Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0045&language=ES
Timestamp: 2019-07-15 21:21:49+00:00

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INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo - A7-0045/2012
Procedimiento : 2009/0157(COD)
Ciclo relativo al documento : A7-0045/2012
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sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0154),
– Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 61, letra c), y el artículo 67, apartado 5, segundo guión, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0236/2009),
– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de julio de 2010(1),
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0045/2012),
relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo
(2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, apartado 2, letra c), del Tratado, dichas medidas podrán ir encaminadas, entre otras cosas, a garantizar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de competencia.
(4) El 30 de noviembre de 2000 se adoptó un programa, común a la Comisión y al Consejo, de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(4). En este Programa se describen las medidas relativas a la armonización de las normas de conflictos de leyes como medidas destinadas a facilitar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y se anuncia asimismo la elaboración de un instrumento en materia de sucesiones y testamentos ▌.
(5) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 4 y 5 de noviembre de 2004, adoptó un nuevo programa denominado «El Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea»(5). En este Programa se subraya la necesidad de adoptar ▌un instrumento ▌en materia de sucesión, que aborde en particular la cuestión de los conflictos de leyes, la competencia ▌, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones en este ámbito y el certificado sucesorio europeo ▌.
(5 bis) El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual denominado «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano»(6). En este Programa, el Consejo Europeo consideró que el reconocimiento mutuo debería ampliarse a los ámbitos que todavía no están cubiertos pero son fundamentales en la vida diaria, por ejemplo la sucesión y los testamentos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sistemas judiciales de los Estados miembros, incluido el orden público, y las tradiciones nacionales en este ámbito.
(6) Conviene facilitar el buen funcionamiento del mercado interior suprimiendo los obstáculos a la libre circulación de las personas que actualmente tienen dificultades a la hora de ejercer sus derechos en un contexto de sucesión con repercusión transfronteriza. En el espacio europeo de justicia, es necesario que los ciudadanos puedan preparar por anticipado su sucesión. Es preciso garantizar de manera eficaz los derechos de los herederos y legatarios y de las demás personas allegadas al causante, así como de los acreedores de la sucesión.
(7) Para alcanzar esos objetivos, el presente Reglamento debe reunir las disposiciones sobre competencia ▌, ley aplicable y reconocimiento, o, en su caso, aceptación, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones, los actos auténticos y las transacciones judiciales, así como sobre el certificado sucesorio europeo.
(8) El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe abarcar todos los aspectos de Derecho civil de la sucesión por causa de muerte, es decir, cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones por causa de muerte, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa, ya derive de una transmisión mediante sucesión intestado.
(8 bis) El presente Reglamento no se aplicará a cuestiones fiscales ni a cuestiones administrativas de Derecho público. Por consiguiente, debe corresponder al Derecho nacional determinar, por ejemplo, las modalidades de cálculo y pago de los impuestos y otros pasivos de Derecho público, ya se trate de impuestos adeudados por el difunto en el momento del fallecimiento o de cualquier tipo de impuesto relacionado con la sucesión que deba ser abonado con cargo a la herencia o por los beneficiarios. También debe corresponder al Derecho nacional determinar si la liberación de bienes sucesorios a los beneficiarios en virtud del presente Reglamento o el registro de los bienes sucesorios en un registro puede ser objeto del pago de impuestos.
(8 ter) El presente Reglamento no debe aplicarse a ámbitos del Derecho civil distintos de la sucesión. Por motivos de claridad, algunas cuestiones que podría considerarse que tienen una vinculación con los asuntos de sucesión deben excluirse expresamente del ámbito de aplicación del presente Reglamento.
(8 quater) Así pues, el presente Reglamento no debe aplicarse a las cuestiones relativas a los regímenes matrimoniales, incluidos los acuerdos matrimoniales tal como se conocen en algunos sistemas jurídicos en la medida en que dichos acuerdos no abordan asuntos sucesorios, ni a regímenes patrimoniales de relaciones que se considera que tienen efectos similares al matrimonio. No obstante, las autoridades que sustancien una sucesión determinada con arreglo al presente Reglamento deberán, en función de la situación, tener en cuenta la liquidación del régimen matrimonial o de un régimen patrimonial similar del difunto en el momento de determinar la herencia del difunto y las respectivas partes alícuotas de los beneficiarios.
(8 quinquies) Se deberán excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento las cuestiones relativas a la creación, administración y disolución de trusts. Esta exclusión no debe considerarse como una exclusión general de los trusts. En caso de que se cree un trust en virtud de un testamento o por ley en relación con una sucesión intestada, será de aplicación la ley aplicable a la sucesión determinada con arreglo al presente Reglamento por lo que respecta a la cesión de los bienes y a la determinación de los beneficiarios.
(9) Los derechos de propiedad, intereses y bienes creados o transmitidos por otros medios distintos de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, también deben quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Con todo, debe ser la ley que el presente Reglamento considere como la ley aplicable a la sucesión la que ha de determinar si las liberalidades o cualquier otra forma de disposición inter vivos que tenga por efecto la adquisición ▌de un derecho real anterior al fallecimiento deben devolverse o tenerse en cuenta a los efectos del cálculo de las partes de los beneficiarios según la ley aplicable a la sucesión.
(10) ▌El presente Reglamento ▌ha de prever la creación o la transmisión mediante sucesión de un derecho ▌sobre ▌bienes muebles e inmuebles tal como prevé la ley aplicable a la sucesión ▌. No obstante, no debe afectar al número limitado (numerus clausus) de derechos reales reconocidos en el ordenamiento jurídico de algunos Estados miembros. No se debe exigir a un Estado miembro que reconozca un derecho real relativo a bienes ubicados en ese Estado miembro si su Derecho de propiedad desconoce el derecho real de que se trate.
(10 bis) No obstante, para permitir que los beneficiarios disfruten en otro Estado miembro de los derechos que hayan sido creados o les hayan sido transmitidos mediante sucesión, el presente Reglamento debe prever la adaptación de un derecho real desconocido al derecho real equivalente más cercano del Derecho de ese otro Estado miembro. Al realizar esa adaptación, se deben tener en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el derecho real específico y los efectos vinculados al mismo. A efectos de determinar el derecho real equivalente más cercano del Derecho nacional, se podrá entrar en contacto con las autoridades o personas competentes del Estado cuya ley se haya aplicado a la sucesión para obtener más información sobre la naturaleza y los efectos de ese derecho. En este contexto, podría recurrirse a las redes existentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil, así como a cualesquiera otros medios disponibles que faciliten la comprensión de la ley extranjera.
(10 ter) La adaptación de derechos reales desconocidos explícitamente contemplada en el presente Reglamento no debe excluir otras formas de adaptación en el contexto de la aplicación del presente Reglamento.
(10 quater) Los requisitos de la inscripción en un registro de un derecho sobre bienes muebles o inmuebles se deben excluir del ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, debe ser el Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro (para los bienes inmuebles, la lex rei sitae) el que determine en qué condiciones legales y de qué manera se realizará la inscripción, así como qué autoridades, como registradores de la propiedad o notarios, se ocuparán de verificar que se reúnen todos los requisitos y que la documentación presentada es suficiente o contiene la información necesaria. En particular, las autoridades podrán comprobar que el derecho del difunto a los bienes sucesorios mencionados en el documento presentado para su inscripción es un derecho inscrito como tal en el registro o un derecho que se haya probado de otro modo de acuerdo con el Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro. Para evitar la duplicidad de documentos, las autoridades del registro deben aceptar los documentos elaborados por las autoridades competentes de otro Estado miembro cuya transmisión se contempla en el presente Reglamento. En particular, el certificado sucesorio europeo expedido en virtud del presente Reglamento debería constituir un documento válido para inscribir los bienes sucesorios en el registro de un Estado miembro. Ello no debe impedir a las autoridades encargadas de la inscripción pedir a la persona que solicita la inscripción que presente la información o los documentos adicionales requeridos en virtud de la ley del Estado miembro en el que esté situado el registro, por ejemplo información o documentos relativos al pago de rentas. La autoridad competente puede indicar a la persona que solicita el registro cómo puede proporcionar la información o los documentos que falten.
(10 quinquies) Se deben excluir también del ámbito de aplicación del presente Reglamento los efectos de la inscripción de los derechos en el registro. En consecuencia, debe corresponder al Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro determinar si la inscripción tiene, por ejemplo, efecto declarativo o constitutivo. Así pues, en caso de que, por ejemplo, la adquisición de un derecho en relación con un bien inmueble deba ser inscrita con arreglo al Derecho del Estado miembro en que esté situado el registro con objeto de garantizar el efecto erga omnes de los registros o de proteger las transacciones judiciales, el momento de dicha adquisición deberá regirse por el Derecho de ese Estado miembro.
(11) El presente Reglamento deberá respetar los distintos sistemas para sustanciar sucesiones que se aplican en los Estados miembros. A efectos del presente Reglamento, se debe dotar al término «órgano jurisdiccional» de un sentido amplio de modo que abarque no solo a los órganos jurisdiccionales en sentido propio, que ejercen funciones judiciales, sino también a los notarios o a las oficinas del registro en algunos Estados miembros que, en determinados asuntos de sucesiones, ejercen las funciones judiciales de los órganos jurisdiccionales, así como los notarios y los profesionales del Derecho que, en algunos Estados miembros, ejercen funciones judiciales en una sucesión determinada por delegación de poderes de un órgano jurisdiccional. Todos los óranos jurisdiccionales tal como se definen en el presente Reglamento deberán estar vinculados por las normas de competencia establecidas en el mismo. En cambio, el término «órgano jurisdiccional» no debe incluir a las autoridades no judiciales de un Estado miembro que, en virtud del Derecho nacional, están facultadas para sustanciar sucesiones, como los notarios en la mayoría de los Estados miembros, en aquellos casos en los que, como ocurre habitualmente, no ejercen funciones judiciales.
(11 bis) En virtud del presente Reglamento todos los notarios competentes en materia de sucesiones en los Estados miembros podrán ejercer esas competencias. El hecho de que los notarios de un Estado miembro estén o no vinculados por las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento dependerá de si están incluidos en la definición de «órgano jurisdiccional» a efectos del Reglamento.
(11 ter) Los actos expedidos por notarios en materia de sucesiones en los Estados miembros deberán transmitirse de acuerdo con el presente Reglamento. Cuando los notarios ejercen funciones judiciales, están vinculados por las normas de competencia, y las resoluciones que dicten deberán transmitirse de acuerdo con las disposiciones sobre reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones. Cuando los notarios no ejercen funciones judiciales, no están vinculados por las normas de competencia, y los actos auténticos que expidan deberán transmitirse de acuerdo con las disposiciones sobre actos auténticos.
(12) Habida cuenta de la creciente movilidad de los ciudadanos ▌y con el fin de asegurar la correcta administración de justicia en la Unión y de garantizar que exista un nexo real entre la sucesión y el Estado miembro en que se ejerce la competencia, el presente Reglamento debe establecer como nexo general, a efectos de la determinación tanto de la competencia como de la ley aplicable, la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Con el fin de determinar la residencia habitual, la autoridad que sustancie la sucesión debe proceder a una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento y en el momento del mismo, tomando en consideración todos los hechos pertinentes, en particular la duración y la frecuencia de la presencia del causante en el Estado de que se trate, así como las condiciones y los motivos de dicha presencia. La residencia habitual así determinada debería revelar un vínculo estrecho y estable con el Estado de que se trate teniendo en cuenta los objetivos específicos del presente Reglamento.
(12 bis) En algunos casos, determinar la residencia habitual del difunto puede revelarse complejo. Tal sería el caso, en particular, cuando el difunto, por motivos profesionales o económicos, hubiese trasladado su domicilio a otro país para trabajar en él, a veces por un período prolongado, pero hubiera mantenido una vinculación estrecha y estable con su Estado de origen. En tal caso, dependiendo de las circunstancias, podría considerarse que el difunto tenía su residencia habitual en su Estado de origen, en el que estaba situado el centro de interés de su familia y su vida social. También podrían suscitarse otras situaciones complejas cuando el difunto haya residido en diversos Estados alternativamente o viajado de un Estado a otro sin residir permanentemente en ninguno de ellos. Si el difunto fuera nacional de uno de dichos Estados o tuviera sus principales bienes en uno de ellos, la nacionalidad o la localización de dichos bienes podrían constituir un factor especial en la evaluación general de todas las circunstancias objetivas.
(12 ter) Por lo que respecta a la determinación de la ley aplicable a la sucesión, en casos excepcionales en los que, por ejemplo, el difunto se haya mudado al Estado de su residencia habitual poco tiempo antes de su muerte y todas las circunstancias del caso indiquen que aquel tenía una vinculación manifiestamente más estrecha con otro Estado, la autoridad que sustancie la sucesión puede llegar a concluir que la ley aplicable a la sucesión no sea la ley del Estado de residencia habitual del difunto sino la ley del Estado con el que el difunto tenía una vinculación manifiestamente más estrecha. No obstante, la vinculación manifiestamente más estrecha no debe emplearse como nexo subsidiario cuando la determinación de la residencia habitual del difunto en el momento de su fallecimiento resulte compleja.
(12 quater) Ningún elemento del presente Reglamento debe ser óbice para que un órgano jurisdiccional aplique mecanismos concebidos para luchar contra la elusión de la ley, tales como el fraude de ley (fraude à la loi) en el contexto del Derecho internacional privado.
(12 quinquies) Las normas del presente Reglamento están concebidas para garantizar que la autoridad que sustancie la sucesión aplique, en la mayoría de los casos, su propio Derecho. Por consiguiente, el presente Reglamento establece una serie de mecanismos que se utilizarían cuando el difunto haya elegido para regir su sucesión la ley de un Estado miembro del que ha sido nacional.
(12 sexies) Uno de esos mecanismos debe brindar a las partes afectadas por la sucesión la posibilidad de celebrar un acuerdo relativo a la elección del foro en favor de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la ley elegida. Se ha de determinar, caso por caso y en particular en función de la cuestión objeto del acuerdo relativo a la elección del foro, si el acuerdo se ha de celebrar entre todas las partes afectadas por la sucesión o si algunas de estas partes pueden acordar someter una cuestión específica al órgano jurisdiccional elegido en caso de que la resolución que pueda dictar ese órgano jurisdiccional sobre esa cuestión no afecte a los derechos de las otras partes en la sucesión.
(12 septies) El órgano jurisdiccional que haya incoado de oficio un procedimiento de sucesión, como ocurre en algunos Estados miembros, debe sobreseer la causa si las partes acuerdan dirimir amistosamente la sucesión fuera del órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley haya sido elegida. Cuando el órgano jurisdiccional no haya incoado de oficio el procedimiento, el presente Reglamento no debe obsta para que las partes diriman amistosamente la sucesión de manera extrajudicial, por ejemplo ante un notario, en un Estado miembro que hayan elegido, en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. Tal posibilidad debe existir aunque la ley aplicable a la sucesión no sea la de dicho Estado miembro.
(13) Con vistas a garantizar que los órganos jurisdiccionales de todos los Estados miembros puedan, por los mismos motivos, ejercer la competencia en materia sucesoria en relación con personas que no sean residentes habituales en un Estado miembro en el momento de su fallecimiento, el presente Reglamento debe enumerar de manera exhaustiva, por orden jerárquico, los motivos por los que se puede ejercer la competencia subsidiaria.
