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Timestamp: 2018-08-19 20:53:15+00:00

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﻿ SENTENCIA 2002-00659/33753 DE NOVIEMBRE 8 DE 2016
SENTENCIA 2002-00659 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:NATURALEZA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO COMPRENDIDO DESDE LA DOGMÁTICA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. SE PRECISA POR PARTE DE LA SALA QUE SE CONSIDERA COMO DAÑO ANTIJURÍDICO AQUEL QUE PRODUCE AFECTACIÓN, MENOSCABO, LESIÓN O PERTURBACIÓN A LA ESFERA PERSONAL, A LA ESFERA DE UNA PERSONA JURÍDICA, O LA ESFERA PATRIMONIAL, QUE NO ES SOPORTABLE POR QUIEN LA PADECE BIEN PORQUE ES IRRAZONABLE , O PORQUE NO SE COMPADECE CON LA AFIRMACIÓN DE INTERÉS GENERAL ALGUNO. ASÍ PUES EL DAÑO ES AQUEL QUE LA PERSONA NO ESTÁ LLAMADA A SOPORTAR PUESTO QUE NO TIENE FUNDAMENTO EN UNA NORMA JURÍDICA, O LO QUE ES LO MISMO, ES AQUEL QUE SE IRROGA A PESAR DE QUE NO EXISTE UNA LEY QUE JUSTIFIQUE O IMPONGA LA OBLIGACIÓN DE SOPORTARLO. POR ÚLTIMO SE CONCLUYE ANTIJURÍDICO COMPRENDIDO DESDE LA DOGMÁTICA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y DEL ESTADO, POR LO CUAL SE DEBEN CONSIDERAR DOS COMPONENTES PRINCIPALES A SABER: A) EL ALCANCE DEL DAÑO COMO ENTIDAD JURÍDICA, ESTO ES, EL MENOSCABO QUE A CONSECUENCIA DE UN ACAECIMIENTO O EVENTO DETERMINADO SUFRE UNA PERSONA YA SEA EN SUS BIENES VITALES O NATURALES YA SEA EN SU PROPIEDAD O PATRIMONIOO LA LESIÓN DE UN INTERÉS O ALTERACIÓN DEL BIEN IDÓNEO PARA SATISFACER AQUEL O CON LA PÉRDIDA O DISPONIBILIDAD O DEL GOCE DE UN BIEN QUE LO DEMÁS PERMANECE INALTERADO , COMO OCURRE EN SUPUESTOS DE SUSTRACCIÓN DE LA POSESIÓN DE UNA COSA, Y B) AQUELLO QUE DERIVADO DE LA ACTIVIDAD , OMISIÓN , O DE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO SEA SOPORTABLE I) BIEN POR ES CONTRARIO A LA CARTA POLÍTICA O UNA NORMA LEGAL, O PORQUE SEA IRRAZONABLE, EN CLAVE DE LOS DERECHOS E INTERESES CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDOSY III) PORQUE NO SE ENCUENTRA SUSTENTO EN LA PREVALENCIA , RESPETO O CONSIDERACIÓN DEL INTERÉS GENERAL, O DE LA COOPERACIÓN SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRUEBA TRASLADADA, DAÑO ANTIJURIDICO, REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA, RETENCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN
Sentencia 2002-00659/33753 de noviembre 8 de 2016
Rad. 52001 23 31 000 2002 00659 01 (33753)
Actor. María Luisa Chala Monraz y otros
Demandado. Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación y otros
Asunto. Acción de reparación directa (sentencia)
Corresponde a la Sala de Sub-sección decidir los recursos de apelación presentados por las partes contra la sentencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de 2006 por el Tribunal Administrativo de Nariño, que declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Rama Judicial, declaró la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, y la condenó al pago de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y de lucro cesante, la que será revocada con base en la motivación siguiente.
1. La Corporación es competente para conocer del asunto(9), en razón al recurso de apelación presentado por la parte actora, en proceso de doble instancia(10).
2. Ahora bien, para un lógico orden de la decisión, la Sala realizará la exposición de sus argumentos en el orden siguiente: (1) determinar el objeto y alcance del recurso de apelación presentado por la parte actora; (2) dilucidar ciertos aspectos procesales; (3) formular el problema jurídico; (4) abordar el estudio de la demostración o no del daño antijurídico; y, (5) definir si procede la condena en costas.
3. La primera cuestión, pues, es determinar el objeto y alcance de los recursos de apelación formulados por las partes.
2. Determinación del objeto y alcance de los recursos de apelación presentados por las partes.
4. La apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia de primera instancia que declaró su responsabilidad y la condenó al pago de los perjuicios materiales, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, se centra en las cuestiones siguientes: (1) la entidad pública demandada cumplió lo reglado normativamente para el caso del comiso, en los términos del artículo 339 del Decreto 2700 de 1991; y, (2) además, como se ordenó investigar a María Luisa Chala Monraz como propietaria del vehículo retenido e involucrado en la comisión del ilícito por parte del Juez Regional de Cali, no podía devolverse el mismo hasta que no culminara dicho procedimiento.
5. La apelación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, se centra en las cuestiones siguientes: (1) no debía declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial, porque el Juzgado Regional de Cali tuvo conocimiento del incidente de entrega del vehículo retenido, ordenó una inspección judicial y solicitó información a la propietaria quien promovió el incidente; (2) la responsabilidad a declararse debía comprender el período desde el 23 de julio de 1997 y hasta el 2 de febrero de 2001; (3) se probó la falla en el servicio por la mora sin justificación en las actuaciones y decisiones judiciales; (4) como daño emergente se debía reconocer dos millones quinientos mil pesos [$ 2.500.000.oo] como gastos de parqueadero, así como quinientos mil pesos [$ 500.000.oo] como gastos de arreglo del vehículo, y los gastos por concepto de honorarios; y, (5) el lucro cesante debía liquidarse con base en el dictamen pericial rendido, sin tener en cuenta la renta líquida gravable.
6. En la sentencia de primera instancia el a quo se pronunció acerca de la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial, y esto fue objeto de apelación por la parte actora, por lo que la Sala habrá de abordarlo en las cuestiones procesales previas. Si bien en la sentencia de primera instancia, ni en las apelaciones hubo algún pronunciamiento acerca del valor probatorio de la prueba trasladada desde el proceso penal ordinario, la Sala también analizará este aspecto, para lo que se encuentra facultada convencional, constitucional y legalmente para ello como expresión prístina de la garantía judicial efectiva [artículos 229 de la Constitución Nacional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos —norma incorporada nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 16 de 1972—].
7. La Sala previo a abordar el estudio y análisis de fondo debe pronunciarse acerca de la falta de legitimación en la causa que por pasiva el a quo afirmó respecto de la Rama Judicial, y que es uno de las cuestiones de la apelación formulada por la parte actora. Así mismo, lo hará con las reglas de valoración de la prueba trasladada desde el proceso penal ordinario cursado. En cuanto al primer aspecto procede la Sala a examinar con base en los argumentos siguientes.
3.1. Indebida Representación.
8. De acuerdo con el a quo en la sentencia de primera instancia la Rama Judicial no estaba legitimada en la causa porque la Fiscalía General de la Nación era una entidad pública con autonomía presupuestal y administrativa llamada a responder en este tipo de asuntos. Del análisis de los medios probatorios que se encuentran en el expediente, la Sala considera que la demandada Nación - Rama Judicial sí está legitimada en la causa.
de hecho, por las siguientes razones: (1) durante el proceso penal iniciado por el punible de hurto de combustible, y en aplicación del Decreto 2700 de 1991, con base en el cual se produjo la retención del vehículo tipo carro tanque de placas XZB-671 de propiedad de María Luisa Chala Monraz la Nación - Rama Judicial intervino en diferentes instancias en las que tuvo relación con el vehículo señalado: el 15 de diciembre de 1997 el Juzgado Regional de Cali dictó sentencia condenando a Jaime Efrén Carvajal Gómez y ordenó compulsar copias a la Fiscalía Regional para se investigara a Chala Monraz por los mismos hechos, decisión con la que se afectaba la posibilidad de devolver o entregar el automotor. El 10 de agosto de 1998 el Juzgado Regional de Cali ordenó expedir copias para la Fiscalía Regional de todo lo relacionado con el incidente y con el objeto de iniciar una potencial acción de extinción del dominio sobre el carro tanque. El 14 de septiembre de 1998 el Juzgado Regional de Cali recibió de la apoderada de Chala Monraz una solicitud de entrega del vehículo; (2) todo lo anterior revela para la Sala que la Nación - Rama Judicial desplegó actuaciones y adoptó decisiones judiciales con las que intervino directamente en la definición de la situación jurídica del vehículo carro tanque de propiedad de María Luisa Chala Monraz que estaba retenido con ocasión de la investigación penal abierta por el delito de hurto de combustible; y, (3) hechos que permiten razonadamente concluir que la Nación - Rama Judicial si está legitimada en la causa por pasiva, de manera que se revoca la sentencia de primera instancia que había declarada fundada esta excepción de manera oficiosa, procediendo el juicio de responsabilidad tanto respecto de esta entidad pública demandada, como de la Fiscalía General de la Nación, cumpliéndose, además, lo consagrado en el artículo 149 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1 de 1984].
9. Después de determinar la Sala que debe revocar la sentencia de primera instancia y entender legitimada en la causa por pasiva a la Nación - Rama Judicial, la Sala examina los criterios para valorar la prueba trasladada desde el proceso penal ordinario adelantado.
3.2. Valor probatorio de la prueba trasladada al proceso contencioso administrativo desde el proceso penal ordinario.
10. Del estudio del expediente la Sala cuenta con el Informe secretarial de la Técnico Judicial y decisión del Fiscal 7º Especializado Delegado ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, de 1º de noviembre de 2001, accediendo a la solicitud de copias de Luz Miriam Lasso [fl. 27 cuaderno 1], del proceso penal iniciado por los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1997 por el punible de hurto de combustible, que comprometió la retención del vehículo carro tanque de propiedad de María Luisa Chala Monraz, y adelantado por la Fiscalía Delegada Cuarenta y Uno [41] ante los Jueces Penales del Circuito de Mocoa, la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, la Fiscalía Regional de Cali, la Fiscalía Regional de Pasto, la Fiscalía Sexta Delegada de Pasto, la Fiscalía Séptima Delegada de Pasto, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal Superior, la Fiscalía Única Especializada de Mocoa y el Juzgado Regional de Cali, que deben ser sometidas al encuadramiento de las reglas normativas y jurisprudenciales para su valoración.
11. Para determinar la procedencia de la valoración de la prueba trasladada desde el mencionado proceso penal, surtido con ocasión de la investigación adelantada por los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1997, y de la que se profirió sentencia de condena por el Juzgado Regional de Cali el 15 de diciembre de 1997, y Resolución inhibitoria por la Fiscalía Séptima Delegada de 4 de septiembre de 2000, la Sala debe fijar los fundamentos para su valoración.
3.2.1. Fundamentos para la valoración de la prueba trasladada.
12. La jurisprudencia de los últimos años del Consejo de Estado, con relación a la eficacia probatoria de la prueba trasladada, sostiene que cabe valorarla a instancias del proceso contencioso administrativo, siempre que se cumpla con los presupuestos generales siguientes(11): (i) los normativos del artículo 185(12) del CPC, esto es, que se les puede dotar de valor probatorio y apreciar sin formalidad adicional en la medida en que el [los] proceso [s] del que se trasladan se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o, con su audiencia de ella(13), respetando su derecho de defensa y cumpliendo con el principio de contradicción. Así como con lo consagrado por el artículo 168 del CCA(14) [vigente para la época de entrada para fallo del proceso]; (ii) las “pruebas trasladadas y practicadas dentro de las investigaciones disciplinarias seguidas por la misma administración no requieren ratificación o reconocimiento, según sea del caso, dentro del proceso de responsabilidad”(15); (iii) la ratificación de la prueba trasladada se suple con la admisión de su valoración(16); y, (iv) la prueba traslada de la investigación disciplinaria puede valorarse ya que se cuenta con la audiencia de la parte contra la que se aduce, por ejemplo la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional(17).
