Source: http://journals.openedition.org/amnis/2052
Timestamp: 2018-02-19 14:14:45+00:00

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Algunas falacias y errores en el debate sobre el derecho a decidir y la declaración de soberanía de Catalunya
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Acerca de los términos del debate
Dos precisiones de contexto
El caso de Cataluña: derecho a decidir, derecho a la autodeterminación, soberanía
Derecho a decidir, derecho a la autodeterminación
Primera aproximación a la noción de pueblo de Cataluña.
La Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya: algunas falacias y errores
Sobre las perspectivas inmediatas.
1En mi presentación pretendo ofrecer algunos elementos de análisis acerca del proceso de ejercicio del derecho a autodeterminación de Catalunya (presentado como «derecho a decidir»), abierto formal y solemnemente a partir de la Resolución 5/X del Parlament de Catalunya adoptada el 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya.
1 Sólo en la historia constitucional reciente y ciñéndonos al caso catalán, habría que referirse al (...)
2En rigor, como es sabido, no se trata de una novedad1. La reivindicación de autodeterminación, sea en forma de la mayor cota de autogobierno posible en el marco del Estado de las Autonomías que estableció la Constitución española de 1978, sea bajo la modalidad de reivindicación del «derecho a decidir» o, lisa y llanamente, como aspiración a la independencia de Catalunya, no es de ayer. Pero ha experimentado una aceleración a partir de la diada de 2012 y de una escalada de declaraciones en la que intervino activa e incluso irresponsablemente –a mi juicio– el Gobierno central.
2 Como veremos, esa expresión resulta polémica, sobre todo para quienes insisten en que el sujeto de (...)
3 cfr. http://www.lavanguardia.com/politica/20121010/54352442678/wert-admite-interes-espanolizar-alu (...)
3 En efecto, me permito recordar que ese punto de inflexión de lo que podríamos llamar «proceso de nacionalización»2 –orientado hacia la autodeterminación–, fue criticada de forma más que provocadora por el Ministro de Educación del Gobierno Rajoy en unas declaraciones a TeleMadrid, en octubre de 2012, donde afirmó que la escuela catalana «adoctrinaba en el independentismo», esto es, que el sistema de enseñanza en Cataluña estaba supuestamente diseñado para construir una propuesta política de largo alcance y carácter independentista. Esa afirmación dio lugar a su vez a una réplica de la consellera de educación de la Generalitat, que le acusó de querer «españolizar» a los niños catalanes. La polémica llegó al Congreso de los Diputados donde Wert, ante la pregunta de un diputado del PSC sobre ese cruce de declaraciones, reafirmó su pretensión de «españolizar a los niños catalanes»3.
4 Que la escuela ha sido, históricamente, el principal agente de socialización nacional es un tópico (...)
4Lo que me interesa, claro está, no es la polémica en cuestión –ya se trate de «españolizar» o del más racial «españolear» (en su acepción en el Diccionario de la RAE: «Hacer propaganda exagerada de España"), aunque el papel de la escuela en los procesos nacionalizadores es obviamente un lugar común no desprovisto de fundamento4. Lo que haré es tomar la anécdota como pretexto para una reflexión de otro calado.
5 Aunque, como veremos, en el proyecto inicial de CiU –en su programa en las elecciones autonómicas (...)
6 Pese a que casi ruboriza recordarlo, quizá no sea ocioso hacerlo en los tiempos de adanismo que vi (...)
7 Obviamente no desconozco que la exigencia de Estado propio no se basa exclusivamente en esa consid (...)
5En lo que sigue, mi propósito es ofrecer algunos argumentos sobre el planteamiento del derecho a la autodeterminación de Catalunya, centrándome en el análisis de la mencionada Resolución 5/X del Parlament, que muchos consideran el punto decisivo de no retorno o, más claramente, la iniciativa de ruptura –si no de secesión tout court– en el modelo de las relaciones políticas entre Catalunya y (el resto de) España5. Un proyecto que me parece basado como argumento fuerte (aunque no exclusivo) en una ‘comprensión propia’ del proceso de «nacionalización cultural». Hablo de comprensión propia no sólo en el clásico sentido idiográfico6, sino también, si se me permite expresarlo así, en el de resultado de la exclusiva y particular «voluntad nacional»: una cultura catalana que exigiría un grado de desarrollo institucional imposible de alcanzar en el marco del Estado español y, por tanto, abocaría necesariamente a la construcción de un Estado propio7. En todo caso, ya en este momento me gustaría destacar que, a mi juicio y como trataré de argumentar, si ese resultado –es decir, la tesis de que nación cultural (o el pueblo, pero ahí es necesario mayor precisión) exige hoy un Estado propio– aparece como inevitable en el argumentario de quienes sostienen el proyecto secesionista, no se debe a que se trate de un corolario en el sentido lógico, sino precisamente a la argucia o falacia que consiste en que, en realidad, lo presupone (en el sentido de una comprensión previa o, para ser más claros, de un prejuicio, porque faltan razones justificativas), lo que quiere decir que nos encontraríamos ante un ejemplo de petitio principii, una más de las falacias argumentativas de ese proyecto y también del debate en torno a él, a las que me referiré enseguida.
6Por supuesto, entiendo que el propio enunciado de la cuestión en los términos que acabo de utilizar es susceptible de importantes matizaciones e incluso de un planteamiento de alcance radicalmente diferente. Y justamente lo que me interesa discutir en las páginas que siguen son precisamente esas matizaciones o interpretaciones. A esos efectos, utilizaré sobre todo las perspectivas propias de la argumentación jurídica y constitucional y de la filosofía política, que me parecen particularmente útiles en el análisis del texto de la Declaración del Parlament de Catalunya de 24 de enero de 2013, sobre todo para poner de manifiesto no pocas falacias y trampas argumentativas de los diferentes planteamientos presentes en el debate.
8 Fatiga tener que recordar que la noción de Verfassungspatriotismus acuñada por el primero ya en 19 (...)
7Pero si hablo de prejuicios, errores y falacias, es imposible atribuirlos en exclusiva a una de las partes. En efecto, esos problemas se pueden apreciar desde luego entre los que, por simplificar, aceptaré denominar nacionalistas, lo que en el caso de Cataluña es complicado, pues entre quienes firmaron la Declaració del 23 de enero de 2013, junto a partidos nacionalistas tout court, como la federación de partidos Convergencia i Unió (CiU) y Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC), tendríamos que incluir a Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC). Pero también por parte de los soi-dissantsconstitucionalistas aunque, en rigor, buena parte de los que se autopresentan como tales ‘constitucionalistas’ son ante todo nacionalistas que se ignoran a sí mismos –como le sucedía al Monsieur Jourdan de Molière– y en ese sentido, en realidad, predemocráticos: pienso por ejemplo en alguno de los fundadores de la recientemente erigida Fundación en defensa de la Constitución, como los señores Bono o Acebes que, cuando se llenan la boca de la manoseada expresión ‘patrotismo constitucional’, parecen más próximos a un modelo medieval de patriotismo, el de los Reyes Católicos (sobre todo a Isabel de Castilla) que al constitucionalismo de Azaña o Tierno y no digamos a los creadores de la expresión, Stenberger y Habermas8.
8Pero antes de pasar al análisis de la configuración del derecho a decidir y la soberanía del pueblo de Catalunya, tal y como se enuncian en la Resolución 5/X del Parlament, conviene precisar que todo lo anterior debe ser sometido, a su vez, a dos precisiones que considero de la mayor importancia.
