Source: http://stajcantabria.blogspot.com/2011/01/
Timestamp: 2020-08-14 01:23:53+00:00

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JUSTICIA CIEGA: enero 2011
Cáceres: El Colegio de Abogados pide que se aplace la Nueva Oficina Judicial
«No estamos en contra de la Nueva Oficina Judicial, que en teoría va a ser absolutamente beneficiosa para el funcionamiento de la Administración de Justicia en el futuro. Con lo que no estamos de acuerdo es con una implantación precipitada y a pesar de tener constancia el Ministerio de Justicia del fracaso de las 'experiencias piloto' realizadas en Murcia y en Burgos». Es lo que afirma un comunicado del Colegio de Abogados de Cáceres, que ha enviado al Ministro de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Los abogados indican que la nueva experiencia, que está previsto que se inicie en Cáceres el 9 de febrero, no debería comenzar hasta que los problemas de Murcia y Burgos no se solucionen.
El pasado 20 de enero en Burgos hubo una manifestación de funcionarios de Justicia, quejándose de que los órganos judiciales están atascados, con 400 expedientes paralizados de juicios por deudas, llegando el atasco a los procesos de separación, divorcio e incapacidades, con fallos graves en la agenda de señalamiento, con suspensión de juicios y diligencias de lanzamiento.
Los letrados afirman que no se ve razonable que se deteriore el buen funcionamiento actual de la mayoría de los juzgados y tribunales cacereños, que tienen unos periodos de respuesta inferiores a la media nacional. «Sería un perjuicio claro a los ciudadanos», dicen.
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El CGPJ impulsa un acuerdo de Estado para agilizar la Administración de Justicia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) trabaja para conseguir un acuerdo de Estado con los grupos parlamentarios que permita que las leyes y las reformas legales imprescindibles para agilizar la Administración de Justicia estén aprobadas, si es posible, antes del próximo verano. Así lo han anunciado el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, y el vocal presidente de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, en rueda de prensa, acompañados de la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.
"Existe un ambiente claro tanto en los grupos sociales como en los políticos para que se alcance este acuerdo", ha explicado De Rosa, quien ha hecho hincapié en que "la Justicia va a ayudar de una forma evidente a salir de la crisis".
El pleno del CGPJ ha aprobado el pasado jueves los informes sobre el anteproyecto de ley para regular el uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia y el anteproyecto de medidas de agilización procesal.
El primer informe ha sido respaldado por unanimidad, mientras que el segundo cuenta con dos voto particulares en contra.
Ambos anteproyectos, aprobados por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, son, según ha recalcado Bravo, "piezas esenciales en el proceso de modernización de nuestra Justicia".
El primero establece las condiciones necesarias para poder tramitar en formato electrónico todos los procedimientos judiciales y el segundo incluye un paquete de medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso-administrativos, reducir costes y racionalizar los recursos.
Según ha recordado Bravo, la reforma limita el régimen de recurso en los juicios verbales (hasta 6.000 euros) y afecta al recurso de casación, elevándose la cuantía mínima para recurrir de 150.000 a 800.000 euros.
De Rosa ha asegurado que estas dos leyes y otras, como la relativa a los tribunales colegiados de instancia, "son las tres patas fundamentales para esta reforma estructural que queremos para la Administración de Justicia".
Por su parte, el vocal José Manuel Gómez Benítez ha destacado que el Consejo ya ha mantenido contactos con diferentes grupos políticos para tratar sobre este acuerdo de Estado.
"Este impulso ha sido acogido muy positivamente por todos ellos", ha asegurado.
El pleno, según Gómez Benítez, también ha acordado una propuesta "para que entre las reformas que hay que abordar urgentemente se incluyan también las más necesarias reformas del proceso penal".
Según ha indicado, el Consejo cree además necesario instar a introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal una mejora de la regulación del secreto de las actuaciones judiciales, ya que, según ha dicho, "no parece razonable que se prorrogue durante años y sólo exista obligación de levantarlo 10 días antes de que el juez acabe la instrucción".
Fuente: La Ley
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Santiago: Dos jueces estrella entran en la plantilla de Fontiñas
La plantilla del edificio de los tribunales de Fontiñas registrará en cuestión de días dos altas de sendos profesionales que, al menos dentro del ámbito gallego, podrían considerarse jueces estrella. Se trata de Carmen Veiras Suárez, que, al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Corcubión, se ocupó durante el último lustro de gestionar un sumario que ya excede los 115.000 folios, el caso Prestige, y José Antonio Vázquez Taín, quien procede del Penal 2 de Coruña, si bien fue en otro, el 1 de Vilagarcía, donde había adquirido proyección mediática, al erigirse en auténtico azote de los narcos, concentrando desde allí el 30% de los decomisos de la cocaína incautada en toda España del 99 al 2005.
Ambos gozan de la condición de magistrados, aunque ella acaba de estrenarla, mientras que a él lo ascendieron a mediados de la década pasada.
En virtud de un par de resoluciones firmadas por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el 30 de diciembre en Madrid y dadas a conocer el sábado pasado a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), Veiras asume el mando del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santiago y Vázquez Taín, el del Juzgado de Instrucción número 2 de Compostela, cuyo gobierno había quedado vacante en noviembre, cuando su hasta entonces titular, Francisco Javier Míguez Poza, decano de los togados de la demarcación en el período 1998-2010, solicitó una excedencia voluntaria por «interés particular».
A pesar de la mucha dedicación que la depuración de responsabilidades por la tragedia del Prestige le ha venido exigiendo, la jueza para nada percibirá en sus quehaceres diarios un bajón. «Trabajo no le va a faltar, desde luego. Los juzgados de contenciosos de Santiago están saturadísimos, los cargan con el doble de actividad que la media de los gallegos. Necesitamos un tercero ya, con urgencia», advierte el decano de los abogados compostelanos, Evaristo Nogueira.
Entretanto, Vázquez Taín deberá lidiar también con sus miuras. Heredará, entre otros, el absorbente sumario de la operación Trucarro, con numerosos ejecutivos de concesionarios y talleres de coche acusados de manipular cuentakilómetros de vehículos para facilitar su venta, y el de Montebalsa, sobre la comisión de posibles delitos de prevaricación y falsedad documental en la tramitación de obras del Concello.
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Navarra: La Audiencia estima que la entrega de la vivienda permite saldar la hipoteca
La Audiencia Provincial de Navarra ha emitido el primer dictamen judicial en España que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria, a pesar de que el valor del inmueble se haya depreciado, según el auto dictado el pasado 17 de diciembre.
El auto considera que el banco "no habría concedido el préstamo si la finca no hubiera tenido un valor suficiente para garantizarlo, que fue fijado por la entidad ahora ejecutante". Además, destaca que en el contrato se reconoce que el inmueble tenía un valor "superior al principal del préstamo".
Además, el tribunal señala que la actuación del banco "no constituye un abuso de derecho", pero sí que es "moralmente rechazable" que la entidad alegue la disminución de valor de la finca que servía como garantía "para intentar continuar la ejecución".
En este caso, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La justicia, ha dado la razón al consumidor, entendiendo que la casa cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como "dación en pago".
La entidad se tuvo que quedar con el inmueble tras celebrar una subasta que quedó desierta y continuó exigiendo los pagos mensuales al propietario deudor.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra desestima así el recurso presentado por el BBVA contra la sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que dio también dio la razón al hipotecado.
En el auto, el tribunal recuerda que parte de la crisis fue provocada por "la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias, recuérdese las "hipotecas basura" del sistema financiero norteamericano".
No obstante, los magistrados consideran que el banco ejecutor "no es causante de la crisis económica" y que su actuación "se ajusta a la literalidad de la ley". Sin embargo, advierten de que su actuación es "moralmente intranquilizante", por considerar hoy que el valor del inmueble es inferior al que es su día se fijó como precio de tasación para la subasta.
Según explicó la asociación OCU, representante legal del hipotecado, este auto supone una decisión "pionera" y "contraria" a los planteamientos del Gobierno, que hasta la fecha se ha mostrado contrario a modificar la Ley Hipotecaria para permitir esta práctica o introducir la figura de la "dación en pago".
La normativa actual contempla que el consumidor que no puede pagar su hipoteca debe entregar la vivienda a la entidad financiera y que, en el caso de que una tasación muestre que el inmueble ha perdido valor, debe abonar la cantidad restante.
Fuente: cantabria24horas.com
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Cantabria: El TSJ retoma el programa didáctico "Educando en Justicia"
El programa Educando en Justicia que desarrolla el Tribunal Superior de Justicia con centros escolares de Secundaria de Cantabria comenzó el pasado miércoles con la visita de estudiantes del Colegio Atalaya de Santander al Palacio de Justicia de Las Salesas. El TSJ retoma de esta forma una actividad que cumple seis años de funcionamiento en los que escolares de Secundaria de colegios e institutos cántabros han tenido la oportunidad de acercarse a la Justicia para ver cómo funciona por dentro.
En esta VII edición que ahora comienza ya se han inscrito doce centros -entre colegios e institutos- de Santander, San Vicente de la Barquera, Santoña, Los Corrales de Buelna, Camargo, Astillero y Torrelavega.
Como novedad, este curso el programa se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de Las Salesas.
Si hasta ahora los centros recibían la visita de un juez para realizar un simulacro de juicio en el centro y luego eran los estudiantes quienes visitaban el Juzgado, el nuevo formato permite a los participantes tener un contacto con los tribunales desde el principio.
De este modo, los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a un juicio y el mismo día interpretar un juicio simulado en un escenario real, una sala de vistas auténtica.
Además, podrán conocer otras dependencias del Palacio de Justicia, como el Registro Civil, la Sala de Matrimonios o incluso los calabozos.
