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Por D. Julio Díaz-Maroto y Villarejo. Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Letrado del Tribunal Constitucional.
La Constitución Española (RCL 1978, 2836 y ApNDL 2875) proclama solemnemente en su artículo 1 como «valor superior» de nuestro ordenamiento, junto con la justicia, la igualdad y el pluralismo político, la LIBERTAD, entendida como la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le presenten, de acuerdo con sus propios intereses y preferencias (STC 132/1989 [RTC 1989, 132]), o «libertad general de actuación o libertad general de autodeterminación del individuo» (STC 120/1990 [RTC 1990, 120]). Esta referencia genérica a la libertad se concreta en una de sus proyecciones en la libertad física o individual a la que, al recogerse más adelante como un derecho fundamental, y, como consecuencia, brinda una especial protección.
Así, en su artículo 17.1 señala que «Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en la forma prevista por la ley». Ese derecho a la «libertad y seguridad» entraña el derecho a «la libertad física» (STC 120/1990), que garantiza a todos los ciudadanos «la ausencia de perturbaciones procedentes de medidas tales como la detención u otras similares que, adoptadas arbitraria o ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de toda persona de organizar, en cualquier momento y lugar dentro del territorio nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias opciones y convicciones» (STC 15/1986 [RTC 1986, 15]). Según la STC 98/1986 (RTC 1986, 98), debe considerarse como detención «cualquier situación en que la persona se vea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita, de suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad».
Obvio es que ese derecho, como todos los demás, no es absoluto y puede ser limitado en ciertos casos y, de ahí, que la propia CE remita a la Ley esa posibilidad. No obstante, como se indica en la STC 112/1988 (RTC 1988, 112), es necesario «interpretar restrictivamente cualquier excepción a la regla general de la libertad», debiendo exigirse, como se señala en las SSTC 178/1985 (RTC 1985, 178) y 341/1993 (RTC 1993, 341), «una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan aun previstas en la ley privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación». Es la Ley de Enjuiciamiento Criminal la que en sus artículos 489 a 501 contempla los distintos supuestos, personas autorizadas, tiempo de duración y efectos que la detención supone.
La detención, entendida como la privación provisional o preventiva de la libertad de la persona y, en consecuencia, como restricción de un derecho fundamental, necesita estar provista de una serie de garantías que la hagan constitucionalmente admisible. Así, el artículo 17.2 CE indica que «La detención preventiva no podrá durar más de lo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial».
Ahora bien, existen varias clases de detenciones, las realizadas por particulares, la policial y la judicial. La realizada por particulares no es más que una facultad que la LECrim (art. 490) contempla para distintos supuestos, fundamentalmente, en caso de «delito flagrante» (art. 490. 1º y 2º), y en casos de fuga o rebeldía del detenido, preso o condenado (art. 490. 3º a 7º), y, en el bien entendido de que el así detenido debe ser puesto a disposición policial o judicial lo más pronto posible y, en todo caso, dentro de las 24 horas siguientes al acto de la misma so pena de incurrir en el delito de detenciones ilegales previsto en los artículos 163 y ss. del Código Penal (RCL 1995, 3170).
La detención policial, como es fácil colegir, es aquella medida cautelar y provisional por la que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado privan de libertad a una persona, sobre la que pueda presumirse su participación en un hecho delictivo, durante el tiempo indispensable para practicar las diligencias de reconocimiento e interrogatorio y dentro del plazo previsto en la ley, poniéndola en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
La detención judicial es aquélla ordenada por un juez o tribunal en el curso de un procedimiento penal, así como la situación en que permanece el sujeto en tanto el juez (de instrucción) decide sobre su situación en el procedimiento.
Únicamente vamos a referirnos en estas breves notas a la denominada detención policial, así como a las garantías de las que, desde el punto de vista constitucional, debe estar revestida.
Lo primero que hay que señalar es que la LO 2/1986, de 13 de marzo (RCL 1986, 788), de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, indica en su artículo 5 que «Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ...1. Adecuación al ordenamiento jurídico, especialmente: a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Más adelante, en el núm 3 de este art. 5, al referirse al «tratamiento de detenidos», indica en su apartado c) que «Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona». Y, en fin, el artículo 11.1, reflejando lo ya establecido en el art. 104.1 de la Constitución, dice que «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana», lo cual, a su vez, es consecuencia de la proclamación contenida en el art. 53.1 CE de que «los derechos y libertades... vinculan a todos los poderes públicos»; entre las funciones asignadas están las de mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana, la de prevenir la comisión de actos delictivos, y la de investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables [art. 11.1 e), f) y g)].
Algunas de las funciones encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son desempeñadas en los territorios de las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con la posibilidad contenida en el art. 149.1. 29 y lo establecido en sus Estatutos de Autonomía, poseen policía propia, por los miembros de esos cuerpos. Así, por Ley 19/1983, de 14 de julio (RCL 1983, 1906), se regula la Policía Autonómica de la Generalidad de Cataluña (denominada Cuerpo de Mossos de Escuadra); por Ley 4/1992, de 17 de julio (RCL 1992, 2887), se regula la Po licía del País Vasco (Ertzaintza), y, por Ley Foral 1/1987 (RCL 1987, 1345), de 13 de febrero, se regularon los Cuerpos de Policía de Navarra (Policía Foral). A lo dicho hay que agregar que, por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (RCL 1986, 1238, 2271 y 3551), se aprobó el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; en el art. 173 de dicho Texto se señala que «La Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y, en consecuencia, con lo que se establece en los artículos 51 a 54 de dicha LOFCS. Muchas Comunidades Autónomas han dictado Leyes de Coordinación de Policías Locales. El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de referirse a esta cuestión en las SSTC 25/1993 (RTC 1993, 25) (Murcia), 49/1993 (RTC 1993, 49) (Baleares), 50/1993 (RTC 1993, 50) (Asturias), 51/1993 (RTC 1993, 51) (Extremadura), 52/1993 (RTC 1993, 52) (Madrid), 81/1993 (RTC 1993, 81) (Andalucía), 82/1993 (RTC 1993, 82) (Comunidad Valenciana), 85/1993 (RTC 1993, 85) (Cataluña), y 86/1993 (RTC 1993, 86) (Galicia).
Siguiendo con la lectura del artículo 17 de la CE, en el núm. 3 de dicho artículo se señala que «Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca».
Todas estas garantías reconocidas en el art. 17.3 de la CE, como se recuerda en la STC 107/1985 (RTC 1985, 107), «corresponden al detenido, esto es, a quien, privado de su libertad, se encuentra ante la eventualidad de quedar sometido a un procedimiento penal, procurando la norma que aquella situación de sujeción no devenga en ningún caso productora de indefensión del afectado» (también la STC 252/1994 [RTC 1994, 252]).
Es también en este caso la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 520, la que en su núm 2, señala que «Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, estableciendo en los apartados a) a f) una serie de derechos que le asisten.
Esta obligación, ya prevista de una manera genérica en el art. 2 LECrim, es la misma que se contempla en los arts. 5.2 y 6.3 del Convenio Europeo (RCL 1979, 2421 y ApNDL 3627). Debe hacerse, lógicamente, antes de proceder al interrogatorio del detenido y al objeto de que pueda preparar su defensa.
Estos derechos, o garantías formales, cabe resumirlos en los siguientes, siguiendo la misma enumeración del art. 520.2 LECrim:
a) Derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez, tal y como se señala en el art. 520.2.a) LECrim. Esta previsión no es más que consecuencia de lo establecido en el art. 17.3 CE, cuando señala que toda persona detenida no puede «ser obligada a declarar».
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, recogido en el art. 520.2.b) LECrim. Esta garantía, como protección de una posible indefensión, es la misma prevista en el art. 24.2 CE y parece más bien una reiteración de la anteriormente señalada. No obstante, parece que quiere insistirse en el derecho que en este artículo 24 CE se reconoce al ya imputado, y en la correlativa obligación de los funcionarios de policía o jueces de no exigir «a todo trance» su confesión.