9 Utilizo la conocida noción propuesta por Merton y desarrollada sobre todo por Aubert, Eckhoff y Se (...)
9En primer lugar, a mi juicio, en este debate (como por lo demás en toda discusión de esta clase) es imperativo tener presente la contextualización, sobre todo porque, a mi modo de ver, es eso lo que permite entender una de las ‘funciones latentes’9 del proceso abierto con la convocatoria de las elecciones de noviembre de 2012, esto es, la búsqueda de legitimación (en el sentido sociológico del término, es decir, de adhesión de hecho) para un Gobierno desgastado por su gestión de la crisis económica.
10Dicho de otro modo, no se puede olvidar o minusvalorar el hecho de que el planteamiento de la propuesta de autodeterminación se formula precisamente ahora, en el contexto de unas políticas de respuesta a la crisis cuyas consecuencias (que no sólo la crisis en sí) son devastadoras azota en los países del Sur de Europa. Desde luego, en Catalunya y en el resto de España. Me refiero a las «recetas» impuestas por la troika y muy en particular por los intereses de Alemania, que están suponiendo el desmantelamiento de los elementos básicos del Estado del bienestar, desde el acceso al empleo y la cobertura frente al desempleo, al reconocimiento y garantía de la universalidad de derechos sociales, del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a un sistema de seguridad social que cubra los riesgos de los más vulnerables (enfermos, ancianos, discapacitados, étc). Una política de recortes (denominados reformas) que en Catalunya ha sido particularmente dura bajo la corta andadura del primer Gobierno Mas, que acabó en una convocatoria de elecciones anticipadas supuestamente como consecuencia del impulso de exigencia nacional formulado en la manifestación del 11 de septiembre de 2012 – «Catalunya, un nou Estat a l’UE»-, pero seguramente también (quizá, sobre todo) por la pérdida de legitimidad y adhesión que provocaron esas políticas entre el electorado catalán. Eso no quiere decir que intente sustituir el eje nacional (nación, minoría nacional o pueblo, ya intentaré precisarlo luego) por el eje de clase: aunque estoy básicamente con Balibar y Wallerstein al respecto y, en otra medida, con la interpretación compleja ofrecida por Castel a propósito de los disturbios de 2005 en Paris, es cierto que, como insiste Ruiz Vieytez, este debate sobre el derecho de autodeterminación no se puede resolver sólo ni aun prioritariamente en los términos de derecha-izquierda.
10 En el sentido en que acuña esta expresión Beck para referirse a algunos conceptos que, aunque fuer (...)
11La segunda consideración se refiere a lo que considero un error mayúsculo en el planteamiento de las dos partes enfrentadas en el debate. Se trata de la obsesión por un modelo de soberanía y de sujeto político que, a todas luces, están superadas en este segundo decenio del siglo XXI. Ambas partes parecen ancladas en un concepto de soberanía que hoy es una categoría zombie10, porque la soberanía en un mundo global ya no puede basarse en Bodin y Hobbes. La soberanía no es ya un atributo del Estado nacional, ni aun del Estado. Y eso es así en el orden político y en el económico y aún más en el espacio de la UE. Esa es, a mi juicio, el lastre que subyace a lo que podríamos denominar la posición «irreductible» del Gobierno Rajoy, empeñada en una interpretación formalista y super-rígida de la Constitución de 1978 (en particular de los artículos 1.2 y 2), pero también a lo que calificaré como nacionalismo victimista y retrorromántico, el que se enuncia en la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.
11 A ese respecto, sigo considerando muy útiles las consideraciones de Imre Bokatola sobre el marco o (...)
12 Cfr. Eduardo Ruiz Vieytez, «Réflexions sur la nature de l’autodétermination de la perspective des (...)
12Tengo en cuenta, sin embargo, que, como me ha recordado en diferentes ocasiones uno de los mejores estudiosos de los problemas de derechos de las minorías y los pueblos, Eduardo Ruiz-Vieytez, en la medida en que se pusiera el acento no en la noción de nación, sino en la de pueblo y no en el derecho a decidir, sino en el derecho a la autodeterminación en su concepción amplia11, el debate puede ser profundamente matizado y a ello atenderé al final de mi exposición. Y también reconozco el fundamento de su crítica acerca de que los ‘enterradores’ del Estado (que no son los mismos que los del Estado nación) se han apresurado y, en buena medida, han errado. Un error que en muchos casos esconde en realidad una pretensión ideológica. Sí: para los individuos –y aun diré los grupos– vulnerables, las estructuras estatales siguen siendo útiles y aun el único asidero ante el naufragio impuesto por la marea ultraliberal. Y sí, como él mismo escribe, es difícil prescindir de la nota de estatalidad: tiene razón cuando reivindica esa estatalidad «como factor de identificación (internacional) de las personas. Al contrario, entiendo que en ningún otro momento de la Historia de la humanidad ha habido una adscripción identitaria de las personas más homogénea y referida a estructura estatales, como si fueran el desplegable de un campo informático. Es la estatalidad, o el reconocimiento internacional que viene a ser casi sinónimo, lo que otorga reconocimiento, identidad y capacidad de interactuar»12. Pero esa es una cuestión diferente del problema de la soberanía que me parece clave en el debate, como también trataré de precisar a continuación y, a mi juicio, frente a lo que él sostiene, la estatalidad no exige hoy necesariamente un Estado-nación. Porque, a fin de cuentas, si lo decisivo sigue siendo responder a tres cuestiones clave: quién decide/ejerce el derecho a la autodeterminación (el sujeto), qué se decide (el significado o contenido) y cómo se decide (el procedimiento, las condiciones de ejercicio del derecho a decidir/derecho a autodeterminación), parece importante dejar constancia de algo que me parece claro: el qué ya no conduce necesariamente al Estado nación.
13Por lo que se refiere al proceso que se sigue en Catalunya a partir de la diada de 2012, lo menos que se puede decir, a mi juicio, es que todos parece indicar que está dominado por una ambigüedad que no se muestra sólo ni fundamentalmente como un elemento estratégico, sino como el fruto de un déficit de comprensión de los términos de la cuestión y, en particular, de las nociones de soberanía y derecho de autodeterminación, ligadas a su vez a otro concepto intrincado, el de pueblo que, si ya es complejo desde el punto de vista de la historia y la teoría políticas, resulta particularmente polémico en el Derecho internacional.
14Dejemos de lado por el momento la cuestión de la soberanía, cuyo carácter, obviamente, supera las consideraciones de orden técnico-jurídico. Volveré más tarde sobre la cuestión. En ese sentido técnico-jurídico, si se me permite expresarme así, el punctum dolens más obvio y, al mismo tiempo, quizá no tan difícil de resolver, es lo que se refiere a la presentación del pueblo de Cataluña como sujeto del derecho de autodeterminación. Creo que aquí debemos abordar dos problemas, dos interrogantes.
15La primera cuestión tiene que ver con la ambigüedad en torno a la apelación a dos derechos, el derecho a la autodeterminación y el «derecho a decidir», algo que tiene precedentes en el proceso vivido en Euskadi en torno al denominado ‘proyecto Ibarretxe’. Debemos esclarecer si nos hallamos ante dos derechos diferentes y, sobre todo, si el derecho de autodeterminación tiene encaje en el ordenamiento jurídico español aunque fuese por la vía de la incorporación de determinados instrumentos jurídicos internacionales en nuestro Ordenamiento, a través de la remisión que realiza la propia Constitución en su artículo 13.
16La segunda, que entraña el riesgo de desbordar lo técnico-jurídico para adentrarnos en la antropología cultural –si no en la épica–, no es de suyo una cuestión novedosa. De hecho, se plantea siempre que se ha discutido la creación de un Estado-nación, aunque ahora contamos con cierto asidero jurídico internacional, al que también habrá que referirse. Me refiero a la pregunta relativa a si podemos hablar con fundamento del «pueblo de Cataluña» como sujeto equiparable a los pueblos reconocidos como sujetos en el Derecho internacional y, en el marco jurídico español, como sujeto distinto del «pueblo español».
