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Timestamp: 2019-05-25 23:59:50+00:00

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﻿ CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO
LEY 65 DE 19 DE AGOSTO DE 1993
CONTENIDO:CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIO, INCLUYE EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO, PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:984, 1 DE OCTUBRE DE 1993. PG. 475
DIARIO OFICIAL N°:40999
CÓDIGO PENITENCIARIO Y CARCELARIOLEY 65 DE 1993
“Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario”.
Contenido y principios rectores
ART. 1º—Contenido del código. Este código regula el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad.
ART. 2º—(Modificado).* Legalidad. Toda persona es libre. Nadie puede ser sometido a prisión o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito proferido por autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 1°)
ART. 3º—Igualdad. Se prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Lo anterior no obsta para que se puedan establecer distinciones razonables por motivos de seguridad, de resocialización y para el cumplimiento de la sentencia y de la política penitenciaria y carcelaria.
ART. 3A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 2°)
ART. 4º—(Modificado).* Penas y medidas de seguridad. Nadie podrá ser sometido a pena o medida de seguridad que no esté previamente establecida por ley vigente.
Son penas privativas de la libertad personal las previstas en la ley para los imputables, como la prisión y el arresto.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 3°)
ART. 5º—(Modificado).* Respeto a la dignidad humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 4°)
ART. 6º—Penas proscritas. Prohibiciones. No habrá pena de muerte. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Nadie será sometido a desaparición forzada, torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
ART. 7º—Motivos de la privación de libertad. La privación de la libertad obedece al cumplimiento de pena, a detención preventiva o captura legal.
ART. 7A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 5°)
ART. 8º—(Modificado).*Legalización de la captura y la detención. Nadie podrá permanecer privado de la libertad sin que se legalice su captura o su detención preventiva, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal. En todo caso procederá la garantía del hábeas corpus.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 1º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 9º—Funciones y finalidad de la pena y de las medidas de seguridad. La pena tiene función protectora y preventiva, pero su fin fundamental es la resocialización. Las medidas de seguridad persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.
ART. 10.—Finalidad del tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario tiene la finalidad de alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal, mediante el examen de su personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu humano y solidario.
ART. 10A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 6°)
ART. 11.—(Modificado).*Objeto de la detención preventiva. La presunción de inocencia presidirá el régimen de detención preventiva. La detención preventiva busca garantizar la comparecencia del sindicado en el proceso y la posterior efectividad de la sanción penal.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 2º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 12.—Sistema progresivo. El cumplimiento de la pena se regirá por los principios del sistema progresivo.
ART. 13.—Interpretación y aplicación del código. Los principios consagrados en este título constituyen el marco hermenéutico para la interpretación y aplicación del código.
Sistema nacional penitenciario y carcelario
Cárceles departamentales y municipales
ART. 14.—(Modificado).**Contenido de las funciones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Corresponde al Gobierno Nacional por conducto del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la ejecución de las sentencias penales y de la detención precautelativa, la aplicación de las medidas de seguridad (y la reglamentación)* y control de las penas accesorias, fijadas en el Código Penal.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-394 de 1995).
**(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 3º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 15.—(Modificado).* Sistema nacional penitenciario y carcelario. El sistema nacional penitenciario y carcelario está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como establecimiento público adscrito al “Ministerio de Justicia y del Derecho” con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos los centros de reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus fines.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 7°)
ART. 16.—(Modificado).* Creación y organización. Los establecimientos de reclusión del orden nacional serán creados, fusionados, suprimidos, dirigidos y administrados, sostenidos y vigilados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. El mismo instituto determinará los lugares donde funcionarán estos establecimientos.
Cuando por las anteriores circunstancias se requiera hacer traslado de internos, el director del instituto queda facultado para hacerlo dando aviso a las autoridades correspondientes, las que decidirán sobre el particular.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 8°)
ART. 16A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 9°)
ART. 17.—Cárceles departamentales y municipales. Corresponde a los departamentos, municipios, áreas metropolitanas y al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenadas por contravenciones que impliquen privación de la libertad, por orden de autoridad policiva.
Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos. Los castigados por contravenciones serán alojados en pabellones especiales.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá la inspección y vigilancia de las cárceles de las entidades territoriales.
En los presupuestos municipales y departamentales, se incluirán las partidas necesarias para los gastos de sus cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de los mismos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.
Los gobernadores y alcaldes respectivamente, se abstendrán de aprobar o sancionar según el caso, los presupuestos departamentales y municipales que no llenen los requisitos señalados en este artículo.
La Nación y las entidades territoriales podrán celebrar convenios de integración de servicios, para el mejoramiento de la infraestructura y el sostenimiento de los centros de reclusión del sistema penitenciario y carcelario.
(Nota: La expresión: “Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos” fue declarada exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-536 de 1995, bajo el entendido de que estas normas perderán su vigencia constitucional y jurídica una vez el Congreso de la República expida la ley a la que hace referencia el artículo transitorio 28 de la Constitución Política).
ART. 18.—Integración territorial. Los municipios podrán convenir la creación, organización, administración y sostenimiento conjunto de los establecimientos de reclusión.
ART. 19.—Recibo de presos departamentales o municipales. Los departamentos o municipios que carezcan de sus respectivas cárceles, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el recibo de sus presos mediante el acuerdo que se consagrará en las cláusulas contractuales, conviniendo el reconocimiento que los departamentos o municipios hagan del pago de los siguientes servicios y remuneraciones:
a) Fijación de sobresueldos a los empleados del respectivo establecimiento de reclusión;
b) Dotación de los elementos y recursos necesarios para los internos incorporados a las cárceles nacionales;
c) Provisión de alimentación en una cuantía no menor de la señalada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para sus internos, y
d) Reparación, adaptación y mantenimiento de los edificios y de sus servicios, si son de propiedad de los departamentos o municipios.
PAR.—Las cárceles municipales podrán recibir presos nacionales en las mismas condiciones en que los centros de reclusión nacionales reciben presos municipales.
ART. 19A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 10)
ART. 20.—(Modificado).* Clasificación. Los establecimientos de reclusión pueden ser cárceles, penitenciarías, cárceles y penitenciarías especiales, reclusiones de mujeres, cárceles para miembros de la fuerza pública, colonias, casa-cárceles, establecimientos de rehabilitación y demás centros de reclusión que se creen en el sistema penitenciario y carcelario.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 11)
ART. 21.—(Modificado).* Cárceles. Son cárceles los establecimientos de detención preventiva, previstos exclusivamente para retención y vigilancia de sindicados.
Las autoridades judiciales señalarán dentro de su jurisdicción, la cárcel donde se cumplirá la detención preventiva.
Cuando se trate de un delito cometido en accidente de tránsito y haya lugar a la privación de la libertad, el sindicado sólo podrá ser recluido en una casa-cárcel. Donde no la hubiere, se trasladará a un pabellón especial. En caso de condena por delito doloso el infractor pasará a una penitenciaría.
PAR. 1º—La pena de arresto de acuerdo con el artículo 28 transitorio de la Constitución Nacional, se cumplirá en pabellones especiales adaptados o construidos en las cárceles.
PAR. 2º—En casos especiales de entregas voluntarias de personas que abandonen sus actividades como miembros de grupos subversivos, cuando así lo solicitaren, podrán tener como sitio de reclusión, instalaciones de la fuerza pública.
PAR. 3º—Los celadores de las compañías de vigilancia privada, que por causa o con ocasión de su oficio, cometan un delito, cumplirán su detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de éstos en pabellones especiales.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 12)
ART. 22.—(Modificado).* Penitenciarías. Las penitenciarías son establecimientos destinados a la reclusión de condenados y en las cuales se ejecuta la pena de prisión, mediante un sistema gradual y progresivo para el tratamiento de los internos.
Los centros de reclusión serán de alta, media y mínima seguridad (establecimientos abiertos). Las especificaciones de construcción y el régimen interno establecerán la diferencia de estas categorías.
Las autoridades judiciales competentes podrán ordenar o solicitar respectivamente, al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que los detenidos o condenados sean internados o trasladados a un determinado centro de reclusión en atención a las condiciones de seguridad.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 13)
ART. 23.—(Modificado).* Casa-cárcel. La casa-cárcel es el lugar destinado para la detención preventiva y el cumplimiento de la pena por delitos culposos cometidos en accidente de tránsito.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario expedirá el régimen de estos centros que deberá contemplar los requisitos de organización y funcionamiento. Estos establecimientos dependerán de la respectiva cárcel nacional de su jurisdicción.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 14)
ART. 23A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 15)
ART. 24.—(Modificado).* Establecimientos de rehabilitación y pabellones siquiátricos. Los establecimientos de rehabilitación y pabellones siquiátricos son los destinados a alojar y rehabilitar personas que tengan la calidad de inimputables por trastorno mental o inmadurez sicológica, según dictamen pericial.
Estos establecimientos tienen carácter asistencial y pueden especializarse en tratamiento siquiátrico y de drogadicción y harán parte del subsector oficial del sector salud.
El Gobierno Nacional en el término no mayor de cinco años incorporará al sistema nacional de salud, el tratamiento siquiátrico de los inimputables, para lo cual este deberá construir las instalaciones y proveer los medios humanos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento. Durante el mismo plazo desaparecerán los anexos o pabellones siquiátricos de los establecimientos carcelarios y su función será asumida por los establecimientos especializados del sistema nacional de salud.
Mientras se produce la incorporación ordenada en el presente artículo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario organizará una dependencia especializada para la administración y control de los establecimientos de rehabilitación y pabellones siquiátricos y podrá con-tratar con entes especializados del sistema nacional de salud el tratamiento de los inimputables.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 16)
ART. 25.—(Modificado).* Cárceles y penitenciarías de alta seguridad. Son cárceles y penitenciarías de alta seguridad, los establecimientos señalados para los sindicados y condenados, cuya detención y tratamiento requieran mayor seguridad, sin perjuicio de la finalidad resocializadora de la pena.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 17)
ART. 26.—(Modificado).* Reclusiones de mujeres. Son reclusiones de mujeres los establecimientos destinados para detención y descuento de la pena impuesta a mujeres infractoras, salvo lo dispuesto en el artículo 23.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 18)
ART. 27.—(Modificado).* Cárceles para miembros de la fuerza pública. Los miembros de la fuerza pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de éstos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan.
La organización y administración de dichos centros se regirán por normas especiales.
En caso de condena, el sindicado pasará a la respectiva penitenciaría en la cual habrá pabellones especiales para estos infractores.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 19)
ART. 28.—Colonias agrícolas. Son establecimientos para purgar la pena, preferencialmente para condenados de extracción campesina o para propiciar la enseñanza agropecuaria.
Cuando la extensión de las tierras lo permitan podrán crearse en ellas constelaciones agrícolas, conformadas por varias unidades o campamentos, con organización especial.
PAR.—(Nota: Adicionado el presente parágrafo por la Ley 1709 de 2014 artículo 20)
ART. 28A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 21)
ART. 29.—Reclusión en casos especiales. Cuando el hecho punible haya sido cometido por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, funcionarios y empleados de la justicia penal, cuerpo de policía judicial y del Ministerio Público, servidores públicos de elección popular, por funcionarios que gocen de fuero legal o constitucional, ancianos o indígenas, la detención preventiva se llevará a cabo en establecimientos especiales o en instalaciones proporcionadas por el Estado. Esta situación se extiende a los ex servidores públicos respectivos.