En la STC 197/1995, de 21 de diciembre (RTC 1995, 197), dictada por el Pleno del Alto Tribunal al resolver las seis cuestiones promovidas por distintos órganos judiciales por supuesta inconstitucionalidad del art. 72.3 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (RCL 1990, 578), se señala en su fundamento jurídico 6 que (los derechos a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable) «son garantías o derechos instrumentales del genérico derecho de defensa, al que prestan cobertura en su manifestación pasiva, esto es, la que se ejerce precisamente con la inactividad del sujeto sobre el que recae o puede recaer una imputación, quien, en consecuencia, puede optar por defenderse en el proceso en la forma que estime más conveniente para sus intereses, sin que en ningún caso pueda ser forzado o inducido, bajo constricción o compulsión alguna, a declarar contra sí mismo o a confesarse culpable (SSTC 36/1983 [RTC 1983, 36], fundamento jurídico 2º; 127/1992 [RTC 1992, 127], fundamento jurídico 2º)».
En definitiva, como se recuerda en la reciente STC 115/1998, de 1 de junio (RTC 1998, 115), iterando la última jurisprudencia (SSTC 129/1996 [RTC 1996, 129], 153/1997 [RTC 1997, 153] y 49/1998 [RTC 1998, 49]), el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene la obligación de decir la verdad, sino que «puede callar total o parcialmente o incluso mentir» (SSTC 197/1995 [RTC 1995, 197] y 129/1996, y STEDH de 25 de febrero de 1993 -Caso Funke-).
c) Derecho a asistencia letrada. El derecho de asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales (art. 17.3 CE) es una garantía distinta de la contemplada en el artículo 24.2 CE. En este último artículo se quiere hacer referencia, en el marco de la tutela judicial efectiva, a una garantía dentro del proceso y, en consecuencia, está referida a la persona acusada en procedimiento penal especialmente.
Así, en la STC 196/1987 (RTC 1987, 196), que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad núm. 286/1984 planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Pamplona, por supuesta inconstitucionalidad del art. 527 a) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se señaló que «El art. 17.3 de la Constitución reconoce el derecho de asistencia letrada al "detenido" en las diligencias policiales y judiciales como una de las garantías del derecho a la libertad protegido por el núm. 1 del propio artículo, mientras que el art. 24.2 de la Constitución lo hace en el marco de la tutela judicial efectiva con el significado de garantía del proceso debido, especialmente, del penal (SSTC 21/1981 [RTC 1981, 21] y 48/1982 [RTC 1982, 48]), y, por tanto, en relación con el "acusado" o "imputado".
Esta doble proyección constitucional del derecho a la asistencia letrada no constituye originalidad de nuestra Constitución, sino sistema que guarda esencial paralelismo con los textos internacionales reguladores de los derechos humanos suscritos por España, aunque deba adelantarse que, en materia de asistencia letrada al detenido, nuestra Constitución es más amplia y generosa, al menos explícitamente, que dichos textos internacionales» (fundamento jurídico 4).
En efecto, basta la lectura de los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo, de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, ratificado por España mediante Instrumento de 26 de setiembre de 1979, así como la de los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 (RCL 1977, 893 y ApNDL 3630), ratificado por Instrumento de 13 de abril de 1977, para comprobar que en ellos tiene especial importancia la diferenciación entre «detenido» y «acusado» en relación con el mencionado derecho, y así lo evidencia también la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual el reconocimiento del derecho se hace depender de la existencia de «acusación» (vid., por ejemplo, las SSTEDH de 27 de junio de 1966 -caso Neumeister-, de 27 de febrero de 1980 -caso Deweer-, de 13 de mayo de 1980 -caso Artico, y de 26 de marzo de 1982 -caso Adolf-, entre otras).
Como señala el inciso final del art. 17.3 CE, esta garantía se plasmará «en los términos que la ley establezca». Como consecuencia de esta declaración fue promulgada la LO 14/1983, de 12 de diciembre (RCL 1983, 2822 y ApNDL 3698), de Asistencia Letrada, dándose una nueva redacción al artículo 520 de la LECrim.