13 Entre quienes se pronuncian en ese sentido, cfr. Javier Martínez, «El derecho a decidir: historia (...)
17Recordaré que una parte de la dificultad reside en la confusión acerca del alcance del derecho a la autodeterminación e incluso del «derecho a decidir», que algunos entienden como subterfugio o versión soft del primero13. Lo cierto es que como señalé anteriormente, la presencia de este ‘derecho a decidir’ en el debate constitucional español no es una novedad, pues fue invocado en el denominado «proceso Ibarretxe». Aunque en mi opinión su discusión no es la más relevante pues conviene más bien concentrarla en el derecho a la autodeterminación (sobre todo porque no hay referencia alguna al «derecho a decidir» en el Derecho internacional, marco jurídico decisivo en esta cuestión), debe ser considerada ya que se invoca. Y, de nuevo a mi juicio, este derecho a decidir se mantiene en una calculada ambigüedad, pues si bien parece invocarse sobre todo como recurso para no hablar abiertamente de derecho a autodeterminación, es cierto que puede ser entendido como un instrumento previo, es decir como el medio para realizar una consulta previa que pueda conducir al ejercicio del derecho a autodeterminación.
14 Cour internationale de Justice. Avis consultatif 22 juillet 2010. Conformité au droit internationa (...)
18Pero volvamos al derecho a la autodeterminación. Aunque pueda parecer otra cosa, la respuesta que encontramos en el Derecho internacional, como veremos, dista de ser unívoca y sencilla, pues su recorrido pasa desde el enunciado inicial y declamatorio de los artículos 1 y 55 de la Carta de la ONU, a su consideración como principio clave del proceso de descolonización (Resoluciones 1514 (XV) y 1541 (XV) de 1960 que precisan qué pueblos son sujetos del derecho de autodeterminación, hasta ser enunciado como un derecho universal de todos los pueblos, en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 que extiende este derecho al ámbito de la consecución de gobiernos representativos. Y por tanto se perfila como derecho de todos los pueblos, tal y como formuló la Corte internacional de Justicia en su opinión consultiva sobre el Sáhara occidental (16 de octubre de 1975), al definir este derecho como un derecho colectivo del que son titulares todos los pueblos. Su carácter polémico se pone de manifiesto más recientemente en el Avis consultatif del Tribunal Internacional de Justicia en lo que se refiere al caso Kosovo14. Que rompería abiertamente con el principio que en principio supondría el otro polo de tensión, el de la integridad territorial del territorio del Estado.
15 A ese respecto, es importante tener en cuenta la resolución de la Comisión africana de derechos hu (...)
16 En rigor, el principio o derecho de etnodesarrollo es formulado por Bokatola en relación con las m (...)
17 Falk, Richard, «Self-Determination under International Law: The Coherence of Doctrine Versus the I (...)
19Ahora bien, a diferencia de lo que sostienen los que podríamos denominar «soberanistas radicales» –pero también los «nacionalistas españolistas»–, lo cierto es que el derecho a decidir, como ejercicio del derecho a la autodeterminación, no necesariamente está vinculado a la afirmación de la soberanía estatal15, en particular a la acepción de soberanía como cualidad absoluta e indivisible al modo en que es enunciada por Bodin y concebida por Hobbes en el marco de los procesos de construcción de los Estados nacionales modernos. Es no menos cierto, sin embargo, que el concepto de derecho a la autodeterminación en su sentido pleno comporta mucho más que el derecho a decidir, más incluso que el derecho a constituir un sujeto político propio, pues, como señala Bokatola, implica la noción de etnodesarrollo16, ya que se trata de una noción multidimensional en la que se cruzan moral, política y Derecho y que, en expresión de Falk, aunque tenga coherencia teórica, ha experimentado no pocas contradicciones en la práctica internacional17.
20Por descontado, no pretendo resolver en estas páginas una cuestión tan intrincada como la del derecho a la autodeterminación, a la que se dedican bibliotecas enteras. Como es lógico, mi interés se ciñe a la pertinencia de la reivindicación de este derecho en relación con el proceso que se vive hoy en Catalunya y en España.
18 Cfr su excelente artículo, «Sobre el pretendido ‘derecho a decidir’ en el Derecho internacional co (...)
19 Recommandation générale no. 21 (Droit à l’autodétermination), 23 août 1996, Doc. A/51/18, para. 2 (...)
20 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), L’autodétermination (...)
21Pues bien, a mi juicio, la interpretación más correcta –y la que permite solventar de forma más razonable la dificultad a la que nos enfrentamos– sobre la aplicabilidad en el caso que nos ocupa del derecho a la autodeterminación reconocido por el Derecho internacional público, es la que recuerda en su último trabajo publicado el profesor Carrillo Salcedo18. Es imposible negar que existen otras interpretaciones pero, como se verá, tiene un fundamento sólido en interpretaciones autorizadas de instituciones internacionales: por ejemplo, del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su Observación general número 21, de 1996, Recomendación general Nº XXI relativa al derecho a la libre determinación»19 y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, en el informe «Autodeterminación y secesión en Derecho constitucional», hecho público el 12 de enero de 200020.
21 El punto de referencia más interesante (no el único, pues hay que arrancar de la mención en la Car (...)
22Recuerda quien fuera uno de los más notables iuspublicistas europeos la clásica distinción entre dos dimensiones del derecho de autodeterminación en la evolución del Derecho internacional público contemporáneo, en el marco del sistema de la ONU21. Una, la que podríamos llamar «autodeterminación interna», esto es, aplicado a nuestro problema, el proceso que consiste en vencer las limitaciones que impone la pertenencia al Estado español respecto al pleno desarrollo de la identidad cultural catalana, limitaciones que hay que elucidar si podrían ser superadas o no por vía de reformas constitucionales del modelo de Estado español. Otra, muy distinta, es la «autodeterminación externa». Aquí sí que está en juego el principio de soberanía en sentido estricto, pues se refiere al derecho de los pueblos a determinar libremente su lugar en la comunidad internacional de Estados, de acuerdo con el principio de igualdad soberana que arranca de la prohibición del colonialismo y de la dominación y explotación extranjeras, pero es obligado reconocer que la evolución del Derecho internacional público ha ampliado los sujetos de autodeterminación externa, en función de una interpretación extensiva de la noción de pueblo.
22 En rigor, Viciano ya sostenía esa tesis en trabajos anteriores, desde 1992. Me refiero a su ponenc (...)
23¿Cabe en la Constitución española el derecho de autodeterminación? Si nos referimos a la autodeterminación interna, desde luego. Respecto a la externa, la opinión doctrinal (apoyada en una interpretación de la jurisprudencia constitucional a sensu contrario) es muy mayoritariamente negativa. Entre quienes defienden la cabida de este derecho en la Constitución, además de los trabajos de E Ruiz Vieytez a los que vengo refiriéndome, me parece interesante la tesis sostenida recientemente por R Viciano22. Por su parte, la posición de Carrillo, que coincide con las tesis defendidas por Casese en lo relativo a la relación entre autodeterminación interna y externa y con la posición de Weiler extraordinariamente crítica con la reivindicación soberanista, supondría rechazar que en el caso de Catalunya esté justificada la autodeterminación externa, pues falta la condición: esto es, que el ejercicio de la autodeterminación interna sea imposible porque el pueblo sufra una persecución o discriminación extrema y sistemática y no parezca existir una solución pacífica factible.
