Source: http://www.lexsanitaria.com/impacto-del-estado-de-alarma-en-nuestros-medicos-1a-entrega/
Timestamp: 2020-07-14 23:32:05+00:00

Document:
Impacto del estado de alarma en nuestros médicos / Volumen I | Lexsanitaria
El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de la Nación ha declarado, por segunda vez en democracia, el estado de alarma. La primera de ellas fue el 4 de diciembre de 2010 en la militarización de los controladores aéreos, cuyas responsabilidades penales se están o estaban, por lo que luego explicaremos, enjuiciando en la Audiencia Nacional.
Esta declaración de estado de alarma supone lo que la doctrina ha denominado supuesto de anormalidad democrática y que se regulan en el artículo 116 de la Constitución española, donde además del estado de alarma, conviven el de sitio y el de excepción.
En lo relativo al estado de alarma, el precepto constitucional establece:
El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.”
Esa Ley Orgánica es la 4/1981, de 1 de junio, que contiene unas disposiciones generales aplicables a los tres estados, artículos 1 a 3, y unas reglas para cada uno de los estados de anormalidad constitucional, correspondiendo los artículos 4 a 12 al estado de alarma.
Pero el objeto de este artículo no es describir jurídicamente lo que es el estado de alarma, sino explicar en qué afecta a los médicos y al personal sanitario el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Es importante tener presente que la declaración de estado de alarma no ha dejado sin efecto las medidas que durante estos días han ido implementando las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sino que las integra en su articulado a través de su disposición final primera.
Por lo que todas las decisiones tomadas hasta ahora se mantienen; teletrabajo, horarios, retiradas de libranzas, permisos, vacaciones…
Los médicos y el personal sanitario, como ciudadanos que son, se van a ver afectados por una serie de medidas generales y además por las medidas que específicamente se refieren a ellos.
En primer lugar, hay que dejar claro que el presidente del Gobierno, a través de 4 ministerios (Defensa, Interior, Transportes, y Sanidad), asume la gestión de todo lo relativo al COVID-19.
Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales continúan en el ejercicio ordinario de sus competencias, y deben ser informadas de lo que adopte el Estado con relación al COVID-19, pudiendo solicitar además al Estado la adopción de medidas concretas en esta materia.
Como segunda cuestión, estas medidas, que se aplican en toda España, y que pueden ir variándose o desarrollándose, solo estarán en vigor hasta el día 29 de marzo, salvo que el Congreso de los Diputados las prorrogue.
Las medidas que afectan a todos los ciudadanos son la restricción de la libre circulación de las personas para evitar la propagación del virus, que expresamente permite al personal médico acudir a su trabajo y suministrarse de bienes de primera necesidad. Asimismo, se regula la posibilidad de cerrar el tráfico.
El Real Decreto amplía a toda España el cierre educativo y se recuerda la posibilidad de imponer a los ciudadanos requisas, prestaciones personales obligatorias, así como la ocupación temporal de empresas.
El estado de alarma decreta el cierre de todo el comercio minorista, salvo las excepciones previstas en el artículo 10, algunas de ellas lógicas (farmacias, supermercados…) y otras no tanto (tintorerías y peluquerías).
Se restringen y se condicionan los actos de liturgia religiosa a la evitación de aglomeraciones y al mantenimiento de la distancia de seguridad, que se fija en un metro.
Se reducen, sean o no de servicio público, los transportes aéreos, por carretera, y por tren como mínimo a un 50 %, salvo Cercanías, que se mantiene al 100 %.
Sin embargo, los medios de transporte que no salgan del territorio de una Comunidad Autónoma y, por tanto, sean competencia autonómica o local y presten un servicio público (taxis, por ejemplo) se mantienen al 100 %, salvo que el Estado, las Autonomías o los Ayuntamientos decidan reducirlo.
No solo se contemplan medidas restrictivas, sino también de seguridad, mantenimiento del abastecimiento alimentario y de bienes de primera necesidad, que afectan incluso a las aduanas, al suministro de luz, gas y agua y a la protección de las infraestructuras que, o hayan sido declaradas criticas o sean indispensables para mantener el suministro.
