Source: http://agoraabierta.blogspot.com/2016/03/
Timestamp: 2019-04-21 12:25:11+00:00

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agora abierta: marzo 2016
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN DEL JNE (CASO TODOS POR EL PERU)
La Constitución Política del Perú reconoce en el artículo 139° (20) el derecho de toda persona a formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales. En otras palabras, todos los ciudadanos de la República tenemos el derecho a opinar sobre el contenido y alcances de una resolución o sentencia. Se entiende que este derecho, al igual que todos, se ejerce de manera razonable. Es decir, el derecho de crítica u opinión no puede convertirse en pretexto para ofender, descalificar o poner en tela de juicio la honorabilidad del magistrado o tribunal responsable de la decisión.
Hago este apunte, pues considero que más allá de estar o no de acuerdo con la decisión tomada por el Pleno del JNE (3 votos contra 2) en la Resolución N° 093-2016-JNE, referida al recurso de apelación interpuesto por el Partido Político Todos por el Perú (cuyo candidato presidencial es Julio Guzmán) contra la Resolución N° 017-2016-DNROP/JNE que declaró improcedente las solicitudes de modificación de partida electrónica sobre estatuto, e inscripción de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y del Tribunal Nacional Electoral, los ciudadanos, sobre todo los que son considerados líderes de opinión, no pueden -de manera irresponsable- acusar a los magistrados del JNE de haber tomado la decisión en función de intereses políticos subalternos, con el afán de favorecer o perjudicar a tal o cual candidato (salvo tengan pruebas irrefutables que acrediten ello).
Ahora bien, con respecto a la Resolución del JNE materia de comentario, considero que el contenido de la misma nos permite apreciar con claridad dos maneras de acercarse y analizar un caso con alto contenido político, pero sobre todo, dos enfoques sobre la forma cómo los magistrados conciben el derecho y la justicia electoral. O, mejor aún, pone de manifiesto la importancia que tiene la formación jurídico-política (formalista vs finalista) en la forma cómo los magistrados resuelven las causas orientando su juicio, ya sea a partir de criterios estrictamente formalistas-procedimentales o inspirados en la defensa de los derechos, valores y principios materiales que la Constitución Política reconoce.
Para el voto de la mayoría (Fernández, Ayvar y Rodríguez), la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero de 2016, no convalida ni regulariza los actos celebrados con anterioridad por el referido partido. Para estos tres magistrados existen dos razones por la cuales no resulta admisible esta convalidación: 1) Porque el Acta presentada por el partido que acredita la celebración de la referida Asamblea General Extraordinaria no genera convicción acerca de su realización; y 2) Porque la Asamblea General no puede confirmar los actos realizados por otros estamentos partidarios.
Al respecto, me parece oportuno señalar dos ideas:
La primera, que todos los documentos (el acta es un documento) y la información incluida en los escritos presentados por los administrados (en este caso los representantes legales del partido), se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veras para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
En ese sentido, si la mayoría sostiene que el acta que acredita la celebración de la referida Asamblea General Extraordinaria no genera convicción acerca de su realización, entonces: ¿El acta es falsa? ¿La Asamblea General Extraordinaria nunca se realizó? ¿El partido miente al afirmar que sí se llevó a cabo la Asamblea General Extraordinaria? Esas son preguntas que la mayoría no absuelve, al menos no con una argumentación jurídica solvente que le permita a estos tres magistrados dejar de lado la aplicación del Principio de Presunción de Veracidad, al que hemos hecho referencia en el párrafo precedente, el mismo que además de estar reconocido expresamente en los artículos IV y 42° de la Ley N° 27444, es considerado un Principio General del Derecho Público.
La segunda, que las observaciones formuladas por la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas del JNE a los pedidos de modificatoria de la partida registral del partido estuvieron referidas, en lo esencial, al cumplimiento de las propias normas partidarias sobre convocatoria y quórum para la adopción de acuerdos. Es decir, en ningún momento se señaló que el partido había cometido una infracción constitucional y/o legal, sino simplemente había inobservado una norma interna.