23 Por más que eso supone, a mi juicio, una reducción. En rigor, la afirmación de soberanía, hoy, no (...)
24 «Declaració de soberania del poble catalá: D’accord amb la voluntat expressada democráticament per (...)
24 La interpretación desde la posición soberanista catalanista, evidentemente, consiste en la aplicabilidad de la dimensión de autodeterminación externa. En realidad, quienes defienden esta posición entienden que el proceso de secesión sería, sin más, un paso lógico, una consecuencia de la afirmación de la especificidad cultural de Catalunya: la identificación en términos de identidad entre nación cultural y pueblo como sujeto político, esto es, la reivindicación de que Catalunya es un sujeto político soberano, como lo quería la propuesta inicial de declaración formulada por CiU y ERC, que literalmente sostenía: «Declaració de sobirania del poble catalá: D’accord amb la voluntat expressada democráticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda declarar la sobirania democrática del poble de Catalunya como a subjecte polític i jurídic, iniciant el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir com a plasmació del dret a autodeterminació dels pobles i fer efectiva la voluntat de constituir Catalunya en un nou Estat dins el marc Europeu d’acord amb els principis següents…»23. Se trata de un propuesta soberanista en el sentido fuerte, que implica la secesión de España, pues, tras afirmar la condición de sujeto político y jurídico soberano del pueblo de Catalunya, afirma la voluntad de emprender un proceso encaminado a constituir a Catalunya como «nuevo Estado dentro de la UE» (el mismo lema de la diada de 2012), a través de una convocatoria para el ejercicio del derecho a decidir, entendido como una concreción del derecho a la autodeterminación de los pueblos24.
25 Ese es un matiz que me veo obligado a emplear: en rigor se trata de construir, no de recuperar, pu (...)
25Esta posición arranca de la afirmación categórica del pueblo de Cataluña como sujeto político soberano enunciada en términos de un hecho histórico, del que se predica en el Preámbulo de la Declaració del Parlament que tiene incluso una tradición anterior a la del propio Estado español (que sólo aparecería en el tránsito del XV al XVI, en 1492). Así, el pueblo catalán precedería incluso históricamente al pueblo español no sólo como nación cultural, sino como sujeto político ; sus derechos políticos, pues, concretados en la recuperación de instituciones de autogobierno –en sentido asimismo fuerte– tendrían un fundamento histórico de largo alcance que justificaría la pretensión, hoy, de construir25 un Estado propio, en el marco europeo.
26 «El poble de Catalunya disposa de la sobirania democràtica necessària per a fer efectiu l’exercici (...)
26Por su parte, la propuesta de enmienda de IC-Els Verds se apartaba de la propuesta soberanista al no incluir como objetivo expreso la constitución de un Estado propio, pero afirmaba la necesidad de una consulta para hacer efectivo el «derecho a decidir», entendido asimismo como «plasmación del derecho a la autodeterminación de los pueblos»26.
27 Conviene recordar que la proposición de los socialistas de Catalunya no fue apoyada por todos los (...)
27 Dejemos aparte las propuestas de quienes, como el PP y Ciutadanas sencillamente se oponían a toda mención de soberanía propia, del derecho a autodeterminación (por considerarlo exclusivo de situaciones coloniales o de dominación manifiestamente injusta), o del derecho a decidir. La tercera propuesta en liza, la presentada como enmienda a la propuesta inicial por parte del PSC (el partido de los socialistas de Catalunya), que en realidad remite al derecho a decidir como instrumento previo, encaminado a todas luces al ejercicio del derecho a al aautodeterminación interna y apunta a una reforma federal de laConstitución española de 197827.
28La Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya finalmente adoptada reza así:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del Poble de Catalunya. D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de Catalunya, el Parlament iniciara el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fondamental del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble de Catalunya te un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el mon local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
29Decía anteriormente que el ejercicio del derecho a autodeterminación en su dimensión externa está ligado a la noción de pueblo en Derecho internacional, y también recordaba la dificultad de ese concepto, sobre todo porque la evolución de ese ordenamiento muestra una creciente línea expansiva. Por consiguiente, resulta a mi juicio casi imposible negar la pertinencia de la definición de Catalunya como pueblo en el sentido que tiene esa noción como sujeto jurídico internacional. Otra cuestión es el lugar de ese pueblo en el ordenamiento constitucional español.
30Pese a interpretaciones que legan las referencias en el Preámbulo de la Constitución a «los pueblos de España» (Viciano, Ruiz Vieytez), me parece un ejercicio de funambulismo sostener que esos pueblos están reconocidos como sujetos políticos constitucionales, algo que se reserva al «pueblo español», a todas luces. Eso no significa que el pueblo de Catalunya no pueda aspirar a su calificación como pueblo en el sentido del Derecho internacional: tiene todos los requisitos: concentración territorial, unidad lingüística, tradición cultural…y puede tener el más importante, la manifestación libre y democrática por parte de sus ciudadanos de tal condición en el sentido político, a través de una consulta ad hoc.
28 Cfr. «Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el derecho internacional», Agenda P (...)
31Sin embargo, a mi juicio, tiene razón Jaume Saura28, cuando realiza una importante matización. Sí, todo eso es cierto, pero añade: «sin embargo, ese pueblo no está «separado» físicamente del pueblo español, ni puede decirse que la población española no pueda caracterizarse también como «pueblo» en el sentido del derecho internacional y que, en consecuencia, goce también del derecho a la autodeterminación. Además, la mayor parte de la población que habita en el territorio de Cataluña comparte un sentimiento de pertenencia simultáneo a España y a Cataluña. La autodeterminación catalana no es ajena a la española y así se configura ese derecho en el marco internacional… Cataluña no es un pueblo sometido a dominación colonial, racista o extranjera y en este contexto la libertad de determinar su «condición política» tiene como límite el principio de «integridad territorial del estado». Máxime al tratarse de un estado democrático o, en terminología de la 2625 (XXV), dotado de «un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color» y por eso concluye: «Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede «decidir», pero sin romper la integridad del Estado, salvo que sea mediante acuerdo».
29 Carrillo Salcedo, op. cit, p. 22.
32A mi juicio, esta tesis delimita con acierto los borrosos límites entre autodeterminación interna y externa. Coincide con la conclusión a la que llega el profesor Carrillo en su artículo mencionado: «En consecuencia, y cualquiera sea la intensidad o la realidad del sentimiento identitario, únicamente en circunstancias extremas en las que a un pueblo le es negada la autodeterminación interna podría hablarse del derecho de dicho pueblo a decidir unilateralmente la independencia»29. Sí, en el caso de Catalunya deberíamos hablar de autodeterminación interna, salvo que se produjera un acuerdo entre el Parlament de Catalunya y las Cortes españolas para dar cabida a la vía de la secesión.
33En definitiva, también a mi juicio, la Declaración se sustenta en una falacia argumentativa bien conocida, la falacia de circularidad o petitio principii (autorreferencialidad), además de implicar dos non sequitur desde el punto de vista jurídico (tanto de Derecho constitucional como de Derecho internacional).
