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Timestamp: 2019-05-24 07:55:51+00:00

Document:
Cámara de Representantes - Anexo I al Repartido 161 de mayo/2015
Carpeta Nº 188 de 2015 Anexo I al
Repartido Nº 161
Nota dirigida al señor Presidente de la Cámara de Representantes
Acta nº 1 y versión taquigráfica sin corregir del 27 de mayo de 2015
Documentación ampliatoria presentada por el señor Representante Rodrigo Goñi
Acta nº 2 y versión taquigráfica sin corregir del 28 de mayo de 2015
Informe en mayoría y proyecto de resolución
Informe en minoría y proyecto de resolución
Comisión Preinvestigadora sobre las actividades
realizadas por el FONDES desde su creación
En Montevideo, a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo la hora diez y cuarenta minutos, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación, a efectos de recibir del mocionante, señor Representante Rodrigo Goñi Reyes, articulación de sus denuncias.(Carpeta 188/2015 – Repartido 161/2015).
Moderadora: Señora Representante Cecilia Bottino.
Miembros: Señores Representantes Gerardo Amarilla y Alfredo Asti.
Asesora: Señora Secretaria Redactora de la Cámara de Representantes, Virginia Ortiz, de acuerdo al inciso primero del artículo once de la Ley Nº 16.698, de 25 de abril de 1995.
Denunciante: Señor Representante Rodrigo Goñi Reyes.
Asunto entrado: Actividades realizadas por el FONDES desde su creación. Designación de una Comisión Preinvestigadora.
Actúa en Secretaría: Señora Beatriz Méndez, Secretaria, y el señor Eduardo Sánchez, Prosecretario.
Abierto el acto, se constituye la Comisión Preinvestigadora y el señor Representante Alfredo Asti mociona para que la señora Representante Cecilia Bottino actúe como moderadora de la misma.
Se vota: dos en tres. Aprobado.
La señora Representante Cecilia Bottino vota por el señor Representante Alfredo Asti.
Se analiza y se acuerda pasar a intermedio hasta la hora trece y treinta minutos en que se recibirá al denunciante para que articule las mismas.
Se retiran de sala los señores legisladores y se le comunicará al señor Representante Rodrigo Goñi Reyes de lo resuelto por la Comisión Preinvesrtigadora.
Siendo la hora trece y cuarenta y ocho minutos, se levanta el intermedio y se invita a pasar a sala al señor Representante -denunciante- Rodrigo Goñi Reyes.
El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias y, solicitado por la moderadora, agrega material, que se distribuye en sala a los señores miembros de la Comisión Preinvesitgadora.
Resolución: Se acuerda reunirse mañana jueves a la hora diez, para tomar resolución sobre el tema.
De lo actuado, se toma versión taquigráfica, que consta de quince folios que, debidamente rubricados, pasan a formar parte de la presente Acta.
Siendo la hora quince y seis minutos, se da por finalizado el acto.
Para constancia se labra la presente Acta, la que una vez aprobada, firman los señores miembros de la Comisión Presinvestigadora y el señor Denunciante.
COMISION PREINVESTIGADORA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
FONDES DESDE SU CREACIÓN.
(Sesión de 27 de mayo de 2015)
SEÑORA SECRETARIA.- Procedería determinar quién va a moderar esta reunión.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Propongo a la señora Diputada Bottino.
SEÑORA SECRETARIA.- Si hay acuerdo, correspondería pasar a la votación.
—Dos en tres: AFIRMATIVA.
SEÑORA MODERADORA (Cecilia Bottino).- De conformidad con el artículo 10 de la Ley Nº 16.698, la Comisión Preinvestigadora tiene un plazo de cuarenta y ocho horas para informar sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación.
Correspondería recibir al Diputado denunciante.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Hay dos integrantes de la Comisión, la señora Moderadora y el señor Diputado Amarilla, que integran la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, que ya está reunida. En ese sentido, no tengo inconveniente en esperar a que termine esa reunión: en ese lapso la Secretaría podrá convocar al Diputado denunciante.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Propongo pasar a intermedio hasta la hora 13 y 30.
SEÑORA MODERADORA (Cecilia Bottino).- Habiendo acuerdo, se pasa a intermedio hasta la hora 13 y 30.
(Es la hora 10 y 48)
(Asiste el señor Representante Goñi Reyes)
—Continúa la sesión.
(Es la hora 13 y 40)
——De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Nº 16.698, está presente en Sala la señora Secretaria Redactora, doctora Virginia Ortiz. Corresponde votar su presencia por algún asesoramiento que se pueda requerir por parte de la Comisión.
——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.
Cedemos el uso de la palabra al señor Diputado Goñi Reyes, a fin de que realice el planteamiento que dio origen a esta Comisión Preinvestigadora.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- En el día de ayer presenté un escrito ante el Presidente de la Cámara, conteniendo los fundamentos y los objetivos por los cuales solicité la designación de una Comisión Investigadora. Voy a obviar los fundamentos jurídicos que me habilitan a presentar tal solicitud.
Quisiera hacer una precisión previa. Estamos pidiendo la investigación sobre el funcionamiento de un fondo que no está bajo un régimen de contralor general, sino excepcional. Tanto es así que en la propia ley que lo crea, la Nº 18.716, se establece una norma específica que obliga al Poder Ejecutivo y a la junta directiva del Fondes a presentar anualmente un informe detallado sobre el uso de los fondos.
Dado que esta información detallada no fue remitida al Poder Legislativo, y considerando que había un proyecto de ley sobre el Fondes, presentado por el Poder Ejecutivo, lo primero que hicimos -en cumplimiento de nuestra función de contralor y también legislativa, como parlamentarios- fue presentar varios pedidos de informes. En especial, cursamos un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, porque había un representante de esa Cartera en la junta directiva del Fondes, y otro a la OPP, pero no fueron respondidos.
Importa decir aquí que, más allá de los pedidos de informes formales hechos por las vías correspondientes, en encuentros que tuvimos con jerarcas del Gobierno en la Comisión de Hacienda y en otros actos oficiales, les expresamos -también lo hicimos públicamente- nuestro interés especial en conocer lo que había ocurrido con el funcionamiento del Fondes, porque entendíamos que era contraproducente tratar un nuevo proyecto de ley sobre ese Fondo, sin evaluar el anterior. El sentido común indica -no precisa abundarse en argumentos- que cuando uno va a mejorar algo, es conveniente evaluar la experiencia pasada por aquel refrán o dicho popular de que quien no conoce su historia, está condenado a volver a repetir los errores.
Sin perjuicio de ello, después de esperar todo lo que pareció oportuno para tener esos informes, conocimos una información a través del diario El País, a la que accedió por la Ley de Acceso a la Información Pública. Ante ello realmente sentí vergüenza como parlamentario -y supongo que también muchos otros legisladores que presentaron los informes-, porque habiendo pedido los datos por las vías correspondientes, iniciando un Período legislativo, no había pedidos de informes atrasados, no existía ninguna razón para que los legisladores tuviéramos que tomar conocimiento a través del diario "El País" de cuántos préstamos se hicieron, por qué montos, etcétera.
Una vez que recibimos esa información a partir de ese medio de prensa, constatamos una serie de hechos que nos llamó poderosamente la atención. En particular, empresas que habían cerrado y otras que presentaban dificultades; firmas que tenían dependencias comerciales con mercados y empresas que no resultaban con explicación lógica. Fue así que después de esperar lo que entendimos que era un tiempo prudencial, y atendiendo a que el Poder Ejecutivo anunciaba su pretensión de que a la brevedad se aprobara este nuevo proyecto de ley sobre el Fondes, decidimos presentar este pedido de Comisión Investigadora, con dos objetivos igualmente importantes. Entiendo que mi trayectoria pública como Director de la Corporación Nacional para el Desarrollo me permite afirmar que siempre he priorizado el futuro más que el pasado. Aquí me importa el futuro del Fondes más que el pasado. Entonces, como estoy convencido de que si no analizamos el pasado del Fondes haremos un muy mal Fondes del futuro, es que solicitamos la conformación de esta Comisión Investigadora con el doble objetivo o finalidad que establece el artículo 120 de la Constitución de la República. Uno, investigar hechos irregulares o ilícitos a los efectos que corresponda, y dos, dentro de la misma Comisión Investigadora -es también objetivo de este pedido- reunir datos que puedan ayudar a la elaboración de una ley sobre el mismo asunto. Básicamente, justifica este pedido que a algunos ha sorprendido, que está anunciada para la próxima semana -por lo menos, lo leí en un diario y he escuchado información por parte de actores políticos del Gobierno-, para el 2 de junio, la intención de votar el nuevo proyecto del Fondes.
Quiero dejar especial constancia que solicité esta Comisión Investigadora con esta doble finalidad, es decir, también para reunir datos para el tratamiento de un nuevo proyecto de ley del Fondes.
Al considerar el primer punto, hemos constatado una serie de hechos que entendemos configuran indicios de irregularidades o ilicitudes. Al menos tres empresas -reitero que estamos analizando estos hechos con muy poca información y ninguna proporcionada por el Poder Ejecutivo- que fueron asistidas por el Fondes están cerradas. La Ley Nº 18.716, de creación del Fondes y los cuatro, cinco o seis artículos de su Decreto insisten y reiteran el requerimiento "sine qua non", la condición imprescindible de que el Fondes solo puede asistir proyectos que sean viables y sustentables. La ley que habilitó la creación del Fondes, en su artículo 40 establece que este Fondo será para asistir proyectos que demuestren ser viables y sustentables. Los artículos 1º, 2º, 4º y otros del Decreto establecen y reafirman la misma condición. Cuando nos encontramos con que al menos estos tres proyectos al poco tiempo de ser asistidos con fondos muy importantes, están cerrados, uno se cuestiona -se invierte la presunción- la sustentabilidad y viabilidad; luego, ahondaremos en estos indicios fortalecidos con otros hechos.
El segundo hecho que constatamos es que muchos emprendimientos -según propias declaraciones de quienes los dirigen- presentan resultados negativos muy importantes en forma continua, lo que además ha llevado a que solicitaran nuevas asistencias, tanto del Fondes como de otros organismos del Estado, de otros fondos nacionales o extranjeros. Esto también nos lleva a cuestionar la viabilidad y sustentabilidad, condiciones para recibir asistencia. Peor aún es que hay otros requerimientos establecidos en el Decreto del Fondes que nos generan cuestionamientos y dudas. Por ejemplo, la prohibición de que empresas que tuvieran un funcionamiento anterior, excepto cuando necesitaran asistencias excepcionales, fueran asistidas. Me refiero a empresas como Cotrapay -ex Paylana-, Metzen y Sena y otras que han debido ser asistidas complementariamente, lo que reitero, no solo demuestra su difícil viabilidad y sustentabilidad sino además que hubo una contravención muy clara del artículo 27 del Decreto.
Como tercer hecho, nos encontramos con empresas que presentan una excesiva dependencia con mercados y diría con empresas estatales o paraestatales de un país que, con todo respeto, presenta características excepcionales. No lo digo yo; el caso de Venezuela figura en los peores lugares en índices de corrupción. Según pudimos conocer en los últimos congresos sobre Juntas Anticorrupción a los que todos los parlamentarios fuimos invitados, se demostraba y expresaba preocupación por los índices gravísimos de corrupción de Venezuela que con Yemen y Angola ocupan el lugar 164 de 171. Sin duda, esto presenta un mercado de características excepcionales y nos parece que debe investigarse. Desde el punto de vista económico, comercial y empresarial, una empresa que vende más del 80% o el 90% a una sola empresa y que todavía es estatal, la experiencia indica que tiene muy serias dificultades de competitividad y de adaptarse al mercado internacional, que por supuesto incluye el nacional.
El cuarto hecho -gravísimo- es haber comprobado con mucha tristeza que empresas que fueron asistidas por el Fondes violaron gravemente las normas medioambientales. Peor aun: hubo empresas asistidas por el Fondes que desde el primer momento y hasta que cerraron provocaron una contaminación gravísima -dicho, expresado y declarado por la propia Dinama y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente-; una de ellas, la Curtiembre El Águila, contaminó gravemente el río Santa Lucía durante todo el período que existió como cooperativa. Hay informes, resoluciones -por supuesto, están a disposición- en las que figura que una y otra vez, y luego de muchas advertencias e intimaciones, finalmente la Dinama la cerró, pero nada puede reparar el año y medio o más que esa empresa contaminó, siendo asistida por el Fondes. En momentos en que todo el país, encabezado por el propio Presidente de la República, parlamentarios, Comisiones parlamentarias -por lo menos la que integro- y después de una interpelación hecha hace pocos días, nos establecimos como prioridad absoluta trabajar y luchar para revertir el deterioro de la cuenca del río Santa Lucía, se comprueba que uno de los principales contaminantes es una industria impulsada y financiada por el Fondes, creo que la gravedad y elocuencia del hecho y del acto exime de mayores argumentos y comentarios. No es la única; en Montevideo hay otra empresa, la Curtiembre Uruven, que también ha sido cerrada por las autoridades medioambientales. Tengo entendido que ese cierre administrativo ha sido incumplido; en este caso, el último fue de la Intendencia de Montevideo, que luego de varias advertencias por contaminación ordenó el cierre. Ha sido una de las tantas empresas que igualmente siguió asistida por el Fondes.