En la redacción actual, se señala en el art. 520.2 c) LECrim que toda persona detenida o presa tiene «Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, se procederá a la designación de oficio». Solamente prevé la Ley un supuesto de renuncia a la preceptiva asistencia de abogado en el núm. 5 de este art. 520 LECrim, cuando la detención fuese «por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico» (arts. 379 y ss. del Código Penal).
Sobre esto último, y en relación con la pruebas de control de alcoholemia, la STC 252/1994 señaló que el "test" de alcoholemia es «una pericia técnica en que la participación del detenido con declaraciones autoinculpatorias está ausente, y a cuya práctica puede éste negarse... por ello el propio art. 520.5 LECrim autoriza la renuncia a la asistencia letrada, que en otros supuestos no sería admisible». Con anterioridad, y en referencia a otras garantías, la STC 103/1985 (RTC 1983, 105) resolvió que «el deber de someterse al control de alcoholemia no puede considerarse contrario al derecho a no declarar y a declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pues no se obliga al detectado a emitir una declaración que exteriorice un contenido, admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una especial modalidad de pericia, exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.2 de la CE»; indicándose, en fin, en la STC 22/1988 (RTC 1988, 22) que «el sometimiento de los conductores de vehículos a las normas del Código de la Circulación y, por tanto, a las autoridades encargadas de su cumplimiento, en cuanto no desborden el campo de actuación que les es propio, no guardan relación alguna con el derecho a la libertad que consagra y protege el art. 17 de la CE».
Tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal de 1995, en cuyo art. 380 se prevé que la negativa del conductor a someterse a las pruebas de alcoholemia puede acarrearle la pena de prisión de seis meses a un año, como autor de un delito de desobediencia grave previsto en el art. 556 del propio Código, hay que reseñar que las SSTC 161/1997, de 2 de octubre (RTC 1997, 161), y 234/1997, de 18 de diciembre (RTC 1997, 234), al resolver las 21 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados de lo penal acerca de la posible incostitucionalidad del art. 380 del CP, han reafirmado la doctrina de que «la determinación del grado de alcohol en sangre a través del correspondiente test de alcoholemia no es contraria a las garantías constitucionales», recordando lo ya establecido en las SSTC 252/1984 (RTC 1984, 252), 103/1985, 107/1985, 195/1987 (RTC 1987, 195), 22/1988, 76/1990 (RTC 1990, 76), 252/1994 y 197/1995.
A todo lo expuesto sobre el derecho a la asistencia letrada hay que agregar que este derecho estará limitado a que se le nombre un abogado de oficio en supuestos en que se hubiere decretado judicialmente la incomunicación del detenido (art. 527 LECrim), situación que suele producirse (art. 520 bis) cuando la persona detenida lo es como presunto partícipe en la comisión de alguno de los delitos a que se refiere el art. 384 bis (los cometidos por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes).
La incomunicación, como se indica en el art. 506 LECrim, sólo podrá durar el tiempo absolutamente preciso «para evacuar las citas hechas en las indagatorias relativas al delito que haya dado lugar al procedimiento, sin que por regla general deba durar más de cinco días», aunque podrá alargarse por tres días más o por el tiempo «prudencialmente preciso para evitar la confabulación» (arts. 508 y 507, respectivamente), siempre mediante auto del juez.
