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Timestamp: 2018-12-19 14:12:44+00:00

Document:
SENTENCIA T-127 DE 28 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DEL SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA PARA MUJERES MAYORES RETIRADAS AL PROGRAMA DE MADRES COMUNITARIAS. EN COLOMBIA SE HA ESTABLECIDO POR MEDIO DE LA LEY 100 DE 1993 ARTÍCULO 25 EL SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA A FAVOR DE LOS TRABAJADORES O PERSONAS INDEPENDIENTES DEL SECTOR RURAL O URBANO QUE NO CUENTEN CON SUFICIENTE SUSTENTO ECONÓMICO PARA REALIZAR EL APORTE RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES INCLUYENDO A LAS MADRES COMUNITARIAS, CUYO BENEFICIO SERÁ MÍNIMO DEL 50% DE LA COTIZACIÓN CORRESPONDIENTE. ADICIONALMENTE QUE NO SE ENCUENTRE EN EL PROGRAMA DE ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS PERIÓDICOS (BEPS) DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN PENSIONES. SE AGREGA ENTONCES, QUE SE VULNERA EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO CUANDO UNA MADRE COMUNITARIA ES BLOQUEADA EN EL PAGO DE SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA, CUANDO DE FORMA OPORTUNA APORTE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO PARA ACTIVAR NUEVAMENTE EL PAGO DE SU SUBSIDIO. ADICIONALMENTE, SE VULNERAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL MÍNIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CUANDO LAS ENTIDADES ACCIONADAS DE FORMA AUTOMÁTICA BLOQUEAN EL PAGO DEL SUBSIDIO DE SUBSISTENCIA POR ENCONTRAR UNA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD COMO BENEFICIARIA SIN CONSULTAR LAS CONDICIONES REALES Y ACTUALES DE VULNERABILIDAD DE UNA MADRE COMUNITARIA, LO CUAL NO RESULTA RESPETUOSO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, BASE DE COTIZACIÓN EN EL SISTEMA DE SALUD, PROCESO ADMINISTRATIVO, SUBSIDIO PARA LA TERCERA EDAD, RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD, MADRE COMUNITARIA, DEFINICIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO
Sentencia T-127 de febrero 28 de 2017
Ref.: Expediente T-5.877.107
Acción de tutela instaurada por Martha Lucía Largo Cataño contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Ministerio del Trabajo y Consorcio Colombia Mayor.
En el proceso de revisión del fallo adoptado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia, en única instancia, el cuatro (4) de mayo de 2016, en el trámite de la acción de tutela instaurada por Martha Lucía Largo Cataño contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante ICBF), Ministerio del Trabajo y Consorcio Colombia Mayor.
El 8 de abril de 2016, la ciudadana Martha Lucía Largo Cataño instauró acción de tutela contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Ministerio del Trabajo y Consorcio Colombia Mayor. La accionante consideró que se están vulnerando sus derechos fundamentales a la salud, vida digna, seguridad social y mínimo vital. La acción de tutela interpuesta se fundamenta en los siguientes hechos:
1.1. La ciudadana Martha Lucía Largo Cataño manifestó que era madre comunitaria de la Asociación Cañamomo, del municipio de Riosucio, Caldas. Dicha labor la desempeñó desde inicios de 1998 hasta el 9 de septiembre de 2014, fecha a partir de la cual, accedió a un subsidio del Estado.
1.2. Ante la negativa de ser incluida por el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF en la nómina para el pago del subsidio indicado interpuso una acción de tutela en donde obtuvo un fallo a su favor el 22 de enero de 2015, de la Sala Laboral del Distrito Judicial de Manizales, Caldas. En cumplimiento de la orden dada por el juez constitucional, el ICBF mediante Resolución 7500 del 14 de diciembre de 2014 inició el pago del subsidio cada dos meses.
1.3. En marzo de 2016, cuando debía llegar el pago del subsidio, no se recibió y en el ICBF le informaron que se encontraba bloqueada por cuanto aparecía como beneficiaria de su hija en la afiliación al sistema de seguridad social en salud. Por lo tanto, le informaron que debía retirar su afiliación a la EPS como beneficiaria.
1.4. El 5 de abril de 2016 la accionante remitió al ICBF un certificado de la EPS señalando que estaba retirada. Sin embargo, en el ICBF le indicaron: “que ya no se podía hacer nada y que me habían bloqueado”.