30 Aunque la lectura del clásico Comunidades imaginadas de B.Anderson (Imagined Communities: Reflecti (...)
31 Que, en cambio, tiene una experiencia secular como reino, que la aproxima a la experiencia históri (...)
34La falacia primordial reside en la confusión entre la experiencia histórica y la legitimidad política democrática, una cuestión que, en opinión de no pocos, lastra la correcta comprensión de los denominados derechos históricos30, muy en particular por lo que sucede a ese respecto en el texto de la Constitución española de 1978. Para que un proyecto sea legítimo en democracia no basta con alegar la existencia de una tradición, sino que es necesario probar su adecuación a los criterios de legitimidad democrática, que comienzan por el respeto y garantía de los derechos humanos en términos de igualdad (o egalibertad, como propone Balibar) y continúan por el respeto al principio jurídico básico de autonomía individual y su corolario, que es el principio de que la soberanía reside en la libre decisión de los ciudadanos constituidos como soberano. Es ese el sentido o la interpretación que permite reconciliar soberanía popular y soberanía democrática, algo que, por el contrario, como sabemos, resulta enormemente complicado si nos referimos a la noción de soberanía nacional. En efecto, la noción de «soberanía nacional» evoca como sujeto político no al demos que resulta de la libre decisión de todos y cada uno de los ciudadanos gracias al Derecho, esto es, a la supremacía de la ley entendida como expresión de la soberanía popular( como explica Ferrajoli), sino al pueblo entendido como nación, esto es, como sujeto etnocultural. Dicho en plata: aunque Catalunya, Euzkadi o Navarra hayan gozado de una experiencia política de autogobierno –experiencia que en ningún caso, según resulta indiscutible en términos de hechos históricos, ha sido la de Estado31–, eso no es razón legítima suficiente para sostener que tienen Derecho a construir un Estado (insisto, no a recuperarlo).
32 Recordemos que el artículo 1.2 establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del (...)
35Pero no es menos necesario insistir en que la noción de soberanía enunciada en el artículo 2 de la Constitución española de 197832 , a mi juicio (sobre la base establecida en el artículo 1.2 que taxativamente establece que el único sujeto político de soberanía nacional es el pueblo español), incurre en la misma falacia al sostener que la nación española es una e indisoluble. De esta manera, no se habla de soberanía democrática, sino de soberanía nacional, lo que permite identificar que hay un único sujeto político, el pueblo español, reconducido a la nación española. Además, los atributos de unidad e indisolubilidad, presentados como elementos definitorios de la nación española no serían en todo caso más que ingredientes de una definición estipulativa, o, por ser más claros, un desiderátum, pero no pueden afirmarse como condiciones de la definición. Y no es así porque al fundamentar la Constitución en la ‘indisoluble e indivisible unidad de la Nación española’ se entra en contradicción con el principio de legitimidad democrática, al sostener que la Constitución se basa en unas características que serían ajenas y contrarias a la libre decisión de los ciudadanos y que superan lo que se denomina modelo de rigidez constitucional, pues se formulan como imposibles de modificar. La Constitución se adentra así en la metafísica de las esencias etnoculturales, también en la perspectiva constitucionalista, lo que a mi juicio supone un oxímoron inaceptable.
36Lo más importante, a mi juicio, es que en uno y otro caso se comete la torpeza de utilizar una noción de soberanía que, como ya he calificado parafaseando a Beck, sería una categoría zombie, pues, como ya he recordado, responde al modelo creado por Bodin y Hobbes, absolutamente improcedente en el contexto del mundo globalizado y aún más en el marco de la UE. La soberanía ya no es una propiedad o atributo exclusivo ni absoluto del Estado nacional, ni en el orden político, ni en el económico, ni en el cultural. Y pretender por tanto resolverla en los términos del viejo orden de Westfalia, defendiendo o (re)inventando Estados nacionales según ese modelo resulta no sólo inadecuado sino incluso contrafáctico en el primer tercio del siglo XXI.
33 Expresamente se dice que «S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortim (...)
37Respecto a los dos seudosilogismos o razonamientos inconsecuentes (non sequitur) jurídicos, me parece sencillo argumentar ese tipo de error lógico. En primer lugar, sucede que en la Declaración aprobada el día 23 de enero de 2013 se enuncia un «principio de legalidad» (el 7º) que resulta absolutamente inconsecuente, puesto que en realidad se contraponen distintas legalidades: al menos la «española» y la «internacional»33. Esto supone una interpretación inédita de ese principio de legalidad, pues parece implicar que si no viene bien una legalidad se utilizará otra…lo que comporta ignorar que incluso en un sistema jurídico complejo hay una sola legalidad, que integra y articula los órdenes jurídicos de diferente plano (por ejemplo, el comunitario, el estatal y el autonómico en el caso español).
38Además, siguiendo las reglas elementales de la lógica, la carga de la prueba respecto a la inviabilidad de esas alternativas de reforma en términos de su adecuación al proyecto de pleno desarrollo de la identidad cultural reside obvia y prioritariamente en quien niega. Y aunque no creo que podamos discutir que no sería superfluo que quienes sostienen la tesis de la integración política (constitucional) del pleno reconocimiento de la especificidad cultural, proporcionen razones que permitan sostener esa tesis, lo cierto es que la argumentación de la imposibilidad de atender a esa reforma no parece concluyente, tal y como es presentada en el texto del preámbulo, como trataré de argumentar más específicamente enseguida.
39Pero es que hay otra inconsistencia argumentativa jurídica. Me refiero a la falacia de circularidad o, aún más claramente, la pura y simple petitio principii, que se reproduce a la hora de enunciar el primer principio de la Declaración, el «principio de soberanía» que ampararía esta definición: «El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democrática, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirá». Lo que encontramos aquí es que se enuncia como principio justamente aquello que se debía demostrar, basándose en la expresión mayoritaria del pueblo en las elecciones al Parlament en noviembre de 2012, que habrían dado como resultado una mayoría parlamentaria de los partidos que incluían en su programa el «derecho a decidir».
40En todo caso, el argumento más fuerte de la Declaración es el que vincula democracia y derecho a decidir. Porque hay que reconocer el peso argumentativo del enunciado que propone que si algo significa democracia es que todos y cada uno de los ciudadanos tienen el derecho a ser consultados, el derecho a decidir. A mi juicio, en efecto, parece muy difícil negar que en términos de legitimidad democrática está plenamente justificada la pretensión de consultar a los ciudadanos para que éstos ejerzan su «derecho a decidir». Ahora bien, eso no explica ni el ‘qué decidir’, ni el ‘quién’ (el sujeto de ese ejercicio del derecho a decidir), ni el cómo. Y las tres son cuestiones clave.
41Por eso creo que, cuando en la Declaración se alega que el derecho a decidir es manifestación de la democracia tout court, sin condiciones, se incurre en un argumento circular. Es lo mismo que asegurar que decidimos solo nosotros y queremos decidir que somos el soberano (absoluto, conforme a una noción propia de las tesis de Bodin o Hobbes), por la única y exclusiva razón de que somos el soberano y por ende no admitimos ni podemos admitir ninguna otra soberanía por encima de la mía, porque en caso contrario no seríamos el soberano. Así planteado, el derecho a decidir supone que se ha decidido antes de tomar la decisión. Basta con adherirse al derecho a decidir previo a cualquier negociación para que se convierta automáticamente en la decisión misma.