Es cierto que en las SSTC 196/1987, 46/1988 (RTC 1988, 46) y 60/1988 (RTC 1988, 60) se dijo que la denegación a los detenidos incomunicados de la posibilidad de nombrar libremente abogado, con la consiguiente designación de un letrado de oficio, es una medida de las que el legislador puede establecer en ejercicio de su poder de regulación del derecho de asistencia letrada, y que esa medida no conculca el contenido esencial del derecho declarado en el art. 17.3 de la Constitución. Pero también lo es que, con las cautelas necesarias, para evitar que una prolongación excesiva de la incomunicación pueda convertirse en un trato «inhumano o degradante» prohibido por el art. 15 CE, en la STC 197/1987 (RTC 1987, 197) se dijo que «la limitación temporal del detenido incomunicado en el ejercicio de su derecho de libre designación de abogado, que no le impide proceder a ella una vez haya cesado la incomunicación, no puede calificarse de medida restrictiva irrazonable o desproporcionada, sino de conciliación ponderada del derecho de asistencia letrada cuya efectividad no se perjudica con los valores constitucionales de seguridad ciudadana y de defensa de la paz social». No obstante, en la STC 199/1987 (RTC 1987, 199) se llama la atención sobre «su uso ilimitado y extensivo», pues tal circunstancia «puede poner en peligro derechos tales como los previstos en los art. 15, 17 y 24.2 de la Constitución. Por ello, en nuestro ordenamiento la decisión de incomunicación corresponde siempre al órgano judicial, aun en el caso de las detenciones gubernativas».
En definitiva, como ha señalado el Tribunal Constitucional, funcionalmente, el derecho a la asistencia letrada al detenido tiende a «asegurar (con la presencia personal del letrado) que los derechos constitucionales del detenido sean respetados, que no sufra coacción o trato incompatible con su dignidad y libertad de declaración y que tendrá el debido asesoramiento técnico sobre la conducta a observar en los interrogatorios, incluida la de guardar silencio, así como sobre su derecho a comprobar, una vez realizados y concluidos con la presencia activa del letrado, la fidelidad de lo transcrito en el acta de declaración que se le presenta a la firma» (SSTC 196/1987, 252/1994 y 21/1997 [RTC 1997, 21]). Sin embargo, de las misiones encomendadas al abogado y que se concretan el el art. 520.6 LECrim, se deduce que su comportamiento ha de ser más bien de carácter «pasivo», lo cual no se cohonesta de una manera satisfactoria con la doctrina constitucional antes referida.
d) Derecho a la notificación de la detención a un familiar o persona que el detenido designe del hecho de la detención y del lugar de custodia en que se halle en cada momento. Asimismo, si el detenido es extranjero también tendrá derecho a que se comuniquen tales circunstancias a la oficina consular de su país. Esta garantía adquiere especial relevancia al objeto de solicitar, en su caso, la aplicación de la Ley 6/1984, de 24 de mayo (RCL 1984, 1372 y ApNDL 3699), reguladora del Procedimiento de Hábeas Corpus.
No obstante, este derecho no será de aplicación al detenido «mientras se halle incomunicado» (art. 527. b de la LECrim).
e) Derecho a ser asistido por un intérprete gratuito, cuando sea extranjero que no comprenda o no hable el castellano. Sobre este derecho, contemplado en el art. 520.2.e) LECrim, tuvo ocasión de pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Öztürk (STEDH de 21 de febrero de 1984), así como el Tribunal Constitucional en las SSTC 5/1984 (RTC 1984, 5), 74/1987 (RTC 1987, 74), 71/1988 (RTC 1988, 71), 30/1989 (RTC 1989, 30), 188/1991 (RTC 1991, 188) y 181/1994 (RTC 1994, 181), entre otras.
Este derecho, íntimamente vinculado a que el detenido no sufra indefensión, fue ampliamente estudiado en la STC 74/1987, que resolvió el recurso de inconstitucionalidad núm. 194/1984, planteado por el Gobierno Vasco contra la Ley 14/1983, de 12 de diciembre, que desarrolla el art. 17.3 de la Constitución en lo que se refiere a la asistencia letrada al detenido y reformó los artículos 520 y 527 de la LECrim. En ella se decidió que el art. 520.2 e) de la LECrim no era inconstitucional interpretado en el sentido de que no priva del derecho a ser asistido por intérprete a los ciudadanos españoles que no comprendan o hablen el castellano. Para llegar a ese fallo establecía en el fundamento jurídico 3 que «Este derecho debe entenderse comprendido en el art. 24.1 CE en cuanto dispone que en ningún caso puede producirse indefensión. Y aunque es cierto que este precepto parece referirse a las actuaciones judiciales, debe interpretarse extensivamente como relativo a toda clase de actuaciones que afectan a un posible juicio y condena y, entre ellas, a las diligencias policiales cuya importancia para la defensa no es necesario ponderar. La atribución de ese derecho a los españoles que no conozcan suficientemente el castellano y no sólo a los extranjeros que se encuentren en ese caso no debe ofrecer duda. Lo contrario supondría una flagrante discriminación prohibida por el art. 14 de la Constitución».