13. A su vez, como presupuestos para la valoración de la prueba testimonial que se traslada desde un proceso administrativo disciplinario, penal ordinario o penal militar se tiene en cuenta las siguientes reglas especiales [debiéndose tener en cuenta tanto las generales como estas]: (i) no necesitan de ratificación cuando se trata de personas “que intervinieron en dicho proceso disciplinario, o sea el funcionario investigado y la administración investigadora (para el caso la Nación)”(18); (ii) las “pruebas trasladadas de los procesos penales y, por consiguiente, practicadas en estos, con audiencia del funcionario y del agente del Ministerio Público, pero no ratificadas, cuando la ley lo exige, dentro del proceso de responsabilidad, en principio, no pueden valorarse. Se dice que en principio, porque sí pueden tener el valor de indicios que unidos a los que resulten de otras pruebas, ellas sí practicadas dentro del proceso contencioso administrativo lleven al juzgador a la convicción plena de aquello que se pretenda establecer”(19); (iii) puede valorarse los testimonios siempre que solicitados o allegados por una de las partes del proceso, la contraparte fundamenta su defensa en los mismos(20), siempre que se cuente con ella en copia auténtica; (iv) cuando las partes en el proceso conjuntamente solicitan o aportan los testimonios practicados en la instancia disciplinaria(21); y, (v) cuando la parte demandada “se allana expresamente e incondicionalmente a la solicitud de pruebas presentada por los actores o demandantes dentro del proceso contencioso administrativo.
14. En cuanto a las declaraciones rendidas ante las autoridades judiciales penales ordinarias [Fiscalía, Jueces Penales, Jueces de Instrucción Penal Militar], la Sala Plena de la Sección Tercera en la sentencia de 11 de septiembre de 2013 [expediente 20601] considera que “es viable apreciar una declaración rendida por fuera del proceso contencioso administrativo, sin audiencia de la parte demandada o sin su citación, cuando se cumpla con el trámite de ratificación, o cuando por acuerdo común entre las partes —avalado por el juez— se quiso prescindir del aludido trámite. Este último puede manifestarse como lo dispone el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil —verbalmente en audiencia o presentando un escrito autenticado en el que ambas partes manifiesten expresamente que quieren prescindir de la ratificación—, o extraerse del comportamiento positivo de las partes, cuando los mismos indiquen de manera inequívoca que el querer de estas era prescindir de la repetición del interrogatorio respecto de los testimonios trasladados, lo que ocurre cuando ambos extremos del litigio solicitan que el testimonio sea valorado, cuando la demandada está de acuerdo con la petición así hecha por la demandante, o cuando una parte lo solicita y la otra utiliza los medios de prueba en cuestión para sustentar sus alegaciones dentro del proceso […] Ahora bien, en los casos en donde las partes guardan silencio frente a la validez y admisibilidad de dichos medios de convicción trasladados, y además se trata de un proceso que se sigue en contra de una entidad del orden nacional, en el que se pretenden hacer valer los testimonios que, con el pleno cumplimiento de las formalidades del debido proceso, han sido recaudados en otro trámite por otra entidad del mismo orden, la Sala unifica su jurisprudencia en el sentido de afirmar que la persona jurídica demandada —La Nación— es la misma que recaudó las pruebas en una sede procesal diferente, lo que implica que, por tratarse de testimonios recopilados con la audiencia de la parte contra la que se pretenden hacer valer en el proceso posterior, son plenamente admisibles y susceptibles de valoración […] La anterior regla cobra aún mayor fuerza si se tiene en cuenta que, en razón del deber de colaboración que les asiste a las diferentes entidades del Estado, a estas les es exigible que las actuaciones que adelanten sean conocidas por aquellas otras que puedan tener un interés directo o indirecto en su resultado, máxime si se trata de organismos estatales que pertenecen al mismo orden, de tal manera que las consecuencias de una eventual descoordinación en las actividades que los estamentos del Estado, no puede hacerse recaer sobre los administrados, quienes en muchas ocasiones encuentran serias dificultades para lograr repetir nuevamente dentro del proceso judicial contencioso administrativo, aquellas declaraciones juramentadas que ya reposan en los trámites administrativos que han sido adelantados por las entidades correspondientes”(22).
15. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia de la Sub-sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando “establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar […] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”(23). Con similares argumentos la jurisprudencia de la misma Sub-sección considera que las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios “para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan”(24) con fundamento en los artículos 1.1, 2, y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
16. De otra parte, para el caso de la prueba documental, la regla general que aplica la jurisprudencia del Consejo de Estado de Colombia es aquella según la cual en “relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289(25) del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito”(26). No obstante, a dicha regla se le reconocieron las siguientes excepciones: (i) puede valorarse los documentos que son trasladados desde otro proceso [judicial o administrativo disciplinario] siempre que haya estado en el expediente a disposición de la parte demandada, la que pudo realizar y agotar el ejercicio de su oportunidad de contradicción de la misma(27); (ii) cuando con base en los documentos trasladados desde otro proceso la contraparte la utiliza para estructura su defensa jurídica(28); (iii) cuando los documentos se trasladan en copia simple operan las reglas examinadas para este tipo de eventos para su valoración directa o indirecta; (iv) puede valorarse la prueba documental cuando la parte contra la que se aduce se allana expresa e incondicionalmente a la misma; y, (v) puede valorarse como prueba trasladada el documento producido por una autoridad pública aportando e invocado por el extremo activo de la litis(29).
17. Finalmente, si se trata de inspecciones judiciales, dictámenes periciales e informes técnicos trasladados desde procesos penales ordinarios o militares, o administrativos disciplinarios pueden valorarse siempre que hayan contado con la audiencia de la parte contra la que se aducen(30), o servirán como elementos indiciarios que deben ser contrastados con otros medios probatorios dentro del proceso contencioso administrativo.
18. Debe tenerse en cuenta que el Código General del Proceso en su artículo 174, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, consagra que las “pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas […] La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan”. A dicha norma se integran los criterios anteriormente fijados, por lo que se puede afirmar una completa correspondencia del análisis realizado por la Sala con todo el universo normativo convencional, constitucional y legal de los medios probatorios que fueron trasladados.
19. De acuerdo con los fundamentos anteriores, la Sala valora cada tipología de medios probatorios que fueron objeto de traslado desde el proceso penal bajo radicaciones 14502 y 16897, que por el punible de hurto de combustibles se adelantó en diferentes Fiscalías Delegadas y Regionales de Mocoa, Cali y Pasto, y ante el Juzgado Regional de Cali.
3.2.2. Criterios para la valoración de la prueba trasladada desde el proceso penal ordinario adelantado por diferentes Fiscalías Delegadas y Regionales de Mocoa, Cali y Pasto, y por el Juzgado Regional de Cali bajo los radicados 14502 y 16897.
20. En cuanto a la prueba documental trasladada al proceso, la Sala encuentra que fue aportada con la demanda por la parte actora, fue coadyuvada por la Fiscalía General de la Nación, no así por la Rama Judicial. Sin perjuicio de lo anterior, dicha prueba cumple con dos de los supuestos para que proceda su valoración por parte de la Sala: (1) la prueba documental estuvo a disposición de las partes una vez allegada durante el período probatorio, con lo que hubo lugar a la contradicción de la misma, sin que hubiere sido objeto de tacha alguna por parte de las entidades demandadas, garantizándose con ello el derecho de contradicción y publicidad de la prueba [cumpliendo con ello los mandatos constitucionales y convencionales]. De igual forma, el precedente de la Sala sostiene que las pruebas recaudadas podrán ser valoradas ya que se puede considerar contrario a la lealtad procesal “que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio, bien sea por petición expresa o coadyuvancia pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión”(31); y, (2) se trata de medios probatorios que puede ser conducentes, pertinentes y útiles para establecer la vulneración de derechos humanos y violaciones al derecho internacional humanitario, en las condiciones en las que acaecieron los hechos.
21. En tanto que, las declaraciones trasladadas desde el proceso penal si bien fueron aportadas al proceso en copia autenticada, son varios los criterios a tener en cuenta para su valoración: inicialmente, se cumple con el presupuesto adicional que se fijan en las reglas que legal y jurisprudencialmente se han establecido: de una parte, se practicaron con audiencia de la parte contra la cual se aducen, ya que tanto la Fiscalía General de la Nación, como la Rama Judicial intervinieron en la producción y valoración de las mismas, lo que basta para poder valorarlas en la instancia contencioso administrativa.
22. Diferentes son los criterios que operan para determinar la procedencia de la valoración de versión libre o de la indagatoria que son trasladadas al presente proceso. En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, en la sentencia de 1º de marzo de 2016 [expediente 11001-03-15-000-2015-01917-00 (REV)] considera (1) que la “versión libre que se efectúa sin la ritualidad del juramento impide que el juez le de alcance probatorio a lo que allí se consigna”; (2) que en “el mejor de los casos, cuando alguna de las manifestaciones allí registradas se someta a la gravedad del juramento tendría el carácter de “testimonio” sometido a la ratificación que debe realizarse en el proceso al que se traslada la prueba, cuando así se pida de manera oportuna”. A los anteriores se agrega el criterio formulado por la Sub-sección C de la Sección Tercera de 7 de septiembre de 2015 [expediente 51388] según (3) el cual “la jurisprudencia de la Sub-sección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia avanza y considera que cuando no se cumple con alguna de las anteriores reglas o criterios, se podrán valorar las declaraciones rendidas en procesos diferentes al contencioso administrativo, especialmente del proceso penal ordinario, como indicios cuando “establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar […] ya que pueden ser útiles, pertinentes y conducentes para determinar la violación o vulneración de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”. (…) [Asimismo] las indagatorias deben contrastadas con los demás medios probatorios “para determinar si se consolidan como necesarios los indicios que en ella se comprendan”(32); (4) según la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de 12 de marzo de 2013, dicha Sala “ha dado valor a la indagatoria como medio de probatorio en esta sede judicial, en la medida en que siendo esta una fuente de información de obligatoria recepción en los procesos penales, con individualidad propia en lo que tiene que ver con su práctica y contradicción, debe reconocérsele su mérito probatorio, como lo exigen los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a probar, los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción, de libre valoración racional de la prueba y la demás normatividad que rige en materia probatoria, para lo cual, además, no resulta ajena al deber de ser valorada en conjunto con los demás elementos de convicción y con arreglo a los criterios rectores de la sana crítica”(33).
23. Con fundamento en lo anterior, la Sala como juez de convencionalidad y contencioso administrativo tendrá, valorara y apreciara los medios probatorios [documentos, testimonios, versiones libres, indagatorias e inspecciones judiciales] trasladados desde el proceso penal ordinario adelantadas por el punible de hurto de combustible en hechos ocurridos el 16 de mayo de 1997, que son los mismos que dan origen a la acción de reparación que está en curso en esta instancia.
24. Definidas por la Sala las anteriores cuestiones procesales, la Sala procede a presentar los medios probatorios con base en los cuales hará el análisis de la apelación presentada por la parte actora.
4. Los medios probatorios aportados, recaudados y practicados dentro del proceso.
25. Al proceso se aportaron con la demanda y la contestación, se recaudaron y practicaron durante el período probatorio los medios probatorios que a continuación se reseñan.
(1) Certificado del registro mercantil expedido el 18 de febrero de 2002 por la Cámara de Comercio de Putumayo [fl.18 cuaderno 1].
