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Timestamp: 2016-07-01 15:21:12+00:00

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Actualización del informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONU Marzo 14, 2012
1 Tabla de contenidoIntroducción 1. Recomendación 9 1.1. Estado de los procesos en curso en el trámite de la ley de “Justicia y Paz” (975 de 2005) 1.2. El marco jurídico complementario a la ley de “Justicia y Paz”: ley 1424 de 2010, “Marco jurídico para la paz” y el proyecto de ley 096 de 2011 1.2.1. La ley 1424 de 2010 1.2.2. Primera propuesta de reforma a la ley 975 de 2005: el “marco jurídico para la paz” 1.2.3. Segunda propuesta de reforma a la ley 975 de 2005: el proyecto de ley 096 de 2011 1.3. Persistencia de grupos paramilitares y falta de una política gubernamental para su desmantelamiento 2. Recomendación 14 2.1. Persistencia en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a miembros de la fuerza pública 2.2. El cumplimiento de la obligación de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera imparcial por la Justicia ordinaria y que se sancione a los responsables 2.2.1. Remisión de casos de la Jurisdicción Penal Militar a la Jurisdicción Ordinaria 2.2.2. Actuación de los jueces penales militares frente a la remisión de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a la jurisdicción penal ordinaria 2.2.3. Medidas que van en contravía de la investigación de las violaciones de derechos humanos por parte de la jurisdicción penal ordinaria 3. Recomendación 16 (Sobre el Departamento Administrativo de Seguridad) 4. Conclusiones y recomendaciones
2 Colombia: Actualización del informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 del Comité de Derechos Humanos de la ONUIntroducciónEl Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, creado por el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, examinó en julio de 2010 el sexto informe periódico delEstado colombiano sobre el cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho Pacto.El Comité, en su texto de observaciones finales1, solicitó al Estado colombiano que en elplazo de un año remitiera información sobre la aplicación de las recomendaciones delComité relativas a la implementación de la ley 975 de 2005 (recomendación 9), la comisiónde ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, cuyas víctimas fueronpresentadas como muertos en combate (recomendación 14) y las violaciones a los derechoshumanos cometidas por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS(recomendación 16). El Estado colombiano presentó el informe sobre la aplicación de estasrecomendaciones el 8 de agosto de 2011 2.Con este documento, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, coalición queintegra a 199 organizaciones no gubernamentales y sociales colombianas que trabajan porla promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, presenta al Comité unaactualización del informe entregado el 21 de septiembre de 2011 3 en cuanto al seguimientorealizado a cada una de las recomendaciones sobre las cuales el Comité solicitóinformación (9, 14 y 16). El texto fue elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas enel marco de su trabajo conjunto con la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.En la primera parte, este informe se ocupará de proporcionar información relativa a larecomendación 9, haciendo énfasis sobre los procesos en curso de la ley de “Justicia y Paz”(ley 975 de 2005) y el desarrollo legal de su marco complementario (ley 1424 de 2010,“marco jurídico para la paz” y el proyecto de ley 096 de 2011) así como de aportarelementos para reiterar las afirmaciones relacionadas con la persistencia de gruposparamilitares. En la segunda parte se presentará la actualización de la recomendación 14,demostrando que la fuerza pública continúa cometiendo ejecuciones extrajudiciales y quese han implementado varias medidas que van en contravía de la obligación de asegurar quelas violaciones graves de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza públicasean investigadas por la jurisdicción penal ordinaria. La tercera parte se dedicará aactualizar el seguimiento de la recomendación 16, ilustrando que es necesaria una políticade depuración administrativa al interior de los organismos de seguridad e inteligencia del1 ONU, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Comité deDerechos Humanos, 99° periodo de sesiones, doc. CCPR/C/COL/CO/6, 29 de julio de 2010.2 El informe del Estado puede ser consultado en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.COL.CO.6.Add.1_sp.pdf3 Comisión Colombiana de Juristas. Colombia: Informe de seguimiento a las recomendaciones 9, 14 y 16 delComité de Derechos Humanos de la ONU, 21 de septiembre de 2011. Puede ser consultado en:http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2011_n3.pdf
3Estado y mayores avances en las investigaciones por las actividades ilegales de inteligenciadel DAS.Finalmente, en la cuarta parte se presentarán unas conclusiones y solicitudes adicionales,con el fin de que el Comité inste al Estado a tomar medidas eficaces frente a lasproblemáticas que aquí se enuncian, bajo el cumplimiento estricto del Pacto de DerechosCiviles y Políticos.
41. Recomendación 9 “El Comité expresa preocupación por la Ley No. 975 de 2005 (La Ley de Justicia y Paz), ya que a pesar de la afirmación del Estado parte (párr. 49 de su informe y en las respuestas orales) que la ley no permite amnistías para estos crímenes, en la práctica existe impunidad para un gran número de graves violaciones de derechos humanos. Entre los más de 30.000 paramilitares desmovilizados, la gran mayoría no se han acogido a la Ley No. 975 de 2005 y falta claridad acerca de su situación jurídica. El Comité observa con preocupación que se ha logrado solamente una sentencia condenatoria contra dos personas y se han abierto pocas investigaciones, a pesar de la sistemática violencia revelada en las versiones libres de los paramilitares postulados. El Comité también observa con preocupación, información que revela que el accionar de nuevos grupos emergentes después de la desmovilización en distintas partes del país concuerda con el modus operandi de los grupos paramilitares señalados. El Comité destaca que la adopción de la Ley 1312 en julio de 2009 sobre la aplicación del principio de oportunidad puede conducir a la impunidad, si la renuncia a la persecución penal se ejerce sin tener en cuenta la normativa de derechos humanos, constituyendo en consecuencia una violación del derecho de las víctimas a obtener un recurso efectivo. El Comité señala al Estado parte, de acuerdo a su Observación general No. 31 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 2004), que ‘la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales... (y que) el problema de la impunidad respecto de estas violaciones, cuestión de permanente preocupación del Comité, puede ser un elemento importante que contribuye a la repetición de las infracciones’ (Artículos 2, 6 y 7). El Estado parte debe cumplir con las obligaciones contenidas en el Pacto y otros instrumentos internacionales, incluyendo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e investigar y castigar las graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad”.De acuerdo con el contenido de la recomendación, la presente sección se ocupará depresentar el estado actual de los procesos adelantados en el marco de la ley de “Justicia yPaz”, los alcances del marco jurídico complementario a la misma, específicamentedeterminado por la Ley 1424 de 2010 y por las propuestas de reformas a la ley 975 de 2005(“Marco Jurídico para la paz” y la ley 096 de 2011). Por último, se analizará lapersistencia del paramilitarismo en Colombia.1.1. Estado de los procesos en curso en el trámite de la ley de “Justicia y Paz” (975 de2005)Según la Fiscalía General de la Nación se “desmovilizaron” colectivamente 31.671
5miembros de grupos paramilitares4 y 3.682 lo hicieron de manera individual 5. Del númerototal de personas “desmovilizadas” sólo el 12,75% están postuladas a los procedimientos dela ley 975 de 2005, es decir 4.5116. Sin embargo, de acuerdo con los datos suministradospor la Fiscalía 7, a 31 de enero de 2012, solamente 1.032 personas se encuentran procesadasefectivamente bajo la ley 975 de 2005 8. Es decir que del número total de personas“desmovilizadas” sólo el 2,9% están siendo procesadas bajo la ley 975 de 2005.A febrero de 2012, se han logrado solamente dos sentencias condenatorias en firme9. Unacontra dos paramilitares: Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Uber EnriqueBánquez Martínez, alias “Juancho Dique” 10, y la segunda sentencia en contra de tresparalimitares: José Rubén Peña Tobón, alias “Lucho”, Wilmer Morelo Castro, alias“Boqui” y José Manuel Hernández Calderas, alias “Platino” 11. También hubo cincosentencias condenatorias de primera instancia 12 contra los paramilitares Jorge Iván LaverdeZapata, alias “El Iguano” 13, Aramís Machado Ortiz, alias “Cabo Machado14”, EdgarAntonio Fierro Flórez, alias “Don Antonio” y Andrés Mauricio Torres León, alias “Z1”15,Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán” 16 y José Barney Veloza García, alias “El4 ONU, Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto, Sextoinforme periódico de los Estados partes: Colombia, Comité de Derechos Humanos, doc. CCPR/C/COL/6, 2 dejunio de 2009, párr. 455 Coalición colombiana contra la tortura. Informe de seguimiento a las recomendaciones del Comité contra laTortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Colombia 2009-2010.Bogotá, agosto de 2011, pág. 30.6 Fiscalía General de la Nación: www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Postulados975.asp. (Fecha de consulta: 27 deagosto de 2011).7 Fiscalía General de la Nación: http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm (Fecha de consulta: 01 de marzode 2012)8 Entre el momento de la postulación y el de la sentencia, la Ley 975 de 2005 establece varias etapas procesalesadicionales que implican la determinación de los hechos y/o conductas por los cuales serán investigados lospostulados, los delitos que se les imputan y posteriormente se da un espacio dentro del proceso para que lasvíctimas soliciten la reparación de sus derechos. Estas etapas son: la imputación, la formalización de cargos, laaudiencia de legalización de cargos y el incidente de reparación. De los 4.511 postulados, tan sólo a 615 de ellos seles ha realizado audiencia de imputación, a 249 se les han formulado cargos, 107 se encuentran en espera de larealización de la audiencia de control de legalidad, frente a 50 se ha realizado audiencia de legalización de cargos yfrente a 11 de ellos se abrió incidente de reparación. Estadísticas, cifras a 31 de enero de 2012, Fiscalía General dela Nación, http://www.fiscalia.gov.co/justiciapaz/Index.htm. Gestión Unidad Nacional De Fiscalías para la justiciay la paz a 31 de Enero de 2012 (Fecha de consulta: 01 de marzo de 2012).9 Una sentencia judicial está en firme o adquiere el carácter de ejecutoriada cuando se han agotado todos losrecursos judiciales frente a ella, con lo cual el asunto objeto de debate judicial adquiere la condición de cosajuzgada y puede exigirse el cumplimiento de la decisión tomada en la sentencia.10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 34547, MP. María del Rosario González de Lemos,27 de abril de 2011.11 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicaciones 1100160002532008-83194;1100160002532007-83070, MP. Dra Lester María González Romero, 1 de diciembre de 2011.12 Es la sentencia proferida por el juez competente, pero frente a la cual pueden agotarse los recursos de reposicióny apelación. Frente a ambas sentencias se interpuso recurso de apelación, pendientes de ser resueltos por la CorteSuprema de Justicia, Sala de Casación Penal.13 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicado n° 11001600025320068028, 2de diciembre de 2010.14 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicado 110016000253200782790, 29de junio de 2011.15 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicación 110016000253-200681366, 7de diciembre de 2011.16 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, radicación 110016000253200782701,16 de diciembre de 2011