f) Derecho a ser reconocido por un médico forense. Esta es una garantía, contemplada en el art. 520.2 f) LECrim, que viene a evitar los posibles malos tratos o torturas a los detenidos, puesto que el dictamen pericial realizado por el facultativo servirá para, en su caso, apreciar comparativamente el estado del detenido en el momento de su detención y en el de su puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Al respecto, han señalado las SSTC 100/1985 (RTC 1985, 100), 147/1987 (RTC 1987, 147) y 24/1991 (RTC 1991, 24) que el certificado del médico forense es una pericia técnica que se adjunta al atestado y no pierde su propio carácter por tal circunstancia. Las pericias técnicas constituyen pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez si no son impugnadas por ninguna de las partes y son aportadas al acervo de diligencias.
Como señala GARCÍA MORILLO, la relevancia de esas garantías tiene una doble proyección: por un lado, intrínseca, porque son en sí mismas garantías frente a la detención; por otro lado, porque el incumplimiento de las garantías convertirá la detención en constitucionalmente inadmisible. Esta inadmisiblidad, continúa el citado autor, tiene una doble manifestación: de una parte, al ser la detención ilegal, sitúa a quien la realiza como sujeto comisor de uno de los tipos de detención ilegal que, según los casos, están recogidos en el Código Penal. Por otro, la ilegalidad de la detención abrirá la vía del hábeas corpus y la consiguiente liberación, por orden judicial, de la persona ilegalmente detenida. Recuérdese que la garantía específica de la libertad que dispone el apartado 4 del art. 17 CE, mediante el hábeas corpus, «permite hacer cesar de modo inmediato las situaciones irregulares de privación de libertad» (SSTC 98/1986 [RTC 1986, 98] y 31/1996 [RTC 1996, 31]), siendo su fin inmediato «el de corregir las situaciones de privación de libertad afectas de alguna ilegalidad que comprende potencialmente todos los supuestos en que se produce una privación de libertad no acordada por el juez... o en forma tal que vulnere derechos fundamentales previstos en la Constitución íntimamente conectados con la libertad personal» (SSTC 31/1985 [RTC 1985, 31], 21/1996 [RTC 1996, 21] y 86/1996 [RTC 1996, 86]).
En cuanto a la duración de la detención policial, reviste especial importancia establecer con claridad el plazo de la misma. La tarea no es tan fácil como pudiera parecer a simple vista. Así, tanto el art. 17.2 CE como el art. 520.1 LECrim lo cifran en las 72 horas, mientras que el art. 496 LECrim lo hace en las 24 horas, indicando, además, que en la dilación en la entrega que exceda dicho plazo «se incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal». Parece, entonces, que existe una contradicción entre este último artículo y los dos primeros.
Una exégesis conjunta de dichos preceptos permite afirmar que el plazo de la detención es de configuración legal, siempre que no sobrepase el establecido en el art. 17.2 de la CE, es decir, el de 72 horas. Ahora bien, ese plazo es el máximo para que el detenido sea puesto en libertad o a disposición judicial. El art. 17.2 CE, y el art. 520.1 LECrim, que lo reproduce casi exactamente, fijan el tope que no podrá ser rebasado so pena de infringir la garantía constitucional; el corolario es que cualquier otro plazo que el legislador establezca por encima del mismo ha de ser considerado contrario a la Constitución.
Ahora bien, nada impide que la Ley establezca un plazo inferior. El propio art. 520.1 LECrim indica «dentro de los plazos de la presente Ley y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas», y el art. 496 LECrim marca un plazo distinto e inferior en la misma Ley.
