Source: https://www.registraduria.gov.co/rev_electro/revista_oct2010/revista_oct2010.html
Timestamp: 2018-02-24 00:35:28+00:00

Document:
Revista Nuestra Huella. Recomendaciones de ajuste al sistema electoral
Edición No. 44, Año IV - octubre de 2010
El Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel S�nchez Torres, se refiri�, el pasado 28 de agosto en el Peri�dico de los Colombianos, a la propuesta sobre el Voto Obligatorio para acabar con el abstencionismo: �El problema no est� en que el voto sea obligatorio o no, sino en el tipo de sanci�n. Tienen que ser multas muy serias para que la gente cumpla, como por ejemplo las multas de tr�nsito o las que ponen por incumplir el deber de ser jurado de votaci�n durante la jornada electoral. En Per� es obligatorio el voto y la gente lo que hace es pagar la multa pero no vota. Prefiere gastar dinero que acercarse a las urnas a depositar su voto�.
La cifra del mes $1.181.141.700.177
Solicitó la Regisraduría Nacional del Estado Civil al Gobierno Nacional para la vigencia del 2011. En el proyecto de Ley de Presupuesto radicado por el Gobierno Nacional ante el Congreso fueron apropiados solamente $595.300.597.854.
Reflexiones acerca de una Reforma Pol�tica y Electoral
Lea la carta enviada por el señor Registrador Nacional, Dr. Carlos Ariel S�nchez Torres, al Ministro de Interior y de Justicia, Dr Germán Vargas Lleras, el 6 de septiembre de 2010.Descargue aquí...
El Registrador Nacional del Estado Civil, Dr. Carlos Ariel S�nchez Torres, le envi� una carta el pasado 6 de septiembre al Ministro del Interior y Justicia, Dr. Germ�n Vargas Lleras, en la que respetuosamente plantea las reformas preliminares que requiere el sistema electoral colombiano. El siguiente documento recoge las principales ideas del Registrador Nacional con relaci�n a la reforma sistem�tica que requiere el pa�s... (ver más...)
Modernizaci�n electoral
A un a�o de las elecciones de autoridades locales de octubre de 2011, la agenda pol�tica de las �ltimas semanas ha estado marcada por las discusiones sobre las reformas que requiere el sistema electoral colombiano. Aunque la Registradur�a Nacional del Estado Civil carece de iniciativa legislativa, hemos contribuido a este debate con nuestros propios argumentos, tal y como lo hicimos cuando se debati� la Reforma Pol�tica del a�o 2009...(ver más...)
Las �reas de Electoral e Identificaci�n coordinan esfuerzos para implementar el control biom�trico
El cruce de las impresiones dactilares o huellas de los ciudadanos cedulados con el listado de potenciales sufragantes que conforman el censo electoral hace posible el control biom�trico en una elecci�n...(ver más...)
Comienzan los preparativos para la elecci�n de las autoridades locales
Seg�n el precalendario electoral, la inscripci�n de c�dulas ser� entre el 2 de marzo y el 29 de mayo de 2011. La elecci�n de gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y Juntas Administradoras Locales se realizar� el 30 de octubre de 2011...(ver más...)
Con Grupo Elite, la Registradur�a atiende inconvenientes de los ciudadanos con la c�dula amarilla con hologramas
Detr�s de la consulta en la p�gina www.registraduria.gov.co o la llamada a las l�neas telef�nicas 3578240, 3830030 en Bogot� y 018000522010 desde el resto del pa�s, hay 15 funcionarios dedicados exclusivamente a informar qu� problemas hubo con la expedici�n de una c�dula...(ver más...)
Escrutinio inmediato y con soporte tecnológico
por: Dr. Alfonso Portela Herrán
En el marco de las reflexiones para buscar combatir los problemas de irregularidades y fraude en los comicios, mucho se ha hablado acerca de la necesidad de implementar el voto electr�nico en Colombia, y con ello toda suerte de propuestas para el mejoramiento del proceso electoral... (ver más...)
C�mo estamos frente al voto electr�nico
�Qu� tan lejos est� la Organizaci�n Electoral de utilizar la tecnolog�a para evitar la suplantaci�n de electores, agilizar la entrega de resultados y darle transparencia y m�s garant�as a los procesos electorales?... (ver más...)
El voto electr�nico en el exterior
Por: Camilo Ortega Sáchica y Nicolás Pinzón Márquez
Para poder abordar el tema puntual de las experiencias de voto electr�nico en otros pa�ses, es conveniente definir el concepto de Democracia Electr�nica y Voto Electr�nico que como especie de la primera, tiene su campo de aplicaci�n dentro del escenario mismo del sufragio el cual, dentro de este contexto comporta diversas variables1... (ver más...)
Listo el precalendario para las elecciones del 30 de octubre de 2011
Desde el pasado 5 de agosto, la Registradur�a Nacional del Estado Civil public� en su página web el precalendario electoral para la elecci�n de asambleas departamentales, gobernadores, concejos municipales, alcaldes y juntas administradoras locales que se celebrar� el 30 de octubre de 2011...(ver más...)
�El Servicio es Nuestra Identidad�
El Registro Civil es el documento probatorio de la situaci�n jur�dica de una persona, dado que tiene plena validez y surte efectos, constituyendo el principio b�sico del ordenamiento jur�dico...(ver más...)
Las campañas de identificación y entrega de cédulas siguen en todo el país
De acuerdo con las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta el 10 de septiembre de 2010, había en las oficinas de la Entidad en todo el país un total de 2.193.910 documentos pendientes de reclamar por sus titulares. De ese total, 1.855.868 son cédulas de ciudadanía y 323.329 tarjetas de identidad...(ver más...)
Así Pasó Septiembre
Comisionado Nacional de Televisión...(ver más...)
Bosé puede reclamar su cédula amarilla con hologramas...(ver más...)
A lo largo de la historia de Colombia siempre ha sido tema de debate la necesidad de realizar una reforma política. Debate recurrente y presentado como prioritario por varias administraciones, independientemente del origen ideológico y partidista que haya permitido el acceso al gobierno.
Si bien ha sido recurrente, en ningún caso es inocuo, atendiendo a las dinámicas que tanto en el contexto nacional como internacional hacen necesario repensar la adecuación de normas que viabilicen, a través del texto Constitucional y de la estructura legal, impulsar la modernización y desarrollo de sectores o instituciones con el fin último de la búsqueda del bien colectivo como principio fundamental y supremo que justifica la existencia del Estado Social de Derecho proclamado en la Carta Fundamental.
De hecho en una democracia la voluntad política para reformar va atendiendo a las transformaciones sociales y del ordenamiento jurídico, que pueden generar obsolescencia de la estructura jurídica y que son habilitantes para la introducción de reformas.
Los procesos de reforma a las estructuras constitucionales y legales deben, en su integralidad, contemplar juiciosamente las transversalidades de orden jurídico, orgánico e institucional que serán intervenidas en el proceso y por supuesto contemplar las fuentes presupuestales y financieras que garanticen su efectiva aplicación.
Todos los países democráticos procuran que cuando de elegir a algún funcionario público se trate, la legitimidad, la transparencia y la efectividad sean el común denominador del proceso de elección.
El sistema electoral es el encargado de poner las reglas para las elecciones; además, es el responsable de contabilizar y emitir los resultados de manera ágil, efectiva y, sobre todo, transparente, y es por eso que se puede decir que la fe en la democracia, el respeto a la participación ciudadana y la legitimidad del Gobierno recaen principalmente en el sistema electoral, pudiéndose valorar la efectividad del sistema electoral de acuerdo con los resultados que brinde.
Es en este contexto, y en lo que representa el efecto sinérgico que una Reforma Política tendrá sobre el Sistema Electoral, que la Registraduría Nacional del Estado Civil ha reflexionado acerca de lo que sería una Reforma Electoral estructural que la adecúe a los nuevos retos del fortalecimiento democrático y salvaguarde el más preciado derecho de los ciudadanos: el voto.
Los últimos procesos electorales (marzo, mayo y junio de 2010), si bien reafirmaron bondades y fortalezas en las diferentes etapas, también mostraron la necesidad de adelantar transformaciones que fortalezcan y blinden aún más la confianza que la voluntad ciudadana deposita en el Sistema.
Una reforma política como la que se ha venido conociendo por los medios de comunicación, representa profundos cambios que deben ser considerados desde una óptica sistemática. Sin duda, cada etapa del proceso electoral involucra a distintos organismos y actores civiles y políticos, que en la mayoría de los casos deben actuar de manera coordinada dentro de las reglas del Estado democrático de derecho. Y debe ser así, como quiera que cada derecho político representa obligaciones positivas o negativas dependiendo del tópico político o electoral que se trate, y según sea el interés sobre el resultado de la gestión electoral.
A la vez, se trata de un ámbito de la función pública de la cual se demanda una efectividad de altísimos niveles, siendo ésta generalmente calificable desde la prontitud en la divulgación de los resultados electorales, transparencia, seguridad, inviolabilidad y autenticidad del voto.