42Aún más, semejante planteamiento que parece invocar una extensión analógica del concepto de derecho de autodeterminación, basándose, como hemos visto, en la Opinión Consultiva de la CIJ en el caso Kosovo, plantea dos dificultades. La primera, que ese planteamiento se desliza por la pendiente resbaladiza de la regressio in infinitum: por qué no reconocer ese derecho también a los ciudadanos araneses contemplados en el Estatut de Catalunya como un pueblo específico? Y a los de la Terra obviamente se podrá alegar que la respuesta estriba en la existencia de pueblo, pero es que una vez admitida la interpretación extensiva que se encuentra en el mencionado avis consultatif, es posible prescindir de la definición canónica del término en Derecho internacional. La segunda y esto es a mi juicio más importante, hay una inconsecuencia respecto al marco político del Estado español sobre el que se descarta negociación, es decir, de la Constitución española de 1978. Ha de tenerse en cuenta que la legalidad e incluso la legitimidad democrática de la propia Generalitat de Catalunya y de su ordenamiento jurídico trae causa de la Constitución. La toma de posición que considera ese marco irrelevante o, al menos prescindible, parece un apriorismo sin justificación (un prejuicio) puesto que, por definición, el marco de legitimidad democrática es la Constitución española que, de suyo (pese a lo que se sostiene en los mencionados artículos 1.2 y 2), es modificable, por más que las condiciones de modificación permitan hablar de un modelo rígido. Por tanto, antes de denunciar que ese marco cierra toda posibilidad de reconocimiento y, sobre todo, si se pretende negociar el marco y no simplemente romper con él, cabría (aún más, debería) explorar las posibilidades de reconocimiento de la identidad cultural y de los derechos políticos derivados supuestamente de tal identidad, sin necesidad de afirmar como ineludible la ruptura con el Estado. Por ejemplo, mediante un modelo constitucional federal o incluso confederal.
43Todo ello permite sostener que parece difícil apostar por una vía democrática si eso supone situarse al margen o incluso en contra de lo que impone el respeto al Estado de Derecho y a la legalidad, que en nuestro caso es legalidad democrática y constituyente del estado, razón de ser y justificativa de cuantos poderes e instituciones nacen del marco constituyente (obviamente, de la actual Generalitat de Catalunya). En efecto, por muchos antecedentes históricos que se aleguen, ésta surge como institución democrática de ese proceso constituyente, de esa Constitución. Esa es obviamente la legitimidad democrática en la que se apoya, que es legitimidad legal, en el sentido de la vieja tipología weberiana, pero reforzada, pues esa legalidad surge del refrendo del pueblo (que muy mayoritariamente respaldó la Constitución: también en Catalunya, a diferencia de Euskadi). Ese es obviamente el punctum dolens de la polémica, puesto que a ese razonamiento se opone la tesis de que preexsite o coexiste otra fuente de legitimidad, que no es legal, porque no se ha manifestado como ley, pero sería «más democrática», la del pueblo catalán.
44En todo caso, lo que subyace es un dilema de fondo, mal resuelto a mi juicio porque está mal planteado. Se trata de saber si debe prevalecer la «voluntad política colectiva» –por cierto, el Preámbulo habla de ‘voluntades colectivas’ (¿ !)– a la que parece hacer referencia el «derecho a decidir», presentado así como exigencia democrática que no puede ser condicionada de ningún modo, o el respeto a la legalidad (la Constitución española) de la que extrae su legitimidad las instituciones autonómicas en el caso de Catalunya.
34 Cfr. Por ejemplo el excelente artículo «Legalitat y Legitimitat» del profesor Sagarra Trías.
35 Al respecto, forzoso es examinar la durísima argumentación de un experto tan reconocido como el co (...)
45Podríamos replicar –como lo hacen los representantes de ERC y se ha argumentado desde posiciones doctrinales con un bagaje argumentativo que debe tenerse en consideración34– que, en realidad, es un conflicto de legitimidades en la que debe prevalecer la legitimidad «democrática» –esa voluntad colectiva– frente a la legitimidad legal, que es presentada casi en términos de imposición ajena a la libertad: viviría así Catalunya una situación de ‘dominación ilegítima’, que cabría alegar como fundamento para reivindicar el ejercicio del derecho de autodeterminación reconocido por el Derecho internacional público en el sistema de la ONU. Y ahí es donde nos encontramos con otros dos problemas argumentativos. Ante todo, como ya recogimos al hablar de autodeterminación, parece más que dudoso que un observador imparcial ajeno a España –a Catalunya– pueda aceptar la descripción de que la Catalunya del siglo XXI vive un status de colonización o de dominación asfixiante de su libertad y desarrollo35. Pero es que, en el fondo, eso no importa a quienes sostienen la interpretación de la pertinencia del derecho de autodeterminación (a fortiori, a los partidarios de la secesión unilateral), porque la posición que sostiene esa denuncia arranca de la falacia autorreferencial que ya he insistido en denunciar. Y es que, a mi juicio, el núcleo de toda la argumentación es de nuevo una petición de principio, la misma que subyace a la tesis de la soberanía plena y a la legitimidad democrática, enunciadas como principios en la mencionada Declaració del Parlament de 23 de enero de 2012.
36 «Un referéndum para Cataluña», El País, 12 de octubre de 2012.
46¿Quiere ello decir que es ilegítimo el planteamiento de pedir una consulta (o referendum) como medio de ejercicio del derecho a decidir por parte de los ciudadanos de Catalunya? No. Muy al contrario, me parece que es legítimo e incluso conveniente, como sostuvo, por ejemplo, el profesor Rubio Llorente en un comentado artículo publicado en El País36. Pero no en el modo, en el procedimiento en que lo plantea esta Declaración y sobre todo en que lo sostiene ERC: consulta sí o sí, sin negociación, puesto que se considera inútil, por no decir contradictoria, esa negociación con su presupuesto autorreferencial: nosotros decidimos y nosotros decidimos cómo decidimos porque en caso contrario no somos nosotros los que decidimos. Como he tratado de explicar, si se trata de autodeterminación interna, es imprescindible el respeto al Derecho, no en el sentido de la idolatría de la ley propia del legalismo formalista, sino en de lealtad al Estado de Derecho, y eso exige lealtad al procedimiento de reforma de la ley.
47Pese a todo, creo que no estamos condenados a lo que se ha dado en llamar «el choque de trenes». Y no me parece particularmente difíciles de enunciar los términos de una propuesta que considero viable y en todo caso más adecuada al contexto de un mundo en el que la soberanía enunciada por Bodin y Hobbes carece de sentido. Un mundo en el que hay que pensar en unidades políticas diferentes de los Estados nacionales, que se articulen en red, conforme a un modelo que podría ser la perspectiva más idónea para el desarrollo de la UE. Se trataría de negociar con el Gobierno del Estado la presentación en el Congreso de los Diputados (también puede tratarse de una negociación entre el Parlament y el Congreso) de una consulta que no se vea obstaculizada por la disposición literal del artículo 149 de la Constitución. Del resultado de esa consulta, que debiera respetar los requisitos de claridad y mayoría reforzada, podría derivarse a su vez una negociación para reformar el marco Constitucional y hacer posible, en su caso, otra forma de permanencia de Catalunya en ese marco, o el proceso hacia una secsión. En todo caso, debería quedar claro cuál sería la situación de Catalunya en la UE, un elemento de juicio no decisivo, pero sí muy importante a la hora de decidir.
1 Sólo en la historia constitucional reciente y ciñéndonos al caso catalán, habría que referirse al menos a la Resolución 98/III del Parlament de 12 de diciembre de 1989 sobre el «derecho de autodeterminación de la nación catalana», a la Resolución 679/V de 1 de octubre de 1998 sobre orientación política general del Consell Executiu y a la Resolución 631/VIII de 3 de marzo de 2010 sobre el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de las consultas populares sobre la independencia.
2 Como veremos, esa expresión resulta polémica, sobre todo para quienes insisten en que el sujeto del derecho no es la ‘nación catalana’ sino el pueblo de Cataluña. Sin embargo, como trataré de argumentar, precisamente el proceso de nacionalización cultural es una de las claves para entender el conflicto.
3 cfr. http://www.lavanguardia.com/politica/20121010/54352442678/wert-admite-interes-espanolizar-alumnos-catalanes.html#ixzz2HBXi9m28. «La consellera Rigau dijo el otro día que nuestro interés era españolizar a los alumnos catalanes... Pues sí, nuestro interés es ése, para que se sientan tan orgullosos de ser catalanes como españoles y que tengan una vivencia equilibrada de esas dos identidades que les enriquecen», respondió a una pregunta del diputado del PSC, Francesc Vallès el 10 de octubre de 2012.
