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Timestamp: 2017-11-20 02:01:13+00:00

Document:
Sentencia C-107 de 1995 Corte Constitucional
Magistrado: Dr. José Gregorio Hernández Galindo
Fecha: Marzo 15 de 1995
No. de Rad.: C-107-95
Apartes acusados de los artículos 35 y 158 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993.
El ciudadano JORGE ALBERTO TORO RIVERA, haciendo uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6o. y 241 de la Carta Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993, 35 -parcial- y 158 -parcial- de la Ley 136 de 1994 y 16 -parcial- del Decreto 1421 de 1993.
DECRETO NUMERO 1421
Por el cual se dicta el régimen especial
para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá
"ARTICULO 16.- Elección de funcionarios. El concejo elegirá funcionarios en las sesiones ordinarias correspondientes a la iniciación del período constitucional de los respectivos concejales.
En los casos de falla absoluta, la elección podrá hacerse en cualquier época de sesiones ordinarias o extraordinarias. Si el Concejo no se hallare reunido, el alcalde mayor proveerá el cargo inmediatamente.
Siempre que se haga una elección después de haberse iniciado un período, se entiende efectuada para lo que falle del mismo.
"ARTICULO 35.- Elección de funcionarios. Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación. En los casos de fallas absolutas, la elección podrá hacerse en cualquier período de sesiones ordinarias o extraordinarias que para el efecto convoque el alcalde.
"ARTICULO 158.- Contralores municipales. En aquellos distritos y municipios donde exista contraloría, los respectivos contralores se elegirán dentro de los primeros diez (10) días del mes de enero respectivo por el concejo para un período igual al de los alcaldes de ternas integradas con dos (2) candidatos presentados por el tribunal superior del distrito judicial y uno (1) por el tribunal de lo contencioso-administrativo, que ejerza jurisdicción en el respectivo municipio, con no menos de un (1) mes de antelación.
Considera el actor que las transcritas normas vulneran el artículo 272, inciso 4o., de la Constitución Política.
Destaca como primer elemento de juicio, basado en la interpretación de los artículos 272, 303 -inciso 1o.- y 314 de la Carta, que los contralores de los departamentos y municipios deben ser elegidos para el mismo período de los gobernadores o alcaldes, según el caso.
Respecto de los alcaldes, de acuerdo con los artículos 19 transitorio y 314 de la Carta, a partir de 1995 el período constitucional se ejercerá desde el 1o. de enero, por tres años, como lo reitera el artículo 89 de la Ley 136 de 1994.
El impugnador considera que al disponer esto, la norma deje en cabeza de las nuevas asambleas la competencia para elegir contralores, "dando inicio al período del nuevo Contralor más allá del período equivalente al del nuevo gobernador".
Para el actor, el artículo 158 de la misma Ley contiene en su estructura una contradicción, pues mientras afirma que la elección del contralor se efectuarán en los "primeros diez (10) días del mes de enero", indica a renglón seguido que dicha elección se produce para un "período igual al de los alcaldes", como lo determina la Carta Política. "Es decir -comenta- que la elección no podría realizarse los diez primeros días del mes de enero, porque la misma norma invoca la regla constitucional según la cual el período correspondiente debe ser igual al de los alcaldes y, como consecuencia, dicho período no podrá ser igual si la elección se produce los diez primeros días del mes de enero (sin incluir los quince días para la posesión, prorrogables por quince más por motivos de fuerza mayor, como lo indica el art. 36 de dicha ley).
Manifiesta principalmente que la interpretación de la Corte Constitucional sobre el tema de los períodos de los contralores departamentales (Sentencia T-001
del 3 de abril de 1992) hacía referencia a los artículos transitorios 16 y 19 de la Constitución que, para entonces, no habían agotado su cometido, pero que, a la fecha, ya esas disposiciones cumplieron la finalidad para la cual fueron concebidas y no puede recurrirse a ellas para efectos de determinar la correcta interpretación del inciso 4o. del artículo 272 de la Constitución Política.
Habiéndose declarado impedido para conceptuar el doctor Orlando Vásquez Velásquez, Procurador General de la Nación, dado su condición de Senador de la República en el momento en que fue aprobada la Ley 136 de 1994, de la cual hacen parte algunas de las normas acusadas (Oficio del 5 de septiembre de 1994), la Sala Plena de la Corporación, mediante auto del 8 del mismo mes, aceptó el impedimento y ordenó dar traslado del expediente al viceprocurador General de la Nación, quien emitió el concepto de rigor el 27 de octubre de 1994.