El quinto hecho que también tiene apariencia de gran irregularidad e ilicitud es el caso de una asistencia millonaria del Fondes de US$ 6:000.000 -muchísimo dinero- a una empresa que a los pocos meses cerró. Me refiero a la ex imprenta Pressur, que en agosto de 2013 recibió US$ 6:000.000 y que a fines de enero, poquitos meses después, cerró. Además, lo grave de esto -más allá de que de por sí el hecho es gravísimo, porque demuestra una falta de viabilidad y de sustentabilidad- es que se ha comprobado y declarado por todos los actores involucrados que gran parte de ese dinero fue destinado para pagar deudas, en algunos casos para levantar garantías bancarias de su anterior propietario. Nuestra Ley Anticorrupción -ley que por supuesto todos los uruguayos y en especial los parlamentarios tenemos el especial deber de hacer cumplir y de tener presente sus preceptos-, en su artículo 3º la define como todo uso indebido del poder público para beneficio propio o de terceros sin importar si causa daño o no al Estado. Cuando uno ve que hay una apariencia de uso indebido, según las propias declaraciones de los involucrados, que reconocen desprolijidades en el préstamo; cuando uno ve que hay un beneficio muy claro de un tercero que levantó garantías bancarias y amortizó su deuda con dineros del Fondes, entendemos que es otro tema que presenta graves irregularidades, ilicitudes en el mejor de los casos. Lo que trasmití hasta ahora son hechos constatados.
En cuanto a los fundamentos, quiero empezar por el incumplimiento de varias leyes a la vez, que para mí resulta un ilícito muy grave que afecta al Parlamento y al sistema democrático. Me refiero al ocultamiento de información, un ocultamiento de información que contraviene muchas leyes. Contraviene no solo la Ley Nº 18.716 y el decreto de creación del Fondes sino que contraviene nada más y nada menos que tres o cuatro normas importantes de la Ley Nº 17.060, llamada Anticorrupción, lo que entiendo es un hecho gravísimo sobre todo cuando estuvimos más de dos meses varios legisladores -no fue este legislador que habla y que denuncia el único- pidiendo informes sobre el Fondes. Creo que fueron cinco o seis legisladores de varios partidos políticos los que pidieron una y otra vez informes que no fueron dados. Este ocultamiento contraviene, reitero, en forma flagrante el principio de transparencia y el principio de publicidad que está establecido y descripto en varias normas de la Ley Anticorrupción. No es solo un deber ético; es un deber jurídico el que es ha incumplido.
Por los hechos que se conocen entendemos que ha habido un abuso, una desviación y un exceso de poder por parte de la administración del Fondes. No hemos querido cargar todas las responsabilidades en los integrantes de la Junta Directiva del Fondes. Por eso, y sin otro afán que tratar de ser lo más justos posible, hemos recordado y destacada en el escrito que existió una directiva muy clara del ex Presidente de la República en cuanto a que el Fondes debía servir intereses ideológicos. Hay una frase que fue reiteradamente declarada, recogida en muchísimos medios de prensa y conocida públicamente que expresaba que el Fondes -palabras el ex Presidente José Mujica- debía servir para mantener prendidas las velas del socialismo. No fue el único. También hubo Ministros que hacían alusión a la misma finalidad que debía tener el Fondes. Recuerdo el caso del ex Ministro Olesker, que planteaba que el Fondes debía impulsar caminos de tránsito hacia el socialismo. Usar fondos públicos para proyectos ideológicos contraviene gravemente la Constitución de la República; contraviene nuestra tradición constitucional y contraviene, especialmente, la propia ley y los decretos del Fondes, que establecían claramente para qué debían usarse sus recursos.
No podemos desconocer -sería una ingenuidad y una tremenda injusticia- la influencia que tienen que haber ejercido en los integrantes de la Junta del Fondes esas directivas dichas una y otra vez por el ex Presidente de la República. Eso fue probablemente el origen y -¿por qué no?- lo que determinó que se eligieran para asistir determinados proyectos con una finalidad ideológica o política o político ideológica, por encima de los criterios jurídicos y técnicos establecidos expresamente por la ley. Esto significa un apartamiento muy grave, un uso indebido de los fondos, que en nuestra consideración configura un abuso, desvío o exceso de poder.
Hay varios artículos también en el decreto del Fondes que han sido violados por priorizar y utilizar criterios político ideológicos por encima del criterio técnico y jurídico planteado como requisito en el decreto. Se establecía que siempre debía cumplirse con el requisito de viabilidad y sustentabilidad, pero además agregaba otros requerimientos como, por ejemplo, que el proyecto aumentara la productividad de los factores de la empresa, que tuviera especial cuidado por el medio ambiente, que creara nuevos productos, que ganara nuevos mercados, etcétera. Indudablemente, todos esos requerimientos no fueron tenidos en cuenta al priorizar criterios ideológicos que surgen de las propias directivas del ex Presidente de la República.
No podemos descartar de ninguna manera que se hayan configurado hechos de corrupción, dada la definición que ya expresé y que establece muy claramente la Ley Anticorrupción. Hay eventos, actos, conductas que, por la información que tenemos, configuran claramente actos de corrupción. Esto nos parece de mucha gravedad. Los congresos de lucha contra la corrupción del mundo -los leo porque nunca he tenido la posibilidad de participar en alguno- siempre terminan diciendo que aquellas sociedades que toman como normales hechos irregulares terminan ambientando una corrupción generalizada que deteriora el resto de las dimensiones sociales.
Por estos argumentos, y no queriendo yo al menos, como legislador, ser cómplice de una resignación ante este tipo de hechos, planteo esta Comisión Investigadora a la que estamos haciendo referencia.
Hay otro hecho que nos parece relevante destacar por su conexión, que refiere a los negocios con Venezuela. Entiendo que no podían quedar fuera de esta investigación, básicamente porque hay empresas que tienen esa dependencia comercial absolutamente excesiva y desproporcionada con empresas paraestatales venezolanas. No escapa a este legislador, y surge de informaciones dadas por la propia Presidencia de la República, que, en ocasión de reiteradas visitas oficiales del Gobierno uruguayo a Venezuela y también de delegaciones venezolanas que vinieron a Uruguay, se firmaron una serie de acuerdos en los cuales participaban empresas privadas uruguayas, lo que realmente nos llama la atención. Recuerdo y destaco una empresa denominada "Aire Fresco S.A.", que hacía acuerdos con la empresa paraestatal venezolana Suvinca. Hay otras empresas privadas que firmaron acuerdos con empresas paraestatales en el marco de acuerdos oficiales, lo que también nos llama poderosamente la atención.
Tampoco podemos desconocer que el Gobierno venezolano aportó fondos monetarios a empresas asistidas por el Fondes. Un ejemplo es el caso de Uruven -un nombre significativo, que quiere decir Uruguay-Venezuela-, que recibió aportes monetarios del Gobierno venezolano y que de alguna forma también contraviene la normativa del Fondes, que prohibía que las asistencias a algunas empresas que ya venían en actividad se siguieran haciendo en forma permanente, por vía directa o indirecta, como en este caso.
Por estas razones, y dado que no contamos con la información oficial que legalmente el Poder Ejecutivo debía haber aportado no solo al Parlamento sino a la ciudadanía en general, sostenemos que es absolutamente imprescindible y necesario investigar si en todos los proyectos asistidos por el Fondes se cumplió efectivamente con el requerimiento de viabilidad y sustentabilidad.
Por otra parte, consideramos que es muy importante y un deber legal corroborar y verificar las condiciones y las circunstancias en que el Fondes realizó la asistencia a esas empresas que fueron cerradas por problemas de contaminación medio ambiental grave.
Nos parece que sería de enorme utilidad para el futuro del Fondes investigar los emprendimientos que presentan una dependencia comercial con Venezuela y con empresas paraestatales de ese país. ¿Por qué? Porque podríamos estar generando situaciones no sustentables, no sostenibles, creando contratos con empresas paraestatales venezolanas, dependiendo de lo que pase con ese país, con lo que pase con las autoridades de ese organismo paraestatal, y creer que existe una sustentabilidad y una viabilidad cuando en realidad depende exclusivamente de una empresa, lo que desde el punto de vista empresarial es absolutamente carente de fundamento. Nunca un banco, nunca un particular, nunca nadie puede considerar un proyecto viable si este depende exclusivamente de una empresa, y mucho menos cuando esa empresa es estatal, porque depende de otra cantidad de factores de inestabilidad que inviabilizan cualquier proyecto sustentable.
Asimismo, nos gustaría conocer, por primera vez, qué pasó con el Comité de Supervisión que estaba establecido en la ley. No se conoce ninguna acta, ninguna resolución, ninguna acción de lo realizado por el Comité de Supervisión, que estaba integrado nada más y nada menos que por los señores Ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, que eran los que tenían la capacidad y el deber legal de establecer -como dice la ley- un portafolio de inversiones, hacer un plan anual, ir evaluando, ir viendo por dónde iba la economía nacional e internacional para ir definiendo la asistencia del Fondes.
El fundamento claro de por qué se hizo así me parece que me exime de mayores argumentos. Uno no puede plantearse asistencias a proyectos a muy largo plazo sin conocer lo que va pasando con el mercado internacional. No puedo hacer un plan sin considerar la demanda de los productos del proyecto que teóricamente voy a asistir en el mediano y el largo plazo.
No se conoce absolutamente nada de lo que hizo el Comité de Supervisión. Si actuó, nos parece que es un deber legal informarlo y es un derecho del Parlamento conocerlo: si actuó bien, si actuó mal, qué es lo que hay que corregir. Y si no actuó, habrá que comprobar esa omisión y quizá corregir para el futuro que este tipo de instrumentos integrado por los señores Ministros no es viable en la práctica.
También habría que investigar si ante cada proyecto asistido se verificó el cumplimiento de las diferentes normativas que el decreto establecía: normativa laboral, normativa medioambiental, normativa de seguridad social. ¿Por qué planteo esto? Porque hay declaraciones de dirigentes de empresas asistidas que se quejaron de que el Gobierno -lo hicieron públicamente en medios de prensa- les daba los fondos y después se desentendía del asunto y no se comprobaba si había cumplimiento de este tipo de normativa y después se encontraban con que había que cumplir con deberes que no estaban previstos.
Por tanto, nos parece importante ver qué pasó allí, si se cumplió, si no se cumplió, para buscar corregir en el futuro.
Ya dije lo de Venezuela. Es un tema muy delicado. Repito, es un tema muy delicado. Hay constancia de aportes de fondos de Venezuela que no se conoce su contrapartida. Hay negociaciones en las que no se conocen sus contratos. Hay intermediarios privados que aparecen en delegaciones oficiales que no sabemos bien qué estaban haciendo, qué rol cumplían. Son todos temas que oscurecen el funcionamiento del Fondes y que entendemos es muy importante clarificarlos para que el nuevo Fondes no tenga esa mancha. No creo en el dicho "¿Qué le hace una mancha más al tigre?". Yo preferiría que el nuevo tigre del Fondes naciera sin manchas.
En otro orden, nos parece importante, sobre todo para verificar el cumplimiento de la ley y del decreto, verificar si los emprendimientos del Fondes recibían otros apoyos porque, de alguna manera, se estarían concretando subsidios indirectos de otros organismos del Estado. Tenemos informaciones, por ejemplo, de que el comienzo o el recomienzo de actividades de Metzen y Sena, la última, la cooperativa, es gracias a un nuevo crédito de organismos estatales. Esa empresa ha sido objeto de innumerables irregularidades, innumerables préstamos mal dados, innumerables préstamos dados fuera de la normativa vigente.
Por lo tanto, nos parece que este tipo de empresas tiene que ser tratado con extrema vigilancia para que no vuelvan a suceder hechos que estuvieron, además, siendo tramitados en Juzgados judiciales. A mi me tocó, en el tema Metzen y Sena, con la Corporación Nacional para el Desarrollo, participar, y muchos actores del Gobierno actual saben cuál fue mi actitud constructiva. Frente a ciertos episodios siempre planteamos aprender de los errores, aprender de aquellos millonarios préstamos dados en los meses electorales, para que no vuelva a suceder.
Creemos que nos haría muy bien hacer un análisis de todos los proyectos en la Comisión Investigadora, que tengo confianza -soy optimista- de que se pueda conformar. Estoy convencido de que esa información está. Me cuesta pensar que se hayan dado millones de dólares sin resoluciones del Poder Ejecutivo declarando el interés, como plantea el decreto. Me cuesta pensar que se hayan entregado millones de dólares sin hacer análisis de los proyectos, porque serían delitos de tal gravedad que prefiero pensar que todos esos informes están y que no se han dado porque quizá no se quiere mostrar los errores que se cometieron. En la otra hipótesis en la que prefiero no pensar es que se quieren seguir cometiendo en el nuevo Fondes. Se reconocen desprolijidades, como han dicho numerosos actores de este Gobierno del Frente Amplio. Se reconoce que ha habido episodios que tienen que corregirse y ajustarse. Si eso no se muestra y no se evalúa y analiza cada uno de los proyectos, para ver los errores que se pudo haber cometido en la aprobación de los mismos, no se van a corregir. Es una gran falacia -ya lo he dicho- pensar que se puede corregir sin evaluar.
Otro punto que me parece importante, sobre todo porque se ha reconocido por parte de los directivos de las empresas asistidas, es que no se hizo un seguimiento. Esto me parece gravísimo, porque es un elemento que ya estaba establecido en el decreto. Si no se cumplió habrá que ver por qué no se cumplió, qué pasó y qué se puede corregir para el futuro Fondes. Cuando se asiste un proyecto -he tenido la oportunidad de participar en muchos-, el control y el seguimiento de la asistencia es fundamental. La práctica moderna de las asistencias financieras pone allí, como un punto central, el éxito del proyecto: controlar y hacer el seguimiento de los destinos de los fondos.
