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Timestamp: 2013-12-09 12:58:53+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1978/2011-R
Sucre, 7 de diciembre de 2011
Expediente:2009-20984-42-APP
Magistrado Relator:Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad, interpuesta por Erick Pablo Claure Cárdenas contra Edgar Pérez Barrientos, Director; Oscar Chávez Rueda, SubDirector y Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario; Karen Yvi Vargas Sosa, Oficial Investigador; y, Juan José Millán Estrada, ex Oficial Instructor; todos de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL); Jorge Toro Álvarez, Rolando Rocha Rosales y Ronald Rodríguez Soliz, Jefe del Departamento Nacional y peritos en informática de la Policía Técnica Científica, respectivamente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Por memorial de acción de protección de privacidad, presentado el 24 de noviembre de 2009, de fs. 344 a 355 vta., el accionante aseveró lo siguiente:
El 4 de marzo de 2009, el accionante, en su condición de alumno regular del cuarto curso de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), transitaba por inmediaciones de la guardia, de repente, sin que hubiese incurrido en delito o falta disciplinaria alguna, José Millán Estrada, ex Oficial Instructor, autoridad codemandada, basándose en una instructiva interna -que únicamente prohíbe el uso de los celulares por parte de los cadetes estudiantes, en predios de ese instituto de formación profesional, pero que de ninguna manera autoriza a los oficiales superiores instructores a que accedan a la base de datos y registro de los mismos-, sin contar con un requerimiento fiscal, previsto en el art. 175 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ni advertirle acerca de la sospecha y objeto buscado, le sometió a una ilegal requisa personal, sin la presencia de un testigo hábil, ni hacer constar en un acta circunstanciada y descriptiva, suscrita por el funcionario interviniente, el requisado y un testigo de actuación es decir, sin cumplir con ninguna formalidad, incautó su teléfono celular.
Luego, sin que medie orden judicial fundamentada, procedió ilegalmente a aperturar y examinar el registro de asiento de información del celular incautado -que contenía información confidencial y potencialmente privada, con imágenes sensibles, que no debiera trascender a terceros- y difundió tal contenido arbitraria e ilegalmente al resto del plantel de oficiales de la ANAPOL, propiciando un írrito e ilegal hostigamiento y trato discriminatorio.
Posteriormente, José Millán, el 6 de marzo de 2009, elevó informe a conocimiento de César Augusto Russo Sandoval, Capitán de Servicio de la ANAPOL, quien a su vez, mediante informe de 7 de marzo de 2009, elevó y entregó el mencionado celular, ilegalmente incautado, a Edgar Pérez Barrientos, Director de la indicada Academia, que sin ser parte de algún organismo de control de la base de datos o información privada, ni contar con el derecho a acceso, revisó la información ahí contenida, realizando una tergiversada disociación subjetiva de esta información privada, en presencia de todos sus compañeros de curso, con lesión a su dignidad humana, empleando epítetos injuriantes y lesivas a su honra, honor y propia imagen, le otorgó un trato discriminatorio, calificando y adecuando su conducta a un "delincuencial perfil de desviación y depravación sexual, írrita y reñida conducta lesiva de sus derechos humanos " (sic.).
El Director de la ANAPOL, en base a la referida violación al derecho a la intimidad y privacidad personal del accionante, mediante Hoja de Control de Correspondencia 819/2009 de 8 de marzo, del caso 051/09, ordenó a la Sub Dirección del instituto de formación policial, inicie un procesamiento disciplinario en su contra, de acuerdo al Reglamento, manteniendo ilegalmente en su poder el celular incautado, bajo secuestro, por el espacio de cinco meses, sin que formare parte de la cadena de posesión y custodia de la ilegal evidencia física, impidiendo el acceso del accionante y sus abogados, sin contar con una orden judicial expresa, ni tener facultades procesales de operador jurídico, que le confieran sus reglamentos internos.
Basándose en un inexacto perfil del accionante, el codemandado Oscar Chávez Rueda, SubDirector y Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario, constituido en Tribunal Disciplinario de la ANAPOL de primera instancia, dispuso la emisión del "Decreto de Apertura de Sumario Investigativo Disciplinario" de 25 de abril de 2009, del aparejado caso 051/09, contra el accionante, y otros ocho cadetes, que aparecieron en el banco de información privada e imágenes sensibles, por la supuesta comisión de faltas disciplinarias establecidas en el art. 10 inc. "D" en sus numerales 4, 9, 13, 23, que establecen lo siguiente; "atentar contra los derechos y la dignidad humana de los cadetes"; "Mantener relaciones amorosas íntimas en el instituto entre cadetes de cualquier curso"; "acoso sexual premeditado y tendencioso hacia los y las cadetes del mismo curso o de cursos inferiores"; "incumplimiento de órdenes e instrucciones legalmente impartidas por un superior", y otras posibles faltas que el asignado al caso determine de acuerdo a la investigación del Reglamento del Régimen Disciplinario de la Academia. Tal decreto fue notificado al accionante el 25 de abril de 2009, designándose a Yvi Vargas Sosa, Oficial Instructor como oficial investigadora -codemandada- quien sin contar con orden judicial o requerimiento fiscal, ni resolución fundamentada de juez o tribunal, y sin el consentimiento escrito del accionante, accedió, revisó y realizó un juicio crítico discriminatorio a la información privada e imágenes sensibles que contenía el celular ilegalmente incautado.
Posteriormente, Jorge Toro Álvarez, Jefe del Departamento de Policía Científica de la FELCC, quien conjuntamente a Rolando Rocha Rosales y Ronald Rodríguez Soliz, ambos peritos en informática -todos codemandados-, a solicitud del SubDirector de la ANAPOL, ilegalmente, procedieron a revisar la información contenida en el mencionado celular, emitiendo un informe del dictamen pericial de informática número 18 /2009.
Seguidamente, por oficio del mencionado SubDirector, sin el consentimiento de los padres del accionante, este fue sometido a una humillante y discriminatoria valoración psicológica determinando que padece de desviaciones sexuales, y una posible orientación sexual, por lo que en base a tales actos ilegales, se procedió a dictar el Decreto del Auto Inicial del proceso de 19 de octubre de 2009, contra el accionante y otros.