Pero para quienes han explorado o llevado a cabo la gestión electoral, no es ajena la reflexión en cuanto a que ella es compleja y diversa, como quiera que involucra cuestiones técnicas, económicas, jurídicas y políticas. Por tanto, sólo una reforma con sentido previsivo, estratégico, integral, garantista y proporcional, puede ser vista como una verdadera reforma al “sistema” político y electoral colombiano.
Entonces sería deseable una reforma que guarde sentido de proporcionalidad entre los derechos fundamentales comprometidos, los deberes de los partidos y candidatos, y la modernidad, capacidad técnica, logística, financiera y humana de los organismos que hacen y realizan las elecciones.
Si una de estas piezas del sistema no está a plenitud de condiciones frente a la otra, toda reforma constitucional o legal puede verse frustrada en el corto, mediano y largo plazo. En este orden de ideas, si tomamos en consideración ciertos temas que hoy día están en la agenda de quienes tienen el deber o la ocasión de sumar esfuerzos en torno a superar la “crisis de la política”, la democratización de los partidos resulta siendo la piedra de toque de muchas sinergias al interior del Sistema Político Colombiano.
El Acto Legislativo No. 01 del 3 de julio de 2003 que modificó la Constitución Política estableció la opción a los partidos políticos de conformar sus listas con el denominado voto preferente, dando la posibilidad al elector de señalar en la tarjeta electoral el candidato de su preferencia entre los números correspondientes a los nombres que conforman la lista inscrita por el partido o movimiento político.
La Registraduría Nacional considera conveniente la eliminación del voto preferente y conformar listas únicas y cerradas, lo cual asegura reglas y mecanismos claros, objetivos y transparentes para la escogencia de candidatos, miembros del partido, directivos y la ejecución de los dineros recaudados por cuenta de la financiación política o electoral. La escogencia de candidatos en consultas internas jalona el proceso competitivo y aumenta la fiscalización sobre la influencia de dineros ilícitos al interior del mismo partido.
En efecto, para lograr la democratización de los partidos –tema de punta desde cualquier orilla política o de opinión si de moralidad y cambios políticos hablamos- el tema de la conformación de listas, las suplencias por vacancias temporales o definitivas de candidatos elegidos a corporaciones de elección popular, financiación política y electoral y la circunscripción electoral, vendrían a ser los instrumentos subyacentes de la deseada democratización.
Por ejemplo, un primer paso sería la conformación de listas de candidatos, en la medida que éstas sean “únicas” y “cerradas”, en pro de la democratización. Este cambio vendría a ser medio y fin al mismo tiempo. Medio, porque la idea de listas únicas y cerradas jalona un proceso competitivo que, por parte de quienes concurran al mismo, asegura reglas y mecanismos claros, objetivos y transparentes para la escogencia de candidatos, miembros del partido, directivos y ejecución de los dineros recaudados por cuenta de la financiación política o electoral. Y sería un fin en sí mismo porque desde la información que fluye desde un ámbito de competencia reglada y cierta, la influencia de dineros ilícitos o la instrumentalización de los partidos o cargos obtenidos hacia fines ilícitos, vendría a ser fuertemente supervisada y en su caso divulgada por los demás miembros del partido. Por ello la idea de que la democratización debe ser materializada por la escogencia de candidatos en el seno de consultas de partido, las cuales no serían inocuas siempre y cuando se garantice el cumplimiento de las normas de acceso al partido y a la posibilidad de postulación para representar los intereses del partido, que deberían ser los mismos manifestados en sus estatutos.
Ciertamente, la representación de los intereses que los candidatos de un partido representan para los ciudadanos que les siguen no necesariamente guarda una unidad geográfica, cultural o económica en el orden nacional. En otras palabras, el interés social no es homogéneo en todas las partes del país. Frente a este fenómeno, cuando se plantea un régimen sancionatorio disciplinario para los partidos, trasluce la posibilidad de que una determinada región no llegue a ser representada en el Congreso. Debido a ello, sería muy importante para la promoción del principio de representación, el que se realizaran cambios en la circunscripción electoral por la cual se eligen senadores. Para ello, una posibilidad sería elegir un senador por cada departamento, además de los que por circunscripción nacional llegasen a ser electos, de acuerdo al número de curules vigentes. Así, el principio de representación popular no se vería trastocado por la aplicación de un régimen disciplinario más severo a los partidos políticos.
Pero la dignidad de ostentar la representación popular también debe implicar un elevado rango de respeto por el elector. Por lo cual, en orden a moralizar la función política, no deberían existir las vacancias transitorias, pues es un sentir de la sociedad colombiana el que tales ausencias no se conviertan en un modo de “alternancia” o “carrusel” para fines ilegítimos o de agravamiento fiscal. De hecho, el promocionar, y en su caso, determinar constitucionalmente la elaboración de listas únicas y cerradas, sería un esfuerzo vano si se admiten las vacancias temporales.
Evidentemente, bajo este planteamiento que aspira a cumplir con un método “sistemático” de reforma, se avisa un cierto tono de garantía a la igualdad de oportunidades para quienes aspiran a postular su nombre como candidatos de un partido o salir electos en virtud de la suma de votos obtenidos por la lista que se integra, frente a sus contendores políticos de otros partidos. En este sentido, la forma de financiación ha sido siempre un factor desequilibrante, hecho que per se no es desdeñable y funciona en otras culturas políticas. No obstante, en tanto teleológicamente las normas electorales colombianas persigan erradicar la indebida intromisión de dineros y apoyos de oscura procedencia, como parte de este sistema “democratizador” de los partidos y la política colombiana, la financiación electoral debería ser previa a la elección. Al igual que mixta con el apoyo del sector privado nacional, pero siempre que se trate de una rendición de cuentas pública en cuanto al origen y destino de los dineros ya apoyos recibidos. Aquí también cobra importancia la lista única y cerrada, pues el tinte de los “votos por la persona” pierde fuerza para dar paso a la postura filosófico-política del partido por el que se vota.
Empero, la soberanía popular es un principio y un valor constitucional. Como tal, deben mantenerse y fortalecerse las opciones en donde la sociedad política exprese su voluntad por vías distintas de la partidista, cuando quiera que ella se encuentre deslegitimada desde el punto de vista de la sociedad. Por ello, la inscripción de candidaturas por un grupo significativo de ciudadanos debe prevalecer como medio de válvula de presión para el sistema político. En tanto se incluya en las reformas políticas propuestas para flexibilizarle y hacer aún más viable esta opción ciudadana, se convertiría en un instrumento de presión para la autorregulación y moralización de los partidos, directivos y candidatos.
Otro medio para ello sería el de contabilizar el voto en blanco sin exigir su “mayoría absoluta”. Si se diera paso a una “mayoría simple” del voto en blanco, sin duda el compromiso social, moral y político de los partidos y sus miembros sería mayor y más visible.
Los artículos 160 y subsiguientes del Decreto 2241 de 1986 señalan que las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio a las 9:00 am del martes siguiente a las elecciones en el local que la respectiva Registraduría previamente señale y que continuarán ininterrumpidamente hasta su culminación.
Comprendiendo la expectativa que los resultados electorales genera en los diversos candidatos en particular y en la ciudadanía en general, adicionado a la tecnificación y la creciente suma de competencias de la Registraduría Nacional, se considera conveniente la modificación de los términos de inicio del escrutinio para las 11:00 pm del mismo domingo de las elecciones.
Esta reforma permitirá una mayor eficiencia y agilización en la entrega de resultados electorales, lo que redundará en la generación de mayor confianza ciudadana en el Sistema Electoral y en la transparencia del proceso, eliminando suspicacias que el actual término legal puede generar en candidatos y electores.
Desde el punto de vista técnico, ha cobrado fuerza la incorporación de medios tecnológicos para mejorar la función de la Registraduría Nacional. Este objetivo no es nuevo en realidad, como quiera que algunos de los componentes del sistema han venido adquiriendo las características de un sistema electoral más automatizado. Ahora, la Ley 892 de 2004 ordena el “voto electrónico” y ello en sí mismo pasa a ser un motor de arrastre para pensar en cambios más profundos en la preparación logística de las elecciones. En términos más precisos, esta nueva obligación añadida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, promueve e irriga la incorporación de las tecnologías de la información sobre todas las etapas del proceso electoral. Ello a simple vista suena muy tentador para quienes ven el proceso electoral desde el “voto” simple y llano. Pero para quienes hemos participado del proceso electoral desde todas sus etapas –tanto las preparatorias como las ordenadas por el Régimen Electoral-, el voto es un punto visible pero que no consume en sí mismo la función electoral.
