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Timestamp: 2019-07-21 06:44:17+00:00

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C-177 de 2001
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020013863CC-SENTENCIAC177200114/02/2001CC-SENTENCIA_C_177__2001_14/02/2001200138632001Sentencia C-177/01 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Razones por las cuales textos acusados se estiman violados DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Argumentación elemental GENOCIDIO -Delito de derecho internacional GENOCIDIO -Concepto CONVENCION PARA LA PREVENCION Y SANCION DEL GENOCIDIO DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS -Integración /GENOCIDIO EN DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Alcance DERECHO DE LA HAYA Y DERECHO DE GINEBRA -Objetivos DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Ramas DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO -Obligatoriedad DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD -Integración GENOCIDIO -Crimen atroz GENOCIDIO -Concepto amplio /GENOCIDIO -Definición /GENOCIDIO POLITICO -Penalización Ningún reparo puede formularse a la ampliación que de la protección del genocidio a los grupos políticos, hace la norma cuestionada, pues es sabido que la regulación contenida en los Tratados y Pactos Internacionales consagra un parámetro mínimo de protección, de modo que nada se opone a que los Estados, en sus legislaciones internas consagren un mayor ámbito de protección. No hay óbice para que las legislaciones nacionales adopten un concepto más amplio de genocidio, siempre y cuando se conserve la esencia de este crimen, que consiste en la destrucción sistemática y deliberada de un grupo humano, que tenga una identidad definida. Y es indudable que un grupo político la tiene. La incriminación de la conducta sistemática de aniquilación de un grupo político, mediante el exterminio de sus miembros, encuentra pleno respaldo en los valores y principios que informan la Constitución Política de 1991 entre los que se cuentan la convivencia, la paz y el respeto irrestricto a la vida y a la existencia de los grupos humanos, considerados como tales, con independencia de su etnia, nacionalidad, credos políticos, filosóficos o religiosos. GENOCIDIO-Restricción de protección por limitación a actuaciones legales Lejos de adoptar las medidas de adecuación legislativa consonantes con las obligaciones internacionales que el Estado Colombiano contrajo, en particular, al suscribir la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, se desvirtuó el propósito que con su consagración normativa se perseguía, pues restringió la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las personas, al concederla únicamente en tanto y siempre y cuando la conducta atentatoria recaiga sobre un miembro de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político "que actúe dentro de margen de la Ley," con lo que sacrificó la plena vigencia y la irrestricta protección que, a los señalados derechos, reconocen tanto el Derecho Internacional Humanitario, como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenios Internacionales que lo codifican. GENOCIDIO -Grupo al margen de la ley PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN PENAL -Carencia DERECHO A LA IGUALDAD EN DERECHOS FUNDAMENTALES DERECHO A LA VIDA -Protección igualitaria DERECHO A LA VIDA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO -Protección igualitaria VIDA -No admisión de diferenciaciones VIDA -Valor constitucional FUERZA PUBLICA -Combate de grupos políticos alzados en armas FUERZA PUBLICA -Legalidad de la acción FUERZA PUBLICA -Muerte en combate con grupos alzados en armas HOMICIDIO -No lo es la muerte en combate LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA -Límites Referencia: expediente D-3120
Marcela Adriana Rodriguez GomezCONSTITUCIONALIDADFabio Morón Díazcontrol de inconstitucionalidad contra el artículo 322ª (parcial) del Código Penal, creado por el artículo primero de la Ley 589 de 2000 "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura y se dictan otras disposicionesD3120Identificadores20020013864true26698Versión original20013864Identificadores
Norma demandada: control de inconstitucionalidad contra el artículo 322ª (parcial) del Código Penal, creado por el artículo primero de la Ley 589 de 2000 "Por medio de la cual se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la tortura y se dictan otras disposiciones
En criterio de este interviniente la norma cuestionada "resulta inconstitucional y peligrosa por lo difícil de conceptualizar la expresión impugnada... ¿Qué es un grupo político que actúa al margen de la Ley . Qué podemos responder Los disidentes del Gobierno de turno , los que no tienen personería jurídica . Los que compran y venden votos Los que reciben dineros de actividades ilícitas como el narcotráfico . Los que hacen uso de las armas . Los que obtienen votos con el tráfico de influencias . Será que sobre ellos es legítimo realizar prácticas criminales que constituyen crímenes de lesa humanidad
A este respecto debe además mencionarse que este cuerpo normativo, está integrado, por una parte, por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual, a su turno, está conformado por el conjunto de normas internacionales de índole convencional cuyo objeto y fin es "la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los Estados contratantes"[1].
