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Timestamp: 2020-07-12 19:39:53+00:00

Document:
diariolaley - Documento Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 33/2019 de 21 Ene. 2019, Rec. 4009/2016
S TS 21/1/2019
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Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, Sentencia 33/2019 de 21 Ene. 2019, Rec. 4009/2016
Nº de Recurso: 4009/2016
LA LEY 6857/2019
ECLI: ES:TS:2019:452
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. Es legal y proporcionado que se exija el reconocimiento médico a los conductores y el personal de mantenimiento (que realiza trabajos en altura) del parque móvil del Estado, no así el personal de taller. Es evidente que aquí no puede prevalecer la intimidad o la voluntariedad porque su actividad puede conllevar riesgos para los pasajeros o para terceros. Aunque se realizan otros reconocimientos para convalidar los permisos de conducción, no persiguen la misma finalidad. Ambos son complementarios y no excluyentes.
El Supremo desestima los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos y reitera lo dispuesto en la sentencia del TSJ Madrid que declaró obligatorio el reconocimiento médico de los conductores y personal de mantenimiento del parque móvil del Estado.
Esta Sala ha visto los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Madrid (FSP/UGT), representada y asistida por el letrado D. Antonio Barbacil Lozano, y por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), representada y asistida del letrado D. José Manuel Fernández Barreno, contra la sentencia dictada el 12 de septiembre de 2016, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 535/2016 (LA LEY 150140/2016) , que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Madrid, de fecha 26 de noviembre de 2015 , recaída en autos núm. 1081/2014, seguidos a instancia de FSP/UGT, CSI-F, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) y Unión Sindical Obrera frente al Parque Móvil del Estado, siendo parte el sindicato Grupo de Trabajadores del Parque (GTP), sobre conflicto colectivo.
PRIMERO.- Con fecha 26 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Social nº 5 de Madrid dictó sentencia , en la que se declararon probados los siguientes hechos:
2º. - La demanda solicita el pronunciamiento exclusivamente en relación con el personal laboral con centro de trabajo en Madrid.
3º. - En el punto 5.2.11 relativo a los reconocimientos médicos se especifica: 1.1.Tipos de reconocimientos médicos: Los reconocimientos médicos se realizarán en los siguientes supuestos: a.- Iniciales: después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. El reconocimiento médico inicial se llevará: a cabo en los primeros quince días hábiles tras la incorporación de todo trabajador. Los reconocimientos iniciales serán voluntarios para los trabajadores salvo en los siguientes supuestos: A.1. Personal conductor. A.2. Personal de taller con posible exposición a ruido y/o vibraciones y productos químicos cancerígenos. A. 3. Personal de mantenimiento (con trabajo en altura). b.- Periódicos: por trabajar con determinados productos o en determinadas condiciones reguladas por una legislación específica que así lo exija o según riesgos determinados por la evaluación de riesgos, incluidas las características personales. Los reconocimientos médicos periódicos serán voluntarios salvo en los siguientes supuestos: B.1. Personal conductor: (dicho concepto incluye también trabajadores que aún estando adscritos al puesto, ocasionalmente desempeñen el mismo - caravanas, cumbres-). El personal conductor pasará reconocimientos médicos periódicos, de acuerdo con los siguientes plazos, según edades: PERIODICIDAD: Personal Menor de 50 años/3 años - Personal Mayor de 50 años/anual Dichos plazos se podrán modificar cuando se observe algún tipo de patología, en, vigilancia de la salud, que aconseje reducir los plazos de los mismos. B.2. Personal de taller expuesto a ruido y/o vibraciones y productos químicos cancerígenos: Los reconocimientos médicos obligatorios de los trabajadores expuestos a estos agentes físicos y químicos se ajustarán a lo legalmente establecido. B.3. Personal de mantenimiento, expuesto a trabajos de altura, soldadura y pintura: Los reconocimientos médicos obligatorios de los trabajadores expuestos a estos agentes físicos y químicos se ajustarán a lo legalmente establecido. c.-Tras ausencia prolongada del trabajador por motivos de salud (a criterio médico según diagnóstico) o por causas de naturaleza laboral (suspensión temporal de empleo, excedencias, etc...); en el que se le da tratamiento de vigilancia de salud inicial .
