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Timestamp: 2016-05-28 13:42:51+00:00

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Las reformas constitucionales en materia electoral
Las reformas constitucionales en materia electoral, divididas para su estudio en tres generaciones, se han realizado en casi cuatro décadas y permiten el tránsito concertado (y relativamente pacífico) a un sistema electoral y de partidos competitivo, centrado en la lógica de multipartidismo moderado. Esas reformas modificaron las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones, las reglas de integración de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como las condiciones de la competencia electoral.
Las reforma electoral del 2007, exigencia y producto de las carencias y distorsiones que se mostraron en mayor magnitud en el proceso electoral del 2006, define la necesidad permanente de adecuar y revisar paulatinamente las reglas que rigen el juego democrático.
En los años de 1972 y 1973 el gobierno del presidente Echeverría impulsó una reforma constitucional y una nueva ley electoral como parte de su proyecto de "apertura democrática", estrategia con la que se trataba de cerrar las heridas abiertas por las represiones a los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971. Los cambios fueron mínimos y no facilitaron la entrada de nuevos partidos:
Se redujo la edad para ser diputado de 25 a 21 años y para ser senador de 35 a 30 (ya en 1970 se había reducido la edad para votar, de 21 a 18 años).
Se disminuyó el porcentaje de votación, de 2.5% a 1.5%, para que los partidos de oposición tuvieran acceso a los diputados de partido, en respuesta al hecho, constatado entre 1964 y 1970, de que difícilmente el PPS y el PARM llegaban al 2.5%.
Se otorgó a los partidos la prerrogativa de acceso gratuito a radio y televisión en tiempos electorales.
Se otorgó un representante en la Comisión Federal Electoral con voz y voto a cada partido político; anteriormente estaban representados sólo tres partidos, independientemente del número de ellos con registro.
Sin embargo, el cambio que supuestamente permitiría la aparición de nuevos partidos finalmente endureció los requisitos para el registro, porque a pesar de que disminuyó la cantidad de afiliados de 75,000 a 65,000 a nivel nacional, así como la correspondiente a la afiliación por entidad de 2,500 a 2000, añadió el requisito de contar con un mínimo de 25 afiliados por municipio en al menos la mitad de los municipios de las entidades en que acreditara presencia; siendo el obstáculo final que cerró el paso a nuevos partidos.
Con la reforma política de 1977, promovida por el gobierno del presidente José López Portillo, inició un proceso de liberalización, es decir, un proceso de apertura gradual y controlada del régimen político autoritario respecto al sistema electoral y de partidos.
Esta reforma electoral fue la respuesta del gobierno y el partido hegemónico al conjunto de tensiones políticas, electorales y extra-electorales que habían ido creciendo, desde las movilizaciones estudiantiles y populares de 1968-1971 y la salida sangrienta que les dio el gobierno, el sindicalismo independiente, el surgimiento de movimientos guerrilleros en el campo y las ciudades, así como el desgaste del sistema electoral que condujo a la candidatura solitaria de José López Portillo, entre otros factores,
El propósito de la reforma era inyectar una dosis de legitimidad a un sistema político-electoral que, si bien no se enfrentaba a una crisis de gravedad, vivía un proceso de deterioro que podría conducirlo a una crisis en el futuro.
Se reformó la Constitución y se elaboró una Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (la LFOPPE) que introdujo modificaciones importantes en el funcionamiento del sistema electoral mexicano.
Se asignaron atribuciones a la Comisión Federal Electoral (CFE), máximo organismo electoral colegiado, que antes estaban en manos de la Secretaría de Gobernación, tales como el otorgamiento o la cancelación del registro legal de los partidos.
Se mantuvo la representación paritaria de los partidos en la CFE (introducida en la ley de 1973), las comisiones locales y los comités distritales, en virtud de la cual a cada partido correspondía un comisionado con voz y voto.
El artículo 41 constitucional estableció la figura de los partidos políticos como "entidades de interés público", definiéndose tres prerrogativas fundamentales para su desarrollo: el derecho al uso permanente de los medios de comunicación; el derecho a contar, en forma equitativa, con un mínimo de elementos para llevar a cabo sus actividades, y el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
Se introdujo la figura de "registro condicionado" que permitió la obtención del registro legal a los partidos que acreditaran al menos cuatro años de actividad política sostenida y demostraran representar una corriente política definida. Este registro se transformaba en definitivo si el partido lograba al menos el 1.5% de los votos, una proporción poco exigente. Por esta vía, obtuvieron su registro en 1979, el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM). En 1982 lo obtuvo el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y tres años más tarde el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).
Se sistematiza todo un capítulo de la ley electoral dedicado a las prerrogativas de los partidos políticos, integrando las que ya existían desde la reforma de 1963 (la exención del pago de cuatro impuestos) y la de 1973 (franquicias postales y telegráficas y acceso a radio y televisión durante los periodos de campaña electoral) y creando otras dos nuevas: contar con los medios adecuados para sus tareas editoriales (papel, impresión, medios para sostener sus cuerpos de redactores, etc.), y contar en forma equitativa, durante los procesos electorales federales, con un mínimo de elementos materiales para sus actividades (folletos, carteles, etc.).
Se convierte en permanente el acceso a radio y televisión y no solamente durante los procesos electorales.
Respecto al desarrollo del proceso electoral, hay modificaciones sustanciales como lo relativo a los tiempos de entrega de los paquetes electorales de las casillas a los comités distritales. La ley de 1973 daba una semana completa de margen para dicha entrega, lo cual facilitaba la manipulación de los resultados electorales. La Ley de 1977 disminuyó los tiempos hasta un máximo de 72 horas para las zonas rurales y un mínimo de 24 para casillas urbanas en cabecera de distrito. Además transformó la violación sin causa justificada de dichos tiempos en una causal de nulidad de la votación recibida en la casilla.
Se modificó la integración de la cámara de diputados con la finalidad de dar márgenes mayores de representación a los partidos minoritarios. Se estableció un sistema mixto que combinó el principio de representación de mayoría relativa (fijado ahora en 300 diputados electos en distritos uninominales) con el de representación proporcional (hasta 100 diputados electos en circunscripciones plurinominales). Este último estaba reservado exclusivamente para los partidos de oposición, porque el requisito para participar en la asignación era haber obtenido menos de sesenta triunfos de mayoría.
Mantuvo el sistema de autocalificación, por el que las cámaras de diputados y senadores calificaban su propia elección y resolvían las impugnaciones. La elección presidencial seguía siendo calificada por la Cámara de Diputados erigida en colegio electoral, predominando el criterio político sobre el jurisdiccional. De poco sirvió la introducción del recurso de reclamación que los partidos políticos podrían interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar las resoluciones del colegio electoral de la cámara de diputados, porque finalmente la última palabra la tenía el mismo colegio electoral.
Segunda generación. La reforma electoral de 1996
La crisis electoral de 1988, con la consabida "caída del sistema" había herido al sistema de partido hegemónico. La cerrazón total del gobierno del presidente Salinas ante los posibles triunfos del PRD en diversos niveles que condujo a interminables historias de fraude, protestas y muertes de perredistas, que pusieron en duda la calidad y credibilidad de las elecciones sucedidas en México.
Pasado el trágico año de 1994 (levantamiento armado zapatista, muerte del candidato presidencial del PRI, secuestros notables, crisis transicional con la salida del poder de la familia Salinas, problemas de inestabilidad financiera, etc.), el dilema del presidente Ernesto Zedillo era muy claro: si persistía en la línea de Salinas de negar los triunfos de opositores, o de aceptar solamente algunos del PAN, sería necesario aplicar dosis crecientes de represión y por lo tanto la inestabilidad política se traduciría en estancamiento económico. La necesidad de una nueva reforma era imperiosa y el presidente Zedillo lo entendió.
Entre el 1º de diciembre de 1994 y el 1º de agosto de 1996 transcurrió el proceso de discusión y negociación entre los partidos políticos y el gobierno en torno a los puntos básicos de la reforma "definitiva". Acercamientos, rupturas, retiro de algunos partidos de la mesa de negociación, caracterizaron esos veinte meses, al final de los cuales se produjo finalmente el consenso en torno a la reforma constitucional. Tres meses y medio más debieron transcurrir para que los cambios constitucionales pudieran traducirse en reformas de detalle a cinco ordenamientos legales: el COFIPE, una nueva Ley de medios de impugnación, la Ley orgánica del Poder Judicial, la Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional y el Código penal.