(13 bis) A fin de remediar en particular situaciones de denegación de justicia, procede también prever en el presente Reglamento un forum necessitatis que permita, en casos excepcionales, a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro pronunciarse sobre una sucesión que guarde una estrecha vinculación con un tercer Estado. Uno de esos casos excepcionales podría darse cuando en el tercer Estado de que se trate resulte imposible sustanciar un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, o cuando no quepa esperar razonablemente que el beneficiario incoe o conduzca un procedimiento en ese Estado. Sin embargo, esta competencia fundada en el forum necessitatis solo puede ejercerse si el litigio guarda una vinculación suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se haya sometido el asunto.
(14) A fin de facilitar la vida a los herederos y legatarios que residan habitualmente en un Estado miembro distinto de aquel en que se sustancia o se sustanciará la sucesión, el presente Reglamento debe brindar a cualquier persona facultada en virtud de la ley aplicable a la sucesión para hacer las declaraciones relativas a la aceptación ▌de la sucesión, de un legado o de una legítima o a la renuncia a los mismos, o relativas a la limitación de su responsabilidad en relación con el pasivo de la herencia, la posibilidad de hacer esas declaraciones en la forma prevista en la legislación del Estado miembro de su residencia habitual ▌ante los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro. Ello no debe impedir que tales declaraciones se efectúen ante otras autoridades de dicho Estado miembro que sean competentes para recibir declaraciones en virtud del Derecho nacional. Las personas que se acojan a la posibilidad de hacer declaraciones en el Estado miembro de su residencia habitual deben informar ellas mismas al órgano jurisdiccional o a la autoridad que sustancia o sustanciará la sucesión de la existencia de esas declaraciones dentro de los plazos establecidos por la ley aplicable a la sucesión.
(14 bis) No debe ser posible que una persona que desee limitar su responsabilidad en relación con las deudas existentes en virtud de la sucesión limite su responsabilidad efectuando una mera declaración a tal efecto ante los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes del Estado miembro de su residencia habitual en aquellas situaciones en las que la ley aplicable a la sucesión exija que dicha persona inicie un procedimiento jurídico específico, por ejemplo un procedimiento de inventario, ante el órgano jurisdiccional competente. Por consiguiente, una declaración efectuada en tales circunstancias por una persona en el Estado miembro de su residencia habitual, en la forma prescrita por la ley de dicho Estado miembro, no debe ser formalmente válida a los efectos del presente Reglamento, y tampoco deben considerarse declaraciones a los efectos del presente Reglamento los documentos que establezcan el procedimiento jurídico como tal.
(16) En aras del buen funcionamiento de la justicia, no debe ser posible dictar resoluciones inconciliables en ▌Estados miembros diferentes. A tal efecto, el presente Reglamento debe prever normas procedimentales generales similares a las recogidas en otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.
(16 bis) Una de esas normas procedimentales es la norma sobre litispendencia, que será de aplicación si el mismo asunto sucesorio se somete a distintos órganos jurisdiccionales en distintos Estados miembros. En virtud de esa norma se determinaría a qué órgano jurisdiccional corresponde proceder a sustanciar la sucesión.
(16 ter) Dado que las sucesiones en algunos Estados miembros pueden ser sustanciadas por autoridades no judiciales, como los notarios, que no están vinculadas por las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento, no se puede excluir la posibilidad de que se incoen simultáneamente en distintos Estados miembros un acuerdo sucesorio extrajudicial y un procedimiento judicial que tengan por objeto la misma sucesión, o dos acuerdos sucesorios extrajudiciales que tengan por objeto la misma sucesión. En ese caso, incumbe a las partes interesadas, una vez hayan conocido la existencia de procedimientos simultáneos, acordar entre ellas la manera de proceder. Si no logran alcanzar un acuerdo, corresponde a los órganos jurisdiccionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento conocer de la sucesión y pronunciarse sobre esta.
(17) Para que los ciudadanos puedan aprovechar, respetando en todo momento la seguridad jurídica, las ventajas que ofrece el mercado interior, el presente Reglamento debe permitirles conocer de antemano cuál es la legislación aplicable a su sucesión. Además, deben introducirse normas armonizadas en materia de conflicto de leyes para evitar resultados contradictorios. La norma principal debe garantizar que la sucesión se rija por una ley previsible, con la que guarde estrechos vínculos. Por motivos de seguridad jurídica y para evitar la fragmentación de la sucesión, es necesario que esta ley rija la totalidad de la sucesión, es decir, todos los bienes que formen parte de la herencia, con independencia de la naturaleza de estos y de si están ubicados en otro Estado miembro o en un tercer Estado.
(18) El presente Reglamento debe capacitar a los ciudadanos para organizar por anticipado su sucesión, mediante la elección de la ley aplicable a su sucesión. Esta elección debería limitarse a la ley de un Estado de su nacionalidad, para garantizar que exista una conexión entre el difunto y la ley elegida y para evitar que se elija una ley con la intención de frustrar las expectativas legítimas de los legitimarios.
(18 bis) La elección de la ley debe hacerse explícitamente en una declaración en forma de disposición mortis causa o ha de resultar de los términos de una disposición de ese tipo. Puede considerarse que la elección de la ley resulta de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, el causante haya hecho referencia, en su disposición, a determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo esa ley.
(18 ter) La elección de la ley realizada en virtud del presente Reglamento debe ser válida aun cuando la ley elegida no prevea la elección de la ley en materia de sucesión. Debe corresponder, no obstante, a la ley elegida determinar la validez sustantiva del acto de la elección, es decir, si cabe considerar que la persona que llevó a cabo la elección comprendió lo que estaba haciendo y consintió en ello. Esto mismo debe aplicarse al acto de modificar o revocar la elección de la ley.
(18 quater) A efectos de la aplicación del presente Reglamento, la determinación de la nacionalidad o nacionalidad múltiple de una persona debe resolverse como una cuestión preliminar. La cuestión de considerar a una persona como nacional de un Estado queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento y está sujeta a la legislación nacional, incluidos, cuando proceda, los convenios internacionales, dentro del pleno respeto de los principios generales de la Unión Europea.
(18 quinquies) La ley determinada como aplicable a la sucesión debe regir la sucesión desde la apertura de la misma hasta la transmisión a los beneficiarios de la propiedad de los bienes que integren la herencia tal como establece esa ley. Debe incluir cuestiones relativas a la administración de la herencia y a la responsabilidad por el pasivo de la herencia. El pago de las deudas en virtud de la sucesión puede, en particular en función de la ley aplicable a la sucesión, incluir la toma en consideración de un orden específico de prelación de los acreedores.
(18 sexies) En algunos casos, las normas de competencia establecidas en el presente Reglamento pueden llevar a una situación en la que el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse sobre la sucesión no aplique su propia ley. Cuando se dé tal situación en un Estado miembro cuya ley prevea la investidura obligatoria de un administrador de la herencia, el presente Reglamento debe permitir a los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro, cuando se acuda a ellos, designar uno o varios administradores con arreglo a su propia ley. Ello no debe impedir a las partes optar por dirimir amistosamente la sucesión de manera extrajudicial en otro Estado miembro, en caso de que ello sea posible en virtud de la ley de dicho Estado miembro. Para garantizar una buena coordinación entre la ley aplicable a la sucesión y la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional competente para designar un administrador, el órgano jurisdiccional debe designar la persona o las personas autorizadas a administrar la herencia con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, como, por ejemplo, el ejecutor del testamento del difunto o sus propios herederos, o, si la ley aplicable a la sucesión así lo exige, un tercero administrador. No obstante, en aquellos casos específicos en que sea exigido por su ley, los órganos jurisdiccionales pueden designar a un tercero como administrador incluso si ello no está previsto en la ley aplicable a la sucesión. En el caso de que el difunto hubiera designado un ejecutor testamentario, no se puede privar a esa persona de sus derechos excepto si la ley aplicable a la sucesión prevé el término de su mandato.
(18 septies) Los poderes ejercidos por los administradores designados en el Estado miembro del órgano jurisdiccional al cual se haya sometido el asunto han de ser los poderes de administración que puedan ejercer en virtud de la ley aplicable a la sucesión. En consecuencia, si, por ejemplo, se designa como administrador al heredero este debe tener los poderes para administrar la herencia que tendría un heredero en virtud de dicha ley. Cuando los poderes de administración que se puedan ejercer en virtud de la ley aplicable a la sucesión no basten para preservar los bienes de la herencia o para proteger los derechos de los acreedores o de otras personas que hayan garantizado las deudas del difunto, el o los administradores designados en el Estado miembro del órgano jurisdiccional al que se haya sometido el asunto pueden, de manera residual, ejercer los poderes de administración previstos a tal fin por la legislación de ese Estado miembro. Esos poderes residuales podrían incluir, por ejemplo, elaborar una lista de los bienes y el pasivo de la herencia, informar a los acreedores de la apertura de la sucesión e invitarles a dar a conocer sus reclamaciones, así como adoptar cualesquiera medidas provisionales, incluidas las cautelares, destinadas a preservar los bienes de la herencia. La actuación de un administrador en virtud de sus poderes residuales ha de respetar la ley aplicable a la sucesión con respecto a la transferencia de la propiedad de los bienes sucesorios, incluida cualquier transacción que los beneficiarios hayan realizado antes de la designación de un administrador, la responsabilidad por el pasivo de la herencia y los derechos de los beneficiarios, incluido, en su caso, el derecho de aceptar la sucesión o renunciar a la misma. Tal actuación podría conllevar, por ejemplo, únicamente la enajenación de bienes o el pago de deudas cuando la ley aplicable a la sucesión lo autorice. Cuando, en virtud de la ley aplicable a la sucesión, la designación de un tercero administrador modifique la responsabilidad de los herederos ha de respetarse esa modificación de la responsabilidad.
(18 octies) El presente Reglamento no debe ser óbice para que los acreedores, por ejemplo a través de un representante, puedan adoptar medidas adicionales a las que quepa recurrir en virtud del Derecho nacional, en su caso de conformidad con los instrumentos pertinentes de la Unión, con objeto de salvaguardar sus derechos.
(18 nonies) El presente Reglamento debe prever la facilitación de información sobre la apertura de la sucesión a los posibles acreedores de Estados miembros distintos de aquel en el que se encuentren los bienes. Por consiguiente, en el contexto de la aplicación del presente Reglamento se debe tener en cuenta la posibilidad de crear un mecanismo, en su caso por medio del portal de justicia en red, que permita a los posibles acreedores de otros Estados miembros acceder a la información pertinente, de manera que puedan dar a conocer sus reclamaciones.
(18 decies) La ley aplicable a la sucesión debe determinar quiénes son los beneficiarios en una sucesión determinada. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el término «beneficiarios» comprende a los herederos y legatarios, así como a los legitimarios, aunque, por ejemplo, la posición jurídica de los legatarios no sea la misma en todos los sistemas jurídicos. En algunos ordenamientos jurídicos el legatario puede recibir una participación directa en la herencia, mientras que en otros sistemas jurídicos el legatario solo adquiere un derecho de reclamación contra los herederos.
(18 undecies) Para garantizar la seguridad jurídica a las personas que deseen planear su sucesión por anticipado, el presente Reglamento debe establecer una norma específica en materia de conflicto de leyes respecto de la admisibilidad y la validez sustantiva de las disposiciones mortis causa. Para garantizar una aplicación uniforme de esa norma, el presente Reglamento debe enumerar los elementos que se deban considerar elementos correspondientes a la validez sustantiva. El examen de la validez sustantiva de una disposición mortis causa puede llevar a la conclusión de que esa disposición mortis causa no tiene existencia legal.
(18 duodecies) Los pactos sucesorios son un tipo de disposición mortis causa cuya admisibilidad y aceptación varían de un Estado miembro a otro. Con el fin de facilitar que los derechos sucesorios adquiridos como consecuencia de un pacto sucesorio sean aceptados en los Estados miembros, el presente Reglamento debe determinar qué ley ha de regir la admisibilidad de esos pactos, su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolución.
(18 terdecies) La ley que, en virtud del presente Reglamento, rija la admisibilidad y la validez sustantiva de una disposición mortis causa y, en relación con los pactos sucesorios, los efectos vinculantes entre las partes, no debe menoscabar los derechos de ninguna persona que, en virtud de la ley aplicable a la sucesión, tenga derecho a la legítima o a cualquier otro derecho del que no puede verse privada por la persona de cuya herencia se trate.
(18 quaterdecies) Cuando en el presente Reglamento se hace referencia a la ley que habría sido aplicable a la sucesión de la persona que realizó la disposición mortis causa en caso de que dicha persona hubiera fallecido en la fecha en que, según fuera el caso, realizó, modificó o revocó la disposición, esa referencia se ha de entender como una referencia a la ley del Estado de residencia habitual del interesado en esa fecha, o, en caso de haber hecho una elección de la ley en virtud del presente Reglamento, a la ley del Estado de su nacionalidad en dicha fecha.
(19) El presente Reglamento ha de reglamentar la validez formal de todas las disposiciones mortis causa consignadas por escrito a tenor de normas conformes a las disposiciones del Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias. Al determinar si una determinada disposición mortis causa es formalmente válida en virtud del presente Reglamento, la autoridad competente no debe tomar en consideración la creación fraudulenta de un elemento internacional con miras a soslayar las normas sobre validez formal.
(19 bis) A efectos del presente Reglamento, se considera que toda disposición jurídica que limite las formas permitidas de disposición mortis causa mediante referencia a determinados elementos de la cualificación personal de la persona que haga la disposición mortis causa como, por ejemplo, su edad, se refiere a cuestiones formales. Esto no se ha de interpretar en el sentido de que la ley aplicable a la validez formal de una disposición mortis causa en virtud del presente Reglamento debe determinar si un menor tiene capacidad o no para efectuar disposiciones mortis causa. Esa ley solo debe determinar si un elemento de la cualificación personal como, por ejemplo, la minoría de edad, debe impedir que una persona efectúe una disposición mortis causa de una determinada manera.
(22) Por consideraciones económicas, familiares o sociales, determinados bienes inmuebles, determinadas empresas y otras categorías especiales de bienes están sometidos a normas especiales en el Estado miembro de ubicación que establecen restricciones sobre la sucesión respecto de esos bienes o que afectan a la misma. Conviene que el presente Reglamento garantice la aplicación de esas normas especiales. No obstante, para que pueda seguir siendo compatible con el objetivo general del presente Reglamento, esta excepción a la aplicación de la ley aplicable a la sucesión ha de interpretarse en sentido estricto. Por consiguiente, ni las normas de conflictos de leyes que somete a muebles e inmuebles a leyes diferentes ni las disposiciones que prevén una legítima superior a la establecida en la ley aplicable a la sucesión en virtud del presente Reglamento pueden considerarse normas especiales que imponen restricciones sobre la sucesión respecto de esos bienes o que afectan a la misma.
(23) Para garantizar un tratamiento uniforme de las situaciones en que sea incierto el orden en que han fallecido dos o más personas cuya sucesión se regiría por distintas leyes, el presente Reglamento debe prever una norma que establezca que ninguna de las personas fallecidas debe tener ningún derecho en la sucesión de la otra o de las otras.
(23 bis) En algunos casos, puede ocurrir que nadie reclame una herencia. Los distintos ordenamientos jurídicos tienen disposiciones distintas para esas situaciones. En algunos sistemas jurídicos, por ejemplo, el Estado puede reclamar la herencia vacante como si fuera un heredero con independencia de la ubicación de los bienes. En otros ordenamientos jurídicos, el Estado puede apropiarse solo de los bienes ubicados en su territorio. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer una norma que disponga que la aplicación de la ley aplicable a la sucesión no debe obstar para que un Estado miembro pueda apropiarse en virtud de su propia legislación de los bienes ubicados en su territorio. No obstante, para garantizar que esta norma no perjudique a los acreedores de la herencia, se ha de añadir la condición de que los acreedores de la herencia deben poder procurar la satisfacción de sus reclamaciones con cargo a los bienes de la herencia con independencia de la ubicación de estos.