Fuente: cantabrialiberal.com
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Trebolle: 'Nunca hasta el año pasado tuvimos tantos asuntos penales en la Audiencia'
Diplomático pero persistente y estratega, el presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid, Feliciano Trebolle, es capaz de aunar voluntades y de calmar los ánimos más exaltados. A él le deberá la ciudad la reunificación de juzgados en un Campus y en una zona accesible como Villa de Prado.
Pregunta.- Casi ha transcurrido el primer mes de 2011 y el Ministerio de Justicia no ha convocado el concurso de ideas para el Campus de la Justicia ¿se está ralentizando el proyecto?
Respuesta.- En principio calculamos que todo el proceso burocrático duraría dos años. Ha transcurrido un año y nos queda otro. Siempre pensamos que en 2012 comenzarían las obras. Quizás llevamos algo de retraso y ojalá que desde el Ministerio se solventen todos los trámites pendientes en 2011 pero el tiempo va avanzando. Lo ideal es que en 2012 empiecen las obras. Vamos a estar vigilantes para que los trámites se cumplan.
P.- Durante la celebración de los 50 años del Palacio de Justicia hubo una reivindicación unánime de la judicatura, los abogados, los procuradores y los trabajadores de Justicia en general para que la Fiscalía y la Audiencia Provincial estén dentro del Campus ¿Se sabe ya si va a ser así?
R.- De lo que no tengo ninguna duda es que deben estar dentro del Campus y de que sólo puede haber dos edificios, el Campus de la Justicia y el Palacio de Justicia, buque insignia, pero este para albergar la sede del TSJ. Que la Audiencia y la Fiscalía queden dentro del Campus es la única forma de que los trabajadores y los ciudadanos puedan solventar sus problemas. El rumor de que estos dos órganos iban a quedar fuera del Campus está ahí y quizá tuvo su origen en la crisis económica y en la cuantía presupuestaria que asignó el Ministerio, pero espero que no llegue a ser verdad.
P.- ¿Cuántos juzgados va a pedir al Ministerio este año?.
R.- Necesitamos un séptimo juzgado de Instrucción, un quinto de lo Social, un decimoquinto de Primera Instancia e Instrucción, un quinto de Penal y el tercero de Primera Instancia e Instrucción de Medina del Campo. Soy consciente de que no se van a crear todos los que pido pero aún así no puedo dejar de mostrar mi satisfacción porque en los últimos siete años se ha creado una media de dos juzgados por año en Valladolid y eso es lo que me gustaría, como mínimo en 2011. Si tuviese que apostar por dos me inclino por Instrucción número 7 y lo Social 5. Además, necesitamos más personal en Medina del Campo y los refuerzos necesarios para desatascar el trabajo que hay en este momento en ese partido judicial.
P.- Año tras año desde la Delegación del Gobierno insisten en que la criminalidad baja ¿también baja el número de asuntos penales?.
R.- El dato objetivo es que el número de asuntos no baja en los órganos jurisdiccionales penales. La tendencia es que año tras año aumentan. Quizás el volumen de asuntos registrados en los juzgados penales en 2010 deriven de los registrados en los juzgados de instrucción y que ello pueda traer su causa de la situación de crisis económica que atraviesa nuestro país.
P.- ¿Es la peor etapa desde que usted es presidente de la Audiencia Provincial?
R.- Desde que soy presidente de la Audiencia las secciones penales nunca habían alcanzado el volumen de asuntos de registro y resoluciones dictadas que se alcanzó en 2010.
P.- Usted es uno de los impulsores de la Mediación Penal, un sistema implantado hace dos años con mucho éxito pero que el Ministerio no financia. Y usted se encarga de buscar subvenciones entre las instituciones públicas ¿no es una injerencia? ¿No peligra la independencia del poder judicial?
R.- No, no existe peligro. Soy partidario de que haya relación institucional y de que esta sea lo más fuerte posible. Es cierto que lo ideal sería que el Gobierno sufragase la mediación pero también es cierto que Europa demanda a España que introduzca esta medida y que Valladolid es una de las ciudades donde se lleva a cabo esta experiencia piloto.
P.- El Ayuntamiento ya dejó de subvencionarles en 2010 ¿que ocurría si este año no consiguiesen financiación?
R.- Pronto vamos a iniciar las gestiones. La limitación de las subvenciones implica la limitación en el número de casos que se puedan llevar a mediación, con el consiguiente perjuicio para el ciudadano.
P.- ¿Se va a extender a otros ámbitos?
R.- Es posible que entre febrero y marzo firmemos el convenio para implantar la mediación familiar, un sistema que eliminará las fricciones entre cónyuges que se separan o divorcian y que va a favorecer a los hijos de esa pareja que ha llegado a una situación irreversible en la que el matrimonio ha fracasado pero sigue teniendo ese interés común.
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Cochabamba, Bolivia: Los juicios tardan hasta nueve años para sentencia
Son 700 causas en movimiento en cada uno de los juzgados de sentencia del municipio de Villa Tunari en el trópico de Cochabamba, de las cuales ni el 2 por ciento fue resuelta en el último año. Sólo en el juzgado de sentencia número 2 fueron resueltos aproximadamente 10 juicios. Así lo informó el juez técnico de sentencia, Eduardo Arce, que desde el año pasado no cuenta con un oficial de diligencias y un secretario para impulsar de forma adecuada cada uno de los procesos.
La falta de personal, infraestructura y las distancias alejadas para notificar a los jueces ciudadanos y testigos, como también otros problemas son la causa de la mora judicial.
Casi la mitad de estos procesos pendientes corresponden a los delitos de narcotráfico. El Ministerio Público tiene por lo menos 300 en cada juzgado que no puede resolver. Para el fiscal de Sustancias Controladas, Miguel Trigo, en una mayoría los involucrados deben ser juzgados en rebeldía.
“Hay juicios de 2005 que esperemos se resuelvan el 2011”, manifestó.
Dijo también que con las nuevas disposiciones legales, en los delitos de narcotráfico, no existe la prescripción.
Pero, los procesos no son sólo desde el 2005, existe información de que incluso corresponden a la gestión del 2002 en el primer juzgado mientras que el segundo tiene desde el 2007 que fue el año de su creación.
Esta situación se repite en el distrito de Cochabamba donde desde el 2 de enero de 2010 hasta el 5 de diciembre de ese año la Corte Superior de Justicia tiene más de 76 mil procesos pendientes. En algunos casos, el número de pendientes es mayor al de resueltos. Esto es evidente en los tribunales de sentencia donde ingresaron 323, se resolvieron 179 y quedan pendientes 1.283.
Lo mismo ocurre en los juzgados de Sentencia, de Ejecución Penal, Instrucción Cautelar e Instrucción Civil.
En Villa Tunari existen dos tribunales de Sentencia. Cada uno debe contar con un juez, el secretario y el oficial de diligencias o actuario. Desde marzo del año pasado el Tribunal de Sentencia 2 no tiene un oficial de diligencias y en noviembre renunció el secretario. Esto obliga a que el juez sea quien atienda directamente a los litigantes, abra la oficina, reciba memoriales y otros trámites propios del personal de apoyo. A raíz de esto, el juez Arce tiene que “prestarse” a la secretaria de otro juzgado que hace su trabajo y tiene estos turnos extraordinarios. “Los casos pendientes se llevan adelante, pero falta celeridad con los funcionarios”, dijo.
Recordó que hizo la solicitud al Consejo de la Judicatura donde le informaron de la designación del secretario -en diciembre- pero desde entonces no se presentó el funcionario.
El responsable distrital del Consejo, Jhonny Ledezma, dijo que la atribución de designación es propia de la presidencia de la Corte. “Cada año sacamos la convocatoria en febrero y la lista de quienes se habilitan para estos cargos se envía a presidencia, son entre 90 y 120 nombres”, indicó.
Para Ledezma no es fácil designar personal para provincias, en especial en zonas alejadas. Esto se debe a que el presupuesto para el salario (Bs 2.500) es indistinto al lugar donde presta sus funciones.
La falta de recursos económicos afecta también a la implementación de infraestructura. Este año el presupuesto se redujo de 400 mil bolivianos a 150 mil.
En Villa Tunari las oficinas del Poder Judicial están ubicadas en una vivienda frente a la Plaza Principal. Los tribunales de sentencia funcionan en la parte de adelante. Se habilitó uno de los ambientes con cortina metálica para la sala donde se llevan a cabo los juicios. En este caso se cumple lo que dice la ley, que los juicios son públicos toda vez que cualquier persona que circula por el lugar puede participar del mismo. Lo que no se respeta es el silencio en la sala de audiencia. Los ruidos son propios del lugar. El espacio de al lado, también con cortina metálica, funciona como la oficina del juez que no tiene personal de apoyo.
﻿Lanchas para buscar jueces ciudadanos
﻿Uno de los principales problemas para resolver los procesos pendientes es la conformación del tribunal de sentencia con los jueces ciudadanos.
Si bien la selección de los mismos (por sorteo) es inmediata, su notificación se dificulta. El oficial de diligencia debe recorrer a pie y hasta en lanchas las diferentes poblaciones en busca de los ciudadanos que según la ley participan como juzgadores dentro de un juicio oral en materia penal. A veces se tarda hasta un mes en encontrar la dirección, pero se presentan otros problemas como el cambio de domicilio, abandono y otros aspectos que no se reportan. Pese a los esfuerzos del personal, muchos de ellos no se presentan y se debe empezar de nuevo.
Las víctimas que tenían la esperanza de contar con un proceso ágil de administración de justicia, una vez más deben esperar. Al principio los incidentes, recusaciones, etcétera que muchas veces se conocen como “chicanerías” de los abogados forman parte de la etapa más difícil.
Los tribunales de sentencia están integrados por cinco jueces, dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos. Los dos jueces técnicos son abogados de profesión, elegidos de acuerdo a disposiciones de ley y son quienes en realidad aplican las leyes. Si alguno de los jueces ciudadanos no se presenta genera un círculo vicioso que entraba el proceso y retarda el accionar de los jueces técnicos en perjuicio de las víctimas.
