Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/679471985
Timestamp: 2017-06-26 01:48:32+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 185/17 de Corte Constitucional, 28 de Marzo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 679471985
Actor:EMILSE MADRID LOPEZ
Demandado:ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P.
Fecha de Resolución:28 de Marzo de 2017
Expediente:T-5915951
VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO. POSIBILIDAD DE EXONERACION O DE IMPLEMENTACION DE ACUERDOS EN EL PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. Se atribuye a Electricaribe S.A E.S.P. la vulneración de derechos fundamentales de la actora, al no exonerarla del pago del servicio de energía registrado en un inmueble de su propiedad, el cual tuvo que abandonar de manera repentina a raíz de las amenazas de grupos organizados al margen de la ley. Adujo que fue desplazada forzosamente y que por ello no pudo continuar atendiendo oportunamente el pago de la obligación contraída con la entidad. Se solicita al juez constitucional, que en virtud del principio de solidaridad y en atención a la condición victimizante de la accionante, ordene a la entidad condonar la mencionada deuda. Se aborda la siguiente temática: 1º. La procedencia de la acción de tutela. 2º. El deber de solidaridad con respecto a las personas víctimas de desplazamiento forzado. 3º. Jurisprudencia constitucional relativa a la posibilidad de exoneración e implementación de acuerdos en el pago de los servicios públicos de las personas que se encuentran en la mencionada situación de vulnerabilidad. Concluye la Sala que tratándose de personas en condición de desplazamiento forzado, el Estado asume un deber especial de protección en su beneficio que se traduce en la implementación de acciones afirmativas que consulten sus verdaderas necesidades y requerimientos. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena a Electricaribe suscribir un acuerdo de pago con la peticionaria, en el cual se consulte tanto su calidad de persona desplazada por la violencia, como sus condiciones materiales actuales.
La señora Emilse Madrid López presentó acción de tutela contra Electricaribe S.A. E.S.P. con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad. Estos derechos se le habrían vulnerado, desde su óptica, al no exonerarla del pago del servicio de energía registrado en un inmueble de su propiedad que, aduce, tuvo que abandonar repentinamente por cuenta de las amenazas de grupos organizados al margen de la ley. Explica que fue despojada forzosamente y que por tal razón no pudo continuar atendiendo oportunamente el pago de la obligación económica contraída con la entidad, por lo que en virtud del principio de solidaridad y en atención a su condición victimizante solicita la condonación de la deuda. Los hechos narrados en la tutela, conforme a las pruebas obrantes, son los siguientes:
Actuaciones surtidas en sede de revisión 5.1. Mediante escrito del veintitrés (23) de febrero de dos mil diecisiete (2017) la señora Emilse Madrid López, por conducto de la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, informó a esta Corporación que el inmueble ubicado en el corregimiento de La Loma, municipio El Paso, Cesar es de su propiedad. Reiteró que tuvo que abandonarlo por razón de las amenazas provenientes de grupos organizados al margen de la ley y asentarse en la ciudad de Cartagena donde a la fecha reside junto a su núcleo familiar integrado por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta. Allí les fue reconocida la calidad de víctimas que les ha permitido acceder a diversas ayudas estatales[37].
5.2. La Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A. E.S.P.- a través de oficio del veinticuatro (24) de febrero de esta anualidad se pronunció sobre la existencia de una irregularidad técnica en las instalaciones eléctricas del inmueble de propiedad de la peticionaria consistente en una “alteración de la posición del medidor -medidor electromecánico con posición alterada genera error en la medida”. Igualmente hizo referencia al estado de cuenta que reporta el bien indicando que el monto adeudado a la fecha asciende a la suma de diez millones doscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos con setenta centavos ($10,267,276.70) con una mora para pago inmediato de cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece pesos con treinta y seis centavos ($489,213.36). Aseguró que la solicitud de exoneración incoada por la actora fue desestimada y a la fecha el servicio de energía se continúa prestando en el predio[38].