4º.- El 16 de julio de 2014 y al amparo de lo previsto en el artículo 92 del Convenio colectivo se intenta la solución del conflicto en el seno de la CIVEA, SIN ACUERDO".
SEGUNDO.- La citada sentencia fue recurrida en suplicación por las representaciones procesales de FSP/UGT, CSI-F y FSC-CCOO ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 12 de septiembre de 2016 , en la aparece la siguiente parte dispositiva: "Que estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSI-F), FEDERACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MADRID DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FSP/UGT) y FEDERACIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DE CC.OO. DE MADRID (FSC-CC.OO.) contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 5 de MADRID en fecha 26-11-15 en autos 1081/14 sobre conflicto colectivo, seguidos a instancia de los recurrentes contra PARQUE MÓVIL DEL ESTADO y como parte GRUPO DE TRABAJADORES DEL PARQUE MÓVIL y en consecuencia revocamos dicha sentencia en parte, de forma que estimamos parcialmente la demanda, declarando que los reconocimientos médicos no pueden imponerse obligatoriamente en virtud del documento de 16 de diciembre de 2013 al personal del taller, y desestimando el resto de las pretensiones. Sin costas".
TERCERO.- Por las representaciones procesales de los sindicatos FSP/UGT y CSI-F se formalizaron los presentes recursos de casación para la unificación de doctrina. Los recurrentes invocan como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en fecha 24 de enero de 2013 (RSU 3092/2012 ). Los recursos se interponen al amparo del artículo 207 e) LRJS (LA LEY 19110/2011) , por infracción del artículo 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) .
CUARTO.- Admitido a trámite el presente recurso, se dio traslado del escrito de interposición y de los autos a las representaciones procesales de las partes recurridas para que formalicen su impugnación en el plazo de quince días. Evacuado el traslado de impugnación, se pasaron las actuaciones al Ministerio Fiscal, que emitió informe en el sentido de considerar que los recursos deben ser declarados improcedentes.
QUINTO.- Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 9 de enero de 2019, fecha en que tuvo lugar.
PRIMERO.- 1. - La cuestión que debemos resolver es la de determinar si la empresa puede imponer el reconocimiento médico obligatorio al personal afectado por el conflicto colectivo objeto del presente procedimiento.
En atención a las circunstancias que concurren en los puestos de trabajo desempeñados por cada uno de ellos, el órgano de instancia considera justificada la actuación empresarial conforme a lo dispuesto en el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) , que admite esa posibilidad en "los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa".
2.- El recurso de suplicación formulado por los demandantes es parcialmente estimado en la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 12 de septiembre de 2016, rec. 535/2016 (LA LEY 150140/2016) , que declara la legalidad de los reconocimientos médicos obligatorios a los trabajadores que prestan servicios como conductores y a los que realizan trabajos en altura, pero no así al personal de taller respecto al que no se ha acreditado la concurrencia de circunstancias especiales en sus puestos de trabajo que justifique la imposición del reconocimiento médico.
3. - Frente a dicha sentencia se formulan sendos recursos de casación para la unificación de doctrina por los sindicatos FSP/UGT y CSI-F.
En ambos recursos se utilizan idénticos argumentos jurídicos sobre el derecho a la intimidad de los trabajadores como elemento determinante para negar que estuviese justificado en este caso la práctica de reconocimientos médicos obligatorios; se denuncia infracción de los arts. 4.2 e) ET y 22.1 de la LPRL (LA LEY 3838/1995) para sostener que no se dan las circunstancias que conforme a tales preceptos pudieren avalar la actuación de la empresa; y se invoca igualmente la misma sentencia de contraste dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana de 24 de enero de 2013, rec. 3092/2012 (LA LEY 39099/2013) .
