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Timestamp: 2020-07-02 07:07:35+00:00

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Mié, 07/01/2020 - 13:20
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que tiene por aceptada la abstención presentada por el magistrado Miguel Colmenero como ponente del recurso de casación interpuesto por el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó por un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público a un año y medio de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, y al pago de una multa de 30.000 euros. El magistrado ponente solicitó apartarse del caso al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central.
En el marco de esta pieza de abstención, el Pleno de la Sala Segunda ha dictado otro auto en el que acuerda inadmitir a trámite la recusación planteada por Joaquim Torra contra once magistrados de esta Sala, a quienes correspondía resolver la petición de abstención.
En su auto, afirma que la recusación es “extemporánea” y se funda en “causas que se invocan de manera arbitraria, que no guardan relación con el objeto del pleito o causa, que no es otro que un incidente de abstención, y su concurrencia es descartable ab initio si tenemos en cuenta que no comprometen la imparcialidad de los magistrados que se han de limitar a decidir si estiman justificada una abstención”.
Añade que la recusación se plantea contra toda la Sala de lo Penal en el seno de un incidente, por lo que, de acuerdo con distintas resoluciones del Tribunal Constitucional, “carece de sustantividad jurídica y no es acreedora de una decisión sobre el fondo”. Por ello rechaza de plano la admisión a trámite de la recusación.
Mar, 06/30/2020 - 15:40
Lun, 06/29/2020 - 15:15
Vie, 06/26/2020 - 18:00
Mié, 06/24/2020 - 15:26
Mié, 06/24/2020 - 12:40
Lun, 06/22/2020 - 14:00
Jue, 06/18/2020 - 16:16
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado la nulidad del requisito relativo a la utilización obligatoria del euskera en las actividades dirigidas exclusivamente a menores de 16 años, que se exige para ser beneficiario de subvenciones en la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa).
La Sala considera que dicho requisito general regulado por el artículo 10.1,m) punto 1 de la ordenanza impugnada es contrario al principio de igualdad de trato y no discriminación, vinculado al uso promoción de las lenguas cooficiales y, además, excluye como destinatario final de la actividad a quienes, no teniendo el deber de conocer la lengua vasca, son castellano parlantes.
La Sala afirma que no comparte el criterio de la sentencia recurrida, coincidente con la línea de defensa de la corporación municipal afectada, ya que olvida que tanto el artículo 14 de la Constitución Española como el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, consagran el principio de igualdad de trato y no discriminación, aquí vinculado a la cooficialidad de las lenguas regulado en el artículo 3 de la Constitución Española.
Con la imposición del requisito cuestionado, añade la Sala, resulta que un criterio lingüístico impide que quien, por las circunstancias que sean, no conozca o no domine el euskera pueda ser el destinatario final de una actividad de fomento que, según defiende el Ayuntamiento demandado, va dirigida a la normalización y dinamización de su uso en un determinado sector de la población -menores de 16 años-. “Parece que el fomento y la dinamización del uso de una lengua cooficial que se dice minoritaria no debería ser excluyente sino inclusivo, es decir, debería buscar la mayor generalización en su uso al modo de lo previsto en los apartados 2 y 3 de la citada letra m), combinando el uso de ambas lenguas, y no establecer una imposibilidad de acceso para quien no habla o, simplemente, no domina suficientemente la lengua vasca”, concluye la Sala.
La Sala explica que lo característico de la disposición cuestionada por la Administración General del Estado es que impone a los beneficiarios de una actividad de fomento (sujetos activos que ha de realizar la actividad) su realización con un criterio lingüístico vinculado a la condición de los receptores de la actividad (sujetos pasivos) consistente en que “cuando la actividad vaya dirigida a menores de 16 años, la misma se realizará en euskera, tanto oralmente como por escrito”, razón por la que parece obvio que un criterio lingüístico impide desde el inicio que quien no conozca el euskera pueda ser destinatario final de una actividad de fomento.
En su voto sostienen que no se trata aquí de la protección del derecho a conocer y a usar el castellano, reconocido a todos por el artículo 3.1 de la Constitución, ni del derecho de todos a dirigirse en castellano a cualesquiera poderes públicos y a obtener en esa lengua la respuesta que corresponda. En este caso, según el voto, se trata de saber si es coherente con el objetivo de fomentar no sólo el conocimiento sino, también, el uso normal del euskera, que las actividades a subvencionar, en función de sus características, si tienen como destinatarios a menores de 16 años, se realicen solamente en euskera a fin de fomentarlo, propósito que inspira la Ordenanza recurrida y responde al que fija la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, en su artículo 7.2.