(23 ter) Las normas en materia de conflicto de leyes establecidas en el presente Reglamento pueden llevar a la aplicación de la ley de un tercer Estado. En tales casos, se han de tomar en consideración las normas de Derecho internacional privado de ese Estado. Si esas normas disponen el reenvío a la ley de un Estado miembro o a la ley de un tercer Estado que aplicaría su propia ley a la sucesión, ese reenvío se debe aceptar a fin de garantizar la coherencia internacional. No obstante, se ha de excluir el reenvío en aquellos casos en que el difunto haya hecho la elección de la ley en favor de la ley de un tercer Estado.
(24) En circunstancias excepcionales, los órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes que sustancien sucesiones en los Estados miembros deben, por consideraciones de interés público, tener la posibilidad de descartar determinadas disposiciones de la ley extranjera cuando, en un caso concreto, la aplicación de esas disposiciones sea manifiestamente incompatible con el orden público del Estado miembro de que se trate. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales u otras autoridades competentes no deben poder aplicar la excepción de orden público para descartar la ley de otro Estado ni negarse a reconocer o, en su caso, aceptar, o ejecutar una resolución dictada, un acto auténtico o una transacción judicial de otro Estado miembro, cuando obrar así sea contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular a su artículo 21, que prohíbe cualquier forma de discriminación.
(25) A la luz de su objetivo general, que consiste en el reconocimiento mutuo de las resoluciones dictadas en los Estados miembros en materia de sucesiones, con independencia de si tales resoluciones se han dictado en un procedimiento contencioso o no contencioso, el presente Reglamento ha de prever normas en materia de reconocimiento, fuerza ejecutiva y ejecución de las resoluciones similares a las de otros instrumentos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil.
(26) Con el fin de tener en cuenta los distintos sistemas para sustanciar sucesiones en los Estados miembros, el presente Reglamento debe garantizar la aceptación y la fuerza ejecutiva en todos los Estados miembros de los actos auténticos en materia de sucesiones.
(26 bis) Los actos auténticos deben tener en otro Estado miembro el mismo valor probatorio que en su país de origen o el efecto más próximo comparable. La determinación del valor probatorio de un determinado acto auténtico en otro Estado miembro o del efecto más próximo comparable debe hacerse por referencia a la naturaleza y al alcance del valor probatorio del acto auténtico en el Estado miembro de origen. Por lo tanto, el valor probatorio que un determinado acto auténtico tenga en otro Estado miembro depende del Derecho del Estado miembro de origen.
(26 ter) La «autenticidad» de un acto auténtico debe ser un concepto autónomo que incluya aspectos como la veracidad del acto, los requisitos formales previos del acto, las facultades de la autoridad que formaliza el acto y el procedimiento por el cual se formaliza el acto. También ha de abarcar los hechos oficialmente consignados por la autoridad competente en el acto auténtico, como que las partes indicadas han comparecido ante la autoridad en la fecha indicada y que han formulado las declaraciones indicadas. La parte que desee recurrir contra la autenticidad de un acto auténtico debe hacerlo ante el órgano jurisdiccional competente en el Estado miembro de origen del acto auténtico y en virtud de la ley de ese Estado miembro.
(26 quater) Los términos «los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un acto auténtico» deben interpretarse como una referencia al contenido sustantivo registrado en el acto auténtico. Los actos jurídicos consignados en un acto auténtico podrían ser, por ejemplo, el acuerdo entre las partes sobre la partición o distribución de la herencia, un testamento, un pacto sucesorio u otra declaración de intenciones. Las relaciones jurídicas podrían ser, por ejemplo, la determinación de los herederos y demás beneficiarios establecidos en virtud de la ley aplicable a la sucesión, sus partes alícuotas respectivas y la existencia de legítima o cualquier otro elemento establecido en virtud de la ley aplicable a la sucesión. La parte que desee recurrir contra los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un acto auténtico debe hacerlo ante los órganos jurisdiccionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento, que deben pronunciarse sobre el recurso de acuerdo con la ley aplicable a la sucesión.
(26 quinquies) En caso de que se plantee una cuestión relativa a los actos jurídicos o a las relaciones jurídicas consignados en un acto auténtico como cuestión incidental en un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, ese órgano jurisdiccional debe ser competente para resolver esa cuestión.
(26 sexies) Un acto auténtico que sea objeto de recurso no debe tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen mientras el recurso esté pendiente. Si el recurso solo se refiere a un asunto específico relativo a los actos jurídicos o a las relaciones jurídicas consignados en un acto auténtico, el acto auténtico objeto de recurso no debe tener ningún valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en relación con el asunto que sea objeto de recurso mientras el recurso esté pendiente. Un acto auténtico que haya sido declarado inválido a raíz de un recurso debe dejar de tener valor probatorio.
(26 septies) La autoridad a la que, en el contexto de la aplicación del presente Reglamento, se le presenten dos actos auténticos incompatibles debe evaluar a qué acto auténtico ha de dar prioridad, si ha de dar prioridad a alguno, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto. En caso de que de esas circunstancias no se desprenda de manera clara a qué acto auténtico se ha de dar prioridad, si se ha de dar prioridad a alguno, la cuestión debe ser resuelta por los órganos jurisdiccionales que sean competentes en virtud del presente Reglamento, o, en caso de que la cuestión se plantee como cuestión incidental en el transcurso del procedimiento, por el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado el procedimiento. En caso de incompatibilidad entre un acto auténtico y una resolución, deben tomarse en consideración los motivos para denegar el reconocimiento de resoluciones en virtud del presente Reglamento.
(27) La tramitación rápida, fácil y eficiente de las sucesiones con repercusión transfronteriza en la Unión requiere que los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o administradores de la herencia puedan probar fácilmente ▌su cualidad como tales o sus derechos o facultades en otro Estado miembro, por ejemplo en el Estado miembro en que estén situados los bienes sucesorios. Para que lo puedan hacer, el presente Reglamento debe prever la creación de un certificado uniforme, el certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado «el certificado») que se expedirá para su uso en otro Estado miembro. Conforme al principio de subsidiariedad, el certificado no debe sustituir a los documentos que puedan existir con efectos similares en los Estados miembros. ▌
(27 bis) La autoridad que expida el certificado debe tener en cuenta las formalidades que se exigen para el registro de bienes inmuebles en el Estado miembro en que esté situado el registro. A este fin, el presente Reglamento debe prever el intercambio de información sobre tales formalidades entre los Estados miembros.
(27 ter) La utilización del certificado no debe ser obligatoria. Ello supone que las personas con derecho a solicitar un certificado no deben estar obligadas a ello, sino tener libertad para recurrir a los demás instrumentos que el presente Reglamento pone a su disposición (resoluciones, actos auténticos o transacciones judiciales). No obstante, ninguna autoridad o persona ante la que se presente un certificado expedido en otro Estado miembro debe estar facultada para pedir en lugar del certificado la presentación de una resolución, de un instrumento auténtico o de una transacción judicial.
(27 quater) El certificado se debe expedir en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes en virtud del presente Reglamento. Debe corresponder a cada Estado miembro determinar en su legislación interna qué autoridades serán competentes para expedir el certificado, ya sean órganos jurisdiccionales tal como se definen a efectos del presente Reglamento, ya sean otras autoridades con competencias en asuntos sucesorios como, por ejemplo, los notarios. También debe corresponder a cada Estado miembro determinar en su legislación interna si la autoridad de expedición puede recabar la participación de otros organismos competentes en el proceso de expedición, por ejemplo la participación de organismos competentes para recibir declaraciones en lugar de un juramento. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión la información pertinente relativa a sus autoridades de expedición a fin de que se dé publicidad a esta información.
(27 quinquies) El certificado debe surtir los mismos efectos en todos los Estados miembros. No debe ser un título con fuerza ejecutiva por sí mismo pero debe tener efecto probatorio y se ha de presumir que demuestra de manera fidedigna elementos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos, tales como la validez sustantiva de las disposiciones mortis causa. El valor probatorio del certificado no debe afectar a los elementos que no se rigen por el presente Reglamento, como por ejemplo la cuestión de la afiliación o la determinación de si un bien específico pertenecía al difunto o no. Toda persona que efectúe pagos o transmita bienes sucesorios a una persona que en el certificado haya sido designada como persona autorizada para aceptar esos pagos o bienes como heredero o legatario debe recibir una protección adecuada si ha actuado de buena fe basándose en la exactitud de la información acreditada en el certificado. La misma protección debe recibir toda persona que, basándose en la exactitud de la información acreditada en el certificado, adquiera o reciba bienes sucesorios de una persona que en el certificado haya sido designada como persona autorizada para disponer de esos bienes. La protección debe garantizarse si se presentan copias auténticas aún válidas. El presente Reglamento no debe determinar si dicha adquisición de bienes por una tercera persona es o no efectiva.
(27 sexies) La autoridad competente debe expedir el certificado cuando así se le solicite. El original del certificado debe permanecer en poder de la autoridad de expedición, que debe expedir una o más copias auténticas del certificado al solicitante y a cualquier otra persona que demuestre tener un interés legítimo. Esto no debe ser óbice para que los Estados miembros, de conformidad con las normas nacionales respectivas de acceso del público a los documentos, permitan que se difundan al público copias del certificado. El presente Reglamento debe prever la posibilidad de recurso contra las decisiones de la autoridad de expedición, incluidas las decisiones de denegar la expedición de un certificado. En caso de que se rectifique, modifique o retire el certificado, la autoridad de expedición debe informar a las personas a las que se hayan expedido copias auténticas con objeto de evitar un uso indebido de esas copias.
(28) El respeto de los compromisos internacionales suscritos por los Estados miembros supone que el presente Reglamento no afecta a la aplicación de los convenios internacionales en los que uno o varios de ellos fueran parte en el momento de la adopción del presente Reglamento. En particular, los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias deben poder seguir aplicando lo dispuesto en ese Convenio en lugar de las disposiciones del presente Reglamento por lo que atañe a la validez formal de los testamentos y de los testamentos mancomunados. La coherencia con los objetivos generales del presente Reglamento impone, sin embargo, que, entre los Estados miembros, el Reglamento prevalezca sobre los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el presente Reglamento.
(28 bis) El presente Reglamento no debe ser óbice para que los Estados miembros que son partes en el Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, que incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesiones, testamentos y administración de herencias, puedan seguir aplicando determinadas disposiciones de ese Convenio, en su versión revisada por el acuerdo intergubernamental entre Estados partes en ese Convenio.
(29) A fin de facilitar la aplicación del presente Reglamento, conviene imponer a los Estados miembros la obligación de comunicar ciertos datos relativos a su legislación y sus procedimientos en materia de sucesiones en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, establecida por la Decisión 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001(7). Con vistas a garantizar la publicación puntual en el Diario Oficial de la Unión Europea de toda la información importante para la aplicación práctica del presente Reglamento, los Estados miembros deben comunicar también esa información a la Comisión antes de que el presente Reglamento empiece a aplicarse.
(29 bis) Asimismo, para facilitar la aplicación del presente Reglamento y para que se pueda recurrir a las tecnologías de comunicación modernas, se deben prever formularios tipo para los certificados que se han de presentar en relación con la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva de una resolución, de un acto auténtico o de una transacción judicial y con la solicitud de un certificado sucesorio europeo, así como del propio certificado.
(29 ter) Para calcular los períodos y plazos previstos en el presente Reglamento, debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) nº 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos(8).
(30) A fin de asegurar condiciones uniformes para la ejecución del presente Reglamento, deberán atribuirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(9).
(31) Se debe utilizar el procedimiento consultivo para la adopción de actos de ejecución por los que se establezcan y se modifiquen posteriormente los certificados y formularios previstos en el presente Reglamento de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
(33) Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la libre circulación de las personas, la organización anticipada por los ciudadanos europeos de su sucesión en un contexto de la UE, y la protección de los derechos de los herederos y legatarios y de las demás personas allegadas al causante, así como de los acreedores de la sucesión, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden, por consiguiente, lograrse mejor, debido a las dimensiones y los efectos del presente Reglamento, a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(34) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ▌. Debe ser aplicado por los órganos jurisdiccionales y otras autoridades competentes de los Estados miembros en el respeto de dichos derechos y principios.
(35) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación. Ello, no obstante, se entiende sin perjuicio de que el Reino Unido e Irlanda puedan notificar su intención de aceptar el presente Reglamento tras su adopción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo.
(36) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no está, pues, vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
Capítulo IÁmbito de aplicación y definiciones
a) el estado de las personas físicas, así como las relaciones familiares y las relaciones que, con arreglo al Derecho aplicable a las mismas, tengan efectos comparables;
b) la capacidad jurídica de las personas físicas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, letra c) y en el artículo 19 quater;
c) las cuestiones relativas a la desaparición, la ausencia o el presunto fallecimiento de una persona física;
d) las cuestiones relativas a los regímenes económicos matrimoniales, así como a los regímenes económicos resultantes de las relaciones que la legislación aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio;
e) las obligaciones de alimentos distintas de las que tengan su origen en el fallecimiento;
e bis) la validez formal de las disposiciones mortis causa hechas oralmente;
f) los derechos de propiedad, intereses y bienes creados o transmitidos por título distinto de la sucesión, por ejemplo mediante liberalidades, la propiedad conjunta de varias personas con reversión a favor del supérstite, los planes de pensiones, los contratos de seguros y arreglos de naturaleza análoga, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2, letra j);
g) las cuestiones que se rijan por el Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, como las cláusulas contenidas en las escrituras fundacionales y en los estatutos de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas que precisan la suerte de las partes a la muerte de sus miembros;
h) la disolución, extinción y fusión de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas;
i) la creación, la administración y la disolución de trusts;
j) la naturaleza de los derechos reales, y
j bis) cualquier inscripción en un registro de derechos sobre bienes inmuebles o muebles sujetos a inscripción, incluidos los requisitos legales para llevarla a cabo, y los efectos de la inscripción o de la omisión de la inscripción de tales derechos en un registro.
Artículo 1 bisCompetencias en materia de sucesiones en los Estados miembros
a) «sucesión ▌», la sucesión por causa de muerte, y esta abarcará cualquier forma de transmisión de bienes, derechos y obligaciones mortis causa, ya derive de un acto voluntario en virtud de una disposición mortis causa o de una transmisión mediante sucesión intestada;
c) «pacto sucesorio», todo acuerdo, incluido un acuerdo resultante de testamentos recíprocos, por el que se creen, modifiquen o revoquen, con o sin contraprestación, derechos relativos a la sucesión o las sucesiones futuras de una o más personas ▌ partes en dicho acuerdo;
d) «testamento mancomunado», el testamento otorgado en un acto por dos o más personas ▌;
d bis) «disposición mortis causa», un testamento, un testamento mancomunado o un pacto sucesorio;
e) «Estado miembro de origen», el Estado miembro en el cual se haya dictado la resolución, se haya aprobado o celebrado la transacción judicial, ▌se haya establecido el acto auténtico o se haya expedido el certificado sucesorio europeo, según el caso;
f) «Estado miembro de ejecución», el Estado miembro en el que se solicite la declaración de fuerza ejecutiva o la ejecución de la resolución, de la transacción judicial o del acto auténtico;
g) «resolución», cualquier resolución en materia de sucesiones dictada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro con independencia de la denominación que reciba, incluida una resolución sobre la determinación de las costas del proceso por un funcionario judicial;