(2) Licencia de tránsito número 003940 [fl.19 cuaderno 1], correspondiente al vehículo de las características siguientes: (1) placas XZB-671; (2) marca DODGE; (3) línea D-600; (4) modelo 1970; (5) de servicio particular; (6) carrocería tipo tanque; (7) número de motor FT12279; (8) número de chasis D61FKON-107679; (9) de dos [2] ejes; (10) propietaria María Luisa Chala Monraz, identificada con la cédula de ciudadanía número 27.364.389 de Villagarzón, y; (11) expedida el 8 de julio de 1997 [fl.19 cuaderno 1].
(3) Certificación del Fiscal 7º Especializado Delegado ante el Juez Penal del Circuito Especializado de San Juan de pasto, de 26 de octubre de 2001 [fl.20 cuaderno 1].
(4) Recibo número 0024 de 15 de febrero de 2001, del pago realizado por María Luisa Chala por valor de quinientos mil [$ 500.000.oo] pesos, por concepto de reparación de motor, y firmado por Carlos H Loral [fl.22 cuaderno 1].
(5) Recibo número 36 de 24 de febrero de 2001 por valor de dos millones quinientos mil [$ 2.500.000.oo] pesos, por concepto del pago de parqueadero del carro tanque de placas XZB-671 llevado por la Fiscalía Especializada y entregado por la misma [fl.21 cuaderno 1].
(6) Registro civil de nacimiento de Luis Hernán Arias Chala, nacido el 1º de diciembre de 1985, hijo de María Luisa Chala Monraz y de Luis Hernán Arias Patiño, y con indicativo serial 9179609 [fl.23 cuaderno 1].
(7) Registro civil de nacimiento de Luz Adriana Arias Chala, nacida el 24 de mayo de 1977, hija de María Luisa Chala Monraz y de Luis Hernán Arias Patiño, y con número serial 430318 [fl.24 cuaderno 1].
(8) Registro civil de nacimiento de Claudia Patricia Arias Chala, nacida el 25 de junio de 1978, hija de María Luisa Chala Monraz y de Luis Hernán Arias Patiño, y con número serial 3425269 [fl.25 cuaderno 1].
(9) Constancia del Fiscal 7º Especializado Delegado ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Juan Pasto, de 2 de noviembre de 2001, con el que se remiten copias de los cuadernos de investigación número 16897 “seguida por este Despacho por el delito a la Ley 104 de 1993, en donde aparece como imputada la señora María Luisa Chala” [fl.28 cuaderno 1].
(10) Memorial presentado por Luz Miriam Lasso el 1º de noviembre de 2001 ante el Fiscal 7º Especializado solicitando copias auténticas de la investigación 16897 [fl.26 cuaderno 1].
(11) Informe secretarial de la Técnico Judicial y decisión del Fiscal 7º Especializado Delegado ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, de 1º de noviembre de 2001, accediendo a la solicitud de copias de Luz Miriam Lasso [fl.27 cuaderno 1].
(11.1) Notificación del derecho de defensa a un ciudadano, de 17 de mayo de 1997, de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Pasto [fl.30 cuaderno 1].
(11.2) Informe secretarial, de 17 de mayo de 1997, de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Pasto [fl.32 cuaderno 1].
(11.3) Resolución de apertura de investigación número 112, de 19 de mayo de 1997, del Fiscal Regional Delegado de Mocoa, Putumayo [fl.33 cuaderno 1].
(11.4) Poder otorgado por María Luisa Chala al abogado Jaime Alfredo Cárdenas Bolaños, dirigido al Juez Regional de Cali, dentro del asunto contra Jaime Carvajal [fl.35 cuaderno 1].
(11.5) Auto de 19 de mayo de 1997 proferido por la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, Putumayo, por medio del cual se tuvo como apoderado de María Luisa Chala a Jaime Alfredo Cárdenas Bolaños [fl.36 cuaderno 1].
(11.6) Indagatoria rendida por Jaime Efrén Carvajal Gómez [fls.37 a 41 cuaderno 1].
(11.7) Declaración rendida por María Luisa Chala Monraz [fls.42 y 43 cuaderno 1].
(11.8) Declaración rendida por Julio Rodrigo Arteaga Guevara [fls.44 y 45 cuaderno 1].
(11.9) Resolución interlocutoria número 00019, de 5 de junio de 1997, del Fiscal Regional de Cali, con la que se resolvió la situación jurídica Jaime Efrén Carvajal Gómez como sindicado del delito de hurto de combustible [fls.46 a 56 cuaderno 1].
(11.10) Memorial del defensor de Jaime Carvajal previo a la definición de situación jurídica [fls.57 a 63 cuaderno 1].
(11.11) Reiteración de la solicitud de sentencia anticipada por el apoderado de Jaime Carvajal, de 12 de septiembre de 1997 [fl.65 cuaderno 1].
(11.12) Artículo elaborado por el Defensor Regional del Pueblo titulado “Deficiente administración de justicia en el Putumayo. Injustificado e ilegítimo es el actuar de la Justicia Regional” [fl.66 cuaderno 1].
(11.13) Ampliación de indagatoria rendida por Jaime Efrén Carvajal Gómez [fls.67 y 68 cuaderno 1].
(11.14) Declaración rendida por el agente de la Policía Nacional Wilson Mosquera Palacios [fls.69 y 70 cuaderno 1].
(11.15) Acta de la diligencia de inspección judicial practicada a la empresa Terpel Sur S.A., el 22 de septiembre de septiembre de 1997, por parte de la Fiscalía Seccional Cuarenta y Cuatro [44] de Puerto Asís, Putumayo [fls.71 a 77 cuaderno 1].
(11.16) Resolución sustanciadora de 21 de noviembre de 1997, del Fiscal Regional de Cali [fl.78 cuaderno 1].
(11.17) Oficio número 24190, de 28 de noviembre de 1997, de la Coordinadora de la Unidad II de la Dirección Regional de Fiscalías, Secretaría Común [fl.79 cuaderno 1].
(11.18) Sentencia de 15 de diciembre de 1997, proferida por el Juzgado Regional de Cali, Valle del Cauca [fls.80 a 91 cuaderno 1].
(11.19) Ampliación de declaración rendida por María Luisa Chala [fls.92 y 93 cuaderno 1].
(11.20) Declaración rendida por Miguel Ángel Arredondo Ardila [fls.94 y 95 cuaderno 1].
(11.21) Declaración rendida por Marco Tulio Yela Ordóñez [fls.96 y 97 cuaderno 1].
(11.22) Auto de 2 de julio de 1998 proferido por el Juzgado Regional de Cali, Valle del Cauca [fl.99 cuaderno 1].
(11.23) Informe secretarial de 14 de julio de 1998, expedido por la Secretaría III, dentro del radicado 16897 [fl.100 cuaderno 1].
(11.24) Resolución sustanciadora de 20 de agosto de 1998 proferida por el Fiscal Regional de Cali con la que se avocó el conocimiento de la investigación penal en contra de María Luisa Chala [fls.101 y 102 cuaderno 1].
(11.25) Constancia secretaria de 25 de agosto de 1998 de haber recibido por primera vez el proceso con radicado 16897 [fl.103 cuaderno 1].
(11.26) Oficio de 14 de septiembre de 1998, del Técnico Judicial II de la Unidad Siete [7] de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías, con el que se remitió a la Fiscal Regional Delegada en Mocoa, Putumayo el proceso del radicado 16897 [fl.104 cuaderno 1].
(11.27) Informe secretaria de 6 de octubre de 1998 de la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, Putumayo, con el que se informó de la recepción del cuaderno del proceso remitido y se ordena realizar las diligencias [fl.105 cuaderno 1].
(11.28) Citación de 4 de diciembre de 1998 realizada por la Fiscal Regional Delegada de Mocoa, Putumayo a María Luisa Chala [fl.106 cuaderno 1].
(11.29) Acta de la versión libre rendida por María Luisa Chala Monraz el 16 de diciembre de 1998 [fls.107 a 111 cuaderno 1].
(11.30) Factura de venta número 0275460, de 14 de abril de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago en efectivo de tres mil trescientos [3300] galones de gasolina verde 86 a Terpel Sur S.A., por valor de $ 3.776.223.66, y despachado al vehículo de placas XZB671 [fl.112 cuaderno 1].
(11.31) Factura de venta número 0294889, de 17 de marzo de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago a crédito de tres mil [3000] galones de gasolina verde 86 a Terpel Sur S.A., por valor de $ 3.432.930.60, y despachado al vehículo de placas XZB671 [fl.113 cuaderno 1].
(11.32) Oficio 052.DAS.PUT.MOC.GIC, de 8 de febrero de 1999, del Jefe del Puesto Operativo “DAS” Mocoa, Putumayo con el que se informó que María Luisa Chala Monraz no se encontraba registrada en sus sistemas [fl.114 cuaderno 1].
(11.33) Oficio número 0184/PSIJI DEPUY, de 9 de febrero de 1999, de la SIJIN del Departamento de Policía Putumayo [fl.115 cuaderno 1].
(11.34) Informe “Inspección judicial al libro fiscal y facturas de la estacion de servicio de propiedad de María Luisa Chala en el municipio de Villagarzon (P)”, de 3 de marzo de 1999 [fls.116 y 117 cuaderno 1].
(11.35) Providencia de 29 de noviembre de 1999, por medio de la que el Fiscal especializado Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cali, solicitó el envío inmediato de la investigación previa radicada bajo el número 16897 a la Dirección Seccional de Fiscalías-Unidad Especializada de Pasto, Nariño [fl.118 cuaderno 1].
(11.36) Oficio 93-U7, de 14 de enero de 200, de la Unidad Siete de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados con la que se remitió el proceso radicado bajo el número 16897 a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Pasto, Nariño [fl.119 cuaderno 1].
(11.37) Resolución sustanciadora de 25 de julio de 1997 del Fiscal Regional, con la que se tuvo como tercero incidental a María Luisa Chala [fl.121 cuaderno 1].
(11.38) Poder otorgado por María Luisa Chala para que se tramite el incidente de restitución del vehículo de placas XZB671, carro tanque, marca Dodge, modelo 70 [fl.122 cuaderno 1].
(11.39) Oficio número 954, de 23 de junio de 1997, de la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, Putumayo, con el que se adjuntó el memorial del apoderado de María Luisa Chala con el que promovió el trámite incidental para la devolución de un vehículo [fls.124 a 129 cuaderno 1].
(11.40) Certificado expedido por la Cámara de Comercio respecto de María Luisa Chala Monraz y el establecimiento de comercio que tiene Servicentro Villagarzón, de 22 de abril de 1997 [fl.130 cuaderno 1].
(11.41) Licencia de tránsito número 94-1066809 correspondiente al vehículo de placas XZB-671, marca Dodge, de línea y cilindraje D-600-1997, modelo 1970, tipo camión, color rojo, de servicio particular, de carrocería tanque, con número de motor FT12279, número de chasis FKON-107679, de propiedad de María Luisa Chala Monraz y expedida el 7 de septiembre de 1970 [fl.131 cuaderno 1].
(11.42) Solicitud de Jaime Efrén Carvajal Gómez, de 25 de junio de 1997, por medio de la cual le informó al Juez o Fiscal Regional de Cali que se acogía a sentencia anticipada [fl.132 cuaderno 1].
(11.43) Solicitud de incidente de restitución de vehículo presentado por la apoderada de María Luisa Chala Monraz el 27 de junio de 1997 [fls.133 a 135 cuaderno 1].
(11.44) Certificación expedida por el Superintendente de Terpel del Sur S.A., planta de Puerto Asís el 22 de mayo de 1997 [fl.139 cuaderno 1].
(11.45) Constancia secretarial del Secretario Judicial II, de 26 de agosto de 1997, según el cual a partir de esa fecha corría el traslado por el término de cinco [5] días del incidente propuesto por el apodera de María Luis Chala [fl.142 cuaderno 1].
