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Timestamp: 2019-06-20 19:36:56+00:00

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Demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad por daños de mercancías en local y lucro cesante por fuga de agua en la vivienda del piso superior. Responsabilidad extracontractual | E&J
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1. DOC 1 DEMANDA.
2. DOC 2 CONTESTACIÓN DE DEMANDA.
3. DOC 3 DO.
4. DOC 4 ESCRITO AL JUZGADO.
5. DOC 5 NOTA PARA LA VISTA.
6. DOC 6 ST.
FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 29-06-2018
Madrid, 19-05-2017
El 19 de mayo de 2017 se produjo una rotura de termo eléctrico de una vivienda situada encima de un local de negocio dedicado a la actividad de farmacia. La citada rotura ocasionó un desbordamiento de agua, causando daños en el local tanto en el continente como en las mercancías y productos habidos en el mismo.
Los daños en el continente fueron atendidos por la parte demandada. Sin embargo, los daños en las mercancías no fueron considerados por el dueño de la vivienda, cuyo valor fue cuantificado en 1.808,05. Asimismo, se reclama el lucro cesante ocasionado al negocio, puesto que el suministro eléctrico fue interrumpido, afectando al normal funcionamiento de la farmacia al día siguiente del siniestro, circunstancia que se valoró en 308,11 euros de pérdida en cuanto a venta de medicamentos.
La compañía de seguros de la farmacia le abonó las pérdidas de mercancías, no así la pérdida de beneficios o lucro cesante.
El afectado por los daños, afirma haber reclamado al dueño de la vivienda en dos oportunidades el pago de dichas cantidades, pero todo intento fue infructuoso, por lo que el 30 de octubre de 2017 se interpone demanda de juicio verbal para requerir al pago de la cantidad de 308,11 euros al dueño de la farmacia en concepto de pérdida de beneficios de facturación y 1.808,05 euros a la compañía aseguradora, ya que al haber abonado la indemnización se subrogó en los derechos de su asegurado a reclamar la cuantía de los daños.
Se interpone la demanda con el objeto de recuperar el valor de las pérdidas materiales ocasionadas por el desbordamiento de agua en la vivienda del piso superior al local donde se encuentra la farmacia.
La demanda es formulada tanto por el dueño de la farmacia como por la compañía aseguradora que abonó el valor de las mercancías perdidas por el siniestro, de este modo se subrogó en el derecho del asegurado por reclamar dicha indemnización al dueño de la vivienda donde se originó el siniestro, tal como establece el art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro.
Por otro lado, en base a los arts. 1.902 y 1.903 del Código Civil, se reclama al propietario de la vivienda que cumpla con su obligación de reparar el daño causado derivado de la responsabilidad extracontractual.
Juzgado de inicio del procedimiento: Juzgado de Primera Instancia nº5 de Madrid.
Fecha de inicio del procedimiento: 30-10-2017
Don Alberto (dueño de la farmacia)
“SEGUROS S.A.”
Don Manuel (propietario de la vivienda)
Que se cite a las partes para la celebración del juicio.
Que se dicte sentencia que condene a Don Manuel a abonar a Don Alberto la cantidad de 308,11 euros y a “SEGUROS S.A.” la cantidad de 1.808,05 euros, más los intereses legales.
Que se desestime íntegramente la demanda presentada por Don Alberto y “SEGUROS S.A.”.
La demandante presenta junto con la demanda un informe pericial detallado que efectúa una valoración de las pérdidas materiales causadas por el siniestro.
Por otro lado, las peticiones se argumentan en torno a la obligación de reparar el daño causado por culpa o negligencia, que establecen los arts. 1.902 y 1.903 del Código Civil. Siendo esta obligación, exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sin por los de aquellas personas de quien se debe responder. De este modo, el responsable de dicha obligación de reparar es el propietario de la vivienda, independientemente de si la misma se encuentra arrendada o no.
Asimismo y en virtud al art. 42 de la Ley de Contrato de Seguro, el asegurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo. Es por ello y tras haber abonado a su asegurado la indemnización en aras de la cumplimentación de la condiciones de la Póliza, la aseguradora se subrogó en los derechos de su asegurado y reclama la cuantía indemnizada.