g bis) «transacción judicial», una transacción en materia de sucesiones aprobada por un órgano jurisdiccional o celebrada en el curso de un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional;
h) «acto auténtico», un documento en materia de sucesiones formalizado o registrado como tal en un Estado miembro y cuya autenticidad:
i) se refiere a la firma y al contenido del acto; y
ii) ha sido establecida por un poder público u otra autoridad autorizada a tal fin por el Estado miembro de origen.
2. A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por «órgano jurisdiccional» toda autoridad judicial y todas las demás autoridades y todos los profesionales del Derecho con competencias en materia de sucesiones que ejerzan funciones jurisdiccionales o que actúen por delegación de poderes de una autoridad judicial o actúen bajo el control de una autoridad judicial, siempre que tales otras autoridades y otros profesionales del Derecho ofrezcan garantías en lo que respecta a su imparcialidad y al derecho de las partes a ser oídas, y que sus resoluciones, dictadas con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que actúan:
a) puedan ser objeto de recurso o revisión ante la autoridad judicial; y
b) tengan fuerza y efectos similares a los de la resolución de una autoridad judicial sobre la misma materia.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión las otras autoridades y los otros profesionales del Derecho a que se refiere el párrafo primero del presente apartado de conformidad con el artículo 47.
Capítulo IICompetencia
Artículo 4Competencia general
▌Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el difunto tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento tendrán competencia para resolver sobre la totalidad de la sucesión.
1. Cuando la ley elegida por el difunto para regir su sucesión con arreglo al artículo 17 sea la ley de un Estado miembro, las partes interesadas podrán acordar que el o los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la ley elegida tengan competencia exclusiva para sustanciar cualquier asunto en materia de sucesión.
2. El acuerdo relativo a la elección del foro constará por escrito, con expresión de fecha, y será firmado por las partes interesadas. Se considerará hecha por escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.
Artículo 5 terInhibición en caso de elección del foro
Cuando la ley elegida por el difunto para regir su sucesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 sea la ley de un Estado miembro, el órgano jurisdiccional que debería conocer del asunto conforme a los artículos 4 o 6:
a) podrá inhibirse, a instancias de una de las partes en el procedimiento, si considera que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley fue elegida están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, habida cuenta de las circunstancias prácticas de esta, como la residencia habitual de las partes y la ubicación de los bienes, o
b) deberá inhibirse, si las partes en el procedimiento han acordado, de conformidad con el artículo 5 bis, atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley fue elegida.
Artículo 5 quaterCompetencia en caso de elección del foro
Los órganos jurisdiccionales del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el difunto en virtud del artículo 17 tendrán competencia para resolver sobre la sucesión:
a) si un órgano jurisdiccional al que se haya sometido previamente el asunto se ha inhibido en ese mismo asunto en virtud del artículo 5 ter, o
b) si las partes en el procedimiento han acordado, de conformidad con el artículo 5 bis, atribuir la competencia a un órgano jurisdiccional o a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro, o
c) si las partes en el procedimiento han reconocido explícitamente la competencia del órgano jurisdiccional al que se haya sometido el asunto.
Artículo 5 quinquiesSobreseimiento de la causa incoada de oficio en caso de elección de ley
El órgano jurisdiccional que haya incoado de oficio un procedimiento de sucesión en virtud de los artículos 4 o 6 sobreseerá la causa si las partes en el procedimiento han convenido en dirimir amistosamente la sucesión fuera del órgano jurisdiccional del Estado miembro cuya ley haya sido elegida por el difunto al amparo del artículo 17.
Artículo 5 sexiesCompetencia basada en la comparecencia
1. Cuando, durante el procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que ejerza su competencia en virtud del artículo 5 quater, se ponga de manifiesto que no todas las partes en el procedimiento han sido partes en el acuerdo de elección del foro, el órgano jurisdiccional seguirá ejerciendo su competencia en caso de que las partes en el procedimiento que no hayan sido partes en el acuerdo comparezcan ante el órgano jurisdiccional sin impugnar la competencia de este.
2. Si alguna de las partes en el procedimiento que no sean partes en el acuerdo impugna la competencia del órgano jurisdiccional a que se refiere el apartado 1, este se inhibirá.
En tal caso, la competencia para resolver sobre la sucesión recaerá en los órganos jurisdiccionales que sean competentes en virtud de los artículos 4 o 6.
1. Aun en el supuesto de que el causante no tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento en un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes sucesorios serán competentes para pronunciarse sobre el conjunto de la sucesión siempre que:
b) el difunto poseyera la nacionalidad de dicho Estado miembro en el momento de su fallecimiento, o, en su defecto,
b bis) el difunto tuviera su anterior residencia habitual en dicho Estado miembro, siempre y cuando, en el momento en que se someta el asunto al órgano jurisdiccional, no haya transcurrido un plazo de más de cinco años desde el cambio de dicha residencia habitual.
2. Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente en virtud del apartado 1, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentren los bienes sucesorios serán, no obstante, competentes para pronunciarse sobre dichos bienes.
Artículo 6 bisForum necessitatis
Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a otras disposiciones del presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, resolver sobre la sucesión si un proceso no puede razonablemente iniciarse o desarrollarse o resulta imposible en un tercer Estado con el cual el asunto tenga estrecha relación.
El asunto deberá guardar una vinculación suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él.
Artículo 6 terLimitación de los procedimientos
1. Cuando la herencia del difunto comprenda bienes situados en un tercer Estado, el órgano jurisdiccional ante el que se presente el asunto para que se pronuncie sobre la sucesión podrá, a instancias de una de las partes, no pronunciarse sobre uno o más de dichos bienes, en caso de que quepa esperar que su resolución respecto de dichos bienes no sea reconocida ni, en su caso, declarada ejecutoria en dicho tercer Estado.
2. El apartado 1 no afectará al derecho de las partes a limitar el alcance de los procedimientos en virtud de la ley del Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer del asunto.
▌Aceptación de la sucesión, de un legado o de una parte legítima o renuncia a los mismos
Además del órgano jurisdiccional que sea competente para pronunciarse sobre la sucesión en virtud del presente Reglamento, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia habitual de cualquier persona que, con arreglo a la ley aplicable a la sucesión, pueda efectuar ante una autoridad una declaración relativa a la aceptación de la sucesión, de un legado o de una parte legítima o la renuncia a los mismos, o una declaración destinada a limitar la responsabilidad del interesado por lo que respecta al pasivo de la herencia, serán competentes para recibir esas declaraciones cuando, con arreglo al Derecho de dicho Estado miembro, tales declaraciones puedan hacerse ante un órgano jurisdiccional.
Artículo 10Sustanciación del asunto por un órgano jurisdiccional
a) desde la fecha en que se le haya presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para que se notifique o se traslade el documento al demandado, o
b) si dicho documento ha de notificarse al demandado antes de su presentación al órgano jurisdiccional, desde la fecha en que lo reciba la autoridad encargada de la notificación o el traslado, a condición de que posteriormente el demandante no haya dejado de tomar todas las medidas que se le exijan para presentar el documento al órgano jurisdiccional, o
b bis) si el órgano jurisdiccional ha incoado de oficio el procedimiento, desde la fecha en que el órgano resuelva incoar el procedimiento o, en caso de que no resulte precisa dicha resolución, desde la fecha en que el órgano jurisdiccional registre el asunto.
Artículo 11Verificación de la competencia
El órgano jurisdiccional de un Estado miembro que conozca de un asunto sucesorio para el cual no sea competente en virtud del presente Reglamento se declarará de oficio incompetente.
Artículo 12Verificación de la admisibilidad
1. Cuando un demandado con residencia habitual en el territorio de un Estado distinto del Estado miembro donde se ejercitó la acción no comparezca, el órgano jurisdiccional competente suspenderá el procedimiento en tanto no se demuestre que se notificó al demandado el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para que pudiera organizar su defensa o que se tomaron todas las diligencias posibles a tal fin.
2. El artículo 19 del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil(10), será de aplicación en lugar de lo dispuesto en el apartado 1 si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera tenido que ser transmitido de un Estado miembro a otro de conformidad con dicho Reglamento.
3. Cuando no sea aplicable ▌el Reglamento (CE) n° 1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya, de 15 de noviembre de 1965, relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, si el escrito de demanda o documento equivalente hubiera tenido que ser transmitido al extranjero de conformidad con dicho Convenio.
Artículo 13Litispendencia
Artículo 14Conexidad
1. Cuando estuvieran pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros diferentes demandas conexas, el órgano jurisdiccional ante el que se hubiera presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.
3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar el riesgo de resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueran juzgados separadamente.
Artículo 15Medidas provisionales y cautelares
Podrán solicitarse las medidas provisionales, incluidas las cautelares, previstas por la ley de un Estado miembro a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, incluso si, en virtud del presente Reglamento, un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro fuera competente para conocer sobre el fondo.
Capítulo IIILey aplicable
Artículo 15 bisNaturaleza universal
La ley designada por el presente Reglamento se aplicará aun cuando no sea la ley de un Estado miembro.
Artículo 16Regla general
1. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, la ley aplicable al conjunto de la sucesión será la del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de su fallecimiento.
2. Si, de forma excepcional, quedara claro a partir de todas las circunstancias del caso que, en el momento del fallecimiento, el difunto mantenía una vinculación manifiestamente más estrecha con un Estado distinto del Estado cuya ley se aplicaría de conformidad con el apartado 1, la ley aplicable a la sucesión será la de ese otro Estado.
▌Elección de la ley aplicable
1. Cualquier persona podrá designar la ley del Estado cuya nacionalidad posee en el momento de realizar la elección o en el momento del fallecimiento.
Una persona que posea varias nacionalidades podrá elegir la ley de cualquiera de los Estados cuya nacionalidad posea en el momento de realizar la elección.
2. La elección deberá hacerse expresamente en una declaración en forma de una disposición mortis causa o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo.
3. La validez sustantiva del acto por el que se haya hecho la elección de ley se regirá por la ley elegida.
4. La modificación o la revocación ▌de la elección de ley deberá cumplir los requisitos formales aplicables a la modificación o la revocación de las disposiciones mortis causa.
Artículo 19Ámbito de la ley aplicable
1. La ley determinada en virtud de los artículos 16 o 17 regirá la totalidad de la sucesión ▌.
b) la ▌determinación de los beneficiarios, de sus partes alícuotas respectivas ▌y de las obligaciones que les hayan sido impuestas por el difunto, así como la determinación de otros derechos sucesorios, incluidos los derechos sucesorios del cónyuge supérstite o de su pareja supérstite;
e) la desheredación y la descalificación por conducta;
f) la transmisión ▌a los herederos y, en su caso, a los legatarios, de los bienes, derechos y obligaciones que componen la herencia, incluidas las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia de la sucesión o del legado;
g) los poderes de los herederos, de los ejecutores testamentarios y otros administradores de la herencia, en particular en orden a la venta de los bienes y al pago a los acreedores, sin perjuicio de los poderes contemplados en el artículo 21;
i) la parte de libre disposición, las legítimas y las demás restricciones a la disposición mortis causa, así como las reclamaciones que personas próximas al difunto puedan tener contra la herencia o los herederos;
j) la obligación de reintegrar o computar las liberalidades, los adelantos o los legados a fin de determinar las cuotas sucesorias de los distintos beneficiarios;
1. Una disposición mortis causa distinta de un pacto sucesorio se regirá, por lo que atañe a su admisibilidad y a su validez sustantiva, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, habría sido aplicable a la sucesión de la persona que haya realizado la disposición si el fallecimiento de dicha persona se hubiera producido en la fecha de realización de la disposición.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, una persona podrá escoger como la ley que regirá su disposición mortis causa en relación con su admisibilidad y validez sustantiva la ley que la persona que haya realizado la disposición podría haber escogido de acuerdo con el artículo 17 en las condiciones establecidas en ese artículo.
3. El apartado 1 será aplicable, según proceda, a la modificación o revocación de una disposición mortis causa distinta de un pacto sucesorio. En caso de elección de ley de conformidad con el apartado 2, la modificación o revocación estará regida por la ley elegida.
1. Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de una sola persona se regirá, por lo que atañe a su admisibilidad, su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolución, por la ley que, en virtud del presente Reglamento, habría sido aplicable a su sucesión si el fallecimiento de dicha persona se hubiera producido en la fecha de celebración del pacto.
2. Un pacto sucesorio relativo a la sucesión de varias personas únicamente será admisible en caso de que sea admisible en virtud de todas las leyes que, de conformidad con el presente Reglamento, habrían sido aplicables a la sucesión de todas las personas de que se trate si el fallecimiento de las mismas se hubiera producido en la fecha de celebración del pacto.
Un pacto sucesorio que sea admisible en virtud del párrafo primero se regirá en cuanto a su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolución, por aquella de las leyes a las que se refiere el párrafo primero con la cual presente una vinculación más estrecha.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, las partes podrán elegir como ley aplicable a su pacto sucesorio, por lo que respecta a su admisibilidad, su validez sustantiva y sus efectos vinculantes entre las partes, incluidas las condiciones para su disolución, la ley que la persona o una de las personas de cuya sucesión se trate habría podido elegir de acuerdo con el artículo 17 en las condiciones que dicho artículo establece.
Artículo 19 quater
Validez sustantiva de las disposiciones mortis causa
1. A los efectos de los artículos 19 bis y 19 ter, se referirán a la validez sustantiva los siguientes elementos:
a) la capacidad de la persona que realice la disposición mortis causa para realizarla;
b) las causas específicas que impidan a la persona que realice la disposición disponer en favor de determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de la persona que realice la disposición;
c) la admisibilidad de representación a los efectos de realizar una disposición mortis causa;
d) la interpretación de la disposición;
e) el fraude, la coacción, el error o cualquier otra cuestión relativa al consentimiento o la intención de la persona que realice la disposición.
2. En caso de que una persona tenga capacidad para realizar una disposición mortis causa de conformidad con la ley aplicable en virtud de los artículos 19 bis o 19 ter, una modificación ulterior de la ley aplicable no afectará a su capacidad para modificar o revocar dicha disposición.
Validez formal de las disposiciones mortis causa formalizadas por escrito
1. Una disposición mortis causa formalizada por escrito será válida en cuanto a su forma si esta responde a la ley:
a) del Estado en que se realizó la disposición o se celebró el pacto sucesorio, o
b) del Estado cuya nacionalidad poseyera el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el acuerdo, bien en el momento del fallecimiento, o
c) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su domicilio, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el acuerdo, bien en el momento del fallecimiento, o
d) del Estado en el cual el testador, o al menos una de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio, tuviera su residencia habitual, bien en el momento en que se realizó la disposición o en que se celebró el acuerdo, bien en el momento del fallecimiento, o
La determinación de si el testador o alguna de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio tenían su domicilio en un Estado miembro concreto se regirá por la ley de ese Estado.
2. El apartado 1 será aplicable igualmente a las disposiciones mortis causa que modifiquen o revoquen una disposición anterior. La modificación o revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes a tenor de las cuales, de conformidad con el apartado 1, la disposición mortis causa modificada o revocada era válida.
