Source: http://argumentosptapias.blogspot.com/2011_07_01_archive.html
Timestamp: 2013-05-22 12:42:33+00:00

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Argumentos PTapias: julio 2011
La realidad no se deja cartografiar como le gustaría a nuestra pulsión racionalista. Distinguir entre el bien y el mal es absolutamente necesario, por más que no siempre esté claro qué es malo o bueno. La cuestión se complica cuando a esa demarcación se añaden otras, como la que mantenemos entre la cordura y la locura. ¿Qué pasa con comportamientos en los que maldad y locura parecen solaparse? Son difíciles de encajar –y más si corresponden a “uno de los nuestros” y no a un terrorista de Al Qaeda-, máxime si su brutalidad asesina opera como adoquín contra el espejo en el que la sociedad espera reconocerse en la imagen que forma el conjunto de sus miembros. Tras la bomba en Oslo y la matanza de Utoya, la sociedad noruega se enfrenta a lo que le era inesperado y le es incomprensible.Anders B. Breivik no es un personaje de Larsson o Mankell, sino un asesino que ha superado la ficción con su acción terrorista, llevándose por delante la vida de 76 personas, entre ellas las de decenas de jóvenes vinculados a la socialdemocracia noruega, tiroteados en la isla donde realizaban un campamento. Se ha comprobado hasta dónde llega, como decía Fromm en El corazón del hombre, la capacidad para el mal. Pero tan extrema violencia induce a pensar que su conducta obedece a una mente enferma, carente de sensibilidad hasta afirmar que la matanza fue “atroz, pero necesaria” –para su demencial fantasía de una Noruega sin inmigrantes y culturalmente cristiana-. Al declararse “no culpable” hace patente un patológico blindaje psíquico. No sorprende que su abogado prepare una defensa basada en la enfermedad mental. Con todo, hay razones para no hablar sólo de locura. ¿Toda patología conlleva enajenación mental? Uno es responsable de su patología cuando la ha cultivado desde las propias facultades.No hay que “psiquiatrizar” lo ocurrido, ha dicho Johan Galtung, del Instituto de Investigación sobre la Paz de Oslo, pues las ideas que están tras esos crímenes circulan por la sociedad noruega y por toda Europa. El que era ciudadano libre de sospecha, desde un confuso fundamentalismo cristiano acogía rechazo al otro e islamofobia, recusación de una sociedad multicultural y feroz oposición al “marxismo cultural” a sus ojos encarnado por la socialdemocracia. Nada de ello es extraño a la ultraderecha en alza. Quienes insisten en que los atentados de Noruega son obra de un “loco solitario” ocultan el clima de violencia simbólica que podemos señalar, siguiendo a Zizek, como caldo de cultivo de la violencia de un sujeto desquiciado. La culpabilidad es del asesino; las responsabilidades no se limitan a él. Las palabras las carga el diablo y muchas, dichas de forma irresponsable, acaban impulsando mortíferas balas disparadas por quien aúna maldad y locura en la pretensión de cumplir una falsa misión salvadora.José Antonio Pérez Tapias(Publicado en el diario Granada Hoy el 28 de julio de 2011)
Ahora, dimisión de Rajoy
Tras la dimisión de Camps -por cierto, aún le falta dimitir de su escaño en el parlamento de la Comunidad Valenciana-, ahora y en buena lógica, tocaría la dimisión de Rajoy como presidente del PP. ¿Qué cabe esperar de un supuesto líder que ha amparado durante años a los que ahora ya están procesados por corrupción? Si no dimite es que está dando por bueno todo lo que ha hecho, es decir, el respaldo dado a la corrupciójn instalada en su partido.¿Qué se puede pensar de quien, tras haber dicho que estaba al lado, delante o detrás -donde hiciera falta- de Francisco Camps, ahora no se inmuta cuando éste ya ha tenido que dimitir de la presidencia de la Generalitat Valenciana por los hechos que se le imputan? Si no dimite es un inconsecuente, pues de suyo debería seguir a Camps en su decisión, manteniéndose junto a él como prometió (¿o quizá lo juró, segun la costumbre "popular"?).¿Qué se puede decir de un Rajoy que ha enaltecido a Camps como político honesto, marcando la pauta de todos los que en el PP se han dedicado y se dedican a repetir tan falaz mensaje? Si no dimite es que se mantiene en el discurso de la mentira que ha ido propagando.¿Qué se puede afirmar del presidente del PP cuando propone a Camps como ejemplo de "grandeza" política? Si no dimite está respaldando con los hechos un discurso que sólo revela la escasa talla política de quien lo pronuncia, que quiere convencer a los españoles de que es un héroe quien está procesado por corrupción.¿Qué se puede deducir de un líder político que durante años no ha sido capaz de llevar a su partido al saneamiento democrático que era exigible ante una corrupción no sólo de destacados militantes de su formación, sino estructural en su partido? Si no dimite es que Rajoy ha transigido y sigue transigiendo, a pesar del proceso judicial abierto, con los trajes de todas las medidas con los que cargos del PP han tratado de tapar las mismas vergüenzas que esas prendas delataban, y consintiendo todo ello se ha mostrado como jefe sin autoridad al que sólo interesa un tortuoso camino para alcanzar el poder.¿Qué concluir respecto a quien ha intentado que el ex-presidente de la Generalitat se declarara culpable de los delitos que se le imputan, como se ha conseguido en el caso de otros procesados, y al no hacerlo, vuelve a salir como el más cínico valedor de su inocencia? Si no dimite, Rajoy, con tal alarde de malas prácticas, se ha descalificado como candidato a la presidencia del gobierno de España; es más, el sólo hecho de presentarse para tal puesto supondrá un peligro para la democracia española en tanto que daría a entender que se quieren legitimar y dar por buenas las prácticas y los hechos mencionados, desde los trajes de Camps hasta la trama Gürtel, pasando por las mentiras de Rajoy y sus adláteres. Por incapaz de hacer frente a la corrupción en las propias filas, por amparar a personas procesas y ya incluso autoinculpadas, por avalar candidaturas que a las postre se han evidenciado fraudulentas desde un punto de vista democrático, por no tomar en serio a la justicia, por no respetar a la ciudadanía, por alentar que la honradez y la verdad se alejen de la vida política y, por último pero no menos importante, por lanzar calumnias al inducir insidiosas comparaciones entre el ex-presidente popular Camps y el candidato socialista Rubalcaba, por todo ello, Rajoy debe dimitir. No lo hará, pues las caras de ciertas personas se endurecen como la de ciertas formaciones políticas, pero debería hacerlo.
En días pasados nos llegó la noticia del fallecimiento de Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo español en el exilio. Alguna vez, en México, tuve la ocasión de hablar con él, y muchas veces pude comprobar allende el Atlántico el peso de su figura en los ámbitos universitarios y en la izquierda política. Desgraciadamente, en su país de origen tuvo un reconocimiento escaso, sólo compensado por el nombramiento de hijo adoptivo por la Diputación de Málaga y los doctorados honoris causa de las universidades de Cádiz y la Complutense –tal reconocimiento se vio inexplicablemente bloqueado en la universidad de Granada-.
Sánchez Vázquez, tras combatir en la Guerra Civil en defensa de la República, pudo disfrutar de la hospitalidad mexicana. En el país azteca desarrolló una carrera volcada en la reconstrucción de un pensamiento marxista que en Latinoamérica para muchos se constituyó en obligada referencia al plantear la transformación de la injusta realidad del capitalismo. Su elaboración teórica la llevó siempre a cabo pensando en la acción política. Por ese vínculo con la acción presentó su filosofía como “filosofía de la praxis”, en línea próxima a Gramsci y respondiendo al núcleo del pensamiento de Marx.