Tenemos muchísimas declaraciones de dirigentes de esas empresas afirmando rotundamente y en forma contundente que el Estado les daba el dinero y después se desentendía de ello. Estoy hablando, por ejemplo, de un caso de US$ 6:000.000 que aparentemente el Fondes les dio y nunca más les preguntó qué pasaba ni adónde iban. Nos parecen elementos gravísimos, que deben investigarse para poder corregirse.
En conclusión, nosotros entendemos que esta solicitud de Comisión Investigadora tiene la suficiente entidad como para llevar a cabo una investigación que nos ayude a todos -no solo a los parlamentarios, sino a la sociedad en su conjunto- a verificar lo que pasó con el Fondes, cómo se usaron los fondos públicos estatales, por qué y para qué se usaron y, en su caso, asumir los errores, determinar responsabilidades, siempre con el objetivo de poder mejorar el nuevo instrumento.
Asimismo, nos parece que tal como plantea la doctrina y la norma esta solicitud presenta una firme seriedad en su origen. Todo lo que estoy diciendo está documentado en los medios. Precisamente, los medios nos permitieron acceder a la información. Por supuesto, al no tener información directa del Poder Ejecutivo y del Fondes hemos tenido que ir tomando lo que el Fondes se ha visto obligado a dar a los medios de comunicación y las declaraciones públicas que no solo hemos leído, sino que en la mayoría de los casos hemos escuchado las grabaciones para cerciorarnos de que no había errores en los medios escritos.
Creo que la oportunidad y conveniencia de la investigación no precisa mayor explicación dado que, en el mejor de los casos, estamos a menos de un mes de la aprobación de un nuevo proyecto sobre el Fondes. Según mi forma de entender, aprobarlo sin analizar qué paso con el viejo Fondes, sería un error imperdonable desde el punto de vista de la técnica legislativa y del diseño de las políticas públicas. Tomando las palabras del contador Astori, actual Ministro de Economía y Finanzas, el nuevo Fondes, lo único que no puede es no aprender de las lecciones de lo que pasó con el Fondes anterior. Como hasta ahora no ha habido ninguna instancia, ninguna información, ningún elemento brindado por el Poder Ejecutivo sobre esas lecciones que el Ministro de Economía y Finanzas dijo que teníamos que aprender, presento la solicitud de esta investigadora.
Tengo documentación sobre todos los elementos que he planteado. No he podido ordenarla por la brevedad de los plazos, pero en pocas horas todo lo que tengo sobre cada uno de estos puntos, que creo están todos bien establecidos en esta solicitud, los puedo aportar haciendo la descripción correspondiente.
SEÑORA MODERADORA.- Aclaro al señor Diputado Goñi Reyes que esta Comisión tiene el breve plazo de cuarenta y ocho horas para expedirse. De manera que para elaborar un informe detallado sería conveniente que la documentación que acredita sus dichos estuviera ya a disposición de esta Comisión. Si no, evidentemente, se nos dificultará muchísimo hacer el informe, en virtud de que usted hace una exposición y agrega que tiene la documentación que acredita sus dichos. Por lo tanto, le solicitamos que a la brevedad, en el correr del día de hoy, esta Comisión pueda acceder a esa documentación.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Frente a esto, quiero hacer dos precisiones.
Muchos de los elementos que he planteado provienen de resoluciones oficiales, que podría enumerar. El Estado ha sido el emisor de muchas de las decisiones que he planteado. Sin duda, es paradójico que en un momento en el cual estoy planteando la investigación de hechos que no conozco fehacientemente, porque el Poder Ejecutivo nos ha negado información, yo pueda aportarla.
Estoy denunciando un ocultamiento de información de la que el Poder Ejecutivo dispone. Simplemente, estoy refiriéndome a lo que el Poder Ejecutivo, obligado por la Justicia, ha informado a un medio de prensa.
Entonces, estoy solicitando esta investigadora, precisamente, para que el Estado aporte la información. Sería una prueba imposible para esta parte que está pidiendo, precisamente, este instrumento parlamentario para acceder a ella.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Motiva mi intervención, en primer lugar, las expresiones del denunciante, el señor Diputado Goñi Reyes, en el sentido de que tenía más documentación y que no había tenido tiempo para presentarla. Sin embargo, fue él quien lanzó este procedimiento que, si bien no se apartó del reglamento, no cumplió con las normas de estilo de plantearlo en una coordinación interpartidaria, como se han solicitado todas las demás preinvestigadoras, dando tiempo para que se diera conocimiento de ella en una sesión de la Cámara. Nos enteramos de nuestra designación no en una sesión de Cámara, sino a través de una nota del Presidente de la Cámara, sin tiempo para que esto fuera considerado por todos los partidos políticos, obviamente, no con el ánimo demorar, pero sí de coordinar tiempos a los efectos de ser mucho más eficientes.
En segundo término, el señor Diputado denunciante comenzó su exposición diciendo que el Poder Ejecutivo había omitido responder sus pedidos de informes. Me gustaría que el señor Diputado nos dijera en qué fecha realizó esos pedidos de informes a efectos de corroborar si el Poder Ejecutivo realmente está omiso.
En tercer lugar, el señor Diputado denunciante habla muy categóricamente de ocultamiento de información. Quisiera preguntarle si es consciente de que los estados contables del Fideicomiso del Fondes están colgados en la página Web de la CND. En su intervención, el señor Diputado nos dijo que tuvo directa participación en la Dirección de la CND. Por lo tanto, debe conocer que la administradora del Fondes, Conafisa, interviene en la administración del Fideicomiso del Fondes; obviamente, cumpliendo con las disposiciones bancocentralistas se ha solicitado la auditoría correspondiente de la administración del Fideicomiso. Esos balances, inclusive, el del 2014, ya están colgados en la página web de la Corporación.
Por último, también hablando en términos de Rendición de Cuentas, en la correspondiente a 2012 y 2013 el Poder Ejecutivo cumplió con la obligación de informar sobre el manejo del Fondes y estamos a poco más de treinta días de recibir la Rendición de Cuentas 2014 sobre este tema, lo que tiene que ver también con la oportunidad de esta investigación.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Más allá de las formalidades del caso, creo que estamos frente a una denuncia planteada en el seno de la Cámara de Representantes, que tiene una fundamentación y una narración muy detallada de hechos y situaciones que ameritarían un análisis en profundidad. Más allá de que el denunciante pueda aportar documentación, nosotros tenemos posibilidad de pedir y reunir información, ya sea que se encuentre en el Parlamento o, si es necesario, solicitarla al Poder Ejecutivo, a efectos de analizar en profundidad la denuncia. Como he dicho, me parece que lo que se plantea es grave; el planteamiento hecho en esta Comisión por el señor Diputado Goñi Reyes es serio. Además, existen fundamentos que ameritarían un análisis profundo acerca de la procedencia de una Comisión Investigadora, no solo a efectos de arrojar luz y transparencia sobre los hechos cuestionados. Por lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, los cuestionamientos no solo han sido hechos por actores políticos de la oposición, sino también por parte de entidades sindicales y medios de prensa, algunos de ellos muy afines al Gobierno. Me parece que todo ello justifica que demos paso a la investigación.
En las horas que nos quedan por delante deberíamos ver si podemos reunir más información sobre este tema y determinar la procedencia de la Comisión Investigadora, no solo a efectos de ver si ha habido irregularidades o actos ilícitos y determinar responsabilidades, sino también -como se plantea en la ley que establece la creación de las Comisiones Investigadoras- para reunir información a fines de legislar sobre esa materia. Además, como expresó el Diputado denunciante, estamos en vísperas de analizar y estudiar un proyecto de ley sobre este tema, y sería pertinente ver en qué casos no se ha podido cumplir con los objetivos -obviamente compartibles- de la creación de un fondo de desarrollo para que la ley que se apruebe pueda contener las garantías y herramientas jurídicas necesarias para evitar nuevos errores.
SEÑORA MODERADORA.- Quiero dejar constancia que fue el propio Diputado denunciante quien dijo expresamente que tenía documentación para aportar, y le hemos solicitado lo realizara a la brevedad.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Voy a aportar tres pruebas.
Primero, voy a mencionar un expediente que, por supuesto, no lo tengo, que se encuentra en el Juzgado de Crimen Organizado de 2º Turno; es el Expediente 2/49948 de 2013. Es un Expediente que está en el Juzgado de Crimen organizado por el tema ex imprenta Pressur. Allí van a aparecer los asuntos a los que he hecho referencia en esta instancia.
La segunda prueba que voy a aportar son las resoluciones que demuestran la gravísima contaminación a la cuenca del Santa Lucía, en forma reiterada, por la empresa asistida por el Fondes, de Curtiembre "El Aguila".
Si tenemos que ir al Juzgado del Crimen Organizado, vamos y hablamos con el señor Juez o señora Jueza y conseguimos el expediente, con mucho gusto, y así aportamos todos los elementos que podamos.
La tercer prueba son las resoluciones de la propia Intendencia de Montevideo sobre el cierre de la cooperativa Uruven. Voy a hacer otra denuncia aquí: la Intendencia no está controlando suficientemente porque esa empresa sigue funcionando, con contaminación del medioambiente de la ciudad de Montevideo, asistida por el Fondes.
Supongo que todo lo demás lo tiene el Fondes, la Junta Directiva del Fondes o el Comité de supervisión, algunos de los Ministros que integran ese Comité. Reitero: se trata de información que se ha ocultado en forma violatoria de la normativa vigente.
Yo no estoy pidiendo solo los montos que se prestaron e invirtieron. Estoy pidiendo lo más importante, en virtud de lo cual se hizo la asistencia. Estoy denunciando el apartamiento legal, gravísimo para asistir proyectos en contravención a los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos por las normas. Eso se llama abuso, exceso y desvío de poder, un uso indebido de fondos públicos. Habrá que ver; en algunos casos creo que está claro que beneficiaron a terceros, en los demás habrá que analizarlos caso por caso para ver a quiénes beneficiaron. Que hubo beneficiarios particulares, los hubo. Y también hubo uso indebido; el día que el Fondes muestre los procesos por los cuales dio asistencia, lamentablemente, también nos vamos a encontrar con varios episodios de corrupción.
Estas son las pruebas que tengo. Las demás las tiene el Poder Ejecutivo.
(Se hace entrega de la documentación)
——Me cuesta contestar sobre los pedidos de informes. Primero porque no es presupuesto, para presentar una investigadora, cuando se presentan este tipo de hechos. La investigadora que solicité tiene dos objetivos. Una sobre situaciones irregulares o ilícitas. Para esa no hay que hacer pedidos de informes previamente. Con los pedidos de informes tratamos de ahorrar todo esto. Si mal no recuerdo, el pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es el responsable ante el Parlamento -la OPP no es responsable-, fue hecho el 7 de marzo. Creo que desde el 7 de marzo hasta el día de hoy, 27 de mayo, ha transcurrido un tiempo más que razonable. No sé si pude contestar al señor Diputado Asti.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Estamos discutiendo; simplemente pedimos información.
SEÑORA MODERADORA.- Agradecemos al señor Diputado Goñi Reyes por su comparecencia ante esta Comisión.
(Se retira de Sala el señor Diputado Goñi Reyes)
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Quiero dejar constancia de que realicé esa pregunta sobre el pedido de informes porque hay uno ingresado a la Cámara el 13 de abril de 2015 y, de acuerdo con los plazos previstos por la ley, vence el 17 de junio de 2015. No tenía el pedido de informes hecho al Ministerio de Industria, Energía y Minería dado que -de acuerdo con el decreto-, el organismo que coordina todo lo relativo al Fondes con la Junta Directiva es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Me refería a ese informe, y todavía está dentro del plazo, ya que faltan más de veinte días para su vencimiento. Sabemos que está en proceso la emisión del informe. Seguramente, llegará antes del vencimiento del plazo, de acuerdo con lo solicitado por el legislador denunciante, en este caso, el mismo que solicitó el informe.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- No sé cómo va a ser nuestro régimen de trabajo en estas horas pero, seguramente, será muy intenso.
Evidentemente, estamos ante una denuncia que nos va a obligar a profundizar en esta información, tanto la que ha presentado el Diputado denunciante como la que podamos hurgar nosotros por nuestra cuenta, y tanto a nivel legislativo como tal vez en otra órbita. Yo, particularmente -y según lo que planteaba el Diputado-, tendría necesidad de que pudiéramos solicitar información por lo menos ante la OPP y, sobre todo -por lo último que se planteó en la denuncia- ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y ver si podemos diligenciar la solicitud con determinada premura para poder tener la información tal vez en la jornada del día de hoy. Este es un pedido que hago sobre algunos puntos que manifestó el Diputado y que me parece que serían importantes, en todo caso, para poder develar de alguna manera la profundidad de la denuncia, por lo que deberíamos tener esa información en la Comisión.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Creo que la solicitud del Diputado Amarilla correspondería en caso de que se votara la Investigadora; esa es la misión de la Investigadora. Es claro cuáles son los fundamentos de una Comisión Preinvestigadora que, además, tiene cuarenta y ocho horas para expedirse sobre la seriedad de las denuncias, sobre la oportunidad y sobre la pertinencia de las mismas. Los pedidos de informes se podrán cursar a través de los mecanismos que tiene cada legislador, o una vez aprobada por la Cámara la Comisión investigadora -si es que resulta aprobada- entonces sí, se citará y se buscará la información correspondiente. No creo que esta sea la etapa. Acá la correspondencia de quién debe presentar la documentación es del miembro denunciante, no de los integrantes de la Comisión. Lo que tiene el miembro denunciante es lo que vamos a analizar. Eso es lo que dice el Reglamento de Cámara y la ley que regula las Comisiones Preinvestigadoras. Después tendremos tiempo -si la Cámara así lo resuelve- de profundizar en todos los aspectos que el señor Legislador denunciante ha manifestado. Mientras tanto, nosotros nos tenemos que ceñir a sus denuncias para ver si tienen esas características que el reglamento pide, a fin de que cada uno de los integrantes de esta Comisión Preinvestigadora tome una posición.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Me permitiría discrepar con el Diputado Asti y, en todo caso, volvería a plantear la necesidad de tener más información. En cuanto a algunos de los temas planteados, además, el miembro informante de alguna forma argumentó la necesidad de acceder a esa información, por lo que creo que debemos tratar de pedirla desde aquí a los efectos de poder contar con ella si es posible para redactar los informes. La Comisión, en todo caso, podrá resolverlo por mayoría, pero me parece que sería pertinente pedir esa información para, por lo menos, adelantar camino.