Añaden que “promover dichos conocimiento y uso normal no menoscaba la posición del castellano, protegida constitucional, estatutaria y legalmente, además de prevalente en la realidad social. Y parece lógico que la promoción se haga en la propia lengua objeto de ella y no en otra distinta. En la medida en que la controversia gira sobre un criterio general de la naturaleza del expuesto, no puede imputarse a la Ordenanza del Ayuntamiento de Lasarte-Oria el efecto discriminador que afirma el Abogado del Estado y ve la sentencia de la que discrepamos”.
Jue, 06/18/2020 - 14:50
Jue, 06/18/2020 - 12:00
Tras negar los hechos, el condenado alegaba en su recurso que había invertido el dinero en intentar hacer viable un bar en el que los menores tenían una participación en régimen de comunidad de bienes, sin ser consciente de que estaba perjudicando a sus sobrinos. Además, sostenía que había pagado al contado sin exigir recibo por ser inhabitual en las relaciones de confianza entre las familias.
Agrega que, por si fuera poco, la alegación de esa falta de imputabilidad se proyecta, no sobre los actos dispositivos en los que se apoya la autoría, sino sobre las dificultades para la elaboración de un documento de rendición de cuentas que sirva para justificar los gastos realizados en perjuicio del patrimonio de los menores.
Mié, 06/17/2020 - 18:00
El Tribunal Supremo confirma la anulación del acuerdo del Pleno de Ayuntamiento de Alcázar San Juan de 2014 sobre el cambio en la empresa de gestión del agua
Mié, 06/17/2020 - 14:00
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que anuló el Acuerdo, de 24 de julio de 2014, del Pleno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que por la vía de urgencia aprobó adjudicar y seleccionar al socio privado FCC Aqualia S.A. para concurrir conjuntamente con el Ayuntamiento citado para la ampliación de capital y trasformar la sociedad municipal Aguas de Alcázar S.A. en una sociedad de economía mixta, denominándose Aguas de Alcázar Sociedad Economía Mixta, S.A., para la gestión indirecta de los servicios vinculados al ciclo integral de agua en el municipio de Alcázar de San Juan, Alameda de Cervera y Cinco Casas.
El tribunal ha desestimado el recurso de FCC Aqualia S.A. contra la sentencia, de 20 de octubre de 2017, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que estimó el recurso de una exconcejala y anuló el citado acuerdo. La sentencia argumentó que el sistema de mayoría que debió seguirse para incluir por la vía de urgencia el asunto en el orden del día de las sesiones del Pleno era el de mayoría absoluta y no valía la mayoría simple.
El Tribunal Supremo avala el sistema de descanso obligatorio del taxi en Madrid de un día fijo semanal fijado en la Ordenanza de 2012
Dice el Tribunal Supremo que entra dentro de las facultades de organización de la corporación municipal al no existir norma de rango superior que establezca un criterio que deba ser seguido.
Lun, 06/15/2020 - 14:30
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha determinado que las Juntas de Personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria tienen derecho, conforme a la Ley de Transparencia, a solicitar y recibir información sobre los objetivos asignados a las unidades administrativas, su grado de cumplimiento y los criterios para repartir la retribución por productividad entre los empleados públicos de la Agencia estatal.
Para la Sala, esta previsión, dictada por el Estado en el ámbito de su competencia exclusiva, no precisa ni admite ninguna otra intervención normativa por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que la previsión reglamentaria del art. 12.3 del Decreto 61/2017 infringe, en efecto, tanto el art. 15.3 de la LPAC, como el art. 149.1.18 de la CE, al desbordar la competencia estatal con la introducción de un concepto jurídico, el de “mismo ámbito lingüístico “ que es ajeno a la norma estatal aplicable, art. 15.3 LPAC.
El Tribunal Supremo confirma la condena a un año y ocho meses de prisión a un galerista de Barcelona por apropiarse de la venta de dos obras de arte
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año y ocho meses de prisión impuesta a un galerista por dos delitos de apropiación indebida al considerar probado que se quedó con el dinero de la venta de un dibujo de Miró y un óleo de Oscar Domínguez que le había entregado en depósito el propietario legal de estas dos obras de arte. Además, le impone que indemnice con 50.000 euros, más los intereses legales desde la fecha de la sentencia de instancia, o en su caso, mediante la adquisición y devolución del óleo "Revólver y limón" de Óscar Domínguez a su propietario. Igualmente, le impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de galerista o comercio de obras de arte durante el tiempo de la condena.
La Sala estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por la acusación particular –ejercida por el titular legítimo de las obras- y modifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, además de la citada pena de prisión, impuso al condenado el pago de una indemnización de 22.000 euros o la adquisición y devolución del óleo de Oscar Domínguez a su propietario. En cuanto a los perjuicios provocados por el segundo delito –dibujo Miró-, la sentencia recurrida acordó el pago por parte del condenado de la diferencia que se determine en ejecución de sentencia valorando las dos obras que entregó posteriormente –un original de GioPonti y una pieza de Nicola de María- en garantía del dibujo de Miró y 9.000 euros. La estimación parcial del recurso supone el incremento de la indemnización (de 22.000 euros a 50.000 euros) por el óleo de Oscar Domínguez y la imposición de la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de galerista o comercio de obras de arte durante el tiempo de condena.