Cuando me enteré de que tan ilustre andaluz, al que en su vida acompañó el desgarro del exilio, había muerto, andaba yo en Belgrado participando en la XX Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Allí llegué acordándome de las tragedias vividas en los Balcanes, a la vez que recordando las aportaciones de aquellos marxistas antiestalinistas que en la antigua Yugoslavia se reunieron en un grupo al que precisamente dieron el nombre de Praxis. Muchos de ellos, unidos por el interés en un marxismo abierto y crítico, fueron amigos de Sánchez Vázquez. Dándole vueltas a todo eso, no dejé de pensar en algunos problemas de la izquierda en la actual crisis.
¿No le ocurre a la izquierda que, aun con una intensa actividad política, a su quehacer le falta orientación estratégica para que sea verdadera acción de signo emancipador, praxis transformadora en definitiva? Así es, y si no empezamos por la reconstrucción del armazón teórico desde el que orientar la acción, seguiremos colonizados por el neoliberalismo y la derecha ganará la batalla. En el PSOE, por ejemplo, tendremos que preguntarnos a fondo por el proyecto que queremos sostener, a la vez que abordamos cómo llevarlo a cabo y con qué aliados. Haríamos bien en recuperar la idea de praxis. Es necesaria la acción transformadora estratégicamente orientada en función de criterios de libertad, igualdad y justicia, si queremos trasladar de manera convincente a la ciudadanía que el socialismo, como decía nuestro pensador hispanomexicano, “sigue siendo una alternativa necesaria, deseable y posible”. José Antonio Pérez Tapias
(Publicado en el diario Granada Hoy el 21 de julio de 2011)
El precio del ajuste: balance tras una derrota
La derrota del PSOE en las pasadas elecciones municipales y autonómicas adelanta el final de un ciclo. ¿Cómo hacer balance de dos legislaturas en las que la mayoría parlamentaria ha sostenido los gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero? ¿Ha de quedar todo engullido por la valoración negativa que inducen unos resultados tan demoledores como los que arrojan los últimos comicios? El PSOE convocó formalmente primarias para “elegir” a quien sabíamos que encabezará el cartel socialista en las próximas elecciones generales. Después vendrá el congreso federal que habrá de acometer una reelaboración en profundidad del proyecto socialista y una estrategia con la que afrontar la etapa que siga. Mientras tanto, una mirada que abarque lo que queda atrás ha de poner de relieve hitos destacables en el devenir de la política española de estos últimos años, pero no sin poner de relieve todo lo que supuso el punto de inflexión que fue el plan de ajuste aplicado a partir de mayo de 2010, reacción, cuando se mostraron insuficientes otras medidas, frente a la crisis económica que se nos echó encima, a la vez que respuesta a las instancias internacionales que obligaron a un fuerte viraje político.Trayecto político con cambio de rumboNo cabe duda de que hay un antes y un después del decreto del gobierno estableciendo las medidas de ajuste para recortar el déficit público, en principio, en 15000 millones de euros, como política “acordada” en el seno de la Unión Europea o, más exactamente, por el grupo de países que comparten el euro como moneda común. La necesidad de atajar el déficit se impuso como pauta común tras verse los países europeos arrastrados a una crisis económica profunda que, arrancando de la crisis financiera desencadenada en EEUU, llega a este lado del Atlántico hasta afectar a la estabilidad del euro. El motivo no es otro que fuertes movimientos especulativos de los grandes inversores en torno a la deuda pública de diferentes Estados europeos, sobre todo de aquéllos cuya más débil economía lleva a que se eleve el interés de sus emisiones de deuda, lo que a su vez incrementa las dificultades para financiarla, amenazando con la quiebra, salvo que se apliquen medidas correctivas enérgicas o, en el extremo, un plan de rescate que desde la UE y el FMI ayude a tales países a salir del pozo de una crisis que hunde la economía y trae consigo devastadores efectos sociales, entre ellos un desempleo galopante.La situación crítica de Grecia, que paradójicamente no ha hecho sino empeorar desde entonces a pesar de los rescates aplicados y las medidas impuestas, fue el motivo de que arreciaran las presiones sobre España –incluida junto con Portugal, Irlanda y Grecia en el grupo de países puestos en el punto de mira de los analistas económicos bajo el ofensivo acrónimo PIGS-, desde la preocupación por una caída de nuestra economía que pudiera arrastrar al euro a una crisis letal. La disciplina que se nos exigió para salvar la economía y poder responder de nuestra deuda –no sólo la pública, sino también la privada, mucho mayor que la primera- condujo al gobierno a tomar decisiones drásticas en cuanto a recortes de gasto para llegar a 2013 con un déficit público del 3 por ciento del PIB. La cuestión es que con ese recorte se producía una quiebra innegable de la línea seguida hasta ese momento por la acción política del gobierno. El intento de reactivar la economía con medidas de corte keynesiano que dinamizaran la demanda quedaba atrás, y con él la perspectiva de encauzar sobre raíles socialdemócratas la salida de la crisis. Las políticas de ajuste venían diseñadas según patrones neoliberales, impuestas desde poderes financieros que, una vez repuestos de sus debilidades gracias al apoyo público, se volvían contra los Estados para hacer recaer sobre ellos y sobre los ciudadanos los costes de una crisis cuyo origen radica en la desregulación de los mercados financieros que los ideólogos del neoliberalismo habían bendecido.La política de ajuste llevada a cabo por el gobierno de Zapatero para que España no se viera como Grecia, ni como posteriormente se han visto Irlanda o Portugal, ha transcurrido por los estrechos márgenes de una realidad con muy fuertes condicionamientos para la acción política posible, no sólo por los factores estructurales propios de la economía española –sobre todo la crisis de la construcción como principal sector productivo, hipertrofiado por la especulación inmobiliaria, con la terrible consecuencia de un paro enorme sobre millones de trabajadores que él estaban empleados-, sino también por el estrecho campo de juego perfilado en la UE, donde Alemania lleva la batuta de las políticas económicas, acuciada además por la inquietud producida por deudas ajenas de las que la banca germana es acreedora. El caso es que, siendo así, el giro político sufrido por la orientación de la política del gobierno socialista origina un gran desconcierto en la ciudadanía, incluidas las bases electorales del PSOE. La buena intención de salvar como se pueda las políticas sociales, de reforzar incluso algunas medidas de protección social frente al desempleo, no contrarrestan la percepción de que el gobierno, y en especial su presidente, han llevado a cabo un viraje político que aleja de compromisos adquiridos y desdibuja su perfil de izquierda. Previendo esa reacción social, el presidente Zapatero, en su discurso en el Congreso de los Diputados el 12 de mayo de 2010, ya anticipó que aplicaría el plan de ajuste expuesto “cueste lo que cueste” y “cueste lo que me cueste”. ¿Hasta dónde podía llegar ese coste? Hoy lo sabemos. Zapatero ha renunciado a presentarse otra vez como candidato del PSOE, y el partido ha sufrido ya una primera derrota electoral que es primera factura que se paga por la política de ajuste llevada a cabo.