Por último, se obliga a los medios de comunicación a insertar los anuncios que exijan las autoridades competentes que ya hemos mencionado.
Todas estas medidas pueden ser ampliadas, modificadas o reducidas por las autoridades competentes del Estado (Interior, Defensa, Sanidad y Transportes).
Asimismo, se suspenden todos los plazos administrativos y judiciales, salvo los urgentes en materia penal, los que afecten a derechos fundamentales en cualquier orden, las autorizaciones judiciales precisas en materia sanitaria, incluida la Psiquiatría, y las medidas de tutela de los menores.
Todos los plazos de caducidad y prescripción de que disponen los ciudadanos para reclamar sus derechos se suspenden en cuanto a su cómputo y podrán ser reclamados cuando se levante el estado de alarma, por lo que podrá solicitarse la devolución de todas las cuotas cobradas de servicios de los que no se puede disponer, pasada la actual situación.
La declaración del estado de alarma afecta especialmente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (incluyendo policías autonómicas, locales y el Ejército) que quedan bajo el mando único del Estado en lo relativo al COVID-19.
Lo mismo ocurre con el personal sanitario, a quien va dirigido el presente artículo.
Como saben, la Sanidad en España está descentralizada en 17 Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas, pero a los efectos de paliar la propagación, e incluso desarrollar una vacuna, del COVID-19, la Sanidad se recentraliza en el ministro de Sanidad.
Es decir, la gestión ordinaria de la Sanidad sigue dependiendo de la Consejería competente, pero en lo relativo al COVID-19 el personal sanitario depende de lo que decida y disponga el ministro de Sanidad, de oficio o a petición de las Comunidades Autónomas y el resto de los entes competentes.
Esto hará que los lectores se planteen qué debemos entender por “relativo al COVID-19”, pues bien, todo lo que el ministro de Sanidad determine que es relativo al COVID-19.
No debemos olvidar que todas las medidas adoptadas hasta la fecha por las Autonomías y los entes locales se mantienen incólumes, es decir, forman parte del Real Decreto del estado de alarma y su incumplimiento lleva aparejadas altas sanciones y posibles responsabilidades penales. Por lo que los permisos, libranzas y el resto de las vacaciones canceladas continúan estándolo.
Los centros militares y los privados también quedan bajo la dirección superior del ministro de Sanidad en todo lo relativo al COVID-19.
Las medidas que afectan al personal médico y al resto de personal sanitario vienen mencionadas en los artículos 12 y 13 del Real Decreto del estado de alarma, y se resumen de la siguiente forma:
Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como el resto de los funcionarios y trabajadores al servicio de estas, quedarán bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.
El ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio sanitario.
Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria. Es decir, pueden destinarse recursos humanos, médicos y materiales de una autonomía a otra, o dentro de la misma autonomía a otra localidad o centro médico.
Defensa y Sanidad han de asegurar que el personal y los centros y establecimientos sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.
El ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada.
Tan importante como gestionar los recursos de la sanidad, es mantenerlos y ampliarlos, si fuera posible. Por ello, el ministro de Sanidad podrá:
“a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.
c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.”
Como habrán comprendido los lectores, se trata de unas medidas genéricas, en la mayor parte de los casos, que necesitan de una concreción posterior.
De las Órdenes que el ministro de Sanidad, en las próximas horas y/o días, pueda dar a los médicos y al resto de personal sanitario, o aquellas que afecten a los centros sanitarios, públicos (civiles o militares) o privados, les iremos informando puntualmente.
Desde DS Legal Group estamos comprometidos con esta situación de especial emergencia, colaborando con los colectivos sanitarios y las instituciones y poniendo nuestros recursos y personal a disposición de los profesionales de la salud. Para ir resolviendo las dudas que puedan surgir podéis escribirnos a contacto@dslegal.es.
No quisiera terminar estas líneas sin agradecer al personal médico el gran trabajo que está desarrollando y que, junto a este país que le apoya en su totalidad, terminará con la crisis sanitaria que hoy en día nos afecta.
No puedo sino descubrirme ante su esfuerzo.
Conrado Núñez, CEO de DS Legal Group

References: artículo 116
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto