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Timestamp: 2017-11-23 00:02:46+00:00

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Del decoro o la importancia de respetar las leyes no escritas
Tan solo pedimos que se guarden las formas en el lugar donde está representada la soberanía nacional
Autor alaoestemoncloaPublicado el 7 Septiembre, 2016 27 Febrero, 2017 Categorías JusticiaDeja un comentario en Del decoro o la importancia de respetar las leyes no escritas
LA CONSTITUCIÓN RECONOCE LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO FUNDAMENTAL, Y COMO TAL DEBE SER PROTEGIDO POR LOS PODERES PÚBLICOS. CON TODAS SUS CONSECUENCIAS
La Constitución española garantiza en su artículo 16.1“la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.”
En desarrollo de esta previsión constitucional, elevada a la categoría de derecho fundamental, se promulgó la Ley Orgá-nica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. Asimismo, y en consonancia con su carácter aconfesionalreconocido en el artículo 16.3 de la Constitución, el Estado tiene suscritos Acuerdos jurídicos con las distintas confesiones religiosas.
Me gustaría recordar aquí brevemente al difunto Antonin Scalia(1936 – 2016), el carismático Magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos nombrado por Ronald Reagan hace ahora tres décadas. Scalia era un gigante jurídico, máximo exponente de la escuela de interpretación “originalista” y textualista de la Constitución: la Constitución dice lo que dicen sus palabras, y esas palabras deben interpretarse en el sentido que tenían cuando se redactó originalmente.
Pues bien, ¿en qué consiste la libertad religiosa proclamada por la Constitución? En una época en que están tan de moda entre la neoprogresía biempensante a izquierda y derecha los derechos humanos –todos menos el derecho a que no te maten, prius lógico sin el cual no existirían los demás derechos- haríamos bien en no tratar de democratizarlo todo, vaciando de contenido una libertad tan importante como la religiosa. Al cabo, la tiranía ejercida por la mayoría no deja de ser precisamente eso: tiranía.
Es fácil concluir que una persona que entra profiriendo vulgaridades en una capilla está faltando al respeto a todas las personas que allí se congregan. De hecho, puede llegar a constituir uno de los delitos contra los sentimientos religiosos contemplados en el Código Penal. No lo es tanto, sin embargo, definir los contornos de la libertad religiosa en la misma frontera de la vida pública y la privada.
El sentido común brilla por su ausencia cuando se trata de decidir sobre cuestiones tan cotidianas como una pro-cesión religiosa, una ceremonia en la que participen los poderes públicos, o la forma de hacer negocios del dueño de una pequeña tienda. Pero en todos esos casos, la libertad religiosa y de conciencia también debe estar presente en la ecuación.
No se debe admitir en un Estado de Derecho que quien ejerce su derecho a no tener ninguna creencia, pretenda imponer su postura sobre los que ejercen su derecho a sí tener creencias: sería la antítesis de la libertad religiosa.
No se debe admitir que el derecho a creer consista única y exclusivamente en un derecho individual privado de toda proyección pública, cuando es precisamente en comunidad y a través de su ejercicio cuando adquiere su sentido pleno.
Y, finalmente, no se debe admitir que un servidor público haga un uso torticero de su derecho a la libertad religiosa argumentando violaciones de conciencia donde no las hay ni puede haberlas. El sentido común es suficiente para entender que la presencia de un monumento religioso en una plaza pública, o la obligación de un funcionario de desempeñar su labor profesional durante el transcurso de una procesión, no son contrarios a la libertad religiosa y de conciencia.
Los mencionados ejemplos son tan solo manifestaciones populares del sentimiento religioso que en absoluto violan la conciencia del que no las comparte. Del mismo modo, la mera tolerancia o incluso la protección de esas expresiones populares por los poderes públicos, de ningún modo constituyen una vulneración del carácter aconfesional del Estado: son tan solo el corolario lógico del reconocimiento efectivo del derecho fundamental que nos ocupa. Pueden quedarse ustedes tranquilos.
Autor alaoestemoncloaPublicado el 1 Junio, 2016 27 Febrero, 2017 Categorías JusticiaDeja un comentario en ¿En qué consiste la libertad religiosa?
Hiperinflación legislativa: El Estado de Derecho en crisis
EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO EN ESPAÑA
A UNA CONSTANTE Y PROGRESIVA DEGRADACIÓN DEL
ESTADO DE DERECHO. ESTE PROCESO DEBE PARAR
Aunque muchas veces nos empeñamos en demostrar lo contrario, España es una nación moderna que está en el corazón espiritual de Europa, tal y como trata de explicar el historiador Suárez en su obra “La Europa de las cinco naciones”. Por desgracia, estamos asistiendo a una muerte lenta y dolorosa de su sociedad civil.
Este proceso no lo abandera ni el movimiento secesionista catalán, ni los grupos proetarras presentes en las instituciones, ni el populismo facilón de más derechos y menos obligaciones. Tampoco es una responsabilidad que se pueda atribuir exclusivamente a políticos que consideran que “la tierra pertenece alviento” o que creen en “acontecimientosplanetarios”.
Ni siquiera podemos optar por cargar únicamente y de forma interesada contra nuestros predecesores en la responsabilidad de Gobierno, quienes, como malos estudiantes que se empachan a estudiar la noche de antes de un examen, no supieron (o no quisieron) enfrentarse al déficit de otra manera que tomando el peor de los atajos: asfixiar fiscalmente a los trabajadores.
No: el problema nos afecta a todos, y todos hemos contribuido a crearlo. No obstante, esta enfermedad que padecemos en la España del siglo XXI tiene cura, y el objetivo primordial de nuestro departamento ministerial es claro: acabar con la hiperinflación legislativa y restaurar el Estado de Derecho.
Y es que la “diarrea legiferante” que padecemos, por tomar prestada la terminología empleada por el padrino de mi promoción en la Facultad, acarrea principalmente dos graves consecuencias: descenso de la calidad de los textos legales y falta de seguridad jurídica. Me gustaría hacer hincapié en este último problema.
La seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. En España, además de ser un valor garantizado expresamente en el artículo9.3 de nuestra Carta Magna, se trata de un valor que impregna –o debería impregnar- todo el Ordenamiento.
Sin seguridad jurídica, la iniciativa personal y las inversiones económicas y financieras se paralizan. Las personas quedan atenazadas por la incertidumbre, por el miedo a lo que pueda pasar, y la parálisis se vuelve crónica: la sociedad cae enferma.
Sin seguridad jurídica, el ciudadano se convierte en un mero sujeto paciente al albur de los poderes públicos, que privan así a la persona del control de su destino: de sus expectativas, de su capacidad de acción, y, en definitiva, de su confianza en las Autoridades.
Hemos asistido en los últimos tiempos al ascenso de políticos que dicen defender a “los de abajo” frente a “los de arriba”. Creo que no es difícil adivinar quiénes son los de abajo en las relaciones Estado legislador–ciudadano legislado.
Hace no mucho, mantuve con un consultor estratégico una conversación reveladora a este respecto. Antes de comenzar un proyecto, quería asegurarse de que no va a caer en alguna trampa de la maraña fiscal y regulatoria que envuelve al sector de las inversiones, y me dijo: “por desgracia, la ignorancia de la leyes no excluye de su cumplimiento”.
Efectivamente, nuestro Ordenamiento jurídico recoge el aforismo clásico “ignorantia iuris non excusat” en el artículo 6.1 del Código Civil. Lo grave de este asunto no es la regla en sí, de lógica impecable, sino lo difícil que se ha convertido salir de esa ignorancia.
La bola se ha hecho demasiado grande: ¿Qué normativa es aplicable? ¿Cuándo entra en vigor esta disposición? ¿Cuándo queda efectivamente derogada una ley? ¿Se puede entender tácitamente derogada esta otra? Son preguntas que se han convertido en el día a día de algunos profesionales del Derecho, y que no ayudan a que la sociedad avance hacia una mayor competitividad en un mundo global.
La forma de mejorar la situación no es aprobar más leyes, sino mejores leyes. Los españoles no se merecen un Gobierno cortoplacista centrado en poner parches normativos fácilmente explicables en un plató de televisión. Ha llegado la hora de la verdad: devolvamos la Ley al puesto de honor que le corresponde en la sociedad antes de que el Estado de Derecho se convierta en una reliquia del pasado.
Autor alaoestemoncloaPublicado el 3 Mayo, 2016 27 Febrero, 2017 Categorías JusticiaDeja un comentario en Hiperinflación legislativa: El Estado de Derecho en crisis
ADEMÁS DE CULTURA Y TRADICIÓN, LA TAUROMAQUIA
TIENE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS E IMPLICACIONES
JURÍDICAS IMPORTANTES, QUE CONVIENE NO OLVIDAR
Una vez más, y en consonancia con algunas corrientes sociales existentes en nuestro país en los últimos años, se ha vuelto a levantar una densa polvareda en torno a la cuestión de la tauromaquia. En esta ocasión, Valencia se convirtió el epicentro de la polémica.
El pasado fin de semana una veintena de activistas antitaurinos, semidesnudos y cubiertos de trazos de pintura roja, se manifestaron frente al Ayuntamiento de Valencia bajo el lema “Per Unas fallas sense sang” (“por unas fallas sin sangre”) y llamaron a “dar voz a los animales” y a unirse a su silencio. Asimismo, unas diez mil personas, según la Delegación del Gobierno, recorrieron las calles de la capital del Turia en defensa de los festejostaurinos.
Además de cultura y tradición arraigada en España, la tauromaquia tiene consecuencias económicas e implicaciones jurídicas importantes, que conviene no olvidar. Por ello, dejo a poetas y artistas, a maestros y aficionados, que se enganchen en apasionantes conversaciones sobre el drama y la tragedia, sobre si la lucha del hombre contra la bestia sin más armas que un una muleta y una espada se puede considerar arte o no. Por mi parte, me veo en el deber de hacer una serie de consideraciones jurídicas para aportar algo de claridad a un debate en el que se han retorcido tanto algunos conceptos que han acabado por perder su significado.
En su concepción clásica, la Justicia es dar a cada uno lo suyo. Lo que a cada uno corresponde varía en función del sujeto de que se trate. Así, para determinar los derechos de un determinado ser, es preciso establecer, con carácter previo, qué seres pueden ser sujetos de derechos. Y la respuesta no es ni puede ser otra que las personas. En efecto, sólo las personas tienen derechos. Como señala el profesor Álvaro D’Ors,
“El hombre es un ser vivo animado, no por un principio vital que, como el de los animales, se extingue con el cuerpo, sino por un alma espiritual que le permite reflexionar racionalmente sobre sí misma y las cosas, de lo cual están privados los otros seres vivos”
Pues bien, esta idea, sencilla en su formulación, trae problemas en la práctica. Si los animales no tienen derechos, ¿se puede hacer con ellos lo que se quiera sin violar principios de justicia? No es mi propósito ahondar aquí en esta cuestión filosófica, pero me parece importante recordar a la ciudadanía en la época actual que los animales están al servicio de las personas, y no al revés. Ello legitima servirse de ellos para distintas finalidades: la comida, el transporte, la compañía… y sí, también el espectáculo.
En este contexto, se justifica que el pueblo español reivindique su derecho a seguir disfrutando de las corridas de toros. A pesar de las desafortunadas prohibiciones de la fiesta nacional que tuvieron lugar en Barcelona y San Sebastián, no debe olvidarse que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español de pleno derecho en virtud de lo dispuesto en la Ley 18/2013, de 12 de noviembre. Y como tal patrimonio, debe ser protegido, por fuerte que pueda llegar a ser la presión mediática o social. Así, dispone el artículo 13 de la referida Ley que
“En su condición de patrimonio cultural, los poderes públicos garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución.”
Las corridas de toros son un espectáculo único en el mundo, del que la muerte de los morlacos es parte fundamental. Es comprensible que no guste a todos, pero aquellos a los que, con razón, les pueda desagradar, no deben caer en la tentación de enarbolar la bandera de los falsos derechos de los animales. Sencillamente, pueden no ir a las corridas, algo a lo que sí tienen derecho. De igual modo, aquellos amantes de la fiesta que lo deseen, tienen derecho a seguir disfrutándola. Al final, como en tantas otras ocasiones, la solución se encuentra en respetar la libertad.
Autor alaoestemoncloaPublicado el 18 Marzo, 2016 27 Febrero, 2017 Categorías JusticiaDeja un comentario en Toros sí: una defensa jurídica de la Tauromaquia

References: artículo 16
 artículo 16
 artículo9
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 46