1.5. La accionante manifestó que no recibe ingresos de ningún tipo, sólo los procedentes del subsidio por su trabajo como madre comunitaria, del cual depende su sustento. Asimismo señaló que no comprende porque fue bloqueada, pues el hecho de estar afiliada a una EPS como beneficiaria no tiene por qué afectar el subsidio que recibe, más aún cuando desarrolló servicios a favor de la comunidad, y en especial a la niñez. A pesar de seguir las indicaciones del ICBF, actualmente no se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud, ni tampoco recibe el apoyo económico como ex madre comunitaria. Por lo tanto solicita la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas, seguridad social y mínimo vital por encontrarse vulnerados por las entidades accionadas, y se ordene reactivar el pago del subsidio, incluyen el correspondiente al del mes de marzo de 2016.
Luis Eduardo Céspedes de los Ríos como Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Caldas solicitó negar el amparo constitucional, tanto por razones procedimentales como de fondo. En primer lugar indicó que en el presente caso se está ante la existencia de la cosa juzgada constitucional, dado que la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, el 22 de enero de 2015, tuteló los derechos fundamentales de la accionante, los cuales son los mismos hechos y derechos que pretende defender en esta nueva acción de tutela. También señaló que la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial: “el mecanismo de defensa jurídica con el cual cuenta la accionante es acreditar que no está incumpliendo el requisito establecido en el artículo 30 del Decreto 3771 de 1 de octubre de 2007, esto es que…percibir una pensión u otra clase de renta”. En este mismo sentido, indicó que en caso de emitirse un acto administrativo de exclusión del subsidio, la accionante cuenta con los mecanismos judiciales ordinarios.
En relación con el bloqueo en el subsidio la entidad accionada precisó que por información de la Dirección de Primera Infancia la accionante fue bloqueada por el Consorcio Colombia Mayor, al ser beneficiaria en Coomeva EPS, “con un IBC de $660.954 que supera el SMMLV del año 2015”. Por lo anterior, la accionante está dentro de unas de las causales para perder el subsidio como lo establece el literal c) del artículo 6º del Decreto 605 de 2013, el cual estipula: “percibir una pensión y otra clase de renta”. En este orden de ideas, le corresponde a la accionante desvirtuar la causal que bloqueó su subsidio, presentando la documentación pertinente. Según el director regional del ICBF, la entidad, “ha dispuesto todo el acompañamiento, colaboración y seguimiento continuo y permanente a través de sus diferentes instancias (nacional, regional y zonal) y por lo anterior, el ICBF ha estado actuando inclusive, más allá de sus competencias”. Finalmente señaló que la documentación entregada por la accionante, “no cumple con los requisitos necesarios para solicitar la activación y continuar como beneficiaria del subsidio (…)”.
Erminda Díaz Pulido, en su calidad de asesora asignada a la oficina jurídica del Ministerio del Trabajo y coordinadora del grupo interno del trabajo de acciones de tutela procedió a exponer los argumentos proporcionados por la subdirectora de subsidios pensionales, servicios sociales complementarios y otras prestaciones de dicha cartera proporcionados mediante memorando 2320000-0083463 del 2 de mayo de 2016. La entidad accionada inició su contestación explicando el funcionamiento, finalidad, los requisitos de acceso y las causales de exclusión de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad destinado a madres comunitarias. Posteriormente, indicó que la Contraloría de la República, en ejercicio del control de advertencia sobre los recursos del fondo de solidaridad pensional llamó la atención sobre las dificultades que se están presentando en los procesos de inscripción, identificación, priorización y selección de los adultos mayores. En consecuencia, el Ministerio del Trabajo adelanta el programa de protección social al adulto mayor, ahora denominado Colombia Mayor a través del Consorcio Colombia Mayor 2013 para evitar el fraude y fortalecer el desarrollo del programa. Con este fin, se han llevado a cabo “cruces periódicos con las bases de datos del fondo de pensiones públicas del nivel nacional, FOPEP, CDA de la Registraduría del Estado Civil, con el registro único de aportantes, RUA, registro que contiene la información de todos los ciudadanos que ha aportado o se encuentran aportando al sistema de seguridad social integral y con la base de datos única de afiliados, BDUA, en la que se encuentra la información de las personas afiliadas al sistema de seguridad social en salud”.
Para el caso de la accionante, luego de los cruces correspondientes, se constató que “era beneficiaria del régimen contributivo en salud en la EPS Coomeva”. Para lo cual se solicitó más información al respecto, y se encontró que la cotizante es la señora Olga Patricia Bolaños Largo, “cuyo ingreso base de cotización para el último periodo compensando corresponde a febrero del 2016 es de $699.842, superior a un SMLMV bajo la vigencia 2016”. Ante esta situación, el Ministerio del Trabajo considera que: “se presume la dependencia económica de quien la afilió”, en otras palabras, el hecho de figurar la accionante como beneficiaria en el régimen contributivo desvirtúa el presupuesto de la necesidad del subsidio, y pasaría a entrar en una de las causales para su exclusión, según el parágrafo 1 del artículo 21 del Decreto 2353 de 2015, cuando dispone que: “se entiende por beneficiario a aquel miembro del grupo familiar del cotizante que depende económicamente de éste, dependencia definida en el parágrafo del artículo 34 del citado decreto, que señala “(…) existe dependencia económica cuando una persona recibe de otra los medios necesarios para su congrua subsistencia”.
Para el Ministerio del Trabajo, el ICBF tiene la obligación de garantizarle a la accionante el debido proceso a la señora Martha Lucía Largo Cataño. No obstante, la entidad reitera que el grupo familiar de la accionante tiene ingresos superiores a un salario mínimo mensual legal vigente, razón por la cual no puede continuar recibiendo el subsidio del decreto 605 de 2013. En su criterio, entregar este subsidio a cargo del fondo de solidaridad pensional propicia que poblaciones en situación en mayor grado de vulnerabilidad no puedan ser acreedoras del mismo, en atención a la insuficiencia de los recursos y que no alcanzan a cubrir a todas las personas que sí cumple con los requisitos. Por información reportada por el Consorcio Colombia Mayor 2013, a la fecha no se conoce una solicitud de reactivación de la accionante por parte del ICBF, por tanto se desconoce si dicha entidad adelantó el debido proceso en el presente asunto.
Adicionalmente, indicó que al ICBF le corresponde adelantar la verificación de los casos en los cuales se ha producido la suspensión, como lo estipula la Resolución 1370 de 2013. De acuerdo con el cruce que hizo el Consorcio encontró que el reporte ante el BDUA en el régimen contributivo de seguridad social en salud, por lo tanto se procedió, de forma preventiva, a suspender a la beneficiaria para confirmar la situación real y determinar si procede a la reactivación o a la cancelación del subsidio, para que se garantice el debido proceso. En consecuencia, al ICBF le corresponde requerir a la beneficiaria afectada con la suspensión para que soliciten la entrega de las certificaciones a la administradora de salud, en este caso Coomeva EPS, en donde constara la información correspondiente al estado de la afiliación, su tipo, y los periodos de cotización en cada año, incluyendo el ingreso base, el cual deberá coincidir con los reportes de las bases de datos.
3.1. Mediante sentencia del 4 de mayo de 2016 el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia negó por improcedente el amparo de los derechos fundamentales de Martha Lucía Largo Cataño. En su criterio, la accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para la reclamación del subsidio del cual se pretende acreedora, “dentro del marco establecido para la acción de tutela no existe cabida para reclamar la asignación de un auxilio monetario, ya que se cuenta con distinta vía jurídica para alcanzar el fin perseguido”.
La Ley 797 de 2003 introdujo una modificación al fondo de solidaridad pensional, al establecer una división en dos subcuentas: la de solidaridad y la de subsistencia. En esta última, por mandato del artículo 2º literal i), se incluyó la protección de las personas en estado de indigencia y pobreza extrema, entre las cuales se incluyó a las madres comunitarias. También fijó, en el artículo 8, las fuentes de recursos para cada una de las subcuentas y mantuvo su finalidad, encaminada hacia la ampliación de la cobertura en seguridad social en pensión para sectores poblacionales en especiales condiciones de vulnerabilidad.