La parte demandante, presenta escrito de oposición manifestando que se reparó todos los daños del continente en cuanto tuvo conocimiento de los mismos, y como prueba de ello presenta las facturas de las reparaciones.
Por otro lado, manifiesta que no se efectúa la preceptiva declaración de preexistencia de las mercancías que incumbe al asegurado, tal como establece el art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro. Afirma esta parte, que el informe pericial presentado por la demandante se trata de un mero listado de medicamentos que la demandante manifiesta haber tenido, pero no se aporta prueba alguna de que efectivamente dicho material se encontrara en el local el día del siniestro.
En lo referente a la estimación del lucro cesante, afirma que el informe se centra en unas ventas estimativas que la farmacia no pudo realizar no en los supuestos beneficios que dejó de obtener, puesto que el beneficio de un día de facturación es el resultado de las ventas menos el costo del producto, algo que no se ha tenido en cuenta según la demandada.
Respecto a los requerimientos previos, afirma que en ningún momento la actora se ha puesto en contacto con la demandada para llegar a un acuerdo, y que presenta como prueba unas cartas que no llevan acuse de recibo que demuestre que la notificación fue efectiva.
Artículo 23. Intervención de procurador. , Artículo 44. Predeterminación legal de la competencia. , Artículo 6. Capacidad para ser parte. , Artículo 31. Intervención de abogado. , Artículo 36. Extensión y límites del orden jurisdiccional civil. Falta de competencia internacional. , Artículo 45. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia. , Artículo 52. Competencia territorial en casos especiales. , Artículo 61. Competencia funcional por conexión. , Artículo 250. Ámbito del juicio verbal. , Artículo 253. Expresión de la cuantía en la demanda. , Artículo 254. Control de oficio de la clase de juicio por razón de la cuantía. , Artículo 394. Condena en las costas de la primera instancia. , Artículo 255. Impugnación de la cuantía y de la clase de juicio por razón de la cuantía. , Artículo 399. La demanda y su contenido. , Artículo 437. Forma de la demanda. Acumulación objetiva y subjetiva de acciones. Ley de Enjuiciamiento Civil.
Artículo 1106. , Artículo 1108. , Artículo 1100. , Artículo 1902. , Artículo 1903. Código Civil.
Artículo cuarenta y tres. , Artículo treinta y ocho. Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
Póliza de seguro del local.
Copia de la trasferencia bancaria del pago realizado por “SEGUROS S.A.” por importe de 1.808,05 euros.
Nota del registro de la propiedad, donde consta que el demandado es el propietario de la vivienda.
Cartas de reclamación al demandado.
Factura y comprobante de pago de los arreglos de los daños causados en el local.
Fecha de la resolución judicial: 29-06-2018
La sentencia estima la demanda formulada por la actora, condenando a la parte demandada a pagar a Don Manuel la cantidad de 308,11 euros y a “SEGUROS S.A.”, la suma de 1.808,05 euros. Las anteriores cantidades habrán de ser incrementadas con los intereses legales correspondientes desde la fecha de la reclamación judicial y hasta su completo pago y todo ello con expresa imposición de las costas causadas en esta instancia a la demandada.
La resolución judicial se fundamenta en numerosos pronunciamientos del Tribunal Supremo, que establece como presupuestos para que pueda apreciarse la responsabilidad aquiliana: una acción u omisión generadora de una conducta imprudente o negligente, la causación de un daño o lesión y la relación de causa-efecto entre la acción y el daño.
Dicha doctrina ha explicitado también que la aplicación de aquella norma requiere, por regla general, la necesidad ineludible de un reproche culpabilístico al eventual responsable del resultado dañoso, y si bien es cierto que la jurisprudencia ha evolucionado en el sentido de objetivizar la responsabilidad extracontractual, no lo es menos que tal cambio se ha hecho moderadamente, recomendando una inversión de la carga de la prueba y acentuando el rigor de la diligencia requerida, según las circunstancias del caso, de manera que ha de extremarse la prudencia para evitar el daño, pero sin erigir el riesgo en fundamento único de la obligación de resarcir y sin excluir, en todo caso y de modo absoluto, el clásico principio de responsabilidad culposa; así pues, la jurisprudencia ha ido evolucionando hacia una minoración del culpabilismo originario, hacia un sistema que, sin hacer plena abstracción del factor moral o psicológico y del juicio de valor sobre la conducta del agente, viene a aceptar soluciones cuasi objetivas, demandadas por el incremento de las actividades peligrosas propias del desarrollo tecnológico y por el principio de ponerse a cargo de quien obtiene el beneficio o provecho, la indemnización del quebranto sufrido por el tercero, habiéndose producido el acercamiento a la responsabilidad por riesgo.