¿Podían haberse hecho las cosas, o al menos ciertas cosas, de otra manera? Sería dogmático decir que no y sostener contra viento y marea –viento ciudadano y marea electoral- que se ha hecho todo como había que hacerlo. Hacer de la necesidad virtud hasta ese extremo lleva a posiciones en las que se pierde la credibilidad por aparecer ante la opinión pública con la fe del converso, siempre disponible para echar tupido velo sobre las propias contradicciones. Más vale reconocer éstas y trabajar por amortiguar las tensiones internas que conllevan. Con todo, no deja de ser cierto el empeño del gobierno y de su presidente por recuperar incluso los hilos rotos de la interlocución con los agentes sociales, los sindicatos UGT y CCOO en particular, algo también apoyado expresamente por sectores del PSOE que siempre hemos defendido reformas con consenso frente a quienes arrogantemente postulan reformas aun sin consenso. El logro de un Acuerdo Social y Económico, aun después de la huelga general convocada por los sindicatos meses antes, fue una buena noticia. Desgraciadamente, su efecto en la opinión pública fue muy limitado, dada la instalación en su seno de una valoración negativa de la gestión de la crisis por parte del gobierno. Los esfuerzos de éste por aminorar el coste social de las medidas puestas en marcha no llegan a contrarrestar el malestar acumulado en una sociedad donde hace mella la depresión económica, el miedo al paro, el temor al futuro y un escepticismo cada vez más acusado, no sólo respecto a un gobierno gastado, sino respecto a la política como ámbito de poderes democráticos con capacidad de decidir con criterios de justicia respecto a los asuntos que nos afectan.Reconocimiento de derechos: objetivos logradosA pesar de las facturas por la gestión de la crisis, cualquier retrospectiva sobre los gobiernos socialistas presididos por Zapatero subrayará lo logrado en cuanto a derechos. Entre los avances en la “lucha por el reconocimiento” –en este vector de la acción política nos podemos permitir esta expresión hegeliana- encontramos aportaciones para el futuro tan reseñables como la ley de igualdad o los cambios en el derecho civil para posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo. En similar longitud de onda se encuentra la llamada ley de memoria histórica, paso importante en el reconocimiento debido a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Por lo que toca al reconocimiento de los derechos de autogobierno de las comunidades autónomas y de las legítimas diferencias de las que ellas son portadoras y que reclaman protección jurídica, hay que subrayar en el balance las reformas de estatutos de autonomía que se han llevado a cabo, descollando a ese respecto el de Cataluña, cuya nueva redacción ha sido referencia de una u otra forma para otros estatutos, y en cualquier caso dichas reformas estatutarias han servido para profundizar en el Estado autonómico de una España plural.Entrelíneas de las líneas mencionadas se constata a su vez un déficit de pedagogía social respecto a leyes que suponen importantes cambios culturales, así como recorridos a medias en cuanto a memoria histórica o laicidad del Estado. Cabe decir que entre las primeras la mencionada ley de matrimonio homosexual es representativa de cambio legislativo de notable impacto sociocultural, en tanto que afecta a cuestiones que fluyen por hondos registros culturales de nuestra sociedad. De ahí que, junto al énfasis en el valor emancipatorio de una ley que contribuye a ampliar sensiblemente los derechos civiles de los individuos, aparezca la consideración de que su entrada en vigor quizá debiera haber ido acompañada de explicaciones más abundantes sobre la razón de ser de la misma dirigidas en especial a los sectores sociales más reticentes a una modificación legal de indudable calado. Por otro lado, la legislación contra la violencia de género, muy avanzada en cuanto a protección de los derechos de la mujer y a medidas sociales para que dicha protección sea eficaz, presenta la dificultad generada por las mismas expectativas que la ley suscitó, olvidando a veces que la ley penaliza de inmediato conductas criminales de los individuos, pero que sólo en el largo plazo puede mostrar toda su eficacia en cuanto a modificar comportamientos personales. El sacar de la íntima privacidad hechos susceptibles de ser calificados como delictivos es de indudable valor, pero el recorrido es más largo para cambiar los patrones machistas de una cultura secularmente patriarcal –caldo de cultivo de la llamada violencia de género-, y si eso no se tiene en cuenta las frustraciones por lo que no se consigue pueden ser un factor de bloqueo en los procesos sociales.Si en lo relativo a la memoria histórica, aun con logros de indudable valor en torno a delicadas cuestiones que habían quedado pendientes desde la transición de la dictadura a la democracia, hay quien piensa que lo conseguido se ha quedado a medio camino en lo relativo a indemnizaciones por muerte o cárcel, a exhumaciones de restos, a la anulación de condenas o a procesos judiciales lastrados por la ilegitimidad de las dictadura que los amparaba, en lo tocante a otro filón de políticas de reconocimiento como es el de la libertad religiosa y una más consecuente laicidad del Estado también se puede hacer un balance similar. Siempre se puede decir –de suyo se ha dicho- que legislar sobre cuestiones sobre las que la Iglesia católica pretendía ejercer un monopolio moral acompañado de ilegítimas injerencias políticas –ejemplo destacado en ese campo es la reforma sobre la legislación que afecta al aborto- es ya consolidar espacios de laicidad en una sociedad cuyo Estado, por su constitución, debe ser efectivamente aconfesional. Pero siendo eso verdad, habrá que añadir que no es suficiente, máxime dadas las prácticas de confesionalismo que siguen enquistadas en instituciones públicas, desde los funerales de Estado hasta la presencia católica en el sistema educativo o en las Fuerzas Armadas, discriminatoria respecto a otras confesiones religiosas y los derechos de los ciudadanos vinculados a las mismas. El aparcamiento sufrido por el proyecto de ley de libertad religiosa y libertad de conciencia y el indefinido respaldo que sigue dándose a los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, sin ni siquiera apuntar la intención de someterlos a revisión, son indicios que hablan por sí mismos de una política de laicidad que sigue atascada entre indecisiones políticas y privilegios eclesiásticos.La libertad religiosa, regulada por ley orgánica de 1980, necesita una legislación puesta al día, entre otras cosas por la más intensa diversidad cultural presente en la sociedad española como consecuencia de los procesos migratorios de las últimas décadas. Individuos y comunidades de distintas culturas han traído consigo en muchos casos religiones propias de su tradición cultural o con fuerte arraigo en ella. La atención a esa realidad para evitar procesos de marginalización o discriminaciones injustificables ha de enmarcarse en políticas de la interculturalidad, en cuyo marco la diversidad religiosa no deja de ser un aspecto de las diferentes identidades culturales. Hay que decir que las prácticas tendentes a la inclusión de personas y colectivos inmigrantes, a su integración en la vida de nuestros barrios, en el sistema educativo o en el sistema sanitario han consolidado pautas valiosas desde un punto de vista democrático y de reconocimiento de derechos. Más complicado es todo ello en el terreno laboral, en el que la economía sumergida por desgracia brinda cauces de relaciones laborales fuera de la legalidad marcadas por la explotación o por condiciones de trabajo penosas o sin la suficiente seguridad. Los vacíos no tanto legales, pero sí en la práctica, que por ahí se revelan son los que se acentúan en sus perniciosos efectos en el trato que se da a la inmigración como consecuencia de una ley de extranjería más pendiente de la aplicación estricta de directrices europeas pendientes del control de fronteras que de un trato adecuado conforme a derechos humanos que en ningún caso deben verse recortados. Lo que queda por hacer en ese sentido es precisamente lo que se ve tremendamente dificultado por la demagogia populista que alientan determinadas fuerzas políticas de la derecha a base de discursos xenófobos. La amenaza que por ahí se cierne sobre la convivencia democrática es algo que en ningún caso hay que permitir y en toda circunstancia hay que combatir.Por lo que se refiere a las reformas estatutarias se puede coincidir en que adolecen de la clarificación de un modelo federalista que sea la referencia por la que orientarse en el desarrollo de las mismas. Igualmente se puede pensar que hubiera sido conveniente contar con una reforma de la Constitución que acotara los términos en los que moverse para avanzar en la configuración territorial de nuestro Estado autonómico. El caso es que esa reforma, incluyendo el tema capital en cuanto a la misma que es la reforma del Senado como cámara territorial, no se ha