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Timestamp: 2017-03-27 18:22:54+00:00

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Los textos únicos de procedimientos administrativos en el Perú - Ilustrados!
Los textos únicos de procedimientos administrativos en el Perú
Resumen: Los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos –TUPA- son los instrumentos mediante los cuales se unifican y simplifican todos los procedimientos y trámites administrativos que se siguen antes los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Publica, ya sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 2,738 visitas Rating: Tell a Friend
Autor: Edward Percy Vargas Valderrama INDICE:
1.	LOS TEXTOS UNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
2.	CONTENIDO DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
3.	DEL REQUISITO DE LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TEXTO UNICO ADMINISTRATIVO.
4.	VIGENCIA DE LA NORMA.
5.	MODIFICACIONES DEL TUPA
6.	LÍMITE DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN.
7.	ENTIDADES PUBLICAS QUE NO CUENTAN CON TEXTOS UNICOS DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
8.	ANTECEDENTES NORMATIVOS Y ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA.
9.	BIBLIOGRAFIA 1.	LOS TEXTOS UNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Los Textos Unicos de Procedimientos Administrativos –TUPA- son los instrumentos mediante los cuales se unifican y simplifican todos los procedimientos y trámites administrativos que se siguen antes los ministerios, instituciones y organismos públicos, y otras entidades de la Administración Publica, ya sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales, tal como lo dispone el artículo 47 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Por ello cada entidad pública deberá aprobar su TUPA, debiendo constar en éste todos los trámites y procedimientos que se realicen en ella, la descripción clara de los requisitos que los particulares deben cumplir para llevarlos a cabo, los costos que implica la realización de cada procedimiento y la calificación del procedimiento.
El Texto Único de Procedimientos Administrativos, deberá comprender:
6. Las vías de recepción adecuadas para acceder a los procedimientos contenidos en el TUPA, de acuerdo a la normatividad que regula la acumulación de solicitudes, recepción documental, presentación mediante correo certificado, etc.
El TUPA también incluirá la relación de aquellos servicios prestados en exclusividad por las entidades, cuando el administrado no tiene posibilidad de obtenerlos acudiendo a otro lugar o dependencia. 3.	DEL REQUISITO DE LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DEL TEXTO UNICO ADMINISTRATIVODE LA APROBACIÓN
El Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) es aprobado por Decreto Supremo del sector, por la norma de máximo nivel de las autoridades regionales, por Ordenanza Municipal, o por Resolución del Titular de organismo constitucionalmente autónomo, según el nivel de gobierno respectivo.
Cada 2 (dos) años, las entidades están obligadas a publicar el íntegro del TUPA, bajo responsabilidad de su titular; sin embargo, podrán hacerlo antes, cuando consideren que las modificaciones producidas en el mismo lo ameriten. El plazo se computará a partir de la fecha de la última publicación del mismo.
Aplicando lo previsto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento General, respecto a la aplicación especifica de las normas, tratándose de la publicación de las Ordenanzas municipales, rige lo previsto en el artículo 44 de la ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972, por ello: :
1.- Se publican en el diario oficial el Peruano en caso de las municipalidades distritales y provinciales del departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao.
2.- En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con tales publicaciones, o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad.
3.- En los carteles municipales impresos fijados en lugar visible y en locales municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.
4.- En los portales electrónicos, en los lugares en que existan. 4	VIGENCIA DE LA NORMA
Una vez aprobado el TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución Ministerial del Sector, Norma Regional de rango equivalente o Decreto de Alcaldía, o por Resolución del Titular del Organismo Autónomo conforme a la Constitución, según el nivel de gobierno respectivo. Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública.
6.	LÍMITE DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad.
Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento.
La forma de cancelación de los derechos de tramitación es establecida en el TUPA institucional, debiendo tender a que el pago a favor de la entidad pueda ser realizado mediante cualquier forma dineraria que permita su constatación, incluyendo abonos en cuentas bancarias o transferencias electrónicas de fondos.
7.	ENTIDADES PUBLICAS QUE NO CUENTAN CON TEXTOS UNICOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Cuando la entidad pública no cumpla con publicar su Texto Único de Procedimientos Administrativos, o lo publique omitiendo procedimientos, los administrados, sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad de la autoridad infractora, quedan sujetos al siguiente régimen:
Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.
8.	ANTECEDENTES NORMATIVOS Y ASPECTOS LEGALES A TENER EN CUENTA La ley marco para el crecimiento de la inversiòn privada, Decreto Legislativo Nro. 757, estableció que los TUPAS son los instrumentos mediante los cuales se unifican y simplifican todos los procedimientos y trámites administrativos que se siguen ante los ministerios, instituciones y organismos públicos y otras entidades de la administración pública, ya sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o Locales. Su reglamento contenido en el Decreto Supremo 94-92-PCM, establecía que las Municipalidades Distritales no son competentes para aprobar sus propios TUPA, por ello debìan remitirlos al tìtular de la Municipallidad Provincial.
El Decreto Legislativo Nro. 757, fue modificado por la Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por su sexta Disposición Final y Complementaria. La Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artìculo Tercero, señala la obligatoriedad de las entidades de la administración pública para adecuar sus TUPAS, en el plazo de 4 meses de la entrada en vigencia de la Ley (esta Ley entro en vigencia el 21 de setiembre del 2001), por lo tanto las entidades tenían hasta 21 de enero del 2002 para adecuar sus TUPAS.
En el supuesto caso que alguna entidad no hubiere cumplido con éste requisito, este se encontraría subsanado si con fecha posterior lo hubiere hecho.
Ahora bien la Ley 27444, no señala como requisito que el TUPA sea ratificado, no debemos olvidar que lo que se ratifica son las tasas con contenido tributario, que se encuentran incluìdas dentro del TUPA, (art. 40 de la Ley 27972) .
Artículos pertinentes de la Ley 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General.
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor.
Artículo 41.- Documentos
41.1. Para el cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos administrativos, las entidades están obligadas a recibir los siguientes documentos e informaciones en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio:
Artículo 44.- Derecho de tramitación
44.1. Procede establecer derechos de tramitación en los procedimientos administrativos, cuando su tramitación implique para la entidad la prestación de un servicio específico e individualizable a favor del administrado, o en función del costo derivado de las actividades dirigidas a analizar lo solicitado; salvo en los casos en que existan tributos destinados a financiar directamente las actividades de la entidad. Dicho costo incluye los gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura asociada a cada procedimiento.
44.2 Son condiciones para la procedencia de este cobro: que la entidad esté facultada para exigirlo por una norma con rango de ley y que esté consignado en su vigente Texto Único de Procedimientos Administrativos.
44.3 No procede establecer cobros por derecho de tramitación para procedimientos iniciados de oficio, ni en aquellos en los que son ejercidos el derecho de petición graciable o el de denuncia ante la entidad por infracciones funcionales de sus propios funcionarios o que deban ser conocidas por las Oficinas de Auditoría Interna.
Artículo 45.- Límite de los derechos de tramitación 45.1 El monto del derecho de tramitación es determinado en función al importe del costo que su ejecución genera para la entidad por el servicio prestado durante toda su tramitación y, en su caso, por el costo real de producción de documentos que expida la entidad. Su monto es sustentado por el funcionario a cargo de la oficina de administración de cada entidad.
45.2 Las entidades no pueden establecer pagos diferenciados para dar preferencia o tratamiento especial a una solicitud distinguiéndola de las demás de su mismo tipo, ni discriminar en función al tipo de administrado que siga el procedimiento.
Artículo 46.- Cancelación de los derechos de tramitación
Artículo 47.- Reembolso de gastos administrativos
47.1 Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.
La Presidencia del Consejo de Ministros tendrá a su cargo garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el presente capítulo en todas las entidades de la administración pública, sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión de Acceso al Mercado del Instituto
Nacional de la Competencia y Defensa de la Propiedad Intelectual, en el Artículo 26 BIS del Decreto Ley Nº 25868 y en el Artículo 61 del Decreto Legislativo Nº 776 para conocer y resolver denuncias que los ciudadanos o agentes económicos le formulen sobre el tema.
Sin embargo, cuando en un asunto de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, la presunta barrera burocrática ha sido establecida por un decreto supremo o resolución ministerial, el INDECOPI elevará un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros para su elevación al Consejo de Ministros, el cual deberá necesariamente resolver lo planteado en el plazo de 30 (treinta) días. Igual caso se aplicará cuando la presunta barrera burocrática se encuentre establecida en una Ordenanza Municipal, debiendo elevar, en este caso, el informe al Concejo Municipal, para que resuelva legalmente en el plazo de 30 (treinta) días. La Presidencia del Consejo de Ministros está facultada para:
1. Asesorar a las entidades en materia de simplificación administrativa y evaluar de manera permanente los procesos de simplificación administrativa al interior de las entidades, para lo cual
podrá solicitar toda la información que requiera de éstas.
2. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.
3. Detectar los incumplimientos a las normas de la presente Ley y recomendar las modificaciones que considere pertinentes, otorgando a las entidades un plazo perentorio para la subsanación.
5. Detectar los casos de duplicidad de los procedimientos administrativos en las distintas entidades y proponer las medidas necesarias para su corrección.
6. Dictar Directivas de cumplimiento obligatorio tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas de la presente Ley.
8. Establecer los mecanismos para la recepción de denuncias y otros mecanismos de participación de la ciudadanía. Cuando dichas denuncias se refieran a asuntos de la competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, se inhibirá de conocerlas y las remitirá directamente a ésta.
9. Aprobar el acogimiento de las entidades al régimen de excepción para el establecimiento de derechos de tramitación superiores a una (1) UIT.
10. Otras que señalen los dispositivos correspondientes.
Mediante decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros se dictarán las medidas reglamentarias y complementarias para la implementación de lo dispuesto en el presente artículo.
1. Respecto de los procedimientos administrativos que corresponde ser aprobados automáticamente, los administrados quedan liberados de la exigencia de iniciar ese procedimiento para obtener la autorización previa, para realizar su actividad profesional, social, económica o laboral, sin ser pasibles de sanciones por el libre desarrollo de tales actividades. La suspensión de
esta prerrogativa de la autoridad concluye a partir de la publicación del TUPA, sin efecto retroactivo.
9.	BIBLIOGRAFIA ·	ANACLETO GUERRERO,Victor. “Guía de Procedimientos Administrativos”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Perú. 2004.
·	MORON URBINA, Juan Carlos. “Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General”. Editorial Gaceta Jurídica. Lima. Perú. 2001. ·	DANOS, Jorge y otros. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General”. Editorial ARA Editores. Lima. Perú. Julio 2003.
·	DEFENSORIA DEL PUEBLO. “Descentralización y Buen Gobierno: Compendio de Normas. Lima Febrero 2005. Autor:
Email: lalovargas1968@hotmail.com
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References: artículo 47
 artículo 47
 Resolución 
 artículo 44
 Resolución 
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Artículo 41

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 Artículo 26
 Artículo 61
 resolución