6Flaco” 17. Lo anterior significa que se ha obtenido sentencia condenatoria bajo losprocedimientos de la ley 975 de 2005 solamente para once personas, que representan el0,3% del número total de personas que el Estado reporta como “desmovilizadas” (35.353).Puede afirmarse entonces que el nivel de impunidad bajo este procedimiento, seis añosdespués de la adopción de la ley, es prácticamente del 100%.Con respecto a la sentencia contra el paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “ElAlemán”, cabe resaltar que fue condenado a ocho años de prisión por los delitos de“homicidio agravado, reclutamiento ilegal de menores, secuestro simple, concierto paradelinquir y uso ilegal de insignias de las Fuerzas Militares”18. Fue hallado responsable delreclutamiento de “por lo menos 309 menores de edad”19.Recientemente la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de EstadosAmericanos (MAPP-OEA) presentó un diagnóstico sobre la aplicación de la ley de“Justicia y Paz”, en el que comentó que “el transcurso de los años ha demostrado que elmecanismo no ha sido suficiente para dar la respuesta que la complejidad del fenómenoexigía y la protección y reparación a las víctimas imponía” 20. Como lo menciona laorganización, “existen obstáculos procesales, que han dilatado las etapas del procesojudicial de justicia y paz, lo que se traduce en escasas sentencias, debilidad en lasgarantías judiciales, y dificultades para hacer efectivos los derechos de las víctimas” 21.1.2 El marco jurídico complementario a la ley de “Justicia y Paz”: ley 1424 de 2010,“Marco jurídico para la paz”22 y el proyecto de ley 096 de 2011 1.2.1. La ley 1424 de 201023El 13 de octubre de 2011, la Corte Constitucional declaró exequible la ley 1424 de 201024.En su decisión, la Corte Constitucional enfatizó que los beneficios de la ley mencionadasólo deberán ser aplicados a aquellos desmovilizados respecto de quienes se compruebe,luego de una investigación seria, que no han cometido delitos distintos al de su pertenenciaal grupo armado, y otros conexos a éste, como el porte ilegal de armas o la utilización ilegalde uniformes. Por tanto, la ley 1424 de 2010 no deberá aplicarse a quienes hayan cometido17 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, febrero de 2012.18 “Condenado a ocho años de prisión alias “El Alemán””, revista El Espectados, 16 de diciembre de 2011.Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-317105-condenado-ocho-anos-de-prision-alias-el-aleman19 “”El Alemán”, el primer “peso pesado” condenado en Justicia y Paz”, revista Verdad Abierta, 17 de diciembre de2011. Disponible en: http://www.verdadabierta.com/component/content/article/83-juicios/3759-la-primera-sentencia-de-el-aleman-en-justicia-y-paz20 Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA). Diagnóstico deJusticia y Paz en el marco de la justicia transicional en Colombia. Bogotá, 19 de octubre de 2011, p.12. Disponibleen: http://www.mapp-oea.net/documentos/iniciativas/DiagnosticoJyP.pdf.21 Ibídem.22 “Instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política”(proyecto de acto legislativo 094 de 2011 Cámara).23 “Por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que garanticen verdad, justicia y reparación a lasvíctimas de desmovilizados de grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se dictanotras disposiciones”.24 Corte Constitucional, sentencia C-771, 13 de octubre de 2011, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.
7delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanose infracciones al derecho internacional humanitario.Igualmente, la Corte Constitucional afirmó que las declaraciones que los desmovilizadoshagan ante el denominado “mecanismo no judicial de contribución a la verdad” sí podránser usadas en procesos penales25. Así, la información que se obtenga acerca de losresponsables de la conformación de grupos armados ilegales y de todos aquellos que sebeneficiaron con sus actividades ilegales (empresarios, políticos y miembros de las FuerzasMilitares, entre otros), podrá ser presentada para la valoración de la justicia.No obstante, es de lamentar que la Corte limitó la posibilidad de que la información queentregue un desmovilizado ante el mecanismo no judicial de contribución a la verdad puedaser utilizada en procesos judiciales que se adelanten en contra de los desmovilizados de sumismo grupo26. Esta limitación plantea un gran reto para la correcta aplicación de la ley: seimpide a la Fiscalía utilizar información valiosa que pueden aportar los desmovilizadossobre la posible comisión de graves violaciones de derechos humanos por parte demiembros de su mismo grupo, quienes podrían ser beneficiados por la ley 1424 si laFiscalía no comprueba, a través de otros medios de prueba, que los postulados a la ley 1424no cumplen los requisitos para recibir los beneficios que establece la ley.El 28 de diciembre de 2011 era la fecha límite para que los desmovilizados de gruposparamilitares se acogieran a los beneficios de la ley 1424. Según Alejandro Éder, altoconsejero presidencial para la reintegración, “Las personas, para poder acceder a losbeneficios de la ley, debían presentar su voluntad de acogerse a ella, firmando unformulario voluntario. De 26.444 personas que podían acogerse a esta ley, lo hicieron24.643. Esto es el 93 por ciento del potencial (…)”27. En relación con la aplicación de laley 1424 de 2010, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos señala en su informe del año 2011 que: “La Ley 1424, adoptada concarácter de urgencia en diciembre de 2010 para resolver la situación de personasdesmovilizadas no incluidas en la Ley 975 a cambio de verdad, no ha tenido resultadosconcretos. Según el decreto 2601 de 19 de julio, que reglamenta esta ley, solamente apartir de enero de 2012 se podrá comenzar a adelantar la verificación de los requisitospara que estas personas desmovilizadas suscriban el ‘Acuerdo de Contribución a laVerdad Histórica y la Reparación”28.25 “En consecuencia, la Corte Constitucional declarará exequible la expresión “o en contra de terceros”, contenidaen la parte final del inciso segundo del artículo 4° de la Ley 1424 de 2010, pero bajo el entendido de que eseconcepto cobija apenas a las otras personas distintas al declarante relacionadas en el artículo 33 superior y a losdemás desmovilizados del mismo grupo armado organizado al margen de la ley al que hubiere pertenecido eldeponente”. Corte Constitucional, sentencia C-771, 13 de octubre de 2011, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.26 Ibídem.27 “26.643 ex paramilitares rasos se presentaron para resolver situación jurídica”, revista Semana, el 29 dediciembre de 2011. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/24643-ex-paramilitares-rasos-presentaron-para-resolver-situacion-juridica/169789-3.aspx28 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación delos derechos humanos en Colombia. 31 de enero de 2012, doc. A/HRC/19/21/Add.3, párr.46
8 1.2.2. Primera propuesta de reforma a la ley 975 de 2005: el “marco jurídico para la paz”Con respecto al “marco jurídico para la paz”, esta reforma pretende establecer“instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de laConstitución Política” (proyecto de acto legislativo 094 de 2011 Cámara).Este proyecto consta de un único artículo, en el cual se introducen diversas medidas. En él,se propone incluir en la Constitución la posibilidad de acudir a instrumentos de justiciatransicional, y se señalan las finalidades que estos deben perseguir, sus eventualesbeneficiarios, su carácter excepcional y la aceptación de que pueda darse un tratamientodiverso a diferentes grupos armados al margen de la ley. También se autoriza que estosmecanismos puedan ser judiciales o no judiciales, y que es inherente a ellos recurrir acriterios de priorización y selección en las investigaciones penales.La constitucionalización de directrices en materia de justicia transicional es un asunto desuma trascendencia nacional, no solo porque podrá influir en la aplicación de leyes como lallamada de “Justicia y Paz” (ley 975 de 2005), la de “desmovilizados” (ley 1424 de 2010) ola de víctimas (ley 1448 de 2011), entre otras, sino también porque condicionará losinstrumentos similares que llegaran a crearse en el futuro, así como las reformas quepodrían realizarse a leyes como las mencionadas.De aprobarse el proyecto el Congreso 29 podría definir, a partir de una propuesta presentadapor el Gobierno, criterios con base en los cuales se seleccionarán ciertas violaciones dederechos humanos o infracciones graves al derecho humanitario para ser investigadas y seautorizará “la renuncia a la persecución judicial penal de los casos no seleccionados”.Se ha argumentado que la selección propuesta en el proyecto se referiría a delitos menores,tales como el porte de armas, insignias o uniformes, o la falsificación de documentos deidentidad. Cabe advertir que, de ser así, se estaría ignorando que esto ya está previsto en lalegislación colombiana, en las leyes de orden público 30 y se estaría abriendo la posibilidadde que las reglas de selección se apliquen a casos de graves violaciones a los derechoshumanos o infracciones al derecho humanitario. Lo que propiciaría este proyecto es quepuedan amnistiarse o indultarse las conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad obarbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate ocolocando a la víctima en estado de indefensión, todo lo cual es inadmisible.Con relación a la priorización de casos, que es la otra propuesta contenida en el proyecto, sibien teóricamente esta no implica una renuncia a la persecución penal –a diferencia de laselección– el empleo de criterios para decidir qué casos se investigan primero y cuáles otroslo serán después podría dar lugar a una vulneración del deber del Estado de investigar en unplazo razonable, o incluso podría implicar en la práctica una renuncia a investigar los casos29 Ya fue aprobado en cuarto debate. Ver: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aprobado-en-cuarto-debate-el-proyecto-de-marco-legal-para-la-paz/20111213/nota/1592065.aspx30 Artículo 50 de la ley 418 de 1997, prorrogada por la ley 548 de 1999 (artículo 10), por la ley 782 de 2002(artículo 19), por la ley 1106 de 2006 (artículo 10) y por la ley 1421 de 2010 (artículo 11).