4.- La empresa en su impugnación niega la existencia de contradicción, y solicita en todo caso la desestimación del recurso por entender que la doctrina correcta es la de la sentencia recurrida; el Ministerio Fiscal admite la contradicción y considera más ajustado a derecho el criterio de la sentencia recurrida.
SEGUNDO. 1 .- Debemos resolver en primer lugar si entre la sentencia recurrida y la referencial hay contradicción en los términos exigidos por el art. 219.1º LRJS (LA LEY 19110/2011) , que en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos que sea necesario unificar.
2. - Los hechos y elementos jurídicos relevantes de la sentencia recurrida, son como siguen: 1º) El 16/12/2013 la empresa aprueba el denominado "procedimiento para la vigilancia de la salud" que describe la sistemática actuación en el Parque Móvil del Estado para el control y vigilancia de la salud de todos los trabajadores que prestan servicios en el mismo; 2º) En el apartado relativo a los reconocimientos médicos se distingue entre los reconocimientos iniciales, tras la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud, y los reconocimientos periódicos a los que deben someterse quienes ya prestan servicios en dicho organismo; 3º) En ambos supuestos se dispone con carácter general su carácter voluntario, pero se impone obligatoriamente para tres concretos colectivos de trabajadores: a) Personal conductor; b) Personal de taller expuesto a ruido y/o vibraciones; c) Personal de mantenimiento expuesto a trabajos en altura; 4º) Los conductores del parque móvil tienen como función la de trasladar como pasajeros en los vehículos oficiales a las personas que corresponda.
Como ya hemos avanzado, el objeto del proceso de conflicto colectivo es determinar si esa previsión de la empresa está amparada por lo dispuesto en el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) , o supone por el contrario una infracción del derecho a la intimidad de los trabajadores al imponer obligatoriamente el reconocimiento médico a los tres colectivos mencionados.
3. - La sentencia recurrida se atiene a la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 196/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2437/2004) , sobre los reconocimientos médicos, que reproduce con todo detalle en sus fundamentos jurídicos, así como a la aplicación que de la misma se hace en la STS 10-6-2015, rec. 178/2014 (LA LEY 92325/2015) .
Lo que en definitiva proscribe esa doctrina es la utilización injustificada, genérica e indiscriminada de la facultad empresarial de imponer los reconocimientos médicos obligatorios que el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) reconoce en determinadas circunstancias, y la desproporcionada e irrazonable aplicación de dicha facultad de manera que resulte invasiva del derecho fundamental a la intimidad que garantiza el art. 18 CE (LA LEY 2500/1978) .
4. - Tras exponer dichos criterios, los aplica posteriormente y de manera específica a cada uno de los tres colectivos de trabajadores afectados, emitiendo un pronunciamiento individualizado para cada uno de ellos, de la siguiente forma:
A) En el caso de los conductores, razona que es aplicable la previsión del art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) que permite a las empresas imponer obligatoriamente los reconocimientos médicos por ser imprescindibles para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, en la medida en que la conducción de vehículos supone un evidente riesgo para el propio trabajador y terceros, sin que la normativa general sobre la obtención y renovación del permiso de conducir sea suficiente para mitigarlo, ya que a esos efectos no se tienen en cuenta los específicos riegos laborales y en tanto que se trata de conductor profesionales que se dedican de forma habitual a esa actividad y se encuentran por ello expuestos de manera permanente a esos riesgos y a los accidentes de trabajo derivados de los mismos. Lo que le conduce a concluir que la actuación empresarial es adecuada y no lesiva de los derechos de los trabajadores, sin poner en cuestión la correcta proporcionalidad del modo y manera en el que la empresa lleva a efecto los reconocimientos médicos, sobre lo que no consta en los hechos probados el menor elemento de juicio que permita cuestionarla por esos motivos.