Desde esta perspectiva, las listas únicas cerradas pasarían a ser un instrumento de orden técnico-práctico para la preservación del voto y su autenticidad, como quiera que para elecciones corporativas, y según el medio electrónico que se llegare a escoger, sin duda ofrecerían una más accesible elaboración de los listados de partidos por los cuales votar, y, así mismo, la prontitud en la divulgación de los resultados electorales, sin caer en el falso amigo de “resultados prontos pero actos de elección posteriores y distintos”.
Sin embargo, si es el “voto electrónico” el medio por el cual se quiere vencer la desconfianza política, resta un camino largo y costoso para depositar en estos medios nuestros deseos de vencer los miedos que nacen de la manipulación de resultados electorales y escrutinios de resultados “sorpresivos” por decirlo de alguna manera. En efecto, obtener una masa crítica de estudios especializados interdisciplinarios desde los cuales recrear la certeza en la decisión hacia los medios de votación electrónica disponibles de momento no es posible. Y no lo puede ser porque cambiar el sistema actual de conteo manual de votos – que es tangible – por uno automático, no es sólo escoger una “urna virtual”, es mucho más que eso: es evitar la manipulación de los resultados y las posibilidades de suplantación de identidad, y eso implica tener la seguridad de que el sistema está blindado contra todo intento de manipulación o errores de procedimiento (arquitectura lógica y física y administración del sistema), ataques internos realizados por quien suministra o administra la solución informática, ataques de “hackers” o grupos ilegales o focos de corrupción, que el voto se contabilice más de una vez, etc.
En otras palabras, necesitamos un gran apoyo financiero y técnico para diseñar un sistema electoral que con el apoyo de las tecnologías de la información, biométricas y la innovación se despeje toda duda o desconfianza sobre el uso de medios “mudos” e “intangibles”. De momento no se dispone de los estudios y pruebas sobre un sistema informático certificable; y lo más grave, no existen unas causales de reclamación apropiadas para este medio, pues esta realidad “virtual” supera las del artículo 192 del Código Electoral Colombiano.
El pasado 6 de septiembre, en comunicación enviada al Ministro del Interior y de Justicia, Dr. Germán Vargas Lleras, expusimos los que a nuestro juicio constituyen los ejes fundamentales de las reformas que requiere el sistema electoral, y que pueden agruparse en cuatro grandes ejes: una reforma constitucional encaminada a la supresión del voto preferente y la modificación de la circunscripción para la elección de Senado, que permita contar con un Senado mixto con senadores elegidos por circunscripción territorial y nacional; una reforma legal orientada a acortar los términos del escrutinio para que este proceso empiece tan pronto como se reciban los pliegos suscritos por los jurados de votación; el fortalecimiento del componente tecnológico en el proceso electoral, que permita incluir identificación biométrica y escrutinio electrónico para evitar el fraude por suplantación y la manipulación de actas, y, por último, la necesidad de que el Estado otorgue financiación anticipada a los candidatos para garantizar que haya igualdad entre todos los aspirantes.
En las elecciones de los últimos años el país ha visto cómo se cuestionan los resultados de todo el proceso electoral por las escasas diferencias de votos entre los últimos candidatos que obtienen curul y los que quedan por fuera de la corporación a la que aspiraban. Poner en tela de juicio la credibilidad de todo el sistema electoral por el resultado adverso que obtienen tres o cuatro aspirantes mina la confianza en las instituciones y por ello consideramos que el debate sobre la eliminación del voto preferente es una discusión de carácter prioritario.
Que los partidos y movimientos políticos inscriban listas únicas y cerradas, fruto de consultas internas, contribuye al fortalecimiento de los procesos democráticos al interior de cada colectividad, y así mismo fortalece a los propios partidos dentro del sistema electoral.
Otro aspecto central de las discusiones sobre las reformas al sistema electoral es el relacionado con la necesidad de fortalecer el componente tecnológico, no sólo el día de la elección, sino también en las etapas pre y post electorales.
La Ley 892 de 2004 dio un plazo de 5 años para la implementación del voto electrónico, plazo que ya se venció sin que el Gobierno Nacional incluyera las partidas necesarias para este gasto en la ley anual de presupuesto, de conformidad con lo ordenado por la Corte Constitucional, que al estudiar la constitucionalidad de esta ley estatutaria señaló en la sentencia C 307 de 2004 que “la implementación del nuevo mecanismo y la puesta en marcha de los planes piloto sólo puede hacerse mediante gasto público, en la magnitud que finalmente determinen las autoridades competentes”.
Ya han pasado 6 años desde la expedición de la Ley 892 y en este tiempo no sólo se venció el plazo establecido en la misma ley, sino que además han surgido glosas de carácter técnico al sistema de voto electrónico previsto en dicha norma. En este momento la prioridad en la incorporación de nuevas tecnologías al proceso electoral debe enfocarse a garantizar la identificación biométrica de todos los sufragantes y a asegurar un rápido y confiable escrutinio electrónico, tan pronto culmine la jornada electoral. Con estos mecanismos se atacan los dos tipos de fraude electoral más frecuente en nuestro entorno, como son el fraude por suplantación de votantes y jurados, y la manipulación de actas, de acuerdo con el mapa de riesgo electoral elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, a partir de los fallos del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006.
La propuesta tecnológica que hace la Registraduría Nacional para las elecciones de autoridades locales del 30 de octubre de 2011 consiste en ubicar al menos un lector de huella por cada mil electores, en todos los puestos de votación del país, y en ubicar al menos un escaner en cada puesto de votación, que permita digitalizar las actas suscritas por los jurados de mesa en el mismo sitio en donde se producen y evitar así su manipulación.
Técnicamente ambas soluciones han sido probadas: La identificación biométrica de sufragantes viene siendo utilizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil desde el año 2009 en las elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores, y la digitalización de las actas suscritas por los jurados también se ha realizado no sólo en elecciones atípicas, sino que además se implementó en las pasadas elecciones de Congreso y Presidente, aunque no se pudo hacer en cada puesto de votación sino en centros de acopio ubicados en las ciudades capitales, por falta de recursos para ubicar escáneres en todos los sitios requeridos.
El pasado 24 de agosto le enviamos una comunicación a las Comisiones Cuartas Constitucionales de Senado y Cámara, en la cual advertimos que en el proyecto de Ley de Presupuesto para la vigencia 2011, radicado por el Gobierno Nacional, no se encuentra incorporado el requerimiento por $517.000 millones efectuado por esta Entidad para incorporar nuevas tecnologías al proceso electoral de octubre de 2011.
Los recursos solicitados para las elecciones de alcaldes, gobernadores, asambleas, concejos y juntas administradoras locales, incluyen las partidas para la contratación de personal supernumerario, procesamiento de datos, kit electoral, plan de comunicaciones, publicidad, así como las requeridas con el propósito de establecer medidas de transparencia que garanticen la plena identidad del elector, como biometría y voto electrónico, con las cuales se evitaría la suplantación de ciudadanos y que corresponden a procesos tecnológicos nuevos que no han sido autorizados en vigencias anteriores y cuyo valor asciende a $517.000 millones. Esperamos entonces que la oportuna asignación de recursos permita aprovechar las bases de datos de huellas dactilares que la Registraduría posee, con el fin de evitar el fraude por suplantación así como la manipulación de documentos electorales.
Por último, la Entidad también adelanta gestiones orientadas a buscar que en la nueva ley de Plan de Desarrollo se incluya a la Organización Electoral, junto con los sectores de Defensa, Justicia y Ministerio Público, dentro de las entidades exceptuadas de la restricción según la cual los gastos de personal no pueden crecer por encima del índice de inflación. Superar esta limitación de tipo legal permitirá avanzar en el proyecto de nivelación salarial.
Las áreas de Electoral e Identificación coordinan esfuerzos para implementar el control biométrico
Pamela Loboguerrero y Jackson Alberto Cárdenas son funcionarios de la Registraduría Delegada en lo Electoral, y realizan las pruebas del sistema operativo que permite el reconocimiento biométrico de los ciudadanos con el fin de ser aplicado en las elecciones, permitiendo evitar el fraude por suplantación.
Pasado y presente, nombre y cédula, identidad y votante confluyen para lograr la plena identidad del sufragante, erradicar la suplantación del elector y garantizar la transparencia de una elección.
Para lograr ese propósito en beneficio de la democracia, la Registraduría Delegada para lo Electoral y la Registraduría Delegada para el Registro Civil y la Identificación Electoral coordinan esfuerzos y tareas que, con tecnología, hacen posible el uso del control biométrico durante un proceso electoral.
¿Cómo se coordinan los esfuerzos entre el área Electoral y el área de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil a la hora de organizar una elección? El primer paso del área de Censo Electoral es sacar los archivos planos de las cédulas y a su vez, el área de identificación entrega las minucias de las huellas correspondientes a esas cédulas.
Este material se le entrega a la empresa contratista y encargada de proveer, en alquiler, los programas y los computadores requeridos, según el censo, para hacer el control biométrico en cada puesto de votación.