9no priorizados, como consecuencia de las limitaciones presupuestales y técnicas de losorganismos de investigación. Para evitar que esto suceda sería necesario reforzar lacapacidad institucional de la Fiscalía General de la Nación, a lo cual no se hace alusión enninguna parte del “marco jurídico para la paz”, ni en ninguna otra norma que se estédebatiendo en el Congreso de la República.Desde el punto de vista jurídico, un acuerdo de paz en tales circunstancias resultaría por lomenos frágil, susceptible de ser declarado inconstitucional por violación del bloque deconstitucionalidad derivada de su contradicción con tratados internacionales que protegenlos derechos a la verdad, la justicia y la reparación en relación con violaciones de derechoshumanos y graves infracciones al derecho humanitario, y sujeto en todo caso a una grancontroversia jurídica que puede retardar, obstaculizar y poner en peligro suimplementación. Además, podría dar lugar a la intervención de la Corte Penal Internacionalpor violación del artículo 17 del Estatuto de Roma, en la medida en que la Corte entendieraque el Estado colombiano no ha querido o no ha podido impartir justicia en relación contales casos.Otro inconveniente de este proyecto de reforma constitucional, y no de carácter menor, esque abriría la puerta a otorgar amnistías a militares y policías responsables de violacionesde derechos humanos y a paramilitares desmovilizados cuya situación jurídica se hayacomplicado, al considerar la posibilidad de “autorizar un tratamiento diferenciado paracada una de las distintas partes que hayan participado en las hostilidades”. Con ello sedaría lugar a la impunidad para perpetradores de violaciones de derechos humanos. 1.2.3. Segunda propuesta de reforma a la ley 975 de 2005: el proyecto de ley 096 de201131Con respecto al proyecto de ley 096 de 2011, es importante hacer referencia al artículo7232. Este artículo amplía la vigencia de la ley 975 de 200533 para quienes sedesmovilizaron colectivamente y para quienes se desmovilizaron de manera individual.Frente a los primeros, el artículo extiende de manera indeterminada la vigencia al consagrarque “la presente ley se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fechade su desmovilización”, mientras que para los segundos “el procedimiento y los beneficiosconsagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad al 1ºde julio de 2012”.31 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados almargen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otrasdisposiciones para acuerdos humanitarios”.32 Artículo 72. Vigencia y derogatorias. La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Parael caso de desmovilizados colectivos en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno Nacional, la presente ley seaplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha de su desmovilización. En relación con losdesmovilizados individuales, es decir, aquellos cuyo acto de desmovilización sea certificado por el ComitéOperativo para la Dejación de las Armas (CODA), el procedimiento y los beneficios consagrados en esta ley seaplicarán únicamente a hechos ocurridos con anterioridad al 1º de julio de 2012.33 Según el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, “Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a suvigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación”. La fecha de promulgación de la ley fue el 25 de julio de2005.
10Es importante recordar que la ley 975 de 2005 nació en el marco de un proceso denegociación adelantado por el Gobierno nacional con los grupos paramilitares, el cual,según el gobierno, pretendía servir de marco jurídico para facilitar su “desmovilización”.En ese contexto, la ley 975 de 2005 ofrecía a los miembros de grupos paramilitares elbeneficio de recibir una pena alternativa de máximo ocho años de prisión (mucho menor alas penas que por los mismos delitos les correspondería cumplir a la luz de la legislaciónordinaria), con la condición de que garantizaran la verdad, la justicia y la reparación a lasvíctimas de los delitos que habían cometido. Es este contexto el que explica el carácterexcepcional de la ley 975 de 2005, que atiende a las particularidades del proceso denegociación que dieron lugar a ella. Pretender que sea aplicada de manera indiscriminadapara cubrir también a aquellos “desmovilizados” que nada tienen que ver con elmencionado proceso significa dejar de lado las singulares características de los nuevos“desmovilizados”, que deberían ser tenidas en cuenta a la hora de negociar el otorgamientode beneficios jurídicos.Unido a lo anterior, vale la pena recordar que en su momento la decisión de limitar laaplicación de los beneficios contenidos en la ley 975 para que cubriera únicamente aquellasconductas cometidas antes de su vigencia, se justificó con el argumento de que sólo de estamanera los beneficios podrían ser considerados como un incentivo para que losparamilitares dejaran las armas, pues si ellos no se circunscribían a un límite temporalentonces sería probable que pospusieran su desmovilización, ya que no habría ningunasituación que les apremiara a tomar la decisión de desmovilizarse. Seis años después de quefuera utilizado, este argumento no ha perdido actualidad. Como en ese entonces, ahoratambién puede afirmarse que la concesión permanente de beneficios penales resultacontraproducente, ya que no constituye un incentivo real para que los miembros de gruposarmados al margen de la ley efectivamente se desmovilicen. Por el contrario, es un alicientepara que sigan delinquiendo, con la tranquilidad de que dará igual que lo dejen de hacer deinmediato o mucho después, puesto que ello no tendrá consecuencias en cuanto a losbeneficios jurídicos que se les otorguen.Entonces, si como se dijo antes, la pena alternativa propuesta en la ley 975 fue explicada ensu momento por el Gobierno con base en el supuesto aporte a la paz que constituía elpretendido fin del paramilitarismo, surgen varias dudas respecto de las razones queexplicarían una prórroga de dicha ley: (i) ¿Qué justifica este nuevo tratamiento penal diferenciado, preferencial y fuera del término previsto, para quienes han cometido crímenes atroces después de la alternativa legal propuesta tras las negociaciones del Gobierno?; (ii) Si se promueven prórrogas de beneficios penales, ¿cómo se desalienta que las graves violaciones de derechos humanos continúen cometiéndose?; (iii) En relación con lo anterior, ¿Qué principios están orientando la política criminal en Colombia, cuando se pretende otorgar beneficios penales a responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que no se acogieron oportunamente a la ley 975?; (iv) ¿Acaso el sistema penal ordinario no está en capacidad de brindar las garantías para la protección de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación?
111.3. Persistencia de grupos paramilitares y falta de una política gubernamental para sudesmantelamientoLos grupos paramilitares no han sido efectivamente desmantelados en Colombia. Pese a lasupuesta recuperación del territorio, las bases del Plan Nacional de Desarrollo reconocen laexistencia actual de los grupos guerrilleros FARC y ELN y de las llamadas BandasCriminales, pero niega que dichas bandas sean en realidad grupos paramilitares.Este último asunto reviste especial gravedad, por lo menos por dos razones: la primera,porque es falso que los grupos paramilitares se hayan desmantelado efectivamente, lo cualse advierte en la persistencia de sus prácticas; y la segunda, porque pretende negar laexistencia de una de las partes que interviene de manera activa en el conflicto armadointerno en Colombia, atacando permanentemente a la población civil en muchasoportunidades bajo la omisión, tolerancia, o aquiescencia de agentes del Estado.La negación del paramilitarismo en el Plan Nacional de Desarrollo, documento que debeestablecer “las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo” tiene comoconsecuencia que no se adoptarán medidas eficaces para la superación del problema enColombia, y que, por el contrario, se degradará aún más el conflicto armado interno y serepetirán las violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de las repercusiones de queel Estado no tenga una política coherente en esta materia son los hechos que se reseñan acontinuación.El 23 de diciembre de 2011, José López Montero, alias “Caracho”, uno de los comandantesdel grupo paramilitar Ejército Revolucionario Popular Anticommunista de Colombia(ERPAC), se entregó a las autoridades junto con 292 hombres. La forma como el Estadocolombiano manejó esta situación genera muchas preocupaciones, teniendo en cuenta que,según la información disponible: “(…) la justicia dictó medida de aseguramiento contralos seis cabecillas de esta banda criminal y contra 13 integrantes rasos, por lo quesolamente 19 quedaron privados de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta)”, dejando enlibertad a 267 miembros de este grupo armado 34.El Director Nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, explicó que “Estas personasno estaban capturadas, tampoco había una situación de flagrancia. No hubo una entreganegociada, lo que hubo fue un sometimiento, un grupo de personas que se entregan a laFiscalía para pagar por los delitos que haya cometido”35, indicó el funcionario.El Director de Fiscalías fue más allá y señaló que si los hubieran dejado detenidos,“fácilmente podíamos incurrir en un secuestro masivo. A nosotros nos limitan laConstitución y la ley”36.34 “Ordenan captura de todos los miembros del ERPAC que se sometieron a la justicia”, revista Semana, 27 dediciembre de 2011. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/ordenan-captura-todos-miembros-del-erpac-sometieron-justicia/169719-3.aspx35 Ibídem36 Ibídem.
12Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras señaló que “el Gobierno noparticipó en el proceso de sometimiento y que era obligación de la Fiscalía dictar órdenesde captura contra los integrantes de la banda criminal”37. La Directora Nacional delCuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, subrayó que entre los miembros delERPAC “fueron halladas 15 personas desmovilizadas del paramilitarismo. Simplemente loque está demostrando estas personas es que se habían desmovilizado y volvieron a serparte de estas organizaciones criminales”38.Resulta muy preocupante que la Fiscalía no tuviera suficientes investigaciones en curso quele permitieran la captura de miembros del grupo paramilitar ERPAC, incursos en gravesviolaciones a los derechos humanos y en infracciones al derecho humanitario. La CCJ sepermite recordar por lo menos dos graves hechos que habrían ameritado una acción máscontundente de la Fiscalía en este caso:“Al menos 196 personas se desplazaron en el poblado de Puerto Alvira, municipio deMapiripán (Meta) presuntamente por el grupo paramilitar “Ejército Revolucionario delPueblo antiterrorista- Erpac”, que ingresó a la zona el 17 de febrero de 2008 buscando aalgunos pobladores, cuyos nombres tenía en un listado. De acuerdo con información deuna misión de la Defensoría del Pueblo que visitó el lugar, en Puerto Alvira ‘el 70% de lascerca de 250 viviendas están deshabitadas’”39.Otro hecho atribuible al grupo paramilitar Erpac sobre reclutamiento de niñas y niñosdurante el año 2011 está reseñado más adelante en este informe (ver recuadro“Reclutamiento y homicidio de un niño en Mapiripán)”.Adicionalmente, según un estudio del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz(INDEPAZ): “en la tercera parte de los municipios de Colombia se registran actividades durante el primer semestre de 2011 por parte de los grupos narcoparamilitares, llamados BACRIM por el Gobierno nacional. Según el comportamiento y patrón de movilidad de esos grupos, al terminar el año 2011 se puede estimar un avance en su cobertura territorial, que ya supera 347 municipios de 31 departamentos. (…) En los últimos años, se ha evidenciado la ampliación de la presencia de esos grupos. Los registros muestran que se pasó de actividades en 259 municipios en 2008 a 360 en 2010. Contabilizando solo los eventos en el primer semestre de 2011, se llega a 347 municipios, lo que indica la permanencia y reproducción del 40 narcoparamilitarismo” .37 Ibídem.38 “Gobierno no participó en sometimiento de ERPAC: Vargas Lleras”, revista Semana, 26 de diciembre de 2011.Disponible en: www.semana.com39 Comisión Colombiana de Juristas, “Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares,Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005”, pág. 43, en:http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/la_metafora.pdf40 Camilo González Posso, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), Sexto Informe sobrepresencia de grupos narcoparamilitares. Primer semestre de 2011. Disponible en:http://www.indepaz.org.co/attachments/692_Sexto%20Informe%20sobre%20Paramilitarismo%202011%20-%20Indepaz.pdf
13Dicha capacidad de control territorial se evidencia con el paro armado que recientementellevaron a cabo “Los Urabeños” en 12 municipios ubicados en seis departamentos conocasión de la muerte de Juan de Dios Úsuga David, alias “Giovanni”, uno de los líderes dedicho grupo paramilitar.Las intimidaciones de este grupo a través de panfletos enviados a los comerciantes ydifundidos en las plazas principales provocaron el cierre de los establecimientoscomerciales y el temor en la población civil. Así, “a pesar de la presencia de la Policía ydel Ejército, en varias poblaciones más alejadas, especialmente en Córdoba, seguían a laespera de las instrucciones de los bandidos para reanudar sus actividades comerciales y detransporte”41. Esto comprueba “la dimensión política que tienen los ejércitos privados quecontrolan el narcotráfico en Colombia. Dentro de sus alcances y aparatos de guerramuestran al Estado que aunque sea a punta de amenazas, son capaces de paralizarpoblaciones enteras”42. Tal y como lo resalta la Revista Semana, este paro armado “revelala capacidad operativa de los Urabeños y de sometimiento de la población civil, ya nonecesitan hacer grandes matanzas para asustar y parar por completo una población”,poniendo en duda la premisa institucional sobre la pérdida de poder de este grupo 43.La persistencia del paramilitarismo se demuestra también con la continuación deviolaciones a los derechos humanos de la población civil. La Comisión Colombiana deJuristas ha registrado que entre el 1º de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2009 porlo menos 5.368 personas han perdido la vida por fuera de combate por causa de gruposparamilitares, en el marco del prometido cese de hostilidades. De ellas, 4.784 personasfueron víctimas de homicidio, de las cuales 366 fueron desaparecidas antes de serasesinadas y 584 permanecen desaparecidas. Para un registro total de 950 víctimas dedesaparición forzada atribuidas a los grupos paramilitares durante este periodo 44.41 “Las bandas, gran desafío”, revista Semana, 7 de enero de 2012. Disponible en:http://www.semana.com/nacion/bandas-gran-desafio/170022-3.aspx42 “Los Urabeños, un poder subestimado: analistas”, revista Verdad abierta, 8 de enero de 2012. Disponible en:http://www.verdadabierta.com/component/content/article/3774-los-urabenos-un-poder-subestimado-analistas43 “Los `Urabeños` muestran su poder regional”, revista Semana, 6 de enero de 2012. Disponible en:www.semana.com44 Base de datos de violencia sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas. Ver al respecto: CCJ, ¿Cómoprocesa su información la Comisión Colombiana de Juristas? Disponible en:http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/como_procesa_su_informacion_la_ccj.html
14 Masacre, tortura y secuestro en Cumbitara (Nariño) presuntamente por el grupo paramilitar Los Rastrojos En la madrugada del 12 de septiembre de 2011, en el municipio de Cumbitara (Nariño), Daniel García y Harrison García fueron torturados y asesinados presuntamente por paramilitares identificados como “Los Rastrojos”. En los hechos también fueron secuestradas 13 personas, entre quienes se encontraban Efraín Arzuza y una trabajadora sexual no identificada, asesinados posteriormente. De acuerdo con la información recopilada por la OACNUDH 45, al menos 30 integrantes del grupo armado, uniformados y con armas largas, ingresaron a la vereda Pesquería y acusando a la población de ser colaboradora de la guerrilla, saquearon tiendas y reunieron a toda la comunidad, para en frente de ella descuartizar vivos con machetes a Daniel y Harrison, agricultores de la región, cuyos cuerpos fueron arrojados al río Patía. Trece personas fueron secuestradas y nueve de ellas fueron liberadas con posterioridad. De dos mujeres, trabajadoras de un bar, se desconoce su paradero. Tras esta incursión, más de 70 personas se habrían desplazado de las veredas Nulpí, Miguel Nulpí (Cumbitara), Tortugo, Tortuga Magally, Tortugo Miguel, Santa Rosa, José López, el Zorro, Serenil e Inguapil (Magüi Payán) hacia la cabecera de Magüi Payán y más personas habrían tratado de llegar ahí en los días siguientes.Adicionalmente, los grupos paramilitares continúan reclutando niñas y niños, como loilustra el siguiente caso. Reclutamiento y homicidio de un niño en Mapiripán (Meta) Un niño, de 16 años de edad, fue reclutado por el grupo paramilitar ERPAC que pretendía llevarlo a la vereda Pueblo Seco en el municipio de Mapiripán (Meta), con el fin de que recibiera entrenamiento militar y así ingresara al grupo. El niño, después de haber logrado escapar del grupo armado y denunciar los hechos de reclutamiento ante la Policía, la Fiscalía y el ICBF, fue víctima el 21 de noviembre de 2011 de homicidio por un grupo armado sin identificar. El niño narró a las autoridades que cerca de una decena de menores de 18 años fueron embarcados en San Martín en una camioneta de lujo. Dijo que les hicieron una oferta y una amenaza: 700.000 pesos al mes y si no aceptaban, los mataban.45 “Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pide al Estado protección urgente a la población de Cumbitara ymunicipios aledaños en Nariño”, 16 de septiembre de 2011, Comunicado de prensa. Consultar en:http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2011/cp1181.pdf
15 Según la fuente: “Ante la gravedad de la confesión, se dispuso que Alfonso fuera protegido. Pero días antes, fue citado en las afueras del pueblo por un compañero y su cuerpo apareció en un molino, vía Granada, degollado y con la cabeza lapidada”46. El presente caso es particularmente grave porque el Estado no le brindó al niño medidas de protección efectivas.Este caso en particular refuerza la preocupación expuesta anteriormente en relación con elproceso de sometimiento a la justicia por parte del grupo paramilitar ERPAC, puesto que endicho proceso ningún niño o niña fue presentado, aun cuando existe evidencia de que estegrupo efectivamente reclutó niñas y niños. La Procuraduría General de la Nación tambiénexpresó su preocupación al respecto, haciendo “un llamado urgente para que en el procesode sometimiento a la justicia de las llamadas bandas criminales, se tenga en cuenta elprincipio del interés superior del niño con el fin de sancionar el reclutamiento yrestablecer los derechos de los menores sometidos a la guerra”47.En este mismo sentido, la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes alconflicto armado en Colombia (COALICO) pone en relieve que “una de laspreocupaciones es que en efecto las mal llamadas bandas criminales emergentes estánreclutando y utilizando niños”48.La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enColombia, en su informe del año 2011 señala que: “En 2011 se continuaron reportando actos de violencia sexual relacionados con el conflicto, algunos cometidos con especial grado de sevicia, atribuidos a grupos armados ilegales. Por ejemplo, la oficina en Colombia registró en el mes de marzo el caso de una joven de 17 años en Nariño que fue desnudada, golpeada y obligada a comer estiércol públicamente, para después ser asesinada, en actos atribuidos a los Rastrojos. También se reportaron repetidos actos de violencia sexual contra niñas indígenas en Guaviare por grupos armados ilegales. En otro ejemplo, en marzo, una niña fue sometida por tres días a continuos abusos sexuales por un individuo que se identificó como miembro de las Águilas Negras”49.Persisten también las amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos que seencuentran desarrollando actividades en relación con los procesos de restitución de tierras,como lo evidencian los casos relatados a continuación.46 “Aterrador relato de niño que escapó de las escuelas de sicarios de “Cuchillo”. Aceptan o los degüellan. Lasautoridades reciben sus testimonios”, revista Noticiero del Llano, 21 de noviembre de 2011. Disponible en:http://www.notillano.com/index.php/meta/38-meta/1188-aterrador-relato-de-nino-que-escapo-de-las-escuelas-de-sicarios-de-cuchillo-aceptan-o-los-degueellan-las-autoridades-reciben-sus-testimonios47 “Procuraduría pide que en desmovilizaciones de bandas criminales sea sancionado el reclutamiento de menores”,Caracol radio, 27 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/procuraduria-pide-que-en-desmovilizaciones-de-bandas-criminales-sea-sancionado-el-reclutamiento-de-menores/20111227/nota/1598192.aspx48 Ibídem.49 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación delos derechos humanos en Colombia. 31 de enero de 2012, doc. A/HRC/19/21/Add.3,, párr. 67.