SEÑORA MODERADORA.- El artículo 118 del Reglamento es claro en cuanto a cuál es el objeto de la Comisión Preinvestigadora. Nos tuvimos que constituir "de inmediato a efecto de recibir del mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de sus denuncias, bajo su firma.- Si la Comisión Preinvestigadora le solicita ampliación de sus manifestaciones, lo hará verbalmente, labrándose acta que firmarán con él los miembros de la Comisión".
Y el cometido es claro: "informar sobre la entidad de la denuncia y oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión, ya sea con fines legislativos o de investigación". En esta sesión el Diputado Goñi Reyes realizó la articulación de la presentación, que es textual, de la Carpeta Nº 188 de 2015. Manifestó tener la documentación que acreditaba sus dichos y a solicitud de esta moderadora, que le requirió la documentación -que dijo era frondosa y que solo necesitaba tiempo para presentarla-, dejó acreditado únicamente la referencia a un expediente judicial y a resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de la Intendencia de Montevideo. Esas son las referencias que avalan la denuncia de sus dichos.
Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que realizó el Diputado Asti en cuanto a lo que esta Comisión Preinvestigadora tiene que analizar y lo que el Reglamento claramente determina, con la documentación aportada por el denunciante, quien tuvo la oportunidad correspondiente de ampliar sus dichos, sus denuncias, y aportar la documentación correspondiente, que es lo que esta Comisión tiene en estos momentos.
Por lo tanto, nos abocaremos a analizar esa documentación y a realizar el informe correspondiente dentro de las cuarenta y ocho horas que contamos para ello, teniendo presente también lo dispuesto pertinentemente en el Reglamento que establece que "Si la Comisión Preinvestigadora formare criterio adverso a la investigación, llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que ratifique sus denuncias o las retire.- En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara".
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Simplemente establezcamos el régimen de trabajo que nos vamos a dar. En primer lugar, correspondería ponernos de acuerdo porque puede haber alguna interpretación tanto de la ley como del Reglamento con respecto al plazo que tenemos para emitir el informe. Me refiero a distintas circunstancias que se han dado y conocemos quienes hemos analizado el proceder de otras Comisiones Preinvestigadoras. Algunas toman el plazo a partir de la notificación de sus miembros -esa es una interpretación que cabe del Reglamento y de la ley-; otras a partir de la constitución y otras a partir de finalizada la exposición del miembro denunciante.
En mi caso creo que a las 19 o 20 horas del día de ayer fui notificado de la integración de esta Comisión Preinvestigadora. La otra instancia es la de esta mañana a la hora 10 y 30, cuando nos constituimos como tal, y la última es la de la hora 14 y 45 o 14 y 50, cuando terminó de exponer el denunciante. Simplemente dejo esto planteado; no tengo una opinión formada, pero teniendo en cuenta la urgencia que el propio denunciante tuvo en el día de ayer con el Presidente de la Cámara, frente al cual no admitió ninguna dilación para oficializar la solicitud a partir de la cual -según el Reglamento- comienzan a correr los plazos, creo que deberíamos tener esa misma celeridad y tomar el menor plazo posible para la realización del informe.
SEÑORA MODERADORA.- Estoy de acuerdo con lo expuesto por el Diputado Asti en cuanto a la necesidad de proceder diligente y rápidamente en el informe de esta Comisión Preinvestigadora, en cuyo caso las cuarenta y ocho horas se considerarían a partir de que fuimos comunicados por parte de la Presidencia de la Cámara en el día de ayer, 26 de mayo, aproximadamente a la hora 21.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Quiero hacer una consulta.
¿De las expresiones del Diputado Asti surge que se le solicitó al denunciante postergar o dilatar la presentación o me equivoqué al escuchar las apreciaciones?
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Los antecedentes -es difícil encontrar la palabra- siempre han señalado que la solicitud de una Comisión Preinvestigadora se presenta en una multipartidaria y se da tiempo, precisamente de esa forma, a que sea presentada en una sesión de Cámara, y es en la propia sesión de Cámara que el Presidente designa a los miembros de la Comisión Preinvestigadora. Eso no fue así. No tenemos, obviamente, sesiones de Cámara hasta el 2 de junio; por lo tanto, los plazos rigieron a partir de la presentación de la solicitud al Presidente, que fue ayer en la tarde, cuando no había previsto ninguna coordinación multipartidaria, cuando no había sesión, lo que obligó a esta forma poco usual, o inusual, de designación de los miembros. No sé exactamente cómo hizo el Presidente, pero el Reglamento le dice que, en consulta con los partidos políticos, asegure, en la integración, la mayor representación posible. Pero dada la circunstancia de que no fue planteada en una instancia multipartidaria, el Presidente tuvo que actuar de acuerdo al Reglamento e, inmediatamente, integrar la Comisión. Quizás algún otro partido hubiera solicitado también participar de esta Comisión. No hubo oportunidad de saberlo porque la solicitud no se presentó en el ámbito en el que suele hacerse. Me ha tocado estar en algunas de las coordinaciones en las cuales algún partido de la oposición tuvo interés en plantear la instalación de una Comisión Preinvestigadora. Está en todo su derecho reglamentario y se presenta, de común acuerdo, en la primera sesión y es en esa instancia en que el Presidente da a conocer quiénes son los miembros de la Comisión Preinvestigadora. A eso me refería. No hace al fondo de la cuestión. Simplemente es una cuestión de forma, pero demuestra el apuro del señor miembro denunciante de tener, a la brevedad posible, un resultado de su solicitud. Quizás en otro caso hubiera pedido el máximo plazo posible. En este caso, dada la conducta del denunciante, vamos a tomar el menor plazo posible para satisfacer su interés en que esto se dilucide rápidamente y no esperar a la sesión del 2 de junio, cuando podría haberse oficializado esta investigación. De paso digo, porque de alguna manera se mencionó, y me sentí aludido como Presidente de la Comisión de Hacienda, que el 2 de junio no se va a tratar el proyecto Fondes, porque así se dijo en la Comisión de Hacienda por quien habla, y el Partido Nacional lo sabe porque tiene miembros que lo representan en ese ámbito.
SEÑORA MODERADORA (Bottino).- Les propongo un intermedio hasta mañana.
——Se levanta la sesión.
Se convoca para mañana a las diez de la mañana la nueva reunión de la Comisión.
(Es la hora 15 y 6)
DOCUMENTACIÓN AMPLIATORIA PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE RODRIGO GOÑI
En Montevideo, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo la hora diez, se reúne la Comisión Preinvestigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación. Carpeta 188/2015 – Repartido 161/2015).
Abierto el acto, pide la palabra el señor Representante Alfredo Asti, quien solicita rectificar una afirmación realizada en la reunión anterior con respecto a que los Estados Contables del Fideicomiso del FONDES están colgados en la página web de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), debiendo decir que dichos Estados Contables estaban en poder de la CND, el resto de las consideraciones sobre este punto se mantienen.
La señora Moderadora expresa que dicha rectificación figurará en la versión taquigráfica del día de la fecha.
Se pone a consideración el Acta Nº 1 de la reunión del día veintisiete de mayo del corriente.
Se vota: tres en tres. Aprobado.
Se comienza el análisis de las denuncias presentadas y se evalúa tal como lo expresa el Reglamento de la Cámara de Representantes, en el tercer inciso del artículo 118 "… deberá expedirse y su cometido se concretará a informar sobre entidad de la denuncia y oportunidad y procedencia de la designación de la Comisión, ya sea con fines legislativos o de investigación".
Luego del debate de los miembros de la Comisión Preinvestigadora, se pone a votación, si se da lugar o no a una Comisión Investigadora: Uno en tres. Negativo.
Por el resultado de la votación surgen dos informes, uno en mayoría y otro en minoría.
Se designan miembros informantes por la mayoría, a la señora Representante Cecilia Bottino y al señor Representante Gerardo Amarilla por la minoría.
De acuerdo al artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes, se solicita el ingreso a sala del señor Representante Rodrigo Goñi Reyes para informarle el fallo de la Comisión Presinvestigadora.
El mismo se pronuncia en la ratificación de las denuncias y solicita realizar una aclaración en referencia al Acta Nº 1, del cual es firmante.
Expresa que en la versión taquigráfica del día de ayer -que es parte del Acta Nº 1-, en la página once, donde dice: "Allí van aparecer los montos a los que he hecho referencia en esta instancia", pero creí haber dicho "Allí van a aparecer los asuntos a que he hecho referencia en esta instancia".
De lo actuado, se toma versión taquigráfica, que consta de trece folios que, debidamente rubricados, pasan a formar parte de la presente Acta.
Siendo la hora once y veintiún minutos, se da por finalizado el acto.
Para constancia se labra la presente Acta, la que aprobada, firman los señores miembros de la Comisión Presinvestigadora.
COMISIÓN PREINVESTIGADORA SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
FONDES DESDE SU CREACIÓN
(Sesión del día 28 de mayo de 2015)
SEÑORA MODERADORA (Cecilia Bottino).- Habiendo número, está abierta la sesión.
(Es la hora 10)
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Quiero dejar una constancia. En la sesión de ayer, en mi última intervención, dirigiéndome al señor Diputado Rodrigo Goñi, expresé, con respecto al ocultamiento de información, que los estados contables del fideicomiso estaban colgados en la página web de la CND. Esto no es correcto; no están colgados en la página web de la CND, aunque sí la CND los tiene y, por tanto, también sus Directores. No están colgados por restricciones que existen para el tipo de fideicomiso de que se trata; no por ser un fideicomiso del Fondes sino por ser una administración de fondos de terceros; no están colgados en la página web. Sí están a disposición de los miembros del Directorio de la CND. En realidad, están en manos del Directorio de Conafisa, cuyos integrantes son los mismos que los de la CND. Esa es la aclaración. De modo que habría que corregir esto en la versión taquigráfica para que no figure que están colgados en la página web de la CND. Con decir que los balances están en la CND, alcanza.
SEÑORA MODERADORA.- En la versión taquigráfica figurará la aclaración y la verdadera situación de la documentación a la que refiere el señor Diputado Alfredo Asti.
Corresponde tomar conocimiento del acta Nº 1, del 27 de mayo de 2015, a los efectos de su aprobación.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- No tengo objeciones.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Tengo una pequeña corrección. Cuando se establece: "El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias, aportando el material que se distribuye en sala", creo que debería decir: "El señor Representante efectúa una exposición sobre sus denuncias y, solicitado por la moderadora, agrega material, que se distribuye en sala a los señores miembros (...)".
——En cuanto al tema de fondo, oídas las exposiciones del señor Diputado denunciante, habiendo intercambiado con él algunas aclaraciones, o pretendidas aclaraciones, y habiendo él aportado el material complementario que solicitara la Comisión, a través de la señora Moderadora, para tener prontos en el día de hoy los informes, se han agotado las instancias de esta Comisión, en función de lo que establece el Reglamento y la ley que da marco a las actuaciones de las Comisiones Preinvestigadoras. Por consiguiente, podemos expresar la visión que tenemos acerca del cumplimiento de nuestra misión, tal como lo establecen el Reglamento y la ley, que es dictaminar sobre las denuncias presentadas por el miembro denunciante. El artículo 10 de la Ley Nº 16.698 establece que la Comisión Preinvestigadora: "(...) informará sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación". De modo que nosotros solo nos podemos remitir a lo que establece la ley y a lo que reglamenta el artículo 120 de la Constitución de la República.
En ese sentido, más allá de la entidad de la denuncia y de la seriedad de su origen, hacemos hincapié en la oportunidad y la procedencia.
Si bien las denuncias fueron presentadas como de gran entidad y de gran seriedad, creemos que no es oportuno, entre otras cosas, porque no han vencido los plazos para poder salvar esas presuntas informaciones de las que no se disponían. Hay plazos que están corriendo, a los efectos de que quienes deben realmente contestar las interrogantes lo puedan hacer.
Además, hay información disponible para ahondar en este tema, tanto en la Rendición de Cuentas de 2012 y de 2013, como en la de 2014 que llegará el 30 de junio de 2015. Asimismo, los balances, debidamente auditados, están en poder de un organismo público, con participación multipartidaria, que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. Todos los partidos políticos, a través de los representantes que tienen en su Directorio, pueden acceder a ellos.
El tema de la oportunidad vale mucho. En el día de ayer hicimos alguna referencia en tal sentido, porque se eligió una temporalidad para presentar esta denuncia, que creo conspiró contra los objetivos de entidad y de seriedad, teniendo en cuenta el apresuramiento en el comienzo del trabajo de esta Comisión. Así fue manifestado por el propio denunciante; fue su exclusiva voluntad la que motivó este trámite tan urgente.