4 Que la escuela ha sido, históricamente, el principal agente de socialización nacional es un tópico en el que insisten prácticamente todos los estudiosos del nacionalismo, de Gellner y Anderson a Hobsbawm. Quizá habría que matizar que, desde el punto de vista de las investigaciones situadas en el ámbito más estrictamente pedagógico, se insiste cada vez más en que la escuela, junto a los media, contribuye a conformar la identidad nacional de los individuos, en particular en lo que llamaríamos procesos de descentralización política (Martínez Herrera 2002): baste pensar en los curricula escolares de historia, geografía, literatura o lengua. Sin embargo, hoy se insiste también en la necesidad de precisar esos efectos según las diversas generaciones, para sostener que el efecto nacionalizador se debilita a partir de la primera generación, pues el agente principal pasa a ser la familia (por ejemplo, Pérez Agote, 1984). Cfr asimismo el trabajo de Aspachs-Bracons, Clots-Figueras, Masella y Costa-Font (2008) sobre el desarrollo de los modelos educativos puestos en marcha en Cataluña y Euskadi a partir de la implantación del Estado autonómico.
5 Aunque, como veremos, en el proyecto inicial de CiU –en su programa en las elecciones autonómicas de 2012– se hablaba de ejercicio del «derecho de decisión», la propuesta pactada entre CiU y ERC planteaba a todas luces un proceso de secesión. Eso es más claro aún en el rechazo frontal de toda negociación con el Estado español y en la afirmación reiterada desde ERC de que el referéndum se llevará a cabo sí o sí, al margen si es preciso de la Constitución, el TC o la «legalidad española» (sic).
6 Pese a que casi ruboriza recordarlo, quizá no sea ocioso hacerlo en los tiempos de adanismo que vivimos: me refiero obviamente a la distinción propuesta por Wildeband y desarrollada por Rickert entre ciencias nomotéticas y ciencias idiográficas, que tiene que ver con la distinción utilizada en sociología (comprensión generalizada/explicación ideográfica), en psicología (mediciones nomotéticas/mediciones ipsativas) o en antropología (emic/etic).
7 Obviamente no desconozco que la exigencia de Estado propio no se basa exclusivamente en esa consideración de principio sino también en consideraciones de orden económico (por ejemplo, el desequilibrio o «expolio» fiscal, junto a la tesis de que una Catalunya económicamente independiente –como si eso estuviera al alcance de nadie en esta fase de globalización- se convertiría en una California europea) y otras de carácter político/partidista, pero lo importante es el punto de partida alegado: la libertad nacional del pueblo catalán.
8 Fatiga tener que recordar que la noción de Verfassungspatriotismus acuñada por el primero ya en 1979, difundida por él mismo en su libro de idéntico título (publicado en Insel, 1990) y sobre todo luego por Habermas, está en las antípodas de ser una noción susceptible de interpretación nacionalista, siendo como es –en su origen y desarrollo– un proyecto concebido para dar dimensión universalista en un contexto de pluralismo cultural.
9 Utilizo la conocida noción propuesta por Merton y desarrollada sobre todo por Aubert, Eckhoff y Sendby, entre funciones sociales «manifiestas» (las consecuencias objetivas de la acción social que son buscadas y reconocidas por los participantes en el sistema) y funciones «latentes» (aquellas no buscadas ni reconocidas por los participantes de las instituciones). Sobre ello, Vincenzo Ferrari, Las Funciones del Derecho, Madrid, Debate, 1986 (trad de J de Lucas y MJ Añón).
10 En el sentido en que acuña esta expresión Beck para referirse a algunos conceptos que, aunque fueran importantes y vigentes en otros contextos históricos, sobreviven hoy sólo como fantasmas del lenguaje, desdibujado su contenido y sin delimitación. Así, los de soberanía, clase o nación. En otros trabajos me he permitido incluir en ese catálogo el de ciudadanía.
11 A ese respecto, sigo considerando muy útiles las consideraciones de Imre Bokatola sobre el marco onusiano de los derechos de las minorías y en particular su noción de etnodesarrollo y el análisis de A Spilipiolou-Akermak sobre la jurisprudencia internacional comparada.
12 Cfr. Eduardo Ruiz Vieytez, «Réflexions sur la nature de l’autodétermination de la perspective des droits de l’homme», Les Cahiers du Centre de Recherche Interdisciplinaire sur la Diversité (CRIDAQ), nº 3, 2012. Entre la amplia aportación del mismo autor sobre estos problemas pueden consultarse Eduardo Ruiz Vieytez. (2003), «El Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales», en el colectivo dirigido por Felipe Gómez Isa, La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Humanitarian Net, Bilbao, pp. 513-546. También, Eduardo Ruiz Vieytez. (2008), «Minorías, nacionalidades y minorías nacionales. La problemática aplicación en España del Convenio Marco para la protección de las Minorías Nacionales», Revista Vasca de Administración Pública, nº 82. Y el más reciente Eduardo Ruiz Vieytez. (2013) «España y las minorías nacionales: ¿un matrimonio imposible? una crítica desde Europa».
13 Entre quienes se pronuncian en ese sentido, cfr. Javier Martínez, «El derecho a decidir: historia de una idea», Bake hitzak, nº 79, diciembre 2010, pp. 12-14. En ese artículo se afirma que el derecho a decidir es «un quiebro retórico que permite referirse al derecho de autodeterminación tangencialmente». Más problemática me parece su tesis, que vincula este derecho con el decisionismo de Schmitt y con el atributo de soberanía tal como es formulado por el formidable y filonazi jurista alemán que vincula soberanía y estado de excepción porque es ahí donde se manifiesta la quintaesencia de la autoridad del Estado: «Esa autoridad consiste precisamente en el derecho y la capacidad que el Estado tiene de decidir más allá de la norma jurídica…la decisión fundamental es la que establece la distinción entre amigo y enemigo».
14 Cour internationale de Justice. Avis consultatif 22 juillet 2010. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance des institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo . Cfr. por ejemplo el colectivo editado por la profesora Alegría Borrás, La independencia de Kosovo ante la Corte Internacional de Justicia, Madrid, Marcial Pons, 2011. En particular, es interesante la interpretación de EJ Ruiz Vieytez 2012 citado, de la que, como se verá, discreparé en este trabajo.
15 A ese respecto, es importante tener en cuenta la resolución de la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos en el caso Katanga: la autodeterminación «puede articularse a través de las siguiente fórmulas: independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo o cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial». Eso, en una interpretación muy mayoritaria, parece significar que la independencia estatal ha de conjugarse con el principio de integridad territorial, lo que remitiría el derecho de autodeterminación en la modalidad de independencia a los supuestos de descolonización o de opresión, o a los supuestos de mutuo acuerdo.
16 En rigor, el principio o derecho de etnodesarrollo es formulado por Bokatola en relación con las minorías, pero me parece perfectamente aplicable para explicar la multidimensionalidad del derecho a la autodeterminación, que no puede entenderse sin los principios de autonomía y respeto al pluralismo cultural
17 Falk, Richard, «Self-Determination under International Law: The Coherence of Doctrine Versus the Incoherence of Experience», Wolfang Danspeckgruber Wolfgang (dir.), The Self-Determination of Peoples. Community, Nation and State in an Interdependent World, Londres, Lynne Rienner Publishers, 2002. Agradezco a EJ Ruiz Vieytez la referencia que me llamó la atención sobre ese trabajo.