(11.46) Constancia de vencimiento de traslado del incidente de 3 de septiembre de 1997 [fl.143 cuaderno 1].
(11.47) Oficio del Ministerio Público, de 29 de agosto de 1997, con el que manifestó que no descorría el traslado del incidente propuesto [fl.144 cuaderno 1].
(11.48) Constancia secretarial de 2 de septiembre de 1997 en la que se acogieron y subsanaron el error cometido al abrir el cuaderno incidental propuesto por uno de los apoderados de María Luisa Chala [fl.146 cuaderno 1].
(11.49) Oficio número 1069, de 14 de julio de 1997, de la Técnico Judicial II de la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, Putumayo, con el que remitió a la Dirección Regional de Fiscalía en Cali el memorial suscrito por María Luisa Chala solicitando la devolución del vehículo carro tanque de placas XZB-671 vinculado al proceso radicado con número 14502 [fls.147 y 148 cuaderno 1].
(11.50) Comunicación enviada por María Luisa Chala Monraz el 8 de julio de 1997 al Defensor del Pueblo en Mocoa, Putumayo [fl.149 cuaderno 1].
(11.51) Informe secretarial de 20 de octubre de 1997 por medio del cual se remitió al Fiscal Regional las diligencias del proceso radicado con el número 14502 [fl.150 cuaderno 1].
(11.52) Oficio número 24190, de 28 de noviembre de 1997, con el que la Coordinadora de la Unidad II de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías remitió al Coordinador de Jueces Regionales los cuadernos correspondientes al radicado 14502 para que se continúe la etapa siguiente al haberse aceptado cargos por el encartado [fl.151 cuaderno 1].
(11.53) Providencia de 29 de diciembre de 1997 proferida por el Juzgado regional de Cali, Valle del Cauca, dentro del radicado incidental 3228 [fl.152 cuaderno 1].
(11.54) Oficio de la Secretaria de los Jueces Regionales de Cali, de 30 de diciembre de 1997, dirigida a la apoderada de María Luisa Chala solicitándole las direcciones de los testigos en el trámite incidental dentro del proceso radicado 3282 [fl.153 cuaderno 1].
(11.55) Álbum fotográfico del Cuerpo Técnico de Investigación, Sección Criminalística, de 4 de noviembre de 1997, derivados de la inspección judicial realizada al vehículo tipo carro tanque, de placas XZB-671, de color rojo realizada el 21 de octubre de 1997 [fls.154 a 156 cuaderno 1].
(11.56) Respuestas de la apoderada de María Luis Chala a la solicitud de direcciones de los testigos, radicada el 19 de febrero de 1998 [fls.157 a 159 cuaderno 1].
(11.57) Factura de venta número 0314519, de 5 de mayo de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago de contado de tres mil trescientos [3300] galones de gasolina verde 86 a Terpel Sur S.A., por valor de $ 3.346,926.66, y despachado al vehículo de placas XZB671 [fl.160 cuaderno 1].
(11.58) Factura de venta número 0318028, de 9 de mayo de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago de contado de tres mil trescientos [3300] galones de gasolina verde 86 a Terpel Sur S.A., por valor de $ 3.346,926.66, y despachado al vehículo de placas XZB671 [fl.161 cuaderno 1].
(11.59) Factura de venta número 0275920, de 20 de mayo de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago de contado de mil [1000] galones de diésel a Terpel Sur S.A., por valor de $ 1.150.000.oo, y despachado al vehículo de placas VXF465 [fl.162 cuaderno 1].
(11.60) Factura de venta número 0310452, de 27 de junio de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago a crédito de mil trescientos [1000] galones de diésel a Terpel Sur S.A., por valor de $ 1.150.000.oo, y despachado al vehículo de placas VZE681 [fl.161 cuaderno 1].
(11.61) Factura de venta número 0275947, de 21 de mayo de 1997, a nombre de EDS Villagarzón - Chala María L, con código de cliente 00526, correspondiente al pago de contado con cheque número 0000706930, de mil [1000] galones de gasolina verde 86 a Terpel Sur S.A., por valor de $ 1.144.310.20, y despachado al vehículo de placas SCF228 [fl.164 cuaderno 1].
(11.62) Providencia de 31 de marzo de 1998 del Juzgado Regional de Cali, Valle del Cauca, dentro del radicado 3282 [fls.166 y 167 cuaderno 1].
(11.63) Despacho comisorio número 0496 de 1º de abril de 1998, de la Secretaría Común de los Jueces Regionales de Cali [fl.168 cuaderno 1].
(11.64) Despacho comisorio número 0498 de 1º de abril de 1998, de la Secretaría Común de los Jueces Regionales de Cali [fl.169 cuaderno 1].
(11.65) Acta de la diligencia de inspección judicial realizada el 7 de mayo de 1998 por el DAS, Seccional Nariño-Putumayo, Puesto Operativo de Mocoa [fls.173 y 174 cuaderno 1].
(11.66) Declaración rendida por Antonio Javier Arias Patiño [fl.176 cuaderno 1].
(11.67) Declaración rendida por Miriam de Lourdes García [fl.177 cuaderno 1].
(11.68) Informe de remisión de expediente al Juzgado Regional de Cali de 8 de junio de 1998 [fl.182 cuaderno 1].
(11.69) Informe de la recepción de expediente el 4 de agosto de 1998 por la Secretaría Común de los Jueces Regionales de Cali [fl.183 cuaderno 1].
(11.70) Providencia de 10 de agosto de 1998 proferida por el Juzgado regional de Cali, Valle del Cauca, dentro del radicado 3282 [fl.184 cuaderno 1].
(11.71) Oficio número 9336, de 11 de agosto de 1998, con el que la Secretaria de los Jueces Regionales le remitió al Jefe de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías de Cali, dentro del proceso 3282, para que se iniciara el trámite de la extinción del dominio sobre el vehículo de placas XZB-671 [fls.185 y 188 cuaderno 1].
(11.72) Oficio número 9338, de 11 de agosto de 1998, con el que la Secretaria de los Jueces Regionales le remitió a la apoderada de María Luisa Chala, dentro del proceso 3282, para que se iniciara el trámite de la extinción del dominio sobre el vehículo de placas XZB-671 [fl.186 cuaderno 1].
(11.73) Oficio número 9340, de 11 de agosto de 1998, con el que la Secretaria de los Jueces Regionales le remitió al agente del Ministerio Público, dentro del proceso 3282, para que se iniciara el trámite de la extinción del dominio sobre el vehículo de placas XZB-671 [fl.187 cuaderno 1].
(11.74) Oficio 8604 de la Secretaria Común de los Jueces Regionales de Cali, Valle del Cauca, de 29 de septiembre de 1998, informando y remitiendo a la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías memorial presentado por la apoderada de María Luis Chala [fl.189 cuaderno 1], en el último de los cuales se solicitó “realizar la entrega de este vehículo de manera definitiva a su propietaria, para que nos e causen mayores perjuicios” [fl.191 cuaderno 1].
(11.75) Solicitud presentada por la apoderada de María Luisa Chala a la Fiscalía Regional de Cali [fls.192 y 193, 199 y 200 cuaderno 1], solicitando la “entrega de este vehículo materia de este incidente de manera definitiva a su propietaria para que así no se causa mayores prejuicios [sic]”.
(11.76) Informe secretarial de 30 de noviembre de 1998 relacionado con el trámite de la extinción de dominio [fl.194 cuaderno 1].
(11.77) Solicitud presentada por María Luisa Chala el 1 de marzo de 1999 al Fiscal Regional de Cali [fl.203 cuaderno 1].
(11.78) Oficio número 720, de 23 de abril de 1999, del Auxiliar de la Fiscalía Regional con el que se remitió a la Dirección Regional de Fiscalía de Cali una solicitud escrita presentada por María Luisa Chala [fls.204 y 205 cuaderno 1].
(11.79) Oficio de 14 de febrero de 2000, del Jefe de Unidades de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados [fl.206 cuaderno 1].
(11.80) Constancia y decisión de 8 y 11 de agosto de 2000 del Fiscal Sexto Especializado Delegado ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado en San Juan de Pasto, Nariño, que daba cuenta de la asignación del radicado 14502 y que avocaba el conocimiento del mismo [fl.209 cuaderno 1].
(11.81) Constancia y orden de 29 y 30 de agosto de 2000 del Fiscal Sexto Especializado Delegado ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado en San Juan de Pasto, Nariño, con la que se daba cuenta del asunto que tramitaba la Fiscalía Séptima Especializada y se le remiten los cuadernos [fl.210 cuaderno 1].
(11.82) Resolución interlocutoria número 0020 de 4 de septiembre de 2000 de la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pasto [fls.211 a 214 cuaderno 1].
(11.83) Despacho comisoria 003 de 11 de septiembre de 2000 con el que se solicitó notificar la Resolución interlocutoria número 0020 de 4 de septiembre de 2000 [fl.216 cuaderno 1].
(11.84) Comunicación del apoderado de María Luisa Chala, de 9 de octubre de 2000, dirigida al Fiscal Séptimo Especializado [fl.218 cuaderno 1], informando que “el comisorio de notificación personal a la Señora [sic] María Luisa Chala, no ha llegado a su destino, seguramente por los problemas del Paro Armado que afecta a esta región por lo cual me atrevo a sugerir se lo haga vía fax a la Unidad de Fiscalías de Mocoa”.
(11.85) Nota secretarial de 9 de octubre de 2000 según la cual el apoderado de María Luis Chala “manifestó que ya fue notificado en la ciudad de Pasto en la Fiscalía Séptima Especializada dela [sic] resolución enviada en comisión, y que él mismo informaría a la señora María Luisa Capal [sic], para que comparezca a notificarse” [fl.219 cuaderno 1].
(11.86) Acta de la diligencia de notificación personal a María Luisa Chala Monraz de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fl.220 cuaderno 1].
(11.87) Constancia secretarial de traslado de 20 de noviembre de 2000 para alegatos de conclusión [fl.221 cuaderno 1].
(11.88) Oficio de la Secretaría Judicial II de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, de 5 de diciembre de 2000, con la que se pasó a despacho para surtir el grado jurisdiccional del consulta de la decisión adoptada el 4 de septiembre de 2000 [fl.222 cuaderno 1].
(11.89) Resolución de 21 de diciembre de 2000 de la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de San Juan de Pasto, que revisó el grado jurisdiccional de consulta [fls.223 a 228 cuaderno 1].
(11.90) Oficio de remisión del expediente cursado contra María Luisa Chala, de 26 de diciembre de 2000, expedido por la Secretaria de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de San Juan de Pasto [fl.229 cuaderno 1].
(11.91) Despacho comisorio número 001 de 24 de enero de 2001, con el que se hizo saber al Fiscal Único Especializado de Mocoa, Putumayo, de la Resolución número 020 de 4 de septiembre de 2000 [fls.230 y 238 cuaderno 1].
(11.92) Despacho comisorio número 002 de 24 de enero de 2001, con el que se hizo saber al Fiscal Local de Orito, Putumayo, de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fls.231, 248, 249 cuaderno 1].
(11.93) Despacho comisorio número 003 de 11 de septiembre de 2000, con el que se hizo saber al Fiscal Jefe de la Unidad de Fiscalías Seccionales de Mocoa, Putumayo, de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fl.236 cuaderno 1].
(11.94) Acta de entrega definitiva del vehículo de placas XZB 671 a la señora María Luisa Chala Monraz, identificada con cédula de ciudadanía 27.364.389 de Villagarzón, de 2 de febrero de 2001 [fls.240 y 243 cuaderno 1].
(11.95) Oficio de 2 de febrero de 2000, de la Fiscal Única Especializada de Mocoa, Putumayo, con el que se solicitó a Manuel Jesús Bravo Delgado, de Servicentro Texaco, la entrega del vehículo retenido de propiedad de María Luisa Chala [fl.241 cuaderno 1].