Sin embargo, la virtud de la reforma constitucional, que se produjo por medio del consenso de los cuatro partidos con representación parlamentaria, se perdió a la hora de discutir y aprobar la reforma a la legislación secundaria, de tal manera que debido a los desacuerdos en torno a la propuesta del PRI sobre financiamiento a los partidos, se rompieron los consensos y el partido gobernante aprobó sólo la reforma al COFIPE en las dos cámaras. Este hecho empañó la reforma electoral de 1996, a pesar de los avances que logró. Estos fueron:
Se concluyó el retiro de la representación del poder ejecutivo en el Consejo General del IFE; de tal manera que el secretario de Gobernación, quien tradicionalmente presidía el máximo organismo electoral, dejó de participar en él.
El Consejo General se integra por un Consejero Presidente y ocho Consejeros Electorales con voz y voto, los cuales son propuestos por los grupos parlamentarios y elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Estos consejeros duran en su cargo siete años y no pueden tener otro empleo remunerado (a diferencia de la situación de los consejeros ciudadanos de la reforma de 1994). La toma de todas las decisiones en el Consejo ahora corresponde a estos nueve consejeros.
Asisten a las sesiones del Consejo General, con voz pero sin voto, consejeros del Poder Legislativo (un consejero por cada partido con grupo parlamentario) y representantes de los partidos políticos (uno por cada partido).
Se crea la figura del Secretario Ejecutivo, que concentra las atribuciones que el COFIPE anterior reservaba al director general y al secretario general. Es nombrado por las dos terceras partes del consejo a propuesta del consejero presidente.
Se introdujo la existencia de comisiones permanentes por medio de las cuales los consejeros ciudadanos supervisan el trabajo de las direcciones ejecutivas. Cada consejero preside una comisión supervisora y el director ejecutivo respectivo se integra a la comisión como secretario técnico.
A nivel distrital y local se estableció el nombramiento de los respectivos consejeros electorales a propuesta de los consejeros del nivel inmediatamente superior, a diferencia del sistema anterior que partía de las propuestas de las juntas respectivas.
El uso de un padrón electoral técnicamente diseñado y estrechamente vigilado por los partidos, que inició en 1991 con el levantamiento de un censo electoral del cual surgió un nuevo padrón, que en 1994 iría acompañado por una credencial para votar con fotografía y en 1997 por una lista nominal, igualmente con fotografía.
Desapareció el registro condicionado de los partidos políticos. Queda solamente la vía del registro definitivo, cuyo diseño cambió: ahora se debe acreditar en 10 entidades, o bien demostrar afiliados en la tercera parte de los distritos (100). El criterio numérico total, que antes se establecía en 65,000 afiliados en todo el país, ahora se fija en el 0.13% del padrón de la elección inmediatamente anterior al de la elección para la cual se solicita el registro. Los partidos interesados en obtener su registro para 1997 debían acreditar la cantidad de 61,724 afiliados, de acuerdo al padrón de 1994, cantidad ligeramente inferior a la que planteaba el requisito anterior (65,000). También se elevó de 1.5% a 2% el porcentaje requerido para que un partido pueda conservar su registro y sus prerrogativas.
La regulación de las coaliciones mantuvo la misma lógica restrictiva que se ha mantenido desde el COFIPE original de 1990. La más importante fue la supresión del artículo decimoséptimo transitorio del COFIPE que regulaba la realización de coaliciones para la elección de jefe de gobierno y de diputados de la Asamblea del Distrito Federal, lo que tornó imposible la postulación conjunta de candidatos en esa entidad, una de las más competidas del país.
En materia de financiamiento de los partidos se introdujo el precepto de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado, de tal manera que se ha consolidado un modelo en el que los partidos tienden a depender en lo fundamental del erario público.
Sobre el financiamiento público se establecieron dos grandes partidas: la primera para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, y la segunda para las actividades relativas a la obtención del voto durante los procesos electorales. En ambos casos, el 30% del financiamiento público total se distribuye entre los partidos de manera igualitaria y el 70% restante de acuerdo a su porcentaje de votos en la elección inmediatamente anterior.
El financiamiento público también incluye una tercera por gastos en actividades específicas de los partidos como entidades de interés público, la cual consiste en el apoyo que el IFE puede otorgar hasta por el 75% de los gastos comprobados en educación y capacitación política, investigación y tareas editoriales.