La Ley 1187 de 2008 dio continuidad a la disposición de la Ley 797 de 2003, al disponer que el fondo de solidaridad pensional subsidiará los aportes de las madres comunitarias al sistema general de pensiones, cualquiera fuera su edad y tiempo de servicio. El artículo 2º de la Ley 1187 de 2008 dispuso que:
El Decreto 605 de 2013 se encargó de reglamentar el subsidio de subsistencia que estipuló el plan nacional de desarrollo 2010-2014. El artículo 1º establece las condiciones para el acceso al subsidio de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional, las cuales consisten en: i) dejar de ser madre comunitaria a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011; ii) no reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez; iii) no sea beneficiaria del servicio social complementario de los beneficios económicos periódicos (BEPS). Frente a este grupo poblacional, el artículo 3º del mencionado decreto fijó lo requisitos que cada persona deberá acreditar, a saber: “a) Ser colombiano. b) Tener como mínimo 55 años de edad si es mujer o 60 años de edad si es hombre, edad que a partir del 1º de enero de 2014 aumentará en dos años. c) Residir durante los últimos diez años en el territorio nacional. d) Acreditar la condición de retiro como madre comunitaria del Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1450 de 2011”.
Adicionalmente a estos requisitos, la asignación del subsidio está sometida a una serie de criterios de priorización, definidos en el artículo 4º, y que hacen referencia a la edad del aspirante, el tiempo de permanencia en el programa de hogares comunitarios de bienestar familiar y la minusvalía o discapacidad física o mental del aspirante. La asignación de los cupos se hace anualmente por parte del comité directivo del fondo de solidaridad pensional, a partir de la ponderación de los criterios señalados y las instrucciones que disponga el Ministerio del Trabajo. El artículo 5º definió el monto del subsidio según el tiempo de permanencia en el programa de hogares comunitarios.
El artículo 6º establece las causales por las cuales se puede perder el subsidio, para lo cual se definieron los siguientes eventos: “a) Muerte del beneficiario. b) Comprobación de falsedad en la información suministrada o intento de conservar fraudulentamente el subsidio. c) Percibir una pensión u otra clase de renta. d) No cobro consecutivo de subsidios programados en dos giros. e) Ser propietario de más de un bien inmueble”. El parágrafo de dicho artículo dispuso que las novedades de las personas beneficiarias serán reportadas al administrador fiduciario de los recursos del fondo de solidaridad pensional por parte del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), según el procedimiento dispuesto por el Ministerio del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 1370 de 2013 realizó la más reciente actualización al manual operativo que fija los lineamientos de selección de beneficiarios, los componentes de los subsidios y demás aspectos procedimentales de los programas que son financiados por la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional. La mencionada resolución dispuso un conjunto de procedimientos precisos sobre la pérdida del subsidio. Sobre la causal que alegan las entidades accionadas el Ministerio del Trabajo dispuso que se deben realizar cruces de información, con el fin de verificar si los beneficiarios están percibiendo una pensión u otra clase de renta o subsidio. Por lo tanto, para el caso de las madres comunitarias el ICBF tendrá a su cargo el cruce de información o a través del administrador fiduciario que paga el subsidio de subsistencia. Para ello se utilizarán las bases de datos de las entidades pagadoras de pensiones a todos los niveles territoriales, el RUAF, el Registro Único de Aportantes – RUA, la base de datos única de aportantes – BDUA, bases de compensación, registro de instrumentos públicos, cámara de comercio, administradoras de pensiones, entre otras.
116. En consonancia con la anterior normatividad, cabe destacar que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el Fondo de Solidaridad Pensional es una manifestación del Estado Social de Derecho, que tiene el objetivo de asegurar las condiciones para solventar las necesidades de la vejez. En ese sentido, mediante Sentencia C-243 de 2006, esta Corporación reiteró que el mencionado Fondo “constituye uno de los mecanismos que busca principalmente hacer efectivo el principio de solidaridad que rige al sistema de seguridad social y, además, constituye una de las manifestaciones propias del Estado social de derecho que se expresa en el artículo 1º de la Constitución”(1).
El debido proceso administrativo para la exclusión de un beneficiario. Reiteración de jurisprudencia(2)
“De conformidad con el artículo 29 de la Constitución Política y con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, el derecho al debido proceso es garantía y a la vez principio rector de todas las actuaciones judiciales y administrativas del Estado(3). Específicamente ha dicho que este derecho debe ser garantizado en actos o decisiones que privan a personas de un beneficio, como por ejemplo un permiso, una licencia o un subsidio(4). Al respecto ha señalado:
“En materia de prestaciones positivas del Estado, en desarrollo del principio de Estado social de derecho, el debido proceso administrativo cumple una función de primer orden. Quien puede ser beneficiario de una prestación estatal no puede ser privado de la misma sino mediante una decisión respetuosa del debido proceso”(5).
