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Timestamp: 2020-04-06 21:20:56+00:00

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﻿ Sentencia SL10138-2015 de julio 22 de 2015
SENTENCIA SL10138-2015 DE 22 DE JULIO DE 2015
CONTENIDO:EL RETIRO DEL SERVICIO ES NECESARIO PARA QUE SERVIDORES PÚBLICOS DISFRUTEN DE LA PENSIÓN. SIN PERJUICIO DE LO ESTIPULADO EN LAS LEYES 91 DE 1989, 60 DE 1993 Y 115 DE 1994, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ADQUIERA EL DERECHO A DISFRUTAR DE SU PENSIÓN DE VEJEZ O JUBILACIÓN PODRÁ OPTAR POR DICHO BENEFICIO O CONTINUAR VINCULADO AL SERVICIO, HASTA QUE CUMPLA LA EDAD DE RETIRO FORZOSO. PARA AQUELLOS, LA ASIGNACIÓN PENSIONAL SE EMPEZARÁ A PAGAR SOLAMENTE DESPUÉS DE HABERSE PRODUCIDO LA TERMINACIÓN DE SUS SERVICIOS, AUN CUANDO LA PRESTACIÓN SE HAYA RECONOCIDO CON ANTERIORIDAD. LA NORMA ES UN INSTRUMENTO PARA EVITAR LA POSIBILIDAD DE LA SIMULTÁNEA PERCEPCIÓN DE ASIGNACIÓN SALARIAL Y DE ASIGNACIÓN PENSIONAL POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON DERECHO A PENSIÓN. SI SE OPTA POR CONTINUAR CON LA VINCULACIÓN LABORAL, EL FONDO DE PENSIONES RESPECTIVO NO RESULTARÁ AFECTADO CON EL EGRESO DE LA MESADA Y CONTARÁ CON ESE DINERO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EN ESPECIAL CON LO RELATIVO A LAS FUNCIONES SOLIDARIASY SI SE SELECCIONA LA OPCIÓN PENSIONAL, SE LIBERARÁ UN DESTINO PÚBLICO QUE PERMITIRÁ EL ACCESO AL MISMO DE OTRA PERSONA.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN PENSIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, AFILIACIÓN PENSIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DEL DAS, MESADA PENSIONAL, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL, PAGO DE LA MESADA PENSIONAL DEL SECUESTRADO, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, EXTINCIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, LEGALIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, CLASES DE RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, RETIRO DISCRECIONAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRIMERA MESADA PENSIONAL, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO DE LA RAMA JUDICIAL
Sentencia SL10138-2015 de julio 22 de 2015
SL10138-2015
Radicación 58331
EXTRACTOS: « El recurso de casación
Dada la senda escogida en los dos cargos, son hechos incontrovertidos la condición de servidor público del actor; que cumplió los 55 años de edad el 3 de noviembre de 2007; que fue desafiliado del sistema de pensiones por haber satisfecho los requisitos para acceder a la pensión de vejez en noviembre de 2007; que el ISS a través de la Resolución 8867 de 31 de marzo de 2008, le reconoció pensión en aplicación de la Ley 33 de 1985, efectuando “la liquidación de la prestación conforme a lo indicado por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993”, tomando un ingreso base de liquidación de $ 1.181.695, que al aplicarle el 75% obtuvo como mesada pensional inicial la suma de $ 886.271 para el año 2008; que fue desvinculado del servicio a partir del 30 de octubre de 2010, y que fue incluido en nómina de pensionados a partir del 1º de noviembre 2010.
En ese orden, debe advertirse desde ya que la cuestión a decidir, es decir si el actor, como trabajador oficial que fue, le asiste derecho a disfrutar de su pensión de vejez desde el mismo momento en que fue desafiliado del ISS por su empleador público, hecho ocurrido en noviembre de 2007, no obstante haber seguido laborando para el mismo empleador hasta el 30 de octubre de 2010, cuando se retiró del servicio activo, ya ha sido resuelta por la Corte en asuntos similares, dándole la razón al Tribunal, como se observa en la Sentencia CSJ SL4413-2014, del 2 de abril de 2014, radicación 44825, dictada en proceso en que igualmente fue demandado el ISS y era empleadora del demandante en esa causa las mismas Empresas Públicas de Medellín, en la que así reflexionó esta Corporación:
No obstante que el Tribunal se equivocó al edificar el fallo sobre jurisprudencia ya superada por esta Sala, por ejemplo en sentencias CSJ SL, 20 de octubre de 2009, radicación 35605, y CSJ SL, 7 feb. 2012, radicación 39206, aunque fundado el cargo no deviene próspero, puesto que la Sala encontraría que conforme con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 344 de 1996, no es viable percibir simultáneamente ingresos a título de salario y pensión, sino que la persona que se encuentre ante esa disyuntiva debe optar por uno de los derechos, en la medida en que debe prevalecer la racionalización del gasto público.
Que es lo que acontece en el presente caso, pues si bien, la pensión de vejez que el ISS dispensó a la actora no tiene carácter de asignación proveniente del Tesoro Público, su carácter de servidora pública en la Universidad de Antioquia la situaban dentro de la égida de la Ley 344 de 1996, diseñada para la racionalización del gasto público, expedida el 27 de diciembre de 1996, publicada en el Diario Oficial 42.951.
Acusa la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, “lo que lo llevó a aplicar indebidamente el inciso 3º del mismo artículo 36, 21 y 33 de la ley 100 de 1993, en relación con el decreto 1858 de 1994, dejando de aplicar el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, en relación con el Decreto 2661 de 1960, los artículos 48,53 y 58 de la Constitución y los artículos 19 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo”.