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Dívar le dice a Caamaño que la austeridad en Justicia no significa pobreza
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, señaló en presencia del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que la austeridad es una de las características de la Justicia pero que no debe confundirse con la pobreza, ya que la institución "debe defender su dignidad" y contar con los medios necesarios para resolver las cuestiones sometidas a su consideración.
Dívar realizó estas manifestaciones durante el acto de presentación de un acuerdo que amplía el contenido del III Plan de actualización del Tribunal Supremo con el fin de ampliar la plantilla del gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este órgano con 19 nuevos magistrados y 9 letrados.
Durante su intervención, Dívar ha señalado que la Justicia se caracteriza por la independencia, el silencio y la austeridad. La primera es "en todo instante la gran protagonista del Estado de Derecho, según Dívar, que ha añadido que los jueces "deben ser silenciosos porque con nombre propio no tienen nada que decir" y cuando dictan resoluciones "son la voz del Estado".
AL DÍA EN 2012.
Sobre el convenio suscrito por el Ministerio para reforzar los medios en el Tribunal Supremo, Dívar ha recordado que se ha fijado el 2012, fecha en la que se celebra el bicentenario de la institución, como fecha para poner este órgano "al día", si bien para ello tiene que contar con los medios necesarios.
Por ello, se felicitó del refuerzo al gabinete técnico, al que se refirió como pieza indispensable para acabar con la pendencia en el alto tribunal.
"El Estado de Derecho es una creación bella y reciente, son muy pocos los países que pueden disfrutarlo -ha dicho Dívar-. Y eso sólo se consigue con unos tribunales independientes y ágiles".
Por su parte, Caamaño ha recordado que el relevante papel del Tribunal Supremo ya fue destacada en el Pacto de Estado para la Justicia suscrito hace 9 años y que este órgano "mantiene hoy todo su pulso y vitalidad por el enorme prestigio que ha sabido ganarse".
Una plasmación práctica de este compromiso han sido los tres planes bianuales de actualización de este órgano, el último de los cuales (del que forma parte el refuerzo acordado hoy) tiene un presupuesto de 12 millones de euros, según ha explicado el ministro.
Finalmente, ha recordado que hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años los asuntos que entran en lo juzgados han sufrido un incremento del 33 por ciento y que el trabajo de su Ministerio va en el sentido de afrontar esta situación mediante el refuerzo de medios humanos y tecnológicos.
Así, ha señalado que se camina hacia el expediente digital, para que los archivos judiciales de papel sean sustituidos por bases de datos electrónicos. "En un par de meses la Audiencia Nacional será el primer órgano con expediente electrónico, y esperamos que en 2012 también eso sea así en el Tribunal Supremo", ha concluido.
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Zaragoza: La DGA pretende abrir el Servicio Común de Ejecuciones civiles el 1 de septiembre
La entrada en funcionamiento del Servicio Común de Ejecuciones de la jurisdicción civil en Zaragoza, el órgano al que todos los operadores judiciales señalan como la clave para desatascar la congestionada administración de Justicia en la capital aragonesa, ya tiene fecha: el 1 de septiembre.
Esta unidad será la primera de las de la Nueva Oficina Judicial que entre en funcionamiento en la capital aragonesa. Se dividirá en varias secciones que incluirá una dedicada a la averiguación de bienes de los demandados, otra especializada en embargos, una más para realizar subastas electrónicas y así hasta ocho departamentos cuya finalidad principal será agilizar la ejecución de resoluciones dictadas por los juzgados de Primera Instancia.
Estos tribunales acumulan en la actualidad más de 40.000 sentencias pendientes de materializar cuando el resto de las jurisdicciones suman otras 30.000.
Para llegar a esa fecha, la Administración de Justicia ha tomado varias medidas. Una ha consistido en habilitar 16 funcionarios de refuerzo para los juzgados de Primera Instancia que, tras dedicar este mes de enero a adquirir la formación que requieren, tendrán como cometido la gestión del cambio, cuya principal exigencia consiste en lograr que coincidan los expedientes físicos que tramitan los juzgados con los registrados en el programa Minerva. El Servicio Común deberá tramitar de forma simultánea legajos procedentes de varios tribunales, precisamente para agilizar su ejecución.
Para llegar al 1 de septiembre, la implantación del nuevo sistema debe cumplir otros requisitos. Por un lado, el Gobierno de Aragón debe crear --y aplicar-- la nueva relación de puestos de trabajo de los empleados de la jurisdicción civil, ya que la mitad de ellos pasarán al servicio común de ejecución mientras que el 50% restante permanece adscrito a los juzgados.
Paralelamente, deben realizarse algunos cambios de ubicación en el edificio de la plaza del Pilar, ya que el servicio común se situará en la quinta planta mientras las unidades judiciales se instalan en la segunda y la tercera del ala en la que se encuentran en la actualidad.
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Murcia: La maldición del juzgado de guardia
Un problema informático provocó el pasado sábado que 21 detenidos acusados de diversos delitos prestasen declaración con varias horas de retraso en el Juzgado de Guardia de Murcia, en las dependencias del Palacio de Justicia, una circunstancia que desencadenó numerosas quejas, tanto del personal de guardia como de los abogados, familiares y acompañantes de los arrestados y denunciantes. Desde hace meses los funcionarios vienen expresando sus quejas por el mal funcionamiento del sistema informático, especialmente durante los fines de semana, que se aprovechan para realizar «labores de mantenimiento».
En cambio, el sábado, a las nueve de la mañana, hora en la que empiezan a tomar declaración a los detenidos, los ordenadores no respondieron y los funcionarios tuvieron que esperar de brazos cruzados hasta las 12 para que se subsanaran las deficiencias del sistema. Esta situación hizo que hasta 21 personas compartieran los calabozos del juzgado, la mayoría por delitos de tráfico, robo, violencia doméstica, pornografía infantil y abusos sexuales.
Uno de los primeros citados era un varón acusado de malos tratos que tenía que prestar declaración a las nueve de la mañana, aunque eran las cuatro de la tarde y todavía no había pasado ante el juez. La mujer que le denunció también aguardó más de ocho horas en el juzgado para dar su versión e incluso le pidieron que volviera después de comer. En el hall del Palacio de Justicia aguardaban varias decenas de personas esperando su turno, según las fuentes consultadas, con el consiguiente cabreo por lo que consideraban una injustificada demora.
Personal del juzgado de instrucción número 7, en labores de guardia, aseguró ayer que este tipo de incidencias con el sistema informático se producen «día sí, día no», y acusan a la Administración de Justicia de no haber atendido sus quejas.
El jueves 13 de enero también ocurrió algo similar, aunque en este caso todavía fue más allá, ya que los equipos no pudieron empezar a trabajar hasta las tres de la tarde.
Los funcionarios de Justicia criticaron la falta de medios para desempeñar sus labores con normalidad -aseguran que hay expedientes desperdigados por los suelos y fotocopiadoras e impresoras que están rotas- y expusieron que entre las personas que tuvieron que permanecer más horas de lo debido esperando había lesionados y víctimas de violencia de género, así como niños, según estas fuentes.
El Juzgado de Guardia incluso tardó varias horas más de lo previsto en conceder una licencia de enterramiento solicitada, una autorización que también corresponde al juzgado al hacer las veces de Registro Civil durante el fin de semana. En este caso, los funcionarios de Justicia tuvieron que expedir el documento a mano, aunque, según confirmaron, no es lo habitual.
Una carta a Martínez Moya
Los funcionarios de Justicia han hecho llegar una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Juan Martínez Moya, para trasladarle las quejas, quien se comprometió a investigar las causas de estos fallos informáticos. Un informático del TSJ arregló el problema sobre las doce de la mañana, aunque para los trabajadores no es suficiente, pues aseguran que no es de recibo que si hay constancia de que el problema se repite no se opte por soluciones definitivas para acabar con esta particular maldición del Juzgado de Guardia de Murcia.
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Palencia: El INSS albergará a la Audiencia y los juzgados mientras duren las obras
La Administración de Justicia busca un emplazamiento para convertirse en sede de los siete juzgados de Instrucción, el Juzgado Penal, la Fiscalía y la Audiencia mientras duren las obras de remodelación del Palacio de Justicia, en la plaza de Abilio Calderón. Si se cumplen los plazos anunciados por el Ministerio de Justicia, los trabajos se iniciarán a finales de 2011 y durarán dos años.
El edificio del Instituto Nacional de la Seguridad Social situado junto al centro de salud de Jardinillos será probablemente la sede de los tribunales durante esos dos años, puesto que este edificio quedará desalojado en unos meses, cuando los funcionarios del INSS se trasladen a las nuevas oficinas en el Sector 8.
El objetivo del Ministerio de Justicia es trasladar allí también al juzgado número 1, que ahora está en la AISS, y al Juzgado de lo Penal, para comenzar con la unificación de los servicios judiciales. Además, la Diputación de Palencia tiene previsto instalar en el actual Juzgado de lo Penal la sede definitiva del Patronato Provincial de Deportes, una vez que quede libre.
Caamaño asume la petición de las comunidades sobre gestión de personal que ha trasladado Mediavilla
Mediavilla se ha mostrado "relativamente optimista" ante la postura del Ministerio de Justicia, desgranada por su titular, Francisco Caamaño, quien, según ha detallado el consejero cántabro, ha supeditado la aprobación de la reforma a que la propuesta obtenga el "suficiente apoyo parlamentario, en el marco de un consenso sobre la Justicia más amplio".
Cantabria, Navarra y La Rioja conformarán en los próximos días un grupo de trabajo que, en representación de las doce Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia, presentará al Ministerio de Justicia antes de que concluya el próximo mes de febrero una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la que se contemplará la transferencia de las competencias normativas sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.