La autoridad judicial competente o el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, sus antecedentes y conducta.
PAR.—Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán participar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro.
*(Nota: Adicionado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 5º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 29A.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 8º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 29B.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 9º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 29C.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 10 del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 29F.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 31)
ART. 30.—Prohibición de recluir menores en cárceles. Los menores de dieciocho años no podrán detenerse ni descontar penas en los establecimientos de reclusión dependientes del instituto. Cuando por circunstancias especiales, expresadas en la ley, se requiera la ubicación del menor de dieciocho años en institución cerrada, de conformidad con las disposiciones del Código del Menor y ésta no existiere, el menor infractor podrá ser internado en anexo o pabellón especial organizado para este efecto, en un establecimiento de reclusión.
Estos anexos o pabellones tendrán un régimen especial, ajustado a las normas internacionales sobre menores, al artículo 44 de nuestra Constitución Política y a las del Código del Menor.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar queda obligado a cumplir las disposiciones legales sobre la materia. De la misma manera, los departamentos y los municipios deberán crear y mantener los centros de corrección social para menores y buscar e incrementar un mayor número de instituciones.
PAR.—Excepcionalmente y en el caso de delitos de competencia de los jueces regionales cometidos por menores, éstos podrán ser recluidos en un pabellón de especial seguridad en las cárceles del instituto, a juicio de la autoridad judicial competente.
ART. 30A.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 33)
ART. 30B.—(Nota: Adicionado el presente artículo por la Ley 1709 de 2014 artículo 34)
ART. 31.—(Modificado).* Vigilancia interna y externa. La vigilancia interna de los centros de reclusión estará a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. La vigilancia externa estará a cargo de la fuerza pública y de los organismos de seguridad.
Cuando no exista fuerza pública para este fin, la vigilancia externa la asumirá el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional.
PAR. 1º—La fuerza pública, previo requerimiento o autorización del Ministro de Justicia y del Derecho o del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o en caso urgente, del director del establecimiento donde ocurran los hechos, podrá ingresar a las instalaciones y dependencias para prevenir o conjurar graves alteraciones de orden público.
Podrá también el director de cada centro de reclusión solicitar el concurso de la fuerza pública, para que ésta se encargue de la vigilancia de dicho centro en las ocasiones en que el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional celebre su día clásico o cuando por circunstancias excepcionales de orden interno o de seguridad deba reforzarse la vigilancia del centro de reclusión. La asistencia de la fuerza pública será transitoria.
PAR. 2º—El espacio penitenciario y carcelario comprende la planta física del respectivo centro de reclusión, los terrenos de su propiedad o posesión que la circundan y por aquellos que le sean demarcados de acuerdo con resolución del director del centro de reclusión respectivo.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 35)
ART. 32.—Conducción de operaciones. Para la conducción de operaciones en que deba participar el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional, la fuerza pública y otros organismos de seguridad del Estado estarán sujetos a los siguientes criterios, de acuerdo al artículo 44 del Decreto 2162 de 1992:
a) Coordinación realizada a través de la información sobre la ejecución de operaciones entre los comandantes de unidad militar, de policía y jefes de organismos nacionales de seguridad, en sus respectivas jurisdicciones;
b) Asistencia militar, cuando sea requerida por el gobernador, los alcaldes, el comandante de policía, las autoridades penitenciarias, estatales o de los jefes de organismos de seguridad a la autoridad militar más cercana, cuando la Policía Nacional no esté por sí sola en capacidad de contener graves desórdenes o afrontar catástrofes o calamidad pública, y
c) Control operacional de acuerdo con las atribuciones definidas por el Ministro de Defensa Nacional, en cada caso que se den a determinados comandos de las Fuerzas Militares, para conducir operaciones en los que intervenga la Policía Nacional y otros organismos nacionales de seguridad puestos bajo su control.
ART. 33.—(Modificado).* Expropiación. Considérase de utilidad pública y de interés social, la adquisición de los inmuebles aledaños a los establecimientos de reclusión, necesarios para garantizar la seguridad del establecimiento, de los reclusos y de la población vecina.
En estos casos, el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, podrá efectuar la expropiación por vía administrativa, previa indemnización, la cual estará sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio.
Prohíbese el funcionamiento de expendios públicos o de actividades que atenten contra la seguridad y la moralidad pública, en un radio razonable de acción de los establecimientos de reclusión, convenido entre la dirección del Inpec y los alcaldes respectivos.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 36)
ART. 34.—(Modificado).* Medios mínimos materiales. Cada establecimiento de reclusión deberá funcionar en una planta física adecuada a sus fines, a la población de internos y personal directivo, administrativo y de vigilancia que alberga y, contar con los medios materiales mínimos para el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos.
Se requiere autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, para toda obra de construcción o modificación estructural de los centros de reclusión y de los inmuebles que estén bajo la administración del instituto.
El instituto elaborará un manual de construcciones con las debidas especificaciones, según su clasificación legal y niveles de seguridad, efectividad y dignidad de su cometido, detención, resocialización o rehabilitación; el clima y terreno de su ubicación, su capacidad, espacios de alojamiento, trabajo, educación, recreación, materiales indicados y cuanto se requiera para el control económico y el acierto estructural y funcional de estas edificaciones.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 37)
Autoridades penitenciarias y carcelarias
ART. 35.—Ejecución de la detención y de la pena. Son funcionarios competentes para hacer efectivas las providencias judiciales sobre privación de la libertad en los centros de reclusión, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, los directores regionales y los directores de los establecimientos enunciados en el título II.
ART. 36.—Jefes de gobierno penitenciario y carcelario. El director de cada centro de reclusión es el jefe de gobierno interno. Responderá ante el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del funcionamiento y control del establecimiento a su cargo.
Los empleados, los detenidos y condenados deben respeto y obediencia al director, y estarán sometidos a las normas de este código y a las reglamentaciones que se dicten.
ART. 37.—Colaboradores externos. Tendrán acceso a los centros de reclusión para adelantar labores de educación, trabajo y de formación religiosa, asesoría jurídica o investigación científica, relacionadas con los centros de reclusión, las personas que acrediten ante el director del mismo sus calidades y las actividades que van a cumplir. El reglamento de régimen interno establecerá los horarios y limitaciones dentro de los cuales se realizará su trabajo.
Administración de personal penitenciario y carcelario
ART. 38.—(Modificado).* Ingreso y formación. Para ejercer funciones de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria, es necesario haber aprobado los cursos de formación y capacitación, que para este efecto dictará la Escuela Penitenciaria Nacional.
Para desempeñar el cargo de director de cárcel o penitenciaría se requerirá título universitario, en áreas que incluyan conocimientos en materias criminológicas, penales, carcelarias, de seguridad o derechos humanos. Además adelantará el curso que organice la Escuela Penitenciaria Nacional que una vez aprobado, permitirá el ingreso al servicio mas no a la carrera penitenciaria, la cual será regida por normas especiales que para el efecto se dicten.
El personal que preste sus servicios en el Inpec, sólo podrá pertenecer a la carrera penitenciaria, previo el cumplimiento de los requisitos que se establezcan.
Ningún funcionario exceptuando el director del Inpec podrá desempeñar sus funciones sin que previamente haya recibido instrucción específica. Mientras se adelanta esta capacitación, el nombramiento será de carácter interino, situación ésta que en todo caso, no podrá exceder el término de seis (6) meses.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 38)
ART. 39.—(Modificado).* Cargos directivos y administrativos para el personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. El personal del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional puede ser llamado a desempeñar cargos de administración o dirección en las dependencias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario o en los centros de reclusión, si reúne los requisitos para ello, sin perder los derechos de la carrera, pudiendo regresar al servicio de vigilancia.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 39)
ART. 40.—(Modificado).* Autonomía de la carrera penitenciaria. La carrera penitenciaria es independiente del servicio civil. Estará regulada por los principios que consagra este estatuto y por las normas vigentes y las que lo adicionen, complementen o modifiquen. El Gobierno Nacional la reglamentará.
PAR.—El director del Inpec será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. Deberá ser abogado, sociólogo, sicólogo, administrador policial o de empresas, acreditado con título debidamente reconocido y, en cada caso, con especialización en ciencias penales o penitenciarias; criminalísticas o criminológicas.
De la misma manera podrá ser designado para este cargo, quien se haya desempeñado como magistrado en el ramo penal o haber ejercido la profesión de abogado en el ramo penal por un tiempo de cuatro años o haberse desempeñado como profesor universitario en el área penal, por un lapso de cinco años.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 40)
ART. 41.—(Modificado).*Función de policía judicial del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional podrán ejercer funciones de policía judicial en los casos de flagrancia delictiva exclusivamente, al interior de los centros de reclusión, o dentro del espacio penitenciario o carcelario respectivo como igualmente proceder a la captura de prófugos, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Penal.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 6º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 42.—Programas de educación y actualización. La Escuela Penitenciaria Nacional organizará programas de educación permanente y de información, que conduzcan a la capacitación y actualización en el ramo científico y técnico, penitenciario y carcelario, para los miembros de la institución, la Policía Judicial, Policía Nacional, funcionarios judiciales, personal penitenciario extranjero que quiera ampliar sus conocimientos en la materia y los profesionales en general. Los programas incluirán la formación conducente a la debida promoción y garantía de los derechos humanos dentro del tratamiento penitenciario y carcelario.
ART. 43.—Dependencia de la guardia. En cada establecimiento de reclusión los guardianes están bajo la inmediata dependencia del director, del comandante de custodia y vigilancia y de los demás superiores jerárquicos de la guardia penitenciaria.
ART. 44.—Deberes de los guardianes. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional tienen los siguientes deberes especiales, además de los que señalen su estatuto y los reglamentos general e interno:
a) Observar una conducta seria y digna;
b) Cooperar con la dirección en todo lo que tienda a la resocialización de los reclusos, suministrando los informes que estime conveniente para esta finalidad;
c) Custodiar y vigilar constantemente a los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, en las remisiones, diligencias judiciales, hospitales y centros de salud, conservando en todo caso la vigilancia visual;
d) Requisar cuidadosamente a los detenidos o condenados conforme al reglamento;
e) Custodiar a los condenados o detenidos que vayan a trabajar fuera del establecimiento y emplear todas las precauciones posibles para impedir violencias, evasiones y (conversaciones o relaciones de ellos con los extraños)*, exceptuando los casos previstos en el Código de Procedimiento Penal;
*(Nota:El texto entre paréntesis fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
f) Realizar los ejercicios colectivos que mejoren o mantengan su capacidad física; participar en los entrenamientos que se programen para la defensa, orden y seguridad de los centros de reclusión; tomar parte en las ceremonias internas o públicas para realce de la institución; asistir a las conferencias y clases que eleven su preparación general o la específica penitenciaria, y
g) Mantener la disciplina con firmeza, pero sin más restricciones de las necesarias, para conservar el orden en el establecimiento penitenciario o carcelario.