hecho. Mas es obligado reconocer que todo ello, y más una reforma de la Constitución, es difícil teniendo enfrente una derecha muy conservadora.Políticas redistributivas: justicia cuestionadaOtro vector importante, que incluso podemos considerar como elemento de identificación de las políticas socialistas, ha sido el de la redistribución. Lo constituyen políticas defendidas según criterios de derechos sociales. La conexión entre reconocimiento y redistribución se percibe en la que es conocida como ley de dependencia, definitoria en nuestro caso del “cuarto pilar” del Estado de bienestar que se añade a los constituidos por la educación y la sanidad públicas y el sistema de pensiones que es núcleo de la seguridad social. Dicha ley, establecida para la mayor autonomía de las personas dependientes por edad o por enfermedad, aun con los problemas de su aplicación, supone un salto cualitativo en las políticas sociales, además de brindar posibilidades aún no desplegadas del todo en cuanto a yacimientos de nuevos empleos. Y en lo relativo al mercado de trabajo, con el difícil momento por el que pasa, y a la lucha contra el paro, es obligado recordar que tenemos ahora, en medio de la crisis, prestaciones más amplias por desempleo. No sería justo dejar atrás los incrementos de las pensiones en ejercicios pasados, por más que en 2010, y de forma extensiva a 2011, se congelaran las pensiones contributivas por mor de la austeridad necesaria para combatir el déficit público en años de crisis.No obstante, y sin restar méritos a todo lo mencionado, el talón de Aquiles del vector redistributivo ha sido una economía que se quería corregir en sus excesos –los arrastrados por un mercado inmobiliario que desató una fuerte especulación, nutrida por los desafueros potenciados por la muy permisiva ley del suelo del PP-, pero haciéndolo sin salir de parámetros neoliberales. A la postre se ha comprobado una vez más que pretender desarrollar políticas sociales al amparo de una economía neoliberal es una mala cuenta, pues el final, como se comprueba en medio de la crisis económica, las políticas neoliberales, supeditadas a las exigencias del mercado, se tragan las políticas sociales. Es una constante del social-liberalismo que algunos hemos criticado.Cuando la crisis, tras la tardanza en ser calibrada con toda su profundidad en los comienzos del segundo mandato de Zapatero, acentuó su hosco perfil hasta ponernos en el brete de “o ajuste o caos”, el gobierno, para soslayar lo segundo, se volcó en lo primero. Ello se concretó en recortes salariales a funcionarios, en la ya citada congelación de las pensiones contributivas, en el freno a inversiones en infraestructuras y en todo el conjunto de medidas de austeridad y rigor presupuestario aplicadas en la segunda mitad de 2010 y a lo largo de 2011. A eso se han sumado la reforma laboral, la reforma financiera, afectando sobre todo a las cajas de ahorro, sumidas en su mayor parte en situaciones más o menos graves de solvencia y afrontando serios problemas de morosidad, y la reforma del sistema público de pensiones.Descontando lo que en tales reformas haya de verdaderamente insoslayable, el caso es que por tales medidas cala en la sociedad la imagen de que el ajuste de nuestra economía llevado acabo por el gobierno es injusto por cuanto el coste recae más sobre el trabajo que sobre el capital. Incluso considerando los factores de reequilibrio de esa balanza que se han tratado de introducir, contabilizando entre los últimos los límites establecidos en cuanto a dividendos y gratificaciones repartidas entre ejecutivos de bancos que han recibido apoyo público para salir de sus serios apuros, la percepción de que los costes y cargas de la crisis no se han distribuido equitativamente en nuestra sociedad es compartida por los más amplios sectores de la ciudadanía. El atosigamiento de los mercados, que cuentan para ello con la perversa función que llevan a cabo las agencias de calificación, incentivadoras de la especulación con sus diagnósticos y su valoración de la prima de riesgo de cada país, así como las presiones que ejercen la UE y el FMI, nos meten en la contradicción que supone aplicar fuertes medidas de austeridad que, por su rigorismo, obstruyen el crecimiento. El “fanatismo de la austeridad”, como lo viene denunciando el economista y Premio Nobel estadounidense Paul Krugman, contribuye así a lo contrario de lo que con él se pretende, pues hasta la misma deuda del país, tanto privada como pública, puede verse incrementada en vez de reducida, a causa de la contracción de una economía en la que no fluye el crédito, no se recupera el consumo y no despega la recuperación del empleo.No cabe duda de que un paro en porcentajes alarmantes, como el que estamos conociendo en España a lo largo de 2011, pone en aprietos los cambios en un modelo productivo que requieren un tiempo que el drama de los desempleados no concede. El drama social que el paro supone es la cara más amarga de la crisis económica en la que nos hemos visto inmersos, afectando de manera muy singular a los jóvenes. Éstos, como generación que desde algunas instancias se ha denominado “generación perdida”, tienen ante sí un futuro complicado, o porque han perdido el trabajo al que se incorporaron pronto en tiempos de bonanza –la construcción sobre todo-, abandonando los estudios, o porque, aun con una formación sólida no encuentran un puesto de trabajo, y menos aún estable y de calidad como para salir del “precariado”.Crisis de la política además de crisis económicaEs opinión compartida que el paro, en especial el paro juvenil, ha sido uno de los factores que no sólo ha incidido en la derrota electoral del partido en el gobierno, por más que las pasadas elecciones fueran municipales y autonómicas y no generales, sino que en gran parte ha sido desencadenante de lo que se ha bautizado como “movimiento 15 M”, configurado a partir de las manifestaciones convocadas el pasado 15 de mayo, antes de la jornada electoral, para cuajar en plazas de muchas ciudades españolas en las “acampadas” de indignados –el término se debe al título del famoso libro publicado por el nonagenario francés Stéphane Hessel invitando a acciones de protesta frente a la situación actual y, concretamente, frente a las maneras en que desde los gobiernos se ha tratado de combatir la crisis-. Pero tales manifestaciones ciudadanas expresan algo más que la protesta ante políticas frente a la crisis que no convencen, y en contraste con las cuales recogen reivindicaciones diversas –a decir verdad de heterogeneidad no fácil de llevar a compatibilidad entre propuestas coherentes-; expresan un serio cuestionamiento de la política en tanto que sumida en el descrédito y la impotencia. La ciudadanía capaz de articular una voz de protesta tiene en su punto de mira una política impotente ante los poderes económicos del capitalismo contemporáneo, capaces de doblegar gobiernos y de someter a los Estados a sus intereses. Por ello, un movimiento social que en sus expresiones refleja una seria deslegitimación de la política al uso y, con ella, da a entender la crisis en que se halla la representación política en nuestras democracias parlamentarias, interpela a una izquierda que se busca, a sí misma y por parte de la ciudadanía, frente a una derecha que se crece.Hay elementos para pensar que la crisis de la política que se solapa con la crisis económica repercute de distinta manera sobre la izquierda que sobre la derecha, lo cual es algo que también se deja ver en la derrota electoral que nos ha traído a estas reflexiones. El asunto no tiene que ver solamente con cuestiones de algún modo epifenoménicas, a pesar de su relevancia en términos de sociología política, como cabe considerar el hecho de que el PP conserve un sólido suelo electoral que refuerza constantemente la fidelidad de sus votantes –no hace mella en la derecha la corrupción que afecta a las filas populares-, mientras que el PSOE contempla con aprensión la volatilidad del voto de muchos de sus potenciales electores. Por el contrario, tal cuestión también está conectada con temas de fondo que en circunstancias como las actuales se hacen notar.Para la derecha, la política tiene un carácter más instrumental, su concepción de la misma es más funcionalista, lo cual es