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Timestamp: 2017-12-11 20:44:29+00:00

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B.O.E. Nº 260 de 28/10/2004
Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario.
El rÃ©gimen sancionador tributario ha sido objeto de una profunda reforma con la promulgaciÃ³n de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y por ello resulta imprescindible la renovaciÃ³n de las normas que constituyen el desarrollo reglamentario de esta materia, dado que la normativa hasta ahora vigente, integrada fundamentalmente por el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el rÃ©gimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento general de la inspecciÃ³n de los tributos, no se correspondÃ­a con la diferente estructura y sistemÃ¡tica del nuevo rÃ©gimen sancionador que incorpora la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
El nuevo rÃ©gimen sancionador se caracteriza fundamentalmente por los siguientes aspectos:
a) La separaciÃ³n conceptual entre deuda tributaria y sanciÃ³n tributaria.
b) La aplicaciÃ³n de los principios generales en materia sancionadora consagrados en la ConstituciÃ³n y en las normas generales de derecho administrativo, entre los que destacan el de legalidad, tipicidad, responsabilidad, presunciÃ³n de inocencia, proporcionalidad, no concurrencia e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
c) La nueva tipificaciÃ³n de las infracciones, que adopta la clasificaciÃ³n tripartita de infracciones leves, graves y muy graves de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
d) La introducciÃ³n de nuevas reducciones de las sanciones para los supuestos de actas con acuerdo y de pago sin recurso de la sanciÃ³n.
e) La especial relevancia otorgada al aspecto subjetivo de la infracciÃ³n, de modo que, en tÃ©rminos generales, la calificaciÃ³n de una infracciÃ³n como grave requiere la existencia de ocultaciÃ³n, y la calificaciÃ³n como muy grave requiere la concurrencia de medios fraudulentos, como expresiones especÃ­ficas del Ã¡nimo fraudulento en materia tributaria.
f) Y el incremento de la seguridad jurÃ­dica, de forma que se ha tratado de reducir el grado de discrecionalidad administrativa en la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen sancionador.
Para lograr este objetivo se han revisado los criterios necesarios para la cuantificaciÃ³n exacta de la sanciÃ³n y se han incluido en el texto legal las reglas para su aplicaciÃ³n. Con esta reforma y con la nueva clasificaciÃ³n tripartita de las infracciones se han conseguido reducir los intervalos previstos en el rÃ©gimen anterior para el cÃ¡lculo de algunas sanciones.
Estas dos Ãºltimas circunstancias mencionadas condicionan el desarrollo reglamentario del nuevo rÃ©gimen sancionador, puesto que las necesidades son muy diferentes de las que existÃ­an bajo la normativa que ahora se deroga. En efecto, el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, asÃ­ como su precedente, el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias, tenÃ­a como objetivo fundamental, ademÃ¡s de establecer las necesarias normas procedimentales, concretar los intervalos que establecÃ­a la anterior Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, para la cuantificaciÃ³n de las sanciones.
En cambio, la norma reglamentaria que ahora se aprueba responde a una finalidad diferente, ya que, como se ha indicado, en el nuevo rÃ©gimen sancionador establecido por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, es la propia ley la que determina en la mayorÃ­a de los casos la cuantÃ­a exacta de la sanciÃ³n que procede para cada infracciÃ³n tributaria. Por tanto, la necesidad de la norma reglamentaria se centra en establecer las fÃ³rmulas de cÃ¡lculo necesarias para la correcta aplicaciÃ³n de determinados conceptos legales con arreglo a la nueva sistemÃ¡tica empleada, ademÃ¡s de regular el necesario desarrollo del procedimiento sancionador.
La nueva Ley General Tributaria configura como eje central de las infracciones que generan perjuicio econÃ³mico el elemento subjetivo concurrente en cada caso, concretado bÃ¡sicamente en la ocultaciÃ³n y en los medios fraudulentos. Para la aplicaciÃ³n del nuevo rÃ©gimen se establece como regla fundamental la calificaciÃ³n unitaria de la infracciÃ³n, de modo que, tal y como resulta del artÃ­culo 184 de la ley, cuando en una determinada regularizaciÃ³n se aprecie simultÃ¡neamente la concurrencia de ocultaciÃ³n, medios fraudulentos o cualquier otra circunstancia determinante de la calificaciÃ³n de la infracciÃ³n, se analizarÃ¡ la incidencia que cada una de estas circunstancias tiene sobre la base de la sanciÃ³n a efectos de determinar la calificaciÃ³n de la infracciÃ³n como leve, grave o muy grave. Una vez calificada, la infracciÃ³n se considerarÃ¡ Ãºnica y el porcentaje de sanciÃ³n que corresponda se aplicarÃ¡ sobre toda la base de la sanciÃ³n.
La incidencia de cada circunstancia se mide en forma de relaciones o proporciones entre diversas magnitudes, cuya concreciÃ³n y forma de cÃ¡lculo trata de resolver esta norma reglamentaria, para reducir los mÃ¡rgenes de la actuaciÃ³n administrativa en el cÃ¡lculo de las sanciones.
Ello resulta especialmente necesario teniendo en cuenta la casuÃ­stica propia de un rÃ©gimen sancionador, dado que en una misma regularizaciÃ³n, ademÃ¡s de los incrementos de tributaciÃ³n que determinan la infracciÃ³n, pueden existir tambiÃ©n partidas que determinan una mayor deuda tributaria pero que no son objeto de sanciÃ³n.
En relaciÃ³n con las infracciones que no conllevan perjuicio econÃ³mico para la Hacienda pÃºblica y consisten esencialmente en el incumplimiento de deberes u obligaciones formales, el desarrollo reglamentario contiene reglas que intentan aclarar la incompatibilidad de determinados tipos infractores de acuerdo con el principio de no concurrencia de sanciones tributarias establecido en el artÃ­culo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El capÃ­tulo III del reglamento que se aprueba constituye el desarrollo de las normas sobre procedimiento sancionador previstas en los artÃ­culos 207 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En esta regulaciÃ³n, la novedad mÃ¡s destacada estÃ¡ constituida por la nueva configuraciÃ³n del derecho a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador como un derecho renunciable por parte de los interesados en un procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos.
De acuerdo con ello, este capÃ­tulo queda estructurado en cuatro secciones. Una primera relativa a disposiciones generales; otras dos secciones dedicadas, respectivamente, a la tramitaciÃ³n separada y conjunta del procedimiento sancionador, y una Ãºltima secciÃ³n relativa a la ejecuciÃ³n de las sanciones.
Dentro de la tramitaciÃ³n separada, las modificaciones mÃ¡s importantes respecto al contenido que sobre esta materia establecÃ­a el Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, afectan al trÃ¡mite de resoluciÃ³n del procedimiento, ya que se prevÃ© que el Ã³rgano competente para resolver pueda ordenar la ampliaciÃ³n de actuaciones y rectificar la propuesta de resoluciÃ³n. Asimismo, debe destacarse que se incorporan al Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario las normas especiales relativas a los procedimientos sancionadores tramitados por los Ã³rganos de inspecciÃ³n de los tributos y que en el rÃ©gimen anterior se ubicaban en el citado Reglamento general de la inspecciÃ³n de los tributos.
En cuanto a la tramitaciÃ³n conjunta de los procedimientos, el artÃ­culo 208 de la ley distingue dos supuestos claramente diferenciados, con una especÃ­fica habilitaciÃ³n reglamentaria a efectos de que se regule la tramitaciÃ³n conjunta de forma coherente con la naturaleza propia de cada supuesto. AsÃ­, en el supuesto de actas con acuerdo, no es precisa la iniciaciÃ³n, tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n de un procedimiento sancionador separado, de modo que la sanciÃ³n se impone, en su caso, en el propio acto resolutorio del procedimiento de inspecciÃ³n.
Ello encuentra su justificaciÃ³n en la especial naturaleza de esta forma de conclusiÃ³n del procedimiento, como vÃ­a absolutamente voluntaria para el interesado.
En cambio, en los demÃ¡s supuestos de renuncia que establece el artÃ­culo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se prevÃ© la iniciaciÃ³n y terminaciÃ³n especÃ­fica del procedimiento sancionador y su tramitaciÃ³n conjunta con el procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos. Al establecerse la notificaciÃ³n conjunta de las propuestas de resoluciÃ³n de ambos procedimientos, el obligado podrÃ¡ ejercer las distintas opciones que le otorga el ordenamiento jurÃ­dico en esta materia. De esta forma, se respetan las garantÃ­as del obligado tributario y, a la vez, se permite que el curso de los distintos actos de finalizaciÃ³n de ambos procedimientos pueda ser diferente, dados los diferentes efectos que la ley establece para la interposiciÃ³n de recursos y reclamaciones contra la liquidaciÃ³n y la sanciÃ³n.
Se introduce un capÃ­tulo de disposiciones especiales donde se regula la imposiciÃ³n de sanciones no pecuniarias y las actuaciones en materia de delitos contra la Hacienda pÃºblica.
Finalmente, se incluyen tres disposiciones adicionales, una disposiciÃ³n transitoria y una disposiciÃ³n final.
En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, con la aprobaciÃ³n previa del Ministro de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 15 de octubre de 2004,
ArtÃ­culo Ãºnico. AprobaciÃ³n del Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario.
Se aprueba el Reglamento general del rÃ©gimen sancionador tributario, cuyo texto se inserta a continuaciÃ³n.
DisposiciÃ³n transitoria primera. AplicaciÃ³n retroactiva del nuevo rÃ©gimen sancionador tributario.
1. El reglamento aprobado por este real decreto serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que su aplicaciÃ³n resulte mÃ¡s favorable para el sujeto infractor y la sanciÃ³n impuesta no haya adquirido firmeza, segÃºn lo dispuesto en el apartado 1 de su disposiciÃ³n transitoria cuarta.