16 Amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS), campesinos y líderes de restitución de tierras, presuntamente por el grupo paramilitar Águilas Negras en Santander El 17 de febrero de 2012 en la ciudad de Bucaramanga (Santander), César Tamayo, presidente de la Asociación Agraria de Santander (ASOGRAS) y sus miembros recibieron amenazas de muerte a través de un panfleto suscrito por el Bloque Magdalena Medio del grupo paramilitar Águilas Negras en Bucaramanga. Dicho panfleto señala: “para que desistan de representar casos de tierras en Sabana de Torres y otros municipios”50. Amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos presuntamente por el grupo paramilitar Águilas Negras en Bogotá El 25 de febrero de 2012 fueron amenazadas en Bogotá 12 mujeres 51, entre ellas la Defensora del Pueblo Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y las Mujeres, varias organizaciones52 y personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos incluyendo agencias de la ONU. Las amenazas se hicieron a través de un panfleto suscrito por el grupo paramilitar Águilas Negras, en el que se indica a las víctimas que: "dejen de joder con el tema de recuperación de tierras porque todo el que haga esta gestión va a ser asesinado por nosotros por más protegidas (sic) que estén les damos 30 días para abandonar la ciudad"53.Por todo lo anterior, se reitera que estos grupos armados ilegales cumplen los criterios paraser considerados como grupos armados que participan en las hostilidades, de acuerdo con elartículo primero del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra 54. Es decir, tienen50 Denuncia de la organización ASOGRAS que reposa en los archivos de la Comisión Colombiana de Juristasrecibida el 17 de febrero de 2012, aún sin radicado.51 Olga Amparo, Ana Jimena Bautista, Angélica Bello, Rubi Castaño, Piedad Córdoba, Maria Eugenia Cruz,Nini Johana Gonzales, Osana Medina, Claudia Mejía, Pilar Rueda, Yovana Sáenz y María Eugenia Urrutia.Tres hombres fueron también amenazados: Iván Cepeda, Eusevio Mosquera y Gustavo Petro.52 Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), Afromupaz, el Alto Comisionada de lasNaciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la organización Arco Iris, la Casa Mujer, la Consultoría paralos Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la Fundación Nacional Defensora de los DerechosHumanos de la Mujer (FUNDHEFEM), Juntos por la vida, la marcha indígena, el Movimiento de Crímenesde Estado (MOVICE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Ruta Pacífica y lacorporación SISMA Mujer.53 Denuncia de la corporación Casa de la mujer que reposa en los archivos de la Comisión Colombiana de Juristasrecibida el 29 de febrero de 2012, aún sin radicado.54 “El presente Protocolo, que desarrolla y completa el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 deagosto de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los conflictos armados queno estén cubiertos por el artículo 1 del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollenen el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o gruposarmados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio uncontrol tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”.Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas delos conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).
17control territorial, mandos militares responsables y capacidad bélica, características que lesimponen el cumplimiento de los mandatos del derecho humanitario 55.Asimilar los grupos paramilitares a la criminalidad común impide reconocer el fracaso delproceso de desmovilización de los paramilitares y dificulta adoptar medidas adecuadas paralograr su desmantelamiento efectivo. Adicionalmente, esta falta de reconocimiento “impideque las amenazas contra defensores de derechos humanos, forma más generalizada deataque contra defensores y cometidas por grupos como “Los Rastrojos”, “ÁguilasNegras” y Autodefensas, sean adecuadamente judicializadas, puesto que, al ser tratadoscomo grupos de delincuencia común, los casos no son asumidos por la unidad de DDHH yDIH de la fiscalía y no son procesados en el contexto que les corresponde” 56.Es necesario que el Estado reconozca que no se han desmantelado los grupos paramilitaresen Colombia, así como las graves implicaciones que conlleva el incumplimiento de lasgarantías de no repetición de los crímenes y que cumpla con las múltiples recomendacionesinternacionales en el sentido de romper los nexos de agentes del Estado con tales grupos.2. Recomendación 14 “Al Comité le preocupa el patrón extendido de ejecuciones extrajudiciales de civiles posteriormente presentados por la fuerza pública como bajas en combate. El Comité expresa su preocupación por las numerosas denuncias de que Directivas del Ministerio de Defensa que otorgaban incentivos y el pago de recompensas sin control y supervisión interno han contribuido a las ejecuciones de civiles. El Comité observa las medidas tomadas por el Estado parte para contrarrestar ejecuciones extrajudiciales, sin embargo le preocupa profundamente por qué existe[n] más de 1200 casos, y las pocas sentencias condenatorias obtenidas. El Comité observa con preocupación que la justicia militar siga asumiendo competencia sobre casos de ejecuciones extrajudiciales donde los presuntos autores son de la fuerza pública (Artículos 6 y 7). El Estado parte debe tomar medidas eficaces para discontinuar cualquiera Directiva del Ministerio de Defensa que puede conducir a graves violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y cumplir plenamente con su obligación de asegurar que las violaciones graves de derechos humanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancione a los responsables. El Comité subraya la responsabilidad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura en55 Ver más al respecto en: Comisión Colombiana de Juristas, Colombia: La metáfora del desmantelamiento de losgrupos paramilitares, Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de2010 y Colombia: El espejismo de la justicia y la paz, Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá,noviembre de 2007.56 Defensores de Derechos Humanos en Colombia. ¿Cómo protege el gobierno sus derechos? Seguimiento a laimplementación de las recomendaciones de la relatora especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONUdespués de su visita a Colombia en 2009, diciembre de 2011, pág. 10.
18 resolver los conflictos de competencia y asegurar que estos crímenes quedan claramente fuera de la jurisdicción de la justicia militar en la práctica. El Estado parte debe garantizar la seguridad de los testigos y familiares en dichos casos. El Estado parte debe cumplir con las recomendaciones emitidas por el Relator sobre ejecuciones sumarias arbitrarias o extrajudiciales después de su misión a Colombia en 2009 (A/HRC/14/24/Add.2)”.De acuerdo con el contenido de la recomendación, la presente sección se ocupará depresentar nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos presuntamente pormiembros de la fuerza pública, así como analizar las medidas que se han adoptado enrelación con el cumplimiento de la obligación de asegurar que las violaciones graves dederechos humanos sean investigadas por la Justicia ordinaria. Esta última parte se dividiráen tres sub-partes que abordarán el estado de las remisiones de casos de la JurisdicciónPenal Militar a la Jurisdicción Penal Ordinaria, la actuación de los jueces penales militaresfrente a la remisión de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a la Jurisdicción PenalOrdinaria y por último, las medidas que van en contravía de la investigación de lasviolaciones de derechos humanos por parte de la Jurisdicción Penal Ordinaria.2.1. Persistencia en la comisión de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas amiembros de la fuerza públicaDurante el período comprendido entre septiembre de 2011 y marzo de 2012 las ejecucionesextrajudiciales cometidas presuntamente por miembros de la fuerza pública han persistido.Los casos que se presentan a continuación han sido cometidos por miembros de la PolicíaNacional y, en ambos casos, se presentan serios excesos en el uso de la fuerza por parte deestos funcionarios. Ejecución extrajudicial del niño Diego Felipe Becerra Lizarazo, por miembros de la Policía Nacional en Bogotá El 19 de agosto de 2011, en Bogotá, fue asesinado Diego Felipe Becerra Lizarazo, por miembros de la Policía Nacional. Los hechos se presentaron a las 10 p.m. cuando el niño de 16 años de edad, junto con sus amigos pintaba grafitis en la calle, y al percatarse de la presencia de los uniformados, corrieron. Diego recibió un disparo que terminó con su vida 57. La primera versión oficial indicó que la muerte del menor de edad se produjo como consecuencia de la respuesta de un policía que, en defensa propia, repelió un inminente ataque de Diego que le apuntó con un arma. Sin embargo, la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal indica que la muerte de Diego Felipe fue ocasionada por una bala que entró por el lado derecho de su espalda, a 1,80 metros de distancia y que se encontraron “rastros de pintura en las manos”, lo que57 “Este no es un delito para merecer la muerte”, diario El Espectador, 23 de agosto de 2011, páginas. 2 y 3.