Entonces, si ello es así, teniendo en consideración que de acuerdo al artículo 27° del estatuto partidario, la Asamblea General es el principal centro decisor del partido, con competencia para definir los asuntos que sean sometidos a su consideración y, toda vez, que las actuaciones de los demás órganos partidarios son antecedentes y consecuentes de las decisiones adoptadas en la Asamblea General, consideramos (como los magistrados Távara y Cornejo) que la Asamblea sí estaba legitimada, excepcionalmente, para convalidar las actuaciones y acuerdos de los demás órganos partidarios, con excepción de los atribuibles al Tribunal Nacional Electoral.
Sobre este punto, creemos importante subrayar lo expuesto por la minoría en el considerando 56 de su voto: a) La Asamblea General es el órgano máximo de toda asociación y partido político, entre ellos, del partido político Todos por el Perú, b) Los militantes no han expresado agravios ni cuestionado la validez de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Extraordinaria; y c) Los acuerdos adoptados por la Comisión Política Nacional, la Asamblea Electoral y el Comité Ejecutivo Nacional estaban directamente relacionados con las decisiones adoptadas por la Asamblea General, por lo que se puede concluir valederamente que los acuerdos adoptados por la Asamblea General Extraordinaria, gozan de validez y eficacia.
Asimismo, corresponde dejar sentado (considerando 59 del voto de la minoría), que esta convalidación posterior de actos procede debido a que los mismos no son contrarios a la Constitución Política ni a las layes electorales del país, sino que se trata de modificaciones que buscan permitir, o en todo caso, optimizar la organización interna del partido.
En ese sentido, consideramos que no existe (salvo la óptica del intérprete sea total y absolutamente formalista y procedimental) razón suficiente para limitar el ejercicio de un derecho fundamental como el de participación política, por la supuesta comisión de irregularidades procedimentales recogidas en una norma partidaria interna, sobre todo cuando estos vicios fueron subsanados regularmente por el máximo órgano deliberativo del partido: La Asamblea General.
Por lo tanto, afirmar lo contrario sería desconocer una máxima aplicable al derecho en general, específicamente cuando se trata de tutelar el ejercicio de derechos fundamentales: los magistrados y tribunales deben adecuar siempre la exigencia de las formalidades a la concretización de los fines materiales del ordenamiento jurídico. En este caso, esos fines y valores primordiales no son otros que la defensa y tutela del derecho a la participación política, entendido como requisito básico para la construcción de una democracia auténticamente representativa.
Etiquetas: ELECCIONES 2016, JULIO GUZMAN, Jurado Nacional de Elecciones, TODOS POR EL PERU
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En la columna pasada (21ENE2015), abordamos el tema de la participación política de la mujer en América Latina desde una perspectiva comparada. En esa primera parte del análisis, observamos los avances que en la región se vienen registrando en cuanto al número de mujeres que han logrado ser elegidas como Presidentas de la República, incluso algunas de ellas reelectas como Cristina Fernández, Michelle Bachelet o Dilma Rousseff durante los últimos años.
En esta oportunidad, lo que haremos es examinar la situación de las mujeres al interior de los partidos políticos, determinando su grado de inclusión en las cúpulas de poder y las medidas adoptadas por los mismos para fomentar la participación y la equidad de género, tomando como referencia la investigación de IDEA y el BID titulada: “Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina”.
Al respecto, la investigación aborda la problemática en tres campos diferentes: 1) En lo Retórico – Discursivo; 2) En lo orgánico; y 3) En la competencia electoral parlamentaria y en el ejercicio del poder.
En lo Retórico – Discursivo:
Ahora bien, más allá de estas estadísticas vinculadas al padrón de militantes de los partidos políticos, lo cierto es que la estructura de decisión de los partidos políticos sigue siendo predominantemente masculina. Así, por ejemplo, las mujeres desempeñan en promedio el 10,2% (5/59) de las presidencias y el 12,9% (8/62) de las secretarías generales. No obstante ello, la situación parece mejorar respecto de las máximas instancias ejecutivas nacionales, en las que ellas representan en promedio un 20,4% (288/1410).No obstante ello, si se observa la situación de estos 5 países en 2009, podemos apreciar que la presencia de mujeres era muy similar: 19,7%. Es decir, se sigue cumpliendo eso que “a más poder, menos mujeres”.