En el caso de beneficios públicos con los que se busca garantizar el derecho a la seguridad social de personas en situación de desventaja protegidas por la Constitución, como el subsidio al aporte al Sistema General de Pensiones, la Corte ha sostenido que la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso es más evidente, ya que además de tratarse de decisiones por medio de las cuales se asignan recursos públicos, estos programas tienen como objetivo el de evitar la exclusión social o mitigar sus efectos, razón por la cual, del funcionamiento eficaz de estos programas depende en buena medida la calidad de vida de sujetos de especial protección constitucional y de sus familias. Por lo tanto, estas actuaciones deben ser “expresión del ejercicio racional y razonable de la función pública y de la justicia como característica primordial del orden social”(6). Respecto de las garantías que se deben respetar en este tipo de actuaciones, la Corte ha señalado:
“[…] En el proceso de toma de decisiones administrativas deben observarse, por lo tanto, las exigencias mínimas que se desprenden del derecho al debido proceso frente a las actuaciones de la administración y los principios que rigen el ejercicio de la función pública, como la igualdad, la imparcialidad, la publicidad y la eficacia (C.P., art. 209, inc. 1). Con respecto a la transparencia y al manejo de la información — aspectos ambos relevantes en el presente proceso— no sobra resaltar lo importante que resulta su acatamiento. La transparencia del proceso decisorio no sólo facilita su inteligibilidad para el ciudadano, sino que promueve un trato digno y justo de la persona solicitante. Lo contrario es instaurar un proceso secreto e incontrolable en el que el ciudadano ignora la forma y las razones que llevan a la administración a una decisión con implicaciones vitales para el solicitante. Un proceso poco o nada transparente, impide al interesado participar en la administración racional de su caso y adoptar las decisiones informadas pertinentes frente a las diversas alternativas de acción que le abre la actuación estatal. En tales circunstancias el participante se percibe a sí mismo como un objeto manipulable por el sistema. En orden a evitar esta sensación de alienación, los particulares que acuden ante la administración pública para tramitar peticiones generales o particulares deben contar con la suficiente información sobre la materia a decidir así como sobre el proceso decisorio que es debido en su caso”(7)(8).
Finalmente, teniendo en cuenta las particularidades del caso objeto de estudio, es pertinente resaltar entre las garantías que componen el derecho al debido proceso administrativo, el derecho de defensa, el de impugnación y publicidad de los actos administrativos”(9).
3. Superado el análisis de forma, procede a la Sala de Revisión a estudiar el problema jurídico de fondo. En el presente caso, se deberá establecer si las entidades accionadas, ICBF, Ministerio de Trabajo y Consorcio Colombia Mayor vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a proceder a realizar un “bloqueo” en el pago del subsidio de subsistencia que le fue reconocido por decisión judicial en otra acción de tutela por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, en decisión del 22 de enero de 2015. En particular, la Sala de Revisión deberá establecer si las acciones de las entidades demandadas de proceder a suspender el pago del subsidio, al encontrar que la accionante estaba afiliada al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud como beneficiaria de su hija vulneraron los derechos fundamentales ya señalados.
4. Las entidades accionadas coinciden en afirmar que la accionante ingresó al programa Colombia Mayor el 1º de noviembre de 2014 y fue suspendida desde el 13 de enero de 2016. Sobre la suspensión señalan que luego de realizar el cruce de información con la base de datos única de afiliados BDUA se encontró que la accionante aparece como afiliada al régimen contributivo en salud, según el reporte remitido por el jefe de tecnología de la información y la comunicación. En la información reportada se encontró que la señora Martha Lucía Largo Cataño es beneficiaria de la EPS Coomeva y su cotizante, Olga Patricia Bolaños Largo reporta un IBC promedio comprendido entre marzo de 2015 a febrero de 2016 por $696.841. El Consorcio Colombia Mayor informa en su contestación a la acción de tutela que la anterior información sobre la accionante se encuentra en una de las causales de retiro del subsidio, la cual dispone que: “los beneficiarios que viven con la familia, el ingreso familiar debe ser inferior o igual al salario mínimo legal mensual vigente”. Para el caso en estudio, el Consorcio Colombia Mayor logró establecer que la persona cotizante al sistema, tienen un índice base de cotización (IBC) que supera el salario mínimo, por lo tanto, se desnaturaliza la finalidad del subsidio de subsistencia y se procedió a realizar el bloqueo.