(11.96) Certificación expedida por el Fiscal Séptimo Especializado de San Juan de Pasto [fl.246 cuaderno 1].
(12) Oficio número 028753, de 21 de octubre de 2002, del Subgerente Comercial de Terpel Sur S.A., con el que se envió “el listado promedio de venta durante enero a junio de 2002 correspondiente a E/S Villa Garzón-Chala María Luisa codificada con el número 526” [fls.330 y 331 cuaderno 1].
(13) Oficio número 028819, de 23 de octubre de 2002, del Administrativo y Financiero de Terpel Sur S.A., con el que se envío el listado de ventas efectuadas al Servicentro Villagarzón de Luisa Chala Monraz, en el primer semestre de 1997, que entre el 13 de enero al 27 de junio de 1997 alcanzaba un monto total de $ 204.727.108,85, un promedio mensual de $ 34.121.184,81, y un promedio semanal que ascendía a $ 8.530.296,20 [fls.332 a 334 cuaderno 1].
(14) Dictamen pericial rendido [fls.352 a 355 cuaderno 1].
(15) Oficio número 821405-0375, de 18 de septiembre de 2006, del Jefe de Recursos Físicos y Financieros de la DIAN, Pasto [fl.418 cuaderno 1].
26. Presentados los medios probatorios que obran en el proceso, y fijados los criterios para su valoración, la Sala debe establecer el objeto de la impugnación presentada por cada una de las partes.
5. Objeto del recurso de apelación presentado por la parte actora.
27. Para poder abordar el estudio del asunto la Sala se circunscribirá a los argumentos expuestos por cada una de las partes en sus escritos de apelación, cuyo se centró en que no hubo daño antijurídico para la Fiscalía General de la Nación, y que el período a declarar la responsabilidad comprendía desde el 23 de julio de 1997 y hasta el 2 de febrero de 2001, modificando la cuantificación de la indemnización de los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante, para la parte actora.
28. La anterior delimitación de los objetos de las impugnaciones permiten a la Sala formular los siguientes problemas jurídicos.
29. Del análisis material y sustancial de las pruebas presentadas se puede formular como problemas jurídicos: (1) ¿se tiene demostrada la producción de un daño antijurídico con ocasión de la retención del vehículo carro tanque de propiedad de la demandante María Luisa Chala Monraz, durante la investigación penal que iniciada el 17 de mayo de 1997, terminada con la entrega del mismo el 2 de febrero de 2001?; (2) en caso de demostrarse el daño antijurídico ¿es imputable fáctica y jurídicamente a las entidades públicas demandadas por falla en el servicio consistente en el defectuoso funcionamiento que derivó de la mora o retardo en las actuaciones y decisiones judiciales?; y, (3) establecida la imputación del daño antijurídico, ¿si procede reconocer los perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente y lucro cesante reclamadas en los montos señalados?
30. La Sala aborda el estudio de los fundamentos y delimitación probatoria para establecer si se encuentra demostrado el daño antijurídico, como primer e indiscutible elemento del juicio de responsabilidad, en el presente caso, como cuestión que fue negada por el a quo, y constituye el objeto de la apelación presentada por demandada Fiscalía General de la Nación.
7. Presupuestos del daño antijurídico.
7.1. La noción de daño en su sentido general.
31. Daño ha de entenderse como la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Sin embargo, el daño objeto de la reparación solo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. En este sentido, el daño solo adquirirá el carácter de antijurídico y en consecuencia será indemnizable, si cumple una serie de requisitos como lo son, el de ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:
“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: “Donde no hay interés, no hay acción”. Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser “legítimo y jurídicamente protegido” […]”(34).
32. Ahora bien, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual(35). En efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto(36)-(37), esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:
“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia(38)”.
33. La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(39). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(40).
34. La existencia es entonces la característica que distingue al daño cierto, pero, si la existencia del daño es la singularidad de su certeza no se debe sin embargo confundir las diferencias entre la existencia del perjuicio y la determinación en su indemnización(41). De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio, bien sea demostrando que efectivamente se produjo, bien sea probando que, el perjuicio aparezca como la prolongación cierta y directa de un estado de cosas actual(42).
7.2. La noción de daño antijurídico.
35. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal [carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural], a la esfera de actividad de una persona jurídica [carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades], o a la esfera patrimonial [bienes e intereses], que no es soportable por quien lo padece bien porque es irrazonable, o porque no se compadece con la afirmación de interés general alguno.
36. Así pues, daño antijurídico es aquel que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.
37. El daño antijurídico comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(43) y del Estado, impone considerar dos componentes: a) el alcance del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”(44); o la “lesión de un interés o con la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa”(45); y, b) aquello que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(46), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos(47); y, iii) porque no encuentra sustento en la prevalencia, respeto o consideración del interés general(48), o de la cooperación social(49).
38. En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”(50). Así pues, y siguiendo la jurisprudencia constitucional, se ha señalado “que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia Administración”(51).
39. De igual manera, la jurisprudencia constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra en los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(52).
40. Se precisa advertir que en la sociedad moderna el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamada a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva, y no sujetada o anclada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, solo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de una daño cierto, que afecta, vulnera, aminora, o genera un detrimento en derechos, bienes o interese jurídicos, y que esperar a su concreción material podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(53).
41. Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(54). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(55), anormal(56) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(57).
7.3. El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia(58).
42. La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”(59).
43. Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que este se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”(60). En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”(61).
44. Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:
“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquellos”(62).
45. En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:
“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”(63).
“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”(64).
“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”(65).
“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de estas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”(66).
46. Ahora bien, por su parte esta Corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”(67).
47. De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”(68), lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio(69). Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no solo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”(70).
48. Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:
“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error, (…) o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales(71) que la victima de las mismas no está llamada a soportar”(72).
49. La Sala teniendo en cuenta los anteriores argumentos examina si se encuentra o no demostrado el daño antijurídico para el caso en concreto.
7.4. El daño antijurídico en el caso en concreto.
50. Se tiene demostrado que los hechos que originaron la investigación penal adelantada, y dentro de la que se ordenó la retención del vehículo carro tanque, marca Dodge, modelo 1970, color rojo, placas XZB-671, de propiedad de María Luisa Chala Monraz, según la licencia de tránsito número 94-1066809, ocurrieron el 16 de mayo de 1997. En ese sentido se cuenta con la certificación del Fiscal 7º Especializado Delegado ante el Juez Penal del Circuito Especializado de San Juan de pasto, de 26 de octubre de 2001 [fl.20 cuaderno 1].
“[…] Que en este Despacho se adelantaron las diligencias de investigación previa radicadas bajo la partida Nº 16897, por un delito de violación a la Ley 104 de 1993, en contra de María Luisa Chala Monraz, por hechos sucedidos en la localidad de Villagarzón e [sic] el departamento del Putumayo, el día 16 de mayo de 1997, las cuales fueron archivadas mediante resolución de fecha septiembre 4 del 2000. En dichos hechos se incautó el vehículo carro tanque, marca Dodge modelo 1970, color rojo, placas XZB 671, Nº Motor FTI 2279, Nº chasis D61FKOV-10767, servicio particular, de propiedad de la mencionada. Desde el 16 de mayo de 1997, hasta el 2 de febrero del 2001, el vehículo no fue movilizado del parqueadero del señor Manuel Jesús Bravo Delgado hasta su entrega” [fl.20 cuaderno 1].
51. Dicha investigación penal inició el 17 de mayo de 1997 según la notificación del derecho de defensa de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Pasto [fl.30 cuaderno 1].
“[…] En Mocoa Putumayo, a los diecisiete días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete, siendo a las 00:20 de la mañana, fue puesto a disposición de esta Fiscalía el señor Jaime Efrén Carvajal Gómez, juntamente con el vehículo tipo carrotanque de color rojo de placas XZB 671, con el informe 0226 suscrito por el señor Domínguez Cerón José Luis, comandante de la estación Villagarzón. En tal virtud se le hace saber que ha sido dispuesto a disposición de esta Fiscalía por encontrarse presuntamente sindicado de un delito de Hurto [sic] de combustible, de acuerdo al informe rendido de la Policía de Villagarzón […] Sobre mi defensor tiene que buscarlo la señora María Luisa Chala, propietaria del vehículo” [fls.30 y 31 cuaderno 1].
52. Dichas actuaciones fueron remitidas el 19 de mayo de 1997 a la Fiscalía Regional por ser de su competencia, según informe secretarial, de 17 de mayo de 1997, de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Pasto [fl.32 cuaderno 1].
“[…] Doy cuenta al señor Fiscal, con el oficio 0266, mediante el cual dejan a disposición al señor Jaime Carvajal, juntamente con el vehículo tipo tanque, de placas XZB 671 cargado aproximadamente 3.000 galones de combustible.
c. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 89 de la Ley 104/93, el competente para conocer de esta clase de ilícitos es la Fiscalía Regional, se dispone que el próximo lunes 19 de los cursantes, pasen las diligencias, retenido y vehículo al Despacho antes mencionado […]” [fl.32 cuaderno 1].
53. El mismo 19 de mayo de 1997 la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa profirió Resolución de apertura de la investigación, ordenándose respecto del vehículo retenido establecer la naturaleza del combustible que fue decomisado, tomar sus improntas, y determinar su estado y funcionamiento del mismo para ese momento(73).
54. Desde el 19 de mayo de 1997 la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa reconoció a un abogado como apoderado de la demandante María Luisa Chala quien solicitó definir la situación del vehículo retenido.
55. El 5 de junio de 1997 mediante la Resolución 19 la Fiscalía Regional de Cali resolvió la situación jurídica Jaime Efrén Carvajal Gómez como sindicado del delito de hurto de combustible [fls.46 a 56 cuaderno 1], determinando que el “Camión [sic] tipo Carrotanque [sic], marca Dodge, color rojo, placas XZB 671, con motor Nº FT12279, Chasis [sic] Nº D61F0N-107679 Modelo [sic] 1970, que fuera incautado por la policía judicial ordinaria de la Policía Nacional, con sede en Villa Garzón, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 Inciso [sic] 2º del Decreto 2790 de 1990 que fuera adoptado como legislación permanente por el artículo 3º del Decreto Extraordinario 2271 de 1991. Se dispondrá dejarlo en CUSTODIA del señor Administrador de Bienes de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de San Juan de Pasto. Automotor que quedará desde el momento mismo de su aprehensión o incautación hasta que quede ejecutoriada la providencia que ordene su eventual entrega o adjudicación definitiva. Tal determinación será informada a la Oficina de Tránsito del Municipio de Villagarzón Putumayo a través de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalía de Cali. La entrega del referido automotor, al administrador de bienes o al funcionario que este designe quedara [sic] a cargo y bajo estricta responsabilidad del Fiscal Regional de Mocoa, Putumayo. Diligencia, en la que se hará una adecuada Inspección Judicial, dentro del término que estipula el artículo 338 del C.P.P o a la mayor brevedad. Debiéndose levantar conjuntamente o por separado, la correspondiente acta de entrega e inventario en la que dejará expresa constancia sobre el estado de conservación y funcionamiento del rodante, sus elementos y accesorios y demás aspectos pertinentes […]”(74).
56. El 27 de junio de 1997 la apoderada de María Luisa Chala presentó solicitud de incidente de restitución. El 25 de julio de 1997 mediante Resolución el Fiscal Regional tuvo como tercero incidental a María Luisa Chala [fl.121 cuaderno 1]. Según constancia secretarial del Secretario Judicial II, de 26 de agosto de 1997, según el cual a partir de esa fecha corría el traslado por el término de cinco [5] días del incidente propuesto por el apodera de María Luis Chala [fl.142 cuaderno 1], el cual venció el 3 de septiembre de 1997 como se establece en la constancia respectiva [fl.143 cuaderno 1].