En las elecciones de 2011, se tiene previsto instalar un equipo por cada 1.000 votantes. Es decir, que si un puesto de votación tiene 10.000 potenciales sufragantes, tendrá 10 máquinas.
Cada una de las máquinas utilizadas para establecer la plena identidad de los ciudadanos, consta de un lector de huellas, lector biométrico o escaner biométrico, un computador donde se almacena la base de datos de las minucias y la base de datos del censo biográfico, y el censo electoral.
Cuando el ciudadano se acerca al puesto de votación, con base en la huella de cualquiera de sus dedos, se verifica que sea la persona, se autentica y una vez autenticado se mira si está en el puesto de votación correspondiente y se le permite ingresar a sufragar.
Para evitar sacar las minucias de la base de datos, se trabaja con un componente adicional: se trata de un lector del código de barras de la cédula amarilla con hologramas que a su vez contiene la información de las impresiones dactilares o la minucia encriptada. Simultáneamente, el ciudadano debe poner su huella en el lector para hacer el cotejo.
Para la elección del Gobernador de Bolívar, previstas para el 24 de octubre de 2010, se utilizará un método 'híbrido'. Es decir, que se hará el cargue de las bases de datos y la lectura de la huella. Cuando no hay minucias, se utiliza el código de barras.
Técnicamente, el control biométrico se puede utilizar en la etapa preelectoral durante el período de inscripción de cédulas.
Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha atendido la solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil para asignar los recursos necesarios para utilizar un componente totalmente automatizado en las elecciones de autoridades locales en octubre de 2011.
Ante la falta de recursos, la Entidad no tendría más alternativa que continuar utilizando la forma tradicional que es el formulario y la impresión de la huella dactilar.
Desde el pasado 5 de agosto, con la publicación del precalendario electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició la preparación de la elección de autoridades locales que se llevará a cabo el 30 de octubre de 2011.
El precalendario de la jornada, durante la cual los colombianos elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y miembros de las Juntas Administradoras Locales está disponible en la página www.registraduria.gov.co y en las páginas 18 y 19 de esta revista.
Las fechas del precalendario electoral deben ser tenidas en cuenta por quienes aspiran a ser candidatos para evitar incurrir en inhabilidades previstas en la ley.
En este sentido, vale destacar que, según el precalendario electoral, el 10 de agosto de 2011 vence el plazo de inscripción de los candidatos.
El 26 de agosto, la Registraduría Nacional remitirá a la Procuraduría General de la Nación las listas de candidatos para confrontarlas con las bases de datos que contienen los nombres de los ciudadanos inhabilitados.
Formularios para firmas
Para las personas que desean inscribirse como candidatos con el apoyo de un grupo significativo de ciudadanos, la Registraduría Nacional del Estado Civil publicó en la web, desde el 16 de julio, los formularios indispensables para que puedan iniciar el proceso de recolección de firmas.
Los formularios disponibles corresponden a recolección de firmas para Gobernador, para Alcalde y un tercer formato para quienes aspiran a ser candidatos a Concejo, Asamblea y Juntas Administradoras Locales.
Las elecciones de autoridades locales serán válidas para el período 2012-2015, es decir cuatro años de mandato para gobernadores, alcaldes, concejales y miembros de la JAL.
Los formularios deben ser debidamente diligenciados de acuerdo con las instrucciones disponibles en la página institucional www.registraduria.gov.co
Para ofrecerle a los ciudadanos la facilidad y comodidad de ejercer el derecho al sufragio cerca al lugar de residencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en principio y dependiendo del presupuesto que asigne el Gobierno Nacional, abrirá la inscripción de cédulas del 2 de marzo al 29 de mayo de 2011.
En consecuencia, los ciudadanos que hayan cambiado su lugar de habitación y quienes no figuren en el censo electoral tendrán la oportunidad de hacer la inscripción en ese momento para poder participar en la jornada electoral del 30 de octubre.
De acuerdo con el Instructivo de Control Electoral elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior y de Justicia y la Procuraduría General de la Nación, el proceso de inscripción de cédulas estará también bajo la vigilancia de los organismos de control para verificar de forma aleatoria el cumplimiento de los requisitos de la inscripción.
Si observan irregularidades, en cumplimiento en lo dispuesto por la Ley 163 de 1994, se debe presentar ante el Consejo Nacional Electoral para que anule la inscripción de los ciudadanos que no residan en el mismo municipio.
Estas peticiones se deben presentar dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo de la inscripción de cédulas.
Con esta medida, se busca fundamentalmente darle transparencia al proceso electoral de las autoridades locales, prevenir la suplantación de electores y la trashumancia electoral.
Faltan $517.000 millones para implementar nuevas tecnologías
Para cumplir a cabalidad con el proceso de preparación de la elección de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles, el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, en carta enviada el 24 de agosto a las Comisiones Cuarta de Senado y Cámara, llamó la atención de los legisladores frente al hecho de que en el proyecto de Ley de presupuesto para la vigencia 2011 sólo fueron apropiados 595.300.597.854 pesos del 1.181.141.700.177 pesos solicitados.
Del presupuesto requerido por la Registraduría, un total de $517.000 millones son para implementar nuevas tecnologías en el proceso electoral, introducir el control biométrico para establecer la plena identidad de los sufragantes, evitar la suplantación de electores, entre otras medidas de transparencia electoral.
Hasta el momento y por tercer año consecutivo, se le niegan a la Registraduría Nacional del Estado Civil los recursos solicitados. En consecuencia, el Registrador Nacional solicitó a los senadores y representantes “autorizar la asignación de dicha partida presupuestal, lo cual redundará en una elección transparente y objetiva de las mencionadas autoridades locales”.
De acuerdo con la Sentencia C-307 de 2004 de la Corte Constitucional, en la cual se hizo la revisión previa de la constitucionalidad de la Ley 892 de 2004 o Ley de Voto Electrónico, su implementación quedó supeditada a la disponibilidad y asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional.
“…la implementación del nuevo mecanismo y la puesta en marcha de los planes piloto sólo puede hacerse mediante gasto público, en la magnitud que finalmente determinen las autoridades competentes”.
Para la vigencia de 2007, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó $392 millones para ejecutar planes piloto de voto electrónico. Posteriormente, en 2008, la Registraduría presentó al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación el proyecto “Implementación de Nuevas Tecnologías al Proceso Electoral Colombiano”.
El valor ascendía a $218.717 millones y la cobertura inicial sería Bogotá. Sin embargo, la iniciativa no tuvo viabilidad presupuesta. Algo similar ocurrió en 2009, cuando la Registraduría solicitó $120.000 millones para implementar mecanismos de identificación biométrica para las elecciones de Congreso y Presidencial en 2010 pero esos recursos fueron negados.
Funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil que conforman el grupo élite que atiende a cada ciudadano que se contacta ya sea por el teléfono 01 8000 52 20 10 o a trávez de la página de internet www.registraduria.gov.co
“Prohibido el ingreso a personal no autorizado”, dice el letrero en la puerta de ingreso al pequeño “bunker”, ubicado en el primer piso de la sede principal de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá en donde 15 personas, de larga trayectoria y conocimiento interno de la Entidad, informan y explican las razones técnicas por las cuales una cédula amarilla con hologramas no ha sido expedida o entregada.
Desde el pasado 30 de julio de 2010, la cédula amarilla con hologramas se convirtió en el único documento válido de identificación de los colombianos y los formatos de la cédula blanca laminada y café plastificada perdieron su vigencia desde ese momento.
En consecuencia y teniendo en cuenta que algunos ciudadanos quedarían indocumentados porque no hicieron el trámite de renovación o porque el documento producido no les ha llegado, la Dirección Nacional de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil conformó un Grupo Elite de casos especiales, para atender los inconvenientes expuestos por los diferentes ciudadanos a la Entidad.
Proceso detrás del reclamo
Cuando el ciudadano entra a la página www.registraduria.gov.co, digita su número de cédula.
Muestra del pantallazo que aparece en Internet y que avisa a los ciudadanos que requieren hacer uso del Grupo Elite.
Si le aparece: Si tramitó su cédula hace más de un mes y al realizar la consulta del estado del trámite recibió el mensaje “su solicitud de documento no se encuentra en trámite”, allí mismo puede diligenciar un formulario con unos datos básicos que los miembros del Grupo Elite utilizan para investigar qué pasó con la cédula y darle una respuesta específica y precisa lo antes posible.
Este mismo tipo de solicitudes también se reciben por las líneas telefónicas 357 82 40, 383 00 30 en Bogotá, 01 8000 52 20 10 desde el resto del país.
En cascada, es decir, que cuando una extensión está ocupada, entra a la siguiente, en 12 líneas telefónicas, los miembros del Grupo Elite responden a los ciudadanos.
“¿Por qué no ha llegado mi cédula?”...”Yo devolví mi cédula porque llegó con un error pero ya no sé qué pasó?”... son algunas de las preguntas.