“Estar clasificado en los niveles 1 y 2 del Sisbén y carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir, es decir, son personas que o viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo mensual vigente, o viven en la calle y de la caridad pública, o viven con la familia y el ingreso familiar es inferior o igual salario mensual vigente”.
8. En el presente asunto, la Sala de Revisión encontró vulnerado el derecho al debido proceso administrativo de la accionante, en dos aspectos puntuales. En primer lugar, sobre el bloqueo en la entrega del subsidio, por encontrarse afiliada como beneficiaria en el régimen contributivo del sistema de salud. Al respecto, el ICBF le informó a la accionante las razones por las cuales se bloqueó el pago de su subsidio, para lo cual la accionante, en ejercicio de su derecho de defensa procedió a aportar prueba sobre su desafiliación al sistema de salud, con el fin de seguir recibiendo el subsidio. En el expediente se encuentra la prueba documental (fl. 11 cdno. principal) en donde la EPS Coomeva reporta que al accionante “está vinculada al sistema al sistema general de seguridad social en salud régimen contributivo por intermedio de Coomeva EPS S.A. desde 2010-04-01 hasta 2016-03-31 en calidad de beneficiario madre; y su estado es retirado”. Adicionalmente se adjuntó un cuadro donde aparecen las EPS en las que la accionante ha estado vinculada, las semanas cotizadas o como beneficiario y su total.
“(…) la sola afiliación al régimen contributivo de seguridad social no elimina la condición de vulnerabilidad en la que se encuentra la población desplazada, y en esa medida, no le puede hacer perder los derechos que esa calidad le confiere”(10) .
La anterior circunstancia fue identificada por la Sala Especial de Seguimiento, como la primera de las subreglas, según la cual “se pone en riesgo y/o se vulnera el derecho fundamental al mínimo vital de la población desplazada cuando las autoridades no reconocen la ayuda humanitaria o su prórroga aduciendo únicamente requisitos, formalidades y apreciaciones que no se corresponden con la situación en la que se encuentra esa población”.
13. En consecuencia, la Sala Novena de Revisión le ordenará al ICBF que de manera inmediata, proceda a solicitar la activación de la accionante ante el Consorcio Colombia Mayor que es el administrador fiduciario para activar el pago de la ex madre comunitaria. Por otra parte al Ministerio del Trabajo y al Consorcio Mayor se les advertirá de abstener a realizar bloqueos automáticos cuando una ex madre comunitaria aparezca afiliada al régimen contributivo de seguridad social en salud. En su lugar, deberá acudir ante el ICBF, o la entidad correspondiente según el caso, con el fin de establecer si la ex madre comunitaria mantiene su situación de vulnerabilidad, de acuerdo con las condiciones definidas para ser beneficiario del subsidio de subsistencia. Finalmente, se informará a la accionante que si así lo desea, podrá ser afiliada al régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud de su hija, siempre y cuando no exista una dependencia económica y acredite todas las exigencias y requisitos que impone la regulación para el acceso al subsidio de subsistencia.
III.(sic) Decisión.
1. REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil-Familia del 4 de mayo de 2016. En su lugar, CONCEDER la tutela de los derechos fundamentales al mínimo vital, dignidad humana, debido proceso administrativo y seguridad social en salud de la señora Martha Lucía Largo Cataño.
2. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, efectúe la solicitud de activación del pago del subsidio de subsistencia de la señora Martha Lucía Largo Cataño ante el Consorcio Colombia Mayor 2013, para que se active el pago del subsidio de subsistencia a partir del 13 de enero de 2016.
3. ORDENAR al Consorcio Colombia Mayor 2013, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia, proceda a activar el pago del subsidio de subsistencia a partir del 13 de enero de 2016 de la señora Martha Lucía Largo Cataño.
4. ADVERTIR al Consorcio Colombia Mayor 2013 y al Ministerio del Trabajo de dar estricto cumplimiento al debido proceso administrativo, y en tal caso de encontrar algún indicio, según el cual el beneficiario del subsidio de subsistencia incurre en una causal de suspensión o exclusión del mismo, procedan a verificar con información real y efectiva si las condiciones del vulnerabilidad han sido superadas, y no proceder a la exclusión o el bloqueo de forma automática del subsidio.
5. INFORMAR a la accionante, la señora Martha Lucía Largo Cataño que podrá afiliarse al sistema general de seguridad social en salud como beneficiaria, sin que esto afecte el pago del subsidio de subsistencia, siempre y cuando logre probar que no existe dependencia económica de la persona cotizante y se mantienen las condiciones de vulnerabilidad, para lo cual deberá acreditar que cumple a cabalidad con los demás requisitos que exige la permanencia en el programa de subsidios de subsistencia.