El profesor Eduardo Suárez8 , define el ius cogens como:
La Corte Constitucional en sentencia sobre la exequibilidad del Protocolo I adicional de los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales9 , estableció que los Protocolos hacen parte del Ius Cogens y que en ellos están consagradas las garantías fundamentales para la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Estas garantías se encuentran definidas en el artículo 4º del Protocolo II , así:
6- En relación con el derecho de los conflictos armados, la doctrina tradicional solía distinguir entre el llamado derecho de la Haya o derecho de la guerra en sentido estric­to, codificado en los Convenios de la Haya de 1899 y 1907, y cuya finalidad tradicional ha sido regular la conducción de las hostilidades y los medios legítimos de combate; y, de otro lado, el Derecho de Ginebra o derecho internacional humanitario en sentido estricto, cuyo objetivo es proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades. Esto podría hacer pensar que cuando la Constitución habla del derecho humanitario sólo está haciendo referencia al llamado Derecho de Ginebra. Pero ello no es así, ya que la doctrina considera que actualmente no se puede oponer tajan­te­mente esos dos derechos ya que, desde el punto de vista lógico, la protec­ción de la población civil -objetivo clásico del derecho internacional humanitario en sentido estricto- implica la regula­ción de los medios legíti­mos de combate -finali­dad del tradicional derecho de la guerra-, y viceversa. Además, a nivel normativo, ha operado una cierta absorción del dere­cho de la Haya por el derecho de Gine­bra, como lo demues­tra la amplia regula­ción de los medios de combate por el título III del Protoco­lo Faculta­tivo I a los Convenios de Ginebra de 1949. Finalmen­te, los dos elementos que justifica­ban la distin­ción entre estos dos dere­chos, a saber las discusiones sobre el derecho a hacer la guerra (ius ad bellum) y sobre el estatuto jurídi­co de las partes, han perdido gran parte de su significa­ción jurí­dica y su valor doctrina­rio. En efecto, el derecho de la Haya consi­deraba necesario estudiar, en especial en los con­flictos armados internos, si un actor había adquirido el derecho a hacer la guerra, pues se estimaba que la decla­ratoria de beligeran­cia constituía un requisi­to necesario para que se pudie­sen apli­ca­r las normas que regulan los conflictos bélicos. Ahora bien, la Carta de las Naciones Unidas -con pocas excepcio­nes- ha prohibido el recurso a la guerra[2] y -como se verá más en detalle posteriormente- las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos suprimieron la declara­toria de beligeran­cia como requisito de aplica­bilidad de sus nor­mas. Por eso, la actual doctrina considera que ambas ramas del derecho de los conflictos armados pueden ser englobadas bajo la denomi­nación genérica de derecho internacional humanitario. Así, según el doctrinante Christophe Swinarski:
"Es lógico considerar que ambas ramas del clásico 'ius in bello' constituyen aquello que continúa vigente en el derecho interna­cional, después de la prohibición del recurso al uso de la fuerza...
El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas inter­nacionales, de origen conven­cional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no interna­cionales, y que limita, por razones humanitarias, el derecho de las partes en con­flicto a escoger libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra (Derecho de la Haya), o que protege a las personas y a los bienes afectados (Derecho de Ginebra).
Definido de esta manera, el derecho internacional humanitario justifica plenamente su denomi­na­ción más técnica de 'derecho internacional aplicable en situa­cio­nes de conflictos arma­dos'[3]".