19 confirmaría que estaba haciendo grafitis. Además, la prueba de absorción atómica realizada al cuerpo del niño da cuenta de que no portaba ningún arma 58. Lo anterior ha sido corroborado por testigos, en sus declaraciones ante la Fiscalía General de la Nación, quienes indican que en el lugar en el que ocurrieron los hechos no se encontraban armas, ni elementos extraños cerca del cuerpo del niño. Así, la persona que llevó en su carro a Diego a la clínica sostuvo que no vio ningún objeto especial en el piso, y que el niño “estaba en posición fetal, no recuerdo haber visto armas de fuego de ninguna parte, ni en el piso ni junto al muchacho o cerca de él” 59. Dicha afirmación coincide con la versión del padre y la madre del niño que aseguran que la noche de la muerte de su hijo fueron al lugar en que fue asesinado y no vieron rastros de sangre ni armas en el lugar, pero cuando llegaron de nuevo a la clínica un investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía les dijo: “Sucedió algo extraño, apareció un arma en la escena del crimen” 60. A pesar de que la investigación de la alteración de la escena del crimen fue asumida por la Fiscalía 61, que cuenta con el peritaje del Instituto Nacional de Medicina Legal en que se indica que el arma que fue hallada junto al cuerpo de Diego Felipe Becerra "se encontraba defectuosa" y que no fue accionada por él antes de recibir el disparo que acabó con su vida 62, la defensa de la familia de Diego denunció el 15 de noviembre de 2011 que las unidades a las que les fue asignado el proceso, no están adelantando ninguna acción para esclarecer la manera en que apareció el arma en el lugar en que se produjo el asesinato del menor de edad 63. La investigación disciplinaria adelantada en contra del patrullero Wilmer Antonio Alarcón, presunto responsable del homicidio, fue asumida por la Procuraduría General de la Nación que formuló pliego de cargos en su contra, al considerar que fueron incumplidos “los parámetros básicos de actuación de la fuerza pública como son el respeto a la vida y el uso de la fuerza establecido en los reglamentos” 64. El director de la Policía Nacional, General Óscar Naranjo, “reconoció un exceso de fuerza en el crimen de Diego Felipe y añadió que no existe justificación alguna para que un patrullero le disparara por la espalda al joven grafitero”65. De otra parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emitió un concepto para el58 “Joven grafitero no manipuló armas”, diario El Espectador, 31 de agosto de 2011, versión electrónica.59 “Patrullero de la Policía no auxilió al joven grafitero”, diario El Espectador, 8 de noviembre de 2011, versiónelectrónica.60 "Se empieza a revelar la verdad", diario El Espectador, 24 de septiembre, página 4.61 “Investigan presunta alteración de la escena”, diario El Tiempo, 27 de octubre de 2011, página 5.62 “Arma que apareció junto al cuerpo de Diego Felipe Becerra no funcionaba”, diario La Opinión, 2 de noviembrede 2011, versión electrónica63 “Investigación de grafitero continúa sin fiscal”, diario El Espectador, 15 de noviembre de 2011, versiónelectrónica.64 “Procuraduría formuló pliego de cargos contra patrullero por muerte de grafitero”, diario El Espectador, 23 denoviembre de 201165 “Procuraduría asumió caso del policía que le disparó al grafitero”, diario Vanguardia Liberal, 2 de septiembre de2011, versión electrónica.
20 ente acusador en el que indica que el asesinato del joven Diego Felipe Becerra se produjo como consecuencia “del uso de la fuerza por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no obró de acuerdo con los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad”66, y por tanto se dio en actos “por fuera del servicio”. En octubre de 2011, la Fiscalía General de la Nación trasladó la investigación a la Justicia penal militar, pues de acuerdo con el ente acusador se trata de “hechos propios del servicio en el que aparece un agente de la Policía involucrado” por lo cual “es competencia de la Justicia Penal Militar"67. Sin embargo la defensa de la familia de Diego Becerra impugnó esta decisión y el 23 de noviembre de 2011, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el proceso deberá volver a la Justicia ordinaria, debido a “diferentes inconsistencias surgidas en este proceso, la duda sobre la relación de los hechos con el servicio y la duda frente a lo que ocurrió el día de la muerte del menor, debido a que la representante de la Justicia Penal Militar encargada del caso no colaboró con la Judicatura al no aportar los elementos probatorios que existían en este caso.” (...) “ Señala la Judicatura, con ponencia del vicepresidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, Magistrado José Ovidio Claros Polanco, que ante la falta de garantías que tuvo la Sala para acceder a la información que se había requerido, resulta apenas razonable inferir que tampoco las víctimas contarán con las garantías que les asisten como intervinientes en el proceso”68. Ejecución extrajudicial de un niño de 15 años en Bogotá El 6 de febrero de 2012 en el Barrio Jaime Bermeo de la localidad de Suba en Bogotá dos agentes de la policía nacional rociaron gasolina y le prendieron fuego a un niño de 15 años. Tras haber sufrido de quemaduras en todo su cuerpo, el niño murió el 15 de febrero. “La Policía Metropolitana de Bogotá suspendió 90 días y de manera provisional al patrullero Carlos Díaz y al intendente Carlos Danilo Posada”69, quienes son los presuntos autores de este delito.2.2. El cumplimiento de la obligación de asegurar que las violaciones graves de derechoshumanos sean investigadas de manera imparcial por la justicia ordinaria y que se sancionea los responsables66 “Muerte del joven grafitero no fue en un acto de servicio: ONU”, diario El Espectador, 31 de octubre de 2011,versión electrónica.67 “Caso sobre muerte de grafitero es competencia de Justicia Penal Militar”, RCN Radio, 12 de octubre de 2011.Ver en http://www.rcn.com.co/noticias/caso-sobre-muerte-de-grafitero-es-compet-114162#ixzz1kyvCsZIk68 Judicatura asignó a la Fiscalía la investigación por la muerte del menor Diego Felipe Becerra, Sala Jurisdicciona lDisciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 29 de noviembre de 2011. Ver en:http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp?cargaHome=2&opcionCalendar=4&id_noticia=63969 “Suspenden a policías investigados por prender fuego a joven indigente”, revista El tiempo, 6 de febrero de 2012.Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/policia-le-prendio-fuego-a-un-indigente_11082383-4
21 2.2.1. Remisión de casos de la Jurisdicción Penal Militar a la Jurisdicción Penal OrdinariaLa Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó en suinforme de 2010 que había 448 casos activos relacionados con ejecuciones extrajudicialesconocidos por la Justicia Penal Militar70. La Alta Comisionada destacó también que: “(…)es sumamente preocupante el retroceso significativo en 2010 de la colaboración de laJusticia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos encombate” con signos de violaciones de los derechos humanos”71.Adicionalmente, el 13 de junio de 2011 la ex Fiscal General de la Nación, Viviane Morales“pidió a los jueces penales militares permitir el traslado de investigaciones que seadelantan por violaciones a Derechos Humanos y DIH a la justicia ordinaria” 72 e informóque: “la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha planteado 387conflictos de competencia de los cuales 213 casos han sido asignados a nuestroconocimiento y 22 a la Justicia Penal Militar” 73.Frente a estas afirmaciones, resulta preocupante la respuesta proporcionada por laDirección de la Justicia penal militar a un derecho de petición remitido por la CCJ, en elcual se solicitaba información sobre la auditoría de todos los casos relacionados conpresuntas ejecuciones extrajudiciales que estuvieran pendientes en los tribunales militares.En el oficio de respuesta se señala que, de acuerdo con disposiciones legales yjurisprudenciales, “la Justicia Penal Militar no es competente para adelantar procesos oinvestigaciones que configuren delitos de lesa humanidad, tortura, genocidio, desapariciónforzada u otra conducta que rompa el nexo funcional con el servicio”74.Adicionalmente, se afirma que “existe por parte de los funcionarios de esta jurisdiccióncastrense el compromiso institucional y legal de dar cumplimiento estricto a lospronunciamientos de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, de lajurisprudencia nacional e internacional en esta materia, por lo tanto, cuando elfuncionario en curso de la investigación encuentra que los hechos no son claros, conformeal examen de las circunstancias de tiempo, modo y lugar y existe duda razonable conrespecto a lo anteriormente señalado, el operador judicial en ejercicio de su autonomía eindependencia, remite por competencia las investigaciones o procesos a la Justiciaordinaria o propone la colisión de competencias”75.Con base en lo anterior, se afirma en la respuesta: “Por lo señalado, de los casos depresuntas ejecuciones extrajudiciales no conoce la Justicia Penal Militar y por sustracciónde materia no se hace seguimiento a ellos. La Dirección Ejecutiva realiza seguimiento70 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación delos derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HRC/16/22, párr. 26.71 Ibídem.72 “¡Que no haya un solo crimen que quede impune!: Mindefensa”, revista Semana, 13 de junio de 2011, versiónelectrónica.73 Ibídem.74 Dirección de la Justicia Penal Militar, Oficio No. 10503/MDN-DEJPM-GDG-CE-22 del 08 de febrero de 2012.75 Ibídem.
22mensual de las investigaciones adelantadas en la jurisdicción, entre ellas las de presuntohomicidio (con queja y sin queja), producto del consolidado de la información que serecibe de los 267 despachos judiciales”76.Si bien la respuesta de la Dirección de la Justicia penal militar es positiva en muchosaspectos, entre ellos, el reconocimiento que hace de que la Justicia penal militar no escompetente para tramitar casos de ejecuciones extrajudiciales, ésta resulta muy preocupanteal pretender desconocer que, en la práctica, presuntas ejecuciones extrajudiciales están enmanos de la Justicia penal militar, como lo reconocen la Fiscal General de la Nación y laAlta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Que la Direcciónafirme que “por sustracción de materia” no se hace seguimiento a tales casos, pareceindicar que dicha jurisdicción no está en condiciones o no está dispuesta a rendir cuentassobre el curso de esos procesos.De otra parte, como medidas tendientes a lograr más remisiones de casos por presuntoshomicidios en persona protegida de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción penalordinaria, el Estado colombiano da cuenta de la implementación de un Plan de Impulso enla Jurisdicción Penal Militar, a cargo de la dirección de la misma. Como resultado de dichoejercicio, el estado presenta las siguientes cifras 77:Para apoyar la institucionalización de este plan de impulso el Ministerio de Defensa, laFiscalía y la Procuraduría General de la Nación suscribieron un acuerdo conjunto el 13 dejunio de 2011 “con el fin de crear espacios de comunicación y diálogo entre la justiciapenal militar y la justicia ordinaria con acompañamiento del Ministerio Público para queen ejercicio de su autonomía e independencia y en lo posible se logre definir con mayorceleridad la competencia en aquéllos expedientes que tienen queja” 78.76 Ibídem.77 Ver informe del Estado Colombiano. Disponible en:http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.COL.CO.6.Add.1_sp.pdf, pág. 10.78 Ibídem, pág. 9.
23A través de un derecho de petición, la CCJ solicitó información al Ministerio de Defensa, laProcuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación sobre laimplementación de dicho acuerdo. Al respecto, solamente la Procuraduría General de laNación dio respuesta a través de la Procuradora delegada para el ministerio público enasuntos penales79.En dicha comunicación la Procuraduría informa que el acuerdo tripartito “se fundamenta enla necesidad de institucionalizar y fortalecer el Plan Piloto de Impulso, el diálogo ycomunicación entre las jurisdicciones ordinarias y penal militar, para lo cual seprofirieron ocho (8) instrucciones para determinar la competencia, facilitar y agilizarinvestigaciones y contribuir en la lucha contra la impunidad”80.La entidad no indica cuáles son dichas instrucciones. Sin embargo, afirma que las mismas“tienden a lograr la identificación de las investigaciones que corresponden a potencialesviolaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho InternacionalHumanitario, asimismo, detectar los casos de homicidios en persona protegida oagravado, de los cuales se afirma que probablemente fueron cometidos por Miembros de laFuerza Pública y sobre los cuales se tenga queja”.En la misma respuesta, se habla de la conformación de una Mesa Técnica “como órganoconsultor, el cual tiene como propósito facilitar un espacio de comunicación y análisisentre los funcionarios de las jurisdicciones ordinaria y penal militar con la intervencióndel Ministerio Público” 81. Esta mesa “podrá zanjar conflictos jurisdiccionales cuandoexista duda en cuanto al Juez Natural que corresponda, evitando dilaciones injustificadaspor múltiples conflictos de competencia en esta materia, lo que se evidencia como uninsumo favorable en la dinámica procesal. Bajo la misma línea ha de solventar asuntoscomo los homicidios agravados, de persona protegida y de aquellos casos yaarchivados”82.Se informa además que “en el ejercicio de las Mesas Técnicas se examinaron 531 casospor el presunto delito de homicidio y de los cuales 328 procesos fueron remitidos a laJusticia ordinaria, investigaciones con queja y sin queja. Por parte de ésta última lajusticia penal militar recibió 81 investigaciones”83. Vale la pena mencionar que en larespuesta no se da cuenta del estado de los 122 procesos restantes que no fueron remitidos aninguna de las jurisdicciones.En el mismo sentido, la Dirección Ejecutiva de la Justicia penal militar reitera, en respuestaa un derecho de petición solicitado por la CCJ, la presentación de estos resultados y serefiere a las actividades desarrolladas en el marco del acuerdo tripartito como “espacios deinterlocución que han permitido que los funcionarios judiciales de ambas jurisdiccionesdeterminen de común acuerdo su competencia en el conocimiento de algunas79 Oficio No. PDMP. 01182 del 02 de febrero de 2012.80 Ibídem.81 Ibídem.82 Ibídem.83 Ibídem.
24investigaciones por presunto homicidio, obviando en estos casos tener que recurrir atrabar conflicto de competencia ante el Consejo Superior de la Judicatura” 84.Es necesario advertir que la facultad de dirimir conflictos jurisdiccionales fue otorgadaconstitucionalmente al Consejo Superior de la Judicatura 85, por lo cual la atribución de lafacultad descrita anteriormente a esta mesa técnica es abiertamente inconstitucional y, en lamisma medida, sus resultados. El hecho de que se esté obviando el procedimiento paratrabar los conflictos de competencia resulta preocupante e injustificado. Este órganoconstituye un mecanismo alternativo producto de un exceso en la aplicación del principiode colaboración armónica entre las entidades del Estado, que estaría dando lugar a la fugade una competencia judicial radicada exclusivamente en el Consejo Superior de laJudicatura.Estos son los datos más relevantes de las respuestas recibidas por parte de la ProcuraduríaGeneral de la Nación y de la Justicia penal militar. Sin embargo, es necesario advertir lafalta de claridad de las mismas (como la señalada arriba frente a las cifras presentadas) y laausencia de una respuesta de fondo y completa a la información solicitada, por cuantoquedó pendiente información relacionada con los fundamentos jurídicos de las medidasadoptadas. 2.2.2. Actuación de los jueces penales militares frente a la remisión de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales a la jurisdicción penal ordinariaAlgunos jueces que han remitido casos de ejecuciones extrajudiciales a la justicia penalordinaria se han visto hostigados a través de traslados y presiones indebidas en el ejerciciode su labor, tal y como lo señala la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidaspara los Derechos Humanos en su informe de 2010: “Asimismo, de acuerdo coninformación recibida reiteradamente, las destituciones y traslados de algunos juecespenales militares podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria”86.Tal es el caso del juez penal militar Alexander Cortés Cárdenas 87, quien estuvo a cargo delJuzgado 94 de Instrucción Penal Militar, adscrito a la Brigada XVII de Carepa (Antioquia),a partir del año 200788 y quien remitió 24 investigaciones a la Dirección Seccional deFiscalías de Medellín y 31 a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la FiscalíaGeneral de la Nación en Bogotá, la mayoría de los cuales ocurrieron entre los años 1998 y2008. 12 de los hechos reportados ocurrieron durante su permanencia en el cargo. El84 Dirección de la Justicia Penal Militar, Oficio No. 10503/MDN-DEJPM-GDG-CE-22 del 08 de febrero de 2012.85 Artículo 256, numeral 6: le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura dirimir los conflictos decompetencia que ocurran entre las distintasjurisdicciones.86 ONU, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación delos derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, doc. A/HRC/16/22, párr. 26.87 El caso de este juez se reseña tomando como fuente el informe del CINEP: Deuda con la humanidad 2: 23 añosde Falsos Positivos (1988-2011), Págs. 283-284.88 “En el exilio juez penal militar por ‘desempolvar’ posibles archivos de ‘falsos positivos’”, periódico El Universal,en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/en-exilio-juez-militar-por-%E2%80%98desempolvar%E2%80%99-posibles-archivos-de-%E2%80%98falsos-positivos%E2%80%99-
25cambio en la Dirección Ejecutiva de la Justicia militar de la Abogada Luz Marina Gil por elCoronel Edgar Ávila comenzó a bloquear el trabajo del mencionado juez, hasta que fueenviado a Chiquinquirá (Boyacá) en el año 2009 y luego declarado insubsistente 89.Después de haber sido víctima de numerosas hostilidades y amenazas, fue obligado amarcharse al exilio. Los hostigamientos en su contra se llevaron a cabo durante lacomandancia en la Brigada XVII del Brigadier General Jorge Rodríguez Clavijo.El Brigadier General Jorge Rodríguez Clavijo asumió la comandancia de la Brigada XVIIen el mes de julio de 2007 90, en la cual ocurrieron muchos casos de ejecucionesextrajudiciales91. No obstante, en diciembre de 2009, el General Jorge Rodríguez Clavijo,fue designado como encargado de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa 92. En elmes de septiembre de 2011, el General Rodríguez Clavijo hacía parte del Estado MayorConjunto del Comando General de las Fuerzas Militares 93. 2.2.3. Medidas que van en contravía de la investigación de las violaciones de derechos humanos por parte de la jurisdicción penal ordinariaActualmente cursa una propuesta de acto legislativo en el Congreso de la República frente ala cual existen preocupaciones de cara a la investigación y juzgamiento de miembros de lafuerza pública involucrados en violaciones de derechos humanos por parte de la Justiciapenal militar.Dentro del proyecto de Reforma a la Justicia94, el gobierno incluyó una norma queestablece que en los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo,en medio operaciones militares y procedimientos de la policía nacional, “se presume larelación con el servicio”95. Esta norma, que tendría rango constitucional y que ya fue89 De acuerdo con la respuesta al derecho de petición recibida por parte de la Procuraduría General de la Nación el19 de enero de 2012, dentro de los procesos registrados contra jueces de la justicia penal militar hay unainvestigación disciplinaria activa en etapa de indagación preliminar contra un juez de instrucción penal militar porla presunta irregularidad en esta declaratoria de insubsistencia.90 “El Consejo distinguió al general J. Rodríguez C.”, Periódico El Mundo, en:http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=59857&anterior=1&paramdsdia=5&paramdsmes=06&paramdsanio=&cantidad=25&pag=489791 CINEP: Deuda con la humanidad 2: 23 años de Falsos Positivos (1988-2011), Pág. 284.92 Ejército Nacional, Escuela de Artillería, en: http://www.esart.mil.co/index.php?idcategoria=23664393 Ejército Nacional, comunicado de prensa, en: http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=31717894 Proyecto de Acto Legislativo N° 07 de Senado. Acumulado con los proyectos de acto legislativo números 9 de2011 Senado, 11 de 2011 Senado, 12 de 2011 Senado y 13 de 2011 Senado. “Por medio del cual se reformanartículos de la constitución política con relación a la administración de justicia y se dictan otras disposiciones”.95 Ibíd. Artículo 15°. El artículo 221 de la constitución política quedará así:Artículo 221. De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con elmismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del CódigoPenal Militar y Policial. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicioactivo o en retiro.En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública.Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia PenalMilitar y Policial.