congruente con la ideología neoliberal que, como transmutación del liberalismo clásico, buena parte de la derecha sostiene. Para la izquierda, en cambio, la política es algo sustancial en su proyecto, de raíces republicanas en cuanto a la idea de una ciudadanía participativa que ha de ejercitar sus derechos. De ahí que la crisis de la política, o la apreciación de una política cuya crisis llega hasta el corazón de las instituciones democráticas, sea algo que repercute más sobre la izquierda que sobre la derecha. Eso explica en parte que, cuando la política se cuestiona, el peligro por la derecha sea la deriva hacia planteamientos populistas, nutridos incluso desde la xenofobia, en tanto que por la izquierda es el abstencionismo o la emigración hacia posiciones antisistema que llevan el cuestionamiento más lejos a partir de la conclusión de que el sistema no admite verdaderos cambios. En cualquier caso, las manifestaciones ciudadanas que hemos conocido piden ser tomadas en serio, al menos como preocupantes síntomas de un deterioro de nuestro sistema democrático que reclama ser corregido para salvar la democracia, mejorando su entramado institucional e innovando y profundizando en sus cauces de participación.Proyecto por reconstruir: difícil recuperación del discursoTras las pasadas elecciones hemos hablado de debacle del PSOE. Esta vez nadie se ha lanzado a usar retóricas ya conocidas para suavizar la derrota. Muchos votantes nos han dado la espalda, sea votando a otras fuerzas políticas, sea mediante la abstención o sea –lo que es una novedad por su porcentaje- mediante el voto nulo o en blanco. Interpretar bien todo eso requiere fino trabajo de análisis y ardua tarea de reflexión. Habrá que ir sacando conclusiones de todo ello. Sin embargo, el descalabro es de tal magnitud que obliga a emprender, aun estando todavía a la espera de los resultados de la próxima cita con las urnas en las generales, una labor a fondo de reconstrucción de un proyecto socialista hoy por hoy dañado y irreconocible como tal para los sectores de la ciudadanía que lo habían venido apoyando. Es cierto que todavía se cuenta con muchos millones de votantes para acometer dicha reconstrucción con el telón de fondo de un apoyo social que está ahí. Pero no hay que confiarse en dar por seguro que va a permanecer, máxime si se tiene en cuenta que bastantes ciudadanos que han votado socialista en las pasadas municipales y autonómicas, aparte de hacerlo por los candidatos concretos que elegían, lo hacían en muchos casos no por la política realizada a nivel nacional, sino a pesar de ella. La reconstrucción del proyecto socialista no debe acometerse, por tanto, desde premisas falsas por implicar supuestos quebradizos debidos a insostenibles excesos de confianza.No hay política sin palabra, esto es, sin discurso en el que se exprese el sentido de la acción y lo que significan las medidas que se aplican como realización de un proyecto y plasmación de un programa. Forma parte de las evidencias políticas que los hechos han situado objetivamente al PSOE en una posición en la que tiene difícil reconstruir un discurso socialista renovado o, al menos, decentemente socialdemócrata. No es consuelo alguno recordar que el problema no es exclusivo del socialismo español, ya que es ciertamente un problema de la izquierda en general y más concretamente de la socialdemocracia europea. Con todo, el caso es que hay que llevar a cabo esa reconstrucción del discurso del socialismo democrático, con la consciencia además de que efectivamente el proyecto y la estrategia que se planteen no pueden presentarse como algo propio de un solo país, pues eso supondría de antemano una condena al fracaso en un mundo globalizado, donde lo global es local y viceversa, en el que las tupidas relaciones internacionales nos han transportado a una escala que desborda al Estado nacional y cuando, además, estamos insertos una compleja arquitectura supranacional como es la de la Unión Europea.De cara a esa recuperación del discurso que ha de ser clave para la reconstrucción de un proyecto socialista hay una cuestión que, por último, debe ser apuntada: dicha recuperación no sólo ha de mirar al futuro, sino que también ha de resolver cómo recupera el pasado, cómo asume lo hecho, cómo se hace cargo de esta misma etapa de gobierno que ahora termina en medio de aciagas derrotas. Metidos en esa tarea hay que reconocer los errores cometidos, los equivocados caminos recorridos aunque hayan sido incluso los fijados como correctos por las ortodoxias económicas dominantes. La cuestión es si de reconocer errores se pasa a decir que todo ha sido un gran desvarío, un desafortunado viaje a ninguna parte, salvo la crisis en la que estamos. La imagen del PSOE, de los gobiernos sostenidos desde él y sobre todo de su presidente, que las derechas (políticas, económicas, mediáticas y hasta eclesiásticas) quieren consolidar como foto fija de la etapa que ahora termina es precisamente ésa. No faltan entre las filas socialistas los que se aproximan en su valoración a una apreciación tan negativa. Otros, por el contrario, sostenemos que un balance más ecuánime también en este asunto es de justicia. Y vendrá por añadidura que la imperiosa redefinición de una estrategia y la urgente reconstrucción de un proyecto político serán tanto más consistentes cuanto mejor se enhebren los hilos que enlazan pasado y futuro.José Antonio Pérez TapiasRazón y Fe, nº 1353-1354 (vol. 263, julio 2011), pp. 41-52
No hace falta coincidir en todo con el filósofo francés Alain Badiou para tomar de él algunas de sus fecundas ideas y hablar, en nuestro caso y con su permiso, de “la hipótesis socialista”. Al hilo del momento que vivimos en España, que del lado socialista se caracteriza por un gobierno en final de etapa sobre el que pesa la factura por la gestión de la crisis económica –pagada en parte con el resultado de las pasadas elecciones autonómicas y municipales- y por un nuevo candidato que encabezará el cartel del PSOE en las próximas generales, hay buenas razones para pensar sobre la imperiosa necesidad de relanzar una propuesta política que evidencie una clara voluntad de reconstruir un proyecto de izquierda desde el partido de Pablo Iglesias. Se trata, pues, de presentar ante la sociedad no sólo un conjunto de medidas con las que seguir haciendo frente a la crisis, corrigiendo a la vez el rumbo que se ha seguido en esa tarea a lo largo de un duro año de ajustes, sino de retomar el hilo discursivo de un proyecto que se vio truncado desde la primavera de 2010, al menos.La política llevada a cabo por los gobiernos de Zapatero sobre el doble carril de la redistribución de la riqueza, en especial mediante políticas sociales, y del reconocimiento de derechos, se ha visto sumida en el pozo de la crisis que al principio se nos contagió desde el sistema financiero de EEUU, para luego ser crisis económica con marcados componentes autóctonos y crisis del euro en el marco de una UE donde los gobiernos no afrontan con políticas adecuadas los graves problemas de la deuda. Diríase, con fórmulas de Badiou, que el cambio táctico que el gobierno socialista se vio obligado a hacer se produjo en medio de un grave bloqueo estratégico –el de la socialdemocracia europea-, siendo consecuencia de ello el fracaso que amplios sectores de la base social del PSOE atribuyen a una política de la que se distancian por considerarla o injusta o ineficaz, o ambas cosas a la vez. La convicción de Zapatero de que la historia le absolverá, cuando la crisis quede atrás y se reconozca el acierto de un viraje político hecho costara lo que costara, queda muy en el fuero interno como para darle una expresión política que se pueda hacer valer en el debate público. Es el ex-vicepresidente y ex-ministro Rubalcaba quien, como candidato a la presidencia del gobierno, tiene que asumir la misión de afrontar el fracaso de la pasada derrota electoral, anticipando la reconstrucción de una propuesta política que bien puede entenderse como la “hipótesis socialista” que se va a poner a prueba ante los ciudadanos.Ganar la credibilidad perdida y restaurar la confianza del electorado requiere actuar conforme a un imperativo de coherencia que, sin dogmatismos, exige acompasar dichos y hechos, evitando esas contradicciones internas