Así también lo ha entendido esta Corporación en anteriores decisiones[4], en las cuales consideró que en el constitucionalismo colombiano el derecho internacional humanitario debe ser entendido de manera amplia, esto es, como el derecho de los conflictos armados, el cual comprende las dos ramas tradicionales: el derecho internacional humanitario en sentido estricto y el derecho de la guerra. En efecto, según la Corte, "en resumen, el derecho internacional humanitario contiene normas que limitan el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en combate, así como disposiciones encaminadas a proteger a las víctimas y a los bienes susceptibles de verse afectados por un conflicto armado.[5]"
7- El derecho internacional humanitario ha sido fruto esencialmente de unas prácticas consuetudi­narias, que se entienden incorporadas al llamado derecho consuetudinario de los pueblos civilizados. Por ello, la mayoría de los convenios de derecho internacional humanitario deben ser entendidos más como la simple codifi­cación de obliga­ciones existentes que como la creación de princi­pios y reglas nuevas. Así, esta Corporación, en las sentencias citadas, y en concordancia con la más autorizada doctrina y jurisprudencia internacionales, ha considerado que las normas de derecho internacional humanitario son parte integrante del ius cogens. Ahora bien, al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens o norma imperativa de derecho internacional general "una norma acepta­da y reconoci­da por la comunidad internacional de Estados en su conjunto cono norma que no admite acuerdo en contra­rio y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter". Por ello, según este mismo artículo de la Convención de Viena, todo tratado que contradiga esos principios es nulo frente al derecho internacio­nal. Esto explica que las normas humanitarias sean obliga­torias para los Estados y las partes en conflicto, incluso si éstos no han aprobado los tratados respectivos, por cuanto la imperatividad de esta normatividad no deriva del consenti­miento de los Estados sino de su carácter consue­tudinario. Al respecto dijo esta Corporación:
El derecho internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo.[6]"
9- Tampoco puede uno de los actores armados alegar el incumplimiento del derecho humanitario por su contrincante con el fin de excusar sus propias violaciones de estas normas, ya que las limitaciones a los combatientes se imponen en beneficio de la persona humana. Por eso, este derecho tiene la particularidad de que sus reglas constituyen garantías inalienables estructuradas de manera singular: se imponen obligaciones a los actores arma­dos, en beneficio no propio sino de terceros: la población no combatiente y las víctimas de ese enfrentamiento bélico. Ello explica que la obligación humanitaria no se funde en la recipro­cidad, pues ella es exigible para cada una de las partes, sin hallarse subordinada a su cumplimiento correlativo por la otra parte, puesto que el titular de tales garantías es el tercero no combatiente, y no las partes en conflicto. Al respecto, esta Corte ya había señalado que "en estos tratados no opera el tradicional principio de la reciprocidad ni tampoco, -como lo pone de presente la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua-, son susceptibles de reserva[7]".
Colombia cuenta con el honor de ser una de las primeras naciones independientes en haber defendido el principio de que la obligación humanitaria no se funda en la reciprocidad. En efecto, mucho antes de que en Europa se suscribieran los primeros Convenios de Ginebra o de la Haya, el Libertador Simón Bolívar firmó con el General Morillo un "tratado de regulación de la guerra" con el fin de "economizar la sangre cuanto sea posible". Este convenio, según el jurista francés Jules Basdevant, es uno de los más importantes antecedentes del derecho de los conflictos armados a nivel mundial, puesto que no sólo contiene cláusulas pioneras sobre trato humanitario de heridos, enfermos y prisioneros sino, además, porque constituye la primera aplicación conocida de las costumbres de la guerra a lo que hoy llamaríamos una guerra de liberación nacional[8]. Pocos meses después, el 25 de abril de 1821, Bolívar envió una proclama a sus soldados, por medio de la cual les ordenaba respetar los artículos de la regularización de la guerra. Según el Libertador, "aun cuando nuestros enemigos los quebranten, nosotros debemos cumplirlos, para que la gloria de Colombia no se mancille con sangre"(subrayas no originales)[9].