Una de las modificaciones más relevantes se refiere al nuevo papel del Tribunal Electoral, ahora incorporado al Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El nuevo TEPJF es ya la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, tanto en el ámbito federal (diputados, senadores y ahora también de presidente de la república), como en el local (actuando como última instancia por encima de autoridades y tribunales locales). El TEPJF consta de una Sala Superior que funciona como segunda instancia (integrada por siete magistrados, nombrados para un periodo de diez años improrrogables, con sede en el D.F.) y cinco Salas Regionales que funcionan como primera instancia (con tres magistrados cada una, nombrados para un periodo de ocho años improrrogables, cuyas sedes están ubicadas en las capitales de las cabeceras de cada una de las circunscripciones plurinominales). La Cámara de Senadores nombra a los magistrados, por votación de mayoría calificada de dos tercios, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El sistema de medios de impugnación se perfeccionó y adecuó a las nuevas características del Tribunal que ahora forma parte del Poder Judicial, integrándose en una ley específica, la cual recoge cuatro medios que ya existían antes en el COFIPE y establece dos nuevos. Los primeros son el recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad (que antes se llamaba recurso) y el recurso de reconsideración.
Corresponde a la Sala Superior del Tribunal la realización del cómputo final de la elección presidencial una vez resueltos los juicios de inconformidad que hubieren sido interpuestos, a partir de lo cual emite la declaración de validez y la declaración de presidente electo.
Ahora el Tribunal puede resolver las impugnaciones contra resoluciones de las autoridades electorales de las entidades, por medio del juicio de revisión constitucional, siempre y cuando sea antes de la fecha de instalación o de toma de posesión de los órganos o los funcionarios elegidos.
La reforma detalló dos atribuciones específicas en materia electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera consiste en que puede decidir acerca de la interpretación de algún precepto constitucional en materia electoral sobre el cual se haya pronunciado alguna de las salas del Tribunal, por medio de una contradicción de tesis (artículo 99 de la CPEUM). La segunda es que puede resolver acciones de inconstitucionalidad iniciadas por los partidos políticos en contra de leyes electorales federales o locales (artículo 105 de la CPEUM).
En la Cámara de diputados se mantuvo la estructura de 300 diputados de mayoría relativa, electos en distritos uninominales y 200 diputados de representación proporcional, electos en circunscripciones plurinominales, pero se elevó el umbral mínimo para que un partido tenga derecho a participar en la asignación de estos últimos, de 1.5% a 2%.
Se mantuvo el mecanismo, introducido en 1993 en sustitución de la "cláusula de gobernabilidad", de que los diputados de representación proporcional se asignan en función de la votación de cada partido, mediante una fórmula de proporcionalidad pura, pero ahora se toman en cuenta dos limitaciones. La primera es que ningún partido puede tener por sí solo más de 300 diputados por los dos principios (es decir, el 60% de la cámara), en lugar del tope de 315 introducido por la reforma de 1993 (el 63%).
La segunda limitación consiste en que ningún partido puede tener un porcentaje de diputados que exceda en más del 8 puntos a su porcentaje de votación nacional efectiva (la suma de votos de los que se restan los votos nulos y los correspondientes a partidos situados por debajo del 2%), a excepción del caso en que dicha diferencia se deba a sus triunfos de mayoría relativa. Este mecanismo limita el margen de sobrerrepresentación que toleraba la regla de 1993. De la misma manera, para tener la mayoría absoluta de la cámara (50%+1) debería tener al menos el 42.2% de la votación efectiva y un mínimo de 165 triunfos de mayoría relativa.
En la Cámara de Senadores se combinan ahora tres mecanismos de asignación. Cada entidad tiene garantizados tres senadores, dos de ellos elegidos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría, con lo cual se tienen 96 senadores (el 75% de la cámara). La novedad de 1996 consiste en que 32 senadores (el 25% de la cámara) son elegidos por representación proporcional, mediante listas votadas en una sola circunscripción plurinominal, de tal manera que no corresponden en sentido estricto a algún estado en particular.
En 1997 se eligieron únicamente los 32 senadores de representación proporcional, los cuales durarían en su cargo hasta el año dos mil, momento a partir del cual se elegiría nuevamente cada seis años la totalidad de la cámara.