con las que se desmorona cualquier discurso. Rubalcaba lo sabe, y de ahí que en su puesta en escena como candidato recordara que es necesario vivir como se piensa, porque de lo contrario acaba uno pensando como vive. Pero si eso es punto de partida para propuestas tácticas de sabor socialdemócrata –sobre figuras impositivas, sobre sanidad y educación, sobre regulación de prácticas bancarias, sobre empleo y sobre transparencia y participación democráticas-, no es suficiente como impulso para una estrategia de relanzamiento político. Es lo que alguno, como el sociólogo Gil Calvo, detecta, exponiendo la necesidad de rearticular el relato del PSOE, contemplando no sólo aspectos específicos, sino el marco global de lo que ha de ser propuesta política convincente. A ésta no sólo se le pide consistencia entre medidas programáticas que se avanzan y que algunos, como el economista Joaquín Estefanía, hacen bien en valorar positivamente, sino que ha de ser capaz de provocar el indispensable entusiasmo para generar adhesiones en una base social que ha llegado a verse desconcertada y decepcionada. Sin eso, la “hipótesis socialista” no alcanzará la plausibilidad necesaria como para que votantes de izquierda en número suficiente se apresten a verificarla. Y el problema de la “hipótesis socialista” no es sólo que pueda ser falsada según lo que sería un modelo popperiano metafóricamente trasplantado al ámbito político –es decir, que sea derrotada en las urnas-, sino que el problema más de fondo es que la derecha española, lejos del liberal Popper, lo que quiere en verdad es acabar por mucho tiempo con la “hipótesis socialista” borrándola del mapa, esto es, pintando el mapa completamente de azul. José Antonio Pérez Tapias[Publicado en EL SIGLO, nº 935 (18 julio 2011)]
La confusión del embajador de Israel
El que ha sido embajador del Estado de Israel en España durante los últimos cuatro años, Raphael Shutz, dice adiós a nuestro país de una manera lamentable. Con las miras puestas ya en otro destino, sus palabras de despedida muestran escasa finura diplomática. Lo grave del asunto es que después de estos añoa representando a su nación en la nuestra parece no haberse enterado de nada. Llegó con prejuicios y con prejuicios -los mismos- se marcha. De ahí la tremenda confusión en la que se ha mantenido desde que vino, la cual no es otra que entender como antisemitismo las posiciones críticas que se dan en la sociedad española en relación a las actuaciones del Estado de Israel, o más exactamente de sus gobiernos, en especial en todo lo que afecta al pueblo palestino y a la presencia y actuaciones del ejército israelí en los territorios ocupados.El tema es recurrente, y por ello algunos nos vemos obligados a volver sobre él de vez en cuando. Mas parece un esfuerzo inútil. No obstante, hay que seguir haciéndolo, remachando algunas cosas. Cuantas veces haga falta hay que insistir en que la crítica política a las medidas represivas, injustas y desproporcionadas, del gobierno de Israel contra la población palestina -no justificables bajo una genérica invocación de legítima defensa o seguridad frente al terrorismo, que en ciertos casos se pueden esgrimir- no supone nada de antisemitismo. Todo lo contrario.Es más, puede darse una posición antisionista sin ser antisemita, lo cual se ha dado y se da incluso entre judíos. Pero tampoco es el caso, pues se entiende la legitimidad de un sionismo democrático; ocurre, sin embargo, que hay manifestaciones del sionismo, cada vez por desgracia más abundantes, contrarias a universales exigencias democráticas.No vamos a decir que en España no se dan casos de antisemitismo. Haberlos, haylos. Como hay racismo u otros fenómenos de xenofobia e intolerancia absolutamente repudiables. Pero no es esa la cuestión. Prueba de ello es que el mismo Sr. Schutz señala como momentos álgidos de sentimientos "de odio y de antisemtismo" contra Israel los correspondientes al bombardeo de la Franja de Gaza o al asalto a la Flotilla de la Libertad que llevaba ayuda humanitaria a ese territorio palestino. Ambos hechos obtuvieron el repudio de la comunidad internacional, y también de la sociedad española. Como igualmente se rechaza por amplios sectores de la ciudadanía española la construcción de un injustificable muro entre Israel y Palestina -el cual no respeta además la "Línea Verde" fijada por la ONU-, o la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados, o los humillantes controles con los que a diario se sojuzga a los palestinos... o la política engañosa con la que Israel se presenta ante la comunidad internacional queriendo aparecer con interés genuino en la paz, cuando boicotea con muchas actuaciones la posibilidad real de que haya un Estado palestino. Por ello, recientemente, muchos intelectuales israelíes, ciudadanos críticos con su gobierno pero por eso mismo más leales a su Estado, han pedido que se apoye de verdad la creación del Estado Palestino, pieza clave para el logro de la paz. Y por eso mismo, ayer sin ir más lejos, en las calles de Jerusalén se manifestaron israelíes junto a palestinos a favor del reconocimiento de un futuro Estado palestino. Como hemos preguntado otras veces, ¿son antisemitas esos ciudadanos de Israel? No. Pues tampoco quienes desde fuera de Israel criticamos los excesos antidemocráticos de su política, en muchos extremos contraria a los derechos humanos.De todo lo dicho es, al parecer, y con culpable contumancia, de lo que no se ha querido enterar el embajador Schutz, que bien podría haber trasladado a su gobierno la realidad de las opiniones políticas de la ciudadanía española. Esperemos que quien le va a seguir, Alón Bar, que también conoce nuestro país desde hace tiempo, no se vea tan atrapado por insostenibles prejuicios y, por eso, pueda servir mejor a la causa de su Estado, la cual, sus mismos fundadores, pensaron vinculado a la causa de la justicia que se debe a todos, a los judíos y también a los palestinos.Para terminar, me remito al buen artículo de Juan Goytisolo, "Los adioses de embajador de Israel", publicado en El País de hoy (16 de julio 2011), entre otras cosas en respuesta al de Schutz publicado en ese mismo diario días atrás bajo el título "Perspectiva y paciencia" (http://www.elpais.com/articulo/opinion/adioses/embajador/Israel/elpepuopi/20110716elpepiopi_4/Tes)
Europa vive días negros. Pero la oscuridad permite constatar la impotencia política de la Unión y de los Estados de la zona euro a la hora de afrontar los problemas de la deuda, la presión especulativa, el juego sucio de las agencias de calificación y la grave situación de Grecia, pero también de Portugal e Irlanda, países seguidos por Italia y España en cuanto que las primas de riesgo se disparan a consecuencia de la inestabilidad financiera. Tan sombrío cuadro pone fácil acordarse, entre las “pinturas negras” de Goya, de Saturno devorando a su hijo. Es lo que hace el capitalismo financiero, que devora a sus vástagos para acabar no sólo con su vida, sino también con la de él mismo dada su voracidad autodestructiva.Lo que estamos padeciendo durante esta crisis, la cual se agrava hasta hacer dudar de la estabilidad del euro y del proyecto europeo, se asemeja a una de esas fiestas donde los participantes, bajo toda clase de alucinógenos, se lanzan a desenfrenadas orgías que, de no contar con contrapesos limitantes, ponen en peligro la pervivencia de la comunidad. Las saturnales romanas, en las que la entera sociedad se volcaba cambiando carnavalescamente los papeles entre amos y esclavos tenían, con todo su exceso, sus límites. En cambio, la saturnal capitalista en la que estamos es una orgía especulativa en la que nada parece limitarla de manera efectiva.El movimiento de capitales que nos arrastra, tras el máximo beneficio en el menor tiempo, a costa, no ya de la llamada economía productiva, de la que detrae recursos, sino incluso de la viabilidad de países en su conjunto –los expertos veraces anuncian la imposibilidad para Grecia de pagar su deuda tal como se le ha impuesto-, supone la más desmedida exaltación de los poderes del mercado, con inversión de papeles hasta el punto de que son esos poderes económicos los que mandan sobre los Estados.La saturnal es completa y sin visos de vuelta a un orden donde los poderes políticos democráticamente legitimados tomen el control. La desunión entre quienes cargan con los efectos de la especulación financiera favorece el expolio de quienes sin escrúpulos acumulan beneficios. El nacionalismo económico de los fuertes –el caso de una Alemania que toma a Europa como rehén- agrava el sufrimiento de los débiles. Sin embargo, tanta saturnal no reportará para todos sino una especie de nuevo saturnismo cuando por las venas de toda Europa circule sangre contaminada por el plomo de una codicia estructural que a los individuos hará enloquecer entre la avaricia incentivada y el consumo imposible. Como no haya pronto acuerdo en la UE para afrontar tales patologías, tardíos émulos de Rubens pintarán versiones no ya de un devorador Saturno mitológico, sino de un criminal Saturno mitificado. El capitalismo es antropófago.José Antonio Pérez Tapias(Publicado en el diario Granada Hoy el 14 de julio de 2011)