La cuestión, entonces, a dilucidar es si el funcionario público que detiene a una persona y la pone en libertad o a disposición de la autoridad judicial después de las 24 horas pero antes de las 72 horas, incurre o no en responsabilidad penal. Como se ha dicho, el art. 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal así lo dispone al remitirse al Código Penal; por su parte, el art. 530 del Código Penal señala que «La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años».
A mi juicio, la contestación es que, si transcurren más de 24 horas, y aunque aún se esté dentro del límite de las 72 marcado por el art. 17.2 de la Constitución, el funcionario policial que no ponga en libertad al detenido o no lo ponga a disposición judicial podría incurrir en responsabilidad penal. A esta conclusión cabe llegar, entre otras razones, porque el plazo de 24 horas es al que parece referirse la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de Hábeas Corpus, que señala en su artículo 1 que mediante ese procedimiento se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial competente de cualquier persona detenida ilegalmente, considerándose por tal, entre otras, «Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al juez más próximo al lugar de la detención» [art. 1 c)].
En cualquier caso, es cierto que existe una importante polémica doctrinal sobre si el plazo del art. 496 LECrim ha de considerarse derogado o abrogado por el art. 17.2 CE, por lo que quizás hubiera de entenderse que para el funcionario que detiene el límite de las 72 horas constituye una norma permisiva específica consagrada en la Constitución y limitadora del mandato general del art. 496 LECrim.
De todas las maneras, es también obvio que esos límites temporales no tienen por qué ser necesariamente agotados. Si, como se ha dicho, la detención debe durar el tiempo imprescindible para conseguir el fin propuesto con la misma: identificar al detenido e interrogarle, una vez identificado y, si además el detenido se niega a declarar, debe ser puesto inmediatamente a disposición judicial sin que sea preciso agotar ni las 24 ni las 72 horas señaladas en la leyes. En definitiva, ha de respetarse siempre el requisito del art. 17.2 CE (no durar más de lo estrictamente necesario) y la exigencia del «plazo más breve posible» del art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del art. 5.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, a los que ya se hizo referencia.
El Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de referirse en distintas resoluciones a la cuestión del plazo, aunque sin referirse a esta aparente contradicción. En las SSTC 31/1996, de 27 de febrero, y 86/1996, de 21 de mayo (RTC 1996, 86), recogiendo la doctrina constitucional hasta la fecha, se señala expresamente que «El plazo de setenta y dos horas que establece la Constitución es un límite máximo de carácter absoluto, para la detención policial, cuyo cómputo resulta inequívoco y simple. Pero ese plazo es un límite del límite temporal prescrito con carácter general por el mismo precepto, sobre el cual se superpone sin reemplazarlo: el tiempo "estrictamente indispensable" para realizar el fin al que sirve la privación cautelar de libertad (SSTC 341/1993 y 206/1991 [RTC 1991, 206]). Por ende, el límite máximo de privación provisional de libertad que permite el art. 17 de la Constitución puede ser sensiblemente inferior a las setenta y dos horas, atendidas las circunstancias del caso, y en especial el fin perseguido por la medida de privación de libertad, la actividad de las autoridades implicadas, y el comportamiento del afectado por la medida (SSTC 41/1982 [RTC 1982, 41], 127/1984 [RTC 1984, 127], 8/1990 [RTC 1990, 8] y 128/1995 [RTC 1995, 128])».
Quiero referirme también, siquiera sucintamente, a la así llamada «detención del indocumentado» o, a veces «retención» . Con esta denominación se quiere hacer referencia a la situación que se da cuando los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención y para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, requieren «a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen» a dependencias policiales para realizar las diligencias de identificación «a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible», supuesto contemplado en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC).