Sostiene que hasta la presentación de la presente acción, las autoridades demandadas, utilizando la información interferida, obtenida de la memoria y archivo del celular del accionante, han sido utilizadas ilegalmente para calificar un perfil disociador y discriminatorio de su personalidad, sujetándolo a un clima de injusto acoso y peyorativo hostigamiento, así como un indebido proceso, ante la Comisión del Régimen Disciplinario de la ANAPOL, con el riesgo jurídico de ser despojado de su merituado status académico de brigadier y ser dado de baja del instituto policial con ignominia, sin derecho a reincorporación, que recientemente fue agravada con la ilegal restricción de su derecho a efectuar defensa de tesis de grado académico, para optar al título profesional de Licenciado en Ciencia Policial y grado de Subteniente de Policía.
El accionante estima que se han conculcado sus derechos a la dignidad humana, a la honra, al honor y a la propia imagen, a la "seguridad jurídica", al principio de legalidad y de reserva legal, citando al efecto los arts. 115, 117, 119 y 21.2 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se admita y conceda la presente acción de protección de privacidad, con pago de costas disponiendo que: a) Se ordene sin excepción, que en presencia de Notario de Fe Pública, las autoridades recurridas procedan a la eliminación de los datos e imágenes sensibles contenidas en el incautado teléfono celular, cuyo registro fue impugnado; y, b) Las autoridades demandadas extiendan una certificación de cumplimiento de la presente resolución judicial de acción de privacidad y se abstengan de proporcionar informes o certificaciones respecto de ellos.
En la audiencia pública de acción de protección de privacidad realizada el 2 de diciembre de 2009, fs. 369 a 370, se declaró cuarto intermedio y se reanudó el mismo día, de fs. 853 a 863 de obrados, en la que se suscitaron las siguientes actuaciones:
El abogado del accionante, ratificó y reiteró los argumentos y fundamentos expresados en el memorial de la acción de protección de privacidad, añadiendo además que su representado fue tratado como un depravado sexual, cuando las autoridades demandadas de la ANAPOL, tienen como costumbre hacer sus expansiones espirituales haciendo cuadros jocosos donde los hombres se disfrazan de mujeres y viceversa, en las que se realizan espectáculos en las que participan los cadetes, sin que ninguno de ellos haya sido discriminado como su representado.
I.2.2. Informe de los funcionarios policiales demandados
Juan Ramiro Sánchez, destinado al Departamento de Asesoría Jurídica de la ANAPOL, en representación legal, mediante Poder Notarial 252/09, de Edgar Pérez Barrientos, Director de la ANAPOL, así como de Oscar Rueda Chávez, SubDirector y Jefe de Estudios del instituto de formación policial, representando también a Karen Vargas, Oficial Instructora de la Academia, oralmente, conjuntamente otro abogado co-patrocinante, cuyo nombre no figura en el acta de la audiencia, en el desarrollo de la audiencia, de fs. 856 a 857, informó: 1) Los hechos sucedidos ocurrieron el 5 de febrero de 2009, aproximadamente de horas 22:00 a 24:00, noche en la que se llevó a cabo un cuadro de expansión espiritual, la parte accionante tendenciosamente señala que dentro de la Academia existieron situaciones similares, sin embargo cabe acotar que este cuadro era muy diferente, ya que no contaba con la autorización de las autoridades superiores, además que nunca se obliga a los cadetes a disfrazarse de mujeres ni son obligados a desvestirse, como sucedió en el presente caso; 2) Los cadetes de cuarto curso organizaron un cuadro de expansión espiritual convocando a los cadetes de segundo año, en el que obligaron a que se desnuden delante de ellos, ante la mofa y la complacencia de los primeros, en la que el accionante participó organizando a los jurados, por lo que existió abuso de autoridad y jerarquía, acto que melló la dignidad, el decoro y la honra de los cadetes de segundo año, por lo que los caballeros cadetes, que organizaron tales actos, deben regirse a las normas de conducta de régimen interno, como así lo establece los arts. 2 y 16 del Reglamento de Régimen Interno; 3) El propio accionante se encargó de difundir el video, como así lo señala en la declaración informativa de uno de los cadetes de segundo año, hecho que llegó a conocimiento del Director del instituto policial, por lo que éste convocó a una reunión de Oficiales Instructores, iniciándose la investigación el 6 de marzo de 2009, José Millán procedió a la búsqueda de celulares, encontrando 15 celulares, en los que se encontraba el celular del accionante, por lo que la difusión de tal material no la realizó el Director de la ANAPOL, sino el propio cadete Claure; 4) Se debe tener en cuenta que el hecho denunciado ocurrió el 6 de marzo de 2009, por lo que ya pasó más de ocho meses del mismo, por lo que no cumple con el principio de inmediatez; además, no cumplieron con la presentación del recurso de revocatoria ni el jerárquico, establecidos dentro del régimen disciplinario; 5) Los controles realizados por los instructores, son de carácter rutinario, por lo que no se puede tener autorizaciones judiciales para efectuar dichas inspecciones; aclarando además que lo indicado por el abogado del accionante, referido al art. 75 del precitado Reglamento, en referencia a las requisas personales por delitos, en este caso no se está dilucidando delito alguno, sino que al realizar una requisa se está realizando un control a objeto de que los Cadetes no incumplan con los requisitos internos, para instruir, educar, enseñando en esa condición el hecho de pedir un celular o una prenda u objeto, sólo son controles de disciplina; 6) Los arts. 75 y 90 del merituado Reglamento, refiere a que no es necesaria autorización judicial alguna, para ejercer el control disciplinario, y al que incumpla se le siga el proceso disciplinario e investigaciones correspondientes, por lo que en el caso concreto Yvi Vargas procedió a investigar y acumular todos los elementos para poder elaborar un informe para establecer la falta cometida y a sus responsables; por lo que no hubo hostigamiento o alguna conducta discriminatoria, ya que el accionante no probó tal extremo, ya que las evaluaciones psicológicas, no implican discriminación alguna; y, 7) Finalmente, refiere que efectivamente el mencionado celular fue retenido por el plazo de cinco meses, debido a que no había un abogado, y para evitar la difusión de los videos existentes en el mismo.