Pero más allá de la existencia formal de estas unidades de la mujer, es importante determinar qué rol estarían cumpliendo en su afán de impulsar la igualdad de género al interior de las organizaciones. Y para ello, es necesario indagar por el rol que estas cumplen en temas como la conformación de las candidaturas, las decisiones presupuestarias y la participación en la elaboración de los planes de gobierno: 1) Solo un 16,7% de las organizaciones (7/42) asigna a las unidades de la mujer una participación en la conformación de las candidaturas; 2) Solo un 14,3% (6/42) les ha otorgado algún voto especial, participación o influencia en cuestiones presupuestarias; y 3) Solo un 7,1% (3/42) contempla su participación en la elaboración de los planes de gobierno.
En la competencia electoral parlamentaria y en el ejercicio del poder:
En esa línea, y como ya lo adelantáramos en la columna pasada, en la actualidad 16 países han aprobado leyes de cuota o paridad para garantizar una proporción de mujeres en la oferta electoral de los partidos. Sin embargo, no todas estaban vigentes en las últimas elecciones parlamentarias llevadas a cabo hasta 2012; así sucedió en Colombia, El Salvador, Nicaragua y Uruguay. Asimismo, las reformas electorales llevadas a cabo en Chile (2015), México (2014) y en Honduras (2012) han sido posteriores a las últimas elecciones parlamentarias analizadas en esta investigación, las de 2012 para el caso de México, y las de 2009 para los casos de Chile y Honduras.
A modo de conclusión, podríamos afirmar que no obstante los avances alcanzados en este terreno, existe una pieza clave que todavía se mantiene estática y se resiste al cambio: los partidos políticos. En otras palabras, los partidos políticos siguen siendo dominados por los hombres.
entrada de RAFAEL @ 7:26 0 comentarios
LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER EN AMÉRICA LATINA (PARTE 1)
El 10 de abril de este año, los peruanos elegiremos a un nuevo Presidente de la República, miembros del Parlamento, y representantes ante el Parlamento Andino. Como es de conocimiento público, son varias las organizaciones políticas que han incrementado el número de mujeres en sus respectivas listas parlamentarias. En ese sentido, consideramos oportuno analizar la participación política de la mujer en América Latina, tomando como base la investigación realizada por las consultoras Beatriz Llanos (IDEA) y Vivian Roza (BID) titulada “Partidos políticos y paridad: Un desafío de la democracia en América Latina”.
Como se lee en la presentación del cuadernillo de trabajo que sintetiza los principales hallazgos de la misma, el BID e IDEA con el objetivo de diagnosticar la situación de las mujeres al interior de las estructuras partidarias y el grado en que los partidos promueven el ejercicio de sus derechos políticos desde una perspectiva de igualdad, presentaron en el año 2010, una investigación titulada “Partidos Políticos y paridad: la ecuación pendiente”, una investigación pionera a nivel regional. En ese momento se analizó a 94 partidos políticos de 18 países latinoamericanos, cuyos datos -para quienes estén interesados- se encuentran disponibles online en la Base de Datos de Género y Partidos Políticos (GEPPAL), iniciativa que ambas organizaciones impulsan.
Ahora bien, con el ánimo de construir una visión en el más largo plazo del rol que las organizaciones políticas están jugando, entre los años 2011 y 2012 el BID e IDEA iniciaron una fase de actualización de los 15 países que tuvieron elecciones hasta julio del 2012. En el marco de este proceso de actualización, se analizó a 74 organizaciones políticas que cumplían con el criterio objetivo de haber obtenido un mínimo de 5% de los escaños de la Cámara Baja/Unicameral en las últimas elecciones nacionales.
Una mirada al panorama regional
Sobre este punto, la investigación busca responder dos preguntas: 1) ¿En qué punto estamos en cuanto a la participación política de la mujer?; y 2) ¿Cuáles han sido los avances normativos orientados a promover la participación política de las mujeres?
Con respecto a la primera pregunta se señala lo siguiente: las mujeres siguen estando subrepresentadas tanto en posiciones electas como en las designaciones en las carteras ministeriales. A pesar de constituir más del 50% de la población, no llegan a representar ni un cuarto de las posiciones electas nominadas en la política a nivel regional. Sin embargo, ha habido avances trascendentales a nivel presidencial.
Por ejemplo, en el 2011, Cristina Fernández logró la reelección en la Argentina, con el 54% de los votos. El año 2013 finalizó con la elección de Michelle Bachelet para su segundo mandato presidencial en Chile y, en, 2014, Dilma Rousseff fue también reelecta en Brasil para un segundo mandato. Es decir, a finales de 2014, si sumamos a Laura Chinchilla en Costa Rica -quien terminó su mandato presidencial ese año- se tuvo por primera vez a cuatro mujeres ejerciendo la Presidencia de la República simultáneamente en América Latina.