10- En el caso colombiano, estas normas humanitarias tienen además especial imperatividad, por cuanto el artículo 214 numeral 2º de la Constitución dispone que "en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario". Esto significa que, como ya lo señaló esta Corporación, en Colombia no sólo el derecho internacional humanitario es válido en todo tiempo sino que, además, opera una incorporación automática del mismo "al ordenamiento interno nacional, lo cual, por lo demás, es lo congruente con el carácter imperativo que, según ya fue explicado, caracteriza a los principios axiológicos que hacen que este cuerpo normativo integre elius cogens.[10]" Por consiguiente, tanto los integrantes de los grupos armados irregulares como todos los funcionarios del Estado, y en especial todos los miembros de la Fuerza Pública quienes son destinatarios naturales de las normas humanitarias, están obligados a respetar, en todo tiempo y en todo lugar, las reglas del derecho internacional humanitario, por cuanto no sólo éstas son normas imperativas de derecho internacional (ius cogens) sino, además, porque ellas son reglas obligatorias per se en el ordenamiento jurídico y deben ser acatadas por todos los habitantes del territorio colombiano. Y no podía ser de otra manera, pues las normas de derecho internacional humanitario preservan aquel núcleo intangible y evidente de los derechos humanos que no puede ser en manera alguna desconocido, ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado. Ellos encarnan aquellas "consideraciones elementales de humanidad", a las cuales se refirió la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia de 1949 sobre el estrecho de Corfú. No se puede entonces excusar, ni ante la comunidad internacional, ni ante el ordenamiento jurídico colombiano, la comisión de conductas que vulneran claramente la conciencia misma de la humanidad, como los homicidios arbitrarios, las torturas, los tratos crueles, las tomas de rehenes, las desapariciones forzadas, los juicios sin garantías o la imposición de penas ex-post facto.
Para ello conviene tener en cuenta que estos convenios hacen parte, en sentido genérico, del corpus normativo de los derechos humanos, puesto que, tanto los tratados de derechos humanos en sentido estricto como los convenios de derecho humanitario son normas de ius cogens que buscan, ante todo, proteger la dignidad de la persona humana. Son pues normatividades complementarias que, bajo la idea común de la protección de principios de humanidad, hacen parte de un mismo género: el régimen internacional de protección de los derechos de la persona humana. La diferencia es entonces de aplicabilidad, puesto que los unos están diseñados, en lo esencial, para situaciones de paz, mientras que los otros operan en situaciones de conflicto armado, pero ambos cuerpos normativos están concebidos para proteger los derechos humanos. Así, esta Corporación ya había señalado que "el derecho internacional humanitario constituye la aplicación esencial, mínima e inderogable de los principios consagrados en los textos jurídicos sobre derechos humanos en las situaciones extremas de los conflictos armados.[11]"
Ahora bien, el artículo 93 de la Carta establece la prevalencia en el orden interno de ciertos contenidos de los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. Esta Corte ha precisado que para que opere la prevalencia tales tratados en el orden interno, "es necesario que se den los dos supuestos a la vez, de una parte, el reconocimiento de un derecho humano, y de la otra que sea de aquellos cuya limitación se prohiba durante los estados de excepción"[12]. En tales circunstancias es claro que los tratados de derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra de 1949 o el Protocolo I, o este Protocolo II bajo revisión, cumplen tales presupuestos, puesto que ellos reconocen derechos humanos que no pueden ser limitados ni durante los conflictos armados, ni durante los estados de excepción. Además, como lo señaló esta Corporación en la revisión del Protocolo I, y como se verá posteriormente en esta sentencia, existe una perfecta coincidencia entre los valores protegidos por la Constitución colombiana y los convenios de derecho internacional humanitario, puesto que todos ellos reposan en el respeto de la dignidad de la persona humana. En efecto, esta Corte ya había señalado que "las disposiciones del derecho internacional humanitario que tratan sobre el manejo de las personas y las cosas vinculadas a la guerra, como las que señalan la forma de conducir las acciones bélicas, se han establecido con el fin de proteger la dignidad de la persona humana y para eliminar la barbarie en los conflictos armados"[13].