Así lo ha explicado el consejero de Justicia, Vicente Mediavilla, que ha ejercido de portavoz de las Autonomías en la Conferencia Sectorial de Justicia que se ha celebrado ayer por la tarde en Madrid, y en la que el titular cántabro ha expuesto los acuerdos alcanzados en la Comisión de Coordinación que Santander acogió la semana pasada.
Así, antes de que concluya el próximo mes de febrero, las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio la propuesta con el compromiso, adquirido hoy por el ministro, de que ésta sea "transmitida al Congreso de los Diputados para buscar el mayor consenso posible", ha explicado Mediavilla.
En este punto, el consejero cree que, como la propuesta contará, de inicio, con el acuerdo de las doce Comunidades Autónomas con competencias en Justicia - en la que están representadas siete formaciones políticas diferentes (PP, PSOE, PRC, UPN, CC, CIU y PAR)- "no tendría que ser difícil mantener el consenso en una propuesta que nacerá de él".
REFORMA DE LA JUSTICIA GRATUITA
Mediavilla también ha mostrado su satisfacción por la "disposición" del Ministerio del Justicia de introducir mejoras en la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en coherencia con la postura que han defendido todas las Comunidades Autónomas para que se vincule "exclusivamente" la concesión de este beneficio a la carencia de recursos para litigar.
El consejero cántabro ha explicado que el Ministerio ha propuesto a las Autonomías perfeccionar el modelo actual para garantizar el acceso a aquellos ciudadanos que "verdaderamente tengan recursos limitados" para así "racionalizar y ofrecer un servicio más eficiente".
En este sentido, Mediavilla ha abogado por un "nuevo modelo de gestión" del turno de oficio para adecuarlo a las necesidades actuales y que "todo ciudadano con recursos limitados vea garantizado su derecho de ser asistido de forma gratuita por un abogado y un procurador".
IMPULSO A LA MEDIACIÓN
Por otro lado, el consejero de Justicia cántabro ha destacado la importancia de que el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Justicia "vayan de la mano" para potenciar la institución de la mediación, en referencia a los proyectos de Ley que ambas administraciones han planteado para "reducir la carga de los juzgados y ofrecer al ciudadano tiempos de respuesta más ágiles y cortos".
De cualquier forma, Mediavilla ha indicado que el proyecto de Ley de Mediación de Cantabria, remitido ya al Parlamento regional, resulta "más ambicioso" y supera el ámbito de aplicación del proyecto estatal presentado hoy a las CC.AA, dado que se circunscribe únicamente a las jurisdicciones civil y mercantil.
En opinión del consejero, Cantabria va a más allá de la ley básica del Estado y apuesta por la institucionalización en Cantabria de la mediación desde un punto de vista "integral". De hecho, ha asegurado que Cantabria será la primera comunidad autónoma que impulsa una norma en este ámbito que resulta aplicable en todos los órdenes jurisdiccionales: civil, social, penal y contencioso-administrativo.
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Etiquetas: Cantabria, Nacional
Ciutadella: Justicia alquila un local para trasladar uno o dos juzgados
La Conselleria de Interior y Justicia del Govern balear tiene ya apalabrado un local en Ciutadella para trasladar parte o la totalidad de los dos juzgados de Instrucción y Primera Instancia que actualmente se ubican en la calle República Argentina. La Conselleria ha mediado ante el Ministerio de Justicia para hallar una solución provisional a la falta de espacio de las actuales dependencias judiciales, ante el retraso en la construcción de la nueva sede en los terrenos de Santa Rita, aún pendientes de expropiar.
El local que está prácticamente comprometido se encuentra en la calle Valencia, no muy lejos de las actuales dependencias judiciales. Desde el Govern balear no quieren facilitar aún la ubicación concreta del edificio, puesto que restan por cerrar algunos flecos con los propietarios del inmueble. Eso sí, se sabe que será lo suficientemtene amplio para descongestionar los juzgados de República Argentina.
El Govern ha dado con este local a través de una agencia inmobiliaria, después de visitar varios edificios propiedad tanto de agencias como de particulares que ofrecieron sus locales al Ejecutivo autonómico a través del Ayuntamiento de Ciutadella tras conocer que se buscaba nueva sede.
Una de las ventajas del edificio escogido es, según explica la directora general de Justicia del Govern, Marta Díaz, que sus actuales propietarios son a la vez constructores, con lo cual la adaptación del inmueble a las características propias de un edificio judicial debería ser más fácil. En este sentido, el Ministerio, a través de la subsecretaria de Estado de Justicia, se ha comprometido con el Govern balear a tener disponible una partida presupuestaria a partir del próximo mes para afrontar el alquiler del local. Ahora solamente falta el contacto directo entre el Ministerio y los propietarios del local para cerrar el acuerdo.
¿Uno o dos juzgados?
Una vez escogido el edificio, falta por definir qué uso concreto va a tener. Marta Díaz admite que al Govern le gustaría que estas nuevas dependencias acogieran los dos juzgados de Instrucción y Primera Instancia que se ubican actualmente en la calle República Argentina.
“Ese edificio se ha quedado pequeño, ya que se diseñó para un solo juzgado, y tiene evidentes problemas de accesibilidad, como por ejemplo una escalera muy empinada”, asegura la directora general. No obstante, desde el Ministerio de Justicia, propietario del edificio, no están ahora mismo por la labor de trasladar los dos juzgados, puesto que no quieren dejar sin utilizar un edificio de su titularidad.
En este sentido, desde el Govern proponen que la sede de la calle República Argentina acoja el Juzgado de lo Social, ubicado actualmente en el edificio de Correos en la plaza del Born. Para mantener esta sede, el Consistorio debe pagar un alquiler, algo que se evitaría si estas dependencias se trasladaran a la calle República Argentina.
De momento no hay nada cerrado, y no se sabe si el traslado afectará a todos los juzgados, aunque en este sentido Marta Díaz asegura que “como mínimo un juzgado se ubicará en la calle Valencia”. El Govern quiere atender así la petición del Ayuntamiento de Ciutadella de descongestionar el actual edificio judicial al ver que el proceso para hacerse con la titularidad de los terrenos de Santa Rita se demora en el tiempo, y no se entrevé ahora mismo un final rápido.
Cabe recordar en este sentido que la alcaldesa Pilar Carbonero ha iniciado el proceso para declarar como lesivo el expediente que fijaba el precio a pagar por los terrenos de Santa Rita. De aceptarse esta declaración, implicaría empezar de nuevo el procedimiento para fijar el precio de los terrenos.
Los juzgados de Mahón, en junio
Finalmente, los nuevos Juzgados de Mahón se inaugurarán el mes de junio. Así lo ha confirmado la directora general de Justicia del Govern balear, Marta Díaz, quien temía que las obras se retrasaran y la nueva sede judicial no pudiera estar en funcionamiento hasta el segundo semestre de este año. Desde el Ministerio de Justicia, explica Díaz, se ha corroborado que las obras evolucionan a buen ritmo y que la entrada en funcionamiento de los nuevos juzgados será en junio.
La construcción del nuevo edificio judicial tiene un presupuesto de 5,1 millones de euros, y la ejecuta la empresa madrileña Vías y Construcciones. Las obras comenzaron el pasado mes de marzo, y a pesar de que la constructora tenía un año y medio de plazo para finalizar sus trabajos, seguramente los habrá finalizado en quince meses. La nueva sede constará de tres plantas y un sótano que acogerá siete órganos judiciales: seis juzgados de primera instancia e instrucción, un juzgado de lo Penal, la Fiscalía, cuatro salas de visita, la sala Forense, el Decanato y otras dependencias que mejorarán las actuales instalaciones.
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Etiquetas: Baleares
Benidorm: Un incendio obligó a cerrar los juzgados
Aún no se había celebrado ningún juicio y los primeros detenidos no habían llegado a los calabozos cuando un incendio en el cuadro eléctrico obligó el viernes a desalojar el Palacio de Justicia de Benidorm. Las llamas se iniciaron pasadas las nueve y media de la mañana en el cuadro eléctrico ubicado en la primera planta y fueron extinguidas sin mayor problema con unos extintores. Pero una negra humareda se propagó por las dos plantas superiores y obligó a unas 250 personas que se encontraban dentro a abandonar el inmueble, según fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.
Las consecuencias del fuego no tardaron en hacerse patentes. Los cerca de 130 funcionarios que trabajan en las dependencias tuvieron que marcharse a sus casas porque éstas quedaron cerradas, según informó el decano de los jueces de esta demarcación, Enrique Ortolá.
Los bomberos abrieron ventanas y utilizaron ventiladores de presión positiva para expulsar el humo de todas las estancias. El incendio se dio por extinguido a las once y media de la mañana, según el Consorcio Provincial.
No obstante, los juzgados dejaron de funcionar porque el suministro de luz, la línea telefónica y el sistema informático se habían visto seriamente afectados. Un número no precisado de juicios y diligencias que habían sido señalados con antelación tuvieron que ser suspendidos.
Guardia en comisaría
Ortolá indicó a los medios que el cierre del Palacio de Justicia obligó a la juez de guardia a trasladarse a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Benidorm para interrogar a dos presuntos delincuentes de forma urgente.
El desalojo también generó algunos momentos de tensión entre ciudadanos que llevaban meses esperando a que se celebraran sus respectivos juicios.
Eso sí, el Registro Civil pudo oficiar una boda, lo que tranquilizó a una joven pareja que momentos antes no ocultaba su nerviosismo al desconocer si podrían llevar a cabo sus planes. Los responsables del juzgado les ofrecieron celebrar el enlace en algún hotel de la ciudad, pero finalmente su compromiso matrimonial tuvo como escenario una sala que no se había visto afectada por el humo.