3. A los efectos del presente artículo, se considerará que toda disposición jurídica que limite las formas permitidas de disposiciones mortis causa mediante referencia a la edad, la nacionalidad o cualesquiera otras condiciones personales del testador o de alguna de las personas cuya sucesión sea objeto de un pacto sucesorio se referirá a cuestiones formales. La misma regla se aplicará a la cualificación que han de poseer los testigos necesarios para la validez de las disposiciones mortis causa.
Artículo 20Validez
formal de una declaración relativa a una aceptación o una renuncia
Una declaración relativa a la aceptación o a la renuncia de la sucesión, de un legado o de una legítima, o una declaración destinada a limitar la responsabilidad de la persona que efectúe la declaración serán válidas en cuanto a la forma si reúnen los requisitos de:
a) la ley aplicable a la sucesión en virtud de los artículos 16 o 17, o
b) la ley del Estado en el que la persona que efectúe la declaración tenga su residencia habitual.
Normas especiales relativas al nombramiento y los poderes de un administrador de herencia en determinadas situaciones
1. Cuando la designación de un administrador sea obligatoria u obligatoria, previa solicitud, en virtud de la ley del Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes para pronunciarse sobre la sucesión de conformidad con el presente Reglamento y la ley aplicable a la sucesión sea una ley extranjera, los órganos jurisdiccionales de dicho Estado miembro podrán designar, cuando sean requeridos, uno o más administradores de la herencia con arreglo a su propia ley, en las condiciones que se establecen en el presente artículo.
El administrador o los administradores designados de conformidad con el presente apartado serán la persona o las personas competentes para ejecutar el testamento del difunto y/o administrar la herencia con arreglo a la ley aplicable a la sucesión. En caso de que la ley no prevea la administración de la herencia por una persona que no sea un beneficiario, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que vaya a nombrarse el administrador podrán designar a un tercero administrador con arreglo a su propia ley si esta última así lo exige y existe un grave conflicto de intereses entre los beneficiarios o entre los beneficiarios y los acreedores u otras personas que hayan garantizado las deudas del difunto, un desacuerdo entre los beneficiarios por lo que se refiere a la administración de la herencia o una herencia compleja que deba ser administrada debido a la naturaleza de los bienes.
El administrador o los administradores designados de conformidad con el presente apartado serán las únicas personas competentes para ejercer los poderes contemplados en los apartados 2 o 3.
2. La persona o personas designadas como administrador o administradores de conformidad con el apartado 1 ejercerán los poderes para administrar la herencia, que podrán ejercer con arreglo a la ley aplicable a la sucesión. El órgano jurisdiccional competente para el nombramiento podrá definir en su decisión condiciones específicas para el ejercicio de dichos poderes con arreglo a la ley aplicable a la sucesión.
En caso de que la ley aplicable a la sucesión no prevea poderes suficientes para preservar los bienes hereditarios o para proteger los derechos de los acreedores o de otras personas que hayan garantizado las deudas del difunto, el órgano jurisdiccional competente para el nombramiento podrá decidir que se permita al administrador o a los administradores ejercer, de manera residual, los poderes previstos a tal efecto en su propia ley, y podrá definir en su decisión condiciones específicas para el ejercicio de tales poderes con arreglo a dicha ley.
No obstante, en el ejercicio de tales poderes residuales, el administrador o los administradores deberán respetar la ley aplicable a la sucesión con respecto a la transferencia de la propiedad de los bienes sucesorios, la responsabilidad por el pasivo de la sucesión, los derechos de los beneficiarios, incluido, en su caso, el derecho de aceptar la sucesión o renunciar a la misma y, en su caso, los poderes del ejecutor del testamento del difunto.
3. Sin perjuicio de las disposiciones del apartado 2, el órgano jurisdiccional que designe a uno o más administradores de conformidad con el apartado 1 podrá decidir, con carácter excepcional, cuando la ley aplicable a la sucesión sea la ley de un tercer Estado, que se confieran a dichos administradores todos los poderes de administración previstos en la legislación del Estado miembro en el que sean designados.
No obstante, en el ejercicio de tales poderes, los administradores deberán respetar, en particular, la determinación de los beneficiarios y sus derechos sucesorios, incluidos sus derechos a las legítimas, o las reclamaciones contra la herencia o los herederos con arreglo a la ley aplicable a la sucesión.
Disposiciones especiales que establecen restricciones relativas o aplicables a la sucesión de determinados bienes
Cuando la ley del Estado donde se encuentren situados determinados bienes inmuebles, empresas u otras categorías especiales de bienes contenga disposiciones especiales que, por razones de índole económica, familiar o social, afecten o establezcan restricciones a la sucesión de dichos bienes, se aplicarán a la sucesión tales disposiciones especiales en la medida en que, en virtud de la ley de dicho Estado, esas disposiciones sean aplicables con independencia de la ley aplicable a la sucesión.
Artículo 22 bisAdaptación de los derechos reales
Cuando una persona invoque un derecho real que posea en virtud de la ley aplicable a la sucesión y la ley del Estado miembro en el que invoque dicho derecho no conozca el derecho real en cuestión, ese derecho real deberá, en caso necesario y en la medida de lo posible, ser adaptado al derecho real equivalente más cercano del Derecho de ese Estado teniendo en cuenta los objetivos y los intereses que persiga el derecho real específico y los efectos vinculados al mismo.
Artículo 23Conmorientes
En caso de que dos o más personas cuyas sucesiones se rijan por leyes diferentes fallecieran en circunstancias en que sea incierto el orden en que se produjeron los fallecimientos y dichas leyes regularan esa situación mediante disposiciones diferentes o no la regularan en absoluto, ninguna de las personas fallecidas tendrá derecho alguno a la sucesión de la otra o de las otras.
En la medida en que, conforme a la ley aplicable a la sucesión en virtud del presente Reglamento, no hubiera heredero ni legatario de ninguno de los bienes en una sucesión regida por una disposición mortis causa, ni persona física llamada por ley a suceder, la aplicación de la ley así determinada no será óbice para que un Estado ▌o ▌una entidad designada para tal propósito por ▌dicho Estado pueda tener el derecho de apropiarse, en virtud de su propia ley, de los bienes hereditarios que se encuentren situados en su territorio siempre y cuando los acreedores tengan derecho a pretender la satisfacción de sus reclamaciones con cargo a los bienes de la totalidad de la sucesión.
1. La aplicación de la ley de un tercer Estado especificada por el presente Reglamento se entenderá como la aplicación de ▌las normas jurídicas vigentes en ese Estado, incluidas sus disposiciones de Derecho internacional privado en la medida en que dichas disposiciones prevean un reenvío a:
2. No se aplicará reenvío alguno respecto de las leyes a que se refieren los artículos 16, apartado 2, 17, 19 quinquies, 20, letra b), y 22.
Artículo 27Orden público
▌La aplicación de una disposición de la ley de un Estado especificada por el presente Reglamento solo podrá ser rehusada si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro. ▌
Artículo 28Estados con más de un sistema jurídico
– conflictos territoriales de leyes
1. En caso de que la ley especificada por el presente Reglamento sea la de un Estado que comprenda varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesión, las normas internas sobre conflicto de leyes de dicho Estado determinarán la unidad territorial pertinente cuyas normas jurídicas sean de aplicación.
a) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la residencia habitual del difunto, como una referencia a la ley de la unidad territorial en la que el difunto hubiera tenido su residencia habitual en el momento del fallecimiento;
b) toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley aplicable con arreglo a las disposiciones relativas a la nacionalidad del difunto, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la que el difunto hubiera mantenido la vinculación más estrecha;
2 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, toda referencia a la ley del Estado a que hace referencia el apartado 1 se entenderá, a efectos de determinar la ley pertinente con arreglo al artículo 19 quinquies y a falta de normas sobre conflicto de leyes en ese Estado, como una referencia a la ley de la unidad territorial con la que el testador o las personas cuya sucesión sea objeto del pacto sucesorio hubieran mantenido la vinculación más estrecha.
Artículo 28 bisEstados con más de un sistema jurídico – conflictos interpersonales de leyes
Toda referencia a la ley de un Estado que tenga dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de normas aplicables a diferentes categorías de personas en materia de sucesiones se entenderá como una referencia al sistema jurídico o al conjunto de normas determinado por las normas vigentes en tal Estado. A falta de tales normas, se aplicará el sistema jurídico o el conjunto de normas con el que el causante haya tenido la vinculación más estrecha.
Los Estados miembros que comprendan varias unidades territoriales con sus propias normas jurídicas en materia de sucesión no estarán obligados a aplicar el presente Reglamento a los conflictos de leyes que se planteen entre dichas unidades territoriales exclusivamente.
Capítulo IVReconocimiento
, fuerza ejecutiva y ejecución de resoluciones
Reconocimiento ▌
2. En caso de oposición, cualquier parte interesada que invoque el reconocimiento de una resolución a título principal podrá solicitar, por el procedimiento previsto en los artículos 33 ter a 33 sexdecies, que se reconozca la resolución.
3. Si el reconocimiento se invocara como cuestión incidental ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para entender del mismo.
Artículo 30Motivos de denegación del reconocimiento
Se denegará el reconocimiento de una resolución ▌:
a) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro en que se solicita ▌;
b) cuando la resolución se haya dictado en rebeldía del demandado, si no se hubiera notificado o trasladado al demandado el escrito de demanda o documento equivalente con el tiempo suficiente y de manera tal que pudiera organizar su defensa, a menos que, habiendo podido recurrir la resolución, hubiera optado por no hacerlo;
c) si la resolución es incompatible con una resolución dictada en un procedimiento entre las mismas partes en el Estado miembro en el que se solicita el reconocimiento;
d) si la resolución es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un tercer Estado en un procedimiento que tenga el mismo objeto y la misma causa y entre las mismas partes, y la primera resolución reúne las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro en el que se solicita.
Artículo 31Imposibilidad de revisión en cuanto al fondo
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro no podrán ser objeto en ningún caso de revisión en cuanto al fondo.
Artículo 32Suspensión del proceso
El órgano jurisdiccional del Estado miembro ante el que se haya solicitado el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el proceso si dicha resolución es objeto de un recurso ordinario en el Estado miembro de origen.
Artículo 33Fuerza ejecutiva ▌
Las resoluciones dictadas en un Estado miembro y que sean ▌ejecutorias en dicho Estado se ejecutarán en los demás Estados miembros cuando, a instancias de cualquier parte interesada, se haya declarado que poseen fuerza ejecutiva en el Estado que las adoptó de conformidad con el procedimiento previsto al respecto en los artículos 33 ter a 33 sexdecies.
Artículo 33 bisDeterminación del domicilio
Para determinar, a los efectos del procedimiento previsto en los artículos 33 ter a 33 sexdecies, si una parte está domiciliada en el Estado miembro de ejecución, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado el asunto aplicará la legislación interna de dicho Estado miembro.
Artículo 33 terCompetencia territorial
1. La solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se interpondrá ante el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de ejecución que haya sido notificado a la Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 bis.
2. La competencia territorial se determinará en función del domicilio de la parte contra la que se solicite la ejecución o por el lugar de ejecución.
Artículo 33 quaterProcedimiento
1. El procedimiento de solicitud se determinará con arreglo a la legislación del Estado miembro de ejecución.
b) la certificación expedida por el órgano jurisdiccional o autoridad competente del Estado miembro de origen mediante el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2, sin perjuicio del artículo 33 quinquies.
Artículo 33 quinquiesNo presentación de certificación
1. De no presentarse la certificación a la que se refiere el artículo 33 quater, apartado 3, letra b), el órgano jurisdiccional o la autoridad competente podrán fijar un plazo para su presentación, aceptar documentos equivalentes o, si consideran que disponen ya de suficiente información, otorgar una dispensa a su presentación.
2. Si el órgano jurisdiccional o la autoridad competente así lo exigiesen, se presentará una traducción de los documentos. La traducción deberá ser realizada por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.
Artículo 33 sexiesDeclaración de fuerza ejecutiva
Se declarará la fuerza ejecutiva de la resolución inmediatamente después de la conclusión de las formalidades indicadas en el artículo 33 quater sin el examen previsto en el artículo 30. La parte contra la cual se solicite la ejecución no podrá, en esta fase del procedimiento, formular observaciones sobre la solicitud.
Artículo 33 septiesNotificación de la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva
1. La resolución dictada sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva se pondrá de inmediato en conocimiento del demandante por el procedimiento que determine la ley del Estado miembro de ejecución.
2. La declaración de fuerza ejecutiva se notificará a la parte contra la que se haya solicitado la ejecución, adjuntándose la resolución si esta no hubiera sido notificada aún a dicha parte.
Artículo 33 octiesRecurso contra la resolución sobre la solicitud de declaración de fuerza ejecutiva
2. El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional que haya sido notificado a la Comisión por el Estado miembro interesado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 bis.
4. En caso de incomparecencia de la parte contra la que se solicite la ejecución ante el órgano jurisdiccional que conozca del recurso interpuesto por el demandante, se aplicarán las disposiciones establecidas en el artículo 12, incluso si la parte contra la que se solicita la ejecución no está domiciliada en ningún Estado miembro.
5. El recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva se interpondrá dentro del plazo de 30 días a partir de la fecha de notificación o comunicación. Si la parte contra la que se solicita la ejecución está domiciliada en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya otorgado la ejecución, el plazo será de 60 días y empezará a correr a partir de la fecha de notificación o comunicación, tanto si esta se hizo en persona como en su domicilio. Dicho plazo no admitirá prórroga en razón de la distancia.
Artículo 33 noniesProcedimiento para recurrir las resoluciones dictadas sobre el recurso
La resolución que resuelva el recurso solo podrá ser objeto del recurso que el Estado miembro interesado haya notificado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 bis.
Artículo 33 deciesDesestimación o revocación de la declaración de fuerza ejecutiva
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso a tenor de los artículos 33 octies o 33 nonies solo podrá desestimar o revocar la declaración de fuerza ejecutiva por uno de los motivos previstos en el artículo 30. Se pronunciará al respecto sin demora.
Artículo 33 undeciesSuspensión del procedimiento
El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso a tenor de los artículos 33 octies o 33 nonies suspenderá, a instancias de la parte contra la que se solicite la ejecución, el procedimiento en caso de suspenderse la fuerza ejecutiva de la decisión en el Estado miembro de origen como consecuencia de la interposición de un recurso.
Artículo 33 duodeciesMedidas provisionales, incluidas las cautelares
1. Cuando una resolución deba ser reconocida con arreglo a la presente sección, nada impedirá al demandante acogerse a medidas provisionales o cautelares, de conformidad con el Derecho del Estado miembro de ejecución, sin que sea necesaria la declaración de fuerza ejecutiva conforme al artículo 33 sexies.
2. La declaración de fuerza ejecutiva implicará por ley la autorización para adoptar medidas cautelares.
3. Durante el plazo previsto en el artículo 33 octies, apartado 5, para interponer recurso contra la declaración de fuerza ejecutiva y hasta que se resuelva sobre el mismo, solamente se podrán adoptar medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la que se haya solicitado la ejecución.
Artículo 33 terdeciesEjecución parcial
1. Cuando la resolución se pronuncie sobre varias pretensiones y la declaración de fuerza ejecutiva no pueda concederse para la totalidad de ellas, el órgano jurisdiccional o la autoridad competente concederán la ejecución para una o varias de ellas.
2. El demandante podrá instar una declaración de fuerza ejecutiva limitada a parte de la resolución.
Artículo 33 quaterdeciesAsistencia jurídica gratuita
El solicitante que, en el Estado miembro de origen, haya obtenido, total o parcialmente, asistencia jurídica gratuita o una exención de las costas y los gastos tendrá derecho a gozar, en cualquier procedimiento de declaración de fuerza ejecutiva, de la asistencia más favorable o de la exención más amplia prevista por el Derecho del Estado miembro de ejecución.
Artículo 33 quindeciesAusencia de caución o depósito alguno
A la parte que inste en un Estado miembro el reconocimiento, la declaración de fuerza ejecutiva o la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no tener residencia ni domicilio en el Estado miembro de ejecución.
