Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?fuseaction=FILTRAR&aplicacion=app003&cnl=3&opc=4&fltrselect0008=27&fltrselect0006=2
Timestamp: 2013-05-20 02:47:18+00:00

Document:
M.H.CH. contra el Juez Instructor de Ivirgarzama - Habeas Corpus OSJFallo: 1898
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Dignidad Humana - Embarazo - Salud
R.C.J. contra Jueces Técnicos del Tribunal Primero de Sentencia - Habeas Corpus OSJFallo: 1885
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Embarazo - Salud
R.C.J. interpone recurso de habeas corpus contra los jueces Técnicos del Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de El Alto, alegando que dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión de delitos de narcotráfico, solicitó al Tribunal de Sentencia la cesación de su detención preventiva debido a que se encontraba embarazada, fundamentando su petición en su estado de embarazo que limitaba la procedencia de su detención, hecho demostrado con informes y certificados médicos. Sin embargo el T.S. en tres oportunidades le negó su solicitud argumentando la existencia de peligro de fuga y obstaculización por tener en su contra tres procesos penales de narcotráfico, porque intento burlar a la autoridad haciéndose pasar por otra persona. El tribunal de habeas corpus utilizando los mismos argumentos, a través de resolución 603/2004 declaro improcedente el recurso con costas, observando falta de fundamento para aplicar medidas sustitutivas a la detención preventiva, respaldando la argumentación del T. S.
R.M.F. contra el Presidente, Vicepresidente, Secretaria y Concejales del Gobierno Municipal de Huanuni, Departamento de Oruro - Amparo Constitucional OSJFallo: 1886
Tema: Participación y Accesos a Espacios de Decisión Descriptores: Elecciones
R.M.F. segunda concejal titular electa por el municipio de Huanuni, mediante Resolución Municipal (RM) 090/2008 de abril con el voto mayoritario de los miembros del Consejo Municipal (CM) fue designada y posesionada como Alcaldesa, fue suspendida definitivamente del cargo por RM 22/2009 de 18 de mayo y revocada de su cargo mediante RM 23/2009 del mismo día mes y año. El CM nombra y posesiona a E.S.C. como Alcaldesa, incumpliendo lo dispuesto en el Art. 48 de la Ley de Municipalidades (LM), que establece que el alcalde municipal al igual que los concejales pueden ser suspendidos temporalmente por existir auto de procesamiento ejecutoriado en su contra o por el voto constructivo de censura, establecido en el Art. 50 del mismo cuerpo legal. Frente a estos hechos, R.M.F. interpone recurso de Amparo Constitucional, solicitando se conceda la tutela, se disponga dejar sin efecto ambas resoluciones y se la restituya inmediatamente en el cargo de Alcaldesa Municipal, alega que a través de omisiones, actos indebidos e ilegales se han vulnerado sus derechos al ejercicio de la función pública, a la ciudadanía, al debido proceso y al trabajo protegidos en la Constitución Política del Estado. El juez de Partido y de Setencia Liquidador, Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad Social de las provincias Pantaleón Dalence y Poopo del Distrito Judicial de Oruro, constituido en Juez de Garantías, mediante resoluciòn del 27 de mayo de 2009 niega tutela, fundamentando su resolución en no haberse demostrado la existencia de sentencia ejecutoriada para la suspención definitiva dispuesta en el Art. 49 de la Ley de Municipalidades, observando que la accionante debío agotar todos los medios legales ordinarios, judiciales y administrativos. En revisión el TC resuelve aprobar la resolución del Tribunal de Garantías y denegar la tutela solicitada, argumentando que la accionante debió hacer uso del recurso de reconsideración para que el Consejo Municipal realice un nuevo análisis y reconsidere a resolución asumida, omisión que el TC considera no puede ser corregida a través de la acción tutelar. En las resoluciones nos se desarrollan los derechos de la mujer a la participación política, igualdad y no discriminación. No se consideran ni incorporan, el derecho a la igualdad en el goce de todos derechos civiles y políticos, a participar en la dirección de asuntos públicos, al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país (Art. 3, 25 inciso a) y c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos con relación a los Arts. 23.1 A) y C), Art. 24 de la Convención Americana; Art. 1, 2 c), d) y e); Art. 7 b) de la Convención de la CEDAW. Omitiendo el cumplimiento de recomendaciones y responsabilidades destinadas a lograr el equilibrio entre hombres y mujeres en los órganos gubernamentales y en la administración pública, a proteger y promover la igualdad de derechos de las mujeres en la participación política, asumidas en IV Conferencia Mundial sobre la Mujer; en la Declaración y Programa de Acción de Viena (parágrafo 18), en la recomendación 25 de la CEDAW. [...]