57. El 21 de noviembre de 1997 la Fiscalía Regional de Cali profirió Resolución con la que remitió el expediente a la Coordinación de los Jueces Regionales de Cali, al haberse recibido de la Fiscalía Regional de Mocoa copia de la diligencia de sentencia anticipada practicada el 5 de noviembre de 1997 con el sindicado Jaime Efrén Carvajal Gómez(75).
58. El 15 de diciembre de 1997 el Juzgado Regional de Cali condeno a Jaime Efrén Carvajal Gómez por el punible endilgado, y ordenó compulsar copias para que se investigara a María Luisa Chala en lo “relacionado con la compra y venta del Combustible con el cual ella comercia”, decidiendo respecto del comiso del vehículo carro tanque de propiedad de aquella que se debía decidir “en el incidente que se inició ante la Fiscalía y el cual fue remitido ante esta Jurisdicción en orden a seguir su trámite correspondiente” [fls.80 a 91 cuaderno 1]. Como consecuencia de la anterior decisión, María Luisa Chala rindió declaración y ampliación de la misma en el marco de la investigación penal que se adelantaba por los mismos hechos.
59. El 19 de diciembre de 1997 el Juzgado Regional de Cali profirió providencia dentro del radicado incidental 3228 en el sentido siguiente:
“[…] Dado que en el presente INCIDENTE ya se han solicitado pruebas y esta [sic] nunca fueron practicadas por la Fiscalía es procedente que esta judicatura proceda a ordenarlas en orden [sic] a esclarecer los hechos y tomar la decisión respectiva sobre el vehículo materia del incidente.
Antes de ordenar las pruebas pertinentes se hace necesario que por Secretaría Común se solicite a los sujetos incidentalistas que nos suministren las direcciones en las cuales se pueden localizar a los testigos lo anterior debido a que es muy dispendioso para la autoridad comisionada que encuentre a las personas que deben rendir el testimonio sin tener dirección alguna.
Una vez realizado lo anterior lo anterior vuelvan lasa [sic] diligencias ante el Despacho en orden a ordenar las pruebas pertinentes” [fl.152 cuaderno 1].
60. El 30 de diciembre de 1997 se dirigió oficio por la Secretaría de los Jueces Regionales de Cali a la apoderada de María Luisa Chala solicitándole las direcciones de los testigos en el trámite incidental dentro del proceso radicado 3282 [fl.153 cuaderno 1]. A lo que se dio respuesta el 19 de febrero de 1998.
61. El Juzgado Regional de Cali, Valle, dentro del radicado incidental 3282 profirió providencia en la que decidió:
“[…] Antes de ordenar algunas probanzas se hace necesario que la señorita Secretaria Coordine [sic] con el empleado encargado de tramitar el presente expediente, en orden a que glose los memoriales y los documentos del incidente en dichos cuadernos debidamente igualados y no [sic] los remitan en el cuaderno original pues el incidente es necesario tramitarlo en cuaderno diferente al original del proceso
Así las cosas se hace necesario ordenar las siguientes pruebas ya que se aportaron los datos de los testigos.
Comisionase al juez promiscu [sic] municipal de la ciudad de Villagarzón - Putumayo, por un término de diez días más las distancias, para que se recepcione testimonios […]
De otra parte comisionase por el término de cinco días más las distancias, a la unidad investigativa del DAS para que haga inspección judicial con el vehículo materia de incidente, de igual forma se verificarna [sic] sus dueños y forma de adquicision [sic] pro [sic] parte de la propietaria” [fls.166 y 167 cuaderno 1].
62. El 7 de mayo de 1998 se practicó al vehículo una inspección judicial por el DAS, Seccional Nariño - Putumayo, Puesto Operativo de Mocoa [fls.173 y 174 cuaderno 1].
63. El 2 de julio de 1998 el Juzgado Regional de Cali profirió auto con el que confirmó el que determinó estarse a lo dispuesto por el Tribunal Nacional por medio del cual se confirmó la sentencia anticipada de 15 de diciembre de 1997 y la negación de libertad solicitada en junio de 1998, y se decidió que “Por secretaría común recábense las órdenes impartidas mediante sustanciación de marzo 31 de 1.998,M en lo referente al incidente que se adelanta respecto del carrotanque, así mismo y una vez se alleguen dichas pruebas remítase ante el despacho para tomar la decisión final” [fl.99 cuaderno 1].
64. De acuerdo con el informe secretarial de 14 de julio de 1998 se pasó al despacho del Jefe de la Unidad Regional de Fiscalías para que se asignara el expediente bajo el radicado 16897 a un Fiscal Regional y se adelantara la investigación penal en contra de María Luisa Chala para que se determinara el modo en que adquiría el combustible con el que comerciaba [fl.100 cuaderno 1].
65. El 10 de agosto de 1998 el Juzgado Regional de Cali dentro del radicado 3282 profirió la decisión siguiente:
“[…] Dado que el Honorable Tribunal Nacional confirmó en su totalidad la sentencia materia de la alzada y que aquella quedó debidamente ejecutoriada y ya que de acuerdo a la Ley 333 de 1.996., este Despacho no puede seguir adelante con el trámite incidental y dado que ya se practicaron algunas probanzas, se ordena:
Por Secretaría común expídanse copias ente la fiscalía regional de esta sede, de todo lo referente al incidente del carrotanque marca Dodge de placas XZB., 671, color rojo, servicio particular, número de motor FT.12279, y número de chasis D61FKOV-10767., para que inicien el trámite correspondiente a la acciónm [sic] de extinción del dominio del vehículo antes mencionado.
Para lo cual la secretaría común remitirá los facsímiles y los datos de aquel ente instructor solicite para el buen desarrollo de la acción.
La anterior determinación se le comunicara (sic) a los sujetos o sea los incidentalistas […]” [fl.184 cuaderno 1].
66. Por medio del oficio 9336, de 11 de agosto de 1998, la Secretaria de los Jueces Regionales le remitió al Jefe de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías de Cali, dentro del proceso 3282, para que se iniciara el trámite de la extinción del dominio sobre el vehículo de placas XZB-671 [fls.185 y 188 cuaderno 1]. A su vez, con el oficio 9338, de 11 de agosto de 1998, la Secretaria de los Jueces Regionales le remitió a la apoderada de María Luisa Chala, dentro del proceso 3282, para que se iniciara el trámite de la extinción del dominio sobre el vehículo de placas XZB-671 [fl.186 cuaderno 1]. Para el 29 de septiembre se solicitó nuevamente la entrega del vehículo.
67. El 20 de agosto de 1998 el Fiscal Regional de Cali profirió Resolución con la que se avocó conocimiento de la investigación penal en contra de María Luisa Chala [fls.101 y 102 cuaderno 1].
68. El 14 de septiembre de 1998 con oficio del Técnico Judicial II de la Unidad Siete [7] de la Secretaría Común de la Dirección Regional de Fiscalías, se remitió a la Fiscal Regional Delegada en Mocoa, Putumayo el proceso del radicado 16897 [fl.104 cuaderno 1].
69. El 6 de octubre de 1998 según informe secretarial de la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, Putumayo, se informó de la recepción del cuaderno del proceso remitido y se ordena realizar las diligencias [fl.105 cuaderno 1].
70. El 4 de diciembre de 1998 la Fiscalía Regional Delegada de Mocoa, citó a María Luisa Chala a instancias del proceso penal que se adelantaba en su contra [fl.106 cuaderno 1]. Luego, la misma rindió versión libre [fls.107 a 111 cuaderno 1].
71. El 1º de marzo de 1999 María Luisa Chala presentó solicitud ante el Fiscal Regional de Cali en el sentido siguiente:
“[…] en mi condición de lesionada, por ser la propietaria del tanque que se encuentra retenido por parte de esta fiscalía, con el mayor respeto manifiesto que el sindicado Jaime Efrén Carvajal Gómez, única persona responsable de los hechos y actos, que dieron pie para esta investigación, ya fue condenado, y hoy en día se encuentra libre gozando de su libertad, una vez pagó su purga.
En reiteradas ocasiones tanto la suscrita como mi apoderada se ha [sic] enviado sendos oficios a su despacho, solicitándoles que a la mayor brevedad me sea entregado mi vehículo automotor, que nada ha tenido que ver en este investigativo, en razón de que he sido ajena al ilícito cometido, y que ha sido sancionado.
Con la demora de la entrega de mi vehículo, se ha estado lesionando de manera que hoy me he visto en la imperiosa necesidad de pagar el transporte, en detrimento de mi situación económica.
Nuevamente, solicito encarecidamente a la Fiscalía Regional, si no es posible hacerme la entrega definitiva por el momento de este carro, se ordene la entrega temporal, para que no se haga más gravosa, mi situación, en razón de que este tanque sin el uso, cada día se ve más deteriorado, todos los días se incrementa bajo mis costos el pago de garaje.
De las investigaciones que se han hecho en mi contra, dentro del acerbo [sic] probatorio, se ha podido demostrar con claridad y certeza de que soy inocente y que nada tuve que ver en este delito y es por esto que pido clamorosamente a esa Fiscalía, se le dé el impulso procesal pertinente a este asunto y se ordene de carácter definitivo este vehículo” [fl.203 cuaderno 1].
72. El 29 de noviembre de 1999 el Fiscal especializado Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Cali, solicitó el envío inmediato de la investigación previa radicada bajo el número 16897 a la Dirección Seccional de Fiscalías - Unidad Especializada de Pasto, Nariño [fl.118 cuaderno 1]. Así es que obra el Oficio 93-U7, de 14 de enero de 2000, de la Unidad Siete de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados con la que se remitió el proceso radicado bajo el número 16897 a la Fiscalía Delegada ante los Jueces Especializados del Circuito de Pasto, Nariño [fl.119 cuaderno 1].
73. Obra el oficio de 14 de febrero de 2000, del Jefe de Unidades de la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados [fl.206 cuaderno 1], según el cual:
“[…] En mi calidad de Jefe de Unidades, ante la ausencia del titular del presente Despacho, asumo en forma temporal las presentes diligencias, y al revisarlas observo que tratan del trámite de extinción de dominio de un automotor, habiendo tenido ocurrencia los hechos delictuales en Puerto Asís-Putumayo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 71 del C.P.P., modificado por el artículo 5º de la Ley 504 de junio 25 de 1.999, y por el señor Fiscal General de la Nación en su Resolución Número 0-1069 de 1.999, en virtud de la cual se crearon las Unidades de Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito Especializados a nivel Nacional [sic], la competencia territorial y funcional para seguir conociendo de las presentes diligencias le corresponde a la Dirección Seccional de Fiscalías - unidad especializada de Pasto - Nariño, en consecuencia, REMÍTASE esta actuación para los fines legales pertinentes, poniendo a disposición el rodante incautado” [fl.206 cuaderno 1].
74. El 4 de septiembre de 2000 la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pasto profirió la Resolución 20 [fls.211 a 214 cuaderno 1] con el que resolvió inhibirse de continuar la investigación penal en contra de María Luisa Chala y determinó que una vez surtida la consulta de dicha decisión se comisionaba la Fiscal Especializada con sede en Mocoa (p), para que haga entrega a la señora Maria [sic] Luisa Chala de su automotor en forma definitiva […]” [fls.212 a 214 cuaderno 1]. Obra, además, el despacho comisorio 003 de 11 de septiembre de 2000 con el que se solicitó notificar la Resolución interlocutoria número 20 de 4 de septiembre de 2000 [fl.216 cuaderno 1]. De acuerdo con nota secretarial de 9 de octubre de 2000 el apoderado de María Luis Chala “manifestó que ya fue notificado en la ciudad de Pasto en la Fiscalía Séptima Especializada dela [sic] resolución enviada en comisión, y que él mismo informaría a la señora María Luisa Capal [sic], para que comparezca a notificarse” [fl.219 cuaderno 1]. Así como se tiene el Acta de la diligencia de notificación personal a María Luisa Chala Monraz de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fl.220 cuaderno 1].