ART. 45.—Prohibiciones. Los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia tienen las siguientes prohibiciones:
a) Tener relación o trato con los reclusos, excepto en lo que sea estrictamente necesario, para los fines de su función y de acuerdo con las disposiciones del reglamento de régimen interno; ingresar material pornográfico y en general, elementos prohibidos en los reglamentos;
b) Aceptar dádivas, homenajes, préstamos, efectuar negocio alguno con los detenidos, condenados, familiares o allegados de éstos, lo cual constituirá causal de destitución;
c) Ingresar al centro de reclusión bebidas alcohólicas, sustancias sicotrópicas o estupefacientes; armas distintas a las propias del servicio; dineros en cantidad no razonable; elementos de comunicación. La transgresión a esta norma traerá como consecuencia la destitución;
d) Infligir castigos a los internos, emplear con ellos violencia o maltratamientos, y
e) Recomendar abogados a los internos para sus negocios.
f)(Nota: Adicionado el presente literal por la Ley 1709 de 2014 artículo 41)
ART. 46.—Responsabilidad de los guardianes por negligencia. Los oficiales, suboficiales y guardianes del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional serán responsables de los daños y perjuicios causados por los internos a los bienes e instalaciones de la institución, por fallas en el servicio de vigilancia atribuibles a culpa o dolo, declaradas judicialmente.
ART. 47.—Servicio de los guardianes en los patios. El personal de custodia y vigilancia prestará el servicio en los patios y pabellones de los centros de reclusión, con bastón de mando e impedirá que entren a ellos personas armadas, cualquiera que sea su categoría.
ART. 48.—Porte de armas. Los miembros de la fuerza pública y los guardianes, que tuvieren a su cargo el traslado de condenados o detenidos o la vigilancia externa de los establecimientos de reclusión o la custodia de los reclusos que trabajen al aire libre, están autorizados para portar armas con el fin de disuadir y controlar cualquier intento de fuga que pueda presentarse.
ART. 49.—El empleo de la fuerza y de las armas. Contra los internos sólo se usará la fuerza necesaria para reducir su resistencia a una orden legal o reglamentaria impartida o para conjurar una evasión. Los miembros de la guardia que tengan que recurrir al empleo de la fuerza o de las armas, lo harán en la medida estricta y racionalmente necesaria. Deberán informar de los hechos inmediatamente después al director del establecimiento, quien a su turno comunicará lo sucedido al director general del Inpec si así lo considerare.
ART. 50.—Servicio militar de bachilleres en prisiones. Los bachilleres podrán cumplir su servicio militar obligatorio en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, distribuidos en los diferentes centros de reclusión, previo convenio entre los Ministerios de Defensa Nacional y de Justicia y del Derecho, después de haber realizado el respectivo curso de preparación en la Escuela Penitenciaria Nacional.
Los bachilleres que hayan cumplido este servicio a satisfacción, podrán seguir la carrera en el cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria nacional.
ART. 51.—(Modificado).*Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad garantizará la legalidad en la ejecución de la sanción penal y, en ejercicio de su facultad de ejecución de las sentencias proferidas por los jueces penales, conoce:
1. Del cumplimiento de las normas contenidas en este código y en especial de sus principios rectores.
2. De todo lo relacionado con la libertad del condenado que deba otorgarse con posterioridad a la sentencia, rebaja de penas, redención de pena por trabajo, estudio o enseñanza y extinción de la condena.
3. De la verificación del lugar y condiciones en que se deba cumplir la pena o la medida de seguridad.
4. De la acumulación jurídica de penas en concurso de varias sentencias condenatorias proferidas en procesos distintos contra la misma persona.
5. De la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior, hubiese lugar a reducción o extinción de la pena.
6. Del reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma discriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia.
7. Del aporte de pruebas para el esclarecimiento de los hechos punibles cometidos en los centros de reclusión, a fin de que sean investigados por las autoridades competentes.
(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 4º del Ministerio del Interior y de Justicia)
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 42)
ART. 52.—Reglamento general. El Inpec expedirá el reglamento general, al cual se sujetarán los respectivos reglamentos internos de los diferentes establecimientos de reclusión.
Este reglamento contendrá los principios contenidos en este código, en los convenios y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia.
Establecerá, así mismo, por lo menos, las normas aplicables en materia de clasificación de internos por categorías, consejos de disciplina, comités de internos, juntas para distribución y adjudicación de patios y celdas, visitas, “la orden del día” y de servicios, locales destinados a los reclusos, higiene personal, vestuario, camas, elementos de dotación de celdas, alimentación, ejercicios físicos, servicios de salud, disciplina y sanciones, medios de coerción, contacto con el mundo exterior, trabajo, educación y recreación de los reclusos, deber de pasarse lista por lo menos dos veces al día en formación ordenada. Uso y respeto de los símbolos penitenciarios.
Dicho reglamento contendrá las directrices y orientaciones generales sobre seguridad. Incluirá así mismo, un manual de funciones que se aplicará a todos los centros de reclusión.
Habrá un régimen interno exclusivo y distinto para los establecimientos de rehabilitación y pabellones siquiátricos.
ART. 53.—Reglamento interno. Cada centro de reclusión tendrá su propio reglamento de régimen interno, expedido por el respectivo director del centro de reclusión y previa aprobación del director del Inpec. Para este efecto el director deberá tener en cuenta la categoría del establecimiento a su cargo y las condiciones ambientales. Así mismo tendrá como apéndice confidencial, los planes de defensa, seguridad y emergencia. Toda reforma del reglamento interno, deberá ser aprobada por la dirección del Inpec.
ART. 54.—Reclusión en un establecimiento penitenciario y carcelario. La reclusión en un establecimiento penitenciario o carcelario se hará en los términos señalados en el Código de Procedimiento Penal y en las normas de este código.
Toda persona que sea privada de la libertad o liberada por orden de autoridad competente, deberá ser reportada dentro de las veinticuatro horas siguientes, con su respectiva identidad y situación jurídica al Inpec, el cual deberá crear el registro nacional de dichas personas, manteniéndolo debidamente actualizado.
ART. 55.—Requisa y porte de armas. Toda persona que ingrese a un centro de reclusión o salga de él, por cualquier motivo, deberá ser razonablemente requisada y sometida a los procedimientos de ingreso y egreso. Nadie sin excepción, en situación normal podrá entrar armado a un centro de reclusión. Ningún vehículo podrá ingresar o abandonar el establecimiento, ni paquete o documento alguno ni volumen de carga, saldrá de él, sin constatación y requisa. Los internos deben ser requisados rigurosamente después de cada visita.
ART. 56.—(Modificado).* Registro. En los centros de reclusión se llevará un registro de ingreso y egreso con los datos especiales de cada interno, fecha, hora de ingreso, estado físico, fotografía y reseña dactiloscópica. Simultáneamente se abrirá un prontuario para cada sindicado y una cartilla biográfica para cada condenado.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 43)
ART. 57.—Voto de los detenidos. Los detenidos privados de la libertad si reúnen los requisitos de ley podrán ejercer el derecho al sufragio en sus respectivos centros de reclusión. La Registraduría Nacional del Estado Civil facilitará los medios para el ejercicio de este derecho. Se prohíbe el proselitismo político al interior de las penitenciarías y cárceles, tanto de extraños como de los mismos internos.
El incumplimiento a esta prohibición y cualquier insinuación en favor o en contra de candidatos o partidos por parte de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, constituye causal de mala conducta.
ART. 58.—Derecho de petición, información y queja. Todo interno recibirá a su ingreso, información apropiada sobre el régimen del establecimiento de reclusión, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los procedimientos para formular peticiones y quejas.
Ningún interno desempeñará función alguna que implique el ejercicio de facultades disciplinarias, de administración o de custodia y vigilancia.
ART. 59.—Comunicación a las autoridades y derechos del capturado. El director de todo establecimiento de reclusión está en la obligación de garantizar los derechos del capturado consagrados en el Código de Procedimiento Penal. Igualmente, el director de cada establecimiento de reclusión deberá comunicar a la autoridad competente el ingreso de todo capturado.
ART. 60.—(Modificado).* Depósito de objetos personales y valores. Los capturados, detenidos o condenados, al ingresar a un establecimiento de reclusión, serán requisados cuidadosamente. De los valores que se le retiren al interno en el momento de su ingreso se le expedirá el correspondiente recibo. La omisión de lo aquí dispuesto, constituirá causal de mala conducta para quien debió expedir dicho recibo.
En caso de fuga o muerte del interno, los valores y objetos pasarán a los familiares (y si éstos no los reclamasen en el término de tres meses, se incorporarán al patrimonio del respectivo centro de reclusión)*.
(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-394 de 1995).
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 44)
ART. 61.—(Modificado).* Examen de ingreso. Al momento de ingresar un sindicado al centro de reclusión, se le abrirá el correspondiente prontuario y deberá ser sometido a examen médico, con el fin de verificar su estado físico para la elaboración de la ficha médica correspondiente. Si el sindicado se encontrare herido o lesionado será informado de este hecho el funcionario de conocimiento. En caso de padecer enfermedad infectocontagiosa será aislado. Cuando se advierta anomalía síquica se ordenará inmediatamente su ubicación en sitio especial y se comunicará de inmediato, al funcionario de conocimiento, para que ordene el examen por los médicos legistas y se proceda de conformidad.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 45)
ART. 62.—Fijación de penitenciaría y evaluación de ingreso. Cuando sobre el sindicado recaiga sentencia condenatoria, el juez, con la correspondiente copia de dicha sentencia lo pondrá a disposición del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
Al ingresar un condenado a una penitenciaría, este será sometido al examen de que habla el artículo anterior y además, se iniciará su evaluación social y moral, de acuerdo con las pautas señaladas para la aplicación del régimen progresivo, debiéndose abrir la respectiva cartilla biográfica.
ART. 63.—Clasificación de internos. Los internos en los centros de reclusión, serán separados por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental. Los detenidos estarán separados de los condenados, de acuerdo a su fase de tratamiento; los hombres de las mujeres, los primarios de los reincidentes, los jóvenes de los adultos, los enfermos de los que puedan someterse al régimen normal.
La clasificación de los internos por categorías, se hará por las mismas juntas de distribución de patios y asignación de celdas y para estos efectos se considerarán no sólo las pautas aquí expresadas, sino la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta.
ART. 64.—(Modificado).* Celdas y dormitorios. Las celdas y dormitorios permanecerán en estado de limpieza y de aireación. Estarán amoblados con lo estrictamente indispensable, permitiéndose solamente los elementos señalados en el reglamento general.
Los dormitorios comunes y las celdas, estarán cerrados durante el día en los términos que establezca el reglamento. Los internos pasarán a aquéllos, a la hora de recogerse y no se permitirán conductas y ruidos o voces que perturben el reposo.
La limpieza del establecimiento estará a cargo de los internos. En el reglamento se organizará la forma de prestarse este servicio por turnos y de manera que a todos corresponda hacerlo. El aseo del alojamiento individual y su conservación en estado de servicio, será responsabilidad del interno que lo ocupa. Las labores aquí enunciadas, no forman parte del régimen ocupacional para la redención de la pena.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 46)
ART. 65.—(Modificado).* Uniformes. Los condenados deberán vestir uniformes. Estos serán confeccionados en corte y color que no riñan con la dignidad de la persona humana.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 47)
ART. 66.—Derecho al patronímico. En ningún caso el interno será distinguido por números en el trato social ni se le llamará ni designará por apodo o alias.