12- A partir de todo lo anterior se concluye que los convenios de derecho internacional humanitario prevalecen en el orden interno. Sin embargo, ¿cuál es el alcance de esta prevalencia Algunos doctrinantes y algunos intervinientes en este proceso la han entendido como una verdadera supraconstitucionalidad, por ser estos convenios normas de ius cogens. Esto puede ser válido desde la perspectiva del derecho internacional puesto que, conforme al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, una Parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Con menor razón aún podrán los Estados invocar el derecho interno para incumplir normas de ius cogens como las del derecho internacional humanitario. Pero, desde la perspectiva del derecho constitucional colombiano, esta interpretación debe ser matizada, puesto que la Constitución es norma de normas (CP art. 4º). ¿Cómo armonizar entonces el mandato del artículo 93, que confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a ciertos contenidos de los convenios de derechos humanos, con el artículo 4º que establece la supremacía no de los tratados sino de la Constitución
La Corte considera que la noción de "bloque de constitucionalidad", proveniente del derecho francés pero que ha hecho carrera en el derecho constitucional comparado[14], permite armonizar los principios y mandatos aparentemente en contradicción de los artículos 4º y 93 de nuestra Carta.
Así se plasmó en las exposiciones de motivos[15] del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 589 del 2000, a que pertenece la regulación normativa contenida en el artículo 322ª, cuya restricción a los grupos que actúen dentro del margen de la ley, constituye materia de cuestionamiento en estrado de constitucionalidad.
Inexequible la frase ... Artículo 101 LEY_599_2000_24/07/2000
[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva O.C. 2/82 del 24 de diciembre de 1982, Serie A, No. 2, párr. 229.
8 Representante mexicano en la Convención de Viena
9 Sentencia C-574 de la Sala Plena de la Corte Constitucional de 28 de octubre de 1.992. Magistrado Ponente Ciro Angarita Barón.
[2]Tanto el preámbulo como el artículo 2º excluyen el recurso a la guerra como mecanismo para zanjar las disputas internacionales. Sólo se admite la guerra defensiva en caso de agresión (artículo 51) o las medidas de fuerza dictaminadas por el Consejo de Seguridad (Capítulo VII de la Carta).
[3]Christophe Swinarski. Direito Internacional Humanitario. Sao Paulo: Revista dos tribunais, 1990 pp 30- 31.
[4]Ver sentencia C-574/92 y C-088/93, en ambas M.P Ciro Angarita Barón.
[5]Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón
[6]Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[7]Corte Constitucional. Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[8]Ver Alejandro Valencia Villa. Derecho humanitario para Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1994, pp 48 y ss.
[9]Simón Bolívar. Obras Completas. La Habana: Editorial Lex: 1947, Tomo II, p 1173.
[11] Sentencia C-574/92. M.P Ciro Angarita Barón.
[12] Sentencia C-295/93 M.P. Carlos Gaviria Díaz
[13]Sentencia C-179/94. MP Carlos Gaviria Díaz.
[14]Sobre esta noción, ver Louis Favoreu "El bloque de constitucionalidad" en Revista del Centro de Estudios Constitucionales., No 5 pp 46 y ss. Igualmente Javier Pardo Falcón.El Consejo Constitucional Francés. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pp 115 y ss.
[15]Actuaron como Ponentes los Representantes Antonio Navarro Wolf, María Isabel Rueda y Luis Fernando Velasco y el Senador Luis Fernando Velasco. Cfr. Gacetas del Congreso Nos. 126, 185, 253, 277 y 369 de 1998, y 605 de 1999- Senado, Nos. 37, 181, 184, 405, 450, 511 y 594 de 1999- Cámara de Representantes. Igualmente, las Gacetas del Congreso Nos. 65, 66, 70, 76, 96, 114, 282 y 308 del 2000.

References: artículo 322
 artículo 322
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 214
 artículo 93
 artículo 27
 artículo 93
 artículo 4
 artículo 322
 Artículo 101
 artículo 2