18 Cfr su excelente artículo, «Sobre el pretendido ‘derecho a decidir’ en el Derecho internacional contemporáneo», aparecido con carácter póstumo en El cronista del Estado social y democrático de Derecho, nº 33, 2013, pp. 20-23.
19 Recommandation générale no. 21 (Droit à l’autodétermination), 23 août 1996, Doc. A/51/18, para. 2 Cfr. Recopilación de las Observaciones generales y recomendaciones generales adoptadas por órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, ONU, Ginebra, HRI/GEN/1/Rev.7 12 de mayo de 2004. pp. 245-247
20 Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), L’autodétermination et la sécession, 1er octobre 1999, Doc CDL-DI (99) 2. El informe fue adoptado en la reunión celebrada en Venecia los días 10 y 11 de diciembre de 1999.
21 El punto de referencia más interesante (no el único, pues hay que arrancar de la mención en la Carta y en los Pactos del 66), es la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU, en 1970 (aunque la primera Resolución, en el contexto del proceso de descolonización) es la 1541 (XV), en 1960. En todo caso, hay que reconocer respecto a la distinción que no es pacífica, ni como tal, ni en su aplicación a todos los grupos que reivindican el derecho: pueblos, minorías, pueblos indígenas. Baste mencionar la posición del relator Anaya.
22 En rigor, Viciano ya sostenía esa tesis en trabajos anteriores, desde 1992. Me refiero a su ponencia mencionada en la nota 14. Se apoya en la literalidad del artículo 96, aunque él mismo reconoce que el artículo 95 lo hace inviable, y en la vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales que enuncian a los pueblos como sujetos de ese derecho, instrumentos que formarían parte del Derecho interno español por vía del artículo 13 de la Constitución.
23 Por más que eso supone, a mi juicio, una reducción. En rigor, la afirmación de soberanía, hoy, no excluye un modelo de soberanía compartida ni, por tanto, otros modelos de sujeto político diferentes del Estado nacional. Por otra parte, a mi juicio, ese paso no es tal corolario, pues no está necesariamente implícito en el reconocimiento de la existencia de una ‘nación cultural’, salvo para los ideólogos del nacionalismo, y más concretamente de un nacionalismo propio del XVIII y XIX, el nacionalismo romántico que invoca el Volkgeist como motor del Estado nación.
24 «Declaració de soberania del poble catalá: D’accord amb la voluntat expressada democráticament per part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda declarar la sobirania democrática del poble de Catalunya como a subjecte polític i jurídic, iniciant el procés per fer efectiu l’exrecici del dret a decidir com a plasmació del dret a autodteerminació dels pobles i fer efectiva la voluntat de constituir Catalunya en un nou Estat dins el marc Europeu d’acord amb els principis següents…»
25 Ese es un matiz que me veo obligado a emplear: en rigor se trata de construir, no de recuperar, pues nunca hubo un Estat propi catalá, más allá de su retórica proclamación por Companys en la II República española.
26 «El poble de Catalunya disposa de la sobirania democràtica necessària per a fer efectiu l’exercici del dret a decidir, com a plasmació del dret a l’autodeterminació dels pobles, per poder escollir el seu futur polític amb llibertat i sense límits».
27 Conviene recordar que la proposición de los socialistas de Catalunya no fue apoyada por todos los dirigentes del PSC, hasta producirse un nuevo riesgo de fractura por parte del sector «catalanista». La propuesta dice así:
«El Parlament de Catalunya,
1. Manifesta el convenciment que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi substancial de les relacions Catalunya-Espanya, acordada entre les institucions catalanes i espanyoles, a través d’un referèndum en el qual es plantegi una pregunta clara a la qual s’hagi de respondre de forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès a consulta.
2. Es compromet a promoure les reformes necessàries per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin exercir el seu dret a decidir a través d’un referèndum o consulta acordat en el marc de la legalitat. En aquest sentit:
a. Insta el Govern de la Generalitat a negociar i acordar amb el Govern d’Espanya, enel termini de dos anys, les reformes legals necessàries per tal que els ciutadans i els ciutadanes de Catalunya puguin exercir el dret a decidir sobre el futur de les relacions Catalunya-Espanya.
b. Insta el Govern de la Generalitat a informar al Parlament, como a mínim cada quatre mesos, sobre l’evolució del procés negociador.
3. Proclama la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir un Estat federal que garanteixi el màxim autogovern per a Catalunya, ens asseguri un tracte fiscal just, i reconegui la nostra identitat i cultura nacionals en el marc de l’Estat Espanyol i la Unió Europea, conscients que un sistema de sobiranies compartides és la millor forma de gestionar les interdependències existents en el món global.
4. La conveniència de que els grups parlamentaris impulsin la creació d’una Comissió d'Estudi per tal d'establir, en el termini d'un any, els elements que haurien de conformar una proposta de reforma constitucional, acordada per una àmplia majoria del Parlament de Catalunya per ser negociada i aprovada posteriorment en el marc de les institucions de l'Estat».
28 Cfr. «Autodeterminación y derecho a decidir: reflexiones desde el derecho internacional», Agenda Pública/El diario.es, 4.0213.
30 Aunque la lectura del clásico Comunidades imaginadas de B.Anderson (Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism) me parece suficientemente ilustrativa sobre esa falacia, para aplicarla a los casos español y catalán me permito remitir, entre otros, a tres textos bien conocidos, los de Alvarez Junco (Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Taurus, Madrid, 2001), García Cárcel (La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Galaxia Guttenberg, Barcelona, 2011) y Elliott (Haciendo historia, Taurus, Madrid, 2012).
31 Que, en cambio, tiene una experiencia secular como reino, que la aproxima a la experiencia histórica como Estado.
32 Recordemos que el artículo 1.2 establece: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Por su parte, en el artículo 2 se afirma: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas» (cursivas del autor).
33 Expresamente se dice que «S'utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l'enfortiment democràtic i l'exercici del dret a decidir».
35 Al respecto, forzoso es examinar la durísima argumentación de un experto tan reconocido como el constitucionalista norteamericano y reputado europeísta Joseph H.H. Weiler, en su «Catalonian independence and the European Union», The European Journal of International Law vol. 23 no. 4/2012, pp. 909-913, que lo considera una muestra de «irredentist Euro-tribalism» y escribe: «With its extensive (even if deeply flawed) Statute of Autonomy it is simply laughable and impossible to take seriously Catalan arguments for independence, arguments which cheapen and insult meritorious –if inconclusive– cases such as that of the Chechens». Es muy interesante asimismo la toma de posición del recientemente desaparecido profesor Carrillo Salcedo, en su ya mencionado artículo «Sobre el pretendido ‘derecho a decidir’ en el Derecho internacional contemporáneo», aparecido con carácter póstumo en El cronista del Estado social y democrático de Derecho, nº 33, 2013, pp. 20-23. Carrillo hace suyo también el duro calificativo de ‘tribalismo’ que tiene un pedigree freudiano, como es sabido, pues Freud advierte sobre los riesgos del «narcisismo de las pequeñas diferencias» en el Malestar de la cultura.
Javier de Lucas, « Algunas falacias y errores en el debate sobre el derecho a decidir y la declaración de soberanía de Catalunya », Amnis [En ligne], | 2013, mis en ligne le 20 novembre 2013, consulté le 19 février 2018. URL : http://journals.openedition.org/amnis/2052 ; DOI : 10.4000/amnis.2052
Instituto de derechos humanos, Universitat de València, España, Javier.de-lucas@uv.es, Javierdelucas1@gmail.com
10.4000/amnis.2052

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 149
 Resolución 
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 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 96
 artículo 95
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 2