B) Para el personal de mantenimiento con trabajo en altura aplica los mismos criterios anteriores, poniendo de manifiesto el riesgo de caída existente en este tipo de actividades con el peligro específico que esto supone para el propio trabajador y para terceros, lo que encuentra adecuado y suficiente para justificar la necesidad de imponer los reconocimientos médicos con independencia del consentimiento del trabajador.
C) Por el contrario, y en aplicación de esa misma doctrina, para los trabajadores de taller se considera que no está justificado el reconocimiento médico obligatorio por el simple hecho de que puedan estar expuestos a ruidos, vibraciones o productos químicos cancerígenos.
TERCERO. 1 .- En el caso de la sentencia de contraste el conflicto afecta a un solo y específico colectivo de trabajadores, los conductores de autobuses de transporte público de pasajeros, a los que la empresa municipal demandada les ha impuesto el reconocimiento médico obligatorio.
La sentencia de suplicación confirma la de instancia que estimó la demanda de los representantes legales de los trabajadores y negó a la empresa el derecho de imponer reconocimientos médicos al amparo de lo dispuesto en el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) .
2. - Para sustentar su decisión invoca la misma doctrina del Tribunal Constitucional a la que se acoge la sentencia recurrida y que ya hemos mencionado anteriormente, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia que han venido en asumirla, para destacar que los reconocimientos médicos solo pueden imponerse si queda acreditado que son necesarios e imprescindibles cuando el riesgo ha sido adecuadamente objetivado y deba garantizarse la protección de terceros.
3. - Con carácter previo a la resolución que proceda sobre la existencia de contradicción, deberemos hacer una puntualización.
CUARTO. 1 .- El examen de las sentencias en comparación evidencia que ambas se acogen a la misma doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre esta materia que ya hemos referenciado anteriormente, sobre el el alcance de lo dispuesto en el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) y los límites a la facultad que este precepto atribuye a las empresas de imponer en determinadas circunstancias los reconocimientos médicos obligatorios que resulten imprescindibles: "para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad".
2. - Por este motivo y como decimos en la STS 18/7/2018, rcud. 2228/2015 (LA LEY 131379/2018) , "estamos justamente en presencia de la llamada contradicción "a fortiori ", tantas veces acogida por la Sala" (entre otras muchas, SSTS 20/1/2016, rcud. 3106/2014 (LA LEY 1056/2016) ; 19/7/2016, rcud. 338/2015 (LA LEY 109800/2016) ; 30/9/2016, rcud. 3930/2014 (LA LEY 141593/2016) ), pues como recuerda la STS 14-06-2018, rec. 1729/2016 (LA LEY 80908/2018) "La contradicción "a fortiori " es una locución latina que significa "con mayor motivo", lo que aplicado en estos casos supone que si en un caso se resolvió en un sentido en el posterior debería resolverse igual "con mayor motivo", esto es por ofrecerse mayores razones para obtener ese resultado", lo que venimos aplicando "en supuestos en los que no tiene lugar la contradicción en sentido estricto, por diversidad de los hechos, pero la sentencia de comparación ha ido "más allá" que la recurrida, por afirmaciones fácticas de inferior apoyo a la pretensión. Esta situación se produce cuando, aún no existiendo igualdad propiamente dicha en los hechos, sin embargo el resultado de las dos sentencias es tan patente que se hubiera producido aún en el caso de que los hechos fueran los mismos" ( STS 18/9/2018, rcud. 144/2017 (LA LEY 138977/2018) ).
QUINTO. 1 .- La doctrina de esta Sala en la materia queda perfectamente recogida en las SSTS de 10/6/2015, rec.178/2014 (LA LEY 92325/2015) , y 7/3/ 2018, rec.42/2017 , a cuyos argumentos in extenso nos remitimos. La primera de ellas relativa a personal de las brigadas rurales de emergencia que se dedica a la extinción de incendios forestales, y la segunda a vigilantes de seguridad y escoltas.