Se creó la figura de Jefatura de gobierno del Distrito Federal electa por votación directa, lo que le dio una relativa autonomía a la estructura de gobierno de la Ciudad de México.
Con la reforma de 1996 se constituyó la Asamblea Legislativa del DF en sustitución de la anterior Asamblea de Representantes del DF, confiriéndoles a los legisladores el carácter de diputados.
Entre algunos avances no suficientemente concretados en el COFIPE se encuentra la validación del voto de los mexicanos en el extranjero, que aún se limita por las condiciones de los mecanismos de votación y la imposibilidad de hacer campaña fuera del país.
La limitación a campañas publicitarias gubernamentales en épocas electorales, que pese a las restricciones, no había elementos para establecer sanciones a quienes sí las hicieron abiertamente.
Finalmente la promoción de los debates entre los candidatos, para ofertar mejor sus propuestas políticas a la ciudadanía, pero con esquemas de organización extremadamente rígidos y poco atrayentes a los electores.
Tercera generación. La nueva reforma electoral
Tras una exitosa elección federal en el año dos mil que significó el reconocimiento colectivo de las instituciones electorales, en el 2006 una férrea competencia electoral en las elecciones presidenciales que se resuelven por medio punto porcentual de diferencia, muestra las limitaciones de una autoridad electoral que no puede contener la abierta intervención gubernamental a favor del candidato del partido en el poder, la guerra sucia en los medios de comunicación, la intervención de terceros en el financiamiento de la misma, pero sobre todo perdió la credibilidad y la certidumbre ciudadana respecto a la falta de transparencia de un resultado que se sujetó a las limitaciones de un Código que resultó insatisfactorio.
Transcurrido el proceso electoral, el 30 por ciento del electorado pensaba en la existencia de un fraude en los resultados y un 17 por ciento no tenía la certeza sobre la legalidad del resultado. La pérdida de confianza en el Instituto Federal Electoral fue fundamental para impulsar una nueva reforma electoral, ante el riesgo de acrecentar un conflicto postelectoral de mayores dimensiones.
La Reforma Electoral aprobada el 12 de noviembre del 2007 contempla los siguientes aspectos:
Se reforman nueve artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera el artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de la Constitución
Se modifica el artículo 41 para eliminar el párrafo que otorga a los partidos la facultad exclusiva de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular. Con esto se decidió no elevar a nivel constitucional la prohibición a las candidaturas ciudadanas, para que México no contravenga compromisos internacionales en la materia.
En un plazo no mayor a 30 días (a partir de la entrada en vigor de la reforma) la Cámara de Diputados elegiría al nuevo consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), quien concluirá su gestión el 30 de octubre de 2013 y podrá ser reelecto una sola vez. También se elegirá a dos nuevos consejeros electorales, que finalizarán su mandato el 30 de octubre de 2016,
De los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este Decreto, se elegirán tres para que finalicen su gestión el 15 de agosto de 2008 y tres más el 30 de octubre de 2010. A más tardar el 15 de agosto de 2008, los diputados deberán elegir tres nuevos consejeros electorales, quienes acabarán su periodo el 30 de octubre de 2013. Queda sin efecto el nombramiento de consejeros electorales suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003.
Se establece que el acceso permanente de los partidos políticos a la Radio y Televisión será exclusivamente a través de los tiempos que el Estado disponga y que serán asignados por el IFE. Los partidos destinaban el 60% de sus recursos a comprar espacios en radio y televisión. Ahora, en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por tercera persona, tiempos en la Radio y la Televisión.
Se prohíben las campañas y mensajes mediáticos que denigren instituciones, partidos políticos, candidatos o personas. Además se prevé el derecho de réplica o de rectificación.
Se prohíbe y se sancionará aquella propaganda de los poderes públicos de los tres órdenes de gobierno que promuevan la imagen, la voz o los nombres de los servidores públicos.
Se disminuye el financiamiento público en cinco puntos porcentuales menos que en la iniciativa original, lo que generaría un ahorro al erario federal por más de 200 millones de pesos solamente al entrar en vigor la reforma y con la proyección de que entre el 2008 y 2012 se podrán ahorrar más de 3,500 millones de pesos.