75. El 5 de diciembre de 2000 de acuerdo con el oficio de la Secretaría Judicial II de la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior se pasó a despacho para surtir el grado jurisdiccional del consulta de la decisión adoptada el 4 de septiembre de 2000 [fl.222 cuaderno 1].
76. El 21 de diciembre de 2000 se profirió Resolución por la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de San Juan de Pasto, que revisó el grado jurisdiccional de consulta [fls.223 a 228 cuaderno 1], en el sentido siguiente:
“[…] Segunda.- De la resolución consultada
Considera esta Unidad Delegada no necesario entrar en análisis exhaustivo de la prueba con el fin de establecer la posible o no participación en el reato investigado por parte de María Luisa Chala, puesto que desde la misma investigación adelantada contra Jaime Efrén Carvajal Gómez, meridianamente se determina que la versionada en momento alguno tuvo conocimiento de los hechos, que su actuación en los mismos simplemente se limitó a ordenar la adquisición de un combustible, y a seguir los pasos de ese trámite por el cual ya había hecho tránsito en muchas otras ocasiones.
Para comprobar nuestra anterior manifestación contamos con la versión del conductor del vehículo de propiedad de María Luisa Chala, quien narra los antecedentes a la compra del combustible, exposición de la cual no se puede extraer por parte alguna que la versionada intervino directa o indirectamente en el ilícito perpetrado por Carvajal Gómez, puesto que, de lo por él narrado, se desprende que la adquisición del combustible se realizó bajo su propia responsabilidad, sin que nadie interviniera en esa operación y la compra que el condenado llevó a cabo no fue preparada ni estudiada por nadie ya que de lo expuesto, se deduce que a este simplemente se le presentó la oportunidad de hacerlo al encontrar aparetemente varada una tractomula contentiva de A.C.P.M y de ella adquirir el líquido. Si ello ocurrió así, expontáneamente [sic], como [sic] se podría deducir responsabilidad en María Luisa Chala, si ella no podía estar al tanto de lo que iba a suceder en el trayecto.
Qué responsabilidad le puede caber a la imputada, cuando ella dio la orden precisa que se adquiriera el combustible en la Estación [sic] de Servicio Terpel de Puerto Asís, ante el agotamiento del mismo que su estación presentaba, mas [sic] sin embargo su conductor, haciendo caso omiso de esa orden, a motu propio decide adquirirlo en forma muy diferente
Es clara entonces la situación de María Luisa Chala, quien nada tuvo que ver, en la decisión que tomó el conductor de su vehículo al variar la orden que esta había dado para la compra del ACPM en Terpel de Puerto asís [sic], perjudicando gravemente a quien le brinda medios de sustento al permitirle conducir su automotor, razones estas que nos llevan a confirmar la decisión tomada por el a quo, al abstenerse de continuar la investigación y al mismo tiempo ordenarse la entrega del vehículo trabado en el proceso y el liquido [sic] incautado
PRIMERO. CONFIRMAR la resolución interlocutoria de fecha 4 de septiembre del año en curso, por medio de la cual la Fiscalía Séptima Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, decidió abstenerse de continuar la investigación en [sic] favor de María Luisa Chala, como presunta responsable de violación a la Ley 104 de 1993 […]
SEGUNDO. CONFIRMAR igualmente la devolución definitiva del automotor tipo tanque, marca Dodge, modelo 1970, color rojo, placas XZB 671, motor FT12279, chasis D61FON107679 a la señora María Luisa Chala […]” [fls.224 a 227 cuaderno 1].
77. El 24 de enero de 2001 con el despacho comisorio número 001 se hizo saber al Fiscal Único Especializado de Mocoa, Putumayo, de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fls.230 y 238 cuaderno 1]. Y con el despacho comisorio número 002 de la misma fecha se hizo saber al Fiscal Local de Orito, Putumayo, de la Resolución 20 de 4 de septiembre de 2000 [fls.231, 248, 249 cuaderno 1].
78. La entrega definitiva del vehículo se hizo el 2 de febrero de 2001 según el acta que obra [fls.240 a 243 cuaderno 1].
79. De acuerdo con la valoración armónica, contrastada y bajo las reglas de la sana crítica, la Sala llega a la conclusión que no se demostró respecto de la retención del vehículo carro tanque de placas XZB-671 de propiedad de María Luisa Chala Monraz se haya producido daño antijurídico alguno teniendo en cuenta las obligaciones constitucionales y legales que debían cumplirse por la Fiscalía General de la Nación en sus diferentes instancias, y por la Rama Judicial con los Jueces Regionales que han intervenido por las razones siguientes: (1) el proceso penal que se inició el 17 de mayo de 1997 con ocasión de los hechos realizados el 16 de mayo de 1997 en los que fue capturado Jaime Efrén Carvajal Gómez y retenido el mencionado vehículo implicaban a dicho bien en la comisión del punible de hurto de combustible, de manera que se debía cumplir por parte de las autoridades judiciales competentes de la Fiscalía General de la Nación con lo consagrado en el artículo 338 del Decreto 2700 de 1991 aplicable para la época de los hechos, y que expresamente determinaba que los “instrumentos y efectos con los que se haya cometido un hecho punible doloso o que provengan de su ejecución y que no tengan libre comercio, pasarán a poder de la Fiscalía General de la Nación o la entidad que esta designe a menos que la ley disponga su destrucción”. En el caso de los delitos culposos se debía someter a experticio técnico y podía o no entregarse en depósito al propietario, quien no podría hacer uso comercial del mismo. La entrega definitiva solo se podía surtir cuando se pagaran o garantizaran “en cualquier momento procesal los daños materiales o morales, fijados mediante avalúo pericial, o cuando se dicte sentencia absolutoria, cesación de procedimiento o resolución de preclusión definitiva de la instrucción”; (2) a lo anterior, las mismas autoridades en atención a lo consagrado por el artículo 339 de la misma norma cuando se trate de automóviles vinculados a procesos por delitos de conocimiento atribuido a los Jueces Regionales, como en este caso, quedaban fuera del comercio a partir de su aprehensión, incautación u ocupación hasta que quedara ejecutoriada la providencia que definía su entrega o adjudicación definitiva, lo que implica que entre el 17 de mayo de 1997 y el 21 de diciembre de 2000, fecha en la que la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de San Juan de Pasto, que revisó el grado jurisdiccional de consulta, resolvió confirmar la decisión de 4 de septiembre de 2000 que se inhibió de seguir investigando penalmente a la propietaria del vehículo María Luisa Chala Monraz, el automotor estaba por fuera del comercio, además de poder estar retenido, contrario a lo planteado por la parte actora, ya que en caso de haberse sido depositado a sus órdenes igualmente no podía utilizarlo o destinarlo para las actividades comerciales u ordinarias para las que lo tenía; (3) luego no se consumó o materializó daño antijurídico alguno a la tutela judicial efectiva porque la demandante por medio de sus apoderados en diferentes instancias procesales pudo intervenir tanto dentro del proceso radicado con el número 14502 donde fue condenado Jaime Efrén Carvajal Gómez, como en el radicado 16897 que se cursaba en contra de Chala Monraz, e incluso en el cuaderno abierto con radicación 3228 para el trámite incidental; (4) tampoco se vulneró o restringió el derecho al debido proceso porque el trámite surtido respecto del vehículo se correspondió con lo consagrado en la norma procesal penal vigente para la época, hasta que el 21 de diciembre de 2000 quedara en firme la inhibición de seguir investigando penalmente a la propietaria del vehículo, para que desde esa fecha y hasta el 2 de febrero de 2001 en la que se hizo la entrega definitiva se surtiera el trámite de entrega definitiva dentro de un plazo razonable en los términos de las decisiones judiciales que se adoptaban, y sin contravenir o contradecir la norma procesal penal; (5) en todo caso la obligación tanto de la Fiscalía General de la Nación, en sus diferentes instancias, como de la Rama Judicial en las suyas debía garantizar el aseguramiento del bien con el que se investigara la comisión de un ilícito penal, labores que fueron cumplidas por ambas entidades públicas judiciales; (6) como lo que se demanda en ejercicio de la acción de reparación era que el vehículo debió haberse entregado desde el inicio del proceso, de ahí que obre una solicitud de 27 de junio de 1997 por parte de María Luisa Chala Monraz, y dada la complejidad del asunto, la conducta desplegada por esta persona y las consecuencias del litigio, era necesario y razonable mantener retenido el vehículo hasta que por providencia ejecutoriada se definiera no solo la situación jurídica del individuo que estaba involucrado en los hechos de 16 de mayo de 1997, sino también respecto de la propietaria del vehículo, lo que se produjo el 21 de diciembre de 2000, fecha después de la que se hizo la entrega el 2 de febrero de 2001 como tiempo que se entiende razonable para haber decidido la misma en cumplimiento de las decisiones de las instancias judiciales correspondientes; y, (7) por lo tanto, contrario a lo juzgado por el a quo en la sentencia de primera instancia, no se demostró la producción de un daño antijurídico, la haberse constatado la legalidad, razonabilidad y exigencia de la retención del vehículo de propiedad de María Luisa Chala Monraz al haber estado implicado o incurso en la comisión de punible de hurto de combustible, tal como se desprende del acervo probatorio, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia, definiéndose que ante la ausencia de daño antijurídico, no hay lugar a hacer el juicio de imputación, negándose la totalidad de las pretensiones de la demanda.
80. Con base en los anteriores argumentos, la Sala revoca la sentencia de primera instancia de 11 de diciembre de 2006, para en su lugar declarada la legitimación en la causa por pasiva de la Rama Judicial y negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.
81. Definido lo anterior, la Sala aborda lo relacionado con la condena en costas.
82. Finalmente, toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
1. REVOCAR la sentencia de 11 de diciembre de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, negando la totalidad de las pretensiones de la demanda con base en la parte motiva de esta providencia.
9 De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo [Decreto 1 de 1984], subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 y el Acuerdo 55 de 2003 del Consejo de Estado.
10 La mayor pretensión de la demanda ascendía a la suma de trescientos sesenta y siete millones doscientos ochenta mil pesos [$ 367.280.000.oo], por concepto de perjuicios materiales, lo que implica que superaba la cuantía exigida para el 9 de mayo de 2002, fecha de presentación de la demanda, que correspondía, , según el Decreto 587 de 1997, al valor de treinta y seis millones novecientos cincuenta mil pesos [$ 36.950.000.oo].
11 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737. En su modulación puede verse las siguiente sentencias: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334.
12 “Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia auténtica, y serán apreciables sin más formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”.
13 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 2011, expediente 19969.
14 Artículo 168 del Código Contencioso Administrativo: “En los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se aplicarán en cuanto resulten compatibles con las normas de este Código, las del Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración”. El artículo 211 de la Ley 1437 de 2011 reza lo siguiente: “En los procesos que se adelanten ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en lo que esté expresamente regulado en este Código, se aplicarán en materia probatoria las normas del Código de Procedimiento Civil”. En tanto que el artículo 214 de la ley 1437 de 2011 establece: “Toda prueba obtenida con violación al debido proceso será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia necesaria de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de la existencia de aquellas. La prueba practicada dentro de una actuación declarada nula, conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de contradecirla”. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.
15 Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.
16 Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2004, expediente 15088.
17 Sección Tercera, sentencia 20 de mayo de 2004, expediente 15650. Las “pruebas que acreditan la responsabilidad de la demandada que provienen de procesos disciplinarios internos tramitados por la misma, pueden ser valoradas en la presente causa contencioso administrativa, dado que se practicaron por la parte contra la que se aducen”. Las piezas procesales adelantadas ante la justicia disciplinaria y penal militar se allegaron por el demandante durante el período probatorio, y pueden valorarse. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 13 de noviembre de 2008, expediente 16741.