Por su parte, el abogado representante de Juan Carlos Millares Estrada, a fs. 859, oralmente sostuvo lo siguiente: Los hechos bochornosos cometidos trascienden en delitos, por lo que se trata de pornografía, y hechos anteriores de similares características, en la que los autores se encuentran en el Penal de San Pedro, aspecto que debe tomar en cuenta el presente Tribunal.
Asimismo, el abogado representante de Jorge Toro Álvarez, Ronald Rodríguez Soliz y Rolando Rocha Gonzales, oralmente, en el desarrollo de la audiencia, de fs. 859 a 860, afirmó que: i) El estudio realizado por la policía científica tiene por objeto analizar las pruebas del delito público realizados, que en aplicación del art. 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en cuanto a la administración de Dirección y Control Disciplinario, se encuentran enmarcados dentro del art. 251 de la CPE, y sus funciones se las desempeña en base a la Resolución Ministerial 4141 del 20 de abril de 2006, y la Resolución del Comando General 441 de 30 de junio; y, ii) Sus representados sólo cumplieron con un acto administrativo que involucra a personas que se encuentran dentro de la institución, afirmando que el Coronel Toro no incumplió con las reglas administrativas como tampoco difundió el video contenido dentro del citado celular.
I.2.3. Informe del tercero interesado
El abogado, Héctor José Tapia Cortez, en representación de Erick Avendaño Larrea, de fs. 860 a 862, sostuvo lo siguiente: a) Las autoridades demandadas refieren que el reglamento disciplinario de la ANAPOL tiene un valor superior a la Constitución Política del Estado, aspecto que no puede ser reconocido, aunque no se haya interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, por lo que el contrato realizado bajo tal reglamento no es superior a la Constitución, por lo que las normas infringidas no pueden estar supeditadas al precitado reglamento, porque es indudable que el acto de decomiso del mencionado celular -que puede estar autorizado por una norma de la ANAPOL- sin embargo el acto vulneratorio dentro de este caso es que se abrió un archivo personal de un individuo, por lo que en este caso, la acción de protección de privacidad está ligado al acto de que la sumariante, Yvi Vargas, dispuso vía pericia del celular, que atacó la privacidad del accionante, acto que se realizó sin orden judicial; b) El instructivo 184/2004, no da autorización para aperturar un archivo personal, además de no existir la orden para la apertura de ese archivo, tal como lo establece el art. 9.2, 21.2 y 25 de la CPE, que señala que son inviolables los papeles privados en cualquier soporte, por lo que los archivos obtenidos mediante esos actos deben ser anulados; c) Se refiere a que los actos inmorales del cuadro de expansión espiritual se dieron por no contar con la debida autorización, entonces se da a entender que de contar con la misma, los actos realizados no hubieran sido inmorales; y, d) Se debe eliminar el informe pericial realizado, toda vez que las imágenes fueron obtenidas sin orden judicial.
Concluida la audiencia, el Tribunal de garantías, mediante AC-058/2009 de 2 de diciembre, cursante de fs. 864 a 866 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo la eliminación de los datos e imágenes contenidos en el teléfono celular marca Nokia, modelo 1680-2b con número de IMEI 011672/001421/0, con línea de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) cuyo número está consignado en el expediente, sea con intervención de Notario de Fe Pública, así como la anulación del Dictamen Técnico Pericial de Informática 18/2009 de 19 de agosto, sin costas por ser excusable; resolución que se basa en los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la caducidad de la acción referida por los representantes de las autoridades demandadas, se tiene que el ahora accionante, por memorial de 31 de agosto de 2009, solicitó la anulación del asiento de la información celular de datos e imágenes sensibles, petición que fue denegada por providencia de 21 de septiembre de 2009; 2) El art. 25.II de la CPE determina que son inviolables la correspondencia, los papeles privados, las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por ley, para la investigación penal en virtud de orden judicial escrita y motivada de autoridad judicial competente; 3) De los antecedentes se tiene que, como consecuencia del informe emitido por César Augusto Russo Sandoval, adjuntando los informes de Juan José Millán Estrada -Oficial Instructor y de varios caballeros cadetes- Oscar Chávez Rueda -Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario de la ANAPOL- instruyó la apertura del sumario disciplinario sobre los hechos que se denunciaban en los referidos informes, contra Erick Pablo Claure (accionante) y Raúl Apaza Luján, Miguel Medrano Lobatón, Marco Andrés Encinas López, Juan Marcelo Castillo Burgoa, Sergio Saúl Salazar Martínez y Diego Fabricio Tudela Álvarez, designándose como oficial investigador del caso a Karen Yvi Vargas Sosa; haciéndose constar que de la revisión de los archivos y el decomiso del teléfono celular a Erick Claure, el mismo fue retenido por César Augusto Russo Sandoval, bajo llave en su dormitorio, hecho irregular no corregido oportunamente por las autoridades accionadas; 4) Durante la sustanciación de las investigaciones, el accionante por memorial del 31 de agosto del 2009, solicitó al Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario la anulación del asiento informático contenido en su celular, por considerarlos sensibles, ilegalmente desdoblados y arbitrariamente difundidos, mereciendo la simple providencia de "No ha lugar a lo solicitado toda vez que el caso se encuentra en etapa de investigación"; 5) De los informes analizados, se concluye que el celular fue objeto de decomiso y revisión por parte de Juan José Millán Estrada, y retenido por César Augusto Russo Sandoval, sin orden emitida por autoridad competente, ni consentimiento del propietario, ahora accionante; además, de la revisión de la muestra fotográfica, contenido en el dictamen Técnico Pericial de Informática, se advierte que el celular de propiedad del accionante contenía datos e imágenes referidos a su vida privada, por ello sensibles a su imagen y buen nombre, toda vez que se presume el ánimo de mantenerlos en reserva por ser inherentes a su dignidad humana, salvo autorización expresa del titular del celular en cuestión, y constituye un medio privado de archivo conteniendo registros personales que afectan a su intimidad y privacidad personal; y, 6) Las autoridades accionadas, al no haber corregido las irregularidades en la obtención de la información, datos e imágenes inherentes a la vida privada del accionante, y por el contrario, al disponer la extracción de dichos datos, información e imágenes, sin declarar su reserva y promover su divulgación, han vulnerado el derecho a la intimidad y privacidad del accionante.