Asevera que el Tribunal se equivocó al afirmar que “el IBL se conforma como lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el monto es el del régimen anterior”, pues a pesar de ser ese el criterio en la jurisprudencia de esta Corporación, consideraba que debía hacerse un nuevo estudio sobre la interpretación de dicha disposición, bajo la óptica del principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 constitucional y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, dado que entre los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 existía una gran contradicción, pues mientras en el primero establecía el respecto en cuanto al “MONTO”, en el segundo se determinaba “un monto diferente para las personas beneficiarias del régimen de transición pensional”.
Refiere que tanta era la duda razonable en la interpretación y aplicación de tales disposiciones, que el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa y constitucional, tenían criterios diferentes a la jurisprudencia de esta Corporación, por lo que de haber interpretado correctamente el Tribunal el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, habría inferido en el caso bajo examen, que el régimen anterior que debió aplicarse en su totalidad era el de la Ley 33 de 1985, determinando el ingreso de liquidación con base en el promedio de lo devengado en el último año de servicios del actor.
Afirma que contario de lo aseverado por la censura, el Tribunal en ningún error incurrió al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto lo que preceptuaba tal disposición era que el derecho pensional se consolidaba bajo el régimen anterior, que para el caso bajo examen era la Ley 33 de 1985, pero restringido a los requisitos de edad, tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y monto de la pensión, “no así respecto del salario base de liquidación de la prestación”, tal como lo había inferido acertadamente el Tribunal.
No hay ninguna contradicción entre los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como pretende hacerlo ver la censura. El primero, deja a salvo, para los beneficiarios del régimen de transición que consagra dicho precepto, la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez del régimen anterior al cual se encuentren afiliados. El inciso 3º, a su turno, se refiere al ingreso base para liquidar las pensiones de los beneficiarios de dicho régimen, de manera que en el caso de los servidores públicos que aspiran a la pensión de la Ley 33 de 1985, no puede acudirse al promedio de los salarios que sirvieron de base para los aportes en el último año de servicios, sino, como de manera clara y tajante lo dispone el inciso 3º en comento, al promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado en todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del IPC. En ese orden, es admisible decir que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si bien respetó el monto pensional de la legislación anterior, sin embargo varió el ingreso base de liquidación de las pensiones de los beneficiarios del régimen de transición, pues mientras que en el caso de las pensiones de quienes adquirieron el derecho a la pensión de la Ley 33 de 1985, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, ese salario para liquidar la prestación y del cual se extraía el 75%, era el promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, en el evento de los favorecidos con el régimen de transición, ese salario base de liquidación es, como ya se dijo, el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.
El anterior ha sido el entendimiento reiterado y pacífico que ha dado la Corte a los incisos 2º y 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que en este aspecto mal puede atribuírsele al Tribunal que hubiera dado una hermenéutica equivocada a la aludida disposición.
Teniendo en cuenta que en el caso bajo examen y sin discusión alguna, quedó acreditado que el actor cumplió los 55 años de edad el 3 de noviembre de 2007, resulta indiscutible su condición de beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, lo cual conlleva inexorablemente a que su salario base de liquidación de la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, ya no sea el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes en el último año de servicios, sino el 75 del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el 75% de lo cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior.
Ahora, como en el asunto bajo examen al demandante adquirió el derecho a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985, en el mes de noviembre de 2007, es decir que le faltaban más de diez años para adquirir el derecho desde que entró en vigencia el nuevo sistema pensional, su ingreso base de liquidación ya no es el regulado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino por el artículo 21 de dicha ley, como puede verse, entre otras, en la sentencia de casación del 17 de octubre de 2008, radicación 33.343, cuyas orientaciones han sido reiteradas, entre otras, en las sentencias del 15 de febrero de 2011, radicación 44238 y 17 de abril de 2012, radicación 53037, y que fueron del siguiente contenido:
“Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensiónales, se ha buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos próximos a consolidar el derecho.
“Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensiónales, sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.
“De suerte que, en materia de ingreso base de liquidación para personas beneficiadas con el régimen de transición, hay que distinguir entre quienes al 1º de abril de 1994, les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho, caso en el cual se les aplicara el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y quienes, para la misma fecha, les faltaba 10 años o más, evento en el que el IBL se liquidará de conformidad con el artículo 21 de la citada ley, es decir, con base en el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años al reconocimiento de la prestación o el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, si resulta superior al anterior, siempre y cuando el afiliado haya cotizado 1250 semanas como mínimo.
“Ya en el caso del demandante, debe decirse que, así como lo estableció el Tribunal, es la regla contenida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, la aplicable, toda vez que, para el 1º de abril de 1994, a aquél le faltaban más de 10 años para adquirir la pensión de jubilación, presupuesto fáctico que no discute la censura, por lo que no pudo incurrir aquél en el error jurídico que le atribuye la censura, al aplicar al caso el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, para efectos de liquidar el ingreso base de liquidación de la pensión y no el artículo 1º de la Ley 33 de 1985”.
En todo caso, debe precisase que el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia corresponde a su función como órgano de cierre dentro de la jurisdicción ordinaria, sin que el hecho de que otras corporaciones judiciales de otras jurisdicciones, se hayan pronunciado en sentido contrario, implique la deslegitimidad de los planteamientos que expone como tribunal de casación, en tanto actúa dentro de los precisos límites constitucionales y legales de su competencia. Y no encuentra la Corte motivos en las argumentaciones de la censura que la lleven a replantear su pacífica y reiterada jurisprudencia sobre el tema.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior Medellín, el 29 de febrero de 2012, en el proceso adelantado por NÉSTOR RAÚL COLORADO RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”.

References: Resolución 
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 artículo 19
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 artículo 1
 artículo 21
 artículo 53
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