ART. 67.—(Modificado).* Provisión de alimentos y elementos. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario tendrá a su cargo la alimentación de los internos y la dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de recreación y vestuario para condenados y todos los recursos materiales necesarios para la correcta marcha de los establecimientos de reclusión.
Los detenidos, a juicio del consejo de disciplina podrán proporcionarse a su cargo la alimentación, sujetándose a las normas de seguridad y disciplina previstas en el reglamento general e interno.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 48)
ART. 68.—(Modificado).* Políticas y planes de provisión alimentaria. La dirección general del Inpec fijará las políticas y planes de provisión alimentaria que podrá ser por administración directa o por contratos con particulares. Los alimentos deben ser de tal calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de los reclusos. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y presentación. Los internos comerán sentados en mesas decentemente dispuestas. La prescripción médica, la naturaleza del trabajo, el clima y hasta donde sea posible, las convicciones del interno, se tendrán en cuenta para casos especiales de alimentación.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 49)
ART. 69.—Expendio de artículos de primera necesidad. La dirección de cada centro de reclusión organizará por cuenta de la administración, el expendio de artículos de primera necesidad y uso personal para los detenidos y condenados.
Está prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas.
En ningún caso se podrá establecer expendios como negocio propio de los internos o de los empleados.
El Inpec fijará los criterios para la financiación de las cajas especiales.
ART. 70.—Libertad. La libertad del interno sólo procede por orden de autoridad judicial competente. No obstante, si transcurren los términos previstos en el Código de Procedimiento Penal y no se ha legalizado la privación de la libertad, y si el interno no estuviere requerido por otra autoridad judicial, el director del establecimiento de reclusión tiene la obligación de ordenar la excarcelación inmediata, bajo la responsabilidad del funcionario que debió impartirla.
Igualmente, cuando el director del establecimiento verifique que se ha cumplido físicamente la sentencia ejecutoriada, ordenará la excarcelación previa comprobación de no estar requerido por otra autoridad judicial. Cuando se presente el evento de que trata este inciso, el director del establecimiento pondrá los hechos en conocimiento del juez de ejecución de penas con una antelación no menor de treinta días, con el objeto de que exprese su conformidad. En caso de silencio del juez de ejecución de penas, el director del establecimiento queda autorizado para decretar la excarcelación.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 50)
ART. 71.—Requisitos previos a la excarcelación. Cuando un interno sea excarcelado se procederá así:
1. Se le devolverán los valores y efectos depositados a su nombre.
2. Se le certificará el término de su privación efectiva de la libertad y de la causa de la misma.
3. Se certificarán los cursos y trabajos realizados durante su permanencia en el establecimiento.
4. Se vinculará al programa de servicio post penitenciario, si es del caso.
5. Se le certificará su estado de salud.
ART. 72.—(Modificado).* Fijación de pena y medida de seguridad. El director general del Inpec señalará la penitenciaría o establecimiento de rehabilitación donde el condenado deba cumplir la pena o medida de seguridad.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 51)
ART. 73.—Traslado de internos. Corresponde a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por solicitud formulada ante ella.
ART. 74.—(Modificado).* Solicitud de traslado. El traslado de los internos puede ser solicitado a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por:
3. El interno.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 52)
ART. 75.—(Modificado).* Causales de traslado. Son causales del traslado, además de las consagradas en el Código de Procedimiento Penal:
1. Cuando así lo requiera el estado de salud, debidamente comprobado por médico oficial.
2. Falta de elementos adecuados para el tratamiento médico.
3. Motivos de orden interno del establecimiento.
4. Estímulo de buena conducta con la aprobación del consejo de disciplina.
5. Necesidad de descongestión del establecimiento.
6. Cuando sea necesario trasladar al interno a un centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad.
PAR.—Si el traslado es solicitado por el funcionario de conocimiento, indicará el motivo de este y el lugar a donde debe ser remitido el interno.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 53)
ART. 76.—(Modificado).* Remisión de documentos. La respectiva cartilla biográfica o prontuario completo, incluyendo el tiempo de trabajo, estudio y enseñanza, calificación de disciplina y estado de salud, deberá remitirse de inmediato a la dirección del establecimiento al que sea trasladado el interno. Igualmente deberá contener la información necesaria para asegurar el proceso de resocialización del interno.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 54)
ART. 77.—Traslado por causas excepcionales. Cuando un detenido o condenado constituya un peligro evidente para la vida e integridad personal de algunos de sus compañeros o de algún empleado del establecimiento, por virtud de enemistad grave o amenazas manifiestas, se tomarán respecto de él medidas rigurosas de seguridad, que pueden ser en los casos más graves y por excepción, hasta el traslado a otro establecimiento.
Sólo en estos casos excepcionales y con suficiente justificación, podrá el director de un centro de reclusión disponer el traslado de un interno, dando aviso inmediato a la autoridad correspondiente.
ART. 78.—Junta asesora de traslados. Para efectos de los traslados de internos en el país, se integrará una junta asesora que será reglamentada por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Esta junta formulará sus recomendaciones al director del instituto, teniendo en cuenta todos los aspectos sociojurídicos y de seguridad.
ART. 79.—(Modificado).* Obligatoriedad del trabajo. El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará atendiendo las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Sus productos serán comercializados.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 55)
ART. 80.—Planeación y organización del trabajo. La dirección general del Inpec determinará los trabajos que deban organizarse en cada centro de reclusión, los cuales serán los únicos válidos para redimir la pena. Fijará los planes y trazará los programas de los trabajos por realizarse.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario procurará los medios necesarios para crear en los centros de reclusión, fuentes de trabajo, industriales, agropecuarios o artesanales, según las circunstancias y disponibilidad presupuestal.
(Nota: Las expresiones “centro de reclusión” fue declarada exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-1510 de 2000, bajo el entendido de que ellas comprenden también los casos de detención domiciliaria o de detención parcial en el lugar de trabajo y sin que se pueda discriminar entre el trabajo material y el intelectual).
ART. 81.—(Modificado).* Evaluación y certificación del trabajo. Para efectos de evaluación del trabajo en cada centro de reclusión habrá una junta, bajo la responsabilidad del subdirector o del funcionario que designe el director.
El director del establecimiento certificará las jornadas de trabajo de acuerdo con los reglamentos y el sistema de control de asistencia y rendimiento de labores, que se establezcan al respecto.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 56)
ART. 82.—Redención de la pena por trabajo. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por trabajo a los condenados a pena privativa de libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de trabajo. Para estos efectos no se podrán computar más de ocho horas diarias de trabajo.
El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad constatará en cualquier momento, el trabajo, la educación y la enseñanza que se estén llevando a cabo en los centros de reclusión de su jurisdicción y lo pondrá en conocimiento del director respectivo.
ART. 83.—Exención del trabajo. No estarán obligados a trabajar los mayores de 60 años o los que padecieren enfermedad que los inhabilite para ello, las mujeres durante los tres meses anteriores al parto y en el mes siguiente al mismo. Las personas incapacitadas para laborar que voluntariamente desearen hacerlo, deberán contar con la aprobación del médico del establecimiento. No obstante en los diferentes casos contemplados, el interno podrá acudir a la enseñanza o a la instrucción para la redención de la pena.
ART. 84.—(Modificado).* Contrato de trabajo. Los internos no podrán contratar trabajos con particulares. Estos deberán hacerlo con la administración de cada centro de reclusión o con la sociedad “renacimiento”. En este contrato se pactará la clase de trabajo que será ejecutado, término de duración, la remuneración que se le pagará al interno, la participación a la caja especial y las causas de terminación del mismo. Igualmente el trabajo en los centros de reclusión podrá realizarse por orden del director del establecimiento impartida a los internos, de acuerdo con las pautas fijadas por el Inpec.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 57)
ART. 85.—Equipo laboral. El Inpec procurará que en la planta de personal de las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, figure el número de personal técnico indicado para el desarrollo eficiente de las labores de tales establecimientos. Estos funcionarios para posesionarse deberán acreditar sus títulos debidamente reconocidos.
ART. 86.—Remuneración del trabajo, ambiente adecuado y organización en grupos. El trabajo de los reclusos se remunerará de una manera equitativa. Se llevará a cabo dentro de un ambiente adecuado y observando las normas de seguridad industrial.
Los condenados en la fase de mediana seguridad dentro del sistema progresivo, podrán trabajar organizados en grupos de labores agrícolas o industriales con empresas o personas de reconocida honorabilidad, siempre que colaboren con la seguridad de los internos y con el espíritu de su resocialización.
La protección laboral y social de los reclusos se precisará en el reglamento general e interno de cada centro de reclusión.
En caso de accidente de trabajo los internos tendrán derecho a las indemnizaciones de ley.
Los detenidos podrán trabajar individualmente o en grupos de labores públicas, agrícolas o industriales en las mismas condiciones que los condenados, siempre que el director del respectivo establecimiento penal conceda esta gracia, según las consideraciones de conducta del interno, calificación del delito y de seguridad. Los trabajadores sindicados o condenados, sólo podrán ser contratados con el establecimiento respectivo y serán estrictamente controlados en su comportamiento y seguridad.
ART. 87.—Actos de gestión. El director de cada establecimiento de reclusión, previa delegación del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, podrá celebrar convenios o contratos con personas de derecho público o privado con o sin ánimo de lucro, con el fin exclusivo de garantizar el trabajo, la educación y la recreación, así como el mantenimiento y funcionamiento del centro de reclusión.
ART. 88.—Estímulo del ahorro. El director de cada centro de reclusión y en especial el asistente social, procurarán estimular al interno para que haga acopio de sus ahorros con el fin de atender, además de sus propias necesidades en la prisión, las de su familia y sufragar los gastos de su nueva vida al ser puesto en libertad.
ART. 89.—(Modificado).* Manejo de dinero. Se prohíbe el uso de dinero al interior de los centros de reclusión. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará las modalidades de pago de bienes y servicios internos en los centros de reclusión.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 58)
ART. 90.—Sociedad de economía mixta “renacimiento”. Autorízase al Gobierno Nacional para constituir una sociedad de economía mixta que adoptará la denominación “Renacimiento”, cuyo objeto será la producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en los centros de reclusión. El Gobierno Nacional mantendrá más del cincuenta por ciento (50%) del capital accionario.
La empresa dedicará parte de sus utilidades a los programas de resocialización y rehabilitación de internos. En los estatutos de la sociedad se determinará la parte de las utilidades que deben invertirse en estos programas.
ART. 91.—Desarrollo de la sociedad de economía mixta “renacimiento”. La sociedad de economía mixta “renacimiento”, podrá extender su radio de acción a la constitución de empresas mixtas y a estimular la creación y funcionamiento de cooperativas, en cuyas juntas directivas se dará asiento a un representante principal con su respectivo suplente de los internos escogidos entre quienes se distingan por su espíritu de trabajo y colaboración y observen buena conducta, siempre que no registren imputación o condena por delito grave.
La sociedad de economía mixta “renacimiento”, podrá establecer un centro de crédito para financiar microempresas de ex reclusos que hayan descontado la totalidad de la pena, cuando así lo ameriten por su capacidad de trabajo demostrada durante el tiempo de reclusión y con la presentación de los estudios que le permitan su financiación.