A la salida del edificio, los recién casados comenzaron a fotografiarse con los camiones de bomberos de fondo para guardar un recuerdo de su accidentada boda.
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El Salvador: Trabajadores de tribunales se reintegran a sus labores
Los tribunales y oficinas administrativas del Órgano Judicial han reestablecido hoy al 100% sus labores, luego de alcanzar un acuerdo sobre el establecimiento de una mesa de negociación para continuar con las negociaciones sobre el aumento salarial, tema que ocasionó la paralización de labores por una semana.
Anoche, los representantes de los sindicalistas y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con la presencia del procurador de Derechos Humanos, Óscar Luna, firmaron un acuerdo en el que determinaban la continuidad del diálogo para solventar la problemática, pero el principal requisito era reanudar las labores.
Hoy por la mañana, Renato Sifuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), se dedicó a divulgar en las oficinas administrativas, a través de parlantes, parte del documentado del acuerdo firmado.
Ayer por la tarde, la mayoría de los empleados judiciales se habían presentado a sus lugares de trabajo, pero no cumplieron con sus funciones respectivas.
Hoy, Florentín Meléndez, Magistrado de la sala de lo constitucional recorría el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, constatando las labores de los empleados. Manifestó satisfacción y sentirse comprometido al diálogo sincero e inmediato, para responder a las peticiones de los empleados del sector justicia. “He visto que todo está normal, los usuarios están siendo atendidos como es debido y en condiciones óptimas”, dijo el magistrado.
El paro laboral puede volver a ser la constante del Órgano Judicial si los magistrados “no dan respuestas rápidas y sensatas”, afirmaron los sindicalistas.
Pero no sólo los empleados sindicalizados han formado parte de la presión ejercida, sino también los asalariados que no forman parte de los sindicatos. Ayer en la tarde, ellos se expresaron por un diálogo incluyente que tenga como esencia la justicia en el Órgano Judicial.
Según dependientes de los centros judiciales, ellos devengan salarios diferenciados, pagos que según ellos, “están por debajo de lo que debe recibir un abogado de la república”. El 80% de estos trabajadores son abogados.
Víctor Manuel Girón, colaborador jurídico del “Isidro Menéndez”, manifestó su inconformidad por los sueldos que reciben él y sus compañeros de labores, ya que los juzgados de Paz y de Menores no reciben el pago de horas extras y no gozan de remuneraciones.
“La Corte tiene salarios diferenciados de los juzgados, nuestros salarios no son adecuados a nuestra profesión y por eso estamos luchando por nuestros derechos”, declaró Girón.
José Romero admitió: “no tenemos inconformidad con los sueldos que ganamos”. Luego ejemplificó acerca de la carestía de la vida y como su sueldo aún le alcanza para sobrevivir, pero afirmó que no quiere quedarse de brazos cruzados” , ante el tráfico de influencias que observa.
Este parece ser el fin para una larga semana de “dimes y diretes” entre los sindicalistas y las autoridades del Órgano Judicial. Los primeros insisten en un aumento salarial y los segundos repiten que no existen los fondos.
José Belarmino Jaime, magistrado presidente, ilustró las finanzas de la CSJ diciendo que no puede “darles mil dólares cuando sólo tengo un dólar en la bolsa”. De una u otra forma, las negociaciones continuarán está semana.
Fuente: diariocolatino.com , laprensagrafica.com
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Málaga: Proliferan las demandas para acceder a pagas por incapacidad
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya no es tan benévolo como antaño, cuando la crisis era apenas una incómoda sombra para los malagueños. Juan Antonio Luque, responsable del STAJ, señala: «Es evidente que la gente, ahora que la Seguridad Social ha endurecido los criterios para conceder la declaración de incapacidad, acude a la tutela de los magistrados; pero esta realidad requiere un esfuerzo, porque el repunte del 34% ha sido importante y los ciudadanos quieren respuestas rápidas de sus tribunales».
Ahora, para declarar la incapacidad permanente de quien lo solicite, el tribunal médico es mucho más exigente y la ansiada paga se aleja de muchos horizontes. Pero los afectados siguen luchando y recurren a los juzgados de lo Social para conseguir en los tribunales lo que la autoridad administrativa les negó. No en vano, estas demandas han crecido un 34% entre 2009 y 2010, desde las 2.626 registradas en el primero de esos ejercicios hasta las 3.523 del segundo de ellos.
«Han subido mucho las demandas que se interponen contra la Seguridad Social; en los juzgados, por lo menos, lo hemos notado. Se reclaman todo todo tipo de incapacidades», explica un funcionario de un juzgado de lo Social.
¿Qué propone Luque? Planes de refuerzo y más juzgados, porque los trece órganos de lo Social están señalando vistas para finales de 2012, salvo en el caso de las demandas de despido, que se fijan de forma inmediata para que el afectado pueda cobrar la prestación por desempleo lo antes posible.
Los datos avalan la tesis de que a medida que la dureza de la crisis ha sido mayor más demandas para reclamar la incapacidad se han interpuesto en los tribunales. En 2008, se interpusieron 2.989, mientras que en 2009 bajaron a las 2.626, para crecer de forma considerable en 2010. En lo que va de año, es decir, poco más de dos semanas, ya se han turnado 106.
José Manuel García es un letrado con amplia experiencia en materia social: «No son las más habituales, pero el estirón que han pegado este año ha sido importante».
En estos casos, explica, «lo esencial es contar con una pericial de parte que sea consistente y que el perito médico sea competente, porque luego habrá de ratificar lo dicho en su estudio; sólo con los papeles del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se hace poco», apunta el jurista, quien señala que, una vez que la Seguridad Social rechaza la petición de declaración de incapacidad, ésta se puede recurrir ante el mismo órgano; si a los 45 días no hay contestación se entiende desestimada por silencio administrativo y se puede acudir a los juzgados.
«Es evidente que puede existir un poco de picaresca, pero no en la mayoría de los casos», indica. Algunos letrados han explicado a este periódico que han visto cómo se le daba el alta para trabajar, por ejemplo, a una mujer con cáncer terminal.
El juez decano, José María Páez, entiende que para hacer frente a la avalancha de demandas en esta jurisdicción harían falta, al menos, tres juzgados de lo Social más, con lo que así mejoraría el tiempo de respuesta y el engranaje. «Aunque lo más importante, a día de hoy, es que empiece a funcionar de una vez la nueva oficina judicial», reflexiona.
Por cierto, los trece órganos de lo Social ya no cuentan ni con el refuerzo extra de los funcionarios ni con los dos magistrados de apoyo sin juzgado que aliviaban la carga de trabajo de sus compañeros con más sentencias.
Ceuta: Con el año nuevo, llegó la mudanza de los Penales
El 2011 será el año de acoplamiento a la NOJ en Ceuta y, como avance del proceso de modernización, los dos juzgados de lo Penal se trasladaron al Ceuta Center. No es oro todo lo que reluce y, a pesar de las continuas actuaciones llevadas a cabo por la Ciudad Autónoma en el techo del Ceuta Center, persisten los problemas con las goteras en las dependencias judiciales. Si bien es cierto que en los últimos tiempos, tras los arreglos, se han reducido bastante, el Gobierno local todavía tiene tarea en el edificio.
El proceso de modernización de la Justicia empieza a dar sus primeras señales de vida de cara al ciudadano. Después de casi un año en marcha, el cambio de los sistemas informáticos, la entrada en funcionamiento de Lexnet y otras medidas que desde la Secretaría de Gobierno de Justicia han venido aplicando, ha llegado el momento de reorganizar y reubicar los diferentes órganos judiciales de la ciudad para ir preparando el camino y adaptando los espacios existentes a las necesidades de la Nueva Oficina Judicial (NOJ).
El primer paso al frente ha sido el traslado de los dos juzgados de lo Penal. Ambos estaban situados en el sótano del Palacio de Justicia. Desde el viernes se encuentran ubicados en la segunda planta del edificio Ceuta Center, compartiendo instalaciones con la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Allí deberán acudir todas aquellas personas que estén citadas en cualquiera de estos juzgados, ya que los responsables de Ceuta así lo han dispuesto.
Las dependencias en las que se ubicarán los trabajadores de éstos órganos han sido reformadas recientemente y cuentan con dos partes bien diferenciadas. Por un lado estaría una gran habitación en la que se han dispuesto catorce puestos de trabajo y en la que irán ubicados todos los funcionarios que desempeñan su trabajo en los Penales. Por otro lado, cruzando el pasillo bajo la claraboya que separa ambas lados, se encuentra tanto la sala de vistas como los despachos de los magistrados y de los secretarios judiciales. La sala de vistas es algo más grande que la que tenían en el Palacio de Justicia y cuenta con al menos dos filas de bancas más. En cuanto a los despachos, a priori cada secretario judicial tendrá el suyo propio y los dos magistrados compartirán uno más amplio.
Paralelamente, Justicia está cambiando los sistemas de grabación de las ocho salas de vistas que hay en la ciudad. Entre otras cosas se va a proceder a instalar un nuevo sistema informático.
El lugar que los Penales dejan en el Palacio de Justicia se utilizará para crear unas aulas de formación continua, generando así un espacio adecuado para realizar los cursos y jornadas judiciales que se llevan a cabo a lo largo del año.
La Nueva Oficina Judicial (NOJ) se implantará en Ciudad Real y Cáceres a partir del día 9 de febrero. Tras estas ciudades llegará el turno de Ceuta, cuyo acoplamiento está preparado para el segundo trimestre del año. Del desarrollo de los hechos en estas dos ciudades dependerá directamente el funcionamiento y la fecha de entrada en funcionamiento de la NOJ en la ciudad. Por eso se las mira de reojo.
Cuando se lleve a cabo el acoplamiento de la NOJ, dos de los funcionarios de cada uno de los juzgados Penales pasarán a formar parte de la Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD), un servicio que trabajará estrechamente para los jueces y secretarios. Sus compañeros se integrarán en los Servicios Comunes de los juzgados.
La secretaria de Gobierno de Justicia de Ceuta, Josefa Vilar, explicó que ya contaba con que los inicios de la NOJ, cuando se implante, no sean fáciles. “Estoy segura de que vamos a pasar muy malos ratos y de que habrá gente soliviantada, pero si al final es para mejor estoy segura de que todo irá bien”, explicó. A pesar de ello, desde la Secretaría de Gobierno trabajan para minimizar los problemas.
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Etiquetas: Ceuta
Burgos: Siguen las concentraciones para protestar por la puesta en marcha de la NOJ
Funcionarios de la Junta de Personal de la Administración de Justicia volvieron a concentrarse a las puertas de los Juzgados de Reyes Católicas para protestar por todos los inconvenientes que les está generando la Oficina Judicial. El secretario de la Junta de Personal, Alberto Arroyo (del sindicato STAJ) pone como ejemplo el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento que cuenta con 400 monitorios sin incoar desde el 10 de noviembre o los 350 escritos de este Servicio, en la sección Penal, que se van a empezar a tramitar, pendientes también desde el día 10.
Rechazan las declaraciones que realizó la jueza decana de Burgos, Blanca Subiñas, negando que exista caos en los juzgados. Del mismo modo, la Junta de Personal ve con escepticismo el anuncio del secretario de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu, de que este mes se implantará una nueva versión del sistema informático que tantos problemas les está dando.
La jueza decana de Burgos, Blanca Subiñas, admitía tras una reunión con vocales del Consejo General del Poder Judicial y representantes gubernamentales de Justicia, que la Oficina Judicial está trayendo algunos problemas pero “caos”, en ningún caso. No está de acuerdo la Junta de Personal de Administración de Justicia que insiste en que la Oficina Judicial, que empezó a funcionar el 10 de noviembre, no acaba de arrancar.
Una de las pocas noticias que la Junta de Personal recibía, tras una visita del secretario general de Modernización de Justicia y del director General de Modernización de la Justicia a esta nueva Oficina Judicial, es que a partir del próximo 25 de enero se empezará a trabajar con una nueva versión del programa informático “Minerva” que tantos problemas les está dando. Los funcionarios son escépticos, dice Arroyo, porque en estos últimos meses han trabajado con varias versiones del programa y, o no funcionan o funcionan mal.
En la concentración que han realizado y que repetirán el próximo día 28, los funcionarios han sacado a la calle carritos cargados de archivos, un acto simbólico con el que la Junta de Personal ha mostrado su protesta por el papel que la nueva Oficina Judicial da al cuerpo de Auxilio Judicial, auxiliares que han sido relegados a ser meros “carretilleros”.
La Junta de Personal no ve que exista alguna polémica entre jueces y secretarios judiciales, por lo menos en el caso de Burgos, algo en lo que sí coincide con la jueza decana de Burgos, Blanca Subiñas.
Fuente: radioarlanzon.com
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Cáceres: Asociaciones de jueces piden que se aplace la apertura de la NOJ
Las secciones territoriales de las asociación de jueces y magistrados han solicitado el aplazamiento de la implantación en Cáceres de la Nueva Oficina Judicial (NOJ). Esto es algo que han venido pidiendo, sin conseguirlo, los jueces y magistrados de la ciudad, pero ante su ya inminente puesta en marcha, prevista para el próximo 9 de febrero, lo reiteran sus asociaciones profesionales --la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI) y Jueces para la Democracia (JpD)--.
Estas solicitan de forma oficial y conjunta al Ministerio de Justicia "la suspensión de su implantación en esta ciudad al menos tres meses, tiempo que consideramos prudencial --hacen constar-- para solventar la mayoría de los problemas que se están detectando" en las oficinas ya implantadas en otras ciudades, como Burgos y Murcia.
Su implantación en Burgos y Murcia, advierten, "ha generado graves problemas", como "la insuficiente dotación de personal" de las Unidades de Apoyo Directo al Juez (UPAD), "que ha creado un cuello de botellas que paraliza la tramitación y resolución de procedimientos". Destacan también, por los problemas detectados, la Agenda Programada de Señalamientos, "herramienta esencial para la celebración de juicios y vistas que aún no funciona de una forma mínimamente eficaz", como "tampoco lo está haciendo el expediente digital --la sustitución del papel físico por archivos informáticos-- sobre el que se sustenta el diseño de la nueva oficina".
Para las asociaciones de jueces y magistrados "estas experiencias adversas no pueden obviarse", y ante ellas consideran necesario "corregir las disfunciones que han puesto de manifiesto estas experiencias piloto antes de seguir con la implantación de la NOJ en otras localidades, como está previsto en Cáceres".
Por ello piden su aplazamiento, advirtiendo que de continuarse con el programa de implantación sin corregir previamente estas deficiencias, "empeorará la calidad del servicio prestado a los ciudadanos, y ello será imputable exclusivamente al Ministerio de Justicia".
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Com.Valenciana: Blasco exige al Gobierno más jueces
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha exigido al Gobierno central más jueces ante el aumento del número de litigios por la crisis y ha asegurado que antes del verano habrán entrado en funcionamiento 22 nuevos juzgados en toda la Comunitat, en los que se invertirán más de 10 millones de euros, y que al final de la legislatura se habrán alcanzado 85 nuevas unidades judiciales, con una inversión total de casi 38 millones de euros.
A juicio de Blasco, este "esfuerzo de financiación" de los nuevos juzgados "contrasta con la falta de jueces en un momento económico complicado y donde la tasa de litigiosidad en la Comunitat es la tercera en España, con una media de 212,5 asuntos por cada 100.000 habitantes". El conseller ha hecho estas declaraciones durante una visita al nuevo juzgado de primera instancia e instrucción de Alzira, el número 7, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
"Para hacer frente a esta situación, la Generalitat ha incrementado desde 2003 su presupuesto en un 97,83 por ciento", ha declarado Blasco, quien ha insistido en que el Gobierno debe dotar a la Comunitat de más jueces para hacer frente a la actual carga de trabajo, y se ha referido en especial a los de jurisdicción civil, mercantil y social, que necesitan "más medios humanos".
La Generalitat ha reivindicado al Ministerio de Justicia el nombramiento de jueces de adscripción territorial "en un número suficiente para atender las necesidades de toda la Comunitat cuyo incremento poblacional sigue sin ser atendido por el Ejecutivo central en esta materia". "Seguimos sin disponer de una financiación suficiente que además no se corresponde con más jueces. A más población, más usuarios, también en justicia", ha declarado el conseller.
Según el Consell, la Comunitat precisaría actualmente "unos 80 jueces para reducir la carga de trabajo de acuerdo con los módulos que recomienda el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y este año el Gobierno de España tan sólo ha aprobado la creación de cinco plazas de jueces de adscripción territorial, cuyo destino es reforzar aquellos partidos judiciales con mayor sobrecarga de trabajo".
El nuevo juzgado de primera instancia e instrucción de Alzira, el número 7, puesto en funcionamiento por la Generalitat, "contribuirá a descargar de trabajo al resto de juzgados del partido, lo que, sin duda, refleja la apuesta del Consell por este partido judicial".
El conseller de Solidaridad y Ciudadanía ha estado acompañado por la alcaldesa de Alzira, Elena Bastidas, a presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Carmen Llombart así como dieciséis alcaldes de municipios pertenecientes al partido judicial y representantes de otros cinco ayuntamientos.
Para la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, la creación de este nuevo juzgado, con una inversión de 300.000 euros, era "prioritaria". El Partido Judicial de Alzira acoge 23 poblaciones con más de 144.000 habitantes y cuenta con una plantilla de 76 funcionarios dependientes de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
Con la puesta en marcha de este séptimo juzgado, la ratio de habitantes por juez en Alzira se equipara prácticamente a la media de la Comunitat Valenciana, con 20.688 habitantes por juez. "El nuevo juzgado va a contribuir a la descarga de trabajo del resto de juzgados de este partido judicial", ha remarcado el conseller, quien ha manifestado que la Generalitat tiene previsto construir un nuevo edificio para acoger todos los juzgados del propio partido a través de una inversión de 12,5 millones de euros en un edificio que contará con una superficie de 10.400 metros cuadrados.
Fuente: diariocriticocv.com
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El Salvador: Buscan solución negociada a huelga en el sistema judicial
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y dirigentes sindicales comenzaron las primeras reuniones para buscar una salida negociada a un paro por aumentos salariales iniciado el lunes pasado. Según explicaron el Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ) y el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS), la medida es de carácter indefinido y afectará el trabajo que se desarrolla en todas las dependencias del sistema judicial.
Las conversaciones cuentan con la mediación del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna, quien desde el pasado miércoles inicio gestiones con las partes para lograr un acercamiento.
El pleno de la Corte acordó nombrar a tres de sus miembros, Florentín Meléndez, Miguel Ángel Cardoza y Miguel Trejo, como sus representantes en la mesa de negociaciones.
Dirigentes sindicales confirmaron que mantendrán la protesta mientras no se alcance un acuerdo sobre los incrementos salariales, precisaron las fuentes.
Los trabajadores reclaman un aumento de 150 dólares para quienes ganen menos de mil dólares, y de 100 a los empleados que perciben más de esa cifra.
El presidente de la Corte, Belarmino Jaime, afirmó desde el comienzo del conflicto que ese órgano carece de recursos presupuestarios para atender el pedido, una aseveración refutada por los huelguistas.
Fuente: laprensagrafica.com , prensa-latina.cu
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El proyecto de Ley de la Jurisdicción Social mantiene grandes lagunas
La futura Ley de la Jurisdicción Social, que será aprobada por el Consejo de Ministros en febrero, pondrá fin al peregrinaje de los trabajadores y terceras personas afectadas por la responsabilidad de los empresarios a través de distintos juzgados al unificar muchos de los actuales conflictos compartidos con otros órdenes bajo la única responsabilidad de los jueces de lo Social.