Artículo 33 sexdeciesExención de impuestos, derechos y tasas
El Estado miembro de ejecución no percibirá impuesto, derecho ni tasa alguna proporcional al valor del objeto del litigio en los procesos de declaración de fuerza ejecutiva.
Capítulo VActos auténticos
y transacciones judiciales
Aceptación de actos auténticos
1. Los actos auténticos autorizados en un Estado miembro tendrán el mismo valor probatorio en otro Estado miembro que en el Estado miembro de origen o el efecto más próximo comparable, siempre que ello no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido.
Las personas que deseen utilizar un acto auténtico en otro Estado miembro podrán solicitar a la autoridad que autorice el acto auténtico en el Estado miembro de origen que cumplimente el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2, en el cual se detallará el valor probatorio que el acto auténtico surte en el Estado miembro de origen.
2. Todo recurso relativo a la autenticidad de un acto auténtico se presentará ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen y se resolverá de acuerdo con el Derecho de este. Los actos auténticos que hayan sido objeto de recurso carecerán de valor probatorio en otro Estado miembro mientras el recurso esté pendiente ante el órgano jurisdiccional competente.
3. Todo recurso acerca de los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignadas en un acto auténtico se presentará ante los órganos jurisdiccionales competentes con arreglo al presente Reglamento y se resolverá de acuerdo con el Derecho aplicable según el Capítulo III. Los actos auténticos que hayan sido objeto de recurso carecerán de valor probatorio en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen en cuanto al objeto del recurso mientras el recurso esté pendiente ante el órgano jurisdiccional competente.
4. En caso de que el resultado del procedimiento en un órgano jurisdiccional de un Estado miembro dependa de la determinación de una cuestión incidental relativa a los actos jurídicos o las relaciones jurídicas consignados en un acto auténtico en materia de sucesión, dicho órgano jurisdiccional será competente al respecto.
Artículo 35Fuerza ejecutiva de los actos auténticos
1. Los actos auténticos ▌que tengan ▌fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen serán declarados, previa petición de cualquiera de las partes interesadas, actos con fuerza ejecutiva en otro Estado miembro de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 33 ter a 33 sexdecies.
1 bis. A efectos de lo dispuesto en el artículo 33 quater, apartado 3, letra b), la autoridad que haya establecido el acto auténtico expedirá, a instancias de cualquiera de las partes interesadas, una certificación, utilizando para ello el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.
2. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso al amparo de los artículos 33 octies o 33 nonies solo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando la ejecución del acto auténtico sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución.
Artículo 35 bisFuerza ejecutiva de las transacciones judiciales
1. Previa petición de cualquiera de las partes interesadas, se declararán ejecutables en otro Estado miembro las transacciones judiciales que posean fuerza ejecutiva en su Estado miembro de origen, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 33 ter a 33 sexdecies.
1 bis. A efectos de lo dispuesto en el artículo 33 quater, apartado 3, letra b), el órgano jurisdiccional que haya aprobado la transacción o ante el cual se haya concluido la misma expedirá, a instancias de cualquiera de las partes interesadas, una certificación, utilizando para ello el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.
2. El órgano jurisdiccional ante el que se interponga un recurso al amparo de los artículos 33 octies o 33 nonies solo desestimará o revocará la declaración de fuerza ejecutiva cuando la ejecución de la transacción judicial sea manifiestamente contraria al orden público del Estado miembro de ejecución.
Capítulo VICertificado sucesorio europeo
Artículo 36Creación de un certificado sucesorio europeo
1. El presente Reglamento establece un certificado sucesorio europeo (en lo sucesivo denominado «el certificado») que será expedido para su uso en otro Estado miembro y surtirá los efectos enumerados en el artículo 42.
2 bis. El certificado no sustituirá a los documentos internos empleados en los Estados miembros a efectos similares. No obstante, una vez expedido para ser utilizado en otro Estado miembro, el certificado surtirá igualmente los efectos enumerados en el artículo 42 en el Estado miembro cuyas autoridades lo hayan expedido con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo.
Artículo 36 bis Finalidad del certificado
1. El certificado está destinado a ser utilizado por los herederos y legatarios y por los ejecutores testamentarios o administradores de la herencia que, en otro Estado miembro, necesiten invocar su cualidad o ejercer sus derechos como herederos o legatarios, o bien sus atribuciones como ejecutores testamentarios o administradores de la herencia.
2. El certificado podrá utilizarse, en particular, para demostrar uno o varios de los siguientes hechos concretos:
a) la cualidad y/o los derechos de cada heredero o, en su caso, de cada legatario mencionado en el certificado y sus respectivas partes alícuotas de la herencia;
b) la atribución de uno o varios bienes específicos que formen parte de la sucesión al heredero o a los herederos o, dado el caso, al legatario o a los legatarios mencionados en el certificado;
c) las atribuciones de la persona mencionada en el certificado para ejecutar el testamento o administrar la herencia.
Artículo 37Competencia para expedir el certificado
El certificado será expedido en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales sean competentes en virtud de los artículos 4, 5 quater, 6 o 6 bis. La autoridad expedidora deberá ser:
a) un órgano jurisdiccional tal como se define en el artículo 2, apartado 2, o
b) otra autoridad que, en virtud del Derecho nacional, sea competente para sustanciar cuestiones sucesorias.
Artículo 38▌Solicitud
-1. El certificado será expedido a instancias de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 36 bis, apartado 1 (denominada en lo sucesivo «el solicitante»).
-1 bis. Para presentar una solicitud, el solicitante podrá utilizar el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.
1. En la solicitud constará la información enumerada a continuación, en la medida en que obre en poder del solicitante y sea necesaria para que la autoridad expedidora acredite los elementos que el solicitante desee le sean certificados, acompañada de todos los documentos pertinentes, en original o copias que cumplan las condiciones necesarias para establecer su autenticidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 1 bis:
a) datos del causante: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si ha lugar); dirección en el momento del fallecimiento; fecha y lugar del fallecimiento;
b) datos del solicitante: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si ha lugar); dirección y, en su caso, naturaleza de la relación de parentesco o del vínculo con el causante;
b bis) en su caso, datos del representante del solicitante: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; dirección y capacidad representativa;
b ter) datos del cónyuge o de la pareja del causante y, si ha lugar, de su excónyuge o sus excónyuges o de su expareja o sus exparejas: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si ha lugar) y dirección;
b quater) datos de otros posibles beneficiarios en virtud de una disposición mortis causa y de la ley: nombre y apellidos o razón social; número de identificación (si ha lugar) y dirección;
b quinquies) el fin para el cual se solicita el certificado de conformidad con el artículo 36 bis;
b sexies) los datos de contacto del órgano jurisdiccional u otra autoridad competente que tramite o haya tramitado la sucesión propiamente dicha, en su caso;
c) los elementos en los que el solicitante fundamenta, según el caso, su derecho sobre bienes hereditarios en calidad de beneficiario y/o el derecho a ejecutar el testamento del difunto y/o a administrar su herencia;
c bis) una indicación relativa a si el difunto había hecho una disposición mortis causa; si no se adjuntan ni el original ni una copia, indicación del lugar en que se encuentra el original;
e) una indicación relativa a si el difunto había celebrado contrato de matrimonio o contrato relativo a una relación que pueda surtir efectos comparables al matrimonio; si no se adjuntan ni el original ni una copia, una indicación del lugar en que se encuentra el original;
e bis) una indicación relativa a si alguno de los beneficiarios ha hecho una declaración relativa a la aceptación o, en su caso, a la renuncia a la sucesión;
f) una declaración relativa a que, al leal saber y entender del solicitante, no existe ningún litigio pendiente relativo a los elementos que vayan a ser certificados;
f bis) cualquier otra información que el solicitante considere útil a los efectos de la expedición del certificado.
1. Cuando reciba la solicitud, la autoridad expedidora verificará la información y las declaraciones así como los documentos y demás elementos de prueba presentados por el solicitante. Realizará de oficio las averiguaciones necesarias con vistas a esta verificación, cuando así lo disponga o autorice su propia legislación, o instará al solicitante a presentar cualesquiera otras pruebas que considere necesarias.
1 bis. Si el solicitante no ha podido presentar copias de los documentos pertinentes que cumplan las condiciones necesarias para establecer su autenticidad, la autoridad expedidora podrá decidir aceptar otros medios de prueba.
1 ter. Si así lo dispone su ordenamiento jurídico, y en las condiciones que se establezcan en el mismo, la autoridad expedidora podrá pedir que las declaraciones se hagan bajo juramento o mediante declaración responsable prevista en la ley en lugar de juramento.
2 bis. La autoridad expedidora tomará todas las medidas necesarias para informar a los beneficiarios de la solicitud de certificado. En caso de que resulte necesario para el establecimiento de los elementos que deban certificarse, oirá a cualquier persona interesada y a cualquier ejecutor o administrador y publicará anuncios destinados a brindar a otros posibles beneficiarios la oportunidad de alegar sus derechos.
3. A los efectos del presente artículo, las autoridades competentes de los Estados miembros facilitarán a la autoridad expedidora del certificado de los demás Estados miembros, cuando éstos lo soliciten, la información contenida, en particular, en los Registros de la propiedad inmobiliaria, en los Registros Civiles y en los Registros cuyo objeto sean las disposiciones de última voluntad y hechos relevantes para la sucesión o para el régimen matrimonial o un régimen patrimonial equivalente del causante, cuando dichas autoridades competentes estén autorizadas, en virtud de la legislación nacional, a facilitar dicha información a otras autoridades nacionales competentes. ▌
Artículo 40 bis Expedición del certificado
1. La autoridad expedidora expedirá sin demora el certificado de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente capítulo una vez que los elementos que vayan a ser certificados hayan quedado comprobados con arreglo a la ley aplicable a la sucesión o en virtud de cualquier otra ley aplicable a elementos específicos. Expedirá el certificado utilizando el formulario que se establecerá de acuerdo con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2. La autoridad expedidora no expedirá el certificado en particular:
a) si los elementos que se han de certificar son objeto de recurso, o
b) si el certificado no fuera conforme a una resolución que afectara a esos mismos elementos.
2. La autoridad expedidora adoptará todas las medidas que sean necesarias para notificar la expedición del certificado a los beneficiarios.
Artículo 41Contenido del certificado
2. El certificado ▌contendrá la siguiente información, en la medida en que sea necesaria para el fin para el cual se expide el certificado:
a) el nombre y la dirección de la autoridad expedidora;
a bis) el número de referencia del expediente;
a ter) los elementos ▌en base a los cuales la autoridad expedidora se considera competente para expedir el certificado ▌;
a quater) la fecha de expedición;
a quinquies) datos del solicitante: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si ha lugar); dirección y, en su caso, naturaleza de la relación de parentesco o del vínculo con el causante;
b) datos del causante: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre; sexo; fecha y lugar de nacimiento; estado civil; nacionalidad; número de identificación (si ha lugar); dirección en el momento del fallecimiento; fecha y lugar del fallecimiento;
b bis) datos de los beneficiarios: apellidos (si ha lugar, apellidos de soltera); nombre y número de identificación (si ha lugar);
c) información relativa a un contrato de matrimonio celebrado por el causante o, en su caso, a un contrato celebrado por el causante en el contexto de una relación que la ley aplicable considere que surte efectos semejantes al matrimonio e información relativa al régimen matrimonial o al régimen patrimonial equivalente;
d) la ley aplicable a la sucesión y los elementos sobre cuya base se ha determinado dicha ley;
e) la información relativa a si la sucesión es intestada o testada en virtud de una disposición mortis causa, incluida la información sobre los elementos ▌de los que derivan los derechos y/o poderes de los herederos, legatarios, ejecutores testamentarios o ▌administradores de la herencia;
g) cuando proceda, información respecto de cada beneficiario sobre la naturaleza de la aceptación o renuncia de la sucesión;
h) ▌la parte alícuota correspondiente a cada heredero y, cuando proceda, la lista de los derechos y/o bienes que corresponden a un heredero determinado;
i) la lista de los derechos y/o bienes que corresponden a un legatario determinado;
j) las restricciones que limitan los derechos del heredero o los herederos y, en su caso, del legatario o los legatarios según la ley aplicable a la sucesión y/o de conformidad con la disposición mortis causa;
k) las atribuciones del ejecutor testamentario y/o del administrador de la herencia y las restricciones que limitan tales atribuciones según la ley aplicable a la sucesión y/o de conformidad con la disposición mortis causa.
Artículo 42Efectos del certificado ▌
1. El certificado surtirá sus efectos en todos los Estados miembros sin que sea preciso ningún procedimiento especial.
2. Se presumirá que el certificado demuestra de manera fidedigna hechos que han quedado acreditados de conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley aplicable a elementos específicos. Se presumirá que la persona mencionada en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en el certificado y/o es titular de los derechos ▌o de los poderes ▌indicados en el certificado sin que a tales derechos o poderes vaya asociada ninguna otra condición o restricción distinta de las que constan en el certificado.
3. Se considerará que cualquier persona que, actuando sobre la base de la información certificada en un certificado, efectúe pagos o entregue bienes a una persona mencionada en el certificado como persona facultada para aceptar pagos o bienes ha efectuado una operación con una persona autorizada para aceptar pagos y bienes, a menos que sepa que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello a causa de negligencia grave.
4. Cuando una persona mencionada en el certificado como autorizada para disponer de bienes sucesorios disponga de dichos bienes en favor de otra persona, se considerará que esa otra persona, si actúa sobre la base de la información certificada en el certificado, ha efectuado una operación con una persona autorizada para disponer de los bienes en cuestión, a menos que sepa que el contenido del certificado no responde a la realidad o no tenga conocimiento de ello a causa de negligencia grave.
5. El certificado será un título válido para la ▌inscripción del bien sucesorio en el registro competente de un Estado miembro, sin perjuicio del artículo 1, apartado 3, letras j) y j bis).
Artículo 42 bisCopias auténticas del certificado
1. La autoridad expedidora conservará el original del certificado y entregará una o varias copias auténticas al solicitante y a cualquier persona que demuestre un interés legítimo.
1 bis. A los efectos del artículo 43, apartado 3, y del artículo 44 bis, apartado 2, la autoridad expedidora conservará una lista de las personas a quienes se expidieron copias auténticas en virtud del apartado 1.
2. Las copias auténticas tendrán un plazo de validez limitado a seis meses que se hará constar en la copia auténtica mediante especificación de una fecha de expiración. En casos excepcionales debidamente justificados, la autoridad expedidora podrá, excepcionalmente, decidir ampliar el plazo de validez. Transcurrido ese plazo, cualquier persona en posesión de una copia auténtica deberá, para poder utilizar el certificado a los efectos indicados en el artículo 36 bis, solicitar una prórroga del plazo de validez de la copia auténtica o solicitar una nueva con igual carácter a la autoridad expedidora.
Artículo 43Rectificación,
modificación o anulación del certificado ▌
1. La autoridad expedidora deberá, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o de oficio, rectificar el certificado en caso de error material.
2. La autoridad expedidora deberá, a petición de toda persona que demuestre tener un interés legítimo o, si ello es posible en virtud del Derecho nacional, de oficio, modificar o anular el certificado cuando se haya acreditado que el certificado o elementos específicos del mismo no responden a la realidad.
3. La autoridad expedidora comunicará sin demora a todas las personas a las que se expidieron copias auténticas del certificado en virtud del artículo 42 bis, apartado 1, cualquier rectificación, modificación o anulación del mismo.
1. Toda persona que tenga derecho a solicitar un certificado podrá recurrir las decisiones tomadas por la autoridad expedidora en virtud del artículo 40 bis.
Toda persona que demuestre tener un interés legítimo podrá recurrir las decisiones tomadas por la autoridad expedidora en virtud de artículo 43 y del artículo 44 bis, apartado 1, letra a).
El recurso se interpondrá ante una autoridad judicial del Estado miembro de la autoridad expedidora, de conformidad con la ley de dicho Estado.
2. Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, queda acreditado que el certificado expedido no responde a la realidad, la autoridad judicial competente rectificará, modificará o anulará el certificado, o garantizará que la autoridad expedidora lo rectifique, modifique o anule.
Si, como consecuencia del recurso contemplado en el apartado 1, queda acreditado que la negativa a expedir el certificado era injustificada, la autoridad judicial competente expedirá el certificado o garantizará que la autoridad expedidora vuelva a estudiar el caso y tome una nueva decisión.
Artículo 44 bis Suspensión de los efectos del certificado
a) la autoridad expedidora, a instancias de toda persona que demuestre tener un interés legítimo, mientras se procede a modificar o anular el certificado en virtud del artículo 43, o
b) la autoridad judicial, a instancias de toda persona que tenga derecho a recurrir una decisión adoptada por una autoridad expedidora en virtud del artículo 44, mientras se tramita dicho recurso.
2. La autoridad expedidora o, en su caso, la autoridad judicial, informará sin demora a todas las personas a las que se expidieron copias auténticas del certificado en virtud del artículo 42 bis, apartado 1, de cualquier suspensión de los efectos del mismo.
Durante la suspensión de los efectos del certificado no podrán expedirse otras copias auténticas del mismo.
Artículo 45Relaciones con convenios internacionales vigentes
1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias reguladas por él ▌.
En particular, los Estados miembros que son partes contratantes en el Convenio de La Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre los conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias seguirán aplicando lo dispuesto en ese Convenio, en lugar del artículo 19 quinquies del presente Reglamento, por lo que atañe a la validez en materia de forma de los testamentos y testamentos mancomunados.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento primará ▌frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el mismo ▌.
2 bis. El presente Reglamento no será óbice para la aplicación del Convenio de 19 de noviembre de 1934 entre Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia que incluye disposiciones de Derecho internacional privado en materia de sucesión, testamentos y administración de herencias, en su versión revisada por el acuerdo intergubernamental entre dichos Estados de [fecha] de 2012, por parte de los Estados miembros que son partes en el mismo, en la medida en que dicho Convenio establece:
a) normas sobre los aspectos de procedimiento de la administración de herencias a tenor de la definición del Convenio, así como asistencia a este respecto por parte de las autoridades de los Estados que son Partes Contratantes en el Convenio, y
b) procedimientos simplificados y más rápidos para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de sucesión.
Artículo 45 bisRelaciones con el Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo
El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) nº 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia(11).
Artículo 46Información facilitada al público
Los Estados miembros, con miras a hacer pública la información en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, facilitarán a la Comisión un breve resumen de su legislación y sus procedimientos nacionales relativos a las ▌sucesiones, que incluirá información sobre cuáles son las autoridades competentes en materia de sucesión, así como información sobre las autoridades competentes para recibir declaraciones de aceptación o renuncia de la sucesión, de un legado o de una legítima en virtud del artículo 8.
Los Estados miembros facilitarán asimismo fichas informativas que enumeren todos los documentos o datos habitualmente exigidos a efectos de registro de la propiedad inmobiliaria situada en su territorio.
Los Estados miembros mantendrán siempre actualizada la información.
Información sobre detalles y procedimientos de contacto
1. A más tardar […](12), los Estados miembros comunicarán a la Comisión:
a) los nombres y los datos de contacto de los órganos jurisdiccionales o autoridades competentes para conocer las solicitudes de declaración de fuerza ejecutiva de conformidad con el artículo 33 ter, apartado 1, y los recursos contra las resoluciones dictadas sobre dichas solicitudes de conformidad con el artículo 33 octies, apartado 2;
b) los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 33 nonies;
c) la información pertinente relativa a las autoridades competentes para expedir el certificado en virtud del artículo 37; así como
d) los procedimientos de recurso contemplados en el artículo 44.
2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea la información comunicada de conformidad con el apartado 1, excepto las direcciones y otros datos de contacto de los órganos jurisdiccionales y autoridades contemplados en la letra a).
Establecimiento y modificación posterior de la lista a que se refiere el artículo 2, apartado 2
1. La Comisión, sobre la base de las notificaciones de los Estados miembros, establecerá la lista de las demás autoridades y los demás profesionales del Derecho a que se refiere el artículo 2, apartado 2.
2. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior de esa lista. La Comisión modificará la lista en consecuencia.
3. La Comisión publicará la lista y toda modificación ulterior de esta en el Diario Oficial de la Unión Europea.
4. La Comisión hará pública toda la información comunicada de acuerdo con los apartados 1 y 2 a través de cualesquiera otros medios que sean adecuados, en particular a través de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.
Establecimiento y modificación posterior de las certificaciones y los formularios a que se refieren los artículos 33 quater, 34, 35, 35 bis, 38 y 40 bis
La Comisión adoptará actos de ejecución en los que se establezcan y modifiquen posteriormente las certificaciones y los formularios a que se refieren los artículos 33 quater, 34, 35, 35 bis, 38 y 40 bis. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.
Artículo 48Procedimiento de comité
▌Revisión
A más tardar el […](13), la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento, incluida una evaluación de cualesquiera problemas prácticos surgidos en relación con los acuerdos sucesorios extrajudiciales que se sustancian simultáneamente en distintos Estados miembros o con un acuerdo extrajudicial que se sustancia en un Estado miembro al mismo tiempo que en otro Estado miembro se sustancia una transacción judicial ante una autoridad judicial. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas de modificación.
Artículo 50Disposiciones transitorias
1. Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a la sucesión de las personas fallecidas en su fecha de aplicación o con posterioridad a esta.
2. Cuando el difunto hubiera elegido, antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, la ley aplicable a su sucesión, esa elección será válida si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si era válida en aplicación de las normas vigentes de Derecho internacional privado, en el momento en que se hizo la elección, en el Estado en el que el difunto tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad este poseía.
2 bis. Una disposición mortis causa hecha antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento será admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma si cumple las condiciones establecidas en el capítulo III o si era admisible y válida en cuanto al fondo y a la forma en aplicación de las normas vigentes de Derecho internacional privado, en el momento en que se hizo la disposición, en el Estado en el que el difunto tenía su residencia habitual o en cualquiera de los Estados cuya nacionalidad este poseía o en el Estado miembro de la autoridad que sustancie la sucesión.
2 ter. En caso de que una disposición mortis causa se realizara antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento con arreglo a la ley que el difunto podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión. ▌
Artículo 51Entrada en vigor
Será aplicable a partir del [...](14), excepto por lo que respecta a los artículos 46 y 46 bis, que serán aplicables a partir de […](15), y a los artículos 47, 47 bis, y 48, que serán aplicables a partir de […](16).
DO C 44 de 11.2.2011, p. 148.
* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican con el símbolo ▌.
DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
DO L 160 de 30.6.2000, p. 1.
DO: 9 meses antes de la fecha de aplicación del Reglamento.
DO: 10 años después de la fecha de aplicación del Reglamento.
DO: 36 meses después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento.
DO: El día siguiente a la fecha de adopción del Reglamento.
Lo fundamental para alcanzar una solución europea es prever unos criterios únicos de referencia para la jurisdicción competente y el Derecho aplicable. De conformidad con la propuesta de la Comisión, la residencia habitual es determinante en ambos casos. No obstante, es irrenunciable el derecho de todo causante a elegir el derecho sucesorio de su país, junto con la posibilidad de que, en tal eventualidad, el asunto se traslade a un tribunal de su país de origen.
La propuesta debe verse en la perspectiva de tal combinación de posibilidades.
Toda solución tiene sus puntos fuertes y flacos. Siempre podrán encontrarse casos en que el resultado no resulte del todo satisfactorio. Ello obedece a la naturaleza del asunto, la dificultad de la materia, la multiplicidad de estilos de vida y los puntos de vista encontrados de las diferentes valoraciones. La valoración debe basarse en una visión de conjunto.
Conviene congratularse, por consiguiente, de las decisiones básicas de la propuesta de la Comisión. Pues también se corresponden en principio con el dictamen del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde(1). La propuesta crea seguridad jurídica y es relativamente clara, sencilla y comprensible para el ciudadano medio en sus cuestiones más relevantes. Con ella se evita el fraccionamiento de la sucesión. En virtud del criterio de residencia habitual, el tribunal competente aplicará comúnmente su propio Derecho, incluso para los nacionales de terceros países. En general, es en el lugar de residencia habitual del causante donde se concentran sus intereses.
Mediante la ley de elección también es posible remitir el asunto a un tribunal del Estado de origen.
El nuevo derecho de elección apuntala la autonomía de los ciudadanos. Al limitarlo a la nacionalidad, se vela asimismo por los objetivos de orden público y protección de los familiares subyacentes al Derecho de sucesiones y se evitan en gran medida los abusos. La nacionalidad es un criterio de referencia fiable.
Con arreglo a esos principios conviene prever el reconocimiento y ejecución de las disposiciones.
La propuesta de la Comisión se redondea con la creación de un certificado sucesorio europeo. No se trata de una decisión definitiva y vinculante sobre la sucesión sino de un certificado sobre ésta. Éste sirve de evidencia transfronteriza para las inscripciones en el registro y conlleva la presunción de buena fe como mecanismo de protección para quien adquiera un bien heredado. De esta manera se mejoran decisivamente las relaciones jurídicas y comerciales en materia sucesoria.
Para los ciudadanos que residen habitualmente en su país de origen no cambia nada si todo su patrimonio se encuentra en ese país. Si poseen bienes, en particular inmobiliarios, fuera de su país de origen, éstos también están sujetos en su totalidad, y sin necesidad de disposiciones testamentarias especiales, al Derecho de su país de origen.
Aún cuando los ciudadanos tengan o quieran tener su residencia habitual fuera de su país de origen, podrán seguir optando por la ley de su país de origen. Ésta es una mejora sustancial.
También se ofrece una sólida base a los asesores en asuntos sucesorios.
Los tribunales u otros órganos competentes podrán seguir aplicando sus propias normas.
Se simplifica en gran medida el tratamiento transfronterizo en materia sucesoria.
Los ciudadanos que tienen su residencia habitual en el extranjero y no han elegido la ley aplicable estarán sujetos en el futuro al Derecho sucesorio del país de residencia. Esto es una novedad para todos los Estados miembros. Con la mirada puesta en eventuales reparos, conviene señalar que tal situación jurídica ya se da actualmente en muchas ocasiones, sin que los ciudadanos sean conscientes de ello.
Mediante campañas de sensibilización pueden disiparse esos recelos. Todo enfoque tiene ventajas e inconvenientes y no pueden atenderse de la misma manera todos los objetivos. El ponente considera que la actual situación jurídica, así como cualquier otro enfoque, conllevaría considerablemente más problemas y que, por consiguiente, conviene apoyar el planteamiento propuesto.
El Reglamento no es una panacea y no sirve para regular todos los detalles, pero sí mejora perceptiblemente la situación actual. Pues ofrece a los ciudadanos una base clara y segura para arreglar su sucesión. Los ciudadanos podrán ejercer mejor sus derechos en el mercado interior. La claridad y la seguridad jurídicas son bienes fundamentales, en particular en materia sucesoria. El Reglamento apuntala esos bienes jurídicos, ofrece ventajas a los ciudadanos y aporta un considerable valor añadido europeo.
Conviene tener presentes las siguientes cuestiones:
1) La ley aplicable no incide en absoluto en el Derecho de sucesiones aplicable.
2) Con el Reglamento sólo se regula el Derecho Internacional Privado (DIP). El Derecho material de sucesiones no sufre modificaciones.
3) El Reino Unido e Irlanda han optado por quedarse al margen del Reglamento.
La base jurídica de la propuesta de Reglamento es el artículo 81 del TFUE.
II. Cuestiones concretas
Aún cuando estamos de acuerdo con las decisiones básicas de la propuesta, resulta necesario abordar algunas cuestiones complejas e introducir las enmiendas y complementos necesarios. A continuación se examinan algunas de esas cuestiones.
La residencia habitual en un concepto clave del Reglamento. Recibe la debida atención y despierta el deseo de definirla con la mayor claridad. Una definición con condiciones o plazos obligatorios no haría justicia a la multiplicidad de estilos de vida. En última instancia, por tal motivo, no resulta más segura la determinación de la residencia habitual y, en ocasiones, ello podría volverse más complicado. Después del óbito debería designarse a la mayor brevedad el tribunal competente. Éste deberá y podrá determinar en cada caso concreto la residencia habitual y su propia competencia con arreglo a criterios generales como los mencionados en uno de los considerandos. Conviene señalar igualmente que solo unos pocos ordenamientos jurídicos nacionales definen jurídicamente el concepto de residencia habitual y que ni en el Reglamento europeo sobre los alimentos ni en numerosos tratados internacionales se define ese concepto.
El nuevo derecho de elección previsto para muchos ciudadanos y Estados es un elemento central de la propuesta. En aras del favor testamenti conviene prever diferentes aclaraciones y complementos.
Delimitación con el Derecho sustantivo y de procedimiento de los Estados miembros
Con el Reglamento solo se regula el DIP de los Estados miembros y no su Derecho material de sucesiones ni otro Derecho sustantivo o de procedimiento. No obstante, se producen pequeñas injerencias y duplicidades. Ello obedece a la diferente estructura de la ley aplicable a la sucesión, al Derecho sustantivo y al procedimiento testamentario de los Estados miembros.
En la propuesta del ponente se prevé que el Derecho sustantivo y de procedimiento de los Estados miembros no se vea afectado en la medida de lo posible. Ello puede conllevar mayores trámites burocráticos para los herederos (véase el artículo 21). Por tal motivo, el ponente presenta precavidamente una segunda propuesta que, en su opinión, contiene el mínimo absoluto de regulación para no incidir en el Derecho sustantivo y de procedimiento nacional.
Los pactos sucesorios plantean un problema especial en el DIP, pues en algunos Estados no se conocen o se rechazan. Debe quedar claro que el Derecho sucesorio y, por lo tanto, el derecho a la parte legítima se determinarían por separado en el Reglamento para cada una de las partes en el pacto sucesorio.
Estas enmiendas también deberían ser del agrado de los Estados miembros que no conocen los pactos sucesorios.
El criterio de orden público es un principio jurídico reconocido en el DIP. En las relaciones entre Estados miembros, dadas las convicciones y valores jurídicos comunes, debería dejar de ser importante.
No está justificado el temor de que se abra la puerta a la posibilidad de eludir el derecho a la parte legítima. Casi todos los Estados miembros conocen el derecho a la parte legítima, si bien en diferente manera. Si el causante elige la ley de su país de origen, no hay razones para temer su elusión. Si la ley de elección es la del lugar de residencia habitual podría tener sentido ese temor. Con arreglo a la presente propuesta no basta con que un ciudadano tenga su residencia habitual en otro Estado miembro, ya que debe tener allí su residencia habitual en el momento de morir (aun cuando no deba morir obligatoriamente en ese lugar). Parece muy aventurado pensar que un gran número de personas cambien de residencia por ese motivo y que mantengan ese residencia consecuentemente hasta su fallecimiento. Los ciudadanos que desean eludir a toda costa el derecho a la parte legítima también encuentran posibilidades para ello en la legislación vigente.
Reconocimiento de actos auténticos
El ponente es partidario del reconocimiento de los actos auténticos en lo relativo a su libre circulación y al «reconocimiento» de su veracidad y validez formal. El concepto de «reconocimiento» también puede conducir a error —no solo en la versión alemana—, pues no es diáfano en sí mismo y debe interpretarse en su contexto correspondiente.
El certificado sucesorio europeo debería limitarse a los casos transfronterizos. Deben ser competentes para su expedición los órganos —tribunales, autoridades, notarías u otros— que se ocupan de las cuestiones sucesorias. Estos órganos deben ser designados por el Estado miembro que sea competente de conformidad con el capítulo II.
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2006, que contiene recomendaciones a la Comisión sobre sucesiones y testamentos (DO C 314 E de 21.12.2006, p. 342).
Competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y creación de un certificado sucesorio europeo
Última actualización: 8 de marzo de 2012 Aviso jurídico