A juicio del Viceprocurador, del artículo 272 de la Constitución resulta que a las asambleas y a los concejos distritales y municipales les corresponde elegir contralor para períodos igual al del gobernador o alcalde.
Dice que la Sentencia T-001 del 3 de abril de 1992, proferida por esta Corte y el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 10 de septiembre de 1991 deben entenderse en relación con el tránsito de la normativa preconstitucional (artículo 306 del Decreto 1333 de 1986, que desarrollaba el inciso 2o. del artículo 190 de la Carta de 1886) a los nuevos textos constitucionales.
Transcribe luego apartes de la Sentencia y señala que, dentro de su contexto aparece razonable la prescripción del artículo 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993 cuando determina que los contralores departamentales elegidos en octubre de 1991, cuyo período constitucional terminó el 31 de diciembre de 1994, continuarán en sus cargos hasta tanto se produzca la posesión del elegido en las sesiones del mes de enero de 1995.
En consecuencia, pide que se declaren exequibles los artículos 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993, 35 y 158 -en lo acusado- de la Ley 136 de 1994.
Esta Corte es competente para decidir en definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993, 35 y 158 de la Ley 136 de 1994, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o., de la Constitución.
En lo referente al artículo 16 del Decreto 1421 de 1993, como acertadamente lo acuerda el Viceprocurador General de la Nación, deberá la Corte abstenerse de proferir fallo de fondo, teniendo en cuenta que, suscitado el conflicto de competencias entre ella y el Consejo de Estado precisamente a raíz de demandas instauradas contra el aludido estatuto, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 13 de octubre de 1994, concluyó que su conocimiento correspondía al mencionado tribunal de lo Contencioso Administrativo y no a esta Corporación.
En aplicación de lo previsto en el artículo 256, numeral 6o. de la Carta política, la Corte Constitucional se atiene a lo resuelto en la mencionada providencia y, por tanto, se declarará inhibida para resolver sobre la demanda en lo que concierne a dicha norma. Habría tenido que hacerlo en todo caso -aun sobre la base de su competencia-, por ineptitud sustantiva de la demanda, ya que en ésta no se expresan los motivos por los cuales el actor estima que el precepto es contrario a la Constitución.
De allí deduce el actor que, como las normas objeto de su ataque contemplen la elección de contralores municipales y departamentales después de haberse iniciado los períodos de alcaldes y gobernadores (1 y 2 de enero, respectivamente), es imposible que coincidan, ya que se produce necesariamente una diferencia de días entre la fecha de posesión de los jefes locales y seccionales de la administración y la de los encargados de ejercer sobre ellos control fiscal.
Su tesis está encaminada a demostrar que los contralores municipales, distritales y departamentales que estaban en ejercicio al momento de presentar la demanda (20 de junio de 1994) debían terminar su período constitucional cuando culminaba el de los alcaldes y gobernadores, es decir, el 31 de diciembre de 1994 y el 1o. de enero de 1995, respectivamente.
Debe recordarse, sin embargo, que la doctrina constitucional en mención, posteriormente reiterada por la Sala Plena de la Corporación en fallo C-143 del 20 de abril de 1993 y también acogida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto emitido el 10 de septiembre de 1991 (Consejero Ponente: Dr. Jaime Betancur Cuartas), estaba expresamente referida al conflicto que surgía, con motivo del tránsito constitucional, en cuanto a los períodos de los contralores que estaban en ejercicio cuando entró a regir la Carta Política de 1991. Tales períodos, que se vieron interrumpidos por las nuevas normas superiores, no podían ser iguales a los de alcaldes y gobernadores a la luz de iniciación y la novedad introducida en la Constitución al consagrar la elección popular de los gobernadores, que tendría lugar por primera vez el 27 de octubre de 1991 (Artículo 16 transitorio C.P.).
Como lo puso de presente la Sentencia T-001 del 3 de abril de 1992, la Constitución de 1886 establecía en su artículo 187, numeral 8o., que correspondía a las asambleas, por medio de ordenanzas, organizar las contralorías departamentales y elegir contralores de los departamentos para períodos de dos (2) años.
El artículo 246 del Decreto-Ley 1222 de 1986, por el cual se expidió el denominado Código de Régimen Departamental, estableció que el período de dos (2) años señalado para los contralores departamentales en la Constitución comenzaría a contarse el primero (1o.) de enero de 1987. Así, el primer período culminó el 31 de diciembre de 1988 y el segundo finalizó el 31 de diciembre de 1990.