Además, incluye reglas para determinar quién es el auténtico empresario, establece las causas de anticipación de la prueba e introduce normas sobre la autorización de entrada en domicilios por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El Proyecto lo integran 305 artículos, cinco disposiciones adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y cuatro finales.
Según los informes oficiales, esta Ley supondrá un adelanto en lo que se refiere a simplificación de los procedimientos. Todas las entidades consultivas le han dado el visto bueno, aunque ha señalado algunos puntos de fricción que creen necesario concretar.
Unificar la jurisdicción
El objetivo de la futura Ley es simplificar y agilizar los trámites al reducir el número de procedimientos para resolver un mismo hecho, puesto que los juzgados de lo Social asumirán competencias que ahora se reparten con los de los órdenes Civil y Contencioso-administrativo.
La unificación abarcará cuestiones relacionadas con un mismo conflicto, sobre las que decidirá un mismo juez. Así, se incluirán casos de accidentes laborales, seguridad e higiene en el trabajo, prestaciones públicas y vulneración de derechos en el ámbito laboral, especialmente acoso y discriminación, con exclusión de los casos penales, litigios sobre recaudación de la Seguridad Social y las situaciones concursales.
Se absorben, también, la impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social y las resoluciones contractuales colectivas por causas objetivas.
En la actualidad, un mismo hecho puede ocasionar varios procedimientos en los órdenes Social, civil, Contencioso-Administrativo y Penal, que pueden solventarse, incluso en juzgados de ciudades distintas.
Así, por ejemplo, en los accidentes laborales existe esta dualidad cuando existe delito, puesto que se debe acudir al orden Penal. En el caso de no haber delito o si no se ejercita la responsabilidad civil, el trabajador debe acudir al juez de lo Social para que determine si se trata de un accidente laboral o no, así como para resolver litigios en torno a los contratos laborales o las prestaciones de la Seguridad Social. Ante el juez Civil comparece para tratar de obtener indemnizaciones por la responsabilidad ajena al contrato de trabajo, en especial si afecta a terceros vinculados con el empresario, puesto que las indemnizaciones por daños a las de las empresas subcontratadas y la acción directa frente a las aseguradoras es del orden Civil. Y, además, se acude a la Contencioso-Administrativa si la empresa contratante impugna una sanción tras una inspección .
El resultado de esta variedad de jurisdicciones es la disparidad de resultados en tiempos de duración y cantidades a indemnizar.
Con la futura Ley, en caso de accidente habrá que acudir al juez del orden Penal, pero si no es así, será el juez de lo Social quien atienda todos y cada uno de los hechos.
A pesar de las ventajas que incluye, los Consejos General del Poder Judicial (CGPJ), Económico y Social (CES) y Fiscal consideran en sus respectivos informes sobre el proyecto que esta unificación jurisdiccional supondrá un sensible aumento del volumen de asuntos que atenderán los juzgados de lo Social, aunque no se han incluido los medios personales y materiales necesarios para afrontar esta nueva carga de trabajo.
Esta situación podría alargar los procedimientos y, por ello, creen preciso potenciar los mecanismos de resolución extrajudicial de los conflictos laborales. El CGPJ, por su parte, reivindica la extensión de la unificación jurisdiccional al procedimiento monitorio para agilizar las reclamaciones de deudas laborales en casos sin oposición.
El CES, mientras tanto, considera que la regulación competencial no es homogénea, adolece de falta de claridad y puede suscitar dudas de interpretación, por lo que pide un tratamiento específico que sea, a la vez, sistemático, completo y adecuado de los requisitos que se exigirán para interponer las demandas.
Entrada en domicilios
El proyecto atribuye también a los juzgados de lo Social la competencia para autorizar la entrada de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o de la Autoridad laboral correspondiente en domicilios o lugares asimilados en los que sea exigible el consentimiento del titular y éste lo deniegue, para casos como la prevención de riesgos laborales o la investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales.
Sin embargo, esta cláusula podría dar lugar a múltiples interpretaciones, según explica el informe de la Fiscalía sobre el anteproyecto, si se considera que muchos de los accidentes de trabajo que pueden ser objeto de averiguación constituyen infracciones penales, cuya investigación corresponde, en principio, a los jueces de Instrucción.
El ordenamiento jurídico, atribuye en múltiples preceptos a distintos órganos judiciales la facultad de autorizar entradas en domicilios. De hecho, la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 261.2, 354. 1 y 701, otorga al orden Civil la posibilidad de autorizar la entrada en domicilio, si bien acota las razones que deben concurrir para llevar a efecto dicha diligencia.
También, el artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción Contencioso Administrativa atribuye a los jueces de ese ámbito la facultad de autorizar la entrada en domicilios y lugares asimilados, en los supuestos en que resulte indispensable para la ejecución forzosa de un acto de la Administración Pública o en los casos en que la entrada haya sido acordada por la Comisión Nacional de Competencia (CNC). El artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone, además, que corresponde también a estos juzgados la entrada en los domicilios cuando proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) en sentencia de 13 de septiembre de 2004 dictamina que al juez que otorga la autorización de entrada no le corresponde enjuiciar la legalidad del acto administrativo que pretende ejecutarse y en sentencias de 18 de julio de 1991 y 29 de mayo de 2000 señala que en estos supuestos la intervención judicial no tiene como finalidad reparar una supuesta lesión de un derecho o interés legítimo del demandante, sino que constituye una garantía y, como tal, está destinada a prevenir la vulneración del derecho por lo que debe estar debidamente motivada por el propio titular del juzgado Social.
Jurisprudencia sobre el acoso
La futura norma incorpora jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional y derecho comunitario. Así, se establece una referencia al acoso como categoría singularizada en las reglas de la prueba, con un tratamiento más adaptado a este tipo de casos y partiendo del principio, contenido en la Ley Orgánica de Igualdad, de que la víctima sea la única legitimada en los litigios.
En los juicios sobre sanciones administrativas por acoso sexual o por razón de sexo la víctima estará legitimada para comparecer en el procedimiento por propia decisión y no podrá ser emplazada a comparecer contra su voluntad. Si se requiriese el testimonio de la víctima, el tribunal deberá velar por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
En los procesos en que de las alegaciones del demandante se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo u orientación sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otro supuesto de vulneración de un derecho fundamental, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Esta nueva regulación responde también a las exigencias de la doctrina constitucional plasmada en la sentencia del TC de 17 de diciembre de 2007, que permite extender la competencial del orden Social frente a terceras personas vulneradoras de un derecho fundamental, al tiempo que interpreta que puede ser sujeto activo del acoso un trabajador de una tercera empresa.
Cuando la demanda se refiera a protección frente al acoso, así como en los procesos seguidos a instancia de la víctima de la violencia de género para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal situación, podrán solicitarse, además, la suspensión de la relación o la exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y otras que preserven la efectividad de la sentencia dictada.
El CGPJ sugiere en su informe sobre la futura Ley que el proyecto debería delimitar con mayor claridad la naturaleza de la intervención de los sindicatos , puesto que la futura norma les otorga la representación de los trabajadores, incluso la de los que no estén afiliados.
Admite que el comité de empresa o los delegados sindicales puedan actuar en nombre de los trabajadores en los expedientes de regulación de empresa (ERE) o en las impugnaciones de los convenios colectivos, o, incluso en la negociación individual de sueldos del trabajador con la empresa.
Los sindicatos no necesitarán autorización del trabajador para adoptar su representación si se encuentra afiliado salvo que renuncie expresamente a esta representación, mientras que si que la precisarán en caso contrario. La ventaja adicional es que los sindicatos, que no tienen que efectuar los depósitos obligatorios para recurrir. De esta forma, la Ley equipara a los sindicatos con los trabajadores, quienes no tienen que efectuar depósitos tampoco, a diferencia de las empresas, concesión realizada en cumplimiento de la jurisprudencia del TC, que se ha manifestado partidaria de esta excepción y no de los empresarios, al considerar que estos tienen menos recursos para defender sus intereses.
Desde el punto de vista sindical también será decisivo que el orden social sea el que resuelva los múltiples litigios de los empleados públicos que en la actualidad deben ser sustanciados por otras jurisdicciones, y muy particularmente la relativa a la impugnación en materia del ejercicio del derecho de huelga de los servicios mínimos en servicios esenciales, y también tiene un notable interés las previsiones sobre la ejecución de las sentencias de los conflictos colectivos, que constituye una propuesta ampliamente demandada por los servicios jurídicos del sindicato. La normativa, no obstante, tendrá que completarse con un amplio desarrollo normativo aclaratorio.
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Granada: Los juzgados acumulan casi 8.000 sentencias sin ejecutar
Hasta junio de 2010 los juzgados que operan bajo el orden penal en Granada acumulaban 7.902 condenas sin ejecutar. Desde el segundo trimestre de 2005 las resoluciones firmes que están pendientes han crecido un 22%. Hace un lustro eran 6.148. A la preocupación por las montañas de sentencias pendientes de hacer cumplir se suma ahora la necesidad de revisar de oficio miles de fallos que se ven rebajados por el nuevo Código penal.
Mientras, los juzgados de Primera Instancia han experimentado una acumulación de resoluciones sin ejecutar aún mayor que en la jurisdicción penal. En junio de 2010, las sentencias pendientes aún de ser ejecutadas eran prácticamente de 1.500 fallos, si se tienen en cuenta tanto la Primera Instancia como los que también son de Instrucción.
La acumulación que experimenta la jurisdicción civil está íntimamente relacionada con la crisis económica. Estos órganos son los que se ocupan de resolver las reclamaciones de cantidad, o sea, los impagos que se producen entre empresas y entre empresas y particulares. Además, se da la circunstancia de que son los afectados quienes deben impulsarlas, lo que motiva que existan muchas ejecuciones durmientes, porque los afectados han desistido de ellas.