En cumplimiento de tal obligación, el artículo 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) dispone que el empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Y entre tales excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos médicos, el propio art. 22. 1 LPRL (LA LEY 3838/1995) incluye las situaciones en las que sea necesario verificar el estado de salud de los trabajadores para comprobar si puede constituir un riesgo para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la actividad de la empresa, ya sean clientes o terceros que pudieren resultar afectados por la misma, así como también aquellos supuestos en los que la obligatoriedad esté establecida de forma expresa en una disposición legal en relación con actividades de especial peligrosidad.
3. - En lo que afecta a la posible colisión de la imposición de los reconocimientos médicos con el derecho a la intimidad del trabajador, recordamos en aquellas sentencias "que los derechos fundamentales no son ni ilimitados ni absolutos (por todas STC 198/2004, de 15 de noviembre (LA LEY 2601/2004) ), es obvio que pueden ser sometidos a restricciones, por lo que el derecho fundamental a la intimidad personal puede ceder ante otros derechos y bienes constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación que haya de experimentar esté fundada en una previsión legal que tenga justificación constitucional, se revele necesaria para lograr el fin legítimo previsto y sea proporcionada para alcanzarlo, y sea además respetuosa con el contenido esencial del derecho (por todas, SSTC 57/1994, de 28 de febrero (LA LEY 2445-TC/1994) ; 143/1994 de 9 de mayo (LA LEY 2567-TC/1994) , y 25/2005, de 14 de febrero (LA LEY 462/2005) )".
SEXTO. 1 .- La proyección de las anteriores previsiones al supuesto examinado, al igual que decimos en la STS 7/3/2018 : "conduce a considerar que nos encontramos ante supuestos que se encuadran, sin dificultad, en el ámbito de las excepciones examinadas. En efecto, si partimos de la idea de que la obligatoriedad solo podría imponerse ante la existencia de un riesgo o peligro objetivable ( STS de 10 de junio de 2015, Rec. 178/2014 (LA LEY 92325/2015) ), resulta patente que en una actividad como la que concierne a este supuesto, la detección de enfermedades o patologías que incidan en la prestación del trabajo, podrían convertir en inadecuadas algunas de las tareas encomendadas por el riesgo que supondría su realización en determinadas circunstancias de salud".
Lo que sin duda es igualmente predicable de la actividad que consiste en conducir vehículos de transporte de pasajeros - y por lo tanto de "personas relacionadas con la empresa" en la expresión que utiliza el art. 22.1 LPRL (LA LEY 3838/1995) -, puesto que en esos casos el trabajador no es el único ocupante del mismo y en el desempeño de su actividad pone directamente en situación de riesgo a los pasajeros que transporta.
De lo que se desprende, en atención a las funciones que dichos trabajadores realizan, que "la vigilancia de la salud, en su vertiente de instrumento al servicio de la prevención de riesgos laborales aparece como decisiva para garantizar el derecho a la salud de cuantos intervienen en el ámbito de la relación laboral y de los terceros que con ellos se relacionan y, en ese sentido entronca directamente con el artículo 14 LPRL (LA LEY 3838/1995) que establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho al que se corresponde el correlativo deber empresarial de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, garantizando la seguridad y salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. No cabe duda, por tanto, de que la vigilancia de la salud es, en los supuestos aquí examinados, tanto desde la perspectiva de derecho del trabajador como de la obligación empresarial, un instrumento al servicio de la prevención de los riesgos laborales que, según los casos, puede alcanzar una gran importancia y convertirse en un pilar básico sobre el que poder construir la actividad preventiva en la empresa. Como dijimos en la citada STS de 10 de junio de 2015 , en ese caso, más aún en el que ahora se contempla, aparece, junto con el interés individual del trabajador de proteger su propia intimidad, otro interés preponderante: el del resto de trabajadores o de terceras personas, cuya integridad física y salud pueden depender, en no pocas ocasiones, del estado de salud del trabajador vigilante de seguridad o escolta. Para conjurar el riesgo que supone el destinar una persona sin los requerimientos psicofísicos precisos es necesario conocer y comprobar que goza de un adecuado estado de salud".