Dada la carga procesal, mediante Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, se ampliaron las facultades otorgadas a este Tribunal por Ley 003 de 13 de febrero de 2010, a objeto de conocer y resolver las acciones de defensa de derechos fundamentales presentadas a partir del 7 de febrero de 2009; es decir, bajo el nuevo orden constitucional; por lo que, mediante Acuerdo Jurisdiccional 001/2011 de 11 de enero, se procedió a la reanudación del sorteo de causas, encontrándose la presente Sentencia pronunciada dentro de plazo.
II.1. El 6 de marzo de 2009, Juan José Millán Estrada, mediante informe dirigido a César Augusto Russo Sandoval, Capitán de Servicio, sostiene que durante el servicio de guardia, el 4 de marzo del mismo año, su persona, como oficial encargado de cuarto año, procedió a revisar a cadetes de este curso en la búsqueda de celulares, de forma indistinta, en diferentes circunstancias y áreas del instituto, logrando encontrar aproximadamente 15 celulares, entre cadetes del cuarto e incluso tercer curso; a horas 17:30, aproximadamente, inspeccionó a Erick Claure Peralta, quien portaba un celular marca nokia, y al contener el mismo cámara fotográfica y filmadora, procedió a revisar su contenido, encontrando filmaciones obscenas, donde se aprecia la participación de varios cadetes de tercer año; posteriormente procedió a la devolución de estos celulares a los cadetes de este curso, previa sanción y conminatoria de no portar más estos aparatos de comunicación en el instituto (fs. 28).
II.2. El 7 de marzo de 2009, César Augusto Russo Sandoval, mediante informe dirigido a Edgar Pérez Barrientos, Director de la ANAPOL, informó que a horas 17:30, aproximadamente, del 4 de marzo, el Oficial encargado del Cuarto curso, Juan Millán Estrada, le dio parte del decomiso de un teléfono celular de propiedad de Erick Claure Peralta, en el cual verificó la existencia de filmaciones en las que los cadetes no identificados realizaban actos obscenos, motivo por el que le indicó que le entregara el mismo y que realizara el informe correspondiente, para dar parte a instancias superiores. Sostiene que desde el momento que su persona tomó el celular, éste se encontraba bajo llave en el ropero de su dormitorio, por lo que nadie tuvo acceso al mencionado celular (fs. 27).
II.3. El 20 de abril de 2009, el Jefe del Departamento de Instrucción de la ANAPOL, mediante memorándum, designó a Karen Yvi Vargas Sosa, Oficial Instructor, como oficial investigador del caso 051, por la supuesta comisión de faltas disciplinarias con relación a Erick Pablo Claure Cárdenas, Raúl Apaza Luján, Erick Avendaño Larrea y Miguel Medrano Lobatón, Sergio Saúl Salazar Martínez, Diego Fabricio Tudela Álvarez, Juan Marcelo Castillo Burgoa y Marco Andrés Encinas López, integrantes del cuarto curso de Formación Profesional (fs. 21).
II.4. El 25 de abril de 2009, Oscar Chávez Rueda, Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario de la ANAPOL, emitió el decreto de apertura de sumario, contra Erick Pablo Claure Cárdenas, Raúl Apaza Luján, Erick Avendaño Larrea y Miguel Medrano Lobatón, Sergio Saúl Salazar Martínez, Diego Fabricio Tudela Álvarez, Juan Marcelo Castillo Burgoa y Marco Andrés Encinas López, integrantes del cuarto curso de Formación Profesional, por la supuesta comisión de faltas disciplinarias, establecidas en el art. 10 inc. D, numerales 4, 9, 13, 23 del Reglamento de Régimen Disciplinario de la ANAPOL (fs. 24).
II.5. El 3 de agosto de 2009, Karen Yvi Vargas Sosa, Oficial Investigadora, mediante nota, solicitó al Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario de la ANAPOL, que el Jefe del Departamento Nacional de Laboratorio Técnico Científico de la FELCC, proceda a realizar el desdoble de los datos contenidos en el celular decomisado, relacionado con el caso (fs. 127); el 4 de agosto del mismo año, la Oficial Investigadora solicitó al antes mencionado Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario, que se designe un perito del Departamento Nacional de Policía Técnica Científica para que se proceda a realizar un estudio referente a un celular marca Nokia, color negro, para la extracción de información, que deberá ser manejado de forma reservada y confidencial por el personal de Laboratorio, identificando la presencia o no de archivos (fotos, videos u otros) relacionados con cadetes de ese instituto (fs. 136).
II.6. El 19 de agosto de 2009, Jorge Toro Álvarez, mediante nota, remitió el dictamen técnico pericial de informática, realizado por los peritos Ronald Rodríguez Soliz y Rolando Rocha Rosales (fs. 141 a 151).
II.7. El 3 de octubre de 2009, Karen Yvi Vargas Sosa, Oficial Investigadora, emitió el informe en conclusiones, respecto al caso 051/2009, en el que estableció la participación de Erick Pablo Claure Cárdenas, ahora accionante, entre otros, en actos obscenos infringiendo el art 10 inc. D, numerales 4 y 23, del Reglamento Disciplinario de la ANAPOL, al atentar contra los derechos y la dignidad humana de los cadetes (fs. 277 a 292).
II.8.El 17 de junio de 2009, mediante memorial dirigido al Presidente de la Comisión del Régimen Disciplinario de la ANAPOL, solicitó la exclusión probatoria del contenido del celular retenido ilegalmente por Juan José Millán Estrada; dicha solicitud se reiteró, mediante memorial, el 18 de junio; el 31 de agosto de 2009 se solicitó la anulación del asiento de información del celular retenido, de datos sensibles, por haber sido ilegal y arbitrariamente desdobladas y arbitrariamente difundidas a terceros; todas estas solicitudes fueron denegadas por versiones propias de las autoridades demandadas (fs. 6 a 16).
El accionante estima que sin haber cometido delito o falta disciplinaria alguna, como alumno de la ANAPOL, su Oficial Instructor (autoridad codemandada), sin contar con orden judicial alguna, le incautó su teléfono celular, y sin su aprobación, procedió a examinar su contenido, en el que se encontraba información de su vida privada con imágenes sensibles, difundiendo tal contenido a sus superiores, que fue utilizado para iniciarle un proceso disciplinario en su contra y otros cadetes de la Academia; en el que se basan en presunciones ilegales de una supuesta prueba, ilegalmente obtenida por la Comisión de Régimen Disciplinario del instituto referido. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar o no la tutela solicitada.
III.1. Naturaleza jurídica y alcances de la acción de protección de privacidad
Dentro del presente caso, es preciso acudir a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, respecto a los alcances y la naturaleza jurídica de esta acción tutelar, en ese sentido la SC 0127/2010-R de 10 de mayo, estableció lo que sigue:
"La Constitución Política del Estado vigente cambia el nomen juris del hábeas data a Acción de Protección de Privacidad, pero no así su esencia tutelar, empero contempla algunos cambios específicos en cuanto a su redacción, en especial el art. 130.I, en el que se refiere a los casos de legitimación activa que si bien es muy similar al texto del art. 23.I de CPEabrg, tiene una diferencia notoria cuando afirma; "…Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad" (las negrillas son nuestras). Observamos en primer lugar que se añaden a las personas colectivas como posibles legitimados activos, o futuros accionantes, concibiendo que las personas colectivas también tienen acceso a los derechos reconocidos por el art. 21.2 de la CPE, los cuales son: derecho a la intimidad, a la privacidad, honra, propia imagen y dignidad. Se entiende que el texto del art. 130.I al reconocer como posibles accionantes a personas colectivas, se refiere a aquellas de orden público como privado, pero con algunas diferencias en cuanto a los derechos tutelados para estas, es decir, que las personas colectivas no podrán aducir la vulneración de su derecho a la intimidad personal y familiar, que son derechos fundamentales de índole personal, pero si podrían denunciar la vulneración de sus derechos a la imagen; y reputación.
Corresponde aclarar que si bien el derecho a la imagen, a la honra y a la reputación, parecieran estar dentro del mismo grupo de derechos tutelados por la acción de protección de privacidad, en el caso de las persona colectivas, que es el objeto del presente análisis, como se indica líneas supra, sólo podrían denunciar la vulneración de los derechos a la imagen y la reputación, pero no así de la honra, debido a que el derecho a la honra es de índole estrictamente personal, es decir, entra dentro de la esfera de la personalidad y es concebido doctrinalmente como la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como reconocimiento de su dignidad frente a la sociedad. Es así que la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-412 al referirse al derecho a la honra estableció lo siguiente:
'El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad'.
'…El art. 21 de la C.P. consagra específicamente la protección del derecho a la honra, entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad'.
'Tradicionalmente esta Corte ha sostenido, que los derechos al buen nombre y a la honra son derechos que se ganan de acuerdo a las acciones realizadas por el individuo, sea que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta intachable…'.
Criterio que es compartido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su SC 0686/2004-R de 6 de mayo establece que:
'Según la doctrina del Derecho Constitucional el derecho a la honra, es la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida y tratada por los demás miembros de la colectividad que le conocen; es el derecho que tiene toda persona a que el Estado y las demás personas reconozcan y respeten la trascendencia social de su honor. Es un derecho que se gana de acuerdo a las acciones realizadas por cada persona, de manera que en virtud de ellas pueda gozar del respeto y admiración de la colectividad como consecuencia de su conducta correcta e intachable acorde con valores de la ética y la moral, o, por el contrario, carezca de tal imagen y prestigio, en razón a su indebido comportamiento social; cabe advertir que la honra, se constituye en una valoración externa de la manera como cada persona proyecta y presenta su imagen; de manera que las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que la persona irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser; pues las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración. En este último caso se entiende que no se puede considerar vulnerado el derecho a la honra de una persona, cuando es ella misma quien ha impuesto el desvalor a sus conductas y ha perturbado su imagen ante la colectividad.
Este derecho, si bien no está expresamente proclamado en el catálogo previsto por el art. 7 de la Constitución, sí lo está en los arts. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 5 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica'.
La segunda diferencia consiste en la inclusión de la letra 'o' en las siguiente frases: 'Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad'; la letra 'o', según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tiene tres diferentes significados: En primer lugar puede denotar diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas, cuando es utilizada como una conjunción disyuntiva (Antonio o Francisco); en su segundo significado puede ser utilizado ante cada uno de dos o más términos contrapuestos (blanco o negro); en su tercera acepción denota equivalencia significando 'o sea, o lo que es lo mismo', acepción que este Tribunal adoptará para interpretar la parte final del art. 130.I, debido a que el sentido en esta ultima frase tiene como objetivo el definir una idea común y no denotar diferencias o ideas contrapuestas; por lo que el objeto de este artículo no cambia en cuanto a lo que estaba prescrito en la Constitución abrogada".
III.2. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso de hábeas data ahora acción de protección de privacidad y su ámbito de protección
En el Fundamento Jurídico III.1, tenemos que la acción de protección de privacidad tiene las mismas características que tenía el recurso del hábeas data previsto en la Constitución Política del Estado abrogada, por lo que se hace necesario establecer si la jurisprudencia del Tribunal Constitucional emanada de la interpretación de la naturaleza jurídica y objeto de protección de esta acción tutelar es o no compatible con la Constitución Política del Estado y aplicable dentro del nuevo marco constitucional.
Al respecto, la SC 0965/2004-R de 23 de junio, con el objeto de lograr una cabal comprensión de la naturaleza jurídica del hábeas data señaló entre sus aspectos más importantes, los siguientes:
"Siguiendo la doctrina del Dr. José Antonio Rivera Santibáñez en su obra 'Jurisdicción Constitucional', se definió el hábeas data 'como el proceso constitucional de carácter tutelar que protege a la persona en el ejercicio de su derecho a la 'autodeterminación informativa'", explicando a continuación que "Es una garantía constitucional que, sin desconocer el derecho a la información, al trabajo y al comercio de las entidades públicas o privadas que mantienen centrales de información o bancos de datos, reivindica el derecho que tiene toda persona a verificar qué información o datos fueron obtenidos y almacenados sobre ella, cuáles de ellos se difunden y con qué objeto, de manera que se corrijan o aclaren la información o datos inexactos, se impida su difusión y, en su caso, se eliminen si se tratan de datos o informaciones sensibles que lesionan su derecho a la vida privada o íntima en su núcleo esencial referido a la honra, buena imagen o el buen nombre'" .
La citada jurisprudencia menciona a la "autodeterminación informativa" como una garantía constitucional, que reivindica el derecho de todo individuo a verificar los datos que se tengan sobre su persona en cualquier banco de datos, y solicitar en caso de encontrar errores su rectificación, e inclusive su la eliminación de determinados datos, cuando éstos tengan información sensible que tenga una vinculación directa con su vida privada o íntima; ahora, la SC 0189/2010-R de 24 de mayo, ampliando el citado criterio, se refirió al derecho a la auto tutela informativa, estableciendo lo siguiente:
"En derecho comparado contemporáneo, el Estado Social y Democrático de Derecho, es entendido como aquella organización jurídica y política articulada y cimentada sobre ejes o pilares estructurales de carácter esencial entre los cuales se encuentran la protección de derechos fundamentales y el reconocimiento de mecanismos idóneos y efectivos para su real resguardo.
En ese orden, cabe precisar que la teoría general de los Derechos Humanos, en su clasificación, reconoce dos categorías concretas de derechos a saber: En primer orden se encuentran los derechos fundantes, como ser el Derecho a la vida o la libertad de tránsito entre otros y en segundo lugar, se tienen los derechos fundamentales derivados, entre los cuales inequívocamente se encuentra el llamado derecho de 'autotutela informativa'.
En efecto, el derecho a la 'autotutela informativa', deriva directamente del derecho fundamental a la dignidad, a partir del cual, toda persona tiene el derecho de acceder, conocer, pedir rectificación, modificación o eliminación de datos que le conciernan y que le afecten o puedan atentar a sus derechos a la intimidad, privacidad personal o familiar, a la imagen, honra y reputación; generando para el administrador de estos datos contenidos cursantes en archivos públicos o privados, la obligación de garantizar este derecho fundamental, siempre y cuando no exista una norma expresa que prohíba dicho acceso, conocimiento, modificación o eliminación, ya sea por afectación a terceros, a la seguridad colectiva o por encontrarse sometidos al secreto o reserva.
En ese contexto, se establece que la génesis constitucional del derecho a la autotutela informativa, encuentra cauce jurídico en el bloque de constitucionalidad boliviano, específicamente en el art. 21.6 de la Constitución vigente; asimismo, su contenido se encuentra sustentado por los arts. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, 19 de la DUDH y 19.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, además es importante señalar también, que este derecho, encuentra fundamento en la Resolución 1932, de la Organización de Estados Americanos, adoptada en su sesión plenaria de 10 de junio de 2003, que por su naturaleza en el marco del art. 410 de la CPE, forma parte del Bloque de Constitucionalidad y que garantiza el libre acceso a la información de todo Estado Democrático.
De lo expresado precedentemente, a partir del marco normativo descrito, se colige que el derecho a la 'autotutela informativa' al margen de ser un derecho derivado, es también un derecho sustantivo, por tanto, en un Estado Social y Democrático de Derecho debe ser defendido por medios jurídicos idóneos, que logren su respeto efectivo".
Dentro de este orden de ideas, la SC 0030/2006-R de 11 de enero, estableció el ámbito de protección de esta acción tutelar en Bolivia en los siguientes términos:"El hábeas data como una vía procesal instrumental de protección al derecho a la autodeterminación informativa, referido a los derechos fundamentales a la intimidad y la privacidad de la persona, fue incorporado al sistema constitucional boliviano mediante la Ley 2631 de Reforma de la Constitución de 20 de febrero de 2004.
Según dispone el art. 23.I de la Constitución 'Toda persona que creyere estar indebidamente o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético, informático en archivos o bancos, de datos públicos o privados que afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta Constitución, podrá interponer el recurso de hábeas data ante la Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección suya'. De la disposición constitucional glosada se infiere que, en el sistema constitucional boliviano, el hábeas data es una vía procesal instrumental para protección del derecho a la autodeterminación informativa, precautelando que la persona pueda acceder al conocimiento de los datos o informaciones, referidos a su vida privada o íntima así como la de su familia, obtenidos y almacenados en los bancos de datos públicos o privados, con la finalidad de conocer qué datos se han obtenido y almacenado; es decir, cuánta información, con qué finalidad y a quienes se distribuyó, se distribuye o distribuirá la misma.
En consecuencia, del contenido de la norma prevista por el art. 23.I de la CPE, se infiere que el hábeas data, en el sistema constitucional boliviano, tiene por finalidad proteger el derecho a la privacidad o vida íntima contra el manejo de información sobre datos personales por medios informáticos, que según la doctrina se conoce como derecho de 'autodeterminación informativa' de la persona, garantizando el ejercicio de los siguientes derechos:
3º De obtener la eliminación o exclusión de la llamada 'información sensible' relacionada al ámbito de su intimidad o la de su familia; es decir, aquellos datos mediante los cuales se pueden determinar aspectos considerados básicos dentro del desarrollo de la personalidad, tales como las ideas religiosas, políticas o gremiales, comportamiento sexual; información que potencialmente podría generar discriminación o que podría romper la privacidad del registrado".
III.3. La legitimación activa en el recurso del hábeas data ahora acción de protección de privacidad dentro de la jurisprudencia constitucional
Respecto a la legitimación activa dentro de la acción de protección de la privacidad, la SC 0127/2010-R de 10 de mayo citando a la SC 965/2004-R, estableció lo que sigue:
"Partiendo de los conceptos referidos, se puede inferir que el hábeas data es una garantía constitucional por lo mismo se constituye en una acción jurisdiccional de carácter tutelar que forma parte de los procesos constitucionales previstos en el sistema de control de la constitucionalidad. Es una vía procesal de carácter instrumental para la defensa de un derecho humano como es el derecho a la autodeterminación informática.
Como una acción tutelar, el hábeas data sólo se activa a través de la legitimación activa restringida, la que es reconocida a la persona afectada, que puede ser natural o jurídica. En consecuencia, no admite una activación por la vía de acción popular, es decir, no se reconoce la legitimación activa amplia."
(…) 'La legitimación activa del hábeas data recae en la persona natural o jurídica -aunque el precepto constitucional no lo determina de esa manera en forma expresa, se entiende que dentro de la protección de este recurso se puede y debe abarcar tanto a las personas físicas como a las jurídicas, de quienes también se pueden registrar datos e informaciones- respecto de la cual la entidad pública o privada haya obtenido y tenga registrados datos e informaciones que le interesen a aquella conocer, aclarar, rectificar, modificar, o eliminar, y que no haya tenido respuesta favorable por la citada entidad para lograr esos extremos' (El resaltado es propio).
La jurisprudencia objeto del presente análisis establece dos elementos, el primero es que la persona afectada puede ser natural o jurídica, y el segundo elemento se refiere a la legitimación activa restringida, ambos condicen con lo establecido por el art. 130.I de la Constitución, por lo que esta jurisprudencia es compatible con la Constitución vigente.
Entendimiento corroborado en los ordenamientos jurídicos de la órbita de nuestra cultura jurídica. Así, la legislación peruana, conforme la doctrina mayoritaria, también prevé una legitimación activa restringida para la interposición del hábeas data; es decir, establece únicamente la legitimación del afectado, en razón de que Nadie más que el propio interesado para poder saber si se le transgrede su derecho constitucional. Ello se puede advertir del contenido de los arts. 61 al 65 previstos en el Código Procesal Constitucional del Perú, promulgado mediante Ley 28237, el 31 de mayo de 2004.
De otro lado, el texto constitucional argentino de 1994 en su art. 43.III, configurando la acción de hábeas data, como una modalidad del amparo, señala que: 'Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística' (El resaltado es propio)
Respecto de la norma señalada, la doctrina concluye en cuanto a la legitimación activa, que dicha disposición habilita a toda persona a interponer la acción, es decir, puede plantearla tanto un individuo como una persona de existencia ideal, lo que no significa que se trate de una activación por la vía de acción popular; por cuanto, sólo tiene legitimación el afectado por el banco o registro de datos en cuestión, así el artículo constitucional argentino subraya que el hábeas data es en pro de toda persona 'para tomar conocimiento de los datos a ella referidos', o lo que es lo mismo, concernientes a la parte afectada en concreto, por cuanto la información a la que quiera acceder el solicitante debe referirse a cuestiones relacionadas con su interés, no pudiendo utilizarse por terceros sin derecho a hacerlo.
El hábeas data en Colombia está regulado por la Ley 1266 de 31 de diciembre de 2008, que en su art. 16. I establece: "Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular, que repose en cualquier banco de datos, sea este del sector público o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular", al respecto la Corte Constitucional se ha referido al alcance del derecho al hábeas data en los siguientes apartes: "El habeas data, es el derecho de obtener información personal que se encuentre en archivos o bases de datos. Este derecho implica la posibilidad de ser informado acerca de los datos registrados sobre si mismo y la facultad de corregirlos. Con este derecho se pretende proteger la intimidad de las personas ante la creciente utilización de información personal por parte de la administración pública, de entidades financieras, educativas, profesionales u otras organizaciones privadas. Lo importante es que las personas no pierdan el control sobre la propia información, así como sobre su uso.
(…) El Hábeas data no es otra cosa que el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
(…) En virtud de él, la persona tiene derecho a que se le informe qué datos suyos y de su familia reposan en los archivos y bancos de datos privados y oficiales, no sometidos a reserva legal, a que se corrijan, se actualicen y sólo se usen para fines legítimos" Sentencia T-443/94".
III.4. Sobre la legitimación pasiva dentro de la acción de protección a la privacidad
En el anterior Fundamento Jurídico, se ha determinado que la legitimación activa corresponde a toda persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, que actua por sí, o mediante su representante; de quienes se pueden registrar datos e informaciones acumulables en distintos soportes, entonces, por simple lógica, la legitimación pasiva corresponderá en las entidades públicas o privadas (y sus representantes) que hayan obtenido y tengan registrados tales datos e informaciones, sobre cuyo contenido, los accionantes tengan el interés de conocer, aclarar, rectificar, modificar o eliminar, y que no haya obtenido la respuesta favorable por la citada entidad para lograr tales extremos.
Tenemos entonces que la legitimación pasiva recae precisamente sobre los bancos de datos (sean públicos o privados), que consisten en centros de acopio e intercambio de información, o de documentación, destinados a rubros específicos y a la prestación de determinados servicios (bancarios; policiales; comunicacionales; servicios web; compra y venta de distintos bienes; agencias matrimoniales; etc.), que estén expresamente destinados a brindar información a terceros.
Por lo anteriormente descrito, los bancos de datos no comparten características similares a aquella información de carácter personal que una persona pueda tener en registros privados (computadoras, celulares, correos electrónicos, e-mails, y otros), debido a que son archivos que no tienen por objeto el de la publicidad del contenido de los mismos, es decir que no tienen por objeto el brindar información a terceros, por lo que no pueden ser objeto de tutela mediante la acción de protección de privacidad, en mérito a la naturaleza jurídica distinta a la de los bancos de datos y a que gozan de su protección constitucional propia, establecida como la inviolabilidad del secreto de las comunicaciones privadas y los documentos y manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte (así lo establece el art. 25.I y II de la CPE), por lo que la acción destinada a proteger este tipo de derechos no es la acción de protección de privacidad, sino la acción de amparo constitucional, tal entendimiento establece que debe entenderse por banco de datos y cuales serán los que pueden ser objeto de protección por esta acción tutelar.
III.5. El carácter subsidiario de la acción de protección de privacidad
La SC 0188/2006-R de 21 de febrero, establece el carácter subsidiario del hábeas data en los siguientes términos:
"El art. 23.V de la CPE, determina que el recurso de hábeas data '…se tramitará conforme al procedimiento establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el art. 19° de esta Constitución'; consiguientemente, al hábeas data le es aplicable la doctrina constitucional sentada para el amparo constitucional, por lo que se debe aplicar el principio de subsidiariedad, establecido en el art. 19.IV de la CPE; lo que significa que sólo se activa cuando el recurrente ha agotado los medios o recursos que tenía a su alcance para lograr conocer, objetar u obtener la eliminación, rectificación de los datos públicos o privados que afectan a su derecho a la intimidad y privacidad personal y familiar, a su imagen, honra y reputación".