El Inpec podrá invertir dentro de sus planes de rehabilitación, en la sociedad a que se refiere el presente artículo.
ART. 92.—Coordinación con la sociedad de economía mixta “renacimiento”. La dirección del Inpec y la sociedad de economía mixta “renacimiento” coordinarán sus funciones con respecto al trabajo en los centros de reclusión, para que esta sociedad cumpla su objetivo de producción y comercialización de bienes y servicios fabricados en los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
ART. 93.—(Modificado).* Estímulos tributarios. El Gobierno Nacional podrá crear estímulos tributarios para aquellas empresas o personas naturales que se vinculen a los programas de trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como también, incentivar la inversión privada en los centros de reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que a las empresas que incorporen en sus actividades a post-penados, que hayan observado buena conducta certificada por el consejo de disciplina del respectivo centro de reclusión.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 59)
ART. 94.—Educación. La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las penitenciarías y cárceles de distrito judicial habrá centro educativos para el desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y el desarrollo de su sentido moral.
En los demás establecimientos de reclusión, se organizarán actividades educativas y de instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal, obteniendo de todos modos, el concurso de las entidades culturales y educativas.
Las instituciones de educación superior de carácter oficial prestarán un apoyo especial y celebrarán convenios con las penitenciarías y cárceles de distrito judicial, para que los centros educativos se conviertan en centros regionales de educación superior abierta y a distancia, CREAD, con el fin de ofrecer programas previa autorización del Icfes. Estos programas conducirán al otorgamiento de títulos en educación superior.
Los internos analfabetos asistirán obligatoriamente a las horas de instrucción, organizadas para este fin.
En las penitenciarías, colonias y cárceles de distrito judicial, se organizarán sendas bibliotecas. Igualmente en el resto de centros de reclusión se promoverá y estimulará entre los internos, por los medios más indicados, el ejercicio de la lectura.
ART. 95.—Planeación y organización del estudio. La dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, determinará los estudios que deban organizarse en cada centro de reclusión que sean válidos para la redención de la pena.
ART. 96.—Evaluación y certificación del estudio. El estudio será certificado en los mismos términos del artículo 81 del presente código, previa evaluación de los estudios realizados.
ART. 97.—(Modificado).* Redención de pena por estudio. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa de la libertad.
A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de estudio.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 60)
ART. 98.—(Modificado).* Redención de la pena por enseñanza. El recluso que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o de educador, conforme al reglamento.
El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al artículo 81.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 61)
ART. 99.—Redención de la pena por actividades literarias, deportivas, artísticas y en comités de internos. Las actividades literarias, deportivas, artísticas y las realizadas en comités de internos, programados por la dirección de los establecimientos, se asimilarán al estudio para efectos de la redención de la pena, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto dicte la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
ART.99A.—(Adicionado).* Trabajo comunitario. (Nota: Adicionado por la Ley 415 de 1997 artículo 2º)
*(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 105)
ART. 100.—Tiempo para redención de pena. El trabajo, estudio o la enseñanza no se llevará a cabo los días domingos y festivos. En casos especiales, debidamente autorizados por el director del establecimiento con la debida justificación, las horas trabajadas, estudiadas o enseñadas, durante tales días, se computarán como ordinarias. Los domingos y días festivos en que no haya habido actividad de estudio, trabajo o enseñanza, no se tendrán en cuenta para la redención de la pena.
ART. 101.—Condiciones para la redención de pena. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, para conceder o negar la redención de la pena, deberá tener en cuenta la evaluación que se haga del trabajo, la educación o la enseñanza de que trata la presente ley. En esta evaluación se considerará igualmente la conducta del interno. Cuando esta evaluación sea negativa, el juez de ejecución de penas se abstendrá de conceder dicha redención. La reglamentación determinará los períodos y formas de evaluación.
ART. 102.—Reconocimiento de la rebaja de pena. La rebaja de pena de que trata este título será de obligatorio reconocimiento de la autoridad respectiva, previo el lleno de los requisitos exigidos para el trámite de beneficios judiciales y administrativos.
ART. 102A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 62)
ART. 102B.—(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 63)
ART. 103.—Servicio social. Para los fines de la educación, el trabajo y la rehabilitación de los internos en los centros de reclusión, así como para el funcionamiento y buena marcha de dichos centros, los establecimientos de educación secundaria y superior prestarán la colaboración necesaria, determinando un número de estudiantes para efectos de la prestación del servicio social. El Ministerio de Educación Nacional y el Icfes dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de sus servicios.
Los egresados de las universidades que conforme a la ley deban prestar el servicio social obligatorio podrán hacerlo en un establecimiento de reclusión, para lo cual el Ministerio de Justicia expedirá la reglamentación correspondiente.
ART. 103A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 64)
ART. 104.—(Modificado).* Servicio de sanidad. En cada establecimiento se organizará un servicio de sanidad para velar por la salud de los internos, examinarlos obligatoriamente a su ingreso al centro de reclusión y cuando se decrete su libertad; además, adelantará campañas de prevención e higiene, supervisará la alimentación suministrada y las condiciones de higiene laboral y ambiental.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 65)
ART. 105.—(Modificado).* Servicio médico penitenciario y carcelario. El servicio médico penitenciario y carcelario estará integrado por médicos, sicólogos, odontólogos, siquiatras, terapistas, enfermeros y auxiliares de enfermería.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 66)
ART. 106.—(Modificado).* Asistencia médica. Todo interno en un establecimiento de reclusión debe recibir asistencia médica en la forma y condiciones previstas por el reglamento. Se podrá permitir la atención por médicos particulares en casos excepcionales y cuando el establecimiento no esté en capacidad de prestar el servicio.
Si un interno contrae enfermedad contagiosa o se le diagnostica enfermedad terminal, el director del establecimiento, previo concepto de la junta médica y de traslados, determinará si es procedente el traslado a un centro hospitalario o la medida adecuada de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. Para este efecto, propondrá al funcionario judicial la libertad provisional o la suspensión de la detención preventiva. Si se trata de condenado comunicará de inmediato la novedad a la dirección general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
El director del establecimiento de reclusión queda autorizado, previo concepto del médico de planta, a ordenar el traslado de un interno a un centro hospitalario en los casos de enfermedad grave o intervención quirúrgica, bajo las medidas de seguridad que cada caso amerite.
Cuando una reclusa esté embarazada, previa certificación médica, el director del establecimiento, tramitará con prontitud la solicitud de suspensión de la detención preventiva o de la pena ante el funcionario judicial competente, de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.
PAR. 1º—El traslado a un centro hospitalario en los anteriores casos, sólo procederá cuando no fuere posible atender al interno en alguno de los centros de reclusión.
PAR. 2º—En los establecimientos de reclusión donde no funcionare la atención médica en la forma prevista en este título, este quedará a cargo del Servicio Nacional de Salud.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 67)
ART. 107.—(Modificado).* Casos de enajenación mental. Si un interno presentare signos de enajenación mental y el médico del centro de reclusión dictamina que el recluso padece enfermedad síquica, el director del respectivo centro, pedirá el concepto médico legal, el cual si es afirmativo, procederá a solicitar su ingreso a un establecimiento siquiátrico, clínica adecuada, casa de estudio o de trabajo, según el caso, dando aviso al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 68)
ART. 108.—(Modificado).* Nacimientos y defunciones. El director de establecimiento de reclusión informará a las autoridades competentes y al Inpec, los nacimientos y defunciones que ocurran dentro de los mismos. Igualmente, informará a los parientes que figuren en el registro del interno. De ninguna manera en el registro de nacimientos figurará el lugar donde tuvo ocasión el mismo.
En caso de muerte, el cadáver será entregado a los familiares del interno que lo reclamen. Si no media petición alguna, será sepultado por cuenta del establecimiento.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 69)
ART. 109.—(Modificado).* Inventario de las pertenencias. Se hará un inventario de las pertenencias dejadas por el difunto y se procederá a liquidar su saldo de la caja especial, todo lo cual se entregará, en caso de ser de escaso valor, a los parientes que sumariamente demuestren tal calidad. Cuando los objetos o sumas de dinero sean de apreciable valor, se entregarán a quienes indique la autoridad competente (o se procederá de acuerdo con el artículo 60 de la presente ley)*.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 70)
ART. 110.—(Modificado).* Información externa. Los reclusos gozan de libertad de información, salvo grave amenaza de alteración del orden, caso en el cual la restricción deberá ser motivada.
En todos los establecimientos de reclusión, se establecerá para los reclusos, un sistema diario de informaciones o noticias que incluya los acontecimientos más importantes de la vida nacional o internacional, ya sea por boletines emitidos por la dirección o por cualquier otro medio que llegue a todos los reclusos y que no se preste para alterar la disciplina.
PAR.—Queda prohibida la posesión y circulación de material pornográfico en los centros de reclusión.
(Nota: El parágrafo del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 71)
ART. 111.—(Modificado).* Comunicaciones. Los internos de un centro de reclusión tienen derecho a sostener comunicación con el exterior. Cuando se trate de un detenido, al ingresar al establecimiento de reclusión tendrá derecho a indicar a quién se le debe comunicar su aprehensión, a ponerse en contacto con su abogado y a que su familia sea informada sobre su situación.
El director del centro establecerá de acuerdo con el reglamento interno, el horario y modalidades para las comunicaciones con sus familiares. En casos especiales y en igualdad de condiciones pueden autorizarse llamadas telefónicas, debidamente vigiladas.
Las comunicaciones orales o escritas previstas en este artículo podrán ser registradas mediante orden de funcionario judicial, a juicio de este o a solicitud de una autoridad del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, bien para la prevención o investigación de un delito o para la debida seguridad carcelaria. Las comunicaciones de los internos con sus abogados no podrán ser objeto de interceptación o registro.
Por ningún motivo, ni en ningún caso, los internos podrán tener aparatos o medios de comunicación privados, tales como fax, teléfonos, buscapersona o similares.
La recepción y envío de correspondencia se autorizará por la dirección conforme al reglamento. Para la correspondencia ordinaria gozarán de franquicia postal los presos recluidos en las cárceles del país, siempre que en el sobre respectivo se certifique por el director del centro de reclusión, que el remitente se encuentra detenido.
Cuando se produzca la muerte, enfermedad o accidente grave de un interno, el director del establecimiento lo informará a sus familiares. A su vez, cuando esta situación se registre en la familia del interno, el director se lo hará saber de inmediato.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 72)
ART. 112.—(Modificado).* Régimen de visitas. Los sindicados tienen derecho a recibir visitas, autorizadas por fiscales y jueces competentes, de sus familiares y amigos, sometiéndose a las normas de seguridad y disciplina establecidas en el respectivo centro de reclusión. El horario, las condiciones, la frecuencia y las modalidades en que se lleven a cabo las visitas serán reguladas por el régimen interno de cada establecimiento de reclusión, según las distintas categorías de dichos centros y del mayor o menor grado de seguridad de los mismos.
Los condenados podrán igualmente recibir visitas de los abogados autorizados por el interno. Las visitas de sus familiares y amigos serán reguladas en el reglamento general.