El reglamento aprobado por este real decreto serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las infracciones tributarias cometidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con anterioridad a la entrada en vigor del reglamento aprobado por este real decreto, siempre que la sanciÃ³n impuesta no haya adquirido firmeza.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, las normas sobre procedimiento previstas en los capÃ­tulos III y IV del reglamento que se aprueba por este real decreto serÃ¡n de aplicaciÃ³n a todos los procedimientos sancionadores que se inicien a partir de su entrada en vigor, cualquiera que sea el rÃ©gimen sancionador aplicable.
2. A efectos de aplicar el rÃ©gimen mÃ¡s favorable, se tendrÃ¡ en cuenta el importe final de la sanciÃ³n despuÃ©s de la aplicaciÃ³n, en su caso, de la reducciÃ³n por acuerdo o conformidad, sin considerar la eventual aplicaciÃ³n de la reducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
En los supuestos de sanciones derivadas de actas con acuerdo se considerarÃ¡, a efectos de comparaciÃ³n, que en el rÃ©gimen sancionador previsto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, hubiera sido de aplicaciÃ³n la reducciÃ³n por conformidad.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AplicaciÃ³n transitoria del criterio de graduaciÃ³n de comisiÃ³n repetida de infracciones tributarias.
1. A efectos de aplicar el criterio de graduaciÃ³n de comisiÃ³n repetida de infracciones tributarias, cuando se trate de sanciones firmes en vÃ­a administrativa que hayan sido impuestas en aplicaciÃ³n del rÃ©gimen sancionador previsto en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se considerarÃ¡ como antecedente el hecho de que el sujeto infractor hubiera sido sancionado anteriormente por una infracciÃ³n de la misma naturaleza, que tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de leve a efectos de lo previsto en el artÃ­culo 187.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderÃ¡ que las infracciones previstas en el artÃ­culo 79.a), b) y c) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, son de la misma naturaleza que las previstas en los artÃ­culos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. La infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 78.1.a) de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, se considerarÃ¡ de la misma naturaleza que la prevista en el artÃ­culo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. AplicaciÃ³n transitoria de la reducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. La reducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aplicarÃ¡ a todas las sanciones cuyo ingreso en periodo voluntario se haya efectuado a partir de la entrada en vigor de dicha ley, cualquiera que sea el rÃ©gimen sancionador aplicado, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artÃ­culo 188.3 y en la disposiciÃ³n transitoria tercera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. La reducciÃ³n prevista en el artÃ­culo 188.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, tambiÃ©n se aplicarÃ¡ a las sanciones que hubiesen sido recurridas antes de la entrada en vigor de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que concurran las dos siguientes circunstancias:
a) Que se desista antes del 31 de diciembre de 2004 del recurso o reclamaciÃ³n interpuesto contra la sanciÃ³n y contra la liquidaciÃ³n de la que, en su caso, hubiera derivado la sanciÃ³n, y
b) Que se efectÃºe el ingreso del importe restante de la sanciÃ³n con anterioridad a que finalice el plazo de pago establecido en el artÃ­culo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Dicho plazo se iniciarÃ¡ el dÃ­a siguiente al de la notificaciÃ³n de la comunicaciÃ³n que efectÃºe el Ã³rgano competente una vez haya recibido el acuerdo del Ã³rgano administrativo, econÃ³mico-administrativo o el auto judicial de archivo de actuaciones. A dicha comunicaciÃ³n se adjuntarÃ¡ carta de pago por el importe restante de la sanciÃ³n.
a) El Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiembre, por el que se desarrolla el rÃ©gimen sancionador tributario y se introducen las adecuaciones necesarias en el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento general de la inspecciÃ³n de los tributos.
b) Los artÃ­culos 63 bis, 63 ter, 63 quÃ¡ter y 66 del Reglamento general de la inspecciÃ³n de los tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el \&quot;BoletÃ­n Oficial del Estado\&quot;.
[encabezado]REGLAMENTO GENERAL DEL RÃGIMEN SANCIONADOR TRIBUTARIO
ArtÃ­culo 2. Efectos de la regularizaciÃ³n voluntaria en el orden sancionador.
CapÃ­tulo II. Las infracciones y sanciones tributarias.
SecciÃ³n 1.Âª CalificaciÃ³n de las infracciones tributarias.
ArtÃ­culo 3. CalificaciÃ³n unitaria de la infracciÃ³n.
ArtÃ­culo 4. Circunstancias determinantes de la calificaciÃ³n de una infracciÃ³n.
SecciÃ³n 2.Âª CuantificaciÃ³n de las sanciones tributarias.
ArtÃ­culo 5. ComisiÃ³n repetida de infracciones tributarias.
ArtÃ­culo 6. Incumplimiento sustancial de la obligaciÃ³n de facturaciÃ³n o documentaciÃ³n.
ArtÃ­culo 7. Conformidad del obligado tributario.
SecciÃ³n 3.Âª Normas especiales para determinadas infracciones y sanciones tributarias.
SubsecciÃ³n 1.Âª CÃ¡lculo de la sanciÃ³n en los supuestos de infracciones previstas en los artÃ­culos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ArtÃ­culo 8. CÃ¡lculo de la base de la sanciÃ³n en los supuestos de infracciones previstas en los artÃ­culos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ArtÃ­culo 9. CÃ¡lculo de la incidencia sobre la base de la sanciÃ³n de las circunstancias determinantes de la calificaciÃ³n de una infracciÃ³n.
ArtÃ­culo 10. CÃ¡lculo de la incidencia de la ocultaciÃ³n.
ArtÃ­culo 11. CÃ¡lculo de la incidencia de la llevanza incorrecta de libros o registros.
ArtÃ­culo 12. CÃ¡lculo de la incidencia de la utilizaciÃ³n de facturas, justificantes o documentos falsos o falseados.
SubsecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la delimitaciÃ³n y cuantificaciÃ³n de otras infracciones y sanciones tributarias.
ArtÃ­culo 13. InfracciÃ³n tributaria por determinar o acreditar improcedentemente partidas positivas o negativas o crÃ©ditos tributarios aparentes.
ArtÃ­culo 14. InfracciÃ³n tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio econÃ³mico.
ArtÃ­culo 15. InfracciÃ³n tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio econÃ³mico o contestaciones a requerimientos individualizados de informaciÃ³n.
ArtÃ­culo 16. InfracciÃ³n tributaria por incumplir obligaciones contables y registrales.
ArtÃ­culo 17. InfracciÃ³n tributaria por incumplir obligaciones de facturaciÃ³n o documentaciÃ³n.
ArtÃ­culo 18. InfracciÃ³n tributaria por resistencia, obstrucciÃ³n, excusa o negativa a las actuaciones de la AdministraciÃ³n tributaria.
ArtÃ­culo 19. InfracciÃ³n tributaria por incumplir la obligaciÃ³n de entregar el certificado de retenciones o ingresos a cuenta.
CapÃ­tulo III. Procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 20. AtribuciÃ³n de las competencias en el procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 21. Procedimiento para la imposiciÃ³n de sanciones tributarias.
SecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 22. IniciaciÃ³n del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 23. InstrucciÃ³n del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 24. ResoluciÃ³n del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 25. Especialidades en la tramitaciÃ³n separada de procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspecciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª TramitaciÃ³n conjunta con el procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos.
SubsecciÃ³n 1.Âª Renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 26. Ejercicio del derecho de renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador.
ArtÃ­culo 27. TramitaciÃ³n y resoluciÃ³n del procedimiento sancionador en caso de renuncia.
SubsecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la imposiciÃ³n de sanciones en el supuesto de actas con acuerdo.
ArtÃ­culo 28. TramitaciÃ³n conjunta en el supuesto de actas con acuerdo.
SecciÃ³n 4.Âª EjecuciÃ³n de las sanciones.
ArtÃ­culo 29. SuspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de las sanciones.
CapÃ­tulo IV. Disposiciones especiales.
SecciÃ³n 1.Âª ImposiciÃ³n de sanciones tributarias no pecuniarias.
ArtÃ­culo 30. Sanciones tributarias no pecuniarias.
ArtÃ­culo 31. Especialidades en la tramitaciÃ³n de procedimientos sancionadores para la imposiciÃ³n de sanciones no pecuniarias.
SecciÃ³n 2.Âª Actuaciones en materia de delitos contra la Hacienda pÃºblica.
ArtÃ­culo 32. Actuaciones en supuestos del delito previsto en el artÃ­culo 305 del CÃ³digo Penal.
ArtÃ­culo 33. Actuaciones en supuestos de otros delitos contra la Hacienda pÃºblica.
DisposiciÃ³n adicional primera. Ãrganos equivalentes de las comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla o de las entidades locales.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Expedientes sancionadores relativos al Impuesto sobre el Patrimonio.
DisposiciÃ³n adicional tercera. AplicaciÃ³n de las infracciones previstas en los artÃ­culos 170.dos.4.Âº de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y en el artÃ­culo 63.5 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
DisposiciÃ³n transitoria Ãºnica. AplicaciÃ³n transitoria de la renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora regulada en el tÃ­tulo IV de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se ajustarÃ¡ a las normas de procedimiento y demÃ¡s disposiciones de desarrollo contenidas en este reglamento.
2. Lo dispuesto en este reglamento tambiÃ©n se aplicarÃ¡ en el Ã¡mbito de competencia normativa del Estado, de forma supletoria y en aquello en que resulte procedente, a la imposiciÃ³n de sanciones tributarias distintas de las establecidas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Este reglamento resultarÃ¡ aplicable en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
ArtÃ­culo 2. RegularizaciÃ³n voluntaria en el orden sancionador.
A efectos de lo previsto en el artÃ­culo 179.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se entenderÃ¡ por regularizaciÃ³n voluntaria la efectuada antes de la notificaciÃ³n de un requerimiento para el cumplimiento de la obligaciÃ³n tributaria o de la notificaciÃ³n del inicio de un procedimiento de comprobaciÃ³n o investigaciÃ³n o de un procedimiento sancionador.