Cuestión previa. No hay temeridad en el caso de la señora Emilse Madrid López
Por su parte, la temeridad es un fenómeno jurídico que acaece cuando se promueve injustificada e irracionalmente la misma acción de tutela ante distintos operadores judiciales, ya sea de forma simultánea o sucesiva. De ahí que, desde sus inicios, esta Corporación haya advertido que dicho fenómeno, además de hacer alusión a la carencia de razones para promover un recurso de amparo que ya ha sido resuelto o se encuentra en trámite de resolución, comporta una vulneración de los “principios de buena fe, economía y eficacia procesales, porque desconoce los criterios de probidad que exige un debate honorable, dilata maliciosamente la actuación e impide alcanzar los resultados que el Estado busca con la actuación procesal”[43]. En desarrollo de lo anterior se ha interpretado que se configura temeridad respecto de un asunto puesto en conocimiento del juez de tutela, cuando se reúnen los siguientes requisitos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; (iv) ausencia de justificación razonable y objetiva frente al ejercicio de la nueva acción de amparo y (v) mala fe o dolo del accionante en la interposición de la nueva tutela[44]. Si se llenan completamente los anteriores presupuestos, el juez constitucional se enfrenta a una actuación temeraria que lesiona los principios de moralización y lealtad procesal, por lo que no solo debe rechazar o decidir desfavorablemente las pretensiones, sino que además deberá promover las sanciones contenidas, por ejemplo, en el inciso tercero del artículo 25 del precitado Decreto 2591 de 1991[45], en el inciso segundo del artículo 38 del mismo cuerpo normativo[46], o en los artículos 80[47] y 81[48] de la Ley 1564 de 2012[49].
En todo caso, comoquiera que la temeridad es el resultado de un ejercicio abusivo del derecho, tendiente a satisfacer intereses individuales en desmedro de la lealtad procesal y de los derechos de los demás ciudadanos, resulta lógico asumir que la misma se configure únicamente si la persona interesada ha obrado injustificadamente y de mala fe. Para ello, el juez constitucional deberá evaluar de manera cuidadosa en cada caso las motivaciones de la nueva tutela, teniendo siempre presente que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, que cualquier restricción en su ejercicio debe ser limitado, y que la buena fe se presume en todas las actuaciones de los particulares ante las autoridades públicas (artículo 83 CP), por lo que resulta imperativo demostrar que se actuó real y efectivamente de forma contraria al ordenamiento jurídico[50]. En la sentencia T-433 de 2006[51], la Sala Séptima de Revisión sostuvo que el juez constitucional debe tener en cuenta algunos hechos que, analizados en el caso concreto, pueden justificar la presentación de múltiples acciones de tutela, y que están relacionados con: (i) la condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; (iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o (iv) cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del demandante[52].
2.3. Por las razones expuestas, la Sala Primera de Revisión encuentra que no existe temeridad en la acción de tutela presentada por la señora Emilse Madrid López. Por ende, planteará el caso y el problema jurídico a resolver. Presentación del caso y problema jurídico
3.3. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala de Revisión analizará (i) la procedencia del amparo en el caso concreto; (ii) abordará el deber de solidaridad con respecto a las personas víctimas de desplazamiento forzado; (iii) evaluará la jurisprudencia constitucional relativa a la posibilidad de exoneración y de implementación de acuerdos en el pago de los servicios públicos de las personas que se encuentran en tal condición de vulnerabilidad. Finalmente (iv) resolverá el asunto materia de estudio y brindará el remedio constitucional adecuado. La acción de tutela presentada por Emilse Madrid López es procedente para buscar la protección de sus derechos fundamentales
Para verificar el cumplimiento del principio de inmediatez, el juez debe constatar si el tiempo trascurrido entre la supuesta violación o amenaza y la interposición de la tutela es razonable[65]. En el caso concreto y como se advirtió con anterioridad, la accionante acudió en dos (2) ocasiones al mecanismo constitucional sin que tal actuación pueda estimarse temeraria. La ultima solicitud de amparo fue admitida el treinta (30) de marzo de dos mil dieciséis (2016) por el Juzgado Quinto Laboral de Pequeñas Causas de Cartagena[66]. El último acto que la peticionaria considera compone el conjunto de hechos que ponen en riesgo sus garantías constitucionales y prevalentes es el oficio de fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciséis (2016), en el cual la empresa Electricaribe le hace entrega de algunas facturas de cobro y amenaza con la suspensión del servicio público de energía en el inmueble de su propiedad. No transcurrieron más de dos (2) meses entre la interposición de esta acción de tutela y el hecho generador y concreto de la vulneración que se alega. Respecto de este término no surge reparo alguno máxime cuando no puede olvidarse que la señora Emilse Madrid es una persona en condición de desplazamiento que ha permanecido en esa situación desde el año dos mil catorce (2014) cuando debió enfrentarse a un segundo episodio de desarraigo. Por ello, mientras se encuentre en esta circunstancia el amparo debe considerarse actual[67].