Los visitantes que observen conductas indebidas en el interior del establecimiento o que contravengan las normas del régimen interno serán expulsados del establecimiento y se les prohibirán nuevas visitas, de acuerdo con la gravedad de la falta teniendo en cuenta el reglamento interno del centro carcelario.
Al visitante sorprendido o que se le demuestre posesión, circulación o tráfico de sustancias psicotrópicas, estupefacientes, armas o suma considerable de dinero, le quedará definitivamente cancelado el permiso de visita a los centros de reclusión, sin perjuicio de la acción penal correspondiente.
En casos excepcionales y necesidades urgentes, el director del establecimiento podrá autorizar visita a un interno, por fuera del reglamento, dejando constancia escrita del hecho y de las razones que la motivaron y concedido por el tiempo estrictamente necesario para su cometido.
La visita íntima será regulada por el reglamento general, según principios de higiene, seguridad y moral.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 73)
ART. 112A.——(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 74)
ART. 113.—Visitas de autoridades judiciales y administrativas. Las autoridades judiciales y administrativas, en ejercicio de sus funciones, pueden visitar los establecimientos penitenciarios y carcelarios.
ART. 114.—Suspensión inmediata de visitas. Cuando un empleado o guardián que asista a las visitas tenga fundada sospecha de que el visitante y el recluso están en inteligencia peligrosa o ilícita, suspenderá la visita y dará aviso inmediato al director o quien haga sus veces por medio del comandante de custodia y vigilancia. El director decidirá, según las circunstancias, si confirma o revoca la suspensión.
ART. 115.—Visitas de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Tratándose de entrevista relacionada con un interno deberá mediar consentimiento de este, previa autorización de la autoridad judicial competente. En caso de un condenado esta autorización debe ser concedida por el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
ART. 115A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 75)
Reglamento disciplinario para internos
ART. 116.—(Modificado).* Reglamento disciplinario para internos. El Inpec expedirá el reglamento disciplinario al cual se sujetarán los internos de los establecimientos de reclusión, conforme a lo dispuesto en el presente código.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 76)
ART. 117.—(Modificado).* Legalidad de las sanciones. Las sanciones disciplinarias y los estímulos estarán contenidos en la presente ley y en los reglamentos general e interno. Ningún recluso podrá ser sancionado por una conducta que no esté previamente enunciada en esta ley o en los reglamentos, ni podrá serlo dos veces por el mismo hecho.
PAR.—El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá revocar la calificación de las faltas y de las sanciones, cuando verifique que éstas contradicen la naturaleza y extensión de aquéllas.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 77)
ART. 118.—Consejo de disciplina. En cada establecimiento de reclusión funcionará un consejo de disciplina. El reglamento general determinará su composición y funcionamiento. En todo caso, de él hará parte el personero municipal o su delegado y un interno con su respectivo suplente de lista presentada por los reclusos al director del establecimiento para su autorización, previa consideración (del delito y)* de la conducta observada por los candidatos. La elección se organizará de acuerdo con las normas internas.
*(Nota: La expresión en paréntesis fue declarada inexequible por la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia C-299 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
ART. 119.—Sometimiento a las reglas. El recluso se someterá a las reglas particulares y a las de su clasificación, además de aquellas que rigen uniformemente a la totalidad.
ART. 120.—Obedecimiento a los funcionarios. El recluso debe obedecer a los funcionarios o agentes de la autoridad en todo lo concerniente a las órdenes para el cumplimiento de las normas.
ART. 121.— Clasificación de faltas. Las faltas se clasifican en leves y graves.
2. Descuido en el aseo personal, del establecimiento, de la celda o taller.
3. Negligencia en el trabajo, en el estudio o la enseñanza.
4. Violación del silencio nocturno. Perturbación de la armonía y del ambiente con gritos o volumen alto de aparatos o instrumentos de sonido, sin autorización.
5. Abandono del puesto durante el día.
6. Faltar al respeto a sus compañeros o ridiculizarlos.
7. (Inexequible)* Descansar en la cama durante el día sin motivo justificado.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
8. Causar daño por negligencia o descuido al vestuario, a los objetos de uso personal, a los materiales o a los bienes muebles entregados para su trabajo, estudio o enseñanza.
9. Violar las disposiciones relativas al trámite de la correspondencia y al régimen de las visitas.
10. Eludir el lavado de las prendas de uso personal, cuando reglamentariamente le corresponda hacerlo.
11. Emitir expresiones públicas o adoptar modales o aptitudes contra el buen nombre de la justicia o de la institución, sin perjuicio del derecho a elevar solicitudes respetuosas.
12. No asistir o fingir enfermedad para intervenir en los actos colectivos o solemnes programados por la dirección.
13. Cometer actos contrarios al debido respeto de la dignidad de los compañeros o de las autoridades.
14. Irrespetar o desobedecer las órdenes de las autoridades penitenciarias y carcelarias.
15. Incumplir los deberes establecidos en el reglamento interno.
16. Faltar sin excusa al trabajo, al estudio o a la enseñanza.
17. Demorar sin causa justificada la entrega de bienes o herramientas confiadas a su cuidado.
1. Tenencia de objetos prohibidos como armas; posesión, consumo o comercialización de sustancias alucinógenas o que produzcan dependencia física o psíquica o de bebidas embriagantes.
2. La celebración de contratos de obra que deban ejecutarse dentro del centro de reclusión, sin autorización del director.
3. Ejecución de trabajos clandestinos.
4. Dañar los alimentos destinados al consumo del establecimiento.
5. Negligencia habitual en el trabajo o en el estudio o en la enseñanza.
6. Conducta obscena.
7. Dañar o manchar las puertas, muros del establecimiento o pintar en ellas inscripciones o dibujos, no autorizados.
8. Romper los avisos o reglamentos fijados en cualquier sitio del establecimiento por orden de autoridad.
9. Apostar dinero en juegos de suerte o azar.
10. Abandonar durante la noche el lecho o puesto asignado.
11. Asumir actitud irrespetuosa en las funciones del culto.
12. Hurtar, ocultar o sustraer objetos de propiedad o de uso de la institución, de los internos o del personal de la misma.
13. Intentar, facilitar o consumar la fuga.
14. Protestas colectivas.
15. Comunicaciones o correspondencia clandestina con otros condenados o detenidos y con extraños.
16. Agredir, amenazar o asumir grave actitud irrespetuosa contra los funcionarios de la institución, funcionarios judiciales, administrativos, los visitantes y los compañeros.
17. Incitar a los compañeros para que cometan desórdenes u otras faltas graves o leves.
18. Apagar el alumbrado del establecimiento o de las partes comunes durante la noche, sin el debido permiso.
19. Propiciar tumultos, motines, lanzar gritos sediciosos para incitar a los compañeros a la rebelión. Oponer resistencia para someterse a las sanciones impuestas.
20. Uso de dinero contra la prohibición establecida en el reglamento.
21. Entregar u ofrecer dinero para obtener provecho ilícito; organizar expendios clandestinos o prohibidos.
22. Hacer uso, dañar con dolo o disponer abusivamente de los bienes de la institución.
23. Falsificar documento público o privado, que pueda servir de prueba o consignar en él una falsedad.
24. Asumir conductas dirigidas a menoscabar la seguridad y tranquilidad del centro de reclusión.
25. Entrar, permanecer o circular en áreas de acceso prohibido, o no contar con la autorización para ello en lugares cuyo acceso esté restringido.
26. Hacer proselitismo político.
27. Lanzar consignas o lemas subversivos.
28. Incumplir las sanciones impuestas.
29. El incumplimiento grave al régimen interno y a las medidas de seguridad de los centros de reclusión.
ART. 122.—Comiso. Las bebidas embriagantes, las sustancias prohibidas, armas, explosivos, los objetos propios para juegos de azar o en general, cualquier material prohibido hallado en poder del interno serán decomisados. Si la tenencia de dichos objetos constituye hecho punible conforme a las leyes penales, se informará inmediatamente al funcionario competente para iniciar y adelantar la correspondiente investigación a cuya disposición se pondrán tales objetos. En los demás casos la dirección del establecimiento les dará el destino aconsejable.
(Nota:Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
ART. 123.—(Modificado).* Sanciones. Las faltas leves tendrán las siguientes sanciones:
1. Amonestación con anotación en su prontuario, si es un detenido o en su cartilla biográfica si es un condenado.
Para las faltas graves las sanciones serán las siguientes:
1. Pérdida del derecho de redención de la pena hasta por sesenta días.
2. Suspensión hasta de diez visitas sucesivas.
3. Aislamiento en celda hasta por sesenta días. En este caso tendrá derecho a dos horas de sol diarias y no podrá recibir visitas; será controlado el aislamiento por el médico del establecimiento.
PAR.—El recluso que enferme mientras se encuentre en aislamiento debe ser conducido a la enfermería, pero una vez curado, debe seguir cumpliendo la sanción, oído el concepto del médico.
(Nota: La expresión: “tendrá derecho a dos horas de sol diarias y” contenida en el numeral 3 de la segunda parte del presente artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 78)
ART. 124.—Aplicación de sanciones. Las sanciones tienen por finalidad encauzar y corregir la conducta de quienes han infringido las normas de la convivencia penitenciaria o carcelaria.
ART. 125.—(Modificado).* Medidas in continenti. No obstante lo previsto en las disposiciones anteriores, el director del centro podrá utilizar medios coercitivos, establecidos reglamentariamente en los siguientes casos:
2. Para evitar daño de los internos así mismos y a otras personas o bienes.
3. Para superar la resistencia pasiva o activa de los internos a las órdenes del personal penitenciario o carcelario en ejercicio de su cargo.
En casos excepcionales y debidamente justificados, el personal del cuerpo de custodia y vigilancia podrá aislar al recluso dando aviso inmediato al director.
PAR.—El uso de estas medidas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo por el tiempo necesario.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 79)
ART. 126.—(Modificado).* Aislamiento. El aislamiento como medida preventiva se podrá imponer en los centros de reclusión en los siguientes casos:
2. Cuando se requiera para mantener la seguridad interna.
3. Como sanción disciplinaria.
4. A solicitud del recluso previa autorización del director del establecimiento.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 80)
ART. 127.—(Modificado).* Calificación de las faltas. En la calificación de la infracción disciplinaria deben tenerse en cuenta las circunstancias que la agraven o atenúen, las relativas a la modalidad del hecho, al daño producido, al grado del estado anímico del interno, a su buena conducta anterior en el establecimiento, a su respeto por el orden, y disciplina dentro del mismo (y situaciones análogas)*.
*(Nota: La expresión entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-184 de 1998).
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 81)
ART. 128.—Reincidencia. Se considera como reincidente disciplinario al recluso que habiendo estado sometido a alguna de las sanciones establecidas en esta ley, incurra dentro de los seis meses siguientes en una de las conductas previstas como faltas leves o dentro del término de tres meses en cualquiera de las infracciones establecidas como graves.
ART. 129.—Estímulos. Los estímulos se otorgan para exaltar una conducta ejemplar o reconocer servicios meritorios prestados por los reclusos. En su aplicación se tendrán en cuenta los antecedentes del individuo, su personalidad, los motivos de su conducta, la naturaleza de ella o del hecho que resulte, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que influyeron en el comportamiento.
ART. 130.—Forma de otorgar estímulos. Los estímulos serán otorgados por disposición escrita, publicados en “la orden del día”, en el cual se consignen los hechos que los motivaron y dejando constancia en el respectivo folio de vida del agraciado.