26aprobada en el cuarto de ocho debates en el Congreso 96, desconocería el carácterexcepcional y limitado de la Justicia penal militar, e impondría mayores trabas a lasinvestigaciones en contra de militares por violaciones de derechos humanos y gravesinfracciones al derecho internacional humanitario.Preocupa específicamente que la razón principal de la mencionada modificación sea lapretensión de otorgar “seguridad jurídica” al estamento castrense “en el contexto de lasoperaciones militares que se realizan contra los grupos ilegales” 97. En últimas, lo que sepropone es impedir que este tipo de crímenes sean conocidos por la justicia penal ordinaria,al fortalecer las competencias de la Justicia penal militar, minando los mecanismos decontrol y desconociendo flagrante y ostensiblemente las obligaciones internacionales enmateria de derechos humanos contraídas por el Estado colombiano, así como lajurisprudencia reiterada y consolidada de las Altas Cortes nacionales e internacionales.Los defensores de la iniciativa han indicado que si bien la Justicia penal militar conocerá delos actos cometidos por miembros de la fuerza pública, en todo caso existirá la obligaciónde remitir a la Justicia ordinaria los casos sobre las violaciones de derechos humanos. Esteargumento, sin embargo, no es una garantía suficiente, por varias razones. Primero, porquelas mismas razones que ponen en duda la imparcialidad y la independencia de lasautoridades militares para el juzgamiento de violaciones de derechos humanos 98 tambiénestán presentes al momento de decidir sobre el traslado de un caso a la Justicia ordinaria, locual hace que las decisiones que se tomen sobre este asunto tampoco sean confiables.Segundo, porque la experiencia ha probado que no es cierto que las autoridades penalesmilitares envíen a la Justicia ordinaria los casos sobre violaciones a los derechoshumanos99. Y tercero, porque aun en los pocos casos en los que las autoridades militarestienen la intención de trasladar la competencia a la Justicia ordinaria ello no es siempreposible, debido a obstáculos que deben enfrentar los funcionarios, como por ejemplo el usode destituciones y traslados como represalias contra aquellos que han colaborado con laJusticia ordinaria 100.96 “Aprobado el fuero militar en la reforma a la justicia”, Caracol Noticias, 13 de diciembre de 2011,www.caracol.com.co97 “El país debe analizar la preocupación de la fuerza pública por su seguridad jurídica: mindefensa”, revistaSemana, 5 de octubre de 2011, www.semana.com.98 Según la Constitución, quienes integran la justicia penal militar son miembros activos o en retiro de la FuerzaPública (artículo 221). Debido a la jerarquía y a la subordinación que rige en dicho órgano, la posibilidad de losmiembros de la justicia penal militar de juzgar con independencia queda reducida o anulada. Además, laimparcialidad de las cortes militares para juzgar de manera adecuada violaciones a los derechos humanos tambiénes puesta en entredicho en un contexto donde las mismas Fuerzas Militares han sido responsables de tales actos. Ensus observaciones finales a Colombia de 1992 el Comité de Derechos Humanos sostuvo que “los tribunalesmilitares no parecen ser los más apropiados para la protección de los derechos de los ciudadanos en un contextodonde los militares mismos han violado tales derechos”; en Comité de Derechos Humanos, Observaciones finalesdel Comité de Derechos Humanos: Colombia. 25/09/1992. CCPR/C/79/Add.2, párr. 5.99 Adicionalmente, el 13 de junio de 2011 la ex Fiscal General de la Nación, Viviane “pidió a los jueces penalesmilitares permitir el traslado de investigaciones que se adelantan por violaciones a Derechos Humanos y DIH a lajusticia ordinaria” e informó: “la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía ha planteado 387 conflictosde competencia de los cuales 213 casos han sido asignados a nuestro conocimiento y 22 a la Justicia Penal Militar”.Ver: “¡Que no haya un solo crimen que quede impune!: Mindefensa”, revista Semana, 13 de junio de 2011, versiónelectrónica.100 “En el exilio juez penal militar por ‘desempolvar’ posibles archivos de ‘falsos positivos’”, periódico ElUniversal, 21 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/en-exilio-
27Permitir que la investigación y el juzgamiento de violaciones a los derechos humanosvuelvan a la Justicia penal militar sería un retroceso lamentable en materia de lucha contrala impunidad y un incumplimiento flagrante de obligaciones internacionales asumidas porColombia, que va en contravía de la recomendación general formulada por el RelatorEspecial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias que manifiestaexpresamente que “(e)n todos los casos de presuntos homicidios cometidos por las fuerzasde seguridad, el sistema de justicia penal civil debe tener jurisdicción” 101.Debido a múltiples críticas a dicha propuesta, el Gobierno anunció a mediados de febrerode 2012 decidió el “retiro del polémico artículo que ampliaba los alcances del fueromilitar en la reforma a la justicia”102 y la creación de una comisión asesora para la reformade la justicia penal militar que presentará, para el comienzo de la siguiente legislatura, unareforma integral a la justicia penal militar. Según declaraciones del Presidente Santos, conla medida se pretende que “se le den las garantías suficientes a la Fuerza Pública para queen todas sus operaciones tengan la seguridad que hay una justicia que los va a juzgarcuando cometan alguna situación anómala, o cuando cometan algún delito. Que se les va ajuzgar con absoluta claridad y con todas las garantías” 103.El contenido exacto de la nueva propuesta de reforma constitucional que presentará elGobierno no ha sido divulgado todavía. Sin embargo, a través de los medios decomunicación se han conocido algunos aspectos de la misma. El primero es que la“Constitución obligue al Congreso de la República a proferir una ley estatutaria donde‘claramente se armonice el tratado de los derechos humanos, el derecho internacionalhumanitario, con el derecho interno colombiano”104.Se añade que “se precisará que ‘el núcleo fuerte de protección de los derechos humanos’ ylos delitos o crímenes de lesa humanidad como el genocidio, la tortura, la desapariciónforzada, la ejecución extrajudicial, el desplazamiento y el abuso sexual, serán decompetencia de la justicia ordinaria y por ningún motivo de la justicia penal militar”105.Así, las imputaciones penales en casos de violaciones al derecho internacional de losjuez-militar-por-%E2%80%98desempolvar%E2%80%99-posibles-archivos-de-%E2%80%98falsos-positivos%E2%80%99-De acuerdo con la respuesta al derecho de petición recibida por parte de la Procuraduría General de la Nación el 19de enero de 2012, dentro de los procesos registrados contra jueces de la justicia penal militar hay una investigacióndisciplinaria activa en etapa de indagación preliminar contra un juez de instrucción penal militar por la presuntairregularidad en esta declaratoria de insubsistencia.101 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Philip Alston, relativoa su Misión a Colombia (8 a 18 de junio de 2009), Naciones Unidas, doc. A/HRC/14/24/Add.2, 31 marzo de 2010,recomendación 89.102 “’Reglas claras’ al conflicto armado, principal objetivo de reforma a justicia militar”, revista Semana, 01 demarzo de 2012. Disponible en: http://www.semana.com/politica/reglas-claras-conflicto-armado-principal-objetivo-reforma-justicia-militar/173029-3.aspx103 “Gobierno anunció retiro del fuero militar de la reforma a la justicia”, Eluniversal.com.co, Cartagena, febrero 19 de2012, vínculo: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/gobierno-anuncio-retiro-del-fuero-militar-de-la-reforma-la-justicia-65566104 “’Reglas claras’ al conflicto armado, principal objetivo de reforma a justicia militar”, revista Semana, 01 demarzo de 2012. Disponible en: http://www.semana.com/politica/reglas-claras-conflicto-armado-principal-objetivo-reforma-justicia-militar/173029-3.aspx.105 Ibídem.
28derechos humanos tendrían que tener una lectura especial en casos de conflicto armado y,adicionalmente, “las infracciones al derecho internacional humanitario, con excepción delos delitos antes mencionados, serían competencia de la justicia penal militar”106.Otro aspecto contenido en la propuesta es la creación de una “comisión mixta” demiembros de la policía judicial de la jurisdicción ordinaria así como de la Justicia penalmilitar. Los integrantes de esta comisión “deberán establecer, en primera instancia, cuál esla competencia para determinado proceso contra miembros de la fuerza pública”107. Seadvierte, nuevamente, en este punto, la fuga de la competencia judicial para definir cuál esla jurisdicción competente para investigar los hechos que puedan constituir delitos, por locual esta propuesta sería inconstitucional.2.3. El cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Relator Especial sobreejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales después de su misión a Colombia en2009La Comisión Colombiana de Juristas reitera el incumplimiento de las obligaciones por partedel Estado colombiano en cuanto a las recomendaciones emitidas por el Relator Especialsobre ejecuciones sumarias, arbitrarias o extrajudiciales después de su misión a Colombiaen 2009 en un informe elaborado en febrero de 2012 108.3. Recomendación 16 “El Comité nota que varios funcionarios, entre ellos varios ex directores, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia dependiente de la Presidencia de la Republica, están siendo investigados por actividades ilegales de seguimiento, realizado de manera sistemática desde 2003 contra organizaciones internacionales y regionales, defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Al Comité le preocupa el seguimiento y las amenazas que han sufrido magistrados de la Corte Suprema de Justicia por agentes de inteligencia. El Comité nota que el Presidente ha ordenado el cierre del DAS y la creación de una nueva agencia de inteligencia (Artículo 19). El Estado parte debe crear sólidos sistemas de control y supervisión sobre los organismos de inteligencia y crear un mecanismo nacional de depuración de los archivos de inteligencia, en consulta con víctimas y organizaciones interesadas, y en coordinación con la Procuraduría General de la Nación. El Estado debe investigar, juzgar y condenar adecuadamente a todas las personas responsables de los delitos indicados”.106 Ibídem.107 Ibídem.108 Comisión Colombiana de Juristas, Informe de seguimiento a las recomendaciones del Relator Espercial sobreEjecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias. 16 de Febrero de 2012. Disponible en:http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/inf_2012_n1.pdf

References: artículo 40
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 artículo 22
 artículo 4
 artículo 33
 artículo 22
 Artículo 50
 artículo 17
 artículo7232
 Artículo 72
 artículo 72
 artículo 3
 artículo 1
 Artículo 256
 Artículo 15
 artículo 221