A esta misma conclusión ha llegado esta Corporación en casos similares, contenidos fundamentalmente en las sentencias T-347[76], T-911[77] y T-006 de 2014[78] en las cuales las Salas de Revisión respectivas definieron que las acciones de tutela allí estudiadas merecían un estudio de fondo por parte del juez constitucional, por el simple hecho de encontrarse acreditada la condición de víctima de desplazamiento de los accionantes, lo que los convertía en sujetos de especial protección. 4.3. En este contexto, encuentra la Sala superado el análisis de procedibilidad, por lo que pasará a estudiar el problema jurídico planteado con fundamento en reiterada jurisprudencia en la materia.
Tratándose de personas en condición de desplazamiento forzado, el Estado asume un deber especial de protección en su beneficio que se traduce en la implementación de acciones afirmativas que consulten sus verdaderas necesidades y requerimientos
5.1.4. El principio superior de solidaridad, cuya fuente normativa se identifica esencialmente en los artículos 1[90] y 95 numeral 2[91] de la Carta Política, ha sido definido por esta Corporación como aquel “deber impuesto a toda persona y autoridad pública, por el sólo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Pero fundamentalmente se trata de un principio que inspira la conducta de los individuos para fundar la convivencia en la cooperación y no en el egoísmo”[92]. Es así como la solidaridad se convierte en una referencia axiológica del Estado social de derecho, en tanto pilar esencial para el desarrollo de la vida ciudadana en democracia, que impone la obligación de prestar una atención especial y prioritaria a las personas que, por su condición de vulnerabilidad, son titulares de especial protección constitucional. Se trata además de un mandato que se circunscribe en el Estado social como una fórmula para atenuar el principio liberal-clásico de igualdad, según el cual los ciudadanos son estrictamente iguales ante la ley, permitiendo su entendimiento desde una perspectiva de cargas públicas, de tal manera que se de preeminencia al concepto de igualdad material[93] que, a su vez, impone a las autoridades la obligación de inspirar la adopción de sus medidas en la “realidad fáctica” de los sujetos a los cuales están destinadas. En todo caso, valga advertir que el Constituyente de mil novecientos noventa y uno (1991) dejó claro que la incorporación constitucional del principio de solidaridad no tiene como criterio interpretativo la asimilación de un Estado benefactor en Colombia, sino que debe ser observado como medio para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de los ciudadanos[94], de tal manera que, inclusive, el Estado se instituya como un agente de justicia social[95].
5.2.3. Tomando como referente estas consideraciones, la Corte Constitucional se ha pronunciado en eventos en los que entidades que prestan un servicio público domiciliario adelantan el cobro de facturas que los usuarios no han podido cancelar por razón del desplazamiento mismo y del temor reverencial de regresar a sus territorios de origen donde se encuentran ubicados los inmuebles objeto de la facturación, sin brindar opciones de alivio económico que atiendan a la condición victimizante del deudor. Para la Corporación, el hecho propio del desarraigo constituye una circunstancia de fuerza mayor, un supuesto ajeno a la voluntad de quien lo padece que puede dificultar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del contrato de servicios públicos[107]. De ahí que con fundamento en el deber de solidaridad y atendiendo al contexto concreto de cada caso haya ordenado a las instituciones generar facilidades de pago o medidas de exoneración -excepcionalmente- buscando garantizar la estabilidad financiera de las víctimas del conflicto y procurando aminorar su estado de vulnerabilidad. A continuación, la Sala se ocupará de estudiar tres (3) precedentes relevantes en la materia que encuentran una similitud especial en relación con el problema jurídico que aquí se pretende resolver[108]. 5.2.3.1. En la sentencia T-792 de 2009[109], la Sala Cuarta de Revisión analizó el caso de una persona víctima de desplazamiento forzado que solicitaba dejar sin valor el cobro de las facturas del servicio público de energía causadas durante el tiempo en que duró su desplazamiento. De acuerdo con la situación fáctica reseñada, la accionante residía en un predio rural ubicado en el Departamento del Cesar junto a su núcleo familiar. Como consecuencia de la violencia generada por grupos armados al margen de la ley tuvo que abandonarlo y migrar a otro lugar del territorio nacional donde fue inscrita en el RUPD. Habida cuenta de su precaria condición económica, cuatro (4) años después regresó a su vivienda habitual encontrando que la empresa Electricaribe había procedido a cobrar el valor del servicio público durante este periodo que permaneció ausente, sin tener en cuenta para ello el previo aviso que se había dado en relación con el abandono del inmueble[110].
La Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A. E.S.P.- deberá suscribir un acuerdo de pago con la señora Emilse Madrid López que consulte tanto su calidad de persona desplazada por la violencia como sus condiciones materiales actuales
Al proceso de tutela se aportaron veintinueve (29) facturas de cobro. Todas ellas fueron expedidas por la Electrificadora del Caribe -Electricaribe S.A. E.S.P.- y se encuentran a nombre de la señora Emilse Madrid López, quien figura como titular del pago del servicio prestado sobre el inmueble de la referencia, cuyo estrato, según se desprende de estos documentos, corresponde al número dos (2). Los periodos facturados van desde el año dos mil catorce (2014) hasta el año dos mil diecisiete (2017). La primera factura que se anexa tiene como fecha de emisión el nueve (9) de octubre de dos mil catorce (2014), esto es, cuando la peticionaria ya se había desplazado del corregimiento de La Loma y la última de ellas el ocho (8) de febrero de dos mil diecisiete (2017), es decir, mientras permanece residiendo en la ciudad de Cartagena[118]. De su contenido se desprende que el estado de cuenta al diecisiete (17) de febrero de dos mil diecisiete (2017) asciende a la suma de diez millones de pesos ($10,000,000), con una mora para pago inmediato de cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos trece pesos con treinta y seis centavos ($489,213.36) y un saldo financiado de cuatro millones ochocientos catorce mil novecientos treinta pesos ($4,814,930)[119]. De ahí que la pretensión de la actora en sede de tutela gire en torno a la exoneración del pago del servicio de energía registrado durante la época de su desplazamiento.
En segundo lugar, no se entiende cómo a pesar del reporte de mora por incumplimiento en el pago de las facturas de energía, Electricaribe no ha procedido a la suspensión del servicio ni desplegado ninguna otra acción adicional aun cuando se trata de una obligación legal de obligatorio cumplimiento y un desarrollo del deber de solidaridad que se quebranta cuando no se ejecuta una acción de esta naturaleza[129]. El artículo 140 de la Ley 142 de 1994[130] modificado por el artículo 19 de la Ley 689 de 2001[131] establece entre las causales de suspensión del servicio por incumplimiento del contrato, la falta de pago por el término que fije la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de dos (2) períodos de facturación en el evento en que ésta sea bimestral y de tres (3) períodos cuando sea mensual. En este caso, existen facturaciones no canceladas por más de tres (3) periodos consecutivos ya que la deuda total reportada hasta la fecha equivale a diez millones doscientos sesenta y siete mil doscientos setenta y seis pesos con setenta centavos ($10,267,276.70) y según se indicó previamente el promedio de facturación mensual es de trescientos cincuenta y cuatro mil cuarenta y cuatro pesos ($354,044)[132]. No obstante lo anterior, la prestación del servicio se mantiene y pareciera del contenido de las pruebas aportadas al proceso que la razón de ello es que la señora Emilse Madrid ha venido abonando a la deuda pues de las facturas se denota la existencia de una “cuota de acuerdo a plazos” que, sin embargo, nunca ha sido dada a conocer por la empresa ni por la peticionaria en sede de tutela[133].
Esta Corporación ha señalado que cuando el asunto puesto a consideración involucra a una persona en condición de desplazamiento forzado, a las autoridades públicas e incluso a los particulares les asiste la facultad y el deber de asumir permanentemente una actitud más oficiosa y activa en la defensa de sus derechos y asegurarse que no se presenten circunstancias de incumplimiento de las obligaciones de respeto, garantía y protección frente a sus condiciones materiales de existencia. Esto es trascendente toda vez que se trata de un sector de la población que en virtud de la situación de desarraigo y desamparo en la que se encuentra, y máxime cuando está sobrellevando un escenario de extrema vulnerabilidad, ve limitados drásticamente sus presupuestos básicos. En tratándose de mujeres desplazadas por la violencia en el Auto 092 de 2008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004[136] se identificaron un número significativo de riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, que son a su vez factores específicos de vulnerabilidad a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina[137]. Estas circunstancias que explican en su conjunto el impacto diferencial y desproporcionado del desplazamiento forzoso imponen a las autoridades públicas el deber de emprender acciones integrales, racionales, coordinadas y cuidadosamente diseñadas para atacar en forma directa los factores que generan el desconocimiento de sus garantías básicas. En el caso concreto, nos enfrentamos a la situación de la señora Emilse Madrid López quien permanece en una doble condición de vulnerabilidad materializada, como se sabe, en su calidad de mujer desplazada y en su status de jefe femenina de un hogar integrado por cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta. Estas circunstancias merecen una atención especial y obligan en consecuencia al juez constitucional a no permanecer inmóvil debiendo en su lugar implementar alternativas de protección que de un lado, contribuyan a mitigar el efecto de una tragedia humanitaria como lo es el desplazamiento forzado y de otro, obliguen a la entidad accionada a desplegar una conducta que consulte y atienda la realidad fáctica en la que se encuentra la peticionaria en tanto ha sido clara su omisión en este sentido.