SecciÃ³n 1.Âª CalificaciÃ³n de las infracciones tributarias
1. Cada infracciÃ³n tributaria se calificarÃ¡ de forma unitaria como leve, grave o muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en este capÃ­tulo y conforme al resultado de analizar globalmente la conducta realizada en relaciÃ³n con la infracciÃ³n, salvo en el supuesto previsto en el artÃ­culo 191.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; en tal caso, la infracciÃ³n serÃ¡ siempre leve, cualquiera que sean las circunstancias que concurran en la conducta del sujeto infractor.
2. Cuando en un mismo procedimiento de verificaciÃ³n de datos, comprobaciÃ³n limitada o inspecciÃ³n se comprueben varios periodos impositivos o de liquidaciÃ³n, se considerarÃ¡, a efectos de su calificaciÃ³n, que existe una infracciÃ³n, en relaciÃ³n con cada uno de los distintos supuestos de infracciÃ³n tipificados por la ley, por cada tributo y periodo objeto del procedimiento.
Cuando se trate de infracciones relativas a tributos sin periodo impositivo ni periodo de liquidaciÃ³n o a hechos u operaciones cuya declaraciÃ³n no sea periÃ³dica, se considerarÃ¡ que existe una infracciÃ³n por cada obligaciÃ³n tributaria que derive de cada uno de los hechos u operaciones sujetos al tributo.
Cuando se trate de infracciones consistentes en el incumplimiento de obligaciones formales, se considerarÃ¡ que existe una infracciÃ³n por cada incumplimiento.
3. Cuando en relaciÃ³n con un tributo y periodo impositivo o de liquidaciÃ³n se incoe mÃ¡s de un procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, se considerarÃ¡, a efectos de su calificaciÃ³n y cuantificaciÃ³n, que se ha cometido una Ãºnica infracciÃ³n. En estos supuestos, en cada procedimiento sancionador que se incoe se impondrÃ¡ la sanciÃ³n que hubiese procedido de mediar un solo procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, minorada en el importe de las sanciones impuestas en los procedimientos sancionadores anteriores.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de aplicaciÃ³n igualmente a los tributos sin periodo impositivo ni periodo de liquidaciÃ³n o a hechos u operaciones cuya declaraciÃ³n no sea periÃ³dica cuando en relaciÃ³n con la misma obligaciÃ³n tributaria se incoe mÃ¡s de un procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos.
1. Se entenderÃ¡ que existe ocultaciÃ³n de datos a la AdministraciÃ³n tributaria cuando se produzcan las circunstancias previstas en el artÃ­culo 184.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aun cuando la AdministraciÃ³n tributaria pudiera conocer la realidad de las operaciones o los datos omitidos por declaraciones de terceros, por requerimientos de informaciÃ³n o por el examen de la contabilidad, libros o registros y demÃ¡s documentaciÃ³n del propio sujeto infractor.
2. A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 184.3.a).3.Âº de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderÃ¡ que existen asientos, registros o importes falsos cuando en los libros de contabilidad o en los libros o registros establecidos por la normativa tributaria se reflejen hechos u operaciones inexistentes o con magnitudes dinerarias o de otra naturaleza superiores a las reales.
Se entenderÃ¡ que existe omisiÃ³n de operaciones cuando no se contabilicen o registren operaciones realizadas o cuando se contabilicen o registren parcialmente, por magnitudes dinerarias o de otra naturaleza inferiores a las reales.
Se entenderÃ¡ que existe contabilizaciÃ³n en cuentas incorrectas cuando, tratÃ¡ndose de libros de contabilidad o de libros o registros establecidos por la normativa tributaria, se anoten operaciones incumpliendo la normativa que los regula, de forma que se altere su consideraciÃ³n fiscal y de ello se haya derivado la comisiÃ³n de la infracciÃ³n tributaria.
3. A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 184.3.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderÃ¡ que son facturas, justificantes u otros documentos o soportes falsos o falseados aquellos que reflejen operaciones inexistentes o magnitudes dinerarias o de otra naturaleza distintas de las reales y hayan sido el instrumento para la comisiÃ³n de la infracciÃ³n.
SecciÃ³n 2.Âª CuantificaciÃ³n de las sanciones tributarias
1. A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 187.1.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando el sujeto infractor hubiese sido sancionado por varias infracciones de la misma naturaleza, en virtud de resoluciÃ³n que hubiese adquirido firmeza en vÃ­a administrativa dentro de los cuatro aÃ±os anteriores a la comisiÃ³n de la infracciÃ³n, de todas ellas se computarÃ¡ como Ãºnico antecedente la infracciÃ³n cuya calificaciÃ³n haya resultado mÃ¡s grave.
2. Cuando se realicen actuaciones relativas a una determinada obligaciÃ³n tributaria, no constituirÃ¡ antecedente la imposiciÃ³n de sanciones por infracciones de la misma naturaleza derivadas de liquidaciones provisionales referidas a la misma obligaciÃ³n, siendo de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 3.3 de este reglamento.
Cuando un procedimiento de comprobaciÃ³n o investigaciÃ³n tenga por objeto varios tributos con periodos impositivos o de liquidaciÃ³n de diferente duraciÃ³n, la apreciaciÃ³n del criterio de incumplimiento sustancial de la obligaciÃ³n de facturaciÃ³n o documentaciÃ³n previsto en el artÃ­culo 187.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realizarÃ¡ tomando en consideraciÃ³n cada uno de los periodos de menor duraciÃ³n.
1. En los procedimientos de verificaciÃ³n de datos y comprobaciÃ³n limitada, salvo que se requiera la conformidad expresa, se entenderÃ¡ producida la conformidad cuando el obligado tributario no interponga recurso o reclamaciÃ³n econÃ³mico-administrativa contra la liquidaciÃ³n.
Cuando el obligado tributario hubiera manifestado expresamente su conformidad durante el procedimiento o, cuando en el momento de dictar la resoluciÃ³n del procedimiento sancionador, no hubiera transcurrido el plazo para la interposiciÃ³n del recurso o reclamaciÃ³n que proceda contra la liquidaciÃ³n y no se tenga constancia de su interposiciÃ³n, la sanciÃ³n se impondrÃ¡ con la correspondiente reducciÃ³n, sin perjuicio de que posteriormente se exija el importe de la reducciÃ³n aplicada en el supuesto de que el obligado tributario interponga recurso o reclamaciÃ³n contra la liquidaciÃ³n.
2. En los procedimientos de inspecciÃ³n, se entenderÃ¡ otorgada la conformidad cuando el obligado tributario suscriba un acta de conformidad o cuando, una vez el inspector-jefe haya rectificado la propuesta de regularizaciÃ³n contenida en un acta, el obligado tributario manifieste su conformidad con la nueva propuesta contenida en el acuerdo de rectificaciÃ³n en el plazo concedido al efecto.
TambiÃ©n se entenderÃ¡ otorgada la conformidad cuando el obligado tributario que hubiese suscrito un acta de disconformidad manifieste expresamente su conformidad antes de que se dicte el acto administrativo de liquidaciÃ³n.
SecciÃ³n 3.Âª Normas especiales para determinadas infracciones y sanciones tributarias
SubsecciÃ³n 1.Âª CÃ¡lculo de la sanciÃ³n en los supuestos de infracciones previstas en los artÃ­culos 191, 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
1. La base de la sanciÃ³n en la infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serÃ¡ el importe de la cantidad a ingresar resultante de la regularizaciÃ³n practicada, salvo en los supuestos previstos en el apartado siguiente.
2. Cuando de la regularizaciÃ³n practicada resulten cantidades sancionables y no sancionables, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ el resultado de multiplicar la cantidad a ingresar por el coeficiente regulado en el apartado 3.
3. El coeficiente a que se refiere el apartado anterior se determinarÃ¡ multiplicando por 100 el resultante de una fracciÃ³n en la que figuren:
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos sancionables regularizados en la base imponible o liquidable por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.
b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos que se hayan regularizado en la base imponible o liquidable por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.
Este coeficiente se expresarÃ¡ redondeado con dos decimales.
4. Cuando en la regularizaciÃ³n se hayan realizado ajustes en la base, en la cuota o en la cantidad a ingresar que minoren la deuda tributaria, su cuantÃ­a no se tendrÃ¡ en cuenta a efectos del cÃ¡lculo del coeficiente a que se refiere el apartado anterior.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, en aquellos supuestos en que concurra la conducta prevista en el artÃ­culo 191.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las cantidades indebidamente declaradas en un periodo no disminuirÃ¡n la base de sanciÃ³n que proceda en la regularizaciÃ³n de aquÃ©l.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores tambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n para el cÃ¡lculo de la base de la sanciÃ³n en el caso de las infracciones previstas en los artÃ­culos 192 y 193 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, entendiendo que las menciones a las cantidades dejadas de ingresar se refieren, respectivamente, a:
a) En el caso del artÃ­culo 192, a la cuantÃ­a de la liquidaciÃ³n cuando no se hubiera presentado declaraciÃ³n o a la diferencia entre la cuantÃ­a que resulte de la adecuada liquidaciÃ³n del tributo y la que hubiera procedido de acuerdo con los datos declarados.
b) En el caso del artÃ­culo 193, a la cantidad devuelta indebidamente como consecuencia de la comisiÃ³n de la infracciÃ³n.
1. La incidencia de la ocultaciÃ³n, de la llevanza incorrecta de libros o registros o de los documentos o soportes falsos o falseados sobre la base de la sanciÃ³n se calcularÃ¡ de acuerdo con las reglas establecidas para cada caso en los artÃ­culos siguientes de este reglamento.
Cuando concurran mÃ¡s de una de las circunstancias determinantes de la calificaciÃ³n de la infracciÃ³n, se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n la que determine una mayor gravedad de la conducta.
2. El hecho de que determinados incrementos se tengan en cuenta para el cÃ¡lculo de la incidencia de la ocultaciÃ³n, de la llevanza incorrecta de libros o registros o de los documentos o soportes falsos o falseados, no impedirÃ¡ la inclusiÃ³n de esos mismos importes, si procede, a efectos del cÃ¡lculo de la incidencia de otras de las citadas circunstancias determinantes de la calificaciÃ³n de la infracciÃ³n.
