Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88112
Timestamp: 2019-06-16 21:01:25+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1PPO-71/88112
A las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores les fue turnado por la Mesa Directiva del Senado de la República el Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2014.
Con fundamento en el Apartado D. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 113, 135, 150, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, estas comisiones dictaminadoras someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente dictamen en relación con el Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, con base en los siguientes:
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión del 21 de noviembre de 2013, los diputados Heriberto Manuel Galindo Quiñones, Fernando Rodríguez Doval, Marcelo Garza Ruvalcaba, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, Mirna Velázquez López, Raúl Santos Galván Villanueva, Alfonso Inzunza Montoya, Francisca Elena Corrales Corrales, Blas Ramón Rubio Lara y Román Alfredo Padilla Fierro, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el depósito legal digitalizado de sus publicaciones.
La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva de ese órgano del Poder Legislativo a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su estudio y dictamen.
El 5 de diciembre de 2013 fue aprobado el dictamen por el conjunto de integrantes de ese cuerpo colegiado.
El 25 de febrero de 2014, la iniciativa fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados con 436 votos a favor, ninguno en contra y sin abstenciones.
En esa fecha fue enviado a la Cámara de Senadores para los efectos del apartado A) del artículo 72 constitucional.
El 4 de marzo de ese mismo año fue recibido en la Cámara de Senadores y turnado hasta el 24 de abril a las comisiones unidas de Bibliotecas y Asuntos Editoriales; Cultura; Educación y Estudios Legislativos.
El proyecto de decreto aprobado en la Cámara de Diputados no fue objeto de dictaminación por las comisiones dictaminadoras, a pesar de que, incluso, se llevó a cabo un foro de consulta en materia de depósito legal en el Senado de la República, el 26 de agosto de 2014, en donde participaron especialistas y los responsables de las instituciones a cargo del depósito legal.
El 9 de octubre de 2018, mediante comunicado DGPL-1P1A.-1245.8, suscrito por la Secretaria de la Mesa Directiva, Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, y con fundamente en el artículo 131, fracción I, del Reglamento del Senado, se informó a la Presidencia de la Comisión de Cultura de los Proyectos de decreto pendientes de dictamen de la LXIII Legislatura radicados en la Comisión de Asuntos Editoriales y Bibliotecas, dentro del cual se haya relacionado el Proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, motivo del presente dictamen.
El 11 de octubre de 2018, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que las funciones relativas a asuntos editoriales serán ejercidas por la Comisión de Cultura que funcionará en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores, lo cual incluye los expedientes de proyectos de decreto que no fueron desahogados por la Comisión de Asuntos Editoriales y Bibliotecas de la LXIII Legislatura.
Con base en los antecedentes señalados, las comisiones que concurren al dictamen realizaron el estudio del Proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados a fin de realizar el análisis y evaluar las consecuencias jurídicas del mismo.
De acuerdo con el expediente del Proyecto de decreto, la iniciativa presentada por el conjunto de diputados del Estado de Sinaloa de la LXII legislatura y aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, se propuso atender lo que consideran un rezago en materia de tecnología digital de las bibliotecas a que se refiere la figura del Depósito Legal. Para subsanar esta deficiencia proponen adecuar el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión “… a los adelantos tecnológicos en el marco de la digitalización e interconexión de recintos bibliotecarios de México y el mundo; además de recibir en formato electrónico por parte de los editores todo tipo de publicaciones para así crear el Depósito Legal digital además del impreso”.
De acuerdo con el texto de la iniciativa y el dictamen a la misma, la propuesta incluye que las bibliotecas de las legislaturas de las entidades federativas sean depositarias de las publicaciones producidas en su territorio, entregas que deberán incluir, además, los formatos electrónicos de libros y revistas en ediciones digitales. Se detalla con mayor precisión los tipos y clases de publicaciones sujetas a depósito legal y la entrega de un ejemplar de las publicaciones digitales que se realicen a través de sistemas de transmisión de información a distancia y que la entrega de parte de los editores se lleve a cabo bajo criterios de catalogación, verificación y seguimiento estadístico a partir de reglas que al efecto se emitan.