G.M.O. contra el Alcalde Municipal de Sucre - Amparo Constitucional OSJFallo: 1863
Tema: Trabajo Productivo y Reproductivo Descriptores: Despido - Embarazo
La recurrente G.M.O. trabajadora de la Alcaldía l de Sucre, fue asignada al cargo de nivel cuatro, cargo que lo desempeña hasta el 22-02-2000, fecha en la que mediante memorándum Nº 95/00 le asignan el cargo de técnico planificador, bajándola al nivel quinto, debiendo desempeñar funciones en el área rural, hecho que constituye despido indirecto y encontrándose con 32 semanas de gestación implica riesgos a su salud y la de su hijo/a. Con estos argumentos interpone recurso de Amparo Constitucional en contra del Acalde de Sucre, solicitando a restirución inmediata a su cargo anterior. En audiencia el abogado de la autoridad recurrida, manifiesta que en su reubicación se tomo en cuenta la Ley de Protección a la Mujer Gestante LPMG, sin negarle los beneficios que le corresponden. La Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Judicial de Chuquisaca, declara improcedente el recurso con los mismos argumentos, aclarando que el recurso de Amparo Constitucional no es sustitutivo de otros recursos, por el carácter subsidiario que tiene. En revisión el Tribunal Constitucional revoca la resolución de la Sala Civil Primera y declara procedente el recurso, ordenando la restitución de la recurrente al cargo que desempañaba, realizando una argumentación favorable a la mujer y la protección de sus derechos laborales, a su salud y la de su hjo/a ebservando que el distrito Nº 6 al cual fue reasignada se encontraba en el área rural lo que conlleva disminución de condicones de trabajo limitando su acceso a la salud. El fallo desarrolla el derecho al trabajo de la mujer en relación a su derecho a la salud y estado de embarazo.
Todos con relación a la protección del derecho a la igualdad, a la no discriminación en el trabajo, a la protección contra todo acto de discriminación cometidos por personas, organizaciones o empresas, a las garantías de protección en relación con el embarazo, parto y post parto, y al deber que tiene el Estado de asegurar en condiciones de igualdad el derecho a la protección de salud, seguridad en el trabajo, incluso la salvaguarda de la función de reproducción previstos en la Convención de la CEDAW. El derecho a que se respete su integridad psiquica, física y moral, a que se respete su dignidad y se proteja a su familia, previstos en los Arts. 2 - 3- 4 inciso b) y e) de la Convención de Belem Do Pará. [...]
S. N.C. contra la Directora de la Brigada de Protección a la Familia - Habeas Corpus OSJFallo: 1864
El TC debío apoyar su determinación fundamentando la protección del derecho a la integridad personal, física y moral, protegido en el Art. 5 numeral 1 de la Covención Americana, con relación al derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, a una vida libre de violencia en la familia, al respeto de su dignidad y la protección de su familia, previstos en los Arts. 3 - 4 incisos b) y e) de la Convención Belem Do Pará. El derecho a la protección de sus derechos sobre la base de la igualdad con los del hombre. Art. 2. c) de la Convención de la CEDAW y en la norma de interpretación previsto en el Art. 29 inciso a) del Pacto de San José de Costa Rica y que determina la protección del derecho a la igualdad y garantías judiciales de las víctimas. [...]