En este sentido el texto el art. 131.I de la CPE prescribe "La Acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional". Por lo que el entendimiento establecido por la jurisprudencia citada sique siendo aplicable dentro del nuevo marco constitucional debido a que el precedente constitucional obligatorio establecido, es compatible con el texto constitucional vigente.
Dentro de este aspecto, la precitada SC 0189/2010-R, estableció lo que sigue:
"Siguiendo un orden coherente con lo expresado precedentemente, se tiene que los derechos fundamentales sustantivos como es el caso del derecho a la autotutela informativa, para su defensa necesitan medios o mecanismos idóneos para su protección. En efecto, en el contexto del Estado Social y Democrático de Derecho, máxime cuando se trate de la protección de datos administrados por entidades públicas, el Estado tiene la obligación de garantizar ya sea por la vía administrativa o jurisdiccional, el resguardo pleno y eficaz de este derecho.
Por tanto, es evidente que el control de constitucionalidad a través de la garantía procesal-constitucional del hábeas data regulado por el art. 32 de la CPEabrg y denominado ahora acción de protección de privacidad protegida por los arts. 130 y 131 de la CPE, no puede sustituir a estos mecanismos administrativos y jurisdiccionales y solamente debe ser activado en tanto y cuanto los mismos una vez agotados no restituyan el derecho a la 'autotutela informativa' afectado.
A partir del postulado antes señalado, considerando que la naturaleza o esencia procesal constitucional de este instituto no ha cambiado con la entrada en vigor de la Constitución vigente, es pertinente señalar en principio que el hábeas data, ahora acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional de naturaleza tutelar destinada a proteger el derecho a la 'autotutela informativa' en tanto y cuanto, no exista o no haya sido eficaz otro medio jurídico establecido para garantizar este derecho sustantivo, razón por la cual, se establece que la activación del control de constitucionalidad a través de este mecanismo de defensa, de ninguna manera puede sustituir o ser alternativo a los mecanismos administrativos o jurisdiccionales establecidos para su protección, posición además sustentada por las SSCC 1572/2004-R, 1511/2004-R y 965/2004-R, entre otras".
III.6. Análisis del caso concreto
Ingresando al análisis del caso concreto, tenemos que el accionante denunció concretamente el hecho suscitado el 4 de marzo de 2009, el que sin cumplir con requisito legal alguno, José Millán Estrada, ex Oficial Instructor de la ANAPOL, autoridad codemandada, sin mayores explicaciones procedió a arrebatarle su celular y retenerlo, para posteriormente ingresar a los datos que tenía dentro del mismo, sin contar con su consentimiento, para luego difundir el contenido del mismo a terceras personas.
En mérito a tales antecedentes, tenemos que establecer si el caso objeto del presente análisis entra dentro del ámbito de protección establecido por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia emanada por este Tribunal:
En primer lugar tenemos que la presente acción no está dirigida contra una base de datos determinada, sino que lo que se denuncia es un presunto acto ilegal, refiriéndose específicamente a una incautación de un celular, sin el consentimiento del accionante, y sin cumplir con los requisitos legales y constitucionales, por parte de José Millán Estrada, ex Oficial Instructor de la ANAPOL, autoridad codemandada, quien, además de incautar ilegalmente el merituado celular, difundió el contenido del mismo a sus oficiales superiores, para que posteriormente, en base a la información extraida del citado celular, que el accionante califica de sensible, le abrieran un proceso disciplinario, todos estos actos que el accionante denuncia entran dentro de la vulneración de la inviolabilidad de las comunicaciones y archivos privados, actos que como se estableció en el Fundamento Jurídico III.4, no son objeto de tutela por parte de esta acción de defensa, sino que pueden ser objeto de una acción de amparo constitucional; partiendo de este hecho, se puede añadir que dentro de la presente demanda no existe legitimación pasiva alguna, ya que como se vio, la misma no está dirigida contra ninguna persona que tenga a su cargo una base de datos, sea pública o privada; por lo que no se cumplió con el requisito de quien puede ser demandado mediante esta acción tutelar, que como se ha visto serán la o las personas que administren bancos de datos destinados a rubros específicos y a la prestación de determinados servicios, de acceso público, que en el presente caso, como se ha visto, no existe.
Por lo anteriormente establecido, tal denuncia es materia de análisis de una acción de amparo constitucional, ya que inclusive, dentro del resumen de los derechos supuestamente vulnerados, se hace mención a la seguridad jurídica y al principio de reserva legal; finalmente, en cuanto a la "información sensible," que se solicita eliminar, es necesario el reiterar que los mismos se encuentran guardados en un celular, es decir, que nos referimos a la naturaleza jurídica de los datos dentro del presente caso, que son de naturaleza personal, y que existen en un registro privado, por lo que no pueden ser considerados como bancos de datos de acceso público, por lo que la naturaleza de los datos supuestamente vulnerados no entran dentro del ámbito de protección de la acción de protección de privacidad, debido a que el art. 130 de la CPE, claramente determina que el objeto de la presente acción recae sobre archivos o bancos de datos, cuyas características, como ya se ha determinado previamente, no son las mismas que la información acopiada de manera personal y privada en un celular.
Por lo anteriormente desarrollado, los actos denunciados -una incautación que vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y documentos y manifestaciones privadas en cualquier soporte- no pueden ser objeto de tutela en el presente caso, porque no entran en el ámbito de protección detallado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional.
De todo lo examinado precedentemente, la situación planteada no se encuentra dentro de las previsiones del art. 130 y 131 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela solicitada, no ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere el art. 3 de la Ley 040 de 1 de septiembre de 2010, que modifica el art. 4.I de la Ley 003 de 23 de febrero de 2010, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 0058/2009 de 2 de diciembre, cursante de fs. 864 a 866 vta., dictada por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur PRESIDENTE
Fdo. Dra. Eve Carmen Mamani Roldán MAGISTRADA
Fdo. Dra. Lily Marciana Tarquino López MAGISTRADA

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