Asimismo, le confiere a la Biblioteca Nacional atribuciones de autoridad normativa para articular y organizar las políticas de consulta pública y uso de los acervos y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, la responsabilidad de elaborar mensualmente y entregar a la Biblioteca Nacional la relación de ediciones registradas y las asignaciones de precio único a los libros.
Tomada las consideraciones de las propuestas normativas, los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados refrendaron los supuestos de la iniciativa analizada, a efecto de reconocer que “los avances tecnológicos y la aparición de la era de la información y el conocimiento en el mundo han posicionado al medio digital como el nuevo paradigma de la sistematización y presentación de la información”. Se sostienen que la digitalización de los textos que son publicados permite garantizar un acceso universal y equitativo de la información y alienta el desarrollo hacia la sociedad del conocimiento.
La Comisión de Educación de la colegisladora afirma que el acceso a la información es un derecho humano y un medio idóneo para conocer y ejercer otros derechos. El acceso a la información, sostiene el dictamen, “mejora el intercambio de opinión entre personas, perfecciona el debate, fortalece la autonomía de la razón humana y permite afianzar la democracia de los países que adoptan esa forma de gobierno.
Se considera que el depósito legal digitalizado contribuye a la modernización del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión y se genera una obligación de gran importancia en la sistematización de la información de las Bibliotecas del Congreso de la Unión, de los Congresos locales y de la Biblioteca y Hemeroteca Nacional de México.
El contenido del proyecto de decreto es el siguiente:
DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA OBLIGACIÓN DE LOS EDITORES Y PRODUCTORES DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS Y DOCUMENTALES, DE ENTREGAR EJEMPLARES DE SUS OBRAS A LA BIBLIOTECA NACIONAL Y A LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO DE LA UNION.
DECRETO POR EL QUE SE DISPONE LA OBLIGACIÓN DE LOS EDITORES DE HACER DEPÓSITO LEGAL DE SUS PUBLICACIONES DIGITALES, ADEMÁS DE SUS PUBLICACIONES IMPRESAS
Artículo Primero. Toda publicación que constituya una expresión literaria, educativa, científica, artística, informativa o técnica, cuyo fin sea la venta, el alquiler, o la simple distribución sin costo, contenida en soportes impresos o digitales, resultantes de cualquier procedimiento técnico de producción, o que esté disponible al público mediante sistemas de transmisión de información digital o cualquier otro medio, y sea producida en el país, se considera parte integrante del patrimonio cultural de la Nación. Su integración, custodia, preservación, registro y disposición para su consulta, en los términos del presente Decreto, son de orden público e interés general.
Artículo Segundo. De los efectos del artículo anterior todos los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, están obligados a contribuir a la integración del patrimonio editorial de la Nación.
Esta obligación se cumple con la entrega de ejemplares en versión digital e impresa de cada publicación de las ediciones y producciones de sus obras, a la Biblioteca Nacional de México, al Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión y a la Biblioteca del Congreso de la Entidad Federativa en la que tenga su sede legal la casa editora, en los términos señalados en el Artículo Tercero del presente Decreto.
Artículo Tercero. Los editores y productores del país entregarán a cada una de las Bibliotecas mencionadas los materiales siguientes:
a) Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y de otros materiales impresos o digitales de contenido cultural, científico y/o técnico.
b) Un ejemplar de las obras de creación artística, educativa, o con valor cultural editadas en discos compactos, DVDs y, de otros formatos digitales o mecanismos de almacenaje electrónico que contengan información de las características señaladas en el inciso anterior.
c) Un ejemplar a las Bibliotecas depositarias de todas las publicaciones electrónicas, digitales o bases de datos que se hagan públicos por medio de sistemas de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional. Las Bibliotecas depositarias podrán solicitar el depósito de publicaciones con valor crítico para el patrimonio cultural y editorial de la nación.