2.- Solución que debemos trasladar en sus mismos términos al presente asunto, ya que no son necesarias especiales consideraciones para poner de relieve el riesgo que asumen quienes van de pasajeros en estos vehículos de servicio público, cuya integridad física queda en manos del conductor del mismo, además de, por supuesto, la del propio trabajador que se expone de manera continua y reiterada a los peligros que entraña la conducción de automóviles, lo que justifica suficientemente la imposición obligatoria de reconocimientos médicos periódicos conforme permite el art. 22 LPRL (LA LEY 3838/1995) , sin que en el caso de autos aparezca elemento alguno que permita considerar desproporcionada o irrazonable la actuación de la empresa, ni el modo y manera en el que lleva a cabo la práctica de tales reconocimientos que no exceden por lo tanto los límites que autoriza dicho precepto legal.
SÉPTIMO. 1. - Queda por analizar una última cuestión, para determinar si el hecho de que la concesión y mantenimiento de los permisos de conducción exija someterse periódicamente a un reconocimiento médico hace innecesario que la empresa imponga otros exámenes médicos adicionales, argumento en el que viene a sustentarse en esencia la sentencia de contraste.
2.- Pero de la misma forma que ya dijimos entonces respecto al personal de seguridad, tampoco en el caso de los conductores tiene la misma finalidad ese tipo de reconocimientos médicos a los exclusivos efectos de la renovación de la licencia de conducción, que la perseguida por los exámenes médicos a que se refiere el art. 22 LPRL (LA LEY 3838/1995) .
Como en nuestra anterior sentencia dijimos "los reconocimientos médicos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LA LEY 3838/1995) están al servicio de la salud y seguridad en la empresa y constituyen un instrumento para que el empresario pueda cumplir con su deber de proporcionar una protección eficaz en materia de seguridad y salud y del correlativo derecho de todos los trabajadores a obtener tal eficaz protección", mientras que los reconocimientos médicos para la renovación de los permisos de conducción no están de ninguna forma vinculados al desempeño de ningún concreto puesto de trabajo, no tienen por lo tanto en cuenta los riesgos laborales que pudieren concurrir, y no persiguen constatar la capacidad para el desempeño de una determinada actividad laboral.
Este es el motivo por el que ese tipo de reconocimientos médicos tiene una finalidad, un contenido y unas exigencias, que no guardan la menor relación con el análisis de un específico puesto de trabajo, y no pueden por lo tanto sustituir a los que pueda acordar la empresa a las singulares efectos del art. 22 LPRL (LA LEY 3838/1995) , ni los convierten en abusivos por excesivos o desproporcionados.
OCTAVO.- Todo lo expuesto conduce, tal como interesa el informe del Ministerio Fiscal, a la desestimación del recurso y consiguiente confirmación en sus términos de sentencia de instancia que contiene la buena doctrina. Sin costas.
desestimar los recursos de casación para la unificación de doctrina interpuestos por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores de Madrid (FSP/UGT), y por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), contra la sentencia dictada el 12 de septiembre de 2016, por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 535/2016 (LA LEY 150140/2016) , que resolvió el formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 5 de Madrid, de fecha 26 de noviembre de 2015 , recaída en autos núm. 1081/2014, seguidos a instancia de FSP/UGT, CSI-F, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) y Unión Sindical Obrera frente al Parque Móvil del Estado, siendo parte el sindicato Grupo de Trabajadores del Parque (GTP), sobre conflicto colectivo, para confirmar en sus términos la sentencia recurrida y declarar su firmeza. Sin costas.

References: artículo 92
 artículo 207
 artículo 22
 resolución 
 artículo 22
 artículo 14