Con estas bases, dejo planteada mi posición, a fin de llegar a un informe en común. Eso sería lo ideal. Luego le comunicaríamos al señor Diputado denunciante cuál es nuestra posición.
SEÑOR AMARILLA.- Lamento la posición que acaba de manifestar el señor Diputado Asti, reconociendo que es una denuncia de entidad y de seriedad. Además, yo le agregaría que es de magnitud. Por eso, lamento que solamente por un tema de oportunidad plantee que no votará la conformación de la Comisión Investigadora.
Quizás, podríamos llegar a una transacción: podríamos fijar un plazo, de unas semanas o de algunos meses, a fin de conformar la Comisión Investigadora.
Estamos hablando de un asunto que fue planteado ante la opinión pública; la información fue reclamada a través de los mecanismos legales pertinentes, es decir, pedidos de informes, y otorgada a un medio de prensa, teniendo en cuenta que la ley permite a los medios tener determinada documentación y publicarla. Por tanto, flaco favor le haríamos a la transparencia si tapáramos este tema con diarios y esperáramos a que pasara el tiempo. Yo creo que hay indicios de irregularidades o ilicitudes graves en el tema que fueron planteadas, y que no fueron descubiertos ante la Comisión. Básicamente, lo que hizo el señor Diputado Goñi fue presentar un trabajo de investigación, de recopilación de la información que salió a la opinión pública. No creo que haya destapado algo tan importante. Evidentemente, lo que recopiló y presentó, nos está mostrando que hay, por lo menos, tres empresas asistidas por el Fondes que cerraron. Eso todos lo sabemos; nadie lo va a negar. Fueron asistidas por el Fondes, no hace tanto tiempo, con cuantiosas sumas de dinero, y se ha procedido a su cierre. Eso está develando un funcionamiento por lo menos incorrecto, porque la ley y el decreto establecen que se trata de emprendimientos viables y sustentables. Pero hay una serie de condiciones -en distintos artículos- que no se han cumplido, porque no hay viabilidad y sustentabilidad en una empresa a la que se asiste económicamente con cuantiosas sumas de dinero y a los pocos meses cierra. Evidentemente, allí no hubo la comprobación de esa viabilidad y sustentabilidad a que refiere la ley. Además de las empresas que han cerrado, hay otras que están tecleando. Sabemos que hay empresas que están con dificultades para proseguir, que también fueron asistidas con cuantiosas sumas de dinero.
Nos preocupa el dinero de todos los uruguayos que fue puesto ahí y también, por qué no, el destino de los trabajadores, ya que hay centenares de familias involucradas. Hay una gran frustración en la gente a la que se asistió económicamente y se le dio la esperanza de que la cosa podía desarrollarse, pero en definitiva se la perjudicó porque no se le dieron todos los elementos ni se le exigieron los requisitos para que el dinero que se le otorgó pudiera dar frutos y garantizar una estabilidad laboral
Los fondos involucrados son de gran cuantía ya que se habla de aproximadamente US$ 50:000.000, que es una cifra importante y es dinero de todos los uruguayos.
Por otra parte, se ha dañado el medio ambiente y esto no es menor. Hay una empresa que fue clausurada por la Intendencia de Montevideo y otra que fue clausurada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, esta última porque volcaba sustancias químicas altamente contaminantes a la principal cuenca de la que se saca el agua que bebe el 70% de los habitantes de nuestro país, que es la del río Santa Lucía. Es decir que es un asunto grave. Cabe acotar que el cuidado del medio ambiente está entre los requisitos fundamentales del decreto de creación del Fondes, que establece cumplir con la normativa ambiental y que las empresas deben tener sustentabilidad ambiental.
Asimismo, hay denuncias con relación a la ética pública. El Diputado aportó el número de un expediente que está en el Juzgado del crimen organizado, que recoge una denuncia concreta vinculada a una firma que aparentemente habría recibido fondos importantes -se habla de US$ 6:000.000- que no habrían ido a parar al funcionamiento de la empresa, sino a pagar cuentas del ex empresario para salvar sus garantías que, luego, habría dado lugar al emprendimiento. De esta manera, se resolvió una cuestión particular de un tercero, pero a los seis meses la empresa cerró. Es decir que habría elementos de seria sospecha de desvío de fondos y corrupción.
La seriedad del origen de la denuncia fue reconocida por el Diputado, pero como es un tema controvertido no vamos a profundizar en los argumentos. Hay seriedad en el origen de la denuncia, su fundamentación y argumentación.
En cuanto a la oportunidad, volvemos a lo que dijimos al principio. En definitiva, el tema ha tomado estado público y no por nosotros. Todos sabemos que ha habido un enfrentamiento entre sectores del Gobierno sobre el manejo del Fondes, hubo cuestionamientos a nivel sindical y, de alguna manera, reclamos de los actores políticos aparentemente beneficiados con su manejo. Hoy salió una noticia en el diario "El País" sobre reclamos del actual Gobierno al saliente acerca del caos que se encontró en algunas oficinas públicas. O sea que no es un tema que la oposición haya puesto sobre la mesa, sino que ha salido a la opinión pública a través del Gobierno, de los sindicatos y de los medios de prensa. En ese sentido, como parlamentarios responsables debemos tomar una actitud.
Con la mayor franqueza y con el mejor espíritu constructivo digo que si nos negamos a tomar la decisión de habilitar una Comisión Investigadora que maneje el tema en el ámbito parlamentario con seriedad, responsabilidad, reserva, moderación y prudencia, dejamos abierto el camino para que se siga haciendo un "striptease" público y un show mediático que puede llegar a los mismos puertos a los que llegaron otras denuncias en el pasado reciente.
Entiendo que la fuerza política que está en el Gobierno podría resultar afectada y tendrá sus temores, pero me parece que no se va a poder tapar el sol con la mano. Tal vez el peor camino sea negar la posibilidad de formar una Comisión Investigadora, porque vamos a seguir reclamando no solo por los temas de fondo, sino por los de forma, que es un flanco débil para cualquier Gobierno. No tuve la oportunidad de ocupar un cargo de responsabilidad en un Gobierno de mi partido, pero me he planteado muchas veces que de haberlo estado una de las cosas que hubiera hecho es abrir la posibilidad de investigar. Siendo Gobierno esta es la mejor manera de proceder. Hay una frase que se usa en la frontera que dice: "Quien no debe, no teme", y un proverbio que dice: "El que anda en la integridad, camina confiado". Por lo tanto, si no hay nada que esconder ni cosas graves, por qué no abrimos la investigación y la hacemos en un ámbito en el que garantizamos moderación, reserva, seriedad y prudencia a la hora de hacer anuncios públicos. De otra manera, evitamos la posibilidad de investigar con los mecanismos que establece la Constitución y las investigaciones, supuestos y sospechas seguirán siendo un tema de "striptease" público a través de los medios de prensa.
Me parece que el camino que eligió el señor Diputado Asti no es el mejor. Tal vez sería mejor tomar el camino del medio en el sentido de darnos un plazo para ver si podemos hacer el informe en conjunto. Podemos establecer un plazo de semanas para esperar la información del Poder Ejecutivo y con mayores elementos de juicio podemos tomar la decisión de la oportunidad de crear la Comisión Investigadora.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- El señor Diputado preopinante me atribuyó el hecho de reconocer la entidad y seriedad de su origen. Yo dije que sin entrar a considerarlas había otros dos elementos que no se cumplían y tenemos que ver los cuatro elementos. Además, expuse por qué la oportunidad y la procedencia no se daban en este caso.
Por otra parte, el show mediático ya se está dando con las declaraciones del Diputado Goñi en la prensa. Me referí en su momento al trámite que el Diputado Goñi, que es el denunciante, le quiso dar apresuradamente, incluso para su partido, a este tema.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Voy a hacer una aclaración que no es menor y que obvié en el transcurso del planteo. Estamos al borde de comenzar el tratamiento del proyecto de ley del Fondes y la otra parte que está establecida en la ley es crear Comisiones Investigadoras, que fue planteado desde el inicio como uno de los fundamentos. Tal vez sería bueno profundizar en lo que se hizo y en lo que se hizo mal, no tanto con un afán sancionatorio sino preventivo, en función de lo que vaya a ser la nueva legislación sobre el Fondes. Cómo vamos a saber qué garantías tenemos que pedir, de qué manera podemos controlar, fiscalizar, acompañar, asesorar y evitar que los recursos que se invierten terminen en procesos que no tengan éxito, si no podemos estudiar a fondo el pasado reciente y los fracasos. Sería muy constructivo para el Parlamento abocarse a la redacción de un nuevo proyecto de ley sobre el Fondes, ya que el texto que está en carpeta no es el definitivo y sabemos que hay idas y venidas con respecto a él. ¿Por qué no nos centramos en profundizar las causas de los errores del pasado para evitar errores en el futuro? Me parece que es una cuestión de lógica, y que tiene que ver con la oportunidad, porque estoy seguro -el señor Diputado Asti lo dijo ayer, y lo aludo porque, en definitiva, no hay muchos oradores que puedan intervenir en el debate- de que la discusión del Fondes no va a empezar el 2 de junio en la Comisión de Hacienda, pero empezará, días más, días menos, semanas más, semanas menos, a mitad de este año y, en definitiva, creo que sería bueno tener develado esta serie de fracasos del sistema vigente para poder redactar de mejor manera el sistema futuro.
SEÑORA MODERADORA (Bottino).- Hago mía la fundamentación del señor Diputado Asti ya que entendemos que la entidad de la denuncia no amerita la conformación de una Comisión Investigadora, así como tampoco la oportunidad y procedencia, ya sea con fines legislativos o de investigación. Asimismo, llamo a responsabilidad al Diputado denunciante, quien presentó una denuncia, luego concurrió a esta Comisión en donde se le solicitó que ampliara sus manifestaciones y, tal como surge de la versión taquigráfica de sus propias palabras, en la exposición que realizó en esta Comisión el día de ayer se limitó a narrar nuevamente el contenido de la denuncia presentada, sin ampliarla. Además, manifestó que tenía documentación sobre todos los elementos planteados y que no había podido ordenarla por la brevedad de los plazos. Y expresamente dijo: "[...] en pocas horas todo lo que tengo sobre cada uno de los puntos, que creo que están todos bien establecidos en esta solicitud, los puedo aportar haciendo la descripción correspondiente". Entonces, esta moderadora le manifestó que acreditara sus dichos y que los pusiera a disposición de esta Comisión. Frente a tal solicitud el señor Diputado Goñi se limitó a aportar tres pruebas. Una de ellas es un expediente del Juzgado del Crimen Organizado, que es un presumario que se está desarrollando en la Justicia Penal y nosotros, evidentemente, estaremos a su resultancia. Se trata de un expediente que se encuentra en el Poder Judicial, que se estará tramitando y seguirá su curso, independientemente de las cuestiones que se puedan tratar a nivel parlamentario.
Posteriormente, aportó dos resoluciones ministeriales y una de la Intendencia de Montevideo, únicas pruebas que permiten a esta Comisión expresarse sobre la entidad de los dichos del denunciante. Por lo tanto, puedo manifestar con tranquilidad que el señor Diputado Goñi no acreditó sus dichos a pesar de que -tal como dijo frente a nosotros- contaba con documentación que avalaba los elementos planteados, la que era extensa pero no había podido ordenar; y aunque se le dio la posibilidad de hacerlo y de ponerla a disposición de esta Comisión, no lo hizo, conducta atribuible únicamente al denunciante.
Con respecto a la posibilidad de que la Comisión se constituya con fines legislativos, entiendo que al estar siendo analizado en la Comisión de Hacienda un proyecto de ley que refiere al Fondes, todas las cuestiones vertidas por el denunciante pueden trasladarse a dicha Comisión, que es donde se está dando la discusión parlamentaria de un proyecto de ley relativo a este Fondo y que aún no ha finalizado. Por lo tanto, es inoportuno solicitar la creación de una Comisión Investigadora con fines legislativos cuando el proyecto de ley, reitero, se está discutiendo en la Comisión de Hacienda; además, el Diputado denunciante tiene todas las potestades para concurrir a dicha asesora, solicitar su convocatoria y participar de la discusión. Inclusive, el Poder Ejecutivo ha comparecido, así como también lo han hecho distintas delegaciones
Por lo tanto, estando abierta la discusión parlamentaria de ese proyecto de ley entiendo que no es oportuno ni procedente hacer lugar a la creación de una Comisión Investigadora con fines legislativos.
Asimismo, entiendo que los dichos manifestados en la denuncia contienen cuestiones que el señor Diputado Goñi podría haber relevado a través de los pedidos de informes que realizó y que aún no fueron contestados ya que el Poder Ejecutivo todavía tiene plazo para hacerlo. Eso habla, una vez más, de que el Diputado denunciante no agotó las herramientas parlamentarias con las que cuenta que, inclusive, podrían haber arrojado resultados a fin de avalar sus dichos pero no logró, siquiera sumariamente, aportar datos a esta Comisión.
La gravedad de la denuncia requiere sí o sí para habilitar, inclusive, el tratamiento por parte de una Comisión Preinvestigadora, que los indicios y los dichos estén sustentados con documentación que los avale. En realidad, esta Comisión Preinvestigadora no tiene los elementos para ello, más que los que surgen de dos resoluciones administrativas.
Entonces, en virtud de lo que disponen el Reglamento y la ley en cuanto a los cometidos de una Comisión Preinvestigadora, entiendo que no se han dado los elementos para que esta Comisión informe favorablemente con respecto a la necesidad de formar una Comisión Investigadora.