No son objeto de depósito legal las reimpresiones de una obra ya depositada previamente que no ha sufrido modificaciones.
El Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión especificará a través del Diario Oficial de la Federación en el mes de diciembre de cada año a los depositantes los materiales objeto de depósito legal que no serán susceptibles de recibirse.
ARTICULO CUARTO.- Los materiales citados se entregarán a las Bibliotecas mencionadas dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.
Artículo Cuarto. Los materiales citados se entregarán a las Bibliotecas mencionadas acompañándose de una relación en formato digital que contenga todos los datos que se requieran para su catalogación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.
D) Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales, la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
Artículo Quinto. La Biblioteca Nacional de México y el Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, deberán:
b) Expedir constancias que acrediten la recepción del material de que se trate y conservar asiento de aquélla.
c) Corresponderá a la Biblioteca Nacional de México elaborar y publicar la Bibliografía Nacional, conservar los acervos impresos y digitales y elaborar las estadísticas de las ediciones nacionales.
d) Corresponderá al Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, articular y organizar las normas y procedimientos para la consulta de los acervos integrados por depósito legal, contando con la facultad de entregar los ejemplares y materiales pertinentes a los sistemas de bibliotecas especializadas que se constituirán en responsables del correspondiente segmento del depósito legal.
e) Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales, la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública.
f) Publicar anualmente la información bibliométrica de los materiales recibidos.
g) Corresponde a la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, elaborar los lineamientos para la debida distribución de las obras en depósito legal, para su integración en las colecciones de las Bibliotecas de la Cámara de Senadores y de las dos de la Cámara de Diputados que integran el Sistema de Biblioteca del H. Congreso de la Unión.
Artículo Sexto. La Biblioteca Nacional de México y el Sistema de Bibliotecas el H. Congreso de la Unión, podrán celebrar con instituciones afines los convenios que coadyuven a realizar los objetivos, materia del presente Decreto.
Artículo Séptimo. Respecto de las publicaciones periódicas y de las de distribución gratuita, las Bibliotecas del Sistema podrán convenir con los editores y productores los procedimientos técnicos y administrativos para hacer efectivo el cumplimiento del presente Decreto.
Artículo Octavo. La constancia que expidan las Bibliotecas deberá contener los datos básicos que permitan la identificación del editor o productor y de los materiales recibidos.
Las bibliotecas depositarias rendirán informe público trimestral de las obras recibidas.
Artículo Noveno. La Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura, enviarán mensualmente una relación de las obras registradas en esas dependencias a la Biblioteca Nacional de México y al Sistema de Bibliotecas del H. Congreso de la Unión, para la verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el Artículo Segundo de este Decreto. La Biblioteca del H. Congreso de la Unión informará a las Bibliotecas de los Congresos locales.
Artículo Décimo. Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en el Artículo Tercero de este Decreto, se harán acreedores a una multa equivalente a diez veces el precio de venta al público de los materiales no entregados.
Para las obras de distribución gratuita la multa será por una cantidad no menor de diez ni mayor de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo Décimo Primero. En los casos en que los editores y productores no entreguen los materiales, en los términos del Artículo Cuarto de este Decreto, la Biblioteca afectada lo comunicará a la autoridad superior de la cual dependa, para el efecto de que la misma solicite a los responsables el cumplimiento de su obligación, dentro del plazo de los treinta días naturales siguientes a la recepción de la petición.
Artículo Décimo Segundo. El monto de las multas hechas efectivas conforme al presente Decreto, será transferido con sus accesorios legales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente a la Biblioteca afectada por la omisión, con el fin de que ésta los destine a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales que enriquezcan su acervo.
Artículo Segundo. Se abroga el Decreto por el que se dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, de fecha 8 de Julio de 1991, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Julio del mismo año y todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Artículo Tercero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Cámara de Diputados velarán porque se asignen los recursos presupuestales que este Decreto requiere para su cabal cumplimiento.