V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,
[13] Folio 2. [14] Folio 21 y folios 17, 26, 27 y 28 del cuaderno de Revisión.
[24] Junto a este documento se aportó un formato único de noticia criminal con fecha veinte (20) de enero de dos mil quince (2015) en el cual la accionante narra lo siguiente: “A raíz de las amenazas de muerte que vengo recibiendo por parte del grupo denominado Los Urabeños cuando vivía en el corregimiento La Loma Cesar tuve que venirme para la ciudad de Cartagena y actualmente estoy residiendo en el Barrio San José Los Campanos desde el día 28 de septiembre del año 2014. Las personas que me llaman se identifican como Los Urabeños de La Loma Cesar y El Paso. Me dicen que ellos van a matar a mis hijos si no les doy las cajas de municiones que me piden para fusiles. Me piden dinero. Me mandaron a desocupar la región y por tal razón me vine para Cartagena con mi familia” (folio 20 y folios 17 y 50 del cuaderno de Revisión). [25] Adalberto Bermúdez Mendoza.
[50] En efecto, la Corte Constitucional ha señalado que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”; (iii) deje al descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción”; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”. Ver, entre otras, las sentencias T-1103 de 2005 (MP Jaime Araujo Rentería), T-184 de 2005 (MP Rodrigo Escobar Gil), SU-713 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil; SV Jaime Araujo Rentería), T-678 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-695 de 2006 (MP Jaime Araujo Rentería), T-878 de 2006 (MP Clara Inés Vargas Hernández), T-089 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-516 de 2008 (MP Clara Inés Vargas Hernández; AV Manuel José Cepeda Espinosa), T-679 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), T-389 de 2010 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-621 de 2010 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-266 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-660 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-497 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto; SVP Luis Ernesto Vargas Silva), T-327 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-237 de 2013 (MP María Victoria Calle Correa), SU-377 de 2014 (MP María Victoria Calle Correa; SVP Luis Guillermo Guerrero Pérez), T-206 de 2014 (MP Nilson Pinilla Pinilla), SU-055 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa), T-454 de 2015 (MP Myriam Ávila Roldán (e); SV Alberto Rojas Ríos), T-596 de 2015 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-001 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; SV Luis Ernesto Vargas Silva), T-147 de 2016 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado; AV Jorge Iván Palacio Palacio), T-229 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SVP Alberto Rojas Ríos). [51] MP Humberto Antonio Sierra Porto.
[93] Ver, entre otras, la sentencia T-005 de 1995 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual se hizo un detallado desarrollo del principio de solidaridad constitucional, con ocasión de una acción de tutela promovida por una persona de ochenta y cuatro (84) años, quien contaba con una sustitución pensional pero la entidad pagadora ordenó suspender el cubrimiento de un tratamiento médico que se venía ejecutando con ocasión de un tumor cerebral que padecía la accionante. [94] Desde la sentencia T-125 de 1994 (MP Eduardo Cifuentes Muñoz), se hizo referencia a los deberes constitucionales, y puntualmente frente a la solidaridad se dijo que el Estado Social de derecho “se traduce en la vigencia inmediata de los derechos fundamentales”. Definió a este principio de la siguiente manera: “La solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la organización política; sirve, además, de pauta de comportamiento conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales. La solidaridad como modelo de conducta social permite al juez de tutela determinar la conformidad de las acciones u omisiones particulares según un referente objetivo, con miras a la protección efectiva de los derechos fundamentales”. En esta ocasión, el peticionario solicitaba que por la vía de la acción de tutela se obligara a un particular, en este caso a su propio hijo, a suministrar información relativa a un negocio jurídico en el que tenía interés directo e, incluso, se hiciera exigible judicialmente en su favor el pago de la parte del precio que le correspondía por concepto de sus derechos sobre el bien objeto de compraventa.