El funcionario verifica la “traza”, los controles por donde ha pasado el documento, consulta la GED, los reportes de investigación para encontrar las inconsistencias que direccionan a las diferentes coordinaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
A la prestación de este servicio ha estado volcada la Entidad desde el 30 de julio pero los miembros del Grupo Elite se toman el tiempo necesario con el fin de suministrar una información precisa y exacta.
En caso de que no puedan suministrar una respuesta en el mismo momento, entran a hacerle seguimiento a la solicitud y remiten la respuesta mediante el correo electrónico después de hacer los cruces y las verificaciones de información con base en el número de cédula.
“La cédula está en proceso…fue enviada…rechazada…no se ha cargado, etc”. La respuesta es variada porque cada caso es particular, cada solicitud tiene un seguimiento y en consecuencia, en algunos casos no se puede suministrar la información al ciudadano en forma inmediata.
En muchos casos, la respuesta de los funcionarios de la Registraduría suscita nuevas inquietudes en el ciudadano y en ese caso, se entra a evaluar cada circunstancia específica para suministrar una información precisa.
El Grupo Elite trabaja a doble marcha y también genera respuestas masivas derivadas de la información que reciben de las bases de datos del proceso y orientan al ciudadano para que se acerque al lugar en donde se preparó el material, es decir donde hizo el trámite de renovación.
Los miembros del Grupo Elite se sienten satisfechos cuando escuchan la necesidad y logran darles la solución esperada a los ciudadanos.
“Muchas gracias”…”muy eficiente la labor que están haciendo”, “me atendieron de forma prioritaria”…”me han dado un trato preferencial”, dicen los mensajes que han remitido algunos ciudadanos.
Así como hay personas receptivas y agradecidas, también aparece el ciudadano enojado y poco dispuesto a comprender que la Registraduría Nacional del Estado CIvil debe cotejar la información del titular con la que figura en el Registro Civil, se presentan inconsistencias en el proceso técnico y la cédula se ha quedado por fallas técnicas en alguno de los procedimientos.
Todo este esfuerzo institucional está orientado a garantizarles a todos los ciudadanos en el país el derecho a la identificación y a no ponerlos a voltear ni a ir de un lado a otro sin que alguien les ofrezca una solución.
Las campa�as de identificaci�n y entrega de c�dulas siguen en todo el pa�s
De acuerdo con las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hasta el 10 de septiembre de 2010, había en las oficinas de la Entidad en todo el país un total de 2.193.910 documentos pendientes de reclamar por sus titulares. De ese total, 1.855.868 son cédulas de ciudadanía y 323.329 tarjetas de identidad.
Entre enero y julio de 2010, Antioquia ha entregado 705.000 cédulas
Un total de 705.000 cédulas ha entregado la Delegación de Antioquia por medio de sus Registradurías, entre enero y julio de 2010.
Según estadísticas de las Oficinas Centrales, a agosto 15 de 2010, en Antioquia había 209.000 cédulas de ciudadanía y 44.550 tarjetas de identidad para ser reclamadas por sus titulares para un total de 254.450 documentos.
Pese a los esfuerzos de la Delegación de Antioquia y las diferentes sedes que atienden procesos de renovación y entrega de documentos de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm, en los últimos días ha sido escasa la afluencia de ciudadanos para reclamar los documentos que ya están listos y disponibles.
Udapv realizó campaña de identificación en barrios de Medellín
Una campaña especial de identificación para personas en situación vulnerable realizó la Delegación de Antioquia por medio de la UDAPV, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, entre el 9 de agosto y el 4 de septiembre de 2010.
Durante los 13 días de ejecución de la campaña, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó 5.297 documentos. Se tramitaron 263 registros civiles, 3.900 tarjetas de identidad, 1.119 cédulas de ciudadanía de primera vez y 15 renovaciones.
Estas jornadas especiales de identificación se ejecutaron con el concurso del programa Guía Ciudadana; Medellín Solidaria; la Red Juntos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
A la vereda Nubes A, llegó la Registraduría Especial de Arauca
El pasado 21 de agosto, funcionarios de la Registraduría Especial del Estado Civil en Arauca se desplazaron hasta la vereda Nubes A en jurisdicción del corregimiento de Todos los Santos para realizar una campaña de identificación.
Durante la jornada, que se llevó a cabo entre las 8:00 am y las 4:00 pm, se hicieron 28 trámites discriminados de la siguiente manera: renovación de cédula 4, duplicados de cédulas 10, renovación tarjetas de identidad 10, inscripción registro civil nacimiento 3 y solicitud de traslado de cédula 1.
Por las riveras de los ríos Igaraparana y Putumayo se realizaron 875 trámites de identificación
Entre el 26 de julio y el 21 de agosto, tres funcionarios de la Delegación de Amazonas y las Oficinas Centrales de la Registraduría recorrieron las riveras del Igaraparana y Putumayo y realizaron 875 trámites de identificación.
El recorrido se realizó por aire desde Leticia a La Chorrera, luego por vía fluvial a los corregimientos de Puerto Arica, El Encanto (Comunidades de San Rafael y Marandúa) y Puerto Alegría. Esta campaña se realizó con el apoyo de la Gobernación de Amazonas que facilitó el transporte, la fotografía y un profesional en bacteriología.
En Chiriguaná, Cesar, la Registraduría identificó a 1.650 personas en situación vulnerable
Entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre, la Registraduría, a través de la Udapv, realizó una jornada especial de identificación para 1.650 colombianos en situación de vulnerabilidad, residentes en 4 corregimientos del municipio Chiriguaná, en el departamento de Cesar.
Los funcionarios atendieron 70 trámites de registros civiles de nacimiento, 515 tarjetas de identidad y 1.065 cédulas de ciudadanía. Estas jornadas se desarrollaron en asocio con UNICEF, la OIM, el ICBF, la ONG Solidaridad Internacional, la Red Juntos, la ACNUR, la Alcaldía de Chiriguaná, la Delegación de la Registraduría en el Cesar y la Gobernación que facilitó el desplazamiento de los funcionarios.
aportela@registraduria.gov.co
Sin embargo, con el ánimo de ser más realistas y antes de enfrascarnos en la discusión sobre las bondades o defectos del voto electrónico, su viabilidad, costos, formatos, posibilidades para las elecciones del año 2011, entre otros, planteo una propuesta más inmediata y efectiva, que con una modificación legal muy simple puede resolver un sinnúmero de dificultades que agobian nuestro proceso electoral.
En la actualidad contamos con un modelo mixto de información y consolidación de resultados electorales que mezcla por un lado, la comunicación de datos el mismo día de las votaciones a través de un sistema de transmisión voz a voz, denominado preconteo, cuyo carácter es meramente informativo, y por el otro, los escrutinios de una elección regular concebidos en el Código Electoral para que inicien el día martes siguiente a la elección a las nueve de la mañana y sean desarrollados por Jueces de la República contando como única ayuda con un programa de consolidación y nada más.
Para la época en que fue redactado el Decreto 2241, esto es en el año 1986, el desarrollo de las comunicaciones no permitía plantear un escenario diferente y las limitaciones que sobre la materia existían eran naturales.
La convivencia de estos dos tipos de procedimientos, uno de orden informativo y otro de orden jurídico, ha traído consigo una feria de ofrecimientos que se generan en torno a los escrutinios.
Proceso de escrutinio de las Consultas Internas de los Partidos y Movimientos Políticos realizado en Corferias el día lunes 28 de septiembre de 2009. En la imagen se observa al personal realizando el conteo uno a uno de los diferentes documentos, para ser cargados en el sistema.
Aquellos candidatos que están en la frontera entre ganadores y perdedores (popularmente conocidos como “quemados”) se convierten en presa de los avivatos que ofrecen votos para resultar electos, surgen las ecuaciones para quienes entran y quienes pueden salir en determinada corporación, logrando que ese tipo de votos ofrecidos y que definen una curul, suban su precio como espuma en una especie de cotización en la bolsa, y en general toda serie de especulaciones que convierten la etapa post-electoral en un mercado que entre ficción y realidad sólo conduce a deslegitimar el sistema electoral, minando de esta forma la credibilidad en el modelo democrático.
No obstante, veinticuatro años después, bajo la mirada del Siglo XXI, no podemos mantener una norma vigente para un mundo diferente al de hoy, argumentos que nos llevan a concluir que este aspecto merece una inmediata revisión, en atención a la sorprendente evolución que han tenido las comunicaciones y las múltiples herramientas tecnológicas con que cuenta este sector.
En concreto propondría por un lado, modificar el esquema actual del preconteo, para que una vez concluya el jurado de votación su tarea en el escrutinio de mesa, en cada puesto de votación se pueda instalar un sistema de captura de imagen de las planillas oficiales de resultados (Formulario E-14) y se transmitan directamente a un centro de consolidación con la intervención mínima de personas.