Con respecto a la segunda pregunta se señala lo siguiente: Dieciséis países cuentan con medidas legales para garantizar la presencia de las mujeres en las listas electorales. De estos, 11 han aprobado cuotas y 5 han avanzado hacia la paridad. Sin embargo, el impacto sigue siendo limitado, dado que solo 4 países cuentan con medidas bien diseñadas. A su vez, 9 países han aprobado cuotas o paridad para los órganos decisorios de los partidos, pero solo 2 cuentan con sanciones por incumplimiento, lo cual tiene un impacto directo en la efectividad de la medida. Además, ha habido avances normativos importantes en el financiamiento público, lo que podría convertirse en una herramienta efectiva para las mujeres. No obstante, hace falta que los países monitoreen y fiscalicen el uso igualitario de los fondos.
Tres notas para el análisis
Al respecto, es importante apuntar tres notas que grafican claramente lo antes señalado:
Primero, de los 18 países latinoamericanos, solo 2 -Guatemala y Venezuela- aún no han aprobado legalmente una disposición de cuota o paridad que permita garantizar la presencia de mujeres en las listas electorales. Los porcentajes regulados en los países oscilan entre un 20% y 50%. Es alentador que 5 países -Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y México (2014)- hayan dado el salto hacia una composición paritaria de las listas electorales a ser inscritas. Ahora bien, de los 15 países con cuotas /paridad, se puede señalar que solo 4 -Argentina, Bolivia, Costa Rica y México- cuentan con medidas “bien diseñadas”, ello porque en estos países se contemplan sanciones efectivas por incumplimiento y mandatos de ubicación en un contexto de listas cerradas (el Perú, está catalogado como un país con cuotas mal diseñadas por no contar con sanciones ante el incumplimiento).
Segundo, 9 países en la región han regulado legalmente una medida de cuota o paridad aplicable a las dirigencias partidarias. Ecuador, Costa Rica y Bolivia han avanzado hacia la paridad pero solo en tres países -Costa Rica, Ecuador y Honduras- los porcentajes se aplican a la propia composición de dichas instancias, mientras en los otros 6 son aplicables a las postulaciones (también llamadas nominaciones). Ello implica una notoria diferencia desde el punto de vista del acceso real a los más altos cargos de los partidos, pues la inclusión en la postulación no garantiza que esto se traduzca en un número significativo de mujeres en la composición final del órgano. De hecho, hay más mujeres en los órganos decisorios, en los que la cuota se aplica a la composición (28%), que en los que se aplica a la nominación (22.5%); sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa.
Tercero, las cuotas o la paridad no son las únicas medidas que se han impulsado en la región para promover la inclusión de las mujeres. Prueba de ello es que entre el 2002 y el 2013, 6 países en los que existe financiamiento público para solventar las actividades de las organizaciones políticas han regulado legalmente la obligación para los partidos de destinar un monto de ese financiamiento al fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. En Brasil (al menos 5%), Colombia (al menos 15%), México (2%), Panamá (10% de un 50% destinado a educación cívico-política) y Honduras (10%, vigente desde 2013) han regulado porcentajes específicos. Y solo 2 países -el Brasil Y México- han contemplado algún tipo de sanción explícita ante el incumplimiento de dicha norma. Por otro lado, Costa Rica obliga a los partidos a destinar a un fondo especial para la capacitación paritaria de hombres y mujeres en temas como igualdad de género.
Al respecto, la investigación señala que si bien la región cuenta ahora con un electorado que apuesta por mujeres en la presidencia, algo que en épocas pasadas hubiese sido impensado. Eso demuestra una suerte de consenso sobre la necesidad e importancia de la promoción de la participación política de la mujer. En esa línea, este impulso está facilitando el avance hacia la regulación de la paridad por parte de varios países, así como la adopción de reformas para fortalecer la eficacia de las cuotas y su impacto en la elegibilidad de las mujeres.
En la próxima columna, seguiremos analizando algunos tópicos vinculados a la participación política de la mujer en América Latina.
entrada de RAFAEL @ 7:12 0 comentarios

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 139
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 27