Como es sobradamente conocido, contra la citada Ley fueron interpuestos tres recursos de inconstitucionalidad (por 91 diputados al Congreso, pertenecientes al Grupo Popular; por el Parlamento de las Islas Baleares, y por la Junta General del Principado de Asturias), y dos cuestiones de inconstitucionalidad (planteadas por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid y por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla). Los cinco procesos fueron acumulados y resueltos conjuntamente por la STC 341/1993, de 18 de noviembre. En el fallo dictado por el Pleno del Alto Tribunal se decidió estimar parcialmente los dos primeros recursos de inconstitucionalidad, inadmitir por extemporáneo el tercero, y estimar en su totalidad las dos cuestiones de inconstitucionalidad; en consecuencia, se declaró la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del núm. 2 del art. 21 y el inciso final («en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas») del art. 26 j).
Pues bien, el Pleno del Tribunal Constitucional salvó la constitucionalidad del art. 20.2 de la LOPSC, que también había sido impugnado, señalando que, aun cuando (la medida de identificación en dependencias policiales) «ha de ser considerada como una modalidad de privación de libertad» y, por tanto, «uno de "los casos" a que se refiere el art. 17.1 CE» (FJ 4), no es una detención preventiva, sin que esto signifique que «las garantías establecidas en los números 2 y 3 del art. 17 no deban ser tenidas en cuenta en otros casos de privación de libertad distintos a la detención preventiva» (FJ 6).
En este sentido, entiende el TC que «la medida prevista en el art. 20.2 no puede calificarse de indefinida o ilimitada en cuanto a su duración», puesto que la precisión legal de que las diligencias policiales de identificación en dependencias policiales no se podrán prolongar más allá del «tiempo imprescindible» implica «un mandato al legislador de que la diligencia de identificación se realice de manera inmediata y sin dilación alguna» (FJ 6). Por lo demás, el contenido del art. 20 supone «implícita, pero inequívocamente, que los agentes actuantes han de informar debidamente al requerido» de las razones del requerimiento, sin que resulte inexcusable la presencia o asistencia de abogado, o que se le haga conocer la exclusión de toda obligación de declarar, dado que la norma no permite el interrogatorio. En todo caso, como la propia STC 341/1993 recuerda, «El entero sistema de protección judicial de la libertad personal muy en particular, el instituto del hábeas corpus (art. 17.4 CE) protegerá al afectado por estas medidas de identificación frente a toda posible desvirtuación de su sentido y también, por lo tanto, frente a una eventual prolongación abusiva de la permanencia en las dependencias policiales».
A pesar de todas estas cautelas, dos Magistrados, los Sres. De la Vega Benayas y González Campos, formularon dos votos disidentes con el parecer del resto de Magistrados, razonando que también debió declararse inconstitucional el art. 20.2 de la LOPSC.
Finalmente, cabe reseñar que nuestro ordenamiento admite otras clases de privación de libertad, distintas de la detención preventiva o cautelar, fundadas en otros principios diferentes a la sospecha de la comisión de un hecho delictivo. Me refiero al internamiento de enfermos infecto-contagiosos (Ley de 25 de noviembre de 1944, Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril [RCL 1986, 1315], de medidas especiales en materia de salud pública, y Ley 14/1986, de 25 de abril [RCL 1986, 1316], General de Sanidad); al de menores (arts. 154.6º y 211 del Código Civil); al de enajenados (arts. 20.1º y 101 del Código Penal y art. 211 del Código Civil); al de extranjeros en los procedimientos de expulsión (art. 26.2 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio [RCL 1985, 1591 y ApNDL 5093], sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España); a la detención también de extranjeros en procedimientos de extradición pasiva (arts. 8 y 9 de la Ley 4/1985, de 21 de marzo [RCL 1985, 697, 867 y ApNDL 5098], de Extradición Pasiva), y al arresto del quebrado (arts. 1335 LECiv y 1044 del Código de Comercio).
A ellas quizás cabría agregar la posible detención acordada por el juez de lo civil ante la injustificada negativa de una persona a someterse a la práctica de la prueba biológica de la paternidad o maternidad (art. 127 del Código Civil), dado que «una vez decidido por el juzgado que es preciso realizarla porque no pueda obtenerse la evidencia de la paternidad (o maternidad) a través de otros medios probatorios, el afectado está obligado a posibilitar su práctica» (STC 7/1994, de 17 de enero [RTC 1994, 7]).
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 artículo 520
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