Se reduce en 85 por ciento el financiamiento privado a partidos (para quedar en 40 millones de pesos, en lugar de los casi 270 millones actuales).
Disminuye la duración de las campañas electorales (90 días cuando se elija al Presidente de la República y 60 días cuando sólo se elijan diputados federales). También se pone fin a las campañas adelantadas.
Cuando haya comicios para presidente y las dos cámaras, el financiamiento público será equivalente a 50 por ciento de lo que cada partido recibe actualmente por ese concepto, una reducción a la mitad.
Se establece que todas las elecciones estatales, municipales y delegacionales que se celebren en las entidades federativas cada año, ocurran en la misma fecha.
Se crea la Contraloría General del IFE, para fiscalizar todos los ingresos y egresos del organismo; cuyo titular durará seis años en el cargo y será designado por la Cámara de Diputados a propuesta de las universidades públicas.
Se eliminarán dudas sobre el origen y el destino del dinero de los partidos y candidatos, al fortalecerse las facultades de fiscalización del IFE sobre las finanzas de los partidos con la creación de un órgano técnico del Consejo General del IFE, que no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario ni fiscal.
Perfiles del Nuevo COFIPE
Publicado el 14 de enero del 2008 en el Diario Oficial, el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) ha entrado en vigor.
Se trata de un "nuevo" COFIPE, aunque su nombre siga siendo el mismo. Queda abrogado el anterior, cuya última publicación fue del 15 de agosto de 1990.
El anterior Código constaba de 300 artículos, distribuidos a lo largo de seis libros; el nuevo COFIPE contiene 394 artículos, en siete libros. El libro séptimo es nuevo y llena un vacío existente desde 1990 al establecer a nivel de ley los procedimientos para la investigación de quejas y denuncias, y en su caso, la determinación e imposición de sanciones por parte del Consejo General. De igual forma, establece y regula las facultades de la Contraloría General y de su titular.
Los primeros 40 artículos del "nuevo" COFIPE conservan la temática de sus antecesores, aunque en varios de ellos se presentan reformas o adiciones. A partir del numeral 41 se presentan cambios en el contenido normativo de cada artículo.
El "nuevo" COFIPE contiene capítulos inéditos, producto de la regulación de las normas contenidas en la reforma constitucional promulgada el 13 de noviembre del año pasado. Casos relevantes son los dedicados a la regulación de las obligaciones partidistas en materia de transparencia y acceso a su información; la definición y regulación de los asuntos internos de los propios partidos; la reglamentación de las prerrogativas en televisión y radio y las facultades del IFE en tanto que autoridad única en esta materia; la fiscalización y vigilancia de las finanzas de los partidos y la existencia de la Unidad de Fiscalización, que sustituirá a la anterior comisión de consejeros; las precampañas, sus reglas y plazos.
Algunos artículos contienen disposiciones inéditas; por ejemplo lo relativo a las obligaciones y derechos de los partidos y los plazos y procedimiento para su creación y registro; las reglas para el cálculo del financiamiento público ordinario y de campaña; las reglas y límites para el financiamiento proveniente de fuentes privadas; las normas en materia de equidad de género tratándose de candidaturas plurinominales; las coaliciones electorales; la integración del Consejo General del IFE, para el cual se establece la renovación escalonada del consejero presidente y de los consejeros electorales, así como los requisitos que deben cumplir quienes ocupen esos cargos; los plazos de registro de candidatos y la duración de las campañas; las reglas aplicables a la propaganda partidista; el procedimiento para el recuento parcial o total de votos en las sesiones de cómputo distrital, entre otros.
El artículo noveno transitorio del decreto otorga al Consejo General un plazo de 180 días para dictar los acuerdos y expedir los reglamentos que se derivan del mismo, lo que permitirá su debida comprensión por quienes integran el máximo órgano de dirección del IFE. Antes del 30 de abril de este año, el Congreso deberá expedir la ley reglamentaria del derecho de réplica, así como designar al titular de la Contraloría General del IFE. También quedan pendientes las adecuaciones de otras leyes vinculadas. Los casos más relevantes son la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte relativa al Tribunal Electoral.

References: artículo 41
 artículo 105
 artículo 6
 artículo 85
 artículo 108
 artículo 116
 artículo 122
 artículo 134
 artículo 97
 artículo 41