En cualquier caso, los juzgados de lo Civil de Granada acumulan la nada despreciable cifra de casi 34.000 sentencias sin ejecutar, la gran mayoría de ellas procedentes de los Juzgado de Primera Instancia de este orden jurisdiccional. De hecho, según la tasa de congestión que elabora el Consejo General del Poder Judicial para los órganos judiciales granadinos triplica en el caso de los juzgados civiles frente a los penales. En el primero de ellos, la tasa de congestión es del 3,29, mientras en el caso de lo penal, llega al 1,28.
Valladolid: Justicia ahorra 5 millones de folios al notificar las resoluciones por Internet
Los 43 juzgados unipersonales y los 9 tribunales de justicia colegiados de Valladolid ahorraron el pasado año más de 5 millones de folios que contenían resoluciones judiciales (autos, decretos, sentencias o providencias) como consecuencia de las notificaciones procesales que se hicieron por los distintos órganos a procuradores y partes afectadas mediante vía telemática, es decir, directamente a los ordenadores de los despachos de profesionales.
Esa cantidad de papel fue remitida a través del sistema Lexnet. Para ello, el procurador tiene que estar identificado previamente en el servidor de la Administración de Justicia. De este modo, no solo se evita el coste del papel, sino también los cientos de cartuchos de tinta y el consumo eléctrico a la hora de hacer fotocopias para las distintas partes procesales.
El sistema de comunicación telemática comenzó a implantarse en Valladolid a finales del año 2008 y desde entonces el número de resoluciones comunicadas ha crecido de forma importante, no solo por la agilidad del sistema, sino también al haber aumentado el número de expedientes consecuencia de la crisis económica, que han llegado sobre todo a los juzgados de Primera Instancia, de lo Social y Contencioso-administrativo.
Según datos de la Administración de Justicia, en el año 2009 el número de resoluciones comunicadas vía telemática en Valladolid alcanzó las 326.275 (en Castilla y León fueron 1.273.000) y en 2010 han llegado a las 485.309 (1.848.000 en la región). Estos datos sitúan a la provincia vallisoletana a la cabeza de la comunidad autónoma en notificaciones judiciales.
A modo de ejemplo sobre la eficacia del sistema Lexnet, pero en otro ámbito judicial diferente como es la Audiencia Nacional, la aplicación informática permitió en la tramitación del procedimiento por los atentados del 11-M en Madrid que el Ministerio de Justicia se ahorrase la entrega de 1,4 millones de fotocopias que debieron de ser remitidas a las partes personadas en este caso.
Aunque actualmente las comunicaciones se limitan a los actos procesales (penales, civiles, concursos mercantiles o resoluciones contencioso-administrativo), el Ministerio de Justicia tiene previsto que con el tiempo las partes puedan recibir a través de Lexnet también documentos de peritos e informes oficiales que formen parte de los expedientes.
Hasta que ello se lleve a cabo, en algunos juzgados de Valladolid se están aceptando documentos periciales presentados en formato electrónico, y previa cotejo por parte de los funcionarios de que el contenido entregado coincide con el del papel.
Sin embargo, desde la Administración de Justicia se reconoce que hoy por hoy esta admisión de documentos no se está generalizando, «ya que los servidores informáticos del Ministerio no tienen la capacidad suficiente para acumular tantos datos».
Justicia ha avanzado ya su intención de suscribir en el futuro convenios con el Ministerio del Interior y las policías locales para que atestados de accidentes de tráfico o intervenciones policiales lleguen a los juzgados tras ser escaneados vía telemática en vez de en papel, como todavía sucede.
Actualmente esta circustancia conlleva destinar a decenas de funcionarios policiales que se encargan de entregar a diario este tipo de documentación oficial en los juzgados. Pero la utilización de documentación oficial para su consulta y transmisión no es la única aplicación de las nuevas tecnologías en la Admnistración de Justicia.
200 videoconferencias
Desde hace más de una década (cuando se aprobó la Ley de Enjuciamiento Civil), las salas donde se celebran las vistas orales civiles, penales, contencioso-administrativas y sociales disponen de sistemas de grabación de los juicios. Durante el pasado año el número de videoconferencias realizadas ha superado las 200 a través de los 16 equipos que hay instalados en las salas judiciales de Valladolid.
Esta circunstancia no solo permite que los testigos y peritos no se trasladen hasta los tribunales, sino que evita los gastos que por desplazamiento de una provincia a otra tienen que pagar las partes condenadas luego en costas o por el propio Ministerio.
Las imágenes grabadas de las vistas en todas las jurisdicciones se vuelcan luego en un servidor del Ministerio y si las partes piden una copia es el procurador el que debe de aportar un cedé o un lápiz USB para grabarlo.
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Sevilla: Justicia reorganiza la sede del Noga sólo un año después de trasladar los juzgados
La Consejería de Gobernación y Justicia anunció una reorganización de la sede judicial del edificio Noga, una vez que se ha comprobado que la denominada solución puente a la Ciudad de la Justicia se ha quedado pequeña tan sólo un año después del traslado de los juzgados de lo Penal y de lo Social a este nuevo enclave en la avenida de la Buhaira.
El consejero de Justicia, Luis Pizarro, aseguró que su departamento ha mantenido contactos con el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, para llevar a cabo una reordenación de los usos y espacios en este enclave judicial, con la idea de mejorar la gestión y el trabajo de los funcionarios destinados en esta sede judicial.
La reforma es del todo necesaria puesto que el nuevo juzgado de lo Penal número 15, creado en diciembre pasado, se ha tenido que ubicar de manera provisional hasta su traslado al Noga en otro inmueble de la Buhaira, donde se encuentran actualmente los juzgados de Menores y de Familia.
La reordenación de los espacios y usos del edificio Noga ha sido planteada desde hace meses por los sindicatos, los jueces y los abogados de Sevilla.
Los primeros presentaron en febrero del año pasado, tan sólo un mes después de que el edificio comenzara a funcionar a pleno rendimiento, una denuncia ante la Inspección de Trabajo por las "insostenibles" condiciones laborales de la nueva sede. La junta de personal de Justicia -integrada por los sindicatos CSIF, SPJ-USO, UGT, CCOO y STAJ- denunció entre las principales carencias la falta de espacio y de una ventilación inadecuada, así como que en la mayoría de las dependencias sólo existía luz artificial.
La falta de espacio físico para el trabajo de los funcionarios impedía, según los sindicatos, la correcta ubicación de los empleados públicos en sus puestos junto a las mesas, armarios y el resto del mobiliario. Si a eso se suma el importante volumen de personas que acceden a estas instalaciones a diario, provoca que tanto el público como los funcionarios estén sometido "a un ambiente viciado que llega a ser agobiante", según expusieron en la denuncia ante Trabajo.
Los abogados y los jueces también se han quejado durante estos meses del "mal olor" que se concentran en el estrecho pasillo habilitado junto a las salas de vista donde se celebran los juicios, en la primera planta del edificio.
La idea de la Junta de Andalucía para mejorar la situación consiste en trasladar a la cuarta planta las salas de vistas donde se celebran actualmente las vistas de los juzgados de lo Social -que requieren una afluencia menor de público- y aumentar de esta forma el espacio disponible para los juicios penales.
Con la reorganización, la Junta busca también hacer hueco para poder emplazar junto a los otros órganos penales el juzgado de lo Penal número 15.
Dentro de esta reorganización de los espacios en el edificio puente, los jueces también reclaman que se vuelva a la estructura habitual de los juzgados de lo Penal, en la que los magistrados y los secretarios judiciales estén en las mismas dependencias. Actualmente jueces y secretarios se encuentran distribuidos en plantas diferentes del edificio porque esta es la estructura que se diseñó para la creación del servicio común de ejecutorias, un proyecto pionero que más de un año después de ser anunciado por la Consejería de Justicia sigue sin haberse puesto en marcha al no haberse alcanzado aún un acuerdo con los sindicatos, que exigen un catálogo de puestos de trabajo para los funcionarios que se incorporen a este servicio y un complemento económico específico.
Aragón: La oficina judicial, de nuevo a debate
Los sindicatos que representan a los funcionarios de la Administración de Justicia y la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón mantendrán una reunión el próximo viernes en Zaragoza para abordar la implantación de la nueva oficina judicial. La voluntad del Ejecutivo es ir implantado el nuevo servicio, como ya ocurre en otras partes de España, pero los representantes de los funcionarios exigen que el cambio de modelo organizativo se aborde solo con medios técnicos, materiales y personales suficientes y una vez realizado un estudio previo que determine dónde se concentran las necesidades.
"Una cosa está clara: no se puede pasar a otra forma de organización con la actual herramienta informática, que funciona de forma muy deficiente", señaló el presidente de la Junta de Personal de los Juzgados.
El espíritu de la reforma de la Justicia se centra en potenciar la especialización de los órganos judiciales, con el fin de terminar con la dispersión existente en la actualidad. En este sentido, se crearán servicios comunes que tendrán como misión atender a los jueces titulares.
El personal de los Juzgados comparte esos objetivos, pero al mismo tiempo denuncia que, con los medios actuales, la reforma puede ser un fracaso, sobre todo teniendo en cuenta que determinados órganos soportan una carga de trabajo superior a su capacidad.
La implantación de la nueva oficina judicial ha dado lugar ya a varias movilizaciones del personal de la Administración de Justicia en la comunidad.
En el caso de Aragón, la intención de la Diputación General de Aragón es hacer coincidir el traslado de instalaciones a la antigua sede de la Expo con la puesta en marcha del novedoso sistema. Pero la crisis económica puede frenar ambos procesos.
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 artículo 8
 artículo 91
 Resolución 
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