Tomadas en cuenta las consideraciones señaladas tanto por los iniciantes como por los integrantes de la Comisión dictaminadora, lo Senadores que conforman las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, hacen las siguientes consideraciones para su debate en el Pleno de la Cámara:
PRIMERA. El Proyecto de decreto objeto del presente dictamen modifica el Decreto emitido por el Congreso de la Unión sobre la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 1991. Se trata de un instrumento cuyo antecedente normativo es del 23 de abril de 1813, documento expedido por las Cortes Generales a fin de que, en España y demás territorios bajo su potestad, remitieran a la biblioteca de Cortes lista de los libros y manuscritos de todos los impresos de la Monarquía. Dicho decreto cobró vigencia en el territorio nacional en la etapa del México independiente a partir de marzo de 1822, mediante el decreto que el Soberano Congreso constituyente mexicano publicó, a efecto de que se exija a los editores dos ejemplares de para el archivo del Congreso.
SEGUNDA. De entonces a la fecha, los decretos que anteceden al Depósito Legal vigente, se modificaron en 1846, 1850, 1869, 1857, 1869, 1977, 1900 (cuando se incluye a la Biblioteca Nacional), 1936 (cuando se incluyen periódicos y revistas), 1957 (cuando se formalizan la entrega de dos ejemplares tanto a la Biblioteca Nacional como a la Biblioteca del Congreso), 1965 (cuando se regula que el objeto son libros, periódicos y revistas que se publiquen con fines comerciales) y, finalmente, el de 1991 que rige actualmente la entrega de los ejemplares de ediciones impresas.
TERCERA. La idea general del Depósito Legal es la constitución de un sitio en el que los editores entregan ejemplares de su producción, para cubrir determinados fines del interés público relacionados con la educación y la cultura. También el Depósito Legal es una formulación general de una figura común y vigente en muchos países del mundo democrático, orientada a reunir la herencia del pensamiento y la reflexión intelectual, mediada por la participación de un agente especializado al que comúnmente llamamos editor. Con el Depósito Legal, el Estado es depositario de los libros y publicaciones impresas en el país, pero más allá de la sola compilación de libros, es el custodio de la historia de las ideas y el pensamiento, nacional e internacional, sobre el que se lee en México.
CUARTA. El depósito legal es una figura institucionalizada de carácter administrativo que nos permite conjuntar en un recinto oficial, de manera organizada, los ejemplares de libros e impresos editados en un país; de todo aquello de lo que disponen las personas que integran una nación para aprender, informarse y participar de lo que genéricamente denominamos conocimiento. Una de las cualidades más importantes del depósito legal es precisamente ser el receptáculo de esos grandes flujos de información en formato de libros, revistas, periódicos y folletos impresos, además de archivos electrónicos en cualquier formato, que contengan la información de los materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico.
QUINTA. Estas comisiones están claras de que, el mandato del Depósito Legal adoptó genéricamente el formato del libro impreso, sin embargo, en el curso de los años y con el desarrollo de las tecnologías, se ha ido adoptando y adaptando la entrega de bienes impresos a un mayor número de objetos cuya elaboración implique algún tipo de fijación en un soporte material. Es de observarse que la figura del Depósito Legal no tiene como regla de regulación el número internacional normalizado del libro, ISBN, condición que define en muchos casos a un libro impreso y, hoy día, en algunos casos, a un libro electrónico. La regla es materiales bibliográficos y documentales editados y producidos para su comercialización en el país, impresos o imprimibles.