1. La incidencia de la deuda derivada de la ocultaciÃ³n sobre la base de la sanciÃ³n se determinarÃ¡ por el coeficiente regulado en el apartado 2.
2. El coeficiente a que se refiere el apartado anterior se determinarÃ¡ multiplicando por 100 el resultante de una fracciÃ³n en la que figuren:
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos realizados en la base imponible o liquidable en los que se haya apreciado ocultaciÃ³n por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar en los que se haya apreciado ocultaciÃ³n.
b) En el denominador, la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos sancionables que se hayan regularizado en la base imponible o liquidable por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar.
3. Cuando en la regularizaciÃ³n se hayan realizado ajustes en la base, en la cuota o en la cantidad a ingresar que minoren la deuda tributaria, su cuantÃ­a no se tendrÃ¡ en cuenta a efectos de los cÃ¡lculos previstos en el apartado anterior.
4. Para el cÃ¡lculo de la incidencia de la ocultaciÃ³n se tendrÃ¡n en cuenta todos los importes que hubiesen sido regularizados, con independencia de lo que resulte de la aplicaciÃ³n de los artÃ­culos 191, 192, 193 y 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
5. En el supuesto de falta de presentaciÃ³n de la declaraciÃ³n o autoliquidaciÃ³n, se entenderÃ¡ que la incidencia de la deuda derivada de la ocultaciÃ³n sobre la base de la sanciÃ³n es del 100 por cien.
1. La incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros sobre la base de la sanciÃ³n se determinarÃ¡ por el coeficiente regulado en el apartado 2.
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos realizados en la base imponible o liquidable cuya regularizaciÃ³n estÃ© originada por la llevanza incorrecta de los libros o registros por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar cuya regularizaciÃ³n estÃ© originada por la llevanza incorrecta de libros o registros.
4. Para el cÃ¡lculo de la incidencia de la llevanza incorrecta de los libros o registros se tendrÃ¡n en cuenta todos los importes que hubiesen sido regularizados, con independencia de lo que resulte de la aplicaciÃ³n de los artÃ­culos 191, 192, 193 y 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
1. La incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados sobre la base de la sanciÃ³n se determinarÃ¡ por el coeficiente regulado en el apartado 2.
a) En el numerador, la suma del resultado de multiplicar los incrementos realizados en la base imponible o liquidable cuya regularizaciÃ³n estÃ© originada por la utilizaciÃ³n de facturas, justificantes u otros documentos o soportes falsos o falseados por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar cuya regularizaciÃ³n estÃ© originada por la utilizaciÃ³n de facturas, justificantes u otros documentos o soportes falsos o falseados.
4. Para el cÃ¡lculo de la incidencia de los documentos o soportes falsos o falseados se tendrÃ¡n en cuenta todos los importes que hubiesen sido regularizados, con independencia de lo que resulte de la aplicaciÃ³n de los artÃ­culos 191, 192, 193 y 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
SubsecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la delimitaciÃ³n y cuantificaciÃ³n de otras infracciones y sanciones tributarias
1. Cuando la infracciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 195.1, pÃ¡rrafo segundo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, concurra con las infracciones reguladas en los artÃ­culos 191, 192 y 193 de esta ley, la base de la sanciÃ³n se determinarÃ¡ de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes de este artÃ­culo.
2. Cuando lo que se haya declarado incorrectamente sea la renta neta, la sanciÃ³n proporcional del 15 por ciento se aplicarÃ¡ sobre la base de sanciÃ³n calculada de la siguiente forma:
a) Si la aplicaciÃ³n de cantidades pendientes sÃ³lo se ha llevado a cabo en la base del tributo, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ el incremento de renta neta sancionable que hubiese sido objeto de compensaciÃ³n.
b) Si la aplicaciÃ³n de cantidades pendientes sÃ³lo se ha llevado a cabo en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar, la base de la sanciÃ³n se determinarÃ¡ multiplicando las cantidades que hubiesen sido objeto de compensaciÃ³n o deducciÃ³n en la cuota o cantidad
1.Âº En el numerador, la renta neta sancionable declarada incorrectamente.
2.Âº En el denominador, la diferencia entre la cuota Ã­ntegra regularizada y la declarada inicialmente.
c) Si la aplicaciÃ³n de las cantidades pendientes se ha llevado a cabo tanto en la base como en la cuota del tributo o cantidad a ingresar, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ la suma de las cantidades que resulten de lo dispuesto en los pÃ¡rrafos a) y b) anteriores, calculadas en ese orden. Para determinar el incremento de renta neta sancionable que constituye la base de la sanciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo b) serÃ¡ preciso, en primer lugar, restar de la totalidad del incremento de renta neta sancionable la parte que haya sido compensada en la base del tributo con cantidades pendientes de compensaciÃ³n.
3. Cuando lo que se haya declarado incorrectamente sea la cuota repercutida, la cantidad o cuota a deducir o los incentivos fiscales de un periodo y la compensaciÃ³n sÃ³lo se haya llevado a cabo en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar, la multa proporcional del 50 por ciento se aplicarÃ¡ sobre el incremento de cuota sancionable que hubiese sido objeto de compensaciÃ³n.
4. Cuando lo que se haya declarado incorrectamente sea tanto la renta neta del periodo como las cantidades a deducir o los incentivos fiscales de dicho periodo, la base de sanciÃ³n se calcularÃ¡ de la siguiente forma:
a) Si sÃ³lo se han aplicado cantidades pendientes de compensaciÃ³n en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar, dicha compensaciÃ³n deberÃ¡ imputarse proporcionalmente tanto al incremento de renta neta sancionable como a las cantidades o incentivos fiscales declarados incorrectamente en la cuota, a efectos de determinar la parte de la base de la sanciÃ³n que corresponde a cada una de ellas.
Dichas imputaciones se efectuarÃ¡n en funciÃ³n de los coeficientes que se determinarÃ¡n multiplicando por 100 el resultante de las fracciones procedentes segÃºn las partidas regularizadas, cuyo numerador serÃ¡, dependiendo del caso:
1.Âº El resultado de multiplicar el incremento de renta neta sancionable por el tipo de gravamen del impuesto, si dicho incremento se produce en la parte de la base gravada por un tipo proporcional.
2.Âº El resultado de multiplicar el incremento de renta neta sancionable por el tipo medio de gravamen resultante de la aplicaciÃ³n de la tarifa, si dicho incremento se produce en la parte de la base gravada por una tarifa.
3.Âº Los incrementos sancionables realizados directamente en la cuota del impuesto.
En todos los casos, el denominador incluirÃ¡ la suma del resultado de multiplicar todos los incrementos que se hayan regularizado en la base imponible o liquidable por el tipo de gravamen del tributo, si dichos incrementos se producen en la parte de la base gravada por un tipo proporcional o, si se producen en la parte de la base gravada por una tarifa, por el tipo medio de gravamen resultante de su aplicaciÃ³n, mÃ¡s los incrementos realizados directamente en la cuota del tributo.
Estos coeficientes se expresarÃ¡n redondeados con dos decimales.
Una vez determinadas las imputaciones correspondientes, las que correspondan al incremento de renta neta en base se sancionarÃ¡n de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2.b) de este artÃ­culo, y la que corresponda a las cantidades o incentivos fiscales declarados incorrectamente en la cuota o cantidad a ingresar se sancionarÃ¡ conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
b) Si se han aplicado cantidades pendientes de compensaciÃ³n o reducciÃ³n en la base del tributo y cantidades pendientes de compensaciÃ³n, deducciÃ³n en la cuota del tributo o en la cantidad a ingresar, se aplicarÃ¡ en primer lugar el pÃ¡rrafo a) del apartado 2 y, en segundo lugar, el pÃ¡rrafo a) de este apartado 4.
En los supuestos a los que se refiere el artÃ­culo 198.2, pÃ¡rrafo segundo, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no se impondrÃ¡ la sanciÃ³n que resulte por la presentaciÃ³n fuera de plazo de la autoliquidaciÃ³n o declaraciÃ³n exclusivamente en relaciÃ³n con los datos que hubiesen sido correctamente declarados en plazo, sin perjuicio de la sanciÃ³n que, en su caso, pudiera proceder en relaciÃ³n con la autoliquidaciÃ³n o declaraciÃ³n presentada fuera de plazo por aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃ­culo 199 de la ley.
1. Cuando se trate de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carÃ¡cter general que tengan por objeto Ãºnicamente datos expresados en magnitudes no monetarias, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 199.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Cuando se trate de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carÃ¡cter general que tengan por objeto Ãºnicamente datos expresados en magnitudes monetarias, se aplicarÃ¡ lo dispuesto en los pÃ¡rrafos b) y c) del apartado siguiente.
3. Cuando se trate de requerimientos individualizados o de declaraciones exigidas con carÃ¡cter general que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y no monetarias, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 199.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Si los datos incorrectos, inexactos o falsos son los no monetarios, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ el importe total del dato monetario vinculado a aquÃ©llos o, de ser varios los datos monetarios relativos a la misma persona o entidad, el de mayor importe.
b) Si los datos incorrectos, inexactos o falsos son los monetarios y los no monetarios, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ la diferencia, expresada en valores absolutos, entre el importe contestado o declarado y el importe correcto del dato requerido o que hubiera debido declararse.
Cuando los datos monetarios incorrectos, inexactos o falsos, referidos a una misma persona o entidad, sean dos o mÃ¡s, se tomarÃ¡ como base de la sanciÃ³n la suma de las diferencias de todos ellos.
c) Si los datos incompletos, inexactos o falsos expresados en magnitudes monetarias estuviesen referidos a una misma persona o entidad y relacionados entre sÃ­ por la aplicaciÃ³n de un porcentaje o tipo de gravamen, la base de sanciÃ³n para este conjunto de datos se determinara de acuerdo con las siguientes especialidades:
1.Âª Si el dato incompleto, inexacto o falso es el importe sobre el que se aplica el porcentaje o tipo de gravamen, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ la diferencia, expresada en valores absolutos, entre el importe contestado o declarado y el importe correcto de los datos requeridos o que hubieran debido declararse. Cuando sean dos o
mÃ¡s las magnitudes incompletas, inexactas o falsas, referidas a una misma persona o entidad, se tomarÃ¡ como base de la sanciÃ³n la suma de las diferencias de todos ellos.
2.Âª Si el dato incompleto, inexacto o falso es el porcentaje o tipo de gravamen, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ la diferencia, expresada en valores absolutos, entre el importe declarado como resultante de la aplicaciÃ³n del porcentaje o tipo de gravamen y el importe resultante de la aplicaciÃ³n del porcentaje o tipo de gravamen correcto. Cuando sean dos o mÃ¡s los porcentajes o tipos de gravamen incompletos, inexactos o falsos, referidos a una misma persona o entidad, se tomarÃ¡ como base de la sanciÃ³n la suma de las diferencias de todos ellos.
3.Âª Si los datos incompletos, inexactos o falsos son tanto el porcentaje o tipo de gravamen como el importe sobre el que se aplica el porcentaje o tipo de gravamen, la base de la sanciÃ³n serÃ¡ la suma de las diferencias de todos ellos, expresada en valores absolutos, entre los importes contestados o declarados y los que hubieran debido contestarse o declararse.
4. En los supuestos previstos en el apartado 3, la multa proporcional aplicable se determinarÃ¡ por la relaciÃ³n existente entre la base de sanciÃ³n total determinada de acuerdo con dicho apartado y los importes correctos de todos los datos monetarios requeridos o que hubieran debido declararse y, en el caso de datos relacionados entre sÃ­ por la aplicaciÃ³n de un porcentaje o tipo de gravamen, los importes correctos de las magnitudes sobre las que se aplica el porcentaje o tipo de gravamen.
5. Cuando se presenten voluntariamente sin requerimiento previo declaraciones o autoliquidaciones que subsanen las presentadas con anterioridad de forma incorrecta, si la nueva declaraciÃ³n o autoliquidaciÃ³n se presenta conteniendo datos incompletos, inexactos o falsos, se impondrÃ¡ la sanciÃ³n que proceda segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exclusivamente en relaciÃ³n con los nuevos datos incorrectamente presentados.
6. No se incurrirÃ¡ en responsabilidad por la contestaciÃ³n incorrecta a un requerimiento cuando se presente voluntariamente, sin nuevo requerimiento, una nueva contestaciÃ³n que subsane la presentada con anterioridad.
En el supuesto a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, si la nueva contestaciÃ³n al requerimiento se presentase a su vez de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, se impondrÃ¡ la sanciÃ³n que proceda segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, exclusivamente en relaciÃ³n con los datos incorrectamente declarados en la nueva contestaciÃ³n.
1. Cuando proceda la multa proporcional del uno por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor prevista en el artÃ­culo 200.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, por la no llevanza o conservaciÃ³n de la contabilidad, libros registros exigidos por las normas tributarias, programas, ficheros y archivos informÃ¡ticos que les sirvan de soporte y sistemas de codificaciÃ³n, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las siguientes reglas:
a) Si se trata de la contabilidad, se considerarÃ¡ la cifra de negocios del sujeto infractor en el ejercicio econÃ³mico en el que no se hubiera llevado o del que no se conserven los mencionados libros, programas, ficheros, archivos o sistemas.
b) Si se trata de los libros o registros exigidos por las normas tributarias, se considerarÃ¡ la cifra de negocios del sujeto infractor en el periodo impositivo o de liquidaciÃ³n en el que no se hubieran llevado o del que no se conserven los mencionados libros, registros, programas, ficheros, archivos o sistemas.
2. Cuando se trate de libros o registros exigidos por la normativa de impuestos especiales, se aplicarÃ¡n las siguientes reglas:
a) Si la infracciÃ³n consiste en la inexactitud u omisiÃ³n de operaciones o la utilizaciÃ³n de cuentas con significado distinto del que les corresponda, y las anotaciones no estÃ¡n expresadas en magnitudes monetarias, la sanciÃ³n se aplicarÃ¡ sobre el valor de los productos fabricados que guarden relaciÃ³n con las operaciones no anotadas o anotadas incorrectamente en el correspondiente libro o registro.
b) Si la infracciÃ³n consiste en la no llevanza o conservaciÃ³n de los libros o registros, se entenderÃ¡ que la cifra de negocios es Ãºnicamente la que corresponda a los productos que guarden relaciÃ³n con la no llevanza o conservaciÃ³n de dichos libros o registros.
3. No se incurrirÃ¡ en responsabilidad administrativa por la infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 200 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, relativa al incumplimiento de obligaciones contables y registrales, cuando deba imponerse al mismo sujeto infractor una sanciÃ³n por alguna de las infracciones previstas en los artÃ­culos 191 a 197 como consecuencia de la incorrecta declaraciÃ³n o autoliquidaciÃ³n de las operaciones a las que se refiera el incumplimiento contable o registral.
1. Se entenderÃ¡ por importe de la operaciÃ³n que haya originado el incumplimiento la base imponible determinada a efectos del Impuesto General sobre Ventas.
Cuando el incumplimiento de la obligaciÃ³n de facturaciÃ³n se produzca en la rectificaciÃ³n de una factura, justificante o documento sustitutivo, la multa proporcional se aplicarÃ¡ sobre el importe de la base imponible del Impuesto General sobre Ventas que grave la operaciÃ³n documentada en la factura, justificante o documento sustitutivo.
2. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 201.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, deba imponerse la multa pecuniaria fija de 300 euros por desconocerse el importe de la operaciÃ³n a que se refiera la infracciÃ³n, dicha cuantÃ­a no podrÃ¡ ser incrementada por aplicaciÃ³n del criterio de graduaciÃ³n de incumplimiento sustancial de la obligaciÃ³n de facturaciÃ³n como consecuencia de no conocerse el importe de las operaciones sujetas a dicha obligaciÃ³n, sin perjuicio de la posible aplicaciÃ³n de este criterio sobre la parte de la sanciÃ³n que consista en multa proporcional sobre el importe de las operaciones que hayan originado la infracciÃ³n.
3. No se incurrirÃ¡ en responsabilidad por la infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 201 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relaciÃ³n con el incumplimiento de la obligaciÃ³n de conservar facturas, justificantes o documentos, cuando deba imponerse al mismo sujeto infractor una sanciÃ³n por alguna de las infracciones previstas en los artÃ­culos 191 a 197 en relaciÃ³n con las operaciones afectadas por dicho incumplimiento.
1. Cuando la resistencia, obstrucciÃ³n, excusa o negativa consista en la desatenciÃ³n de requerimientos que no se efectÃºen a personas o entidades que realicen actividades econÃ³micas o que, referidos a actividades econÃ³micas, sean distintos de los previstos en el artÃ­culo 203.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 203.4 de dicha ley.
2. Las multas previstas en el artÃ­culo 203.4.a), b) y c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no podrÃ¡n ser objeto de acumulaciÃ³n, por lo que deberÃ¡ imponerse una Ãºnica sanciÃ³n que se determinarÃ¡ en funciÃ³n del nÃºmero de veces que se haya desatendido cada requerimiento.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior tambiÃ©n serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las multas previstas en el artÃ­culo 203.5.a), b) y c) de la citada ley.
3. A efectos de la aplicaciÃ³n de lo dispuesto en el artÃ­culo 203.5.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando se conozca el importe de las operaciones cuya informaciÃ³n se requiere, se procederÃ¡ conforme a las siguientes reglas:
a) En el caso previsto en el pÃ¡rrafo primero del apartado 5.c), si el importe de las operaciones cuya informaciÃ³n no se facilita representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 Ã³ 75 por ciento del importe de las operaciones objeto del requerimiento, la sanciÃ³n consistirÃ¡ en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5 Ã³ 2 por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente, con un mÃ­nimo de 10.000 euros y un mÃ¡ximo de 400.000 euros.
b) En el caso previsto en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 5.c), si el importe de las operaciones cuya informaciÃ³n no se facilita representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 Ã³ 75 por ciento del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanciÃ³n consistirÃ¡ en multa pecuniaria proporcional del 1, 1,5, 2 Ã³ 3 por ciento del importe de la cifra de negocios, respectivamente, con un mÃ­nimo de 15.000 euros y un mÃ¡ximo de 600.000 euros.
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 206 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se entenderÃ¡ cometida la infracciÃ³n cuando los obligados tributarios que deban retener o ingresar a cuenta no pongan a disposiciÃ³n de los perceptores de las rentas sujetas a retenciÃ³n o ingreso a cuenta, antes de los plazos de presentaciÃ³n de las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos o solicitudes de devoluciÃ³n del tributo al que se refiera dicha retenciÃ³n o ingreso a cuenta, el certificado que deben expedir en favor de dichos perceptores, en los tÃ©rminos previstos en la normativa reguladora del tributo.
1. Salvo que una disposiciÃ³n establezca expresamente otra cosa, la atribuciÃ³n de competencias en el procedimiento sancionador serÃ¡ la misma que la del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos del que derive.
2. En el Ã¡mbito de una misma AdministraciÃ³n tributaria, el cambio de adscripciÃ³n o la comunicaciÃ³n a aquÃ©lla de un cambio de domicilio con posterioridad a la terminaciÃ³n de un procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos distinto del procedimiento de inspecciÃ³n o de recaudaciÃ³n, excepciÃ³n hecha de los procedimientos de gestiÃ³n en materia de aduanas o de impuestos especiales, producirÃ¡ los siguientes efectos en relaciÃ³n con la competencia de los Ã³rganos administrativos en el procedimiento sancionador:
a) El cambio de adscripciÃ³n del obligado tributario a otra dependencia o unidad determinarÃ¡ que la competencia para el inicio o continuaciÃ³n del procedimiento sancionador corresponda al Ã³rgano competente segÃºn la nueva adscripciÃ³n a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de cambio de adscripciÃ³n.
b) La comunicaciÃ³n a la AdministraciÃ³n tributaria del cambio de domicilio fiscal determinarÃ¡ que la competencia para el inicio o continuaciÃ³n del procedimiento sancionador corresponda al Ã³rgano competente segÃºn el nuevo domicilio. Dicho cambio producirÃ¡ este efecto en el plazo de un mes desde la presentaciÃ³n de la comunicaciÃ³n. No obstante, si durante dicho plazo la AdministraciÃ³n tributaria inicia un procedimiento de comprobaciÃ³n de la procedencia del cambio de domicilio, no se alterarÃ¡ la competencia del Ã³rgano en tanto no se resuelva dicho procedimiento.