ART. 131.—Proporción del estímulo y de la sanción. Para obtener la finalidad que se persigue con el estímulo y la sanción, éstos deberán ser proporcionales al acto o al servicio por el cual se imponen o se reconocen. La sanción nunca podrá ser lesiva del ser humano ni degradante de su dignidad.
ART. 132.—Clasificación de los estímulos. 1. Felicitación privada.
2. Felicitación pública.
3. Recompensa pecuniaria.
4. Permiso de recibir una vez por mes dos visitas extraordinarias.
5. Recomendación especial para que se concedan los beneficios legales previstos para la libertad de los condenados.
ART. 133.—(Modificado).* Competencia. El director del centro de reclusión tiene competencia para aplicar las sanciones correspondientes a las faltas leves. El consejo de disciplina sancionará las conductas graves. El director otorgará los estímulos a los reclusos merecedores a ellos, previo concepto del consejo de disciplina.
PAR.—En las cárceles, penitenciarías, y pabellones de alta seguridad, el director del respectivo establecimiento será la única autoridad competente para conocer y sancionar las faltas leves y graves, observando el debido proceso.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 82)
ART. 134.—Debido proceso. Corresponde al director del establecimiento recibir el informe de la presunta falta cometida por el interno. El director lo pasará al subdirector si lo hubiere o caso contrario, lo asumirá directamente para la verificación de la falta denunciada, debiéndose oír en declaración de descargos al interno acusado. Por decisión del instructor o a solicitud del presunto infractor se practicarán las pruebas pertinentes.
El instructor devolverá en el término de dos días el instructivo al director si se trata de falta leve de cuatro si es falta grave, con el concepto de la calificación de la falta cometida. Si hubiere pruebas que practicar estos términos se ampliarán en tres días. Una vez recibido por el director, este decidirá en el mismo día si es de su competencia aplicar la sanción por tratarse de falta leve o si debe convocar al consejo de disciplina para el efecto, cuando la falta revista el carácter de grave.
En caso que sea el director quien debe asumir directamente la investigación dispondrá del mismo tiempo consagrado en el inciso anterior para tomar la decisión.
ART. 135.—Notificación. Asumida la competencia por el director o por el consejo de disciplina según el caso, se decidirá la sanción aplicable en un término máximo de tres días, vencidos los cuales se notificará al sancionado o, en caso que no se haga acreedor a sanción, se le comunicará igualmente su archivo.
La decisión admite el recurso de reposición por parte del sancionado, debidamente sustentado, interpuesto en el término de tres días el cual se resolverá dentro de los dos días siguientes.
La sanción se hará efectiva cuando el acto administrativo se encuentre debidamente ejecutoriado.
ART. 136.—Revocatoria o disminución de las sanciones. A la misma autoridad que impone las sanciones corresponde revocarlas o disminuirlas cuando lo considere oportuno, conveniente o por motivo grave.
ART. 137.—(Modificado).* Suspensión condicional. Tanto el director como el consejo de disciplina pueden suspender condicionalmente, por justificados motivos, en todo o en parte, las sanciones que se hayan impuesto, siempre que se trate de internos que no sean reincidentes disciplinarios.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 83)
ART. 138.—(Modificado).* Registro de sanciones y estímulos. De todas las sanciones y estímulos impuestos o concedidos a los internos, se tomará nota en el prontuario o en la cartilla biográfica, firmada por el interno.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 84)
ART. 139.—(Modificado).* Permisos excepcionales. En caso de comprobarse enfermedad grave, fallecimiento de un familiar cercano o siempre que se produzca un acontecimiento de particular importancia en la vida del interno, el director del respectivo establecimiento de reclusión, procederá de la siguiente forma:
1. Si se trata de condenado, podrá conceder permiso de salida bajo su responsabilidad, por un término no mayor de veinticuatro horas, más el tiempo de la distancia si la hubiere, tomando las medidas de seguridad adecuadas y comunicando de inmediato al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
2. Cuando se trate de sindicado, el permiso lo concederá el funcionario judicial de conocimiento, especificando la duración del mismo sin que exceda de veinticuatro horas, por cada vez que se le conceda, más el tiempo de la distancia si la hubiere. El director lo cumplirá siempre y cuando pueda garantizar la debida vigilancia y seguridad del interno. En caso negativo, lo hará saber a la autoridad que dio el permiso y las razones de su determinación.
PAR.—Lo anterior no cobijará a los internos sometidos a extremas medidas de vigilancia, a quienes registren antecedentes por fuga de presos, ni a los sindicados ni condenados por delitos de conocimiento de los jueces y fiscales regionales o del tribunal nacional.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 85)
ART. 140.—Evasión. Cuando ocurra la evasión de un interno de un establecimiento de reclusión o en remisión o en permiso, el director del mismo procederá de inmediato, por medio del personal de su dependencia, a adelantar las primeras pesquisas, y a iniciar la respectiva investigación administrativa; al mismo tiempo pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades correspondientes y de la dirección del Inpec, con el fin que se preste el apoyo necesario para obtener su recaptura.
La omisión de estos deberes constituye causal de mala conducta.
En los casos en que la dirección del instituto considere que ella misma debe iniciar y proseguir la investigación, lo comunicará al director del establecimiento donde haya ocurrido la fuga.
ART. 141.—(Modificado).* Presentación voluntaria. Cuando el interno fugado se presentare voluntariamente dentro de los tres primeros días siguientes a la evasión, la fuga se tendrá en cuenta únicamente para efectos disciplinarios.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 86)
ART. 142.—Objetivo. El objetivo del tratamiento penitenciario es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.
ART. 143.—Tratamiento penitenciario. El tratamiento penitenciario debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea posible.
ART. 144.—Fases del tratamiento. El sistema del tratamiento progresivo está integrado por las siguientes fases:
1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno.
2. Alta seguridad que comprende el período cerrado.
3. Mediana seguridad que comprende el período semiabierto.
4. Mínima seguridad o período abierto.
5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional.
Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases para todos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa del Inpec suministrará las pautas para estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas a la resocialización del interno.
PAR.—La ejecución del sistema progresivo se hará gradualmente, según las disponibilidades del personal y de la infraestructura de los centros de reclusión.
ART. 145.—(Modificado).* Consejo de evaluación y tratamiento. El tratamiento del sistema progresivo será realizado por medio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, siquiatras, sicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del cuerpo de custodia y vigilancia.
Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la primera fase. Dicho tratamiento se regirá por las guías científicas expedidas por el Inpec y por las determinaciones adoptadas en cada consejo de evaluación. En caso de no ser necesario el tratamiento penitenciario, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reglamentará el cumplimiento de las fases restantes.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 87)
ART. 146.—Beneficios administrativos. Los permisos hasta de setenta y dos horas, la libertad y franquicia preparatorias, el trabajo extramuros y penitenciaría abierta harán parte del tratamiento penitenciario en sus distintas fases, de acuerdo con la reglamentación respectiva.
ART. 147.—Permiso hasta de setenta y dos horas. La dirección del instituto penitenciario y carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5.(Modificado).* No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales.
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el consejo de disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.
*(Nota: El numeral quinto fue modificado por la Ley 504 de 1999 artículo 29).
ART. 147A.—Permiso de salida. (Nota: Adicionado por la Ley 415 de 1997 artículo 3º)
ART. 147B.—(Nota: Adicionado por la Ley 415 de 1997 artículo 4º)
ART. 148.—Libertad preparatoria. En el tratamiento penitenciario, el condenado que no goce de libertad condicional, de acuerdo con las exigencias del sistema progresivo y quien haya descontado las cuatro quintas partes de la pena efectiva, se le podrá conceder la libertad preparatoria para trabajar en fábricas, empresas o con personas de reconocida seriedad y siempre que éstas colaboren con las normas de control establecidas para el efecto.
En los mismos términos se concederá a los condenados que puedan continuar sus estudios profesionales en universidades oficialmente reconocidas.
El trabajo y el estudio sólo podrán realizarse durante el día, debiendo el condenado regresar al centro de reclusión para pernoctar en él. Los días sábados, domingos y festivos, permanecerá en el centro de reclusión.
Antes de concederse la libertad preparatoria el consejo de disciplina estudiará cuidadosamente al condenado, cerciorándose de su buena conducta anterior por lo menos en un lapso apreciable, de su consagración al trabajo y al estudio y de su claro mejoramiento y del proceso de su readaptación social.
La autorización de que trata este artículo, la hará el consejo de disciplina, mediante resolución motivada, la cual se enviará al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para su aprobación.
La dirección del respectivo centro de reclusión instituirá un control permanente sobre los condenados que disfruten de este beneficio, bien a través de un oficial de prisiones o del asistente social quien rendirá informes quincenales al respecto.
ART. 149.—Franquicia preparatoria. Superada la libertad preparatoria, el consejo de disciplina mediante resolución y aprobación del director regional, el interno entrará a disfrutar de la franquicia preparatoria, la cual consiste en que el condenado trabaje o estudie o enseñe fuera del establecimiento, teniendo la obligación de presentarse periódicamente ante el director del establecimiento respectivo. El director regional mantendrá informada a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario sobre estas novedades.
ART. 150.—Incumplimiento de las obligaciones. Al interno que incumpla las obligaciones previstas en el programa de institución abierta, de confianza, libertad o franquicia preparatorias, se le revocará el beneficio y deberá cumplir el resto de la condena sin derecho a libertad condicional.
En caso de reincidentes, o de condenados por delitos de conocimiento de los jueces o fiscales regionales o del tribunal nacional no podrá otorgarse ninguno de los beneficios de establecimiento abierto.
(Nota: El inciso segundo fue modificado por la Ley 504 de 1999 artículo 30).
Atención social, penitenciaria y carcelaria
ART. 151.—Atención social. Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario adelantar programas de servicio social en todos los establecimientos de reclusión. La función de servicio social estará dirigida a la población de sindicados, condenados y post-penados y se establece para atender tanto sus necesidades dentro del centro como para facilitar las relaciones con la familia, supervisar el cumplimiento por parte del interno de las obligaciones contraídas en el tratamiento penitenciario y para apoyar a los liberados.
ART. 152.—Facilidades para el ejercicio y la práctica del culto religioso. Los internos de los centros de reclusión gozarán de libertad para la práctica del culto religioso, sin perjuicio de las debidas medidas de seguridad.
ART. 153.—(Modificado).* Permanencia de menores en establecimientos de reclusión. La dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario permitirá la permanencia en los establecimientos de reclusión a los hijos de las internas, hasta la edad de tres años.
El servicio social penitenciario y carcelario prestará atención especial a los menores que se encuentren en los centros de reclusión. Las reclusiones de mujeres tendrán guardería.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 88)
ART. 154.—(Modificado).* Asistencia jurídica. La defensoría del pueblo de acuerdo con la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario fijará y controlará los defensores en cada establecimiento para la atención jurídica de los internos insolventes. El director del establecimiento respectivo informará periódicamente sobre el comportamiento de estos profesionales al defensor del pueblo, quien debe tomar las medidas del caso cuando dichos defensores incumplan sus deberes.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 89)
ART. 155.—Atención estatal para desamparados. El director del Inpec coordinará con el ICBF la programación de atención y ayuda especial a los hijos menores de las personas privadas de libertad.