SEXTA. Esta condición referida al objeto impreso como el modelo del Depósito Legal, es la virtud de los acervos públicos de las instituciones responsables de su custodia, pero, al mismo tiempo, es la condición de sus límites. El estado actual del decreto, centrado en la figura del libro impreso preponderantemente, tiene implicaciones importantes para, por ejemplo, la consulta pública tradicional en el recinto depositario de los ejemplares entregados. Incluso de la consulta de la versión electrónica de los libros impresos u otros objetos digitales de mayor complejidad, pues el mandato es la entrega de lo que haya sido impreso para su comercialización en algún soporte material, aún en su versión digital. Sin embargo, por ahora están excluidos los libros electrónicos que se comercializan y distribuyen en el país en diferentes formatos digitales que, a pesar de contar con el ISBN, no siempre son impresos en algún tipo de soporte.
SÉPTIMA. Los integrantes de las comisiones que concurren al dictamen reconocen el esfuerzo de la colegisladora por establecer medidas para fortalecer y enriquecer el acervo editorial y documental de las bibliotecas del Congreso, la Biblioteca Nacional y de otros recintos localizados en las entidades Federativas. De hecho, las modificaciones al decreto siguen las recomendaciones sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a la edición de libros y publicaciones periódicas, generadas por organismos internacionales. Sin embargo, en opinión de las comisiones dictaminadoras, la materia del decreto se extiende a temas competencia de los poderes legislativos de orden estatal, como espacio de destino de los libros editados cuyas casas editoriales tenga residencia en alguna entidad. Esta modalidad podría resultar interesante y de justicia para muchas entidades federativas y en algunos casos existe, pero, representa una intromisión en las decisiones que corresponden a las legislaturas locales y la dispersión de muchas ediciones impresas de libros que, por su contenido, sea de interés público mantener en un mismo recinto de consulta pública y para la construcción de la memoria editorial del país.
OCTAVA. En el Proyecto de decreto en análisis, se hace un ejercicio para identificar materias de las publicaciones que se sujetarán al depósito legal: literaria, educativa, científica, artística, informativa o técnica y se amplía el propósito de su distribución, cuyo fin sea, además de la venta, la distribución sin costo, contenida en soportes impresos. En el primer caso, se considera que delimitar materias bibliográficas es tanto como excluir otras, pues se deja de lado, por ejemplo, publicaciones sociales o deportivas, independientemente de su valor cultural. En opinión de las dictaminadoras los elementos contenidos en el Decreto vigente cumplen con los propósitos, pues su carácter general contribuye a ampliar los ámbitos de publicaciones a integrar al Depósito Legal. Estos son tres: cultural, científico y técnico, no obstante, no se deja de lado el criterio de las publicaciones de carácter informativo, como periódicos y revistas, y aquellas específicamente de carácter educativo.
NOVENA. La propuesta de modificación hace referencia a un objeto jurídico que no se desarrolla en el decreto: patrimonio editorial de la Nación. No se le definen cualidades, características o se le sujeta a un régimen de protección o regulación. Tampoco encaja en las definiciones ya existentes en la Ley General de Archivos, pues el Patrimonio Documental aplica a los archivos documentales de oficinas de gobierno y, aunque incluye libros, se refiera a los que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles y que den cuenta de la evolución del Estado, las personas e instituciones o, cuyo valor testimonial, les asigna una condición de bienes culturales y de pertenencia a la memoria colectiva del país. Asimismo, la categoría de patrimonio editorial de la Nación tampoco es armónica con los archivos documentales de monumento histórico a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos o Históricos, pues a través de esa figura se hace referencia, esencialmente, a archivos históricos de relevancia para la historia nacional. De hecho, el Decreto de Depósito Legal vigente declara a los acervos bibliográficos y documentales obtenidos por esta vía como patrimonio cultural de la Nación, categoría que tampoco es explícita en su contenido y consecuencia jurídica, toda vez que no se trata de una materia contenida en la constitución. Es de señalarse que los libros y publicaciones impresas tienen una condición jurídica de bienes nacionales y, de acuerdo con ella, cumplen propósitos del interés público. Bajo esa consideración, las dictaminadoras no proponen ni considerar las denominaciones de patrimonio editorial de la Nación ni, tampoco, modificar la referencia al Patrimonio Cultural de la Nación ya establecida en la normatividad vigente.