3. En el supuesto de procedimientos sancionadores iniciados como consecuencia de un procedimiento de inspecciÃ³n o de recaudaciÃ³n, el domicilio fiscal determinante de la competencia del Ã³rgano administrativo serÃ¡ el que el obligado tributario tuviera al inicio de las actuaciones inspectoras o recaudadoras, sin que el posterior cambio de domicilio fiscal o de adscripciÃ³n altere dicha competencia, salvo acuerdo expreso del director de departamento competente.
1. Como regla general, la imposiciÃ³n de sanciones tributarias se realizarÃ¡ mediante un procedimiento separado del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, de acuerdo con lo dispuesto en la secciÃ³n 2.Âª de este capÃ­tulo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los supuestos en que el interesado renuncie a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador y en los supuestos de actas con acuerdo, las cuestiones relativas a las infracciones se analizarÃ¡n en el correspondiente procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos de acuerdo con su normativa reguladora y con lo dispuesto en la secciÃ³n 3.Âª de este capÃ­tulo.
SecciÃ³n 2.Âª TramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador
1. El procedimiento se iniciarÃ¡ de oficio mediante la notificaciÃ³n del acuerdo del Ã³rgano competente, que contendrÃ¡ necesariamente las siguientes menciones:
a) IdentificaciÃ³n de la persona o entidad presuntamente responsable.
b) Conducta que motiva la incoaciÃ³n del procedimiento, su posible calificaciÃ³n y las sanciones que pudieran corresponder.
c) Ãrgano competente para la resoluciÃ³n del procedimiento e identificaciÃ³n del instructor.
d) IndicaciÃ³n del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, asÃ­ como del momento y plazos para su ejercicio.
2. SerÃ¡ Ã³rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador el que se determine en la normativa de organizaciÃ³n aplicable a los Ã³rganos con competencia sancionadora. En defecto de norma expresa, serÃ¡ Ã³rgano competente el que tenga atribuida la competencia para su resoluciÃ³n.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en los procedimientos sancionadores iniciados por Ã³rganos de inspecciÃ³n serÃ¡n de aplicaciÃ³n las siguientes reglas:
a) Si el procedimiento sancionador se inicia como consecuencia de un procedimiento de inspecciÃ³n, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 25.1.
b) Si se trata de actuaciones inspectoras distintas de las que integran el procedimiento de inspecciÃ³n, serÃ¡ competente para iniciar el procedimiento sancionador el equipo o unidad que haya desarrollado las actuaciones de las que trae su causa la infracciÃ³n.
4. Se iniciarÃ¡n tantos procedimientos sancionadores como propuestas de liquidaciÃ³n se hayan dictado, sin perjuicio de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracciÃ³n puestas de manifiesto durante el procedimiento y que no impliquen liquidaciÃ³n.
No obstante, cuando exista identidad en los motivos o circunstancias que determinen la apreciaciÃ³n de varias infracciones podrÃ¡n acumularse la iniciaciÃ³n e instrucciÃ³n de los distintos procedimientos, aunque deberÃ¡ dictarse una resoluciÃ³n individualizada para cada uno de ellos.
1. SerÃ¡ Ã³rgano competente para instruir el procedimiento sancionador el que se determine en la normativa de organizaciÃ³n aplicable.
2. Se realizarÃ¡n de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para determinar, en su caso, la existencia de infracciones susceptibles de sanciÃ³n.
3. A los efectos previstos en el apartado anterior, se unirÃ¡n al expediente sancionador las pruebas, declaraciones e informes necesarios para su resoluciÃ³n.
4. Los interesados podrÃ¡n formular alegaciones y aportar los documentos, justificaciones y pruebas que estimen convenientes en cualquier momento anterior a la propuesta de resoluciÃ³n.
5. Concluidas las actuaciones, se formularÃ¡ propuesta de resoluciÃ³n que serÃ¡ notificada al interesado, concediÃ©ndole, sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, un plazo de 15 dÃ­as para la puesta de manifiesto del expediente y para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.
Si no se formularan alegaciones, se elevarÃ¡ la propuesta de resoluciÃ³n al Ã³rgano competente para resolver.
Si se hubieran formulado alegaciones, el Ã³rgano instructor remitirÃ¡ al Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n la propuesta de resoluciÃ³n que estime procedente a la vista de las alegaciones presentadas, junto con la documentaciÃ³n que obre en el expediente.
6. En los supuestos de tramitaciÃ³n abreviada previstos en el artÃ­culo 210.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la propuesta de resoluciÃ³n se incorporarÃ¡ al acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento, y se advertirÃ¡ expresamente al interesado que, de no formular alegaciones ni aportar nuevos documentos o elementos de prueba, podrÃ¡ dictarse la resoluciÃ³n de acuerdo con dicha propuesta.
1. El Ã³rgano competente dictarÃ¡ resoluciÃ³n motivada, a la vista de la propuesta formulada en la instrucciÃ³n del procedimiento y de los documentos, pruebas y alegaciones que obren en el expediente, sin perjuicio de que previamente pueda ordenar que se amplÃ­en las actuaciones practicadas; en este caso, concluidas Ã©stas, deberÃ¡ formularse una nueva propuesta de resoluciÃ³n a la que serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el apartado 5 del artÃ­culo anterior.
No se tendrÃ¡n en cuenta en la resoluciÃ³n hechos distintos de los que obren en el expediente, determinados en el curso del procedimiento o aportados a Ã©ste por haber sido acreditados previamente.
2. En el caso de que el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n rectifique la propuesta de resoluciÃ³n por concurrir alguna de las circunstancias previstas en el pÃ¡rrafo siguiente, la rectificaciÃ³n se notificarÃ¡ al interesado, el cual podrÃ¡ formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 dÃ­as contados desde el siguiente a la notificaciÃ³n.
Las circunstancias a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior son las siguientes:
b) Cuando se modifique la tipificaciÃ³n de la conducta sancionable.
c) Cuando se cambie la calificaciÃ³n de una infracciÃ³n de leve a grave o muy grave, o de grave a muy grave.
3. La resoluciÃ³n se notificarÃ¡ a los interesados. En la notificaciÃ³n tambiÃ©n deberÃ¡ hacerse menciÃ³n a:
a) Los medios de impugnaciÃ³n que pueden ser ejercitados, plazos y Ã³rganos ante los que habrÃ¡n de ser interpuestos.
b) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho el importe de la sanciÃ³n impuesta.
c) Las circunstancias cuya concurrencia determinarÃ¡ la exigencia del importe de las reducciones practicadas en las sanciones.
d) La no exigencia de intereses de demora en los casos de suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de sanciones por la interposiciÃ³n en tiempo y forma de un recurso o reclamaciÃ³n administrativa contra ellas.
e) Cuando la resoluciÃ³n fuese susceptible de impugnaciÃ³n en vÃ­a contencioso-administrativa, se informarÃ¡ de que, en caso de solicitarse la suspensiÃ³n, Ã©sta se mantendrÃ¡ hasta que el Ã³rgano judicial se pronuncie sobre la solicitud, siempre que el interesado cumpla los requisitos del artÃ­culo 29.2 de este reglamento.
4. El plazo mÃ¡ximo para notificar la resoluciÃ³n del procedimiento sancionador establecido en el artÃ­culo 211.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se suspenderÃ¡ de acuerdo con lo dispuesto en su artÃ­culo 180.
1. SerÃ¡ competente para acordar la iniciaciÃ³n del procedimiento sancionador el equipo o unidad que hubiera desarrollado la actuaciÃ³n de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n, salvo que el inspector-jefe designe otro diferente.
En todo caso, el inicio del procedimiento sancionador requerirÃ¡ autorizaciÃ³n previa del inspector-jefe, que podrÃ¡ ser concedida en cualquier momento del procedimiento de comprobaciÃ³n e investigaciÃ³n o una vez finalizado Ã©ste, antes del transcurso del plazo mÃ¡ximo establecido en el artÃ­culo 209 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Se iniciarÃ¡n tantos procedimientos sancionadores como actas de inspecciÃ³n se hayan incoado, sin perjuicio de los que hayan de iniciarse por las conductas constitutivas de infracciÃ³n puestas de manifiesto durante el procedimiento inspector y que no impliquen liquidaciÃ³n. No obstante, cuando exista identidad en los motivos o circunstancias que determinan la apreciaciÃ³n de varias infracciones podrÃ¡n acumularse la iniciaciÃ³n e instrucciÃ³n de los distintos procedimientos, aunque deberÃ¡ dictarse una resoluciÃ³n individualizada para cada uno de ellos.
En los procedimientos a los que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, deberÃ¡n aparecer debidamente individualizadas las infracciones sancionadas en dichos procedimientos.
3. La instrucciÃ³n del procedimiento podrÃ¡ encomendarse por el inspector-jefe al equipo o unidad competente para acordar el inicio o a otro equipo o unidad distinto, en funciÃ³n de las necesidades del servicio o de las circunstancias del caso.
4. Con ocasiÃ³n del trÃ¡mite de alegaciones, el interesado podrÃ¡ manifestar de forma expresa su conformidad o disconformidad con la propuesta de resoluciÃ³n del procedimiento sancionador que se le formule, de forma que se presumirÃ¡ su disconformidad si no se pronuncia expresamente al respecto.
