantías.
Artículo 8 Gastos de sepelio e inhumación.
La Administración General del Estado abonará los gastos de traslado, sepelio e inhumación y/o incineración de las personas que fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista que no se hallen cubiertos por una póliza de seguro, hasta el límite de 6.000 euros.
Los gastos serán satisfechos previa presentación de las facturas correspondientes. Será necesario acompañarlas de la póliza de seguro que cubra estos gastos o de la declaración responsable de ausencia de tal seguro.
CAPÍTULO II Daños físicos o psíquicos Artículos 9 a 12
Artículo 10 Cuantías.
Las cuantías de los resarcimientos por daños personales serán las siguientes:
Las víctimas afectadas por un grado de incapacidad permanente tendrán derecho a que la ayuda sea incrementada en una cantidad fija de 20 mensualidades del indicador público de renta que corresponda, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos que dependiesen económicamente de la víctima en el momento del acto terrorista que causó la lesión.
Para la calificación de las lesiones a efectos de indemnización será preceptivo el dictamen emitido por el equipo de valoración de incapacidades que determine el Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que en todo caso se integrará una persona designada por el Ministerio del Interior, al efecto de la valoración del nexo causal de éstas con los actos terroristas.
El informe médico de síntesis consolidado se practicará por un facultativo perteneciente a los servicios médicos de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que el interesado tenga su residencia o, en su defecto, por órgano equivalente del servicio de salud pública de la Comunidad Autónoma.
Para las víctimas no residentes en el territorio nacional, el dictamen se emitirá a la vista de los informes periciales evacuados con motivo de las actuaciones penales seguidas y de los informes y pruebas complementarias que sea preciso recabar de la legación consular más próxima al lugar de residencia de la víctima.
La calificación de las lesiones invalidantes de los miembros de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil o Cuerpo Nacional de Policía se efectuará por sus respectivos órganos médico-periciales o tribunales. A estos efectos, se incorporará, en todo caso, una persona designada por el Ministerio del Interior para informar sobre la valoración del nexo causal.
La calificación de las lesiones permanentes no invalidantes podrá efectuarse, en su caso, por la asesoría médica adscrita a la unidad administrativa instructora de las ayudas e indemnizaciones, la cual podrá solicitar informes médicos complementarios a los diferentes servicios sanitarios públicos.
Artículo 12 Pagos a cuenta.
El sistema de pagos a cuenta se aplicará en los supuestos de incapacidad temporal y de lesiones invalidantes derivadas de acciones comprendidas en el ámbito de aplicación de este reglamento.
El Ministerio del Interior podrá anticipar hasta 18.030,36 €, a cuenta de la percepción de la ayuda definitiva en los casos en que, por la gravedad de las lesiones sufridas, sea razonable presumir una posterior declaración de incapacidad permanente total, absoluta o una gran invalidez de la víctima.
En los demás supuestos de lesiones invalidantes o de incapacidad temporal, las cantidades a cuenta serán equivalentes a las que resulte de multiplicar el duplo del indicador público de renta vigente en la fecha en la que se produjo la lesión, por los días de incapacidad, teniendo su abono una periodicidad trimestral.
CAPÍTULO III Secuestro Artículos 13 y 14
Artículo 13 Titulares.
Artículo 14 Cuantía.
CAPÍTULO IV Abono de la responsabilidad civil fijada en sentencia Artículos 15 a 19
Artículo 15 Titulares.
Artículo 16 Cuantía.
Las obligaciones asumidas por el Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se extenderán al pago de las indemnizaciones que traigan causa de las siguientes contingencias:
La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia no excederá de las siguientes cuantías:
En ningún caso el abono previsto en este capítulo supone la asunción de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.
Cuando las personas a las que se refiere el artículo 15 hubieren percibido el resarcimiento por daños personales, la cuantía del abono extraordinario de la responsabilidad civil por parte del Estado se extenderá únicamente a la diferencia que pueda existir entre la cantidad fijada por responsabilidad civil en sentencia firme, con los límites establecidos en el apartado tercero del artículo anterior, y la percibida por daños personales.
Artículo 18 Subrogación del Estado en las acciones de responsabilidad civil.
El Estado se subrogará en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y prestaciones recibidas en aplicación de esta Ley puedan ejercer contra los responsables de los actos de terrorismo hasta el límite de la indemnización satisfecha por el Estado. A estos efectos deberán, con carácter previo a la percepción de las ayudas y prestaciones, transmitir al Estado las acciones civiles correspondientes.
A tales fines, las personas que tengan derecho a ser indemnizadas acompañarán a su solicitud el documento por el que transmiten al Estado las acciones derivadas de la responsabilidad civil que pudieran corresponderles.
Artículo 19 Comunicación con los órganos jurisdiccionales.
CAPÍTULO V Ayudas excepcionales por daños sufridos en el extranjero Artículos 20 a 22
Artículo 20 Titulares.
Artículo 21 Cuantía.
Si el español tiene su residencia habitual en el país en que se produce la acción terrorista, le corresponderá el 50 % de las cantidades fijadas para los supuestos de fallecimiento, daños personales y secuestro en los artículos 7, 10 y 14 de este reglamento.
Si el español no tuviera residencia habitual en dicho país, la ayuda a percibir será del 40 % de las cantidades señaladas en los artículos citados en el apartado precedente.
Artículo 22 Carácter subsidiario.
Esta ayuda tendrá carácter subsidiario de las que pudieran ser reconocidas a la víctima por el Estado donde se produzca el atentado. A tal efecto, el órgano instructor podrá recabar la información pertinente a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Únicamente se abonará la ayuda excepcional prevista en este capítulo cuando el beneficiario no reciba indemnización o ayuda del Estado donde se cometió el hecho o cuando la reciba por importe inferior a la prevista en el artículo anterior, y en este caso sólo por la diferencia. Si el Estado español hubiese satisfecho una ayuda excepcional y luego el beneficiario percibiera otra del Estado donde se cometió el hecho, estará obligado a reintegrar la primera, en todo o en parte según proceda.
TÍTULO II Daños materiales Artículos 23 a 29
Los resarcimientos por daños materiales comprenderán los causados en las viviendas, en los establecimientos mercantiles e industriales o en elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos políticos, de sindicatos o de organizaciones sociales y los producidos en vehículos, con los requisitos y limitaciones establecidos en el presente real decreto.
Los resarcimientos tendrán carácter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados de contrato de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos. El conjunto de resarcimientos no podrá superar, en ningún caso, el valor del daño producido.
Artículo 24 Daños en viviendas.
En las viviendas habituales serán objeto de resarcimiento los daños sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que aquéllas recuperen sus condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos que la Administración considere que tienen carácter suntuario.
Se entenderá por vivienda habitual, a los efectos de este reglamento, la edificación que constituya la residencia de una persona o unidad familiar durante un período de, al menos, seis meses al año. Igualmente se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de ocupación de ésta en tiempo inferior a un año, siempre que se haya residido en ella un tiempo equivalente, al menos, a la mitad del transcurrido desde la fecha en que hubiera comenzado la ocupación.
Los gastos derivados del alojamiento provisional de las personas que tengan que abandonar temporalmente su vivienda, se abonarán mientras duren las obras de reparación, con el límite de 90 euros diarios si el alojamiento tiene lugar en un establecimiento hotelero, o de 1.500 euros mensuales si se trata del alquiler de una vivienda.
A estos efectos el Ministerio de Interior podrá celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Públicas u organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de catástrofe o siniestro.
Artículo 26 Daños en establecimientos mercantiles o industriales.
Con independencia de estas reparaciones, la Administración General del Estado, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando quedara interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de pérdida de sus puestos de trabajo, podrá subsidiar préstamos destinados a reanudar dicha actividad.
También podrá celebrar la Administración General del Estado convenios con entidades de créditos a bajo interés, con la finalidad indicada en el apartado precedente.
Artículo 27 Daños en sedes de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
Igualmente, serán resarcibles los daños de esta naturaleza sufridos en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en la cuantía anteriormente precisada.
Artículo 28 Daños en vehículos.
Serán resarcibles los daños sufridos en vehículos particulares, así como en los destinados al transporte terrestre de personas o mercancías, siempre que se disponga de póliza de seguro obligatorio de vehículo vigente en el momento del daño, cuando ésta sea exigible según la normativa reguladora de dicho seguro.
El resarcimiento comprenderá el importe de los gastos necesarios para su reparación. En caso de destrucción del vehículo, o si la reparación es superior al valor venal, la indemnización abarcará el importe en el mercado de un vehículo de similares características y condiciones de uso al siniestrado, hasta el límite de 30.500 euros. El informe pericial hará constar el valor de las reparaciones o el de reposición, según proceda.
Artículo 29 Tasación de daños materiales.
La tasación pericial de los daños materiales se realizará por los servicios competentes del Consorcio de Compensación de Seguros, que tendrá derecho al abono por parte de la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores de seguros.
En la tasación pericial habrán de valorarse tanto los daños indemnizables por el Consorcio, con arreglo a su propia normativa, como los resarcibles por la Administración, conforme a lo dispuesto en este reglamento.
TÍTULO III Asistencia inmediata, ayudas y derechos sociales Artículos 30 a 47
CAPÍTULO I Asistencia inmediata Artículos 30 y 31
Artículo 30 Asistencia psicológica y psiquiátrica inmediata.
Artículo 31 Asistencia sanitaria de urgencia.
La asistencia sanitaria de urgencia se prestará por los órganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento.
Las autoridades sanitarias y el personal de dirección de los establecimientos sanitarios adoptarán procedimientos específicos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las víctimas sobre el estado de éstas. El Ministerio del Interior recabará de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta información precise para la debida prestación de los servicios de atención a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.
CAPÍTULO II Ayudas para asistencia sanitaria y psicosocial complementaria Artículos 32 a 34
Artículo 32 Tratamientos médicos y asistencia sanitaria complementaria.
Para justificar la necesidad y la no cobertura pública o privada de la ayuda se acompañará a la solicitud un informe médico acreditativo de la misma y una certificación de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. El órgano instructor podrá recabar la certificación anterior, previo consentimiento del interesado, cuando el sistema de aseguramiento o previsión sea público.
Estos gastos podrán ser abonados directamente a la entidad prestataria o al destinatario de la ayuda, previa presentación de la factura original acreditativa.
Artículo 33 Tratamiento psicológico.
A tal efecto, la Administración General del Estado podrá establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Públicas o con entidades privadas especializadas en dicha asistencia.
Artículo 34 Apoyo psicopedagógico.
CAPÍTULO III Ayudas educativas Artículos 35 a 39
Artículo 35 Titulares.
Artículo 36 Contenido.
Las citadas ayudas podrán concederse para iniciar o proseguir enseñanzas en las cuantías que se indican por cada curso escolar:
Estas cantidades se incrementarán en un 20 % siempre que el centro de estudios diste, al menos, 50 km de la localidad en la que se encuentre el domicilio familiar, y en un 40 % si la asistencia al citado centro implica cambio de residencia respecto del domicilio familiar.
En los niveles de bachillerato o formación profesional media o superior, enseñanzas universitarias conducentes al título de grado, máster universitario, enseñanzas de idiomas y otros estudios superiores no integrados en la universidad, serán de aplicación los requisitos académicos de matriculación y carga lectiva superada establecidos en el capítulo III del Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de becas y ayudas al estudio.
De manera motivada, el Ministerio del Interior podrá eximir del cumplimiento de los requisitos académicos mínimos al solicitante de la ayuda, atendiendo a la fecha de comisión del atentado terrorista o a su repercusión en el solicitante y/o en su ámbito familiar.
Artículo 39 Tasas académicas.
CAPÍTULO IV Ayudas en materia de vivienda pública Artículos 40 y 41
Artículo 40 Vivienda pública.
A estos efectos, los planes estatales de vivienda incluirán medidas específicas para facilitar el acceso a las viviendas de protección pública en régimen de propiedad o arrendamiento. En particular, dichas medidas podrán exonerar la aplicación de requisitos de umbrales de renta familiar cuando las secuelas que se deriven del atentado terrorista padecidas sean de tal entidad que obliguen a cambio de vivienda.
Artículo 41 Ayudas para la adaptación de vivienda.
CAPÍTULO V Ayudas extraordinarias y anticipos Artículos 42 y 43
Artículo 42 Ayudas extraordinarias.
El Ministerio de Interior podrá conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas por el régimen de ayudas e indemnizaciones previstas en este reglamento.
En los supuestos de daños personales, las ayudas podrán cubrir necesidades sociales, sanitarias, psicológicas o educativas, previa evaluación efectuada por los órganos competentes del Ministerio del Interior.
Las personas que acrediten la condición de amenazado podrán percibir ayudas que faciliten el traslado de localidad, abandono de vivienda, gastos de escolarización y otros que guarden relación con dicha situación.
Estas ayudas serán compatibles con las ayudas ordinarias reguladas por este reglamento y podrán ser solicitadas por las víctimas o familiares que convivan con ellas, o bien ser promovidas de oficio por el Ministerio de Interior, en atención a la necesidad detectada, elevándose por el órgano competente en materia de ayudas y resarcimientos a las víctimas del terrorismo la propuesta de concesión al titular del Ministerio del Interior.
Artículo 43 Anticipos.
CAPÍTULO VI Derechos laborales Artículos 44 a 47
Artículo 44 Derechos laborales.
Artículo 45 Derechos de los empleados públicos.
Artículo 46 Políticas activas de empleo.
Artículo 47 Convenios con empresas para facilitar la contratación de víctimas del terrorismo.
TÍTULO IV Procedimientos Artículos 48 a 58
CAPÍTULO I Procedimiento general para el reconocimiento de resarcimientos, indemnizaciones y ayudas Artículos 48 a 53
Artículo 48 Iniciación del procedimiento
El procedimiento para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y prestaciones reguladas en el presente reglamento se iniciará mediante solicitud de persona interesada, directamente o por medio de un representante acreditado por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, debiendo formalizarse aquella conforme a los modelos contenidos en el anexo. Las solicitudes estarán igualmente disponibles para su cumplimentación y presentación en la sede electrónica del Ministerio del Interior en la dirección https://sede.mir.gob.es.
Los procedimientos de concesión de las condecoraciones previstas en el artículo 60 se iniciarán a solicitud del interesado o de las personas indicadas en el artículo 6 de este reglamento para, por orden de presentación de la solicitud, instar la que correspondiera a la persona fallecida. No obstante, este procedimiento podrá también iniciarse de oficio por el Ministerio del Interior, previa consulta con los destinatarios, cuando tuviese conocimiento de los hechos que pudieran dar lugar al reconocimiento.
La presentación de solicitudes podrá realizarse en el registro general del Ministerio del Interior, en los registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas o de cualquier Entidad Local que hubiese suscrito el oportuno convenio, en las Oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica a través del registro electrónico del Ministerio del Interior (https://sede.mir.gob.es).
Artículo 49 Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes de indemnización por daños personales o materiales será de un año, a contar desde el día en que se produjeron los daños.
El plazo de presentación de solicitudes de ayudas al estudio será de tres meses desde la formalización de la matrícula del curso para el que se solicita la ayuda.
El plazo para solicitar las condecoraciones previstas en el artículo 60 será de cinco años a contar desde la comisión del acto terrorista o desde que la Administración Pública tuviera conocimiento del mismo.
Artículo 50 Subsanación y mejora de la solicitud.
El plazo mencionado en el apartado anterior podrá ser ampliado hasta 5 días, a petición de la persona interesada o a iniciativa del órgano instructor, cuando la aportación de documentos requeridos presente dificultades especiales.
Artículo 51 Instrucción del procedimiento.
Los procedimientos se ajustarán a lo dispuesto en este título y, en lo no previsto, a las previsiones generales contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y en la normativa de desarrollo de las anteriores.
No se requerirá la aportación documental del interesado referida a hechos notorios o circunstancias cuya acreditación conste en los antecedentes o archivos de la Administración actuante.
Si durante la instrucción de un procedimiento de concesión de indemnización por el fallecimiento de una persona como consecuencia de atentado terrorista se advierte la existencia de otras personas que sean titulares de este derecho al mismo nivel que el primer solicitante siguiendo el orden de prelación previsto en el artículo 6 de este reglamento, cuya identificación resulte del expediente, se comunicará a estas personas, a instancia de parte o de oficio por el órgano instructor, la tramitación de este procedimiento para su consideración como parte interesada.
Corresponderá al Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos de concesión de las condecoraciones, quedando facultada para interesar de toda clase de tribunales, autoridades, centros oficiales y entidades, los informes que estime convenientes, en orden a la determinación de la procedencia del otorgamiento, en su caso. En todo caso, la condición de víctima del terrorismo o ileso quedará acreditada mediante informe del Ministerio del Interior, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este reglamento.
Artículo 52 Suspensión del procedimiento.
El transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
Asimismo, el transcurso del plazo máximo legalmente previsto para resolver y notificar la resolución se podrá suspender cuando se encuentre pendiente un proceso judicial del orden penal contra los responsables del acto terrorista que haya producido los daños sobre los que se solicita indemnización, por el tiempo que medie desde la petición al órgano jurisdiccional hasta la fecha de certificación de la firmeza de la sentencia o de la resolución judicial que proceda y no ejecución de la responsabilidad civil derivada de delito.
La resolución será dictada por el titular del Ministerio del Interior, salvo en el supuesto de concesión de condecoraciones, que corresponderá a los órganos previstos en el artículo 60.2.
El plazo máximo para resolver y notificar será de doce meses, salvo en el caso de las ayudas al estudio, que será de seis meses.
Transcurridos los plazos máximos para resolver sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
CAPÍTULO II Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo en situaciones transfronterizas el reconocimiento de las indemnizaciones Artículos 54 a 58
Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a la tramitación y resolución de los procedimientos para el reconocimiento de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas reconocidos en este reglamento, cuando los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2 se hayan cometido en España y el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Las disposiciones de este título también serán de aplicación, cuando el lugar en que se cometa el delito sea un Estado miembro de la Unión Europea distinto a España y el solicitante de la ayuda tenga su residencia habitual en España. En este caso, la autoridad de asistencia llevará a cabo las funciones previstas en el artículo 55, a los efectos de cooperar en la iniciación y tramitación de los procedimientos para el reconocimiento de las ayudas e indemnizaciones reconocidas por el Estado miembro de la Unión Europea en el que se haya cometido el delito.
Artículo 55 Designación y funciones de la autoridad de asistencia.
El Ministerio del Interior actuará como autoridad de asistencia en los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, para que el solicitante pueda acceder, desde España, al resarcimiento que proceda, en su caso, por el Estado en cuyo ámbito territorial se cometió el delito.
A estos efectos, el Ministerio del Interior facilitará al solicitante de la ayuda:
Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de asistencia, deberá:
Artículo 56 Autoridad de decisión.
Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:
Asimismo, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante tenga su residencia habitual, a fin de oír al solicitante o a cualquier otra persona si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
Artículo 57 Impresos para la transmisión de solicitudes y comunicación de la resolución.
Artículo 58 Recurso administrativo.
Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia:
Asimismo, el órgano al que corresponde la tramitación del recurso podrá recabar la cooperación de la autoridad de asistencia del Estado donde el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual, para oír al interesado o a cualquier otra persona, si lo estima necesario, para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos y datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.
TÍTULO V Reconocimientos y condecoraciones Artículos 59 a 65
Artículo 59 Condecoraciones.
Artículo 60 Grados y concesión.
La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo comprende los siguientes grados:
El titular del Ministerio del Interior elevará a la aprobación del Consejo de Ministros los proyectos de Reales Decretos de concesión del grado de la Gran Cruz y concederá, mediante Orden y en nombre de Su Majestad el Rey, el grado de Encomienda.
El Gran Canciller de la Real Orden será el titular del Ministerio del Interior y el Canciller de la misma el titular de la Subsecretaría del Departamento.
Artículo 61 Carácter de las condecoraciones y tratamiento que otorgan.
Las condecoraciones tendrán carácter personal e intransferible.
La Gran Cruz otorga tratamiento de excelencia y la Encomienda de ilustrísimo señor o ilustrísima señora.
Artículo 62 Descripción de las condecoraciones.
Artículo 63 Expedición de títulos y Libro Registro.
La Cancillería de la Real Orden, una vez otorgada una condecoración, expedirá el título correspondiente, que estará autorizado con la estampilla de la firma de Su Majestad el Rey e irá firmado por el Gran Canciller de la Real Orden.
La concesión de las condecoraciones reguladas en este título se harán constar en un Libro Registro.
Artículo 64 Uso y efectos de las condecoraciones.
Artículo 65 Actos de homenaje y reconocimiento a las víctimas del terrorismo.
TÍTULO VI Tutela institucional a las víctimas del terrorismo Artículos 66 y 67
Artículo 66 Informe sobre la situación de las víctimas del terrorismo.
Artículo 67 Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo.
Real Decreto 1071/1983, de 16 de Marzo, por el que se aprueban las Normas reglamentarias de Procedimiento para la Ejecucion de la Ley 6/1982, de 29 de ...
ORDEN FORAL 1482/2002, de 30 de septiembre, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el expediente de modificación del Plan Municipal de Ergoiena, en parcela 348 del polígono 7 de Dorrao, promovido por don Miguel Razquin Unanua y doña Juana Lizarraga Yaben.

References: artículo 49
 resolución 

Artículo 4
 artículo 10
 artículo 14
 artículo 21

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 15

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36
 Real Decreto 

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 artículo 60
 artículo 6

Artículo 49
 artículo 60

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 6
 artículo 3

Artículo 52
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 60
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 55

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 resolución 

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Real Decreto