Por otra parte, el señor Diputado preopinante hizo referencia al show mediático, y creemos que eso forma parte de la responsabilidad o irresponsabilidad de quien lo está instrumentando. En ese sentido, como integrantes de esta Comisión, hemos sido cautelosos con los informes que brindamos a la prensa y, en mi calidad de abogada, puedo decir que he sido muy cauta aun en cuanto a prejuzgar. En realidad, me parece una gran irresponsabilidad manifestar que en caso de no hacerse lugar a una Comisión Investigadora, el camino a adoptar será el del show mediático. Sin duda, me parece que están dados los instrumentos para que la oposición y el denunciante continúen analizando la entidad de las denuncias.
Por otra parte, la posición del Poder Ejecutivo aún no se ha manejado en este ámbito parlamentario, y creo que cualquiera de los legisladores tiene las herramientas necesarias para continuar trabajando en un proyecto de ley, cuya discusión aún no se ha cerrado. Además, el Poder Ejecutivo todavía no ha respondido los pedidos de informes elevados por el señor Diputado Goñi.
Por lo tanto, y haciendo mías las palabras del señor Diputado Asti, adelanto mi postura negativa con respecto a la creación de una Comisión Investigadora.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Quiero hacer una aclaración.
En ningún momento dije que nosotros íbamos a asumir la condición de actores en un show mediático, pero ello se va a dar naturalmente si hay una negativa a investigar este tema en el ámbito parlamentario.
Por otra parte, ni la ley ni el Reglamento exigen que se aporten todas las pruebas; si se tuvieran quizás no sería este el ámbito donde presentarlas; no habría cosas que investigar. En realidad, si se tuvieran todas las pruebas el trámite tendría que ser otro; lo que tenemos son indicios, elementos, expedientes administrativos que son parte de las pruebas y hechos conocidos, como el cierre de empresas, que no hay que probar. Se trata de elementos de investigación que surgen de documentación que fue hecha pública y que, aparentemente, no generaron una respuesta de los acusados. O sea que creo que hay elementos suficientes, que fueron presentados por el Diputado Goñi y que están en su denuncia. Ahora, que poco más se agregó en la Comisión, bueno, en ningún lado dice que solo con lo incluido en la denuncia no se puede conformar la Comisión; en realidad, creo que hay elementos suficientes que justifican su creación.
Creo que el señor Diputado Goñi Reyes ha presentado elementos suficientes en su denuncia; poco más se ha agregado en la Comisión. Ahora, no se dice que solamente con lo que figura en la denuncia no se pueda formar una Comisión Investigadora. Considero que hay elementos suficientes en la denuncia que justifican su creación.
Quiero dejar bien claro lo relativo al show mediático, porque no deseo que se malinterpreten mis palabras ni se diga que como no nos dan lugar aquí elegimos el show mediático. Ese show se va a dar naturalmente. Nosotros vamos a seguir exigiendo respuestas al Poder Ejecutivo, que probablemente las seguirá negando o las entregará quién sabe cuándo y de qué manera. Y la prensa se hará eco de ello. No sé qué otras instancias se podrán dar; en definitiva, hay muchas vías legislativas e institucionales para seguir con este asunto. No obstante, lo de show mediático es una elección que favorece la decisión de no crear la Comisión Investigadora. Esa es una apreciación personal; es una lectura que me puedo permitir de los hechos que se van a dar al negarnos la posibilidad de investigar, según el resorte que tiene esta Cámara.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Después de hacer el resumen previo basándome en la oportunidad y en la procedencia de la denuncia, quiero hacer algún aporte más sobre el fondo de la cuestión.
Si repasamos la intervención del señor Diputado Goñi Reyes del día de ayer, advertimos que uno de sus dos ejes principales era el relativo a los negocios con Venezuela, a la alta exposición al riesgo que se tiene por la situación que está atravesando ese país. Esto puede ser cierto, pero involucra a todas las empresas que comercian con Venezuela, que no son exclusivamente las que apoya el Fondes. Inclusive, algunas de las empresas apoyadas por el Fondes tienen un mejor cumplimiento derivado de su comercio con Venezuela. Reiteramos que, debido a que nos tenemos que ceñir exclusivamente a las denuncias realizadas aquí, no podemos entrar en generalidades que no fueron aportadas por el denunciante. En lo que concierne a Venezuela, el denunciante dice que hay un alto riesgo. Es cierto, pero todos sabemos -no necesitamos acudir a otras fuentes más allá de las que conocemos- que, en los últimos tiempos, Venezuela se ha convertido en un destino muy importante para una cantidad de sectores exportadores, empresas privadas o cooperativas -como Conaprole-, que basan gran parte de su producción en las ventas a Venezuela. En particular, Funsa, una empresa asistida por el Fondes, tiene una relación comercial con Venezuela y está absolutamente al día con el mencionado fondo.
El otro argumento que se sostiene refiere a que algunas de las empresas asistidas por el Fondes cerraron. Si observamos los objetivos del Fondes, advertimos que no se creó para asistir a empresas florecientes, aunque sí a empresas sustentables y viables económicamente, que obviamente acudían al Fondes porque no podían acceder a otro tipo de financiamiento. Es más, es probable que en el universo que atiende el Fondes, de acuerdo con las condiciones que prevén la ley y el Decreto Nº 341 original del Fondes, haya muchas empresas con problemas. En el artículo 27 del mencionado decreto se establece: "El Fondes no apoyará en ninguna de sus formas, a empresas ya existentes que por sus problemas de gestión, de mercado, de competencia, de costos, de productos u otros factores que hayan podido afectar su rentabilidad o estabilidad, lo requieran. Una consideración especial se podrá hacer, dependiendo del resultado del análisis, con aquellas empresas que conjugan capital, gestión, dirección y trabajo en el mismo núcleo de personas, siempre que se considere que los apoyos sean debido a circunstancias especiales y que no serán apoyos permanentes en el tiempo". Con esto se está refiriendo a las empresas gestionadas por los trabajadores.
En el artículo 3º del Decreto Nº 341 -vinculo esto con determinadas apreciaciones que se hicieron en el sentido de que hubo desvío de poder, porque se siguió lo que el ex Presidente Mujica dijo en cuanto a la velita del socialismo; alguien podrá considerar que esto es así, pero debe tenerse en cuenta lo que se expresa en este artículo- se establece: "Entre los cometidos del Fondes se priorizará el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular en los casos de autogestión, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, con especial atención a la reinversión de las utilidades con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad". O sea que si alguien asocia esto al socialismo está en todo su derecho de interpretación, pero desde el punto de vista normativo esta es una de las priorizaciones que el decreto establece en función de lo que la ley le encomendó.
Esas eran las dos grandes líneas de la denuncia que se presentó, obviamente sin aportar mayores detalles al respecto. Como es público -como dije, no podemos buscar otras fuentes-, hoy el Fondes, como entidad financiera, tiene baja morosidad, quizá producto de la forma en la que se accede al financiamiento -lo debemos reconocer-, que es de largo plazo y con períodos de gracia. La morosidad del Fondes no es un problema central.
Se expuso otra línea de argumental con relación a la mala gestión que se ha realizado; obviamente, habrá que seguir esto atentamente. Por algo este Poder Ejecutivo está haciendo un análisis con la bancada de Gobierno y con las entidades sociales, tanto de trabajadores como de empresarios -para el caso de las pequeñas y medianas empresas-, a efectos de plantear una modalidad distinta de trabajo. De paso, agrego que el aspecto medioambiental se está poniendo en un lugar muy destacado. Prácticamente la única documentación que presentó el señor Diputado Goñi Reyes apuntaba en ese sentido y refería a las sanciones impuestas a dos empresas asistidas por el Fondes. No vamos a referirnos a cómo se solucionaron estos problemas -ya se solucionaron- ni a cómo se propició que se asistiera a una de estas empresas por parte de un Gobierno Departamental interesado en su funcionamiento a efectos de evitar su cierre ni a cómo se implementaron medidas para superar estos problemas ambientales. Se expresó que hubo clausura pero no se dijo cuál fue el relato posterior, cuando perfectamente podría haberse ampliado al respecto. Eso no alcanza para dar la entidad y la seriedad correspondiente a este tema.
Reitero que basé mi primera posición en la oportunidad y la procedencia, expresando que no entraba en lo relativo a la entidad y la seriedad; ahora sí estoy entrando en esos aspectos, dados los reclamos que hizo el señor Diputado Amarilla.
Como dije al principio, fundo mi negativa a otorgar mi apoyo a la creación de la Comisión Investigadora en la oportunidad y la procedencia, pero entendiendo también que faltaron pruebas fehacientes o indicios de la entidad y la seriedad de las denuncias.
Todo esto nos lleva a concluir que tanto en el trámite parlamentario del proyecto de ley que se está elaborando -ya se ha anunciado en una conferencia de prensa- como también en la Comisión de Hacienda -a la que concurre el Poder Ejecutivo a expresar cuáles serán las pautas que va a tener el nuevo proyecto de ley y en la que se pueden modificar algunas características de la iniciativa presentada- hay espacios para seguir trabajando en el trámite esencialmente legislativo, sin necesidad de distorsionarlo con una Comisión Investigadora, que tiene un plazo de ciento ochenta días, ni de esperar a que esa Comisión se expida; mientras tanto, seguirán rigiendo únicamente los dos artículos de la Ley Nº 18.716 que hacen referencia al Fondes -los artículos 40 y 41- y su decreto reglamentario.
Ahora tenemos un cuerpo normativo y se va a especificar por ley las responsabilidades, los objetivos y su administración. Creo que una Comisión Investigadora no va a ayudar en el trámite legislativo. El hecho de distraer al Parlamento con una Comisión Investigadora cuando está tratando un proyecto de ley solo entorpece la tarea legislativa. Por integrar y presidir la Comisión que analiza el proyecto de ley debo decir que, en una actitud de amplitud, la fuerza política que integramos -mayoría en la Comisión-, presentó un borrador para que los demás integrantes de los diferentes partidos políticos pudieran conocer previamente los acuerdos a los que se había llegado con el Poder Ejecutivo.
Todos sabemos que fue de estilo en muchos períodos legislativos llegar al día de la votación y que la bancada de gobierno -que tenía asegurada los votos en la Comisión y en la Cámara- presentara aditivos y sustitutivos, cambiando los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, pusimos todo a disposición de las demás bancadas para que pudieran discutir el tema y realizar aportes.
Por supuesto que no se aprovechó la presencia del Poder Ejecutivo para hacer algunas preguntas. Sin embargo, se prefirió el camino de la Comisión Preinvestigadora y se respetaron los tiempos -esto tiene mucho que ver con la oportunidad- para que el denunciante pudiera realizar sus denuncias.
Se dijo recientemente que el Poder Ejecutivo no quería informar sobre el tema y que se lo había comunicado a la prensa, a través de la ley de acceso a la información. Debo decir que hubo cuatro pedidos de informes por parte del denunciante. Uno de ellos fue contestado rápidamente. En esa respuesta se decía que el destino de las consultas debía ser la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -de acuerdo con el Decreto Nº 341- y no el Ministerio de Economía y Finanzas. Un pedido de informes similar se dirigió al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con plazo de vencimiento para obtener la información el 22 de mayo, es decir en los mismos días en que el señor Diputado Goñi Reyes realizaba la solicitud; no sabemos si ya llegó. En caso de que no haya llegado, el Reglamento establece la posibilidad de reiterar el pedido de informes. Por lo tanto, podría haber un tiempo adicional votado por la Cámara para conocer la respuesta.
El último pedido de informes, que está en curso, vence el 17 de junio -nos informamos en la Cámara- y es el que fue dirigido a la OPP. Nos consta que ese será respondido a la brevedad por una razón muy sencilla: porque parte del informe ya fue elaborado para contestar la solicitud.
Por último -lo dijimos ayer y lo decimos hoy-, en la denuncia formulada por el señor Diputado denunciante se dijo que había incumplimientos por parte del Poder Ejecutivo por no haber incluido información en las Rendiciones de Cuentas. Al respecto, debo decir que se incluyó en las Rendiciones de Cuentas de 2012 y de 2013, y que se va a incluir en la de 2014; el plazo de esta última vence el 30 de junio. Por lo tanto, reiteramos la falta de oportunidad de la denuncia, uno de los elementos que esta Comisión Preinvestigadora debe analizar por mandato legal; debe analizarse la procedencia y falta de oportunidad de la denuncia.
Tenemos objeciones con respecto a la entidad y seriedad de la denuncia, pero fundamentamos nuestra oposición en la oportunidad y procedencia.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Como oposición, creo que no debemos agradecer el hecho de que los temas y los proyectos sean abiertos en la Comisión; eso es una práctica de la democracia y del funcionamiento normal de los Poderes del Estado. Obviamente, el partido político que tiene mayoría en ambas Cámaras puede gobernar por "decretazo", sin dar posibilidad al debate, pero me parece que no sería la mejor forma de respetar la institucionalidad del país. Reitero: no creo que tengamos que agradecer por ello ni que abrir los proyectos sea un acto de generosidad.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Por supuesto que no quiero que nos agradezcan; solo pido que no nos critiquen porque lo hicimos.
SEÑOR AMARILLA (Gerardo).- Agradezco al señor Diputado Asti que en su exposición nos otorgue nuevos argumentos en cuanto a la necesidad de conformar la Comisión Investigadora. Me parece bien que se reconozca que hay algunos temas que todavía están en proceso y que son preocupantes, como lo sucedido con Venezuela.