Con este rápido procedimiento reduciríamos sustancialmente el alto grado de error o la posible manipulación de los resultados que conlleva la intervención en el modelo actual de más de cincuenta mil personas transmitiendo y recepcionando voz a voz.
El preconteo que hoy se realiza previo al escrutinio tiene sus beneficios consistentes en la inmediatez de los resultados, pero también trae consecuencias negativas para la credibilidad, pues saber los resultados que pueden variar después de la consolidación oficial conlleva a la pérdida de la confianza en los resultados del día electoral por parte de la ciudadanía.
Frente a los escrutinios, sería altamente conveniente una reforma legal al horario de los escrutinios para que inicien inmediatamente se reciben los pliegos electorales o si no es posible, que como mínimo inicien al día siguiente a la elección, tal y como está establecido para las elecciones presidenciales, en la Ley 163 de 1994.
La viabilidad de esta propuesta se sustenta comprendiendo que salvo algunos sectores rurales con enorme distancia entre el puesto de votación y la cabecera municipal donde reposa el arca triclave, en la gran mayoría de los municipios del país los documentos electorales una vez contabilizados por los jurados de votación llegan a manos de los claveros en la misma tarde y noche de las elecciones. Cabe recordar que más del setenta por ciento de la votación del País se concentra en cerca de ciento sesenta y un ciudades zonificadas.
Adicionarle componentes tecnológicos al escrutinio contribuye a la certeza de los resultados electorales, sin desaparecer el papel al que el ciudadano está acostumbrado.
Ese papel le ofrece la garantía al elector de que su voto fue realmente emitido por él, porque lo marcó como en el caso de la tarjeta electoral o porque lo depósito como ocurría con las papeletas de antaño.
Iniciar el escrutinio inmediatamente concluya el proceso con el soporte tecnológico necesario ayuda a blindar gran parte del proceso electoral y garantiza que el resultado final sea oficial, pues las circunstancias bajo las cuales ninguna persona sepa en realidad cuantos votos obtuvo antes de la consolidación, disipa el efecto del mercado arriba descrito.
Captura y publicación de las imágenes de los documentos oficiales en tiempo real y el inicio y culminación de los escrutinios una vez terminado el proceso electoral beneficiarían la credibilidad en el sistema y espantaría el fantasma del fraude en escrutinio. El modelo ya está hecho, está debidamente probado, solo falta la decisión y voluntad política para masificar su uso.
El voto electrónico para 2011
El 30 de octubre de 2011 los Colombianos estamos invitados para elegir Gobernadores, Alcaldes, diputados, concejales, ediles, con un sistema electoral un tanto complejo en la parte operativa y que el elector aún no ha podido asimilar, situación que se refleja en la cantidad de votos nulos y aquellos no marcados por falta de entendimiento del sistema.
Otro inconveniente del sistema de voto preferente radica en que las opciones electorales no se pueden ofertar por las propuestas, sino por un logosímbolo y un número, un candidato que haga campaña con su nombre está condenado a perder muchos votos, ya que su elector no lo va a identificar en ninguna parte y debe el candidato ofrecer su opción a través de un símbolo y un número, debe ser divertida una discusión entre electores diciendo el uno al otro “ el candidato morado 33, tiene mejor programa que el candidato sepia 25”.
“Mucha agua ha corrido bajo el puente”, dice el refrán popular que se aplica a la organización de las jornadas electorales, en lo que se refiere a identificación biométrica, automatización de proceso electoral y voto electrónico en Colombia.
Podría afirmarse que la “prehistoria” de la biometría y el voto electrónico se encuentra en los millones de huellas y tarjetas decadactilares recogidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en sus ya casi 63 años de historia.
Sin las huellas y la información biográfica de los ciudadanos, no habría sido posible “alimentar” los programas y dispositivos disponibles hoy en el mercado para aplicar las ventajas de la tecnología de punta.
Mediante el Decreto 2241 del 15 de julio de 1986 se adoptó el Código Electoral que prácticamente, le dio vía libre al voto electrónico en su artículo 1 al establecer que: “El Gobierno procederá a tecnificar y a sistematizar el proceso electoral especialmente en lo relacionado con la actualización de los censos, expedición de documentos de identificación.
Consulta del listado de sufragantes habilitados para votar, proceso en el cual se le indica al ciudadano la mesa
y puesto de votaci�n que tiene asignado. Este sistema fue aprobado en las Consultas Internas de 2009 en Corferias.
Preparación y desarrollo de las elecciones, comunicación de resultados electorales, así como a facilitar la automatización del voto, procurando, para todo ello, utilizar los medios más modernos en esta materia”.
Adicionalmente, en el mismo Artículo 58 se definió la forma cómo se financiaría esa iniciativa y se le dieron atribuciones al Ejecutivo para suscribir los contratos correspondientes según reza el texto: “El Presidente de la República quedará autorizado para celebrar los contratos que requiera el cumplimiento de este artículo. Previo concepto favorable del Consejo de Ministros, el Presidente podrá, en cualquier tiempo, prescindir de la licitación pública o privada y acudir a la contratación directa de los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de este artículo”.
Teniendo en cuenta que el proceso debía ser paulatino, desde el año 2000, se empezaron a producir las cédulas amarillas con hologramas basadas en el Sistema de Identificación Automatizada de Huellas (AFIS), el cual permite verificar la plena identidad de una persona a partir del cotejo de su huella dactilar con la información encriptada que reposa en el código de barras del documento de identidad.
Con la información del AFIS se logra la individualización que consiste en la autenticación de la identidad del sufragante a la entrada del puesto de votación, a través de un lector de huellas y de la verificación de su información a través del Archivo Nacional de Identificación (ANI).
Procesamiento Electrónico
Los días 25 y 26 de octubre de 2003, y como consecuencia de los cambios introducidos por la Reforma Política de ese año, por primera vez en la historia del país se realizaron dos elecciones consecutivas.
El 25 se sometió a consideración del pueblo el primer Referendo Constitucional en el país con 15 preguntas y el 26 se realizó la elección de Gobernadores, Alcaldes, Diputados de las Asambleas Departamentales, Concejales y JAL y de paso, con esa elección, se fortaleció la capacidad tecnológica de la Registraduría y se puso en marcha el procesamiento electrónico de datos.
En este complejo proceso de pasar del voto en papel al voto electrónico, la Registraduría ha ido paso a paso. El proceso empezó con la búsqueda de mecanismos para establecer la plena identidad del elector con el fin de evitar la suplantación de electores, el desorden en el puesto de votación y el uso de las cédulas falsas.
El Registrador Nacional, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, ha explicado que “cambiar el sistema actual de conteo manual de votos por uno automático no es sólo escoger una urna virtual porque implica evitar la manipulación de los resultados y las posibilidades de suplantación de identidad”.
Ahora lo que se busca es llegar al escrutinio electrónico de mesa, que consiste en la lectura automática de las tarjetas en cada mesa de votación para generar el resultado de la mesa en menos tiempo. El procedimiento para el ciudadano es sencillo: El sufragante recibe una cartilla en la que aparece la información de los candidatos y simultáneamente recibe una tarjeta para marcar su decisión. Es similar a la hoja de respuestas de los exámenes con múltiples opciones.
Luego, cuando se cierra la elección, las tarjetas se organizan y se pasan por un lector de toda la información que en cuestión de segundos informa el resultado final de la mesa de votación sin errores aritméticos.
El camino para hacer realidad el voto electrónico no ha sido fácil. Tras la aprobación de la Ley 892, que se concentró en el día de la elección, la Corte Constitucional en su Sentencia C-307 supeditó el cumplimiento de la Ley a la disponibilidad de recursos por parte del Gobierno.
El 7 de julio de 2004, la Ley 892 de 2004 estableció “nuevos mecanismos de votación e inscripción para garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la Constitución”. En su artículo 1, la Ley dijo:“Establézcase el mecanismo electrónico de votación e inscripción para los ciudadanos colombianos”.
Datáfono utilizado desde las Consultas Internas, realizadas en septiembre de 2009,en las cuales el ciudadano podía consultar el puesto y mesa de votación al cual se podía dirigir para votar.
Para cumplir con el mandato legal, el Registrador Nacional del Estado Civil, doctor Carlos Ariel Sánchez Torres, ha dicho que la obligación establecida en la Ley 892 de 2004 que ordena el voto electrónico, “irriga la incorporación de las tecnologías de la información en cada una de las etapas del proceso electoral”. No obstante, el plazo de cinco años previsto en dicha ley se venció sin que se incluyera dicho gasto en la ley anual de presupuesto.
Tan sólo en el año 2007, el Ministerio de Hacienda asignó $392 millones para planes piloto de voto electrónico en Bogotá, San Andrés y Pereira, en el marco de la elección de autoridades locales celebrada en octubre.
Con base en dicha experiencia y teniendo en cuenta el mandato de la Ley 892, a comienzos del 2008, la Registraduría estructuró el proyecto de inversión denominado “Implementación de Nuevas Tecnologías al Proceso Electoral Colombiano” pero no obtuvo una respuesta positiva por parte del Gobierno Nacional.
Siamesa en el 2008
Uno de los pasos significativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la automatización del proceso electoral, lo constituye el Sistema Inteligente de Asignación de Mesa, Siamesa.
El sistema, compuesto por un datáfono que contenía el censo electoral del puesto de votación, se utilizó para reducir las filas de ciudadanos a la hora de sufragar y especialmente en el momento del cierre de las votaciones porque Siamesa identifica automáticamente las mesas con menor número de sufragantes y con base en estos datos, determina a qué mesa puede dirigirse el elector.
El sistema no puede utilizarse en elecciones ordinarias, ya que la norma actual exige definir previamente el censo de cada mesa, pero sí puede utilizarse en las consultas de partidos. Siamesa se puso a prueba durante las consultas internas de los partidos en octubre de 2008, en 111 mesas distribuidas en los puestos de votación de: Corferias, Unicentro, Kennedy Super 8, El Morisco, en Engativá; Tibabuyes, en Suba, y Arborizadora Baja, en Ciudad Bolívar y benefició a 837.984 potenciales sufragantes.
Biometría y digitalización de E-14
Sin disponer de recursos ni de una infraestructura tecnológica muy compleja, desde el año 2009 la Organización Electoral ofrece a los actores políticos el acceso a través de su página web, de las imágenes de los formularios de escrutinio de mesa diligenciados por los jurados de votación para su posterior consolidación, antes de iniciar el proceso de escrutinio.
No obstante la escasez de recursos, el 22 de febrero de 2009, la Registraduría Nacional del Estado Civil utilizó utilizó los dispositivos de identificación biométrica por primera vez durante la elección del Alcalde de Belén de los Andaquíes, en Caquetá.
El 15 de marzo de 2009, en la elección de Alcalde de Ragonvalia, Norte de Santander se incluyó además de la instalación de puntos de identificación, hizo el control de acceso a al puesto de votación para evitar la suplantación.
El proceso completo, con las tres fases, se probó el 26 de abril de 2009, en las elecciones del Alcalde de Charalá, donde se realizó también la primera prueba de escrutinio electrónico.
El 30 de marzo de 2009 se realizó en Bogotá un simulacro con 400 funcionarios de la Registraduría para probar el proceso de escrutinio electrónico de mesa.
Los electores marcaron en una papeleta con lápiz oscuro la opción de su preferencia y la depositaron en la urna. Al finalizar la jornada, se introdujo la papeleta dentro de una máquina electoral electrónica que después del escaneo óptico, registró como voto la marca más oscura dentro de un área determinada. Esta experiencia favorece la eliminación del error aritmético y reduce la manipulación de las tarjetas marcadas por parte de los jurados de votación.
Muestra del proceso de voto electr�nico realizado para las Consultas Internas de 2009 en el puesto de Marly. All� los ciudadanos pudieron probar los avances tecnol�gicos desde el reconocimiento biom�trico hasta la votaci�n en su puesto,habilitado con una estaci�n electr�nica.
Las pruebas piloto con las tres fases se hicieron para determinar problemas y errores de procedimiento especialmente logístico y de administración del sistema como de manipulación de votos, de suplantación de identidad o alteración de resultados.
Posteriormente, el 27 de septiembre de 2009, durante las Consultas de Partidos se instalaron dos puestos de votación electrónica en la Plaza de Bolívar y en Marly donde estaban habilitados para votar 38.586 ciudadanos. Allí, se hizo cotejo de la huella dactilar con la información que reposa en el Archivo Nacional de Identificación a 2.573 sufragantes que utilizaron el tablero electrónico y la pantalla táctil.
La pantalla táctil le permite a los sufragantes escoger sus candidatos o listas de manera automática: el ciudadano informa al jurado de votación por qué partido desea votar, para que éste habilite una tarjeta, que es la que le abrirá la pantalla y mediante el sistema el sistema “Touch Screen” (pantalla táctil) selecciona el candidato de su preferencia.
Al finalizar la jornada, automáticamente se hace el escrutinio y se transmite la información al centro de consolidación.
Para evitar 'que los muertos votaran', se instalaron en la Plaza de Bolívar 23 lectores y en el puesto de Marly, ubicado en la Universidad Piloto, hubo 17 electores biométricos donde se le facilitó a 1.132 ciudadanos el ejercicio del derecho al voto. En la Plaza de Bolívar, un total de 1.441 sufragantes fueron individualizados antes de votar.
La instalación de lectores ópticos, tableros electrónicos y pantallas táctiles tuvo un costo de 500 millones de pesos. Hasta diciembre de 2009, la biometría se había utilizado en 19 elecciones atípicas en las que participaron 928.588 votantes.
Con base en esta experiencia acumulada, y en el mapa de riesgo de fraude electoral elaborado por la Entidad con base en las sentencias del Consejo de Estado sobre las elecciones de Congreso de los años 2002 y 2006, que arrojó como resultado que la suplantación de sufragantes y jurados y la manipulación de actas son las modalidades de fraude más recurrente, la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó desde el año 2009 al Gobierno Nacional $120.000 millones, para las elecciones de Congreso y Presidente del año 2010. Esos recursos serían destinados para implementar mecanismos de identificación biométrica en todo el país. Dado que no hubo respuesta positiva, se envió una segunda solicitud por $30.000 millones para ubicar los lectores de huella al menos en las zonas de alto riesgo electoral, pero tampoco fueron aprobados.
Los esfuerzos adelantados por la Registraduría en materia de implementación de nuevas tecnologías y biometría al proceso electoral, responden a un compromiso institucional por desarrollar soluciones tecnológicas creativas y novedosas a las modalidades más recurrentes de fraude electoral en el país, pero hasta la fecha no han encontrado el respaldo económico necesario por parte del Gobierno Nacional.
ceortega@registraduria.gov.co
npinzonm@registraduria.gov.co
La Democracia Electrónica como forma de participación política, es un escenario en donde los actores políticos (partidos y movimientos políticos) y la ciudadanía establecen canales de comunicación y debate mediante el uso de las Tic's generando espacios para la creación de opinión pública.
Por tanto, este tipo de democracia siguiendo a Bettina Martino2 (S.F) “consiste en la posibilidad de los ciudadanos de sufragar permanentemente las grandes decisiones políticas”.
El voto electrónico3, como desarrollo de la democracia que ya se ha definido, es un instrumento de participación política en el cual, se incorporan medios tecnológicos al proceso electoral en una o más de sus etapas4 principalmente en la etapa electoral en donde se ejecuta el voto pues es allí, donde se deben incorporar las herramientas tecnológicas para hablar de esta modalidad de participación en sentido estricto.
Así, el voto electrónico conforme a lo expresado por Alejandro Prince (2005)5 consiste en “[la] Aplicación de dispositivos y sistemas de tecnología de la información y telecomunicaciones al acto del sufragio. Total o parcialmente” incluyendo en algunos casos, conforme al autor citado, “el registro y verificación de la identidad del elector, la emisión misma del voto en una urna electrónica (con o sin impresión inmediata de boleta en papel para control del ciudadano o de la autoridad); el recuento en la mesa o el global consolidado, la transmisión de resultados, u otras actividades”.
Por tanto, se puede ver que dentro de la definición anteriormente citada, se deja por fuera de la misma, el voto electrónico telemático o no presencial que se hace a través de Internet o mediante mensajes de datos SMS que ha sido aplicado en algunos países de Europa6.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que dentro del desarrollo de la votación electrónica existen diferentes sistemas dentro de los cuales se destaca el sistema LOV (Lector óptico del voto), la urna electrónica y el sistema RED (registro electrónico directo) en donde se ejecuta el proceso de votación en una pantalla táctil similar a un cajero automático que procesa y contabilizan directamente el voto del elector7.
Estas modalidades de votación han sido empleadas en diversas partes del mundo. En América Latina se destaca a Brasil como uno de los países mas avanzados en temas de voto electrónico usando las Tic's en el proceso electoral en el año 1996 y 2002 en donde votaron para el periodo de 2002 más de 100 millones de electores, usando el medio de Urna Electrónica con teclado numérico. (Prince; 2005; 33, 34)8 calificada como una experiencia exitosa por el Tribunal Superior Electoral en ese país.
Argentina es otro de los países, que ha implementado el voto electrónico, lo puso en marcha en la provincia de Mendoza y la provincia de Buenos Aires con óptimos resultados9.
En el caso venezolano se han implementado dos sistemas, el sistema LOV y el RED siendo este último el que mejores resultados arrojó según opiniones de la Misión de Observación de la OEA. (S.F. Presno Linera). De igual manera, Estados Unidos de América implementó el voto electrónico usando el sistema LOV que fue altamente cuestionado debido a indicios en la manipulación de software durante el proceso electoral de 2005 motivando un sinnúmero de demandas a la empresa fabricante y proveedora del mismo. Situación que implicó una revisión al sistema electoral estadounidense10 en relación con la confiabilidad de la votación electrónica.