1 Posición reiterada en la Sentencia T-478 de 2013.
2 De acuerdo con el artículo 35 del Decreto-Ley 2591 de 1991 las sentencias de reiteración podrán ser brevemente justificadas, como quiera que existe un precedente consolidado en la materia y el juez constitucional en sede de revisión encuentra que resulta aplicable al caso concreto que estudia. El precedente que en esta oportunidad se encuentra contenido en la línea jurisprudencial conformado por las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-540/92, SU.250/98, T-576/98, T-165/01, T-188/01, T-1198/01, T-1341/01, T-196/03, T-262/03, T-1144/03, T-677/04, T-965/04, T-1200/04, T-571/05, C-819/05, T-067/06, T-654/06, T-873/06, T-1005/06, C-279/07, T-304/07, C-593/14, T-324/15, T-119/16 entre otras.
3 Al respecto, se puede revisar la Sentencia T-348 de 2009 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En esta sentencia se estudió la acción de tutela interpuesta por una persona que era beneficiaria del subsidio de subsistencia a los ancianos indigentes o situación de pobreza extrema reconocido por el Fondo de Solidaridad Pensional, que fue retirada del programa porque aparecía reportada como afiliada cotizante al Sistema de Seguridad Social en Riesgos Profesionales. La Corte consideró que la decisión de las entidades de manejar el subsidio de subsistencia vulneraron el derecho al debido proceso de la actora, porque la decisión se tomó con fundamento en hechos ajenos a la realidad, que no fue contrastada con su particular situación. En el mismo sentido, se pueden revisar, entre otras, las sentencias T-149 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y T-225 de 2005 (MP. Clara Inés Vargas Hernández)
4 Sentencia T-225 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández). En este caso se estudió la acción de tutela presentada en representación de algunos habitantes de un municipio que venían siendo beneficiarios de un subsidio otorgado por la Red de Solidaridad Social dentro del programa de atención al adulto mayor, pero cuando ese programa fue asumido por el administrador del Fondo de Solidaridad Pensional, fueron excluidos de la lista de beneficiarios del mismo, sin que las entidades accionadas hubieran justificado esa decisión y sin que se les hubiera garantizado el derecho al debido proceso. La Corte consideró que esa actuación vulneró el derecho al debido proceso de los actores, porque para la exclusión del programa se debió adelantar un procedimiento administrativo previo, situación que además vulneró el derecho al mínimo vital y a la igualdad de personas que se encontraban en situación de debilidad manifiesta.
5 Sentencia T-149 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). En esta ocasión se revisó una acción de tutela interpuesta por una persona de 58 años de edad, quien solicitó su inscripción en el programa “Revivir”, por medio del cual el distrito de Bogotá administraba el subsidio para adultos mayores indigentes o en situación de extrema pobreza. Argumentaba que tenía derecho a ingresar a ese programa por su estado de invalidez derivada de las afecciones cardíacas que padecía, las cuales le impedía emplearse y, por lo tanto, percibir ingresos para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. La Corte determinó que la administración no le había suministrado de manera precisa la información necesaria acerca de los requisitos que debía cumplir y las pruebas que debía allegar para ser inscrito en el programa, situación que vulneraba sus derechos a la información, al debido proceso administrativo, a la vida y a la seguridad social.
6 Sentencia T-149 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), antes citada.
7 Sentencia T-149 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), antes citada.
8 Sentencia T-149 de 2002 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), antes citada.
9 Constitución Política de Colombia. Artículo 29. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. || […] Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. […].”
10 “La protección especial ordenada para los desplazados se mantiene por lo menos hasta que se adopte una solución duradera para su problema. En consecuencia, el ingreso de una persona desplazada al sistema laboral en condiciones tan precarias [la accionante ingresó al régimen contributivo porque había conseguido un empleo en el que las condiciones eran bastante precarias, razón por la que renunció rápidamente]: (i) no le quita la condición de desplazado, ni (ii) le puede hacer perder el derecho a acceder al sistema de salud” Sentencia T-989 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

References: ARTÍCULO 25
 Resolución 
 artículo 30
 artículo 6
 artículo 21
 artículo 34
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 6
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 35
 Artículo 29