RPV contra el Juez Instructor de Totora Cochabamba - Habeas Corpus OSJFallo: 1865
Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Asistencia Familiar El recurrente Rodolfo Pereyra Veizaga, el 17/01/2007 interpone recurso de habeas corpus contra RBRR Juez Instructor de Totora (Cochabamba), alegando vulneración de sus derechos a la defensa, debido proceso y libertad, en el procedo de asistencia familiar iniciado por JMZ madre de sus tres hijos, quién presentó memorial solicitando su apremio sin cumplir con requisitos legales de forma logrando se expida mandamiento de apremio en su contra sin precisar su identidad, manifiesta que se expidió el referido mandamiento en base a un acuerdo conciliatorio homologado en el marco del Art. 36 inc. 1 de la ley 1674 Contra la Violencia Familiar o Doméstica, cuando debía aplicarse el Art. 65. 4 de la Ley de Abreviación Pocesal Civil y de Asistencia Familiar, que se dispuso su apremio cuando no existe prisión y apremio corporal por deudas y que solo se puede expedir un nuevo apremio contra el obligado cuando hubiere transcurrido seis meses desde que salió en libertad sin cumplir el pago de pensiones adeudadas ( plazo señalado que no transcrurrió), finalmente manifiesta que vulneró su derecho a la libertad previsto en el Art. 7 inc. g) de la CPE abrogada, solicitando que se resuelva conforme a Ley.
E.L.A. contra el Juez Tercero de Instrucción de Familia y M.A.C. - Amparo Constitucional Juez Segundo de Partido de Familia y OSJFallo: 1866
E.L.A. contra el Juez Tercero de Instrucción de Familia , Juez Segundo de Partido de Familia y M. A. C. - Amparo Constitucional Tema: Violencia Contra las Mujeres Descriptores: Divorcio - Separación - Propiedad
ELA en proceso de divorcio contra Manuel Aguilar Coronel acordó la división provisional de bienes comunes, entre ellos un inmueble en el cual ocupaba un departamento en el tercer piso El 22 de octubre del 2003 su esposo sin dejar orden de autoridad competente y arbitrariamente la expulso del referido departamento, hecho que denuncio por violencia familiar en el Juzgado Tercero de Instrucción de Familia, solicitando su restitución al referido departamento. El juez de la causa declaro probada la denuncia y ordenó una serie de medidas cautelares, sin pronunciarse respecto a la solicitud de restitución ordeno la devolución de bienes mueble, ratificando la desocupación del mismo. Esta resolución es apelada y resuelta por el Juez Segundo de Partido de Familia quién confirma las medidas cautelares, prohibiendo que el denunciado permanezca en el hogar conyugal sin pronunciarse respecto a la solicitud de restitución al departamento que ocupaba, la recurrrente solicita la complementación de esta resolución, solicitud que le fue negada motivando que interponga recurso de Amparo Constitucional contra las dos autoridades judiciales que resolvieron su caso y contra su marido, alegando violación del derecho a la vivienda, a la dignidad humana, a la seguridad jurídica y al debido proceso. La Sala Social Administrativa Primera de Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, en resolución de Auto de Vista declara improcedente el recurso bajo los mismos argumentos jurídicos, incluyendo que consta en obrados que la recurrente inicio una acción penal por delito de despojo, que de ser admitido impediría la viabilidad del amparo por el carácter de subsidiaridad que tiene. El Tribunal Constitucional (TC) a tiempo de resolver el caso aprueba la resolución de la Sala Social Administrativa Primera de la Corte Superior de Distrito Judicial de La Paz, valorando que esta instancia realizó una correcta compulsa de los antecedentes e interpretación del Art. 19 de la Constitución Política del Estado - CPE. El fallo no desarrolla derechos de las mujeres. Las resoluciones de las diferentes instancias en su fundamentación no utilizan normativa internacional relacionada con la protección de los derechos de las mujeres, el derecho a la integridad personal y al respeto de su integridad física, psíquica y moral, a las garantías judiciales. Igualdad ante la ley y protección judicial previstos en el Art. 5 núm. 1 - 8 - 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica, todos con relación al derecho a una vida libre de violencia, a la integridad física, psíquica y moral, al respeto de su persona y la protección de su familia, a la no discriminación e igualdad establecidos en los Arts. 3 - 4 inc. b) , e), f9 - 6 a) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará). [...]
L.P.M. contra el Presidente, Vocales y otros de la Cámara la Corte Departamental Electoral de La Paz y Presidente y Concejales del Concejo Municipal de Charazañi - Amparo Constitucional OSJFallo: 1856

References: resolución 
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