La responsabilidad de proteger en el debate de OSCE PA
Durante la celebración de la XX Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), celebrada en Belgrado (Serbia), del 6 al 10 de este mes de julio, en el debate de su sesión plenaria tuve la oportunidad de intervenir para hacer la propuesta sobre el principio de la responsabilidad de proteger que a continuación transcribo:La Asamblea Parlamentaria de la OSCE debe poner todos los medios a su alcance para promover debates, así como resoluciones, encaminados a establecer, con el máximo consenso posible, las pautas y protocolos de actuación para que, desde los organismos internacionales competentes, y siempre que haya resolución favorable de Naciones Unidas, se aplique adecuadamente el principio jurídico de la responsabilidad de proteger. Invitamos a la presidencia de la Asamblea Parlamentaria a que acepte esta sugerencia, dado además que las aportaciones que desde esta Asamblea se pueden hacer al respecto, máxime con su proclividad al consenso, pueden redundar en beneficio de la comunidad internacional. Por lo demás, trabajar en torno al principio de la responsabilidad de proteger es algo que cuadra perfectamente con los principios fundacionales de la OSCE y de esta Asamblea Parlamentaria, los cuales tienen que ver directamente con derechos humanos, con su protección y con su relevancia para la seguridad internacional. Hay que tener en cuenta también que la responsabilidad de proteger se sitúa en la órbita de la pretensión de jurisdicción universal que muchos sostenemos, así como en la de la Corte Penal Internacional ante la cual se están juzgando ahora crímenes de guerra desgraciadamente cometidos en estos territorios de los Balcanes durante las guerras que los asolaron.La aplicación de este principio es deber ético y obligación político de la comunidad internacional en los casos de graves violaciones de los derechos humanos, como en los casos de genocidio o crímenes contra la humanidad, cometidas por parte de poderes de Estados que precisamente deberían asumir la protección de esos derechos de sus ciudadanos.La aplicación del principio de responsabilidad de proteger, contemplando una gradación de medidas que van desde condenas o sanciones hasta la intervención militar como último recurso, atiende de las exigencias de la dignidad humana, debiendo contemplar también las condiciones y las consecuencias de su puesta en práctica.Tenemos el caso de Libia, donde la intervención de fuerzas armadas de diversos países, respondiendo a la llamada de Naciones Unidas y coordinadas por la OTAN para el cumplimiento de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, ha supuesto operaciones encaminadas a conseguir el cierre del espacio aéreo del país norteafricano, como medida para garantizar en lo posible el respeto a la vida y derechos humanos de la población civil frente a las agresiones contra ella llevadas a cabo por el ejército y por milicias mercenarias del coronel Gadafi. Tales ataques a la población tenían el fin de reprimir las manifestaciones de la ciudadanía a favor de la democracia, reivindicando las libertades inherentes a la misma. Frente a ello, la invocada responsabilidad de proteger que se va abriendo camino en los nuevos planteamientos de derecho internacional, bien es verdad que con notable acompañamiento de polémica acerca de si la misión internacional se excede, o no, en lo que respecta a las actuaciones autorizadas por la mencionada resolución del Consejo de Seguridad.La responsabilidad de proteger, como deber que ha de asumir la comunidad internacional y, por consiguiente, los Estados, a través de su vinculación con los principios y la organización de Naciones Unidas, entra en juego en aquellos casos en que determinados Estados, a través de sus gobernantes, sus fuerzas armadas o cualquier otro poder de los mismos, atenten de manera grave contra la vida y violen derechos humanos básicos de sus ciudadanos en vez de protegerlos y salvaguardarlos, como es su obligación. Esa responsabilidad de proteger, que no pone en cuestión la soberanía de los estados y que tampoco supone entronización alguna de un derecho de injerencia difícilmente defendible, ha ido definiéndose en su estatuto jurídico a través de diversas conferencias internacionales dedicadas a cuestión tan crucial. A su vez, dicho concepto ha entrado en el bagaje jurídico de la ONU desde que Kofi Annan impulsó la protección de los civiles como “imperativo humanitario” en 1998. Además de los motivos humanitarios, en la resolución 1296 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se estableció que “la deliberada selección de poblaciones civiles como objetivo y la comisión de violaciones sistemáticas y flagrantes del derecho internacional humanitario (…) pueden constituir una amenaza a la paz y seguridad internacionales”. Sin embargo, el paso fundamental en cuanto a la doctrina de la responsabilidad de proteger fue dado por la Asamblea General de la ONU a través de la resolución 1674, en el año 2006, de su Consejo de Seguridad. Dicha resolución establece la responsabilidad de la comunidad internacional respecto a la vida y derechos fundamentales de la población civil de Estados en los cuales, de manera injusta, tiránica y criminal, se atenta contra ellos a través de actuaciones susceptibles de ser calificadas como crímenes contra la humanidad.A la vista de las situaciones vividas en relación a Libia a raíz de los procesos revolucionarios vividos en el Norte de África, en donde la urgencia de proteger a la población civil de los ataques de que era objeto justificó la intervención militar allí desplegada, contando también con el apoyo de la Liga Árabe y de la Unión Africana, así como teniendo en cuenta la difíciles circunstancias que se presentan en Siria y otros países árabes, donde desgraciadamente son frecuentes las muertes de ciudadanos y ciudadanas que se manifiestan reivindicando la democratización de los regímenes de sus respectivos países, es tan necesario como importante definir las pautas de actuación que han de seguirse en el cumplimiento por los Estados miembros de la comunidad internacional de la responsabilidad de proteger. En especial es pertinente establecer protocolos que clarifican la gradación de pasos a dar para el cumplimiento de dicha responsabilidad, desde advertencias y sanciones en una primera fase, como ya se dijo, hasta la intervención militar como último recurso, respetando siempre el derecho internacional, el derecho humanitario y los criterios definidos por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional.Es necesario a la vez que urgente proceder a la clarificación de todo lo relativo a esta responsabilidad de proteger, también para dar cuenta ante la opinión pública de nuestros respectivos países de la complejidad de este principio, máxime atendiendo a las circunstancias concretas en que es susceptible de ser aplicado. Ahora mismo, la ciudadanía de los países democráticos está preocupada, como se ha señalado antes, por lo que se está siguiendo de la aplicación de este principio en Libia, así como por la diferencia entre lo que allí se hace y la parálisis ante una situación de clamorosa vulneración de derechos como la que se está dando en Siria, donde el régimen reprime violentamente las manifestaciones civiles por la democracia con el resultado de cientos de muertes que se han producido.Abordar todo ello es necesario para salvar un principio como el de la responsabilidad de proteger, el cual, si no se refuerza desde la comunidad internacional, puede perderse para el futuro. Ante esa posibilidad hay que recordar que es importante la soberanía de los Estados, pero más importante es la dignidad de los individuos. Siendo importante la soberanía de los Estados, nunca debe sacralizarse, mientras que lo que cabe considerar en todo caso como sagrada es la dignidad de los individuos a la que se debe la responsabilidad de proteger.José Antonio Pérez TapiasMiembro de la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la OSCEDiputado del Grupo Socialista del Parlamento de EspañaBelgrado, 9 de julio de 2011