References: artículo 251
 artículo 61
 artículo 67
 artículo 294
 artículo 81
 artículo 81
 resolución 
 resolución 
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 19

Artículo 1
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 artículo 47

Artículo 4
 artículo 17

Artículo 5
 artículo 17
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 17
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Artículo 5
 artículo 17

Artículo 5
 artículo 5

Artículo 6

Artículo 6
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Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12
 artículo 19
 artículo 15

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

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Artículo 16

Artículo 19
 artículo 21
 artículo 17
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Artículo 19

Artículo 20

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 27

Artículo 28
 artículo 19

Artículo 28
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Artículo 30
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Artículo 31

Artículo 32
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Artículo 33

Artículo 33

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 artículo 46

Artículo 33
 artículo 48
 artículo 33

Artículo 33
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Artículo 33
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Artículo 33
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 artículo 46
 artículo 12

Artículo 33
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Artículo 33
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 artículo 48

Artículo 35
 artículo 33
 artículo 48

Artículo 35
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 artículo 48

Artículo 36
 artículo 42
 artículo 42

Artículo 36

Artículo 37
 artículo 2

Artículo 38
 artículo 36
 artículo 48
 artículo 40
 artículo 36

Artículo 40
 artículo 48
 resolución 

Artículo 41

Artículo 42
 artículo 1

Artículo 42
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 36

Artículo 43
 artículo 42
 artículo 40
 artículo 43
 artículo 44

Artículo 44
 artículo 43
 artículo 44
 artículo 42

Artículo 45
 artículo 19

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 8
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 48

Artículo 48

Artículo 50

Artículo 51
 artículo 81
 artículo 21

Resolución