El señor Diputado Asti, que es contador, acaba de salir de Sala. Yo soy abogado, pero supongo que ellos analizan los mercados, la colocación de la mercadería y la proyección de ventas de una empresa para evaluar la sustentabilidad de un proyecto. Sabemos que los proyectos fueron financiados con fondos públicos. Antes de haber invertido el dinero de todos los uruguayos debería haberse advertido que esos proyectos tenían cierta debilidad en cuanto al mercado donde se iba a colocar la mayor parte de su producción.
Por lo tanto, creo que procede la creación de una Comisión Investigadora y lamento que no hayamos encontrado el camino para analizar este tema con mayor profundidad en el seno del Parlamento.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- No estuve en toda la exposición que hizo el señor Diputado Amarilla, pero sí cuando se refirió a Venezuela, cuando dijo que yo considero que la situación de Venezuela es grave desde el punto de vista económico. Es lógico; todos sabemos cuánto ha impactado el precio del petróleo. Pero lo que quise decir es que a Venezuela le venden empresas capitalistas, que tienen la forma de cooperativas tan especiales como Conaprole; le venden empresas autogestionadas, alguna de ellas está asistida por el Fondes. Todas ellas decidieron venderle alimentos u otros elementos a Venezuela, y han hecho de ello una línea importante en sus actividades. No amerita encontrar que es cuestionable la actitud del Fondes de apoyar a empresas que le venden a Venezuela, cuando tenemos cantidad de empresas de otro origen, que también le venden y que nunca podrían pasar por la puerta del Fondes, por lo menos con la estructura que tiene actualmente. No amerita que se estudie que alguna de las empresas asistidas por el Fondes le vende a Venezuela, porque también tendríamos que analizar cómo se financian las demás empresas que le venden a Venezuela. Podríamos remontarnos a cómo financió y cuánto mandó a pérdida el Banco República en épocas anteriores en proyectos absolutamente inviables, algunos de los cuales con la participación de la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Se habla genéricamente de que hay un riesgo de exposición a Venezuela. Sí, ese riesgo lo tienen Uruguay y varios países del mundo que le venden a Venezuela; eso no amerita investigar por qué se apoyó financieramente a empresas que están en el Fondes cuando el problema es, en realidad, Venezuela y su crisis a partir de la baja notoria del petróleo y lo que ello implica para el cumplimiento de sus obligaciones. Reitero: no podemos generalizar eso a todos los casos. Funsa, una de las empresas asistidas por el Fondes que le vende a Venezuela, está absolutamente al día con sus compromisos con el propio Fondes.
SEÑORA MODERADORA.- Corresponde poner a consideración el Acta Nº 1, de 27 de mayo de 2015, a los efectos de su aprobación.
——Tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.
En consideración la creación de la Comisión Investigadora solicitada por el Diputado denunciante.
——Uno en tres: NEGATIVA.
SEÑORA MODERADORA.- He resultado electa como miembro informante del informe en mayoría, y el señor Diputado Amarilla ha sido designado como miembro informante del informe en minoría
(Ingresa a Sala el señor Diputado Goñi Reyes)
SEÑORA MODERADORA.- Recibimos al denunciante, señor Diputado Goñi Reyes, a quien le exhibimos el Acta Nº 1 de la reunión del día de ayer, a los efectos de que la lea. Fue aprobada y requiere de su firma.
——Asimismo, se hace entrega al señor Diputado Goñi Reyes de la versión taquigráfica de la sesión del día de ayer.
SEÑOR ASTI (Alfredo).- Voy a dejar la misma constancia que dejé cuando comenzó la sesión, porque en ese momento no estaba presente el señor Diputado Goñi Reyes. En mi exposición de ayer manifesté que los estados contables del fideicomiso del Fondes estaban colgados en la página web de la CND y me rectifiqué: no están colgados en la página web, sí están a disposición en la CND y, por lo tanto, de su Directorio. El error fue decir que estaban en la página, por eso rectifico que no lo están.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Agradezco la aclaración del señor Diputado porque yo los había buscado. Cuando me retiré de Sala fui a buscarlos nuevamente, y no los encontré. Había hecho todos los esfuerzos y creí haber hecho toda la diligencia para conocer la información que estaba pidiendo por todos los medios posibles, pero no la había encontrado. Me sorprendió cuando el señor Diputado hizo ese planteo. Me alegra la rectificación y me alegra que no hayan estado esos elementos a disposición sin mi conocimiento mientras yo los estaba pidiendo.
SEÑORA MODERADORA.- De conformidad con el Reglamento, corresponde hacerle saber al señor Diputado denunciante que esta Comisión acaba de formar criterio adverso a la investigación. Corresponde que el señor Diputado ratifique la denuncia o la retire.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- La ratifico en todos sus términos. Todas las afirmaciones que hice las hice con los medios de que disponía, con la convicción que mi razonamiento me permitía. Aquellos elementos probatorios de mi denuncia que no aporté fue simplemente porque la razón del pedido de la Investigadora era contar con esos elementos que entiendo deberían ser de público acceso. Ratifico en todos sus términos la gravedad de las denuncias planteadas al pedir esta Comisión Investigadora.
SEÑORA MODERADORA.- Al ratificar el señor Diputado Goñi Reyes la denuncia, se elevarán los informes correspondientes al plenario para su tratamiento en la primera sesión extraordinaria que se convoque.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Quiero saber si existe posibilidad de corregir la versión taquigráfica.
SEÑORA MODERADORA.- Ya fue aprobada.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Tengo que hacer una única corrección en el primer párrafo de la página 11 de la versión taquigráfica de la sesión de ayer, donde dice: "Allí van a aparecer los montos a los que he hecho referencia en esta instancia", pero creí haber dicho "Allí van a aparecer los asuntos a que he hecho referencia en esta instancia".
SEÑORA MODERADORA.- Se toma nota.
SEÑOR GOÑI REYES (Rodrigo).- Ha sido un verdadero privilegio y placer compartir este trabajo.
SEÑORA MODERADORA.- Se presentarán los informes en mayoría y minoría al plenario, para que decida este asunto.
(Es la hora 11 y 21)
Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión Preinvestigadora creada por Resolución de esa Presidencia Nº 107, de fecha 26 de mayo del corriente, se dirigen a Ud. a efectos de elevar el informe que se les cometiera por el numeral 1º de aquélla, esto es, "informar sobre la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Rodrigo Goñi, y la oportunidad y procedencia de la designación de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación".
Las comisiones parlamentarias de investigación se regulan por lo establecido en el artículo 120 de la Constitución, la Ley Nº 16.698 (con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.758) y lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara de Representantes aprobado el 11 de diciembre de 1991 y modificado el 4 de noviembre de 1998, el 4 de octubre de 2011 y el 18 de junio de 2014.
El artículo 120 de la Constitución dispone que "Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos".
La Ley Nº 16.698 establece en el artículo 6º que "Las Comisiones de investigación asesoran al órgano a que pertenecen tanto en el ejercicio de sus poderes jurídicos de legislación como de control administrativo. Pero su designación sólo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes".
El artículo 10 de la ley mencionada, determina que la designación de una Comisión de Investigación debe ser precedida del nombramiento de una Comisión Preinvestigadora compuesta de tres miembros, la que debe ser designada por el Presidente del Cuerpo, tratando que, en lo posible estén representados todos los partidos políticos.
Por su parte el artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Representantes, también establece que las comisiones parlamentarias comprendidas en el artículo 120 de la Constitución, serán designadas previo informe de una Comisión Preinvestigadora.
El procedimiento de actuación de las comisiones preinvestigadoras se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley Nº 16.698 y en el artículo 118 del Reglamento de la Cámara de Representantes.
En primer término se establece que una vez que el Presidente de la Cámara nombre a la comisión, ésta se establecerá de inmediato, y recibirá al legislador denunciante, a los efectos de que exponga la fundamentación de su pedido de investigación y articule la denuncia que le da mérito a su pedido (artículo 10 - Ley Nº 16.698 y artículo 118, inciso primero, del Reglamento de la Cámara de Representantes).
La Comisión puede solicitarle verbalmente al legislador denunciante, que amplíe sus manifestaciones (artículo 118, inciso segundo del Reglamento de la Cámara de Representantes). Por último, la Comisión Preinvestigadora, deberá informar en un plazo de cuarenta y ocho horas, sobre la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación (artículo 10, Ley Nº 16.698).
El reglamento establece además que el informe o los informes, en caso de que exista más de uno, deberán entregarse al Presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión extraordinaria que se realice.
Debe destacarse que para el caso de que la Comisión Preinvestigadora, resolviera en forma adversa a la investigación, llamará al legislador mocionante para comunicárselo, el que deberá ratificar o retirar la denuncia. En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara.
1- Con fecha 26 de mayo de 2015 el Representante Nacional Rodrigo Goñi Reyes presentó una nota ante la Presidencia de la Cámara de Representantes en la que solicita la constitución de una Comisión Investigadora Parlamentaria sobre las actividades realizadas por el FONDES desde su creación por Decreto Nº 341/2011 de 27 de setiembre de 2011 (de acuerdo al artículo 40 de la Ley Nº 18.716, de 24 de diciembre de 2010) hasta la fecha.
2- Objeto de la Comisión Investigadora solicitada. El Representante Nacional requirente solicita la conformación de tal comisión a los efectos de: a) investigar situaciones que a su juicio presentan elementos de irregularidad o ilicitud en relación al uso de los recursos del FONDES; b) reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el FONDES que el Poder Ejecutivo ha presentado.
3- La precitada solicitud da cuenta de hechos que -a juicio del peticionante- configurarían indicios de ilicitud o irregularidades en asuntos que revestirían suficiente entidad institucional en relación a los resultados de algunos emprendimientos asistidos por el FONDES.
Esta Comisión Preinvestigadora ha cumplido con todas las etapas previstas en la normativa aplicable, presentando ahora en tiempo y forma el informe respectivo, con las conclusiones que se exponen a continuación:
- En relación con la entidad de la denuncia presentada por el señor Representante Nacional Rodrigo Goñi, esta Comisión entiende que la misma no cumple con los requisitos legales respecto de la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación (artículo 10, Ley Nº 16.698).
- En cuanto a la entidad de la denuncia, se señalan en ella una serie de situaciones que habrían ocurrido, pero sin referir a casos concretos en los cuales pueda individualizarse una eventual ilicitud o irregularidad ocurrida o sus eventuales responsables.
- Con relación a la seriedad del origen de la denuncia, el denunciante, no en su comparecencia sino en sesión de esta Comisión, más allá de referir a que se enteró de los hechos que invoca mediante un medio de prensa, planteó que lo que decía "estaba documentado en los medios", sin agregar soporte probatorio al respecto. En dicha instancia al ser requerido al efecto, aportó como soporte de su denuncia: la mención de un expediente que se estaría tramitando ante el Juzgado Letrado en lo Penal de Crimen Organizado de 2º Turno, al que esta Comisión no tuvo acceso; resoluciones del MVOTMA relativas a estándares ambientales a adoptar por empresas a operar en la cuenca del Río Santa Lucía, que no refieren a ninguna empresa en particular, y una resolución de la Intendencia de Montevideo, relativa a la clausura de procesos productivos que generen efluentes por parte de una empresa cooperativa financiada por el FONDES.
- Por consiguiente, en cuanto a la oportunidad y procedencia de la investigación, la referencia a un expediente judicial cuyo contenido se desconoce, la existencia de disposiciones medioambientales por parte del MVOTMA para la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, así como la sanción de un gobierno departamental a una cooperativa, no permiten, a juicio de los suscritos, vincular dichos hechos con irregularidades o ilicitudes en el marco de funcionamiento del FONDES. Las consideraciones que hace el denunciante con relación a la significación de estos hechos, no resultan acreditadas por elementos probatorios agregados en estos obrados.
- Tampoco se encuentra mérito para la conformación de una Comisión para suministrar datos con fines legislativos, en tanto la solicitud carece de oportunidad y procedencia, al encontrarse a estudio del Parlamento un proyecto remitido por el Poder Ejecutivo sobre la institucionalidad del FONDES. Tal es la instancia pertinente de discusión y análisis del tema, donde la Comisión que lo tiene a estudio reunirá la información al respecto y recibirá todas las aclaraciones, comentarios y sugerencias para adoptar una mejor decisión sobre el proyecto.
- Por otra parte, el legislador peticionante invoca haber solicitado información al Poder Ejecutivo sobre el particular y que ésta se le habría negado, cuando para ello la ley establece plazos y procedimientos (Ley Nº 17.673, de 21 de julio de 2003) que aún no se han cumplido.
Por lo expuesto, esta Comisión Preinvestigadora no encuentra mérito suficiente para la formación de la Comisión Investigadora solicitada, por no cumplirse con los requisitos legales al respecto.
Sala de la Comisión, 28 de mayo de 2015.
Artículo único.- Desapruébase, en esta oportunidad, la constitución de una Comisión Investigadora sobre las actividades realizadas por el Fondo para el Desarrollo (FONDES) desde su creación.
Por este intermedio remitimos a usted el informe en minoría de la Comisión Preinvestigadora sobre las Actividades realizadas por el Fondes desde su Creación, a los efectos de aconsejar a la Cámara la conformación de una Comisión Investigadora en mérito a las siguientes consideraciones y fundamentos:
El Representante Nacional Rodrigo Goñi, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución de la República, la Ley Nº 16.698 de 2 de mayo de 1995 y los artículos 117, 118 y concordantes del Reglamento de la Cámara, presenta ante usted la solicitud de designación de una Comisión Investigadora que denuncia sobre las Actividades realizadas por el Fondes desde su Creación.