ART. 156.—Control de organizaciones sociales penitenciarias y carcelarias. Las organizaciones privadas destinadas a fines de asistencia social penitenciaria y carcelaria, requieren para su creación y funcionamiento autorización y control de la dirección del Inpec.
ART. 157.—Voluntariado social. La dirección del Inpec y los directores de centros de reclusión podrán organizar cuerpos de voluntariado social, para atender las necesidades de los internos y de sus familias como también para coadyuvar en la tarea de vigilar y estimular la conducta de los internos agraciados con beneficios administrativos o judiciales.
ART. 158.—Contratos y convenios de cooperación. El Inpec podrá celebrar contratos y convenios de cooperación con entidades del sector privado, cuyo objeto se oriente al servicio social en los establecimientos de reclusión, con el fin de canalizar recursos y facilitar la participación de la comunidad en el funcionamiento de los establecimientos de reclusión y en el tratamiento penitenciario.
ART. 158A.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 11 del Ministerio del Interior y de Justicia)
Servicio pospenitenciario
ART. 159.—Servicio pospenitenciario. El servicio post-penitenciario como función del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario buscará la integración del liberado a la familia y a la sociedad.
ART. 160.—Casas de pospenado. Las casas del post-penado podrán ser organizadas y atendidas por fundaciones, mediante contratos celebrados y controlados por la dirección del Inpec. Los liberados podrán solicitar o ser enviados a la casa del post-penado de su localidad, siempre y cuando hayan observado conducta ejemplar en el establecimiento de reclusión.
ART. 161.—Gastos de transporte. La dirección de los centros de reclusión dispondrá de un fondo para proveer gastos de transporte a los reclusos puestos en libertad, para trasladarse al lugar donde fijaren su residencia, dentro del país, siempre y cuando carecieren de medios económicos para afrontar este gasto.
ART. 162.—Antecedentes criminales. Cumplida la pena los antecedentes criminales no podrán ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal y no deberán figurar en los certificados de conducta que se expidan.
ART. 163.—(Modificado).* Contrato por concesión. La construcción, mantenimiento y conservación de los centros de reclusión podrán hacerse por el sistema de concesión.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 90)
ART. 164.—Adquisición de elementos. En igualdad de condiciones, precio, calidad y cumplimiento, los organismos oficiales, de carácter nacional, deberán preferir la adquisición de elementos que la industria penitenciaria y carcelaria pueda ofrecer.
ART. 165.—Unidades administrativas especiales. Las penitenciarías, y las colonias agrícolas serán unidades administrativas especiales. Contarán con una junta directiva integrada por el director general del Inpec o su delegado, por dos delegados del Ministro de Justicia y del Derecho, por el gobernador o su delegado en cuya jurisdicción esté la sede de la penitenciaría o la colonia y por un delegado de la sociedad de economía mixta “renacimiento”. El director de cada centro hará las veces de secretario. Estas unidades administrativas especiales gozarán de personería jurídica, pero dependerán para todos los efectos de la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
ART. 166.—Cooperación de Coldeportes. El Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte desarrollará planes y programas en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en los centros de reclusión para el fomento del deporte y la recreación.
ART. 167.—(Modificado).* Consejo Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria. El Consejo Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria estará integrado por cinco miembros: tres designados por el Ministro de Justicia y del Derecho y dos por el director del instituto, uno experto en el ramo penitenciario y otro del cuerpo de custodia y vigilancia.
Su período será de tres años; podrán ser reelegidos y su función es de asesoría en la planeación y desarrollo de la política penitenciaria y carcelaria.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 91)
ART. 168.—(Modificado).* Estados de emergencia penitenciaria y carcelaria. El director general del Inpec, previo el concepto favorable del Ministro de Justicia y del derecho, podrá decretar el estado de emergencia penitenciaria y carcelaria, en todos los centros de reclusión nacional, en algunos o alguno de ellos, en los siguientes casos:
a) Cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar grave o inminentemente el orden y la seguridad penitenciaria y carcelaria, y
b) Cuando sobrevengan graves situaciones de orden sanitario que expongan al contagio al personal del centro de reclusión o que sus condiciones higiénicas no permitan la convivencia en el lugar, o cuando acaezcan o se adviertan graves indicios de calamidad pública.
En los casos del literal a) el director general del Inpec está facultado para tomar las medidas necesarias con el fin de superar la situación presentada, como traslados, aislamiento de los internos, uso racional de los medios extraordinarios de coerción y el reclamo del apoyo de la fuerza pública de acuerdo con los artículos 31 y 32 de esta ley.
Si en los hechos que alteren el orden y la seguridad del centro o centros de reclusión estuviere comprometido personal del servicio penitenciario y carcelario, el director del Inpec podrá suspenderlo o reemplazarlo, sin perjuicio de las investigaciones penales o disciplinarias correspondientes.
Cuando se trata de las situaciones contempladas en el literal b) el director del Inpec acudirá a las autoridades del ramo, sanitario y de emergencia, tanto nacionales como departamentales o municipales, para obtener su colaboración, las que están obligadas a prestarla de inmediato en coordinación con los centros de reclusión afectados.
El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario podrá disponer de los traslados de los internos que se requieran, a los lugares indicados. De igual manera se podrán clausurar los establecimientos penales si así lo exigen las circunstancias. Así mismo podrá hacer los traslados presupuestales y la contratación directa de las obras necesarias para conjurar la emergencia, previo concepto del consejo directivo del instituto.
Superado el peligro y restablecido el orden, el director general del Inpec informará al consejo del mismo, sobre las razones que motivaron la declaratoria de emergencia y la justificación de las medidas adoptadas. Igualmente informará a las autoridades judiciales las nuevas ubicaciones de los detenidos, para sus correspondientes fines.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-271 de 1998, declaró exequibles condicionalmente los incisos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del artículo 168 de la Ley 65 de 1993, bajo el entendido de que el director general del Inpec, debe, una vez superados los hechos que originaron la declaración del estado de emergencia carcelaria y penitenciaria, mediante acto administrativo, levantar el mencionado estado, materializando el tránsito de la anormalidad a la normalidad.
En caso de retardar u omitir esta obligación, cualquier persona y, en especial, el Procurador General de la Nación o el Defensor del Pueblo, podrán solicitar que se proceda a levantar el estado de emergencia carcelaria y penitenciaria, a través de la acción de cumplimiento de que trata la Ley 393 de 1997. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones penales y disciplinarias que, por el retardo en el cumplimiento de sus funciones, sean procedentes en contra del mencionado funcionario del Inpec).
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 92)
ART. 169.—(Modificado).*Visitas de inspección. La defensoría del pueblo, la Procuraduría General de la Nación, fiscales y personeros municipales organizarán en forma conjunta o individual visitas a los centros de reclusión. En todo caso, se observarán las normas que garanticen la integridad de estos visitantes y las normas de seguridad del establecimiento.
Estas visitas tienen por objeto constatar el estado general de los centros de reclusión y de manera especial, verificar el tratamiento dado a los internos, situaciones jurídicas especiales, control de las fugas ocurridas o fenómenos de desaparición o de trato cruel, inhumano o degradante. Los centros de reclusión destinarán una oficina especialmente adecuada para el cumplimiento de estos fines.
La defensoría del pueblo rendirá cada año una memoria sobre el particular a la Cámara de Representantes; así mismo informará sobre las denuncias penales y disciplinarias y de sus resultados, copia de esta memoria, el defensor del pueblo la enviará al Ministro de Justicia y del Derecho.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2636 de 2004 artículo 7º del Ministerio del Interior y de Justicia)
ART. 170.—(Modificado).* Comisión de vigilancia y seguimiento del régimen penitenciario. La comisión de vigilancia y seguimiento del régimen penitenciario creada por el Decreto 1365 de agosto 20 de 1992, para el cumplimiento de sus funciones contará con la asesoría del Consejo Nacional de Política Penitenciaria y Carcelaria.
*(Nota: Modificado por la Ley 1709 de 2014 artículo 93)
ART. 170A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1709 de 2014 artículo 94)
ART. 171.—Ingresos del instituto. Constituirán ingresos adicionales del Inpec: el treinta por ciento (30%) de la rentabilidad de los depósitos judiciales, de las multas, de las cauciones que se hagan efectivas, de los porcentajes, sobre remate y, en general, de las cantidades de dinero que conforme con las disposiciones legales vigentes, debían consignarse a órdenes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y del Derecho y de los despachos judiciales, en las sucursales del Banco Popular y de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero. Dichos recursos se destinarán para financiar la inversión en los planes, programas y proyectos de construcción, rehabilitación, mejoras, adecuación y consecución de los centros penitenciarios y carcelarios. El setenta por ciento (70%) restante, se destinará para financiar los planes, programas y proyectos de inversión que se establezcan en el plan nacional de desarrollo, para la rama judicial, incluido un cinco por ciento (5%) para capacitación.
La base de liquidación de las sumas a que se refiere este artículo será tomada del saldo trimestral promedio de los depósitos, después de descontar el diferencial entre el encaje para los depósitos judiciales y el encaje para los depósitos de las secciones de ahorro ordinario, mientras este diferencial subsista. Se exceptúan de esta obligación los depósitos que encajen al cien por ciento (100%) de acuerdo con las disposiciones vigentes, que se descontarán en su totalidad.
PAR. TRANS.—Durante el tiempo para que se expidan las leyes y normas pertinentes sobre la materia, los recursos en cuestión, en los porcentajes señalados, se invertirán en los planes, programas y proyectos de inversión de la rama judicial y en los planes, programas y proyectos de construcción, mejora, adecuación y consecución de los centros penitenciarios y carcelarios.
Mientras el Inpec entra plenamente en funcionamiento, las sumas respectivas se girarán al Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y del Derecho, hasta tanto no se haya procedido a la liquidación de esta última entidad.
ART. 172.—Facultades extraordinarias. De conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese de precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República, por el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de la promulgación del presente código, para dictar normas con fuerza de ley sobre las siguientes materias:
1. Ingreso al servicio del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaría nacional.
2. Composición, clasificación y categoría del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria.
3. Formación, capacitación, actualización, grados, clases y ascensos. Concursos, comisiones, ascenso póstumo. Comando general. Dependencia. Selección, funciones y término de servicio.
4. Destinación. Situaciones administrativas. Retiro y reintegro.
5. Régimen de carrera penitenciaria, organización y administración.
6. Régimen salarial, prestacional y pensional, que no podrá desmejorar los derechos y garantías vigentes de los actuales servidores.
7. Régimen disciplinario.
Para los efectos de estas facultades se contará con la asesoría de dos senadores y dos representantes de las comisiones primeras de cada cámara, designados por las mesas directivas de dichas comisiones.
ART. 173.—Disposición transitoria. Mientras se expida la legislación respectiva dicha materia se regirá en lo pertinente por esta ley, por la Ley 32 de 1986, el Decreto 1151 de 1989, el Decreto 1251 de 1989, los títulos II y III del Decreto 1817 de 1964 y las demás normas reglamentarias y complementarias.
ART. 174.—Vigencia. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su promulgación.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 19 de agosto de 1993.

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 artículo 5
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 artículo 150