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Timestamp: 2018-10-17 01:24:30+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00178 DE JUNIO 8 DE 2016
SENTENCIA 2014-00178 DE 08 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:DEFRAUDAR A COLPENSIONES EN LOS TRÁMITES DE PENSIONES ES CAUSAL PARA EXCLUIR A ABOGADO DE SU PROFESIÓN. SE PRECISA QUE TAL FRAUDE SE ENCUENTRA SEÑALADO COMO FALTA DISCIPLINARIA DESCRITA EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 1123 DEL 2007. DICHA FALTA SE CONFIGURA POR USAR PRUEBAS O PODERES FALSOS, DESFIGURAR, AMAÑAR O TERGIVERSAR LAS PRUEBAS O PODERES CON EL PROPÓSITO DE HACERLOS VALER EN ACTUACIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS. FINALMENTE SE ENFATIZA POR PARTE DE LA SALA QUE SE PODRÁ INCURRIR EN LA SANCIÓN DE LA EXCLUSIÓN DE LA PROFESIÓN SI SE OBSERVA QUE EL OBJETO DEL TOGADO ERA DEFRAUDAR A UNA ENTIDAD PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN, COLPENSIONES, ABOGADO, ESTATUTO DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, FIRMA DE ABOGADOS
Sentencia 2014-00178 de junio 8 de 2016
Rad.: 630011102000201400178 01/A
Aprobado según Acta 52, de la misma fecha
Bogotá D.C., ocho de junio de dos mil dieciséis.
Esta Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación interpuesta contra de la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío(7), el 30 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la ley 1123 de 2007; de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.
“(...) Los actuales magistrados de las Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”.
En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el apoderado de oficio.
Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por faltar al deber de obrar leal y rectamente en la realización de la justicia y fines del estado, y por ende la falta consagrada en el artículo 33, numeral 11, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:
“(…). 11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. (…)” (negrillas fuera de texto).
De la compulsa, y las demás pruebas allegadas al proceso, se tiene que el abogado Fabian Alberto Montoya Calderón, utilizó la Resolución 6888-2012, como elemento probatorio para tramitar inicialmente una pensión a favor del señor Huver Carvajal Becerra, y luego tramitar demanda laboral de reconocimiento retroactivo de la misma llevada hasta el año 1994, conducta que de conformidad con las pruebas le es atribuible al disciplinado y que encuadra dentro de la descripción de los deberes del abogado descritas en el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 123 de 2007, y por tanto, transgrede la falta contemplada en el numeral 11 del artículo 33, ibídem, a la cual no se dirigirá la atención habida cuenta que no fue objeto de apelación y que efectivamente el abogado reconoció que las había utilizado, sin saber que eran falsas, así pues, la conducta y falta deben ser objeto de confirmación.
En cuanto a la responsabilidad atribuible al investigado, se tiene, que no participó en el trámite y elaboración como efectivamente lo asegura en su apelación, y acorde con los testimonios y pruebas recaudadas, sin embargo, es necesario ahondar en el hecho de la intencionalidad y responsabilidad que le asiste al disciplinado, téngase en cuenta, que quien era el coordinador del bufete de abogados era el disciplinado, era quien revisaba si aplicaban o no para poder dar inicio a un trámite administrativo y judicial, y quien corroboraba, que los documentos estuvieran acordes con la legislación para poder tramitarlos, luego, le asistía el deber inicialmente de determinar con documentos, cuál era el real estado del paciente y en caso de no tenerlos ordenar que se realizaran, para de esta forma, una vez recaudados, nuevamente corroborar que se encontraran todos los elementos necesarios para acudir al trámite de reclamación; todo lo anterior era su responsabilidad, acorde con los testimonios y pruebas recaudadas y por la misma versión del disciplinado.
Para la Sala, no resulta creíble que el único responsable era el señor Luis Fernando Gómez Yara, tramitador, pues, una vez le entregaba al señor Gómez Yara los documentos para que se hiciera el trámite ante la junta médica, ya debía contar con el soporte de la EPS o IPS, con los exámenes preliminares para que la junta pudiera entrar a hacer su trabajo, documentos que el abogado recaudaba de su cliente y en caso de no contar con ellos debía indicarle al cliente que le correspondía previamente conseguirlos, sin embargo, en este caso, sin mediar poder especial, el señor Gómez Yara, tramitó ante la junta médica regional los documentos del señor Huver Carvajal Becerra, sin poder otorgado por él, de otra parte, realizar el trámite administrativo ante la junta médica Regional, sin el lleno de los requisitos de invalidez que hubieran certificado las EPS o IPS, era una responsabilidad que solo se le puede atribuir al disciplinable, ya que era el responsable que todos los trámites se hicieran acordes con los requerimientos legales; Si posterior a cuando llegaban los certificados, quien tenía la función de verificar su contenido y hablar con el cliente para efectos de contrastarlos y poder realizar el trámite y no enterase que fue directamente ante la Junta y sin el poder que debió otorgársele al tramitador, y mucho más, si este procedimiento ante la Junta debe citarse al evaluado, para determinar su estado y que a este nunca se le convocó.
Así las cosas las argumentaciones dadas por el apelante, no son de recibo para esta Sala, habida cuenta que al profesional por su experiencia y responsabilidad en la cadena era el determinador, en todos los asuntos y le correspondía corroborar cada uno de los elementos necesarios para la presentación de este tipo de reclamaciones, se observa que el objeto o propósito del togado, era el de defraudar a una entidad pública tanto con el trámite de la pensión, como con la demanda que presentó para reclamar el reajuste y retroactividad de la misma; por lo anterior, la responsabilidad atribuida a titulo doloso hecha por la primera instancia deberá ser confirmada.
1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, el 30 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(7) Magistrados: Manuel Fernando Mejía Ramírez, ponente y Oscar Carrillo Vaca.

References: ARTÍCULO 33
 artículo 33
 artículo 59
 artículo 33
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 33