[108] La situación del desplazamiento forzado y su relación con el cumplimiento de obligaciones pecuniarias ha sido analizada por esta Corporación, entre otras, en las sentencias T-520 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-419 de 2004 (MP Alfredo Beltrán Sierra), T-358 de 2008 (MP Nilson Pinilla Pinilla), C- 1011 de 2008 (MP Jaime Córdoba Triviño), T-312 de 2010 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), T-448 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-725 de 2011 (MP Nilson Pinilla Pinilla; AV Humberto Antonio Sierra Porto), T-752 de 2011 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-386 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-380 de 2016 (MP María Victoria Calle Correa; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez). En estos supuestos, las diferentes Salas de Revisión han considerado que el desconocimiento por parte de las entidades accionadas, en su mayoría, instituciones bancarias o encargadas de la prestación de un servicio público, de la situación de desplazamiento forzado de los peticionarios rompe el deber de solidaridad que se debe tener frente a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Se ha señalado que las distintas entidades del Estado e, inclusive los particulares, tienen la obligación de evitar que las consecuencias de este fenómeno social se extiendan a los distintos ámbitos personales de la víctima, de manera que se hagan más gravosas. [109] MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[116] Al proceso se aportó certificación de fecha julio de dos mil trece (2013) expedida por la Directora de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en la que se indica que la señora Emilse Madrid López identificada con la cédula de ciudadanía No. 36390453 se desplazó del municipio El Paso, Cesar y se encuentra incluida en el Registro Único de Víctimas como jefe de hogar desde el veintisiete (27) de julio de dos mil uno (2001) junto a cinco (5) hijos y un sobrino. También obra documento de fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017) suscrito por la Directora de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas donde señala que por el hecho victimizante de desplazamiento forzado ocurrido en un primer momento el veintisiete (27) de mayo de dos mil uno (2001) y posteriormente el diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014) en el municipio El Paso, Cesar, la accionante se encuentra inscrita en el RUV en calidad de declarante y/o jefe de hogar junto a su núcleo familiar integrado por cinco (5) hijos y un sobrino llamado Martín Amaris Madrid. En el mismo documento se habla de un segundo hecho por el cual se le atribuye la calidad de víctima relacionado con amenazas ejercidas en su contra el diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014) en el municipio El Paso. Por razón de esta específica circunstancia, junto a sus cinco (5) hijos, un sobrino y una nieta permanece incluida en el RUV y recibe ayudas económicas (folios 17, 26, 27, 28, 35 y 36 del cuaderno de Revisión). [117] De acuerdo con la información brindada por la accionante en sede de revisión, el inmueble ubicado en el barrio Divino Niño del corregimiento de La Loma, municipio El Paso en el Departamento del Cesar, es de su propiedad. Con anterioridad al momento del desplazamiento estaba destinado para prestar un servicio de hotel y al mismo tiempo era su lugar de residencia en compañía de su familia. Esta afirmación la soporta en la Resolución No. 007 del diecisiete (17) de enero de dos mil once (2011) proferida por la Directora Territorial del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -INCODER- Regional Cesar. En dicho acto administrativo se indica que el veintiséis (26) de agosto de dos mil cuatro (2004), la señora Emilse Madrid López presentó solicitud de adjudicación del predio rural denominado “Lote Urbano”, ubicado en el corregimiento de La Loma, municipio El Paso en el Departamento del Cesar. Mediante Resolución No. 145 del veintinueve (29) de julio de dos mil nueve (2009), el Director Territorial del INCODER Cesar, adjudicó a la solicitante el predio referido ubicado en el Centro Poblado de La Loma con una extensión de cinco mil ochenta y un metros cuadrados (5.081 m2). El anterior acto fue objeto de inscripción y registro en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Chimichagua, Cesar con el número de matrícula inmobiliaria 192-31901 del nueve (9) de noviembre de dos mil diez (2010). En tal resolución, por error involuntario de transcripción se cometió una impropiedad en la determinación del área titulable, al señalarse una extensión diversa a la permitida por el artículo 1 numeral 1 del Acuerdo 014 de 1995. Por esta razón, a través de la Resolución No. 007 del diecisiete (17) de enero de dos mil once (2011) se procedió a corregir el error advertido indicándose que el área adjudicable correspondía únicamente a dos mil (2000) metros cuadrados (folios 19 al 23 del cuaderno de Revisión).
[135] Folio 57 del cuaderno de Revisión. [136] MP Manuel José Cepeda Espinosa.

References: artículo 25
 artículo 38
 artículo 140
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución