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Aún quedan vías procesales para la defensa de las Cámaras de Comercio | Blog de José María Gorordo
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Aún quedan vías procesales para la defensa de las Cámaras de Comercio
25 enero, 2011 por josemarigorordo
De acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, “todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva” (art. 87.2 LOTC).
El Tribunal Constitucional analizó el modelo de Cámaras anterior al Real Decreto ley 13/2010 (con adscripción obligatoria y consiguiente pago del recurso cameral permanente con carácter también obligatorio, aunque gradualmente disminuido, con muchas empresas que no pagan aunque pertenezcan a las Cámaras y reciban sus servicios). El máximo intérprete de la Constitución lo validó como plenamente constitucional en base a que las funciones público-administrativas que la ley les otorga son de una clara concreción y operan de forma obligatoria, como “servicios mínimos obligatorios”, bajo el control de la Administración y con sumisión a un riguroso régimen jurídico-administrativo, tratándose de funciones de clara relevancia constitucional, que sólo por ello “resultaría suficiente para justificar la adscripción forzosa…” (STC 107/1996, de 12 de junio).
La STC 206/2001, de 22 de octubre reitera la condición de Corporaciones de Derecho Público y analiza aspectos competenciales concluyendo que la competencia básica del Estado no permite la atribución de facultades ejecutivas y de tutela al Estado y que el anclaje en el art. 149.1.18.ª de la Constitución debe tomarse en cuenta “con menor intensidad que en el caso de otras Administraciones en sentido estricto“.
El art. 52 de la Constitución queda, para las nuevas Cámaras de Comercio (de distinta naturaleza jurídica de las que existían hasta el Real Decreto Ley 13/2010), vacío de contenido, bastando el art. 22 CE, que reconoce el derecho de asociación.
¿Alguien puede probar que el Real DecretoLey 13/2010, cumple lo que resolvió el Tribunal Constitucional para las Cámaras de Comercio?
Si definimos la “eficacia” como el grado de cumplimiento de objetivos, en mi opinión, la eficacia se debe medir tras revisar el propio Tribunal Constitucional dicho Real Decreto Ley y compararlo con sus sentencias anteriores, para concluir si los poderes públicos han cumplido o no sus resoluciones.
Para ello, y sin perdernos en los procedimientos, resulta imprescindible que acudan a la vía del recurso de inconstitucionalidad quienes están legitimados. Para ello se dispone de tiempo. También sigue ahí la cuestión de inconstitucionalidad, que, en cuanto se pueda utilizar, no debe desaprovecharse.
En este sentido, no sería nada despreciable que los plenos de las Cámaras tomaran acuerdos que les avalaran para trasladar a quienes están legitimados para hacerlo. A mí me falta información, pero no me consta que plenos de cámaras hayan resuelto algo en este sentido, más allá de notas de crítica al Decreto Ley.
Por otra parte, es sumamente importante recordar aquí que desde Catalunya y la Comunidad Valenciana se plantearon en su día sendos recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que dieron origen a la STC 206/2001, de 22 de octubre, por unas cuestiones competenciales con consecuencias muchísimo menos relevantes y menos trascendentales para las Cámaras que las que va a producir el Real Decreto Ley si se aplica tal y como hoy está redactado.
¿Por qué hoy no se recurre desde estas Comunidades Autónomas?
¿Por qué no se recurre desde las Comunidades Autónomas en general, dadas las previsibles consecuencias económicas y sociales para todas ellas y para la mayoría, también competenciales?
Si hablamos de introducir modificaciones suavizadoras en los devastadores efectos que puede suponer la reducción de entre un 40% o un 50% de los ingresos de las Cámaras para seguir cumpliendo sus funciones público-administrativas y los “servicios mínimos obligatorios” (de imposible cumplimiento) ahí están gestiones que, al parecer, se están haciendo ante la Ley de Economía Sostenible por parte del Consejo Superior de Cámaras y de algunos grupos parlamentarios.
Parece que no existe mucha información al respecto. Yo, al menos, no tengo ninguna y, quizás, así deba ser para no perjudicar las negociaciones. En cualquier caso, así no se alcanzará la máxima eficacia, puesto que la cuestión de fondo (adscripción forzosa o voluntaria) no es probable que se pueda ventilar con una enmienda, dado el tenor literal del Decreto Ley 13/2010.
Si hablamos de eficiencia (máximo de objetivos con mínimos medios), es obvio que los trabajadores de las Cámaras de Comercio, solos o asociados (comités de empresa, juntas de personal, asociación de secretarios, asociación de empleados o lo que hubiere) tienen menos medios para lograr alcanzar la máxima eficacia (a mi juicio, insisto, revisión por el Tribunal Constitucional del Real Decreto Ley).
En cualquier caso, no deben conformarse con dejar todo en manos de los plenos, comités ejecutivos, presidentes de sus Cámaras o en otras instancias político-institucionales. Fundamentalmente, porque los trabajadores son los que que más se juegan. De ahí que creo que se deben estudiar todas las iniciativas posibles, sin descartar a priori nada, ni siquiera la vía del Defensor del Pueblo.
Publicado en Actualidad, Artículos, Cámaras de Comercio, Derecho, Economía, Libros, Política | 15 comentarios
en 1 febrero, 2011 a 9:54 | Responder MARIA
Conforme a la Ley 7/2002, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 2.1:
“Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:
– La Administración General del Estado,
¿Qué opinais de esto? ¿Somos o no somos “empleados públicos“?
Por otra parte, con base a éste u otros argumentos, se podría provocar un acto o actos adminstrativos de las corporaciones o administraciones tutelantes recurrible en vía contenciosa-administrativa …
en 31 enero, 2011 a 18:39 | Responder RAMÓN CIFUENTES
LA ASOCIACIÓN EMPIEZA A CAMINAR
El pasado sábado 29 de enero se reunió en Madrid la Comisión Gestora de la Asociación de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, su Consejo Superior y Consejos Regionales. Los asuntos que se trataron fueron los siguientes:
1º) ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA ASOCIACIÓN.-
Aunque ciertamente la Junta Directiva funcionará como una Comisión Gestora hasta la inscripción en el Registro de Asociaciones previsto en la Ley 19/1977, de 1 de abril y la adquisición de la personalidad jurídica, los asistentes coinciden en que es necesario realizar una serie de actuaciones imprescindibles para el funcionamiento interno de la Asociación. En este sentido, se acuerda por unanimidad:
1º) Encomendar a Manuel Merallo ( Cámara de Castellón) coordinar las tareas de registro de los asociados y la elaboración de los ficheros de acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal.
2º) Encomendar a Ramón Cifuentes (Cámara de Albacete) las funciones de comunicación con los miembros de la Asociación, que se llevará a cabo, básicamente, a través del blog ‘empleados de Cámaras’
2º) PROGRAMA DE ACTUACIONES.-
En este punto se hacen las siguientes propuestas:
Primero.- Solicitar, un informe preliminar a un bufete especializado sobre las posibles vías jurídicas que pueden utilizarse frente al Real Decreto Ley 13/2010, así como una estimación de los honorarios profesionales, que serán presentados a la Asamblea para que se adopten las decisiones que se estimen más convenientes.
Se informa, en este sentido, que no cabe un recurso contencioso directamente contra el Real Decreto-Ley, –cuyo plazo de interposición eventualmente vencería el 4 de febrero-, ya que a todos los efectos, es una Ley y sólo puede ser impugnada por la vía del recurso de inconstitucionalidad. Cabría la posibilidad de que, en el futuro, sobre un acto administrativo concreto un Tribunal pudiese plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Pero los plazos se iniciarían y vencerían en el marco de ese procedimiento concreto, y no se cuentan desde la aprobación del Real Decreto-Ley.
Segundo.- Dirigirse a las Comunidades Autónomas, en nombre de la Asociación, para explicar las consecuencias del Decreto y el importante papel que desempeñan las Cámaras como apoyo del tejido empresarial. Se aludirá a la invasión de competencias autonómicas que supone el Decreto Ley, insistiendo en la posibilidad de un recurso ante el Tribunal Constitucional, como están estudiando Cataluña y Galicia. Asimismo, debería dejarse patente la necesidad de que las Comunidades Autónomas ejerzan, en estos momentos, la función de tutela que les otorga la Ley Básica.
Tercero.- Dirigirse, en nombre de la Asociación, al Defensor del Pueblo, solicitando una reunión, con objeto de que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley. También la Asociación enviará un escrito a los grupos políticos con representación parlamentaria buscando su apoyo a las enmiendas de la Ley de Economía Sostenible que permitan amortiguar los drásticos efectos del Real Decreto-Ley 13/2010.
Cuarto.- Convocar una Asamblea de todos los asociados para que se celebre antes de que finalice el mes de febrero para renovar la Junta Directiva, modificar en su caso los Estatutos, fijar las cuotas –que se estima que no deben ser elevadas y no exceder de los 20 euros/año- y decidir qué actuaciones se van a llevar a cabo en defensa de las Cámaras y de todos los empleados.
También queremos comunicaros que ya somos alrededor de 1.000 asociados, y daros las gracias por la confianza que habéis depositado en la Asociación.
en 28 enero, 2011 a 19:31 | Responder Manuel
La Xunta estudia posibilidad de recurrir el Decreto sobre Cámaras de Comercio
Santiago de Compostela, 27 ene (EFE).- Los servicios jurídicos de la Xunta estudiarán la posibilidad de presentar un recurso contra un Decreto del Gobierno central que genera incertidumbre en las Cámaras de Comercio, anunció hoy el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra.
El representante del Gobierno gallego hizo este anuncio tras reunirse con representantes de las nueve Cámaras de Comercio gallegas y señaló que el Decreto podría invadir las competencias de la Xunta, según un comunicado.
Guerra expresó su deseo de constituir una comisión mixta entre las Cámaras y la Consellería de Economía e Industria para intentar “resolver los conflictos generados por la norma del Gobierno central en el ámbito de la financiación”, precisa el comunicado. EFE
en 28 enero, 2011 a 12:55 | Responder JOSE
Ya estamos rozando los 500 en la Asociación que se ha creado, creo que es una cifra muy buena, a los que todavía no estáis y a los que tengan alguna duda, yo creo que es conveniente apuntarse, cuanto más seamos, mucho mejor para todos.
en 27 enero, 2011 a 22:11 | Responder RAMÓN CIFUENTES
ANDRÉS, desconozco de que Cámaras eres y cuál es tu situación particular.
Quiero matizarte unas cuestiones:
1º.- Ayer fue 26 de enero, la fecha para poder presentar el anuncio de recurso es hasta el 3 de febrero, es decir, estábamos a una semana de la fecha límite.
2º.- La idea de constituir una asociación nacional nació el mismo día de la publicación del Real Decreto Ley 13/0210, pero hasta hace unos 10 días nadie dábamos el paso adelante.
3º.- Hace una semana un pequeño grupo de compañeros nos decidimos a tratar de constituir la asociación.
4º.-Ayer logramos, porque es un logro, constituir la Asociación.
Esto ha sido la cronografía del nacimiento de la Asociación.
5º.- NADIE NI IMPONE NI OBLIGA A PERTENECER A LA ASOCIACIÓN.
6º.- Seguro que hay más de los 100 empleados de Cámaras que son abogados, a los cuales les doy las gracias, porque empezando por lo de mi Cámara, me consta que están colaborando con sus compañeros, pero ellos también nos han aconsejado contratar a otros profesionales para este tema en concreto.
7º.- Dentro de la Junta Directiva “provisional”, prácticamente todos son presidentes de comités de empresa o representantes de personal.
8.- En el momento que se convoque la Asamblea General, se podrán modificar los estatutos, así como nombrar nueva Junta Directiva. (Ahora tanto una cosa como la otra son provisionales), pero era URGENTE PODER CONSTITUIRSE PARA PRESENTAR EL RECURSO.
9º.- Al menos el 40 % de las Cámaras no tienen representantes de personal ni por supuesto comités de empresa.
10º.- Lo que corre, y no precisamente como pollo sin cabeza, es el tiempo y además en nuestra contra, pues ya hay despidos, propuestas de ERES, etc.
Si quieres, y para no ocupar más espacio en el Blog, que además no es nuestro y debemos respetar a su propietario, podemos ponernos en contacto y así nos puedes aportar otras ideas, que seguro que a nosotros se nos han escapado.
Todo lo expuesto no lo hago como vocal de la Junta Directiva, lo hago a titulo personal, pues he empleado muchas horas de mi tiempo, muchas llamadas de mi teléfono, algunos desplazamientos, etc. para que la Asociación sea ahora una realidad. De lo cual me siento muy orgulloso
en 27 enero, 2011 a 20:18 | Responder RAMÓN CIFUENTES
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LAS CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA; SU CONSEJO SUPERIOR Y CONSEJOS REGIONALES.
En el siguiente enlace tenéis toda la documentación de la ASOCIACIÓN
http://empleadoscamara.blogspot.com/
INSCRIPCIÓN, ESTATUTOS Y ACTA DE CONSTITUCIÓN.
Esta tarde hemos recibido más de 100 inscripciones, GRACIAS A TODOS.
“COMPAÑEROS, ES URGENTE RECIBIR TAMBIÉN VUESTRAS INSCRIPCIONES”
en 27 enero, 2011 a 19:05 | Responder Andrés
Vaya propuesta de asociación…. Te imponen todo!!!!
Lo normal hubiese sido que los presidentes de los Comités de empresa fuesen los miembros de la junta directiva.
Si en las Cámara hay 3500 empleados y unos 100 son abogados que coño hacemos pagando a otros.
De la Ley 3/1993, de la sentencia de inconstitucionalidad y de argumentos varios sobre las Cámaras nadie sabe más que ellos. Si no, ya habrían tumbado la ley.
El descontrol se ha apoderado de las Cámaras y vamos cual pollo sin cabeza
en 27 enero, 2011 a 18:58 | Responder ABOGADO
TODO ESPAÑOL QUE SIENTA QUE SE VULNERA UN DERECHO CONSTITUCIONAL PUEDE PRESENTAR UN RECURSO.
en 27 enero, 2011 a 15:14 | Responder Otro empleado
Porque son los primeros que quieren que las Cámaras caigan…. en sus manos…C.E.O.E
en 27 enero, 2011 a 14:24 | Responder Otro empleado
Una duda: ¿Los plenos pueden presentar recurso al Tribunal Constitucional? Si es así, ¿por qué no lo hacen?
en 27 enero, 2011 a 10:57 | Responder Fernando
Bueno, como ya sabréis, el Gobierno catalán, al parecer, va a presentar recurso de inconstitucionalidad. Habrá que ver qué artículos del Decreto recurren y con qué argumentos.
Espero que sirva de ejemplo a otras Comunidades Autónomas.
Por otra parte la vía del Defensor del pueblo puede ser muy útil ya que los argumentos que se han mandado son la defensa de la línea de flotación de las Cámaras, su “ser o no ser”. Todos deberíamos enviar esta petición para que la Defensora cuente con respaldo suficiente para presentarlo.
en 25 enero, 2011 a 20:09 | Responder EMPLEADO CÁMARA
LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS EMPIEZA A SER UNA REALIDAD.
A estas alturas, estoy convencido de que todos sabéis que en las próximas horas se constituirá la Asociación de Empleados de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, su Consejo Superior y Consejos Regionales.
El próximo jueves empezarán a llegaros por email los boletines de inscripción, el cual debéis remitirlos al email que se facilitará, REMITIRLOS URGENTEMENTE, acompañar al boletín copia de vuestro DNI.
Intentaremos que llegue rápido a todas las Cámaras, pero no obstante, reenviar ese email a todos los contactos que tengais, TODOS CONFIAMOS EN TENER EL PRÓXIMO VIERNES 28 DE ENERO un buen número de inscripciones, para que valoremos la fuerza tanto de asociados como económica de que podemos tener.
Para el próximo sábado tenemos programada una reunión con los Abogados, en el email que recibiréis encontraréis toda la información.
NECESITAMOS DE LA COLABORACIÓN DE TODOS, para intentar sacar esto adelante.
No es una justificación, desgraciadamente es una triste realidad, NADIE ESTÁ HACIENDO NADA POR LOS EMPLEADOS, en las reuniones que se han mantenido entre Cámaras y Administraciones, se ha hablado de todo excepto de cómo queda nuestra situación. Lo único que leemos en los distintos medios de comunicación, es: “En este nuevo modelo de Cámaras”, se perderán puestos de trabajo.
Nadie ha dicho, “Recurriremos este nuevo modelo de Cámaras”, y así evitaremos tener que dejar a trabajadores en la calle.
UNA VEZ MÁS: POR NUESTRA DEFENSA, OS ANIMO A QUE SEÁIS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN
en 25 enero, 2011 a 16:56 | Responder Goyo Oleta
Sr. Gorordo, le agradezco mucho el interés que demuestra por la situación de las Cámaras de Comercio través de su blog, que sirve como un instrumento fundamental en defensa de estas Corporaciones de Derecho Público, además de que orienta al Consejo, a las CCIN, a sus Presidentes, Vocales, Secretarios, Directores y empleados en esta lucha que sostienen por defender a las mismas.
Independientemente del recurso por inconstitucionalidad que pudiera –y debiera- presentar el Consejo Superior de Cámaras, los trabajadores y trabajadoras de las CCIN deben unirse y caminar juntos por cuanto son, como dice usted en su blog, los más afectados por el Decreto-Ley. Creo que se hallan indefensos ante los efectos del Decreto, ya que no parece que los partidos políticos, ni los medios de comunicación estén muy interesados en defender a las Cámaras.
Deben hacer saber a las empresas y a la sociedad qué tipo de servicios ofrecen, así como los logros y objetivos conseguidos en el pasado. Las empresas pequeñas y medianas son las mayores beneficiarias de los servicios de las Cámaras. Las empresas grandes, que son las que mayoritariamente constituyen los Plenos de las Cámaras, paradójicamente no conocen las Cámaras y por eso propusieron al gobierno la voluntariedad de las cuotas. Es una pena que haya habido durante tantos años entre los Vocales de los Plenos de las Cámaras tanto adversario camuflado de las mismas.
Confío que los Presidentes trabajen por el futuro de las Cámaras y planteen desde el Consejo Superior un recurso de inconstitucionalidad; a los trabajadores y trabajadoras sólo les queda juntarse y luchar por su futuro. Creo que sólo se tienen a sí mismos y deben ser realistas y actuar en consecuencia.
Muchas gracias, Sr. Gorordo, por su blog tan interesante y jurídicamente tan preparado. Creo que no solo los abogados somos conscientes de ello, sino el conjunto de sus lectores, que van en aumento. Lógico! A todos nos gusta la calidad.
en 25 enero, 2011 a 14:37 | Responder Carlos
Primero quería darte la enhorabuena por tu blog. Y porque gracias a tus comentarios muchos compañeros han podido tener algo de luz, y de esperanza.
En segundo lugar, quería plantearte dos cuestiones:
1.-¿Como se permite la aprobación de un Decreto que vaya contra una Sentencia del Constitucional, y nadie ponga el grito en el cielo?
2.-¿Puede interponer un empleado, de manera indivudual, un recurso?
En esta última te doy mi argumentación, para saber si la compartes.
Conforme a una interpretación armónica y sistemática de los artículos 53.26 y 162.1b7 de la Constitución Española, 46 y 808 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la legitimación para interponer el recurso de amparo corresponde a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como al Defensor del Pueblo y al Ministerio Fiscal.
Tienen legitimación activa o capacidad para promover el recurso de amparo, tanto las personas físicas como las jurídicas (públicas o privadas), españolas o extranjeras, pues aun cuando el artículo 41.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ciñe subjetivamente la protección constitucional “a todos los ciudadanos”, en lo que coincide con lo dispuesto por el artículo 53.2 de la Constitución que alude a “cualquier ciudadano”, no puede soslayarse que la propia ley fundamental en el artículo 162.1 9 alude en otras partes al término genérico y amplio de “toda persona” al señalar: “Están legitimadas para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica…”, por lo que no sólo las personas físicas nacionales y extranjeras pueden acceder al recurso de amparo en defensa de los derechos fundamentales, sino también las personas jurídicas –privadas o públicas- en la medida en que sean titulares de esos derechos.
En efecto, las personas jurídicas públicas pueden interponer recurso de amparo cuando actúan en relaciones de derecho privado, es decir, como particulares, como lo señala la sentencia del Tribunal Constitucional 197/88.
También tiene legitimación la persona que sin haber sido parte material en el proceso pudiera resentir alguna afectación derivada del mismo, así como los grupos u organizaciones cuya finalidad sea la defensa de determinados derechos y libertades, según lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 64/88 de doce de abril, f.j.1.
Así mismo el Tribunal Constitucional, en el Auto 13/89, ha establecido que es persona directamente afectada no solo el titular del derecho o libertad vulnerados, sino también los titulares de intereses generales, sin que ello suponga la procedencia de la acción popular.
en 27 enero, 2011 a 19:15 | Responder Luis
La idea como argumento es válida. Pero que lo admitan a trámite es otra cosa.
Se establecieron unos criterios en la Ley Orgánica, que evitasen el abuso de acudir a esta vía. Pero…
Es cierto que podría vulnerar el principio de la tutela judicial efectiva.
Que pasaría entonces si en el ámbito político se pusiesen todos de acuerdo en la restricción de derechos. El ciudadano afectado no podría acudir al amparo constitucional, y este Tribunal perdería su función.
Muy buen tema. Has puesto el dedo en la llaga.
Si los empleados de las Cámaras presentaran 3500 recursos de amparo y bloqueasen el Tribunal Constitucional creo que la reacción del Tribunal debería ser inmediata y actuar de oficio.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 41
 artículo 53
 artículo 162