18 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737, Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 16 de noviembre de 1993, expediente 8059.
19 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334, Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 24 de noviembre de 1989, expediente 5573.
20 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, expediente 15284.
21 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 26737. Puede verse también: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607.
22 Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2013, expediente 20601; de la Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
23 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
24 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
25 “Artículo 289. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia. Los herederos a quienes no les conste que la firma o manuscrito no firmado proviene de su causante, podrán expresarlo así en las mismas oportunidades. No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión o se trate de un documento privado no firmado ni manuscrito por la parte a quien perjudica”.
26 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, expediente 13607. Además, en otra jurisprudencia se sostiene que “se trata de una prueba documental que fue decretada en la primera instancia, lo cierto es que pudo ser controvertida en los términos del artículo 289 […] por el cual se reitera, su apreciación es viable”. Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2009, expediente 16727. Cfr. también Sección Tercera, sentencia de 30 de mayo de 2002, expediente 13476. “Se exceptúa respecto de los documentos públicos debidamente autenticados en los términos del art. 254 CPC y los informes y peritaciones de entidades oficiales (art. 243 CPC)”. Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 14 de abril de 2011, expediente 20587.
27 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, Sub-sección B, sentencia de 27 de abril de 2011, expediente 20374.
28 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente 14174.
29 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 18 de enero de 2012, expediente 19920.
30 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 9 de mayo de 2012, expediente 20334. Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, expediente 16398.
31 Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12789; sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 18078.
32 Puede verse: Sección Tercera, sentencia de 11 de septiembre de 2014, expediente 20601; y Sub-sección C, sentencia de 3 de diciembre de 2014, expediente 45433.
34 Mazeaud. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p. 510.
35 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p. 507.
36 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998.
37 Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333.
38 Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021.
39 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p. 403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.
40 Henao, Juan Carlos, El Daño - Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 131
41 Chapus. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p. 403. En el mismo sentido el profesor Chapus ha manifestado “lo que el juez no puede hacer, en ausencia de la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio son la medida de la indemnización. Pero bien puede reconocer que la responsabilidad se compromete cuando la existencia del perjuicio se establece, sin importar las dudas que se tengan acerca de su extensión exacta”.
42 Henao, Juan Carlos, El Daño - Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 131.
43 Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en Anuario de Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Nº 4, 2000, p. 185. “[…] el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”. Martín Rebollo, Luis. “La responsabilidad patrimonial de la administración pública en España: situación actual y nuevas perspectivas”, en Badell Madrid, Rafael (Coord). Congreso Internacional de Derecho Administrativo (En Homenaje al Prof. Luis H. Farías Mata). Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 2006, pp. 278 y 279. Martín Rebollo se pregunta: “¿Cuándo un daño es antijurídico? Se suele responder a esta pregunta diciendo que se trata de un daño que el particular no está obligado a soportar por no existir causas legales de justificación en el productor del mismo, esto es, en las Administraciones Públicas, que impongan la obligación de tolerarlo. Si existe tal obligación el daño, aunque económicamente real, no podrá ser tachado de daño antijurídico. Esto es, no cabrá hablar, pues, de lesión”.
44 Larenz. “Derecho de obligaciones”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.
45 Sconamiglio, R. “Novissimo digesto italiano”, citado en Díez Picazo, Luis. Fundamentos de derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual. T.V. 1ª ed. Navarra, Thomson-Civitas, 2011, p. 329.
46 Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”., ob., cit., p. 186. “[…] que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”.
47 Mill, John Stuart, Sobre la libertad, 1ª reimp, Alianza, Madrid, 2001, pp. 152 y 153. “Cuál es entonces el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí mismo? ¿Dónde empieza la soberanía de la sociedad? ¿Qué tanto de la vida humana debe asignarse a la individualidad y qué tanto a la sociedad? […] el hecho de vivir en sociedad hace indispensable que cada uno se obligue a observar una cierta línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de otro; o más bien ciertos intereses, los cuales, por expresa declaración legal o por tácito entendimiento, deben ser considerados como derechos; y, segundo, en tomar cada uno su parte (fijada según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad o sus miembros de todo daño o vejación”.
48 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. La cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y principio de convencionalidad como pilares en su construcción, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013.
49 Rawls, John, Liberalismo político, 1ª ed, 1ª reimp, Fondo de Cultura Económica, Bogotá, 1996, p. 279. Este presupuesto puede orientar en lo que puede consistir una carga no soportable, siguiendo a Rawls: “la noción de cooperación social no significa simplemente la de una actividad social coordinada, organizada eficientemente y guiada por las reglas reconocidas públicamente para lograr determinado fin general. La cooperación social es siempre para beneficio mutuo, y esto implica que consta de dos elementos: el primero es una noción compartida de los términos justos de la cooperación que se puede esperar razonablemente que acepte cada participante, siempre y cuando todos y cada uno también acepte esos términos. Los términos justos de la cooperación articulan la idea de reciprocidad y mutualidad; todos los que cooperan deben salir beneficiados y compartir las cargas comunes, de la manera como se juzga según un punto de comparación apropiado […] El otro elemento corresponde a “lo racional”: se refiere a la ventaja racional que obtendrá cada individuo; lo que, como individuos, los participantes intentan proponer. Mientras que la noción de los términos justos de la cooperación es algo que comparten todos, las concepciones de los participantes de su propia ventaja racional difieren en general. La unidad de la cooperación social se fundamenta en personas que aceptan su noción de términos justos. Ahora bien, la noción apropiada de los términos justos de la cooperación depende de la índole de la actividad cooperativa misma: de su contexto social de trasfondo, de los objetivos y aspiraciones de los participantes, de cómo se consideran a sí mismos y unos respecto de los demás como personas”.
50 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Pantaleón, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p. 168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”.
51 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-918 de 2002. A lo que se agrega: “El artículo 90 de la Constitución Política le suministró un nuevo panorama normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado. En primer lugar porque reguló expresamente una temática que entre nosotros por mucho tiempo estuvo supeditada a la labor hermenéutica de los jueces y que solo tardíamente había sido regulada por la ley. Y en segundo lugar porque, al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del daño antijurídico”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual, ob., cit., p.297. Sin embargo, cabe advertir, apoyados en la doctrina iuscivilista que “no puede confundirse la antijuridicidad en materia de daños con lesiones de derechos subjetivos y, menos todavía, una concepción que los constriña, al modo alemán, a los derechos subjetivos absolutos, entendiendo por tales los derechos de la personalidad y la integridad física, el honor, la intimidad y la propia imagen y los derechos sobre las cosas, es decir, propiedad y derechos reales”.
52 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001. Cabe afirmar, que en la doctrina del derecho civil se advierte que “la antijuridicidad del daño no se produce porque exista violación de deberes jurídicos”, definiéndose como “violación de una norma especial o de la más genérica alterum non laedere”. Díez-Picazo, Luis. Fundamentos del derecho civil patrimonial. La responsabilidad civil extracontractual., ob., cit., p. 298.
53 Henao, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª ed, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp. 194, 196 y 203. "[…] el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo […] Se parte, en acuerdo con C. Thibierge cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad solo por la simple amenaza del daño, con la condición de que este último sea suficientemente grave” […] La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido […] La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”.
54 Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”.
55 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.
56 Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166. “por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”.
57 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.
58 Sección Tercera, Sub-sección C, sentencia de 16 de mayo de 2016, expediente 33077.
59 Sabourault, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en Deguergue, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p. 94.
60 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 57.
61 González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p. 58.
62 Tolivar Alas, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en Quintana López, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p. 518.
63 Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.
64 Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la Sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
65 Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P.: Álvaro Tafur Galvis.
66 Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp.: 867.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. González Alonso, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p. 57.
71 Colombia, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente: 12686.
72 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el (sic) actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.
73 Resolución de apertura de investigación número 112, de 19 de mayo de 1997, del Fiscal Regional Delegado de Mocoa, Putumayo [fl.33 cuaderno 1]. “[…] Se avoca el conocimiento de las presentes diligencias y con fundamento en el art. 334 del C.P.P y para practicar las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, especialmente respecto de las siguientes cuestiones […] 3- Se establecerá con la intervención de un perito oficial de que [sic] naturaleza es el combustible que le fuera decomisado al conductor del vehículo tipo tanque, de placas XZD671, marca dogge [sic], modelo 70 […] 5- Se llamará a declarar a los oficiales de la policía nacional que intervinieron en la retención física de Jaime Efrén Carvajal Gómez como también en la retención del vehículo y del combustible que transportaba en una cantidad de 3000 galones de (A.C.P.M) […] 7- Se tomara las respectivas improntas del vehículo retenido y así mismo el estado y funcionamiento actual del automotor; lo que se llevará a cabo con la intervención de un perito oficial en mecánica automotriz” [fl.33 cuaderno 1].
74 Resuelve cuarto: De conformidad con lo expuesto en el acápite de otras consideraciones, se deja en Custodia [sic] del señor Administrador de Bienes de la Dirección Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Fiscalía de San Juan de Pasto el Camión Tipo Carrotanque [sic], Marca [sic] Dodge, Modelo [sic] 1970 de color Rojo [sic], con placas XZB 671, motor Nº FT12279, Chasis [sic] Nº D61FON-107679, que según Licencia de Tránsito Nº 0125 4097 aparece a nombre de Maria Luisa Chala, con reserva de Dominio [sic] a favor de Cofiandina Ltda. Quinto: La entrega en custodia del automotor referido en el numeral anterior, al Administrador de Bienes de la Dirección Seccional de Fiscalía de San Juan de Pasto, o al funcionario a quien este designe, quedará bajo la estricta y personal responsabilidad del Fiscal Regional de Mocoa, Putumayo, quien previamente deberá realizar inspección judicial al rodante y levantar acta de entrega e inventario. Diligencias estas en la que se dejará expresa constancia acerca del estado de conservación y funcionamiento de dicho rodante. Sexto: Por Secretaría Común se oficiará a la Oficina de Tránsito Municipal de Villagarzón Putumayo, informándole que el automotor referido en el numeral Cuarto [sic] de esta Resolución, de conformidad con el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal, queda fuera del comercio a partir de su incautación, evento que ocurrió el día 16 de mayo de 1997” [fls.46 a 56 cuaderno 1].
75 Resolución sustanciadora de 21 de noviembre de 1997, del Fiscal Regional de Cali [fl.78 cuaderno 1]. “[…] Como quiera que la Fiscalía Regional de Mocoa (Ptyo) [sic] ha remitido vía fax, copia de la Diligencia Anticipada practicada con Jaime Efrén Carvajal Gómez el pasado 5 de noviembre de 1997, en la que este aceptó los cargos formulados por el ente acusador. se Dispone [sic]: Por Secretaría Común, debidamente igualados y foliados, remitánse [sic] los cuadernos del expediente con destino a la Coordinación de Jueces Regionales de Cali, para que dentro del término establecido en el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal se dicte Sentencia [sic] de conformidad con los hechos y circunstancias aceptadas por el procesado, siempre que no haya habido violación a las garantías fundamentales o causal de nulidad que invalide lo actuado, en la que se otorgue la rebaja de pena a la que se ha hecho acreedor” [fl.78 cuaderno 1].

References: artículo 339
 artículo 149
 Resolución 
 artículo 185
 artículo 168
 artículo 229
 artículo 289
 artículo 174
 artículo 267
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 229
 resolución 
 artículo 89
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 3
 artículo 338
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 71
 artículo 5
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 338
 resolución 
 artículo 339
 artículo 55
 artículo 129
 artículo 37
 artículo 13
 Artículo 168
 artículo 211
 artículo 214
 artículo 289
 artículo 90
 artículo 90
 Resolución 
 artículo 339
 Resolución 
 artículo 37