Instalada la Comisión y recibida la ampliación verbal así como la aportación de documentación acreditante por parte del diputado denunciante, nos abocamos al análisis de la entidad de la denuncia, la seriedad de su origen y la oportunidad y procedencia de la investigación tal como lo refiere la ley referida y los artículos respectivos del Reglamento.
En cuanto a la ENTIDAD DE LAS SITUACIONES A INVESTIGARSE, debemos señalar que:
Se han denunciado un conjunto de hechos de público conocimiento relacionados con algunos de los emprendimientos asistidos por el FONDES, de los que puede inferirse razonablemente la configuración de irregularidades o ilicitudes.
En primer lugar, la constatación de que al menos tres de las empresas asistidas por el FONDES han cerrado o suspendido su actividad. Es el caso de COEP (la imprenta PRESSUR), CURTIEMBRE EL ÁGUILA Y CURTIEMBRE URUVEN. Situaciones éstas que cuestionan haber cumplido con los requisitos de viabilidad y sustentabilidad exigidos como presupuesto para su financiamiento, tanto en la ley como en el decreto.
En segundo lugar, la constatación adicional de que varios de los emprendimientos asistidos por el FONDES registran resultados negativos y enfrentan graves dificultades para continuar su actividad. Es el caso entre otros de COTRAPAY (ex Paylana), CTC (ex Metzen y Sena), TEXTIL PUERTO SAUCE (ex Agolán). Emprendimientos que han debido ser asistidos en forma complementaria e ilegítima (en contravención del artículo 27 del Decreto 341/2011) por diversos organismos estatales y hasta por el propio Fondes para poder mantener su actividad. Lo que demuestra serias inconsistencias en sus proyecciones económicas y financieras, de las que cabe presumir que estos proyectos tampoco reunían las condiciones de viabilidad y sustentatibilidad.
En tercer lugar, la constatación respecto de empresas asistidas por el FONDES que presentan una excesiva dependencia comercial y económica con mercados que presentan características de excepcionalidad y vulnerabilidad. Es el caso de empresas que reciben apoyos del gobierno de Venezuela y venden más del 80% a empresas estatales o paraestatales venezolanas. Lo que demuestra su falta de competitividad y capacidad para adaptarse a los requerimientos del mercado. Entre éstas pueden señalarse las empresas FUNSACOOP y URUTRANSFOR. Situaciones que indican que estos proyectos tampoco presentaban suficientes garantías de viabilidad y sustentabilidad.
En cuarto lugar, la comprobación de violaciones gravísimas por parte de empresas asistidas por el Fondes, a las normas medioambientales. Han quedado probado casos de contaminación a importantes sistemas como la cuenca del río Santa Lucía, lo que demuestra haberse asistido financieramente a empresas como CURTIEMBRE EL ÁGUILA que no daban suficientes garantías del cuidado del medio ambiente. Cabe destacar además el caso de URUVEN que fue sancionada y suspendida su actividad por la Intendencia de Montevideo. Todo esto en clara contravención a las exigencias impuestas por la normativa del FONDES, en especial al artículo 4º del Decreto 341/2011. Se destaca además que el diputado denunciante entregó copias en la Comisión de las resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la que se procede a la clausura de operaciones de la Curtiembre el Águila así como de la Resolución 59/15/6300 de la Intendencia de Montevideo por la que dispone la clausura de la Cooperativa URUVEN.
Finalmente, debe señalarse el caso de aportes del FONDES millonarios con destino a saldar deudas bancarias de terceros. La asistencia del FONDES a una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de U$S 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por si elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas.
En relación a la CUANTÍA DE LOS FONDOS involucrados en toda la operación del FONDES, directamente vinculados también a la entidad de la denuncia, debemos señalar que ha involucrado el manejo de fondos públicos en una suma cuyo monto total de las inversiones cuestionadas ascendería a la suma de U$S 50.000.000.
Esa disposición de fondos la ha hecho en una forma excepcional, en cuanto no cumple con las normas del régimen general de contralor para los casos en que organismos estatales hacen uso de fondos públicos. Esta excepcionalidad justifica que el Poder Legislativo deba asumir una tarea más exigente de contralor utilizando todos los mecanismos disponibles, incluida la investigación parlamentaria.
También tiene que ver con la ENTIDAD, la particularidad que algunos de los proyectos, tenemos la certeza y prueba de que han incurrido en daños graves al medio ambiente, según ya lo consignamos y de acuerdo a la documentación aportada por el propio denunciante.
Estos daños ambientales, alguno de los cuáles fueron consecuencia del cierre de las empresas configuran una flagrante violación -además de la normativa ambiental- de los artículos 3º y 4º del Decreto 341/011 además del artículo 40 de la Ley Nº 18.716. Queda por saber las verdaderas y finales consecuencias de esos daños además de la eventualidad de problemas existentes con otras de las empresas asistidas por el FONDES.
No resulta de menor importancia las eventuales violaciones a las normas de ética pública y fundamentalmente a la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.
Según se denuncia la Junta Directiva del FONDES ha incumplido varias de las disposiciones de la Ley Nº 17.060 (llamada ley anticorrupción) que impone una serie de obligaciones a los funcionarios públicos, contemplando entre otros aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses.
Incumplimiento del FONDES del deber jurídico de Transparencia establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 17.060, que lo obligaba a desarrollar las tareas de inversión de los fondos teniendo en cuenta el derecho de todos los integrantes de la sociedad a conocerla y a recibir información de ella. En estos 3 años de funcionamiento, el FONDES no ha permitido ver con claridad el actuar de la Administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de los funcionarios.
En el caso del FONDES se registra un grave ocultamiento de datos en claro quebrantamiento a las normas de la ley anticorrupción, agravada por el incumplimiento la obligación legal impuesta expresamente por el artículo 41 de la Ley Nº 18.716 y el artículo 9º del Decreto 341/ 2011. Lo que configura una clara irregularidad e ilicitud.
Según nos consta, el Poder Ejecutivo no ha cumplido hasta la fecha con la obligación legal de remitir la información detallada respecto a la utilización de los fondos.
En consecuencia se registra además una clara violación al Principio de Transparencia y Publicidad en la Administración Pública establecido por la ley anticorrupción, privando a los ciudadanos del derecho a conocer como se utilizaron los fondos públicos y dificultando el conveniente control social. Lo que constituye a una grave reiteración de conductas contrarias a la probidad en la función pública, al negar información y documentación solicitada, contraviniendo expresamente lo establecido por los artículos 7º y 22 de la Ley Nº 17.060.
Cabe considerar además que el Comité de Supervisión y la Dirección del FONDES violentaron gravemente la obligación legal de emplear racionalmente y en la forma adecuada los fondos públicos administrados.
Esto surge de que además de desplegar su acción fuera de la juridicidad, resulta evidente que los medios empleados por el FONDES, no lograron conseguir los fines establecidos por la ley, dado que la gran mayoría de los emprendimientos no incrementaron la productividad de los factores de la empresa, ni desarrollaron una actividad sustentable, incluso algunos cerraron como se ha dicho anteriormente.
Como se advirtió en el escrito de solicitud de la investigadora, el origen de estas desviaciones de poder, resultan de la discrepancia y desajuste entre la finalidad establecida por la ley del Fondes y el objetivo perseguido explícitamente por el ex Presidente Mujica de usar el FONDES para "mantener las velas prendidas al socialismo".
Lo que se tradujo en una fuerte e intensa influencia para utilizar el fondo en forma indebida, en clara violación del principio constitucional que establece que los recursos públicos están al servicio de la Nación y no de una ideología. La incidencia de dichas directivas en las decisiones de invertir los recursos del fondo conforme a criterios políticos por encima de los requerimientos técnicos, económicos y financieros establecidos por la normativa aplicable, determinó en la práctica, que no se cumpliera con las exigencias establecidas por la Ley Nº 18.716 y el Decreto 341/2011 que limitaban explícitamente el financiamiento a los proyectos productivos viables y sustentables, e imponían otros requerimientos técnicos que garantizaran el cumplimiento de los requisitos de viabilidad y sustentabilidad.
Según también se informa por el denunciante, tanto los proyectos que hoy están cerrados como COEP, CURTIEMBRE EL ÁGUILA, CURTIEMBRE URUVEN, como los proyectos que presentan serias dificultades para continuar su actividad como CTC, COTRAPAY, TEXTIL PUERTO SAUCE entre otras, y finalmente las empresas que están dependiendo de las compras de empresas estatales venezolanas, todas ellas presentan elementos de no haber cumplido con los requisitos legales para recibir asistencia financiera del FONDES.
Irregularidades o ilícitos resultantes del incumplimiento del seguimiento y fiscalización de los emprendimientos asistidos. Al respecto se destacan declaraciones del Director de COEP donde refiere que "allí faltó una mayor fiscalización del FONDES que se limitó a entregar el dinero. El FONDES debiera estar mucho más vinculado a la fiscalización".
También hay incumplimiento de la exigencia normativa de aplicar las mejores prácticas de gestión empresarial, promover adecuada productividad de los factores, e impulsar el desarrollo de productos y mercados que promuevan su sustentabilidad. Resulta difícil encontrar en los casos cuestionados, se haya cumplido debidamente con dichos requerimientos legales.
También se presumen serias irregularidades y violación a la ley en cuanto ni hubo una verificación del cumplimiento a la normativa legal, laboral, tributaria y el cuidado del medio ambiente, tal como lo exige la ley y el Decreto.
La ausencia de razonabilidad en la asistencia a los proyectos mencionados, encuentra una explicación en la conducta irregular o ilícita de intermediación política denunciada por actores involucrados a través de declaraciones en diversos medios de comunicación.
Se han constatado situaciones que presentan elementos de corrupción. Si se tiene presente la Ley Nº 17.060 que en su artículo 3º define como corrupción " el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no daño al Estado", no es difícil concluir que la aprobación por el FONDES de proyectos que no cumplían con los requerimientos legales, configuran casos de uso indebido del poder público para financiar proyectos que directa o indirectamente beneficiaron a particulares. Por lo tanto de corrupción.
Hay trascendencia y magnitud de apartamientos legales que configuran claros indicios de desvíos, abuso y exceso de poder por parte del Fondes en situaciones denunciadas donde se habrían utilizado fondos públicos en beneficio de particulares.
En este punto debe tenerse presente que el Fondes utilizó de fondos públicos en beneficio de particulares, razón por la cual las normas que lo regulaban contenían disposiciones expresas, con exigencias muy rigurosas y detalladas, acerca de la elegibilidad de los destinos de esos fondos públicos.
La asistencia del FONDES a la Cooperativa COEP (imprenta Pressu) una empresa en la que invirtió la exorbitante suma de U$S 6.000.000 para pagar cuentas beneficiando a terceros, es de por sí elocuente. Con el agravante de que a pocos meses de recibir esos fondos, cerró sus puertas. Un caso ilustrativo de intermediación política y de apartamiento de las normas, que benefició a un particular.
Consideramos entonces que fehacientemente se acreditó la SERIEDAD de su origen de la denuncia presentada que resulta entre otros aspectos por la constatación de los hechos mencionados y la participación directa de diversos organismos estatales en la emisión de documentos mencionados.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar la investigación realizada por los periodistas Rodrigo Abelenda y Marcos Rey aparecida en el Semanario Brecha del 13 de marzo de 2015 y donde se destaca que "desde el gobierno hay quienes dicen, si bien en voz baja, que llegó el momento de acabar con la discrecionalidad con la que se otorgaron préstamos en el pasado. O frenar el lobby político por izquierda para que el Estado apoye emprendimientos inviables, dado el lugar que ocupan en la cadena productiva o las señales de agotamiento que se advertirían si se mirara el largo plazo y el contexto mundial, como en el caso de la industria textil".
Más adelante, el mismo artículo agrega: "La forma jurídica con la que nació el Fondo, a partir de un decreto de setiembre del 2011, no era la ideal, coincidieron ex jerarcas del gobierno anterior, pero era la forma más rápida para apagar una serie de incendios con los que se había comprometido políticamente tras el cierre de varias fábricas".
Finalmente el hecho de que alguno de los casos se encuentran en la órbita de un Juzgado de Crimen Organizado, de acuerdo a los datos aportados por el denunciante (expediente IUE 2-49948/2013) acredita suficientemente la seriedad del origen de las mismas.
Con respecto a la OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA, debemos señalar que dada la relevancia actual en momentos que se presenta en consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre el FONDES, considerando la entidad de los hechos involucrados y atendiendo a lo establecido por el artículo 120 de la Constitución que establece que "Las Cámaras podrán nombrar comisiones parlamentarias de investigación o para suministrar datos con fines legislativos", queda acreditada la oportunidad y conveniencia de la designación de una comisión parlamentaria.
Teniendo presente por un lado, el impostergable cumplimiento de la función de contralor administrativo, que impone investigar hechos que puedan configurar irregularidades o ilícitos. Unido en el presente caso a su relevante trascendencia con fines legislativos, dado el próximo tratamiento de un proyecto sobre el Fondes, con la intención expresa del Poder Ejecutivo de tener su rápida aprobación, es que se aconseja a la Cámara la designación de una Comisión Investigadora parlamentaria de acuerdo conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución.
Artículo único.- Formar una Comisión Investigadora a los efectos de analizar las actividades realizadas por el Fondo para el Desarrollo (FONDES) desde su creación.

References: resolución

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 artículo 10
 artículo 11
 artículo 120
 artículo 40
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 118
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 artículo 6
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 artículo 40
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 artículo 120
 artículo 27
 artículo 4
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 artículo 40
 artículo 22
 artículo 41
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 120
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