Según los hechos probados, V.M.S.S. era titular de una galería de arte en Barcelona. Debido a la relación de confianza que tenía con el acusado, X.R.F. le entregó en depósito para su venta dos obras de arte: un dibujo de Miró sobre papel enmarcado de una mujer bailando, firmado por el autor, y otra, un óleo sobre lienzo de Oscar Domínguez con el título “Revólver y limón" del año 1949 y firmado por el autor. En mayo de 2013, el acusado vendió, como si fuera propietario, la obra "Revólver y limón” por importe de 22.000 euros quedándose con todo el dinero. Posteriormente, hizo lo mismo con el dibujo de Miró, que vendió por 9.000 euros declarando expresamente ser propietario por justo y legítimo título.
En ningún momento, según los mismos hechos probados, informó de estas ventas a X.R.F. ni se las comunicó, y negó siempre haber vendido ambas obras y percibir importe alguno, hasta que en fecha 19 de enero de 2014 apareció en el periódico "La vanguardia" un artículo de la galería Barbié de Barcelona haciendo referencia a una próxima exposición sobre bodegones. Entre las obras a la venta aparecía "Revólver y limón" de Oscar Domínguez. Por ese motivo, su propietario se puso en contacto con esta galería donde le confirmaron que habían adquirido la obra en mayo de 2013, un mes después de su entrega en depósito al acusado. Como reparación parcial del daño en 7 de febrero de 2014 entregó un original de GioPonti y una pieza de Nicola de María en garantía por el dibujo de Miró obras de valor inferior al dibujo mismo.
En relación con el motivo del recurso relativo a que la obra de Óscar Domínguez estaba tasada en 60.000 euros y que la indemnización tendría que ser mayor, la Sala afirma que es cierto que en los hechos probados no se cuantifica el valor del cuadro dado en depósito para su venta, ya que solo se narra su venta a terceros.
Añade que no se puede aceptar el criterio de la sentencia recurrida que considera que el perjuicio es el valor (el precio) por el cual la obra se vendió por el autor del delito a un tercero, que inmediatamente la revendió a otro. Por el contrario -aclara la sentencia- el perjuicio será el valor de la tasación de la obra, que es el elemento más objetivo, una vez que su propietario no intervino, sobre lo defraudado al sujeto pasivo del delito, admitido incluso así por la Audiencia.
Y ese valor es, según la Sala, el de la tasación pericial que habla de un valor de entre 50.000 y 60.000 euros solo para el óleo de Óscar Domínguez. Así, concluye que la sentencia recurrida se da cuenta de que no puede mantenerse el criterio del valor de la venta que lleva a cabo el acusado, tras la comisión delictiva, que supone vender el cuadro por un precio vil.
Por ello considera que no puede mantenerse que el valor de los 22.000 euros lo fijó el mercado, pues fue el propio acusado quien así lo aceptó y convino, como podría haber aceptado una cantidad inferior. Por ello entiende que ese precio no puede servir para la correcta calificación del ilícito penal, máxime cuando resulta del dictamen pericial una diferencia tan ostensible.
La sentencia, con ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, afirma que, como quiera que el Tribunal sentenciador nos dice que el precio pericial de tasación lo fue en una horquilla de entre los 50.000 y los 60.000 euros, hemos de estimar, como cantidad más favorable al reo la de 50.000 euros, que completará el relato fáctico en la segunda sentencia que hemos de dictar al efecto.
Sin embargo, la Sala concluye también que, desde la perspectiva del subtipo agravado, como dicha suma, no "supera", como argumenta el Ministerio Fiscal, los 50.000 euros, se está en el caso de no poder ser calificado el hecho criminal en el subtipo agravado definido en el art. 250.1.5º del Código Penal, tal y como reclamaba la acusación en su recurso.
Por tanto, afirma que, al no superarse el valor de la defraudación para la aplicación del subtipo agravado, el precio de tasación servirá para determinar el concreto alcance de la responsabilidad civil, pues es evidente que en sede de tal acción, el propietario de la obra resultó perjudicado en el valor de la peritación que es tanto, como hemos dicho, como el valor de mercado de la obra.
Por otro lado, la Sala acuerda la imposición de una pena de inhabilitación especial al condenado tras admitir el motivo del recurso en que la acusación particular alegaba que el tribunal sentenciador no la acordó pese a que fue solicitada en tiempo y forma.
Jue, 06/11/2020 - 14:20
2020-07-02 07:07:19	SMTP error: Could not connect to SMTP host. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting

References: artículo 10
 artículo 14
 artículo 8
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7