El gen manipulable
La derecha se siente con el viento a favor. Mejor, las derechas, pues no se trata sólo de la derecha política, sino también de la derecha social y de la económica. Para tal constatación, en los tiempos que corren, no hace falta mucha agudeza. Con todo, nunca está uno saturado de sorpresas; siempre hay algunas que destacan sobre lo esperado. Una de ellas nos la ha brindado la CEOE con descarada donosura. Pensábamos que la patronal estaba ocupada apretando las tuercas de la reforma laboral o de la negociación colectiva. Craso error: la inteligencia estratégica de la derecha va más allá y bien que prepara los asaltos para un futuro que vislumbra próximo.Uno de esos asaltos que prepara la derecha es el que planifica respecto al sistema educativo. Como vivimos en tiempos cínicos, las cosas se dicen tan a la cara y directamente que esa voluntad de asalto no se oculta. Así se nos ha hecho patente cuando desde el Instituto de Estudios Económicos vinculado a la organización empresarial, en su informe Educación y Formación Profesional, subraya que la herencia genética tiene “una importancia sustantiva en el rendimiento escolar de los hijos equivalente o algo superior a la del origen socioeconómico”. Tan grosera apreciación, que olvida cosas elementales como que nunca encontramos un genotipo sin su correspondiente fenotipo, resultado ya de la interacción con el medio natural y cultural en que cualquier individuo se desenvuelve, no sólo es científicamente impugnable, sino que es claramente rechazable por la función de encubrimiento que desempeña. Detrás de una afirmación que hace años nadie se hubiera atrevido a hacer, por el desprestigio que hubiera conllevado, late la pretensión anti-igualitaria de apuntar hacia un sistema de enseñanza caracterizado por la segregación entre alumnos según rendimientos.La “empresa” de deslegitimación de una educación en la que la igualdad es un valor viene a apoyar la propuesta lanzada hace poco por la presidenta de la Comunidad de Madrid de establecer un “bachillerato de excelencia”, dedicado a los supuestamente mejores al margen de todos los demás, mediocres cuando menos y condenados al fracaso escolar cuando más. Con un discurso de apariencias meritocráticas, pero que consolida lo dado por diferencias de clase que se quieren esconder tras determinismos biologicistas, se sacraliza la competitividad como pauta de los que, a tenor de lo que la naturaleza manda, no tienen más que “luchar por la supervivencia”. Urge, pues, denunciar el abuso del “gen manipulable” al que los neoliberales se aplican, exceso que no se le pasó por la cabeza a Richard Dawkins cuando puso en boga la metáfora del “gen egoísta” para explicar el fuerte condicionamiento biológico de la conducta humana.José Antonio Pérez Tapias(Publicado en el diario Granada Hoy el 7 de julio de 2011)
Bolívar y la revolución portátil
Hubo quien, en el siglo XVIII, describió a Caracas como “ciudad portátil”. Fue el literato José de Oviedo, que con esa expresión se refería a unos orígenes marcados por la inestabilidad de su asentamiento hasta encontrar acomodo después de “mil mudanzas”. La metáfora, sin embargo, no quedó ahí; de la capital venezolana se extendió al conjunto del territorio a manos del escritor Adriano González en su novela País portátil. Una trama que mezcla el relato de escaramuzas de caudillos criollos en el largo camino de la independencia y la narración de acciones armadas de la guerrilla que actuó en Venezuela a mediados del siglo XX, muestra los vaivenes de la que se proclamó primera república americana emancipada de la corona española. ¿Habrá sobrevenido el momento de hablar de “revolución portátil”, dada la conjunción de circunstancias traída por un inexistente destino para el día en que se celebran los doscientos años de la independencia –en el primer intento- de la actualmente denominada República Bolivariana de Venezuela?
El adalid de la revolución bolivariana que hace notar su influjo en América Latina, el presidente Hugo Chávez, tras permanecer hospitalizado en Cuba para ser operado del cáncer que él mismo ha comunicado que padece, vuelve sorpresivamente a Caracas para los actos conmemorativos de la firma del Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811. La cuestión no se limita solamente a cómo queden unos eventos según la disponibilidad de su principal protagonista, sino que abarca, por lo incierto de la enfermedad del presidente Chávez, al futuro de la revolución por él impulsada. Tratándose de un proceso muy vinculado a su liderazgo, no faltará quien aprecie una gran incertidumbre respecto a lo que haya de venir. Después de todo, hemos visto cómo el epicentro del proceso que tanto depende de él ha vuelto momentáneamente a la ciudad de Bolívar, como el mismo presidente ha dicho en su retorno, de igual manera que antes viajó a La Habana cuando allí se trasladó de urgencia. ¿Cómo puede ser el porvenir de esa “revolución portátil”, que por otra parte se ha querido llevar, siguiendo las intenciones de Bolívar, el Libertador por excelencia, a todos los rincones del continente latinoamericano? ¿Qué resultará, para tan peculiar revolución, de la reelaboración de su mitificada cobertura a través de las conversaciones de un Chávez que acumula ánimo para enfrentar su individual proceso, con un anciano y también enfermo Fidel Castro, cuando de consuno pasan el lema “socialismo o muerte” por el filtro de sus extremas experiencias particulares?
Tales cuestiones desbordan los trances personales, por duros que sean y mucho que merezcan solidaridad y apoyo, para ser cuestiones de insoslayable calado político. Cuando Cuba, gracias al petróleo venezolano, prolonga un régimen mortecino que, retrasando torpemente su democratización, busca cómo salvar algo de lo que históricamente fue su justificación, y cuando Venezuela se ve ante la pregunta de por dónde podrá encaminar un derrotero político que ha discurrido entre el legado de un Bolívar mitificado y un izquierdismo difuso, siempre aderezado de proclamas antiimperialistas, es momento para profundizar –al modo como lo hace Marc Saint-Upéry en El sueño de Bolívar- en qué debe ser y qué puede significar un proyecto socialista para las izquierdas latinoamericanas y, por extensión y salvando distancias, para las de otras latitudes.
Marx, con acritud para muchos injusta, criticó el confuso proyecto y las erráticas actuaciones de un Simón Bolívar embarcado en la emancipación de un continente –o como éste decía, “la mitad de un mundo”- sin una estrategia adecuada. El Libertador basculaba entre su fe republicana y su aristocratismo criollo, sin que de la ilustración de su mentor Simón Rodríguez extrajera un armazón para que sus ideales de libertad e igualdad abarcaran reivindicaciones de indios, negros y mulatos. Quien encarnara la oscilación de la América hispana entre la utopía y el desencanto, como lo recoge Rafael Rojas, legó compleja herencia que no puede quedar encerrada en la maleta de una “revolución portátil”. Una invitación como la formulada en un sugerente libro titulado Tras los pasos de Bolívar, de Oliver Balch, reclama un proyecto de socialismo democrático que pueda responder desde la pluralidad al desafío de la integración latinoamericana –lo necesitamos también para la Unión Europea-. Pensándolo desde la actual coyuntura de Venezuela, si hay un socialismo del siglo XXI necesitará símbolos, pero no mitos.
(Publicado en el diario Granada Hoy el 5 de julio de 2011)
La responsabilidad de proteger en el debate de OSC...

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