Además, el propio Alto Tribunal ha precisado que si bien el art. 1.902 del Código Civil descansa en un principio básico culpabilista, no es permitido desconocer que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todos los que la prudencia imponga para prevenir el evento dañoso, con inversión de la carga de la prueba y presunción de conducta culposa del agente, así como la aplicación, dentro de unas prudentes pautas, de la responsabilidad basada en el riesgo, aunque sin erigirla en fundamento único de la obligación de resarcir, todo lo cual permite entender que para responsabilizar una conducta, no sólo ha de atenderse a esa diligencia exigible según las circunstancias personales, de tiempo y lugar, sino además, al entorno físico y social donde se proyecta la conducta, para determinar si el agente obró con el cuidado, atención y perspectiva apropiados y con la reflexión necesaria para evitar el perjuicio.
Por lo que se refiere al vínculo causal entre la acción u omisión de los accionados y el resultado dañoso, el propio TS ha precisado, en sentencia de 29 de mayo de 1995, que indiscutida doctrinal y jurisprudencialmente la tendencia objetivadora de la responsabilidad, en todo caso se precisa la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo, y esta necesidad de una cumplida justificación no puede quedar desvirtuada por una posible aplicación de la teoría del riesgo, la objetivación de la responsabilidad o la inversión de la carga de prueba, aplicables en la interpretación del art. 1.902 del CC, pues el cómo y el porqué se produjo el accidente constituyen elementos indispensables en el examen de la causa eficiente del evento dañoso.
En el presente caso, tras una valoración en conjunto de la prueba practicada se concluye que la causa de los daños detectados en la vivienda asegurada por “SEGUROS S.A.” se sitúa en la rotura de un termo eléctrico ubicado en el inmueble del demandado, lo que motivó un desbordamiento de agua que causó daños en las mercancías existentes en el local del demandante y, en concreto, resultaron afectadas las vacunas y los medicamentos que estaban en el interior del refrigerador, las cuales se perdieron ya que no hubo corriente eléctrica desde la tarde del 19 de mayo hasta la tarde del 21 de mayo en que fue reanudada. Igualmente, se produjo una pérdida de beneficios al no poder desarrollarse la actividad al día siguiente del siniestro. El perito ratificó, en el acto del juicio, que comprobó la causa de los daños así como la existencia previa de los elementos estropeados, habiéndole aportado, a tal fin, el asegurado un albarán de entrega del proveedor de todas las vacunas y los elementos refrigerados. Asimismo, el perito aseguró que en la zona donde cayó el agua había una nevera con elementos refrigerados que, con el agua, se quedó sin corriente, valorando las pérdidas causadas a la farmacia por haber tenido que cerrar durante dos días en la suma de 308,11 euros y en 1.808,05 euros el importe de las mercancías dañadas.
La prueba pericial practica a instancias de los actores no ha resultado desvirtuada por la demandada, quien, a pesar de sus manifestaciones no ha probado que los cálculos del Perito sean inexactos o desproporcionados (art. 217 LEC).
En virtud de lo anterior, cabe estimar la demanda origen de autos.
Respecto a las costas de esta instancia, habrán de ser impuestas a la parte demandada a tenor del criterio objetivo del vencimiento que rige en nuestro ordenamiento jurídico procesal (art. 394 LEC).
Audiencia Provincial de Pontevedra, núm. 1013/2011, de 27-12-2011. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 2371104
Audiencia Provincial de Barcelona, núm. 134/2008, de 27-03-2008. CasosReales.Jurisprudencia. Marginal: 1438276
La responsabilidad de los propietarios de fincas por los daños ocasionados por sus arrendatarios (junio 2005)

References: RESOLUCIÓN 

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