De tal modo que, en virtud del aludido mandato constitucional y de conformidad con la norma legal citada, los contralores departamentales que venían actuando para la época en que principió su vigencia la nueva Constitución (tercer período desde el 1o. de enero de 1987), culminaban su gestión el 31 de diciembre de 1992.
Norma equivalente se consagró, como desarrollo del artículo 190, inciso 2o., de la Constitución anterior, en el artículo 306 del Decreto-ley 1333 de 1986 (Código de Régimen Municipal), para contabilizar los períodos de los contralores de los municipios respecto de los cuales el artículo 305 ibídem preveía tal cargo (no todos los municipios tenían contralor): los dos (2) años principiaban a contarse el primero (1o.) de enero de 1987 y, en consecuencia, los contralores municipales que estaban ejerciendo ese empleo cuando inició su vigencia la Carta de 1991, gozaban de un período que vencía el 31 de diciembre de 1992.
Por su parte, los alcaldes tenían períodos de dos años. Había sido el primero, en desarrollo del A.L. No. 1 de 1986 y de la Ley 78 del mismo año (artículo 1o.), el que se contaba entre el 1o. de junio de 1986 y el 30 de mayo de 1988. El segundo tuvo vigencia entre el 1o. de junio de 1988 y el 30 de mayo de 1990. El tercero corría entre 1o. de junio de 1990 y el 30 de mayo de 1992. Por ello, aplicando la nombrada Ley 78, que al respecto no fue modificada por la Constitución, el período de los alcaldes elegidos el 8 de marzo de 1992 se iniciaba el 1o. de junio del mismo año.
Tal como se deduce del artículo 19 transitorio, en armonía con el 314 de la Constitución Política, a partir de 1995 el período de los alcaldes se iniciaría el 1o. de enero cada tres (3) años.
En cuanto a los gobernadores, tan sólo a partir de la Carta de 1991 se comenzaron a elegir popularmente. De conformidad con el artículo 16 transitorio de la Constitución, el primer evento electoral con ese fin debería llevarse a cabo, como ya se dijo, el 27 de octubre de 1991 y los gobernadores elegidos tomarían posesión, como en realidad lo hicieron, el 2 de enero de 1992. Es decir, que su período de tres (3) años culminó el 1o. de enero de 1995.
"De todo lo expuesto se colige que a los contralores departamentales elegidos en 1990 y cuyo período debía vencerse el 31 de diciembre de 1992, éste se las terminó anticipadamente, al entrar en vigencia una nueva Constitución política que introdujo la modalidad de períodos iguales en su duración y coincidentes en su iniciación, para gobernadores y contralores departamentales".
"...por expresa disposición de la Constitución, el período de los contralores departamentales de dos años previsto en el numeral 8o. del artículo 190 de la anterior Carta Constitucional y el lapso durante el cual se contaba, que termina el 31 de diciembre de 1992 (art. 246, Decreto 1222 de 1986), fueron modificados y, por lo mismo, debe darse aplicación a las nuevas disposiciones constitucionales".
Considera esta Corporación que, no habiendo señalado la propia Carta las fechas de elección de contralores departamentales, distritales y municipales, la atribución corresponde por cláusula general de competencia, al legislador, el cual, mientras no desconozca la Constitución, puede actuar con libertad, sin que, por tanto, pueda entenderse desautorizado para atribuir competencia sobre el particular a las corporaciones que inician su propio período y no a las antiguas, aspecto éste que en nada riñe con la Carta Política y parece ajustado a la lógica institucional, que demanda una coherente función de fiscalización de las gestiones administrativas.
La Corte proferirá fallo de fondo en lo que respecta a la constitucionalidad del artículo segundo transitorio de la Ley 56 de 1993, a cuyo tenor los contralores departamentales, elegidos en octubre de 1991, cuyo período constitucional terminaba el 31 de diciembre de 1994 continuarían en sus cargos hasta tanto se produjera la posesión del elegido en las sesiones ordinarias de enero de 1995, por cuanto, si bien al momento de fallar de una disposición cuyos efectos se proyectan hacia el futuro. Con base en ella se han configurado situaciones individuales y concretas susceptibles de consecuencias administrativas, efectos fiscales y controversia judicial.
Primero.- Decláranse EXEQUIBLES los apartes acusados de los artículos 35 y 158 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 2o. transitorio de la Ley 56 de 1993.

References: artículo 2
 artículo 272
 artículo 89
 artículo 158
 artículo 272
 artículo 272
 artículo 190
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 16
 artículo 256
 artículo 187
 artículo 246
 artículo 190
 artículo 306
 artículo 305
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 190
 artículo 2