En suma, el voto electrónico requiere para su puesta en marcha, observar la cultura socio-política de los actores así como el acceso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, siempre teniendo en cuenta que, sin importar el sistema que se implante debe salvaguardar las garantías fundamentales de los ciudadanos pues de nada sirve la rápida consecución de los resultados si con ello no se verifica la trasparencia del proceso. (Carlos Ariel Sánchez Torres, 2008)11. Hecho este, que puede garantizar el éxito o el fracaso de la implementación del voto electrónico.
1.El voto electrónico suele clasificarse por la doctrina, en voto electrónico presencial y voto electrónico no presencial que puede ser desarrollado en entornos controlados o en entornos no controlados. (2007) Irene Belmonte Martín, Artículo: ¿Pueden ser las nuevas tecnologías un instrumento para reforzar las democracias?.
2.Investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina, Articulo: Posmodernidad, crisis de representación y democracia electrónica.
3.Desarrollado en Colombia por la ley 892 de 2004 y ley 1227 de 2008.
4.Etapa preelectoral, electoral y poselectoral.
5.Consideraciones, aportes y experiencias para el Voto electrónico en Argentina Dr. Alejandro Prince (2005).
6.En Suiza por ejemplo, se aplicó el voto electrónico a través de Internet, en el cantón de Ginebra utilizado con éxito al menos en dos ocasiones en votaciones oficiales. (2007), Articulo: El proceso electoral Colombiano y el voto electrónico, Autor: Juan Carlos Galindo Vácha. Libro, Balance Electoral Colombiano, Editorial Universidad del Rosario.
7.El voto electrónico y el mito de Prometeo (S.f.) Miguel Ángel Presno Linera.
8 y 9.Implementación del voto electrónico en la Argentina.
10.Sentencia Segundo Senado marzo 03 de 2009.
11.Ponencia: Tecnologías de la Información aplicadas al Proceso Electoral; el caso de Colombia, décimo tercer congreso internacional del CLAD sobre la reforma del estado y la administración pública, Buenos Aires Argentina.
En el Registro Civil "El Servicio es Nuestra Identidad"
El registro civil es la prueba fehaciente de la identidad jurídica de una persona. En la foto se muestra el trámite adelantado en una campaña realizada en la delegación del Amazonas.
Para el estado colombiano, es una prioridad garantizar el registro civil de todos sus nacionales, en especial el de niños y niñas, pues este documento constituye la base fundamental de la identidad de la población, convirtiéndose en la puerta de acceso y requisito indispensable para que las personas puedan obtener buena parte de los beneficios que ofrece el Estado.
El proceso de registrar la vida civil de los colombianos constituye una parte importante de la misión que constitucionalmente le ha sido confiada a la Registraduria Nacional del Estado Civil y se materializa con la expedición del Registro Civil.
Por excelencia, el Registro Civil es el documento probatorio de la situación jurídica de una persona, dado que tiene plena validez y surte efectos, constituyendo el principio básico del ordenamiento jurídico del País y por tanto, garantía democrática de la Nación.
De ahí que, el tema de registro civil merezca particular atención y por ello, que la Registraduria Nacional tenga como compromiso permanente, de garantizar el derecho a la identidad, así como el reconocimiento de la personalidad jurídica, además de adelantar estrategias encaminadas a mejorar la prestación del servicio y a ampliar su cobertura.
Es así como la Dirección Nacional de Registro Civil, en aras de simplificar los procesos administrativos y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, ha impulsado una estrategia que busca optimizar las herramientas con las cuales han sido dotadas las Registradurías del país y en especial, las Registradurías Auxiliares de Bogotá.
Para facilitar la prestación de este servicio a la ciudadanía, desde este año los trámites de Posgrabación; modificación; corrección; expedición de certificaciones de registro y de números de identificación personal NIP y NUIP, se realizan directamente en cada una de las Registradurías del Distrito Capital.
En aras de mejorar los procesos y de atención al ciudadano, las Registradurías Auxiliares cuentan con la capacidad técnica y el personal idóneo para prestar un eficiente servicio que redunde, entre otras cosas, en proyectar una buena imagen de la entidad a cada uno de los colombianos que se acercan a solicitar los servicios que presta.
Tal como lo estableció el Decreto 1010 de 2000, una función de los Registradores, es cumplir con el servicio de registro civil, atendiendo tanto los aspectos jurídicos como técnicos que implica esta actividad, para la cual han sido capacitados por la Dirección Nacional de Registro Civil, en marco de la Segunda Fase del Proyecto de Modernización Tecnológica (PMT II).
Así las cosas, y con el ánimo de optimizar la atención al público, a la Dirección Nacional de Registro Civil, se remiten exclusivamente aquellos casos que el sistema no les permite solucionar, tales como los borrados lógicos y las invalidaciones de Registros Civiles por Resolución proferida por la Dirección Nacional de Registro Civil y mediante sentencia, entre otros.
De la mano con lo anterior, la Registraduria Delegada para el Registro Civil y la Identificación, adelantó el despliegue, instalación, configuración y refuerzo de capacitación de los aplicativos de Registro Civil, en las delegaciones departamentales de Magdalena, Bolívar, Boyacá, Nariño, Cauca, Risaralda, Caldas, Santander, Norte de Santander, Cesar, Córdoba y Huila e igualmente, adelantó una verificación del funcionamiento de los aplicativos en los departamentos de Antioquia, Valle, Tolima, Atlántico, Cundinamarca y, en la ciudad de Bogotá, D.C.
Entre otras utilidades del Sistema, el aplicativo de Gestión Electrónica de Documentos (GED) de Registro Civil, permite la consulta y, próximamente, la expedición de copias de Registro Civil que se encuentren en las bases de datos, de manera que las Registradurías del país puedan atender las solicitudes que requieran la consulta de estos datos. Así mismo, el Sistema de Información de Registro Civil (SIRC), permite informar a la ciudadanía a nivel nacional, el lugar de inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones que han sido previamente incorporados en la base de datos.
De esta manera, la Registraduría Distrital y las Delegaciones cuentan con herramientas tecnológicas para atender procesos que usualmente eran atendidos en su mayoría en Oficinas Centrales.
Tips de Atención al ciudadano
Usted es la imagen de la entidad hacia el exterior, por favor, tenga en cuenta las siguientes píldoras a la hora de atender a un ciudadano que requiere del servicio de la Registraduría Nacional del Estado Civil:
* Escuche atentamente lo que el ciudadano requiere.
* Ofrezca desde el inicio un buen trato al ciudadano, así llegue irritado.
* No tome como propio el enojo del ciudadano sino hacia la situación que usted tendrá que resolver.
* Nunca diga "No Sé", delé al ciudadano la opción que es posible solucionarle su situación.
* Póngase en el papel del ciudadano para que su atención sea más efectiva.
Elección Comisionado Nacional de Televisión
El 6 de septiembre a las 9:00 am se dieron cita en la Registraduría Nacional del Estado Civil Adriana María Gómez Caro, Tatiana Josefa López Manrique, Alberto de Jesús Guzmán Ramírez y Harold Efraín Salazar Rodríguez para elegir entre ellos al nuevo Comisionado Nacional de Televisión que representa a las Ligas y asociaciones de padres de familia; ligas de asociaciones de televidentes; facultades de educación y facultades de comunicación social de las universidades legalmente constituidas y reconocidas con personería jurídica vigente.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 1346 del 26 de julio, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se dio lugar a la elección del Comisionado Nacional de Televisión, en la que Alberto de Jesús Guzmán obtuvo todos los votos. “Este es el resultado al trabajo realizado durante dos años en la que me he comprometido por la televisión colombiana”, fueron las declaraciones de Guzmán.
Para descargar fotografías de la elección del nuevo comisionado de televisión
ingrese a: http://www.registraduria.gov.co/descargar/fotoselec_cntv2010.zip
Bosé puede reclamar su cédula amarilla con hologramas
El cantante Miguel Bosé Dominguín ya tiene la nueva cedula amarilla con hologramas que tramitó el 22 de abril pasado en el consulado de Madrid (España). La cédula del artista fue enviada por valija diplomática el pasado 27 de agosto y a comienzos de octubre estará en poder de Bosé, quien ya completa cuatro nacionalidades: colombiana, española, panameña e italiana.
Miguel Bosé recibió el 17 de marzo pasado la nacionalidad colombiana en acto dirigido por el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en la Casa de Nariño. En ese entonces, el cantante estuvo orgulloso al recibir la nacionalidad y declaró “Colombia es un gran país con un par de cojones bien puestos”.
Pbx. 220 2880 ext. 1335 - 1737 * Telefax. 2200885
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References: artículo 192
 artículo 1
 Artículo 58
 artículo 258
 artículo 1
 Resolución 
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