5. Si el interesado manifiesta su disconformidad a la propuesta de sanciÃ³n, el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n dictarÃ¡ resoluciÃ³n motivada, sin perjuicio de que previamente pueda ordenar que se amplÃ­en las actuaciones practicadas.
6. Si el interesado presta su conformidad a la propuesta de sanciÃ³n, se entenderÃ¡ dictada y notificada la resoluciÃ³n de acuerdo con dicha propuesta por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el dÃ­a siguiente a la fecha en que prestÃ³ la conformidad, sin necesidad de nueva notificaciÃ³n expresa al efecto, salvo que en el curso de dicho plazo el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n notifique un acuerdo en el que rectifique los errores materiales apreciados en la propuesta, ordene completar las actuaciones practicadas dentro del plazo mÃ¡ximo de duraciÃ³n del procedimiento, dicte resoluciÃ³n expresa confirmando la propuesta de sanciÃ³n o rectifique la propuesta por considerarla incorrecta. Cuando la referida notificaciÃ³n no se produzca en el plazo de un mes a contar desde el dÃ­a siguiente a la fecha en que prestÃ³ la conformidad, esta actuaciÃ³n carecerÃ¡ de efecto frente al interesado.
En el caso de que el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n rectifique la propuesta, la nueva propuesta de sanciÃ³n se notificarÃ¡ al interesado dentro del mismo plazo de un mes antes citado. En dicha notificaciÃ³n se deberÃ¡ indicar al interesado su derecho a formular las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 15 dÃ­as contados desde el siguiente a la notificaciÃ³n.
Si el interesado presta su conformidad a la rectificaciÃ³n realizada, la resoluciÃ³n se considerarÃ¡ dictada en los tÃ©rminos del acuerdo de rectificaciÃ³n y se entenderÃ¡ notificada por el transcurso del plazo de un mes a contar desde el dÃ­a siguiente a la fecha en que prestÃ³ la conformidad, salvo que en el curso de dicho plazo el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n notifique resoluciÃ³n expresa confirmando la propuesta. Si hubiese transcurrido el plazo de alegaciones sin que se hayan producido o si el interesado manifiesta su disconformidad, el Ã³rgano competente para imponer la sanciÃ³n notificarÃ¡ expresamente la resoluciÃ³n.
7. El Ã³rgano competente para dictar el acto resolutorio del procedimiento sancionador serÃ¡ el inspectorjefe.
SecciÃ³n 3.Âª TramitaciÃ³n conjunta del procedimiento sancionador y del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos
SubsecciÃ³n 1.Âª Renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador
1. A efectos de lo establecido en el artÃ­culo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el interesado podrÃ¡ renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador mediante manifestaciÃ³n expresa que deberÃ¡ formularse durante los dos primeros meses del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, salvo que antes de dicho plazo se produjese la notificaciÃ³n de la propuesta de resoluciÃ³n; en tal caso, la renuncia podrÃ¡ formularse hasta la finalizaciÃ³n del trÃ¡mite de alegaciones posterior.
En el procedimiento de inspecciÃ³n, el interesado podrÃ¡ renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador durante los seis primeros meses, salvo que antes de dicho plazo se produjese la finalizaciÃ³n del trÃ¡mite de audiencia previo a la suscripciÃ³n del acta; en este caso, la renuncia podrÃ¡ formularse hasta dicho momento.
Para el cÃ³mputo de los plazos a que se refieren los pÃ¡rrafos anteriores no se tendrÃ¡n en cuenta los periodos de interrupciÃ³n justificada y las dilaciones no imputables a la AdministraciÃ³n tributaria.
La renuncia regulada en este apartado se realizarÃ¡ por escrito.
2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en aquellos procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos que se hubieran iniciado directamente mediante la notificaciÃ³n de la propuesta de resoluciÃ³n, se podrÃ¡ renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador exclusivamente durante el plazo de alegaciones posterior a dicha propuesta.
3. No podrÃ¡ ejercitarse el derecho a la renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador fuera de los plazos previstos en los apartados anteriores.
La opciÃ³n expresa del interesado de renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador tampoco podrÃ¡ rectificarse con posterioridad a su ejercicio, salvo en el supuesto previsto en el artÃ­culo 28.5.
4. Cuando el interesado no haya renunciado a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador en los tÃ©rminos previstos en este artÃ­culo, el procedimiento sancionador deberÃ¡ iniciarse dentro del plazo mÃ¡ximo previsto en el artÃ­culo 209.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y se tramitarÃ¡ de forma separada al de aplicaciÃ³n de los tributos segÃºn lo establecido en la secciÃ³n 2.Âª de este capÃ­tulo.
1. Cuando el interesado haya manifestado que renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador, su inicio deberÃ¡ notificarse y, a partir de ese momento, su tramitaciÃ³n se desarrollarÃ¡ de forma conjunta con el procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, y serÃ¡ de aplicaciÃ³n para ambos procedimientos la regulaciÃ³n establecida en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo para el correspondiente procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, incluida la relativa a los plazos y a los efectos de su incumplimiento.
A efectos de lo dispuesto en el artÃ­culo 104.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarÃ¡ como periodo de interrupciÃ³n justificada en el cÃ³mputo del plazo del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos el tiempo transcurrido desde la fecha del primer intento de notificaciÃ³n del inicio del procedimiento sancionador debidamente acreditado hasta la fecha en que dicha notificaciÃ³n se entienda producida.
Una vez notificado el inicio, las cuestiones relativas al procedimiento sancionador se analizarÃ¡n conjuntamente con las del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, y la documentaciÃ³n y elementos de prueba obtenidos durante la tramitaciÃ³n conjunta se considerarÃ¡n integrantes de ambos expedientes, debiÃ©ndose incorporar formalmente a Ã©stos, con vistas a los recursos que pudieran interponerse contra la resoluciÃ³n dictada en cada procedimiento.
2. No obstante su tramitaciÃ³n conjunta, cada procedimiento finalizarÃ¡ con un acto resolutorio distinto.
3. Las propuestas de resoluciÃ³n del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos y la de los procedimientos sancionadores que deriven de aquÃ©l deberÃ¡n notificarse simultÃ¡neamente. En el procedimiento de inspecciÃ³n, las propuestas de sanciÃ³n notificadas se tramitarÃ¡n conforme a lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artÃ­culo 25.
No obstante, en los supuestos previstos en el primer pÃ¡rrafo del apartado 1 y en el apartado 2 del artÃ­culo anterior, deberÃ¡n notificarse el inicio y la propuesta de resoluciÃ³n del procedimiento sancionador con anterioridad o simultÃ¡neamente a la notificaciÃ³n de la resoluciÃ³n del procedimiento de aplicaciÃ³n de los tributos, sin que deba notificarse de nuevo la propuesta de resoluciÃ³n de Ã©ste.
SubsecciÃ³n 2.Âª Normas especiales para la imposiciÃ³n de sanciones en el supuesto de actas con acuerdo
1. A efectos de lo establecido en el artÃ­culo 208 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, cuando en los supuestos de actas con acuerdo se aprecie que concurren las circunstancias que constituyen la comisiÃ³n de una infracciÃ³n tributaria, el procedimiento sancionador se tramitarÃ¡ conjuntamente, y se procederÃ¡ de acuerdo con lo dispuesto en este artÃ­culo.
2. Las cuestiones relativas a las infracciones se analizarÃ¡n teniendo en cuenta los elementos y pruebas obtenidos en el correspondiente procedimiento de inspecciÃ³n de acuerdo con su normativa reguladora, incluida la relativa a los plazos y a los efectos de su incumplimiento.
3. Se entenderÃ¡ iniciado el procedimiento sancionador con el acta con acuerdo que se extienda, en la que tambiÃ©n se incluirÃ¡ la propuesta de sanciÃ³n que proceda y se harÃ¡ constar expresamente la renuncia a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador, asÃ­ como la conformidad del interesado con las propuestas de regularizaciÃ³n y de sanciÃ³n que se formulen.
4. En los supuestos a que se refiere este artÃ­culo, se entenderÃ¡ impuesta y notificada la sanciÃ³n en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 155.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin que sea preciso dictar acto resolutorio especÃ­fico de imposiciÃ³n de la sanciÃ³n.
5. Cuando antes de la formalizaciÃ³n de un acta con acuerdo se hubiese iniciado el procedimiento sancionador, la suscripciÃ³n del acta con acuerdo supondrÃ¡ la aceptaciÃ³n Ã­ntegra de la propuesta de sanciÃ³n que en ella se contenga, entendiÃ©ndose que el procedimiento sancionador finaliza con la notificaciÃ³n prevista en el artÃ­culo 155.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con independencia de que anteriormente se hubiese renunciado o no a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador, sin perjuicio de los efectos de esa actuaciÃ³n del obligado tributario con respecto al procedimiento sancionador correspondiente a la regularizaciÃ³n no practicada en el acta con acuerdo.
SecciÃ³n 4.Âª EjecuciÃ³n de las sanciones
1. La suspensiÃ³n de la ejecuciÃ³n de las sanciones, pecuniarias y no pecuniarias, como consecuencia de la interposiciÃ³n en tiempo y forma de un recurso o reclamaciÃ³n en vÃ­a administrativa se aplicarÃ¡ automÃ¡ticamente por los Ã³rganos competentes, sin necesidad de que el interesado lo solicite.
2. Una vez la sanciÃ³n sea firme en vÃ­a administrativa, los Ã³rganos de recaudaciÃ³n no iniciarÃ¡n las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo. Si durante ese plazo el interesado comunica a dichos Ã³rganos la interposiciÃ³n del recurso con peticiÃ³n de suspensiÃ³n, Ã©sta se mantendrÃ¡ hasta que el Ã³rgano judicial adopte la decisiÃ³n que corresponda en relaciÃ³n con la suspensiÃ³n solicitada.