DÉCIMA. El tema central del dictamen lo constituye la entrega de versiones digitales de todos los materiales impresos entregados por los editores al Depósito Legal. El propósito, sin duda, tiene fines nobles, pero, la opinión técnica de quienes integran las comisiones dictaminadoras va más allá de los fines del decreto, en virtud de que la versión electrónica de un libro impreso, en cualquiera de sus formatos, no es propiedad de las casas editoriales, sino el medio de comunicación o formato de entrega convenido entre los autores y quienes se harán cargo de la edición. En ninguna forma, la versión digital forma parte del patrimonio editorial o está contenido como una propiedad del editor una vez hecha la contraprestación económica al autor. Es de señalarse que la divulgación de las obras es un derecho moral de los autores, quienes convienen con los editores las características de las versiones impresas, para su reproducción, del cual derivaran los derechos patrimoniales, en su caso.
DÉCIMA PRIMERA. Es de señalarse que la constitución del Depósito Legal se lleva a cabo para formalizar la creación de un acervo que, en el tiempo, constituirá la memoria editorial de los materiales que se leen y consultan en el país. Dicha memoria se consulta en situ, es decir, en el lugar sede del Depósito. Incluso, la Biblioteca Nacional, para fines de preservación de la memoria documental, ha llevado a cabo trabajos de digitalización en formatos no editables y que, sólo por causa de protección de los materiales originales impresos, puede ponerse a disposición del público. Esta política también se lleva a cabo, por ejemplo, en la Ciudad de los Libros, que reúnen los acervos bibliográficos adquiridos por el Estado de las colecciones de Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Alí Chumacero y Antonio Castro Leal. Estas colecciones son objeto de digitalización, esencialmente, para conservar su valor documental, no para fines de consulta o puesta en disposición en internet, precisamente por el conjunto de derechos de autor que deben protegerse y garantizarse. En la actualidad, La Biblioteca Nacional y la Biblioteca México prestan servicios de consulta en línea, la cual se hace con pleno respeto a los derechos de autor correspondientes.
DÉCIMA SEGUNDA. Evidentemente existen materiales que por su antigüedad o rareza son de interés preponderante de investigadores o historiadores, a quienes sería de mucha utilidad su acceso a través de bancos de información y bases de datos con registro o suscripción, como ya operan muchas a nivel mundial y en México. También existen obras que, a nivel nacional, en su momento pasaron a dominio público. Sin embargo, las políticas de puesta en disposición y consulta pública no son objeto del Depósito Legal, sino de las instancias normativas sobre materiales bibliográficos y acervos documentales, proceso que se desarrolla conforme a los recursos financieros, tecnológicos y acuerdos con los titulares de los derechos de las obras, para posibilitar las consultas correspondientes en línea. Es de señalarse que la Biblioteca Nacional ya cuenta con esta clase de servicios, pero no es el caso de la Biblioteca del Congreso, tema que en opinión de las dictaminadoras, corresponderá, en su oportunidad, a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas del Congreso referido en el numeral 3. del artículo 143 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con base en lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones unidas de Cultura y de Estudios Legislativos, para los efectos del Apartado D. del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emite la siguiente resolución con Punto de Acuerdo para su discusión y, en su caso, aprobación por el Pleno de la Cámara de Senadores:
ÚNICO. Se desecha el proyecto de decreto por el que se dispone la obligación de los editores de hacer el Depósito Legal de sus publicaciones digitales, además de sus publicaciones impresas, aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de febrero de 2014.
Dado en el Salón de comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre de 2018
Senadora Ma. Guadalupe
Senador Casimiro Méndez Ortíz
Senadora Índira de Jesús Rosales San Roman
Por la Comisión de Estudios Legislativos

References: artículo 72
 artículo 72
 artículo 131
 artículo 143
 artículo 72
 resolución