3. Para la efectiva aplicaciÃ³n de lo dispuesto en este artÃ­culo, los Ã³rganos administrativos competentes para la tramitaciÃ³n de los recursos o reclamaciones comunicarÃ¡n en el plazo de 10 dÃ­as a los Ã³rganos competentes para la ejecuciÃ³n de sanciones las decisiones e incidencias que en cada caso se produzcan.
SecciÃ³n 1.Âª ImposiciÃ³n de sanciones tributarias no pecuniarias
Las sanciones no pecuniarias a que se refieren los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 186 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, podrÃ¡n consistir en la pÃ©rdida del derecho a aplicar exenciones, reducciones, deducciones, bonificaciones u otros beneficios o incentivos fiscales de carÃ¡cter rogado en cualquier tributo, a excepciÃ³n de los siguientes:
c) Los concedidos en virtud de la aplicaciÃ³n del principio de reciprocidad internacional.
1. Cuando resulten acreditados hechos o circunstancias que pudieran determinar la imposiciÃ³n de sanciones no pecuniarias por infracciones tributarias graves o muy graves, se procederÃ¡ a la iniciaciÃ³n, en su caso, del correspondiente procedimiento sancionador, cuya tramitaciÃ³n y resoluciÃ³n se regirÃ¡ por lo dispuesto en este artÃ­culo y, en su defecto, por lo dispuesto en los artÃ­culos anteriores.
En la tramitaciÃ³n del procedimiento sancionador para la imposiciÃ³n de sanciones no pecuniarias no podrÃ¡n
discutirse los elementos de la resoluciÃ³n de imposiciÃ³n de la sanciÃ³n pecuniaria.
2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, el Ã³rgano que hubiese impuesto la sanciÃ³n pecuniaria propondrÃ¡ la iniciaciÃ³n del procedimiento sancionador mediante escrito dirigido al Ã³rgano competente para acordar su iniciaciÃ³n, acompaÃ±ando copia de la diligencia o del acta extendida y de los demÃ¡s antecedentes.
En el caso de que la competencia para imponer la sanciÃ³n no pecuniaria corresponda al Consejo de Ministros, la competencia para iniciar el procedimiento sancionador serÃ¡ del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda. En los demÃ¡s casos, serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 22.
SecciÃ³n 2.Âª Actuaciones en materia de delitos contra la Hacienda pÃºblica
1. En el supuesto de que la AdministraciÃ³n tributaria considere que la conducta del obligado tributario pudiera ser constitutiva del delito tipificado en el artÃ­culo 305 del CÃ³digo Penal, se abstendrÃ¡ de seguir el procedimiento administrativo que quedarÃ¡ suspendido y procederÃ¡ de conformidad con lo dispuesto en este artÃ­culo.
TambiÃ©n quedarÃ¡ suspendido el procedimiento administrativo cuando la AdministraciÃ³n tributaria tenga conocimiento de que se estÃ¡ desarrollando un proceso penal sobre los mismos hechos.
2. Cuando la circunstancia prevista en el apartado anterior se aprecie antes de la propuesta de liquidaciÃ³n, el Ã³rgano, equipo o unidad remitirÃ¡ las actuaciones practicadas con las diligencias en las que consten los hechos y circunstancias que, a su juicio, determinan la posible responsabilidad penal y un informe preceptivo sobre la presunta concurrencia en los hechos de los elementos constitutivos del delito al jefe del Ã³rgano administrativo competente, por medio de su superior jerÃ¡rquico.
Cuando la apreciaciÃ³n tenga lugar despuÃ©s de la propuesta de liquidaciÃ³n, serÃ¡ el Ã³rgano competente para liquidar quien debe proceder a impulsar el procedimiento, previa elaboraciÃ³n del preceptivo informe.
Cuando dicha apreciaciÃ³n se produzca durante la tramitaciÃ³n del procedimiento sancionador, y los actos de liquidaciÃ³n ya hayan sido dictados, el Ã³rgano, equipo o unidad que instruya dicho procedimiento suspenderÃ¡ su tramitaciÃ³n y trasladarÃ¡ las actuaciones de comprobaciÃ³n y las del procedimiento sancionador, junto con el correspondiente informe, al jefe del Ã³rgano administrativo competente, por medio de su superior jerÃ¡rquico.
Asimismo, se suspenderÃ¡ la ejecuciÃ³n de la liquidaciÃ³n hasta que recaiga la correspondiente resoluciÃ³n judicial.
A efectos de lo dispuesto en este artÃ­culo, se entenderÃ¡ por Ã³rgano administrativo competente el que, segÃºn la normativa de organizaciÃ³n aplicable, tenga atribuidas las funciones de apreciaciÃ³n de la existencia de hechos constitutivos de delito contra la Hacienda pÃºblica. En los procedimientos de inspecciÃ³n, el jefe del Ã³rgano administrativo competente serÃ¡ el inspector-jefe correspondiente.
3. A la vista de la documentaciÃ³n, el jefe del Ã³rgano administrativo competente, que podrÃ¡ solicitar cuantos informes estime oportunos, acordarÃ¡ la audiencia al interesado, a quien se comunicarÃ¡ la puesta de manifiesto del expediente para que pueda alegar cuanto considere conveniente y presentar los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos durante un plazo de 15 dÃ­as, o la devoluciÃ³n del expediente a quien se lo hubiera remitido para que lo ultime o complete en vÃ­a administrativa, segÃºn aprecie o no la existencia de delito.
En el primer caso, el jefe del Ã³rgano administrativo competente remitirÃ¡ el expediente al delegado especial o al director de departamento correspondiente, segÃºn cual sea el Ã¡mbito territorial del Ã³rgano actuante.
4. Una vez recibida la documentaciÃ³n, el delegado especial o el director de departamento competente acordarÃ¡ segÃºn aprecie o no la posible existencia de delito la remisiÃ³n del expediente a la jurisdicciÃ³n competente o al Ministerio Fiscal, o la devoluciÃ³n del mismo al Ã³rgano actuante.
5. Concluido el proceso penal o devuelto el expediente por el Ministerio Fiscal, se estarÃ¡ a lo dispuesto en el artÃ­culo 180.1 y en la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
De no haberse apreciado la existencia de delito, la AdministraciÃ³n tributaria continuarÃ¡ el procedimiento de comprobaciÃ³n e iniciarÃ¡ o continuarÃ¡ el procedimiento sancionador de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
1. En los supuestos en que la AdministraciÃ³n tributaria estime que la infracciÃ³n cometida pudiera ser constitutiva del delito previsto en el artÃ­culo 310 del CÃ³digo Penal, se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior, aunque se podrÃ¡n dictar los actos de liquidaciÃ³n que procedan, sin que sea posible iniciar o continuar el procedimiento para la imposiciÃ³n de sanciones por los mismos hechos y sin que Ã©stos puedan ser considerados para la calificaciÃ³n de las infracciones cometidas.
En los supuestos previstos en este apartado, de no haberse apreciado la existencia de delito, la AdministraciÃ³n tributaria iniciarÃ¡ o continuarÃ¡ el procedimiento sancionador de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados.
2. En los supuestos en que la AdministraciÃ³n tributaria estime que en los hechos descubiertos pudieran existir indicios de haberse cometido alguno de los delitos previstos en los artÃ­culos 306 a 309 del CÃ³digo Penal, harÃ¡ constar en diligencia los hechos y circunstancias concurrentes e informarÃ¡ de ello al Ã³rgano administrativo competente para efectuar la correspondiente comprobaciÃ³n. No obstante, cuando se trate de subvenciones cuya comprobaciÃ³n corresponda a la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria, se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo anterior.
Los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades locales en materia del procedimiento sancionador regulado en los capÃ­tulos III y IV de este reglamento se determinarÃ¡n conforme a lo que establezca su normativa especÃ­fica.
En relaciÃ³n con el Impuesto sobre el Patrimonio, la competencia para iniciar, tramitar y resolver los expedientes sancionadores corresponderÃ¡ a los Ã³rganos competentes de la respectiva comunidad autÃ³noma en los tÃ©rminos que resulten de la legislaciÃ³n reguladora de la cesiÃ³n de tributos del Estado a las comunidades autÃ³nomas.
DisposiciÃ³n adicional tercera. AplicaciÃ³n de las infracciones previstas en los artÃ­culos 170.dos.4.ode la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, y en el artÃ­culo 63.5 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.
Cuando se haya cometido la infracciÃ³n prevista en el artÃ­culo 170.dos.4.Âº de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, o la prevista en el artÃ­culo 63.5 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del rÃ©gimen econÃ³mico fiscal de Canarias, no se impondrÃ¡ sanciÃ³n por las infracciones previstas en los artÃ­culos 191, 193, 194 Ã³ 195 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se hubiesen originado por la no consignaciÃ³n de cantidades en la autoliquidaciÃ³n, y deberÃ¡n imponerse las sanciones correspondientes a las infracciones previstas en dichas normas.
En los procedimientos de aplicaciÃ³n de los tributos, salvo los de inspecciÃ³n, iniciados a partir del 1 de julio de 2004 en los que no se haya notificado la propuesta de liquidaciÃ³n a la entrada en vigor de este reglamento y no resulten de aplicaciÃ³n los plazos previstos en el artÃ­culo 26.1, se podrÃ¡ renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador en el plazo de 15 dÃ­as siguientes a la citada entrada en vigor.
En los procedimientos de inspecciÃ³n iniciados a partir del 1 de julio de 2004 en los que no haya finalizado el trÃ¡mite de audiencia previo a la suscripciÃ³n del acta a la entrada en vigor de este reglamento y no resulten de aplicaciÃ³n los plazos previstos en el artÃ­culo 26.1 de este reglamento, se podrÃ¡ renunciar a la tramitaciÃ³n separada del procedimiento sancionador en el plazo de 15 dÃ­as siguientes a la citada entrada en vigor.
El plazo establecido en los pÃ¡rrafos anteriores tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de interrupciÃ³n justificada.
En el Ã¡mbito de competencias del Estado, se autoriza al Ministro de EconomÃ­a y Hacienda para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de lo dispuesto en los capÃ­tulos III y IV este reglamento.

References: Real Decreto 
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